Source: http://analisisdecoyuntura.com.ar/index.php?a=699&c=142
Timestamp: 2017-09-21 15:43:00+00:00

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Revista Mensual | Número: -133-132-131-122-120-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-105-104-103-102-101-100-99-98-97-96-95-94-93-92-91-90-89-88-87-86-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-67-66-65-64-63-62-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-2701234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 Julio de 2017
Pequeño frente unido contra el trabajo
Extranjerización y entrega 1: Petróleo
Extranjerización y entrega 2: Minería
La lógica del endeudamiento como mecanismo de la entrega
Liquidación granaria
Dos ejemplos regionales de la crisis del programa económico
Unidad oligarquía financiera/grupos locales y el frente unido contra los trabajadores
Los límites objetivos del Frente patronal y el embrión de la rearticulación del frente nacional
El proyecto de la oligarquía de coligar al empresariado y los embriones tibios del nuevo frente nacional
“fétido tiro, compro marcial, compro asesino, compro fusilo
(compro tiro) compro tirado, compro tirador,
compro asesinado, compro memoria, compro fusilado, compro bombardeado, compro aviación
compro por compro, padre dolores, padre sudores, padre humeante bajo escombros los patios y los humos de los árboles la patria la masa el fogón que cuece la soga. compro colgado compro colgador”
(“Tocado en esquina” en Cancionero al paso). Federico García
“fulgor
al que se aferra despojado un porvenir
cielo de arriba, cielo de abajo: un grito
preanuncia la inversión de ese cielo.”
(“Legumbre o gloria” en Canciones del tercer cordón) Leónidas Lambertini Trío
La incapacidad de los EEUU de comandar el proceso de globalización, que se manifestó por ejemplo en el rechazo a cumplir el acuerdo climático de París, forzó a Alemania a ocupar el lugar bacante. Tal situación explica la gira diplomática de Ángela Merkel por Latinoamérica y su inesperada visita a la Argentina.
En su paso por el país, la canciller alemana buscó sumar el apoyo del presidente Mauricio Macri en la defensa del sistema de gobernanza multilateral y el libre mercado, abandonado por el presidente Donald Trump: “Los dos queremos defender el libre comercio y el sistema de negociación multilateral de la OMC” dijo en la conferencia de prensa que ambos mandatarios realizaron (CL 8/6).
La réplica de Macri, coincidió con los puntos de vista de la canciller al alistarse en el campo de “la lucha contra el cambio climático” y la defensa del “libre comercio”; cuestiones axiales que aludieron directamente a los Estados Unidos. Estas palabras tuvieron una gran importancia simbólica si recordamos que apenas el mes pasado, en su visita a los Estados Unidos, Macri obtuvo un recibimiento dispendioso por parte de la diplomacia yanqui y gestos de buena voluntad en sus dos reuniones con el presidente Trump; logrando compromisos comerciales favorables (en cítricos y biodiesel) a cambio de participar activamente en el golpe (vía OEA) que se estaba gestando contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.
A un mes de estos hechos (y tras el fracaso del golpe a Venezuela) las declaraciones públicas al más alto nivel diplomático alinean al gobierno de los CEOs y la oligarquía con la Unión Europea en la crítica abierta a los Estados unidos.
Esto es entendible si consideramos, en primer lugar, que la oligarquía terrateniente siempre fue librecambista por su necesidad de ingresar al mercado mundial con sus productos agropecuarios. En segundo lugar, las mismas razones que impulsaron a Berlín a realizar la gira por Latinoamérica motivaron la conducta de Macri: si los Estados Unidos se cierran sobre sí mismos, y sus capitales no “llueven” sobre la Argentina (recordemos, en este sentido, la intensa actividad de la AmCham en nuestro país apenas asumió Macri y el mini-Davos celebrado por éste y los principales empresarios estadounidenses), dejan de expresar los intereses de sus históricos aliados. La renuncia al librecambio y a los órganos de gobernanza multilateral es una confesión por parte de la burguesía de los EEUU de que no puede liderar el devenir económico y la política mundial. Y la oligarquía local necesita ser liderada. Sus intereses son una extensión de los intereses imperialistas, una parte orgánica de estos. Lo que está ocurriendo es que los Estados Unidos, enredado está en su propia crisis, no tiene más remedio que actuar contra sus aliados, si quiere preservar, aunque sea por un tiempo, algún grado de cohesión interna, entre sus muchos componentes contradictorios. “Estados Unidos Primero” significa que los intereses de EEUU no son compatibles con los del resto del mundo, son más bien, antagónicos. La contradicción interburguesa en un capitalismo en crisis se pone en blanco sobre negro.
El mes pasado, dos actos del gobierno yanqui ilustraron esta cuestión. Uno de ellos fue el mal pronóstico para los productores argentinos sobre la denuncia anti dumping realizada por la National Biodiésel Board –NBB contra el biodiesel argentino, pese a que Trump declarase previamente, en el marco del encuentro con Macri, en sentido contrario. Un fallo adverso representaría prácticamente la herida de muerte de un sector clave de la agroindustria, ya que los Estados Unidos representan el 90% de su mercado (CR 13/6). El otro hecho nocivo para los intereses de la oligarquía estuvo relacionado conel informe que presentó la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) al presidente Trump en el que se cuestionó la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), porque “limita la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la a materia viva y las sustancias naturales”, además de interferir “con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y ser incompatibles con las normas internacionales”. El informe también criticaba el proyecto de ley presentado por el gobierno para reemplazar la “ley de semillas”, porque puede afectar el reconocimiento de la propiedad intelectual (LN 20/6). De esta manera el gobierno yanqui toma partido en la demanda de Monsanto que lesiona seriamente los intereses de los terratenientes argentinos.
Por todo esto, Macri orientó su política de entrega hacia la Unión Europea. Sin embargo, Merkel, la dama de hierro alemana, le aclaró, para que no quedase ninguna duda, que “Alemania no siempre es un socio fácil (…). Hay buenos motivos para llegar a un acuerdo [pero] no se verán colmados todos los deseos de la Argentina sino que habrá que hacer concesiones” (todas las citas en DW 8/6 y P12 9/6). Es decir, vamos con la globalización “pero a vos te toca perder”.
Así como el capital imperialista, con base en Occidente, se muestra cada día menos capaz de contener las expectativas de la oligarquía; en otro polo de poder, la República Popular China se revela cada vez más como el único destino de arribo posible para resguardar los intereses económicos de la clase terrateniente primario-exportadora. Sin embargo, esto tiene consecuencias más allá del plano meramente económico. Podemos pensar que un debilitamiento de las relaciones económicas de la oligarquía con el centro imperialista que le dio origen podría significar un desgarramiento de su función histórica como gendarme de dichos intereses. Y como su poder es siempre un poder derivado, puesto que proviene precisamente de encarnar esa representación, el agotamiento de dicha función significa el proceso de agotamiento de su autoridad política, ideológica y social en la Argentina y su influencia sobre las burguesías de América Latina. Por lo tanto, el cambio de la situación mundial como resultado del proceso de la crisis capitalista, es mucho más profundo que un cambio de socio comercial. Se trata de cambios profundos en la estructura y sus implicancias en la superestructura política.
