Source: http://fredalvarez.blogspot.com/2011/06/exhorto-para-periodo-extraordinario.html
Timestamp: 2019-10-16 00:59:12+00:00

Document:
Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89 fracción XI, y para lo dispuesto por los artículos 67, 78 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en el artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la solicitud para que se sirva acordar la convocatoria a un período de sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Unión, para el desahogo de las siguientes iniciativas y asuntos:
Inciso a) Minuta por la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política.
Inciso a) Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Inciso a) Minuta por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
Inciso b) Minuta por la que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de dinero)
Inciso c) Minuta por la que se reforma el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Robo de hidrocarburos)
Inciso d) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones y se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Ejecución de sanciones)
Inciso a) Minuta por la que se expide la Ley Federal de Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Inciso b) Minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Inciso a) Minuta por la que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicos y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Expropiación; Ley Agraria; Ley General de Bienes Nacionales y Código Federal de Procedimientos Civiles.
Elecciones de Consejeros del Instituto Federal Electoral.
Documento que el titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.
El subsecretario, licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves.
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO ARTURO ZAMORA JIMENEZ: Doy lectura al documento íntegro.
C. Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Presente.
El Estado mexicano es una suma de corresponsabilidades en las que los diversos actores sociales, tanto desde el ámbito público como en la sociedad civil, coadyuvan en la construcción de soluciones y en la atención de los temas prioritarios para nuestro país.
El Poder Legislativo, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, ha asumido este importante reto durante ésta y las anteriores legislaturas de manera inédita. Así, se han logrado discutir y aprobar temas de categórica importancia para la construcción de nuestro ordenamiento jurídico, cuya tarea se traduce en normas que permiten beneficiar a los mexicanos en los más diversos ámbitos: en la educación, la salud, la seguridad, la economía, el medio ambiente, o el acceso a la justicia, sólo por mencionar algunos ejemplos, que han merecido un acucioso análisis y la emisión tanto de reformas constitucionales, como legales, así como la suscripción por parte de nuestro Estado de diversos instrumentos internacionales.
Estos esfuerzos requieren mayores innovaciones que permitan preservar la construcción institucional y el desarrollo del aparato productivo del país, asegurando su futuro y bienestar. Por eso ante la demanda de una sociedad cada vez más enterada, se requieren definir diversos cambios en materia trascendentales, mismos que han sido en efecto comenzados a discutir por el Poder Legislativo, pero que requieren de una definición urgente no solamente para impedir el acrecentamiento de circunstancias adversas, sino para garantizar que cada uno de los proyectos legislativos que se citan, cumplan con su función de normar oportunamente los ámbitos que cada uno de ellos prevé.
Por estas razones, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera importante que las decisiones normativas no se posterguen hasta el próximo período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y en la medida en la que la Comisión Permanente lo acuerde, pueda convocarse a un período extraordinario de sesiones, cuya agenda se encuentre orientada al tenor de distintos rumbos.
En primer término se encuentra pendiente de discusión la minuta en materia de reforma política, de importancia categórica para la evolución y consolidación de diversas instituciones.
Otro de los rubros a plantearse es el de la reforma laboral, que permitiría sentar las bases de la renovación de las relaciones laborales sin descuido de la tutela de los principios sociales previstos por la ley fundamental.
Un tercer tema de análisis son las iniciativas y minutas que en el rubro de seguridad y justicia son susceptibles de ser desahogadas en razón de que existen los consensos necesarios o bien porque la urgencia de las medidas normativas contenidas en los proyectos normativos lo amerite.
Entre estos temas pueden advertirse los relativos a seguridad nacional y lavado de dinero, robo de hidrocarburos y ejecución de sanciones penales.
