Source: https://www.scribd.com/document/400082133/Aborto-No-Punible-FIA
Timestamp: 2020-04-08 16:16:32+00:00

Document:
la Violencia Institucional que dicha profesional pudiera ejercer como Objetora de Conciencia a las pacientes que se acerquen a esa institución con el fin de practicarse un aborto". | Objetor de conciencia | Libertad de expresión
la Violencia Institucional que dicha profesional pudiera ejercer como Objetora de Conciencia a las pacientes que se acerquen a esa institución con el fin de practicarse un aborto".
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Juan Carlos Carola, recomendó al Ministerio de Salud que “continúe y profundice” la capacitación del personal de salud en materia de la Guía Provincial para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del Embarazo.
Aborto No Punible - FIA
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SANTA ROSA, 11 de Febrero de 2019
El Expte. Nº 18/2018, caratulado: "FISCALIA DE
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS S/ INFORMACION SUMARIA
(TERCER INICIADOR: FORO PAMPEANO POR EL DERECHO AL
ABORTO)", y;
Que las presentes actuaciones se inician con una
presentación del “Foro Pampeano Por El Derecho Al Aborto Legal, Seguro Y
Gratuito”,manifestando preocupación por las manifestaciones públicas
emitidas por la Dra. Verónica CESAN, Directora del Hospital de Eduardo
Castex.
Que las presentantes denuncian que la Directora
denunciada habría utilizado un vocabulario discriminatorio hacia las mujeres,
con una carga ideológica contraria a las leyes pampeanas que reconocen
derechos a las personas que se acogen al protocolo de abortos no punibles.
Que por último manifiestan que "nos preocupa sobremanera
la Violencia Institucional que dicha profesional pudiera ejercer como Objetora
de Conciencia a las pacientes que se acerquen a esa institución con el fin de
practicarse un aborto".-
Que a fs. 6/4 se agrega impresión del diario La Arena de
fecha 27/06/2018 titulado “Directora dice que una mujer que se hace un
aborto, es una asesina”.-
Que mediante Resolución Nº498/2018 se ordenó la
instrucción de una información sumaria a fin de precisar la situación puesta
en conocimiento.-
Que a fs.8 se resuelve librar oficio al Ministerio de Salud a fin
de solicitarle se sirva: a) informar cuál es el Protocolo actualmente aplicable
en la provincia en materia de Abortos No Punibles; b) remitir copia del
Protocolo vigente y el acto administrativo aprobatorio correspondiente; c)
informar cómo se formaliza en la práctica la objeción de conciencia en los
ámbitos hospitalarios públicos provinciales y cómo se reorganizan los
servicios y garantiza en consecuencia la aplicación del Protocolo en cuestión;
d) informar el estado de aplicación del Protocolo en la materia vigente en el
E.A. de Eduardo Castex, atento las manifestaciones públicas formuladas por
su actual directora, que motivaran las presentación ante esta Fiscalía de
Investigaciones Administrativas por el Foro Pampeano por el Derecho
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.-
Que la Subsecretaria de Salud en respuesta al oficio librado
remite copia de la Resolución Nº656/12 mediante la cual se "Aprueba el
Protocolo Hospitalario de Procedimientos para la Atención de pacientes
que soliciten prácticas de Abortos no Punibles, según lo establecido en
el artículo 86 incisos 1º y 2º del Código Penal de la Nación", e informa
que la objeción de conciencia está estipulada en el inc. J) de la Resolución
mencionada.-
Que por último señala respecto de las manifestaciones de la
Directora del E.A. de Eduardo Castex, que "las mismas constituyen una
opinión personal, que no impide que la citada profesional cumpla con el
mencionado Protocolo, habiéndose realizado a la fecha prácticas
encuadradas en dicho protocolo en el citado establecimiento".-
Que con fecha 14 de agosto del corriente, conforme acta de
fs. 28 se presentan por el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito, Mirta Fiorucci, y Cristina Ercolini, quienes manifiestan la
preocupación por la capacitación en ILES a todos los efectores de Salud-
todos las personas integrantes del servicio de salud involucrados en
