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Timestamp: 2020-01-23 09:33:46+00:00

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205818-01313-301117-2017-2017-0451.html
Exp. Nro. 2017-0451
Adjunto al Oficio Nro. CSCA-2017-001154 de fecha 3 de mayo de 2017, recibido en esta Sala el día 19 de ese mismo mes y año, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente contentivo de la demanda por abstención interpuesta por la abogada Mildred Rojas Guevara (INPREABOGADO Nro. 109.217), actuando con el carácter de apoderada judicial de la ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA VENEZUELA, inscrita ante la Oficina de Registro Público del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda bajo el Nro. 49, Tomo 7, Protocolo Primero, el 11 de marzo de 2004, contra “la Presidenta” de la FUNDACIÓN NACIONAL “EL NIÑO SIMÓN”, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación, siendo su última modificación estatutaria la establecida en el Decreto Presidencial Nro. 5.982 del 3 de abril de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.902 de la misma fecha “(…) al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas por es[a] organización (…) sobre posibles hechos de corrupción de funcionarios de la Fundación Regional El Niño Simón Miranda (…) lo cual constituye una violación al Derecho de Petición y Oportuna Respuesta por la Administración Pública consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 51, 58, 141 y 143, así como la Garantía del Derecho a la Petición establecida en el artículo 9 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (…)”. (Agregado de la Sala).
La remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación ejercido en fecha 3 de noviembre de 2016, por la apoderada judicial de la aludida Asociación Civil, contra la decisión Nro. 2016-0580 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 25 de octubre de 2016, mediante la cual declaró inadmisible la demanda interpuesta.
El 25 de mayo de 2017 se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se ordenó la aplicación del procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se designó ponente a la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel y se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación.
El 4 de julio de 2017 se dejó constancia del vencimiento del lapso para la contestación de la apelación y que la causa entró en estado de sentencia.
En fecha 22 de septiembre de 2016, la abogada Mildred Rojas Guevara, antes identificada, apoderada judicial de la Asociación Civil Transparencia Venezuela, interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la demanda por abstención contra “la Presidenta” de la Fundación Nacional “El Niño Simón”, “(…) al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas por es[a] organización (…) sobre posibles hechos de corrupción de funcionarios de la Fundación Regional El Niño Simón Miranda (…) lo cual constituye una violación al Derecho de Petición y Oportuna Respuesta por la Administración Pública consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 51, 58, 141 y 143, así como la Garantía del Derecho a la Petición establecida en el artículo 9 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (…)”. (Agregado de la Sala). Todo ello, con base en los siguientes argumentos:
Expuso que “(…) Transparencia Venezuela recibió a través de la aplicación ‘Dilo Aquí’, denuncia por parte de un ciudadano, quien señaló [que]‘La expresidenta de la Fundación Regional el Niño Simón Miranda, Aymara Ferrer entregó su cargo el día martes 11-08-15, robándose los pañales que se utilizan para hacer donaciones a los niños más necesitados y de bajos recursos del Estado Miranda, también se robó toda la carne con que se le hace el almuerzo a todos niños que estudian en la Fundación, además de materiales de oficina. Todo se lo robó en una camioneta blazer color arena de su compañera que pertenecía a su tren ejecutivo (el nombre podemos proporcionarlo en reunión privada’ (…)”. (Sic) (corchete añadido).
Precisó que “(…) vista la recepción de la anterior información, Transparencia Venezuela envió comunicación con los detalles del caso a la Presidenta de la Fundación Nacional El Niño Simón a los correos electrónicos (…) ello con la intención que en uso de sus competencias girara las instrucciones pertinentes para dar inicio a una investigación que permitiera esclarecer la veracidad de la denuncia planteada, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley Orgánica de Administración Pública que establece la obligación de los funcionarios de la Administración Pública a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, so pena de incurrir ‘(...) en responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria, según sea el caso, por los actos, hechos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones violen o menoscaben los derechos garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin que les sirva de excusa órdenes superiores’ (…)”.
