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Timestamp: 2020-07-03 23:53:04+00:00

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Registro Oficial. 22 de ENERO del 2007 Suplemento
Lunes, 22 de enero de 2007 - R. O. No. 05
57-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 95, 96 y 113, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Parte actora: PRODUCTOS FAR-MACEUTICOS S. A. de C. V. Caso: marca "DOTRON". Expediente: No. 2374-2002.
Instructivo de trabajo registro y control del ingreso y salida de vehículos particulares de turismo.
- Gobierno Municipal de Tena: De reglamentación a la publicidad, a través de rótulos, carteles y anuncios en el cantón.
- Cantón El Empalme: Que reforma a la Ordenanza para la creación y cobro de las tasas por los servicios técnicos y administrativos que presta.
PROCESO\n No. 57-IP-2005
Interpretación prejudicial\n de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83,\n literal a, 95, 96 y 113, literal a, de la Decisión 344\n de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como\n de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión\n 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento\n en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional\n y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República\n del Perú. Parte actora: PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A.\n de C. V. Caso: marca "DOTRON". Expediente:
No. 2374-2002.
\n TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de\n Quito, primero de junio del año dos mil cinco.
La providencia dictada el 23\n de febrero de 2005, en el expediente No. 2374-2002, por la Corte\n Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala\n de Derecho Constitucional y Social, en la cual se especifica\n que "resulta necesario suspender la tramitación del\n presente proceso judicial a efectos de solicitar un Informe al\n Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación\n prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión\n 486 así como cual es la debida aplicación de estos\n dispositivos al caso sub litis a fin de coadyuvar a dilucidar\n la presente controversia. Razones por las cuales SUSPENDIERON\n la tramitación del presente proceso judicial, hasta que\n el citado organismo emita el informe correspondiente", recibida\n en este Tribunal en fecha 25 de abril de 2005; y,
El expediente de la causa, enviado\n a este Tribunal junto con la providencia citada, y en el cual\n obran, entre otras, las siguientes actuaciones:
1. De la demanda y otros escritos
1.1. Cuestión de hecho
Del texto de la demanda contencioso\n administrativa formulada por el representante de la sociedad\n PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. de C. V., ante la Sala Civil Transitoria\n de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú,\n se desprende que "Con fecha 20 de mayo de 1998 Healthco\n Limited, de Inglaterra, solicitó el registro de la marca\n DOTRON para distinguir productos farmacéuticos de la clase\n 05 de la Nomenclatura Oficial"; que "Con fecha 25 de\n agosto de 1998, dentro del plazo de ley, PRODUCTOS FARMACEUTICOS\n S. A. de C. V., de México, presentó observación\n contra la referida solicitud"; que "Con fecha 15 de\n diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI,\n mediante Resolución No. 14616-1998/OSDINDECOPI, declaró\n infundada la observación formulada por nuestra parte y\n otorgó el registro del signo solicitado. Consideró\n que los signos enfrentados no son similares al grado de producir\n confusión en el público consumidor respecto al\n origen empresarial de los productos que distinguen, ya que apreciados\n en su conjunto presentan elementos y caracteres propios tanto\n en el aspecto gráfico como fonético que permiten\n diferenciarlos entre sí"; que "Con fecha 15\n de enero de 1999, PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A., de C. V. interpuso\n recurso de apelación contra la resolución de primera\n instancia por no considerarla conforme a derecho "; que\n "Con fecha 16 de junio de 1999, la Sala de la Propiedad\n Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la\n Propiedad Intelectual, emitió la resolución No.\n 743-1998 (rectius 1999)/ TPI-INDECOPI que confirmó la\n resolución de primera instancia y, en consecuencia, otorgó\n el registro de la marca DOTRON solicitado por Healthco Limited,\n de Inglaterra, para distinguir productos farmacéuticos\n de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial"; y que "Contra\n la referida resolución interponemos la presente acción\n judicial, pues esta contraviene los más elementales principios\n jurídicos enunciados y previstos en nuestro derecho marcario,\n especialmente al conceder el registro de una marca - DOTRON -\n que resulta ser confundible con otra previamente registrada -\n TOPRON - subestimando el hecho que éstas marcas van a\n distinguir productos farmacéuticos y que, una mínima\n confusión, puede ocasionar un grave perjuicio para la\n salud del público consumidor ".
