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Timestamp: 2020-01-26 23:09:26+00:00

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Registro Oficial. 3 de SEPTIEMBRE del 2003
Miércoles, 3 de Septiembre del 2003 - R. O. No. 161
784\n Ampliase por\n igual periodo la declaratoria de estado de emergencia, otorgada\n mediante Decreto Ejecutivo N0 564 de 2 de julio de 2003, a los\n cantones Quero, Cevallos, Mocha, Pelileo y Tisaleo y, los sectores\n de Juive Grande y Pondoa de la provincia de Tungurahua y, a Penipe\n y Guano de la provincia de Chimborazo.
19-2003	Vicente Herrera Herrera en\n contra de Monterrey Azucarera Lojana C.A., MALCA.
21-2003	María Purificación\n Guzmán Chalán en contra de Maria Medina Medina.
22-2003	Carlos Alberto Morocho Criollo\n en contra del H. Consejo Provincial del Azuay.
25-2003	Víctor Alfredo Caraguay\n Pucha en contra de Monterrey Azucarera Lojana C.A., MALCA. \n
26-2003	Manuel Ignacio Burbano en contra\n de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
29-2003\n Antonio Lima\n Pinto en contra de PACIFICTEL S.A..
39-2003	Martha Noemí Vergara\n Carlosama en contra del Instituto Nacional del Niño y\n la Familia INNFA
42-2003\n José\n Fernando Rodríguez Coronado en contra de la Empresa Nacional\n de Ferrocarriles del Estado
44-2003	Verónica Cecilia Carrión\n Orquera en contra de OTECEL S.A.
46-2003\n Alberto María\n Balarezo Hernández en contra de la Empresa Curtiembre\n Renaciente S.A.
49-2003	José Abad Herrera en\n contra del Consejo Provincial del Cañar
50-2003	Carlos Lizardo Novillo Calle\n en contra del H. Consejo Provincial del Cañar.
52-2003	Kléber Rojas Vera en\n contra de la Compañía Unión Bananera Ecuatoriana\n UBESA S.A.
548\n Mecanismo Andino\n de Cooperación en materia de Asistencia y Protección\n Consular y Asuntos Migratorios.
549\n Creación\n del Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA)..
550 Creación del Comité\n Andino de Identificación y Estado Civil (CAIEC).
551 Creación del Consejo\n Electoral Andino..
552 Plan Andino para la prevención,\n combate y erradicación del tráfico ilícito\n de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.
-\n Gobierno Municipal de Zaruma: Que\n regula la administración del impuesto de patentes municipales.\n
-\n Cantón Chordeleg: Que\n regula la determinación y administración del impuesto\n de patentes municipales.\n \n
Que es de conocimiento público que a consecuencia de\n la prolongada actividad eruptiva del volcán Tungurahua,\n vastas zonas, dentro de su área de influencia, están\n siendo severamente afectadas afrontando graves daños y\n destrucción en la agricultura y ganadería;
Que aparte de los ingentes daños materiales y económicos,\n hállase en riesgo la salud e integridad de los moradores\n de dichas zonas, en cuya ayuda es obligación del Estado\n acudir, debiendo adoptarse además las medidas precautelatorias\n que fueren menester para mitigar los efectos de este fenómeno\n natural; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos\n 180 y 181 de la Constitución Política de la República\n y del Decreto Ejecutivo N0 783 de 23 de agosto de 2003,
ARTICULO PRIMERO.- Ampliase por igual periodo la declaratoria\n del estado de emergencia, otorgada mediante Decreto Ejecutivo\n N0 564 de 2 de julio de 2003, a los cantones Quero, Cevallos,\n Mocha, Pelileo y Tisaleo y, los sectores de Juive Grande y Pondoa\n de la provincia de Tungurahua y a Penipe y Guano de la provincia\n de Chimborazo.
ARTICULO SEGUNDO.- Ordénase que los ministerios de\n Gobierno y Policía; Defensa Nacional; Obras Públicas\n y Comunicaciones; Salud Pública; Desarrollo Urbano y Vivienda;\n Agricultura y Ganadería; y, la Dirección Nacional\n de Defensa Civil, en lo que a cada cual le correspondiere, dispongan\n la ejecución inmediata de las acciones que fueren indispensables\n para contrarrestar los daños ocasionados en dichas localidades\n y áreas rurales, como consecuencia de la actividad volcánica\n del Tungurahua y para precautelar la integridad y supervivencia\n de los moradores de dichas zonas.
ARTICULO CUARTO.- De la ejecución de este decreto,\n que entrará en vigencia desde la presente fecha, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguense\n a los ministros de Gobierno y Policía; Defensa Nacional;\n Economía y Finanzas; Obras Públicas y Comunicaciones;\n Salud Pública; Desarrollo Urbano y Vivienda; y, Agricultura\n y Ganadería.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de agosto de 2003.
f.) Alfredo Palacio Gonzáles, Vicepresidente Constitucional\n de la República.
No. 19-2003
ACTOR:	Vicente Herrera Herrera.
DEMANDADA:	Monterrey Azucarera Lojana\n C.A. MALCA.
Quito, abril 30 de 2003; las 09h00.
