Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/11001-03-25-000-2016-00478-00(2170-16).html
Timestamp: 2019-08-19 06:44:47+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [11001-03-25-000-2016-00478-00(2170-16)]
PROCESO DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Finalidad
La liquidación obligatoria es un proceso de proceso de naturaleza judicial regulado por la Ley 22 de 1995, cuyo objetivo es realizar los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo.
PROCESO DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Etapas
Las etapas del proceso de liquidación judicial son las siguientes: i) Apertura del proceso de liquidación judicial, mediante la providencia que no admite ningún recurso; ii) Nombramiento de un liquidador, quien tendrá la representación legal del deudor concursado; iii) Fijación de un aviso por parte del juez del concurso, en un lugar visible al público y por un término de diez (10) días, que informa acerca del inicio del mismo, el nombre del liquidador y el lugar donde los acreedores deberán presentar sus créditos; iv) Presentación de créditos; v) el Proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto; vi) traslado por parte del Juez del concurso (Superintendencia o Juez del Circuito) de las objeciones para que los acreedores objetados se pronuncien y conciliación de las objeciones -Las objeciones que no sean conciliadas serán decididas por el juez del concurso en la audiencia de que trata el artículo siguiente-; v) Resolución de objeciones por parte del juez del concurso en la cual se asignan los derechos de voto y se fija un plazo para la celebración del acuerdo; vi) Enajenación de activos; vii) el acuerdo de adjudicación -requiere aprobación de los acreedores, confirmación del juez del concurso en audiencia, viii) Terminación de proceso liquidatario, lo cual tiene lugar cuando a) esté ejecutoriada la providencia de adjudicación o b) se haya celebrado de reorganización, luego de lo cual debe disponerse el archivo del expediente y ordenar la inscripción de la respectiva providencia en el registro mercantil.
DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO EN PROCESO DE LIQUIDACIÒN OBLIGATORIA EN LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – Oportunidad /SANCIÓN DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN EN EL CARGO – Procedencia
Los impedimentos que rigen para quienes como en este caso ejercen una función de naturaleza judicial -funcionarios de la superintendencia de sociedades en la en el proceso de liquidación judicial-, para la época de los hechos del presente caso es necesario remitirse a las normas del código de procedimiento civil –artículos 149 y 150 del C.P.C.-, de acuerdo con las cuales cuando un juez se encuentre incurso en cualquiera de las causales de impedimento deberá manifestarlo expresando las circunstancias de hecho que fundamentan la causal alegada, si es juez único enviara el expediente al superior, lo cual debe hacerse cuando se advierta la existencia de dicho impedimento, es decir, que no existe un término determinado para declararse impedido, sino una circunstancia de hecho la cual consiste en que el juez se percate de la causal de impedimento.(...) aun cuando se aceptara que la demandante antes de la notificación del auto de indagación preliminar del proceso disciplinario -27 de abril de 2009- desconocía las relaciones civiles y mandatarias de su hijo con la sociedad liquidada y los acreedores de la liquidación -que la obligaban a declararse impedida para el desarrollo del mencionado proceso de liquidación-, tal argumento no es aceptable luego del conocimiento del inicio de la investigación disciplinaria pues allí se le puso de presente tales hechos, de manera que, de conformidad con las normas que rigen los impedimentos -mencionadas en el acápite previo de esta providencia- la actora estaba en la obligación de declarar de inmediato su impedimento y no lo hizo incurriendo de esta forma en la falta disciplinaria consagrada en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
PROCESO DISCIPLINARIO / DEFENSA TÉCNICA
i) la iniciación de la investigación disciplinaria se puede notificar al procesado, es decir desde el comienzo de la investigación no es necesario que esté asistido por un apoderado, sino que en ésta se le pueda indicar la opción que tiene de designar uno si así lo tiene a bien; ii) el pliego de cargos puede notificarse al procesado o a su abogado si tiene uno lo cual indica que no es obligatorio que esta actuación cuente con la presencia de un apoderado; iii) el procesado puede o no presentar descargos o alegatos -lo cual es facultativo-, y la misma opción la tiene su apoderado si lo tiene. NOTA DE RELATORÍA: Corte Constitucional, sentencia C-280 de 1996.
PROCESO DISCIPLINARIO / RENUENCIA DEL APODERADO O INVESTIGADO EN LA DEFENSA - Efecto
i) en el caso de renuencia del investigado o su apoderado a presentar actuaciones en su defensa como son los descargos, la ley tiene previsto que el proceso debe continuar su curso; ii) que en el evento de que el procesado no concurra a la audiencia de fallo y decisión de que trata el artículo 186 de la Ley 734 de 2002 -aplicable al proceso verbal por remisión del artículo 181 de la Ley 734 de 2002-, la autoridad disciplinaria puede continuar la diligencia siempre que le asigne un defensor de oficio el cual puede ser un estudiante de un consultorio jurídico.(...) contrario a lo manifestado por la actora en la demanda, la autoridad disciplinaria en múltiples ocasiones salvaguardó el derecho a la defensa técnica pese a que de conformidad con las normas que rigen el procedimiento disciplinario -señaladas en el acápite previo de esta providencia- el acompañamiento de apoderado no es requisito indispensable para el desarrollo del proceso, y en todo caso, la autoridad disciplinaria puede designar para tales efectos estudiantes de consultorio jurídico de universidades acreditadas e incluso abogados de oficio.
