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Timestamp: 2017-08-19 05:00:13+00:00

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Noticias Aliadas - Revista Impresa (Ago-Set) by Comunicaciones Aliadas - issuu
Información independiente desde América Latina y el Caribe para el mundo N° 4, AGOSTO-SETIEMBRE, 2013. VOLUMEN 50
¿Explotar petróleo para reducir la pobreza? Fondos de compensación no fueron suficientes y gobierno de Ecuador decide traer el petróleo en área protegida.
Agroecología, comercio justo, consumo responsable y protección de semillas nativas son algunas de las prácticas que realizan campesinos mayas de Guatemala. PÁG. 8
Entre el viejo prebendarismo y la tecnocracia neoliberal Presidente de Paraguay inicia mandato con pugnas dentro de su partido y en medio de movilizaciones sociales. PÁG. 19
AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
BORIS MERCHÁN(ARRIBA); LOUISA REYNOLDS (IZQ.); ADRIÁN MORÍNIGO(DER.)
ECUADOR Luis Ángel Saavedra desde Quito
BORIS MERCHÁN
¿Explotar petróleo para reducir la pobreza?
Frente juvenil promueve consulta popular para declarar Ecuador libre de toda actividad extractiva.
Fondos de compensación no fueron suficientes y Correa decide extraer el petróleo en área protegida.
L PRESIDENTE Rafael Correa anunció el 15 de agosto que había decidido extraer el petróleo que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní debido a que la comunidad internacional no acogió la iniciativa ecuatoriana de dejar este recurso bajo tierra, al no haber proporcionado la compensación de US$ 3.6 millardos que pedía Ecuador para no explotar el denominado bloque Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT), ubicado en esta área protegida. La cooperación internacional sólo recaudó US$13 millones, 0.37% del total solicitado. Correa aseguró que la explotación es necesaria para reducir los niveles de pobreza en el país y desestimó la protesta 2
de sectores ecologistas que vieron quebradas las esperanzas que habían puesto en el gobierno nacional para preservar el Parque Nacional Yasuní, considerado como una de las zonas con mayor diversidad de la Tierra. El gobierno ha cambiado también la cifra de lo que se espera recibir con la explotación del ITT, pues de los $7.2 millardos en que valoraron las reservas durante las negociaciones de la Iniciativa Yasuní, pasó a estimarlas en más de $18.2 millardos, para fundamentar su argumento de que ello servirá para reducir la pobreza, eliminando el déficit de vivienda y dotando de servicios básicos, escuelas, hospitales y otras obras a la población. El discurso gubernamental lo han reproducido las comisiones de la Asamblea Nacional, donde se debe dar paso al pedido presidencial de explotar el ITT. Las comisiones de Desarrollo Económico, Justicia, Derechos Colectivos y Gobiernos Autónomos ya tienen listos informes positivos. Por ejemplo, la resolución de la
Correa aseguró que la explotación es necesaria para reducir los niveles de pobreza en el país y desestimó la protesta de sectores ecologistas.
mesa de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa establece que “los recursos obtenidos formarán parte de un proceso de cambio en la transformación de la matriz productiva, lo cual implica gran inversión en el sector social”. La composición de la Asamblea Nacional, en la que el gobierno tiene 108 votos de los 126 posibles, asegura la aceptación de su pedido, pese a que no ha explicado la composición de los $18.2 millardos que generaría el ITT, pues no se ha referido a si este valor es un ingreso neto al erario nacional luego de restar los gastos de operación —calculados en un 30% por ser un crudo catalogado como “pesado”— y que necesita de mayores procesos tecnológicos para extraerlo. Tampoco ha explicado si estos ingresos, que se harían efectivos a partir del quinto año de explotación, serán utilizados ahora, obteniéndolos mediante la figura de venta anticipada de petróleo, como ya se ha hecho con empresas chinas que están accediendo al petróleo explotado en otros campos ecuatorianos. Valor del yacimiento
El ex superintendente de Bancos, el economista Alfredo Vergara, calcula que los ingresos netos del ITT serán de unos $600 millones a $700 millones anuales, valor que con el que no sería posible cumplir con la oferta gubernamental de dotar de servicios básicos a la población ecuatoriana. Vergara asegura que la premura por explotar el ITT se debe a la necesidad de sostener el gasto fiscal actual del gobierno, lo que impediría mayores inversiones para reducir significativamente los niveles de pobreza en los próximos años. El gasto y la inversión fiscal actual son sumamente altos debido a la considerable inversión social que realiza el gobierno, lo que ha incidido también en el aumento del número de servidores públicos, incluido personal docente y de salud. En su mensaje transmitido por cadena nacional, Correa intentó convencer principalmente a los jóvenes, a los que se
CONTENIDO AMÉRICA LATINA Energía solar en aumento
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Urge repensar modelo de desarrollo En defensa de la agricultura familiar y campesina Agroecología como modo de vida Alimentación escolar combate desnutrición infantil Persistente degradación ambiental
5 6 17 21 29
BRASIL “Demasiada tierra para pocos indígenas”
COSTA RICA Se incrementa tráfico de órganos
COLOMBIA Paro agrario no cesa
ECUADOR ¿Explotar petróleo para reducir la pobreza? Una década de resistencia contra hidroeléctrica EL SALVADOR Sabiduría ancestral para cultivar la tierra Crímenes de guerra seguirán impunes
GUATEMALA Larga batalla para preservar prácticas agrícolas ancestrales Mujeres se comprometen con la agroecología
HAITI Campesinos son galardonados con Premio de la Soberanía Alimentaria
MÉXICO En riesgo soberanía alimentaria
NICARAGUA En riesgo agua dulce por canal interoceánico
PARAGUAY Entre el viejo prebendarismo y la tecnocracia neoliberal
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refirió constantemente, de que el gobierno había hecho todos los esfuerzos para que la propuesta sea exitosa, pero que ahora es necesario explotar el petróleo. La constante referencia a los jóvenes se debe a que este es el sector de población que mayor apego tiene a la ecología y asumió la defensa del Yasuní como una de las principales causas por las que incursionan en la política nacional y son un considerable porcentaje del padrón electoral. Fueron los jóvenes quienes iniciaron las protestas contra la decisión de Correa la misma noche del anuncio cuando se reunieron en la plaza de gobierno, donde está ubicado el palacio presidencial, para pedir que no se explote el ITT. Sin embargo, la mayor protesta se dio la noche del 27 de agosto, cuando intentaron llegar a la plaza de gobierno pero fueron reprimidos por la Policía Nacional. A partir de entonces las manifestaciones en defensa del Yasuní han decrecido y el gobierno está logrando los respaldos necesarios para llevar adelante dicha explotación. Consulta popular
Sectores ecologistas y el movimiento indígena han propuesto la realización de una consulta popular para que población responda a la pregunta ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT indefinidamente bajo el subsuelo?, para lo cual presentaron su propuesta a la Corte Constitucional y se aprestan a recoger las 600,000 firmas necesarias para llevar a cabo su proyecto. No obstante, otro supuesto frente juvenil ha planteado otra
“Si sabemos que la explotación del Yasuní provocará la desaparición de los pueblos aislados, no podemos arriesgar en una consulta su sobrevivencia. Lo que deberemos hacer es defender el Yasuní a como de lugar”. — HAROLD BURBANO
pregunta para que la Corte la califique, que se refiere a declarar Ecuador libre de toda actividad extractiva, lo que debilita la posición indígena y ecologista. Finalmente, un grupo de más de 30 alcaldes de la Amazonia, que aspiran a la reelección en febrero próximo, llegaron a Quito y plantearon una nueva pregunta en la Corte Constitucional, apoyando la explotación del ITT y que el ingreso se destine a la lucha contra la pobreza. Las elecciones municipales a realizarse en el 2014 han consolidado el apoyo al presidente por parte de autoridades locales, incluso de aquellas que lo criticaban anteriormente, pues todos buscan la reelección apoyados por el movimiento oficialista. Varios de los alcaldes que ahora respaldan la explotación petrolera en el Yasuní fueron electos por el Movimiento Plurinacional Pachacutik, brazo político del movimiento indígena y actualmente férreo opositor al gobierno. Una consulta genera dudas en sectores de derechos humanos, no sólo por el riesgo de perderla, sino porque involucra la sobrevivencia de los colectivos humanos que habitan en el Parque Nacional Yasuní. “Si sabemos que la explotación del Yasuní provocará la desaparición de los pueblos aislados, no podemos arriesgar en una consulta su sobrevivencia. Lo que deberemos hacer es defender el Yasuní a como de lugar”, dice a Noticias Aliadas Harold Burbano, abogado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Con las tres preguntas en la Corte Constitucional, y considerando el apego que ésta tiene a la política gubernamental, es muy probable que califique una pregunta que fortalezca la posición de gobierno, desarticulando así la propuesta indígena y ecologista, la que tampoco ha logrado el apoyo masivo que se requiere para frenar la decisión presidencial de explotar el ITT y que afectará definitivamente el delicado ecosistema del Yasuní, aun cuando el gobierno sostiene que esta afectación sólo será al uno por 1,000 de la extensión del parque nacional. q
Urge repensar modelo de desarrollo Conferencia regional hace un llamado a promover desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos.
El modelo actual es insostenible. No basta con el crecimiento económico: es necesario crecer para igualar pero también igualar para crecer. No basta con redcir la pobreza si perduran desigualdades estructurales por género, etnia y territorio. No sólo en lo social se juega lo social”, dijo Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. El evento reunió del 12 al 15 de agosto en Montevideo, Uruguay, a representantes de los 38 países miembros y asociados de la CEPAL, así como a 24 organismos regionales e internacionales y 260 organizaciones no gubernamentales para debatir 120 medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo, Egipto, en 1994. Los delegados aprobaron el documento Consenso de Montevideo en el que señalan que la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos es el marco general que debe guiar la profundización de “las políticas públicas y acciones necesarias para erradicar la pobreza y romper los círculos de exclusión y desigualdad”. También acordaron “aplicar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e intercultural en el tratamiento de los asuntos de población y desarrollo, e incrementar los esfuerzos tendientes a su reconocimiento, promoción y protección, con el fin de eliminar las desigualdades y fomentar la inclusión social”, entre otras medidas. La invocación a los Estados a “considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas y estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida”, fue saludado por organizaciones de mujeres presentes en el evento. Como un “avance histórico” calificaron representantes de la Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo+20, el hecho de que los países reconozcan “por primera vez en un documento
regional, que la realidad los obliga a repensar sus leyes considerando las demandas de las mujeres” No obstante, recordaron que América Latina y el Caribe es la región “con mayor criminalización del aborto en el mundo”. Siete países —Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam— lo prohíben de manera absoluta. Finalmente, autoridades y expertos resaltaron la necesidad de converger hacia una nueva agenda de desarrollo basada en los derechos de las personas. “Los derechos humanos deben ser reconocidos en todos los asuntos de población y desarrollo”, dijo el canciller uruguayo Luis Almagro. “Hay desigualdades urgentes que se deben resolver, como las dificultades en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, el embarazo adolescente —que contribuye a preservar la pobreza—, un mayor empoderamiento e igualdad de género, brechas legales en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el reconocimiento de la diversidad en la orientación sexual y la protección a las personas migrantes”. Bárcenas llamó, asimismo, a “repensar el rumbo hacia el cual nos dirigimos y poner en práctica un cambio profundo en los patrones de producción y consumo”, agregando que en el centro de la agenda están “la igualdad de las mujeres y de sus tres autonomías (física, económica y en la toma de decisiones), y los jóvenes. Ambos son actores sociales principales que deben ser empoderados”. q AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE José Elosegui
L CUMPLIRSE 20 años de su fundación, La Vía Campesina Internacional, red de organizaciones campesinas de todos los continentes, ha consensuado un nuevo plan de acción mundial que reivindica la agricultura campesina y agroecológica, la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los pueblos, al tiempo que ratifica la lucha contra las corporaciones transnacionales, la agricultura industrial y los agronegocios. Bajo el nombre de Egidio Brunetto, uno de los principales referentes del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil (MST) y de la La Vía Campesina Internacional, y con el lema “Por la soberanía de nuestros pueblos, con solidaridad y lucha”, más de 600 representantes llegados de diversos rincones del planeta se reunieron en Jakarta, Indonesia, para su VI conferencia. Uno de los aspectos más relevantes del evento realizado en junio fue el llamado a intensificar las luchas en el medio rural, las ocupaciones de tierra, la vuelta al campo, la producción agroecológica, las movilizaciones, y subrayó el carácter 6
Nuevo plan de acción de La Vía Campesina Internacional reivindica soberanía alimentaria y producción agroecológica. La Vía Campesina cumple dos décadas luchando contra el hambre y la pobreza en el mundo rural.
