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Timestamp: 2020-01-26 15:33:19+00:00

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Registro Oficial. 9 de JUNIO del 2006 Suplemento
Viernes, 9 de junio de 2006 - R. O. No. 288
0505 Declárase intervenida a la Unión de Cooperativas de Transporte "Automovilistas de Servicio Público de la Provincia de Manabí", domiciliada en Portoviejo.
0506 Declárase intervenida a la Cooperativa de Transportes "Liribamba", domiciliada en Riobamba, provincia de Chimborazo.
1109-04-RA Revócase la resolución subida en grado e inadmítese el amparo solicitado por Dayse Magali Pérez Moscoso.
0003-06-TC Declárase la inconstitucionalidad total de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Aduanas y a la Ley de Régimen Tributario Interno, que crea la zona de tratamiento especial, comercial e industrial para el cantón Huaquillas.
0034-2005-HD Confírmase lo resuelto en primer nivel y niégase el recurso de hábeas data propuesto por Jannette Meza Duarte.
0054-2005-HD Confírmase la resolución subida en grado y niégase el recurso de hábeas data interpuesto por Luis Enrique González Miranda.
0102-05-RA Revócase la resolución pronunciada por el Juez Séptimo de lo Penal de Pichincha y concédese el amparo constitucional solicitado por Luis Antonio Orellana Rivadeneira.
0218-2005-RA Revócase la resolución del Juez Noveno de lo Civil de Imbabura y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Ángel María Pérez Cacuango.
0221-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédase el amparo solicitado por Darwin Leonel Aguirre.
0223-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por el señor Alfonzo Efraín Castillo Torres.
0293-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Jorge Kléber Loor Lino..
0304-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por la señora Soraya Dalila Vásquez Córdova.
0330-2005-RA Confírmase la resolución pronunciada por el señor Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, que desecha la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Duberli Filiberto Gaibor Gómez
0012-2006-HD Dispónese que los autos sean devueltos al inferior para que conozca y resuelva sobre lo principal, por ser de su competencia.
0013-2006-HD Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el hábeas data propuesto por el señor Enrique Ponce Noboa por intermedio de su abogado Eduardo Benavides León.
0276-2006-RA Confírmase lo resuelto en primer nivel y concédese el amparo constitucional planteado por María Lucila López Jurado..
0994-2005-RA Confírmase la decisión del Juez de lo Civil de Pelileo e inadmítese el amparo solicitado por Edgar Guillermo Morales Meza.
- Gobierno Municipal de Tena: Que regula el Sistema Cantonal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
- Gobierno Municipal del Cantón El Pangui: Que reglamenta la determinación, administración y recaudación de la contribución especial de mejoras por construcción de aceras y bordillos.
Que, la Unión de Cooperativas de Transporte "Automovilistas\n de Servicio Público de la provincia de Manabí",\n domiciliada en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí,\n tiene vida jurídica con Acuerdo Ministerial N° 2616\n de 7 de septiembre de 1971 e inscrita en el Registro General\n de Cooperativas con el número de orden 1108 de 8 de septiembre\n del mismo año;
Que con memorando N° 134-CJ-LGS-TB-2005 de 10 de noviembre\n del 2005, la coordinación jurídica hace conocer\n al Director Nacional de Cooperativas, que esta cooperativa, viene\n infringiendo reiteradamente la Ley de Cooperativas y su reglamento\n general;
Que, con memorando N° 283-DNC-JLT-LGST-TB-2005 de 10 de\n noviembre del 2005, el Director Nacional de Cooperativas, presenta\n al Subsecretario de Desarrollo Social Rural y Urbano Marginal\n el proyecto de acuerdo ministerial para su suscripción;
Que es facultad discrecional del Ministerio de Bienestar Social,\n de conformidad con los artículos 111 y 139 de la ley y\n reglamento general, respectivamente, expedir el acuerdo de intervención\n de una cooperativa y autorizar a la Dirección Nacional\n de Cooperativas designar interventor otorgándole las atribuciones\n necesarias para dirigir la cooperativa hasta que se regularice\n el funcionamiento de la misma;
Que, de conformidad con el Acuerdo Ministerial N° 0082,\n de 6 de julio del 2005, el señor Ministro de Bienestar\n Social, delegó al señor Subsecretario de Desarrollo\n Social Rural y Urbano Marginal la atribución de declarar\n intervenidas a las cooperativas; y,
Art. 1.- Declarar intervenida a la Unión de Cooperativas\n de Transporte "Automovilistas de Servicio Público\n de la provincia de Manabí", domiciliada en la ciudad\n de Portoviejo, provincia de Manabí.
Dado en el despacho de la Subsecretaria de Desarrollo Social\n Rural y Urbano Marginal, en el Distrito Metropolitano de Quito,\n a 7 de diciembre del 2005.
f.) Dr. Carlos Cevallos Melo, Subsecretario de Desarrollo\n Social Rural y Urbano Marginal.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 8 de diciembre\n del 2005.- f.) Jefe de Archivo.
No. 0506
Que, la Cooperativa de Transportes "LIRIBAMBA",\n domiciliada en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo,\n tiene vida jurídica con Acuerdo Ministerial N° 3141\n de 7 de diciembre de 1971 e inscrita en el Registro General de\n Cooperativas con el número de orden 1203;
Que con memorando N° 138-CJ-LGS-TB-2005 de 11 de noviembre\n del 2005, la coordinación jurídica hace conocer\n al Director Nacional de Cooperativas, que esta cooperativa, viene\n infringiendo reiteradamente la Ley de Cooperativas y su reglamento\n general;
Que, con memorando N° 291-DNC-JLT-LGST-TB-2005 de 11 de\n noviembre del 2005, el Director Nacional de Cooperativas, presenta\n al Subsecretario de Desarrollo Social Rural y Urbano Marginal\n el proyecto de acuerdo ministerial para su suscripción;
Art. 1.- Declarar intervenida a la Cooperativa de Transportes\n "LIRIBAMBA", domiciliada en la ciudad de Riobamba,\n provincia de Chimborazo.
