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Timestamp: 2017-10-16 22:01:46+00:00

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Sentencia Civil Nº 270/2012, AP - Tenerife, Sec. 3, Rec 136/2012, 18-05-2012 | Iberley
Sentencia Civil Nº 270/2012, Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 3, Rec 136/2012 de 18 de Mayo de 2012
Sentencia Civil Nº 61/2009, AP - Madrid, Sec. 25, Rec 88/2008, 03-02-2009
Órden: Civil Fecha: 03/02/2009 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Zarzuelo Descalzo, Jose Num. Sentencia: 61/2009 Num. Recurso: 88/2008
Sentencia Civil Nº 141/2011, AP - Malaga, Sec. 4, Rec 947/2009, 09-03-2011
Órden: Civil Fecha: 09/03/2011 Tribunal: Ap - Malaga Ponente: Martin Delgado, Alejandro Num. Sentencia: 141/2011 Num. Recurso: 947/2009
Órden: Civil Fecha: 20/01/2012 Tribunal: Ap - Sevilla Ponente: Saraza Jimena, Rafael Num. Sentencia: 13/2012 Num. Recurso: 5408/2011
Sentencia Civil Nº 619/2011, AP - Barcelona, Sec. 17, Rec 632/2010, 19-12-2011
Órden: Civil Fecha: 19/12/2011 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Sanahuja Buenaventura, Maria Num. Sentencia: 619/2011 Num. Recurso: 632/2010
Órden: Civil Fecha: 16/10/2015 Tribunal: Ap - Tenerife Ponente: Fernandez Del Viso Blanco, Modesto Valentin Adolfo Num. Sentencia: 290/2015 Num. Recurso: 185/2015
Ponente: Sanchez, Maria Luisa Santos
Núm. Sentencia: 270/2012
Núm. Cendoj: 38038370032012100256
Da. CARMEN PADILLA MARQUEZ
Da. Ma LUISA SANTOS SANCHEZ (Ponente)
En Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho de mayo de dos mil doce.
Visto por las Ilmas. Sras. Magistradas arriba expresadas, en grado de apelación, el recurso interpuesto por la parte demandada, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Santa Cruz de Tenerife, en autos de Juicio Ordinario no. 782/2008, seguidos a instancias de la Procuradora Da. Patricia Cabrera Aguirre, bajo la dirección de la Letrada Da. Carmen González Ulloa en nombre y representación de D. Luis Miguel y Da. Nieves , contra la entidad mercantil GARIMEN 2001 PROMOCIONES, S.L. representado por la procuradora Da. Luisa Navarro González de Rivera bajo la dirección del Letrado D. Jorge Juan Machado Bouza; contra Da. Violeta representada por la procuradora Da. Paloma Aguirre López bajo la dirección del Letrado D. Antonio Claudio Fernández Sánchez; contra Don Belarmino representado por la procuradora Da. Raquel Guerra López bajo la dirección del letrado D. José Luis Sánchez Parodi Pascua y D. Ezequias ; han pronunciado, en nombre de S.M. el Rey, la presente Sentencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. Da. Ma LUISA SANTOS SANCHEZ, Magistrada de esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con base en los siguientes,
PRIMERO.- En los autos y por el referido Juzgado se dictó Sentencia de fecha dos de noviembre de dosmil once, cuya parte dispositiva, -literalmente copiada-, dice así: "Que debo absolver y absuelvo de los hechos enjuiciados a don Belarmino y a dona Violeta , por renuncia a la acción ejercitada ( resolución de contrato de compraventa), con condena a la parte actora de las costas procesales.
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda presentada por don Luis Miguel y dona Nieves contra Garimen 2001 Promociones, declarando resuelto el contrato de compraventa elevado a escritura pública de 19 de junio de 2007 sobre la vivienda número NUM000 del EDIFICIO000 , en CALLE000 , esquina DIRECCION000 y en consecuencia se condena a la parte demandada a devolver el precio de la venta (153.258 euros ) con los intereses legales y al pago de los danos y perjuicios causados, consistentes en los gastos de notaría y registro. La parte actora deberá poner a disposición de la demandada la vivienda libre de cargas.
No hay condena en costas.".
SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes en legal forma, se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandada Garimen 2001 Promociones, S.L; tramitándose conforme a lo previsto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , presentando escrito de oposición los demandantes, y remitiéndose con posterioridad los autos a esta Audiencia Provincial, con emplazamiento de las partes por término de treinta días.
