Source: https://es.scribd.com/document/74030601/INFORME-GDEIM-IZIK
Timestamp: 2018-10-23 16:24:35+00:00

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1. Qué pasó y por qué en el Campamento 2. Consecuencias posteriores 3. Reacciones Marruecos 4. Reacciones España 5. Reacciones FP 6. Reacciones UE y ONU 7. Informes independientes 8. S…Descripción completa
Moción sobre Sáhara Occidental UPyD Molina de Segura Pleno Ordinario Noviembre 2011
EUCOCO Resolución final
barthes por jacoby.doc
Nombre Diego Chimbí Naicipa Derechos Humanos
8 de Noviembre de 20 
. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Qué pasó y por qué en el Campamento Consecuencias posteriores Reacciones Marruecos Reacciones España Reacciones FP Reacciones UE y ONU Informes independientes Situación actual Demandamos
4 0 7 20 22 23 24 32 35
Resolución 54 de la ONU sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
“La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.” “A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacíficamente y libre mente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional.” Nueva York 4 de diciembre de 960
INFORME GDEIM IZIK 
.QUÉ PASÓ Y POR QUÉ EN EL CAMPAMENTO
Desde septiembre de 2010, muchos saharauis establecen decenas de tiendas de campaña en diferentes regiones fuera de la órbita urbana de la ciudad de El Aaiún, Smara, el puerto de El Aaiún (Marsa), Dajla y Bojador en el Sáhara Occidental, como expresión del absoluto rechazo a la política marroquí de empobrecimiento y saqueo de su tierra y para protestar contra las duras condiciones de vida y exigir sus legítimos derechos garantizados por todas las convenciones internacionales, en particular el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales. En paralelo a estos hechos, las autoridades marroquíes, con todas sus fuerzas militares y policiales, han trabajado para desmantelar y acabar con todas las tentativas embrionarias de los campamentos que se estaban formando en las diferentes ciudades de la región (al norte de El Aaiún, Smara, el puerto (Marsa), Dajla y Bojador), y en todos los casos, estas intervenciones se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza. (ANEXO 10.1) El 10 de Octubre del mismo año, cientos de saharauis tuvieron éxito al formar un campamento en la zona de Gdeim Izik, a 12 km al este de la ciudad de El Aaiún, en dirección a la ciudad de Smara, con unas trescientas personas, que se dividieron en un centenar de jaimas, tan solo en los dos primeros días. El número de saharauis fue creciendo con el paso de los días debido la negativa de las autoridades marroquíes ante las exigencias de los manifestantes. El número de manifestantes ascendió a varios miles, hasta alcanzar los 20.000, repartidos en unas 8.000 jaimas. Gente de todas las edades y de todos los grupos sociales, todos saharauis, afectados por las políticas marroquíes de marginación. (ANEXO 10.2) A los pocos días, el campamento fue bautizado con el nombre de “Campamento de la Dignidad saharaui” o Campamento de Gdeim Izik. Son muchos los testimonios de los participantes, que explican cómo se formó el campamento, cuánta gente lo compuso, cómo se organizaban… Según cuenta Hdeidhum Laarusi, mujer saharaui de 61 años, “hemos empezado a montar el campamento el 10/10/2010. Éramos aproximadamente 10 coches. Antes, los jóvenes saharauis nos hablaban en la ciudad sobre la idea del campamento y nos informaron cuando llegó el día elegido y fuimos. Éramos 13 coches, cada coche llevaba 5 jaimas” (ANEXO 1.1). Aris Lehbib, joven saharaui también explica cómo surgió el campamento y cuáles eran sus reivindicaciones: “las personas que montaron el campamento eran jóvenes normales, pusieron 50 jaimas, había unas pocas mujeres y lo han montado en Gdeim Izik, para reivindicar sus derechos sociales y políticos, digo políticos porque el hecho de reivindicar sus derechos sociales a lo largo de estos años, con la represión del estado Marroquí, esto en sí es político” (ANEXO 1.2). 4
Este Campamento había sido la consecuencia de tantos años reivindicando sus Derechos al Régimen marroquí, sin conseguir ningún avance. Así lo cuenta Dedda Elhussein, mujer saharaui de 57 años: “fuimos al campamento, después de haber reivindicado estos derechos ante la delegación del gobierno y todas sus oficinas en la ciudad. Cuando fuimos al campamento, el 10 de octubre, vinieron las fuerzas policiales, el Ejército y la gendarmería. [Tras varios días] Cercaron todo el campamento con un muro que construyeron, así, (dibuja un círculo con sus dedos) solo nos dejaron una puerta para entrar y salir, no nos han traído nada de lo que necesitamos, solo nos vigilaban. Fuimos a Gdeim Izik porque ninguno de mis hijos trabaja, llevamos años pidiendo trabajo y viviendas. Mis hijos participaron en muchas protestas para pedir trabajo, cuando íbamos a la Delegación del Gobierno para pedirlo, nos ignoraban (…).Nosotros nos fuimos a Gdeim Izik cuando nos cansamos de protestar en la ciudad” (ANEXO 1.3). “El factor principal del crecimiento del campamento es la situación que viven los saharauis en la ciudad ocupada, ya que el gobierno marroquí les ha querido llevar a una situación de analfabetismo y precariedad para mantenerles al margen del verdadero conflicto” (ANEXO 1.4). La organización del campamento era perfecta, contando con varios comités que se encargaban de cubrir todas las necesidades de los desplazados (comité de diálogo, limpieza, seguridad y sanidad, reestructuración): “La comida y el agua eran auto-gestionadas por las propias familias que la llevaban al campamento” (ANEXO 1.4), “Los jóvenes vigilaban por las noches, mantuvieron la seguridad en el campamento” (ANEXO 1.3). Uno de los jóvenes que participaba en esta organización nos cuenta cómo se gestionaba: “Vivía el día a día en el campamento, trabajando en la seguridad, vigilando el campamento para que no le ataquen las fuerzas de ocupación, en un grupo que se dedicaba a informar a la gente en las jaimas sobre la concentración que se hacían, y sobre las reuniones. También en la limpieza, limpiamos las calles del campamento, pedimos a la gente que no acumule las basuras cerca de las jaimas para impedir que se infecte y el pozo lo vigilamos también para que no nos pongan algo dentro que pueda causar enfermedades.” (ANEXO 1.2). Mientras el comité organizador negociaba con los diferentes representantes del Gobierno, el campamento continuaba creciendo por momentos. Las peticiones que se les hacía eran sociales y de mejoras económicas: “el contacto con el Gobierno marroquí era continuo, primero con el Gobernador de El Aaiún, después con enviados del Ministro de Interior y finalmente con el propio Ministro del Interior personalmente (ANEXO 1.4). “Nos preguntaron, ¿qué queréis? Los saharauis, les decíamos que queremos tra5
bajo para los jóvenes, pensiones para los mayores, viviendas para las familias que no tienen” (ANEXO 1.3), las reivindicaciones eran sociales y laborales, protestando contra el expolio de los recursos (ANEXO 1.1). No hubo contacto con el Polisario porque no era necesario (…). No hubo contacto con la MINURSO, ni creemos en la MINURSO, ya que lo único que hace es avalar la posición del Régimen ocupante” (ANEXO 1.4). Tras la primera semana de la creación del campamento, las fuerzas marroquíes (gendarmería, policía y Ejército) comenzaron a construir un muro con una zanja que rodeaba todo el campamento, con el fin de impedir la entrada de los coches de los saharauis por el desierto y obligarles a acceder pasando por los tres controles que implantaron en el trayecto de la carretera que va desde El Aaiún a Smara, según cuenta el compañero de Thawra Javier Sopeña. (ANEXO 10.3) Durante toda la existencia del campamento y de forma ascendente, las fuerzas de ocupación marroquíes han dificultado el acceso al mismo, intimidando con fotografías y exhaustivos controles a la población saharaui que intentaba participar y creando eternas retenciones en la única carretera que daba acceso al campamento. Aún así, según cuenta un joven saharaui “el trato con la policía marroquí, era muy pacífico, los jóvenes de la seguridad del campamento eran muy responsables y no se enfrentaban con la policía, a pesar de los intentos por parte de la policía para entrar al campamento y provocar enfrentamientos” (ANEXO 2.8). El día 24 de octubre, a las 19h aproximadamente, un coche que se dirigía al campamento con seis saharauis en su interior, se saltó uno de los controles y fue disparado por los militares que se encontraban en el mismo. (ANEXO 10.4) Los seis ocupantes eran: Alaui Salek, Alaui Mohamed Lagdaf, Garhi Zubeir, Daudi Ahmed, Ahmed Hammadi y El Garhi Nayem, este último, un niño de 14 años que murió en el acto debido a los disparos del Ejército marroquí. El resto de los ocupantes del vehículo fueron ingresados en el hospital militar de El Aaiún para ser llevados a la cárcel al día siguiente. Alaui Mohamed Lagdaf y Ahmed Daudi permanecieron ingresados en el hospital varios días, debido a la gravedad de sus heridas y posteriormente, al igual que sus compañeros, fueron trasladados a la Cárcel Negra de El Aaiún. Todos sufrieron graves torturas tanto en el hospital como en la prisión. (ANEXO 10.5) El Garhi Najem fue enterrado a los tres días de su asesinato, durante la noche, sin el consentimiento ni la presencia de ningún familiar cercano, tan solo con la firma de un primo lejano. Tras este hecho, la situación en torno al campamento sufrió un cambio muy importante. Por un lado, los controles se cerraron casi totalmente y la población saharaui sufría grandes dificultades en el acceso a él (largos controles, detenciones, agresiones, intimidaciones…) y, por otro lado, se prohibió el acceso al campamento para extranjeros (periodistas y observadores) y multitud de periodistas y observadores tuvieron que camuflarse con ropas típicas saharauis para entrar al campamento infiltrados, aunque no todos lo consiguieron. (ANEXO 10.6) A partir de este asesinato, las reivindicaciones del campamento adquirieron un tono abiertamente político y en las manifestaciones los discursos resaltaban la exigencia de libertad y autodeterminación del pueblo saharaui. Así lo expresaban sus discursos en las manifestaciones realizadas diariamente en el campamento: “no tenemos nada que ocultar”, “los saharauis llevan 35 años luchando y lo seguirán haciendo por la dignidad de los saharauis y por su unión”, “no estamos aquí para conseguir trabajo, luchamos 6
por la dignidad y el respeto al pueblo saharaui. En las negociaciones hablamos de los trabajadores de Fos Bucraa, de los universitarios desempleados, de las mujeres viudas, de los presos políticos… luchamos por todo el pueblo saharaui, sin excepciones y la solución de estos asuntos tiene que ser aquí, en el desierto”, “vuestra unión es vuestra fuerza”. “Esto es una victoria histórica”, “el campamento y este desplazamiento masivo es una oportunidad que no se repetirá. Hay que resistir hasta lograr nuestra reivindicaciones”, “Esta es nuestra oportunidad para demostrar nuestra existencia, nuestra unión y nuestra autodeterminación”. Desde la segunda semana de la creación del campamento el Comité organizador de éste mantuvo contacto con varios funcionarios del Gobierno marroquí, hasta llegar a reunirse con el Ministro de Interior pocos días antes del desmantelamiento. “El contacto con el Gobierno marroquí era continuo, primero con el Gobernador de El Aaiún, después con enviados del Ministro de Interior y finalmente con el propio Ministro del interior personalmente” (ANEXO1.4). El Gobierno marroquí escuchó las reivindicaciones trasmitidas por el Comité y se comprometió a darles respuesta. A partir del 4 de noviembre, el Gobierno marroquí montó una jaima en la entrada del campamento, en el noreste del mismo, donde ofrecía censar a la población que se encontraba acampada, todos saharauis, para darles trabajo y vivienda. Esto no fue aceptado por los manifestantes ya que la falta de confianza hacia el Gobierno, acentuada tras el asesinato del menor El Garhi Nayem, y la represión e intimidaciones sufridas desde los primeros días de la creación del campamento, les impedían confiar en la fiabilidad de la oferta. Desde los comienzos del campamento de Gdeim Izik estuvo presente un observador de Thawra. A partir del 25 de octubre, hubo otras dos observadoras del mismo colectivo. Así mismo, varios periodistas de diferentes medios consiguieron entrar en el campamento, junto con otros observadores. Dos activistas del colectivo Resistencia Saharaui también acudieron al campamento. El campamento saharaui situado en Gdeim Izik se mantuvo en pie durante 28 días. El sentimiento que reina entre la población saharaui, respecto al significado que tuvo el campamento, es muy claro: “Lo más importante que hemos demostrado a Marruecos y a todo el mundo, es que hemos sido capaces de construir una especie de Estado en un espacio muy pequeño, y en un tiempo muy corto, una organización que durante 28 días ha sido capaz de gestionar todas las comisiones que se han creado, sanidad, seguridad, administración, distribución, autogestión total a pesar de la pobreza. Gdeim Izik para mí, es la libertad de los saharauis, porque en ello hemos sentido mucha libertad, a pesar de todos los cuerpos del Ejército marroquí que rodeaba el campamento, hemos vivido una Democracia que hemos gestionado nosotros, para nosotros y que Marruecos, que nos invade, no lo ha podido lograr hacer” (ANEXO 1.4).
