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Timestamp: 2019-02-17 13:38:17+00:00

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DEL DECRETO LEY DE FONDOS Y SOCIEDADES DE CAPITAL DE RIESGO
El presente Decreto Ley de Fondos y Sociedades y Capital de Riesgo procura el establecimiento de un marco normativo e institucional adecuado que permita sustentar la creación, desarrollo y fortalecimiento de nuevas alternativas de financiamiento no tradicionales, para proyectos de inversión vinculados con aquellas áreas estratégicas para el desarrollo integral de los diferentes sectores que integren las cadenas productivas, convirtiéndose así en un elemento dinamizador y multiplicador de la economía nacional al incrementar significativamente los niveles de producción y comercialización de bienes y servicios, generando mayores oportunidades de empleo con el consiguiente mejoramiento de la calidad de vida del pueblo venezolano.
La existencia y viabilidad de un mercado de capital de riesgo, así como la factibilidad técnica y financiera de las operaciones realizadas en el, está determinada por el manejo profesional del riesgo por parte de los Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, como elementos centrales del proceso de inversión, así como por la existencia de una amplia diversidad de proyectos emprendedores y de inversión en empresas potencialmente rentables, con un alto nivel de crecimiento y con necesidades de financiamiento no satisfechas por los mecanismos tradicionales.
Dentro de estas oportunidades de inversión productiva, es importante destacar el papel que juega la pequeña y mediana industria como un sector de actividad que impacta de manera significativa en la recuperación económica nacional, por cuanto su mayor flexibilidad y el aprovechamiento de las ventajas del concepto de economías de escalas, le permiten disponer de una mayor capacidad de adaptación frente a los cambios experimentados en el entorno. Sin embargo, en nuestro país este sector se ha visto imposibilitado de acceder adecuadamente y responder a las exigencias de los mecanismos tradicionales de financiamiento para financiar sus programas de desarrollo y de expansión de sus capacidades productivas, lo que se evidencia en el hecho de que el porcentaje representado por los créditos de las pequeñas y medianas industrias en la cartera de la banca comercial no supera el veinte por ciento (20%) del total; esta situación ha generado, de acuerdo a las cifras aportadas por la asociación gremial que agrupa al sector, Fedeindustria, el cierre o paralización de dos mil cuatrocientas (2.400) unidades productivas durante el periodo 1.989-1.995, con el agravante de la perdida de unos trescientos cincuenta mil (350.000) empleos directos e indirectos.
Por todo ello, la intención del Ejecutivo Nacional de establecer mediante este Decreto Ley un marco normativo sobre el cual pueda sustentar la actividad de los Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, ha sido la de facilitar el acceso de la Pequeña y Mediana Industria al mercado de capitales como una nueva alternativa de inversión, que le permita captar recursos para sus programas de expansión y desarrollo. El capital de riesgo, además de representar una excelente alternativa de inversión para los inversionistas, públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, trae consigo una serie de beneficios para el desarrollo económico y social del país, por cuanto los proyectos manejados a través de este mecanismo se reflejan directamente en el incremento de los niveles de empleos directos e indirectos, una mayor producción y oferta de bienes y servicios dentro del mercado, el mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la población y un mayor aporte de ingresos adicionales al Producto Interno Bruto.
Paralelamente, su utilización brinda la oportunidad a las empresas participantes de mejorar sus condiciones de calidad, productividad y competitividad, permitiéndoles adecuarse a los exigentes niveles requeridos por los mercados, sustituir sus tecnologías no actualizadas, desarrollar nuevos productos y servicios, así como adecuar sus estructuras administrativas, financieras y de gestión de sus procesos de acuerdo con las nuevas orientaciones de los mercados. Adicionalmente a estas consideraciones, la toma de participación accionaria en las empresas participantes o socios beneficiarios, de manera temporal en el capital de éstas, debe coadyuvar al mejoramiento de sus capacidades administrativas y de gestión, generando altos niveles de compromiso por parte de sus administradores.
A nivel operativo, el presente Decreto Ley sienta las bases y los lineamientos de las políticas de inversiones de los Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, a través del establecimiento de límites respecto de los montos que pueden ser invertidos en las empresas o proyectos, así como la constitución de los correspondientes fondos de reserva para estas entidades. El Decreto Ley establece los mecanismos tendentes a garantizar a los inversionistas la liberación de los recursos financieros a través de la venta o liquidación de las inversiones, lo cual constituye la fase final del ciclo de inversión de capital de riesgo.
En el caso venezolano, las oportunidades han comenzado a manifestarse para la constitución y desarrollo de los fondos y de las sociedades de capital de riesgo, tanto para la recuperación de empresas paralizadas, como para la realización de inversiones rentables en nuevos proyectos, incluyendo algunos de significativa importancia no sólo para la pequeña y mediana industria, sino para la propia industria petrolera. A los fines de que estas oportunidades puedan ser aprovechadas, se hace indispensable el establecimiento del marco jurídico contentivo de las reglas de inversión para este tipo de financiamiento no tradicional, plasmado en el texto de este Decreto Ley, en donde el Estado tendrá la posibilidad de participar, en las formas y condiciones que en el mismo se establecen, a los fines de impulsar el desarrollo de sectores de interés para la economía del país.
Decreto N° 1550 12 de noviembre de 2001
En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo previsto en el literal d) del numeral 1 del artículo 1 de la Ley N° 4 que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.076, de fecha 13 de noviembre de 2000, en Consejo de Ministros,
DECRETO CON FUERZA DE LEY DE LOS FONDOS Y LAS SOCIEDADES DE CAPITAL DE RIESGO
Artículo 1. Este Decreto Ley tiene por objeto regular la creación, organización y funcionamiento de los Fondos de Capital de Riesgo y de las Sociedades de Capital de Riesgo, mejorando de esta manera las condiciones de financiamiento de los sectores industriales, contribuyendo así con la generación de empleos y estimulando el desarrollo económico y social del país.