FUENTE FORMAL: LEY 22 DE 1995 / LEY 1116 DE 2006 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 149 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 150 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 17 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 92 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 93 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 167 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 168 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 201
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-25-000-2016-00478-00(2170-16)
Actor: FLOR DE JESÚS DEL TORO POLO
Instancia:	Única – Decreto 01 de 1984
Asunto:	La no declaración de un impedimento de forma oportuna en un proceso de liquidación obligatoria genera responsabilidad disciplinaria.
Decisión:	Niega las pretensiones de la demanda.
El proceso de la referencia viene con informe de la Secretaría de fecha 22 de julio de 2016[1], con el fin de dictar sentencia, a lo cual procede la Sala una vez verificado que no hay circunstancias que invaliden la actuación procesal, y previo cumplimiento del trámite previsto en los artículos 207 a 211 del Código Contencioso Administrativo.
La señora Flor de Jesús del Toro Polo, por conducto de apoderado instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Superintendencia de Sociedades, con el fin de que se declare la nulidad de los fallos disciplinarios de 2 de marzo[2] y de 16 de abril de 2010[3], expedidos por el Coordinador del Grupo de Control Disciplinario y el Superintendente de la Superintendencia de Sociedades, a través de los cuales se le sancionó con cinco (5) meses de suspensión en el cargo de Profesional Universitario Grado 2044-06 de la Regional de Barranquilla de esa entidad e inhabilidad especial por el mismo término.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, el apoderado de la demandante solicitó se condene a la entidad demandada a: 1) Pagar la suma de $ 16.222.750,15 por salarios y prestaciones laborales dejados de percibir; 2) Pagar la suma de $ 7.428.000.00 por concepto de obligaciones financieras que no ha podido cancelar y 3) Pagar la suma de $ 230.580.000,oo por concepto de perjuicios morales objetivos –impactos emocionales que repercutieron en su productividad profesional- y la suma de $ 142.000.000.oo por concepto de perjuicios morales subjetivos –la aflicción sentimental y psicológica-.
La Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado de la parte demandante, así:
Afirmó el apoderado de la demandante que la señora Flor de Jesús del Toro Polo en su calidad de Profesional Universitario Grado 2044-06 con funciones de abogada de procesos liquidatorios de la Superintendencia de Sociedades - Regional Barranquilla, adelantó desde el 15 de enero de año 2001 la sustanciación de la liquidación obligatoria –luego concordato- de la sociedad Consultores y Constructores Asociados Ltda., en la cual participó como acreedora la sociedad Corporación de Desarrollo Popular.
Mencionó que el 23 de abril de 2009 el señor Emilio Lebolo Castellanos[4] presentó ante la Superintendencia de Sociedades queja disciplinaria en contra de la señora Flor de Jesús del Toro Polo por estar adelantando la sustanciación de la liquidación de la sociedad Consultores y Constructores Asociados Ltda., sin declararse impedida, pese a que, su hijo el señor Vladimir Ilinanovic Pedrosa del Toro se desempeñó: 1) desde el año 2004 en varios procesos judiciales como apoderado de la sociedad Consultores y Constructores Asociados Ltda., y 2) desde el 21 de septiembre de 2005 –por recomendación e influencia de la ahora demandante- como apoderado - promotor de la liquidación judicial de la sociedad Corporación de Desarrollo Popular.
Indicó que como consecuencia de lo anterior y luego de agotado el procedimiento disciplinario correspondiente, el Jefe del Grupo de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de Sociedades mediante fallo de 4 de marzo de 2010 sancionó a la demandante con suspensión de cinco (5) meses del ejercicio del cargo de Profesional Universitario Grado 2044-06 adscrito a la Regional Barranquilla de esa entidad e inhabilidad especial por el mismo término, al encontrarla responsable de haber cometido a título de culpa grave las faltas gravísimas consagradas en artículo 48 (numerales 17 y 46) de la Ley 734 de 2002 que su tenor literal reprochan a los servidores públicos "no declararse oportunamente impedido" y "actuar a pesar de estar impedidos", en concordancia con los artículos 40 ídem y 150 (numerales 1 y 10) del Código de Procedimiento Civil que consagran para los servidores públicos y los funcionarios con jurisdicción la obligación de declararse impedidos por razón del parentesco con los apoderarse de las partes de un proceso judicial o administrativo o por interés en los mismos.
Señaló que la señora Flor de Jesús del Toro Polo presentó recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia, el cual fue resuelto por el Superintendente de Sociedades a través del fallo de 16 de abril de 2010 en el cual confirmó en su integridad la sanción impuesta.
Constitución Política, artículos 6, 29 y 83.
Código Contencioso Administrativo, artículos 30 (numeral 2 incisos 1 y 2).
1 Causa inexistente. Señaló el apoderado de la demandante que los actos disciplinarios acusados no son válidos por cuanto la causa de la sanción es inexistente, en la medida en que, dentro del proceso de liquidación de la sociedad Consultores y Constructores Ltda., el 26 de agosto de 2009 mediante correo electrónico manifestó el impedimento ante su superior, el cual fue aceptado ese mismo día a través acto administrativo enviado a su dirección de correo electrónico, por lo cual fue separada de inmediato del conocimiento del referido proceso de liquidación, tal y como lo dispone el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo.
2 Falta de competencia para adelantar el proceso disciplinario. Señaló el apoderado de la demandante que la autoridad disciplinaria no tenía competencia para adelantar en su contra procedimiento disciplinario alguno bajo la acusación de no haberse declarado impedida dentro del trámite de la liquidación de la sociedad Consultores y Constructores Ltda., puesto que, de conformidad con el cual artículo 66 del Código Contencioso Administrativo el acto administrativo que le aceptó el impedimento produjo efectos -al haber sido retirada del conocimiento de la liquidación-, no ha sido declarado nulo y en todo caso la única autoridad facultada para establecer si el impedimento fue oportuno y si el acto de aceptación del mismo son válidos es el juez contencioso administrativo.
