Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html
Timestamp: 2016-08-28 12:08:07+00:00

Document:
Vigencia desde 17 de Noviembre de 2007. Esta revisi�n vigente desde 07 de Octubre de 2015
Vigente desde 1/Enero/2008 hasta 30/Enero/2011
Vigente desde 30/Enero/2011 hasta 3/Julio/2011
Vigente desde 3/Julio/2011 hasta 7/Julio/2011
�Cooperaci�n y colaboraci�n interadministrativa
�Obligaciones de los titulares de instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera
Evaluaci�n y gesti�n de la calidad del aire
�Contaminantes atmosf�ricos y objetivos de calidad del aire
�Zonificaci�n del territorio
Prevenci�n y control de las emisiones
�Control de las emisiones
�Modificaci�n sustancial de la instalaci�n
�Contaminaci�n intercomunitaria y transfronteriza
�Planes y programas para la protecci�n de la atm�sfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminaci�n atmosf�rica
�Participaci�n p�blica
�Integraci�n de la protecci�n de la atm�sfera en pol�ticas sectoriales
�Indicadores ambientales
Instrumentos de fomento de protecci�n de la atm�sfera
�Acuerdos voluntarios
�Sistemas de gesti�n y auditor�as ambientales
�Investigaci�n, desarrollo e innovaci�n
�Formaci�n y sensibilizaci�n p�blica
�Fiscalidad ambiental
Control, inspecci�n, vigilancia y seguimiento
�Sistema espa�ol de informaci�n, vigilancia y prevenci�n de la contaminaci�n atmosf�rica
�Estaciones, redes y otros sistemas de evaluaci�n de la calidad del aire
�Obligaci�n de reponer, multas coercitivas y ejecuci�n subsidiaria
�R�gimen sancionador relativo a comercio internacional e intracomunitario
�Actividades e instalaciones incluidas en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n y de la legislaci�n auton�mica
�Instalaciones incluidas en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r�gimen del comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero
�Contaminaci�n lum�nica
�Movilidad m�s sostenible
�Ley de movilidad sostenible
�Reestructuraci�n del Impuesto sobre determinados medios de transporte
�Informaci�n relativa a las emisiones de los veh�culos
�R�gimen aplicable a las instalaciones existentes
�Modificaci�n de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptaci�n de la legislaci�n mercantil en materia contable para su armonizaci�n internacional con base en la normativa de la Uni�n Europea
�Plazo para la aprobaci�n del texto refundido de evaluaci�n de impacto ambiental
�Desarrollo reglamentario de la legislaci�n estatal en las Ciudades de Ceuta y Melilla
.� Relaci�n de contaminantes atmosf�ricos
.� Directrices para la selecci�n de los contaminantes atmosf�ricos
.� Factores a tener en cuenta para el establecimiento de los objetivos de calidad del aire y los umbrales de alerta
.� Cat�logo de actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera. CAPCA-2010
L 33/2015 de 21 Sep. (modificaci�n de la L 42/2007 de 13 Dic., del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) Ocultar / Mostrar comentarios N�mero 2 del art�culo 13 modificado conforme establece la disposici�n final segunda de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (�B.O.E.� 22 septiembre).
L 11/2014 de 3 Jul. (modificaci�n de la L 26/2007 de 23 Oct., Responsabilidad Medioambiental) Ocultar / Mostrar comentarios �ltimo p�rrafo del n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica introducido por la disposici�n final primera de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).
RDL 8/2011 de 1 Jul. (apoyo a los deudores hipotecarios, control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales) Ocultar / Mostrar comentarios Letra d) del n�mero 2 del art�culo 30 redactada por el n�mero dos del art�culo 33 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).
Letra d) del n�mero 3 del art�culo 30 redactada por el n�mero tres del art�culo 33 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).
P�rrafo primero del n�mero 2 del art�culo 13 redactado por el n�mero uno del art�culo 33 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio; correcci�n de errores �B.O.E.� 13 julio).
RDLeg. 1/2011 de 1 Jul. (texto refundido de la Ley de Auditor�a de Cuentas) Ocultar / Mostrar comentarios Disposici�n final cuarta derogada por el n�mero 11 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditor�a de Cuentas (�B.O.E.� 2 julio).
RD 100/2011 de 28 Ene. (actualizaci�n del cat�logo de actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera y establece las disposiciones b�sicas para su aplicaci�n) Ocultar / Mostrar comentarios Anexo IV sustituido conforme establece el n�mero 1 del art�culo 3 del R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el cat�logo de actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera y se establecen las disposiciones b�sicas para su aplicaci�n (�B.O.E.� 29 enero).
L 51/2007 de 26 Dic. (Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2008) Ocultar / Mostrar comentarios Apartado primero de la disposici�n adicional octava redactado, con efectos desde el d�a 1 de enero de 2008, por la disposici�n adicional sexag�sima segunda de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2008 (�B.O.E.� 27 diciembre).
La atm�sfera es un bien com�n indispensable para la vida respecto del cual todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligaci�n de su conservaci�n. Por su condici�n de recurso vital y por los da�os que de su contaminaci�n pueden derivarse para la salud humana, el medio ambiente y dem�s bienes de cualquier naturaleza, la calidad del aire y la protecci�n de la atm�sfera ha sido, desde hace d�cadas, una prioridad de la pol�tica ambiental. As�, a medida que los procesos de industrializaci�n y de urbanizaci�n de grandes �reas territoriales fueron provocando impactos negativos en la calidad del aire, se hizo preciso, tanto en el plano nacional como regional e internacional, la articulaci�n de un amplio repertorio de instrumentos legales tendentes a hacer compatibles el desarrollo econ�mico y social y la preservaci�n de este recurso natural. En este contexto se ubica el importante acervo jur�dico y el conjunto de pol�ticas y medidas que la Comunidad Europea ha venido desarrollando desde los a�os setenta en materia de calidad del aire, y los tratados regionales y multilaterales adoptados para alcanzar otros objetivos de la protecci�n atmosf�rica tales como reducir la contaminaci�n transfronteriza, proteger la capa de ozono o combatir el cambio clim�tico. Por lo que a Espa�a se refiere, tambi�n cabe situar en este proceso la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protecci�n del ambiente atmosf�rico que, junto a su extenso desarrollo reglamentario, ha servido hasta la fecha como norma b�sica para enmarcar la respuesta a los problemas de la contaminaci�n del aire. El resultado de aplicar todas las medidas se�aladas ha generado sin duda alguna importantes mejoras en la calidad del aire, particularmente en lo que se refiere a ciertos contaminantes tales como el di�xido de azufre. Ha permitido fijar objetivos de calidad y de limitaci�n de emisiones, reducir la contaminaci�n de fuentes fijas y m�viles, mejorar la calidad ambiental de los combustibles y abordar problemas como la lluvia �cida o el ozono troposf�rico entre otros. Paralelamente, en las �ltimas d�cadas, tambi�n se han registrado avances en otros frentes de la protecci�n atmosf�rica como la capa de ozono y se ha profundizado en la integraci�n de estas consideraciones en otras pol�ticas sectoriales como la energ�tica o el transporte. No obstante, a pesar de los mencionados logros, la contaminaci�n atmosf�rica contin�a siendo motivo de seria preocupaci�n en Espa�a y en el resto de Europa. Todas las evaluaciones efectuadas ponen de manifiesto que, a pesar de las medidas puestas en marcha en el pasado, a�n existen niveles de contaminaci�n con efectos adversos muy significativos para la salud humana y el medio ambiente particularmente en las aglomeraciones urbanas. Adem�s, los m�s recientes estudios confirman que, de no adoptarse nuevas medidas, los problemas ambientales y de salud persistir�n en el futuro. En concreto en el caso de Espa�a, las evaluaciones de la calidad del aire demuestran que nuestros principales problemas son similares a los de otros pa�ses europeos aunque, en algunos casos, agravados por nuestras especiales condiciones meteorol�gicas y geogr�ficas. II
En virtud de lo expuesto y en el marco de las iniciativas que est�n siendo puestas en marcha tanto por las Administraciones p�blicas espa�olas como por parte de la Comunidad Europea para alcanzar unos niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos o efectos negativos significativos en la salud humana o el medio ambiente, resultaba evidente que en Espa�a era indispensable actualizar y adecuar la capacidad de acci�n frente a la contaminaci�n atmosf�rica. Si bien la Ley de 1972, gracias a su car�cter innovador ha prestado un importante servicio a la protecci�n del ambiente atmosf�rico a lo largo de m�s de treinta a�os, no es menos cierto que, debido a los intensos cambios habidos en el largo periodo de tiempo transcurrido desde su promulgaci�n, hoy en d�a ha quedado desfasada en importantes aspectos y superada por los acontecimientos. Por ello una de las principales medidas a adoptar para fortalecer y modernizar la mencionada capacidad de acci�n era la de elaborar una nueva ley de calidad del aire y protecci�n de la atm�sfera que permitiese dotar a Espa�a de una norma b�sica acorde con las circunstancias y exigencias actuales. Este es, precisamente, el objeto de esta ley, a saber, definir una nueva norma b�sica conforme con las exigencias de nuestro actual ordenamiento jur�dico y administrativo, que se inspire en los principios, enfoques y directrices que definen y orientan la vigente pol�tica ambiental y de protecci�n de la atm�sfera en el �mbito de la Uni�n Europea y que d� adecuada cabida a los planteamientos y requisitos t�cnicos que conforman el acervo comunitario en materia de atm�sfera, y el derivado de los correspondientes convenios internacionales. Con estas premisas y aspirando a un cierto grado de permanencia la ley tambi�n pretende ser lo suficientemente flexible como para posibilitar los oportunos desarrollos reglamentarios que se precisen seg�n se vayan registrando avances en la pol�tica de calidad del aire y de protecci�n del ambiente atmosf�rico. En aras de lograr sus objetivos y en concreto para alcanzar y mantener un nivel de protecci�n elevado de las personas y del medio ambiente frente a la contaminaci�n atmosf�rica de manera compatible con un desarrollo sostenible, esta ley aborda la gesti�n de la calidad del aire y la protecci�n de la atm�sfera a la luz de los principios de cautela y acci�n preventiva, de correcci�n de la contaminaci�n en la fuente misma y de quien contamina paga, y desde un planteamiento de corresponsabilidad, con un enfoque integral e integrador. Por lo que a la corresponsabilidad se refiere, esta ley otorga a este aspecto un papel trascendental en la lucha contra la contaminaci�n y refleja su relevancia en tres planos b�sicos. Por un lado involucrando en la conservaci�n del ambiente atmosf�rico no s�lo a los poderes p�blicos sino a la sociedad en su conjunto. En este sentido la ley entiende que, si los ciudadanos tienen derecho a exigir a los poderes p�blicos que adopten las medidas necesarias para preservar la pureza del aire dentro de unos l�mites que no comprometan su salud y la protecci�n del medio ambiente, en la misma medida se nos debe demandar a todos la obligaci�n de preservar y respetar este recurso natural. En otro plano, esta corresponsabilidad tambi�n es reclamada por la ley en lo concerniente a la actuaci�n de las distintas Administraciones p�blicas. Si consideramos que el aire y la contaminaci�n no conocen de deslindes territoriales o administrativos y tenemos en cuenta la distribuci�n competencial prevista en esta materia en nuestro ordenamiento, esta ley enfatiza la necesaria cooperaci�n y colaboraci�n interadministrativa para asegurar la eficacia y coherencia de sus actuaciones y evitar disfunciones o carencias, especialmente en los supuestos en que la contaminaci�n atmosf�rica afecte a un �mbito territorial superior al de un municipio o una comunidad aut�noma. De igual forma, en un tercer plano, esta ley busca promover que las Administraciones p�blicas incorporen las consideraciones relativas a la calidad del aire y la protecci�n de la atm�sfera en la planificaci�n, definici�n, ejecuci�n y desarrollo de las distintas pol�ticas sectoriales y que se esfuercen en procurar un desarrollo sostenible, fomentando todas aquellas iniciativas que contribuyan a la conservaci�n del ambiente atmosf�rico y evitando, en la medida de lo posible, actuaciones contrarias a dicho objetivo. En lo concerniente al enfoque integral e integrador que orienta esta ley, �ste se materializa tanto en el objeto y �mbito de aplicaci�n de la misma como en los instrumentos habilitados para luchar contra la contaminaci�n atmosf�rica. De una parte su car�cter integral se expresa en que esta ley no circunscribe su actuaci�n a una vertiente concreta de la contaminaci�n atmosf�rica, como lo es la calidad del aire ambiente, sino que abarca los distintos problemas de la misma tales como, la contaminaci�n transfronteriza, el agotamiento de la capa de ozono o el cambio clim�tico. Con ello pretende abordar la pluralidad de causas y efectos de la contaminaci�n atmosf�rica con una visi�n global del problema respecto de las fuentes, ya sean puntuales o difusas, los contaminantes y sus impactos en la salud de las personas, el medio ambiente y dem�s bienes de cualquier naturaleza. Por su parte, el enfoque integrador de esta ley responde a la necesidad de dar respuesta al hecho de que el fen�meno de la contaminaci�n atmosf�rica, por su naturaleza compleja, requiere, para su tratamiento del concurso de m�ltiples actuaciones para atender otros tantos aspectos del mismo. Por ello, esta ley busca su mayor efectividad tratando de aprovechar la sinergia resultante de la conjugaci�n de diversos instrumentos propios de una pol�tica atmosf�rica moderna y coherente con los modelos vigentes en la Uni�n Europea y los convenios internacionales. Consecuentemente, en esta ley se articula una bater�a de instrumentos que van desde los m�s espec�ficos para actuar sobre la calidad del aire o para la limitaci�n de emisiones, pasando por los de car�cter horizontal de evaluaci�n, informaci�n, control e inspecci�n hasta aquellos indispensables para fomentar la protecci�n del ambiente atmosf�rico o para promover la investigaci�n, el desarrollo y la innovaci�n y la formaci�n y sensibilizaci�n p�blica. III
