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Timestamp: 2017-08-23 02:24:44+00:00

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DERECHO Y PROCESO: 2013
El nuevo sistema de recursos en el proceso civil
En 2013 el actual Código de Procedimiento Civil Chileno cumple 110 años de vida. Y si algo debemos celebrar sobre el particular, es la firme decisión de los operadores políticos y técnicos en orden a debatir y promulgar en algunos años más el proyecto de Nuevo Código Procesal Civil que ingresó ya a tramitación al Congreso Nacional hace algunos meses atrás.
Una vez en vigencia la nueva normativa podremos cerrar el ciclo de las reformas procesales iniciada en el año 2000 con la promulgación del Código Procesal Penal, seguido por la implementación de los nuevos procedimientos ante los tribunales de familia y los tribunales laborales y de cobranza laboral y previsional. Con un nuevo Código Procesal Civil podrán solucionarse los diferentes problemas de adecuación que hoy existen entre la normativa procesal civil y la de los restantes procedimientos orales en vigencia, cuestión de primera importancia, si consideramos el histórico rol subsidiario que le corresponde a las normas procesales civiles respecto del restante ordenamiento procesal, labor que hoy cumple, a duras penas, el Libro I del Código de Procedimiento Civil relativo a las normas comunes a todo procedimiento.
El Proyecto de Ley de Nuevo Código Procesal Civil contiene varias novedades interesantes. A propósito de un curso que recientemente debí impartir me aboqué a revisarlo en profundidad. En general, me gustó mucho y creo estar seguro que significará una evolución gigantesca para el proceso civil, transformándose en un mecanismo simple, rápido, eficaz y más observante de la garantía constitucional de un justo y racional procedimiento.
En esta oportunidad, me gustaría compartir con ustedes algunas noticias acerca de los aspectos generales que contempla la nueva estructura del Código en el ámbito de los recursos procesales. La elección no fue al azar, sino que obedece al interés nacido luego de la constatación de que el legislador ha propuesto una enmienda radical en esta materia, modificando incluso, varios de los principios que desde siempre se han mantenido inalterables en este tema. De allí la utilidad de dar un rápido vistazo al nuevo sistema propuesto de recursos; más que nada, para motivar la profundización del lector interesado. Veamos.
El Libro Tercero del proyecto de nuevo Código contempla, como dije, un diferente régimen de recursos en materia civil, consagrándose en su Título Primero las disposiciones generales aplicables a todo recurso, entre las que destaca la regulación de la vista de los recursos ante las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema en audiencia pública. Así las cosas, la ausencia del recurrente a esta audiencia pública producirá, de pleno derecho, el abandono del recurso. Ahora bien, el conocimiento de los recursos en audiencia pública ante las Cortes traerá aparejadas varias novedades legislativas.
En primer lugar, la supresión de la relación, tal como ocurre hoy en materia penal y laboral. En el mismo sentido, la sentencia de la Corte que falla un recurso deberá ser redactada personalmente por el Ministro de turno y la disidencia o prevención, por su autor, bajo sanción de nulidad, por el sólo ministerio de la ley.
En otro orden de ideas, el artículo 369 del proyecto de ley innova, también, en el plazo con el cual contarán las Cortes para fallar un recurso. En síntesis, podrán hacerlo de inmediato, una vez concluida la audiencia pública o en 20 días hábiles; excepcionalmente, en casos complejos, se contempla una prórroga 10 días. Lo relevante es que la Infracción a estos plazos producirá la nulidad de la audiencia y configurará una falta disciplinaria grave que debe ser sancionada. Criterio similar al considerado por el artículo 351 del proyecto en la infracción de los plazos para fallar en los procedimientos declarativos.
Los recursos procesales que regula el nuevo Código Procesal Civil son cuatro: reposición, apelación, de hecho y el recurso extraordinario.
Respecto de la procedencia de los recursos, se establece que la reposición procede en contra de los decretos y de las sentencias interlocutorias. Esto se explica porque el artículo 200 del proyecto sólo contempla como resoluciones judiciales a los decretos y a las sentencias interlocutorias y definitivas, eliminándose el auto tal como hoy lo consagra el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. Además, al ser reponibles las sentencias interlocutorias desaparece el efecto del desasimiento del tribunal en los términos contemplados por el actual artículo 182 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil.
Por su parte, se contempla la apelación sólo en contra de las sentencias definitivas, las sentencias interlocutorias que pusieren término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronunciaren respecto de la admisión o denegación de la intervención de un tercero, las que ordenen el pago de costas por un monto superior a cien Unidades Tributarias Mensuales, las que desechen la incompetencia del tribunal, las que resuelvan acerca de la inhabilidad del juez o de falta de debido emplazamiento del demandado y las que se pronuncien sobre el otorgamiento, alzamiento, modificación, sustitución o cualquiera otra materia en relación con una medida cautelar, todas ellas pronunciadas por el tribunal de primer grado jurisdiccional. Todas las demás resoluciones serán inapelables, a menos que la ley dispusiere lo contrario. Asimismo, la apelación, a diferencia de la contemplada en el actual Código de Procedimiento Civil, tendrá un objeto mucho más vasto, no limitado a la modificación o revocación de la sentencia, sino que podrá incluir la declaración de nulidad, ya sea del procedimiento o de la propia sentencia. De este modo, se rompe con la tradición de nuestro sistema procesal en cuanto a que la apelación sólo es un recurso de instancia – ponderación de los hechos y el derecho consignados en la sentencia de primer grado – y pasa ahora, además, a constituir un recurso de nulidad. – Se elimina la casación en la forma –
El proyecto, por lo demás, se cuida de suprimir el concepto de instancia y lo remplaza por el de grado jurisdiccional. En consecuencia, el nuevo Código establecería que el objeto del recurso de apelación será obtener del tribunal superior respectivo, que enmiende o revoque, conforme a derecho, la resolución del inferior, total o parcialmente, con base precisa en las pretensiones, excepciones o defensas formuladas en su caso, ante el tribunal inferior, pudiendo alegarse además, o bien exclusivamente, la infracción a normas que consagren derechos o garantías procesales cometidas en el primer grado jurisdiccional, para obtener la invalidación del juicio y de la resolución respectiva o solamente de ésta, y ello por las causales específicas señaladas en la ley. En este último caso el recurrente expresará en capítulos separados los motivos que justifiquen la enmienda o revocación, de aquellos que justifiquen la invalidación del juicio y de la resolución respectiva o sólo de ésta.
Con todo, atendiéndose al orden lógico en que se deben formular las peticiones a los tribunales, se determina que la pretensión de enmienda o revocación, sólo se podrá hacer valer en subsidio de la de invalidación, sin perjuicio que ésta sólo puede ser declarada como última ratio y en caso que no haya podido ser enmendado el vicio con el pronunciamiento sobre el mérito de la causa.
