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Timestamp: 2018-06-18 18:45:20+00:00

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Reglamento Europeo de Protección de Datos. Protección desde el diseño y por defecto.
El Reglamento Europeo de Protección de datos introduce nuevas obligaciones relacionadas con la adopción de políticas internas y medidas técnicas y organizativas apropiadas, tanto en el momento en el que se determinen los medios de tratamiento, como en el momento propio del tratamiento de los datos.
Así, las entidades que traten datos personales deberán elaborar una estrategia, previa al tratamiento de los datos, para diseñar las medidas que sea necesario adoptar en función de la tipología y volumen de datos que efectivamente tratan (Privacy by design). Un ejemplo de medidas a adoptar son la seudonimización de los datos personales, o la minimización de datos, es decir, reducir al máximo el tratamiento.
Estas medidas deberán garantizar que, por defecto (Privacy by default), sólo sean objeto de tratamiento los datos personales exclusivamente necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento, aplicando la misma prevención en cuanto al volumen de datos, extensión de su tratamiento, plazo de conservación y accesibilidad. Asimismo deben velar porque los datos no sean accesibles sin la intervención del afectado a un número indeterminado de personas físicas.
Además, conforme a los principios de accountability y transparencia, estas medidas, deben ser implementadas de forma tal que permitan la acreditación de su cumplimiento.
La cuantía de la sanción por incumplimiento puede ser ponderada en atención a la gravedad, causas atenuantes o conducta del infractor, y puede alcanzar el mayor de los siguientes importes: 10.000.000 € o el 2% del volumen mundial total anual del ejercicio financiero anterior.
De esta forma, se exige un ejercicio previo de análisis de identificación de riesgos en cada nuevo lanzamiento de productos o servicios que implique un acceso a datos personales, para determinar su alcance, el impacto que puede suponer y, establecer medidas necesarias antes de que se produzcan.
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la UE, efectuado el pasado 4 de mayo y sus disposiciones serán de aplicación directa en todos los Estados miembros dos años después, el 25 de mayo de 2018.
09/06/2016 19:13:04 | Protección de datos
Videovigilancia y control empresarial tras la última sentencia del Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 3 de marzo de 2016, que examina los límites al control empresarial sobre el trabajador a través de sistemas de videovigilancia.
La demandante de amparo, dependienta de profesión, fue despedida de la empresa donde venía prestando sus servicios previa detección de algunas irregularidades en la caja registradora a la que tenía acceso.
Ante la sospecha de la existencia de una apropiación dineraria, la empresa optó por la instalación de una cámara de videovigilancia, con el objetivo de monitorizar la caja que la demandante utilizaba junto con otros dependientes.
Dicha cámara fue instalada sin aviso a los trabajadores, pero se colocó en el escaparate del establecimiento el preceptivo cartel informativo de zona videovigilada. Tras verificarse que la demandante había simulado operaciones de devoluciones para apropiarse del dinero, la empresa le comunicó su despido.
La trabajadora, tras agotar las instancias judiciales, recurre en amparo al Tribunal Constitucional (TC) al entender que se había vulnerado, esencialmente, su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal consagrado en el artículo 18. 4 de la CE.
Para enjuiciar la constitucionalidad de la instalación de la cámara de videovigilancia, medida que supone una restricción a los derechos fundamentales, el TC realiza el habitual juicio de proporcionalidad. Dicha valoración pasa por constatar si la actuación supera los tres requisitos o condiciones siguientes: Idoneidad, Necesidad y Equilibrio.
i) Idoneidad: para que una medida sea idónea, debe ser susceptible de conseguir el objetivo propuesto. En el presente caso, no se plantean excesivas dudas respecto a si la instalación de la cámara de videovigilancia permite al empresario verificar las irregularidades sospechadas y adoptar, en su caso, las medidas disciplinarias oportunas.
ii) Necesidad: en el sentido de que no existen otras medidas más moderadas para la consecución de tal propósito con la misma eficacia. En opinión del TC, la grabación se antoja necesaria, toda vez que ésta constituye un elemento probatorio de las irregularidades.
iii) Equilibrio: por derivarse más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.
Razonamiento y fallo
En su Sentencia, el TC entiende la necesidad de abordar el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos, dada la estrecha relación que existe entre ambos.
