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Timestamp: 2018-12-14 17:51:00+00:00

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Gestion Comunitaria de Foresteria - bases de la te...
Gestión colectiva de la forestería: bases de la gobernabilidad comunitaria
Septiembre 2009 Edición No. 1
Contexto Hacia una gestión exitosa de la FC Territorialidad: recreación del sujeto político de identidad colectiva Institucionalidad: una gestión intercultural Cultura económica sistémica Cadena de producción forestal Gestión del Conocimiento Literatura de referencia
Boletín de Políticas
Gestión colectiva de la forestería: bases de la gobernabilidad comunitaria1
1. Seguridad territorial y autodeterminación 2. Recreación de las instituciones de manejo tradicional y administración del territorio 3. Planificación de los usos del territorio, ordenamiento y zonificación histórica La abundancia de los recursos forestales en los territorios indígenas ha acentuado la presión de la industria maderera sobre la explotación y comercialización de los mismos. Con ello se han incrementado los conflictos entre las comunidades autóctonas, asi como con las poblaciones de inmigrantes mestizos que buscan tierras para el desarrollo de la agricultura en una primera etapa de uso y para la expansión de la práctica de la ganadería en un etapa ulterior. De acuerdo con el informe de GFA-Terra System y GTZ (2008), entre 1999 y 2005 el cambio en el uso del suelo afectó a 353,519 hectáreas en la RAAN, lo cual ha representando una pérdida del 2.6% de la cobertura vegetal boscosa de la región. En el año 2002 se aprobó la Ley 4452, un instrumento normativo para demarcar y titular los territorios indígenas y étnicos en las regiones autónomas, estableciendo las bases para la administración de los territorios y los recursos naturales por parte de las comunidades. Esta ley reconoce la legalidad de la institucionalidad tradicional y los mecanismos mediante los cuales las comunidades mantienen, en el marco de sus costumbres y tradiciones, los procesos de elección de sus autoridades y representantes, así como el funcionamiento de sus organizaciones endógenas. Desde el año 1987 y con base en el “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”, se han hecho importantes esfuerzos por demarcar y titular
Los actuales esfuerzos de las autoridades de gobierno y de la cooperación internacional están orientándose a fortalecer las capacidades comunitarias de manejo de los recursos forestales en las regiones autónomas de Nicaragua. Esto representa un esfuerzo sin precedentes en la inversión de capacidades técnicas, tecnológicas y financieras. Las iniciativas intersectoriales de forestería comunitaria (FC) intentan mejorar las capacidades de aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque. Las tendencias de los recursos forestales en Nicaragua evidencian un acelerado deterioro de la cobertura forestal, especialmente en las regiones autónomas de la costa Caribe. Más del 70% de los bosques existentes en el país se ubican en las regiones autónomas de la costa Caribe (Thorslund, 2003), en territorios históricamente demandados y defendidos por los pueblos indígenas y afro-descendientes, con énfasis en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), donde los bosques representan el 42% de la cobertura boscosa del país.
Escrito por Jadder Mendoza-Lewis.
Se trata de la “Ley del Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de las Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”.
territorios en dichas regiones3. Sin embargo, los avances en la recreación de la instituciones endógenas de gestión comunitaria territorial han sido muy pocos. Al mismo tiempo, se ha evidenciado una complejidad política que pone en riesgo los fundamentos consuetudinarios comunitarios para el manejo de los recursos naturales y la administración del territorio bajo los principios de autodeterminación y consentimiento libre previo informado. Es necesario establecer como premisa que los derechos territoriales de las comunidades de la costa Caribe, así como sus derechos políticos de autogobierno han sido aceptados por Nicaragua antes de la incorporación o anexión de la Moskitia en 1864. Todos ellos han sido objeto de acuerdos internacionales entre Nicaragua e Inglaterra en 1864, 1894 y 1905. También han recibido el reconocimiento constitucional por parte del estado nicaragüense en 1987, cuando se legalizó la autonomía y se creó el mandato constitucional que dio lugar a la Ley 445. La falta de voluntad política del estado nicaragüense para reconocer e implementar los derechos de usufructo, uso, goce y disfrute de las aguas, mares y tierras por parte de las comunidades, ha quedado en evidencia a lo largo de la historia. El estado ha mantenido relaciones comerciales con transnacionales madereras, sobre todo después del proceso de titulación Harrison-Altamirano en 1905. Pero también ha impulsado proyectos nacionales orientados a legitimar las políticas de nacionalización de tierras y el control de los recursos forestales. Entre tales programas figuran los siguientes: • Proyecto Forestal del Noreste (PFNE). Administrado por el Instituto de Fomento Nacional (INFONAC) y contando con el financiamiento de la FAO, impulsó la reforestación de pinares en zonas comunitarias, con poco o ningún acuerdo sobre derechos territoriales. Creó una alta oferta de empleos en acciones de reforestación y manejo de plantaciones.
