Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910255.html
Timestamp: 2020-04-03 00:39:43+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 255/2019-RRC
Expediente : Tarija 34/2018
Parte Imputada : Ronald Nardo Montero Ruiz y otros
Delitos : Cohecho Pasivo Propio y otros
Por memorial presentado el 27 de junio de 2018, cursante de fs. 2997 a 3006 vta., Ronald Nardo Montero Ruiz, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 16/2018 de 16 de mayo de fs. 2962 a 2966 vta. y el Auto Complementario 02/2018 de 18 de junio, de fs. 2970 y vta., pronunciados por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura de Tarija contra Renán Alfredo Rodríguez, Willy Jesús Ruiz Domínguez y el recurrente; por la presunta comisión de los delitos de Cohecho Activo, Concusión, Concusión en grado de Complicidad, Extorsión y Cohecho Pasivo Propio, previstos y sancionados por los arts. 158 y 151 con relación a los arts. 8, 333 y 145 todos del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 6/2013 de 9 de julio (fs. 2717 a 2738), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a: 1) Ronald Nardo Montero Ruiz, autor y culpable de la comisión del delito de Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas a favor del Estado, más el pago de daños y perjuicios a la víctima e inhabilitación para ejercer cargos o funciones públicas por el lapso que dure su pena y absuelto de los delitos de Extorsión y Cohecho Pasivo Propio. 2) Renán Alfredo Rodríguez y Willy Jesús Ruiz Domínguez absueltos de los delitos endilgados en su contra.
b) Contra la referida Sentencia, el Consejo de la Magistratura de Tarija (fs. 2742 a 2744 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, a la que se adhirió el imputado Willy Jesús Ruiz Domínguez (fs. 2753 a 2755 vta.), resueltos por Auto de Vista 35/2016 de 17 de noviembre (fs. 2921 a 2926), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 780/2017-RRC de 5 de octubre (fs. 2948 a 2951 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista 16/2018 de 16 de mayo, que declaró con lugar de manera parcial la apelación restringida planteada y la adhesión; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por el Tribunal Tercero de Sentencia, con costas, siendo resueltas las solicitudes de complementación y enmienda, mediante Resoluciones 02/2018 de 18 de junio (fs. 2970y vta.); y, 03/2018 de 26 de junio (fs. 2976 y vta.), motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del recurso de casación interpuesto, a continuación, se extraen los siguientes motivos conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
1) El recurrente señala que el Tribunal de apelación incurrió en actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 inc. 3) del CPP, vulnerando el debido proceso, por haber establecido de manera equivocada que la Sentencia incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva al momento de calificar los tipos penales juzgados y subsumir su conducta, afirmando que en el segundo caso más bien existió un defecto de juzgamiento o error in judicando, aspecto que debió haber sido enmendado por el Tribunal de apelación emitiendo una nueva Sentencia conforme al art. 413 del CPP y no así disponer la realización de un nuevo juicio. Refiere que no existió errónea aplicación de la ley adjetiva, sino una “presunta” inobservancia de la ley sustantiva al momento de realizar la subsunción de los tipos penales juzgados, aspecto que podía ser enmendado de manera directa por el Tribunal de alzada, por tratarse de la aplicación e interpretación directa de la ley.
Invoca como precedente contradictorio al Auto Supremo 450 de 19 de agosto de 2004, al pretender el Tribunal de apelación que se realice un nuevo juicio sobre hechos ya juzgados, incurriendo en la prohibición de doble juzgamiento previsto en el art. 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
2) Asimismo señala que el Auto de Vista recurrido sería contradictorio al Auto Supremo 780/2017-RRC de 5 de octubre –que resolvió el primer recurso de casación- al: a) No identificar los agravios denunciados para ser resueltos de manera detallada como referiría el precedente, efectuando de manera directa un análisis y desglose de los tipos penales de Cohecho Pasivo Propio y Extorsión, previstos por los arts. 145 y 333 del CP; b) Emitirse una Resolución (Autos de Vista su Auto Complementario) con argumentos generales e imprecisos en cuanto a las características de los tipos penales y sus elementos rectores, porque en ningún momento se habrían identificado los hechos acontecidos; y, c) Concluir que, en el caso concreto existió errónea aplicación de la ley sustantiva respecto del delito de Cohecho Pasivo y el de Extorsión que no habrían sido citados ni desglosados anteriormente, obviándose los fundamentos del recurso de apelación con relación al segundo delito, e incumpliendo de esta forma el mandato del Tribunal de casación que ordenó la fundamentación del recurso de apelación sólo sobre la subsunción del mencionado delito, siendo este el límite establecido por el Auto Supremo de Admisión 359/2017-RA de 22 de mayo.