Para la definici�n de este nuevo marco jur�dico la ley se estructura en siete cap�tulos. El cap�tulo I contiene las disposiciones generales y comienza definiendo, como objeto de la norma, la prevenci�n, vigilancia y reducci�n de la contaminaci�n atmosf�rica con el fin de evitar o aminorar los da�os que de ella puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y dem�s bienes de cualquier naturaleza. Tambi�n delimita su �mbito de aplicaci�n a los contaminantes relacionados en el anexo I de todas las fuentes, ya sean titularidad p�blica o privada, excluyendo �nicamente aquellas formas de contaminaci�n que se rigen por su normativa espec�fica, as� como las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, que se regir�n por la normativa espec�fica de protecci�n civil. Seguidamente se recogen las definiciones precisas para una mejor comprensi�n de la norma y los principios rectores que inspiran la ley. Junto a los principios que rigen la pol�tica ambiental de la Uni�n Europea se subraya adem�s la necesaria corresponsabilidad tanto de las Administraciones p�blicas como de las entidades de derecho p�blico o privado y de los particulares. Este primer cap�tulo incluye igualmente la distribuci�n competencial entre las distintas administraciones p�blicas. A este respecto cabe destacar que la ley establece determinadas obligaciones para los municipios con poblaci�n superior a 100.000 habitantes y las aglomeraciones, como la de disponer de instalaciones y redes de evaluaci�n, informar a la poblaci�n sobre los niveles de contaminaci�n y calidad del aire o elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire. Se establecen tambi�n las obligaciones de los titulares y la indispensable cooperaci�n y colaboraci�n interadministrativa, as� como el derecho de informaci�n del p�blico. Por lo que se refiere a las obligaciones de los titulares, la ley las circunscribe a titulares de instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera, es decir dentro del conjunto de todas las fuentes de contaminaci�n posible s�lo a aquellas cuyas caracter�sticas pueden requerir que sean sometidas a un control y seguimiento m�s estricto. El cap�tulo II aborda las disposiciones relativas a la evaluaci�n y gesti�n de la calidad del aire conforme el modelo vigente en la normativa de la Comunidad Europea. En primer lugar habilita e insta al Gobierno para que, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, fije objetivos de calidad del aire y pueda actualizar peri�dicamente la relaci�n de contaminantes recogida en el anexo I. A continuaci�n la ley dispone cu�ndo y c�mo las comunidades aut�nomas y las entidades locales, de acuerdo con sus competencias, deben efectuar evaluaciones de la calidad del aire en relaci�n con los contaminantes a los que se refieren los objetivos de calidad del aire y establece que las comunidades aut�nomas zonificar�n su territorio seg�n los niveles de contaminaci�n identificados en las evaluaciones antedichas. A su vez, en este cap�tulo, se estipula que la Administraci�n General del Estado deber� integrar las zonas para todo el territorio nacional y que la informaci�n utilizada para la zonificaci�n deber� ser tenida en cuenta por las administraciones p�blicas en relaci�n con el urbanismo la ordenaci�n del territorio y la tramitaci�n de procedimientos de autorizaci�n de actividades e instalaciones. El cap�tulo III contiene dos tipos de medidas que se enmarcan en el esquema convencional para la prevenci�n y control de las emisiones. Por una parte se habilita al Gobierno, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, para establecer valores l�mite de emisi�n para contaminantes y actividades concretas as� como para fijar obligaciones espec�ficas respecto de la fabricaci�n, comercializaci�n uso y gesti�n de productos que puedan generar contaminaci�n atmosf�rica. Paralelamente se insta al uso de las mejores t�cnicas disponibles y al empleo de los combustibles menos contaminantes. En segundo lugar, la ley perfecciona un instrumento de prevenci�n ya previsto en la normativa espa�ola y europea desde hace d�cadas, como lo es el sometimiento de ciertas actividades a un r�gimen de intervenci�n administrativa. A diferencia de lo previsto en la Ley de Protecci�n del ambiente atmosf�rico de 1972, en la que se establec�a un cat�logo que inclu�a exclusivamente aquellas actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera sujetas a un r�gimen de autorizaci�n administrativa o notificaci�n, esta ley arbitra un esquema con una filosof�a m�s operativa y flexible. Por una parte establece un cat�logo de actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera en el que se recogen todas aquellas fuentes cuyas emisiones antropog�nicas son estimadas para elaborar el inventario espa�ol de emisiones a la atm�sfera. A continuaci�n, partiendo de este cat�logo, la ley espec�fica cuales de las categor�as de actividades del mismo deben someterse a un r�gimen de intervenci�n administrativa de las comunidades aut�nomas en los t�rminos que estas determinen. Con este nuevo planteamiento la ley responde a su enfoque integral al incluir en el cat�logo todas las fuentes potenciales de contaminaci�n. Adem�s, al existir una correlaci�n entre el cat�logo y el inventario espa�ol de emisiones, este esquema permite revisar peri�dicamente la relaci�n de categor�as del cat�logo sometidas al r�gimen de intervenci�n administrativa y decidir si conviene o no mantener las existentes, excluir alguna o incorporar otras nuevas en funci�n de la mayor o menor contribuci�n de las mismas a la contaminaci�n atmosf�rica. Una vez definidos tanto el cat�logo como las categor�as sujetas a un r�gimen de intervenci�n en este cap�tulo tambi�n se regulan aspectos b�sicos del r�gimen, incluyendo los criterios que deben tomarse en consideraci�n a fin de calificar la modificaci�n de una instalaci�n como sustancial y el procedimiento a seguir en el caso de autorizaciones de actividades que puedan tener repercusiones sobre la calidad del aire de otra comunidad aut�noma o de otro Estado. En su cap�tulo IV la ley aborda las cuestiones relativas a la planificaci�n en sus tres vertientes: los planes para mejorar la calidad del aire y cumplir objetivos y obligaciones; la participaci�n p�blica en la elaboraci�n de dichos planes y la integraci�n de la protecci�n de la atm�sfera en la planificaci�n de pol�ticas sectoriales. En concreto esta ley encomienda al Gobierno, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, la elaboraci�n de aquellos planes de �mbito estatal derivados de compromisos internacionales y comunitarios. Asimismo, encomienda a las comunidades aut�nomas los planes y programas para el cumplimiento de los objetivos de calidad en sus �mbitos territoriales, se�alando los tipos de planes m�nimos que deben adoptar y sus requisitos b�sicos. Dentro de los requisitos procesales se incluye la garant�a de la participaci�n p�blica en la elaboraci�n y revisi�n de estos planes. Paralelamente en este cap�tulo tambi�n se subraya la obligaci�n que tienen las Administraciones p�blicas de integrar las consideraciones relativas a la protecci�n atmosf�rica en la planificaci�n de las distintas pol�ticas sectoriales. Por �ltimo para facilitar la planificaci�n a partir de un mejor conocimiento del estado de la contaminaci�n y de sus efectos, y poder evaluar la eficacia de las medidas adoptadas, se insta al Ministerio de Medio Ambiente, en colaboraci�n con las comunidades aut�nomas, a elaborar los indicadores que sean precisos. El cap�tulo V de la ley est� dedicado a la promoci�n de instrumentos de fomento de la protecci�n de la atm�sfera en el entendimiento de que la lucha contra la contaminaci�n requiere del concurso de m�ltiples acciones en muy diversos �mbitos. A tal efecto, esta ley identifica hasta cuatro �mbitos en los cuales la actuaci�n p�blica puede rendir importantes frutos y propone medidas al respecto. Concretamente los cuatro �mbitos contemplados son: acuerdos voluntarios, sistemas de gesti�n y auditor�as ambientales, investigaci�n, desarrollo e innovaci�n y formaci�n y sensibilizaci�n p�blica. El cap�tulo VI se ocupa de los aspectos relativos al control, la inspecci�n, vigilancia y seguimiento para garantizar el cumplimiento de esta ley. Por una parte atribuye a las comunidades aut�nomas y entidades locales conforme sus competencias, la responsabilidad de la adopci�n de las medidas de inspecci�n necesarias y a los funcionarios que realicen la inspecci�n el car�cter de agentes de la autoridad. En segundo lugar, establece un sistema espa�ol de informaci�n, vigilancia y prevenci�n de la contaminaci�n atmosf�rica para que las Administraciones p�blicas dispongan de la informaci�n precisa para cumplir esta ley, asignando su coordinaci�n al Ministerio de Medio Ambiente y regulando c�mo se abastecer� el sistema, se�alando particularmente la responsabilidad del Gobierno de elaborar los inventarios espa�oles de emisiones y la de establecer reglamentariamente un Sistema Espa�ol de Inventario acorde con las directrices y criterios comunitarios e internacionales vigentes. En tercer lugar incluye disposiciones relativas a las estaciones, redes y otros sistemas de evaluaci�n de la calidad del aire que deben disponer las comunidades aut�nomas y a la informaci�n obtenida de las mismas. El cap�tulo VII est� dedicado al r�gimen sancionador. Un r�gimen que pretende ser coherente con el enfoque integral e integrador de esta ley, con los principios que la inspiran, en particular los de quien contamina paga y de prevenci�n de la contaminaci�n en la fuente y con el hecho particular de que los efectos adversos de la contaminaci�n atmosf�rica sobre el ambiente atmosf�rico ni son en gran parte de las ocasiones reparables, ni sus causas son f�cilmente identificables y cuantificables. Consecuentemente, en el r�gimen sancionador de esta ley se concede especial relevancia a los aspectos relativos a la prevenci�n tanto en la tipificaci�n de las sanciones, como en la graduaci�n de las mismas. De igual modo esta preocupaci�n por la prevenci�n tambi�n se refleja en la inclusi�n de un art�culo relativo a las medidas de car�cter provisional, en el que se da la posibilidad al �rgano auton�mico de adoptar este tipo de medidas para impedir la continuidad en la producci�n del riesgo o del da�o, y de otra disposici�n que habilita la ejecuci�n subsidiaria y a costa del sujeto responsable de las medidas preventivas y reparadoras que deba adoptar cuando se produzca una amenaza inminente de da�o o se haya producido un da�o. IV
En la parte final de la ley se incluyen, en primer lugar, nueve disposiciones adicionales. La primera se refiere al r�gimen sancionador aplicable en el supuesto de comercio internacional e intracomunitario. La segunda excluye del r�gimen previsto en esta ley aquellas categor�as de actividades incluidas en el �mbito de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n. La tercera contempla una restricci�n sobre los valores l�mite exigibles para conceder la autorizaci�n en el supuesto de actividades sujetas a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r�gimen del comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero. En cuanto a las disposiciones adicionales cuarta y quinta se refieren a la contaminaci�n lum�nica y a la aplicaci�n de las leyes reguladoras de la Defensa Nacional. En esta parte final tambi�n se recoge una disposici�n transitoria sobre el r�gimen aplicable a las instalaciones existentes, una disposici�n derogatoria �nica mediante la que se derogan expresamente la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protecci�n del Ambiente Atmosf�rico, y el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, y diez disposiciones finales entre las que cabe destacar las siguientes: La disposici�n final primera que modifica la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, previendo que el poseedor de los residuos de construcci�n y demolici�n estar� obligado a separarlos por tipos de materiales, en los t�rminos que se establezca reglamentariamente. En segundo lugar, la disposici�n final segunda, que modifica la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con el fin de desincentivar el uso de aeronaves ruidosas mediante la aplicaci�n de penalizaciones sobre el importe a pagar por aterrizaje a aquellas aeronaves que superen los l�mites establecidos, sin pretender la recuperaci�n de los costes asociados a los servicios de mitigaci�n, control y vigilancia del ruido en los aeropuertos. La disposici�n final tercera modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n. A trav�s de la disposici�n final cuarta se regula la entrada en vigor de la disposici�n adicional s�ptima de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptaci�n de la legislaci�n mercantil en materia contable para su armonizaci�n internacional con base en la normativa de la Uni�n Europea. La disposici�n final sexta relativa al fundamento constitucional, en la que se se�ala que esta Ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas del estado previstas en la Constituci�n en materia de legislaci�n b�sica sobre protecci�n del medio ambiente. Por �ltimo, la disposici�n final novena mediante la cual adem�s de facultar al Gobierno para efectuar el desarrollo reglamentario de esta ley y actualizar sus anexos, se le insta a que, en el plazo de un a�o desde su entrada en vigor y previa consulta con las comunidades aut�nomas, actualice su anexo IV relativo al cat�logo de actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera. CAP�TULO IDisposiciones generales
Objeto Esta ley tiene por objeto establecer las bases en materia de prevenci�n, vigilancia y reducci�n de la contaminaci�n atmosf�rica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los da�os que de �sta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y dem�s bienes de cualquier naturaleza. Art�culo 2
�mbito de aplicaci�n 1. Est�n sujetas a las prescripciones de esta ley todas las fuentes de los contaminantes relacionados en el anexo I correspondientes a las actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera enumeradas en el anexo IV ya sean de titularidad p�blica o privada. 2. Quedan excluidos del �mbito de aplicaci�n de esta ley y se regir�n por su normativa espec�fica: a) Los ruidos y vibraciones. b) Las radiaciones ionizantes y no ionizantes. c) Los contaminantes biol�gicos. 3. Quedan excluidas, asimismo, del �mbito de aplicaci�n de esta Ley las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y las actividades correspondientes de protecci�n de personas y bienes, que se regir�n por la normativa espec�fica de protecci�n civil. Art�culo 3
Definiciones A efectos de lo dispuesto por esta ley se entender� por: a) �Actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera�: Aquellas que por su propia naturaleza, ubicaci�n o por los procesos tecnol�gicos utilizados constituyan una fuente de contaminaci�n cuyas caracter�sticas pueden requerir que sean sometidas a un r�gimen de control y seguimiento m�s estricto. b) �Aglomeraci�n�: Conurbaci�n de poblaci�n superior a 250.000 habitantes o bien, cuando la poblaci�n sea igual o inferior a 250.000 habitantes, con la densidad de poblaci�n por km� que se determine por las comunidades aut�nomas. c) �Amenaza inminente de da�o�: Una probabilidad suficiente de que se produzcan da�os para la salud humana o el medio ambiente en un futuro pr�ximo. d) �Autorizaci�n administrativa�: Es la resoluci�n del �rgano competente que determine la comunidad aut�noma en la que se ubique la instalaci�n por la que se permite, con el objeto de prevenir, vigilar y reducir la contaminaci�n atmosf�rica, explotar la totalidad o parte de una instalaci�n bajo determinadas condiciones, destinada a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta ley. Tal autorizaci�n podr� ser v�lida para una o m�s instalaciones que tengan la misma ubicaci�n y sean explotadas por el mismo titular. e) �Contaminaci�n atmosf�rica�: La presencia en la atm�sfera de materias, sustancias o formas de energ�a que impliquen molestia grave, riesgo o da�o para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y dem�s bienes de cualquier naturaleza. f) �Contaminaci�n lum�nica�: El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusi�n y reflexi�n de la luz en los gases, aerosoles y part�culas en suspensi�n en la atm�sfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones astron�micas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiaci�n de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atm�sfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior. g) �Emisi�n�: Descarga a la atm�sfera continua o discontinua de materias, sustancias o formas de energ�a procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir contaminaci�n atmosf�rica. h) �Emisiones procedentes de fuentes naturales�: Emisiones de contaminantes no producidos directa o indirectamente por actividades humanas, incluyendo fen�menos naturales tales como erupciones volc�nicas, actividades s�smicas, actividades geot�rmicas, incendios no intencionados en la naturaleza, vientos fuertes, sales marinas o la resuspensi�n atmosf�rica o el transporte de part�culas naturales de regiones �ridas. i) �Evaluaci�n�: El resultado de aplicar cualquier m�todo que permita medir, calcular, predecir o estimar las emisiones, los niveles o los efectos de la contaminaci�n atmosf�rica.
