Source: https://www.scribd.com/document/60215027/Recomendacion-042-2011-de-la-CNDH-a-la-SEDENA
Timestamp: 2016-10-24 01:18:03+00:00

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BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicRECOMENDACIÓN No. 42/2011 SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN AGRAVIO DE V1 y V2, EN EL MUNICIPIO DE ANÁHUAC, NUEVO LEÓN. México, D.F., a 30 de junio de 2011
GENERAL SECRETARIO GUILLERMO GALVÁN GALVÁN SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Distinguido general secretario: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, primer párrafo, 6, fracciones I, II y III, 15, fracción VII, 24, fracción IV, 42, 44, 46 y 51, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 136 de su reglamento interno, ha examinado los elementos de prueba contenidos en el expediente número CNDH/2/2010/3078/Q, derivado de la queja formulada por Q1, respecto de los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2010, en agravio de V1 y V2, en el municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que su nombre y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 147 de su reglamento interno. Dichos datos se pondrán en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un listado adjunto en que se describe el significado de las claves utilizadas, previo el compromiso de que éstas dicten las medidas de protección correspondientes, para evitar poner en riesgo la integridad de las personas que aportaron información a esta Comisión Nacional, y vistos los siguientes: I. HECHOS El 31 de mayo de 2010, se recibió en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el escrito de queja de Q1, quien solicitó la intervención de este organismo nacional a fin de atender el caso de un matrimonio asesinado por elementos del Ejército Mexicano.
Q1 expresó que el 3 de marzo de 2010, a las 12:15 horas, el matrimonio formado por V1 y V2 salió de la empresa E1 donde trabajaban, ubicada en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, a ingerir sus alimentos, para lo cual se dirigieron rumbo a su automóvil, sin embargo, al llegar a éste, se registró un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios. Durante el enfrentamiento, dos de los delincuentes se aproximaron hacia la pareja con el objeto de resguardarse en su vehículo que se encontraba estacionado a media cuadra al sur de los cruces de la calle Margarita Maza de Juárez y la carretera Don Martín, a unos 70 metros de la entrada de su centro laboral; como reacción a lo anterior, V1 y V2 salieron corriendo, V2 resultó herido en el brazo, y lograron esconderse detrás de otro automóvil para ponerse a salvo. Una vez que los elementos del Ejército Nacional persiguieron y dieron muerte a los seis sicarios, después de que cesó el fuego, V1 y V2 salieron de su escondite (detrás de un auto) con las manos en alto y V1 gritó que V2 estaba herido y necesitaba ayuda o una ambulancia; como respuesta a sus gritos, V1 y V2 recibieron disparos que los derribaron y, posteriormente, los militares se acercaron a cada uno de ellos, dándoles el “tiro de gracia”, privándolos de la vida. Los militares acordonaron la zona desde el momento en que acontecieron los hechos (12:30 horas) hasta las 19:30 horas, tiempo en el que manipularon los cuerpos y les colocaron armas en sus manos; agregó que a las 19:00 horas llegó el alcalde del municipio, quien los reconoció como parte de la comunidad, ya que eran ampliamente conocidos, incluso, V1 cursaba el bachillerato tecnológico en Anáhuac y V2, la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Unidad Sabinas Hidalgo, en esa entidad federativa; además de que tenían más de 10 años laborando en la empresa E1. Por otro lado, de la información dada a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, se desprende que en el enfrentamiento murieron además seis sicarios, dos elementos militares y uno resultó herido; la institución precisó que debido a estos acontecimientos se inició de oficio la Averiguación Previa 2, bajo la jurisdicción de la justicia militar y que el Ministerio Público del fuero común inició la Averiguación Previa 1. Asimismo, a fin de documentar violaciones a derechos humanos, visitadores adjuntos y peritos de esta Comisión Nacional realizaron diversos trabajos de campo para localizar y recopilar testimonios y documentos. Se solicitó información a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuya valoración lógica-jurídica es objeto de análisis en el capítulo de observaciones de esta recomendación.
A. El escrito de queja presentado en esta Comisión Nacional el 31 de mayo de 2010, por Q1. B. Nota periodística del diario local El Sol del 4 de marzo de 2010, en la que se informó sobre el enfrentamiento en el cual fallecieron V1 y V2. C. Comunicado de prensa del 4 de marzo de 2010 de la Secretaría de la Defensa Nacional, emitido por la 7/a. Zona de la IV Región Militar, mediante la cual se informa sobre los hechos en que personal militar repelió una agresión con armas de fuego en el municipio de Anáhuac N.L. y en el cual resultaron muertos 8 delincuentes. D. Actas circunstanciadas, de 3 y 24 de junio de 2010, elaboradas por personal de esta Comisión Nacional en la que consta la atención telefónica proporcionada a Q1. E. Informe DH-V-7482, de 12 de julio de 2010, suscrito por el subdirector de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigido a este organismo nacional, al cual anexaron los siguientes documentos: E1. Denuncia de hechos del 4 de marzo de 2010, suscrita por AR1, AR2 y AR3, mediante la cual refieren los hechos acontecidos el 3 de marzo y ponen a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación los vehículos y objetos asegurados. E2. Correo electrónico de imágenes número 13217, del 9 de julio de 2010, emitido por la Comandancia de la IV Región Militar en Monterrey, Nuevo León mediante el cual remite el oficio girado por la Comandancia del 11/o. Batallón de Infantería en Mérida, Yucatán, con domicilio provisional en las instalaciones del Campo Militar número 7-A de Escobedo, Nuevo León. F. Oficio 1932/2010, recibido en esta Comisión Nacional el 26 de agosto de 2010, suscrito por el visitador general de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, a través del cual remite los siguientes documentos: F1. Oficio 840/2010, del 8 de julio de 2010, del agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos contra la Vida y la Integridad Física número Tres, por el que informa el inicio de la Averiguación Previa 1, en contra de quien resulte responsable, por el delito o los delitos correspondientes; precisando que por razón de competencia, el 16 de marzo de 2010 remitió el original de la indagatoria de referencia al agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 7/a. Zona Militar en Escobedo, Nuevo León. 3
F2. Copia de la Averiguación Previa 1, de la cual destacan las siguientes constancias: F2.1 Acuerdo de radicación de la Averiguación Previa 1, del 3 de marzo de 2010, suscrito por el agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos Contra la Vida y la Integridad Física número Tres. F2.2 Diligencia de inspección ocular y fe ministerial, del 3 de marzo del 2010, realizada a las 17:00hrs. por el agente del Ministerio Público Investigador del Noveno Distrito Judicial en el estado de Nuevo León, llevada a cabo en la carretera Don Martín y calle Maza de Juárez, en la ciudad de Anáhuac. F2.3 Informe de inspección criminalística y levantamiento de cuatro cadáveres, de 3 de marzo de 2010, suscrito por los peritos en Criminalística de Campo de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León. F2.4 Oficio 6450-10, de 3 de marzo de 2010, rendido por peritos de la referida Procuraduría, a través del cual informan respecto a los residuos inorgánicos de disparo de arma de fuego que encontraron en el cuerpo de V2. F2.5 Oficio 6451-10, de 3 de marzo de 2010, rendido por peritos de la referida Procuraduría, a través del cual informan respecto a los residuos inorgánicos de disparo de arma de fuego que encontraron en el cuerpo de V1. F2.6 Oficio sin número de 4 de marzo de 2010, suscrito por el responsable del destacamento de la Agencia Estatal de Investigaciones en Anáhuac, Nuevo León. F2.7 Dictamen de necropsia 530-2010, del 4 de marzo de 2010, practicada al cuerpo de V2, por los peritos médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León. F2.8 Dictamen de necropsia 531-2010, del 4 de marzo de 2010, practicada al cuerpo de V1, por los peritos médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León. F2.9 Oficio 6794-10, de 5 de marzo de 2010, suscrito por peritos de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, mediante el cual informan del resultado negativo del estudio de intoxicación por consumo de alcohol, estupefacientes y/o psicotrópicos en el cuerpo de V2. F2.10 Oficio 6795-10, de 5 de marzo de 2010, suscrito por peritos de la 4
Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, mediante el cual informan del resultado negativo del estudio de intoxicación por consumo de alcohol, estupefacientes y/o psicotrópicos en el cuerpo de V1. F2.11 Oficio QUI-48936, del 8 de marzo de 2010, suscritos por peritos en Química Forense, de la Dirección de Servicios Periciales de esa Procuraduría, por el que se comunica el resultado del dictamen de análisis de indicios recabados por el Servicio Médico Forense durante la autopsia 531-10, practicada al cadáver de V1. G. Actas circunstanciadas del 4, 18 y 20 de octubre de 2010, elaboradas por personal de este organismo nacional, en las que se hace constar la atención telefónica y personal que se brindó a Q1. H. Informe DH-V-11268, de 19 de octubre de 2010, suscrito por el subdirector de asuntos nacionales de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al cual anexó el correo electrónico de imágenes número 029014, del 11 de octubre del mismo año, emitido por el agente del Ministerio Público Militar, adscrito a la 7/a. Zona Militar en Escobedo, Nuevo León, respecto al estado que guarda la Averiguación Previa 2. I. Acta circunstanciada, que contiene las diligencias que realizó el 21 de octubre de 2010, personal de este organismo nacional, en la ciudad de Anáhuac, Nuevo León, en la que precisan que se recabó el testimonio de V5, T1, T2 y T3; asimismo, que V5, exhibió diversas documentales, relacionadas con V1 y V2, entre las que se encuentran fotografías personales, recibos de nómina, reconocimiento otorgado por la empresa donde laboraban, así como constancias de estudio. De igual forma, se hizo constar que, por parte del personal comisionado, se realizó una inspección en el lugar donde fallecieron V1 y V2. J. Copia de las actas de defunción de V1 y V2, exhibidas por V5, en las que se hace constar como causa de la muerte shock hipovolémico, secundario a trayectoria de proyectil de arma de fuego en tórax y abdomen. K. 32 impresiones fotográficas a color, en las que se aprecia el lugar donde perdieron la vida V1 y V2. L. Actas circunstanciadas de las diligencias realizadas por personal de esta Comisión Nacional el 21 de octubre de 2010, en las que consta el testimonio de V5 respecto a los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2010 y las siguientes evidencias: L1.Documentos de V1 y V2 aportados por V5 durante su entrevista. L2. El testimonio de T1, testigo presencial de los hechos. L3. El testimonio de T2, testigo presencial de los hechos. L4. El testimonio de T3, testigo presencial de los hechos. 5
