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Timestamp: 2020-02-20 17:36:48+00:00

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Lo anterior es así, ya que en el artículo 17 de la Ley comúnmente conocida como Priorpi, se describen 16 diversas actividades que el legislador reconoce como Actividades Vulnerables, es decir los sujetos a los que van dirigidas todas las obligaciones emanadas de dicho cuerpo normativo y, posteriormente dentro de los siguientes artículos describen una serie de obligaciones a cargo de los gobernados que realicen alguna de las actividades descritas dentro de las fracciones del propio artículo 17, sin embargo, es objetivo del presente artículo únicamente dilucidar la constitucionalidad del procedimiento de verificación del correcto cumplimiento de obligaciones con referencia a la integración de expedientes únicos de identificación.
Si bien es cierto que la propia Ley Priorpi no establece la obligación explicita de integrar expedientes únicos de información, si establece en su artículo 18 las primicias básicas de la integración del expediente de identificación y, posteriormente en el Acuerdo 09/2013 publicado en el diario oficial de la federación el 24 de Julio de 2014, es donde se establecen las reglas específicas y características detalladas que deberán integrar los expedientes únicos de identificación, cuando los gobernados realicen alguna de las 16 actividades que establece el artículo 17 de la Ley Priorpi.
Una vez esclarecido el objeto de las revisiones que analizaremos, podremos comenzar a desentrañar el procedimiento con el que cuenta la autoridad para efectos de detectar si los gobernados han o no han cumplido correctamente con sus obligaciones, mismo que por supletoriedad nos remite a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en particular al procedimiento de verificación y posteriormente el procedimiento sancionador que estipula dicha normatividad.
Es así, ya que si se realiza una remisión al artículo 4 de la Ley Priorpi nos establece que en lo no previsto en la ley se aplicarán supletoriamente diversas normatividades, para el caso que nos atañe, en la fracción III establece que será de aplicación supletoria la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, así como también, la propia Ley Priorpi hace una remisión expresa en el artículo 35, estableciendo que para efectos de realizar las verificaciones y la imposición de infracciones se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, quedando claro que se apegará al procedimiento de verificación que establece dicha ley, sin existir procedimiento especial para la verificación de las obligaciones nacidas de las actividades vulnerables.
Ahora bien, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su Capítulo Decimo Primero denominado “DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN” iniciando en el artículo 62, establece las reglas específicas del “como” se llevarán a cabo las visitas de verificación manifestando medularmente que las autoridades administrativas podrán llevar a cabo visitas de verificación que podrán ser ordinarias o extraordinarias, a su vez, en aras de proteger los derechos humanos de los gobernados establece que los verificadores deberán identificarse previo a la realización de la verificación, así como, deberán de exhibir una orden de verificación que contenga la información necesaria para poder realizar el acto de molestia.
Posteriormente, en su artículo 68 del mismo capítulo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece que los gobernados contarán con un plazo de 5 días hábiles para formular observaciones y ofrecer pruebas en relación a los hechos consignados en el acta de verificación realizada, entendiéndose esta etapa como el derecho de audiencia previo a la imputación formal de una supuesta infracción cometida, es decir, previo a que se dé inicio al procedimiento sancionador y que se otorgue dentro de ese procedimiento el plazo de 15 días para desvirtuar las imputaciones fincadas en su contra, el gobernado cuenta con el plazo de 5 días del procedimiento de verificación para aportar las pruebas que crea pertinentes.
En ese orden de ideas, es de suma importancia que se clarifique la diferencia del plazo de 15 días para desvirtuar dentro del procedimiento sancionador y el plazo de 5 días posteriores al acta de verificación, y la diferencia resulta ser muy simple, ya que en el plazo del procedimiento sancionador existe una imputación formal de una conducta tipificada como ilegal, mientras que en la verificación únicamente se establecen los hechos u omisiones derivados de la verificación, por lo que, en uno el desvirtuamiento tendría como objetivo demostrar las razones jurídicas y de hecho del porque el gobernado no se encuentra dentro de las hipótesis infraccionadas –claramente el sancionador-, mientras que en el otro el gobernado aportara y manifestará lo que a su derecho convenga con relación a los hechos u omisiones manifestados, esto porque no existe ninguna imputación formal de una conducta infraccionada, por lo que, conforme a lo manifestado en la propia Ley el gobernado aportara las pruebas y observaciones que crea pertinentes para efectos de comprobar el debido cumplimiento de las disposiciones legales.
Una vez clarificado lo anterior, podremos concluir que el gobernado al contar con un plazo de 5 días posteriores al levantamiento del acta de verificación, podrá en ese plazo aportar y demostrar que todo lo que se ha verificado esta realizado conforme a las disposiciones legales aplicables y la autoridad, deberá otorgarle pleno valor probatorio a las pruebas aportadas en ese plazo, siendo que debe de tener el mismo valor probatorio lo que se aporte durante la verificación así como las pruebas que se entreguen en el plazo otorgado con posterioridad, esto en virtud de que como ya se expuso en líneas anteriores, el gobernado está sujeto a una verificación y la propia ley establece un plazo para aportar lo que a derecho convenga en relación a la verificación, ya que no existe ninguna imputación formal en contra del gobernado.
Siendo que derivado de las disposiciones analizadas el gobernado tiene el derecho de aportar las probanzas que crea convenientes durante la verificación, así como en los 5 días posteriores a ella, es claro que, la autoridad deberá valorar las pruebas aportadas de la misma forma sin importar en qué momento se aportaron, ya que considerarlo de otra manera sería contravenir la propia disposición normativa y el derecho humano de audiencia, así como el del debido proceso.
Ahora bien, esclarecida la diferencia de los diversos plazos con los que cuenta el contribuyente para la aportación de pruebas y el valor probatorio que deben de tener las mismas, podremos ahora remitirnos a la interpretación que realiza la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la jurisprudencia VIII-J-SS-41 en donde manifiesta que si el gobernado entrega los expedientes únicos de identificación posteriormente al levantamiento del acta de verificación, no se tiene la certeza de que el gobernado los haya integrado en el momento de la realización de la actividad vulnerable.
Por lo que, podremos concluir que el juzgador pretende dar un valor probatorio distinto a los expedientes de identificación que se aporten en la visita de verificación y los expedientes que se aporten con posterioridad, entendiéndose inmerso en la posterioridad, el plazo de 5 días siguientes al levantamiento del acta de verificación.
Es claro, que el juzgador realiza una interpretación contraviniendo la propia legislación, así como el artículo 14 Constitucional en relación al derecho humano de la audiencia previo a la imputación de una conducta ilegal, siendo que el juzgador sin manifestar de manera frontal y explicita que las pruebas aportadas dentro del plazo de 5 días no tienen valor probatorio, si manifiesta que no otorgan certeza jurídica de que se integró el expediente al momento de la realización de la actividad vulnerable, por lo que, materialmente está privando al gobernado del derecho de aportar las probanzas en el plazo de 5 días en virtud de que no les otorgará el mismo valor probatorio que si se entregan al momento del levantamiento del acta.
Es decir, la legislación aplicable establece que el gobernado cuenta con el plazo de 5 días para otorgar las pruebas que crea pertinentes, empero, el juzgador mediante jurisprudencia firme del pleno de Sala Superior interpreta que particularmente los expedientes únicos de identificación que sean aportados en dicho plazo y no al momento de la verificación, no tendrán valor probatorio en virtud de que supuestamente no otorgan certeza de que se hayan integrado en el momento de la realización de la actividad vulnerable, cuestión que claramente no es más que soslayar un derecho adquirido del gobernado en contravención a nuestra propia Constitución así como los Tratados Internacionales de los que México es parte, en atención a que, el que manifieste que no otorgan certeza jurídica del momento de su integración no tiene otro objetivo más que hacer nulo el valor probatorio únicamente por el momento en el que se aportan, por lo que, para efectos prácticos el gobernado no cuenta con su derecho de aportar pruebas en 5 días posteriores a la verificación en atención a que si aporta los expedientes en dicho plazo, a los expedientes no se les otorgará el mismo valor probatorio que si se aportan en la verificación.
Conviene subrayar, que el juzgador en la interpretación analizada sustenta análisis en razón de que la creación de la Ley Priorpi fue para efectos de verificar la legal procedencia de los recursos y sus verificaciones deben de ser en el momento, es decir, equiparándolo a la flagrancia, para efectos de lograr verificar un tema de tal naturaleza y sensibilidad, ya que para eso fue creada dicha ley, sin embargo, se apega al procedimiento de verificación establecido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, misma que como ya analizamos otorga al gobernado el derecho de aportar pruebas posteriormente al levantamiento del acta de verificación, y este derecho debe de ser respetado sin importar las disposiciones legales que se pretendan verificar, ya que, si la Ley Priorpi contiene objetivos específicos que no son satisfechos con el proceso de verificación aplicable, debería de contener un procedimiento especial que proteja los motivos para lo que fue creada dicha norma, sin embargo, al no existir procedimiento especial claramente el juzgador violenta derechos humanos del gobernado al soslayar un derecho otorgado en ley, al intentar aplicar el procedimiento de una forma especial.
En conclusión, es clara la violación constitucional en la interpretación mediante jurisprudencia que realiza la Sala Superior en virtud de que tratando de justificar su actuar manifiesta que el otorgamiento de los expedientes en momento posterior a la verificación no otorga certeza al juzgador de que se integraran al momento de la realización de la actividad vulnerable, no es más que, privar al gobernado de su derecho de aportar los expedientes en el plazo de 5 días reconocido por la ley, en virtud de que carecerán de valor probatorio, violentando así claramente el derecho de audiencia con el que cuentan los gobernados.
Elías Eduardo Abasolo Elías
Gerente del Area Legal
Es por ello, que a manera de síntesis los invitamos a conocer el contenido de las reformas o adiciones que se hicieron al Código Fiscal de la Federación, siendo estas las siguientes:
69-B Bis: TRANSMISIÓN INDEBIDA DE PÉRDIDAS FISCALES.
Para evitar prácticas tendientes a disminuir la base del Impuesto Sobre la Renta, se establece la facultad de la autoridad fiscal para presumir la transmisión indebida de pérdidas fiscales, cuando se actualice excepcionalmente alguno de los seis supuestos previstos en la norma y que posteriormente se lleven a cabo restructuraciones, escisión o fusión de sociedades, o bien, de un cambio de accionistas y, como consecuencia de ello, dicho contribuyente deje de formar parte del grupo al que perteneció, teniéndose como finalidad única la fiscal y no así una razón de negocios, siendo esos casos donde se considerará que existe la presunción de una transmisión indebida de dicha pérdida fiscal para su disminución directa o indirecta por otro contribuyente.
Para ello, la autoridad notificará mediante buzón tributario al contribuyente que obtuvo la pérdida fiscal para que en un plazo de 20 días manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la documentación e información que considere pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlo.
La autoridad fiscal valorará las pruebas y defensas hechas valer por el contribuyente en un plazo que no excederá de seis meses, contado a partir de que venza el plazo para desvirtuar y notificará a través de buzón tributario la resolución mediante la cual se señale si el contribuyente desvirtuó o no, los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlo.
La autoridad publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación, un listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan, teniendo como efecto confirmar la transmisión indebida de las pérdidas fiscales obtenidas por el contribuyente que las generó, así como la improcedencia de su disminución por el contribuyente que corresponda.
28: CONTROLES VOLUMÉTRICOS.
Se establece que los contribuyentes que participen en la cadena de valor de la industria petrolera, tales como la fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y enajenación de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero tengan la obligación de llevar controles volumétricos.
29: COMPROBANTES FISCALES.
Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para que, mediante reglas de carácter general, establezca las características que deben contener los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general.
Asimismo, se establece la obligación para que los contribuyentes emitan un ticket electrónico con las características que determine el Servicio de Administración Tributaria por las operaciones realizadas en los distintos sectores de la industria de hidrocarburos y petrolíferos, lo que permitirá un mejor control de dichas operaciones.
Con el fin de prever los supuestos en los que tratándose de actos o actividades en los que, si bien no hay obligación de emitir un comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), y dicho acto o actividad tenga efectos fiscales, éstos se encuentren amparados en un documento digital que permita un mejor control de la información tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal.
42: VISITA DOMICILIARÍA.
Se adiciona la facultad de la autoridad fiscal para practicar visitas domiciliarias a efecto de verificar el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales respecto de los registros electrónicos de controles volumétricos, situación que además de incidir en el correcto pago de las contribuciones permitirá identificar la procedencia de los hidrocarburos o petrolíferos.
Asimismo, las autoridades fiscales podrán auxiliarse de terceros para la toma de muestras o para el análisis, identificación y cuantificación de bienes o mercancías objeto de revisión, durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, debido a que por la especialidad de determinados bienes existe dificultad para que la autoridad fiscal tome muestras o los analice.
42: FACULTADES DE COMPROBACIÓN.
Se adiciona una nueva facultad de comprobación, donde las autoridades podrán practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el número de operaciones que deban ser registradas como ingresos y, en su caso, el valor de los actos o actividades, el monto de cada una de ellas, así como la fecha y hora en que se realizaron, durante el periodo de tiempo que dure la verificación.
42 COMRPOBAR EL ORIGEN O PROCEDENCÍA DE CONCEPTOS.
Cuando en el ejercicio de facultades de comprobación en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten o compensen saldos a favor, pago de lo indebido, o se apliquen estímulos o subsidios fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia ya sea de la pérdida fiscal o del saldo a favor, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.
56: DETERMINACIÓN PRESUNTIVA.
Se adiciona un nuevo supuesto a efecto de poder determinar de manera presuntiva los ingresos brutos y el valor delos actos o actividades que obtengan los contribuyentes, mismo que consiste en un utilizar la información obtenida de la verificación que se efectué, calculando un promedio diario que se multiplicara por los días que corresponda al periodo sujeto a revisión.
Lic. José Andrés Valdés Barba – Gerente del Area Legal

References: artículo 17
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 35
 artículo 62
 artículo 68
 artículo 14
 resolución