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Timestamp: 2018-12-14 22:24:07+00:00

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En El Salvador los órganos principales de gobierno, según lo establece el artículo 86 de la Constitución de la República de El Salvador (de 1983) son: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Existen además órganos independientes encargados del control del estado, dentro de los cuales es importante destacar:
La Corte de Cuentas de la República
El Ministerio Público (ejercido por: el Fiscal General de la República, el Procurador General, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros) y
El Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública
El Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública fue creado mediante la Ley de la Corte de Cuentas de la República, la cual establece que la Corte actúa como ente rector del Sistema. Es a través de este Sistema que todas las entidades del sector público están sujetas a la fiscalización y control de la Corte. Se aplica a todos los organismos y entidades del sector público. Este sistema monitorea y regula los siguientes aspectos, según el Artículo 30 de la ley:
Las transacciones, informes, registros y estados financieros de las entidades públicas
La legalidad de las transacciones
La planificación y ejecución del control interno administrativo
El control financiero interno
La eficiencia en el uso de los recursos materiales y humanos
El cumplimiento de los objetivos de las operaciones
La Corte de Cuentas de la República es el máximo organismo autónomo de control gubernamental y actúa como ente independiente del órgano ejecutivo. Según lo establece el artículo 195 y siguientes de la Constitución, la Corte tiene como función principal evaluar todas las entidades del sector público en relación con lo siguiente:
Todo lo relacionado con las transacciones financieras
El cumplimiento de la ley en todas las transacciones
Todos los aspectos del control administrativo interno
La efectividad el uso de los recursos materiales y humanos
El cumplimiento de los objetivos planteados para todas las operaciones.
Las auditorías son internas o externas, financieras operacionales o de gestión y se realizan sobre cualquier entidad que administre recursos del estado.
Para medir el resultado de las auditorías, la Corte cuenta con su propio sistema de evaluación, con indicadores que permiten verificar el grado de cumplimiento de las entidades a las que se aplica la auditoría.
La Corte está además capacitada para establecer la responsabilidad patrimonial y administrativa de los funcionarios públicos por irregularidades mediante un "Juicio de Cuentas,"ante la Cámara de Primera Instancia (artículos 21 y 66 de la Ley de la Corte de Cuentas).
La Corte está integrada por un Presidente y un cuerpo de magistrados organizados en siete Direcciones de Auditorías. Los funcionarios que ocupan estos cargos son elegidos por un período de tres años mediante votación nominal y pública en la Asamblea Legislativa.
Fiscalía General de la República (Ministerio Público)
Es parte del Ministerio Público y tiene entre sus atribuciones más relevantes la de defender los intereses del Estado y de la sociedad, según lo establece el artículo 193 de la Constitución. Por ende, uno de sus objetivos principales es vigilar la transparencia en el manejo del Estado y velar por la rendición de cuentas públicas. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es el instrumento legal que regula las atribuciones y la organización general de la institución. En el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento se encuentran las normas relativas a la estructura organizativa de la Fiscalía.
Es importante señalar que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) es una oficina adscrita a la Fiscalía General de la República con dependencia funcional del Fiscal General para la investigación del Delito de Lavado de Dinero y de Activos.
Es el máximo órgano jurisdiccional del Estado, encargado de velar por la aplicación de las leyes en el país, y por la defensa del patrimonio. Una de sus importantes atribuciones en materia de transparencia se encuentra claramente señalada en el artículo 181 de la Constitución; "Conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por la ley". Normalmente, la Corte cumple esta función a través de su Sección de Probidad.
Es la máxima autoridad electoral. Está encargado de velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Código Electoral (instrumento legal que regula los procesos electorales de Presidente y Vicepresidente, Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados a la Asamblea Legislativa y Miembros de los Consejos Municipales).
Tras la restitución del sistema democrático del país, con la firma de los acuerdos de paz del año 1992, la promoción de la transparencia y la probidad en la administración pública se tornaron en una de las prioridades del gobierno central de El Salvador.
En 1999, El Salvador ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). Esto significó un paso importante hacia la armonización de la legislación nacional existente hasta entonces, con principios y normas reconocidos internacionalmente para la prevención y control de la corrupción.
Convenio de Cooperación Anticorrupción entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos de América
Este Convenio firmado en el año 2000 entre el Gobierno de El Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos tiene como principal objetivo fortalecer las capacidades del Gobierno de El Salvador para "prevenir, controlar, y combatir la corrupción oficial" a través de las siguientes acciones concretas:
Creación de la Unidad de Asuntos Internos de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y de un proceso accesible para la formulación de quejas por parte de los ciudadanos. Se creará además una Unidad especializada para la investigación de la información biográfica de los aplicantes a la Academia de Policía.
Creación de la Oficina de Ética Gubernamental dentro del Órgano Ejecutivo, esta oficina tendrá como principal objetivo establecer las medidas y regulaciones que deben ser parte de los planes de gobierno para promover la conducta ética en los funcionarios públicos.
Creación de una Oficina de Crímenes contra el Estado de la Fiscalía General, esta oficina estaría a cargo de la investigación de casos referidos y la representación de casos de corrupción oficial ante las Cortes.
Programa de Reingeniería de la Fiscalía General de la República (2000-2001)
Aprobado en el año 2000, establece la creación de una oficina Subregional para supervisar y dirigir el proceso de "reorganización administrativa" de la Fiscalía. Incluye además varias medidas dirigidas a fortalecer las capacidades de las Unidades Especializadas de la Fiscalía y la creación de una nueva unidad especializada para investigar los delitos de corrupción en la administración pública en los que se vieran involucrados funcionarios públicos. La unidad recibió el nombre de "Unidad Anticorrupción y de Delitos Complejos".
