Source: http://www.catedraedwardsaid.com.ar/index.php/publicaciones/item/73-israel-y-la-conquista-de-palestina
Timestamp: 2017-08-17 15:21:02+00:00

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Lunes, 08 Febrero 2016 19:54
Necesidad de revisar el papel de la ONU en la implantación del Estado sionista[1]
Miguel Ibarlucía[2].
Resumen: La implantación del Estado de Israel en tierra palestina en 1948, previa conquista por las armas y expulsión de sus habitantes, es uno de los actos más atroces del siglo XX. Sin embargo la creación de dicho Estado se presenta como el producto de una resolución de las Naciones Unidas, la Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 que aprobara el Plan de Partición. El autor cuestiona la interpretación instalada en la opinión pública y en la historiografía sobre la cuestión, planteando si el Estado de Israel proviene de dicha decisión o si, por el contrario es producto de un acto de fuerza, de un hecho de conquista.
Abstract: The implantation of the State of Israel in the palestinian land at 1948, after its conquest by the arms and the expulsion of its inhabitants, is one of the most atrocious acts of the 20th century. However the creation of that state is presented as the product of a United Nations resolution, the 181 Resolutión, adopted on November 29, 1947, that approved the Partition Plan. The author questions the interpretation installed in the public opinion and in the historiography about this matter, considering if the State of Israel derives from that decision or, in the contrary, is the product of an act of force, an act of conquest.
Palabras clave: Palestina-Israel-partición-conquista-Naciones Unidas-Resolución 181.
Es un lugar común instalado en la opinión pública que el Estado de Israel fue creado en 1947 por la Organización de las Naciones Unidas mediante la sanción de la Resolución 181 el 29 de noviembre de ese año, resolución que aprobó el dictamen de mayoría de una comisión –la UNSCOP- creada con el propósito de formular propuestas para la cuestión de Palestina. Dicha creencia no se limita al público en general sino que es compartida por la casi totalidad de los académicos que han tratado el tema y hasta por los propios sostenedores de la causa palestina[3]. Así, es común hallar referencias a “la partición de Palestina por la ONU”, incluso criticando una resolución que abrió los cauces para la conquista de un territorio en el que habitaba un pueblo desde hacía más de un milenio por otro constituido por inmigrantes recién llegados de Europa con el apoyo de una potencia colonial.
Nos proponemos indagar y considerar si esto es así, si la fuente legitimidad del Estado de Israel proviene de dicha decisión o si, por el contrario es producto de un hecho de fuerza, de un acto de conquista. Para ello resulta imprescindible considerar el carácter de las resoluciones de las Naciones Unidas, sus facultades, sus propósitos, el régimen de los llamados territorios fideicomitidos, a la luz de los artículos 73 y siguientes de la Carta, el contenido propositivo de la Resolución 181 y la actividad desplegada por cada una de las partes en litigio -la comunidad palestina originaria, de religión islámica, cristiana y judía, y la comunidad de europeos inmigrantes de religión judía- así como la potencia mandataria. La tesis que se adopte se proyecta directamente sobre las propuestas de solución al conflicto israelí-palestino y a la interpretación de los hechos posteriores, ya sea la Guerra de 1967 como las tratativas de paz.
Sostenemos la tesis de que Israel es un Estado de Conquista, creado, proclamado yconstituido en franca violación al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada poco tiempo antes, que veda el recurso “a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
La Resolución 181/47 como fuente de legitimidad
“El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que disponía el establecimiento de un estado judío en Eretz Israel. La Asamblea General requirió de los habitantes de Eretz Israel que tomaran en sus manos todas las medidas necesarias para la implementación de dicha resolución. Este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas sobre el derecho del pueblo judío a establecer su propio estado es irrevocable. Este derecho es el derecho natural del pueblo judío de ser dueño de su propio destino, con todas las otras naciones, en un Estado soberano propio”. Declaración de Independencia del Estado de Israel, quinto día de iyar de 5708.
