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Timestamp: 2020-03-29 16:31:07+00:00

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El 1 de diciembre de 2015 entró en vigor un nuevo sistema relativo a la expedición de los partes médicos de bajas laborales
Los procesos de Incapacidad Temporal ya se regirán por un nuevo modelo que ha entrado en vigor ayer. A partir de ahora los médicos deberán estimar la duración de la baja, pudiendo esta clasificarse como muy corta (inferior a cinco días naturales), corta (de cinco a treinta días), media (de 31 a 61 días) y larga (cuando supere los 61 días). Para ello el facultativo podrá tener como referencia las tablas de duración óptima de las distintas patologías. Lógicamente, dependiendo de la evolución del paciente, la estimación de la duración de la baja podrá variar, ya sea para alargarla o para acortarla.
La novedad a destacar es para las bajas de duración muy corta en las que el facultativo podrá expedir el parte de alta junto al de la baja. Las otras modalidades de baja están sometidas a revisión programada de antemano. En cuanto a las bajas cortas y medias la primera revisión se realiza el séptimo día a contar desde la baja inicial, y para los procesos estimados como largos se hará el décimo cuarto día. Cuando la situación de baja supere los 365 días el control de la Incapacidad Temporal pasa a manos del INSS.
Cuando la contingencia que motive la baja sea común podrán expedir el alta los facultativos del Servicio Público de Salud o el médico Inspector del INSS.
Asimismo, las mutuas podrán solicitar el alta a la Inspección médica que tendrá que contestar en 5 días, en caso de que la Inspección deniegue el alta o no conteste, la misma petición ha de dirigirse al INSS que deberá dar respuesta en 5 días.
Cuando se trate de contingencias profesionales (accidente de trabajo o enfermedad profesional) será la mutua la que decida cuando tramitar el alta.
¿A quien afecta el nuevo sistema?
Este nuevo procedimiento se aplicará a las bajas de Incapacidad Temporal ya iniciadas y que no hayan superado los 365 días. En cuanto a la expedición de informes, en estos procesos se mantendrá la antigua regulación.
Asimismo, se someten a este nuevo modelo y sistema las bajas por recaída cuyo proceso de IT se hayan sido iniciados antes del 1 de diciembre de 2015 y la nueva baja sea posterior.
¿Qué obligaciones tienen los trabajadores con la empresa respecto a las bajas?
- Presentar a la empresa copia de los partes de baja y confirmación dentro de los 3 días siguientes a su emisión
- El plazo para presentar copia del parte de alta a la empresa es de 24h desde su emisión
Reconocimiento judicial de efectos económicos de 2ª baja por Incapacidad Temporal dentro de los seis meses siguientes al alta, por tratarse de una patología diferente a la anterior
En este supuesto, la trabajadora causa baja por Incapacidad Temporal el 20 de julio de 2011 con diagnóstico de Fibromialgia. Permanece en esta situación hasta que el 3 de agosto de 2012, después haber agotado los 365 días de IT, el INSS resuelve emitir alta. No estando de acuerdo con el alta presenta escrito de disconformidad. En contestación al citado escrito el INSS eleva a definitiva el alta, es decir, confirma que la trabajadora debe incorporarse a su puesto de trabajo. La fecha de efectos del alta es de 20 de agosto de 2012.
Mientras el INSS decidía sobre la manifestación de disconformidad, el 13 de agosto de 2012, la trabajadora causa nueva baja, pero esta vez con diagnóstico de Trastorno depresivo mayor sin recuperación interepisódica.
El INSS se opone a reconocer efectos económicos a la 2ª baja por considerar que se trata de la misma patología que en el primer proceso.
Brevemente hacemos referencia a la norma que regula las prestaciones por Incapacidad Temporal, lo que inevitablemente nos conduce al art. 131 Bis de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Este precepto legal en resumidas cuentas viene a señalar que cuando un paciente está de baja 365 días y después el INSS emite alta, la Entidad Gestora es el único organismo competente para emitir bajas posteriores por la misma patología durante los siguientes seis meses.
Sin embargo, aunque sea en los seis meses posteriores al alta, el Médico de Atención Primaria puede emitir bajas siempre que se trate de patologías diferentes. Y dichas bajas tienen efectos económicos.
Volviendo al supuesto que nos ocupa, la trabajadora permanece 12 meses de baja por Fibromialgia. La segunda baja que causa es por Trastorno Depresivo mayor. La Entidad Gestora resuelve no reconocer efectos económicos a esta segunda baja por considerar que es por la misma patología que la primera. La paciente presenta reclamación previa que resulta desestimada, ante lo cual interpone demanda en los Juzgados de lo Social solicitando el reconocimiento de efectos económicos de incapacidad temporal iniciada el 13 de agosto de 2012 por ser un proceso causado por una patología diferente al proceso inmediatamente anterior, restaurando el derecho vulnerado.
Para diferenciar ambas patologías acudimos a la Clasificación Internacional de enfermedades que nos proporciona los parámetros necesarios para acreditar que las patologías objeto de la actual controversia pertenecen a apartados diferentes y afectan a distintos aparatos y sistemas del cuerpo. Respecto al diagnóstico de Fibromialgia, esta patología se clasifica de forma generalizada dentro de las afectaciones del aparato musculo – esquelético y tejidos conectivo, mientras que el trastorno depresivo mayor se incluye genéricamente en los trastornos mentales.
El Juzgador de Instancia dicta sentencia favorable al trabajador basándose en jurisprudencia y en preceptos legales de la LGSS manifestando que la denegación de efectos económicos a la situación de baja médica debe basarse en un elemento objetivo que permita justificar la denegación de tales efectos, y no basarlo genéricamente en que se trataba de la misma o similar patología, o que se ha producido dentro de los ciento ochenta días posteriores a la baja anterior.
En definitiva, el juzgador considera probado que los dos procesos de baja son motivados por diferentes patologías, por lo que, estima las pretensiones de la trabajadora reconociéndole efectos económicos a la segunda baja de Incapacidad Temporal.
Sentencia que estima las pretensiones del trabajador reconociendo que la segunda baja por Incapacidad Temporal tiene efectos económicos por tratarse de una patología diferente a la anterior
En este caso nos encontramos con los siguientes antecedentes: trabajador que está de baja por Incapacidad Temporal (IT) desde 4 de marzo del 2008 hasta 16 de marzo de 2008, fecha en la que el INSS emite el alta médica tras agotar la duración máxima de 365 días de percepción del subsidio.
El trabajador recibe la resolución el 24 de marzo de 2009 mediante correo certificado y al día siguiente se incorpora a su puesto de trabajo.
El trabajador considera que los días que transcurren desde la emisión del alta hasta que él recibe de resolución, es decir, el periodo correspondiente desde el 17 de marzo hasta el 24 de marzo de 2009 ambos inclusive, han de ser abonados por el INSS.
El Juzgado de lo Social estima la pretensión del trabajador condenando al INSS a que abone las cantidades que corresponden a esos días. El INSS recurre ante el TSJ de Canarias. Este organismo confirma la anterior sentencia. La entidad gestora formaliza recurso de casación para la unificación de doctrina y el Tribunal Supremo de Madrid desestima el recurso en base a las siguientes consideraciones.
