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Timestamp: 2020-01-29 19:47:58+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 485, de 02/07/2015
Sesión extraordinaria celebrada el jueves, 2 de julio de 2015
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 621/000133 acceso a la información; administración pública; licencia administrativa; procedimiento disciplinario; propiedad intelectual; sistema de información GOBIERNO
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 621/000133 GOBIERNO
Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
En primer lugar, el señor letrado dará lectura a la relación de miembros de la comisión. Señor letrado, tiene la palabra.
¿Podemos dar por aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el 6 de mayo de 2015? (Asentimiento).
﻿Empezamos con el punto único del orden del día: Aprobación, con competencia legislativa delegada, del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Les informo de que a este proyecto de ley se han presentado cuarenta y cinco enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: las enmiendas 1 a 5, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; las enmiendas 6 a 19, del Grupo Socialista; enmiendas 20 a 38, del Grupo Entesa; y enmiendas 39 a 45, del Grupo Catalán en el Senado Convergència i d’Unió.
Dado que este proyecto se tramita por el procedimiento especial de competencia legislativa delegada, y salvo que la comisión decidiera otra cosa, procederemos en la forma siguiente: se omitirá el trámite de ponencia; se debatirán las enmiendas ordenadas por grupos parlamentarios de menor a mayor, con un turno de defensa por un tiempo de diez minutos por cada grupo; se abrirá un turno en contra de cinco minutos y otro de portavoces de cinco minutos; y finalmente, se votarán, primero, las enmiendas y luego el texto recibido del Congreso de los Diputados. (La señora Romero Bañón pide la palabra).
Sí, senadora Romero.
La señora ROMERO BAÑÓN: En el turno en contra, ¿tenemos cinco minutos cada grupo?
Las enmiendas 1 a 5 han sido presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. ¿Alguien las va a defender? (El señor Yanguas Fernández pide la palabra).
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Mixto las da por defendidas en los términos presentados.
Las enmiendas 20 a 38 han sido presentadas por el Grupo Entesa. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Sequera
La señora SEQUERA GARCÍA: Buenos días.
El Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado diecinueve enmiendas, de la 20 a la 38. Voy a dar por defendidas las enmiendas 34 a 38, pero sobre el resto sí quiero comentar algunos detalles.
Respecto al artículo único del apartado uno, hemos presentado las enmiendas 20 y 21. Con la primera de ellas intentamos evitar las restricciones de acceso a los datos por parte de los interesados, sobre todo a aquellos que hacen referencia a la Agencia Tributaria o a la Seguridad Social. Y planteamos la enmienda 21 porque no entendemos la necesidad del apartado 4 del artículo 3, y por eso pedimos su supresión.
Las siguientes enmiendas se refieren al artículo único, apartado diez, en concreto a la nueva disposición adicional cuarta. Hemos presentado las enmiendas 22 a 29 para evitar la retención injustificada de datos a los interesados, así como para clarificar y precisar, por lo que se determinan supuestos excluidos del acceso a la información. En las enmiendas 24, 25 y 29 establecemos que es necesario incluir los estudios cualitativos en los bancos de datos. Formulamos la enmienda 26 porque entendemos que el porcentaje de financiación pública que se destina a los estudios de investigación no debe condicionar la obligación de transferir los datos y que, por lo tanto, debe incluirse cualquiera de ellos, independientemente de la subvención obtenida. Y presentamos la enmienda 27, que hace referencia a las fundaciones públicas, porque consideramos que estas ya se encuentran excluidas según lo dispuesto en el apartado 1 al no estar incluidas en los epígrafes a), b), c) y d) del artículo 2, sino en el f).
Seguidamente, hemos presentado la enmienda número 30, de supresión de la disposición adicional primera, porque entendemos que la norma ya contempla unas tarifas que deben sufragar los gastos de reutilización y que, por tanto, si hay un aumento del gasto, se debe permitir que las partidas presupuestarias estén lo suficientemente dotadas como para equilibrarlo. Si no, estaríamos contraviniendo o condicionando el cumplimiento de la propia directiva de la Unión Europea.
Con la enmienda 31, de adición de una nueva disposición adicional, pretendemos que se adopten estrategias integrales respecto a los datos abiertos. Para ello, se establecen una serie de criterios que, por un lado, permiten abarcar una mejora de las necesidades sociales y, en la parte económica, a través de los estudios en los bancos de datos, ayudan a crear actividad innovadora que genere crecimiento.
Estas son las enmiendas presentadas por nuestro grupo a este proyecto de ley.
Las enmiendas 39 a 45 han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel Accensi.
Voy a intentar ser relativamente rápido, pero, dado que la tramitación del proyecto se va a hacer estrictamente en comisión, creo que hay que tratar de contextualizarlo, aunque, como es obvio, sus señorías lo conocen. De hecho, este proyecto, en principio, debería tener un carácter bastante técnico, pues intenta incorporar a la legislación del Estado español los cambios introducidos por la Directiva 2013/37 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 26 de junio de 2013. A nuestro entender, esta transposición, en términos generales, se hace de forma correcta, aunque podría mejorarse. Ya presentamos enmiendas durante su tramitación en el Congreso y volvemos a hacerlo aquí. Por tanto, doy estas siete enmiendas por defendidas y reproducidas. Algunas son de carácter meramente técnico, por lo que no me voy a entretener en ellas, pero como otras tienen más contenido conviene mencionarlas de forma más detallada.
La enmienda 43 pretende, a través de una disposición adicional que ya existe en relación con el régimen presupuestario, que se habiliten partidas presupuestarias a efectos de poder cubrir el impacto económico que se va a desprender de las nuevas aplicaciones informáticas necesarias para la implantación y el desarrollo de la norma que vamos a aprobar. Por tanto, nos parece razonable. Podemos entender que alguien nos diga que esto ya se va a contemplar en los próximos Presupuestos Generales del Estado —nos gustaría oírlo en el trámite parlamentario—, pero, en todo caso, mantenemos esta enmienda, que no obliga a dotar ninguna cantidad fija, sino solo a contemplar en los próximos presupuestos alguna partida para poder desarrollar las aplicaciones informáticas que deriven de la aplicación de la ley que hoy vamos a aprobar.
Diferente es la enmienda número 44. En esta ley se da una circunstancia que se ha repetido en diferentes leyes, y creo que va a quedar como una de las características legislativas del grupo mayoritario en esta legislatura, y es la de introducir modificaciones de leyes con ocasión de la tramitación de otras leyes que no tienen absolutamente nada que ver. Curiosamente, cuando otros grupos hemos intentado hacerlo, nos hemos encontrado con una sorpresa: se nos dice que no se puede porque afecta a una cuestión que no es objeto de la ley. En este caso, en la tramitación parlamentaria llevada a cabo en el Congreso hemos visto que, a través de una enmienda del Grupo Popular, se ha introducido una modificación a la Ley 27/2013. Sus señorías recordarán perfectamente que esta es la mal denominada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Alguien puede decir que tiene algo que ver con lo que se está tramitando. Pues sí, tiene que ver en cuanto a que se pretende regular de forma transitoria una situación peculiar para los habilitados nacionales, concretamente, los tesoreros y depositarios de aquellos municipios de menos de 20 000 habitantes, cosa que, como sus señorías pueden entender, es absolutamente coherente con el objeto de la ley. Puesto que lo ha introducido el grupo mayoritario, nuestro grupo introduce una enmienda aprovechando la del Grupo Popular en el Congreso.
¿Y qué pretende nuestra enmienda 44? Desde luego, no busca empezar a regular transitoriamente y alargar el plazo para este tipo de habilitados nacionales, para la cobertura de estas plazas hasta el 18 si no hay desarrollo reglamentario. Nosotros entendemos que es más coherente suprimir todo el artículo 92 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que, dicho sea de paso —se lo recuerdo—, ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional, no solo por todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado que no sustentan al Gobierno, sino también por un importante número de ayuntamientos. Concretamente, en la comunidad autónoma a la que yo represento, Cataluña, más del 90 % de los ayuntamientos han impugnado ante el Tribunal Constitucional dicha ley. Por este motivo nuestro grupo entiende que es más razonable suprimir todo el artículo 92, a través de esta disposición final segunda de modificación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que intentar regular, simplemente, un periodo transitorio para unos casos concretos de habilitados nacionales.
En todo caso, esperamos contar con su apoyo. Como les he dicho, si el grupo mayoritario no hubiese introducido este ámbito nuevo en la ley, nuestro grupo no se hubiese atrevido —ni se nos hubiera ocurrido— a modificar la Arsal a través de la Ley sobre reutilización de la información del sector público, pero, en este caso, aprovechamos la circunstancia.
Finalmente, no quiero dejar de significar la enmienda número 45. Esta enmienda se formula a la disposición final tercera con el objeto de que, en el ámbito del desarrollo reglamentario, se consulte también a las comunidades autónomas con competencia en la materia. Nos parece razonable y creemos que no generaría ningún problema ni distorsión alguna, simplemente se trataría de que estas comunidades autónomas pudiesen ser consultadas; no establecemos que sea imprescindible su acuerdo, pero, al menos, sí la consulta.
Les pido su apoyo, no solo a estas tres que he defendido explícitamente, sino también a las cuatro restantes, que son de carácter estrictamente técnico.
Para defender las enmiendas 6 a 19, presentadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Sanz.
La señora SANZ MURILLO: Gracias, señor presidente.
Buenos días. Tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista para presentar las 14 enmiendas formuladas por mi grupo al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público, ley que se aprobó para trasponer al derecho interno la Directiva 2003/98. Ahora, debido a cambios en la evolución de las tecnologías en la normativa vigente, tanto en la economía como en la sociedad, la Unión Europea, a través de la Directiva 2013/37, de 26 de junio, del Parlamento Europeo, pretende dar respuesta a estas nuevas necesidades, lo cual deja patente que hemos tenido dos años para hacer los deberes y los hacemos a última hora, deprisa y corriendo. La fecha límite para aprobar y publicar la disposición legal que da cumplimiento a esta directiva finaliza el 18 de julio.
Aparte de algunas enmiendas de carácter más técnico, quiero destacar las siguientes. En primer lugar, con nuestra enmienda número 7 se pretende suprimir el apartado 4 del artículo 3, ya que la información en que se realizaría la ponderación responde, en todo caso, a solicitudes individuales de acceso y no a información sometida a publicidad activa, por lo que cuando el resultado de esa ponderación determine la prevalencia del derecho a la protección de datos, no serán estimadas dichas solicitudes denegándose tal acceso y no siendo posible su reutilización. Por ello no vemos necesario este apartado.
En la enmienda número 12 consideramos que el porcentaje de financiación no debe condicionar la obligación de transferir los datos. Por tanto, esta obligación debe prevalecer.
La número 8 pretende evitar la retención injustificada de los datos.
La número 16 es de supresión de la adicional primera. Este tipo de disposiciones, que este Gobierno ha convertido mediante su reiteración en una especie de cláusula de estilo sin ningún significado normativo, y más en esta norma, donde se contempla un sistema de tarifas aplicable a la reutilización de la información, condicionan el cumplimiento de una directiva europea. Esto no resulta acorde con nuestras obligaciones.
En la número 6 consideramos que la modificación que propone el proyecto de ley, además de innecesaria para proteger datos personales, supone una restricción injustificada al acceso de los interesados, especialmente de los investigadores, a datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.
Con la enmienda número 17 las iniciativas de datos abiertos de las administraciones públicas producen un doble beneficio: social y económico. Los datos abiertos significan una mejora democrática y un recurso para el desarrollo de aplicaciones y servicios que contribuyan a mejorar las condiciones de vida; económicamente, se fomentan actividades innovadoras de productos y servicios y se genera crecimiento y empleo.
En cuanto a la enmienda número 18, queremos garantizar el mantenimiento del acceso y la reutilización del catálogo de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Además, proponemos establecer un sistema de acceso a datos fiscales individualizados, garantizando, en todo caso, la protección de la confidencialidad de los datos personales, tal y como sucede en otros países.
Por último, quiero destacar la número 19, ya que las demás enmiendas son bastante técnicas. La número 19 se presenta con el fin de que el Instituto Nacional de Estadística publique los datos de renta de la encuesta de condiciones de vida del año 2013 y sucesivos obtenidos con la misma metodología que se ha venido realizando anteriormente, dado que se está dificultando el trabajo de los investigadores sociales.
Consideramos estas enmiendas totalmente necesarias, ya que mejorarían el texto, por lo que esperamos contar con el apoyo de los demás grupos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sanz.
Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora Romero.
La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios por su aportación a través de las enmiendas. Lamentamos que, tras haberlas estudiado, no podamos aceptarlas, pero en mi intervención intentaré explicar las causas de nuestro rechazo.
En cuanto a aquellas enmiendas propuestas por los diferentes grupos parlamentarios sobre la excepcionalidad del carácter reservado de las materias objeto de la Ley tributaria o de la Ley de Seguridad Social, tenemos que decir que no se han podido aceptar las enmiendas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios porque, tal y como se recoge en la propia Ley general tributaria, la información tributaria posee un carácter reservado en los términos similares al secreto comercial, profesional o empresarial al que alude de forma expresa la Directiva 2013.
Respecto a la exclusión de la normativa de Seguridad Social, en el artículo 66 de la propia Ley de Seguridad Social se establece que los datos, los informes y los antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social solamente podrán utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y a los servicios comunes de la Seguridad Social, por lo que no pueden ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos contemplados en el propio artículo, y tienen, evidentemente, un carácter restrictivo. Todo ello va unido a que en la Directiva 2013 no se recoge de manera exhaustiva, sino que dice: …entre otros, entendemos que la regulación de este proyecto de ley no supone ninguna vulneración o ninguna incorrecta trasposición de lo señalado en la normativa comunitaria.
Por lo que se refiere al artículo 2, los grupos Mixto y CiU han presentado enmiendas al citado artículo en cuanto a la búsqueda de los documentos multilingüe. No se puede aceptar la enmienda presentada por CiU, dado que la redacción del actual proyecto es mucho más flexible para conseguir construir una oferta de búsqueda de documentos en formato multilingüe. Y en cuanto a la presentada por el Grupo Mixto, entendemos que no es correcta la motivación que se esgrime de establecer unas condiciones mínimas que garanticen la información para que llegue a toda la ciudadanía y no sea privatizada. La información, una vez que se pone a disposición y puede ser reutilizada, es un recurso inagotable que por definición está a disposición de toda la ciudadanía y, por lo tanto, nunca puede ser privatizada. Entendemos que la enmienda carece de base y por ello no puede ser aceptada.
Aquellas que se refieren al apartado 5, relativas a la modificación del artículo 7 de la Ley de 1997 en cuanto al concepto de tarifa o de precio, tampoco pueden ser aceptadas porque este artículo es una trasposición literal del artículo 6 de la Directiva 2013 en cuanto a la denominación de tarifa y dado que en dicha directiva se recogen los principios de tarifación.
En cuanto a las enmiendas de CiU formuladas al artículo único ocho, nueve y diez, relativas a la solicitud para armonizar el plazo para la resolución de las solicitudes de reutilización en el sentido de ampliarlo a un mes y no a los veinte días previstos en el proyecto que ahora se presenta, entendemos que no es necesario porque, si bien es cierto que existe una proximidad de ambos procedimientos, consideramos que un plazo más breve beneficiaría a la actividad económica que la reutilización de la información lleva implícita, desde luego más que el plazo de diez días adicionales propuesto por este grupo parlamentario.
Por otro lado, hay que señalar que se ha estudiado y valorado profundamente el hecho de modificar el sentido del silencio administrativo de desestimatorio a estimatorio y que, finalmente, se ha optado por la desestimación porque, por la propia naturaleza de la información objeto de la reutilización, sus condiciones y su régimen administrativo, es necesario que el acto administrativo sea expreso y no tácito.
La enmienda relativa al artículo único nueve tampoco se puede aceptar porque el contenido de dicho informe será concretado posteriormente por una norma de desarrollo reglamentario.
En lo que se refiere a la modificación de la disposición adicional cuarta, a través de las enmiendas presentadas por los grupos Entesa y Mixto, cabe señalar que, por prudencia y respeto a las reglas competenciales y al funcionamiento de las distintas agencias y entes de las administraciones públicas, se excluye expresamente de esta obligación a las agencias estatales, a las entidades públicas empresariales y a las entidades de derecho público con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley cuando estas entidades actúen en régimen de derecho privado; también se excluye a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y al Instituto Nacional de Estadística. Hay que señalar que la filosofía que inspira esta exclusión es el hecho de poner a disposición de la ciudadanía, en general, y de la comunidad académica en particular, por lo que se refiere al banco de datos, los datos correspondientes a estudios financiados con cargo al erario público desde un solo punto fácilmente accesible y conocido por todos. Ello no resulta solo un ejercicio de transparencia respecto de los datos, sino que también es un plus añadido al colaborar a la transferencia de resultados de investigación, que llevará aparejada, indiscutiblemente, una mejora sustancial en la investigación española de las ciencias sociales. Por tanto, entendemos que no se puede aceptar la propuesta del Grupo Parlamentario de CiU relativa al organismo autónomo correspondiente, porque choca frontalmente con la filosofía del texto, que consiste en crear un repositorio único a nivel nacional precisamente para evitar, por una parte, la dispersión de los datos y, por otra, la multiplicidad de páginas web, organismos, entidades, empresas y fundaciones. Es una manera de simplificar, porque en la actualidad se está recurriendo a diversos organismos para poder encontrar esos datos, y la idea es unificar estos en uno solo.
En cuanto a la inclusión de un nuevo apartado en el artículo único relativo a los derechos de los ciudadanos, tampoco se puede aceptar la enmienda porque entendemos que eso ya está incluido y entra en el ámbito de la Ley de protección de datos. Supondría duplicar y establecer una nueva legislación para algo que ya se encuentra regulado.
Paso ahora a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto y Entesa en cuanto al carácter reservado de la seguridad y defensa del Estado. Hay que señalar que la legislación establece los documentos respecto de los cuales existen prohibiciones y que la Ley del régimen jurídico contencioso-administrativo regula el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico. En este sentido, no resulta aplicable a los documentos que afecten a la defensa nacional, la seguridad del Estado, la protección de la seguridad y, en general, a todos aquellos documentos relacionados con actuaciones sometidas por una norma a un deber de reserva, secreto o confidencialidad. La Ley del régimen jurídico de lo contencioso prescribe que el derecho de acceso no puede ser ejercido respecto de expedientes que contengan información sobre la defensa nacional o sobre la seguridad del Estado. Tampoco consideramos que se pueda proceder a la desclasificación de una materia simplemente por el transcurso del tiempo, sino que tendría que hacerse, en su caso, una revisión obligatoria para analizar la afectación a la seguridad y a la defensa nacional que podría conllevar la desclasificación. En todo caso, hay que indicar que el Consejo de Ministros puede desclasificar siempre cualquier documento mediante el correspondiente juicio de probabilidad sobre el posible daño a la seguridad y a la defensa del Estado. Y el Tribunal Supremo ha señalado sobre esta materia que el control judicial de esta desclasificación sería posible a través de los requisitos previos establecidos por el legislador.
Con respecto a la enmienda 44, de Convergència i d?Unió, presentada en esta Cámara y relativa a la supresión del artículo 92, después de estudiarla en profundidad entendemos que la solución pasaría por una reforma legislativa del artículo 92 bis, con el fin de permitir la posibilidad de incluir una excepción a la reserva de funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional para las funciones de tesorería y recaudación, ajustándose a la realidad local de los municipios españoles introducida por la ley para profesionalizar estas funciones.
En cuanto a las enmiendas presentadas a la disposición final tercera, no consideramos necesaria la propuesta ya que en todos aquellos casos en los que haya una tramitación con una norma del rango que sea se va a dar audiencia a las comunidades autónomas, lo que hace innecesario recoger de forma expresa en una ley sectorial algo que en virtud de una normativa general y estatal se está aplicando con toda normalidad.
Por otro lado, se propone la modificación del apartado 1 del artículo único, diez, para que el plazo para la aprobación del proyecto no sea superior a tres meses desde su conclusión, frente a los cuatro años desde la aprobación del proyecto, como establece el texto. Entendemos que el objeto del proyecto de ley es procurar un tiempo suficiente para que los equipos investigadores puedan explotar los diferentes datos procedentes de sus encuestas con estudios, publicaciones, artículos e investigaciones, por lo que consideramos adecuado el plazo de cuatro años.
En relación con la propuesta para añadir a las encuestas cuantitativas los estudios cualitativos, en la disposición adicional cuarta, entendemos que tampoco es procedente porque, dada la heterogeneidad, implicaría muchísimas dificultades técnicas en la sistematización y anonimización de los datos.
Por otro lado, en el proyecto de ley se incluye el porcentaje del 50 % para aquellas personas jurídicas o físicas que reciban ayudas. El texto original de este proyecto estaba formulado en los términos propuestos por la enmienda, pero se modificó en el sentido actual en respuesta a una observación del Consejo de Estado, que entiende que para que esta obligación de transferencia fuese vinculante debería contar con al menos el 50 % de financiación pública. Por tanto, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, no puede aceptarse la enmienda.
Con respecto a la exclusión de las fundaciones públicas, es cierto que ya están excluidas en otro apartado, pero por su importancia y por una función más clarificadora, se recoge de manera expresa.
Por último, tampoco pueden aceptarse las enmiendas relativas a añadir una nueva disposición final tercera bis, porque la exclusión por razón de la reserva, el secreto o la confidencialidad se mantiene en el artículo 3 del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 37/2007, si bien se introduce como novedad una mención expresa a aquellos documentos obtenidos por la Administración tributaria y por la Administración de la Seguridad Social.
Señorías, no podemos aceptar el contenido de sus enmiendas, algunas, porque entran en el ámbito de aplicación de otras leyes; otras, porque la redacción del actual proyecto de ley la mejora o es mucho más flexible que las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios; y, por último, porque el proyecto supone la trasposición de una directiva comunitaria y no se puede legislar en otra materia. De todas maneras, entendemos que este es un proyecto de ley que técnicamente mejora mucho la ley anterior, y por ello solicitamos su voto a favor.
Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.
Mi grupo parlamentario no ha presentado ninguna enmienda a este proyecto de ley, cuyo objeto y filosofía comparte. De hecho, en las administraciones públicas donde gobierna el partido al que represento la reutilización de datos —no de documentos sino de datos— es ya una realidad bastante avanzada. Por tanto, teníamos intención de votar a favor.
Votaremos a favor de las enmiendas que han presentado el resto de grupos parlamentarios, incluso a sabiendas de que algunas no han sido publicadas en el Boletín Oficial del Senado, por lo que no hemos tenido ocasión de acceder a ellas. Pero, confiando en la buena voluntad de todos los grupos parlamentarios, que también en su tramitación en el Congreso se mostraron favorables a este proyecto de ley, entiendo que lo que está detrás de todas ellas es mejorar el texto. Contarán, pues, con el voto de confianza, casi a ciegas, de este grupo parlamentario.
Con respecto a la votación final del proyecto de ley, he dicho que teníamos intención de votar a favor aunque no compartamos el 100 % de la literalidad del proyecto. Por ejemplo, entendemos que en el siglo XXI, en plena era digital, en un proyecto de ley de estas características es mucho más adecuado hablar de datos que de documentos, aunque es cierto que en el glosario ambos términos se equiparan. Repito que compartimos el objetivo y la finalidad última del proyecto y que pensábamos votar a favor, pero nos hemos encontrado otra vez con que durante el trámite parlamentario el Grupo Popular en el Congreso ha introducido vía enmiendas unos cambios que, sin ser contrarios a la opinión de este grupo parlamentario, no obedecen ni responden al objeto del proyecto ley, son totalmente ajenos a este. Esta es una práctica repetida durante toda la legislatura. Además, considerando el volumen de proyectos de ley que estamos obligados a tramitar por las Cortes en los dos o tres meses que puedan quedar de legislatura, entendemos que no tiene mayor sentido y que no es de recibo.
En definitiva, la pequeña protesta, simbólica, de este grupo parlamentario al final se va a acabar traduciendo en la abstención de mi grupo a este proyecto de ley.
Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora Sequera.
La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias.
Como se ha dicho aquí, la modificación de esta ley obedece a la trasposición de una directiva europea, y mi grupo nada tiene que objetar a esta modificación. Ahora bien, queremos dejar de manifiesto, al igual que la senadora Martínez, que una vez más, como se ha hecho durante toda la legislatura, se está pervirtiendo la práctica legislativa, y entendemos que se está generando una indefensión jurídica a la ciudadanía. No es normal que en la modificación de un texto legislativo se incluyan una disposición adicional segunda y tres disposiciones finales que no tienen absolutamente nada que ver con el contenido de la ley que se está modificando. Esta mala praxis queda demostrada concretamente en la disposición final segunda, con la que se modifica la disposición transitoria séptima de Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Hace unas semanas tuve la ocasión de interpelar al ministro Montoro para intentar constatar, mediante diferentes ejemplos, que esta ley era inaplicable y generaba una gran alteración en el funcionamiento de las entidades locales. Las mismas notas explicativas que ha generado el ministerio después de la aprobación de la Ley 27/2013 sobre la interpretación de algunos preceptos de esta, el aplazamiento por el ministerio de algunas partes de las previsiones de esta ley y la modificación de la disposición transitoria séptima son un ejemplo más de la precipitación a la hora de aprobar textos legales que no son consensuados. No hemos presentado una enmienda a la disposición final segunda, porque entendemos que la mejor enmienda es el recurso de inconstitucionalidad que mi grupo ha presentado a la Ley 27/2013.
Y se han olvidado de decir que otra causa por la que no se ha aceptado ninguna de las enmiendas presentadas es que la intención del Partido Popular es que la tramitación de esta modificación legal finalice en esta comisión, con lo cual es evidente que se presentara la enmienda que se presentara no habría sido aceptada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sequera.
Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió tiene la palabra el senador Bel Accensi.
Pretendía iniciar mi intervención en este turno de portavoces precisamente donde lo ha finalizado la senadora Sequera. De hecho, la portavoz del Grupo Popular se ha olvidado de citar una de las causas para la no aceptación de enmiendas —yo diría que la causa principal, la fundamental—: que el grupo mayoritario quiere finalizar el proceso legislativo en esta comisión, esta mañana. Van a cumplir el plazo del 18 de julio, el texto va a ir directamente a publicación y van a cumplir todos los plazos —un tanto peculiares— que se han establecido para intentar aprobar en los dos últimos meses de legislatura más de cuarenta leyes; y para eso tienen que utilizar todos los medios posibles por tierra, mar y aire y tienen que hacer comisiones con competencia legislativa plena. Evidentemente, no van a poder aceptar ninguna enmienda, porque aceptar aunque fuera una coma les destrozaría esta vorágine, el calendario que tienen preparado para los meses de julio y agosto. Esa es, esencialmente, la causa de la no aceptación. Y podían haber empezado por ahí. A la portavoz del Grupo Popular le hacen decir: no aceptamos algunas enmiendas, porque esta es una ley simplemente para trasponer una directiva comunitaria. Y uno se sonríe por no sonrojarse. Esta es una ley simplemente para trasponer una directiva comunitaria. ¿Sale en la directiva comunitaria el personal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre? No. En esta ley, sí. ¿Salen las técnicas de reproducción humana asistida en la directiva comunitaria? No. En esta ley, sí. Por supuesto —porque, afortunadamente, no saben ni lo que es en la Unión Europea—, en la directiva no sale la racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local. Y tampoco he encontrado nada en la directiva, aunque compartamos la finalidad, respecto del destino efectivo de los saldos y las cuentas de los depósitos abandonados, otra modificación que se efectúa de la Ley del patrimonio de las administraciones públicas. Es curioso que ahora se pretenda lavar la cara en lo que respecta a las deficiencias en la aplicación de la Ley de dependencia diciendo simplemente que los saldos de los depósitos abandonados se van a destinar a complementar los programas para la mejora de las condiciones de hipotecas de personas con discapacidad, entre otras.
Lo cierto es que los argumentos son pobres. La posición de la senadora Martínez es loable, pero yo soy más prudente y no voy a apoyar las enmiendas —pido disculpas a los demás grupos— sino que me voy abstener en todas ellas, porque no tengo una capacidad de estudio tan rápida como la de alguno de ustedes. No me veo capaz. Por otro lado, creo que no se ha publicado ninguna enmienda. Estamos dictaminando una ley y las enmiendas están pendientes de publicar en el Boletín, aunque las tengamos a través de la aplicación interna.
Nosotros apoyamos esta ley en el Congreso porque la trasposición nos parecía necesaria y útil, y no vamos a cambiar aquí el sentido del voto, pero ponemos de manifiesto todas estas incongruencias en la tramitación, que no solo abonan el discurso, sino que confirman que con este tipo de tramitación legislativa nos alejamos muchísimo de lo que nuestros conciudadanos pueden esperar de unas Cámaras legislativas y seguramente contribuyamos un poco más a la desafección de la política. Las instituciones deben recuperar parte de su credibilidad ante la opinión pública, y legislando como lo vamos a hacer durante estos dos meses seguramente no contribuyamos a ese objetivo. En todo caso, repito, por responsabilidad vamos a apoyar la ley, aunque insisto en nuestra disconformidad con algunas de esas disposiciones adicionales, no tanto por el fondo sino por la forma.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel Accensi.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Sanz.
La señora SANZ MURILLO: Gracias, señor presidente. Seré muy breve.
Compartimos parte de lo expuesto por los portavoces de CiU y Entesa, que me han precedido en el uso de la palabra. Con respecto al proyecto de ley que estamos debatiendo, quiero hacer hincapié en que el Grupo Socialista considera que es fundamental que los investigadores puedan trabajar con los datos y que también las empresas los puedan utilizar. Para nosotros es lo más importante de esta ley.
La directiva y el objeto de la ley son necesarios, tanto desde el punto de vista económico como democrático. Para nosotros es prioritario que, respetando los derechos de cada cual, los investigadores puedan tener esa información, lo que va en beneficio de la democracia y de la sociedad.
Y para no extenderme más, como he dicho, vamos a apoyar el proyecto de ley, aunque hemos pedido votación separada de la enmienda relativa al apartado 3 b) del artículo 3.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Peñarrubia.
Señorías, debatimos hoy con carácter de urgencia y con competencia legislativa plena o delegada el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, un proyecto de ley que, como acabamos de ver y entender todos, no se presta a muchas florituras. Hay que decir inicialmente que la competencia legislativa plena en la otra Cámara, delegada aquí en comisión, se ha utilizado poco en el Senado, y quizá habría que utilizar más esa competencia delegada y descargar el Pleno, sobre todo en cuestiones como la que hoy tratamos, eminentemente técnica. Que nadie se alarme por eso. Creo que sería una práctica saludable, una buena práctica, y más en una ley de estas características.
En mi opinión, tanto el procedimiento de urgencia como la competencia legislativa delegada están suficientemente motivados, y así lo ha entendido el Pleno de la Cámara, precisamente en razón al carácter eminentemente técnico de la ley, así como la urgencia, que viene impuesta —se ha dicho aquí— por la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva europea de 26 de junio de 2013, relativa a la reutilización de la información del sector público. Es una necesidad, por otra parte, marcada por los cambios que desde hace casi diez años se han producido tanto por el volumen de información pública generada, como por el progreso de las tecnologías empleadas para el análisis, la explotación y el tratamiento de datos. Son cambios producidos también en la sociedad al aumentar la concienciación del valor de la información; en consecuencia, ha aumentado el interés de todos por la reutilización —a veces, con fines comerciales y a veces, no comerciales— de esos datos.
Además, en los últimos años la Administración electrónica ha evolucionado y se han aprobado leyes como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que entre sus principios generales recoge el de reutilización de esta información. De ahí que el proyecto de ley persiga, en primer lugar, facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público; en segundo lugar, garantizar la eficacia en el uso transfronterizo de estos documentos por empresas privadas y ciudadanos; y en tercer lugar, promover la libre circulación de información y comunicación, garantizando el respeto a la seguridad jurídica, la protección de los datos personales, así como la propiedad intelectual e industrial.
Por otra parte, se ha ampliado el ámbito de aplicación a las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos, dado el importante volumen de recursos que poseen en cuanto a información y los proyectos de digitalización que estos vienen haciendo. Y se regulan también los formatos a utilizar y el cálculo del régimen de tarifas.
A estas razones habría que añadir una última y definitiva —se ha dicho esta mañana aquí—, y es que el plazo para aprobar y publicar la disposición que dé cumplimiento a la directiva europea ya citada, es decir, este proyecto de ley, finaliza el próximo 18 de julio, y había que incorporar toda la materia legislativa que se ha venido produciendo en los últimos años de esta legislatura.
Por último, quiero reiterar los argumentos que ha expuesto aquí la senadora Romero y dar por reproducidos los expuestos en el Congreso por mis compañeros diputados del Grupo Popular. Todos ustedes: señora Sequera, señora Martínez, señor Bel y señora Sanz, pertenecen a grupos que han tenido responsabilidades de gobierno, por tanto, no se rasguen las vestiduras por el proceder legislativo de este grupo, porque ha sido una práctica habitual de otros grupos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. E imagino que ustedes —no me lo negarán— también han utilizado estos mecanismos —o atajos, si lo prefieren— en el ámbito de sus responsabilidades para dar prioridad a la urgencia y la necesidad legislativa. Esa es la razón por la que se ha traído este proyecto de ley, al que nadie se opone, un proyecto que todo el mundo reconoce que en el fondo es necesario y conveniente y del que solo les separan aspectos formales que a mí me parecen más una excusa que una verdadera razón política o legislativa.
Finalizado el debate de las enmiendas, y al no existir informe de la ponencia, pasamos a votar estas.
En primer lugar votaremos las presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos las enmiendas 1, 2, 3 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 16; abstenciones, 8.
Votamos la enmienda 5, también del Grupo Parlamentario Mixto.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Entesa.
En primer lugar, votamos las enmiendas 20 a 33.
Votamos las enmiendas 34 a 37, también del Grupo Entesa.
Votamos, por último, la enmienda 38 del Grupo Entesa.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i d’Unió.
En primer lugar, votamos las enmiendas 39, 41, 42, 43, 44 y 45.
Votamos la enmienda número 40 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i d’Unió.
Votamos las enmiendas números 6 a 19 del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos por último el texto remitido por el Congreso de los Diputados. En primer lugar, votamos por separado el artículo 3, apartado 3, b).
Votamos el resto del texto del proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 1.
Por tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
El señor BEL ACCENSI: Perdón, presidente, no sé si hay ruegos y preguntas, pero quisiera hacer constar que, teniendo en cuenta que existen varias iniciativas presentadas en el seno de la comisión —no hablo ya de las comparecencias, pues doy por supuesto que no se van a sustanciar—, ¿hay intención de tramitarlas antes del final de la legislatura?
El señor PRESIDENTE: Podemos reunirnos los portavoces para hablarlo. No tengo ningún inconveniente.

References: artículo 3
 artículo 2
 artículo 92
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 artículo 3
 artículo 66
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 6
 resolución 
 artículo 92
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 artículo 3
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