M. Acta circunstanciada de 2 de diciembre de 2010, suscrita por un visitador adjunto de este organismo nacional, en el que hizo constar que V5, entregó la constancia de estudios de V1, en donde se precisa que al momento de su deceso cursaba el VI semestre de la carrera Técnico Agropecuario en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 50, en ciudad Anáhuac, Nuevo León; así como copia simple de una constancia expedida por el agente del Ministerio Público Investigador Número Tres Especializado en Delitos contra la Vida y la Integridad Física de la Procuraduría General de Justicia de esa misma entidad federativa. N. Oficio 09521746 B 0/16399, de 13 de diciembre de 2010, suscrito por el titular de la División de Atención a Quejas CNDH del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se precisa la documentación que se debe presentar, así como el trámite que se tiene que realizar ante ese Instituto, a fin de que los hijos de V1 y V2, reclamen la pensión por orfandad. O. Opinión técnica en materia de criminalística, elaborada por personal adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Comisión Nacional, de 27 de enero de 2011. P. Oficio DH-V-816, del 27 de enero de 2011, suscrito por el subdirector de asuntos nacionales de la dirección general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del cual comunica que la Averiguación Previa 2, se radicó en la Sección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia Militar, en donde se le asignó el número de Averiguación Previa 3. Q. Oficio DH-V-874, del 28 de enero de 2011, suscrito por el subdirector de Asuntos Nacionales de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual comunica que en esa fecha solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en esa secretaría, a fin de que con base en sus atribuciones determine, si existe o no responsabilidad administrativa por parte del personal militar que participó en los hechos que dieron origen a la queja presentada por Q1. R. Acta circunstanciada, de 3 de febrero de 2011, suscrita por un visitador adjunto de esta Comisión Nacional, donde se hace constar que en compañía de un perito de la Coordinación de Servicios Periciales de este organismo nacional, realizó, en esa fecha, la consulta de la Averiguación Previa 3, de la cual destacan las siguientes constancias: R1. Las declaraciones ministeriales que el 5 de marzo de 2010, rindieron ante el agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 7/a. Zona Militar en Escobedo, Nuevo León, el Comandante AR1; los cabos de infantería AR2 y AR3; así como el sargento segundo de infantería AR4. R2. Constancia del 20 de marzo de 2010, en la que se precisa que el agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos Contra la Vida e 6
Integridad Física número Tres, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, remite a su homólogo del fuero de guerra diversa documentación, de la cual destaca la denuncia de hechos formulada por familiares de V1 y V2 y la ampliación de la misma. R3. Acuerdo del 22 de marzo del año pasado, por el cual se convalidan las actuaciones remitidas por el agente del Ministerio Público número Tres Especializado en Delitos contra la Vida e Integridad Física de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, dentro de la Averiguación Previa 1. S. Opinión técnica en materia de criminalística, elaborada por personal adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Comisión Nacional, de 9 de febrero de 2011. T. Oficio OAG-426/2011, del 16 de febrero de 2011, suscrito por el abogado general de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante el cual informa que V2 cursó estudios (parciales) de la carrera de Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de esa universidad durante el período escolar Agosto 2009 - Junio 2010. U. Acta circunstanciada del 18 de febrero de 2011, suscrita por un visitador adjunto de este organismo nacional con motivo de la conversación telefónica sostenida con V5, respecto a una entrevista que un familiar de V1 y V2 dio a una cadena de televisión nacional. V. Acta circunstanciada del 24 de marzo de 2011, suscrita por un visitador adjunto de este organismo nacional con motivo de la conversación telefónica sostenida con V5, quien señaló el estado procesal en el que se encuentra el juicio por el que solicita la patria potestad de las menores hijas de V1 y V2. W. Acta circunstanciada del 28 de marzo de 2011, suscrita por un visitador adjunto de este organismo nacional en la cual hace constar la localización en un sitio de internet de 22 fotografías del lugar en que ocurrieron los hechos el 3 de marzo de 2010. X. Opinión técnica en criminalística emitida por peritos de esta Comisión Nacional el 28 de marzo de 2011 sobre el resultado de la prueba de Residuos Inorgánicos de Disparos de Arma de fuego realizado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, a V1 y V2. Y. Acta circunstanciada del 12 de abril de 2011, suscrita por un visitador adjunto de este organismo nacional con motivo de la conversación telefónica sostenida con V5, quien realizó manifestaciones sobre las posiciones finales de V1 y V2, en relación a las armas y el carácter diestro de las víctimas.
Z. Acta circunstanciada del 17 de mayo de 2011, suscrita por un visitador adjunto de este organismo nacional con motivo de la comunicación sostenida con una funcionaria del Juzgado del Poder Judicial del estado de Nuevo León, en el cual se substancia el Procedimiento Judicial 1 y se informa que fue nombrado un tutor provisional a las menores V3 y V4, sin que a la fecha haya asistido a aceptar dicho cargo. AA. Opinión técnica en criminalística emitida por peritos de esta Comisión Nacional el 19 de mayo de 2011 sobre las posibles mecánicas de maculaciones. (manchas producidas por disparo de proyectil de arma de fuego). BB. Acta circunstanciada del 21 de mayo de 2011, suscrita por un visitador adjunto de este organismo nacional, con motivo de la comunicación sostenida con funcionarios de la Procuraduría General de la República en el estado de Nuevo León, respecto del estado que guarda la Averiguación Previa 4 y la Averiguación Previa 5. CC. Oficio DH-V-6581 de 16 de junio de 2011, suscrito por el subdirector de Asuntos Nacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual remite a esta Comisión Nacional los documentos que acreditan la indemnización por concepto de reparación del daño moral y material, otorgada a V5 con motivo de los hechos en que fueran privados de la vida V1 y V2. DD. Oficio DH-V-5922 suscrito por el subdirector de Asuntos Nacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional y recibido en esta Comisión Nacional el 27 de junio de 2011, mediante el cual se informa sobre la obtención de beneficios para las menores V3 y V4. III. SITUACIÓN JURÍDICA El miércoles 3 de marzo de 2010, siendo aproximadamente entre las 12:15 y las 12:30 horas, en el cruce que forman las calles de Don Martín y Maza de Juárez, en la ciudad de Anáhuac, Nuevo León, se suscitó un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y miembros de la delincuencia organizada, en el cual resultaron muertos los elementos SP1 y SP2, los civiles V1 y V2, así como dos civiles no identificados. Durante el enfrentamiento entre elementos militares y miembros de la delincuencia organizada, V1 y V2 se ocultaron en su vehículo que se encontraba estacionado en el lugar de los hechos y una vez detenido el fuego, salieron a solicitar ayuda de elementos del Ejército, sin embargo, estos les dispararon y los privaron de la vida. Ante estos hechos, el agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos contra la Vida y la Integridad Física número Tres de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, inició el 3 de marzo de 2010 la Averiguación Previa 1, en contra de quien resulte responsable por los delitos correspondientes. En virtud de que los hechos derivaron de un enfrentamiento 8
entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos miembros de la delincuencia organizada, el 16 de marzo de 2010, el citado Representante Social, remitió el original de la indagatoria de referencia al agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 7/a. Zona Militar en Escobedo, Nuevo León. Por su parte, el agente del Ministerio Público Militar, adscrito a la 7/a. Zona Militar en Escobedo, Nuevo León, inició el 3 de marzo de 2010 la Averiguación Previa 2, por el delito de homicidio y lo que resulte, en contra de quienes resulten responsables. El 27 de enero de 2011, el subdirector de Asuntos Nacionales de la Dirección general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, comunicó que la Averiguación Previa 2, se radicó en la Sección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia Militar, en donde se le asignó el número de Averiguación Previa 3. El 28 de enero de 2011, la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, hizo del conocimiento de este organismo nacional que en esa fecha, solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en esa Secretaría a fin de que, con base en sus atribuciones determine, si existe o no responsabilidad administrativa por parte del personal militar que participó en los hechos que dieron origen a la queja presentada por Q1. Por otro lado, durante la consulta al expediente de la Averiguación Previa 3, realizada el 3 de febrero de 2011 por un visitador adjunto de esta Comisión Nacional, se advirtió la existencia de la Averiguación Previa 4 iniciada el 4 de marzo de 2010, por la agencia del Ministerio Público adscrita a la Delegación de la Procuraduría General de la República en Escobedo, Nuevo León, misma que fue remitida por incompetencia territorial a la agencia de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Con motivo de tal remisión, fue asignado un nuevo número a la Averiguación Previa 4, dando inicio la Averiguación Previa 5 por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la agencia del Ministerio Público adscrita a la Delegación de la Procuraduría General de la República en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, misma que se encuentra actualmente en integración Los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2010, generaron la orfandad de las menores V3 y V4, motivo por el cual V5 informó a ésta Comisión Nacional que había iniciado el Procedimiento Judicial 1 con el objeto de obtener la patria potestad de las menores. El 15 de junio de 2011, la Secretaría de la Defensa Nacional con motivo de la reparación del daño derivado de los hechos en que fueron privados de la vida V1 y V2, suscribió con V5 un convenio a través del cual le fue entregada una indemnización económica como medida de reparación del daño moral y material por el fallecimiento de V1 y V2. 9
