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﻿ SENTENCIA SP13048-2014 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2014
SENTENCIA SP13048-2014 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:PREVARICATO POR ACCIÓN. EN LA CONFIGURACIÓN DEL PREVARICATO POR ACCIÓN, LA DECISIÓN MANIFIESTAMENTE ILEGAL NO ES SOLO LA QUE CONTRARÍA LA NORMA A APLICAR O LA IGNORA, SINO TAMBIÉN LA QUE PROVIENE DE UNA HABILIDOSA LECTURA O RESUELTA DESARTICULACIÓN DE LAS PIEZAS PROBATORIAS, SIENDO ESOS MATICES LOS QUE LA HACEN SUSCEPTIBLE DE ENFRENTAR EL IUS PUNIENDI.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES, PREVARICATO POR ACCIÓN, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, IUS PUNIENDI
Sentencia SP13048-2014/40247 de septiembre 24 de 2014
Rad. 40247
La Corte es competente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 906 de 2004, para desatar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo.
La primera instancia sentenció al doctor Hugo José Álvarez García, por el concurso delictual de prevaricato activo, materializado en la sentencia de tutela del 25 de junio de 2009 y los autos del 4 de diciembre del mismo año y, 3 de junio de 2010; la acusación tomó en cuenta esos proferimientos, que no fueron los únicos, lo mismo que unos oficios, actuaciones que a la final, recoge el proceso en donde se tramitó el mecanismo constitucional en cuestión iniciado por el apoderado de, entre otros, Dinora Zúñiga Meléndez contra el municipio de Tolú.
La apelación se endereza a evidenciar el desconocimiento del principio de congruencia que comporta el referido fallo y, visto que esa no es la única censura pero la que debe acometerse primordialmente, la Sala se sujetará a esa lógica en punto de resolver el recurso.
Del principio de congruencia
El componente axiológico encuentra regulación legal en el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, de la siguiente forma:
Por ende, se trasgrede la normativa cuando la sentencia varía el componente fáctico de la acusación o, simplemente, se incrementa; mas esa no es la única forma de ir en contravía del principio de congruencia; igual sucede cuando en el fallo se pasan desapercibidos los aspectos jurídicos planteados tanto allá como en los alegatos de la Fiscalía.
Al contrario, ese desacierto en ningún grado tiene lugar en situaciones avizoradoras de simples disimilitudes entre la ponderación de hechos y preceptos contenidos en la propuesta acusatoria con la que impera en la decisión culminativa de la instancia, pues ello ningún desequilibrio relevante entre dichos factores estructurales del proceso acusatorio, encierra; apenas obedecen a apreciaciones permitidas dentro del margen dispuesto en orden a mantener intacta la realidad respecto del evento apreciado; que en este obedece a la imputación fáctica y jurídica acogida al acusar al doctor Hugo José Álvarez García
Es bajo ese enfoque que se entiende a la Fiscalía cuando en la acusación plantea que se trataba de una falacia la alegada vulneración de los derechos fundamentales enunciados por el apoderado de los interesados. Por tanto, siempre trabajó —entiéndase acusó y alegó— sobre la concepción de derechos de estirpe legal, haciendo ver que a esa naturaleza corresponden los que reconoció el procesado, sabiendo que la acción de tutela solo permitía promover los de entidad fundamental.
Por su parte, el fallador tuvo en cuenta que el libelo de tutela frente al cual se pronunció el implicado, aludía expresamente a los derechos de petición, del pago oportuno de los salarios de los trabajadores, de las mujeres cabeza de familia y de los niños, indiferentemente que hubiesen experimentado desmejora alguna. De ahí, su colofón referido a denotar que el evento fallado por el acusado, contrario al pensamiento de la parte acusadora, sí concentraba derechos fundamentales.
A pesar de todo, no hay que perder de vista que el fallador de primer grado también aprovechó el espacio para razonar acerca de algunos extremos de la controversia, como lo son los intereses de las cesantías, indicando que su tratamiento debe darse por las vías ordinarias, dado que, por responder a asuntos meramente legales, escapaban a la consideración de derechos fundamentales y, por ende, respecto de los mismos el amparo constitucional se encaminaba inviable.
