Source: https://es.scribd.com/doc/144988339/SENTENCIAS-CONSTITUCIONALES
Timestamp: 2016-02-11 19:55:27+00:00

Document:
SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1SENTENCIAS CONSTITUCIONALESSENTENCIAS CONSTITUCIONALES|Views: 71|Likes: 0Publicado porflaquito232More info:Published by: flaquito232 on Jun 01, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/144988339/SENTENCIAS-CONSTITUCIONALES10/16/2013pdftextoriginalTRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUCRE – BOLIVIASENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 004/2001
la expulsión de extranjeros no comprendidos en la situación de asilados políticos o refugiados. Concluye que los artículos e incisos recurridos como inconstitucionales del D. 159.226 y 229 de la Constitución Política del Estado. 7 incs. h) del D. contravinieran disposiciones de migración o estuvieran comprendidos en cualquiera de las causales establecidas en el art. incursionaran en problemas de política interna o de dirección de agrupaciones sindicales.fundamental de emitir libremente sus ideas u opiniones ni vulnera la presunción de inocencia. verían afectados sus derechos por una minoría de extranjeros que podrían atentar contra la Constitución Política del Estado y las leyes de la República. esta disposición sólo se limita a impedir el ingreso al país de ciertos extranjeros. se establece lo siguiente: IV. j) del D. Este recurso será concedido en el efecto suspensivo ante la Subsecretaría de Migración. La apelación merecerá informe jurídico legal en un plazo no mayor de 48 horas de recibidos los antecedentes en la Dirección Nacional Jurídica. d). 48. La Resolución de expulsión dictada. IV. El art. IV.4. 6. que directa o indirectamente infringieran la Constitución y las leyes de la República. dirigieran o alentaran verbalmente o por escrito movimientos en contra de las leyes o de las autoridades legalmente constituidas. Que el art. Por último el art. mediante Resolución motivada. Nº 24423 son plenamente constitucionales. j) señala como causal de expulsión de los extranjeros “Que
.S. en su caso. 20 inc. estará encargada de: “Resolver. con el infome jurídico correspondiente”. 48 inc. j) por el que se otorga facultades a Migración de expulsar del país a los extranjeros que entorpezcan las relaciones del Estado boliviano con los gobiernos de otros países. toda vez que la citada disposición legal fue expedida por el Órgano Ejecutivo en resguardo del orden público. 46-b) de la misma disposición legal. bienestar de la mayoría de los ciudadanos bolivianos que. III.1. 16. Por lo expuesto.S. entre otras atribuciones. 20) inc h) 46 inc. establece como impedimento de ingreso al país para todo extranjero que hubiera sido condenado o se hallen perseguidos por delitos comunes de orden público. los sindicados de terroristas.3. menos restringe el derecho a ser juzgados según las normas del debido proceso. 48 inc. b) y 48 inc. tratantes de blancas. Con referencia al art. Nº 24423. con un informe circunstanciado de los hechos que la motivaron. b). por no haberse infringido de manera alguna los arts. g). CONSIDERANDO IV Que de la revisión del expediente. la seguridad del Estado. pide se dicte “la correspondiente Sentencia Constitucional” declarando la constitucionalidad de los arts. al orden público o a las autoridades constituidas. a la cual se elevarán todos los antecedentes que existieran. alentaran su desobedecimento. falsificadores de moneda o narcotraficantes y aquellos cuya conducta anterior haga prever situaciones que sean contrarias a la seguridad nacional.S.2. ni siquiera era necesario pues en estos casos se aplicarán las normas de los convenios y tratados suscritos por nuestro país. deberá ser resuelta por el Subsecretario de Migración dentro de las 72 horas de que éste hubiera recibido el expediente para despacho. podrá ser apelada en el término de 48 horas de su notificación. dispone que la Dirección Nacional de Inspectoría y Arraigos. Nº 24423.
Que en el caso de autos. por una parte el principio de la igualdad toda vez que. V. 229 de la Constitución Política del Estado. el orden jurídico así como la seguridad del Estado. En efecto las disposiciones legales impugnadas vulneran. V. implícitamente hacen una diferenciación entre los nacionales a quienes estarían reconocidos según su
.desarrollen actividades de agitación o propaganda contra los gobiernos de los países con los cuales mantenemos relaciones”. la prevalencia del interés general. sin embargo. por la que cualquier restricción a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. por ello es que el art. Que los derechos fundamentales no son absolutos. Por otro lado.” sin hacer distinción alguna entre nacionales y extranjeros.. V. debe tomarse en cuenta que aún la ley. moralidad y salubridad públicos. pues no se puede afectar el núcleo esencial de un derecho de manera que altere el derecho como tal. infringen las normas previstas por los arts. h) y 48 inc. 4 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos.” (art. j) del referido Decreto Supremo. Que los derechos fundamentales y las garantías constitucionales consagrados por la Constitución Política del Estado no son aplicables solamente a los bolivianos sino a toda persona estante y habitante en el territorio nacional. 7 inc. Que el art. 6. consagrados en el art. se establece que las disposiciones legales impugnadas de inconstitucionales. Es en ese orden que la Constitución ha establecido el mecanismo legal para la regulación y restricción de los derechos fundamentales.. 7 de la Ley Fundamental establece que “toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales .1. así lo dispone el art. dado el principio de la reserva legal. b) y 159 de la Constitución Política. es decir.. tiene sus limitaciones cuando se trata de restringir derechos fundamentales. sólo puede ser dispuesta mediante Ley de la República -disposición constitucional que es concordante con los arts. que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales..2.4..entorpezcan en cualquier forma las buenas relaciones internacionales de Bolivia o desarrollen actividades de agitación o propaganda contra los gobiernos de los países con los cuales mantenemos relaciones”.3. teniendo su motivación en la preservación del orden público..4. la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad.no estándole permitido al Poder Ejecutivo establecer estas restricciones mediante un Decreto Supremo. 24 de la Constitución dispone que “las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas.”. Por otra parte. corresponde señalar que el art. 7 inc. CONSIDERANDO V V. disponen restricciones a los derechos fundamentales de los extranjeros como son la libertad de expresión y libre locomoción.la incursión en programas de política interna o de dirección de agrupaciones sindicales dirigieran o alentaren verbalmente o por escrito movimientos en contra de las leyes o de las autoridades legalmente constituidas. 20 inc.. encuentran limites y restricciones en los derechos de los demás.. que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función del interés social. dicha restricción no puede y no debe ser establecida mediante un Decreto Supremo sino a través de una Ley de la República. IV. al establecer como causales de expulsión de extranjeros “. lo que implica que ese sometimiento no sólo es con relación a los deberes sino también a los derechos y garantías constitucionales. h) y el que “. 7 de la Constitución Política del Estado ha establecido el principio de la reserva legal. Que los arts. 20 inc. b) y g) de la Constitución Política del Estado.