Proyecto Forestal de Nicaragua Sociedad Anónima (PROFONICSA). Fue promovido con el interés de establecer el aprovechamiento forestal en el sector de Kukalaya y generar opciones de empleo. Corporación Forestal del Pueblo (CORFOP). Fue creada por el gobierno de Nicaragua a mediados de la década de los 80’s del siglo XX. La participación plena y efectiva de las comunidades fue limitada o nula, con una ausencia de mecanismos que facilitaran el desarrollo forestal de las comunidades indígenas y étnicas de la costa atlántica.
La voluntad política de Nicaragua de negarse a actuar e implementar el ejercicio de los derechos territoriales comunitarios, así como el uso, goce y disfrute de los recursos naturales por parte de las comunidades, tuvo una de sus mayores expresiones en la concesión para la explotación forestal de 62,000 hectáreas otorgadas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) a la empresa coreana SOLCARSA a inicios de los 90’s. Esta concesión, amparada en la concepción de las tierras
La costa Caribe de Nicaragua se subdivide en dos regiones: la RAAN, a la que ya se ha hecho referencia aquí, y la RAAS (Región Autónoma del Atlántico Sur).
torios ejercen un efecto directo sobre las estructuras de gobierno comunal, puesto que son creados y empujados mediante mecanismos de toma de decisiones para los cuales los actores comunitarios no están preparados. Actualmente son palpables las divisiones y contradicciones internas que se producen en la elección de sus representantes y en los procesos de consentimiento libre previamente informado para la toma de decisiones. La gestión del proceso de demarcación por parte de sectores políticos está afectando severamente la visión endógena de desarrollo de las comunidades, y la creación de territorios en bloques, sin una madurez de las organizaciones e instituciones tradicionales, está poniendo en riesgo los mecanismos tradicionales de manejo de los recursos naturales y tierras. Hay que destacar que los modelos de territorios en bloques pueden obedecer a diversos intereses. Entre estos destacan: 1. Los intereses de manejo con enfoque participativo de áreas protegidas, que se articulan desde modelos de organizaciones indígenas en bloques. Este es el caso de la Reserva Bosawas y también de Tawira para la Reserva Cayos Miskitus.
estatales, violentó la Constitución de la República y la ley de autonomía. Después de la aprobación de la Ley 445 y su publicación a inicios del 2003, se han acentuado las demandas de titulación de las tierras reclamadas por las comunidades. En la actualidad, este es el talón de Aquiles en la agenda de los gobiernos regionales autónomos, quienes enfrentan, por un lado, la concepción de la titulación basada en criterios agrarios del espacio físico y, por otro, la visión de la comunidades enfocada en la revitalización de sus propios modelos de gobernabilidad, basados en sus costumbres y tradiciones. En este sentido, la región del Caribe sirve de escenario a los conflictos entre los diferentes actores institucionales que ponen en riesgo el ejercicio de la autodeterminación, y a las críticas sobre las concesiones de derechos para el aprovechamiento de recursos naturales, sin mecanismos idóneos de consulta que aseguren un pleno consentimiento libre por parte de las comunidades. Entre los casos más destacados figuran los modelos de empresas para aprovechar los bosques y las concesiones para las exploraciones mineras e hidrocarburos. El proceso actual de demarcación y titulación representa, desde la visión de las comunidades, una amenaza para la dinámica política endógena, como consecuencia de las transformaciones geopolíticas del espacio físico y poblacional de los nuevos territorios4. Estos nuevos terri4
Foto por: Masangni
2. Otras iniciativas más recientes de bloques pueden obedecer a los intereses de otros actores sociales: • Desde la CONADETI se plantea que los bloques facilitan en un mediano plazo la titulación de los territorios indígenas y afrodescedientes, así como el establecimiento de acuerdos entre las comunidades. Algunos sectores políticos persiguen consolidar sus respectivas circunscripciones electorales a través del enfoque de bloque. De esta manera pretenden innovar un modelo para elegir a sus representantes, que sea adecuado a la cultura de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. Otros grupos visualizan la oportunidad de tener espacios donde declarar tierras nacionales del Estado.
En la RAAN el proceso de demarcación se ha organizado por bloques, conformados por varias comunidades, o por sub-bloques. Por citar algunos casos: Wanki Tui se asocia actualmente al bloque de Tasba Raya, en un proceso donde no hay evidencias de un consentimiento libre. Igual cosa
ocurre en Prinzu, donde el bloque de Layasiksa, después de haber hecho su diagnóstico, demandaba una titulación fuera del territorio Prinzu Awala. Otro caso relevante es el de la comunidad de Tuara. Aun cuando esta última inició su auto-diagnóstico y se encuentra en la fase de mediación con vecinos, las autoridades presionan para que se integre a los territoios de las 10 comunidades o Tawira.