El proyecto contempla, al igual que hoy, el control de admisibilidad del recurso de apelación por parte del tribunal a Quo. En consecuencia, también tendrá cabida el denominado recurso de hecho - Arts. 384, 400 y siguientes -
A propósito de los efectos del recurso de apelación la regla general será el sólo efecto devolutivo, contemplándose el efecto suspensivo, sólo cuando expresamente lo establece la ley. Por esto, se contemplan dos mecanismos de protección para la parte vencida que pudiere verse expuesta a la ejecución de una resolución desfavorable no obstante encontrarse pendiente su recurso de apelación. Estas medidas son las siguientes:
a) Si la Corte revoca un fallo ya ejecutado por el tribunal a quo, éste debe adoptar todas las medidas tendientes a restituir a las partes al estado en el que se encontraban antes de la ejecución - Art. 386 Proyecto - ; y
b) Orden de no innovar ante el tribunal Ad Quem
En último lugar, en lo que constituye el más significativo cambio en materia de recursos, el nuevo Código introduce el denominado Recurso Extraordinario, el que tiene por objeto que la Corte Suprema, cumpliéndose los requisitos legales, se avoque al conocimiento de un asunto por estimarse afectado un interés general. – se debe subrayar que también desaparece la actual casación en el fondo –
El proyecto entiende que existe interés general cuando se hubiere infringido en forma esencial, en la sentencia o en el procedimiento del cual ella emanare, un derecho o garantía fundamental contemplado en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en todos aquellos casos en que la Corte considere pertinente fijar, uniformar, aclarar o modificar, una doctrina jurisprudencial. La resolución que falle un recurso extraordinario no será susceptible de recurso alguno, salvo su aclaración, rectificación o enmienda.
Sin embargo, excepcionalmente, si se demostrare que la sentencia que se ha dictado contradice otra pronunciada por la misma sala especializada, pero sin que en el fallo se hubiere dejado constancia de haberse modificado la doctrina anterior, se contempla la posibilidad para las partes de solicitar al Pleno de la Corte Suprema que anule la sentencia y se proceda a una nueva audiencia por una sala no inhabilitada. Este recurso especial ante el pleno de la Corte Suprema tiene por finalidad que la sala especializada que conozca de un asunto de naturaleza civil deba resolver, coherentemente, en relación a su propia doctrina anterior, de modo que, cuando la precise o la cambie, tendrá que explicitarlo, señalando las razones de ello.
Me parece, entonces, que este recurso ante el tribunal Pleno de la Corte Suprema puede llegar a transformarse en una poderosa herramienta destinada a combatir la dispersión jurisprudencial en asuntos similares.
en octubre 21, 2013 2 comentarios: Enlaces a esta entrada
En términos generales el concepto culpabilidad es lo opuesto al concepto de inocencia. Específicamente, bajo la expresión principio de culpabilidad pueden incluirse diferentes límites a la potestad penal, conforme a los cuales, nadie puede ser culpado y sancionado por un delito sin que el juez constate la existencia de tales requisitos legales. Así las cosas, es necesario para aquello, en primer lugar, que no se haga responsable a un sujeto por delitos ajenos. En segundo lugar, no pueden castigarse formas de ser o "personalidades" sino sólo conductas o hechos.
Sin embargo, no basta con que un hecho punible –, esto es, el que reviste hipotéticamente el carácter de delito - sea materialmente causado por una persona para que pueda hacérsele responsable de él; es necesario, también, que el hecho haya sido querido (doloso) o haya podido preverse y evitarse (que pueda existir culpa o imprudencia). Por último, para que pueda considerarse culpable un hecho doloso o culposo, debe poder exigírsele al autor un comportamiento distinto del realizado, esto es, debe juzgarse si estaba en condiciones de no haber ejecutado una conducta concreta, prohibida por la ley penal.
Sobre este punto, el profesor español Santiago Mir Puig en su libro “Derecho Penal”, señala lo siguiente: "todos los principios derivados de la idea general de culpabilidad se fundan en buena parte de la dignidad humana, tal como debe entenderse en un Estado democrático respetuoso del individuo. Este Estado tiene que admitir que la dignidad humana exige y ofrece al individuo la posibilidad de evitar la pena comportándose según el derecho. Ello guarda también relación con una cierta seguridad jurídica: el ciudadano ha de poder confiar en que dirigiendo su actuación en el sentido de las normas jurídicas, no va a ser castigado. Se opondría a estas ideas poder castigar a alguien que es inocente, castigarlo por un hecho de otro o por un hecho imprevisible o inevitable. La exigencia de igualdad real de todos los ciudadanos, que también afecta a lo anterior, sirve de base a la prohibición de castigar a un sujeto que no alcanza el nivel de motivabilidad normal previsto por la ley".
A pesar de que existen varias manifestaciones jurídicas del principio de culpabilidad, la doctrina suele destacar, en particular, cuatro de ellas: la responsabilidad personal; la responsabilidad por el hecho; la responsabilidad subjetiva y la presunción de inocencia.
a) Responsabilidad personal: Este principio implica que la responsabilidad penal es estrictamente individual, lo cual, se contrapone a la idea de responsabilidad colectiva que fue habitual en el pasado en que el castigo por un delito podía recaer no sólo en quien lo había ejecutado, sino también en la familia o el grupo al que aquél pertenecía. Hoy, por el contrario, es un principio universalmente aceptado el que nadie puede ser hecho responsable si no ha tenido intervención directa en el delito que motiva la imposición de una pena o sanción. Desde otra perspectiva, la noción de responsabilidad personal envuelve que sólo los seres humanos pueden delinquir y, en consecuencia, ser penalmente responsables. Sólo en el último tiempo y en forma excepcional se ha establecido que pueden ser sancionadas las personas jurídicas a propósito de delitos muy precisos. En efecto, el artículo 58 del Código Procesal Penal establece la regla general en esta materia, según la cual, la acción penal, fuere pública o privada, no puede entablarse sino contra las personas responsables del delito y que, por tanto, la responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas, en consecuencia, responden por regla general los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare.
Con todo, como ya se indicó, la ley N°20.393, estableció una excepción a esta regla general al establecer una responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N°19.913, en el artículo 8° de la ley N°18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal; el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas. Las figuras típicas que dan lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas son las siguientes:
a) Lavado de dinero.
b) Financiamiento del terrorismo.
c) Cohecho de funcionarios
d) Además, existen casos especiales de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de asociación ilícita y asociación ilícita para el lavado de dinero.