La proclamación del Estado de Israel, realizado por un conjunto de entidades representativas de la comunidad judía en Palestina el 14 de mayo de 1948, invocó en su apoyo la mentada resolución. Pocas líneas antes la misma proclama citaba la Declaración Balfour efectuada por el gobierno de Gran Bretaña el 2 de noviembre de 1917 por la que manifestaba su voluntad de “favorecer el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío” comprometiendo sus esfuerzos para ello, aunque salvaguardando los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías de esa misma tierra. Para los proclamantes la Declaración Balfour reconocía un derecho a “la restauración nacional del pueblo en su propio país”, derecho “reafirmado en el mandato de la Liga de las Naciones que, específicamente sancionó internacionalmente la conexión histórica entre el pueblo judío y Eretz Israel y al derecho del pueblo judío de reconstruir su Hogar Nacional”. A continuación agregaba que la catástrofe recientemente sufrida por los judíos en Europa demostraba “la urgencia de resolver el problema de su falta de hogar, restableciendo en Eretz Israel el Estado Judío”.
Es decir, que la legitimidad del Estado de Israel se fundaba en: 1) Palestina era, en realidad, Eretz Israel, es decir la tierra de Israel, con la cual el pueblo judío poseía una conexión histórica; 2) la comunidad judía residente en dicha tierra era la representativa del judaísmo mundial; 3) el derecho a reconstruir un hogar nacional había sido reconocido en la Declaración Balfour de 1917, el mandato instituido por la Liga de las Naciones en 1923 y la Resolución 181 de Naciones Unidas; 4) la barbarie recientemente cometida por el nazismo demostraba la urgencia de arribar a un Estado judío. Adviértase que en pocas líneas el hogar nacional, de la mano de la catástrofe, se convertía en un Estado.
La única referencia a la población palestina contenida en la Declaración consistía en el llamado a los árabes “aún en medio de la agresión sangrienta que es lanzada en contra nuestra desde hace meses” a mantener la paz y participar en la construcción de un Estado judío en el que se le prometía igualdad de derechos. Veremos más adelante que fue la comunidad judía la iniciadora de la guerra no obstante lo cual en la Declaración se presentaba como víctima de un ataque.
Dejaremos de lado los puntos 1, 2 y 4 del fundamento de legitimidad invocado para centrarnos en el punto 3, referido a los precedentes jurídicos que justificaban la proclamación.
La promesa británica y el mandato colonial
De la Declaración Balfour dijo el célebre novelista Arthur Koestler –sionista en su juventud- que constituía “uno de los documentos políticos más increíbles todos los tiempos” ya que, mediante la misma, “una primera nación prometió solemnemente a una segunda nación el país de una tercera nación”. En efecto, el día 2 de noviembre de 1917, fecha de emisión de la misma, Gran Bretaña ni siquiera había conquistado Palestina que aún formaba parte del Imperio Otomano, hecho producido recién el 9 de diciembre de ese año con la toma de Jerusalén. Pero, con independencia del hecho de la conquista colonial, Palestina era un territorio habitado en más de un 90 % por nativos, ya fueran estos de confesión musulmana, cristiana o judía éstos últimos opuestos al sionismo-, no alcanzando los inmigrantes europeos judíos a llegar al 10 % del total[4].
En 1919, el Pacto de la Sociedad de las Naciones, firmado como consecuencia del Tratado de Versalles, frente a la oposición del presidente de los Estados Unidos a mantener el sistema de colonias, resolvió crear la figura de los mandatos, encubriendo bajo un ropaje jurídico de protección de los pueblos atrasados un régimen de dominación colonial. Así, el artículo 22 confiaba las colonias y territorios habitados por pueblos “aún no capacitados para dirigirse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno” a la tutela de “aquellas naciones avanzadas que, por razón de sus recursos, de su experiencia o de su posición geográfica, se encuentran en mejores condiciones para asumir esta responsabilidad, y que consientan en aceptarla. Esta tutela se ejercerá por esas naciones en concepto de mandatarios y en nombre de la Sociedad de las Naciones”. De esta forma se daba reconocimiento legal a la supuesta superioridad de los pueblos europeos –que acababan de batirse cruelmente en una guerra de cuatro años- sobre los pueblos de los países periféricos, incapaces de autogobernarse.