Los territorios creados son del interés de algunos sectores políticos que aspiran a obtener el dominio de los recursos naturales, especialmente los forestales, mineros, petrolero e hídricos.
En la RAAN, el proceso de descentralización del sector forestal se concentró desde inicios del 2002 en consolidar las capacidades instaladas. Lo hizo mediante un cuerpo colegiado llamado Comité Consultivo Forestal (CCF), que nació a la par de la formulación de la Estrategia Regional de Desarrollo Forestal. El CCF fue la instancia asesora de la Comisión de Recursos Naturales y el Ambiente. Brindaba recomendaciones técnicas para la toma de decisiones vinculadas a los Planes Generales de Manejo (PGM) y a los procesos administrativos que el INAFOR establecía donde se evidenciaban casos de aprovechamiento ilegal. Fue en el año 2005, a raíz de la Ley de Emergencia Económica que estableció una veda al sector forestal, cuando el CCF brindó sus mayores aportes para lograr condiciones favorables para la dinámica forestal en la RAAN. Basándose en la estrategia regional del sector, sus propósitos fueron dos: (a) asegurar los usos tradicionales domésticos y comerciales que las comunidades hacen de sus recursos forestales; y (b) proteger el aprovechamiento forestal en áreas y especies donde habían acuerdos previos con el sector privado, así como evidenciar que en la región no se tiene la capacidad tecnológica para lograr la tercera transformación de todos los volúmenes acordados en PGM y sus respectivos Planes Operativos Anuales (POA). En el 2005, el acompañamiento del CCF al Consejo Regional Autónomo facilitó una adecuación de la estrate-
gia regional forestal a las características de cada municipio de la RAAN, a fin de armonizarla con las agendas de desarrollo municipal y con el Plan Regional de Desarrollo. No obstante, este esfuerzo no generó los frutos esperados debido a que el CCF se concentra sus acciones en Bilwi y cuenta solamente con la participación de las organizaciones establecidas en la cabecera regional. En la actualidad, las principales acciones del sector forestal en las políticas e instituciones del Estado han concentrado importantes recursos técnicos y financieros en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades dueñas de bosques, así como en el manejo y aprovechamiento comercial que tiene como plataforma el desarrollo de empresas comunitarias. Las distintas experiencias evidencian que se ha adoptado como modelo organizacional el perfil de Cooperativa de Producción con Responsabilidad Limitada. La organización de empresas bajo la figura de cooperativas no ha tenido el éxito esperado por los dueños de bosques, según las opiniones de diferentes representantes de tales organizaciones. Hasta la fecha, se ha hecho una fuerte inversión en equipamiento con aserríos portátiles para mejorar la calidad de la madera comercial. Este proceso se aceleró después del huracán Félix, en septiembre del 2007, a fin de aprovechar los árboles caídos un una superficie superior a las 500,000 de hectáreas5. Con recursos provenientes tanto del gobierno como de las agencias de cooperación internacional, se ha facilitado el desarrollo
5 El informe de FAO e INAFOR (2007) estima un daño severo cuando el número de los árboles tumbados es superior al 75%.
5. Las mismas cooperativas y otros modelos de empresas comunitarias tienen severas dificultades para aperturar cuentas bancarias, dado que los requisitos son numerosos y carecen de los documentos necesarios. Actualmente el proceso de forestería comunitaria en la RAAN se focaliza de manera paralela en una agenda política comunitaria que, por un lado, está vigilando el reconocimiento de sus derechos territoriales reconocidos por el proceso de titulación y, por otro lado, trata de aprovechar los recursos forestales afectados por el huracán Félix en una organización para emprendimiento.
de Planes de Aprovechamiento Forestal (PAF6) y la dotación de herramientas. También se han señalado dificultades al nivel regional para el aprovechamiento de los PAF, especialmente de carácter técnico, administrativo y financiero. Una de ellas es la inaccesibilidad de las zonas afectadas donde hay altos volúmenes de árboles de especies de interés comercial. Esto es mas evidente en la cuenca alta del Río Wawa. Por otro lado, los trámites administrativos para un aprovechamiento apegado a los procedimientos son costosos, porque deben coordinar permisos con al menos tres instancias: alcaldías municipales, Consejo Regional e INAFOR. En las dos primeras instancias se ha señalado la existencia de una fuerte mediación e influencia de carácter político partidario que tiene efectos muy negativos de cara a lograr un proceso ágil, eficiente y eficaz. Entre los más importantes vacíos que dificultan el éxito de las empresas destacan los siguientes7: 1. El trámite de registro de los aserríos en la municipalidad y en el INAFOR es muy costoso y lento.