De todas maneras el cambio de destino de las exportaciones agropecuarias, y su preferencia por el mercado chino, no debe entenderse mecánicamente como el fin de la hegemonía occidental en estas pampas, los lazos de dependencia que ligan a la economía argentina con los Estados Unidos y algunos países europeos están resguardados aún en la propiedad del 70% de las empresas que controlan el 80% del PBI nacional. Sin embargo, esta no es una realidad estática y China no solo expande su influencia en Argentina, si no que progresivamente se va convirtiendo en la primera economía del globo, desplazando a los EEUU de su antiguo liderazgo.
En nuestro caso, China no solo nos compra, sino que también nos financia. Es por eso que terminó imponiéndose la incorporación de nuestro país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), pese a la resistencia que el gobierno de Macri postulase al inicio de su mandato. La solicitud fue aceptada junto con las de Madagascar y el Reino de Tonga.
Ahora bien, una consecuencia predecible del cambio de actitud del gobierno argentino con respecto a China, es que el país asiático impone concesiones que fijan sus lineamientos geopolíticos y que fueran, insistimos, previamente rechazados por Macri y su equipo de política exterior. Podemos dar como ejemplo, el reconocimiento por parte de la Argentina a China como economía de mercado (a fines del 2016 Argentina y Brasil acordaron lo contrario). En este sentido, aunque todavía no se efectivizó tal declaración, la Secretaria de Comercio dio un paso en esa dirección al modificar el mecanismo que utiliza para la comprobación de dumping: si anteriormente la entidad contrastaba los precios de ingreso de mercaderías chinas con los precios del mismo producto en un tercer país, a partir de la flamante resolución 396-E/2017 comenzó a contrastarse el precio de ingreso con el precio en el mercado interno del país asiático. Esto favorece al comercio con China ampliamente. Si bien, luego de la resolución las quejas de la UIA y otras entidades industriales forzaron al gobierno a matizar el uso de la nueva metodología, se hace evidente que el tipo de relación que puede entablar la oligarquía financiera-terrateniente con China trae aparejado un camino acelerado de destrucción de la industria sustitutiva mercado-internista en el país, a la que se considera secundaria en relación al complejo agropecuario. Es en ese sentido que Macri declaró: “Hay pocos países más complementarios” que Argentina y China (AF 13/5).
Lo que demuestra la actitud negociadora del macrismo sobre el problema de China y la industria nacional es la incapacidad genética de la oligarquía de concebir un proyecto político que articule a la Nación en un todo económico y social. Muy por el contrario sus intereses mezquinos, que en el siglo XIX juntaron una realidad abigarrada tras el puerto de Buenos Aires es decir, tras la demanda y el dominio externos, siguen hoy condicionando todo el desarrollo nacional a la fragmentación regional y el descentramiento de sus partes componentes en regiones parcialmente autónomas.
Veamos por ejemplo lo que ocurrió este mes con las economías de enclave de las industrias extractivas: hidrocarburiferas y mineras.
Según dio a conocer el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) la producción de petróleo este mes cayó en todo el país un 14,9%, en nivel más bajo de los últimos 10 años. En abril la producción fue de 72.021 metros cúbicos diarios de hidrocarburo, mientras que en igual mes del año pasado la producción fue de 82.817 metros cúbicos (CR 19/6). A su vez el Centro de Estudios de Servicios Públicos y Privados (Cespup) informó que los pozos terminados en el país se redujeron de 344 a 230, lo que representó una caída en dos años del 33,1%. Durante el último año la caída fue del 19%. Por su parte la consultora especializada Hub Energía señaló que en el caso de los pozos no convencionales también hubo una caída en las perforaciones. En total se perforaron 66 pozos nuevos, 24 menos que el año anterior. Sin embargo, el dato más relevante es que esto no se tradujo en una caída de la productividad, sino todo lo contrario. La producción de petróleo de origen no convencional se incrementó en un 40% en tanto que la de gas lo hizo en un 26%. Este fenómeno se debió a una extraordinaria baja de los costos de perforación que pasaron de US$ 19 millones, en 2013, a 11 millones, el año pasado, y este año lo bajaron a 8,1 millones y pretenden seguir bajándolos (LN 29/5 y 5/6).
Estos datos nos permiten comprender el cambio de orientación de la industria petrolera en nuestro país, que abandona los pozos convencionales y se vuelca de lleno la explotación de yacimientos “no convencionales” con tecnología importada. En la anterior edición del AdeC señalamos la dramática reducción del arancel a la importación de maquinaria petrolera; en coincidencia con esto, el mes pasado Ricardo Darré, CEO de YPF, notificó “un horizonte de inversiones propias y de los actuales socios del orden de los 2.500 a 4.000 millones de dólares por año”; inversiones que se harán sin recursos propios, sino con el crédito de los proveedores, lo que excluirá a la industria nacional del negocio (P12 4/6). Cabe agregar que, además de la extranjerización de la propiedad de los medios de producción necesarios para la extracción de dichosrecursos, el cambio de sesgo en la explotación trae aparejado el deterioro de las economías locales vinculadas al sector tradicional y el desmantelamiento de las posiciones históricas de YPF.
Según reveló el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, en una conversación que mantuvo con altos funcionarios de YPF, en la compañía están pensando cerrar la explotación de los pozos de Santa Cruz por los altos costos de extracción (50 dólares) cuando en Neuquén son de 40 dólares (CL 9/6). Pero, a la par de que YPF planifica abandonar Santa Cruz, la Patagonia Oil Corp, filial de la canadiense PentaNova Energy Corp, compra, en dicha provincia, a la petrolera local Roch las áreas hidrocarburíferas de “Sur Río Deseado Este I y II” de la cuenca de Golfo San Jorge (junto con otras dos en Mendoza y Tierra del Fuego).
Visto en conjunto, lo que se aprecia como tendencia es un retroceso de las posiciones de YPF en unos casos (petróleo convencional) y a la asociación subordinada a los capitales foráneos, cada vez más dependiente, en otros (yacimientos no convencionales) respondiendo a las necesidades de inversión de las grandes compañías petroleras mundiales.