De allí destacó que vista la ausencia de respuestas por parte de la Presidenta de la Fundación recurrida “(…) ratifica[ron] dicha comunicación en fechas 18 de noviembre de 2015 y 22 de Julio de 2016, en donde solicita[ron] se [les] inform[ara]:
3. ¿De qué forma se asegura y protege la autonomía, independencia e imparcialidad de los funcionarios públicos, para garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias?
Arguyó que todo ello, se realizó con el “propósito de participar en el control de la gestión pública y así garantizar el desarrollo de la sociedad o proponer las condiciones favorables para ésta”, sin embargo, manifestó que “(…) a la fecha de la interposición de este recurso no se ha recibido respuesta de las comunicaciones por parte de ese Despacho Ministerial”.
TRANSPARENCIA VENEZUELA”, y en atención al “criterio vinculante” de “la Sala Constitucional de es[te] Máximo Tribunal” a través de “la decisión N° 754 del 15 de julio de 2010” (corchetes añadidos), lo siguiente:
Hacemos del conocimiento de los órganos e instituciones presuntas denuncias de corrupción con la intención de que sean éstos, en ejercicio de sus facultades y competencias, quienes giren las instrucciones pertinentes a fin de establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes. Igualmente, a ‘Todas las servidoras y servidores públicos están obligados a denunciar ante el Poder Ciudadano, su superior jerárquico o ante los órganos de control fiscal competentes, aquellos actos de los que tuvieren conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones que pudieran atentar, amenazar o lesionar la ética pública y la moral administrativa’, ello sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran incurrir por la inobservancia de las normas establecidas en el mencionado Código.
El uso de la información solicitada permitirá incrementar el conocimiento de los ciudadanos sobre los asuntos públicos y los mecanismos de control implementados para garantizar una óptima gestión pública por los funcionarios adscritos a ese Despacho”.
Denunció que “(…) la ausencia de respuestas por parte de la Presidenta de la Fundación Nacional Niño Simón a las solicitudes realizadas por esta Organización, tienen como resultado la fractura de un derecho humano, reconocido así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros Organismos Internacionales, como lo es el acceso de la información, lo cual compromete y transgrede principios fundamentales de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia preceptuado en nuestra Carta Magna”.
Indicó que en el caso de autos, “(…) se evidencia cómo el impacto y daño de la corrupción en el desarrollo y el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales puede llegar a anular esfuerzos extraordinarios y bien intencionados de los estados, cuando la ejecución no va acompañada de instituciones y prácticas transparentes efectivas y eficaces, afectando la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La corrupción no sólo puede significar la vulneración de derechos humanos en casos individuales, sino también puede transformarse en un obstáculo estructural al ejercicio y goce de tales derechos. De ahí la importancia que el Estado investigue cada uno de los posibles casos de corrupción, abuso de lo público o manejo discrecional del patrimonio de la República”.
Agregó que “(…) Transparencia Venezuela, se dispuso a informar a la Presidencia de la Fundación Nacional El Niño Simón de la denuncia recibida, con la intención que iniciara las averiguaciones pertinentes. No obstante, a la fecha no [han] recibido respuesta de las comunicaciones enviadas, razón por la cual ejerc[ieron] este recurso a fin de obtener respuesta por parte del mencionado Ministerio”. (Agregados de la Sala).
Finalmente, expuso que “(…) visto que la abstención de la actual Presidenta de la Fundación Nacional El Niño Simón encuadra en el supuesto de control de esta Sala Político Administrativa (sic), solicita[n], (…) que se declare con lugar el recurso de abstención incoado y, en consecuencia, se exhorte a la Presidenta de la Fundación Nacional El Niño Simón a que responda las peticiones realizadas referentes a las denuncias sobre posibles hechos de corrupción de funcionarios de la Fundación Regional El Niño Simón Miranda, acción contada (sic) a partir de la publicación de la Sentencia”. (Corchete añadido).
En sentencia Nro. 2016-0580 de fecha 25 de octubre de 2016, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró su competencia para conocer el caso e inadmisible la demanda por abstención incoada.
Según diligencia del 3 de noviembre de 2016, la representante judicial de la Asociación Civil Transparencia Venezuela ejerció recurso de apelación contra la referida decisión.