Hacia una gestión exitosa de la FC
Las comunidades de la RAAN dueñas de territorios con bosques poseen un conjunto de particularidades que expresan claramente sus desafíos de gobernabilidad como un proceso de autodeterminación. Entre dichas particularidades destacan: a. Los municipios de Prinzapolka y Waspam, con mayoría de población indígena, figuran entre los 10 municipios más pobres del país (World Bank, 2008). Poseen, además, una alta tasa de deforestación asociada a inmigraciones de colonos que primeramente comercializan el bosque y después transforman dichos suelos en zonas agropecuarias. b. En la RAAN se encuentra la mayor superficie boscosa bajo Planes Generales de Manejo8. Hasta antes del huracán Félix, era propiedad de empresas privadas que, en el mejor de los casos, establecían acuerdos comerciales de derechos extractivos con las comunidades. c. Acentuados conflictos por la tierra entre las poblaciones mestizas y las comunidades miskitas principalmente. Esta situación es muy visible en Prinzapolka y en el sector de la Reserva de Bosawas, en los municipios de Bonanza y Waspam. En estas
8 De acuerdo con cifras de ORNF/SIRCOF/INAFOR (2008), en el período 2000-2007 Nicaragua tenía 124,032.16 hectáreas bajo PGM. De ellas, 75,097.84 hectáreas corresponden a la RAAN y están situadas principalmente en el municipio de Prinzapolka.
2. El costo de operación y mantenimiento de los aserríos requiere disponer de liquidez monetaria, la cual no tienen las empresas. 3. Hay intereses de intermediarios que gozan de jerarquía y poder político y que regulan los precios y dificultan el acceso de las comunidades para establecer nuevos espacios y canales comerciales con mejores opciones de precios. 4. Las opciones y oportunidades de crédito son limitadas y los recursos financieros a los que normalmente se tiene acceso son donaciones y pocas veces es posible incidir en la priorización de las inversiones.
Los PAF son los instrumentos de planificación para el aprovechamiento de los árboles de interés comercial que fueron tumbados por el huracán Felix. Estos árboles se aprovecharon inicialmente para la reconstrucción de viviendas en las comunidades afectadas, mientras en una segunda etapa se autorizó su explotación con fines comerciales. Información obtenida en talleres de discusión efectuados en Bilwi, Waspam y Tasba Raya, así como en entrevistas con representantes comunitarios del sector de Layasiksa, Llano sur y Tasba Pri.
zonas geográficas, los informes de avance de la deforestación son los más preocupantes de la región, siendo superados solamente por los de Siuna. d. Conflictos a lo interno de las comunidades por el ejercicio de sus derechos de gobernabilidad bajo principios de consenso. Estos conflictos son alimentados por los partidos políticos y por las condiciones de desconfianza ante la falta de respeto que han mostrado las autoridades regionales de certificar a las autoridades comunitarias elegidas de forma legítima conforme a los artículos del 4 al 8 de la Ley 445. También contribuye a la gestación de los conflictos intracomunitarios la falta de mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos financieros que se derivan tanto de los acuerdos de explotación forestal con terceros, como de las partidas que entrega el Ministerio de Hacienda. Ambos recursos corresponden al 25% de los impuestos recaudados por explotación de recursos naturales. Partiendo de los cuatro problemas centrales que vienen de ser identificados, se ha propuesto un conjunto de recomendaciones que aporten a la recreación de las relaciones de gobernabilidad interna en las comunidades y en sus territorios. Estas propuestas constituyen el eje central del presente boletín y se les ha denominado Ejes articuladores de la forestería comunitaria en la RAAN. La Figura 1 ofrece una visión macro de este proceso y refleja también la complejidad sistémica del planteamiento para un aprovechamiento sustentable del bosque. Desde la macro-perspectiva, los procesos de forestería comunitaria en la RAAN tienen al menos tres componentes articuladores y su dinamismo brinda un escenario equilibrado de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que son dueñas de bosques. En primer lugar, demandan el respeto pleno del ejercicio de los derechos históricos de gobernabilidad de las comunidades, es decir, que desde las diferentes instituciones formales del Estado se reconozcan y respeten los derechos de la autonomía comunitaria. Esta última debe ser ejercida a través de procesos de autodeterminación, tal como lo establece la Constitución de la República (artículos 89 y 1809), y representa en sí
misma la institucionalidad interna de las comunidades para manejar los recursos territoriales en consonancia con sus respectivos estilos de vida.
Figura 1: Articulación sistémica de la gestión de la forestería comunitaria en la RAAN.
Manejo territorial y de los recursos naturales
Gobernabilidad comunitaria y territorial
Otro componente central de la propuesta es el manejo territorial y de los recursos naturales, un proceso en el cual las comunidades asocian su estilo de vida a una cultura ecológica que da lugar a sus negociaciones internas y a los modelos de las organizaciones e instituciones que mantienen el control y regulan el acceso a los recursos naturales y la utilización del espacio físico. Esto, a su vez, establece condiciones naturales históricas de reparto de los beneficios colectivos para la vida
en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las Comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales”. El artículo 180 esablece, por su parte: “Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales. El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes. Asimismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres”.
