Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400209.html
Timestamp: 2019-03-20 03:17:37+00:00

Document:
se201401209
SENTENCIA: 209/2014.
EXPEDIENTE N°: 518/2007.
PARTES: Editorial Canelas S.A. contra la Superintendencia Tributaria General, actualmente Autoridad General de Impugnación Tributaria
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Editorial Canelas S.A. en el que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico STG-IRJ/0371/2007 de 3 de agosto de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria General (STG).
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fojas 325 a 348, contestación de fs. 436 a 444, réplica, dúplica y demás antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I: Que el representante de Editorial Canelas S.A, en su memorial de demanda señala que:
La vía para ejercitar el control de las resoluciones administrativas que impugna, es la que constituye el proceso contencioso administrativo, por lo que la Corte Suprema de Justicia (Tribunal Supremo de Justicia) es competente para ejercer control de legalidad sobre los actos de la Superintendencia Tributaria General.
Después de detallar cronológicamente los hechos suscitados en este caso, afirma que los actos dictados por la administración son nulos por no haberse dado cumplimiento a las normas que rigen estos procedimientos: Notificación de los actos recurridos, la resolución se dictó sin competencia, por carecer de objeto, por ser ilícitos e imposibles, por violar la CPE.
Respecto de la nulidad de las diligencias de notificación del Recurso de Alzada y omisión en el recurso jerárquico sostiene que, el Código Tributario establece que las notificaciones deben hacerse de manera personal a las partes conforme los arts. 84, 85 y 205 de ese cuerpo legal. Sin embargo, todas las diligencias de notificación en Recurso de Alzada, han sido ilegalmente notificadas o en su caso no fueron notificadas, siendo nulas de pleno derecho por mandato del art. 83. II de la Ley Nº 2492, pues causaron indefensión a la empresa representada. Como cursa a fs. 102 del expediente administrativo, el auto de admisión del Recurso de Alzada y el propio recurso, fueron notificados por primera vez a Editorial Canelas S.A. el 15 de enero de 2007 por copia fijada en el tablero.
A fs. 108 del expediente administrativo, cursa por segunda vez la notificación con el auto de admisión de 18 de enero de 2007, mostrando claramente que se notificó la primera vez con resolución inexistente, viciando de nulidad el acto, pues se procedió con la actuación violando además el plazo legal que establece los arts. 198. II y 218 incs. a) y b) de la Ley Nº 2492. Otro defecto que vicia de nulidad el acto, está constituido porque esa notificación se la realizó con resoluciones Sancionatorias a la AT demandada, siendo el objeto distinto del acto administrativo recurrido.
A fs. 157 del expediente de recurso de alzada, el memorial de ratificación de prueba y solicitud de audiencia que supuestamente merecieron el decreto de 12 de marzo de 2007. Este actuado no fue notificado a la empresa, tal como prueba la denuncia presentada que cursa a fs. 165, habiendo la empresa estado presente cada miércoles para hacer el seguimiento del proceso, mereciendo la denuncia el simple proveído de fs. 170 que no causa estado.
Las diligencias de notificación de fs. 164 sobre la resolución de recurso de alzada STR-CBA/RA 063/2007, es nula porque esta se refiere a resolución inexistente, cuando la Resolución de Alzada es la STR-CBA/0063/2007, sin consignar la sigla “RA”, siendo esa notificación nula de pleno derecho, sin que la verdadera resolución hubiera sido notificada.
También afirma que se produjo nulidad de las resoluciones de alzada y jerárquico por incumplimiento de plazos procesales.
Con relación al recurso de alzada, sostiene que la resolución de este recurso fue dictada fuera de plazo (arts. 198 y 218 CTB), siendo que se notificó por segunda vez 13 días seguidos o 9 hábiles desde su presentación vulnerando el mandato expreso del art. 36 inc. II de la Ley Nº 2341, aspecto que trató de ser subsanado por la Resolución de Recurso Jerárquico que incorporó datos y argumentos sin justificarlos legalmente y sin fundamentación. Asimismo, se admitió en recurso de la alzada la contestación extemporánea de la AT, quien se presentó por autoridad sin competencia, minutos después de la hora administrativa para realizar la contestación (fs. 149 a 155).
