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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4455/2014
SECRETARIo: jorge vázquez aguilera
México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al, emite la siguiente:
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4455/2014, promovido por el quejoso **********, contra el fallo de doce de junio de dos mil catorce, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en:
Verificar la procedencia del citado recurso, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al punto Primero, fracciones I, inciso a), y II, inciso b), del Acuerdo 5/1999 del Pleno de este Máximo Tribunal.
De ser procedente, analizar los agravios hechos valer, en los que entre otras cosas se aduce omisión del tribunal colegiado a quo de pronunciarse en torno a la inconstitucionalidad e convencionalidad de los artículos 64, 65 y 73 del Código Penal para el Estado de Nayarit.
Del hecho. Con base en la información que consta en el expediente de origen, en la especie se tuvo por acreditado que el treinta de marzo de dos mil doce, aproximadamente a las cinco horas con veinte minutos, en el kilómetro ********** de la carretera **********, ********** conducía un automóvil a exceso de velocidad, al que se le reventó el neumático delantero derecho, lo que provocó que dicha unidad vehicular se proyectara en contra de un diverso automotor que se encontraba estacionado en la mencionada vía pública.
Derivado de ese acontecimiento perdieron la vida **********, ********** e ********** –fallecieron por traumatismo craneoencefálico–, en tanto que ********** quedó lesionado –politraumatizado–1, amén de que se causaron daños a los dos vehículos involucrados.
Procesales. Con motivo de lo anterior se inició una averiguación previa en la se ejerció acción penal en contra del citado **********, atribuyéndole los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena, cometidos por culpa, así como el de “tránsito ejecutado por conductores de vehículos en su modalidad de conducir en esta de ebriedad”.
De la consignación de referencia tocó conocer al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal con residencia en Tepic, Nayarit, –causa **********–, quien decretó la formal prisión del imputado de mérito respecto de tales injustos –salvo por el último, del que estimó procedía dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar–.
El veintiuno de septiembre de ese año se dictó sentencia condenatoria, en la cual se declaró a ********** penalmente responsable de los delitos materia del proceso, imponiéndosele, entre otras penas, cinco años de prisión, multa de sesenta días, la reparación de los daños causados e inhabilitación para conducir vehículos automotores durante el indicado lapso.
En desacuerdo con ello, el sentenciado, el agente del Ministerio Público y el ahora inconforme ********** –padre del fallecido **********–, interpusieron recurso de apelación, del que correspondió resolver a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit –toca **********–, la cual, al estimar confuso el grado de culpa fijado en la determinación apelada, mediante determinación de dieciséis de mayo de dos mil trece, modificó lo decidido en primera instancia.
Al respecto, la ad quem estableció que la magnitud del reproche correspondía al “punto medio, resultante de la equidistante del medio y la intermedia que resulta de la media y la máxima” –inferior a la estimada por el juez del proceso–, quedando la carcelaria en comento en cuatro años diez meses veinte días y la multa en sesenta y dos días de salario2.
Cabe precisar que en dicha resolución se reiteró que el justiciable debía cubrir a favor de los familiares del pasivo **********, por concepto de reparación del daño, la cantidad de $********** (**********).
TRÁMITE DEL JUICIO CONSTITUCIONAL
Amparo directo. Por escrito presentado el siete de junio de ese año, el indicado ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la referida resolución de segunda instancia.
En ese ocurso señaló como autoridad responsable a la citada Sala y como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 14, 16, 17, 20, aparado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3.
Por razón de turno, la demanda se envió al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, cuyo Presidente, por acuerdo de uno de agosto de la misma anualidad, la admitió a trámite (amparo directo **********), amén de que tuvo por tercero interesado al sentenciado de mérito4.
Seguido la secuela procedimental, por la sentencia recurrida se negó el amparo solicitado5.
Recurso de revisión. Inconforme con esa negativa, el peticionario de garantías, mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil catorce6, interpuso recurso de revisión, que en su oportunidad fue enviado a este Máximo Tribunal.
Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de treinta de septiembre del mismo año, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia admitió dicho medio de impugnación, con reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realice, radicándolo con el número 4455/2014; asimismo, se determinó que los autos se turnaran al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para la formulación del proyecto de resolución que corresponda7.
Radicación. Mediante acuerdo de veinte de octubre siguiente, el Presidente de esta Primera Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento y resolución del caso, así como el envío del expediente al Ministro Ponente8.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de los ordinales 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido el cinco de mayo de dos mil trece por este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, lo que es competencia de esta Primera Sala9.
El presente asunto se rige por la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues la demanda se presentó una vez que dicha normatividad entró en vigor10.
El recurso de revisión se interpuso dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo.
