Source: https://www.scribd.com/document/76659107/STS-15-de-junio-de-2010
Timestamp: 2019-07-24 07:20:57+00:00

Document:
STS 15 de junio de 2010 | Evidence (Law) | Case Law
STS 15 de junio de 2010
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Acto Jud No Contencioso
A Justicia Laboral en La Nueva Ley Orgánica Procesal Del Trabajo
Bombardeo Policia Daño Juridico
Roj: STS 3269/2010 Id Cendoj: 28079110012010100395 rgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Seccin: 1 N de Recurso: 358/2006 N de Resolucin: 373/2010 Procedimiento: CIVIL Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL Tipo de Resolucin: Sentencia
SENTENCIA En la Villa de Madrid, a quince de Junio de dos mil diez. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casacin interpuesto por Fellar, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Rafael Francisco Alario Mont, contra la Sentencia dictada el da nueve de diciembre de dos mil cinco, por la Seccin Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, que resolvi el recurso de apelacin interpuesto, en su da, contra la Sentencia que haba pronunciado el Juzgado de Primera Instancia nmero Dos de Paterna. Ante esta Sala compareci el Procurador de los Tribunales don Ignacio Cuadrado Ruescas, en nombre y representacin de Fellar, SA, como parte recurrente. Es parte recurrida don Luis Alberto , representado por el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muoz-Cuellar.
PRIMERO. Por medio de escrito presentado, el cuatro de marzo de dos mil cuatro, ante el Juzgado Decano de Paterna, la Procurador de los Tribunales doa Florentina Prez Samper, obrando en representacin de don Luis Alberto , interpuso demanda de juicio ordinario contra Fellar, SA. En el citado escrito, la representacin procesal del demandante aleg que Fellar, SA se constituy como sociedad de responsabilidad limitada, el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y tres, y se transform en sociedad annima, el veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y dos. Que el objeto de la sociedad era la fabricacin y venta de piezas de metal y su capital la suma de seiscientos uno mil euros, representados por cien mil acciones de valor nominal equivalente a seis euros y un cntimo cada una. Que eran accionistas de la sociedad el demandante, don Luis Alberto , titular de una accin, su hermano don Bruno , titular de otra accin, y Lolaf, SA, titular de novecientas noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho acciones, que significaban el noventa y nueve con noventa y nueve por ciento del capital social. Que Lolaf, SA era una sociedad patrimonial, con un capital de trescientos siete mil euros veinte euros, representados por ciento dos mil acciones, con un valor nominal de tres euros y un cntimo cada una. Que las acciones de Lolaf, SA pertenecan a don Luis Alberto y a don Bruno , cada uno en nmero de cincuenta mil novecientas noventa y nueve, y a los cnyuges de ambos, esto es, doa Graciela , casada con el primero, y doa Lina , casada con el segundo, titulares cada una de una accin. Que, conforme a ello haba dos bloques de accionistas, formados cada uno por un matrimonio, titular, por medio de Lolaf, SA, del cincuenta por ciento del capital de Fellar, SA. Que los dos maridos eran administradores solidarios de esta sociedad y mancomunados de aquella. Que, aunque a partir del ao mil novecientos noventa y seis, la empresa de que Fellar, SA era titular haba crecido considerablemente, con la segunda generacin de los fundadores haban empezado los problemas de relacin, los cuales alcanzaron su punto lgido cuando, el dos de enero de dos mil tres, se produjeron agresiones e insultos, que dieron lugar a un juicio de faltas, pendiente de sentencia. Que, como consecuencia de ello don Luis Alberto y sus hijos haban tenido que salir de la sociedad y necesitado proteccin de una empresa de seguridad, cuando acudieron al establecimiento social. Que, dadas las discrepancias entre los hermanos, haban tenido lugar conversaciones entre ellos para la venta de sus acciones, si bien las mismas no haban llegado a buen fin. Que don Luis Alberto intent que se celebrase una junta general para resolver los problemas y, en su caso, decidir la disolucin de la sociedad, la cual se celebr el veintinueve de enero de dos mil cuatro, sin que se pudiera lograr un acuerdo al no haber sido representada la accionista mayoritaria Lolaf, SA. Que, al fin, concurra la causa de disolucin del artculo 260, ordinal tercero del apartado uno, del
Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre , en el particular referido a la paralizacin de los rganos sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento. En el suplico del escrito, la representacin del demandante interes una sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos: " Primero. Que se declare a disolucin de la sociedad annima Fellar, SA.Segundo. Que se condene a los interesados a estar y pasar por dicha declaracin de disolucin, acordando la inscripcin de la sentencia que recaiga en este juicio en el Registro Mercantil de la Provincia de Valencia, as como su publicacin en el Boletn Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulacin del lugar del domicilio social.- Tercero. Que como consecuencia de tal declaracin se designe liquidadores de la compaa en nmero impar que estime oportuno este Juzgado, a efectos de que procedan, de conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Annimas y los Estatutos Sociales, a la liquidacin de la sociedad Fellar, SA, llevando a cabo todos los trmites y operaciones precisos a tal fin, incluido, en su caso, el reparto entre los accionistas del haber social existente, todo ello hasta su completa extincin y cancelacin de sus asientos en el Registro Mercantil.- Cuarto. Que se condene en costas a Fellar, SA". SEGUNDO. La demanda fue turnada al Juzgado de Primera Instancia nmero Dos de Paterna, que la admiti a trmite conforme a las normas del proceso ordinario, por auto de veintiuno de junio de dos mil cuatro . La sociedad demandada fue emplazada y se person en las actuaciones representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Alario Mont. Tambin lo hicieron, representados por la Procurador de los Tribunales doa M Jos Requena Gonzlez, don Hugo , don Jos , don Marcial , don Nicolas , don Ral , don Segismundo , don Victoriano , don Jose Pablo , don Luis Enrique , don Pedro Enrique , don Adriano , don Aquilino , don Bienvenido don Constancio , don Eliseo , don Fabio , don Geronimo , don Indalecio , don Julio , don Mariano , don Octavio , don Roberto , doa Palmira , don Sixto , doa Ruth , don Jose Miguel , don Luis Pedro , don Pedro Antonio , don Adrian , don Artemio , don Carmelo y doa Almudena . La sociedad demandada contest la demanda para oponerse a su estimacin, con el suplico de que... "tras los trmites legales de rigor, dicte sentencia por la que, se desestime ntegramente la demanda interpuesta contra mi mandante, con expresa imposicin de costas a la parte actora, por su manifiesta temeridad y mal fe" TERCERO. Tras dictar el Juzgado de Primera Instancia auto de veintids de octubre de dos mil cuatro , teniendo por personados a don Hugo , don Jos , don Marcial , don Nicolas , don Ral , don Segismundo , don Victoriano , don Jose Pablo , don Luis Enrique , don Pedro Enrique , don Adriano , don Aquilino , don Bienvenido don Constancio , don Eliseo , don Fabio , don Geronimo , don Indalecio , don Julio , don Mariano , don Octavio , don Roberto , doa Palmira , don Sixto , doa Ruth , don Jose Miguel , don Luis Pedro , don Pedro Antonio , don Adrian , don Artemio , don Carmelo y doa Almudena , representados por la Procurador de los Tribunales doa M Jos Requena Gonzlez, se celebraron los actos de audiencia previa y del juicio, los das quince de noviembre y tres de diciembre de dos mil cuatro , el primero, y el da seis de abril de dos mil cinco, el segundo. El Juzgado de Primera Instancia dict sentencia el da quince de abril de dos mil cinco , con la siguiente parte dispositiva: " Desestimo la demanda presentada por el procurador Sra. Prez Samper, en nombre y representacin de don Luis Alberto , contra la entidad Fellar, SA, representada por el procurador Sr. Alario Mont, y declaro no haber lugar a la disolucin de la entidad demandada, condenando a la parte actora al abono de las costas procesales causadas". CUARTO. La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nmero Dos de Paterna, de quince de abril de dos mil cinco , fue recurrida en apelacin por el demandante. Cumplidos los trmites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Valencia, en la que fueron turnadas a la Seccin Novena, que tramit el recurso y, finalmente, dict sentencia con fecha nueve de diciembre de dos mil cinco , con la siguiente parte dispositiva: "Fallo. Primero. Estimamos el recurso de apelacin formulado por la representacin de don Luis Alberto contra la sentencia de quince de abril de dos mil cinco , que revocamos.- Segundo. Estimamos la demanda formulada por la representacin procesal de don Luis Alberto contra la mercantil Fellar, SA y declaramos la disolucin de la expresada mercantil por razn de la paralizacin de los rganos de administracin, condenando a la expresada entidad demandada a estar y pasar por tal declaracin, con las consecuencias legales inherentes a tal pronunciamiento en orden a la inscripcin en el Registro Mercantil, publicacin y designacin de liquidadores en nmero impar a los efectos de que se lleve a efecto la liquidacin de la sociedad consecuencia del anterior pronunciamiento de disolucin, con imposicin a la demandada de las costas procesales causadas.- Tercero. Respecto de las costas de la apelacin, cada una de las partes soportar las causadas a su instancia y las comunes por mitad".