Nro.\n 1109-04-RA
En el caso Nro. 1109-04-RA
ANTECEDENTES: Dayse Magali Pérez Moscoso, interpone\n acción de amparo constitucional en contra del Director\n Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Operación Rescate Infantil\n y en contra del señor Ministro de Bienestar Social y actual\n Director Ejecutivo y Representante Legal de la Unidad Ejecutora\n Operación Rescate Infantil ORI; ante el Tribunal Distrital\n de lo Contencioso Administrativo de Cuenca.
La accionante manifiesta que desde el 14 de septiembre del\n 2000, suscribió con la Unidad Ejecutora Operación\n Rescate Infantil O.R.I, varios contratos de servicios personales\n que tuvieron carácter sucesivo y permanente, en calidad\n de Promotora Social, trabajando desde la fecha indicada en forma\n ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 2003. Que en calidad\n de Director Ejecutivo de O.R.I, el señor Edmundo Solís\n Izurieta a través de oficio Nº 1233-DE-EX ORI-03,\n agradece los servicios de la accionante por haber terminado la\n vigencia del último contrato de trabajo. La actora manifiesta\n que por la acción del señor Director Ejecutivo\n de O.R.I, ha provocado que actualmente esté desempleada,\n por lo que afirma, se le han violado el derecho al trabajo, a\n la legítima defensa, igualdad ante la ley, estabilidad\n de los servidores públicos, etc; y que, se trata de una\n acción ilegítima de la Entidad Empleadora porque\n se desvirtuó la naturaleza del vínculo contractual\n que lo mantuvieron por tres años. Por lo señalado,\n pide se deje sin efecto el oficio Nº 1233-DE-EX ORI-03,\n así como disponer su inmediato reingreso a la función\n que desempeñaba, una vez que se extienda su correspondiente\n nombramiento conforme ordena la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público. Pide se ordene\n además, se le restituyan en forma íntegra las remuneraciones\n que ha dejado de percibir desde que arbitrariamente se la dejó\n fuera del trabajo. Finaliza señalando se le han violado\n disposiciones de los artículos: 23, numeral 3; 24, numerales\n 10 y 13; 35 y 124 de la Constitución así como la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público\n y los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicios Profesionales,\n por contrato que ordenaba se puedan contratar servicios por un\n máximo de 90 días.
En la audiencia pública llevada a efecto en el Tribunal\n de instancia, no concurre la parte demandada; la accionante se\n ratifica en los fundamentos de hecho y derecho de la acción\n planteada.
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de\n Cuenca resuelve admitir la acción de amparo propuesta,\n por estimar entre otras razones que el Tribunal Distrital Nº\n 1, con sede en Quito, en fecha 2 de marzo del 2004, resolvió\n admitir un amparo con iguales fundamentos que los expresados\n en esta acción, misma que es ratificada por la primera\n Sala del Tribunal Constitucional en fecha 7 de octubre del 2004.\n Además, señala el Juez, que el Tribunal ha aceptado\n los recursos de amparo constitucional propuestos por otros servidores\n del O.R.I, que tienen la misma posición que la de la recurrente.\n Por lo que, sin entrar en mayor análisis, pero sí,\n resaltando la garantía constitucional de la igualdad ante\n la Ley, resultaría no adecuado no admitir el derecho que\n le asiste a la accionante. Decisión que es apelada ante\n el Tribunal Constitucional.
PRIMERO.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n en este caso;
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución del presente caso, por\n lo que se declara su validez;
TERCERO.- La acción de amparo procede con el objeto\n de adoptar medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de autoridad pública que viole cualquier\n derecho consagrado en la Constitución o en un tratado\n o convenio internacional vigente y que amenace con causar un\n inminente daño grave;
CUARTO.- Que, es pretensión de la recurrente se deje\n sin efecto el oficio No. 1233-DE-EX ORI-2003, de 31 de Diciembre\n de 2003 mediante el cual se da por concluido el contrato de servicios\n personales en calidad de Promotora Social en la Coordinación\n de Azuay.
QUINTO.- Que, constan en el expediente de primera instancia,\n de fojas 2 a 9, copias certificadas de los contratos de prestación\n de servicios personales, suscritos entre la Unidad Ejecutora\n Operación Rescate Infantil, ORI y la compareciente, contratos\n que datan desde septiembre del año 2000, celebrados por\n períodos de hasta un año, los mismos que han sido\n sucesivamente renovados hasta diciembre de 2003.