El 24 de julio de 1922 el Consejo de la Sociedad de las Naciones aprobaba el Mandato sobre Palestina en el que reproducía en lo sustancial la Declaración Balfour reconociendo “los lazos históricos del pueblo judío con Palestina y de las razones que le asisten para reconstruir su hogar nacional en dicho país”. El artículo 4 reconocía a la Organización Sionista Mundial para asesorar a la administración de Palestina y el 6 el deber de facilitar la inmigración judía y su establecimiento intensivo en ese territorio.
Sin embargo el artículo 7 establecía que debía facilitarse “la adquisición de la nacionalidad Palestina a los judíos que establezcan su residencia permanente en Palestina” y el 12 que se confiaba “a la Potencia Mandataria el control de las relaciones exteriores de Palestina”. Por último el artículo 5 disponía que “La Potencia Mandataria velará por que ningún territorio de Palestina sea cedido, arrendado o colocado en forma alguna bajo el control del gobierno de una potencia extranjera”.
Resulta evidente de la simple lectura de estas disposiciones legales que la Sociedad de las Naciones, ente creado bajo el auspicio de las potencias victoriosas en la Primera Guerra Mundial y dominado por ellas, estaba reconociendo la existencia de Palestina como un Estado, no soberano aún, sino sometido a la tutela de un tercero, pero con entidad política propia. Esto surge del hecho de que se reconocía la existencia de una nacionalidad palestina y se confiaban sus relaciones exteriores a un tercero, ambas disposiciones incompatibles con el status legal de una colonia propiamente dicha. La figura jurídica que se adoptaba era similar a la de un incapaz jurídico, menor o demente, sometido a la tutela o curatela de un adulto pero no por eso carente de personalidad jurídica. La prohibición de ceder el territorio a otra potencia confirmaba esta idea.
La intervención de las Naciones Unidas
La Sociedad de las Naciones fue disuelta el 18 abril de 1946 poco tiempo después de que se creara la Organización de las Naciones Unidas la que, sin embargo, no se consideró continuadora de la primera. De ello se deduce que en esa fecha debió caducar el mandato británico no obstante lo cual Gran Bretaña continuó ejerciéndolo dos años más. La ONU, pese a su autonomía respecto a su antecesora, resolvió hacerse cargo de los mandatos y constituir en su reemplazo el sistema de los territorios no autónomos (Capítulo XI de su Carta Orgánica) para aquellos “cuyos pueblos no hayan alcanzado la plenitud del gobierno propio” (art. 73).
No se los consideraba ahora incapacitados para hacerlo, sino que se juzgaba que no lo habían logrado todavía –sin mencionar que era por obra del propio colonialismo- y en consecuencia se los debía ayudar a hacerlo. Los miembros encargados de administrarlos “reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo” y “se obligan…. B. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus instituciones políticas de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto”.
Si bien Gran Bretaña durante los veinte años de administración colonial favoreció en forma no declarada la implantación de un Estado para los colonos europeos de confesión judía inmigrantes en Palestina, en 1939, luego de tres años de guerra con la población nativa y ante el temor de un acercamiento de los árabes con el régimen nazi, emitió el Libro Blanco por el que se pronunció a favor de la creación de un único Estado en el que convivieran ambos pueblos y limitó la inmigración a no más de 75.000 judíos por año durante los siguientes cinco. Por el mismo documento se comprometía a impedir la compra de tierras por los inmigrantes judíos y a conceder la independencia a Palestina en diez años.
El Libro Blanco detonó el terrorismo sionista contra la dominación británica por un lado y por el otro la búsqueda del apoyo estadounidense en reemplazo del anterior, a fin de poder consumar el proyecto de un Estado propio no compartido con la población nativa. En 1945 se creó con el auspicio de Gran Bretaña, la Liga Árabe, formada por Egipto, Irak, Arabia Saudita, Siria, Transjordania, Líbano y Yemen que expresó su respaldo a la población palestina. Los enfrentamientos entre nativos palestinos e inmigrantes europeos se recrudecieron sumados al terrorismo contra la potencia mandataria. A principios de 1947 ésta, alegando el estado de virtual ingobernabilidad del territorio, anunció que se retiraría de Palestina el 1 de agosto de 1948, poniendo la cuestión del destino de Palestina en manos de la ONU. Es en ese contexto que la recientemente creada organización mundial decidió crear la Comisión Especial de las Naciones Unidas para Palestina UNSCOP para estudiar el problema y proponer una solución.
