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Timestamp: 2020-06-04 21:11:08+00:00

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Genocidio y Universidades Nacionales. El caso de la Universidad Nacional del Sur (1975-1983) | Visotsky | Ediciones nuestrAmérica desde Abajo
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Genocidio y Universidades Nacionales. El caso de la Universidad Nacional del Sur (1975-1983)
Genocídio e universidades nacionais. O caso da Universidade Nacional do Sul, Argentina, (1975-1983)
Genocide and National Universities. The case of the National University of the South, Argentina, (1975-1983)
Jessica Visotsky, Raúl Domínguez y Juan María Pianessi
Resumen: Esta indagación deviene de los procesos de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país y en la ciudad de Bahía Blanca. Es el resultado de investigaciones militantes desarrolladas por organizaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos en los años ’80, ’90 y los primeros años del 2000, puntualmente sobre el tema de la Universidad Nacional del Sur y en el marco de los diferentes momentos por los que en la ciudad atravesaron los procesos de Justicia, tanto los listados elaborados minuciosamente por compañeros y familiares de los diversos organismos de derechos humanos que se han gestado en la ciudad como por el trabajo ejemplar desarrollado por la fiscalía de Bahía Blanca , en los que no sólo se pudo conocer la verdad y hacer lugar a los necesarios procesos de memoria sino también que se está avanzando en las sucesivas etapas de las causas en el encarcelamiento de los represores.
Palabras clave: dictadura; universidad; memoria; violencia; genocidio
Resumo: Esta investigação vem dos processos de luta pela Memória, Verdade e Justiça em nosso país e na cidade de Bahía Blanca. É o resultado de uma pesquisa militante desenvolvida por organizações estudantis e organizações de direitos humanos nos anos 80, 90 e início dos anos 2000, pontualmente sobre o tema da Universidade Nacional do Sul e no marco dos diferentes momentos da que na cidade passaram pelos processos da Justiça, tanto as listas elaboradas com cuidado por colegas e parentes das várias organizações de direitos humanos que foram desenvolvidas na cidade quanto pelo exemplo de trabalho desenvolvido pela promotoria de Bahía Blanca, na qual nenhuma somente a verdade poderia ser conhecida e os processos necessários de memória poderiam ser feitos, mas também que o progresso estaria sendo feito nos estágios sucessivos das causas no aprisionamento dos repressores.
Palavras-chave: Ditadura; universidade; memória; violência genocídio.
Abstract: This inquiry comes from the processes of struggle for Memory, Truth and Justice in our country and in the city of Bahía Blanca. It is the result of militant research developed by student organizations and human rights organizations in the 80s, 90s and the early 2000s, punctually on the theme of the National University of the South and within the framework of the different moments by the that in the city they went through the processes of Justice, both the lists elaborated carefully by colleagues and relatives of the various human rights organizations that have been developed in the city and by the exemplary work developed by the prosecutor's office of Bahía Blanca, in which no only the truth could be known and the necessary processes of memory could be made, but also that progress is being made in the successive stages of the causes in the imprisonment of the repressors.
Keywords: dictatorship; university; memory; violence; genocide.
"Claustros limpios por dentro y por fuera¨
¨ Sin ir muy lejos, cualquiera que se llegue hasta las instalaciones que la Universidad Nacional del Sur posee en la Avenida Alem, calle 12 de octubre e inmediaciones, incluyéndose también las dependencias del Club Universitario vecino, tendrá la oportunidad de apreciar el aspecto calamitoso que siguen ofreciendo, sin variantes, sus fachadas e interiores. Es muy poco lo que se ha salvado del embadurnamiento y la pegatina grosera prevaleciendo ostensiblemente una entusiasta literatura ¨roja¨, diversificada según las preferencias de los distintos grupos seguidores de Mao, Fidel, el Che, Santucho, unidos todos ellos por el común denominador de su destructiva ideología.(...) Es tiempo que también Bahía Blanca exhiba una universidad limpia en todos los órdenes, imitando una actitud de quienes supieron despojarse del deleznable ropaje entonces impuesto por el ¨soviet¨ desjerarquizante de Puiggrós, Benamo y compañía.(...)¨
La Nueva Provincia, Martes 28 de enero de 1975
Universidades: participación civil y genocidio
Este trabajo que presentamos es una investigación que atraviesa su fase exploratoria[1] y en el que sostenemos una fuerte hipótesis acerca del rol que jugaron las Universidades Nacionales y específicamente algunos actores al interior de las mismas en nuestro país entre 1975-1983. Focalizamos en este trabajo la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca.
Esta indagación deviene de los procesos de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país y en la ciudad de Bahía Blanca. Es el resultado de investigaciones militantes desarrolladas por organizaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos en los años ’80, ’90 y los primeros años del 2000, puntualmente sobre el tema de la Universidad Nacional del Sur y en el marco de los diferentes momentos por los que en la ciudad atravesaron los procesos de Justicia, tanto los listados elaborados minuciosamente por compañeros y familiares de los diversos organismos de derechos humanos[2] que se han gestado en la ciudad como por el trabajo ejemplar desarrollado por la fiscalía de Bahía Blanca[3], en los que no sólo se pudo conocer la verdad y hacer lugar a los necesarios procesos de memoria sino también que se está avanzando en las sucesivas etapas de las causas en el encarcelamiento de los represores.
Pretendemos a través de esta investigación abordar la participación de los civiles durante el Terrorismo de Estado puntualizando el rol de las Universidades Nacionales como partícipes necesarias en el genocidio reorganizador[4] perpetrado en Argentina entre 1975-1983.
Sabemos que en nuestro país luego de enjuiciar a cientos de militares por asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones de personas durante la última dictadura (1976-1983), la justicia argentina inició procesos penales contra los partícipes civiles: empresarios, como también dueños de los medios de comunicación, representantes de la Iglesia y de la Justicia. Los civiles fueron parte indispensable del Terrorismo de Estado y pueden ser considerados co-autores intelectuales de la misma.
Hay elementos para pensar que las universidades cumplieron un rol en el aparato represivo de la AAA primero y en la dictadura después, y que no se trató de casos aislados, de algunos “infiltrados”, no fue espontáneo ni ocasional, sino parte de un plan, con responsables, roles, jerarquías, tareas y funciones asignadas; esto es, las universidades nacionales no fueron ajenas a un régimen cívico-militar-religioso que tenía por objetivo implementar una persecución física e ideológica en todos los estamentos: políticos, gremiales, industriales, religiosos, educativos.
Este trabajo parte de una primera recopilación, investigación y denuncia que realizaron los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria del Sur durante los años ’80 y ’90. Estos trabajos son retomados en este artículo en el que se emplean resoluciones del rectorado de la universidad recopiladas por aquellos estudiantes y se incorporan otros documentos como las Actas de la Dictadura desarchivadas recientemente en el Edificio Cóndor, así como datos de archivo de la universidad, entrevistas de historia oral e investigaciones anteriores.
Pretendemos así contribuir en este, nuestro presente, a la construcción social de la memoria colectiva en la U.N.S, convencidos de que -al olvido institucionalizado- se lo debe enfrentar con una Memoria Viva, con una Memoria – que se constituya en Proyecto y, sin lugar a dudas, que se movilice, sobre todo, con la lucha por la justicia: Memoria, Verdad y Justicia son también aquí elementos claves para la proyección de Políticas de la Memoria en las Universidades Nacionales.
1. “La operación cóndor sobrevolando mi nido”: La UNS y los primeros pasos del Cóndor
Cóndor y Universidad
El Proceso de Reorganización Nacional que encarnaron las Fuerzas Armadas de nuestro país, fue parte de un entramado que tuvo los mismos objetivos e idénticas formas y fines en varios países del Cono Sur, esto se ha conocido como “Operación Cóndor”, fue concretamente la articulación represiva entre las fuerzas de seguridad del Cono Sur de América Latina, que implicó el trabajo conjunto de las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en el intercambio de prisioneros, la transferencia de información de inteligencia y la colaboración en las acciones represivas en cada uno de dichos territorios, incluyendo acciones conjuntas. En los juicios de lesa humanidad en la causa Operación Cóndor que se están llevando adelante en nuestro país; se ha comprobado que existió una vinculación entre civiles y militares de nuestros países que tenían como meta la aniquilación por la desaparición física o acallando a vastos sectores de nuestras sociedades, para instalar el modelo neoliberal. Asimismo, se ha afirmando desde espacios académicos y de referentes en la militancia por los derechos humanos la existencia de una coordinación represiva a nivel de las universidades de los países que fueron parte del Cóndor (Almada 2013), esto es, que esta vinculación habría tenido como partícipe necesario también a las Universidades Nacionales.
El Centro de Investigación y Capacitación de Estudios de Opinión Pública de la Universidad Nacional de La Plata refiere a la existencia de un “Plan Cóndor Universitario”, uno de sus investigadores, Gustavo González ha señalado respecto de esto que “El sistema tenía una organización clara. Cuando un alumno era expulsado o suspendido de cualquier facultad del país, se informaba de esa medida al rectorado, y el rectorado a su vez ponía al tanto a todas las universidades de Argentina, por lo que un estudiante expulsado o sancionado en una universidad no podía ingresar en ninguna otra. Acá funcionó un Plan Cóndor Universitario que se dedicó a perseguir alumnos, docentes y no docentes en todo el país” (Veiga 2014).
Este mecanismo de delaciones trascendía las fronteras de Argentina alcanzando todo el Cono Sur. En la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata se encontraron fichas de alumnos paraguayos, peruanos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos que sufrieron la persecución ideológica del régimen militar (Veiga; 2014).
Se sancionó y echó a decenas de estudiantes que luego sufrieron años de cárcel, fueron asesinados o continúan desaparecidos. Esa información no sólo era girada a las demás universidades sino que también quedaba bajo la órbita de las fuerzas represivas a lo largo y ancho del país. Hemos encontrado en el archivo de resoluciones del año 1975 en la Universidad Nacional del Sur una resolución que constituye una evidencia contundente del envío de informes a otras Universidades Latinoamericanas.
Expulsión de estudiantes de la UNS e informe a Universidades Latinoamericanas…
En la resolución 586/75 firmada por el rector interventor de la Universidad, Dionisio Remus Tetu, -de quién hablaremos más adelante-, se invoca la transgresión a la Ley 20.840 de Seguridad Nacional, y por la misma la detención de estudiantes de la Universidad, en ella se resuelve la expulsión de veintiseis estudiantes de la misma; lo más relevante de este documento es lo que señala en su artículo 2:
Esta resolución contribuye a sostener que hubo coordinación a nivel continental en el plan represivo y que las universidades también cumplieron su papel dentro de la Operación Cóndor.
Lo relevante de esta normativa es el nivel de explicitación de esta coordinación en un documento público que consta en los archivos de la Universidad. Más allá de que la misma haya llegado a otras universidades o no, cumple una función “regulatoria”. Empleamos el concepto regulación social (y no control) para resaltar la importancia de los elementos activos de poder en la producción y disciplinamiento social. Esto es las formas a través de las cuáles el poder afecta a las relaciones sociales y las produce, desde la organización de las instituciones hasta la autodisciplina y la organización de la experiencia (Popkewitz 1997, 15).
Se sabe, también, de fichas y expedientes de alumnos donde constan las expulsiones e informe a otras casas de estudio nacionales y extranjeras, pedidos de informes de alumnos extranjeros, pero lo que no ha sido frecuente es encontrar este nivel de explicitación en una normativa.
A través de documentos en otras universidades se puede inferir la coordinación cuyo objetivo fue el aniquilamiento y la desaparición en este país no sólo de los alumnos argentinos, sino también de alumnos de otras nacionalidades quienes se encontraban estudiando en nuestro país: chilenos, paraguayos, peruanos, colombianos, ecuatorianos y bolivianos. Todos ellos aparecen en listas que dan cuenta de estudiantes y docentes expulsados, suspendidos e investigados, incluso en algunos casos mencionan alumnos de universidades nacionales que fueron sancionados y hoy se encuentran desaparecidos. Estos documentos dan muestra cabal del accionar militar de nuestros países en las Universidades del Cono Sur (Veiga 2014).