3) Invocando como precedente contradictorio nuevamente el Auto Supremo 780/2017-RRC de 5 de octubre, refiere que el Auto de Vista impugnado y su Auto Complementario vulneraron los mismos derechos aludidos en el primer recurso de casación, a saber: a) El debido proceso, al soslayarse el pronunciamiento sobre los argumentos de su recuro de casación, denunciando que sin tener conocimiento de los fundamentos por los cuales se le sanciona, estaría sometido a un nuevo juicio -doble juzgamiento- por los mismos tipos penales y los mismos hechos, pese a que el propio Consejo de la Magistratura habría referido que ya se tramitó un debido proceso, correspondiendo simplemente efectuar una correcta “subsunción de los tipos penales”, labor que el Tribunal de alzada pretendería soslayar al ordenar un nuevo juicio sin haber identificado el objeto del mismo, siendo que los Autos Supremos citados harían referencia a que solamente existía falta de fundamentación respecto del delito de extorsión, quebrantando también así la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 206/2015-RRC de 27 de marzo; y, b) El principio procesal de publicidad, al impedir al recurrente tener conocimiento de los hechos y fundamentos jurídicos por los cuales se lo procesaría nuevamente respecto de los mismos hechos, incurriendo en contradicción con el Auto Supremo 780/2017-RRC.
Mediante Auto Supremo 743/2018-RA de 17 de agosto, de fs. 3015 a 3017 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación.
Por Sentencia 6/2013 de 9 de julio (fs. 2717 a 2738), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a: 1) Ronald Nardo Montero Ruiz, autor y culpable de la comisión del delito de Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas a favor del Estado, más el pago de daños y perjuicios a la víctima e inhabilitación para ejercer cargos o funciones públicas por el lapso que dure su pena y absuelto de los delitos de Extorsión y Cohecho Pasivo Propio. 2) Renán Alfredo Rodríguez y Willy Jesús Ruiz Domínguez absueltos de los delitos endilgados en su contra; bajo los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
En el acápite “RELACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS PARA EL TRIBUNAL”, que el 28 de noviembre, aproximadamente a medio día Ronald Nardo Montero Ruíz, recibió la suma de Bs. 2.500.- (dos mil quinientos bolivianos) de Corina Cecilia Paniagua Romero, ésta última que había sido constreñida vía telefónica por el acusado, a cambio de favorecerle con el resultado de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia. La entrega del referido dinero se había realizado en la Plaza Sucre de Tarija, momento en el que había sido sorprendido en flagrancia por los oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), cuando se dirigía a una camioneta oscura, marca Nissan, donde lo esperaban Renán Alfredo Rodríguez Rodríguez y Willy Jesús Ruíz, quienes tendrían en su poder la suma de Bs. 60.000.- (sesenta mil bolivianos).
Durante las investigaciones, también había aparecido Humberto Vargas, comunicando a Tamer Medina, representante distrital del entonces Consejo de la Judicatura, que el dinero incautado en la suma de Bs. 60.000.- (sesenta mil bolivianos), podrían ser procedentes de haber favorecido a Renán Alfredo Rodríguez, en un proceso civil que tendría el referido, en la que habría ganado en las instancias de Tarija, ante un proceso anulado en Sucre, lo que generó la responsabilidad penal del acusado.
Con la notificación de la Sentencia, el Consejo de la Magistratura de Tarija, formuló recurso de apelación restringida, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
 La Sentencia incurrió en errónea aplicación de la Ley sustantiva penal y contradicción en la fundamentación, conforme establece el art. 370 inc. 5) del CPP, porque en el numeral II de la Sentencia, el Tribunal de mérito había fundamentado que el tipo penal Extorsión, previsto por el art. 333 del CPP, no es de corrupción, sino sería un delito contra la propiedad, que tiene como uno de sus elementos, el constreñir a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, mediante una amenaza grave que anule la voluntad de la víctima, que no pueda actuar de otro modo. Después de dicha argumentación, el Tribunal de juicio de manera contradictoria -a decir la parte recurrente-, había fundamentado que el temor en la víctima sería reverencial a la función del acusado, pero que el mismo no era invencible, lo cual estaría acreditado con la denuncia del hecho ante el funcionario jerárquico departamental del Órgano Judicial, para neutralizar la acción del agente, por lo que no concurrirían los elementos constitutivos del tipo penal, al no tratarse de un delito de corrupción, que puede ser cometido por cualquier persona particular y porque no concurriría el elemento psicológico de la amenaza grave.
 A decir de la parte recurrente, el imputado Ronald Montero Ruíz, procedió a ejercer intimidación grave en la víctima, mediante llamadas telefónicas, sosteniendo que la resolución de su recurso de casación sería desfavorable si no cancelaba el dinero, obligando a la víctima a cancelar la suma de Bs. 2.500.- (dos mil quinientos bolivianos), en desmedro de su patrimonio, hechos que acreditarían la conducta típica del acusado, lo cual ameritaría la anulación parcial de la Sentencia, para una correcta valoración y fundamentación de la misma, dictando una resolución condenatoria conforme lo previsto por el art. 365 del CPP.
