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Timestamp: 2017-05-26 13:14:09+00:00

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Conociendo tus derechos.: abril 2013
Se trata de un procedimiento por el que un ciudadano puede cambiar sus apellidos, el orden de éstos o su nombre. Puede solicitar el cambio todo aquel que tenga una causa justa para ello si la modificación no perjudica a terceras personas.
-Que los apellidos que resulten del cambio, no pertenezcan a una sola línea, sino que sean uno de la paterna y el otro de la materna.
No obstante, las normas del Registro Civil tienen en cuenta determinados casos en los que algunos de dichos requisitos no son exigibles:
-No es necesario que concurra el primero de los señalados cuando se trate de apellidos que ocasionen graves inconvenientes o cuando exista riesgo de que desaparezca un apellido español.
-No es necesario que concurran ninguno de dichos requisitos cuando se den circunstancias excepcionales.
-Tampoco es necesario que concurra ninguno de los requisitos en el caso en que el solicitante del cambio de apellidos sea objeto de violencia de género.
Casi todos los nombres son hoy posibles. Solamente serán rechazados aquellos nombres que infrinjan algunas de las prohibiciones establecidas en la legislación.
No pueden imponerse más de dos nombres simples o de uno compuesto. El nombre no puede perjudicar objetivamente a la persona. No se admiten los que hagan confusa la ni los induzcan en su conjunto a error sobre el sexo. No se puede atribuir a un hermano el nombre de otro hermano vivo.
En el caso de nombres propios que consten en sistema de escritura distinto al nuestro se consignarán mediante su transcripción o transliteración, de manera que se consiga una adaptación gráfica y una equivalencia fonética.
Por el contrario, no procede el cambio de nombre propio, por falta de justa causa, cuando se pretenden cambios insignificantes de nombre propio. Sólo son admisibles estos cambios cuando tienen como fin corregir ortográficamente el nombre propio incorrectamente escrito.
Ha de concurrir justa causa y no seguirse perjuicio para terceras personas. El cambio de nombre se realiza, previo expediente, por el encargado del Registro Civil del domicilio del interesado.
orden de presentarse periódicamente ante la autoridad designada por el Juez retirada de pasaporte y prestación de una fianza
10 Noticias importantes de la actualidad Jurídica( Semana del 21-28 Abril)
1ºEl PP aprueba una nueva ley hipotecaria con un rechazo unánime
El gobernante Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta en el Congreso, aprobó el jueves con únicamente sus propios votos una reforma de la ley hipotecaria española que ha producido un amplio rechazo en la oposición y los grupos de ciudadanos que fueron los primeros en movilizarse para detener los desahucios y reformar la ley.
2ºEspaña, único país del mundo con dación de pago selectiva por exigencia legal
España rompe tabúes. Se ha convertido en el único país del mundo con dación de pago obligatoria por ley, aunque muy restringida en su aplicación.
3º¿Quiénes no están obligados a declarar en la Renta 2012?
4ºLos menores serán considerados víctimas directas de la violencia de género
El Gobierno reformará la Ley integral contra la violencia de género para incluir a los hijos de las mujeres maltratadas también como víctimas directas, según el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 que aprobó el pasado viernes y que tiene como objetivo reforzar la protección del menor.
5ºLa sala de lo Civil del TS unificará doctrina sobre las participaciones preferentes
El próximo 9 de mayo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se va a reunir en pleno para conocer de un recurso extraordinario por infracción procesal y de un recurso de casación sobre la demanda de un matrimonio contra el Banco de Santander. Lo que se decida sentará jurisprudencia, debiendo los tribunales en las causas civiles de las preferentes guiarse tal y como establezca el Supremo en su sentencia.
6º¿Trabajaría en una empresa que le obliga a estar sano?
Las prácticas invasivas y exageradas en cuestiones que afectan a la salud de los empleados y a su intimidad empiezan a ser una norma para compañías que exceden los límites y el control.
7ºAbogacía y Trabajo Social piden al Gobierno que generalice las Oficinas de Intermediación Hipotecaria para evitar desahucios
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, junto con el decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, han presentado esta mañana al Gobierno un proyecto conjunto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) que pretende evitar, mediante la intermediación entre las entidades bancarias y los deudores, el mayor número posible de ejecuciones hipotecarias.
8ºAprobado el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje
La Comisión de Educación y Deporte del Congreso aprobó ayer el informe de la ponencia del proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. De este modo, sigue su tramitación parlamentaria en el pleno, donde figura en el Orden del Día del 9 de mayo.