estratégico de los procesos de formación política y educación que los campesinos llevan adelante en varias partes del mundo. Entre los lineamientos aprobados se destacan la necesidad de garantizar el acceso a la población campesina e indígena a la tierra, el agua y las semillas nativas; promover la producción campesina e indígena de alimentos; asegurar que las comunidades rurales tengan una educación pública, universal, gratuita y de calidad, que estimule a la juventud a quedarse en el campo. Se ratificó además la importancia de las campañas internacionales en defensa de las semillas nativas, contra la violencia hacia las mujeres y por la reforma agraria. También se lanzó a nivel mundial la Campaña contra los Agrotóxicos y por la Vida, que la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)-La Vía Campesina lleva a cabo en América Latina y el Caribe desde su V Congreso, realizado en Quito, Ecuador, en octubre del 2010. Crisis alimentaria
Wendy Cruz, representante de La Vía Campesina Centroamérica, resaltó la necesidad de considerar y debatir las cuestiones del feminismo en el seno del mundo campesino y popular. Insistió en que el movimiento debe asumir el compromiso necesario para dar mayor efectividad a la campaña contra la violencia hacia las mujeres, con el fin de contribuir a conseguir la justicia social a nivel internacional. “Otro eje fundamental que las mujeres planteamos es nuestra preocupación por todo lo relativo al tema de la militarización, que está surgiendo en todos los países y que nos afecta a nosotras en primer lugar”, señaló Cruz a Noticias Aliadas, a la vez que hizo un llamado a las mujeres de todo el mundo a que reivindiquen sus derechos y dignidad. Políticas de Estado
Gómez, por su parte, evaluó como positivos los avances “[Incluir la] en incluir el derecho a la soberanía alimentaria en algunas constituciones nacionales, como en la boliviana, la ecuatosoberanía alimentaria riana y la venezolana, demanda política de La Vía Campesina en una Constitución es bueno, desde 1996, pero considera que no es suficiente. “[Incluir la] soberanía alimentaria en una Constitución pero para que eso aterrice y es bueno, pero para que eso aterrice y se implemente necesita de una serie de políticas, no sólo gubernamentales, porque se implemente los gobiernos duran 4-6 años y luego cambian, sino políticas de Estado”, subrayó. necesita de Según el dirigente mexicano, las corporaciones transnacionales, los gobiernos de diversos países, especialmente inuna serie de políticas, dustrializados, las instituciones financieras internacionales, en plena época de crisis del capital, están en medio de una no sólo gubernamentales, avanzada por los bienes naturales de los estados en vías de porque los gobiernos duran desarrollo, que conlleva persecuciones a campesinos y pueblos indígenas, amenazas y asesinatos, entre otras cosas. 4-6 años y “La crisis está obligando a que más aceleradamente se desmantelen nuestros derechos como seres humanos, como luego cambian, sino campesinos”, reconoció Gómez. En ese sentido, Gómez consideró que un reto importante políticas de Estado”. — ALBERTO GÓMEZ
para el movimiento campesino es aliarse con otros movimientos y unir diversas luchas, porque “estamos actuando prácticamente solos en el plano internacional. [El reto es] transformarnos nosotros mismos en un movimiento más de masas”. En tanto, la dirigente Nury Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia (FENSUAGRO), aclaró a Noticias Aliadas que “no estamos hablando solamente de la soberanía alimentaria, sino también de la soberanía de los pueblos. Y, sobre todo, de lo que tiene que ver para nosotros en América Latina con la ofensiva del imperialismo norteamericano, y el tema de la intervención en los gobiernos democráticos”. Ese asunto “realmente nos preocupa muchísimo y exige mayor unidad, mayor solidaridad internacional y que estemos atentos a las cosas que pueden pasar” en la región, alertó Martínez. q AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
GUATEMALA Louisa Reynolds desde Ciudad de Guatemala
La agroecología, una práctica ancestral de campesinos indígenas, permite resistir al cambio climático.
Agroecología, comercio justo, consumo responsable y protección de semillas nativas son prácticas que campesinos mayas han rescatado de sus antepasados.
OS CAMPESINOS indígenas de la Sierra de los
Cuchumatanes, en el noroeste de Guatemala, saben que la agricultura orgánica requiere de trabajo duro, paciencia y dedicación, pero es el único camino hacia el desarrollo sostenible. En el 2006, estos agricultores decidieron abandonar la agricultura intensiva, que involucra el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, al darse cuenta que si bien el rendimiento de sus cultivos aumentaba en poco tiempo aparentemente con poco esfuerzo, en el largo plazo contaminaban las fuentes de agua y agotaban el suelo. Fue entonces que fundaron la Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Huista (ADSOSMHU). La mancomunidad es una asociación de municipios que comparten la misma historia y cultura y trabajan juntos para implementar políticas comunes y construir proyectos de infraestructura para beneficio de todos sus integrantes. Las mancomunidades 8
fueron reconocidas oficialmente por el gobierno guatemalteco en el 2002, con la aprobación del Código Municipal. La Mancomunidad Huista es una de las más antiguas de Guatemala y agrupa a siete municipios ubicados en el departamento de Huehuetenango: Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Concepción Huista, Nentón, San Miguel Acatán, Unión Cantinil, Jacaltenango y La Democracia. Con el apoyo financiero de la organización no gubernamental española Paisaje, Ecología y Género, ADSOSMHU construyó un centro de demostración donde los agricultores pueden comprar semillas nativas para cultivar maíz, frijoles, hortalizas como la calabaza, champiñones y plantas medicinales, incluyendo la sábila. También aprendieron cómo criar peces de acuario y producir compost a partir de hojas y suelo en descomposición, abono de gusanos, y fertilizante foliar hecho con hojas fermentadas, agua y leche de vaca.
Elaborar fertilizante orgánico es un proceso largo ya que el compostaje puede tomar más de seis meses, el abono de gusanos entre uno y dos meses y medio, y el fertilizante foliar, el más rápido, demora hasta un mes. “En la década de los 50 y 60, cuando fue la Revolución Verde, comenzaron a difundir la propaganda de que el uso de los agroquímicos iba a ser la solución de los problemas de los campesinos y la gente fue adoptándolos”, explica Rubén López Herrera, coordinador de la ADSOSMHU. “Los químicos limpian cinco cuerdas de terreno en un día mientras que con las técnicas de nuestros ancestros se limpia una cuerda en cinco días”. Una cuerda de terreno equivale a 21 m². “Al inicio, requiere mucho esfuerzo, paciencia y dedicación”, agrega. “Por eso las mujeres son las que más se apropiaron de la idea. Es hasta el segundo o tercer año que vemos los resultados pero después hemos logrado superar los niveles de producción
“Nos gustaría llevar a cabo una investigación profunda que nos permita recuperar las semillas del maíz y de los frijoles nativos”. — RUBÉN LÓPEZ HERRERA que teníamos con los agroquímicos, se ha logrado recuperar los suelos y los productos tienen un color, un sabor y una textura diferente”. Los integrantes de ADSOSMHU consumen la mayoría de alimentos que producen y cualquier excedente es vendido en los mercados locales. López enfatiza que la agroecología no es un concepto nuevo sino que ha sido practicada por los agricultores mayas desde tiempos precolombinos, afirmación que ha sido comprobada por investigaciones académicas. Por ejemplo, el catedrático estadounidense en Agroecología Stephen Gliessman, de la Universidad de California, ha escrito numerosos artículos en los que explica cómo los antiguos mayas ejercieron tempranamente la ingeniería ecológica. Ya que carecían de la tecnología para llegar a las aguas subterráneas, construyeron canales de drenaje para redirigir y reusar el agua de lluvia y convertir los pantanos estacionales, conocidos actualmente como “bajos”, en grandes campos de cultivo. También usaron las terrazas agrícolas, reservorios de agua, campos elevados y plantaron huertos urbanos. ADSOSMHU es uno de los 60 grupos campesinos que pertenecen a la Red Nacional de Defensa de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSSAG), organización nacional fundada en el 2004 que busca promover la agroecología, el comercio justo, consumo responsable y la protección de las semillas nativas de Mesoamérica. En el 2011, ADSOSMHU recibió el premio Chajil Uwachulew (Defensor de la Naturaleza) otorgado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por sus esfuerzos por preservar las semillas nativas. Sin embargo, López dijo que más allá de este premio simbólico, ADSOSMHU no ha recibido ningún apoyo del gobierno. “Hay muchas cosas que deben hacerse”, explica López. “Nos gustaría llevar a cabo una investigación profunda que nos permita recuperar las semillas del maíz y de los frijoles nativos y nos gustaría también recibir apoyo de técnicos agrícolas para poder mejorar
nuestros cultivos pero hay mucha burocracia [en el gobierno]”. El coordinador de REDSSAG, Ronnie Palacios, cita proyectos exitosos en Brasil, Venezuela y otros países sudamericanos como evidencia que la agrocología funciona y dice que este modelo podría ayudar a Guatemala a reducir su dependencia del maíz y trigo importados, estimular la autosuficiencia y el empleo en las zonas rurales y reducir la oleada de agricultores empobrecidos que migran a las ciudades o a EEUU en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, Palacios asegura que hasta ahora el gobierno ha mostrado muy poco o ningún interés en apoyar las prácticas agroecológicas mayas. “Es necesario priorizar a las familias campesinas en condiciones de subsistencia e infrasubsistencia y desarrollar procesos de intercambio de información y una línea de investigación científica. Lamentablemente no ha habido apoyo. Hemos tocado las puertas del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) pero no han decidido habilitar una línea de investigación. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) tiene un programa de agricultura familiar y hemos propuesto que incluyen la agroecología pero no lo han aceptado”, sostiene. Según Palacios, “intereses económicos” explicarían la reticencia del gobierno a detener la entrega de fertilizantes químicos y ayudar a los campesinos a recuperar el modelo agroecológico de los antiguos mayas, comentario que tiene sentido debido a que [la corporación agroquímica guatemalteca] Disagro y otros importantes productores agroquímicos han realizado importantes donaciones en campañas electorales en los últimos años. Campesino a Campesino
Eric Holt-Giménez, director ejecutivo de Food First, organización estadounidense sin fines de lucro cuyo principal objetivo es promover la soberanía alimentaria para los derechos humanos y medios de vida sostenibles, explica que en la década de 1970, agricultores mayas que habían contraído fuertes deudas para adquirir la tecnología de la Revolución Verde fueron obligados a trabajar en plantaciones de café, azúcar y banano donde ganaban salarios miserables para pagar sus préstamos. Un agricultor en el departamento de Chimaltenango, a 60 km de Ciudad de Guatemala, comenzó a experimentar con técnicas de agricultura orgánica y se dio cuenta que podrían incrementar los rendimientos en 400%. Otros agricultores decidieron seguir sus pasos y empezaron a rescatar las prácticas ancestrales AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
mayas que fueron transmitidas de unos a otros. Los campesinos que enseñaron estas técnicas son conocidos como “promotores campesinos” y su cadena de aprendizaje marcó, por ejemplo, la aparición de un movimiento conocido como Campesino a Campesino, que rápidamente se propagó por Guatemala, Honduras y Nicaragua. “Los agricultores constituyeron cooperativas para vender sus productos y dejaron de ir a la costa para trabajar en las plantaciones de banano. En las décadas de 1970 y 1980 tuvieron tanto éxito que comenzaron a comprar tierras a los dueños de las plantaciones que los empezaron a llamar comunistas y exigieron la presencia del Ejército, con lo cual huyeron a México y comenzaron a enseñar a los campesinos de allá”, dice Holt-Giménez. El movimiento Campesino a Campesino se debilitó como resultado de las sangrientas guerras civiles que devastaron América Central durante la era de la
Guerra Fría, aunque organizaciones no gubernamentales locales, tales como ADSOSMHU, están buscando revivirlo y darle nuevos ímpetus. Según el estudio “Midiendo la resistencia agroecológica campesina ante el huracán Mitch en Centroamérica”, realizado en el 2000 por World Neighbors, organización internacional que trabaja con comunidades en extrema pobreza que luchan por sobrevivir, menos de 0.5% de los cuatro millones de pequeños productores de la región practican la agroecología. Las prácticas sostenibles más comúnmente usadas incluyen la labranza en hileras, el uso de compost, lombricultura y estiércol animal, así como manejo integrado de pesticidas que incluyen utilización de trampas, pesticidas y repelentes orgánicos, e insectos benéficos. Los propios agricultores, encabezados por Holt-Giménez, llevaron a cabo la investigación y encontraron que las parcelas agroecológicas en fincas SIGUE >
Paro agrario no cesa Productores agropecuarios y transportistas protestan contra políticas agrarias y comerciales del gobierno.