 La Sentencia no había dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 365 de la norma adjetiva penal, al no pronunciarse ni determinar nada respecto a las sumas de Bs. 2.500.- y 60.000.-, lo que también ameritaría la anulación de la Sentencia de forma parcial a los fines del cumplimiento de la norma inobservada.
El imputado Willy Jesús Ruiz Domínguez se adhirió al tercer motivo del recurso de apelación restringida interpuesto por la representante del Consejo de la Magistratura; es decir, en cuanto a la inobservancia de los arts. 364 concordante con el 365 del CPP, pues señala que el proceso le ocasionó perjuicios económicos, por lo que debió condenarse al Ministerio Público con costas, disponiendo además la indemnización, todo ello al amparo de los arts. 115.I, II y 113.I de la CPE, 365, 365 del CPP y 95 del CP.
II.3. Del primer Auto de Vista 035/2016 de 17 de noviembre.
El Auto de Vista 035/2016 de 17 de noviembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró no ha lugar el recurso de apelación y la adhesión formulada, confirmó la Sentencia apelada, bajo la siguiente fundamentación:
En el punto III.1.1 del considerando II de la resolución impugnada, resolviendo la denuncia fundada en la presunta existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, el Tribunal de apelación, argumentó que no es evidente lo alegado por la representante del Consejo de la Judicatura; toda vez, que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora, en aplicación del principio acusatorio, no pudiendo alegarse que el acusado tendría que desvirtuar la acusación, lo cual sería vulneratorio del principio de inocencia, seguridad jurídica y debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa, siendo que la parte acusadora debe demostrar la existencia de todos los elementos configurativos de cada delito. Al respecto, el Tribunal de alzada, transcribiendo parcialmente el Auto Supremo 131/2007, referido al principio de legalidad y tipicidad, asume que en el caso de autos, la apelante no había demostrado con prueba suficiente, la responsabilidad del acusado Ronald Nardo Montero Ruíz, en la comisión del delito de Cohecho Pasivo Propio, por lo que la resolución absolutoria sería correcta, no advirtiendo en la misma falta de fundamentación, al contar la Sentencia con la valoración de las pruebas aportadas por ambas partes, no siendo evidente la supuesta falta de fundamentación; en cuanto, a la errónea aplicación de la Ley, o que la misma sea insuficiente o contradictoria.
En el punto III.2 del mismo considerando, el Tribunal de alzada argumentó que para determinar si el tipo penal de Extorsión, es de corrupción, corresponde revisar el art. 25 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004 de 31 de marzo de 2010), el cual es descrito por el Tribunal de alzada, así como el art. 34 de la referida Ley, que establece modificaciones e incorporaciones al CP, que no hace mención del art. 333 de la norma sustantiva mencionada, por lo que no formaría parte de los delitos de corrupción, ampliando la Sentencia apelada con el principio de legalidad; asimismo, refiere que no es evidente lo manifestado por la parte apelante respecto a la inobservancia del art. 333 del CP, pues se juzgan hechos y no delitos, que en el caso de autos, si bien el Ministerio Público habría acusado por el delito previsto por el art. 333 del CP, el mismo había sido deliberado después del juicio por el Tribunal de juicio, conforme lo previsto por el art. 357 y ss. del CPP, por lo que no podría asumirse que el Tribunal de Sentencia inobservó el art. 333 de la norma sustantiva penal, pues reitera que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, como señaló el Auto Supremo 131/2007.
En el punto III.2.1 del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada refiere que no es evidente que la Sentencia hubiera incurrido en fundamentación contradictoria respecto al delito de Extorsión, pues en el Auto de Vista recurrido se había establecido que el delito de extorsión, no es un tipo penal de corrupción; asimismo, la parte acusadora no había demostrado la concurrencia de los elementos del tipo penal, por lo que en aplicación del principio de legalidad el Tribunal de juicio no podría forzar una conducta inexistente, como había determinado el Auto Supremo 047/2012-RRC de 23 de marzo.
II.4. Del primer Auto Supremo 780/2017 de 5 de octubre.
Contra el Auto de Vista 035/2016, el Consejo de la Magistratura de Tarija interpuso recurso de casación, que fue resuelto por Auto Supremo 780/2017 de 5 de octubre que resolvió dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable:
“….Advirtiéndose con base a estos antecedentes, que evidentemente el Tribunal de apelación, incurrió en falta de fundamentación; puesto que, el defecto en la identificación debida de los fundamentos que sustentaron los agravios denunciados por la parte apelante, determinó que el Tribunal de alzada, emita una resolución con argumentos generales e imprecisos, sin responder a los fundamentos expuestos por el Consejo de la Magistratura, referidos a la denuncia de supuesta falta de fundamentación en la Sentencia -inc. 5) del art. 370 del CPP- respecto al tipo penal de Extorsión, previsto por el art. 333 del CP; pues el Tribunal de alzada, no explicó por qué el hecho de que el Tribunal de mérito, hubiera descrito los elementos del tipo penal de Extorsión, señalando que uno de ellos es constreñir a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, para posteriormente alegar que el temor en la víctima era reverencial a la función del acusado, lo cual no era invencible y habría quedado comprobado con la denuncia de dicha acción ante el representante del Consejo de la Magistratura, por lo cual no concurriría el elemento de la amenaza grave y la cualidad de ser un delito de corrupción, no sería una fundamentación contradictoria, conforme lo alegado en la apelación.