El caso del estudiante chileno Víctor Eduardo Oliva Troncoso
Corría el año 1973… La Unidad Popular, con Salvador Allende a la cabeza gobernaba Chile. Victor Oliva Troncoso residía en la ciudad de Temuco y estudiaba en la Universidad Católica, siendo dirigente estudiantil y militante del MIR. Nos diría su hermano Carlos acerca de Víctor o “Lalo” como le llamaban en la familia: “Comenzó a militar bien joven en Chile, calculo que a los diesiseis años de edad militó en lo que eran las juventudes comunistas allá, en Temuco ... desde los tiempos de estudiante secundario ya… Después de un breve paso por allí, derivó al FER que es Frente Estudiantil Revolucionario que digamos era el frente de masas del MIR en la enseñanza secundaria y ahí estuvo militando digamos hasta que ingresó a la Universidad Católica de Temuco, una vez que egresó de la enseñanza media, y pasó a integrar al MIR en la Universidad Católica sede de Temuco, y ahí estuvo militando hasta el golpe de Estado…”
Pero en esta región sur del país, en la región del Biobío, se desarrollaron procesos políticos desde los pobladores campesinos y mapuches en los que el MIR participó y Víctor habría participado como militante. Recordaba Carlos:
Él desarrolló trabajo en distintas áreas, no puedo precisar mucho en qué áreas, porque naturalmente era información que no se transmitía ni siquiera al interior de la familia, pero uno sacando conclusiones posteriores, los lugares donde viajaba, seguramente estuvo trabajando por algunos breves etapas en lugares del campo de la región, en el Movimiento Campesino Revolucionario, específicamente en territorios alrededor de Lautaro, donde hubieron las primeras ‘corridas de cerco’ que se llamaron, recuperaciones de fundos, y después en el sector de Villarrica estuvo un verano entero: ahí te diría alrededor de un mes trabajando, el lugar no lo tengo claro pero sí sé de algunos compañeros que estuvieron con él allí…
En un libro de reciente edición -2010- dedicado a los estudiantes y docentes desaparecidos y asesinados de la Universidad Católica se señala que, “La Pontificia Universidad Católica de Chile como institución se ubica rápidamente en la oposición, generando una imagen de reducto oligárquico que contribuirá fuertemente a situar la represión en aquella zona de penumbra…” (Vázquez Luncumilla 2010, 29). En dicho libro homenaje se señala que luego del Golpe de Estado, “la Pontificia Universidad Católica de Chile estuvo presente en aquellos años y la historia local –“chilena”, dirá la historiografía tradicional–, está regada con la sangre de estudiantes, profesores y trabajadores de esta Casa de Estudios” (Vázquez Luncumilla 2010, 30).
Relata Carlos cómo fue que vivieron ese 11 de setiembre y el proceso que se inicia con el golpe, las detenciones sufridas y la decisión de Víctor de irse a Argentina:
Nosotros, el MIR, esperábamos el golpe antes… estuvimos acuartelados en julio, comienzos de agosto, unos días, después se postergó, esa es la información que nos llegaba … y el 11 de setiembre nos sorprendió a todos en nuestras casas, naturalmente uno tomó las precauciones del caso, en este caso mi hermano se fue a una casa de seguridad, no sé donde, nunca le pregunté tampoco y volvía cada ciertos días… a comer y a bañarse, las cosas lógicas que requería desde su casa… y después desaparecía hasta que volvió a la casa no sé… un tiempo después y después fuimos detenidos los dos en fines de setiembre, comienzos de octubre del 73 de nuestra misma casa por efectivos de la Fuerza Aérea … estuvimos ahí … no me atrevo a precisar los días pero seguramente, no sé, por mecanismos de defensa, nunca los fui contando … y estuvimos allá secuestrados obviamente sin poder vernos, ojos vendados, maniatados, torturados allí, nunca nos pudimos ver, pero sí de alguna manera nos comunicábamos con una tos, con algo, que sabíamos que estábamos en el mismo lugar… nos llevaban a dormir a un lugar de carabineros, que es la policía uniformada de Chile, donde ahí sí nos podíamos ver porque nos sacaban las vendas de los ojos, una especie de celda, donde había más presos… Posteriormente de eso el fue liberado, yo fui liberado primero, él fue liberado después, sin ningún cargo, y después fue nuevamente detenido, por la policía de investigaciones [PDI] que es la policía civil en Chile, a petición de la autoridad máxima del Ejército de la ciudad, y fue llevado a investigaciones y posteriormente al Ejército a Tucapel, donde gracias a que nos movimos oportunamente y rápidamente logramos rescatarlo de ahí, gracias a una persona que tenía contacto con el jefe del Regimiento.
Respecto de la delación de Víctor al Ejército, por funcionarios de la misma Universidad de Temuco nos relata Carlos que Víctor apareció en un listado con el logo de la Universidad Católica en el que estaba incluído “Lalo”… “la orden que había de ahí, de la Universidad Católica es que había que eliminarlo… por ser un sujeto indeseable o peligroso algo así… Ese recado llega a la familia a través de esa misma persona que consigue sacarlo…”. El libro homenaje mencionado a los estudiantes y trabajadores de la Universidad Católica de Chile lo incluye a Víctor Oliva Troncoso entre las víctimas y se reseña una breve historia de su vida donde se señala: que “… para el golpe de Estado fue expulsado de la Universidad y llamado, por medio de un bando, a presentarse ante las autoridades militares de Temuco, obligándolo a trasladarse a Santiago” (Vázquez Luncumilla 2010, 99).
Víctor Oliva Troncoso decide exiliarse, recuerda su hermano “… A través de una conversación en la familia muy a pesar de él, él decide aceptar la petición, fundamentalmente de nuestros padres, de irse del país para preservar la vida… lo hizo fundamentalmente por la mamá, él la veía sufrir mucho por esto… finalmente se fue, no contento pero se fue”. Relata Carlos que su padre fue quién “lo acompañó hasta la frontera, le consiguió un salvoconducto para salir con la misma persona que lo había ayudado a salir del regimiento, porque hay que salir con salvoconducto, no se podía salir así no más del país”.
Tras un paso temporario por Cipoletti donde paró “en casa de gente conocida que él tenía de antes, que habían recibido en Temuco, y después se encontró con un tío que vivía allá”. Luego de ello nos relata Carlos que en el país: “Estuvo en Buenos Aires, varias veces… tratando de legalizar su situación digamos de residencia en Argentina, lo logró, logró una protección de las Naciones Unidas, de la ACNUR”. De este modo Víctor Oliva Troncoso fue uno de los miles de Refugiados Políticos que nuestro país recibió de Chile luego del golpe[5]. Reside temporariamente con un grupo de compañeros[6], también ex miristas y también de la misma Universidad Católica de Temuco.
Es ahí cuando decide trasladarse a la ciudad de Bahía Blanca:
(…) estaba en un período de definiciones viendo qué es lo que sucedía… el siempre aspiraba volver a Chile, ese era su Norte y se enteran que hay tres profesores de la misma Universidad Católica de Temuco que están dictando cátedra en la Universidad del Sur de Bahía Blanca, y los invitan los profesores que tienen posibilidades de estudiar allá … y hay algunos de ellos van a Bahía Blanca a estudiar y se matriculan aproximadamente a fines de marzo, comienzos de abril de 1974… no sé si todos la misma carrera, no lo sé …. La Universidad les provee un lugar, unos departamentos donde viven allí y ahí naturalmente él comienza a militar nuevamente…
Se sabe que Víctor militó en Bahía Blanca en el PRT, dan cuenta de esta militancia ex compañeros, los profesores Guido Bello y Eduardo Palma Moreno y también su hermano da cuenta de esta militancia:
Nuestra mamá viajó a comienzos del 75… y ella retorna muy preocupada diciendo que ‘Víctor seguía en lo mismo’-con esas palabras- mucha reunión, muchas actividades…no sólo era estudiar…
De la militancia que él tuvo en Argentina la hemos ido descubriendo posteriormente, él nunca contó nada de su militancia en Argentina, nosotros nos comunicábamos a través de cartas habitualmente…no eran muy frecuentes, siempre sus cartas partían señalando, disculpen la demora en responder… que estaba muy ocupado… que me da lata escribir… y en sus comunicaciones no entregaba nunca nombres, hablaba de compañeros, hablaba de compadre, comadre, para referirse a las compañeras de militancia o de la universidad, no entregaba direcciones, nombres y no se quejaba …
Víctor no pasó desapercibido en Bahía Blanca, hay varios Víctor, el Víctor militante en el barrio Villa Nocito, el Víctor militante en la universidad, el Víctor dirigente en el PRT, el Víctor que se entabla una estrecha amistad con el pastor de la iglesia metodista… El Víctor que estudia en el colegio nacional, su nombre en las placas de este ultimo colegio y en las paredes de la biblioteca de humanidades dan cuenta de este paso… Los recuerdos de este comprometido jóven chileno son innumerables…
Era 2 de julio de 1975 en Bahía Blanca, Víctor fue secuestrado en cercanías de la iglesia metodista de donde caminaba, por un grupo de civiles armados.
El informe elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile[7] no duda en adjudicar a una responsabilidad conjunta de la DINA chilena y las AAA argentinas, “ponderando los antecedentes específicos de este caso, y considerando el contexto de las acciones que se ha comprobado la DINA realizaba en la Argentina en ese período, la Comisión llegó a la convicción de que en la muerte violenta de Víctor Oliva le cupo responsabilidad a la DINA”[8]. A las AAA le cabría el papel como autores materiales. El informe asevera esto entendiendo que “el método de la ejecución corresponde al patrón de actuación del grupo extremista argentino ‘La Triple A’; es muy probable que tal asesinato formó parte de una maniobra de desinformación de la DINA, cuyos episodios más publicitados (El caso «Colombo» y las listas de «Los 119») tuvieron lugar poco después de la muerte de Víctor Eduardo Oliva… También es probable que se buscara intimidar los chilenos militantes de izquierda que vivían en la Argentina” (Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991, 559).
No dudan en considerar a este caso como un caso en el marco de la Operación Colombo tampoco los autores de libros escritos sobre la temática como Martorell, que señala que fue en abril de 1975 cuando se comienza a gestar dicha operación utilizando “el clima de violencia política que existía durante el gobierno de Isabel Perón para confundir a la opinión pública mundial y hacerla creer que los desaparecidos en Chile eran miristas que se estaban matando entre ellos en el extranjero” (Martorell 2009, 100). Y afirma “No estaría fuera de esta operación el homicidio en Argentina del joven de 22 años y militante del MIR, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, hecho ocurrido el 2 de julio de 1975 en Bahía Blanca. El estudiante, que se encontraba bajo la protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), fue secuestrado por un grupo de civiles armados y su cuerpo, acribillado a balazos, fue hallado al día siguiente con 35 impactos” (Martorell 2009, 101). La Operación Colombo - operación en la que participó según su propia confesión Arancibia Clavell y quién era uno de los responsables según el mismo Arancibia era Martín Ciga Correa Anzorena- toma estado público el 11 de julio de 1975 con la aparición de dos cadáveres calcinados con dos carnets de identidad de Chile en Pilar, provincia de Buenos Aires, que aparecieron con la leyenda “Dados de baja del MIR”. A este hecho le siguió un montaje mediático en Chile, justamente en el mes en que llegaría al país una comisión de las Naciones Unidas. Días después se da a conocer por dos medios de prensa que tuvieron una única edición de un único ejemplar, “Lea” (Argentino) y “O ‘Día”, (Brasilero) un listado en total de 119 ex miristas, con sus respectivos carnets, que habían sido detenidos en chile y vistos en centros clandestinos de detención (Martorell 2009, 100-1).
Testigos del secuestro de Víctor lo adjudican a la custodia de Remus Tetu y al vehículo en que los mismos se movían.
El libro homenaje dedicado a los compañeros asesinados y desaparecidos de la Universidad Católica de Temuco también señala que, “En el año 1975, la Triple A se había convertido en el brazo armado de la ultraderecha argentina y su foco principal eran los exiliados chilenos, producto de los estrechos lazos que tenía con la DINA. El 2 de julio de 1975 habían almorzado con sus compañeros… al terminar, Víctor salió en su bicicleta a reparar el techo de una casa y en algún lugar del trayecto fue secuestrado por la Triple A”. Fernando Zúñiga calcula que lo detuvieron como a las tres de la tarde y todos los exiliados chilenos escaparon de inmediato de Bahía Blanca. Por la noche, Víctor Oliva fue encontrado muerto en el barrio llamado Serri, a diez kilómetros del centro de Bahía Blanca. En El Diario apareció la noticia informando que tenía cerca de 35 impactos de bala, pero su tío que vio su cuerpo afirma que eran más de 70 impactos de balas los que le habían arrebatado la vida.
El caso de Víctor Oliva Troncoso se encuentra consignado en la causa “Operación Cóndor” que investigó el Juez Garzón para procesar a Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad” (Vázquez Luncumilla 2010, 100).
En los archivos de la DIPBA se pueden encontrar evidencias que dan cuenta de un seguimiento, investigación y detención a otros compañeros en los días posteriores al fusilamiento de Víctor, signándolo como el “jefe” o “cabeza” de una “célula subversiva del ERP”[9]. Estos informes también dan cuenta de que la Policía Federal inicia una investigación a los grupos migrantes chilenos en la provincia inmediatamente después de sucedido el asesinato de Víctor, informes que dan cuenta de una estigmatización política de los exiliados chilenos que se hallan en la Argentina, cuando señalan “Posterior a la caída del régimen del Sr Allende, se produce otra radicación de ciudadanos chilenos, pero estos lo hacían de otra forma dado que en su mayoría debían dejar el país oriundo por motivos políticos, la tendencia ideológica predominante entre estas personas es la comunistas (subrayado a mano en el original) diferentes puestos de trabajo en la comunidad bahiense, ya que entre ellos se encuentran profesores universitarios, estudiantes de cursos superior, comerciantes y profesionales. Todo lo expuesto indica que dentro de esta última inmigración se encuentran elementos sumamente peligrosos por su ideología extremista [subrayado a mano en el original]…[10].