SEXTO.- Que, conforme lo establece el artículo 95 de\n la Constitución, la acción de amparo constitucional\n procede exclusivamente en contra de actos de autoridad pública.\n En vista de que los actos de autoridad pública proceden\n de la potestad pública, que se manifiesta y expresa en\n forma unilateral la voluntad administrativa, el particular se\n encuentra en relación de subordinación respecto\n de la Administración, la cual, actúa revestida\n de imperium, por lo cual: en los actos de autoridad existe desequilibrio\n entre la administración que detente el poder y el administrado\n sometido a dicho poder. Por tales circunstancias, los mencionados\n actos de autoridad se imponen a los administrados sin necesidad\n de su consentimiento. En vista de lo cual, existe la acción\n de amparo a fin de proteger al individuo de los actos de autoridad\n abusivos y dañosos que pudiere sufrir. Sin embargo de\n lo expresado, no siempre la autoridad actúa revestida\n del imperium. Así, en lo relativo a materia contractual,\n el Estado se encuentra en plano de igualdad en relación\n con el particular, es decir que la relación contractual\n no se desenvuelve en relación de subordinación\n de la voluntad privada a la pública, sino que tal relación\n se desarrolla en coordinación de voluntades entre administración\n y administrado, acuerdo de voluntades que se contiene en el contrato\n suscrito y que no es unilateral. En razón de que el acto\n contractual no es de carácter unilateral e impuesto, el\n artículo 50 numeral 6 del Reglamento de Trámite\n de Expedientes en el Tribunal Constitucional, publicado en el\n Registro Oficial No. 492 de 11 de enero de 2002, ha establecido\n la improcedencia de la acción de amparo para casos de\n naturaleza contractual o bilateral.
SEPTIMO.- Que, conforme lo establecido en las consideraciones\n precedentes, la relación existente entre la accionante,\n Dayse Magali Pérez Moscoso, y la administración,\n Unidad Ejecutora Operación Rescate Infantil O.R.I., era\n una relación contractual, suscrita al amparo de la Ley\n de Servicios Personales, promulgada en el Registro Oficial No.\n 364 de 7 de agosto de 1973, derogada expresamente por la Ley\n Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y\n de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público, publicada en el suplemento al Registro\n Oficial No. 6 de octubre de 2003. En tal sentido, este Tribunal,\n de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo\n 50 del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal\n Constitucional, publicado en el Registro Oficial No. 492 de 11\n de enero de 2002, ha establecido que son casos de improcedencia\n de la acción de amparo, y por tanto deben ser inadmitidos,\n los casos respecto "de actos de naturaleza contractual o\n bilateral"; del mismo modo, este Tribunal se ha pronunciado\n reiteradamente en concordancia con dicha norma legal, así\n por ejemplo: la resolución No. 054-2000-TP resolvió\n que el "Tribunal no puede pronunciarse sobre la validez\n contractual, pues tal cuestión no está dentro de\n sus competencias"; en la resolución 0413-2004-RA,\n manifiesta: "esta Magistratura (el Tribunal Constitucional)\n (no) tiene competencia ni es la acción de amparo la vía\n pertinente para determinar el cumplimiento o incumplimiento de\n contratos", entre otras; con claridad han determinado que\n los casos de naturaleza bilateral o contractual no pueden ser\n resueltos en acción de amparo constitucional.
\n OCTAVO.- Que, para que proceda la acción de amparo constitucional,\n el daño causado por el acto de autoridad que se impugna\n debe ser grave e inminente. Es claro que los efectos dañosos\n del acto que se impugna se diluyen por causa del paso del tiempo.\n Este decurrir del tiempo resta inminencia al daño grave\n sufrido, lo cual, resta procedencia a la acción de amparo.\n En el caso concreto, consta a fojas 1 del expediente de instancia\n que el acto impugnado es de 31 de diciembre de 2003, en tanto\n que, la acción de amparo se la propuso el 15 de noviembre\n de 2004, como consta a fojas 39 del expediente de instancia,\n sin que conste de autos la presentación de acciones administrativas\n que justifiquen la no presentación de la acción\n de amparo en forma inmediata, lo cual, resta inminencia al reclamo\n presentado y por tanto procedencia al mismo.
Por las consideraciones que anteceden, en uso de sus atribuciones\n legales y constitucionales, el Tribunal Constitucional,
1.- Revocar en todas sus partes la resolución subida\n en grado; y, en consecuencia, inadmitir el amparo solicitado.
2.- Remitir el expediente al Tribunal de instancia, para el\n cumplimiento de los fines legales.
3.- Publicar la presente resolución en el Registro\n Oficial.- Notifíquese."
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con seis\n votos a favor correspondientes a los doctores Jorge Alvear Macías,\n Jacinto Loaiza Mateus, Juan Montalvo Malo, Carlos Soria Zeas,\n Manuel Viteri Olvera y Santiago Velázquez Coello y tres\n votos salvados de los doctores José García Falconí,\n Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz Baquerizo, en sesión\n del día martes veintitrés de mayo de dos mil seis.-\n Lo certifico.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES JOSÉ GARCÍA FALCONÍ,\n TARQUINO ORELLANA SERRANO Y ENRIQUE TAMARIZ BAQUERIZO EN EL CASO\n SIGNADO CON EL NRO. 1109-04-RA.
Quito D. M., 23 de mayo de 2006
TERCERA.- La acción de amparo procede con el objeto\n de adoptar medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de autoridad pública que viole cualquier\n derecho consagrado en la Constitución o en un tratado\n o convenio internacional vigente y que amenace con causar un\n inminente daño grave;
CUARTA.- Que, es pretensión de la recurrente se deje\n sin efecto el oficio No. 1233-DE-EX ORI-2003, de 31 de Diciembre\n de 2003 mediante el cual se da por concluido el contrato de servicios\n personales en calidad de Promotora Social en la Coordinación\n de Azuay.
QUINTA.- Constan en el expediente de primera instancia, de\n fojas 2 a 9, copias certificadas de los contratos de prestación\n de servicios personales, suscritos entre la Unidad Ejecutora\n Operación Rescate Infantil, ORI y la compareciente, contratos\n que datan desde septiembre del año 2000, celebrados por\n períodos de hasta un año, los mismos que han sido\n sucesivamente renovados hasta diciembre de 2003.
