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Timestamp: 2017-02-22 06:09:49+00:00

Document:
ANA SANTANDER ORTIZ & ASOCIADOS, ESCRITORIO JURIDICO, ASESORES.: CONVENIO DE LA HAYA DE 25 DE OCTUBRE 1980. SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES
CONVENIO DE LA HAYA DE 25 DE OCTUBRE 1980. SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES
Cualquier denuncia de un traslado, retención, sustracción, ilícitos de menores presentada por un Estado Requirente, en Venezuela (como Estado Requerido), tendrá como base principal el presente Convenio (de haberse ambos Estados, adherido al mismo), así como la Convención Interamericana Sobre Restitución Internacional de Menores. En este artículo hacemos del conocimiento de nuestros Usuarios, la primera. "Los
Estados signatarios del presente Convenio, Profundamente convencidos de que los
intereses del menor son de una importancia primordial para todas las cuestiones
relativas a su custodia, Deseosos de
proteger al menor, en el plano internacional, de los efectos perjudiciales que
podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita, y de establecer los
procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un
Estado en que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección
del derecho de visita, Han acordado
concluir un Convenio a estos efectos, y convienen en las siguientes
disposiciones: CAPITULO I. ÁMBITO DE
APLICACIÓN DEL CONVENIO. Artículo 1
La finalidad del presente Convenio será la siguiente: a) garantizar la
restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita
en cualquier Estado contratante; b) velar por que los derechos de custodia y de
visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás
Estados contratantes. Artículo 2 Los
deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan. Artículo 3 El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: a)
Cuando se hayan producido con infracción
de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una
persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su
residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y b)
Cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o
conjuntamente, en el momento del
traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido
dicho traslado o retención. El derecho de custodia mencionado en a) puede
resultar, en particular, de una atribución de pleno derecho, de una decisión
judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho
Estado. Artículo 4 El Convenio se
aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un Estado contratante
inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita.
El Convenio dejará de aplicarse cuando
el menor alcance la edad de 16 años. Artículo
5 A los efectos del presente Convenio: a) el "derecho de
custodia" comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del
menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia; b) el
"derecho de visita" comprenderá el derecho de llevar al menor, por un
período de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquel en que tiene su
residencia habitual. CAPITULO II. AUTORIDADES
CENTRALES. Artículo 6 Cada uno de los Estados contratantes designará una Autoridad
Central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le impone el
Convenio. Los Estados Federales, los Estados en que estén vigentes más de un
sistema de derecho o los Estados que cuenten con organizaciones territoriales
autónomas tendrán libertad para designar más de una Autoridad Central y para
especificar la extensión territorial de los poderes de cada una de estas
Autoridades. El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central
a la que puedan dirigirse las solicitudes, con el fin de que las transmita a la
Autoridad Central de dicho Estado. Artículo
7 Las Autoridades Centrales deberán colaborar entre sí y promover la
colaboración entre las Autoridades competentes en sus respectivos Estados, con
el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y para conseguir
el resto de los objetivos del presente Convenio. Deberán adoptar, en particular, ya sea
directamente o a través de un intermediario, todas las medidas apropiadas que
permitan: a) localizar al menor
trasladado o retenido de manera ilícita; b) prevenir que el menor sufra
mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, para lo cual
adoptarán o harán que se adopten medidas provisionales; c) garantizar la restitución voluntaria del
menor o facilitar una solución amigable; d) intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se estima
conveniente; e) facilitar información
