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Timestamp: 2020-03-31 18:38:05+00:00

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Sentencia nº 680 de Suprema Corte de Justicia, del 14 de Agosto de 2017. - Jurisprudencia - VLEX 734012629
Sentencia nº 680 de Suprema Corte de Justicia, del 14 de Agosto de 2017.
Sentencia núm. 680
C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 14 de agosto del 2017, que dice así
Germán Brito, P.; E.E.A.C., Fran
Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 14 de agosto de 2017, año
174º de la Independencia y 154º de la Restauración, dicta en audiencia
Sobre el recurso de casación interpuesto por Imagine Punta Cana,
S.R.L., sociedad comercial organizada y existente de conformidad con
las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la
carretera Arena Gorda-Coco Loco Friusa, Punta Cana, representada
por su Director General señor E.E.G.O., español, Fecha: 14 de agosto de 2017
mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad 402-2047865-1, domiciliado y residente en Bavaro Punta, C., parte
querellante en el proceso, contra la sentencia núm.334-2016-SSEN-221,
de fecha 29 de abril de 2016, dictada por la Cámara Penal de la Corte
de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís,
Oído al Lic. D.R.H.G., en representación
de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones;
Oído al Lic. J.R.C.C., por sí y por el Dr.
J.F.G., en representación de la parte recurrida, en la
los Licdos. J.M.A.P. y María Soledad Vargas
Gonzalez, en representación de la recurrente, depositado el 2 de junio Fecha: 14 de agosto de 2017
de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone
Justicia, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la
recurrente, fijando audiencia para el conocimiento el día lunes 23 de
enero de 2017;
haber deliberado y visto la Constitución de la República; los Tratados
Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04,
sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm.
76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de
Justicia el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada
siguientes: Fecha: 14 de agosto de 2017
Que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La
Altagracia, presentó acusación y solicitó apertura a juicio en contra de
N.G.P.P., por el hecho de haber incurrido en
violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, que tipifica y
sanciona el abuso de confianza, en perjuicio de la parte querellante y
actor civil la sociedad comercial Imagine Punta Cana, S.R.L.,
representada por el señor E.E.G.O.;
Que con motivo de la causa seguida al ciudadano Nelson
Gerardo Pereira Peransi, por violación a las disposiciones del artículo
408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la sociedad
comercial Imagine Punta Cana, S.RL., el Tribunal Colegiado de la
La Altagracia, dictó la sentencia núm. 00062-2015, el 3 de junio de 2015,
“ PRIMERO: Pronuncia la absolución del imputado N.G.P.P., español, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de identidad para extranjeros núm. 028-0088394-0, residente en la casa núm. 521-B, C., Palma Real, Paseo Orquídea, Bávaro, provincia La Altagracia, por insuficiencia de pruebas; en consecuencia, ordena el cese de las medidas de coerción a las que se encuentra sometido el imputado, Fecha: 14 de agosto de 2017
respecto del presente proceso; SEGUNDO : Declara las costas penales de oficio; TERCERO : Rechaza la constitución en actor civil hecha por la sociedad comercial Imagen Punta Cana, S.R.L., debidamente representada por su propietario E.E.G.O., en contra del imputado N.G.P.P., por no haberse probado la acusación penal; CUARTO : Condena a la sociedad comercial Imagen Punta Cana S.R.L., debidamente representada por su propietario E.E.G.O., al pago de las costas civiles con distracción y provecho de los abogados, L.. J.R.C.C. y el Dr. J.F.G.M., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”;
que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia
ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de
abril de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:
“ PRIMERO: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 17/08/2015, por los Licdos. J.M.A.P., G.H.V. y M.V.G., abogados de los tribunales de la República, en representación de sociedad Imagene Punta Cana, S.R.L., representada por su director general E.E.G.O., contra la sentencia núm. 00062-2015, de fecha tres (3) del mes de junio del año 2015, dictada por el Tribunal Colegiado de Fecha: 14 de agosto de 2017
la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, cuyo dispositivo aparece copiado en la parte anterior de la presente sentencia; SEGUNDO : Confirma en todas sus partes la sentencia objeto del presente recurso; TERCERO : Condena a la parte recurrente al pago de las costas penales y civiles ocasionadas con la interposición del presente recurso, ordenando la distracción de estas últimas a favor y provecho de los abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. La presente sentencia es susceptible del recurso de casación en un plazo de veinte (20) días, a partir de su lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso, según lo disponen los artículos 425 y 427 del Código Procesal Penal”;
Considerando, que la parte recurrente Imagine Punta Cana, S. R.
