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Timestamp: 2020-07-11 10:54:39+00:00

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﻿ SENTENCIA C-475 DE SEPTIEMBRE 25 DE 1997
SENTENCIA C-475 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:DECLARA EXEQUIBLE, POR LAS RAZONES EXPRESADAS EN LA PROVIDENCIA, EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 139 DEL DECRETO 2700 DE 1991. (DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.)
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, DERECHO DE DEFENSA, PROCEDIMIENTO PENAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
Sentencia C-475 de septiembre 25 de 1997
Ref.: Expediente D-1630
Actores: Roberto Lobelo Villamizar y Manuel Fernando Moya Vargas.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 139 (parcial), 321 (parcial) y 324 (parcial) del Decreto 2700 de 1991, “Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal”.
Temas: Debido proceso y derecho de defensa. Derechos absolutas. Ponderación de derechos constitucionales. Juicio de proporcionalidad. Versión preliminar e indagatoria.
(Noviembre 30).
en uso de las facultades que le confiere el literal a) del artículo transitorio 5º, del capítulo 1º de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por la comisión legislativa,
ART. 139.—Vigencia y oportunidad del nombramiento de defensor. El nombramiento de defensor, hecho desde la indagatoria o en cualquier otro momento posterior, se entenderá hasta la finalización del proceso.
ART. 324.—Modificado por la Ley 81 de 1993, artículo 41. Duración de la investigación previa y derecho de defensa. La investigación previa cuando existe imputado conocido se realizará en el término máximo de dos meses vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de investigación o resolución inhibitoria.
2. Las tres normas impugnadas se ocupan de regular el momento a partir del cual una persona, cuya conducta está siendo penalmente investigada, tiene el derecho de conocer las respectivas diligencias y asumir plenamente su defensa. Sin embargo, mientras el artículo 139 se refiere a la vigencia y oportunidad del nombramiento de defensor durante el proceso - indicando que procede una vez la persona ha sido legalmente vinculada -, los artículos 321 y 324 aluden al derecho de defensa en la etapa pre-procesal, denominada “investigación previa".
Tanto el Fiscal General de la Nación, como el Procurador General de la Nación, se oponen a las pretensiones de la demanda. En su criterio, el derecho de defensa (C.P. art. 29), al igual que los restantes derechos constitucionales fundamentales, admite restricciones, siempre que éstas resulten razonables y proporcionadas. Indican que en el proceso penal el derecho al debido proceso de la persona investigada no es el único bien que debe defenderse, pues adicionalmente está de por medio, entre otros, el derecho a la justicia, que no es otra cosa que el derecho a la verdad y la protección de los derechos que resultaron violados o amenazados con la acción criminal. Opinan que supeditar el derecho de defensa a la realización de las diligencias de que tratan las normas demandadas, es una restricción justificada que tiende a la racionalización de las distintas etapas de la investigación. Con tal regulación se garantiza que, sólo respecto de quien tiene un legítimo interés, - lo que se avala mediante las mencionadas dligencias -, se pueda levantar la reserva que debe existir para asegurar la eficacia de la acción punitiva del Estado.
Si el sistema constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados sería necesario admitir (1) que se trata de derechos que no se oponen entre sí, pues de otra manera sería imposible predicar que todos ellos gozan de jerarquía superior o de supremacía en relación con los otros; (2) que todos los poderes del Estado, deben garantizar el alcance pleno de cada uno de los derechos, en cuyo caso, lo único que podría hacer el poder legislativo, sería reproducir en una norma legal la disposición constitucional que consagra el derecho fundamental, para insertarlo de manera explícita en el sistema de derecho legislado. En efecto, de ser los derechos “absolutos”, el legislador no estaría autorizado para restringirlos o regularlos en nombre de otros bienes, derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Para que esta última consecuencia pueda cumplirse se requeriría, necesariamente, que las disposiciones normativas que consagran los “derechos absolutos" tuviesen un alcance y significado claro y unívoco, de maera tal que constituyeran la premisa mayor del silogismo lógico deductivo que habría de formular el operador del derecho.
Sin embargo, el sistema constitucional se compone de una serie de derechos fundamentales que se confrontan entre sí. Ello, no sólo porque se trata de derechos que han surgido históricamente como consecuencia de la aparición de valores contrarios, sino porque, incluso, los que responden a sistemas axiológicos “uniformes" pueden verse enfrentados o resultar opuestos a objetivos colectivos de la mayor importancia constitucional. Así, para solo mencionar algunos ejemplos, el derecho a la libertad de expresión (C.P. art. 20) se encuentra limitado por el derecho a la honra (C.P. art. 21), al buen nombre y a la intimidad (C.P. art. 15) y viceversa ; el derecho de asociación sindical no se extiende a los miembros de la fuerza pública (C.P. art. 39); el derecho de huelga se restringe en nombre de los derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales (C.P. art. 56); el derecho de petición esta limitado por la reserva de ciertos documentos para proteger intereses constitucionalmente valiosos (C.P. art. 23 y74) ; el derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra limitado por “los derechos de los demás y el orden jurídico" (C.P. art. 16), etc.
No obstante, a pesar de los múltiples conflictos que, como los antes mencionados, son de común ocurrencia entre los derechos fundamentales o entre éstos e intereses constitucionalmente protegidos, resulta que la Constitución no diseñó un rígido sistema jerárquico ni señaló las circunstancias concretas en las cuales unos han de primar sobre los otros. Sólo en algunas circunstancias excepcionales surgen implícitamente reglas de precedencia a partir de la consagración de normas constitucionales que no pueden ser reguladas ni restringidas por el legislador o por cualquier otro órgano público. Son ejemplo de este tipo de reglas excepcionales, la prohibición de la pena de muerte (C.P. art. 11), la proscripción de la tortura (C.P. art. 12) o el principio de legalidad de la pena (C.P. art. 29). Ciertamente, estas reglas no están sometidas a ponderación alguna, pues no contienen parámetros de actuación a los cuales deben someterse los poderes públicos. Se trata, por el contrario, de normas jurídicas que deben ser apliadas directamente y que desplazan del ordenamiento cualquiera otra que les resulte contraria o que pretenda limitarlas.
"Los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles1".
Frente a la tensión entre el derecho de defensa y el derecho a la justicia - a reconocer la verdad de los hechos reprochables, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables -, no existe ninguna razón constitucional para sostener que el primero tenga primacía sobre el segundo o viceversa. En efecto, si los derechos de las víctimas tuvieren preeminencia absoluta sobre cualesquiera otros, podría desprotegerse al inculpado hasta el punto de desconocer la presunción de inocencia, y privar de libertad al sujeto mientras no se demuestre su inocencia. Sin embargo, si los derechos del procesado - como el derecho de defensa - tuvieren primacía absoluta, no podría establecerse un término definitivo para acometer la defensa, ni restringirse la oportunidad para practicar o controvertir las pruebas, ni negarse la práctica de pruebas inconducentes cuando hubieren sido solicitadas por el procesado, etc. Predicar la supremacía irresistible del derecho de defensa equivaldría, en suma, a someter al proceso a las decisones del procesado.
En síntesis, como la concepción “absolutista" de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica.
5. Si bien la versión libre y espontánea y la declaración indagatoria constituyen fundamentalmente medios de defensa del imputado, lo cierto es que imponerlos como condición para acceder a las diligencias practicadas en la investigación penal, tiene una doble implicación restrictiva. En primer lugar, puede acontecer que una estrategia de defensa consista en omitir, al menos en un primer momento, la versión libre y espontánea. No obstante, a la luz de las normas demandadas, ello acarrearía que el sujeto no tendría derecho a nombrar apoderado para que lo represente, además de no poder acceder a las diligencias practicadas, lo que sólo podría hacer a raíz de su posterior vinculación mediante la indagatoria o la declaración de persona ausente. En consecuencia, el legislador restringe las posibilidades de defensa al preferir, en esta primera parte de la investigación, la alternativa de rendir la versión libre sobre otras que podrían resultar más ajustadas a los intereses de la persona investigada. En segundo lugar podría sostenerse que el ejercicio del derecho de defensa es más efectivo si, antes de rendir la versión libre o la declaración de indagatoria, el implicado conoce las diligencias practicadas. A todo lo anterior, podría añadirse que omitir el requisito consagrado en las normas estudiadas no equivale a levantar de manera general la reserva de la investigación, pues el Estado se limitaría a hacerlo exclusivamente en relación con el sujeto respecto del cual podría recaer una imputación penal, para que este o su apoderado accedieran a las diligencias y decidieran, con arreglo a la estrategia de defensa seleccionada, si se someten y en qué momento, a la diligencia de versión preliminar o de indagatoria.
7. Sin embargo, como lo ha señalado la Corte, el juicio de proporcionalidad entre el fin perseguido por la norma y los medios escogidos, “tiene en cuenta no sólo la necesidad y la adecuación de estos últimos al primero, sino además la existencia de otros medios alternativos que, siendo menos gravosos de intereses o bienes jurídicos legítimos, podrían lograr igual cometido"2. En consecuencia, resta determinar si la alternativa propuesta por los demandantes, consistente en permitir el acceso directo del imputado al expediente, sin condicionarlo a la práctica de la versión libre o de la indagatoria, alcanza el mismo resultado que el que se logra mediante los condicionamientos estudiados, en cuyo caso estos serían inconstitucionales por restringir innecesariamente el derecho de defensa.
Suprimir la condición estudiada para permitir que el procesado acceda directamente al expediente, tendría como resultado aumentar las virtuales estrategias de defensa del implicado, lo que significa un mayor alcance del derecho de defensa. Sin embargo, sustrae a la versión libre o a la indagatoria ulterior la característica de “espontaneidad" y con ello limita las posibilidades de acceso a la verdad e, incluso, puede restarle impacto y credibilidad a la versión del imputado. Esta virtual consecuencia puede operar en contra del investigado que habría de resultar favorecido por el mayor grado de credibilidad que merece una versión espontánea respecto de aquella que puede ameritar una declaración previamente elaborada. La finalidad de patrocinar la verdad y aumentar la credibilidad de la versión para garantizar, en primer lugar, un alcance mayor del derecho de defensa, en segundo término, el costo innecesario de vincular a una persona cuya versión espontánea tendría la virtualidad de liberarlo de responsabilidady, por último, la reserva del expediente, - pues con ello se garantiza que sólo la persona contra la cual existen indicios que no pudieron ser desvirtuados por esa primera versión pueda acceder a este, no se alcanza si se permitiere el acceso directo al expediente.
8. Dado que la declaración libre y la indagatoria son, ante todo, medios de defensa, el legislador - que ha considerado que deben practicarse antes de que el imputado tenga acceso al expediente, las ha recubierto de una serie de garantías que aseguran que su práctica no afecte el derecho que dicen defender.
El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda persona hasta el momento en que se la condene en virtud de una sentencia en firme, se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando las pruebas respectivas3".
Adicionalmente, en el desarrollo de las diligencias deben respetarse una serie de garantías procesales que aseguran la guarda del derecho de defensa. En efecto, la Corte ha indicado que en todas las circunstancias el imputado debe ser asistido por un defensor calificado4. Durante la diligencia, el procesado debe ser plenamente advertido sobre todos los delitos que se le imputan y las pruebas que reposan en su contra. Goza del derecho al silencio, a no declarar contra sí mismo e incluso puede optar por faltar a la verdad sin que sea sancionado por ello, pues tiene el derecho a no ser juramentado. Si llegare a formularse un interrogatorio, el funcionario judicial debe realizar preguntas claras y unívocas, no puede hacer preguntas sugestivas o capciosas, ni realizar promesas o presiones, directas o indirectas, para inducir una respuesta predeterminada. Adicionalmente, el imputado puede decir todo aquello que considere útil o conducente para su defensa y los funcionarios judiciales deben hacer constar todo lo dico, en un acta que habrá de ser firmada por el propio imputado y por su apoderado.
Para poder realizar el juicio de constitucionalidad planteado, es condición necesaria estudiar las normas que consagran los derechos procesales de las víctimas del delito. Según el Código de Procedimiento Penal (art. 45), la parte civil no puede constituirse - y, por lo tanto, participar - en la investigación previa. No obstante, si quien tiene interés para constituirse en parte civil denuncia el hecho punible, puede, por ese hecho, solicitar la revocación de la resolución inhibitoria (C.P.P. art. 328), apelar la decisión ante el superior del funcionario que la produjo, nombrar apoderado y conocer, a partir de entonces, las diligencias practicadas (C.P.P. art. 327). Ahora bien, esto sólo puede hacerlo al finalizar la investigación previa y siempre que hubiere denunciado el hecho. Sin embargo, la ley procesal penal le otorga al imputado la facultad de acceder al expediente con antelación, para que conozca las pruebas practicadas y para que asuma la defensa plena de sus intereses. La norma exige, sin embargo, qe se rinda versión libre, lo que se reitera no parece una carga desproporcionada. En estas condiciones, no encuentra la Corte que haya un trato que beneficie a la víctima del delito respecto de la persona sobre la cual recae la imputación penal, afectando el derecho de defensa de esta última. Ciertamente, las dos partes pueden participar en igualdad de condiciones en el cierre de la investigación previa, siempre que la persona afectada por el hecho criminal hubiere denunciado el delito y que el sujeto implicado rinda versión libre, lo que no compromete ninguna norma constitucional.
1. Declarar EXEQUIBLE, por las razones expresadas en la providencia, el inciso segundo del artículo 139 del Decreto 2700 de 1991.
2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “que rindió versión preliminar" del artículo 321 del Decreto 2700 de 1991.

References: ARTÍCULO 139
 artículo 41
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 139
 artículo 321