Lo anterior, en virtud de que si la sentencia constitucional recurrida se notificó por lista al inconforme el uno de julio de dos mil catorce11, surtiendo efectos al día hábil siguiente –miércoles dos de ese mes–, el citado plazo transcurrió del tres de esa mensualidad al primero del subsecuente, descontándose los días cinco, seis, doce y trece de julio al haber sido inhábiles conforme al numeral 19 de ese mismo ordenamiento, así como del dieciséis al treinta y uno de dicha mensualidad, por corresponder al primer periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación, y como dicho medio de impugnación se hizo valer el quince de julio de ese año, no cabe duda de que se presentó en tiempo.
Esta Primera Sala considera que el quejoso está legitimado para interponer el presente recurso de revisión, pues en el juicio de amparo directo se le reconoció tal calidad; por consiguiente, la decisión adoptada en la sentencia recurrida sí le afecta directamente.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
A efecto de verificar la procedencia y en su caso la materia de estudio del recurso de revisión, se reseñan los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo directo, las consideraciones de la sentencia pronunciada en el mismo y el único agravio hecho valer.
Conceptos de violación. El demandante de la protección constitucional expuso como argumentos contra la sentencia reclamada, los siguientes:
Alegó la falta de notificación del auto de libertad por falta de elementos para procesar dictado a favor del tercero interesado, respecto del delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, lo que dice transgredió lo dispuesto en los numerales 14, 17 y 20 de la Constitución General.
Por otro lado, en relación a la individualización de la pena, estimó que la autoridad responsable fue omisa en aplicar lo dispuesto en los ordinales 305 del Código de Procedimientos Penales, 17, 72, párrafo cuarto, 78, 80 bis y 377 del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Nayarit.
La responsable soslayó la existencia de un concurso ideal de delitos, pasando por alto la jurisprudencia de esta Primera Sala, de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DEL CONCURSO IDEAL DE DELITOS”.
Aun cuando se concluyera la no actualización de dicho concurso delictual, la disminución de la pena no está adecuadamente fundada y motivada, al ser ésta incongruente con el grado de culpa.
Por otro lado, alegó que la magnitud de culpa no guarda proporcionalidad con el bien jurídico afectado –destacó que en la especie se privó de la vida a tres personas–. En apoyo invocó la jurisprudencia 1a./J 3/2012, de esta Primera Sala, intitulada: “PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”
Tildó de inconvencionales los numerales 64, 65 y 73 del Código Penal para el Estado de Nayarit, pues “para calificar la gravedad de la pena”, en ninguno de ellos se prevé el “proyecto de vida” de las tres víctimas del delito de homicidio.
Respecto al tema, señaló que tales preceptos contradicen lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se indica que la adecuada reparación de la violación de un derecho exige cubrir una justa indemnización.
Adujo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Loaysa Tamayo, sostuvo que a diferencia del daño emergente y el lucro cesante, el concepto relativo al “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, lo que permite fijar razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas.
Finalmente, esgrimió que los indicados enunciados normativos de la referida legislación punitiva también son contrarios al artículo 22 de la Constitución Federal, pues aquéllos tampoco contemplan “la gravedad del homicidio cuando el mismo se cometa en agravio de diversas personas”.
Sentencia de Amparo. El Tribunal Colegiado de Circuito resolvió, en esencia, conforme a las siguientes consideraciones:
Calificó de fundado pero inoperante el argumento relacionado con la violación procesal alegada –falta de notificación del mencionado auto de libertad por falta de elementos para procesar–, pues una vez que tuvo conocimiento de aquél pudo combatirlo sin que lo hiciera, incluso solicitó el desglose de constancias a efecto de que fueran remitidas a la representación social para la investigación y obtención de datos tendentes a perfeccionar la acción penal, lo que en su momento se acordó favorablemente.
Declaró infundados los argumentos relacionados con la individualización de la pena, al establecer que tratándose de delitos culposos no procedía la acumulación de sanciones. Para ello invocó las tesis aisladas de esta Primera Sala, de rubros: “IMPRUDENCIA, IMPROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN IDEAL EN DELITOS COMETIDOS POR.” e “IMPRUDENCIA, DELITOS POR. ACUMULACIÓN IMPROCEDENTE”.
Estimó que la responsable actuó acertadamente al fijar el grado de reproche, pues el indicado por el juez de la causa resultó ambiguo al utilizar la expresión “ligeramente”, de tal forma que era necesario reasumir jurisdicción para corregir tal imprecisión.
