Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920343.html
Timestamp: 2019-11-22 05:34:51+00:00

Document:
as201920343
Auto Supremo: 343/2019
Expediente: LP-119-18-A.
Partes: Banco Central de Bolivia c/ Transportes Aéreos BAFIN S.R.L. Bolivian Air Flight International.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 73 a 78 vta., interpuesto por Banco Central de Bolivia a través de sus representantes Carlos Antonio Zubieta Aguilar y Lily Marcela Yovanka Carrasco Villarpando, contra el Auto de Vista Nº D-295/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 58 a 59, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de cumplimiento de obligación, seguido por la entidad recurrente contra Transportes Aéreos BAFIN S.R.L. Bolivian Air Flight International; Auto de concesión de fs. 80; Auto Supremo de admisión Nº 988/2018-RA, de fs. 85 a 87, los antecedentes del proceso; y:
1. Banco Central de Bolivia a través de su representante legal Carlos Antonio Zubieta y Lily Marcela Carrasco Villarpando por memorial de fs. 11 a 12, interponen demanda ordinaria de cumplimiento de obligación de préstamo de dinero por la suma de $us.4.000, que fue otorgado mediante letra de cambio de 27 de abril de 1987, el mismo que fue incumplido en el pago; acción dirigida contra Transportes Aéreos BAFIN S.R.L. Bolivian Air Flight International.
2. Por Auto Nº 281 “A” /2016 de fecha 12 de julio, cursante a fs. 13 y vta., el Juez Público Civil y Comercial Nº 14 de la ciudad de La Paz, se declaró sin competencia para el conocimiento de la presente demanda ejecutiva interpuesta por el Banco Central de Bolivia, debiendo realizar nuevo sorteo a los Juzgados Administrativos Fiscales y Tributarios.
3. Resolución impugnada mediante recurso de apelación cursante de fs. 47 a 49 vta., que fue resuelto por Auto de Vista Nº D-295/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 58 a 59 y Auto complementario de fs. 70, disponiendo ANULAR obrados hasta fs. 13, inclusive debiendo la entidad demandante acudir ante la autoridad llamada por ley. Bajo los siguientes fundamentos:
Que el Banco Central de Bolivia como parte de la estructura del Estado boliviano, acude ante la vía ordinaria a fin de pedir cumplimiento de obligación, siendo dos entes jurídicos uno de carácter privado y el otro público, así mismo por dictamen general Nº 006/2014, para solucionar dichas controversias emergentes de los contratos administrativos son por la vía de procesos contenciosos, o contenciosos administrativos, por lo que la presente causa en litis, es un acto administrativo emergente de un acuerdo de voluntades entre un sujeto de carácter privado y el Estado, asimismo corresponde al demandante llevar su discusión ante una autoridad contenciosa.
4. Resolución de alzada que es recurrida mediante memorial de recurso de casación de fs. 73 a 78 vta., por el Banco Central de Bolivia, que es objeto del presente análisis.
De la revisión del recurso de casación de fs. 73 a 78 vta., interpuesto por Banco Central de Bolivia a través de sus representantes Carlos Antonio Zubieta Aguilar y Lily Marcela Yovanka Carrasco Villarpando, se desprende que la entidad bancaria expone los siguientes reclamos:
1. Que los de segunda instancia otorgan a la letra de cambio Nº 253778 “objeto de litis” un carácter de contrato administrativo, a pesar que en el acuerdo de voluntades el Banco Central de Bolivia no participó en la suscripción, tratándose de un crédito por el ex Banco Potosí (entidad financiera privada), a Transportes Aéreos BAFIN S.R.L. Bolivian Air Flight International (persona jurídica privada).
2. Acusa que el Ad Quem realizó una interpretación errónea del art. 27 de la Ley Nº 2341, porque un documento de naturaleza mercantil lo convierte en acto administrativo, pues la resolución de alzada considera que el Banco Central de Bolivia, asume la titularidad del mismo como efecto de la cesión de créditos al tenor de lo dispuesto en el art. 384 del CC, lo cual no convierte un documento de crédito en contrato administrativo, por lo que considera vulnerado dicha norma.
3. Arguye que resolución de segunda instancia desconoce el art. 291 del CC, ya que al tratarse de un documento de crédito es aplicable este artículo, siendo el acta de protesto Nº 42 “B”/87 de la letra de cambio, un documento de crédito del cual se establece con precisión la existencia de una obligación de pago por parte de Transportes Aéreos BAFIN S.R.L Bolivian Air Flight Internacional, entonces el Ad quem al determinar la incompetencia del juez en razón de materia hace que el Banco Central de Bolivia no pueda demandar el cumplimiento de la obligación de pago por la vía judicial civil, ocasionando que no pueda recuperar el monto de dicha acreencia.
4. Aduce que los jueces de instancia desconocen el art. 293 del CC, en razón a que tratándose de un crédito este debería regirse por lo dispuesto en el Código Civil y no como acto administrativo, por lo que al disponer se acuda a la jurisdicción contenciosa administrativa, vulneró el art. 29 de la Ley del Órgano Judicial, ya que un trámite originado en un documento de naturaleza mercantil se le otorga el carácter de acto administrativo.
5. Denuncia que el Auto de Vista no fundamentó, ni motivó sobre la letra de cambio y acta de protesto, catalogando como un acto administrativo y disponiendo se acuda al proceso contencioso, resultando incongruente dicha determinación que vulnera el debido proceso y el contenido de los arts. 8.II, 9 num. 1) y 4), 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado.
Conforme al art. 220.IV del CPC, solita se emita Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido deliberando en el fondo, se disponga la admisión de la demanda ordinaria.
III.1. Del contrato administrativo.
Con carácter primordial, es preciso señalar el entendimiento dado por este Tribunal sobre el tema de los contratos administrativos, ya que, no sólo los particulares crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales por medio de los contratos, sino que también la administración pública lo hace generando relaciones jurídicas bilaterales patrimoniales; cuando éstos contratos tienen por objeto un fin público ingresan a la categoría de los llamados contratos administrativos y dentro de este contexto, este Tribunal ha acogido la corriente doctrinaria desarrollada por los siguientes autores:
El citado autor considera que: “(…) en todo contrato administrativo deben concurrir los siguientes elementos esenciales: a) Uno de los sujetos de la relación jurídica es la Administración pública (Estado, provincia, comuna o entidad autárquica) obrando como tal, es decir, como entidad de derecho público. b) El objeto del contrato es una prestación de utilidad pública; por ejemplo, un servicio público propio, un empleo público, una obra pública (de interés general o colectivo), etc.”.
Ahora bien, en función al fáctico de la problemática, se hace necesario ahondar más sobre la teoría de los contratos administrativos y las postulaciones que han tenido en el paso del tiempo. Una teoría ya rebasada, en sus albores negaba la existencia de los contratos administrativos, se entendía que todos los contratos celebrados por el Estado estaban sometidos al derecho civil y su régimen jurisdiccional era el competente para conocer de aquellos. Más tarde, la teoría clásica propugnó una distinción entre los contratos civiles y administrativos, que fue elaborada en el supuesto de la doble personalidad del Estado, o sea la administración contrataba en una faceta pública y por otra privada, dependiendo el carácter del contrato; en esta consideración el contrato administrativo por excelencia era el de concesión de servicios públicos.
La actividad propia del Estado, en el requerimiento de la sociedad organizada, impulso la observancia de otro tipo de contratos, no muy comunes en ese tiempo, celebrados por la administración, siendo los de obra, de suministros, consultoría, etc., otorgando nueva significancia a este tipo de contratos y no está por demás decir que con ello se dejó atrás la teoría de la doble personalidad del Estado, que fue el molde para ésta teoría clásica alegada por el recurrente. Algunas legislaciones al presente aceptan la existencia de contratos privados celebrados por el Estado, aunque con reparos de la naturaleza misma del contrato, armonizados con la doctrina creada en su entorno.
En este sentido se ha orientado a través del Auto Supremo N° 115/2013 de 11 de marzo que: “Los contratos del Estado, están regidos predominantemente por el derecho público y con un régimen jurídico único. Estrictamente hablando, no hay contratos Civiles de la Administración; en principio, todos son de derecho público, sometidos a reglas especiales. Como ya lo señalamos, los contratos de la administración se rigen predominantemente por el derecho público, pero los hay también regidos en parte por el derecho privado. Así, están más próximos al derecho Civil más lejanos del derecho administrativo los contratos de cesión, permuta, donación, locación, compraventa, mandato, depósito, fianza, transporte, contratos aleatorios. Por el contrario, están más cerca del derecho administrativo los contratos de empleo o función Pública, empréstito, concesión de servicios públicos, concesión de obras Públicas, obra Pública y suministro.
Siendo primordial fijar la atención en ésta distinción, en consideración a que un contrato de carácter privado no es equiparable a uno de naturaleza administrativa, por las características y elementos que las componen, y en el caso, por el régimen jurisdiccional a la cual están expuestas al presentarse las controversias que deriven de ellas…
Es de precisar que el Decreto Supremo Nº 181 prevé en su cuerpo normativo toda concreción de régimen contractual que vaya a realizar la Administración Pública, mediante determinadas modalidades según el monto del contrato, o según la excepcionalidad prevista, en ese caso es de entender que aún el contrato sea en su objeto de carácter civil, o un contrato administrativo propiamente dicho (nominales como el de provisión de bienes, construcción de obras, prestación de servicios generales o servicios de consultoría), no es posible descartar por parte de los contratantes aquél régimen procedimental, ya que el sistema de contratación sólo puede actuar cuando la ley la habilita para ello y en los términos previstos para esa habilitación, en tal caso el procedimiento, formalismo, a seguir por el ente administrativo en un determinado contrato es jurídicamente relevante, porque solo de esa manera se justifica la celebración contractual, que tiene ligazón con la competencia de la Administración, génesis al procedimiento.
El art. 232 de la Constitución Política del Estado, refiere con exactitud los principios por los cuales se rige la Administración Pública, entre los que está el principio de legalidad que se establece en esos mecanismos técnicos preestablecidos por ley por el cual el ente estatal debe guiarse, es la legalidad que otorga facultades en realizar determinado acto con sus límites potestativos. A decir de García de Enterría: “Toda acción administrativa se nos presenta así como ejercicio de un poder atribuido previamente por Ley y por el delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de potestades la Administración no puede actuar, simplemente”.
Acentuada esta previsión, se debe concluir que los procedimientos preestablecidos en cada una de las modalidades de contratación estatal tiene un origen constitucional, y en más no es pasible la negociación de los mismos, es decir, no se puede permitir la inobservancia de estas reglas para celebrar un contrato, salvo que la ley expresamente lo excepcione, por la relevancia jurídica que conlleva, en sentido de que no se puede alcanzar el estatus de contrato de la Administración si es que aquel no se ha formado en consideración a las reglas del derecho administrativo definidas con anterioridad.”.
III.2. De la jurisdicción coactiva fiscal.
El Coactivo Fiscal, es un proceso que la norma establece a favor del Estado, para que este recupere perdidas exigibles en suma liquida por cuestiones de responsabilidad civil de servidores públicos y particulares, proceso por cual solo el Estado puede acudir a los Juzgados Administrativos, Coactivo Fiscal y Tributario y no así los particulares.
Esto en razón a que de acuerdo al art. 213.I de la CPE: “La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal…”, y el art. 217-I, de la misma norma suprema preceptúa: “La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquéllas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobré la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo”.
Así también, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, en su art. 3 señala que los sistemas de administración y de control se aplicarán a todas las entidades del sector público, sin excepción, y de acuerdo al art. 1 inc. c) y d), su objeto es lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos y de la forma y resultado de su aplicación. El art. 2 inc. c), señala al control interno y al control externo posterior para controlar la gestión del sector público.
En este marco, el Capítulo VII de la Ley Nº 1178, se ocupa de la jurisdicción coactiva fiscal señalando en su art. 47, que es la instancia para tomar conocimiento de las demandas que se interpongan por actos de los servidores públicos, entidades públicas y privadas, en los cuales se determinen responsabilidades civiles, ya que de acuerdo a la Ley del Sistema de Control Fiscal, el juicio coactivo fiscal es un proceso que se instaura en el órgano competente para la recuperación de las deudas que se tienen con el Estado.
Sobre el Proceso Coactivo Fiscal, este Supremo Tribunal de Justicia ha orientado en el Auto Supremo N° 168/2013 de 12 de abril que: “Con la finalidad de contextualizar el tema que nos ocupa, desarrollaremos algunas conceptualizaciones respecto de la jurisdicción y la competencia. Así tenemos que la jurisdicción, se concibe como la potestad que tiene el Estado en su conjunto para solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el Derecho, esa potestad, está encargada a un órgano estatal, el Judicial, y es a través de esta potestad, que el Estado administra justicia por medio de los órganos del Poder Judicial de acuerdo con la Constitución y las leyes, Código de Procedimiento Civil art. 6, modificado por los artículos 11 al 14 de la Ley del órgano Judicial de 24 de junio de 2010.
En ese marco y si bien la jurisdicción es un poder-deber que tiene el Juez para administrar justicia, no pudiendo el Juez negarse a resolver un asunto puesto en su conocimiento, la jurisdicción que le confiere el Estado, resulta insuficiente para lograr su cometido principal que sería la Resolución de un conflicto particular, sin embargo, la jurisdicción no marcha por sí sola, sino que necesariamente va acompañada de la competencia que conforme la define el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, "Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una vocal o un vocal, una Jueza o un Juez, o Autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto", al respecto; Calamandrei señala:" La jurisdicción cumple una actividad funcional de garantía que el demandante busca en el Juez. Espera que este tercero imparcial vaya aplicar la ley correctamente. Es decir, garantiza los derechos que puedan alegar cada uno de estos ciudadanos".
Como se tiene de lo referido, la competencia es el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, naturaleza, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico, en ese entendido vemos que la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie, así, todos los jueces tienen jurisdicción pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia para conocer y resolver determinados asuntos.
La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de Tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el Tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. (lo subrayado es nuestro).
De lo relacionado precedentemente se tiene que tanto la jurisdicción como la competencia son de orden público e indelegable y nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas la observancia y la obligatoriedad en su cumplimiento…
…la Ley Nº 1178, en su artículo 3 dispone: "Los sistemas de Administración y de Control, se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios,... las universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Concordante esta disposición con el art. 28 inc. a) de la misma norma señala que: " Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión.".
Del estudio de los puntos 1 a 5, establecemos que el recurso de casación tiene como punto neurálgico observar que la pretensión se encamine por la vía ordinaria, siendo que los de segunda instancia otorgan a la letra de cambio Nº 253778 “objeto de litis” la calidad de contrato administrativo, a pesar que en el acuerdo de voluntades el Banco Central de Bolivia no participó en la suscripción, tratándose de un crédito por el ex Banco Potosí (entidad financiera privada), a Transportes Aéreos BAFIN S.R.L. Bolivian Air Flight International (persona jurídica privada); lo cual emplea una interpretación errónea del art. 27 de la Ley Nº 2341, dando lugar a un acto mercantil o un acto administrativo, llegando a vulnerar el debido proceso y el contenido de los arts. 8.II, 9 num. 1) y 4), 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado.
Lo debatido al tener como génesis el análisis de la competencia, se debe establecer que esta es de orden público y está determinada por la CPE, como una forma de delimitación de la jurisdicción, tiene por objeto determinar cuál va a ser el Tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la potestad que le faculta para administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad; razón por la que se estaría constituyendo un presupuesto procesal de todo proceso (uno de los pilares sobre los que se establece la base y eficacia del proceso), la falta de competencia no es convalidable, ya que el art. 13 de la Ley N° 025, regula sobre la extensión de la competencia y solo se aplica en los casos de incompetencia en razón de territorio como la misma norma establece; en el caso de autos se tiene que el tema central es la incompetencia en razón de materia ya que no resulta convalidable, pues admitir la sustanciación de un proceso en la jurisdicción que no le corresponde a un juez carente de competencia para conocer y resolver el asunto, significaría tramitar un proceso viciado lo que expresaría una afrenta a las normas legales que regulan la competencia asimismo la propia CPE.
A los efectos de resolver la problemática jurídica, corresponde tener en claro los antecedentes fácticos de la demanda que emerge por el convenio de pago de acreencias suscrito por el Banco Central de Bolivia y el ex Banco de Potosí S.A. -en liquidación- de fecha 16 de abril de 1999, cuyo ente emisor es titular originario de la obligación otorgada por el ex Banco Potosí S.A., (con la garantía personal de Comercial COBENI representado por Jesús Suarez Echeganay), constituyéndose en actual acreedor de la deuda para el cumplimiento de obligación del préstamo de dinero por la suma de $us.4.000, y por letra de cambio de 27 de abril de 1987, mismo que fue incumplido (más los intereses y costas procesales) hasta la fecha por Transportes Aéreos BAFIN S.R.L. Bolivian Air Flight International (persona colectiva privada).
Habiendo sido tramitada la causa por el Juez Público Civil y Comercial Nº 14 de la ciudad de La Paz, manifestó que el incumplimiento de un contrato suscrito por una entidad de carácter privado como es Transporte Aéreos “BAFIN S.R.L.” con una entidad pública como lo es el Banco Central de Bolivia que actúa como ejecutante es de competencia coactiva fiscal, conforme al art. 47 de la Ley Safco, pronunciando a tal efecto el Auto de fecha 281 “A”/2016 de fs. 13 y vta., declarándose sin competencia y la remisión de los antecedentes a los Juzgados Coactivos Fiscales y Tributarios.
De la revisión del Auto de Vista de fs. 58 a 59 se desprende que anuló obrados hasta fs. 13, refiriendo errónea interpretación por la autoridad de primera instancia al remitir la causa a la vía coactiva fiscal, cuando claramente corresponde su discusión ante una autoridad contenciosa, ya que el Banco Central de Bolivia es parte de la estructura del Estado boliviano, que dicha institución al acudir ante la vía ordinaria para pedir cumplimiento de obligación estaría en error debido a que son dos entes jurídicos uno de carácter privado y el otro público, asimismo mediante dictamen general Nº 006/2014 de la Procuraduría General del Estado, para solucionar dichas controversias emergentes de los contratos administrativos estos deben ser resueltos por la vía de procesos contenciosos o contenciosos administrativos, por lo que la presente causa es un acto administrativo emergente de un acuerdo de voluntades entre un sujeto de carácter privado y el Estado.
Tomando en cuenta que su reclamo va orientado a observar las resoluciones de primera y segunda instancia, es menester reiterar lo expuesto en la doctrina aplicable III.1 en sentido de que requisitos debe tener un contrato para ser calificado de administrativo: a) al menos una de las partes que interviene en su celebración es la administración pública (elemento subjetivo); b) cuando el objeto sobre el que versa se encuentra directamente relacionado con la satisfacción de necesidades colectivas de carácter público sobre un servicio o interés público (elemento objetivo) criterio ampliamente referido por la jurisprudencia.
En el caso concreto corresponde advertir si se cumplen o no los requisitos para ser catalogados como un contrato administrativo 1. Sobre el elemento subjetivo, dicha letra de cambio fue suscrita por el ex Banco Potosí S.A. con Transportes Aéreos BAFIN S.R.L. (ambos de carácter privado), deuda de $us.4.000 de letra de cambio no fue realizada por una entidad pública ahora acreedora, 2. Del elemento objetivo, lo que se pretende en la litis es el cumplimiento particular de la letra de cambio Nº 253778, que esta transcrito en el Testimonio Nº 42“B”/87 de fs. 9 a 10 vta., cuya finalidad no demuestra tener interés colectivo sino particular en la presente acción, que se generó debido al convenio de acreencias de fs. 16 a 20, entonces al no reunir los requisitos establecidos en la jurisprudencia no puede ser asimilado en el presente caso como un contrato administrativo, resultando errada la tesis de alzada.
Por otro lado corresponde aclarar en lo que respecta al entendimiento en primera instancia, por lo expuesto supra concerniente al caso de autos en nuestra doctrina aplicable en el punto III.2, inherente al proceso coactivo fiscal señala que el daño económico ocasionado al Estado es valuable en dinero por lo que recae en una responsabilidad civil al funcionario público, siendo el mandato del Estado es que el funcionario público sea responsable por sus actos, por lo que es el Estado quien le brinda un cierto poder o facultad para que el funcionario público se haga cargo de la función que le delega el Estado, de lo referido a todas luces se advierte que la jurisdicción coactiva fiscal no es la competente para el conocimiento del caso en cuestión, ya que la demanda persigue solamente el cumplimiento de obligación de deuda por una letra de cambio suscrita por empresa demandada y el Ex Banco Potosí S.A., en ese sentido debe aplicarse la normativa establecida para este tipo de títulos, por lo cual no es coherente derivar a la vía coactiva fiscal.
Por las razones expuestas, se aprecia que las resoluciones de primera y segunda instancia no obraron correctamente al derivar la causa, al no reunir los presupuestos del coactivo fiscal y/o contencioso administrativo; al respecto corresponde precisar que la competencia es de orden público y es determinada por ley, en ese sentido el art. 122 de la Constitución Política del Estado establece que: "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley". Por lo que este Tribunal en observancia de esta disposición constitucional, corresponde continuar el proceso.
Consiguientemente, al haberse anulado obrados hasta fs. 13 por el Tribunal de segunda instancia, este Tribunal encuentra acertada tal determinación correspondiendo declarar infundado el recurso con la aclaración que la nulidad asumida es en base a los fundamentos esgrimidos en la presente resolución, debiendo proseguir con el tramite el A quo, por lo que concierne a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 73 a 78 vta., interpuesto por Banco Central de Bolivia a través de sus representantes Carlos Antonio Zubieta Aguilar y Lily Marcela Yovanka Carrasco Villarpando, contra el Auto de Vista Nº D-295/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 58 a 59, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas y costos.

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