La sentencia concluye con la necesidad de abono del subsidio de incapacidad temporal hasta el momento de la notificación de la resolución administrativa correspondiente, porque solo a partir de este momento el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo y, por tanto, sólo entonces tendrá derecho a lucrar el correspondiente salario. De ahí que la mayor o menor demora en la notificación de la resolución administrativa en la que se declara el alta médica no pueda perjudicar al beneficiario de la prestación.
Por tanto, la Sala, en interpretación de los artículos 128.1.a) y 131 bis 3 de la Ley General de la Seguridad Social, considera que el abono del subsidio debe mantenerse hasta la fecha de notificación de la resolución administrativa.
Hay que diferenciar dos supuestos:
- Situación de baja por IT de más de 365 días SIN reconocimiento de prórroga por el INSS. En este caso, los efectos económicos de la prestación por IT se prorrogan hasta la fecha de la notificación de la resolución administrativa de alta.
- Situación de baja por IT de más de 365 días CON reconocimiento de prórroga por un máximo de 180 días por la entidad gestora. En esta ocasión, se presupone que durante el tiempo de prórroga se emitirá el alta ya sea por reconocimiento de Incapacidad permanente, ya sea por curación. Por tanto, la prestación de IT se prorroga hasta la fecha de la resolución del alta.
Además, recordamos que el paciente que no esté de acuerdo con el alta emitido tras los 12 meses de baja por IT puede presentar escrito de disconformidad ante la Inspección médica en el plazo de 4 días. Posteriormente, si en el plazo de 7 días el trabajador no recibe contestación a su pedimento se entiende que el alta adquiere plenos efectos y que el subsidio de IT se prorroga hasta este momento.
Por otro lado, para impugnar el alta en vía judicial, el trabajador tiene el plazo de 20 días para presentar demanda ante los Juzgados de lo Social de la provincia en la que resida.
Sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2014
Sentencia del Tribunal Supremo sobre los efectos del subsidio de incapacidad temporal agotada la duración máxima
Se aporta extracto de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 4450/2013 , rec: 2988/2012, en relacion a la prolongación de efectos de la situación de incapacidad temporal por agotamiento del plazo maximo de 545 dias hasta la resolucion por parte de la entidad gestora del expediente de incapacidad permanente aunque no resulte estimatorio para el trabajador.
La problematica se suscitaba en relación a que la valoración de la capacidad laboral residual debe realizarse en el plazo máximo de 3 meses y la demora no puede suponer un perjuicio para el trabajador por lo que se prolongan los efectos hasta la resolución del expediente.
En la Villa de Madrid, a ocho de Julio de dos mil trece.
PRIMERO.- Con fecha … el Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos: "
1º.- La demandante Dña. Paula , con DNI .. , nacida el …-52, afiliada a la Seguridad Social RETA, con el nº…, de profesión habitual autónoma titular de una peluquería, en fecha…, inició proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común, con diagnóstico de carcinoma de células renales, siendo intervenida con nefrectomía radical derecha.
2º.- Por resolución de fecha 09-06-10 se acordó dar de alta a la demandante, con efectos de 16-06-10, presentando la actora contra la citada resolución, escrito de reclamación previa el 16-07-10, que fue desestimado por resolución de fecha 25-08-10.
3º.- La demandante de 57 años de edad en la fecha del alta presenta las siguientes patologías: antecedentes de carcinoma de células renales, siendo intervenida con nefrectomía radical derecha, hernia de hiato, gastritis, síndrome ansioso depresivo reactivo, ITU, bulbitis leve no erosiva, tendinitis extensores del 2º dedo, dedo de la mano derecha, esguince de tobillo derecho y traumatismo de tórax izquierdo leve.
4º.- La base reguladora diaria de la prestación que se solicita asciende a 27,78 euros y periodo del 17-06-10 al 02-11-10".
En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Estimando la demanda interpuesta por Dña. P..., frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre impugnación de alta médica y declaración de incapacidad temporal, debo declarar improcedente el alta médica de fecha 16-06-10, y el derecho de la actora al percibo de la prestación equivalente al 75%, sobre una base reguladora diaria de 27,78 euros y período desde la fecha del alta 17-06-10, hasta el 02-11-10, condenando a las demandadas a pasar por esta declaración".
SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por DOÑA P… ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual dictó sentencia en fecha 25 de julio de 2012 , en la que consta el siguiente fallo: "Que estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por Dª …contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid, de fecha nueve de junio de dos mil once , debemos revocar y revocamos la sentencia de instancia y, en consecuencia, debemos declarar el derecho al pago del subsidio de incapacidad temporal hasta el 2 de marzo de 2011, confirmando la sentencia en el resto de sus pronunciamientos.".
TERCERO.- Por la representación de DOÑA P… se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de noviembre de 2012. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 15 de julio de 2002.
CUARTO.- Con fecha 12 de febrero de 2013 se admitió por esta Sala a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice su impugnación en el plazo de quince días.
QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso IMPROCEDENTE, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 2 de julio de 2013, fecha en que tuvo lugar.
PRIMERO.- La cuestión planteada en el presente recurso de casación para unificación de doctrina, consiste en determinar cuándo se agota la prestación por incapacidad temporal o mejor dicho, cuando se extingue el derecho al subsidio por incapacidad temporal prorrogado por el transcurso del plazo máximo para su duración.
El problema ha sido resuelto de forma distinta por la sentencia recurrida y por la que se contrapone a ella, a efectos de acreditar la existencia de contradicción doctrinal que viabiliza el recurso, conforme al artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (L.J.S.). La sentencia recurrida ha entendido que, conforme al artículo 131-bis-2 de la L.G.S.S ., pasados 545 días de baja temporal, el derecho cuestionado se extingue por el transcurso de tres meses, sin que proceda prorrogar esa situación, hasta los 730 días, cuando no se haya probado que continúa la necesidad de recibir tratamiento por la expectativa de mejora o recuperación. La sentencia de contraste, dictada el 15 de julio de 2002 (R.S. 910/2000) por el T.S.J. de Galicia ha estimado que los efectos económicos de la incapacidad temporal prorrogada se prolongan hasta que se dicta la resolución administrativa que valora la capacidad laboral residual del afectado y lo declara, o no, en situación de incapacidad permanente.
La contradicción existe porque la misma cuestión, fecha de extinción del derecho al subsidio de incapacidad temporal cuando la baja laboral dura 545 días ha sido estudiada por las sentencias comparadas y resuelta de forma diferente, pese a ser el supuesto de hecho similar: baja laboral que perdura más de año y medio.