VISTOS: Vicente Herrera Herrera, inconforme con la sentencia\n dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Loja, confirmatoria de la pronunciada por el Juez de origen\n en el juicio laboral que sigue contra Monterrey Azucarera Lojana\n C.A. "MALCA", en tiempo oportuno dedujo recurso de\n casación, accediendo por esta razón la causa a\n análisis y decisión de este Tribunal, que para\n hacerlo por ser el momento procesal considera:
PRIMERO.- Por las disposiciones constitucionales, las legales\n vigentes y el sorteo que consta de autos, la Segunda Sala de\n lo Laboral y Social es la competente para resolver la causa.-\n SEGUNDO.- El accionante en su escrito de interposición\n y fundamentación, manifiesta se han infringido las siguientes\n normas: Arts. 61, 277, 848 del Código de-Procedimiento\n Civil; inciso segundo del Art. 19 de la Ley de Casación;\n 219 y 220 del Código del Trabajo; 35 numeral cuarto de\n la Constitución Política de la República\n del Ecuador; y, las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia:\n Resolución de 18 de mayo de 1982, publicada en el R.O.\n 421 de 28 de enero de 1983, resolución de 5 de julio de\n 1989; publicada en el R.O.S. 233 de 14 de julio de 1989; y resolución\n de 19 de julio de 1989 publicada en el R.O. 245 de 2 de agosto\n de 1989. Fundamentando el mismo en las casuales primera y segunda\n del Art. 3 de la Ley de Casación.- TERCERO.- La pretensión\n fundamental de la impugnación se centra en afirmar que\n la celebración de una transacción no produce cosa\n juzgada, porque no existe un proceso contradictorio, agregando\n que los derechos del trabajador son irrenunciables, e imprescriptibles\n por tratarse de la jubilación patronal, situación\n que ha ocurrido en la especie.-CUARTO.- Al respecto este Tribunal\n considera: a) De fs. 9 a 11 del proceso consta compulsa certificada\n del acuerdo transaccional, al que llegaron las partes (Actor:\n Vicente Herrera Herrera / Demandado: Compañía Monterrey\n Azucarera Lojana C.A. "MALCA"), en el proceso No. 738,\n por pago del derecho de jubilación patronal, donde la\n empresa demandada reconoció la liquidación de "una\n suma única de dinero" por tal concepto. Dicho acuerdo\n fue elevado a sentencia por la Jueza Segunda Provincial del Trabajo\n del Loja; y, b) El actor Vicente Herrera Herrera, demanda por\n segunda ocasión el pago de la pensión jubilar mensual,\n a la Compañía Monterrey Azucarera Lojana C.A. "MALCA";\n y el Juez Séptimo de lo Civil de Loja, sede Catamayo,\n en sentencia rechaza la demanda, por considerar la existencia\n de cosa juzgada; resolución que fue apelada por el accionante,\n habiendo la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de\n Loja confirmado la resolución dictada por el Juez. Al\n respecto y observando los antecedentes expuestos, es necesario\n puntualizar: 1) Por cosa juzgada entendemos "la cuestión\n que ha constituido objeto de un juicio lógico por parte\n de los órganos jurisdiccionales, esto es, una cuestión\n acerca de la cual ha tenido lugar un juicio que la resuelve mediante\n la aplicación de la norma general al caso concreto y que,\n precisamente porque ha constituido objeto de un juicio lógico,\n se llama juzgada" (Ugo Roco, Tratado de Derecho Procesal\n Civil, volumen II, pág. 313); es decir para que exista\n cosa juzgada, previamente debe haber un trámite legal\n (juicio, litigio o controversia), sometido a la decisión\n del Juez competente, implicando la concurrencia de las partes\n en pugna de intereses que tendrán que demostrar cada una\n sus asertos dentro de la contienda legal que culminará\n con la decisión de quien se halle investido de jurisdicción\n y competencia. Debe sin embargo tenerse presente que la cosa\n juzgada puede ser formal y material, siendo consecuentemente\n distintos los efectos de la una y la otra, así la primera\n consiste en la imposibilidad de reabrir la discusión en\n el mismo proceso (inmutabilidad); mientras la segunda se refiere\n a la irrecurribilidad de las sentencias, acompañada de\n la inmutabilidad de las mismas. 2) Nuestras normas adjetivas\n mandan que en todo trámite verbal sumario la contestación\n a la demanda se la realizará en la audiencia de conciliación,\n donde el Juez procurará la conciliación y, de lograrla,\n quedará concluido el juicio (Art. 848 del Código\n de Procedimiento Civil). En la especie, el primer proceso concluyó\n por la voluntad conciliatoria de las partes, dejando de existir\n pugna de intereses y por tanto ya no hubo nada que decidir, dicho\n de otra manera, fue la facultad de las partes de llegar a un\n acuerdo la que puso fin al juicio, y no la decisión del\n Juez; sin embargo dicha autoridad, estuvo en la obligación\n de cuidar que, el acuerdo no implique renuncia de derechos por\n parte del trabajador. Configurándose en tal momento la\n existencia de cosa juzgada formal. 3) Es necesario tomar en cuenta\n que nos estamos refiriendo al Derecho Laboral, es decir, al derecho\n quizá más representativo de lo que en doctrina\n se conoce como Derecho Social, el cual ha sido y es materia de\n protección en nuestra legislación. Actualmente,\n la Constitución vigente, dispone en su Art. 35 número\n 4, que: "Los derechos del trabajador son irrenunciables.\n Será nula toda estipulación que implique renuncia,\n disminución o alteración; y luego, en el número\n 5, dice: "Será válida la transacción\n en materia laboral, siempre que no implique renuncia de derechos...",\n es decir, normas supremas que prevalecen ante cualquiera otras\n y que deben ser respetadas y aplicadas por sobre las que se les\n opongan. 4) La jubilación ha sido declarada por el Tribunal\n Supremo derecho imprescriptible, lo cual implica que es irrenunciable.\n De ahí que en innumerables fallos- emitidos por las salas\n de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia se ha\n sentado jurisprudencia respecto del pago de la jubilación\n patronal; en ellos se ha dicho ya, al amparo de las normas constitucionales,\n que no es negociable, es irrenunciable, es intangible y que por\n ser de tracto sucesivo debe ser satisfecha mes a mes y no con\n una sola cantidad que va en detrimento del origen y fundamento\n jurídico de esta institución laboral que persigue\n la protección económica de los trabajadores. Salvo\n claro está, en las condiciones que establecía el\n Art. 219 del Código del Trabajo, a la fecha de presentación\n de la demanda. Por lo expuesto, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la\n sentencia dictada por el Tribunal de alzada, ordenando la satisfacción\n de la pensión jubilar mensual y sus adicionales, desde\n el mes siguiente a la terminación de la relación\n laboral, debiendo descontarse lo entregado al trabajador por\n tal concepto mediante acuerdo transaccional. Notifíquese\n y devuélvase.