Por otra parte es importante señalar que nuestro país ha asumido diversos compromisos internacionales en materia de anticorrupción, mismos que igualmente requieren de reformas legales que permitan la acción decidida del Estado mexicano en contra de este fenómeno, así pudieran ser objeto del análisis del Congreso de la Unión la minuta por la que se expide la Ley General Anticorrupción en contrataciones públicas, así como la minuta por la que se reformas diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
A la par de la reforma sobre el combate a la corrupción, se vuelve igualmente necesario atender la discusión sobre el esquema de contrataciones públicas bajo la figura de asociaciones público privadas, con lo que se obtendrán mejores condiciones, se promoverá la competitividad en el sector y se asegurarán las mejores condiciones para el Estado.
Por último, es igualmente urgente considerar la elección de los consejeros del Instituto Federal Electoral a efecto de que ese órgano constitucional autónomo se encuentre en plenas condiciones de cumplir a cabalidad con su tarea constitucional y legal ante el próximo proceso electoral federal.
En razón de lo anterior y como elementos que justifican la presente solicitud, me permito realizar las siguientes consideraciones.
En México la reforma del estado ha sido un proceso permanente de adecuación entre el funcionamiento de los órganos estatales y las demandas de una realidad histórica en cambio constante que ha atravesado por diferentes etapas.
Recientemente tras un notable esfuerzo de la Cámara de Senadores por construir acuerdos estructurales encaminados a modernizar el sistema político mexicano se ha avanzado no sólo en la discusión de la agenda sobre nuestro diseño constitucional, sino que se ha logrado consensos que deben llevarse a buen puerto en beneficio de los ciudadanos.
La reforma política, la necesidad de ajustar el funcionamiento de las instituciones a las nuevas condiciones de pluralidad democrática.
Los ciudadanos y los partidos han impulsado la transparencia y la equidad electorales. En su oportunidad el electorado se pronunció cada vez con mayor frecuencia por la pluralidad en el seno de los distintos órganos del estado y los diversos órdenes de gobierno.
Pero la sociedad también exige resultados, la acción eficaz del aparato del Estado es también parte de la definición misma de democracia.
La tarea consiste en encontrar el diseño institucional que armonice las reglas formales de distribución del poder que establecen la Constitución y las leyes con la enorme pluralidad que ha producido la democracia de México. Esto sin excluir desde luego la necesidad de consolidar una cultura política democrática que reafirme los valores de la pluralidad, la tolerancia, el diálogo, la participación ciudadana, la legalidad, la igualdad, la cooperación y la solidaridad.
En este sentido, el desafío actual impostergable es hacer que el régimen democrático al que la transición ha conducido pueda ser gobernado de manera efectiva bajo diversos escenarios de distribución del poder.
Se requiere entonces un cambio institucional que al modificar las partes tenga una visión de conjunto, una reforma que construya un nuevo entramado institucional que se adecue mejor a la nueva realidad política que vive México.
Una realidad permeada por la pluralidad y la diversidad, pero sobre todo por las responsabilidades compartidas.
En este proceso debemos estar conscientes de que el propósito fundamental de los cambios que se produzcan es mejorar la calidad de la existencia de las personas.
El Ejecutivo Federal a mi cargo y los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, han hecho patente la necesidad de concretar esta reforma política mediante la representación de diversas iniciativas.
No obstante ello, su aprobación sólo ha sido posible en la Cámara de Senadores, quedando pendiente la discusión y aprobación de esta trascendental reforma en la Cámara de Diputados. A efecto de estar en posibilidad de contribuir con el proceso previsto por el artículo 135 de nuestra Constitución.
El proceso de democratización del país ha traído importantes avances en materia de instituciones que se han traducido en la instalación definitiva de la pluralidad y la competencia electoral transparente y en condiciones de equidad.
Sin embargo, el cambio social obliga a un continuo proceso de transformación institucional y a atender las oportunidades donde cambios previos no se han traducido del todo en una mayor capacidad del gobierno para atender y resolver con eficacia los problemas y necesidades de la ciudadanía.
El país requiere una reforma política de fondo que permita ampliar el ejercicio de las libertades y las capacidades ciudadanas. Al tiempo que haga posible traducir en acciones públicas concretas el mandato de los ciudadanos.
Es momento, en suma, de impulsar los cambios necesarios para que el sufragio efectivo se traduzca en democracia efectiva.