j) �Instalaci�n�: Cualquier unidad t�cnica fija, m�vil o transportable donde se desarrolle una o m�s de las actividades enumeradas en el anexo IV de esta ley, as� como cualesquiera otras actividades directamente vinculadas con aquellas que guarden relaci�n de �ndole t�cnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminaci�n. k) �Instalaci�n existente�: Cualquier instalaci�n en funcionamiento y autorizada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, o que haya solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable, siempre que se ponga en funcionamiento a m�s tardar 12 meses despu�s de dicha fecha. l) �Mejores t�cnicas disponibles�: La fase m�s eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotaci�n, que demuestran la capacidad pr�ctica de determinadas t�cnicas para constituir, en principio, la base de los valores l�mite de emisi�n destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en general las emisiones de contaminantes y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de las personas. Para su determinaci�n se deber�n tomar en consideraci�n los aspectos que se enumeran en el anejo 4 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n. A estos efectos se entender� por: �T�cnicas�: La tecnolog�a utilizada, junto con la forma en que la instalaci�n est� dise�ada, construida, mantenida, explotada o paralizada. �Disponibles�: Las t�cnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicaci�n en el contexto del correspondiente sector, en condiciones econ�micas y t�cnicamente viables, tomando en consideraci�n los costes y los beneficios, tanto si las t�cnicas se utilizan o producen en Espa�a, como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables. �Mejores�: Las t�cnicas m�s eficaces para alcanzar un alto nivel general de protecci�n del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas. m) �Modificaci�n sustancial�: Cualquier modificaci�n realizada en una instalaci�n que, de acuerdo con los criterios establecidos en el art�culo 14, pueda tener repercusiones negativas significativas sobre la contaminaci�n atmosf�rica. n) �Nivel de contaminaci�n�: Cantidad de un contaminante en el aire o su dep�sito en superficies con referencia a un periodo de tiempo determinado. �) �Objetivo de calidad del aire�: La cuant�a de cada contaminante en la atm�sfera, aisladamente o asociado con otros, cuyo establecimiento conlleva obligaciones conforme las condiciones que se determinen para cada uno de ellos. o) �PM10�: Part�culas que pasan a trav�s del cabezal de muestreo definido en la norma EN 12341, con un rendimiento de separaci�n del 50% para un di�metro aerodin�mico de 10 μm. p) �PM2,5�: Part�culas que pasan a trav�s del cabezal de muestreo definido en la norma EN 14907, con un rendimiento de separaci�n del 50% para un di�metro aerodin�mico de 2,5 μm. q) �Titular�: Cualquier persona f�sica o jur�dica que explote o posea la instalaci�n. r) �Umbral de alerta�: Nivel a partir del cual una exposici�n de breve duraci�n supone un riesgo para la salud humana que afecta al conjunto de la poblaci�n y que requiere la adopci�n de medidas inmediatas. s) �Umbral de informaci�n�: Nivel a partir del cual una exposici�n de breve duraci�n supone un riesgo para la salud de los sectores especialmente vulnerables de la poblaci�n y que requiere el suministro de informaci�n inmediata y apropiada. t) �Valor l�mite de emisi�n�: Cuant�a de uno o m�s contaminantes en emisi�n que no debe sobrepasarse dentro de uno o varios per�odos y condiciones determinados, con el fin de prevenir o reducir los efectos de la contaminaci�n atmosf�rica. u) �Zona�: Parte del territorio delimitada por la Administraci�n competente para la evaluaci�n y gesti�n de la calidad del aire. Art�culo 4
Principios rectores 1. La aplicaci�n de esta ley se basar� en los principios de cautela y acci�n preventiva, de correcci�n de la contaminaci�n en la fuente misma y de quien contamina paga. 2. Dentro de sus respectivas competencias, los poderes p�blicos adoptar�n cuantas medidas sean necesarias para alcanzar y mantener un nivel de protecci�n elevado de las personas y del medio ambiente. Por su parte, los particulares se esforzar�n en contribuir a evitar y reducir la contaminaci�n atmosf�rica. 3. En la aplicaci�n y desarrollo de esta ley se promover� la integraci�n de las consideraciones relativas a la protecci�n de la atm�sfera en las distintas pol�ticas sectoriales como una variable clave para conseguir un desarrollo sostenible. 4. Con miras a lograr un desarrollo sostenible en materia de calidad del aire y protecci�n de la atm�sfera, se promocionar�n y difundir�n las modalidades m�s eficaces para el desarrollo, la aplicaci�n y la difusi�n de tecnolog�as, conocimientos especializados, pr�cticas y procesos ecol�gicamente racionales en lo relativo a la protecci�n de la atm�sfera y se adoptar�n las medidas necesarias para promover, facilitar y apoyar, seg�n corresponda, el acceso a esos recursos. Art�culo 5
Competencias de las Administraciones p�blicas 1. Corresponden a la Administraci�n General del Estado en las materias relacionadas con esta ley, las siguientes competencias: a) Actualizar, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, la relaci�n de contaminantes y el cat�logo de actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera. b) Definir y establecer, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, los objetivos de calidad del aire, los umbrales de alerta y de informaci�n y los valores l�mite de emisi�n, sin perjuicio de los valores l�mite de emisi�n que puedan establecer las comunidades aut�nomas en aplicaci�n de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n. c) Definir, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, los requisitos m�nimos a los que deben ajustarse las estaciones, redes, m�todos y otros sistemas de evaluaci�n de la calidad del aire. d) Definir con la participaci�n de las comunidades aut�nomas las metodolog�as para estimar las fuentes naturales y los procedimientos para conocer su incidencia en los valores registrados de ciertos contaminantes. e) Elaborar, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, y aprobar los planes y programas de �mbito estatal necesarios para cumplir la normativa comunitaria y los compromisos que se deriven de los acuerdos internacionales sobre contaminaci�n atmosf�rica transfronteriza. f) Elaborar y actualizar peri�dicamente los inventarios espa�oles de emisiones. Realizar la evaluaci�n, el seguimiento y la recopilaci�n de la informaci�n t�cnica sobre la contaminaci�n de fondo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de Convenios u otro tipo de compromisos internacionales sobre contaminaci�n transfronteriza. La informaci�n obtenida se integrar� en el sistema espa�ol de informaci�n, vigilancia y prevenci�n de la contaminaci�n atmosf�rica y ser� facilitada peri�dicamente a las comunidades aut�nomas. g) Coordinar el sistema espa�ol de informaci�n, vigilancia y prevenci�n de la contaminaci�n atmosf�rica. h) Coordinar, con el fin de lograr la coherencia de las actuaciones de las administraciones p�blicas afectadas, la adopci�n de las medidas necesarias para afrontar situaciones adversas relacionadas con la protecci�n de la atm�sfera o relativas a la calidad del aire, cuya dimensi�n exceda el territorio de una comunidad aut�noma. 2. Las comunidades aut�nomas, en el ejercicio de sus competencias, evaluar�n la calidad del aire, podr�n establecer objetivos de calidad del aire y valores l�mite de emisi�n m�s estrictos que los que establezca la Administraci�n General del Estado de acuerdo con el art�culo 5.1, adoptar�n planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los objetivos de calidad en su �mbito territorial, adoptar�n las medidas de control e inspecci�n necesarias para garantizar el cumplimiento de esta ley, y ejercer�n la potestad sancionadora. En este sentido, establecer�n, dentro del �mbito de su territorio, criterios comunes que definan los procedimientos de actuaci�n de los organismos de control autorizados (OCAs) con los que cuenten, as� como las relaciones de estos con las diferentes administraciones competentes de su comunidad aut�noma. 3. Corresponde a las entidades locales ejercer aquellas competencias en materia de calidad del aire y protecci�n de la atm�sfera que tengan atribuidas en el �mbito de su legislaci�n espec�fica, as� como aquellas otras que les sean atribuidas en el marco de la legislaci�n b�sica del Estado y de la legislaci�n de las comunidades aut�nomas en esta materia. Las entidades locales, en el �mbito de sus competencias, deber�n adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urban�stico a las previsiones de esta ley y de sus normas de desarrollo. 4. Cada una de las administraciones citadas en el presente art�culo, en el �mbito de sus competencias, elaborar� un sistema de control y garant�a de calidad que asegure la exhaustividad, la coherencia, transparencia, comparabilidad y confianza en todo el proceso comprendido desde las mediciones o estimaciones de los contaminantes hasta la elaboraci�n de los informes relativos a esos contaminantes, as� como la implantaci�n de las recomendaciones derivadas de la aplicaci�n del sistema de control y garant�a de calidad. Art�culo 6
Cooperaci�n y colaboraci�n interadministrativa 1. Para garantizar la aplicaci�n de esta ley las Administraciones p�blicas ajustar�n sus actuaciones a los principios de informaci�n mutua, cooperaci�n y colaboraci�n. En particular deber�n prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de sus actuaciones, especialmente en los supuestos en que la contaminaci�n atmosf�rica afecte a un �mbito territorial superior al de un municipio o comunidad aut�noma. 2. En el supuesto de que se sobrepasen los objetivos de calidad del aire fijados en un �mbito territorial superior al de una comunidad aut�noma, las comunidades aut�nomas afectadas se prestar�n asistencia mutua, en los t�rminos previstos en los respectivos planes para reducir los niveles de contaminaci�n. La Administraci�n General del Estado colaborar� a este fin con las comunidades aut�nomas afectadas o que, sin estarlo, hayan contribuido a generar dicha situaci�n. 3. En los supuestos en que la superaci�n de los objetivos de calidad del aire afecten a zonas fronterizas con otro Estado, la comunidad aut�noma informar� de ello y de las medidas adoptadas al Ministerio de Medio Ambiente para su env�o al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n. Este departamento lo comunicar� al Estado afectado para su informaci�n y en su caso para llevar a cabo la colaboraci�n que se estime pertinente. Art�culo 7
Obligaciones de los titulares de instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera 1. Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones que puedan establecer las comunidades aut�nomas, los titulares de instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera recogidas en el cat�logo que figura en el anexo IV, deber�n: a) Cumplir las obligaciones que se deriven de lo dispuesto en el art�culo 13. b) Respetar los valores l�mite de emisi�n en los casos en los que reglamentariamente est�n establecidos. c) Poner en conocimiento inmediato de la comunidad aut�noma competente y adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, las medidas preventivas necesarias cuando exista una amenaza inminente de da�o significativo por contaminaci�n atmosf�rica procedente de la instalaci�n del titular. d) Adoptar sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno y poner en conocimiento inmediato de la comunidad aut�noma competente, las medidas de evitaci�n de nuevos da�os cuando se haya causado una contaminaci�n atmosf�rica en la instalaci�n del titular que haya producido un da�o para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente. e) Cumplir los requisitos t�cnicos que le sean de aplicaci�n conforme establezca la normativa y, en todo caso, salvaguardando la salud humana y el medio ambiente. f) Cumplir las medidas contenidas en los planes a los que se refiere el art�culo 16. g) Realizar controles de sus emisiones y, cuando corresponda, de la calidad del aire, en la forma y periodicidad prevista en la normativa aplicable. h) Facilitar la informaci�n que les sea solicitada por las Administraciones p�blicas en el �mbito de sus competencias. i) Facilitar los actos de inspecci�n y de comprobaci�n que lleve a cabo la comunidad aut�noma competente, en los t�rminos y con las garant�as que establezca la legislaci�n vigente. 2. Los titulares de instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera recogidas en los grupos A y B del anexo IV de esta ley deber�n cumplir adem�s, con las siguientes obligaciones: a) Notificar al �rgano competente que determine la comunidad aut�noma la transmisi�n, cese o clausura de las actividades e instalaciones. b) En los casos en los que reglamentariamente se haya fijado la obligaci�n de contar con estaciones de medida de los niveles de contaminaci�n, integrar dichas estaciones en las redes de las comunidades aut�nomas a las que se refiere el art�culo 27. c) Mantener un registro de los controles de emisiones y niveles de contaminaci�n, y someterse a las inspecciones regulares relativas a los mismos, en los casos y t�rminos en los que est� previsto en la normativa aplicable. Art�culo 8
Informaci�n al p�blico 1. Las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus competencias, tomar�n cuantas medidas sean necesarias para garantizar que el p�blico en general y las entidades interesadas tales como las organizaciones ecologistas, empresariales, de consumidores y sanitarias, reciban informaci�n adecuada y oportuna acerca de la calidad del aire, de los indicadores ambientales elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 19.1 y de los planes y programas para la protecci�n de la atm�sfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminaci�n atmosf�rica. Esta informaci�n se suministrar� de forma clara y comprensible a trav�s de medios de difusi�n f�cilmente accesibles, incluido Internet. Esta informaci�n incluir� obligatoriamente: - La situaci�n de la calidad del aire en relaci�n con los objetivos de calidad vigentes para cada contaminante. - Informaci�n peri�dica sobre la contaminaci�n de fondo. - En caso de que para determinados contaminantes se establezcan descuentos debidos a emisiones de fuentes naturales para el c�lculo respecto del incumplimiento de objetivos de calidad se informar� adecuadamente de la metodolog�a seguida y de la justificaci�n para la aplicaci�n de tales descuentos. - La informaci�n sobre la calidad del aire que Espa�a remite anualmente a la Comisi�n Europea en cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa comunitaria en materia de calidad del aire. 2. Las Administraciones p�blicas tambi�n har�n p�blicos por los medios se�alados los estudios sobre calidad del aire y salud que se encarguen en el �mbito de sus competencias. 3. Las comunidades aut�nomas informar�n peri�dicamente a la poblaci�n del nivel de contaminaci�n y, de manera espec�fica, cuando se sobrepasen los objetivos de calidad del aire. En los supuestos en que se sobrepasen los umbrales de informaci�n y alerta previstos reglamentariamente, la comunidad aut�noma afectada informar� tambi�n a los �rganos competentes en cada caso en materia sanitaria, de medio ambiente y de protecci�n civil conforme a los planes de acci�n y protocolos establecidos en el marco de protecci�n civil. 4. Los municipios con poblaci�n superior a 100.000 habitantes y los que formen parte de una aglomeraci�n, de acuerdo con la definici�n de esta ley, dispondr�n de datos para informar a la poblaci�n sobre los niveles de contaminaci�n y la calidad del aire. CAP�TULO IIEvaluaci�n y gesti�n de la calidad del aire
Contaminantes atmosf�ricos y objetivos de calidad del aire 1. El Gobierno, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, con el fin de prevenir o reducir la contaminaci�n atmosf�rica y sus efectos, revisar� al menos cada cinco a�os la relaci�n de contaminantes que figura en el anexo I y en su caso la actualizar� tomando en consideraci�n las directrices relacionadas en el anexo II y definir� y establecer�, conforme a los factores que figuran en el anexo III, los objetivos de calidad del aire as� como las condiciones y plazos para alcanzarlos. 2. Las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus competencias, adoptar�n las medidas necesarias para mantener y, en su caso, mejorar la calidad del aire y cumplir los objetivos que se establezcan, de conformidad con lo establecido en esta ley. 3. Cuando se sobrepasen los objetivos de calidad del aire o exista un riesgo de que esto ocurra, la comunidad aut�noma competente adoptar� las medidas adecuadas para evitar o mitigar la contaminaci�n. 4. Las administraciones p�blicas, en el �mbito de sus competencias, estar�n obligadas a velar por que la calidad del aire se mantenga dentro de los l�mites legales establecidos. Los ciudadanos y las organizaciones sociales que velen por la salud y la preservaci�n del medio ambiente podr�n demandarlo con los instrumentos legales que prev� el ordenamiento jur�dico espa�ol. V�ase la disposici�n transitoria �nica del R.D. 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (�B.O.E.� 29 enero), sobre objetivos de calidad del aire de determinados contaminantes.
