Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/131
Timestamp: 2019-06-25 18:02:02+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 3/1983
SENTENCIA 3/1983, de 25 de enero
ECLI:ES:TC:1983:3
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 222/82 promovida por la Sala Sexta del Tribunal Supremo contra el art. 170 del Real Decreto legislativo 1568/1980, de 13 de junio, texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Han comparecido el Abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno y el Ministerio Fiscal, y sido Ponente el Magistrado don Angel Escudero del Corral, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Habiendo sido condenado don Sebastián Auger Duró al pago de indemnizaciones por Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. 12 de Barcelona, de 15 de septiembre de 1981, anunció su propósito de interponer recurso de casación comprometiéndose a constituir el depósito de 5.000 pesetas a que se refiere el art. 182 de la Ley de Procedimiento Laboral en el momento procesal oportuno. La Magistratura de Trabajo acordó por providencia de 13 de octubre no haber lugar a tener por anunciado el recurso por falta de consignación de la cantidad objeto de la condena incrementada con un 20 por 100 como exige el art. 170 de igual Ley. Formulado recurso de reposición que es desestimado por Auto de 30 de octubre, el actor interpone queja ante la Sala Sexta del Tribunal Supremo alegando que la exigencia del art. 170 de la Ley de Procedimiento Laboral es contrario a la tutela efectiva de los derechos reconocida en el art. 24.1 de la Constitución.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Jerónimo Arozamena Sierra a la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 222/1982, de fecha 25 de los corrientes.
Don Manuel García-Pelayo y Alonso, don Jerónimo Arozamena Sierra, don Ángel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, doña Gloria Begué Cantón, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Ángel Escudero del Corral y don Antonio Truyol Serra.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 41 ] 17/02/1983 Amendment1
Type and record number Cuestión de inconstitucionalidad 222-1982
Date of the decision 25/01/1983
En relación con el art. 170 de la Ley de Procedimiento Laboral. Voto particular
El derecho a la tutela judicial efectiva puede restringirse en la medida que la restricción actúa en servicio de la efectividad o promoción de otros bienes o derechos fundamentales y libertades públicas constitucionalmente protegidas, pues en caso contrario aquélla habría de ser estimada inconstitucional.
El art. 14 de la C.E., que consagra la igualdad de todos los españoles ante la Ley, no establece un principio de igualdad absoluta que pueda omitir tomar en consideración la existencia de razones objetivas que razonablemente justifiquen la desigualdad de tratamiento legal, ya que en tal caso la diferencia de régimen jurídico no sólo no se opone al principio de igualdad, sino que aparece exigida por dicho principio y constituye instrumento ineludible para su debida efectividad.
Esta es la situación que subyace en la cuestión debatida, esto es, el diferente tratamiento que establece el art. 170 de la Ley de Procedimiento Laboral para el trabajador y el empresario por lo que se refiere a la consignación previa como requisito del recurso de casación. Tal diferenciación se funda no sólo en la distinta condición económica de ambos sujetos, sino en su respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula, que es de dependencia o subordinación de uno respecto del otro. Es una desigualdad que no se quiebra por la contemplación aislada de supuestos excepcionales en que la elevada cualificación del trabajador, su remuneración o su relativa autonomía en la prestación del trabajado reduzcan o maticen las respectivas posiciones de las partes; el legislador, al regular las relaciones de trabajo, contempla necesariamente categorías, no individuos concretos.
El mandato contenido en el art. 9.2 de la C.E., que exige de los poderes públicos la obligación de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas», propugna una igualdad real que, en el ámbito de las relaciones laborales, exige un mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador. Siendo esto así, la diferencia de tratamiento establecida por el art. 170 de la LPL y fundada en la finalidad compensadora del ordenamiento laboral no vulnera el principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la Constitución.
De todo ello deriva el específico carácter del Derecho laboral que, a diferencia del Derecho de contratos, basado en los principios de libertad e igualdad de las partes, se consituye como ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección, al menos parcialmente, de las desigualdades fundamentales, debiendo destacarse que a esta finalidad sirven no sólo las normas sustantivas, sino también las procesales, pues resulta patente que Derecho procesal y Derecho sustantivo son ambos realidades inescindibles, actuando el primero como un instrumento de singular importancia para el cumplimiento de los fines pretendidos por el segundo.
Partiendo del carácter tuitivo de las normas sustantivas y procesales del Derecho laboral, que aseguran al trabajador una mayor accesibilidad a la jurisdicción, es evidente que su más fácil tutela conlleva una disminución de la tutela de la contraparte, proporcionada y razonable, a la vez que apoyada en los principios fundamentadores de la Constitución y que, por tanto, no puede estimarse inconstitucional.
El requisito de la consignación del importe de la condena por el empresario constituye una medida cautelar tendente a asegurar la ejecución de la Sentencia si posteriormente es confirmada, reducir el planteamiento de recursos meramente dilatorios, y evitar que se lesione el principio esencial laboral de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, lo que se logra con la consignación, al limitar las posibles presiones sobre el trabajador para reducir su derecho ante la incertidumbre en la percepción de la cantidad judicialmente reconocida. Ajustándose la consignación a los presupuestos señalados, debe reconocerse que tampoco desde su confrontación con el derecho a la tutela judicial puede considerarse inconstitucional el art. 170 de la LPL en lo que respecta a la obligatoriedad de consignar el importe de la condena para recurrir.
En tanto no se produzca la necesaria reforma legislativa, y a efectos de conseguir un tratamiento adecuado de situaciones excepcionales de falta de liquidez o de medios de las empresas, lo que resulta procedente es que los Tribunales efectúen una interpretación progresiva y casuística de la norma, ponderando el art. 119 de la C.E., que impone la gratuidad de la justicia no sólo cuando lo disponga la Ley, sino en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y en consecuencia, acepten otros medios sustitutivos menos estrictos y suficientemente garantizadores de la ejecución posterior de la Sentencia.
El art. 24.1 de la C.E., que garantiza a todos la tutela efectiva judicial de sus derechos e intereses mediante el acceso al proceso y a los recursos previstos en la Ley, sólo puede limitarse en aras de otro derecho o libertad fundamental constitucionalmente protegido. Si éste es el caso en lo que respecta a la consignación del importe de la condena, no sucede lo mismo en relación al recargo del 20 por 100 sobre tal importe, ya que, cualquiera que sea el destino de esta carga, su cuantía es desproporcionada y gravosa, y cumple una función en último extremo sancionadora con base objetiva, y obstaculiza gravemente el derecho a la tutela judicial en su aspecto de acceso al recurso, lo que no se ajusta al contenido esencial del derecho establecido en el art. 53.2 de la C.E.
Artículo 154 (anula parcialmente)
Artículo 163 (anula parcialmente)
Artículo 165 (anula parcialmente)
Artículo 170 párrafo 1 (anula parcialmente)
Artículo 175 (anula parcialmente)
Artículo 176 (anula parcialmente)
Artículo 180 (anula parcialmente)
Artículo 182 (anula parcialmente)
Artículo 183 (anula parcialmente)
Artículo 221 (anula parcialmente)
Real Decreto-ley de 23 de agosto de 1926. Código de trabajo
Ley de 27 de noviembre de 1931. Jurados mixtos profesionales: del trabajo industrial y rural; de la propiedad rústica; y de la producción y las industrias agrarias
En general, ff. 1, 4, 6, 7, VP
Artículos 1 a 3, VP
Artículo 31, f. 6, VP
Artículo 53.2, f. 6, VP
Artículo 40.2, VP
Disposición adicional cuarta, f. 6, VP
Artículo 154, ff. 1, 7, VP
Artículo 154.1, f. 7
Artículo 163.1, f. 7
Artículo 164, f. 7
Artículo 165, ff. 6, 7
Artículo 170, passim, VP
Artículo 173, f. 6
Artículo 175, ff. 6, 7
Artículo 176, ff. 6, 7
Artículo 180, ff. 1, 7
Artículo 182, ff. 6, 7
Artículo 182 apartados 1, 2, f. 7
Artículo 183, ff. 5, 7
Artículo 183, ff. 5, 7, VP
Artículo 183 apartados 1, 2, f. 7
Artículo 202, f. 4, VP
Artículo 217, VP
Artículos 217 a 226, ff. 6, 7
Artículo 221.2, f. 7
Artículo 225, f. 6
Competencia en materia de interpretación de las normas jurídicasCompetencia en materia de interpretación de las normas jurídicas, f. 5, VP I
Contenido del derecho a la tutela judicial efectivaContenido del derecho a la tutela judicial efectiva, ff. 1, 4
Derecho de acceso al recurso legalDerecho de acceso al recurso legal, ff. 1, 4, 6
Igualdad formalIgualdad formal, f. 3
Igualdad materialIgualdad material, f. 3
Sugerencias al legisladorSugerencias al legislador, ff. 5, 6, VP
Criterios hermenéuticosCriterios hermenéuticos, VP
Finalidad compensadora del ordenamiento laboralFinalidad compensadora del ordenamiento laboral, ff. 3, 4
Interpretación casuísticaInterpretación casuística, f. 5, Vp
ConsignaciónConsignación, ff. 1, 3, 4, 5, 6
Consignación del importe de la condenaConsignación del importe de la condena, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Consignación del importe de la condena con recargo del 20 por 100Consignación del importe de la condena con recargo del 20 por 100, ff. 3, 6
Consignación en recurso de casación laboralConsignación en recurso de casación laboral, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Finalidad de la consignaciónFinalidad de la consignación, ff. 1, 4, VP
Fondo de anticipos reintegrablesFondo de anticipos reintegrables, f. 6
Justicia gratuitaJusticia gratuita, ff. 1, 5
Recurso de casación laboralRecurso de casación laboral, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, VP

References: Real Decreto 

Artículo 154

Artículo 163

Artículo 165

Artículo 170

Artículo 175

Artículo 176

Artículo 180

Artículo 182

Artículo 183

Artículo 221

Artículo 31

Artículo 53

Artículo 40

Artículo 154

Artículo 154

Artículo 163

Artículo 164

Artículo 165

Artículo 170

Artículo 173

Artículo 175

Artículo 176

Artículo 180

Artículo 182

Artículo 182

Artículo 183

Artículo 183

Artículo 183

Artículo 202

Artículo 217

Artículo 221

Artículo 225