Así, el pasado 15 de diciembre de 2009, presenté ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que persigue dos objetivos fundamentales.
Primero.- Fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político. Y
Segundo.- Instituir mecanismos que permitan el correcto funcionamiento institucional.
Legisladoras y legisladores de diversos partidos presentaron a su vez iniciativas con propuestas diversas, pero todas dirigidas a una misma finalidad: fortalecer la democracia y atender los principales problemas que identifican diversos grupos de la sociedad.
Todas las propuestas coinciden en la intención de asegurar la coherencia en la revisión del diseño institucional considerándola interacción y coordinación necesaria entre los distintos elementos que las componen.
Estas razones motivan los criterios por los cuales el Ejecutivo Federal a mi cargo advierte la necesidad de que se valore por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordar una convocatoria para la realización de un Periodo Extraordinario del Congreso de la Unión a efecto de alcanzase los consensos necesarios que logren una discusión que permita dotar a nuestro país de los elementos que exige una reforma política acorde con la realidad de nuestro país.
Uno de los principales factores del crecimiento económico de cualquier estado se traduce en el aseguramiento de un marco normativo que permita que las relaciones laborales se basen en el respeto de los derechos de los trabajadores en el impulso de la productividad y en el acrecentamiento de la competitividad, circunstancias tales que permitan no solamente la estabilidad interna del mercado, sino un firme posicionamiento del Estado ante los fenómenos de globalización y mundialización.
Así se han reconocido como fundamentales los siguientes ejes temáticos de discusión.
a) Facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos.
b) Promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales y la protección de derechos.
c) Fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral.
d) Fortalecer la transparencia y la democracia sindical.
e) Fortalecer las facultades normativas de vigilancia y sancionadores de las autoridades del trabajo.
Esta preocupación es compartida por legisladores de todos los partidos políticos que han advertido que el desarrollo económico a nivel nacional e internacional hacen imperante una reforma laboral que permita afrontar los retos de nuestro país sin apartarse de los principios sociales, señalados en el artículo 123 de nuestra Constitución Política.
Nuestro marco jurídico laboral ha tenido una vigencia de poco más de tres décadas. Por lo que muchas de las figuras jurídicas contenidas en tal ordenamiento han cumplido su ciclo y se han visto rebasadas por las circunstancias fácticas de las relaciones laborales.
Por eso resulta imprescindible continuar con el análisis de las iniciativas que se han presentado en el Congreso por las que se reforma la Ley Federal del Trabajo y en cuyo desahogo se habían alcanzado previamente notorias coincidencias entre los diferentes actores, tanto al interior del Congreso como con los partidos políticos. Así como con las organizaciones de trabajadores y de patrones.
Por lo anterior al Ejecutivo Federal a mi cargo, reconoce la amplia laboral del legislativo y considera que es necesario encontrar los consensos que se traduzcan en mejores condiciones laborales en el día a día de todos los mexicanos. Para lo que sería conveniente rescatar los procesos de estudio y análisis que han quedado pendientes y en cuya discusión se encuentran iniciativas de diversos partidos políticos y legisladores con objetivos y preocupaciones compartidas.
Las acciones que se llevan a cabo para garantizar la seguridad nacional en nuestro país requieren del respaldo que brinde certidumbre jurídica a la sociedad en su conjunto. Así lo exige la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos con la que se refuerzan las disposiciones que regulan a las instituciones responsables de proteger a los mexicanos y la seguridad nacional.
La sociedad y las instituciones nacionales son constantemente objeto de amenazas por parte de organizaciones que superan las capacidades de las autoridades locales, por lo que necesitan la protección y el apoyo del a federación.
La Ley que regula las instituciones que previenen cualquier amenaza a la seguridad nacional requiere ser revisada para que tan pronto se llegue a los consensos necesarios se apruebe y publiquen las reformas que permitan mejores instrumentos legales para garantizar la seguridad de todos los mexicanos.
En este sentido, la minuta en materia de seguridad nacional aprobada por el Senado de la República regula, entre otros aspectos el procedimiento para que las instituciones del Estado Mexicano respondan eficazmente a los retos que pueden enfrentarse respecto de la seguridad interior de nuestro país.