El cuerpo de Víctor fue encontrado con 35 heridas de bala según datos oficiales. Fue reconocido por un funcionario de ACNUR, por su profesor Guido Bello y por su tío. Su cuerpo fue enterrado en Cipoletti – Río Negro por su tío y recién en el año 1985 fue llevado por sus padres a su Temuco natal.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco levantó un Memorial en el campus de la Universidad que lo recuerda junto a otros compañeros:
“Víctor Oliva Troncoso. Ejectutado Político. Bahía Blanca. Julio ’75”….
“En estos hombres van miles de hombres
Va todo un pueblo,
Va la dignidad humana. José Martí.
FEUCT 1998”.
Genocidas del Cóndor en la UBA y en la ciudad de Bahía Blanca
Como dato relevante cabe mencionar que los dos primeros contactos que habría establecido en Argentina la DINA chilena en la preparación de la Operación Cóndor a través del “Jefe de Información Clandestina” en este país, Enrique Arancibia Clavel, fueron Juan Martín Ciga Correa Anzorena y Osvaldo Ribeiro (alias “Balita”), esto lo ha sido señalado ya por quienes han investigado sobre el tema como Martorell (1999) y también lo hemos podido corroborar en las propias anotaciones personales de Arancibia Clavel decomisadas en 1978[11]; ambos son considerados “figuras fundamentales del Cóndor” (McSherry 2009, 681).
Ciga Correa Anzorena fue uno de los integrantes de la Triple A (McSherry 2009, 580). En las anotaciones del agente de la DINA Arancibia Clavel[12], hay informes de vigilancia y acciones realizadas con el grupo paramilitar argentino Milicia, de Martín Ciga Correa “(una rama de la Triple A)” (McSherry 2009, 300)[13]. También Alipio Paoletti lo señala como integrante del Batallón 601 (donde usaba el alias Mayor Santamaría- en Inteligencia del Ejército), “integrante de las AAA, Grupo de Tareas Exterior (GTE)” (Paoletti 1987, 405).
Ciga Correa fue encargado de seguridad de la UBA durante el rectorado de Ottalagano, en 1974; se puede leer en las anotaciones de Arancibia Clavel en primera persona cuando señala “tomé contacto con Martín Ciga Correa actual jefe de seguridad de la UBA el cual ofreció toda clase de antecedentes de los chilenos docentes, no docentes y estudiantes que están en la Universidad”[14], de este modo Ciga Correa, comienza a entregar la información que disponía de los chilenos de la UBA (Martorell 1999, 50). En las anotaciones mencionadas del agente de la DINA se puede leer que al referirse a las AAA hace referencia a Ciga Correa y a su grupo como responsables de la Operación Colombo: “del grupo Milicia Nacional Justicialista… sólo conocemos a Martín Ciga Correa… Este grupo actuó en el caso Colombo efectuando la primera etapa…en forma perfecta”[15] y hace referencia al operativo mediático que se estaría montando para el mismo.
Respecto de la otra persona, Osvaldo Ribeiro, detenido por crímenes de lesa humanidad, acusado en Francia por asesinatos en el marco de la Operación Cóndor, y considerado “enlace fundamental de inteligencia entre la inteligencia del ejército argentino y la DINA” (McSherry 2009, 261-3).
En los archivos del agente de la DINA, Arancibia Clavel, Riveiro es uno de los contactos habituales junto a Ciga Correa. El 27 de agosto de 1975 Riveiro le entrega a la DINA un informe sobre todos los chilenos ingresados luego del golpe y sobre la JCR, y señala “tiene idea de formar una central de inteligencia coordinada desde Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay”[16]. Señala acerca de Riveiro o Rawson “es CIE pero CLANDESTINO. Como el Ejército asumió la responsabilidad de la lucha antisubversiva, el encargado OFICIAL de proporcionar información a nuestro hombre OFICIAL sería el jefe del Dpto 2” (o sea él). Estos documentos fueron examinados por el magistrado del caso Prats.
En 1974 Ribeiro se desempeñó en el Batallón 601 -Campo de Mayo- como oficial de alto rango donde organizó un Centro Clandestino de detención y tortura. Asimismo “Ribeiro viajó a Asunción y luego a Santiago, con todos los gastos pagados por la DINA, para preparar las condiciones para la primera reunión oficial de Cóndor, en noviembre de ese año, en Santiago instaló una máquina de télex en la sede central de la DlNA de Santiago, que permitía una comunicación segura y directa con la Inteligencia del Ejército Argentino” (McSherry 2009, 261-3).
Constituye un dato relevante para nuestra investigación el hecho de que Ribeiro fue nombrado en 1979 como Jefe de Destacamento, desempeñándose en inteligencia en Bahía Blanca (McSherry 2009 261-3). Fue conocida y denunciada en su momento, su labor de entrenamiento de oficiales y paramilitares en Centroamérica en los ’80[17].
2- Dictadura Adelantada: las AAA en la UNS
Dictadura Adelantada…
Las prácticas represivas al interior de las universidades se instalan antes del golpe de 1976; por lo que es posible hablar de "dictadura adelantada" en las universidades nacionales[18]. Las diferentes intervenciones que se estaban dando en las universidades nacionales[19] junto a la necesaria violencia represiva que caracterizó el accionar nacional de la Triple A (y que comenzó su escalada precisamente a partir del gobierno isabelino), constituyeron un anticipo "de la política de la dictadura militar para la educación superior pública" (Talento 2001, 84) y del terrorismo de estado institucionalizado el 24 de marzo de 1976. El proyecto de las fuerzas armadas y de los sectores más reaccionarios de la sociedad se va a imponer con el uso de la fuerza ante la pérdida de la hegemonía[20].
En las universidades argentinas, la dictadura se adelantó para liquidar las conquistas alcanzadas por grandes sectores de los estudiantes, docentes y no docentes y para "liquidar" -en muchos casos- a parte de esos estudiantes, docentes y no docentes. Según Nunca más, alrededor del 21% de los desaparecidos eran estudiantes[21]. Alcira Trincheri (2003) llama "adelantado proceso" al período de la intervención de Remus Tetu en la Universidad Nacional de Comahue. Su trabajo nos permite pensar del mismo modo el proceso vivido en otras universidades: tensionando estas experiencias con las fechas de intervención en las universidades del país, podemos atrevernos (dejando lugar -sin dudas- a matices regionales) a ampliar la denominación para la Universidad Argentina en general. Podemos definir este período de intervenciones que va de diciembre de 1974 a marzo de 1976 como "dictadura adelantada", en tanto se dio en las universidades un marcado "exclusivismo en el ejercicio del poder" (interventores con un marco absoluto de decisión), una fuerte restricción de los derechos sociales y políticos (vigilancia a las asociaciones gremiales docentes y no docentes, proscripción a las organizaciones estudiantiles), y métodos drásticos de regulación social, de la mano de la persecución de opositores mediante el terrorismo estatal.
En el país actuaron diversas “bandas” nacionalistas, que diferentes autores coinciden en incluirlas entre las denominadas AAA; en cada lugar tuvieron diferentes nombres[22] y actuaron en las Universidades Nacionales como por ejemplo la (Concentración Nacional Universitaria (CNU) en el caso de Mar del Plata y La Plata, y sin esta denominación pero con características semejantes en Bahía Blanca y Neuquén. Estas bandas tenían como enemigo central el anticapitalismo y se alinearon a la política norteamericana anticomunista que se vino a consolidar con el macarthysmo (Izaguirre 2009).
Nos dice Paoletti respecto de las investigaciones que realizó Rodolfo Walsh sobre las AAA:
Walsh advirtió además que tanto en Bahía Blanca como en Mar del Plata la Armada ‘ha adoptado la metodologia de la AAA’ y señaló tres grupos sindicales: a) Uno, encabezado por el dirigente de la UOM… b) Otro, organizado por el dirigente aliancista del sindicato del Automóvil Club Argentino c) y el tercero, formado por custodios de Luz y Fuerza… En agosto de 1975 Walsh detectó un comando de la AAA especializado en el asesinato de exiliados latinoamericanos refugiados en nuestro país, según convenio secreto que dio fundamento a la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur- firmado por Villar con altos jefes policiales de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. El acuerdo se tomó en una reunión realizada en enero de 1974 y presentado públicamente COJLLO vinculada con la represión del narcotráfico, tapadera habitual utilizada por la CIA para disimular su injerencia en algunos países de América Latina (Paoletti 1987, 337).
Se señala que en Bahía Blanca el rector rumano – nazi Remus Tetu (de quién nos referiremos en breve) sería sospechado de participar en la organización de las primeras "patotas" de la Triple A bahiense, al igual que el diputado y delegado de la CGT (del gremio de los Recibidores de Granos) Rodolfo Ponce[23].
Es de destacar que el mismo Ejército Argentino ya en este año había emitido una directiva a su fuerza - Directiva 1/75- , emanada del Consejo de Defensa, por la que pone a disposición del Consejo de Defensa a todas las fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales ejecutando “la ofensiva contra la subversión” para “detectar y aniquilar… las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado”(p. 2).
Esta directiva emanada del “Consejo de Defensa en lucha contra la Subversión”, integrado por las tres Fuerzas Armadas, señala que la ofensiva debe lograr antes de finalizar el año 1975 una disminución notable del accionar subversivo y transformar la subversión en un problema de naturaleza policial a fines de 1976 (p. 3). Entre los propósitos pone énfasis en “obtener información sobre los elementos que integran el aparato político-administrativo y sus elementos subversivos…” (p. 3). En el Régimen funcional de Acción Psicológica, dicha directiva se explaya en un análisis de la coyuntura señalando con preocupación que “Por otra parte, cabe destacarse que ciertos niveles de la Opinión Pública están recibiendo una serie de estímulos – imágenes o ideas que, cualesquiera sean las intenciones de las fuentes, convergen en la presentación de una izquierda juvenil cada vez más desprovista, en su conjunto, de connotaciones insurreccionales y susceptibles por lo tanto, de ser integrada al quehacer político nacional” (p. 1). Realiza un análisis de la “acción psicológica” desplegada por “las organizaciones subversivas”, en la idea de la “propaganda armada” y de ahí señala la necesidad de implementar una acción semejante desde la contra-información, de modo que crea un Sistema de Comunicación (SICOS) y una Junta de Acción Psicológica (JUAS) que actuarán coordinadas con la SIDE. La “Misión” de los organismos que integran el SICOS es “el aniquilamiento de la subversión”. Señala a Bahía Blanca entre los siete centros urbanos donde “la subversión ha desarrollado mayor potencial”, las denomina como “zonas calientes” y refiere a “públicos blancos”.
Las leyes universitarias… continuidades y usos…
En la legislación que rige la Universidad de 1975 hallamos continuidades muy fuertes con los proyectos político - educativos de la década anterior[24]. En principio, es preciso mencionar la legislación sobre Universidades Nacionales que se fue sucediendo desde la década del '60. Hubo -durante la dictadura de Onganía- una serie de leyes que sentaron las bases institucionales tendientes a "la pérdida de la principalidad de la Universidad estatal": tanto la Ley Orgánica de las Universidades Nacionales Nº 17.245 y la ley de Enseñanza Privada Universitaria Nº 17.604 (ambas de 1967), y la ley Nº 17.778 (de 1968) se inspiraron en esa tendencia (Gagliano y Cao 1995, 49).
La Ley 20.654 fue promulgada el 14 de marzo de 1974, durante la gestión de Jorge Taiana a cargo del Ministerio de Educación y Cultura. Esta Ley rigió la política educativa a partir de marzo del '74 y la gestión institucional en la U.N.S. de la intervención de Víctor Benamo en la UNS, de Tridenti, luego de Héctor Arango, después y también la de Remus Tetu, ya que la reforma legislativa respecto de las universidades se dio recién en 1980[25].
Podemos hoy afirmar que la intervención a la U.N.S de junio del '73 tuvo su sustento en facultades que el Ministerio de Educación y Cultura, en tanto aparato de hegemonía, se reservó por ley para garantizar el proyecto del nacionalismo popular: Cámpora - Taiana - Benamo intervienen las universidades para ponerlas al servicio del Estado Peronista, reservándose por la ley 20.654 de marzo del '74 la facultad de intervenirlas por "alteración grave del orden público" o por "subversión contra los poderes de la nación". Y así será que, a mediados del '74, Martínez de Perón - Ivanissevich (con Remus Tetu como ejecutor principal en el Comahue y la U.N.S) intervendrán las universidades nacionales ante la puesta en riesgo de la gobernabilidad, usando esta misma ley (la 20.654) como marco normativo.