Así, para la acusación se ofrecía definitivo en orden a calificar que las situaciones expuestas por el peticionario de la protección supralegal comportaban relación con derechos fundamentales, que más que escasa enunciación de estos, pues a ello obedece la forma en que se hizo la presentación en el respectivo memorial, se probara que, en el caso concreto, cada uno de ellos había sufrido mengua.
Empero, la postura del sentenciador de primer grado, consistió en que, dada la referencia que en la demanda se hizo a esa clase de derechos, el tratamiento mal podía ser diferente, aun cuando estaba pendiente el análisis orientado a establecer su quebrantamiento.
Como se ve, ninguna trascendencia abriga lo detectado por el recurrente, quien omite reconocer que ambas vertientes a la final coincidieron en que Álvarez García pudo tomar la decisión cuestionada merced a esquivar la motivación que le era exigida, para lo cual debía conciliar las normas que correctamente le despejaban el panorama con los elementos de convicción obrantes en el diligenciamiento, lo cual lo llevaría a negar el quebranto denunciado por el accionante y, de contera, el amparo deprecado.
En ese orden, resulta inadmisible que el censor reniegue del manejo dado al principio de congruencia o correlación entre la acusación y la sentencia.
Respecto de esta modalidad delictiva, y, en torno a las vías por medio de las cuales se puede llegar a emitir un pronunciamiento rutilantemente desentendido de la ley, la Corte ha sostenido:
“En ese sentido, la experiencia indica que el acto ilegal suele surgir como consecuencia de una amañada hermenéutica, o por la torcida manipulación de los medios de prueba con el fin de ocultar la aplicación indebida de una disposición de derecho a un caso concreto. En ambos casos, por supuesto, la decisión debe ser abierta y ostensiblemente contraria al orden jurídico y no simplemente una disfunción producto de equivocaciones judiciales sin trascendencia jurídico penal, que pueden y suelen ser corregidas por medios que el mismo ordenamiento dispensa. (CSJ SP, 12 Mar. 2014, Rad. 41480)
De esa forma, cobra importancia entender que la decisión manifiestamente ilegal, no solo es aquella producto de contrariar el precepto a aplicar o ignorarlo, sino también, la que se erige a partir de una habilidosa lectura o resuelta desarticulación de las piezas probatorias, siendo esos matices los que la hacen susceptible de enfrentar el ius puniendi. Por el contrario, el derecho penal le resta importancia a la decisión que carece de los mencionados factores negativos y, por ende, se aviene claramente a aquellas apenas catalogadas de equivocadas, puesto que antes que denotar mala fe del funcionario que la adoptó, evidencian su vocación por encontrar, desde diferente prisma, una respuesta novedosa y certera para el caso concreto.
Se impone entonces, el cometido de verificar si las decisiones emitidas por el doctor Hugo José Álvarez García, encierran el calificativo de manifiestamente ilegales, lo cual descarta por completo el abogado defensor y prevalido de esa percepción, asume que la conducta de su representado es atípica.
Sentencia del 25 de junio de 2009
En el desempeño del cargo como Juez Segundo Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú, Álvarez García, profirió dicho fallo.
Dispuso tutelar “los derechos constitucionales fundamentales del DERECHO DE PETICION (sic), DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS Y DERECHO A UNA REMUNERACIÓN MINIMA (sic), VITAL Y MOVIL (sic) alegados por los accionantes DINORA ZUÑIGA MELENDEZ...”(2).
Adicionalmente, ordenó “al doctor Adolfo González González, en su calidad de alcalde del municipio de Santiago de Tolú, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, profiera los actos administrativos mediante los cuales, previa verificación los (sic) requisitos de ley, reconozca y liquide las cesantías parciales debidamente indexados (sic). Una vez hecho lo anterior, se concede al accionado el término de quince (15) días con el fin de que haga los trámites presupuestales correspondientes, que permitan el pago ordenado en esta sentencia”.