En esa línea, también sostiene la incompetencia para dictar la resolución de alzada, en virtud de que se tiene 40 días para dictar resolución, mismos que se computan desde el decreto de calificación del proceso. Sin embargo de ello, como en este caso fue el Intendente Tributario Regional quien calificó el proceso usurpando funciones (fs. 156) se demuestra que el mismo es nulo de puro de derecho, siendo este actuado nulo por imperio de los arts. 35 de la LPA y 55 de su DS Reglamentario, por lo que al no existir autoridad llamada por ley para la calificación del proceso, se venció el plazo para dictar resolución. Siendo que las consideraciones efectuadas en el recurso jerárquico sobre este particular, no se ajustan a la verdad, pues la resolución de alzada tiene fecha de 2 de abril de 2007, es decir siete días después del vencimiento del plazo que se inició el 15 de febrero de 2007. En consecuencia se produjo pérdida de competencia, más aún cuando la resolución no cuenta con informe técnico jurídico previsto por ley.
A fs. 169 del expediente administrativo cursa el informe del Oficial de Diligencias que muestra claramente que hasta el 4 de abril de 2007 no existía resolución de recurso de alzada y recién el 5 de abril de 2007 a horas 10:40 se notificó a ambas partes, exactamente al mismo tiempo.
Continúa señalando que también es nulo el Recurso de Alzada por no contar con informe técnico legal, siendo este un requisito establecido por el CTB art. 211 III). Para subsanar esa situación, cursa en el expediente a fs. 159 el Informe Legal CGMO/CBA/INF. 017/2007, suscrito por Claudia G. Morales, la que no identifica tener título de abogado, con la leyenda Informe Legal, no técnico jurídico como señala la norma , por lo que se demuestra que el indicado informe no fue de conocimiento de la autoridad (incompetente que resolvió el recurso de alzada). Asimismo resalta, que el informe fue emitido el 28 de marzo de 2007 cuando el plazo para dictar resolución jerárquica venció el 26 conforme se señaló antes.
Se presenta incongruencia en la resolución de Recurso Jerárquico y de Alzada, pues el primero sostiene que por un lado no había necesidad de informe técnico jurídico por la calificación del proceso, pero después la STG sostiene que la resolución de RA se basó en el Informe Legal.
Añade que se violó el procedimiento en la clasificación del recurso de Alzada, pues por la falta de contestación o con esta fuera de plazo, debió abrir plazo probatorio y no declarar recurso como de puro derecho (art. 218 incs. c) y d) NCT.
Asimismo, abordando las deficiencias de fondo de las resoluciones de impugnación administrativa dictadas en este procedimiento, señala que tanto la resolución de Recurso de Alzada como la de recurso jerárquico no contienen decisiones expresas y precisas sobre los hechos del proceso.
Alega que en las notificaciones intervino como testigo funcionario dependiente de las instituciones, lo que vulnera la imparcialidad. Recalca la falta de competencia de las Autoridades de la Administración Tributaria, por contener vicios de nulidad su nombramiento, por no tener competencia.
De igual manera, demanda la nulidad de la Resolución Administrativa RA Nº GC/DTJC/UCC/C Nº 639/2006 y el procedimiento de emisión de seis PET, pues sostiene que la Resolución Jerárquica, trató de enmendar las nulidades de la AT.
Que no existe pronunciamiento en la Resolución de Recurso Jerárquico sobre: Notificación personal, Representación del Oficial de Diligencias, Ausencia de Testigo Imparcial en las Notificaciones, intervención de funcionario de la AT sin competencia, La suscripción de los PET (debió decir TET) y la resolución Nº GC/DTJC/UCC/C Nº 639/2006 por la Dra. Silvana Paz en calidad de Jefa de Departamento Jurídico sin tener competencia para suscribir esos actuados, falta de objeto en el acto recurrido.
Sostiene que las Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico fueron dictadas ultra petita, pues van más allá de los propios argumentos de la AT, cuando sustentan la legalidad en el ejercicio del cargo de Veimar Mario Cazón Morales Gerente Distrital Interino de la Gerencia de Grandes Contribuyentes del SIN, cuando sostiene como fundamento jurídico la disposición contenida en el art. 19 p) del DS. Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001, cuando nunca se hizo referencia a esa norma en el proceso administrativo, demostrándose que no existía competencia para dictar la Resolución GC/DTJC/UCC/C Nº 639/2006 de 20 de noviembre de 2006 que negó las nulidades planteadas.
Por otro lado, señala que existe ausencia de justificación, falta de sustanciación en hechos, antecedentes y derecho aplicable y falta de valoración de las normas tributarias, adjetivas procesales, para ello desarrolla que la resolución jerárquica no contempla todos los argumentos deducidos, por lo que existe incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva, no se valoraron las pruebas aportadas por ambas partes y no presenta el derecho aplicable a cada caso.
Finalmente, resalta que en lugar de pronunciarse sobre las nulidades de las TET objeto de proceso, manifestó que no es posible abordar ese tema en virtud de que existiría proceso de apelación ante la Corte de Distrito judicial de Cochabamba, por lo que siguiendo esa lógica tampoco se podrían ejecutar las sanciones, por lo que se contravino el art. 211 del CTB.
En virtud de lo detallado, solicita declarar probada la demanda, en consecuencia la nulidad de la Resolución de Recurso jerárquico, de alzada y RA. GC/DTJC/UCC/C Nº 639/2006 dictada ilegalmente por GRACO Cbba SIN.
CONSIDERANDO II: Que ante esa demanda, la Superintendencia Tributaria General, mediante memorial presentado el 19 de julio de 2008 (fojas 436 a 444), se apersona al proceso y contesta la demanda, con el siguiente argumento:
Luego de contextualizar los hechos expuestos en la demanda, señala con relación a la incongruencia de fechas en notificaciones, que cursa a fs. 102 del expediente la diligencia practicada el 15 de enero de 2007 con la que se notificó el Auto de Admisión de 18 de enero de 2007. Sin embargo de esa situación, Francisco Cossío Trujillo en representación del demandante a fs. 107 se apersonó en virtud del Testimonio de Poder 9/2007 de 16 de enero de 2007. En mérito de dicho documento solo se admite el Recurso de Alzada mediante Auto de 18 de enero de 2007, con el que se notificó al apoderado el 30 de enero de 2007 en forma personal (fs. 108 vta. del expediente). En consecuencia se evidencia que la notificación con el Auto de Admisión de recurso de alzada ha sido efectuada de manera personal al representante de Editorial Canelas S.A. en cumplimiento del art. 15 del DS 27350.
Con relación a la notificación de fs. 108 a la AT que señala como actuados notificados las Resoluciones Sancionatorias 263, 255, 260, 261 y 262 todas de 2006, resalta que el Auto de Admisión del Recurso de Alzada, señala que el recurso fue planteado contra el Decreto Administrativo GC/DTJ/UCC/C 639/2009 de 20 de noviembre de 2006, por lo que la Administración Tributaria no lo observó, porque entendió que el actuado contra el que se opuso el recurso fue justamente la resolución señalada, por lo que la contestación se ajustó al proceso que corresponde a este caso, dando por bien efectuada la notificación, en consecuencia no es procedente la nulidad alegada.
Abordando la nulidad que según el demandado se produjo con la notificación de ambas partes con la resolución de alzada STR-CBA/RA 0063/2007 de 2 de diciembre de 2007 (impugnación que destaca la diferencia de la abreviación RA); si bien es evidente un error, la numeración 0063/2007 se refiere a la resolución que ambas partes de manera inconfundible asintieron que es la Resolución de Recurso de Alzada, que fue impugnada en recurso jerárquico por el sujeto pasivo, por lo que al haber cumplido la finalidad la notificación e identificar la fecha correcta, no se provocó indefensión alguna, por lo que no puede ser motivo de la nulidad impetrada.
Continúa con la finalidad de desvirtuar los argumentos de la demanda señalando que la fecha de emisión de la Resolución de Alzada, que pone en duda el demandante por haberse notificado recién el 5 de abril de 2007, no tiene sustento documental, por lo que es solo una presunción.
Con relación al memorial de respuesta al Recurso de Alzada presentado por la Administración Tributaria, actuado que cursa de fs. 149 a 155 del expediente administrativo, este fue presentado por Jorge Paredes el 13 de febrero 2007 a horas 18:11, por lo que si tomamos en cuenta la fecha de notificación con el Auto de Admisión el 29 de enero de 2007, se cumplió con el plazo que indica al art. 218 c) de la Ley Nº 2492, cumpliendo con el art. 204 parágrafo IV, pues acompaña la resolución administrativa Nº 03-0184-06 de nombramiento que cursa a fs. 149 del expediente. Por otra parte el recurrente confunde apersonamiento con presentación de memorial, que son cosas distintas, por lo que no existe causal de nulidad en este punto.
Abordando el argumento del incumplimiento del término para dictar resolución, sostiene que el proveído de 14 de febrero de 2007 cursante a fs. 156 del expediente, fue notificado a las partes el 21 de febrero de 2007, debiendo computarse los 40 días a partir del días siguiente de la notificación, es decir el 22 de febrero, cuyo vencimiento es el 2 de abril de 2007, resultando que la Resolución de Alzada fue dictada dentro el plazo que dispone el art. 210 parágrafo III de la Ley Nº 3092.
Sobre la ausencia de Informe Técnico Jurídico que dispone el art. 211. III de la Ley Nº 2494 por la calificación del proceso como de puro derecho el argumento es improcedente.
Al argumento de que existe nulidad en la notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria TED, se tiene que estos fueron legalmente firmados por el Gerente GRACO Cochabamba y el Jefe de Departamento Jurídico, por lo que al no existir prohibición legal que impida la firma de la Jefa del Departamento Jurídico, no existe causal de nulidad.
Sobre la incompetencia por inadecuada designación del Gerente Graco Cochabamba, afirma que el recurrente si cree que es incompetente, debe hacer valer su derecho por la vía correspondiente y objetar la Resolución Administrativa 03-0184-06 de 24 de mayo de 2006, mientras eso no suceda, se presume la legalidad de los actos.
En virtud de lo ya señalado no existe resolución ultra petita referente a la competencia del Superintendente Regional de Cochabamba.
En cuanto a la nulidad del acto definitivo GC/DTJ/UCC/C Nº 639/2006 por carecer de objeto, por referir su contenido a otro trámite que se encuentra en la vía jurisdiccional, revisados los antecedentes, ese acto surgió en respuesta a una solicitud del contribuyente, en el cual se refiere a ciertos trámites que estuvieran en la vía jurisdiccional, por lo que se respondió ante la obligación de dar respuesta al solicitante. Sin embargo el acto impugnado seguidamente se refiere a los seis títulos de ejecución tributaria que no están impugnados en la vía jurisdiccional, sobre los cuales también solicitó pronunciamiento el contribuyente, en consecuencia no se puede alegar nulidad la respuesta que fue solicitada por su parte.
Sobre el argumento de falta de decisión positiva de las resoluciones de impugnación administrativa, señala que la anulabilidad aducida es inexistente porque ambas Resoluciones de Alzada y Jerárquico fueran admitidas en el plazo de cinco días conforme el art. 198 II de la Ley Nº 3092 y posteriormente notificados conforme el art. 205 de la misma ley, siendo que estos días son días hábiles administrativos, no como sostiene el demandante (art. 206 de la Ley 3092 art. 4 de la Ley 2492).
Al argumento de que la Resolución de Recurso Jerárquico no contiene los hechos, falta de objeto, etc., que sostiene el demandante, aduce que la determinación tributaria se la realizó mediante el sujeto pasivo y la declaración jurada que presenta, pero que en este caso no pagó los importes determinados.
Respecto de la nulidad de los TETs por ausencia de procedimiento, argumenta que el art. 108 de la Ley Nº 2492 CTB, establece la emisión de los TED cuando el sujeto pasivo presenta las declaraciones juradas y no paga el importe establecido, por ello el procedimiento fue cumplido plenamente, sin que se pueda determinar nulidad por este aspecto. Asimismo, consta en los antecedentes la notificación con esos actuados, asumiendo defensa el demandante.
Sobre la nulidad por inadecuada notificación de los TETs, se tiene de la revisión de antecedentes que se dejaron los avisos correspondientes al no encontrar al representante de Editorial Canelas, por lo que se dispuso su notificación por cédula cumpliendo el procedimiento, firmando en constancia Sergio Jiménez, que es persona mayor de edad, conforme la cédula de identidad 1707043. Además resalta que la notificación se efectuó en el domicilio del contribuyente según el padrón de la AT.
De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se puede evidenciar que Sergio Jiménez firmó como testigo de los proveídos de ejecución tributaria, notificación que fue efectuada según el art. 85 III de la Ley Nº 2492, acto que cumplió su finalidad de dar inicio a la ejecución de los citados proveídos.
Sobre la falta de sustento en los hechos, antecedentes y derecho aplicable que demanda, afirma que la resolución jerárquica contiene los fundamentos técnicos jurídicos necesarios para sustentar la decisión conforme el art. 213 II CTB, lo que demuestra que el demandante no revisó la resolución impugnada, que de fs. 14 a 21 que se ocupó de esa argumentación.
Añade, que no es evidente que las resoluciones de Recurso de Alzada y jerárquico no cuenten con Informe Técnico Jurídico que establece el art. 211 de la Ley Nº 3092, para ello resalta que de fs. 49 a 51 cursa el informe que corresponde al Recurso de Alzada y fs. 90 a 110, por lo que se desvirtúa la afirmación del demandado.
Respondiendo al argumento de falta de valoración de las normas tributarias expresado en la demanda, señala que la queja es imprecisa, pues se aduce la violación de todo el adjetivo dispuesto por la Ley Nº 2492, sin puntualizar cuáles serían las normas vulneradas y como se habían infringido, cuando quedó demostrado que la STG consideró todos los puntos expresados como agravios en la resolución jerárquica, valorando y compulsando cada uno de ellos conforme los antecedentes administrativos y pruebas aportadas por las partes.
En base a esos argumentos, solicitó se declare improbada la demanda interpuesta por Editorial Canelas, manteniendo firme y subsistente la resolución de recurso jerárquico
En principio, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General.
En el caso de autos, corresponde verificar en la vía del control de legalidad de los actos administrativos, si son evidentes las vulneraciones al procedimiento y si estas fueron atendidas por la STG como última instancia recursiva administrativa.
En concreto, se establece compulsados los antecedentes, las Resoluciones Administrativas base de la impugnación contenida en la demanda y las normas procedimentales, que:
El 31 de octubre de 2006 se inicia proceso de ejecución tributaria al demandante por los periodos de mayo a junio de 2006 en base a seis títulos de ejecución tributaria.
Editorial Canelas S.A. el 3 de noviembre de 2006, solicitó la nulidad de 28 TET por no cumplir con las formalidades establecidas en la Ley 2492, encontrándose 22 TET sujetos a proceso judicial ante juez de Partido Administrativo y Tributario.
El 19 de diciembre de 2006, la AT notificó al ahora demandante con el proveído GC/DTJC/UCC/C Nº 639/2006 de 20 de noviembre de 2006, aclarando que por las emergencias del proceso judicial y el recurso de apelación pendiente, se continuará con la ejecución tributaria.
Contra la señalada resolución, Editorial Canelas S.A presentó recurso que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/0063/2007 de abril de 2007 (fs. 162 a 163 del expediente), resolución que confirmó la resolución impugnada.
Presentado el recurso jerárquico, la STG pronunció la resolución ahora impugnada que confirmó la resolución de Recurso de Alzada manteniendo firme el Auto Definitivo de rechazo GC/DTJC/UCC/C Nº 639/2006 de 20 de noviembre de 2006 (fs. 237 a 260).
En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos adjuntos en anexos ante esta instancia jurisdiccional, contrastados con las normas tributarias aplicables, se establece que:
Es necesario resaltar que todos los argumentos del demandado refieren vulneraciones de orden procesal que según afirma, produjeron diversas y diferentes nulidades a lo largo del proceso. Asimismo, resalta que las alegaciones del actor se circunscriben principalmente a la Resolución de Recurso de Alzada que no hubiera considerado las múltiples nulidades ya mencionadas que fueron ratificadas por la Superintendencia Tributaria General al confirmar todo lo actuado. Resulta también de importancia conforme a la naturaleza del proceso contencioso administrativo según ya se sostuvo líneas arriba, que este proceso tiene por objeto el control de legalidad de los actos administrativos, correspondiendo a esta instancia analizar, si los argumentos revelados en la demanda, fueron o no atendidos por STG o en su caso si existe omisión que deba ser subsanada, quedando claro que el fondo de la ejecución tributaria propiamente dicha no se sostuvo como controversia en este caso.
Con esa aclaración necesaria, a continuación se analizan los argumentos comunicados y contestados por las partes.
El demandante argumenta que las notificaciones en recurso de alzada no fueron cumplidas conforme ley, por lo que destaca por ejemplo, que el auto de admisión del recurso fue notificado tres días antes de su emisión vulnerando el debido proceso. Sobre este particular (notificación con auto de admisión de Recurso de Alzada), se tiene de la revisión de los actuados administrativos, que es evidente el error que sostiene el demandante, que deja en evidencia negligencia por parte de los servidores públicos que ejecutaron esos actos. Sin embargo, tal cual consta a fs. 108 vuelta de los antecedentes, esta situación fue subsanada con la notificación a Francisco Cossio Trujillo en representación de Editorial Canelas S.A., siendo que la notificación con el Auto de Admisión de 18 de enero de 2007 (fs. 108), se produjo válidamente en fecha 30 de enero de 2007, sin que se hubiese causado indefensión o agravio con este hecho, pues el demandante actuó sin perjuicio objetivo en esa etapa de impugnación administrativa. Con relación al incumplimiento del plazo de 5 días para la admisión del recurso conforme al art. 198 inc. II y 218 inc. a) y b), resulta evidente que el recurso de alzada se presentó conforme consta de fs. 93 a 101 el 5 de enero de 2007, siendo observado el memorial por decreto de fs. 102, por lo que subsanada la observación formulada, la Editorial presentó memorial de fs. 107 que mereció el decreto de admisión de fs. 108 de 18 de enero de 2007, debidamente notificado en forma personal a Hugo Francisco Cossio Trujillo el 30 de enero de 2007 por Editorial Canelas S.A. Finalmente, lógicamente se puede entender en este caso que el asiento de notificación que cursa a fs. 102 de obrados, es un error del funcionario Oficial de Diligencias, mismo que no pudo notificar con el Auto de Admisión, siendo que se encontraba pendiente de ser subsanada la observación efectuada en esa misma oportunidad, que fue debidamente cumplida por el representante de la Editorial que adjuntó el Testimonio de Poder de fs. 103 por memorial de fs. 107 presentado el 17 de enero de 2007, por lo que no se identifica vulneración del procedimiento o incumplimiento de plazos que sostiene el demandante por estos conceptos.
Respecto de la nulidad alegada por la incorrecta notificación a la AT con el Auto de Admisión de fs. 108, se tiene que efectivamente se produjo, se asentó en el expediente la notificación con el Auto de Admisión y también se señaló que el Recurso de Alzada se presentó contra las Resoluciones Sancionatorias Nºs 263, 255, 260, 256, 261 y 262 todas de 2006, siendo que estas no constituyen parte del acto recurrido. Sin embargo de ello, no se entiende como esta notificación que se practicó al SIN, le pudo haber causado indefensión al ahora demandante, pues tal como demuestra la contestación de fs. 149 a 155, se entendió y comprendió cual era el objeto del Recurso de Alzada, por lo que la administración Tributaria convalidó la notificación, siendo aplicable el principio de prevalencia de los actos cuando estos cumplieron su finalidad.
El alegato de que se vulneró procedimiento por la notificación que mereció el memorial de fs. 157 de obrados, presentado el 5 de marzo de 2007, resulta improbable, pues a fs. 158 cursa la notificación con el decreto de 12 de marzo de 2007 a ambas partes, asentada debidamente en día miércoles cuando existe la carga de asistencia para el seguimiento del Recurso por las partes intervinientes, situación corroborada y explicada por el Oficial de Diligencias de la STR y la Certificación de fs. 169, sin que se haya fundamentado y explicado ante esta instancia cual la consecuencia lesiva o perjudicial a los derechos del demandante si el contenido de la Resolución simplemente daba por ratificada la prueba, resultando evidente la intención de obstaculizar el normal trámite del proceso de impugnación administrativa de Alzada.
Otra de las nulidades formuladas por el demandante, es la que reflejó por las notificaciones de fs. 164, en la que observó que se añadió las letras RA a la resolución de Recurso de Alzada de fs. 162 STR-CBA/0063/2007 cuando se asentó las notificaciones, hecho que según el demandante es causal de nulidad. El análisis y contraste de los actuados producidos en la emisión de la resolución de Recurso de Alzada, permiten sostener que no existe causal de nulidad por ese argumento, cuando claramente el demandante a pesar de ser evidente el error asumió defensa en todo momento, por lo que las partes entendieron que la notificación se efectuó válidamente el jueves 5 de abril de 2007, inclusive Editorial Canelas S.A., mediante memorial de fs. 171, solicitó rectificación y aclaración de la resolución de Recurso de Alzada.
Revisados los actuados por el supuesto incumplimiento del art. 36. II de la Ley Nº 2492 a momento de dictar la resolución de Recurso de Alzada (incumplimiento de plazo para dictar resolución). Tal cual se detalló, el Recurso de Alzada se presentó el 5 de enero de 2007, se subsanó lo observado por el 17 de enero de 2007 y emitió Auto de Admisión de 18 de enero de 2007. En ese orden de cosas, el citado art. 36, señala en su parágrafo II: que la anulabilidad del acto procede cuando no concurran los requisitos esenciales y por haber causado indefensión. El art. 210. III de la Ley Nº 2492, establece el plazo de 40 días siguientes a la conclusión del periodo de prueba, plazo prorrógable por una sola vez.
En el caso de autos, se tiene que el Auto de calificación del recurso data de fecha 14 de febrero de 2007, sin que el demandante hubiera establecido cual es el cálculo que hace para sostener que la resolución fue dictada fuera de plazo, lo que sí es evidente es que mezcla este argumento con la supuesta falta de competencia de la autoridad que dictó la resolución de recurso de alzada, por lo que presume que al ser evidente la falta de competencia se incumplió el plazo, al efecto es importante destacar que no se puede sustentar el incumplimiento de plazo con argumento que no tiene relación con esa observación, siendo la falta de competencia otra de las nulidades que formuló Editorial Canelas S.A. en el cúmulo de defectos que sostiene en la demanda contencioso administrativa.
También se sostuvo en la demanda que se admitió la contestación de la AT fuera de plazo de 15 días, por lo que verificado el actuado de fs. 155 vta. del expediente, se puede establecer que la presentación de la contestación se produjo el 13 de febrero de 2007 a horas 18: 11, la notificación con el Auto de Admisión del recurso se produjo el 29 de enero de 2007 según el actuado de fs. 108 vuelta, por lo que se comprueba la presentación de la contestación en el plazo de 15 días corridos que establece el art. 208 c) del Código Tributario, siendo evidente que esta ocasión, nuevamente el demandante vincula el incumplimiento de plazo que sostiene con la supuesta incompetencia de la autoridad, argumento con el que trata de sostener el incumplimiento del plazo, que como se verificó no existió, por lo que no existe causal de nulidad por este motivo.
En la misma línea, en la demanda se sostuvo el incumplimiento del plazo de 40 días para dictar sentencia, argumento que ya fue desarrollado en el numeral 5 de estas apreciaciones finales.
Se expresa en la demanda que existe prueba que demuestra que la resolución de Alzada no existía hasta el 4 de abril de 2007, aspecto que ya se desarrolló y valoró por este Tribunal. Sin embargo, es importante destacar que esta afirmación, que solo refleja las presunciones del ahora demandante, no se encuentran sustentados en elementos probatorios, pues de la revisión de los documentos del proceso que se mencionan, representación del Oficial de Diligencias, Certificación del Intendente Tributario, de fs. 169 del expediente administrativo no reflejan la afirmación del demandante.
Sobre la nulidad de la resolución de Recurso de Alzada por falta de Informe Técnico Jurídico, se tiene que a fs. 159 del expediente, cursa el Informe Legal CGMO/CBA/INF. 017/2007 que es el antecedente de la Resolución de Recurso de Alzada, mismo que a pesar de no tener mención de ser Informe Técnico Jurídico como observa el demandante, contiene los elementos que demanda ese documento conforme el art. 211. III del CTB. Con relación a la presunción de que la funcionaria que suscribe no fuese Abogado o que el Intendente cuya competencia también se puso en duda, conoció o no el informe, son aspectos que a pesar del esfuerzo del demandante, no se pueden evaluar, pues los actos de los servidores públicos gozan de presunción de legalidad, siempre y cuando no se demuestre lo contrario, situación que no se produce en este caso, pues la demanda solo refleja supuestos y presunciones, generando dudas infundadas y parciales.
Abordando la incongruencia de las resoluciones de Alzada y Jerárquico con relación al mismo Informe Técnico Jurídico y la necesidad o no de este documento ante la calificación del recurso como de puro derecho, se aclara que el documento existe, fue valorado por las autoridades de impugnación y en la demanda no se demostró situación que lo invalide o que merezca la nulidad demandada, por lo que no existe inadecuado comportamiento que debe ser observado por la instancia jurisdiccional en control de legalidad, lo mismo sucede con la Resolución Jerárquica que se encuentra acompañada del Informe Técnico Jurídico de fs. 214.
También se sostuvo en la demanda que existen diferencias de fondo en las resoluciones de Alzada y Jerárquico, por lo que esas resoluciones no contienen decisiones expresas y precisas sobre los hechos. Sin embargo, nunca señalo Editorial Canelas S.A. de manera puntual cuáles son las diferencias, siendo que la Resolución de Recurso Jerárquico confirmó en todas su partes la Resolución de Alzada que a su vez confirmó la Resolución GC/DTJC/UCC/C Nº 639/2006, por lo que no se pueden evidenciar las afirmaciones del demandante, pues no es posible suplir la carga de argumentación que por el principio dispositivo le corresponde a la parte actora en este caso.
Sobre la violación del procedimiento por la calificación del recurso, el demandante considera que se debió abrir término probatorio, por lo que alegó la vulneración del art. 218 inc. c) del Código Tributario, cuando la parte final del mismo artículo expresamente que cuando la Administración Tributaria recurrida responda aceptando los términos del recurso, no será necesaria la apertura del término probatorio, debiendo la STR proceder directamente al dictado de su resolución. Tampoco será necesaria la apertura de término probatorio cuando la cuestión debatida merezca calificación de puro derecho, en vez de la apertura del indicado término, situación que se produjo en este caso, siendo por principio, la clasificación del recurso una actividad que le corresponde a la Autoridad Administrativa.
Asimismo, se refiere en la demanda que en las notificaciones intervino como testigo un funcionario de la institución, que vulneró la imparcialidad del recurso. Es así, que conforme la amplia doctrina que se desarrolló en este tema, la notificación que cumplió la finalidad para la que se dispuso, tiene pleno efecto, siempre y cuando no hubieren causado indefensión, en virtud de que la nulidad por sí misma, debe ser evaluada considerando ese parámetro, por lo que en el caso de autos, al no reflejarse perjuicio por la intervención del testigo que fuere funcionario de la institución en el actuado de notificación, no se identifica causal de nulidad que deba ser observada en esta instancia.
La Resolución GC/DTJC/UCC/C Nº 639 de 20 de noviembre de 2006, cuya nulidad se sostiene por el actor, refleja el rechazo de otras nulidades que se sostuvo ante esa instancia, lo que originó todo el proceso administrativo y de impugnación administrativo que hoy no ocupa, resaltando en todo este procedimiento la denuncia múltiple de nulidades en todos los momentos de los procedimientos administrativos, por lo que es preciso destacar que es objeto de este proceso contencioso administrativo el control de legalidad de esos actos denunciados como vulnerados, no el fondo del proceso o de las sanciones u obligaciones del contribuyente que motivaron la ejecución tributaria, sin que sea evidente que la Resolución de Recurso de Alzada hubiere enmendado los aspectos que resalta como oscuros e ilegales la demanda, siendo que la STR y STG no es parte del Servicio de Impuestos Nacionales quien es el encargado del procedimiento administrativo. Con esta aclaración necesaria, se deja claro que la resolución citada de inicio, tuvo objeto distinto al motivo de la emisión de los TETs, lo que se objetó en ese momento, fue si el proceso jurisdiccional pendiente que se instauró, suspendía o no la ejecución tributaria, aspecto que aclara la resolución de fs. 47 de los antecedentes administrativos, por lo que esta resolución se circunscribe a ese procedimiento, nulidades en la emisión de los TDTs.
Por otro lado, la demanda sostuvo que la resolución jerárquica no se pronunció sobre notificaciones personales nulas, intervención sin competencia, falta de objeto del acto recurrido, etc., resultando esta afirmación ilógica, cuando en la demanda se repudió y argumentó la nulidad de todos esos actuados, identificando que ambas resoluciones se equivocaron totalmente al validar las actuaciones del proceso administrativo y la STG al confirmar lo establecido por la Alzada. Esta situación demuestra actitud desleal del demandante y el profesional abogado que suscribe la demanda, dejando a la luz su interés de entorpecer la tramitación del proceso, tratando de inducir en error a este Tribunal.
Se dijo también que la resolución de recurso de Alzada y Jerárquico son ultra petitas, porque van más allá de lo expresado por la AT, cuando sostiene la competencia de la autoridad para dictar la resolución GC/DTJC/UCC/C Nº 639 de 20 de noviembre de 2006. Este aspecto, también resulta incongruente, pues por un lado sostiene el demandante la falta de fundamentación, argumentación normativa y explicaciones para sostener las decisiones de las autoridades de impugnación tributaria y por otro lado, cuando se le explicó, fundamentó y expresó argumentos, la resolución le resulta ultra petita. A pesar del ilógico razonamiento que se expresa para este punto, ejerciendo control de legalidad sobre este hecho, se determina que no es evidente, pues la resolución jerárquica simplemente resaltó que los actos se presumen legales, las designaciones ilegales que supuestamente existirían en este caso, no son objeto del trámite administrativo particular que se tiene, criterio con el que se concuerda plenamente, pues la autoridades designadas gozan también de la presunción de que los actos por los cuales ejercen función son legales, mientras en proceso ejecutado ante autoridad competente se demuestre la ilegalidad que se sostiene, no siendo esta la vía en la que se deba dilucidar ese aspecto, por lo tanto no se determina causal de nulidad que deba ser atendida por este concepto.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, lo dispuesto en los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y en virtud de los fundamentos expuestos, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa, interpuesta Editorial Canelas S.A. contra la Superintendencia Tributaria General, en la que impugna la resolución de Recurso Jerárquico y Resolución de Alzada.

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