La Resolución No. 743-1999/TPI-INDECOPI,\n emanada del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad\n Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones,\n que "Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala\n conviene en precisar que no puede determinarse la existencia\n de riesgo de confusión entre los signos por el sólo\n hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden.\n En principio, para realizar el examen comparativo el signo no\n debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión\n de los mismos puede determinarse por la inclusión de las\n letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe\n ser la impresión en conjunto que éstos susciten.\n Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría\n de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión\n en conjunto distinta"; que "Realizado el examen comparativo\n entre el signo solicitado DOTRON y la marca registrada TOPRON,\n se advierte desde el punto de vista fonético, que si bien\n los signos coinciden en la secuencia de sus vocales (O-O / O-O),\n la presencia en el signo solicitado de las consonantes D y T\n en lugar de las consonantes T y P de la marca registrada y, como\n correlato de ello, el diferente sonido que producen las sílabas\n iniciales de los signos, determinan que en conjunto la pronunciación\n de los signos sea distinta"; que "Desde el punto de\n vista gráfico, a pesar de que los signos comparten algunas\n letras ubicadas en idéntica posición, la diferencia\n sobre todo de las letras iniciales (D/T) así como de las\n letras intermedias (T/P) que conforman las denominaciones, determina\n que en conjunto la escritura e impresión visual de los\n signos sea diferente"; que "Por las consideraciones\n expuestas, la Sala determina que a pesar que los productos que\n distinguen los signos en cuestión son los mismos, dadas\n las diferencias fonéticas y gráficas existentes\n entre los signos su concurrencia en el mercado no es susceptible\n de inducir a que el público consumidor confunda un producto\n con otro o asocie el origen empresarial de los mismos";\n que "En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra\n incurso en la prohibición establecida en el artículo\n 83 inciso a) de la Decisión 344 razón por que\n no (sic) corresponde su acceso a registro"; y decide "CONFIRMAR\n la Resolución No. 14616- 1998/OSD-INDECOPI y, en consecuencia,\n OTORGAR el registro de la marca de producto DOPRON (sic) solicitado\n por Healthco Limited para distinguir productos farmacéuticos\n de la clase 5 ".
Según el "RESUMEN\n DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NUMERO 2374-02 PROCEDENTE DEL DISTRITO\n JUDICIAL DE LIMA", la acción judicial de impugnación\n de la Resolución Administrativa en referencia fue formulada\n por la sociedad PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A. DE C. V. contra\n el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección\n de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Ministerio de Industria,\n Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales,\n y la empresa HEALTHCO LIMITED DE INGLATERRA, a efectos de que\n "se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución\n No. 743-1999/TPI-INDECOPI de fecha 16 de junio de 1999 que Confirma\n la Resolución No. 14616-1998/OSD-INDECOPI de fecha 15\n de diciembre de 1998, que a su vez resuelve declarar infundada\n la observación formulada por la demandante y dispone el\n registro de la marca de producto 'DOTRON' solicitada por Healthco\n limited de Inglaterra para distinguir productos farmacéuticos\n de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial".
En el expediente no obran escritos\n de contestación a la demanda contencioso administrativa\n formulada por la sociedad PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A. de C.\n V. Sin embargo, el Resumen agregado a los autos contiene una\n referencia a los "FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA\n FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA\n Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI". Según\n esta referencia, el Instituto sostiene que "El Tribunal\n del INDECOPI a través de su apoderado sostiene la validez\n de las resoluciones administrativas cuestionadas, afirma que\n las marcas confrontadas no resultan ser semejantes al grado de\n inducir a confusión al consumidor, por lo que la marca\n solicitada no se encuentra incursa en las causales de prohibición\n de la registrabilidad prevista (sic) en el Art. 83° de la\n Decisión No. 344, sobre propiedad industrial del acuerdo\n de cartagena, concordante con el Art. 131 y 132 del D. Legislativo\n 823 Ley de Propiedad Industrial; además que el examen\n comparativo determinó que no existe (sic) semejanzas que\n puedan inducir a error al publico (sic), por lo que, la resolución\n impugnada no ha incurrido en ninguna causal que determine su\n invalidez o ineficacia, por lo que la demanda debe ser declarada\n infundada".
El resumen se refiere asimismo\n a la "CONTESTACION DE LA DEMANDA POR EL PROCURADOR MITINCI",\n indicando que el Procurador del Ministerio de Industria, Turismo,\n Integración, y Negociaciones Comerciales Internacionales\n "Básicamente sostiene que para determinar el riesgo\n de confusión debe establecerse previamente la existencia\n de similitud o conexión competitiva entre los signos en\n litigio; en el presente caso, el examen comparativo determinó\n que entre los signos no existe similitud desde ningún\n punto de vista, por lo que, debe declararse Infundada la demanda".