Pero además de la forma prolija de expropiación por parte del gran capital de nuestros recursos estratégicos podemos reconocer la forma lumpen que encarnan los ya conocidos por nosotros fondos buitre. El mes pasado, los abogados representantes del estado nacional se presentaron ante el tribunal cito en Nueva York, pidiendo la revocación de la resolución de primera instancia que aceptó el reclamo del fondo buitre Burford (que compró al grupo Peterson de Eskenazi, el derecho a litigar por la expropiación de las acciones de YPF) contra la argentina por 3 mil millones de dólares. Juicio que, de perderse, abriría una interminable sucesión de nuevas demandas multimillonarias (CR 16/6). Una situación muy preocupante, no solo si atendemos al antecedente del catastrófico acuerdo alcanzado por Macri apenas asumiera con los fondos “de inversión” buitres, sino a la mucho mas reciente novedad de que seguimos pagando a nuevos litigantes buitres que siguen apareciendo desde los más diversos lugares. En junio, la Argentina acordó con el fondo HWB Entities un pago de 162,75 millones de dólares con la gracia de la mediación de Daniel Pollack (CR 1/6).
Otro costado del asunto es la creciente resistencia de las localidades que dependen en gran medida de los ingresos petroleros a la desaforada rapiña de las corporaciones. Aunque sin cuestionar el fondo del asunto. Recordemos el caso de Marcelo Rucci, secretario administrativo del sindicato de petroleros e intendente de la localidad neuquina, Rincón de los Sauces, que aprovechando el viaje de Pereyra con Macri a los Estados Unidos bloqueó el acuerdo salarial que habían firmado ambos con las petroleras. O la controversia que el mes pasado trabó la apertura de 14 nuevos pozos en el yacimiento convencional de Loma La Lata en Neuquén por la oposición de la comunidad Mapuche que reclamó una mayor pago para autorizar el uso del recurso en sus tierras. El vocero de la comunidad Kaxipayiñ, Gabriel Cherqui, aseguró: “Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Queremos que las cosas se hagan bien y que no se contamine” (CR 1/6). Más importante aún fue la aprobación por parte de la legislatura de Neuquén de la una declaración que solicita al Poder Ejecutivo Nacional excluir “explícitamente” de la garantía de emisión de deuda del país los recursos hidrocarburíferos, mineros y lagos no navegables (contenidos en el artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación), en función del Decreto 29/2017, firmado en enero. Esta última si bien denota la preocupación de una región cuya economía depende fundamentalmente del recurso hidrocarburifero y denuncia la entrega de los recursos estratégicos nacionalesrealizada por el macrismo, no deja de ser una declaración de principios “no vinculante”. Por el momento, no aparece ningún proyecto articulado que le pueda presentar oposición al del gran capital transnacional.
El mes pasado se selló, finalmente, el denominado “Plan Federal Minero”, rubricado entre los gobernadores de las provincias mineras, las industrias, y el Estado Nacional. Suscribieron el acuerdo: Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Catamarca, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, esta última con reservas (mantiene una tasa más alta del impuesto para desarrollo de infraestructura minera). Aún resta que el acuerdo sea convalidado por el Congreso y las legislaturas provinciales. De las siete provincias que su legislación prohíbe la actividad minera, (Chubut, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera, Río Negro, La Rioja, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis) solo La Rioja, Chubut y La Pampa se abstuvieron de firmar. La otra provincia que no participó fue Santiago del Estero. El acuerdo estipula criterios generales en lo que respecta a las regalías que pagan las industrias extractivas, fijándole un techo del 3% sobre el valor bruto del mineral en boca de mina. Además, se destinará el 1,5% adicional a la integración de un Fondo Provincial de Infraestructura. El tope máximo a pagar por parte de las empresas mineras concesionarias a las provincias será de 4,5% de lo que facturen, ya que se convino desactivar otro aporte del 1%, que corría a cargo de las grandes empresas mineras para financiar obras de desarrollo a nivel local, por pedido explícito de los gobernadores de Salta, San Juan, Catamarca y Río Negro, que consideraban que el impuesto desincentivaba la inversión (CR 14/6 y http://www.iprofesional.com 13/6).
El otro costado del acuerdo es el tocante a la flexibilización laboral que está negociando la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y los gremios del sector. Lo que se busca es conformar una mesa de “competitividad” que discuta “productividad” además de “progresividad tributaria y costos ligados a infraestructura, eficiencia energética y logística”, con los mandatarios provinciales (CR 30/5). En resumidas cuentas, un acuerdo similar al que las multinacionales obtuvieron con los petroleros.
En síntesis: reducción impositiva y ajuste laboral favorable al capital monopólico que invierte con ingentes beneficios en la rama extractiva y cuyas riquezas producidas localmente vuelan a velocidad hipersónica a los centros matrices, o a las guaridas fiscales.
Tanto en la cuestión minera como en la petrolera, queda claro que el gobierno aplica a rajatabla los requerimientos de las megacorporaciones trasnacionales que vienen al país a explotar los recursos naturales, representando la necesidad siempre creciente de encontrar graciosos privilegios en cuanto a la reducción de costos para doblegar a sus competidores. El proceso de concentración y centralización económica quiebra la superestructura jurídica que ha garantizado y dinamizado la lógica de acumulación de capital desde la génesis del capitalismo; normas jurídicas supraestatales bajo control de tribunales extranjeros liquidan el plexo jurídico nacional-provincial. Las provincias quedan sometidas directamente a los monopolios en lo que tiende a ser un proceso de disolución nacional. Si en sus orígenes como organización de Estado-nación, el país dependiente “no integrado” en una cadena industrial quedaba subordinado al centro Buenos Aires/pampa húmeda, mediación necesaria del dominio imperialista, el actual grado de concentración y centralización del capital quiebra el estado nación, en la medida en que desguaza la estructura económica nacional, siendo los monopolios los que prácticamente se vinculan de manera directa con las provincias donde los recursos naturales les interesen. La fractura del país en regiones extractivas como la minera, la petrolera/gasífera, la agroexportadora, controladas directamente por las corporaciones trasnacionales, casi sin la mediación jurídica-política del viejo estado-nación, es casi un hecho en la Argentina neo-colonial. El gobierno de Macri aceita y potencia la maquinaria imperial de desguace.Un evidente ejemplo del despedazamiento nacional en provincias/enclaves controladas por los monopolios es el tendencial estrangulamiento presupuestario de dichos estados provinciales forzado por un impagable endeudamiento.