SEXTA.- La Ley de Servicios Personales por Contrato promulgada\n en el Registro Oficial N° 364 de 7 de agosto de 1973 fue\n creada para satisfacer necesidades de carácter técnico\n o especializado, por cortos períodos en la administración\n pública, determinando la posibilidad de contratar personal\n técnico, especializado o práctico por períodos\n de noventa días no prorrogables, celebrados por una sola\n vez, en cada ejercicio económico. Del análisis\n de los contratos incorporados al proceso, se establece que la\n compareciente no fue contratada bajo esta modalidad, para desempeñar\n sus funciones para el período de 90 días previsto\n en la Ley, todo lo contrario, ha venido laborando ininterrumpidamente\n por varios años, bajo la figura de renovación del\n contrato de servicios personales, lo cual no se encuentra previsto\n por la Ley, pues su naturaleza es ocasional y expresamente se\n prohíbe la prórroga de tales contratos, por lo\n que la entidad ha desvirtuado la naturaleza de esta clase de\n contrato.
El Pleno de este Tribunal, en la causa 0375-2003-RA; y, la\n Primera Sala, en la causa Nro. 0209-2004-RA, al resolver casos\n similares, han realizado igual análisis al que antecede,\n que, además, es pronunciado por el Procurador General\n del Estado, en la absolución de consulta relativa a determinado\n personal del ORI que se encontraba en la misma condición\n laboral que la ahora accionante, en los siguientes términos:\n "no se han celebrado en realidad contratos ocasionales sino\n que apelando indebidamente a esta figura, el ORI, ha contratado\n personal para trabajar de modo habitual, es decir, no solo noventa\n días, sino más, por lo que ese personal se asimila\n a los servidores amparados por la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, debiendo operar entonces la igualdad de derechos\n prevista en el artículo 23, numeral 3, de la Constitución\n Política de la República".
SEPTIMA.- El oficio N° 1233-DE-EX-ORI-2003, mediante el\n cual se agradece a la señora Dayse Magali Pérez\n por los servicios prestados al O.R.I, luego de haber laborado\n por más de tres años, constituye acto que, por\n contrariar expresas disposiciones legales, adolece de ilegitimidad,\n tanto más si existe el pronunciamiento del Procurador\n General del Estado y las resoluciones de este Tribunal sobre\n casos similares y la entidad Operación Rescate Infantil,\n ORI, persiste en utilizar el contrato de prestación de\n servicios personales, para regular una relación permanente\n y habitual con sus trabajadores.
OCTAVA.- La terminación de contratos, bajo cuyas condiciones\n la accionante ha venido prestando labores permanentes y habituales\n en ORI; vulnera el derecho a la estabilidad de los servidores\n públicos, reconocida en el artículo 124 de la Constitución\n Política del Estado; y, a la vez, vulnera el derecho al\n trabajo garantizado en el artículo 35 de la Carta Fundamental,\n pues, no obstante haber sido contratada bajo modalidad de contrato\n ocasional, se hallaba ejerciendo el derecho al trabajo de manera\n habitual, es decir, había accedido a una actividad cuyo\n desempeño, a la vez que deber social, constituye la condición\n que permite al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia\n decorosa y una remuneración justa para la satisfacción\n de sus necesidades, conforme dispone el texto constitucional\n contenido en el artículo 35, cuya privación, a\n no dudarlo, ocasiona daño grave al ser intempestivamente\n colocada en situación de desocupación, en condiciones\n en que acceder a un puesto público o privado de trabajo,\n se torna cada vez más difícil.
NOVENA.- Que el amparo tutela derechos fundamentales que han\n sido vulnerados, y sobre esa materia el Tribunal Constitucional,\n se pronuncia, sin que por ello se califique o reconozca la legalidad\n de las actuaciones por el ORI al suscribir los contratos sucesivos\n a los que se han hecho referencia. En esta virtud, se dejan a\n salvo los derechos del Estado para establecer responsabilidades\n por las irregulares formas de contratación y para el ejercicio\n de la acción de lesividad si fuere del caso.
Por lo expuesto, somos del criterio que el Pleno del Tribunal\n Constitucional debe:
1.- Confirmar en todas sus partes la resolución subida\n en grado; en consecuencia, conceder el amparo solicitado.
2.- Remitir el expediente al Tribunal de instancia, para el\n cumplimiento de los fines legales.- Notifíquese y publíquese.
f.) Dr. José García Falconí, Vocal.
\n f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, Vocal.
f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerio, Vocal.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado\n por f.) Ilegible.- Quito, a 30 de mayo del 2006.- f.) El Secretario\n General.
Nro.\n 0003-06-TC
En el caso Nro. 0003-06-TC
ANTECEDENTES: El señor Eduardo Aquiles Maruri Miranda,\n en calidad de Procurador Común de mil ciudadanos, comparece\n ante el Tribunal Constitucional y demanda la inconstitucionalidad\n de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica\n de Aduanas y a Ley de Régimen Tributario Interno, que\n crea la Zona de Tratamiento Especial Comercial e Industrial para\n el Cantón Huaquillas, publicada en el Registro Oficial\n No. 238 de 28 de marzo de 2006.
