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Timestamp: 2017-12-15 21:38:48+00:00

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Las medidas cautelares en el proceso civil - Sanlex
Por Carlos Sánchez · 18 abril, 2015 · 1
Pretendo despejar las dudas que existen en torno a una institución procesal muy útil para los demandantes pero que, a la vez, es muy desconocida por el público: las medidas cautelares. Es habitual pensar que, por lo general, hasta que no se tiene una sentencia y se ha celebrado “el juicio” no se puede hacer nada. Pero esto es correcto, y existe la posibilidad de solicitar del Tribunal determinadas actuaciones para evitar un riesgo de falta de efectividad de la futura sentencia. Pido disculpas de antemano si esta entrada resulta en exceso técnica.
Todo actor podrá solicitar del tribunal la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare, tal y como establece el artículo 721 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Las medidas buscan, única y exclusivamente, hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse, cuando existan situaciones que pudieran provocar que se viese impedida o dificultada. El artículo 727 LEC contiene una enumeración de medidas que se pueden adoptar, pero se trata de una lista de numerus apertus, pues se puede solicitar cualquier medida que se estime oportuna. Es decir, la finalidad de las medidas cautelares es evitar situaciones que pudieran devenir irreversibles e impidiesen que una sentencia favorable fuese ejecutable. Por ejemplo, si se está discutiendo sobre a quién pertenece una casa, no tendría sentido que durante el juicio ésta pudiera venderse a un tercero, por lo que para ello se solicitaría una medida de embargo preventivo que constaría en el Registro de la Propiedad, de forma que cualquiera que quisiese comprarla sabría que existe un litigio en torno al inmueble y que, en caso de adquirirla, podría tener que devolverla a su legítimo propietario.
La adopción de una medida cautelar requiere, de acuerdo con el artículo 728 LEC, la concurrencia de tres requisitos:
Apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. Para su justificación, junto con la solicitud, deben aportarse datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a que el tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, pueda formarse un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión.
Peligro por la mora procesal o periculum in mora. Debe argumentarse ante el Tribunal el porqué la no adopción de las medidas cautelares solicitadas produciría una situación que impediría la efectividad de la tutela y, en la medida de lo posible, justificarse.
Prestación de caución suficiente: se debe prestar una caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado. Es decir, depositar una cantidad que, en caso de que al final del litigio no se diese la razón al demandante, sirva para resarcir al demandado de los daños causados por la medida cautelar. Se fija por el Tribunal, aunque con la solicitud debe ofrecerse su prestación en el importe que se considere oportuno.
Momento de solicitud de las medidas cautelares
El momento para solicitar las medidas cautelares es, según el artículo 730 LEC, junto con la demanda principal, de forma que de un lado se desarrollará el proceso principal y, de otro, una pieza separada de medidas cautelares. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla una importante excepción, y es que existe la posibilidad de solicitar las medidas cautelares de forma previa a la interposición de la demanda cuando se aleguen y se acrediten razones de urgencia o necesidad. Estas razones de urgencia o necesidad no deben confundirse con el periculum in mora al que me he referido antes, pues ambas responden a motivaciones completamente distintas. En lugar de justificar el peligro de que la sentencia pierda su efectividad, lo que se ha de probar es el porqué las medidas no pueden esperar a la interposición de la demanda. No obstante, en la práctica hay ciertos casos en los que ambas están muy relacionadas entre sí. La demanda deberá interponerse, en todo caso, dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la medida cautelar.
También existe la posibilidad de solicitar las medidas cautelares con posterioridad a la presentación de la demanda cuando la petición se base en hechos o circunstancias que justifiquen la adopción en ese momento, lo que generalmente será tener conocimiento de nuevas actuaciones del demandado que motiven la necesidad de adoptar unas medidas que no existía en el momento de presentación de la demanda.
Tras la solicitud de medidas cautelares, de acuerdo con el artículo 734 LEC, se celebrará una vista. En esa vista se deberán exponer todos los argumentos oportunos por el actor de cara a justificar la adopción de la medida, y los destinados a justificar su no adopción en el caso del demandado, admitiéndose y practicándose la prueba pertinente. Debe tenerse en cuenta que junto con la solicitud es cuando el actor debe aportar los documentos necesarios y su solicitud de práctica de prueba, de acuerdo con lo establecido en el artículo 732.2 LEC.
También es en este momento donde se discute la cuantía y el tipo de caución a prestar, lo que resulta de extrema importancia cuando el litigio es de una cuantía elevada. Así, puede decidirse prestar un aval bancario, una cantidad de dinero en efectivo, o cualquier otra que garantice una disponibilidad inmediata de la cantidad. Y el demandado puede solicitar que, en lugar de adoptar la medida cautelar, se permita que preste una caución sustitutoria en su lugar, lo que en muchas ocasiones resulta recomendable pues suele resultar menos gravoso un aval que la medida solicitada por el actor.
El demandante podrá solicitar del Tribunal que no se celebre la vista y se adopten las medidas inaudita parte, cuando crea que su celebración puede suponer un riesgo para la efectividad de la medida. Evidentemente, tendrá que justificar que concurren las razones que motiven esa decisión, que roza los límites de la indefensión para el demandado, especialmente considerando que el auto que decide sobre esas medidas es inapelable. En la práctica no es muy frecuente su adopción, pues colocan al Juez en la difícil tesitura de tener que decidir sobre un asunto sin prejuzgarlo y, además, disponiendo sólo de una versión, tratándose por tanto de un acto de fe. La vía que el demandado tiene para defenderse será presentar un escrito de oposición a la medida cautelar (que ya ha sido adoptada), con una posterior celebración de una vista, en la que también podrá solicitar la prestación de caución sustitutoria. Si la medida se mantiene, se condenará al demandado por las costas de la oposición, pero si se alza, se condenará al actor por las costas y por cualesquiera perjuicios que la medida cautelar hubiese producido.
Una vez se haya celebrado la vista, el Tribunal decidirá mediante auto recurrible en apelación sobre la adopción o no de las medidas cautelares. En cuanto a las costas, se impondrán según la regla general, lo que significa que se impondrán al actor si las medidas son rechazadas.
Juan Ignacio Miranda Montesdeoca
25 junio, 2016 a las 11:10 am
Hay que esperar el Auto donde se acuerdan las medidas solicitadas ex-ante para contar el plazo de los 20 días. Se trata de un proceso de incapacitación para la administración de bienes., donde el demando está conforme.

References: artículo 721
 artículo 727
 artículo 728
 artículo 730
 artículo 734
 artículo 732