general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación del Convenio; f) incoar o facilitar la apertura de un
procedimiento judicial o administrativo, con el objeto de conseguir la
restitución del menor y, en su caso, permitir
que se regule o se ejerza de manera efectiva el derecho de visita; g) conceder o facilitar, según el caso, la
obtención de asistencia judicial y jurídica, incluida la participación de un
abogado; h) garantizar, desde el punto
de vista administrativo, la restitución del menor sin peligro, si ello fuese
necesario y apropiado; i) mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación
del presente Convenio y eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos
que puedan oponerse a dicha aplicación. CAPITULO III RESTITUCIÓN DEL MENOR. Artículo 8 Toda
persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de
traslado o retención con infracción del
derecho de custodia, podrá dirigirse a la Autoridad Central de la residencia
habitual del menor, o a la de cualquier otro Estado contratante, para que, con
su asistencia, quede garantizada la restitución del menor. La solicitud incluirá: a) información relativa a la identidad del
solicitante, del menor y de la persona que se alega que ha sustraído o retenido
al menor; b) la fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla; c)
los motivos en que se basa el
solicitante para reclamar la restitución del menor; d) toda la información
disponible relativa a la localización del menor y la identidad de la persona con
la que se supone que está el menor; La solicitud podrá ir acompañada o
complementada por: e) una copia legalizada de toda decisión o acuerdo
pertinentes; f) una certificación o
declaración jurada expedida por una Autoridad Central o por otra autoridad competente
del Estado donde el menor tenga su residencia habitual o por una persona
calificada con respecto al derecho
vigente en esta materia de dicho Estado; g) cualquier otro documento pertinente. Artículo 9 Si la Autoridad Central que recibe una solicitud en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 tiene razones para creer que el menor
se encuentra en otro Estado Contratante, transmitirá la solicitud directamente
y sin demora a la Autoridad Central de ese Estado Contratante e informará a la
Autoridad Central requirente, en su caso, al solicitante. Artículo 10 La Autoridad Central del Estado donde se encuentre el
menor adoptará o hará que se adopten todas las medidas adecuadas tendientes a
conseguir la restitución voluntaria del menor. Artículo 11 Las autoridades judiciales o administrativas de los
Estados Contratantes actuarán con urgencia en los procedimientos para la
restitución de los menores. Si la autoridad judicial o administrativa
competente no hubiera llegado a una decisión en el plazo de seis semanas a
partir de la fecha de iniciación de los procedimientos, el solicitante o la
Autoridad Central del Estado requerido, por iniciativa propia o a instancia de
la Autoridad Central del Estado requirente tendrán derecho a pedir una
declaración sobre las razones de la demora. Si la Autoridad Central del Estado requerido recibiera una respuesta,
dicha Autoridad la transmitirá a la Autoridad Central del estado requirente o, en
su caso, al solicitante. Artículo 12
Cuando un menor haya sido trasladado o
retenido ilícitamente en el sentido previsto en el Artículo 3 y, en la
fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa
del Estado Contratante donde se halle el menor, hubiera transcurrido un período inferior a un año desde el momento
en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente
ordenará la restitución inmediata del menor. La autoridad judicial o
administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo de un
año a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la
restitución del menor salvo que quede demostrado que el menor
ha quedado integrado en su nuevo
ambiente. Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido
tenga razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá
suspender el procedimiento o rechazar la solicitud del menor. Artículo 13 No obstante lo dispuesto en
el Artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a
ordenarla restitución del menor si
la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que: a) la persona, institución u organismo que
se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que
fue trasladado o retenido o había
consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro
físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad
judicial o administrativa podrá asimismo
negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la que
Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente Artículo, las autoridades judiciales y
administrativas tendrán en cuenta la
información que sobre la situación social del menor proporcione la
Autoridad Central u otra autoridad competente
del lugar de residencia habitual del menor. Artículo 14 Para determinar
la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el sentido del
Artículo 3, las autoridades judiciales
o administrativas del Estado requerido podrán tener en cuenta directamente la legislación y las decisiones
judiciales o administrativas, ya
estén reconocidas formalmente o no en el Estado de la residencia habitual del menor,
sin tener que recurrir a procedimientos concretos para probar la vigencia de
esa legislación o para el reconocimiento de las decisiones extranjeras que de lo
contrario serían aplicables. Artículo 15
Las autoridades judiciales o
administrativas de un Estado Contratante,
antes de emitir una orden para la restitución del menor podrán pedir que el
solicitante obtenga de las autoridades del Estado de residencia habitual del
menor una decisión o una certificación que acredite que el traslado o retención
del menor era ilícito en el sentido previsto en el Artículo 3 del Convenio,
siempre que la mencionada decisión o certificación pueda obtenerse en dicho
Estado. Las autoridades Centrales de los Estados Contratantes harán todo lo posible
por prestar asistencia al solicitante para que obtengan una decisión o
certificación de esa clase. Artículo 16
Después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un
menor en el sentido previsto en el Artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Contratante
adonde haya sido trasladado el menor
o donde esté retenido ilícitamente, no
decidirán sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya determinado que no se
reúnen las condiciones del presente Convenio para la restitución del menor
o hasta que haya transcurrido un período de tiempo razonable sin que se haya
presentado una solicitud en virtud de este Convenio. Artículo 17 El solo hecho de
que se haya dictado una decisión relativa a la custodia del menor o que esa
decisión pueda ser reconocida en el Estado requerido no podrá justificar la negativa para restituir a un menor conforme
a lo dispuesto en el presente Convenio, pero
administrativas del Estado podrán tener
en cuenta los motivos de dicha decisión al aplicar el presente Convenio. Artículo 18 Las disposiciones del
presente Capítulo no limitarán las facultades de una autoridad judicial o administrativa
para ordenar la restitución del menor en cualquier momento. Artículo 19 Una decisión adoptada en virtud del presente Convenio sobre la
Artículo 20 La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el Artículo 12 podrá denegarse cuando no lo permitan los
principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. CAPITULO IV DERECHO DE
VISITA Artículo 21 Una solicitud que
tenga como fin la organización o la garantía del ejercicio efectivo del derecho
de visita podrá presentarse a las Autoridades Centrales de los Estados
Contratantes, en la misma forma que la solicitud para la restitución del menor.
Las Autoridades Centrales estarán sujetas a las obligaciones de cooperación
establecidas en el Artículo 7 para asegurar el ejercicio pacífico del derecho
de visita y el cumplimiento de todas las condiciones a que pueda estar sujeto
el ejercicio de ese derecho. Las Autoridades Centrales adoptarán las medidas
necesarias para eliminar, en la medida de lo posible, todos los obstáculos para
el ejercicio de ese derecho. Las
Autoridades Centrales, directamente o por vía de intermediarios, podrán incoar procedimientos
o favorecer su incoación con el fin de regular o proteger dicho derecho y asegurar
el cumplimiento de las condiciones a que pudiera estar sujeto el ejercicio del
mismo. CAPITULO V DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 22 No podrá exigirse
ninguna fianza ni depósito, cualquiera que sea la designación que se le de, para
garantizar el pago de las costas y gastos de los procedimientos judiciales o
administrativos previstos en el Convenio. Artículo
23 No se exigirá, en el contexto del presente Convenio, ninguna legalización
ni otras formalidades análogas. Artículo
24 Toda solicitud, comunicación u otro documento que se envíe a la
Autoridad Central del Estado requerido se
remitirá en el idioma de origen e irá acompañado de una traducción al idioma
oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido o, cuando esta traducción sea difícilmente realizable,