20 inc. pues en ejercicio de este derecho toda persona puede libremente expresar sus ideas. POR TANTO El Tribunal Constitucional.espíritu. vulneran el derecho que tiene toda persona a emitir libremente sus ideas y opiniones. el art. es más. hecho que no puede ni de constituir una causal de expulsión del extranjero. Magistrado
. 16 de la Carta Fundamental al instituir como potestad de la Dirección Nacional de Inspectoría y Arraigos la expulsión de los extranjeros. 46 inc.5. por lo mismo puede referirse críticamente a una situación determinada que forma parte de la política interna del país. Decano Dr. Hugo de la Rocha Navarro. los derechos y garantías que consagra la Constitución y los extranjeros a quienes no estarían reconocidos dichos derechos. 20 inc. opiniones y puntos de vista por cualquier medio de difusión sea oral o escrito. Presidente Dr. 20 inc. o en su caso. 229 que establece la garantía constitucional de los derechos fundamentales contra las leyes.S. Que en el caso de autos existe contradicción de los arts. 7 en su primer párrafo que establece el principio de reserva legal así como los incisos b) y g) que consagran los derechos fundamentales a la libertad de expresión y derecho de locomoción. sin establecer un procedimiento que permita a éste asumir su defensa de manera que dicha norma desconoce además lo preceptuado por el art. j) del D. ni siquiera toman en cuenta la situación de aquellos extranjeros con residencia permanente en el país a quienes la Ley Nº 2028 de municipalidades le reconoce el derecho político a ser electores. V. todos ellos de la Constitución Política del Estado. en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los artículos 1201ª de la Constitución Política del Estado. el art. Nº 24423 de 29 de noviembre de 1996 con el art. más aún sin someterlo siquiera a un procedimiento previo establecido por Ley respetando su garantía al debido proceso.S. 16 que consagra la garantía del debido proceso. h) del D. h). CONSIDERANDO VI Que el Recurso de Inconstitucionalidad es una acción de puro derecho en la que el órgano contralor debe confrontar el texto de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con las mismas. 46 inc. b) y 48 inc. Nº24423 vulnera la garantía constitucional del debido proceso consagrado por el art. el art. expresar un pensamiento crítico sobre la política del gobierno de su país de origen. por cualquier medio de difusión. Que al margen de lo señalado. Por otra parte.S. y por tanto. Regístrese y hágase saber. Pablo Dermizaky Peredo. participar en la vida política interna. Elizabeth Iñiguez de Salinas por encontrarse en uso de su vacación anual.. No interviene la Magistrada Dra.h). b) y 48 inc. 54 y siguientes de la Ley Nº 1836. Nº 24423 de 29 de noviembre de 1996 con los efectos establecidos por el art. declara la INCONSTITUCIONALIDAD de los art. 58-III de la Ley Nº 1836. FIRMAS Dr. j) del D. René Baldivieso Guzmán. 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la expulsión conforme a un procedimiento determinado por ley.
José Antonio Rivera Santivañez. Magistrado Dr.Dr. Magistrado
. Willman Durán Ribera.
se encuentra internado en la clínica Copacabana por hipertensión. se enteró que éste había sido trasladado a dependencias del Servicio Nacional de Migración de la ciudad de La Paz para su expulsión del país. a la que Bolivia está adherida mediante Ley 2071 de 14 de abril de 2000. Su representado fue enmanillado.1. y luego trasladado por tierra hasta La Paz. su representado fue detenido por civiles armados que en ese momento se identificaron como agentes de policía.. 6. 164 a 168. toda vez que ingresó a Bolivia luego de una salida forzosa por su condición de perseguido político del Gobierno de la República de Cuba. en la ciudad de Santa Cruz.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUCRE – BOLIVIA
SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 0037/2007-R
Expediente: 2007-15224-31-RHC Distrito: La Paz Lugar y Fecha: Sucre. Ministra de Gobierno y Magali Zegarra Aragón. privándole de su libertad y de su derecho constitucional de libre locomoción. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.Hechos que motivan el recurso Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2006. Directora Nacional de Migración. El ciudadano Amauris Samartino. cursante de fs. 3 y vta. g) de la Constitución Política del Estado (CPE). Contenido del recurso I. Resolución que a la fecha no fue puesta en conocimiento ni notificada legalmente al Sr. 31 de enero de 2007 Magistrada Relatora: Dra. Después de indagar por más de 24 horas el paradero de su representado. por expulsión o devolución. encapuchado y encañonado en las sienes. en mérito a una Resolución Ministerial firmada por la Ministra de Gobierno. y sólo dio lugar a esa detención indebida. en tal sentido. consagrado en los arts. alegando vulneración del derecho a la libertad de locomoción. Martha Rojas Álvarez En revisión la Resolución 26/2006 de 27 de diciembre.1. dentro del recurso de hábeas corpus interpuesto por Rodolfo Téllez Flores en representación de Amauris Samartino Flores contra Alicia Muñoz Alá. ahora recurrida. e introducido a una camioneta azul de uso particular.I dispone que ningún Estado podrá. sin enseñar ninguna orden de aprehensión. con rumbo desconocido. está amparado por la Convención de Ginebra de 1951. 33. I.1. que en el art.II y 7 inc. poner a un refugiado en las fronteras del territorio
. goza de status de refugiado político. Samartino. por personas diferentes a las de sus captores. y como consecuencia de las torturas psicológicas sufridas. el recurrente sostiene que el 23 de diciembre de ese año. cursante a fs. reconocido a todo estante y habitante en el territorio nacional. pronunciada por el Juez Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz.
II y 7 inc. en la ciudad de La Paz. religión. no son instancias jurisdiccionales. Ninguna autoridad administrativa puede aprehender y mantener detenida a una persona por más de setenta y dos horas.donde su vida o libertad peligre por causa de raza. 4. La detención fue arbitraria. 48 inc.1. por detener a su representado durante más de 72 horas en dependencias del Servicio Nacional de Migración. se produjeron los siguientes actuados: I. Autoridades recurridas y petitorio Interpone recurso de hábeas corpus contra Alicia Muñoz Alá. 155 a 163). la Ministra de Gobierno dispuso la expulsión del ciudadano Amauris Samartino por infracción al art. De acuerdo a la Resolución Ministerial (RM) 4213 de 19 de septiembre de 2006. ya que los miembros de una institución administrativa como el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Gobierno. I. sin ninguna orden de aprehensión judicial. I. añadiendo que: 1.3. Directora Nacional de Migración.2. solicitando sea declarado procedente. 6. en contra de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico boliviano. nacionalidad u opiniones políticas. 3. y aún si hubiera un delito migratorio. Interpone el presente recurso de hábeas corpus contra la Ministra de Gobierno por haber ordenado la detención y. Ministra de Gobierno y Magali Zegarra Aragón. Audiencia y Resolución del Juez de hábeas corpus En la audiencia realizada el 27 de diciembre de 2006 (fs.1. su representado tendría que haber sido puesto en manos de un Fiscal para luego ser remitido ante la autoridad judicial. Su representado permaneció incomunicado en el Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). I. g) de la CPE. contra la Directora Nacional de Migración. Ratificación y ampliación del recurso El abogado y representante de Amauris Samartino ratificó los fundamentos del recurso. g) del Decreto Supremo (DS) 24423.2. norma que hace referencia a la comisión de fraude económico al Tesoro General de la Nación.1. en ausencia del representante del Ministerio Público. 2. consagrado en los arts. Derecho supuestamente vulnerado El recurrente alega vulneración del derecho a la libertad de locomoción y tránsito.2. y se disponga su inmediata libertad. La Ley Migratoria no tipifica delitos. Sólo del espíritu de la redacción se presume que se quiere fundamentar su expulsión por haber
. que desde ningún punto de vista fue cometido por su representado.
La Ministra de Gobierno no tiene competencia para firmar una Resolución de expulsión. para evitar esa impugnación. el 1 de noviembre de 2000. otorgándoseles permanencia indefinida o radicatoria con carácter gratuito. Esas personas fueron transportadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a Bolivia. El estatus de refugiado nunca fue concedido a Amauris Samartino. en representación de la Ministra de Gobierno. y pretende justificar y validar esa Resolución con videos posteriores. 7.2. entre los que se encuentra Amauris Samartino. así se demuestra en la Resolución 3440 por la que se constata que ingresaron a Bolivia doce personas de Cuba provenientes de Guantánamo. no obstante que la libertad de expresión está reconocida en la Constitución y en mérito a ello la “SC 004/2001” declaró la inconstitucionalidad de la norma que sirvió de base para fundamentar la Resolución Suprema señalada. que establece que los Estados deben facilitar la permanencia legal del refugiado político. quienes declararon su voluntad de ingresar a Bolivia en calidad de residentes permanentes y no como refugiados. 6. Su calidad de migrante regular y no refugiado también se demuestra por el Informe 214/2001 de 3 de abril. la carta de 30 de marzo de 2001 dirigida al Director de Asuntos Jurídicos por el Director del Servicio Nacional de Migración y al certificado emitido por el Presidente de la Comisión Nacional del Refugiado.
