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marzo 2013 - Blog Jurídico | Lefebvre – El Derecho
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El correo electrónico se considera, a efectos procesales, como un “documento privado”, de lo que se deriva lo siguiente: si la parte que se pueda ver perjudicada por su contenido no los impugna, los correos electrónicos “harán prueba plena en el proceso”; si hay una impugnación de la su autenticidad, deberá practicarse la prueba que resulte pertinente para determinarla y, en función del resultado, el juez “valorará conforme a las reglas de la sana crítica” el correo en cuestión, salvo que quede acreditado que dicho correo era falso, en cuyo caso carecerá de valor probatorio alguno, como es lógico.
El juez deberá tener en cuenta, por tanto, circunstancias adicionales al mero envío del correo para considerar que representa una auténtica prueba de los hechos discutidos. Será necesario estudiar si el ordenador desde el que se ha enviado es de uso privado o pueden acceder terceros, si estaba en casa o en la oficina o en un cibercafé, si tiene claves de acceso o no las tiene, si se ha enviado desde un ordenador o desde un dispositivo móvil… y cualquier otro elemento que pueda tener relevancia a la hora de considerar que una determinada persona ha sido, ciertamente, emisora o receptora de un determinado mensaje.
Adicionalmente a todo ello, es evidente que aquél quien quiera utilizar esos correos electrónicos como prueba de sus pretensiones en un juicio debe tomar, por sí mismo, las medidas más oportunas para dotarlos de la eficacia probatoria pretendida. Si se limita a aportar una impresión en papel del correo, poca eficacia podrá obtener si la otra parte lo impugna diciendo, por ejemplo, que el contenido de esa impresión –fácilmente manipulable- no corresponde con el correo adicional. Por ello, es muy conveniente aportar pruebas sobre la autenticidad del correo. Por así decirlo, es aconsejable probar la prueba.
Con todo, expuestas todas las salvedades anteriores, el correo electrónico es un medio de comunicación más y más utilizado cada día y, por tanto, es un potencial productor constante de pruebas. Desde el punto de vista jurídico, es recomendable por tanto ser muy conscientes de lo que supone enviar o recibir un correo electrónico, habida cuenta de la trascendencia que el mismo podrá tener en caso de un eventual pleito. Salvo que se pruebe su falsedad, partimos de la premisa de su autenticidad, por lo que no está de más una reflexión final. Han pasado dos mil años desde que se escribiera por vez primera aquello de “Quod scriptum, scriptum est”, pero la idea es plenamente aplicable. En nada cambia que se use un pergamino, una tablilla o el teclado de un ordenador: lo escrito, escrito está.
La personalidad jurídica de las Sociedades Civiles. DGRN versus JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA
En esta ocasión ha sido el TSJ de Extremadura, el que en sentencia de 13 de diciembre de 2012, concluyó que tanto la aportación de un inmueble a una sociedad civil como la posterior adjudicación de otro a uno de los socios de una sociedad civil constituyen transmisiones a efectos tributarios porque por la aportación y la adjudicación, se produce un cambio en la titularidad del inmueble ya que la sociedad civil tiene personalidad jurídica, en el sentido de que constituye un patrimonio separado del patrimonio de los socios: literalmente lo afirma cuando estipula que “De otro lado, otros elementos de juicio refuerzan la tesis de que la adjudicación de los bienes a los socios de la sociedad civil a su disolución-liquidación constituye verdadera transmisión, no sólo porque dicha sociedad una vez constituida tiene personalidad jurídica distinta de la de sus los socios que en ella se integran, sino porque, los actos liquidatorios para la adjudicación de los bienes existente suponen verdaderas transmisiones, como se desprende de los Estatutos de la sociedad civil X, obrantes en el expediente administrativo”.
Con esta Sentencia se pone de manifiesto una vez más la contraposición de opiniones entre Doctrina administrativa y Jurisprudencia tributaria.
El 2 de julio de 2.012 la Dirección General de los Registros y del Notariado emitía una Resolución en la que confirmaba la calificación registral en el sentido de que la sociedad civil cuestionada, no podía tener personalidad jurídica porque no había sido inscrita en el Registro Mercantil, concluyendo la DGRN que hay que negar la personalidad jurídica a la sociedad civil basándose en la presunta voluntad del legislador, ya que según un estudio de los antecedentes del código civil, e interpretación del mismo y de su artículo 1.669 CC, por entender que si los pactos secretos entre los socios se dan en todos aquellos casos en que no estén inscritos en el Registro Mercantil, pues éste es el único medio de dar publicidad a dichos pactos, es interpretación concordante entender que si la sociedad civil no está inscrita en el Registro Mercantil tampoco puede tener personalidad jurídica.