traducción al francés o al inglés. No obstante, un Estado Contratante, mediante
la formulación de una reserva conforme a lo dispuesto en el Artículo 42, podrá
oponerse a la utilización del francés o del inglés, pero no de ambos idiomas,
en toda solicitud, comunicación u otros documentos que se envíen a su Autoridad
Central. Artículo 25 Los nacionales
de los Estados Contratantes y las personas que residen en esos Estados tendrán derecho
en todo lo referente a la aplicación del presente Convenio, a la asistencia
judicial y al asesoramiento jurídico en cualquier otro Estado Contratante en
las mismas condiciones que si fueran nacionales y residieran habitualmente en
ese otro Estado. Artículo 26 Cada
Autoridad Central sufragará sus propios gastos en la aplicación del presente
Convenio. Las Autoridades Centrales y
otros servicios públicos de los Estados Contratantes no impondrán cantidad
alguna en relación con las solicitudes presentadas en virtud de lo dispuesto en
el presente Convenio ni exigirán al solicitante ningún pago por las costas y
gastos del proceso ni, dado el caso, por los gastos derivados de la
participación de un abogado o asesor jurídico. No obstante, se les podrá exigir el pago de los gastos
originados o que vayan a originarse por la restitución del menor. Sin
embargo, un Estado Contratante, mediante la formulación de una reserva conforme
a lo dispuesto en el Artículo 42, podrá declarar que no estará obligado a
asumir ningún gasto de los mencionados en el párrafo precedente que se deriven
de la participación de un abogado o asesores jurídicos o del proceso judicial,
excepto en la medida que dichos gastos puedan quedar cubiertos por su sistema
de asistencia judicial y asesoramiento jurídico. Al ordenar la restitución de
un menor o al expedir una orden relativa a los derechos de visita conforme a lo
dispuesto en el presente Convenio, las autoridades judiciales o administrativas
podrán disponer, dado el caso, que la
persona que traslado o que retuvo al menor o que impidió el ejercicio del
derecho de visita, pague los gastos
necesarios en que haya incurrido el solicitante o en que se haya incurrido
en su nombre, incluidos los gastos de viajes, las costas de representación
judicial del solicitante y los gastos de la restitución del menor. Artículo 27 Cuando se ponga de
manifiesto que no se han cumplido las condiciones requeridas en el presente
Convenio o que la solicitud carece de fundamento, una Autoridad Central no
estará obligada a aceptar la solicitud. En este caso, la Autoridad Central
informará inmediatamente sus motivos al solicitante o a la Autoridad Central
por cuyo conducto se haya presentado la solicitud, según el caso. Artículo 28 Una Autoridad Central podrá
exigir que la solicitud vaya acompañada de una autorización por escrito que le
confiera poderes para actuar por cuenta del solicitante, o para designar un representante
habilitado para actuar en su nombre. Artículo
29 El presente Convenio no excluirá que cualquier persona, institución u
organismo que pretenda que ha habido una violación del derecho de custodia o
del derecho de visita en el sentido previsto en los Artículos 3 o 21, reclame
directamente ante las autoridades judiciales o administrativas de un Estado
Contratante, conforme o no a las disposiciones del presente Convenio. Artículo 30 Toda solicitud presentada a las Autoridades Centrales o directamente
a las autoridades judiciales o administrativas de un Estado Contratante de
conformidad con los términos del presente Convenio, junto con los documentos o
cualquier otra información que la acompañen o que haya proporcionado una
Autoridad Central, será admisible
ante los tribunales o ante las autoridades administrativas de los Estados
Contratantes. Artículo 31 Cuando se
trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o más
sistemas de derecho aplicables en unidades territoriales diferentes: a) toda
referencia a la residencia habitual en dicho Estado, se interpretará que se
refiere a la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado; b) toda referencia a la ley del Estado de
residencia habitual, se interpretará que habitualmente el menor. Artículo 32 Cuando se trate de un
Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o más sistemas de
derecho aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la
ley de ese Estado se interpretará que se refiere al sistema de derecho especificado
por la ley de dicho Estado. Artículo 33
Un Estado en el que las diferentes unidades territoriales tengan sus propias