El 31 de agosto de 1948 la mentada comisión presentó un dictamen dividido: 1) la mayoría propuso la partición de Palestina en un Estado árabe y otro judío con unión económica y un régimen especial para Jerusalén, ciudad que quedaría bajo la administración de las Naciones Unidas; 2) la minoría propuso el establecimiento de un Estado federal binacional árabe-judío con autonomía para cada sector y con Jerusalén como capital.
El 29 de noviembre de 1947, la Organización de las Naciones Unidas, como producto de una votación dividida en la que los países europeos aliados con los latinoamericanos y otros de su esfera de influencia, hicieron valer su mayoría sobre los países árabes, aprobó la primer propuesta por la que se recomendaba –léase bien, recomendaba- la partición de Palestina. Esto implicaba la separación de ambos pueblos en función de sus creencias y su cultura, con la consiguiente creación de dos Estados étnicos, uno judío y otro palestino. Se procuraba que en cada Estado hubiera mayoría de cada comunidad, pero como las poblaciones estaban absolutamente entremezcladas se creaba así un diseño geográfico sumamente complejo, parecido al de un tablero de ajedrez. El sur, donde casi no había población judía, se le asignaba al Estado judío por razones estratégicas: otorgarle salida al Mar Rojo a través del Golfo de Akaba, evitando pasar por el Canal de Suez para acceder al Océano Índico. Esta disposición contradecía en forma absoluta el mito del retorno del pueblo judío a su tierra ancestral, el que quedaba relegado por razones de geopolítica internacional.
De esta forma el Estado judío contaría con 14.000 Km. cuadrados, y una población de 558.000 judíos y 405.000 árabes. El palestino con 11.500 Km. cuadrados, con 804.000 árabes y 10.000 judíos y la zona bajo control internacional con 106.000 árabes y 100.000 judíos, comprendiendo los Santos Lugares, Jerusalén y Belén. De todo lo cual se infiere que a los judíos que representaban un tercio de la población se les acordaba el 54 % del territorio y a los palestinos que eran los otros dos tercios, el 45 %, quedando el 1 % restante para la zona internacional.
La propuesta de partición no conformó a ninguna de ambas partes. Los palestinos, por cuanto luego de ser sometidos durante cuatro siglos por los turcos y veinte años por los ingleses anhelaban un Estado propio, y veían a los judíos inmigrantes como extraños introducidos allí por las potencias coloniales europeas, sin ningún derecho a quitarles su territorio y mucho menos a que se les otorgara la mayor parte de ella y las mejores tierras –el valle de la costa Galilea-. Los judíos porque la partición no los conformaba, querían la totalidad de la tierra Palestina y además por cuanto si bien creaba dos Estados étnicos, les confería iguales derechos políticos a los residentes árabes y judíos de uno y otro Estado[5], de modo tal que en el Estado judío los árabes podrían poseer la ciudadanía y votar. Garantizaba iguales derechos civiles, prohibiendo toda forma de discriminación, por razones económicas, políticas y religiosas, y el libre acceso a todos los santuarios religiosos. Como la cantidad de población árabe prevista como residente en el Estado judío era apenas inferior a la de éstos, ello hacía peligrar la supremacía judía del naciente Estado. De esta forma no se constituiría una nación para todos los judíos del mundo –como anhelaba el proyecto sionista- sino para los residentes. Además prohibía expresamente la expropiación de tierras, tanto de árabes como de judíos, salvo por motivos de utilidad pública[6]. Dado que los judíos poseían tan sólo el 6 % de la tierra[7], esto era un obstáculo insalvable para el proyecto sionista.
Establecía una unión económica, aduanera y monetaria, creando un organismo mixto entre ambos estados y representantes internacionales, que tendría a su cargo la administración de toda la infraestructura ferroviaria, de caminos, puertos, comunicaciones, y por sobre todo el riego, el saneamiento de tierras y la conservación del suelo, todo ello absolutamente inaceptable para el proyecto colonizador sionista.
