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Timestamp: 2018-07-19 02:12:53+00:00

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Nota Tributaria - Sentencia C-622 de 2015. Expediente D-10392. - Impuesto sobre la Renta - Deducciones - Deducción de Gastos por concepto de Intereses - Subcapitalización - Límites de Deducibilidad de los Intereses - Excepciones a favor de las Entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera y sobre Proyectos de Infraestructura de Servicios Públicos - Principios Constitucionales Tributarios - Equidad Tributaria - Igualdad Tributaria - Principio de Certeza Tributaria - Interpretación de los Parágrafos 3o y 4o del Artículo 118-1 del Estatuto Tributario (Adicionados por el Artículo 109 de la Ley 1607 de 2012. FALLO: PRIMERO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de los incisos primero y segundo del artículo 109 de la Ley 1607 de 2012, por el cargo por presunta infracción del principio de certeza en materia tributaria. SEGUNDO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de los parágrafos 2º y 4º del artículo 109 de la Ley 1607 de 2012, por el cargo de presunta infracción de los principios de igualdad y equidad, en los términos de esta sentencia. TERCERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-655 de 2014, en cuanto declaró la exequibilidad de los incisos primero y segundo del artículo 109 de la Ley 1607 de 20|12, por los cargos de presunta infracción de los principios de igualdad, progresividad, justicia y de la presunción de buena fe, y en cuanto declaró la exequibilidad del parágrafo 1º del mismo artículo, por la presunta infracción del principio de igualdad. - Corte Constitucional. - M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. - - Norma Demandada: Artículo 109 de la Ley 1607 de 2012 (Artículo 118-1 E.T.). - El artículo 109 de la Ley 1607 de 2012 fija una regla general que limita la deducibilidad de los intereses en el cálculo del impuesto a la renta y dos reglas especiales: (i) una regla que exceptúa de este límite a las entidades inspeccionadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera (parágrafo 3º) y en los casos de financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos (parágrafo 4º); y (ii) una regla que establece un tope superior para los contribuyentes que se constituyan como sociedades, entidades o vehículos de propósito especial para la construcción de proyectos de vivienda previstos en la Ley 1537 de 2012. A juicio de los demandantes, este régimen especial vulnera los principios de igualdad y equidad tributaria y la fórmula establecida por el legislador carece de la certeza exigida por el principio de legalidad.// Después de hacer un recorrido por los precedentes jurisprudenciales respecto de normas tributarias similares, la Corte llegó a la conclusión de que las reglas especiales contenidas en el artículo 109 de la Ley 1609 de 2012 no resultan lesivas de los principios de igualdad y equidad tributaria. A su juicio, existen particularidades relevantes del sector de vivienda de interés social y de proyectos de vivienda interés prioritario que justifican el establecimiento de un tope superior al límite de deducibilidad, especialmente en cuanto se tratan de actividades regladas, sobre las cuales el contribuyente no tiene el control sobre el nivel y las condiciones del propio endeudamiento, que son reguladas por el Estado. En cuanto a los proyectos de infraestructura de servicios públicos, requiere unos altos niveles de inversión que en condiciones regulares solo pueden materializarse mediante el endeudamiento. Por ello, la limitación de la deducibilidad de los intereses responde a la necesidad de evitar que el endeudamiento de los contribuyentes sea utilizado con fines elusivos, así como al propósito de capitalización de las empresas.// Tampoco, prospera el cargo por falta de certeza tributaria, toda vez que la problemática que plantean los demandantes no apunta a demostrar la indeterminación del precepto demandado, sino a demostrar que siendo claro y preciso su contenido y alcance, se opone a otras disposiciones legales. Para la Corte, el déficit normativo alegado no deviene en la infracción del principio de certeza en materia tributaria, ni impone la necesidad de retirar de ordenamiento una disposición que tan solo eventualmente, en algunos supuestos de hecho excepcionales, podría entrar en colusión con el artículo 121 del Estatuto Tributario, que prevé una deducción de intereses sobre créditos a corto plazo de la importación o exportación de mercancías o de sobregiros o descubiertos bancarios. // Por lo expuesto, la Corte procedió a declarar la exequibilidad de los apartes normativos analizados del artículo 109 de la Ley 1607 de 2012, frente a los cargos de falta de certeza tributaria, igualdad y equidad.