Artículo 2. La finalidad del presente Decreto Ley es la de fomentar, promocionar e incentivar la creación, la reactivación y el desarrollo de empresas en los diversos sectores económicos, mediante esquemas no tradicionales de financiamiento, de carácter temporal, bajo la figura de los Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo.
Artículo 3. Los términos enunciados tendrán el significado que se expresa a continuación:
1. Empresa: Es la forma de organización de unidades de producción constituidas como personas jurídicas, no financieras, domiciliadas en la República, con participación nacional en su capital social igual o superior al cincuenta por ciento (50%), cuya actividad económica principal se desenvuelva en: La industria manufacturera, la actividad turística, la producción agrícola, pecuaria, forestal, minera, pesquera o en empresas de servicios conexos a la actividad industrial, siempre que sus acciones, de ser el caso, no se coticen en las Bolsas de Valores.
2. Inversionistas: Personas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, con capacidad de administración y de gestión para la inversión de recursos financieros, a mediano o largo plazo, en aquellos proyectos señalados en esta Ley.
3. Capital de riesgo: Es una actividad financiera que consiste en realizar inversiones con un alto porcentaje de riesgo, mediante el aporte de recursos públicos o privados, de origen nacional o internacional, a mediano o largo plazo y sin carácter de permanencia, en proyectos innovadores, empresas en formación, y en el capital de empresas no financieras con potencial de crecimiento, siempre que sus acciones o los títulos que representen la respectiva inversión, no se coticen en las Bolsas de Valores.
4. Fondo de capital de riesgo: Persona jurídica creada bajo la forma de Sociedad Anónima, que actúa como intermediario entre los potenciales inversionistas que evalúen nuevas oportunidades de inversión en aquellos proyectos, de mediano y largo plazo, de tipo innovador o vinculados con empresas que tengan elevado potencial de crecimiento y desarrollo. Los cuales requieren recursos para su financiamiento. El fondo de capital de riesgo tiene como finalidad proporcionar apoyo técnico, financiero o de gestión a los socios beneficiarios, y fomentar a través de sus aportes, la creación de sociedades de capital de riesgo.
5. Sociedad de capital de riesgo: Persona jurídica creada bajo la forma de Sociedad Anónima, cuyo objeto social comprende la participación directa, temporal y sin carácter de permanencia en proyectos innovadores, empresas en formación, o en el capital de empresas, en los términos de este Decreto Ley; así como proporcionar apoyo técnico, financiero o de gestión a los socios beneficiarios.
6. Socios beneficiarios: Son las personas jurídicas de derecho privado que, de conformidad con los lineamientos de evaluación de proyectos y políticas de inversión previstos en este Decreto Ley, califican para recibir los recursos de financiamiento para su empresa o para su proyecto, de forma directa a través de los Fondos de Capital de Riesgo o indirectamente a través de las Sociedades de Capital de Riesgo, según las modalidades previstas en este Decreto Ley.
7. Socios de apoyo: Son las personas jurídicas, diferentes a los socios beneficiarios, de derecho público o privado, que sólo participan aportando recursos financieros en las sociedades de capital de riesgo. Los socios de apoyo serán escogidos preferentemente entre los gremios empresariales, las instituciones financieras y demás personas de derecho privado o público y cualesquiera otras formas societarias previstas en la Ley.
8. Cadena productiva: Conjunto de actividades, secuencialmente vinculadas, que constituyen distintas etapas en la producción de bienes o servicios conexos dentro de un sector de actividad económica.
Sistema nacional de capital de riesgo
Artículo 4. El Sistema Nacional de Capital de Riesgo está conformado por los inversionistas, los socios de apoyo, los socios beneficiarios, los fondos y sociedades de capital de riesgo nacionales, regionales, sectoriales o multisectoriales.
Registro Nacional de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo.
Artículo 5. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras debe llevar un Registro de los Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, debidamente autorizados.
Artículo 6. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo pueden celebrar convenios con fondos o sociedades de capital de riesgo internacionales, así como otros organismos financieros, para promover y captar inversiones en el país.
Artículo 7. A los fines de cumplir adecuadamente con sus objetivos, los Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo deben realizar la evaluación de los proyectos a financiar, entre aquellos proyectos que presenten una adecuada factibilidad técnica y financiera, tanto a nivel de proyectos emprendedores como de inversión en empresas potencialmente rentables, sustentables y con necesidades de financiamiento no satisfechas por los mecanismos tradicionales de financiamiento. Los Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo deben participar, además, en la administración y control de las actividades desarrolladas por el socio beneficiario, prestándoles asistencia técnica en todas aquellas áreas que contribuyan al mejoramiento de sus capacidades de gestión.
Artículo 8. Las instituciones financieras públicas que tengan dentro de su objeto, la facultad de participar en fondos o sociedades de capital de riesgo, se regirán por las disposiciones del presente Decreto Ley en lo correspondiente a la materia.
Limitación para el inversionista de derecho público
Artículo 9. El inversionista de derecho público o empresa del Estado en ningún caso podrá tener, en forma individual o en conjunto, una participación superior al cuarenta y nueve por ciento (49%) de la totalidad del capital social del socio o socios beneficiarios, ya sea mediante la inversión directa o por la que realizaren los fondos o sociedades de capital de riesgo que se crearen y en los que este tenga participación.