Dos observadores de Thawra podemos contar en primera persona lo que ocurrió y no sólo contarlo, sino también mostrar vídeos y fotografía que documentan el brutal desmantelamiento del Campamento de la Dignidad saharaui. 7
El día 7 de noviembre El Aaiún se bloquea por completo. Las entradas y salidas de la ciudad, así como los accesos al campamento de Gdeim Izik, permanecen fuertemente acordonados por cientos de efectivos (policía, Ejército y fuerzas auxiliares) de Marruecos. (ANEXO 10.7). Decenas de ambulancias, camiones cisternas de agua y camiones militares repletos de antidisturbios entran por los controles hacia Gdeim Izik durante todo el día 7 de noviembre. Esa misma noche comenzó el enfrentamiento entre el pueblo saharaui y las fuerzas de ocupación. (ANEXO 10.8) Todos los presentes en el campamento, confirmaron en sus testimonios que las fuerzas de seguridad marroquíes comenzaron el asalto al campamento entre las 5 horas y las 6 horas de la madrugada del lunes 8 de Noviembre de 2010 (ANEXO 2.6 y 2.9). Como recuerda el colectivo saharaui CODESA en su informe, ese mismo día, las autoridades marroquíes se habían comprometido con el Comité de Diálogo del Campamento en dar inicio al cumplimiento del acuerdo sobre las demandas sociales. Marruecos despertó al Campamento con el ruido de helicópteros militares y sirenas de ambulancias y vehículos policiales, lo cual generó una atmósfera de pánico entre los acampados, cuya gran mayoría dormía cuando el ruido de los helicópteros y los camiones militares se fundía con los altavoces que lanzaban un mensaje incomprensible, sin dejar ninguna posibilidad de evacuar el campamento. (ANEXO 10.9) ¿Cómo un campamento de miles de jaimas y de miles de personas, que ha precisado todo un mes para formarse, fue evacuado en menos de tres horas? Según parece, el uso de los altavoces por parte de las fuerzas asaltantes para informar a los desplazados de que evacuaran el campamento, tenía el objetivo de documentar y demostrar el respeto al procedimiento legal que insta a alertar antes de un asalto militar, aunque la realidad lo contradice categóricamente. En este violento ataque, las tropas marroquíes utilizaron balas de caucho, balas reales, (ANEXO 10.10) cañones de agua caliente a presión, gas lacrimógeno, porras y piedras, tal y como cuenta Shtuki Othman (ANEXO 2.9). El ataque se encontró con la resistencia por parte de grupos de saharauis que se dedicaron a ralentizar lo más posible la entrada de la ofensiva marroquí, con el fin de ganar tiempo para que las mujeres, los niños y los ancianos pudieran escapar de la batalla, tal y como nos cuenta Mamin Hashimi: “lo prioritario para los saharauis era sacar a las mujeres, niños y ancianos, mientras esto, otros grupos se enfrentaron con el ejército, intentando retrasar lo máximo posible el desalojo violento hasta conseguir salvar a las mujeres y niños” (ANEXO 2.8). Durante el desmantelamiento se produjeron cientos de heridos entre las filas de los manifestantes y muertos 8
entre las fuerzas marroquíes. Las autoridades marroquíes confirmaron en sus declaraciones oficiales que sus bajas ascendieron a once personas, una de ellas muerta en el campamento y las demás fallecieron a causa de las graves heridas tras ser trasladadas al hospital. Por el lado saharaui, hubo dos bajas mortales: el español Baby Hammadi Buyema, atropellado por un furgón de antidisturbios, en la mañana del día 8, en la ciudad de El Aaiún, y Daudi Brahim, fallecido en el hospital militar de la ciudad, pocos días después del desalojo por la gravedad de sus heridas y las torturas recibidas en el mismo hospital. “El regreso desde campamento [a la ciudad de El Aaiún] era muy difícil, sobre todo para las mujeres, porque la única salida fue por la parte del norte del campamento, que era la puerta principal, la mayoría de la gente que salió por esta parte fue detenida por el Ejército que le esperaba ahí, sobre todo los jóvenes. Yo personalmente salí por la parte suroeste andando” (ANEXO 4.14). En lo que concierne a las circunstancias de esta intervención, existen diversos testimonios de personas que se encontraban durante la misma y que detallan cómo se produjo (ANEXOS DEL 2.5 al 2.9, ANEXO 2.6 y ANEXO 10.11) Según todos los testimonios de los presentes en el desalojo del campamento, se deduce claramente que el Estado marroquí tenía la intención y la premeditación de desmantelarlo por la fuerza. Creó las circunstancias adecuadas para llevar a cabo esta agresión horrible impidiendo la presencia de observadores internacionales y la prensa, tanto en el campamento, como en la ciudad de El Aaiún, con el objetivo de eliminar cualquier testimonio neutro, aunque esto último no pudo impedirlo. De la misma manera, saboteó cualquier acuerdo posible entre el Ministro del Interior y el Comité saharaui de diálogo durante las negociaciones concernientes a las demandas de los presentes, además de criminalizar a los portavoces del campamento e imputarles diferentes delitos (ANEXO 10.12). El desalojo del Campamento fue llevado a cabo por las unidades de intervención militar y las fuerzas de seguridad, que utilizaron cuchillos para romper las cuerdas que sostenían las jaimas haciéndolas caer sobre las personas mayores, mujeres y niños que se refugiaban en ellas. Durante el mismo, se produjeron enfrentamientos violentos entre las fuerzas marroquíes y los jóvenes saharauis (responsables de la seguridad del campamento) debido a la conmoción que les produjo la traición ante el incumplimiento de las promesas realizadas por el Gobierno. Un grupo de mujeres y algunos jóvenes buscaron refugio en casas en las afueras del campamento, para escapar de los combates, pero las unidades de seguridad militar marroquíes detectaron su ubicación, fueron brutalmente apaleados antes de permitir a las mujeres salir en medio de insultos y actos degradantes contra su dignidad, mientras arrastraban hacia los camiones y coches a los hombres (ANEXO 10.13). El desalojo violento de las fuerzas marroquíes obligó a las mujeres, los niños, enfermos y personas con discapacidades a recorrer a pie la distancia entre el campamento de Gdeim Izik y la ciudad de El Aaiún (Sahara Occidental) durante varias horas, por temor a la intimidación y a ser golpeados por fuerzas militares desplegadas en el camino (ANEXO 10.12). 9
Desde el comienzo del asalto al campamento por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, miles de manifestantes saharauis enojados salieron a las calles, ignorando toda noticia sobre la suerte de sus parientes y tan solo sabiendo que el campamento había sido atacado brutalmente. Así lo contaba Salka Elili, “cuando llegó la noticia de que están arrasando violentamente el campamento, la gente salió a la calle desesperadamente quemando y rompiendo todo lo que pertenece al Estado marroquí, como bancos, oficinas y coches de policía (…) porque sus familiares fueron atacados mientras dormían, a las 6h de la mañana, de forma violenta, por eso la gente estaba desesperada” (ANEXO 3.11). Los disturbios en la ciudad comenzaron entre las 8h y las 9h de la misma mañana. En El Aaiún, las manifestaciones se suceden en casi todos los barrios de la ciudad, exceptuando el barrio donde se encuentra la cárcel y especialmente aquéllos en donde la presencia de saharauis es mayor. Los manifestantes prenden fuego a neumáticos y levantan barricadas con piedras y bloques de hormigón. Cabe señalar que estas manifestaciones se caracterizaron por retirar todas las banderas de Marruecos y sustituirlas por las de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), coreando consignas en favor de la independencia y el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental (ANEXO 10.14). Se registraron ataques a comercios, instituciones públicas (ANEXO 10.15) servicios administrativos y sucursales bancarias, símbolo de la presencia marroquí en el territorio, por parte de los manifestantes saharauis encolerizados, rompiendo y quemando dichos establecimientos. Como se ha señalado en diversas ocasiones, los manifestantes descargaron su ira atacando servicios y organismos que tenían relación con el Estado marroquí, sobre todo tras la llegada desde el campamento de los primeros desplazados que escapaban del ataque en Gdeim Izik, a través de los cuales pudieron conocer la brutalidad cometida por los cuerpos marroquíes durante el desalojo y el número de heridos y detenidos entre sus filas, además de la imposibilidad de saber la suerte de las personas que aún permanecían allí. Tras recibir las noticias del violento desmantelamiento del campamento, cientos de manifestantes salen a la calle en la ciudad de El Marsa, también conocida como ciudad del puerto (a 35km al sur de El Aaiún) en solidaridad con los manifestantes de El Aaiún y los presentes en Gdeim Izik. “No hubo organización, así de repente, la gente salió a la calle y se produjeron los disturbios” (ANEXO 3.10). Al finalizar el desalojo del campamento, todos los cuerpos de seguridad marroquíes, con los 0
helicópteros, regresaron a la ciudad de El Aaiún y a la zona del puerto, para reprimir las manifestaciones que se habían desencadenado a consecuencia del brutal desmantelamiento del campamento Las armas utilizadas por estos cuerpos policiales y militares fueron las mismas que en el desalojo del campamento, gas lacrimógeno, balas de caucho y balas reales (ANEXO 10.16), sumado a la presencia de varios cuerpos especiales vestidos de negro y con la cara tapada, que se unieron a la intervención militar. Las fuerzas de seguridad marroquíes llevaron a cabo una oleada de intervenciones violentas contra los manifestantes en toda la ciudad, respaldados por helicópteros que llenaron la ciudad de gases lacrimógenos. La gente escuchó por primera vez disparos en el barrio «Colomina Erdis», que dejaron graves heridos entre los saharauis. En ese momento, las fuerzas de seguridad pusieron en práctica una amplia campaña de secuestros y detenciones arbitrarias contra los saharauis sin excepción. Buscan por las calles y las casas, especialmente en los barrios habitados por los saharauis: (Maatala, Zemla, Auda, Raha…) (ANEXO 10.17). Desde el medio día del 8 de noviembre, una vez disueltas todas las manifestaciones saharauis, el Ejército, la policía y las fuerzas auxiliares, en decenas de vehículos militares, procedieron a patrullar las avenidas de la ciudad, en particular Skeikima, Tantan, Smara, Ras El-Jaima. Este dispositivo fue acompañado por cientos de colonos marroquíes que portaban banderas de Marruecos y fotos de su rey (ANEXO 3.10 y ANEXO 10.18), además de diversas armas blancas. Atacaron e irrumpieron en las viviendas y negocios de saharauis, robando sus bienes y quemando sus coches bajo la protección de las fuerzas de seguridad marroquíes (ANEXO 5 y ANEXO 10.19). “He visto muchos saqueos por parte de los colonos y los militares. Esto pasó en el campamento durante el desalojo y aquí en la ciudad durante los disturbios” (ANEXO 2.7). “Sí participaron [los colonos], porque la policía les llamo por megáfonos, pidiéndoles que salieran, llevaban espadas y atacaban a las casa de los saharauis y a los que andaban por la calle”. “[Yo] No he participado en los enfrentamientos, porque estuve dentro de una casa, pero he oído como el Ejército y la policía a través de megáfonos, llamando a los colonos marroquíes para atacar a los saharauis, diciéndoles: “los marroquíes, salid a por los saharauis, que nos quieren quitar de nuestra tierra” (ANEXO 3.11). Hacia las 19:00, después de que las fuerzas hubieran tomado el control de la ciudad, anunciaron mediante altavoces la prohibición de circulación durante la noche, cuando la ciudad parecía vacía, estableciendo un toque de queda. Durante esta noche tuvieron lugar una serie de detenciones y secuestros a saharauis. El mismo proceso se sucedió en la ciudad del Puerto, pero esta vez la operación fue dirigida por la gendarmería real. Durante la primera semana tras el desalojo del campamento, todo hombre, varón, de más de 14 años tuvo que mantenerse fuera de su casa, escondido en diferentes lugares de la ciudad y los alrededores, ya que eran susceptibles a ser secuestrados por las fuerzas de seguridad marroquíes, que recorrían cada casa de saharauis en busca de los varones de las familias, con una lista en sus manos donde tenía registrados a todos los miembros de estas. A esto se sumó que, durante el mismo tiempo, todos los teléfonos móviles de los y las saharauis se encontraban intervenidos por la policía y eran localizados a partir de ellos, por 
medio de una unidad especial. Fue por ello que durante los primeros días, ningún saharaui podía ponerse en contacto con sus familiares, las madres no sabían dónde estaban sus hijos, ni si se encontraban bien. Los jóvenes escondidos no podían avisar a nadie sobre su paradero y nadie podía dar información segura de ninguna persona. En la cárcel y las comisarías negaban que tuvieran a ningún detenido y los saharauis desaparecidos eran imposibles de localizar. El boca a boca era lo único que podían utilizar y, paralelamente, la opinión internacional exigía datos concretos y cifras, cosa que era absolutamente imposible de aportar.