Fdo.) Dres. Camilo Mena Mena (VS.), Julio Jaramillo Arízaga\n y Teodoro Coello Vázquez, Magistrados.
RAZÓN: Es fiel copia de su original.- Certifico.- f.)\n Dr. Dr. Julio Arieta Escobar, Secretario Relator.
VOTO SALVADO DEL SEÑOR MAGISTRADO DR. CAMILO MENA MENA\n DENTRO DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR VICENTE HERRERA HERRERA\n CONTRA MONTERREY AZUCARERA LOJANA "MALCA".
VISTOS: Vicente Herrera Herrera interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Loja, en el juicio laboral que sigue contra Monterrey\n Azucarera Lojana "MALCA". Siendo el estado del recurso\n el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Una competencia\n de esta Sala se halla radicada en virtud de lo dispuesto en el\n Art. 200 de la Constitución Política y por la razón\n de sorteo que obra de fojas 1 de este cuaderno.- SEGUNDO.- El\n accionante en su escrito de interposición y fundamentación,\n manifiesta que, se han infringido las siguientes disposiciones\n legales: Arts. 61, 277, 848 del Código de Procedimiento\n Civil; inciso segundo del artículo 19 de la Ley de Casación;\n 219 y 220 del Código del Trabajo; 35 numeral cuarto de\n la Constitución Política, resolución de\n 18 de mayo de 1982, publicada en el R.O. No. 421 de 28 de enero\n de 1983; resolución de 5 de junio de 1989, publicada en\n el R.O.S. No. 233 de 14 de julio de 1989; y, resolución\n de 19 de julio de 1989, publicada en el R.O. No. 245 de 2 de\n agosto de 1989. Se fundamenta en las causales primera y segunda\n del Art. 3 de la Ley de Casación.- TERCERO.- La pretensión\n fundamental de la impugnación se centra en afirmar que\n la celebración de una transacción no produce cosa\n juzgada, porque no existe un proceso contradictorio, agregando\n que los derechos del trabajador son irrenunciables, e imprescriptibles\n por tratarse de la jubilación patronal.-CUARTO.- A fojas\n 8 a 11 del proceso, consta la demanda que el actor presentó\n anteriormente, que en su parte pertinente dice: "con estos\n antecedentes comparezco ante su autoridad y demando en juicio\n verbal sumario a mi empleador Monterrey Azucarera Lojana C.A.\n (MALCA) en la persona de su representante legal al señor\n ingeniero Harold Steve Brown Hidalgo, en calidad de Gerente General\n de la Compañía para que en sentencia se me conceda\n la jubilación patronal a la que tengo derecho, sea en\n base de una pensión mensual que por ley me corresponde\n o ya en base a una suma de dinero como pago único en concepto\n de la jubilación patronal". "la cuantía\n la fijo en un millón quinientos mil sucres". Por\n sorteo conoció y tramitó la Jueza Segunda Provincial\n del Trabajo de Loja. A fojas 4 al II obra copia de la demanda,\n audiencia de conciliación y del fallo que en dicho juicio\n se dictó, en el que la Jueza en la diligencia de audiencia\n de conciliación, a la que convocó a las partes,\n "aprueba el acuerdo al que han llegado las partes, declara\n extinguida la obligación y ordena el archivo del juicio";\n y, "En la misma diligencia la parte demandada entrega al\n actor el cheque No. 119468 del Banco de Loja, por la suma de\n dos millones de sucres". QUINTO.- No hay ninguna duda de\n que para el caso es aplicable la norma del articulo 301 del Código\n de Procedimiento Civil, que dice: "La sentencia ejecutoriada\n surte efectos irrevocables respecto de las partes que siguieron\n los juicios o de sus sucesores en el derecho. En consecuencia,\n no podrá seguirse nuevo juicio cuando en los dos juicios\n hubiere tanto identidad objetiva constituida por la intervención\n de las mismas partes con identidad objetiva, consistente en que\n se demande la misma cosa, cantidad o hecho". La autoridad\n de cosa juzgada no tiene lugar sino precisamente con respecto\n a lo que ha sido objeto del juicio. Es necesario que la demanda\n se instaure sobre la misma cosa, contra las mismas personas y\n con la misma calidad. Para el Dr. Juan Isaac Lovato, en su obra\n Programa Analítico del Derecho Procesal Ecuatoriano "la\n cosa juzgada se presume verdadera y la Ley le da el carácter\n de irrevocable, no admitiendo a las partes a probar lo contrario,\n porque de otro modo, los pleitos no tendrán fin".\n "De aquí viene la máxima del derecho romano\n RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR. La cosa juzgada es la fuerza\n que el derecho atribuye a los resultados procesales, fuerza traducida\n en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho\n en el proceso". Siendo la expresión "pasada\n por autoridad de cosa juzgada" una fórmula legal\n y doctrinaria equivalente a la de firmeza de la resolución.\n Es una institución de aplicación general, necesaria,\n que en ningún caso, se interpone con el criterio social,\n constitucional y con el Código del Trabajo.