Lo que implica, que los argumentos de la parte apelante, no fueron ni mencionados en la resolución de alzada, lo que evidencia, la vulneración del debido proceso en su elemento derecho a obtener una respuesta debidamente fundamentada, como establece el art. 180.I de la CPE, convirtiéndose la resolución impugnada en arbitraria, además de no cumplir con el principio procesal de publicidad, tutelado por la norma constitucional referida precedentemente, lo cual amerita la necesidad de dejarse sin efecto la resolución impugnada, a fin de que el Tribunal de apelación, identifique de manera correcta los fundamentos que sustentan los agravios alegados en alzada y pueda dar una respuesta debidamente fundamentada y motivada, que cumpla lo previsto por el art. 124 del CPP…”.
II.5. Del segundo Auto de Vista 16/2018 de 16 de mayo.
En cumplimiento al Auto Supremo 780/2017, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija emitió nuevo Auto de Vista por el que declaró con lugar de manera parcial el recurso, anulando la Sentencia y ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal, con costas. Dicho Auto de Vista mereció recurso de complementación y enmienda por parte del acusado, resuelto por Auto Complementario 02/2018, bajo los siguientes argumentos:
El tipo objetivo de Cohecho Pasivo Propio se compone de varios elementos de carácter normativo; y el tipo subjetivo del delito es que sólo es punible la comisión dolosa en la que incurre el funcionario siendo consciente del carácter y finalidad de la solicitud, aceptación y recepción de la dádiva o presente; en otras palabras, es necesaria la consumación de la ilicitud o del carácter delictivo del acto a realizar y su consumación se materializa en el momento en que el servidor público hace la solicitud o acepta una dádiva para sí o para un tercero, a cambio de hacer o dejar un acto concerniente al cargo que desempeña en la administración pública. Asimismo, con relación al delito de Extorsión, el delito ataca el derecho de propiedad. La acción de extorsión está en que, mediante la intimidación o amenaza grave, se constriñe a una persona a hacer, tolerar que se haga o dejar de hacer una cosa. Cuando la Ley dice constriñe significa obligar a través de intimidación o amenaza grave que elimina la libertad de la víctima. La idoneidad del medio debe valorarse en la relación entre la personalidad del sujeto pasivo y activo.
De los tipos penales descritos, los verbos rectores de los ilícitos son que al margen debe tratarse de una servidora o servidor público, es imprescindible la concurrencia del elemento normativo ilegalmente, que es el prefijo sustancial de los verbos rectores de omitir, rehusar, hacer o retardar; y sea que efectivamente reciba directamente dádivas o cualquier beneficio económico, y que se trate de un acto propio de sus funciones o contrario a los deberes de su cargo. Por otra parte, la doctrina legal establece que es imprescindible que el juzgador realice adecuadamente el trabajo de subsunción del hecho con el tipo penal en el que se subsuma la conducta tachada de delictiva, lo contrario daría lugar al denominado caso de atipicidad o conducta no delictiva en el Código Penal; es decir, que la falta de alguna de las características del tipo legal, de alguno de los elementos descriptivos, dará lugar a la atipicidad.
Existiendo errónea aplicación de la Ley sustantiva, al fundar el juicio de absolución por la falta de concurrencia de circunstancias que no son exigidas para la comisión de los tipos penales, primero, como haber considerado que el imputado no es el que pronuncia los Autos Supremos de las Salas, al considerar el delito de Cohecho Pasivo un delito bilateral; y, segundo, por haber considerado que el delito de Extorsión se trataría de un temor reverencial a la función del acusado, que de ninguna manera sería invencible; teniendo esta situación equivocada en la aplicación de la Ley penal y por ende, equivocada concreción del marco penal sancionatorio, en tal circunstancia es evidente en los hechos que la Sentencia impugnada ha conculcado la correcta aplicación de la Ley sustantiva en cuanto al marco penal, por lo que se anula parcialmente la Sentencia apelada.
El recurrente mediante los argumentos del recurso de casación contenidos en el Auto Supremo 743/2018-RA, denuncia que: i) El Tribunal de apelación incurrió en error, al haber establecido de manera equivocada que la Sentencia incurrió en errónea aplicación de la Ley sustantiva al momento de calificar los tipos penales juzgados y subsumir su conducta. ii) El Auto de Vista recurrido sería contradictorio al Auto Supremo 780/2017-RRC de 5 de octubre emitido con anterioridad en la presente causa. iii) El Auto de Vista impugnado y su Auto Complementario vulneraron los mismos derechos aludidos en el primer recurso de casación al soslayar el pronunciamiento sobre los argumentos de su recuro de casación al impedir tener conocimiento de los hechos y fundamentos jurídicos por los cuales se lo procesaría nuevamente respecto de los mismos hechos.