Unos días antes de la operación de asalto al campamento de Gdeim Izik, las autoridades marroquíes actuaron para impedir la entrada en El Aaiún a periodistas y a muchos observadores internacionales. Parece que las autoridades marroquíes habían preparado una situación de apagón mediático para que el ataque quedara lejos de medios de comunicación y de observadores internacionales. Esto es lo que permitió que el Ejército y la seguridad marroquí desmantelaran el campamento utilizando una fuerza excesiva, en ausencia de cualquier medio o testigo de este ataque atroz, que conllevó masivas violaciones de Derechos Humanos. Tras el asesinato del niño “Nayem Elgarhi” perpetrado por la gendarmería el 24 de Octubre de 2010, (ANEXO 10.20) las autoridades marroquíes pusieron en marcha procedimientos restrictivos parar impedir el acceso a la información. Comenzaron por prohibir a los periodistas y a los observadores internacionales, que venían de diferentes lugares, acceder a la zona, a fin de impedirles visitar el campamento y de ver de cerca la situación de los insurgentes saharauis (ANEXO 10.21). Desde el día del desalojo, hasta tres meses después de mismo, el Gobierno marroquí impidió, una vez más, la entrada a la ciudad de decenas de periodistas y políticos que intentaban acceder al territorio para informar sobre lo que estaba sucediendo. También hubo varios observadores y algunos periodistas que, tras conseguir entrar, fueron expulsados en menos de dos días (ANEXO 6). Paralelamente, pocos días después del desalojo, el Gobierno marroquí presentó a la prensa internacional, en Rabat, unas imágenes del desmantelamiento del campamento, que intentaban demostrar la violencia de la población saharaui mientras se defendían del ataque marroquí. Así, la estrategia marroquí fue la de ofrecer a la prensa la información elegida por ellos mismos e impedir el acceso al territorio de periodistas, políticos y observadores, ya que esto significaría desmantelar su reconstrucción de los hechos.
El secuestro es una técnica típica del Estado marroquí a la hora de tratar a los activistas, siendo uno de los crímenes más atroces en los convenios internacionales, que hacen hincapié en el Derecho a la vida y a la seguridad personal, ya que esta seguridad personal del individuo es impedida y porque el secuestrado no conoce su suerte ni el lugar en donde se encuentra, así como a sus captores, y no tiene la posibilidad de comunicarse con su familia ni con el mundo exterior. Lista provisional: ANEXO 8. Desde el comienzo del desalojo del Campamento de Gdeim Izik, los disturbios posteriores en la ciudad de El Aaiún y extendiéndose durante las semanas siguientes, las fuerzas de seguridad marroquíes mantuvieron la ciudad de El Aaiún absolutamente sitiada y las detenciones arbitrarias por solo ser saharaui se sucedieron por centenas (ANEXO 4.12 y 10.12). A las personas detenidas se las llevaron a diferentes lugares de la ciudad, comisarías, cárcel, colegios e incluso los hospitales sirvieron de lugar de tortura para todos los heridos que iban llegando, en ambulancia o en coches policiales (ANEXO 2.7). Tras el comienzo del desmantelamiento, las autoridades marroquíes pusieron en marcha una amplia campaña de secuestros de saharauis por parte de cualquiera de los cuerpos policiales desplegados en la ciudad. 2
Algunos fueron detenidos por la gendarmería, mientras que otros fueron conducidos a lugares desconocidos por captores desconocidos. Otros fueron detenidos por el Ejército y otros muchos por la policía, acompañada de colonos marroquíes que ayudaban en las redadas. Según los testimonios de víctimas de secuestro y algunos detenidos liberados y familiares de algunos presos, decenas de detenidos y secuestrados fueron golpeados tras su detención en el campamento. Con los ojos vendados y las manos esposadas, fueron conducidos a destinos desconocidos, muchos de los cuales han pasado varios días sin saber dónde estaban ni los responsables de su secuestro. Otros fueron capturados por la gendarmería durante varios días después del desalojo, antes de ser presentados ante el tribunal, después de un largo periodo, que excede al permitido bajo custodia policial en el Código Penal marroquí. En este contexto y durante la presentación ante los tribunales y la vuelta a la cárcel de los detenidos, se dieron diferentes casos de secuestro, tortura, etc., que se perciben como una señal clara de la prevalencia de esta famosa política sistemática en los servicios de seguridad marroquíes, a pesar de su atrocidad. Gracias a un sondeo realizado por la asociación saharaui CODESA, existe una relación de las personas que fueron heridas de bala, atacados por las fuerzas de seguridad marroquíes, durante el día 8 (ANEXO 7). Uno de los jóvenes detenidos en el campamento, durante el desalojo, nos cuenta cómo fue su detención: me subieron a un coche militar y me llevaron hasta un camión. Me ataron las manos (…). Durante todo el trayecto a la ciudad [El Aaiún], el gendarme tenía una porra con la que nos estuvo pegando todo el camino. (…) El camión estaba lleno de jóvenes, todos tumbados en el suelo. Nos pegaban con porras y hierros (…). Todos sangrábamos por la cabeza. Nos llevaron a la brigada de gendarmería de El Aaiún. Cuando nos estaban bajando del camión, escuché a un gendarme diciendo: “Jefe, hay uno aquí que no respira”. Nos bajaron del camión como si fuéramos sacos de patatas, los gendarmes que nos estaban esperando tenían las caras tapadas y las porras preparadas. Formaban un pasillo por el que nos iban tirando de uno a otro cogiéndonos por la espalda y pegándonos. No podíamos hacer nada, teníamos las manos atadas a la espalda. Nos llevaron dentro, donde había un despacho y un pasillo. Éramos 72. Una vez dentro, nos pegaban sistemáticamente todos los gendarmes que estaban ahí o simplemente estaban “de paso”; nos pegaban a todos. En ese momento empezaron los interrogatorios” (ANEXO 2.6). Según explica el hombre saharaui Bekkay El Farasa, “me llevaron al cuartel de gendarmería de El Aaiún. Es un cuartel muy antiguo, desde la época española. Me llevaron a un lugar de tortura dentro del cuartel, había todo tipo de material de tortura, palos, porras, espadas, cuerdas, una silla y cables de electricidad. Allí encontré a 68 personas, con las manos atadas, todas estaban heridas, sangrando. Recibimos todo tipo de torturas” (ANEXO 4.12). “Nos pegaron constantemente, nos echaban botellas llenas de orina por encima, además de insultarnos” (ANEXO 2.7). Una mujer saharaui cuenta como fue detenida en su propia casa: “Llamaron a la puerta y les abrió mi hija. Le dijeron: llama a tu madre. Cuando salió mi marido, le dijeron que buscaban a su mujer. Cuando salí me dijeron: “Sube. Ya llegó tu turno”. Me llevaron al cuartel de gendarmería del puerto. Me torturaron” (ANEXO 3
4.15). Tras ser llevada a dos comisarías, le trasladaron al Tribunal y luego a la Cárcel Negra de El Aaiún. “Meaban en botellas y nos echaban el orín encima, por la cabeza. Estuvo con nosotros un hombre llamado Mohamed El Ayubi. Un gendarme le ofreció una botella para beber, y por la sed que tenía, levantó la cabeza para beber pensando que era agua y era orina. Le obligó a beberlo. Él es diabético, y le dolían los riñones. Empezó a levantarse, pero se caía mareado” (ANEXO 2.6). “No podíamos dormir todos a la vez porque no cabíamos todos tumbados en la celda” (ANEXO 4.12). A todos los detenidos se les hicieron violentos interrogatorios, en los que la policía les obligó a firmar documentos que no se les permitió leer. A muchos de ellos se les llevó durante la primera semana a prestar declaración al Tribunal de El Aaiún, en pésimas condiciones, donde sufrieron el mismo trato violento y vejatorio, en ese momento el juez les informó de sus condenas, todas ellas relacionadas con disturbios, banda armada y atentado contra la Unidad Territorial. No todos contaron con la presencia de un abogado, y ninguno contó con uno elegido por ellos (ANEXO 2.6, 2.7 y 4.13). Tras los interrogatorios, entre 140 y 160 saharauis fueron trasladados a la Cárcel Negra de El Aaiún y 19 fueron llevados a la cárcel militar de Sale, Marruecos. En la Cárcel Negra, separaron a las mujeres saharauis de los hombres saharauis, a las mujeres les metieron en celdas junto a presas marroquíes y a los saharauis les metieron, en grupos de entre 25 y 45, en celdas de menos de 5 metros cuadrados. Las torturas fueron diarias durante las tres primeras semanas y los y las presas no tuvieron atención médica durante sus periodos de detención (ANEXO 2.6 y 4.13). Todos los y las presas saharauis fueron liberados entre los 6 meses siguientes a su detención, todos con libertad provisional y ninguno de ellos ha sido juzgado. “Cuando llegamos a la cárcel, nos metieron en un rincón y nos pegaron puñetazos y también nos apalearon con porras. Nos metieron en un despacho, nos quitaron la ropa y empezaron a pegarnos con las porras en los genitales y amenazándonos con introducirlas por el ano, amenazándonos con violarnos (…). Nos metieron en las celdas. En la que estuve yo, éramos 44. (…) Nos daban 2 garrafas de agua para todos, cada una de 5 l, diariamente, para beber y lavarnos. (…) Había 13 detenidos menores de edad, que les metieron en otra parte de la cárcel, destinada a los menores. (…) Poco a poco comenzó a reducirse la represión dentro de la cárcel (…).Los presos que estaban heridos les curaron, para evitar que quedasen pruebas (brechas en la cabeza, etc.)” (ANEXO 2.6). “Yo fui detenido en las afueras de la ciudad, me llevaron al hospital civil del Aaiún y después a la comisaría de la policía. En el hospital estuve un cuarto de hora, en el que sufrí todo tipo de torturas, en vez de recibir atención médica por la herida de bala. Después estuve tres días en la policía. El trato en el hospital fue igual que en la comisaría. Después me llevaron al tribunal, donde hemos estado todo el día recibiendo el mismo trato de torturas e insultos. Después nos llevaron a la cárcel. Allí comenzó 4
