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Timestamp: 2018-06-24 13:10:03+00:00

Document:
Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut - Sesión 891 10-04-03
Sesión 891 10-04-03
Reunión nº. 891
Sesión ordinaria nº. 6
1.1. Resolución nº. 027/03. Aprueba las Resoluciones de Presidencia nros. 022, 023 y 024/03 dictadas ad referéndum de la Honorable Cámara.
1.2. Proyecto de Ley nº. 037/03. Aprueba el convenio celebrado entre la Provincia y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ampliatorio del suscripto anteriormente por ambas partes, para realizar el relevamiento de la "Encuesta Complementaria de Personas con Discapacidad".
1.3. Resolución nº. 029/03. Desestima la presentación efectuada por la señora María del Carmen Paiola mediante la que solicitara la realización de juicio político al Contador General de la Provincia.
1.4. Proyecto de Resolución nº. 016/03, transformado en proyecto de declaración. Solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés provincial permanente la "Fiesta del Aborigen" a realizarse cada año, durante el mes de abril, en la localidad de Cushamen.
- Oradora: Diputada Czyz (BA).
1. Proyectos de Resoluciones nros. 019, 020 y 021/03.
Proyecto de Resolución nº. 019/03. Declara persona no grata al periodista Marcelo Longobardi y repudia su comentario respecto del resultado de la consulta popular sobre la explotación del Yacimiento Cordón Esquel realizada en esa ciudad.
Proyecto de Resolución nº. 020/03. Crea una Comisión Especial con el objeto de examinar la gestión de los funcionarios públicos de la Dirección General de Minas y Geología y de la Subsecretaría de Intereses Marítimos y Pesca Continental, en la implementación del Plan Provincial de Minería y en el otorgamiento de permisos de pesca, respectivamente.
Proyecto de Resolución nº. 021/03. Solicita al Poder Ejecutivo que informe acerca de la eventual relación de dependencia o contractual del geólogo Ricardo Bagalciaga con el Estado Provincial y sobre el listado de concesiones mineras y la nómina de apoderados de distintas empresas ante la Dirección General de Minas y Geología.
- Oradores: Diputados Lorenzo, Llamazares, Pérez Michelena y Risso (BA); Garitano (BJ); y Giménez (BPACH).
2. Presentación y derivación a comisiones del Proyecto de Ley nº. 043/03, por el que se propicia la derogación de la Ley nº. 3046, ratificatoria del convenio del Golfo San Jorge, celebrado entre las Provincias del Chubut y de Santa Cruz.
- Oradores: Diputados Lorenzo, Pérez Michelena y Retuerto (BA); y Garitano (BJ).
3. Proyecto de Resolución nº. 022/03. Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que revea la medida adoptada mediante la firma de los Decretos nros. 815 y 817/03, relacionados con el Instituto Nacional de Teatro.
4. Consideraciones sobre el Proyecto de Ley nº. 039/03, por el que se propone la aprobación del Acta complementaria nº. 1 del convenio marco, suscripto entre la Provincia y el Instituto Nacional del Agua, para realizar el estudio de alternativas de tratamiento y transporte de los excedentes hídricos del sistema Laguna Negra y el anteproyecto hidráulico.
- Oradores: Diputados Cominetti y Lorenzo (BA); y Garitano (BJ).
5. Proyecto de Resolución nº. 023/03. Solicita al Presidente del Banco del Chubut S.A. que informe si esa institución ya finalizó el trámite operativo y legal de instrumentación del fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina.
- Oradora: Diputada Marcovecchio (BJ).
6. Presentación y derivación a comisiones del Proyecto de Ley nº. 044/03, por el que se propicia la modificación del artículo 5º de la Ley nº. 3127, relacionado con los agentes que prestan servicios en terapia intensiva, neonatología y rehabilitación de los hospitales públicos provinciales.
7. Proyecto de Resolución nº. 024/03. Solicita al Ministerio de Educación la urgente respuesta al reclamo planteado por los padres de los alumnos de la Escuela nº. 740 (EMETA) de Trevelin, relacionado con el traslado de sus hijos hacia ese establecimiento.
- Oradores: Diputados Lorenzo (BA) y Garitano (BJ).
8. Proyecto de Resolución nº. 025/03. Solicita al Juzgado de Instrucción Penal, Circunscripción Judicial del Noroeste, copia de la causa caratulada "Sarquis, Héctor Andrés — Márquez, Cristina. Querellantes Particulares — Actores Civiles / Incidente de medida cautelar — en causa 2061-13-2000 (Expte. nº. 2662 — F. 50 — Año 2002)".
- En Rawson, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura del Chubut, a diez de abril de dos mil tres, siendo las 13,15 dice el
RESOLUCIÓN Nº. 027/03
- Resoluciones de Presidencia nros. 022, 023 y 024/03 dictadas ad referéndum de la Honorable Cámara.
- La Resolución nº. 022/03 reconoce los gastos por la comisión del señor diputado Giménez para participar en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del Parlamento Patagónico realizada en la Capital Federal.
- La Resolución nº. 023/03 instruye sumario administrativo al agente Mario Gentile, a cargo de Comisaría Legislativa, por el hecho acontecido en la Sala de Periodistas.
- La Resolución nº. 024/03 reconoce gastos por la comisión de servicios realizada por la Defensora del Pueblo a la ciudad de San Juan.
- Nota de la diputada Liliana Llamazares remitiendo para que sea leída en esta sesión la nota que le envió el Ministro de Salud, doctor Eloy García, con respecto a la puesta en marcha en el ámbito de dicho Ministerio del Registro Poblacional de Tumores.
Sra. diputada provincial
Liliana Llamazares
Constitucionales y Justicia
Me dirijo a Usted a los efectos de dar respuesta a la Nota nº. 14/03-CPACyJ, en la que solicita información de la Ley nº. 4794, puesta en marcha en el ámbito del Ministerio de Salud del Registro Poblacional de Tumores.
El Registro Poblacional de Tumores se puso en vigencia a partir del mes de diciembre del año pasado, momento en que los especialistas obligados a notificar -oncólogos, anátomo-patólogos y hematólogos- comenzaron a informar los casos registrados en todo el ámbito provincial.
Previo a la puesta en vigencia del Registro se llevó a cabo en este Ministerio una reunión de tipo informativa, que convocó a todos los profesionales que tienen la responsabilidad de notificar de acuerdo a ley y su correspondiente reglamento. A cada uno de estos especialistas se les proveyó de la ley, reglamento, fichas de notificación e instructivo para su llenado.
El cumplimiento de la ley recae en un grupo reducido de profesionales, pero a su vez cuando se requiere información adicional se solicita la colaboración de los establecimientos u otros profesionales que no son los responsables directos pero intervienen en la atención del paciente.
En esta etapa se realizan controles de cobertura y calidad, y en estos meses se han obtenido los siguientes resultados:
- Las fuentes de notificación (veintiocho profesionales según relevamiento realizado en este Ministerio) han respondido mensualmente en un 100%, a través del envío de las fichas de notificación o informando por distintas vías de comunicación (carta, e-mail, teléfono) en el caso de que no se hayan producido nuevos registros.
- Los distintos establecimientos y profesionales de salud (público y privado) han respondido en un 100% ante las consultas realizadas de acuerdo al seguimiento para el mejoramiento de calidad de las fichas recibidas, en esa instancia se lo pone en conocimiento de la ley y su reglamento, y también se le envía dicha documentación.
En esta etapa no se prevé realizar ningún tipo de estadísticas que involucre a dicho Registro. Esto se sustenta en lo poco serio que sería desde este Ministerio procesar información tan delicada en tan poco tiempo de implementación de la ley; los organismos internacionales recomiendan que transcurra un tiempo prudencial en el sistema de notificación para obtener resultados estabilizados.
Sin otro particular, saluda a Usted atentamente.
Dr. Eloy Felipe García
- Resolución nº. 015/03 de la Cámara de Diputados de La Pampa, por la que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que reitere la invitación a una comisión de veedores de la Organización de las Naciones Unidas o a observadores internacionales con el objeto de garantizar la transparencia del comicio del próximo 27 de abril.
- Nota del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin remitiendo la Declaración nº. 201/03, por la que adhiere a la nota presentada por padres de alumnos de la Escuela Agrotécnica nº. 740 de dicha localidad, con referencia al transporte escolar.
- Proyecto de Ley nº. 041/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propone la aprobación del convenio suscripto entre la Provincia y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ampliatorio del celebrado por ambas partes el 19 de marzo de 2002, aprobado por Ley nº. 4904.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley No General nº. 037/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la aprobación del convenio celebrado entre la Provincia y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ampliatorio del suscripto anteriormente por ambas partes, para realizar el relevamiento de la "Encuesta Complementaria de Personas con Discapacidad".
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley No General nº. 038/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la aprobación del convenio marco de asistencia y cooperación suscripto entre la Provincia y el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por el cual la Provincia adhiere al Programa Adolescencia e Integración Social.
- El citado proyecto se encuentra también derivado a la Comisión Permanente de Legislación Social y Salud, la que aún no ha emitido dictamen. En consecuencia, este despacho se gira a la citada comisión.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley General nº. 106/02, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la creación del Sistema de Seguridad Pública.
SR. LORENZO: Señor Presidente, este proyecto, que tiene dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, está girado a otras comisiones para que den sus respectivos despachos. Quiero proponer a los señores diputados, porque lo hemos consensuado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, fijemos la preferencia del tratamiento del Proyecto de Ley nº. 106/02 para la sesión del próximo jueves 24.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia por el que se declara no formalmente admisible la denuncia realizada por la señora María del Carmen Paiola, de la ciudad de Rawson, solicitando la realización de juicio político al Contador General de la Provincia.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación, sobre el Proyecto de Resolución nº. 016/03, presentado por la diputada Czyz del Bloque de la Alianza, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés provincial permanente la "Fiesta del Aborigen", a realizarse cada año, durante el mes de abril, en la localidad de Cushamen.
- Dictámenes en mayoría y minoría de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, sobre el Proyecto de Ley General nº. 225/02, presentado por los diputados Retuerto y Zarcos del Bloque de la Alianza, por el que se propicia la sanción de un Régimen de Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Marítimos en aguas jurisdiccionales de la Provincia del Chubut, para todo tipo de embarcación que opere en ella, el que estará a cargo de inspectores de recursos marítimos y de observadores a bordo.
- Nota de padres de alumnos de la Escuela nº. 740 de Trevelin, con respecto al traslado de sus hijos a la escuela en el transporte escolar.
SR. PRESIDENTE (Gil): De acuerdo con lo conversado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, por Secretaría se leerá.
Los abajo firmantes, padres de alumnos de la Escuela nº. 740 de Trevelin, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en referencia al traslado de nuestros hijos al colegio en el transporte escolar. Desde hace dos años, en diversas reuniones de padres convocadas por la escuela, se nos ha informado acerca de los problemas de orden técnico del colectivo y sobre los reclamos realizados, sin contar hasta el momento con una respuesta por parte de ese Ministerio. Fuimos los padres quienes tratamos de acompañar la gestión escolar, con el pago de la cuota de transporte ($ 7, por alumno, por mes), en el mantenimiento del colectivo, compra de cubiertas, diferencias en el gasto de combustible.
Consideramos que la situación actual excede las posibilidades de padres y directivos, ya que a diario se pone en riesgo la seguridad de nuestros hijos debido a que se están transportando entre 60 y 80 alumnos "por viaje" cuando se dispone sólo de 42 asientos; además, se nos informa que existen cursos que deben acortar su jornada de estudio para que los alumnos puedan aprovechar alguno de los viajes anexados al circuito que realiza el colectivo. Por tal motivo dejamos expresa la necesidad de contar con otra unidad de transporte, ya sea propiedad de la escuela o contratada, que permita la asistencia de nuestros hijos a la escuela con las garantías de seguridad necesarias y enmarcada en la legislación vigente.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable a la brevedad se despiden de Usted muy atentamente.
SR. GARITANO: Señor Presidente, solicito su reserva en Secretaría porque en la Hora de Preferencia voy a hacer alusión al tema para plantear algún tipo de resolución de la Cámara.
- Expedientes nros. 022 y 024/03 de esta Legislatura, originados en presentaciones de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos del Chubut (APEL Chubut), mediante las que interponen recursos administrativos para que se proceda a otorgar una bonificación salarial, se declare la nulidad de varias Resoluciones de esta Legislatura y se inicie el proceso de juicio político al Presidente de la Legislatura Provincial por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
SR. LORENZO: Señor Presidente, estos expedientes están en este momento en Secretaría, por lo que voy a pedir la lectura pertinente. Concretamente, por la lectura de la minuta se solicita que se inicie el proceso de juicio político al Presidente de la Legislatura. Para que quede registrado en el acta de la presente sesión, solicito la lectura de los motivos de la denuncia en la parte pertinente de ambos expedientes.
Que por lo sucintamente expuesto solicita, a esa Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut, se decrete la nulidad de las resoluciones precitadas y se inicie el proceso de juicio político al Presidente de esa Honorable Legislatura Provincial por exceso de las facultades que las leyes de presupuesto citadas le acordaran, y se efectúe la denuncia penal por incumplimiento a los deberes de funcionario público y/o por la violación a los tipos penales descriptos en los artículos 248º y concordantes del Código Penal, bajo apercibimiento de ley.
Que asimismo se ha excedido la Presidencia de esa Honorable Legislatura en sus facultades propias y en las delegadas por ese Cuerpo al establecer partidas presupuestarias destinadas exclusivamente al pago de las remuneraciones de los empleados de la planta permanente de esa Honorable Legislatura distrayéndolas para la creación de nuevos cargos y pago de las remuneraciones de estos últimos, aun en el marco de la vigencia de la Ley de emergencia económica, disponiendo una discriminación inaceptable e inconstitucional entre los empleados de la planta permanente preexistente al tiempo de dictarse las Leyes nros. 4224 y 4248, y el nuevo personal que incorpora a esta Casa de las Leyes -mediante resoluciones- con sueldos superiores y con el carácter de nuevos empleados de planta permanente paralelos a los estatuidos por las Leyes nros. 4224 y 4248.
Que por todo lo expuesto y a los efectos de obtener una solución legal, solicitan que esa Honorable Legislatura establezca y resuelva la nulidad incoada en el presente recurso administrativo de inconstitucionalidad que se interpone en forma previa a una acción judicial, penal y federal, y se obre -de una vez y para siempre- conforme a derecho en la Casa de las Leyes de la Provincia del Chubut.
SR. LORENZO: Señor Presidente, solicito la lectura entera de dicha presentación, porque se está haciendo alusión a resoluciones que no se mencionan, para que quede constancia en la versión taquigráfica de la denuncia que se está haciendo, de una de ellas o sus similares.
Los que suscriben, en el carácter de empleados de esa Honorable Legislatura del Chubut y respectivamente de Secretario General y Tesorera de la Asociación Provincial Empleados Legislativos del Chubut, A.P.E.L., con domicilio legal en Mitre nº. 550 de la ciudad de Rawson, inscripta en la Subsecretaría de Trabajo -mediante Resolución nº. 007/96 GBsst- en el Registro de Asociaciones Sindicales bajo el número 016; inscripta asimismo en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores con carácter de asociación gremial de primer grado -para agrupar a todos los agentes no jerarquizados dependientes del presupuesto de empleados de la Honorable Legislatura del Chubut (planta permanente)- mediante la Resolución M.T. y S.S. nº. 1243 en el Expediente nº. 73001/85; e inscripta en la "Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina" mediante la Resolución nº. 292 M.T. y S.S. de fecha 28 de septiembre de 1995, nos presentamos y respetuosamente decimos:
Que en los caracteres invocados y que acreditan con las copias que se acompañan, vienen en legal tiempo y forma a incoar recurso administrativo con el fin de que se proceda a decretar la nulidad de las Resoluciones de la Honorable Cámara de esa Honorable Legislatura nros. 091/99, 096/99, 097/99, 098/99, 100/99, 009/2000 y concordantes, por los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
Las resoluciones citadas han sido dictadas por la Presidencia de esa Honorable Legislatura ad referéndum de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut modificando con las mismas el nomenclador de cargos y remuneraciones de las Leyes nros. 4224 y 4248 de esta provincia.
Se ha ejercido así una facultad privativa y no delegada de la Honorable Cámara a la Presidencia de la Honorable Legislatura, cual es la modificación de las leyes.
Se ha vulnerado el orden constitucional que establece que una ley sólo puede ser modificada en todo o en parte por otra ley posterior. Pero en este caso en particular las leyes se han visto modificadas por resoluciones ad referéndum de la Honorable Cámara de Diputados y no por el mecanismo constitucional, violándose directamente los artículos 135º apartados 3, 4, 5 y 27 y demás normas concordantes de la Constitución Provincial, y el artículo 28º y concordantes de la Constitución Nacional.
Se ha excedido esa Presidencia en las facultades que le acordaran las Leyes nros. 4449 (en su artículo 5º), 4555 (en su artículo 5º) y 4670 (en su artículo 6º) y, en consecuencia, se ha violado el mecanismo de modificación de las leyes que establece la Constitución Provincial, pues la facultad que las leyes de presupuesto le han conferido se refieren solamente a efectuar las modificaciones presupuestarias dentro del total fijado por la ley, pero no autorizaban a incorporar y/o crear cargos nuevos que modificaran las Leyes nros. 4224 y 4248, como hacen estas resoluciones, cuya nulidad absoluta se solicita se decrete.
La Honorable Cámara de esa Honorable Legislatura -al aprobar estas Resoluciones de Presidencia- ha violado la Constitución Provincial pues se ha pretendido modificar leyes mediante resoluciones, siendo éste un mecanismo distinto al previsto en el artículo 135º y concordantes de la Constitución Provincial.
Ello motiva no solamente la inconstitucionalidad de la resoluciones, sino que este obrar de la Honorable Cámara de Diputados daría lugar a la solicitud de intervención federal.
Las resoluciones, cuya nulidad se solicita, afectan de modo directo los derechos de los empleados de la planta permanente de esta Honorable Legislatura causándoles un perjuicio enorme, pues a la par que a éstos se les liquidan los haberes y se les aplican directamente las Leyes nros. 4224 y 4248 -y en el mismo marco de la vigencia de la Ley de emergencia económica- se establecen por resoluciones, a todas luces inconstitucionales, nuevos cargos -y se incorpora nuevo personal- y remuneraciones sumamente superiores para este "nuevo personal" a las que establecen las Leyes nros. 4224 y 4248 para el resto del personal de la planta permanente de esta Honorable Legislatura.
Por lo hasta aquí expuesto, el perjuicio económico y de igualdad causado al personal de la planta permanente que figura en el nomenclador de cargos y remuneraciones que establecen las Leyes nros. 4224 y 4248 es demostrado con el simple cotejo de las remuneraciones que obran en el mismo y las que se establecen en las Resoluciones cuya nulidad se solicita. Sumado a ello el personal de la planta permanente establecido por las Leyes nros. 4224 y 4248 ha tenido que convivir laboralmente con personal que -realizando igual tarea- ha percibido una remuneración vergonzosamente superior y fuera de la ley.
Saludan a Ustedes atentamente.
Ángel Eduardo Bustos
Diana N. Ramírez
SR. PRESIDENTE (Gil): Habiendo finalizado la relación de los Asuntos entrados, corresponde considerar los temas reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. En primer término se encuentra reservado el Proyecto de Ley No General nº. 037/03.
PROYECTO DE LEY Nº. 037/03
SR. RISSO: Señor Presidente, el presente proyecto de ley del Poder Ejecutivo pone a consideración de este Cuerpo la aprobación de un convenio firmado entre el Instituto de Estadística y Censos de la Nación y la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia del Chubut. Dicho convenio es ampliatorio del suscripto el 29 de noviembre de 2002, contando con la aprobación de esta Cámara, y tiene por objeto realizar el relevamiento en las nuevas viviendas seleccionadas por ampliación del tamaño de muestra de la Encuesta Complementaria de personas con discapacidad, en el marco de las tareas del Censo Poblacional, Hogares y Viviendas 2001.
Dada la importancia y la necesidad de su aprobación para la efectivización del primer convenio suscripto, y por los fundamentos expuestos, solicito a los señores diputados el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto.
Artículo 1º. Apruébase el convenio suscripto el 29 de noviembre de 2002, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, representado por su Director licenciado Juan Carlos Del Bello, y la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut, representada por su Directora Liliana M. J. Rodríguez, que se encuentra registrado al tomo 1, folio 006, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fecha 6 de enero de 2003, y ratificado por el Poder Ejecutivo Provincial por Decreto nº. 244/03, que es ampliatorio del convenio suscripto entre las mismas partes, con fecha 9 de septiembre de 2002, ratificado por Decreto nº. 1508/02, y que tiene por objeto realizar el relevamiento en las nuevas viviendas seleccionadas por ampliación del tamaño de muestra de la "Encuesta Complementaria de Personas con Discapacidad".
Se encuentra reservado en Secretaría el dictamen unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia por la presentación efectuada por la señora María del Carmen Paiola.
RESOLUCIÓN Nº. 029/03
SR. RISSO: Señor Presidente, en la última sesión -si mal no recuerdo- ingresó la denuncia y pedido de juicio político al Contador General de la Provincia, la cual fue remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Dicha comisión decidió convocarlo para que contestara, de alguna manera, el contenido de la denuncia con el pedido de juicio político.
El contador General se presentó en la comisión aludida y, analizando los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia el contenido de la denuncia, llegamos a la conclusión de que por un lado el hecho que se le imputa desde el punto de vista formal al Contador General no es una cuestión que esté dentro de su responsabilidad o que esté él en posibilidad de modificar la forma que plantea la ciudadana denunciante, atento a que no es un hecho que se le puede imputar como responsabilidad directa al Contador General de la Provincia.
Incluso, según charlamos en el ámbito de la comisión, es un tema que debemos discutir en el ámbito de este Parlamento y quizás, elaborar una ley con respecto al límite del descuento a los empleados públicos.
Formalmente la comisión decidió emitir este dictamen que viene a consideración de la Cámara, rechazando el pedido de juicio político y archivando las actuaciones.
Por lo expuesto, señor Presidente, solicito el voto afirmativo de los señores diputados.
Por Secretaría se leerá la resolución.
Artículo 1º. Desestimar la presentación efectuada por la señora María del Carmen Paiola mediante la que solicitara la realización de juicio político al Contador General de la Provincia, contador Mario Encinas, en razón de no reunir los requisitos suficientes para la admisibilidad formal que exige la Ley nº. 4457, de procedimiento de juicio político.
Se encuentra reservado en Secretaría el Proyecto de Resolución nº. 016/03 transformado en proyecto de declaración.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº. 016/03 TRANSFORMADO EN PROYECTO DE DECLARACIÓN
SRA. CZYZ: Señor Presidente, la razón del tratamiento sobre tablas del presente proyecto de declaración se fundamenta en la conmemoración del Día del Indio Americano, cuya fecha cercana apremia para este tratamiento.
Por ello, señor Presidente, solicito que a través del mecanismo correspondiente, se habilite el tratamiento del presente proyecto.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Czyz.
SRA. CZYZ: Señor Presidente, el 19 de abril del año 1940 se celebró en México el 1º Congreso Indigenista Interamericano con el objeto de observar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente.
Participaron indígenas representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones de América. Se habló de la situación social y económica de estos pueblos, de sus problemas y sus necesidades, que creo todavía siguen vigentes en esta época.
Esta conferencia produjo un documento que creó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en la ciudad de México y dependiente de la Organización de los Estados Americanos. Así es como se instituyó el Día del Indio Americano, en conmemoración de este acontecimiento. Desde entonces, se celebra esta fecha en recordación de quienes habitaron originariamente este territorio y que, por supuesto, en la provincia del Chubut continúan haciéndolo en distintas comunidades y en distintos lugares.
Argentina adhirió al Documento de México e instituyó este día el 19 de abril de 1945 mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Además, desde entonces, nuestro país es miembro permanente y adhiere a la fecha, reivindicando los derechos de los aborígenes.
Justamente, en relación con esta fecha y por cuarto año consecutivo, la localidad de Cushamen realiza una recordación especial, dado que ha sido fundada y es habitada, en su mayoría, por aborígenes y sus descendientes. Esta fiesta, que está organizada por las comunidades educativas y la comunidad toda, se inicia con algo que debemos destacar -no sólo como un hecho, sino por la trascendencia que éste tiene en la faz religiosa que destaca a este pueblo-, que es precisamente una rogativa. Quienes conocemos a estas comunidades, sabemos que la rogativa es un ruego especial que los aborígenes practican en el camaruco.
Por lo expuesto, considero que esta Cámara debe adherir con su voto favorable a este proyecto de declaración, acompañando a las comunidades aborígenes de la provincia en este día especial y, sobre todo, declarando esta fiesta de interés provincial en forma permanente e incluyéndola en el calendario turístico de la provincia del Chubut.
Artículo 1º. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que se declare de interés provincial en forma permanente la "Fiesta del Aborigen" a realizarse durante el mes de abril de cada año en la localidad de Cushamen, y además se incluya en el calendario turístico de la Provincia del Chubut.
- Eran las 13,45.
PROYECTOS DE RESOLUCIONES NROS. 019, 020 Y 021/03
SR. RISSO: Señor Presidente, nuevamente vamos a traer a esta Hora de Preferencia un tema que obviamente no ha sido agotado y que hemos analizado en la sesión pasada, y que mucho tiene que ver con lo que decíamos -lo hemos dicho muchas veces- sobre una cuestión que estamos convencidos supera las cuestiones partidarias o de sector.
Con esto quiero reafirmar, una vez más, que lo que decimos y hacemos es porque estamos firmemente convencidos de que debemos luchar todos -más allá de los matices de opinión que tengamos- por defender lo que es nuestro y, fundamentalmente, buscar un Estado o una administración estatal que represente y defienda los intereses de la Provincia y a sus ciudadanos y habitantes.
Quiero decir que cuando hablamos de un Estado de estas características y condiciones, todos, absolutamente todos quienes integramos el Estado, en cualquiera de las funciones que conforman su poder, solamente podemos tener un solo objetivo que es representar a la gente que nos dio el mandato, no es posible hacerlo de otra manera.
La teoría general del mandato indica, tanto en el derecho público como privado, en cualquier ámbito y en la lógica y en la razón, que hay quien otorga un mandato y aquel que lo recibe debe actuar en el marco del mandato, no se puede apartar de ese mandato y si lo hace en cualquiera de los ámbitos incurre en un incumplimiento grave; cuando se trata de la administración pública está en el ámbito y en la órbita de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En esta Hora de Preferencia vamos a traer dos o tres cuestiones vinculadas con esto. Antes que nada, creo que absolutamente todos quienes integramos esta Cámara reconocemos y valoramos el derecho que tiene la gente -por eso estamos acá, porque es parte de nuestra convicción- a expresarse libremente, fundamentalmente, cuando esa expresión de voluntad se hace a través de un acto eleccionario, del voto, como ocurrió en el plebiscito de Esquel.
Ya dijimos muchas veces que hay quienes están pagando para interpretar el resultado del plebiscito. Hoy leíamos en los diarios, en el diario Crónica de Comodoro Rivadavia y en diarios del Valle que las empresas Meridian Gold y El Desquite están pagando a una consultora para interpretar el resultado del plebiscito, como si fuera necesario traer consultores yanquis para ver y descubrir qué quiso decir el pueblo de la cordillera o el pueblo de Esquel cuando emitió su voto.
También dijimos que hay quienes no les es cómoda esta situación y están buscando un método para tergiversar lo expresado por la gente, que no aceptan la potestad y la facultad legal y constitucional del pueblo de la Provincia del Chubut a definir su propio destino, que esta actitud se ve reflejada en el capital privado y en los que trabajan para el capital privado dentro y fuera de las empresas, para la búsqueda de un lucro que muchas veces nada tiene que ver con el objetivo de la Constitución al promover las políticas, entre ellas la explotación de los recursos naturales, el bienestar general, y que tienen muchos operadores. Quienes defienden este modelo, que cuentan con mucha plata, tienen muchos operadores y algunos de estos operadores, lamentablemente también, están dentro del periodismo.
Hay un hecho que debe y merece ser repudiado, y así lo dejo solicitado en forma enérgica y terminante, que son las declaraciones de un periodista de prestigio nacional con un ámbito de actuación en una radio importante, en canales de televisión, con una trayectoria reconocida, que es el señor Longobardi, un analista político como los hay muchos en la democracia pero que tiene una forma de pensar que nos permite opinar que es nostálgico de otro modelo. Este señor Longobardi que, insisto, es un periodista de prestigio, cuando se enteró del resultado electoral de Esquel dijo: triunfó la indiada o triunfaron los indios o los indígenas y lo expresó como comentario en una radio que es propiedad del señor Daniel Hadad, otro analista y periodista prestigioso con una línea de pensamiento muy particular.
No sólo debe repudiarse el comentario de esta Cámara en forma clara y terminante porque, en definitiva, se refirió en términos peyorativos al pueblo de la Provincia del Chubut y fundamentalmente al pueblo de la cordillera y de Esquel. Debe ser repudiado enérgicamente no sólo por la ofensa que significa a nuestros comprovincianos o a nuestros paisanos, un término que le debe resultar antipático a personajes como este señor Longobardi o al propietario de la radio y a todos quienes defienden un modelo en que la gente común debe ser desplazada. Como dijo alguna vez el Director de Minas, ¿cómo va a opinar la gente común? Debe opinar una élite no siempre salida de la universidad, la gente común no puede opinar y esto además de ofensivo a todo un pueblo es peligroso porque es el sustento, señor Presidente, que utilizan, incluso ante la Justicia, para limitar y cercenar las facultades del pueblo de la Provincia del Chubut. Es lo que buscan; buscan la centralización de esta política; buscan quitar las atribuciones y facultades a través de la ofensa, porque la Patagonia, para ellos, para quienes viven en el centro del poder y en el centro del país, los que quieren centralizar el país, somos indios que no tenemos la capacidad para discernir nuestro propio futuro.
Entonces, esta actitud, esta declaración -y así lo dejo peticionado- debe ser enérgicamente repudiada hacia el señor Longobardi y hacia el propietario de la radio en que se vertió esa opinión. Y deben ser denunciados ante las autoridades que controlan y fiscalizan la radiodifusión, que muchas veces utilizan mucho de su tiempo y recursos para perseguir a las pequeñas FM del interior de la Argentina; pero a estos representantes y personeros de un estilo de vida, de un modelo de vida y de política que los argentinos hemos repudiado ya muchas veces, nos les hacen nada.
Lo hago como moción concreta para que esta Cámara se exprese en repudio a la actitud por lo ofensivo a todo el pueblo de la Provincia y que sean sancionados por las autoridades que controlan la radiodifusión.
Pero no termina ahí, porque lo hemos dicho: tenemos que tener cuidado cuando hablamos de nuestros recursos naturales; tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos para no dar elementos a ellos, que quieren cercenar las facultades de las provincias, que lo único que le queda a la Argentina son sus recursos naturales, y vienen por ellos. Lo hemos expresado no solamente nosotros, muchos hemos expresado nuestro temor por lo que va a ocurrir, o por lo que nos puede llegar a ocurrir. Hemos dicho también -y lo vamos a seguir diciendo y reiterando- que el Estado tiene que garantizar y, fundamentalmente, representar a un solo interés, que es el interés de la Provincia del Chubut y que aquellos que quieran defender y representar el interés del sector privado, que se vayan del Estado; tienen que irse, porque atentan contra los intereses que estamos representando.
Voy a dar lectura a una nota publicada en el diario "El Chubut", página 6 del día de la fecha, jueves 10 de abril. Es una editorial que se titula "Tenemos nuevas leyes mineras ¿y ahora qué?" Lo voy a leer porque muchos de estos argumentos se han dicho en esta Cámara. La nota dice: "Desde hace algún tiempo, a partir de un proyecto iniciado en 1997 en el Cordón de Esquel, los chubutenses estamos discutiendo sobre la explotación de los recursos minerales. Con treinta años de profesión relacionada con la minería y la esperanza de aportar alguna información a esta cuestión, me atrevo a dirigirme al ciudadano común, a quien sus preocupaciones cotidianas le impiden ahondar en esta problemática." "Lamentablemente, personas extrañas al sector introdujeron elementos y opiniones que deterioraron el nivel de la discusión, sacándolo de cauce y originando posicionamientos extremadamente duros que no favorecen ni el entendimiento de las partes ni la solución del problema y que le hacen un flaco favor al anhelado desarrollo regional. Así las cosas, recordemos que la legislación minera vigente establece que los recursos minerales pertenecen a la Provincia donde se encuentran y que el Gobierno Provincial, en uso de sus facultades, otorgó permisos mineros para la búsqueda y aprovechamiento de los minerales que nuestro subsuelo pudiera contener. Hace unos años la Ley nº. 3425 creó el derecho de compensación minera como una contraprestación que el Estado provincial recibe para la explotación de sus minerales, como compensación por su agotamiento. Es la regalía minera. Ahora la Legislatura Provincial sancionó dos leyes con clara intención de ponerle límites absurdos a la minería metalífera, sin importar su desarrollo. Una de ellas deroga la Ley nº. 4482 que establecía la regalía minera en el 3% del valor boca mina de todas las sustancias minerales extraídas en el territorio provincial, de manera que ahora queda vigente la regalía establecida por la Ley nº. 3598 que establecía el 2% para las minas metalíferas, por las características del proceso de industrialización y comercialización del mineral."
"Entre tanto, aquellas otras sustancias minerales de menor valor, por tonelada por ejemplo, que no sufren ninguna transformación, caolín, arcilla, piedra laja, verán incrementada la regalía minera hasta el 8% de su valor, debido a que la regalía inicial del 2% puede sufrir hasta el 300% de incremento cuando la sustancia mineral sea destinada a mercados extraprovinciales en estado natural, según reza la misma ley."
Sobre la piedra laja vamos a hablar, no sé si en esta sesión o más adelante.
"La nueva ley también suspende las facultades del Poder Ejecutivo Provincial otorgada por el artículo 1º de la Ley nº. 3856 que lo autorizó a convocar a "concurso público nacional e internacional y a celebrar contratos para la prospección geológica y la exploración, evaluación y explotación de sustancias minerales", creó reservas mineras provinciales y llamó a un concurso público internacional para su exploración que fracasó por la ausencia de interesados. Algunas reservas se pasaron a Petrominera Chubut y el resto quedó disponible a los cuatro años, según el artículo 19º de la ley. Obviamente, transcurridos los cuatro años y ya sin reservas mineras, aquella ley perdió razón de ser hasta ahora, en que resucitó merced a un curioso y cuasi milagroso proceso de interpretación legislativo. Y vaya a saber para qué."
Manto de sospechas hacia los diputados.
"La otra ley sancionada en la misma sesión prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y el uso del cianuro en los proceso de producción. Para conocimiento del lector debo destacar que casi el 100% de la explotación minera metalífera actual de todo el mundo se realiza a cielo abierto debido a una sencilla ecuación de costos: los precios del mercado actual para los minerales metalíferos no aceptan la explotación por métodos subterráneos porque sus altos costos no harían rentable la operación...".
Buen defensor del capital privado.
"Asimismo, como ya no existen vetas de alto contenido mineral, los métodos de explotación minera han evolucionado para permitir el movimiento de enormes volúmenes de roca y la recuperación del escasísimo mineral contenido en ellas. Si en todo el mundo se permitiera solamente la minería subterránea, el valor de los minerales metalíferos tendría costos astronómicos que no podrían ser pagados por la mayor parte de la población, quienes deberían privarse de su uso, y así, sin minerales, su actual modo de vida volvería tan atrás como hasta la edad de piedra. En cuanto al cianuro, sal del ácido cianhídrico y no la multitud de componentes cianurados no tóxicos que hay en la industria química se está usando para la recuperación del oro en todas las minas de todo el mundo desde hace más de 100 años, aunque la minería usa menos del 20% del volumen de cianuro que se produce, en tanto el 80% restante es usado por diversas industrias. La tecnología minera todavía no encontró algo que pueda reemplazar convenientemente al cianuro, pero está trabajando en tal sentido. Este freno a la actividad minera podría originar una lluvia de demandas sobre el Estado, cuando los tenedores de los derechos mineros no puedan ejercerlos libremente. Yo pienso que deberían ser pagadas por los legisladores y los habitantes de las comunas cordilleranas que se niegan a tener minería en sus ejidos porque dicen que es "contaminante", pero que no se oponen a que la misma contaminación se instale en la casa del vecino; todo esto mientras claman por un aumento de la coparticipación provincial que se origina, vaya cosa! en las regalías que el Estado percibe por la actividad minera petrolera."
"Estas leyes no contribuyen a crear una imagen seria de país ni a la preciada estabilidad jurídica que tanto anhelamos; es inútil crear figuras legales que no conducen a nada, como no es a mayor confusión. Creo que sería mucho más productivo que los controles existentes funcionen adecuadamente, con personal idóneo y provistos de los medios necesarios para cumplir con su misión. Y digo esto porque la discusión generada por el proyecto minero de Esquel no tendría sentido si el Estado controlara adecuadamente a éste y a todos los otros emprendimientos, no sólo mineros, sino también industriales."
"Todos sabemos que es muy fácil y cómodo oponerse a algo desde el plano negativo, sin aportar ni aceptar soluciones o nuevos puntos de vista. Me parece que nadie debería oponerse porque sí a un proyecto determinado, de manera caprichosa y sin conocer cabalmente su funcionamiento. Primero debemos ver cuáles son los aspectos positivos y cuáles los negativos para, una vez identificados, aportar soluciones para que sean remediados y pueda ejecutarse el proyecto."
"Creo que nuestros representantes deberían medir el alcance de sus actos. La minería, nos guste o no, está presente en todos los actos de nuestra vida. Nosotros elegimos vivir así, con las comodidades que nos ofrece el mundo moderno. Nadie nos obliga a tener auto y luz eléctrica. Tomemos conciencia de que la mayor parte de los materiales que nos rodean tienen origen mineral, buena parte de la fibras que nos visten, el material de nuestra casa, parte de los muebles, el vidrio, las losas y cerámicas, todos los metales y todos los plásticos. Tengamos presente que hoy aceptamos estas comodidades como naturales, porque con muchas de ellas hemos nacido, pero no es así, ninguna de ellas es natural, son el producto del aprovechamiento que el hombre hizo de la naturaleza sobre todo aquello que nuestro Dios, cualquiera El fuere, puso sobre la faz de la tierra para nuestro uso y goce."
Obviamente, señor Presidente, es una opinión con argumentos que ya hemos escuchado en esta Cámara, lo hemos dicho al momento de fundamentar que se derogue el canon minero y está por demás claro de que algo hay detrás.
Esta nota está firmada por el licenciado Ricardo Bagalciaga, geólogo. Estamos en el proceso de revisar los Boletines Oficiales par ver si es cierto que hay o no avalanchas o no de cateos o adjudicaciones.
Hemos determinado, señor Presidente -porque tenemos los Boletines del mes de abril nada más- que salvo el del día 9 de abril todos los días hay una denuncia de una mina, reitero, todos los días.
De ahí la importancia que tiene la derogación de la ley del canon minero, la avalancha que se produjo -con el criterio de este señor Bagalciaga y otros que he escuchado- lo que está haciendo es consolidar derechos, si es cierto lo que están diciendo de la estabilidad jurídica, de los derechos adquiridos y que esta avalancha de denuncias estén adjudicando derechos.
Ahora, ¿quién es el señor Bagalciaga? Vamos al Boletín Oficial —tengo uno acá- del día de la fecha y leemos: "Manifestación de descubrimiento de un yacimiento de oro diseminado y otros denominado "Cancha Norte II" ubicado en el departamento Cushamen, Provincia del Chubut. Titular: Minera El Desquite S.A.".
En la última sesión expresé que en el departamento Cushamen se ha producido una situación que tiene que ver con los aborígenes que han sido desalojados, tema que ha denunciado en su momento la señora diputada Llamazares.
Dice el Boletín Oficial: "Manifestación de descubrimiento. Datos del solicitante, apellido, nombre o razón social: Minera El Desquite S.A.. Datos del apoderado: Ricardo Bagalciaga." Es el mismo que firma la nota dirigida al lector, al hombre común que fue criticado en su momento por el Director de Minas.
El señor Bagalciaga se dirige al hombre común tratando de dar una opinión imparcial y resulta que es el apoderado de la Minera El Desquite, señor Presidente. Fíjese hasta dónde llegan, que pagan o tienen plata para recurrir a un medio y publicar comentarios, parece imparcial y resulta que es el apoderado de la Minera El Desquite, representa los intereses de Meridian Gold. Es el mismo que dice que el pueblo de Esquel debe pagar los daños y perjuicios de los juicios que va a sufrir el Estado, que los diputados debemos pagar los daños y perjuicios de los juicios que va a sufrir el Estado y resulta que es el apoderado de la empresa que busca beneficiarse con estos juicios.
Esto lamentablemente no termina ahí, que este señor Bagalciaga -a no ser que sean dos las personas-, que es empleado de la Dirección de Minas, ha cuestionado las leyes y lo que hacemos los diputados. Insisto, no sé si es la misma persona; quizá, cuando se vaya con la denuncia y se determine que son dos las personas, comprobemos que no tiene nada que ver y que nunca fue empleado de la Dirección de Minas; ojalá que sea así. Ojalá que no haya ninguna resolución en esa Dirección, firmada por algún funcionario, que permita y habilite a empleados de la misma a representar intereses que son distintos a los de la Provincia del Chubut. Porque si es cierto lo que dice -que esta decisión del pueblo de la cordillera y la de esta Cámara van a generar una avalancha de juicios-, estos señores están consolidando derechos para que después el Estado sea demandado. Ojalá que me equivoque, que no sea el mismo señor Bagalciaga. Pero vamos a revisar todos los Boletines Oficiales, desde aquí para atrás, y a ver las denuncias de todas las minas existentes en esta provincia. No voy a hablar -porque no corresponde- de lo que en su momento investigó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con respecto a la mina del Cordón Esquel.
Como ya hemos dicho, tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Si hay alguien que quiere ser de derecha, en democracia tiene derecho a serlo, por supuesto que sí; asimismo, quien quiera opinar que hay un modelo mejor que éste, que la democracia, tiene derecho a hacerlo. Pero lo que no se puede hacer es faltar el respeto, como hizo el señor Longobardi, a un pueblo que emitió su opinión, que es nada más y nada menos que un pueblo de la provincia del Chubut; mal que le pese, éste es el titular del poder y la soberanía -porque el Estado no es el soberano, sino el pueblo-; lo que hace el Estado, todos y cada uno de nosotros es representar al pueblo, al menos, así se dice en teoría; se representa al pueblo y no se puede ir en contra de su voluntad, al menos en este modelo de vida que hemos elegido los argentinos.
Este señor Bagalciaga hace referencia -y ojalá que me equivoque, que no sea empleado de la Dirección de Minas- a que el pueblo de Esquel va a tener que pagar estos juicios; pero si es cierto lo que dice, él está contribuyendo a consolidarlo.
Por eso voy a solicitar no sólo que esta Legislatura exprese su repudio -y si quiere enviarla a la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, que lo haga- sino que lo investigue la propia Cámara y que, a posteriori, formule la denuncia correspondiente.
La señora diputada Llamazares denunciaba oportunamente lo que estaba ocurriendo en la zona de Vuelta del Río con un grupo de aborígenes que fuera desalojado violentamente y cuyas viviendas fueron destruidas. Esto merecía y merece una investigación de lo actuado por las autoridades policiales. Asimismo, advertíamos que se estaba produciendo una avalancha de denuncias mineras en Cushamen y que algo había detrás de todo eso. Quizás, hoy, estamos viendo las primeras consecuencias. En importantes comunidades aborígenes, no importa el pueblo; a palos lo vamos a desalojar, pero vamos a explotar el recurso minero. Todos y cada uno de quienes integramos la Cámara debemos rechazar esto en cualquier momento y lugar, máxime si estas actitudes son propiciadas o ayudadas por funcionarios del Estado Provincial. Esto sería mucho más triste y lamentable, porque de por sí lo es cualquier actitud, hasta del capital privado, que no tiene derecho en avanzar y avasallar los derechos de nadie. Pero, insisto, lo más grave sería que desde dentro del Estado se esté propiciando, también pedimos que en la investigación que haga la Cámara, que se va a hacer por el método que decida la Cámara y que haga la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y, eventualmente, la Justicia Penal se determine si el desalojo de los aborígenes de Vuelta del Río tiene algo que ver con una denuncia de un emprendimiento minero en la zona. Lo queremos saber porque agrava aún más la cuestión. Obviamente que podríamos verter muchos conceptos vinculados con nuestra Constitución y con la necesidad del Estado Provincial de fijar sus políticas de explotación de los recursos naturales, pero es necesario que decidamos maduramente aún con nuestras posiciones distintas las mejores políticas para que los recursos naturales estén al servicio del bien común, del bienestar de la gente. Es más, debemos hacerlo pero, lamentablemente y ojalá me equivoque, me parece que antes vamos a tener que ver algunas otras cosas.
No puede ser que parezca natural que un funcionario público sea empleado de una empresa que tiene intereses contrapuestos con el Estado, algo está fallando, no puede ser que el Secretario de Pesca diga que es normal que el director Dittrich sea empleado de una empresa en Puerto Madryn, que está en uso de licencia, y lo defiende; que desde la propia Dirección de Minas, organismo provincial que debe aplicar las políticas del Estado Provincial y, fundamentalmente, de esta Legislatura sea quien más se contrapone a lo que se expresa en la Cámara o a lo que expresa el pueblo de la cordillera. Algo está mal. Se han tergiversado demasiado los valores, algo ha ocurrido en los últimos años para que estas cosas que en otras épocas hubiese significado el repudio espontáneo de cualquiera hoy parezca que es natural, que puede ser. Que alguien, solapadamente, pueda mediante un diario abusar de la buena fe del diario y publicar una cosa como ésta y resulta que es el apoderado de la empresa que defiende el proyecto o una legislación o un modelo; que se pueda dirigir a la opinión pública, que trate de formar opinión quien está involucrado en el proyecto económico y, seguramente, rentado por ese proyecto económico. Eso no puede ser. Mucho más grave, por supuesto, es si este señor Bagalciaga, geólogo, es el mismo empleado de la Dirección de Minas. No admite mayores consideraciones.
Por eso quiero hacer dos mociones concretas. Primero, previo cuarto intermedio obviamente, que la Cámara redacte una resolución de repudio a las declaraciones de este periodista Longobardi y denuncie lo expresado por él, que fue publicado por una revista de circulación nacional, a las autoridades de radiodifusión. Segundo, que a lo aquí expresado junto con copia de los boletines oficiales, se agregue la publicación del diario El Chubut, página 10, firmada por el señor Bagalciaga, y de acuerdo con lo que resuelva la Cámara se conforme una comisión especial o se remita a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia a efectos de lo que esta comisión determine. En tal sentido, solicito un cuarto intermedio.
- Así se hace a las 14,15.
- A las 14,30 dice el
SR. LORENZO: Señor Presidente, de las dos mociones que ha hecho el señor diputado Risso, una es una resolución de la Cámara en función del rechazo o el repudio a las declaraciones de Longobardi.
Por otro lado, no definió bien si se enviaba a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o si creamos una comisión investigadora. En función de los dichos del señor diputado Risso -quien dijo concretamente que el señor Bagalciaga es apoderado de la minera El Desquite- si realmente se comprueba la relación con la Dirección General de Minas, la cuestión que le preocupó en su momento al Ministro Giacone acerca de que las medidas que legislativamente estábamos tomando -y por la propia lectura que hizo el señor diputado Risso de la nota de Bagalciaga- iban a provocar juicios en contra del Estado, parecería ser al revés. Acá se podría determinar la solución al conflicto que se viene dando, justamente, con la mina El Desquite, porque por los dichos del señor diputado Risso podría haber un otorgamiento irregular a lo que se está planteando.
Pediría, para poder comprobar estas cuestiones que plantea el señor diputado Risso -porque él mismo no tiene certeza y así lo ha manifestado-, la creación de una comisión investigadora de acuerdo con lo establecido por la propia Constitución Provincial en el inciso 5 de su artículo 134, que permite nombrar comisiones de investigación con el fin de examinar la gestión de los funcionarios públicos.
En realidad, si se arribara a la conclusión de que estas cuestiones planteadas fueron así, obviamente el Estado va a tener, entonces, la posibilidad de poder resolver la cuestión de una manera más práctica, ajustada a derecho.
SR. GIMÉNEZ: Señor Presidente, le agregaría a lo que acaba de mencionar el señor diputado Lorenzo, más allá de la comisión investigadora o de cualquier otro mecanismo, que lo inmediato sería realizar un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial.
SR. GARITANO: Señor Presidente, quería agregar o proponer, en relación con el segundo tema que ha expresado el señor diputado Risso, que sea la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, conformada como está e incluso agregando más componentes, la que se transforme en Comisión especial para investigar puntualmente este tema; que dicha Comisión sea el origen. Lo agrego como moción para que sea tratado durante el cuarto intermedio.
SRA. LLAMAZARES: Señor Presidente, en virtud de lo expresado por el señor diputado Risso y de acuerdo con la legislación de ética pública, la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley nº. 1987 y la propia Constitución Provincial, voy a solicitar a los señores diputados que acompañen un pedido de informes solicitando al Poder Ejecutivo que a través del área que corresponda informe en el término de 48 horas si el geólogo Ricardo Bagalciaga tiene relación de dependencia con el Estado, si la tuvo, tanto en la función de contrato u otra.
Solicito que este pedido de informes sea puesto a consideración de los señores diputados.
SR. LORENZO: Señor Presidente, con respecto a la propuesta del señor diputado Garitano, si tiene relación con quiénes son sus integrantes, no tenemos problema. Es cierto que hay que establecer por resolución la creación de una comisión de investigación porque tiene atribuciones especiales para este tipo de cosas, que no las tienen las Comisiones Permanentes de la Casa.
Señor Presidente, si lo que plantean es la integración, no tenemos mayores inconvenientes, pero lo tiene que establecer la Casa; de todas maneras tendría que consultar a los demás diputados de mi Bloque en este sentido. Señor Presidente, solicito un cuarto intermedio a fin de confeccionar la resolución que signifique crear la Comisión de Investigación.
SR. PRESIDENTE (Gil): Si hay asentimiento, pasamos a un breve cuarto intermedio en las bancas.
- Así se hace a las 14,37.
- A las 15,05 dice el
Por Secretaría se leerá la propuesta que hiciera el señor diputado Risso tal como ha quedado redactada y después será sometida a consideración de los señores diputados.
Artículo 1º. Repudiar enérgicamente el comentario del periodista Marcelo Longobardi efectuado en la emisora AM 10, propiedad de Daniel Hadad, luego del resultado de la consulta popular realizada en la ciudad de Esquel (Chubut), al expresar "... triunfó la indiada...", por considerarlo peyorativo y discriminatorio y por intentar cercenar el derecho de expresarse de los habitantes de la provincia, en particular de los vecinos de Esquel.
Artículo 2º. Denunciar ante el Comité Nacional de Radiodifusión (COMFER) la actitud discriminatoria y contraria a los preceptos constitucionales del periodista Marcelo Longobardi.
Artículo 3º. Declárase persona no grata en la Provincia del Chubut al periodista Marcelo Longobardi.
Artículo 4º. Comuníquese la presente resolución al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para que tome intervención.
- Se lee el artículo 2º.
SR. LORENZO: Señor Presidente, habría que agregar en la redacción que el Estado Provincial -que se manifiesta a través de esta Legislatura- espera las sanciones que correspondan por parte del COMFER por el hecho denunciado. Es decir, que estamos esperando una respuesta del tema porque no queremos que quede archivado sino que se realice la sanción que corresponda.
SR. PRESIDENTE (Gil): Por Secretaría se leerá el artículo 2º con la nueva redacción.
Artículo 2º. Denunciar ante el Comité Nacional de Radio Difusión (COMFER) la actitud discriminatoria y contraria a los preceptos constitucionales del periodista Marcelo Longobardi, solicitando que se haga conocer a esta Cámara la decisión adoptada.
SR. PRESIDENTE (Gil): Se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta.
- Se leen y aprueban los artículos 3º y 4º.
Por Secretaría se leerá la siguiente propuesta.
Artículo 1º. Créase una Comisión Especial, en los términos del inciso 5) del artículo 134º de la Constitución Provincial, con el objeto de examinar la gestión de los funcionarios públicos de la Dirección General de Minas y Geología en la implementación del Plan Provincial de Minería.
Artículo 2º. La Comisión creada por el artículo 1º estará integrada por los señores diputados Roberto Carlos Risso, Liliana A. Llamazares, Claudio C. Conrad, Daniel A. Díaz, Juan C. Garitano, Eduardo De Bernardi y Pedro A. Giménez.
SR. PÉREZ MICHELENA: Señor Presidente, estaba escuchando el texto de esta Resolución y reflexionaba acerca de las consideraciones que el señor diputado Risso realizó sobre lo ocurrido en el área de pesca, donde el Director General de Pesca de la Provincia estaría vinculado a una empresa pesquera conforme a lo que se comentó.
Entiendo que sería prudente o conveniente en la gravedad de la situación planteada que esta Comisión que se crea para investigar los hechos en la Dirección de Minas también actúe para evaluar los eventualmente ocurridos en la Dirección de Pesca en el otorgamiento de permisos.
Por ello entiendo que sería prudente que la labor de la Comisión se extienda a esa tarea para efectuar la evaluación correspondiente.
SR. LORENZO: Señor Presidente, la Comisión Especial Investigadora que se ha de conformar -más allá del pedido de informes que también se va a presentar- obviamente tiene sus fundamentos en los dichos del señor diputado Risso.
Dado que oportunamente se ha hecho referencia en el tema de pesca sin profundizarlo, como sí ocurrió en el de minería, solicito al señor diputado Pérez Michelena que profundice la propuesta que está planteando, para que quede como antecedente del trabajo de esta Comisión.
SR. PÉREZ MICHELENA: Señor Presidente, el señor diputado Risso fue sintético pero preciso en el tema. Planteó posibles inconductas en el área de Pesca o, al menos, rayanas con la Ley de Ética Pública, tomando en cuenta el vínculo laboral que puede existir entre un funcionario del Estado Provincial, nada menos que el Director General de Pesca, con una empresa pesquera.
Éste es básicamente el argumento y, si ha participado este funcionario en el otorgamiento de permisos de pesca, sería prudente revisar su conducta para ver si ésta estuvo afectada por su vínculo laboral. Esto es lo que ha planteado el señor diputado Risso, por lo que creo sería conveniente que la Comisión lo investigue.
SR. GARITANO: Señor Presidente, compartimos lo expresado por el señor diputado Pérez Michelena. Creemos que lo que ha manifestado el señor diputado Risso es preciso y claro, que hay similitud en las dos cuestiones. Por lo tanto, es atinente que avancemos en ambas determinaciones.
Artículo 1º. Créase una Comisión Especial, en los términos del inciso 5) del artículo 134º de la Constitución Provincial, con el objeto de examinar la gestión de los funcionarios públicos de la Dirección General de Minas y Geología y de la Subsecretaría de Intereses Marítimos y Pesca Continental, en la implementación del Plan Provincial de Minería y en el otorgamiento de permisos de pesca, respectivamente.
SRA. LLAMAZARES: Señor Presidente, solicito que por Secretaría se lea el pedido de informes.
Artículo 1º. Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del área que corresponda se informe, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, si el geólogo Ricardo Bagalciaga tuvo o tiene relación de dependencia o contractual con el Estado Provincial. En caso afirmativo, se deberá indicar período y actuaciones en las que haya intervenido.
Artículo 2º. Informe la nómina de apoderados, ante la Dirección General de Minas y Geología, de las siguientes empresas: Inversiones Mineras S.A., Leleque Exploración S.A., Minera Andes S.A., Minera Austral S.A., Minera El Desquite S.A., Nahuelpan S.A., Patagonia Gold S.A., De Pro. Min. S.A., Huemules Esquel S.A.M., Huemules S.A., Inversiones Mineras Argentinas S.A., El Calafate S.C.C., Grupo Minero Aconcagua S.A., Minera del Atlántico, Stenfield Minera S.A..
Artículo 3º. Informe los titulares, números de expedientes, sustancia mineral, ubicación y dimensión de las labores de cateo, manifestaciones y declaraciones de pertenencia, registrados en la Dirección General de Minas y Geología.
- Así se hace a las 15,11.
Antes de ser puesto a consideración el pedido de informes, por Secretaría se leerá cómo quedó redactado el artículo 3º.
Artículo 3º. Informe de los titulares, número de expediente, sustancia mineral ubicada y dimensión de las labores de cateo, manifestaciones y declaraciones registradas en la Dirección General de Minas.
PRESENTACIÓN Y DERIVACIÓN A COMISIONES DEL PROYECTO DE LEY Nº. 043/03
SR. PÉREZ MICHELENA: Señor Presidente, voy a hacer uso de esta Hora de Preferencia para presentar un proyecto de ley en nombre del Bloque de la Alianza, habida cuenta de las circunstancias y la información que en las últimas horas se han vertido, y por las preocupaciones que se han trasladado a este recinto en forma permanente con la actividad pesquera en la Provincia y, fundamentalmente, una referencia al otorgamiento de permisos de pesca que se habrían otorgado también en los últimos tiempos.
Señor Presidente, la urgencia del tratamiento hace que haga una fundamentación procurando ser breve, a través de un análisis efectuado sobre el convenio del Golfo y algún expediente administrativo en el marco de este convenio.
Como es sabido, este convenio fue suscripto entre las Provincias de Chubut y Santa Cruz el 10 de febrero de 1988; ha sido ratificado por la Ley nº. 3046 que posteriormente, el 31 de octubre de 1993, tuvo una modificación, también aprobada por ley, la nº. 3935.
Sintéticamente, voy a hacer referencia a algunos aspectos, a algunas cláusulas de este convenio y algunas consideraciones sobre las actas complementarias.
El convenio del Golfo -en realidad, podríamos decir, mal llamado convenio del Golfo- se refiere al uso de las aguas jurisdiccionales de las Provincias de Santa Cruz y Chubut en forma coordinada entre ambas Provincias y plantea en su cláusula 2 que se formará una comisión de administración conjunta del Golfo San Jorge.
La cláusula 7 establece también que se compatibilizará la legislación de fondo tendiente al ordenamiento de la actividad. La cláusula 8 se refiere a que se equipararán las imposiciones arancelarias por permisos y multas por infracciones. La cláusula 9 es la modificada y aprobada por la Ley nº. 3935 y dice que ambas Provincias se comprometen al otorgamiento de licencias comerciales para capturas por parte de los buques que operan para plantas industriales pesqueras que actualmente desarrollan tareas de desembarco, industrialización y comercialización. La cláusula 10 se refiere a que el carácter de la licencia será precario y el cobro de haberes y tasas será el correspondiente a ambas Provincias. La cláusula 11 se refiere a los otorgamientos de permisos de pesca según potencial de captura, permitiendo la realización de tareas en toda la jurisdicción marítima de las Provincias.
Por eso hice referencia a que en realidad se llama convenio del Golfo como cuestión de identificación, pero abarca a toda la jurisdicción.
La cláusula 12 se refiere a cómo se establecerá la nómina de barcos pesqueros. La cláusula 13 dice que las empresas pesqueras observarán la legislación y la reglamentación que corresponda a ambas jurisdicciones. La cláusula 14 es la que se refiere a cómo se decidirá qué empresas permisionarias se beneficiarán con este convenio.
Posteriormente, voy a hacer referencia a algunas de las actas que se fueron suscribiendo y que han tenido, de hecho, aplicación, más allá de que en su mayoría, prácticamente todas, salvo la modificación a la cual ya hice referencia, no han sido ratificadas por ley.
El acta del 2 de agosto de 1988 dice: "Se autorizará provisoriamente a las embarcaciones de 2600 HP para efectuar capturas en aguas del Golfo San Jorge en número de tres por empresa, hasta el 31 de diciembre de 1988 y hasta 2000 HP a partir del 1 de enero de 1989".
El Acta Complementaria del 22 de junio, pero como no quiero extenderme la fundamentación voy a citar el acta del 22 de junio que dice que se acuerda implementar un tratamiento diferencial para los permisos de pesca para buques fresqueros a fin de facilitar el abastecimiento de materia prima en plantas procesadoras ubicadas en tierras.
Esto es importante porque a posteriori vamos a ver que en el marco del Convenio del Golfo en general se otorgan permisos para buques congeladores.
La cláusula primera de este acta del 22 de junio dice que: "Independientemente de la provincia donde se localice la planta industrializadora, ambas provincias se comprometen a otorgar hasta tres permisos de pesca para buques fresqueros, además de los previstos en la cláusula primera del acta firmada el 2 de agosto de 1988", es decir para buques de menos de 2000 HP.
El Acta Complementaria del 15 de setiembre de 1995 dice: "Que a los efectos de adecuar a la realidad existente del sector pesquero es conveniente la modificación en su cláusula primera y segunda del Acta Complementaria suscripta por la Comisión de Administración del Golfo San Jorge en la ciudad de Rawson, a los 22 días del mes de junio de 1992, quedando redactada de la siguiente manera: "cada empresa beneficiaria del Convenio podrá contar con un máximo de seis permisos de pesca para buques congeladores, de los cuales hasta un máximo de tres permisos de pesca podrán afectarse a buques fresqueros, quedando habilitados para la captura de langostino y/o pescado blanco"."
Acá se muda el concepto que establecía que los buques iban a ser fresqueros, y el máximo que se establece es hasta tres permisos.
El acta de mayo de 1996 dice que las provincias acuerdan suspender dichas ventas de nuevos permisos de pesca para la captura del recurso langostino, en sus respectivas jurisdicciones, con excepción de aquellas empresas que ya estuvieran comprometidas con proyectos presentados y aprobados.
El Acta Complementaria del 19 de diciembre de 1997 resuelve: "Habilitar dentro del Golfo San Jorge para la captura de merluza común a la flota de barcos fresqueros que provean de materia prima a las plantas radicadas en tierra en jurisdicción de Chubut o Santa Cruz, que cuenten con permisos de pesca provincial".
Señor Presidente, ésta es una introducción al tema, que tiene que ver con el análisis que voy a realizar del expediente 2415/02 MP, que ha llegado a esta Legislatura, producto de un requerimiento en el marco de la Comisión Investigadora, que ha realizado el señor diputado Rolando Iralde.
Del análisis de este expediente veríamos que hay una vinculación entre las empresas, por la cual una de ellas Arbumasa S.A. efectuó una venta a la empresa Pescapuerta S.A. de dos buques. Pero a efectos de simplificar la lectura del expediente, que es bastante voluminoso, con gran cantidad de fojas, voy a tomar como trabajo base para este análisis aspectos relevantes del Informe nº 99 que firma Marcos Germán Fink, Director de Asesoramiento Administrativo de la Fiscalía de Estado.
Por este expediente, señor Presidente, que tramita ante el Ministerio de la Producción, dada su extensión e importante cantidad de fojas, se concluye en que se le otorguen permisos de pesca a las empresas Arbumasa S.A. y Pescapuerta.
No voy a hacer un análisis jurídico de esto porque obviamente, como todos ustedes saben, no soy hombre de derecho a pesar de que me considero un hombre de ley. A pesar de esto, trataré de hacer un análisis fáctico del expediente.
Dice el doctor Fink: "Obra a fojas 33 y 34 de la Nota nº. 2642 de la Dirección General de Intereses Marítimos y Pesca Continental, en la cual la Directora informa que los permisos de pesca que solicitó Arbumasa se otorgaron a favor de Pescapuerta, enmarcado en lo establecido por el artículo 14º del entonces vigente Decreto nº. 157/02, por entender que los permisos a favor de Arbumasa habían caducado y que cualquier solicitud actual debería interpretarse como permisos nuevos". Cita el Dictamen nº. 105/99 de la Dirección de Asesoría Legal del propio Ministerio de la Producción y el informe de la Fiscalía de Estado nº. 021/00, por el cual entiende que le está vedado otorgar nuevos permisos según la Ley nº. 4331, Ley de Emergencia Pesquera.
Por lo tanto, hay que destacar que el Decreto nº. 157/02 tuvo cuestionamientos por parte de esta Legislatura y Fiscalía de Estado, entendiendo que el mismo excedía las facultades de ejecutividad respecto de las posibilidades de reglamentación de una ley por parte del mismo y que excedía las disposiciones de la Ley nº. 4738, Ley de Emergencia Ocupacional para la Actividad Pesquera.
Este decreto posteriormente fue sustituido por el Decreto nº. 601/02. El Dictamen nº. 105/99 que suscribe el asesor Legal del Ministerio de la Producción, señor Roberto Williams, concluye en relación al Convenio del Golfo -que fue ratificado- que no existe en la Constitución Provincial un orden jerárquico o legal entre las leyes propias que dictan los poderes públicos provinciales y los tratados o convenios interprovinciales. Por esto, debería primar el principio de que las leyes posteriores derogan a las leyes anteriores.
Esto es en relación a que el Convenio del Golfo está suscripto y ratificado por Ley nº. 3046 y la Ley de Emergencia Pesquera en la Provincia es la Ley nº. 4331, obviamente, una ley posterior.
Del informe de la Fiscalía de Estado nº. 021 que suscribe el doctor Fink, destaco algunos aspectos. Dice el doctor Fink: "La situación de emergencia en la que -según dicta el texto de la ley- se encuentra el recurso pesquero, hace que teniendo en cuenta el potencial de captura sea imposible para la provincia del Chubut otorgar nuevos permisos".
"De hecho, la Provincia del Chubut se encontraría ante una imposibilidad material de otorgar nuevos permisos de pesca por el peligro y la emergencia en que se encuentra el recurso. En mi opinión —dice el doctor Fink- no existiría en el caso de un incumplimiento contractual en cuanto sean circunstancias ajenas a nuestra parte, imposibilitando la materialización de la reciprocidad prevista en la cláusula IX del acuerdo."
Al analizar la consulta que en particular le formula la autoridad de pesca en su momento sobre la postura a adoptar ante la solicitud de un armador que, sin ser titular de un permiso de pesca, en virtud del acuerdo del Golfo solicita un nuevo permiso en relación a una vinculación a una planta radicada en Chubut. Por lo tanto dice: "Si bien deberá analizarse cada caso en concreto observando en detalle la circunstancia del mismo, me aventuro a opinar que debería reverse la solicitud en cuanto se estaría otorgando un nuevo permiso distinto del anterior". Éste es un informe suscripto en el año 2000.
Al tratarse de un nuevo permiso, sus otorgamientos estarían vedados a la autoridad de aplicación por la manda expresa del artículo 3º de la Ley nº. 4331, que le ordena suspender su otorgamiento mientras la misma se encuentre vigente. Sin perjuicio de todo lo expuesto insisto —dice el doctor Fink- que en mi opinión deberá la autoridad de aplicación evaluar en cada caso concreto las circunstancias fácticas y jurídicas a los efectos de determinar la legalidad y razonabilidad de la medida.
Estoy haciendo una cita, señor Presidente, de este informe de Fiscalía que está enmarcado en el Expediente nº. 2415 y es citado por la autoridad de aplicación cuando hace una consideración por la presentación que efectúa la empresa Pescapuerta cuando denuncia o presenta ante la autoridad de aplicación el acuerdo particular de venta de dos buques con permisos de pesca.
Del análisis de este expediente continúa diciendo el doctor Fink: "Menciona la Directora que coincide con lo manifestado por Arbumasa en el punto D) de su presentación en cuanto indica que la especie langostino, por ser una especie anual, podría ser declarada en emergencia dentro de un mismo año, pero no desde el año 1998 a la fecha" -que es la de sanción de la Ley nº. 4431-. "Agrega que basta con observar los excepcionales rendimientos de los años 2000 y 2001 para intuir que el langostino no está en crisis, por lo que considera totalmente injustificado, desde el punto de vista biológico, seguir manteniendo cerrada la posibilidad de otorgar nuevos permisos para la especie."
Señor Presidente, esta cita la traigo a colación porque en las últimas horas hemos escuchado reiteradamente en este recinto opiniones respecto de las consecuencias que nuestros dichos o palabras tienen o traen en un vínculo entre privados y el Estado cuando se trata de la explotación de recursos naturales.
Esto es muy importante porque en esta síntesis que hago de este expediente -del que muy poco queda por continuar analizando- vamos a poder visualizar perfectamente cómo argumentos vertidos en un expediente administrativo de análisis de una solicitud o planteo, o mejor dicho de un problema suscitado entre dos empresas que riñen por permisos de pesca, los abogados actuantes en el expediente en favor de las empresas se toman de estas palabras para argumentar en favor de sus representadas.
En el punto 3, Tratamiento, Resolución propuesta, dice el doctor Fink: "Señora Fiscal, en el caso planteado habrá de reconsiderar el criterio expuesto en mi anterior Informe nº. 021-FE d.g.a.l.a. 2000, teniendo en cuenta lo dispuesto por Ley nº. 4738 en su artículo 14º. Es que la misma Legislatura que sanciona la Ley nº. 4431, modificada luego por la Ley nº. 4604, manda a adecuar las actuales condiciones del vigente convenio de administración del Golfo de San Jorge, con fecha 11 de julio de 2001. Es evidente que el Poder Legislativo reconoce la plena vigencia del convenio, con posterioridad a la sanción de la emergencia."
Es decir, antes el argumento consistía en que la Ley nº. 4431 era posterior a la que aprobó el convenio. Por decirlo en pocas palabras, nueva ley mata a vieja ley. Ahora, se rescata el concepto. No, la Legislatura de la Provincia del Chubut, cuando aprueba la Ley de emergencia ocupacional en la actividad pesquera, en su artículo 14º, manda -y esto es absolutamente así- al Poder Ejecutivo a revisar, con la Provincia de Santa Cruz, los términos del acuerdo. Esto da pie para que se interprete que hemos expresado claro y contundentemente que el convenio está vigente; que por otro lado es una cuestión que en ningún momento nadie planteó que no existiera. Es decir, la Administración Pública Provincial chubutense y la santacruceña plantearon en algún momento la revisión de este convenio.
Continúa diciendo el doctor Fink: "Es evidente que el Poder Legislativo reconoce la plena vigencia del convenio con posterioridad a la sanción de la emergencia, lo que en mi opinión implica que habrá de interpretarse que las restricciones de la Ley nº. 4431 no rigen respecto de las solicitudes efectuadas en el marco del convenio del Golfo de San Jorge. Asimismo, estimo que el hecho de no haber denunciado formalmente a lo largo de estos años la Provincia el convenio en cuestión, ni haber iniciado trámites tendientes a su modificación y/o adecuación a las condiciones vigentes, es una muestra más de la vigencia del mismo. En ese sentido, no puedo dejar de advertir" -y por favor, pido que presten atención a esta parte- "no puedo tampoco dejar de advertir la gravedad de las afirmaciones y reconocimientos efectuados por la señora Directora de Pesca y Acuicultura en relación con la inexistencia de emergencia del recurso langostino."
En el análisis de la prestación que efectúa la empresa Arbumasa, cuando solicita que se le otorguen dos nuevos permisos, porque dice que vendió los barcos pero no los permisos, no obstante que en el expediente queda claro y la señora Fiscal de Estado lo destaca que así inició este negocio. Esta cuestión entre partes en la actividad privada termina siendo pagada por el Estado en la pretensión de ambas partes de obtener dos permisos adicionales.
Una argumentación es que no existe emergencia, la Directora dice que el recurso es una especie anual, por consiguiente la emergencia se podría declarar en cualquier momento, que no se justifica que esté en emergencia desde 1998. Pero, a su vez, es evidente que el análisis de estos puntos y de este tema puede llevar a que, racionalmente, cuando se plantean en la Cámara las cuestiones que se pueden decir pero que, en este caso se escriben, son utilizadas como argumentos por las partes.
Este informe 099/02 es el que está haciendo referencia a los informes anteriores, a las consideraciones en el expediente tramitado, nº. 2415, y dice el doctor Fink: "Considero asimismo de valioso aporte a la dilucidación de la cuestión planteada la opinión legal vertida a fojas 101/114 por el doctor Daniel Sabsay en relación con el orden de prelación de los tratados interprovinciales respecto de las leyes provinciales".
Ésta es otra perlita. El asesor legal del Ministerio de la Producción del año 1999 dice no, la Constitución de la Provincia no dice nada respecto de que un convenio interprovincial tenga primacía sobre una ley provincial, por el contrario, la Ley Provincial de Emergencia Pesquera deja sin efecto, a la interpretación del abogado, al Convenio del Golfo.
La empresa argumenta que no es así y trae para su fundamentación al expediente un informe suscripto por el doctor Daniel Sabsay. El comentario es sobre un informe del estudio Weinschelbaum dirigido al Presidente de Arbumasa S.A.. Es decir, ésta contrató un estudio que produjo un dictamen que está dirigido al doctor Rubén Celaya Martínez y que se extiende en 16 fojas.
Voy a traer a colación que, en definitiva, el informe del doctor Sabsay establece con total claridad que el Convenio del Golfo prevalece sobre la legislación provincial. Dice, como conclusión -queda claro que se ha procurado facilitar el acceso a la Justicia- que, de recurrirse a la vía judicial, debe hacerse ante la Corte Suprema de Justicia y que deben ser anulados los efectos de la Ley nº. 4431, todo ello fundado en la inconstitucionalidad de la misma.
A posteriori de estas actuaciones la señora Fiscal de Estado produjo el Dictamen nº. 080 que a los efectos de ser más sintético voy a leer brevemente. Recomienda al final al Ministro de la Producción: "Atento a todo lo expuesto entiendo que deberá: a) Hacerse lugar parcialmente al recurso jerárquico interpuesto y por los motivos expuestos en el presente."
En realidad no queda muy claro a qué se refiere con la aceptación parcial de este recurso jerárquico.
"b) Ordenar la revisión de oficio de los permisos otorgados a Pescapuerta Argentina S.A. mediante actos administrativos antes referenciados debiéndose notificar a esta última para que proceda a tomar vista de la presente actuación y efectúe las alegaciones que estime corresponde deban ser tenidas en cuenta con relación a las manifestaciones de Arbumasa S.A.."
Lo concreto es que la Provincia del Chubut, mediante dos disposiciones administrativas de la Dirección de Pesca, otorgó dos permisos a la empresa Pescapuerta por las argumentaciones que están en el expediente. La empresa Arbumasa, con las argumentaciones que están en el expediente, solicita a la Provincia del Chubut que se le otorguen dos permisos más porque dice: lo que yo vendí no tenía permiso de pesca y los que tengo no los puedo transferir.
Conclusión: la Provincia del Chubut ha otorgado cuatro nuevos permisos de pesca.
Señor Presidente, la fundamentación es a los efectos de poder traer a esta Cámara un proyecto de ley para que sea considerado en las Comisiones respectivas y tiene que ver, concretamente, con la denuncia del Convenio del Golfo.
Vamos a proponer que se derogue la Ley nº. 3046, ratificatoria del Convenio entre la Provincia de Chubut y Santa Cruz, del golfo San Jorge.
Se sugiere que el Estado Provincial suspenda el otorgamiento o renovación de todo permiso de pesca que no se encontrara vigente al 31 de diciembre del 2002, a excepción de los otorgados por la Ley nº. 4725, de pesca artesanal.
- Así se hace a las 16,47.
- A las 16,48 dice el
SR. RETUERTO: Señor Presidente, voy a continuar con la lectura de la ley que está proponiendo este Bloque a través del señor diputado Pérez Michelena.
El artículo 3º dice que el Poder Ejecutivo Provincial acordará en el plazo de ciento ochenta días corridos un nuevo convenio de reciprocidad con la Provincia de Santa Cruz que prevea una adecuada participación de la Provincia en el otorgamiento de permisos de pesca que aseguren la provisión de materia prima a las plantas procesadoras radicadas en la Provincia del Chubut.
SR. PÉREZ MICHELENA: Señor Presidente, la razón de la urgencia de la presentación de este proyecto es porque visualizamos que por las interpretaciones que de los actos administrativos se están realizando, corremos el riesgo de que lluevan las solicitudes de nuevos permisos de pesca de todas aquellas empresas que actualmente se encuentran radicadas en la Provincia de Santa Cruz, que no tienen asentamiento en la Provincia del Chubut y hoy no tienen permisos de pesca en la Provincia del Chubut.
También se ha visualizado con absoluta claridad que en los últimos tiempos ha habido una importante reactualización, renovación o puesta en marcha de nuevas plantas pesqueras sin permisos de pesca las que, sin lugar a dudas, van a presionar sobre el Estado Provincial para que les asegure la provisión de materia prima a través del otorgamiento de nuevos permisos de pesca.
En ningún momento se ha determinado desde el punto de vista biológico, científico, con los organismos técnicos de que dispone la Provincia del Chubut, con los organismos previstos en la ley que contempla la creación del Consejo Asesor de los Recursos del Mar, del gabinete científico técnico de nuestra Universidad, con las organizaciones no gubernamentales, el verdadero estado biológico del recurso. Porque es probable que sea razonable que se pida la liberación de la emergencia; es muy probable, pero nadie lo expone por escrito.
Lo que visualizamos, a la luz de estas cuestiones que hemos visto y que sintetizamos resumidamente, es que parece que va a haber una fuerte demanda de permisos de pesca, más allá, vuelvo a insistir, de la legitimidad que pueda ocurrir.
Éste es el caso del Consejo Municipal Pesquero de Comodoro Rivadavia que, preocupadamente, pide que se le otorguen permisos de pesca. En el mismo momento en que el Consejo Municipal Pesquero trae esa preocupación a este recinto, un empresario presente, justamente, representante de la empresa Arbumasa, decía: yo no tengo ningún problema de mantener el perfil de la Ley nº. 3046, me obliga a tomar una decisión a pesar de que ha variado en cuanto a la Ley nº. 4378; pero eso sí, el Estado me tiene que resolver el problema de la materia prima otorgándome un nuevo permiso de pesca para buques fresqueros.
Esto, verdaderamente parece de una gravedad bastante inusitada, corremos el riesgo en plazo breve de encontrarnos con nuestros mares sembrados por gran cantidad de buques fresqueros, congeladores en su gran mayoría, y que actualmente por los resquicios legales se pueden estar dando en estos momentos.
Por esta razón, señor Presidente, es que en esta Hora de Preferencia tratamos este proyecto, que pretendemos que se analice y se estudie en comisión para que la misma lo despache con la mayor celeridad posible, con toda la argumentación que se pueda hacer a favor o en contra del mismo.
- A las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia, de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Presupuesto y Hacienda.
SR. GARITANO: Señor Presidente, en su exposición, el señor diputado Pérez Michelena expresaba las decisiones tomadas por un director o directora, cuyo nombre no dio en ningún momento, y sería bueno para que conste en la versión taquigráfica conocer el nombre de esa persona o funcionaria.
SR. PÉREZ MICHELENA: Señor Presidente, disculpe, señor diputado Garitano, simplemente no lo mencioné para no perder el hilo de la exposición, porque me estaba ahogando. La persona mencionada es la actual Directora General de la Secretaría de Intereses Marítimos y Pesca Continental, licenciada Katty Olsen.
SR. LORENZO: Señor Presidente, voy a solicitar que los dichos del señor diputado Pérez Michelena que constan en la versión taquigráfica sean remitidas como antecedentes para el trabajo que tiene que realizar la comisión investigadora recientemente creada para los otorgamientos de permisos de pesca; y agrego también que la Secretaría de Enlace entregue copia del expediente a que hizo referencia el señor diputado Pérez Michelena, por tratarse de documentación relativa al juicio político al Ministro Giacone, que tiene que figurar como antecedente en esa Secretaría sobre el otorgamiento de los permisos de pesca en el caso de la empresa Arbumasa y Pescapuerta.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº. 022/03
SRA. FARA: Señor Presidente, voy a aprovechar la Hora de Preferencia para traer a conocimiento de los señores diputados un planteo que se nos hiciera llegar a través de la delegada regional del Instituto Nacional de Teatro, y que se ha ampliado a todos los teatros en los últimos días, en las diferentes delegaciones del país, con relación a dos decretos que ha firmado el Presidente de la Nación, que modifica la Ley Nacional del Teatro, que es la 24800, sancionada en 1997, y con el esfuerzo de toda la gente de teatro del país se permitió crear una estructura sumamente participativa, democrática y federal, posibilitando a todos los ciudadanos realizar una actividad teatral en todo el país, participar y programar qué tipo de actividad puede llevarse a cabo a partir de la necesidad de resolver la financiación a la misma.
El Instituto Nacional del Teatro tiene delegaciones en todo el país, delegaciones regionales las cuales están conformadas por las diferentes provincias de todas las regiones.
Se ha tomado conocimiento de estos decretos por los medios de comunicación nacional en el día de ayer y se plantea la disconformidad por parte del señor Gobernador al Jefe de Gabinete como así también a la Comisión de Cultura del Congreso nacional. Estos dos decretos que había firmado el Presidente de la Nación, cambian la estructura interna del Instituto destinado al fomento de la actividad teatral en todo el país, anulando todas estas funciones federalistas que tiene hasta el día de la fecha.
De este modo, se impone la figura de un presidente para decidir y ejecutar las políticas de la actividad teatral de todo el país. Este carácter colegiado, federal y representativo de la ley original, se estaría modificando dado que se estaría perdiendo la igualdad, el fomento y el desarrollo de la actividad teatral que se lleva a cabo en todo el país.
Por eso nos pareció oportuno plantear este tema, dado que todas las delegaciones del país lo han planteado al Congreso Nacional y al Jefe de Gabinete Nacional, para no perder ni la participación, ni el federalismo, ni la vida democrática que vive toda la actividad teatral de todo el país, para que no sea un instituto sumamente centralizado y que por esto las decisiones se tomen en el poder central.
Por lo tanto, solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional la derogación de los dos decretos firmados la semana pasada haciéndonos eco de la delegación regional, en consecuencia el Bloque de la Alianza cree oportuno presentar este proyecto de resolución para que la Cámara se expida solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que vea la posibilidad -dado que en todas las provincias se están expresando al respecto- de rever la decisión para la derogación de estos decretos y volver a la posibilidad de tener en vigencia plena la Ley Nacional de Teatro que en su momento se sancionó por unanimidad en el año 1997 en el Congreso de la Nación.
En consecuencia, señor Presidente, si existe la voluntad por parte de esta Honorable Cámara de tratarlo sobre tablas, podríamos expresarnos al respecto.
Artículo 1º. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que revea la medida adoptada mediante la firma de los Decretos nros. 815 y 817/03, en tanto modifican la sustancia y esencia de la Ley nº. 24800 aprobada por unanimidad de ambas Cámaras Legislativas Nacionales y vulneran el federalismo garantizado por la conducción colegiada y representativa de todo el país que tal ley determina.
Artículo 2º. Comunicar la presente resolución al Poder Ejecutivo Nacional, a ambas Cámaras Legislativas Nacionales, a todas las Cámaras Legislativas Provinciales y al Instituto Nacional de Teatro.
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY Nº. 039/03
SR. LORENZO: Señor Presidente, muy brevemente, para advertir en esta Cámara la posibilidad de un conflicto social que hoy por hoy no sé si estaría en condiciones de relacionarlo con el conflicto vivido en la ciudad de Esquel por el tema de la mina de oro y, por sus características que ya se han vivido, tranquilamente podría llegar a suceder.
Estoy hablando concretamente del conflicto sistemático social que vive la ciudad capital con relación al tema de la Laguna Negra.
Quiero advertir, señor Presidente, que entró por nota 24/03 firmada por el señor Gobernador un proyecto que propicia la aprobación, por parte de esta Cámara, del acta complementaria del convenio marco suscripto el 24 de marzo de 2002 entre la Provincia y el Instituto Nacional del Agua, que tiene por objeto el estudio de alternativas de tratamiento y transporte de los excedentes hídricos del sistema Laguna Negra y el anteproyecto hidráulico.
Quienes recuerdan los hechos vividos el año pasado en la ciudad de Rawson con relación a este tema, recordarán las importantes movilizaciones populares, con participación de casi todo el pueblo de la capital, porque había realmente una preocupación más que sensata por el tema del crecimiento de la Laguna Negra. En esa oportunidad la movilización de la ciudadanía en Rawson provocó el acuerdo de las autoridades, tanto provinciales como locales, con relación al conflicto de la Laguna Negra.
¿Por qué quiero traer y advertir hoy sobre los hechos acontecidos el año pasado?, porque en el acta complementaria del convenio que se envía para aprobar, su artículo 1º -que con el permiso de la Cámara voy a leer- expresa: "Objeto. Realizar el estudio de la alternativa de tratamiento y transporte de los excedentes hídricos del sistema Laguna Negra, determinando la calidad de las aguas del sistema, evaluando la posibilidad del tratamiento de las aguas y alternativas de transporte de los excedentes a cuerpos receptores, río o mar, finalizando con el anteproyecto hidráulico de la alternativa seleccionada."
Señor Presidente, con este solo primer artículo, como vecino de la ciudad de Rawson, me permitiría rechazar el convenio. Pero obviamente, tengo funciones como diputado del oficialismo y, una responsabilidad mayor aún por ser el Presidente de la Bancada. Por lo tanto, no me van a mover otras intenciones que advertir que hay funcionarios que realmente están asesorando mal al señor Gobernador. Digo esto porque advertimos que este tipo de cuestiones, transportar estos efluentes al río o al mar, son las que provocaron el conflicto del año pasado. Esto fue lo que provocó que Rawson se movilizara, pero no tan sólo eso; provocó la comprensión del señor Gobernador de la Provincia y de los señores Intendentes Di Benedetto y Helmer, que suscribieron un convenio, ratificado en su momento por los respectivos Concejos Deliberantes. Justamente una de las cosas que establecía era que los líquidos de la laguna de estabilización no debían resultar derivados al mar ni al río ni al llamado Salitral de Rawson.
Reitero, esta circunstancia fue una de las cosas que justamente había provocado la manifestación popular en mi ciudad. Hoy, este convenio viene en ese sentido. Puedo presumir que la aprobación simple del mismo probablemente pudiera provocar un nuevo conflicto. En realidad, no digo que lo rechacemos. Lo que quiero decir es que los Concejos Deliberantes, tanto el de Rawson como el de Trelew, se expresaron apoyando el acuerdo que en aquella oportunidad llevaron adelante los señores Intendentes Di Benedetto y Helmer y el señor Gobernador Lizurume porque entendieron el reclamo de la gente. Si esto tendría que ser ahora así lo que quiero pedir, concretamente, es que este trámite parlamentario quede a la espera de las consultas que se deban hacer a las respectivas municipalidades y, fundamentalmente, a los concejos deliberantes porque en realidad estamos cambiando la decisión que se tomó en su momento y no creo que esa decisión haya cambiado de intención.
Creo que la gente de la región sigue sosteniendo que se opone que los efluentes excedentes de la laguna negra sean derivados al río o al mar. Una simple lectura del primer artículo muestra un grave error, porque habla que tiene que realizar un estudio de alternativa de tratamiento y transporte de los excedentes hídricos del sistema laguna negra, si este convenio se convierte en ley; habla del sistema laguna negra y este sistema no existe, se le dice laguna 3, laguna negra, laguna del ornitólogo o laguna del caño, como se la llama vulgarmente. Lo que en realidad debería decir es el sistema de lagunas encadenadas, la laguna negra es el 10% del sistema pero hay un fallo judicial que le prohíbe a la ciudad de Trelew volcar en el sistema encadenado los efluentes cloacales hasta que se dé término a la ejecución de la obra que deban hacer.
Solicito a la Cámara —porque hemos hablado de este tema con el señor diputado Iralde y con la señora diputada Di Filippo, hoy ausente, y en su momento lo haremos con la señora diputada Llamazares- llevar esta inquietud, fundamentalmente, al cuerpo deliberativo de Rawson, por un lado, y obviamente, hablar con el Gobernador de la Provincia porque, en definitiva, está cambiando las reglas de juego establecidas en su momento.
Quise hacer uso de la palabra en esta Hora de Preferencia con este objetivo, pedirle a los señores diputados la no aprobación todavía de este convenio, esperar y ver qué respuesta se va generar en función de esta inquietud planteada por parte de los municipios de Rawson y de Trelew.
SR. GARITANO: Señor Presidente, lo que ha expresado el Presidente de la Bancada de la Alianza no es más que una advertencia muy atinente en el momento en que se hace. Habría que ser absolutamente claros en cuáles deben ser las decisiones que se deben tomar en la Cámara en este caso.
Por circunstancias similares y de otras características quizá no se expresó un mensaje claro o no se dio una información clara, al manejarse con malas interpretaciones, lo que sucedió en Esquel a consecuencia del emprendimiento minero fue producto mucho de eso, de falta de información o de información no clara por parte de funcionarios que se expresaron de manera no conveniente que provocaron que la comunidad cordillerana se haya expresado como se expresó.
En virtud de los dichos del señor diputado Lorenzo, a fin de dar una señal clara y contundente para tranquilizar a la comunidad de Rawson, porque es cierto lo que se ha expresado de que han habido manifestaciones importantes, voy a proponer que esta Cámara rechace estos convenios enviados a esta Cámara, se quite el estado parlamentario de los mismos y se devuelvan al lugar de origen para que sean revisados en base a las consultas propuestas.
SR. LORENZO: No, señor Presidente. He sido claro, he traído el tema y no me motiva otra intención que la advertencia. Lo que propone el señor diputado Garitano es que se trabaje en Comisión con estas cuestiones que estamos previendo; lo único que se puede llegar a hacer es una addenda y seguir adelante con este convenio, porque es muy importante.
El Instituto Nacional del Agua nos puede ayudar a resolver el tema. No me parece bien tirar el convenio por la borda. Estoy haciendo objeciones para ver la posibilidad de que en el trabajo que he propuesto -con los diputados de los otros Bloques y también con la señora diputada Di Filippo- se plantee este tema y hacer una addenda que corrija esta situación en función de la advertencia.
Si no logramos avanzar en este requerimiento, tenga la plena seguridad el señor diputado Garitano que todos los señores diputados, incluso los de Rawson, vamos a rechazarlo. Creo que hay alternativas para salvar esta situación.
Agradezco el acompañamiento que hace el señor diputado Garitano, pero desde el Bloque de la mayoría vamos a plantear el tema para resolver su corrección, de lo contrario, que se resuelva en Comisión su rechazo.
SR. COMINETTI: Señor Presidente, quiero solicitar que el convenio vinculado con la Laguna Negra referido por el señor diputado Lorenzo sea también derivado a la Comisión Permanente de Infraestructura y Servicios Públicos.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº. 023/03
SRA. MARCOVECCHIO: Señor Presidente, en primera instancia me voy a ocupar de presentar un proyecto de resolución que me encomendó su autora, la señora diputada Martínez, quien por razones particulares ha debido retirarse.
Este proyecto de resolución reclama información con respecto de la finalización o no del trámite operativo y legal de la instrumentación del fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina.
También solicita información y pide la copia del acta en donde se autoriza la firma del mismo, el contrato suscripto y un informe del desarrollo operativo del fideicomiso mencionado.
SR. PRESIDENTE (Gil): Perdón señora diputada, estamos sesionando sin quórum. Por Secretaría se solicitará a los señores diputados que se encuentran en la Casa que ingresen al recinto para poder continuar con el desarrollo de la sesión.
Continúa con el uso de la palabra la señora diputada Marcovecchio.
SRA. MARCOVECCHIO: Pongo a consideración de la Cámara, para el acompañamiento de los señores diputados, este proyecto de resolución.
Artículo 1º. Solicitar al Presidente del Banco del Chubut S.A., en los términos y alcances del artículo 134º inciso 3) de la Constitución Provincial, que remita y responda en el término de cinco (5) días, lo siguiente:
1. Informe a esta Honorable Legislatura si a la fecha el Banco ya finalizó el trámite operativo y legal de instrumentación del fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina.
2. De haberlo hecho, remita copia de acta de Directorio donde se autoriza a la firma del mismo y el contrato suscripto por las partes intervinientes.
3. Informe el desarrollo operativo del fideicomiso de mención.
PRESENTACIÓN Y DERIVACIÓN A COMISIONES DEL PROYECTO DE LEY Nº. 044/03
SRA. MARCOVECCHIO: Señor Presidente, voy a presentar un proyecto de ley que tiende a modificar la Ley nº. 3127 en su artículo 5º y que intenta asegurarle a los profesionales que están abocados a la rehabilitación en los hospitales públicos de la provincia un beneficio igualatorio, en los incisos b), c) y d), que de alguna manera es un mejoramiento por la calidad y constancia de trabajo de estos profesionales. Lo que se pretende con este fundamento del proyecto es hacer un acortamiento en la tarea del profesional, es decir seis horas laborales, todos los gastos compensatorios y una licencia anual adicional.
Por lo expuesto solicito que sea remitido el proyecto a la Comisión correspondiente previa calificación del mismo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº. 024/03
SR. GARITANO: Señor Presidente, en los Asuntos entrados se ha leído una nota de parte de los alumnos de la Escuela Albergue nº. 740. Ésta es una escuela agropecuaria que está aproximadamente a 8 kilómetros de la ciudad de Trevelin, y allí estudian alrededor de cuatrocientos alumnos. El único medio de transporte que dispone el Ministerio de Educación es un colectivo, como bien dice la nota, con cuarenta y dos asientos, modelo 1988, con pésimo mantenimiento, con dificultades mecánicas de todo tipo y con algunas ventanillas rotas. Seguramente no debe haber cumplido con ningún control técnico, ni siquiera se deben haber hecho, y éste es un vehículo de transporte que corresponde al Ministerio de Educación. Esto es lo que reclaman los padres hace más de dos años, debido al incremento de la matrícula escolar, porque el albergue fue construido cuando había pocos alumnos.
La escuela cuenta con dos albergues, allí estudian chicos del interior de la provincia, uno está en Trevelin y el otro en la propia escuela, además se trasladan alumnos de otras localidades, por ejemplo de Esquel y debido a las características que tiene la escuela agropecuaria.
Hoy hemos asistido a expresiones de legisladores relacionadas con el manejo y a veces la actividad de algunos funcionarios de distintos organismos del Estado y cuando uno ve el reflejo de los servicios del Estado -que se brindan con estas circunstancias y estas características- uno siente aún más bronca hacia adentro al ver que no se cumple con corrección las funciones del Estado y este es un caso muy claro, señor Presidente.
Los padres han hecho un sinfín de reclamos, se han entrevistado con el señor Gobernador de la Provincia, con otros funcionarios, con la señora Ministra de Educación, han hecho presentaciones en distintos lugares.
En virtud de todo esto, han decidido hacer un aporte de siete pesos mensuales por alumno para ayudar al mantenimiento de estos vehículos, son los únicos vehículos de transporte con los que cuenta la escuela.
Por lo tanto, desde este Bloque presentamos este proyecto de Resolución para ver cómo podemos conmover a alguien para que se solidarice con esta cuestión teniendo en cuenta que son alrededor de 18 kilómetros de traslado.
Obviamente que el período escolar es durante el invierno, por lo tanto el colectivo no tiene, por ejemplo, calefacción y los chicos tienen que viajar sin calefacción.
Queremos pedir o más bien implorar que alguien se haga eco de esta situación y la resuelva lo más rápidamente posible.
Por lo tanto, dando respuesta legislativa a los reclamos de estos padres, es que voy a presentar un proyecto de resolución solicitando el tratamiento sobre tablas del mismo.
Artículo 1º. Dirigirse al Ministerio de Educación para solicitar la urgente respuesta al reclamo planteado por los padres de los alumnos de la Escuela nº. 740 (EMETA) de Trevelin, cuya nota de petición ha sido leída en esta Cámara y que forma parte de la presente, referida al traslado de sus hijos hacia la mencionada escuela.
Artículo 2º. Enviar copia de esta resolución al Ministerio de Educación, a la Dirección de la escuela y a los padres firmantes de la nota.
SR. LORENZO: Señor Presidente, creo que habría que poner en la parte donde hace referencia a la nota que fue leída, que forma parte integrante de la presente, sólo para que la señora Ministra tenga la nota en forma adjunta a la Resolución que realiza esta Cámara.
SR. GARITANO: Señor Presidente, la nota está en poder de la señora Ministra.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº. 025/03
SRA. CÉSARO: Señor Presidente, quiero informar a esta Cámara que del pedido de informes solicitado al señor Secretario de Seguridad de la Provincia y los testimonios de los hermanos aborígenes en el lugar y denunciados por esta diputada en la Seccional Primera de Esquel -a cargo del Comisario Azocar- se observa que los funcionarios policiales colaboraron en la demolición de la vivienda de Mauricio Fermín.
Señor Presidente, me quedan dudas sobre el tema que es de mi análisis e investigación, por tal motivo solicito a los señores diputados el acompañamiento al pedido de informes que estoy presentando.
Artículo 1º. Dirigirse al Juzgado de Instrucción Penal — Circunscripción Judicial del Noroeste, sito en la ciudad de Esquel, para que en los términos y con los alcances previstos en el artículo 134º inciso 3) de la Constitución Provincial, informe y remita a este Poder Legislativo, en el término de cinco (5) días corridos, lo siguiente:
1. Copia de la causa caratulada "Sarquis, Héctor Andrés — Márquez, Cristina. Querellantes Particulares — Actores Civiles / Incidente de medida cautelar — en causa 2061-13-2000 (Expte. nº. 2662 — F. 50 — Año 2002)".
- Eran las 16,25.
DECLARACIÓN Nº. 010/03 - H.L.
Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los diez días del mes de abril de dos mil tres.
RESOLUCIÓN Nº. 027/03 - H.L.
Artículo 1º. Aprobar las Resoluciones nros. 022, 023 y 024/03 dictadas por la Presidencia de esta Honorable Legislatura ad referéndum de esta Honorable Cámara.
RESOLUCIÓN Nº. 028/03 - H.L.
Artículo 2º. Denunciar ante el Comité Nacional de Radiodifusión (COMFER) la actitud discriminatoria y contraria a los preceptos constitucionales del periodista Marcelo Longobardi, solicitando que se haga conocer a esta Cámara la decisión adoptada.
RESOLUCIÓN Nº. 029/03 - H.L.
RESOLUCIÓN Nº. 030/03 - H.L.
RESOLUCIÓN Nº. 031/03 - H.L.
RESOLUCIÓN Nº. 032/03 - H.L.
RESOLUCIÓN Nº. 033/03 - H.L.
RESOLUCIÓN Nº. 034/03 - H.L.
RESOLUCIÓN Nº. 035/03 - H.L.
Inicio Diarios de Sesiones Año 2003 Sesión 891 10-04-03

References: Resolución 
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 artículo 5
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 artículo 28
 artículo 5
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 artículo 6
 artículo 135

Artículo 1

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 artículo 19
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 artículo 134
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Artículo 4
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 artículo 134

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 artículo 14
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Artículo 2
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Artículo 2
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