III.1. Respecto a la Denuncia del yerro en el Tribunal de alzada respecto a la errónea aplicación de la Ley.
Como primer motivo, el recurrente señala que el Tribunal de apelación incurrió en error, al haber establecido de manera equivocada que la Sentencia incurrió en errónea aplicación de la Ley sustantiva al momento de calificar los tipos penales juzgados y subsumir su conducta, afirmando que en el segundo caso más bien existió un defecto de juzgamiento o error in judicando, aspecto que debió haber sido enmendado por el Tribunal de apelación emitiendo una nueva Sentencia conforme al art. 413 del CPP y no así disponer la realización de un nuevo juicio. Refiere que no existió errónea aplicación de la Ley adjetiva, sino una “presunta” inobservancia de la Ley sustantiva al momento de realizar la subsunción de los tipos penales juzgados, aspecto que podía ser enmendado de manera directa por el Tribunal de alzada, por tratarse de la aplicación e interpretación directa de la Ley.
El recurrente para fundar el motivo invoca contradicción con el Auto Supremo 450 de 19 de agosto de 2004, que conforme a su doctrina legal estableció el siguiente entendimiento: “…..Que conforme a la normativa legal vigente, la apelación restringida, por su naturaleza y finalidad legal, es esencialmente de puro derecho, motivo por el cual, en su análisis, el Tribunal no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al control oral, público y contradictorio por el órgano judicial de sentencia. Consecuentemente, no existe la doble instancia y, por ello, el Tribunal de Alzada se encuentra obligado a alguna de las siguientes decisiones: a) Anular total o parcialmente la sentencia ordenando la reposición del juicio por otro juez o tribunal cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; b) Cuando la nulidad sea parcial, indicar el objeto concreto del nuevo juicio; c) Cuando sea evidente que, para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolver directamente el caso.
Consecuentemente; ‘En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada comprueba la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, por cuyo motivo tenga la convicción plena de la culpabilidad del imputado, no es pertinente anular totalmente la sentencia y disponer que se abra nuevo juicio sino dar cumplimiento a lo establecido por la última parte del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictando directamente una nueva sentencia que defina la situación jurídica del imputado’.
El control del debido proceso y la actividad jurisdiccional en casos extremos como el presente, amerita que el Supremo Tribunal abra su competencia de oficio, con objeto de enmendar omisiones o errores procesales que afecten las garantías y derechos constitucionales y pongan en riesgo el sistema procesal penal…..”.
Para poder establecer correctamente la existencia o no de la contradicción que alega el recurrente respecto al precedente, es preciso ingresar a revisar los aspectos fundantes de la Sentencia y así discernir si el razonamiento del Tribunal de apelación fue el correcto o en su defecto, existió una falta de concreción directa en la determinación asumida.
En Sentencia, el Tribunal de juicio al momento de realizar el análisis intelectivo y los fundamentos jurídicos conforme se desprende del contenido del fallo, identifica dos aspectos relevantes: 1. En el apartado II. RELACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS PARA EL TRIBUNAL, de toda la carga probatoria que indica la Sentencia no se tiene como prueba cursante y debidamente analizada, que pueda demostrar la existencia de un ofrecimiento por parte de una persona particular (oferta) y que éste ofrecimiento haya sido aceptado por Ronald Nardo Montero, llegando a demostrar la prueba -más al contrario- que ha existido una solicitud de parte del acusado en cuanto a solicitar una dádiva a la abogada Dra. Brañez y a la víctima. 2. Asimismo, de la comunidad probatoria no se ha podido observar la existencia de medio probatorio que demuestre una valoración hecha por el juzgador respecto a la concurrencia de una amenaza grave que haya inferido el acusado Ronald Nardo Montero Ruiz hacia la víctima para torcer su voluntad.
Asimismo, del análisis expuesto en el subtitulado FUNDAMENTO JURÍDICO Y SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS AL TIPO, el Tribunal de Sentencia consideró que “…el cohecho es bilateral, porque requiere del consenso expreso o tácito entre el funcionario público y el particular y/o el allanamiento del funcionario a recibir o esperar recompensa; por otro lado el cohecho requiere la acción del particular interesado…”. Posteriormente en el mismo apartado, el Tribunal de origen respecto a la concusión señaló: “…..En la concusión la antijuricidad estriba en usar un cargo, función o autoridad para obtener dinero o ventaja ilegítima (…) la concusión se presenta cuando el funcionario utiliza apremios, coacciones, asedios, con el fin de doblegar o violentar la voluntad de la víctima para obtener su propósito…”. Asimismo refiere, entre lo relevante, respecto a la Extorsión, que: “….En el delito de EXTORCIÓN el agente busca claramente constreñir la voluntad de una persona por medio de una amenaza grave, intimidándola a hacer, no hacer o dejar hacer algo relativo a su vida privada que tenga por fin último el aprovecharse económicamente de la víctima…..” (sic).