En cuanto a Jerusalén se la constituía en un “corpus separatum” bajo un régimen internacional especial administrado por las Naciones Unidas a través de un Consejo de Administración Fiduciaria, todo ello con el fin de “proteger y preservar los intereses espirituales y religiosos sin iguales localizados en la Ciudad de las tres grandes religiones monoteístas extendidas en el mundo entero: cristianismo, judaísmo e islamismo”. Para el fundamentalismo religioso judío resultaba imposible renunciar a la exclusividad de Jerusalén, ciudad supuestamente fundada por David, el rey de los judíos.
Es necesario recalcar que, tal como surge del carácter dividido de la votación, el proyecto no fue en ningún caso el fruto de un consenso mundial, sino la imposición de la supremacía de los estados occidentales sobre el mundo árabe, que lo rechazó en bloque. Los resultados de esta forma de proceder están a la vista.
Las facultades de las Naciones Unidas
Ahora bien, de la simple lectura del texto surge que la Asamblea de las Naciones Unidas recomendabaal Reino Unido y a los demás miembros la aprobación y aplicación de dicho plan e invitaba a los habitantes de Palestina a hacer lo propio. Ello exige un breve análisis de cuál es el objetivo de las Naciones Unidas y cuáles son sus facultades.
El propósito fundamental de la ONU, de conformidad a su carta fundacional, es mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar la amistad entre los pueblos y la cooperación mutua. A tales efectos puede adoptar medidas colectivas para suprimir amenazas a la paz y actos de agresión, fomentando el arreglo de controversias de conformidad a los principios del derecho internacional. En el cumplimiento de esos fines, las Naciones Unidas no podrán en ningún momento “intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”, principio que expresamente declara el artículo 2 inciso 7 de la Carta.
Al enumerar las facultades de sus órganos, la Carta tampoco concede ese poder a ninguno de ellos, y en particular no lo hace con la Asamblea General. La Asamblea puede dictar tres tipos de actos:
Recomendaciones que, como su propio nombre lo indica no tienen carácter obligatorio, sino que representan un consejo a las partes involucradas en un conflicto o al Consejo de Seguridad para que actúe;Resoluciones en todo lo concerniente al mantenimiento de la paz, envío de misiones, ayuda a refugiados, y en general medidas de carácter preventivo o asistencial;Resoluciones de carácter orgánico como admisión de nuevos miembros, elección de los miembros del Consejo de Seguridad, aprobación de tratados del Consejo Económico Social y otras de carácter administrativo interno, como designación de funcionarios, sueldos, etc.
En ningún caso puede adoptar resoluciones por las que disponga del territorio de otro estado o de cualquier forma se inmiscuya en su política interna. Tampoco lo puede hacer el Consejo de Seguridad, el que sólo puede adoptar medidas para mantener la paz, incluyendo el uso de la fuerza (artículos 41 y 42), pero esa facultad es a ese sólo efecto, ninguna norma le confiere la facultad de imponer los términos de un tratado o acuerdo de ninguna naturaleza.
De todo lo cual se deduce que las Naciones Unidades no son un gobierno mundial, capaz de imponer a sus miembros una solución determinada para resolver sus controversias y mucho menos crear estados o disponer de tierras ajenas. Su papel, salvo en circunstancias particulares, es similar al de un mediador en un juicio entre particulares. Carece de facultades para resolver la cuestión. Sólo puede aconsejar, proponer, recomendar y, si sus sugerencias son aceptadas, se firma un acuerdo que pasa a tener la fuerza de un tratado. Pero si las mismas no lo son, sólo puede continuar instando a un acuerdo pacífico y adoptar las medidas necesarias para evitar una guerra. Las Naciones Unidas son, en consecuencia, un gran mediador internacional, y un foro para hacer oír la voz de todos los estados del mundo, pero no un gobierno con capacidad resolutiva.
Es por ello que la Resolución 181 textualmente dice: “La Asamblea General: Recomienda al Reino Unido como Potencia Mandataria de Palestina y a todos los demás Miembros de las Naciones Unidas, la aplicación respecto del futuro gobierno de Palestina, del Plan de Partición con Unión Económica expuesto más adelante”. Y a continuación expone el plan en tono imperativo, pero su obligatoriedad está condicionada a su aceptación por las partes. Es sólo una recomendación.