. que puede ser apelada. estos actos pretenden hoy ser desconocidos y revocados sin procedimiento legal. Las autoridades recurridas pretenden poner la vida de su cliente en peligro. señaló: 1. 8. pueden participar en la política.2 Informe de las autoridades recurridas Rubén Gamarra Hurtado. Su representado tenía la condición de refugiado político en la base Guantánamo bajo custodia de Estados Unidos. El Ministerio de Gobierno. de esta manera. Hasta la fecha. reconociéndole la calidad de refugiado político. Además. donde se sindica a su representado de intromisión en la actividad política interna del país.participado en política interna del país. otorgó certificado de extranjería a Amauaris Samartino. I. que tiene vigencia hasta el 2011. sin embargo. la Ley de Municipalidades garantiza que los extranjeros con residencia permanente en el país tengan derecho a ser electores y. porque la Ley de Organización del Poder Ejecutivo sólo le da la atribución de formular la política migratoria. Se pretende hacer valer la Resolución de “19 de septiembre de 2006”. y en esa condición ingresó al país. 9. su cliente no ha sido notificado legalmente con la misma. es el Servicio Nacional de Migración el que tiene esa facultad. sin embargo. estando desde esa fecha bajo bandera boliviana. 5. en cumplimiento de las normas internacionales como la Convención de Ginebra de 1951 y la Ley 2071 de 14 de abril que aprueba el Estatuto de Refugiado. su representado desconoce la Resolución Ministerial. Viceministro de Régimen Interior. como el del cabildo del mes de noviembre. al determinar en la Resolución Ministerial que sea devuelto al país de origen. cuando las normas de Derecho Internacional determinan que deberán ser devueltos al punto de ingreso de embarque. vulnerando principios constitucionales. ya que el status de refugiado debe ser objeto de resolución y no cualquier Director de Santa Cruz lo va a dar.
La Resolución Ministerial 4213 hace referencia a una Resolución por la que se le concedió un beneficio al ciudadano Samartino. 11. que está transcrito. el derecho de respetar su dignidad. 48 del DS 24423 señala que los extranjeros no pueden intervenir en política interna. orden de expulsión que es una facultad soberana de un Estado que tiene y puede expulsar a un ciudadano que contraviene sus normas. la facultad de tomar la decisión de expulsión. renovar por otro año y. porque esto es separatismo.g). Analizada la RM 3430. La notificación con la Resolución Ministerial fue legal. los periódicos ya la conocían hace dos días. En la RM emitida el 19 de septiembre de 2006. El DS 24423 se constituye en la norma migratoria que regula el cumplimiento de los derechos y obligaciones que deben tener todos los ciudadanos extranjeros. pues se otorgó un plazo de 48 horas para que su representado abandone el país. 14 de ese Decreto Supremo señala que corresponde a la Subsecretaría de Migración. La Resolución 4213 deroga a la RM 3430 de 5 de abril de 2001 y dispone la anulación de su visa de permanencia. sin embargo. se constata que fue concedida gratuitamente para su residencia permanente. el art. pues en realidad el contenido de la norma. que le reconocen al Estado boliviano. hacer cumplir las órdenes de expulsión de extranjeros determinadas por el “Supremo Gobierno”. i). hay otros artículos de la normas contenidas en el DS 24423. 8. norma que en el art. El Sr. sólo fue por seguridad. no sólo dando ideas. y en el caso. Se dispuso la expulsión en total respeto a los derechos humanos. El recurrente sostiene que “recién hoy” se enteró de la Resolución Ministerial. 7. corresponde al inc. 4. luego de un año. 6. finalmente. La notificación fue efectuada por el Director Distrital de Migración y el Jefe de Inspectores de Santa Cruz. así. si bien se mencionó el art. 3. “no puede lanzar esas ideas” (sic). que le concedió la radicatoria al representado del recurrente. las personas primero deben tener visa de treinta días. y si hay un inciso que fue declarado inconstitucional. eso no puede permitir ningún estado y eso no vamos a permitir como gobierno que defendemos la soberanía del estado” (sic).2. la “norma migratoria sigue vigente”. por el cual. éste es un error de escritura. para tener residencia. 20 inc. existiendo un testigo de actuación. existiendo contradicción en el recurrente. El art. 5. el representado del recurrente intervino en política interna. “…no puede haber SC alguna que le prive al estado boliviano el derecho de hacer respetar su soberanía.
. sino que propuso y gritó independencia. sin embargo. quien sostiene que se debió ordenar la expulsión inmediata de su defendido. se puede conceder la radicatoria o permanencia indefinida. h) establece la facultad de expulsar a ciudadanos extranjeros. 9. Si bien el recurrente dice que una Sentencia Constitucional se declaró la inconstitucionalidad de ese norma. hoy Vice ministerio de Régimen Interior. más bien fue médicamente revisado e inclusive internado. 48. teniendo el estado “la potestad de efectuar esta situación”. y si fue trasladado a una celda de la FELCC. siendo lo argumentado por el recurrente una “mera chicanería”. lo que no se puede permitir. Samartino nunca fue torturado y menos incomunicado. 10. posteriormente.
previo cumplimiento con las 72 horas de su notificación. lo estarían condenando a muerte. no configurara la detención indebida como se invoca” (sic). I. Basado en dichos fundamentos. “no recibió petición de refugio. se adhirió a lo manifestado por el Viceministro de Migración. 2. pues. el Ministerio de Gobierno dictó la RM 4213 de 19 de septiembre de 2006 por el que deroga la RM 3430. disponiendo la anulación de la visa de permanencia indefinida de Amauris Samartino Flores. en sentido que los actos de quienes practicaron la aprehensión se adecuaron o no a procedimiento. Por la documentación expuesta y presentada por ambas partes. por otra parte. llegando en calidad de emigrante común y obtener la residencia permanente de la que ahora goza” (sic). se establece que el ciudadano Amauris Samartino Flores.12.2. en ese país no hay derechos para personas que piensan como él. El Ministerio de Gobierno. Quienes procedieron a su detención argumentaron ser agentes de inteligencia llenos de pistolas. por la que se dio la condición de residente permanente al representado del recurrente. disponiéndose que. haciendo uso de los mecanismos legales. que al existir una causal o motivo establecido por ley.3. “al no haberse interpuesto recurso de apelación. quienes deben someterse al cumplimiento de las leyes. 164 a 168). La Convención de Ginebra establece “condicionamientos que merece todo ciudadano que se halla en calidad de refugiado” y el art.
. 3. Con relación a la falta de competencia de la Ministra de Gobierno. por lo que no se le otorgó el estatus de refugiado. declaró improcedente el recurso. El abogado de la correcurrida. para luego ser conducido a La Paz. 13. con los siguientes fundamentos: 1. a una casa y a otra “si esto no es violación entonces estaremos muy mal en los próximos tiempos acá” (sic). Directora Nacional de Migración. “sino que tengan relación objetiva” (sic). se la realice conduciéndola al punto de embarque donde se hallaba en calidad de refugio”. “a efectos de la R. Sólo se han dado cumplimiento a normas migratorias que no requieren orden judicial porque no hubo delitos objeto de la justicia ordinaria. sólo una norma de igual jerarquía podía hacerlo. se debe tomar en cuenta que corresponde al Estado Boliviano garantizar la permanencia y seguridad de todo ciudadano ya sea nacional o extranjero. En el presente recurso no corresponde analizar aspectos que darían o no lugar a dictar las Resoluciones de referencia. no se puede exigir que una simple Resolución deje sin efecto una Resolución Ministerial. de ser enviado a Cuba. El representado del recurrente no está amparado por la Convención de Ginebra porque no es refugiado. en particular la certificación expedida por el Presidente de la Comisión nacional del Refugiado (CONARE). aprehensión que fue ejecutada por funcionarios de Migración en cumplimiento de la Resolución de referencia.M N° 4213 de 19 de septiembre de 2006. solicitando que el recurso sea declarado improcedente. Resolución La Resolución 26/2006 de 27 de diciembre (fs. luego fue trasladado al servicio de inteligencia. pues. El representado del recurrente señaló que. dando lugar a que el ciudadano cubano sea aprehendido en la ciudad de Santa Cruz. su desobediencia implica la aplicación de las normas vigentes. 48 del DS 24423 de 29 de noviembre de 1996 señala puntualmente las causales por las que los ciudadanos extranjeros pueden ser expulsados. dictó la RM 4213 de 19 de septiembre de 2006.
