Source: http://noticiascomunicarte.blogspot.ch/2013/10/
Timestamp: 2017-09-19 17:17:25+00:00

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noticias COMUNICARTE: octubre 2013
IMPUNITY WATCH MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LAS MANIOBRAS DILATORIAS DE LOS ACUSADOS DEL CASO DE GENOCIDIO IXIL
Impunity Watch expresa su preocupación por la actitud de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la cual, en vez de resolver sobre la aplicación o no al General Ríos Montt de la amnistía recogida en el Decreto-Ley 8-86, teniendo en cuenta la Constitución Política de la República de Guatemala, los Tratados Internacionales en materia de protección de los Derechos Humanos, la ley del Organismo Judicial y sus propias resoluciones denegando esta amnistía en al menos dos ocasiones, ordena reenviar a la Sala Primera de Apelaciones el caso para que fundamente mejor su decisión de no aplicación de dicha amnistía. Hay que señalar que dos de los cinco magistrados que conforman la CC emitieron voto razonado disidente sobre la misma.
Nos encontramos ante otra maniobra dilatoria de la defensa de los acusados por genocidio en el área ixil durante el Gobierno de facto de Ríos Montt, que, de nuevo, ha tenido como resultado el retraso en la obtención de justicia por parte de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Este tipo de decisión – calificada en el voto disidente de la magistrada Gloria Porras como incorrecta y ambigua – no hace sino evidenciar la continua violación de la independencia judicial por parte de ciertos sectores interesados en mantener la impunidad de los autores intelectuales y materiales de los crímenes cometidos contra población civil no combatiente durante el conflicto armado interno.
Exhortamos a los Magistrados de la Sala Primera de Apelaciones, a que en aras que prevalezca su independencia jurisdiccional mantengan su decisión de no aplicación de una amnistía no sólo derogada sino que incumple claramente los compromisos internacionales suscritos por Guatemala en esta materia, especialmente la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado de Guatemala debe renovar su compromiso por investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el Conflicto Armado Interno. Consideramos que cualquier resolución favorable a la aplicación de una amnistía, constituiría un grave retroceso en materia de justicia, y una muestra de desprecio para las víctimas del Conflicto Armado Interno.
Guatemala, 29 de octubre de 2013.
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Ya habían dado un zarpazo anulando la condena contra Efraín Ríos Montt.
Para la comunidad internacional parece increíble lo que sucede en Guatemala, un pequeño país en donde unos cuantos magistrados, con el apoyo o bajo las órdenes de una elite económica que financió el genocidio, estén levantando un monumento a la impunidad y pretendan darle validez a un decreto de amnistía recetado por los propios militares, después de que cometieron los más atroces crímenes contra la humanidad.
Para nosotros, acostumbrados a ver los más escandalosos fallos judiciales y las maniobras más sucias de abogados defensores de todo tipo de criminales, no es una sorpresa, porque no es la primera vez que hechos símiles acontecen en el país. Es lo común, es lo corriente, pero también es lo que amerita una rotunda condena de los sectores conscientes de la sociedad que persisten en construir otro tipo de país en donde impere un sistema de justicia a prueba de cañonazos económicos.
Es inconcebible que quienes deberían contribuir al avance del sistema de justicia, asuman actitudes tendentes a que siga imperando la impunidad y saquen de la manga el Decreto 8-86 que feneció al firmarse la Ley de Reconciliación Nacional, que no deja margen para amnistiar los crímenes de lesa humanidad. Ya habían dado un zarpazo anulando la condena contra Ríos Montt, pero saben que el reinicio del juicio en abril del próximo año, les pone nuevamente en aprietos, pues las pruebas son contundentes y los testimonios en contra de los acusados no puede ningún juez desestimarlos, y eso pone nerviosos a quienes en una u otra forma tuvieron que ver con el genocidio que se cometió en Guatemala contra el pueblo Ixil, incluso a quienes después del macabro paso de los fusiles y el estruendo de las bombas, llegaron con cara de ángeles a dar alimentos y contribuyeron a cercar a las comunidades. La historia lo registra todo.