El evidente apartamiento de la decisión que se analiza con la ley se predica, como bien lo apuntó la primera instancia, de la nula incidencia que tuvo en ella el material probatorio aportado al expediente de tutela. Allí, se renunció al mínimo análisis de la información que suministraron el demandante y la autoridad accionada, lo cual surgía como válidamente necesario en pro de la decisión, pues nada excusa que un pronunciamiento acerca de la tutela reclamada esté precedido de enunciados genéricos, sin optar por un método que garantice la utilización de las pruebas y, desde luego, su dedicada ponderación, en aras de constatar si los presupuestos del instrumento constitucional, se avienen al caso en estudio.
Así, el procesado concedió el amparo del derecho de petición, pasando por alto que las solicitudes de cesantías dirigidas a la alcaldía de Tolú, en manera alguna podían considerarse recientes, dado que fueron radicadas por los accionantes, en el período comprendido entre 2001 y 2008, la menor parte, en este último año.
La nota llamativa que se deriva de ese plural amparo, es que el acusado subestimó que, en el caso de Feliciana Herazo Munzón, Jaider Álvarez Román y Luz Victoria Morelo Ricardo, ninguna petición reposa y así lo constató la Corte. Ahora, si bien están cobijados por la que en bloque y sin justificaciones individuales de cada situación, presentó la presidenta del sindicato al que pertenecen, ello requería de una consideración especial en el fallo de tutela para ver si se les tenía como verdaderos legitimados, dado que nada aparece, en cuanto a facultades concedidas a dicha peticionaria.
Resulta plausible hacer un alto en aras de expresar lo inadmisible que se ofrece el proceder de la defensa concretado en utilizar el recurso para la aducción de pruebas, como lo hizo con una certificación para respaldar su embate contra la materia tratada en el precedente acápite, cuando bien sabe que la sustentación de la impugnación no es escenario para aportar piezas suasorias.
El artículo 86 de la Constitución Política, dispone que la acción de tutela procede de manera inmediata cuando los derechos fundamentales de la persona resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
De manera que al decidir una cuestión de dicha índole, el funcionario queda atado a la tarea de revisar las diligencias a fin de verificar si aquella precisa de inmediatez, caso en el cual abordará el estudio de los derechos fundamentales que se dicen afectados o inminentemente amenazados en procura de conceder la tutela.
Ahora, si el asunto refleja la posible producción de un perjuicio irremediable, constatado el mismo, pese a la existencia de otro medio alternativo de defensa judicial, debe reconocerse la procedencia del amparo, aclarando eso sí, que la protección se brinda de forma transitoria.
Verdaderamente, ningún juicio de valor hizo el implicado en torno a dichas materias, puesto que, en cuanto al derecho de petición, se trataba de una inmediatez, si acaso, caduca, dado que las solicitudes sobre liquidación y pago de cesantías parciales que los interesados —ya se dijo que una parcialidad de todos los beneficiados con el fallo, se habían constituido en solicitantes— pasaron a la administración municipal de Tolú, acarreaban tanta antigüedad, según se desprende de la información aportada a este proceso, que representaba un sofisma afirmar que la protección del derecho fundamental involucrado reclamaba inmediata protección.
La violación del derecho a la vivienda digna y, de contera, la imperiosa prioridad de ampararlo ordenando el pago de las prestaciones reclamadas, lo dio por sentado el fallador procesado con los proyectos de diseños realizados por arquitectos, anexados al memorial de tutela.
Entonces, es cierta la carencia de sustento de la decisión, en tanto que unos documentos relativos a diseños arquitectónicos sobre mejora de vivienda, o compraventa de lotes o casas —estos últimos dejaron de ser tan siquiera, mencionados en la providencia— mal pueden convertirse en prueba de quebrantamiento de un derecho y, menos, del perjuicio irremediable, cuya solvencia es tan copiosa que puede llegar a contrarrestar, en un caso concreto, la de algunos principios determinantes de la procedencia del amparo constitucional.