3 Error de hecho en la imputación típica. Señaló que la autoridad disciplinaria incurrió en un error factico al realizar la imputación típica, al considerar que la declaratoria de impedimento de la demandante debía realizarse desde momento en que su hijo asumió la representación de los intereses de las empresas CCA y CDP, pues de conformidad con las normas que rigen la manifestación de impedimento este solo debe ponerse de presente cuando el servidor público tenga conocimiento de la configuración de la causal, lo cual en el caso concreto solo ocurrió en el momento en que a la demandante se enteró de la indagación preliminar disciplinaria abierta en su contra y una vez evaluadas las pruebas de cargo.
Precisó que la demandante solo se enteró de las relaciones jurídicas de su hijo con las sociedades CCA y CDP cuando fue notificada de la apertura de indagación preliminar disciplinaria en su contra, motivo por el cual luego de evaluar la situación y las pruebas que obraban en el expediente procedió de inmediato a declararse impedida para seguir conociendo del proceso de liquidación de la sociedad CDP.
4 Falsa motivación de los actos administrativos acusados. Señaló el apoderado de la demandante que los actos administrativos acusados incurren en falsa motivación por cuanto no es cierto que: 1) El proceso de liquidación de la sociedad CCA hubiera terminado después del 20 de septiembre de 2005 –fecha de aprobación del acuerdo concordatario-; 2) Los socios de la sociedad CDP fueran acreedores dentro de la liquidación de la sociedad CCA; y 3) El hijo de la demandante hubiera aceptado poder alguno dentro del proceso de liquidación judicial de la sociedad CDP o representara a un apoderado o un acreedor del proceso concursal, pues este no fue aceptado y en consecuencia no dio lugar representación alguna –su hijo no representó a un apoderado ni a un acreedor del proceso concursal-.
5 Irregularidades procesales en trámite disciplinario. Señaló el apoderado de la demandante que: 1) La actora no tuvo defensa técnica por cuanto en la audiencia de imputación de cargos no se le reconoció personería jurídica a su abogado de confianza por no llevar poder, luego se le nombró un estudiante de consultorio jurídico que no tenía conocimiento de su caso, posteriormente se le reconoció como apoderado de confianza un apoderado al cual no le había dado poder y el proceso se desarrolló pese a que estaba gravemente incapacitada sin posibilidades de defenderse; 2) Desde el inicio de la investigación disciplinaria y en todas las actuaciones se utilizó leguaje que prejuzgaba sobre su responsabilidad disciplinaria; 3) Solo tuvo a disposición las copias del expediente disciplinario para su defensa en las etapas finales del proceso y a su propia costa; 4) Fue presionada por funcionarios de la autoridad disciplinaria para que se notificara personalmente de la suspensión y posterior continuación de la audiencia de descargos y fallo.
6 Indebida valoración de las pruebas testimoniales. Señaló que: 1) las autoridades disciplinarias no analizaron los testimonios obrantes en el proceso sancionatorio de conformidad con las reglas de la sana crítica, en la medida en que no establecieron las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que los percibieron los hechos –articulo 277 Ley 600 de 2000-, ni aspectos como la personalidad, la declaración tardía, la antipatía y las condiciones subjetivas del testigo los habrían permitido establecer que los testimonios[5] de cargo son falsos[6] y 2) la autoridad disciplinaria vulneró el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, por los cargos se basaron en presunciones derivadas de testimonios que no permitían de conformidad con el artículo 142 ídem establecer con certeza y más allá de toda duda razonable la responsabilidad en las faltas disciplinarias imputadas.
1.3 Contestación de la demanda[7]
La Superintendencia de Sociedades, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones "genérica" y de "caducidad", con los siguientes argumentos:
Señaló que contrario a lo afirmado por la demandante, los socios de la Corporación de Desarrollo Popular si fueron acreedores dentro del proceso de liquidación de la sociedad Consultores y Constructores Asociados Ltda., el cual culminó con el auto de N° 630-000441 del 2 de diciembre de 2009 del Intendente Regional de Barranquilla, en consecuencia dado que antes de esa fecha su hijo realizó negocios jurídicos y fue apoderado de las mencionadas esta tenía la obligación de declararse oportunamente impedida para tramitar ese asunto.
Afirmó que la autoridad disciplinaria no incurrió en irregularidades dentro del trámite del proceso sancionatorio puesto que: 1) El auto de apertura de indagación preliminar de 27 de abril de 2009 le fue notificado a la demandante personalmente; 2) No se utilizó dentro de la actuación lenguaje por medio del cual se afirmara anticipadamente su responsabilidad y en todo caso la ley otorga a las actuaciones previas al fallo un carácter provisional y transitorio; 3) El proceso disciplinario fue puesto a disposición de la demandante y de su apoderado desde la apertura de la investigación sin embargo estos solo solicitaron copias en una etapa posterior del trámite disciplinario y 4) La disciplinada no quedó sin defensa técnica[8], pues si bien el abogado que compareció a agenciar sus intereses no tenía poder a este se le ofreció ser nombrado de oficio lo cual no aceptó, motivo por el cual luego de suspender de la audiencia de cargos y para salvaguardar el derecho de contradicción se le nombró un alumno de consultorio jurídico de una universidad acreditada quien luego fue remplazado por otro abogado que se presentó sin poder pero que acepto ser designado como defensor de oficio.
