Source: https://hayderecho.com/2018/04/19/violencia-ver-para-creer-a-proposito-de-los-autos-de-llarena-y-el-delito-de-sedicion/
Timestamp: 2019-07-23 07:36:04+00:00

Document:
Violencia ¿ver para creer? A propósito de los autos de Llarena y el delito de rebelión – Hay Derecho
Se dice que la mayoría de los juristas españoles no aprecian la existencia de la violencia típica del delito de rebelión en los hechos sucedidos en Cataluña. Debo pertenecer a la minoría porque la veo con claridad.
El tipo penal recogido en el art. 472 Código Penal español dice “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: (…) 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.”
El auto de 21 de marzo de 2018, recaído en la causa especial 20907/2017, seguida ante el Tribunal Supremo, fundamenta jurídicamente la violencia típica del delito de rebelión en los folios numerados como 56 y 57.
La resolución comienza señalando la distinción tradicional entre actuar con violencia y actuar violentamente, típica de los delitos contra el patrimonio, y llega a la parte nuclear de su razonamiento cuando afirma que lo sucedido el 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía y Hacienda de Barcelona es relevante porque permitió que los procesados se representaran el riesgo de que pudieran estallar episodios de fuerte lesividad y daño en futuras movilizaciones.
Pero añade algo más. El presidente de la Generalidad, el vicepresidente y el consejero de interior, en una reunión de 28 de septiembre de 2017 fueron informados por los máximos responsables del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra de que había gran cantidad de colectivos movilizados, entre ellos 42 CDR, estudiantes y bomberos que hacían prever una escalada de violencia con brotes de enfrentamiento. Así, la decisión de los procesados de no suspender la votación y de ordenar a los Mossos que no impidieran la celebración del referéndum el 1-0 y defendieran el recuento de la votación (hecho indiciario 30, folios 32 a 35) supuso no solo aceptar el riesgo de una violencia previsible -“representable”, dice-, sino, además, usar instrumentalmente la fuerza de cientos de miles de adeptos para desbordar al Estado, con la finalidad de que el Estado no pudiera contenerles el 1-O. Por eso, destaca la gran cantidad de lesionados que hubo entre los agentes de la Guardia Civil (folios 48 a 50) y de la Policía Nacional (folios 50 a 52).
Con este planteamiento, el auto de procesamiento podría quedarse corto o no haber atinado entre rebelión y sedición; sin embargo, en esta fase del procedimiento no debemos ser tan exigentes, porque el procesamiento es una decisión interina o provisional que no trata de analizar la prueba, sino la presencia de unos hechos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta calificada provisoriamente como criminal o delictiva.
Conscientes de esta dimensión apriorística del auto, de su condición de resolución de mero trámite, y pudiendo esperar que la sentencia que se dicte tras el juicio oral pueda exponernos una violencia mejor determinada, es necesario precisar que:
I.- El Tribunal Supremo tiene la obligación de establecer qué debemos entender por alzarse “violenta(mente)” en el delito de rebelión del art. 472 Código Penal, pues, aunque el precepto está vigente desde el año 1995, no se ha dictado sentencia alguna que aplique este tipo penal. La única sentencia del Tribunal Supremo sobre el delito de rebelión es la de 22 de abril de 1983, que resolvió los recursos de casación contra los condenados por el golpe de Estado del 23-F; además, es una sentencia de la Sala de lo Militar, que aplica el entonces vigente Código de Justicia Militar, el cual no exigía violencia.
II.- Después de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, tres autos interpretaron “violenta(mente)” como actitud activa de fuerza o estar dispuesto a su utilización. Se trata del auto de 1 de marzo de 2005 del TSJ del País Vasco, el auto de 27 de noviembre de 2007 del TSJ del País Vasco y el auto de 24 de marzo de 2014 del TSJ de Cataluña; pero los tres son resoluciones de sobreseimiento, y, por tanto, no juzgan los hechos. En cualquier caso, solo es fuente del derecho la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, según el art. 1.6 del Código Civil.