Esta interpretación es coherente con el Capítulo XII de la Carta de las Naciones Unidas, relativo al Régimen Internacional de Administración Fiduciaria de los territorios fideicomitidos cuyo artículo 76 establecía que en el camino al gobierno propio se tendría en cuenta además de las circunstancias particulares de cada territorio “los deseos libremente expresados de los pueblos interesados”. Ello sumado a la invitación a los habitantes de Palestina contenida en la Resolución 181 no deja lugar a dudas acerca de que los mismos debían ser consultados sobre la aceptación o no del Plan de Partición.
Los palestinos no fueron nunca consultados. La Liga Árabe sí manifestó su absoluta oposición interpretando el sentir del pueblo afectado. La comunidad judía, liderada por David Ben Gurión, aceptó la partición pero no sus límites –ni las condiciones jurídicas y económicas que se proponían- desatando en consecuencia una guerra de conquista para apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible y a la vez llevó adelante un proceso de limpieza étnica contra la mayoría palestina para que el futuro Estado de Israel contara con un predominio de población judía indiscutible. Es decir, para construir un Estado étnico en el que la mayoría profesara la religión judía o se identificara con esa tradición.
En diciembre de 1947 las fuerzas paramilitares de la colonia de inmigrantes judíos lanzaron una campaña de hostigamiento contra las aldeas de campesinos palestinos con el objeto de sembrar el terror entre ellos y provocar su huída con posterior apoderamiento de sus tierras, viviendas y propiedades por parte de los atacantes. La más conocida de esas acciones es la masacre de Deir Yassin, ejecutada el 9 de abril de 1948 en una pequeña aldea próxima a Jerusalén, pero en realidad fueron más de 530 las aldeas tomadas cuyos habitantes fueron expulsados. Simultáneamente, entre abril y julio de 1948 ocho ciudades, Tiberíades, Haifa, Safed, Acre, Baysan, Lydd, Ramleh, Nazareth y los barrios norte y oeste de Jerusalén fueron tomados y sus habitantes expulsados. Más de 30 masacres colectivas fueron ejecutadas y 8.000 prisioneros palestinos conducidos a campos de refugiados. Como resultado, entre 700.000 y 800.000 palestinos fueron arrojados al otro lado de la frontera dando inicio al tristemente célebre caso de los refugiados palestinos. Sus tierras, viviendas y hasta sus muebles fueron entregados a nuevos inmigrantes judíos venidos de otras partes del mundo[8]. Todo ello fue ejecutado ante la vista y pasividad absoluta de las fuerzas armadas de Gran Bretaña, la potencia mandataria que debía conducir al pueblo palestino a alcanzar los beneficios de la civilización.
En vez de reprimir estos actos de violencia y terror el Gobierno británico anunció que anticipaba su retiro de Palestina el 14 de mayo de 1948 –debía hacerlo recién el 1 de agosto- y al hacerlo entregó el control de las principales ciudades junto con sus edificios públicos a la comunidad de colonos judíos, facilitando de esa forma la proclamación del nuevo Estado. Ese mismo día, los países de la Liga Árabe, movidos por el clamor de solidaridad hacia los palestinos de sus respectivos pueblos, cruzaron las fronteras a fin de resguardar los territorios propuestos por la ONU para el Estado árabe desencadenándose una guerra que, sin bien en un principio pareció serles favorable, terminó en su derrota. En efecto, el novel estado de Israel, apoyado por Gran Bretaña que impuso un embargo de armas, por la Unión Soviética que a través de Checoslovaquia proveyó de armamentos y la comunidad judía en Estados Unidos que aportó cuantiosos recursos financieros, logró derrotar a los mal organizados y recientemente independizados países árabes vecinos. En 1949 la mayoría de ellos –salvo Irak- firmaron acuerdos de armisticio de resultas de los cuales, la Línea Verde –frontera resultante del control militar- pasó a delimitar los límites provisorios de Israel.