Sobre tal decisión, consideró que el tribunal de apelación ponderó las circunstancias exteriores de ejecución de los injustos y las particularidades del imputado, concluyendo que la magnitud de la culpa era “un punto medio, resultante de la equidistante del medio y la intermedia que resulta de la media y la máxima”, siendo ello acorde a lo previsto en los ordinales 64, 65 y 73 del código penal local aplicable.
Por tanto, las penas de cuatro años diez meses veinte días de prisión y de sesenta y dos días multa, sí guardaban correspondencia con dicha graduación.
Finalmente, sostuvo que la determinación de la autoridad responsable en torno a la reparación del daño a favor de la parte ofendida se apegó a derecho.
Agravio. A fin de combatir la resolución impugnada, el recurrente, en esencia, expuso:
El Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre el planteamiento de inconvencionalidad que hizo valer en el libelo de garantías respecto de los artículos 64, 65 y 73 del Código Penal para el Estado de Nayarit.
En el mismo sentido, dicho órgano de control constitucional tampoco atendió la petición de interpretación del artículo 22 de la Ley Fundamental, pues el grado de culpa en el que se ubicó al tercero interesado no es proporcional al delito cometido, ni al bien jurídico tutelado –homicidio de tres personas menores de veintitrés años–.
Señala que no se suplió la deficiencia de la queja.
Por último, reitera que en la individualización de las penas para los delitos culposos se debe atender la gravedad de la culpa y que en el caso existía una regla específica relacionada con el concurso delictual, misma que era menester aplicar.
Tras examinar la demanda de garantías, la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado del conocimiento y los motivos de disenso hechos valer, se concluye que el presente asunto satisface los requisitos de procedencia contemplados en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en el punto Primero del Acuerdo 5/1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Previo a exponer la razón de ello, es necesario establecer que el citado medio de impugnación se distingue por ser extraordinario, ya que sólo procede cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente en la Constitución Federal y en la Ley de Amparo.
En ese sentido, las normas de orden constitucional y legal anteriormente invocadas, establecen que una vez constatada la oportunidad del citado medio de impugnación y la legitimación del recurrente, procederá el recurso de revisión en amparo directo, cuando en la sentencia impugnada:
a) Se decida sobre la constitucionalidad de una norma general o se realice la interpretación directa de un precepto constitucional, o bien, que habiéndose planteado ello en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio.
b) Lo anterior entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los Acuerdos Generales que emita.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1ª/J. 101/2010, de esta Primera Sala, de rubro: “AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS”12.
En relación con el primer requisito, con base en lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 21/2011-PL, fallada el nueve de septiembre de dos mil trece, esta Primera Sala entiende que una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando se exige la tutela del principio de supremacía constitucional para la solución de un caso concreto, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la determinación normativa que para ese supuesto otorga la Constitución –en tanto texto normativo–, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo o de alguna norma fundamental o de un derecho humano reconocido en un tratado internacional ratificado por México, mediante el despliegue de un método interpretativo.
Ello, pues el Tribunal Pleno sostuvo que como consecuencia de la reforma al artículo 1° de la Constitución Federal, el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa a la protección del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía normativa, y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos.
Por ende, una cuestión de constitucionalidad se puede definir, en términos generales, mediante un criterio positivo y otro negativo.
De manera positiva, se origina por el ejercicio interpretativo de un elemento o norma constitucional para la resolución del caso, entendiendo con ello no sólo la interpretación de los preceptos de la Constitución Federal, sino de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, por así disponerlo el actual numeral 1°, párrafo primero, de la propia Constitución Federal.
Por su parte, el criterio negativo radica en la identificación de su opuesto: la cuestión de legalidad. En efecto, los aspectos atinentes exclusivamente a determinar la debida aplicación de una ley o la determinación del sentido de una norma infra constitucional, se encuadran como temas de mera legalidad, cuya relevancia es desentrañar el sentido de tales fuentes normativas.
Lo expuesto en el párrafo inmediato anterior no implica que una cuestión de legalidad esté desvinculada de la fuerza protectora de la norma fundamental, pues la Constitución Federal, en sus ordinales 14 y 16, establece el derecho humano a la legalidad, lo cual conlleva evaluar la debida aplicación de la ley; sin embargo, ello se trata de una violación “indirecta” a la Constitución que no exige el ejercicio interpretativo de un elemento genuinamente constitucional, sino sólo una referencia en vía de consecuencia.
Por lo tanto, para que se actualice una cuestión de constitucionalidad para efectos de la procedencia de un recurso de revisión en un juicio de amparo directo, es necesario que en la sentencia recurrida se haya realizado un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de normas generales o se establezca la interpretación directa de una norma constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o que habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, en la respectiva sentencia se haya omitido su estudio13.
