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Timestamp: 2019-07-18 13:40:45+00:00

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﻿ SENTENCIA 2009-00088/44412 DE DICIEMBRE 19 DE 2017
SENTENCIA 2009-00088 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:CULPA DE LA VÍCTIMA EN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR HACER USO DE SU CARGO COMO PROTOCOLISTA DE NOTARÍA PARA CONSTITUIR HIPOTECAS INDEBIDAMENTE. A LA ACTORA LE FUE IMPUESTA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PORQUE HABÍA INDICIOS DE QUE FORMABA PARTE DE UNA BANDA QUE SE DEDICABA A SOLICITAR CON DATOS FALSOS, PRÉSTAMOS DE DINERO QUE GARANTIZABAN CONSTITUYENDO HIPOTECAS EN INMUEBLES QUE NO ERAN DE SU PROPIEDAD, POR LO QUE FUE INVESTIGADA POR LOS DELITOS DE CONCIERTO PARA DELINQUIR EN CONCURSO CON FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO AGRAVADO POR EL USO, FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Y ESTAFA. LO ANTERIOR, EN TANTO SE ENTENDIÓ QUE LA INVESTIGADA, A PESAR DE SU EXTENSA EXPERIENCIA COMO PROTOCOLISTA DE NOTARÍA, ACTUÓ DE FORMA NEGLIGENTE Y DESPREOCUPADA AL (I) PONER EN CONTACTO A LAS DELINCUENTES CON LOS PRESTAMISTAS(II) ELABORAR LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS A PUERTA CERRADA Y POR FUERA DE LOS HORARIOS DE LA NOTARÍA(III) NO INFORMAR DE LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LAS IDENTIFICACIONES DE LAS DELINCUENTES Y EN SUS FIRMAS(IV) NO ALERTAR AL NOTARIO AL HABER SIDO DEVUELTA POR LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS UNA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS POR EXISTIR UNA AFECTACIÓN POR PATRIMONIO DE FAMILIA QUE HACÍA IMPOSIBLE EL REGISTRO DE LA HIPOTECA E (V) INFORMAR A LAS DELINCUENTES SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA Y COLABORAR CON LA CANCELACIÓN DE DICHA AFECTACIÓN PARA CONSTITUIR LA HIPOTECA SEGÚN DA CUENTA EL INFORME DE LA FISCALÍA. CONFORME A LO ANTERIOR, AUNQUE LA SINDICADA FUE ABSUELTA POR IN DUBIO PRO REO, SU COMPORTAMIENTO REVELA UN ACTUAR GRAVEMENTE CULPOSO, PUES EJERCIÓ FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO POR FUERA DEL HORARIO LABORAL, NO VERIFICÓ LA IDENTIDAD DE LOS SOLICITANTES Y OMITIÓ INFORMAR QUE LOS INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE IBAN A CONSTITUIR LAS HIPOTECAS TENÍAN AFECTACIÓN POR PATRIMONIO DE FAMILIA. ANTE ESTA SITUACIÓN GENERADA POR LA PROPIA VÍCTIMA, AL ENTE INVESTIGADOR NO LE ERA EXIGIBLE UNA CONDUCTA DIFERENTE QUE LA DE IMPONER LA MEDIDA RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTO EN LOS INDICIOS GRAVES RECOLECTADOS. ASÍ, SE CONFIGURA UNA CAUSA EXTRAÑA QUE IMPIDE QUE EL DAÑO ANTIJURÍDICO SEA IMPUTADO A LA ENTIDAD DEMANDADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PATRIMONIO DE FAMILIA, FUNCIÓN NOTARIAL, CONSTITUCIÓN DE LA HIPOTECA, FRAUDE PROCESAL, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2009-00088 de diciembre 19 de 2017
Rad.: 05001-23-31-000-2009-00088-02(44412)
Actor: M. L. M. R. y otros
Apelante único. Límites de la apelación. Copias simples. Valor probatorio. Declaraciones extrajudiciales. Exigencia de ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Excepciones de fondo. El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. Culpa exclusiva de la víctima. Omisión en el cumplimiento de sus funciones.
1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(3).
2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo(4), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 CCA).
La demanda se interpuso en tiempo -10 de diciembre de 2008- porque la parte demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 10 de septiembre de 2008, fecha en que quedó en firme la providencia que la absolvió [hecho probado 8.5].
4. M. L. M. R., D. A. M.; R. del S. M. R., J. F. M. R., L. M. M. R., C. M. M. R. y J. S. M. L. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar [hecho probado 8.6].
La Nación – Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación, de la imputación y de presentar la solicitud de medida de aseguramiento.
5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
7. La demanda aportó declaraciones extra juicio. Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de conformidad con el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Como ninguna de las partes solicitó la ratificación, no serán valoradas.
8.1 El 10 de agosto de 2007, el Juzgado Once Penal Municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento a M. L. M. R., según da cuenta copia simple de la boleta de detención (fl. 295, cdno. ppal.).
8.2. M. L. M. R. estuvo privada de la libertad en detención intramural y, posteriormente, en detención domiciliaria, según da cuenta copia simple de la boleta de libertad domiciliaria (fl. 287, cdno. ppal.).
8.3 El 29 de febrero de 2008, el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín absolvió a M. L. M. R. por in dubio pro reo, según da cuenta copia simple de la sentencia (fls. 241-255, cdno. ppal.).