No soportan haber sufrido una derrota judicial y por ello llevan a extremos la situación del país que puede tender a complicarse, pues si antes practicaron la persecución, tortura, desaparición y muerte, no es raro que de la amenaza pasen al atentado, pero la respuesta debe ser la movilización, la resistencia, la lucha contra la impunidad y ojalá, estas ofensivas de la extrema derecha, nos lleve a comprender la importancia de la unidad y la solidaridad.
La juventud, los hijos de los desaparecidos y de quienes murieron en las 626 masacres comprobadas, nos están dando el ejemplo de resistir y oponerse a la amnistía, porque solo pueden pretenderla quienes cometieron crímenes de lesa humanidad que jamás prescriben.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20131031/opinion/237073/
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PEDIMOS INDIGNACIÓN Y RESPALDO PARA DESACTIVAR UNA NUEVA AGRESIÓN EN GUATEMALA
El sábado 26 de octubre fue una tarde terrible para la familiaTzul Tzul. Desde temprano corrió el rumor en la aldea Paqui, del departamento de Totonicapán, que una de las hijas de don Delfino Tzul y de doña Blanca Rosa Tzul había sido asesinada y pronto llegaría su cadáver. Llamadas anónimas a familiares y amigos de la familia sobre el hecho, quienes solidariamente fueron a preguntar a los Tzul Tzul, profundizaron la zozobra que se generalizó.
Esta amenaza, este esfuerzo por intimidarnos es común en Guatemala. Lamentablemente. ¿Por qué amenazan a las hermanas Tzul, a Gladys y Jovita Tzul Tzul? Gladys y JovitaTzul son dos mujeres jóvenes, comprometidas con su comunidad, profesionistas y estudiosas capaces y activas; quienes, después del 4 de octubre, como muchos otros jóvenes y mayores de los cantones y aldeas de Totonicapán se volcaron a llorar y a enterrar a los muertos de la Masacre del 4 de octubre de 2012; pero no sólo a eso: ellas han participado, colaborado y contribuido a generar, junto con muchos otros, la revitalización del tejido comunitario de Totonicapán. Ellas, como muchos otros, han convertido el dolor en indignación y desde esa fuerza se han volcado a diversas iniciativas que contribuyen a que el pueblo conserve su historia, a que se aclaren colectivamente las amenazas que atraviesan las tierras comunitarias y los derechos de todos…. Ellas no son distintas a las demás, son activas, comprometidas y capaces… Son parte activa de un proceso de lucha en marcha más allá de la Masacre de octubre de 2012. Por eso han recibido amenazas de muerte.
Por otro lado, como parte de su actividad profesional, el día 4 de noviembre habían organizado la visita a Totonicapán de la Dra. Silvia Federici, Profesora emérita de la Universidad de Hofra, Nueva York, autora de Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria; y teórica, desde hace cuatro décadas, de la relevancia y centralidad de la lucha por producir, cuidar y defender lo común. Silvia llegaría a Guatemala y a Totonicapán el día 4 de noviembre próximo para conversar con las mujeres y varones en lucha en Guatemala. Este evento estaba concitando un amplio interés no sólo a nivel local sino en la capital y en otros departamentos. Las hermanas Tzul Tzul y sus amigas/os y compañeras/os, estaban decididos a producir un acto y una deliberación ricos y fértiles para todos. Por eso las voces de amenaza… por eso este sembrar confusión, este inducir zozobra en las personas, este atemorizar a las familias.
Esto es lo que ha pasado, esto es lo que denunciamos y pedimos a todos que se indignen con nosotras y que nos apoyen para que superemos los efectos de los que amenazan, que casi siempre son los mismos que roban y matan. Pedimos su indignación y su apoyo.
En el marco de lo anterior pedimos a ustedes respaldo para lograr en común dos objetivos:
1. Ayúdanos a que el acto del 4 de noviembre en Totonicapán a las 17:00 horas no se suspenda. En ese acto una vez más nos reunirnos entre mujeres y hombres para hablar sobre lo común: sobre su producción y su cuidado. Cuidar colectivamente nuestras creaciones es la manera de desactivar la eficacia de las amenazas de estas personas y el uso del rumor para desactivar nuestras actividades comunitarias. Acude a la Sala Comunal de los 48 Cantones de Totonicapán el día lunes 4 de noviembre próximo a las 17:00. Haremos la exhibición del video-conferencia de Silvia Federici dirigido especialmente a Guatemala y a nuestras luchas colectivas. También proponemos seguir conversando sobre las mejores maneras de apoyarnos y protegernos.