De este modo, conforme al sistema que establece la reforma, para los efectos de estas figuras típicas determinadas, no resulta aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal, es decir, efectivamente, en estos supuestos puede existir responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este caso, la máxima sanción susceptible de ser impuesta por el tribunal será la pérdida de la personalidad jurídica reconocida en su momento.
b) Responsabilidad por el hecho: Involucra que las personas sólo responden penalmente por las conductas que hubieren ejecutado y no por actitudes subjetivas, como las simples creencias o intenciones, o por condiciones de índole personal. En otras palabras, no hay delito mientras las intenciones no se concreten en acciones penadas por la ley y externamente constatables. Esta premisa impone un significativo límite al legislador ya que, obligatoriamente, ha de configurar la tipificación de los delitos en torno a una conducta concreta, estándole prohibido constituirlos sobre la base de características personales del autor. Por eso suele decirse por la doctrina penal que el actual es un derecho penal de actos, en contraposición al derecho penal de autor, que algunos autores creyeron válido en el pasado en base a consideraciones políticas o simplemente científicas.
c) Responsabilidad subjetiva: La responsabilidad penal debe estar fundada, necesariamente, aunque no de modo exclusivo, en una valoración acerca de la actitud anímica del sujeto imputado en relación con el hecho ejecutado. En otras palabras, no basta con que el sujeto haya sido el causante del resultado ilícito, sino que, además, se requiere examinar si estaba en condiciones de preverlo y si quiso o no su producción. Se trata, entonces, de que el imputado por un delito sea tratado como persona dotada de razón y de libertad y no como mero instrumento capaz de producir un resultado. Así, por ejemplo, un animal también puede "causar" la muerte de una persona, pero sólo el humano es capaz de querer y de prever esa muerte. En consecuencia, el concepto de responsabilidad subjetiva se opone al de responsabilidad objetiva, según la cual, las personas deben responder por el solo hecho de encontrarse en una determinada situación, aunque no hayan podido prever siquiera la ocurrencia del resultado que motiva la imposición de una pena. Por ello, se ha sostenido que trasgreden este principio los denominados delitos calificados por el resultado, en los cuales concurre, junto con un delito base cometido con dolo o culpa, un resultado respecto del cual no es necesario probar si hubo dolo o culpa, bastando la sola relación de causalidad. Por ejemplo, el art. 474 inciso final del Código Penal.
d) Presunción de inocencia: El principio de la presunción de inocencia implica que todo individuo ha de ser tratado como inocente, es decir, como si no tuviera responsabilidad penal alguna en el hecho que se le imputa, mientras no se dicte una sentencia de condena ejecutoriada en su contra. Es decir, las consecuencias penales derivadas de un delito que se traducen en la limitación de los derechos personales, sólo pueden ser impuestas o aplicadas una vez que se haya comprobado la culpabilidad del autor del hecho punible. Mientras ello no ocurra, nada justifica la aplicación de unas consecuencias tan gravosas para los derechos individuales.
Marco constitucional del principio de la culpabilidad:
Si bien es cierto, la Constitución Política de la República no señala expresamente la exigencia de culpabilidad - al menos no en términos tan claros como lo hace con del principio de legalidad -, sí, en cambio, es indiscutible que cuenta con reconocimiento a nivel constitucional. Por una parte, porque la noción general de culpabilidad y las manifestaciones concretas que de ella hemos visto, son, sin duda, una proyección de la idea de dignidad humana, de modo que la previsión constitucional de este último valor cubre todo el espectro de garantías que son inherentes al principio de culpabilidad. Por otra parte, el artículo 19 Nº3, inciso sexto, de la Constitución prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal.
Esta norma implica la garantía de no ser sancionado a menos que se establezca, judicialmente, la totalidad de los requisitos necesarios para que nazca la responsabilidad criminal; y, entre ellos, evidentemente, están todos los requerimientos de imputación subjetiva que supone el principio de culpabilidad. Con todo, es necesario reconocer que esta disposición constitucional, por sí sola, no permite aseverar que el principio de culpabilidad tiene consagración en la Constitución, porque no establece que la culpabilidad sea presupuesto de la responsabilidad penal.
En cuanto a la presunción de inocencia, además de las razones señaladas y la mención expresa que realiza el artículo 4 del Código Procesal Penal, su vigencia en nuestro país deriva de su consagración, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que han sido incorporados al ordenamiento jurídico chileno a través del inciso 2 del artículo 5 de la Constitución.
en agosto 06, 2013 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Daño moral. Algunos aspectos relevantes sobre el estado actual del debate
Cuando alguien sufre un daño patrimonial a causa del actuar ilícito de otra persona se dice que, en general, ésta debe indemnizar ese daño. De este modo, si se trata de reparar el perjuicio material sufrido se habla de daño emergente; si se trata, en cambio, de reparar lo que se dejó de ganar o percibir a causa del actuar ilícito de otro se habla de lucro cesante. Así, por ejemplo, si Ud. es chofer de un taxi y a causa de la conducción negligente de otro chofer éste lo colisiona, el daño emergente a indemnizar corresponde al valor de reparación de su taxi; lo que dejó de percibir como taxista durante el tiempo que dure la reparación hasta que vuelva a trabajar en forma normal será indemnizable a título de lucro cesante. Sin embargo, hay un tercer rubro posible de ser también indemnizado que se lo ha denominado, tradicionalmente, daño moral. La procedencia de una indemnización, en este caso, no es algo pacífico y ha sido necesario recorrer un camino largo para llegar al actual estado de su regulación.
En efecto, la reparación del daño moral en Chile ha sido construida por la jurisprudencia de los tribunales, pues, inicialmente, el marco legal ha sido mínimo. Ahora bien, casi, unánimemente, los tribunales suelen entender que el daño moral no es más que el pretium doloris o el “precio del llanto”, esto es, el sufrimiento, dolor o molestia que un hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos de una persona (la o las víctimas)
Poco a poco, sin embargo, se ha ido consolidando la idea de entender al daño moral en un sentido más amplio, ya que la definición tradicional que se acaba de indicar presenta problemas complejos de resolver si nos preguntamos, por ejemplo, por la posibilidad de que una persona jurídica pueda deducir una demanda por daño moral; lo mismo ocurre con las personas naturales que a causa de un hecho ilícito han quedado en estado vegetal o de quienes, teniendo la calidad de enajenados mentales, sufren del rigor de un hecho ilícito. En el mismo sentido, si pensamos que el daño moral no es más que el precio del dolor ¿cómo podría establecerse en casos de muertes instantáneas? Dependiendo de la respuesta en este último caso, la interrogante siguiente sería hacernos cargo de la posible transmisibilidad del daño moral.
En razón de ello, como se adelantó más arriba, en la actualidad se abre paso una posición, según la cual, el daño moral no sólo puede estar conformado por el dolor o sufrimiento, sino, además, por una lesión cierta, previsible y relevante a derechos, bienes o intereses extra patrimoniales, básicamente, constitutivos de atributos de la personalidad. Esta concepción más amplia, podría, por ejemplo, hacer procedente el daño moral causado a personas jurídicas o a aquellas personas naturales que hubiesen quedado en estado vegetal a raíz del hecho dañoso, pues lo que se califica de daño moral, según esta última doctrina, no es el sufrimiento, sino la afectación a algún atributo de una persona natural o jurídica reconocida jurídicamente, por ejemplo, la fama, el prestigio, el derecho a la vida o a la integridad física.
Hoy se parte de la premisa indiscutible que el daño moral puede ser reparable tanto en sede contractual como en sede extracontractual o aquiliana, cuestión que, por mucho tiempo, fue resistida en nuestro país a causa, como se dijo, de la ausencia de normas legales claras en esta materia. En palabras simples, es generalmente indemnizable el daño causado por un proceder ilícito ya sea que exista o no un vínculo contractual entre quien causa la lesión y quien la sufre. Cuando existe tal vínculo contractual se habla de responsabilidad contractual; cuando no, de responsabilidad extracontractual o aquiliana, como en el caso del taxista que mencioné al inicio.
El punto de partida para llegar a la afirmación que se acaba de hacer está en el artículo 2314 del Código Civil que, en materia de responsabilidad extracontractual, dispone que todo daño causado a otro debe ser reparado, siempre que haya existido culpa o dolo. Norma que, desde luego, excluye los casos especiales de responsabilidad objetiva expresamente establecidos en la ley como podría serlo, por ejemplo, el artículo 2327 del Código Civil, referente a los daños causados por un animal fiero, en cuyo caso, el dueño será siempre imputable.
La regla general en el sentido de que el daño moral es siempre indemnizable en sede extracontractual también la podemos desprender del artículo 2329 del Código Civil que dispone que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta.
Sin embargo, el mejor argumento para sostener la procedencia del daño moral en sede extracontractual está en el artículo 2331 del Código Civil que sólo hace procedente la indemnización por daño emergente y lucro cesante a causa de imputaciones injuriosas, ya que esta norma fue, precisamente, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 10 de junio de 2008. Acá se sostiene la procedencia universal del daño moral, supuesto claro está, que concurran los requisitos legales para ello.
Un primer argumento se centra en lo antisistémico – y por tanto opuesto al artículo 22 del Código Civil - que resulta el artículo 2331 de este mismo cuerpo legal ya que una norma parecida, contenida en el artículo 40 de la ley 19.733, sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo establece, explícitamente, la procedencia de la indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Interesa destacar, además, que un segundo argumento esgrimido por el Tribunal Constitucional en el fallo que se cita ya había sido recogido mucho antes por la Corte Suprema en fallos emblemáticos, conforme a los cuales, se hace aplicación de normas constitucionales e internacionales para concluir que el derecho a la indemnización es integral y, por tanto, siempre comprende la posibilidad de reparar el daño moral.
El primero de estos fallos y, por ello, el más importante, fue redactado por el ministro Adolfo Bañados Cuadra en 1994 e incide en la causa Rafart Mouthon con Banco de Chile (Rol N°18.647). Si bien está referido a la procedencia del daño moral en materia contractual, contempla los argumentos centrales que luego serán recogidos por la jurisprudencia para aplicarlos tanto a la responsabilidad contractual como a la extracontractual. Lo medular de esta sentencia aparece consignado en los motivos 10° y 11° en los que, en lo pertinente, se lee lo que sigue:
"10° Que sobre todo no hay que olvidar que entre las orientaciones básicas que informan nuestra Carta Fundamental se halla el artículo 19 N°1, a través del cual se asegura no sólo el derecho a la vida sino a la mencionada integridad física y psíquica de la persona. Esta última como en el caso de autos, puede verse trastornada, precisamente, por la falta en que uno de los contratantes incurrió frente a los deberes que le imponía el contrato. El mismo comentario cabe hacer con referencia al N°4 del mismo artículo 19 que se pronuncia en el sentido de que la Carta garantiza con el mismo énfasis, el respeto y protección a la vida privada y pública y la honra de la persona y su familia…
11° Que esta concepción filosófica corresponde a una corriente de pensamiento universal, como se desprende de las declaraciones contenidas en diferentes acuerdos internacionales. Así, por ejemplo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5° consigna: Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, reputación y a su vida privada y familiar. Lo propio hace el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 11, cuanto a que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.
Ciertamente, las disposiciones contenidas en tratados internacionales de los que se deduce la procedencia de la reparación integral de todo daño causado ilícitamente a una persona deben entenderse incorporadas al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5 inciso 2 de la Constitución por lo que constituyen ley de la república.
Ahora bien, en materia de responsabilidad contractual el artículo 1556 del Código Civil dispone que el incumplimiento de una obligación pactada por las partes da lugar a demandar daño emergente y lucro cesante. Sin embargo, no habla del daño moral. Con todo, esta omisión ha sido resuelta por los tribunales de justicia, declarando que, cuando el artículo 1556 dispone que la indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante, no está diciendo que no pueda indemnizarse el daño moral. Este razonamiento ha sido una constante en los fallos que condenan por daño moral en demandas tan frecuentes como aquellas vinculadas a los contratos de prestación de servicios educacionales o de prestación médica.
Sobre el particular, se puede citar el fallo de la Corte Suprema de 5 de noviembre de 2001 que incide en causa Rol N°1.368-00 cuando en su motivo 17° señala, entre otras detalladas consideraciones, que “el citado artículo 1556 del Código Civil no limita la reparación en materia contractual al daño emergente y al lucro cesante, desde que no excluye al daño moral”.
Sin embargo, no se debe olvidar que para demandar indemnización de perjuicios por daño moral en materia contractual es necesario distinguir la naturaleza de la obligación incumplida a indemnizar. Así, si la obligación es de dar, siempre está involucrada la condición resolutoria tácita de que habla el artículo 1489 del Código Civil, con lo que, deberá primero pedirse el cumplimiento o la resolución del contrato y sólo, subsidiariamente, la indemnización de perjuicios. En las obligaciones de hacer, en cambio, podrá pedirse directamente la indemnización, porque el artículo 1553 así lo permite. Idéntica regla se aplica en el caso de las obligaciones de no hacer (Artículo 1555 del Código Civil)
Ya sea que se trate del daño moral derivado de la responsabilidad contractual o extracontractual, todavía hay dos aspectos más, que siguen siendo polémicos.
El primero de ellos dice relación con la prueba del daño moral. Sobre el particular, para una corriente jurisprudencial esta clase de daño no se prueba, ya que existiría una suerte de presunción, conforme a la cual, siempre es esperable que alguien experimente una afectación psicológica al verse afectada a ciertos ilícitos. El primer reparo que merece esta doctrina es que es heredera de la noción del daño moral como un pretium doloris, con lo que, no es capaz de resolver los problemas particulares que describimos al inicio. En segundo lugar, aun considerando al daño moral como un simple “precio del llanto” no siempre puede presumirse. Así por ejemplo, la muerte de un padre a causa de un hecho ilícito podría ser absolutamente irrelevante para su hijo, si la relación familiar hubiere estado marcada por el distanciamiento y la odiosidad. Por todo ello, en general hoy se estima que en esta materia tiene aplicación la regla general del artículo 1698 del Código Civil, lo que significa que, el daño moral ha de ser siempre probado por quien lo alega.
Un segundo problema, quizás el más complejo de todos, dice relación con la determinación del monto de la indemnización por parte de los jueces. Como no existen parámetros sobre la materia suele hablarse de que esto es una lotería, por lo que, el monto de la indemnización dependerá, en última instancia, del tribunal que dicte la sentencia. Por ello, se valoran los primeros intentos por establecer parámetros como el contenido en el artículo 41 de la Ley N°19.966 – ley Auge – sobre responsabilidad de los órganos de la administración del Estado en materia sanitaria que dispone que la indemnización por daño moral será fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas. A falta de normas similares en el resto del ordenamiento jurídico, no se advierte que exista inconveniente para aplicarla en otras materias, haciendo uso de un ejercicio interpretativo integrador conforme lo prevenido en el artículo 22 del Código Civil. Sobre este asunto, además, cabe tener en consideración que la Corte Suprema se encuentra, actualmente, trabajando en conjunto con la Escuela de Derecho de la U. de Concepción con el propósito de elaborar baremos o tablas de indemnización por daño moral, a fin de orientar el trabajo de los jueces, tal como sucede en el derecho comparado.
Así las cosas, lentamente, la noción del daño moral ha dejado de ser una sola instauración de la jurisprudencia para comenzar a ser reconocido en forma explícita por el legislador nacional, tal como ocurre en los siguientes cuerpos normativos: Artículo 69 de la Ley N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; Artículo 3 e) de la Ley N°19.496 sobre protección a los derechos del consumidor; Artículo 23 inciso 1° de la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada; Artículo 40 de la Ley N°19.733 sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo; y el ya citado artículo 41 de la Ley N°19.966 sobre responsabilidad de los órganos de la administración del estado en materia sanitaria.
“Las bicicletas son para el verano”: La paradoja filosófica del ciclista urbano
La película española “las bicicletas son para el verano” nos traslada a 1936. La guerra civil envuelve a la familia de don Luis y, uno de sus hijos - Luisito - ve pospuesta la compra de la bicicleta prometida por su padre. Así las cosas, la llegada de la futura bicicleta, para cuando concluya la guerra, vino a transformarse en el anhelo de tiempos mejores.
Así como para Luisito, el uso de la bicicleta se ha transformado para muchos apesadumbrados habitantes de la ciudad, en una suerte de promesa de tiempos mejores, aumentando exponencialmente los usurarios de este medio de transporte que, con mayor o menor sofisticación, circulan raudos a sus casas, trabajos, colegios y a cuanto lugar permita el paso de esta nueva estrella de la ciudad.
El uso de la bicicleta también está rodeado de una especie de aura de modernismo y santidad: andar en ella es cool, barato, amigable con el medio ambiente, saludable y, sin duda alguna, puede llegar a transformarse en una medio de transporte rapidísimo si lo comparamos con calles y avenidas cada vez más atestadas de vehículos motorizados que circulan a paso de hormiga. Cuando logran circular.
No voy a discutir las innegables ventajas del uso de la bicicleta. Tampoco pondré en duda que este cambio cultural es probable que se deba al mal uso que, durante tanto tiempo, hemos hecho de los vehículos particulares y de las pésimas políticas implementadas en materia de locomoción colectiva. Un par de ejemplos para ilustrar lo anterior: si usted se detiene a una hora punta en una esquina del centro de la ciudad a contemplar por unos minutos el tráfico, podrá apreciar dos cosas: a) más del 80% de los vehículos particulares que congestionan por doquier circulan sólo con su chofer a bordo; y b) los tacos se ven catastróficamente coronados por la presencia de buses orugas, originalmente diseñados para desplazarse por trazados rectos, pero que, sin embargo, intentan zigzaguear por entre angostas calles e, incluso, por autopistas de alta velocidad.
En este contexto urbano abrumador, la bicicleta se yergue como la esperanza de un mundo mejor, como la bicicleta de Luisito. Eso justifica que las protestas o marchas ciudadanas, cada vez más frecuentes en un país sujeto a profundas mutaciones como el nuestro, suelan tener por protagonista a estos pedaleros del cambio: “la bicicleta nos hará libres”. Quién sabe si, quizás, el aumento de los runners obedezca un poco, en parte, a esto mismo.
Como sea, una puesta en escena tan popular como la de los pedaleros del cambio, difícilmente, podría dejar de ser pesquisada por los operadores políticos y comunales, muchas veces, más preocupados por subir en las encuestas que en proponer buenas ideas que miren al bien común. De este modo, han ido naciendo como por generación espontánea una serie de iniciativas tendientes a crear circuitos establecidos para el tránsito de bicicletas, cuestión respecto de la cual no tengo reparo alguno.
Mi problema es otro y tiene que ver más con el deficiente marco regulatorio del ciclista urbano. En efecto, esta carencia de regulación jurídica ha posibilitado que muchos ciclistas – no todos, desde luego – hayan logrado extrapolar el clásico perfil de conductor de vehículo motorizado desequilibrado a las dos ruedas. Un grupo significativo de los pedaleros del cambio se han transformado en verdaderos peligros para transeúntes y automovilistas. Circulan a alta velocidad por todos los lugares que usted pueda imaginar, desde luego, por las veredas, poniendo en riesgo grave la seguridad de niños, ancianos, mujeres embarazadas y de todos los que no tengan la rapidez suficiente para evitarlos cuando se aproximan desde atrás, desde adelante, por un costado o por el otro. A muchos de estos ciclistas furiosos la toxicidad urbana de las calles los ha transformado en hombres y mujeres agresivos que suelen no respetar las señales del tránsito ni los criterios de la más mínima prudencia. Y esto ya no es para nada amigable con el medio ambiente.
Por el futuro de mi descendencia y el mío propio no quisiera imaginar una ciudad dominada por las bicicletas. Ya conocen de esta plaga urbana países como Holanda. Pero, por favor, no se mal entienda. Ni estoy en contra de la regulación de un trazado urbano ordenado para el uso de bicicletas ni busco reivindicar el empleo del automóvil particular como forma preferente de transporte en la megaciudad. Lo que quiero decir es, simplemente, que la regulación normativa que se hecha de menos tiene que ver más con asuntos técnicos que con propaganda ambientalista.
Y acá entro en lo que me parece el fondo del problema: por raro que parezca, creo que existe aquí un asunto de orden puramente filosófico.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al individualismo como la “tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás, o sin sujetarse a normas generales". Se trata, entonces, de una disposición filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado.
Tengo la intuición, pues, que detrás de los conductores de vehículos motorizados que colapsan la cuidad, intentando trasladarse sin más pasajeros a bordo, existe el mismo principio subyacente que en el de los ciclistas furiosos que se movilizan sin respetar nada ni a nadie; con una salvedad: que los pedaleros del cambio viajan raudos, esquivando autos y transeúntes, felices de creer que le ganaron la partida a los vehículos motorizados, al tiempo y a la ciudad.
Pues bien, el mínimo común denominador que existe entre buena parte de los ciclistas furiosos y los conductores furiosos de vehículos motorizados se llama individualismo. Conceptualmente, no existe diferencia alguna entre un chofer de auto que echa encima su coche y un ciclista que piensa que por conducir un vehículo ecológico tiene asegurada la impunidad para “mandar al carajo” a quien se cruce por su camino.
Así como la solución para aliviar el tráfico no es ampliar infinitamente las avenidas destinadas a los vehículos motorizados, tampoco lo es, favorecer sin restricción alguna la creación de ciclovías. Si usted aumenta la presión del agua al interior de una manguera, tarde o temprano, el plástico terminará por explotar.
En otras palabras, es evidente que la ley y la autoridad no deben propender al individualismo sino, por el contrario, al bien común. En este sentido, el círculo vicioso se rompe si aceptamos como sociedad que el vivir en una megaciudad siempre implicará restricciones personales establecidas en pos del bienestar común. ¿Quién dice que si los siete millones de habitantes de Santiago compraran un coche tienen el derecho constitucional asegurado para circular por doquier? ¿Quién dice que si dos millones de habitantes deciden movilizarse en bicicleta están legitimados, jurídicamente, para “tomarse” la ciudad cuándo y dónde quieran?
Las restricciones a las que me refiero están asociadas al imperativo de profundizar las políticas públicas tendientes a establecer como eje central de la movilización urbana la locomoción colectiva. Así, no debiera interesarnos que los automóviles tengan prohibición total o parcial para transitar por ciertos lugares; tampoco que los pedaleros del cambio tengan restricciones legales en el mismo sentido.
Lo verdaderamente relevante es que el Estado diseñe y ejecute proyectos de favorezcan la locomoción pública para que, de una vez por todas, la gente entienda que, por más cómodo que sea el “individualismo circulante”, a la larga, éste siempre lleva implícito el germen de la autodestrucción en las grandes concentraciones humanas.
Un buen ejemplo de lo que hay que hacer en ciudades congestionadas es lo que está haciendo el metro de Santiago. Se trata de un servicio de lujo. Por más apiñado que se pueda viajar en un carro en una hora punta se llega rápido a destino. El aumento de los trenes, de sus frecuencias y del trazado le está cambiando la cara a la ciudad. Si logramos, ahora, desincentivar y, derechamente, restringir el uso del automóvil y de su clon filosófico – la bicicleta – podremos tener vías expeditas por las que circule locomoción colectiva de superficie, de calidad y rápida.
Al igual que sucedió con Luisito, la anhelada bicicleta no resuelve el problema de fondo: convivir con tolerancia, privilegiando la colectividad por sobre el individuo.
en abril 23, 2013 2 comentarios: Enlaces a esta entrada
La “unificación de penas”: entre la bruma y la realidad
Hace algunas semanas atrás el profesor de derecho penal y procesal penal de la PUCV, Dr. Guillermo Oliver, tuvo la gentileza de enviarme un trabajo que realizó en el marco de una investigación Fondecyt referente al proceso de determinación de la pena. Como consecuencia de lo anterior, en el N°14 de la revista Política Criminal, correspondiente al mes de diciembre de 2012, apareció publicado el trabajo titulado “aproximación a la unificación de penas”.
Lo que me llamó poderosamente la atención fue advertir que desde el mundo universitario se alertara respecto de un asunto que, hace bastante tiempo, tengo atorado a la altura de la faringe y que el profesor Oliver aborda en este trabajo con total franqueza. En razón de esto, su escrito me ha estimulado a compartir con ustedes una de sus conclusiones.
La figura de la “unificación de penas” aparece en nuestro ordenamiento jurídico penal con motivo de la redacción del artículo 160 del Código Orgánico de Tribunales (COT) – hoy derogado – el que, en su inciso 2, disponía que, cuando el antiguo juez del crimen debía de conocer diferentes causas seguidas en algún momento de forma simultanea respecto de una misma persona, debía considerar en el último fallo las sentencias que se hubieren dictado con anterioridad en estos procesos. Añadía este inciso: “si procediere unificar las penas, el tribunal lo hará al dictar la última sentencia”.
Con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal esta figura pasó al actual artículo 164 del COT, pero con un gran reparo. Las palabras “unificación de penas” fueron explícitamente eliminadas, no obstante lo cual, todavía en la práctica, muchos operadores del sistema procesal penal siguen relacionando al artículo 164 COT con la antigua “unificación de penas” del artículo 160 del mismo cuerpo legal.
Lo importante, tal como lo sostiene el profesor Oliver, es que no se trata sólo de un cambio nominal, ya que figura en si, presenta diferencias en relación al estatuto anterior y esta diferencia está siendo ignorada en la práctica.
Es verdad. El fundamento del antiguo artículo 160 COT y el actual artículo 164 COT son similares en cuanto a que se busca evitar que cuando exista una pluralidad de procesos que se sigan en contra de una misma persona, por diferentes hechos que pudieron ser juzgados conjuntamente, la suma de las condenas impuestas en cada uno de ellos produzca una situación más perjudicial para el imputado, al resultar estas condenas, mayores a las penas que habría correspondido imponer si se hubiera realizado un juzgamiento conjunto.
Sin embargo, con la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal, la figura del antiguo artículo 160 del COT cambió sustancialmente, ya que la acumulación obligatoria de procesos seguidos en contra de una misma persona o su desacumulación excepcional – presupuesto base del Art. 160 COT - dejaron de ser una facultad jurisdiccional y pasaron a ser un privilegio del Ministerio Público que a menudo se funda en razones de política criminal o en simples necesidades administrativas del servicio.
Con todo, uno de los problemas que presenta el actual artículo 164 del COT es la errada interpretación que de él hacen innumerables Juzgados de Garantía y Tribunales del Juicio Oral en lo Penal al aplicar el procedimiento que contenía el antiguo artículo 160 COT para los jueces del crimen, es decir, dictar una sentencia posterior a todas las condenas dictadas, incluso por otros tribunales, que abarque la totalidad de los hechos que ya han sido juzgados, e imponer al imputado una pena única, unificada.
El profesor Oliver sostiene, con razón, que de acuerdo con la actual regulación de esta figura no es posible que un tribunal modifique un fallo pronunciado con anterioridad, ni menos uno que ha sido dictado por otro tribunal. Lo anterior también es sostenido por el profesor Jean Pierre Matus, quien señala que el texto del antiguo artículo 160 COT, por utilizar la palabra “unificación”, y considerando que las diversas sentencias eran dictadas por un mismo tribunal, parecía admitir la posibilidad de modificar los fallos anteriores y sustituirlos por una sentencia final que unificara todas las penas.
Muy por el contrario, el actual artículo 164 del COT utiliza la expresión “fallo posterior”, por lo que dispone, simplemente, que un tribunal adapte “su sentencia” en consideración a las condenas anteriores que cumplan los requisitos legales, pero sin modificar los fallos precedentes.
En consecuencia, un tribunal no puede “unificar” las penas anteriormente impuestas por otros tribunales con la que imponga él. Sólo puede, para ajustar su sentencia y no superar el límite de pena que establece el artículo 164 COT, lo siguiente:
a) disminuir la pena que va a imponer o que ya impuso;
b)condenar sin imponer pena alguna o modificar la sentencia condenatoria que ha dictado para no imponer pena cuando el hacerlo implicaría exceder el máximo de pena que pudiere imponerse;
c) condenar, pero otorgar algún beneficio – o pena sustitutoria conforme a la ley N°20.603, añadiría yo – compatible con la pena que habría podido imponer en un eventual juzgamiento conjunto o modificar la sentencia condenatoria que ha dictado para otorgar un beneficio - o pena sustitutoria – compatible con dicho juzgamiento; y
d) considerar atenuantes o suprimir agravantes en la condena que dicte o modificar la sentencia condenatoria que ha dictado para considerarlas o descartarlas, respectivamente.
En síntesis, un tribunal nada tiene que unificar, porque no está autorizado a modificar las sentencias anteriormente dictadas respecto de un mismo imputado; sólo debe procurar regular la pena que él impone, de modo que la suma de ella con las anteriores no exceda el límite del artículo 164 COT.
Como se ve, entonces, las figuras del antiguo artículo 160 COT y del actual artículo 164 COT son diferentes y, aunque su fundamento es el mismo, sus efectos en materia de determinación de pena son diferentes. La antigua “unificación de penas” sólo subsiste de modo excepcional en el actual artículo 12 del Código de Justicia Militar para las causas que se tramitan conforme a esta normativa.
en marzo 20, 2013 6 comentarios: Enlaces a esta entrada
El procedimiento abreviado en la ley N°20.084 sobre responsabilidad penal adolescente
El primer inciso del artículo 27 de la Ley N°20.084 establece que la investigación, juzgamiento y ejecución de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se regirá por las disposiciones contenidas en la aludida ley y, supletoriamente, por las normas del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el inciso segundo de la norma citada añade que el conocimiento y fallo de las infracciones respecto de las cuales el Ministerio Público requiera una pena no privativa de libertad se sujetará a las reglas del procedimiento simplificado o monitorio, según sea el caso, regulados en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal.
Un primer asunto del que es necesario hacerse cargo es aquél relativo a la procedencia o no del procedimiento abreviado en los hechos en que aparezca involucrada la responsabilidad de un imputado adolescente. La hipótesis que interesa, desde luego, no es la de los concursos de procedimientos a que se refiere el artículo 28 de la Ley N°20.084, ya que es esta misma norma la que establece la procedencia del abreviado respecto de los adultos, ya sea, por la vía de las reglas aplicables a los mayores de edad – inciso primero – o por la vía de la separación de investigaciones – inciso segundo –
Retomando el tema, entonces, como el artículo 27 de la ley no se refiere al procedimiento abreviado algunas resoluciones de tribunales de primera instancia, en algún momento, estimaron que las causas en que el fiscal requiere la imposición de una pena no privativa de libertad deben ser tramitadas conforme a las reglas del procedimiento simplificado o monitorio, según sea el caso. A contrario sensu, el requerimiento de una pena privativa de libertad, esto es, la internación en régimen cerrado o semicerrado, no sería de competencia de los Juzgados de Garantía conforme a esta interpretación sino, por exclusión, de los Tribunales del Juicio Oral en lo Penal. Además del argumento literal, se ha sostenido en apoyo de esta posición que, por la especial situación jurídica de los menores de edad, la imposición de una pena privativa de libertad no puede surgir de su autoincriminación sino sólo como consecuencia de un juicio oral en donde las garantías procesales encuentran su mayor extensión.
El texto original del actual artículo 27 de la Ley N°20.074 estaba contenido en el artículo 34 del Mensaje y ya incorporaba el principio de supletoriedad del Código Procesal Penal, así como también, las referencias a los procedimientos simplificado y monitorio que indica la ley en actual vigencia.
La discusión expresa respecto de la procedencia del procedimiento abreviado vino a presentarse, a propósito del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
En este contexto, la Corporación “Opción” estableció que era conveniente crear un procedimiento breve aplicable a las faltas contempladas en el catálogo infraccional, considerando la posibilidad de aplicarlas a la criminalidad leve en que existiera aceptación de los hechos por parte del adolescente.
Así las cosas, la procedencia de la aceptación del imputado adolescente como mecanismo destinado a evitar la realización del juicio oral no fue un asunto sustancialmente controvertido. El punto es que, la redacción original del actual artículo 27, no se refería en forma expresa al procedimiento abreviado; ello indujo al Grupo de Trabajo a estimar que debía establecerse con claridad cuál sería el procedimiento pertinente, de modo que no quedare imprecisión alguna en esta materia ni tampoco se entregare al Juez esta definición. Con motivo de esta problemática, el Fiscal Nacional de entonces propuso modificar la redacción del artículo, de modo tal, que se indicara en forma expresa que en aquellos casos en que se requiriera una pena no privativa de libertad el procedimiento debía sujetarse a las reglas del procedimiento simplificado. Al mismo tiempo, sugirió incorporar otro inciso en el que se indicara que aquellas infracciones respecto de las cuales se requiriera una pena privativa de libertad, el procedimiento debía regirse conforme a las disposiciones del procedimiento ordinario, a menos que concurrieran los requisitos que hicieren procedente el uso del procedimiento abreviado.
Sin embargo, en el seno del grupo de trabajo de la ley también se discutió acerca de la improcedencia del procedimiento abreviado en aquellos casos en que se requiriera la imposición de una pena privativa de libertad. Al respecto se dijo que, con el fin de resguardar un debido proceso y considerando la existencia de los recursos suficientes para la realización de juicios orales, lo natural era que cuando se discutiera la imposición de una sanción privativa de libertad, dicha discusión se hiciera ante un Tribunal Oral en lo Penal. Para ello, incluso, se propuso agregar el siguiente inciso:
“Si el fiscal solicita como pena una sanción privativa de libertad, el caso deberá ser resuelto en juicio oral”.
El caso es que esta redacción, finalmente, fue desechada y se resolvió establecer como norma general la aplicación preferente de la ley N°20.074 y, supletoriamente, las normas del Código Procesal Penal.
En consecuencia, de lo anterior se concluye que, a falta de regulación expresa en la ley especial, en aquellos casos en que se solicite la imposición de una pena privativa de libertad habrá de aplicarse en forma supletoria el Código Procesal Penal. Ello nos conduce a la aplicación del procedimiento ordinario del Libro II de este Código y, de concurrir los requisitos legales, también a la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado.
Si bien, en principio, nadie discute la procedencia de las normas del procedimiento penal ordinario para el caso de solicitar el fiscal la imposición de una pena privativa de libertad, sí se hace cuestión respecto de la posibilidad de concluir el proceso mediante un procedimiento abreviado.
Además de las razones contenidas en la historia de la ley a las que ya me he referido, no se advierte razón alguna para estimar la improcedencia del procedimiento abreviado. Por el contrario, cerrar la puerta a este procedimiento especial podría ocasionar una discriminación en perjuicio de los adolescentes, ya que los adultos que sí pueden optar por esta tramitación, no obstante la diversa naturaleza de la pena aplicable, podrían acceder a una sanción de menor intensidad real producto de las negociaciones propias de este procedimiento. Por estas mismas consideraciones, los jueces del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal pueden imponer una pena de mayor intensidad al adolescente pues, en este caso, no rige como límite la pena solicitada por el fiscal como sí ocurre en el procedimiento abreviado.
Un segundo problema que se ha planteado a propósito del procedimiento abreviado en el marco de la vigencia de la Ley N°20.084 es el relativo a la solicitud del fiscal de una pena privativa de libertad inferior a los 541 días.
El Ministro Rodrigo Cerda ha planteado que, al ser el artículo 388 del Código Procesal Penal supletorio del artículo 27 inciso 2° de la Ley N°20.084, si el fiscal requiere una pena cuyo quantum es inferior a 540 días, debe primar la norma supletoria, con lo que, tal solicitud deberá tramitarse conforme a las normas del procedimiento simplificado.
En apoyo de esta posición sostiene que, el juicio oral simplificado, satisface las exigencias de un justo y racional procedimiento; y, por otra parte, de aceptarse responsabilidad en los hechos del requerimiento, el imputado adolescente se vería beneficiado con el límite menor de pena requerida por el Ministerio Público.
Sin embargo, en mi opinión existen, a lo menos, tres razones para discrepar de la opinión del distinguido colega.
En primer lugar, el sistema de penas establecido por la Ley N°20.084 difiere sustancialmente del régimen vigente para los adultos. Si bien es cierto, el artículo 21 de la referida ley, establece que la base inicial de la determinación de la pena aplicable a un adolescente resulta de la misma susceptible de haber sido aplicada a un adulto, éste sólo constituye el primer paso a seguir, pues, a continuación, se debe realizar la rebaja en grado del artículo 21 y, finalmente, determinar las penas consignadas en el artículo 23 conforme a los criterios establecidos en el artículo 24. De lo anterior se colige que, la determinación del quantum de la pena de un adolescente, no está delimitada, necesariamente, por la pena inicial calculada para un adulto.
En otras palabras, si, por ejemplo, la pena calculada antes de la aplicación del artículo 23 de la Ley es la de 540 días de presidio, al imponer, luego, alguna de las sanciones previstas para un adolescente dentro de las alternativas contenidas en el aludido artículo 23 el tope de la misma no será, necesariamente, los 540 días, ya que estos son meramente referenciales para la selección de la sanción específica y, en definitiva, habrá que atender a los límites especiales contenidos en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para precisar su extensión. Así, por ejemplo, si la pena inicial resultante es 540 días de reclusión, sería posible, no obstante, imponer una pena de internación en régimen semicerrado de dos años, ya que, el límite superior de la misma, la establece el legislador en el artículo 18 de la ley – 5 ó 10 años, según corresponda –
Es por esta misma razón que no existe impedimento alguno para condenar a un imputado adolescente a una pena no privativa de libertad, por ejemplo de tres años de libertad asistida especial, en procedimiento simplificado. En este caso, nadie cuestiona que la duración de la misma sea superior a 540 días.
Probablemente, con la finalidad de simplificar el sistema, lo habitual es que los fiscales del Ministerio Público no tengan en cuenta esta consideración y se limiten a solicitar una pena para un adolescente conforme al mismo quantum resultante del cálculo previo para un adulto. Eso, naturalmente, constituye un límite para el tribunal, pero no significa que, jurídicamente, exista una equivalencia entre la determinación del quantum de la pena de un adolescente y un adulto.
Así las cosas, parece erróneo centrar el debate del procedimiento a aplicar con motivo de la Ley N°20.084 en el quantum de la pena final, pues, según se desprende de lo señalado, la distinción sólo debe ser realizada, a propósito de la naturaleza de la sanción, esto es, si es o no privativa de libertad.
En segundo lugar, consta fehacientemente de la historia fidedigna de la ley que, en ningún momento, el legislador consideró aplicar a las solicitudes de imposición de penas privativas de libertad las reglas del procedimiento simplificado. Por el contrario, en estos casos, la discusión parlamentaria siempre se centró en el cuestionamiento a aquél y en la necesidad de aplicar, en su remplazo, el procedimiento ordinario, a fin de garantizar de mejor forma los derechos del imputado que arriesga una pena de mayor intensidad.
Por lo mismo, y en tercer lugar, el argumento en cuanto a que resultaría más conveniente la aplicación del procedimiento simplificado, porque éste puede ser más beneficioso para el adolescente que enfrentar un posible juicio oral simplificado, no tiene sustento en definitiva, si recordamos que la aplicación del procedimiento ordinario no excluye la posible aplicación del procedimiento abreviado. En tales circunstancias, entonces, la ventaja descrita en cuanto a la rebaja de pena derivada de la negociación resultante del procedimiento simplificado, también puede conseguirse por la vía del procedimiento abreviado.
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 artículo 1556
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 artículo 27
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 artículo 34
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 artículo 388
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 artículo 21
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 23
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 artículo 18