Cierto que la normativa aplicable en el caso de la sentencia de contraste (baja laboral producida en el año 1996) ha cambiado con relación a la aplicable en el caso de la recurrida, pero el cambio no es relevante a los efectos que nos ocupan: duración del subsidio prorrogado por el paso de 545 días. En efecto, la redacción del art. 128-1-a) de la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción que le dio la Ley 42/1994, es similar a la que ese artículo dio la Ley 40/2007, pues sólo cambia que en un texto el plazo de duración se fija por meses y en otro por días. Lo mismo puede decirse del artículo 131-bis, números 2 y 3 de la L.G.S.S . en la redacción que les dieron las leyes citadas, porque en lo que respecta al agotamiento del plazo máximo del art.128-1 y a la prórroga del subsidio, conforme al primer párrafo del nº 3 del citado artículo 131-bis, la normativa aplicable no ha experimentado cambios relevantes. Finalmente, tampoco es relevante el hecho de que en el caso de la sentencia recurrida se pidiera que se mantuviese la situación de incapacidad temporal hasta la recuperación, pues, alternativamente, se pidió su mantenimiento hasta la calificación de la incapacidad permanente, pretensión coincidente con la formulada por el actor en el caso de la sentencia de contraste.
Procede, por tanto, entrar a conocer del fondo del asunto y a unificar la disparidad doctrinal existente.
SEGUNDO.- El recurso alega la infracción del artículo 131-bis de la L.G.S.S . y de la jurisprudencia que lo interpreta, al entender la recurrente que el subsidio de incapacidad temporal debió prorrogarse, pasados 545 días de la baja, hasta el dictado de la resolución administrativa calificando la existencia o no de incapacidad permanente.
La controversia doctrinal ya ha sido unificada por esta Sala que ha considerado más correcta la doctrina contenida en la sentencia de contraste en sus sentencias de 1 de diciembre de 2003 (Rcud. 3569/2002 ), 23 de noviembre de 2011 (Rcud. 1422/2011 ), 7 de diciembre de 2011 (Rcud. 1499/2011 ), 6 de febrero de 2012 (Rcud. 1995/2011 ) y 1 de marzo de 2012 (Rcud. 2265/2011 ) en las que se ha resuelto que el subsidio cuestionado se prorroga, pasados 545 días de la baja, hasta la calificación de la incapacidad permanente, aún cuando se acabe declarando la inexistencia de incapacidad permanente en grado alguno.
Esa solución se funda, como se dice en la primera de las sentencias citadas, en que: "El problema surge cuando, agotado el plazo máximo, la calificación de la situación a efectos del eventual reconocimiento o denegación de una incapacidad permanente no se ha producido. En este caso se abren tres posibilidades:
1ª) extinguir la incapacidad temporal y finalizar el pago del subsidio, aunque el trabajador quede sin protección,
2ª) mantener la prórroga de la incapacidad temporal y continuar abonando el subsidio hasta que se produzca la calificación, momento en que se extinguirá efectivamente la incapacidad temporal, con reconocimiento o no de una incapacidad permanente, y
3ª) otorgar la protección por incapacidad permanente desde el momento de la terminación del plazo de los treinta meses, aunque no exista calificación administrativa en atención alo que dispone el párrafo cuarto del artículo 136.1 de la Ley General de la Seguridad Social , a tenor del cual "también tendrá la consideración de invalidez permanente, en el grado que se califique la situación de incapacidad que subsista después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo de duración señalado para la misma en el apartado a) del número 1 del artículo 128".
"La primera opción, debe excluirse, porque sería contrario a los fundamentos del sistema excluir la protección de una situación de necesidad por el hecho de que las entidades encargadas de iniciar el procedimiento de calificación de la incapacidad permanente (el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el servicio público de salud competente y la mutua, de conformidad con los artículos 4 del Real Decreto 1300/1995 y 3 y 5 de la Orden de 18 de enero de 1996) no lo hayan hecho, sin que la posibilidad de que el interesado pueda instar esa calificación justifique el desplazamiento hacia él de los efectos de esa omisión, especialmente cuando se ha aplicado la prórroga extraordinaria de la incapacidad temporal para poder efectuar una calificación más ajustada a la situación clínica del interesado".
"Tampoco puede aplicarse la tercera solución, porque la misma no es automática, sino que requiere un acto de calificación, como se desprende de la propia naturaleza de la prestación de incapacidad permanente que, a diferencia de lo que sucede con la incapacidad temporal varía en función del grado reconocido, y porque así lo dispone el artículo 136.1.4º de la Ley General de la Seguridad Social; norma que se refuerza en el segundo inciso de ese párrafo cuando señala que ese paso a la situación de incapacidad permanente no se producirá en el supuesto previsto "en el segundo párrafo del número 1 del artículo 131.bis, en el cual no se accederá a la situación de invalidez permanente hasta tanto no se proceda a la correspondiente calificación".
Esta solución supondría además la aplicación del procedimiento de calificación con el plazo de resolución que hoy prevé el Real Decreto 286/2003; demora que lógicamente debería excluirse si ya no se abonan las prestaciones de incapacidad temporal".
"Por ello, la solución más conforme a las finalidades de la norma es la de entender que también en el supuesto de superación del plazo máximo de la prórroga extraordinaria se aplica la regla del párrafo tercero del número 3 del artículo 131. bis de la Ley General de la Seguridad Social , que prevé que "en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del apartado precedente, los efectos de la situación de incapacidad temporal se prorrogarán hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente, en cuya fecha se iniciarán las prestaciones económicas de ésta". Es cierto que el párrafo segundo del número 2 del artículo 131.bis fija un plazo máximo de treinta meses. Pero, como ya se ha dicho, ese plazo se concede para que en él se proceda a la calificación de la incapacidad permanente. Por otra parte, es importante poner de relieve que la regla del artículo 131.bis.3.3º sobre el plazo máximo no va dirigida al interesado, que ningún poder tiene en el procedimiento de calificación, sino a la entidad gestora, que es la que tiene que realizar la calificación, que "podrá retrasarse por el período preciso", pero sin rebasar "en ningún caso" los treinta meses mencionados.
No es el trabajador el que ha incumplido la norma y no debe, por ello, sufrir las consecuencias de la demora en la calificación, sin perjuicio de las responsabilidades de compensación que pudieran producirse entre la gestora y la mutua, como consecuencia del retraso y de la imputación de la causa del mismo”.".
Esta doctrina nos obliga a estimar el recurso en aras a la seguridad jurídica, al no ofrecerse razones que justifiquen un cambio de criterio, porque lo que quiere la norma es que se examine necesariamente la capacidad laboral residual del incapacitado, cuando su baja temporal supera los 545 días, calificación que debe hacerse en el plazo máximo de tres meses, plazo, imperativo para la Entidad Gestora, cuyo transcurso no supone el fin de la prórroga del derecho al subsidio, prórroga que continúa hasta que se dicta la oportuna resolución, por cuanto de la literalidad del precepto no se deriva que su transcurso beneficie a quien incumplió el plazo establecido en la Ley.
Estimamos el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don…en nombre y representación de DOÑA Paula contra la sentencia dictada el … por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso de suplicación nº… , interpuesto contra la sentencia de fecha… , dictada por el Juzgado de lo Social nº de Madrid , en autos núm…. , seguidos a instancias de DOÑA … contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIO PÚBLICO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Debemos casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de estimar el recurso de esa clase interpuesto por la actora en el particular relativo a que el subsidio por incapacidad temporal que percibía en diciembre de 2010 se prorrogue hasta la calificación de su capacidad laboral residual, hasta que se califique en vía administrativa si se encuentra afecta o no de incapacidad permanente, con expresa condena al INSS al pago de la prestación señalada. Sin costas.