En junio, el Estado nacional llegó finalmente a un acuerdo con la gobernadora de Santa Cruz para financiar el rojo de la provincia. Según el acuerdo el ejecutivo nacional se compromete a desembolsar en forma gradual un préstamo de 1.200 millones de pesos que será retribuido con 12 meses de gracia y 42 de amortización. La provincia por su parte se compromete a lograr un equilibrio primario de sus cuentas (es decir la relación entre recaudación y gastos) para el 2019. Para ello la provincia no podrá efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal en la administración pública (CR 15/6). Queda claro con esto que la provincia pierde una gran parte de su independencia en materia de política económica, quedando atada de pies y manos frente a los avatares que la recesión económica producida por las políticas del gobierno central le generan. Hete aquí otra de las caras del desguazamiento nacional. La economía de enclave extractiva con beneficios totales al capital monopólico (baja de impuestos y ajuste laboral/flexibilización) deja sin pan y sin trabajo a millones de compatriotas y reduce los ingresos de los estados provinciales. Dicho de otra manera, como los capitales monopólicos necesitan “llevarse todas las riquezas”, las provincias denominadas “ricas” ahora van a tener una masa menor de regalías para distribuir internamente, y ni hablar de pensar en distribuirlas hacia zonas históricamente empobrecidas del país (como pueden ser la mayor parte de las provincias de NEA y NOA). La salida inmediata pero inevitablemente explosiva es el endeudamiento provincial. Antesala de un nuevo default que se resuelva con una venta “por chaucha y palito” de los recursos naturales y estratégicos del país que se han puesto, bajo administración Macri, como garantía de los mismos. Si esto no es traición a la patria…
Lo de Santa Cruz, no es un caso aislado. Tan solo en el primer trimestre del año, la deuda conjunta de las provincias se acrecentó en un 60,2% con respecto a igual periodo del año anterior, y su costo se disparó entre 115 y 118% en igual lapso, según se consideren los desembolsos para pagar intereses y amortizaciones o sólo los intereses. El pasivo total ascendió, según cálculos de la consultora Economía & Regiones, a $ 507.596 millones, tras aumentar en $ 190.843 millones en el último año. El costo de los intereses se duplicó, al trepar de $ 4.540 millones a $ 9.895 millones, y su costo total (incluyendo las amortizaciones) pasó de $ 7.975 millones a $ 16.966 millones, creciendo en la misma proporción, redondeando los $ 26.861 millones (LN 13/6). Esta es la base material que posibilita el ataque a las soberanías provinciales.
En cuanto a la Nación el déficit fiscal primario del Estado en abril alcanzó los 18.664 millones de pesos, un avance del 71,3 % frente al rojo de 10.893 millones de pesos del mismo mes del año pasado. El déficit se ubica en los 49 mil millones de pesos, un crecimiento interanual del 187%. En el período enero-abril el resultado financiero arrojó un rojo de 119.649 millones de pesos, una suba del 46,6% frente al primer cuatrimestre de 2016 (P12 27/5). Pero en abril, además del déficit primario hay que calcular el pago de obligaciones financieras, estas fueron de 30.348 millones de pesos, un 391% más que lo pagado un año atrás. Si lo sumamos al déficit primario nos da 49.012 millones de pesos.
Esta situación motivó las furibundas críticas de una parte de los representantes del establishment económico que reclamó ajuste. El asesor económico Ricardo Arriazu de Arriazu & Asociados, se quejó: “Este año vamos a tener más déficit en cuenta corriente que el año pasado porque no se hizo el ajuste en el sector público. Y salir a los mercados para financiar el gasto corriente no es nada bueno”. Por su parte, el ex director del Banco Nación, Carlos Melconian dijo: “Alguien va a tener que poner el culo en la silla para lograr el equilibrio macroeconómico”; al tiempo que Dante Sica advertía sobre el “elevado gasto público y presión tributaria” afirmando que “el excesivo tamaño del Estado afecta la competitividad” (LN 7/6).
Estos sectores reclaman ajuste sobre los trabajadores y achicamiento del gasto público a la par que una reducción mayor de los impuestos para los empresarios. La situación de financiamiento del ajuste y la transferencia vía la toma de deuda externa, insistimos, es objetivamente explosiva y conduce al Estado Nación a un nuevo default como el de 2001. Nicolás Dujovne, preso de esta contradicción, a fines de mayo se apuró a manifestar la continuidad sin cambios del modelo económico: “El Gobierno tiene un plan económico que no se diferencia de otro cuando hay elecciones” (P12 25/5). Sin embargo, unos pocos días más tarde el presidente Macri ordeno a todos sus ministros que recorten gastos y programas en sus áreas para el año 2018 (LN 7/6). Y para fin de mes, el mismo ministro Dujovne anticipó que los recortes puede que lleguen aun antes de fin de año, ya que se prevén nuevas quitas en los subsidios (P12 20/6).
Hemos seguido en estas páginas el mecanismo por medio del cual el gobierno nacional financia el déficit público con la emisión sistemática de deuda externa. De esta manera sostiene las ganancias y la fuga de capitales para todos sus heterogéneos socios. Según cifras publicadas este mes, la Argentina se convirtió en el país de la región con más proporción de deuda en moneda extranjera al tener el 69% del total de su deuda atada a dicho signo monetario. La mitad de esa deuda es a tasa fija y el 35% está en mano de inversores extranjeros, y esa tendencia está en ascenso. Según el último informe de Quantum Finanzas: "En un escenario de mayor volatilidad cambiaria y suba de tasa internacional, estos elementos, que hoy lucen ‘adormecidos’, podrían generar tensiones si no se profundiza sobre la reducción del déficit fiscal (soberano y sub-soberano)" (CR 12/6). Nuevamente el callejón sin salida al que nos arrastró la oligarquía parece plantear una sola alternativa, el ajuste de la Nación y las provincias.
Durante Mayo ingresaron capitales por 1035 millones de dólares, pero de éstos tan sólo 143 millones fueron en concepto de inversiones extranjeras directas (IED), el resto fueron derecho a la bicicleta de la especulación. Del total de lo ingresado la mayoría es de carteras de no residentes destinados a suscribir en moneda extranjera títulos públicos por US$ 630 millones. En lo que va del año, el monto de capital ingresado en ese concepto suma 22.000 millones de dólares. La cifra de la IED de 143 millones supone un descenso del 25% respecto de los US$ 190 millones arribados en abril; del 62% respecto de los US$ 380 millones de marzo, y una caída del 45% respecto del promedio de US$ 260 millones que ingresaron en el país en el segundo trimestre del año anterior. Los rubros en los que se destaca este tipo de inversión fueron: petróleo, con 38 millones de dólares, y productos minerales no metálicos (cementos, cerámicos y otros), por 32 millones de dólares (LN 15/6).