Por lo que se refiere a la vulneración del 18.4 CE, derecho a la protección de datos, recoge lo establecido en la STC 292/2000, en el sentido que el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un “poder de disposición y control sobre los datos (…) que requiere como complementos indispensables saber quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos”, siendo por tanto, el consentimiento del afectado, el elemento definidor del sistema de protección de datos.
No obstante lo anterior, el TC recalca que en el ámbito laboral el consentimiento del trabajador pasa como regla general a un segundo plano, ya que dicho tratamiento puede ampararse en la excepción del artículo 10.3 b) del RLOPD, mediante el cual pueden podrán tratarse los datos personales sin consentimiento de los interesados cuando éstos se recaben para el mantenimiento de una relación laboral.
Ahora bien, añade que, a pesar de que no sea necesario el consentimiento, el deber de información sigue persistiendo, y es precisamente la falta o insuficiencia de información, lo que deberá someterse al reiterado juicio de proporcionalidad, y determinar en cada supuesto si se ha producido una vulneración del derecho fundamental.
En el presente caso, la empresa colocó el correspondiente distintivo en el escaparate, cumpliéndose con la obligación de información previa. El trabajador conocía de su instalación, sin que sea necesario especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control.
Lo importante, señala el TC, será determinar si el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o, para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato.
Constatándose que las imágenes captadas fueron utilizadas para el control de la relación laboral, se descarta que se haya producido una lesión del derecho a la intimidad porque la grabación de imágenes quedaba limitada, únicamente, a la zona de la caja a la que tenía acceso la trabajadora.
Por consiguiente, el TC desestima el recurso de amparo interpuesto por la recurrente y confirma el criterio seguido por las instancias inferiores que declararon procedente el despido
¿Qué cambios comporta la Sentencia?
La Sentencia del TC supone una atenuación en las obligaciones de información al tiempo de ejercer un control empresarial sobre los trabajadores a través de sistemas de videovigilancia. Las resoluciones dictadas hasta ahora en esta materia, habían entendido lesivas del derecho a la protección de datos personales medidas similares o inclusivo menos invasivas que la enjuiciada ahora.
En particular, la STC 29/2013 de 11 de febrero, calificó como nulo el despido de un empleado porque éste no fue informado de que las cámaras de seguridad podían ser utilizadas para controlar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, a pesar de existir en el recinto un distintivo anunciando el espacio videovigilado y haber declarado el empleador el correspondiente fichero en el Registro General de Protección de Datos. Según dicha Sentencia, debía haberse informado de manera “previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida.”
Del mismo modo, en el control del uso de los medios informáticos en el trabajo, la jurisprudencia había venido sosteniendo que lo que deben hacer las empresas es establecer previamente las reglas de uso de esos medios, e informar a los trabajadores de que va existir ese control, y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de tales usos.
Con el criterio ahora establecido en la Sentencia que analizamos, la obligación de información a los trabajadores acerca de la instalación de mecanismos de control, se vería cumplida con la mera información del sistema elegido, sin que se requiera especificar la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control, siempre y cuando el dato recogido se destine única y exclusivamente al control de la relación laboral y, para un supuesto concreto y limitado en el tiempo.
Por tanto, la información acerca de las finalidades del tratamiento de los datos que impone el artículo 5 de la LOPD se satisfaría mediante la inclusión de un cartel informativo, amparando éste no solo la videovigilancia de las instalaciones por motivos de seguridad, sino que también incluiría la finalidad de control empresarial del artículo 20.3 del ET.
Sin perjuicio de que la protección de datos personales en el marco del control empresarial se encuentra íntimamente ligada a las circunstancias en las que acaece, esta Sentencia supone un notable cambio, por cuanto puede liberar a las compañías, en determinados supuestos, del deber de información relativo a las características y el alcance del tratamiento de los datos, esto es, en qué casos las grabaciones pueden tener lugar, durante cuánto tiempo y para qué propósitos.
Jordi Cabezas y Assumpta Zorraquino, Departamento de Intangibles, PwC
29/03/2016 20:01:44 | Protección de datos
Opinión Preliminar del SEPD sobre el “Umbrella Agreement”
Analizamos la Opinión preliminar que el pasado 12 de febrero de 2016 emitió el Supervisor Europeo de Protección de Datos (“SEPD”) sobre el acuerdo al que en Septiembre de 2015 llegaron EEUU y la UE sobre la protección de los datos personales cuando estos son transferidos para finalidades relacionadas con la prevención, investigación, detección y persecución de delitos penales (“Umbrella Agreement”).