Expresó que, si bien la demandante mediante correo electrónico de 26 de agosto de 2009 manifiesto a su superior jerárquico que "por razones por todos conocidas" se declaraba impedida para seguir conociendo del proceso de liquidación de la sociedad Consultores y Constructores Ltda., esta manifestación no cumplió con los parámetros del artículo 30 del Código Contencioso Administrativo a efectos de exonerarla de responsabilidad disciplinaria, por cuanto no expresó los motivos que daban lugar a la manifestación de impedimento y en todo caso no fue oportuno dado que solo fue manifestado luego de más de 3 años de ocurrido el hecho que generó al causal de impedimento y de más de 5 meses de que se le notificara la providencia que dio inicio de la investigación disciplinaria en la cual se le expuso claramente la conducta que aún estaba cometiendo y que se consideraba reprochable.
Mencionó en cuanto a la acusación de indebida valoración de las pruebas y en especial de los testimonios que, estas fueron valoradas correctamente en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana crítica, y precisó que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los jueces contenciosos administrativos no pueden revisar la valoración de las pruebas realizada por las autoridades disciplinarias por cuanto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es una tercera instancia del proceso disciplinario.
Propuso la excepción genérica y de caducidad, indicando que: 1) deben declararse de oficio todas las excepciones que resulten probadas en el proceso y 2) la actora dejó vencer el término de 4 meses para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho -artículo 136 del Código Contencioso Administrativo-, por cuanto el fallo disciplinario de segunda instancia fue notificado el 26 de mayo de 2010, la Resolución N° 555-6373 de 3 de junio de 2010 que ejecutó la sanción fue comunicada el 4 de junio de 2010, el 24 de septiembre de 2010 se presentó solicitud de conciliación extrajudicial por lo cual el termino de caducidad estuvo suspendido hasta el 20 de noviembre de 2010, no obstante la demanda fue presentada dos (2) años después esto es el 14 de septiembre de 2012.
. Alegatos de conclusión
Parte demandante[9]. El apoderado de la parte demandante insistió con los mismos argumentos en los cargos de nulidad presentados en la demanda[10] y respecto de la excepción de caducidad de la acción presentada por la parte demandada aclaró que, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no fue presentada el 14 de septiembre de 2012 sino el 12 de noviembre de 2010, esto es dentro del término establecido por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Parte demandada[11]. El apoderado de la parte demandada expuso los mismos argumentos señalados en el escrito de contestación de la demanda, insistiendo especialmente en la caducidad de la acción, el incumplimiento de la carga de la prueba por parte de la demandante para desvirtuar esa presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, la falta de competencia del juez contencioso para analizar la valoración probatoria de la autoridad disciplinaria y la inexistencia de irregularidades ocurridas en el trámite disciplinario que pidieron afectar el derecho al debido proceso de la disciplinada.
1.5. Concepto del Ministerio Público. El Ministerio Público no rindió concepto.
2.1 Problema jurídico
La entidad demandada propuso la excepción de caducidad de la acción afirmando que la demanda fue presentada luego de vencido el plazo de 4 meses establecido en el artículo 136 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo, en la medida en que la demanda fue presentada luego de más de 2 años de expedido el acto disciplinario de segunda instancia e incluso de expedida la certificación que declaró fracasada la audiencia de conciliación extrajudicial.
Así las cosas, en el presente caso dado que la sanción impuesta a la actora fue la suspensión en el ejercicio del cargo –fallos disciplinarios de 2 de marzo[12] y de 16 de abril de 2010- ésta debía ejecutarse por el nominador, lo cual tuvo lugar a través de la Resolución 555-6373 de 3 de junio de 2010[13] del Superintendente de Sociedades que fue comunicada a la demandante el 4 de junio de 2010.
En ese orden, el término de 4 meses empezó a correr al día siguiente de la ejecución de la sanción, esto es desde el 5 de junio de 2010 hasta el 5 de octubre de 2010, sin embargo la actora presentó solicitud de conciliación el 24 de septiembre de 2010[15], esto es faltando 12 días calendario para el vencimiento del plazo inicial de caducidad y la Procuraduría 118 Judicial II para Asuntos Administrativos del Atlántico el 11 de noviembre de 2010 realizó la audiencia de conciliación que resultó fracasada[16] y expidió la constancia correspondiente.
Ahora bien dado que, el trámite de la conciliación –el cual suspende el término de la caducidad- culminó el 11 de noviembre de 2010 debe adicionarse a esa fecha los 12 días calendario que le restaban a la demandante para el vencimiento del plazo de caducidad inicial, dando como resultado que el 23 de noviembre de 2010 como fecha para el vencimiento definitivo de la oportunidad legal para demandar los actos administrativos disciplinarios y toda vez que la actora presentó la demanda el 10 de noviembre de 2010[18], es claro que no se configuró la caducidad de la acción. Por las anteriores razones la excepción no tiene vocación de prosperidad.
2.4. RESOLUCIÓN DEL PRIMER GRUPO DE CARGOS - RELACIONADOS CON LA INEXISTENCIA DE CAUSA PARA SANCIONAR (CARGO 1), LA FALTA DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA PARA CUESTIONAR LA ACEPTACIÓN DE UN IMPEDIMENTO (CARGO 2), EL ERROR EN LA IMPUTACIÓN DE HECHO (CARGO 3) Y LA FALSA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ACUSADOS (4).