L, debidamente representada por E.G.O., propone
como fundamento de su recurso de casación los medios siguientes:
“Primer Medio : Sentencia manifiestamente infundada. La falta de motivación en la decisión y violación a la ley por inobservancia del artículo 24 del Código Procesal Penal. Que la procede a realizar una motivación precaria, ya que no analiza a profundidad las pruebas depositadas ni los testimonios presentados, sino que solamente establece que las mismas no son procedentes; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Inobservancia a los artículos 8,9 y 10 de la Ley 126-02, sobre Comercio Electrónico. Que la Corte a-qua descalificó los correos electrónicos aportados debidamente al proceso Fecha: 14 de agosto de 2017
por tecnicismos que no son exigidos por la ley y sobre los cuales la contraparte no ha aportado prueba que descalifique la procedencia de los correos de que se trata. Que se ha limitado mediante sentencia y sin ningún fundamento legal el uso de un medio probatorio en una materia donde reina la libertad probatoria y que encima de todo, se ha validado por ley ese tipo de pruebas ante los procesos judiciales. En tal virtud la Corte ha incurrido en ser evidentemente infundada generando esto para la parte querellante un estado de indefensión; Tercer Medio : Sentencia manifiestamente infundada, errónea aplicación de los artículos 170, 172 y 333 del CPP. La Corte de Apelación estableció que ninguna de las pruebas aportadas por la parte querellante recurrente eran suficientes porque no habían sido corroborados mediante mecanismos periciales, no obstante no haber probado las parte imputada prueba contundente de que no realizo ninguno de los hechos que se le imputan. Que la Corte a través de su mal elaborada sentencia, resultando ser más gravoso, y en consecuencia violatorio a los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, el hecho de que tampoco en cuanto a los correos electrónicos hicieron valoración apropiada, ya que no se realizo una valoración apropiada, ya que no se realizo una valoración integral de los documentos que se encontraban en el expediente ni tampoco de las declaraciones esbozadas por los testigos”;
a-qua estableció lo siguiente: Fecha: 14 de agosto de 2017
“1) Que ciertamente como alega la parte recurrente, conforme al principio de libertad probatoria que rige en nuestro sistema procesal penal, los hechos punibles y circunstancias pueden ser probados por cualquier medio de prueba, salvo prohibición expresa de la ley, y ninguna disposición legal establece que las fotocopias no son pruebas válidas, por lo que pueden ser tomadas en cuenta por los jueces del fondo como elemento de juicio cuando se encuentren corroboradas por otros medios de prueba, sobre todo, en un caso como el de la especie en el que se trata de copias de correos electrónicos cuyo formato original es digital, de manera tal que cualquier incorporación de estos en formato papel tiene que ser mediante copia impresa; 2) Asimismo tiene razón la pate recurrente en su alegato de que ninguna disposición legal exige que los documentos electrónicos deban ser certificado por el DICAT, sin embargo, tratándose de cuestiones de alta tecnología en cuyo contexto se realizan múltiples y variados fraudes mediante mecanismos tecnológicos sofisticados, así como manipulaciones de datos, incluyendo las identidades de remitentes y receptores, resulta ilógico y hasta necesario, que ante cualquier duda al respecto, ante de atribuirle responsabilidad alguien por un dato o documento transmitido a través de las redes de la internet, se realice una experticia que permita establecer, sin lugar a dudas, que estos ciertamente provienen de quien figure como remitente o de que han sido recibidos por quienes figuren como destinatarios, pues de lo contrario podrían estarse utilizando como medios de prueba documentos y datos digitales alterados, falseados o manipulados; 3) por las Fecha: 14 de agosto de 2017
mismas razones expuestas en el párrafo anterior, los medios de prueba aportados por la parte acusadora no podían ser suficientes para demostrar los cambios que se les atribuyen haber realizado al imputado, en su propio provecho, en las páginas o espacios digitales que posee en las redes sociales de la empresa Imagine Punta Cana, S. R.