Por lo que hace al segundo requisito, aun cuando exista una cuestión de constitucionalidad, la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se supedita a que se fije un criterio de importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los Acuerdos Generales que el Tribunal Pleno emita.
Sobre este último aspecto, se debe entonces atender a lo que se precisa en la fracción II del punto Primero del Acuerdo Número 5/1999 antes citado, en virtud de lo cual, por regla general, se entiende que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre la cuestión de constitucionalidad hecha valer en la demanda de amparo, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes (y no haya que suplir la deficiencia de la queja); o bien, en casos análogos.
Finalmente, cabe mencionar que a lo explicado anteriormente se agrega que esta Suprema Corte ha aceptado de manera excepcional la procedencia del recurso de revisión en un juicio de amparo directo cuando se impugnen disposiciones de la Ley de Amparo a través de este recurso14.
Ahora bien, atendiendo a tales criterios, el recurso de revisión que nos ocupa es procedente, ya que a través de éste se aduce que el tribunal colegiado del conocimiento no se pronunció en torno al planteamiento que se le hizo valer respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 64, 65 y 73 del Código Penal para el Estado de Nayarit.
Los agravios expresados son en una parte inoperantes y en la restante infundados.
Antes de exponer las consideraciones en que se sustenta esa adjetivación, es oportuno indicar que por razones metodológicas se partirá de los cuestionamientos siguientes:
a) ¿El Tribunal Colegiado de origen efectivamente omitió pronunciarse respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 64, 65 y 73 del Código Penal para el Estado de Nayarit?
b) ¿Es verdad que los preceptos de orden legal anteriormente mencionados trastocan el principio de proporcionalidad consagrado en el numeral 22 de nuestra Constitución General, dado que impiden al juzgador estimar la gravedad de la culpa cuando se comete el delito de homicidio de tres personas?
c) ¿Los citados textos legales son contrarios a lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos debido a que no toman en cuenta como factor que incida en la gravedad de la pena el denominado “proyecto de vida”?
Respecto a la primer interrogante, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que asiste razón a lo alegado por el inconforme, pues del análisis de la sentencia impugnada se desprende que el tribunal de amparo omitió hacer algún pronunciamiento sobre el planteamiento de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los preceptos 64, 65 y 73 del Código Penal para el Estado de Nayarit, lo cual se le hizo valer como concepto de violación en la demanda de amparo.
Ahora bien, para estar en aptitud de responder la segunda pregunta, encaminada a analizar si tales textos legales infringen o no el principio de proporcionalidad a que se refiere el ordinal 22 de nuestra Ley Suprema, es necesario determinar primero los alcances de dicho postulado, a la luz de los criterios emitidos por este Máximo Tribunal.
Sobre el particular, al resolver el amparo directo en revisión 85/201415, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que ante un caso de proporcionalidad de penas es de toral importancia no equivocar la metodología de análisis dejándose guiar por la ambigüedad del término, ya que cuando éste se predica de las sanciones, se le debe vincular a una correspondencia entre la reacción punitiva y la magnitud de la afectación al bien o bienes jurídicos de que se trata y no al test de proporcionalidad en materia de derechos humanos16.
Asimismo, estableció que lo anterior podía ameritar un examen comparativo de la norma tildada de inconstitucional con otras de similar contexto y afectación, en un esquema horizontal, o bien, únicamente la evaluación de la aludida proporcionalidad atendiendo a los factores que integran la norma cuestionada, en un orden meramente vertical.
En uno u otro supuesto, se trata de medir racionalmente si el legislador está emitiendo tipos penales cuya sanción es coherente y congruente con el reproche que merece la conducta.
Por otro lado, en el amparo directo en revisión 181/201117, esta Primera Sala de este Alto Tribunal indicó que el artículo 22 constitucional recoge lo que en la doctrina penal se denomina “concepción estricta” del principio de proporcionalidad en materia penal18 y que el contenido de este derecho consiste en la exigencia de una adecuación entre la gravedad de la pena y la gravedad del delito.
En dicho asunto se estableció que el derecho fundamental a una pena proporcionada constituye un mandato dirigido tanto al legislador como al juez19.
El primero cumple con ese mandato al contemplar en la ley penal la clase y la cuantía de la sanción atendiendo a la gravedad de la conducta tipificada como delito. Así, la “proporcionalidad en abstracto” de la pena se determina atendiendo a varios factores: la importancia del bien jurídico protegido, la gravedad del ataque a ese bien, el ámbito de responsabilidad subjetiva, etcétera.
Por su parte, el segundo cumple con la llamada “proporcionalidad en concreto”, al imponerla en una cantidad específica dentro del marco previsto por la ley.