9ºBanco Santander deberá devolver el dinero cobrado a los alumnos de Opening
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se condena al Banco Santander, entre otras entidades, a devolver a los alumnos de la red de academias de inglés Opening las cuotas de los préstamos pagados desde que se produjera el cierre de la empresa en agosto de 2002.
10ºEn España no existe una legislación sucesoria específica para resolver el legado de los bienes digitales.
Este vacío legal ya plantea problemas a notarios y abogados.
La convivencia en una comunidad de propietarios no siempre es fácil, a la existencia de morosos la cual está aumentando de manera desproporcionada, existen otros problemas que pueden dejar los controversias que se viven en programas de televisión como( la que se avecina), en meras anécdotas, en el artículo de hoy les voy a contras las principales vías para intentar luchar contra vecinos poco cívicos.
Primer método: El primer paso que realizaremos será el menos agresivo y es intentar dialogar con el vecino que está provocando el ruido, muchas veces las personas no son conscientes que el ruido que están haciendo pueden resultar molestos, si conseguimos solucionar el problema en este paso podremos evitar en meternos en procesos largos.
Segundo método: administrativa, aquí dirigiremos una denuncia mediante escrito al ayuntamiento, donde argumentaremos de la manera más clara el tipo de ruido, horas, personas, afectadas , o sea una descripción detalla sobre la procedencia de los ruidos y de quien los provoca.
En caso de que el ayuntamiento se mantenga inactivo podemos acudir a la vía contencioso-administrativa.
En este punto existen una gran variedad de procesos caben destacarse:
• En todos los casos se precisa asistencia de abogado
Tercer Método: Vía Civil, en este punto podemos iniciar con una demanda ordinaria “reclamando daños y perjuicios” (art 1902 Código Civil), en caso de que la vivienda sea alquilar el arrendador puede rescindir el contrato (art.27.2 Ley de Arrendamientos Urbanos)
En supuestos de viviendas acogidas en régimen de propiedad horizontal, la comunidad puede solicitar mediante procedimiento judicial la cesación de la actividad (art 7 Ley Propiedad Horizontal)
En estos proceso en líneas generales se necesitara abogado salvo limitación por cuestión de cuantía.
Cuarto Método: Este método es en los supuestos más graves donde se pongan en grave riesgo la salud del demandante ( art.325 Código Penal), en este tipo de casos es conveniente contar con testigos y será de gran ayuda un certificado médico donde se acredite los daños provocados por el ruido, la denuncia deberemos presentarla o bien ante el Juzgado o bien ante la Fiscalía.
La pena impuesta para este tipo de delito según el código penal 2 a 5 años, como se puede observar es una pena elevada pero esta reservada para supuestos concretos sumamente graves, para presentar denuncia no será necesario abogado, ahora bien en caso de que sea una Querella si será necesario.
Quinto Método: Vía recurso de Amparo, este proceso será el que se debe realizar una vez agotada la vía judicial si consideramos que no se han cumplido las expectativas de nuestras pretensiones.
Se interpone ante el Tc basándose en el artículo 18 Ce ( violación derecho intimidad y la inviolabilidad del domicilio)
Sexto Método: Escrito ante el Defensor del Pueblo, el escrito no necesitara formalidad de ningún tipo, donde si el Defensor considera que se esta incumpliendo por parte de autoridades y funcionarios le recomendara que deben hacer aunque esta recomendación no es de obligatorio cumplimiento, los funcionarios finalmente deberán dar una respuesta a la solicitud del Defensor en plazo 1 mes.
Espero que esta pequeña guía le sirva de ayuda,ya que según parece estos problemas son una constante en muchísimas comunidades, un saludo a todos/as
Procede la curatela para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.
Si la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos en que deba ser necesaria la intervención del curador, se entenderá que ésta se extiende a los mismos actos en que los tutores necesitan, autorización judicial.
Los actos jurídicos realizados sin la intervención del curador, cuando ésta sea preceptiva, serán anulables a instancia del propio curador o de la persona sujeta a curatela.
2.º Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.
1.º Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere sólo con uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y sin necesidad de especial nombramiento, representar y amparar al menor o incapacitado.
2.º En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.
3.º En todos los demás casos previstos en el Código Civil.
Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor o del presunto incapaz y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.
En el contrato de compra y venta una de las partes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. El señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato.