resolvió otorgar a Amauris Samartino Flores. Por documento de viaje temporal de 1 de septiembre de 2000. no refugiados. Guillermo Fortún. Por RM 3430 de 5 de abril de 2001.4.4). 74). a través de la CONARE. II. que la CONARE en ningún momento otorgó el status de refugiados a los ciudadanos cubanos Jorge Martín Alfonso Salgado. el Director General de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Santa Cruz. se concluye lo siguiente: II. Resolución administrativa que no se encuentra en obrados.2. informó a la representante departamental del Defensor del Pueblo. y que habiendo sido bien recibida esta propuesta por la CONARE y la propia Embajada de Estados Unidos en Bolivia. la permanencia indefinida en el país (fs. realizado por el Director General de Asuntos Jurídicos y el Asesor Jurídico del Ministerio de Gobierno (fs. Por nota de 14 de marzo de 2001. gozando de status de refugiado (fs. en la que se señaló expresamente que “la Comisión Nacional del Refugiado
. el ingreso de aproximadamente cuarenta ciudadanos cubanos en calidad de refugiados. II.G. aspectos que fueron recalcados a través del Informe D. con carácter gratuito y mediante Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Migración. enviada por el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto a Diputados Nacionales. ya que éstos ingresaron al país con la colaboración del Gobierno Norteamericano y la OIM para su reasentamiento permanente (fs. Guillermo Fortún Suárez. a tiempo de adjuntar el proyecto de Resolución Ministerial que otorgaría la calidad de residentes con permanencia indefinida a personas de origen cubano. arribaron a este último país doce ciudadanos cubanos.4. CONCLUSIONES De la revisión del expediente y de las pruebas aportadas. dirigida al Ministro de Gobierno. 131 a 133). Por comunicación de 30 de marzo de 2001. El 1 de noviembre de 2000. que el Servicio Nacional de Migración propuso que ingresaran a Bolivia en calidad de migrantes regulares. cuyo ingreso no fue en calidad de refugiados sino en calidad de residentes permanentes (fs. II. mediante Resolución de la CONARE. II. Amauris Samartino Flores y José Antonio Laguardia Mesa. 122 a 124). se constata que a Amauris Samartino Flores le fue otorgado el estatus de protección temporal en la Base Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo. por lo que durante los meses de septiembre y octubre fue trasladado a este país.5. el Director Departamental del Servicio Nacional de Migración certificó que Amauris Samartino Flores se encuentra registrado en los libros de registros de refugiados.J. explicó que el año 2000 la Embajada de Estados Unidos solicitó al Estado Boliviano. entre los que se encuentra el representado del recurrente.A. 137). con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (fs.3. 214/2001 de 3 de abril. el Ministro de Gobierno. entre otros. y que la República de Bolivia aceptó la residencia permanente en su territorio. Cuba. 125). en igual sentido se tiene la comunicación de 14 de septiembre de 2001.1. situación que no aconteció en el presente caso con el ciudadano cubano…” (sic) II. el Director del Servicio Nacional de Migración. La Constitución reconoce derechos y garantías constitucionales a todo ciudadano nacional o extranjero “cabe recalcar que también estamos sometidos al cumplimiento de deberes.
48” del DS 24423 de 29 de noviembre de 1996. cursando su firma al pie de la diligencia (fs. derogó la RM 3430 de 5 de abril de 2001 y la Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Migración. Wilber Gonzáles Rodríguez. y que la SC 004/2001 declaró la inconstitucionalidad de la norma que sirvió de base para fundamentar la Resolución Ministerial aludida. con C. por tanto. II. se procedió a la notificación de Amauris Samartino Flores en su domicilio de la Urbanización California. 121).I. 139). no encontrándose. a horas 10:00. Por RM 4213 de 19 de septiembre de 2006. si tales aseveraciones son evidentes y si ameritan la protección que brinda el art.(CONARE). El 26 de diciembre de 2006.7. y conducido a la ciudad de La Paz. 134). III. en lo que se refiere al ciudadano cubano Amauris Samartino Flores. por cuanto: 1) La Ministra de Gobierno correcurrida: a) ordenó su expulsión del país a través de una Resolución Ministerial en virtud a sus opiniones políticas. g) del art.
. los recortes de prensa cursantes en obrados (fs. Calle Sausalito 5400.7. sin ninguna orden judicial de aprehensión. En consecuencia.10. emitida en cumplimiento de la misma. tampoco otorgó el estatus de refugiado. en ningún momento otorgó el carácter de refugiados al mencionado grupo de ciudadanos cubanos…”(fs. en presencia del testigo de actuación. Amauris Samartino Flores fue detenido el 23 de diciembre de 2006.8. disponiendo la anulación de su visa de permanencia indefinida en el país y su expulsión del país por haber incurrido en la causal contenida en el “inc. De acuerdo a lo aseverado por el recurrente. II. corresponde determinar. 119 a 121) y lo informado por los representantes de las autoridades recurridas. A fs. concediéndole el plazo improrrogable de 72 horas desde su notificación para abandonar el país. el día 8 de diciembre de 2006. frente a Unitel de la zona central. II. expedido el 17 de abril de 2006 y con vigencia hasta el 17 de abril del 2011. Alicia Muñoz. 18 de la CPE. En cumplimiento de la Resolución Ministerial antes nombrada. 6 cursa fotocopia del “Carnet de extranjero residencia permanente” de Amauris Samartino Flores.9. en ejecución de la Resolución Ministerial referida en el punto II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El recurrente sostiene que se vulneró el derecho a la libertad de locomoción de su representado. sujeto al amparo del sistema jurídico que brinda la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951 ni el DS 28329 (fs. se procedería por las autoridades de migración a su expulsión con destino a su país de origen (fs. el Presidente de CONARE certificó que esa institución no recibió petición de refugio. no obstante que cuenta con status de refugiado. caso contrario. b) no tiene competencia para firmar una Resolución de expulsión. 118 a 119). 6211134 SC. y 2) la Directora Nacional de Migración lo detuvo durante más de 72 horas en dependencias del Servicio Nacional de Migración. la Ministra de Gobierno. en revisión. “luego de varios intentos de notificación personal”. II. II. ni emitió ninguna resolución a favor del ciudadano cubano Amauris Samartino Flores.6. dejando copia legalizada bajo su puerta. ya que la Ley de Organización del Poder Ejecutivo sólo le da la atribución de formular la política migratoria.
