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Decreto Ley 1/2014, de 14 de noviembre de 2014, por el que se modifica la ordenación farmacéutica de las Islas Baleares - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO LEY 1/2014, DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR EL QUE SE MODIFICA LA ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LAS ISLAS BALEARES (BOIB 157 DE 15)
La regulación comunitaria sobre ordenación farmacéutica es ciertamente escasa. Las directivas 2005/36/ CE ( RCL 1978, 2836 ) y 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, han permitido exceptuar de la aplicación del principio comunitario de libertad de establecimiento al régimen de autorización y establecimiento de oficinas de farmacia. Dicha excepción se halla justificada sobre la base de que en dicha materia concurre la causa de interés general, radicada en la protección de la salud y el adecuado y general abastecimiento de medicamentos a toda la población dentro de todo un territorio. A mayor abundamiento, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce que, en aras de tal protección y atención a la salud, es admisible una planificación de los establecimientos e infraestructuras sanitarias, entre las que se incluyen las dedicadas a la prestación farmacéutica, así como el régimen de acceso a la titularidad de tales establecimientos.
El sistema de ordenación farmacéutica del Estado español obedece al modelo mediterráneo de farmacia, basado en la proximidad y profesionalidad, que busca dar cobertura de asistencia farmacéutica a toda la población y en todo el territorio de la nación. Ello ha configurado un sistema con una intervención administrativa, tanto en la ordenación y planificación de la actividad farmacéutica como en el establecimiento de sistemas de precios autorizados, con la constante reivindicación del interés general al que sirve la prestación farmacéutica en forma de servicio público. En ese sentido, el artículo 84.6 de la Ley 29/2006, de 26 de julio ( RCL 2006, 1483 y RCL 2008, 970) , de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, dispone que las oficinas de farmacia tienen la consideración de establecimientos sanitarios privados de interés público.
Así, como ejemplo de la trascendencia que el ordenamiento atribuye a las funciones de dichos profesionales, el artículo 84.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, atribuye a los mismos la condición de y con el facultativo responsables de la dispensación cooperadores responsable de la prescripción, coadyuvando al seguimiento de las indicaciones de aquél, en aras a asegurar la eficacia del tratamiento, colaborando en el uso racional de los medicamentos por medio de la dispensación informada y la entrega en la forma prevenida por la Administración sanitaria de sistemas de dosificación, etc.
La Ley 7/1998, de 12 de noviembre ( LIB 1998, 278 y 307) , de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, es una Ley que ha sido objeto de modificaciones parciales pero que en sus líneas esenciales sigue siendo la misma que se aprobó en 1998. La experiencia adquirida a lo largo de estos años ha servido para detectar las deficiencias en el sistema de planificación contenido en la Ley.
Así, la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, no configura un auténtico sistema de planificación farmacéutica, pues no existe una intervención de la Administración pública en la configuración de una planta farmacéutica de Baleares, ni una potestad organizativa de la misma que garantice, más allá del requisito de distancia mínima entre farmacias, una adecuada distribución de las mismas en el territorio de las islas.
Durante estos años de vigencia de la Ley ha resultado factor preponderante en la configuración de la planta farmacéutica casi en exclusiva el modulo poblacional. Los cambios demográficos sufridos últimamente, la actual estructura y composición de las familias y la existencia de 67.110 viviendas desocupadas según la definición del INE —esto es, viviendas deshabitadas por no constituir ni domicilio de personas, ni ser objeto de uso residencial temporal o estacional— implican, conforme a los criterios de cálculo previos a la presente norma, generar una inflación ficticia del censo autonómico, a efectos de cálculo de farmacias autorizables, de 80.532 personas que en la práctica no existen, o lo que es lo mismo, 29 oficinas de farmacia que pueden ser autorizadas en base a una población que realmente no existe.
La ausencia de una planificación previa , tomando en consideración y predeterminando la ubicación de las strictu sensu oficinas con mucha mayor precisión que la derivada del albur del criterio lineal de distancia y totales de población, ha propiciado excesivas concentraciones de oficinas de farmacia en núcleos de población que experimentan grandes reducciones de población durante 7 u 8 meses al año, respecto a los picos de población que se producen durante la temporada turística. Tales concentraciones han provocado serios problemas de cara a la viabilidad económica de esas oficinas de farmacia.
Así pues, a día de hoy y desde el año 2012, dos titulares de oficinas de farmacia han renunciado a las mismas debido a su inviabilidad económica, originaria o sobrevenida. Del mismo modo, y por aplicación del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo ( RCL 2008, 1116 ) , en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 un total de 17 oficinas de farmacia de media se han visto en la tesitura de solicitar y percibir ayudas públicas de la Administración autonómica —por un importe total en el ejercicio de 2013 de 115.486,43 €— debido a que sus niveles de facturación anual eran inferiores a los que la norma considera mínimos (200.000,00 € brutos anuales) para garantizar la viabilidad económica de estas oficinas de farmacia.
Además, todo ello se ve agravado por las sucesivas reformas normativas, como el Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo ( RCL 2010, 875 y 1045) , de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud; el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo ( RCL 2010, 1396 ) , por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto ( RCL 2011, 1609 ) , de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011; el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril ( RCL 2012, 573 y 673) , de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, o, por último, el Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo ( RCL 2014, 449 ) , por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los medicamentos y productos sanitarios, que, en aras a la consolidación fiscal y a la consecución de objetivos en materia de uso racional de medicamentos y reducción del gasto farmacéutico, han supuesto una reducción del margen de beneficio de las oficinas de farmacia.
Por aplicación del sistema de autorización de oficinas de farmacias, durante el último trienio se ha tenido que proceder a autorizar un total de 54 nuevas oficinas de farmacia —13 de ellas por silencio administrativo que a día de hoy se encuentran pendientes — de convocatoria de concurso para su adjudicación. Cabe aquí decir que la Administración sanitaria se ha visto forzada por el sistema legal y el procedimiento administrativo a dictar estas resoluciones de autorización, si bien ello no supone el reconocimiento de un derecho individual para ningún farmacéutico, ni siquiera para el que ha solicitado la autorización conforme a la normativa hasta ahora en vigor.
Por otra parte, si bien la planta turística permanece más o menos estable, su ocupación ha estado sometida a variabilidad. Es a la población real y efectiva a la que principalmente va dirigida la atención de las oficinas de farmacia, y por ello se tienen en cuenta los factores de estacionalidad a la hora de ponderar la aportación del sector turístico a la población necesaria para la autorización de oficinas de farmacia.
En función de ello, se da un nuevo tratamiento a los botiquines farmacéuticos, como elementos correctores y de equilibrio de la planificación de la red farmacéutica, potenciando su instalación en núcleos en los que siendo necesaria la atención farmacéutica, ésta sólo es requerida con carácter estacional y temporal.
En consecuencia, a propuesta del consejero de Salud, y previa consideración por el Consejo de Gobierno en la sesión de 14 de noviembre de 2014, se dicta el siguiente decreto ley:
Artículo 1. Modificación de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre ( LIB 1998, 278 y 307) , de ordenación farmacéutica de las Islas Baleares
2. La planta farmacéutica con su división en zonas farmacéuticas y unidades territoriales menores se aprobará por resolución del consejero competente en materia de farmacia, previa instrucción del correspondiente procedimiento, en el que se dará la oportuna audiencia al Colegio Oficial de Farmacéuticos y a los municipios afectados a través de las asociaciones que les representen. Las alegaciones presentadas serán valoradas en la resolución que ponga fin al procedimiento. El procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o en su normativa de desarrollo reglamentario. La resolución que apruebe la planta farmacéutica será publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
8. Asimismo, para el cálculo de la población estacional del módulo estacional se tendrán en cuenta las viviendas secundarias certificadas o publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, computando en este caso el 30 % de las mismas multiplicado por la cifra media de ocupantes por vivienda que certifique o publique el Instituto Nacional de Estadística en el momento del cómputo.
Se entiende por vivienda secundaria aquella que está destinada a ser ocupada sólo ocasionalmente. No se tendrán en cuenta en este cómputo las viviendas que el Instituto Nacional de Estadística, dentro de la categoría genérica de viviendas no principales, no califica como viviendas secundarias sino que califica como viviendas vacías, es decir, como viviendas deshabitadas porque no constituyen ni el domicilio de personas ni son objeto de una residencia temporal o estacional.
11. La resolución aprobando el catálogo farmacéutico se dictará una vez seguido el procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o el que reglamentariamente se establezca, en el que deberán recabarse los datos e información necesaria y darse audiencia al Colegio Oficial de Farmacéuticos y a los municipios afectados por la creación o supresión de oficinas de farmacia en su término municipal a través de las asociaciones que les representen y a los titulares de oficinas de farmacia situados en los mismos términos municipales.
Las alegaciones presentadas en el procedimiento se valorarán en la resolución que ponga fin al mismo y ésta deberá publicarse en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. Incluida una oficina de farmacia dentro del catálogo aprobado por resolución del director general competente en materia de farmacia, se entenderá que queda autorizada.
6. La renuncia de un adjudicatario o de un participante que haya formulado su elección conforme al apartado 3 a la farmacia adjudicada o elegida, sea expresa o tácita, conllevará la exclusión de la farmacia de este concurso y, por lo tanto, la imposibilidad de nueva adjudicación a otro concursante. Igualmente, el renunciante no podrá participar durante cuatro años en concursos de méritos para la adjudicación de farmacias que convoque la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, ni se autorizará transmisión alguna a título oneroso a su favor por el mismo período. Idéntica regla se aplicará en los casos en los que la oficina de farmacia de la que ha resultado adjudicatario no se llegue a abrir por causa imputable al mismo.
Artículo 2. Modificación de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre ( LIB 1998, 305 ) , de régimen de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears

References: artículo 84
 artículo 84
 Real Decreto 
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Artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 2