Si al tiempo de celebrarse la venta se hubiese perdido en su totalidad la cosa objeto de la misma, quedará sin efecto el contrato. Pero si se hubiese perdido sólo en parte, el comprador podrá optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, abonando su precio en proporción al total convenido.
Capacidad para la celebración del contrato.
Podrán celebrar el contrato de compra y venta todas las personas que estén para obligarse, salvo las modificaciones contenidas a continuación: Los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente. No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:
Obligaciones del vendedor El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato.
El vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida, si el comprador no le ha pagado el precio o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago. Tampoco tendrá obligación el vendedor de entregar la cosa vendida cuando se haya convenido en un aplazamiento o término para el pago, si después de la venta se descubre que el comprador es insolvente, de tal suerte que el vendedor corre inminente riesgo de perder el precio.
El vendedor responderá al comprador:
Del saneamiento en caso de evicción.
Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o suprimir esta obligación legal del vendedor. Pero era nulo todo pacto que exima al vendedor de responder de la evicción , siempre que hubiere mala fe de su parte.
Del saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida.
El comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándose le los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.
Si la cosa vendida tenía algún vicio oculto al tiempo de la venta, y se pierde después por caso fortuito o por culpa del comprador, podrá éste reclamar del vendedor el precio que pagó con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse.
Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al comprador los daños e intereses. Las acciones que emanan de lo dispuesto anteriormente se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida.
La venta se resuelve por las mismas causas que todas las obligaciones, y además, por las expresadas en los capítulos anteriores, y por el retracto convencional o por el legal.
1- Abonar la renta estipulada y hacer frente los
gastos asimilados acordados 2-Usar la cosa arrendada con la debida diligencia
destinándola a satisfacer su necesidad primaria permanente de vivienda o la de
su cónyuge o hijos dependientes 3- Abstenerse de variar la forma de la cosa
arrendada, de ejecutar obras sin consentimiento del arrendador, 4- Soportar las obras de mejora no diferibles a
la expiración del contrato 5- Comunicar al arrendador las usurpaciones o
novedades dañosas que un tercero haya realizado o abiertamente prepare en la
cosa arrendada 6-Llevar a cabo las pequeñas reparaciones que
exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda 7-Prestar la fianza En el caso de que el arrendatario no cumpliese
con lo pactado, el arrendador podrá pedir la rescisión del contrato y la
indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato
El arrendatario debe devolver la vivienda arrendada, al concluir el arrendamiento, tal
como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el
tiempo o por causa inevitable. El arrendatario es responsable del deterioro
causado por las personas y animales de su casa.
1- Entregar al arrendatario la vivienda objeto
del contrato 2-Ejecutar las obras necesarias para la
conservación de la vivienda 3-Mantener al arrendatario en el uso pacífico de
la cosa arrendada durante el tiempo pactado 4-El saneamiento de la cosa arrendada 5-La exigencia de fianza Realización de obras
de mejora El arrendatario estará obligado a soportar la realización
por el arrendador de obras de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente
diferirse hasta la conclusión del arrendamiento. El arrendador que se proponga realizar una de
tales obras deberá notificar por escrito al arrendatario, al menos con tres
meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y coste previsible.
El arrendatario que soporte las obras tendrá
derecho a una reducción de la renta en proporción a la parte de la vivienda de
la que se vea privado por causa de aquéllas, así como a la indemnización de los
gastos que las obras le obliguen a efectuar. Reparto de los Gastos Generales
Las partes pueden pactar que los gastos generales
para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y
responsabilidades que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios,
sean a cargo del arrendatario.
generales aquéllos necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble que
no sean susceptibles de individualización como son: los trasteros, plazas de
garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios
cedidos No obstante dicho pacto no exonerará al
propietario de hacer frente a sus obligaciones fiscales, aunque pueda derivar
la obligación económica de pago al arrendatario. El impago de los gastos de
comunidad y del IBI fundamentaría la resolución de un contrato de arrendamiento .
En cuanto a las obras y reformas hay que decir que los propietarios podrán hacer todas las obras que deseen, sólo en su propiedad (piso o local) siempre que: No alteren la seguridad del edificio o su estructura general.
No perjudique los derechos de otro propietario. Comunique la realización de tales obras previamente a la Comunidad.
