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Timestamp: 2017-10-19 01:54:20+00:00

Document:
Supuesto I de la Segunda Parte del test para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (Promoción interna)2012-2013, sobre Derecho Administrativo General.
En fecha 14 de marzo de 2011, un Director General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dicta una resolución administrativa por la que se concede, en régimen de concurrencia competitiva, una beca de investigación de 3 años por un importe de 46.000 euros, a Doña Luisa Carrasco, que reunía todos los requisitos y condiciones establecidos en las bases de la convocatoria para su adjudicación. La resolución administrativa, en la que se hizo constar de manera expresa la desestimación del resto de solicitudes, fue publicada en el BOE el 16 de marzo de 2011.
En este supuesto el Director General actuaba ejercitando una competencia delegada por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte por Orden de 1 de febrero de 2009, sin haberse percatado de que dicha delegación había sido revocada el 15 de febrero de 2011. Posteriormente la señora Carrasco presenta un escrito en el registro general del Ministerio de Educación Cultura y Deporte el día 16 de mayo de 2011, solicitando sea rectificado un error en la cuantía de la beca consignada en la resolución del Director General, puesto que el importe que se establecía en la convocatoria de la misma se cifraba en 49.000 euros.
Con motivo de la tramitación de la solicitud de doña Luisa Carrasco, la Administración advierte el vicio de incompetencia de la resolución del Director General mencionada anteriormente, por lo que inicia un expediente de declaración de lesividad de actos anulables de oficio el 18 de julio de 2011 y, previa audiencia a los interesados, decide declararla lesiva para el interés público el 18 de marzo de 2012 para, posteriormente, impugnarla ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
El Tribunal de instancia da traslado del escrito presentado por la Administración a Doña Luisa Carrasco para que conteste al mismo, lo cual realiza la señora Carrasco en plazo alegando, por un lado, que la resolución administrativa no era lesiva para el interés público y podría haber sido convalidada y, por otro lado, que no había sido recabado por la Administración el dictamen del Consejo de Estado. En relación al supuesto planteado, se formulan las siguientes preguntas:
1. De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante, Ley 30/1992), ¿se debió publicar la revocación de la delegación de competencias efectuada por el
a) No, la Ley 30/1992 establece como único requisito que la competencia sea revocada por el órgano que la haya conferido.
b) Sí, en el Boletín Oficial del Estado.
c) Sí, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma en la que residía Doña Luisa Carrasco.
d) No, la Ley 30/1992 exige que sea publicada la delegación de competencias, pero no su revocación.
2. Si en el procedimiento descrito en el enunciado tres investigadores hubiesen optado a la misma beca que la
concedida a doña Luisa Carrasco, ¿qué recurso podrían haber interpuesto contra la resolución administrativa de 14 de
marzo de 2011, de acuerdo con la Ley 30/1992?
a) Recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución.
b) Recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución.
c) Recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha en que la resolución fue dictada.
d) Recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha en que la resolución fue dictada.
3. ¿Quién es el órgano competente para resolver el recurso al que hace referencia la pregunta anterior?
b) El Director General que dictó la resolución recurrida.
d) El Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
4. De acuerdo con la Ley 30/1992, ¿podrían los tres investigadores de las dos preguntas anteriores haber presentado un
único escrito de recurso?
a) No, cada interesado debería actuar de forma independiente.
b) Sí, pero sólo si designasen un representante común con el que efectuar las posibles notificaciones, aunque sus
pretensiones sean distintas.
c) Sí, si el contenido y fundamento de sus pretensiones fuese idéntico o sustancialmente similar.
d) No, salvo autorización expresa de la Administración.
5. Conforme a la Ley 30/1992 ¿de qué plazo disponía Doña Luisa Carrasco para solicitar la rectificación de errores de la
resolución administrativa?
a) Un mes desde que la resolución fue publicada.
b) Dos meses desde que la resolución le fue publicada.
c) Tres meses desde que la resolución le fue publicada.
d) Esta solicitud no está sujeta a plazo, podrá solicitarse en cualquier momento.