TERCERO.- Que recibidos los autos en esta Sección Tercera se acordó formar el correspondiente Rollo, y se designó como Ponente a la Ilma. Sra. Magistrada Da. Ma LUISA SANTOS SANCHEZ; personándose oportunamente la parte apelante por medio de la Procuradora Da. Luisa María Navarro González de Rivera, bajo la dirección del Letrado D. Jorge Juan Machado Bouza, la parte apelada se personó por medio de la Procuradora Da. Patricia Cabrera Aguirre, bajo la dirección de la Letrada Da. Carmen González Ulloa; senalándose para votación y fallo el día siete de mayo del ano en curso.
PRIMERO.- La sentencia dictada en la precedente instancia, que estima parcialmente la demanda interpuesta por los actores, Don Luis Miguel y Dona Nieves , contra la entidad codemandada, Garimen 2001 Promociones S.L., y declara resuelto el contrato de compraventa de la vivienda descrita en el hecho primero de la demanda, elevado a público el 19 de junio de 2007 y condena a la indicada entidad a devolver el precio de la venta (153.258 euros) con los intereses legales y al pago de los danos y perjuicios causados, consistentes en los gastos de Notaría y Registro, debiendo a su vez la referida parte actora poner a disposición de dicha demandada la indicada vivienda libre de cargas, ha sido recurrida por esta última parte citada, ahora apelante, que pretende, en primer lugar, su total revocación y que se desestime en su integridad aquella demanda, en cuanto no procede la resolución contractual ni la obligación de dar una vivienda de las mismas características ni los gastos reclamados, y, en segundo lugar, de mantenerse la expresada declaración resolutoria y sus consecuencias, que se revoque la condena al pago de los intereses de demora resolución contractual. Como alegaciones en las que sustenta el recurso muestra su disconformidad con la consideración por la juzgadora de la instancia de que la petición de la demanda era la de resolución del contrato de compraventa, pese a no haberse suplicado ni fundamentado jurídicamente en ese escrito iniciador del procedimiento, y pone de manifiesto la negativa de los actores a la reparación de las humedades, a lo que esa apelante indica siempre estuvo dispuesta, no habiendo tenido en cuenta la juzgadora el informe del arquitecto de la obra que da una solución técnica a los defectos, senalando las pruebas obrantes en autos que, según dicha apelante, son demostrativas de su intención de subsanar tales defectos. Insiste igualmente en su desacuerdo con las consideraciones de la juzgadora "a quo" sobre el cambio de la calificación jurídica de la acción ejercitada por la parte actora y sobre el ejercicio por ésta de la acción resolutoria del artículo 1.124 del Código Civil , al haberse desistido de la acción ejercida frente al arquitecto y aparejador de la obra, indicando que las consecuencias de esa calificación pasan a ser exclusivas de dicha demandada, entendiendo la mencionada apelante que el fondo del litigio no era el contrato de compraventa sino la determinación de si los defectos alegados por la actora podían o no ser subsanados, resaltando la conducta de esta última parte citada de impedir la subsanación de los defectos existentes con su consiguiente agravación discrepando del criterio de la juzgadora de la instancia sobre la acreditación de que esa apelante no hizo nada por llevar a cabo las obras necesarias para esa subsanación. Aduce también su desacuerdo con la condena al pago de una indemnización en forma de intereses de demora al no considerarse la intención de dicha apelante en todo momento de llevar a cabo la subsanación de los defectos de las humedades, reiterando la ausencia en el suplico de la demanda de la petición de resolución contractual e igualmente en la audiencia previa y en el juicio. Estima también improcedente que sea esa apelante quien haya de sufrir las consecuencias sin llegar a tener la oportunidad de resolver los defectos de la vivienda, sancionándola además con el pago de los intereses de demora que dado el tiempo transcurrido suponen una cantidad considerable y hacen, en opinión de esa apelante, lucrativa la operación de compraventa, no tomándose en consideración la actitud de la actora de no querer la reparación, habiéndosele ofrecido desde el día que se celebró el acto de conciliación la devolución de la vivienda a cambio del pago del precio, gastos de la transmisión y gastos de los muebles fijos, no entendiendo por qué, además, se premia a los actores con una indemnización por danos cuya solución fue impedida por los mismos.