Una vez producida la muerte de Perón, el proyecto gubernamental de Martínez de Perón y López Rega viene a consolidar el proyecto económico y político de los sectores más autoritarios de la derecha peronista vinculados con capitales transnacionales. Dejaron de apoyarse en el consenso de los partidos políticos, le restaron fuerza a la política de acuerdos y negociación institucional en el marco del Congreso, alentaron un nuevo protagonismo de las fuerzas armadas por fuera del rol profesional (avalando formas de represión legal e ilegal, con lo que abren el camino del terror de estado). En el plano universitario la decisión principal fue buscar la reversión del proceso abierto en mayo del '73 y cuya institucionalización comenzaba a proyectarse con la sanción de la Ley Universitaria (Talento 2001, 85-6).
La decisión del gobierno de Martínez de Perón respecto de las universidades "se expresó en el diseño de una estrategia político - militar para destruir lo que en su concepción era un foco de agitación y reclutamiento insurgente y de difusión de ideas subversivas" (Talento 2001, 86). En este contexto, Oscar Ivanissevich es nombrado Ministro de Educación y Cultura, el 14 de agosto de 1974; y a partir de entonces realiza una serie de intervenciones a las Universidades Nacionales:
10 de diciembre de 1974 - Intervención de la Universidad Nacional de Salta
30 de diciembre de 1974 - Decreto 2158 - Universidad Nacional del Comahue
15 de enero de 1975 - Decreto 2013 - Universidad de Buenos Aires
20 de febrero de 1975 - Decreto 388 - Universidad Nacional del Sur
20 de marzo de 1975 - Decreto General 744
4 de abril de 1975 - Decretos 799 y 800 - Universidad Nacional de Catamarca, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de la Patagonia, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Tecnológica Nacional.
24 de Junio de 1975- Decreto General 1669
El 30 de setiembre de 1974 se promulga la ley 20.840 de Seguridad Nacional, que en su artículo 1º reprime las actividades políticas que alteren o supriman "el orden institucional y la paz social de la nación, por vías no establecidas por la Constitución Nacional y las disposiciones legales que organizan la vida política, económica y social de la Nación"[26].
Fue sin dudas con la intervención de Dionisio Remus Tetu (a partir de febrero de 1975), el momento en que el movimiento estudiantil bahiense vivió uno de sus momentos más críticos, teniendo como un momento de mayor ruptura el asesinato de David 'Watu' Cilleruelo.
Consideramos imprescindible vincular la labor de las universidades que es pedagógica, de enseñanza, investigación y extensión, con los proyectos políticos, por ello hemos indagado ya en las prácticas institucionales de la intervención de Ivanissevich-Tetu considerando que tanto esta "misión" como la dictadura militar vinieron a destruir la voluntad de transformación y cambio de todos aquellos que cuestionaron las formas tradicionales de autoridad y conocimiento, desde las prácticas y discursos heterogéneos que caracterizaron la radicalización política de la vida universitaria en los años setenta.
Decían los estudiantes de la Federación universitaria del Sur en 1984 "Remus Tetu, la cabeza visible del proyecto por el cual se buscó transformar a la Universidad Nacional del Sur en un reducto elitista de tecnócratas..."(FUS 1984, 3).
La biografía que los estudiantes reseñan que Dionisio Remus Tetu nació en Bucarest (Rumania) en 1920, fue naturalizado argentino en 1954 tras seis años de residencia en el país. Era doctor en Derecho y en Filosofía, con títulos otorgados por la Universidad Nacional de Bucarest[27]. Remus Tetu “era de ideología nacionalsocialista, según sus propias declaraciones había pertenecido al gobierno colaboracionista nazi de Rumania y decía haber pertenecido a un grupo similar a los ‘ustachis’ croatas en Rumania” (Río Negro 28-09-04). En 1945, se había desempeñado como miembro de una organización anticomunista, algunos de cuyos integrantes, colaboracionistas con el nazismo, fueron recibidos y contratados por el Estado Argentino a través de un comité que los nucleaba; señalan los estudiantes de la FUS de los ’80 que “en nuestra ciudad éstos fueron acogidos con todas las prebendas, alojándolos incluso en las viviendas del Barrio Universitario”.
Entre 1952 y 1956 es contratado en el Instituto Tecnológico del Sur para el dictado de las cátedras Geografía Económica y Sociología, hasta que se constituye la U.N.S, momento en que declaran prescindibles a todos los docentes del Instituto. En 1968, durante el Onganiato, ingresa nuevamente a la U.N.S. donde llega a profesor titular con dedicación exclusiva en el Departamento de Humanidades hasta 1974. Según nos informaron en entrevistas Ángel Vilanova, Dante Patrignani y Viviana Becker, hacia fines del ‘73 los estudiantes y docentes de Humanidades, con respaldo institucional, realizaron un juicio académico en su contra. Fue cesanteado, y pasó a dar clases en el Instituto Tecnológico de Trelew[28].
Desde el 17 de enero de 1974 hasta octubre de 1975, durante la gestión de Oscar Ivanisevich en el Ministerio de Educación fue interventor de la Universidad Nacional del Comahue y a partir del 26 de febrero hasta diciembre del mismo año de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Es decir que entre febrero y octubre de 1975 se desempeñó simultáneamente como rector interventor de ambas casas de estudio.
En Bahía Blanca, cuando el 26 de febrero de 1975 es designado como rector interventor por Oscar Ivanissevich, continúa con el dictado de la cátedra Sociología. En 1980 se extiende por cinco años su contrato docente, y continúa dictando clases. En 1983, fue uno de los docentes beneficiados por la renovación de contrato que dispusiera la directora del departamento de Humanidades, Sara del Río de Bereihl, un día antes de la asunción del nuevo rector normalizador, hecho que obstaculizó la labor de la intervención. Esta medida propició el continuismo institucional en la U.N.S (F.U.S 1984).
Durante su intervención fueron asesinados y desaparecidos más de cincuenta estudiantes y docentes, se cesanteó a 225 docentes y no docentes que no le eran adeptos, se expulsaron más de veinte estudiantes, se prohibieron asambleas, juicios académicos y cátedras paralelas, proscribió los centros de estudiantes, cerró el comedor universitario, fijó cupos de ingreso, aranceló la distribución de certificados y libretas, eliminó toda experiencia académica que suponga intervención comunitaria, cerró carreras, se liquidaron cátedras, suprimieron materias de planes de estudio y aniquilaron experiencias pedagógicas de carácter democrático y emancipador que se estaban desarrollando. Fusionó los departamentos en Ciencias Exactas (Matemática, Física y Electrotecnia) y Ciencias Sociales (Economía, Geografía y Humanidades), cuya matriculación suspendió, enmarcada este accionar en una campaña de persecución ideológica centrada principalmente en los departamentos de Economía y Humanidades. Nombró un cuerpo armado de seguridad y vigilancia que se instaló en los pasillos de la universidad controlando toda actividad política.
Es de destacar que según el informe de la F.U.S, Remus Tetu publicó, entre 1956 y 1963, alrededor de 1200 editoriales en el diario local, "La Nueva Provincia" cuyo director actualmente está acusado por crímenes de lesa humanidad[29], y contó con el mismo espacio de difusión a partir de 1975 (F.U.S. 1984).
Nos dice Alipio Paoletti sobre este período “En la época previa al derrocamiento del gobierno constitucional la ciudad de Bahía Blanca fue sometida al terror de la AAA, sobre todo el movimiento obrero y la vida universitaria. En 1975, el ministro de Educación Oscar Ivanissevich, un conocido ultraderechista y reaccionario, designó al profesor Rernus Tetu como interventor simultáneo en las universidades del Sur, con sede en Bahía, y la del Comahue, con establecimientos en Neuquén y Río Negro. Tetu, un rumano que en esa época llevaba apenas diez años de residencia en nuestro país,… un nazi militante…” (Paoletti 1987, 248-9)
En la Universidad Nacional del Comahue fue declarado Persona No Grata por el Consejo Superior de esa casa de estudios, por iniciativa de la APDH local en setiembre del o 1999[30]. Organizaciones estudiantiles y de derechos humanos de Neuquén y Río Negro hicieron escraches frente a su domicilio en el año 1999.
Dionisio Remus Tetu falleció en Bucarest en noviembre del 2003[31]. Ha engrosado la lista de represores civiles en el genocidio en nuestro país[32].
3- La UNS en las Actas Dictadura
Consultando las actas de la Dictadura desarchivadas del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea en el año 2013, hallamos un dato de enorme relevancia para nuestro trabajo: el Acta N° 1 de la Junta de Comandantes, del 19 de julio de 1976, Videla, Massera y Agosti resuelven nombrar rectores de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Nacional de La Plata: Lucero y Bauza respectivamente. Este es el único tema que trata el punto N°5 denominado “Educación”, entre otros tantos puntos como: 1- Interior (Proceso de Reorganización Nacional; Situación de los Presos Políticos); 2- Relaciones Exteriores (Conferencia de Países No Alineados, Embajador de Venezuela); 3- Defensa (Junta de Reparaciones); 4- Economía (Intervención de Aduanas).
En un documento en el que se resolvían cuestiones de tanta relevancia como la no participación en la Cumbre de Países No Alineados o la intervención de Aduanas o la actuación de la Junta Militar, es de destacar que en Educación la primer medida registrada en estas Actas sea ni más ni menos que la designación de rectores para estas dos universidades.
La dictadura en el plano educacional en las Bases y Documentos del Proceso de Reorganización Nacional emitido por la Junta de Comandantes en 1980, menciona en sus medidas a implementar, “las acciones de índole política interna… la sujeción de todas las instituciones u organismo público o privado a sus fines específicos con prohibición de toda acción política”[33]; especifica a “las instituciones de índole educacional”[34] y se adjudica la fijación de una política educacional y la suspensión de toda actividad política, así como también menciona al Área Cultural y Educativa dentro de las bases programáticas[35].
4- Políticas y prácticas represivas durante el terrorismo de estado en la Universidad Nacional del Sur. 1975-1976
El accionar represivo que se inicia desde fines de 1974 y ya entrado 1975 en la ciudad de Bahía Blanca y en la UNS fue el inicio de un proceso en el que toda una sociedad resultó ser victimizada (Berezin 2012), puesto que sea directa o indirectamente se modificaron y alteraron las vidas de todos quienes transitaron por sus aulas en esos años. A partir de entonces muchos, más de cincuenta fueron asesinados o desaparecidos, cientos fueron cesanteados, otros cientos dejaron la ciudad, otros dejaron de cursar y nunca retomarían sus estudios… Fue el asesinato de Watu Cireluello el hito que marcó una ruptura en aquella Universidad militante del 73 y 74 y aquella otra Universidad del miedo, la censura, la represión que se viviera en la dictadura.
Persecusión a trabajadores y estudiantes
El accionar represivo se agudizó en todo el país a partir de marzo del ‘76. Durante la dictadura, la lógica del exterminio se estableció sobre un cruento e ilegal sistema represivo, contra todos los que tuvieran ideas distintas al régimen. Hemos señalado ya que según el informe Nunca Más, el 21% de los detenidos desaparecidos eran estudiantes. Solo la Universidad Nacional de La Plata por citar un ejemplo, cuenta con más de 750 víctimas y numerosos exiliados y exiliadas (Jaunarena 2014). En todo el país se desapareció y asesinó, se obligó a renunciar a una innumerable cantidad de docentes y se expulsó cientos de estudiantes. Desde el ’75 y profundizándose a partir del ‘76 se efectuó el cierre de carreras. También en la UNS, como en otras Universidades, se liquidaron cátedras, grupos de trabajo, investigaciones, proyectos de extensión, experiencias académicas ligadas a una concepción crítica y democrática de la investigación, extensión y la docencia, se favoreció por el contrario el desarrollo de una cultura universitaria individualista y corporativa.
Compañeros desaparecidos y asesinados
La Universidad Nacional del Sur cuenta entre sus víctimas con más de 50 desaparecidos y asesinados que eran estudiantes y trabajadores. Muchos de ellos fueron asesinados con la metodología que empleaban las AAA en 1975, otros a partir de 1976 y hasta 1978[36]. VER ANEXO.
El caso de Watu Cilleruelo
El mismo es un caso paradigmático, David Watu Cilleruelo fue asesinado en los pasillos del Departamento de Ingeniería de la UNS el 3 de abril de 1975.
Este asesinato, por la espalda y a la vista de todos, en pleno día marcó un antes y un después en las vidas de quienes estudiaban o trabajaban en la universidad y en la ciudad en general[37]. El crimen aún está impune. El agresor, según testigos sería Jorge Argigay, de la custodia del rector Remus Tetu, y sindicado como de las AAA locales. Según varios testigos, luego del crimen partió en un automóvil del rectorado[38].