2. Apóyanos para exigir garantías al gobierno guatemalteco en general y al gobernador de Totonicapán, en particular: ni una muerte más en Totonicapán. Basta de amenazas. Podemos entre todos cuidar a las hermanas Tzul Tzul y parar estas amenazas, liberándonos todos del miedo.
Pedimos indignación y respaldo para desactivar una nueva agresión en Guatemala - Sign the Petition!
Gladys Tzul Tzul, habitante de Totonicapán. Comunidad de Estudios Mayas, Aura Cumes, Quimyde Leon, Raquel Gutierrez, Francesca Gargallo, Judith Bautista, Elena Esculyo, Hermelinda Simón, Edgar Esquit, Karen Mercado, Charles Hale, Santiago Bastos, Manuela Camus.
http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-no/extermino-terror-y-guerra/602-pedimos-indignacion-y-respaldo-para-desactivar-una-nueva-agresion-en-guatemala
Publicado por COMUNICARTE en 5:47 No hay comentarios :
Arzobispo de Guatemala pide justicia en caso Ríos Montt
Monseñor también habló de las mineras y dijo que deben pensar no solo en el lucro, sino también en las comunidades.
“No puede quedar así, impune, el caso Rios Mont”, dijo el arzobispo metropolitano Oscar Vian Morales, después de oficiar una misa dominical de confirmaciones, en la iglesia La Ascensión del Señor, en Lo de Bran I, en la zona 6 de Mixco.
Luciendo una túnica roja, Vian Morales, señaló que no puede ser que se quede en el olvido un caso que se juzgó y llegó a sentencia: “¿Comó quedan aquellos que vinieron de lejos, aquellos que sufrieron para dar su testimonio?, se preguntó.
Vian dijo que “muchas personas estuvieron muchas horas testimoniando en contra de quienes dañaron a sus seres queridos. No puede ser así, que quede impune”.
Sobre el procedimiento de amnistía que se ha gestionado para el exgeneral Rios Mont, Vian Morales expresó que de seguro estaba pensado para sacar todo en estos meses. “No, no queremos, sobre todo, que se militarice nuestra Guatemala de nuevo”, prosiguió.
Minería no debe basarse en riqueza
El arzobispo señaló además que coincidía con el mensaje del papa Francisco para que mineras no piensen solo en ganancias.
“Las mineras pueden ser fuentes de desarrollo, pero cuando se las regula. Lo fundamental es que haya un diálogo con las comunidades”, manifestó el arzobispo.
Publicado por Asociación COMUNICARTE en 12:12 No hay comentarios :
GUATEMALA.- Ríos Montt en el reino de la impunidad
http://elsoca.org
La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 23 de octubre, donde se ampara la acción de la defensa de Efraín Ríos Montt ante presumibles violaciones al derecho de defensa y el debido proceso por parte de los tribunales que siguen el caso, busca acogerse al decreto de amnistía 8-86 promulgado por el gobierno militar de Oscar Mejía Víctores. De esta manera trata de detener el proceso judicial que se le sigue a Ríos Montt, por crímenes de lesa humanidad, sobre todo genocidio contra el pueblo Maya-Ixil.
Ríos Montt y la reacción democrática
Después del golpe de estado del 23 de marzo de 1982 y la instalación de una Junta Militar de Gobierno presidida por Ríos Montt quien después concentró el poder, el ejército guatemalteco aplicó el Programa Nacional de Seguridad y Democracia (PNSD), que segmentado en distintos planes de campaña militares debilitó a la guerrilla revolucionaria que operaba sobre todo en el occidente, región de mayoría indígena maya. Es el Plan Sofía, el primero de los tantos planes de campaña aplicados hasta 1987, es el justificativo para las acciones penales en contra este personaje junto a Héctor Mario López Fuente, jefe de inteligencia militar en este momento.