El propietario del piso o local no podrá realizar actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las normas generales. El propietario que no cumpla lo establecido en los estatutos o realice actividades que puedan ser perjudiciales, será requerido por el presidente de la comunidad para que cese en su actuación. Si aún así continua o persiste en la realización de dichas actividades podrá ser demandado judicialmente por el presidente con autorización de la Junta de Propietarios La sentencia judicial podrá contener algunas de las siguientes medidas: Que el infractor ponga fin definitivamente a la actividad prohibida. Que el infractor indemnice a la Comunidad por los daños y perjuicios causados. Que el infractor sea privado del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años.
Respetar las instalaciones generales de la Comunidad y demás elementos comunes. Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local. Consentir en su vivienda o local las reparaciones y entradas que exija el servicio del edificio y permitir en él las servidumbres imprescindibles para la creación de servicios comunes de interés general Contribuir, con arreglo a su cuota de participación, a los gastos generales. El comprador de la vivienda o local responde con el propio inmueble que adquiriere, de las cantidades adeudadas a la Comunidad de Propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que correspondan al año en el que se realiza la compra y al anterior. Observar la diligencia debida en el uso del inmueble Comunicar al secretario de la comunidad el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de todo tipo relacionadas con la Comunidad. Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la Comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local.
Obligaciones de la Comunidad La Comunidad está obligada a realizar las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad.
Por otra parte, ningún propietario puede exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras que no sean necesarios para la adecuada conservación, habitabilidad y seguridad del edificio Las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste.
7 noticias importantes de la actualidad jurídica y social (15-21 abril)
1º Un juzgado de Arrecife anula una hipoteca por usura al tener un interés moratorio del 19%
El auto también dispone que la concepción de los intereses moratorios como una sanción o pena por el incumplimiento de la obligación de pagar las cuotas del préstamo hipotecario “carece de sentido” actualmente. Y añade: “La inmensa mayoría de las personas que dejan de pagar un préstamo hipotecario lo hacen sin ningún tipo de culpa por su parte sino por el hecho de haber perdido su trabajo y encontrarse en el paro”
Enlace noticia entera
2ºLos jueces unifican criterios sobre las ejecuciones hipotecarias a la espera de que se reforme la normativa
Jueces de varias provincias españolas están unificando criterios en relación a los procedimientos de ejecución hipotecaria. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo estableció que la legislación española sobre desahucios no se adecua a la normativa europea pero el Parlamento español todavía no ha adaptado las leyes nacionales a los requisitos europeos. Por ello, muchos jueces están considerando que el ciudadano se encuentra actualmente en una situación de inseguridad jurídica y a la luz de la posible nulidad de ciertas cláusulas por abusivas, están reuniéndose para acordar criterios y evitar así resoluciones contradictorias.
3ºSe simplificarán los 40 modelos de contratos de trabajo existentes
Enlace noticia 4ºEl Tribunal Supremo confirma una multa a BP por fijación indirecta de precios en las estaciones de servicio de empresarios independientes
British Petroleum-Oil España, S.A.U. (BP) fue, al igual que otras dos operadoras (Repsol y Cepsa), sancionada por la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009 por haber incurrido en prácticas contrarias a la competencia, prohibidas por el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 16 de julio, de Defensa de la Competencia, y el artículo 81 del Tratado de la Comunidad Económica Europea. Se trata de las consistentes en haber fijado indirectamente el precio de venta al público a empresarios independientes que actúan bajo su bandera restringiendo así la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de las estaciones de servicio; fijación que supuso un alineamiento de precios entre esas operadoras. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena.
5ºEl Congreso da luz verde a la ley antidesahucios La norma entrará en vigor a principios de mayo e incluirá una reducción de la deuda de los afectados de hasta el 35% y un tope a los intereses de demora que cobran las entidades
6-El Supremo valida las notificaciones electrónicas como medios de prueba fehacientes
7ºEl TS confirma que el "singular" indulto al banquero Sáenz fue irregular y no tiene precedentes en su jurisprudencia
Todos los ciudadanos podrán denunciar hechos que constituyan una infracción de la Ley de Seguridad Vial, pero los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y los Agentes encargados del servicio de Vigilancia del Tráfico tienen la obligación de hacerlo siempre.
La denuncia efectuada por los agentes de tráfico deberá contener una serie de datos para que sea válida:
La notificación de la denuncia al infractor
Las denuncias se deben notificar en el acto, si no es posible podrán notificarse por correo electrónico o también la notificación se realizará en el domicilio que figure en los Registros de la Dirección General de Tráfico.
Las declaraciones de los agentes tienen valor probatorio respecto de los hechos denunciados y se presumen ciertas. Para oponernos a ellas podemos proponer todas las pruebas que consideremos necesarias.
La Ley de Seguridad Vial contempla dos tipos de procedimiento sancionador: El procedimiento abreviado y el ordinario dependiendo de si se procede o no al pago de la multa impuesta dentro de los 15 días siguientes
Este procedimiento permite el conductor beneficiarse de una reducción del 50 % del importe de la multa, pero implica la renuncia a presentar alegaciones. Una vez realizado el pago termina automáticamente el procedimiento. El pago pone fin a la vía administrativa, y podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en del plazo de 2 meses desde el día siguiente al que se realice el pago.
La sanción solo constará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores si lleva aparejada la pérdida de puntos.
El interesado dispondrá, después de notificada la denuncia, un plazo de 15 días naturales para formular las alegaciones y proponer pruebas. La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar a los 30 días naturales.
El organismo competente para sancionar la infracción dispone de un plazo de 3 meses en caso de infracciones leves, de 6 meses en el de graves y muy graves. Estos plazos se cuentan a partir de la fecha en la que se comete la infracción, por lo que puede decirse que las infracciones prescriben a los 3 o a los 6 meses desde su comisión.
Contra las resoluciones dictadas, puede interponerse el llamado recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ministro del Interior quien podrá delegar sus competencias para resolver en la Dirección General de Tráfico.
Si la resolución pone fin a la vía administrativa, puede interponerse el denominado recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de 1 mes o directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses.
Donde y cuando hay que pagar las multas
En los órganos de recaudación de la Administración gestora, directamente o a través de entidades bancarias colaboradoras.
Una vez sea firme la resolución, tendremos 30 días naturales para pagar la multa. Si no se realiza el pago, se iniciará un procedimiento de apremio para proceder al embargo por la cuantía de la sanción, los intereses de la deuda y de las costas. Normalmente se embargarán los saldos de cuentas corrientes y las devoluciones de las declaraciones de la renta que tengamos a nuestro favor en la Agencia Tributaria.
Si la sanción consiste no sólo en el pago de una multa sino en la suspensión o revocación del permiso de conducir, el órgano sancionador nos requerirá para que lo entreguemos. Nos devolverán el permiso cuando haya transcurrido el tiempo que dure la sanción.
Las infracciones de tráfico pueden calificarse como graves, muy graves y leves. Serán consideradas infracciones muy graves: No respetar los límites de velocidad establecidos legalmente. Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas superando las tasas permitidas, o haber consumido estupefacientes, psicotrópicos, y sustancias similares. No cumplir con la obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia cuando son requeridos por la autoridad. Conducir de forma temeraria. Instalar inhibidores de radar y dispositivos similares. No identificar al conductor responsable de la infracción. Ocupar más del número de plazas del vehículo. Competir o hacer carreras de vehículos no autorizadas. Circular sin las autorizaciones administrativas pertinentes.
Son infracciones graves: Conducir de forma negligente. No respetar los límites de velocidad. Arrojar a la vía objetos. Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores etc. No respetar el semáforo, ni las señales de stop o ceda el paso. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco. Las paradas y estacionamientos en lugares peligrosos que obstaculicen. Circular sin luces en situaciones de mala visibilidad o, por el contrario, deslumbrando al resto de los conductores o usuarios de la vía.
Las sanciones Las infracciones que hemos comentado en los párrafos anteriores serán sancionadas de la siguiente forma: Las infracciones leves se sancionan con una multa de hasta 100 euros; las infracciones graves con multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros.
La responsabilidad recaerá siempre sobre la persona que la haya cometido: El titular del vehículo: Es responsable de las infracciones referentes a la documentación del vehículo y a su estado de conservación.
El titular deberá manifestar si el infractor es él mismo o una tercera persona; si no lo hace puede ser condenado como autor de una falta muy grave. El fabricante: Es responsable tanto del vehículo como de sus componentes.
Que responsabilidad se puede exigir La responsabilidad derivada de una infracción de tráfico puede ser: Administrativa: Las infracciones se sancionan en función de su gravedad. Penal: Las infracciones de tráfico pueden implicar también la comisión de un delito como el de la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas los que a su vez se derivan responsabilidades civiles con la finalidad de indemnizar los daños que se han causado.