La minuta ha sido objeto de diversas observaciones por parte de las instituciones que tienen a su cargo la operación directa y cotidiana en esta materia. Asimismo el diálogo constructivo ha permitido avanzar en diversos acuerdos para mejorar dicha minuta que es de vital importancia para la seguridad nacional.
Desde el inicio de mi administración he impulsado la persecución de las organizaciones criminales para garantizar la seguridad de los mexicanos. La Cámara de Senadores hizo una gran labor para la aprobación de la minuta de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin lugar a dudas se trata de uno de los aspectos más importantes para mermar o eliminar el funcionamiento de la delincuencia organizada, al mismo tiempo se trata de un conjunto de disposiciones que requirieron de un largo proceso de diálogo y conciliación para garantizar a los mexicanos un ejercicio responsable de las atribuciones de la autoridad.
La minuta se aprobó en los últimos días del pasado periodo ordinario de sesiones en tal medida, la Cámara de Diputados podría concluir el proceso legislativo en un periodo extraordinario que le permita al Estado Mexicano contar con una herramienta indispensable para prevenir el lavado de dinero.
Cada día que transcurre, sin que tengamos este instrumento legal es una oportunidad que aprovechan las organizaciones delictivas para preparar o realizar las operaciones que les permiten financiar sus actividades delictivas en perjuicio de la sociedad mexicana.
La minuta aprobada por el Senado y remitida a la Cámara de Diputados, tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento y proteger al sistema financiera y economía nacional.
Un grave problema que aqueja a nuestra sociedad y que ya cobró vidas a seres humanos e impacto en el patrimonio de varias familias mexicanas es el originado por el robo de combustible.
Con la finalidad de dotar, de tener herramientas que apoyen a las instituciones del sistema de justicia penal, el Congreso de la Unión ha elaborado diversos dictámenes de reforma a la legislación penal para sancionar la conducta del robo de hidrocarburos. Sin n embargo ha faltado su aprobación final.
El pasado 5 de abril de 2011, la Cámara de Diputados recibió la minuta por la cual se reforman los Códigos Penal y el Federal de Procedimientos Penales, y la Ley Federal contra la delincuencia organizada, con el fin de sancionar con precisión y multa a quien sin derecho y con sentimiento de la persona que legalmente puede autorizarlo sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados.
De los equipos e instalaciones de la industria petrolera distintos al petróleo crudo o hidrocarburos refinados o procesados o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico o realice cualquier sustracción o alteración de dichos equipos o instalaciones.
Asimismo se sanciona a quien de manera dolosa altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar, suministrar hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados a quien posea o resguarde de manera ilícita petróleo, crudo, hidrocarburos refinados , procesados o sus derivados y el enajenamiento o suministro de gasolinas o diesel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior.
Este ha sido un tema que por diversas circunstancias no se han concluido, se han votado dos minutas en materia de robo de combustibles, pero hace falta que la Cámara revisora apruebe lo acordado por la Cámara de origen, la primera fue la del año de 2009 y la segunda de 2010.
Es impostergable su aprobación con la finalidad de penalizar a quienes ponen en grave riesgo a la sociedad con esta conducta.
El 19 de junio de 2011, entrará en vigor el nuevo sistema de reinserción, previsto en el segundo párrafo del artículo 18 constitucional así como el régimen de modificación y duración de penas, establecido en el párrafo 3º del artículo 21.
Para ello hace falta la Ley que determine cuál es la autoridad judicial competente para modificar las penas o establecer la duración de las mismas.
Un procedimiento jurisdiccional que garantice los principios del debido proceso, los requisitos que deberán cumplirse y la forma en que se modificarán las penas, por citar los elementos esenciales para hacer efectivo este derecho en forma adecuada.
El nuevo sistema de reinserción social, también requiere de una regulación que especifique la forma en que se organizará el sistema para que a los internos se les brinde oportunidades de trabajo y se les capacite para ello, tengan acceso a la salud, a la educación y al deporte.