Según el resumen, la Empresa\n Healthco Limited de Inglaterra alegó, en su escrito de\n contestación, que "las resoluciones materia de la\n demanda se ajustan plenamente a las normas de la decisión\n No. 344 de la Comunidad Andina y a las del D. Leg. 823 Ley de\n Propiedad Industrial ya que no existe posibilidad de confusión\n en el público consumidor de ésta clase de productos\n por cuanto es evidente que cada una de las marcas en cuestión\n poseen características distintas que las hacen perféctamente\n (sic) distinguibles entre sí".
Agrega el resumen citado que\n la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú\n declaró " FUNDADA la demanda que las marcas en cuestión\n se encuentran en el rubro productos farmacéuticos dirigidos\n al mismo público consumidor, que ambos signos tienen un\n sonido de conjunto muy parecido que puede influir en la memoria\n del consumidor cuando trate de recordar la denominación\n del producto farmacéutico que desea adquirir, que entre\n los términos en conflicto destaca la coincidencia de siete\n letras y dos sílabas, siendo la sílaba tónica\n la última lo que las hace fácilmente confundibles".
Por último, el resumen\n informa que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia\n y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)\n y la Procuradora Pública del Ministerio de Industria,\n Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales,\n ejercieron recurso de apelación contra la sentencia de\n la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del\n Perú.
1.2. Cuestión de derecho
En su demanda, el apoderado de\n la sociedad PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A. de C. V. solicita,\n a propósito de la resolución impugnada, que "se\n declare la invalidez e ineficacia por haber sido dictada en contravención\n de lo establecido por las leyes que, para el caso concreto, vienen\n a ser las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión\n 344 de la COMAC - Comisión del Acuerdo de Cartagena ".\n
En lo que concierne a los aspectos\n gráficos de las marcas confrontadas, alega que las mismas\n "no son exactamente iguales puesto que ambas presentan dos\n letras diferentes, de las seis existentes en las mismas. Sin\n embargo, esta resulta ser una mínima diferencia, en comparación\n con la imagen o la impresión del conjunto; no significa\n una diferencia que dote al signo solicitado DOTRON de la completa\n distintividad con relación a la marca registrada TOPRON.\n En efecto, basta una rápida visión de los mismos,\n es decir, sin mayor detenimiento, para poder comprobar que ambos\n dejan en el recuerdo una misma impresión DOTRON/TOPRON";\n que "Las mayores semejanzas entre los signos citados se\n hallan en el aspecto fonético, es decir, en la impresión\n sonora que dejan ambos signos al ser pronunciados ambos presentan\n exactamente una misma secuencia de vocales y , además,\n contrariamente a lo resuelto por la autoridad administrativa,\n tienen un sonido de conjunto muy parecido, pese a la no coincidencia\n total entre las sílabas iniciales de las dos marcas";\n que "ni las mínimas diferencias que existen en la\n pronunciación de los sonidos consonantes /d/ y /t/, ni\n los sonidos de las sílabas subsiguientes /dron/ y /pron/\n resultan suficientes para evitar o disminuir las posibilidades\n de confusión entre los signos Nótese que, por\n ejemplo, aunque los sonidos /d/ y /t/ no sean los mismos, ambos\n se asocian por el hecho de ser producidos en la misma zona alveolar\n de la cavidad bucal"; que "Tal es el riesgo de confusión\n entre los signos en conflicto que, hasta la propia administración\n se confundió al considerar el término DOPRON, en\n vez de DOTRON, en la Resolución No. 743-1999/TPI-INDECOPI,\n materia de la presente demanda Como prueba de este hecho, adjuntamos\n la Resolución No. 1006-1999/ TPI-INDECOPI, del 14 de agosto\n de 1999, que ENMIENDA el error en la denominación de la\n marca otorgada, debido a la gran similitud de los signos en cuestión".
En cuanto a la "RIGUROSIDAD\n DEL EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD PARA EL CASO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS",\n señala que "por lo general, en nuestro medio los\n artículos medicinales - productos farmacéuticos\n - se solicitan en el mercado de manera verbal, es decir, pronunciando\n sus denominaciones que, en el caso concreto de las marcas DOTRON\n y TOPRON, producen un sonido similar y susceptible de confusión,\n que bien podría desencadenar graves consecuencias en la\n salud de quienes por error confundan unos productos por otros";\n y que "si bien las marcas DOTRON y TOPRON no son absolutamente\n iguales, éstas sí presentan un alto grado de semejanza,\n capaz de inducir a error cuyas consecuencias, podrían\n ser mucho más graves que la confusión entre prendas\n de vestir, debido a la incidencia directa de este tipo de productos\n (medicamentos) en la salud de las personas". El demandante\n invoca como fundamentos de derecho, entre otras, las disposiciones\n correspondientes a los artículos 81 y 83, literal a),\n de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de\n Cartagena.