Al sentenciado no le mereció ninguna importancia mirar que los proyectos de mejora de vivienda; igual, los otros documentos, se quedaban cortos a la hora de acreditar que las mismas amenazaban ruina y, por lo tanto, la vida e integridad de sus ocupantes se ponía en riesgo y, en el mejor de los casos, quedarían a la intemperie o, cuando menos, que sin esas reparaciones el anhelo de habitarlas dignamente podría esfumarse, para de esa manera, justificar el perjuicio irremediable y, de paso, su pronunciamiento.
El haber esquivado esa carga funcional, ninguna causalidad habría configurado si al menos, por otro lado, hubiera auscultado las compraventa de inmuebles en punto de confirmar las declaraciones de verdad impresas allí, pues ese ámbito también denotaba extrañeza, precisamente, porque, acorde con lo dilucidado por el a quo, en casi todos esos documentos coincidían las fechas en que se realizó el negocio.
Para ello es suficiente traer a colación, los que fueron suscritos por Dinora Zúñiga Meléndez, Elizabeth Cárdenas Ramírez, Ruth Villalobos Sotomayor, Feliciana Herazo Munzón Mónica Castellar Alviz y Cecilia Rubio Vergara; todas ellas pactaron el 4 de junio de 2009, muy pocos días antes de que se interpusiera la acción de tutela. Extraño también, se sugiere, que los vendedores dejaran de prescribir un plazo cierto para que les satisficieran la obligación, pues se estipuló que se haría cuando a los compradores les fueran canceladas las cesantías.
Es indudable la carencia de fundamento probatorio de las condiciones y situaciones que estimó acreditadas el acusado, con miras a las concesiones que hizo.
De cara al amparo de los derechos de los niños y de las madres cabeza de familia o, para ser menos restrictivos, la de hombres y mujeres cabeza de hogar, ínsito en la sentencia tachada de ilegal, la Corte debe revelar que al respecto ninguna reflexión enderezada a dar por cierto que hombres como mujeres que así se reputaron en el trámite constitucional, realmente lo fueran, se plasmó. Se ignora, cómo entonces, fue que Álvarez García concluyó esa condición, indispensable a la hora de reconocer el quebranto a sus derechos fundamentales, ya que a nadie carente de la misma, se le pueden tutelar, simplemente, porque no es titular.
A la actuación de tutela se anexaron infinidad de declaraciones que rindieron los demandantes ante notario, y el juez constitucional, pese a que debía probar sus asertos, nada hace ver que se ocupara de examinarlas, ni siquiera, superficialmente. Esa labor, se ofrecía inaplazable, tanto por el gran número de personas que se dijeron afectadas como por el alto valor reclamado, incluso, porque el dinero saldría del erario público.
Así como asomaba inusual que tantas personas interesadas en un mismo trámite judicial y ávidas de pruebas para apalancar sus pretensiones coincidieran en la fecha en que se produjeron las mismas, como aconteció con las compraventas de terrenos, según ya se señaló, refulgía enteramente particular y, por tanto, digno de averiguación lo atinente a los documentos aducidos por los demandantes con miras a probar que respondían a hombres y mujeres cabeza de hogar.
Se hace referencia a las declaraciones que los accionantes rindieron ante notario centradas en que tenían personas a cargo, en donde, si mucho, anotaron de quién se trataba, omitiendo por completo todas las circunstancias que merecían ser detalladas con el fin de propiciar detenidos análisis y la conclusión acerca de la viabilidad del reconocimiento por el que abogaban.
Álvarez García desestimó que el respectivo acopio probatorio estuviese vacío de tan necesaria información, pero a la vez, de la testificación ante notario hecha en el momento en que se convirtieron en cabeza de familia, conforme lo estipula el parágrafo del artículo 2º de la Ley 82 de 1993, en el sentido de que esa condición y su desaparición debe ser declarada ante notario desde la ocurrencia del respectivo evento.
El fallo que soporta el calificativo de prevaricador, precisa insuficiencia frente a las exigencias de mostrar razonadamente, en cuáles de las previsiones del canon 2 de la Ley 82 de 1993, se encontraban cada uno de los demandantes, eso sí, ofreciendo individualmente, los elementos de convicción, a lo cual no atienden, por supuesto, las ineficaces declaraciones extrajuicio que le presentaron al juez de tutela.
