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Timestamp: 2019-09-16 15:08:22+00:00

Document:
David Cajamalqui.- Auto de Vista de Medida Cautelar de No Innovar | Injunction | Procedural Law
El Juez Mixto de la Oroya, en sus numerosas resoluciones judiciales, no esta debidamente motivadas, del cual incurre en los Principios y derechos del órgano jurisdiccionales, Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y La Ley de Carrera Judicial, magistrados de este tipo, no merecen estar en el poder Judicial, además retarda el proceso judicial y asimismo no administra justicia conforme a las normas legales y las jurisprudencias de carácter precedente y vinculante de la Corte Suprema.
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Comentarios en Materia Penal y Procesal Penal
Medidas Cautelares Otras Medidas
Relator: LIZARDO CANCHAN PUCUHUAYLA
Fecha: 01/02/2019 10:56:18
Razon: CEDULA ELECTRONICA
D.Judicial: JUNIN/TARMA
PODER JUDICIAL DEL PERU 01/02/2019 10:56:18
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CEDULA ELECTRONICA Pag 1 de 1
Número de Digitalización
SEDE SALA DE TARMA (Jr. Lima Nro. 501- Tarma)
0000003604-2019-ANX-SP-LA
*420190002632019000031509324052*
420190002632019000031509324052805
NOTIFICACION N° 263-2019-SP-LA
EXPEDIENTE 00003-2019-52-1509-SP-LA-01 SALA SALA MIXTA DE TARMA -Sede Sala de Tarma
RELATOR SECRETARIO DE SALA SANTOS VILLALBA CRYZZY VANESA
ESPINOZA MILLAN CARMEN ELIZABETH TRADICIONAL
MATERIA RECONOCIMIENTO O RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LA
DEMANDANTE : CAJAMALQUI PANTOJA, MIGUEL DAVID
DEMANDADO : PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL ,
DESTINATARIO CAJAMALQUI PANTOJA MIGUEL DAVID
DIRECCION : Dirección Electrónica - N° 5707
Se adjunta Resolución CUATRO de fecha 31/01/2019 a Fjs : 6
Fecha: 31/01/2019 18:27:57
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
Sala Superior Mixta Descentralizada - Tarma
Jirón Lima Nº. 510 teléfono (064) 323326
AUTO DE VISTA N° 2019-LA/SMDT/CSJJ/PJ
Sumilla: “La motivación de la
resoluciones Judiciales, permite
conocer a las partes del proceso,
las razones lógicas que esgrime
el Juez para tomar una
determinada decisión judicial;
garantizando de esa manera la
imparcialidad en la función
jurisdiccional”
SALA MIXTA DE TARMA -Sede Sala de Tarma
EXPEDIENTE : 00003-2019-52-1509-SP-LA-01
MATERIA : RECONOCIMIENTO O RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RELATOR : CANCHAN PUCUHUAYLA LIZARDO MARINO
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA ,
PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL ,
Tarma, veintinueve de enero del dos mil diecinueve.-
VISTOS: La causa en audiencia pública, y producida la votación respectiva, se emite la resolución
1.1. Viene en grado de apelación el auto contenido en la resolución número uno, de fecha
treinta de noviembre del dos mil dieciocho, corriente a folios 73/75, que resuelve: Declarar
IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de no innovar, presentada por el demandante
MIGUEL DAVID CAJAMALQUI PANTOJA contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA
OROYA; en consecuencia ARCHIVESE la misma donde corresponda, CONSENTIDA o
EJECUTORIADA que se la presente resolución.
Fundamentos del Recurso de Apelación
1.2 Interpone recurso de apelación, los abogados de Miguel David Cajamilca Pantoja, en
calidad de solicitante cautelar, mediante escrito obrante a folios 83/89, con la pretensión recursal
que se revoque la resolución venida en grado, para tal efecto alega los siguientes agravios que se
resumen en lo siguiente:
i. El Juez indica, no haberse acreditado que el recurrente haya ingresado por concurso
público, para protegerlo con la posibilidad de su despido; este argumento es erróneo;
puesto que al revisarse la demanda entre uno de sus pedidos, se tiene la inclusión en
planilla dentro del D.L. 728, para lo cual no es necesario acreditar concurso. También
indica el apelante el haber acreditado la verosimilitud del derecho, porque sus funciones
laborales tienen la calidad de obrero municipal, perteneciente al régimen de actividad
privada, respaldado por el II Pleno Jurisdiccional Nacional en Materia Laboral; y además,
por haber presentado los contratos de trabajo que demuestran la continuidad en el puesto
por un periodo mayor al periodo de prueba laboral.