Evaluaci�n de la calidad del aire 1. Las comunidades aut�nomas y, en su caso, las entidades locales en los t�rminos del art�culo 5.3, evaluar�n regularmente la calidad del aire en su correspondiente �mbito territorial, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente que en cada caso sea de aplicaci�n, a los criterios espec�ficos que reglamentariamente se establezcan en relaci�n a los distintos objetivos de calidad del aire, y a los m�todos establecidos por la Uni�n Europea en esta materia. A los efectos de lo previsto en el art�culo 8.3, las aglomeraciones deber�n disponer, por s� mismas o en colaboraci�n con las comunidades aut�nomas, de estaciones y redes de evaluaci�n de la calidad del aire. 2. Una vez establecidos los objetivos de calidad del aire a los que se refiere el art�culo anterior, las comunidades aut�nomas y, en su caso, las entidades locales en los t�rminos del art�culo 5.3, deber�n realizar una evaluaci�n preliminar de los niveles de contaminaci�n en relaci�n con los contaminantes a los que se refieran los objetivos de calidad del aire, en aquellas partes de sus territorios donde no existan mediciones representativas de dichos niveles. Art�culo 11
Zonificaci�n del territorio 1. De acuerdo con las evaluaciones a las que se refiere el art�culo 10, las comunidades aut�nomas, con la participaci�n de las entidades locales, zonificar�n su territorio seg�n los niveles de los contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire y conforme a las mismas elaborar�n listas diferenciadas de zonas y aglomeraciones. 2. La Administraci�n General del Estado, de acuerdo con la informaci�n que le sea suministrada por las comunidades aut�nomas en los t�rminos regulados en el art�culo 28, integrar� las zonas del territorio del Estado. 3. La informaci�n utilizada para la zonificaci�n a que hace referencia este art�culo deber� ser tenida en cuenta por las Administraciones p�blicas en la elaboraci�n y aprobaci�n de planes urban�sticos y de ordenaci�n del territorio, as� como en la tramitaci�n de los procedimientos de autorizaci�n de actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras de la atm�sfera. CAP�TULO IIIPrevenci�n y control de las emisiones
Control de las emisiones 1. El Gobierno, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, podr� establecer mediante real decreto valores l�mite de emisi�n para los contaminantes, en particular para los enumerados en el anexo I y para las actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera enumeradas en el anexo IV de esta ley. 2. El Gobierno, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, podr� establecer mediante real decreto obligaciones espec�ficas para la fabricaci�n, importaci�n, adquisici�n intracomunitaria, transporte, distribuci�n, puesta en el mercado o utilizaci�n y gesti�n durante su ciclo de vida de aquellos productos que puedan generar contaminaci�n atmosf�rica. 3. Las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus competencias, velar�n para que se adopten las medidas necesarias y las pr�cticas adecuadas en las actividades e instalaciones, que permitan evitar o reducir la contaminaci�n atmosf�rica aplicando, en la medida de lo posible, las mejores t�cnicas disponibles y empleando los combustibles menos contaminantes. Asimismo las entidades privadas y los particulares se esforzar�n en el ejercicio de sus actividades cotidianas, en contribuir a la reducci�n de los contaminantes de la atm�sfera. Art�culo 13
Actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera 1. A los efectos de esta ley se consideran como actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera las incluidas en el cat�logo que figura en el anexo IV. El Gobierno con la participaci�n de las comunidades aut�nomas revisar�, al menos cada cinco a�os, el anexo IV y, en su caso, lo actualizar�. 2. Sin perjuicio de los dem�s medios de intervenci�n administrativa en la actividad de los ciudadanos exigibles por otras disposiciones, quedan sometidas a procedimiento de autorizaci�n administrativa de las comunidades aut�nomas y en los t�rminos que estas determinen, la construcci�n, montaje, explotaci�n, traslado o modificaci�n sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el cat�logo recogido en el anexo IV de esta ley y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B. Las actividades incluidas en el grupo A estar�n sujetas a unos requisitos de control de emisiones m�s exigentes que aqu�llas incluidas en el grupo B.
Estas autorizaciones, se conceder�n por un tiempo determinado que en ning�n caso ser� superior a ocho a�os, pasado el cual podr�n ser renovadas por periodos sucesivos.
El �rgano competente para otorgar la autorizaci�n dictar� la resoluci�n que ponga fin al procedimiento en el plazo m�ximo de nueve meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resoluci�n expresa, podr� entenderse desestimada la solicitud presentada.
N�mero 2 del art�culo 13 modificado conforme establece la disposici�n final segunda de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (�B.O.E.� 22 septiembre).Vigencia: 7 octubre 2015
3. La construcci�n, montaje, explotaci�n, traslado, modificaci�n sustancial, cese o clausura de aquellas instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el cat�logo recogido en el anexo IV y que figuran como pertenecientes al grupo C, deber� ser notificada al �rgano competente de la comunidad aut�noma en las condiciones que determine su normativa. 4. La autorizaci�n a la que hace referencia el apartado 2 tendr� el contenido m�nimo siguiente: a) Los valores l�mite de emisi�n de los contaminantes, en particular los enumerados en el anexo I, que puedan ser emitidos por la instalaci�n y en su caso los par�metros o las medidas t�cnicas que los complementen o sustituyan. b) Las prescripciones para reducir la contaminaci�n a larga distancia o transfronteriza en su caso. c) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control, con especificaci�n de la metodolog�a de medici�n, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones. d) Las medidas relativas a las condiciones de explotaci�n en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente, como la puesta en marcha, fugas, fallos de funcionamiento, paradas temporales o cierre definitivo. e) El plazo por el que se otorga la autorizaci�n. 5. La comunidad aut�noma competente no podr� autorizar la construcci�n, montaje, explotaci�n, traslado o modificaci�n sustancial de instalaciones en las que se desarrollen actividades recogidas en el cat�logo incluido en el anexo IV de esta ley y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B, si queda demostrado que el incremento de la contaminaci�n de la atm�sfera previsto por la instalaci�n de que se trate, en raz�n de las emisiones que su funcionamiento ocasione, da lugar a que se sobrepasen los objetivos de calidad del aire. 6. Cuando corresponda al �rgano ambiental de la Administraci�n General del Estado la formulaci�n de la declaraci�n de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci�n de impacto ambiental, y su normativa de desarrollo, no podr� otorgarse la autorizaci�n a la que se refiere este art�culo, sin que previamente se haya dictado dicha declaraci�n. A estos efectos, el �rgano ambiental estatal, tan pronto como haya formulado la declaraci�n de impacto ambiental o tras la resoluci�n, en su caso, por el Consejo de Ministros de discrepancias con el �rgano sustantivo, remitir� una copia de la misma al �rgano competente de la comunidad aut�noma que deber� incorporar su condicionado al contenido de dicha autorizaci�n. Art�culo 14
Modificaci�n sustancial de la instalaci�n 1. A los efectos de lo previsto en el art�culo 13, corresponder� a las comunidades aut�nomas concretar en qu� t�rminos la modificaci�n de una instalaci�n es calificada como sustancial.
2. A fin de calificar la modificaci�n de una instalaci�n como sustancial las comunidades aut�nomas considerar�n la incidencia de la modificaci�n proyectada sobre la contaminaci�n atmosf�rica, de acuerdo con los siguientes criterios: a) El tama�o y producci�n de la instalaci�n. b) Su consumo de energ�a. c) La cuant�a y tipolog�a de contaminaci�n producida. d) El nivel de contaminaci�n existente en la zona respecto de los objetivos de calidad del aire establecidos. Art�culo 15
Contaminaci�n intercomunitaria y transfronteriza 1. Cuando una instalaci�n pueda tener repercusiones significativas sobre la calidad del aire de otra comunidad aut�noma, de otro Estado miembro de la Uni�n Europea o de terceros Estados, el �rgano competente de la comunidad aut�noma donde vaya a ubicarse aqu�lla remitir� una copia de la solicitud de autorizaci�n y de toda la documentaci�n que sea relevante a la comunidad aut�noma afectada o al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci�n, para su remisi�n al Estado potencialmente afectado, para que puedan formular alegaciones antes de que recaiga resoluci�n definitiva. La resoluci�n que finalmente se adopte ser� comunicada a la comunidad aut�noma afectada o, a trav�s del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, al Estado afectado. 2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n mantendr� informado al Ministerio de Medio Ambiente sobre las actuaciones desarrolladas, y �ste trasladar� a la comunidad aut�noma afectada la citada informaci�n. CAP�TULO IVPlanificaci�n
Planes y programas para la protecci�n de la atm�sfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminaci�n atmosf�rica 1. El Gobierno, en el �mbito de sus competencias, a fin de cumplir la normativa comunitaria y los compromisos que se deriven de los acuerdos internacionales de los que Espa�a sea parte, aprobar� los planes y programas de �mbito estatal que sean necesarios para prevenir y reducir la contaminaci�n atmosf�rica y sus efectos transfronterizos, as� como para minimizar sus impactos negativos. Estos planes y programas fijar�n objetivos espec�ficos, las medidas necesarias para la consecuci�n de los mismos y el procedimiento para su revisi�n, y ser�n elaborados y actualizados con la participaci�n de las comunidades aut�nomas. Podr�n incluir adem�s actuaciones para fomentar la investigaci�n, el desarrollo y la innovaci�n, as� como el intercambio de informaci�n, la cooperaci�n institucional y la cooperaci�n internacional. 2. Las comunidades aut�nomas, en los plazos reglamentariamente establecidos, adoptar�n como m�nimo los siguientes planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire en su �mbito territorial, as� como para minimizar o evitar los impactos negativos de la contaminaci�n atmosf�rica: a) De mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos de calidad del aire en los plazos fijados, en las zonas en las que los niveles de uno o m�s contaminantes regulados superen dichos objetivos. En estos planes se identificar�n las fuentes de emisi�n responsables de los objetivos de calidad, se fijar�n objetivos cuantificados de reducci�n de niveles de contaminaci�n para cumplir la legislaci�n vigente, se indicar�n las medidas o proyectos de mejora, calendario de aplicaci�n, estimaci�n de la mejora de la calidad del aire que se espera conseguir y del plazo previsto para alcanzar los objetivos de calidad. Los planes tambi�n prever�n procedimientos para el seguimiento de su cumplimiento y para su revisi�n. La revisi�n de estos planes deber� producirse cuando la situaci�n de la calidad del aire as� lo aconseje o cuando exista constancia de que con las medidas aplicadas no se alcanzar�n los objetivos de calidad en los plazos estipulados. En estos planes se integrar�n planes de movilidad urbana, que, en su caso, podr�n incorporar los planes de transporte de empresa que se acuerden mediante negociaci�n colectiva, con vistas al fomento de modos de transporte menos contaminantes. b) De acci�n a corto plazo en los que se determinen medidas inmediatas y a corto plazo para las zonas y supuestos en que exista riesgo de superaci�n de los objetivos de calidad del aire y los umbrales de alerta. En estos planes se identificar� la Administraci�n que en cada caso sea responsable para la ejecuci�n de las medidas. Adem�s, en estos planes se podr�n prever medidas de control o suspensi�n de aquellas actividades que sean significativas en la situaci�n de riesgo, incluido el tr�fico. 3. Para la elaboraci�n de sus planes y programas, las comunidades aut�nomas deber�n tener en cuenta los planes y programas a los que se refiere el apartado 1. Asimismo, aplicar�n los principios de cooperaci�n y colaboraci�n respecto de las previsiones que se establezcan para los supuestos en que la contaminaci�n atmosf�rica afecte a un �mbito territorial superior al de una comunidad aut�noma, o su �mbito incluya actividades, infraestructuras o zonas de competencia de otras Administraciones p�blicas. 4. Las entidades locales podr�n elaborar, en el �mbito de sus competencias, sus propios planes y programas. Para la elaboraci�n de estos planes y programas se deber� tener en cuenta los planes de protecci�n de la atm�sfera de las respectivas comunidades aut�nomas. Asimismo, las entidades locales, con el objeto de alcanzar los objetivos de esta ley, podr�n adoptar medidas de restricci�n total o parcial del tr�fico, incluyendo restricciones a los veh�culos m�s contaminantes, a ciertas matr�culas, a ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras. Los municipios con poblaci�n superior a 100.000 habitantes y las aglomeraciones, en los plazos reglamentariamente establecidos, adoptar�n planes y programas para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire, en el marco de la legislaci�n sobre seguridad vial y de la planificaci�n auton�mica. 5. Para la revisi�n de los planes regulados en este art�culo se tendr�n en cuenta, entre otros aspectos, los indicadores ambientales a que hace referencia el art�culo 19. 6. Los planes y programas regulados en este art�culo ser�n determinantes para los diferentes instrumentos de planeamiento urban�stico y de ordenaci�n del territorio. Si tales instrumentos contradicen o no acogen el contenido de los planes y programas regulados en este art�culo, esta decisi�n deber� motivarse y hacerse p�blica. Asimismo estos planes y programas podr�n incluir prescripciones de obligado cumplimiento para los ciudadanos. Para ello, dichos planes y programas deber�n ser objeto de publicaci�n. 7. Los citados planes y programas incorporar�n las evidencias epidemiol�gicas y la perspectiva de protecci�n de salud p�blica en las decisiones que afectan a la calidad del aire. Art�culo 17
Participaci�n p�blica Los planes a los que se refiere el art�culo anterior deber�n ser elaborados y modificados garantizando la participaci�n p�blica, en los t�rminos previstos en los art�culos 16 y 17 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Art�culo 18