garantizar el derecho y que dicha capacitación sea permanente. Agregan que
la Universidad de La Pampa tiene personal capacitado a tal efecto. La otra
preocupación es la aplicación efectiva de la ESI en las escuelas en
cumplimiento del art. 13 inc. k) de nuestra Ley provincial. El último tema, la
implementación de la anticoncepción, especialmente en materia de ligadura
tubaria, vasectomía y otros métodos, y los protocolos y consentimientos
informados actualmente vigentes.-
Que ante lo manifestado, se libraron los siguientes oficios: a)
al Ministerio de Salud para que por donde corresponda se sirva informar: 1)
si se han realizado capacitaciones sobre el Protocolo de Aborto No punible al
personal de salud pública que tiene intervención en su aplicación; 2) sobre
los protocolos o consentimientos informados actualmente vigentes en
materia de las intervenciones quirúrgicas mencionadas por las presentantes,
3) cantidad de personal de salud objetor de conciencia -por centro de salud o
establecimiento asistencial- en materia de Aborto no punible y anticoncepción
y b) al Ministerio de Educación a fin se sirva informar sobre el estado de
implementación de ESI en la provincia.-
Que el Ministerio de Educación adjuntó en respuesta al oficio
librado, informe producido por la Coordinadora del Área de Políticas de
Cuidado, Educación Sexual Integral y Educación Vial de la Dirección General
de Planeamiento, Evaluación y Control de Gestión, dependiente de la
Subsecretaría de Coordinación.-
Que por su parte, la Coordinación de Trabajo Social de la
Subsecretaría de Salud informó: "Respecto a las capacitaciones sobre el
protocolo de Aborto No punible informamos que durante el transcurso del
año 2017 se capacitó a los equipos de salud que se encontraban habilitados
por la resolución 656/12 a realizar prácticas del aborto no punible solo en los
establecimientos nivel IV del sistema de salud. Cabe mencionar que en el
mes de febrero de 2018 y como necesidad de dar respuesta a todas las
mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes de que puedan acceder
sin obstáculos a la interrupción legal del embarazo según lo establece la
De esta manera surge la resolución ministerial Nº1789/18 a través de la cual
se produce una apertura a todos los establecimientos asistenciales del
sistema de salud (Adjuntamos copia de la misma). Se está realizando la
presentación de la Guía regionalizada por Zona Sanitaria".
Seguidamente informa "De este proceso surge la Guía
Provincial para la atención integral de las personas con derecho a la
interrupción legal del embarazo, puesta recientemente en funcionamiento
que es el instrumento que habilita y acompaña las instancias previas,
durante y posterior al evento. EL instrumento consta de la planilla de
consentimiento informado, de solicitud, etc.- En cuanto al personal de salud
objetor de conciencia, la guía establece un formulario específico para la
declaración de objeción de conciencia, cuya presentación debe ser realizada
ante el Subsecretario de Salud. El registro de objetores está en proceso de
elaboración, el mismo se llevará a cabo por zona sanitaria y por profesional,
con el fin último de poder realizar un mapeo (georeferencial) del recurso
humano profesional con el que el sistema de salud cuenta para la práctica de
abortos no punibles, debido a la movilidad del recurso humano profesional
hacia el interior del sistema sanitario; con el objeto de acompañar ese
movimiento como así también la posibilidad de elaborar diferentes
dispositivos específicos a través de los cuales se garantice el acceso a los
servicios de salud".-
Que la Sra. Fiscal Adjunta emite su opinión en autos
"Que el “Foro Pampeano Por El Derecho Al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito” manifestó su preocupación por las declaraciones públicas vertidas por la Directora
del E.A. de Castex sobre el aborto.-
De acuerdo a las publicaciones periodísticas la mencionada
profesional habría manifestado en conferencia de prensa en ocasión de asumir su cargo de
Directora en el Hospital de Eduardo Castex en contra de la aprobación de la Ley de Aborto
