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Timestamp: 2020-08-11 10:16:20+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 381, de 29/11/2017
cve: DSCD-12-CO-381
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 381
- Proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (procedente del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio). (Número de expediente 121/000008) ... (Página2)
Vamos a dar comienzo a la sesión número 17 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para desarrollar el orden del día que fue aprobado en la última reunión de Mesa y portavoces.
En primer lugar, vamos a someter a ratificación la ponencia designada para informar la iniciativa que nos trae hoy a esta Comisión. Los ponentes que han participado son: por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), don Joseba Agirretxea Urresti; por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, don Pedro Arrojo Agudo; por el Grupo Parlamentario Mixto, don Enric Bataller i Ruiz; por el Grupo Parlamentario Popular, doña María Ascensión Carreño Fernández; don Francesc Xavier Eritja i Ciuró por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; don Ricardo Antonio García Mira por el Grupo Parlamentario Socialista; don Rodrigo Gómez García por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; doña María Teresa de Lara Carbó por el Grupo Parlamentario Popular; Don Gonzalo Palacín Guarné por el Grupo Parlamentario Socialista; doña Rosana Pastor Muñoz por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea; don Juan Vicente Pérez Aras por el Grupo Parlamentario Popular; y don Antoni Postius Terrado por el Grupo Parlamentario Mixto.
¿Se entiende ratificada la ponencia por asentimiento? (Asentimiento). Así será.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al trámite del debate y votación del proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, procedente del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio. Como sus señorías saben, para defender las enmiendas cada grupo va a tener un tiempo de diez minutos y luego los grupos que no han presentado enmiendas van a poder fijar posición por un tiempo máximo de diez minutos. Señoras y señores diputados, les ruego a todos que sean bastante estrictos en el cumplimiento de los tiempos. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Campuzano. (Pausa). No está presente. El Grupo Mixto se va a distribuir el tiempo de diez minutos entre el sustituto del señor Campuzano, que entiendo que es el señor Postius, y el señor Bataller, por un tiempo de cinco minutos cada uno. Tiene la palabra el señor Postius.
En relación con este proyecto de ley que hoy debatimos, ya indicamos que nos parecía bien en términos generales, pero cuando se hace una lectura detallada del mismo se observa claramente que el conjunto de medidas que plantea el ministerio para afrontar la situación de sequía que padecen algunas zonas del Estado no es suficiente. No es suficiente en cuanto al ámbito geográfico de aplicación del mismo ni por las condiciones exactas para que este despliegue todos sus efectos. A su vez, cabe recordar que las medidas concretas también se quedan cortas en muchos aspectos. Así pues, del conjunto de enmiendas planteadas por todos los grupos de la Cámara, nuestro grupo apoyará todas aquellas que entendemos que son necesarias y que, aprovechando la tramitación de este proyecto de ley, deben
recogerse. Además, entendemos que no cabe la excusa del Gobierno de bloquear enmiendas que se incorporen como consecuencia de esta tramitación que hacemos hoy, puesto que si bien es cierto que algunas de ellas conllevarán menores ingresos o mayor gasto, también lo es que no se puede pretender afrontar una situación de sequía si el Estado no está dispuesto a poner más recursos encima de la mesa. Además, como no tenemos todavía presupuestos para 2018, estos podrían contemplar perfectamente las partidas concretas que se derivarán de la aplicación de esta ley, si finalmente se aprueba.
Por otro lado, y de forma muy sintética, nuestro grupo ha presentado una enmienda concreta que entendemos necesaria y que resolvería una situación que hemos tratado en esta Comisión en distintas ocasiones. En concreto, se trata de los recursos que destinan las confederaciones hidrográficas a cada una de las cuencas, sobre todo respecto de aquellas comunidades que tienen competencias exclusivas o compartidas con el Estado. En este sentido, nuestra enmienda plantea que los recursos recaudados por la aplicación del artículo 112 bis se destinen en su totalidad a las comunidades autónomas en función del porcentaje de cuenca que les corresponda. De esta manera, las comunidades autónomas dispondrían de más recursos para afrontar todas las labores que tienen encomendadas y que hoy, por falta de recursos, no pueden asumir. Por ejemplo, en el caso de la CHE, mientras el Estado destina una parte muy pequeña de lo que recauda en Cataluña en aplicación del artículo 112 bis, después este mismo organismo dice que no tiene recursos suficientes para atender las necesidades inherentes a estas cuencas. Conviene recordar, porque lo hemos tratado en esta Comisión, que muchos caminos de titularidad de la CHE que discurren por los términos municipales de Lleida, Alcarràs, Suchs, Raimat, Gimenells u otros, están en muy mal estado. Sin embargo, cuando se ha instado a la CHE a repararlos la excusa siempre es la misma: no se dispone de recursos. Claro está que los recursos existen, no así la prioridad sobre los mismos. Idéntico problema nos encontramos, por ejemplo, en el riu Segre. No se hacen los tratamientos anuales que se deberían hacer por ley, puesto que la CHE dice no disponer de recursos, y al final acaban actuando de forma subsidiaria las comunidades autónomas o las corporaciones locales, con sus propios recursos, cuando no deberían. Por tanto, entendemos que lo que se recauda por la aplicación del artículo 112 bis debería corresponder a las comunidades autónomas o bien, en todo caso, se debería territorializar el gasto en función de lo recaudado.
En lo referente a la propuesta de crear un banco de aguas, que se propone en una enmienda, la votaremos a favor. Sin embargo, de prosperar dicha enmienda, dejaremos muy claro en su desarrollo que en ningún caso esta disposición podría ser de aplicación o, en su caso, de libre elección, en aquellas cuencas internas de una comunidad autónoma con competencias exclusivas, como sería el caso de Cataluña.