1. Estado Social Democrático de Derecho El art. a las normas previstas por la constitución y las leyes” (las negrillas son nuestras). tiene la atribución de determinar qué ciudadanos extranjeros permanecen o son expulsados de su territorio. III. Bolivia. c) y d) de la CPE. no otra cosa significa que la Ley Fundamental. de 10 de noviembre.2.” (las negrillas son nuestras). declaración que constituye la base principista que orienta las determinaciones y las acciones de los órganos del poder público. al consagrarlos en su art. contenida en la SC 0101/2004. proclama que Bolivia es un Estado Social y Democrático Derecho. 7 de la Ley Fundamental. políticos e individuales y un sometimiento al ordenamiento jurídico del país. d) reconocimiento jurídico formal de una serie de derechos. ha establecido: “…los derechos fundamentales a asociarse para fines lícitos. 7 hace referencia expresamente a “toda persona”. así lo ha reconocido ya anteriormente este Tribunal. de todo el ordenamiento jurídico. en su SC 004/2001” (las negrillas son nuestras). c) sujeción de la administración a la ley y control judicial.Régimen legal de migración y derechos humanos En ese contexto. alocución que interpretada aplicando el principio de la fuerza expansiva de los derechos fundamentales y el principio pro hómine conduce a la conclusión que incluye a los nacionales como extranjeros. en cuya
.II de la CPE. de 12 de septiembre. de 14 de septiembre. como lo precisó la SC 0129/2004. en el que existe un equilibrio entre los derechos sociales. que es un principio rector de la Ley Fundamental y. “…que se constituye en un sistema de vida en libertad. si bien el Estado Boliviano. ha señalado que esa noción responde a una determinada concepción filosófica del hombre y de la comunidad política. 7 incs. así como el respeto y la protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. con relación a su titularidad no tienen limitaciones intrínsecas emergentes de la nacionalidad de la persona. De la noción descrita. por parte de la administración pública. configuran e identifican al Estado Boliviano. lo que supone que en el sistema constitucional boliviano están reconocidos tanto a los nacionales como a los extranjeros. que se configura bajo la idea de: a) separación de los poderes estatales. la jurisprudencia de este Tribunal.III. consagrados por el art. El principio de Estado de Derecho. b) sometimiento de todos los poderes al orden constitucional y a las leyes. sean los titulares nacionales o extranjeros. por tanto. la SC 0060/2005. “…surge el principio de Estado de Derecho. 1. junto a los Principios de Estado Social y Democrático. decisiones y resoluciones. que impele tanto a gobernantes y gobernados a sujetar y subordinar sus actos. en virtud a su soberanía. toda vez que la Constitución Política del estado no hace distinción por el origen al establecer el catálogo de derechos y garantías previstos en el art. En ese sentido. libertades y garantías fundamentales . Sobre el Estado de Derecho. ya que de manera general hace referencia al término persona. al trabajo y a ejercer cualquier actividad lícita.
está regulado por una serie de normas jurídicas. garantizados en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales. sin embargo. así se encuentren en condiciones de permanencia irregular. Es así. la discrecionalidad gubernamental para efectos de definir el ingreso y permanencia de los extranjeros. coordinar y administrar políticas en el ámbito migratorio. pues como se ha señalado en el fundamento precedente. pues no se puede afectar el núcleo esencial de un derecho de manera que altere el derecho como tal. Ley de Organización del Poder Ejecutivo.virtud. 1. 229 de la CPE. ha establecido que: “…aún la ley. concretamente del Ministerio de Gobierno. uno de los principios que caracteriza al Estado de Derecho es la sujeción a la ley tanto de gobernantes como de gobernados. de 5 de enero. de 19 de octubre.II de la Ley Fundamental. esta discrecionalidad tiene como límite los derechos fundamentales. en el ámbito migratorio. por otra parte. conforme a lo dispuesto por la Ley 3351 de 21 de febrero de 2006. la SC 1038/2006-R. tiene la atribución de formular. Consecuentemente. cuyos actos y resoluciones deben encontrar respaldo y fundamento en el ordenamiento jurídico. la citada SC 0060/2005. respecto de los extranjeros pueden desconocer la vigencia y alcance de los derechos fundamentales ni los inherentes a la persona humana. conforme al siguiente texto: “…el ingreso y permanencia de extranjeros al territorio nacional. al contrario tienen sus propios límites en los valores supremos y principios fundamentales inherentes a todo Estado Democrático Constitucional. 229 de la Constitución Política del Estado” De manera concreta. su límite en las normas previstas por el art. el Tribunal ha señalado que las restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales tienen. deben ser coherentes con la base principista contenida en el art. de carácter reglamentario.
. tiene sus limitaciones cuando se trata de restringir derechos fundamentales. (las negrillas son nuestras). En ese sentido. en cuya virtud los Estados cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para regular el ingreso y permanencia de extranjeros. no es menos cierto que la aplicación de las limitaciones a dicho ejercicio tampoco pueden ser absolutos o arbitrarios. deben ser cumplidas por los propios gobernantes. a cuyo respeto se encuentran comprometidos todos los Estados. entendió que en un Estado Social y Democrático de Derecho. Así. Conforme a lo anotado. de manera que no se suprima materialmente el derecho. así lo dispone el art. ha determinado que: “…si bien es cierto que el ejercicio de los derechos fundamentales no es absoluto. no es menos evidente que esas políticas deben ser elaboradas respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales y. la SC 0004/2001. a su vez. lo que implica la prohibición de la arbitrariedad por parte de los gobernantes. en lo que respecta a las limitaciones extrínsecas se aplica el principio de la reserva legal”. En el mismo sentido. queda sometida a la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales y al respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la situación de permanencia de los extranjeros”. por ello. una vez que las normas se encuentren vigentes. a través del Órgano Ejecutivo. dirigir. las limitaciones que se puedan establecer a los derechos humanos. de manera que se traten de limitaciones y no de verdaderas supresiones. que en ningún caso las autoridades administrativas. el régimen migratorio debía respetar y proteger los derechos fundamentales y las garantías constitucionales.
entre otras. así como estudiar la política migratoria. competencia y alcance nacional. las facultades anotadas. dirigieran o alentaran verbalmente o por escrito movimientos en contra de las leyes o de las autoridades legalmente constituidas. otorgaba a la Dirección Nacional de Inspectoría y de Arraigos la facultad de expulsar a los extranjeros no comprendidos en situación de asilados políticos o refugiados. i) de ese mismo Decreto Supremo: “Serán expulsados del país y no podrán ingresar en el futuro a territorio boliviano. 10) que tiene.III. y determinar la expulsión de extranjeros. el SENAMIG tiene como atribuciones. Que se incorporen a asociaciones que tengan directa o indirectamente fines políticos. 14 incs. h) e i). tiene como misión institucional. en los casos previstos por ley.” El 4 de septiembre de 1998. de manera general. El mismo Decreto. Que inciten de alguna manera al desobedecimiento a las leyes de la República o a las autoridades legalmente constituidas. establecidas de manera general para el SENAMIG. los extranjeros comprendidos en las siguientes causales: … i) Que intervengan en cualquier forma en política interna o de dirección sindical o inciten por cualquier medio a la alteración del orden social. político o de las organizaciones sindicales. 44) y. Que intervengan en la organización o dirección de desfiles. conforme al siguiente texto contenido en el art. entre otras. h). residencia y permanencia de los ciudadanos extranjeros. regular. anular. otorgándole atribuciones para conceder. administrar el régimen de extranjería y naturalización. administrar la emisión y control de pasaportes. que infringieran la “Constitución y las leyes de la República. las atribuciones de
. regulando y procesando el ingreso. encargado de administrar el régimen de migración. para todos los extranjeros. registrar y controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional. conceder. asambleas o cualquier clase de manifestaciones públicas de carácter político o contrarias a las decisiones del Supremo Gobierno o que efectúen declaraciones o publicaciones en el mismo sentido u ofensivas a las instituciones y/o autoridades nacionales. regula el régimen de migración dentro del territorio de la República e instituye la estructura orgánica de la entonces Subsecretaría de Migración y sus funciones (art. 3). con atribuciones. 20 inc. como estructura operativa del Ministerio de Gobierno. 48 inc. incursionaran en problemas de política interna o de dirección de agrupaciones sindicales. por el cual se creó el Servicio Nacional de Migración (SENAMIG). anular o prorrogar radicatorias y permanencias y resolver las apelaciones sobre resoluciones de las Direcciones Nacionales o Administraciones Departamentales sobre expulsiones o permanencias (art. se emitió el DS 25150. 7. Esta misma causal de expulsión está establecida para los extranjeros con permanencia o radicatoria (art. 3 del DS 25150. cancelar o prorrogar radicatorias y permanencias en el país.Contexto normativo y jurisprudencial del régimen legal de migración y las causales de expulsión de extranjeros.3. El DS 24423 de 29 de noviembre de 1996. De acuerdo al art. De acuerdo al art. contravinieran disposiciones de migración o estuvieran comprendidos en cualquiera de las causales establecidas en el art. son ejercidas por el Director del Servicio Nacional (art. 48°” (las negrillas son nuestras). en el art. alentaran su desobedecimiento. Ahora bien.
4 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanosno estándole permitido al Poder Ejecutivo establecer estas restricciones mediante un Decreto Supremo.cumplir y hacer cumplir las normas legales relativas a las funciones y atribuciones del Servicio. debe tomarse en cuenta que. entre ellas.