QUINTO. La representacin procesal de Fellar, SA interpuso recurso extraordinario por infraccin procesal y de casacin contra la sentencia dictada por la Seccin Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, que mand elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de catorce de abril de dos mil nueve , decidi: " Admitir os recursos de casacin y extraordinario por infraccin procesal interpuestos por la representacin procesal de "Fellar, SA" contra la Sentencia, de fecha nueve de diciembre de dos mil cinco, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Seccin Novena en el rollo de apelacin nmero 662/2005, dimanante de los autos de juicio ordinario nm. 137/2004 del Juzgado de Primera Instancia nmero Dos de Paterna.- 2) Y entregar copia del escrito de interposicin del recurso de casacin formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que, en el plazo de veinte das, formalice su oposicin por escrito, durante los cuales estarn de manifiesto las actuaciones en la Secretara". SEXTO. El recurso extraordinario por infraccin procesal de Fellar, SA se compone de tres motivos, todos ellos integrados por submotivos, en los que la recurrente denuncia: PRIMERO . Con fundamento en el artculo 469, apartado 1, ordinal 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil : La infraccin del artculo 137 de la misma Ley y de la jurisprudencia que lo interpreta, en relacin con las facultades del Tribunal de apelacin respecto de la valoracin de la prueba. La infraccin del artculo 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia que lo interpreta, en materia de motivacin de las sentencias y la valoracin de la prueba. SEGUNDO . Con fundamento en el artculo 469, apartado 1, ordinal 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil : La infraccin del artculo 217 de la misma Ley y de la jurisprudencia que lo interpreta, en relacin con el artculo 319 , relativo a la fuerza probatoria de los documentos pblicos. La infraccin del artculo 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia que lo interpreta, respecto de la motivacin de las sentencias. TERCERO. Con fundamento en el artculo 469, apartado 1, ordinal 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil : La infraccin del artculo 217 de la misma Ley y de la jurisprudencia que lo interpreta, en relacin con las reglas de la carga de la prueba. La infraccin de los artculos 316 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia que los interpreta, en relacin con las pruebas de interrogatorio de las partes y declaraciones de los testigos. La infraccin del artculo 326, en relacin con el 319, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia que los interpreta, en relacin con las pruebas de documentos. La infraccin del artculo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia que los interpreta. SPTIMO. El recurso de casacin de Fellar, SA se integra de cinco motivos, en los que, con apoyo en el artculo 477, apartado 1, ordinal 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil la recurrente denuncia: PRIMERO . La infraccin del artculo 260, apartado 1, ordinal 3, del Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre , por el que se aprob el texto refundido de la Ley de sociedades annimas. SEGUNDO . La aplicacin indebida de la jurisprudencia que interpreta el artculo 104 de la Ley 2/1.995, de 23 de marzo , de sociedades de responsabilidad limitada. TERCERO . La infraccin del artculo 6, apartado 4, del Cdigo Civil , en relacin con el artculo 260, apartado 1, ordinal 3, del Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre , por el que se aprob el texto refundido de la Ley de sociedades annimas. CUARTO . La infraccin del artculo 7 del Cdigo Civil , en relacin con el artculo 260, apartado 1, ordinal 3, del Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre , por el que se aprob el texto refundido de la Ley de sociedades annimas. QUINTO . La infraccin de la jurisprudencia relativa al levantamiento del velo de las personas jurdicas. OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Francisco Velasco MuozCuellar, en nombre y representacin de don Luis Alberto , impugn el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo. NOVENO. No habindose solicitado por todas las partes la celebracin de vista pblica, se seal como da para votacin y fallo del recurso el da veinticinco de mayo de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.