una nueva fase de torturas y vejaciones. A mí me pareció como lo que se describe de la cárcel de Abu Ghraib en Iraq (…). La herida se curó mientras estuve en la cárcel. Tardó entre dos meses y medio y tres meses, se curó sola, no recibí atención médica durante todo el tiempo que estuve en la cárcel. Hubo más compañeros en la cárcel que necesitaron atención médica y no la recibieron. Me dieron la libertad provisional, sin haber tenido juicio ni nada.” (ANEXO 2.7). “Después de 17 días, no nos dejaban ver al médico, pero era mejor no verle, porque los médicos nos pegaban igual que los soldados. Yo no fui nunca al médico. Era mejor aguantar el dolor que verle. (…) Las condiciones eran lo peor que se puede imaginar (…). No hubo juicio. Nada más que he visto el juez de interrogatorio. La libertad que nos dieron es libertad provisional, solo te llaman, firmas un papel y te abren la puerta” (ANEXO 4.12). “Me dijeron que diariamente venían [mi familia] a la cárcel preguntando por nosotras y que allí les decían una y otra vez que no estábamos en esa cárcel. (…) Estuve en una celda de 3 por 2 metros aproximadamente. Había 3 “camas” para las marroquíes que vivían ahí, y yo dormía en el suelo. (…) Psicológicamente me siento muy tocada por lo que me ha pasado, estoy muy diferente respecto a lo que era antes de entrar en la cárcel. No nos han realizado juicio alguno. (…) Nunca nos han dicho nada de indemnización ni nada. Lo único que nos dan es cuando nos ven, nos miran con odio” (ANEXO 4.13). “Sentí que estoy en la cárcel sólo por ser Saharaui. (…) Al final, me dieron libertad provisional. Yo les pregunté: ¿cómo funciona esa libertad provisional? Y me dijeron que no se sabe cuánto tiempo puede durar, cuándo me pueden volver a detener y encarcelar” (ANEXO 4.15). Durante las dos primeras semanas después del desalojo, fueron llevados a Sale 19 presos políticos, para ser juzgados por juicio militar, elegidos por su participación en la organización del campamento. Durante los siguientes meses este grupo se amplió hasta llegar a ser 24. Pasado un año desde su detención, aún no han recibido juicio alguno y sus condiciones en la cárcel continúan siendo inhumanas. Según un informe de CODESA, siente de los detenidos han confesado que fueron violados con palos y barras de hierro, y la totalidad de ellos se encuentran con varios problemas de salud debido a las torturas y las malas condiciones de prisión (ANEXO 10.22). Algunos ejemplos de sus detenciones: Abdeljalil Laaroussi: “sometido a diversas formas de tortura psicológica y física, desnudado y esposado con los ojos vendados durante más de 4 días, fue colgado de un palo suspendido en el aire, sufrió golpes en todo su cuerpo, aturdido por descargas eléctricas, arrancado el pelo y amenazado con violarle a él y traer a su esposa para violarla delante de él, durante este tiempo fue insultado y objeto de violaciones graves de Derechos Humanos. Abdeljalil Laaroussi es padre de dos niños, padece de trastornos psicológicos por los efectos de la tortura. Hassan Dah: “detenido desde el 5 de diciembre de 2010 en el Café Las Dunas en la Plaza Edshera en El Aaiún por la policía marroquí, torturado psicológica y físicamente, fue violado por un palo que introdujeron en su recto, con los ojos vendados y esposado, vertieron agua fría y orina sobre su cuerpo y expuesto a múltiples violaciones de Derechos Humanos” Mohamed Elbashir Butinguiza: “detenido el 19 de noviembre de 2010, por la policía marroquí permaneció en 5
la Comisaría de la Gendarmería en El Aaiún largo tiempo con los ojos vendados, esposado y sin ropa, durante su interrogatorio fue violado antes de ser llevado a Comisaría con un objeto metálico que introdujeron en su recto, sufrió descargas de electricidad, especialmente en las uñas de las manos y los pies, todo ello acompañado de insultos, privación de sueño y alimentación”. (ANEXO 10.22). Durante los meses siguientes, sin justificación alguna, cinco saharauis más han sido llevados a la prisión militar de Sale, para ser juzgados por tribunal militar, junto con los otros 9 compañeros. A día de hoy, tras un año desde el desmantelamiento de Gdeim Izik, los 24 presos saharauis permanecen en prisión sin haber sido juzgados, tan solo han sido llevados al Tribunal para ser interrogados, continúan bajo unas pésimas condiciones y sus estados de salud empeoran por momentos. Varios de ellos han realizado huelgas de hambre para reclamar sus derechos dentro de prisión (ANEXO 10.23), pero tras muchas promesas de los mandos penitenciarios, sus condiciones continúan de la misma manera. Debido a su desesperación, el día 1 de noviembre de 2011, los 24 presos saharauis han emprendido una huelga de hambre indefinida, con el fin de conseguir el cumplimiento de sus Derechos y la aplicación de un juicio justo (ANEXO 10.24) Un ejemplo de uno de los detenidos trasladados a Sale es el caso de Banga Shej. El saharaui Hammud Elili presenció cómo fue: “También Banga Shej, que estaba a mi lado. Le dijeron [la policía] ¿Tú eres Banga Shej?, le preguntaron si había participado en el atentado de la cinta de Bucraa, en 2005. Les dijo que sí, que había estado acusado en ese caso. Le preguntaron que por cuánto le habían condenado, y contestó que no, que le habían declarado inocente. Le dijo: Ahora te voy a mandar al tribunal militar” (ANEXO 2.6). La detención de Naama Asfari, otro de los presos que se encuentra en Sale, fue detenido el día antes del desalojo (ANEXO 4.14). El noviembre de 2010, según publicada MAP, los miembros del Comité de Diálogo fueron acusados penalmente por el secuestro de civiles saharauis que se encontraban en el Campamento y de la politización de las demandas sociales y en consecuencia el Fiscal del Tribunal de Apelación de El Aaiún en el Sahara Occidental ordenó su busca y captura. Durante los meses siguientes al desmantelamiento del Campamento de la Dignidad, varios saharauis fueron detenidos en el aeropuerto de El Aaiún, cuando intentaban viajar a diferentes congresos a los que habían sido invitados en otros países, como Senegal y Sudáfrica. Este es el caso de Hussein Ndur (ANEXO 10.25), por ejemplo, Mustafa Labras (ANEXO
10.26), Hayat Rgueibi o Nguiya Hawasi (ANEXO 10.27) 6
Cuando a principios de Octubre de 2010 empiezan a agruparse los primeros saharauis a las afueras de El Aaiún, las primeras reacciones de Marruecos fueron de pasividad, a la espera de que la protesta empezara a cobrar tintes independentistas. En todo momento la línea que plantea Marruecos es manipular todo lo que ocurre en el campamento. El ejemplo más claro fue el asesinato del joven Najem El Guareh, el domingo 24 de octubre, incidiendo en los supuestos problemas de comportamiento que el joven tuvo en el campamento y que éste “al saltar, el domingo 24 con sus cómplices un control, tenía la intención de entrar a la fuerza en los campos y causar disturbios y vengarse de su expulsión, precisa el comunicado, agregando que preparó para este fin 27 cócteles molotov y armas blancas que fueron confiscados en el vehículo que montaba”, (ANEXO 10.28). Esta versión nunca fue confirmada ni documentada. Otro ejemplo de la estrategia utilizada por el Gobierno marroquí, fue publicar en su web oficial, MAP, la falsa noticia del asesinato de un ciudadano de origen marroquí en la “ciudad ocupada” de Melilla a manos de un guardia civil español en una manifestación. Lo cual, “según fuentes diplomáticas españolas e intelectuales saharauis, la difusión de esta noticia podría intentar crear un paralelismo entre Melilla y el Sáhara en un momento en el que Marruecos se enfrenta a la mayor protesta saharaui desde 1975, cuando España entregó el territorio al país vecino.” (ANEXO 10.29 y 10.30) Otra estrategia que adoptó el Gobierno de Mohamed VI, fue la de militarizar los accesos al campamento. Ante esta situación se limitaba la vida de los saharauis en Gdeim Izik (completamente cerrado), tanto es así, que se vieron obligados a beber agua no potable de un pozo. (ANEXO 10.31).
La transparencia en la información por parte de Marruecos brilló por su ausencia, desde los primeros instantes se les impidió a los periodistas extranjeros y del propio país el acceso al campamento, fruto de la política marroquí centrada en la desinformación. Cabe resaltar en este caso, la enorme cantidad de trabas y dificultades que Marruecos puso en marcha en el caso de los periodistas españoles, teniendo éstos que recurrir a disfrazar su imagen con el objetivo de llegar a Gdeim Izik. Por su parte, Rabat acusa a la prensa española de manipulación de información. Así Marruecos, evitaría las posibles réplicas de la comunidad internacional, puesto que nadie, fuera del campamento, sabía lo que estaba aconteciendo en realidad (ANEXO 10.32) “Otro ejemplo de la desinformación de los medios de comunicación españoles acerca de todo lo relacionado con el Sahara”, afirma Marruecos en su portada nacional (www.maroc.ma), “son los 
últimos incidentes cerca de la ciudad de el Aaiún. Dichos medios no hicieron más que reproducir propósitos de activistas pro-Polisario, algunas de ellas informadas desde España.” (ANEXO 10.32). El bloqueo informativo de Marruecos a la prensa española era latente, nueve periodistas españoles (Público, Antena 3, Onda Cero, TVE, EFE y France Press) intentaron viajar a la zona para dar cobertura a lo que en el Campamento de la Dignidad estaba pasando, pero los esfuerzos fueron en vano, ya que no se les permitió bajarse del avión en la capital del Sáhara. (ANEXO 10.34) Las razones por las que le fue retirada la acreditación al corresponsal de ABC en Rabat, fueron “la actitud desprovista de todo profesionalismo que no cesa de adoptar el corresponsal del diario” (ANEXO 10.35). Este periodista español ha recibido varios premios como fotógrafo y redactor y resulta ser uno de los finalistas al Premio Cirilo Rodríguez, que otorgan los profesionales de la información al periodista español más destacado en el extranjero (ANEXO 10.36).