Finalmente, quiero agradecer a todos los miembros de la ponencia los distintos debates que hemos tenido. En lo referente a la votación global del proyecto, en función del resultado de las enmiendas que se incorporen, decidiremos el sentido de nuestro voto al final de las mismas.
Tiene la palabra don Enric Bataller.
Estamos ante un proyecto de ley de medidas urgentes y, por este motivo, en Compromís consideramos que este texto, desde luego, no debe servir para alterar el marco general fijado por la Ley de Aguas, donde queda claramente establecido el carácter público de los recursos hídricos, con todas las consecuencias que ello comporta. Asimismo, este proyecto de ley tampoco debería ahondar en los desequilibrios territoriales que, en muchas materias, también en lo relativo a los recursos hídricos y las explotaciones agrarias que de ellos dependen, observamos en el territorio español.
En este sentido, nuestro voto va estar orientado por estos criterios, y ya adelanto que sin perjuicio de lo que se vea a lo largo del debate y las posibles transacciones que se alcancen. Nosotros valoramos positivamente las enmiendas introducidas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos. Igualmente valoramos la enmienda número 9 introducida por el PDeCAT. En lo que respecta a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que componen un bloque de medidas de carácter socioeconómico, igualmente nos parecen positivas; si bien, hemos presentado una propuesta de transacción a las enmiendas números 18 y 23, del Grupo Socialista, que aún estamos pendientes de saber si será admitida. Por lo demás, esperamos al resultado de este debate para concretar nuestra posición con respecto al
resto de enmiendas. Añado también la enmienda número 10 de Ciudadanos, que sí que la vamos a votar favorablemente.
Ahora tiene la palabra, por el Grupo Ciudadanos, don Miguel Ángel Garaulet.
En primer lugar, me uno a los agradecimientos al señor letrado por estar los dos días de ponencia y hacer una labor importante de unir ideas y de facilitar el trabajo a los diferentes ponentes que estábamos en esa reunión; y gracias también a todos los ponentes por su aplicación y su esfuerzo por sacar una ley de sequía, que es realmente importante en función de lo que estamos viviendo a día de hoy en toda España. No hay ningún sitio que no esté afectado, de una forma importante, en sus producciones y en su calidad de vida por la pertinaz sequía que estamos recibiendo este año, y en algunas zonas, como el caso del Segura y del Júcar, llevamos ya cinco años consecutivos teniendo una pertinaz sequía que está haciendo que cada vez tengamos menos recursos y menos posibilidades para afrontar sus consecuencias.
Por lo tanto, en su momento aprobamos el real decreto porque creíamos que era adecuado; creíamos que lo único que hacía falta era darle unos pequeños retoques para que llegara a ser una ley que realmente diera los efectos que tenemos que utilizar, que eran unas medidas paliativas, e intentar conseguir que tras los efectos de la sequía hubiera o hubiese algún tipo de movimiento de aguas que permitiera, sobre todo a las tres cuencas de las que hablamos: Duero, Júcar y Segura, tener un componente de agua que permitiera que las producciones agrícolas y ganaderas pudieran llegar a final de año. Esto era lo que estábamos intentando, y para eso hicimos las dos enmiendas que presentamos.
La primera enmienda que presentamos es una enmienda que nos han pedido los regantes, agricultores y ganaderos de las zonas de Alicante, Almería y Murcia. Ellos no entendían por qué, sin haber un trasvase de agua desde el Tajo hacia el Segura, se les cobrara la cuota número A de la Ley del trasvase referente a los costes de amortización. No quieren dejar de pagar pero quieren pagar cuando reciban agua no solo cuando no la reciban. No lo veían lógico, sobre todo cuando las medidas paliativas, en un momento excepcional como el que tenemos ahora, son para intentar minorar los efectos de la sequía en sus producciones y minorar su impacto económico. Es decir, si sumáramos los efectos de reducción de impuestos y el aplazamiento de la Seguridad Social, el efecto económico sería menor que el pago de la tasa de amortización del trasvase Tajo-Segura, aproximadamente unos 150 euros por hectárea. Por lo tanto, igual que el Estado ha decidido exonerar del pago de la parte variable y de la parte fija, que es un 80 %, debería incorporar también ese 20 %, aproximadamente unos 12 millones de euros, a esa exoneración permitiendo que los regantes de la cuenca del Segura no tuvieran que abonar una cantidad de dinero sin recibir una gota de agua. Si la recibiesen, la pagarían encantados, como han pagado durante todos los años -por un precio bastante elevado- el agua. A esta enmienda -y ya les adelanto a sus señorías que les llegará una transaccional- hemos incorporado un párrafo que nos ha trasladado el Grupo Socialista para incluir que estos 12 millones de euros no dejen de llegar también a las comunidades cedentes, ya que son comunidades que ya tienen asignado ese dinero a ciertas obras hidráulicas en sus territorios. Por tanto, hemos puesto una coletilla con la que espero que sus señorías estén de acuerdo y les parezca correcta para decir que esa cantidad de dinero sea abonada a las comunidades cedentes por parte del Estado. Es una cantidad de 12 millones de euros, cuando la señora ministra dijo que el impacto iba a ser de 100 millones; como yo creo que es un 10 % de esa cantidad, luego puede abordarse por parte del Estado tranquilamente.
La segunda enmienda que hemos propuesto va destinada a que llegue agua, es decir, no solamente que hubiese medidas paliativas sino que existiera la posibilidad de trasladar agua desde las cuencas donde sobrara a cuencas deficitarias. En el real decreto se menciona la posible compra de cesión de derechos entre regantes pero dentro de la misma cuenca, intracuenca, y si estas tres cuencas están una al 29 % -la del Duero-, otra al 25 % -la del Júcar- y otra al 12 % -la del Segura-, poca agua se puede trasvasar entre los regantes de la misma cuenca. Pero de otras cuencas que están al 50, 40 o 49 % sí habría posibilidad de una cesión de agua que permitiera esos 5, 6 ó 7 hectómetros cúbicos que lograrían que 44 millones de árboles no se secaran este año. Es una cantidad importante, que tenemos que ver no solo desde el punto de vista de la producción agrícola sino también desde el punto de vista medioambiental porque sin esa dotación extra de agua muchos de estos árboles se van a perder y, como ya se han perdido un millón y medio, intentemos que no se pierda ninguno más.
Este es el sentido de nuestras enmiendas, las enmiendas de Ciudadanos. Seguiremos estudiando las enmiendas transaccionales tanto del Grupo Socialista como de Podemos y las de Compromís y del PDeCat. La enmienda que presentó el Grupo Popular la asumimos todos los partidos, luego ya la incluimos en la ponencia. Estaremos pendientes de las últimas redacciones de las enmiendas y el sentido del voto lo decidiremos una vez leídas las enmiendas transaccionales.
Ahora procedemos a la intervención de Unidos Podemos y para que defienda sus enmiendas tiene la palabra don Pedro Arrojo.
Ante todo, como han hecho mis compañeros anteriormente, quiero darles las gracias a todos los que han participado en la ponencia y al letrado. Creo que ha habido un ambiente positivo y es muy de agradecer.
Las líneas de nuestras enmiendas -que en gran medida, no todas desgraciadamente, han quedado consensuadas con el Grupo Socialista en transacciones que supongo que se habrán hecho llegar y con otros grupos, con los que también creo que llegaremos a acuerdos- se centran, primero, en extender el tratamiento de la sequía allí donde hay circunstancias de sequía. Es decir, tenemos un protocolo normatizado en el que determinadas cuencas entran en sequía bajo ciertas condiciones y hay obligación de hacerlo bajo esa normativa; pero la normativa no niega que pueda haber también otras zonas que, sin haber llegado a esas condiciones en el conjunto de una cuenca -ya sea del Ebro, del Guadalquivir o cualquier otra- estén en situaciones de sequía a veces más agobiantes que las que rigen en las cuencas a las que afecta el decreto inicial del Gobierno. Por tanto, habría que extenderlo.
En un momento determinado se habla de usos urbanos. Yo diría usos urbanos, no solo de canales del Taibilla o Almería: usos urbanos. Ahí lo que enfatizamos es que por ley -nunca lo cumplimos bien- la prioridad absoluta en los suministros de agua es para el uso urbano. El uso urbano representa apenas el 10 % de toda el agua que usamos, luego si hacemos uso de esa prioridad de manera rigurosa no debe haber problema, más que de manera muy excepcional, en usos urbanos.
En tercer lugar, nosotros proponemos una cosa que no se ha hecho hasta ahora pero que hay que pensar en hacer, que hay que hacer; hay que transitar de la estrategia de exenciones por un servicio que, en general, se brinda. Por ejemplo, se exime de pagar el agua que se entrega; si estamos en un principio de recuperación de costes -como dice la Unión Europea de incentivos de la eficiencia-, no podemos cuando hay sequía eximir del pago mínimo que ya hacemos. Por tanto, ¿decimos eximir? No, pero sí transitar de las exenciones a ayudas, a apoyos directos, concentrados sobre las explotaciones agrarias y ganaderas más vulnerables. No repartimos becas a todo el mundo, repartimos becas al que más lo necesita; pues esto es lo mismo. Concentrar el esfuerzo de apoyo de manera modular sobre los más vulnerables, de manera que el que más necesita reciba más.
Otra cuestión importante son las dotaciones suplementarias. Por ejemplo, subvencionar el agua desalada o pozos de sequía, que suponen mayores costes. Pero de nuevo subvencionarlo bajo una modularidad, en beneficio de las explotaciones agrarias pequeñas y medianas o de las explotaciones ganaderas.
Hay un paquete de apoyo que entra también en sintonía con algunas de las cuestiones que plantea la propia ponencia, y en las que estamos de acuerdo con el Grupo Socialista, para apoyar también a través de cuotas de la Seguridad Social, moratorias, etcétera, tanto a agricultores y ganaderos -de nuevo, insisto- pequeños, medianos, más vulnerables y a los jornaleros que son los más vulnerables de los vulnerables.
Planteamos otra cuestión muy importante que es mantener el artículo 69 de la Ley de Aguas. Si a mí me dijeran que para el año que viene tenemos cierta garantía de que va a llover yo diría: quemamos las naves y vendemos el agua de papel. Pero la Ley de Aguas es prudente, justamente porque lo que dice es que se puede transaccionar, se puede vender a través de contratos de cesión lo que se haya consumido en los cinco últimos años de media. ¿Por qué? Porque si no, lo que hacemos es vender aguas de papel, es decir, sobreexplotar más el acuífero, o sobreexplotar más los ríos con agua que no hay. Esto es una tremenda imprudencia porque nos hace más vulnerables el año que viene si sigue la sequía, y es más que probable que siga. Luego es una cuestión suicida, es agua para hoy -de papel- y sed para mañana, es
una insensatez. Hay que mantener la vigencia del artículo 69 de la Ley de Aguas y no incentivar con esta medida demagógica los mercados del agua, el mercantilismo del agua.
