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Timestamp: 2019-12-10 14:17:55+00:00

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Decreto Foral 60/2015, del Consejo de Diputados de 9 de diciembre, que modifica el Decreto Foral 1074/1988, de 14 de junio, regulador de las normas para la prestación por esta Diputación de la asistencia jurídica a los municipios y entidades locales menores del Territorio Histórico de Álava.
Publicado en BOTHA núm. 152 de 30 de Diciembre de 2015
ANEXO . Decreto del Consejo de Diputados 1074/1988, de 14 de junio, por el que se establecen las normas para la prestación por la Diputación Foral de Álava de asistencia jurídica a los municipios y entidades locales menores del Territorio Histórico.
CAPÍTULO 2. DE LA ASISTENCIA JURÍDICA
SECCIÓN PRIMERA. DEL ASESORAMIENTO JURÍDICO
SECCIÓN SEGUNDA. DE LA DEFENSA EN JUICIO
CAPÍTULO 3. DEL PROCEDIMIENTO
Tradicionalmente la Diputación Foral de Álava ha venido prestando asistencia y asesoramiento técnico a las entidades locales integrantes del Territorio Histórico.
Entre las modalidades de asistencia que presta esta Diputación a las entidades locales alavesas tiene especial relevancia el asesoramiento jurídico en materias de competencia de dichas entidades así como la asistencia letrada en juicio.
Ambos aspectos fueron regulados a través del Decreto del Consejo de Diputados 1074/1988, de 14 de junio, el cual, partiendo de los principios de supletoriedad y voluntariedad en la asistencia jurídica a prestar por la Diputación Foral de Álava a las entidades locales menores, estableció el objeto y procedimiento del mismo.
Dicho Decreto 1074/1988 consta de tres capítulos. El Capítulo uno, titulado Disposiciones Generales, establece los principios generales sobre los que se asienta la asistencia jurídica a prestar por la Diputación Foral de Álava y define cuáles son las entidades locales que pueden solicitar dicha asistencia.
El Capítulo dos comprende las dos modalidades de asistencia jurídica que presta esta Diputación Foral, a saber, el asesoramiento jurídico en materias que tengan relación directa con las competencias de los municipios y demás entidades locales, al cual está dedicada la sección primera de dicho capítulo dos, y la defensa en juicio de los entes locales en todos aquellos procedimientos en que fueren parte, al cual se dedica la sección segunda del referido Capítulo.
Finalmente, el capítulo tres del Decreto 1074/1988 está dedicado a regular el procedimiento a seguir para la prestación de la asistencia jurídica a las entidades locales. Dicho procedimiento consiste, sucintamente, en la solicitud, previa y escrita, de la entidad local interesada en recibir asistencia o defensa letrada, a la que sigue un examen por parte del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Económico de las Entidades Locales, de la viabilidad de la pretensión y procedencia, en su caso, de acceder a tal asistencia, que podrá ser prestada directamente por dicho servicio o mediante la designación de un letrado ajeno a la Diputación.
En este último caso, esta asistencia se concreta y materializa en el pago por la Diputación Foral de Álava de los honorarios del letrado al que se encomienda la defensa letrada de la entidad, así como los derechos del procurador que le represente, como así se establece en el artículo nueve de dicho Decreto Foral.
Ahora bien, en la práctica se observa la conveniencia de delimitar los extremos en que se materializa dicho abono de costas procesales por parte de la Diputación Foral de Álava. Así, conviene redefinir o precisar los conceptos de cuyo abono se hace cargo esta administración una vez se ha concedido asistencia letrada a la entidad local a través del procedimiento regulado en los artículos 11 y siguientes del citado Decreto 1074/1988, en el sentido de excluir de dicho abono las eventuales condenas en que pudiera incurrir la entidad litigante, quedando excluida también la eventual condena al abono a la parte contraria de las costas causadas en el litigio de que se trate.
Igualmente, conviene dejar constancia expresa de la exclusión del abono de dictámenes periciales u otros informes de especialistas en que podría incurrirse en el trascurso procesal del litigio, pues como se ha indicado, el artículo 9 del Decreto concreta la asistencia prestada por la Diputación Foral de Álava a la entidades locales del Territorio Histórico en el pago de los honorarios de letrado -caso de que éste no pertenezca a la propia Diputación- y de los derechos del procurador que represente a la entidad, con exclusión del abono de honorarios u otros gastos causados por cualquier otro profesional que deba intervenir en el proceso.
De otra parte, puede suceder que en el fallo de la sentencia se condene a la parte contraria a la entidad local al abono de las costas causadas. Pues bien, en tales casos, cuando la asistencia letrada y defensa en juicio han sido prestadas por letrados pertenecientes a este Servicio, parece razonable que la propia Diputación Foral de Álava pueda repetir contra la entidad local por ella asistida los honorarios devengados por sus letrados, una vez dichos honorarios hayan sido abonados por la parte vencida en juicio, pues de otra forma, se produciría como resultado un enriquecimiento injusto, al percibir el montante de la condena en costas, costas cuyo efectivo la entidad local no habría desembolsado, habida cuenta de que la defensa se la habría prestado la propia Diputación Foral de Álava mediante sus letrados.