legal, seguro y gratuito, señalando “Como mujer no puedo decir que no nos maten a
nosotras en el colectivo Ni una Menos, si después nosotras matamos un niño”.-
Asimismo habría manifestado: “En la condición que se dé ese hijo
puede ser en una situación especial, porque quizás fue en el momento no deseado o fue por
una situación de abuso, eso se puede analizar. Podemos llegar a otras formas de resolución,
sin necesidad de transformarnos en asesinas”, “las dos veces que fecundé mis hijas en mi
casa, desde el momento de la fecundación consideré que se trataba de una vida”. “Estoy a
favor de la vida, de la vida que sea, después veré si como madre lo puedo criar a ese hijo, o
lo entrego a una familia que no puede tener hijos y lo criará como si fuera propio”...“Como
sociedad tenemos que pensar si no tenemos un doble discurso, porque somos muy
feministas hasta un límite, y tenemos que pensar que si ninguno de nosotros existiría si
nuestras madres hubieran decidido abortar. Vivimos en una sociedad donde acatamos las
leyes que se decidan y después veremos si tenemos objeción de conciencia sobre lo que se
decida”.-
Corresponde analizar la situación a la luz de las normas que
protegen la libertad de expresión por un lado, y a las propias de su condición de agente
pública operadora del sistema de salud provincial.-
En este aspecto en materia de libertad de expresión “… las
garantías que rodean el derecho a la libertad de expresión en el sistema constitucional
argentino tienen un sentido más amplio que la mera exclusión de la censura previa,
impidiendo a las autoridades públicas controlar las ideas antes de su impresión, como así
también toda acción u omisión que restrinja la publicación y circulación de la prensa (conf.
doctrina de Fallos 324:975, voto del doctor Carlos S. Fayt)”. “En esta orientación, la Corte
Interamericana, al destacar el carácter excepcional de las restricciones al ejercicio de la
libertad de expresión, así como la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores por
su ejercicio abusivo, ha resaltado la necesidad de que no se conviertan en un mecanismo
directo o indirecto de censura previa (caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’, sentencia
del 29 de noviembre de 2011, Serie C N° 238, párrafo 43 y sus citas)”.-
Es decir la ciudadanía goza del derecho a la libertad de expresión, sin
posibilidad por parte del Estado de censura previa, generando únicamente responsabilidades
por su ejercicio abusivo.-
Las manifestaciones públicas cuestionadas en autos se refieren a una
funcionaria pública, directora de un establecimiento de salud.-
En este sentido, la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1
La Relatoría
Especial señala que los funcionarios en ejercicio de la libertad de expresión tienen los
“Deber de pronunciarse en ciertos casos, en cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, sobre asuntos de interés público. Para la Corte
Interamericana, la trascendente función democrática de la libertad de expresión exige que
en determinados casos, los funcionarios públicos efectúen pronunciamientos sobre asuntos
de interés público en cumplimiento de sus atribuciones legales. En otras palabras, bajo
ciertas circunstancias el ejercicio de su libertad de expresión no es solamente un derecho,
sino un deber. En términos del tribunal, "[l]a Corte [Interamericana] ha reiterado numerosas
veces la importancia que posee la libertad de expresión en una sociedad democrática,
especialmente aquella referida a asuntos de interés público. […] Por lo anterior, no sólo es
legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales
pronunciarse sobre cuestiones de interés público"
Deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamentan sus
pronunciamientos. Cuando los funcionarios públicos ejercen su libertad de expresión, sea
en cumplimiento de un deber legal o como simple ejercicio de su derecho fundamental a
expresarse, "están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma
razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus
opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los
particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que
