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Timestamp: 2019-08-23 07:26:20+00:00

Document:
Expediente 5799-D-2015
Sumario: ACCESO CIUDADANO A LA VIVIENDA DIGNA Y AL HABITAT. REGIMEN.
Esta ley tiene como fin principal la garantía del derecho social de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna, a precios razonables, para que toda persona pueda, una vez liberada de esta contingencia, disfrutar y ejercer los restantes derechos y garantías constitucionales y así, desarrollar sus proyectos vitales.
En el caso de los programas provinciales, se observará la legislación local correspondiente, procurando - especialmente en las iniciativas municipales- su formulación mediante procesos con activa participación de la población local.
ARTÍCULO 10.- El Programa Nacional de Vivienda será formulado por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental creada por esta ley, con la aprobación del Presidente de la República, y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación públicos, observando lo dispuesto en este ordenamiento. En la formulación del Programa Nacional se considerarán las propuestas de los gobiernos provinciales -que deberán considerar las demandas de los municipios-, así como de los sectores social y privado.
ARTÍCULO 12.- La Secretaría Nacional de Vivienda, órgano creado por esta ley que tendrá a su cargo el financiamiento, instrumentación o ejecución de programas y acciones de vivienda, deberá evaluar anualmente por sí o a través de organismos independientes -que podrán ser instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones especializadas en la materia-, el cumplimiento de los objetivos de la presente ley y la congruencia de las diversas acciones realizadas con la Política y el Programa Nacional de Vivienda.
Los resultados de las evaluaciones deberán enviarse a la Comisión Nacional de Vivienda creada por esta ley, y a las comisiones que atiendan los asuntos de vivienda de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. Asimismo, serán públicos en los términos del Régimen de Acceso a la Información Pública.
IV. Fondos y Mecanismos de financiamiento.
b) Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar el planeamiento, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda, otorgando atención preferente a la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
b) Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar el planeamiento, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, garantizando la participación de la población local en estos procesos.
ARTÍCULO 18.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, la cual tendrá las siguientes misiones y funciones:
ARTÍCULO 19.- La Secretaría será continuadora de la ex Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Urbano, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y contará con patrimonio propio que estará constituido por los recursos otorgados en el Presupuesto Nacional, los bienes, derechos y obligaciones que se les asignen o adjudiquen, los que adquiera por cualquier título jurídico -oneroso o gratuito-, los rendimientos que obtenga en virtud de sus operaciones, y cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por convenio o por cualquier otro procedimiento legalmente establecido.
X. Representantes de las comunidades indígenas reconocidas.
ARTÍCULO 25.- Constitúyase la Comisión Nacional de Vivienda, que será la instancia interministerial e intersecretarial de carácter permanente del Poder Ejecutivo y tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda se realicen de manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda.
ARTÍCULO 26.- La Comisión Nacional, será presidida por el Presidente de la Nación y estará integrada por los titulares de los siguientes ministerios y secretarías de estado:
II. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
III. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
IV. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La Secretaría propondrá al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), o el órgano que en el futuro pudiera reemplazarlo, los indicadores que en materia de vivienda deberán considerarse en el levantamiento de censos nacionales, encuestas de vivienda, económicas y sociodemográficas, y otros conteos, de forma tal que estos indicadores guarden integridad en el tiempo.
ARTÍCULO 38.- La Secretaría diseñará y promoverá mecanismos e instrumentos de acceso a la información que generen las instituciones públicas y privadas en materia de financiamiento para la vivienda, con el fin de que la población conozca las opciones que existen en materia habitacional.
ARTÍCULO 41.- Las inversiones que realice el Estado Nacional, así como las entidades y organismos encargados de ejecutar o financiar programas de vivienda para los trabajadores conforme a lo previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, deberán ser congruentes con las necesidades de mejoramiento del parque habitacional y los requerimientos de vivienda en sus distintos tipos y modalidades, de acuerdo al diagnóstico que se establezca en el la Política Nacional de Vivienda.
ARTÍCULO 44.- Los programas, fondos y recursos nacionales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación vulnerabilidad socioeconómica, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley, en el régimen de ordenamiento territorial y uso del suelo, y en las reglas de operación correspondientes.
ARTÍCULO 45.- El Gobierno Nacional, a través de sus dependencias y organismos competentes, coordinará con los gobiernos provinciales donde se localicen pueblos y comunidades originarios, para orientar las acciones y los montos de inversión pública nacional destinados a programas de vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. En todos los casos, deberá considerarse la participación de los propios pueblos y comunidades indígenas, y en su caso, de los municipios, así como la concertación de acciones con los sectores privado y social.
ARTÍCULO 47.- El monto de la partida presupuestaria que se impute en el Presupuesto General de la Nación al cumplimiento de esta ley, deberá incrementarse en forma progresiva y proporcional hasta alcanzar para el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 una meta que no podrá ser inferior al 2% (dos por ciento) del PBI (Producto Bruto Interno) nacional. Este valor de porcentaje sobre el PBI constituirá, en lo sucesivo y hasta la resolución del déficit habitacional, el monto mínimo de la partida presupuestaria mencionada. Se dispone que dichos fondos, con destino exclusivo al cumplimiento de la ley, serán de intangibilidad absoluta.
ARTÍCULO 48.- Los fondos serán distribuidos a cada jurisdicción provincial, de acuerdo a los criterios fijados por el Consejo Federal de la Vivienda, que deberá tomar en cuenta los datos provenientes del Sistema de Información.
ARTÍCULO 51.- El otorgamiento de los fondos, para cualquiera de los destinos estipulados en el artículo anterior, deberá observar los siguientes criterios:
ARTÍCULO 59.- Se fomentarán programas que estipulen que, al cumplimiento pactado de los depósitos en los montos y plazos de ahorro, se establezcan compromisos de crédito, subsidio o ambos, según corresponda.
DE LA CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
La Secretaría fomentará la participación de los sectores público, social y privado en esquemas de financiamiento dirigidos al desarrollo y aplicación de ecotécnicas y de nuevas tecnologías en vivienda y saneamiento, principalmente de bajo costo y alta productividad, que cumplan con parámetros de certificación y con los principios de una vivienda digna, y garanticen un hábitat ambientalmente sustentable.
ARTÍCULO 78.- Las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas deberán:
DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE VIVIENDA
ARTÍCULO 81.- Sin perjuicio de los preceptos establecidos en la presente Ley, el Congreso de la Nación dictará leyes específicas que regulen ex professo o actualicen las normas vigentes referidas a distintas problemáticas relativas al ejercicio del derecho a la vivienda, de acuerdo a los principios establecidos en el presente Título.
La Secretaría de Pueblos Originarios gestionará la obtención de títulos completos y definitivos a aquellas comunidades y/o personas que los posean de manera precaria o provisoria.
ARTÍCULO 91.- Disuélvase la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y deróganse en la parte pertinente todas aquellas disposiciones que establecen la estructura organizativa de dicho Ministerio.
ARTÍCULO 92.- La Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental creada por esta ley, quedará constituida a partir de la entrada en vigor de la presente ley, asumiendo las funciones e integrándose con la estructura orgánica, recursos financieros, materiales y humanos que se le asignen, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. La misma continuará la gestión de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la ex Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, quedando afectados íntegramente sus bienes, personal, crédito, derechos y obligaciones a la nueva Secretaría. Asimismo, la sucederá en la prosecución de los programas, planes, acciones en ejecución y expedientes en trámite.
ARTÍCULO 93.- El personal que, en virtud de esta ley, pase, de la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, al Ministerio de Desarrollo Social, de ninguna forma resultará afectado en las prerrogativas y derechos laborales que haya adquirido.
El presente proyecto tiene como antecedente el expediente n° 1654-D-2011, un proyecto de ley promovido por diputados de este espacio político junto a legisladores de diversos bloques parlamentarios. Entre los firmantes: Horacio Alcuaz, Margarita Stolbizer, Virginia Linares, Fabián Peralta, Gerardo Milman, Ricardo Cuccovillo, Pino Solanas, Eduardo Macaluse, Verónica Benas, Fernanda Reyes, Susana García, María Luisa Storani, Sandra Rioboó y Cecilia Merchán.
Tal como sostienen las organizaciones e instituciones vinculadas a esta temática y nucleadas en la RED HABITAR, "el hábitat digno implica el acceso universal a la tierra, la vivienda y a las infraestructuras básicas y los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente, según las particularidades del medio urbano y del rural".
Las privaciones en materia de necesidades básicas como el acceso al agua potable y a las instalaciones de saneamiento, resultan alarmantes. De acuerdo al informe 2015 del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo (PCM) sobre el acceso al agua potable y saneamiento, se calcula que casi 663 millones de personas viven sin tener acceso al agua potable y poco menos del cuádruple carece de servicios de saneamiento básicos, mientras que casi 1000 niños menores de cinco años, mueren por día a causa de enfermedades diarreicas debidas a un saneamiento deficiente. Ello evidencia el impacto negativo de la falta de acceso al agua, saneamiento e higiene en la salud, la seguridad, los medios de subsistencia y la calidad de vida de los niños.
(http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/JMP-2015- keyfacts-es-rev.pdf)
A nivel nacional, el déficit habitacional es de aproximadamente 3 millones de viviendas, tal cual revela el censo 2010, computando los casos de déficit parcial (supera el millón y medio) y total (más de un millón).
Cabe aclarar que, debido al desguace que ha hecho el gobierno nacional con el sistema estadístico nacional (desactivando y manipulando el Instituto Nacional de Estadística y Censo), no existe fuente oficial disponible a nivel nacional para acceder a información más actualizada.
La disponibilidad de servicios básicos de agua de red, desagüe cloacal y gas de red es uno de los principales aspectos que aseguran la calidad de vida de nuestra población.
-El censo 2010 revela que un 17,4% de la población del país no tiene acceso al agua de red, donde el Gran Buenos Aires registra los números más preocupantes superando el 30% de viviendas privadas de este servicio, seguido por Misiones, Santiago del Estero, Formosa y Chaco y el Interior de la provincia de Buenos Aires que superan el 20%.
La problemática habitacional responde al carácter estructuralmente heterogéneo de la sociedad argentina, donde reina la segregación urbana y la disparidad en el acceso al espacio público, con sectores privados de la posibilidad de acceder a un hogar, a los servicios públicos, al equipamiento educativo y sanitario.
Se destinan recursos para alcanzar las metas señaladas y se prevé una partida presupuestaria a los fines de esta ley que deberá incrementarse progresivamente hasta alcanzar en el año 2018 un monto que no podrá ser inferior al 2% del P.B.I. anual, disponiendo de instrumentos que permitirán acceso al crédito, programas de ahorro previo, subsidios, facilitación del acceso a alquileres, políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a tutelar la vivienda de las comunidades rurales e indígenas, pasibles de protección especial.
17/08/2016 INICIACIÓN DE ESTUDIO

References: ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 41
 artículo 14

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45
 artículo 75

ARTÍCULO 47
 resolución 

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 59

ARTÍCULO 78

ARTÍCULO 81

ARTÍCULO 91

ARTÍCULO 92

ARTÍCULO 93