Dirige su demanda contra el Presidente del H. Congreso Nacional\n y el Procurador General del Estado, y manifiesta lo siguiente:
Que mediante oficio No. T.O75-SJ-2003-2377 de 21 de octubre\n de 2003, el Presidente Constitucional de la República,\n remitió al Congreso Nacional el proyecto de Ley denominado\n Ley de Creación de la Zona de Tratamiento Especial, Comercial\n e Industrial para el Cantón Huaquillas, la misma que fue\n aprobada el 2 de diciembre de 2004 por el H. Congreso Nacional;
Que el Presidente Constitucional de la República, mediante\n oficio No. T.2111-SGJ-04-8398 de 22 de diciembre de 2004, hizo\n conocer al Congreso Nacional de su objeción al referido\n proyecto, por contener varias inconstitucionalidades y desvirtuar\n el contenido del proyecto originalmente enviado:
Que con fecha 8 de marzo de 2006, el Congreso Nacional, ratifica\n la referida Ley, y la envía para su promulgación\n en el Registro Oficial;
Que la Ley en mención, tiene la calificación\n de Orgánica, sin que cumpla con lo dispuesto en los ordinales\n constantes en el artículo 142 de la Constitución\n Política del Estado, para determinarla como orgánica;
Que el tratamiento tributario contenido en el texto del proyecto,\n al liberar a los ciudadanos de la ciudad de Huaquillas del pago\n del impuesto al valor agregado y del 100% de derechos arancelarios\n y adicionales al comercio exterior, contraponen al Programa Económico\n del Gobierno Nacional, que prevé una política orientada\n a racionalizar el sistema impositivo con el propósito\n de cumplir con los principios que regula el régimen tributario\n de igualdad y proporcionalidad contemplado en el Art. 256 de\n la Constitución Política del Estado;
Que las objeciones planteadas por el Presidente de la República,\n impedían al Congreso Nacional, promulgar la ley, en virtud\n del artículo 154 de la Constitución que establece\n que cuando una ley sea vetada total o parcialmente esta deberá\n ser analizada por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación;
Que dicha ley, es violatoria de los artículos 23 numeral\n 3 y 256 de la Constitución Política del Estado,\n al implantar un trato arbitrario y discriminatorio que implanta\n inusuales prebendas en beneficio exclusivo de un grupo poblacional;
Que si bien la Constitución según el artículo\n 271, el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo\n podrá conceder tratamientos tributarios especiales en\n las zonas menos desarrolladas especialmente en las zonas fronterizas,\n se entiende que estos tratamientos especiales se concederán\n por una sola vez, por el tiempo que se estime necesario, pero\n no como un beneficio perpetuo como lo intenta estipular la Ley\n 2006-34;
Que los artículos 5 y 6 de la referida Ley, son inconstitucionales,\n al establecer un privilegio tributario para las personas naturales\n y jurídicas domiciliadas en Huaquillas por el solo hecho\n de residir en el cantón, y se deja la puerta abierta para\n que a la Zona de Tratamiento Especial, puedan ingresar no solo\n mercancías importadas, sino también las de origen\n nacional, que podría dar lugar a que tal ingreso conlleve\n al no pago del impuesto al valor agregado que se genere por la\n correspondiente transacción;
Que las cargas impositivas deben abarcar a todas las personas\n y a todos los bienes de un Estado, sin excepción de ninguna\n naturaleza, más allá de las exoneraciones legales\n que existen por causas muy específicas pero que jamás\n deberían degenerar en la exclusión de un cantón\n entero de sus habitantes., sino clasificar a los contribuyentes\n en la medida de su capacidad económica, criterio que va\n de la mano con el principio de proporcionalidad, que no es lo\n mismo que liberar totalmente de cargas tributarias y arancelarias\n a quienes residen en una determinada circunscripción territorial;
Que se ha violado el artículo 244 numerales 3 y 9 de\n la Constitución, ya que la creación de la Zona\n de Tratamiento Especial en beneficio de Huaquillas, fomenta la\n existencia de un factor que distorsionará el mercado ecuatoriano\n al permitir el ingreso masivo de mercancías amparadas\n bajo un régimen suspensivo de aranceles e IVA, pero sin\n un sistema adecuado de control aduanero y tributario;
Que la ausencia de dichos mecanismos de control deja expedito\n el camino para una evasión fiscal incalculable y de consecuencias\n imprevisibles, fomentando el contrabando y el consecuente perjuicio\n para los comerciantes formales que sí están obligados\n a cumplir con sus obligaciones impositivas, por lo que solicita\n se declare la total inconstitucionalidad por el fondo y la forma\n de la Ley No. 2006-34;
A fojas 92 del expediente comparece el Dr. Wilfrido Lucero\n Bolaños, en su calidad de Presidente del Congreso Nacional,\n y hace una relación cronológia del trámite\n constitucional y legal seguido para la promulgación de\n dicha ley, deja a salvo el criterio del Tribunal Constitucional\n para que en derecho resuelva lo que amerite conveniente en la\n presente inconstitucionalidad planteada.
El Director Nacional de Patrocinio y Delegado del Procurador\n General del Estado, se limita a señalar casilla constitucional.
Comparecen, además, alegando su calidad de terceros\n interesados, el Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno\n Seccional Autónomo del cantón Huaquillas a nombre\n de los vecinos del cantón Huaquillas.
PRIMERO.- Que, el Pleno del Tribunal Constitucional es competente\n para conocer y resolver el presente caso de conformidad con los\n artículos 276, número 1 de la Constitución;\n 12, número 1 y 62 de la Ley del Control Constitucional\n y 1 y siguientes del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional.
TERCERO.- Que, los accionantes han demandado la inconstitucionalidad,\n por la forma y por el fondo, de la "Ley Orgánica\n Reformatoria a la Ley Orgánica de Aduanas y a la Ley de\n Régimen Tributario Interno, que crea la zona de tratamiento\n especial, comercial e industrial para el Cantón Huaquillas".