Estos planes de campaña tenían como elemento principal, cual estrategia contrainsurgente global inspirados en concepciones elaboradas por ejércitos estadounidenses, franceses, israelíes y argentinos, la centralización y posterior dislocación en un centro, la cabecera departamental de Chimaltenango, departamento limítrofe con seis departamentos y de fácil llegada desde la capital, para que desde allí se efectuara una desconcentración del accionar y las tácticas operativas llevadas a cabo desde diferentes bases y destacamentos militares en el occidente (donde las distintas organizaciones guerrilleras operaban). Como queda evidenciado en el juicio, esto no significó que se perdiera la cadena de mando.
Esta estrategia de dislocación estaba acompañada por supuesto del terror estatal –elemento consustancial del Estado guatemalteco desde su creación- que implicó la represión masiva por medio de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y masacres, contra los sectores de vanguardia del proletariado y los pueblos mayas, y en última instancia el genocidio contra el pueblo Ixil que en su mayoría se sumaba a la rebelión contra el orden neocolonial y dictatorial.
Los elementos de inteligencia que crearon el PNSD tenían claro, después de estudiar las estrategias político-militares de grandes ejércitos revolucionarios triunfantes como China y Vietnam que era vital “quitarle agua al pez”. Para eso desarticularon con represión masiva por medio de masacres las estructuras de resistencia, algunas vinculadas a la guerrilla del Ejército Guerrillero de los Pobres. Reconstruyeron poblados por medio de auténticos campos de concentración conocidos como “aldeas modelos” sustituyendo los tejidos comunitarios por otros de militarizados con la creación de fuerzas paramilitares llamadas Patrullas de Autodefensa Civil. Disputando por medio del terror el control de la población, las PAC se volvieron transmisoras del terror estatal y combatieron contra la guerrilla, en otras palabras el conflicto adquirió vistos de guerra civil.
La estrategia del PNSD tenía como base teórica la Doctrina de Estabilidad Nacional elaborada por elementos de inteligencia del ejército, que como parte del ajedrez geopolítico de Estados Unidos, buscaban derrotar militarmente y por medio del terror al movimiento popular centroamericano para después impulsar la democratización política y con ello derrotar la revolución Centroamericana. Esta estrategia y las reformas en el régimen político que implicó, fue calificada por Nahuel Moreno como de “reacción democrática”, aunque desde los postulados de las ciencias sociales burguesas se conocen como “transición a la democracia”.
Tal estrategia fue acompañada de la intervención de las burguesías regionales y sus gobiernos en los procesos de negociación de paz entre gobiernos centroamericanos y fuerzas guerrilleras. Por medio de reuniones y acuerdos como los de Contadora y entre los países centroamericanos como Esquipulas II, lograron al final recambios constitucionales, acuerdos de paz y el amaestramiento del movimiento popular en el reconfigurado status quo. En última instancia estas burguesías temían un contagio revolucionario.
La corta pero brutal dictadura de Ríos Montt fue depuesta a finales de 1983, pues el general buscaba salirse del libreto –tenía pretensiones bonapartistas unipersonales- pero la represión en su gobierno fue la más aguda. En otras palabras este militar dedicado a pastor evangélico, en ese momento realizó la parte sucia de la estrategia esbozada en el PNSD. Eso no quiere decir que los gobiernos posteriores, el también de facto de Mejía Victores y los civiles siguientes hasta la firma de la paz en 1996, no hayan aplicado el terror de estado al movimiento popular y guerrillero.
Vicisitudes de la justicia
El Tribunal de Mayor Riesgo condenó a 80 años de prisión a Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad y absolvió a su jefe de inteligencia. Pero esta sentencia fue anulada por una resolución de la CC, que obligó regresar todo el proceso al 19 de abril, fecha en que inició el debate oral.
Nuevamente está institución, que en su calidad de tribunal constitucional y máxima instancia de amparos actúa en nombre del poder oligárquico y no del ciudadano común, resolvió por mayoría de votos que la Sala Primera de Apelaciones “fundamente” por qué no aceptó la acción de amparo en el decreto de amnistía 8-86 de parte de la defensa. Esta sala había negado un recurso de apelación tras la negativa del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo a recibir pruebas a favor de los acusados, argumentando que el tiempo para tal situación ya había pasado. Este juzgado ordenó abrir juicio y enviar el expediente a un tribunal para que los acusados afrontaran debate oral.