Por las razones antedichas, parece aconsejable modificar el referido Decreto Foral 1074/1988, respetando íntegramente su texto y contenido, si bien introduciendo pequeñas adiciones en el sentido expuesto, adiciones que afectan únicamente al artículo 9 del referido Decreto Foral 1074/1988, dedicado al pago de honorarios de letrado y procurador, y también en el sentido de actualizar el nombre del departamento competente, pues en el año 1988 -año en que se aprobó el Decreto Foral 1074-se denominaba Departamento de Relaciones con Entidades Locales, resultando que en la actualidad su nombre es Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial.
Por último, resulta conveniente introducir un inciso final al artículo 15 del Decreto Foral 1074/1988, en el sentido de indicar que la adopción por parte de la entidad local solicitante de asistencia, de las decisiones que estime procedentes serán, en todo caso, de su entera responsabilidad.
Visto el artículo 7 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava, a propuesta de la Diputada Foral de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial , y en su virtud,
Primero. Modificar el Decreto Foral 1074/1988, incluyendo, a continuación de su artículo 9, un nuevo artículo, rubricado como artículo 9 bis, con el siguiente contenido:
Queda excluido expresamente el abono, por parte de la Diputación Foral de Álava a la entidad local litigante, de los siguientes conceptos:
a) El abono de las tasas judiciales introducidas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el caso de que las mismas fuesen exigibles.
b) Los informes o dictámenes periciales que pudieran ser aportados al proceso por la entidad local litigante, que serán en todo caso por cuenta de ésta.
c) Las costas judiciales causadas a la parte contraria, caso de que el resultado del litigio comportase para la entidad local litigante la condena a su abono.
d) En su caso, las cantidades dinerarias a que la entidad local litigante resultase condenada a abonar.
Además, cuando el fallo del pleito o litigio condenase a la parte contraria a la entidad local litigante al abono de las costas causadas a ésta, y la asistencia letrada al ente local se hubiese prestado a través de letrado perteneciente a la Diputación Foral de Álava, ésta repetirá contra la entidad local el importe de las costas cuando éstas hayan sido efectivamente abonadas por la parte contraria.
Segundo. Sustituir la denominación del Departamento competente, expresada en el originario Decreto Foral 1074/1988 como Departamento de Relaciones con Entidades Locales, por su actual denominación de Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial.
Tercero. Añadir un inciso final al artículo 15 del Decreto Foral 1074/1988, en el sentido de indicar que la adopción por parte de la entidad local solicitante de asistencia, de las decisiones que estime procedentes serán, en todo caso, de su entera responsabilidad.
Cuarto. Ordenar la publicación del texto del Decreto Foral 1074/1988, de 14 de junio, por el que se establecen las normas para la prestación por la Diputación Foral de Álava de asistencia jurídica a los municipios y entidades locales menores del Territorio Histórico, con la inclusión de un nuevo artículo, rubricado como artículo 9 bis, y la sustitución de toda referencia al anterior Departamento de Relaciones con Entidades Locales, sustituyéndolo por su denominación actual de Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial, quedando redactado el Decreto Foral 1074/1988 tal como se indica en el Anexo a esta resolución.
Quinto. El presente Decreto Foral 1074/1988, en su redacción modificada, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOTHA.
Decreto del Consejo de Diputados 1074/1988, de 14 de junio, por el que se establecen las normas para la prestación por la Diputación Foral de Álava de asistencia jurídica a los municipios y entidades locales menores del Territorio Histórico.
La asistencia jurídica que la Diputación Foral de Álava presta a los municipios y entidades locales menores del Territorio Histórico de Álava se regulará por las normas del presente Decreto Foral.
Los servicios de asesoramiento a los que se refiere el presente Decreto Foral se basarán fundamentalmente en los siguientes principios:
a) El de supletoriedad o complementariedad, según el cual la asistencia prestada por la Diputación Foral suplirá o complementará las actuaciones que en este orden decidan desarrollar las propias entidades locales alavesas.
b) El de voluntariedad, a cuyo tenor la asistencia jurídica será prestada por la Diputación Foral de Álava siempre a petición de las entidades locales alavesas.
Podrán solicitar de la Diputación Foral de Álava los servicios de asesoramiento y asistencia regulados en el presente Decreto Foral los municipios -sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 respecto de los municipios con población superior a 5.000 habitantes- y entidades locales menores alavesas, los organismos con personalidad propia dependientes de los entes locales y cualesquiera otras entidades locales de carácter asociativo, tales como mancomunidades, consorcios y agrupaciones municipales, así como las parzonerías y otras comunidades de bienes constituidas por entidades locales, siempre y cuando la entidad solicitante carezca de medios propios en las áreas que específicamente se regulan.