La parte actora, ahora apelada, se opone al recurso e interesa su desestimación total y la confirmación íntegra de la sentencia apelada, con condena en costas a la parte contraria. Muestra básicamente su conformidad plena con la indicada resolución, por estimarla ajustada a derecho, y rebate las alegaciones del recurso, destacando haber concretado, de conformidad con lo establecido en el artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , el suplico de la demanda mediante aclaración en la audiencia previa, donde se pidió la resolución contractual por incumplimiento de acuerdo con el artículo 1.124 del Código Civil y se renunció a la petición subsidiaria interesada en la demanda de que se condenara a los demandados a proporcionar una vivienda en la misma zona. Rechaza también la alegación contraria sobre la negativa injustificada de esa parte actora a que la entidad demandada intentara reparar las humedades de la vivienda, remitiéndose a lo establecido en la sentencia recurrida y resaltando las pruebas acreditativas de tal hecho, reputando asimismo falso que esa demandada, hoy apelante, tuviera intención de reparar las humedades y senalando que la misma ha sido demandada por la Comunidad de vecinos en dos ocasiones, además de anadir la falta de aportación a los autos de ningún informe del arquitecto de la obra ni de parte que acreditara los hechos alegados por esa apelante, reiterando la expresada actora-apelada la plena acreditación de los defectos por ella denunciados y de la procedencia de la resolución contractual, refiriendo haber probado sus intentos de llegar a una solución amistosa con la hoy apelante antes de acudir a la vía judicial. Insiste en la inexistencia del cambio de calificación jurídica de la acción ejercitada y en la aclaración efectuada en el acto de la audiencia previa así como en la renuncia a la acción dirigida frente al arquitecto y aparejador de la obra.
SEGUNDO.- La revisión y análisis de todo lo actuado en la precedente instancia, así como de la sentencia con la que la misma culmina, objeto del presente recurso, pone de manifiesto la total improsperabilidad del mismo, pues coincide plenamente este tribunal con la conclusión estimatoria en parte de la demanda a la que llega la juzgadora de la instancia, así como con la declaración de resolución del contrato de compraventa objeto de autos e, igualmente, con los preceptos legales aplicados. En efecto, ningún error se aprecia en la valoración por la juzgadora de la instancia de las pruebas practicadas, realizada de forma conjunta, objetiva e imparcial, ni en la aplicación del derecho, sin que tampoco se advierta en esa valoración arbitrariedad ni irracionalidad, teniendo establecido esta Sección Tercera, en sentencia no 494/2007, de 9 de noviembre de 2007 , con relación a esa valoración, que "es doctrina jurisprudencial reiterada y conocida que debe prevalecer la valoración que de las pruebas realicen los órganos judiciales por ser mas objetivas que la de las partes, dada la mayor subjetividad de éstas por razón de la defensa de sus particulares intereses. Por otro lado, también es aceptado que si bien el recurso de apelación transfiere al tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión en aquellos extremos de la sentencia que hayan sido objeto del recurso, ese conocimiento queda reducido a verificar si en la valoración de la prueba , -que no olvidemos, ha de ser conjunta-, el juez de instancia se ha comportado de forma arbitraria, o por el contrario, del contenido de la sentencia resulta que esa valoración es la procedente teniendo en cuenta los medios probatorios aportados por las partes y los resultados obtenidos en el proceso y plasmados en la sentencia. De manera que la función revisoría de esta Sala debe centrarse en determinar si las valoraciones probatorias se encuentran debidamente expresadas en la sentencia y si las conclusiones fácticas a que se llega en la misma no resultan contradictoria, incompletas, incongruentes, en definitiva, si no evidencia un manifiesto error de valoración" (en el mismo sentido, las sentencias de la Sección Cuarta, no 106/2010, de 22 de marzo y de la Sección Primera, no 344/2010, de 19 de julio de 2010 ).