Es decir, la CC amparando el derecho de defensa de los imputados presumiblemente negado por el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, se pasó por alto el dolor de los sobrevivientes del terror estatal. De paso negó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Publico y querellantes adhesivos al aceptar tales acciones de amparo por presumible violación al derecho de defensa y al debido proceso, que los inculpados alegan.
La CC por su parte muta, en su calidad de tribunal constitucional que tendría el deber de velar por la adecuada constitucionalidad de leyes y decretos, a convertirse en un ente supralegal que interviene, modifica y resuelve acciones que se inmiscuyen en la independencia de otros poderes del Estado, en este caso de los órganos de la justicia ordinaria o como en otros casos en el ordenamiento legal de las instituciones estatales.
Sin dejar de lado la importancia de la justicia, la cual es una demanda histórica de los sobrevivientes a la represión estatal, consideramos que en el fondo lo que está en juego es la llamada “justicia transicional”. Esta es una posibilidad teórica en Estados donde se desmontan aparatos contrainsurgentes y se establecen Estados supuestamente democráticos. Este tipo de justicia busca resarcir a víctimas y sobrevivientes de la represión estatal en regímenes autoritarios y dictatoriales. Pero como los regímenes políticos siempre, a pesar de sus modificaciones siguen manteniendo su naturaleza de clase, los avances con respecto a la disminución de la impunidad o la independencia de la aplicación de la justicia tendrán límites de clase.
Eso se ejemplifica en el pedido de la defensa de ampararse en un decreto firmado en los últimos días del gobierno militar de Mejía Víctores, que extingue cualquier tipo de responsabilidad penal en lo que se refiere a delitos políticos o comunes conexos. Decreto que a su vez se respalda en el artículo 16 transitorio de la Constitución de la República de Guatemala, que da validez a todas las medidas, leyes y decretos de los gobiernos de facto tanto de Ríos Montt como de este último.
La defensa busca acogerse a este decreto de Mejía Víctores y pasar sobre la Ley de Reconciliación Nacional, promulgada en 1996 que no exime de responsabilidades penales a los delitos de lesa humanidad ni genocidio. Pero el decreto ejecutivo de 1986 tampoco aclara sobre exenciones de estos delitos, además Guatemala es suscriptora desde 1951 de la Convención contra el Genocidio aprobada en el seno de Naciones Unidas en 1949 y tales convenios son superiores, según artículo 46 de la Constitución en curso.
Por último vemos cómo los tribunales, que tienen la obligación de defender al ciudadano de la conculcación de los derechos humanos por parte del Estado, se pierden o niegan esos derechos. Como las comunidades ixiles manifestaron, Ríos Montt ya fue juzgado por los pueblos; por tanto consideramos que serán tribunales electos popularmente aplicando criterios de justicia equilibrada los que condenen a todos los responsables de terror contra el pueblo.
http://elsoca.org/index.php/america-central/guatemala/3159-guatemala-rios-montt-en-el-reino-de-la-impunidad
Guatemala: Este 31 de Octubre. Frente a Casa Presidencial a las 5 PM
SOLICITAMOS EL APOYO INTERNACIONAL PARA CONTINUAR EL CASO Y QUE SE HAGA JUSTICIA
El pasado mayo, un tribunal guatemalteco condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión tras declararlo culpable de la matanza de 1.771 indígenas ixiles durante su régimen, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad anuló ese fallo por supuestos errores en el proceso legal. Ahora La Corte de Constitucionalidad guatemalteca quiere favorecerlo con Amnistia (perdón) y de esa forma cerrar el caso.
Una eventual amnistia judicial en favor del dictador "beneficiaría" además a otros acusados o condenados por desapariciones forzosas, violencia sexual sistemática, tortura y asesinatos.
Exdictador de Guatemala quien cometio Genocidio esta apunto de recibir amnistia (perdon) Ayudanos a
El pasado mayo, un tribunal guatemalteco condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión tras declararlo culpable de la matanza de 1.771 indígenas ixiles durante su régimen, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad anuló ese fallo por supuestos errores en el proceso legal. Ahora La Corte de Con...