Artículo 10. Los Fondos de Capital de Riesgo deben constituirse bajo la forma de Sociedades Anónimas. Las acciones que conformen su capital social podrán ser suscritas por personas jurídicas de derecho público o privado, incluyendo a las instituciones financieras, dentro los límites establecidos en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Artículo 11. El capital mínimo inicial de los fondos de capital de riesgo debe ser la cantidad de CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000.000,00), totalmente suscrito y pagado en efectivo. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá establecer montos diferentes para aquellos fondos que se constituyan regionalmente, o que integren dos o más áreas geográficas o sectores de actividad, las cuales ameriten programas especiales de reactivación o desarrollo económico.
Acciones del capital social
Artículo 12. El capital social de los fondos de capital de riesgo estará dividido en acciones comunes, nominativas no convertibles al portador, y de iguales características, que conferirán a sus titulares los mismos derechos y obligaciones dentro de su clase. Dichas acciones deben estar representadas mediante títulos e inscritas en los registros respectivos del libro de accionistas del fondo.
Artículo 13. Los fondos de capital de riesgo podrán recibir recursos financieros directamente de los inversionistas, para ser colocados en operaciones de capital de riesgo en los términos establecidos en el presente Decreto Ley.
Artículo 14. Los Fondos de Capital de Riesgo deben fomentar, a través de sus aportes, la creación de Sociedades de Capital de Riesgo a fin de promover las inversiones, la creación de nuevas empresas y la generación de empleo en los diversos sectores de la economía nacional, mediante la suscripción de acciones representativas del capital de estas sociedades o de alguna otra de las formas de financiamiento alternativo reguladas por el presente Decreto Ley.
Corresponde a los fondos de capital de riesgo evaluar las diversas opciones de inversión, bien para realizarlas directamente en empresas o proyectos nacionales, o por intermedio de las sociedades de capital de riesgo ya constituidas a tal efecto, dando prioridad a aquellos proyectos que presenten una adecuada factibilidad técnica y financiera, marval.tripod.com.ve tanto a nivel de proyectos emprendedores como de inversión en empresas potencialmente rentables, sustentables y con necesidades de financiamiento no satisfechas por los mecanismos tradicionales de financiamiento.
Artículo 15. En los casos en que la asamblea de accionistas decrete aumento del capital, la participación de aquellos socios inversionistas de derecho público, debe ser determinada por el Ejecutivo Nacional, mediante la respectiva autorización del Ministerio de adscripción o del órgano competente, según el caso.
Artículo 16. El Reglamento de inversión de los fondos de capital de riesgo, que debe regir las relaciones entre los inversionistas y el fondo, debe ser elaborado conforme al modelo que establezca la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, contemplando los siguientes aspectos:
1. El régimen para la realización de inversiones y su reembolso, incluyendo, en su caso, los reembolsos que garantizan, periodicidad de los mismos y si los hubiere, régimen de preavisos.
2. El plazo de duración de la prohibición de suscripción y reembolso, si los hubiere.
3. La periodicidad con la que habrá de calcularse el valor de las participaciones, a efectos de la suscripción y reembolso.
4. El ejercicio del derecho de separación del fondo por parte del inversionista.
SOCIEDADES DE CAPITAL DE RIESGO
Artículo 17. Las Sociedades de Capital de Riesgo podrán ser nacionales o regionales, según la cobertura geográfica de sus operaciones; así mismo, podrán ser sectoriales o multisectoriales, según participen en empresas de dos o más sectores económicos.
Sociedades nacionales o regionales
Artículo 18. Se consideran Sociedades de Capital de Riesgo, nacionales o regionales, aquéllas que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Que sus administradores estén domiciliados en la República, para el caso de las sociedades nacionales, o en una de las entidades político territoriales que conforman la región que le sirva como sede.
2. Tener el noventa por ciento (90%) de los socios beneficiarios domiciliados en el territorio de la República, o en una o más de las entidades político territoriales que conforman la región que les sirva de sede.
3. Tener no menos de diez (10) socios beneficiarios para el caso de las sociedades nacionales, o de cuatro (4) socios beneficiarios en las sociedades regionales.
4. Tener, por lo menos, un (1) socio de apoyo.
5. El total de accionistas debe ser siempre en número impar.
Sociedades sectoriales y multisectoriales
Artículo 19. Son sociedades de capital de riesgo sectoriales, todas aquéllas dedicadas a promover y realizar inversiones de capital de riesgo en un sector específico de la actividad económica, a escala nacional o regional. Por su parte, las sociedades de capital de riesgo multisectoriales, estarán dedicadas a la promoción y realización de inversiones de capital de riesgo en dos o más sectores determinados de la actividad económica, a escala nacional o regional.
Artículo 20. El capital social mínimo de las sociedades de capital de riesgo de carácter nacional, regional, sectorial o multisectorial, será fijado por el Ejecutivo Nacional, el cual determinará la proporcionalidad entre el efectivo y los bienes que lo puedan conformar.
Artículo 21. El capital social de las Sociedades de Capital de Riesgo estará dividido en acciones comunes, nominativas no convertibles al portador, y de iguales características, que conferirán a sus titulares los mismos derechos y obligaciones dentro de su clase. Dichas acciones deben estar representadas mediante títulos e inscritas en los registros respectivos del libro de accionistas de la sociedad.
Artículo 22. Las Sociedades de Capital de Riesgo sólo pueden recibir recursos financieros de sus propios accionistas o de los Fondos de Capital de Riesgo para ser colocados en sus operaciones.
Artículo 23. Para realizar sus inversiones, las Sociedades de Capital de Riesgo deben atender al criterio de diversificación de cartera, tomando en consideración las características geográficas y sectores económicos, en los términos establecidos en el presente Decreto Ley.
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS Y DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL DE RIESGO
Artículo 24. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo deben estar domiciliados en el territorio nacional.
Artículo 25. Los Fondos de Capital de Riesgo y las Sociedades de Capital de Riesgo deben incluir en su denominación social las palabras Fondo de Capital de Riesgo o Sociedad de Capital de Riesgo, o las abreviaturas F.C.R. o S.C.R., respectivamente, las cuales serán exclusivas de este tipo de sociedades. Ninguna persona jurídica distinta a las autorizadas conforme al presente Decreto Ley, podrá utilizar en forma alguna tales términos o abreviaturas, palabras afines o derivadas de dichas palabras, o equivalentes en su traducción a otros idiomas distintos al castellano.
El registrador mercantil o cualquier otra oficina de registro público competente en la materia, se abstendrá de inscribir aquellas sociedades, asociaciones, fundaciones o fondos de comercio cuya denominación o razón social implique una contravención a lo dispuesto en este artículo.
Autorización para la constitución
Artículo 26. Para su constitución, los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo deben obtener la autorización de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Documento constitutivo estatutario
Artículo 27. El documento constitutivo estatutario de los fondos y sociedades de capital de riesgo debe contemplar:
1. El objeto social, el cual debe circunscribirse de forma exclusiva a la realización de las operaciones permitidas por este Decreto Ley para los Fondos o para las Sociedades de Capital de Riesgo, según corresponda.
2. El monto del capital social, exigido de conformidad con el presente Decreto Ley.
3. Las reglas con sujeción a las cuales deben formarse los balances y estados financieros, así como la forma de cálculo y distribución de los beneficios, de conformidad con la normativa que dicte la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
4. Los demás requisitos exigidos para las Sociedades Anónimas en el Código de Comercio vigente y aquellos otros que establezca la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Artículo 28. Los interesados en la constitución de Fondos o Sociedades de Capital de Riesgo, deben acompañar a la solicitud de autorización que presenten ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, los siguientes documentos:
1. Si los interesados y posibles accionistas fueren personas jurídicas, deben acompañarse los respectivos documentos constitutivos y estatutos sociales, debidamente actualizados, los estados financieros auditados por Contadores Públicos colegiados y en el ejercicio independiente de la profesión, debidamente visados en el Colegio respectivo, y copia de la declaración de impuesto sobre la renta del último año. Igualmente, deben suministrar la información detallada sobre sus accionistas principales, y en el caso de que éstos también fueren personas jurídicas, los documentos necesarios que permitan determinar las personas naturales que efectivamente tendrán el control de la sociedad anónima por constituirse.
2. Las personas naturales que tendrán el control de la sociedad anónima por constituir, en los términos del numeral anterior, deben presentar:
a. Declaración jurada de patrimonio autenticada, en la cual se indique sus nombres, apellidos, domicilio y nacionalidad, tomando en cuenta el balance personal actualizado, firmado por un contador público colegiado y visado por el respectivo Colegio.
b. Declaración del Impuesto Sobre La Renta del último año.
c. Curriculum Vitae, en el cual se demuestre su experiencia en el desarrollo de actividades económicas o técnicas, relacionadas con el sector.
3. El proyecto del documento constitutivo estatutario.
4. El porcentaje de participación en el capital de cada uno de los accionistas y la demostración del origen de los fondos que se empleen para tal fin.
5. Estudio económico, elaborado por un Economista colegiado, que justifique el establecimiento de la Sociedad Anónima, incluyendo los planes de negocios y los programas operacionales que demuestren la viabilidad de los mismos.
Evaluación del impacto social de la actividad proyectada y su efecto en términos de la generación de empleos directos e indirectos.
6. Cualquier otro documento, información y requisitos que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante disposiciones generales o particulares, estime necesarios o convenientes solicitar.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras debe establecer las normas y procedimientos aplicables a las solicitudes de autorización para la constitución y funcionamiento de los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo.
Artículo 29. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, conforme al artículo anterior, una vez verificados los datos suministrados y cumplidos los requisitos establecidos en sus normas, admitirá la solicitud. En caso de no ser admitida, los solicitantes tienen el derecho a ser informados de las razones en que se fundamenta tal decisión.
Artículo 30. La decisión sobre la solicitud de autorización para la constitución debe producirse dentro de un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su admisión. Dicho plazo podrá ser prorrogado, una sola vez y por igual período, cuando a juicio de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ello fuere necesario.
Artículo 31. Una vez otorgada la autorización para la constitución, los interesados tienen un lapso de noventa (90) días hábiles bancarios, contados a partir de su notificación formal, para proceder a la protocolización del documento constitutivo estatutario por ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente. El período señalado podrá ser prorrogado, una sola vez y por igual término, cuando a juicio de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, los interesados presenten justificación para la prórroga. Vencido el lapso antes señalado y su eventual prórroga, quedará sin efecto la autorización de constitución concedida.
Registro del documento Constitutivo
Artículo 32. Los registradores o jueces, según el caso, no inscribirán aquellos documentos constitutivos y estatutos sociales de las sociedades anónimas regidas por el presente Decreto Ley, si los interesados no presentan la autorización de constitución otorgada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Autorización para funcionamiento
Articulo 33. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, para el inicio de sus actividades, deben obtener autorización de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Articulo 34. Las Sociedades Anónimas regidas por este Decreto Ley, una vez registrado el documento constitutivo estatutario, deben obtener autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para lo cual tendrán un lapso de tres (3) meses. A tal efecto, deben presentar los siguientes recaudos:
1. Los documentos indicados en el numeral 2 del artículo 30 de este Decreto Ley, relativos a los directores, administradores, comisarios y cualquier otra persona vinculada a la gestión y administración de la Sociedad Anónima constituida.
2. Toda la información actualizada a que se refiere el artículo 30 de este Decreto Ley, cuando haya sufrido modificación entre el lapso transcurrido desde la solicitud de autorización de constitución y la de funcionamiento.
3. La metodología y los procedimientos contables, administrativos y de control interno que se proponen establecer, así como su soporte tecnológico.
4. Los planes de operación conjunta, o de convenios o acuerdos con otros fondos o sociedades de capital de riesgo en funcionamiento, según el caso.
5. Un ejemplar de la publicación del documento constitutivo estatutario.
6. Cualquier otra información que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras determine necesaria.
Artículo 35. Una vez otorgada la autorización para el funcionamiento, los interesados contarán con un lapso de noventa (90) días hábiles bancarios para proceder al inicio de sus operaciones, contados a partir de su notificación formal. El período señalado puede ser prorrogado, por un lapso igual y por una sola vez, cuando a juicio de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, los interesados justifiquen la prórroga.
Vencido el lapso antes señalado y su eventual prórroga, queda sin efecto la autorización de funcionamiento concedida.
Artículo 36. La administración y gestión del Fondo o de la Sociedad de Capital de Riesgo debe estar a cargo de personas naturales o jurídicas especializadas en el área financiera, cumpliendo los requisitos señalados en el Reglamento del presente Decreto Ley. La asamblea de accionistas es el órgano encargado para designar las personas que administrarán la Sociedad, conforme a las previsiones de los estatutos sociales respectivos, en los términos del presente Decreto Ley.
Artículo 37. Se entiende por política de inversiones de los Fondos y de las Sociedades de Capital de Riesgo, el conjunto de decisiones coordinadas y dirigidas al cumplimiento de su objeto social en los términos del presente Decreto Ley, apoyada en los siguientes aspectos:
1. Sectores económicos hacia los que se orientarán las inversiones.
2. Áreas geográficas hacia las que se orientarán las inversiones.
3. Tipos de empresas o proyectos en las que se pretende participar y criterios para la selección.
4. Porcentajes generales de participación, máximos y mínimos, que se pretenden obtener en el rendimiento del capital de los socios beneficiarios.
5. Criterios de permanencia, máximos y mínimos, del capital de los socios beneficiarios en las inversiones, y mecanismos de venta o liquidación de las mismas.
6. Tipos de financiamiento que se concederán a los socios beneficiarios o a los proyectos.
Artículo 38. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo deben adecuar sus políticas de inversión a los criterios establecidos en sus correspondientes estatutos y reglamentos de gestión.
Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo deben mantener, como mínimo, el setenta por ciento (70%) de su activo, invertido en acciones y participaciones en proyectos innovadores o en el capital de socios beneficiarios.
Porcentaje no sujeto al régimen de inversión
Artículo 39. El treinta por ciento (30%) del activo total de los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, no sujeto al régimen de inversión previsto en el artículo anterior, tendrá que estar representado en:
2. Títulos valores de oferta pública, debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
3. Títulos valores emitidos o avalados por la República.
4. Títulos valores emitidos de conformidad con la Ley del Banco Central de Venezuela.
5. Títulos valores emitidos por instituciones regidas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Límites a la inversión
Artículo 40. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo no pueden invertir más del quince por ciento (15%) del total de su activo en un mismo socio beneficiario o proyecto, ni más del veinte por ciento (20%) en empresas que formen parte de un mismo grupo económico.
Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo no podrán invertir en operaciones a ser realizadas por aquellos socios beneficiarios que sean sus accionistas.
Temporalidad de las inversiones
Artículo 41. Las inversiones realizadas bajo cualquier modalidad prevista en este Decreto Ley, tendrán una vigencia de hasta siete (7) años, contados a partir de la fecha de realización de la operación de que se trate. Este lapso podrá ser prorrogado, una sola vez, y hasta por la mitad del plazo inicial, previa aprobación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Artículo 42. Se entiende por grupo económico el conjunto de socios beneficiarios que, constituyen una unidad de decisión o de gestión, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. Se considera que existe unidad de decisión o de gestión cuando socios beneficiarios tienen, respecto a otras sociedades o empresas, al menos una de las siguientes condiciones:
1. Participación directa o indirecta, igual o superior a cincuenta por ciento (50%) de su capital o patrimonio.
2. Control igual o superior a la tercera parte de los votos de sus órganos de dirección o administración.
3. Control sobre las decisiones de sus órganos de dirección o administración, mediante cláusulas contractuales, estatutarias, o por cualquier otra modalidad administrativa.
Límites a la reestructuración de los pasivos
Artículo 43. Los Fondos o Sociedades de Capital de Riesgo, que tengan entre sus accionistas personas de derecho público, sólo pueden participar en procesos de reestructuración de sus pasivos, cuando a consideración del Ejecutivo Nacional se trate de comprobadas situaciones de emergencia económica o financiera, o en circunstancias que afecten la potencialidad de desarrollo en sectores económicos o industriales.
La participación, conjunta o separada, en operaciones de financiamiento de personas de derecho público, bien en forma directa o a través del mecanismo de reestructuración de pasivos, no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del total de las acreencias.
Artículo 44. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo deben formar y mantener, como mínimo, un fondo de reserva equivalente al diez por ciento (10%) del monto de las operaciones de financiamiento que efectúen con socios beneficiarios. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá aumentar el porcentaje previsto en este artículo.
Artículo 45. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo deben mantener un índice de solvencia acorde con el porcentaje de riesgo de las operaciones de financiamiento a realizar. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras fijará, mediante normas de carácter general, el índice de solvencia requerido para la cobertura general de los riesgos.
