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Odebrecht pacta con RD para delatar sobornados con los US92 millones y ser procesados | Periódico Sin Cortapisa
Odebrecht pacta con RD para delatar sobornados con los US92 millones y ser procesados
22 abril, 2017 Redaccion 69 Views
Santo Domingo.- En el acuerdo de holomogación con Odebrecht dado a conocer este jueves por la Procuraduría General de la República, bajo ningún concepto implica una renuncia del país a continuar con el proceso de investigación para dar con los funcionarios que resulten implicados dentro del soborno de los 92 millones de dólares de la empresa brasileña, como había anticipado, el procurador Jean Rodríguez.
Igualmente, según se establece en el acuerdo, la empresa en cuestión se compromete a ofrecer todas las informaciones que sean requeridas por el país y que permitan apresar a los funcionarios dominicanos impolicados en actos de sobornos hecho por un representante de la empresa brasileña.
Mediante este acuerdo de homologación la empresa constructora brasileña Odebrecht se compromete a pagar al Estado US$184.0 millones en ocho años.
TEXTO INTEGRO DEL ACUERDO REFORMULADO
Ministerio Público, órgano constitucional perteneciente al sistema de justicia que actúa por intermedio del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez, y de la Directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Lic. Laura Guerrero Pelletier (en lo adelante, indistinta e individualmente, denominado «PGR», «PEPCA», o colectivamente «MP»), en sus funciones de dirección de la investigación penal, titular de la acción pública en representación de la sociedad, de promoción de defensa del interés público tutelado por la ley y la resolución alternativa de disputas; de un lado, y del otro,
Odebrecht, S. A. (en lo adelante «Odebrecht»), sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República Federativa de Brasil, debidamente registrada en el CNPJ/MF bajo el número 05.144.757/0001-72, con domicilio en Avenida Luis Viana, n° 2841, Edificio Odebrecht, Ciudad de Salvador, Estado de Bahía, República Federativa de Brasil, debidamente representada Dr. Mauricio Dantas Bezerra, brasileño, mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad brasileña n. 0547769610 SSP/BA y del pasaporte brasileño FJ 166885, con su domicilio profesional en Rua Lemos Monteiro, n. 120, 14° piso, Butantá, CEP 05501-050, en la Ciudad de Sáo Paulo/SP, República Federativa de Brasil; quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lic. Robert Valdez, dominicano, mayor de edad, abogado de los Tribunales de la República, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0056740-8, con su domicilio profesional en la Avenida 27 de Febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, Plaza Dominica, No. 421, Local 4-C-4, del Distrito Nacional; quienes declaran tener la capacidad suficiente para representar a Odebrecht, y suscribir los términos y condiciones del presente acuerdo de manera que sean vinculantes para ambas.
En fecha primero (1°) de febrero del dos mil diecisiete (2017) las partes suscribiera un acuerdo en el que convinieron esencialmente el compromiso de Odebrecht de suministrar información relevante que permita determinar las implica ramificaciones y actores responsables en República Dominicana de la estructura internacional de sobornos reconocida por esta última en el «Acuerdo de Lendad» suscrito el veintiuno (21) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) entre dicha empresa el Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y la Procuraduría General de Suiza.
Dicho acuerdo contemplaba como vehículo procesal tendente a su concretización jurídica tanto la figura de la conciliación como el criterio de oportunidad establecidos en los artículos 87 y 370.6, respectivamente del Código Procesal Penal y normas complementarias, y en tal virtud se convino someter la misma a la homologación judicial correspondiente.
Por tal razón y en vista de que se mantiene incólume el interés de las partes de concretizar el acuerdo, éstas han decidido reformular el mismo en algunos aspectos que permitan reintroducirlo ante el tribunal competente para fines de aprobación y/o autorización, bajo la figura del Criterio de Oportunidad, que es el vehículo procesal que han considerado jurídicamente viable.
La presente Reformulación de Acuerdo sustituye y deja sin efectos jurídicos el Acuerdo suscrito entre las partes el primero (1°) de febrero del dos mil diecisiete (2017).
Las partes tienen a bien a suscribir el presente acuerdo con el objetivo de atender y/o defender el interés público tutelado por la ley mediante una colaboración de Odebrecht con el MP en ocasión a los hechos admitidos por Odebrecht en los acuerdos de lenidad (plea agreements) suscritos con Brasil, Estados Unidos de América y Suiza (los ‘Acuerdos de Lenidad»), mediante los cuales -y para el caso de la República Dominicana- establece que «entre 2001 a 2014 realizó pagos por la suma de más de noventa y dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$92,000,000.00) a funcionarios públicos del gobierno de la República Dominicana, directamente o a través de intermediarios, a los fines de facilitar o asegurar ciertos contratos de construcción de obras de infraestructura en la República Dominicana» (los «Hechos Declarados y Admitidos»).
La Convención Interamericana contra la Corrupción del 29 de marzo de 1996, ratificada por la República Dominicana mediante resolución No.489-98, del 1ro. de noviembre del 1998, considera en su artículo VI. 1.b como acto de corrupción el ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
En cumplimiento de los compromisos adquiridos por la República Dominicana mediante la Convención Interamericana contra la Corrupción, se promulgó y publicó la ley número 448-6 sobre soborno en el comercio y la inversión. De forma similar a la convención, en dicha legislación se establece en el artículo 3 que toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno nacional.
Que tal y como lo establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.
En el artículo 30 del Código Procesal Penal (CPP en lo adelante) se establece que el MP tiene la obligación de perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia, pero en su parte in-fine ese mismo texto legal establece la posibilidad de suspender, interrumpir y hacer cesar la acción pública en los casos establecidos por el mismo código o por leyes especiales.