ii. El peligro en la demora se ha acreditado con los contratos que se acompañan, los cuales
demuestran que el recurrente tiene con su último contrato una labor temporal, cuyo
vencimiento se va a dar durante el transcurso del presente proceso, provocando ello, un
daño irreparable, pues al finalizar el mencionado contrato vigente, existe la posibilidad de
que el empleador en represalia por la presente demanda tome la decisión de no renovar
el contrato, poniendo a disposición la plaza laboral que ocupa; por lo que se daría el
despido, afectando de esa manera lo percibido como remuneración, cuyo carácter es
alimentario. También el hecho que al verse despedido, el recurrente debe realizar una
nueva demanda ante el Poder Judicial a fin de obtener una reposición laboral,
afectándolo irreparablemente no solo en su economía, sino también en su moral, y a la
vez familiar su familiar.
iii. El Juez es erróneo al suponer que ante la finalización del contrato laboral del recurrente,
el empleador pueda prolongarlo su contrato al someterlo a una evaluación de méritos;
puesto que el Juzgador debe buscar proteger al trabajador, y no poniéndolo en riesgo
basándose en suposiciones, pues estaría vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva y su
deber de administrar justicia.
Fundamentos de la resolución venida en grado:
I.3 El Juez, argumenta jurídicamente la resolución apelada, expresando lo siguiente:
“No se acredita la verosimilitud del derecho que se invoca, dado que su vinculación
laboral se mantiene en la actualidad. El trabajador no ha demostrado con documentos
necesarios, la verosimilitud o amenaza cierta e inminente de que vaya a ser despedido y
de otro lado no se acredita que haya ingresado a la institución mediante concurso público
de méritos para tenerse la certeza de que debería ser protegido contra a posibilidad del
despido. No presenta peligro en la demora, toda vez que no acredita con prueba alguna
que podría ser despedido de manera arbitraria; por otro lado, existe la posibilidad de que
se prolongue su contratación sometido a evaluación de méritos Que si bien la demanda
principal tiene como fin determinar si en aplicación del principio de la primacía de la
realidad, la prestación de servicios en virtud de contratos civiles y contratos de
administración de servicios pueden ser considerados como un contrato de trabajo de
duración indeterminada; en la presente medida cautelar, no se necesita necesariamente
acreditar lo que se va demostrar en un proceso lato; no obstante se requiere establecer la
apariencia del derecho invocado a través de los medios probatorios que se adjunta”
I. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO
2.1. Las Medidas Cautelares, se caracterizan por su autonomía (artículo 635° del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de actuados), es decir, son procesos autónomos,
en su vía procedimental, en sus requisitos de forma y fondo, y en su ejecución; y entre la
diversidad de las Medidas Cautelares, atendiendo a la pretensión cautelar del presente caso, se
encuentra la Medida Innovativa, regulado en el artículo 40° del Texto Único Ordenado del
Proceso Contencioso Administrativo, concordante con el artículo 687° del Código Procesal Civil,
de aplicación supletoria al caso de actuados, cuya ejecución, se dirige a conservar un estado de
hecho o de derecho; ésta medida es excepcional (caso que no haya otra prescrita en la ley) y
actúa, ante la inminencia de un perjuicio irreparable; y para proceder su petición, deben revisarse
los requisitos y presupuestos, establecidos en el artículo 610° y 611° de la citada norma procesal
2.2. El presupuesto cautelar, denominado, “La Verosimilitud del Derecho Invocado”, también
llamado derecho aparente, no constituye una precisión del acto y/o derecho violatorio, pero si,
constituye una existencia posible del derecho o acto, que se estaría configurando y
presumiblemente transgrediendo; la autora Marianella Ledesma Narváez, respecto a este tema,
señala “Cuando nos referimos a la Verosimilitud del Derecho, tenemos que considerar a lo
aparente, esto es, a la probable existencia de un derecho, del cual se pide o se pedirá, tutela en el
proceso principal”1.
2.3. El presupuesto cautelar denominado “Peligro en la Demora”, constituye la necesidad de
amparar la medida cautelar, en la presunción de que, por el transcurso del tiempo, no se pueda
alcanzar el éxito deseado, ya sea porque el derecho o hecho ha desaparecido o porque el tiempo
ha sido tan prolongado que el resultado se ha desvanecido.
2.4. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que forma parte del contenido
del derecho al debido proceso, es una garantía constitucional, prevista en el artículo 139°, inciso
5 de nuestra Constitución Política, que constituye, un conjunto de racionamientos lógicos, que
contienen, fundamentos facticos o de hechos y fundamentos normativos, realizados por el
Juzgador, para sustentar su decisión. El Tribunal Constitucional, en el expediente N° 1480-2006-
AA/TC, refiriendo al derecho a la debida motivación de las resoluciones, precisa “(…) el derecho a
la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen
las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas
razones (…) deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de
los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por jueces ordinarios”
2.4 El Tribunal Constitucional, a partir del caso “Llamoja” Expediente 00728-2008-PHC/TC,
del 13 de octubre del 2008, ha delimitado el derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales, con los siguientes supuestos: a) Inexistencia de Motivación o Motivación Aparente. b)
Falta de Motivación Interna del Razonamiento c) Deficiencias en la Motivación Externa;
Justificación de las Premisas; d) La Motivación Insuficiente; e) La motivación Sustancialmente
Incongruente y f) Motivaciones Cualificadas. Entre las citadas motivaciones, tenemos
textualmente entre ellas:
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una
decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente,
en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde
a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato,
amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.
1 Libro “Comentarios al Código Procesal Civil” Tomo 2- Pag. 426- Autor: Marianella Ledesma Narvaez – 3ra Educación ion 2011
b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos
internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una
inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado,
cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso
incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos
casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos
utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o
desde su coherencia narrativa.
e) La motivación sustancialmente congruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a
los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en
que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviación que supongan modificación o alteración del
debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal
incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación,
es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desvíar la decisión del marco del debate judicial
generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la
motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción
democratizadora del proceso como la q e se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139°, incisos 3
y 5), resta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta
razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de
congruencia procesal exige q el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita,
altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.
2.5. Del escrito cautelar obrante a folios 64/72, don Miguel David Cajamalqui Pantoja, solicita
la Medida Cautelar de No Innovativa, a fin de que se mantenga la situación de hecho y de
derecho, la plaza de Guardián del estadio ex I.P.D. de la Municipalidad Provincial de Yauli – La
Oroya, mientras dure el proceso ordinario laboral contenido en el expediente N° 135-2018. El
solicitante, fundamenta la verosimilitud de su derecho, el haber laborado de forma permanente en
el cargo de guardián a favor de la citada institución pública, desde el 08 de junio del 2015, a
través de contratos laborales específicos y contratos administrativos de servicios, los cuales se
habrían desnaturalizado por haber seguido laborando después de haber vencido los contratos
modales; motivo que le ha permitido interponer una demanda por desnaturalización de contrato.
También fundamenta su peligro en la demora, refiriendo que la tardía del trámite del proceso,
provocaría que la plaza laboral sea cubierta por otra persona, lo cual lo dejaría sin trabajado y
consecuentemente sin remuneración. Y sobre el peligro inminente argumenta que su último
contrato de C.A.S. vence el 31 de diciembre del 2018, y la institución pública en vista de la
interposición de la demanda, pretendería dar por terminado el contrato aduciendo la naturaleza
2.6. De lo expuesto podemos extraer, que el fin la pretensión cautelar, es que el solicitante
siga laborando en su cargo de guardián del estadio ex I.P.D. de la Municipalidad Provincial de
Yauli – La Oroya, hasta que se resuelva su proceso laboral de desnaturalización de contratos;
además, porque el último contrato C.A.S. suscrito con la entidad pública emplazada, fenece el 31
de diciembre del 2018; sin embargo, el Juez al resolver el pedido cautelar, respecto al
presupuesto de verosimilitud refiere que el solicitante sigue trabajando, y que además, no ingreso
por concurso, es más, que no acredita el ser despido arbitrariamente por la naturaleza de su
contrato C.A.S.; acotando, que al terminar el periodo de contrato laboral del solicitante, este
tendría la posibilidad de ser nuevamente contratado. Es decir, que lo argumentado por el Juez, no
tiene un nexo lógico, con lo alegado por el solicitante cautelar; puesto que, el Juez debió analizar
la premisa fáctica y jurídica del solicitante, que es, que actualmente, tiene un proceso laboral de
desnaturalización de contratos, conforme se puede apreciar de folios 02/20, por lo que debió
atender, si la pretensión de la demanda enviste de una posible existencia de derecho laboral, en
la probabilidad que los contratos laborales modales del actor sean desnaturalizados o no, siempre
atendiendo al Principio Tuitivo del Trabajador; sin embargo, contrario a ello, el Juzgador
solamente refiere que el solicitante aun mantiene vinculo laboral con la entidad pública y que por
lo tanto no hay verosimilitud de del derecho, razones que devienen de ilógico, dando lugar a la
existencia de una “motivación sustancialmente incongruente”, ya que, los motivos facticos
formulados por el solicitante, difieren de los fundamentos resueltos por el Juez; por lo que el
presupuesto de “verosimilitud del derecho” que se exige en la procedencia de la medida cautelar;
no estaría debidamente, argumentado.
2.7. También podemos verificar de la resolución venida en grado, que el Juez ha realizado
una “motivación aparente”, porque no ha respondido a la premisa fáctica y jurídica, de que el
solicitante ha interpuesto una demanda laboral de desnaturalización de contratos, tal como se
aprecia de folios 02/20; por el contrario, el Juzgador solamente se pronuncia en mencionar, que el
trabajador no ha ingresado por concurso público, premisa jurídica que puede ser errónea, puesto
que también, hay la posibilidad de que los contratos laborales de modalidad de servicios
específicos pueden desnaturalizarse conforme al artículo 77° del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 728; claro está, que la dilucidad de estas premisas jurídicas y fácticas, se
verán en el proceso principal; no obstante hasta que valoren, el Juez en esta medida cautelar ha
debido atender la premisa fáctica y jurídica expuesta por el solicitante, y no, argumentar otra
premisa. Este error de motivación, igualmente es advertido, cuando el Juez argumenta que no se
ha acreditado una amenaza inminente; lo cual es incoherente, ya que, el solicitante cautelar a
acompañado el contrato C.A.S. N° 052-2018-MPYO/GA-URH corriente a folios 52, del cual se
aprecia que la fecha de vencimiento es el 31 de diciembre 2018, y que posterior a dicha fecha, la
amenaza inminente e irrevocable, es que la entidad pública emplazada de por terminado su
contrato laboral, y por no dejarlo ingresar, lo que originaria que no perciba remuneración,
afectando de esta manera su sobrevivencia y la de su familia
2.8. De igual manera, podemos apreciar la existencia de una “falta de motivación interna en
el razonamiento” dirigido a una falta de incoherencia narrativa; ya que, el Juez en su sexto
considerando argumenta que el solicitante cautelar no ha presentado prueba idónea que justifique
en peligro en la demora; sin embargo, en el literal b) del tercer considerando de la misma
resolución, indica, que el peligro en la demora requiere que sea justificado, mas no probado. Es
decir en un considerando dice que el presupuesto de peligro en la demora no debe ser probado, y
en otro considerando, dice que si debe ser probado; argumentos que muestran que el Juez ha
tenido narraciones incoherentes en el desarrollo de su lógica en referencia a las premisas
presentadas por el solicitante cautelar; en vez de ello, el Juez debió desarrollar el peligro en la
demora, atendiendo, que si estando pendiente el trámite del proceso principal (sobre
desnaturalización de contratos laborales), este crearía una prolongación de tiempo, que
desvanecería el derecho laboral del solicitante cautelar, tanto más, si el último contrato laboral
suscrito por el recurrente, vence el 31 de diciembre del 2018.
2.9. Por todo lo expuesto tenemos que el juez ha incurrido en falta de motivación de la
resolución judicial, garantía de la función jurisdiccional, al no haber desarrollado todas las
premisas fácticas y jurídicas, en atención a los presupuestos de las medidas cautelares; por tal
motivo, de conformidad a lo previsto en los artículos 171° y 176° del Código Procesal Civil, que
establece que: “los jueces solo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante
resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda”, debe declararse
nula la resolución venida en grado, y disponerse que el Juez renueve el acto, con el análisis de
los fundamentos de la petición cautelar y sus medios probatorios que acompaña.
III. DECISIÓN DEL COLEGIADO
Por estas consideraciones el Colegiado Superior de la Sala Mixta Descentralizada de Tarma,
RESUELVE: DECLARARON NULO el auto contenido en la resolución número uno, de fecha
EJECUTORIADA que se la presente resolución. DISPUSIERON que el Juez, emita nueva
resolución atendiendo los considerandos de la presente resolución. Y los devolvieron,
NOTIFÍQUESE. Juez Superior Ponente Sr. Eduardo Torres Gonzales.
Torres Gonzales.
Quispe Paricahua.
Tafur Fuentes
Cuaderno de Juzgado N° 0135-2018-52-1510-JM—LA-01
Juzgado Mixto de Yauli La Oroya
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