Watu era oriundo de la provincia de Río Negro, estudiaba Ingeniería y participaba de la reorganización de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Alberto Rodríguez, compañero de Watu señala sobre su asesinato: "Remus Tetu era un nazi que había venido escapado de Rumania y recaló en la ciudad. Tetu se rodeó de inmediato de lo que era la naciente Triple A, fundamentalmente los matones de la CGT…” y señala que para abril del ‘75 los estudiantes comenzaron a conformar la Federación Universitaria local, agrupando a varios centros de estudiantes: justamente "quien iba a asumir como secretario era precisamente Watu. Ese 3 de abril estábamos volanteando para llamar a una reunión, y en un momento lo interceptan los matones, le piden los documentos y le pegan un tiro. Obviamente los matones se van y lo hacen en el auto del Rectorado de la Universidad. A partir de ahí todas las organizaciones llamamos a un juicio político al Rector, que había instigado ideológicamente el crimen". Alberto Rodríguez, relata que ese juicio se hizo fuera de la Universidad y se conformó con organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas. "El día de la reunión ingresan los matones, detrás de ellos la Policía Federal y se llevan detenidos a diez compañeros y con las firmas que habíamos recolectado eligen a quienes más conocían y expulsan de la Universidad a veinticuatro estudiantes, entre los cuáles también estaba yo".
Rodríguez había denunciado lo sucedido el mismo día ante la Policía Federal, y llamado a un careo con el mismo acusado del asesinato de Watu. "Era muy conocido en Bahía, matón de la CGT, se llamaba Ramón Moncho Argibay y vivió hasta hace algunos años. El juez declaró la caducidad de la causa, ya que lo dio por muerto. Era el único acusado"[39].
Trabajadores docentes cesanteados
De acuerdo con la afirmación que venimos sosteniendo de que la dictadura se habría adelantado en las universidades argentinas, en la UNS hay una cesantía de más doscientos trabajadores docentes si se considera el cierre de carreras y de inscripciones a cursadas para dicho año[40]; las cesantía registradas con nombres y apellidos en las resoluciones desde el día 13 de marzo de 1975 y hasta Agosto del mismo año son unos ochenta docentes[41].
Alipio Paoletti refiere a este proceso como una implementación por Remus Tetu de una verdadera “caza de brujas”:
(Tetu)… fue eficaz co-autor —junto con Vilas y el comisario Félix Alejandro Alais, subjefe de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal— del ‘descubrimiento’ de un supuestísinio ‘plan de infiltración marxista’ en la Universidad del Sur, a raíz del cual en 1976 fueron detenidos unos 20 docentes. Otros debieron exilarse, como los economistas Miguel Teuhal y Oscar Braun, fallecido éste en un desgraciado accidente de tránsito en el helado invierno de Holanda. El profesor de Economía Alberto Constante Barbeito fue uno de los detenidos (Paoletti 1987, 249).
La orden de detención de estos docentes fue dada por el juez federal Federico Madueño y el arresto se produjo porque, a juicio de Madueño, estos docentes profesaban “principios ideológicos contrarios a la seguridad del Estado” (Paoletti 1987, 250). Se afirmaba que había una orientación unilateral del programa de estudios, haciendo eje en la difusión del marxismo.
Trabajadores “no docentes” cesanteados
Asimismo, desde el 7 de abril se cesantea a 23 trabajadores que eran personal administrativo, entre ellos hay tres compañeros que fueron desaparecidos: Gabriel Prado, Néstor Del Río, Daniel Bombara[42].
Expulsión de estudiantes
En el caso de la expulsión de estudiantes estaba motivada por conductas “en contra del principio de autoridad y de elementales normas de respeto”, por “provocar desórdenes” y un “accionar disolvente”. Por este comportamiento eran considerados “elementos disociadores o factores reales o potenciales de perturbación del proceso de desarrollo”. En el caso de sanciones a alumnos como suspensiones o expulsiones eran comunicadas a servicios de inteligencia, convirtiéndose en un antecedente, como en el caso de una detención por averiguación de antecedentes, por ejemplo, se cruzaba la información. Existen expedientes con requerimientos de comisarías exigiéndoles a las autoridades que remitieran informes sobre los libros que los alumnos sacaban de las bibliotecas, lo señala respecto de la Universidad Nacional de La Plata Gustavo González: “el grado de control era tal que encontramos requerimientos de comisarías exigiéndoles a las autoridades que remitieran informes sobre los libros que los alumnos sacaban de la biblioteca. Así que si vos ibas y pedías un libro de Marx, quedabas fichado como marxista. No son casos aislados ni anecdóticos: esto da cuenta de un sistema que se extendió a todo el país” (Veiga 2014).
En la UNS se expulsó a 24 estudiantes mediante la resolución 586/75 (ya mencionada). Además de esta expulsión fueron detenidos a diez estudiantes. En seis casos por aplicación de la Ley de Seguridad Nacional 20.840 y en el resto por la firma de un panfleto en el que se pedía un “Juicio popular” a Remus Tetu por el asesinato de David “Watu” Cilleruelo.
Otras medidas represivas implementadas
-Fusión de departamentos: El día 28 de febrero de 1975[43] Remus Tetu fusiona los Departamentos de Economía, Geografía y Humanidades, e Institutos de Economía y del Tercer Mundo denominándolo Departamento de Ciencias Sociales. A los de Matemática, Física y Electrotecnia e Instituto de Matemática en Departamento de Ciencias Exactas.
-Suspensión de inscripciones a Carreras del Departamento de Ciencias Sociales[44], por lo cual no pudieron optar por estas carreras quienes comenzaban la Universidad en el año 1975.
- Cierre de carreras: Se cerraron las carreras de Sociología, Trabajo Social, Filosofía y Pedagogía que nunca se reabrieron[45], se reabrió durante la dictadura la Carrera de Filosofía pero no Pedagogía. La resistencia a estas medidas está registrada en la prensa cuando relata una condena a dos profesores a tres años de prisión “… por privación ilegitima de la libertad y asociación ilícita… por los hechos ocurridos el 11 de marzo de 1975, en el edificio del rectorado, en Avenida Colón 80, cuando se desarrollaba una reunión del consejo académico”. Señalaba la noticia que “La resolución del juez no se encuentra firme, por cuanto ha sido apelada”. Se indica en el dictamen judicial que “durante la gestión del doctor Víctor Benamo, al frente de la Universidad Nacional del Sur, entre 1974-1975, se vivía una situación caótica, derivada de las frecuentes asambleas estudiantiles y gremiales, y del clima de profunda politización de los claustros universitarios entonces, cuando al asumir el profesor Remas Tetu, como interventor y advertir las irregularidades académicas y la fuerte influencia ideológica existente al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, decide suspender los cursos y reunir a los directores departamentales, con el fin de tratar el problema”.
Agrega la noticia “se hallaban… discutiendo el ‘tríptico nacional’, cuando el salón se vio invadida por alumnos, personal no docente, un número indeterminado de profesores —y según las declaraciones de ‘los testigos’— todos ellos miembros de la izquierda revolucionaria y de las organizaciones extremistas ERP, montoneros y la IV Internacional Comunista, a los cuales el entonces interventor Tetu había dejado cesantes…” Se señala que “uno de los activistas del grupo obligó a escuchar la lectura de un manifiesto en el que se les imputaba la situación creada y se les exigía la renuncia como directores de los distintos departamentos. En esa oportunidad, siempre de acuerdo con las declaraciones de los profesores allí reunidos, se impidió la salida de varios de ellos del recinto mediante una acción coercitiva… cuando presta declaración como uno de los damnificados declaró que había concurrido al consejo académico para plantear una inquietud por el cierre de los departamentos de Humanidades, Geografía y Economía, lo que representaba la clausura de una fuente de trabajo. Barrera expresó que asistió al consejo para reclamar la cesantía de algunos profesores” (Clarín 15-3-80).
- Supresión y liquidación de cátedras y de experiencias académicas: Con las cesantías de docentes se desarticularon cátedras y equipos de trabajo. Pero también se suprimieron materias de las carreras como “Historia de la Educación” del Plan de Estudios de Filosofía y Pedagogía sólo por citar un ejemplo. Se introdujeron cambios en las pautas de evaluación y se pautó el establecimiento de criterios para la creación de carreras cortas y nueva organización curricular. La supresión de experiencias académicas ha sido desarrollada en un trabajo anterior nuestro y no vamos a profundizar aquí por razones de extensión (Visotsky y Gattari 2004).
Vigilar y castigar: acerca de la inteligencia, la estigmatización y represión en las universidades
- Personal de vigilancia y seguridad y PCI- Personal Civil de Inteligencia
Antes y durante la dictadura en las Universidades se nombró personal de vigilancia y seguridad que respondían al peronismo de derecha (casos de Universidad Nacional de La Plata, del Sur y Universidad de Buenos Aires). Entre los meses de marzo y abril de 1975 Remus Tetu firma la contratación de 22 encargados de vigilancia y seguridad de la universidad y en el mes de diciembre antes de dejar la intervención nombra a tres personas más[46]. Según testimonios de estudiantes estos hacían cacheos en el ingreso a la universidad, revisaban los libros que ingresaban y pedían documentación para ingresar a la universidad[47].
Asimismo podemos observar en las nóminas desarchivados del PCI (Personal Civil de Inteligencia) del Ejército Argentino[48] que había expresamente personal dedicado a trabajar en las Universidades. En general había varias formas de participación de los civiles en la inteligencia del Ejército, una de ellas era la de “Agente Reunión”: su tarea era infiltrarse en sindicatos, los centros de estudiantes, organizaciones políticas para recabar información y delatar. Esta categoría de Agente de Reunión. Apoyo en Inteligencia, tenía como subcategorías: Actividad condicionada a inteligencia, Agentes de guardia, Agente de Seguridad (la mayoría del listado pertenece a esta categoría), una categoría indescifrable “ANAL MY UNIV” (podría tratarse de análisi… Universidad) y Asesor Universitario[49].
En el listado que hizo público el Ejército Argentino, consta que el Destacamento de Inteligencia del Batallón 181 llegó a contar con 75 personas que se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia entre 1976 y 1983[50].
En los documentos desarchivados de la ex DIPBA, - actual Archivo Provincial por la Memoria-, constan los informes elaborados por personal de inteligencia desde dentro de la Universidad Nacional del Sur. Pudimos acceder a un informe suministrado por una víctima, denominado “Informe sobre la UNS de Bahía Blanca”, (clasificado como Estudiantil Mesa “A”. Legajo N°1- Rubro 17), que es un detalle de nombres de algunos funcionarios, algunos docentes por departamento y algunos estudiantes organizados en un listado también por departamento con un detalle de su militancia, sus domicilios y estado civil. Este informe calificado como A1, tal como calificaban a los informes que eran confiables, es un documento escalofriante del trabajo de información que desde dentro de la institución se estaba realizando en la denominada por ellos “Comunidad Informativa”; esta información de inteligencia era imprescindible para concretar detenciones, secuestros, detenciones en centros clandestinos y posterior asesinato o desapariciones forzadas que continúan hasta el presente, incluyendo la de dos niños, hijos de estudiantes, que nacieron en cautiverio.
La función de “inteligencia civil” se hallaba contemplada explícitamente en los reglamentos militares del Ejército Argentino. Como así también se hallan contemplados en dichos reglamentos “la acción psicológica” que puede ser realizada por docentes, así como otros roles que se le asigna desde las fuerzas armadas a las universidades y a los civiles que allí se infiltren.
Realizamos para esta investigación un relevamiento en los Reglamentos y Directivas tanto militares como de Ministerios entre los años 1966 y 1977, focalizando la labor de “inteligencia” y puntualmente en el ámbito educativo y dentro de éste el universitario, agudizando la mirada en cómo eran consideradas la inteligencia civil y las universidades en estos reglamentos. Entendemos a los mismos también como instrumentos de “regulación social”, puesto que ponen en juego elementos activos de poder en la producción y disciplinamiento social, de modo que el poder afecta a las relaciones sociales y las produce, producción que atañe a la organización de las instituciones pero también la autodisciplina y la organización de la experiencia, tal como lo señaláramos.
Como síntesis[51] podemos señalar que desde 1966 y en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional los “Civiles” ya fueron considerados para la inteligencia militar como agentes para la reunión de información para operaciones militares[52]; señalan a la educación pública como lugar donde desarrollar un trabajo con “Civiles Amigos” entre los que incluyen a los docentes y a miembros de organizaciones; así como los consideran también como “personal civil”[53]. Para 1976 se reafirma en diferentes documentos el lugar de los “civiles” en el plan represivo, tal como lo señalaban una década antes, como “personal civil de la zona que colabore con las Fuerzas legales” y en los “antecedentes disponibles en organismos gubernamentales y privados” [54] se habla de la “explotación de las fuentes de información” y de la “reunión de información” y sistematización de la misma en el “Informe de un agente”[55]. En general, en otros reglamentos también hallamos que el “personal civil” y las “instituciones técnicas, científicas y culturales”, son “Fuente de información”[56] entre las que podemos considerar a las Universidades son lugares que podrán entregar información de inteligencia técnica respecto de la militancia de organizaciones y personas que “coadyuvan en el accionar subversivo”[57].