El CPP dispone también en su artículo 1 que los tribunales -por ende el ministerio público como parte del sistema de justicia-, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es obligación de los Estados miembros y es un derecho de la sociedad como conjunto, conocer lo ocurrido respecto de los hechos penalmente relevantes. Igualmente ha sido considerado por esta jurisdicción que los Estados miembros tienen el deber de actuar con diligencia en la investigación de los hechos punibles, todo lo cual se enmarca dentro de la obligación general de investigar los hechos punibles.
El artículo 88 del CPP también establece la obligación del MP de conducir la investigación y practicar u ordenar practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsable.
La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo V.2 establece que cada Estado parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción
En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se acordó que cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el delito se cometa en su territorio y cuando el delito se cometa contra el Estado parte.
En dicha Convención de las Naciones Unidas se ha establecido que cada Estado parte velará por que se ejerzan las facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su Derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.
Si bien el CPP establece que la acción pública es obligatoria, el MP puede suspender, interrumpir y hacer cesar la acción pública en los casos y según lo establecido en dicha norma, siempre que con ello se optimicen los procesos de investigación para lograr objetivos de mayor relevancia para la política criminal del Estado Dominicano.
Es admitido por la normativa procesal que el proceso penal tiene el carácter de medida extrema de la política criminal (art. 2 CPP), por lo cual y siempre que no signifique una renuncia al deber del MP de esclarecer lo ocurrido, podrá aplicar mecanismos alternativos de resolución de conflictos y fórmulas de simplificación procesal.
Por otro lado, el CPP también reconoce que en los casos complejos es necesario aplicar criterios de tolerancia para, al mismo tiempo, hacer más eficiente la persecución penal (Art. 370.6 CPP).
Según las declaraciones de Odebrecht, dadas en ocasión de los Acuerdos de Lenidad, que están siendo investigadas y profundizadas por el MP en los cuales dicha empresa admitió haber pagado valores de forma directa o a través de intermediarios, a funcionarios del Gobierno dominicano para lograr ventajas, principalmente en la concesión y adjudicación de obras y proyectos de infraestructura, y conforme se puede ya confirmar de las investigaciones realizadas por el MP, el presente hecho objeto de persecución es altamente complejo dado que se extienden desde 2001 a 2014, además de que se trata de un hecho transnacional en el que previsiblemente existe pluralidad de imputados.
Por tales motivos, el MP estimó pertinente solicitar la autorización correspondiente para aplicar el procedimiento para asuntos complejos establecido en los artículos 369 al 137s del Código Procesal Penal, petición que fue admitida por el Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante su Resolución No. 01-FEBRERO-2017 de fecha ocho (8) de febrero del dos mil diecisiete (2017), bajo la premisa de que, ciertamente, las características del caso que nos ocupa ameritan conceder al Ministerio Público la extensión de los plazos y las herramientas de investigación especiales contempladas por la normativa procesal penal para casos complejos.
El artículo 6 de la Ley número 448-6 sobre soborno en el comercio y la inversión establece que, en los casos en que el sobornante sea una persona jurídica, será condenado a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a setenta y cinco salarios mínimos.
Dado el interés de Odebrecht de cooperar con la investigación en curso suministrando información relevante que permita determinar los sobornados locales, las circunstancias en que fueron pagados dichos sobornos, así como sus facilitadores y cómplices, el MP ha estimado pertinente, luego de la firma del presente acuerdo, utilizar como vehículo procesal para la concretización de lo acordado, solicitar al Juez de la Instrucción competente la aplicación de un «Criterio de Oportunidad», bajo las reglas del artículo 870.6 del Código Procesal Penal, el cual permite, como ocurre en este caso, prescindir de la acción penal en casos declarados complejos en los que un imputado colabore eficazmente con la investigación suministrando información relevante que permita identificar a otros implicados cuya persecución resulte más prioritaria para la Política Criminal del Estado Dominicano.
vi) Aportar al MP todas las aclaraciones y/o precisiones, documentos, testimonios y cualquier otro medio de prueba relacionadas a los Hechos Declarados y Admitidos bajo los Acuerdos de Lenidad, esto es, que establecen que «entre 2001 a 2014 realizó pagos por la suma de más de US$92 Millones de Dólares a funcionarios públicos del Gobierno de la República Dominicana,, directamente o a través de intermediarios, a los fines de facilitar o asegurar ciertos contratos de construcción de obras de infraestructura en la República Dominicaná, y que han promovido la apertura de una investigación contra Odebrecht en la República Dominicana por parte del MP la cual se encuentra actualmente en curso;
Artículo 2. Hechos Declarados y Admitidos por Odebrecht: Sin perjuicio de ampliar o profundizar sobre dichos hechos, Odebrecht ha admitido que «entre los años 2001 a 2014 realizó pagos por la suma de más de noventa y dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$92,000,000.00) a funcionarios públicos del gobierno de la República Dominicana, directamente o a través de intermediarios, con el fin de facilitar o asegurar ciertos contratos de construcción de obras de infraestructura en la República Dominicana. También declara que muchos de estos pagos eran realizados a través de fondos no registrados en los libros contables de Odebrecht y de su División de Operaciones Estructuradas. Igualmente, admite que a través de estos acuerdos, Odebrecht fue capaz de influir en los presupuestos gubernamentales para ciertas obras y en aprobaciones de financiamiento para ciertos proyectos en República Dominicana”.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 88
 resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 870

Artículo 2