Las anteriores falencias y críticas, encuentran adecuación para los otros derechos que amparó Álvarez García, ya que su motivación es totalmente invisible; tácitamente se refirió a los de los niños y al mínimo vital y con esa forma de motivar, abandonó el examen probatorio.
Aparejada a las anteriores irregularidades, se encuentra la desatención a la prohibición de ordenar pagos a las entidades territoriales que han suscrito acuerdo de reestructuración, inserta en el canon 58.13 de la Ley 550 de 1999, la cual le fue recordada por el alcalde de Tolú al informarle que su municipio se encontraba en un proceso de esa naturaleza y por ello, de ninguna manera, procedía la tutela, ocasión en la que le advirtió que tampoco se reunían los presupuestos de la acción constitucional.
Autos del 4 de diciembre de 2009 y 3 de junio de 2010
La primera decisión la adoptó el juez dentro del incidente de desacato originado por el incumplimiento al fallo de tutela del 25 de junio de 2009. Se contrajo entonces, a: “acceder a la petición el doctor Hernán Arrazola Espitia, apoderado judicial de los tutelantes, en consecuencia se ordenará a Fiduagraria que retenga de los dineros que administra por concepto de regalías que corresponden al municipio de Santiago de Tolú, la suma de $6.500.000.000, en sus cuentas, los cuales no podrá utilizar para el pago de ninguna otra obligación ordenada por el señor Alcalde Municipal de Santiago de Tolú …”.
La misma fue el soporte de otro pronunciamiento, fechado marzo 23 de 2010, en donde se ordena a Fiduagraria poner a disposición de la cuenta bancaria del juzgado, los dineros objeto de embargo y retención al municipio de Tolú.
Mediante los oficios 303 y 392 del 25 de marzo y 23 de abril de 2010, el despacho judicial materializó la anterior determinación.
Pese a que el auto del 4 de diciembre de 2009 tiene relación con el mismo asunto constitucional, lo cierto es que se considera independiente para el juicio de legalidad, conforme a las normas penales; se trata de una decisión reveladoramente ilegal. Del numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, con facilidad se advierte que durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración no habrá lugar a embargos de los activos y recursos de la entidad territorial.
Es un hecho cierto que el municipio de Tolú, se encontraba en ese proceso desde el 2 de agosto de 2002 y, lo dieron por terminado las partes, el 28 de octubre de 2010. Así que, para el 4 de diciembre de 2009, fecha en la cual se tomó la decisión de embargar los recursos, la prohibición estaba en completo vigor y ninguna razón compatible con la ley, existía para desconocerla. Antes bien, se perseveró con tanto celo en el mandato proscrito, que fueron librados sendos oficios para aligerar su cumplimiento.
Sin duda que, no solo esa norma, se oponía a las intenciones de doctor Álvarez García. Nótese que, por ejemplo, por tratarse de dineros que tenían origen en las regalías que recibía el municipio de Tolú, ningún funcionario estaba llamado a embargarlos antes de que transcurrieran 18 meses, a partir de quedar ejecutoriada la decisión que reconocía las acreencias laborales, según mandato contenido en el canon 21 del Decreto 28 de 2008, cuya exequibilidad condicionada, que consistió en fijar dicho lapso, la declaró la Corte Constitucional en Sentencia C-1154 de 2008, terminó desobedecido además, en tanto que se materializó la “ejecución” del ente territorial accionado, apenas transcurridos 4 meses de haberse consolidado el fallo de tutela.
La conclusión respecto del auto del 3 de junio de 2010, es la misma y, lo es, porque por cuyo medio se le reconocieron intereses del 12% a las cesantías de los accionantes. Desde luego que, tanto el proveído que se examina como el del 4 de diciembre de 2009, obedecen a situaciones que tuvieron su origen en el reprochado sentenciamiento.
Debe dejarse en claro que esta otra determinación hizo parte del conjunto de pronunciamientos emitidos por el acusado dentro del incidente de desacato, pero, de ninguna manera, desarrolla el fallo de tutela, toda vez que allí tampoco fue ordenado el pago intereses. Todo lo contrario, en la parte motiva se consignó que solo habría de ordenar la indexación de las cesantías, por cuanto, que, si a ello le sumaba la sanción moratoria, se estaría condenando dos veces al municipio por el mismo hecho.