los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos"
Deber de asegurarse de que sus pronunciamientos no constituyan violaciones a los
derechos humanos. Por las obligaciones estatales de garantía, respeto y promoción de los
derechos humanos, es deber de los funcionarios públicos asegurarse de que al ejercer su
libertad de expresión no estén causando el desconocimiento de derechos fundamentales. En
palabras de la Corte Interamericana, "deben tener en cuenta que en tanto funcionarios
públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y,
por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos".-
Sentado lo anterior, cabe señalar que las manifestaciones
realizadas por la Dra. Cesan-más allá de lo desafortunado de su contenido- se realizaron en
1http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html
el contexto de la discusión del proyecto de Ley sobre el Aborto de público conocimiento.-
Al respecto cabe aclarar que sin perjuicio de la falta de sanción de
dicho proyecto, la temática tiene un marco legal específico y actualmente vigente, más allá
de la discusión de su ampliación prevista en ese proyecto de ley.-
En esta materia la CSJN (FALLO CSJN F. 259. XLVI F., A. L. s/
medida autosatisfactiva) ha sostenido "...el Tribunal considera ineludible destacar que, a
pesar de que el Código Penal Argentino regula desde hace noventa años diferentes
supuestos específicos de despenalización del aborto, como el traído a discusión ante este
Tribunal (artículo 86, inciso 2º), se sigue manteniendo una práctica contra legem, fomentada
por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes
judiciales nacionales como provinciales, que hace caso omiso de aquellos preceptos,
exigiendo allí donde la ley nada reclama, requisitos tales como la solicitud de una
autorización para practicar la interrupción del embarazo producto de una violación lo que,
como en el caso, termina adquiriendo características intolerables a la luz de garantías y
principios constitucionales y convencionales que son ley suprema de la Nación".-.
En el mismo pronunciamiento el máximo tribunal sostuvo “cuando el
legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de un aborto, es el
Estado, como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación,
siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a
disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias
para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura”.
La provincia de La Pampa, receptando los lineamientos del fallo
mencionado, en el año 2012, a través del Ministerio de Salud dictó la Resolución 656/12
“Protocolo Hospitalario de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten
prácticas de aborto no punible”, que daba marco a las prácticas del aborto no punible
solo en los establecimientos nivel IV del sistema de salud.
En el corriente año, y por Resolución Nº 1789/18, se extiende el
Protocolo a todos los establecimientos asistenciales del sistema de salud, aprobándose la
“Guía Provincial para la atención integral de las personas con derecho a la
interrupción legal del embarazo”.-
La mencionada Guía en la introducción del Capítulo "De los equipos
de Salud" establece que "Los profesionales de la salud tienen imposibilidad de eludir sus
responsabilidades profesionales. Si algún profesional insiste en sus conceptos personales,
religiosos y/o morales no puede ser considerado más que como una barrera al acceso a los
servicios de salud. Para garantizar el derecho a acceder a ILEs es necesario que los
efectores de salud generen las condiciones necesarias para brindar el servicio, que tengan
pleno conocimiento de la legislación existente y sus exigencias. En este sentido ofrecer una
atención integral para la interrupción legal del embarazo implica:
brindar un trato humanitario que incluya la recepción y orientación de las personas para
responder a sus necesidades de salud emocional y física.
garantizar la atención clínica adecuada de acuerdo a los criterios éticos, legales y
médicos en vigencia.
intercambiar información amplia y completa con las personas involucradas para que
exista efectivamente un proceso de consentimiento informado.