Este 31 de Octubre. Frente a Casa Presidencial a las 5 PM
Rechazamos la AMNISTíA....!!!!!
Embuscada a la Impunidad...!!!
El 26 de septiembre de 2013 murió en México, después de una penosa enfermedad, Ernesto Godoy Dárdano. Su muerte me resulta particularmente triste porque me unió a Ernesto una larga relación que comenzó en 1979, cuando me invitó a colaborar en la Escuela de Orientación Sindical que funcionaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eran tiempos aciagos aquellos en los cuales Neto se hizo cargo de dicha escuela. Durante varios años, dicha escuela había estado a cargo del abogado laboralista Santiago López Aguilar. A fines de 1978, Santiago fue seriamente herido en un atentado que casi le costó la vida. Neto Godoy fue el relevo de Santiago; durante 1979 y parte de 1980, en las circunstancias más adversas, le dio continuidad al esfuerzo sindical que había nacido en el espíritu del también abogado Mario López Larrave, asesinado en 1977. Iniciaba Neto su conducción de la Escuela de Orientación Sindical cuando el 14 de febrero de 1979 fue asesinado uno de sus pilares, Manuel Andrade Roca. La ejecución extrajudicial, peor aún, la desaparición forzada, rondaba a todos los integrantes de la Escuela y no pocos de ellos finalmente sucumbieron a la represión. Recuerdo particularmente a Víctor Herrera y a Ileana Minera, desaparecidos junto a 15 dirigentes sindicales de la fábrica de jugos Kern’s y de la de café soluble (Incasa) en el Centro de Capacitación Emaús en agosto de 1980.
Ernesto Godoy Dárdano provenía de una familia acomodada de la ciudad de Guatemala. Su padre, Roberto Godoy, era un comerciante relativamente próspero y representante de varias firmas comerciales. Su madre, Lucía Dárdano, era hija de un gran terrateniente cafetalero de El Salvador. No obstante esos orígenes sociales, que auguraban en los hijos del matrimonio Godoy Dárdano una vida holgada y confortable, la crisis de 1929 significó un estremecimiento del cual la familia no salió indemne.
Algo debe haber habido en los principios morales de aquel hogar católico y acomodado porque cuatro de los cinco hermanos Godoy Dárdano mostraron a lo largo de sus vidas un compromiso social notable. Roberto “Popi” Godoy se hizo abogado en la década de los cincuenta y se convirtió en un militante revolucionario, defensor de presos políticos y abogado laboral. Fue congruente con su compromiso hasta su muerte acaecida en 1980, cuando estaba a punto de salir al exilio. Su ejemplo influyó en María Inés quien también habría seguir los pasos de su hermano mayor. Lucía llegó por otros caminos al compromiso social pues se hizo religiosa y con el tiempo habría de convertirse en una extraordinaria mujer: la Madre Lucía, impulsora de la operación Uspantán en El Quiché, de obra social en Huehuetenango, labor educativa en las áreas marginales de la ciudad de Guatemala y aun en remotos lugares como el Congo africano.
Ernesto también inició su compromiso social y político en el Liceo Javier, luego en la orden de los jesuitas de la cual fue novicio en El Salvador y en Ecuador. En 1970 abandonó la orden y continuó su compromiso social en la senda que había trazado su hermano Roberto. Desde la solidaridad cristiana llegó al marxismo en el contexto de sus estudios en Psicología en la Universidad Rafael Landívar. Dicho compromiso también lo mantuvo hasta su muerte pues en sus años finales fue un activo adherente de “La Otra Campaña”, el movimiento zapatista surgido con la sublevación en Chiapas en enero de 1994. Ernesto tuvo la fortuna de tener tres hijas y una ejemplar compañera de vida, la historiadora Coralia Gutiérrez.
A ellas, a toda su familia, a todos nosotros y nosotras, sus compañeros de lucha en diversos momentos de su vida, les mando un fuerte abrazo solidario.
Publicado por Asociación COMUNICARTE en 19:30 No hay comentarios :
La empresa Montana Exploradora de Guatemala, S.A. subsidiaria de la transnacional canadiense GOLDCORP, ha provocado con sus actividades mineras, graves daños ambientales y sociales a las comunidades mayas en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, Como resultado de una denuncia internacional la -CIDH- otorgó Medidas Cautelares a favor de 18 de las comunidades mayas Mam y Sipacapense afectadas por la mina Marlin.