Mediante sentencia Nro. 2016-0580 de fecha 25 de octubre de 2016 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró inadmisible la demanda ejercida, con base en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, la prenombrada Corte se declaró competente para conocer la acción de autos, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que, en el presente caso se ejerció una demanda por abstención contra una autoridad que no se encuentra dentro de las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23, ni en el numeral 4 del artículo 25 eiusdem.
Determinado lo anterior, el referido Órgano Jurisdiccional precisó que, de acuerdo con el criterio establecido por la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 745 del 15 de julio de 2010, “(…) el derecho a la información al no tratarse de un derecho absoluto, está sujeto a determinados límites; por lo que, no puede ser invocado como un elemento excluyente de la ilegalidad; siendo, que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados y a conocer la resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular”.
Asimismo, explicó que en el aludido fallo se determinó que a partir de la publicación del mismo, a los fines de “(…) salvaguardar los límites del ejercicio del derecho a la información, el solicitante deberá adicionalmente y con carácter obligatorio manifestar la (sic) razones por las cuales requiere la información, así como justificar que lo pedido es proporcional con el uso que se le pretende dar”.
En ese contexto, consideró que en el caso bajo estudio “(…) la parte actora no señaló las razones ni los propósitos por los cuales requería que la Fundación Nacional El Niño Simón, le suministrara información referente a las presuntas denuncias efectuadas a funcionarios de esa Institución por presuntos hechos de corrupción. Aunado a ello, no puede este Órgano Jurisdiccional dejar de advertir que aún cuando tales razones y argumentos hubiesen sido explanados por la accionante, ésta no posee legitimación alguna para solicitarle a la Fundación Nacional El Niño Simón, que le suministre información relacionada a supuestos hechos de corrupción, dado que dichas investigaciones deben ser realizadas por los Organismos del Estado creados a tal fin; por lo que, mal puede pretender la Asociación Civil actora, acreditarse legitimación para efectuar tales requerimientos”.
Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto a la apelación incoada por la apoderada judicial de la Asociación Civil Transparencia Venezuela, contra la decisión Nro. 2016-0580 de fecha 25 de octubre de 2016, mediante la cual la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró inadmisible la demanda por abstención interpuesta contra “la Presidenta” de la Fundación Nacional “El Niño Simón” “(…) al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas por es[a] organización (…) sobre posibles hechos de corrupción de funcionarios de la Fundación Regional El Niño Simón Miranda (…)”. (Agregado de la Sala).
En este caso en concreto, se advierte que la sentencia objeto de apelación es la dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Nro. 2016-0580 de fecha 25 de octubre de 2016 que declaró inadmisible la demanda por abstención incoada y que mediante auto del 25 de mayo de 2017 la Secretaría de esta Sala ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia contemplado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, fijando un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación, siendo que lo correcto era, una vez se diera cuenta este Alto Tribunal de la apelación interpuesta, se designara el Magistrado o la Magistrada Ponente y comenzaran a discurrir los diez (10) días de despacho para la decisión.
i) En cuanto a que el “solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la [misma]”, expresó que su “intención” de hacer del conocimiento a las instituciones de las “presuntas denuncias de corrupción” es “que sean estos, en ejercicio de sus facultades y competencias, quienes giren las instrucciones pertinentes a fin de establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes (…)” (añadido de la Sala).
ii) Referente a “la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada” alegó que el “(…) uso de la información solicitada permitirá incrementar el conocimiento de los ciudadanos sobre los asuntos públicos y los mecanismos de control implementados para garantizar una óptima gestión pública por los funcionarios adscritos a ese Despacho (…)”.
Hechas las anteriores consideraciones, esta Máxima Instancia declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de la Asociación Civil Transparencia Venezuela, contra la decisión Nro. 2016-0580 de fecha 25 de octubre de 2016, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se confirma el fallo recurrido. Así se decide.
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de la ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA VENEZUELA, contra la decisión Nro. 2016-0580 de fecha 25 de octubre de 2016, que declaró inadmisible la demanda por abstención interpuesta contra “la Presidenta” de la FUNDACIÓN NACIONAL “EL NIÑO SIMÓN”, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
En fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01313.

References: artículo 9
 artículo 92
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 92