Sus intentos por desmentir el uso de la violencia por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad del estado, se ponen en duda cuando la madrugada del 8 de noviembre, Marruecos decide desmantelar el campamento a la fuerza. El Ejército marroquí desmantela por la fuerza el campamento de protesta saharaui. (ANEXO 10.37) A pesar de la escasa información que llegaba desde dentro del campamento sobre la violencia ejercida en este acto, Marruecos continuó afirmando que el desmantelamiento fue pacífico. En una entrevista en Bruselas el pasado diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí Taib Fassi Fihri, defendía esta postura y la seguridad en las buenas relaciones que mantiene con la Unión Europea: Taib Fassi Fihri, Ministro de Asuntos Exteriores marroquí: “Lo ocurrido en el Sáhara se ha exagerado” (ANEXO 10.38) De entre las razones por las que Marruecos decidió desmantelar el campamento, se encuentran el hecho de que “había un grupo que no quería negociar” y que “hubo gentes a las que se les impidió salir del campamento”. Además el ministro de Asuntos Exteriores marroquí negó el uso de armas de fuego en el desmantelamiento, pero no negó que hubiese habido, después del mismo, torturas a saharauis considerados culpables. Estos hechos fueron defendidos por el Ministro en una entrevista concedida al periódico español El País, además de defender que no estaban de acuerdo en que el mandato de la MINURSO tuviera competencias en materia de derechos humanos (ANEXO 10.39), Cabe añadir que, según el ministro portavoz del Gobierno de Marruecos, Khaled Naciri, el campamento fue 8
disuelto porque una minoría de jóvenes saharauis con antecedentes penales vinculados al Frente Polisario, habría “recurrido a la coerción e incluso a la violencia” para que el campamento pasara de ser una reivindicación socioeconómica a una protesta política con tintes independentistas. Por ello, afirmaba Naciri en una entrevista telefónica al diario El País, que debían “asumir nuestras responsabilidades, liberar a los secuestrados” y que “Marruecos había dejado de ejercer su soberanía sobre un pedazo de su tierra” (ANEXO 10.40)
Un día después de que se produjera el desmantelamiento de Gdeim Izik, Marruecos publica en la página web oficial, MAP, que la ciudad de El Aaiún había vuelto a la normalidad “después de que las fuerzas del orden hayan puesto fin a los actos de vandalismo perpetrados por las personas que actuaban conforme a la agenda de los enemigos de la integridad territorial de Marruecos”, todo ello gracias al “apoyo aportado por los ciudadanos a las fuerzas del orden”. ( ANEXO 10.41). Por supuesto, en ningún caso se habla de los mecanismos que utilizaron para restablecer dicho orden, mientras la cifra oficial de muertes por los disturbios y el número de detenidos ascendía (ANEXO 10.42). En este sentido, algunas de las acusaciones impuestas a los detenidos iban en la línea de la pertenencia a una banda terrorista, “se trata de constitución de una banda criminal con el fin de perpetrar actos criminales contra personas, participación en el secuestro, secuestro y tortura, con utilización de un vehículo con motor, participación en el incendio de un vehículo que transportaba abordo a personas”. A pesar de esto, ninguno de los detenidos portaba armas de fuego. Interesante destacar aquí, la decisión tomada por el presidente de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), Ramdan Mesaud, e integrante del Consejo Real Consultivo para Asuntos del Sáhara (CORCAS, dependiente del Gobierno marroquí), quien el pasado mes de marzo anunciaba su desvinculación total de la “farsa” autonomista de Marruecos y su apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental en protesta por la “represión brutal” del campamento de Gdeim Izik, cerca de El Aaiún. (ANEXO 10.43). 9
En un principio el Gobierno actual apostó por una postura muy criticada de moderación y pasividad ante las diferentes versiones que venían del desalojo y posterior represión. Vinieran tanto de un bando como del otro, la respuesta era siempre la misma. Con el tiempo las críticas se centraron en la falta de definición y contundencia en el rechazo al uso de la violencia por parte de Marruecos, a las que se unía una mal disimulada simpatía y cercanía con las versiones que ofrecía Marruecos e incluida una lectura parcial y de nuevo excesivamente neutra, de los informes independientes que fueron haciéndose públicos. Es una vez más, en mayor o menor medida, la postura oficial de neutralidad activa que han usado los diferentes gobiernos de España en los últimos años respecto al conflicto del Sáhara Occidental (ANEXO10.44) Consideramos que una postura de “neutralidad activa” no puede darse como respuesta a la postura del gobierno de Marruecos que es ampliamente reconocida como ilegal e inmoral. Algo que ahora, como en su momento hizo el propio PSOE, defiende hasta el PP. (ANEXO 10.45) Diferentes opiniones afirman la irresponsabilidad absoluta de esta postura (ANEXO 10.46) Sin embargo todas y cada una de las intervenciones de Ramón Jauregui, ministro de la presidencia, sin condenar el ataque por parte de las fuerzas de seguridad marroquí al campamento fueron por el mismo camino. (ANEXO 10.47) Por otro lado, Rubalcaba como ministro del Interior, tampoco condena los hechos y se limita a trasladar “su preocupación” (ANEXO 10.48) Mientras, Jáuregui defiende y admite públicamente la soberanía del régimen Marroquí en el Sáhara, al responder ante la actitud de restricción de Marruecos, defendiendo que “forma parte del núcleo duro de la soberanía de un país” (ANEXO 10.49) El Presidente de España, Rodríguez Zapatero también defiende la postura del Gobierno, que no es otra que la de “defender los intereses de España” por encima de los Derechos Humanos; intereses que tampoco se definen. (ANEXO 10.50). La prensa también transmitió su malestar. Durante el momento de más actividad este fue el seguimiento que se dio en prensa y la reacción ante los problemas con el acceso de periodistas. Ante la gravedad de los acontecimientos y de todas las críticas recibidas por esa falta de contundencia, con el paso de los días no tuvieron más remedio que posicionarse, y ahí dejaron claro que lo que primaba eran los intereses en mantener una relación prioritaria económica con Marruecos (ANEXO 10.51). La crítica a esta postura no solo viene de priorizar por encima de todo, las razones comerciales, en este caso frente a la defensa de los derechos humanos. A esto se une la doble moral con la que este gobierno actúa a 20
la hora de enjuiciar y actuar con otros países, por ejemplo en el apoyo que da a revueltas populares contra otras dictaduras, (ANEXO 10.52) las mismas con las que poco antes de las revueltas también mantenía relaciones económicas y diplomáticas; o con dictaduras presentes como la de Obiang en Guinea Ecuatorial o por supuesto la de Mohamed VI (ANEXO 10.53). Por no nombrar la posición de Zapatero ante el conflicto de Libia, de apoyo a la intervención armada. Resulta más frustrante si atendemos a la versión oficial para estos temas. Cabría preguntarse de nuevo ¿qué va delante, la defensa de derechos humanos o los intereses de España? (ANEXO 10.54). La réplica oficial viene también con el argumento de la necesidad de mantener la estabilidad de la zona, algo que con el tiempo se ha convertido ya en un chantaje eterno. Una afirmación muy dudosa, mas cuando de nuevo la versión oficial nos dice lo siguiente (ANEXO 10.55) Además en todo momento se ha trasmitido que se confiaba en la versión de Marruecos. Sin embargo, desde el Gobierno de España, nadie pareció dar importancia a que este país miente, incluso de forma oficial, como ya se comentado en el capítulo anterior (ANEXO 10.56). Basaban también la posición oficial en la necesidad de esperar a las supuestas investigaciones, tanto de la Audiencia nacional, como del propio Gobierno de Marruecos. Meses después se suspendió la investigación de la Audiencia. De las otras prometidas por Marruecos nunca se supo. (ANEXO 10.57) La situación más absurda de la postura del Gobierno vino cuando mintieron al afirmar que hasta el Frente Polisario también veía dificultades para solucionar el conflicto. Esta fue la contundente carta de respuesta del Polisario (ANEXO 10.58), o cuando trataron de justificar los acuerdos de pesca (ANEXO 10.59) Si esto le unimos la importancia que le dieron a los diferentes cables sobre el tema que han ido haciéndose públicos de Wikileaks, valorándolas solo como “opiniones” (ANEXO 10.60). Pero Wikileaks ha demostrado que ha supuesto mucho más que meras opiniones (ANEXO 10.61) Nosotros sí creemos que los cables de Wikileaks han mostrado que en los últimos años oficialmente se ha apoyado claramente la propuesta de Autonomía de Marruecos. Añadiríamos que, a su vez, expertos en derecho internacional hacen las siguientes críticas a dicho Plan de Autonomía (ANEXO 10.62) También queremos destacar las opiniones de otros colectivos y diferentes personalidades: Antonio Elorza (ANEXO 10.63), ver comunicado Unión Progresista de Fiscales-situación en el Sahara, Juan Soroeta (ANEXO 10.64), Francisco Palacios UMDRAIGA (ANEXO 10.65) Queremos a su vez, reflejar la postura que dejaron ver los diferentes partidos de la oposición. (ANEXO 10.66) Unido a las diferentes condenas de municipios y la opinión de la población española que defiende el derecho legítimo de los saharauis, al referéndum para la autodeterminación y exige la responsabilidad histórica a España como ex colonia del territorio (ANEXO 10.67)
Por parte del Frente Polisario cabe destacar el desmentido de sus posibles vínculos con el terrorismo islámico, ante las acusaciones constantes del gobierno Marroquí (ANEXO 10.68). Mientras que sus declaraciones y constantes denuncias sobre muertes, represión, etc. que sufre el Pueblo Saharaui con la ocupación del reino alauita, pasaron completamente desapercibidas (ANEXO 10.69). El gobierno de Mohamed Abdelaziz, se caracteriza por una política que confía en agotar las vías diplomáticas para la resolución de este conflicto, así como en el Derecho Internacional. Pero ante la terrible situación en El Aaiún, crece el descontento de la población saharaui a un lado y otro del muro marroquí, especialmente la juventud saharaui de los campamentos de refugiados en Tinduf, que pedía como salida a estos 36 años de conflicto, la vuelta a las armas. La presión y la tensión crece, sumado a la pasividad internacional, el Frente Polisario avisa de que está preparado para la guerra, además de lanzar una petición de apoyo social y condena a la UE (ANEXO 10.70). El legítimo representante del pueblo saharaui, también quiso opinar sobre los cables de Wikileaks y la postura de España ante este conflicto que ya perdura en el tiempo considerando estos cables como una prueba más del apoyo del gobierno de Zapatero al régimen marroquí. (ANEXO 10.71).