Corresponde, en primer lugar, realizar el análisis\n sobre la inconstitucionalidad o no, por la forma, de la norma\n impugnada.
CUARTO.- Que, de folios 1 a 41 del expediente consta el Registro\n Oficial No. 238, del martes 28 de marzo de 2006, en la que se\n encuentra publicada la ley que se impugna (folios 6 a 8);
QUINTO.- Que, de folios 42 a 48 del expediente consta el Oficio\n No. T.075-SJ-2003-2377, de 21 de octubre de 2003, suscrito por\n el ex - Presidente Constitucional de la República, Ing.\n Lucio Gutiérrez Borbúa, mediante el cual remite\n al H. Congreso Nacional, textualmente: "Proyecto Ley de\n Creación de la Zona de Tratamiento Especial, Comercial\n e Industrial para el Cantón Huaquillas", con la correspondiente\n exposición de motivos. Se aprecia de esta manera, que\n el Proyecto en su origen no fue calificado como "Ley Orgánica".
SEXTO.- Que, de folios 49 a 51 del expediente, consta el Oficio\n No. T.2111-SGJ-04-8398, de 22 de diciembre de 2004, suscrito\n por el ex - Presidente Constitucional de la República,\n Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa, y enviado al H. Congreso\n Nacional, mediante el cual objeta totalmente el proyecto denominado:\n "Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica\n de Aduanas y a la Ley de Régimen Tributario Interno, que\n crea la zona de tratamiento especial, comercial e industrial\n para el cantón Huaquillas" (las negrillas son nuestras).\n Entre la fundamentación para la objeción total,\n se destaca y se cita textualmente:
"El artículo 142 de la Constitución Política\n de la República, determina cuales son leyes orgánicas.
"La calificación de Orgánica al proyecto\n de Ley que crea la Zona de Tratamiento Especial, Comercial e\n Industrial para el Cantón Huaquillas, realizada por el\n H. Congreso Nacional, no corresponde a ninguno de los ordinales\n constantes en este artículo y se utiliza la denominación\n de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica\n de Aduanas y a la Ley de Régimen Tributario Interno, para\n justificar la calidad de Ley Orgánica, pues en el Art.\n 16 del proyecto motivo de este veto, sin hacer referencia a los\n artículos y disposiciones legales que expresamente se\n reforman, derogan o incluyen, contraviniendo en consecuencia\n lo que establece el artículo 2 del Código Tributario\n vigente" (sic) (numeral 1 de la fundamentación);
"El tratamiento tributario en referencia se contrapone\n al Programa Económico del Gobierno Nacional aprobado para\n el presente año y a los compromisos establecidos con los\n organismos internacionales de crédito, que prevén\n una política orientada a racionalizar el sistema impositivo\n con el propósito de cumplir con los principios que regulan\n el régimen tributario de igualdad, proporcionalidad y\n generalidad contemplados en el Art. 256 de la Constitución\n Política de la República, así mismo advertimos\n que causaría un grave impacto fiscal que generaría\n problemas de sostenibilidad fiscal en el actual contexto de dolarización"\n (numeral 4 párrafo segundo de la fundamentación).
SÉPTIMO.- Que, el Art. 154 de la Constitución\n Política del Estado (CPE) dice:
"Si la objeción del Presidente de la República\n se fundamentare en la inconstitucionalidad total o parcial del\n proyecto, éste será enviado al Tribunal Constitucional\n para que emita su dictamen dentro del plazo de treinta días.\n Si el dictamen confirmare la inconstitucionalidad total del proyecto,\n éste será archivado. Si confirmare la inconstitucionalidad\n parcial, el Congreso Nacional deberá realizar las enmiendas\n necesarias para que el proyecto pase luego a la sanción\n del Presidente de la República.
"Si el Tribunal Constitucional dictaminare que no hay\n inconstitucionalidad, el Congreso ordenará su promulgación".
OCTAVO.- Que, si bien es cierto, el oficio mencionado en el\n considerando sexto no hace referencia expresa a que el Presidente\n de la República hubiese realizado objeciones de inconstitucionalidad\n e inclusive menciona que actúa de acuerdo a la facultad\n que le confiere el Art. 153 de la Constitución Política\n de la República este Tribunal, con base a los textos citados\n en el mismo considerando, aprecia que efectivamente se produjo\n objeciones de inconstitucionalidad, por la razón que se\n expone a continuación.
En el proceso de formación de la ley, el Presidente\n de la República puede objetarla por razones de conveniencia\n (Art. 153 CPE), o por razones de inconstitucionalidad (Art. 154\n CPE).
Al citar, el Presidente de la República, los artículos\n constitucionales que se contravendrían de promulgarse\n la ley, como efectivamente ocurrió, a saber, los artículos\n 142 y 256 CPE, tácitamente realiza una objeción\n de inconstitucionalidad y así debió entenderlo\n el órgano legislativo, por lo que no podía continuar\n con el proceso de formación de la ley sin que previamente\n se cumpla con lo dispuesto en el indicado Art. 154 CPE.
El principio de interpretación constitucional sobre\n la funcionalidad o de corrección funcional de las normas\n constitucionales, exige al intérprete respetar las competencias\n de los diversos órganos e instituciones que se encuentran\n establecidas en la Constitución.