Por lo expuesto, la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Loja, ha aplicado lo preceptuado en el artículo 301\n del Código de Procedimiento Civil. Por las consideraciones\n anotadas, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso propuesto.
f.) Dr. Julio Arieta Escobar, Secretario Relator.
Es fiel copia del original.- Certifico.- f.) Ilegible.
No. 21-2003
ACTORA:	Maria Purificación Guamán\n Chalán.
DEMANDADA:	María Medina Medina.
Quito, abril 29 de 2003; las 09h00.
VISTOS: María Purificación Guamán Chalán,\n interpone recurso de casación de la sentencia dictada\n por la Sala Única de la Corte Superior de Justicia de\n Tulcán, en el juicio laboral que le sigue a María\n Medina Medina. La demandante sostiene que en el fallo impugnado\n se han infringido los artículos: 121, 125, 126 y 127 del\n Código de Procedimiento Civil. Fundamenta su recurso en\n las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley\n de Casación. Siendo el estado del recurso el de resolver,\n para hacerlo se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala\n se halla radicada en virtud de lo dispuesto en el articulo 200\n de la Constitución Política y por la razón\n de sorteo que obra de fojas 1 de este cuaderno.- SEGUNDO.- La\n Corte Superior de Justicia de Tulcán, en el considerando\n tercero del fallo impugnado, divide la actividad que desarrolló\n María Guamán Chalán en dos etapas: la primera,\n en la parroquia Urdaneta del cantón Saraguro, provincia\n de Loja, desde febrero de 1993 hasta el 15 de agosto de 1999;\n y, la segunda, "comprendida desde el 19 de agosto de 1999\n hasta el 18 de septiembre de 2001" en Huaquer, cantón\n Montúfar, provincia del Carchi. Sobre la primera etapa,\n la Sala de alzada, con fundamento de las pruebas presentadas,\n estima que no hubo relación laboral; pues, no se cumplieron\n los requisitos que manda el Art. 8 del Código del Trabajo.\n En cambio, sobre el segundo periodo -agosto de 1999 hasta 18\n de septiembre de 2001- el inferior acepta la existencia de la\n relación laboral, a base de la prueba testimonial, en\n la cual se cumplen todos los requisitos que establece el Código\n de Procedimiento Civil.- TERCERO.- En verdad, la norma del Art.\n 35 numeral 6 de la Constitución Política y el Art.\n 7 del Código del Trabajo disponen que en caso de duda\n sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias\n o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el\n sentido más favorable al trabajador. Sin embargo, el juzgador\n necesita elementos de juicio que le permitan aplicar estos principios\n del derecho social. En la presente controversia, como bien apunta\n la Sala de alzada, en torno al reclamo de la demandante, no hay\n fundamentos ni bases para aceptar la existencia de la relación\n laboral en la primera etapa que dice efectuó en el cantón\n Saraguro de la provincia de Loja. No existe duda sobre esta situación.\n Por lo mismo, el Tribunal de alzada ha actuado con estricta aplicación\n de lo que manda el Art. 119 del Código de Procedimiento\n Civil, sin infringir ninguna de las normas invocadas en el recurso.\n Por las consideraciones expuestas, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n el recurso de casación. Sin costas. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Camilo Mena Mena, Julio Jaramillo Arizaga y Teodoro\n Coello Vázquez, Magistrados.
Dr. Julio Arieta Escobar, Secretario Relator.
No. 22-2003
ACTOR:	Carlos Alberto Morocho Criollo.
DEMANDADO:	H. Consejo Provincial del\n Azuay.
Quito, abril 29 de 2003; las 11h20.