6.REACCIONES DE LA UNION EUROPEA Y LA ONU
El Conflicto del Sáhara en la Unión Europea, cuenta con diferentes posturas por parte de los “veintisiete” que se reflejan también ante el hecho concreto del desmantelamiento del campamento; la propia responsable de Política Exterior de la UE, califica la cuestión del Sáhara como algo “muy difícil”. Algunos eurodiputados (especialmente el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo) exigen que el Parlamento se pronuncie ante el desmantelamiento del Gdeim Izik por parte de las fuerzas de seguridad marroquís (ANEXO 10.72) Ante ello, Marruecos (socio preferente de la UE) responde con una ofensiva diplomática para retrasar dicho pronunciamiento; no obstante, la Eurocámara se subleva contra las presiones por parte de Rabat (ANEXO 10.73). Además el Parlamento Europeo emite un resolución el 25 de noviembre deplorando, sin nombrar culpables, la violencia de dicho episodio, pero pidiendo a Marruecos que permita una investigación independiente de la ONU. (Original en inglés) (ANEXO 10.74) Uno de los europarlamentarios más críticos con la actuación del gobierno de Marruecos fue el representante de IU Willy Meyer, quien sufrió en persona el cerrojazo informativo que rodeó el desmantelamiento (ANEXO 10.75) Las autoridades marroquíes y saharauis reaccionan de manera diferente ante la resolución del PE, y así lo expresan en sendas comparecencias en la Eurocámara. Taieb Fassi-Fihri, ministro marroquí de Asuntos Exteriores negó las acusaciones, arremetió contra la prensa española, defendió que “el campamento fue desmantelado de forma pacífica” al mismo tiempo que elude la libre entrada de prensa en la zona (ANEXO 10.76) Entre las respuestas a las moderadas reacciones por parte de los parlamentos español y europeo, varios de los principales partidos políticos marroquíes piden a la ONU que se reabra el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. (ANEXO 10.77) Finalmente la UE zanja la polémica sin esperar las investigaciones prometidas (ANEXO 10.78)
Por su parte, la respuesta de la ONU ante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik no se hace esperar, emitiendo un comunicado en el que “deplora” la violencia ocurrida en El Aaiún –sin señalar culpables-, lamenta las muertes y pide contención a las partes; curiosamente, el desmantelamiento del campamento coincide con la ronda informal de negociaciones en las que ambas se encontraban bajo el auspicio de Naciones Unidas, y que tuvo lugar a pesar de los hechos –aunque no llegaran a ningún acuerdo (ANEXO 10.79) En el Informe anual del CS de la ONU sobre la situación en el Sáhara Occidental. (periodo Abril 2010Abril 2011) dictaminan en la Resolución 1979 MINURSO rechazar de nuevo la vigilancia de los derechos humanos, en una resolución que reconoce la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en la excolonia española aunque no crea un mecanismo para su supervisión, manteniéndose así como “la excepción” entre las misiones de paz de la ONU, al no contar con ese mecanismo (ANEXO 10.80). 23
7.INFORMES INDEPENDIENTES
Bajo el título “Derechos pisoteados: Protestas, violencia y represión en el Sahara Occidental”, la organización AI realizó un extenso informe de 29 páginas durante el mes de diciembre de 2010 sobre el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik. Ya en la introducción, AI contradice la versión general de las autoridades marroquíes en el sentido de que se vieron obligadas a actuar “para desmantelarlo porque según la información de que disponían, algunas de las personas del campamento estaban ahí contra su voluntad, y para impedir actos de violencia planeados por los saharauis, que habían introducido armas, como cuchillos, machetes y cócteles molotov, en el campamento”. El equipo de investigación de AI, según señala el informe, no halló pruebas que respaldaran esta versión. “Todas las personas entrevistadas manifestaron que habían tenido libertad para desplazarse entre el campamento y la ciudad durante los días y semanas previos al desmantelamiento, y que no conocían a nadie a quien le hubieran restringido los movimientos o que hubiera estado confinada en el campamento contra su voluntad”. AI afirma que el desmantelamiento por las fuerzas de seguridad marroquíes fue acompañado de una violencia considerable y deja claro que las circunstancias de la muerte de nueve policías marroquíes no estaban claras. Dentro de la independencia que caracteriza a AI, ésta lamenta y condena estas acciones en cualquier caso. Respecto a la realización del informe en sí, AI destaca ciertas cuestiones a tener en cuenta: -Las autoridades marroquíes denegaron el acceso a esta organización a los detenidos recluidos en la prisión y en el Hospital Militar. -Las autoridades marroquíes denegaron el acceso a los miembros de las fuerzas de seguridad que habían resultado heridos en los enfrentamientos o que habían tomado parte en la operación realizada en el campamento de protesta o en la ciudad. -Las autoridades marroquíes no dieron ninguna lista de heridos o fallecidos, ni ningún informe médico ni detalle de lesiones sufridas tanto en saharauis como marroquíes. -En cuanto al vídeo distribuido por Marruecos en el que se muestran supuestas agresiones de saharauis a policías y militares, AI pidió sin éxito la grabación completa sin editar, para tener una visión completa. -Amnistía Internacional pidió asimismo información sobre el número de personas detenidas; en respuesta, las autoridades del gobierno sólo facilitaron datos imprecisos.
“Las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron a hasta 200 saharauis en relación con los sucesos del 8 de 24
noviembre de 2010. La mayoría fueron detenidos ese mismo día, aunque también se practicaron detenciones los días y semanas siguientes. Algunos fueron arrestados en el campamento; otros, en El Aaiún. Todos los saharauis a quienes las fuerzas de seguridad marroquíes habían dado el alto o detenido y que fueron entrevistados por Amnistía Internacional, individualmente y por separado, denunciaron que les habían golpeado, sometido a otros abusos o ambas cosas cuando les dieron el alto o en el momento de la detención, cuando estaban bajo custodia o en ambas circunstancias. En algunos casos, las personas entrevistadas dijeron que les habían propinado una paliza brutal y que sufrieron fracturas de extremidades o heridas abiertas, o habían perdido el conocimiento. Cuando fueron entrevistados por Amnistía Internacional, la mayoría tenía aún lesiones visibles, heridas o marcas en la cabeza, la cara, la espalda o las extremidades que coincidían con sus denuncias”. “En algunos casos documentados por Amnistía Internacional, las acciones de ciertos agentes de seguridad marroquíes también parecían tener el fin deliberado de castigar a los manifestantes por defender su derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Por ejemplo, algunos detenidos denuncian que fueron golpeados cuando se negaron a obedecer a las fuerzas de seguridad cuando les conminaron a que expresaran su lealtad al rey de Marruecos o confirmaran que eran nacionales marroquíes”. AI documenta en su informe un total de hasta 8 ejemplos de testimonios de ciudadanos saharauis que sufrieron algún tipo de tortura o malos tratos en aquellos días.
AI señala que desconoce medida alguna tomada por las autoridades marroquíes para investigar y garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de agresiones rindieran cuenta de sus actos. “Prácticamente todos los saharauis que dijeron a Amnistía Internacional que habían sido agredidos o maltratados en detención afirmaron que no habían presentado una queja formal por miedo a posibles represalias de las autoridades de seguridad o porque creían que las autoridades bajo cuya custodia sufrieron los abusos no iban a realizar una investigación adecuada. Algunos dijeron que habían tratado de presentar una queja formal, pero no habían podido hacerlo porque los guardias les habían impedido el acceso a la fiscalía o porque el personal de ésta se había negado a recibir o registrar la queja”.
El informe señala que “la ley marroquí (el artículo 67 del Código de Enjuiciamiento Criminal) establece que las autoridades responsables de una detención deben notificar de inmediato a la familia del detenido la decisión de detener a éste”. “Sin embargo, ninguna de las familias entrevistadas por Amnistía Internacional había podido obtener información alguna sobre sus familiares durante las dos primeras semanas de detención de éstos, a pesar de 25
sus reiteradas gestiones ante las fuerzas de seguridad y la fiscalía. Defensores de derechos humanos y abogados confirmaron también de forma independiente que las familias habían experimentado estas dificultades. Las familias de detenidos que recibían atención médica en el Hospital Militar de El Aaiún tuvieron dificultades similares”.
-De manifestantes saharauis: AI confirma, dejando clara una vez más su independencia, varios ataques realizados por saharauis a edificios públicos, bancos, negocios, vehículos y otras propiedades en el centro de El Aaiún, incendiando muchos de ellos. “Al parecer, atacaron propiedades pertenecientes a residentes marroquíes y a saharauis que consideraban que apoyaban la administración marroquí del Sáhara Occidental, o lugares frecuentados por ellos”, señala el informe. Para corroborar estas declaraciones, el texto incluye testimonios directos de los propietarios de un restaurante, una escuela y una consulta médica. -De residentes marroquíes: Del mismo modo, AI señala que, ese mismo día 8, algunos residentes marroquíes de El Aaiún destrozaron y atacaron numerosas viviendas y comercios saharauis. “Algunos ataques parecieron cometidos al azar, pues afectaron a filas enteras de comercios, mientras que otros fueron aparentemente más selectivos, como los realizados contra casas individuales o apartamentos”. Respecto a la participación en estos ataques de las fuerzas de seguridad marroquíes, el informe apunta que en la mayoría de los casos investigados “las familias cuyas viviendas fueron atacadas y que vieron a los atacantes dijeron que éstos iban acompañados de miembros de las fuerzas de seguridad, que permanecieron ahí sin hacer nada o ayudaron directamente a cometer los ataques”. Para corroborar estas declaraciones, el informe se completa con varios testimonios directos de saharauis, de todas las edades, que sufrieron esos ataques. Finalmente, AI apunta que las autoridades no han facilitado información sobre ningún caso de marroquíes detenidos o acusados formalmente en relación con los ataques cometidos contra saharauis y sus viviendas y propiedades.
Las autoridades marroquíes dijeron a Amnistía Internacional que la mayoría de los saharauis que habían 26
sido detenidos habían sido acusados formalmente de cometer una serie de delitos o de participar en ellos. Los delitos señalados son “formación de, o pertenencia a, una banda delictiva con el fin de cometer delitos contra personas y propiedades; posesión de armas, reunión armada, destrucción de propiedades públicas e incendio, uso de la violencia contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con resultado de lesiones y muerte, y toma de rehenes”. Algunos, incluidos 19 cuyos casos fueron remitidos al Tribunal Militar de Rabat a pesar de que son civiles, están también acusados formalmente de menoscabar la seguridad del Estado. “Amnistía Internacional se opone categóricamente a que los tribunales militares juzguen a civiles, en concreto porque ofrecen menos salvaguardias del derecho a un juicio justo y plantean dudas sobre la independencia y la y la imparcialidad del tribunal”. La organización muestra también su preocupación por el hecho de que pueda presentarse y aceptarse como prueba en las próximas actuaciones judiciales información obtenida bajo tortura o coacción. En este sentido, también se señala que, en ocasiones, los saharauis fueron obligados a firmar declaraciones que no se les permitió leer.
AI narra a detención de varios activistas de DD.HH. saharauis durante los días posteriores o previos al desmantelamiento de Gdeim Izik. Entre ellos se encuentran Enaama Asfari, Ahmed Sbai, Mohamed Tahlil, Banga-Al Cheick y Brahim Ismaili. “Las detenciones de renombrados defensores de derechos humanos y activistas políticos conocidos por defender la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental y criticar su administración por el gobierno marroquí ha suscitado el temor de que las autoridades traten de implicar a críticos y adversarios pacíficos en los sucesos ocurridos el 8 de noviembre debido a sus opiniones y actividades políticas”, señala el texto de AI.
Las conclusiones y recomendaciones de AI tras la realización de este informe quedan recogidas en los siguientes puntos, todos ellos dirigidos a las autoridades marroquíes: -Que garanticen la realización de investigaciones judiciales inmediatas sobre todos los abusos contra los derechos humanos que según se denuncia se cometieron en relación con los sucesos del 8 de noviembre, mediante investigaciones judiciales de cada caso o mediante la creación de una comisión de investigación independiente e imparcial con autoridad para obligar a comparecer a testigos, facultades de apercibimiento filmado y vídeos compilados el 8 de noviembre sin editar, y acceso a los centros de detención pertinentes. 27
Asimismo, las autoridades marroquíes deben garantizar que todas las personas responsables de agresiones, torturas y otros malos tratos y otros ataques contra personas y propiedades son enjuiciadas con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal. -Que adopten medidas para garantizar que los detenidos están plenamente protegidos de la tortura y otros malos tratos; y comuniquen de forma clara e inequívoca a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que no se tolerarán las torturas y los malos tratos a personas detenidas o apresadas por las fuerzas de seguridad, y que cualquier miembro de las fuerzas de seguridad a quien se halle responsable de estos actos será enjuiciado. -Que ordenen a los fiscales de la Corona y a los jueces de instrucción que registren e investiguen sin dilación cualquier caso en el que las personas que comparecen ante ellos denuncien haber sido sometidas a tortura u otros malos tratos o cuyo estado indique que podrían haber sido agredidas o torturadas o sometidas a otros malos tratos, incluso si el acusado no presenta una queja ni solicita investigaciones. -Que garanticen que los detenidos tienen la oportunidad de ser representados por abogados de su elección cuando comparezcan ante fiscales de la Corona y jueces de instrucción y en las vistas de su juicio, y que los juicios se celebran con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal, y en concreto que ninguna información obtenida bajo tortura o coacción es utilizada como prueba en las actuaciones judiciales. Asimismo, las autoridades deben garantizar que ningún civil es juzgado por el Tribunal Militar. -Que hagan públicos los nombres de las personas detenidas y los cargos formulados contra ellas. - Que garanticen que se facilita a las familias de los dos saharauis que murieron el 8 de noviembre los informes de la autopsia, el certificado médico y cualquier otro dato o información necesario para aclarar las circunstancias y causas de su muerte. -Que hagan públicas de inmediato las instrucciones sobre el uso de la fuerza impartidas al personal encargado de hacer cumplir la ley y a los miembros de las fuerzas de seguridad, y garanticen que son conformes con las normas internacionales correspondientes, concretamente el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. -Que pongan en práctica sin más dilación la recomendación formulada por la Comisión de Equidad y Reconciliación en su informe final de enero de 2006 de reformar los organismos marroquíes de seguridad y encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que sus políticas y prácticas son conformes con las leyes y normas internacionales de derechos humanos pertinentes. -Que modifiquen el Código de Enjuiciamiento Criminal para garantizar su plena conformidad con las leyes y normas de derechos humanos, incluida la modificación del artículo 66, limitando el periodo de detención preventiva a un mínimo estricto y concediendo a los detenidos acceso inmediato a su abogado y a su familia; y que garanticen que en la práctica, las familias de los detenidos son informadas inmediatamente de su paradero y tienen acceso inmediato a sus familiares. Por otra parte, Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU: -Que modifique el mandato de la MINURSO cuando expire, el 30 de abril de 2011, para incluir un mecanismo que observe la situación de los derechos humanos tanto en el Sáhara Occidental como en los campamentos 28de refugiados administrados por el Polisario en el Tinduf, en el suroeste de Argelia, e informe de ella.
Con el título “Sahara Occidental: palizas y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes”, la organización internacional Human Rights Watch, realizó a finales de noviembre de 200 un informe sobre el desmantelamiento de Gdeim Izik. En su encabezado, la ong utiliza la siguiente frase realizada por Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de HRW. “Las fuerzas de seguridad tienen derecho a hacer un uso proporcionado de la fuerza para prevenir la violencia y proteger vidas humanas, pero nada puede justificar golpear a personas detenidas hasta que pierdan el conocimiento”. Respecto a los hechos ocurridos, HRW señala que tras las confrontaciones violentas iniciales, las fuerzas de seguridad marroquíes participaron, junto con civiles marroquíes, en ataques de represalia contra la población civil y los hogares, e impidieron que los saharauis heridos recibieran tratamiento médico. “Dicha conducta, así como las palizas a personas detenidas, no pueden considerarse un uso legítimo de la fuerza para prevenir o detener actos violentos por parte de algunos manifestantes, como arrojar piedras o incendiar edificios”, añaden.
“Tras el desmantelamiento del campamento de tiendas, las autoridades marroquíes limitaron estrictamente el acceso a El Aaiún, y permitieron que pocos periodistas o representantes de organizaciones no gubernamentales llegaran a la ciudad y enviaron de regreso a muchos de los que lo intentaron”, señala el informe. En este sentido, HRW destaca que a unos de sus investigadores se le impidió en dos ocasiones embarcar en un vuelo hacia El Aaiún, pudiendo aterrizar allí el 12 de noviembre. “Nos alegra que Marruecos cambiara de postura y permitiera que Human Rights llevara a cabo una investigación en El Aaiún. Pero un gobierno que dice una y otra vez que no tiene nada que ocultar debe demostrarlo permitiendo que todos los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales lleguen a la región y recopilen información sin obstáculos”, afirma HRW.
HRW centró su investigación en los abusos contra los derechos humanos cometidos después del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, no en las características de la protesta en el campamento, la decisión de cerrarlo o la manera en que se cerró. La misión de investigación identificó los siguientes posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Algunas de las personas que hablaron con HRW dieron permiso para utilizar sus nombres, mientras que otras pidieron que no se revelaran sus nombres por temor a las represalias. En este sentido, se recuerda que la 29
organización presentó las pruebas de que hubo disparos contra los saharauis, algo que Marruecos desmintió una y otra vez.
HRW entrevistó a siete saharauis detenidos después de los eventos violentos del 8 de noviembre y puestos en libertad posteriormente. Todos ellos alegaron que los policías y los gendarmes los habían maltratado durante la detención, lo que incluyó en algunos casos golpearlos hasta dejarlos inconscientes, arrojar orina sobre ellos y amenazarlos de violación. Los abogados que representan a los que siguen detenidos señalaron que al menos un detenido había dicho al juez de instrucción que lo habían violado durante la detención, mientras que otros muchos contaron al juez de instrucción y al fiscal las palizas y otros abusos a los que habían sido presuntamente sometidos durante la detención. Los testigos entrevistados tenían hematomas graves y otras heridas recientes que sugerían que habían sido golpeados durante la detención. Los familiares de los detenidos señalaron que las autoridades marroquíes no les habían informado de las detenciones durante varios días y, al 23 de noviembre, las autoridades todavía no les habían permitido visitar a familiares que llevaban hasta dos semanas detenidos, aunque los abogados defensores habían podido entrevistarse con ellos por primera vez ese día. Los retrasos dificultaron que muchas familias pudieran determinar rápidamente el paradero de las personas desaparecidas u obtener información acerca del trato recibido durante la detención. HRW instó a las autoridades a que informen inmediatamente a los familiares cercanos de cada persona detenida, como requiere el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales de Marruecos. La organización ejemplifica estas declaraciones con testimonios directos de varios saharauis detenidos y sometidos a agresiones por las fuerzas de seguridad marroquíes.
El informe apunta a que numerosas casas de saharauis fueron atacadas el 8 y 9 de noviembre por grupos que incluían a miembros de las fuerzas de seguridad y personas con ropa de calle, algunos de los cuales eran aparentemente civiles marroquíes, según los residentes”. Las personas entrevistadas describieron cómo los atacantes golpearon a los residentes dentro de sus casas y dañaron sus pertenencias. “Según se ha informado, las autoridades han adoptado medidas para compensar a los propietarios por los daños, pero, hasta donde ha podido determinar HRW, no han anunciado ningún arresto o cargo contra los civiles marroquíes implicados en los actos de violencia”.
En este sentido, el informe también hace referencia a la atención médica negada a los saharauis tras estos acontecimientos. “Según más de uno de los testigos entrevistados, durante la mayor parte del 8 de noviembre, la policía impidió el acceso al principal hospital público de El Aaiún, en ciertos casos atacando a los civiles saharauis que buscaban tratamiento para sus heridas. Un trabajador del hospital dijo que presenció un ataque en el que la policía rompió las ventanillas de un taxi que llegó hasta el hospital trasladando a tres saharauis heridos, y golpeó tanto a los hombres heridos como al taxista, antes de dejar al taxista que se fuera y detener a los tres pasajeros. Varios saharauis que habían sido golpeados dijeron que no acudieron al hospital a recibir tratamiento por miedo a que la policía estuviera allí”.