Pocos días después de la adopción de esta resolución por la DGRN, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, Recurso 1344/2006, entró a analizar la misma cuestión.¿ Tiene la sociedad civil personalidad jurídica?
Su resolución fue concluyente y completamente contraria a la de la DGRN, argumentando que no se pude dudar de la personalidad jurídica de la sociedad civil.
Esta opinión junto con la Sentencia de 13 de diciembre de 2012, me temo que tiene mucha incidencia en la vertiente fiscal, ya que si la sociedad civil tiene personalidad jurídica, la adjudicación de un bien de la sociedad a un socio como consecuencia de su disolución es también un hecho imponible (en la Sentencia citada el impuesto en cuestión era el IVA, y si su posterior transmisión por el adjudicatario del bien, estaría sujeta al Impuesto de TPO; mientras que si la sociedad civil no tiene personalidad jurídica, se trataría de una comunidad de bienes, y, en consecuencia, la adjudicación de un bien al comunero, conforme a la doctrina jurisprudencial de los TSJ y del TS, dicha adjudicación estaría sujeta a AJD, y la posterior transmisión, concurriendo sus requisitos, estaría sujeta a IVA.
La sentencia abogaba por el argumento contrario al de la DGRN, considerando que se daban las condiciones necesarias para que dicha sociedad ostentase personalidad jurídica, pues ni sus pactos permanecían secretos, ni los socios contrataban en su propio nombre personal, como prevé el art. 1669 del Código Civil. Los pactos eran públicos por constar en escritura, y para tal efecto no es requisito imprescindible que estuviera inscrita en el Registro Mercantil, pues tal circunstancia podrá dotar de mayor publicidad, pero su ausencia no significa que los pactos sean secretos.
Con anterioridad la Audiencia Provincial de Tarragona en sentencia de 10 de noviembre de 2008, también había declarado que “efectivamente, la doctrina mayoritaria sostiene que la personalidad jurídica de la sociedad civil constituye un fenómeno que depende exclusivamente de la voluntad de los otorgantes, y que por consiguiente no requiere la concurrencia de ninguna circunstancia externa al contrato como puede ser la publicidad registral (arts. 35.2o y 1669 del Código Civil) pues el art. 1.669 CC sólo exige la publicidad de hecho, que existe desde el momento en que comienzan las operaciones sociales, mostrándose la sociedad como tal en el tráfico jurídico.
Como última reflexión apuntar que esta Resolución de julio de 2.012 ha generado ya crítica jurídica desde el mismo día de su publicación, pues su tesis central, negando personalidad jurídica a las sociedad civiles no inscritas, es la contraria a la que ha mantenido la propia DGRN (Resolución de 14 de Febrero de 2001), la doctrina y la jurisprudencia, especialmente la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Marzo de 2012., ya que la corriente seguida hasta el momento y en concreto por la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 14 de febrero de 2001,era la de admitir personalidad jurídica de una sociedad civil, aunque no revista forma de mercantil, a los efectos de figurar como titular registral de un determinado inmueble por ella adquirido mediante escritura pública de compraventa.”
Nuria Queral Solari
Justicia convocará 300 plazas de empleo público
MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Justicia convocará 300 plazas de empleo público para personal de la Administración de Justicia tras la aprobación este viernes en el Consejo de Ministros de una convocatoria general para la reposición de personal público.
En la oferta de empleo público aprobada para Justicia, 58 plazas se destinarán al Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales y las 242 restantes al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, el personal al servicio de las oficinas judiciales.
La mayor parte de estas últimas, concretamente 222, son para las comunidades autónomas con las competencias transferidas. La convocatoria de plazas se repartirá a partes iguales entre aquellas de acceso libre y las de promoción interna.
Estas 300 plazas se suman a las 50 de las Carreras Judicial y Fiscal que se acordaron en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y que se convocarán próximamente. Además, el personal de Justicia contará con los cerca de 230 jueces y 120 fiscales procedentes de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos que se incorporarán a sus puestos una vez finalizados sus estudios.
Según ha informado Justicia en un comunicado, el ministro Alberto Ruiz Gallardón ha defendido la “importancia de este sector como prioritario para el desarrollo económico y social de España”, como prueba el hecho de que un tercio de las 1.221 plazas están destinadas a la Administración de Justicia.
Un juzgado obliga a Novagalicia a devolver casi 73.000 euros de preferentes al considerar nulos los contratos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) –
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de O Carballiño (Orense) ha condenado a Novagalicia Banco a devolver casi 73.000 euros, más el interés legal, y a pagar las costas a un matrimonio y su hija, titulares de preferentes y subordinadas cuyos contratos han sido considerados nulos por el juez.
