Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-12849-de-abril-12-de-2000?documento=jurcol&contexto=jurcol_a7d53fa716a24c44a5af26990fc3649d&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 09:02:02+00:00

Document:
﻿ Sentencia 12849 de abril 12 de 2000
SENTENCIA 12849 DE 12 DE ABRIL DE 2000
CONTENIDO:TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SERVIDOR PÚBLICO SIN JUSTA CAUSA. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR ORDEN DE REINTEGRO POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA ENTIDAD. EL DESPIDO NO ES UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA Y NO ESTÁ SUJETO A UN TRÁMITE PREVIO, SALVO QUE ASÍ SE HUBIERA PACTADO VÍA CONVENCIÓN COLECTIVA. VIOLACIÓN GRAVE DE LAS OBLIGACIONES O PROHIBICIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR. ANÁLISIS PROBATORIO DE LA CONFESIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE HABER INCURRIDO EN TODAS LAS ACCIONES Y OMISIONES QUE LE ATRIBUYÓ LA EMPRESA EN LA CARTA DE DESPIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REINTEGRO LABORAL, SANCIÓN DISCIPLINARIA AL EMPLEADO PÚBLICO, SANCIÓN DISCIPLINARIA, SANCIÓN DISCIPLINARIA AL TRABAJADOR OFICIAL, SANCIÓN DISCIPLINARIA DEL TRABAJADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, NULIDAD DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, DESPIDO DEL TRABAJADOR
Sentencia 12849 de abril 12 de 2000
Radicación 12849
Santafé de Bogotá, D.C., doce de abril de dos mil.
Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por el apoderado de HENRY ONATRA HERRERA, contra la sentencia de 23 de marzo de 1999, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el recurrente, contra la empresa ALCALIS DE COLOMBIA LIMITADA (ALCO LTDA.) EN LIQUIDACIÓN
ONATRA HERRERA llamó a juicio a la demandada, con el fin de que lo reintegrara y le pagara los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales causadas durante su desvinculación, y en subsidio, la condenara a la indemnización por despido injusto, al pago de las primas de junio y diciembre de 1992, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación de antigüedad, indemnización moratoria, e indexación.
Sustenta las pretensiones en los siguientes hechos: prestó sus servicios entre el 16 de noviembre de 1988 y el 27 de noviembre de 1992, desempeñándose como Superintendente de Servicios Industriales, con un salario mensual de $ 1.254.700; el contrato le fue terminado sin justa causa a partir del 28 de noviembre de 1992, y durante la vinculación, la empresa le reconoció y pagó los beneficios derivados de la convención colectiva suscrita con el sindicato, descontándole mensualmente los aportes sindicales; afirma, que la empresa no observó los trámites previos establecidos en la ley, el reglamento de trabajo, y la convención colectiva, ni le pagaron los salarios, prestaciones, indemnizaciones y bonificaciones que reclama, y que agotó la vía gubernativa. El juzgado dio por no contestada la demanda, pero en la primera audiencia de trámite, Alcalis propuso las excepciones de inexistencia del derecho a demandar, inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción, cobro de lo no debido, falta de título y de causa en los demandantes, y compensación. Surtida la instancia, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, mediante sentencia de 17 de mayo de 1996, condenó a la demandada a pagar al actor la suma de $ 1.978.168,33 por concepto de primas convencionales de junio y diciembre de 1992; $ 4.395.216,90 por indemnización por despido injusto; y $ 41.823,35 diarios a partir del 28 de noviembre de 1992 y hasta cuando se cancele lo adeudado, por concepto de indemnización moratoria; absolvió de las demás peticiones, y declaró probadas las excepciones de, inexistencia del derecho a demandar el reintegro, y la de pago respecto a las vacaciones.
Al conocer de la alzada propuesta por ambas partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al que le correspondió por reparto en atención de las normas de descongestión expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura, revocó la sentencia del a quo, y en su lugar, absolvió a la demandada de todas las pretensiones.