Jornada de trabajo, permisos y vacaciones ¿Qué es el período de prueba? es un tiempo acordado entre trabajador y el empresario, para comprobar si el trabajador está o no capacitado para desarrollar el trabajo para el
que ha sido contratado. Cualquiera de ellos puede dar por finalizada la relación laboral sin preaviso y sin derecho a indemnización.
Si el trabajador ya ha desempeñado con anterioridad para la misma empresa las
mismas funciones para las que se le contrata nuevamente, se entenderá suprimido el período de prueba.
¿Cuanto puede o debe durar? Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los
límites de duración que se establezcan en los Convenios Colectivos. En defecto
de pacto en Convenio, la duración del período de prueba no podrá exceder de
seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores.
En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el período de prueba no
podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos
Durante el período de prueba, el trabajador tiene los derechos y obligaciones que corresponden al puesto de trabajo
que desempeña como el resto de la plantilla. La duración del periodo de prueba computa a
Jornada de trabajo. Normalmente se trabajarán 40 horas semanales. Pero mediante acuerdo entre la empresa y los representantes de los
trabajadores, podrán establecer la distribución irregular de la jornada
Los tiempos mínimos de descanso serán: Entre el final de la
jornada y el comienzo de la del día siguiente debe mediar como mínimo 12
Cuando la jornada diaria continua supere las 6 horas diarias, debe de existir un periodo de descanso de al menos 15 minutos. Los menores de
18 años no podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo
Los trabajadores tendrán
un descanso mínimo semanal de día y medio sin interrupción,
que será de 2 días en el caso de los menores de 18 años.
Las fiestas laborales tienen carácter retribuido.
Horas extraordinarias La realización de horas extraordinarias es voluntaria, pero
pueden ser exigidas por el empresario cuando exista pacto al respecto o
así figure en el convenio colectivo o en los casos en los que su realización
sea necesaria para prevenir o reparar siniestros.
El límite máximo de las horas extraordinarias no puede
ser superior a 80 horas al año.
¿Todos los trabajadores pueden realizar horas extraordinarias? La realización de horas extraordinarias está prohibida a
los siguientes grupos de trabajadores:
Menores de 18 años. Trabajadores nocturnos. En los trabajos que se realizan en el interior de las minas salvo
¿Cuanto tiempo duran las vacaciones? La
duración de las vacaciones puede establecerse por pacto entre trabajador y
empresario, o por convenio colectivo, pero su tiempo no puede ser inferior a 30 días
Cuando se disfrutan? Las vacaciones deben disfrutarse por el
trabajador dentro del año natural en el que se devengan. Su
disfrute no puede ser sustituido por una compensación
económica ni acumularse a las que se devenguen en años sucesivos. Si el
período de vacaciones coincide en el tiempo con una incapacidad temporal
derivada de embarazo, parto o lactancia natural, o con la suspensión del
contrato de trabajo por causas económicas, se tendrá derecho a
disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año
natural a que correspondan.
Retribución Las
vacaciones anuales son retribuidas y la cuantía de
su retribución coincide con la que perciba normalmente el trabajador en su
jornada habitual. También están lo que se conoce como permisos retribuidos o licencias, y su duración y características se regulan legalmente.
Matrimonio: tiene un periodo de 15 días naturales. Embarazo: el tiempo indispensable para
consultas medicas etc Maternidad: un permiso de 16 semanas en los casos de parto simple Adopción:
El permiso puede ser disfrutado por la
madre o el padre indistintamente y
su duración dependerá de la edad del menor: 16 semanas en el caso de menores de 9 meses o de 6 semanas en el caso de que
el niño sea mayor de 9 meses y menor de 5 años. Nacimiento o fallecimiento de
hijo, enfermedad grave
o fallecimiento del cónyuge o familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad. El trabajador podrá ausentarse durante 2 días o 4 en los casos en los
que tuviese que desplazarse. Lactancia del hijo menor de 9 meses: una hora de ausencia al trabajo que podrá dividirse en dos
fracciones de media hora. Por mudanza: un día. Para el cumplimiento de
un deber inexcusable de
naturaleza pública y personal, el trabajador dispondrá del tiempo indispensable
que le permita cumplir con esta obligación Para el ejercicio
de funciones sindicales, el tiempo que legalmente se establezca Para la formación o perfeccionamiento profesional
con reserva del puesto de trabajo Para la
realización de exámenes académicos,
el tiempo necesario Para la
realización de asuntos propios,
lo que establezca el convenio o lo acordado con el empresario ; normalmente
carecen de retribución

References: artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 81
 resolución 
 resolución