III.- La violencia del delito de rebelión puede ser ontológicamente diferente a la violencia del delito de robo con violencia, no solo porque son dos delitos que vulneran bienes jurídicos distintos, sino porque, además, semánticamente, el término lo permite.
El adverbio es una categoría de palabra que denota una circunstancia modal de la acción verbal. El significado del adverbio violentamente en el Diccionario de la Lengua Española (DLE) es `actuar de manera violenta´; y el significado del adjetivo calificativo violenta, en la cuarta acepción, que no se circunscribe solo a las personas, es el de aquella cualidad `Que implica el uso de la fuerza, física o moral´. Esto quiere decir que la acción típica de alzarse violenta(mente) debe entenderse en su sentido literal como alzarse de una manera que se caracteriza por el uso de la fuerza, ya sea física o moral.
Para terminar el análisis semántico, diremos que el sustantivo fuerza en su primera acepción del DLE significa `Vigor, robustez y capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o haga resistencia´; y el adjetivo moral `Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva´, de modo que fuerza moral es el poder o la capacidad para mover algo que ofrece resistencia, actuando el agente según la conciencia del bien y del mal, en el entendido de que la distinción entre el bien y el mal se establece al margen del orden jurídico, como se desprende de la cuarta aceptación de moral del DLE.
El contexto nos permite interpretar, desde un canon de interpretación explicativo, que alzarse “violenta(mente)” en el delito de rebelión significa alzarse de una manera que implique el uso de un poder con capacidad para vencer la resistencia del Estado, haciendo uso de la fuerza física o bien de la fuerza moral de quien está seguro de actuar bien al margen de lo que diga el ordenamiento.
La fuerza moral dirigida a forzar la resistencia de otro es muy semejante a la coacción. Si en los delitos de robo la violencia solo se compone de fuerza física, teniendo en cuenta el bien jurídico protegido; en este delito, la violencia es la fuerza física pero también la fuerza moral capaz de vencer la resistencia del Estado, considerando la intangibilidad del bien jurídico protegido.
IV.- El auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018 hace una larga exposición de hechos que indiciariamente considera dirigidos al fin rebelde de conseguir la independencia de una parte del territorio desde el folio 1 al 55; unos cometidos desde el Parlamento del que formaban parte algunos de los encausados, otros desde el Gobierno de la Generalidad y otros desde las entidades soberanistas ANC y Omnium Cultural.
Entre esos hechos se mencionan cinco Decretos de Presidencia (113/13, 129/14, 16/15, 139/17 y 140/17) y diez resoluciones del Parlamento, de las que seis son Resoluciones (5/X, 1/XI, 5/XI, 263/XI, 306/XI y 807/XI) y cinco son Leyes (10/14, 3/15, 4/17, 19/17 y 20/17), que contravinieron de forma tan directa la Constitución que fueron recurridos sin excepción ante el Tribunal Constitucional (TC) por la Abogacía del Estado. El auto destaca que la sentencia del TC 42/2014, de 25 de marzo, recaída respecto del primer decreto y resolución, declara inconstitucional la proclamación del carácter de sujeto político y jurídico soberano del pueblo de Cataluña, pero los procesados, en lugar de aceptar este estado de cosas, con los cuatro Decretos de Presidencia y las nueve Resoluciones y Leyes del Parlamento que les siguieron volvieron a contradecir la Constitución e hicieron caso omiso a esta sentencia del TC.
La insistencia de la Generalidad y del Parlamento catalán origina incliso que, tras la sentencia del TC 259/2015, de 2 de diciembre, que anula la Resolución 1/XI de 9 de noviembre de 2015 que anuncia el inicio de un proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república, los autos del TC 14/16, 170/16 y 24/17 adviertan que no se está ejecutando la sentencia 259/15; y que el TC acuerde deducir testimonio al Ministerio Fiscal en los dos últimos.