De esta forma, el Art. 276 numeral 4) CPE indica que compete\n al Tribunal Constitucional: "Dictaminar sobre las objeciones\n de inconstitucionalidad que haya hecho el Presidente de la República,\n en el proceso de formación de las leyes"; norma que\n involucra por su especialidad al Tribunal Constitucional en el\n proceso de formación de las leyes y que tiene por objeto\n que el máximo órgano de control de la constitucionalidad\n en el Ecuador realice de forma abstracta y a priori el control\n de constitucionalidad de la norma que tendrá efectos de\n carácter general o erga omnes, con el fin de velar por\n la unidad y validez del ordenamiento jurídico, cuya cúspide\n es la Constitución, y velar también, por el mantenimiento\n del orden jurídico social justo.
Por lo tanto, no caben los argumentos sobre que el Presidente\n de la República debió señalar expresamente\n que realizaba objeciones de inconstitucionalidad, ni que a él\n le correspondía pedir el dictamen al Tribunal Constitucional\n (Art. 277 CPE)
Respecto a éste último punto, cabe recordar\n que el método sistemático de interpretación\n constitucional, se fundamenta en que la Constitución es\n un todo orgánico y en consecuencia, sus postulados no\n pueden ser interpretados de manera particular (como lo sería\n el Art. 277 CPE), sino conforme al espíritu de todo el\n ordenamiento. Aquí aparece la necesidad que la Constitución\n sea valorada como un cuerpo que tiene una unidad orgánica\n y finalista. En primer lugar, la Constitución, debe entenderse\n como un conjunto normativo cuyas disposiciones son acordes unas\n con otras, de forma tal que ellas no se repelan sino que se acoplen\n para alcanzar sus propios objetivos; y, en segundo lugar, las\n propias disposiciones constitucionales no pueden ser normas estáticas\n ni escapar del contexto social, sino que persiguen objetivos\n de orden social que el intérprete debe valorar en su momento.
En la especie, la interpretación constitucional que\n se realice debe tener por objetivo mantener la unidad orgánica\n de la Constitución, ser finalista en cuanto al mantenimiento\n del orden social y atento a ello, este Tribunal considera que\n no era posible que el legislador se sustrajera del espíritu\n constitucional que otorga una competencia específica al\n Tribunal Constitucional, produciendo con su accionar, en definitiva,\n la violación del Art. 154 CPE que involucra al Tribunal\n Constitucional en el proceso de formación de la ley, por\n lo que al no haberse contado con éste, aún cuando\n haya sido por omisión del Ejecutivo, el nacimiento de\n la norma que ahora se impugna fue viciado en su forma y en consecuencia\n este Tribunal observa que efectivamente se ha producido la inconstitucionalidad\n por la forma en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley\n Orgánica de Aduanas y a la Ley de Régimen Tributario\n Interno, que crea la zona de tratamiento especial, comercial\n e industrial para el Cantón Huaquillas.
Se debe dejar en claro que la omisión del Ejecutivo\n lo único que ocasiona es la vulneración del Art.\n 171 CPE que se refiere a sus atribuciones, y que en su numeral\n 4) dice: "Participar en el proceso de formación y\n promulgación de las leyes en la forma prevista en esta\n Constitución" (las negrillas son nuestras); en consecuencia,\n al no haberlo hecho de tal manera, se produce otro motivo de\n inconstitucionalidad por la forma en el origen de la ley que\n se impugna.
NOVENO.- Que, aún establecida la inconstitucionalidad\n por la forma, procede de conformidad con lo demandado, analizar\n sobre si existe o no inconstitucionalidad por el fondo de la\n norma impugnada, estudio que se realiza a continuación.
DÉCIMO.- Que, el Art. 142 de la Constitución\n Política del Estado dice:
1. Las que regulen la organización y actividades de\n las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial; las del régimen\n seccional autónomo y las de los organismos del Estado,\n establecidos en la Constitución.
2. Las relativas al régimen de partidos, al ejercicio\n de los derechos políticos y al sistema electoral.
3. Las que regulen las garantías de los derechos fundamentales\n y los procedimientos para su protección.
4. Las que la Constitución determine que se expidan\n con este carácter.
Es innecesario realizar un análisis particularizado\n de la ley que se impugna con cada uno de los numerales del artículo\n citado, puesto que salta a la vista que la ley que crea la zona\n de tratamiento especial en Huaquillas no cumple con ninguno de\n los supuestos para ser considerada como ley orgánica;\n y, no obstante a ello, y de haber sido motivo de objeción\n del Presidente de la República, el legislativo la calificó\n de esa manera, violando el Art. 142 CPE.
El Art. 143 CPE, inciso segundo, dice: "Una ley ordinaria\n no podrá modificar una ley orgánica ni prevalecer\n sobre ella, ni siquiera a título de ley especial".
Se torna evidente que la actuación del legislativo\n de calificar como orgánica a la ley, era necesaria para\n sus pretensiones de reformar a la Ley Orgánica de Aduanas\n y a la Ley de Régimen Tributario Interno, pero al hacerlo\n violó el Art. 143 CPE porque los cambios jurídicos\n en el país no se pueden dar solamente por sus denominaciones,\n sino fundamentalmente por su materialidad; es decir, por el contenido\n de la norma. En el caso de análisis, el legislador procedió\n a reformar una ley orgánica mediante una ley ordinaria,\n independientemente de su calificación.
DÉCIMO PRIMERO.- Que, el Art. 256 de la Constitución\n Política del Estado dice:
El régimen tributario se regulará por los principios\n básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los\n tributos, además de ser medios para la obtención\n de recursos presupuestarios, servirán como instrumento\n de política económica general.