En un informe de las Naciones Unidas se explica la caída de la IED, desde 11.759 millones de dólares en 2015, hacia 5.745 millones en 2016 como producto del envío de remesas y el pago de préstamos intracorporativos que las empresas tenían frenados por el cepo cambiario: “Los flujos de IED a la Argentina se redujeron a la mitad a 6.000 millones en 2016, en gran parte debido a las medidas de política recientemente adoptadas. [El mecanismo es] el pago de dividendos de las filiales a las casas centrales en el extranjero, llevando a una fuerte reducción en la reinversión de utilidades. Los préstamos intracompañía fluctuaron a una posición de reembolso netopor un total de US$ 2000 millones”. Esto debido a que el Gobierno “facilitó el repago de deudas externas en moneda extranjera por importaciones de bienes y servicios” (LN 8/6).
En lo que va del año la fuga de capitales alcanzó la suma de 9.409 millones de dólares. Un 29% más que en abril de 2016 y un 90% más que en abril de 2015. Sumando los intereses de deuda, la cifra es de 47.477 millones de dólares desde el inicio del nuevo gobierno. Mientras que el monto de reservas actuales es de poco menos de 47.000 millones, con lo que puede afirmarse que desde que subió Macri al gobierno un número equivalente de dólares al stock actual de divisas fugó al extranjero (a las casas matrices o a los paraísos fiscales) (P12 5/6).
A su vez, gran parte de los dólares que aún engrosan las reservas del central son en realidad capitales especulativos que buscan ganancias de corto plazo aprovechando las altas tasas de interés que pagan las letras del Banco Central. El economista liberal, Martín Redrado desnudaba el mecanismo de expoliación: “Bueno, hoy en el mundo se habla de carry trade. Si sos un inversor internacional, ni siquiera tomás fondos propios, vas al mercado; por ejemplo, un fondo de inversión en Estados Unidos toma prestado en el sistema financiero, le dan plata -el dinero está tirado, porque las tasas de interés están por el piso, a 1 o 1,5- y viene acá con esa plata que no es propia, la cambia por pesos, esos pesos los coloca en Letras del Banco Central (Lebac), con 25,5% de tasa, y en cuatro, cinco o seis meses -dependiendo el apetito que tiene- hace la vuelta, y cambia los pesos por dólares, con un dólar planchado, que se mueve poco, y entonces puede hacer ganancias en dólares, quizás, del 10% en seis meses. Hoy en día no hay ganancia posible en ese tiempo en todo el mundo” (LN 4/6).A su vez, un informe del Estudio Ledesma afirmaba que “el stock de Letras en pesos y de pases, que estaba en 322.237 millones de pesos al 10 de diciembre de 2015, cerró mayo en 1.006.773 millones de pesos, es decir, se triplicó” (LN 8/6).
Como ya hemos señalado en artículos anteriores, la variable que hay que mirar para seguir el lugar en que está la bicicleta financiera es la relación entre tasa de interés en pesos y el precio del dólar, ya que todo ese dinero recién mencionado (Lebac) se encuentra posicionado en pesos solo circunstancialmente, su propósito final es retornar al dólar como explica Redrado. Durante la primera mitad del mes y los meses anteriores, esta relación se mantuvo estable a favor de la inversión en pesos, hasta el punto de que se registró un descenso de los depósitos en dólares que fueron hacia las legras del Central. Sin embargo, a fin de junio terminó de imponerse una tendencia que ya venía presionando en meses anteriores y generó un cambio en la situación. La crisis política de Brasil se combinó con la baja en el precio internacional de la soja (que se encuentra en los valores más bajos en 7 años) lo que motivó a los terratenientes y exportadores a retener el grano para forzar una apreciación del dólar fuertemente debilitado por la presión inflacionaria y la conveniencia del carry trade. Finalmente la oligarquía comenzó a imponerse en la puja y empezó lentamente a empujar el dólar hacia arriba. Ya en el mes de mayo, la suba del dólar había arrojado resultados de rentabilidad negativa de las Lebac contrastados con junio, pero este mes por primera vez la subasta de Lebac, hecha por el BCRA, no logró atraer a todas las leras que tenían que renovarse. Los vencimientos eran por 547 mil millones de pesos, pero solo se renovaron 424 mil millones, es decir que 122 mil millones de pesos se salieron de las letras presionando aun más sobre el dólar que de esta manera inicia su espiral ascendente. Si bien, aun no puede hablarse de un circulo vicioso de consecuencias impredecibles, existe un riesgo cierto de que una estampida de las Lebac hacia el dólar dispare un proceso hiperinflacionario. Por lo pronto, el dólar empieza a apreciarse.
Desde abril y mayo, el sector agroexportador viene reteniendo la liquidación de la cosecha de soja. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que en esos dos meses, de habitual liquidación de soja, ingresaron apenas 4.344 millones de dólares, la cifra más baja de los últimos siete años, incluso por debajo del mismo período de 2015 cuando los productores también retuvieron sus cosechas a la espera de un triunfo de Macri. Según datos oficiales, al 31 de mayo último y con una cosecha que se espera tenga un volumen similar al ciclo previo (unas 57 millones de toneladas), la exportación y la industria declararon compras por algo más de 22,1 millones de toneladas de soja, o sea, 13,65% menos que el volumen declarado un año atrás y que superaba las 25,6 millones de toneladas. De esta manera, el sector exportador compró en el mercado de soja algo más de 6,6 millones de toneladas, un 27% menos que un año atrás (cuando contabilizaba 9,1 millones de toneladas adquiridas para vender al exterior sin procesar) (CR 13/6),y pese a que la campaña 2016/2017 aumentó en un 9% la superficie sembrada (CR 14/6). El resto… acopiado por los grandes terratenientes de la pampa húmeda.
Por eso, al presentar la recaudación de mayo, el titular de la AFIP, Alberto Abad, denunció la situación: “Los productores están reteniendo la cosecha de soja a la espera de mejores precios, y una mejor cotización del dólar en el mercado local, además de las dificultades climáticas que afectaron el normal desarrollo de la campaña” (P12 13/6). Como el precio del mercado mundial no puede ser modificado por los grandes terratenientes locales, sus reclamos se dirigieron hacia la relación interna de precios. Es decir, el dólar y las retenciones. En este último sentido, el titular de la sección rural de Clarín, Héctor Huergo, salió duramente a recordarle al gobierno sus promesas incumplidas: “El gobierno incumplió una de las promesas de campaña más esperadas en el campo: interrumpir la reducción del 5% anual de las retenciones para la soja. Como resultado maíz y trigo crecieron 50% en el primer año a pleno del gobierno de Macri. La soja permaneció estancada. Además de provocar daños concretos a quienes habían tomado coberturas en los mercados de futuros descontando que los derechos de exportación del 2017 iban a estar en el 25% y no en el 30%, un importante player del mercado global de productos agrícolas postergó su decisión de invertir en el procesamiento de soja. Es fundamental que la soja corte amarras y vuelva a crecer. Los contrarios también juegan: sin retenciones, Estados Unidos, Brasil y Paraguay vienen creciendo a los saltos, amenazando el liderazgo argentino en los productos más dinámicos de la agricultura mundial: la harina, el aceite y el biodiesel de soja. Cambiemos” (CL 17/6).