El 14 de abril del 2011, presenté ante la Cámara de Diputados la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de ejecución de sanciones y se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo objeto es establecer las bases legales del sistema penitenciario federal.
La administración de la prisión preventiva punitiva, así como las medidas de vigilancia especial.
Regular y distinguir las funciones que corresponden al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Judicial de la Federación en la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad. Es decir, mediante esta Ley se propone garantizar el principio de legalidad en la implementación de este nuevo sistema al que nos hemos referido.
No cabe duda que una parte fundamental de la agenda para la transformación de nuestro sistema consiste en garantizar un óptimo funcionamiento de la administración pública federal a través del combate a la corrupción y de la erradicación de cualquier práctica ilegal o deshonesta que se verifique en el ámbito de las contrataciones públicas.
Para ello, en meses pasados remití a la Cámara de Senadores dos iniciativas que pretenden abatir de manera inmediata posibles prácticas indebidas en este tipo de contrataciones, así como dotar de más y mejores herramientas a la autoridad para identificarlas, erradicarlas y sancionarlas, me refiero a la iniciativa por la que se expide la Ley Federal anticorrupción en contrataciones públicas, así como a la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El primer proyecto tiene por objeto regular la responsabilidad de sanciones de las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras por las conductas irregulares previstas en ese ordenamiento en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal, así como de las personas físicas y morales nacionales por su conducta irregular en transacciones comerciales internacionales.
Esta iniciativa no limita el concepto de contratación pública, porque plantea una definición amplia que permitirá encuadrar cualquier práctica de corrupción que menoscabe los recursos federales.
Además, se propone establecer un procedimiento de investigación que permitiría a las autoridades competentes contar con las facultades indispensables para perseguir y sancionar de manera efectiva las conductas irregulares previstas.
Finalmente en materia de sanciones, la iniciativa plantea multa más severa, y en su caso mayores supuestos de inhabilitación, dentro de ese tema se contará con sanciones eficaces y realmente disuasorias permitiendo que en lo sucesivo ya no se presenten prácticas de corrupción.
Por su parte la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y a los servidores públicos, coadyuva a la integración de un régimen acorde con el combate frontal a la corrupción, incorporando a la Ley como obligaciones a cumplir por parte de los servidores públicos abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona a los posibles quejosos o denunciantes, así como cualquier persona que pudiera aportar información en los procedimientos establecidos por el mismo ordenamiento, ello con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar con motivo de ello cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de los denunciantes.
Asimismo, se pretende autorizar4 la presentación en forma anónima de las quejas o denuncias cuando contengan datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.
Con esto se busca favorecer la denuncia de posibles actos de corrupción y evitar que los denunciados presiones o disuadan a los denunciantes.
En ese sentido se incentiva la presentación de denuncias al posibilitar la entrega de estímulos y recompensas a las personas que entreguen información que permitan acreditar hechos de corrupción.
Ambos proyectos han sido aprobados por el Senado de la República y remitidos a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, por lo cual el Ejecutivo Federal a mi cargo, considera que pudieran existir las condiciones de consenso que garanticen actualizar el marco jurídico de nuestro país en este importante rubro posicionándolo al mismo tiempo ante la comunidad internacional como un referente obligado del combate a la corrupción.
Minuta por la que se reforma la ley, por la que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
Ante las peculiares condiciones de escaso financiamiento que en la coyuntura actual enfrenta el desarrollo de proyectos de infraestructura a nivel mundial, y desde luego nacional, la minuta por la que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas permitiría incorporar en nuestro sistema jurídico figuras de inversión a efecto de detonar el desarrollo económico del país a través de esquemas que tienen como finalidad establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la presentación de servicios al sector público o al usuario final, y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.
Con la aprobación de la minuta se permitiría ahorrar tiempo y recursos en virtud de que se aprovecharía un mismo concurso para la asignación de la concesión o de la obra pública que resulte; además permitirá acelerar la construcción de obras nuevas de infraestructura, fortalecer la competitividad de las licitaciones de aprovechamiento de activos y maximizar los ingresos del gobierno federal por concepto de las contrataciones ofertadas.