Las leyes tributarias estimularán la inversión,\n la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo\n nacional. Procurarán una justa distribución de\n las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que, el Art. 5 de la ley que se impugna\n dice: Las importaciones de mercancías, materia prima,\n equipos, maquinarias, herramientas y repuestos de la Zona de\n Tratamiento Especial Comercial e Industrial del Cantón\n de Huaquillas, están sujetas a tarifa cero del IVA y a\n la suspensión del cien por ciento (100%) de los derechos\n arancelarios y adicionales, excepto la tasa de operación\n de conformidad con esta ley.
DÉCIMO TERCERO.- Que, el Art. 6 de la norma que se\n impugna, dice: "Podrán ingresar al territorio de\n la Zona de Tratamiento Especial todas las mercancías nacionales\n y/o extranjeras provenientes de los países integrantes\n de la Comunidad Andina de Naciones -CAN- así como las\n mercancías de los países con los cuales el Ecuador\n mantiene convenios de carácter comercial; y, aquellas\n de terceros países que para su comercialización\n y/o industrialización se acogerán a los beneficios\n establecidos en el artículo anterior".
DÉCIMO CUARTO.- Que, en definitiva, se tiene que mediante\n la ley, materia de la impugnación constitucional, se crea\n una zona de tratamiento especial para el comercio que se desarrolle\n en el Cantón Huaquillas, que consiste en la liberación\n de la obligación del pago del impuesto al valor agregado\n y a la suspensión del total de los derechos arancelarios\n y adicionales.
El análisis del tratamiento especial indicado, obliga\n a recordar que los principios de igualdad, generalidad y proporcionalidad\n (Art. 256 CPE), que guían al régimen tributario,\n deben ser comprendidos de manera razonable, de forma tal que\n conlleven a pensar que todas las personas debemos cumplir con\n el pago de las obligaciones tributarias, proporcionalmente de\n acuerdo con la capacidad económica de cada uno.
Es cierto que en la actividad socio - económica se\n presentan situaciones especiales, que permiten al legislador\n exonerar o liberar del pago de los impuestos a ciertas personas\n o por la realización de ciertas actividades. Así,\n en la Ley de Régimen Tributario Interno, se encuentran\n gravados con tarifa cero las actividades de carga en cualquiera\n de sus modalidades, la salud, educación, vivienda, servicios\n públicos básicos, etc., con el fin de facilitar\n el comercio o no imponer una obligación a las necesidades\n básicas de la población.
\n En la especie, si bien se intenta justificar la medida de gravar\n con tarifa cero al comercio que se realice en Huaquillas, por\n la afectación que ha sufrido por la adopción del\n sistema de dolarización no cabe duda que sus actividades\n económicas deben haberse afectado, no es menos cierto\n que la crisis económica ha sido general en todo el país\n y en otras provincias fronterizas, por lo que es desproporcionado\n que se pretenda un impulso de esa naturaleza a un cantón\n del país, sin considerar paralelamente la crítica\n situación en la que pueden encontrarse otros.
La liberación de la obligación de pago del IVA\n a un sector geográfico de la población, sin más\n justificativo que pretender su desarrollo comercial, no se compadece\n con los principios de igualdad, generalidad y proporcionalidad\n revisados. Por ello es que tomando en cuenta que a personas que\n se encuentran en otros sectores geográficos del país,\n en las mismas condiciones, no se les ha dado las mismas oportunidades\n o tratamiento, este Tribunal observa que efectivamente se vulnera\n el principio constitucional de igualdad de las personas, consagrado\n en el Art. 23 numeral 3 CPE, que dice: "La igualdad ante\n la ley. Todas las personas serán consideradas iguales\n y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades".
DÉCIMO QUINTO.- Como se dijo, el Art. 256 CPE establece\n que los tributos, además de ser medios para la obtención\n de recursos presupuestarios, servirán como instrumento\n de política económica general.
Si se revisa el ordenamiento jurídico ecuatoriano,\n se puede ver que se concede una atención cuidadosa al\n tema de los tributos, y en general, a la política fiscal\n del País, que se justifica precisamente por las connotaciones\n socio económicas que puede ocasionar un tratamiento inadecuado.\n Veamos:
El Art. 147 CPE dice: "Solamente el Presidente de la\n República podrá presentar proyectos de ley mediante\n los cuales se creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten\n el gasto público o modifiquen la división político\n - administrativa del país"; concediendo una responsabilidad\n especial, en materia de impuestos al Presidente de la República.\n El Art. 257 CPE lo complementa al señalar: "Sólo\n por acto legislativo de órgano competente se podrán\n establecer, modificar o extinguir tributos".
El mismo Art. 257, tercer inciso, indica: "El Presidente\n de la República podrá fijar o modificar las tarifas\n arancelarias de aduana", disposición que también\n consta en el Código Tributario, y que de la misma forma\n le otorga una competencia especial al Ejecutivo; sin embargo,\n ha sido desbordada por el Congreso Nacional al plasmar su voluntad\n en la ley que se impugna, de permitir que de manera general y\n permanente se produzca la suspensión del cien por ciento\n de los derechos arancelarios y generales.
El Art. 244 CPE en su numeral 9, indica que dentro del sistema\n de economía social de mercado al Estado le corresponde:\n " Mantener una política fiscal disciplinada";\n norma que se complementa con la contenida en el Art. 260 ídem\n que señala: "La formulación y ejecución\n de la política fiscal será de responsabilidad de\n la Función Ejecutiva".
Vemos, que la Constitución Política del Estado\n le concede a la Función Ejecutiva, un

References: resolución 
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 artículo 276
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 artículo 95
 artículo 50
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 artículo 23
 artículo 124
 artículo 35
 artículo 35
 resolución 
 artículo 142
 artículo 154
 artículo 244
 artículo 142
 artículo 2