VISTOS:	Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Prefecto Provincial\n del Azuay y Dr. Fernando Fernández de Córdova,\n Procurador Sindico Provincial, representantes legales del H.\n Consejo Provincial del Azuay, interponen recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Cuenca, en el juicio laboral propuesto por -Carlos\n Alberto Morocho Criollo. Afirman que en el fallo que impugnan\n se han infringido las normas de los artículos: 56 del\n Décimo Tercer Contrato Colectivo celebrado entre el Consejo\n Provincial del Azuay y su Sindicato de Obreros y el 219 del Código\n del Trabajo. Fundamentan su recurso en lo previsto en la casual\n primera del artículo 3 de la Ley de Casación. Siendo\n el estado del recurso el de resolver, para hacerlo se considera:\n PRIMERO.- La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud\n de lo dispuesto en Art. 200 de la Constitución Política\n y por la razón de sorteo que obra de fojas 1 de este cuaderno.-\n SEGUNDO.- Respecto, a la falta de aplicación del Art.\n 56 del contrato colectivo, en el que se ha estipulado que, "El\n obrero que se acoja al beneficio de la jubilación patronal\n podrá escoger entre la pensión de jubilación\n establecida en el inciso primero del Art. 54 del presente contrato\n colectivo, o el monto equivalente a cinco años del último\n salario básico mensual percibido por éste.",\n cabe anotar, que las salas de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, han venido sosteniendo en sus fallos que\n la jubilación patronal que puntualiza el Art. 219 del\n Código del Trabajo, no puede ser pagada mediante la entrega\n de una suma global por una sola vez, sino mediante pensiones\n mensuales, continuadas, para asegurar un medio de supervivencia\n del jubilado. Por lo mismo, es procedente la impugnación\n hecha por el ex trabajador al pago efectuado en la forma como\n ha ocurrido en la especie. Consecuentemente, la Primera Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, ha procedido con\n sujeción a la ley y, por supuesto, con aplicación\n de lo que preceptúa el Art. 19 de la Ley de Casación,\n al resolver en su fallo que las pensiones jubilares patronales\n deben pagarse mensualmente.-TERCERO.- En lo concerniente a la\n afirmación y fundamentación que plantean los recurrentes\n en el sentido de que en la sentencia se resuelve un asunto que\n no fue materia del litigio, se advierte que el desacuerdo expresado\n por los recurrentes, tiene fundamento jurídico; pues,\n el demandante, en el numeral 7 de su escrito inicial, demanda\n "El pago de la jubilación patronal, conforme ordena\n el Artículo 219 del Código del Trabajo", mas\n no como ordena el Juez a quo en su sentencia de primer nivel\n y que fuera confirmada por la Corte de apelación, de conformidad\n con el Art. 54 del contrato colectivo, decidiendo de este modo,\n sobre un asunto ajeno a la litis. Por las consideraciones que\n anteceden, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa parcialmente la sentencia\n recurrida y dispone que el Juez de primer nivel calcule la jubilación\n patronal de conformidad con el Art. 219 del Código del\n Trabajo. Sin costas. Notifíquese.
No 25-2003
ACTOR:	Víctor Caraguay Pucha.
DEMANDADA:	MALCA.
Quito, abril 2 de 2003; las 15h10.
VISTOS: Víctor Alfredo Caraguay Pucha, inconforme con\n la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Loja, revocatoria de la pronunciada por el Juez\n de origen en el juicio laboral que le sigue a Monterrey Azucarera\n Lojana C.A. "MALCA", en tiempo oportuno dedujo recurso\n de casación, accediendo por esta razón la causa\n a análisis y decisión de este Tribunal, que para\n hacerlo por ser el momento procesal, considera: PRIMERO.- Por\n las disposiciones constitucionales, las legales vigentes y el\n sorteo que consta de autos, la Segunda Sala de lo Laboral y Social\n es la competente para resolver la causa.- SEGUNDO.- El accionante\n en su escrito de interposición y fundamentación\n manifiesta se han infringido las siguientes normas: Arts. 61,\n 277, 848 del Código de Procedimiento Civil; Art. 19 inciso\n segundo de la Ley de Casación; Arts. 219 y 220 del Código\n del Trabajo; Art. 35 numeral 4 de la Constitución Política.\n Además de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia\n de fechas: 18 de mayo de 1982, 5 de julio de 1989 y 19 dé\n julio de 1989. Fundamenta su recurso en las causales primera\n y segunda del artículo 3 de la Ley de Casación.-\n TERCERO.- La pretensión fundamental de la impugnación\n se centra en afirmar que la celebración de una transacción\n no produce cosa juzgada, porque no existe un proceso contradictorio,\n agregando que los derechos del trabajador son irrenunciables\n e imprescriptibles por tratarse de la jubilación patronal,\n situación que ha ocurrido en la especie.-CUARTO.- Al respecto\n este Tribunal considera: a) A fs. 13 consta copia certificada\n del acuerdo transaccional, al que llegaron las partes (Actor:\n Víctor Alfredo Caraguay Pucha / Demandado: Compañía\n Monterrey Azucarera Lojana C.A. "MALCA"), en el proceso\n No. 441, por pago del derecho de jubilación patronal,\n donde la empresa demandada reconoció la liquidación\n de "una suma única de dinero" por tal concepto.\n Acuerdo que fue elevado a sentencia por la Jueza Primera del\n Trabajo de Loja, b) A fojas 16 a 17 vta. consta copia certificada\n de la sentencia dictada en el segundo proceso (No. 725), cuya\n pretensión fue el "pago de pensión jubilar\n mensual y sus adicionales"; donde el Juez Segundo del Trabajo\n de Loja, rechazó la demanda, por considerar probada la\n existencia de la excepción de cosa juzgada entre la transacción\n celebrada en el primer proceso y el segundo proceso. El actor\n inconforme con esta resolución apeló ante el Superior,\n habiéndose radicado la competencia en la Primera Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Loja, que revocó la\n sentencia venida en grado, disponiendo el pago de la pensión\n jubilar vitalicia, y sus adicionales. Tal decisión fue\n impugnada mediante recurso de casación, que mereció\n resolución de aceptación por parte de la Primera\n Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,\n que declaró la existencia de cosa juzgada, y, c) El actor\n Víctor Alfredo Caraguay Pucha, demanda