. que se constituye en la máxima autoridad del Servicio. conforme lo determina el art. cancelar o prorrogar radicatorias y permanencias en el país. pues no se puede afectar el núcleo esencial de un derecho de manera que altere el derecho como tal. en definitiva. de seguridad pública. 46 inc. junto con el Director de Inspectoría y Arraigos. Que el art. mantuvo el SENAMIG como una entidad pública desconcentrada. 20 inc. de controlar la actividad de extranjeros que directa o indirectamente infrinjan las leyes de la República. así como determinar la expulsión de ciudadanos extranjeros. conocer y resolver los asuntos que le son planteados en el marco de las atribuciones del SENAMIG. como autoridad que se encuentra a nivel ejecutivo y operativo. y dictar resoluciones administrativas para resolver los asuntos del Servicio. concretamente. que posibilitaban la expulsión de ciudadanos extranjeros sin previo proceso. Por otra parte. Ley de Organización del Poder Ejecutivo. este Director General Ejecutivo sustituye al Director del Servicio Nacional establecido en el DS 25150.I del mismo Decreto Supremo. en general. 47). entre otras. 18 del Decreto Supremo mencionado. el Decreto Reglamentario de la Ley del Poder Ejecutivo. y es él quien. 31. se debe señalar que algunas causales establecidas en el DS 24423 de 29 de noviembre de 1996.2. Posteriormente. conforme al siguiente razonamiento: “V. anular. en consecuencia. consiguientemente. está respaldada por las normas antes aludidas. aún la ley. 229 de la Constitución Política del Estado. 7 de la Constitución Política del Estado ha establecido el principio de la reserva legal. es esa autoridad la que tiene la facultad de conceder. sólo puede ser dispuesta mediante Ley de la República . dirigir. última facultad que también la tiene el Director de Inspectoría y Arraigos. de 5 de enero. tiene atribución para conocer y resolver las expulsiones del país. que dispone que el Director tiene la facultad. de súbditos extranjeros. por la que cualquier restricción a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. de prevención y represión del delito y respecto al régimen penitenciario. j) del DS 24423 antes glosado. por intervenir en la vida política interna del país.disposición constitucional que es concordante con los arts. establece las atribuciones del Ministro de Gobierno. no pueden fundar la expulsión de ciudadanos extranjeros. bajo la dependencia orgánica y administrativa del Ministerio de Gobierno (art. norma que también establece que las entidades desconcentradas. entre las que se encuentra el SENAMIG. y determinar la expulsión de extranjeros en los casos previstos por ley. Si bien esa facultad. Por su parte. tiene sus limitaciones cuando se trata de restringir derechos fundamentales. declaró la inconstitucionalidad de determinadas normas de ese Decreto Supremo. de 28 de marzo de 2006. en virtud al art. en virtud a que la SC 0004/2001. así lo dispone el art. las normas expulsadas del ordenamiento jurídico fueron los arts. 28631. está a cargo de un Director General Ejecutivo que ejerce la representación institucional y el que define asuntos de su competencia mediante resoluciones administrativas. la de formular. b) y 48 inc. la Ley 3351 de 21 de febrero de 2006. h). coordinar y administrar políticas en los ámbitos migratorio.
o en su caso. por lo mismo puede referirse críticamente a una situación determinada que forma parte de la política interna del país. hecho que no puede ni debe constituir una causal de expulsión del extranjero más aún sin someterlo siquiera a un procedimiento previo establecido por Ley respetando su garantía al debido proceso”. Que en el caso de autos. Que al margen de lo señalado. Por otra parte. b) y 159 de la Constitución Política. los derechos y garantías que consagra la Constitución y los extranjeros a quienes no estarían reconocidos dichos derechos. a quienes se les estaría reconociendo los derechos y garantías establecidos en la Constitución." (art. el art. j) del referido Decreto Supremo. participar en la vida política interna. 6. bajo el fundamento que un Decreto Supremo no puede establecer limitaciones a derechos fundamentales en virtud al principio de reserva legal. 16 de la Carta Fundamental al instituir como potestad de la Dirección Nacional de Inspectoría y Arraigos la expulsión de los extranjeros. por cualquier medio de difusión. al hacer una diferenciación entre los nacionales.. es más. dado el principio de la reserva legal. ha sido declarada inconstitucional. pues en ejercicio de este derecho toda persona puede libremente expresar sus ideas opiniones y puntos de vista por cualquier medio de difusión sea oral o escrita. 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la expulsión conforme a un procedimiento determinado por ley” (las negrillas son nuestras). a quienes no se les reconocería tales derechos. ”V. dicha restricción no puede y no debe ser establecida mediante un Decreto Supremo sino a través de una Ley de la República”. h) del D. implícitamente hacen una diferenciación entre los nacionales a quienes estarían reconocidos según su espíritu. sin establecer un procedimiento que permita a éste asumir su defensa de manera que dicha norma desconoce además lo preceptuado por el art. el orden jurídico así como la seguridad del Estado. Que los arts. teniendo su motivación en la preservación del orden público. h) y el que ". 20 inc. 7 inc. En efecto. De acuerdo a la Sentencia glosada.4. lo que lesiona el derecho a la libertad de expresión. sin embargo. se establece que las disposiciones legales impugnadas de inconstitucionales. b) y g) de la Constitución Política del Estado. ”V. la incursión en problemas de política interna o de dirección de agrupaciones sindicales dirigieren o alentaren verbalmente o por escrito movimientos en contra de las leyes o de las autoridades legalmente constituidas.S.. infringen las normas previstas por los arts.3. 20 inc) h) y 48 inc. ni siquiera toman en cuenta la situación de aquellos extranjeros con residencia permanente en el país a quienes la Ley Nº 2028 de municipalidades le reconoce el derecho político a ser electores y. pues en
.. y los extranjeros. que la norma vulnera el principio de igualdad. 7 inc. al establecer como causales de expulsión de extranjeros ". vulneran el derecho que tiene toda persona a emitir libremente sus ideas y opiniones. por tanto. Nº 24423 vulnera la garantía constitucional del debido proceso consagrado por el art. 20 inc. la atribución otorgada a la Dirección de Inspectoría y Arraigos para expulsar a ciudadanos extranjeros por su intervención en la política interna del país. por una parte el principio de la igualdad toda vez que.5. las disposiciones legales impugnadas vulneran. disponen restricciones a los derechos fundamentales de los extranjeros como son la libertad de expresión y libre locomoción.”V. desarrollen actividades de agitación o propaganda contra los gobiernos de los países con los cuales mantenemos relaciones". consagrados en el art. expresar un pensamiento crítico sobre la política del gobierno de su país de origen.