Dice el artículo 89: “Las Comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural
y se vincula directamente con una cultura económica endógena, que ha sido considerada tradicionalmente como de subsistencia, pero que asocia valores claves para producir sus recursos básicos de alimentación, atención de la salud, recreación, bienes para vivienda y reproducción. Gracias a ella se mantienen los patrones culturales institucionales colectivos de asociación para generar bienes y servicios con un alto sentido en el modelo propio de manejo del bosque, desde una perspectiva de índole sistémica e integral, que revive el sistema de conocimientos tradicionales. Desde esta perspectiva es recomendable establecer cinco ejes centrales de trabajo que contribuirán a consolidar la gestión de la forestería comunitaria como un proceso en el cual las comunidades re-articulan las bases de su gobernabilidad. Los cinco ejes de este proceso de gestión aparecen consignados en la Figura 2: (i) territorialidad; (ii) instituciones interculturales; (iii) producción sistémica; (iv) formación y transferencia tecnológica; y (v) cadena de producción.
Figura 2: Los ejes de la forestería comunitaria como proceso
Territorialidad: recreación del sujeto político de identidad colectiva
La territorialidad comprende el eje central del proyecto colectivo de las comunidades de las regiones autónomas. Constituye una demanda de mayor complejidad que el reclamo exclusivo de la tierra como unidad física establecido en los derechos de tenencia que son reconocidos en Nicaragua. Para las comunidades, la territorialidad es una condición política estratégica en su modelo de pedagogía de negociación con otros sectores. Por lo tanto, los procesos comunitarios deben abonar de forma permanente a la consolidación de la cultura política de los miembros de la comunidad que reivindican los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Entre tales derechos figuran la autodeterminación y el consentimiento libre previo informado, los cuales están articulados al control del acceso y la toma de decisiones sobre asuntos que inciden en su condición de vida. Es necesario que se prioricen los desafíos territoriales de las comunidades frente a las negociaciones de los recursos naturales con énfasis en el aprovechamiento forestal. Uno de los retos urgentes de abordar en el proceso de demarcar y titular los territorios consiste en la construcción del proyecto político común que visibilizará los paradigmas endógenos de las comunidades y que dará pautas a las alianzas y asociaciones entre comunidades para conformar los bloques y/o territorios. Este
proceso se ha establecido y liderado desde afuera, y es percibido por los comunitarios como impuesto desde otros niveles políticos y como carente de legitimidad. Esto es evidente en Layasiksa y Tasba Raya (Coleman et al., 2007; Wilson et al., 2007). En ambos conjuntos de comunidades se han establecidos bloques territoriales en asociación con otras comunidades, muchas veces sin consulta y sin consentimiento de las asambleas comunales, lo cual ha tenido como repercusión divorcios conceptuales de los proyectos de gestión territorial. Por esta razón se recomienda: 1. Los procesos de negociación y fomento del desarrollo de las comunidades deben articular al sujeto individual en la dinámica de los planes de vida colectiva, los cuales están fundamentados en la cultura política de gestión permanente de la territorialidad.
trucción gradual que, por un lado, entrelacen la seguridad de la propiedad del territorio desde los instrumentos legales y, por otro, abonen a la identidad del bienestar de las instituciones tradicionales para la administración de los planes de ordenamiento de uso y conservación de los recursos naturales.
Institucionalidad: una gestión intercultural
Un desafío permanente de las comunidades se centra en recrear las instituciones tradicionales para la negociación de sus intereses colectivos. Dichas instituciones descansan en principios de autodeterminación endógena en lo concreniente a sus mecanismos de elección, planificación, toma de decisiones y procedimientos de sanción. Ellas asocian, además, un conjunto de valores morales y éticos claves en la formación del sujeto político de la comunidad. Esta perspectiva plantea una mayor profunda cultural para las comunidades, basada en los valores propios de la cosmovisión, prácticas espirituales y sistemas de conocimientos tradicionales. Es urgente enfrentar el acelerado crecimiento del liderazgo bajo los criterios cultura del sello, proceso en el cual se evidencia una transculturización en los modos de liderazgo y ejercicio de la autoridad. Desde que las
2. La demarcación y titulación debe comprender para las comunidades un dinámico proceso de negociación que reivindica al sujeto autonómico y revitaliza el proyecto de autonomía. Este, a su vez, descansa en la concepción política de autodeterminación y derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. 3. La estructura espacial, cultural y económica de los territorios indígenas requiere de procesos de cons-
instituciones públicas de gobierno han tenido mayor injerencia en las instituciones comunales, estas han ido teniendo una dinámica vertical y autoritaria, especialmente porque se han transformado los valores para ser elegidos. Para administrar sus bienes y medios de vida de identidad colectiva, y para poder responder con una cultura de sostenibilidad a sus necesidades, las instituciones tradicionales comunitarias requieren de una recreación de los códigos éticos y morales históricos y culturales. Demandan, por ende, que los proyectos de acompañamiento externo para la forestería comunitaria profundicen su mirada intercultural en la creación y definición de mecanismos de administración, así como en las formas y estrategias de participación en la toma de decisiones. Desde un abordaje externo es conveniente profundizar también en las repercusiones de los procesos de creación de instituciones para el manejo forestal, porque tales procesos han ido alterando los modelos endógenos (Larson y Mendoza-Lewis, 2009). Aunque aparezca como exitosa en un primer balance general, la experiencia de Layasiksa ofrece serias limitaciones como proceso replicable en el resto de la región. Para comenzar, se trata de la experiencia de una sola comunidad y no de un bosque compartido por varias comunidades, como es la tendencia en la conformación de los territorios. Además, estos procesos son de desarrollo gradual y requieren de una alta inversión de recursos técnicos y financieros, algo que normalmente crea dependencia en las comunidades.
A la gestión forestal comunitaria bajo el modelo organizativo de cooperativa, se le atribuye un conjunto de limitaciones: a. Impide una participación amplia de todos los miembros que son dueños por derecho colectivo y consuetudinario del bosque. Este es especialmente el caso de las mujeres, los jóvenes y los ancianos. Con ello se favorece el acceso a un grupo finito de asociados que ha estado fuertemente marcado por afinidades partidarias e historia de luchas armadas. Debilita igualmente las instituciones tradicionales, tanto las administrativas como las de producción y reproducción. Dichas instituciones tienen un carácter cultural inter-generacional, ofrecen algunas oportunidades para la mujer y revitalizan la continuidad del conocimiento tradicional. b. Superposición de cargos y funciones entre los síndicos, wihtas y coordinadores. Estos tres actores comunitarios suelen formar parte de las juntas directivas de las cooperativas, lo cual los convierte en juez y parte. Por tal razón, su participación no
ha abonando a una fiscalización y auditoría interna basadas en condiciones de confianza, transparencia y rendición de cuentas. c. Los mecanismo de selección, elección y toma de decisiones de los líderes y representantes de las organizaciones de carácter exógeno, tales como las cooperativas, son de escasa legitimidad en los modelos tradicionales y consuetudinarios de las comunidades. Por ende, no se les aplican, sino que se les eximen de los roles vinculantes que provienen de los mandatos de las asambleas comunales y territoriales. Se aduce que las organizaciones exógenas son instituciones de naturaleza privada, a pesar de que en el discurso se mantiene la índole de la cultura colectiva y a pesar de que aprovechan recursos que pertenecen a la comunidad. La dinámica de negociación de los recursos económicos de las comunidades tiende a trastocar inevitablemente los modelos institucionales históricos de las mismas. Por consiguiente, se requiere de un permanente proceso de ajustes organizacionales a fin de que, el acceso a los bienes y créditos para la producción, contribuya a mantener, desde la colectividad comunitaria, el control del acceso y el beneficio del uso de los recursos naturales. En este sentido es adecuado considerar: 1. Un permanente proceso de fortalecimiento de las instituciones tradicionales. El punto de partida debe ser la negociación de las funciones administrativas en vinculación con las normas y costumbres de las comunidades, y con el cumplimiento de las normas, directrices y políticas del sector forestal del país, pero sin perder la perspectiva del enfoque sistémico del bosque que descansa en la cosmovisión comunitaria.
el bienestar de la colectividad. Esta última posee normalmente un diseño interno para la producción que está fundamentado en la familia (taya nani) y en la práctica tradicional de la reciprocidad (pana pana), dos de las bases de la cultura económica comunitaria. 3. Crear y articular mecanismos regionales de control de las instituciones tradicionales, que abonen a la transparencia del manejo de los recursos colectivos de las comunidades. Se trata con esto de evitar la duplicidad de autoridades y los recurrentes conflictos por obtener los certificados11 que acreditan el cargo. Se trata también de buscar mecanismos que mejoren el manejo de los recursos financieros que se obtienen de la venta de recursos naturales, las tasas de aprovechamiento y el 25% de los impuestos recaudados por el Estado en concepto de explotación de recursos de las comunidades.
Cultura económica sistémica
Es trascendental que los procesos de forestería comunitaria reconozcan y dinamicen acciones que visibilicen el sujeto político de la comunidad, en sintonía con una mirada sistémica del bosque y evitando un enfoque de aprovechamiento forestal basado en la madera. A pesar de que en la región existen esfuerzos para promover sistemas agroforestales, los mismos no están articulados a los procesos de explotación y comercialización maderera, aun cuando en la mayoría de los casos se encuentran bajo la gerencia de instituciones gubernamentales. En la memoria histórica de las comunidades existen las bases culturales de una soberanía alimentaria que se fundamenta en el dominio de la tierra, la fuerza laboral propia y un manejo tradicional de la biodiversidad. Esta forma de manejo asocia la capitalización de bienes materiales para producir alimentos con un uso moderado del bosque y sistemas de conocimientos tradicionales para poder alcanzar bienes alternativos. Hoy en día, estos bienes enfrentan un severo nivel de riesgo como resultado de:
2. La creación de formas organizacionales para el acceso a programas de fomento productivo forestal debe centrarse en modelos graduales de conceptualización y diseño sui generis10. Estos modelos deben adecuarse a la visión comunitaria del éxito en el aprovechamiento y a la madurez política de cada comunidad y territorio, con miras a invertir los beneficios en
La Constitución de la República establece en su artículo 5 que “la economía mixta asegura la existencia de distintas formas de propiedad; pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria; todas deben estar en función de los intereses superiores de la nación y contribuir a la creación de riquezas para satisfacción de las necesidades del país y sus habitantes”. No obstante, los mecanismos externos de colaboración para el desarrollo económico comunitario no profundizan en la forma comunitaria.
En su artículo 8, la Ley 445 establece que el Consejo Regional emitirá la certificación de la autoridad comunal o territorial. Esto lo faculta, según el artículo 10 de la misma Ley, a otorgar permisos de aprovechamiento de tierras y recursos naturales por terceros, siempre y cuando tenga el visto bueno de la Asamblea Comunal o Territorial.
cisiones. Esto pone en riesgo los elementos culturales de la visión sistémica del bosque que tienen las comunidades. Es esencial articular los procesos de explotación forestal o de cualquier otro recurso natural a un plan de inversión colectivo. Este debe ser construido desde los desafíos endógenos de las comunidades y debe aportar los elementos sociales y económicos de bienestar, tales como la mejora de sistemas de producción agroforestal, agua y saneamiento, crédito a medios alternativos productivos y formación de recursos humanos. Todo ello debe fundamentarse en las siguientes acciones: 1. Planificación de los usos comunitarios del territorio con objetivos de conservación, uso sustentable y gestión de riesgos frente a las amenazas ambientales del cambio climático, así como la recuperación de los elementos centrales de la cultura ecológica12.
2. Otorgamiento de oportunidades a mujeres, jóvenes y ancianos para poder producir bienes y servicios que les generen ingresos económicos. 3. Identificación de estrategias de reforestación de bosques severamente erosionados mediante la gestión de sistemas diversificados que generen productos en el corto, mediano y largo plazo, con técnicas agroecológicas que aseguren la sustentabilidad del suelo y el enriquecimiento del valor forestal del bosque, además de revitalizar la cultura de la soberanía alimentaria. 4. Concertación de mecanismos de mercado para productos orgánicos comunitarios que abran opciones comerciales alternativas y que reduzcan la presión sobre las especies de árboles madereros.
a. Una presión sobre el uso de la tierra causada por el crecimiento poblacional endógeno de de la comunidad y por los asentamientos de los colonos. b. Una desordenada presión sobre el bosque explotado para fines comerciales. En la mayoría de los casos se trata de concesiones para la extracción de árboles vendidos en pie a empresas madereras que pagan un valor menor a US$ 8.00 por m3 y una tasa del 1% que es cobrada por el síndico y que se denomina popularmente como “tronconaje”. c. Los recursos financieros que se derivan de la comercialización de madera no evidencian inversiones para la producción agrícola. Esta última ha estado fuertemente subsidiada por programas gubernamentales que mantienen latente un vínculo de asistencialismo estatal-paternalismo social. d. La escala de la explotación no está determinada por la visión y oferta interna de la comunidad, sino por las empresas madereras externas, cuyas demandas suelen ser mayúsculas y son negociadas sin una amplia calidad de información para la toma de de-
La forestería comunitaria en la RAAN pone en perspectiva la creación, el mejoramiento y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para la comercialización de recursos forestales. Sin embargo, con resultados alen12
En su artículo 8, inciso 4, la Ley 28 (Estatuto de autonomía de las regiones autónomas de la costa atlántica) establece que las comunidades, a través de sus autoridades regionales, tienen derecho a “promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques y tierras comunales y la defensa de sus sistema ecológicos”.
tadores en dos años y medio de proceso, las comunidades han adoptado figuras organizativas que han producido pocos resultados concretos en el acceso a subsidios tecnológicos, asistencia técnica y financiamiento. A pesar de que el huracán Félix aceleró la oportunidad de comercializar la madera y creó las condiciones para que se promovieran más de 25 PAF con subsidios gubernamentales y extranjeros, los representantes comunitarios expresan que existen excesivas limitaciones para que las comunidades puedan beneficiarse directamente de la explotación y comercialización de los árboles. El problema reside en que se exige a las comunidades asociarse a nuevas empresas de actores regionales que intentan posicionarse como intermediarios. Este esquema de intermediación no abona a consolidar la demanda de las comunidades y el discurso de diferentes corrientes políticas nacionales y regionales. Por esta razón es necesaria una exhaustiva revisión de los procesos de permisos comerciales demandados a las comunidades. Estas últimas deben contar con efectivas oportunidades para comercializar directamente la madera con al menos una primera transformación, sin tener que enfrentar tediosos procesos para la obtención de los distintos per-
misos (municipal, regional autonómico y nacional). En la mayoría de los casos, estos procedimientos son poco fructíferos y se prestan a manipulaciones institucionales de carácter partidario. De ahí que sea necesario: 1. Articular la capacidad de manejo administrativo con las habilidades de planificación, implementación, vigilancia y control que apoyen la cobertura institucional en la explotación del bosque.
2. Acompañar procesos internos normativos de las comunidades que contribuyan a sintetizar el tedioso proceso burocrático. Este último, según el sentir de las comunidades, es prolongado y costoso, y termina por otorgar los derechos de usufructo a empresas exógenas. 3. Aportar incentivos para el aprovechamiento del bosque con modelos organizacionales insertos en los tejidos sociales y basados en las tradicionales culturales de la comunidad, con miras a reencontrar afinidades de asociatividad y de emprendimiento empresarial de naturaleza sui generis, así como un mayor control de los beneficios y el reparto de estos, con la inclusión de las mujeres, ancianos y jóvenes.
Uno de los ejes centrales para mejorar las capacidades comunitarias de manejo sustentable del bosque descansa en los procesos formativos y de transferencia tecnológica. Estos deben considerar tres aspectos medulares: (a) recapitalizar los sistemas de conocimientos tradicionales; (b) promover el ejercicio práctico como fundamento de la metodología aprender-haciendo; y
(c) las instituciones extensionistas deben respetar las costumbres que benefician la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Los procesos educativos y de transferencia tecnológica han intentado centrarse en el crecimiento económico como modelo de bienestar comunitario. No obstante, la primera confrontación se da entre la percepción de las comunidades de la riqueza versus los indicadores exógenos generados desde la concepción de las instituciones. Esto provoca una erosión del tejido sociocultural y los vínculos holísticos del pueblo con su entorno natural. De acuerdo a los foros y talleres de discusión para desarrollar el presente documento, se identificaron como necesidades de formación y transferencia tecnológica: 1. Procesos lentos, graduales y capaces de identificar la innovación y la adaptación que las comunidades desarrollan, especialmente en los modelos de explotación y transformación de los recursos naturales.
2. Asegurar una formación sistemática, acompañada de asistencia técnica y financiera en la implementación de las iniciativas empresariales. 3. El acceso a los mercados requiere de un proceso de acompañamiento formativo directo y permanente, tanto al nivel de desarrollo organizacional, como al nivel de negociación y comercialización de productos con segundo o tercer nivel de transformación.
Coleman.O; Robin. T., Mendoza-Lewis J. y Larson A. (2007). Territorio y Bosques – el manejo forestal comunitario en Layasiksa. Informe de Investigación. URACCAN-IREMADES y CIFOR. FAO e INAFOR (2007). Evaluación Forestal de daños causados por el huracán Félix. GFA-Terra System y GTZ (2008). Análisis multitemporal aplicando imágenes satélite para la cuantificación de los cambio de uso de la tierra y cobertura en BosawasRAAN y los departamentos de Rivas, Granada y Carazo. Preparado por INGTELSIG. Nicaragua. Larson. A. y Mendoza-Lewis, J. (2009). Desafíos en la tenencia comunitaria de bosques en la RAAN de Nicaragua. URACCAN-IREMADES; CIFOR y Rights Resources. Nicaragua. 118 pag. ORNF/SIRCOF/INAFOR (2008). Estadísticas forestales de Nicaragua. Tomado de www.inafor.gob.ni Thorslund, O. (2003). Estudio sectorial forestal de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur de Nicaragua. Corredor Biológico del Atlántico, MARENA. Wilson White, C.; C. Romel; J. Mendoza-Lewis y A. Larson (2007). Tenencia y acceso forestal y el rol de las instituciones informales en las comunidades indígenas de Francia Sirpi y Wisconsin, Territorio de Tasba Raya, Municipio de Waspam. Informe de investigación. CIFOR/URACCAN IREMADES. World Bank (2008). Nicaragua Poverty Assessment (In Three Volumes). Volume I: Main Report. Report. Nº 39736-Ni. 215p.
Este boletín surge como un esfuerzo conjunto entre la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN), el Center for International Forestry Research (CIFOR) y Masangni, con el propósito de estudiar los derechos de tenencia y acceso a los recursos del bosque. El estudio se realizó en la RAAN, Nicaragua, entre el 2006 y el 2008, y sus resultados han sido publicados en Larson, A. y J. Mendoza-Lewis (2009).
Autor: Jadder Mendoza -lewis Fotografias por: Jadder Mendoza -lewis Portada Diseño y Diagramación: Francisco saballos Velásquez
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References: artículo 180
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