ofrecer consejería en anticoncepción y cuidados posteriores luego del procedimiento. Las
personas que tienen un embarazo producido en un contexto que le da derecho a la ILE
atraviesan momentos difíciles, que requieren una atención integral y de calidad".-
En el mismo capítulo, en el Punto 5.3 bajo el título "Responsabilidad
Profesional" se señala "La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) plantea que
las/los profesionales de la salud podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente
por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando, de forma
injustificada, no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el
Código penal para la realización de una ILE, realicen maniobras dilatorias durante el
proceso, suministren información falsa o cuando prevalezca en ellos una negativa
injustificada a practicar el aborto".-
En el siguiente punto, 5.4. se regula la OBJECION DE CONCIENCIA, a
saber: "Toda/o profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con
respecto a la práctica del aborto no punible, siempre y cuando no se traduzca en la dilación,
retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica (CSJN, 2012). La objeción de
conciencia es siempre individual y no institucional. De acuerdo a esto, todos los
efectores de salud en los que se practiquen ILEs deberán garantizar su realización en los
casos con derecho a acceder a ella. Asimismo deberán contar con recursos humanos y
materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que
la ley les confiere en relación a esta práctica".-
En virtud de lo reseñado, la Dra. Verónica Cesan, como operadora del
sistema de salud provincial y directora de un Establecimiento Asistencial debe cumplir y
hacer cumplir en su ámbito de actuación las pautas de la Guía Provincial mencionada.
Ello conforme las expresas previsiones de la Guía, más arriba
reseñadas.-
En el caso de considerarlo pertinente, puede ejercer su derecho a la
OBJECION DE CONCIENCIA, conforme las pautas otorgadas por la misma GUIA
PROVINCIAL.-
Sin perjuicio de ello, conforme el Fallo FAL y las previsiones del
documento mencionado, en ningún caso, los profesionales objetores pueden “eludir sus
responsabilidades profesionales. Si algún profesional insiste en sus conceptos
personales, religiosos y/o morales no puede ser considerado más que como una
barrera al acceso a los servicios de salud”
Debo destacar que mas allá de los dichos inapropiados de la denunciada-
a la luz de las consideraciones vertidas por la Relatora Especial para la Libertad de
Expresión-ni el Foro Pampeano ni particulares han denunciado ante esta FIA la
obstaculización o dificultades en torno a la aplicación de la GUIA en el hospital a cargo de la
Dra. Cesan. Al respecto el Sr. Subsecretario de Salud informó que efectivamente se llevaron
a cabo prácticas en el marco de la Guía en el Hospital de Castex.-
En concordancia con lo mas arriba expuesto, sugiero el archivo de las
actuaciones, por considerar que no existen elementos para dar inicio a un procedimiento
disciplinario, sin perjuicio de recomendar al Ministerio de Salud:
a) continúe y profundice la capacitación del personal de salud en materia de la “Guía
Provincial para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal
del embarazo”.-
b) Haga saber a la Dra. Verónica Cesan las consideraciones expresadas en el presente en
materia de libertad de expresión de los funcionarios públicos y el alcance de su
responsabilidad como Directora del E.A de su localidad en materia de la “Guía Provincial
para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del
embarazo”.-
Que compartiendo el criterio de la funcionaria actuante,
corresponde resolver en consecuencia.-
Que se actúa en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 6 de la Ley Nº 1830;
E L FISCAL GENERAL DE
LA FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 1º.- Concluir la presente información sumaria y proceder a a su
archivo, por las razones expuestas en los Considerandos.-
Artículo 2º.- Sugerir al Ministerio de Salud continúe y profundice la
capacitación del personal de salud en materia de la “Guía Provincial para la
atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal
Artículo 3º.- Recomendar al Ministerio de Salud que haga saber a la Dra.
Verónica Cesan las consideraciones expresadas en el presente en materia
de libertad de expresión de los funcionarios públicos y el alcance de su
responsabilidad como Directora del E.A de su localidad en materia de la
“Guía Provincial para la atención integral de las personas con derecho a
la interrupción legal del embarazo”.-
Artículo 4º.- Dar al Registro Oficial. Notifíquese a las denunciantes y al
Ministerio de Salud.-
RESOLUCION Nro. 104/2019.-
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References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 Resolución

 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 6

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4