La sentencia declara “la nulidad de los contratos, órdenes u operaciones” con las que se adjudicaron a los tres demandantes estos productos, que recuerda que son “de alto riesgo”. Como consecuencia, agrega, la entidad debe devolver a los clientes 72.960 euros, mientras que estos deben reintegrar al banco 5.973, que se corresponden con los rendimientos percibidos estos años.
Uno de los abogados de Ausbanc, Lisardo Núñez, ha destacado en rueda de prensa que esta sentencia es la de mayor cuantía de Novagalicia y ha resumido el caso. Se trata de un matrimonio, con estudios de primaria, emigrado a Alemania, que depositó sus ahorros en la entidad de la que eran clientes (en su momento Caja Orense, después integrada en Caixanova y más tarde en NCG Banco) tanto a su nombre como al de su hija.
El primero de los contratos, de 2003, sí está firmado, aunque la sentencia indica que el documento es “una orden de suscripción de valores, no un contrato en el que se detallen las características del producto concreto contratado y sus riesgos”. Concluye que a los clientes “no les constaba” la naturaleza del producto.
En cuanto a las otras dos operaciones, el juez dice no tener “ni la más mínima duda de que las mismas no fueron verdaderamente consentidas por ninguno de los demandantes”. La entidad, resalta, “no ha aportado ni la más mínima prueba de que se hubiese informado a los actores” de las características del producto o de que se les hubiese hecho el test de conveniencia. Tampoco se ha presentado “ningún contrato ni orden de suscripción de valores firmado por ninguno de los demandantes”.
La sentencia, contra la que aún cabe recurso, llama la atención también acerca de que en el extracto de posiciones “no se habla de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas”, sino que aparecen unas denominaciones –PT. Caixanova 05-05, por ejemplo– para las que “los demandantes tenían que usar intérprete”.
ARGUMENTOS PARA OTROS AFECTADOS
“No puede pretender la entidad demandada que, sin contrato firmado, utilizando denominaciones que deben ser objeto de interpretación para saber el verdadero nombre de los valores a que se refieren y sin información previa de ningún tipo sobre las condiciones de dichos valores y sobre el perfil de los clientes, pudo existir un verdadero consentimiento de estos últimos”, dice el texto, que determina “la nulidad de pleno derecho de los contratos”.
Además, según ha destacado Lisardo Núñez, esta sentencia hace referencia –aunque no se basa en ella– a una información que puede servir, a su juicio, de argumento para que cualquier titular de preferentes y subordinadas, sea cual sea el perfil, reclame la devolución de su dinero. Se trata, ha indicado, de la documentación de la Audiencia Nacional relativa a la causa contra varios exdirectivos y a las razones del FROB para nacionalizar la caja fusionada.
La liquidez de este tipo de productos –es decir, la capacidad para recuperar el dinero en efectivo– “depende tanto de las fluctuaciones del mercado como de la propia situación económica de la entidad emisora”. “Estaría fuera de toda lógica que, si los actores hubiesen sido convenientemente informados, hubiesen contratado igual estos instrumentos. A sabiendas de que la inversión era ruinosa al 100%, lo razonable es pensar que cualquier ciudadano la rechazaría, pues lo contrario sería tirar el dinero”, indica la sentencia.
Lisardo Núñez, por su parte, ha hecho referencia a la documentación de la Audiencia Nacional y el FROB y ha argumentado que si los clientes supiesen “que la caja valía 20 veces menos y supiesen del desfase patrimonial, su intención habría cambiado”. “Hablamos de que cualquiera podía haber sido engañado, no hablamos de perfiles”, ha subrayado, porque “se publicaban datos que no reflejaban la realidad”.
Además, el abogado de Ausbanc a destacado que si se considera, como en este caso, que “no hubo realmente contrato”, los clientes no están “sometidos” al decreto del FROB que impone la quita a los titulares de estos productos. Así, recuerda que la vía judicial “sigue abierta”.
Por otra parte, sobre el fallo del Tribunal Supremo que anula las cláusulas suelo de las hipotecas cuando haya falta de transparencia, Lisardo Núñez ha indicado que es necesario revisar caso por caso para comprobar si se puede recurrir a la vía judicial. Ha indicado que las estimaciones sitúan en 200.000 las personas que tienen estas cláusulas en Galicia y ha destacado que hay “diferentes plasmaciones”. Sólo en las antiguas cajas gallegas, ha dicho, han visto entre 15 y 20 fórmulas distintas.