En las consideraciones dijo, que por tener la condición de directivo, el actor estuvo cobijado por las prerrogativas de la convención colectiva de trabajo vigente para el periodo 1990-1992, pero solo durante los 30 días siguientes a la firma de la convención, pues vencido ese plazo, solo le eran aplicables las normas atinentes a la pensión de jubilación, procedimiento aplicable para algunos despidos sin justa causa, y fondo rotatorio de vivienda. Afirmó que el reintegro del actor no procedía, primero, por encontrarse la empresa en estado de liquidación y, porque, de conformidad con el parágrafo del artículo 129 de la convención colectiva (fl. 188), este beneficio no estaba consagrado para los empleados directivos. Al referirse a la indemnización por despido injusto concluyó, con base en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, y varios testimonios, que éste fue negligente, pues habiendo tenido conocimiento a las 10:30 A.M. de la existencia de una filtración de cloruro de sodio que ponía en peligro las calderas, solo acudió a la planta, a las 4:00 P.M., delegando la emergencia en el entretanto, en personal inexperto, circunstancia que determinó parar las calderas 1, 2 y 5; se violaron así, las prohibiciones especiales contenidas en el reglamento interno de trabajo, por lo que siendo justo el despido, el demandante no tenía derecho al reintegro solicitado, ni a las condenas pedidas como pretensiones subsidiarias. En cuanto a las primas convencionales de junio y diciembre de 1992, afirma, que el pago efectuado por esa razón fue hecho por mera liberalidad, pues la norma convencional que la consagra no le es aplicable al actor por pertenecer al rango de trabajadores directivos. Termina diciendo, que revocadas todas las condenas impuestas por el a quo la de indemnización moratoria sigue idéntica suerte.
Interpuesto por el apoderado de la demandante, otorgado por el Tribunal, y admitido por esta Sala, persigue la casación parcial de la sentencia, y en sede de instancia, la condena a las pretensiones principales de la demanda. Subsidiariamente solicita, la casación parcial de la sentencia, y en sede de instancia, la confirmación de la proferida por el a quo. Al efecto propone tres cargos que fueron debidamente replicados.
“Acuso la sentencia de ser violatoria por interpretación errónea del artículo 222 del Código de Comercio, en relación con el artículo 245 del mismo estatuto y de los artículos 2º, 8º, 11 y 17 de la Ley 6ª de 1945; 26 numeral 6º, 30, 31, 43, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945; y, 2º, 4º, 467, 471 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo que dejaron de aplicar debiendo hacerlo”.
En la demostración dice, que aun cuando no lo citó, interpretó erróneamente el artículo 222 del Código de comercio, pues el juzgador asumió que por encontrarse la demandada en estado de liquidación el reintegro resultaba improcedente.
La réplica aduce que el cargo adolece de errores técnicos pues acusa unas normas por interpretación errónea y otras por falta de aplicación; que además no cita la norma puente que vincula las normas del Código del Comercio, con las de carácter laboral. En cuanto al fondo, afirma que el recurrente atacó uno solo de los sustentos del fallo olvidando que el ad quem, dio por demostrada la justa causa del despido invocada por la demandada, y con base en esa conclusión, negó el reintegro. Que además, tratándose de un reintegro convencional, nada tiene que ver con ella el artículo 222 del Código de Comercio.
1. Respecto de los reparos técnicos, bueno es señalar que si bien, la falta de aplicación no es modalidad de ataque consagrada en la casación laboral, en el presente caso ha de entenderse, que el recurrente se refiere a la infracción directa de esas normas; por lo otro, contrario a lo afirmado por la oposición, es posible acusar unas normas por interpretación errónea y otras por infracción directa, desde luego, lo que no ha aceptado esta Sala es que concomitantemente se denuncie la violación de una misma norma en dos modalidades diferentes.