por tercera ocasión\n el pago de la pensión jubilar mensual, a la Compañía\n Monterrey Azucarera Lojana C.A. "MALCA"; y el Juez\n Suplente del Juzgado Segundo del Trabajo de Loja, en sentencia\n admite la demanda propuesta y dispone el pago de la jubilación\n patronal mensual y sus adicionales; resolución que fue\n apelada por el accionado, habiendo la Primera Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Loja, revocado la resolución dictada\n por el Juez. Al respecto y observando los antecedentes expuestos,\n este Tribunal determina la improcedencia del recurso de casación\n interpuesto por el actor, pues no cabe confundir la calidad de\n derecho irrenunciable e imprescriptible que tiene la jubilación\n patronal con la continuación indefinida de procesos, que\n es lo que se pretende en esta causa; en la especie se ha configurado\n la institución de cosa juzgada (Art. 301 del Código\n de Procedimiento Civil), y que confluyen tanto la identidad subjetiva,\n constituida por las mismas partes, Actor: Víctor Alfredo\n Caraguay Pucha. Demandado: Compañía Monterrey Azucarera\n Lojana C.A. "MALCA"; así como la identidad objetiva\n constituida -por dos aspectos: a) Objeto decidido: pago de jubilación\n patronal; y, b) Causa invocada: derecho consagrado en el Art.\n 219 del Código del Trabajo, por haber laborado por más\n de veinte y cinco años en forma continuada o interrumpida\n en la empresa, por consiguiente el Tribunal de alzada no ha incurrido\n en vicio alguno al confirmar la sentencia dictada por el Juez\n de origen, la misma que precautela la seguridad y eficacia jurídica\n en el cumplimiento de la sentencia, no existiendo la posibilidad\n de "volver a discutir por las mismas partes, el mismo hecho,\n cosa o cantidad y sobre la misma causa, razón o derecho".\n Cabe advertirse además que en este litigio no existe contradicción\n con los fallos de mayoría dictados por este Tribunal,\n en otros casos, puesto que en ellos no existía la configuración\n de cosa juzgada material sino formal, en donde plenamente cabe\n volver a discutir sobre el asunto; situación que en la\n especie no es la misma, puesto que ya se discutió en el\n segundo proceso, sobre las mismas identidades, habiéndose\n determinado la configuración de cosa juzgada material\n a través de la sentencia pronunciada por la Primera Sala\n de la Corte Suprema de Justicia, Por ello, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desestima\n el recurso de casación interpuesto. Notifíquese\n y devuélvase.
Lo que comunico a usted para los fines legales.
No 26-2003
ACTOR:	Manuel Ignacio Burbano.
DEMANDADA:	Industria Cartonera Ecuatoriana.
\n SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL -
Quito, abril 3 de 2003; las 10h35.
VISTOS: Manuel Ignacio Burbano, inconforme con el fallo dictado\n por la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,\n interpone recurso de casación en el juicio laboral que\n sigue en contra de los señores Héctor Crespo Ricaurte\n y Norman Reed Philippe, por sus propios derechos y por los que\n representan en la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. Afirma\n que en la sentencia que impugna se han infringido los preceptos\n de los artículos: 35 numeral 1 y 4 de la Constitución\n Política; 39 inciso 10 y 219 del Código del Trabajo;\n 119 del Código de Procedimiento Civil y 19 de la Ley de\n Casación. Siendo el estado del recurso el de resolver,\n para hacerlo se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala\n se halla radicada en virtud de lo dispuesto en el articulo 200\n de la Constitución Política y por la razón\n de sorteo que obra de fojas 1 de este cuaderno.-SEGUNDO.- Según\n el estudio que contiene el escrito de casación, este Tribunal\n observa que el asunto, como el propio recurrente lo puntualiza,\n "se centra en que judicialmente se reliquide" la pensión\n jubilar que viene percibiendo; pues, a su juicio no se cumplieron\n con los procedimientos de cálculo prescritos en el artículo\n 219 del Código del Trabajo. Para sustentar su recurso,\n cita las normas señaladas anteriormente, sobre las características\n del derecho del trabajo y la facultad de los jueces para declarar\n inaplicables los preceptos jurídicos contrarios a las\n normas constitucionales. Invoca el artículo 119 del Código\n de Procedimiento Civil, sobre la forma como debe apreciarse la\n prueba. Finalmente, recuerda el contenido del articulo 19 de\n la Ley de Casación, sobre la triple reiteración\n de fallos.-TERCERO.- La Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil, en el considerando tercero del fallo impugnado,\n hace un extenso análisis, para llegar a la conclusión\n de que no es procedente el reclamo del accionante, criterio con\n el cual está de acuerdo este Tribunal. Pero, adicionalmente,\n esta Sala advierte que el demandante en su libelo inicial pidió\n que se realice el cálculo de la pensión mensual\n de jubilación "en atención a mis reales remuneraciones\n percibidas, más intereses", lo cual difiere del texto\n del recurso de casación. De fojas 15 a 24 del proceso\n aparece el acta de "liquidación de la pensión\n de jubilación patronal", celebrada ante el Inspector\n del Trabajo y un detalle completo de las remuneraciones percibidas\n por el actor. No existe ningún error en el cálculo\n realizado y, del expediente, no hay prueba alguna de que el accionante\n haya recibido remuneraciones en otras cantidades. Por otro lado,\n aparece que el señor Burbano está recibiendo la\n pensión jubilar patronal en forma regular. En la fundamentación\n de la casación, el recurrente lo que pide es una reliquidación\n de la pensión, calculada ya ante la autoridad competente,\n porque a juicio es inferior al monto que le corresponde. Para\n esto, no existe norma en el derecho positivo que permita esta\n reliquidación. Consecuentemente, la Sala de alzada al\n dictar su fallo, no ha infringido ninguna de las normas constitucionales\n ni legales invocadas por el recurrente. Por las consideraciones\n anotadas, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE -DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación\n propuesto. Sin costas. Notifíquese.
No 29-2003
ACTOR:	Antonio Lima Pinto.
DEMANDADA:	PACIFICTEL S.A.
Quito, abril 15 de 2003; las 09h20.
