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Timestamp: 2020-08-13 05:23:35+00:00

Document:
Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2018, por el que se aprueba la declaración de obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona
ANEXO I . Acuerdo por el que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona
Atendiendo a razones de interés público se considera oportuno dotar a dicho Acuerdo de la mayor publicidad posible, por lo que se acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Acuerdo, cuyo texto se adjunta a esta resolución como anexo I.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de transporte aéreo, y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, corresponde al Gobierno establecer obligaciones de servicio público en relación con servicios aéreos regulares entre aeropuertos situados en territorio español, y al Ministerio de Fomento aplicar las medidas previstas en el Reglamento (CE) 1008/2008 para asegurar su cumplimiento. Asimismo, el Real Decreto 362/2017, de 8 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, identifica a la Dirección General de Aviación Civil como el órgano mediante el cual el Ministerio de Fomento diseña la estrategia y dirige la política aeronáutica, y en particular, propone el establecimiento de obligaciones de servicio público en el ámbito de la aviación civil y garantiza su cumplimiento.
De acuerdo con la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea de 18 de febrero de 2014, que establece la lista de regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, y de los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el período 2014-2020, la Comunidad Autónoma de Extremadura entra en la categoría de «regiones menos desarrolladas» por tener un PIB per cápita inferior al 75 % del PIB medio de la Unión Europea. Esta circunstancia, junto con los actuales índices estructurales y los niveles de desempleo registrados en Extremadura, en comparación con la media nacional, permite considerar que se cumplen los requisitos establecidos por el Reglamento (CE) 1008/2008 y sus Directrices Interpretativas, publicadas en la Comunicación de la Comisión 2017/C 194/01, del 17 de junio, en relación a la necesidad del establecimiento de las obligaciones de servicio público en las rutas aéreas citadas.
2. Las condiciones establecidas en el anexo podrán ser modificadas mediante orden del Ministro de Fomento, según lo establecido en el artículo 95 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de 2011, de Economía Sostenible, excepto cuando dicha modificación implique el otorgamiento de nuevas subvenciones públicas para su compensación o el incremento de las que ya se venían otorgando a tal efecto, de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
3. Además, las tarifas de referencia fijadas en el anexo se revisarán conforme a la normativa que resulte aplicable a las revisiones de valores monetarios en cuya determinación participe el sector público, en particular la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la anterior, o cualquier norma que la sustituyere, sin que pueda utilizarse ningún índice general de precios como referencia, en el caso de variaciones anormales, imprevisibles y ajenas a los transportistas, de los elementos de coste que afecten a la explotación de estos servicios aéreos, sin que dicha revisión suponga modificación de las condiciones establecidas en este Acuerdo.
4. De acuerdo con el Real Decreto 362/2017, de 8 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, la Dirección General de Aviación Civil será la competente para proponer los cambios que se consideren necesarios en la presente declaración de obligaciones de servicio público. Sin perjuicio de lo anterior, en el plazo máximo de tres años desde la aprobación del presente Acuerdo, todos los servicios aéreos declarados en el mismo como obligación de servicio público serán revisados, en lo que se refiere a esta calificación.
2. Continuidad del servicio.–Salvo en casos de fuerza mayor, el número de vuelos cancelados por motivos directamente imputables al transportista no podrá exceder, por cada temporada IATA, de un 2 por ciento del número de vuelos con obligaciones de servicio público programados en cada ruta. Salvo caso de fuerza mayor, en el 90 por ciento de dichos vuelos los retrasos no podrán ser superiores a quince minutos en cada ruta.
– Badajoz-Madrid: 90 euros.
– Badajoz-Barcelona: 110 euros.

References: resolución 
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 95
 Real Decreto 
 Real Decreto