Source: http://www.argenpress.info/2014_03_05_archive.html
Timestamp: 2017-07-27 14:41:57+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 03/05/14
La tensión internacional surgida de los conflictos en Ucrania, Crimea y que también suceden en Siria, Medio Oriente, Corea del Norte, Irán y Venezuela, responde a pactos, acuerdos y procesos no resueltos de la Segunda Guerra Mundial. Al centro subyace el problema de la política de expansión y supremacía que prevalece en la Alianza Trasatlántica liderada por Estados Unidos y que ha derivado en un sistema fallido en la gobernabilidad de la globalización.
La ausencia de un nuevo orden mundial post guerra fría es el germen del estado de beligerancia que prevalece. La implantación de una globalización sin pactos políticos y sociales ha sometido a la mayor parte de la población del planeta a un atolladero político, económico y social y la estabilidad internacional se ve cada vez menos asegurada. Al observar la actual crisis en torno a Ucrania y Crimea la contracción analítica del debate sesgado es evidente. Se confunde la opción con el diagnóstico y es así como la cooperación internacional para salir de ese atolladero se divisa como una quimera. El período de la coexistencia pacifica de la década de 1960, con el telón de fondo dramático de Vietnam era quimera o pura teoría, como en la actualidad en que la globalización levanta su careta.
Estos focos de tensión forman parte de enclaves estratégicos donde Estados Unidos y la Alianza Trasatlántica han perdido influencia. Ni China ni Rusia están en condiciones, ni han demostrado interés explícito en disputar ese tipo de supremacía expansiva en lo territorial y avasallante en lo cultural. La Carta de Naciones Unidas es inequívoca en este respecto. Las ambiciones hegemónicas en el plano que sea, son contrarias a ese objetivo y que hoy día se palpa en los conflictos señalados.
Los antecedentes demuestran que Estados Unidos desde el fin de la segunda guerra ha manejado sus asuntos internacionales bajo supuestos más ligados a la necesidad de dominar que a la obligación de contribuir a un orden mundial equilibrado y más igualitario. Poca duda cabe que la desprogramación del mundo bipolar post guerra fría no ha sido asimilada por Estados Unidos sus aliados. Más bien se niegan a implementarla porque se puede operar más protegido con unipolaridad y unilateralismo.
La tensión entre Estados Unidos y Rusia en torno a Ucrania y Crimea que acapara la atención mundial, es el resplandor de esos nudos no resueltos, siendo el más paradigmático el que afecta al mundo Árabe. Es bueno colocarlo como ejemplo porque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha pasado más de medio siglo y esa parte del mundo que se extiende desde el norte de África, pasando por el Oriente Medio hasta los países del Asia Central, ha estado expuesto a ser el gran botín en la geopolítica y ha vivido bajo una guerra permanente.
El núcleo del problema consiste en el reconocimiento del estado de Israel en 1948 por Naciones Unidas y la expulsión de más de la mitad de la población, una mayoría de árabes, que ocupaban las cuatro quintas partes del territorio. El hecho produce un contrasentido histórico único convertido en una permanente agresión a la racionalidad política. La comunidad internacional que contribuía a fundar un nuevo estado no cumplía con la misión de formar el estado Palestino.
Cuando se tomó la decisión no se anticipó la profunda herida que se estacionaba en el mundo Árabe y en aquellas naciones sometidas al colonialismo. Tampoco vislumbraron que el despojo territorial construía también una tensión internacional permanente. La poderosa impronta militar del estado de Israel en cierta medida ha garantizado para esa Alianza una forma de falso equilibrio en la región y no se conoce otra. La URSS aceptó estos términos, principalmente por la población judía que vivía en sus repúblicas, alentando también la suspicacia en muchos gobernantes Árabes respecto al grado de compromiso del bloque soviético con la causa del estado Palestino. Fenómenos como las guerras en Afganistán, Irak y el Líbano, la actual intervención Siria, el rechazo aliancista al desarrollo nuclear en Irán, se deben analizar en la perspectiva histórica del histórico despojo territorial al pueblo Palestino.
La tensión internacional actual entorno a Ucrania y Crimea responde a esa misma lógica de búsqueda de expansión de la Alianza Transatlántica a la que han estado expuestas las naciones Árabes. Esta vez en Ucrania y Crimea, como está sucediendo en Siria, Rusia le ha salido al paso a la dominación transatlántica y se hace indispensable visualizar la amenaza de desestabilización por la que atraviesa Venezuela en la dimensión de esa dominación. Hay una sincronía en la direccionalidad con que la Alianza Transatlántica agudiza los conflictos y las tensiones en Ucrania, Siria, Corea del Norte, Irán y Venezuela. Todas las acciones responden al plan de desestabilización de estados antagónicos a esa Alianza.
Los sucesos en torno a Ucrania y Crimea son indicadores inequívocos de un estado de situación de dividendos no resueltos desde la segunda guerra mundial y que revelan una vez más la distancia entre los principios de la Carta de Naciones Unidas y las políticas expansivas de la Alianza Transatlántica. Han transcurrido más de dos décadas desde el fin de la guerra fría y aun dista de ser clara la configuración de la nueva era. La fisonomía de ese nuevo orden mundial no se vislumbra y lo que predomina más bien es una marcada incertidumbre que se ve reflejada por la inacción o la precipitación por resolver complejas exigencias.
Frente a una Rusia debilitada, con una China que históricamente no ha sido expansiva, la Alianza Occidental vencedora de la guerra fría no ha sabido qué hacer con todo el espacio poder a su disposición. Los resultados son paupérrimos. No es claro si es un problema de fondo ideológico en la reconstrucción del sistema capitalista, o es un tema del uso inadecuado de la instrumentación técnica. Pueden ser ambos factores y queda la sensación de una decadencia profunda en el liderazgo y también, como que la experiencia acumulada no fuera el sustrato de las políticas de estado en los países acostumbrados al dominio.
Las interrogantes de siempre. ¿Hasta cuando, y cuanto, hay que continuar pagando por el pasado? ¿Quién coloca los términos éticos en política?.
Trascurridos 34 años desde que fue impuesta por decreto de la dictadura pinochetista en 1980 aún rige en Chile una Constitución de rasgos ultra derechistas y con olor a fascismo lo que explica la promesa de modificarla planteada a una ciudadanía que por segunda ocasión eligió a Michele Bachelet como Presidenta del país cargo que ejercerá desde el once de de marzo y por cuatro años.
La Junta Militar que asumió el poder el once de septiembre de 1973 mediante el golpe de estado que provocó además la muerte del Presidente Salvador Allende gobernó al margen de la Constitución que regía desde 1925. Durante los siete años siguientes utilizó el mecanismo de 778 “Actas Constitucionales”-así las denominaron- que contradecían la Carta Magna que rigió durante 46 años.
El historiador chileno Gonzalo Vial Correa, quien fuera ministro de Educación y luego despedido por Augusto Pinochet, relató en 1998 que tal carencia de normas hizo crisis y se activó entonces una “Comisión de Estudios de la Nueva Constitución” que integraron ocho abogados adictos. Vial resume las circunstancias que obligaron a “fabricar” una carta magna:
-Las protestas de Estados Unidos por el asesinato en Washington de Orlando Letelier ex canciller de Allende exiliado allí;
-Amenaza de ataque peruano para 1979;
Aprobada en 1980 incluso por una comedia de plebiscito la Constitución de los ocho huele a ultra derecha, posee rasgos fascistas y ha sido modificada después en cuestiones no vitales de manera que se mantiene su esencia. Un ejemplo: Artículo 15:
Artículo 16 llamado “La libertad de trabajo y su protección”. Texto: “No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en empresas que atiendan servicios de utilidad pública”.Artículo 18: “Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas”.
En ese mismo terreno, véase el artículo 18: “Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas. Artículo 23: “La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan actividades político partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales”…
Fue asimismo en ese remedo constitucionalista adonde se estableció el negocio de la educación pública, una rama que había adquirido fama extra fronteras antes de la tiranía. El aparentemente inocente artículo 11 proclama: “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”.Dicha “libertad” legalizó la emergencia de un fabuloso negocio con la creación de entes privados desde los rasgos de primaria hasta la universitaria. Ello, al mismo tiempo, determinó la muerte de los organismos públicos del caso.
Con cimiento en esa insólita disposición se fabricaría después la “Ley Antiterrorista” que todavía vigente se ha aplicado para impedir y sancionar acciones políticas y sociales calificadas como “terroristas”. Un ejemplo magno de esta situación es el uso de esa ley para perseguir y castigar las protestas de la etnia Mapuche.
La coalición política “Nueva Mayoría” que respaldó la candidatura de Bachelet logró, además, obtener la mayoría en el Parlamento (Senado y Cámara de Diputados) aunque no puede derogar o modificar la Constitución pinochetista pues para ello se requiere un quórum inalcanzable. Otro obstáculo es la existencia de un llamado Tribunal Constitucional integrado por diez miembros que permanecen diez años en sus cargos provistos de un gran poder con el agravante de que “Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional No procederá recurso alguno” (Artículo 94).
Al proclamarse la Constitución de 1980 fue respaldada por un remedo de plebiscito pero al mismo tiempo se resolvió que en 1988 habría una consulta popular si Pinochet pretendiera gobernar otros ocho años. Recordemos que el dictador perdió la votación que se denominó del “Si o el NO” y con ello abandonó la Presidencia aunque permaneció en la jefatura del Ejército.
En 1989 hizo un viaje de placer a Londres adonde fue apresado y estuvo a punto de ser extraditado a España para ser procesado allí como autor intelectual de innumerables crímenes.
El kirchnerismo es tan nefasto, que ha formado masas que aplauden el pago a Repsol, al FMI, al saqueo de las corporaciones del Imperio, mientras acusan a los trabajadores de “desestabilizadores” por pedir el salario que les corresponde.
El gobierno antiobrero de CFK sigue demostrando su esencia, volcando todo el peso de la crisis, que sus políticas han provocado, sobre los trabajadores. Baste pensar que después de haber devaluado el peso frente al dólar estadounidense en un 26% de una sola vez en enero de este año, intenta ponerle techo a las paritarias en alrededor de un 22%.
Hoy le toca a los docentes, con una postura férrea del gobierno de no ceder a las legítimas aspiraciones de los maestros, cuyo salario mínimo en la provincia de Buenos Aires es de $3600 y el básico de $1800, cifra sobre la cual cobran el aguinaldo.
La oferta del kirchnerismo a los responsables de la educación de nuestros pibes además de ser ridícula, es maliciosa. Roza la cargada:
22% para todo el 2014 (en varias cuotas)
9% para.. ¡¡ junio de 2015!!
Una total falta de respeto a los trabajadores
¿No dan ganas de hacer tronar el escarmiento?
Lo anuncia Capitanich, que se lleva $70.000 mensuales del erario público, con un cinismo que revuelve las tripas.
Lo anuncia en nombre de un gobierno que reconoce haber pagado una “deuda” que no debemos a los BUITRES que nos la provocaron por 174 MIL MILLONES DE DÓLARES, a pesar de lo cual seguimos "debiendo" 220mil millones.
Lo anuncia un gobierno que en estos precisos momentos le está pagando a Repsol, una empresa que saqueó nuestro petróleo y vació YPF, 5000 mil millones de dólares que se transformarán en más de 10 mil millones porque se proyecta pagar en bonos de deuda al 8,75% de interés más allá del 2030, una verdadera usura.
El peronismo fue acusado, creo que tendenciosamente, de haber acuñado la frase "alpargatas sí, libros no", lo que en realidad fue un grito de guerra contra las clases acomodadas que no veían con buenos ojos el acceso de los "cabecitas negras" a las universidades. De todas maneras, no creo feliz la frase, que demostraba más resentimiento que racionalidad, pues el odio debe ser de clase, hacia los explotadores, y nunca hacia los libros que pueden sacarnos de la ignorancia.
Con esta nueva decisión, el kirchnerismo reafirma ese despecho por la educación, por más que enarbolen la cantidad de escuelas construidas (nunca cuentan las derruidas y menos las destruidas): si no se respeta a los educadores, no se respeta el derecho al trabajo digno, ni tampoco el derecho a educarse de nuestros pibes y jóvenes.
Los trabajadores de todos los sectores deben tomar estos conflictos como aprendizaje, porque mientras vivamos en el sistema capitalista no habrá solución verdadera para quienes generan la riqueza de la Humanidad con su labor. Habrá que tomar consciencia de que eso sólo podrá lograrse cuando los medios de producción y servicio estén en sus manos, y no en la de unos pocos que se enriquecen a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de los seres humanos.
Julio Fuentes (ACTA)
Julio Fuentes es Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA). Secretario General de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE).
La Conadu Histórica para este 5 de marzo, junto a todos los gremios de trabajadores estatales de la CTA para reclamar condiciones salariales y de vida dignas así como también denunciar la mercantilización de los contenidos universitarios y la escasísima representación de los docentes en las decisiones sobre las políticas de la Universidad. En diálogo con ACTA, Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la Conadu Histórica y secretaria administrativa de la Central se refirió a estos temas.
-¿Por qué para la Conadu Histórica este 5 de marzo?, ¿cuáles son los principales reclamos?
- En principio este paro nacional del 5 fue resuelto por nuestros compañeros en la última reunión de Mesa nacional que tuvimos en la Central con la presencia de todas las provincias argentinas donde además discutimos con todos los compañeros del país la grave situación salarial y la precarización labboral sumado al aumento de precios, inflación y todo lo que ya sabemos que padecemos los compañeros trabajadores, además de las persecuciones que hoy están a la orden del día.
De esa reunión de Conducción Nacional nosotros nos llevamos dos instancias de lucha que entendíamos eran coincidentes con nuestro pliego reivindicativo. Nosotros al igual que todos los compañeros estatales nucleados en la Central estamos reclamando la reapertura de la paritaria salarial por cuando a nosotros nos afecta directamente la pauta salarial que fijen para los docentes de manera obligatoria. Esa garantía salarial que el Gobierno muy probablemente termine estableciendo por decreto del 22% a los docentes universitarios nos impacta directamente ya que la garantía salarial se establece para nuestro cargo testigo. Se dice que es un piso pero para nosotros es un techo, es verdaderamente un techo.
Por otro lado estamos debatiendo con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional el primer convenio colectivo de trabajo. Hay algunas reticencias de los rectores a que el convenio sea de aplicación obligatoria en las 50 Universidades nacionales. Te imaginarás que no vamos a discutir un convenio para que la UBA, por ejemplo, se niegue a aplicarlo para beneficiar a los 30 mil docentes que trabajan en la Universidad más grande de América Latina.
Por esto es que nosotros estamos confluyendo con los compañeros de ATE, Judiciales, Fesprosa, la Federación Nacional Docente en este paro con movilizaciones para hoy. Creemos que va a ser muy buen paro en todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca.
-Y en estos últimos años la educación pública ha sufrido muchas pérdidas, ¿cuáles serían las pérdidas más graves?
Sacando algunas cuestiones que sería necio negar y fueron beneficiosas como el tema de la conectividad de los pibes (hay que ver si cuentan con los recursos de electricidad necesarios), nos parece que sigue habiendo una gran deuda con los trabajadores de la educación en todos los niveles, desde el jardín hasta el postdoctor más encumbrado del sistema universitario nacional. La matriz de la cultura menemista de la década del ’90 está intacta por cuanto la Ley de Educación Superior en esta década ganada ni se ha tocado.
-Sigue vigente la lógica mercantilista
- Nosotros decimos que la lógica mercantilista de la educación superior está más vigente que nunca: hay comercialización de conocimientos, hay carreras a término que es sencillamente para conceder al mercado y no en función de las necesidades de la sociedad. Yo rescato muchísimo la labor de nuestros compañeros docentes, investigadores que aún con sueldos muy magros e incluso trabajando gratis como lo hacen aquí decenas de miles en la UBA, hacen enormes aportes que sino la Universidad ya tendría que estar cerrada. En este tiempo con el ministro Sileoni ha habido una decisión de ajustar al interior del sistema educativo. Y en el ámbito universitario se siente más porque las universidades han salido a vender servicios a empresas, hay convenios con las empresas transnacionales, con la minera La Alumbrera por ejemplo que tan cuestionada está por toda la sociedad y otras empresas a las que nada les interesa nuestro país sino seguir saqueando nuestros recursos y que dejan como saldo un tendal de desocupación y deterioro del medio ambiente.
Estas son las grandes cuestiones que para nosotros debe discutir la universidad pública además de la democratización del sistema universitario y preuniversitario puesto que una ínfima minoría, apenas un 15, 20% de la planta docente está representada en los órganos de gobierno del sistema universitario. Son ellos los que eligen los rectores, a espaldas de la gran masa de auxiliares, jefes de trabajos prácticos y el resto de los docentes que no tienen plena representación en los Consejos Superiores. Estas son todas las deudas que nosotros ya las hemos reclamado en su momento desde que estaba el Presidente Kirchner. Cuando Cristina Fernández fue senadora presentó un proyecto de ley en el Senado cuando presidía la Comisión de Educación presentó un proyecto de ley para llevar la elección directa a todas las Casas de Altos Estudios pero esto quedó cajoneado y jamás volvió a hablarse de la democratización, la elección directa y el voto universal y secreto para todos los docentes.
Es evidente que sigue habiendo un enorme contubernio de las cúpulas que son las que manejan los resortes sobre todo del poder económico y también el poder del conocimiento dentro de las universidades nacionales que lamentablemente seguimos siendo todavía bastante reproductores del conocimiento dominante. Hay otro conocimiento porque muchos de nuestros compañeros lo practican aún contrariando las grandes decisiones que toman los órganos de gobierno; es un conocimiento más socializante, al servicio de las necesidades del pueblo y no de los grandes capitales concentrados que de hecho este gobierno sigue sosteniendo.
El año pasado, el gobierno nacional impulsó seis proyectos para democratizar el Poder Judicial, resistidos por la llamada "corporación judicial". La que establecía que los miembros del Consejo de la Magistratura fueran electos por el voto popular, fue declarada inconstitucional por la Corte.
Según la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de seleccionar a los magistrados y de la administración del Poder Judicial. La primera de sus funciones consiste en convocar y llevar adelante los concursos públicos para nombrar jueces y proponer luego las ternas de los que serán designados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. También es el encargado de llevar adelante el procedimiento para la destitución de los jueces, siendo el órgano acusador ante el Jury de Enjuiciamiento.
Otra de sus funciones es la administración de los recursos del Poder Judicial y la ejecución del presupuesto que el Congreso le asigna a la administración de Justicia.
Sin embargo, esta última facultad la tiene desde hace años la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y desde hace tiempo se ha transformado en motivo de una sorda disputa entre ambos organismos.
El Consejo de la Magistratura tiene que dictar también los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia.
Estas facultades están previstas en la Constitución Nacional, en el artículo 114, sin embargo, el año pasado, la norma constitucional fue dejada de lado, cuando la presidenta Cristina Fernández le aseguró al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el manejo del presupuesto del Poder Judicial.
Jueces que resisten
Como se ve, detrás de la disputa por la independencia de los jueces y la supuesta ingerencia del Poder Ejecutivo en los asuntos del Poder Judicial, existen una firme decisión de la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema, de no permitir que se le quiten facultades que no tienen que ver con la órbita jurisdiccional sino con la administración de los recursos y el poder reglamentador, aún cuando la Constitución tenga expresas normas que establecen que esas facultades corresponden al otro órgano del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura.
Desde su creación, ese cuerpo fue objeto de reformas en cuanto a su composición, primero se integraba con veinte miembros y luego de la reforma de 2006, su número bajó a trece.
La reforma que impulsaba la presidenta Cristina Fernández establecía volver a veinte integrantes, pero los mismos serían electos por el voto popular. Semejante cambio fue férreamente resistido por la "corporación judicial", expresada en algunos de los Colegios de Abogados, la Asociación de Magistrados, y también por la mayoría de la Corte Suprema, que, una vez aprobada la ley con el voto de los diputados y senadores oficialistas, la declaró inconstitucional.
Llegado a este punto, y a pesar de los intentos de aglutinar en el espacio "Justicia Legítima" a los sectores más democráticos y que propugnan un cambio en los siempre conservadores palacios tribunalicios, el kirchnerismo parece ahora encaminado a acordar con la corporación que otrora fuera tan denostada por la propia presidenta de la Nación.
Así se entiende la actual composición de las autoridades del Consejo de la Magistratura, tanto en su presidencia y vice, como en las comisiones que tendrán a su cargo la selección de los magistrados y la acusación de los mismos en caso de enjuiciamiento, en los procesos de destitución.
Acuerdo que fue posible
Es que estas autoridades han sido fruto de un acuerdo que hasta hace muy poco tiempo parecía imposible. Haber aceptado y votado al juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, denunciado por las Abuelas de Plaza de Mayo de esa provincia y también por el gremio de los empleados judiciales que dirige Julio Piumato, como presidente del Consejo de la Magistratura, y como vicepresidente al también magistrado Ricardo Recondo, enemigo acérrimo de la nueva Ley de Medios en la batalla judicial por su constitucionalidad, no parece ser un paso más en la tan ansiada y loable meta de lograr un Poder Judicial más democrático.
A cambio de esas concesiones a la corporación judicial, el oficialismo puso los presidentes de las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, adonde quedó el diputado Eduardo "Wado" De Pedro, integrante de la agrupación "La Cámpora"; y la de Disciplina y Acusación, con la diputada kirchnerista Ada Iturrez.
Cuando los medios opositores al gobierno comenzaron a alertar sobre el "desembarco" de "La Cámpora" en el Consejo de la Magistratura, no podían imaginar que habría acuerdo y que el oficialismo aceptaría como autoridades a Sánchez Freytes y Recondo.
El flamante titular expresó a la prensa que estaba muy "entusiasmado" con su designación como presidente y que se comprometía a lograr "consensos" para solucionar los problemas del Consejo, entre ellos, su virtual paralización, lo que provoca centenares de vacantes en el Poder Judicial.
El secretario de Justicia, Julián Álvarez, es uno de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, en representación del Poder Ejecutivo. Antes de la designación de las autoridades, había dicho: "Llegamos con la instrucción de la presidenta de buscar consensos", y se refirió a que el afán del gobierno era lograr que en el Poder Judicial los jueces tuvieran "conciencia social".
El flamante presidente recogió el guante y al jurar como tal, delante de Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la Corte Suprema de Justicia, dijo que, "si eso habla de jueces que deban preocuparse por la pobreza, por la falta de inclusión social, por los problemas de medio ambiente, por los problemas de nuestros jubilados que reclaman mayores reajustes de haberes, y a los problemas de los consumidores que tienen reclamos a diario en los tribunales, yo estoy a favor de eso".
Quizás el que más se sorprendió con su designación haya sido Recondo, el juez de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, que tuvo durísimos enfrentamientos con el gobierno, por haber designado a jueces subrogantes cuando hubo que resolver sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Considerado un conspicuo miembro de la "corporación judicial", fue un acérrimo enemigo de la reforma judicial impulsada por la presidenta Cristina Fernández, porque intentaba "sojuzgar al Poder Judicial".
Julián Alvarez, en cambio, defendió ese "plan democratizador" que lo tuvo como uno de los autores de los seis proyectos de leyes, que luego fueron abortados en gran parte por la Corte Suprema de Justicia.
Alejandro Fargosi, otro miembro del Consejo opositor al gobierno, dijo que el temor era que el gobierno "ahogara" económicamente a la Justicia, lo cual no parece ser la realidad, si se tiene en cuenta las muy buenas remuneraciones que perciben los magistrados del Poder Judicial de la Nación, y que no pagan el impuesto a las Ganancias.
Para quienes apoyaron con vehemencia los intentos de democratización del Poder Judicial, estos acuerdos no pueden ser vistos con optimismo, sobre todo cuando al frente del Consejo se ubica un juez denunciado por las Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba y por el sindicato de Judiciales, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, cuyo secretario general, Julio Piumato, es hoy un enemigo declarado del gobierno nacional.
En el primer caso, la denuncia de las Abuelas, fue por la demora en las causas por apropiación de niños nacidos en cautiverio, en el caso que involucra al secuestro y desaparición de los jóvenes cordobeses Silvina Parodi y Daniel Orozco y al hijo de ambos, nacido en el Hospital Militar de Córdoba y luego apropiado. La madre de Silvina es Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, y quien encabezó la denuncia a Sánchez Freytes en 2011. Además de la demora en la causa que involucra a su nieto, Sonia lo denunció también por haber hecho público el nombre de una joven apropiada cuyo caso estaba bajo investigación, lo que puso en riesgo no sólo esa pesquisa, sino también la vida de la propia joven.
Por su parte, el gremio de los empleados judiciales, acusó en 2010 a Sánchez Freytes, por haber permitido que Luis Manzanelli, uno de los torturadores del centro clandestino de detención "La Perla", el mayor del interior del país y que estaba ubicado en la ruta que une a Córdoba con Villa Carlos Paz, pudiera percibir una jubilación considerable a pesar de haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad.
El respetado dirigente social salteño José “Pepino” Fernández, se refirió en una entrevista realizada en la ciudad de Salta, por el periodista Marco Díaz Muñoz, a la compleja situación social y económica que afronta desde la década del 90 la región norte de esta provincia. “Pepino” manifestó su solidaridad con los desocupados detenidos la semana pasada en la ciudad de Tartagal, responsabilizando al gobierno Municipal y provincial de fomentar estas crisis para obtener fondos nacionales en obras, que no se concretan en el Departamento San Martín.
“Pepino” Fernández responsabilizo al gobernador Urtubey, por no dar soluciones a la grave situación económica y social, al igual que el ex gobernador Juan Carlos Romero, y responder al reclamo social, junto al poder judicial provincial y nacional con criminalización de la protesta social en la zona.
Emitimos en formato de video la entrevista realizada por el periodista Marco Díaz Muñoz Director de Copenoa, al dirigente salteño José “Pepino” Fernández.
A partir de los graves hechos ocurridos en México y ante la aparición de “brotes” en Mendoza y Rosario el especialista Miguel Julio Rodríguez Villafañe advierte sobre la responsabilidad que le cabe al estado en la protección de medios y trabajadores amenazados por bandas de narcotraficantes.
El editorial del periódico “El Diario” de Ciudad Juárez, del Estado de Chihuahua, México, el 19 de septiembre de 2010, comunicándose con los narcotraficantes decía: “Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad de Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias (…) Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido (…) Ya no queremos más muertos, ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio…
Era un grito de impotencia y de dolor, en una sociedad cercada por mafias vinculadas al narcotráfico.
Ese espejo peligroso de condicionamientos indebidos al periodismo, por el momento, si bien con la intensidad antes descripta aparece como lejano, sin embargo, ya ha tenido un brote, inaceptable, en Argentina, en lo que ha pasado hace poco en el diario “El Sol”, de Mendoza. En febrero de este año, miembros de una banda de narcotraficantes habrían amenazado de muerte a tres periodistas de dicho medio gráfico, para que no brindaran determinada información de grupos de narcotráfico que operaban en dicha provincia.
Otro hecho acaba de registrarse en la zona sur del Gran Rosario, en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, cuando fueron atacados un cronista y un fotógrafo, en el momento que trataban sacar fotografías a un mural realizado, como recordatorio de Claudio “Pájaro” Cantero, un conocido líder de la banda de narcotraficantes llamada “Los Monos”, asesinado en 2013.
En el tema debemos estar solidarios y alertas, porque, lamentablemente, ahora la problemática la tenemos entre nosotros y no hay que permitir que crezca, el brote que se manifestó en Mendoza y ahora en Rosario.
En este aspecto, el Estado debe ser el primero en tener una actitud de protección de los periodistas y de los medios de difusión, ante situaciones como las referidas, en las que su vida, integridad personal, familia y bienes, corran peligro. Hay que ayudar a quienes ejercen la noble profesión de garantizar el derecho humano a la información y por supuesto, colaboran para que el narcotráfico y otros grupos de delincuentes no se enseñoreen en la sociedad, imponiendo un silencio que es funcional a la inaceptable impunidad total, que a veces se siente que gozan.
Es importante que el Estado tenga una actuación eficaz y preventiva en la problemática ya que, como bien lo señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la falta de protección a los periodistas amenazados, cuando quiera que exista un riesgo real e inminente conocido por el Estado, podría comprometer la responsabilidad internacional de este último por violación, entre otros, del artículo 13 de la Convención Americana”. En efecto, las autoridades están en el deber de garantizar la protección de los comunicadores para que puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión, y obviamente, para proteger sus derechos fundamentales a la vida, la seguridad personal y la integridad personal del periodista y de sus familias, igualmente garantizados por la Convención Americana.
En el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado también, en el caso “Ríos”, en sentencia de fecha 28 de enero de 2009, que el Estado incluso, podría ser responsable económicamente, por las agresiones cometidas por particulares contra los medios y periodistas, siempre que se demuestre un incumplimiento del deber de garantía, atendiendo a “las circunstancias particulares del caso y la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato”.
Es importante usar todos los mecanismos posibles, para colaborar y apoyar a quienes fueren amenazados por mafias delictivas, de cualquier tipo, en especial, a aquellos, como son los periodistas y los medios de difusión cuando, desde la libertad de expresión, ayudan que las mafias no manden y los condicionen a ellos y a las sociedades, silenciando las informaciones y las denuncias sobre las acciones de las organizaciones delictivas.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista, especialista en Derecho de la Información y Periodista.
COLECTIVO COMUNA - RED ECO
Luego de cuatro años de la aprobación de la ley que acabaría con los monopolios, la AFSCA tuvo la última palabra sobre el tema: el plan presentado por el Grupo La Capital fue aprobado por unanimidad. Mar del Plata seguirá con un monopolio mediático; eso sí, legal.
Si usted no vive en la ciudad de Mar del Plata o alrededores tal vez el nombre Florencio Aldrey Iglesias no le dice nada. Pero si usted es oriundo o habita en la perla del Atlántico este nombre tiene todo un significado. Jamás intendente, pero siempre amo y señor de la ciudad.
Aldrey Iglesias es dueño del multimedio La Capital, integrado por el diario del mismo nombre, La Voz de Tandil, La Prensa (de Buenos Aires) y su reciente adquisición el diario El Atlántico. Se suman las emisoras radiales AM 1620, LU6 y LU9 en Mar del Plata (es decir, todas las emisoras AM en la feliz) y otras tres en Tandil, Córdoba y Mendoza, más tres emisoras FM en la ciudad de Mar del Plata, de las que se suman tres en Villa Gesell, Mendoza y Bahía Blanca. Para concluir, la lista cierra con el Canal 2 de la ciudad y La Capital Cable.
Es gracias al uso de estos medios que Iglesias ha incrementado a lo largo de los años su patrimonio. Dueño del famoso hotel Hermitage, socio de la cadena hotelera NH, sus relaciones políticas le permitieron obtener también la concesión del Hotel Provincial y del Teatro Auditorium, y actualmente explota comercialmente el Paseo Hermitage y el Casino del Mar por la módica suma de $110.000 anuales. El año pasado el Municipio le compró tierras lindantes al basural con un sobreprecio mayor al 60% del importe en que estaban valuadas. Hizo que se corriera al mes de octubre el Festival Internacional de Cine, que originariamente se realizaba todos los años en marzo, porque le redituaba económicamente. Y la lista sigue.
Este Barón de la ciudad ha logrado comprar el silencio y el voto de cuanto concejal haya ocupado una banca en el Consejo Deliberante y del intendente de turno.
Luego de pasados más de cuatro años de la aprobación de la nueva Ley de Medios, parecía que comenzaría a “normalizarse” la situación del monopolio de Aldrey. Tras el pedido de plan de adecuación a la nueva ley, Iglesias hizo su presentación a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El Plan era, para ahorrarnos cualquier tipo de eufemismo, una verdadera chantada. El Grupo La Capital se compone de cuatro firmas: Difusora Austral, Editorial La Capital, La Prensa y Deportes y Espectáculos. La adecuación presentada proponía hacer un intercambio de fichas entre quienes ya figuraban. Los apellidos Aldrey e Iglesias se repiten demasiado como para no llamar la atención, y empleados de jerarquía de los diarios y emisoras radiales también aparecen como figuras a cargo.
El lunes la AFSCA se expidió al respecto. Todos los miembros votaron a favor del plan. Hoy Aldrey está adecuado a la ley, pero su multimedio sigue intacto. Entre bombos y platillos nos anunciaron una nueva ley de medios, en contraposición a la ley de la dictadura. Una ley que impulsaría la pluralidad de voces. Una ley que rompería con los monopolios. Pero, ¿venderle una emisora radial a un pariente es realmente desmonopolizar?, ¿hacer un enroque de nombres en las firmas es garantía de medios pluralistas? En palabras de Fernando Araujo, responsable del AFSCA en nuestra ciudad, “los grupos monopólicos pueden dividirse entre sus propios accionistas”. Para las autoridades de la AFSCA dividirse los medios entre los mismos que ya estaban agrupados desde un inicio basta para deshacer un monopolio. Quizás ya no figuren burocráticamente como grupo, pero al fin y al cabo seguirán siendo los mismos, y las líneas editoriales de todos los medios que se repartan no cambiará. ¡Vaya pluralidad de voces!
Por otro lado, siendo parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, no podemos dejar de mencionar la otra cara de esta moneda. Sí; la nueva ley se empeñó mucho en disolver los monopolios –cosa que no ha logrado- pero a la hora de hablar de pluralidad de voces continúan sin ser contemplados los medios alternativos. Medios que muestran lo que los hegemónicos no tienen en la agenda. Al fin y al cabo el kirchnerismo no ha podido lograr el objetivo marcado –ponerle fin al monopolio mediático de Clarín- pese a tantas declaraciones, tras haber planteado un claro enfrentamiento y luego de las feroces denuncias sobre Papel Prensa. Si esto no pudo alcanzarse, ¿cómo podemos esperar que reclamos que ni siquiera aparecen en su agenda –como el de la incorporación de la figura de los medios alternativos dentro de la ley- puedan ser tomados en cuenta?
Ya sea por amiguismos políticos o porque la tan aclamada Ley de Medios evidencia un gran vacío legal, Mar del Plata seguirá sufriendo las consecuencias de tener al magnate a cargo de los medios más influyentes en la ciudad. Sí; la ciudad ya está adecuada a la Ley de Medios, pero la voz que habla sigue siendo la misma.
Nuestra mejor arma es la alegría -decía Milton-, uno de los organizadores del Carnaval número 13 que celebra el cumpleaños de Claudio “Pocho” Lepratti, el ángel de la bicicleta, como cantara León Gieco, uno del casi medio centenar de asesinados en diciembre de 2001.
Trece años hace que la pibada de barrio Ludueña, noroeste profundo de Rosario, insiste en juntar bailes, murgas, comparsas, mates, risas, músicas, colores y abrir las plazas y las calles para que la gente recupere su intransferible lugar en la historia.
Trece años de desafío a la muerte impuesta, ésa que arrancó mucho antes de tiempo a aquel militante de la pastoral social, que soñaba con un mundo donde quepan todos los mundos, como todavía repite en un video que cada tanto se repite en cada rinconcito de América del Sur.
“Pocho” nació el 27 de febrero de 1966 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, una ciudad que antes se llamaba Arroyo de la China, donde se declaró la primera independencia de toda potencia extranjera. Fue es 29 de junio de 1815 en que se estableció un programa revolucionario como pocos en el llamado “Congreso de los Pueblos Libres”, cuya mayor expresión política era José Gervasio de Artigas.
Debe ser que al universo le gusta jugar a dejar señales en la historia de los pueblos.
“Pocho” nació el mismo día en que nació la bandera que debía conducir a los argentinos a un tiempo donde en el trono de la vida cotidiana flameara la noble igualdad. Belgrano inventó el símbolo para darle una esperanza a los mil quinientos desesperados que lo seguían sin saber qué estaban haciendo justamente allí, a la vera del río marrón, de ese Paraná inmenso y misterioso que luego abrazaría a la ciudad donde creció, soñó y murió defendiendo a los pibes, Claudio Pocho Lepratti. El que nació el mismo día en que la bandera que prometía la felicidad como principal objetivo de la política y la revolución, como decía su creador, el desesperado y poseso Manuel Belgrano.
Cuando Pocho cumplió 48 años en algún lugar del cosmos y en el interior de miles y miles que estudian su vida como ejemplo de militancia sensible, humana y atenta para con los pibes, se hacía un carnaval en su nombre y la bandera cumplía 202 años.
El día de la bandera, el día en que Pocho se hace bandera de alegría contra tantas formas de tristezas y miedos impuestos por las minorías de arriba y que multiplican sus socios menores de abajo.
Los pibes de Ludueña que celebran el carnaval de Pocho y que hicieron de su vida una bandera para el presente y el futuro, saben que la rebeldía será también la energía que transforme la realidad cercana y la lejana.
En esas horas de juntadas y risas, la violencia desbocada no paró y se tragó la vida de un remisero muy cerca de la vía donde el territorio se disputa palmo a palmo entre pibes consumidos y los otros que buscan un por qué vivir.
Pero el cumpleaños de la bandera, el cumpleaños de Pocho bandera carnaval, siguió festejándose.
“En barrio Ludueña, donde festejar cualquier cosa, se va haciendo algo prohibido, ¡nos atrevemos!. Nos atrevemos a darle pelea a esta cotidianedad que diariamente nos trae dolores y pérdidas. Nos atrevemos. Porque este carvanal que hacemos entre todos, lo hacemos como refugio, lo hacemos porque No estamos de acuerdo, lo hacemos porque creemos que sin encuentro y sin Alegría, las luchas se caen. Lo hacemos porque somos peleadores, porque somos como el Bichito, y como tantos otros. Lo hacemos porque no estamos dispuestos a conformarnos, porque entendemos que por más que lo intenten, no van poder con nosotros, por cabezas duras. Porque aunque todo un sistema diga que tal o cual es lugar que le toca a nuestros pibes o a nosotros, nosotros No estamos estamos de acuerdo. Y Sí estamos de acuerdo en seguir apostando a los sueños de nuestros pibes. Por eso en pocas horas, arrancamos el 13° Carnaval Cumple de Pocho. Luchando con y Por la alegría de encontrarnos para transformar esta realidad”, escribió Mavi, otra de las organizadoras y militantes del carnaval encuentro.
-Alto Carnaval. Celebrando la vida. Jóvenes rebeldes. Con alegría - fue la consigna de los tres días de colores, palabras, bailes, sonrisas, pensamientos y ganas de construir un futuro mejor.
Porque “Pocho” cumple años el mismo día en que la bandera prohibida por Buenos Aires prometía igualdad y felicidad. Porque la esperanza está allí, en ese muchacho entrerriano que sigue gritando: “No tiren. Hay pibes comiendo”. El mismo grito que estos luminosos militantes del Ludueña hacen todos los días al poner el cuerpo y el alma para decir que allí, en el profundo noroeste rosarino, hay pibes y pibas que necesitan vivir y no morir.
CORRESPONSAL POPULAR - ANRED
Unas 800 familias continúan resistiendo en la toma en el predio ubicado entre las calles Pola y la Av. Cruz en el barrio porteño de Villa Lugano. Durante el día de ayer comenzaron la construcción de casillas de chapa para hacer frente a los imprevistos climáticos. La orden de desalojo dictada por el Juez Gabriel Vega se venció el pasado viernes, los habitantes insistieron ante las cámaras la necesidad de una negociación pacífica.
El gobierno nacional y el porteño se pasan de mano la responsabilidad, ya que no quieren pagar el costo político de un desalojo violento (y hasta tercearizado con barrabravas) como ocurrió en el 2010 en el Parque Indoamericano, aledaño a este predio, donde asesinaron a Emilio Canaviri Álvarez, Bernardo Salgueiro y Rosemary Churapuña. En aquel entonces tanto Nación como Ciudad prometieron poner un peso por cada peso que pusiera el otro para la construcción de viviendas.
Su plazo se venció, no cumplieron. Ahora familias enteras defienden con sus cuerpos lo que no pueden esperar de los gobiernos. No están solas, un grupo de 20 legisladores opositores al PRO ofrecieron el viernes una barrera humana para frenar el avance de la policía metropolitana. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se pronunció en contra de la perpetuación del hacinamiento y el pago de altísimos alquileres (que ascienden a los 800 pesos por pieza), recordando también años de falta de respuestas efectivas. Y cientos de organizaciones mantienen solidariamente el ojo en este conflicto.
El predio era un antiguo cementerio de autos, la chatarra dejó graves secuelas en la tierra. Muchos chicos tienen infecciones en la piel, plomo en sangre y otros problemas de salud como consecuencia de la exposición a esos contaminantes. Mediante la Ley 1770 promulgada en Septiembre de 2006 se aprueba parte del proyecto de urbanización de la Villa 20 que contempla estas tierras.
Dice, textualmente la ley: “El mencionado polígono será destinado a viviendas y equipamiento comercial”, y que habría “una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante tanto el I.V.C. como los habitantes de la Villa 20”.
Nueve años más tarde y ante una nueva toma, la gestión de Mauricio Macri hace un falso llamamiento a la negociación. Quince delegadas y delegados representantes de la ocupación y de la villa asisten a la reunión del pasado martes, donde escuchan atentamente las nuevas e irreales propuestas. Se enteran ahí que con sus datos personales el Gobierno de la Ciudad les inicia causas penales acusándoles de usurpación, con riesgo de posibles allanamientos en sus hogares.
Nuevamente, como en el Indoamericano, referentes de los movimientos sociales quedan judicializas/os. Con este panorama, no es llamativo que las familias que ocupan el predio de Villa Lugano se hayan negado a ser censadas.
Se espera para el próximo miércoles 5 de Marzo una reunión entre la Comisión de Vivienda de la Legislatura Porteña y los delegados para dar lugar a un proyecto que les asegure el derecho a la vivienda.
Entre tanto el juez Gabriel Vega no puede dictaminar una nueva orden de desalojo hasta que no se resuelva en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas el amparo presentado por la Defensoría de la Ciudad.
La titular del Juzgado del Menor y la Familia de Juan José Castelli, Gladis Beatriz Regosky, hizo lugar a una acción de habeas corpus “declarativa” en la que se pedía por la libertad de un campesino indígena detenido sin orden escrita en la localidad de Tres Isletas.
Angustiante fue la situación que debió atravesar un miembro de la comunidad moqoit del paraje "Raíz Chaqueña", Hugo Leiva, quién fue detenido por la policía sin orden escrita y alojado en la comisaría de la localidad de Tres Isletas. El hecho sucedió el 23 de octubre de 2013 en “Raíz Chaqueña”, justo un mes después de que la justicia chaqueña confirmara que las cinco mil hectáreas que componen ese territorio -entre los departamentos chaqueños Maipú y Almirante Brown- son de la comunidad indígena y ordenara a una firma sojera cordobesa a restituirlas a sus ocupantes históricos.
Leiva fue liberado antes de que se cumplan 24 horas por parte del fiscal Nº 2 de Juan José Castelli, Hugo Obregón, al constatar de que no contaba con antecedentes penales. Sin embargo, la detención motivó la presentación de una acción de habeas corpus que en los últimos días tuvo resolución favorable por parte de la titular del Juzgado del Menor y la Familia de Juan José Castelli, Gladis Beatriz Regosky. El recurso fue impulsado por el abogado indigenista y miembro del Programa de Ciudadanía Indígena de la JUM, Gonzalo García Veritá, quién denunció que la detención de Leiva violaba “el artículo 21 de la Constitución del Chaco, el bloque de constitucionalidad y el Código Procesal Penal”.
Lo trascendente del fallo de carácter “declarativo”, teniendo en cuenta que Leiva ya había sido liberado, es que instó a policías y fiscales a abstenerse de detener personas sin orden escrita ni decreto fundado.
La sentencia, a la que accedió CHACO DIA POR DIA, fue dictada el 20 de febrero último, y contrasta con la reciente actuación del Juzgado de Garantías de la localidad de General San Martín que rechazó in límine una acción de habeas corpus solicitada por cinco miembros de los pueblos originarios que también fueron detenidos sin orden escrita por los incidentes producidos el miércoles 19 de febrero, en la ruta provincial Nº 3, camino a Pampa de Indio.
“Violación de derechos”
Entre los fundamentos de la sentencia, la jueza Regosky consideró que el derecho a no ser arrestado sino por orden escrita de autoridad competente, como cualquier otro derecho, debe ejercerse conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. En el caso particular, advirtió que “si bien el objetivo de la protección del señor Leiva Hugo ha sido efectivizada con las medidas ordenadas, corresponde resolver la cuestión traída a mi conocimiento, aun de forma declarativa, en virtud de los órganos involucrados y en el marco del pensamiento que no se repitan situaciones de violación de derechos similares, especialmente desde el Poder Judicial”.
Asimismo, la magistrada subrayó que “deberá notificarse al Sr. Fiscal de Investigación Penal Nº 2, en su público despacho, instando al mismo, en ejercicio de la responsabilidad que le compete, arbitre los medios a fin de que hechos como el aquí traído a mi conocimiento no vuelvan a repetirse, esencialmente porque cualquier vulneración derechos consagrados constitucionalmente, operan en desmedro del prestigio y honorabilidad del Poder Judicial en su conjunto, del que cada funcionario y/o magistrado debe ser celoso custodio, debiendo informar al justiciable privado de su libertad por orden escrita y/o decreto fundado el motivo de la misma, respetando plenamente los derechos”.
Por último, Regosky consignó que “resulta necesario notificar de lo resuelto en los presentes actuados al Jefe de la Comisaría de Tres Isletas haciéndole saber que deberá abstenerse de proceder a la detención de cualquier persona, sin los requisitos legales, bajo apercibimiento de entablar las responsabilidades pertinentes”.
Stefan Biskamp (ANRED)
Decenas de personas de una comunidad Wichí en la provincia de Formosa están procesadas mientras reclaman justicia por el asesino de uno de sus miembros. “Estamos seriamente amenazados. A nosotros nos acusan de robo e incendio, viene de una denuncia trucha y es mentira; pero el asesino de nuestro hermano Víctor Segundo vive en libertad”, dice Agustín Santillán, referente de la comunidad Wichí Barrio Obrero en Ingeniero Juárez en el noroeste de la provincia. Son 24 los originarios Wichí imputados de “incendio” y “robo en poblado y en banda”, entre otros delitos.
Citación a declaración de los 24 integrantes de la comunidad wichí Barrio Obrero en Ingeniero Juárez (primera parte)
Citación a declaración de los 24 integrantes de la comunidad wichí Barrio Obrero en Ingeniero Juárez (segunda parte)
Imagen de Víctor Segundo, wichí asesinado y por quien las familias del lugar salieron a pedir justicia
Stefan Biskamp es corresponsal alemán en América Latina.Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.
Las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquen y Alto Valle difundieron un comunicado, en el que una vez más y con la coherencia de siempre, se refieren a las actitudes antidemocráticas y soberbias, que desde hace 10 años son una constante en la Comisión Directiva de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y de su presidenta. Reproducimos el comunicado.
Neuquén, 4 de marzo de 2014.
COMUNICADO - Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquen y Alto Valle
Ante el despotismo de la Comisión Directiva, la indiferencia, la amnesia voluntaria de otros: el ejemplo de nuestros 30.000 hijos e hijas. El apoyo, el respeto y el amor de la mayoría del pueblo del Comahue y el reconocimiento de los leales de siempre,
Esta marcha no tiene fin. "VAMOS LENTO, PORQUE VAMOS LEJOS"
Firmado: Inés Ragni, Lolin Rigoni
Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquen y Alto Valle
1) Perfil.com - 05/12/13 - Hebe de Bonafini entrevistó a Milani
2) www.plazademayo.com - 09/12/13 - Renuncian profesores luego del encuentro Hebe-Milani. Carta de renuncia de Raquel Ángel y Alberto Guilis. Alejamiento de colaboradores y deserción de alumnos en los últimos años.
3) lanacion.com - 19/12/13 - nota de Mariano Obarrio: La Universidad de las Madres será estatizada.
La organización de DD.HH neuquina, Zainuco rechazó el aval al accionar represivo de la policía y el anuncio acerca de una nueva reforma en el Código Procesal Penal realizados por el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, en la apertura del 43 período ordinario de sesiones legislativas. La policía justifica su accionar, con el guión que el Gobernador dá; a tres días del discurso, en el barrio Almafuerte II, en medio de los festejos de carnaval, efectivos de la Comisaría 18 reprimieron el festejo, tirando balas, hiriendo a niñxs, jóvenes y adultos que se encontraban festejando. 7 pibes fueron detenidos.
Neuquén, 3 de marzo de 2014.
COMUNICADO DE ZAINUCO FRENTE A LOS DICHOS DEL GOBERNADOR EN LA APERTURA DEL PERIODO LEGISLATIVO
Rechazamos el aval al accionar represivo de la policía y el anuncio acerca de una nueva reforma en el Código Procesal Penal realizados por el gobernador en la apertura del 43 período ordinario de sesiones legislativas
En medio del discurso por la apertura del período 43 de sesiones legislativas, el gobernador de Neuquén anunció que pretende para este año una nueva reforma en el Código Procesal Penal que brinde “más herramientas a los jueces para que dicten prisión preventiva”, cuestión que desde Zainuco traducimos como una mayor rigurosidad y legitimidad en los casos de criminalización de la juventud y de la pobreza.
Jorge Sapag, quien se definió alegre por dos dictámenes del Juzgado de Garantías en el día anterior, prefirió no hablar de la prisión preventiva que se ratificó a uno de sus policías en la misma fecha por haber asesinado a un joven de 19 años en julio del 2012. Sin embargo, sí se refirió a otros dos homicidios. Esto deja en evidencia a qué sector va dirigida la reforma que, según aclaró, “no es una pena anticipada”, pese a que desde Zainuco lo consideramos una vulneración a los derechos de todas las personas.
“La libertad allí, mientras está siendo procesado, juega en contra de la investigación y juega en contra de los intereses de los ciudadanos. Porque el ciudadano siente repudio, siente que hay impunidad, siente que hay injusticia cuando el procesado por un hecho grave o violento se da a la fuga o no se somete al dictado de la justicia. Y muchas veces, repito, estamos hablando de delitos graves, la libertad del imputado de delitos violentos es un peligro para la seguridad de la sociedad, para la víctima, para su grupo familiar. Pone en riesgo la paz social, que es el objetivo primordial de la justicia penal”, dijo el gobernador neuquino y más adelante agregó: “creo que tenemos que ser más severos, no ultragarantistas ni proteccionistas” argumentando que, si no, “vamos a llegar al ejercicio de la justicia por mano propia”.
Durante su perorata, Sapag también se refirió de forma positiva a la actuación de la institución policial, la misma que abusa cotidianamente de chicas y de chicos en los barrios, en las comisarías y en las cárceles. Prometió que habrá más presencia y más capacitación, así como cámaras de “seguridad”.
En relación a esos abusos, el gobernador dispuso que “si hay razones y pruebas contundentes acerca de irregularidades del accionar de la policía, me parece bien que se haga la denuncia y nosotros tenemos un sistema que funciona muy bien donde hay bajas y altas todos los días en la Policía Provincial, el que no cumple con los reglamentos, con las leyes, con el respeto de los derechos, es excluido de la fuerza policial” y discriminó que “cuando un policía interviene lícitamente, en defensa propia y de los derechos de la sociedad ingresando a una casa que estaba siendo invadida por dos delincuentes, recibiendo un balazo en la cara y respondiendo a ese ataque artero no puede ser titular de diario la descalificación de la Policía Provincial”, ejemplificando claramente con el homicidio policial del joven de 19 años el pasado 23 de febrero y legitimando los hechos que terminaron con la pérdida de una vida y con la internación de otro pibe que aún permanece con una bala estatal alojada en la cabeza.
Se olvida el gobernador que los abusos policiales no son simples irregularidades sino que son prácticas estructurales de la fuerza policial. Prácticas policiales cuyas condiciones de posibilidad están dadas desde las mismas leyes y reglamentos (que normativizan detenciones arbitrarias como las originadas por la averiguación de antecedentes) hasta por la impunidad que el Poder Judicial garantiza, con bastos beneficios, incluso a aquellos policías que han logrado ser condenados, como respuesta a la lucha en las calles.
La mayor presencia policial, la distribución en cuadrillas, el aumento de equipamiento, son técnicas que fijan pautas a la intervención policial, en una clara respuesta a la demanda de seguridad de una “ciudadanía” que el propio gobierno se encarga de determinar en su contenido. El aumento de policías en las calles no hace más que reproducir la exclusión social y la división de la ciudad en territorios de “ciudadanos” y territorios de “delincuentes”, como sucede de manera notoria en la ciudad de Neuquén con el “oeste neuquino”.
Al abocarse en su discurso a la “prevención del delito”, sin dar cuenta de las condiciones macrosociales que lo generan, se vislumbra cómo desde el mismo discurso político se reproduce la selectividad que la política criminal engendra: se considera delincuencia a combatir a los delitos callejeros no dando ni mención ni respuesta a los delitos conocidos como de "cuello blanco" o económicos, cometidos por aquellos sujetos que el gobernador denomina ciudadanos.
Los dichos del Gobernador se encuentran en consonancia con el discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su propuesta de una normativa para condenar los cortes de ruta y de calles y con su repudio a la jornada de lucha nacional por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, lo que pone de manifiesto el endurecimiento de las políticas represivas ante el aumento de la conflictividad social que tiene lugar a partir de las políticas a nivel nacional y provincial que generan mayor exclusión y empobrecimiento de los sectores populares. Endurecimiento que toma como antecedente inmediato el aumento que el ejecutivo provincial otorgó a la Policía Provincial en diciembre pasado, y con la capacitación que el FBI comenzó recientemente a brindar a fiscales y policías, principales actores de la política represiva.
Desde Zainuco rechazamos por completo las palabras de Jorge Sapag en su discurso y más aún la presentación del proyecto que pretende que se trate en la Legislatura durante este período. Entendemos que la prisión preventiva es una herramienta más para seguir “limpiando los barrios” de quienes “molestan”, tal como sucedió hace pocos días en Villa Ceferino con el asesinato de Elías o como sucede día a día con quienes van a parar a las cárceles que, recordamos, están pobladas únicamente por un sector social. Destacamos también que no son las y los acusados por la justicia quienes ponen en riesgo la “paz social” en los barrios, sino las y los que según las normas burocráticas por las que los gobiernos se rigen están para garantizarla, pero sin embargo desencadenan los mismos hechos que en este discurso celebró.
A tres días de su discurso, la policía responde. Anoche, en el barrio Almafuerte II, en medio de los festejos de carnaval, efectivos de la Comisaría 18 reprimieron el festejo, tirando balas, hiriendo a niñxs, jóvenes y adultos que se encontraban festejando. 7 pibes fueron detenidos. La policía justifica su accionar, con el guión que el Gobernador dá. Pelea entre bandas, enfrentamientos, "reducción de delincuentes" sostiene el discurso policial, devenido en mediático. Discursos que no hacen más que legitimar el accionar policial, al tiempo que estigmatizan a los pibes del Oeste como sujetos peligroso de los cuales se debe proteger a la sociedad.
Un pibe o una piba en la cárcel, también es un pibe menos.
LA GACETA - ACTA
Pablo Micheli, líder de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que confronta con la gestión K, visitó la semana pasada la provincia. Se reunió con dirigentes tucumanos, como Salvador Agliano y Martín Rodríguez; participó de la marcha por los ocho años del impune crimen de Paulina Lebbos; y visitó LA GACETA para conceder una entrevista.
El líder de la CTA, Pablo Micheli, recorre el país para organizar un paro. La entrevista fue como sigue:
- Viene a Tucumán en un contexto de discusiones sobre los salarios de los trabajadores...
- La verdad que no es un buen momento, pero no sólo para los trabajadores, sino para la mayoría del pueblo argentino, excepto un pequeño grupo de empresas que se han visto favorecidas y sectores exportadores y financieros, que con la devaluación y la inflación se han visto beneficiados. El resto de la población, la gran mayoría, hemos sido golpeados duramente. Los trabajadores, obviamente, mucho más fuerte, porque han triturado nuestro salario. Los precios se han ido por las nubes, y los salarios han quedado desfasados respecto a lo que ha sido el crecimiento de la canasta de alimentos en el país.
- ¿Esta es una crisis de la que se sale con buenas paritarias?
- Seguro que sin buenas paritarias no se sale. Ahora, es cierto que sólo con buenas paritarias tampoco alcanza. Tiene que contemplarse un contexto integral. Los problemas que tiene el país no se resuelven con un aumento determinado; si al día siguiente los precios se van a las nubes, si los empresarios resuelven trasladar los incrementos a los productos, realmente no sirve de mucho. Se tiene que discutir una reforma impositiva seriamente, por ejemplo, en la que se modifique esta ecuación donde los que menos tenemos somos los que más pagamos. La recaudación del Estado nacional se basa fundamentalmente en el impuesto que cobra a trabajadores y clase media, el 70%; y sólo el 30% restante lo pagan las grandes empresas. Entonces, es al revés como está planteado. Quienes generamos la riqueza siempre somos los patos de la boda. Esto es cíclico: cada tanto repiten los mismos errores, cada cinco o 10 años las crisis son iguales: rebaja salarial directa o indirecta a los trabajadores, plantear responsabilidad, que pidan más de la cuenta.
- El empresariado y los gobiernos están advirtiendo sobre tener responsabilidad al momento de pedir por los salarios. ¿Cómo analiza esta postura?
- Es una extorsión miserable, que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, en el polo industrial de Tierra del Fuego echaron 4.000 trabajadores de la UOM (Unión de Obreros Metalúrgicos) hace pocos días. Ni la dirigencia sindical de la UOM, ni (Antonio) Caló, dijeron una palabra, pero no hubo paritarias. ¿Qué excusa tienen para echar estos trabajadores? Lo mismo cuando se dice que el aumento genera inflación. Hay etapas importantes de la historia de la Argentina en las que no hubo un centavo de aumento, y a la vez hubo inflación. Entonces no es verdad, esto lo utilizan; pero no es lo más grave que lo digan los empresarios: lo dice la Presidenta por cadena nacional, y después qué empresario va a querer dar lo que corresponde, si el propio Gobierno está legalizando un robo a los trabajadores, una extorsión miserable.
- ¿Cómo entiende que haya tantos sindicatos con posturas tan disímiles, si todos representan a los trabajadores?
- En la Central que conduzco con Ricardo Peidro tenemos más de un millón de afiliados y hay pluralidad de sectores, incluso muchos kirchneristas. Se organizan a su manera, dentro de la propia central, y eso es absolutamente legítimo. El hecho de que haya pluralidad sindical es un buen síntoma. El problema es que en la Argentina hay ausencia de democracia sindical; hay pluralidad porque la generamos los sindicatos, pero no porque esté previsto en la Ley de Asociaciones Sindicales, esta normativa es la antidemocracia.
El consumo de cocaína en Brasil se duplicó en menos de 10 años y hoy es cuatro veces mayor que el promedio mundial, reveló el Consejo Internacional de Control de Narcóticos, entidad ligada a las Naciones Unidas.
Los datos divulgados en el informe anual de esa entidad señalan que el 0,7 por ciento de la población de 12 a 65 años de edad consumió cocaína en 2005, mientras en 2011 esa cifra constituyó el 1,75 por ciento de los brasileños, en tanto el promedio en el orbe representa apenas el 0,4 por ciento.
El índice nacional supera igualmente al suramericano, ubicado en 1,3 por ciento, y al de América del Norte, con 1,5 por ciento, indica el documento difundido aquí por medios de prensa locales.
Los datos corroboran que Brasil se convirtió no sólo en una nación de tránsito de cocaína desde los Andes hasta Europa, sino también en un mercado clave de consumo, debido al incremento de la calidad de vida.
La droga ingresa a esta nación por sus fronteras terrestres con Perú, Colombia y Bolivia y es despachada hacia Europa en aviones y barcos. Sin embargo, la marihuana se mantiene como el estupefaciente de mayor consumo entre los suramericanos, con cerca de 14,9 millones de fumadores.
En Brasil, la incautación de marihuana disminuyó significativamente de 174 mil toneladas en 2011 a 11,2 en 2012, debido a una mayor protección de sus fronteras, lo cual impidió el trasiego de este producto.
El Consejo Internacional de Control de Narcóticos manifestó asimismo preocupación por la liberación de la marihuana en Uruguay y Estados Unidos y la creciente percepción entre los jóvenes de que este narcótico no es dañino.
El Canal Capital bogotano pidió garantías a las autoridades para desarrollar libremente el ejercicio periodístico, tras denunciar un nuevo sabotaje ocurrido la víspera durante la cobertura de las protestas ciudadanas por el servicio masivo de transporte Transmilenio.
En un comunicado difundido en internet, la televisora pública señaló que este incidente se suma a la campaña sistemática de arremetidas como la realizada contra la página web, la suplantación de la cuenta en twitter del gerente de Canal Capital, Hollman Morris, y las amenazas contra su vida.
El canal explicó que durante el reportaje de las manifestaciones de ayer, desconocidos cortaron el cable de emisión de la microondas aparentemente armados con navajas, y dos colaboradores del equipo técnico fueron víctimas de amenazas verbales.
El ataque a la señal que se emitía en directo desde el Portal de Suba impidió cubrir durante unos 40 minutos el diálogo del alcalde Gustavo Petro, quien se encontraba escuchando y atendiendo las inquietudes de los usuarios.
Canal Capital seguirá ejerciendo su deber de informar. La televisión pública de Bogotá no se censura ni se autocensura, señala el texto en el que hacen un llamado a las autoridades para que tomen medidas que permitan preservar el derecho a la información y la libertad de expresión.
En horas de las mañana de ayer centenares de usuarios comenzaron a bloquear varias estaciones del servicio de Trasmilenio, entre ellos el portal de Suba, hasta donde acudió el alcalde capitalino para tratar de normalizar la situación.
Petro, que atribuyó las protestas a intereses políticos, dialogó con los manifestantes durante más de cinco horas y ofreció soluciones de corto y mediano plazo.
Asimismo invitó a la ciudadanía a marchar contra el sistema Transmilenio el próximo martes 11 de marzo en la Plaza de Bolívar.
La CIA espió de manera ilegal las oficinas de varios legisladores que integran el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, señala hoy un artículo del diario The New York Times.
El inspector general de esa agencia de espionaje, David B. Buckley, inició una investigación como respuesta a las quejas de varios congresistas, cuyos despachos fueron blancos de las actividades de vigilancia que incluyeron el acceso no autorizado a las redes informáticas.
Las acciones de monitoreo estuvieron dirigidas al personal de apoyo de los senadores responsabilizados con una pesquisa sobre el programa ilegal de detenciones, interrogatorios y torturas de la CIA en ultramar en los últimos años.
Esta revelación agrava la controversia sobre la supervisión del Capitolio a las agencias de espionaje y en particular acerca de este tema, considerado uno de los más controversiales de la respuesta de la Casa Blanca a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, añade el Times.
La disputa comenzó hace más de un año, cuando el Comité de Inteligencia de la Cámara alta terminó un reporte acerca las actividades ilegales de la CIA, que detalló varios ejemplos de cómo dicha agencia desinformó al legislativo durante la pesquisa que en total duró casi un lustro y costó 40 millones de dólares.
A través de un comunicado Denuncian la política del Partido Popular contra la libertad de conciencia de las mujeres, uno de los ataques es la propuesta para modificar la ley del aborto, intensificando, así, la presión sobre las mujeres y sus derechos.
Declaración de Europa Laica: 8 de marzo 2014
Laura Villadiego (LA MAREA)
Fa Baan Tschuai Duu Laa se parece mucho al lugar donde el octogenario Otto Fries siempre soñó pasar su jubilación y muy poco a una residencia de ancianos convencional. Con sus grandes villas de paredes blancas, sus amplias habitaciones y sus piscinas privadas, la clínica parece más un resort de lujo, en el que, como única diferencia, el servicio no se dedica a dar consejos turísticos o a hacer cócteles, sino a administrar pastillas y a cuidar a enfermos. Tiene un solo inconveniente: su localización en Phuket, Tailandia, a unos 9.000 kilómetros de su Suiza natal. Fries asegura estar satisfecho con su lugar de retiro, aunque tampoco tuvo muchas opciones. Con un principio de parkinson y una demencia en fase 1, requiere de cuidados continuos que son demasiado caros en su país de origen. Ni siquiera su puesto de directivo en un banco de la próspera Suiza le aseguró una jubilación tranquila cerca de su familia.
El de Fries no es un caso aislado. Miles de jubilados de países europeos, principalmente de Alemania y Suiza, están abandonando sus lugares de origen porque no pueden pagar sus tratamientos sanitarios. Los medios alemanes lo han bautizado como “colonialismo geriátrico”, y varias organizaciones han denunciado una “deslocalización” de los cuidados para ancianos a países más baratos del Este de Europa y Asia. En Alemania, según la Oficina de Estadística Federal, más de 400.000 ancianos no pueden pagar una residencia en su propio país y la cifra se incrementa un 5% cada año. En Suiza no hay datos concretos, pero, a pesar de que ha sido considerado como el mejor país del mundo para obtener cuidados geriátricos por HelpAge International, una ONG especializada en la tercera edad, los ancianos de este país europeo son unos de los principales clientes de estas residencias.
“El dinero es sin duda una razón importante para buscar asistencia aquí”, asegura Anita Somaini, una enfermera suiza que abrió en diciembre de 2011 la Baan Tschuai Duu Laa (“casa de ayuda y cuidado”) en Tailandia, un país que se está convirtiendo en un destino preferente para la asistencia de personas con enfermedades graves, como alzheimer y parkinson. La posibilidad de tener cuidados más personalizados, gracias a los salarios más bajos, y más cercanos, por la cultura de respeto a los ancianos, también juega a favor de Tailandia. En la Baan Tschuai Duu Laa, tres cuidadores vigilan a cada paciente las 24 horas del día e incluso duermen a su lado para asegurarse de que no hay problemas nocturnos. “Aquí todo el mundo me trata bien y me siento como si estuviera en familia”, asegura Fries, quien apunta, sin embargo, al factor económico como el más importante para su decisión. “Yo era un banquero, así que miro por reducir mi coste de vida. En Suiza también hay buenas residencias, pero cuestan al menos el doble”.
La crisis económica ha hecho mella en los sistemas sociales europeos, que hacen recortes continuos en pensiones al mismo tiempo que la población envejece. Pero la reducción de presupuestos para personas dependientes no afecta sólo a los jubilados. Georg acabó en Tailandia por culpa de unas escaleras y una torpeza. Con tan sólo 50 años, tropezó y rodó varios escalones abajo. La mala suerte le hizo caer sobre la cabeza, que se abrió como una nuez. Tras más de un año de médicos y seis operaciones en Alemania, su país natal, la aseguradora se negó a seguir pagando su tratamiento y las extensas facturas en enfermeras y personal cualificado que lo vigilaban constantemente. Sus ahorros no le permitían costearse los más de 5.000 euros mensuales que le suponía una residencia en Alemania y vio en el sudeste asiático la oportunidad de tener la misma asistencia por, aproximadamente, la mitad de precio: unos 3.000 euros al mes. Ahora habla a trompicones, olvida cosas con facilidad y se desorienta a menudo, pero tiene una cosa clara: “Yo estoy aquí por el dinero”.
Al mismo tiempo que los sistemas colapsan en Europa, el sudeste asiático se posiciona como un referente mundial en el turismo sanitario. Primero fue Malasia quien vio la posibilidad de negocio. Tailandia se subió poco después al carro y a las facilidades ya existentes para obtener un visado de retiro para jubilados, sumó una campaña para promocionar sus hospitales y clínicas. “Queremos atraer a las personas mayores a quedarse periodos largos”, asegura Prapa Wongphaet, presidenta del Cluster de Turismo Médico de Tailandia. Prapa afirma, sin embargo, que el gobierno se ha centrado en ancianos “sanos” que no requieran de atención continua. “Las personas dependientes son aún un grupo pequeño, pero se ha incrementado durante los últimos años”, explica.
Al suizo Lorenz Weiss, de 68 años, ni la piscina ni los masajes diarios han terminado de convencerle. “Yo vine aquí porque pensé que era la única solución para que nadie tuviera que cuidar de mí”, asegura desde la silla de ruedas que usa cada día con más frecuencia por culpa del parkinson que sufre. Sus problemas en casa, donde se sentía un estorbo por su dependencia creciente, le llevaron a buscar una solución que se adecuara a su bolsillo pero que también le llevara lejos de sus compatriotas, que, según él, “lo tienen todo salvo amor”. Para él, lo suyo fue una decisión voluntaria, pero obligada por la falta de un entorno familiar que le apoyara.
Georg lo ve de otra manera: “Yo estoy mejor aquí que en mi país pero echo de menos a mi hija”, afirma el alemán, quien prefiere no desvelar su apellido porque “procede de un pueblo pequeño”. La distancia es sin duda el punto más polémico por la separación de las familias y el choque cultural que puede existir con los países de acogida. “Los residentes rara vez vuelven a sus países de origen, aunque muchos familiares vienen de vacaciones a visitarlos”, asegura Carlo Somaini, gerente de la residencia de Phuket y marido de Anita, la impulsora del centro.
La controversia está servida y, mientras unos hablan de retiro paradisíaco, otros acusan a los gobiernos de obligar a sus ancianos a emigrar para obtener cuidados. Uno de los más contundentes ha sido Ulrike Mascher, presidente de Sozialverband Deutschland (VdK), un grupo de presión alemán, quien calificó esta tendencia de “deportación” en declaraciones al periódico británico The Guardian en diciembre de 2012. Para Carlo Somaini es, sin embargo, una solución perfecta para los países occidentales: “Los gobiernos deberían pagarles por quedarse en países como éste porque pueden tener mejor calidad de vida y costaría menos al Estado”, afirma el gerente.
La clase política francesa reaccionó hoy con estupor e indignación tras la publicación del contenido de varias grabaciones hechas al expresidente Nicolás Sarkozy, cuando estaba en el ejercicio de sus funciones en el Palacio del Elíseo.
Numerosas reuniones de trabajo del antiguo jefe de Estado fueron registradas subrepticiamente con el uso de un intercomunicador por el entonces consejero Patrick Buisson.
Este miércoles, algunos medios difundieron el contenido de una parte de estas cintas, en las cuales el exmandatario y sus colaboradores trataban asuntos relacionados con sus labores o criticaban con cierta dureza a determinados miembros del ejecutivo.
El escándalo, bautizado ya por la prensa como "Sarkoleaks" sacude a la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP) cuando faltan 18 días para las elecciones municipales.
Los dirigentes de esa agrupación condenaron casi de manera unánime a Buisson por esta práctica y aseguraron que el expresidente fue víctima de una maniobra baja.
Una excepción fue el antiguo ministro del Interior, Brice Hortefoux, quien se negó a comentar el caso para, según dijo, no alimentar polémicas inútiles.
Hortefoux se limitó a citar una máxima del sabio chino Confucio, quien afirmó que "el silencio es un verdadero amigo porque él no traiciona jamás".
Por su parte Julien Dray, vicepresidente por el PS de la región del Ile-de-France, dijo que el caso revela el ambiente que existía, y existe aún, en el seno de la derecha conservadora.
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 artículo 21