De otra parte, la Ley 446 de 1998, convirtió en permanentes algunas normas de la legislación sobre descongestión, entre ellas, el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, que al referirse a los requerimientos formales de la acusación de normas sustanciales en el recurso de casación, dice en su ordinal tercero: ”Será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”. Como en el presente caso se acusan entre otras normas, los artículo 467, 468, 469, 471 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo que regulan lo concerniente a los derechos sustanciales adquiridos a través de la convención colectiva, y el reintegro lo es en este caso, el requerimiento técnico exigido por el precepto adjetivo, se satisface plenamente, circunstancia que hace examinable el fondo del cargo.
2. No obstante, razón tiene la réplica al afirmar que la censura omitió todo reparo al fundamento principal que tuvo el Tribunal para negar el reintegro, ya que en momento alguno atacó la conclusión de que el despido obedeció a justa causa. Entonces, como en el presente caso la injusticia del despido era condición sine quanon para que eventualmente operara el reintegro, el ataque aislado a la decisión del ad quem sobre ese aspecto carece de objeto, pues se reitera, aquel no es sino una consecuencia que pende de la declaración de que el despido fue injusto.
3. Por lo demás, al referirse al reintegro en un caso similar al presente, la Corte en sentencia de 30 de abril de 1998 radicada con el número 10425, dijo lo siguiente:
“A pesar de que el cargo no prospera, la Corte debe rectificar el criterio del Tribunal de Cartagena conforme al cual carece de incidencia en la decisión judicial sobre reintegro la clausura o liquidación de la empresa. Sobre ese particular se pronunció la Sala en sentencia del 2 de diciembre de 1997 en el proceso ordinario laboral de Álvaro Vargas Gutiérrez y otros contra el Municipio de Neiva (rad. 10157):
“`El Tribunal acierta cuando sostiene que el cierre total del lugar donde prestaban el servicio los demandantes hace imposible el reintegro, porque esa es una verdad axiomática. Más aún, para que una obligación exista es necesario que sea física y jurídicamente posible, de manera que una persona no puede obligarse por un acto o declaración de voluntad a cumplir lo imposible y de la misma manera el juez no puede gravar al demandado, con una decisión judicial suya, a que cumpla un hecho o un acto materialmente imposible. Cuando el hecho debido se torna imposible, la obligación original (de dar, hacer o no hacer) se resuelve en una de indemnizar perjuicios, de modo que lo jurídicamente procedente es la demanda judicial de los perjuicios.
“‘Por otra parte, cuando el Tribunal sostiene que el juez del trabajo debe analizar las circunstancias que aparezcan en el juicio para decidir entre el reintegro o el pago de la indemnización y encuentra que la desaparición de la empresa es una de esas circunstancias, aplica principios básicos del derecho común sobre la posibilidad del objeto de toda prestación, pues, como se dijo en el párrafo anterior, no es jurídicamente posible asumir una obligación que tenga por objeto el cumplimiento de un hecho o acto físicamente imposible, ni le está dado al juez hacer cumplir lo que se escapa de las leyes físicas.
“‘De acuerdo con las apreciaciones anteriores, si el empleador, con desconocimiento de la ley, procede a efectuar un cierre parcial o total de la empresa y esta circunstancia da lugar a la terminación de contratos de trabajo, resulta jurídicamente inadmisible pretender el reintegro, así él se encuentre consagrado en la ley, en pacto colectivo o en convención colectiva…’”.
Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida los artículos 2º, 8º, 11 y 17 de la ley 6ª de 1945; 26 numeral 6º, 30, 31, 43, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945; y, 2º, 4º, 467, 471 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo.
“1. No dar por demostrado, siendo toda una evidencia, que el demandante, a pesar del cargo que desempeñó, se le aplicaron hasta la terminación de su contrato de trabajo los beneficios convencionales.
“2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada dio estricto cumplimiento al trámite o garantía de estabilidad previsto o consagrado en el artículo 127 y en el artículo 128 de la convención colectiva pactada para 1992 a 1994.