Consta en el expediente el recurso\n de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa\n de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual\n (INDECOPI), contra la sentencia dictada por la Sala Civil Transitoria\n de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.\n En el recurso se argumenta que "el hecho de que se declare\n la invalidez o ineficacia de un pronunciamiento de la administración\n no significa que el órgano judicial, vía proceso\n contencioso, pueda disponer, por ejemplo, la cancelación\n del registro otorgado por la autoridad administrativa a una marca,\n pues ello no sólo contradice el objeto del mencionado\n proceso, sino también desconoce la esencia de la institución\n marcaria de la cancelación"; que "a partir de\n lo establecido por el artículo 165° de la actual Decisión\n 486 la cancelación del registro otorgado a una marca\n sólo procede a pedido de parte interesada, cuando dicha\n marca no ha sido utilizada en el mercado"; que "la\n sentencia apelada incurre en error al señalar como uno\n de los requisitos para registrar una marca el carácter\n novedoso y visible de la misma, afirmación que no sólo\n contravienen (sic) el texto expreso de la ley, sino también\n la opinión mayoritaria de la doctrina especializada";\n que "En consecuencia, la Sala Civil Suprema en su sentencia\n apelada ha establecido requisitos extra-legales a fin que (sic)\n un signo pueda acceder al registro como marca, lo cual por demás\n contravienen (sic) el texto expreso de la ley".
El recurso hace referencia también\n a "la confudidibilidad (sic) que existíria (sic)\n entre los signos DOTRON y TOPRON", alegando al respecto\n que "el Tribunal del INDECOPI realizó un exhaustivo\n examen comparativo entre dicha marca y la previamente registrada\n TOPRON desde los planos gráfico y fonético, el\n mismo que se ciñó en todo momento a lo dispuesto\n en los artículos 131° y 132° del Decreto Legislativo\n No. 823", por lo que consideró que "las marcas\n nominativas DOTRON y TOPRON no resultaban semejantes al grado\n de inducir a error al consumidor, pues las mismas, vistas en\n conjunto, resultaban adecuadamente diferenciables"; que\n "A mayor abundamiento sobre las diferencias fonéticas\n entre los signos, debemos señalar que un aspecto que no\n ha sido tomado en cuenta por la Sala Civil Suprema en la sentencia\n apelada es el hecho que el sonido de las letras D y T es claramente\n diferenciable, tal como se puede apreciar en los siguientes ejemplos:\n DOMAR y TOMAR, DENSO y TENSO, DIA y TIA, DRAMA y TRAMA, DUNA\n y TUNA, etc."; que "De otro lado, debemos señalar\n que el INDECOPI también consideró que los signos\n en conflicto eran diferentes desde el plano gráfico, pues\n más allá del hecho que compartieran algunas de\n sus letras ubicadas en igual orden, la impresión en conjunto\n que generaban era distinta frente a los ojos de los consumidores";\n y que "debemos agregar que la Sala Civil Suprema no ha tomado\n en consideración al sector de consumidores a los cuales\n se encuentran dirigidos los productos que identifican las marcas\n en conflicto. Al respecto, cabe señalar que si bien es\n cierto que en nuestro país es práctica arraigada\n la automedicación también lo es el hecho que un\n consumidor medio (ni sumamente perspicaz ni excesivamente torpe),\n al momento de adquirir productos farmacéuticos, realizará\n un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades,\n lo cual, en el presente caso, es una razón adicional que\n determina que las marcas en conflicto no sean en modo alguno\n confundibles". En cuanto "AL ERROR MECANOGRAFICO INCURRIO\n (sic) EN LA RESOLUCION No. 743 - 1999/TPI-INDECOPI", el\n recurrente sostiene que "es, en efecto, tan sólo\n un error material, producto de una equivocación al momento\n de consignar la denominación de la marca solicitada a\n registro () dicho error no es un elemento de prueba alguno que\n permita determinar la existencia de confundibilidad entre las\n marcas en conflicto, pues no pasa de ser una simple equivocación\n mecanográfica".