L., pues para ello era imprescindible establecer desde que terminal o dirección I.P., se realizaron dichos cambios, y si el referido imputado tenía acceso a los mismos, para lo cual se requiere evidentemente, de una experticia a cargo de un profesional o técnico en la materia. En ese tenor, no se aportaron pruebas suficientes ante el tribunal aquo para establecer a cargo del imputado recurrido, la supuesta violación a los arts. 5, 6,10,11,17 y 19 de la ley 53-07; 4) En el contexto anteriormente indicado cabe afirmar, que si bien nada impide que las copias de los correos electrónicos remitidos por los testigos M.G. a la empresa Sutudens City, Inc., y viceversa, a que se hace referencia en la sentencia recurrida, puedan ser valorados como elementos de prueba, pues a pesar de ser copias su autenticidad se corrobora por las declaraciones de dicho testigo, quien da fe de haber enviado y recibido dichos documentos digitales, disipando así cualquier duda acerca de su verdadera procedencia, no menos cierto es que no ocurre lo mismo con aquellos cuya remisión o recepción se le atribuye al imputado N.G.P.P., sin importar cuales hayan sido las direcciones electrónicas que figuren en los mismos, pues el testigo antes mencionado, ni el querellante, son peritos con calidad y capacidad para establecer la certeza y autenticidad de los referidos correos electrónicos, además de que, siendo Fecha: 14 de agosto de 2017
simples testigos del caso, esta es una circunstancia que no le consta personalmente. En ese mismo orden de ideas, las declaraciones del testigo a cargo y del querellante y actor civil, aun apreciándolas conjuntamente con el contenido de los correos electrónicos intervenidos entre el testigo M.G. a la empresa Sutudens City, Inc., no son suficientes para probar los hechos puestos a cargo del referido imputado por la parte acusadora, pues quedaría por demostrar que ciertamente esta empresa extranjera le pago la suma de U$21,000.00, a dicho imputado, pues de ello no existe constancia válida en el expediente y a tales fines no basta con que aparezca en algunos de dichos correos una simple afirmación en tal sentido de la parte indicada empresa, pues la lógica y la experiencia indican que en el mundo empresarial y comercial se llevan registros en los para hacer constar todas las operaciones que involucren sumas importantes de dinero, además de que tal afirmación hecha de manera unilateral por dicha empresa podría eventualmente tratarse de un simple alegato suyo para liberarse del pago de la referida suma de a la parte querellante; 5) Asi las cosas, el tribunal a-quo actuó correctamente al pronunciar la absolución del imputado N.G.P.P., por insuficiencia de pruebas; 6) Que una revisión de la sentencia de primer grado demuestra que el tribunal de primer grado demuestra que el tribunal aquo hizo una adecuada interpretación de los hechos y una justa aplicación del derecho, respetando los derechos y garantías procesales de la parte recurrente, por lo que procede rechazar el recurso de que se trata y confirmar dicha sentencia, en todos sus aspectos”; Fecha: 14 de agosto de 2017
Considerando, que en cuanto a los tres medios invocados por la
recurrente, y analizados en conjunto por su estrecha relación, toda vez
que versan sobre la valoración de los medios de pruebas; en los cuales
sostiene resumidamente: “Sentencia manifiestamente infundada. Que Corte
procede a realizar una motivación precaria ya que no analiza a profundidad las
pruebas depositadas ni los testimonios presentados, sino que solamente
establece que las mismas no son procedentes; Inobservancia a los artículos 8,9
y 10 de la Ley 126-02, sobre Comercio Electrónico. Que la Corte a-qua
descalificó los correos electrónicos aportados debidamente al proceso por
tecnicismos que no son exigidos por la ley y sobre los cuales la contraparte no
ha aportado prueba que descalifique la procedencia de los correos de que se
trata. Que se ha limitado mediante sentencia y sin ningún fundamento legal el
uso de un medio probatorio en una materia donde reina la libertad probatoria
y que encima de todo, se ha validado por ley ese tipo de pruebas ante los
procesos judiciales. En tal virtud la Corte ha incurrido en ser evidentemente
infundada generando esto para la parte querellante un estado de indefensión; y
