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regulación del crédito revolvente y transparencia en materia de contratos de crédito al consumo – Codigo-civil.net
admin julio 27, 2020 actualidad_legislativa
regulación del crédito revolvente y transparencia en materia de contratos de crédito al consumo
Publicado en:«BOE» núm. 203, de 27 de julio de 2020,
El principal elemento que los caracteriza es que el prestatario puede disponer hasta el límite de crédito concedido sin tener que abonar la totalidad de lo dispuesto a fin de mes o en un plazo determinado, sino que el prestatario se limita a reembolsar el crédito dispuesto de forma aplazada mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede elegir y modificar durante la vigencia del contrato dentro de unos mínimos establecidos por la entidad. La cuantía de las cuotas puede variar en función del uso que se haga del instrumento del crédito y de los abonos que se realicen por el prestatario.
Así, el límite de crédito establecido por el prestamista disminuye según se dispone de él, principalmente mediante adquisiciones de bienes o servicios, disposiciones de efectivo, transferencias del crédito concedido o liquidaciones de intereses y gastos. A su vez, se repone con abonos, en esencia mediante el pago de los recibos periódicos o la realización de amortizaciones anticipadas, si bien, en particular en el caso de los créditos asociados a un instrumento de pago, también se pueden producir devoluciones de compras que reponen igualmente el crédito disponible.
Las cuantías de las cuotas destinadas a la amortización del capital que el prestatario abona de forma periódica vuelve a formar parte de su crédito disponible (de ahí su nombre, revolvente o revolving), por lo que constituye un crédito que se renueva de manera automática en cada vencimiento, de tal forma que en realidad es un crédito rotativo equiparable a una línea de crédito permanente.
Sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado. En ocasiones, si se producen impagos o la cuantía de la cuota periódica es muy baja y no cubre los intereses, estas cantidades se capitalizan mediante nuevas disposiciones del crédito que, a su vez, generarán intereses.
Estos créditos se comercializan mayoritariamente asociados a instrumentos de pago que prevén, de forma exclusiva o junto con otras modalidades de reembolso, la posibilidad de establecer una modalidad de pago aplazado flexible o revolving, lo que facilita su accesibilidad y la inmediatez en la realización de disposiciones del límite por el titular. En estos casos, aunque habitualmente el titular del instrumento de pago tiene la posibilidad de modificar su funcionamiento, pasando a operar alternativamente con la modalidad de pago diferido a fin de mes, las características de estos créditos pueden dar lugar a que la amortización del principal se realice con frecuencia en un período de tiempo muy prolongado, lo que supone el pago total de una cifra elevada de intereses a medio y a largo plazo o incluso el riesgo de que la deuda se prolongue de manera indefinida.
Si bien es cierto que actualmente el principal medio de disposición de los créditos revolving son las denominadas tarjetas revolving, nada impide que, dado el progreso tecnológico exponencial en esta área, se desarrollen nuevas formas de prestar el servicio de crédito revolvente asociado a otros instrumentos de pago.
Hemos asistido en los últimos años a un aumento de la litigiosidad respecto de este producto, centrada fundamentalmente en el tipo de interés aplicado a estas operaciones, que en unas ocasiones acaba siendo declarado usurario y en otras abusivo y por lo tanto nulo. No obstante, la jurisprudencia va perfilando de forma cada vez más nítida los límites que afectan al diseño y comercialización del producto. A este mismo objetivo de reducir la litigiosidad y generar certidumbre responde esta orden. Lo hace, básicamente, estableciendo orientaciones a las entidades en relación con la valoración de la capacidad de devolución de sus clientes, detallando obligaciones en materia de transparencia que aseguran que, tanto antes de prestar su consentimiento, como durante toda la vigencia del contrato, los clientes comprenden correctamente las consecuencias jurídicas y económicas de estos productos, y evitando, en último término, que el desconocimiento sobre su funcionamiento y consecuencias económicas puedan conducirles a niveles de endeudamiento excesivo en algunos casos.
Esta orden ministerial consta de tres artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
El suministro de información deber realizarse en un momento previo a la suscripción del contrato en el que se prevea la posibilidad de obtener crédito, obligando a que la información con el contenido y el formato previstos en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, sea entregada a la persona física prestataria con la debida antelación a la firma del contrato, tal como se establece en el nuevo artículo 33 ter. El objetivo es asegurar que el cliente cuente en todo momento con un período de tiempo suficiente que le permita conocer adecuadamente el alcance y efectos del contrato. Además, si el contrato de crédito prevé entre las formas de reembolso del límite dispuesto el pago aplazado en modalidad revolving, a la obligación de entregar la información precontractual normalizada europea prevista en la Ley 16/2011, de 24 de junio, se adiciona el suministro de un ejemplo representativo de crédito revolving con dos opciones de cuota, con las características y elementos que establezca el Banco de España.
La disposición final segunda recoge la previsión de la entrada en vigor.
Esta Orden defiende el interés general, aplicando los principios de necesidad y eficacia, con la finalidad de resolver los problemas mencionados anteriormente.
En el procedimiento de elaboración de esta Orden se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si bien se prescindió justificadamente del trámite de consulta pública de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, al no tener la propuesta normativa un impacto significativo en la actividad económica, ni imponer obligaciones relevantes a los destinatarios y limitarse a regular aspectos parciales de una materia. No obstante, si se ha llevado a cabo el trámite de audiencia e información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, posibilitando así la participación activa de los potenciales destinatarios. Este trámite se extendió desde el 25 de octubre al 18 de noviembre de 2019 y durante el mismo se recibieron numerosas respuestas por parte de entidades privadas y públicas, que fueron objeto de estudio e incorporación, en su caso, al texto propuesto. Por lo anterior, se considera cumplido el principio de transparencia.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia, porque la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias, y su desarrollo se ha producido con la mayor celeridad posible.
Se han recibido observaciones de dos Comunidades Autónomas. También se solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública el informe regulado en el artículo 26.5, párrafo sexto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, así como al Ministerio de Consumo y al Ministerio de Justicia en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.5 párrafo primero de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Además, a través del Ministerio de Consumo, se ha solicitado informe al Consejo de Consumidores y Usuarios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y a través del Ministerio de Justicia, con fecha 7 de mayo de 2020, se ha solicitado igualmente informe a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.b) del Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo y artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Esta Orden se dicta en virtud de las habilitaciones a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el desarrollo normativo establecidas en los apartados primero y cuarto del artículo 60 y el apartado tercero del artículo 61 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre y en el artículo 5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
Artículo primero. Modificación de la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos.
La Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, queda modificada como sigue:
Uno. Se da una nueva redacción al artículo primero que queda redactado de la forma siguiente:
«Primero. Periodicidad y forma de remisión de las declaraciones a efectos de supervisión e inspección y demás funciones que tiene legalmente atribuidas el Banco de España.
El Banco de España establecerá el procedimiento, forma y plazo de remisión de las declaraciones periódicas, así como el sistema para presentar declaraciones complementarias con rectificaciones de datos previamente declarados. Estas últimas se remitirán por las entidades declarantes al Banco de España, a la mayor brevedad, tan pronto como tengan conocimiento de que los datos que hubiesen declarado son erróneos, de modo que se asegure que la información existente en la CIR sea exacta y refleje la situación actual de los riesgos en la fecha a la que se refieren.»
Dos. Se crea un nuevo artículo primero bis con la redacción siguiente:
«Primero bis. Periodicidad y forma de remisión de las declaraciones a efectos de facilitar los datos a las entidades declarantes para el ejercicio de su actividad.
El Banco de España establecerá el procedimiento y forma de remisión de las declaraciones periódicas, así como el sistema para presentar declaraciones complementarias con rectificaciones de datos previamente declarados. Estas últimas se remitirán por las entidades declarantes al Banco de España, a la mayor brevedad, tan pronto como tengan conocimiento de que los datos que hubiesen declarado son erróneos, de modo que se asegure que la información existente en la CIR sea exacta y refleje la situación actual de los riesgos en la fecha a la que se refieren.»
Tres. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo tercero que queda redactado de la forma siguiente:
«1. El Banco de España, con sujeción a lo previsto en el capítulo VI de la Ley singularmente en el artículo 60, y en esta Orden, determinará las clases de riesgos a declarar, así como el alcance de los datos que declarar respecto a los titulares y las características y circunstancias de las diferentes clases de riesgos, pudiendo solicitar la declaración de los datos que considere necesarios para el cumplimiento de las finalidades a las que sirve la CIR, en especial la relativa al adecuado ejercicio de las facultades de supervisión e inspección de las entidades declarantes por parte de las autoridades competentes. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 60 de la Ley, el Banco de España podrá determinar, respecto a aquellas clases de riesgos objeto de declaración, los supuestos en los que podrán declararse con menor detalle o no ser objeto de declaración los datos a los que se refiere el apartado segundo del artículo anterior.
Los datos de los titulares, incluidos los de sus operaciones, cuyo riesgo acumulado en la entidad declarante sea superior a 1.000 euros se declaran con las finalidades previstas en el artículo 60, apartado cuarto, letras a) y b) de la Ley, de conformidad con lo previsto en los artículos primero y primero bis.»
Cuatro. Se da una nueva redacción al apartado 4 del artículo tercero que queda redactado de la forma siguiente:
«4. El Banco de España fijará los umbrales de declaración aplicables sujetándose a lo previsto en el apartado 1 y el artículo Cuatro, concretando aquellos por debajo de los cuales todos los datos de un titular se declararán exclusivamente en cumplimiento de las obligaciones de información que establezca el Banco de España en el ejercicio de sus funciones de supervisión e inspección y demás funciones que tiene legalmente atribuidas. El importe de los riesgos se declarará en unidades de euro. A estos efectos, el Banco de España podrá determinar distintos umbrales de declaración y tipos de datos a declarar respecto de los titulares y clases de riesgo en función de las características del sector de actividad al que pertenezcan bien las entidades declarantes bien los titulares con quienes estas mantengan los riesgos de crédito.»
Cinco. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo cuarto que queda redactado de la forma siguiente:
«1. El Banco de España determinará el contenido y forma de los informes que tendrán derecho a obtener las entidades declarantes, previstos en el apartado segundo del artículo 61 de la Ley. Dichos informes contendrán, en todo caso, en relación con cada titular la información consolidada de todas las entidades declarantes en las que los titulares mantengan un riesgo acumulado de acuerdo con los datos igual o superior a 1.000 euros.
En dichos informes se omitirá la denominación de las entidades que hayan contraído los mencionados riesgos. Respecto a estos, solo se incluirán situaciones de incumplimiento de las obligaciones directas o garantizadas, distinguiendo los que hayan sido dados de baja en el balance por las entidades y sigan siendo exigibles, las situaciones relativas a procedimientos concursales, así como los riesgos vencidos, entendiendo por tales, a estos efectos, aquellos cuya fecha de impago supere los 90 días desde su vencimiento. En los informes no se facilitarán los datos que se refieran a pertenencia del titular a un determinado grupo económico, tipo de interés, fechas de inicio, vencimiento e incumplimiento, ni las categorías prudenciales de riesgo ni demás datos que se consideren necesarios exclusivamente para el adecuado ejercicio de las facultades de supervisión e inspección de las entidades declarantes por parte de las autoridades competentes.»
Seis. Se crea un nuevo apartado 3 en el artículo cuarto con la redacción siguiente:
«3. El Banco de España establecerá unos procedimientos de procesamiento y suministro de la información sobre los riesgos de los titulares que aseguren que las entidades declarantes y los intermediarios de crédito inmobiliario disponen de la última información declarada el vigésimo primer día natural del mes siguiente al que se refiera o si este fuera inhábil el día siguiente hábil.»
Artículo segundo. Modificación de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios.
El artículo 4 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, queda redactado como sigue:
«Artículo 4. Normas, principios y criterios generales. Políticas de comunicación comercial.
5.º El ejemplo representativo indicará que tiene tal condición.»
Artículo tercero. Modificación de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
La Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, queda modificada como sigue:
Uno. Se añaden tres nuevos apartados 2 a 4 en el artículo 2 con el siguiente tenor literal:
«2. Quedan excluidos del ámbito de esta orden ministerial los servicios, operaciones y actividades comprendidos en el ámbito del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en el Libro Segundo del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
4. Cuando el cliente actúe en el ámbito de su actividad profesional o empresarial, las partes podrán acordar que no se aplique total o parcialmente lo previsto en esta orden, con la excepción de lo establecido en el capítulo II del título III.»
Dos. Se da una nueva redacción al artículo 11, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 11. Requisitos de forma e información resaltada.
2. Con la finalidad de destacar a los clientes los elementos esenciales de la información a la que se refieren los artículos 3 a 6 y 33 quinquies, el Banco de España podrá exigir el empleo de un formato o tipo de letra o comunicación especialmente resaltada.»
Tres. Se da una nueva redacción al artículo 18, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 18. Evaluación de la solvencia en el préstamo responsable.
1. Las entidades, antes de que se celebre cualquier contrato de crédito o préstamo, deberán evaluar la capacidad del cliente para cumplir con las obligaciones derivadas del mismo, sobre la base de la información suficiente obtenida por medios adecuados a tal fin, entre ellos, la información facilitada por el propio cliente a solicitud de la entidad.
2. Los procedimientos a los que se refiere el apartado anterior, además de ajustarse a la normativa específica sobre gestión de riesgos y control interno que resulte aplicable a las entidades, deberán contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
2.º Se consultará el historial crediticio del cliente, para lo cual se podrá acudir a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, así como a los sistemas de información crediticia a los que se refiere el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con los requisitos y garantías previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y su normativa de desarrollo.
c) En el caso de créditos o préstamos a tipo de interés variable, y de otros en los que el valor de las cuotas pueda variar significativamente a lo largo de la vida de la operación, se deberá valorar cómo afectaría esta circunstancia a la capacidad del cliente de cumplir con sus obligaciones teniendo en cuenta lo regulado en las letras a) y b) anteriores.
e) En el caso de créditos a los que se refiere el artículo 33 bis se valorará, en particular, si el cliente dispone de capacidad económica suficiente para satisfacer sus obligaciones a lo largo de la vida de la operación sin incurrir en sobreendeudamiento. A tal fin, el importe anual de las cuotas a pagar por el crédito al que se refiere el artículo 33 bis tendrá por objetivo amortizar una cuantía mínima anual del 25 % del límite del crédito concedido. Para la valoración de la capacidad económica prevista en esta letra se utilizarán cuotas calculadas en doce plazos mensuales iguales con arreglo al sistema de amortización de cuota constante, sin perjuicio de que contractualmente pueda pactarse cualquier otra forma de cálculo de las mismas.
Para ampliar el límite del crédito referido en el artículo 33 bis, la entidad deberá actualizar previamente la información financiera de que disponga sobre el cliente y evaluar nuevamente su solvencia con arreglo a lo previsto en este apartado.
6. La evaluación de la solvencia prevista en este artículo se realizará sin perjuicio de la libertad de contratación que, en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las entidades y los clientes y, en ningún caso afectará a su plena validez y eficacia, ni implicará el traslado a las entidades de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de los clientes.»
Cuatro. El artículo 27 pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 27. Tipos de interés oficiales.
2. Los tipos de interés oficiales se publicarán mensualmente por el Banco de España en el “Boletín Oficial del Estado” y estarán también disponibles en su página electrónica.»
Cinco. El artículo 32 septies pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 32 septies. Ámbito de aplicación.
Las hipotecas inversas comercializadas en España conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria se regirán por este capítulo, así como por lo previsto en el título I, el artículo 24 y las secciones 3.ª y 4.ª del capítulo II del título III.»
Seis. Se crea un nuevo capítulo III bis del título III con el siguiente contenido:
Artículo 33 bis. Ámbito de aplicación.
Artículo 33 ter. Información precontractual.
a) una mención clara a la modalidad de pago establecida, señalando expresamente el término «revolving».
d) un ejemplo representativo de crédito con dos o más alternativas de financiación determinadas en función de la cuota mínima que pueda establecerse para el reembolso del crédito con arreglo al contrato.
Artículo 33 quáter. Derecho de desistimiento.
Artículo 33 quinquies. Información periódica a suministrar al cliente.
a) Ejemplos de escenarios sobre el posible ahorro que representaría aumentar el importe de la cuota por encima de la establecida en ese momento. En particular, se comunicará al cliente la fecha en la que terminaría de pagar el crédito dispuesto y la cuantía total que acabaría pagando en el caso de aumentar un 20, un 50 y un 100 por cien la cuota actual.
Artículo 33 sexies. Información adicional.
Artículo 33 septies. Requisitos de forma y entrega de la información.
Artículo 33 octies. Gastos de información.
Cuando la entidad pueda cobrar gastos en concepto de información con arreglo a lo dispuesto en este apartado, serán razonables y acordes con los costes efectivamente soportados por la entidad.»
Siete. La disposición transitoria única pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Disposición transitoria única. Régimen transitorio del Mibor.
1. El Mibor continuará siendo considerado tipo de interés oficial exclusivamente a los efectos de su aplicación en los préstamos hipotecarios formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2000, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.
2. El Banco de España publicará el Mibor mensualmente en su sede electrónica y en el «Boletín Oficial del Estado». Para la publicación de este índice continuará vigente la actual definición del Mibor establecida en la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.»
Ocho. La disposición final tercera pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.
3. Los criterios y elementos a los que se refieren las letras b) y c) del apartado anterior deberán fijarse por el Banco de España en el plazo de nueve meses desde la publicación de la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.»
Disposición adicional primera. Entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos del Banco de España.
Además de las previstas en el artículo 60 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, tendrán la consideración de entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos del Banco de España las entidades de pago, incluidas las que operen en ejercicio del derecho de libertad de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios, que realicen la actividad de crédito señalada en el artículo 20.3 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, y las entidades de dinero electrónico, incluidas las que operen en ejercicio de derecho de libertad de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios, que realicen la actividad de crédito señalada en el artículo 8.1.b) de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.
Disposición adicional segunda. Valoración del funcionamiento de la Central de Riesgos del Banco de España.
Transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta orden, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital valorará, previo informe del Banco de España, la posibilidad y la conveniencia de promover reformas normativas conducentes a incrementar la frecuencia de la contribución de las entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos y de la información de retorno que reciben de esta así como ampliar las operaciones que se declaran de forma individualizada a la Central de Información de Riesgos para incluir riesgos acumulados, directos e indirectos, por debajo del límite actualmente en vigor.
Disposición transitoria única. Contratos en vigor.
A los contratos que las entidades tengan suscritos con su clientela, a la fecha de entrada en vigor de esta orden ministerial, para la regulación de las condiciones de concesión del crédito referido en el nuevo artículo 33 bis de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre:
La presente orden ministerial entrará en vigor el día 2 de enero de 2021, excepto:
a) Los apartados Dos y Cinco del artículo primero, por el que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España, que entrarán en vigor a los veinticuatro meses desde la publicación de esta orden ministerial en el «Boletín Oficial del Estado».
c) Los apartados dos, tres y siete del artículo tercero, que entrarán en vigor a los doce meses desde la publicación de esta orden ministerial en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Los apartados tres y cuatro del artículo primero y cuatro y seis del artículo tercero y la disposición adicional primera, que entrarán en vigor a los seis meses desde la publicación de esta orden ministerial en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 24 de julio, de 2020.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño Santamaría.
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References: artículo 33
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 39
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 47
 artículo 60
 artículo 61
 artículo 5
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 61
 artículo 4
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 27
 artículo 32
 artículo 24

Artículo 33

Artículo 33

Artículo 33

Artículo 33

Artículo 33

Artículo 33

Artículo 33
 artículo 32
 artículo 60
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 33