“3. Dar por demostrado sin estarlo, que la demandada al despedir al demandante observó el reglamento de trabajo en su artículo 82 (fls. 112 y 13), que exige que toda falta que se impute a un trabajador que pueda acarrear una sanción disciplinaria —y el despido es doctrinaria y jurisprudencialmente la máxima sanción— será concretada y comprobada en tal forma que lleve a la certidumbre de su veracidad, debiendo ser oído el trabajador por la comisión disciplinaria, asistido por el sindicato o al menos por dos de sus compañeros de trabajo.
“4. No dar por demostrado siendo una evidencia, que la demandada antes de aplicar la máxima sanción disciplinaria que impuso al demandante (el despido sin preaviso) por la pretendida falta que se le endilga, no dio oportunidad al trabajador de ser oído, ni a dos (2) representantes del sindicato al cual pertenecía o estaba afiliado”.
Al desarrollar el cargo, el recurrente parte de que al demandante se le aplicaba la convención colectiva no obstante su calidad de directivo, que así lo hizo la empresa respecto a derechos como las primas (fl. 11), prima de vacaciones del artículo 160 de la convención (fl. 142) y como lo corroboran presidente secretario y tesorero, del sindicato de Alcalis y solo para el despido se quiere, o pretende, inaplicar la convención. Partiendo de esa premisa, continúa diciendo, que no aparece demostrado el trámite convencional consagrado en el artículo 127, (aviso de despido con 24 horas de anticipación), norma cuyo desconocimiento conlleva el derecho al reintegro. Dice, que la demandada tampoco demostró haber cumplido el trámite consagrado en el reglamento de trabajo, dado que el despido es la máxima sanción disciplinaria que se puede imponer a un trabajador.
Sobre el primer error aduce, que el Tribunal no incurrió en él, pues entendió, que la convención le era aplicable al demandante con las restricciones contenidas en el artículo 2º que solo la autorizaba para los directivos por un término de 30 días contados desde la firma de la convención, pues vencido este plazo, solo lo era parcialmente y por tal razón, el trámite convencional para el despido no lo era; que la interpretación de las pruebas, es facultad consagrada en el artículo 61 del Código Procesal Laboral y por ello, los jueces tienen la posibilidad de forjar sobre ellas su libre convencimiento con base en las reglas de la sana crítica. Por último afirma, que el despido no es sanción disciplinaria, y por tal razón, no le era aplicable el procedimiento establecido para sanciones de esa estirpe.
1. En este cargo también prescinde el recurrente de desarrollar la labor de desvirtuar los sustentos en que la sentencia fue fundamentada. En efecto, el Tribunal partió del principio de que la convención le era aplicable al demandante pero solo parcialmente, pues de acuerdo al artículo 2º de dicho estatuto, los trabajadores que tuvieran calidad de directivos, y el demandante lo era conforme a su propia confesión, solo tenían derecho a su aplicación dentro de los 30 días posteriores a la firma del convenio, pues vencido ese término aquella se reducía para esta clase de trabajadores a las normas sobre pensión de jubilación, respecto del procedimiento para algunos despidos sin justa causa y fondo rotatorio de vivienda. Como se ve, la norma dejó al criterio del intérprete la facultad de establecer cuáles eran los casos de despido injusto a los que le era aplicable la convención; siendo así, cuando el Tribunal asumió que no lo era para el recurrente, simplemente interpretó esa estipulación convencional, y no lo hizo gratuitamente y sin fundamento, sino, con base en la calidad de directivo confesada por el demandante. Entonces, lo que en el fondo presenta la censura en este caso, es una interpretación diferente del artículo 2º convencional, al considerar, que a este específico asunto de despido le es aplicable la convención, situación que deja de presente, que dicha norma admite más de una interpretación lógica, lo que descarta la comisión de un error evidente de hecho, dado lo cual, habrá de concluirse, que no se equivocó el Tribunal al establecer que las normas correspondientes al trámite convencional por despido injusto no le eran aplicables al demandante.