Así, con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación se constituirá un fondo para inversiones y desarrollo tecnológico cuyo objeto será impulsar los esquemas de asociación pública privada para lo cual podrá prever anualmente la asignación de recursos al mismo.
Finalmente, es de destacar que de aprobarse la minuta, la iniciativa privada se convertirá en un proveedor de servicios de la administración pública federal con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo de forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos.
El esquema en general pretende impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil.
Elección de Consejeros del Instituto Federal Electoral.
Otro de los temas, que debido a su trascendencia exige que todos los actores de la vida pública de nuestra nación asumamos con diligencia y prontitud las responsabilidades derivadas de las facultades constitucionales y legales de las que hemos sido investidos, lo es sin duda la elección de los tres Consejeros Electorales faltantes dentro del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
De acuerdo al Artículo 41, Constitucional, el Instituto Federal Electoral tiene a su cargo una de las más importantes funciones de la vida democrática de nuestro estado: organizar las elecciones federales, en razón de ello, nuestra ley fundamental le ha dado el carácter de órgano constitucional autónomo, considerándolo autoridad en la materia e independiente en sus decisiones, y funcionamiento para lo cual lo ha dotado de una estructura integrada con órganos de dirección ejecutivos, técnicos y de vigilancia, y de los cuales el Consejo General en su órgano superior de dirección, mismo que debe estar integrado por un consejero presidente y ocho consejeros electorales.
- EL C. SECRETARIO CASTELLANOS RAMÍREZ: De la debida integración y funcionamiento de un órgano constitucional autónomo como lo es el Instituto Federal Electoral, ha sido claramente puntualizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación intérprete último de nuestra ley suprema, al señalar que tales órganos surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.
Se establecieron en los texto constitucionales dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requiere autonomía de los clásicos poderes del Estado, y que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.
En este orden de ideas, la incompleta integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral es un tema que requiere de inmediato análisis, resolución y ejercicio de facultades constitucionales con que cuenta la Cámara de Diputados, máxime cuando ha sido el propio órgano revisor que la Constitución quien de acuerdo al inciso C, del Artículo Cuarto, transitorio del decreto publicado el 13 de noviembre de 2007, por el que se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, mandata que los tres consejeros electorales, hoy faltantes, debían estar en funciones desde el primero de noviembre de 2010.
De esta forma, y ante la inminencia del proceso electoral que iniciará en octubre del año en curso, es fundamental la debida integración del órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral y por ello resulta de la mayor trascendencia que este asunto sea atendido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que motiva la sugerencia de inclusión de este tema en la agenda legislativa de un posible período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto, el Ejecutivo a mi cargo ha considerado necesario promover la realización de un período de sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Unión a fin de conocer y resolver los siguientes iniciativas y asuntos.
Reforma Política. Inciso A.
Minuta por la que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política.
Reforma Laboral. Inciso A.
Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Seguridad y Justicia. Inciso A.
Minuta por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. Inciso B.
Minuta por la que se expiden la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Lavado de dinero. Inciso C.
Minuta por la que se reforma el Código Federal, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Robo de Hidrocarburos. Inciso D.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones y se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ejecución de sanciones, combate a la corrupción. Inciso A.
Minuta por la que se expide la Ley Federal anticorrupción en contrataciones públicas.
Minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Asociaciones Público-Privadas. Inciso A.
Minuta por la que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ley de Expropiación, Ley Agraria, Ley General de Bienes Nacionales y Código Federal de Procedimientos Civiles.
Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 67, 78, fracción IV; y 89, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Solicito a esa Honorable Comisión Permanente se sirva acordar la convocatoria a un período de sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Unión para que en su caso conozca de los asuntos indicados.
Reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración, dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del mes de junio del año 2011.

References: artículo 89
 artículo 27
 artículo 135
 artículo 123
 artículo 18
 artículo 21
 Artículo 41
 resolución