normas jurídicas respecto a la custodia de menores, no estará obligado a
aplicar el presente Convenio cuando no esté obligado a aplicarlo un Estado que
tenga un sistema unificado de derecho. Artículo
34 El presente Convenio tendrá prioridad en las materias incluidas en su
ámbito de aplicación sobre el "Convenio del 5 de octubre de 1661 sobre
menores", entre los Estados Partes en ambos Convenios. Por lo demás el presente Convenio no restringirá
la aplicación de un instrumento internacional en vigor entre el Estado de
origen y el Estado requerido ni la invocación de otras normas jurídicas del
Estado requerido, para obtener la restitución de un menor que haya sido
trasladado o retenido ilícitamente o para regular el derecho de visita. Artículo 35 El presente Convenio sólo
se aplicará entre los Estados Contratantes en los casos de traslados o retenciones
ilícitos ocurridos después de su entrada en vigor en esos Estados. Si se
hubiera formulado una declaración conforme a lo dispuesto en los artículos 39 o
40, la referencia a un Estado Contratante que figura en el párrafo precedente
se entenderá que se refiere a la unidad o unidades territoriales a las que se
aplica el presente Convenio. Artículo 36 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio
impedirá que dos o más Estados Contratantes, con el fin de limitar las
restricciones a las que podría estar sometida la restitución del menor, acuerden
mutuamente la derogación de algunas de las disposiciones del presente Convenio
que podrían originar esas restricciones. CAPITULO
VI CLÁUSULAS FINALES. Artículo 37 El Convenio estará abierto a la firma de
los Estados que fueron Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado en su decimocuarta sesión. Será ratificado, aceptado o
aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se
depositarán ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países
Bajos. Artículo 38 Cualquier otro
Estado podrá adherirse al Convenio. El instrumento de adhesión será depositado
ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. Para el
Estado que se adhiera al Convenio, este entrará en vigor el primer día del
tercer mes del calendario siguiente al depósito de su instrumento de adhesión. La
adhesión tendrá efecto sólo para las relaciones entre el Estado que se adhiera
y aquellos Estados Contratantes que hayan declarado aceptar esta adhesión. Esta
declaración habrá de ser formulada asimismo por cualquier Estado Miembro que
ratifique, acepte o apruebe el Convenio después de una adhesión. Dicha
declaración será depositada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino
de los Países Bajos; este Ministerio enviará por vía diplomática una copia certificada
a cada uno de los Estados Contratantes. El Convenio entrará en vigor entre el
Estado que se adhiere y el Estado que haya declarado que acepta esa adhesión el
primer día del tercer mes del calendario siguiente al depósito de la declaración
de aceptación. Artículo 39 Todo
Estado, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, podrá declarar que el Convenio se extenderá al conjunto de los territorios
de cuyas relaciones exteriores este encargado, o solo a uno o varios de esos
territorios. Esta declaración tendrá efecto en el momento en que el Convenio
entre en vigor para dicho Estado. Esa
declaración, así como toda extensión posterior, será notificada al Ministerio
de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Artículo
40 Si un Estado Contratante tiene dos o más unidades territoriales en las
que se aplican sistemas de derecho distintos en relación con las materias de
que trata el presente convenio, podrá declarar, en el momento de la firma,
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el presente Convenio se
aplicará a todas sus unidades territoriales o solo a una o varias de ellas y podrá
modificar esta declaración en cualquier momento, para lo que habrá de formular
una nueva declaración. Estas declaraciones se notificarán al Ministerio de
Relaciones Exteriores de los Países Bajos y se indicará en ellas expresamente,
las unidades territoriales a las que se aplica el presente Convenio. Artículo 41 Cuando un Estado
Contratante tenga un sistema de gobierno en el cual los poderes ejecutivo, judicial
y legislativo estén distribuido entre las autoridades centrales y otras
autoridades dentro de dicho Estado, la firma, ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión del presente Convenio, o la formulación de cualquier declaración
conforme a lo dispuesto en el Artículo 40, no implicará consecuencia alguna en
cuanto a la distribución interna de los poderes en dicho Estado. Artículo 42 Cualquier Estado podrá