Cuando Daniel Feirestein nos remite a la categoría de genocidio reorganizador para caracterizar el proceso argentino refiere a la noción de “delación”; él señalaba que Genocidio Reorganizador, es el que se propone la transformación de las relaciones sociales hegemónicas, pretendiendo clausurar aquellas que obstaculizan el ejercicio del poder porque son críticas, solidarias, contestatarias y sustituirlas por una relaciones unidireccionales con el poder a través de la delación y la desconfianza. El objetivo central es romper las relaciones de reciprocidad, instituyendo, tornando hegemónicos otros modos de relación (Feirestein 2007,104). En este sentido, asume una relevancia la difusión deliberada de la delación como práctica social, ésta opera a través de una lógica de la deconstucción de la confianza en el otro, y genera una relación unidireccional con el poder. De este modo, Feierstein señala:
el otro es el que produce desconfianza, ése que podría ser el par recíproco es quien en realidad puede estar denunciando la acción propia y, por lo tanto, la forma de defensa pasa a ser la de convertirse en delator antes que ser delatado (…). La reciprocidad queda de este modo totalmente quebrada. El par pasa a ser el enemigo y el poder institucional el aliado. El mecanismo de delación logra esta inversión en las relaciones sociales a través de la naturalización del poder y la cosificación del par como enemigo, lo que lleva la lógica de la competencia mercantil al plano de las relaciones morales, en donde cada individuo compite por una aprobación más clara de su conducta por parte del poder, al modo de competencia por una mejor posición económica en el mercado (Feirestein 2007, 129-34).
En el genocidio se compromete y hace partícipe a toda o una gran parte de la sociedad. En este caso los docentes fueron considerados también una pieza clave de este Plan, considerándolos además de como señalábamos como “civiles amigos” y “fuentes de información”, como piezas claves para la “acción psicológica”, “como el empleo de métodos, procedimientos, técnicas y medios que influyen sobre el campo síquico de determinado público”. Refieren al accionar mediante la instrucción y la educación y a “públicos blancos” [58]. Asimismo los organismos gubernamentales (entre los que están las universidades) son considerados parte de la “Comunidad Informativa”, esto es, fuentes de inteligencia[59].
Es importante considerar también cómo a partir de 1967 y 1968 comienza a señalarse al sector universitario a partir de lo que podríamos denominar como grupo estigmatizado[60], se vincula al mismo con la categoría de “enemigo”, afirmando que los Barrios Universitarios son lugares… “aptos para el desarrollo de disturbios por el asinamiento” (SIC) “de una población normalmente insatisfecha” y entre los aspectos a considerar en el planeamiento de las operaciones señala la necesidad de identificar los “lugares favorables para el ocultamiento y/o actuación del enemigo (villas de emergencia, universidades, fábricas, sectores no urbanizados, etc.)” [61]. En 1977 esta estigmatización tendrá su punto cúlmine con la edición de un folleto denominado “Subversión en el ámbito educativo: conozcamos a nuestro enemigo”, editada por el propio Ministerio de Educación en el que detalla la inteligencia realizada en ámbitos educativos y puntalmente respecto de las Universidades señalando al accionar reividicativo y a las organizaciones como “subversivos” y como “enemigos”. Esta fría y calculada especificación tendiente a definir quién era “subversivo” técnica-legalmente fue difundida en las escuelas, colegios y universidades y puesta en funcionamiento en la maquinaria burocrática para la persecución. Nuevamente vemos cómo va a cumplir una función de “regulación social” puesto que promovía el autodisciplinamiento.
Pero fue en el año 1975 que se formaliza y asigna otra institucionalidad tanto a la inteligencia como a la acción psicológica con la creación de instancias como el Sistema de Comunicación (SICOS) y una Junta de Acción Psicológica (JUAS) que actuarán coordinadas con la SIDE”[62]. Esto no deja lugar a dudas de la sistematicidad que alcanzó el plan represivo, de la necesidad de construir un “enemigo”, de legitimar el accionar contra dicho grupo humano. En esta línea de construir al enemigo, estigmatizarlo, ya para 1975 es preciso advertir se señala al estudiantado medio y universitario en primer término de las acciones militares a llevar adelante.
Durante 1975 se asume la necesidad de designar especialistas y asesores de inteligencia y se puntualizan las actividades a realizar priorizando las de inteligencia[63] y en 1976 en la misma línea se insiste en la necesidad de relevar la mayor cantidad de información previo a las “detenciones… reunión de detenidos… traslados” [64] y se enfatiza la acción psicológica como metodología” [65].
Hemos identificado una serie de productos jurídicos tendientes a estigmatizar y restar libertades y garantías democráticas prohibiendo la participación política. Estos reglamentos y directivas nos remiten por su carácter a las leyes del nazismo, y puntualmente a la “Ley sobre el delincuente habitual” que implementó en su momento una modificación sobre el derecho penal, promoviendo el derecho penal de autor y por el cual se construyen los “enemigos” del régimen: en ese caso judíos, comunistas, socialdemócratas, liberales, homosexuales… Tal como en el régimen nazi, también aquí había una enorme burocracia estatal al servicio de la elaboración de mecanismos de regulación y de su implementación. Sin duda expertos en legislación, educación, economía, etc… Trabajaron en estas regulaciones y en diseñar mecanismos para hacerlas efectivas.
Es posible también triangular estos productos jurídicos que refieren a la estigmatización en tanto “subversivos” de los estudiantes y docentes universitarios, de los lugares de residencias universitarios y a las mismas universidades con las notas periodísticas en la misma línea publicadas acerca de la UNS por el diario local “La Nueva Provincia”, justamente acusado en los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando en la actualidad en Bahía Blanca, por haber llevado a cabo una acción psicológica contra la población, solamente mencionando una de las tantas notas sobre el tema tenemos una referencia de cómo se construyó también la misma imagen y se fue preparando psicológicamente a la población para el accionar que se venía planificando. El día 28 de enero de 1975 -pocos días antes de asumir Tetu el rectorado- se puede leer en una nota denominada "Claustros limpios por dentro y por fuera”: “Sin ir muy lejos, cualquiera que se llegue hasta las instalaciones que la Universidad Nacional del Sur posee en la Avenida Alem, calle 12 de octubre e inmediaciones, incluyéndose también las dependencias del Club Universitario vecino, tendrá la oportunidad de apreciar el aspecto calamitoso que siguen ofreciendo, sin variantes, sus fachadas e interiores. Es muy poco lo que se ha salvado del embadurnamiento y la pegatina grosera prevaleciendo ostensiblemente una entusiasta literatura ¨roja¨, diversificada según las preferencias de los distintos grupos seguidores de Mao, Fidel, el Che, Santucho, unidos todos ellos por el común denominador de su destructiva ideología.(...) Es tiempo que también Bahía Blanca exhiba una universidad limpia en todos los órdenes, imitando una actitud de quienes supieron despojarse del deleznable ropaje entonces impuesto por el ¨soviet¨ desjerarquizante de Puiggrós, Benamo y compañía.(...)¨ [las negritas es nuestro; LNP- 28-01-75].
Entendemos que es preciso identificar responsables de las prácticas represivas al interior de las universidades, dado que hay partícipes necesarios que han cometido delitos de lesa humanidad; y hay aún docentes y estudiantes desaparecidos así como hijos de estudiantes que continúan desaparecidos producto de estas acciones u omisiones.
Las universidades fueron partícipes necesarias del Plan genocida en el Cono Sur. El sector universitario fue un grupo estigmatizado en este plan genocida, vinculado a la categoría de “subversión”. Se delineó un plan donde los civiles fueron, también, parte necesaria para perpetrar los crímenes y desapariciones. Se constituyó una burocracia estatal para llevar adelante el plan represivo hacia este grupo definido como “enemigo”.
Es posible avanzar en la línea que aquí hemos podido explorar de cómo en el interior del país el accionar de las AAA arraigó en las universidades dando lugar a crímenes que aún permanecen impunes y en la indagación de aquellos procesos que han sido irreversibles y han dejado secuelas psicosociales en la institución y en la sociedad en su conjunto que aún padecen las consecuencias de carreras no reabiertas, en el clima universitario antidemocrático, en la vida cotidiana que rodea al estudiantado, a raíz de las prácticas institucionales instauradas en aquellos años. Es claro el carácter adelantado de la dictadura en las universidades –y en la UNS puntualmente- . Continuar en esta línea de trabajo nos permitirá demostrar que el plan no fue solo militar sino que contó con el apoyo de las instituciones de la sociedad civil para dar lugar al genocidio reorganizador y esto tendrá consecuencias en nuestro presente, puesto que las prácticas de continuismo que se dieron en la mayoría de las universidades, luego de 1983, generó condiciones de impunidad que permean las casas de estudio hasta el presente. Este trabajo nos permitirá, también, profundizar en la conceptualización y estudio sobre el genocidio así como de la comprensión de la victimización de toda una sociedad: podemos inferir a través de este trabajo que hay varias generaciones que fueron, y siguen siendo, afectadas por estos planes represivos.
Hemos nombrado a los compañeros que fueron víctimas directas (desaparecidos y asesinados), más de cincuenta en total. En el año ’75 los asesinados por la AAA, entre trabajadores y estudiantes, fueron 15 compañeros y compañeras. Pero si consideramos que cientos de compañeros dejaron la ciudad o el país por la persecución, muchos de ellos asesinados luego durante la dictadura, otros fueron expulsados o cesanteados como trabajadores, la cifra asciende a muchos más… Pero si tenemos en cuenta que todos ellos tenían familias: hijos, padres, hermanos, parejas, etc., los que se vieron destruidos por la persecución, la represión directa o sutil… La cifra asciende a mucho más… Si entendemos que muchos estudiantes dejaron de cursar por miedo, por lo que les sucedió a sus amigos, por la angustia, la tristeza, la desazón… Que muchos nunca, jamás, retomarían sus carreras… Viendo truncados sus sueños… Sus proyectos; la cifra, entonces, asciende aún más… Si pensamos en pasillos que quedaron vacíos… Aulas vacías… Con muy pocos estudiantes, con estudiantes que cursaron con miedo, vigilados, controlados, aun mucho más asciende… Pero si consideramos que quienes siguieron estudiando no pudieron acceder al conocimiento que una universidad debiera generar, que hubo censura y quemas de libros que nunca más volvieron a estar en los anaqueles de la universidad… Carreras que se cerraron, programas de estudio que se cambiaron, materias que se quitaron… Se torna imposible de cuantificar el daño. La victimización de toda una sociedad, de una generación, y de las que han seguido… Si pensamos que carreras nunca se reabrieron, u otras recién se están reabriendo, que grupos de investigación se desintegraron, equipos de cátedra, que líneas de investigación, teorías, autores, referentes fueron borrados de la academia universitaria y en muchos casos nunca han sido retomados sigue tornándose incalculable el daño ocasionado...
Si pensamos que hubo continuismo en equipos de cátedra, concursos jamás revocados, discípulos que se formaron con académicos que ingresaron en una situación de cesantías de compañeros, de amenazas, de persecuciones, y que estos docentes conformaron equipos de cátedras que gozaron de continuidad; si consideramos que prácticas de vigilancia, persecución ideológica, control, estigmatización, instaladas en esos años han quedado vigentes y continúan con renovadas formas… Si pensamos en prácticas sociales, espacios estudiantiles que se perdieron se torna ya imposible de medir… De cuantificar… Y hasta de imaginar las consecuencias genocidas sobre una generación, y sus hijos… Y los hijos de sus hijos…
Es necesario visibilizar el lugar que ocupó esta ciudad y esta universidad en los planes de la dictadura, ya que su intervención fue una de las primeras acciones realizadas por la Junta de Comandantes. Esto reviste de una importancia fundamental para comprender el lugar de los actores civiles en el genocidio reorganizador.
Este trabajo, también, nos permitió identificar el rol de las universidades en la Operación Cóndor, al identificar en este caso regulaciones que se materializaron en normativas paradigmáticas como la resolución 586/75, así como también explorar en la historia de vida de militantes que fueron las primeras víctimas de la Operación Cóndor. Sobre esto último se podría continuar, caracterizando esta operación en el sur del continente.
Como advertimos al comienzo, este es un trabajo inicial, de tipo exploratorio, y aún nos falta analizar y recopilar tantos documentos como entrevistas orales de modo de triangular la información y ahondar en conceptualizaciones que nos permitan comprender y explicar el accionar represivo en nuestros países, para identificar responsables y avanzar en los procesos de Verdad, Memoria y Justicia.