. opiniones y puntos de vista por cualquier medio de difusión. es decir. dirigencia sindical o de movimientos contra las leyes o autoridades constituidas. lo contrario. expresamente declarada inconstitucional. que se lesiona la garantía del debido proceso. declarando expresamente que la expulsión por esos motivos lesiona el principio de reserva legal. lesiona principios. Esa causal de expulsión no sólo está contenida en el art. 20 inc. cuya ratio decidendi es obligatoria y vinculante. refiriéndose críticamente a una situación concreta sobre la política interna del país. determinaron la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas impugnadas. sólo cuando estemos ante un caso análogo. y que. se podrá aplicar el precedente jurisprudencial. Conforme a lo anotado. estaba referido a la expulsión de extranjeros por incursionar en cuestiones de política interna.debe ser encontrada en los fundamentos que resuelven esos problemas jurídicos. las razones fundamentales del fallo o ratio decidendi. lo que analiza el Tribunal Constitucional no son casos fácticos. Por lo tanto. derechos y garantías constitucionales. Los argumentos anotados constituyen la razón fundamental del fallo. los fundamentos de esa Sentencia Constitucional deben ser observados por las autoridades judiciales y administrativas en la aplicación de los artículos que contengan el mismo problema jurídico que ya fue objeto de juicio de constitucionalidad por este Tribunal. como el art. la base esencial de la decisión judicial específica. y finalmente. el problema jurídico planteado en la SC 0004/2001. de igualdad. por vulnerar presuntamente normas de la Ley Fundamental. Tratándose de los recursos sobre el control de constitucionalidad. sino también en otros artículos. al permitir la expulsión del extranjero sin la celebración previa de un proceso. sino problemas jurídicos de constitucionalidad de las normas jurídicas. en los recursos de tutela (hábeas corpus. i) de ese mismo Decreto Supremo.virtud a ese Decreto Supremo. en el caso concreto. en virtud al carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones constitucionales. deben estar relacionadas a los hechos que motivaron el recurso y el decisum o parte resolutiva. debe existir una relación entre el problema jurídico planteado. y que se constituyen en la razón de la parte resolutiva. Como señala la doctrina. como se vio. haciendo irrelevantes las funciones de control de constitucionalidad de este Tribunal y de defensa de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. en consecuencia. el derecho a la libertad de expresión y la garantía del debido proceso. y que. y la ratio decidendi vinculante y obligatoria. los extranjeros podrían ser expulsados por expresar libremente sus ideas. amparo constitucional y hábeas data). es decir. significaría aplicar normas que han quedado expulsadas del ordenamiento jurídico del país. Este problema jurídico fue resuelto de acuerdo a los fundamentos referidos precedentemente. que encierra el mismo problema jurídico que fue analizado en la SC 0004/2001. h) del DS 24423. En ese contexto. los fundamentos esgrimidos en la resolución y la decisión asumida por el Tribunal Constitucional. con características fácticas similares. 48 inc. el término problema jurídico hace referencia a los cuestionamientos sobre determinados institutos jurídicos que se encuentran en las normas impugnadas.
respecto a la detención de extranjeros con fines de expulsión. contenida en un Decreto Supremo y sin previo proceso.
III..el art. fue expresamente declarado inconstitucional y. con el advertido que el art.por las “causales establecidas en el art. entre otras. vulnera las normas de la Ley Fundamental. ya estuvo presente en la SC 1736/2003-R. respecto de los extranjeros pueden desconocer la vigencia y alcance de los derechos fundamentales ni los inherentes a la persona humana. h) de la norma tantas veces nombrada. 20 inc. 48 inc. salvo que se inicie investigación penal en su contra por algún delito que se le atribuya. ya que la misma. por otra. que en ningún caso las autoridades administrativas. la causal de expulsión contenida en el art. al margen de ser una reiteración del supuesto contenido en el art. se la debe ejecutar sin que el extranjero sujeto a esa decisión. Conforme a lo anotado. h) del mismo Decreto Supremo. la expulsión de extranjeros.4. -se reitera. El razonamiento anotado. contenida en la SC 1038/2006-R. al estar íntimamente vinculada al art. 48 inc. i) contiene el mismo problema jurídico analizado en al SC 0004/2001. si la facultad de expulsión motivada por la intervención de extranjeros en política interna ha sido declarada inconstitucional. h) que contemplaba esa facultad. lo que implica que los fundamentos contenidos en la SC 0004/2001 deben ser observados en la toma de decisiones de las autoridades judiciales y administrativas encargadas de resolver la referida problemática. de 19 de octubre. Es así. i) del citado DS 24423. y por tanto. 20 inc.”.tiene como límite los derechos fundamentales. sea por autoridades del SENAMIG o por el Ministerio de Gobierno debido a que. o sea que. quienes.2. garantizados en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales…” (las negrillas son nuestras). a cuyo respeto se encuentran comprometidos todos los Estados. h). 20 inc. no puede fundarse en el art. pueda permanecer en el país. 48 inc. resulta inexistente. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional. no puede servir de base para emitir una resolución. en calidad de detenido ni arrestado. por una parte. en consecuencia. constituyéndose en una repetición de la causal de expulsión por razones de orden político y sindical. Sobre la detención de extranjeros con fines de expulsión. estableció que la discrecionalidad para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional. no pueden fundar sus resoluciones de expulsión de extranjeros en esa causal. de 1 de diciembre. i) del DS 24423.Lo dicho implica que la causal de expulsión fundada en la intervención de los extranjeros en política interna. no podría ser aplicada en virtud al carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones del Tribunal Constitucional. de acuerdo a los fundamentos de esta Sentencia Constitucional. último precepto que establecía la facultad de expulsión -declarada inconstitucional. en la que se estableció que el Decreto Supremo 24423 “…no autoriza en ningún momento a efectuar aprehensión alguna en contra de los extranjeros que presenten defectos en su documentación migratoria. en cuyo caso se lo deberá poner a disposición del Juez Cautelar para que determine lo que corresponda”. en los casos en que las autoridades de migración deban proceder a la
. conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III. 20 inc. contenida en el art. Efectivamente. en los hechos. una vez emitida la orden de expulsión. 48”.
derogó la RM 3430 de 5 de abril de 2001 y la Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Migración. con carácter gratuito y mediante Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Migración.
. prorrogar radicatorias y permanencias en el país. En ese sentido. toda vez que la orden de expulsión dispuesta contra el representado del recurrente tiene como efecto limitar la facultad de ingresar.5. la Ministra de Gobierno. al estar afectado su derecho a la libertad de locomoción previsto en el art. posteriormente. sino que ésta debe ser ejecutada inmediatamente. no obstante que cuenta con status de refugiado político. se debe determinar si los actos denunciados se encuentran bajo la protección del recurso de hábeas corpus por estar directamente vinculados a la libertad. el recurrente impugna la orden de expulsión dispuesta contra su representado por la Ministra de Gobierno correcurrida. transitar y salir del territorio nacional.expulsión de extranjeros. al ser esta la entidad que tiene facultad para conceder. y que la SC 004/2001 declaró la inconstitucionalidad de la norma que sirvió de base para fundamentar la Resolución Ministerial aludida. le fue otorgado el estatus de protección temporal en la Base Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo. 7 inc. 48” del DS 24423 de 29 de noviembre de 1996. corresponde ingresar al análisis de la problemática planteada en el presente recurso. no les está permitido mantenerlos detenidos hasta que se efectivice la expulsión. emitida en cumplimiento de la misma. cancelar. con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. g) del art. asimismo. III. en el que los extranjeros deben ser remitidos ante autoridad competente. en virtud a sus opiniones políticas.1. salvo el caso de la comisión de delitos. corresponde señalar que la actuación de la Ministra de Gobierno se encuentra íntimamente vinculada al derecho a la libertad. por RM 3430. Amauris Samartino Flores. permanecer. Con relación a la actuación de la Ministra de Gobierno De los antecedentes que cursan en obrados. Sobre el particular. en consecuencia. y que Bolivia aceptó su residencia permanente. g) de la CPE. el Ministro de Gobierno resolvió otorgar a Amauris Samartino Flores. por RM 4213 de 19 de septiembre de 2006. y en la ejecución de dicha orden se procedió a aprehender al representado del recurrente y mantenerlo detenido por más de 72 horas en dependencias del SENAMIG. conforme a la atribución contenida en el art. Sin embargo. disponiendo la anulación de su visa de permanencia indefinida en el país y su expulsión del país por haber incurrido en la causal contenida en el “inc. y determinar la expulsión de extranjeros. El caso analizado Con carácter previo a resolver la problemática concreta planteada en el presente recurso. se evidencia que al representado del recurrente. la permanencia indefinida en el país. en lo que se refiere al ciudadano cubano Amauris Samartino Flores. Cuba. entre otros. El 5 de abril de 2001. cuestiona la detención de la que fue objeto por más de 72 horas en dependencias del Servicio Nacional de Migración. motivo por el cual fue trasladado a este país. anular.5. III. 7 del DS 25150.