Por último, y fundamental -y acabo- la clave de nuestra estrategia de sequía a futuro es haber recuperado el buen estado de nuestros acuíferos, que son nuestras reservas en caso de sequía. Si seguimos con acuíferos sobreexplotados no tenemos futuro en las zonas más sensibles. Por tanto, aplicar la ley, y lo digo con todas las palabras, aplicar lo que tiene previsto la ley. Es decir, que un acuífero que esté sobreexplotado y reconocido como tal por la correspondiente confederación hidrográfica o agencia de aguas, debe declararse en sobreexplotación y el Estado debe entrar a generar un plan de extracciones controlado y sostenible que permita recuperar el acuífero como una pieza clave para la sequía. Si tenemos los acuíferos sobreexplotados en años de normalidad, tendremos quiebra en tiempos de sequía. Sé que eso no es popular, pero tenemos que debatirlo y tendremos que llegar a acuerdos sobre ello porque si no el futuro será negro.
A continuación tiene la palabra por el Grupo Socialista don Gonzalo Palacín.
Yo también querría extender el agradecimiento tanto al letrado como a los miembros de la ponencia, que hemos estado trabajando e intentado llegar a acuerdos -en algunos casos ha sido posible y en otros no-, pero han sido unos días intensos y espero que fruto de ello sea lo que hoy podamos aprobar.
Aunque pueda ser ocasionalmente necesario articular medidas de carácter urgente o excepcional, como el proyecto de ley que hoy nos ocupa, estas deben tener siempre un acompañamiento en suma a una planificación y gestión realmente previsora de estos riesgos, cosa que no se ha venido haciendo en los últimos años. Con la tramitación que ha llevado a esta proposición de ley parece que estuviéramos esperando a que lloviera y que la lluvia nos solucionara el problema pero, lamentablemente, ha llegado el mes octubre, ha llegado el mes de noviembre, meses especialmente secos, y lo malo es que estas previsiones no van a mejorar en los años venideros. Por eso las políticas de gestión de demanda van a ser cada vez más necesarias para administrar un recurso valioso y que cada vez será más escaso debido a las inclemencias del cambio climático.
Nosotros hemos defendido que hay que empezar a hacer política con el agua y dejar de hacer política de agua, por lo que entendemos que las medidas que nosotros planteamos en estas enmiendas son muy necesarias para este proceso de sequía, al igual que proponemos algunas medidas para que tengan continuidad de carácter estructural. Por lo tanto, hemos presentado un paquete con veintiuna enmiendas que van en dos líneas de actuación. Una, orientada a paliar con medidas concretas la situación de sequía que viven muchas zonas de nuestro país y que no estaban recogidas en el texto inicial. La segunda, dirigida a adoptar medidas estructurales derivadas del proceso de transición hidrológica que tenemos que abordar en nuestro país, dada la realidad climática que he comentado.
Como ya ha adelantado el portavoz de Podemos, hemos llegado a algún acuerdo transaccional en varias de las enmiendas; hemos recogido quizá el carácter social de alguna de las enmiendas que había propuesto su grupo sin renunciar a los principios de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Sí que es verdad que también la música de las ayudas directas nos gusta, y que ha defendido el señor Arrojo, pero entendemos que es de difícil aplicabilidad y tardaría mucho para una situación urgente como en la que nos encontramos.
Voy a hacer un breve resumen de cuales son las enmiendas o las actuaciones principales que querríamos introducir en este decreto. La primera es la de ampliar el ámbito territorial a otras zonas del país afectadas también por sequía y que no estaban incorporadas en este proyecto de ley. Para eso pedimos que el ministerio, en coordinación con las comunidades autónomas y los agentes afectados, pueda establecer cuáles son las zonas afectadas y que deberían tener también acceso a las ayudas planteadas en este real decreto. No me voy a extender en nombrar todas las cuencas porque son muchas y seguramente me dejaría alguna zona, pero no tiene por qué ser la cuenca completa. Es decir, hablamos de zonas de la cuenca del Ebro, pero no hablamos de toda la cuenca del Ebro, por lo que entendemos que presupuestariamente no tendría un impacto tan extraordinario.
También solicitamos crear un fondo extraordinario para ayudas directas a todos los profesionales, tanto ganaderos como agricultores, que están sufriendo pérdidas como consecuencia de la situación de sequía, así como la creación de una línea blanda de créditos en el ICO para que puedan obtener
financiación y ayudarles a acometer las acciones necesarias para prevenir estos casos de sequía. Reforzamos también las medidas de carácter fiscal ya recogidas dentro del propio proyecto de ley.
Hay un asunto que es una reclamación histórica del sector y, aunque estemos hablando de un real decreto de sequía, entendemos que, a pesar de que luego se le pueda dar un carácter estructural y de continuidad en el tiempo, está bien introducir algo, que es la doble tarificación de la potencia eléctrica. Los usuarios, los regantes están pagando una tarifa durante todo el año cuando realmente solo utilizan durante unos meses esa potencia instalada, los meses de riego. Hay otros meses en los que no están utilizándola y la tienen que pagar.
En cuanto a los seguros agrarios, solicitamos que se incremente la dotación presupuestaria para estos seguros. En los presupuestos de este año fueron 211 millones. En los presupuestos del año anterior figuraban 211, pero hubo dos modificaciones presupuestarias para llegar a 267 millones, con lo que hemos sufrido una bajada en la dotación presupuestaria para los seguros agrarios, a pesar de la pertinente subida en los costes de las primas de los usuarios. Lo que solicitamos es un incremento para que se estabilice en los 300 millones de euros porque yo creo que es bueno fomentar el aseguramiento agrario para garantizar unas rentas mínimas a los agricultores y ganaderos. Es evidente que también hay que establecer unas medidas de carácter integral, con un proceso de revisión de la situación actual. Dentro de estas medidas, nosotros pensamos que tendrá que avanzarse hacia una nueva ley de transición hidrológica, pero tiempo tendremos de tratarlo en la subcomisión que hemos creado a tal efecto.
Dentro del marco legislativo que pretendemos modificar con nuestra enmienda está la creación de un banco público del agua en cada cuenca hidrográfica inexistente, también llamados centros de intercambio de agua. Nosotros queremos darle un carácter público que otorgue transparencia e información a todos los agentes afectados, y también pretendemos implantar un plan urgente de choque para la optimización de la desalación. Se hicieron inversiones muy importantes en nuestro país. Gracias a esas inversiones en desoladoras hay cuencas y zonas que están consiguiendo obtener recursos para regar y para consumir agua en abastecimiento urbano. Es necesario realizar actuaciones para que estas desaladoras puedan producir agua al cien por cien de su capacidad. No se ha hecho durante estos años; sí es verdad que la ministra ha anunciado actuaciones aleatorias concretas. Queremos que se realicen y que se pongan en marcha cuanto antes.
Solicitamos que el Plan nacional de rehabilitación de agua se impulse y se actualice porque la reutilización del agua también es una fuente para obtener agua no solo en épocas de sequía, aunque sí hay que impulsarla más en estas circunstancias.
También hemos presentado enmiendas para impulsar campañas de sensibilización. Consideramos que energías renovables y agua tienen que ir de la mano; es un binomio que hay que potenciar y explotar porque así también el agua que provenga de la desalación tendrá un coste inferior. Ni qué decir tiene que en una de nuestras enmiendas hemos fijado un coste de 0,30 euros por metro cúbico de agua procedente de la desalación. Esperemos que el resto de grupos tengan a bien valorarla. En cuanto a las enmiendas presentadas por el resto de grupos, adelantamos que votaremos a favor de la del Grupo Popular.
En relación con la del Grupo Ciudadanos, como ya se ha comentado, a iniciativa del Grupo Socialista se ha incorporado una frase para que se exima a los regantes del pago de la amortización de las obras del trasvase Tajo-Segura, pero de forma que las comunidades cedentes no dejen de percibir esos ingresos que creo que es de justicia que reciban y que el ministerio se haga cargo, como lo está haciendo con el pago del IBI del que se exenciona a los agricultores afectados sin que sean los ayuntamientos los que sufran las rebajas de ingresos sino que es la Administración central.
En cuanto a los pozos sobreexplotados, ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Podemos, hay que hacer cumplir la ley. Eso no quiere decir que los pozos se cierren, sino que el ministerio establezca un plan de ordenación donde se recojan las retiradas o las extracciones de aguas y quién extrae y en qué cantidades se extrae. Consideramos que son medidas de carácter social y económico. Evidentemente, va a requerir de un presupuesto para poder llevarlas a cabo, pero también pensamos que es un sector que se defiende -y la propia ministra lo hace- que es un sector fundamental para la economía de este país y para las zonas rurales de este país, y creo que no será difícil lograr el apoyo presupuestario necesario para todas estas medidas.
En resumen, las medidas que hemos presentado pueden tener un amplio consenso, pero también hay que decir que las sequías no se resuelven con medidas urgentes sino con prevención y planificación, con una política claramente adaptada a la situación actual y por eso seguirá apostando el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Gonzalo Palacín.
¿Grupos que deseen intervenir para fijar posición? En nombre del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra don Francesc Xavier Eritja.
Seré muy breve. Nosotros entendemos que estamos ante un decreto de medidas excepcionales pero en su momento ya indicamos que la sequía no es algo excepcional sino que se va repitiendo año a año, por tanto no acaba siendo realmente una sequía excepcional sino que acaba siendo una sequía sistémica. Esto para nosotros es fundamental ya que precisamente la directiva marco establece -ya insistí en su momento- que cuando una sequía es sistémica su gestión tiene que estar incluida y planteada en los planes hidrológicos. En estos momentos se tendría que replantear realmente si tiene carácter de excepcionalidad o si es un elemento que tendría que incorporarse en la planificación de los planes hidrológicos. Eso es fundamental porque a partir de aquí quiere decir que no estamos hablando simplemente de una cuestión de sequía sino quizás de una cuestión de mala planificación de los recursos hídricos en este país. Sencillamente digo que está muy bien que adoptemos en su momento las medidas de carácter excepcional que estamos planteando pero tengamos en cuenta que detrás hay realmente un tema de mala gestión de los recursos hídricos en este país.
Aun así daremos apoyo al decreto básicamente por la excepcionalidad, por el entorno geográfico y territorial en el que nos movemos y por cómo afecta esto incluso a otras cuencas, dada la urgencia que realmente se plantea en ese sentido. Y daremos apoyo a las diferentes enmiendas que han presentado el Grupo Mixto, el Grupo Socialista o el Grupo Podemos, ya que consideramos que básicamente sus elementos refuerzan mucho más esas medidas excepcionales. En todo caso no daremos nuestro apoyo a la enmienda número 11 de Ciudadanos para autorizar los contratos de cesión de derechos por uso privativo, básicamente porque entendemos que esto lo que haría sería complicar; ya el diputado Pedro Arrojo ha insistido un poco en ese tema y no voy a insistir más. Y nos vamos abstener también en el tema del banco público, ya que encontramos una buena medida en esta propuesta, pero queremos saber hasta qué punto las comunidades autónomas y los propios territorios tendrán capacidad de gestionar todo esto porque, no nos engañemos, la sequía afecta a las cuencas pero también afecta a lo que es la propia gestión de organización del propio territorio y a la organización de los recursos en un mismo territorio. Por tanto, con nuestra abstención damos un voto de confianza pero creemos que es un tema que hace falta trabajar y discutir mucho más.
En ese sentido fíjense -ya para terminar- que para nosotros es muy importante aparte de las medidas de excepcionalidad, por un lado, que deje de ser un tema excepcional y pase a ser un tema de gestión de una sequía sistémica y, por otro, de qué manera el territorio directamente puede incidir o puede entrar a gestionar todo lo que serían esas urgencias y medidas que se están aplicando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Francesc Xavier Eritja.
Tiene la palabra ahora en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición doña María Teresa de Lara.
Señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos establece medidas de apoyo a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía en las demarcaciones del Duero, Júcar y Segura, con excepciones en los cánones de regulación y en la cuota de la tarifa entre otros. También se benefician de estas exenciones la mancomunidad de los Canales del Taibilla y los abastecimientos de Almería que se suministran mediante el acueducto Tajo-Segura. El proyecto de ley flexibiliza asimismo los contratos de cesión de derechos de agua entre concesionarios de una misma cuenca para las cuencas citadas y se concede una moratoria de un año en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social a las empresas y autónomos con explotaciones agrarias afectadas por la sequía en toda España. De otro lado, señorías, el proyecto de ley actualiza el tipo de gravamen correspondiente al canon por utilizar las aguas continentales para producir energía eléctrica en todas las demarcaciones competencia del Estado para dotar al ministerio y a los organismos de cuenca de los recursos para proteger el dominio público.
A la iniciativa se han presentado 33 enmiendas, una de ellas del Grupo Popular, para prorrogar los efectos a lo largo del año 2018, que ha sido incorporada en el trámite de ponencia, al igual que la enmienda número 31, del Grupo Socialista, con medidas de ahorro y eficiencia energética.
Señorías, el Grupo Popular votará en contra de todas y cada una de las restantes enmiendas y lo hará por distintos motivos que voy a explicar brevemente. Para ello voy a dividirlas en cuatro grupos. En primer lugar, situaría aquellas enmiendas que no aportan nada al proyecto de ley. Como ejemplo de ellas quiero citar las 21 y 22, del Grupo Socialista, en las que habla del régimen de contratación de obras, suministros o servicios de emergencia y de los créditos presupuestarios destinados a tal efecto, ya que el proyecto de ley no contempla ninguna medida estructural, contrato de servicios o suministro y por ello carece de sentido que puedan tener la consideración de emergencia. O también la número 26, del Grupo Socialista, que reclama un plan nacional de reutilización de aguas que pocos recursos aportaría a las cuencas del Segura y del Júcar, de las que estamos hablando, ya que son cuencas en las que ya se han llevado a cabo numerosas medidas para que la reutilización sea un hecho.
En segundo lugar, podemos citar aquellas enmiendas con un fuerte carácter demagógico. Tal es el caso de la enmienda número 1, del Grupo Podemos, y la número 12, del Grupo Socialista, que proponen extender las medidas de apoyo contenidas en el proyecto de ley a los titulares de las explotaciones agrarias afectados por la sequía en todas las demarcaciones, aunque no se haya declarado la situación de sequía en la cuenca. Señorías, ustedes deben conocer que la gestión de la situación de escasez de recursos en las distintas cuencas se lleva a cabo mediante los planes especiales ante situaciones de alerta y eventual sequía, los denominados planes de sequía, vigentes en cada cuenca desde el año 2007, aprobados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo Cristina Narbona la ministra de Medio Ambiente. Estos planes, señorías, establecen cuatro niveles o umbrales de fases de gravedad progresiva de la sequía: normalidad, prealerta, alerta y emergencia, indicando las medidas que hay que adoptar en cada nivel. Y establecen la aplicación de medidas excepcionales en circunstancias de sequía extraordinaria cuando los indicadores globales de sequía de la totalidad de la demarcación -señorías, de la totalidad de la demarcación- se encuentran en estado de emergencia o alerta y no cuando un sistema de explotación aislado dentro de la demarcación entra en emergencia.
Señor Palacín y señor Arrojo, ustedes conocen que establecer ayudas a los titulares de explotaciones agrarias situadas en los ámbitos afectados por la sequía en el presente año agrícola que hayan sufrido pérdidas en la producción, tanto en demarcaciones hidrográficas declaradas de sequía hidrológica como las que no alcanzan tal declaración, excede del ámbito de aplicación de esta ley. Ustedes saben que si no hay previa declaración de sequía, no cabe aplicar el régimen excepcional de gestión hídrica que prevé el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas. Ustedes saben, señorías, que si alguna otra demarcación de forma global entrara en una situación de alerta continuada o de emergencia, de inmediato se ampliaría el alcance del proyecto de ley. Ustedes lo saben señorías, especialmente usted, señor Arrojo, porque en el año 2007 era usted colaboradora muy estrecha de la ministra Narbona. Por consiguiente, usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Señorías socialistas, ustedes que han estado en el Gobierno de España, saben que esto que solicitan no es posible y por ello yo les reclamo prudencia y les pido, señorías socialistas, que se alejen de la demagogia y que retiren esta enmienda.
También la enmienda 18, del Grupo Socialista, que crea un fondo extraordinario de lucha contra la sequía, dotado con 1000 millones de euros, se puede enmarcar en el ámbito de la demagogia. ¿Por qué 1000 millones de euros y no 2000 o 5000 o 10000 millones? ¡Cualquier cifra nos valdría!
Quiero hacer mención especial, dentro de este grupo, hablando de demagogia y hablando de engaño a los regantes, a la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, autoenmendada en el último momento. Con dicha enmienda solicita que los usuarios de los recursos procedentes del acueducto Tajo-Segura dedicados al regadío estén exentos del pago de la parte de la tarifa destinada a la amortización del coste de las obras precisamente en la parte que el artículo 6 de la Ley de la regulación del acueducto trasvase Tajo-Segura compensa a las comunidades cedentes Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Ustedes han querido corregir en el último momento el hecho de quitarles fondos a estas comunidades, pero no todo vale, señorías. Los gastos fijos correspondientes a la amortización, componente a) del trasvase, no son eximibles, salvo que se haga por ley, y la ley actual y la sentencia del Tribunal Supremo lo impiden. De hecho, en los reales decretos de exención que se aprobaron durante los Gobiernos del Partido Socialista nunca se eximió a los regantes del pago de los gastos de amortización y nunca -nunca, señorías- se cargaron estos gastos al ministerio correspondiente. El pacto al que ha llegado el Grupo Ciudadanos con el Partido Socialista nos parece vergonzoso porque ustedes saben que no se puede eximir esta parte de la tarifa y han llegado a un pacto a través del cual, por una enmienda pactada en el último momento, hacen que el ministerio pague 12 millones de euros. Creemos que no es asumible y que esto, señorías socialistas, nunca lo hicieron cuando estaban en el Gobierno. Quede claro, señor Garaulet,
que es el Grupo Popular el que está trabajando, junto con el Gobierno, desde hace meses para paliar en la medida de lo posible la situación de sequía en la cuenca con medidas de diversa índole, como las ayudas para abaratar el precio del agua desalada y las exenciones que incluye el proyecto de ley. Sepa usted que en las cuencas del Júcar y del Segura se han movilizado más de 250 hectómetros cúbicos de agua adicionales a través de la incorporación de agua desalada, la extracción de agua de pozos de sequía, los intercambios de derechos de agua y el aprovechamiento de los volúmenes de agua remanentes por avenidas de años anteriores. También se han impulsado a lo largo de la pasada legislatura inversiones en materia de agua por un valor total de 300 millones de euros, entre las que se incluyen trece obras de emergencia ejecutadas en la cuenca del Segura por importe de 35 millones de euros y otras diez en la del Júcar por valor de 20 millones, gracias a los decretos de sequía aprobados. Su autoenmienda, señoría, no es de recibo y tampoco lo es el beneplácito del Partido Socialista.
En tercer lugar, para terminar, encontramos enmiendas con un fuerte contenido ideológico. Así, la enmienda número 7, de Podemos, que quiere suprimir los contratos de cesión temporal de derechos, figura jurídica regulada en la Ley de Aguas y que ha demostrado ser una herramienta que, utilizada con rigor, puede llegar a ser muy útil para solventar los problemas de sequía. O su enmienda número 8, referente a la declaración de acuíferos sobreexplotados, lo que implicaría que no puede haber contratos de cesión, ya que esa declaración impide transformar un derecho privado en concesional. O la enmienda número 25, del Grupo Socialista, una nueva disposición adicional titulada: Plan de choque de optimización de la desalación para un Mediterráneo sin sed. Hay que reconocer que el título es bonito. Sin embargo, señorías, el Gobierno es consciente de que las desaladoras pueden jugar un papel importante como fuente de abastecimiento no convencional y por eso ha estudiado cómo integrarlas en el marco de los planes hidrológicos y cómo incluirlas en el sistema de producción de recursos para que sean rentables económicamente y atractivas para los usuarios. Su plan de choque, señorías, me recuerda demasiado al famoso Programa AGUA de la entonces ministra Narbona, que prometía más agua, más barata y en menos tiempo. Precisamente en una entrevista que apareció publicada el pasado lunes en un periódico de tirada nacional la exministra Narbona justifica las desaladoras que impulsó, cuatro de ellas paradas por su alto coste, por las expectativas de uso de agua. Pero ustedes conocen perfectamente, señorías, el gran problema del agua desalada: su coste. Y también saben que el coste del agua desalada no es asumible por los regantes, y a ello hay que unir los problemas que el boro que contiene genera, lo que ha obligado a poner filtros en la desaladora de Torrevieja para rebajar la concentración de este metal.
En cuanto a la propuesta de fijar un precio único para el agua desalada para riego que no exceda los 0,3 euros por metro cúbico, también saben, señorías socialistas, que esta propuesta es contraria a lo que establece la legislación de aguas, en la que se indica que cada usuario debe pagar los costes de amortización y explotación de la obra que le proporciona los recursos, costes que son distintos en cada una de las plantas existentes en la demarcación del Segura. Pero todo esto lo conocen sus señorías, por lo que creo que su propuesta es pura demagogia. Pese a ello, quiero dejar constancia de que el Gobierno desde mayo de 2015 ha autorizado 9 millones de euros de ayudas a la producción de agua desalada, lo que permitió que 30 hectómetros cúbicos que se produjeron en la planta de Torrevieja fueran satisfechos por los usuarios a un precio de 0,30 euros por metro cúbico, así como abaratar en 0,10 euros por metro cúbico 20 hectómetros cúbicos que se produjeron en Valdelentisco. Pese a ello, señorías, desde el año 2015 el Gobierno ha aprobado varias obras de emergencia que han permitido optimizar la distribución de los recursos no asignados que se producen en las desalinizadoras de Torrevieja, Valdelentisco, Águilas, Muchamiel, Alicante I y Alicante II. ¿De verdad creen ustedes que hace falta un nuevo plan de choque de desalación?
La enmienda 28 es una vieja reivindicación de la actual presidenta del Partido Socialista, la señora Narbona: la creación de los bancos públicos de agua. Mi grupo considera que no parece razonable la creación de nuevos entes, sobre todo cuando las funciones que se quieren atribuir a esos bancos públicos de agua ya las poseen las confederaciones hidrográficas, cada una de las confederaciones actúa como un banco público de agua.
Y finalmente en el cuarto grupo, señorías, ya entrarían aquellas enmiendas sobre las que hemos presentado enmiendas transaccionales, que el Grupo Parlamentario Socialista no se ha dignado a ver. Por consiguiente, termino aquí mi intervención diciéndoles a todos ustedes que hoy aquí, en esta Comisión, pueden aprobar lo que les parezca bien, por supuesto, pero tengan en cuenta que en política no todo vale, que no se puede engañar a los regantes de manera continuada y que el Partido Socialista no puede hacer ahora lo que no hizo en todos sus años de Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Teresa De Lara.
Si les parece, señorías, ahora vamos a interrumpir por unos breves minutos, los mínimos indispensables, porque hay varias enmiendas transaccionales y algunas todavía pendientes de entregar a la Mesa. Vamos a tardar unos cinco o diez minutos en empezar las votaciones. (Pausa).
Señoras y señores diputados, les ruego, como siempre, la máxima colaboración para el buen desarrollo de las votaciones de este importante proyecto de ley. (El señor Arrojo Agudo pide la palabra).
Tiene la palabra don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Para simplificar un poco la votación quiero comunicar que retiramos nuestras enmiendas 1 y 2 porque quedarán subsumidas en los contenidos de las enmiendas 13 y 14 del Grupo Socialista. Por tanto, retiren de la votación las enmiendas 1 y 2.
Una vez hecha la aclaración del portavoz de Podemos, vamos a proceder a votar las enmiendas que quedan vivas, las que no han sido objeto de transacción. Una vez finalizadas esas votaciones, procederemos a la votación de las transaccionales que, para mayor claridad de sus señorías, las leeré a todos ustedes. Finalmente, se someterá a votación el informe de la ponencia.
Enmienda número 9, presentada por el Grupo Mixto, por el PDeCAT.
Enmienda número 11, del Grupo Ciudadanos.
Enmiendas de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En primer lugar, enmienda número 7.
El señor PRESIDENTE: Al haber 18 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención, se repite la votación, a ver si sale algo distinto. (Rumores).
Señorías, un momento, por favor. Pidan la palabra uno a uno los portavoces que deseen intervenir. ¿Quién quiere intervenir? (La señora De Lara Carbó pide la palabra). Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Por lo que nos ha dicho, suman treinta y siete y somos treinta y seis.
El señor PRESIDENTE: No, falta un diputado, que es el diputado del PNV. Se han sumado treinta y seis votos. Como hay 18 votos a favor y 18 votos en contra, según el artículo 88 del Reglamento hay que repetir la votación. Propongo, por tanto, que se repita la votación.
El señor PRESIDENTE: Se repite el empate. Según el artículo 88, se suspende la sesión por un minuto y se vuelve a votar. Por tanto, suspendemos por un minuto para ver si hay alguna posibilidad de deshacer este empate. (Pausa).
Vamos a someter a votación por tercera y última vez la enmienda número 8.
El señor PRESIDENTE: Se repite el resultado, en cuyo caso y de acuerdo con el artículo 88 del Reglamento queda rechazada la enmienda.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Una cuestión de orden. ¿En comisiones no se traslada la representación del Pleno para ver el resultado? Esto es Comisión, no Pleno. (Un señor diputado: El voto ponderado).
El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 88, como no han votado lo mismo los dos miembros pertenecientes al mismo grupo parlamentario, en este caso al Grupo Mixto, que son el señor Bataller y el señor Postius, no se puede ponderar y queda rechazada la enmienda.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19, en contra, 17.
Ahora vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas que han sido transaccionadas. Casi todas menos una han sido transaccionadas por el Grupo Socialista y el Grupo de Podemos; todas sus señorías tienen el texto a su disposición y cualquier aclaración, naturalmente, estamos dispuestos a facilitársela. Vamos a proceder a la votación. No obstante, yo leeré el enunciado de cada una de las enmiendas transaccionales. Enmienda transaccionada con el Grupo Socialista sobre la base de la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos.
La señora DE LARA CARBÓ: ¿Pero transaccionada con el Grupo Socialista o en general?
El señor PRESIDENTE: Es una transacción, lo he dicho al principio. Todas menos una, que diré al final, han sido transaccionadas por el Grupo Socialista y el Grupo de Unidos Podemos. Esta, concretamente, ha sido transaccionada con el Grupo Socialista sobre la base de la enmienda número 3 que ha presentado Unidos Podemos. Entonces, si quieren, leemos el texto, pero lo tienen todas sus señorías a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Se repite la votación.
El señor PRESIDENTE: Ahora se suspende la sesión por un minuto. (Pausa).
Volvemos a votar.
Aplicando el artículo 88 del Reglamento, se ha procedido a la tercera y última votación después de una breve suspensión y entonces se ha deshecho el empate, por la abstención de uno de los diputados que antes había votado en contra. Por lo tanto, queda aprobada esta enmienda transaccional.
Vamos a someter ahora a votación la siguiente enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 4, presentada por Unidos Podemos.
Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometemos a votación la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 28, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas números 5 y 6, del Grupo Unidos Podemos y número 23, del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Hay que repetir la votación. Repetimos la votación.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos un minuto antes de repetir por tercera y última vez la votación de esta transaccional. Si no prospera, decaerá. (Pausa).
Señoras y señores diputados, se repite la votación.
Sobre la base de la enmienda número 10, del Grupo Ciudadanos, vamos a someter a votación la transaccional suscrita por Compromís, del Grupo Mixto, y por el Grupo Socialista.
Por último, señorías, antes de someter a votación el informe con las enmiendas que han sido incorporadas en los trabajos de la ponencia y con las que se han aprobado en el día de hoy, quiero agradecer la colaboración de todos los grupos parlamentarios por la buena marcha de las votaciones y el desarrollo de la sesión, así como al letrado, que es capaz de ordenar con acierto todas estas enmiendas transaccionales que se han presentado.
Sometemos a votación el informe de la ponencia.
Señoras y señores diputados, quiero solicitar a los miembros de la Mesa que se queden cinco minutos pues tenemos que resolver otra cuestión. A todos los demás muchas gracias.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 112
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 69
 artículo 69
 real decreto 
 artículo 58
 artículo 6
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 88