nos 200,000 agricultores y transportistas participan en el Paro Nacional Agrario y Popular, iniciado el 19 de agosto en protesta por las políticas comerciales y agrícolas del gobierno y demandando acceso a fertilizantes y combustibles más baratos, así como subsidios para sus cultivos. Los manifestantes bloquearon inicialmente las carreteras en los departamentos de Boyacá, en el centro del país, y Cauca, en el suroccidente, impidiendo que los productos alimenticios lleguen a los mercados, pero con el paso de los días la protesta se hizo sentir en todo el país. ElparofueconvocadoporlaMesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), conformada por organizaciones del sector agropecuario, que objeta los tratados de libre comercio firmados con EEUU, China y la Unión Europea, señalando que no pueden competir con productos importados más baratos, además de los que llegan
por contrabando a través de las fronteras con Ecuador y Venezuela. También reclaman acceso a la tierra y mejora de los servicios básicos en las zonas rurales. Mineros, médicos y estudiantes se han adherido a la protesta, afirmando que las políticas privatizadoras del gobierno ponen en riesgo sus medios de vida ante un mercado vulnerable. Aunque el presidente Juan Manuel Santos se había negado a negociar hasta que no se levantaran los bloqueos de carreteras, el 26 de agosto el mandatario llegó a un “pacto de no agresión” con los líderes de la protesta en Boyacá, ordenando a la Policía no intervenir mientras los manifestantes no protagonizaran actos de violencia. Si bien la situación se calmó en este céntricodepartamento,lasautoridades reportaron manifestaciones en otros puntos del país, incluyendo Bogotá, la capital. Santos también aceptó negociar con los agricultores en huelga para asegurar que tengan “un ingreso digno, puedan mantenerse en el
campo y puedan ver el futuro con más esperanza y con más optimismo”. El 27 de agosto se instaló una mesa de diálogo en la ciudad de Tunja entre representantes de los productores agropecuarios y del gobierno para discutir acceso a créditos fáciles, reducción de los precios de los fertilizantes y mejores precios para los productos agrícolas, entre otras demandas. En un comunicado, los productores agropecuarios anunciaron el 28 de agosto que si bien tienen “el mejor ánimo” para llegar a un acuerdo satisfactorio con los representantes gubernamentales, continuarán con la medida de fuerza en vista que el gobierno “no ha hecho una propuesta clara y coherente que satisfaga las necesidades del campo colombiano”. “El diálogo continúa”, dice el comunicado, a la vez que invitan a los campesinos a “mantener la protesta social y pacífica y a concentrarse en los sitios donde han permanecido durante los 10 días del paro”.— NA
sostenibles tenían una capa superior del suelo más grande, mayor humedad en el campo y más vegetación, lo que significó que luego de que el huracán Mitch devastara América Central en 1998, tuvieran un 49% menos de avalanchas y en promedio 47% menos erosión en surcos y 69% menos erosión en cárcavas que las parcelas convencionales.“Fue la diversificación de cultivos y la agroforestería que hizo que el sistema fuera tan resistente y le permitió hacer frente al cambio climático”,
• Los ataques con ácido en Colombia serán castigados con penas mínimas de entre seis y 10 años de cárcel de acuerdo con una nueva ley aprobada el 2 de julio y que modifica la anterior legislación que determinaba sanciones penitenciarias máximas de seis años. No obstante, si el daño se produce en la cara y el cuello, la pena mínima será de ocho años y la máxima de 15. Los ataques con ácido en el país, principalmente contra mujeres, estarían llegando a los niveles de Bangladesh y Paquistán, que poseen los más altos niveles en el mundo de este tipo de agresiones que dejan cicatrices de por vida. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, en el 2012 se registraron 161 casos en Colombia, el triple de los dos años anteriores. Sin embargo, numerosos casos no son denunciados debido a la naturaleza sensible de los ataques. • La Corte Provincial de Morona Santiago, en el suroriente de Ecuador, sentenció el 12 de agosto a los líderes indígenas shuar Pepe Acacho y Pedro Mashiant a 12 años de cárcel por los supuestos delitos de terrorismo y sabotaje. Ambos fueron considerados responsables por encabezar protestas indígenas contra la Ley de Aguas el 30 de setiembre del 2009. El tribunal sostuvo que Acacho, quien a su vez es legislador, había incitado a la población a cometer actos de terrorismo a través de su programa en la radio La Voz de Arutam cuando era presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar. Grupos indígenas han rechazado el fallo y denunciado una “sistemática viola-
afirmó Holtz-Giménez. “Sin embargo, los gobiernos no apoyan la agricultura campesina y esto sólo ha ido empeorando debido a los tratados de libre comercio diseñados a expulsar a los campesinos de sus tierras y abrir América Latina a la inversión extranjera. Los gobiernos necesitan empezar a promover la soberanía alimentaria y volver a políticas que funcionaron en el pasado para lograr la autosuficiencia”. q
ción de los derechos humanos”. En un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), manifestó que “los compañeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant no han cometido delito de sabotaje y terrorismo. Los compañeros no actuaron por iniciativa personal, ellos cumplían un mandato de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas”. • Por el sólo hecho de estar vestido de mujer, el adolescente Dwayne Jones fue asesinado entre el 21 y 22 de julio en una fiesta en Jamaica, denunció Human Rights Watch (HRW). Ante dos incidentes similares reportados el año pasado y el extendido abuso verbal y físico contra homosexuales en el país, organizaciones locales de defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) demandaron al gobierno investigar el crimen y castigar a los responsables. Boris Dittrich, director del programa de HRW sobre derechos de personas LGBT, alertó sobre el peligro en que se encuentran los activistas que denuncian estos hechos debido a la extrema homofobia existente en el país. El 29 de julio, el ministro de Justicia, senador Mark Golding, condenó el asesinato de Jones e invocó a la Policía a no escatimar esfuerzos para llevar a los culpables a la justicia • Grupos de autodefensa fuertemente armados han proliferado en México para combatir la violencia y la delincuencia que azota el país ante la incapacidad del gobierno y los militares. El 19 de agosto, enmascarados pertenecientes a un grupo del céntrico estado de Michoacán demandaron al gobierno
liberar a 44 de sus compañeros que habían sido detenidos una semana atrás acusados de portar armas y pertenecer al crimen organizado. Los encapuchados aseguraron en conferencia de prensa que actuaban para defenderse del cartel de las drogas conocido como Los Caballeros Templarios. Raúl Plascencia, presidente de la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos, advirtió que estos grupos continuarán apareciendo ante el abandono del Estado de la seguridad pública. • Más de un centenar de indígenas amazónicos mashko-piro en aislamiento voluntario en el Perú intentaron ponerse en contacto con personas ajenas a su pueblo, alertaron activistas locales. Los nativos solicitaron plátanos, sogas y machetes a indígenas yine de una remota comunidad ubicada a orillas del río La Piedra, en el oriental departamento de Madre de Dios. Miembros de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes disuadieron a los mashco-piro de cruzar el río. El incidente, ocurrido a fines de junio, quedó grabado en un video dado a conocer el 19 de agosto. La legislación peruana prohíbe establecer contacto con los aproximadamente 15 grupos indígenas en aislamiento voluntario para evitar el contagio de enfermedades a las que no están protegidos. Beatriz Huertas, antropóloga del gubernamental Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, dijo que los nativos mashko-piro que han aparecido en el 2011 y ahora, estarían disgustados por la presión sobre sus territorios de taladores ilegales, traficantes de drogas y empresas hidrocarburíferas. AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
BRASIL Paolo Moiola
aldea Yõkositheri. Fue amor a primera vista. Más tarde tuve varios contactos siempre con el mismo grupo, hasta que [más adelante], tuve la oportunidad de comenzar a vivir entre los yanomami del río Catrimani. Poco a poco, mientras trataba de sobrevivir en ese lugar, muchas veces sin lo mínimo necesario, aprendí uno de sus idiomas y me puse a investigar su cultura”. El hermano Zacquini habla de los indígenas como si fueran su familia. Y ciertamente lo son, hoy como ayer, cuando son objeto de ataques aún más vergonzosos que los del pasado por cuanto provienen de representantes del Congreso nacional que perteneYanomamis se oponen a propuesta de enmienda constitucional 215/2000 que atenta contra demarcación de tierras indígenas respaldada por la cen a la poderosa bancada ruralista que inConstitución. tenta dejar sin efecto el alcance del capítulo correspondiente a los pueblos indígenas de la Constitución de 1988. Uno de los casos más recientes y clamorosos es el proyecto de ley complementaria 227/2012, presentado por el diputado Homero Pereira —presidente de la bancada ruralista constituida por más de 230 legisladores entre deputados y senadores— que A CONSTITUCIÓN brasileña —en su artí- busca reglamentar el apartado 6 del artículo 231 de la culo 231— reconoce a los pueblos indígenas, Constitución. En particular, trata de someter las tierras su organización social, costumbres, lenguas, indígenas al “interés público superior del Estado brasicreencias y tradiciones, y los derechos origi- leño” anulando el derecho a la posesión y el uso exclunarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, sivo de los pueblos indígenas. Eso significaría justificar correspondiendo al Estado demarcarlas, protegerlas y el latifundio y abrir las puertas a carreteras, oleoductos, hacer que se respeten todos sus bienes. Sin embargo, centrales hidroeléctricas, ferrocarriles, minería, asentadichos pueblos son víctimas de permanentes ataques mientos humanos. desde el poder político y económico que buscan despla- La propuesta de enmienda constitucional 215/2000 zarlos de sus territorios. —presentada por el diputado Almir Sá— busca, por La población indígena en Brasil es de alrededor de su parte, poner bajo el control del Congreso nacional, y 900,000 personas —pertenecientes a 305 grupos étni- por tanto de la bancada ruralista, la demarcación de las cos— de un total de más de 200 millones de habitantes. tierras indígenas, hasta ahora garantizada por la ConsPara Carlo Zacquini, misionero italiano de la Orden de titución. “Un pequeño número de ‘blancos’ —dice la Consolata que vive desde hace 48 años en el estado de el hermano Zacquini— se ha apoderado de enormes Roraima, en el extremo norte, la situación es muy grave. extensiones de tierra y domina el gobierno nacional a “Unos meses después de mi llegada a Brasil, era el 1 de través de ‘sus’ representantes. La vasta extensión del mayo de 1965, en la desembocadura del río Apiaú, tuve país, la confusión en la propiedad de la tierra y el pola suerte de conocer a algunos indígenas que entonces der económico han prevalecido sobre el sentido común eran llamados vaiká. Hoy sé que eran yanomami de la y sobre la ley. Una ley que, si es favorable a los pueblos
indígenas se la cambia, como está sucediendo ahora. A fin de cuentas, se dice a modo de justificación, las leyes vigentes, quienes las han hecho —y por tanto quienes pueden modificarlas— no son los indígenas” Territorios ambicionados
La bancada ruralista, llamada oficialmente Frente Parlamentario Agropecuario, sus poderosos patrocinadores —la Confederación Nacional de Agricultura, constituida por grandes propietarios agrícolas, grupos empresariales de la agroindustria y de la minería— y los medios de comunicación más influyentes, sostienen que 113 millones de hectáreas del territorio brasileño (13.3% del total, según datos de la organización no gubernamental Instituto Socioambiental) en manos de los pueblos indígenas son demasiados. “Demasiada tierra para pocos indígenas”, señalan. Hay que decir —entre otras cosas— que a menudo se trata de una posesión teórica. Una parte considerable de las tierras indígenas es, de hecho, objeto de invasiones constantes y prolongadas por diversos actores: ganaderos, mineros, comerciantes de maderas preciosas, traficantes de la biodiversidad. “¿Por qué, incluso en el caso de pueblos que han obtenido el reconocimiento de sus tierras, el gobierno no interviene con prontitud y eficiencia contra los invasores? De este modo se alimenta la mentalidad de que invadir tierras indígenas y destruir la naturaleza no representa un delito. Incentivadas por la impunidad, las invasiones se multiplican. Si los infractores fuesen los indígenas, muy rápidamente actuarían las fuerzas del orden para reprimirlos, incluso con violencia”, dice Zacquini. El problema es que muchas veces ni siquiera el Estado respeta los territorios indígenas. Sucede, por ejemplo, con las megaobras previstas por el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Según la gubernamental Fundación Nacional del Indio (FUNAI), 201 obras del PAC afectan tierras indígenas. Las más impactantes son las centrales hidroeléctricas, en particular Jirau y Santo Antônio en el río Madeira (Rondônia), Teles Pires (Mato Grosso) y São Luiz (Pará) en el río Tapajós y la más grande de todas, la de Belo Monte en el río Xingú (Pará). Obras devastadoras para el medio ambiente y para la existencia de decenas de pueblos indígenas, dan testimonio además de la falta de respeto al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Brasil es adherente. Según el artículo 16 del Convenio, “los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios,
“¿Por qué, incluso en el caso de pueblos que han obtenido el reconocimiento de sus tierras, el gobierno no interviene con prontitud y eficiencia contra los invasores?” — CARLO ZACQUINI
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa”. Su violación por parte del gobierno brasileño es patente. “¿Por qué —se pregunta con razón el hermano Zacquini— cuando se piensa en el ‘progreso’, no se piensa casi nunca en las tierras de los latifundistas, a menudo sin cultivar, sino siempre y solamente en las indígenas?”. La afirmación se basa en números claros: en Brasil, cerca de 70,000 personas son propietarias de 228 millones de hectáreas de tierras improductivas, según datos del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Carrera hacia el saqueo
En Roraima, donde vive el hermano Zacquini, están el Territorio Indígena de los Yanomami y la Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, donde habitan varios pueblos: Makuxi, Vapichana, Ingarikó, entre otros. Ambos territorios tienen reconocimiento oficial, pero los problemas persisten. “Son decenas las propuestas de ley presentadas por congresistas, varios de Roraima, para eliminar o reducir los derechos de los pueblos indígenas”, señala el misionero. Por encima y por debajo de los territorios indígenas existen recursos naturales que son codiciados y por ellos muchos están dispuestos a todo, como testimonia el proyecto de ley 1610/96 —presentado por el senador Romero Jucá— que pretende abrir la explotación de minerales en tierras indígenas. “La carrera hacia el saqueo de los recursos naturales no renovables no conduce en ningún país al verdadero progreso. Normalmente sólo sirve para enriquecer a alguien, dejando que la deuda la paguen las futuras generaciones”, concluye el misionero italiano. q AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
EL SALVADOR Tomás Andréu desde San Salvador
Prácticas agroecológicas incluyen utilización de semillas nativas, abonos orgánicos, control biológico de plagas, rotación de cultivos y respeto de los ecosistemas.