6. De acuerdo con la Ley 30/1992 ¿qué vicio podría constituir que la Resolución de 14 de marzo de 2011 haya sido
dictada por el Director General?
a) Nulidad de pleno derecho.
c) Irregularidad no invalidante.
d) No constituye vicio alguno.
7. Conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la Administración no resuelve en el plazo máximo la solicitud de
doña Luisa Carrasco, presentada el 16 de mayo:
a) El silencio administrativo tiene efecto desestimatorio.
b) El silencio administrativo produce la caducidad del procedimiento.
c) El silencio administrativo produce la prescripción del procedimiento.
d) El silencio administrativo tiene efecto estimatorio.
8. En este supuesto y de acuerdo con la Ley 30/1992 ¿ha adoptado la Administración la declaración de lesividad en
a) No, puesto que la tendría que haber adoptado antes de que hubiesen transcurrido seis meses desde que se inició el
procedimiento de declaración de lesividad.
b) No, puesto que la tendría que haber adoptado antes de que hubiese transcurrido un año desde que la resolución
administrativa del Director General fuese publicada; es decir, el plazo acababa el 17 de marzo de 2012.
c) Si, puesto que la declaración de lesividad puede adoptarla la Administración en cualquier momento.
d) Si, puesto que la declaración de lesividad puede adoptarla la Administración antes de que transcurran cuatro años desde
que el acto haya sido dictado.
9. De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa (en adelante Ley 29/1998) ¿de qué plazo dispone la Administración para acudir a la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa en este caso?
a) Seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesividad.
b) Cuatro meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesividad.
c) Dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha declaración de lesividad.
d) Podrá acudir en cualquier momento.
10. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, ¿era necesario recabar el dictamen del Consejo de Estado con
carácter previo a declarar la lesividad de la Resolución del Director de 14 de marzo de 2011?
a) Sí, el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo y vinculante
b) Sí, el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo pero no vinculante.
c) Sí, el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo y además debe ser favorable.
d) No, para declarar la lesividad de un acto no se exige el dictamen previo del Consejo de Estado.
11. El programa informático que utiliza el Ministerio de Educación Cultura y Deporte para la tramitación del procedimiento
de concesión de becas fue adquirido a la empresa "Mi PC", que lo había desarrollado a la medida de las necesidades
de ese Departamento. Indique ante qué clase de contrato nos encontramos:
a) Contrato de colaboración.
b) Contrato de suministros.
c) Contrato de servicios.
d) Contrato de gestión de servicios públicos.
12. Conforme a lo previsto en el artículo 303 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , el contrato al que se hace referencia en la
pregunta anterior no podrá tener un plazo de vigencia superior a:
a) Diez años, incluidas las prórrogas.
b) Seis años, incluidas las prórrogas.
c) Cuatro años, sin posibilidad de prórrogas.
d) Diez años, sin posibilidad de prórrogas.
1. Conforme a lo establecido la Ley 30/1992 ¿de qué plazo dispone la Administración para resolver las solicitudes de
rectificación de errores?
a) Tres meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
b) Un mes desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su resolución
c) Seis meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
d) La Administración puede resolver la solicitud de rectificación de errores en cualquier momento.
2. indique la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 29/1998, el recurso de lesividad se iniciará:
a) Por un escrito limitado a indicar la resolución que se impugna y a solicitar que se tenga por interpuesta.
b) Por demanda.
c) Con la propia declaración de lesividad.
3. Conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, ¿podría haberse convalidado la resolución administrativa como alega la
señora Carrasco?
a) Sí, podría haberse convalidado por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
b) Sí, podría haberse convalidado por el propio Director General que dictó la resolución administrativa.
c) Sí, podría haberse convalidado por el Consejo de Ministros.
d) No, puesto que la resolución administrativa adolece de un vicio de nulidad de pleno derecho.
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 Resolución 
 artículo 303
 Real Decreto 
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