De este modo el Estado proclamado por la comunidad de inmigrantes europeos de confesión judía pasó a ocupar el 78 % del territorio palestino[9] y la población originaria fue recluida en el 22 % restante o expulsada a los países vecinos, salvo una pequeña cantidad que permaneció en el territorio del nuevo Estado ya que no amenazaba el “carácter judío” de éste. El mapa incluido en el Anexo es ilustrativo al respecto.
¿Aceptó Israel el Plan de Partición de la ONU? Los defensores de su postura sostiene que sí y cargan en los palestinos la responsabilidad de su destino por no haberlo aceptado. Este razonamiento es falso. Resulta evidente que si el territorio finalmente controlado por Israel e incorporado a su Estado no se condice con el propuesto por el Plan de Partición, éste no fue aceptado ni aplicado. No es posible aceptar una propuesta de solución por la mitad, rechazando lo que satisface el propio interés. Si el Estado sionista hubiera aceptado la partición no hubiera tomado un solo metro más de tierra que el propuesto por la ONU. Por el contrario se largó a conquistar la mayor cantidad de terreno posible y sólo la intervención de los Estados árabes vecinos impidió que tomaran todo el territorio del mandato y que desalojara a todos sus habitantes. El primer objetivo lo consiguió en 1967. El segundo se halla pendiente hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy Israel no ha declarado sus fronteras definitivas ya que el rechazo internacional le impide declarar la anexión definitiva de Cisjordania –designada por sus nombres bíblicos de Judea y Samaria por todos los políticos de ese país- y de las Alturas del Golán. La resistencia palestina le ha impedido anexionar también el sur de El Líbano, objetivo intentado en el guerra de 1982. No obstante la implantación de más de 500.000 colonos en Cisjordania desde la ocupación de ese territorio en 1967 –ejecutada bajo los gobiernos de todos los signos políticos- indica claramente el objetivo final de la clase política israelí: completar las tareas inconclusas de 1948.
Tampoco aceptó la comunidad judía –liderada por el sionismo- la internacionalización de Jerusalén que proponía el Plan de Partición, como ciudad dependiente de las Naciones Unidas, con gobierno municipal propio, para proteger lo que se consideraba la ciudad santa de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, ciudad que se abriría así a los peregrinos de todas las religiones sin pertenecer a ninguna en particular. Los sionistas desataron un plan de atentados terroristas y una guerra feroz para apoderarse de Jerusalén y lograron hacerlo sólo en la mitad occidental dada la feroz resistencia árabe y en particular del Rey de Jordania que impidió se apropiaran de los lugares sagrados. Finalmente lo consiguieron en 1967 al tomar Jerusalén Oriental. En 1980 la proclamaron capital indivisible del Estado de Israel en otra abierta contradicción con la Resolución 181, hecho que fue condenado por Naciones Unidas mediante la Resolución 478 de ese año.
Contra esta interpretación se sostienen dos tesis diferentes entre los defensores de la causa palestina. La primera, expuesta por los juristas de los países árabes[10], sostiene que el Plan de Partición contenido en la Resolución 181 era de carácter obligatorio y no facultativo para las partes, ya que en los considerandos se tachaba de amenaza para la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, conforme al artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, toda tentativa de alterar por la fuerza el contenido de la misma. No obstante, los juristas árabes han considerado nula la Resolución 181 por carecer las Naciones Unidas de facultades para resolver lo que hizo y porque lo resuelto contradecía el artículo 5 del mandato sobre Palestina que vedaba la cesión de parte alguna del territorio.
Estimamos que esta interpretación es equívoca ya que la obligatoriedad de la recomendación estaba sujeta a su aceptación previa por las partes. Los habitantes de Palestina eran invitados a poner en ejecución el plan y éste debía previamente ser sometido a su aprobación, conforme al artículo 76, lo que no se llevó a cabo. Justamente la carencia de atribuciones de las Naciones Unidas para disponer del territorio palestino obligaba al consenso previo de los habitantes.