Integraci�n de la protecci�n de la atm�sfera en pol�ticas sectoriales 1. Las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus competencias, deber�n integrar las consideraciones relativas a la protecci�n de la atm�sfera en la planificaci�n, desarrollo y ejecuci�n de las distintas pol�ticas sectoriales. 2. En los supuestos en que las actuaciones sectoriales puedan tener efectos significativos en la conservaci�n de la atm�sfera, y sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones, las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus competencias, velar�n para que dichas actuaciones no sobrepasen los objetivos de calidad del aire establecidos y para que, en todo caso, sus posibles impactos sean debidamente minimizados en las fases de dise�o y planificaci�n de la actuaci�n, debiendo figurar dicha valoraci�n en la memoria correspondiente de la actuaci�n de que se trate. Art�culo 19
Indicadores ambientales 1. Para facilitar un mejor conocimiento del estado de la contaminaci�n atmosf�rica y sus efectos, y evaluar la eficacia de las medidas que se adopten para su prevenci�n y reducci�n de conformidad con lo establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboraci�n con los departamentos ministeriales afectados y las comunidades aut�nomas, elaborar� los indicadores que sean precisos, y efectuar� la revisi�n anual de los mismos. 2. En la elaboraci�n y revisi�n de los indicadores se tendr�n en cuenta las directrices y criterios vigentes en el �mbito comunitario e internacional y la informaci�n obtenida del seguimiento de los planes de protecci�n de la atm�sfera a los que se refiere el art�culo 16. CAP�TULO VInstrumentos de fomento de protecci�n de la atm�sfera
Acuerdos voluntarios Los acuerdos voluntarios que las comunidades aut�nomas suscriban con los agentes econ�micos y particulares tendr�n fuerza ejecutiva cuando su objetivo sea la reducci�n de la carga contaminante emitida en las condiciones m�s estrictas a las previstas en la legislaci�n que sea de aplicaci�n y, en particular, indistintamente: a) El cumplimiento de unos valores l�mite de emisi�n m�s estrictos que los establecidos por la legislaci�n. b) El cumplimiento de los valores l�mite de emisi�n en un plazo inferior al que, en su caso, establezca la normativa. Los acuerdos voluntarios se publicar�n en los respectivos diarios oficiales y los resultados obtenidos ser�n objeto de publicidad y de seguimiento peri�dico por las comunidades aut�nomas. Art�culo 21
Sistemas de gesti�n y auditor�as ambientales La Administraci�n General del Estado y las comunidades aut�nomas, en el �mbito de sus competencias, fomentar�n la implantaci�n voluntaria de sistemas de gesti�n y auditor�as ambientales en todos los sectores de actividad p�blicos y privados que sean fuentes de emisi�n, al objeto de promover una producci�n y un mercado m�s sostenible y contribuir as� a la reducci�n de la contaminaci�n atmosf�rica. Art�culo 22
Investigaci�n, desarrollo e innovaci�n La Administraci�n General del Estado y las comunidades aut�nomas, en el �mbito de sus competencias, fomentar�n e incentivar�n, en su caso, la investigaci�n, el desarrollo y la innovaci�n para prevenir y reducir la contaminaci�n atmosf�rica y sus efectos en las personas, el medio ambiente y dem�s bienes de cualquier naturaleza, prestando particular atenci�n a promover: a) El conocimiento sobre los contaminantes, la contaminaci�n atmosf�rica, sus causas y din�mica, as� como la metodolog�a de evaluaci�n. b) El conocimiento sobre los efectos de la contaminaci�n atmosf�rica en la salud, los sistemas naturales, sociales y econ�micos, su prevenci�n y la adaptaci�n a los mismos. c) El desarrollo de tecnolog�as y productos m�s respetuosos con el medio ambiente. d) El fomento del ahorro y la eficiencia energ�tica y el uso racional de los recursos naturales. e) El dise�o y aplicaci�n de instrumentos jur�dicos, econ�micos, sociales e institucionales que contribuyan a un desarrollo sostenible. f) La colaboraci�n multidisciplinar en la investigaci�n de los aspectos relativos a la interacci�n entre la calidad del aire y la salud de la poblaci�n. Art�culo 23
Contrataci�n p�blica Las Administraciones p�blicas y dem�s entidades sujetas a la legislaci�n sobre contrataci�n p�blica promover�n, en el �mbito de sus competencias, la aplicaci�n de medidas de prevenci�n y reducci�n de la contaminaci�n atmosf�rica de acuerdo con la normativa vigente sobre contratos del sector p�blicos. Art�culo 24
Formaci�n y sensibilizaci�n p�blica La Administraci�n General del Estado y las comunidades aut�nomas, en el �mbito de sus competencias, fomentar�n la formaci�n y sensibilizaci�n del p�blico al objeto de propiciar que los ciudadanos se esfuercen en contribuir, desde los diferentes �mbitos sociales, a la protecci�n de la atm�sfera. A tal fin prestar�n especial inter�s a: a) El apoyo al movimiento asociativo y el fomento del voluntariado. b) La formaci�n en los �mbitos educativos, profesionales y empresariales. c) La difusi�n de campa�as de sensibilizaci�n p�blica y concienciaci�n, tendentes al conocimiento de la calidad del aire, en general, y al impacto de la misma, de acuerdo con los h�bitos y estilos de vida en particular. d) La orientaci�n al consumidor sobre los productos energ�ticamente m�s eficientes y menos contaminantes. A tal efecto, la Administraci�n General del Estado podr� colaborar mediante la suscripci�n de los oportunos convenios con las comunidades aut�nomas, en las actuaciones que se proyecten. Art�culo 25
Fiscalidad ambiental Las Administraciones P�blicas promover�n, en el �mbito de sus competencias, el uso de la fiscalidad ecol�gica y de otros instrumentos de pol�tica econ�mica ambiental para contribuir a los objetivos de esta ley. CAP�TULO VIControl, inspecci�n, vigilancia y seguimiento
Control e inspecci�n 1. Las comunidades aut�nomas y, en su caso, las entidades locales en los t�rminos del art�culo 5.3, ser�n las competentes para adoptar las medidas de inspecci�n necesarias para garantizar el cumplimiento de esta ley. 2. Los funcionarios que realicen las tareas de inspecci�n a las que se refiere el punto anterior, tendr�n el car�cter de agentes de la autoridad a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n y, en el ejercicio de sus funciones, podr�n acceder a cualquier lugar de la instalaci�n o dependencia de titularidad p�blica o privada, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio. Art�culo 27
Sistema espa�ol de informaci�n, vigilancia y prevenci�n de la contaminaci�n atmosf�rica 1. El Ministerio de Medio Ambiente coordinar� el sistema espa�ol de informaci�n, vigilancia y prevenci�n de la contaminaci�n atmosf�rica que tendr� por finalidad permitir el intercambio rec�proco de informaci�n entre las distintas Administraciones p�blicas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley y de la normativa comunitaria e internacional. 2. Este sistema se abastecer� de la informaci�n generada por las Administraciones p�blicas y por los titulares, a trav�s de aquellas, as� como de cualquier otro dato relevante a efectos de esta ley. A fin de que el sistema sea lo m�s eficiente posible las Administraciones p�blicas se esforzar�n en actuar de manera coordinada. 3. La Administraci�n General del Estado elaborar� y actualizar� peri�dicamente los inventarios espa�oles de emisiones y dem�s informes que el Estado deba cumplimentar con objeto de cumplir las obligaciones de informaci�n asumidas por �ste en el marco de la normativa comunitaria e internacional, as� como para disponer de una fuente esencial de informaci�n para el conocimiento del estado del medio ambiente, el dise�o de pol�ticas ambientales y la evaluaci�n de su efectividad o el desarrollo de estudios e investigaciones ambientales sociales y econ�micas entre otras finalidades. 4. Para la elaboraci�n y actualizaci�n peri�dica de los inventarios espa�oles el Gobierno establecer� reglamentariamente un Sistema Espa�ol de Inventario acorde con las directrices y criterios comunitarios e internacionales vigentes, todo ello sin perjuicio de que las comunidades aut�nomas puedan elaborar sus propios inventarios auton�micos. 5. De acuerdo con la normativa comunitaria e internacional, el Gobierno regular� el contenido y los plazos de la informaci�n que debe ser facilitada para la elaboraci�n de los informes peri�dicos que deba cumplimentar el Estado en el �mbito de aplicaci�n de esta ley, para el cumplimiento de las obligaciones de informaci�n asumidas en el marco de la Uni�n Europea y los convenios internacionales. 6. El Ministerio de Sanidad y Consumo realizar� el seguimiento del impacto de la contaminaci�n del aire en la salud, mediante la realizaci�n de estudios epidemiol�gicos, e integrar� en su sistema de alertas y vigilancia la informaci�n proporcionada por el Sistema espa�ol de informaci�n, vigilancia y prevenci�n de la contaminaci�n atmosf�rica que pueda suponer riesgo para la salud. Art�culo 28
Estaciones, redes y otros sistemas de evaluaci�n de la calidad del aire 1. Las comunidades aut�nomas y, en su caso, las entidades locales en los t�rminos de los art�culos 5.3 y 10.1, deber�n disponer de estaciones de medida u otros sistemas de evaluaci�n de la calidad del aire que sean suficientes para permitir el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 2. Las comunidades aut�nomas remitir�n, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, al Ministerio de Medio Ambiente informaci�n validada y actualizada acerca de las estaciones, redes y otros sistemas de evaluaci�n de la calidad del aire, p�blicos y privados, y sobre los datos obtenidos en ellos mismos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones comunitarias e internacionales. 3. Los requisitos m�nimos a los que deben ajustarse las estaciones, redes y otros sistemas de evaluaci�n de la calidad del aire ser�n definidos mediante real decreto por el Gobierno, con la participaci�n de las comunidades aut�nomas, y estar�n referidos a los criterios de ubicaci�n y n�mero m�nimo de estaciones, a los m�todos para el muestreo y an�lisis de contaminantes y a criterios relacionados con el control y garant�a de calidad de las evaluaciones. 4. Para la instalaci�n de las estaciones de medida de la calidad del aire de titularidad p�blica, se podr�n imponer las servidumbres forzosas que se estimen necesarias en cada caso, previa la indemnizaci�n que corresponda legalmente. CAP�TULO VIIR�gimen sancionador
Responsabilidad Incurrir�n en responsabilidad, a los efectos del presente cap�tulo, las personas f�sicas o jur�dicas que realicen por acci�n u omisi�n hechos constitutivos de infracci�n conforme a esta ley. Art�culo 30
Tipificaci�n de las infracciones 1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, establezca la legislaci�n sectorial y de las que puedan establecer las comunidades aut�nomas, las infracciones administrativas se clasifican en muy graves, graves y leves. 2. Son infracciones muy graves: a) Incumplir el r�gimen de autorizaci�n y notificaci�n previsto en el art�culo 13 para las actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera, siempre que ello haya generado o haya impedido evitar una contaminaci�n atmosf�rica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un da�o o deterioro grave para el medio ambiente. b) Incumplir las obligaciones espec�ficas que, conforme lo dispuesto en el art�culo 12.2, de esta ley, hayan sido establecidas para productos que puedan generar contaminaci�n atmosf�rica, siempre que ello haya dado lugar o haya impedido evitar una contaminaci�n atmosf�rica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un da�o o deterioro grave para el medio ambiente. c) Incumplir los valores l�mite de emisi�n, siempre que ello haya generado o haya impedido evitar una contaminaci�n atmosf�rica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un da�o o deterioro grave para el medio ambiente. d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminaci�n atmosf�rica en la autorizaci�n o aprobaci�n del proyecto sometido a evaluaci�n de impacto ambiental o en los medios de intervenci�n administrativa en la actividad de los ciudadanos establecidos para las actividades clasificadas, siempre que ello haya generado o haya impedido evitar una contaminaci�n atmosf�rica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un da�o o deterioro grave para el medio ambiente.
Letra d) del n�mero 2 del art�culo 30 redactada por el n�mero dos del art�culo 33 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).Vigencia: 7 julio 2011
e) Incumplir los requisitos t�cnicos que le sean de aplicaci�n a la actividad, instalaci�n o producto cuando ello haya generado o haya impedido evitar, una contaminaci�n atmosf�rica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un da�o o deterioro grave para el medio ambiente. f) El incumplimiento de las medidas contempladas en los planes de acci�n a corto plazo a los que se refiere el art�culo 16.2. g) El incumplimiento de las medidas contempladas en los planes para la protecci�n de la atm�sfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminaci�n atmosf�rica, siempre que ello haya generado o haya impedido evitar, una contaminaci�n atmosf�rica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un da�o o deterioro grave para el medio ambiente. h) Ocultar o alterar maliciosamente la informaci�n exigida en los procedimientos regulados en esta ley, cuando ello haya generado o haya impedido evitar, una contaminaci�n atmosf�rica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un da�o o deterioro grave para el medio ambiente. i) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspecci�n o control, cuando ello haya generado o haya impedido evitar una contaminaci�n atmosf�rica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un da�o o deterioro grave para el medio ambiente. j) Incumplir las obligaciones previstas en el art�culo 7.1.b) y d) cuando haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un da�o o deterioro grave para el medio ambiente. k) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el art�culo 35 de esta ley. 3. Son infracciones graves: a) Incumplir el r�gimen de autorizaci�n y notificaci�n previsto en el art�culo 13 para las actividades potencialmente m�s contaminadoras de la atm�sfera cuando no est� tipificado como infracci�n muy grave. b) Incumplir las obligaciones espec�ficas que, conforme lo dispuesto en el art�culo 12.2 de esta ley, hayan sido establecidas para productos que puedan generar contaminaci�n atmosf�rica, cuando no est� tipificado como infracci�n muy grave. c) Incumplir los valores l�mite de emisi�n, cuando no est� tipificado como infracci�n muy grave. d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminaci�n atmosf�rica en la autorizaci�n o aprobaci�n del proyecto sometido a evaluaci�n de impacto ambiental o en los medios de intervenci�n administrativa en la actividad de los ciudadanos establecidos para las actividades clasificadas cuando no est� tipificado como infracci�n muy grave.