PRIMERO. Don Luis Alberto , como socio y administrador de Fellar, SA pretendi en la demanda, dirigida contra la misma, la declaracin de la concurrencia de la causa de disolucin social prevista en el artculo 260, apartado 1, ordinal tercero, del Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre . En concreto, la causa alegada consista en " la paralizacin de los rganos sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento ". En relacin con dicha causa de disolucin aleg el demandante: 1) Que Fellar, SA era una sociedad familiar con un capital de seiscientos un mil euros, representado por cien mil acciones, de las que l era titular de una y su hermano, don Bruno , de otra, mientras que las novecientas noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho restantes pertenecan a una sociedad denominada Lolaf, SA. 2) Que el capital social de Lolaf, SA - de trescientos siete mil euros veinte euros - estaba representado por ciento dos mil acciones, de las cuales cincuenta mil novecientas noventa y nueve pertenecan a cada uno de los citados socios de Fellar, SA, y las dos restantes se repartan entre los cnyuges de ambos. 3) Que don Luis Alberto y don Bruno eran tambin los administradores de Fellar, SA, con la facultad de actuar solidariamente, as como de Lolaf, SA, en ste caso mediante una actuacin necesariamente conjunta. 4) Que por tanto los socios y administradores de Fellar, SA formaban dos grupos con igual influencia en el funcionamiento de los rganos de la sociedad. 5) Que las diferencias surgidas entre los dos grupos paritarios de accionistas haban paralizado tanto el rgano de administracin de Fellar, SA, cuanto su junta general, de modo que hacan imposible el funcionamiento de la sociedad. El Juzgado de Primera Instancia desestim la demanda, al considerar que, en contra de lo alegado en ella, el rgano de administracin de Fellar, SA estaba actuando de modo efectivo y poda seguir hacindolo, as como que tampoco caba entender paralizada definitivamente la junta general. La Audiencia Provincial estim el recurso de apelacin interpuesto por el demandante e hizo lo propio con la demanda, pues dio una valoracin distinta a los medios de prueba practicados y consider, por un lado, que aunque los administradores haban realizado actos de administracin, lo hicieron con discrepancias perjudiciales para la sociedad y, por otro lado, que la paralizacin de la junta general no poda ser considerada transitoria. Contra la sentencia de apelacin ha interpuesto la sociedad demandada recursos extraordinarios por infraccin procesal y de casacin. Antes de entrar en el examen de sus motivos hemos de indicar que el mandato de que se resuelva en primer lugar la denunciada infraccin procesal, contenido en la regla sexta de la disposicin transitoria decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no impide que, para mayor claridad, expongamos en primer lugar los argumentos sobre los que se asienta el enjuiciamiento de los motivos de casacin. SEGUNDO. En el primero de los motivos de su recurso de casacin, Fellar, SA afirma que en la sentencia recurrida se haba aplicado indebidamente el artculo 260, apartado 1, ordinal tercero, del Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre , por el que se aprob el texto refundido de la Ley de sociedades annimas. Alega - en apartados distintos, que titula submotivos - que en las sentencias de las dos instancias se haba declarado que el rgano de administracin social no estaba paralizado, sino que, por el contrario, segua activo y cumpliendo sus funciones - submotivo primero -. Que las diferencias surgidas entre los dos grupos de socios que se haban expuesto en la demanda, no imposibilitaban el funcionamiento de la sociedad - submotivo segundo -. Que en ningn caso caba hablar de una paralizacin definitiva e irreversible de los rganos sociales - submotivo tercero -. Y, finalmente, que la paralizacin de los mismos slo podra determinar la disolucin si alcanzase el grado necesario para impedir el cumplimiento el fin social, lo que no suceda en el caso - submotivo cuarto -. El artculo 260, apartado 1, ordinal tercero, del Real Decreto Legislativo 1.564/1.989 , con precedente en el 152 de la Ley de sociedades annimas de 1.951 y relativa identidad con el artculo 2.448, apartado 3, del Cdigo Civil italiano -" per l'impossibilit di funzionamento o per la continuata inattivit dell'assemblea "-,