El Auto de Vista en lo particular, luego de realizar un análisis disgregado de los elementos configurativos de los tipos penales de Cohecho Pasivo Propio y Extorsión, en el CONSIDERANDO III, apartado IV.4, resolvió: “….Existiendo errónea aplicación de la Ley sustantiva, al fundar el juicio de absolución por la falta de concurrencia de circunstancias que no son exigidas para la comisión de los tipos penales, primero, como haber considerado que el imputado no es el que pronuncia los Autos Supremos de las Salas, al considerar el delito de Cohecho Pasivo un delito bilateral; y, segundo, por haber considerado que el delito de Extorsión se trataría de un temor reverencial a la función del acusado, que de ninguna manera sería invencible; teniendo esta situación equivocada en la aplicación de la Ley penal y por ende, equivocada concreción del marco penal sancionatorio….”.
De acuerdo a los fundamentos expresados y motivados en el Auto de Vista, compulsando con lo expuesto en Sentencia respecto a los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Extorsión, es evidente que ninguna parte de la Sentencia se ha podido establecer como hecho probado alguna de las circunstancias expresadas por el Auto de Vista, que en alzada se han considerado como erróneamente aplicadas por el Tribunal de juicio, siendo que al considerar el Tribunal de apelación necesario determinar y probar adecuadamente la concurrencia o no de los tipos penales de los arts. 145 y 333 del CP, que hubieran sido erróneamente descritos y apreciados por el Tribunal de origen (primero, como haber considerado que el imputado no es el que pronuncia los Autos Supremos de las Salas, al considerar el delito de Cohecho Pasivo un delito bilateral; y, segundo, por haber considerado que el delito de Extorsión se trataría de un temor reverencial a la función del acusado, que de ninguna manera sería invencible), hace necesario que ante ello, el proceso se someta a un nuevo juicio, porque el Tribunal de alzada efectivamente no puede ingresar a revalorizar prueba y menos aún, descender en el análisis de los hechos, como bien se circunscribe el Auto de Vista.
La revalorización probatoria es el límite en alzada para disponer la reposición de juicio o en su caso emitir nueva Sentencia, ya que cuando es necesario ingresar a una nueva valoración de los elementos probatorios, necesariamente el Tribunal de apelación debe dar aplicación al art. 413 primera parte del CPP; es decir, disponer el reenvío al no ser posible reparar directamente el defecto. Así también el mismo articulado en su parte final establece que cuando no sea necesario un nuevo juicio, el Tribunal podrá resolver directamente. Estos dos supuestos, dependiendo el caso en concreto pueden o no ser aplicados por el Tribunal de alzada, siendo que la decisión estará supeditada a las circunstancias que se acrediten en alzada y que requieran o no sustanciación.
Entonces, de la lectura del Auto de Vista impugnado se puede establecer que el Tribunal de apelación ha detectado la concurrencia probable de elementos constitutivos de los tipos penales de los arts. 145 y 333 del CP que requieren sustanciación y nueva valoración, considerando que de la revisión de Sentencia, los aspectos cuestionados por el Auto de Vista no han sido sometidos a debate y por ello, es que el Tribunal de alzada asumió la conveniencia de reponer el juicio para que un nuevo Tribunal realice una correcta valoración de la prueba para constatar la concurrencia o no de los elementos del tipo penal, inadvertidos por el Tribunal de juicio, motivo por el cual, inclusive, anuló el fallo de manera parcial, considerando que respecto al delito de Concusión previsto por el art. 151 del CP no habría mayor sustanciación que promover; facultad que se encuentra establecida en los propios alcances del precedente invocado por el recurrente, entendiéndose que ante estos hechos no valorados en juicio e identificados en alzada, hace previsible determinar que la decisión asumida por el Tribunal de alzada se encuentra en el margen establecido en el procedimiento penal por el art. 413 primera parte del CPP, ya que en caso de emitirse una nueva Sentencia, el Tribunal de alzada, para sustentar la nueva calificación del hecho al tipo penal, hubiese ingresado necesariamente en revalorización, lo que evidentemente atentaría contra derechos y garantías fundamentales como el debido proceso en su vertiente de legalidad, derecho a la defensa y seguridad jurídica, como bien lo han establecido los Autos Supremos 53/2012 de 22 de marzo y 234/2017-RRC de 21 de marzo.
Por ello, bajo la compulsa, los fundamentos y motivos expuestos, al haberse dispuesto la reposición del juicio por parte del Tribunal de alzada, el Auto de Vista no ha incurrido en contradicción con el precedente invocado, siendo infundado el motivo traído a casación.
III.2. De la Contradicción del Auto Supremo 780/2017-RRC de 5 de octubre.