Montoro rechaza fusionar municipios y eliminar diputaciones
Gorriarán cree que mantener las diputaciones supone “quitar a la gente dinero de sus bolsillos para mantener puestos de colocación”
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha rechazado la petición de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de fusionar municipios y eliminar las diputaciones provinciales y ha acusado al partido de Rosa Díez de querer “reinventar” el Estado.
Montoro y el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán han confrontado este miércoles en el Pleno del Congreso sus diferentes visiones sobre la necesaria reforma de la administración. Mientras que UPyD quiere ganar eficiencia reduciendo el número de municipios españoles y eliminando las diputaciones, Montoro ha defendido mantener la estructura actual garantizando una clara delimitación de las competencias.
“Ustedes pretenden reinventar el Estado, una cosa soberbia. Pero cuando se está con responsabilidades de Gobierno hay que ser más pragmático”, ha sostenido Montoro antes de apostar por corregir las “imperfecciones” del actual modelo “afianzando y reforzando” sus instituciones.
El ministro ha desgranado la reforma de la administración local que ha puesto en marcha el Gobierno y ha insistido en la necesidad de clarificar las competencias que deben ejercer los ayuntamientos para evitar duplicidades con las comunidades autónomas y el Estado.
Sin embargo, el diputado de UPyD ha defendido que estas medidas no corregirán los problemas y ha acusado al Ejecutivo de querer “mantener los peores rasgos del sistema actual” sin poner en marcha ninguna mejora de la eficiencia económica.
Gorriarán ha puesto como ejemplo el proceso de fusión de municipios abordado en otros países como Gran Bretaña, Suecia o Dinamarca y ha explicado que “no es racional” esperar que entidades locales muy pequeñas y sin recursos desarrollen adecuadamente sus competencias.
Por ello, ha apostado por la existencia de menos ayuntamientos que aglutinen a una mayor densidad de población, con una media de 20.000 habitantes, y ha subrayado que, en este caso, las diputaciones pasarían a ser una administración “superflua” porque su “única” función actualmente es suplir las carencias de las entidades que no pueden abordarlas.
El diputado de la ‘formación magenta’ ha censurado además el modelo de elección de las diputaciones. “No es racional que se quiten competencias a los ayuntamientos que la gente ha votado y se den a las diputaciones, que no han sido elegidas”, ha lamentado antes de avisar de que “mientras se estén dedicando tantos recursos a una administración ineficiente (las diputaciones) se estará quitando a la gente dinero de sus bolsillos para mantener puestos de colocación”.
Montoro ha rechazado estos argumentos y ha explicado que la delegación de un servicio por parte de un ayuntamiento a la diputación no supondrá que los responsables municipales no lleven a cabo su seguimiento.
SOBRAN QUIENES NO RINDEN CUENTAS
Pero además, ha garantizado que el Gobierno defiende el municipalismo y ha sostenido que sólo “sobran” quienes no “rinden cuentas”. “Cualquiera que no rinda cuentas tiene que hacer correcciones muy serias. ¿Ocurre eso en España? Sí ocurre y tenemos que acabar con ello, hay que introducir rigor y compromiso”, ha insistido el ministro.
Montoro ha terminado su intervención realizando una llamada al diálogo a UPyD y ha mostrado su esperanza de que la reforma local pueda lograr un consenso durante su tramitación parlamentaria, ya que “las discrepancias políticas se superan”.
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¿Es necesario reformar la legislación procesal e hipotecaria españolas?
Cuando se lee con detenimiento la sentencia de 14 marzo 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Juez español titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, y se pone en relación con la legislación española vigente, me asalta la duda de si es necesaria una reforma de las leyes españolas de Enjuiciamiento Civil e Hipotecaria en materia de los procedimientos de ejecución hipotecaria y, en su caso, en qué términos y con qué alcance.
El juez español requiere al Tribunal europeo para que manifieste si, a su juicio, los arts. 695 y 698 LEC y 131 y 153 bis LH, incumplen la necesaria trasposición de la Directiva 93/13 CEE del Consejo, de 5 abril 1993, sobre cláusulas abusivas en la contratación con consumidores.
Es verdad que la sentencia europea considera que en los procedimientos de ejecución hipotecaria, y especialmente cuando lo que se embarga es la vivienda habitual del deudor, puede existir una clara indefensión de éste si no se permite al juez que conoce del procedimiento entrar a valorar el fondo del asunto para, en su caso, apreciar la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo o crédito que ha motivado la ejecución por impago del mismo.