Publicado por Asociación COMUNICARTE en 19:05 No hay comentarios :
Las organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos, frente a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que pretende abrir la puerta a la amnistía del sentenciado por el Delito de Genocidio, Efraín Ríos Montt, expresa:
1. Que tanto convenciones internacionales ratificadas por el Estado guatemalteco, la Constitución Política de la República y la propia Ley de Reconciliación Nacional, establecen que la amnistía no será aplicable a los delitos de lesa humanidad, tales como el Genocidio, la tortura y la desaparición forzada.
2. Que de otorgarse la amnistía a Efraín Ríos Montt, sentenciado el 10 de mayo del presente año por Genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, representaría una grave violación a los derechos humanos del Pueblo guatemalteco, particularmente en contra del Pueblo Maya Ixil. Así como, se constituiría en un agravio a la dignidad de la humanidad, en tanto el consenso mundial es que estos delitos no deben y no pueden ser amnistiados.
3. Que con anterioridad la Corte de Constitucionalidad en particular los magistrados que votaron a favor de la resolución han dado muestras de plegarse a los intereses espurios de la impunidad y de los violadores de derechos humanos, constituyéndose así junto a las y los jueces que pudieran cometer tal ignominia jurídica en los corresponsables del Genocidio y del delito de contra los deberes de humanidad.
Frente a lo anteriormente expuesto, demandamos:
1. Del Organismo Judicial y de la Corte de Constitucionalidad resolver en torno a derecho y dejar de lado las resoluciones que aún y contrarias a la legislación nacional e internacional, procuran impunidad por delitos del pasado, dando paso a que se comentan actos en contra de la población en el presente.
2. De la comunidad internacional, en particular del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, observar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos, en particular aquellos que permiten el acceso de las víctimas a la justicia y la verdad de los actos de barbarie cometidos en contra del Pueblo guatemalteco.
3. A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la inmediata designación de la presidencia con el objetivo de dar estabilidad al organismo judicial y no permitir que grupos amparados en la impunidad, aprovechen estos momentos para decretar amnistías a responsables de graves violaciones a derechos humanos.
Guatemala, 24 de octubre de 2013
CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS: Asociación Refugio de la Niñez; Centro para el Análisis Forense y Ciencias Aplicadas; Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos; Centro para la Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala; Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala; Seguridad en Democracia; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala; Unión Nacional de Mujeres de Guatemala
Publicado por Asociación COMUNICARTE en 18:55 No hay comentarios :
Querellantes del caso Ríos Montt preparan demanda ante la CIDH
Las asociaciones de las víctimas viajarán la primera semana de noviembre a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, EE. UU.
Álvaro Montenegro > amontenegro@elperiodico.com.gt
http://www.elperiodico.com.gt/es/20131026/pais/236826 La Sala Primera informó ayer que no puede cumplir lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad (CC) el 22 de octubre, sobre ampliar la fundamentación de por qué no debe aplicarse la amnistía a Efraín Ríos Montt por genocidio, según el Decreto 8-86, porque el expediente aún no ha llegado, ya que la CC debe resolver el recurso de ampliación presentado por los querellantes, cuyo plazo vence hoy. A partir del lunes, el expediente podría ser enviado a la Sala para su fallo.
Esta resolución fue vista por Héctor Reyes, abogado de los querellantes, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), como una manera de retrasar el proceso. “Se suma a los fallos que la CC ha emitido para evitar resolver de fondo el tema de la amnistía”, añadió Reyes, quien anunció que en la primera semana de noviembre viajará un grupo de juristas a Washington, EE. UU., para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda que aduce que la anulación de la condena a 80 años de prisión contra Ríos Montt, del 20 de mayo 2013, fue una denegación de justicia a las víctimas ixiles, “parte de la impunidad estructural que impera en el país”.
Entre las pruebas se encuentra el voto razonado emitido por la magistrada de la CC, Gloria Porras, quien argumentó que el recurso de reposición (que fue la base de la anulación de la sentencia) que interpuso el defensor de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, contra el rechazo a la recusación presentada contra la jueza Yassmín Barrios, nunca existió.