Pues bien, ya podemos decir que estos hechos pueden insertarse en el concepto de actuar “violenta(mente)”, como fuerza moral que los procesados desplegaron desde enero de 2013 utilizando las instituciones catalanas para vencer la resistencia del Gobierno de la nación a aceptar la independencia de forma negociada. El punto de inflexión se produjo el 1-0, cuando los procesados usaron la fuerza moral de los ciudadanos movilizados.
El Libro Blanco de Transición Nacional presentado el 29 de septiembre de 2014 señalaba que, de no lograrse de forma negociada la creación del nuevo estado, se haría de forma unilateral y forzando al Gobierno a asumir la situación de hecho de la independencia. De ahí que en la fundamentación jurídica del auto se aluda a la existencia de un plan, pues desde el año 2014 ya se preveían estas dos fases (folios 58 y 59).
Pero el auto no acierta a expresar con claridad lo más relevante, que es que esta acción es violenta sin necesidad de lesionados. Primero desde las instituciones por la persistencia en la ilegalidad; y después desde la sociedad civil, cuando, suspendida cautelarmente la Ley 19/2017 de referéndum y el decreto de convocatoria mediante providencia del TC de 7 de septiembre de 2017 y ordenando el TSJ Cataluña en auto de 27/9/17 no permitir la votación el 1-O, los procesados movieron en la calle a miles de personas mediante las “cridas” (llamadas) de voluntarios para constituir las mesas dentro del dominio referéndum.cat (hecho 28; folio 29), ordenaron a los Mossos permitir la votación con la estratagema de avisar que no actuarían cuando los centros de votación estuvieran ocupados de personas antes de las 6:00 horas del 1-0 (hecho 30; folio 32 a 35) y convocan a millones de ciudadanos a votar para con su sola presencia forzar al Estado a aceptar lo que no quería, que era la celebración del referéndum.
El auto no llega a identificar la coacción como violencia porque se ciñe al concepto estrecho de violencia de los delitos patrimoniales, pero la relación de hechos indiciarios que hace, lo mismo que los introducidos en su día por la querella del Ministerio Fiscal –estos más precisos, si cabe- permiten calificar jurídicamente la forma de actuar de los procesados como violenta.
Solo queda añadir que el referéndum se celebró, por lo que la violencia logró vencer la resistencia del Estado a aceptar el referéndum de independencia. Incluso, puede destacarse que el día 6 de octubre de 2017 la sindicatura comunicó al Parlamento catalán el resultado de un “sí con 90´18% de los votos emitidos”, y el 10 de octubre el Presidente de la Generalidad suspendió los efectos de la declaración unilateral de independencia que este resultado suponía ope legis, según el art. 4.4 de la Ley de referéndum. Anulada la Ley de referéndum por sentencia del TC 114/2017, de 17 de octubre, pese a todo, el 27 de octubre el Parlamento catalán aprobó la resolución que declaraba la independencia de Cataluña e iniciaba el proceso constituyente de la nueva república, lo que se puede considerar un acto de agotamiento del delito ya consumado.
V.- Por último, es necesario aclarar que no nos encontramos ante un supuesto de analogía en la aplicación de la ley penal, pues el art. 472 Código Penal no contiene una laguna, es decir, no adolece de un vacío que se deba autointegrar mediante la extensión al caso de una regla o principio de otro caso semejante con el que guarde identidad de razón. La acción típica está perfectamente descrita y definida.
El Tribunal Supremo solo se enfrenta a una tarea de interpretación en la aplicación de esta norma a los hechos con la única singularidad de que es la primera vez que lo hará.
Por eso, frente a tanto sentimiento de inferioridad y tanta desconfianza hacia la fortaleza del Estado de Derecho español, solo espero del alto tribunal una cosa: que sepa encontrar una interpretación del concepto “violenta(mente)” que sea no solo la que se corresponde con el sentido que le quiso dar el legislador de 1995, su fuente legislativa, sino también la que deriva del sentido propio de las palabras usadas por la norma, en relación con el contexto, y la realidad social del tiempo en la que ha de ser aplicada, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de la norma, como señala el art. 3 del Código Civil.
La realidad social del tiempo que nos ha tocado vivir es muy diferente a la de hace treinta años. Nadie sacaría hoy los tanques a la calle ni haría disparos al aire para alzarse contra el Estado, pues la sociedad moderna y tecnológica puede alzarse sin heridos, ni daños ni explosiones mediante el control de los medios de comunicación, la educación y la propaganda, aunque no por ello su violencia sea menos intensa y peligrosa para el orden constitucional. ¿Tenemos que ver muertos en las calles para afirmar que hay violencia? Ver para creer.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/the-knotted-gun-879289__340.jpg 340 604 Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello2018-04-19 00:06:112018-04-19 22:52:59Violencia ¿ver para creer? A propósito de los autos de Llarena y el delito de rebelión
19 abril, 2018 en 09:35
Completamente de acuerdo con la brillante y valiente autora.
Que este grupo de delincuentes viene impulsando la violencia desde hace mucho tiempo es evidente. La violencia puede ser de muchos tipos. Por ejemplo la psicológica, verbal, acoso moral y físico.
No hace falta dar patadas en la cabeza como en Alsasua.
Con el temita de Montoro se va a abrir otra caja de los truenos: ¿Dónde estaban todos los gobiernos de España que toleraron, no vieron o “comprendieron” la malversación?
¿O es que hemos olvidado la coletilla de los Artículos de Rebelión y Sedición que obligan a cualquier autoridad a actuar?
La pasividad también es delito cuando se ocupan determinados puestos.
Al final veremos que Rosa Díez tenía que ser eliminada. Era un problema. Pobrecita.
19 abril, 2018 en 20:12
Muchas gracias, le estoy agradecida por su elogio.
Aprovecho este agradecimiento para aclarar que el título contiene un error, pues toda mi disertación gira en torno al delito de rebelión.
Jesús Maceiras Caamaño Dice:
20 abril, 2018 en 16:17
Excelente artículo, y como señalas con acierto, “valiente
Manu, Rosa Diez se suicidó políticamente ella solita. Por puntualizar…-))
20 abril, 2018 en 05:30
No te falta razón, Elisa. -)
23 abril, 2018 en 15:34
“Manu, Rosa Diez se suicidó políticamente ella solita.”
Pues no lo veo yo así. A Rosa Díez le pusieron la proa los medios. Demostró no ser un partido del sistema, viendo los mútiples juicios abiertos contra irregularidades de los partidos. Y como el sistema necesitaba un partido nuevo, pero del sistema, volcaron todas las opciones de UPDyD sobre C’s hablando del carácter presidencialista de Díez.
19 abril, 2018 en 11:01
Violencia: fuerza con que alguno se le obliga a hacer lo que no quiere por medios a que no puede resistir (también RAE). Justo lo que dijo el tribunal alemán. Si se puede resistir, no es violencia. El Estado tiene medios para resistir sin ningún problema, por tanto la supuesta violencia es mera bravuconería jurídica.
19 abril, 2018 en 18:28
No sé si se ha cometido delito de rebelión y la verdad es que tampoco lo tengo claro después de leer este interesante artículo. En todo caso su argumento no me parece adecuado dado que supondría que sólo habría rebelión si esta triunfa (no se pudiese resistir la violencia). Por otro lado que el estado no haya llevado al ejército o no haya usado toda su fuerza evitando males mayores, no quita que pueda haber habido violencia. Saludos.
Le respondo desde la perspectiva de los elementos del delito, y, en concreto, desde el dolo.
La calificación jurídico penal no se hace depender del resultado en los delitos de mera actividad, en los que la consumación se anticipa a un momento anterior al resultado, en el que ya se ha vulnerado el bien jurídico protegido. Son delitos en los que la barrera penal se adelanta. En este caso, la consumación no depende de si el destinatario de la violencia logra vencer la resistencia y alcanzar la independencia, sino de la naturaleza, intensidad y otras circunstancias de la acción del autor, además de su particular intención de lograr la independencia.
El dolo (o intención, por resumir) del sujeto activo solo puede abarcar su concreta acción y la finalidad que persigue la acción, pues el dolo difícilmente puede abarcar aquello que depende de la fortaleza y capacidad de otro sujeto, el destinatario de la acción, y que, por lo tanto, no puede ser controlado o dominado por él.
Dicho de otra forma, basta con que los procesados conocieran y aceptaran que su acción tenía intensidad y capacidad para vencer la resistencia del estado y quisieran realizarla, y realizarla para alcanzar la independencia (dolo reduplicado), para que exista dolo.
La violencia es un elemento de la acción, que debe ser abarcada por el dolo del autor, es decir, el autor debe saber que la utiliza. La violencia es tanto la fuerza física como moral, según el Diccionario de la Lengua Española. Por tanto, lo único que debe examinarse es si la violencia empleada fue eficaz para doblegar la resistencia del estado; no si lo logró, sino si podía hacerlo.
La eficacia la podemos examinar desde el plano del resultado (el referendum se celebró), pero, siendo exquisitos y coherentes con lo que venimos diciendo, podemos adelantar nuestro análisis al plano de la adecuación de la acción ex ante: los cinco Decretos, seis Resoluciones y cinco Leyes eran adecuadas para vencer la resistencia o negativa del estado a negociar la independencia, pues hacia ella se dirigían los procesados dando pasos firmes y claros desde las instituciones catalanas y por la vía legislativa y ejecutiva; y, en una segunda fase, la estratagema de ocupar los centros de votación llamando desde Twitter y de dar instrucciones a los Mossos de no actuar en tales casos el 1-O también lo era para obligar al estado a no intervenir en el referéndum sobre independencia ante tamaña masa de ciudadanos.
20 abril, 2018 en 10:36
La VIOLENCIA puede ser de muchas clases: institucional,legal y fisica e incluso la persecución y exclUsión social permanente a los no adeptos al credo naziseparatista es VIOLENCIA. Ya lo creo.Todo ello y dirigido desde un Poder Constitucional autonómico de base constitucional pero con el objetivo de derribar a “su”l Estado Constitucional Democrático de Derecho que le mantiene y financia millonariamente con los impuestos de “todos” los Españoles a través del F.L.A. es” VIOLENCIA”.- No se habla de VIOLENCIA de CÓDIGO PENAL , aunque también; se trata de una VIOLENCIA más amplia,permanente,estudiada , omnicomprensiva y dirigida desde tiempo ha por los poderes públicos autónomicos,no una mera “algarada” o asalto a La Bastilla o al Palacio de Invierno ; es POLITICO- ANTI -CONSTITUCIONAL dirigida a forzar y quebrar la Voluntad del Estado de Derecho,doblegarlo y sentarlo en un banquillo para negociar lo que ese poder sublevado desea.-Y por supuesto también FISICA-
19 abril, 2018 en 11:03
¿Cómo se explica la inacción del Estado ante un delito “tan flagrante y notorio”? Por que no lo era, y si no ha sido cooperador necesario.
19 abril, 2018 en 13:33
es un hecho que el incendiario no fue un vidrio tirado en medio de la hojarasca. tampoco hay duda que ikea no es responsable del millón en los armarios de fulanito. es obvio que hay violencia a raíz de la mandanga de este señor que -por cierto- se fuga como otros tantos “cargos públicos” porque son funcionarios o son asesores de la cía. Catalunya.inc.??? En la RAE se puntualizan significados de palabras. soy ignorante y seguro que no consigo leer letra pequeña sin gafas. gracias por esta página. ayer un señor cantautor se manifestó con serenidad ejemplar sobre la puya de la que fue blanco. puntualizó que el horror fue ese barullo del parlament durante la firma y proclamación de indepenci. de verdad no sé ni como se escribe. perdón. por favor. gracis.
19 abril, 2018 en 15:15
Respetuosamente discrepo de tu opinión, aunque el artículo es excelente y da gusto leerlo. En mi opinión la duda no es tanto si hubo o no violencia, esta puede apreciarse, sino si la entidad de la misma basta para revestir el delito de rebelión. La violencia que vimos no es diferente a la de cualquier altercado que puede darse en el marco de una manifestación muy numerosa. El propio auto de Llarena, si bien cataloga exhaustivamente las lesiones a agentes policiales, no admite en ningún momento que existiera un plan para preordenar la violencia colectiva a un fin concreto y coordinado. Por el contrario acusa a los convocantes de las manifestaciones de llamar a la gente a protestar en la calle, a sabiendas de que podría producirse violencia en ellas, lo cuál nos ubica en la difícil tesitura de admitir que el delito de rebelión puede cometerse con dolo eventual.
Hace unos días, le mandé un artículo mío sobre esta cuestión. Espero que cuándo lo publiquen reciba tu comentario.
19 abril, 2018 en 20:08
Le estoy agradecida por su elogio.
El día 1-O la violencia que se desplegó fue diferente a la de cualquier altercado que pueda darse en el marco de una manifestación muy numerosa por el fin que perseguía, que no concurre en ninguna de esas manifestaciones numerosas (como puede ser la de los jubilados), que es la de lograr la independencia de una parte del territorio de España.
Esta finalidad queda indiciariamente acreditada por dos razones. Una es que el referéndum se convocaba para votar sobre una única pregunta, que era algo así como “¿quiere usted la independencia?”; y otra es que todos los instrumentos normativos dictados por los procesados como decretos, resoluciones y leyes desde el año 2013 se encaminaban en esa misma dirección. Podríamos hallar una tercera razón, cual es que la declaración de independencia finalmente se efectuó el 27 de octubre.
No comparto que el juez no aprecie la existencia de un plan. El Libro Blanco de Transición Nacional lo es. En cualquier caso, el auto admite la existencia de un plan que constaba de dos fases, la negociada y la unilateral, y lo refiere en los folios 58 y 59.
Y no solo esto, sino que, en la reunión de 28 de septiembre de 2017 de tres de los procesados con los mandos de los Mossos, y advertidos aquellos de posibles altercados con resultado lesivo visto lo sucedido ante la Consejería de Economía unos días antes, los procesados no detuvieron su acción y hasta hicieron llamamientos por Twiter sabiendo que movían a miles y hasta millones de personas a un acto que las sentencias del TC 42/2014, 31/2015, 32/2015, 128/2016, 52/2017, 259/2015 y 90/2017 ya habían dicho que no se podía hacer (folios 29, 32 a 35 y 47).
En cuanto a la relación exhaustiva de agentes lesionados que menciona el auto, reitero que lo considero una expresión de su visión estrecha de violencia porque violencia es también fuerza moral, coacción, y, por tanto, no necesitamos esos agentes lesionados para ver la violencia.