La segunda postura reconoce validez a la resolución por haber sido aprobada por una mayoría de dos tercios lo que la hace representativa de un consenso mundial pero la misma obliga a la creación de dos Estados soberanos y no uno sólo como sucedió[11]. Esta postura fue la adoptada por el Consejo Nacional de la Organización de Liberación de Palestina el 15 de noviembre de 1988 en Argel al proclamar en forma unilateral el Estado palestino y es la sostenida por la actual Autoridad Nacional Palestina surgida de los Acuerdos de Oslo de 1993 y sobre la base de la cual el 29 de noviembre de 2012, por Resolución 67/19 la Asamblea General reconoció en forma limitada a un Estado Palestino en las fronteras previas a 1967 –es decir, las resultantes de la Línea Verde-, admitiendo al mismo en las Naciones Unidas como Estado observador, no miembro.
El amplio consenso invocado para la legitimidad de la resolución no sólo no puede soslayar el hecho de que no fue aceptada por ninguna de las partes, sino que resulta absurdo sostener que lo hubo desde el momento en que no fue aceptada por una de las partes involucradas ni por todos los países de la región. No existió tal consenso, como lo demuestran la seguidilla de guerras desatadas con posterioridad entre las partes. No llevó paz, sino guerra. E invocando la misma se produjo el desalojo de la mayoría de la población nativa por una minoría de población reciente, hecho singular y único en la historia de la humanidad[12].
La solución política preconizada por la misma se halla definitivamente descartada por la implantación de 500.000 colonos en Cisjordania por parte de Israel, obstáculo definitivo para su implementación ya que no es posible imaginar a dicho Estado desalojando por la fuerza a las familias a las que instigó, apoyó y financió para hacerlo. Esa actitud es justamente demostrativa de la falta de consenso aún por la parte más beneficiada por la mentada resolución.
En consecuencia, no pudiéndose alegar que la Resolución 181 haya superado el status jurídico de una mera recomendación, lo que Israel obtuvo fue producto de una guerra. Israel es un Estado de Conquista, creado, proclamado y constituido en franca violación al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada poco tiempo antes, que veda el recurso “a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Israel es un Estado implantado en tierra ajena.
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[1] Ponencia presentada en el Congreso Nacional de ALADAA, (Asociación Latinoamericana de Estudios Afro-Asiáticos), Buenos Aires, 7 y 8 de Agosto de 2014, Centro Cultural de la Cooperación. La misma reproduce en lo esencial el Capítulo II del libro del autor, Israel, Estado de conquista, Editorial Canaán, 2012, con nuevas precisiones y aportaciones.
[2] Abogado, escritor, Licenciado en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Miembro del equipo de investigación de la Cátedra Libre Edward W. Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[3] MASALHA, Nur, Expulsión de los palestinos. El concepto de “transferencia” en el pensamiento político sionista 1882-1948, ps. 6, 24, 169. Editorial Canaán, 2008. El problema de los refugiados palestinos sesenta años después. Casa Árabe. IEAM, España, 2001. Pappé, Ilan, La limpieza étnica de Palestina, Editorial Crítica, Madrid, 2008.
[4] MASALHA, op cit.
[5] Resolución 181, Capítulo B. aps. 9 y 10 y Capítulo C que regulaba el contenido de la futura constitución de cada estado.
[6] Idem, Capítulo C, punto I, ap. 8.
[7] MASALHA, op cit.
[8] SAID, Edward, La cuestión de Palestina, Debate, Madrid, 2013 (1ª ed. 1979), Morris, Benny. 1987. The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge University Press, Segev, Tom, 1949: The First Israelis, New York, The Free Press, 1986, PAPPÉ, op cit.
[9] QUMSIYEH, Mazin B., Compartir la tierra de Canaán, Editorial Canaán, Buenos Aires, 2007, p. 226.
[10] Rabbath, Edmundo, Yassen, Mustafá Kamil y Rateb, Aïcha, El problema palestinense, un enfoque histórico jurídico. Segunda Parte. Editorial Tres continentes, Buenos Aires, 1969.
[11] Mallison, Thomas y Mallison, Sally, Los derechos nacionales del pueblo palestino, Editorial Canaán, Buenos Aires. Capítulos 1 y 2, 2011.
[12] Sitta, Salman Abu, La Nakba Palestina de 1948. Registro de las localidades despobladas de Palestina, Londres, The Palestine Return Centre, 1998.

References: resolución 
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 artículo 2
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 artículo 22
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 2
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 artículo 76
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 artículo 39
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 artículo 5
 artículo 76
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 artículo 2
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