Letra d) del n�mero 3 del art�culo 30 redactada por el n�mero tres del art�culo 33 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).Vigencia: 7 julio 2011
e) Incumplir los requisitos t�cnicos que le sean de aplicaci�n a la actividad, instalaci�n o producto cuando ello afecte significativamente a la contaminaci�n atmosf�rica producida por dicha actividad, instalaci�n o producto, cuando no est� tipificado como infracci�n muy grave. f) El incumplimiento de las medidas contempladas en los planes para la protecci�n de la atm�sfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminaci�n atmosf�rica, cuando no est� tipificado como infracci�n muy grave. g) Ocultar o alterar maliciosamente la informaci�n exigida en los procedimientos regulados en esta ley, cuando ello haya generado o haya impedido evitar una contaminaci�n atmosf�rica sin que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas ni haya producido un da�o o deterioro grave para el medio ambiente. h) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspecci�n o control, cuando no est� tipificado como infracci�n muy grave. i) No cumplir las obligaciones relativas a las estaciones de medida de los niveles de contaminaci�n y al registro de los controles de emisiones y niveles de contaminaci�n a los que se refiere el art�culo 7.2.b) y c). j) No realizar controles de las emisiones y de la calidad del aire en la forma y periodicidad establecidas legalmente. k) Incumplir las obligaciones en materia de informaci�n a las que se refiere el art�culo 7.1.h), cuando de ello pueda afectar significativamente al cumplimiento, por parte de las Administraciones p�blicas, de sus obligaciones de informaci�n. l) Incumplir las obligaciones previstas en el art�culo 7.1.b) y d) cuando no est� tipificado como infracci�n muy grave. 4. Son infracciones leves: a) Incumplir los requisitos t�cnicos que le sean de aplicaci�n a la actividad, instalaci�n o producto cuando ello no est� tipificado como infracci�n grave. b) Ocultar o alterar maliciosamente la informaci�n exigida en los procedimientos regulados en esta ley, cuando ello no est� tipificado como infracci�n grave. c) Incumplir las obligaciones en materia de informaci�n a las que se refiere el art�culo 7.1.h), cuando ello no est� tipificado como infracci�n grave. Art�culo 31
Sanciones 1. Las infracciones tipificadas en el art�culo anterior podr�n dar lugar a la imposici�n de alguna o varias de las siguientes sanciones: a) En el caso de infracci�n muy grave: 1.� Multa desde 200.001 hasta 2.000.000 de euros. 2.� Prohibici�n o clausura definitiva, total o parcial de las actividades e instalaciones. 3.� Prohibici�n o clausura temporal, total o parcial de las actividades o instalaciones por un periodo no inferior a dos a�os ni superior a cinco. 4.� El precintado de equipos, m�quinas y productos, por un periodo no inferior a dos a�os. 5.� Inhabilitaci�n para el ejercicio de la actividad por un periodo no inferior a un a�o ni superior a cinco. 6.� Extinci�n, o suspensi�n de las autorizaciones en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminaci�n atmosf�rica por un tiempo no inferior a dos a�os. 7.� Publicaci�n a trav�s de los medios que se consideren oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que estas hayan adquirido firmeza en v�a administrativa o, en su caso jurisdiccional, as� como los nombres, apellidos o denominaci�n o raz�n social de las personas f�sicas o jur�dicas responsables y la �ndole y naturaleza de las infracciones. b) En el caso de infracci�n grave: 1.� Multa desde 20.001 hasta 200.000 euros. 2.� Prohibici�n o clausura temporal, total o parcial, de las actividades o instalaciones por un periodo m�ximo de dos a�os. 3.� Inhabilitaci�n para el ejercicio de la actividad por un periodo m�ximo de un a�o. 4.� El precintado temporal de equipos, m�quinas y productos por un periodo m�ximo de dos a�os. 5.� Suspensi�n de las autorizaciones en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminaci�n atmosf�rica por un periodo m�ximo de dos a�os. c) En el caso de infracci�n leve: multa de hasta 20.000 euros. 2. En cualquier caso, la cuant�a de la multa impuesta ser�, como m�nimo, igual al doble del importe en que se haya beneficiado el infractor. Art�culo 32
Graduaci�n de las sanciones 1. En la imposici�n de las sanciones se deber� guardar la debida adecuaci�n entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci�n y la sanci�n aplicada, con consideraci�n de los siguientes criterios para la graduaci�n de la sanci�n: a) Existencia de intencionalidad o reiteraci�n. b) La medida en la que el valor l�mite de emisi�n haya sido superado. c) Las molestias, riesgos o da�os causados respecto de las personas, el medio ambiente y dem�s bienes de cualquier naturaleza. d) La grave dificultad, cuando no imposibilidad de reparar los da�os ocasionados a la atm�sfera. e) La reincidencia por comisi�n de m�s de una infracci�n tipificada en esta ley cuando as� haya sido declarada por resoluci�n firme. f) El beneficio obtenido por la comisi�n de la infracci�n. g) Las diferencias entre los datos facilitados y los reales. 2. En todo caso, la prohibici�n, suspensi�n o clausura de actividades o instalaciones, se acordar� sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones a los trabajadores que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garant�a, de acuerdo con la normativa laboral que sea de aplicaci�n. Art�culo 33
Responsabilidad penal 1. Cuando la infracci�n pudiera ser constitutiva de delito o falta, la Administraci�n instructora lo pondr� en conocimiento del �rgano jurisdiccional competente, suspendi�ndose la tramitaci�n del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o resoluci�n que ponga fin al proceso. 2. La sanci�n penal excluir� la imposici�n de sanci�n administrativa en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, el �rgano competente continuar� la tramitaci�n del expediente sancionador. Art�culo 34
Concurrencia de sanciones Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jur�dicos, el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes que fueran de aplicaci�n, de las posibles sanciones se le impondr� la de mayor gravedad. Art�culo 35
Medidas de car�cter provisional 1. En los supuestos de amenaza inminente de da�o o para evitar nuevos da�os, el �rgano competente podr� acordar, a�n antes de la iniciaci�n del procedimiento sancionador, con los l�mites y condiciones de los art�culos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, mediante acuerdo motivado y previa audiencia del interesado, entre otras, alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales: a) Medidas de correcci�n, seguridad o control que impidan la continuidad en la producci�n del riesgo o del da�o. b) Precintado temporal de aparatos, equipos o productos. c) Clausura temporal, parcial o total de las instalaciones. d) Parada temporal de las instalaciones. e) Suspensi�n temporal de la autorizaci�n para el ejercicio de la actividad. 2. La medida provisional que se adopte antes de la iniciaci�n del procedimiento sancionador, deber� ser confirmada, modificada o levantada en el acuerdo de iniciaci�n, que deber� efectuarse dentro de los quince d�as siguientes a su adopci�n, el cual podr� ser objeto del recurso que proceda. Art�culo 36
Obligaci�n de reponer, multas coercitivas y ejecuci�n subsidiaria 1. Sin perjuicio de la sanci�n penal o administrativa que se imponga, el infractor estar� obligado a adoptar todas las medidas posibles para la reposici�n o restauraci�n de las cosas al estado anterior de la infracci�n cometida, as� como a abonar la correspondiente indemnizaci�n por los da�os y perjuicios causados en el caso de que �stos se hayan producido. La indemnizaci�n por los da�os y perjuicios causados a las Administraciones p�blicas se determinar� y recaudar� en v�a administrativa. 2. En caso de incumplimiento de la sanci�n o de la obligaci�n a que se refiere el apartado anterior, el �rgano competente requerir� al infractor para su cumplimiento. Si el requerimiento fuera desatendido, el �rgano competente podr� acordar la imposici�n de multas coercitivas por el importe que determine la normativa auton�mica. 3. La imposici�n de multas coercitivas exigir� que en el requerimiento se indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligaci�n y la cuant�a de la multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deber� ser suficiente para cumplir la obligaci�n. En el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podr� reiterarse las veces que sean necesarias hasta el cumplimiento de la obligaci�n, sin que, en ning�n caso, el plazo fijado en los nuevos requerimientos pueda ser inferior al fijado en el primero. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanci�n. 4. Cuando se produzca una amenaza inminente de da�o o se haya producido un da�o, en el caso de que el titular no adopte las medidas preventivas, correctivas, paliativas o reparadoras necesarias, o estas hayan sido insuficientes para que desaparezca la amenaza, para contener o eliminar el da�o o evitar mayores da�os y efectos adversos o cuando la gravedad y trascendencia de los eventuales da�os o da�os producidos as� lo aconsejen, la administraci�n p�blica competente podr� ejecutar subsidiariamente y a costa del sujeto responsable las medidas preventivas y reparadoras que deba adoptar. Art�culo 37
Potestad sancionadora Corresponde a las comunidades aut�nomas y, en su caso, a las entidades locales en los t�rminos del art�culo 5.3, el ejercicio de la potestad sancionadora. DISPOSICIONES ADICIONALES
R�gimen sancionador relativo a comercio internacional e intracomunitario El incumplimiento de las disposiciones de esta ley relativas a comercio internacional e intracomunitario ser� sancionado con arreglo al r�gimen establecido en la Ley Org�nica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represi�n del Contrabando. Disposici�n adicional segunda
Actividades e instalaciones incluidas en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n y de la legislaci�n auton�mica Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los art�culos 13 y 14 aquellas instalaciones incluidas en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n, que estar�n sometidas a la autorizaci�n ambiental integrada regulada en la misma, as� como aqu�llas que, por desarrollo legislativo de las comunidades aut�nomas, queden afectadas por procedimientos de intervenci�n integrada de similar naturaleza. Disposici�n adicional tercera
Instalaciones incluidas en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r�gimen del comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero En el supuesto de instalaciones sujetas a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r�gimen del comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero, la autorizaci�n a la que se refiere el art�culo 13 no incluir� valores l�mite para las emisiones directas de aquellos gases especificados en el anexo I de la citada Ley 1/2005, a menos que sea necesario para garantizar que no se provoque ninguna contaminaci�n local significativa. Disposici�n adicional cuarta
Contaminaci�n lum�nica Las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus competencias, promover�n la prevenci�n y reducci�n de la contaminaci�n lum�nica, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos: a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe proporcionar a los peatones, los veh�culos y las propiedades. b) Preservar al m�ximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general. c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminaci�n lum�nica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astron�micos que trabajan dentro del espectro visible. d) Reducir la intrusi�n lum�nica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios. Disposici�n adicional quinta
Aplicaci�n de las leyes reguladoras de la Defensa Nacional Lo establecido en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en las leyes reguladoras de la Defensa Nacional. Disposici�n adicional sexta
Movilidad m�s sostenible Las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus competencias, promover�n los sistemas de transporte p�blico y privado menos contaminantes. Disposici�n adicional s�ptima
Ley de movilidad sostenible El Gobierno, en desarrollo de las medidas urgentes a adoptar contra el cambio clim�tico, elaborar� una ley de movilidad sostenible que incluir�, en el marco del di�logo social establecido, la obligaci�n de la puesta en marcha de planes de transporte de empresa que reduzcan la utilizaci�n del autom�vil en el transporte de sus trabajadores, fomenten otros modos de transporte menos contaminantes y contribuyan a reducir el n�mero y el impacto de estos desplazamientos. Disposici�n adicional octava
Reestructuraci�n del Impuesto sobre determinados medios de transporte Primero.-
Modificaci�n de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Con efectos a partir del d�a 1 de enero de 2008 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del art�culo 65, que quedar�n redactados de la siguiente manera: �1. Estar�n sujetas al impuesto: a) La primera matriculaci�n definitiva en Espa�a de veh�culos, nuevos o usados, provistos de motor para su propulsi�n, excepto la de los que se citan a continuaci�n: 1.� Los veh�culos comprendidos en las categor�as N1, N2 y N3 establecidas en el texto vigente al d�a 30 de junio de 2007 del anexo II de la Directiva 70/156/CEE, del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximaci�n de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologaci�n de veh�culos a motor y de sus remolques, siempre que, cuando se trate de los comprendidos en la categor�a N1, se afecten significativamente al ejercicio de una actividad econ�mica. La afectaci�n a una actividad econ�mica se presumir� significativa cuando, conforme a lo previsto en el art�culo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido, el sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50 por ciento de las cuotas del Impuesto sobre el Valor A�adido soportadas o satisfechas con ocasi�n de la adquisici�n o importaci�n del veh�culo, sin que a estos efectos sea relevante la aplicaci�n de cualquier otra restricci�n en el derecho a la deducci�n derivada de las normas contenidas en dicha Ley. Cuando la matriculaci�n se produzca en Canarias, se presumir� la afectaci�n significativa a una actividad econ�mica cuando no resulten aplicables a las cuotas soportadas del Impuesto General Indirecto Canario en la adquisici�n o importaci�n del veh�culo las exclusiones y restricciones del derecho a deducir previstas en el art�culo 30 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaci�n de los aspectos fiscales del R�gimen Econ�mico Fiscal de Canarias, sin que a estos efectos sea relevante la aplicaci�n de cualquier otra restricci�n en el derecho a la deducci�n derivada de las normas contenidas en dicha Ley. No obstante, estar� sujeta al impuesto la primera matriculaci�n definitiva en Espa�a de estos veh�culos cuando se acondicionen para ser utilizados como vivienda. 2.� Los veh�culos comprendidos en las categor�as M2 y M3 establecidas en el mismo texto al que se refiere el n�mero 1.� anterior y los tranv�as. 3.� Los que, objetivamente considerados, sean de exclusiva aplicaci�n industrial, comercial, agraria, cl�nica o cient�fica, siempre que sus modelos de serie o los veh�culos individualmente hubieran sido debidamente homologados por la Administraci�n tributaria. A estos efectos, se considerar� que tienen exclusivamente alguna de estas aplicaciones los veh�culos que dispongan �nicamente de dos asientos (para el conductor y el ayudante), en ning�n caso posean asientos adicionales ni anclajes que permitan su instalaci�n y el espacio destinado a la carga no goce de visibilidad lateral y sea superior al 50 por ciento del volumen interior. 4.� Los ciclomotores de dos o tres ruedas. 5.