formular una o las dos reservar previstas en el Artículo 24 y en el tercer párrafo
del Artículo 26, a más tardar en el momento de la ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión o en el momento de formular una declaración conforme a lo
dispuesto en los Artículos 39 o 40. No se permitirá ninguna otra reserva. Cualquier
Estado podrá retirar en cualquier momento una reserva que hubiera formulado. El
retiro será notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los
Países Bajos. La reserva dejará de tener
efecto el primer día del tercer mes del calendario siguiente a las notificaciones
a que se hace referencia en el párrafo precedente. Artículo 43 El Convenio entrará en vigor el primer día del tercer
mes del calendario siguiente al depósito del tercer instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a que se hace referencia en los
Artículos 37 y 38. Después, el Convenio entrará en vigor: 1) para cada Estado
que lo ratifique, acepte, apruebe o adhiera con posterioridad, el primer día del
tercer del calendario siguiente al depósito de su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión; 2) para los territorios o unidades
territoriales a los que se haya extendido el Convenio de conformidad con el
Artículo 39 o 40, el primer día del tercer mes del calendario siguiente a la notificación
a que se hace referencia en esos artículos. Artículo 44 El Convenio permanecerá en vigor durante cinco años a
partir de la fecha de su entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en el
primer párrafo del Artículo 43, incluso para los Estados que con posterioridad
lo hubieran ratificado, aceptado, aprobado o adherido. Si no hubiera denuncia
se renovará tácitamente cada cinco años. Toda denuncia será notificada al
Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, por lo menos,
seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años. La denuncia podrá limitarse
a determinados territorios o unidades territoriales a los que se aplica el
Convenio. La denuncia tendrá efecto solo respecto el Estado que la hubiera
notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados
Contratantes. Artículo 45 El
Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos notificará a los
Estados Miembros de la Conferencia y a los Estados que hayan adherido de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 lo siguiente: 1) las firmas y
ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que hace referencia el Artículo
37; 2) las adhesiones a que hace referencia el Artículo 38; 3) la fecha en que el Convenio entre en vigor
conforme a lo dispuesto en el Artículo 43; 4) las extensiones a que hace
referencia el Artículo 39; 5) las
declaraciones mencionadas en los Artículos 38 y 40; 6) las reservas previstas en el Artículo 24 y
en el tercer párrafo del Artículo 26, y los retiros previstos en el Artículo
42; 7) las denuncias previstas en el
Artículo 44. EN FE DE LO CUAL, los
infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Convenio.
Hecho en La Haya, el 25 de octubre de
1980, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente fehacientes,
en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Gobierno del Reino de
los Países Bajos y del cual se enviará copia certificada por vía diplomática, a
cada uno de los Estados Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado en la fecha de su decimocuarta sesión".
autorización viaje,
convención de la haya,
retención ilícita,
sustracción ilícita,
Carmen Ziegler5 de marzo de 2015, 15:09Buenas noches Dra., espero se encuentre bien, tengo la siguiente pregunta: tengo una tía que adquirió un inmueble en terreno propio hace mas de 20 años. Ella firmó un documento de opción de compra-venta que está notariado y ella pensó que ese era su documento de propiedad pero al día de hoy que ella quería registrar el documento se percata que nunca firmó el documento definitivo de venta. Y a estas altura desconoce el paradero del vendedor, inclusive puede haber fallecido. Que puede hacer al respecto. Muchas gracias por su respuesta.ResponderEliminarEscritorio Jurídico Ana Santander y Asociados6 de marzo de 2015, 5:15Sra Carmen Ziegler, su tía debe contratar un Abogado que, estudie su caso, pues habría lugar al ejercicio de varias acciones. Ahora bien, preliminarmente, se podría intentar en su favor la prescripción adquisitiva del inmueble. Mas Inf. 0414-2070727. No dude en llamarnos de requerir nuestros servicios.ResponderEliminarAñadir comentarioCargar más...

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