Recordemos que la reducción de las retenciones, incluida a la soja, representó para el sector agropecuario una transferencia de ingresos adicionales, en forma directa de 48.015 millones de pesos en tan solo un año. De todas maneras, la burguesía y su interéshace sus cálculos no tanto por las ganancias pasadas sino más bien por las expectativas de las ganancias próximas. En este sentido se entiende que el sector importó, en estos primeros tres meses, un 192% más de tractores y un 68% cosechadoras (LN 5/6).
Pedro Peretti, ex dirigente de Federación Agraria (FAA), describió la crisis del sector lechero de la siguiente manera: “Hoy no es que quiebren los tambos, el proceso es distinto: el dueño del campo cierra el tambo, vende las instalaciones y se convierte en rentista, contratando la siembra y la cosecha de soja. La venta de tierras sin ningún tipo de condicionamientos sobre su uso, la sojización, la falta de leche, las importaciones, está todo relacionado. Si no le damos un sentido social al uso de la tierra, que es un recurso finito, vamos a tener problemas muy graves” (P12 18/6). La descripción es buena, aunque la pregunta que habría que hacerle a Peretti es si los propietarios de la tierra estarían de acuerdo a resignar parte de su ganancia para dotar a la tierra de un sentido social o antes se convertían en rentistas. Una variable que explica el agravamiento de la crisis lechera es el desplome de la demanda interna, o visto desde otro ángulo, la relación entre los ingresos de los trabajadores y el precio de venta de la leche (por ser un bien de demanda inelástica): en 2015 un salario mínimo permitía comprar 532 litros, mientras que en la actualidad sólo compra 322 litros, es decir una pérdida del poder adquisitivo de 210 litros. Según datos oficiales de la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en 2016 los argentinos consumieron, en promedio, 40,1 litros de leche. Esta cifra es la más baja desde los años 2002 y 2003 (cuando se consumieron 37,8 y 37,3 litros, respectivamente) y la caída del 9% con respecto a 2015 es la más fuerte desde 2002 (cuando cayó un 14% frente a 2001). En leche en polvo, la demanda se recortó un 45,2% interanual, al pasar a sólo 1,6 kilos por habitante, la marca más baja del siglo. Para tomar referencia, hace 10 años, por ejemplo, se habían adquirido 4,43 kilos, casi el triple (AF 7/7). Aunque este mes la actividad en la rama mostró un ligero aumento del 4%, con respecto al 2016 (en pleno derrumbe), luego de 12 meses ininterrumpidos de caída se siguen conociendo cierre de tambos. Por ejemplo, en el norte de la Provincia de Buenos Aires cerraron entre 30 y 40 tambos.
Como puede observarse, el cierre de los tambos está vinculado no sólo a una crisis estacional sino que refleja la crisis del mercado interno, y la imposibilidad de darle salida a la producción en el mercado externo por la alta competencia propia de un mercado saturado. Para Héctor Huergo, hombre de los fondos de inversión en el agro, lobista indiscutido del negocio de los biocombustibles, la salida de la crisis para el sector requiere una “apuesta a la innovación”, o seala transformación técnica de los tambos del modelo pastoril (donde la vaca camina) que está a niveles de 24 litros de leche por día, al sistema que denomina de “confort animal”, en el que la vaca es alimentada en un cubículo y no se desplaza. Con este funcionamiento los rendimientos se elevan a 35 litros por día alcanzando márgenes de rentabilidad altísimos, pero requiere de una inversión de capital mucho más grande, de unos 55 millones de dólares, de manera que la gran mayoría de los medianos capitales de la industria quedarán prontamente en la lona, al no poder dar el salto tecnológico, por no tener esa capacidad para adelantar dicha masa de capital (CL 27/5). Se avizora una victoria de los grandes conglomerados sobre los pequeños empresarios del sector. La salida de la crisis para el hombre de Clarín se basa en un nuevo salto en la concentración económica, en el sector, o sea arrasando a los pequeños. Lo que no observa Huergo, es que esa lógica de acumulación propia del capital conduce al propio sistema a una ruina inevitable.
En esta situación general, la cooperativa SanCor en particular accedió, por votación de sus miembros, a constituir un fideicomiso financiero destinado a administrar los fondos prestados por el Fondear, enviados por el gobierno nacional y que había puesto la reestructuración de la compañía como condición para el desembolso. Además del fideicomiso, lo más importante es que la cooperativa accede a incorporar nuevos socios, para lo cual deberá ejecutar un plan de saneamiento que implica el cierre de varias fábricas y el despido de al menos 500 de sus 4.000 trabajadores (CR 31/5). En el caso de la Serenísima, los trabajadores denunciaron que desde la adquisición de la compañía por parte del grupo Arcor, se ha producido un sistemático intento de imponer la flexibilización laboral amparándose en la “crisis del sector”, a través de una campaña mediática que busca instalar la idea de que la crisis de la industria lechera la originan los “altos” costos salariales (CR 6/6).
La industria arrocera también es un fiel ejemplo del proceso secular de concentración y centralización de la producción y la propiedad. Esta industria, que si bien no tiene el dinamismo exportador que caracteriza al complejo oleaginoso, es, sin embargo, más exportadora que mercado internista. En el último año realizó ventas al mercado interno por 500.000 toneladas, mientras que exportó por 780.000 toneladas. Sufre al igual que la industria láctea la contracción del mercado interno y la caída de los precios internacionales. Mientras que en el año 2008 la producción era de 1,6 millones de toneladas, una década después apenas si alcanza las 1,3 millones (CR 20/6).
Según los datos que maneja la Cámara de Industriales Arroceros Argentina, en el año 2008, el 70% de la cosecha era producida por pequeños y medianos productores y el 30% por empresas agroindustriales, pero en estos años la industria incrementó su propia producción de materia prima, para poder abastecer sus molinos, y en la actualidad se puede estimar que el 70% de la cosecha está en manos de la industria y el 30% en manos de productores pequeños y medianos. Para la Cámara, “la pérdida de rentabilidad en la producción de arroz obedece tanto a las malas políticas económicas implementadas por el gobierno anterior (de las cuales el cepo cambiario y las trabas al comercio exterior fueron su principal expresión) como a la baja progresiva de los precios internacionales”; para lo cual propone la “un shock de competitividad” basado en “el trabajo conjunto con el gobierno para la reducción de costos que impactan en la cadena, sobre todos los relacionados con la distribución, el transporte y la logística, bajar la carga tributaria que lo agobia y facilitar el reintegro de impuestos en las exportaciones" (CL 16/6). La demanda sectorial conduce con la demanda del todas las fracciones del capital en la Argentina: baja de impuestos, con el consecuente ajuste en el gasto público, y centralmente una reducción en los costos de logística, donde son fuertes una gran cantidad de medianas y pequeñas empresas locales y donde también los trabajadores (camioneros) han conquistado un convenio colectivo digno.
Como puede observarse en ambos casos (lácteo y arroz) los propietarios de los medios de producción postulan la necesidad de mejorar la competitividad de la industria para fortalecer la inserción en el mercado internacional. En ningún caso aparece la cuestión del fortalecimiento del mercado interno como parte del reclamo empresarial, sino más bien todo lo contrario, lo principal es reducir los costos de producción, sea por un salto tecnológico, por reducción de los costes de transporte o logísticos, por la quita de impuestos, o por un aumento de la productividad del trabajo por reducción de personal o rebaja salarial, o una coyuntural devaluación, etc.; de manera que el fondo de la cuestión es abaratar el precio final del producto para aumentar la participación en el mercado mundial. Es claramente la voz de las compañías más concentradas de la rama, con capacidad de exportar, las que hegemonizaron las declaraciones y manifestaciones públicas. La estructura no auto-centrada de la economía argentina vuelve a imponerse segmentando la producción en sistemas independientes vinculados al mercado externo, sin una clara ligazón interna. En síntesis: otro claro ejemplo del desguazamiento nacional de Cambiemos.
Pero no son los únicos que demandan por los costos de producción. En rigor, en junio asistimos a un reclamo conjunto de las cámaras del capital más concentrado dirigido, centralmente, a la rebaja impositiva y a la reducción del “costo laboral” (por rebaja salarial, como pueden ser paritarias menores al índice de inflación; o por un aumento de la explotación, sea ésta por elevación del índice de productividad, o por la extensión de la jornada laboral). Luego de su congreso, la poderosa AEA expresó en un comunicado la necesidad de “una reforma impositiva para lograr el abastecimiento energético; y bajar los costos logísticos" (LN 14/6). Coincidentemente, la asociación de empresarios cristianos ACDE también reclamó una mejora en la educación yen la infraestructura, además de la necesidad de cambiar íntegramente el sistema impositivo (LN 30/5). Ambas Asociaciones coincidieron en su apoyo al gobierno de Macri y a los cambios que el mismo está llevando adelante.
En la misma línea durante el reanimado Foro de Convergencia Empresarial, los principales empresarios del país manifestaron su confianza en el gobierno de Cambiemos y sus deseos de que gane las próximas elecciones, rechazando a la candidatura de Cristina Kirchner. Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio, por ejemplo, expresó: “Todas las elecciones son importantes, y en las de medio término generalmente no gana el oficialismo. Todo parece indicar que éstas las va a ganar Macri”; Teddy Karagozian, dueño de TN Plátex, ninguneó la candidatura de la ex presidenta: “No hay que darle más trascendencia”; Luis Miguel Etchevehere aportó también su granito de soja al coro agorero: “Gane quien gane, hay que apostar a esto. Lo otro fracasó” (LN 31/5). Parecen más deseos, que realidades: el fracaso social del programa económico oficial es un hecho incontrastable.
Desde la Unión Industrial Argentina también se posicionaron en respaldo al gobierno de la alianza Cambiemos, aunque marcando matices importantes en relación alapostura oficialista de la AEA. En su discurso de asunción a la presidencia de la entidad, Miguel Acevedo de Aceitera General Deheza (industria alimenticia) afirmó: “Este Gobierno ha decidido no hacer política de shock, sino de gradualismo, y esto implica que los brotes verdes se vean de a poco; la UIA tiene muchos sectores que todavía no arrancan y esa es una de las complicaciones”; y aseguró que el sector industrial “debe ser productivo y tiene que bajar los costos”, aunque aclaró que “dentro de los costos no está el salario del trabajador”. Finalmente advertía Acevedo: “Lo que necesita una industria fuerte es un mercado fuerte, que la gente pueda consumir y eso es lo que no estamos viendo ahora. La producción baja porque baja el consumo” (http://www.surenio.com.ar 4/6). Si bien el nuevo titular de la entidad representa al sector más concentrado de la industria y con capacidad de exportación, asociado históricamente a los dueños del campo, lo que explica su adhesión al plan económico de Cambiemos, en general, también como entidad corporativa industrial debe, aunque de manera subordinada, incluir el interés económico de la fracción mediana del capital vinculado a la industriamercado internista, fracción que explica que la UIA sea la UIA y no directamente la AEA. Por eso su apoyo al gobierno está matizado por un reconocimiento crítico sobre el empeoramiento de muchas ramas de la industrial. De todas maneras cabe señalar el significado que tiene la presidencia de la entidad en manos de Aceitera General Deheza, y la vicepresidencia primera en Techint (Luis Betnaza), ambos grupos más cercanos a la AEA/SRA que a los capitales medios de la industria que incluyen en la entidad corporativa, sobre todo nucleados en las regionales de la UIA, que han venido manifestando el malestar con las medidas económicas del gobierno nacional (UI de La Rioja, UI de Santa FE, UI de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo).
No es menor que la AEA haya incluido en su nómina a seis titulares de grupos económicos locales (como Pérez Companc, Bulgheroni –Bridas–, Costantini, Blaquier –Ledesma– entre otros), combinado con la nueva titularidad de la UIA. Esto representa el acuerdo de la oligarquía financiera-terrateniente con la cúpula de los grupos económicos locales. La cohesión lograda en estos meses entre ambas fracciones, y cuya expresión es el reaparecido Foro de Convergencia Económica, agrupamiento que supo direccionar ideológica y políticamente a los capitales más concentrados en el país contra el gobierno de Cristina Kirchner, y en el que tiene una fuerte injerencia la cámara que agrupa a las compañías de los EEUU en el país, AmCham, fue la piedra fundamental para el lanzamiento de una política de ataque a los trabajadores que pueda contar con la adhesión de todo el arco empresarial. Sobre ese núcleo oligarquía/grupos se avanzó en la propuesta de desmantelar las conquistas obreras y darle una realización efectiva a la flexibilización/precarización/abaratamiento laboral. La punta de lanza de la avanzada jurídica oficial contra las condiciones de vida y laborales de los trabajadores fue, sin lugar a dudas, el ataque durísimo del propio Macri a la posibilidad de los trabajadores accidentados a reclamar una indemnización, a la que aquel calificó como “mafias que están en los sindicatos, la política, las empresas y la Justicia” (LN 16/6).
Diversas entidades empresariales respaldaron la ofensiva oficial. La UIA afirmó: “Estamos totalmente de acuerdo con los dichos del Presidente del otro día, porque esto aumenta terriblemente los costos y no va en beneficio del trabajador, sino al contrario, porque hace que haya más trabajo en negro en vez de trabajo registrado”. Desde la Asociación de Bancos Argentina (ABA, agrupa a las entidades extranjeras) se enunció que “el actual estado de situación se caracteriza por tener una alta litigiosidad e incentivar una verdadera industria del juicio, con consecuencias directas sobre la generación de empleo genuino y las decisiones de inversión de las empresas”. También la usina del capital más concentrado en el país, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) ponderó: “la excesiva morosidad en el tratamiento de las causas judiciales, rayana en la negación de justicia”. Mientras la Cámara Argentina de Comercio (CAC) definía a los juicios laborales como: “patología de larga data”; y las más pequeñas como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) se lamentaban: “los montos de los juicios, que se multiplican por millones, resultan imposibles de pagar”; o la entidad de pymes, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME): “Los juicios laborales son un problema muy grave que tienen las Pymes, sobre todo en materia de riesgos del trabajo” (todas las citas en LN 16/6). De esta manera, el núcleo reorganizado oligarquía financiera-terrateniente/grupos locales, asociados dependientes de las corporaciones trasnacionales que, hemos visto, se afilan los dientes para explotar en beneficio propio los recursos extractivos, logró alinear a una gran parte del arco empresarial local poniendo el centro en el ataque a los trabajadores.
La contracara del acuerdo oligárquico imperial/grupos locales, es la fractura irremediable de la sociedad argentina, que se hace observable en una serie de datos publicados el mes pasado. La industria (informa el Indec) suma 15 meses consecutivos de caída. En el último cuatrimestre se derrumbó un 2,4%, pese al enorme desembolso que el gobierno empezó a hacer en obra pública y que hizo repuntar a la industria de la construcción un 10,5% interanual; pero que fue insuficiente para compensar la caída de la industria textil (-24,7), tabaco (-23,4), automotriz (-7,5), edición e impresión (-6,5), productos minerales no metálicos (-4,6), papel y cartón (-3,4), caucho y plástico (-3,4), química (-2,6) y alimenticia (-1,2). Es decir, prácticamente todos los rubros industriales.
A las Pymes no le fue mucho mejor, el desplome se observó en una variada gama de sectores: la Marroquinería (-4), Bijouterie (-3,8), Indumentaria (-3,5), textil-blanco (-3,4), muebles (-3,2), Electrodomésticos y Electrónicos (-2,9) y Ferretería y Materiales eléctricos (-2,3). Mientras que las ventas de comercios minoristas cayeron un 2,3% en mayo de este año, en relación a mayo de 2016. Y si lo contrastamos con los valores del año pasado tenemos quela actividad productiva en la rama deminerales no metálicos cayó 15,5%; la del calzado y marroquinería (-14,6); la de maquinaria y equipo (-12,5); la del papel, cartón, edición e impresión (-12,3), la del caucho y plástico (-9,8); la actividad textil y de prendas de vestir (-6,5); la producción de productos químicos (-3,3); la electromecánicos e informática (-3,3) y, finalmente, la producción de artículos de madera y de muebles (-3,1).
Es desde esta realidad que sindicatos de ambas centrales obreras (CGT y CTA) y empresarios de las ramas industriales orientadas al mercado interno se juntaron. Del encuentro participaron empresarios y sindicalistas del sector del cuero, textil, óptica, autos, indumentaria, alimentación, químicos, metalúrgicos, vidrio, papel, sanidad, curtiembre, gráficos y navales. Las razones de la reunión las dio Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la Argentina (CGERA): “Todos acá compartimos la misma preocupación: defender el trabajo y la producción nacional. Tenemos que seguir sumando sectores y trabajando de manera conjunta para que la agenda de la industria y el trabajo sea la agenda de la campaña electoral y no la agenda de la corrupción, que debe dirimirse en la justicia”. Es decir, humildemente se plantean constituir un grupo de presión que influya en los candidatos de las distintas fuerzas, poniendo en el centro la defensa del consumo interno, luego, del trabajo. Es decir, la defensa de la capacidad de consumo de los trabajadores. Lo mismo planteó otro empresario nacional, Norberto Fermani, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines (CADOIA) quien exaltó la necesidad de reanimar el mercado interno: “En un mercado que no existe y en un contexto en el cual la población pierde poder de compra, no hay medidas impositivas y parches que puedan mejorar la situación. Hay que tomar medidas de fondo y cambiar esto;primero hay que ordenar nuestra casa y hacer una industria competitiva y trabajar sobre el costo argentino para después ver cómo podemos salir a competir con el mundo” (P12 2/6). Los límites políticos quedan a la vista de manera inmediata. Ordenar los costos significa en leguaje del capital aumentar la explotación del trabajador y la trabajadora por ajuste salarial, o por aumento de la productividad del trabajo con igual salario; esto significa que el “ordenar la casa” a lo Fermani, significa que el mercado interno se planche, como se ha venido planchando en estos quince meses. Cambios de fondo pero con baja en los costos.
Desde el movimiento sindical, uno de los participantes, Mario Manrique, secretario general adjunto de SMATA, explicitó sus intenciones: “Todos los sectores industriales están peleando con los mismos problemas. Tenemos que elaborar un plan industrial con matriz productiva para presentarle al Gobierno. Tenemos que explicarle al Gobierno los costos de no tomar ninguna decisión y empujar al país a una crisis social tremenda” (P12 2/6). Aquí también los límites del planteo son evidentes: pedirle al personal político de los monopolios y la oligarquía terrateniente que comprenda la crisis social inminente y vire su programa de gobierno. El contenido de fondo que se expresa en las palabras del dirigente de SMATA es la incapacidad de una parte mayoritaria de las direcciones sindicales de asumir el rol protagónico en la definición y realización de un proyecto político y económicobasado en la justicia social.
Desde un sindicato miembro de CTA, con menos fuerza que el SMATA, pero vinculado a la producción, como es el de la Manufactura del Cuero, su secretario general Ernesto Trigo afirmó que “este Gobierno no va a cambiar y tenemos que ver qué hacemos con esta situación” (P12 2/6). El problema queda planteado, aunque sin resolución a la vista: el gobierno no va a cambiar el rumbo, encarna el interés de una oligarquía financiera que viene por todo y ese todo inevitablemente supone el desguazamiento nacional y la disolución social. Hasta aquí, todos los datos de la realidad demuestran que hasta tanto la clase obrera no logre escindirse ideológicamente de la oligarquía será incapaz de escapar al colapso al que las verdaderas fuerzas del pasado la arrastran.

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 236
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