Se destaca que fue totalmente irregular utilizar ese trámite accesorio con miras a tomar decisiones, nunca orientadas a hacer cumplir la de fondo, o sea, el fallo de tutela, sino para hacer más concesiones, como si en verdad se tratara de una nueva sentencia disimulada de auto y aprovechando para ello, la ritualidad del desacato. Ello es así, porque a éste se la concibe como el escenario procesal en donde tiene lugar el debate acerca del obedecimiento o no, por parte de la autoridad accionada, de la decisión culminativa del asunto constitucional.
En tal sentido, dentro del citado incidente y, con el fin de hacer cumplir la sentencia que ampara los derechos fundamentales, el juez debe tomar las decisiones que el material probatorio y las respectivas normas constitucionales y legales le promocionen, jamás adicionarle otros amparos u órdenes. Lamentablemente, el acusado invirtió esas premisas, en tanto que, siendo sorpresivo, dentro de ese procedimiento accesorio decidió emitir órdenes de embargo y como gracia adicional concedida a los demandantes se destaca la relativa a los intereses.
Si al interlocutorio datado 3 de junio de 2010, lo convierte en manifiestamente ilegal, el hecho de “conceder” gracias de las cuales no se tenía conocimiento en el fallo de tutela, es decir, nuevos; así mismo lo constituye, el amparo propiamente concedido.
Justamente, tras negar la objeción propuesta por el alcalde de Tolú a la liquidación presentada por Jairo Luis Buelvas De La Espriella, perito que designó el justiciable, éste mediante ese auto, no hizo menos que reconocer intereses del 12% a las cesantías de los demandantes, dado que el auxiliar de la justicia en mención, los incluyó al cuantificar esa prestación. Basó su resolución, en que, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, contempla y, en tal cuantía, la sanción que impuso.
La abierta contradicción de esa providencia con el ordenamiento jurídico, adicionalmente estriba en haber ordenado el pago de intereses sin existir fundamento legal para ello, pues la norma acabada de enunciar y en que se apoyó el acusado, los contempla solo para las cesantías del régimen anualizado y los demandantes pertenecían a otro, es decir, al retroactivo y, así, se lo hizo saber, el alcalde de Tolú.
Esa decisión se deslegitima mayormente al compararse con el auto del 3 de mayo de 2010, en donde Álvarez García había reconocido no ser el llamado a disponer el pago de intereses a las cesantías porque la jurisprudencia constitucional le enerva esa facultad al juez de tutela, más en esta ocasión, simulando, porque al fin y al cabo la distorsionó, tomar como apoyo la doctrina contenida en la Sentencia SU-400 de 1997, consistente en que aquella sanción en lo más mínimo se compadecía con las cesantías y, por ello, solo había lugar a la indexación, proveyó tal cual se le cuestiona.
La Corte, en ese mismo momento, apreció que dilucidar si hay lugar a intereses, no es un cometido que le corresponda asumir al juez de tutela cuando simultáneamente verifica si hubo violación de derechos fundamentales, puesto que ello le incumbe a los jueces ordinarios en cada caso concreto, toda vez que así podrán detallar cuándo se ha causado un daño que revista ser resarcido de dicha manera, o sea, mediante el pago de intereses. Esa es la sinopsis de la doctrina que, variándole el sentido, el acusado utilizó a su conveniencia.
Se sigue de lo dicho y a riesgo de ser reiterativo que, por conducto de la mendacidad, el acusado resultó colocando en dicha jurisprudencia una ratio decidendi que total, ni parcialmente le corresponde. Lo propio se deduce de la afirmación concretada en que autorizó en su fallo, el pago de dichos intereses, cuando, como ya se advirtió, esa temática pasó desapercibida en dicha ocasión.
Es innegable que el juez constitucional tiene la facultad de establecer los demás efectos del fallo que concede la tutela, puesto que expresamente el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 así lo contempla, pero no por eso puede llegar, como lo insinúa la defensa, a desconocer flagrantemente el ordenamiento jurídico.