que la Sentencia es manifiestamente infundada, por errónea aplicación de los
artículos 170, 172 y 333 del CPP, en el entendido de que la Corte de Apelación
estableció que ninguna de las pruebas aportadas por la parte querellante Fecha: 14 de agosto de 2017
recurrente eran suficientes porque no habían sido corroborados mediante
mecanismos periciales, no obstante no haber probado las parte imputada
prueba contundente de que no realizo ninguno de los hechos que se le
imputan. Que no se realizó una valoración apropiada, ya que no se realizó una
valoración integral de los documentos que se encontraban en el expediente ni
tampoco de las declaraciones esbozadas por los testigos”;
Considerando, que ha sido criterio sostenido por esta Sala que en
la actividad probatoria los Jueces tienen la plena libertad de
convencimiento de los hechos sobre los elementos de prueba
sometidos a su escrutinio y del valor otorgado a cada uno, con la
limitante de que su valoración la realicen con arreglo a la sana crítica
racional, que incluye las reglas de la lógica, los conocimientos
científicos y las máximas de experiencia; enmarcado en una evaluación
integral de cada uno de los elementos sometidos al examen;
Considerando, que la doctrina más asentida define las reglas de
la sana crítica como aquellas que rigen los juicios de valor emitidos por
el entendimiento humano en procura de su verdad, por apoyarse en
proposiciones lógicas correctas y por fundarse en observaciones de
experiencia confirmadas por la realidad; Fecha: 14 de agosto de 2017
Considerando, que conforme con lo anterior, se entiende que los
Jueces se encuentran facultados para elegir dentro del acervo
probatorio, aquellos elementos que le permitan fundamentar el fallo
decisorio, sin que tal selección implique un defecto en la justificación
de su decisión;
Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de
las actuaciones remitidas, se puede colegir, que la Corte a-qua al
rechazar la impugnación por él planteada, no incurre en los vicios
invocados sobre sentencia manifiestamente infundada, por errónea
valoración probatoria, pues la lectura de la sentencia revela que la
Corte aqua constató la labor valorativa de los elementos probatorios
que fueron sometidos, realizada por el tribunal de juicio, mismos que
resultaron insuficientes para retenerle responsabilidad penal al
acusado N.G.P.P. del ilícito de abuso de
confianza contemplado en el artículo 408 del Código Penal
Dominicano; que para se configure el delito de abuso de confianza es
necesario la entrega de la cosa, y tal como expresa la Corte, la parte
querellante no aportó prueba o documentación que demuestre la
entrega de la cosa, de conformidad con el texto legal que contempla
dicho ilícito; que por demás era obligación del querellante probar la Fecha: 14 de agosto de 2017
entrega de dicha cosa y no lo hizo; por lo que procede el rechazo del
argumento de la errónea valoración de los elementos probatorios;
Considerando, que además contrario a lo expuesto por la parte
recurrente en su memorial, la Corte a-qua no incurrió en ninguno de
los vicios denunciados por la recurrente, ya que examinó los
planteamientos esgrimidos por ésta y brindó motivos suficientes,
claros y precisos para confirmar la decisión dictada por el tribunal de
primer grado, actuando conforme a las normas legales, por lo que
queda confirmada la decisión.
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Imagine Punta Cana, S.R.L., representada por su Director General señor E.E.G.O., contra la sentencia núm.334-2016-SSEN-221, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 29 de abril de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Fecha: 14 de agosto de 2017
Tercero: Condena a la recurrente al pago de las costas procesales;
(Firmados) M.C.G.B.-EstherE.A.C. .-F.E.S.S..- H.R.
figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y
año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí,
Secretaria General, que certifico.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 15 de septiembre de 2017, a solicitud de parte interesada, exonerada de pagos de recibos y sellos de impuestos internos.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 408
 artículo
408
 artículo 24
 artículo 408