Ahora bien, para esto último el legislador debe brindar una serie de herramientas que permitan al juzgador individualizar las sanciones correspondientes, tomando en consideración las circunstancias concretas de cada caso, tales como: la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, la forma de intervención del agente para causar la lesión o crear el riesgo, así como otros factores sociales o individuales que sirvan para establecer la mayor o menor exigibilidad de una conducta diversa a la jurídicamente reprochada20.
Finalmente, se destacó que el legislador cuenta con cierto margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, no sólo para seleccionar los bienes merecedores de tutela penal, sino también para establecer la sanción o sanciones que estime pertinentes, de acuerdo a las necesidades sociales de determinado momento histórico.
Las consideraciones anteriores muestran que la cláusula de proporcionalidad de las sanciones penales contemplada en el artículo 22 de la Constitución no puede significar simplemente que sea inconstitucional una pena cuando ésta es mayor a la de un delito que protege un bien jurídico del mismo valor o de mayor importancia.
Por ende, esta Suprema Corte entiende que la escala de penas determinada en los códigos penales establece una jerarquía de castigos no sólo en función de la importancia de los distintos bienes jurídicos protegidos y de las afectaciones a éstos, sino también atendiendo a consideraciones de política criminal21.
Ahora bien, precisado ello, a continuación se transcriben los preceptos tildados de inconstitucionales e inconvencionales:
Artículo 64. Dentro de los límites fijados por la Ley, los Tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiares del delincuente y las demás señaladas en el artículo siguiente.
Cuando se trate de delito que merezca pena alternativa, el juez podrá imponer la sanción privativa de libertad sólo cuando ello sea ineludible para los fines de justicia restaurativa, así como cuando ello sea la única forma de garantizar la reparación del daño. m
Artículo 65. En la aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta:
I.- La naturaleza de la acción u omisión, los medios empleados para ejecutarla, la gravedad del daño causado y el peligro corrido;
II.- La edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones económicas;
III.- Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito y los demás antecedentes o condiciones personales que estén comprobados, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren la mayor o menor temibilidad del delincuente.
IV. El juzgador en el momento de dictar sentencia podrá reducir hasta la mitad de la pena que le corresponda, cuando se trate de un delincuente primario, de mínima peligrosidad y que además se encuentre en alguna de las siguientes condiciones:
a) De escaso desarrollo intelectual y precaria situación económica;
b) Que se trate de un discapacitado;
c) Que pertenezca a algún grupo étnico indígena;
d) Que sea mayor de 70 años;
e) Que sea madre soltera y con precaria situación económica.
Artículo 73. La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del Juez, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 65 y las especiales siguientes:
I. La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó, si para evitar el daño bastaba una reflexión o atención ordinaria y conocimientos comunes en alguna ciencia, arte u oficio;
II. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes;
III. Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado necesarios; y,
IV. Tratándose de delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos y del manejo de motores o maquinaria, el estado de equipo, vías de comunicaciones, autorizaciones para su manejo y demás condiciones de funcionamiento mecánico.
Como se aprecia, en ninguno de los indicados enunciados normativos se prevé algún parámetro de punibilidad susceptible de medir racionalmente, a efecto de determinar su “proporcionalidad abstracta”, sino que a través de aquéllos se señalan las reglas a las que debe ceñir el juzgador su actuación para individualizar las sanciones en un caso concreto.
Gracias a dichas directrices, la facultad del juez de imponer las penas no se traduce en el uso irrestricto o caprichoso de una atribución.
Al tema es ilustrativa la tesis 1a. CCXXXV/2011 (9a.) de esta Primera Sala, de rubro y texto:
PENAS. PARA ENJUICIAR SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL LEGISLADOR. El principio de proporcionalidad contemplado expresamente en el artículo 22 constitucional no sólo impone al juez el deber de individualizar la pena teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, también constituye un mandato dirigido al legislador que implica la obligación de verificar que existe una adecuación entre la gravedad del delito y la de la pena. Para hacer este análisis hay que partir de que la relación entre delito y pena es de carácter convencional. En esta línea, la cláusula de proporcionalidad de las sanciones penales no puede significar simplemente que sea inconstitucional una pena cuando ésta es mayor a la de un delito que protege un bien jurídico del mismo valor o incluso de mayor importancia. Por otro lado, la exigencia de proporcionalidad no implica que el sistema de penas previsto en los códigos penales atienda exclusivamente a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del ataque a ese bien o al grado de responsabilidad subjetiva del agente. La gravedad de la conducta incriminada y la sanción también están determinadas por la incidencia del delito o la afectación a la sociedad que éste genera, siempre y cuando haya elementos para pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta situación al establecer la pena. Esto significa que para enjuiciar la proporcionalidad de una pena a la luz del artículo 22 constitucional puede ser necesario atender a razones de oportunidad condicionadas por la política criminal del legislador22.