Pero, como el propio Tribunal europeo reconoce, en el RDLeg. Español 1/2007, de 16 noviembre, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se contiene una clara definición de lo que son las cláusulas abusivas en la contratación con consumidores y usuarios, en general, y los criterios de valoración que el juzgador debe tener en cuenta para apreciar su existencia: principalmente, la clase de bienes afectados (por ejemplo, la vivienda habitual), las circunstancias concurrentes en el caso concreto (por ejemplo, notable ignorancia por incultura del deudor), así como la mayor o menor libertad de que el consumidor haya gozado para la negociación de las cláusulas de que se trate (libertad prácticamente nula en los contratos de adhesión que son los préstamos o créditos hipotecarios con las entidades financieras).
La sentencia del Tribunal europeo es tajante al afirmar que todos los jueces europeos están obligados -y debe entenderse que con independencia de la legislación aplicable en su país-, en virtud de la jurisprudencia del propio Tribunal, a apreciar de oficio, en cualquier procedimiento, el carácter abusivo de todas las cláusulas contractuales en el ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria, incluso en el caso de que no se le haya solicitado expresamente por el interesado.
Creo que con ello habría elementos suficientes para que los jueces españoles pudieran entrar a valorar el fondo del asunto en cualquier procedimiento de ejecución hipotecaria, y especialmente cuando afecte a la vivienda habitual del deudor, apreciar de oficio la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo o crédito que motiva la ejecución y, atendidas las circunstancias del caso (por ejemplo, el estado de inopia del deudor), adoptar cuantas medidas crean convenientes: por ejemplo, paralizar el proceso de embargo o, incluso, llegar a declarar la nulidad del mismo.
Y todo ello, sin necesidad de reformar la legislación procesal e hipotecaria españolas.
Sí que puede ser necesaria una breve reforma para introducir el derecho del deudor a formular oposición al proceso de ejecución, con base en la posible existencia de cláusulas abusivas en su contrato de préstamo o crédito hipotecario.
JOSE-LUIS MERINO HERNANDEZ
Notario y miembro de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.
Ve “extremadamente importante” la sentencia porque “protege los derechos de los consumidores”
La Comisión Europea ha calificado este jueves de “extremadamente importante” la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la ley española de desahucios porque “protege los derechos de los consumidores” y ha anunciado que se pondrá en contacto con el Gobierno español para ver cómo aplica el fallo.
“Es una sentencia que consideramos extremadamente importante porque protege los derechos de los consumidores europeos”, ha dicho el portavoz de Justicia, Michele Cercone.
“La Comisión va a examinar ahora los detalles del fallo y va a examinar qué medidas deben tomarse, en particular en relación con España”, ha dicho el portavoz.
“Vamos a ponernos en contacto con autoridades españoles para ver cómo deben actuar”, ha anunciado Cercone. “Está claro que España y los jueces españoles que se ocupan del caso deberán juzgar a la luz de esta sentencia del Tribunal Europeo y de las clarificaciones que ha aportado”, ha agregado.
Torres-Dulce carga contra la “intervención máxima” del Legislativo en la política española
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha cargado este jueves contra lo que considera “una política legislativa de intervención máxima” en la legislación española, especialmente con las 25 modificaciones que se han hecho del Código Penal desde 1995.
“Vamos camino de que cruzar la calle por determinados sitios constituya delitos por una finalidad de prevención general para evitar que los ciudadanos sufran accidentes en las calles”, ha ilustrado el fiscal general durante una conferencia pronunciada en el Colegio de Notarios de Cataluña en Barcelona bajo el título de ‘La Comisión por imprudencia de Falsedad en Documento Público’.
Torres-Dulce ha calificado de notorio error esta excesiva legislación ya que, en su opinión, hay muchas cosas “que deberían tener asentamiento fuera del Código Penal si esta sociedad fuera responsable con administraciones públicas igualmente responsables a la hora de delimitar la culpa”.
Por su parte, el consejero catalán de Justicia, Germà Gordò, ha clausurado el ciclo de conferencias sobre ‘Derecho Penal y Actividad Económica’ asegurando que “la sociedad catalana y la española se tienen que atrever cada vez más a establecer límites morales en la legislación económica”.
“Si estos límites morales calan cada vez será menos necesario que se tenga que aplicar el ordenamiento jurídico penal en la actividad económica”, ha insistido el consejero en la clausura a la que también ha asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
Puede ver la sentencia aquí: http://noticias-juridicas.es/files/2013/03/TJUE-14-3-13.pdf
Sobre la paralización transitoria de lanzamientos en procesos de ejecución hipotecaria, le recomendamos leer esta información.
Puede ver la regulación estatal sobre esta materia en el Memento Inmobiliario o en el Memento Procesal Civil

References: Resolución 
 artículo 1
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