� Las motocicletas y los veh�culos de tres ruedas que no sean cuatriciclos siempre que, en ambos casos, su cilindrada no exceda de 250 cent�metros c�bicos, si se trata de motores de combusti�n interna, o su potencia m�xima neta no exceda de 16 kw, en el resto de motores. 6.� Los veh�culos para personas con movilidad reducida. 7.� Los veh�culos especiales, siempre que no se trate de los veh�culos tipo "quad" definidos en el ep�grafe 4.� del art�culo 70.1. 8.� Los veh�culos mixtos adaptables cuya altura total desde la parte estructural del techo de la carrocer�a hasta el suelo sea superior a 1.800 mil�metros, siempre que no sean veh�culos todo terreno y siempre que se afecten significativamente al ejercicio de una actividad econ�mica. La afectaci�n a una actividad econ�mica se presumir� significativa cuando, conforme a lo previsto en el art�culo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido, el sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50 por ciento de las cuotas del Impuesto sobre el Valor A�adido soportadas o satisfechas con ocasi�n de la adquisici�n o importaci�n del veh�culo, sin que a estos efectos sea relevante la aplicaci�n de cualquier otra restricci�n en el derecho a la deducci�n derivada de las normas contenidas en dicha Ley. Cuando la matriculaci�n se produzca en Canarias, se presumir� la afectaci�n significativa a una actividad econ�mica cuando no resulten aplicables a las cuotas soportadas del Impuesto General Indirecto Canario en la adquisici�n o importaci�n del veh�culo las exclusiones y restricciones del derecho a deducir previstas en el art�culo 30 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaci�n de los aspectos fiscales del R�gimen Econ�mico Fiscal de Canarias, sin que a estos efectos sea relevante la aplicaci�n de cualquier otra restricci�n en el derecho a la deducci�n derivada de las normas contenidas en dicha Ley. No obstante, estar� sujeta al impuesto la primera matriculaci�n definitiva en Espa�a de estos veh�culos cuando se acondicionen para ser utilizados como vivienda. 9.� Los destinados a ser utilizados por las Fuerzas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Comunidades Aut�nomas y de las Corporaciones Locales, as� como por el Resguardo Aduanero, en funciones de defensa, vigilancia y seguridad. 10.� Las ambulancias y los veh�culos que, por sus caracter�sticas, no permitan otra finalidad o utilizaci�n que la relativa a la vigilancia y socorro en autopistas y carreteras. b) La primera matriculaci�n de embarcaciones y buques de recreo o de deportes n�uticos, nuevos o usados, que tengan m�s de ocho metros de eslora, en el registro de matr�cula de buques, ordinario o especial o, en caso de no ser inscribibles en dicho registro, la primera matriculaci�n en el registro de la correspondiente Federaci�n deportiva. Estar� sujeta en todo caso, cualquiera que sea su eslora, la primera matriculaci�n de las motos n�uticas definidas en el ep�grafe 4.� del art�culo 70.1. La eslora a considerar ser� la definida como tal en la versi�n vigente al d�a 30 de junio de 2007 del Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el abanderamiento y matriculaci�n de las embarcaciones de recreo en la Lista s�ptima del Registro de matr�cula de buques. Tienen la consideraci�n de embarcaciones y buques de recreo o de deportes n�uticos: 1.� Las embarcaciones que se inscriban en las listas sexta o s�ptima del registro de matr�cula de buques, ordinario o especial o, en su caso, en el registro de la correspondiente Federaci�n deportiva. 2.� Las embarcaciones distintas de las citadas en el p�rrafo l.� anterior que se destinen a la navegaci�n privada de recreo, tal como se define en el apartado 13 del art�culo 4 de esta Ley. c) La primera matriculaci�n de aviones, avionetas y dem�s aeronaves, nuevas o usadas, provistas de motor mec�nico, en el Registro de Aeronaves, excepto la de las que se citan a continuaci�n: 1.� Las aeronaves que, por sus caracter�sticas t�cnicas, s�lo puedan destinarse a trabajos agr�colas o forestales o al traslado de enfermos y heridos. 2.� Las aeronaves cuyo peso m�ximo al despegue no exceda de 1.550 kilogramos seg�n certificado expedido por la Direcci�n General de Aviaci�n Civil. d) Estar� sujeta al impuesto la circulaci�n o utilizaci�n en Espa�a de los medios de transporte a que se refieren los apartados anteriores, cuando no se haya solicitado su matriculaci�n definitiva en Espa�a conforme a lo previsto en la disposici�n adicional primera, dentro del plazo de los 30 d�as siguientes al inicio de su utilizaci�n en Espa�a. Este plazo se extender� a 60 d�as cuando se trate de medios de transporte que se utilicen en Espa�a como consecuencia del traslado de la residencia habitual de su titular al territorio espa�ol siempre que resulte de aplicaci�n la exenci�n contemplada en el apartado 1.I) del art�culo 66. A estos efectos, se considerar�n como fechas de inicio de su circulaci�n o utilizaci�n en Espa�a las siguientes: 1.� Si se trata de medios de transporte que han estado acogidos a los reg�menes de importaci�n temporal o de matr�cula tur�stica, la fecha de abandono o extinci�n de dichos reg�menes. 2.� En el resto de los casos, la fecha de la introducci�n del medio de transporte en Espa�a. Si dicha fecha no constase fehacientemente, se considerar� como fecha de inicio de su utilizaci�n la que resulte ser posterior de las dos siguientes: 1'. Fecha de adquisici�n del medio de transporte. 2'. Fecha desde la cual se considera al interesado residente en Espa�a o titular de un establecimiento situado en Espa�a. 2.
a) La delimitaci�n y determinaci�n de los veh�culos a que se refieren el apartado 1.a) anterior y el apartado 1 del articulo 70 se efectuar�, en lo no previsto expresamente en dichos preceptos, con arreglo a las definiciones y categor�as contenidas en la versi�n vigente al d�a 30 de junio de 2007 del Anexo II del Reglamento General de Veh�culos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. b) A efectos de esta Ley, se considerar�n nuevos aquellos medios de transporte que tengan tal consideraci�n de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido, aunque la primera matriculaci�n se produzca en Canarias. c) La aplicaci�n de los supuestos de no sujeci�n a que se refieren los n�meros 9.� y 10.� del apartado 1.a) anterior, estar� condicionada a su previo reconocimiento por la Administraci�n Tributaria en la forma que se determine reglamentariamente. En los dem�s supuestos de no sujeci�n ser� necesario presentar una declaraci�n ante la Administraci�n tributaria en el lugar, forma, plazo e impresos que determine el Ministro de Econom�a y Hacienda. Se except�an de lo previsto en este p�rrafo los veh�culos homologados por la Administraci�n tributaria�.
Dos. Se modifica el art�culo 70, que quedar� redactado de la siguiente manera: �Art�culo 70
Tipos impositivos 1. Para la determinaci�n de los tipos impositivos aplicables se establecen los siguientes ep�grafes: Ep�grafe 1.� a) Veh�culos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 120 g/km, con excepci�n de los veh�culos tipo "quad". b) Veh�culos provistos de un solo motor que no sea de combusti�n interna, con excepci�n de los veh�culos tipo "quad". Ep�grafe 2.� Veh�culos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 120 g/km y sean inferiores a 160 g/km, con excepci�n de los veh�culos tipo "quad". Ep�grafe 3.� Veh�culos cuyas emisiones oficiales de C02 no sean inferiores a 160 g/km y sean inferiores a 200 g/km, con excepci�n de los veh�culos tipo "quad". Ep�grafe 4.� a) Veh�culos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores a 200 g/km, con excepci�n de los veh�culos tipo "quad". b) Veh�culos respecto de los que sea exigible la medici�n de sus emisiones de CO2, cuando estas no se acrediten. c) Veh�culos comprendidos en las categor�as N2 y N3 acondicionados como vivienda. d) Veh�culos tipo "quad". Se entiende por veh�culo tipo "quad" el veh�culo de cuatro o m�s ruedas, con sistema de direcci�n mediante manillar en el que el conductor va sentado a horcajadas y que est� dotado de un sistema de tracci�n adecuado a un uso fuera de carretera. e) Motos n�uticas. Se entiende por 'moto n�utica' la embarcaci�n propulsada por un motor y proyectada para ser manejada por una o m�s personas sentadas, de pie o de rodillas, sobre los l�mites de un casco y no dentro de �l. Ep�grafe 5.� a) Veh�culos no comprendidos en los ep�grafes 1.�, 2.�, 3.� � 4.� b) Embarcaciones y buques de recreo o de deportes n�uticos, con excepci�n de las motos n�uticas. c) Aviones, avionetas y dem�s aeronaves. 2. Los tipos impositivos aplicables ser�n los siguientes: a) Los tipos que, conforme a lo previsto en el art�culo 43 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, hayan sido aprobados por la Comunidad Aut�noma. b) Si la Comunidad Aut�noma no hubiese aprobado los tipos a que se refiere el p�rrafo anterior, se aplicar�n los siguientes:
Pen�nsula e Illes Balears
Ep�grafe 1.� 0 por 100
Ep�grafe 2.� 4,75 por 100
Ep�grafe 3.� 9,75 por 100
Ep�grafe 4.� 14,75 por 100
Ep�grafe 5.� 12 por 100
c) En Ceuta y Melilla se aplicar�n los siguientes tipos impositivos:
Ep�grafe 2.� 0 por 100
Ep�grafe 3.� 0 por 100
Ep�grafe 4.� 0 por 100
Ep�grafe 5.� 0 por 100
3. El tipo impositivo aplicable ser� el vigente en el momento del devengo. 4. Cuando el medio de transporte cuya primera matriculaci�n definitiva haya tenido lugar en Ceuta y Melilla sea objeto de importaci�n definitiva en la pen�nsula e Islas Baleares o en Canarias, se liquidar� el impuesto a los tipos impositivos resultantes de multiplicar los tipos indicados en los p�rrafos a) o b) del apartado 2 anterior, seg�n proceda, por los coeficientes siguientes: a) Si la importaci�n definitiva tiene lugar dentro del primer a�o siguiente a la primera matriculaci�n definitiva: 1,00. b) Si la importaci�n definitiva tiene lugar dentro del segundo a�o siguiente a la primera matriculaci�n definitiva: 0,67. c) Si la importaci�n definitiva tiene lugar dentro del tercer o cuarto a�o siguientes a la primera matriculaci�n definitiva: 0,42. En los casos previstos en este apartado la base imponible estar� constituida por el valor en aduana del medio de transporte. 5. Cuando el medio de transporte por el que se haya devengado el impuesto en Canarias sea objeto de introducci�n, con car�cter definitivo, en la pen�nsula e Islas Baleares, dentro del primer a�o siguiente a la primera matriculaci�n definitiva, el titular deber� autoliquidar e ingresar las cuotas correspondientes a la diferencia entre el tipo impositivo aplicable en la Comunidad Aut�noma de Canarias y el tipo que corresponda aplicar en la Comunidad Aut�noma en que sea objeto de introducci�n con car�cter definitivo, sobre una base imponible que estar� constituida por el valor del medio de transporte en el momento de la introducci�n. Lo dispuesto en el p�rrafo anterior de este apartado no ser� aplicable cuando, en relaci�n con el medio de transporte objeto de la introducci�n, ya se hubiera exigido el impuesto en Canarias con aplicaci�n de un tipo impositivo no inferior al vigente en las Comunidades Aut�nomas peninsulares o en la de llles Balears para dicho medio de transporte en el momento de la introducci�n. 6. Las liquidaciones y autoliquidaciones que procedan en virtud de los apartados 4 y 5 de este articulo no ser�n exigibles en los casos de traslado de la residencia del titular del medio de transporte al territorio en el que tienen lugar, seg�n el caso, la importaci�n definitiva o la introducci�n definitiva. La aplicaci�n de lo dispuesto en este apartado est� condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Los interesados deber�n haber tenido su residencia habitual en Ceuta y Melilla o en Canarias, seg�n el caso, al menos durante los doce meses consecutivos anteriores al traslado. b) Los medios de transporte deber�n haber sido adquiridos en las condiciones normales de tributaci�n existentes, seg�n el caso, en Ceuta y Melilla o en Canarias, y no se deber�n haber beneficiado de ninguna exenci�n o devoluci�n con ocasi�n de su salida de dichos territorios. c) Los medios de transporte deber�n haber sido utilizados por el interesado en su antigua residencia durante un per�odo m�nimo de seis meses antes de haber abandonado dicha residencia. d) Los medios de transporte a que se refiere el presente apartado no deber�n ser transmitidos durante el plazo de los doce meses posteriores a la importaci�n o introducci�n. El incumplimiento de este requisito determinar� la pr�ctica de la correspondiente liquidaci�n o autoliquidaci�n con referencia al momento en que se produjera dicho incumplimiento. 7. Las emisiones oficiales de CO2 se acreditar�n, en su caso, por medio de un certificado expedido al efecto por el fabricante o importador del veh�culo excepto en los casos en que dichas emisiones consten en la tarjeta de inspecci�n t�cnica o en cualquier otro documento de car�cter oficial expedido individualmente respecto del veh�culo de que se trate.�
Tres. Queda derogado el art�culo 70 bis, �deducci�n en la cuota�, de acuerdo con lo previsto en el p�rrafo a) del apartado cuatro de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, seg�n la redacci�n dada al mismo por la disposici�n derogatoria �nica del Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes en relaci�n con el programa PREVER para la modernizaci�n del parque de veh�culos autom�viles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y la protecci�n del medio ambiente. L 38/1992 de 28 Dic. (Impuestos Especiales) L 39/1997 de 8 Oct. (programa PREVER para la modernizaci�n del parque de veh�culos autom�viles, el incremento de la seguridad vial y la protecci�n del medio ambiente) Cuatro. Se modifica el art�culo 71, que quedar� redactado de la siguiente manera: �Art�culo 71
Liquidaci�n y pago del Impuesto 1. El impuesto deber� ser objeto de autoliquidaci�n e ingreso por el sujeto pasivo en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Econom�a y Hacienda. 2. La autoliquidaci�n deber� ser visada por la Administraci�n Tributaria, en la forma que establezca el Ministro de Econom�a y Hacienda, con car�cter previo a la matriculaci�n definitiva ante el �rgano competente. Cuando la cuota resultante de la autoliquidaci�n sea inferior a la que resultar�a de aplicar los precios medios de venta aprobados por el Ministro de Econom�a y Hacienda, la Administraci�n Tributaria, con car�cter previo al otorgamiento del visado, podr� proceder a la comprobaci�n del importe o valor consignado como base imponible de acuerdo con lo previsto en el art�culo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Los precios medios a considerar ser�n los vigentes en el momento en que el interesado solicite el visado ante la Administraci�n Tributaria. Tambi�n podr� procederse a la comprobaci�n previa del importe o valor declarado cuando no exista precio medio de venta aprobado por el Ministro de Econom�a y Hacienda para el medio de transporte al que se refiera la autoliquidaci�n presentada. El plazo m�ximo para efectuar la comprobaci�n ser� de sesenta d�as contados a partir de la puesta a disposici�n de la documentaci�n del medio de transporte ante la Administraci�n Tributaria. El transcurso del citado plazo sin que se haya realizado la comprobaci�n determinar� el otorgamiento provisional del visado sobre la base del importe o valor declarado por el obligado tributario. A efectos del c�mputo del plazo resultar� de aplicaci�n lo dispuesto en el apartado 2 del art�culo 104 de la Ley General Tributaria. El visado podr� otorgarse con car�cter provisional, sin previa comprobaci�n del importe o valor, en el momento de la presentaci�n de la autoliquidaci�n, lo que podr� efectuarse mediante la emisi�n de un c�digo electr�nico. El otorgamiento del visado con car�cter provisional no impedir� la posterior comprobaci�n administrativa de la autoliquidaci�n en todos sus elementos. 3. Para efectuar la matriculaci�n definitiva del medio de transporte, deber� acreditarse el pago del impuesto o, en su caso, el reconocimiento de la no sujeci�n o de la exenci�n�.