Sentencia C-672 de 2015. Expediente RE-214. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Emergencia Económica, Social y Ecológica - Año 2015 - Cierre de la Zona de Frontera Colombo-Venezolana - Control de Constitucionalidad sobre el Decreto 1774 de 2015 "Por el cual se adoptan medidas para permitir el ejercicio de ciertas actividades sin cumplir con la obligación de definir la situación militar y se hace una Exención al Pago de la Cuota de Compensación Militar - Parafiscalidad - Contribuciones Parafiscales - Exención en el Pago de la Cuota de Compensación Militar en la Zona afectada por el Cierre de Frontera - Existencia de Conexidad, Finalidad, Necesidad, Proporcionalidad y de Motivación de Incompatibilidad con el Decreto de Declaratoria de Emergencia. FALLO: Declarar EXEQUIBLE el Decreto 1774 de 2015 “Por el cual se adoptan medidas para permitir el ejercicio de ciertas actividades sin cumplir con la obligación de definir la situación militar y se hace exención al pago de la cuota de compensación militar”. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Control de Constitucionalidad al Decreto 1774 de 2015. Examinadas las medidas adoptadas mediante el Decreto Legislativo 1774 de 2015, la Corte concluyó que corresponden al ámbito de competencia que le confiere la Constitución al legislador, en este caso, de excepción, para establecer las exenciones al deber de prestar el servicio militar y al pago de la cuota de compensación militar, con el fin de facilitar el ejercicio de las actividades que exigen tener definida la situación militar, como el acceso a la educación o la posibilidad de generar ingresos y brindar protección a sus familias. Ninguno de los beneficios que allí se establece implica vulneración de alguno de los derechos intangibles enunciados en el artículo 4º de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y en el artículo 27 de la Convención Americana. // Así mismo, la Corte encontró que tales beneficios superan el juicio de conexidad en la medida en que a los varones de edades entre 17 y 50 años afectados con la crisis humanitaria que dio lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia, se les dificultaría la reinserción laboral de no poder definir su situación militar en las circunstancias en que se vieron obligados a retornar al país. De igual manera, el decreto examinado aprueba el juicio de finalidad , pues las medidas que prevé tienen como único propósito el de contribuir a la solución de un aspecto específico, entre aquellos que componen la situación fáctica que se busca conjurar con las normas de excepción, como también el juicio de necesidad a través del cual se acredita la urgencia o apremio que en su momento existió por adoptar dichas medidas, así como la imposibilidad de lograr el mismo objetivo con instrumentos diferentes y en lo posible, menos gravosas que las acordadas. De otra parte, la corporación constató que las acciones emprendidas en este decreto superan el criterio de proporcionalidad, pues los beneficios que se ofrecen a un importante número de ciudadanos que atraviesan graves dificultades a raíz de su forzado retorno, son de gran magnitud e importancia en cuanto facilitan su reinserción laboral y la generación de ingresos propios, ventajas sin duda mayores a los costos o sacrificios que la sociedad asume al implementar esas medidas. // Del mismo modo, el tribunal consideró que las disposiciones examinadas aprueban el llamado juicio de motivación de la incompatibilidad, pues de manera reiterada, el Decreto 1774 de 2015 explica en su parte considerativa que la vigencia de determinadas normas legales contenidas en la Ley 48 de 1993 crea dificultades para el logro de los objetivos que se pretende alcanzar en beneficio de las personas y familias retornadas, que al no poseer la tarjeta de reservista implica un obstáculo para el ejercicio de algunos de sus derechos. Para la Corte, estos beneficios no pueden considerarse discriminatorios, por cuanto existen razones válidas que justifican esa diferencia de trato a las personas afectadas por la situación de emergencia humanitaria que motivó la declaración del Estado de Emergencia.
Sentencia C-722 de 2015. Expediente RE-215. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Emergencia Económica Social y Ecológica - Año 2015 - Zona de Frontera Colombo Venezolana - Revisión de Constitucionalidad del Decreto 1802 de 2015 “por el cual se desarrolla el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015 y se autoriza el tráfico aéreo en los municipios de Bosconia, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera - Autorización para Tráfico Ferroviario de Carbón las 24 horas del día en Municipios Fronterizos. FALLO: Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 1802 del 9 de septiembre de 2015 “Por el cual se desarrolla el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015 y se autoriza el tráfico férreo en los municipios de Bosconia, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera”. M.P. MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Revisión de Constitucionalidad del Decreto 1802 de 2015 “por el cual se desarrolla el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015 y se autoriza el tráfico aéreo en los municipios de Bosconia, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera”. Para la Corte, si bien es cierto que la grave afectación económica para el Departamento de Norte Santander y las personas que trabajan en ese sector que se produce con el cierre de la frontera con Venezuela, justifica la necesidad de transportar el carbón a un puerto nacional para su exportación, de ello no se sigue que sea igualmente necesario hacerlo por la red férrea, pues como lo señala el propio decreto legislativo examinado, existen tres alternativas para realizar este transporte, que se diferencian en seguridad, tiempo, impacto ambiental, volumen transportado y el costo de la operación. Al considerar las ventajas y desventajas de cada una, el Gobierno se inclinó por el transporte en tracto camiones por carretera de la zona de almacenaje o acopio a un punto de la red férrea y desde ahí en tren hasta el puerto marítimo. Se aduce al defender la constitucionalidad del decreto que el costo es el criterio determinante para definir esta alternativa de transporte y que el amparo de derechos fundamentales concedido por la Corte Constitucional es irrelevante. Sin embargo, la autorización dada en el Decreto 1802 de 2015 se opone de manera evidente y directa a la orden de suspensión dada en la sentencia T-672 de 2014 de transporte ferroviario de carbón en los lugares donde la vía se encuentre a menos de 100 metros a lado y lado de comunidades o viviendas del municipio de Bosconia, todos los días entre las 10:30 p.m. y las 4:30 a.m. // Con fundamento en los medios de prueba decretados y recaudados por la Corte, se tiene que la autoridad responsable de verificar el cumplimiento de la Sentencia T-672 de 2014, que es el Tribunal Administrativo del Cesar, no ha declarado el cumplimiento de las órdenes impartidas. Si bien hay informes de la ANLA que permiten advertir que se han implementado algunas medidas, es al citado tribunal a quien corresponde determinar el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia de la Corte, lo cual aún no lo ha hecho. Mientras el juez no declare el cumplimiento de la sentencia T-672 de 2014, la suspensión del transporte ferroviario en ella ordenada está vigente y debe respetarse. La deficiencia argumentativa respecto del potencial riesgo del trabajo de las personas relacionadas con el sector carbonífero del Departamento de Norte de Santander, que es la base para argumentar que el transporte por red ferroviaria sin restricciones de horario es necesario, por su menor costo, no permite deducir que exista en realidad una necesidad fáctica y menos aún jurídica, de adoptar esa medida que afecta los derechos fundamentales de los habitantes del municipio de Bosconia. No es posible cotejar y menos aún ponderar, un riesgo potencial que no se cuantifica, califica y precisa, con la vulneración o amenaza de derechos fundamentales reconocida por una autoridad judicial.
Registros 66 a 70 de 87

References: Artículo 118
 Artículo 109
 artículo 109
 artículo 109
 artículo 109
 Artículo 109
 artículo 109
 artículo 109
 artículo 121
 artículo 109
 artículo 4
 artículo 27