VISTOS: Inconforme con la sentencia dictada por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, el señor\n José Antonio Sáenz Fernández, en representación\n de PACIFICTEL S.A. interpone recurso de casación en el\n juicio laboral que sigue Antonio Lima Pinto. Manifiesta que en\n el fallo que ataca se han infringido las normas del Art. 17,\n literal e) del reglamento para la aplicación de la Ley\n de Régimen Tributario Interno. Que existe falta de aplicación\n del Art. 89-A del reglamento para la aplicación de la\n Ley de Régimen Tributario. Fundamenta su recurso en lo\n previsto en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación.\n Siendo el estado del recurso el de resolver, para hacerlo se\n considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala se halla radicada\n en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución\n Política y por la razón de sorteo que obra de fojas\n 1 de este cuaderno.- SEGUNDO.- Según el texto del escrito\n que contiene el recurso y las piezas procesales, uno solo es\n el punto sometido a conocimiento de este Tribunal: a devolución\n de la cantidad retenida por PACIFICTEL S.A. al demandante, por\n concepto de retención del impuesto a la rente, en el momento\n en que actor y demandado celebraron acuerdo y la demandada entrega\n al accionante el valor de sus indemnizaciones de trabajo. El\n casacionista sostiene que tal retención la hizo con fundamento\n a lo que disponen las normas de los artículos 17 literal\n e) y 89-A del Reglamento para la Aplicación de la Ley\n de Régimen Tributario Interno.- TERCERO.- Al demandante\n se le reconoció la cantidad de S/. 1.683'293.090, por\n liquidación de beneficios sociales e indemnización\n por terminación unilateral de la relación laboral\n con PACIFICTEL S.A., de esta suma, de conformidad con el Art.\n 89 - A de la Ley de Régimen Tributario Interno, la empresa\n retuvo la suma de S/. 377'050.088 por concepto de impuesto a\n la renta, pues en virtud del Art. 27 inciso segundo del literal\n a) de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 181 del 30\n de abril de 1999: "Las indemnizaciones que sobrepasen los\n montos determinados en el Código del Trabajo, la Ley de\n Servicio Civil y Carrera Administrativa y otras disposiciones\n que regulan el servicio civil estarán sometidas al impuesto\n a la renta sobre el exceso del monto legal,...". El Tribunal\n Constitucional mediante Resolución No. 029-2000-TP, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 67 de 28 de abril de\n 2000 resuelve declarar la inconstitucionalidad por el fondo y\n suspender los efectos de las disposiciones entre otras el inciso\n segundo del literal a) del Art. 27 de las reformas a la ley enunciada.-\n CUARTO.- Ahora bien, la retención se realizó el\n 13 de abril de 2000, cuando se encontraba vigente la Ley para\n la Reforma de las Finanzas Públicas, sin que se pueda\n aplicar la resolución del Tribunal Constitucional, por\n ser posterior a la retención, ya que de conformidad con\n el Art. 278 de la Constitución la declaratoria de inconstitucionalidad\n entra en vigencia desde la fecha de su promulgación en\n el Registro Oficial y no tiene efecto retroactivo.- QUINTO.-\n Consta del expediente que efectivamente el Servicio, de Rentas\n Internas recibió la cantidad retenida, tal es así,\n que el Ab. Antonio Lima Pinto, demandante en la presente causa,\n hizo el reclamo administrativo para que se le reintegre los valores\n pagados por impuesto a la renta. Por las consideraciones anotadas,\n esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia dictada por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil y rechaza\n la demanda. Sin costas. Notifíquese.
f.) Julio Arieta Escobar, Secretario Relator.
No. 39-2003
ACTORA:	Martha Noemí Vergara\n Carlosama.
DEMANDADO:	Instituto Nacional del Niño\n y la Familia.
Quito, mayo 12 de 2003; las 11h00.
VISTOS: Gladys Maria Romo Leroux Pazmiño, Directora\n Ejecutiva del Instituto Nacional del Niño y la Familia\n INNFA, en su calidad de representante legal del organismo, interpone\n recurso de casación de la sentencia dictada por la Sexta\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, en el juicio\n laboral que sigue la señora Martha Noemí Vergara\n Carlosama. Funda su recurso en la causal tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación. Siendo el estado del recurso\n el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- La competencia\n de esta Sala se halla radicada en virtud de lo dispuesto en el\n artículo 200 de la Constitución Política\n y por la razón de sorteo que obra de fojas 1 de este cuaderno.-\n SEGUNDO.- El análisis del escrito que contiene el recurso\n de casación, permite a este Tribunal observar que el asunto\n fundamental es la impugnación que hace la demandada a\n la relación laboral que ha sido aceptada por la Sala de\n alzada.- Sostiene la casacionista que la demandante fue "madre\n comunitaria", designada por el Comité de Padres de\n Familia del Centro de Desarrollo Infantil "Estrellitas de\n la Vida". Para sustentar su recurso invoca la norma del\n artículo 119 del Código de Procedimiento Civil,\n sobre la forma como debe apreciarse la prueba y cita lo preceptuado\n en el artículo 593 del Código del Trabajo, sobre\n la "valoración de los informes y certificaciones\n de las instituciones públicas y de las instituciones de\n derecho privado con finalidad social o pública".-\n TERCERO.- La Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito,\n en el considerando tercero hace un análisis completo de\n las pruebas presentadas, tanto instrumentales como testimoniales,\n y todas, con estricto apego a la ley, demuestran fehacientemente\n que la relación que la demandante mantuvo con el INNFA,\n fue de Coordinadora Comunitaria de los Centros de Desarrollo\n Infantil, promovido por dicha institución y "que\n no se pueden confundir como un voluntariado". Por lo mismo,\n la Sala de alzada estima que con las pruebas actuadas se ha probado\n y cumplido los presupuestos que establece el artículo\n 8 del Código del Trabajo. Cierto que los demandados han\n presentado varios instrumentos para pretender enervar las afirmaciones\n de la accionante; sin embargo, es fácil advertir, particularmente,\n con la libreta de ahorros de Filanbanco y la absolución\n rendida por la señorita Susana Emperatriz Callay Toledo,\n una de las demandadas, que aparece de fojas 69 y 72, que la relación\n laboral entre la actora y el INNFA, existió. Por lo expuesto,\n este Tribunal considera que la Sexta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Quito, al dictar su fallo no ha infringido las\n normas legales invocadas por la demandada en su escrito que contiene\n el recurso de casación. Consecuentemente, esta Sala, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n rechaza el recurso de casación. Sin costas. Notifíquese.
No. 42-2003
ACTOR:	José Femando Rodríguez\n Coronado.
DEMANDADA:	Empresa Nacional de Ferrocarriles\n del Estado.
Quito, mayo 27 de 2003; las 10h10.
VISTOS: José Fernando Rodríguez Coronado, interpone\n recurso de casación de la sentencia dictada por la Sexta\n Sala de la Corte Superior de Quito, en el juicio verbal sumario\n de trabajo que por reclamaciones de índole laboral le\n sigue a la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, representada\n por el Arq. Ing. Carlos León Romero y el Procurador General\n del Estado. Definida la competencia de la Sala por el sorteo\n respectivo, para resolver se considera: PRIMERO.-El recurrente\n invoca como normas de derecho infringidas los Arts. 117, 118,\n 119 y 120 del Código de Procedimiento Civil; 4, ~, 6,\n 7 y 592 del Código del Trabajo; y, el Art. 35 numerales\n 1, 3, 4, 5 y 6 de la Constitución. Funda su recurso en\n la causal primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación.\n Afirma que se convalidó el acta transaccional de terminación\n de relaciones laborales, sin que conste en la misma, en forma\n detallada los haberes que reclamó en su escrito de demanda.-\n SEGUNDO.- El motivo de la impugnación es el valor de prueba\n que le dio el Tribunal de apelación al acta transaccional;\n al respecto cabe señalar lo siguiente: 1.- Que el actor\n presentó su renuncia para acogerse a la indemnización\n puntualizada en el Art. 52 de la Ley de Modernización\n del Estado y Art. 27 del reglamento general de dicha Ley. 2.-\n Que el trabajador recibió los valores que le correspondían\n por haberse acogido a la Ley de Modernización y ciertos\n rubros correspondientes a vacaciones, proporcionales de los décimos\n tercero, cuarto, quinto sueldos y bono ferroviario. 3.- Que el\n acta transaccional cumple con los requisitos determinados en\n el Art. 592 del Código del Trabajo. Consecuentemente,\n la Sexta Sala de la Corte Superior de Quito no infringió\n norma legal alguna al darle el valor de prueba en cuanto a las\n cuentas que liquida y a la forma en que terminó la relación\n laboral entre las partes, por lo que, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se deniega\n el recurso de casación interpuesto por la parte actora.-\n Publíquese, notifíquese y devuélvase.
Quito, junio 10 de 2003; las 09h10.
VISTOS: Agréguese a los autos el escrito que antecede.\n La sentencia dictada por esta Sala el 27 de mayo de 2003 a las\n 10h10, es totalmente clara e intelegible, en consecuencia, niégase\n por improcedente la petición de ampliación y aclaración\n solicitada por el actor. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arízaga, Teodoro Coello\n Vázquez, Ministros y Olmedo Lupera Almeida (Voto Salvado),\n Conjuez.
Es fiel copia del original. Certifico.
VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR Olmedo LUPERA ALMEIDA\n - CONJUEZ PERMANENTE, EN Él, JUICIO LABORAL # 42-2003,\n QUE SIGUE JOSÉ RODRÍGUEZ CORONADO CONTRA LA EMPRESA\n NACIONAL DE FERROCARRILES DEL ESTADO.
VISTOS: Por cuanto no me pronuncié en el fallo de mayoría,\n salvo mi voto en la aclaración y ampliación solicitada\n por el actor. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arizaga, Teodoro Coello Vázquez,\n Ministros y Olmedo Lupera Almeida (Voto Salvado), Conjuez.
No. 44-2003
ACTORA:	Verónica Cecilia Carrión\n Orquera.
DEMANDADA:	OTECEL S.A.
Quito, abril 29 de 2003; las 10h40.
VISTOS: Ing. Carlos Tomás Blanco, apoderado general\n y representante legal de OTECEL S.A., interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Quito, en el juicio laboral que sigue Verónica\n Cecilia Carrión Orquera. Manifiesta que en el fallo que\n ataca se han infringido las normas de los artículos: 172\n numerales 2 y 3 y el 169 numeral 7 del Código del Trabajo.\n Fundamenta su recurso en lo que dispone la causal primera del\n Art. 3 de la Ley de Casación. Siendo el estado del recurso\n el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- La competencia\n de esta Sala se halla radicada en virtud de lo dispuesto en el\n artículo 200 de la Constitución Política\n y por la razó

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 artículo 301
 artículo 3
 artículo 3
 Artículo 219
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 119
 Resolución 
 resolución 
 artículo 200
 artículo 119
 artículo 593
 artículo 200