2. Por lo demás, contrario a lo afirmado por el recurrente que se queja de la omisión del trámite disciplinario establecido en el reglamento de trabajo para despedir al trabajador, lo que la Corte ha sostenido al respecto es, que el despido no es una sanción disciplinaria, y que por tal razón, no le son aplicables dichos trámites (Sent., mar. 16/84).
Por la vía indirecta, acusa en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 2º, 8º, 11 y 17 de la Ley 6ª de 1945; 26 numeral 6º, 30, 31, 43, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945; y, 2º, 4º, 467, 471 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo.
“1) Dar por establecido, sin estarlo, que la demandada demostró plenamente la causa invocada como justa para despedir.
“2) Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada cumplió con el trámite o requisitos exigidos por el artículo 127 de la convención colectiva como necesarios para la validez del despido.
“3) Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada pagó al trabajador demandante las primas convencionales de junio y diciembre de 1992.
“4) No dar por demostrado, siendo evidente, que la sociedad demandada se encuentra en mora de pagar tanto las primas convencionales de junio y diciembre de 1992 como la indemnización por despido injusto”.
Como pruebas erróneamente apreciadas señaló: la carta de despido y el interrogatorio de parte absuelto por el actor.
La demostración trata de desvirtuar las conclusiones del Tribunal con base en el interrogatorio rendido por el demandante; al efecto afirma, que al apreciar el ad quem las aseveraciones efectuadas en esa diligencia, en las que ofreció explicaciones concernientes a las justas causas invocadas por la demandada en la carta de despido, no tuvo en cuenta, que estas no fueron refutadas por la empresa.
En cuanto a las primas de servicio aduce, que el Tribunal apreció erróneamente las liquidaciones de folios 67 a 71, pues estas demuestran, el pago de las primas legales, mas no, el de las convencionales solicitadas en la demanda, agregando, que el documento de folio 428 citado por el tribunal en la providencia no fue decretado como prueba en el proceso.
La conclusión de que el despido del demandante obedeció a justa causa afloró principalmente, de la apreciación de su interrogatorio de parte, que ahora señala la censura como erróneamente estimado. Sin embargo, de su examen resulta palmario, que Onatra Herrera confesó haber incurrido en todas las acciones y omisiones que le atribuyó la empresa en la carta de despido, y que el Tribunal no tuvo como explicaciones atendibles de su conducta, como lo quiere hacer aparecer el recurrente en el cargo.
Siendo esto así, lo único que hizo el ad quem al apreciar el interrogatorio, fue atenerse al contenido textual de la confesión, que es clara y contundente, por lo que mal pudo incurrir en error evidente de hecho, al concluir con base en esa prueba, que el despido había sido justo.
Se agregará, que como con la prueba calificada no se demostró la existencia de errores evidentes de hecho, el examen de la no calificada resulta improcedente, según lo ha reiterado la doctrina de esta Corporación.
2. En lo relacionado con las primas convencionales de servicio de junio y diciembre de 1992, se dirá que, la demostración presentada resulta inútil para destruir la decisión atacada, dado que el fundamento de la sentencia sobre este aspecto, fue que el demandante no tenía derecho a dichas primas, pues como directivo que era, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la convención colectiva, ésta solo le era aplicable para asuntos relacionados con pensiones de jubilación, algunos casos de despidos sin justa causa, y fondo rotatorio de vivienda, mas no, para reconocerle primas y otros beneficios consagrados en ese estatuto. De esta suerte resultaba inútil demostrar que las primas que aparecen satisfechas a folios 67 a 71 eran las legales, y no las convencionales.
En mérito de lo expuesto, la Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 23 de marzo de 1999 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dentro del proceso ordinario laboral que le sigue HENRY ONATRA HERRERA a ALCALIS DE COLOMBIA (ALCO LTDA) EN LIQUIDACIÓN.
Magistrados: Carlos Isaac Náder—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Rafael Méndez Arango—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero.

References: artículo 129
 artículo 222
 artículo 245
 artículo 222
 artículo 222
 artículo 51
 artículo 467
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 82
 artículo 160
 artículo 127
 artículo 2
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 127
 artículo 2