En el segundo motivo de casación el recurrente denuncia que, el Auto de Vista recurrido sería contradictorio al Auto Supremo 780/2017-RRC de 5 de octubre –que resolvió el primer recurso de casación- al: a) No identificar los agravios denunciados para ser resueltos de manera detallada como referiría el precedente, efectuando de manera directa un análisis y desglose de los tipos penales de Cohecho Pasivo Propio y Extorsión, previstos por los arts. 145 y 333 del CP; b) Emitir una Resolución con argumentos generales e imprecisos en cuanto a las características de los tipos penales y sus elementos rectores, porque en ningún momento se habrían identificado los hechos acontecidos; y, c) Concluir que en el caso concreto existió errónea aplicación de la Ley sustantiva respecto del delito de Cohecho Pasivo y el de Extorsión, que no habrían sido citados ni desglosados anteriormente, obviándose los fundamentos del recurso de apelación con relación al segundo delito. Invoca como precedente contradictorio nuevamente el Auto Supremo 780/2017-RRC de 5 de octubre.
Entonces, al remitirse al Auto de Vista impugnado, para establecer si la resolución ha cumplido con los parámetros de suficiencia resolutiva, se debe determinar primero que todo Auto de Vista contiene el objeto de impugnación, las consideraciones argumentativas, las conclusiones y la parte resolutiva, tal como versa del Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo.
Ingresando a la verificación de los fundamentos de la resolución recurrida en casación, necesariamente corresponde remitirse al contenido del Auto de Vista impugnado, que, de su lectura, se puede evidenciar que contiene ANTECEDENTES, para posteriormente establecer los agravios apelados en el CONSIDERANDO I, así también se tiene la descripción de las consideraciones argumentativas en el CONSIDERANDO II, para así arribar a las conclusiones en el CONSIDERANDO III, determinando su resolución. Empero, para verificar si las respuestas otorgadas por el Tribunal de alzada cumplen con las previsiones legales de los arts. 124 y 398 del CPP, así como la doctrina legal establecida por este Tribunal, mediante Auto Supremo 780/2017-RRC de 5 de octubre, corresponde analizar el contenido de la resolución en relación a las conclusiones arribadas al resolver el agravio.
Del recurso de apelación restringida de fs. 2742 a 2744 vta., se tiene que la parte apelante ha manifestado errónea aplicación de la Ley sustantiva penal y contradicción en la fundamentación de la Sentencia como defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, respecto a los arts. 145 y 333 del CP, no habiendo otro agravio que hubiere sido denunciado por alguno de los imputados e inclusive por aquel que se adhirió a dicho recurso como cursa de fs. 2753 a 2755 vta., constituyéndose por ello en el único motivo de apelación restringida a ser absuelto por el Tribunal de alzada.
Siendo así, de la revisión del CONSIDERANDO III del Auto de Vista, se puede establecer que el Tribunal de alzada procede a realizar una disgregación de los tipos penales de Extorsión y Cohecho Pasivo Propio, fundamentando sus argumentos en la Ley Nº 004, las Sentencias Constitucionales 1008/2005 de 29 de agostos y 1075/2003-R de 24 de julio, determinando mediante un análisis integral que el Tribunal de origennstituy5 vta., como cursa de fs. gravio que hubiere sido denunciado por alguno de los imputados e inclusive por aquel que se no llegó a apreciar de manera correcta los elementos constitutivos de los tipos penales, porque se llegó a identificar posibles hechos que no fueron correctamente valorados en Sentencia, como ser: primero, haber considerado que el imputado no es el que pronuncia los Autos Supremos de las Salas y al considerar al delito de Cohecho Pasivo un delito bilateral; y, segundo, por haber considerado que el delito de Extorsión se trataría de un temor reverencial a la función del acusado, que de ninguna manera sería invencible.
Consiguientemente, respecto al cumplimiento del Auto Supremo 780/2017-RRC de 5 de octubre, se establece que el Tribunal de alzada, al resolver lo extrañado en dicho fallo respecto al delito del art. 333 del CP, además de aclarar los fundamentos respecto a la configuración del tipo penal del art. 145 del CP, ha dado cumplimiento al precedente, resolviendo de manera amplia los agravios invocados en apelación,sibles hechos que no fueron correctamente valorados en Sentencia, como ser: tipos penales, porque se llegica2005 de 29 de ag; referidos al defecto de Sentencia del art. 370 inc. 5 del CPP, emitiendo un nuevo fallo de alzada, al resolver en el CONSIDERANDO III, el fundamento extrañado del defecto de apelación, cumpliendo así la doctrina legal sentada por el citado Auto Supremo de obrados, circunscribiendo la resolución al principio de limitación en virtud a lo previsto por el art. 398 del CPP y al principio tantum devolutum quantum apellatum, máximas que obligan al juzgador a centrarse en los límites de la impugnación, sin exceder a los términos pretendidos por las partes, como bien lo señaló el Auto Supremo 622/2017-RRC de 23 de agosto.