IV. OBSERVACIONES Antes de entrar al estudio de las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de V1 y V2, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisa que no se opone a las tareas de prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades competentes, sino a que con motivo de ello se vulneren derechos humanos, por lo que hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometen en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes. Asimismo, este organismo nacional considera que las víctimas del delito deben ser tratadas por los servidores públicos con la debida atención y respeto. El acatamiento de los derechos fundamentales de las víctimas debe constituir un elemento primordial para consolidar y garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático, así como para acceder a la justicia y evitar que la impunidad pueda prevalecer en un asunto de estas características. Al respecto, es importante aclarar que a esta Comisión Nacional no le corresponde investigar delitos, pero sí violaciones a derechos humanos; es decir, no tiene por misión establecer conductas delictivas e imponer las penas correspondientes, sino analizar el desempeño de los servidores públicos, en relación con el respeto a derechos humanos, tomando en cuenta el interés superior de la víctima y, además, procurando que las instituciones responsables de las violaciones a derechos humanos reparen los daños causados. De igual forma, es deber de este organismo nacional denunciar ante la sociedad las violaciones que observe por parte de las autoridades responsables y poner a disposición de la autoridad competente los resultados de su investigación, a fin de que las conclusiones públicas a que arribe sean tomadas en cuenta por ésta, velando porque las víctimas y sus familiares obtengan un efectivo acceso a la justicia. Del análisis lógico-jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de queja CNDH/2/2010/3078/Q, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se observaron violaciones a los derechos humanos a la vida, a la legalidad y la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la información, al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en privación de la vida, uso arbitrario de la fuerza pública, así como ejercicio indebido de la función pública, cometidos en agravio de V1 y V2, y su familiar V5 y como consecuencia de tales hechos, violaciones al derecho a la protección de la familia de las menores V3 y V4, hijas de V1 y V2, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 10
De las evidencias que se allegó esta Comisión Nacional se advierte que el miércoles 3 de marzo de 2010, en la ciudad de Anáhuac, Nuevo León, se suscitó un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y miembros de la delincuencia organizada. En el lugar de los hechos se encontraban V1 y V2, quienes se resguardaron del fuego cruzado al interior de su vehículo y al pedir ayuda a los elementos militares, recibieron impactos de proyectiles de armas de fuego y perdieron la vida. Dentro de las constancias con que cuenta esta Comisión Nacional, se encuentra el informe que la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional rindió mediante oficio DH-V-7482, al cual anexó el correo electrónico de imágenes número 13217, de 9 de julio de 2010, emitido por la Comandancia de la IV Región Militar en Monterrey, Nuevo León, en el que se hace referencia a la copia del oficio número 11310 del 7 de julio del año pasado, girado por la Comandancia del 11/o. Batallón de Infantería en Mérida, Yucatán, con domicilio provisional en las instalaciones del Campo Militar número 7-A de Escobedo, Nuevo León en el que se refiere que: “ I. El 03 de marzo de 2010, siendo aproximadamente las 12:30 horas, los elementos militares AR1, AR2 y AR3, al efectuar patrullamientos en la carretera salida a Salinas, hacia el puente a la altura de la empresa [E1], calle Don Martín, colonia Centro, en la ciudad de Anáhuac, Nuevo León, y al ir circulando en esa dirección, se percatan que venían aproximadamente 7 vehículos (camionetas) a alta velocidad en dirección hacia ellos, por lo que procedieron a marcarles el alto, siendo agredidos con armas de fuego, haciendo los disparos desde el interior de las camionetas hacia el personal militar. II. Por tal motivo, el personal de ese Instituto Armado tuvo que repeler la agresión ante el grave riesgo de perder su vida, haciendo uso de sus armas de fuego y en proporción a la agresión con disparos de armas de fuego de que eran objeto. III. Siendo en ese momento que una camioneta se impactó contra un vehículo militar [M1], abriendo camino para dar paso a las otras camionetas, mientras continuaban efectuando disparos en dos direcciones, estacionándose atrás del personal militar, para auxiliar a los tripulantes de la camioneta que se había impactado con el vehículo militar, permitiendo también la huida de varios individuos armados quienes aprovecharon el momento para sacar de una camioneta a cuatro sujetos que perdieron la vida en el enfrentamiento, subiéndolos a la caja de la camioneta, en la parte trasera, retirándose del lugar sin lograr su detención. IV. Asimismo, las camionetas que habían pasado, continuaron efectuando disparos en contra del personal militar hasta que pudieron dar vuelta del lugar y huir. 11
V. En dicho enfrentamiento resultó muerto [SP1] y heridos los elementos [SP2] y [SP3], quienes fueron evacuados al Centro de Salud para su atención de urgencia y posterior traslado al Hospital Militar Regional en Monterrey, Nuevo León. VI. Una vez concluido el enfrentamiento con disparos de armas de fuego, se procedió a asegurar el lugar de los hechos y se constató que habían fallecido en el lugar cuatro personas.  Una persona del sexo femenino que tenía cerca de sus manos una pistola calibre 9 mm, marca Smith & Wesson, modelo 59, matrícula A244947, con su respectivo cargador y una fornitura de color negro. Una persona del sexo masculino que tenía cerca de su cuerpo un fusil calibre 7.62 x 39 mm, marca Norinco, modelo MAK-90 Sporter, matrícula 94139293, con su respectivo cargador. Una persona del sexo masculino que tenía cerca de sus manos una pistola calibre 9 mm, marca Pietro Beretta, modelo M9, matrícula M9106891, con su respectivo cargador para pistola calibre 9 mm. Una persona del sexo masculino que tenía cerca de su cuerpo una carabina calibre .223 (5.56 mm), marca DPMS Panther Arms, modelo A-15, matrícula FH21844K y una fornitura color negro.
VII. Asimismo, en el lugar de los hechos quedaron abandonados tres vehículos [M3, M4 y M5]. VIII. De igual manera se localizaron dentro de los vehículos armas de fuego, cartuchos, cargadores, aparatos de radiocomunicación y diversos objetos e identificaciones. (…) X. Por todo lo anterior y con base en la información con la que se cuenta, se puede acreditar que el personal del Instituto Armado, fue agredido por miembros de la delincuencia organizada y su actuación fue con apego al marco jurídico vigente en nuestro país, repeliendo una agresión real, inminente y sin derecho, en legítima defensa y en protección de un bien jurídico propio y de terceros. (…) ” Ahora bien, las evidencias obtenidas por esta Comisión Nacional permiten observar que la versión a que se ha hecho referencia, en la que se afirma que el personal militar fue agredido por un grupo de miembros de la delincuencia organizada (dentro del cual se pretendió vincular como integrantes a V1 y V2) y que pretende justificar la privación de la vida de V1 y V2, resulta inconducente por las razones que a continuación se precisan, por lo que esta Comisión Nacional 12
observa con preocupación que el contenido del informe rendido por la Comandancia del 11/o. Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es apegado a la verdad y que existió, además, una indebida preservación de los indicios para llegar a ella. Una pieza esencial para la determinación de lo que en realidad sucedió el día 3 de marzo de 2010 son los testimonios de V5, T1, T2 y T3 que el 21 de octubre del año pasado, recabó personal de este organismo nacional, de los cuales destaca: Lo manifestado por V5, familiar de V1 y V2, quien en relación a los hechos manifestó: “ (…) como a las 19:30 horas vieron las noticias en la televisión donde escucharon que derivado de un enfrentamiento entre sicarios y militares resultaron cuatro personas muertas entre ellas una mujer con gafete de la empresa E1 y un hombre con domicilio en Ciudad Anáhuac; que en la televisión a ella le pusieron el apodo de “La Gata” y a él como sicario; así también se mencionó que los dos traían armas; que el enfrentamiento sucedió frente a la empresa E1,(…) que como a los diez minutos de haber escuchado la noticia llegó el alcalde municipal, en compañía del gerente de la empresa E1 y el gerente de personal, quienes les confirmaron que los habían asesinado a los dos; que esto se lo dijeron a su papá; (…) V1 pedía auxilio porque primero habían herido a V2; que de esto se enteró por testigos; (…) que T2 trabaja en el rastro y le dijo que cuando pasó todo esto (…) [V1 y V2] iban a cruzar la calle en dirección hacia los soldados, vio que le dieron primero a V2, que le dispararon y luego a V1; que vio que todavía se movían al estar heridos y todavía se acercó el soldado y les disparó.” Por su parte, durante el testimonio rendido ante personal de esta Comisión Nacional el 21 de octubre de 2010, T1 manifestó que: “A las 12:30 horas del 3 de marzo de 2010 aproximadamente, ese día miércoles, se encontraba en su casa y de repente empezaron a oír una balacera, motivo por el que se asomó por la puerta de la casa y se percató que una troca blanca chocó con un carro, porque ya iba toda balaceada, ya que cree que le tiraron a las llantas; que el vehículo contra el que chocó era de los de la empresa que los estacionan afuera; de ahí se bajaron unos sujetos corriendo y se subieron a un vehículo que estaba estacionado sobre la calle Margarita Maza de Juárez, mismo que en esos momentos estaba estacionado y en él se encontraban dos personas de las cuales posteriormente supo que se llamaban V1 y V2, a quienes siempre veía por ahí, y posteriormente unos dos minutos después se percató que los dos civiles que se habían subido, en la parte de atrás del carro, se bajaron y salieron huyendo en diferentes direcciones; que de estos dos sujetos se percató que uno de ellos, el que corrió hacia la casa de la mera esquina, llevaba un arma larga de la que desconoce su nombre, que durante este lapso los militares que perseguían a los civiles seguían disparando, que en 13
ese momento V1 se bajó del vehículo y le pidió auxilio a los militares, no obstante los militares continuaron disparando y se percató que uno de ellos se acercó, que V1 levantó las manos y le dijo al militar que V2 estaba herido y el militar le disparó a una distancia aproximada de 15 metros, que ya cuando le disparó a V1 continuaron persiguiendo a los sicarios y ya cuando todo terminó vio que los militares movieron el cuerpo de V1, que los separaron, que a V1 la movieron hacia enfrente de la casa de doña Lolita y a V2 después lo dejaron tirado en el suelo, pero éste no estaba afuera de su coche cuando se dieron los disparos; que posteriormente salió al porche de la casa donde se encontraba y se percató que había varios militares alrededor del cuerpo de V1 y uno de ellos llevaba un trapo rojo y se acercó al cuerpo de V1 y le puso el arma, un arma grandota, que también vio que los militares se acercaban ahí, miraban los cuerpos y los pateaban, que esto sucedió en varias ocasiones, que ella cree que porque estaban enojados, ya que murieron dos soldados en un enfrentamiento, que luego que todo terminó T1 y un familiar salieron a ver, y que los soldados caminaban sobre la calle, ya que el cuerpo de un sicario que falleció quedó sobre la misma calle cerca del rastro municipal que se encuentra al fondo y a eso de las tres de la tarde le habló a un militar y le dijo que se acercara y le preguntó a éste porqué le habían disparado a la pareja ya que ellos trabajaban en la empresa; que T1 los conocía de vista y a diario entraban y salían porqué ahí trabajaban, a lo que el soldado le contestó que eran sicarios que si no veía las armas que traían, a lo que T1 le contestó ‘tú se las pusiste’ refiriéndose al militar y éste le contestó que eran sicarios y que tenían que pagar porque les habían tumbado a dos de sus compañeros, refiriendo diversas groserías en contra de la pareja finada; que T1 piensa que los soldados no actúan bien y que un militar también dijo que ellos se llevaban entre las patas a quien se atravesara.” De igual forma, durante el testimonio rendido ante personal de esta Comisión Nacional el 21 de octubre de 2010, T2 manifestó: “Que trabaja en el rastro municipal; que el día de los hechos de las 11:00 a las 12:40 horas, se encontraba en el rastro cuando escucharon la balacera que se estaba dando a cuadra y media frente a la empresa E1; que por ello corrieron hacia dentro, ya que vieron que era una balacera entre soldados y sicarios; que desde las ventanas y la puerta del inmueble del rastro municipal se asomaron y alcanzó a ver que un carro verde oscuro o negro estaba con el frente hacia el rastro a unos 15 ó 20 metros de la esquina con la carretera Don Martín, que dicho vehículo estaba estacionado del lado derecho, que vio que de ese vehículo se bajaron dos sicarios, que uno corrió en dirección al rastro y se metió al terreno baldío del lado derecho, y el otro se atravesó hacia las casas, después de ahí, luego de unos minutos, la pareja que estaba en el vehículo, que sabe trabajaban para la empresa E1, se bajaron del carro, primero V1, quien ayudó a abrirle el respaldo del vehículo a V2 para que se bajara, que al intentar cruzar la calle, a la mitad de esta, alcanzó a ver que un soldado les disparó, quedando el cuerpo de V2 en mitad de la 14
calle y V1 al mirar los impactos que le dieron a V2 gritó, sin escuchar lo que dijo o más bien entender, al momento que el militar le dispara quedando tirada al otro lado de la acera, de ahí el militar se percató que aún se movía el cuerpo de V2, por lo que se acercó y a los dos los remató, les disparó a una distancia de dos metros, que de ahí solo vio eso y ya no supo que pasó más adelante.” Asimismo, durante el testimonio rendido ante personal de esta Comisión Nacional el 21 de octubre de 2010, T3 manifestó: “Que el día de los hechos venía a su domicilio en compañía de dos familiares y atrás de ellos iban los soldados en una camioneta, en una Hummer, y que más atrás venían otros dos camiones, que en ese momento que pasó el primer camión militar vio pasar desde enfrente de su domicilio a la pareja de V1 y V2, hoy finados, que ellos cruzaron la calle antes de que el vehículo militar pasara; que la pareja venía de la empresa E1, (…) que ellos dos eran muy conocidos ya que siempre estacionaban el coche frente a la casa de su mamá, que luego de atravesar la carretera a Don Martín, se dirigieron hacia su carro, asimismo, recuerda que V1 llevaba puesto un pantalón de mezclilla y una bata del trabajo de color cafecita o verdecita oscura, que de ahí empezó la balacera y ya no vio nada porque se dejó caer al piso, que lo que vio fue porque estaba en el frente de su domicilio, que inclusive vieron a unos muchachos que iban pasando que se metieron a rastras por la balacera; que el vehículo de V2 recuerda que estaba estacionado sobre la acera del lado izquierdo en el sentido oriente poniente, con el frente del vehículo con dirección hacia el este; que T3 conocía a la pareja finada ya que (…) se desempeñaba en el interior de la empresa E1, que esto fue hace como cinco años; que V1 era una persona muy amigable y siempre platicaba con ella y sus amigas; que V2 igual, que incluso todas las tardes que salían, como estacionaban su coche enfrente se saludaban y agradecían que se les cuidara su coche, que fue algo muy injusto lo que hicieron los militares, ya que se vieron muy mal poniéndoles armas; que en fotos que vio en internet V1 llevaba una chaqueta negra, al parecer, lo cual no es cierto ya que los acababa de ver pasar y que a V2 le pusieron un arma de las largas, la cual no llevaba al verla pasar al momento de los hechos; que pide se haga justicia”. Los testimonios anteriores son plenamente coincidentes en señalar que V1 y V2 habían salido de su trabajo con el objeto de tomar sus alimentos, que portaban el uniforme de la empresa, que se resguardaron en su vehículo con el fin de protegerse ante el enfrentamiento que en la vía pública sostenían elementos militares y miembros de la delincuencia organizada, y que al momento de salir a pedir ayuda a los militares, éstos respondieron con disparos. Además, del análisis de las evidencias recabadas por este organismo nacional, se advierte que V1 y V2 eran víctimas inocentes, en tanto ambos eran empleados, estudiantes y padres de familia y que no formaban parte de la delincuencia organizada. 15
Como trabajadores de la empresa E1, en ciudad Anáhuac, Nuevo León, contaban con una antigüedad de 13 y 12 años, respectivamente, lo cual se encuentra corroborado con las constancias que fueron expedidas por el Gerente de Recursos Humanos de dicha empresa el 17 de marzo de 2010, así como con los testimonios rendidos por V5, T1, T2 y T3, quienes fueron coincidentes en señalar que V1 y V2 trabajaban en la referida empresa, al igual que con los reconocimientos a su lealtad que a V1 y V2 les fueron expedidos por más de 10 años de laborar en esa empresa, con las credenciales expedidas a su nombre, (donde se les acredita como empleados, advirtiéndose que la fecha en que ingresaron a laborar a la empresa es el 1 de junio de 1997 y 25 de febrero de 1998, respectivamente; con los recibos de nómina a nombre de V1 y V2 en donde se asienta el salario que percibían; y con las impresiones fotográficas de V1 y V2 que obran agregadas en autos donde se les observa con la bata que utilizaban para desempeñar su trabajo dentro de la multicitada empresa. Su calidad como estudiantes se corrobora con las documentales que obran en poder de este organismo nacional y que fueron exhibidas por V5, de las cuales se advierte que V1 al momento de su fallecimiento cursaba el VI semestre de la carrera Técnico Agropecuario en su modalidad de sistema abierto en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 50, en ciudad Anáhuac, Nuevo León; en tanto que V2, se encontraba inscrito en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el segundo semestre de la licenciatura en Derecho, correspondiente al período de enero-junio de 2010. Por otro lado, las víctimas contrajeron matrimonio en el año de 1999 y procrearon a las menores V3 y V4, quienes cuentan actualmente con 9 y 4 años de edad, respectivamente. Además, es importante señalar que dentro de la Averiguación Previa 3, obran 9 cartas de recomendación a favor de V1 y V2, así como una documental de 23 hojas del 7 de mayo de 2010 que contiene 465 firmas de vecinos del municipio de Anáhuac, Nuevo León, en las que se hace constar la honorabilidad de V1 y V2. Los testimonios antes referidos y las evidencias anteriores, dan cuenta de que V1 y V2 no formaban parte de grupo alguno de la delincuencia organizada, razón por la cual el 9 de agosto de 2010, el agente del Ministerio Público Investigador Número Tres Especializado en Delitos contra la Vida y la Integridad Física, en la ciudad de Santiago, Nuevo León, dentro de la Averiguación Previa 1, dictó un acuerdo mediante el cual asentó dicha situación en los siguientes términos: “Dentro de las constancias que obran en autos a la fecha, no arrojan dato alguno que se desprenda que V1 y V2 pertenecieran a algún grupo u organización delictiva, ni son señalados por persona alguna como participantes del evento donde perdieran la vida; (…).”
En razón de lo anterior, esta Comisión Nacional advierte como inconducentes las afirmaciones vertidas por AR1, AR2, AR3 y AR4 en torno a que “V1 y V2 formaban parte del grupo de sicarios que participaron en los eventos del 3 de marzo de 2010 y que en consecuencia los disparos que arremetieron en su contra fueron realizados en apego a la legalidad por encontrarse repeliendo una agresión.” Llama la atención que en el informe rendido por la Comandancia del 11/o. Batallón de Infantería en Mérida, Yucatán, con domicilio provisional en Escobedo, Nuevo León se pretenda justificar la muerte ocasionada a las víctimas en una supuesta agresión por parte de éstas hacia los elementos militares, cuando los testigos presenciales de los hechos, afirman que V1 solicitó ayuda para V2 quien había resultado lesionado y que como respuesta recibió disparos. Resulta inaceptable que al momento en que V1 solicitó ayuda para V2, los militares no hayan distinguido que se trataba de civiles, cuya integridad física se encontraban obligados a proteger y, por el contrario, los hayan privado de su vida, cuando no representaban ninguna amenaza. Ahora bien, la privación de la vida de V1 y V2 según el dicho de los testigos fue ocasionada por disparos realizados por los elementos militares, circunstancia que ha sido corroborada con las evidencias recabadas por esta Comisión Nacional. En efecto, del acta de fe ministerial e inspección cadavérica elaborada por el agente del Ministerio Público Investigador del Noveno Distrito Judicial en el estado de Nuevo León, y de la autopsia 531-2010, realizada por el Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, se tiene que, al cuerpo de V1 se le encontraron catorce heridas producidas por proyectil de arma de fuego, así como diversas lesiones con las características siguientes: “1. Herida por proyectil de arma de fuego que presenta quemadura sin tatuaje (en sedal) localizada en región malar derecha que en su trayecto lacera lóbulo inferior de oreja derecha con trayectoria de abajo-arriba, de izquierda-derecha y de adelante-atrás. 2. Múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en número de 16 que miden la mayor de 1.5 x 1 centímetro y la menor de 0.5 x 0.5 centímetros no penetrantes, superficiales, localizadas en cara anterior de tórax, cara anterolateral de brazo izquierdo y cara anterior de hombro y brazo derecho. 3. Herida por proyectil de arma de fuego con quemadura (entrada) que mide 1 x 0.7 centímetros localizada en cara lateral externa de codo derecho con salida a 2 centímetros por adelante que mide 2 x 1.5 centímetros con trayectoria de atrás-delante, de arriba-abajo y de derecha-izquierda. 4. Herida por proyectil de arma de fuego con quemadura (entrada) en dorso de mano derecha que mide 1 x 0.5 centímetros con salida en cara palmar de la misma mano que mide 2 x 0.5 centímetros con trayectoria de atrás-delante, de derecha-izquierda, y de arriba-abajo. 5. Herida por proyectil de arma de fuego con quemadura no penetrante en sedal, localizada en tercio superior cara anterior de muslo derecho con trayectoria de abajo-arriba, de izquierda-derecha y de adelante-atrás. 6. 17
Múltiples heridas en número de 42, no penetrantes por arma de proyectiles múltiples, localizadas en tercio medio e inferior de muslo derecho en su cara anterior, que miden de 0.3 a 0.5 centímetros. 7. Herida por proyectil de arma de fuego con quemadura (entrada) que mide 12 x 7.5 centímetros, localizada en cara interna de tobillo derecho con salida en cara externa de tobillo derecho que mide 9 x 7.5 centímetros con trayectoria de arriba-abajo, de izquierda-derecha y de adelante-atrás. 8. Herida por proyectil de arma de fuego con quemadura (entrada) que mide 4.5 x 2.5 centímetros, localizada en cara anterior tercio medio superior de antebrazo izquierdo con orificio de salida en cara posterior tercio medio de antebrazo izquierdo con trayectoria de adelante-atrás, de arriba-abajo y de derecha-izquierda. 9. Herida por proyectil de arma de fuego con quemadura (entrada) que mide 4.5 x 3.5 centímetros, sin orificio de salida, con trayectoria de adelante-atrás, de arriba-abajo y de derecha-izquierda, localizado el proyectil engrasa perirrenal al de riñón izquierdo. 10. Herida por proyectil de arma de fuego con quemadura que mide 7.5 x 6 centímetros, en sedal, localizada en cara anterior, tercio inferior de antebrazo izquierdo. 11. Herida por proyectil de arma de fuego con quemadura (entrada) en (sic) mide 2.3 x 2 centímetros, localizada en cresta iliaca (pelvis) lado izquierdo, localizando esquirla a 4.5 centímetros por debajo de la piel, con trayectoria de izquierda-derecha, de adelante-atrás y de arriba-abajo. 12. Herida por proyectil de arma de fuego con quemaduras (entrada) en número de 7, localizadas en cara anterior de abdomen, región hipogástrica izquierda y cresta iliaca izquierda provocadas, por proyectiles de fragmentación. 13. Herida por proyectil de arma de fuego con quemadura (entrada) que mide 13 x 7 centímetros en sedal, localizada en cara posterior, tercio inferior de muslo izquierdo. 14. Herida por proyectil de arma de fuego con quemadura (entrada) en número de 4, localizadas 3 de las heridas en tercio superior y medio de muslo izquierdo, en su cara lateral externa que miden 1 x 1, 1.5 x 1, y 2 x 1.5 centímetros y la número 4 localizada en cara anterior de rodilla izquierda de 1 x 1 centímetro, producidas por proyectil de fragmentación.” De igual forma, del análisis del acta de fe ministerial e inspección cadavérica elaborada por el agente del Ministerio Público Investigador del Noveno Distrito Judicial en el estado de Nuevo León, y de la autopsia 530-2010, realizada por el servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, se tiene que al cuerpo de V2 se le encontraron seis heridas producidas por proyectil de arma de fuego, así como diversas lesiones con las características siguientes: “No. 1. De 8 milímetros de diámetro en región pectoral del hemitórax izquierdo con línea esterno clavicular, con bordes irregulares invertidos y collarete erosivo, sin orificio de salida. No. 2. En brazo derecho tercio medio en cara antero externa con collarete erosivo y bordes regulares evertidos de 3 centímetros de diámetro en tercio distal del mismo brazo para volver a penetrar y salir por el codo y antebrazo derechos, produciendo herida abrasión con desgarros de tejido muscular y piel y fractura de estructura 18
osea. No. 3. En tercio medio de antebrazo derecho de 2 centímetros de diámetro en cara externa, con collarete erosivo con salida de 3 centímetros, bordes irregulares evertidos en tercio proximal del mismo antebrazo, cara interna, volviendo a penetrar en pared abdominal lateral derecha, alojándose el proyectil en tejidos blandos. No. 4. Produce herida tangencial en prepucio del pene y piel del escroto lado derecho con orificio de entrada en región inguinal derecha que mide 1.5 centímetros de diámetro con bordes regulares invertidos y collarete erosivo con orificio de salida de 3 centímetros con bordes irregulares evertidos en cara posterior externa del tercio medio del muslo derecho. No. 5. En tercio medio del muslo derecho cara anterior de 1 centímetro de diámetro con bordes regulares invertidos y collarete eroviso, con orificio de salida de 3 centímetros en su cara posterior tercio distal, que produce herida abrasión en cara externa. No. 6. Herida tangencial en región mandibular derecha de 8 centímetros de diámetro que lesiona tejidos blandos.” Precisando que la trayectoria de los proyectiles de arma de fuego son: “No. 1. De izquierda-derecha, de arriba-abajo y de adelante-atrás. No. 2. De izquierda-derecha, de arriba-abajo y de adelante-atrás. No. 3. De derecha-izquierda, de abajo-arriba y de atrás-adelante. No. 4. De izquierda-derecha, de arriba-abajo y de adelante-atrás. No. 5. De izquierda-derecha, de arriba-abajo y de adelante-atrás. No. 6. De izquierda-derecha tangencial.”
Ahora bien, de las evidencias recabadas por este organismo nacional se advierte que contrario a lo afirmado en el correo electrónico de imágenes número 13217, de 9 de julio de 2010, emitido por la Comandancia de la IV Región Militar en Monterrey, Nuevo León, el cual hace referencia a la copia del oficio número 11310 del 7 de julio del año pasado, girado por la Comandancia del 11/o. Batallón de Infantería, en el sentido de que el personal militar que intervino repelió una agresión real, en legítima defensa de un bien jurídico propio y de terceros, del cúmulo de evidencias que obran en el expediente de referencia, se desprende que V1 se bajó del vehículo, con las manos en alto y solicitó el auxilio de los elementos del Ejército Mexicano, toda vez que V2 se encontraba herido, sin embargo, un militar le disparó a ambas víctimas y al observar que todavía se movían, se aproximó y accionó en su contra nuevamente el arma; lo que se encuentra corroborado con los testimonios de V5 y T2, recabados por personal de la Comisión Nacional el 21 de octubre de 2010. Al respecto, debe tomarse en cuenta, también, la opinión técnica emitida por la Coordinación de Servicios Periciales de esta Comisión Nacional, elaborada el 9 de febrero de 2011, en la que se concluye, con base en la documental de la autopsia número 531-2010, realizada por los médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León al cuerpo de V1, que 12 de 14 heridas producidas por proyectil de arma de fuego presentaban quemadura, por lo que “se 19
considera que la boca del arma de fuego se encontraba a corta distancia o quemarropa (menor a 70 centímetros) al momento de ser accionada (…) para la ratificación o rectificación era necesario obtener los resultados de la prueba de Walker; de igual forma, se puede considerar que el disparador (victimario) se encontraba predominantemente al frente y ligeramente en un plano superior de V1 (víctima).” De igual forma, en opinión de los peritos de la Coordinación de Servicios Periciales de esta Comisión Nacional, se precisa que con base en la documental de la autopsia número 530-2010, realizada por los médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a V2, el 3 de marzo del año pasado, donde se refieren las lesiones al exterior, no son mencionadas características secundarias o inconstantes de arma de fuego, “por lo que se considera que la boca del arma de fuego se encontraba a larga distancia (mayor a 70 centímetros) al momento de ser accionada (…) para la ratificación o rectificación es necesario obtener los resultados de la prueba de Walker; asimismo, se puede considerar que el disparador (victimario) se encontraba predominantemente al frente, ligeramente en un plano superior y ligeramente a la izquierda de V2 (víctima).” Lo que permite afirmar que sin existir una amenaza o peligro, por parte de V1 y V2 que atentara contra la integridad física y personal de AR1, AR2, AR3 y AR4, estos accionaron sus armas de fuego en contra de V1 y V2, quienes incluso se encontraban desarmados y uno de ellos herido; como se desprende de los testimonios rendidos por V5, T1, T2 y T3, el 21 de octubre de 2010, ante personal de este organismo nacional. Las múltiples heridas que presentaron las víctimas permiten arribar a la conclusión de que la cantidad de impactos que recibieron, pone de manifiesta la voluntad de los servidores públicos de privarlas de la vida. Con base en lo anterior, es factible concluir que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional vulneraron el derecho a la vida de V1 y V2 protegido por los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 14, párrafo segundo, y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta actitud de la autoridad presuntamente responsable, evidenció una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como una efectiva protección y defensa de los derechos humanos; y como consecuencia, demostró también un incumplimiento a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en los términos que establece el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la autoridad presuntamente responsable dejó de observar diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, que constituyen norma vigente en nuestro país y que deben ser tomados en cuenta para la interpretación a las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en 20
todo tiempo a las personas la protección más amplia, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero y segundo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como los artículos 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, esta Comisión Nacional también observa con preocupación que hubo una alteración de la escena de los hechos por parte de los elementos militares en tanto que fue modificada la posición de los cuerpos de V1 y V2 y les fueron colocadas armas; así mismo, los elementos impidieron una adecuada preservación de los indicios que permitieran llegar a la verdad ocurrida el 3 de marzo de 2010. En efecto, contrario a lo afirmado en el correo electrónico de imágenes número 13217, de 9 de julio de 2010, emitido por la Comandancia de la IV Región Militar en Monterrey, Nuevo León, en el cual se refirió que una vez concluido el enfrentamiento, se procedió a asegurar el lugar de los hechos y se constató que habían fallecido en el lugar cuatro individuos, entre ellos, una persona del sexo femenino que tenía cerca de sus manos una pistola calibre 9 mm, marca Smith & Wesson, modelo 59, matrícula A244947, con su respectivo cargador y una fornitura de color negro (V1); y una persona del sexo masculino que tenía cerca de su cuerpo un fusil calibre 7.62 x 39 mm, marca Norinco, modelo MAK-90 Sporter, matrícula 94139293, con su respectivo cargador (V2). T1 y T3 manifestaron ante personal de este organismo nacional, una circunstancia diferente, señalando T1 que los elementos militares manipularon los cuerpos de las víctimas y les colocaron las armas con que fueron encontrados; T3 expresó que “le pareció muy injusto que los elementos militares privaran de la vida a las víctimas y que además se habían visto muy mal colocándoles las armas”. Aunado a lo referido por los testigos, en el correo electrónico de imágenes número 13217, de 9 de julio de 2010, emitido por la Comandancia de la IV Región Militar en Monterrey, Nuevo León, el cual hace referencia a la copia del oficio número 11310 del 7 de julio del año pasado, girado por la Comandancia del 11/o. Batallón de Infantería en Mérida, Yucatán, se refirió que concluido el enfrentamiento se procedió a asegurar el lugar de los hechos y se constató que habían fallecido en el lugar cuatro individuos, entre ellos, una persona sexo masculino que tenía cerca de su cuerpo un fusil calibre 7.62 x 39 mm, marca Norinco, modelo MAK-90 Sporter, matrícula 94139293, con su respectivo cargador, es decir V2. Por su parte, en la inspección ocular y fe ministerial realizada al lugar de los hechos por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, se asentó que en el sitio fueron encontrados cuatro cuerpos y se realizó la descripción de la posición de cada uno, así como de las armas y objetos con que fueron encontrados, describiendo en primer término las condiciones de V1, en segundo lugar V2, en tercero a un civil no identificado y en cuarto lugar a otro civil tampoco identificado. 21
En relación al cuerpo de V2, el agente del ministerio público investigador asentó en el acta correspondiente lo siguiente: “(…) sobre su antebrazo izquierdo, se encuentra un fusil de los denominados cuerno de chivo tipo AK47 del calibre 7.62 X 39, con cañón en color negro, empuñadura de madera y culata tipo retráctil, de la Marca RUMANIA, con el número de serie 5169856, con bandolera en color negro de naylon, (sic) y dicha arma contiene un cargador abastecido con cartuchos hábiles y un cartucho percutido en su recamara, portando, como pertenencias una cartera en color negro de piel, en la bolsa trasera derecha de su pantalón, y dicha cartera contiene en su interior una credencial de elector a nombre de [V2], con domicilio en [D1], así como una credencial a nombre del antes mencionado emitida por la Universidad Autónoma de Nuevo León, dos tarjetas [bancarias], así como un anillo de metal blanco (…)” De lo anterior derivan dos circunstancias inexactas que refirió la institución militar en su informe; en primer lugar el arma que quedó cercana al brazo izquierdo de V2, no fue en ningún momento identificada por los militares ni resguardada como debía, por formar parte de las evidencias del caso; es decir, los elementos militares refirieron que se trataba de un fusil calibre 7.62 x 39 mm, marca Norinco, modelo MAK-90 Sporter, matrícula 94139293, con su respectivo cargador y por su parte, el agente del ministerio público asentó que se trataba de un fusil de los denominados cuerno de chivo tipo AK47 del calibre 7.62 X 39, con cañón en color negro, empuñadura de madera y culata tipo retráctil, de la Marca RUMANIA, con el número de serie 5169856, con bandolera en color negro de nylon. En segundo lugar, se tiene que los militares pusieron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Turno en Escobedo, Nuevo León, los objetos, armas y vehículos recabados en el lugar de los hechos, y dieron cuenta de que quedaron abandonados 3 vehículos dentro de los cuales se encontraba la camioneta M3 y respecto a lo que manifestó: “(…) al efectuarle una revisión (…) se encontraron esparcidos tanto en los asientos delanteros y en el asiento trasero así como en sus correspondientes pisos (…) una credencial del I.F.E y licencia de conducir a nombre de [V2].” Tales circunstancias llevan a la conclusión de que ni el dicho del personal militar respecto del arma encontrada cerca del brazo izquierdo del cuerpo de V2 coincide con la encontrada por la Procuraduría General del Estado de Nuevo León, ni la credencial de elector de V2 fue localizada como lo refirieron AR1, AR2 y AR3 al interior de la camioneta M3, sino que se encontraba en su cartera, adentro de la bolsa trasera derecha de su pantalón, lugar en donde la encontró el agente ministerial. Además de lo anterior, vale la pena reiterar que de la diligencia de inspección ministerial realizada por el agente de la Procuraduría en mención, así como de las fotografías recabadas por esta institución se desprende que las armas fueron encontradas bajo la mano izquierda de V1 y cerca del antebrazo izquierdo de V2, lo que llama la atención, ya que de acuerdo a lo manifestado por V5, en la 22
diligencia realizada el 12 de abril de 2011, la víctima refirió que ni V1 ni V2 eran zurdas, sino diestras. Lo que constituye un elemento más para confirmar el dicho de V5, T1, T2 y T3 en relación a la manipulación, tanto de los cuerpos como de las armas y objetos que se encontraban en el lugar de los hechos. Por otro lado, esta Comisión Nacional advierte que, aún cuando el resultado que arrojaron las pruebas de residuos inorgánicos de disparo de arma de fuego practicadas a V1 y V2 fue positivo, dicha prueba no constituye un elemento que confirme la supuesta detonación de armas de fuego por parte de las víctimas en contra de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo anterior, en primer lugar, porque como fue señalado por peritos de esta Comisión Nacional respecto de dicha prueba, se podría tender una falsa positiva, ya que “hay que considerar que en dicho estudio existen factores que se contraponen a dicha prueba (…) el manejo de algunas substancias productos químicos utilizados para la limpieza y la cantidad de contaminación debido a substancias o manchas hemáticas en áreas de probable maculación; dichas condiciones (…) perjudican la cantidad de los resultados de dicha prueba”. Por otro lado, de acuerdo con la opinión en criminalística emitida el 19 de mayo de 2011 por peritos de esta Comisión Nacional, es posible tener variables en la maculación (manchar o ensuciar) de elementos producidos por proyectil de arma de fuego, que son los siguientes: a) Que una persona haya accionado un arma de fuego, y sus manos se encuentren dentro de la zona de maculación de los elementos producidos por disparo de arma de fuego. b) Que una persona (víctima) al encontrarse de frente a su victimario que acciona un arma de fuego, realice maniobras instintivas de defensa, resultando sus manos maculadas por elementos producidos por disparo de arma de fuego. c) Que a una persona (víctima) le sea colocada en sus manos un arma de fuego y que esta sea accionada por su victimario quedando sus manos dentro de la zona de maculación de los elementos producidos por disparo de arma de fuego. d) Que las manos de una persona se hayan contaminado con el manejo de algunas substancias de productos químicos utilizados en la limpieza y la cantidad de contaminación debido a sustancias o manchas hemáticas en las áreas probables de maculación. Ahora bien, esta Comisión Nacional observa que la maculación en las manos de V1 y V2, no ocurrió como se describe en la primera de las variables, es decir, que las víctimas hayan accionado un arma de fuego, y sus manos se encontraran dentro de la zona de maculación, ya que como se ha señalado, los testigos afirman que ni V1 ni V2 portaban armas y que nunca dispararon en contra de los 23
elementos del Ejército Mexicano, dado que como ha quedado demostrado, no formaban parte de ningún grupo de la delincuencia organizada, sino que eran trabajadores, estudiantes y padres de familia. Situación que se acreditó con las documentales emitidas por la empresa E1, las constancias de estudio de dos instituciones educativas, el testimonio de V5, T1, T2 y T3 y un documento suscrito por 465 vecinos del municipio de Anáhuac, Nuevo León, en las que se reitera la honorabilidad de V1 y V2; lo que se hizo constar mediante acuerdo del 9 de agosto de 2010, por el agente del Ministerio Público Investigador Número Tres Especializado en Delitos contra la Vida y la Integridad Física, en la ciudad de Santiago, Nuevo León. Por lo antes mencionado, es importante destacar las irregularidades con que se condujeron los servidores públicos militares cuando el agente ministerial acudió a realizar la diligencia de inspección correspondiente y que consisten en lo siguiente: De acuerdo a las manifestaciones de V5, T1, T2 y T3, de los elementos militares AR1, AR2, AR3 y AR4, y de la información que obra en las documentales proporcionadas por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:30 del 3 de marzo de 2010, hora en la cual en la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría del estado de Nuevo León se recibió una llamada del C-4 de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para informar que en el cruce de las carreteras a Monterrey-Colombia y Carretera a Don Martín, se escuchaban detonaciones de arma de fuego, por lo cual, elementos de la agencia estatal, en conjunto con un agente del Ministerio Público Investigador del Noveno Distrito Judicial de Nuevo León, se constituyeron en el lugar de los hechos y a los 10 minutos de haber arribado para realizar la inspección correspondiente, se presentó un militar de alto rango (SP4) quien mencionó que acudiría al lugar un Ministerio Público Militar a dar fe de los hechos y que el Ejército se haría cargo de las investigaciones, por lo que solicitó que los elementos ministeriales se retiraran del lugar. No fue sino hasta las 17:00 horas del 3 de marzo, que el agente del Ministerio Público Investigador del Noveno Distrito Judicial en el estado de Nuevo León, a solicitud de auxilio y apoyo del agente del Ministerio Público de la Federación con residencia en Sabinas Hidalgo, Nuevo León y dentro de la indagatoria correspondiente a la Averiguación Previa 5, se constituyó de nueva cuenta en el lugar de los hechos a realizar la diligencia de inspección ocular y cadavérica. Lo anterior significa que entre las 12:30 y las 17:00 horas del día 3 de marzo de 2010 transcurrieron aproximadamente 4 horas y 30 minutos en las cuales AR1, AR2, AR3 y AR4 custodiaron con exclusividad el lugar de los hechos, lo que les permitió contar con tiempo suficiente para manipular los cuerpos, depositar las armas y colocar al interior del vehículo M3 las identificaciones y objetos personales de V1 y V2. Además ambas víctimas eran diestras, por lo que los supuestos disparos debían realizarse con la mano derecha, sin embargo, las armas fueron encontradas bajo los brazos izquierdos de las víctimas, situación que corrobora la manipulación referida. 24
Una segunda situación puesta en evidencia al momento de manipular los cadáveres de las víctimas consiste en la ya referida falta de identificación del arma que fue hallada cerca del brazo izquierdo de V1, misma que aunque fue referida en el oficio de puesta a disposición por parte de los elementos militares, no lo fue en el acta en que consta la fe de hechos realizada por el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Aunado a lo anterior, los militares tampoco tuvieron cuidado con el trato que dieron a la credencial de elector de V2, ya que la introdujeron en primer lugar al interior del vehículo M3 y posteriormente fue colocada en la cartera que se encontraba en el bolsillo derecho del pantalón de V2, donde finalmente la encontró el agente ministerial. Es decir, alguno de los elementos castrenses decidió en un primer momento colocar la credencial de elector al interior del vehículo y posteriormente introducirla a la cartera que portaba la víctima, sin señalarlo a sus compañeros, lo que pone en evidencia la manipulación a la que se hace referencia y que se confirma con las circunstancias descritas en el oficio de puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. La alteración al lugar de los hechos se fortalece en las afirmaciones realizadas por V5, T1, T2 y T3 como ya se señaló y dichas irregularidades implican un incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, lo que actualiza una violación a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y debida procuración de justicia en agravio de V1, V2 y sus familiares V3, V4 y V5, en su calidad de víctimas u ofendidos de un delito, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 17, párrafo segundo, y 20, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 4 de la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder, que prevén el derecho de las víctimas y ofendidos al acceso a los mecanismos de justicia. Por otra parte, tomando en consideración que la dignidad humana es la premisa del Estado constitucional, el artículo 6 de la Norma Fundamental, establece el derecho a la información veraz para acceder a la justicia, pues el contenido de dicho precepto privilegia la verdad tanto para la configuración de la vida democrática como para el acceso a la justicia. El derecho a la información, regulado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido interpretado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LXXXIX/96, vinculado con el derecho a conocer la verdad y como una reprobación a la cultura del engaño y el ocultamiento. El derecho a la información también se inspira en las libertades de expresión y prensa, en el sentido de que la sociedad se informe a través de los medios de comunicación y de que éstos busquen la verdad no sólo a través de los canales 25
oficiales, sino por sus propios medios, de tal manera que la acción del gobierno se conozca, aun cuando éste pretenda ocultar o tergiversar los hechos. Al respecto, resulta aplicable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso “Trujillo Oroza”, reparaciones, dictada el veintisiete de febrero de dos mil dos, donde se indica que el derecho a la verdad ha sido desarrollado suficientemente en el derecho internacional de los derechos humanos y por la Corte, indicando que el derecho de los familiares de la víctima, de conocer lo sucedido a ésta, constituye una medida de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo. En el caso, por una parte la alteración de los hechos e indebida preservación de las evidencias, constituyen una seria limitación al derecho de acceso a la justicia que merece ser reparado, y por otro lado, la tergiversación de la información sobre los hechos ocurridos constituye una violación al derecho a la información para acceder a la justicia, por lo que es necesario aclarar con toda energía que V1 y V2 eran trabajadores de la empresa E1, padres de familia y estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 50, en ciudad Anáhuac, Nuevo León, que no viajaban en las camionetas que agredieron a los elementos militares, que no portaban armas ni eran miembros de la delincuencia organizada. En otro orden de ideas y como consecuencia de los hechos señalados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa que los elementos del Ejército Mexicano que en ellos participaron, hicieron uso arbitrario de la fuerza pública en perjuicio de V1 y V2. En efecto, por regla general las autoridades, especialmente las fuerzas armadas, deben abstenerse de usar la fuerza pública, salvo en los casos en que su utilización sea estrictamente necesaria e inevitable. En dichos casos, el ejercicio de la fuerza pública sólo podrá ser legítimo si se observan los principios de legalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad, considerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P. LII /2010 de rubro “SEGURIDAD PÚBLICA. REQUISITOS PARA QUE EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS, COMO ACTO DE AUTORIDAD RESTRICTIVO DE DERECHOS, CUMPLA CON EL CRITERIO DE RAZONABILIDAD.” en la que prevé que 1) el uso de la fuerza debe realizarse con base en el ordenamiento jurídico y que con ello se persiga un fin lícito, para el cual se tiene fundamento para actuar; 2) la actuación desplegada sea necesaria para la consecución del fin; y, 3) la intervención sea proporcional a las circunstancias de facto. Todo lo anterior enmarcado por el cumplimiento a los principios establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rectores de la actividad policial y el respeto a los derechos humanos.
En el presente caso se comprueba que, efectivamente, la actuación de los elementos militares fue ilícita, innecesaria y desproporcionada ya que, a) V1 y V2 no formaban parte del grupo de sicarios con los que se enfrentaron las autoridades responsables, sino que eran civiles a cuya protección se encontraban obligados los funcionarios en comento, b) V1 y V2 se encontraban en el lugar de los hechos de forma circunstancial, no estaban armados ni agredieron a los elementos militares y c) los militares actuaron con una violencia innecesaria y desproporcionada frente a una solicitud de auxilio para V1 y V2 a la cual respondieron con disparos de armas de fuego, que les ocasionaron la muerte. En este tenor, el empleo arbitrario de la fuerza pública implica una violación al derecho a la seguridad jurídica, previsto en los artículos 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 y 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y los numerales 4 y 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que establecen, en términos generales, que sólo se deberá utilizar cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas. De igual manera, se hizo caso omiso a lo señalado en la Recomendación General número 12, sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, emitida por esta Comisión Nacional el 26 de febrero de 2006, en el sentido que debe realizarse un uso gradual o escalonado de la fuerza. Con los medios de convicción allegados al expediente de queja, esta Comisión Nacional logró observar que los elementos militares que participaron en los hechos de que se trata omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su cargo, que los obliga a cumplir con la máxima diligencia el servicio que les fue encomendado, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que origine la deficiencia de dicho servicio, o de incumplir cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, ya que al sostener un enfrentamiento en la vía pública pusieron en peligro vidas humanas de la sociedad en general, dejando con ello de observar lo previsto en los artículos 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los cuales señalan que los funcionarios o servidores públicos tienen la obligación de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad y eficiencia que rigen el servicio público, así como de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por otra parte, el derecho al prestigio, al honor y buen nombre de V1, V2 y de sus familiares, se vio transgredido con el comunicado de prensa emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2010, en el que son señalados como delincuentes, mediante el cual 7/a zona de la IV región militar hizo del conocimiento de la opinión pública que personal militar repelió una agresión con armas de fuego en el municipio de Anáhuac, Nuevo León durante la cual perdieron la vida 8 delincuentes. 27
La naturaleza y características de la violación al prestigio y buen nombre de las víctimas, atenta gravemente contra su imagen y honor, pues los elementos del Ejército Mexicano que ratificaron la denuncia, realizaron falsas imputaciones contra dos personas fallecidas. En efecto, el derecho al honor de las víctimas se vio transgredido con las declaraciones de AR1, AR2, AR3 y AR4 ante el agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 7/a. Zona Militar, con el informe suscrito por el subdirector de Asuntos Internacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional y remitido a esta Comisión Nacional mediante el oficio DH-V-7482, de 12 de julio de 2010, con el mensaje de correo electrónico de imágenes número 13217, documentos mediante los que se reitera que “fueron agredidos por integrantes de la delincuencia organizada”, aun cuando, como ha quedado demostrado, V1 y V2 eran trabajadores de la empresa E1, padres de V3 y V4 y estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 50, en ciudad Anáhuac, Nuevo León, por lo que las medidas de reparación deben tender a resarcir y preservar el prestigio, honor y buen nombre de V1 y V2. Por otro lado, V3, V4 y V5, familiares de los agraviados han sido doblemente victimizados por parte de la autoridad, dado que existió una afectación al buen nombre de V1 y V2, y además se omitió observar el cumplimiento y respeto de los derechos que en su carácter de víctimas y agraviados les asisten. No pasa desapercibida por esta Comisión Nacional, que la gravedad de los actos realizados por los elementos militares en perjuicio de V1 y V2, ha trascendido a la esfera de derechos de las menores V3 y V4, quienes quedaron en condición de orfandad y cuyo proyecto de vida se ha alterado significativamente en perjuicio de sus derechos a la familia y a su sano desarrollo. Al respecto es necesario hacer énfasis en la condición de vulnerabilidad en que se encuentran amplios sectores de la población infantil con hechos como los ocurridos en el presente asunto, que suponen la generación de limitaciones e impedimentos para el ejercicio de los derechos de los niños, poniendo en riesgo su sano desarrollo. Ahora bien, aun cuando la Convención sobre los Derechos del Niño, tutela en favor de los niños mediante sus artículos 6, 7, 8 y 9 la obligación del Estado de garantizar en la medida de lo posible su supervivencia y desarrollo, el derecho de conocer a sus padres, a ser cuidados por ellos y a no ser separados de ellos, el derecho a preservar su identidad y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas, conductas como las relatadas en los hechos motivo de esta recomendación, ponen en evidencia que los agentes estatales generaron a las menores una condición de víctimas, ya que se vieron involucradas de manera indirecta en las violaciones a los derechos humanos con la muerte de sus padres, por parte de las autoridades responsables, pues la consecuencia directa de los hechos cometidos contra V1y V2 fue la pérdida de V3 y V4 de sus padres y por tanto de su familia. 28
La privación de la vida de V1 y V2, padres de V3 y V4, por parte de los elementos militares, genera factores de riesgo en el desarrollo de las menores y en su inserción a su entorno sociocultural, no solamente por el impacto que en el plano psicológico pueda significar la muerte de sus padres a manos de agentes militares, sino por la percepción que sobre tal episodio se genere hacia su contexto personal, familiar y social, por lo que este caso exige la búsqueda de alternativas reales de inserción social para las niñas víctimas, frente a la ausencia de las figuras materna y paterna. Es preciso recordar que el niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte implícitamente, del derecho a la protección de la familia y del niño, y que está expresamente reconocido por los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, esta Comisión Nacional ha documentado violaciones al derecho a la protección de la familia establecidos en los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño en perjuicio de V3 y V4 atribuibles a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes privaron de la vida a V1 y V2, padres de las menores V3 y V4, durante los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2010. Al respecto, vale la pena mencionar la Secretaría de la Defensa Nacional ha realizado una serie de acciones encaminadas a reparar los daños materiales y morales causados a las víctimas. En primer lugar, el 15 de junio de 2011, fue entregada una indemnización económica a V5 por concepto de reparación del daño moral y material con motivo de los hechos en que fueran privados de la vida V1 y V2 el 3 de marzo de 2010, indemnización que fue aceptada de conformidad y a entera satisfacción de V5. Además, han sido realizadas diversas gestiones ante instituciones gubernamentales, con el fin de apoyar a V5 y al resto de los familiares de las víctimas, que a criterio de esta Comisión Nacional, constituyen mecanismos orientados a propiciar el ejercicio tanto de los derechos de las menores V3 y V4, como de V5 y sus familiares más cercanos. Entre las acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra el otorgamiento por parte del Gobierno del estado de Nuevo León de becas de estudio para V3 y V4, la exención de cuotas escolares y el compromiso de entregar a V5 al inicio del ciclo escolar una cantidad de dinero como apoyo para compra de uniformes y zapatos. 29
Aunado a lo anterior, con el objeto de mejorar la situación económica de V5, se le entregará de manera mensual un apoyo económico, hasta en tanto encuentre estabilidad laboral. La Secretaría ha gestionado también la visita del Centro de Orientación y Apoyo a las Víctimas del Delito del Gobierno del estado de Nuevo León, a los familiares de V1 y V2, con el objeto que sean beneficiados con el fondo para las víctimas del delito. Así mismo, se ha refrendado el apoyo en los gastos médicos a la madre de V2, que se encuentra bajo tratamiento y atención médica. Tales acciones pone de manifiesto el ánimo de colaboración de la institución castrense en la búsqueda de condiciones materiales y educativas de las víctimas. No obstante, la efectividad de tales mecanismos en el proyecto de vida de las víctimas, demanda una atención puntual y efectiva. Finalmente, en virtud de que el sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos constituye una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos del Estado, esta Comisión Nacional, con fundamento en los artículos 1 párrafos primero, segundo y tercero, 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera procedente solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional que gire instrucciones a fin de que se dé un seguimiento puntual a la concreción de las medidas que han sido propuestas como mecanismos de reparación en favor de V3, V4 y V5 que tienda a generar mejores condiciones para el sano crecimiento de las menores, así como a reducir sus padecimientos físicos, psíquicos y médicos y los de V5, por el tiempo que resulte necesario, incluidas la provisión de medicamentos, el pago de consultas médicas y psicológicas, transportación para su atención, gastos de alimentación y hospedaje, de ser necesarios, y toda aquélla que sea indispensable para su completa rehabilitación. Es importante que además, las instancias correspondientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, permanezcan tomando parte activa y apoyando en la construcción del proyecto de vida de las menores a través del acompañamiento en la definición de su situación y beneficio. Por último, de conformidad con los artículos 1 párrafos primero, segundo y tercero, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción III, 71, párrafo segundo, y 72, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existen elementos para que este organismo protector de derechos humanos, en ejercicio de sus atribuciones, presente formal queja ante la Inspección y Contraloría General de la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente contra servidores públicos adscritos al 11/o. Batallón de Infantería, con domicilio provisional en las instalaciones del Campo Militar número 7-A de Escobedo, Nuevo León, así como formal denuncia de hechos ante la Procuraduría General 30
de la República para que se determine la responsabilidad penal, se sancione a los funcionarios responsables y que dichas conductas no queden impunes. No es obstáculo para lo anterior que, como ya se precisó, existan averiguaciones previas en integración y un procedimiento administrativo de investigación con motivo de los hechos descritos, ya que este organismo nacional presentará directamente denuncia y queja para los efectos previstos en el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de, entre otras cuestiones, dar el seguimiento debido a dichas investigaciones. En virtud de lo anterior, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera procedente formular, respetuosamente, a usted, señor secretario de la Defensa Nacional las siguientes: V. RECOMENDACIONES PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para el debido seguimiento y concreción de las medidas que han sido propuestas como mecanismos de reparación de los derechos de las menores V3 y V4, así como de V5 y sus familiares más cercanos, enviando a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento. SEGUNDA. Instruya a quien corresponda, para que los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional se abstengan de manipular u ordenar que se alteren las escenas de los hechos y/o se tergiverse la verdad histórica y jurídica de los mismos; sean capacitados respecto de la preservación de los indicios del delito, en especial y de manera inmediata los servidores públicos pertenecientes al 11/o. Batallón de Infantería en Mérida, Yucatán y una vez realizado lo anterior, se remitan a este organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento. TERCERA. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de la queja que este organismo público promueva ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en contra de los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional que intervinieron en los hechos que se consignan en este caso, y se remitan a este organismo protector de derechos humanos las evidencias que le sean solicitadas, así como las constancias con que se acredite su cumplimiento. CUARTA. Se colabore ampliamente en la presentación de la denuncia de hechos que esta Comisión Nacional formule ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar, a fin de que, tomando en cuenta las evidencias descritas, en el ámbito de su competencia inicie la averiguación previa que en derecho corresponda, por tratarse de servidores públicos federales cuya conducta motivó el presente pronunciamiento; debiendo remitir a este organismo nacional las constancias que le sean solicitadas.
QUINTA. Instruya a quien corresponda, para que se intensifique la aplicación del “Programa de Derechos Humanos S.D.N. 2008-2012”, y que el mismo se dirija tanto a los mandos medios como a los elementos de tropa y se generen indicadores de gestión para evaluar el impacto efectivo de la capacitación en el respeto a los derechos humanos y en el cual participen de manera inmediata los elementos militares integrantes del 11/o. Batallón de Infantería en Mérida, Yucatán, enviando a este organismo nacional las pruebas de su cumplimiento. SEXTA. Se instruya a quien corresponda, a fin de que previo el estudio correspondiente, se emita una directiva, regla u ordenamiento que regule el uso proporcional de la fuerza pública, contemplando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y distribuir a todo el personal de tropa y oficiales, que desarrollen funciones de seguridad pública e implementar cursos para su difusión, debiendo remitir a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular ejecutada por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de la dependencia administrativa o cualquiera otra autoridad competente, para que, dentro de sus atribuciones, aplique las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida. De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le solicita que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, se informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a esta notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma. La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública esa circunstancia. EL PRESIDENTE DR. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
Recomendación 042/2011 de la CNDH a la SEDENAUploaded by Dulce Ramos14K viewsDownloadEmbedDescription: Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional, por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2010 en Anahuac, Nuevo León.See MoreRecomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional, por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2010 en Anahuac, Nuevo León.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
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References: artículo 41
e contrario
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 21
 artículo 73
 artículo 102
 artículo 46
 RESOLUCIÓN