Plan de Gobierno "País Seguro" (2004-2009)
"País Seguro" define la orientación de las políticas para implementar durante el período presidencial 2004-2009. Este Plan establece como uno de sus principios rectores las acciones necesarias para promover la "transparencia gubernamental y de gestión". Dentro de las dieciséis áreas de acción a las que hace referencia el plan, la cuarta se refiere específicamente a la promoción de la "transparencia y probidad en la administración pública" y propone lo siguiente:
El establecimiento de una "Oficina de Transparencia y Responsabilidad Pública" dentro de la presidencia y la revisión de toda la legislación relacionada con la corrupción, evaluando la posibilidad de hacer más estrictas las normas aplicables para castigar hechos de corrupción;
Crear una línea telefónica para denunciar casos de corrupción;
Facilitar los procesos para la rendición pública de cuentas;
Publicar las compras gubernamentales;
Introducir clases de ética en el curriculum de las instituciones de educación superior
Decreto de la Creación de la Comisión de Ética para la Función Pública
La Comisión es responsable de la formulación de políticas y estrategias para prevenir el incumplimiento de los deberes éticos por parte de los servidores públicos. Esta Comisión también cumple una función importante como ente receptor de denuncias de funcionarios del órgano ejecutivo que hayan incurrido en el incumplimiento de las normas y deberes éticos.
En el artículo 2 de dicho decreto, se establece que esta Comisión estará conformada por el Secretario Técnico de la Presidencia; el Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia; el Ministro de Hacienda; y el Ministro de la Gobernación.
Creación del Tribunal de Ética Gubernamental
Creado mediante el Decreto Legislativo No 1038 del 27 de abril de 2006 como "la institución rectora de la ética en la función pública" con la responsabilidad de "prevenir y sancionar los actos contrarios a la Ley de Ética Gubernamental." El Tribunal actúa como un organismo independiente de derecho público y es la entidad de mayor jerarquía, integrado por comisiones de ética gubernamental de cada institución. Ejerce también una función punitiva al ser el ente responsable por procesar las denuncias e imponer sanciones por infracciones a la ley. Está integrado por cinco miembros (uno electo por la Asamblea Legislativa, uno designado por el Presidente de la República, uno electo por la Corte Suprema de Justicia, uno designado por el Presidente de la Corte de Cuentas de la República y uno electo por los titulares del Ministerio Público).
En el 2009, el Tribunal suscribió el Acuerdo No. 1 Mecanismos de Transparencia de la Administración Pública y de la Publicidad de los Actos Administrativos.
Plan Quinquenal de Desarrollo (2010-2014)
El Plan Quinquenal de Desarrollo contiene “la visión, las apuestas, las prioridades, los objetivos y las metas” del Gobierno para el período 2010-2014. Incluye además los instrumentos, las políticas públicas estratégicas y la cuantificación e identificación de los programas y proyectos prioritarios que serán implementados para alcanzar los objetivos y las metas y así avanzar en las apuestas estratégicas de largo plazo.
Dicho Plan Quinquenal incluye, como parte de las “Políticas Macroeconómicas y Sectoriales”, La política nacional de transparencia y anticorrupción, la cual forma parte de - A través de esta política se busca edificar un sistema de transparencia nacional e instaurar un sistema de integridad. Para alcanzar el objetivo de esta política se necesita el establecimiento de reglas claras, mecanismos institucionales y precedentes públicos que permitan mejorar sustancialmente la situación y la percepción sobre el estado de la transparencia y la anticorrupción en El Salvador, y especialmente en el gobierno central.
Las principales acciones que se propone desarrollar para alcanzar los objetivos señalados son: a) verificar el establecimiento y el funcionamiento de la Oficina de información y Respuesta del Ejecutivo; b) mejorar y estandarizar los sitios Web de las instituciones del Órgano Ejecutivo; c) generar directrices y metodologías para la rendición de cuentas y monitorear su debido cumplimiento; d) coordinar la elaboración de mapas institucionales de riesgo y promover acciones preventivas para que programas contra la pobreza sean menos proclives a actos de corrupción; e) impulsar un portal de transparencia fiscal que siente las bases para un presupuesto abierto; f) crear mecanismos de información oficiosa frente a coyunturas relevantes como los casos de emergencia y reconstrucción nacional; g) fortalecer los mecanismos para combatir la elusión, la evasión fiscal y el contrabando; h) apoyar las iniciativas de transparencia que surjan en las entidades del Órgano Ejecutivo (por ejemplo, el Observatorio del Ministerio de Obras Públicas) i) coordinar la elaboración y divulgación de informes sobre el estado de la transparencia y la corrupción en El Salvador.
Encuentro Regional de Vicepresidentes
En el marco de la celebración de este encuentro en Guatemala en el año 2009, se emitió una declaración conjunta en la que participó el Gobierno de El Salvador.
En esta Declaración, los Vicepresidentes de la región centroamericana y la República Dominicana acordaron la creación de un Foro Permanente Regional de Transparencia y Combate a la Corrupción y una Secretaría Técnica Regional de Transparencia y Combate a la Corrupción con sede en la ciudad de Antigua Guatemala.
Los objetivos de la Secretaría incluyen elaborar un listado de instrucciones, marcos normativos, y acciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que se están llevando a acabo en los países de la región con el fin de que este informe sirva como mecanismo para compartir "buenas practicas" entre los gobiernos. Además está encargada de la elaboración de un informe para facilitar a los Estados signatarios el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra de la Corrupción.
Como resultado del III Encuentro Regional de celebrado en Julio de 2010, los Vicepresidentes centroamericanos, entre otras recomendaciones, instaron al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en su función de órgano político del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a promover iniciativas en materia de transparencia, combate a la corrupción, conservación del medio ambiente, recursos naturales y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
La Secretaría para Asuntos Estratégicos, entidad adscrita a la Presidencia de la República, se creó mediante el Artículo 53-E del Decreto Ejecutivo No. 24 del 18 de abril de 1989: Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. La función principal de esta entidad del Estado es velar para que se generen las "condiciones favorables para la gobernabilidad democrática, la modernización del Estado, la transparencia de la gestión y los procesos de descentralización y desarrollo local."
Dentro de la descripción de las funciones, se encuentra el establecimiento de un "sistema efectivo de probidad en la función pública, basado en los principios de acceso a la información pública, auditoría ciudadana, transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y responsabilidad jurídica."
Dentro de los lineamientos de la Secretaría se propone además la consolidación del gobierno digital como mecanismo para agilizar la gestión de los asuntos públicos y transparentar los procesos de tramitación de documentos y servicios del Estado.
La Secretaría para Asuntos Estratégicos está compuesta de tres Subsecretarías: Transparencia y Anticorrupción, Gobernabilidad y Modernización del Estado, y Desarrollo Territorial y Descentralización.
La Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción fue creada a partir del Art. 53-E del Decreto Ejecutivo No. 57 del 28 de septiembre de 2009 como entidad parte de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y su objetivo principal es brindar apoyo al Secretario de Asuntos Estratégicos, en todo lo relacionado al establecimiento de "un sistema efectivo de probidad en la función pública" basado en cuatro principios rectores:
transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y
Algunas de las funciones más importantes de la Subsecretaría incluyen: realizar acciones para promover la transparencia en la gestión de gobierno y la ética como eje transversal en todas las instituciones del estado; monitorear el acceso a la información pública; e instalar ventanillas de entrega de información pública y abrir oficinas de quejas y denuncias con garantías y mecanismos de protección a denunciantes, entre otros.
Creada en 2009 por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, la Oficina está a cargo de la supervisión del proceso de estandarización de todas las páginas Web de las oficinas del Estado, y la instalación de portales electrónicos en todos los Ministerios con el fin de garantizar el acceso público a la información que manejan las entidades del Estado. A través de estos portales se publicará información clave para promover la transparencia y la probidad en la gestión pública como datos sobre contrataciones, licitaciones, y compras estatales.
Otra de sus funciones es la de brindar información al público siguiendo criterios de igualdad de acceso y transparencia. En general, las actividades de la Oficina se dirigen al fortalecimiento de las auditorías internas del gobierno.
Proyecto de Código de Ética Judicial
La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa está en proceso de discusión de este Proyecto que incluye capítulos referidos a mantener la integridad de la judicatura y la transparencia en las actividades judiciales.
Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República
Creada mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 498 del 2 de diciembre de 1998, Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, la UIF se especializa en la prevención e investigación del delito de lavado de dinero y activos. La UIF está integrada por varias entidades: el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva, el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, la Policía Nacional Civil y demás organismos públicos de fiscalización.
Unidad de Adquisiciones y Contratación Institucional (UACI)
En virtud a lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto Legislativo No. 868 del 5 de abril de 2000, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, cada institución estatal tiene adscrita una UACI. El rol principal de la UACI es verificar que todas las contrataciones estatales se ajusten a las regulaciones de dicha Ley en la que se establecen lineamientos para garantizar la transparencia de los procesos de contratación de personal, bienes o servicios por parte de los entes estatales.
A pesar que aún no existe una ley específica sobre el acceso a la información, la Asamblea Legislativa ha formulado un anteproyecto de Ley para que se regule este derecho.
Esta iniciativa fue liderada por la Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Sección El Salvador del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), y el apoyo del Programa de Transparencia y Gobernabilidad (Programa TAG) de USAID.
El Anteproyecto de Ley fue presentado a la Asamblea Legislativa en septiembre de 2008 y contiene setenta artículos en los que se establecen los lineamientos jurídicos y procedimentales para garantizar el derecho de acceso a la información, la información reservada y confidencial, la protección de datos personales, y los mecanismos para solicitar información al Estado.
En el año 2009, se llevó a cabo una reunión de los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa para analizar las propuestas de proyecto de ley. En esta reunión se acordó que el proceso de discusión y análisis de las propuestas debe continuar hasta que se apruebe el proyecto de ley.
Por el día 11 de marzo de 2011, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública , y su publicación se llevó a cabo el 8 de abril de ese mismo año.
Observatorio Ciudadano de la Obra Pública en la Gestión Gubernamental de El Salvador
Fue creado en el año 2009 mediante el Convenio de Cooperación para la instalación y puesta en funcionamiento del "Observatorio Ciudadano de la Obra Pública en la Gestión Gubernamental de El Salvador. Experiencia Piloto". El Ministro de Obras Públicas, el Secretario de Asuntos Estratégicos, la Cámara de Construcción, la Asociación de Periodistas y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES) suscribieron al Convenio con el apoyo técnico de Transparencia Internacional. El objetivo de este Observatorio es "permitir a la ciudadanía fiscalizar los procesos, el trabajo y la calidad de la obra en el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) y otras instituciones del ramo".
La organización no-gubernamental Iniciativa Social para el Desarrollo, publicó el siguiente informe: Observatorio Ciudadano de Transparencia: Construyendo Cultura Política Democrática.
La Unidad de Divulgación y Capacitación del Tribunal de Ética Gubernamental
Esta Unidad es responsable por todas las actividades de "divulgación y capacitación" dirigidas a la promoción de la Ley de Ética Gubernamental.
Para cumplir con esta función, la Unidad distribuye material informativo y educativo relevante al control de la corrupción y coordina actividades de capacitación en tres niveles:
a los miembros de las Comisiones de Ética con los Agentes de Enlace de cada institución,
a los miembros de las Comisiones de Ética y funcionarios públicos de su respectiva. institución, en las universidades y cualquier otra institución que lo solicite.
Existen, además, convenios de cooperación entre la Unidad de Divulgación y Capacitación con las universidades del país para promover la Ley de Ética Gubernamental
El Portal de Transparencia Fiscal
El Ministerio de Hacienda, con el apoyo del Banco Mundial, está desarrollando una página Web a través de la cual se publicará información a cerca de las finanzas públicas denominada Portal de Transparencia Fiscal.
Política Nacional de Informática 2000
Esta política de carácter nacional se inició en el año 1996 por el Comité Nacional de Informática (CNI) con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Dentro de los objetivos principales de esta política se encuentran los siguientes:
Facilitar el acceso a la información por medios electrónicos con una amplía cobertura.
Contribuir en la promoción de proyectos de ley dirigidos a ampliar los medios de publicación electrónica de información producida por los entes estatales.
Estimular el acceso a los medios de publicación “sobre todo electrónicos, que permita la producción y difusión de información, independientemente de su valor comercial, real o percibido”.
Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico/Secretaría Técnica de la Presidencia 2004 "Construyendo El Salvador del Futuro Hoy"
Esta Estrategia Nacional de Gobierno está dirigida a promover la transparencia en la administración pública a través de la implementación de las nuevas tecnologías de la información (TIC) para facilitar el acceso a la información sobre el desempeño de los diferentes entes estatales. Dentro de esta estrategia se definen los siguientes objetivos:
El mejoramiento de los procesos de rendición de cuentas a través de la publicación de información relativa a las adquisiciones, contratación de bienes y servicios, manejo de presupuestos, etc. por parte de las instituciones gubernamentales.
La estandarización de iniciativas y prácticas de gobierno electrónico.
El fortalecimiento de la coordinación institucional entre las diferentes agencias del gobierno a través del uso de redes de información y comunicación.
La modernización de los procesos de la administración pública a través de la implementación y uso de las nuevas tecnologías.
Estrategia Nacional del Programa e-País: "Conocimiento al Alcance de Todos"
En 2005, el Presidente de la República mandó a la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información (CNSI) a diseñar un programa de cobertura nacional, bajo la supervisión de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Esta Estrategia incorpora la experiencia reunida de las diferentes organizaciones que han venido implementando tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para hacer más eficientes y transparentes sus procedimientos. El programa incluye iniciativas de gobierno electrónico, en diversas áreas de la administración pública. Una de las metas que se busca, a través del mismo, es ubicar al país dentro de “los primeros 20 lugares, de acuerdo a los índices de competitividad globales”.
Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (COMPRASAL)
Por medio de COMPRASAL, el Ministerio de Hacienda Pública brinda información sobre las adquisiciones y contrataciones que realizan las entidades gubernamentales y la manera como estas se adjudican, con el fin de facilitar el acceso público a información relevante sobre la administración y el manejo de los recursos del Estado.
El Sistema de Compras Electrónicas, COMPRASAL, fue creado por el Ministerio de Hacienda en octubre de 2005 para publicar información sobre las adquisiciones y contrataciones que realizan las entidades gubernamentales y la manera como estas se adjudican, con el fin de facilitar el acceso público a información relevante sobre la administración y el manejo de los recursos del Estado. Consiste en una página web en la que se provee esta información.
A través de la sección “Convocatorias” se publica las oportunidades de compra y contrataciones en el sector público. Además, a través de la sección “Centro de Información”, en la misma página, está disponible información a cerca de los recursos legales que regulan las compras y contrataciones estatales entre otros documentos. Todo esto, con el fin de promover la transparencia e imparcialidad en la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades estatales.
Programa Presidencial “El Salvador Eficiente”
Inaugurado en enero de 2006 por el Presidente de la República, este Programa se fundamenta en una alianza entre el sector público y el privado, este último a través de la Cámara de Comercio e Industria. El Programa presenta un modelo de optimización de servicios públicos para facilitar y agilizar los trámites de la administración pública, lo cual permite entre otras cosas, incrementar la transparencia y eficiencia en la gestión pública.
Ventanilla Única del Ministerio de Obras Públicas
La Ventanilla Única presenta información relacionada con los proyectos de urbanismo y construcción de interés social, con la finalidad de transparentar los procesos para la presentación y tramitación de proyectos. De esta manera permite el acceso a información relacionada con los requisitos, fases de aprobación, y normativa de los programas y obras del Ministerio.
Sistema de Denuncia en Línea de la Corte de Cuentas
Mediante este Sistema, la Corte de Cuentas pone a disposición de los usuarios en su página web, un formulario mediante el cual, cualquier persona interesada puede exponer una denuncia por el comportamiento irregular de algún funcionario público o institución estatal. Esta denuncia es procesada por la Corte de Cuentas que es el ente encargado de garantizar la transparencia en la gestión pública.
Formato Electrónico de Denuncia Ciudadana del Tribunal de Ética Gubernamental
Este formato electrónico está disponible en la página web del Tribunal de Ética Gubernamental y sirve para que los ciudadanos formulen denuncias contra funcionarios públicos para ser evaluadas por el Tribunal de Ética Gubernamental.
Declaración de Tegucigalpa sobre Gobierno Electrónico (2002)
El gobierno de El Salvador firmó la Declaración de Tegucigalpa de 2002 durante la Conferencia sobre Tecnología de la Información y Comunicación y Gobierno Electrónico para el Desarrollo e Integración Regional en Centroamérica.
La Red GEALC es una iniciativa creada en el 2003 por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA y el Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA) para promover la “cooperación horizontal entre América Latina y el Caribe en el uso de las nuevas tecnologías de la información TIC.”. La Red GEALC sirve, además, como mecanismo de soporte técnico y financiero para las iniciativas de gobierno electrónico que se llevan a acabo en los diversos países de la región. Algunas de las actividades de cooperación en la que han participado los países a través de la red son las siguientes:
Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)
Se inició sus actividades en el 2004 con la Red Interamericana de E-Compras Gubernamentales que luego se convirtió en el 2005 en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Se encuentran integradas las instituciones gubernamentales de los países de las Américas. La Red tiene como objetivo la creación de un espacio de intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las prácticas de compras gubernamentales de la región. La RICG realiza talleres como cursos en línea sobre la “Gestión de las Compras Públicas” o publicando documentos sobre los sistemas de contrataciones públicas en America Latina.
A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por El Salvador
El Salvador ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1998 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2001. En 2007, el Gobierno designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, como la autoridad responsable de dar seguimiento a la implantación los propósitos del artículo XVIII de la Convención.
Los objetivos de la Convención son promover y fortalecer el desarrollo de mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, entre los Estados Miembros. El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental, mediante el cual se brinda apoyo a los Estados Miembros en el proceso de implementación de las disposiciones de la Convención.
3ª Ronda de análisis
Ratificado por El Salvador en 2004, los objetivos de la Convención son los siguientes:
Prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción
Facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica, incluida la recuperación de activos
Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos
Declaración de Guatemala “Por una Región Libre de Corrupción”
En 2008 tuvo lugar la Tercera Reunión de Seguimiento a la Declaración.
B. Programas de Cooperación con El Salvador financiados por organismos internacionales
Plan de Acción Programa País (2007-2011)
El Plan de Acción Programa País 2007-2011, suscrito con el Gobierno de la República de El Salvador en elMarco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, abarca el tema de gobernabilidad democrática como uno de los temas prioritarios para avanzar en los objetivos de desarrollo del país.
2. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Estrategia de País con El Salvador
Este documento fue diseñado para apoyar al gobierno de El Salvador durante el periodo 2004 – 2009. Identifica los principales desafíos al desarrollo y propone los objetivos estratégicos del Banco para dicho periodo. Uno de sus principales objetivos - “desarrollar el capital humano y mejorar las oportunidades para los más pobres” - incluye el lineamiento estratégico de “aumentar la eficiencia y transparencia de la gestión pública”.
ES-T1013: Programa de Transparencia del Poder Ejecutivo
Este proyecto tiene el propósito de llevar a cabo estudios sobre los procesos y funcionamiento de las instituciones del sector público que son susceptibles a actos de corrupción, con el fin de presentar recomendaciones sobre los mecanismos y acciones que se deben implementar para prevenir y detectar dichos actos.
ES-T1138: Apoyo a la Modernización Fiscal
A través de este proyecto, el BID brinda soporte técnico al Gobierno de El Salvador en varios temas de la administración pública, dentro de los que se encuentra la transparencia fiscal, entre otros.
Para más información a cerca de los proyectos del BID en otras áreas en El Salvador haga clic aquí.
3. Banco Mundial (BM)
El Banco Mundial brinda apoyo técnico y financiero al Gobierno de El Salvador en la creación un Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda que tiene como objetivo proveer a los ciudadanos de un mecanismo de acceso a información sobre las finanzas públicas y, en particular, sobre el proceso presupuestario, con el fin de lograr que el país avance en la promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Proyecto de Modernización Judicial
Este proyecto tiene como objetivo mejorar el sistema judicial del país a través de la promoción de medidas para aumentar la accesibilidad, efectividad y credibilidad del Órgano Judicial. Uno de los componentes del proyecto es “compartir conocimientos para mejorar el acceso a la justicia y la transparencia” a través de medidas dirigidas a aumentar el acceso a la información legal. El proyecto abarca un programa de educación legal dirigido a la sociedad civil y otros programas para modernizar el centro de documentación de los servicios judiciales.
Informe sobre la Observancia de Padrones y Reglas - Módulo de Transparencia Fiscal
Este Informe, preparado en 2004, proporciona una evaluación de las prácticas de transparencia fiscal en El Salvador, comparándolos con los requisitos establecidos en el Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional.
El documento está dividido en dos fases: la primera fue preparada en base a la consulta con autoridades y otra información disponible y contiene la descripción de dichas prácticas en El Salvador. En la segunda parte del informe se exponen los cometarios y recomendaciones del FMI sobre el tema de la transparencia fiscal en el país.
Reporte de Información sobre El Salvador (Country Data Report for El Salvador, Banco Mundial) (1996-2009)
Ver en inglés>>
Este indicador es el resultado de la percepción de expertos y ciudadanos en diversos campos del sector público y privado, quienes respondieron a diferentes encuestas aplicadas tanto en países en vías de desarrollo como industrializados. La información tiene fuentes diversas, como institutos de encuestas, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales. Los reportes contienen indicadores sobre el desempeño de los países en seis ejes específicos, tales como participación ciudadana y la rendición de cuentas, la eficacia gubernamental, estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo, calidad de la regulación, estado de derecho y control de la corrupción.
La Cultura Política de la Democracia- Informe de muestras especiales, El Salvador (Proyecto de Opinión Pública en América Latina) (2004)
Este informe analiza los resultados de un trabajo de encuestas que se llevó a cabo en dos municipios del país: San Miguel y Sonsonate, en tres áreas especificas: gobiernos locales, los problemas de crimen y corrupción, y las opiniones sobre centros de mediación. Los resultados de este informe se compararon con los resultados obtenidos en un informe previo titulado “La Cultura Política de la Democracia en el Salvador, 2004”. El informe debe ser leído como un complemento del estudio nacional que explora las particularidades de los temas mencionados en los municipios en los que se enfoca el estudio.
Para más informes sobre El Salvador, haga clic aquí.
Reporte de Información sobre El Salvador (Country Data Report for El Salvador, Banco Mundial) (1996-2008)
Este indicador es el resultado de la opinión de personas que trabajan en diversos campos del sector público y privado, quienes respondieron a diferentes encuestas aplicadas, tanto en países en vías de desarrollo como industrializados. Las fuentes de información son aportadas por una diversa variedad de institutos de encuestas, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales que brindaron información sobre aspectos relevantes en alguno de los seis ejes específicos, tales como la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la eficacia gubernamental, el estado de derecho y el control de la corrupción.
Para ver información relacionada haga clic aquí.
Indicadores de la Gobernabilidad en el Ámbito Mundial (Banco Mundial) (1996-2010)
Mediante la aplicación de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad se estudiaron las seis dimensiones que definen el nivel de gobernabilidad en 213 países alrededor del mundo, entre los años 1996 y 2008. El estudio recogió las opiniones de expertos sobre la gobernabilidad en el sector público, sector privado y organizaciones no gubernamentales, así como las de miles de ciudadanos y firmas privadas encuestadas en todo el mundo.
Índice de Percepción de la Corrupción (2010)
De los 180 países incluidos en el estudio, El Salvador ocupa el lugar 84 y tiene una puntuación de 3,4. Nueva Zelandia queda en primer lugar con 9,4 y Somalia tiene la percepción más baja con 1,1.
Informe Latinobarómetro de la Corrupción (Latinobarómetro) (2011)
Latinobarómetro es un estudio de opinión pública. Para la elaboración del Informe 2011, se realizaron alrededor de 20.204 encuestas aplicadas en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes. Es producido por la Corporación Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, quien es la única responsable de los datos.
En 1995, Latinobarómetro realizó el trabajo de campo de la primera ola de encuestas de América Latina que incluyó 8 países: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A partir del año 1996, el estudio se hace en 17 países, incorporándose en el año 2004, República Dominicana, completando así los 18 países del mundo latinoamericano, con la excepción de Cuba.
Las encuestas buscan captar las opiniones, actitudes, comportamientos y valores de los ciudadanos en torno a varios temas, incluyendo la corrupción a través de una unidad metodológica y técnica que permite la representación de las opiniones, actitudes, comportamientos y valores de los elementos medidos.
Democracia, Mercado y Transparencia (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina) (CADAL) (2010)
Esta edición ofrece el Ranking Global 2010 “Democracia, Mercado y Transparencia”.Según este informe, para alcanzar el progreso político, económico e institucional, se deben garantizar tres ejes: las libertades democráticas, la economía de mercado y la transparencia gubernamental.
Para la elaboración de este informe se utilizan los datos que presentados en las ediciones 2010 de las siguientes publicaciones: Freedom in the world de Freedom House, Index of Economic Freedom de The Heritage Foundation, de Wall Street Journal, y el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparency International. Con base en lo anterior, el ranking significa que El Salvador en términos de democracia, mercado y transparencia, se encuentra ubicado en el puesto 55 de los 169 países que integran el índice.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), es una fundación privada, sin fines de lucro. CADAL integra el Network of Democracy Research Institutes (NDRI), y es un Instituto Asociado al Proyecto Plataforma Democrática. Además, es miembro fundador de la Red Puente Democrático Latinoamericano y está registrada como Organización de la Sociedad Civil ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Indicadores de Gobernanza DataGob (Banco Interamericano de Desarrollo)
DataGob permite acceder a 800 indicadores de gobernabilidad de más de 30 fuentes diferentes de todos los países del mundo. Provee información sobre la metodología utilizada para construir cada indicador, su nivel de confiabilidad, validez y potencial para realizar comparaciones entre países y a lo largo del tiempo. Permite hacer consultas en forma interactiva, incluyendo consultas por país. Datos por país incluyen el sistema democrático y el estado de derecho que miden entre otras indicadores opiniones sobre la corrupción en diferentes instituciones del gobierno.
La investigación tiene enfoque en las siguientes áreas para proponer soluciones al problema de la corrupción: causas y consecuencias de la corrupción; las fortalezas y debilidades de la infraestructura ética en la región. En la conclusión, se hace una síntesis de las iniciativas, el diagnóstico y las propuestas de las lecciones aprendidas en materia de lucha contra la corrupción
Para acceder al documento en Excel que especifica los indicadores de integridad a evaluarse para determinar el Índice de Integridad Global, haga clic aquí.
FUSADES, creada en 1983, es miembro de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional, a través del Departamento de Estudios Legales. También pertenece al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta organización es de carácter privado y sin fines de lucro. Se dedica a promover propuestas de políticas públicas en los siguientes campos: social, económico, institucional y ambiental.
La organización está compuesta de dos centros: el “Centro de Pensamiento” y el “Centro de Desarrollo”. El primero realiza investigación y análisis en los temas mencionados anteriormente, mientras que el último ejecuta acciones que promuevan el desarrollo en el país.
FUSADES fue responsable por la promoción de una iniciativa de “Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información” que está siendo analizada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.
Las Instituciones Democráticas en El Salvador: Valoración de Rendimientos y Plan de fortalecimiento
Evalúa el rendimiento de las instituciones políticas democráticas en el país con el fin de elaborar un plan dirigido al fortalecimiento de las mismas.
Premio Nacional a las Buenas Prácticas de Transparencia Municipal
Hace un reconocimiento a los avances para promover la transparencia y rendición de cuentas en los concejos municipales y las alcaldías. Se reconoce también el comportamiento ético de los funcionarios públicos.
Esta institución, creada en el año 1988, es de carácter académico y político, y tiene como misión participar en el fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho en El Salvador. Dentro de sus actividades, tiene un “Programa de Transparencia” a través del cual se elaboran y ejecutan proyectos en las áreas de reforma institucional y control social para promover la transparencia en todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.
Es una organización de “investigación, formulación de políticas socioeconómicas, cabildeo y promoción del desarrollo”. Fue constituido en el año de 1992 y registrado como organismo no gubernamental en octubre de 1998. Uno de los objetivos principales de esta organización es fortalecer las políticas de transparencia en la gestión pública, para lo cual su trabajo se centra en dos áreas principales: (1) observancia ciudadana y acceso a la información, y (2) transparencia y convenios internacionales. Dentro de la estructura organizativa de la organización, esta cuenta con un Departamento de Transparencia desde el cual se elaboran estudios y propuestas dirigidas al fortalecimiento de las políticas para promover la transparencia en la administración pública. Entre otras actividades, también realizan talleres de capacitación sobre transparencia y contraloría social.
Creada en 1992, es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, cuyos programas se enfocan en las siguientes tres categorías; (1) gobernabilidad democrática, (2) políticas públicas y (3) gestión del territorio y ciudadanía. La organización lleva a cabo investigaciones académicas, educación informal teórico-práctica, asistencia técnica y asesoría en estos temas.
Dentro del programa de gobernabilidad democrática, existen cuatro áreas de intervención: el sistema político electoral, la opinión pública, la seguridad ciudadana y la transparencia. Algunas de las actividades de esta organización tienen un alcance regional e incluyen otros países de Centroamérica.
Creada en 1992 como una “organización no gubernamental de educación cívica, promueve procesos de transparencia pública”. En años recientes (2007-2009), la ISD elaboró el proyecto: “Democracia, Transparencia y Participación Ciudadana en la Asociación de Municipios Los Nonualcos”.
Para obtener más información sobre este proyecto, haga clic aquí.
Para más información sobre publicaciones y material de consulta de la ISD, haga clic aquí.
PROBIDAD El Salvador
La organización PROBIDAD El Salvador publicó, en el año 2004, el informe “Acceso a la Información Gubernamental en El Salvador”, que trata de los resultados de un ejercicio de solicitud de información a entidades públicas.
Fundada en 1936, la Asociación de Periodistas de El Salvador junta a los periodistas de los sectores públicos y privados y a los académicos del área para defender la libertad de expresión y el derecho a la información. Actualmente, la organización está promoviendo el libro “El Acceso a la Información en El Salvador” escrito por Óscar Jesús Arévalo. Desde el año 2004, la Asociación realiza una campaña a nivel nacional por el acceso a la información pública y la transparencia en la forma de un trabajo de análisis y discusión sobre lo mismo.
El Periodismo por el Acceso a la Información Pública es una red de organizaciones no gubernamentales y periodistas de diversos países latinoamericanos que trabajan para “la promoción del derecho de acceso a la información pública y el fortalecimiento de las normas que regulan la materia”.
Varios artículos se refieren a temas relacionados con la transparencia en la administración pública: el artículo 6 se refiere a la libertad de expresión; el artículo 18 delimita el derecho de petición ante las autoridades públicas y en el artículo 246 está consignado el principio de “primacía del interés público”; el artículo 235 dispone que “todos los funcionarios públicos están sujetos a cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes”.
Código Penal (El Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos)
18 de mayo de 1959
Esta Ley establece el sistema de declaración de ingresos activos y pasivos para quienes desempeñan cargos públicos. Obliga a todos los funcionarios públicos a declarar su patrimonio previo a ejercer la función pública ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Decreto No. 507 (Ley de Servicio Civil)
27 de diciembre de 1961
Debido a su amplio alcance, esta Ley constituye el marco jurídico más importante en cuanto a las regulaciones para la contratación de funcionarios públicos.
El artículo 31establece las obligaciones del Concejo Municipal y reconoce que una de ellas es “mantener informada a la comunidad de la marcha de las actividades municipales e interesarla en la solución de sus problemas”.
El Título IX es denominado “De la Participación Ciudadana y de la Transparencia”, Capítulo I “De la Participación Ciudadana”, artículo 115, describe la obligación que recae sobre los gobiernos municipales de promover la participación ciudadana y proporcionar información pública sobre la gestión municipal.
Este mismo título, en el Capítulo III, “De la Transparencia” menciona el derecho de acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos. En el artículo 125C del este capítulo se menciona, además, la obligación que tiene la municipalidad de “informar a los ciudadanos de su comprensión lo pertinente a la administración municipal, en forma clara, oportuna y actualizada”.
Decreto No. 438 (Ley de la Corte de Cuentas)
Según el artículo 1, la Corte es el organismo encargado de fiscalizar la Hacienda Pública, tanto en su aspecto administrativo como jurisdiccional, además de la ejecución del presupuesto. Están sujetas a la fiscalización y control de la Corte “todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores”, conforme al artículo 3. La Ley contiene las atribuciones, competencia y finalidad de la Corte. Además, el artículo 10 establece las “incompatibilidades e impedimentos para los funcionarios a nivel de jefatura y auditores.”
Decreto No. 8 (Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado)
Establece los lineamientos que rigen la gestión financiera del sector público y crea el Sistema de Administración Financiera Integrado.
Decreto No. 498 (Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos)
Establece los lineamientos para “prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero” (artículo 1) para asegurar que la inversión nacional y extranjera provienen de fondos de origen legitima.
Decreto No. 868 (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública)
Tiene como objetivo principal, tal y como lo establece en su artículo 1, “la regulación de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios,” del Estado.
Decreto No. 79 (Creación de la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información)
A través de este decreto, se crea la “Comisión Nacional para la Sociedad de la Información” como órgano consultivo y asesor del Presidente de la República en cuanto al desarrollo y consolidación de la sociedad de la información en el país. El Decreto contiene la composición y las funciones de la Comisión.
Decreto No. 101 (Las Normas de Ética para la Función Pública)
Se establecieron mediante el Decreto No. 101 del 25 de octubre de 2005. Las Normas no tienen rango de ley y son solo aplicables a los servidores públicos que desempeñen alguna función dentro del órgano ejecutivo. En las mismas se definen:
Los principios éticos aplicables a la función pública
La autoridad responsable por la aplicación de estos principios
Los deberes y derechos de los funcionarios públicos
Las prohibiciones e incompatibilidades de la función pública
Decreto No. 98 (Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública)
Regula y desarrolla la aplicación de las normas contenidas en dicha Ley en lo relativo a la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios.
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específico del Consejo Superior de Salud Pública
Fue emitido por la Corte de Cuentas de la República con el objetivo de establecer reglas generales que orienten las acciones de las instituciones del sector público hacia la probidad administrativa y el control interno.
Decreto No. 1038 (Ley de Ética Gubernamental)
Emitida a través del Decreto Legislativo No 1038, del 27 de abril de 2006, y su objetivo principal es “normar y promover el desempeño ético en la función pública; salvaguardar el patrimonio del Estado; prevenir, detectar y sancionar la corrupción de aquellos servidores públicos que utilicen su cargo para enriquecerse ilícitamente o cometer otros actos de corrupción” (artículo 1).
Esta Ley ha sido reformada en años consecutivos a través de los siguientes decretos:
Decreto Legislativo No. 133 (1 de noviembre de 2006): se establece el plazo para el nombramiento de los miembros del Tribunal
Decreto Legislativo No. 427 (4 de octubre de 2007): se le otorga al Tribunal de Ética Gubernamental personería jurídica y autonomía.
La Ley cuenta con su propio Reglamento en el que se establecen los mecanismos para su aplicación y se señalan además a los entes responsables por vigilar el cumplimiento de la ley, tales como el Tribunal de Ética Gubernamental y sus respectivas Comisiones y Agentes de Enlace.
Decreto (Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República)
Tiene por finalidad sistematizar las competencias, la estructura orgánica, los principios rectores, las atribuciones y el régimen financiero de la Fiscalía General de la República de El Salvador, así como disciplinar la carrera fiscal, de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere.
Decreto No. 1029 (Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, LPVT)
Fecha de Publicidad
El objetivo principal de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos es reglamentar las medidas de protección a las víctimas, testigos y personas en una situación de riesgo o peligro por su participación en un proceso judicial o apoyo en la investigación de un delito constituyendo así el régimen jurídico que ampara a los denunciantes de actos de corrupción en el país.
Decreto No. 1039 (Ley de la Carrera Administrativa Municipal)
Contiene información que es aplicable a todos los municipios del país y su objetivo principal es establecer los lineamientos para el ingreso de los funcionarios al servicio público municipal.
Decreto No. 1 (Reglamento para la Atención de Denuncias Ciudadanas)
Este reglamento establece que cualquier persona natural o jurídica puede presentar denuncias sobre la conducta irregular de cualquier funcionario ante la Corte de Cuentas de la República a través del Departamento de Participación Ciudadana. Estas denuncias pueden ser presentadas presencialmente o por medio de correo electrónica, fax o teléfono.
Acuerdo No. 1 (Mecanismos de Transparencia de la Administración Pública y de la Publicidad de los Actos Administrativos)
El Acuerdo tiene el objetivo de establecer mecanismos para fortalecer la transparencia en la función pública y a través del acceso a la información pública y la rendición de cuentas de los actos administrativos.

References: artículo 86
 Artículo 30
 artículo 195
 artículo 193
 artículo 181
 artículo 2
 Artículo 53
 artículo 3
 artículo 9
in fine
in fine
in fine
in fine
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 246
 artículo 235
 artículo 31
 artículo 115
 artículo 125
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 1