20 abril, 2018 en 09:49
Usted mismo lo afirma: “basta con que los procesados conocieran y aceptaran que su acción tenía intensidad y capacidad para vencer la resistencia del estado y quisieran realizarla”. ¿De verdad alguien cree que tenían capacidad para vencer la resistencia del Estado? Ninguna! De hecho los sucesivos recursos en vía jurídica lo reafirman. El parlamento catalán tenía muy claro que no tenía esa capacidad; por tanto, ¿hay dolo? Paralelamente, el puñetazo de una persona a otra ¿es siempre violencia? Dudo mucho que, como hecho, el puñetazo de un niño de cinco años a un bodybuilder pueda considerarse violencia; mucho menos la simple amenaza (fuerza moral). En definitiva, ya puede haber mil declaraciones de independencia mientras el Estado tenga y mantenga su fuerza jurídica y militar intacta porque ni siente las ondas expansivas de esa violencia (?). El mejor desprecio es no hacer aprecio, dejarse de politiqueos y preocuparse por los problemas del día a día. Despìlfarro de tiempo y dinero mientras los juzgados se llenan de casos contra derechos materiales de los ciudadanos.
20 abril, 2018 en 10:39
19 abril, 2018 en 17:33
Sin duda alguna, uno de los lugares donde más violencia hubo por parte de los independentistas fue en Sant Esteve de les Roures*, según relata el correspondiente informe de la GC, y ¿quiénes somos nosotros para dudar de la palabra de los profesionales de las FSE?
Como expone la letrada, no hay que dudar en calificar como “violenta” la resistencia pacífica de la población, quienes sirviéndose de sus caras, ojos y cabellos arremetieron con furia contra las porras de los agentes.
Igualmente “violentas” pueden considerarse los levantamientos de barreras en las autopistas o las manifestaciones de los jubilados reclamando un aumento de las pensiones, pues todos ellos implican “el uso de un poder con capacidad para vencer la resistencia del Estado”. También hay que considerar como violentos los chistes de El Jueves y de varios twitteros, quienes usan “los medios de comunicación, la educación y la propaganda, aunque no por ello su violencia sea menos intensa y peligrosa para el orden constitucional”.
* Voy a buscarlo en Google Maps. Oh, wait!
Luis Carlos Martín Osante Dice:
19 abril, 2018 en 23:27
Estupendo análisis jurídico de la cuestión. Desde diversas perspectivas, se aborda con mucho rigor un tema que resolverá en su momento el Tribunal Supremo.
Es cierto, no obstante que el margen de apreciación es amplio.
20 abril, 2018 en 08:42
Si el post era excelente, los comentarios posteriores de la autora lo elevan.
La verdad es que el debate jurídico que se plantea con la aplicación del tipo de rebelión es ciertamente interesante.
Ideas que me vienen y preguntas que me planteó sobre el particular:
– Desde la óptica del principio de tipicidad, ¿cabe entender que los hechos ante la Consejería y los acontecimientos del 1-O sean constitutivos de rebelión aun cuando su finalidad inmediata no fuera la de instar la independencia de Cataluña? Por lo que he entendido de la lectura del Auto, la concentración ante la consejería fue en señal de protesta por las detenciones que ya se habían producido y las concentraciones del 1-O está claro que se dirigían a celebrar sí o sí el referendum. Ergo, aun cuando se quiera razonar que el fin último o mediato pudiera ser la declaración de la independencia ¿no hay riesgo de que exista una conexión forzada con la finalidad exigida por el tipo penal de la rebelión que, quizá, no es demasiado compatible con el mandato del principio de tipicidad y de legalidad que implica reprimir tentaciones de interpretar extensivamente los preceptos penales?
Por consiguiente, y a mayor abundamiento sobre lo anterior, ¿no podría darse la circunstancia de que los referidos hechos tengan un encaje más preciso y acorde con el respecto del principio de tipicidad en el delito de sedición? Por lo que sabemos hasta el momento, tiene toda la pinta de que las movilizaciones fueron públicas, presentaron un componente tumultuario y se hizo uso de la fuerza para impedir, como fin directo e inmediato, el legitimo ejercicio de sus funciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
– Desde el punto de vista de la autoría de los hechos, y si se entiende que los políticos deben de ser castigados en su condición de dirigentes de las rebelión o ejecutores de la misma, ¿se considerará entonces como meros participes, al amparo del art. 473.1 in fine, a los ciudadanos que intervinieron directamente en dichos actos, o solamente se consideraría a aquellos que directamente agredieron a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Esto es, si el tipo penal prevé también que los participes puedan ser castigados por su participación en los actos de rebelión y si, tal y como parece, la “muchedumbre enfurecida” fue instrumento esencial en la consecución de esos actos violentos ¿qué pasará sobre este particular?