Por ello, habiéndose contrastado la problemática procesal sustentada por el recurrente, con el análisis de los fundamentos del Auto de Vista en uniformidad con los antecedentes de autos, se establece que el Tribunal de alzada ha dado cumplimiento al Auto Supremo 780/2017-RRC, no siendo contrario al precedente, al no haberse establecido omisión alguna en el pronunciamiento del Auto de Vista, así como tampoco falta de fundamentación en los razonamientos expuestos por el Tribunal de alzada, otorgando certeza del razonamiento arribado, correspondiendo declarar infundado en lo particular, el argumento expresado en casación.
III.3. De la falta de pronunciamiento sobre los argumentos del recurso de casación en relación a un nuevo procesamiento sobre los mismos hechos.
Finalmente, en el tercer motivo, se aduce que el Auto de Vista impugnado y su Auto Complementario vulneraron los mismos derechos aludidos en el primer recurso de casación, a saber: a) El debido proceso, al soslayarse el pronunciamiento sobre los argumentos del recurso, denunciando que sin tener conocimiento de los fundamentos por los cuales se le sanciona, estaría sometido a un nuevo juicio -doble juzgamiento- por los mismos tipos penales y los mismos hechos, pese a que el propio Consejo de la Magistratura habría referido que ya se tramitó un debido proceso, correspondiendo simplemente efectuar una correcta “subsunción de los tipos penales”, labor que el Tribunal de alzada pretendería soslayar al ordenar un nuevo juicio sin haber identificado el objeto del mismo, siendo que los Autos Supremos citados harían referencia a que solamente existía falta de fundamentación respecto del delito de Extorsión, quebrantando también así la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 206/2015-RRC de 27 de marzo; y, b) El principio procesal de publicidad, al impedir al recurrente tener conocimiento de los hechos y fundamentos jurídicos por los cuales se lo procesaría nuevamente respecto de los mismos hechos, incurriendo en contradicción con el Auto Supremo 780/2017-RRC.
Como se puede observar del motivo, se tienen dos variantes fundantes de los agravios que en casación expresa el recurrente. En el inciso a) aduce contradicción del Auto de Vista con el Auto Supremo 206/2015-RRC de 27 de marzo, respecto a la correcta subsunción de los tipos penales que el Tribunal de alzada pretendió soslayar al disponer el reenvío del juicio, sin señalar el objeto del juicio. Empero de la revisión del precedente citado por el recurrente, se observa que dicha resolución aborda una problemática diferente a la que se ha centrado el Auto de Vista; que de su contrastación, los términos y argumentos son disímiles, ya que el contenido del Auto de Vista impugnado y lo resuelto por el precedente del juiciol disponer el reenviestablecida en el Auto Supremo marzo de los agravios que en casacilito del art.11111111111111111no son circunstancias recursivas análogas, no pudiendo generar convicción en el Tribunal de casación para fundar doctrina legal aplicable al caso concreto, porque del contraste no guarda relación el Auto de Vista con el precedente invocado.
De lo expuesto, no existe una situación fáctica análoga entre una parte del motivo de casación, referido a la correcta “subsunción de los tipos penales”, labor que el Tribunal de alzada pretendería soslayar al ordenar un nuevo juicio sin haber identificado su objeto, respecto a los hechos que motivaron la emisión de los razonamientos expresados en el precedente invocado, relativos a la correcta tipificación de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado y la aplicación retroactiva de la ley penal, aludiendo a la Ley 004; que, por lo referido, no puede visualizarse la existencia de contradicción en los términos previstos por el art. 416 del CPP, siendo necesario destacar que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “….Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).
De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo….”.
Ingresando al análisis del inciso b), por el que se afirmó el incumplimiento al Auto Supremo 870/2017-RRC emitido con anterioridad en el caso de autos, como bien se ha señalado precedentemente en el análisis del motivo segundo de casación, se ha determinado que el Auto de Vista impugnado no incumplió el referido Auto Supremo, más al contrario observó la doctrina legal sentada en el precedente al momento de emitir el nuevo Auto de Vista y el hecho de haber identificado el Tribunal de alzada dos hechos, que se consideran incorrectamente valorados y analizados para determinar la absolución por los tipos penales de Cohecho Pasivo Propio y Extorsión, como ser: a. Haber considerado que el imputado no es el que pronuncia los Autos Supremos de las Salas y al considerar al delito de Cohecho Pasivo un delito bilateral; y, b. Por haber considerado que el delito de Extorsión se trataría de un temor reverencial a la función del acusado, que de ninguna manera sería invencible; no constituye una vulneración al principio de publicidad, porque de manera exacta se determinan los hechos que deben ser nuevamente sometidos a juicio oral, lo que tampoco significa que los mismos vayan a constituir condena o culpabilidad, ya que deberán ser analizados nuevamente en el contradictorio para establecer una correcta subsunción de los hechos a los tipos penales mediante una nueva valoración de las pruebas.
Por cuanto, al no haberse establecido la contradicción con los Autos Supremos 206/2015-RRC de 27 de marzo y 780/2017-RRC de 5 de octubre, es menester declarar el motivo de casación infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ronald Nardo Montero Ruiz, de fs. 2997 a 3006 vta.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 413
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución