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Timestamp: 2019-02-21 22:19:21+00:00

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Consulta Decreto de Acceso a la Información Pública - Consulta Pública
Consulta Decreto de Acceso a la Información Pública
La Presidencia de la República, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Planificación, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones ponen a consideración de la ciudadanía la propuesta de Decreto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A continuación se encuentran los botones para descargar el documento de consulta en diferentes formatos, al cual se le pueden realizar observaciones, o generar nuevas propuestas. Si considera necesario adjuntar un archivo puede realizarlo por medio del "Formulario con carga de archivos", de lo contrario puede dejar su comentario al final de esta página. ¡Gracias por participar!
22/02/2017 a las 1:38 PM
Me parece una propuesta interesante. No obstante, me permito realizar las siguientes observaciones que sin duda alguna, ayudará al propósito deseado.
1. En los artículos 3 y 4 de la propuesta, nos hablan de los requisitos de información y de la recepción. Pero no incluyen el caso donde la persona que solicita la información, la presente de forma incompleta o incomprensible. Yo en lo personal, tengo conocimiento de que las personas no siempre saben qué pedir, generando problemas para atender las consultas. Por lo que les recomiendo incluir los siguientes artículos:
a. Artículo 3 bis.
En los casos donde la solicitud de información presentada ante la Administración este incompleta, confusa, ilegible, o no se comprenda del todo. La Administración podrá solicitar al administrado que rectifique, aclara o especifique la petitoria de información. Para lo cual, el administrado tendrá hasta quince días hábiles para subsanar o aclarar su petitoria de información. Pasado el anterior plazo y el administrado no aclara su solicitud, la Administración dará cerrará el caso y lo dará por concluido, debiendo comunicar al administrado la decisión tomada e invitarlo nuevamente para que haga llegar la solicitud de información.
b. Artículo 5 bis.
La Administración remitirá la información solicitada por el administrado utilizando el medio para recibir notificaciones, por lo cual no tendrá responsabilidad de los errores cometidos de forma involuntaria por el administrado al ingresar de forma errónea el medio para recibir notificaciones.
De igual forma, en el caso donde le medio para recibir notificaciones sea un correo electrónico, es responsabilidad del administrado vigilar que la respuesta no sea catalogada como “correo no deseado” en su plataforma de correo electrónico.
2. El artículo 14 presenta información valiosa para la transparencia, pero no hace referencia a cada cuánto debe ser actualizada, quedando dicho criterio de forma subjetiva tanto para los administrados como para la administración a nivel general, por lo que recomienda incluir el siguiente artículo.
a. Artículo 14 bis 1.
Para cada uno de los elementos indicados en el artículo 14 correspondientes a la información que la Administración dispondrá en los sitios y portales web institucionales deberá indicar los periodos de actualización y la próxima fecha de actualización, la cual podrá ser . No obstante, la Administración deberá procurar siempre mantenerla actualizada según las diversas limitaciones a nivel de sistemas de información y software utilizados.
b. Artículo 14 bis 2.
La Administración deberá iniciar los proyectos necesarios a fin de cumplir con lo indicado en el artículo 14, para lo cual tendrá hasta 1 año para publicar toda la información solicitada en este Decreto Ejecutivo.
Lo anterior, corresponde a las mejoras que he visto ayudarán tanto a la Administración como a los administrados, dado que ambas partes tienen deberes y responsabilidades. Hago manifiesto mi deseo de que estos aportes sean incluidos en el Decreto Ejecutivo de marras.
Jack Raifer dice:
24/02/2017 a las 3:09 PM
Algunas cosas importantes de considerar en este decreto.
1. Nunca se menciona la Ley 8220 ni su reglamento, y esto genera que el decreto genere redundancias con la una Ley que se tiene en desuso en vez de hacer aplicar esta ley. Por ejemplo, en el artículo 11 de este decreto se menciona un Oficial de Simplificación de Trámites, el cual, según la Sección II del Reglamento a la Ley 8220, ya debería de existir, y sin embargo no se está exigiendo a las instituciones que lo tengan.
También en la Ley 8220 se define que el ciudadano tiene el derecho, en todo momento, de conocer el estado específico de su trámite, e identificar al funcionario o funcionarios responsables del mismo, esto también debería de estar incluido en este decreto, o al menos mencionarlo y solicitar que se cumpla la ley 8220.
2. En el Artículo 1 del decreto dicta: ” sin perjuicio de la independencia o autonomía de que estén revestidas las instancias autónomas y descentralizadas.” Esto genera incertidumbre y deja en el aire el actuar de estas instancias, ya que genera un área gris donde no se sabe cuál debe ser el actuar de estas o si pueden definir en cada caso actuar de manera diferente.
3. En el Artículo 2 se deberían de definir también la transparencia y los tipos de transparencia que existen (Pasiva, proactiva, focalizada y colaborativa). También en accesibilidad, debería de mencionarse la reutilización de datos.
4. En el Artículo 3 dicta: “La solicitud de acceso a la información requerirá únicamente que la persona brinde la descripción lo más clara posible de lo que se solicita y que señale un medio para recibir notificaciones.” ¿Que significa lo más clara posible? ¿Quién define si una solicitud no se contesta por ser poco clara?
Además, no se menciona en este artículo que las solicitudes se pueden realizar por medios digitales como correo electrónico, chats, etc, lo que deja a las instituciones la capacidad de exigir al solicitante presentarse físicamente a presentar su solicitud por escrito. La solicitud debería poder hacerse oral, escrita y/o digital.
5. En el Artículo 5 dicta: ” Si debido a la complejidad de lo requerido, la autoridad pública necesita un plazo mayor para atender la gestión, deberá informar al solicitante en el plazo inicial de los diez días hábiles con la debida justificación e indicando de cuánto será la ampliación.” ¿Cómo se define la complejidad de la información? Por experiencia esto se presta a que las instituciones argumenten complejidad para atrasar el tiempo de entrega de la información. Debe de haber lineamientos que definan la complejidad del tema. De la misma forma no se aclara el significado de “inmediatamente” en el caso de la información preconstituida, por lo que si un funcionario tarda 5 minutos para contestar un correo, ¿significa que incumplió con el decreto?
6. En el artículo 6 no queda claro qué sucede cuando se presenta una queja, ni cuánto tiempo se da para su resolución. Nuevamente estamos dejando huecos legales que permiten a una institución darle largas a una solicitud de información sin consecuencia alguna.
7. En el artículo 7 se mencionan excepciones según la normativa, pero en el artículo 2 menciona que solo queda exenta de entrega la información protegida por ley. Las normativas internas de una institución, no siempre son leyes, y aquí no queda claro si mediante ellas pueden negar la entrega de información.
8. En el artículo 8 se menciona el plazo de 3 días hábiles para la apelación. Esto deja a los ciudadanos en desproporción, donde las instituciones cuentan con 10 días para responder, y los solicitantes con solo 3 días para apelar. Y nuevamente en desproporción se le otorgan 8 días hábiles a la institución para responder esta apelación. Esto genera un desequilibrio absoluto de poder. Tampoco se indica que las apelaciones se puedan realizar por medios electrónicos, por lo que las instituciones podrían obligar a los solicitantes a presentarse físicamente para apelar su caso.
9. El artículo 9 dicta: “Asimismo, en caso que la información sea solicitada electrónicamente o en formato abierto, deberá ser brindada al solicitante de tal manera que garantice su accesibilidad.” No se define el significado de accesibilidad. Por ejemplo, si solicito información de salarios y me envían un archivo de Word lleno de números pero que no puedo contabilizar en sistemas como Excel, entonces la información, aunque “accesible”, no es utilizable, por lo que mi derecho de acceso se ve limitado.
De la misma manera se menciona que las instituciones procurarán tener un formulario en línea, pero no habla de si este debe funcionar o cuales son los lineamientos del mismo. Con respecto a los correos electrónicos oficiales, ¿dónde estarían estos disponibles para realizar consultas de información?
10. La sección II es una versión simplificada de la Sección II del Reglamento a la Ley 8220. El decreto debería de exigir el cumplimiento de la ley 8220 y su reglamento en vez de duplicar normativa que puede generar confusión y/o necesidad de interpretación desde una u otra normativa a la hora de la aplicación. De la misma manera, duplica las funciones del Oficial de Simplificación de Trámites de la Ley 8220 en dos oficiales, uno de simplificación de trámites y otro de acceso a la información, que deberían ser el mismo, generando así más burocracia para un mismo proceso. Finalmente, el artículo
12, nuevamente pide que se de apoyo cuando ya existe una Ley vigente que les exige dar ese apoyo.
11. El artículo 13 habla de las sanciones según la normativa vigente, sin embargo, cada institución tiene su normativa la cual no es conocida, y debería darse a conocer. Igualmente por experiencia les puedo indicar que este régimen en muchas instituciones es poco funcional, por lo que probablemente no haya sanciones aplicadas a los funcionarios que incumplan, como sucede con la ley 8220 desde el año 2002.
12. En el artículo 14 habla de la información que debe ser publicada de manera constante, pero no especifica el cómo debe de estar esta información presentada. Ya existen estándares internacionales (ej ciudad de Nueva York https://nycopendata.socrata.com/, datos enlazados, etc.) de transparencia para estos casos. Si no dejamos claro el cómo, cada institución podría desplegar la información de diferentes formas generando confusión, dificultad, falta de transparencia y sobre todo, un exceso de gastos al estado ya que cada quien utilizará la plataforma que se le ocurra en vez de unificar ese esfuerzo a nivel de gobierno.
Se deberían de definir los formatos de presentación de datos.
13. En el artículo 15, dejaron de lado los indicadores más importantes como lo son la satisfacción de los usuarios, si las informaciones presentadas cumplieron con las necesidades planteadas. Tampoco existen indicadores de solicitudes de información por los diferentes medios, oral, escrito y digital.
14. Sobre el artículo 16, ¿Qué potestad legal tiene la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto de dar seguimiento al cumplimiento de este decreto?
15. Es importante mencionar los tipos de transparencia, ya que no se definen claramente en este decreto.
16. Se debería de incluir que va a pasar con la gestión documental y la administración de archivos para que el acceso a la información pública y la transparencia pueda ser efectiva.
17. Se debe de aclarar la diferencia entre medios escritos (físicos) y medios digitales. Decir escritos nada más genera confusión.
Eladio Guido dice:
03/03/2017 a las 9:08 AM
Después de leer los valiosos aportes anteriores, considero que son necesarios los cambios propuestos. Solamente, como detalles menores, agregaría unas opiniones:
En el artículo 4, en el segundo principio. Me parece que debería también establecerse por cuánto tiempo se debe mantener los datos publicados. Ya que considero que mantener datos publicados sin límite de tiempo, podría ser un requerimiento de espacio innecesario, que a lo mejor no va a tener valor agregado, pero si costos significativos.
En el último párrafo del artículo 5, considero que al poner la el enunciado “podrán aplicar la presente normativa”, lo veo como algo que deja abierta la posibilidad para que las instituciones apliquen o no esta normativa. O si se refiere solo a las empresas privadas, las cuales podrían no aplicarla; es decir, no queda tan claro.
En el artículo 15, segundo párrafo, creo que este tiempo de diez días está bien para la respuesta de la solicitud. Pero queda aplicado automáticamente para la publicación de los datos y me parece que es muy corto. Se debe dar más tiempo a la institución para valorar su plataforma, condiciones de la información, entre otras variables y definir el tiempo máximo de implementación del requerimiento. Además, puede ser que existan datos que son públicos que coexisten con otros que no lo son y eso se debe consultar al “responsable” de la información. Son situaciones que se deben considerar porque suman tiempo antes de publicar un dato.
En el artículo 17, después de enumerar los conjuntos de datos públicos, habla de “generar un escáner en formato pdf”, este concepto no queda claro, presumo que se refiere a generar un archivo en formato pdf.
Otra opinión pero general en cuanto a los dos decretos en consulta, es que veo que los mismos son muy similares y regulan el mismo tema de los datos abiertos. Mi recomendación sería hacer un único decreto que regule todo, de tal forma que se eviten duplicidades y confusiones.
Ignacio Alfaro dice:
07/03/2017 a las 9:21 AM
Desde Abriendo Datos Costa Rica queremos enfatizar en la importancia que tiene la capacitación A LA CIUDADANÍA en el ejercicio de ese derecho.
Los principios de acceso a la información comprenden esta función de divulgación:
“f.	Obligación de generar una cultura de transparencia
38.	Corresponde al Estado la obligación de promover, en un plazo razonable, una verdadera cultura de la transparencia, lo que implica campañas sistemáticas para divulgar entre el público en general la existencia y los modos de ejercicio del derecho de acceso a la información. A este respecto, la resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información” indica que, “deben adoptarse medidas para promover, implementar y asegurar el derecho de acceso a la información incluyendo […] la implementación de programas para aumentar la importancia en el público de este derecho” Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Principio 10.
Es por ello que es esencial que haya una divulgación del derecho de forma integral, con sus dimensiones de publicación proactiva, acompañamiento de solicitudes, sanciones, etc., para que haya una verdadera exigencia de parte de las personas, de garantías de su ejercicio y capacidad de fiscalizarlo adecuadamente.
07/03/2017 a las 10:26 AM
A mí lo que más me gustaría saber -de manera sumamente pública, abierta y de muy fácil acceso a cualquiera es ¿Quién financia a los diferentes partidos políticos?, ¿Cuáles son todas y cada una de las entidades que están detrás de los partidos? Y no solo al momento de hacer campaña

References: Artículo 3
 Artículo 5
 artículo 14
 Artículo 14
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 artículo 11
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
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 artículo 6
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 9
 artículo
12
 artículo 13
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 artículo 15
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 17
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