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Jessica Visotsky: Doctora en Historia. Profesora investigadora de la Universidad Nacional del Sur, Cátedra Educación y Derechos Humanos. Bahía Blanca, Argentina
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7943-5258. jessicavisotsky@yahoo.com.ar
Raúl Domínguez: Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina. rhdomin@yahoo.com.ar
Juan María Pianessi: Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina. juanma-p@hotmail.com
Visotsky, Jesica, Raúl Domíngues y Juan María Pianessi. 2019. “Genocidio y Universidades Nacionales. El caso de la Universidad Nacional del Sur (1975-1983)”. En Educación y política… Estudios en Revista nuestrAmérica, 7-38, compilado por Ismael Cáceres-Correa. Concepción: Ediciones nuestrAmérica desde Abajo.
[1] El trabajo contempla la realización de un trabajo de indagación cualitativa y cuantitativa con fuentes de archivos documentales así como de Historia Oral pero nos hallamos en una etapa incipiente de la investigación.
[2] Como APDH, HIJOS, Comisión Memoria y Compromiso, Comisión Apoyo a los Juicios.
[3] A cargo del Dr. Hugo Cañón en los años de los Juicios a las Juntas y posteriormente en el marco de los Juicios por la Verdad y en tiempos más recientes se ha podido avanzar en estos procesos de Memoria, Verdad y Justicia en el marco de los Juicios que se llevan a cabo en la ciudad en la nueva etapa abierta en el 2003, con la fiscalía del Dr. Abel Córdoba primero y los Dres. José Nebbia y Miguel Pallazzani en la actualidad.
[4] Asumimos esta denominación a partir de los trabajos de Daniel Feirestein, entendiendo que al mismo como la “destrucción parcial del grupo nacional” (Feirestein 2009, 25), esta está contemplada en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Existen sin embargo cuestionamientos a la utilización de esta figura, señalando que: “... las víctimas fueron elegidas individualmente por sus creencias políticas y no por su pertenencia a un grupo, lo cual implicaría que los responsables de su desaparición y/o asesinato no poseían el mens rea requerido al no contar con la intencionalidad de destrucción de un grupo y sólo tratarse de la eliminación de los disidentes políticos” (Feirestein 2009, 25). Sin embargo, existen numerosos ejemplos que pueden contribuir a poner en cuestión tal afirmación: “la militancia social, barrial, sindical o estudiantil de la gran mayoría de las víctimas, que no era tan rápidamente catalogable como ‘disidencia política individual’, o la apropiación y en algunos casos desaparición, tortura y asesinato de más de quinientos hijos de dichos militantes, a los cuales resulta imposible catalogar como ‘disidentes políticos’, entre otros. Sin embargo, la discusión más enriquecedora no surge de este contraste, sino de seguir el desarrollo conceptual de este cuestionamiento para acceder al modo con el que se configura el concepto de ‘grupo nacional’ y, por lo tanto, la intencionalidad de los procesos de aniquilamiento” (Feirestein 2007, 25-6). Incluso el sentido global y reorganizador del aniquilamiento puede ser ilustrado “con el propio nombre de la dictadura militar – Proceso de Reorganización Nacional, que remitía precisamente a la idea de ‘refundación’ de la sociedad, modificación global del propio grupo” (Feirestein 2007, 27). Genocidio reorganizador, “es aquel que tiene como objetivo la transformación de las relaciones sociales hegemónicas al interior de un estado nación preexistente… con el objetivo de clausurar aquellas relaciones que generan fricción o mediaciones al ejercicio del poder –contestatarias, críticas, solidarias– y reemplazarlas por una relación unidireccional con el poder, a través del procedimiento de la delación y la desconfianza. La ruptura de las ‘relaciones de reciprocidad’ entre los seres humanos, constituye el objetivo central de esta modalidad genocida que opera reorganizando la sociedad, estructurando otro tipo de vínculos hegemónicos…” (Feirestein 2007, 104).
[5] Según el propio ACNUR “La operación realizada por el ACNUR en Chile a partir de 1973 constituyó un importante hito en la historia de la organización, pues fue su primera operación de envergadura en Latinoamérica. Aunque no existen cifras exactas del número de personas que huyó al exilio en los años en los que el general Pinochet fue jefe del Estado, solamente el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas permitió la salida de 20.000 personas en 1980. Otras fuentes calculan que el número total de quienes huyeron del régimen, ya fuera voluntariamente o expulsados, no fue inferior a 200.000 personas… Desde el principio, el régimen de Pinochet utilizó el exilio como parte de su estrategia para redibujar el mapa político de Chile y eliminar así sus tradiciones políticas anteriores. Fue tal el número de personas detenidas que el principal estadio de fútbol de Santiago se convirtió en un centro de detención multitudinario provisional. Las expulsiones se llevaron a cabo en aplicación del Decreto Ley 81, de noviembre de 1973, que confería al régimen una autoridad prácticamente incondicional para expulsar a ciudadanos. A partir de diciembre de 1973, se permitió que los detenidos en aplicación del Estado de sitio que aún no habían sido condenados pidieran la libertad a condición de ser expulsados inmediatamente. En abril de 1975, el Decreto Ley 504 amplió la aplicación de estas medidas a los presos con condena… los refugiados se repartieron por todo el mundo, acogidos por alrededor de 110 países, desde Islandia y Chipre hasta Kenia y Cabo Verde. Inicialmente, muchos chilenos huyeron a otros países de Latinoamérica, como Perú, Argentina y Brasil”. En el caso de Argentina la propia historia de los refugiados tiene dos momentos, por un lado desde el punto de vista burocrático y legal, se formaliza la situación en el año 1985, año en que crea el CEPARE, institución creada para cumplir con la legislación internacional suscripta por Argentina, en 1961, año en que se adopta internamente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; cabe aclarar que los registros de refugiados recién fueron procesados y hechos públicos en el año 2002; sin embargo en función de los grupos humanos que han llegado al país, la historia de los refugiados comienza desde la conformación del Estado Nación. (Ciccogna 2009, 51). Investigaciones acerca de los refugiados chilenos a partir de 1973 en Argentina mencionan el trabajo desarrollado entre las Naciones Unidas y las Iglesias, señala al respecto la investigación de Paula Ciccogna “El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile produjo el éxodo de miles de personas. Roberto Ríos, por ese entonces rector del Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos de Buenos Aires, junto con otros pastores entre los que se encontraba Emilio Monti, decidieron albergar en ese edificio a los exiliados. Pocos meses después, se creaba la CAREF, que comenzó a funcionar en octubre de 1973. La casa actual de CAREF ofició de albergue. La institución llegó a trabajar con siete refugios ubicados en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Tan sólo en los dos primeros años de existencia, pasaron por sus oficinas siete mil (7.000) personas. Pero el verano democrático duró poco y CAREF tuvo que adaptarse bruscamente. Con la puesta en marcha del plan de la AAA, este país se había convertido en un sitio peligroso para casi todos. Aún bajo este contexto continuaron las actividades: talleres de capacitación para refugiados, programas de salud y educación fueron algunas de ellas” (Ciccogna 2009, 57). Señala también Oscar Villalobos acerca de los refugiados chilenos en 1973-1974 que “hay que recordar que la mayoría se radicó en Argentina. En ese vecino país, miles de chilenos buscaron reconstruir sus vidas como emigrantes y otros como refugiados amparados por el comité Internacional de Iglesias y las Naciones Unidas” (Villalobos 2005).
[6] Señala Villalobos sobre las condiciones de vida de los refugiados: “Mientras se tramitaba la salida del/as refugiadas a terceros países, se les distribuyo en diferentes ciudades Argentinas como Mendoza San Juan, Bahía Blanca y otras. El grueso del os exilados estaban hacinados en refugio u hoteles en el gran Buenos Aires. Los refugiados que desde provincias viajaban a Buenos Aires con motivo de ser entrevistados en las embajadas europeas, se admiraban al comprobar que en un hotel refugio Vivian amontonadas varias familias compartiendo un par de piezas. Estaban organizado sen comisiones que cocinaban, hacían aseo y mantenían funcionando los refugios” (Villalobos 2005).
[7] Se trata del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de 1991, conocido como Informe Retting, elaborado a instancia de la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, organismo creado por el Decreto 355, por el presidente Patricio Aylwin en 1990 y por el Anexo Ley 19213. Este informe alude al caso de Víctor Oliva en el Tomo II, pp. 598-9.
[8] Informe Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; p. 599.
[9] En diferentes informes entregados a la familia de Víctor Oliva Troncoso ante la Comisión Provincial por la Memoria, Archivo de la Ex DIPBA.
[10] Ibidem . Informe Reservado “Minorías extranjeras en la provincia de Buenos Aires” fechado el 28 de julio de 1975, firmado por un oficial principal de la policía de la provincia y enviado al Director de Informaciones Policiales de la DIPBA. Un informe del mismo tenor es enviado al Director de la DIPBA por un Subcomisario de la policía de la provincia de Bs.As. de Bahía Blanca. Cabe aclarar que la otra colectividad referida en los informes es la judía, ambas son las dos colectividades en las que se centran sendos informes.
[11] Archivo Centro de Estudios Legales y Sociales.
[13] Juan Martín Ciga Correa participo de entrenamiento de fuerzas de la Contra nicaragüense en la frontera con Honduras en los años ’80; más tarde, en 1984, fue detenido en nuestro país, en la ciudad de Mar del Plata, cuando se presentó como Mayor Mariano Santamaría, integrante del Batallón 601 del Ejército y de la Policía Federal (Clarín 29-7-84); “registraba varios procesos anteriores, entre ellos uno – por defraudación en perjuicio de la provincia de San Juan y otro más por hurtos reiterados, tenencia de armas de guerra. En 1978, “El mayor Santamaría” pasó a disposición de la justicia militar” (La Voz 6-3-85). En el 84 fue detenido por acusados de robo de automotor, falsificación de documentos y tenencia de armas de guerra junto a Luis Alfredo Recio, “un sujeto con antecedentes por haber pertenecido a grupos de extrema derecha. Se estableció además que había integrado otros grupos que desarrollaron su actividad en el área de América latina, especialmente América Central. Recio fue interventor en el Centro de Estudiantes de Ingeniería “La Línea Recta”, durante la administración del rector Alberto Ottalagano, en la Universidad de Buenos Aires (URA). Recientemente actuó en Colombia y Ecuador integrando grupos de ultraderecha que perpetraron atracos a varios bancos. Se comprobó que había cumplido condenas impuestas en Italia. No se descartó que haya tenido vinculación con grupos encabezados por los extremistas italianos Stéfano Della Chiae y Giancarlo Pagliai, a quienes se los sindica como relacionados con la organización Propaganda Dos (P2)”. (La Voz; 2-6-85 pg.4). Fue sobreseído nueve meses después, en 1985 (Clarín 13-3-85). Se menciona que Ciga Correa habría colaborado en el asesinato de Prats (McSherry 2009, 509)
[14] Anotación del 5 de diciembre de 1974.
[15] Anotación del 16 de Mayo de 1975- Archivo CELS
[16] Anotaciones personales de Arancibia Clavel, 27 de agosto de 1975, fs. 199. Archivo CELS.
[17] Según la investigación de McSherry, “La CIA quería cultivar una insurgencia popular en el campo, fue Ribeiro quién encabezó el Grupo de Tareas Extraterritorial (GTE) en Honduras, organizando y entrenando a los oficiales de inteligencia hondureños y a los contras nicaragüenses en operaciones contraterroristas y de guerra sucia. La Comisión Nacional Hondureña de Derechos Humanos lo acusó de haber participado en la desaparición de aproximadamente 184 personas en América Central. Con el tiempo, la CIA se hizo cargo del liderazgo de la contrarrevolución de los contras. En 1999, el periódico Página 12 descubrió que el ministro de Defensa del presidente Carlos Menem había contratado a Ribeiro para que dirigiera el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares. Ulteriormente fue arrestado por violaciones de los derechos humanos” (McSherry 2009, 261-3). Asimismo, esta investigación señala que “… algunos de los oficiales argentinos que participaron (en entrenamientos en centroamérica), tales como el coronel Osvaldo Ribeiro (o Riveiro) y el agente Juan Martín Ciga Correa, eran figura clave de la Operación Cóndor. En esencia, la Operación Cóndor se extendió a Centroamérica. Los nuevos métodos que se utilizaron en contra de refugiados y exiliado en Centroamérica a principios de 1980 reflejaban las características propias de la Operación Cóndor: secuestros y asesinatos selectivos a cargo de escuadrones “hunter-killer”, a menudo integrados por comandos contras y hondureños vestidos de civil; “traslados” clandestinos de prisioneros a través de la fronteras; métodos de desaparición, tortura y asesinato de víctimas, incluido el uso del choque eléctrico, la “capucha” (asfixia) y el lanzamiento de persona aún vivas desde helicópteros en vuelo; interrogatorios de prisioneros a cargo de oficiales de diversos países; y centros de detención para prisioneros extranjeros desaparecidos (Mc Sherr 2009, 268). De esta participación de Riveiro en estas operaciones en Centroamérica se hizo referencia en medios periodísticos (Pagina 12- 4/4/84; La Voz; 4-12-84; La Voz; 2-12-82 LA Razón 21/12/84; La Voz; 3-1-85; La Razón; 13/3/85; La Voz; 13/3/85).