En Diciembre de 2010 el Consejo Europeo autorizó a la Comisión Europea para abrir las negociaciones entre la EU y EEUU, con el fin de llegar a un acuerdo para garantizar la protección de los datos personales cuando éstos son transferidos y tratados en el marco de la cooperación judicial, para finalidades de prevención, investigación, detección y persecución de delitos penales, incluido el terrorismo (“Umbrella Agreement”).
Dichas negociaciones comenzaron oficialmente el 29 de marzo de 2011, siendo el “Umbrella Agreement” finalmente adoptado el 8 de septiembre de 2015. No obstante lo anterior, el acuerdo no será firmado hasta que no se apruebe la ley estadounidense sobre recursos judiciales (US Judicial Redress Act), por lo que puede ser modificado hasta entonces.
El SEPD ha publicado una opinión preliminar sobre este acuerdo, cuyas principales conclusiones pueden resumirse en las siguientes: (i) deberían mejorarse tres puntos esenciales y (ii) deberían clarificarse otros aspectos relevantes. Analizaremos dichos aspectos de mejora y recomendaciones a continuación.
Una vez implementadas estas recomendaciones, el SDP estima que el “Umbrella Agreement” será respetuoso con los principios constitucionales de la UE.
2. Aspectos que, conforme al SEPD, deberían mejorarse
Con el fin de que el “Umbrella Agreement” permita asegurar el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (“Carta”) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE”), el SEPD entiende que deben llevarse a cabo las siguientes modificaciones al acuerdo:
Clarificación de que todas las garantías aplican a todas las personas, no sólo a los nacionales de la UE.
Aseguramiento de que las provisiones sobre los recursos judiciales son efectivas conforme a lo establecido en la Carta.
Clarificación de que las transferencias internacionales en bloque no están autorizadas.
Asimismo el SEPD establece recomendaciones adicionales tales como:
Que en caso de que exista conflicto entre las garantías previstas en el “Umbrella Agreement” y las bases legales previstas para las transferencias internacionales, el “Umbrella Agreement” prevalezca;
Que las definiciones sobre el tratamiento de datos estén alineadas con las que se entienden conforme la legislación de la UE;
Que se especifique la limitación de la conservación de los datos “a la finalidades específicas para los que fueron transferidos”;
Que se incluya un listado orientativo sobre cuáles son las “condiciones específicas” en las que se permite que los datos sean transferidos en bloque;
Que EEUU y UE consideren incrementar sus esfuerzos para que el acceso a los datos esté limitado a (i) los casos en los que sea indispensable para preservar los intereses públicos enumerados en el Acuerdo y (ii) el reforzamiento de las obligaciones de transparencia.
Que se incluya una declaración explicativa sobre (i) cuáles son las autoridades que tienen competencia en la materia de aplicación del Acuerdo, (ii) qué facultades tienen estas autoridades en concreto y (iii) la identidad y coordenadas de los puntos de contacto que ayuden a identificar a dichas autoridades que se han señalado como competentes.
3. Vinculación con otros acuerdos
A pesar de que la Opinión del SEPD versa específicamente sobre el “Umbrella Agreement” y, por tanto, se limita a las transferencias internacionales de datos para finalidades relacionadas exclusivamente con la prevención, investigación, detección y persecución de delitos, efectúa determinadas menciones, o puede tener implicaciones en el denominado “Privacy Shield” que se está también negociando entre EUU y UE para las transferencias internacionales de datos en el marco de relaciones comerciales, en sustitución del recientemente invalidado “Safe Harbor”.
Así, el “Umbrella Agreement” y el “Privacy Shield”, junto con otros acuerdos específicos como el “Passengers Name Records”, forman parte de un conjunto de acuerdos independientes pero vinculados que las instituciones están adoptando para garantizar la protección de los datos personales en el marco de las transferencias entre EEUU y EU.