Por último, la organización narra un acontecimiento ocurrido con uno de sus investigadores. La policía propinó una paliza a Brahim Alansari, asistente de investigación de HRW en El Aaiún, en una calle de la ciudad, cuando iba acompañado de John Thorne, corresponsal en Rabat de The National, el diario en lengua inglesa de Abu Dhabi. Alrededor de las nueve de la mañana del 8 de noviembre, en un momento en que los manifestantes estaban arrojando piedras y las fuerzas de seguridad se estaban concentrando en las calles, la policía detuvo a los dos hombres en una calle adyacente detrás del hotel Negjir, en el centro de El Aaiún, y exigió saber qué hacían en el lugar. Después de que Alansari y Thorne les informaran de su nombre y su profesión, los agentes los separaron. Alansari describió lo que sucedió a continuación: “Los policías me rodearon y empezaron a patearme, golpearme con sus bastones y abofetearme. Me preguntaron mi nacionalidad. Cuando me negué a contestarles, aparentemente se enfurecieron y empezaron a golpearme de nuevo. Entonces llegó un oficial superior y me ordenó que respondiera. Dije que no podía hablar mientras me golpeaban. No ordenó a los otros que dejaran de pegarme...” “Uno de los policías me llevó donde estaba John [Thorne] sentado en una silla. El policía me obligó a sentarme en el suelo al lado de John y dijo que yo era un perro y que ese era mi sitio. Después de unos 10 ó 20 minutos, algunos policías se acercaron y dijeron al Sr. Thorne que regresara a su hotel y no hiciera ningún trabajo. Después, el hombre con ropa de paisano me pidió que no acompañara al Sr. Thorne ni lo llevara a ningún lado y que debía en cambio irme a casa y no meterme en problemas. Me devolvieron mi teléfono y mi identificación, y le dieron a John su pasaporte, y nos fuimos.” Thorne dijo a Human Rights Watch que pudo ver la paliza desde donde le obligaron a sentarse, a unos cinco metros: “Alrededor de una docena de policías (algunos con uniformes verdes y otros con equipamiento antidisturbios de color azul) rodearon a Brahim y empezaron a golpearlo. No pude ver cuántos policías lo golpearon, pero pude ver que lo golpearon con las manos y los bastones al menos una veintena de veces durante unos cuantos minutos. Después los policías obligaron a Brahim a sentarse a mi lado. El 23 de noviembre, Human Rights Watch envió una carta a las autoridades marroquíes explicando este incidente y solicitando que se investigara. El 24 de noviembre, el Ministerio del Interior respondió afirmando que había abierto una investigación administrativa y que el Ministerio de Justicia había pedido a la fiscalía de El Aaiún que emprendiera una investigación judicial. Human Rights Watch tiene la intención de informar sobre el resultado de estas investigaciones. 3
8.SITUACIÓN ACTUAL
Desde el desmantelamiento de Gdeim Izik y hasta la actualidad la situación no ha cambiado para las víctimas de este conflicto, la población saharaui que habita en el territorio ocupado del Sahara Occidental. La represión, los malos tratos, las torturas y la violación sistemática de sus derechos continúa siendo diaria en ciudades como El Aaiún o Dahkla (ANEXO 10.83). La población Saharaui desde Noviembre del 2011 no han podido observar ni el más mínimo cambio en su situación, sus protestas y peticiones, todas ellas consecuencia de una ocupación ilegal, permanecen sin respuesta y su aclamado y legítimo Derecho a la Autodeterminación ausente en la propuesta marroquí. En definitiva, el campamento protesta de Gdeim Izik ha generado muchas más preguntas que reformas, la situación actual nos lleva a denunciar una vez más que la situación en Marruecos sigue siendo de extrema gravedad: continúa el control y expulsión de observadores civiles internacionales de derechos humanos, la persecución y represión brutal de los activistas saharauis de derechos humanos, el hostigamiento y muerte de población civil en las últimas manifestaciones en las que se demandan avances democráticos, el cierre de medios de comunicación marroquís, etc. Un claro ejemplo de que la represión continúa impuesta en la ciudad ocupada de El Aaiún, incrementada desde el brutal desmantelamiento de Gdeim Izik, lo pudimos ver hace menos de un mes, cuando se cumplía el primer aniversario de la creación del Campamento de la Dignidad, y el Régimen marroquí volvió a sitiar la ciudad de El Aaiún, impidió las manifestaciones saharauis y agredió y detuvo a varios saharauis (ANEXO 10.84). La censura es completa y la dificultad para realizar informes sobre la situación, impide el conocimiento de la realidad que acontece en estos territorios. Agencias de prensa española, ONG y el movimiento solidario con la causa saharaui son las principales fuentes de información son las principales fuentes de información que existen en estos territorios, aparte, por supuesto, de organizaciones saharauis como CODAPSO, ASDVH o CODESA, las cuales a su vez sufren la constante censura y sus trabajadores corren un gran riesgo al realizar cualquier trabajo de investigación en materia de Derechos Humanos. El Estado ocupante interfiere constantemente en el trabajo de estas organizaciones, por ejemplo, el pasado 9 de Septiembre de 2011, el Comité para la Defensa de la Autodeterminación para el Pueblo del Sahara Occidental, CODAPSO quiso realizar una visita y valoración de las condiciones de salud de los presos políticos saharauis en la prisión local de Salé (Marruecos), y fue impedida por el Régimen marroquí. Las condiciones en las que están recluidos especialmente los presos de origen Saharaui es ilegal, carentes de atención médica, en condiciones insalubres y sometidos a vejaciones y torturas, pero es difícil de probar debido al ocultamiento y la obstaculización por parte del Régimen Marroquí, a asociaciones de Derechos Humanos, ONG 32
e incluso autoridades pertenecientes al Parlamento Europeo, como es el caso del Europarlamentario de Izquierda Unida Willy Meyer y su compañero José Pérez Ventura candidato de IU al Congreso por Tenerife, los cuales fueron agredidos y expulsados violentamente de El Aaiún por la policía marroquí. (ANEXO 10.85). Sin embargo, esta censura y constante ocultación de lo que acontece a la población saharaui en este territorio y el impedimento de la entrada de cualquier organismo o persona de carácter oficial al mismo, genera una gran cantidad de preguntas que quedan sin contestar y una gran incertidumbre sobre todo a la población más sensibilizada con el conflicto saharaui-marroquí, por el contrario, no parece ser ningún obstáculo para la Unión Europea, ya que Marruecos continua siendo durante este último año un estado aventajado en toda relación comercial, económica y, de hecho, disfruta de un Estatuto Avanzado con la Unión Europea que refuerza sus privilegios con la misma. El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha rechazado una resolución que pedía llevar ante la Justicia europea el acuerdo pesquero entre los Veintisiete y Marruecos, por las dudas sobre su legalidad y el respeto a los recursos naturales de los territorios del pueblo saharaui. “Deprimente”, “decepcionante” y “catastrófico” fueron algunos de los adjetivos que los parlamentarios de los distintos grupos políticos utilizaron en el debate que analizó el informe de evaluación de la Comisión Europea (CE) sobre ese acuerdo. En Febrero de 2010, “ la reunión de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el día 23 de febrero, fue debatido un informe elaborado por los servicios jurídicos del PE. Este informe señala que no se puede confirmar que el Acuerdo de Pesca UE-Marruecos sea conforme al derecho internacional, ya que los beneficios que derivan de la aplicación del acuerdo no redundan sobre la población saharaui”. “Es el informe más negativo que he visto en mi vida”, resumió la propia presidenta de la comisión de Pesca, Carmen Fraga, del Partido Popular Europeo (PPE) durante el debate. Fraga se declaró “impresionada” por las conclusiones del Ejecutivo comunitario sobre el funcionamiento del pacto de más importancia política para los Veintisiete, en el marco de los acuerdos bilaterales en materia de pesca, prorrogado un año más hace unos meses y que expirará el 27 de febrero de 2012 (ANEXO10.86). La situación en cuanto a los alrededor de 200 detenidos tras el desmantelamiento del campamento protesta, los cuales fueron en encarcelados acusados de crímenes contra las fuerzas del orden, 33
se encuentran en estos momentos en libertad provisional, sin haber sido juzgados, todos menos 24 presos políticos saharauis, que permanecen presos en la cárcel marroquí de Sale a la espera de ser juzgados por un Tribunal Militar, por su participación en el campamento protesta de Gdeim Izik. Hace una semana, 19 de ellos han iniciado una huelga de hambre indefinida debido a las pésimas condiciones en las que se encuentran y por su liberación o la celebración de un juicio justo (ANEXO 10.87). Desde la comunidad internacional y más concretamente desde la población saharaui, se esperan respuestas a muchísimas preguntas que permanecen sin contestar y el cumplimiento inmediato de promesas que continúan incumplidas desde hace un año. ¿Se han realizado las investigaciones prometidas por Marruecos respecto a todos los hechos acontecidos durante Gdeim Izik, su desmantelamiento y la represión posterior?, incluido el informe sobre la muerte del ciudadano español, los saqueos, agresiones y destrozos a casas de familias saharauis, la muerte del niño en el control militar, etc. ¿Trinidad Jiménez ha visitado la Cárcel Negra y otros centros de detención ocultos, para saber si hay que continuar con la postura moderada y de neutralidad activa respecto a la violación de los derechos humanos en Marruecos? ¿Por qué no ha ido ninguna comisión de derechos humanos de la ONU para hacer una investigación neutra y completa sobre todo lo ocurrido? ¿Por qué no se da mayor difusión a las contradicciones, disidencias internas y corrupciones dentro de Marruecos en los diferentes medios? ¿Por qué no se apoya a la población marroquí desde el Gobierno español, como se ha hecho con países como Egipto o Libia, en el que incluso se ha apoyado la intervención armada? - Se confirma la postura de la UE de considerar a Marruecos como interlocutor válido para los acuerdos económicos que incluyen los territorios ocupados. - Se mantiene la negativa de la ONU a incluir la observación de los derechos humanos entre sus responsabilidades. - Estamos de nuevo ante un silencio y olvido de la mayoría de los medios al no ser “tema de actualidad”, ni darse elementos llamativos de violencia, etc. lo que permite al Gobierno de Marruecos seguir actuando con total impunidad. - El Gobierno español ha optado por silenciar su postura, y cuando se ha pronunciado, continua vendiendo su posición de neutralidad activa, aunque sin encubrir el apoyo explícito a las tesis marroquíes. Tampoco han denunciado que no se haya realizado ninguna investigación concreta.
9.DEMANDAMOS
Tras los hechos ocurridos en este último año, seguiremos planteando una seria de demandas: - Realización de las investigaciones comprometidas que esclarezcan todos los hechos acontecidos durante el desmantelamiento y los últimos meses, con las consiguientes medidas judiciales contra los culpables. - La inclusión de la observación de los derechos humanos en la misión de la MINURSO. - Cancelación de todo acuerdo comercial con Marruecos por parte de la UE, hasta la consecución de medidas y cambios democráticos y económicos reales y de respeto de los derechos humanos en todo su territorio y la zona ocupada. Sumado a la necesidad de que sea el Pueblo dueño legítimamente de los recursos de su tierra, el Pueblo saharaui, se beneficie de la explotación de los mismos - Realización inmediata de juicios justos, con asistencia de juristas internacionales, a todos los presos saharauis y la liberación inmediata de todos los detenidos políticos sin cargos. Especialmente el caso de los 24 presos políticos saharauis de Sale. - Compensación económica a todas las personas y familias saharauis que hayan sufrido cualquier daño personal y material, así como garantizar la protección frente a ataques de colonos y el fin de los hostigamientos por parte del Ejército y policía marroquí. - Realización inmediata de un referéndum basado en el censo elaborado por la ONU en el que incluya la opción de la independencia del Sahara Occidental. - Restablecer y ampliar el plan de visitas entre familias saharauis de los campamentos y territorios ocupados hasta la consecución del referéndum. - Garantizar, por parte del Gobierno de Marruecos, el respeto y la libre circulación de los observadores internacionales civiles de derechos humanos en todo su territorio y en la zona ocupada. Marruecos y el Frente Polisario se disputan el territorio del Sahara Occidental desde que en 1975 España abandonara a su ex colonia. En el seno de Naciones Unidas (ONU), el reino alauí defiende para la zona un Plan de Autonomía mientras que el Polisario quiere hacer valer el Derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la celebración de un referéndum en el que puedan elegir libremente su destino. Todavía hoy cerca del año 2012, la situación continúa totalmente estancada y el consejo de Naciones Unidas permanece como mero observador de las negociaciones entre las dos partes implicadas. El Sahara Occidental es un Estado real que permanece ocupado militarmente y de facto por Marruecos, aunque según la carta de Naciones Unidas continua siendo clasificado como “territorio no autónomo” y así, pendiente de la celebración de un referéndum de autodeterminación como requisito fundamental en el proceso de descolonización, el pueblo saharaui permanece esperando a que estas negociaciones que se mantienen desde el alto el fuego en 1991, lleguen a un buen término.
El presente informe, “Informe Gdeim Izik”, ha sido realizado por la organización Sáhara Thawra, en el transcurso de un año desde el 8 de Noviembre de 2010, día del desmantelamiento. Se ha elaborado a través de la recogida de testimonios de la población saharaui que vivió el desmantelamiento y de esta forma poder reconstruir lo que ocurrió realmente en Gdeim Izik, desde el punto de vista de las víctimas. Toda la información esta verificada y contiene varios anexos de referencias que apoyan cada sección del informe. Los informes de organizaciones locales como CODESA, ASDVH o junto a los elaborados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y Western Sahara Resource Watch (WSRW) han servido como fuentes para el contraste de la información contenida en este informe. Para contactar con Sahara Thawra y conocer con más detalle la información que se relata en este informe o cualquier otra duda escriba un email o bien visite nuestra página web, saharathawra@gmail.com www.saharathawra.org
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