Los querellantes buscarán que la Comisión envíe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en Costa Rica) una petición para abrir un proceso y así dejar sin vigencia la resolución de la CC, que regresó el juicio al 18 de abril, porque se adujo violación al derecho de defensa cuando se expulsó a García Gudiel, al intentar recusar a Barrios.
García Gudiel restó importancia a la acción anunciada. “Se basan en un voto razonado de la minoría. Tres son superiores a dos. No me voy a fijar en dos que votaron en contra”, declaró.
Otra anomalía que aduce Reyes es que la jueza Carol Flores regresó el proceso al 23 de noviembre de 2011, cuando la orden que tenía era la de incorporar unas pruebas de la defensa durante el juicio.
Denuncian Estrategia
En un video del 19 de marzo, el primer día del juicio, un defensor, Danilo Rodríguez, en un programa de televisión dijo que García Gudiel había asumido la defensa de Ríos Montt para obligar a la jueza Yassmín Barrios (ya que existía enemistad entre ambos) a salirse del caso.
Sobre esto, García Gudiel aseguró que los acusadores debieron haber hecho valer esto durante el debate, y que se hizo cargo del caso porque los defensores anteriores ya estaban muy cansados. Negó que se buscó la anulación desde un principio. También opinó que las dos instituciones realizan estas demandas “para conseguir un cheque de los países nórdicos”.
Los querellantes aducen que los defensores alegaron violaciones al debido proceso, porque la jueza Barrios les había ordenado a los abogados Saúl Calderón y Moisés Galindo aceptar la defensa de Ríos Montt (siendo ellos defensores de José Rodríguez Sánchez, jefe de Inteligencia de Ríos Montt, quien fue absuelto) cuando García Gudiel fue expulsado de la Sala. Sin embargo, comentó el abogado querellante Reyes, que el 14 de mayo, nueve defensores (en cuenta Galindo y Calderón) le agradecen a Ríos Montt, en un campo pagado, por permitirles ser sus abogados.
El secretario de la Paz, Antonio Arenales, opinó que esta demanda no tiene fundamento, ya que la CIDH no tiene jurisdicción sobre los procesos que están por resolverse a lo interno del país.
Según Arenales, la CIDH solo puede conocer los casos cuyos hechos ocurrieron después de 1987, debido a que en ese año se firmó la adhesión. Sin embargo, Reyes aseguró que pueden iniciarse los casos abiertos después de 1987, aunque los crímenes hayan ocurrido antes.
Según Edgar Pérez, querellante de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), a partir del 4 de abril se iniciaron las presiones para efectuar la anulación. Ese día, fue el peritaje de Marta Casaús, quien vinculó a las elites nacionales en impulsar una cultura y economía racista. Ese mismo día, el testigo Hugo responsabilizó al presidente Otto Pérez por las masacres cometidas en Nebaj; y el 12 de mayo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicitó la anulación de la sentencia.
El proceso podría tardar varios años, aseguran las partes, pero lo que deberá determinar la CIDH es si acepta la admisibilidad del caso.
Los abogados de los querellantes aseguran que no se ha impartido justicia en el caso Ríos Montt.
Ríos Montt lucía desconcertado luego de que oyó la condena de 80 años de prisión por el delito de genocidio.
Los magistrados, de la CC han dictado resoluciones que cambiaron el destino del proceso que se sigue contra el ex jefe de Estado.
Comunidad internacional pide agilizar juicio a Ríos Montt
La Federación Interamericana de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, Francia, solicitó a la Unión Europea condicionar los acuerdos a solventarse próximamente con Guatemala, si no se reanuda el juicio contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt. Asimismo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado que consigna: “El Estado de Guatemala debe asegurar que la Ley de Amnistía (Decreto 8-86) no represente un obstáculo para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos”.
Familiares de las víctimas claman por justicia.
8 y 25
De la Convención Americana de Derechos Humanos son los que aducen los querellantes que se violaron.
Publicado por Asociación COMUNICARTE en 7:21 No hay comentarios :

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 artículo 16
 artículo 46
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