Assumpta Zorraquino y Cristina Villasante, Departamento de Derecho de los Intangibles de PwC
25/02/2016 16:19:41 | Protección de datos
Con el objetivo de impulsar las transacciones online en el territorio de la Unión Europea, el próximo lunes 15 de febrero de 2016 la Comisión pondrá en marcha la Plataforma europea de resolución de conflictos online, de conformidad con la Directiva 2013/11/ UE de 3 de mayo y el Reglamento 524/2013 de 21 de mayo de 2013.
Mediante esta Plataforma, se ofrece a los consumidores y a los Comerciantes una ventanilla única para resolver extrajudicialmente los conflictos en línea.
La vocación de la Plataforma es servir de puente entre las reclamaciones de los consumidores y las entidades nacionales de resolución alternativa de conflictos.
Por lo tanto, a menos que el comerciante se comprometa contractualmente a resolver las eventuales disputas derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios celebrados en línea mediante estos canales alternativos, serán los tribunales ordinarios quienes conocerán de éstas reclamaciones.
28/01/2016 13:34:12 | Confidencialidad de la información, Delitos informáticos, Propiedad intelectual, Protección de datos, Web/Tecnología
Las normas corporativas vinculantes no nos parecen en este momento una alternativa favorable, dado que pueden resultar igualmente vulnerables, y de hecho, algunas autoridades nacionales de protección de datos de la UE, han desaconsejado su uso como alternativa a los acuerdos de Puerto Seguro.
Protección de datos: Publicidad de los datos contenidos en las sentencias judiciales en materia de fraude fiscal.
El pasado viernes se publicó en el BOE la Ley Orgánica 10/2015 de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, que modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.
En las condenas por delitos relacionados con fraude fiscal existen diversas razones de interés público que fundamentan la reforma y prevalecen sobre los derechos individuales a la intimidad o a la protección de datos de carácter personal.
En relación con la aplicación de la normativa de protección de datos, destacamos lo siguiente:
1.- Acceso público a determinados datos
Publicación únicamente de un extracto del fallo con los datos del condenado o del responsable civil y no del resto de sujetos, y solo de las sentencias condenatorias firmes en materias especialmente relevantes para el control fiscal: delitos contra la Hacienda Pública, delitos de insolvencia punible, cuando el acreedor sea el erario público o, los delitos de contrabando.
2.- Canal de comunicación
La publicidad se efectuará a través del “Boletín Oficial del Estado”, por lo que los datos gozarán de la garantía adicional que supone la aplicación de su normativa específica impidiendo un tratamiento indebido de los mismos gracias a la desindexación de los datos.
Se establece una excepción a la publicidad del acceso, en los casos en que se haya satisfecho con anterioridad a la firmeza de la sentencia la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos.
4. -Entrada en vigor
A los dos meses de su publicación en el BOE.
14/09/2015 18:37:49 | Confidencialidad de la información, Protección de datos
El 25 de julio se publicó en el BOE la aprobación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. La evolución comunitaria e internacional en esta materia, hacían necesaria una actualización general de la legislación vigente, modificando aspectos relevantes en cuanto a la tramitación de nuevas solicitudes, que faciliten la obtención rápida de títulos sólidos a los innovadores españoles.
La entrada en vigor será el 1 de abril de 2017.
1. El por qué de un nuevo marco regulatorio
Tras casi 30 años de vigencia de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y sus distintas reformas, la evolución comunitaria e internacional en esta materia, hacían necesaria una actualización general de la legislación vigente, modificando aspectos relevantes en cuanto a la tramitación de nuevas solicitudes, que faciliten la obtención rápida de títulos sólidos a los innovadores españoles.
El crecimiento, en número y proporción, de las concesiones de patentes internacionales frente a los procedimientos de concesión nacionales, refleja la oportunidad de plantearse la modificación del sistema de concesión actual.
Por ello, uno de los motivos de la nueva Ley es la de simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva.
Eliminación del sistema optativo de concesión
De acuerdo con lo previsto en la Ley 11/1986, de Patentes, conservando la tradición reflejada en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, el solicitante podía optar entre solicitar el examen de su solicitud de patente o pedir la concesión sin examen. Con la nueva norma se pretende eliminar este sistema de elección de forma que todas las solicitudes deberán ser objeto de examen.
Creación del sistema de oposición post-concesión
El nuevo sistema de oposición tendrá lugar con carácter posterior a la concesión de la patente, aunque se mantienen las observaciones de terceros que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud. El sistema de oposición diferida comporta la modificación del sistema de recursos administrativos contra la concesión de patente.