Con base en ello y siguiendo la metodología adoptada, la segunda interrogante se debe responder en sentido negativo, en virtud de que por su función normativa, es evidente que los artículos 64, 65 y 73 del Código Penal para el Estado de Nayarit no pueden trastocar, por sí mismos, el principio de proporcionalidad abstracta, consagrado en el numeral 22 de nuestra Constitución General, dado que de ningún modo impiden al juzgador estimar la gravedad de la culpa cuando se comete el delito de homicidio de tres o más personas.
Por otro lado, el recurrente tildó de inconvencionales esos mismos preceptos, pues bajo su perspectiva deben incluir el llamado “proyecto de vida” como factor para la individualización de las penas.
Sobre el particular señala que al no atender dicho dato, existe contravención a lo dispuesto por el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, amén de aducir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Loaysa Tamayo vs. Perú, resolvió que el citado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, lo que dice le permitiría fijar razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas.
A fin de estar en condiciones de analizar tal motivo de reclamo, primero se transcribirá la parte conducente de la invocada Convención23 y posteriormente se aludirá a lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el citado caso24.
El numeral 63.1 del mencionado instrumento internacional, prevé:
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
En la citada determinación, la referida Corte Interamericana sostuvo:
144. La víctima solicitó a la Corte pronunciarse sobre la indemnización que pudiera corresponderle bajo el concepto de daños al “proyecto de vida”, y a este efecto mencionó una serie de elementos que, a su juicio, debieran tomarse en cuenta para establecer el alcance de esa noción y cuantificar sus consecuencias.
145. El Estado alegó que es improcedente la solicitud de una indemnización por el concepto mencionado y señaló que éste abarca aspectos inherentes a otros rubros que han sido objeto de reclamación, como el “daño emergente”, y el “lucro cesante”. Al respecto, señaló que la víctima ya había sido reinstalada como profesora de historia y geografía en el Colegio Nacional de Mujeres Rímac (supra 106.A.l). Asimismo, observó que aquella pudo gestionar la conservación de su plaza en la carrera de Derecho, e hizo notar que la decisión de reincorporación a la Universidad Particular de San Martín de Porres correspondía solamente a los órganos de dicha institución. Finalmente, mencionó que la víctima y la Comisión atribuyen al hecho mismo de la detención los supuestos perjuicios causados a la señora Loayza Tamayo, pero éstos no pueden ser reclamados al Estado porque las autoridades que intervinieron en el presente caso lo hicieron en el legítimo ejercicio de sus atribuciones conforme a la legislación vigente en ese tiempo.
146. El argumento del Estado en el sentido de que las autoridades actuaron en el legítimo ejercicio de sus atribuciones es inadmisible. La propia Corte ha establecido que los actos de los que fue víctima la señora Loayza Tamayo contravienen disposiciones de la Convención Americana.
147. Por lo que respecta a la reclamación de daño al “proyecto de vida”, conviene manifestar que este concepto ha sido materia de análisis por parte de la doctrina y la jurisprudencia recientes. Se trata de una noción distinta del “daño emergente” y el “lucro cesante”. Ciertamente no corresponde a la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño emergente”. Por lo que hace al “lucro cesante”, corresponde señalar que mientras éste se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos, el denominado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas.
148. El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte.
149. En el caso que se examina, no se trata de un resultado seguro, que haya de presentarse necesariamente, sino de una situación probable --no meramente posible-- dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos. Esos hechos cambian drásticamente el curso de la vida, imponen circunstancias nuevas y adversas y modifican los planes y proyectos que una persona formula a la luz de las condiciones ordinarias en que se desenvuelve su existencia y de sus propias aptitudes para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito.
150. En tal virtud, es razonable afirmar que los hechos violatorios de derechos impiden u obstruyen seriamente la obtención del resultado previsto y esperado, y por ende alteran en forma sustancial el desarrollo del individuo. En otros términos, el “daño al proyecto de vida”, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable. Así, la existencia de una persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en órganos del poder público obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses.
151. Por todo ello, es perfectamente admisible la pretensión de que se repare, en la medida posible y con los medios adecuados para ello, la pérdida de opciones por parte de la víctima, causada por el hecho ilícito. De esta manera la reparación se acerca más aún a la situación deseable, que satisface las exigencias de la justicia: plena atención a los perjuicios causados ilícitamente, o bien, puesto en otros términos, se aproxima al ideal de la restitutio in integrum.
152. En el caso de la víctima, es evidente que los hechos violatorios en su contra impidieron la realización de sus expectativas de desarrollo personal y profesional, factibles en condiciones normales, y causaron daños irreparables a su vida, obligándola a interrumpir sus estudios y trasladarse al extranjero, lejos del medio en el que se había desenvuelto, en condiciones de soledad, penuria económica y severo quebranto físico y psicológico. Obviamente, este conjunto de circunstancias, directamente atribuibles a los hechos violatorios que ha examinado esta Corte, han alterado en forma grave y probablemente irreparable la vida de la señora Loayza Tamayo, e impedido que ésta alcance las metas de carácter personal, familiar y profesional que razonablemente pudo fijarse.
153. La Corte reconoce la existencia de un grave daño al “proyecto de vida” de María Elena Loayza Tamayo, derivado de la violación de sus derechos humanos. Sin embargo, la evolución de la jurisprudencia y la doctrina hasta la fecha no permite traducir este reconocimiento en términos económicos, y por ello el Tribunal se abstiene de cuantificarlo. Advierte, no obstante, que el acceso mismo de la víctima a la jurisdicción internacional y la emisión de la sentencia correspondiente implican un principio de satisfacción en este orden de consideraciones.
154. La condena que se hace en otros puntos de la presente sentencia acerca de los daños materiales y morales contribuye a compensar a la víctima, en cierta medida, por las afectaciones sufridas a causa de los hechos violatorios, aunque difícilmente podría devolverle o proporcionarle las opciones de realización personal de las que se vio injustamente privada.
Como se aprecia, el denominado “proyecto de vida” es considerado en el ámbito interamericano como un factor que busca la reparación integral del daño causado con motivo de la violación a los derechos humanos, el cual es entendido como una expectativa razonable y accesible en un caso concreto, que toma en cuenta la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal del agraviado, en forma irreparable o muy difícilmente reparable, que es inviable traducir en términos económicos.
Ahora bien, tratándose del delito de homicidio culposo, es innegable que el “proyecto de vida” no podría servir como factor que incida en la magnitud del reproche, a fin de exigir al legislador que introduzca ese dato como regla para que graduar la culpa, ni tal situación se desprende de la jurisprudencia interamericana en comento.
Lo anterior, porque la falta al deber de cuidado no depende del proyecto o expectativa de desarrollo de la víctima, ni éste puede incidir en una diferenciación entre el valor de la vida de una u otra persona; es más, las metas de carácter personal, familiar y profesional que razonablemente pudo haber tenido algún sujeto pasivo, podrían traer como consecuencia distinciones que quizá resulten arbitrarias, al pretender incrementar las sanciones privativas de libertad o de multa con base datos subjetivos que no admiten cómoda cuantificación.
De ahí que no se advierta que los artículos 64, 65 y 73 del Código Penal para el Estado de Nayarit resulten contrarios a lo dispuesto por el numeral 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a su interpretación.
Con lo anteriormente expuesto se da cabal respuesta a las interrogantes señaladas en esta ejecutoria.
Finalmente, es inoperante el agravio en el que se sostiene que en la especie se debieron atender las reglas del concurso delictual, pues ello atiende a un aspecto de mera legalidad, relacionado con la decisión adoptada en la sentencia recurrida en torno a la manera en que la autoridad responsable aplicó la legislación secundaria, desestimando en la especie la acumulación de sanciones.
Al tema se cita la tesis de jurisprudencia 53/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES.- Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes25.
Al ser por una parte infundados y en la restante inoperantes los agravios hechos valer, lo procedente es, en la materia de la revisión competencia de esta Primera Sala, confirmar la sentencia recurrida, en la que se negó el amparo.
Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. En la materia de la revisión competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso **********.
Notifíquese; con testimonio de esta determinación, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II, 13, 14 y 18, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
1 Todos ellos se encontraban en el coche que ********** conducía.
2 Lo que provocó que la inhabilitación de referencia fuera por un tiempo menos al inicialmente establecido.
3 Juicio de Amparo Directo **********. Folios 4 a 19.
4 Ibídem. Folios 34 y 35.
5 Ibídem. Folios 88 a 129.
6 Amparo Directo en Revisión 4455/2014. Folios 3 a 9.
7 Ibídem. Folios 12 a 14.
8 Ibídem. Folio 22.
9 Sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno, toda vez que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional.
10 Por lo tanto, las subsecuentes alusiones que se hagan se deben entender referidas a esa legislación y no a la abrogada.