Otros límites a las inversiones
Artículo 46. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá establecer mediante normas de carácter general, limitaciones a la inversión en determinados tipos de activos, así como el porcentaje mínimo de liquidez a ser mantenido por los fondos de capital de riesgo.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá, igualmente, establecer límites al financiamiento que obtengan los fondos y las sociedades de capital de riesgo, proveniente de personas jurídicas no integrantes del Sistema Nacional de Capital de Riesgo.
Inaplicabilidad temporal de limitaciones
Artículo 47. La limitación porcentual prevista en el artículo 40 de este Decreto Ley, no será aplicable durante los siguientes periodos:
1. El primer año, contado a partir de la autorización para su funcionamiento, prorrogable hasta por igual término, a solicitud de la parte interesada.
2. El primer año, contado a partir del momento en que se produzca una venta o liquidación de inversión, prorrogable hasta por igual término, a solicitud de la parte interesada.
Lo anterior se aplicará a la limitación prevista en el artículo 41 del presente Decreto Ley, siempre que exista una imposibilidad material de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 de este instrumento legal.
Las solicitudes de prórroga a que se refiere este artículo, serán tramitadas por ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la cual decidirá dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la solicitud.
Artículo 48. Para el cálculo de la limitación porcentual prevista en los artículos 40 y 41 de este Decreto Ley, en el supuesto de devolución de aportes a los inversionistas, ésta se calculará sobre la base del patrimonio inicial del fondo o de la sociedad de capital de riesgo.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, por vía excepcional podrá eximir, por solicitud del fondo o de la sociedad de capital de riesgo, del cumplimiento de los porcentajes previstos en los artículos 40, 41 y 42 de este Decreto Ley, en atención a la situación del mercado o a la dificultad para encontrar proyectos que puedan cubrir adecuadamente dichos porcentajes.
Artículo 49. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo pueden prestar a sus socios beneficiarios, servicios de asistencia técnica, financiera o de gestión, así como cualquier otro de apoyo directo incluido en su objeto social.
Venta o liquidación de las inversiones
Artículo 50. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, al término del período predefinido para su participación en los proyectos o en el capital de los socios beneficiarios, según el caso, finiquitarán su participación mediante la venta o liquidación de la inversión, bajo alguna de las siguientes modalidades, en estricto orden de prelación, en cuanto sea aplicable:
1. La readquisición de la participación por parte de los accionistas originales del socio beneficiario.
2. La venta, a terceros, de la totalidad de las acciones del socio beneficiario, que sean propiedad del Fondo o de la Sociedad de Capital de Riesgo.
3. La venta a terceros de la totalidad de las acciones del socio beneficiario.
4. La venta en oferta pública de las acciones del socio beneficiario, que sean propiedad del Fondo o de la Sociedad de Capital de Riesgo.
5. La liquidación del socio beneficiario.
Contabilidad, Estados Financieros e Informes
Artículo 51. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo deben informar, trimestralmente, las operaciones realizadas a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en la forma en que ésta lo disponga, quien estudiará las condiciones de las operaciones realizadas, pudiendo solicitar información adicional en la oportunidad que juzgue conveniente, acerca de las circunstancias y las razones técnicas y económicas que hayan justificado su realización.
Artículo 52. La contabilidad de los Fondos y de las Sociedades de Capital de Riesgo debe llevarse conforme a lo que establezca la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante normas de carácter general, que reflejen todas las operaciones derivadas de los actos realizados y contratos suscritos.
Artículo 53. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo deben presentar ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en la forma y oportunidad en que ésta disponga, los Balances Generales y los Estados de Ganancias y Pérdidas correspondientes a sus ejercicios económicos semestrales.
Memoria por ejercicio económico
Artículo 54. Sin perjuicio de las obligaciones de informar establecidas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en normas de carácter general, los fondos y las sociedades de capital de riesgo deben publicar, para su difusión entre los inversionistas, una memoria por ejercicio económico, la cual debe ser aprobada por la asamblea de accionistas antes de su publicación.
Dicha memoria debe contener los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de que se trate, elaborados de conformidad con las normas de carácter contable que establezca la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, así como la opinión de los auditores externos y el informe del Comisario de la Sociedad Anónima de que se trate.
Artículo 55. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo deben ordenar por lo menos una vez al año, una auditoría externa integral, a los fines de evaluar las gestiones administrativas y contables, cuyos resultados deben ser remitidos a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, pudiendo ésta, de considerar necesario, ordenar a los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, la contratación de auditorías complementarias.
Las auditorias externas realizadas a los fondos y sociedades de capital de riesgo, deben ser efectuadas por contadores públicos colegiados, en el ejercicio independiente de la profesión, e inscritos en el registro que a tal efecto lleva la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Ente supervisor
Artículo 56. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo están sujetos a la regulación, control, inspección, supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de acuerdo con la normativa que ésta dicte al efecto.
Artículo 57. En el ejercicio de sus facultades, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, debe girarle a los Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, las instrucciones o recomendaciones que juzgue necesarias. Cuando los fondos o las sociedades no acogieren en el plazo indicado las instrucciones o recomendaciones impartidas, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras debe ordenar la adopción de medidas preventivas de obligatorio cumplimiento destinadas a corregir la situación, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Estas medidas se mantendrán hasta tanto la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, considere subsanadas las situaciones que dieron lugar a ellas.
Artículo 58. Una vez practicada una inspección, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, enviará a los Fondos o Sociedades de Capital de Riesgo inspeccionados, copia del informe con reserva de las partes que considere confidenciales, y formulará las instrucciones o recomendaciones que estime necesarias. Si la dirección o administración del fondo o de la sociedad de que se trate no acogieren las instrucciones o recomendaciones, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras lo notificará a la respectiva Junta Directiva, sin perjuicio de proceder conforme a lo previsto en el artículo anterior.
Supuestos para las medidas administrativas
Artículo 59. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras ordenará la adopción de una o varias de las medidas a las que se refiere el artículo 62 del presente Decreto Ley, cuando un Fondo o una Sociedad de Capital de Riesgo estuviere en alguno de los siguientes supuestos:
1. Dieren fundados motivos de que pudieren causarse perjuicios a las inversiones, a sus acreedores o al Sistema Nacional de Capital de Riesgo.
2. Hubieren incurrido en el lapso de un semestre, en dos o más infracciones graves a las disposiciones de este Decreto Ley, de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en las materias que le son aplicables. Así como de los reglamentos o de las normativas generales o particulares de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
3. Presentaren durante un semestre situaciones graves de tipo administrativo o gerencial que afecten o puedan afectar su comportamiento normal.
4. Hubieren cesado en el pago de sus obligaciones.
Artículo 60. En el caso de que los Fondos o Sociedades de Capital de Riesgo se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, debe adoptar las medidas administrativas que juzgue pertinentes y, en particular, una o varias de las siguientes:
1. Reposición de capital.
2. Prohibición de realizar nuevas inversiones.
3. Prohibición de decretar pago de dividendos.
4. Orden de liquidar o vender algún activo.
5. Suspensión o remoción de directivos o funcionarios, según el caso, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar.
6. Prohibición de mantener publicidad.
7. Cualquier otra medida administrativa de similar naturaleza.
Artículo 61. Para la adopción de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras dará audiencia previa a la parte respecto de la cual se tome la decisión. En caso de urgencia, se adoptarán las medidas en el mismo acto de la audiencia.
Artículo 62. Impuestas las medidas administrativas previstas en el artículo 61 del presente Decreto Ley, los Fondos o Sociedades de Capital de Riesgo deben presentar dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la audiencia, un plan de recuperación para corregir la situación presentada. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras se pronunciará sobre el plan propuesto dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a su presentación. La ejecución de dicho plan no podrá exceder del plazo que, en atención a sus necesidades y características, establezca la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Exclusión de atraso y quiebra
Artículo 63. Los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo están excluidos del beneficio de atraso y del procedimiento de quiebra establecidos en el Código de Comercio, y se rigen por el régimen especial de intervención y liquidación previstos en este Decreto Ley y en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en cuanto le sea aplicable.
Suspensión de acciones judiciales
Artículo 64. Mientras dure el régimen de intervención o el proceso de rehabilitación, así como durante el procedimiento de liquidación, quedará suspendida toda medida preventiva o de ejecución contra el fondo o sociedad de capital de riesgo, y no podrá intentarse ni continuarse ninguna acción de cobro contra cualquiera de ellos, a menos que provenga de hechos posteriores a la intervención.
Artículo 65. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, previa notificación, acordará la intervención del fondo o de la sociedad de capital de riesgo, según corresponda, cuando se diere alguno de los siguientes supuestos:
1. Si en los casos previstos en el artículo 61 de este Decreto Ley, las medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, no fueren atendidas adecuadamente, o resulten insuficientes para resolver las situaciones que las motivaron.
2. Cuando el margen de solvencia no se ajuste a la fórmula o a la cuantía que establezca la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
3. Cuando no se haya aprobado el plan de recuperación previsto en el artículo 64 del presente Decreto Ley.
4. En caso de incumplimiento de cualquier operación, o plazo contemplado en el plan de recuperación previsto en el artículo 64 del presente Decreto Ley.
Artículo 66. En el mismo acto en el cual se acuerde la intervención, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras designará uno o varios interventores, a quienes se les otorgarán las más amplias facultades de administración, disposición, control y vigilancia, incluyendo todas las atribuciones que la Ley y los Estatutos confieren a la Asamblea, a la Junta Administradora, al Presidente, a los Comisarios y a los demás órganos del fondo o la sociedad intervenida.
Los interventores o los miembros de la junta interventora no serán considerados funcionarios públicos y serán responsables de las actuaciones que realicen en el ejercicio de las facultades conferidas. Su remuneración será fijada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, con cargo a las cuentas del fondo o de la sociedad intervenida.
Actuación de los interventores
Artículo 67. Todas las actuaciones de los interventores deben ser motivadas y notificadas a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Los interventores designados están en la obligación de presentar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, los informes y documentos que ésta les requiera, en la forma y con la periodicidad que se les establezca.
Artículo 68. La intervención no podrá exceder de un lapso de seis (6) meses, pero podrá ser prorrogada hasta por un período igual, cuando a criterio de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, existan fundadas razones para ello. Si antes del vencimiento del plazo establecido, o a su prórroga si la hubiere, se han corregido las situaciones que dieron lugar a la medida, ésta será levantada. En caso de que la rehabilitación de la sociedad no fuere procedente, se revocará la autorización de funcionamiento y se decidirá su liquidación.
Artículo 69. Las inhabilitaciones para ser interventor, el régimen general de la intervención y la rehabilitación de los fondos y las sociedades de capital de riesgo, así como los procedimientos correspondientes, se rigen por las disposiciones previstas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en cuanto éstas les sean aplicables.
Fusión, Disolución y Liquidación
Artículo 70. Los Fondos de Capital de Riesgo podrán fusionarse entre sí, al igual que las Sociedades de Capital de Riesgo. En virtud de ello, no es admisible la fusión entre fondos de capital de riesgo y sociedades de capital de riesgo.
Autorización para la Fusión
Artículo 71. Todo proyecto de fusión, antes de su ejecución, debe ser aprobado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Artículo 72. Los Fondos de Capital de Riesgo deben notificar a sus inversionistas acerca de los procesos de fusión con otros fondos. Los inversionistas, en un lapso de treinta (30) días hábiles bancarios, contados a partir de la notificación, podrán ejercer el derecho de separación de la Sociedad Anónima de que se trate, procediendo al correspondiente reembolso de las participaciones al valor de la unidad de inversión, el cual se mantendrá hasta el día en que finalice el plazo conferido para el ejercicio del derecho de separación señalado, y sin que haya derecho a deducción de gasto alguno por parte de las sociedades a fusionarse.
Artículo 73. Una vez disueltos los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, por haber cumplido el término o plazo, o por causas que se establezcan en el Reglamento de Gestión para el caso de los fondos o cuando así lo decida la asamblea de accionistas, se abrirá el período de liquidación.
Artículo 74. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras ordenará de oficio la liquidación de fondos o sociedades de capital de riesgo, cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos:
1. Disolución de la compañía por decisión voluntaria de los accionistas.
2. Revocatoria de la autorización de funcionamiento.
3. Cuando en el procedimiento de intervención o rehabilitación, se evidencie de los informes de los interventores, que la situación legal, administrativa, contable y financiera sea de tal gravedad que haga imposible el cumplimiento del objeto del fondo o la sociedad de capital de riesgo.
SANCIONES Y SU PROCEDIMIENTO
Infracciones Gravísimas
Artículo 75. Serán sancionados con la revocatoria de la autorización de funcionamiento, los fondos y las sociedades de capital de riesgo que incurran en alguno de los siguientes supuestos:
1. No se realice el asiento correspondiente en el Registro Mercantil dentro de los noventa (90) o ciento ochenta (180) días continuos, según corresponda, contados a partir de la fecha de autorización para su constitución.
2. Carecer de la contabilidad legalmente exigida o llevarla con vicios o irregularidades esenciales, que impidan conocer la situación patrimonial y financiera de la empresa.
3. Obtener la autorización para funcionar como fondo o sociedad de capital de riesgo por medio de declaraciones falsas o por cualquier otro medio irregular.
4. La reincidencia en la comisión de infracciones graves, previstas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 78 del presente Decreto Ley, dentro los dos (2) años siguientes a la imposición de la sanción correspondiente.
Artículo 76. Serán sancionados con una multa equivalente al uno por ciento (1%) del patrimonio del fondo y de las sociedades de capital de riesgo, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar, los que incurran en alguna de las infracciones graves siguientes:
1. Usar en su firma, razón social o denominación comercial las palabras Fondo de Capital de Riesgo o Sociedad de Capital de Riesgo, sus siglas o términos afines o derivados de dichas palabras, o equivalentes en su traducción a otros idiomas distintos al castellano, sin estar autorizados para ello de acuerdo con este Decreto Ley, o estando autorizados para ello, no cumplieren con esta denominación.
2. Incumplir las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización de funcionamiento.
3. Incumplir con los porcentajes de inversión previstos en los artículos 40, 41 y 42 de este Decreto Ley, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 49 de este instrumento legal.
4. Incumplir con los índices de solvencia que indique la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
5. Ocultar información a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
6. La reincidencia en la comisión de infracciones leves de igual o distinta naturaleza, dentro los dos (2) años siguientes a la imposición de la sanción correspondiente.
Artículo 77. Serán sancionados con multas, entre el cero punto uno por ciento (0.1 %) y el cero punto cinco por ciento (0.5%) del patrimonio del fondo o la sociedad de capital de riesgo infractora, a criterio de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, los que incurran en alguna de las infracciones leves siguientes:
1. La determinación del valor de las participaciones del fondo o las sociedades de capital de riesgo, incumpliendo el régimen establecido en la normativa legal aplicable o en el reglamento de gestión.
2. Irregularidades de orden contable.
3. Incumplir en perjuicio grave para los inversionistas del fondo de capital de riesgo, el régimen de suscripción y reembolso de participaciones.
4. La falta de remisión a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de los documentos o informaciones que deban remitirle de conformidad con el presente Decreto Ley, o que aquélla les requiera en el ejercicio de sus funciones.
5. La fijación de remuneración o ventajas a los fundadores.
6. La comisión de dos (2) o más infracciones leves en el período de un (1) año.
Artículo 78. Para la gradación de la infracción, a los fines de la imposición de la sanción administrativa correspondiente, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras debe tomar en consideración las circunstancias agravantes o atenuantes establecidas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en cuanto éstas les sean aplicables.
Artículo 79. Todo lo referente al procedimiento sancionatorio se tramitará, sustanciará y decidirá de conformidad con las disposiciones previstas en esta materia, contenidas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Régimen de los recursos
Artículo 80. El régimen de los recursos administrativos y contencioso administrativo contra las decisiones de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, será el previsto en la misma Ley.
Artículo 81. El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, y con la finalidad de incentivar la participación activa de los particulares en el mercado de capital de riesgo, podrá exonerar, total o parcialmente, de los tributos que graven los enriquecimientos obtenidos por las operaciones de esta actividad.
Los Decretos de exoneración que se dicten en ejecución de esta norma, deberán señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles requeridos, para lograr la finalidad en ella prevista.
UNICA. Se deroga el Capítulo II, del Título III, de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva, denominado De las Entidades de Inversión Colectiva de Capital de Riesgo, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.027 de fecha 22 de agosto de 1996.
UNICA. El presente Decreto Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los doce días del mes de noviembre de dos mil uno. Año 191° de la Independencia y 142° de la Federación.
El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores
AREVALO MENDEZ
El Encargado del Ministerio de la Producción y el Comercio
El Ministro de Planificación y Desarrollo

References: artículo 236
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Artículo 65
 artículo 61
 artículo 64
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Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75
 artículo 78

Artículo 76
 artículo 49

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81