En relación con la regulación de la liquidación judicial dentro de los procesos concursales, a la luz de la Ley 222 de 1995, cuyo Título II[19], se aplica a la negociación de acuerdos de reestructuración, los concordatos y liquidaciones obligatorias de personas naturales y jurídicas iniciados durante la vigencia de dicha ley, por otra parte la Ley 1116 de 2006, "Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones", regula dos medidas a adoptar frente a la insolvencia: i) un proceso de reorganización y ii) un proceso de liquidación judicial; respecto de éste último los artículos 47 y 49 señalan las circunstancias en las cuales procede de manera inmediata la liquidación judicial.
Por otra parte en cuanto a los impedimentos que rigen para quienes como en este caso ejercen una función de naturaleza judicial -funcionarios de la superintendencia de sociedades en la en el proceso de liquidación judicial-, para la época de los hechos del presente caso es necesario remitirse a las normas del código de procedimiento civil –artículos 149[20] y 150[21] del C.P.C.-, de acuerdo con las cuales cuando un juez se encuentre incurso en cualquiera de las causales de impedimento deberá manifestarlo expresando las circunstancias de hecho que fundamentan la causal alegada, si es juez único enviara el expediente al superior, lo cual debe hacerse cuando se advierta la existencia de dicho impedimento, es decir, que no existe un término determinado para declararse impedido, sino una circunstancia de hecho la cual consiste en que el juez se percate de la causal de impedimento.
2.4.2. Análisis en concreto del primer grupo de cargos
En síntesis del grupo de cargos bajo análisis se puede establecer que el apoderado de la demandante esencialmente manifiesta que: 1) dentro del proceso de liquidación de la sociedad Constructores y Consultores Asociados Ltda., ninguno de los acreedores otorgó poder a su hijo para realizar negocios jurídicos, 2) que ese proceso de liquidación culminó el 20 de septiembre de 2005, por lo tanto la relación jurídica contractual de su hijo con alguno de los presuntos acreedores -Corporación de Desarrollo Popular- no era relevante y 3) que en todo caso éste si bien recibió poderes de la sociedad Constructores y Consultores Asociados Ltda., y de la Corporación de Desarrollo Popular no los aceptó ni realizó gestión alguna referidos a tales mandatos. También señala que manifestó el impedimento para seguir conociendo del proceso de liquidación de la sociedad Constructores y Consultores Asociados Ltda., el 26 de agosto de 2009 siendo aceptado en esa misma fecha y en consecuencia no había lugar a reproche disciplinario.
En primer lugar debe señalarse que del acta de la visita especial de 14 de mayo de 2009 –inspección- realizada por la autoridad disciplinaria a la sociedad Consultores Constructores Asociados Ltda., se desprende que: 1) La sociedad Consultores Constructores Asociados tenía como socio al señor Emilio Lebolo King quien cedió sus créditos laborales al señor Adalgiso Macino el cual a su vez le otorgó poder al hijo de la demandante para que interpusiera demanda de concordato de la Corporación de Desarrollo Popular ante los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla y 2) que el señor Ferney Simancas Camargo era el representante legal de la entidad liquidada por la demandante, siendo éste quien a su vez le entregó al hijo de aquella la documentación para que se encargara del concordato de la mencionada corporación.
Asimismo de la mencionada documental se puede establecer que la sociedad Consultores Constructores Asociados Ltda. -Sociedad que estaba siendo liquidada por la demandante- durante el curso del proceso de liquidación, a saber en el año 2004 y el 14 de septiembre de 2005, le otorgó poder al hijo de la demandante para que realizara diferentes gestiones judiciales jurídicas en su nombre, como fueron contestar una demanda de pertenencia y presentar una demanda de desalojo de un predio de propiedad de aquella.
Por otra parte, debe señalarse que en el proceso de liquidación de la sociedad Consultores Constructores Asociados Ltda. -el cual derivó en un acuerdo concursal-, el 20 de septiembre de 2005 se aprobó un acuerdo concordatario, el 20 de octubre de 2005 se adicionó el auto que aprobó el acuerdo concordatario, el 28 de noviembre de 2005 se rechazó una sesión de bienes y a la fecha del inicio de la investigación disciplinaria en contra de la demandante –27 de abril de 2009- dicho acuerdo no se había declarado cumplido ni se había aprobado la liquidación de la referida sociedad.
De acuerdo con lo anterior es claro que, no es acertado el argumento presentado por el apoderado de la demandante referido a que el hijo de ésta no había realizado negocios jurídicos que derivaron en mandatos para el ejercicio de la profesión de abogado otorgados por la sociedad Constructores Consultores Ltda. y por quienes eran acreedores dentro del proceso concursal de aquella. Por el contrario tales negocios jurídicos –contratos de prestación de servicios- no solo si existieron sino que los poderes que como consecuencia de estos se otorgaron fueron ejercidos ante las autoridades competentes mientras estaba en curso el referido proceso concursal, esto dado que, atendiendo a lo descrito en el acápite previo de esta providencia sobre las etapas del proceso de liquidación judicial éste no termina con el auto de aprobación del acuerdo concordatario sino con los autos que decretan el cumplimiento –y en el caso de la liquidación con el auto que decreta el pago y el archivo del proceso-, es más, en el caso concreto incluso se desprende que luego de proferido el mencionado acto de aprobación del acuerdo concordatario se continuaron realizando por la demandante diligencias relacionadas con la materialización del mismo. En consecuencia dicho proceso concursal sólo terminaba cuando el mencionado acuerdo fuera cumplido a través de los pagos relacionados en éste, lo cual ni siquiera para la fecha de la iniciación del proceso disciplinario –27 de abril de 2009- adelantado contra la ahora actora se había materializado.
Por otra parte, si bien obra en el expediente el correo electrónico de 26 de agosto de 2009 dirigido por la demandante a su superior jerárquico indicando que "por razones conocidas me permito manifestarle que debo declararme impedida para seguir tramitando como ponente los procesos concursales referentes a la SOCIEDADES CONSULTORES CONSTRUCTORES LIMITADA y edificio WSIMO LTDA"[22] y el correo electrónico de la misma fecha proferido por el superior jerárquico en el que se lee "Aceptado su impedimento le trasladamos la ponencia de dichos negocios al doctor Roberto Emilio mozo Sánchez"[23], lo cierto es que esta manifestación no fue oportuna.
Lo anterior por cuanto, las relaciones jurídicas civiles –contrato de prestación de servicios- que dieron lugar a los mandatos judiciales en favor del hijo de la actora con la sociedad Constructores Consultores Ltda., y con la Corporación de Desarrollo Popular, tuvieron lugar en los años 2004 y 2005, y aún más, estos hechos constitutivos de impedimento –las relaciones civiles y los mandatos- fueron puestos en conocimiento de la demandante en las providencias de apertura de indagación preliminar e investigación disciplinaria proferidas el 27 de abril de 2009, sin embargo pese a ello la ahora demandante solo manifestó su impedimento el 26 de agosto de 2009.
La anterior situación deja claro que, aun cuando se aceptara que la demandante antes de la notificación del auto de indagación preliminar del proceso disciplinario -27 de abril de 2009- desconocía las relaciones civiles y mandatarias de su hijo con la sociedad liquidada y los acreedores de la liquidación -que la obligaban a declararse impedida para el desarrollo del mencionado proceso de liquidación-, tal argumento no es aceptable luego del conocimiento del inicio de la investigación disciplinaria pues allí se le puso de presente tales hechos, de manera que, de conformidad con las normas que rigen los impedimentos -mencionadas en el acápite previo de esta providencia- la actora estaba en la obligación de declarar de inmediato su impedimento y no lo hizo incurriendo de esta forma en la falta disciplinaria consagrada en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que reprocha actuar a pesar de estar incurso en causal de impedimento, disposición que fue imputada por la autoridad disciplinaria y que sustentó su sanción.
2.5. RESOLUCIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE CARGOS - RELACIONADOS CON IRREGULARIDADES EN EL TRÁMITE DEL PROCESO DISCIPLINARIO (cargo 5).
i) El investigado es un sujeto procesal[24] y como tal puede ejercer de manera directa todos los derechos procesales y sustanciales reconocidos en los numerales 1° a 8° del artículo 92 ídem[25], entre ellos el de designar defensor[26]; ii) el investigado puede afrontar la investigación disciplinaria asumiendo su propia defensa[27]; iii) existen dos únicos eventos en dónde es obligatorio que al procesado se le designe apoderado, a saber: a) cuando el investigado lo solicite[28] y b) cuando esté siendo investigado como persona ausente[29]; iii) el apoderado del investigado en cualquiera de los eventos antes mencionados, puede ser un profesional del derecho[30] o un estudiante de consultorio jurídico de una universidad.
Para resolver esta cuestión es necesario determinar si cuando el artículo 29 de la Constitución dijo que "quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio" estableció una garantía que se ha de extender obligatoriamente a ámbitos diferentes al penal. La jurisprudencia constitucional ya se ha pronunciado acerca del problema planteado. La exigencia constitucional de la defensa técnica ha sido circunscrita al proceso penal y no se tiene siempre que extender a otro tipo de procesos, aunque el legislador puede en ejercicio de su potestad de configuración extenderla. (...)".[32]
En este mismo sentido la Corte Constitucional en otra providencia[33] abordó esta misma cuestión cuando declaró exequible una norma que decía que el procesado disciplinariamente podría designar un apoderado "si lo estima necesario". De dicho fallo se deduce que el derecho a la defensa técnica no está constitucionalmente ordenado en el campo del derecho sancionatorio disciplinario, pues es el disciplinado el que en primer lugar está llamado a ejercer su defensa y es el responsable del resultado de la misma en atención a los derechos y facultades que como sujeto procesal le otorga el artículo 92 de la ley 734 de 2002, previamente trascrito y analizado.
También se desprende del acervo probatorio que: 5) a la fecha y hora de llevar a cabo la audiencia citada en el mencionado auto -de 18 de febrero de 2010- la demandante ni su apoderado comparecieron, motivo por el cual fue necesaria la suspensión de la diligencia para ser reanudada el 25 de febrero de 2010 decisión que también fue comunicada a la demandante; 6) una vez iniciada la audiencia de 25 de febrero de 2010 no se hizo presente la demandante ni su apoderado pero se presentó el Dr. Carlos Paternostro aduciendo ser apoderado de aquélla sin poder que sustentará su dicho, motivo por el cual la autoridad disciplinaria le ofreció designarlo como defensor de oficio lo cual rehusó, situación que dio lugar el nombramiento de un estudiante de consultorio jurídico para lo cual se suspendió la audiencia a efectos de ser reanudada en las horas de la tarde el mismo día; 6) una vez reanudada la audiencia en horas de la tarde del 25 de febrero de 2010 se hicieron presente el estudiante designado por el consultorio jurídico y el abogado William Cardoso López quien manifestó que representaría a la señora Flor de Jesús del Toro sin embargo tampoco tenía poder para actuar pero aceptó ser designado como abogado de oficio y 7) el abogado William Cardoso López presentó descargos, solicitó pruebas -las cuales fueron decretadas y practicadas- y presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.
De lo anterior se desprende que, contrario a lo manifestado por la actora en la demanda, la autoridad disciplinaria en múltiples ocasiones salvaguardó el derecho a la defensa técnica pese a que de conformidad con las normas que rigen el procedimiento disciplinario -señaladas en el acápite previo de esta providencia- el acompañamiento de apoderado no es requisito indispensable para el desarrollo del proceso, y en todo caso, la autoridad disciplinaria puede designar para tales efectos estudiantes de consultorio jurídico de universidades acreditadas e incluso abogados de oficio.
En este orden de ideas, se observa que la demandante intervino personalmente las diligencias del proceso disciplinario y en aquellas en las cuales no participó directamente lo hizo a través de apoderado y, la circunstancia referida a que no se le hubiera aceptado como apoderado de confianza al Dr. Carlos Paternostro derivó de la falta de poder de éste así como de la no aceptación de su designación como apoderado de oficio, sin embargo pese a ello la autoridad disciplinaria obró de conformidad con las normas del Código Disciplinario Único -descritas y analizadas en el acápite previo de esta providencia- nombrando defensor de oficio a efectos de que la investigada pudiera contar con defensa técnica, y en todo caso, no se observa situación alguna que le hubiera impedido el ejercicio de todos los mecanismos de defensa consagrados dentro del proceso disciplinario.
2.6. RESOLUCIÓN DEL TERCER GRUPO DE CARGOS - RELACIONADOS CON LA VALORACIÓN PROBATORIA (Cargo 6).
2.6.1 El régimen de la valoración de la prueba en el proceso disciplinario.
De conformidad con el fallo disciplinario de primera instancia y las pruebas que obran en el expediente se observa que en su declaración el señor José Vicente Marín Perea, hermano de la señora Algermira Marín Perea -inicialmente liquidadora de la sociedad Consultores y Constructores Ltda.-, manifiesta que siempre acompañó a su hermana como contador en las reuniones de la liquidación y señaló que la actora recomendó a su hijo para que prestará sus servicios profesionales como abogado de la Corporación de Desarrollo Popular destacando su amistad con el señor Vladimir Pedrosa del Toro –hijo de la demandante- de lo cual el fallador disciplinario concluye que era lógico que aquel supiera quien era el hijo de la demandante.
Así mismo se observa que de estas situaciones, permitieron a la autoridad disciplinaria darle credibilidad a las declaraciones de Emilio Lebolo Castellanos, Ferney Simancas y Reinaldo Bustos -socios de la Corporación Desarrollo Popular y de la Sociedad Constructores y Consultores Ltda.-, cuando expresaron que por recomendación de la señora Flor de Jesús del Toro Polo fue que aceptaron como apoderado en el proceso de liquidación ante los Jueces Civiles al hijo de aquella el señor Vladimir Pedrosa del Toro.
De lo anterior también se desprende -sin que obre prueba en el expediente que acredite lo contrario-, que la conclusión a la cual llegó la autoridad disciplinaria es válida en el sentido de entender que el señor Emilio Lebolo Castellanos -en su calidad de apoderado de Randal Leboló- dentro del proceso de liquidación de la sociedad Consultores y Constructores Ltda., y directivo de la sociedad Corporación de Desarrollo Popular, conoció a la señora Flor de Jesús del Toro quien realizaba la actividad procesal de liquidación en representación de la Superintendencia de Sociedades, al punto que en varias oportunidades le consultó sobre la posibilidad de que esa superintendencia también adelantara la liquidación de la sociedad Corporación Desarrollo Popular, siendo allí donde la actora le indicó que ese procedimiento debía realizarse ante los juzgados civiles del circuito recomendando a su hijo para adelantar el mismo.
Lo anterior concuerda con la declaración del hijo de la demandante Vladimir Pedrosa del Toro -quien manifiesta que si presentó propuesta por $40,000,000 para asesorar en el mencionado proceso de liquidación- así como con la declaración de Ferney Simancas y Reinaldo Bustos quienes señalan que esta propuesta fue aceptada bajo el entendido de que dicho proceso de liquidación –el de la sociedad Corporación de Desarrollo Popular- en verdad sería asesorado por la mencionada funcionaria de la Superintendencia de Sociedades -Flor de Jesús del Toro Polo-.
En consecuencia no se observa que el análisis, de las pruebas documentales en concordancia con las testimoniales, realizado por la autoridad disciplinaria sea ajeno a las reglas de la sana crítica -que se expresan en la lógica y la experiencia, pues era válido concluir como lo hizo la mencionada autoridad que por lo menos ocurrieron tres (3) eventos en los cuales dentro del proceso concursal adelantado contra la sociedad Constructores y Consultores Ltda., la señora Flor de Jesús del Toro Polo estaba obligada a declarar de inmediato su impedimento, a saber: 1) en el año 2004 cuando su hijo -quien de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente para esa época convivía con ella en la misma vivienda y con quien tenía por obvias razones relaciones cercanas- empezó a ser apoderado de la empresa Constructores y Consultores Ltda., en distintas actividades judiciales; 2) en el año 2005 cuando su hijo suscribió contrato de prestación de servicios, recibió poder e inició actuaciones judiciales para la liquidación judicial de la sociedad Corporación de Desarrollo Popular -de la cual era directivo uno de los apoderados judiciales de la sociedad constructores y consultores ltda.- y en relación con lo cual obran testimonios de la influencia de la demandante para que su hijo tuviera el mencionado contrato, y 3) el 27 de abril de 2009 cuando la actora conoció los hechos por los cuales se le estaba investigando, sin que en ninguno de estos eventos declarara su impedimento, siendo en consecuencia que por cualquiera de estos -en especial por el último- estaba incursa en las faltas disciplinarias que le fueron imputadas y por las que era merecedora por lo menos de la sanción que se le impuso. En ese orden de ideas, para la Sala el cargo bajo análisis no tiene vocación de prosperidad.
PRIMERO: Declarar no probada la excepción de caducidad de la acción, planteada en la contestación de la demanda por el apoderado de la Superintendencia de Sociedades.
[1] Folio 711 del expediente - cuaderno principal.
[2] Fallo disciplinario de primera instancia, visible a folio 120 del cuaderno único del expediente.
[3] Fallo disciplinario de segunda instancia, visible a folio 170 del cuaderno único del expediente.
[4] Apoderado de Emilio Lebolo y Randall Lebolo King y Pedro Gonzalez Llinas, y apoderado de la Cooperación de Desarrollo Popular.
[5] Precisó que si se hubieran seguido las reglas de la sana critica en la valoración de los testimonios de los señores Emilio Lebolo Castellanos, Ferney Castellanos y Reinaldo Bustos se habría podido establecer que son falsos.
[6] Dado que solo 4 años después de ocurrida la supuesta recomendación se interpone la queja disciplinaria, que la queja se interpone como consecuencia de la denuncia penal realizada por el hijo de la actora contra los socios de la sociedad Corporación de Desarrollo Popular, así como la incoherencia e inconsistencias de los testimonios.
[7] Folios 302 del expediente - cuaderno principal.
[8] Se señala en la contestación de la demanda que la actora fue notificada de todas las actuaciones del proceso disciplinario y compareció personalmente acompañada de apoderado a algunas de ellas.
[9] Folio 436 del expediente - cuaderno principal.
[10] Argumentos referidos a: 1) la vulneración del debido proceso y presunción de inocencia, 2) los móviles de la queja disciplinaria; 3) valoración de los testimonios, 4) falta de defensa técnica y 5) la inexistencia de la falta disciplinaria por la que fue sancionada.
[11] Folio 431 del expediente - cuaderno principal.
[12] Fallo disciplinario de primera instancia, visible a folio 120 del cuaderno único del expediente.
[13] Folio 199 del expediente – cuaderno principal.
[14] Folio 204 del expediente – cuaderno principal.
[15] Folio 250 del expediente – cuaderno principal.
[16] Folio 254 del expediente – cuaderno principal.
[17] Folio 256 del expediente – cuaderno principal.
[18] Folio 24 del expediente – cuaderno principal.
[19] De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, la Ley 222 de 1995 por la cual se expidió el régimen de liquidación obligatoria, rigió hasta el 28 de junio de 2007, fecha en la que cobró vigencia la ley 1116 de 2006.
[20] Código de procedimiento civil. Artículo 149. Declaración de impedimentos. Los magistrados, jueces y conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta.
[21] Código de procedimiento civil. Artículo 150. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:
7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal contra el juez, su cónyuge, o pariente en primer grado de consanguinidad, antes de iniciarse el proceso, o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. Expresiones subrayadas declaradas Exequibles por los cargos examinados, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-600 de 2011
8. Haber formulado el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, denuncia penal contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquéllos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. Expresión subrayada declarada Exequible por los cargos examinados, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-600 de 2011
[22] Folio 165 del expediente –Cuaderno Principal.
[23] Folio 166 del expediente –Cuaderno Principal.
[24] Ley 734 de 2002, art. 92, inciso primero.
[25] Ley 734 de 2002, arts. 92, -inciso primero- y 93.
[26] Ley 734 de 2002, arts. 17 -inciso primero- y 92 –numeral 2°.
[27] Ley 734 de 2002, arts. 17 - inciso primero- y 92 –numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8
[28] Ley 734 de 2002, art. 17 incisos 2°
[29] Ley 734 de 2002, art. 17 incisos 3°
[30] Ley 734 de 2002, art. 17 inciso 1°
[31] Ley 734 de 2002, arts. 17 -inciso 2°- y art. 93
[32] Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2003.
[33] Corte Constitucional. Sentencia C-280 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero). Declaró exequible la expresión "designar apoderado, si lo considera necesario"contenida en el literal e) del artículo 73 del anterior Código Disciplinario Único. En palabras de la Corte, "la asistencia de un apoderado escogido por el disciplinado es una expresión del derecho a la defensa técnica, que no podía ser ignorado por el régimen disciplinario, por cuanto hace parte del debido proceso en este campo, sin perjuicio de que el disciplinado también pueda ser asesorado, en forma extra procesal, por diversas organizaciones sociales."

References: Resolución 
 artículo 48
 artículo 186
 artículo 181
 ARTÍCULO 149
 ARTÍCULO 150
 ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 92
 ARTÍCULO 93
 ARTÍCULO 167
 ARTÍCULO 168
 ARTÍCULO 201
 artículo 48
 artículo 30
 artículo 66
 artículo 9
 artículo 142
e contrario
 artículo 30
 Resolución 
 artículo 136
 artículo 136
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 48
 RESOLUCIÓN 
 artículo 92
 artículo 29
 artículo 92
 RESOLUCIÓN 
 artículo 126
 Artículo 149
 Artículo 150
 artículo 73