Es decir, la acción de tutela es una herramienta bien importante para encausar la conducta de las autoridades públicas cuando han irrespetado los derechos fundamentales y de ella dimanan exclusivos poderes que el funcionario judicial puede utilizar en orden a que, esencialmente, los funcionarios estatales le presten atención esmerada a esa clase de derechos. Empero, deben ser utilizados dentro de una concepción racional y desapartada de cualquier asomo de arbitrariedad.
Si se acepta esa máxima, el juez so pretexto de hacer prevalecer los más importantes derechos del individuo, mal puede desquiciar la normatividad vigente, lo cual, sin duda alguna, se propuso y consiguió el doctor Álvarez García al expedir, con todo el conocimiento jurídico que le asistía, tal y como lo denotan la variedad de pronunciamientos que adoptó en los trámites principal y accesorio de tutela, pero además, del hecho de haber distorsionado los criterios de autoridad, incluso, de valerse de la mentira, las tres decisiones que, a raíz de los análisis llevados a cabo, se concibieron manifiestamente ilegales.
Del tipo subjetivo
La Corte se distancia del criterio del recurrente, en el sentido de que el a quo tuvo en cuenta para establecer el dolo en la conducta de su prohijado, solo su experiencia judicial y preparación académica.
La Sala, como bien lo recuerda el apelante, aclaró (ver CSJ SP 3 jun. 2009, Rad. 31118) que no es válido atender, de manera insular a esos factores, para asumir o dar por sentado el conocimiento y la voluntad de infringir la ley y, la sentencia impugnada tiene vocación de acatar ese criterio.
Así como se evidencia que el fallo de instancia ancló los tópicos cognitivo y volitivo de la tipicidad en la superación intelectual y la trayectoria judicial que por más de dos lustros le figura al acusado, lo propio hizo en ámbitos relacionados con el estudio que de la jurisprudencia y la ley llevó a cabo con miras a definir el asunto y a efecto de emitir otras decisiones; con las advertencias del alcalde accionado centradas en la improcedencia del amparo, puesto que los requisitos de subsidiaridad e inmediatez no concurrían y acerca de la inviabilidad del reconocimiento de intereses a las cesantías, ya que los interesados asistían al sistema retroactivo. Conjuntamente, con la circunstancia de despachar desde el mismo municipio accionado. Por tanto, debía saber que la entidad territorial estaba inmersa en un acuerdo de reestructuración de pasivos y, a partir, también, del aspecto relacionado con la experiencia de Álvarez García como funcionario judicial encargado de tramitar procesos ejecutivos.
De manera que, en ningún grado, le asiste razón al impugnante, al peticionar la declaratoria de atipicidad de la conducta de su asistido.
En síntesis, no se accederá a las súplicas del apelante y, en consecuencia, se impartirá confirmación al fallo de instancia.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y, por autoridad de la ley,
1. Confirmar la sentencia de fecha 17 de octubre de 2012, mediante la cual el Tribunal Superior de Sincelejo, condenó al doctor Hugo José Álvarez García, por el delito de prevaricato por acción en concurso.
2 También, esos mismos derechos los amparó a Bernardo Álvarez Garay, Manuel Gónzalez Romero, Edith Viloria Garay, Isabel Medina Salgado, Cristina Colón Bonilla, Elizabeth Cárdenas Ramírez, Yomaira Ortega Salgado, Ruth Villalobos Sotomayor, Rosa Ana Pérez Ricardo, Feliciana Herazo Munzon, Nadis Munzon Barragán, Mónica Castelar Alviz, Jaider Álvarez Román, Martha López Carrascal, Valentín Morelo Bello, Cecilia Rubio Vergara, Feliciana Herazo Pérez, Juventina Villalobos Vertél, Isabel Peinado Carvajalino, Julia Mary Agresoth Marimon, Luz Victoria Morelo Ricardo y Nancy Deulofeuth Álvarez.

References: artículo 32
 artículo 448
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 58
 artículo 99
 artículo 27