Cinco. Quedan derogados los apartados 3 y 4 de la disposici�n transitoria s�ptima. Apartado primero de la disposici�n adicional octava redactado, con efectos desde el d�a 1 de enero de 2008, por la disposici�n adicional sexag�sima segunda de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2008 (�B.O.E.� 27 diciembre).Vigencia: 1 enero 2008
Modificaci�n de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a. Con efectos a partir del d�a 1 de enero de 2008 se modifica el art�culo 43 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, que quedar� redactado como sigue: �Art�culo 43
Alcance de las competencias normativas en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte las Comunidades Aut�nomas podr�n incrementar los tipos de gravamen aplicables a los ep�grafes del apartado 1 del art�culo 70 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en un 15 por 100 como m�ximo.�
Informaci�n relativa a las emisiones de los veh�culos El Gobierno, en desarrollo de las medidas urgentes a adoptar contra el cambio clim�tico, incluir� la obligatoriedad de la Etiqueta informativa de eficiencia energ�tica referida al consumo de combustible y emisiones de CO2, prevista en el Anexo I.2 del Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la informaci�n relativa al consumo de combustible y a las emisiones de C02 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio espa�ol. Disposici�n transitoria �nica
R�gimen aplicable a las instalaciones existentes La legislaci�n de las comunidades aut�nomas establecer� los t�rminos y plazos de adaptaci�n a lo establecido en esta ley de las instalaciones existentes, definidas en el art�culo 3.h), as� como de aqu�llas que hayan solicitado la autorizaci�n antes de su entrada en vigor. Disposici�n derogatoria �nica
Derogaci�n normativa 1. Queda derogado el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendr� su vigencia en aquellas comunidades y ciudades aut�nomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. Sin perjuicio de lo anterior, la regulaci�n contenida en los art�culos 4, 11, 15 y 20 sobre emplazamientos y distancias que en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas se establece, no ser� de aplicaci�n a las instalaciones de tratamiento de aguas, instalaciones de depuraci�n de aguas residuales, instalaciones desalobradoras y desalinizadoras, siempre que tal cuesti�n hubiera sido objeto de an�lisis y correcci�n, en su caso, mediante las medidas procedentes con arreglo a las mejores t�cnicas disponibles o que se ajusten a lo que al respecto determine la evaluaci�n ambiental o, en su caso, la autorizaci�n ambiental integrada correspondiente o t�tulo administrativo equivalente.
�ltimo p�rrafo del n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica introducido por la disposici�n final primera de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (�B.O.E.� 4 julio).Vigencia: 5 julio 2014
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley y en particular, la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protecci�n del Ambiente Atmosf�rico y los anexos II y III del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protecci�n del Ambiente Atmosf�rico. DISPOSICIONES FINALES
Modificaci�n de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos Se a�ade un nuevo p�rrafo al apartado 1 del art�culo 11 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, con la siguiente redacci�n: �En el supuesto de residuos de construcci�n y demolici�n, el poseedor de dichos residuos estar� obligado a separarlos por tipos de materiales, en los t�rminos y condiciones que reglamentariamente se determinen.�
Modificaci�n de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social Uno. Se a�aden cuatro nuevas definiciones al apartado 6 del art�culo 11 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, con la siguiente redacci�n: �Ruido certificado: nivel de ruido lateral, de aproximaci�n y de despegue, que figure en el certificado de ruido de la aeronave, expresado en EPNdB (ruido efectivo percibido en decibelios). Ruido determinado: nivel de ruido lateral, de aproximaci�n y de despegue, expresado en EPNdB, fruto de la aplicaci�n de las siguientes f�rmulas:
M�s de 400 Tm
M�s de 280 Tm
M�s de 385 Tm
Nivel 4 motores o m�s
Margen acumulado: Cifra expresada en EPNdB obtenida sumando las diferencias entre el nivel de ruido determinado y el nivel certificado de ruido en cada uno de los tres puntos de mediciones del ruido de referencia tal y como se definen en el volumen 1, segunda parte, cap�tulo 3, anexo 16 del Convenio sobre Aviaci�n Civil Internacional. Aviones de reacci�n subs�nicos civiles: Aviones con un peso m�ximo al despegue de 34.000 kg o m�s, o con una capacidad interior m�xima certificada para el tipo de avi�n de que se trate superior a 19 plazas de pasajeros, excluidas las plazas reservadas para la tripulaci�n.�
Dos. Se a�ade un nuevo p�rrafo D al apartado 8 del art�culo 11 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, con la siguiente redacci�n: �D) En los aeropuertos de Madrid Barajas y Barcelona, y para los aviones de reacci�n subs�nicos civiles, los importes resultantes de la aplicaci�n de las cuant�as referidas en los p�rrafos A y B del presente apartado se incrementar�n en los siguientes porcentajes en funci�n de la franja horaria en que se produzca o el aterrizaje o el despegue y de la clasificaci�n ac�stica de cada aeronave:
Categor�a 1 70 140 Categor�a 2 20 40 Categor�a 3 0 0 Categor�a 4 0 0 La categor�a ac�stica de cada aeronave se determinar� conforme a los siguientes criterios: Categor�a 1: Aeronaves cuyo margen acumulado sea inferior a 5 EPNdB. Categor�a 2: Aeronaves cuyo margen acumulado est� comprendido entre 5 EPNdB y 10 EPNdB. Categor�a 3: Aeronaves cuyo margen acumulado est� comprendido entre 10 EPNdB y 15 EPNdB. Categor�a 4: Aeronaves cuyo margen acumulado sea superior a 15 EPNdB. A estos efectos las compa��as a�reas presentar�n, antes de la salida del vuelo, a la Entidad Empresarial Aeropuertos Espa�oles y Navegaci�n A�rea copia del certificado oficial de ruido ajustado a lo establecido en el Anexo 16 al Convenio sobre Aviaci�n Civil Internacional, relativo a la protecci�n del medio ambiente, o documento de similares caracter�sticas y validez expedido por el estado de matr�cula de la aeronave. Aquellas aeronaves que no faciliten certificado de ruido ser�n consideradas dentro de la misma categor�a que una aeronave del mismo fabricante, modelo, tipo y n�mero de motores para el que s� se disponga de certificado a efectos de la clasificaci�n ac�stica, hasta la acreditaci�n del certificado correspondiente. Los porcentajes aplicables en funci�n de la clasificaci�n ac�stica de cada aeronave, se bonificar�n en el ejercicio 2007 en un 65% de su importe y en 2008 en un 35% de su importe. Se aplicar�n en su integridad a partir del 1 de enero del a�o 2009.�
Tres. Se modifica el apartado 10.2 del art�culo 11 de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, con la siguiente redacci�n: �2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se considerar�n elementos y criterios de cuantificaci�n de la presente tasa el peso m�ximo al despegue de la aeronave oficialmente reconocido, la categor�a del aeropuerto, la temporada en la cual se realiza el hecho imponible de la tasa, el tipo, clase y naturaleza del vuelo, el n�mero de operaciones efectuadas por periodo de tiempo y aeropuerto, la franja horaria y la clasificaci�n ac�stica de la aeronave.�
Modificaci�n de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n El apartado 2 del art�culo 22 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n, queda redactado del siguiente modo: �2. En el caso de instalaciones sujetas a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r�gimen del comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero, la autorizaci�n no incluir� valores l�mite para las emisiones directas de aquellos gases especificados en el anexo I de dicha ley, a menos que sea necesario para garantizar que no se provoque ninguna contaminaci�n local significativa. Lo previsto en el p�rrafo anterior no se aplicar� a las instalaciones excluidas temporalmente del r�gimen de comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero, de conformidad con lo previsto en la disposici�n transitoria cuarta de la citada ley.�
Dos. Se suprime el apartado 3 del art�culo 25. Disposici�n final cuarta
Modificaci�n de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptaci�n de la legislaci�n mercantil en materia contable para su armonizaci�n internacional con base en la normativa de la Uni�n Europea ...
Disposici�n final cuarta derogada por el n�mero 11 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditor�a de Cuentas (�B.O.E.� 2 julio).Vigencia: 3 julio 2011
Referencias a la normativa derogada Las referencias del ordenamiento jur�dico vigente a la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protecci�n del Ambiente Atmosf�rico y a los anexos II y III del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla aquella, se entender�n realizadas a esta ley y a sus anexos I y IV. Disposici�n final sexta
T�tulo competencial Esta ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el art�culo 149.1.23.� de la Constituci�n en materia de legislaci�n b�sica sobre protecci�n del medio ambiente. Disposici�n final s�ptima
Plazo para la aprobaci�n del texto refundido de evaluaci�n de impacto ambiental El Gobierno elaborar� y aprobar� en el plazo de un a�o a partir de la entrada en vigor de esta ley un texto refundido en el que se regularicen, aclaren y armonicen las disposiciones legales vigentes en materia de evaluaci�n de impacto ambiental. Disposici�n final octava
Desarrollo reglamentario de la legislaci�n estatal en las Ciudades de Ceuta y Melilla Las disposiciones sobre actividades clasificadas y r�gimen de disciplina ambiental contenidas en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n, en esta ley y en cualquier otra norma, se considerar�n legislaci�n general del Estado, a los efectos previstos en el art�culo 21.2 de la Leyes Org�nicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, por las que se aprueban, respectivamente, los Estatutos de Autonom�a de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Disposici�n final novena
Habilitaci�n para el desarrollo reglamentario 1. Se habilita al Gobierno para que en el �mbito de sus competencias y previa consulta con las Comunidades Aut�nomas, apruebe cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci�n, ejecuci�n y desarrollo de lo establecido en esta ley, as� como a actualizar sus anexos. 2. El Gobierno, en el plazo de un a�o desde la entrada en vigor de esta ley, previa consulta con las comunidades aut�nomas, actualizar� el anexo IV. V�ase el R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el cat�logo de actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera y se establecen las disposiciones b�sicas para su aplicaci�n (�B.O.E.� 29 enero).
V�ase el R.D. 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (�B.O.E.� 29 enero).
3. El Gobierno, mediante real decreto, podr� actualizar la cuant�a de las multas establecidas en el art�culo 31. Disposici�n final d�cima
Entrada en vigor La presente ley entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�. Por tanto, Mando a todos los espa�oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. ANEXO I Relaci�n de contaminantes atmosf�ricos 1. �xidos de azufre y otros compuestos de azufre. 2. �xidos de nitr�geno y otros compuestos de nitr�geno. 3. �xidos de carbono. 4. Ozono. 5. Compuestos org�nicos vol�tiles. 6. Hidrocarburos arom�ticos polic�clicos y compuestos org�nicos persistentes. 7. Metales y sus compuestos. 8. Material particulado (incluidos PM10 y PM2,5). 9. Amianto (part�culas en suspensi�n, fibras). 10. Hal�genos y sus compuestos. 11. Cianuros. 12. Policlorodibenzodioxinas y policlorodibenzofuranos. 13. Sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado o existan indicios razonables de que poseen propiedades cancer�genas, mut�genas, xenoestr�genas o puedan afectar a la reproducci�n a trav�s de aire. 14. Sustancias que agotan la capa de ozono. ANEXO II Directrices para la selecci�n de los contaminantes atmosf�ricos 1. Posibilidad, gravedad y frecuencia de los efectos; respecto a la salud humana y al medio ambiente en su conjunto, deben ser objeto de especial atenci�n los efectos irreversibles. 2. Presencia generalizada y concentraci�n elevada del contaminante en la atm�sfera. 3. Transformaciones medioambientales o alteraciones metab�licas que puedan dar lugar a la producci�n de sustancias qu�micas de mayor toxicidad. 4. Persistencia en el medio ambiente, en particular si el contaminante no es biodegradable y puede acumularse en los seres humanos, en el medio ambiente o en las cadenas alimentarias. 5. Impacto del contaminante: - importancia de la poblaci�n expuesta, de los recursos vivos o de los ecosistemas, - organismos receptores particularmente vulnerables en la zona afectada. 6. Se utilizar�n preferentemente m�todos de evaluaci�n del riesgo. 7. Deber�n tenerse en cuenta para la selecci�n de los contaminantes los criterios pertinentes de peligrosidad establecidos en virtud de la normativa de la Uni�n Europea. ANEXO III Factores a tener en cuenta para el establecimiento de los objetivos de calidad del aire y los umbrales de alerta 1. Grado de exposici�n de las poblaciones humanas y, en particular, de los subgrupos sensibles. 2. Condiciones clim�ticas. 3. Sensibilidad de la fauna, de la flora y de sus h�bitat. 4. Patrimonio hist�rico expuesto a los contaminantes. 5. Viabilidad econ�mica y t�cnica. 6. Transporte a larga distancia de los contaminantes, con inclusi�n de los contaminantes secundarios, entre ellos el ozono. 7. Mecanismos espec�ficos de formaci�n de cada contaminante.
ANEXO Cat�logo de actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera. CAPCA-2010
Anexo IV sustituido conforme establece el n�mero 1 del art�culo 3 del R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el cat�logo de actividades potencialmente contaminadoras de la atm�sfera y se establecen las disposiciones b�sicas para su aplicaci�n (�B.O.E.� 29 enero).Vigencia: 30 enero 2011

References: real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto