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Timestamp: 2020-02-25 21:04:36+00:00

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Ley 7494, de Contratación Administrativa - Códigos - Legislación - VLEX 633222217
Ley 7494, de Contratación Administrativa
CAPÍTULO I. Cobertura y principios generales
SECCIÓN PRIMERA. Cobertura y excepciones - arts. 1 a 3
SECCIÓN SEGUNDA. Principios generales - arts. 4 a 6
CAPÍTULO II. Requisitos previos de los procedimientos de contratación
SECCIÓN PRIMERA. Requisitos - arts. 7 a 9
CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones de la administración
SECCIÓN ÚNICA. Derechos de la Administración - arts. 10 a 14
SECCIÓN SEGUNDA. Obligaciones de la Administración - arts. 15 y 16
CAPÍTULO IV. Derechos y obligaciones de los contratistas
SECCIÓN PRIMERA. Derechos de los contratistas - arts. 17 a 19
SECCIÓN SEGUNDA. Obligaciones de los contratistas - arts. 20 y 21
SECCIÓN ÚNICA. - arts. 22 a 26
CAPÍTULO VI. Procedimientos de contratación
SECCIÓN PRIMERA. Generalidades - arts. 27 a 40.bis
SECCIÓN SEGUNDA. Licitación pública - arts. 41 a 43
SECCIÓN TERCERA. Licitación abreviada - arts. 44 a 46
SECCIÓN CUARTA. Licitación restringida - arts. 47 y 48
SECCIÓN QUINTA. Remate - arts. 49 y 50
SECCIÓN SEXTA. Otras modalidades de contratación - arts. 51 a 54
CAPÍTULO VII. Regulaciones especiales
SECCIÓN PRIMERA. Generalidades - arts. 55 y 56
SECCIÓN SEGUNDA. Obra pública - arts. 57 a 62
SECCIÓN TERCERA. Suministro de bienes - art. 63
SECCIÓN CUARTA. Contratación de servicios - arts. 64 a 67
SECCIÓN QUINTA. Enajenación de bienes inmuebles - arts. 68 a 70
SECCIÓN SEXTA. Adquisición de bienes inmuebles - art. 71
SECCIÓN SÉPTIMA. Concesión de instalaciones públicas - arts. 72 y 73
SECCIÓN OCTAVA. Concesión de gestión de servicios públicos - arts. 74 y 75
SECCIÓN NOVENA. Arrendamiento de inmuebles - arts. 76 y 77
SECCIÓN DÉCIMA. Arrendamiento de equipo - arts. 78 y 79
CAPÍTULO VIII. Procedimientos de urgencia - art. 80
CAPÍTULO IX. Los recursos
SECCIÓN PRIMERA. Objeción del cartel - arts. 81 a 83
SECCIÓN SEGUNDA. Apelación - arts. 84 a 90
SECCIÓN TERCERA. Revocatoria - arts. 91 y 92
SECCIÓN PRIMERA. Generalidades - arts. 93 y 94
SECCIÓN SEGUNDA. Sanciones a funcionarios públicos - arts. 95 a 98
SECCIÓN TERCERA. Sanciones a particulares - arts. 99 a 100.bis
CAPÍTULO XI. Control - arts. 101 y 102
CAPÍTULO XII. Proveeduría nacional - arts. 103 y 104
CAPÍTULO XIII. Proveedurías institucionales y registro de proveedores
SECCIÓN PRIMERA. Proveedurías institucionales - arts. 105 a 107
SECCIÓN SEGUNDA. Registro de proveedores - art. 108
CAPÍTULO XIV. Reglamentación de esta Ley - arts. 109 a 113
Norma citada en: 3961 sentencias, 20 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas, 492 resoluciones administrativas, 71 noticias
CAPÍTULO I Cobertura y principios generales Artículos 1 a 6
SECCIÓN PRIMERA Cobertura y excepciones Artículos 1 a 3
ARTÍCULO 1 Cobertura.
Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas.
Artículo citado en: 41 sentencias, 2 artículos doctrinales, 14 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 2 Excepciones
La actividad ordinaria de la Administración, entendida como el suministro directo al usuario o destinatario final, de los servicios o las prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus fines.
Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público internacional.
La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público.
La actividad de contratación que, por su naturaleza o las circunstancias concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, sea porque solo existe un único proveedor, por razones especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley.
Las compras realizadas con fondos de caja chica, según se dispondrá reglamentariamente, siempre y cuando no excedan de los límites económicos fijados conforme al inciso anterior.
Las contrataciones que se realicen para la construcción, la instalación o la provisión de oficinas o servicios en el exterior.
Las actividades que resulten excluidas, de acuerdo con la ley o los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica.
La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida a los procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la administración cursará invitación por lo menos a tres potenciales proveedores idóneos, si existen, y adjudicará a la oferta de menor precio, sin perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen relevantes, lo cual deberá definirse en la invitación. La administración estudiará todas las ofertas que se presenten al concurso, independientemente de si provienen de empresas que fueron invitadas o no.
-Las relaciones de empleo.
- Los empréstitos públicos.
- Otras actividades sometidas por ley a un régimen especial de contratación.
Artículo citado en: 187 sentencias, 2 artículos doctrinales, 39 resoluciones administrativas, 8 noticias
ARTÍCULO 2 BIS Autorizaciones.
Exclúyense de los procedimientos de concurso establecidos en esta Ley, los siguientes supuestos autorizados por la Contraloría General de la República:
Cuando los bienes, las obras o los servicios, en razón de su gran complejidad o su carácter especializado, solo puedan obtenerse de un número limitado de proveedores o contratistas, de manera que por razones de economía y eficiencia no resulte adecuada la aplicación de los procedimientos ordinarios.
En los casos en que la administración, habiendo adquirido ya equipo tecnológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad con los equipos tecnológicos que se estén utilizando, teniendo en cuenta si el contrato original satisfizo adecuadamente las necesidades de la administración adjudicadora, si el precio es razonable y, especialmente, si se descartó la existencia de mejores alternativas en el mercado.
Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.
Artículo citado en: 40 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo citado en: 103 sentencias, un artículo doctrinal, 13 resoluciones administrativas
SECCIÓN SEGUNDA Principios generales Artículos 4 a 6
ARTÍCULO 4 Principios de eficacia y eficiencia.
Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales.
Artículo citado en: 178 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 5 Principio de igualdad y libre competencia.
Artículo citado en: 52 sentencias, 2 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 6 Principio de publicidad.
Artículo citado en: 28 sentencias, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II Requisitos previos de los procedimientos de contratación Artículos 7 a 9
SECCIÓN PRIMERA Requisitos Artículos 7 a 9
ARTÍCULO 7 Inicio del procedimiento.
El procedimiento de contratación se iniciará con la decisión administrativa de promover el concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado competente.
Artículo citado en: 61 sentencias, 5 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 8 Disponibilidad presupuestaria.
Artículo citado en: 230 sentencias, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 9 Previsión de verificación.
Para comenzar el procedimiento de contratación, la Administración deberá acreditar, en el expediente respectivo, que dispone o llegará a disponer, en el momento oportuno, de los recursos humanos y la infraestructura administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cuantitativa como cualitativamente.
Artículo citado en: 166 sentencias, 3 resoluciones administrativas
CAPÍTULO III Derechos y obligaciones de la administración Artículos 10 a 16
SECCIÓN ÚNICA Derechos de la Administración Artículos 10 a 14
ARTÍCULO 10 Sumisión a la normativa administrativa.
En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate.
Artículo citado en: 105 sentencias, 4 resoluciones administrativas
Con el objetivo de fortalecer el rol de las asociaciones para el desarrollo, mediante la generación de recursos para la inversión en sus comunidades, en los procesos de contratación administrativa en los que participen como oferentes una asociación para el desarrollo de las comunidades y otros sujetos de derecho privado que no gocen de esta misma naturaleza jurídica, la Administración Pública escogerá preferentemente a la asociación constituida conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), de 7 de abril de 1967, y sus reformas.
Para aplicar la regla anterior, la asociación deberá haber cumplido con todas las condiciones del cartel y tenerse por comprobado que su oferta resulta ser la que mejor satisface el interés público.
La regla de preferencia señalada en el presente artículo no resultará aplicable cuando la condición de igualdad sea ante una pyme en los términos dispuestos en la Ley N. º 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas, o cuando se trate de una contratación cubierta por un instrumento comercial internacional vigente en Costa Rica en el que se hayan acordado principios de trato nacional y no discriminación respecto de las compras del Estado.
ARTÍCULO 11 Derecho de rescisión y resolución unilateral.
Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso.
Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen al contratista, la Administración deberá liquidarle la parte que haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados.
En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del contrato.
La Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los extremos indicados en los incisos anteriores. Para hacer efectiva la resolución deberá contar con la aprobación de la Contraloría General de la República.
Artículo citado en: 326 sentencias, 8 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 12 Derecho de modificación unilateral.
La administración podrá recibir objetos actualizados respecto del bien adjudicado, en el tanto se cumplan las siguientes condiciones:
Que los objetos sean de la misma naturaleza.
Que se dé un cambio tecnológico que mejore el objeto.
Que no se incremente el precio ofertado.
Que se mantengan las demás condiciones que motivaron la adjudicación.
Artículo citado en: 91 sentencias, un artículo doctrinal, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 12 BIS Nueva contratación.
Si, una vez ejecutado un contrato, la administración requiere suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Que el contratista convenga en ello.
Que el nuevo contrato se concluya sobre las mismas bases del precedente.
Que el monto del nuevo contrato no sume más del cincuenta por ciento (50%) del contrato anterior.
Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto del primer contrato.
ARTÍCULO 13 Fiscalización.
La Administración fiscalizará todo el proceso de ejecución, para eso el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias. A fin de establecer la verdad real, podrá prescindir de las formas jurídicas que adopten los agentes económicos, cuando no correspondan a la realidad de los hechos.
En virtud de este derecho de fiscalización, la Administración tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.
Si la Administración no fiscaliza los procesos, eso no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.
Artículo citado en: 124 sentencias, un artículo doctrinal, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 14 Derecho de ejecución de garantías.
Cuando un oferente o un contratista incurra en incumplimiento, la Administración podrá hacer efectiva la garantía correspondiente. La decisión administrativa de ejecutar esa garantía debe ser motivada y se dará audiencia previa al interesado para exponer su posición.
Artículo citado en: 92 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas
SECCIÓN SEGUNDA Obligaciones de la Administración Artículos 15 y 16
ARTÍCULO 15 Obligación de cumplimiento.
La Administración está obligada a cumplir con todos los compromisos, adquiridos válidamente, en la contratación administrativa y a prestar colaboración para que el contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado.
Artículo citado en: 57 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 16 Obligación de tramitación.
La Administración está obligada a tramitar, en un plazo de treinta días hábiles, cualquier gestión que le formule el contratista, cuando sea necesaria para ejecutar la contratación. Transcurrido este plazo sin una respuesta motivada de la Administración, operará el silencio positivo y la gestión se tendrá por acogida. Lo anterior sin detrimento de la responsabilidad en que pueda incurrir el funcionario, a tenor del artículo 96 de esta Ley.
Artículo citado en: 55 sentencias, un artículo doctrinal
CAPÍTULO IV Derechos y obligaciones de los contratistas Artículos 17 a 21
SECCIÓN PRIMERA Derechos de los contratistas Artículos 17 a 19
ARTÍCULO 17 Derecho a la ejecución.
Los contratistas tienen derecho de ejecutar plenamente lo pactado, excepto si se produce alguno de los supuestos mencionados en el artículo 11 de esta Ley.
Artículo citado en: 113 sentencias, un artículo doctrinal
ARTÍCULO 18 Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
Artículo citado en: 102 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
Artículo citado en: 37 sentencias, un artículo doctrinal, 5 resoluciones administrativas
SECCIÓN SEGUNDA Obligaciones de los contratistas Artículos 20 y 21
ARTÍCULO 20 Cumplimiento de lo pactado.
Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato.
Artículo citado en: 161 sentencias, un artículo doctrinal
ARTÍCULO 21 Verificación de procedimientos.
El Reglamento de esta Ley definirá los supuestos y la forma en que proceda indemnizar al contratista irregular.
Asimismo, el funcionario que haya promovido una contratación irregular será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 96 bis de esta Ley.
Artículo citado en: 74 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO V Prohibiciones Artículos 22 a 26
SECCIÓN ÚNICA Artículos 22 a 26
ARTÍCULO 22 Ámbito de aplicación.
La prohibición para contratar con la Administración se extiende a la participación en los procedimientos de contratación y a la fase de ejecución del respectivo contrato.
Artículo citado en: 186 sentencias, un artículo doctrinal, 26 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 22 BIS Alcance de la prohibición.
En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas:
El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así como el proveedor y el subproveedor nacionales. En los casos de puestos de elección popular, la prohibición comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones.
Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de las empresas públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal.
Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en la cual prestan sus servicios.
Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de construcción.
Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por prohibición, sean estos internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario.
Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de representación. Para que la venta o cesión de la participación social respectiva pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha al menos con seis meses de anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y deberá tener fecha cierta por cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento que la origina.
Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión.
El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.
Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación.
Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción. Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos suministrados por la Administración.
Que se trate de un proveedor único.
Que se trate de la actividad ordinaria del ente.
Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración.
Artículo citado en: 102 sentencias, un artículo doctrinal, 7 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 23 Levantamiento de la incompatibilidad.
La prohibición expresada en los incisos h) e i) del artículo anterior, podrá levantarse en los siguientes casos:
Cuando se demuestre que la actividad comercial desplegada se ha ejercido por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición.
En el caso de directivos o representantes de una persona jurídica, cuando demuestren que ocupan el puesto respectivo, por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición.
Cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde que la participación social del pariente afectado fue cedida o traspasada, o de que este renunció al puesto o cargo de representación. Mediante el trámite que se indicará reglamentariamente, la Contraloría General de la República acordará levantar la incompatibilidad.
Artículo citado en: 18 sentencias, un artículo doctrinal, 5 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 24 Prohibición de influencias.
A las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones se les prohíbe intervenir, directa o indirectamente, ante los funcionarios responsables de las etapas del procedimiento de selección del contratista, ejecución o fiscalización del contrato, en favor propio o de terceros.
Artículo citado en: 6 sentencias, un artículo doctrinal, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 25 Efectos del incumplimiento.
La violación del régimen de prohibiciones establecido en este capítulo, originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del contrato recaídos en favor del inhibido, y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones previstas en esta Ley.
Artículo citado en: 78 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
ARTÍCULO 26 Remisión reglamentaria.
En el Reglamento se establecerán los mecanismos para verificar el cumplimiento fiel del régimen de prohibiciones, establecido en este capítulo.
Artículo citado en: 29 sentencias
CAPÍTULO VI Procedimientos de contratación Artículos 27 a 54
SECCIÓN PRIMERA Generalidades Artículos 27 a 40.bis
ARTÍCULO 27 Determinación del procedimiento.
Cuando la Ley no disponga de un procedimiento específico en función del tipo de contrato, el procedimiento se determinará de acuerdo con las siguientes pautas:
Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea superior a cincuenta mil setecientos millones de colones (¢50.700.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a trescientos cuatro millones de colones (¢304.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a trescientos cuatro millones de colones (¢304.000.000,00) e iguales o superiores a cuarenta y dos millones trescientos mil colones (¢42.300.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a cuarenta y dos millones trescientos mil colones (¢42.300.000,00).
Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a cincuenta mil setecientos millones de colones (¢50.700.000.000,00), pero superior a treinta y tres mil ochocientos millones de colones (¢33.800.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a doscientos sesenta y dos millones de colones (¢262.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a doscientos sesenta y dos millones de colones (¢262.000.000,00) e iguales o superiores a trece millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a trece millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00).
Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a treinta y tres mil ochocientos millones de colones (¢33.800.000.000,00), pero superior a dieciséis mil novecientos millones de colones (¢16.900.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a ciento ochenta y cuatro millones de colones (¢184.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a ciento ochenta y cuatro millones de colones (¢184.000.000,00) e iguales o superiores a once millones ochocientos diez mil colones (¢11.810.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a once millones ochocientos diez mil colones (¢11.810.000,00).
Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a dieciséis mil novecientos millones de colones (¢16.900.000.000,00), pero superior a ocho mil cuatrocientos cincuenta millones de colones (¢8.450.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a ciento treinta y un millones doscientos mil colones (¢131.200.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a ciento treinta y un millones doscientos mil colones (¢131.200.000,00) e iguales o superiores a diez millones quinientos mil colones (¢10.500.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a diez millones quinientos mil colones (¢10.500.000,00).
Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a ocho mil cuatrocientos cincuenta millones de colones (¢8.450.000.000,00), pero superior a mil seiscientos noventa millones de colones (¢1.690.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a noventa y un millones ochocientos mil colones (¢91.800.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a noventa y un millones ochocientos mil colones (¢91.800.000,00) e iguales o superiores a nueve millones ciento ochenta mil colones (¢9.180.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a nueve millones ciento ochenta mil colones (¢9.180.000,00).
Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a mil seiscientos noventa millones de colones (¢1.690.000.000,00), pero superior a ochocientos cuarenta y cinco millones de colones (¢845.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a setenta y ocho millones setecientos mil colones (¢78.700.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a setenta y ocho millones setecientos mil colones (¢78.700.000,00) e iguales o superiores a siete millones ochocientos setenta mil colones (¢7.870.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a siete millones ochocientos setenta mil colones (¢7.870.000,00).
Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a ochocientos cuarenta y cinco millones de colones (¢845.000.000,00), pero superior a quinientos siete millones de colones (¢507.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a cincuenta y dos millones quinientos mil colones (¢52.500.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a cincuenta y dos millones quinientos mil colones (¢52.500.000,00) e iguales o superiores a seis millones quinientos sesenta mil colones (¢6.560.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a seis millones quinientos sesenta mil colones (¢6.560.000,00).
Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a quinientos siete millones de colones (¢507.000.000,00), pero superior a ciento sesenta y nueve millones de colones (¢169.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a treinta y nueve millones cuatrocientos mil colones (¢39.400.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a treinta y nueve millones cuatrocientos mil colones (¢39.400.000,00), e iguales o superiores a tres millones novecientos cuarenta mil colones (¢3.940.000,00) y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a tres millones novecientos cuarenta mil colones (¢3.940.000,00).
Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a ciento sesenta y nueve millones de colones (¢169.000.000,00), pero superior a cincuenta millones setecientos mil colones (¢50.700.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a veintiséis millones doscientos mil colones (¢26.200.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a veintiséis millones doscientos mil colones (¢26.200.000,00) e iguales o superiores a dos millones seiscientos veinte mil colones (¢2.620.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a dos millones seiscientos veinte mil colones (¢2.620.000,00).
Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a cincuenta millones setecientos mil colones (¢50.700.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a trece millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a trece millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00) e iguales o superiores a un millón trescientos mil colones (¢1.300.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a un millón trescientos mil colones (¢1.300.000,00).
Artículo citado en: 31 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 28 Facultad para variar el procedimiento.
La Administración podrá emplear procedimientos más calificados o rigurosos que el correspondiente, según el objeto o el monto del contrato, cuando convenga más a la satisfacción del fin público.
Artículo citado en: 10 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
ARTÍCULO 29 Motivación de la deserción.
Cuando la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión.
ARTÍCULO 30 Modificación del procedimiento en licitación infructuosa.
Si se produce una licitación pública infructuosa, la administración podrá utilizar en el nuevo concurso el procedimiento de licitación abreviada.
Artículo citado en: 304 sentencias
ARTÍCULO 31 Estimación contractual.
Para estimar la contratación, se tomará en cuenta el monto, en el momento de la convocatoria, de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal, los fletes, los seguros, las comisiones, los intereses, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación.
En las contrataciones de objeto continuo, sucesivo o periódico, celebradas por un plazo determinado, la estimación se calculará sobre el valor total del contrato durante su vigencia.
En los contratos por plazo indeterminado, con opción de compra, o sin ella, la estimación se efectuará sobre la base del pago mensual calculado, multiplicado por 48. Igual procedimiento se aplicará respecto de contratos para satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, cuando se establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan superar ese límite. En caso de duda sobre si el plazo es indeterminado o no, se aplicará el método de cálculo dispuesto en este párrafo.
Cuando las bases del concurso contengan cláusulas que permitan cotizar bienes o servicios opcionales o alternativos, la base para estimarlos será el valor total de la compra máxima permitida, incluidas las posibles compras optativas.
ARTÍCULO 32 Validez, perfeccionamiento y formalización.
Artículo citado en: 73 sentencias, 6 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 33 Garantía de participación.
La administración estará facultada para solicitar, a los oferentes, una garantía de participación entre un uno por ciento (1%) y un cinco por ciento (5%) del monto de la propuesta, el cual se definirá en el respectivo cartel o pliego de condiciones, de acuerdo con la complejidad del contrato.
Artículo citado en: 42 sentencias, una resolución administrativa
ARTÍCULO 34 Garantía de cumplimiento.
La Administración exigirá una garantía de cumplimiento, entre un cinco por ciento (5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la contratación. Este monto se definirá en el cartel o en el pliego de condiciones respectivo, de acuerdo con la complejidad del contrato, para asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el adjudicatario.
La garantía se ejecutará hasta por el monto necesario para resarcir, a la Administración, los daños y perjuicios imputables al contratista.
Cuando exista cláusula penal por demora en la ejecución, la garantía no podrá ejecutarse con base en este motivo, salvo la negativa del contratista para cancelar los montos correspondientes por ese concepto.
La ejecución de la garantía de cumplimiento no exime al contratista de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que no cubre esa garantía.
Artículo citado en: 66 sentencias, un artículo doctrinal, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 35 Prescripción de la responsabilidad del contratista.
En cinco años, prescribirá la facultad de la Administración de reclamar, al contratista, la indemnización por daños y perjuicios, originada en el incumplimiento de sus obligaciones. Si se trata de obras públicas, el término para el reclamo indemnizatorio originado en vicios ocultos, será de diez años, contados a partir de la entrega de la obra.
Artículo citado en: 60 sentencias, 10 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 36 Límites de la cesión.
Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse sin la autorización previa y expresa de la Administración contratante, por medio de acto debidamente razonado.
Cuando la cesión corresponda a más de un cincuenta por ciento (50%) del objeto del contrato, se requerirá autorización previa de la Contraloría General de la República. En ningún caso la cesión procederá en contra de las prohibiciones establecidas en el artículo 22 de esta Ley.
Artículo citado en: 62 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
ARTÍCULO 37 Prohibición de fragmentar.
La Administración no podrá fragmentar sus adquisiciones de bienes y servicios con el propósito de variar el procedimiento de contratación.
Artículo citado en: 11 sentencias, 14 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 38 Ofertas en consorcio.
En los procedimientos de contratación, podrán participar distintos oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con la Administración que licita.
Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante la Administración, por todas las consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en los procedimientos de contratación o en su ejecución.
Los consorcios de pymes, debidamente acreditados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), podrán participar como oferentes, para lo cual deberán aportar la licencia de funcionamiento respectiva y se les otorgará los mismos beneficios establecidos al amparo de la Ley N.º 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002, en el Programa Nacional de Compras Públicas para Pyme. Las contrataciones a los consorcios de Pymes se deberán realizar con el respeto a los principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado.
Artículo citado en: 41 sentencias
ARTÍCULO 39 Ofertas conjuntas.
En las reglas del concurso, la Administración podrá autorizar, que participen oferentes conjuntos cuando, por la naturaleza del bien o el servicio licitado, sea posible y conveniente para los intereses públicos que distintos componentes de la prestación sean brindados por diversas personas. En estos casos, los oferentes conjuntos deberán deslindar, con exactitud, el componente de la prestación a la cual se obligan dentro de la oferta global; en caso contrario, responderán solidariamente, ante la Administración, por todas las consecuencias de su participación en el procedimiento de contratación y su ejecución.
ARTÍCULO 40 Uso de medios digitales.
Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas.
Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su administración estará a cargo del Poder Ejecutivo.
El sistema deberá reproducir toda la información relativa a cada una de las etapas del procedimiento de compras.
Asimismo, el Sistema digital unificado de compras públicas garantizará la total transparencia y publicidad de cada uno de los procedimientos, documentos e información relacionada con dichos procesos de compras, para lo cual el sistema debe reproducir la información en formatos digitales aptos para que el público pueda descargarlos, copiarlos, manipularlos y reproducirlos.
Para realizar los actos previstos en esta ley, la administración y los particulares deberán ajustarse a las regulaciones de la Ley N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, de 30 de agosto de 2005.
Artículo citado en: 28 sentencias, 2 resoluciones administrativas, 3 noticias
ARTÍCULO 40 BIS Obligaciones de transparencia.
Toda institución pública que realice cualquier tipo de contratación regulada en esta ley deberá incluir un vínculo en sus páginas web, para que la ciudadanía acceda a la página del Sistema digital unificado de compras públicas. Además, deberá publicar, en su página web y en lenguaje fácilmente comprensible a cualquier lector, al menos la siguiente información:
El anuncio sobre el hecho de que se ha tomado la decisión administrativa de iniciar un proceso de contratación, incluyendo los productos o servicios a contratar.
Los aspectos más relevantes del cartel de licitación.
Cada una de las ofertas recibidas, las cuales deberán publicarse inmediatamente después de cerrado el plazo para su recepción.
El oferente escogido, las razones y los criterios que justificaron su escogencia.
Los términos más importantes del contrato.
Cualquier otra información que se determine vía reglamento.
Toda institución pública que realice actividad contractual excluida de concurso por existir proveedor único, las contempladas en los incisos e), f) y h), los entes públicos no estatales y las empresas públicas mencionadas en el artículo 2, así como los supuestos mencionados en el artículo 2 bis, ambos de la presente ley y la actividad contractual excluida de concurso según el reglamento de esta ley, deberán publicar, en su página web y en lenguaje fácilmente comprensible a cualquier lector, los aspectos mencionados en este artículo, según corresponda al tipo de contratación efectuada.
Artículo citado en: 9 sentencias, 2 resoluciones administrativas, una noticia
SECCIÓN SEGUNDA Licitación pública Artículos 41 a 43
ARTÍCULO 41 Supuestos.
La licitación pública es el procedimiento de contratación obligatorio en los siguientes casos:
En los supuestos previstos en el artículo 27 de esta Ley.
En toda venta o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o en el arrendamiento de bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de remate.
En los procedimientos de concesión de instalaciones públicas.
Artículo citado en: 35 sentencias, un artículo doctrinal, 6 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 42 Estructura mínima.
El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán los siguientes criterios mínimos:
El cumplimiento de los requisitos previos de la contratación. Para tomar la decisión administrativa de promover el concurso, la administración deberá realizar los estudios suficientes que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables.
La preparación del cartel de licitación, con las condiciones generales así como las especificaciones técnicas, financieras y de calidad. La administración podrá celebrar audiencias con oferentes potenciales, a fin de recibir observaciones que permitan la más adecuada elaboración del pliego de condiciones; para ello, deberá hacer invitación pública y levantar un acta de las audiencias, todo lo cual deberá constar en el expediente.
El desarrollo, en el cartel, de un sistema de evaluación de las ofertas, orientado a que la administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público. La administración deberá motivar en el expediente, la incorporación al sistema de evaluación de otros factores de calificación adicionales al precio, tales como plazo y calidad, entre otros, que en principio deberán regularse en cláusulas de requisitos de cumplimiento obligatorio.
La publicación, en La Gaceta, de la invitación a participar, así como de las modificaciones del cartel y del acto de adjudicación; para ello, la Imprenta Nacional estará obligada a hacer las publicaciones dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud que le presente la administración. El incumplimiento de dicha obligación constituirá falta grave por parte del funcionario responsable. El director de la Imprenta deberá ordenar las medidas que garanticen el cumplimiento de esta disposición. Una vez publicado el aviso a concursar, la administración dispondrá únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el pliego de condiciones o para conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas.
La publicidad de todos los trámites del procedimiento y el acceso a todos los estudios técnicos, preparados por la administración o para ella, incluso los registros y las actas de las audiencias que se celebren de conformidad con el inciso b), de este artículo. En caso de que se utilicen medios electrónicos o sitios en Internet, deberán garantizarse la seguridad e integridad de la información. Por el mismo medio que se comunique la invitación, será comunicada la adjudicación.
El plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive.
La posibilidad de objetar el cartel cuando se considere que viola algunos de los principios generales o las disposiciones normativas que rigen la contratación, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 82 de esta Ley.
La presunción del sometimiento pleno del oferente tanto al ordenamiento jurídico costarricense como a las reglas generales y particulares de la licitación.
La rendición de la garantía de cumplimiento. La garantía de participación deberá otorgarse en los casos en que la administración lo solicite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley.
La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, en relación con los demás oferentes. Podrán ser objeto de subsanación, el plazo de vigencia de la oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la garantía de participación, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta por ciento (80%) de lo fijado en el cartel. Los demás extremos de la garantía de participación podrán ser objeto de subsanación, conforme lo que disponga el Reglamento.
La motivación del acto de adjudicación, el cual deberá ser dictado de conformidad con lo previsto en el artículo 42 bis de esta Ley.
La posibilidad de recurrir el acto de adjudicación, en los términos señalados en esta Ley.
La obligación de readjudicar o declarar desierto el concurso cuando, por la interposición de recursos, se anule el acto de adjudicación; todo de conformidad con lo previsto en el artículo 42 bis de esta Ley.
La posibilidad de mejorar, dentro del concurso, los precios de las empresas elegibles. La aplicación de esta figura deberá darse dentro de un marco de transparencia e igualdad, según los mecanismos de aplicación objetiva que se regulen en cada cartel. El precio por considerar en el sistema de calificación, será el último que los respectivos oferentes propongan y, para acceder a esta posibilidad, no deben convertir sus precios en ruinosos o no remunerativos. La rebaja de precio, por su naturaleza, es aplicable a todo procedimiento concursal.
Artículo citado en: 350 sentencias, una resolución administrativa
ARTÍCULO 42 BIS Adjudicación.
El acto de adjudicación deberá ser dictado dentro del plazo establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble del plazo fijado para recibir ofertas. Dicho plazo podrá ser prorrogado por un período igual y por una sola vez, mediante resolución motivada, en la cual se acrediten las razones de interés público que así lo justifiquen.
Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior sin haberse dictado el acto de adjudicación, los oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta, así como a que se les devuelva la garantía de participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna.
Asimismo, los funcionarios responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, estarán sujetos a las sanciones previstas en los artículos 96 y 96 bis de esta Ley, por incumplimiento general de plazos legales.
Artículo citado en: 302 sentencias
ARTÍCULO 43 Licitación pública con publicación internacional.
Cuando lo considere conveniente para los intereses públicos, o por haberlo acordado así con el ente público internacional que financia la contratación, la Administración además de efectuar la publicación ordinaria, podrá invitar a participar, mediante la publicación de un aviso en diarios extranjeros o por medio de comunicación a las legaciones comerciales acreditadas en el país.
SECCIÓN TERCERA Licitación abreviada Artículos 44 a 46
ARTÍCULO 44 Supuestos.
En los supuestos previstos en el Artículo 27 de esta Ley, la licitación abreviada será el procedimiento ordinario para contratar.
ARTÍCULO 45 Estructura mínima.
En la licitación abreviada se invitará a participar a un mínimo de cinco proveedores del bien o servicio, acreditados en el registro correspondiente.
Artículo citado en: 120 sentencias, una resolución administrativa
ARTÍCULO 46 Registro.
En cada proveeduría institucional, se llevará un registro de los proveedores interesados en contratar con la administración. Para tales efectos, la administración invitará, por lo menos una vez al año, mediante publicación en La Gaceta, a formar parte del registro de proveedores. No obstante, en cualquier momento los proveedores interesados podrán solicitar que se les incorpore al registro.
SECCIÓN CUARTA Licitación restringida Artículos 47 y 48
SECCIÓN QUINTA Remate Artículos 49 y 50
ARTÍCULO 49 Supuestos.
El procedimiento de remate podrá utilizarse para vender o arrendar bienes, muebles o inmuebles, cuando resulte el medio más apropiado para satisfacer los intereses de la Administración.
Artículo citado en: 22 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 50 Procedimiento.
Para el remate, se seguirán los siguientes pasos:
Salvo en el remate infructuoso, la base no podrá ser inferior al monto del avalúo del órgano especializado de la Administración respectiva o, en su defecto, del avalúo de la Dirección General de la Tributación Directa.
La invitación indicará una lista de los bienes por rematar, la descripción de su naturaleza, su ubicación, el precio base; asimismo, el lugar, la fecha y la hora del remate. Se publicará en el Diario Oficial y, facultativamente, en un diario de circulación nacional.
Los interesados tendrán la oportunidad de examinar los bienes objeto del remate.
Se designará a un funcionario responsable del procedimiento verbal del remate quien presidirá la diligencia.
Se adjudicará el bien a la persona que, en el acto, ofrezca el precio más alto.
Para perfeccionar la adjudicación, deberá entregarse inmediatamente a la Administración una garantía de cumplimiento del diez por ciento (10%) del valor del bien rematado.
El interesado dispondrá de tres días hábiles para cancelar el resto del precio; en caso contrario, perderá la garantía en favor de la Administración.
Concluido el remate, se levantará un acta en la cual se acrediten todas las incidencias. El funcionario responsable y el adjudicatario la firmarán.
Artículo citado en: 16 sentencias, una resolución administrativa
SECCIÓN SEXTA Otras modalidades de contratación Artículos 51 a 54
ARTÍCULO 51 Modalidades.
La Administración podrá incorporar, entre los procedimientos, las modalidades de precalificación, la adjudicación por subasta a la baja y licitación con financiamiento.
ARTÍCULO 52 Licitación con financiamiento.
La Administración podrá utilizar la licitación con financiamiento cuando, dentro de las condiciones generales del concurso, requiera el otorgamiento, por cuenta o gestión del contratista, de una línea de crédito para respaldar los gastos derivados de la contratación.
En esos supuestos, la exigencia de contenido presupuestario se reducirá a proveer fondos suficientes para enfrentar los pagos por amortización e intereses, gastos conexos derivados del financiamiento y a preveer la incorporación, en los futuros presupuestos, de las partidas necesarias para la atención del crédito.
Antes de iniciar la licitación con financiamiento, la Administración deberá obtener las autorizaciones previstas en el ordenamiento jurídico para el endeudamiento y para el empleo de este mecanismo.
Cuando por una licitación con financiamiento, se ofrezca a la Administración un empréstito que constituya una carga para el Estado o que requiera su aval, serán imprescindibles, antes de iniciar la ejecución del objeto del contrato, la firma o el aval del Poder Ejecutivo y la aprobación legislativa a que se refiere el inciso 15) del artículo 121 de la Constitución Política. Si estos requisitos se incumplen la Administración no tendrá responsabilidad alguna.
Artículo citado en: 20 sentencias, una resolución administrativa
ARTÍCULO 53 Precalificación.
Cuando lo considere favorable para el mejor escogimiento del contratista, la administración podrá promover una etapa de precalificación, como parte de la licitación pública o de la licitación abreviada, a fin de seleccionar previamente a los participantes, de acuerdo con sus condiciones particulares.
ARTÍCULO 54 Adjudicación por subasta a la baja.
Cuando se requiera adquirir productos genéricos, la Administración podrá emplear la adjudicación por subasta a la baja.
La reglamentación de este procedimiento deberá garantizar el respeto por los principios de la contratación administrativa y resguardar, especialmente, la transparencia de la negociación.
CAPÍTULO VII Regulaciones especiales Artículos 55 a 79
SECCIÓN PRIMERA Generalidades Artículos 55 y 56
ARTÍCULO 55 Tipos abiertos.
Los tipos de contratación regulados en este capítulo no excluyen la posibilidad para que, mediante los Reglamentos de esta Ley, se defina cualquier otro tipo contractual que contribuya a satisfacer el interés general, dentro del marco general y los procedimientos ordinarios fijados en esta Ley.
Artículo citado en: 13 sentencias, un artículo doctrinal, 4 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 56 Remisión reglamentaria.
Las regulaciones contenidas en este capítulo son el marco de referencia básico, que se respetará al dictarse las diversas reglamentaciones de esta Ley.
Artículo citado en: 25 sentencias
SECCIÓN SEGUNDA Obra pública Artículos 57 a 62
ARTÍCULO 57 Procedimiento aplicable.
Las contrataciones de obra pública se efectuarán por licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto.
ARTÍCULO 58 Listado de subcontratación.
Las empresas participantes en licitaciones de obra pública que deban subcontratar obras, maquinaria, equipo o materiales presentarán junto con la oferta, únicamente para calificar, un listado de subcontratación. En él, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar; además, se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de las empresas.
Artículo citado en: 2 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 59 Estudio de impacto ambiental.
El inicio del procedimiento de contratación de una obra pública siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en esta Ley y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los efectos de la obra.
Los proyectos incluirán las previsiones necesarias para preservar o restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse.
Asimismo, darán participación en los procedimientos a las entidades competentes en la materia.
ARTÍCULO 60 Riesgo del contratista.
La ejecución del contrato de obra se realizará por cuenta y riesgo del contratista y la Administración no asumirá ante él más responsabilidades que las previstas en la contratación.
ARTÍCULO 61 Recibo de la obra.
La Administración recibirá oficialmente las obras, después de contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación, lo cual hará constar en el expediente respectivo, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes, sus funcionarios o empleados, o a las empresas consultoras o inspectoras.
El recibo de la obra se acreditará en un acta firmada por el responsable de la Administración y el contratista, en la cual se consignarán todas las circunstancias pertinentes.
En caso de discrepar sobre las condiciones de la obra, la Administración podrá recibirla bajo protesta y así lo consignará en el acta de recibo. La discrepancia podrá resolverse mediante arbitraje, de conformidad con las regulaciones legales y los instrumentos de derecho internacional vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que procedan.
Artículo citado en: 28 sentencias, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 62 Límite de la subcontratación.
El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento (50%) del total de la obra, salvo autorización previa y expresa de la administración, cuando a juicio de esta última circunstancias muy calificadas así lo justifiquen. Sin embargo, la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad por la ejecución total de la obra.
Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 22 bis de esta Ley.
Artículo citado en: 12 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas
SECCIÓN TERCERA Suministro de bienes Artículo 63
ARTÍCULO 63 Procedimiento aplicable.
Las contrataciones de suministros se regirán por los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto.
SECCIÓN CUARTA Contratación de servicios Artículos 64 a 67
ARTÍCULO 64 Procedimiento de contratación de servicios.
Los servicios técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas, se contratarán por los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto.
Artículo citado en: 41 sentencias, 3 artículos doctrinales, 12 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 65 Naturaleza.
La contratación de servicios técnicos o profesionales no originará relación de empleo público, entre la Administración y el contratista, salvo en el caso del primer párrafo del artículo 67 de esta Ley.
Artículo citado en: 81 sentencias, 5 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 66 Criterios.
Las condiciones personales, profesionales o empresariales de los participantes determinarán la adjudicación. El precio no constituirá el único factor determinante para comparar las ofertas.
Artículo citado en: 68 sentencias, una resolución administrativa
ARTÍCULO 67 Servicios profesionales con sueldo fijo.
Artículo citado en: 139 sentencias, 9 resoluciones administrativas
SECCIÓN QUINTA Enajenación de bienes inmuebles Artículos 68 a 70
ARTÍCULO 68 Procedimiento aplicable
Artículo citado en: 3 sentencias, un artículo doctrinal, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 69 Límites
La Administración no podrá enajenar los bienes inmuebles afectos a un fin público.
Artículo citado en: 12 sentencias, 37 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 70 Determinación del precio.
La base de la venta de los bienes inmuebles será el precio que fije, pericialmente, el personal capacitado de la respectiva Administración o, en su defecto, la Dirección General de la Tributación Directa.
SECCIÓN SEXTA Adquisición de bienes inmuebles Artículo 71
ARTÍCULO 71 Procedimiento aplicable y límites
Para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de licitación pública, salvo que use las facultades de expropiación o compra directa, dispuestas en leyes especiales. Podrá adquirir por compra directa, previa autorización de la Contraloría General de la República, el inmueble que, por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta.
Artículo citado en: 14 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
SECCIÓN SÉPTIMA Concesión de instalaciones públicas Artículos 72 y 73
ARTÍCULO 72 Fundamento.
Para el mejor cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas o jurídicas, presten servicios complementarios.
ARTÍCULO 73 Naturaleza.
La concesión de instalaciones públicas no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará absolutamente nula.
Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados.
SECCIÓN OCTAVA Concesión de gestión de servicios públicos Artículos 74 y 75
ARTÍCULO 74 Supuestos y régimen.
La administración podrá gestionar, indirectamente y por concesión, los servicios de su competencia que, por su contenido económico, sean susceptibles de explotación empresarial. Esta figura no podrá ser utilizada cuando la prestación del servicio implique el ejercicio de potestades de imperio o actos de autoridad.
La administración siempre conservara los poderes de supervisión e intervención, necesarios para garantizar la buena marcha de los servicios. La concesión de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter indefinido. Según la naturaleza del servicio, en el reglamento se fijará su duración, que no podrá exceder de veinticinco años.
Todas las concesiones de gestión de servicios públicos estarán precedidas de un anteproyecto de explotación, en el que se definirán, minuciosamente, las condiciones de la prestación, las tarifas, las facultades para supervisar, las garantías de participación y cumplimiento, las modalidades de intervención administrativa y los supuestos de extinción.
Los concesionarios de gestión de servicios públicos responderán, directamente, ante terceros, como consecuencia de la operación propia de la actividad, excepto cuando el daño producido sea imputable a la administración.
La administración podrá variar las características del servicio concedido y el régimen tarifario, cuando existan razones de interés publico, debidamente acreditadas, previo trámite del expediente respectivo. Si estas modificaciones alteran el equilibrio financiero de la gestión, la administración deberá compensar al contratista, de manera que se restablezcan las condiciones consideradas en el momento de la adjudicación.
El régimen definido en este articulo no se aplicará a las concesiones de servicios públicos, a cargo de particulares, reguladas por ley especial.
Artículo citado en: 10 sentencias, 10 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 75 Resolución.
el incumplimiento del concesionario, cuando perturbe gravemente la prestación del servicio público.
la supresión del servicio por razones de interés publico.
la recuperación del servicio para ser explotado directamente por la administración.
la muerte del contratista o la extinción de la persona jurídica concesionaria.
la declaración de insolvencia o quiebra del concesionario.
el mutuo acuerdo entre la administración y el concesionario.
las que se señalen expresamente en el cartel o el contrato.
la cesión de la concesión sin estar autorizada previamente por la administración.
Artículo citado en: 17 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas
SECCIÓN NOVENA Arrendamiento de inmuebles Artículos 76 y 77
ARTÍCULO 76 Procedimiento aplicable.
Para tomar en arrendamiento bienes inmuebles, con construcciones o sin ellas, la administración deberá acudir al procedimiento de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según corresponda, de acuerdo con el monto.
ARTÍCULO 77 Plazo del arrendamiento.
Para todos los efectos se entenderá que el arrendamiento es por tiempo indefinido, en beneficio de la administración; no obstante, ésta podrá ponerle término en cualquier tiempo, sin responsabilidad alguna de su parte. Para ello, dará aviso previo por el período previsto en las condiciones del concurso o, en su defecto, avisará con tres meses de anticipación por lo menos.
SECCIÓN DÉCIMA Arrendamiento de equipo Artículos 78 y 79
ARTÍCULO 78 Procedimiento aplicable.
La administración podrá tomar en arriendo equipo o maquinaria con opción de compra o sin ella; para ello, deberá seguir los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto.
Artículo citado en: 183 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
ARTÍCULO 79 Cuantificación del arrendamiento.
Cuando el arrendamiento sea con opción de compra, el monto de la contratación se estimará a partir del precio actual del equipo por arrendar.
Cuando el arrendamiento no incluya opción de compra, la contratación se estimará tomando el monto total de alquileres correspondientes a cuatro años.
Artículo citado en: 9 sentencias, una resolución administrativa
CAPÍTULO VIII Procedimientos de urgencia Artículo 80
ARTÍCULO 80 Supuestos.
En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación; incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos.
Artículo citado en: 189 sentencias, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO IX Los recursos Artículos 81 a 92
SECCIÓN PRIMERA Objeción del cartel Artículos 81 a 83
ARTÍCULO 81 Plazo y órganos competentes.
Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.
Artículo citado en: 419 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
ARTÍCULO 82 Legitimación y supuestos.
Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia.
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos.
Artículo citado en: 101 sentencias
ARTÍCULO 83 Resolución.
El recurso de objeción deberá resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación.
Si no se resuelve dentro de este plazo, la objeción se tendrá por acogida favorablemente.
Artículo citado en: 92 sentencias
SECCIÓN SEGUNDA Apelación Artículos 84 a 90
ARTÍCULO 84 Cobertura del recurso y órgano competente.
En contra del acto de adjudicación podrá interponerse el recurso de apelación, en los siguientes casos:
En las administraciones citadas en el inciso a) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los ciento cincuenta y dos millones de colones (¢152.000.000,00).
En las administraciones citadas en el inciso b), del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los ciento siete millones ochocientos mil colones (¢107.800.000,00).
En las administraciones citadas en el inciso c), del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los setenta y siete millones cien mil colones (¢77.100.000,00).
En las administraciones citadas en el inciso d), del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los cincuenta y seis millones cuatrocientos mil colones (¢56.400.000,00).
En las administraciones citadas en el inciso e), del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los cuarenta millones seiscientos mil colones (¢40.600.000,00).
En las administraciones citadas en el inciso f), del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los treinta y cuatro millones ochocientos mil colones (¢34.800.000,00).
En las administraciones citadas en el inciso g), del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los veinticuatro millones de colones (¢24.000.000,00).
En las administraciones citadas en el inciso h), del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los diecisiete millones cuatrocientos mil colones (¢17.400.000,00).
En las administraciones citadas en el inciso i), del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los once millones seiscientos mil colones (¢11.600.000,00).
En las administraciones citadas en el inciso j), del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los cinco millones ochocientos mil colones (¢5.800.000,00).
Artículo citado en: 34 sentencias, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 85 Legitimación.
Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación.
Igualmente, estaba legitimado para recurrir quien haya presentado oferta en nombre de un tercero, que ostente cualquier tipo de representación.
Artículo citado en: 24 sentencias, una resolución administrativa
ARTÍCULO 86 Admisibilidad.
La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.
Artículo citado en: 71 sentencias
Artículo citado en: 214 sentencias
ARTÍCULO 88 Fundamentación del recurso.
El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.
Artículo citado en: 21 sentencias
ARTÍCULO 89 Plazo para resolver.
En los casos de licitaciones públicas, el recurso de apelación deberá ser resuelto dentro de los cuarenta días hábiles siguientes al auto inicial; en dicho auto se conferirá a la administración y, a la parte adjudicataria, un plazo de diez días hábiles para que se manifiesten sobre los alegatos del apelante y aporten las pruebas respectivas. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1º de esta Ley, el plazo de resolución será de treinta días hábiles y el emplazamiento será por cinco días hábiles.
Artículo citado en: 12 sentencias, una resolución administrativa
ARTÍCULO 90 Agotamiento de la vía administrativa.
La resolución final o el auto que ponga término al recurso dará por agotada la vía administrativa.
Dentro de los tres días posteriores a la comunicación, el interesado podrá impugnar el acto final, sin efectos suspensivos, ante el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo, por medio del proceso especial regulado en los artículos 89 y 90 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Si la contratación cuya adjudicación se impugna ha sido ejecutada o se encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante solo podrá reconocer el pago de los daños y perjuicios causados.
Artículo citado en: 55 sentencias, una resolución administrativa
SECCIÓN TERCERA Revocatoria Artículos 91 y 92
ARTÍCULO 91 Cobertura y plazo.
Cuando, por el monto, no proceda el recurso de apelación, podrá solicitarse la revocatoria del acto de adjudicación, dentro de los cinco días hábiles siguientes al día en que se comunicó. Sin embargo, cuando el jerarca del órgano o ente no haya adoptado el acto de adjudicación, el interesado podrá tramitar su recurso como apelación ante el jerarca respectivo.
Artículo citado en: 46 sentencias, una resolución administrativa
ARTÍCULO 92 Procedimiento del recurso.
Se presentará ante el mismo órgano que dictó el acto.
Para legitimar y fundamentar, la revocatoria se regirá por las reglas de la apelación.
Si no resulta improcedente en forma manifiesta, la Administración notificará a la parte adjudicada, a más tardar cuarenta y ocho horas después de la presentación para que se pronuncie sobre el recurso en un plazo de tres días hábiles.
La Administración deberá resolver dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes a la contestación del recurso.
La resolución que dicte la Administración dará por agotada la vía administrativa; sin embargo, podrá ser impugnada, sin efecto suspensivo, dentro de los tres días siguientes a su comunicación, por medio del proceso especial regulado en los Artículos 89 y 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si la contratación, cuya adjudicación se impugna, ha sido ejecutada o se encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante solo podrá reconocer el pago de los daños y perjuicios causados.
Artículo citado en: 69 sentencias, una resolución administrativa
CAPÍTULO X Sanciones Artículos 93 a 100.bis
SECCIÓN PRIMERA Generalidades Artículos 93 y 94
ARTÍCULO 93 Procedimiento de sanción.
Las sanciones comprendidas en este capítulo se impondrán después de que se cumpla con las garantías procedimentales, en vigencia en el ente u órgano respectivo.
Si para un caso particular no existe un procedimiento que permita la debida defensa, se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento ordinario, contenidas en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública.
Artículo citado en: 87 sentencias
ARTÍCULO 94 Responsabilidad penal y patrimonial.
La aplicación de las sanciones administrativas previstas en este capítulo no excluye de las eventuales sanciones penales por conductas en que hayan incurrido los funcionarios públicos o los particulares. Tampoco excluye la posibilidad de exigir la responsabilidad, por daños y perjuicios ocasionados a la Administración.
Artículo citado en: 75 sentencias
SECCIÓN SEGUNDA Sanciones a funcionarios públicos Artículos 95 a 98
ARTÍCULO 95 Sanciones a funcionarios cubiertos por prohibición.
Los funcionarios públicos cubiertos por la prohibición dispuesta en el inciso a) del Artículo 22 de esta ley, que participen, directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación administrativa incurrirán en una falta grave de servicio. La autoridad competente deberá conocer de esta falta y adoptar las medidas que correspondan.
Artículo citado en: 38 sentencias, una resolución administrativa
ARTÍCULO 96 Otras sanciones
No incorporar oportunamente, debiendo hacerlo, documentación atinente al expediente administrativo.
Impedir o dificultar de manera injustificada el acceso a un expediente administrativo, de cuyo manejo o custodia esté encargado.
No incluir en un informe o dictamen datos relevantes para el estudio de las ofertas, cuando se determine que los conocía al rendir su dictamen.
Retrasar injustificadamente el trámite de pagos que deba cubrir la Administración a sus proveedores o contratistas.
Retrasar de modo injustificado la recepción de bienes u obras.
En general, incumplir los plazos que esta Ley prevé para el dictado o la ejecución de los actos administrativos.
No atender ni responder a tiempo e injustificadamente una prevención hecha por la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus funciones.
Faltar al deber de diligencia esperada de sus condiciones personales y del puesto que ocupa, ya sea por culpa, imprudencia o impericia causando un daño real a los particulares o a la Administración, durante un procedimiento de contratación, siempre que la gravedad de las circunstancias y la cuantía del daño no ameriten una sanción mayor.
No publicar el encargado de hacerlo, en el tiempo debido, el programa de adquisiciones según se dispone en el artículo 6 de la presente ley.
No enviar a la Contraloría General de la República, en el plazo establecido, los informes mencionados en el artículo 101 de esta ley.
ARTÍCULO 96 BIS Suspensión sin goce de salario.
Se impondrá suspensión sin goce de salario hasta por tres meses, al funcionario público que cometa alguna de las siguientes infracciones:
Incurrir, dentro de los dos años siguientes a la firmeza de la sanción respectiva, en nueva infracción de la misma naturaleza, pese a estar apercibido conforme a los términos del primer párrafo del Artículo 96.
Dar por recibidos bienes, obras o servicios que no se ajusten a lo adjudicado, sin advertirlo expresamente a sus superiores.
Recomendar la contratación con una persona física o jurídica comprendida en el régimen de prohibiciones para contratar establecido en el Artículo 22 de esta ley, siempre que haya conocido esta circunstancia antes de la recomendación.
Propiciar o disponer la fragmentación ilegal de operaciones, tramitando contratos que, por su monto, impliquen un procedimiento más riguroso que el seguido al dividir dichas operaciones o promover una contratación irregular.
ARTÍCULO 96 TER Despido sin responsabilidad patronal.
Incurrirá en causal de despido sin responsabilidad patronal, el servidor público que cometa alguna de las siguientes faltas:
Incurrir, después de haber sido sancionado según los términos del artículo 96 bis, dentro de los dos años siguientes a la firmeza de la sanción respectiva, en una nueva infracción de las contempladas allí.
Suministrar a un oferente información que le dé ventaja sobre el resto de proveedores potenciales.
Recibir dádivas, comisiones o regalías, de los proveedores ordinarios o potenciales del ente en el cual labora o solicitárselas.
Hacer que la Administración incurra en pérdidas patrimoniales mayores que el monto equivalente a doce meses del salario devengado por el funcionario responsable en el momento de cometer la falta, si realiza la acción con dolo, culpa grave o negligencia en el trámite del procedimiento para contratar o en el control de su ejecución. El despido procederá sin perjuicio de la responsabilidad de indemnizar que deberá ejercerse.
ARTÍCULO 97 Sanción por recibo de beneficios.
Incurrirá en falta grave de servicio, sancionable de acuerdo con el régimen de la institución u órgano correspondiente, el funcionario público que participe en actividades organizadas o patrocinadas por los proveedores, ordinarios o potenciales, dentro o fuera del país, cuando no formen parte de los compromisos de capacitación, formalmente adquiridos en contrataciones administrativas, o no sean parte del proceso de valoración objetiva de las ofertas.
Dentro del alcance de esta infracción, se incluye la asistencia a congresos, seminarios o cualquier otra actividad, por cuenta de un proveedor; excepto si forma parte de los planes de capacitación ordinarios o las actividades autorizadas expresamente por el superior jerárquico, en forma razonada, con la cual demuestre el beneficio para la Administración.
ARTÍCULO 97 BIS Exclusión del oferente.
Si las faltas referidas en los Artículos 96 ter y 97, se producen cuando se encuentra en trámite un procedimiento de contratación, el oferente que con su participación haya contribuido en esas infracciones, directa o indirectamente, será excluido del concurso o, en su caso, se anulará la adjudicación respectiva, independientemente de si existió favorecimiento.
ARTÍCULO 98 Remisión al régimen disciplinario.
Cualquier otra irregularidad en que incurran los funcionarios públicos, en el curso de los procedimientos de contratación administrativa, será sancionada conforme al régimen de personal de cada órgano o ente.
SECCIÓN TERCERA Sanciones a particulares Artículos 99 a 100.bis
ARTÍCULO 99 Sanción de apercibimiento.
El contratista que, sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la ejecución de las garantías de participación o cumplimiento.
Quien afecte, reiteradamente, el normal desarrollo de los procedimientos de contratación.
Quien deje sin efecto su propuesta, sin mediar una causa justa, en los casos en que se haya requerido garantía de participación.
ARTÍCULO 100 Sanción de Inhabilitación.
La Administración o la Contraloría General de la República inhabilitarán para participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de dos a diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que incurra en las conductas descritas a continuación:
Después del apercibimiento previsto en el Artículo anterior, reincida en la misma conducta, con idéntico bien o producto, dentro de los tres años siguientes a la sanción. En todos los casos, la inhabilitación se dictará exclusivamente para participar ofreciendo el mismo producto o bien objeto del contrato por el cual fue sancionado previamente. En caso de contratos de obra o servicios, la inhabilitación se aplicará al contratista en general.
Obtenga ilegalmente información confidencial que la coloque en una situación de ventaja, a ella, a la empresa de su propiedad o a la empresa para la cual labora, respecto de otros competidores potenciales.
Suministre, directamente o por intermedio de otra persona, dádivas a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación administrativa.
En este caso, la inhabilitación será por el máximo del período establecido.
Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o calidad del ofrecido.
Contrate o subcontrate obras, maquinaria, equipo, instalaciones o materiales, para ejecutar obras públicas adjudicadas mediante licitación, con empresas o grupos de empresas relacionadas, diferentes de las que señala el listado de subcontratación presentado con la oferta según el Artículo 58 de esta ley.
Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar cubierta por el régimen de prohibiciones del Artículo 22 de esta ley.
Sin motivo comprobado de caso fortuito o fuerza mayor, no inicie las labores propias de la obra de que se trate, dentro del mes siguiente al refrendo del contrato respectivo por parte de la Contraloría General de la República , sin perjuicio de la ejecución de la garantía correspondiente o de otro tipo de responsabilidades legales que quepan.
Deje sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los casos en que no se haya requerido garantía de participación.
Quien invoque o introduzca hechos falsos en los procedimientos para contratar o en los recursos contra el acto de adjudicación.
Artículo citado en: 216 sentencias, 5 resoluciones administrativas, 4 noticias
ARTÍCULO 100 BIS Ámbito de cobertura y prescripción
ter- Sanción de inhabilitación para contratistas en proyectos de infraestructura vial pública.
La Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un período de tres a diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incurra en incumplimiento grave del contrato, por cualquiera de las causas establecidas en este artículo. La sanción aquí prevista impedirá la participación del contratista en futuros procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública.
La inhabilitación será comunicada a la Contraloría General de la República, que llevará un registro al respecto, el cual será de acceso público.
No será necesaria la aplicación de la sanción de apercibimiento señalada en el artículo 99 de la presente ley, como requisito previo para la aplicación de la sanción de inhabilitación, cuando se trate de incumplimientos graves en contrataciones relacionadas con proyectos de infraestructura vial pública.
Se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública aquellos que impliquen la construcción, la reconstrucción, la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de vías nacionales y cantonales, que sean ejecutados por el Estado o los gobiernos locales respectivamente, incluyendo cualquier tipo de obras relacionadas con puentes y demás estructuras viales conexas, así como las contrataciones que se realicen para llevar el control de calidad de las obras, la administración, la supervisión o la inspección de este tipo de proyectos en nombre del Estado o de las municipalidades.
La inhabilitación no se extingue por la fusión, la transformación o el cambio de razón o denominación social de la sociedad sancionada. En caso de que la fusión dé origen a una nueva sociedad, o bien, que la empresa sancionada sea absorbida por otra o forme un consorcio para participar en nuevas contrataciones con el Estado, los efectos de la sanción recaerán sobre la que permanezca. Se tendrá como fraude de ley la constitución de una nueva sociedad con la finalidad de evadir los efectos de la sanción de inhabilitación, en cuyo caso los efectos de la sanción recaerán en iguales condiciones sobre la sociedad así constituida.
Para los efectos de la sanción de inhabilitación prevista en este artículo, se entenderán como faltas graves cualquiera de las siguientes:
Las acciones u omisiones del contratista que ocasionen incumplimientos en el proyecto de infraestructura vial pública, que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas.
Las conductas atribuibles al contratista, que causen retrasos y encarecimientos de la obra no previstos y que no logren ser resarcidos en su totalidad mediante la ejecución de otros medios sancionatorios regulados en el cartel y en el contrato.
Los incumplimientos reincidentes del contratista en la ejecución del objeto contractual sobre los cuales ya ha sido sancionado previamente mediante otros mecanismos regulados en la Ley N.° 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y su reglamento.
Las causas atribuibles al contratista que conlleven la resolución contractual en sede jurisdiccional, cuando dicha gestión sea promovida por la administración y haya condenatoria en firme en contra del contratista.
Las demás faltas graves que así sean establecidas en el cartel y en el contrato.
En aquellos supuestos en que un funcionario público, por razones de su cargo, conozca de la presunta existencia de un incumplimiento contractual, deberá informarlo inmediatamente al jerarca correspondiente, a efectos de que se realice una investigación preliminar para determinar si existe mérito para abrir un procedimiento sancionatorio, so pena de incurrir en falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que establezca el ordenamiento jurídico.
Cuando la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus potestades, señale un posible incumplimiento contractual, recomendará, mediante su criterio técnico a la autoridad administrativa competente, la apertura del procedimiento respectivo, para determinar si corresponde la aplicación de la sanción de inhabilitación, según lo dispuesto en este artículo. La Administración garantizará en todo momento la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa.
Será responsabilidad de la Contraloría General de la República mantener actualizado el registro de contratistas que hayan sido inhabilitados y será obligación de la Administración y de la Contraloría General de la República verificar este registro en la fase de análisis de las ofertas de aquellos procedimientos de contratación cuyo objeto sea el previsto en este artículo; esto con el fin de declarar inadmisible cualquier oferta que provenga de una empresa inhabilitada por las causales aquí señaladas.
CAPÍTULO XI Control Artículos 101 y 102
ARTÍCULO 101 Deber de informar.
La administración remitirá, a la Contraloría General de la República, la información sobre su actividad contractual, en los términos y por los medios que el Órgano Contralor defina reglamentariamente, para los efectos del ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización.
ARTÍCULO 102 Regulación del control.
La Administración debe disponer las medidas necesarias para garantizar que se cumpla con el objeto de la contratación.
Los entes y órganos de la Administración estarán obligados a prestarse colaboración recíproca, en las tareas conducentes a verificar el cumplimiento contractual.
Artículo citado en: 4 sentencias, 3 resoluciones administrativas
CAPÍTULO XII Proveeduría nacional Artículos 103 y 104
ARTÍCULO 103 Naturaleza y funciones.
El trámite en todas sus etapas incluso la de adjudicación, de los procedimientos para contratar del Poder Ejecutivo que no estén asignados a proveedurías institucionales.
Brindar asesoría a los sujetos públicos y privados, que desarrollan actividades de contratación administrativa.
Evaluar las políticas y los procedimientos de contratación, con la finalidad de que se ajusten, constantemente, a satisfacer el interés público.
Administrar el fondo circulante.
Las que le asignen otras leyes o reglamentos.
ARTÍCULO 104 Requisitos.
El Proveedor Nacional es el Jefe de la Proveeduría Nacional. Su nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Ley y las regulaciones del Estatuto de Servicio Civil.
Ser licenciado en derecho, ciencias económicas u otra disciplina afín con el puesto.
Poseer amplia experiencia administrativa.
CAPÍTULO XIII Proveedurías institucionales y registro de proveedores Artículos 105 a 108
SECCIÓN PRIMERA Proveedurías institucionales Artículos 105 a 107
ARTÍCULO 105 Organos.
En cada uno de los órganos y sujetos públicos sometidos a los alcances de esta Ley, existirá una dependencia encargada de los procedimientos de contratación administrativa, con la organización y las funciones que, en cada caso, se determinarán por medio del reglamento.
Cuando el volumen de las operaciones o la organización territorial lo hagan necesario, podrá existir más de una unidad administrativa encargada de los procedimientos de contratación.
El Poder Ejecutivo regulará, mediante decreto, la organización y el funcionamiento de las proveedurías institucionales que considere pertinente crear dentro del Gobierno Central. Esas proveedurías tendrán, para todos los efectos legales, las mismas funciones y competencias previstas en esta sección.
Artículo citado en: 226 sentencias, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 106 Competencia.
La proveeduría institucional tendrá plena competencia para conducir los trámites del procedimiento de contratación administrativa. Asimismo, podrá adoptar los actos y requerir los informes que resulten necesarios para preparar la decisión final.
El acto de adjudicación lo dictará el órgano titular de la competencia.
Los jerarcas de cada ministerio y de los demás entes y órganos a que se refiere el artículo 1º de esta Ley, tendrán plena capacidad para concertar y suscribir los documentos contractuales que se formalicen.
Artículo citado en: 251 sentencias, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 107 Control de inventarios.
Cada Administración deberá llevar un inventario permanente de todos sus bienes.
Las proveedurías de los órganos del Poder Central deberán remitir, a la Proveeduría Nacional, informes periódicos de los inventarios.
SECCIÓN SEGUNDA Registro de proveedores Artículo 108
CAPÍTULO XIV Reglamentación de esta Ley Artículos 109 a 113
ARTÍCULO 109 Reglamento.
Artículo citado en: 9 sentencias, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 110 Reforma del Código Procesal Civil.
Artículo 508 Facultad de los sujetos públicos de someter a arbitraje.
ARTÍCULO 111 Disposiciones derogatorias.
Artículo citado en: 4 sentencias, 8 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 112 Disposiciones transitorias.
Los procedimientos de contratación iniciados antes de la vigencia de esta Ley se concluirán, conforme a las disposiciones vigentes en el momento de adoptarse la decisión de iniciar el concurso.
ARTÍCULO 113 Vigencia.
Dado en Presidencia.
San José, a los dos días del mes de mayo de 1995.

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 27

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ARTÍCULO 106
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ARTÍCULO 107
 Artículo 108

ARTÍCULO 109

ARTÍCULO 110

Artículo 508

ARTÍCULO 111

ARTÍCULO 112

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