La asistencia jurídica a cuantas Entidades, Organismos y Comunidades se refiere el artículo 3 comprenderá:
1. El asesoramiento jurídico.
2. La defensa en juicio, en los términos que se determinan en el presente Decreto Foral.
DEL ASESORAMIENTO JURÍDICO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, la Diputación Foral de Álava asumirá, a instancia de los entes, organismos y administraciones locales a que se refiere el artículo 3 que expresamente lo soliciten, el asesoramiento jurídico en las materias que tengan relación directa con las competencias de los municipios y demás entes citadas en el artículo 3. Este asesoramiento se efectuará mediante la contestación de consultas y la emisión de los informes y dictámenes que fueren procedentes.
El asesoramiento jurídico a que se refiere el artículo anterior será prestado por el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Económico de las Entidades Locales del Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral, salvo que las circunstancias del caso hiciesen aconsejable el encargo a profesionales Letrados ajenos a ella.
En este último caso, será de aplicación al pago de las minutas de honorarios de dichos Letrados lo dispuesto en el artículo 9.
La defensa en juicio de las entidades locales relacionadas en el artículo 3, en todos aquellos procedimientos en que fueren parte podrá ser solicitada de la Diputación Foral conforme al procedimiento que se establece en el capítulo 3.
La dirección letrada para los procedimientos en los que sea expresamente acordada será asumida por el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Económico de las Entidades Locales a que se refiere el artículo 6, salvo que la entidad interesada designe otro letrado en ejercicio, designación que necesariamente habrá de comunicarse a la Diputación Foral a los efectos previstos en el artículo siguiente.
El pago de los honorarios del letrado, cuando éste no pertenezca a la Diputación, y de los derechos del procurador que represente a la entidad local, cuando dicha representación sea preceptiva, se realizará total o parcialmente, según los casos, por la Diputación Foral con cargo a la consignación que anualmente se realice en su presupuesto ordinario con dicha finalidad.
La Diputación decidirá libremente si dicho abono se realizará total o parcialmente, teniendo en cuenta para ello la cuantía de la minuta de honorarios o cuenta de derechos y el importe disponible de la consignación en el Presupuesto.
Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso abonará la Diputación una cantidad superior a la mínima fijada para el asunto a procedimiento de que se trate en las normas aprobadas por los colegios de abogados y procuradores de Álava.
De lo dispuesto en este artículo y en el anterior, se excluyen los ayuntamientos y organismos dependientes de ellos de los municipios con más de 5000 habitantes.
No podrán ser objeto de defensa letrada:
1. El ejercicio de acciones judiciales de cualquier clase contra la propia Diputación Foral de Álava, o cualquiera de las entidades u organismos a que se refiere el artículo 3.
2. Las peticiones de carácter particular que tengan por objeto la impugnación de actos o acuerdos municipales o concejiles por parte de los miembros integrantes de dichos órganos que hubiesen votado en contra de los mismos.
3. La defensa de la entidad local en la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el acuerdo objeto del recurso fuere una resolución del Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Álava revocatoria o anulatoria del acto o disposición sometidos a su consideración.
4. Los asuntos que correspondan sustanciarse ante la jurisdicción penal.
5. Aquellos asuntos cuya defensa en juicio se considere improcedente, según lo prevenido en el artículo 13 del presente Decreto Foral.
1. Para posibilitar la prestación de los servicios a los que se refiere el presente Decreto Foral será necesaria la presentación por escrito de la oportuna solicitud suscrita por el alcalde o presidente del ente local de que se trate, precisando con claridad los extremos sobre los que se interesa al asesoramiento o el objeto para el que se solicita la asistencia letrada en juicio.
Se exceptúan de lo anterior las consultas referidas o asuntos que por su falta de complejidad puedan ser contestados verbalmente.
2. Con carácter previo a la petición de defensa en juicio deberá necesariamente la entidad local interesada solicitar del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Económico de las Entidades Locales del Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial la emisión de informe acerca de la posibilidad o viabilidad de tal defensa en relación con el asunto de que se trate.
3. A la solicitud de defensa en juicio deberá acompañarse preceptivamente la certificación pertinente del acuerdo adoptado en tal sentido por el órgano competente del ayuntamiento o ente local de que se trate, conforme a la normativa aplicable para el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes.
Las solicitudes de asesoramiento y defensa en juicio deberán ir acompañadas de una copia del expediente administrativo antecedente de la resolución o acuerdo previo, sin perjuicio de la ampliación de datos y documentos que la Diputación Foral considere conveniente recabar.
Recibida la petición de asistencia jurídica o defensa en juicio, el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Económico de las Entidades Locales emitirá informe previo en que se determinará la procedencia o no de la prestación de la asistencia o defensa solicitada, la cual, en su caso, será concedida mediante Orden Foral de la Diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial. Dicho informe previo decidirá asimismo sobre si tal asistencia o defensa ha de ser prestada por dicho Servicio o mediante la designación de un letrado ajeno a la Diputación.
Salvo resolución expresa y motivada, la Diputación Foral no financiará las peticiones de asistencia jurídica o defensa en juicio que hayan sido encargadas previamente y con carácter unilateral por la entidad local solicitante.
En ningún caso la asistencia jurídica prestada mediante el asesoramiento, consultas, informes o dictámenes será vinculante para la entidad local solicitante, que adoptará las decisiones que estime procedentes bajo su entera responsabilidad.

References: artículo 9
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 3
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
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