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Timestamp: 2017-08-18 03:06:16+00:00

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2011 noviembre | Blog de Río y Santos Abogados
Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado invalidante, en tanto que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima establecida en el art. 161 para acceder al derecho a la pensión de jubilación.
La vinculación al plazo fijado por la entidad gestora en la resolución administrativa que reconoce la invalidez tiene tres excepciones:
a) revisiones fundadas en error de diagnóstico , que podrá llevarse a cabo en cualquier momento, siempre y cuando el interesado no haya alcanzado la señalada edad de jubilación.
b) la concurrencia de nuevas dolencias.
c) la realización por el pensionista de trabajos por cuenta propia o ajena en cuyo caso, el INSS, de oficio o a instancia del propio interesado, podrá promover la revisión con independencia de que no haya transcurrido aún el plazo señalado en la resolución.
Constituyen causas de posible revisión las siguientes: agravación, mejoría, error de diagnóstico y realización de trabajos por cuenta ajena o propia del pensionista.
Asimismo, las STS de 4 de abril de 2004 y la de 14 de febrero de 2006, han declarado que en el supuesto de revisión de la incapacidad total por agravación de secuelas derivadas de distintas contingencias, para alcanzar la incapacidad absoluta, no es exigible una nueva situación de alta ni un nuevo período de cotización. Esta doctrina no es aplicable a los supuestos de revisión en los que el grado inicial reconocido es el parcial y se pretende la total o absoluta por concurrir nuevas dolencias que no guardan conexión con las que motivaron el reconocimiento del grado inicial. En estos casos «debe exigirse el cumplimiento de los requisitos del alta y cobertura del período de carencia propios de la prestación que se pretende obtener con la revisión, salvo supuestos excepcionales en los que sus especiales caracteres justificasen la exención de tal exigencia, STS de 7 de febrero de 2006.
IMPAGO DE LA RENTA DE ALQUILER Y DESAHUCIO
Se entiende por impago de la renta, cuando el arrendatario deja de abonar dos o más mensualidades al arrendador. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, regula en su artículo 27 las causas de incumplimiento de las obligaciones. En su apartado primero, cualquiera de las partes puede solicitar la resolución del contrato de arrendamiento por vía del art. 1.124 (“condición resolutoria tácita”), cuando tanto el arrendatario como el arrendador no cumplan lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos o bien lo pactado en el contrato de arrendamiento. El apartado segundo, cita las causas mediante las cuales el arrendador puede resolver el contrato de arrendamiento, siendo la primera de ellas “La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario”. Resumiendo, el arrendador puede resolver el contrato de arrendamiento cuando no se le abonen las cantidades debidas y pactadas previamente en el contrato de arrendamiento.
Se tramitará por medio de Juicio Verbal y será Juez competente el del lugar donde radique el inmueble( arts. 52.1.7º y 249.1.6º LEC). Es necesaria la intervención de Abogado y de Procurador. En dicho procedimiento se solicitará:
1.- La reclamación de las deudas vencidas y no satisfechas por el arrendatario.
2.- El desahucio del arrendatario.
3.- La resolución del contrato de arrendamiento.
Una de las novedades procesales (art. 437.3 in fine LEC), es que se podrá interesarse en la demanda, que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el Juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del artículo 549 LEC. Además, con independencia de la cantidad que no se hubiese abonado, el arrendador tiene derecho (art. 251.9 LEC), a reclamar una anualidad de renta, cualquiera que sea la periocidad con que ésta aparezca fijada en el contrato.
Muchas veces los legatarios y los herederos se formulan la siguiente pregunta, ¿puedo reclamar más de la porción que se me ha adjudicado en testamento? ¿se puede impugnar la partición de una herencia? La respuesta dependerá del patrimonio del causante, del grado de parentesco y de las donaciones que sean objeto de revocación y/o de reducción. Sin ánimo de entrar en teoría se pondrá un ejemplo práctico para un mayor entendimiento.
Ejemplo: Juan contrae matrimonio con María y fruto de dicho matrimonio tienen dos hijos Elena y Ricardo. Juan fallece en 2.011 habiendo otorgado testamento; lega a sus hijos su casa de verano de Gijón, e instituye heredera a su mujer en el resto de su patrimonio, que se compone de su piso en Oviedo, un vehículo de la marca BMW y una cuenta corriente en “La Caixa”.
Valor catastral de la vivienda de Gijón, 50.000 euros.
Valor catastral de la vivienda de Oviedo, 100.000 euros.
Valor del vehículo, 25.000 euros.
Cuenta corriente a nombre de Juan, 150.000 euros.
Valor total del patrimonio del causante: 325.000 euros.
Si los hijos no impugnasen la partición judicial recibirían 50.000 euros, la mitad para cada uno. Los hijos deciden acudir a un abogado al considerar que tienen derecho a una mayor porción y debido a la mala relación con su madre. La legítima estricta y el tercio de mejora corresponde a los hijos y son 2/3 partes del valor total del patrimonio, mientras que el otro tercio (el de libre disposición) corresponde la madre sin perjuicio del usufructo del tercio destinado a la mejora. Los hijos tienen derecho a 2/3 partes de los 325.000 euros. Mientras que a la madre le correspondería el tercio restante, valorado en 108.334 y el usufructo (se calcularía sobre 108.334 euros con arreglo al art. 26 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones) del tercio de mejora. También hay que recordar que en Derecho Común, territorios sin derecho civil autónomo, no se permite una sociedad de gananciales continuada sino que la sociedad de gananciales se extingue desde el momento de fallecimiento de uno de los dos cónyuges.

References: resolución 
 artículo 27
 resolución 
 resolución 
in fine
 artículo 549