Y, en cuanto al recurso de apelación\n ejercido por la Procuradora Pública del Ministerio de\n Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales\n Internacionales, contra la sentencia dictada por la Sala Civil\n Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú,\n del escrito correspondiente se desprende que "Desde el punto\n de vista fonético, se advirtió razonadamente que\n entre el signo observado DOTRON y la marca registrada con anterioridad\n TOPRON si bien coinciden en la secuencia de sus vocales la presencia\n en el signo solicitado de las consonantes D y T en lugar de las\n consonantes T y P de la marca registrada, determina una pronunciación\n diferente "; que "no por el hecho que una marca incluya\n términos de otra, ambas serán confundibles entre\n sí, ya que lo que importa es determinar si considerando\n los signos en su integridad éstos producen confusión\n en su impresión en conjunto"; que "no existe\n similitud entre ambas puesto que tanto en su percepción\n como en su pronunciación en conjunto son diferentes";\n y que "La Resolución de la Sala Civil Transitria\n (sic) nos causa agravio, y con ello agravia al público\n consumidor, pues pretende denegar el registro de la marca solicitada,\n a pesar de haber quedado demostrado que no existe riesgo de confusión\n ".
Que las normas cuya interpretación\n se solicita son los "artículos 165, 166 y 167 de\n la Decisión 486" de la Comisión de la Comunidad\n Andina;
Que, de conformidad con la disposición\n prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación\n del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las\n normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento\n jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición\n señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación\n del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos\n 4, 121 y 2 de su estatuto (codificado mediante la Decisión\n 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía\n prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico\n de la Comunidad Andina;
Que, en cumplimiento de la disposición\n indicada en el artículo 125 del estatuto, y según\n consta en el auto que obra a los folios 76 y 77 del expediente,\n la presente solicitud de Interpretación prejudicial fue\n admitida a trámite por haber cumplido, en lo principal,\n con los requisitos fijados en la citada disposición; y,
Que, una vez examinada la aplicabilidad\n de las normas sometidas a consulta, y visto que la solicitud\n de registro como marca del signo "DOTRON" fue presentada\n el 20 de mayo de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal\n estima que, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo\n 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretar\n de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable\n a la solicitud en referencia, esto es, los artículos 81,\n 83, literal a), 95, 96 y 113, literal a), de la citada Decisión,\n así como la Disposición Transitoria Primera de\n la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad\n Andina, y no así los artículos 165, 166 y 167 eiusdem.\n Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:
"Artículo 81.- Podrán\n registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente\n distintivos y susceptibles de representación gráfica.\n
Se entenderá por marca\n todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los\n productos o servicios producidos o comercializados por una persona\n de los productos o servicios idénticos o similares de\n otra persona".
"Artículo 83.- Asimismo,\n no podrán registrarse como marcas aquellos signos que,\n en relación con derechos de terceros, presenten algunos\n de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se\n asemejen de forma que puedan inducir al público a error,\n a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada\n por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para\n productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca\n pueda inducir al público a error;
"Artículo 95.- Una\n vez admitida a trámite la observación y no incurriendo\n ésta en las causales del artículo anterior, la\n oficina nacional competente notificará al peticionario\n para que, dentro de treinta días hábiles contados\n a partir de la notificación, haga valer sus alegatos,\n de estimarlo conveniente.
Vencido el plazo a que se refiere\n este artículo, la oficina nacional competente decidirá\n sobre las observaciones y la concesión o denegación\n del registro de marca, lo cual notificará al peticionario\n mediante resolución debidamente motivada".
"Artículo 96.- Vencido\n el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren\n presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá\n a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar\n el registro de la marca. Este hecho será comunicado al\n interesado mediante resolución debidamente motivada".\n
"Artículo 113.- La\n autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio\n o a petición de parte interesada, la nulidad del registro\n de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:\n
a) El registro se haya concedido\n en contravención de cualquiera de las disposiciones de\n la presente Decisión;
Las acciones de nulidad que se\n deriven del presente artículo, podrán solicitarse\n en cualquier momento".
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS\n
PRIMERA.- Todo derecho de propiedad\n industrial válidamente concedido de conformidad con la\n legislación comunitaria anterior a la presente Decisión,\n se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha\n de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de\n vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes\n se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce,\n obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán\n las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de\n procedimientos en trámite, la presente Decisión\n regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido\n a la fecha de su entrada en vigencia".
I. De la aplicación del\n ordenamiento comunitario en el tiempo.
En principio, y con el fin de\n garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica\n y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter\n sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que\n las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran\n sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente\n al tiempo de su constitución. Por tanto, la nueva norma\n comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa,\n a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a\n su entrada en vigencia. Sin embargo, procede su aplicación\n inmediata a los efectos futuros de la situación nacida\n bajo el imperio de la norma anterior.
El régimen común\n en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad\n de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión\n 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones\n 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición\n Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera),\n tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente\n otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir\n por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria\n Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto\n de los derechos válidamente concedidos conforme a "las\n disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento",\n cuales son las vigentes para la fecha de presentación\n de la solicitud de registro, pero añade, a título\n de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos\n preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha\n Decisión.
Por otra parte, las disposiciones\n citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma\n sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido\n bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que\n se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones,\n licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente\n concedido.
A la vez, si el ius superveniens\n se halla constituido por una norma de carácter procesal,\n ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia,\n a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en\n curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente\n a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión\n expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio\n de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente\n para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca,\n ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento\n correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la\n aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos\n o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho,\n mientras que la norma procesal posterior será la aplicable\n al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún\n no se hubiesen cumplido.
La instancia consultante establecerá,\n a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable\n en el caso de autos, en lo que concierne a los requisitos para\n el registro de un signo como marca, al trámite de la solicitud\n correspondiente y a la acción encaminada a obtener la\n nulidad del registro concedido.
II. De la nulidad del registro\n de un signo como marca. Diferencia con la cancelación.
El artículo 113 de la\n Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional\n competente para declarar la nulidad del registro de un signo\n como marca, así como las causales que dan lugar a dicha\n nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.\n
En el caso de autos, se observa\n que el registro de la marca "DOTRON", solicitado el\n 20 de mayo de 1998, fue definitivamente otorgado mediante Resolución\n No. 743-1999/TPI-INDECOPI, del 16 de junio de 1999, y que la\n demanda de nulidad contra dicho registro fue planteada por la\n sociedad PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A. de C. V. el 11 de octubre\n de 1999, fechas en que se encontraba en vigencia la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En este ámbito, el Tribunal\n ha manifestado que "Si, concedido el registro de la marca,\n se produce su impugnación, la norma sustancial destinada\n a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será\n la que fuere aplicable para la fecha de su concesión",\n y que, a los efectos de tal concesión, será aplicable,\n en tutela del Principio de seguridad jurídica, la norma\n sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro\n del signo (Sentencia dictada en el Proceso No. 38-IP-2002, del\n 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845, del\n 1º de octubre del mismo año, caso "PREPAC OIL,\n SISTEMA PREPAC y PREPAC").
En lo que concierne a la legitimación\n para instar la nulidad del registro de un signo como marca, el\n Tribunal ha declarado que:
"En el artículo 113\n de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro\n marcario 'DE OFICIO O A PETICION DE PARTE INTERESADA'.
En el primer supuesto, la propia\n autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede\n decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento\n establecido por la legislación interna. La participación\n de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección\n del interés público.
\n La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un\n procedimiento de nulidad del registro es la de ser 'parte interesada'.\n Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional\n competente, sea ésta un órgano administrativo con\n facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil\n en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa,\n o uno con funciones exclusivamente contencioso- administrativas,\n es preciso acreditar un INTERES JURIDICAMENTE PROTEGIDO El particular\n que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión\n de registro, pretendidamente inválido, previamente debe\n acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención\n como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo\n en su favor. Este interés para actuar, además,\n ha de ser actual, no eventual o potencial
Bertone y Cabanellas mencionan\n entre los particulares interesados para solicitar la nulidad\n de una marca 'a los comerciantes u otros potenciales usuarios\n de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente\n en razón de un registro nulo, el titular de una marca\n confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular\n de un nombre comercial y de una denominación social y,\n en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos\n por la marca cuya nulidad se plantea' ('Derecho de Marcas', Tomo\n II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).
En síntesis, para que\n opere la acción especial de nulidad del registro marcario,\n de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la\n Decisión 344, exige la presencia de 'parte interesada'\n lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo\n o al menos un interés legítimo los que deberán\n ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía\n judicial" (Sentencia dictada en el expediente No. 10-IP-97,\n del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 308\n del 28 de noviembre del mismo año, caso "COLSUBSIDIO").\n
En cuanto a lo que debe entenderse\n por "autoridad nacional competente" para declarar la\n nulidad del registro en cuestión, el Tribunal ha establecido\n que "... ha de ser la autoridad administrativa o judicial\n establecida por la legislación interna de cada País\n Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en\n cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposición\n Final Única de la Decisión 344, por 'oficina nacional\n competente' procede entender la entidad administrativa a que\n ha de acudirse para solicitar la atribución de un derecho\n de Propiedad Industrial" (Sentencia dictada en el Proceso\n No. 38-IP-2002, ya citada).
En lo relativo al procedimiento\n de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del\n artículo 144 de la Decisión 344, será la\n legislación nacional de cada País Miembro que lo\n establezca, toda vez que el artículo 113 no lo regula\n en forma expresa. El procedimiento citado deberá incluir,\n en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo\n 113 de la Decisión, además de observar la disciplina\n ya contemplada en la legislación comunitaria en materias\n tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad\n de la acción.
El citado artículo 113\n prevé además las causales taxativas que sirven\n de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca.\n Tales son que el registro se haya concedido en contravención\n de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión\n 344; que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos\n esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen\n sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional\n competente; y que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto\n que se configurará cuando un representante, distribuidor\n o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero,\n solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible\n con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca\n registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada, o\n el registro obtenido, por quien desarrolle, como actividad habitual,\n el registro de marcas para su comercialización.
Finalmente, el Tribunal estima\n necesario referirse brevemente a la cancelación del registro\n del signo marcario por falta de uso (prevista en el artículo\n 108 de la Decisión 344, y en los artículos 165,\n 166 y 167 de la Decisión 486), y mostrar su diferencia\n con la nulidad del registro marcario antes referida (consagrada\n en el artículo 113 de la Decisión 344), a cuyo\n efecto reitera los pronunciamientos emitidos en la sentencia\n del expediente No. 64-IP-2001 (del 12 de diciembre de 2001, publicada\n en la G.O.A.C. N° 759 del 6 de febrero de 2002, caso "DE\n LA CORTE"), que se apoyan, a su vez, en los comentarios\n sentados en las sentencias correspondientes a los expedientes\n Nos. 04-IP-95 (del 15 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C.\n N° 253, del 7 de marzo de 1997, caso "GRANOLAJET"),\n 10-IP-97 (ya citada), y 28-IP-95 (del 13 de febrero de 1998,\n publicada en la G.O.A.C. N° 332 del 30 de marzo del mismo\n año, caso "CANALI"):
"1.- las 'acciones de nulidad\n que se deriven del presente artículo podrán solicitarse\n en cualquier momento';
3.- Sólo un órgano\n administrativo ('la oficina nacional competente'), es decir el\n 'encargado del registro de la Propiedad Industrial' (artículo\n 108), puede declarar la 'cancelación' de un registro marcario;\n en cambio la 'nulidad' del mismo (artículo 113) corresponde\n a la autoridad nacional competente, conforme a la determinación\n que al respecto realicen los ordenamientos jurídicos nacionales.\n
4.- la declaratoria de la 'Autoridad\n Nacional Competente' podrá producirse tanto de oficio\n como a solicitud de parte, entendiendo por esta última,\n una 'parte interesada' o 'las partes interesadas', y no 'cualquier\n persona interesada', como sí lo admite el artículo\n 108 ejusdem en el caso de cancelación del registro.
5.- la citada nulidad procede\n por motivos expresos, y por tanto limitativamente señalados\n en el artículo 113, todos de ilegalidad; en cambio que\n los del 108 pueden operar tanto por motivos de oportunidad como\n de conveniencia. ".
\n III. De la definición de marca y de los requisitos para\n su registro.
El artículo 81 de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el\n concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal,\n el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial\n representado por un signo que, perceptible a través de\n medios sensoriales y susceptible de representación gráfica,\n sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos\n o servicios producidos o comercializados por una persona de otros\n idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario\n medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo\n de confusión o error acerca del origen o la calidad del\n producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés\n de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre\n el signo distintivo de sus productos y servicios, así\n como el interés general de los consumidores o usuarios\n a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin\n riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del\n producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, la\n marca procura garantizar la transparencia en el mercado.
El artículo 81 en referencia\n somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento\n de los siguientes requisitos:
En primer lugar, el signo debe\n ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por\n el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a\n fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La\n percepción se realiza, por lo general, a través\n del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles,\n entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras,\n dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
En segundo lugar, el signo debe\n ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar\n y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos\n o comercializados por una persona de otros idénticos o\n similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable\n para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar\n el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La\n distintividad, además, debe ser suficiente, es decir,\n de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo\n induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe\n ser susceptible de representación gráfica, es decir,\n apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo\n que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.\n Por ello, las formas representativas en que consisten los signos\n pueden estar constituidas por las expresiones gráficas\n o escritas ya citadas. Este requisito guarda correspondencia\n con el previsto en el artículo 88, literal d), de la Decisión\n 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada\n por la reproducción de la marca cuando ésta contenga\n elementos gráficos.
Por tanto, del citado artículo\n 81 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición\n de registro de un signo como marca, si éste no cumple\n los requisitos acumulativos que la citada disposición\n prevé en forma expresa.
\n IV De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión.\n De la confusión directa e indirecta. De la identidad y\n semejanza. De las reglas de comparación.
Los artículos 82 y 83\n de la Decisión 344 fijan, a título de prohibiciones,\n las causales que impiden el registro de un signo como marca.\n Según la prevista en el artículo 83, literal a,\n no podrá registrarse como marca el signo que, en relación\n con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de\n forma que pueda inducir al público a error, a una marca\n anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,\n para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio\n respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público\n a error.
Cabe precisar que la tutela prevista\n en la disposición citada tiene por objeto la marca que,\n de conformidad con el artículo 93 eiusdem, haya sido solicitada\n anteriormente para registro, o registrada por un tercero, en\n uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.
Del texto del artículo\n 83, literal a), se desprende que la prohibición no exige\n que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores\n o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para\n que se configure aquella prohibición.
Para establecer la existencia\n o no del riesgo de confusión entre la marca cuyo registro\n se impugna y otra ya registrada, o solicitada previamente para\n registro, será necesario determinar si existe identidad\n o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí\n como entre los productos o servicios distinguidos por ellos,\n y considerar la situación de los consumidores o usuarios,\n la cual variará en función de los productos o servicios\n de que se trate.
La identidad o la semejanza de\n los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la\n directa, caracterizada porque el vínculo de identidad\n o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un\n producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá\n otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo\n hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de\n los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un\n origen empresarial común.
En consecuencia, los supuestos\n que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios\n signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara,\n serían los siguientes: que exista identidad entre los\n signos en disputa y también entre los productos o servicios\n distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza\n entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos\n e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre\n aquéllos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación\n entre las marcas confrontadas habrá de hacerse desde sus\n elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo,\n dicha comparación deberá ser conducida por la impresión\n unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad\n igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que\n está destinado. Por tanto, la valoración deberá\n llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo\n que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo\n prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle\n provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que,\n por esta razón especial, se constituya en factor determinante\n de la valoración.
Este Tribunal ha declarado por\n otra parte que "La regla esencial para determinar la confusión\n es el examen mediante una visión en conjunto del signo,\n para desprender cuál es la impresión general que\n el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis\n ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma\n común a la que recurre el consumidor para retenerlo y\n recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer\n en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La\n labor de la determinación de la confundibilidad depende\n del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá\n atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este\n Tribunal han establecido para el efecto" (Sentencia dictada\n en el expediente N° 18-IP- 98 del 30 de marzo de 1998, publicada\n en la G.O.A.C. N° 340 del 13 de mayo de 1998, caso "US\n TOP"). Y en lo que concierne a los ámbitos de la\n confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes\n criterios: "El primero, la confusión visual, la cual\n radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos,\n los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la\n confusión auditiva, en donde juega un papel determinante\n la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto\n de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde\n una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente\n la idea es de la misma denominación o marca. El tercer\n y último criterio, es la confusión ideológica,\n que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación\n con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este\n punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos,\n sino que se atiende a la comprensión, o al significado\n que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica"\n (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de\n febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329 del 9 de marzo\n de 1998, caso "DERMALEX").
En este contexto, el Tribunal\n ha establecido que la similitud visual u ortográfica se\n presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto\n de comparación, toda vez que el orden de tales letras,\n su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones,\n pudieran incrementar el riesgo de confusión.
En cuanto a la similitud fonética\n o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende,\n entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica\n de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones,\n deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada\n caso, pues la percepción por los consumidores de las letras\n que integran los signos, al ser pronunciadas, variará\n según su estructura gráfica y fonética.\n
Y en cuanto a la similitud conceptual\n o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre\n signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Por lo demás, la doctrina\n advierte que "cuando los signos sean idénticos o\n muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación\n exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.\n Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean\n idénticos o muy similares, mayor deberá ser la\n diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE,\n de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)" (BERCOVITZ, Alberto:\n "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi\n S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).
En definitiva, el Tribunal ha\n estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al\n percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma\n a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta\n diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud,\n que provienen del mismo productor o fabricante.
Además, a objeto de verificar\n la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá\n tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina\n (BREUER MORENO, Pedro: "Tratado de Marcas de Fábrica\n y de Comercio"; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y\n ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal,\n y que son del siguiente tenor:
1. La confusión resulta\n de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas\n en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta

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 Resolución 
 artículo 165
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 32
 artículo 125
 resolución 
 artículo 93
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 artículo 113
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 144
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 81
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 artículo 88
 artículo 83
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