Bajas de I.T sin prestación económica. Sentencias favorables al abono.
Aportamos dos sentencias que obligan al INSS a proceder al abono de las prestaciones por incapacidad temporal (I.T.) a los trabajadores a los que previamente se les había denegado la prestación, por considera que la nueva baja de I.T. tenia como origen la misma o similar patología que el proceso de baja de I.T. anterior. Los tribunales corrigen esa tendencia por considera que el INSS no puede limitarse a denegar una nueva situación de I.T. con los efectos pertinentes sin examinar la enfermedad y su relación con la capacidad para el trabajo. En este sentido dice el Tribunal Supremo interpretando el párrafo segundo del número 1 del art. 131 bis LGSS, que la facultad que le otroga al INSS en estos casos el art. 131bis LGSS no puede ser discreccional sino que ha de basarse en la intervención previa del órgano evaluador competente, pero esa intervención no ha de producirse a los meros efectos de ratificar que se trata de la misma o similar patología en los dos procesos de incapacidad temporal sino que debe basarse en un elemento objetivo que permita justificar la denegación de tales efectos.
Estadisticas relativas al numero de pensiones de incapacidad permanente reconocidas desde 2003 a agosto 2013 por importe economico
La Secretaria de Estado de la Seguridad Social dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado datos relativos al número de pensiones reconocidas de incapacidad permanente desde el año 2003 hasta agosto de 2013, haciendo referencia tanto a nº de pensiones reconocidas como al importe de las mismas.
Se aportan datos globales a nivel nacional y datos por Comunidades Autónomas.
Esperamos que la información aportada sea de su interés.
AÑO Nº PENSIONES IMPORTE MENSUAL DE LA NÓMINA (en miles de euros) % VARIACION ANUAL
2003 803.077 514.330 7,4
2004 827.470 555.101 7,9
2005 845.960 594.274 7,1
2006 877.996 646.538 8,8
2007 902.901 691.131 6,9
2008 911.873 734.719 6,3
2009 930.881 778.064 5,9
2010 936.895 800.118 2,8
2011 942.883 823.333 2,9
2012 943.021 840.196 2
ene-12 941.490 831.385
feb-12 940.819 831.300
mar-12 942.980 834.194
abr-12 944.396 836.430
may-12 944.431 837.146
jun-12 944.794 838.502
jul-12 945.470 839.841
ago-12 944.889 839.768
sep-12 943.297 838.617
oct-12 941.629 837.527
nov-12 942.332 838.762
dic-12 943.021 840.196
ene-13 940.843 850.890
feb-13 936.816 847.866
mar-13 936.087 847.719
abr-13 935.644 847.873
may-13 935.261 848.406
jun-13 935.451 849.175
jul-13 935.220 849.505
ago-13 935.113 849.819 1,2
Nociones sobre incapacidad temporal y partes médicos
La incapacidad temporal es la situación en la que un trabajador como consecuencia de una enfermedad común o profesional y accidente sea o no de trabajo, se encuentra temporalmente impedido para realizar la actividad laboral y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
¿Qué se percibe estando en situación de incapacidad temporal?
Prestación económica, debido a la imposibilidad de realizar la actividad laboral.
¿Qué son los partes médicos de baja?
Son los documentos que certifican la situación de incapacidad temporal.
¿Quién realiza el control de los partes médicos?
El Servicio Público de Salud de la comunidad Autónoma y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) que se ocupa de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla .
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales respecto a las contingencias profesionales, pueden realizar altas, bajas y confirmaciones, además de poder realizar propuestas de alta por contingencias comunes.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social para emitir altas e iniciar un posible expediente de incapacidad permanente.
El Instituto Social de la marina dentro del ámbito del régimen especial de trabajadores del mar.
¿Qué clases de partes médicos pueden entregarse durante la situación de incapacidad temporal?
Parte médico de baja – es el parte médico que inicia la baja médica o situación de incapacidad temporal, lo expide:
El servicio médico de salud.
Los servicios médicos de la entidad colaboradora (Mutua o empresa colaboradora si se tienen cubiertos los riesgos de contingencias profesionales con ellas),
El Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina en el caso de alta de la entidad gestora en 180 días posteriores y por la misma patología
Parte médico de confirmación – Se emiten durante todo el tiempo que dura la situación de incapacidad temporal si es por contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral) se expide al 4º día de iniciarse la situación de incapacidad temporal y a partir de esa fecha.
Si es por una situación de contingencia profesional (enfermedad profesional o accidente laboral) se expide al 7º día de iniciarse la situación de incapacidad temporal y semanalmente..
Parte médico de alta- Es el parte médico que concluye la situación de incapacidad temporal. Expedido por:
Los servicios médicos de la entidad colaboradora (Mutua o empresa colaboradora si se tienen cubiertos los riesgos de contingencias profesionales con ellas), además las Mutuas podrán realizar propuestas motivadas de altas en los casos de contingencias comunes si tienen dicha cobertura.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina.
¿Qué debe hacerse con los partes médicos de baja confirmación y alta?
El facultativo otorgara dos copias, una para el propio trabajador y otra para que en el plazo de 3 días desde su expedición sean remitidas a la empresa.
Si se otorga un aparte de alta médica debe acudir a su trabajo para no se produzca una ausencia injustificada al trabajo.
El trabajador debe acudir a todos los reconocimientos propuestos para no incurrir en un alta por incomparecencia.
El empleador:
Debe recibir las bajas del trabajador y comunicarlo a la Seguridad Social para poder descontarse de los Seguros Sociales las cantidades correspondientes a la prestación.
Abonar los complementos que se establezcan por convenio colectivo que mejoren la prestación de incapacidad temporal.
Debe mantener en alta en las cotizaciones de la Seguridad Social al trabajador mientras se encuentre en situación de incapacidad temporal.
¿Cuánto tiempo se puede estar recibiendo partes médicos de confirmación de la baja médica?
La baja médica durará el tiempo necesario para recuperar la capacidad laboral. La duración máxima de la situación de Incapacidad temporal puede ser 365 días prorrogables por otros 180 días más.
¿Qué ocurre si transcurre la duración máxima de incapacidad temporal (365 días) y se sigue necesitando asistencia?
El Instituto Nacional de la Seguridad social o el Instituto Social de la Marina (en casos de régimen especial de trabajadores del mar) son los organismos competentes encargados de conocer de la emisión del alta médica, el reconocimiento de una prórroga del proceso de incapacidad temporal, el inicio de un expediente de Incapacidad permanente o la emisión de una nueva baja médica en los 180 días siguientes a un alta médica por la misma o similar patología.
¿Qué se puede hacer si se otorga una alta médica por la Mutua y se sigue necesitando asistencia sanitaria?
Se pueden iniciar dos tipos de acciones diferentes.
Acudir al INSS e iniciar un procedimiento de revisión del alta en el plazo de 4 días desde el alta, comunicando la reclamación a la empresa. El INSS puede mantener la incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional, confirmar el alta del trabajador, considerar que el alta es indebida reflejando la fecha de la nueva alta médica si se ha recuperado el trabajador durante el proceso de reclamación.
Acudir al Servicio Público de salud para que el profesional médico emita si procede un parte de baja médica por enfermedad común y si considera que esta nueva baja podría estar relacionada con la anterior, comunicarlo al INSS y a la Mutua, iniciando el trabajador posteriormente el procedimiento de revisión del alta médica.
¿Qué se puede hacer si se emite un alta médica por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y existen limitaciones de carácter grave y permanente para realizar la actividad laboral?
Se puede plantear varias acciones:
Mostrar disconformidad con el parte de alta médica emitida, debiendo el trabajador comunicar la reclamación a la empresa y el INSS dictar una resolución, quedando suspendidos los efectos del alta médica y prorrogándose el pago de la incapacidad temporal hasta que el INSS resuelva.
Se puede iniciar un expediente de incapacidad permanente, para que se resuelva sobre el reconocimiento de una prestación por las limitaciones que se tienen para la actividad laboral.
¿Si se concede la prórroga del proceso de incapacidad temporal deriva en un expediente de incapacidad permanente?
No automáticamente debe ser propuesto por los Servicios públicos o solicitarlo directamente el trabajador mediante el formulario existente al efecto para que se inicie el expediente de incapacidad permanente si las limitaciones que se tienen para la actividad laboral son de carácter grave, permanente y pueden objetivarse medicamente.
Nociones practicas sobre partes médicos en situación de incapacidad temporal
Reciente sentencia estimatoria que considera indebida el alta del trabajador en proceso por Incapacidad Temporal (I.T)
El trabajador es dado de alta en el proceso de incapacidad temporal consecuencia de accidente de trabajo sin haber mejorado de sus secuelas e impugnando la resolución. El Juzgado de lo social revoca la resolución administrativa considerando que el trabajador debe continuar de baja en el proceso de Incapacidad temporal
Sentencia del Tribunal Supremo en unificacion de doctrina sobre la posiblidad de extincion de contrato laboral por incumplimientos en los pagos de complementos de IT
Sentencia 843/2013 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 18 de febrero de 2013, en unificacion de doctrina por la que se analiza el supuesto de posibilidad de extinguir la relación laboral por impagos del empleador de los complementos de mejora regulados por convenio respecto de la situación de incapacidad temporal.
Caso real por el que se readmite a trabajadora despedida por no presentacion de los partes de incapacidad temporal
Interesante caso real por el que se despide a una trabajadora que se encontraba en situación de incapacidad temporal, y habiendose iniciado el expediente de incapacidad permanente, se deniegan dichas prestaciones, debiendo la trabajadora incorporarse a su puesto de trabajo. En el momento de la reincorporación al trabajo, sufre un nuevo proceso de incapacidad temporal, debiendo hacer entrega a la empresa del parte médico de baja por incapacidad temporal y por una leve demora, la empresa decide extinguir el contrato de trabajo:
Se muestra la documentación del caso.
1.- El empleador entrega carta de extinción de contrato por entender que la trabajadora "voluntariamente" a dejado de asistir a su puesto de trabajo.
2.- El día de la conciliación comparecen tanto el empleador como el trabajador, llegando a un acuerdo en conciliación administrativa, con reincorporación de la trabajadora.
Criterios Tribunal Supremo sobre incapacidad temporal respecto a la necesidad de motivación de las resoluciones en caso de denegación de IT en nuevo periodo tras denegación de Incapacidad permanente anterior.
Criterios sobre la necesidad de motivación de las resoluciones del Instituto Nacional de Seguridad Social, tras denegar prestaciones de incapacidad temporal a trabajador que agota periodo de incapacidad temporal maximo con prórroga,y se le deniega las prestaciones contributivas por incapacidad permanente, sufriendo antes de transcurrir seis meses una nueva baja de incapacidad temporal por el mismo motivo, por ser necesario reflejar por el INSS, la inexistencia de limitaciones para la actividad laboral de dicho trabajador. Se adjunta la sentencia del Tribunal Supremo:
Sentencia 8714/2012 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de diciembre de 2012
Sentencia del Tribunal Supremo respecto a la prorroga de efectos de la incapacidad temporal hasta que se resuelva el expediente de incapacidad permanente
Sentencia del Tribunal Supremo respecto a la prorroga de efectos de Incapacidad temporal
Tras el agotamiento del período máximo de 545 días en situación de IT, si el trabajador continua necesitando asistencia sanitaria y se encuentra impedido para realizar su actividad laboral, es necesario que se califique su estado respecto a la calificación si procede de la prestación por incapacidad permanente y el grado de incapacidad permanente que corresponda, abonándole las prestaciones de Incapacidad temporal hasta su calificación, aún cuando se declare que su estado no es constitutivo de incapacidad permanente.
Sentencia de 23 de mayo de 2012
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 2405/2011
Ponente Excmo. Sr. ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Mayo de dos mil doce.
Vistos los autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de ...), de fecha 18 de mayo de 2011, recaída en el recurso de suplicación n.º 629/11, que resolvió el formulado contra el auto del Juzgado de lo Social n.º 1 de ..., dictado el 20 de diciembre de 2010, en los autos de juicio n.º 1130/09 - Ejecución .../10, iniciados en virtud de demanda presentada por Doña María Dolores contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Ayuntamiento de C.V, y Diputación Provincial de ..., sobre reclamación contra alta médica.
Es Ponente la Excma. Sra. D.ª. R. M. V. P., Magistrada de Sala.
PRIMERO.- Con fecha 19 de febrero de 2010, el Juzgado de lo Social n.º 1 de ..., dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda interpuesta por D.ª María Dolores, contra INSS, TGSS, Ayuntamiento de C. y Diputación Provincial de ..., debo dejar sin efecto el alta médica de fecha 15-09-2009, con las consecuencias inherentes a ello condenando a las codemandadas a estar y pasar por dicha declaración.".
La parte actora solicitó la ejecución de dicha sentencia, dictando auto el Juzgado de lo Social en fecha 9 de noviembre de 2010, en cuya parte dispositiva consta: "Se acuerda desestimar la oposición formulada por el INSS, ordenando seguir la ejecución adelante, debiendo abonar el subsidio de IT a la demandante hasta el 25-06-2010.". El letrado del INSS, interpuso recurso de reposición frente al anterior auto.
Con fecha 20 de diciembre de 2010, se dictó auto por el Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Granada, cuya parte dispositiva dice: "Se acuerda desestimar el recurso de reposición formulado por el INSS, contra el auto de fecha 9-11-2010 que se mantiene en todos sus términos.".
SEGUNDO.- Contra el anterior auto, la representación letrada del INSS formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de ..., dictó sentencia en fecha 18 de mayo de 2011, en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra Auto dictado por el Juzgado de lo Social núm. uno de los de ... en fecha Veinte de diciembre de dos mil diez., en Autos seguidos a instancia de María Dolores en reclamación sobre SEGURIDAD SOCIAL - EJECUCIÓN - contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.".
TERCERO.- Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de ..., el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 23 de febrero de 2009, rec. suplicación 2287/08.
CUARTO.- Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por las partes recurridas y personadas en el presente recurso - Diputación Provincial de ... y Doña María Dolores - se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar IMPROCEDENTE el recurso.
QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo el día 17 de mayo de 2011, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.
PRIMERO.- El Juzgado de lo Social n.º 1 de los de ...dictó sentencia el 19 de febrero de 2010, estimando la demanda promovida por Doña … contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social y Ayuntamiento de…, declarando incorrecta el alta médica emitida en fecha 15-09-2009, dejando sin efecto la misma, con las consecuencias inherentes a ello, condenando a las codemandadas a estar y pasar por dicha declaración.
Instada la ejecución de sentencia por la parte actora, el Juzgado dictó auto que estimó tal petición y ordenó seguir adelante la ejecución debiendo el INSS abonar el subsidio de IT a la actora hasta el 25-6-10, fecha en la que a aquella se le reconoció en situación de incapacidad permanente. El INSS insiste en que la sentencia se ha cumplido con el abono de la prestación hasta el agotamiento del tiempo máximo de 18 meses (20-10-2009); argumento que es rechazado por el Juzgado.
Recurrido el auto en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de ..., dictó sentencia el 18 de mayo de 2011, recurso 629/11, desestimando el recurso formulado.
La sentencia ahora recurrida en casación unificadora, razona para desestimar la pretensión de la Entidad Gestora, que es doctrina del Tribunal Supremo -sentencia de 1-12-2003 - que debe mantenerse el abono de la prestación de incapacidad temporal hasta que se produzca el reconocimiento o denegación de una incapacidad permanente.
La sentencia entendió que no se ha producido la calificación de la actora, a efectos de un eventual reconocimiento o denegación de una incapacidad permanente, por lo que se ha incumplido lo establecido en el artículo 131 bis), 3, tercer párrafo de la LGSS que señala que los efectos de la IT se prorrogarán hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente, que es lo que aconteció en el asunto examinado, ya que se denegó la incapacidad permanente el 25 de junio de 2010, por lo que esta calificación es la causa legal de extinción a la que se refería el fallo de la sentencia que ahora se ejecuta.
Contra dicha sentencia se interpuso por el demandado INSS recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando como sentencia contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23 de febrero de 2009, recurso número 2887/08, firme en el momento de publicación de la recurrida.
La parte recurrida ha impugnado el recurso, habiendo informado el Ministerio Fiscal que estima improcedente el recurso.
SEGUNDO.- Procede el examen de la sentencia de contraste para determinar si concurre el presupuesto de la contradicción, tal y como lo enuncia el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, que supone que ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente idénticos, las sentencias comparadas han emitido pronunciamientos diferentes.
La sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23 de febrero de 2009, recurso ../08, estimó en parte el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal del ejecutado INSS, contra el auto del Juzgado de lo Social n.º1 de Santiago de Compostela de 14 de abril de 2008, en autos 305/07, ejecución 3/08, fijando en 4.174,88 euros la cantidad que ha de abonar el INSS al ejecutante D. Roman, en concepto de IT. Consta en dicha sentencia que el Juzgado de lo Social n.º1 de los de Santiago de Compostela dictó sentencia el 22 de noviembre de 2007, estimando la demanda formulada por D. Roman contra el INSS, declarando la nulidad de su alta médica, reponiéndole en la situación anterior, condenando al INSS a abonarle el subsidio de IT hasta que concurra causa legal extintiva de la IT. Instada la ejecución el Juzgado dictó auto requiriendo al INSS para que diera cumplimiento a la sentencia, recurrida en reposición fue desestimado el recurso por auto de 14 de abril de 2008, que declaró prorrogado el período de IT hasta veinticuatro meses, con valoración por el EVI, en el período de tres meses. Dicho auto fue recurrido en suplicación. La sentencia razona que como en el título de ejecución se condena "al pago de la prestación de IT al actor hasta que concurra causa legal de extinción", esta es la tipificada en el artículo 131 bis.1) LGSS, en relación con el 128. 1 a) del mismo texto legal, es decir, "el transcurso del plazo máximo establecido para al situación de IT de que se trate", plazo previsto de doce meses, prorrogables por otros seis, cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. Concluye la sentencia señalando que la obligación que el artículo 131 bis. 2 LGSS impone a la entidad gestora no es relevante, tanto por exceder de los límites del título ejecutorio, como porque dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la IT, el INSS ya había denegado la IT.
Entre la sentencia recurrida y la de contraste concurren las identidades exigidas por el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, ya que en ambos supuestos se trata de ejecutar una sentencia en la que se condena al INSS a abonar la prestación de IT "hasta que concurra causa legal de extinción", habiendo entendido la sentencia recurrida que, transcurridos dieciocho meses en la situación de IT el INSS no puede dar el alta automáticamente, sino que ha de examinar el estado del incapacitado, a efectos de su calificación en el grado que corresponda. La sentencia de contraste, por contra, entiende que transcurridos dieciocho meses procede el alta. Cumplidos los requisitos de los artículos 217 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral procede entrar a conocer del fondo del asunto.
TERCERO.- El recurrente alega que la sentencia, recurrida infringe lo dispuesto en los artículos 235.1 y 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 131 bis de la Ley General de la Seguridad Social, así como de la doctrina que los interpreta.
Aduce, en esencia, que ha dado cumplimiento a la sentencia en sus propios términos ya que ha abonado el subsidio de IT hasta la extinción del mismo por concurrir la pertinente causa legal, cual es la prevista en el artículo 131 bis. 1 de la LGSS, a saber, agotamiento de la duración máxima del proceso de IT. La obligatoriedad de calificación de secuelas no fue impuesta en el fallo de la sentencia, por lo tanto, es una pretensión ajena al título ejecutivo pero, además, ya consta una calificación de secuelas de incapacidad permanente realizada por la Entidad Gestora conforme dictamen del EVI de 23 de diciembre de 2008, es decir, apenas dos meses después de estar extinguido el plazo máximo de incapacidad temporal.
Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en un asunto que guarda similitud con el ahora debatido y lo ha hecho en sentencia de 1 de diciembre de 2003, recurso 3569/02, y más recientemente en la de 23 de noviembre de 2011 (rec. 1422/2011 ) que la reitera; en la que ha razonado lo siguiente: "El problema surge cuando, agotado el plazo máximo, la calificación de la situación a efectos del eventual reconocimiento o denegación de una incapacidad permanente no se ha producido. En este caso se abren tres posibilidades:
1.ª) Extinguir la incapacidad temporal y finalizar el pago del subsidio, aunque el trabajador quede sin protección.
2.ª) Mantener la prórroga de la incapacidad temporal y continuar abonando el subsidio hasta que se produzca la calificación, momento en que se extinguirá efectivamente la incapacidad temporal, con reconocimiento o no de una incapacidad permanente.
3.ª) Otorgar la protección por incapacidad permanente desde el momento de la terminación del plazo de los treinta meses, aunque no exista calificación administrativa en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 136.1 de la Ley General de la Seguridad Social, a tenor del cual "también tendrá la consideración de invalidez permanente, en el grado que se califique la situación de incapacidad que subsista después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo de duración señalado para la misma en el apartado a) del número 1 del artículo 128".
La primera opción, debe excluirse, porque sería contrario a los fundamentos del sistema excluir la protección de una situación de necesidad por el hecho de que las entidades encargadas de iniciar el procedimiento de calificación de la incapacidad permanente (el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el servicio público de salud competente y la mutua, de conformidad con los artículos 4 del Real Decreto 1300/1995 y 3 y 5 de la Orden de 18 de enero de 1996) no lo hayan hecho, sin que la posibilidad de que el interesado pueda instar esa calificación justifique el desplazamiento hacia él de los efectos de esa omisión, especialmente cuando se ha aplicado la prórroga extraordinaria de la incapacidad temporal para poder efectuar una calificación más ajustada a la situación clínica del interesado.
Tampoco puede aplicarse la tercera solución, porque la misma no es automática, sino que requiere un acto de calificación, como se desprende de la propia naturaleza de la prestación de incapacidad permanente que, a diferencia de lo que sucede con la incapacidad temporal varía en función del grado reconocido, y porque así lo dispone el artículo 136.1.4.º de la Ley General de la Seguridad Social; norma que se refuerza en el segundo inciso de ese párrafo cuando señala que ese paso a la situación de incapacidad permanente no se producirá en el supuesto previsto "en el segundo párrafo del número 1 del artículo 131.bis, en el cual no se accederá a la situación de invalidez permanente hasta tanto no se proceda a la correspondiente calificación". Esta solución supondría además la aplicación del procedimiento de calificación con el plazo de resolución que hoy prevé el Real Decreto 286/2003; demora que lógicamente debería excluirse si ya no se abonan las prestaciones de incapacidad temporal.
Por ello, la solución más conforme a las finalidades de la norma es la de entender que también en el supuesto de superación del plazo máximo de la prórroga extraordinaria se aplica la regla del párrafo tercero del número 3 del artículo 131. bis de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé que "en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del apartado precedente, los efectos de la situación de incapacidad temporal se prorrogarán hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente, en cuya fecha se iniciarán las prestaciones económicas de ésta". Es cierto que el párrafo segundo del número 2 del artículo 131.bis fija un plazo máximo de treinta meses. Pero, como ya se ha dicho, ese plazo se concede para que en él se proceda a la calificación de la incapacidad permanente. Por otra parte, es importante poner de relieve que la regla del artículo 131.bis.3.3.º sobre el plazo máximo no va dirigida al interesado, que ningún poder tiene en el procedimiento de calificación, sino a la entidad gestora, que es la que tiene que realizar la calificación, que "podrá retrasarse por el período preciso", pero sin rebasar "en ningún caso" los treinta meses mencionados. No es el trabajador el que ha incumplido la norma y no debe, por ello, sufrir las consecuencias de la demora en la calificación".
La regulación actual de la cuestión aparece en el artículo 131 bis de la LGSS, apartado 2, redactado por Ley 40/07, de 4 de diciembre. Dicho precepto dispone que "cuando se extingue por el transcurso del plazo de 545 días fijado en el párrafo primero de la letra a) del apartado 1 del artículo 128, se examinará necesariamente, en el plazo máximo de tres meses, el estado del incapacitado, a efectos de su calificación, en el grado de incapacidad permanente que corresponda".
A la vista de la actual regulación y de la doctrina contenida en la sentencia de esta Sala, parcialmente transcrita con anterioridad, forzoso el concluir que tras el agotamiento del período máximo de 545 días en situación de IT, si el trabajador continua necesitando asistencia sanitaria e impedido para el trabajo, se ha de examinar su estado, a efectos de su calificación en el grado de incapacidad permanente que corresponda, abonándole las prestaciones de IT hasta su calificación, aún cuando se declare que su estado no es constitutivo de incapacidad permanente. La ejecución de la sentencia dictada que condena al abono de la prestación de IT hasta la concurrencia de causa legal de extinción ha de ser interpretada en el sentido anteriormente señalado.
Al haberlo entendido así la sentencia recurrida, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, procede la desestimación del recurso formulado.
Desestimamos el recurso de casación par la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, actuando en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la sentencia dictada el 18 de mayo de 2011 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Granada, en el recurso de suplicación número 629/11, interpuesto por la ahora recurrente contra el auto dictado por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Granada, el 20 de diciembre de 2010, en autos 186/1010. Sin costas.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. R. M. V. P. hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
Nociones Incapacidad temporal (IT)
¿Qué situaciones se consideran de Incapacidad Temporal?
El trabajador que por causa de enfermedad o accidente común o profesional está imposibilitado con carácter temporal para el trabajo y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social con un máximo de 365 días prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que, durante ellos el trabajador pueda ser dado de alta médica por curación.
Los periodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja laboral con una duración máxima de 6 meses prorrogables por otros 6 cuando se estime necesario para el diagnóstico y estudio de la enfermedad.
¿Qué requisitos son necesarios para poder acceder a esta prestación?
Estar afiliado a algún régimen de la Seguridad Social en el momento de necesitar la prestación, mientras se reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y se esté impedido para el trabajo. Se entiende que en los casos que deriven de accidente de trabajo o enfermedad profesional si el empresario incumple sus obligaciones de afiliación y cotización, al trabajador afectado se le considerara de afiliado y en situación de alta de pleno derecho.
Estar en situación de alta o asimilada al alta (es alta especial la huelga legal o el cierre patronal). Se considera como situación asimilada al alta (el desempleo contributivo, el traslado por la empresa fuera del territorio nacional y los convenios especiales de diputados, senadores, gobernantes y parlamentarios de comunidades autónomas.
Tener cubierto un periodo de cotización de 180 días dentro de los 5 años anteriores al momento de incapacidad temporal para los casos de enfermedad común. Si la contingencia es por accidente sea o no de trabajo y enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización.
¿Cuál es el procedimiento de la situación de Incapacidad Temporal?
Determinada la baja por IT, puede tener una duración máxima de 365 días (incluidos los periodos de recaída y observación, prorrogables por otros 180 días si es previsible que se pueda producir un alta médica por curación.) Si el proceso de IT se viere interrumpido por periodos de actividad laboral por un tiempo superior a seis meses, se iniciara otro nuevo.
El Instituto Nacional de la Seguridad social (INSS) es el órgano competente:
Para reconocer la situación de prorroga
Para determinar la iniciación de un expediente de Incapacidad Permanente
Para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador
Para emitir el alta médica por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por el INSS.
Para emitir nueva baja médica en situación de IT si se produce en el periodo de 180 días posterior a una anterior alta médica por la misma o similar patología
En el caso de que le emitan un alta médica y no esté conforme podrá mostrar su disconformidad en el plazo de 4 días ante la inspección médica del servicio público de salud (que si discrepara frente al alta del INSS) podrá proponer en plazo de 7 días la reconsideración fundamentando las discrepancias.
La inspección médica puede:
Confirmar la decisión del INSS o si no se pronunciase en el plazo de 11 días naturales siguientes el alta adquiere plenos efectos.
Discrepar contra el alta del INSS. En este caso la entidad gestora debe pronunciarse expresamente en el plazo de 7 días naturales siguientes, notificándoselo al interesado y a la inspección médica, pudiendo reconsiderar el alta médica por lo que se reconocerá la prorroga de su situación de IT o por el contrario mantener su decisión de alta médica fundamentándola prorrogándose la situación de IT hasta la fecha de la última resolución.
¿Qué son los partes de baja, confirmación, y de alta?
Los partes de baja son los documentos que emiten la declaración del médico del servicio Público de Salud que ha efectuado el reconocimiento y considera al trabajador en situación de Incapacidad Temporal. Si se trata de una IT por accidente de trabajo o enfermedad profesional y estuviera concertada la protección con una Mutua, serán los servicios médicos de las mismas los que expidan el parte médico de baja que en cualquiera de los casos deberá contener el diagnóstico, limitaciones de la capacidad funcional y previsión de la duración.
Los partes de confirmación se extienden mientras se mantenga la situación de IT cada 7 días desde el primer parte de confirmación. Se deben entregar 2 copias al trabajador una de ellas para que entregue a la empresa. Puede ocurrir que finalice el contrato laboral en el tiempo de IT, el trabajador deberá presentar a la Entidad Gestora o a la Mutua según corresponda las copias de los partes de confirmación de la baja y de alta.
Los partes de alta se emiten tras el reconocimiento del trabajador por el facultativo del Servicio Público de Salud y supone la conclusión del proceso de Incapacidad Temporal.
¿Qué cantidad me corresponde percibir?
Un subsidio equivalente a un tanto por ciento aplicado sobre una base reguladora.
En los casos de IT producida por contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral):
La base reguladora es la base de contingencias comunes del trabajador correspondiente al mes anterior a la fecha de la baja (diaria).
El porcentaje es del 60% desde el día 4 hasta el día 20 inclusive y del 75% desde el día 21 en adelante.
En los casos de IT producida por contingencias profesionales (enfermedad o profesional o accidente laboral)
La base reguladora es la base de contingencias comunes del trabajador del mes anterior a la fecha de la baja sin tener en cuenta las horas extraordinarias (diaria) añadiendo la
Par los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional el porcentaje será del 75% desde el día en que se produzca el hecho que motiva la incapacidad temporal.
¿Quién abona las cantidades que se deben percibir?
El Instituto Nacional de La Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o empresas autorizadas que lo gestionen abonan la prestación de IT.
Para los casos de enfermedad común o accidente no laboral el empresario debe abonar desde el día 4 al 15 de la baja laboral. Al tener una obligación de colaboración con la gestión de la Seguridad Social, debido al pago delegado, deberá abonar mensualmente el importe total del subsidio del trabajador, descontando posteriormente de las cuotas que deba ingresar el subsidio que ha abonado a partir del decimosexto día.
En los casos de accidente laboral o enfermedad profesional el subsidio se abonará desde el día siguiente al de la baja, y el empresario deberá abonar el salario integro correspondiente al día de la baja laboral.
Existen unos supuestos en los que el INSS, el ISM, la Mutua de AT y EP o empresas autorizadas que lo gestionen abonan la prestación de IT directamente sin recurrir al pago delegado:
Incumplimiento de la obligación de pago delegado por el empleador.
Exclusión de entidades y organismos de pago delegado.
Solicitudes de empresas de menos de 10 trabajadores que abonen más de 6 meses consecutivos el subsidio.
Extinción de la relación laboral en situación de IT del trabajador.
Cese voluntario en la empresa o extinción del periodo de percepción de desempleo y continuación de la situación de IT.
Representantes de comercio, profesionales taurinos o artistas (si la duración del contrato para estos últimos no excede de 30 días).
Alta médica por informe de perceptores de la prestación por desempleo.
Conclusión de la IT y del plazo máximo hasta la calificación de Incapacidad Permanente.
Por agotar la prestación de IT pasando a prorroga de IT (salvo que se estuviera percibiendo la prestación contributiva por desempleo en cuyo caso la prestación la abonaría el Servicio Publico de Empleo hasta agotamiento del mismo)
Iniciación de Incapacidad permanente tras resolución de Entidad gestora.
¿En qué situaciones puedo encontrarme dentro del proceso de Incapacidad temporal?
¿Qué ocurre si un trabajador se encuentra en situación de desempleo y se encuentra en le desarrolla una situación de incapacidad temporal?
De forma genérica no se amplía la prestación por desempleo. Las cotizaciones a la Seguridad Social las realizará la Entidad que gestione las prestaciones por desempleo. Se pueden producir modificaciones en la cuantía que se perciba tras agotarse el periodo de desempleo.
La cuantía que percibirá será igual a la prestación por desempleo tanto si se trata de una recaída de de un proceso que se inicio cuando estaba vigente el contrato de trabajo como si se trata de un nuevo proceso, pero en el primer caso si continua la situación de IT después de agotarse el periodo de desempleo percibirá la prestación por IT en la cuantía de desempleo que venía percibiendo, mientras que en el caso de un nuevo proceso, si continua la IT tras agotarse el periodo de desempleo percibirá la prestación por IT en cuantía igual al 80% del IPREM mensual, excluida la parte proporcional de pagas extraordinarias
¿Qué ocurre si durante una situación de Incapacidad Temporal se encuentra un trabajador en situación de desempleo por extinción de su contrato laboral?
Las diferencias que puedan surgir dependen de las contingencias que motiven la Incapacidad Temporal.
Incapacidad temporal derivada de contingencias comunes( enfermedad común o accidente no laboral). Pasara a la situación legal de desempleo si reúne los requisitos para ello percibiendo la cuantía que le corresponda por esta prestación y descontando las cantidades percibidas por la situación de IT desde la extinción del contrato
Incapacidad temporal por contingencias profesionales (accidente laboral o enfermedad profesional) . Mantendrá la situación de IT cobrando la misma cuantía que tuviera reconocida y posteriormente podrá solicitar la prestación por desempleo si cumple los requisitos necesarios para ello.
¿En qué casos me pueden retirar la prestación por IT?
Se puede anular, denegar o suspender la prestación en los casos en que se realice una actividad laboral por cuenta propia ajena ,se realice una actuación fraudulenta del beneficiario para mantener la prestación o sin tener una causa razonable se abandone el tratamiento prescrito y no se respeten las obligaciones de entrega de
¿En qué casos finaliza la prestación por IT?
- Se produzca el alta médica del trabajador, con o sin declaración de Incapacidad Permanente.
- Concluya la situación de IT.
- Reconocimiento de una pensión de jubilación para el beneficiario de la IT.
- Incomparecencia injustificada para reconocimientos y exámenes establecidos por los Médicos del INSS o la Mutua.
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