8.4 El 8 de abril de 2008, M. L. M. R. recuperó su libertad, según da cuenta certificado expedido por la directora del establecimiento carcelario y penitenciario Pedregal de Medellín (fl. 320, cdno. ppal.).
8.5. El 12 de junio de 2008, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia absolutoria, según da cuenta audiencia grabada en medio magnético (fl. 56, cdno. ppal.). La providencia quedó ejecutoriada el 10 de septiembre de 2008, según da cuenta copia auténtica de la constancia de ejecutoria (fl. 280, cdno. ppal.).
8.6. M. L. M. es hija de J. S. M., madre de D. M. A. y hermana de R. del S. M., J. F. M., L. M. M. y C. M. M., según dan cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento correspondientes (fls. 19-24, cdno. 1).
Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad en eventos de privación de la libertad.
9. El daño está demostrado porque M. L. M. R. estuvo privada de su derecho fundamental a la libertad personal, del 10 de agosto de 2007 al 8 de abril de 2008 [hechos probados 8.1 y 8.4].
La jurisprudencia(7) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo,(8) con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 Constitución Nacional(9).
11. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la non reformatio in peius.
12. En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debida a la culpa exclusiva de la víctima, cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo. A su turno, el artículo 67 de la misma ley establece que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.
A partir de lo prescrito por el artículo 63 del Código Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio(12).
Así, ha reconocido que las actuaciones previas de la víctima pudieron justificar su vinculación al proceso penal y la imposición de una medida de aseguramiento en su contra. En el ámbito de la culpa grave sostuvo, por ejemplo, que “el desorden y el desgreño generalizado que caracterizaron”(13) la labor de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación motivaron la investigación en su contra.
13. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que el hoy demandante desplegó una conducta determinante para que la Fiscalía solicitara y el juez de garantías ordenara la medida de aseguramiento en su contra.
En efecto, el Juzgado Once Penal Municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento a M. L. M. R. [hecho probado 8.1], porque había indicios de que formaba parte de una banda que se dedicaba a solicitar con datos falsos préstamos de dinero que garantizaban constituyendo hipotecas en inmuebles que no eran de su propiedad.
La Fiscalía 170 Seccional adscrita a la Unidad de Estructura de Apoyo de Medellín en la audiencia de fallo en el Tribunal Superior de Medellín [hecho probado 8.5], resaltó que M. L. M., a pesar de su extensa experiencia como protocolista de notaría, actuó de forma negligente y despreocupada al (i) poner en contacto a las delincuentes con los prestamistas; (ii) elaborar las escrituras públicas de constitución de hipotecas a puerta cerrada y por fuera de los horarios de la notaría; (iii) no informar de las inconsistencias encontradas en las identificaciones de las delincuentes y en sus firmas; (iv) no alertar al notario al haber sido devuelta por la oficina de instrumentos públicos una de las escrituras públicas por existir una afectación por patrimonio de familia que hacía imposible el registro de la hipoteca e (v) informar a las delincuentes sobre la devolución de la escritura pública y colaborar con la cancelación de dicha afectación para constituir la hipoteca, según da cuenta el informe de la Fiscalía en la audiencia de segunda instancia (fl. 56, cdno. ppal.).
Aunque el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Medellín absolvió a M. L. M. R. por in dubio pro reo, el comportamiento de la sindicada revela un actuar gravemente culposo, pues ejerció funciones propias de su cargo fuera del horario laboral, no verificó la identidad de los solicitantes y omitió informar que los inmuebles sobre los cuales se iban a constituir las hipotecas tenían afectación por patrimonio de familia, situaciones que indicaron que Morales Roldán no era ajena a los hechos investigados [hecho probado 8.3]. Así lo resaltó la providencia al indicar:
Actuaciones de la procesada sí, descuidadas, irresponsables, poco juiciosas, nada diligentes y que fueron aprovechadas por la banda de delincuentes para sacar abante sus delictivos propósitos, pero descuidos que no poseen entidad jurídica para deducir de allí responsabilidad penal a la señora M. R. [...] (fl. 250, cdno. ppal.).
Ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador y juzgador no le era exigible una conducta diferente que la de imponer la medida restrictiva de la libertad con fundamento en los indicios graves recolectados y que apoyaban la tesis de colaboración en la estafa.
En tal virtud, la Sala declarará la configuración de una causa extraña que impide que el daño antijurídico sea imputado a la demandada.
13. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
MODIFÍCASE la sentencia del 10 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:
1. DECLÁRASE probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones.
Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala, aclaración de voto—Jaime Enrique Rodríguez Navas, ausente con excusa—Guillermo Sánchez Luque».
3 El consejero ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, Rad. 39.404 [fundamento jurídico 16].
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.3.2 y 2.3.3]. Se trató de una almacenista de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, que fue privada de la libertad por la presunta comisión del delito de peculado de apropiación a raíz del faltante que se detectó en el almacén que estaba a su cargo.

References: IN DUBIO
 artículo 82
 artículo 1
 artículo 73
 artículo 357
 artículo 229
in dubio
 artículo 90
in dubio
 artículo 90
 artículo 164
 artículo 70
 artículo 67
 artículo 70
 artículo 63
in dubio
 artículo 171
 artículo 55
 artículo 73