Así, dando por reproducidos en la presente resolución los fundamentos de derecho de la que es objeto de recurso, por ser totalmente aceptados por este tribunal y conocidos por las partes, y frente a los cuales no puede prevalecer el análisis más subjetivo y parcial que de las pruebas efectúa la hoy apelante, ha de destacarse en la presente resolución que en el acto de la audiencia previa, de conformidad con el artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la parte actora-apelada aclaró expresamente el suplico de la demanda, indicando su abogada que la demanda continuaba sólo frente a la hoy apelante y que la acción principal era la de exigir el cumplimiento del contrato, pidiendo la entrega de una vivienda de similares características y, con carácter subsidiario, la resolución del contrato con amparo en el artículo 1.124 del Código Civil por incumplimiento contractual, así como los gastos ocasionados y danos y perjuicios, habiendo indicado también de modo expreso el abogado que asistía a la parte ahora apelante que entendía que la acción ejercitada era la de resolución de contrato, según lo especificado en ese acto, y que entendía que la sentencia se iba a basar en si se resolvía o no el contrato de compraventa, por lo que deben rechazarse rotundamente todas las alegaciones del recurso que se sustentan en el cambio de calificación de la petición de la demanda y, en cuanto con ella se relacionan, en la intención de reparar los defectos existentes en la vivienda litigiosa, siendo en todo caso facultad de la parte actora, en virtud del principio dispositivo- la decisión de la acción que ejercita y de las personas frente a las que la dirige (sin perjuicio de lo establecido en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a la concurrencia del litisconsorcio pasivo necesario, no aplicable en el presente caso). En cuanto a la resolución contractual, han de mantenerse las consideraciones de la juzgadora de la instancia sobre la existencia de un verdadero incumplimiento contractual y sobre la importancia de los defectos existentes en la vivienda, apreciables en su conjunto y no de modo aislado, como pretende la parte ahora apelante al referirse al más grave, cual es el de las humedades, sin que los informes periciales aportados por la parte actora (ratificados en la vista del juicio, habiendo efectuado los peritos las oportunas explicaciones y aclaraciones, de las que se desprende la importancia y gravedad de los defectos que refieren en sus respectivos informes, como con detalle se recoge en la sentencia recurrida) hayan sido desvirtuados por la prueba documental aportada por la parte ahora apelante (incluso en el informe que refiere del propio arquitecto de la obra, Sr. Belarmino y, por tanto, con evidente interés en los hechos, tan sólo se alude al problema de la humedades, proponiendo incluso unas soluciones cuya realización requeriría un extenso periodo de tiempo y sobre cuya eficacia no existe ninguna garantía objetiva; asimismo, en la intervención del citado arquitecto en la Junta celebrada el 29 de julio de 2008 reconoció la falta de colocación de lámina impermeabilizante en la solera), desprendiéndose en general, tanto la entrega de una cosa -vivienda- distinta a la pactada (aliud pro alio), configurada como incumplimiento esencial, como la inhabilidad de la vivienda para el normal uso de habitación al que se destina, siendo tal inhabilidad absoluta, como, por ejemplo, se constata de la declaración de la administradora de la Comunidad de propietarios en el que se ubica la vivienda litigiosa al aludir a los defectos constructivos y, en especial a la insalubridad, de la mencionada vivienda (también la aparejadora que declaró en la vista admitió la necesidad de levantar el suelo de la vivienda adquirida por la parte actora, debajo del cual está la arqueta, para limpiarla, lo que ha de hacerse de modo periódico), frustrando, en definitiva, el objeto del contrato y produciendo la insatisfacción objetiva de la parte compradora, determinando todo ello la procedencia de la resolución contractual, adecuándose a la misma el fallo de la sentencia recurrida, al ser consecuencia inmediata de esa resolución el retorno de las partes litigantes a la situación jurídica preexistente, con reintegración por cada una de ellas de lo recibido, es decir, la devolución por los compradores de la vivienda adquirida y por la vendedora del precio de la compraventa, senalando el párrafo segundo del artículo 1.124 del Código Civil que si el perjudicado optara por la resolución contractual, como sucede en el presente caso, podrá reclamar el resarcimiento de danos y "abono de intereses", ajustándose perfectamente, por tanto, a esta norma, así como, en cuanto con ella relacionados, a los artículos 1.100 , 1.101 , 1.106 y 1.108, todos del Código Civil , la imposición en la sentencia recurrida a la parte ahora apelante del abono de intereses del precio de la vivienda así como del pago de los gastos de Notaría y Registro habidos por la parte actora.
TERCERO.- Como consecuencia de lo expuesto, procede la total desestimación del recurso y la confirmación íntegra de la sentencia apelada, con expresa imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada ( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
1o. Desestimamos totalmente el recurso formulado por la entidad Garimen 2001 Promociones, S.L.
2o. Confirmamos en su integridad la sentencia apelada.
3o. Imponemos a la referida apelante las costas de esta alzada.
Procede la pérdida del depósito constituído para recurrir, al que se dará el destino previsto en la disposición adicinal 15a de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, anadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 466 de la L.E.C ., la presente sentencia es susceptible de los recursos extraordinario por infracción procesal, artículo 468 y siguientes, en relación con la disposición transitoria décimo-sexta de la citada Ley y/o de casación del artículo 477.2.3o de igual cuerpo legal, si se cumplieren los requisitos que la mencionada norma establece. Los expresados recursos se interpondrán mediante escrito ante esta Sección en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que determina el artículo 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
PUBLICACIÓN.- Publicada ha sido la anterior sentencia por las Ilmas. Sras. que la firman y, leída ante mí por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente en audiencia pública del día de su fecha, como Secretaria de Sala, certifico.-

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 426
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 426
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 420
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 398
 artículo 468
 artículo 477
 resolución 
 artículo 248