[18] Puede consultarse nuestro trabajo acerca de la Universidad Nacional del Sur donde referimos a la pertinencia de esta categoría en el caso de la UNS (Visotsky,J. y Gattari, V. 2004).
[19] Ver Kauffman 2003; AA.VV 2001; Quintar y otros 1998.
[20] Claudia Gilman señala que podría pensarse a esta época como una crisis de hegemonía en sentido gramsciano, esto es como un período de crisis en los modos habituales del pacto entre dominantes y dominados. Recupera de Gramsci que es una crisis de confianza que afecta a los partidos, se extiende a todos los órganos de la opinión pública y se difunde en toda la sociedad civil, e implica que la clase dirigente deja de cumplir su función económica, política y cultural (Gilman 2003, 54).
[21] Ver CONADEP 1985, 480.
[22] Gonzalez Janzen (1986); Inés Izaguirre (2009)
[23] Esta afirmación es señalada en una página de Derechos Humanos de Ex presos políticos y sobrevivientes http://colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2014/03/bahia-blanca-recordaran-watu-cilleruelo.html. Fecha de Consulta 1-7-14.
[24] Este punto ha sido desarrollado con anterioridad en un trabajo del año 2004, consultar en Visotsky, J., y Gattari, V.; 2004.
[25] Según Mignone (1998), "... el contenido de la ley 20.654 traduce el espíritu público predominante en los '70 después del prolongado interregno militar e involucra una amalgama de los principios sustentados históricamente por el justicialismo y el radicalismo. Se respetan en general las posiciones liberales y reformistas, pero adaptadas al singular panorama político del momento. Esa actitud surge claramente en los artículos primero y segundo donde se expresa que las universidades son comunidades de trabajo y se enuncian los paradigmas de liberación nacional, justicia social, proyección comunitaria, solidaridad, servicio público y tradición patriótica y popular. Se procura, además, estimular el espíritu indagativo y el esfuerzo autodidáctico de los estudiantes y su aplicación a la búsqueda de la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación".
[26] Esta ley condicionó la participación política en las universidades, y como veremos más adelante, invocándola, Remus Tetu expulsa de la U.N.S. a un grupo de seis alumnos: José Dante Patrignani, Graciela Lusky, Jorge Berstein, Marta Resnicof, José Pietrángelo y Marcos Canova (Resolución 586 del 25 de julio de 1975).
[27] Según dicha biografía de la FUS de los ’80 “la veracidad de los títulos presentados es dudosa”.
[28] El 1 de octubre de 1973 se dieron por terminadas las funciones de Remus Tetu como profesor de la UNS, en la Resolución I-731-73. Tetu interpuso un recurso de alzada contra esta resolución (a la que calificó como ilegítima), obteniendo por Resolución Ministerial (la Nº 2133 del 8/5/74) su reincorporación “solamente” hasta el 28 de febrero de 1974.
[29] Este procesamiento que se está iniciando contra Vicente Massot, actual director del diario este sería uno de los tres casos de prensa procesada por delitos de lesa humanidad en el mundo junto al diario de Nuremberg “Der Sturmer” (“El atacante”) propiedad de Julius Streiche y el diario ruandés “Kangura”, Hassa Ngeze en el año 2003 y en la causa “The Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza, Ngeze” , sentencia del 3 de diciembre de dicho año el TIPR (Tribunal Internacional Penal para Ruanda).
[30] Según nos relata Therese Parrat, militante de APDH ella habría presenciado una situación en la que Remus Tetu amenzó a una trabajadora de la Obra Social SOSUNC, manifestándole ante un malentendido insignificante en tono intimidatorio que se cuide lo que le podría llegar a pasar… APDH impulsa de este modo la acción ante el Consejo Superior. Puede leerse en la Resolución: "El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, en su reunión ordinaria del jueves 19 de agosto de 1999, declara PERSONA NO GRATA en todos los ámbitos de injerencia de esta institución, al ex rector de esta casa durante 1975 y 1976, Remus Dionisio Tetu. Esta decisión, adoptada en forma únanime por todos los miembros del máximo órgano de conducción de la UNCo pretende demostrar que esta universidad no pierde la memoria, sobre todo cuando se trata de personajes que -como Tetu- atentaron en forma permanente contra los derechos humanos, las garantías y libertades individuales y colectivas y hasta la educación pública. Por lo expuesto, hacemos nuestra la solicitud de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, solicitando que se declare persona no grata al ex rector Tetu. Y recordamos -junto a ellos- que el ex rector de la Universidad del Comahue durante el último año de presidencia de Isabel Martínez de Perón sembró en un clima de terror general valiéndose de la fuerza y de la utilización de armas de fuego; propugnó el cierre de diversos departamentos y el despido de docentes; produjo la expulsión de 25 estudiantes de la casa; proscribió los centros de estudiantes ordenando la confiscación de sus bienes. Tampoco olvidamos que Tetu está sindicado como el autor intelectual del asesinato del estudiante de ingeniería David "Watu" Celleruelo, secretario de la Federación Universitaria del Sur”. Porque no perdemos la memoria, y en honor a quienes hoy no están, pero sobre todo a los docentes y no docentes que vivieron aquellas épocas y que hoy trabajan en la UNCo, es que emitimos esta declaración con profunda y verdadera convicción" (EDUCYT 1999).
[31] Se conoció esta noticia en la prensa cuando la justicia neuquina abrió un expediente sucesorio por el departamento donde había sido escrachado por los organismos de derechos humanos y organizaciones estudiantiles en 1999 (Río Negro; 28-09-04).
[32] Alipio Paoletti señala “Remus Tetu, civil, docente, colaborador del Ejército y la Armada. Fue interventor simultáneo de las universidades del Sur y del Comahue”. (Paoletti 1987, 271).
[33] Bases y Documentos del Proceso de Reorganización Nacional – Junta de Comandantes 1980. p. 22.
[34] Ibídem. p. 24.
[35] Ibídem, 67.
[36] Estos listados fueron elaborados en base a diferentes listados construidos por Organismos de Derechos Humanos y a información de los Alegatos de los juicios que se están llevando adelante en la Ciudad de Bahía Blanca.
[37] Se trataría de un caso único en el país del fusilamiento en el edificio mismo de la universidad y a plena luz del día, a la vista de todos, de un/a estudiante.
[38] En la justicia federal local se desarrolló una investigación donde se imputaba como autor material del asesinato a Jorge “Moncho” Argibay, integrante de la patota de la CGT bahiense y de la custodia del rector Remus Tetu. El expediente fue archivado con un sobreseimiento tras la muerte del acusado. Actualmente se halla incorporado en la corte del Juez Oyarbide por los crímenes de las AAA. Existe ya una sentencia judicial en Bahía Blanca en la que un fallo del juez correccional José Luis Ares por la querella establecida por el camarista Néstor Luis Montezanti contra el militante Alberto Rodríguez se desprende que “ha quedado claro que Jorge Argibay era de extracción sindical, andaba armado a la vista de todo el mundo y que fue contratado como personal de seguridad del rector de la UNS… Pero esto último está demostrado no solo por la prueba testimonial (…) sino también por una resolución del propio Remus Tetu dictada el 29 de septiembre de 1975 en que equipara al personal contratado a los efectivos, en cuanto a las remuneraciones a percibir y entre los que se indica a Jorge Argibay, Pablo Argibay, Juan Curcio, Héctor Chisú y Miguel Chisú como pesonal de clase ‘A’”. Siempre según la resolución del juez Ares: “A mi juicio quedó acreditado suficientemente en el presente debate oral la pertenencia de Jorge Argibay y su grupo de matones a la tristemente célebre ‘Triple A’. Además de de lo antes expuesto, cabe agregar que para llegar a esa conclusión, lo manifestado por Larrea en cuanto a que vio gente pintando paredes de la UNS con la sigla ‘AAA’ y que entre ellos estaban Argibay, Aceituno y Chisú. Patrignani corroboró las pintadas. “Rodríguez vio al nombrado Argibay repartiendo volates de la Triple A en la que se expresaba que iban a ‘reventar a los zurdos’. El propio doctor Benamo preguntado sobre los referentes locales de la Triple A sostuvo que no conoce otro nombre que el de Argibay, pero que la cosa venía de más arriba, de López Rega”. http://juiciobahiablanca.wordpress.com/2012/04/02/watu-en-la-justicia/
[39] Entrevista realizada a Alberto Rodríguez y publicada en la página del Partido Comunista Argentino. http://www.nuestrapropuesta.org.ar/Numerosanteriores/771/PAG11A.htm
[40] Profundizaremos en las causas judiciales iniciadas al respecto en un próximo trabajo.
[41] 13 de Marzo de 1975 - Res. 103- Reestructuración cuadros personal docente Dto. Enseñanza Media, limitación de servicios a 35 docentes.
25 de Marzo de 1975- Res. 135- Reestructuración cuadros personal docente Dto. Enseñanza Media, limitación de servicios a 9 docentes
25 de Marzo de 1975- Res. 136- Prescindibilidad a 65 docentes.
8 de Abril de 1975- Res. 184- Prescindibilidad a 3 docentes.
15 de Abril de 1975- Res. 210 Bis. Prescindibilidad de 2 docentes.
15 de Abril de 1975- Res. 210 - Prescindibilidad de 10 docentes.
20 de Agosto de 1975- Res. 658 - Prescindibilidad de un docente.
Rescisión contrato personal gabinete psicopedagógico Dto. Ens. Media. Mantener cargos para reorganizarlo. Considerando: "influencia nociva orientación psicol. - ideologica extraña u opuesta ...”
12 de Mayo de 1975- Res. 338- Prescindibilidad de un docente
21 de Mayo de 1975- Res. 370- Prescindibilidad de una docente
20 de Agosto de 1975- Res. 658- Prescindibilidad de servicios de un docente.
[42] 7 de Abril de 1975- Res. 173- Cesantía de 54 trabajadores de personal administrativo.
-22 de Abril - Resol. 248/75 y 251 reincorpora a una lista de personal despedido por solicitud de la nueva comisión directiva de ATUNS (patrocinada por la CGT). 23 trabajadores no fueron reincorporados entre ellos compañeros que fueron desaparecidos/asesinados.
[43] Resolución de Rectorado 54/75.
[44] Por la misma Resolución 54/75.
[45] Recién en el año 2014 se abrió Ciencias de la Educación como carrera homóloga a Pedagogía.
[46] Resoluciones 132/75, 165/75; 187/75 ; 191/75 ; 949/75 ; 958/75.
[47] Sobre este punto también profundizaremos a partir de testimonios orales en un próximo trabajo.
[48] Dejamos para otra oportunidad la indagación en torno a los listados de PCI desarchivados de la Marina y la Fuerza Aerea.
[49] Dicha información fue consultada en los propios listados de PCI y en la sentencia de la Causa del Batallón 601 del Ejército Argentino, que consta en la Causa “Simón…”.
[50] Ibídem hojas 88 a 90.
[51] Analizamos los mismos con la metodología para análisis de normativas y legislación en tablas a tres columnas: sujetos, función asignada a los sujetos y categorías de análisis que emergen.
[52] Reglamento de Operaciones de Asuntos Civiles del Ejército Argentino – RC—19-1 de 1966. En la Sección III refiere a la reunión de información y los procedimientos a seguir para los informes de inteligencia. En este Reglamento sobre Asuntos Civiles incluso se señala la posibilidad de realizar operaciones combinadas entre países. Reglamento de Operaciones de Asuntos Civiles del Ejército Argentino – RC—19-1 de 1966, 1.
[53] Reglamento sobre Exámen de personal y documentación del Ejército Argentino, RD-16-4 de 1967, 23.
[54] Reglamento de Instrucción y lucha contra elementos subversivos, RE-9-51 del Ejército Argentino, 1976, 59.
[55] Ibidem, 62.
[56] Reglamento militar sobre Inteligencia Táctica RC 16-1, del Ejército Argentino de 1977, 61-64.
[57] Ibídem, 71.
[58] Esto lo encontramos en el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército Argentino de 1968. p. 18, 24, 25.
[59] Ibídem, 97.
[60] Los constructos jurídicos diseñados y sus mecanismos de implementación fueron –tal como desde 1933 en el régimen nazi- construyendo un “enemigo”, al que se le restarían libertades y derechos democráticos. Nosotros vemos que el público universitario fue uno de ellos.
[61] En el Reglamento de Operaciones contra la Subversión Urbana, RC-8-3 del Ejército Argentino, de 1969, 40-1.
[62] Directiva 1/75. Consejo de Defensa. p. 2 y 3.
[63] Directiva 1/76 y 404/75, pp. 21 y 26. Poder Judicial de la Nación.
[64] Plan del Ejército. Contribuyendo al Plan de Seguridad Nacional, 1976.
[65] Ibidem. Anexo 15

References: resolución 
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 artículo 2
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 artículo 1
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