11 Juicio de Amparo Directo **********. Folio 130.
12 Cuyo texto dice: “Conforme al artículo 90 de la Ley de Amparo, corresponde al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificar la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo. Por su parte, los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 93 de la Ley de Amparo; 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo número 5/1999, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Pleno de este alto tribunal, disponen que los requisitos de procedencia que deben calificar el Presidente de la Suprema Corte o los de sus Salas son aquellos que pueden ser advertidos de una inmediata apreciación, como son: I. La oportunidad del recurso; II. La existencia de un planteamiento de inconstitucionalidad de una ley o interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal (ya sea que se haya planteado en la demanda de amparo directo o que en la sentencia a revisar se hubiera omitido su estudio o se hubiera realizado de manera oficiosa por el tribunal colegiado de circuito); y, III. La falta de legitimación procesal del promovente del recurso de revisión intentado. Lo anterior, en virtud de que tales aspectos son susceptibles de apreciarse inmediatamente, en tanto que aspectos como la calificación de los agravios propuestos y el cumplimiento de los requisitos de importancia y trascendencia requieren forzosamente un estudio profundo del planteamiento realizado, por lo que en tal supuesto corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a las Salas respectivas, la realización del tal estudio”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 71.
13 Estas consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia P./J. 22/2014, emitida por el Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal, intitulada: “CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO”. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 5, abril de 2014, tomo I, página 94.
14 En efecto, derivado de lo resuelto en el recurso de reclamación 130/2011 y el amparo directo en revisión 301/2013, fallados respectivamente por el Tribunal Pleno y la Primera Sala el veintiséis de enero de dos mil doce y el tres de abril de dos mil trece, se ha concluido que procede la revisión en amparo directo cuando se combatan las disposiciones de la propia Ley de Amparo y se satisfagan los tres requisitos siguientes: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) se haya impugnado ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada, y c) la concurrencia de un recurso contra tal acto, en donde se pueda analizar tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada. Véase, la tesis 1a. CCXLI/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA IMPUGNAR DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO A TRAVÉS DE ESTE RECURSO”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 745.
15 Fallado en sesión de 4 de junio de 2014, por unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.
16 Cuando se habla del ejercicio de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales es indispensable ajustarse a las exigencias teóricas de la propia herramienta, ya que de otro modo se está en riesgo de tergiversar el instrumento y alterar con ello el resultado esperable. La primera condición para llevar a cabo un ejercicio de ponderación es comprobar que se está ante dos entes como genuinos candidatos a ser ponderados. Regularmente se trata de principios o mandatos de optimización que ordenan que algo se debe realizar en la mayor medida posible. A su vez, existen tres sub-principios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Los dos primeros se refieren a la optimización en relación con las posibilidades fácticas. Significa que una medida (una ley, una sentencia, etc.) que limita un derecho (un bien de considerable importancia) para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa finalidad y necesaria, o sea, no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse con un costo menor. El tercer sub-principio, por el contrario, tiene que ver con la optimización en relación con las posibilidades normativas. Véase: Alexy, Robert, Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, página 95.
17 Resuelto en sesión de 6 de abril de 2011 por unanimidad de 5 votos. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
18 Lopera Mesa, Gloria Patricia, Principio de proporcionalidad y ley penal, Madrid, 2006, página 171.
19 Sobre este punto, véase Lopera Mesa, op. cit., páginas 175-180.
20 La distinción entre proporcionalidad en abstracto y proporcionalidad en concreto de las penas ha sido recogida en la acción de inconstitucionalidad 146/2007.
21 Si el principio de proporcionalidad impone la necesidad de comparar la pena enjuiciada con otras penas asignadas a otros delitos, esta Suprema Corte tiene que establecer la forma de seleccionar las penas que constituyen ese tertium comparationis. Al respecto, es necesario rechazar que en este caso esa comparación pueda hacerse con las penas previstas para delitos que protegen bienes jurídicos distintos. Así, no resulta legítimo comparar las penas previstas para los delitos en contra de la libertad personal con las penas de los delitos que atentan contra la vida. Como se sostuvo anteriormente, la ilegitimidad de esta comparación no sólo se justifica porque en muchos casos los bienes protegidos resultan inconmensurables, sino también porque una mayor penalidad puede explicarse por la intensidad en la afectación del bien jurídico o por razones de política criminal.
22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro II, noviembre de 2011, tomo 1, página 204.
23 Adoptada en San José de Costa Rica y abierta a firma el 22 de noviembre de 1969. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.
24 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y Costas).
25 Semanario Judicial de la Federación, Novena Época. tomo VIII, agosto de 1998, página 326.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 86
 ARTÍCULO 22
 artículo 63
 artículo 22
 resolución 
 artículo 22
 artículo 1
 resolución 
 artículo 22
 artículo 22

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 73
 artículo 65
 ARTÍCULO 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 63
 resolución 
 artículo 90