(Obviamente nos estoy manifestando de entrada que se tenga que “emplumar” a las bravas a la gente que acudió a aquellos actos, como participes de la rebelión, pero, desde la óptica misma del razonamiento jurídico seguido, si parece un punto interesante a tomar en cuenta. No sé a ciencia cierta si se han abierto diligencias previas por estos mismos hechos en Juzgados de Instrucción frente a no aforados, pero de no haberlas desde luego la respuesta a esta cuestión cobraría un interés aún más renovado)
Quedo abierto a las doctas opiniones de los comentaristas.
En la gestión del Golpe de Estado por parte del gobierno del Sr. Rajoy pesan, a mi modo de ver, dos graves errores.
1. Inacción por miedo o connivencia sobrevenida (fruto de anteriores meteduras de pata). Ceguera imperdonable ante un iter delictivo que incluye “trabajos” como el célebre dictamen que dio validez constitucional a la Inmersión lingüística.
2. Clamorosa falta de un planteamiento estratégico serio y del resultante tactismo. El nacionalismo siempre es un gran planificador estratégico, capaz de los más inmorales de los actos y de los engaños, y que exige contrarios de gran nivel. Algo imposible en el ciclo electoral.
Ambas deficiencias emergen en este momento procesal. No nos sorprendamos si algún ministro resultare “imputado” por inacción y omisión.
Digo lo anterior desde el convencimiento de que el Sr. Rajoy es menos culpable que los tres gobiernos que le han precedido.
Nos estamos sosteniendo gracias a la Judicatura, a Santa Inés Arrimadas y a pesar de los líderes Populares, pero sobre todo son de lamentar las ruedas de molino al cuello que representan Socialistas y Podemistas.
¿Será suficiente? No lo tengo claro.
Todos los actos del Estado (realmente de sus integrantes personas, funcionarios, políticos con acceso al boletín, empleados públicos,…, etc) están respaldados intrínsecamente por la violencia. POR DEFINICIÓN.
Estado: monopolio territorial de la violencia.
Violencia: que coarta la voluntad de otro (vis, fuerza, poder,…).
En el ámbito privado una conducta similar requiere fuerza organizada (el Estado en lo público), lo cual llevaría a hablar de mafia, organización criminal.
Que el juez alemán juzgue o no la existencia de violencia, es similar a que el juez español juzgue si existe o no democracia en España (antecedente moral). Algo que ni le corresponde, ni tiene capacidad, ni siquiera le interesa por la propia definición de su existencia como parte del Status Quo (Estado).
22 abril, 2018 en 22:07
Lo ocurrido con este tema evoca la imagen de un atraco que va a perpetrarse públicamente: encapuchados, pistolas, coche aparcado en la puerta del banco… Y la autoridad permitiendo perpetrarlo hasta el final, ¡en lugar de intervenir inmediatamente y evitar la consumación del delito!
Como siempre, Manu pone el dedo en la llaga y apunta a “connivencia sobrevenida”. Todo esto no es de ahora. Se viene cociendo desde la Transición política con la cesión de la Educación, se continuó con el texto constitucional consensuado y se ha mantenido con los “pactos” de gobierno en diferentes legislaturas. Investigar responsabilidades en todo este proceso es una tarea ardua pero necesaria para conocer la Verdad…. Si es que la verdad nos interesa.
Innovación tecnológica, mercado y protección del consumidor Evento sobre Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Sevilla

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
in fine
e contrario