de atajos para llegar a la sabiduría. Tampoco hay una fórmula mágica para conservarla y hacerla llegar a otras generaciones. El Salvador empieza a entender esto ahora que ve contaminado su suelo y contagiados con químicos sus alimentos. Pero en la dinámica incierta que existe en la producción de alimentos en el país centroamericano, paralelamente se mueven otros mecanismos amigables con la tierra y con la cosecha que esta da. Esto viene tras retomar la herencia ancestral, el respeto al ciclo de los ecosistemas y de la voluntad de hombres y mujeres que buscan la soberanía alimentaria a través de la agroecología. “Los procesos ancestrales los hemos aplicado gradualmente. Nuestros ancestros no practicaban el monocultivo, por eso buscamos plantar yuca, elote (maíz), pipianes (calabacín), loroco. La gente hasta dejó de sembrar flores en sus parcelas. Por eso nuestros suelos antes eran riquísimos y por eso queremos recuperar
MUJERES PRODUCIENDO LA TIERRA
Sabiduría ancestral para cultivar la tierra
Mujeres campesinas apuestan por prácticas agroecológicas en el cultivo de la tierra y la cría de animales.
toda esa tradición que incluía también la siembra de hierbas como la mora”, le explica a Noticias Aliadas Juan Pablo Pérez, del Programa de Campesino a Campesino, impulsado por los propios agricultores y que se basa en el trueque de los productos que cultivan sus integrantes. Esta iniciativa data de 1984 y tiene a países como México y Nicaragua como precursores, pero en El Salvador el esfuerzo ha fluctuado en el tiempo, desde 1994 hasta tener una dinámica constante y sólida a partir del año 2000. Pérez es un agricultor del céntrico departamento de Cuscatlán. Cultiva granos básicos, hortalizas y frutas. Trabaja con abonos orgánicos para proteger la siembra. Utiliza plantas aromáticas para repeler a los depredadores y evitar hongos.
“Los procesos ancestrales los hemos aplicado gradualmente. Nuestros ancestros no practicaban el monocultivo, por eso buscamos plantar yuca, elote (maíz), pipianes (calabacín), loroco”. — JUAN PABLO PÉREZ
Su método logra mantener a raya a la mosca blanca en cultivos como chile (ají), tomate, espinaca, frijol rojo y maíz criollo. “Lo que hacemos nosotros es preparar sustancias fuertes que huelan mal para ahuyentar a las plagas o insectos. Una de ellas es a base de chile, ajo y cebolla. O hacemos un jabón con semillas de aceituno. La masa de este producto se pone en un galón de agua y se fumiga el follaje de las plantas”, asevera Pérez. “Para nosotros, en una parcela agroecológica, todos los insectos deben de estar ahí: orugas, lombrices, hormigas. Debe de haber un equilibrio para una buena producción”, añade.
Reemplazando los agroquímicos
Elaborar Pérez tiene estrecho vínculo con la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que busca nuevas alternativas para enfrentar los daños que causan los agroquímicos y el cambio climático. “Las prácticas agroecológicas tienen un procedimiento totalmente diferente a las tradicionales en el tratamiento de la producción de alimentos que se ha implementado desde la ‘Revolución Verde’ en el mundo. Esto tiene que ver con productos orgánicos para la producción que se vuelven sustentables [para la tierra, los agricultores, el país] porque no necesitan de los agrotóxicos o el uso de semillas híbridas ni mejoradas”, explica Mercy Palacios, del área de Incidencia en Políticas Públicas en Soberanía Alimentaria de la UNES. Palacios comentó a Noticias Aliadas que en San Julián, municipio ubicado en el occidental departamento de SIGUE >
Mujeres se comprometen con la agroecología Indígenas viudas por el conflicto armado apuestan por cultivos orgánicos.
ujeres indígenas que perdieron a sus esposos y familiares durante los 36 años de conflicto armado interno que asoló Guatemala entre 1960 y 1996, agrupadas en la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), decidieron apostar desde hace varios años por la protección de la tierra y el cultivo de productos orgánicos. “Las plantas, hierbas y otros cultivos como el maíz y frijol, son importantes en la vida de la mujer”, dijo María Isabel Soc, integrante de CONAVIGUA y de la Comisión de Mujeres de la organización internacional La Vía Campesina. “Somos maíz y no podemos comer otro tipo de alimento que no sean los nuestros”. “Desde hace varios años se inició el proceso de formación y capacitación a mujeres de diferentes regiones del país con el fin de que pongan en práctica sus conocimientos en su relación con la Madre Tierra, la importancia de la soberanía alimentaria, aprovechando los propios recursos con los que cuentan en sus comunidades y así tener acceso a una alimentación sana”, agregó. En la región de Alta Verapaz, al norte del país, las mujeres de varias comunidades rurales han decidido cultivar sus alimentos utilizando únicamente abono orgánico y plaguicidas elaborados por ellas mismas. “En la actualidad siembran variedad de verduras, plantas medicinales y diversidad de hortalizas”, dijo Marieta Tista de León, integrante de una de las comunidades de Alta Verapaz. “Las mujeres han
mejorado su economía familiar y ahora no dependen de un lugar para comprar sus alimentos sino que ellas son las que proveen de alimentos saludables ricos en nutrientes a otras familias cercanas”. Lucía Quilá, dirigenta de CONAVIGUA, precisó que la actividad agrícola de las mujeres permite alimentar a sus familias y obtener un excedente para satisfacer otras necesidades. Muchas de ellas comenzaron con pequeños huertos y actualmente son proveedoras de alimentos en sus comunidades. No obstante, existen dificultades para acceder a mercados para colocar sus productos y además enfrentan la competencia de los alimentos transgénicos que han invadido sus comunidades. CONAVIGUA cumplió el 12 de setiembre 25 años de vida y organizaciones indígenas como la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej, resaltaron “la lucha cotidiana, fortaleciendo el liderazgo y transformación para la vida de las mujeres mayas en Guatemala” de la agrupación. Entre los proyectos desarrollados por CONAVIGUA, que han permitido el empoderamiento de las mujeres indígenas, se encuentran la alfabetización, programas de salud mental y física, y especialmente aquellos que “que aportan a la economía familiar, buscando la soberanía alimentaria, haciendo uso de la conservación de los recursos naturales viviendo en armonía con la Madre Naturaleza”, destacó en un saludo Waqib’Kej. —NA AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
“Hay algo que ya no se debe de permitir y es la tala de los árboles y estos son los que nos ayudan en esta zona tan lluviosa del país, parece simple pero es una defensa contra el cambio climático” — SONIA BRITO Sonsonate, son los mismos líderes de las comunidades quienes han retomado estos conceptos ancestrales con los que gradualmente han sustituido a los agroquímicos. El esfuerzo del Programa de Campesino a Campesino y de la UNES ahora tienen un ingrediente vital de su parte: la Asamblea Legislativa prohibió el 5 de setiembre la importación, exportación, distribución y comercialización de 53 agroquímicos. La acción del Órgano Legislativo ha creado un efecto dominó desde los empresarios, pasando por los trabajadores de la tierra hasta llegar al gobierno, pues este último tiene dos años para buscar los sustitutos de estos agentes. La prohibición de estos químicos tiene su origen en las 60 muertes, todas por insuficiencia renal, ocurridas entre enero y setiembre del 2013 en San Luis Talpa, departamento de La Paz, en el centro sur del país. Los pobladores de la zona culparon a la contaminación que surgió a través del uso de agrotóxicos. “Uno de los obstáculos que hay que derrotar es que sin pesticidas no se puede sembrar y esto [creencia] es debido a las noticias de los medios de comunicación y a la propaganda de engaños. Esto impide que haya un reconocimiento de las técnicas y sabiduría de antaño”, enfatiza Palacios. Pero la voz de la UNES también reconoce que los agricultores son quienes 16
por voluntad propia y fe ciega buscan los agroquímicos y hasta rebasan su uso en la tierra. “Hay un acomodamiento de muchos agricultores por las viejas prácticas y por el otro lado, la tierra está altamente contaminada”, afirma Palacios. Para devolverle la salud a la tierra, agrega, hay que “pensar agroecológicamente” y “empezar por la descontaminación del suelo a través de la semilla nativa”, porque “esta se puede volver a producir año con año en la misma comunidad” sin necesidad de acudir a un agroservicio. El rol protagónico de las mujeres
Si de legado se trata, el protagonismo que tiene la mujer en la agricultura ancestral pervive hasta hoy. Sonia Brito, de la Asociación Agropecuaria “Mujeres Produciendo la Tierra”, es un ejemplo. No sólo es una integrante trascendental en la institución, también cultiva la tierra. “Siembro en un terrenito que tenemos con mi esposo y mi familia y hacemos barreras efectivas con zacate de vetiver [pasto]. Estamos totalmente organizados con mi familia para el mantenimiento y conservación de nuestra parcela”, describe Brito a Noticias Aliadas. Ella siembra rábano, tomate, chile dulce. También ha empezado a cultivar café en su terreno del cantón Talcomunca, caserío Buena Vista del municipio de Izalco, en Sonsonate, un lugar con fuertes raíces indígenas, esfuerzo que verá sus frutos en tres años. Su labor no llega hasta ahí, también ella transmite su saber. Junto con la asociación cuida los pasos de 12 grupos de mujeres de los departamentos de Sonsonate y Santa Ana. La agroecología que ella conoce la enfoca por áreas: organización, formación, provisión, incidencia y salud comunitaria. Hay frutos, tardan en verse, pero los hay. “La tierra está muy contaminada y no podremos combatir esto de la noche al día. Hemos realizado prácticas que han resultado muy lentas, pero sí hemos tenido cambios, muchos cambios. Hay algo que ya no se debe de permitir y es la tala de los árboles y estos son los que nos ayudan en esta zona tan lluviosa del país, parece simple pero es una defensa contra el cambio climático”, manifiesta desde su experiencia Brito. La agricultora está contenta por la prohibición que hizo la Asamblea Legislativa sobre los pesticidas, aunque reconoce que “usamos agroquímicos, pero ese es nuestra gran apuesta también, dejar de usarlos. Ya tenemos un 35% de reducción. Es una lucha la que tenemos con ese tema”. Para Palacios, el Estado debe implementar “un marco jurídico que permita crear la soberanía alimentaria que necesita el país. Necesita echar a andar un programa de semillas nativas que excluya los fertilizantes químicos y que agregue oportunamente las asesorías técnicas a los agricultores. Y lo más importante: que empiece el rescate del conocimiento de nuestros ancestros”. q
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Noticias Aliadas
nizaciones latinoamericanas y caribeñas, así como 11 organizaciones colombianas, culminaron con el proceso de creación de la Alianza, iniciado en 1996 en la II Conferencia Internacional de La Vía Campesina, realizada en México. El principal compromiso es “llevar adelante la lucha por la soberanía alimentaria, asumiéndola como un principio, visión, legado, derecho y deber construido por los pueblos indígenas, campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, mujeres, afrodescendientes, jóvenes y trabajadores rurales, Redes, movimientos y organizaciones de la región sellan compromiso de la que se ha convertido en una plataforma culminación de la creación de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de aglutinadora de nuestras luchas y en una América Latina y el Caribe. propuesta para la sociedad en su conjunto”. Otros compromisos incluyen la defensa de los territorios contra el acaparamiento, el extractivismo y la privatización de bienes, y la agroindustria a gran escala. La agroecología fue elegida como “modo de vida que recupera todo lo que hemos perdido, una conexión con los saberes ancestrales”, rescata los mercados locaLA ALIMENTACIÓN no es una mercancía sino les, saberes de las comunidades, pone en discusión los un derecho humano reconocido por los Estados precios, fomenta el intercambio y el trueque como moa partir de diversos instrumentos jurídicos. Re- delo económico de una economía social y solidaria baconocer este derecho plantea la obligación de los sada en la sustentabilidad, redistribución y reciprocidad. Estados de respetar, proteger y garantizar el derecho a la “Es una propuesta alternativa al cambio climático alimentación de los pueblos y en especial de los produc- que afecta principalmente a los productores de alimentores de alimentos, que se garantice el derecho al trabajo tos locales”, dice la declaración. y empleo dignos, al salario justo basado en los principios Uno de los logros de las instituciones que conforman de justicia social y dignidad humana”, dice la declaración la Alianza es que entidades internacionales como la Orde la I Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimen- ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación taria de América Latina y el Caribe. y la Agricultura (FAO) aceptara en el 2012 debatir sobre El encuentro, realizado el 6 y 7 de agosto en Bogotá, la soberanía alimentaria entendida como “el derecho de Colombia, fue convocado por diversas asociaciones re- los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua gionales comprometidas con la lucha por la soberanía y la producción de alimentos, garantizando, a través de alimentaria, incluyendo a la Coordinadora Latinoameri- una producción local, autónoma (participativa, comunicana de Organizaciones del Campo-La Vía Campesina, taria y compartida) y culturalmente apropiada, en armoel Movimiento Agroecológico de América Latina y el Ca- nía y complementación con la Madre Tierra, el acceso de ribe, y la Red de Acción contra Plaguicidas, entre otras. los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos, Representantes de 23 redes, movimientos y orga- profundizando la producción de cada nación y pueblo”.
La FAO defiende la seguridad alimentaria para superar el hambre en el mundo. No obstante, La Vía Campesina considera que no basta con que el alimento esté disponible, sea accesible, suficiente e inocuo, de lo que se trata es de alcanzar la soberanía alimentaria, es decir, “dar prioridad a la producción y consumo local de alimentos”. Desde el 2008 se ha producido un incremento de los precios internacionales de los alimentos, que ha llevado a que casi 50 millones de personas en América Latina y el Caribe (8% de la población total) padezcan hambre, situación que para la FAO, “no se explica por insuficiente producción o falta de abastecimiento alimentario,
sino que se debe fundamentalmente a la falta de acceso a alimentos de un sector importante de la población que no cuenta con ingresos suficientes para adquirirlos”. En América Latina y el Caribe alrededor del 80% de las explotaciones agrícolas corresponden a la agricultura familiar, según datos de la FAO, que ha declarado el 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar. “El objetivo de la Alianza es ser el instrumento de unidad de los pueblos que luchan por la soberanía alimentaria como ejemplo sustancial en la construcción de un nuevo modelo de sociedad basada en el Buen Vivir y la soberanía de los pueblos”, señala la declaración . q
Campesinos son galardonados con Premio de la Soberanía Alimentaria Son reconocidos por promover prácticas agrícolas seguras y saludables y por su defensa de los derechos de los agricultores.
a Alianza Estadounidense por la Soberanía Alimentaria anunció el 13 de agosto que cinco organizaciones campesinas haitianas ganaron la quinta edición del Premio Anual de Soberanía Alimentaria, galardón otorgado a grupos de base que promueven la democracia alimentaria y en reconocimiento a sus esfuerzos en el combate al hambre y la pobreza. Los galardonados, que reciben el apoyo de la organización internacional La Vía Campesina, incluyen al Grupo de 4 (G4) — conformado por las organizaciones Tèt Kole, Mouvman Peyisan Papay (MPP), Mouvman Peyizan Nasyonal Kongre Papay y la Coordination Régionale des Organisations du Sud Est— y la Brigada Dessalines, que toma el nombre de Jean-Jacques Dessalines, el líder independentista haitiano del siglo XIX. Democracia alimentaria se entiende como “propuestas comunales y culturales de abajo hacia arriba para hacer frente al hambre y la pobreza”, explicó Charity Hicks, integrante del Grupo de Trabajo por
Justicia Alimentaria de Detroit, uno de los auspiciadores del premio. Elegido entre más de 40 proyectos, el grupo haitiano galardonado, que representa a más de 250,000 campesinos, lucha por la democracia alimentaria al promover prácticas agrícolas seguras y saludables y defiende los derechos de los agricultores. También acordaron “aplicar un enfoque de derechos humSegún el sitio web del Premio de la Soberanía Alimentaria, el mérito para obtener el galardón se basa además en la creación de vínculos globales y priorizar el liderazgo de las mujeres, pueblos indígenas y trabajadores migrantes y otros “productores de alimentos marginados por el sistema alimentario mundial”, que los ganadores deben cumplir a través de sus amplias alianzas. Desde el 2007, el G4 y la Brigada Dessalines han trabajado en la reconstrucción del medio ambiente en Haití, devastado por el terremoto de enero del 2010 y el paso de los huracanes, en poner fin a la pobreza y preservar las semillas criollas
haitianas. El MPP rechazó hace tres años la donación de semillas transgénicas por la transnacional Monsanto señalando que estos organismos genéticamente modificados contaminarían los cultivos nativos y, sobre todo, son una amenaza a la precaria seguridad y soberanía alimentaria de Haití. “El Premio Anual por la Soberanía Alimentaria simboliza la lucha por alimentos seguros y saludables para todas las personas del mundo”, dijo Chavannes JeanBaptiste, integrante del comité ejecutivo del G4. “Es una lucha que hay que librar tanto a nivel local como global, y exige una profunda solidaridad entre todas las organizaciones que luchan por la soberanía alimentaria”. Organizaciones campesinas de India, Mali y el País Vasco recibieron menciones honrosas. El año pasado el Premio de la Soberanía Alimentaria fue otorgado a la Asociación de Mujeres Campesinas de Corea y en el 2011 al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil. — NA
PARAGUAY Gustavo Torres desde Asunción
Entre el viejo prebendarismo y la tecnocracia neoliberal
ADRIÁN MORÍNIGO
compromiso de apoyo a los programas sociales que impulse su gobierno. Analistas políticos consultados por Noticias Aliadas, coindicen en que el mayor desafío de Cartes será evitar posibles grietas dentro del oficialismo ante la composición de su gabinete conformado por ministros tecnócratas y de visión empresarial, supuestamente eficiente y competitivo, que no incluye a figuras fuertes del gobernante Partido Colorado, también llamado Asociación Nacional Republicana, cuya práctica es clientelista y prebendaria. Organizaciones sindicales y campesinas reclaman al gobierno detener En sus primeras acciones de gobierno, privatizaciones y el patentado de las semillas transgénicas y autóctonas, Cartes ha ensayado a distanciarse de sus principalmente el maíz. predecesores del Partido Colorado para mostrar en la práctica que “el Nuevo Rumbo”, la retórica de campaña, significa el abandono de las viejas prácticas partidarias que motivaron su desalojo del poder en el 2008 tras seis décadas consecutivas de hegemonía absoluta. Tras la decisión del novel gobierno de mostrar reglas de juego diferentes, algunos legisladores y dirigentes partidarios ESDE EL 15 de agosto, cuando fue empezaron a reclamar con más insistencia por cargos ungido presidente de Paraguay para un públicos. mandato de cinco años, Horacio Cartes “Prepotente y malagradecido, gracias al Partido empezó a gobernar en una situación Colorado llegó a ser presidente, el llegó a mi partido”, inmejorable para llevar a cabo su programa de se quejó Gustavo Centurión, vicepresidente de la gobierno, que propone un Nuevo Rumbo para el país Seccional Colorada del distrito capitalino de San con “oportunidades para todos”. Lorenzo, durante una entrevista radial, en referencia a Cuenta con mayoría propia en la Cámara de que Cartes recién se afilió al partido en el 2009. Diputados y mayoría simple en la de Senadores, a Ante esta presión, Cartes empezó a ceder lugares cuatro votos de la mayoría absoluta para aprobar en algunas secretarías de segundo orden a militantes en forma automática sus proyectos. Además, tiene colorados. un pacto de gobernabilidad con la segunda fuerza “Los nombramientos son señales de que política, el Partido Liberal Radical Auténtico obviamente hubo una negociación entre el presidente (PLRA), y otros sectores de la oposición como el Horacio Cartes y el Partido Colorado y que el Partido Democrático Progresista, Avanza País, Unión mandatario perdió su primera pulseada. Las diferencias Nacional de Ciudadanos Éticos, Patria Querida y el entre Cartes y su partido no responden sólo al tema Partido Encuentro Nacional.También ha recibido por de cargos en el Estado, sino que también está la parte del Frente Guasú, liderado por el expresidente confrontación por intentar ‘imponer’ sus proyectos a (2008-2012) y actual senador, Fernando Lugo, un sus legisladores y, aún más de fondo, hay una diferencia
de visión del modelo que quieren promover. Mediante su gabinete de técnicos y el afán de optimizar el Estado quiere un modelo neoliberal, mientras la ANR insiste en un modelo prebendario”, sostiene Hugo Richer, senador del Frente Guasú, en declaraciones a la prensa. Consultada por Noticias Aliadas, Mercedes Canese, activista por la soberanía energética y exviceministra de Minas y Energía, sostiene que la lista de invitados empresarios y tecnócratas a la asunción de Cartes demuestra que “quiere gobernar con los empresarios y profundizar el modelo neoliberal, achicamiento del Estado, privatización de las empresas públicas”. Analistas políticos y sindicalistas también señalan que la visión empresarial y tecnócrata de gran parte del gabinete que seleccionó hace vislumbrar un gobierno de privatizaciones y de concesiones al sector privado de ámbitos que son públicos. A fines de agosto trabajadores y técnicos del sector eléctrico paraguayo iniciaron movilizaciones contra la aprobación de un llamado marco regulatorio de la actividad del sector eléctrico que consideran encubre una maniobra privatizadora. “Cartes quiere gobernar como un empresario y eso es difícil es un país donde la mayoría son campesinos, trabajadores informales y desocupados”, agrega Canese. Los desafíos de la gestión
“Cartes quiere gobernar como un empresario y eso es difícil en un país donde la mayoría son campesinos, trabajadores informales y desocupados”. — MERCEDES CANESE
Mientras grupos de campesinos e indígenas organizados luchan por la preservación de semillas nativas, el gobierno ha seguido la misma línea de su predecesor, el expresidente interino Federico Franco (2012-2013), nombrando a un representante del gremio de los sojeros en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), ingeniero Regis Mereles, integrante de la Unión de Productores de Soja (APS) y de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que está a favor de la liberación total de todos los tipos de transgénicos. En julio último, antes de la asunción de Cartes, el Ministerio de Industria y Comercio dio trámite a la solicitud de la multinacional Monsanto para patentar en Paraguay la semilla de maíz transgénico MON 89034 y métodos para su detección y uso. Ante ello, campesinos e indígenas dedicados a la producción de maíces nativos y criollos para el consumo y renta, así como ciudadanos urbanos, empezaron una campaña de firmas en la que solicitan que se rechace la solicitud de la multinacional, debido a que transgrede el artículo 5 de la Ley 1630/00 de patentes de invención, que dispone que entre las materias excluidas de protección por patente se encuentran las plantas y los animales. “No se debió dar trámite a la solicitud de Monsanto. El Ministerio de Industria y Comercio debe rechazar el pedido de patente de maíz solicitado por Monsanto, ya que eso está prohibido en Paraguay. El maíz es alimento fundamental de la cultura paraguaya”, señala la nota de la campaña de las organizaciones productoras de maíz nativas y criollas. Manifestaciones ciudadanas
La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), fueron los primeros en dar la “bienvenida” al nuevo gobierno, sitiando la capital el 14 y 15 de agosto, día de la toma de posesión de Cartes, con una movilización de más de 15,000 maestros exigiendo mejoras a las pensiones a través de la Ley de Jubilación Docente, y la exigencia de una educación gratuita y de calidad. Igualmente, los gremios médicos afiliados en la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud realizaron movilizaciones los días siguientes y se avecinan más paros reclamando falta de pago de salarios, en protesta por la amenaza de despidos injustificados por parte del nuevo ministro de Salud Antonio Barrios, y contra las intenciones de recortar el presupuesto de salud. Trabajadores de empresas públicas del sector eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), agremiados en el Sindicato Nacional
de Electricidad (SITRANDE), y de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), afiliados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (SINATEL), participaron en un congreso convocado por las principales centrales sindicales y en una posterior movilización hasta la plaza del Congreso Nacional, junto con organizaciones campesinas e indígenas, en contra de posibles privatizaciones el pasado 5 de setiembre. Ante dirigentes sindicales e indígenas, Cartes se comprometió a instalar de inmediato mesas de diálogos con el fin de estudiar por área y buscar solución a los problemas más graves que sufre el país. “Los trabajadores que estamos aglutinados dentro de la SITRANDE tenemos muy claro lo que pretende el gobierno de Cartes, que con mucho ímpetu está
queriendo llevar una política económica neoliberal, que implica las privatizaciones de los entes públicos más importantes”, dice a Noticias Aliadas, José María Benítez, delegado de base de la hidroeléctrica Acaray, usina propiedad de la ANDE, situada en Hernandarias, Alto Paraná. “No hay un sinceramiento del gobierno de cómo va a generar empleos”, agregó Benítez. “Si se pretende privatizar para luego generar empleo es muy contradictorio, porque en ese caso sería despedir gente para luego supuestamente crear condiciones para nuevos empleos, esa es la situación que nosotros vemos desde SITRANDE(…). La estrategia a seguir es la movilización permanente, tratar de ganar el apoyo popular y así defender uno de los intereses más preciados del pueblo que es su energía”. q
Alimentación escolar combate desnutrición infantil Programas promueven desarrollo local al adquirir alimentos de la agricultura familiar.
os programas de alimentación escolar implementados en ocho países de la región han resultado de suma importancia para la protección social, la seguridad alimentaria y la nutrición de los niños, asegura la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en un reciente informe. El estudio “Panorama de la Alimentación Escolar y las Posibilidades de Compra Directa de la Agricultura Familiar-Estudio de Caso en Ocho Países”, dado a conocer el 22 de agosto, resalta que este tipo de programas, que benefician a 85% del total de escolares de los países estudiados —Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú—, combaten la desnutrición crónica en los niños, a la vez que “fomentan la permanencia en la escuela y un mayor aprendizaje”. El documento sostiene, además, que existe la tendencia de que los programas
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Porcentaje de desnutrición crónica en menores de cinco años (2012) Países
Guatemala Honduras Bolivia Nicaragua Perú	El Salvador Paraguay Colombia
49.8 30.0 27.1 21.7 19.5 19.1 18.0 13.2
obtengan los alimentos de la agricultura familiar, impulsando el desarrollo local. En América Latina y el Caribe alrededor del 80% de las explotaciones agrícolas corresponden a la agricultura familiar, según datos de la FAO, que ha declarado el 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar. “Es una solución triplemente ganadora”, señala el director general de
la FAO, José Graziano da Silva. “Asegura la calidad de los alimentos entregados a los estudiantes de instituciones públicas y fomenta el consumo de alimentos frescos y saludables, abre nuevos mercados la posibilidad para los agricultores familiares, y promueve el desarrollo local”. En América Latina y el Caribe, 49 millones de personas —8% de la población total de la región— sufren hambre, en su mayoría niños menores de cinco años y mujeres. Para la FAO, esta situación “no se explica por insuficiente producción o falta de abastecimiento alimentario, sino que se debe fundamentalmente a la falta de acceso a alimentos de un sector importante de la población que no cuenta con ingresos suficientes para adquirirlos”. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los sectores urbanos más pobres destinan 70% de su presupuesto a la compra de alimentos.— NA AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
Crímenes de guerra seguirán impunes
Candidatos presidenciales no derogarán Ley de Amnistía por crímenes cometidos durante el conflicto armado. Monumento que recuerda las víctimas de la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, en la que fueron asesinadas 966 personas por efectivos del Ejército salvadoreño.
INGUNO DE los candidatos que buscan llegar a la presidencia de El Salvador en los comicios del 2014, solicitará la derogación de la Ley de Amnistía que cerró la posibilidad de juzgar los crímenes de guerra que se cometieron durante el conflicto armado que vivió el país centroamericano desde 1980 hasta la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-94) en enero de 1992. Más de 20 años después, la izquierda y la derecha tienen algo en común: no quieren abrir las heridas del pasado y juntas ven hacia el futuro, según sus propias palabras. Así, ambas fuerzas políticas le dan la espalda al informe de la Comisión de la Verdad (CV), publicado en enero de 1993. Dicho documento registra las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado que dejó más de 75,000 muertos, más de 8,000 desaparecidos y millones de dólares en pérdidas de infraestructura. Días después de la presentación del informe de la CV, la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que concede “amnistía amplia, absoluta e incondicional” a todas las personas que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
Noticias Aliadas preguntó a los principales candidatos a la presidencia salvadoreña si en sus planes de gobierno está incluida una derogatoria de la normativa. “La amnistía vino a reconciliar a la familia salvadoreña”, declaró el candidato presidencial de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Norman Quijano. “Derogarla sería dañino para la reconciliación. Si en aquel tiempo se dijo borrón y cuenta nueva, ¿por qué tenemos que abrir las heridas 20 años después?”. El mismo tono usó el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) —quien postula a un segundo man-
El conflicto armado dejó más de 75,000 muertos , más de 8,000
y millones de dólares en pérdidas de infraestructura.
“El gobierno de Mauricio Funes y del FMLN han sido muy parecidos a los gobiernos anteriores en la lógica de que ‘a mí me nombraron para administrar el futuro y no para juzgar el pasado”. — MARÍA SILVIA GUILLÉN dato con el Movimiento Unidad, compuesto por viejos partidos de derecha como Concertación Nacional, Demócrata Cristiano y la Gran Alianza por la Unidad Nacional, esta última una escisión de ARENA— que se pronunció sobre la Ley de Amnistía a través de su equipo de campaña: “La postura de él sigue siendo la misma que ha mantenido siempre. Los Acuerdos de Paz establecieron ciertos criterios, parámetros y decisiones donde figura la Ley de Amnistía, por lo tanto, debe mantenerse tal cual. Hay que tomar en cuenta que no es competencia del Órgano Ejecutivo la derogatoria de leyes”. Decepción por FMLN Si bien organismos defensores de derechos humanos no esperan nada de la derecha salvadoreña en el tema de la Ley de Amnistía y en la reparación de las víctimas del conflicto, tampoco esperaban sorpresas desagradables como las que dio el gobernante FMLN. El FMLN ganó los comicios del 2009 con el experiodista Mauricio Funes como candidato presidencial, poniendo fin a 20 años de gobierno de ARENA. Aunque el FMLN siempre fue un duro crítico de la impunidad de los responsables de los crímenes de guerra, Funes despejó las dudas al anunciar el 2 de setiembre del 2008, cuando era candidato presidencial, que “le pediré a los diputados [del FMLN] que no lo hagan [promover iniciativas para derogar la Ley de Amnistía]. Ya lo hemos discutido en el interior del partido”. Y así fue. El FMLN no echó mano de sus energías para derogar o modificar la Ley de Amnistía. Su actual candidato presidencial, el actual vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, un excomandante guerrillero, tampoco buscará modificar la normativa.
“Primero quiero decir que nosotros cerramos un conflicto a través de unos Acuerdos de Paz. Esos acuerdos abrieron una nueva etapa en El Salvador. Es ejemplo para América Latina y para el mundo. El desarrollo, para construirlo, se necesita construirlo en paz. Ahora nosotros [el FMLN] estamos viendo al futuro y el futuro tiene que ser de oportunidades para todos”, dijo a Noticias Aliadas. Para Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), “la oferta electoral de ahora es tan precaria, porque nadie es capaz de levantar la esperanza. Cualquiera de los candidatos que gane la presidencia gobernará como gobernó Funes y como gobernaron los anteriores presidentes de ARENA”. Alianza con militares En junio pasado, un grupo de militares establecieron una alianza pública con el FMLN y a partir de entonces Sánchez Cerén y su compañero de fórmula, el también excomandante guerrillero Óscar Ortiz, actual alcalde de Santa Tecla, capital del suroccidental departamento de La Libertad, tienen como asesor en Defensa Nacional a un militar activo, el coronel Roberto López Morales, mencionado por la CV y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de haber tenido conocimiento de los planes para asesinar a los sacerdotes jesuitas de la UCA y a dos de sus colaboradoras el 15 de noviembre de 1989, al haber participado en la reunión en la que se planificó la masacre y no hizo nada por impedirla. “Él es un cómplice y encubridor. Él sabía que iban a matar a los jesuitas. Quizás por miedo no levantó la mano cuando preguntaron quién no estaba de acuerdo con el asesinato, pero después pudo haber levantado el teléfono y llamar a la UCA y decir, `miren, los van a matar´. Imaginemos que no lo hizo porque no había teléfono. ¿Por qué no colaboró con la Comisión de la Verdad dando la información que él tenía?”, afirmó enérgicamente Cuéllar a Noticias Aliadas. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha batallado para que se derogue la Ley de Amnistía. Su directora, María Silvia Guillén confesó a Noticias Aliadas su profunda decepción por la actitud del FMLN. “El gobierno de Mauricio Funes y del FMLN han sido muy parecidos a los gobiernos anteriores en la lógica de que ‘a mí me nombraron para administrar el futuro y no para juzgar el pasado’. FESPAD cree sin dudas que el gobierno del FMLN tiene una deuda histórica, porque esperábamos que este gobierno se tomara en serio la reparación de las víctimas, pero que también se buscara en serio la verdad y la justicia y a eso AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
[este gobierno] le tuvo temor. Eso me dio muchísima tristeza”, dijo Guillén. Aunque Funes ha pedido perdón en nombre del Estado por los crímenes ocurridos en la guerra, incluyendo el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de El Mozote (1981) y la matanza de los jesuitas, todos casos documentados por la CV, para Cuéllar ese gesto no es suficiente.
breves • El presidente de Colombia Juan Manuel Santos aseguró el 9 de setiembre que no será posible aplicar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que concedió 75,000 km² en el Mar Caribe a Nicaragua en noviembre del 2012, a menos que ambos países negocien un tratado limítrofe. El presidente nicaragüense Daniel Ortega aceptó la oferta aunque exigió a Santos el cumplimiento del fallo. Panamá, por su lado, se involucró en el conflicto y acusó a Nicaragua de querer apropiarse de su mar territorial. El presidente panameño Ricardo Martinelli anunció el 11 de setiembre que enviará una carta al secretario general de las Naciones Unidas, junto con Colombia, Costa Rica y Jamaica, denunciando las intenciones de Nicaragua de extender su dominio sobre aguas territoriales de otras naciones. • Con protestas y masivas manifestaciones fue conmemorado en Chile el 40° aniversario del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-73) el 11 de setiembre de 1973 e instauró una dictadura de 17 años, encabezada por Augusto Pinochet (1973-90), que dejó más 40,000 víctimas entre muertos, detenidos-desaparecidos y torturados reconocidas oficialmente. Mientras el presidente Sebastián Piñera 24
“No sirve de nada [pedir perdón]. La peor muerte que ha habido con este gobierno es la de la esperanza de la gente”, afirmó. “No hay un compromiso con las víctimas ni con la verdad. El compromiso es con el partido o con los dueños del partido. La política de proteger criminales es lo que hace que El Salvador sea difícil para vivir en él. La gente también se va de este país por la impunidad”. q
hizo un llamado a superar los traumas del pasado, la ex presidenta Michelle Bachelet (20062010) participó en un acto en Villa Grimaldi, un centro de detención donde ella, su madre Ángela Jería y otras 4,500 personas fueron torturadas. La ex mandataria, actual candidata presidencial por la coalición centroizquierdita Nueva Mayoría, hizo una invocación a “avanzar en la verdad, la justicia y la reparación y en un compromiso por un nunca más”. • La decisión del presidente Rafael Correa el 15 de agosto de permitir la explotación de petróleo en el parque Yasuní, el área protegida más grande de Ecuador, fue duramente criticada por ambientalistas y grupos indígenas que han exigido que se retracte. Correa dio marcha atrás a la Iniciativa Yasuní-ITT, que protegía una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta a cambio del pago por la comunidad internacional de la mitad del valor del petróleo existente en Yasuní, señalando que el gobierno sólo ha recibido poco más de US$13 millones 0.37% de los $3.6 millardos que tenía como meta recaudar. Correa indicó que la intervención de la empresa petrolera estatal Petroamazonas abarcará alrededor de uno por 1,000 de las 982,000 Ha del parque. • El 28 de agosto se cumplieron 10 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre las violaciones a los dere-
chos humanos cometidos durante los 20 años de conflicto armado interno iniciado en el Perú por el grupo subversivo Sendero Luminoso en 1980. A la fecha, son pocos los avances respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la CVR para promover la verdad, justicia y reconciliación. Uno de los grandes temas pendientes es la ubicación de los más de 15,000 desaparecidos durante el conflicto interno que se presume estarían sepultados clandestinamente en más de 4,600 fosas comunes. En 10 años la fiscalía recuperó 2,662 cuerpos, de los cuales 1,528 han sido identificados por sus familiares • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó en un comunicado la oficialización el 10 de setiembre del retiro de Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) con lo cual las violaciones a los derechos humanos que se cometan en ese país partir de esa fecha no estarán bajo protección del tribunal interamericano. La medida se hizo efectiva al cumplirse un año de presentada la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por el gobierno venezolano que acusó a la CIDH y a la CorteIDH de interferir en su soberanía y amparar el terrorismo. Si bien Venezuela seguirá bajo la tutela de la CIDH, en tanto forma parte de la Organización de Estados Americanos, nada la obliga a cumplir con sus mandatos.
Se incrementa tráfico de órganos En una región plagada por el tráfico de personas, una variedad atípica de este delito va en aumento.
a extracción de órganos se ha convertido en el segundo peor delito relacionado con el tráfico de personas después de la explotación sexual, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica (DGME) dado a conocer en julio pasado. De un total de 20 casos en lo que va del 2013, nueve eran por explotación sexual, siete por tráfico de órganos, tres por explotación laboral y uno por servidumbre. Según la Organización Mundial de la Salud, el tráfico de órganos es más difícil de rastrear que el tráfico de drogas y el sexual, pero está aumentando globalmente con la aparición de intermediarios que cobrarían hasta US$200,000 para organizar un trasplante para un paciente adinerado. Esta tendencia a la alza se debería al aumento de casos de enfermedades que afectan el hígado, los riñones, el corazón y el páncreas en todo el mundo. El 18 de junio, el médico Francisco José Mora, jefe de Nefrología del estatal Hospital Calderón Guardia en San José, fue arrestado por supuestamente haber promovido servicios de tráfico de órganos a través de YouTube. El video, publicado por la periodista Amelia Rueda, muestra a Mora ofreciendo su experiencia médica y publicitando a Costa Rica como un destino atractivo para el turismo de trasplantes. “Costa Rica está señalada mundialmente como lugar de turismo de trasplantes”, declaró a la prensa Roberto Tanus, presidente de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe. “Todos sabemos de qué estamos hablando. El turismo de trasplantes es el
disfraz elegante para decir tráfico ilícito de órganos”. Si es condenado, Mora podría pasar entre ocho y 16 años en la cárcel. Por el mismo incidente también fue arrestada Maureen Patricia Cordero Solano, oficial de la Policía, quien al parecer se dedicaba a contactar a los donantes y se encargaba de garantizar la seguridad del procedimiento para los pacientes. Con relación a la misma investigación, el fiscal general Jorge Chavarría confirmó que recientemente una ciudadana costarricense que viajó a Israel como donante de un órgano había muerto en el viaje de regreso a Costa Rica. Durante una reunión auspiciada por la Organización Internacional para las Migraciones en Costa Rica en abril pasado, se reveló que en el 2012 dos ciudadanos israelíes pagaron a un varón costarricense y otro nicaragüense $6,000 en total por sus riñones obtenidos ilegalmente. “No queremos que vean a Costa Rica como un lugar de paso en donde se compra un órgano”, dijo el viceministro costarricense de Seguridad, Freddy Montero. “No podemos dar marcha atrás en este asunto”.
Mayor en otros países
El año pasado, un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación citó a Bolivia, Brasil, México y Perú como países donde el tráfico de órganos se ha convertido en un importante negocio ilegal. El documento sostiene que el incremento se debe al aumento de la demanda de órganos humanos en EEUU. En un encuentro regional realizado en julio en Chile, denominado Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre el Derecho a una Reparación Efectiva para las Víctimas de Trata de Personas, Naciones Unidas invocó a una acción colectiva en América Latina para luchar contra la trata de personas. “La trata de persona no conoce fronteras y afecta a todas las regiones del mundo”, comentó la especialista. “En América Latina y el Caribe hay países de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, y aunque existe la voluntad política, la adopción de una estrategia integral y colectiva contra este problema aún es un reto”, señaló. Ana Lita, cofundadora de la organización no gubernamental estadounidense Global Bioethics Initiative (GBI), dijo en la reunión organizada por Naciones Unidas “Crímenes del siglo XXI: tráfico de órganos, salud y seguridad en el mundo”, realizada en febrero en Nueva York, que el principal obstáculo para combatir este delito es que no existe una convención internacional para hacerle frente. Lita dijo que la comunidad internacional y organizaciones no gubernamentales como GBI no tienen un marco legal específico para perseguir a los traficantes. q AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
MÉXICO Noticias Aliadas
En riesgo soberanía alimentaria
México es uno de los ocho “centros de origen” del maíz en el mundo y posee 59 razas y 200 variedades adaptadas de este cereal.
Más de 40% de los alimentos que consume población son importados.
ÉXICO SE encuentra en situación de vulnerabilidad en materia alimentaria debido al creciente nivel de dependencia de la importación de alimentos. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) esta situación es preocupante debido a la volatilidad de los precios internacionales de los productos alimenticios. “En un contexto internacional de precios volátiles y altos, esto le genera a México una gran vulnerabilidad, sobre todo porque se trata de alimentos estratégicos de la canasta básica”, afirmó en mayo la representante de la FAO en México, Nuria Urquía Fernández, en declaraciones recogidas por la prensa. Urquía agregó que, de acuerdo con previsiones del Departamento de Estado de EEUU, las importaciones de maíz, el alimento base de la dieta mexicana, aumentarán 50%, hasta alcanzar los 17 millones de toneladas. En el 2012 las importaciones de maíz fueron de 10.8 millones, que constituyen el 30% del consumo interno.
La FAO alertó asimismo, sobre la situación de los productores agrícolas. Un 70% tiene ingresos inferiores a los de subsistencia, 20% posee gran potencial de crecimiento, pero no cuenta con el apoyo necesario, y 9% son los que alimentan al país. Cerca de 40% de la producción agropecuaria es aportada por comunidades dedicadas a la agricultura familiar, muchas de las cuales aplican prácticas agroecológicas a sus cultivos de maíz y otros productos. Por su parte, la organización ambientalista Greenpeace advirtió en julio sobre el riesgo que significa para la soberanía alimentaria de México el ingreso del maíz transgénico. “Se podría perder la enorme diversidad de los granos originarios y estarían en riesgo el 80% de los pequeños productores del país, incluyendo 2 millones de campesinos que producen para el autoconsumo”, dijo Aleida Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable de Greenpeace México, en declaraciones a la prensa. “Lo grave es que, en el caso de que se lleguen a detectar granos transgénicos en cultivos de autoconsumo o pequeños
Cerca de 40% , de la producción agropecuaria es aportada por comunidades dedicadas a la agricultura familiar muchas de las cuales aplican prácticas agroecológicas a sus cultivos de maíz y otros productos.
productores, éstos tendrían que pagarle regalías a las grandes transnacionales, como ya ocurre en EEUU”. México es uno de los ocho “centros de origen” del maíz en el mundo y posee 59 razas y 200 variedades adaptadas de este cereal. En el 2009 el gobierno reformó su legislación sobre bioseguridad, levantando una moratoria de una década al maíz transgénico. Hasta octubre del 2012 se habían otorgado 177 permisos para la siembra experimental y piloto de maíz transgénico, fases previas para desarrollar masivamente el cultivo comercial. Según Lara, este año las empresas estadounidenses Monsanto, DuPont Pioneer y Dow Agrosciences presentaron solicitudes formales al gobierno para cultivar semillas transgénicas con fines comerciales en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Sinaloa, este último considerado como el granero de México. Aunque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) aseguró no haber autorizado la siembra de granos transgénicos en el país, el titular de la dependencia, Enrique Martínez y Martínez, precisó que “se tiene que actuar conforme a las opiniones científicas”.
“Necesitamos una mayor producción y semillas más resistentes a las plagas, a la sequía, a las heladas, pero a la vez tenemos la obligación de conservar el estatus de la riqueza genética de cultivos criollos o nativos y en eso estamos, pero hasta el momento no se ha dado alguna autorización de SAGARPA y lo haremos en función de una opinión científica total”, dijo Martínez y Martínez. Ante las declaraciones del titular de la SAGARPA, Lara precisó que “los transgénicos pueden contaminar los granos nativos no sólo al mezclarse, sino incluso por vías indirectas como la presencia de insectos o vientos, lo que generaría serios riesgos para los cultivos y para la salud humana”. Este tipo de producción, agregó, “exige enormes cantidades de herbicidas, lo cual pone en riesgo inmediato la salud humana y del campo en su conjunto”. q
NICARAGUA Noticias Aliadas
En riesgo seguridad hídrica de poblaciones que viven en las orillas del Lago Cocibolca o Nicaragua.
Organizaciones ecologistas alertan sobre derogación de marco jurídico que protege la mayor fuente de agua del país y Centroamérica.
que entregó a una empresa china la concesión para la construcción y administración de la vía interoceánica que unirá los océanos Atlántico y Pacífico, derogó el marco jurídico que protegía el lago Cocibolca o Nicaragua, el más grande de Centroamérica, así como de sus fuentes y afluentes, denunciaron grupos ambientalistas. La Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zona de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, o ley del canal interocéanico, aprobada en junio por la Asamblea Nacional, otorga la concesión por 50 años prorrogables por 50 años más a la empresa HK Nicaragua Canal Development Group A LEY
“Se han entregado todas nuestras aguas, las superficiales y las subterráneas. Prácticamente, toda la regulación y el control de las condiciones ambientales han sido transferidas a la empresa, que será quien decida cómo se usarán los recursos naturales de nuestra nación”. — VÍCTOR CAMPOS (HKDN), con sede en Hong Kong, para construir la vía interocéanica que competirá con el canal de Panamá, que se encuentra a menos de 600 km de distancia y por donde circula el 5% del comercio mundial. El Acuerdo Marco de Concesión e Implementación de la ley da poderes absolutos a HKDN para el manejo de los cursos de agua, estableciendo que es obligación del Estado nicaragüense garantizar a la concesionaria “el acceso y derecho de navegación en ríos, lagos, océanos y otros cuerpos de agua dentro de Nicaragua y en sus aguas, y el derecho de extender, expandir, dragar, desviar o reducir tales cuerpos de agua”. Además, otorga autonomía absoluta para decidir cuáles tierras deberán ser expropiadas y libertad para fijar tarifas y peajes, además de obligar al Estado nicaragüense a renunciar a su soberanía para presentar demandas contra la empresa ante tribunales nacionales e internacionales por cualquier daño que cause durante las etapas de estudio, construcción y operación del proyecto. Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, organización que promueve el desarrollo territorial y la gestión ambiental, explicó a la Revista Envío que “el agua del Cocibolca es un recurso vital para todas las poblaciones que viven en las orillas del lago. Se trata de la seguridad hídrica de la mayoría de la población nicaragüense que habita en esa cuenca, una cuenca que garantiza una porción muy importante de la generación hídrica de nuestro país”. Además de los daños graves e irreversibles que podría causar a otros ecosistemas, Campos precisó que “la concesión establece que la empresa inversora tiene derecho sobre todos nuestros recursos de agua. Se ha entregado un paquete completo y sin ninguna restricción. El Acuerdo Marco habla textualmente de extender, expandir, dragar o reducir cuerpos de agua. Autoriza a trasvasar agua de una cuenca a otra y da derechos ‘sobre los recursos de agua sujetos a protección y conservación’. Se han entregado todas nuestras aguas, las superficiales y las subterráneas. Prácticamente, toda la 28
regulación y el control de las condiciones ambientales han sido transferidas a la empresa, que será quien decida cómo se usarán los recursos naturales de nuestra nación”. Campos también manifestó su preocupación “por el consentimiento previo, libre e informado que tienen que otorgar las comunidades indígenas y los pueblos originarios para que sus tierras sean ocupadas para este proyecto. En comunicación con un vocero oficial de la bancada mayoritaria en el Parlamento [el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional], ante el argumento de que había que tener en cuenta que, por ley, las tierras indígenas son inembargables, imprescriptibles e inenajenables, respondió que no se las enajenarían porque ‘es sólo una concesión’. Pero esa concesión es nada menos que por 100 años”. Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista, aseguró que la construcción del canal garantizará un crecimiento económico del 10% al 15% a corto plazo y la creación de 2 millones de empleos formales. Sin embargo, la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático, que agrupa a unas 20 organizaciones ambientalistas locales, manifestó que si bien comparte “el deseo de encontrar alternativas que nos conduzcan a superar los niveles de pobreza”, el proyecto “no debe comprometer las posibilidades de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano”. Para Campos, la construcción del canal y la conservación del agua para consumo humano “son mutuamente excluyentes”. O se tiene un canal o se tiene un reservorio de agua para la población, indicó. q
La construcción del canal y la conservación del agua para consumo humano “son mutuamente excluyentes”. — VÍCTOR CAMPOS
Persistente degradación ambiental AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Índice compuesto ambiental absoluto*
Países latinoamericanos encabezan lista de naciones que más contribuyen al impacto negativo sobre el medio ambiente.
rasil, México y Perú se encuentran entre los 10 países del mundo que más contribuyen a la degradación ambiental, de acuerdo con la “Evaluación del Impacto Ambiental Relativo de los Países”, realizada por las universidades de Adelaide (Australia), Princeton (EEUU) y Nacional de Singapur. El estudio, que evaluó a 171 países, utilizó siete indicadores de degradación ambiental: pérdida de bosques naturales, transformación de los hábitats, capturas pesqueras, uso de fertilizantes, contaminación de las fuentes de agua, emisiones de carbono y especies amenazadas. Uno de los grandes hallazgos es que a mayor riqueza de un país, es mayor su impacto sobre el ambiente. “Correlacionamos los rankings frente a tres variables socioeconómicas (tamaño de la población, producto interno bruto y calidad de la gobernanza) y encontramos que la riqueza total era la variable explicativa más importante; cuanto más rico un país mayor es su impacto ambiental promedio”, explicó el profesor Corey Bradshaw, quien dirigió la investigación llevada a cabo en el
Brasil México Perú Argentina Colombia	Ecuador Venezuela Chile Bolivia Honduras Paraguay Guatemala Costa Rica	Trinidad y Tobago Panamá Haití Nicaragua Uruguay El Salvador Cuba Rep. Dominicana Guyana Jamaica Puerto Rico Belice Dominica Surinam Bahamas San Cristóbal y Nieves San Vicente y Granadinas Barbados Granada Santa Lucía Antigua y Barbuda
1 6 10 11 20 21 22 27 36 52 56 58 63 71 78 83 90 102 112 115 118 119 133 142 143	147	158	159
4.5	13.6	18.3	19.6	30.7	31.6	31.8	35.0	43.9	59.1	60.1	60.2	63.1	67.9	71.2	74.2 78.9	86.9	90.9	91.8	93.0	93.6	99.6 109.5 111.2	113.6 127.4 129.5
165 167 169 170 171
136.1 146.3 148.9 158.3 160.4
*A menor puntaje, mayor impacto negativo sobre el ambiente. Fuente: University of Adelaide Environment Institute/PLoS OneO
“Cuanto más rico un país mayor es su impacto ambiental promedio”. — COREY BRADSHAW 2010. “Hay una teoría sobre que a medida que aumenta la riqueza, los países tienen más acceso a tecnología limpia y adquieren más conciencia ambiental, de tal forma que los impactos sobre el ambiente comienzan a declinar. Esto no pudo ser confirmado”. Sin embargo, la investigación también encontró que en países con mala calidad de gobernanza y elevada corrupción, las políticas de protección ambiental son inexistentes o no se implementan adecuadamente. El documento alertó que “la continua degradación de la naturaleza a pesar de décadas de advertencias, junto con el crecimiento de la población humana, sugieren que la calidad de vida humana podría disminuir considerablemente en un futuro próximo. La creciente competencia por los recursos podría desencadenar conflictos sociales y guerras con cada vez más frecuencia. La permanente degradación ambiental exige que los países que necesitan soluciones sean identificados con urgencia para que reciban ayuda en la conservación y restauración ambiental”. q
Una década de resistencia contra hidroeléctrica
Comuneros de San Pablo de Amalí protestan por desvío de río para ejecución de represa.
Comunidad en contra de construcción de hidroeléctrica que afectaría sus actividades agrícolas y ganaderas.
ESE A la represión policial y al hostigamiento de funcionarios gubernamentales y trabajadores de la empresa Hidrotambo, la comunidad de San Pablo de Amalí, en la céntrica provincia de Bolívar, mantiene su resistencia a la construcción de una hidroeléctrica que afectaría sus actividades agrícolas y ganaderas. Los enfrentamientos con policías y militares han provocado la apertura de varios juicios por sabotaje y terrorismo, lo que tampoco ha logrado amedrentarla y cumple ya 10 años en resistencia. En el 2003, durante la gestión del ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), la empresa Hidrotambo, consorcio conformado por Plasticaucho Industrial, Electrogen, Corporación para la Investigación Energética y la empresa española Ingehydro, logró que la entonces Dirección Nacional de Recursos Hídricos —hoy Secretaría Nacional del Agua—, le otorgue una concesión por 50 años de más del 90% de la cuenca hidrográfica del río Dulcepamba para la construcción de una hidroeléctrica que generaría 8 megavatios para incorporar al sistema interconectado nacional.
La concesión comprometía unos 5,400 litros/segundo en estación lluviosa, y 1,960 litros/segundo en estación seca. En el 2005, poco antes de la caída de Gutiérrez, Hidrotambo logró que se aumente la concesión a 6,500 litros/segundo. La obra afectará a 74 comunidades ubicadas en toda la cuenca del río Dulcepamba, desde San Pablo, en la cuenca alta de la sierra, hasta San Pablo de Amalí, en el subtrópico, lugar donde se construye la represa. Según la organización no gubernamental Acción Ecológica, unas 45,000 personas se verán afectadas, pero se ha previsto únicamente compensaciones para dos familias, cuyas fincas están en el sitio de construcción de la represa. Promesas incumplidas
En el 2004, la resistencia de la comunidad impidió que la empresa Constructora de los Andes (COANDES), contratada por Hidrotambo, pudiera iniciar los trabajos para desviar el río hacia el sitio donde se construiría la represa, por lo que el consorcio decidió un año después contratar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército
74 comunidades 45,000 personas
se verán afectadas por construcción de represa
para que se encargue de la obra. Pero los continuos enfrentamientos con la comunidad lo obligaron a abandonar el proyecto en el 2008. El presidente Rafael Correa, durante su campaña electoral del 2006, llegó a San Pablo de Amalí y ofreció cerrar el proyecto al llegar al poder, lo que efectivamente sucedió. Sin embargo, en marzo del año pasado se reinició la obra con un contrato gestado directamente por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) y la Gobernación de la Provincia de Bolívar. Este nuevo contrato es aún más duro para las comunidades que el firmado en el periodo de Gutiérrez, ya que prohíbe a los campesinos el uso de agua para riego o para la cría de ganado.
“Hemos ido a pedir una concesión de agua para riego y nos ha dicho que pueden darnos para una manguera de media pulgada. Eso no nos alcanza ni para regar un naranjo”, afirmó Manuel Trujillo, dirigente de San Pablo de Amalí, durante una reunión, el pasado 18 de junio, de la comunidad con abogados de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH). En efecto, la cláusula 12 del contrato transforma a Hidrotambo en propietario absoluto, no solo del agua, sino de todo el territorio comunal aledaño a la futura central hidroeléctrica. “El titular del permiso tendrá derecho a construir y operar, como propietario, sistemas de agua potable SIGUE >
Energía solar en aumento Gobiernos impulsan expansión de fuentes alternativas de energía.
l aumento explosivo de las megaciudades, crecimiento económico y expansión de las industrias han impulsado la demanda de energía en la región. Actualmente la energía solar constituye menos de 4% de la fuente energética en la región, sin embargo Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua y Perú han decidido invertir en la industria solar para aumentar la producción de energía. Con el lanzamiento del Programa Nacional de Electrificación Fotovoltaica Domiciliaria, el Perú dio inicio a uno de los mayores proyectos de energía solar del país. El proyecto tiene como objetivo facilitar el acceso a la electricidad a 95% del territorio nacional al 2016. Actualmente, alrededor del 66% de los hogares peruanos tienen electricidad. La primera etapa del proyecto fue inaugurada el 8 de julio con la instalación de 1,601 paneles solares en 126 comunidades en el norteño departamento de Cajamarca, que beneficiará a
unas 8,000 personas. El gobierno tiene previsto instalar en los próximos tres años 12,500 paneles fotovoltaicos que proveerán de electricidad a unos 500,000 hogares, a un costo de US$200 millones. El ministro de Energía y Minas del Perú, Jorge Merino, dijo que el programa “está dirigido a los más pobres, a quienes no tienen acceso a la luz eléctrica y que hoy en día utilizan mecheros y que gastan de sus propios recursos en pagar combustibles que atentan contra la salud”. Brasil posee un vasto potencial cuando se trata de energía solar, sin embargo, sigue siendo poco utilizada. Aunque actualmente hay pocos parques solares, nuevos proyectos han sido aprobados para este y los próximos años. En Manaos, capital del estado del noroccidental estado de Amazonas, un proyecto de US$13 millones para construir uno de los parques solares más grandes de América Latina está a la espera para su aprobación este año.
Este parque generaría suficiente energía para abastecer a 3,000 hogares. También la mayor ciudad de Brasil, São Paulo, planea construir un parque solar. Chile, con el desierto de Atacama en el norte, tiene un claro potencial para proporcionar energía solar a sus ciudadanos y también a otros países. El desierto tiene un área de 105,000 km² y se le considera como uno de los mejores lugares del mundo para desarrollar la energía solar. Chile tiene el mayor consumo de electricidad per cápita de América Latina y con el fin de satisfacer la demanda, el gobierno chileno ha invocado que para el 2024 el 10% de la electricidad sea generada por fuentes de energía renovables. Ecuador inauguró su primera instalación solar en febrero. Ubicada en la norteña provincia de Imbabura, la planta cuenta con 4,100 paneles solares conectados con el sistema eléctrico nacional. Igualmente, Nicaragua lanzó en febrero un parque solar localizado en el departamento de Carazo, al sur de Managua, que beneficiará a 1,100 hogares. —NA AGOSTO-SETIEMBRE, 2013
o aguas servidas, así como también queda autorizado para construir, utilizar y mantener caminos, puentes, pistas de aterrizaje o realizar cualquier otro trabajo que sea necesario para el acceso a la futura central que se proyecta construir, o lugares relacionados con la misma”, dice la cláusula. Los conflictos con la población llegaron a su clímax el 15 diciembre del 2006, cuando unos 1,500 campesinos de las comunidades afectadas se enfrentaron a unos 300 militares en las inmediaciones a la comunidad de San Pablo de Amalí. Durante ese año se habían producido continuas incursiones militares utilizando bombas lacrimógenas. Los efectivos controlaban además los caminos de acceso y hacían requisas en los buses de transporte público con el pretexto de buscar armas. “Lo que querían es saber quién sale y quién entra en la comunidad”, afirmó Trujillo a Noticias Aliadas. Tras los enfrentamientos se abrieron 22 procesos judiciales contra pobladores de San Pablo de Amalí y 14 dirigentes fueron detenidos y acusados de rebelión. Dos meses después, la Defensoría del Pueblo observó la actuación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y pidió que se abstenga de realizar operativos contra la comunidad, pero el 26 de febrero del 2007, en una nueva confrontación, unos 70 militares dispararon bombas lacrimógenas directo al cuerpo de los comuneros dejando varios heridos. En diciembre del 2008, la Asamblea Constituyente otorgó la amnistía a los campesinos de San Pablo de Amalí que estaban enjuiciados y el Cuerpo de Ingenieros salió de la zona. Juicios a la comunidad
Las obras se reiniciaron pese a la promesa del presidente Correa y sin revisar o actualizar las licencias ambientales de la obra y, al igual que en los años anteriores, se produjeron enfrentamientos con cuerpos especiales de la Policía. El Ministerio del Interior envió el 16 de agosto del 2012 una comisión para investigar los hechos, pero Noticias Aliadas ofrece información y análisis sobre el acontecer de América Latina y el Caribe con énfasis en los temas que afectan a las poblaciones excluidas de la región. Version en inglés: Latinamerica Press Producido por Comunicaciones Aliadas, organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, que por cerca de 50 años produce información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es visibilizar los problemas y situaciones que transgreden los derechos humanos de las poblaciones excluidas y menos favorecidas de América Latina y el Caribe.
sólo se entrevistó con personal de Hidrotambo y no visitó la comunidad. Por estos nuevos enfrentamientos, Trujillo y Manuela Pacheco, también dirigenta de San Pablo de Amalí, han sido llevados a juicio nuevamente por sabotaje y terrorismo. El 12 de noviembre se dictó orden de prisión en contra de ellos por lo que pasaron a la clandestinidad hasta que el equipo legal que los defiende logre revocar esa orden. El proceso sigue y ambos dirigentes están decididos a ir a la cárcel en caso de que se les condene. “Hemos decidido no huir, porque es feo estar lejos de la familia”, dijo Pacheco a Noticias Aliadas. “Y si debemos ir a la cárcel, iremos con la frente en alto”. El pasado 18 de junio se realizó una nueva visita al proyecto en la que participaron delegados de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Ambiente, CONELEC, la gobernación provincial y personeros de Hidrotambo. Las representaciones estatales respaldaron a la empresa al no permitir que miembros de la comunidad, a excepción de dos, participaran en esta diligencia. Además, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Consuelo Cano, impidió que entidades que defienden a la comunidad los acompañaran en esa visita. “A ustedes nadie les invitó”, dijo Cano. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos presentes pudieron constatar la afectación a las personas y sus fincas, provocadas por el desvío del río, que avanza ya en 40%. “Como consecuencia de estos enfrentamientos, la mayoría de comuneros viven en continuo estrés y se ha desarticulado su visión de futuro como personas y como comunidad”, aseguró a Noticias Aliadas Beatriz Villarreal, funcionaria de INREDH, quien brinda asesoría psicológica y social a la comunidad. “Niños y algunas personas de la tercera edad han sido ya evacuados por el peligro, mientras otros se quedan en sus casas porque no tienen un lugar para resguardarse, y se aprestan a defenderlas”, manifestó Trujillo. “Son 10 años de lucha y todo ha vuelto a cero”. q
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