regula una causa de disolucin que presupone una paralizacin de los rganos sociales que produzca el efecto de imposibilitar el funcionamiento de la sociedad. Aunque el precepto se refiere a los rganos, en plural, basta con que se paralice cualquiera de ellos, con tal que sea suficiente para producir aquella consecuencia negativa. Por otro lado, como el bloqueo del rgano de administracin, al que corresponde permanentemente la gestin social y actuar por la sociedad en las relaciones con los terceros, podr ser superada, normalmente, por la junta general, se entiende que, como regla, es la paralizacin de ste rgano la verdaderamente causante de la disolucin. La paralizacin de la junta general puede exteriorizarse no slo mediante una imposibilidad de ser convocada o constituida, sino, tambin, mediante la de adoptar acuerdos y, por lo tanto, pese a que aquellas etapas precedentes se hubieran superado. En tal especfico caso tambin se hace imposible el funcionamiento de la sociedad, cuya base asociativa impone que la voluntad de la mayora sea tenida como la decisin social y sea eficazmente ejecutada. La sentencia de 4 de noviembre de 2.000 puso de manifiesto, en tal sentido, que hay paralizacin en los casos de bloqueo efectivo en los que, aun celebrndose formalmente reuniones del rgano de administracin y convocndose juntas generales, no pueden lograrse acuerdos o los adoptados no se ejecutan, de modo que, como dice el precepto, resulte imposible el funcionamiento de la sociedad. En la sentencia recurrida se describe una situacin de bloqueo - en trminos de la sentencia de 11 de mayo de 2.006 -, causada por el grave enfrentamiento de dos grupos de socios totalmente equilibrados, que ha sido determinante de una verdadera paralizacin de la junta general, que, en tan grave coyuntura - con dos administradores solidarios, uno integrado en cada grupo, que actan en sentido distinto, con discrepancias entre ellos que afectan a la situacin financiera de la sociedad, como expresamente el Tribunal de apelacin ha declarado probado -, no ha podido, por la relatada situacin de oposicin permanente, adoptar acuerdo alguno, excepto el de solicitar del Registrador Mercantil el nombramiento de un auditor de cuentas, en las dos ocasiones en las que la reunin fue convocada. En conclusin, ninguno de los argumentos en que se subdivide el motivo justifica el xito del mismo. En todos ellos, menos en el primero, incurre la recurrente en una peticin de principio, al extraer consecuencias de unos hechos que son contrarios a los declarados probados en la sentencia recurrida - en resumen, la imposibilidad de funcionamiento de la sociedad, por una paralizacin de la junta general debida a una situacin de enfrentamiento que los socios no se han mostrado capaces de superar -. Tampoco ha de alcanzar xito el primero de los argumentos - submotivo primero -, pues se basa en que el Tribunal de apelacin declar que cada uno de los administradores solidarios de la recurrente haba realizado actos en tal condicin, lo cual es cierto. Pero no tiene la recurrente en cuenta - adems de lo expuesto sobre el verdadero sentido del ordinal tercero del apartado 1 del artculo 260 - que en la sentencia recurrida tambin consta probado que " la gestin de la sociedad se encuentra sometida a la situacin de tensin y de discrepancia entre los dos administradores solidarios, con rdenes y contraordenes ... que, en modo alguno favorecen el buen funcionamiento de la sociedad ni la relacin de la misma con terceros ", lo que no permite entender que la administracin de la sociedad funciona realmente. TERCERO. En el motivo segundo del recurso de casacin Fellar, SA, tras advertir que en la resolucin recurrida se hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2.002 y que la misma se haba proyectado sobre la disolucin de una sociedad de responsabilidad limitada, denuncia la aplicacin indebida de la jurisprudencia que interpreta el artculo 104, apartado 1, letra c), de la Ley 2/1.995, de 23 de marzo . El motivo se desestima. Al margen de que la doctrina sentada en la referida sentencia de 20 de julio de 2.002 - y en la de 25 de julio de 1.995, que en ella se menciona - es perfectamente aplicable al caso, es lo cierto el Tribunal de apelacin no aplic al litigio del que conoci en segunda instancia el antes mencionado precepto de la Ley 2/1.995 , como se ha expuesto en el anterior fundamento. Ni siquiera lo hizo el Tribunal Supremo en aquella sentencia, en la que el artculo aplicado fue el 30 de la anterior Ley de sociedades de responsabilidad limitada, tal como qued redactado por la Ley 19/1.989, de 25 de julio , el cual, por cierto se remita a las causas de disolucin de las sociedades annimas. CUARTO . En el motivo tercero afirma la recurrente que ha sido infringido en la sentencia recurrida el artculo 6, apartado 4, del Cdigo Civil , que regula el tratamiento que merece el fraude de ley. Dicha norma la puso en relacin con el ordinal tercero del apartado 1 del artculo 260 del Real Decreto Legislativo 1.564/1.989 .
Alega que el demandante haba utilizado la norma ltimamente mencionada como cobertura para lograr un resultado contrario al ordenamiento, cual es la disolucin de una sociedad annima por voluntad de uno de los socios. En el cuarto seala como infringido el artculo 7 del Cdigo Civil , en relacin con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 1.564/1.989 . Afirma que la actuacin del socio demandante era contraria a la buena fe y resultaba abusiva, al estar inspirada por un propsito de perjudicar, que no mereca proteccin jurdica. Ambos motivos se desestiman. En ellos se plantean cuestiones nuevas - o, cuanto menos, per saltum-, en el sentido de no alegadas en el momento procesal oportuno y, por ello, no debatidas en la instancia. De modo que sobre las mismas no cabe un pronunciamiento congruente en casacin - sentencias de 26 de junio y 25 de julio de 2.008, 23 de abril, 13 y 17 de junio de 2.009 , entre otras -. QUINTO. En el ltimo motivo del recurso denuncia Fellar, SA la indebida aplicacin de la doctrina sobre el levantamiento del velo de la persona jurdica, tras destacar el carcter excepcional de la misma. Alega que la Audiencia Provincial recurri indebidamente a esa tcnica, al entrar en el exmen de la composicin de los dos grupos de socios, cuyo enfrentamiento haba dado lugar a la causa de disolucin. El motivo se desestima. En la sentencia recurrida no se aplic la referida tcnica, claro est, en el sentido en que la jurisprudencia la concibe - y al que se refiere la recurrente -, esto es, como un recurso para penetrar - segn los descriptivos trminos de la sentencia de 28 de mayo de 1.984, reiterados en la de 14 de septiembre de 2.006 - en el " substratum " de la persona jurdica, con el fin de evitar que, al socaire de esa ficcin o forma legal, se puedan perjudicar intereses privados o pblicos o se emprenda un camino hacia el fraude o el abuso en dao ajeno o de los socios. Antes bien, respetando la estructura formal de la persona jurdica, lo que el Tribunal de apelacin ha hecho no es otra cosa que declarar concurrente una causa de disolucin prevista en el especfico rgimen jurdico de las sociedades annimas, esto es, la paralizacin de su junta general, para cuya afirmacin se hace necesario examinar el interior de los rganos sociales, en medida no incompatible con el relativo hermetismo de aquellas. SEXTO. En el primero de los motivos del recurso extraordinario por infraccin procesal, Fellar, SA denuncia diversas infracciones, formuladas a modo de submotivos. En el primero seala la infraccin del artculo 137 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia que lo interpreta, en relacin con las facultades del Tribunal de apelacin respecto de la valoracin de la prueba. Alega que dicha valoracin es facultad soberana del Juez " a quo ", por la inmediatividad en la prctica de los distintos medios, de modo que la facultad revisora del Tribunal " ad quem " deba limitarse a comprobar si la efectuada en la primera instancia es ilgica, irracional o contraria a la sana crtica. Por lo que, concluye, en el caso el Tribunal de apelacin se haba excedido en el ejercicio de sus potestades revisoras, al llegar a conclusin distinta que el Juzgado de Primera Instancia sin que conste producida ninguna de aquellas desviaciones. En el segundo seala como infringido el artculo 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , referido a la motivacin de las sentencias. Deriva tal infraccin de una supuesta sustitucin arbitraria y no explicada de la valoracin de la prueba efectuada en la primera instancia, por parte de la Audiencia Provincial. Afirma que dicho Tribunal no expres en ningn momento las razones por las que consideraba arbitraria o ilgica la valoracin de la prueba efectuada en la primera instancia, limitndose a afirmar que discrepaba de ella. Razn por la que, entiende la recurrente, la Audiencia Provincial sustituy el criterio del Juez por el suyo propio. Tambin seala que la misma infraccin del artculo 218, apartado 2 , era consecuencia de una afirmada contradiccin entre los fundamentos de la sentencia recurrida y el fallo de la misma. Se refiere la recurrente a la afirmacin, contenida en la sentencia de apelacin, de que los administradores solidarios haban actuado en los trminos que antes se expusieron y la consecuencia, que entiende incompatible, de declarar la disolucin de la sociedad por la paralizacin de sus rganos.
Tambin se refiere la recurrente a la conclusin a que haba llegado el Tribunal de apelacin en relacin con la paralizacin de los rganos sociales, la cual califica de absurda y arbitraria. El motivo se desestima, en todas sus partes. La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de enero , ha seguido la lnea jurisprudencial elaborada durante la vigencia de la derogada. Conforme a ella el rgano de apelacin puede y debe revisar ilimitadamente la valoracin de la prueba realizada en la primera instancia, debiendo corregirla aun cuando no se hubieran producido en aquella infracciones susceptibles de ser incluidas en el mbito de la violacin del artculo 24 de la Constitucin Espaola. As lo han puesto de manifiesto las siguientes sentencias, entre otras: La de 26 de noviembre de 1.982, conforme a la que " siendo la apelacin un recurso ordinario, la comprobacin que el rgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido en el proceso originario, es una comprobacin del resultado, realizada mediante una propia <revisio prioris instantiae>, en la que no estn limitados los poderes del rgano revisor en relacin con los del Juez inicial ". La de 16 de febrero de 1.983, en la que se afirma que "nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, aun concibiendo el recurso de apelacin como una simple revisin del proceso primitivo anterior, sin posibilidad de reiteracin de todos sus trmites, permite, sin embargo, al Tribunal <ad quem> conocer y resolver todas las cuestiones planteadas en el pleito", de modo que, "cuando la apelacin se formula sin limitaciones somete al Tribunal que de ella entiende el total conocimiento del litigio en trminos que le faculta para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas segn su propio criterio". La de 15 de octubre de 1.991, segn la que la doctrina sentada por el Tribunal de apelacin - que haba declarado en orden a la valoracin de la prueba que, " a efectos del recurso de apelacin, el criterio que el juzgador de instancia formula acerca de la conviccin formada por los elementos probatorios trados a la vista, debe ser respetado en este trance del recurso " -, deba ser " expresamente rechazada, porque desconoce la naturaleza de la segunda instancia, que confiere al Tribunal de apelacin la <cognitio> plena del asunto que es sometido a su jurisdiccin e implica la conversin de un recurso ordinario, como es la apelacin, en extraordinario, con el carcter restrictivo propio de los de esta clase, y ello incluso si, como tambin consta en la Sentencia, se aade que <a menos que se demuestre el evidente error o equivocacin en la dinmica apreciativa de la prueba, cuestin que, en el presente caso, no ha ocurrido>, pues aunque esta matizacin puede interpretarse en el sentido de que la Sala ha valorado el material probatorio obrante en autos acepta las conclusiones del Juez de Primera Instancia a este respecto, no es suficiente para obviar las dudas que puede suscitar lo antedicho, que merece una severa crtica ". La de 16 de junio de 2.003, en la que se recuerda que " esta Sala ha declarado que los Tribunales de alzada tienen competencia no slo para revocar, adicionar, suplir y enmendar las sentencias de los inferiores, sino tambin para dictar, respecto de todas las cuestiones debatidas, el pronunciamiento que proceda, salvo en aquellos aspectos en los que, por conformidad o allanamiento de las partes, algn punto litigioso ha quedado firme y no es, consiguientemente, recurrido, ya que, en otro caso, al Juzgador de la alzada le es lcito en nuestras leyes procesales valorar el material probatorio de distinto modo que el Tribunal de primer grado, revisar ntegramente el proceso y llegar a conclusiones que pueden ser concordantes o discrepantes, total o parcialmente, de las mantenidas en la primera instancia, pues su posicin frente a los litigantes ha de ser la misma que ocup el inferior en el momento de decidir, dentro de los trminos en que el debate se desenvolvi... y tambin ha manifestado que, cuando la apelacin se formula sin limitaciones somete al Tribunal que de ella entiende al total conocimiento del litigio en trminos que le faculta para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas segn su propio criterio, dentro de los lmites de la obligada congruencia ". La de 23 de octubre de 2.003, segn la que " el recurso de apelacin se configura en nuestro ordenamiento como una revisin del proceso seguido en la primera instancia, que tiene por finalidad censurar los resultados ya obtenidos, examinando ntegramente la cuestin litigiosa y decidindola, de ordinario, sobre la base del mismo material instructivo, por lo que el juzgador de alzada se encuentra frente a la cuestin debatida con la plenitud de conocimientos y en la misma posicin que tuvo el juez originario, tanto en la cuestin de hecho como en la de derecho " . Y la de 21 de diciembre de 2.009, que insisti en que " el rgano judicial de apelacin se encuentra, respecto de los puntos o cuestiones sometidas a su decisin por las partes, en la misma posicin en que se haba encontrado el de la primera instancia ".
En conclusin, el Tribunal de apelacin, al valorar la prueba no incurri en los excesos que interesadamente le atribuye la recurrente. Al sustituir el criterio del Juez por el suyo, por considerarlo ms correcto, no hizo otra cosa que cumplir con su deber. Por lo dems, la motivacin de la valoracin de la prueba se muestra completa, pues permite conocer las razones en que se fundamenta la decisin en dicho particular y cul fue el " iter " decisorio empleado en el orden fctico, adems de en el estrictamente jurdico - en trminos de la sentencia del Tribunal Constitucional 163/2.008, de 15 de diciembre Finalmente, las contradicciones que seala la recurrente en la primera parte del submotivo segundo no existen realmente. El Tribunal de apelacin no ha declarado que el rgano de administracin de Fellar, SA tuviera una actuacin normal, sino con discrepancias entre sus dos miembros que afectan negativamente a la situacin financiera de aquella. Adems, como se dijo, la causa de la disolucin, segn la sentencia recurrida, fue realmente la paralizacin de la junta general. En la parte segunda del mismo submotivo la recurrente presenta como contradiccin entre el fallo de la sentencia de apelacin y su fundamentacin, la calificacin de la paralizacin de la junta general como definitiva - a los efectos del artculo 260 -, expresando as lo que no constituye ms que una discrepancia sobre la valoracin de la prueba efectuada en la segunda instancia. SPTIMO. Tambin divide Fellar, SA el segundo motivo de su recurso extraordinario por infraccin procesal en dos partes. En la primera afirma producida la infraccin del artculo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , relativo a la carga de la prueba, en concordancia con el 319 de la misma Ley, que determina la fuerza probatoria de los documentos pblicos. En la segunda vuelve a sealar la supuesta violacin del artculo 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , referido a la motivacin de las sentencias, en relacin con la paralizacin de los rganos sociales y las posibilidades de cumplimiento del fin social. El motivo, en todas sus divisiones, se desestima. Como seala la sentencia de 23 de marzo de 2.009 , las normas sobre la carga de la prueba disciplinan las consecuencias de que permanezcan inciertos los hechos que fundamentan las pretensiones deducidas, de modo que no pueden haber sido infringidas cuando el tema necesitado de demostracin se ha declarado probado. Por ello carece de justificacin la invocacin del artculo 217 para impugnar una sentencia que ha afirmado probada la concurrencia de la causa de disolucin de la recurrente. Y, menos, poner dicha norma, que no contiene regla de valoracin de la prueba, en relacin con la del artculo 319 , relativo a la fuerza probatoria de los documentos pblicos, en un intento de revisar de aquella. El mismo reproche debe aplicarse a la referencia que el motivo contiene a la insuficiencia de motivacin sobre la paralizacin de los rganos sociales y la imposibilidad de funcionamiento de la sociedad. El Tribunal de apelacin ha narrado en su sentencia el proceso lgico que le llev a aquellas conclusiones, a partir de unos medios de prueba que evidencian la grave situacin de enfrentamiento de los dos grupos de socios, determinante de aquellos efectos. OCTAVO. En el motivo tercero del recurso extraordinario por infraccin procesal, Fellar, SA denuncia la infraccin de los artculos 217, 316, 326 - en relacin con el 319 - y 376 todos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , referidos, respectivamente, a la carga de la prueba, a la valoracin del interrogatorio de las partes, a la fuerza probatoria de los documentos privados y pblicos y al valor de las declaraciones de los testigos. Alega la recurrente que el Tribunal de apelacin haba invertido las reglas de la carga de la prueba - submotivo primero - y que su valoracin de los mencionados medios resultaba incorrecta, a la luz de las reglas de la sana crtica. El motivo se desestima, en todas sus partes. Sobre la alegacin de la infraccin de las reglas de la carga de la prueba nos remitimos a la respuesta dada al motivo segundo, dado que lo que pretende la recurrente, de un modo indirecto y de nuevo, es una revisin de la valoracin de la prueba, para lo que no sirve la norma invocada como infringida. Sobre los dems motivos debemos recordar - con las sentencias de 4 de diciembre de 2.009 y 16 de febrero de 2.010 - que, a salvo la infraccin del artculo 24 de la Constitucin Espaola, no hay precepto en
la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente que permita denunciar mediante el recurso extraordinario por infraccin procesal error en la valoracin de la prueba, funcin especfica de los Tribunales de las dos instancias. NOVENO. Las costas de los recursos que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, en aplicacin del artculo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espaoly su Constitucin.
Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinario por infraccin procesal y de casacin interpuestos por Fellar, SA, contra la Sentencia dictada, con fecha nueve de diciembre de dos mil cinco por la Seccin Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, con imposicin de las costas a la recurrente. Lbrese a la mencionada Audiencia la certificacin correspondiente, con devolucin de los autos y rollo de apelacin remitidos. As por esta nuestra sentencia, que se insertar en la COLECCIN LEGISLATIVA pasndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Rubricado. PUBLICACIN.- Leda y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trmite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pblica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el da de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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