Cambio presunción legal en las patentes laborales
Se sustituye la presunción “de iure” del empresario a reclamar la titularidad de invenciones dentro del año de la extinción de la relación laboral por la presunción “iuris tantum” por la que se admite prueba en contrario de que las invenciones se realizaron durante la vigencia de la misma.
Del 50 % para determinados emprendedores y PYMEs
Invenciones por personal investigador al servicio de Universidades Públicas y de los Organismos Públicos de investigación
Adaptación a lo dispuesto en la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y con la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. La propia Ley establece una remisión a los órganos de gobierno de las Universidades, lo que provocará cierta dispersión normativa.
Mejora aspectos relativos al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, un canon mínimo en lugar de un máximo.
Añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora, dejando para la fase de ejecución de la resolución el cálculo y liquidación de la indemnización.
La figura del modelo de Utilidad
Modificación en aspectos sustanciales como:
i) la determinación del estado de la técnica, que se equipara con el exigido para las patentes, de esta forma, la novedad pasaría a ser también mundial;
ii) el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad (restringidos al campo de la mecánica, serán también aplicables a los productos químicos, aunque siguen quedando excluidos los procedimientos y las invenciones que tienen por objeto materia biológica), y;
iii) las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección.
Assumpta Zorraquino, Departamento de Intangibles, PwC
28/07/2015 18:38:51
Libertad de expresión, proteccion de datos y derecho al honor
Análisis de la reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de 22 de junio de 2015 relativa a la divulgación de datos personales erróneos y de una fotografía obtenida de un perfil público de Facebook por un medio de comunicación, en el contexto de una publicación de información de relevancia pública e interés social.
Análisis del tratamiento de datos realizado por un medio de comunicación, entrando en colisión los derechos a la protección de datos de carácter personal que aparecen en la información y el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española (CE).
Valor preferente de las libertades de expresión y de información
Existencia de interés legítimo del medio de comunicación
Disminución de la privacidad de la denunciante
Existencia de otros instrumentos eficaces
La LOPD se aplica cuando son necesarios determinados controles en el empleo de datos personales para evitar usos inconsentidos, excesivos o, a fines contrarios a los recogidos, etc.
Con acierto, la AEPD diferencia los sistemas de protección otorgados al tratamiento de datos y a la divulgación de informaciones que atentan a determinados derechos fundamentales como el honor o la propia imagen, y el órgano competente para dirimir una u otra controversia, absteniéndose de conocer cuando los hechos supongan una intromisión al honor y a la propia imagen.
Assumpta Zorraquino Rico, Cristina Muñoz Jornet | Departamento de Intangibles de PwC
13/07/2015 20:00:01
Plataformas de financiación participativa "crowdfounding”
Analizamos las principales novedades introducidas en el Título V de la Ley 5/2015 de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
Las medidas adoptadas en el marco de la Ley 5/2015 tienen una doble finalidad: por un lado, hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las pymes, y por otro, avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación, particularmente para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o financiación no bancaria en España.
Resulta por tanto oportuno ajustar y clarificar la normativa aplicable asegurando un nivel equivalente de protección, particularmente en lo relativo a la protección de datos personales, a los servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico y a la defensa de los consumidores y usuarios.
Se establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa (o “crowdfounding”), que constituyen un novedoso mecanismo de desintermediación financiera desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías.
Por ‘plataformas de financiación participativa’ se entiende aquellas empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario (“inversores”) con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa (“promotores”).
No tendrán la consideración de plataformas de financiación participativa cuando la financiación captada por los promotores sea exclusivamente a través de donaciones, venta de bienes y servicios y préstamos sin intereses.
A pesar de que la Ley no hace ninguna mención expresa, deberá estarse a lo contenido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico para determinar la sujeción a la misma de las plataformas de financiación participativa.
Estarán sujetos a lo previsto en el Título V las plataformas de financiación participativa que ejerzan la actividad en territorio nacional, así como la participación en ellas de los inversores y promotores.
No se considerará que un servicio ha tenido lugar en territorio nacional cuando un residente en España participe por iniciativa propia, como inversor o promotor, en una plataforma con domicilio social en el extranjero que preste los servicios descritos.
Además de los servicios de recepción, selección y publicación de proyectos de financiación, y el desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación, las plataformas de financiación participativa podrán prestar servicios auxiliares, entre otros:
asesoramiento a los promotores en las áreas de tecnologías de la información, marketing, publicidad y diseño, y
Habilitación de canales de comunicación a distancia para que los usuarios contacten entre sí a raíz de las actuaciones que den lugar a la financiación del proyecto.
Aplicación en el ejercicio de su actividad de los principios de neutralidad, diligencia y transparencia.
La información que proporcionen a sus clientes (tanto promotores como inversores) sobre los derechos y obligaciones que asumen al operar a través de la plataforma deberá ser en todo caso clara, oportuna, suficiente, accesible, objetiva y no engañosa, permanente, actualizada, gratuita y fácilmente visible en la página web de la plataforma, así como presentarse en términos breves y sencillos, y en un lugar y forma especialmente destacadas bajo un epígrafe denominado “Información básica para el cliente”.
Estas plataformas deben contar con un capital social mínimo de 60.000 € desembolsado íntegramente en efectivo o un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía con una cobertura mínima de 300.000 € para reclamaciones por daños y 400.000 € anuales para cobertura total de reclamaciones.
Las plataformas deberán incluir información sobre el funcionamiento básico de la plataforma, incluida la forma de selección de los proyectos de financiación, la forma en la que se recibe y trata la información suministrada por los promotores, y los criterios para su publicación.
La plataforma de financiación podrá proporcionar información sobre :
- el número o porcentaje de incumplimientos, tasa de morosidad, la rentabilidad u otra variable análoga.
- los procedimientos y medios para la presentación de quejas y reclamaciones por parte de los clientes y los procedimientos para resolverlos.
- un Currículum Vitae y una descripción de la situación financiera y de endeudamiento (cuando los proyectos se instrumenten a través de préstamos y el promotor sea una persona física).
Lo anterior exigirá estar a lo dispuesto por el régimen general en materia de protección de datos de carácter personal.
En cuanto al periodo de conservación de dicha información, deberá estar a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante, al menos, 5 años.
Toda la información deberá ser accesible al resto de inversores y los promotores se responsabilizarán frente a los inversores de la información que proporcionen para su publicación.
La actividad desarrollada por las plataformas y las relaciones entres los promotores e inversores estarán sujetas a la normativa sobre protección de los consumidores y usuarios, con las especialidades previstas en la presente Ley de Fomento de la financiación empresarial, así como a los mecanismos previstos en la legislación sobre protección de los clientes de servicios financieros.
En las relaciones con aquellos promotores que tengan la consideración de consumidor, la plataforma tendrá la consideración de intermediario conforme la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por lo que no le resultará de aplicación las obligaciones sobre comunicaciones comerciales y publicidad y las obligaciones adicionales de la actividad de intermediación de la referida ley.
Ateniendo a lo anterior, deberá analizarse la sujeción de las plataformas de intermediación financiera al régimen general de consumidores y usuarios.
Assumpta Zorraquino, Cristina Muñoz Jornet
14/05/2015 20:31:28
Tras la publicación en el BOE de 31 de marzo de la Ley Orgánica 1/2015, que reforma la Ley Orgánica 1/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, veamos a continuación las principales novedades y las modificaciones de los tipos delictivos relacionados con las tecnologías de la información e Intangibles, tales como el delito de descubrimiento y revelación de secretos, el de daños informáticos y los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, bajo el siguiente esquema:
3. Régimen de responsabilidad de las personas jurídicas y criterios de exención o atenuación de la pena
4. Descubrimiento y revelación de secretos. Intromisión en la intimidad
5. Delito de daños informáticos
7. Delitos contra la propiedad industrial
Fortalecer la confianza en la Administración de Justicia, adecuar la norma penal a las nuevas demandas sociales mediante una revisión del régimen de penas y su aplicación, la introducción de nuevas figuras delictivas o adecuación de las existentes a las nuevas formas de delincuencia, incorporando algunas de ellas la comisión de los hechos a través de Internet o mediante el uso de tecnologías de comunicación. La reforma busca asimismo adecuar la norma penal a determinadas Directivas comunitarias y atender compromisos internacionales.
Introduce la prisión permanente revisable, modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad.
Suprime las faltas, pasando algunas de ellas a regularse como delitos leves, bajo el principio de intervención mínima, y para facilitar una disminución relevante de asuntos que pueden encontrar respuesta en la vía civil o administrativa.
Modifica el régimen de valoración del cumplimiento de la responsabilidad civil, para la aplicación de la suspensión de la pena, introduciendo un sistema inverso al actual. La ocultación de bienes o no aportar información sobre los disponibles o no facilitar el decomiso acordado puede determinar la revocación de la suspensión acordada.
Incorpora importantes modificaciones en la regulación del decomiso, que afecta al decomiso sin sentencia, el decomiso ampliado y el decomiso de bienes de terceros. Entre los delitos a los que se aplica esta sanción de decomiso ampliado, están los delitos informáticos.
Recoge expresamente que en aquellos supuestos en los que el decomiso de los bienes no sea posible en todo o en parte, el juez o tribunal puedan determinar una cantidad hasta cuyo importe quedará autorizado el decomiso de bienes.
Modifica el art. 31 bis para regular los supuestos de exención de responsabilidad penal si se cumplen los siguientes supuestos:
el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza
ha sido confiada la supervisión posterior del funcionamiento y cumplimiento al denominado Compliance Officer
los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y prevención
Si las anteriores circunstancias solo pueden ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.
En todo caso, el deber de control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.
Amplia los supuestos de los delitos contra la intimidad relativos al descubrimiento y revelación de secretos regulados en el art. 197, a la captación de imágenes o grabaciones de otra persona obtenidas con su consentimiento, cuando la imagen o grabación se ha obtenido en un domicilio o lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, pero su posterior difusión, se realiza sin el consentimiento de esa persona, y la divulgación lesione gravemente su intimidad.
Considera igualmente delito en el nuevo 197 ter, producir, adquirir para su uso, importar o de cualquier otro modo proporcionar a terceros, con la intención de facilitar la comisión de algunos de los delitos previstos en el 197.1 y 2 y 197 bis:
un programa informático concebido o adaptado para cometer dichos delitos; o
Recoge de esta forma el planteamiento de la Directiva 2013/40/UE (que se incorpora al derecho español en la Disposición final sexta), y establece una separación entre los supuestos de revelación de datos que afecten directamente a la intimidad personal y el acceso a otros datos o informaciones que pueden afectar a la privacidad pero que no están referidos directamente a la intimidad personal.
Amplia los supuestos de agravación del tipo penal cuando la conducta afecte a un número elevado de sistemas informáticos, así como si afecta al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, añadiendo qué se considerará a estos efectos, por infraestructura crítica.
Incorpora en el art. 264 bis el castigo contra quien sin estar autorizado y de manera grave, obstaculice o interrumpa el funcionamiento de un sistema informático ajeno. Se eleva la pena si los hechos perjudican de forma relevante la actividad normal de una empresa o de una Administración pública.
El art. 270 relativo a los delitos contra la propiedad intelectual identifica las acciones de reproducción, plagio, distribución y comunicación pública, sin necesidad de queéstas se cometan como una forma de explotación económica. Se sustituye el elemento subjetivo de “ánimo de lucro” por el de “ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto”.
Reúne de una forma más clara en un único apartado (270.2) las condiciones para considerar responsable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral, el acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual.
Añade, en el 270.3 la posibilidad de que en estos casos de infracción a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, además de la interrupción del servicio, el Juez pueda adoptar cualquier medida cautelar.
Cuando exista reiteración de las conductas, se podrá ordenar el bloqueo del acceso correspondiente.
El 270.6 limita la exigencia de finalidad comercial a la mera posesión de herramientas de desprotección o neutralización de dispositivos técnicos, excluyendo de ello a la fabricación, importación o puesta en circulación.
Nueva redacción que contempla como infracción con fines industriales o comerciales , sin consentimiento del titular, la fabricación, producción, o importación de productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél.
También será delito el ofrecer, distribuir o comercializar al por mayor o al por menor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, o almacenarlos con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente la venta ambulante u ocasional se incluye como delito en el nuevo código penal.
La entrada en vigor de la reforma se producirá el 1 de julio de 2015.
01/04/2015 11:18:28

References: artículo 18
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 20
 resolución 
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 artículo 20