conforme lo determina el art. 9 de la LPA. de 8 de marzo de 2006. II. no es menos cierto. La avocación no será aplicable en las relaciones administrativas de tuición ni en los Sistemas de Regulación señalados en el Artículo 2°. conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III. III. 9. que ninguna de las normas de ese Decreto y de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. la misma que está concedida. toda vez que la Ministra de Gobierno pronunció directamente la Resolución Ministerial impugnada. La avocación se realizará mediante resolución expresa motivada. económica o legal que así lo justifiquen”. deberes y atribuciones emergentes de la avocación.III de la LPA. aún en el supuesto de que se aceptara la posibilidad de que la autoridad recurrida avoque para sí la competencia de los funcionarios del SENAMIG. bajo cuya dependencia se encuentra el Servicio. Director General Ejecutivo del Servicio
. Sin embargo. al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Migración. 31 del DS 28631. analizadas en el Fundamento Jurídico III. y menos justificó su accionar en razones de orden técnico. 47 del DS 28631. a través de una Resolución expresa. inciso a) de la presente Ley”. En el caso analizado. como exige el art. La autoridad administrativa jerárquica avocante será exclusivamente responsable por el resultado y desempeño de las funciones. (las negrillas son nuestras). Las autoridades administrativas jerárquicas podrán avocar para sí la competencia de conocer asuntos que correspondan a sus órganos o autoridades administrativas dependientes. en la que la Ministra de Gobierno es la máxima autoridad. A lo anotado se debe añadir que la actuación de la Ministra recurrida no puede ser justificada en el art. pues en éstas existen relaciones administrativas de tuición. le otorgan esa facultad. se constata que la Ministra de Gobierno correcurrida pronunció la Resolución Ministerial en forma arbitraria. la facultad de expulsar a extranjeros corresponde al Servicio Nacional de Migración. se concluye que la avocación no es aplicable en el SENAMIG. concedida a autoridades de jerarquía inferior del Servicio Nacional de Migración. parágrafo I. fue emitida sin competencia por la Ministra de Gobierno recurrida.Ahora bien. dada la configuración actual de esa entidad. del cual si bien la Ministra de Gobierno es su máxima autoridad.I de la LPA. desconociendo las facultades otorgadas por ley a las autoridades administrativas del Servicio Nacional de Migración. 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) que determina: “I. no se cumplieron las exigencias contenidas en el art. sin avocar la competencia de disponer la expulsión de extranjeros. el SENAMIG se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Gobierno. por lo que. se constata que. económico o legal. toda vez que de acuerdo al DS 25150.1.3. de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. la Resolución Ministerial aludida. y al Director de Inspectoría y Arraigos. de conformidad al art. conforme a la Ley No 1178. Conforme a ello.. 9. en aplicación de lo preceptuado en el art. motivada y pública. en el caso concreto. pública y cuando concurran circunstancias de índole técnica.
la Ministra de Gobierno fundó su Resolución en la causal de expulsión contenida en el art. como es la CONARE. norma que establecía la facultad de las autoridades del Servicio Nacional de Migración para proceder a la expulsión de los extranjeros por esa causal. i) del DS 24423 de 29 de noviembre de 1966. Amauris Samartino Flores fue detenido el 23 de diciembre de 2006. sin embargo. la misma norma legal define el procedimiento y los casos en los que es posible que una autoridad jerárquica pueda avocar la competencia de otra autoridad inferior. y los fundamentos de esa Resolución son vinculantes y obligatorios para los funcionarios y autoridades de la administración pública.. esta norma ha sido declarada inconstitucional. la misma que debe ser solicitada ante la instancia pertinente. los recortes de prensa cursantes en obrados y lo informado por los representantes de las autoridades recurridas. salvo que se inicie investigación penal contra el o los extranjeros.1. de la presente Sentencia. con la finalidad de evitar arbitrariedades y abuso de poder. conforme sostiene la Resolución 3430 de 5 de abril de 2001. lesionando de esta manera el derecho a la libertad del representado del recurrente. y Director de Inspectoría y Arraigos. la permanencia indefinida fue otorgada mediante Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Migración. por una parte. acto ilegal que originó la aprehensión y posterior detención del recurrente por más de 72 horas. h) del mismo DS. entidad que está a cargo de la autoridad correcurrida. sino que ésta. la cual se encuentra íntimamente vinculada con el art. y por otra.2. Magali Zegarra Aragón. conducido a la ciudad de La Paz. las autoridades de migración no deben mantener detenidos a los súbditos extranjeros hasta la ejecución de la Resolución de expulsión. pues de ella nace su competencia. en cuyo caso.3. Respecto a la actuación de la Directora Nacional de Migración De acuerdo a lo aseverado por el recurrente.Nacional de Migración. consiguientemente ni la Ministra. Finalmente. sino también el derecho a la libertad de expresión y la garantía del debido proceso. Por otra parte.
. 20 inc. Consiguientemente. el argumento esgrimido por el abogado de la correcurrida. en cuanto al presunto estatus de refugiado político del representado del recurrente. conforme a la jurisprudencia del Tribunal. toda vez que. en sentido que la Resolución Ministerial fue pronunciada porque fue una Resolución de la misma jerarquía la que le otorgó la residencia. y detenido durante más de 72 horas en dependencias del Servicio Nacional de Migración. corresponde señalar que a través del presente recurso de hábeas corpus no es posible determinar esa calidad. basado en el respecto al principio de legalidad. no puede ser considerado válido. ni el Servicio Nacional de Migración. las atribuciones de los funcionarios públicos deben estar expresamente señaladas en la ley.. III. glosada en el punto III. como quedó establecido en el Fundamento Jurídico III. como se pasará a analizar en el siguiente fundamento. como lo estableció la SC 0004/2001 vulnera no sólo los principios de reserva legal e igualdad. toda vez que. institución encargada de la calificación y consideración de los casos de solicitudes de refugio. deberá ser puesto a disposición del juez cautelar para que determine lo que corresponda. podía determinar la expulsión de extranjeros fundados en esa causal que. relativa a la intromisión del extranjero en la vida política interna del país. debe ser cumplida inmediatamente. en un Estado Social y Democrático de Derecho. 48 inc.5. por ese motivo.
3. el derecho de respetar su dignidad eso no puede permitir ningún estado y eso no vamos a permitir como gobierno que defendemos la soberanía del estado” (sic). POR TANTO El Tribunal Constitucional.5. por lo mismo. Dra. Regístrese. de 27 de diciembre. Raúl Gamarra Hurtado. Martha Rojas Álvarez DECANA
. al haber declarado improcedente el recurso. no obstante ser extranjero. resuelve: 1.7ª de la CPE. 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional. la misma debe ser formulada y ejecutada en el marco de la Ley Fundamental y las reglas previstas por el ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales. Ordenar la calificación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de la presente Resolución. tiene atribución de establecer la política migratoria del Estado Boliviano. Elizabeth Iñiguez de Salinas PRESIDENTA Fdo. CORRESPONDE A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0037/2007-R 2. notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. 18 de la CPE ni los hechos y las normas aplicables al mismo. Por los fundamentos expuestos. tanto de nacionales como de extranjeros. quien. y si bien el Gobierno. pronunciada por el Juez Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz. el Juez de hábeas corpus. 164 a 168. Finalmente Respecto a lo aseverado por el Viceministro de Régimen Interior. Dra. 18. corresponde señalar que. conforme quedó precisado en el primer Fundamento Jurídico. Bolivia es un Estado Social y Democrático de Derecho. Por lo expresado.último supuesto que no ha ocurrido en el caso en examen. infringiendo el derecho a la libertad de locomoción del representado del recurrente.III y 120. los derechos fundamentales y las garantías establecidas en la Constitución. no ha valorado correctamente los alcances del art. III. REVOCAR la Resolución 26/2006. en el que se debe respetar el principio de legalidad. en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. arts. en sentido que “no puede haber SC alguna que le prive al estado boliviano del derecho de hacer respetar su soberanía. cursante de fs.3. goza de los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre derechos humanos prevén y. se constata que las autoridades recurridas incurrieron en exceso de autoridad. Disponer la nulidad de la Resolución Ministerial 4213 de 19 de septiembre de 2006. Fdo. deben ser respetados por las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones.
Silvia Salame Farjat MAGISTRADA Fdo. Dr. Dra. Wálter Raña Arana MAGISTRADO
.Fdo. Artemio Arias Romano MAGISTRADO Fdo. Dr.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución