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Timestamp: 2017-03-24 10:13:24+00:00

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MUJERES SIN MIEDO: 02.17
José Antonio Román | jueves, 23 feb 2017 13:24
Familiares de los estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa ofrecen una conferencia de prensa, en el plantón que mantienen frente a la PGR, para dar a conocer los detalles de la V Convención Nacional Popular. Foto: Marco Peláez
Ciudad de México. Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, anunciaron que este sábado y domingo se realizará, en la Ciudad de México, la V Convención Nacional Popular (CNP), instancia integrada por diversas organizaciones sociales que buscan modificar de raíz el injusto régimen económico, político y social que sufren el país.
En conferencia de prensa, realizada frente a la sede de la Procuraduría General de la República, una comisión de los padres de los 43 anunció también que el domingo 26 de febrero –fecha en que se cumplen 29 meses de la desaparición de los estudiantes-, realizarán una marcha del Anti-monumento de los 43 al Hemiciclo a Juárez.
Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres de familia, informó que durante esa concentración se darán a conocer los resolutivos de la Convención Nacional.
En sus intervenciones, Mario César González, Cristina Bautista y Blanca Luz Nava, todos padres y madres de alumnos desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, se dijeron cansados de “tantas mentira”, “engaños” y “simulaciones” de la PGR y del gobierno federal.
Incluso, Mario César González advirtió que ante esta actitud del gobierno federal anunció que las manifestaciones de protesta y exigencia de dar con el paradero de los 43 estudiantes “se van a subir de tono”.
La Convención Nacional se realizará en la sede de la sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y hasta ahora han confirmado su asistencia medio centenar de organizaciones civiles.
Periódico La JornadaMartes 21 de febrero de 2017, p. 7
Organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos se declararon en alerta ante la aparente pretensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, con lo cual se quedaría abierta la posibilidad de que las manifestaciones públicas de protesta en esa entidad puedan ser declaradas ilegales, según a la decisión discrecional de los comandantes policiacos encargados de vigilar dichas protestas.
Advierten que de concretarse, los comandantes tendrían la facultad incluso de ordenar a sus subalternos hacer uso de la fuerza letal en contra de manifestaciones civiles y pacíficas, contrariando de este forma toda la convencionalidad y buenas prácticas internacionales que en la materia se han desarrollado.
Incluso, denunciaron, esta ley del estado de México, también conocida como ley Atenco o ley Eruviel, se encuentra armonizada en sus pretensiones con otras iniciativas a escala federal que buscan justificar legalmente la represión y violaciones de derechos humanos contra el pueblo mexicano.
Ha trascendido que el dictamen elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, próximo a discutirse en la SCJN, va encaminado en ese sentido.
En una carta pública dirigida a la Corte y a los pueblos campesinos y organizaciones que defienden la tierra y los derechos humanos, las organizaciones solicitan a los ministros del máximo tribunal del país una audiencia urgente, previa a que inicien las discusiones de la referida ley, a fin de presentarle sus puntos de vista y argumentos jurídicos y sociales para sostener la ilegalidad e ilegitimidad de una ley como la citada.
El mensaje lo firman más de una veintena de organizaciones, entre ellas Fuego de la Digna Resistencia, Administración Autónoma de Agua Potable de Coyotepec, Alianza Única del Valle, Comisariado de Bienes Comunales de San Lorenzo Huitzizilapan, Comisión Indígena en Defensa del Agua y la Tierra, Defensores de los Bosques de Temoaya, Pueblo Indígena Otomí de San Francisco Magú y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Buscan construir un frente amplio que integre inconformidades
Sergio Ocampo y Ricardo Montoya
Periódico La JornadaDomingo 19 de febrero de 2017, p. 9
El vocero de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega, informó en la capital de Guerrero que este sábado concluyeron las caravanas impulsadas por diversas organizaciones sociales a entidades del norte y sur del país.
Especificó que las caravanas, las cuales se iniciaron el 12 de febrero, recorrieron Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos e Hidalgo, y al norte, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
Dijo que la caravana del norte concluyó el viernes, y la del sur, este sábado en Ixmiquilpan, Hidalgo, y en ambas hubo el consenso de que los días 26 de cada mes continuarán las movilizaciones a escala nacional”, destacó.
Anunció que del 25 al 27 de febrero en la Ciudad de México, se desarrollará la quinta Convención Nacional Popular para construir un frente amplio que aglutine a todos los referentes, que abrace todos los esfuerzos y construir así nuevos mecanismos comunes de lucha, indicó.
Otro tema, mencionó, será construir un plan único de lucha a nivel nacional, que impulse de manera conjunta una movilización organizadaque integre todas las inconformidades sociales.
En tanto, una comisión de padres de los 43 normalistas, junto con miembros del Movimiento Hidalguense Contra el Gasolinazo, encabezó una de las dos marchas efectuadas ayer en el municipio de Ixmiquilpan, en el contexto de la segunda Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas.
Participaron además colectivos de varias entidades del país para acordar acciones en demanda de la destitución del presidente Enrique Peña Nieto, poner un alto al incremento del costo de los combustibles y la anulación de las llamadas reformas estructurales.
Periódico La JornadaSábado 18 de febrero de 2017, p. 14
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, advirtieron este viernes que si el 9 de marzo el gobierno federal no les entrega información sobre el paradero de los jóvenes van a radicalizar sus movilizaciones.
Expresaron lo anterior durante un encuentro con integrantes del Movimiento Hidalguense contra el Gasolinazo, efectuado en el poblado de Cañada Chica, municipio de Ixmiquilpan, en el corazón del Valle del Mezquital.
Bernardo Campos, papá de José Ángel, uno de los jóvenes desaparecidos, dijo en su intervención que llevarán sus protestas hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos los 43 padres de familia, manifestó.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, informó que el 9 de marzo se reunirán con representantes de la PGR y de Gobernación, dependiendo de los resultados, vamos a cambiar la estrategia.
De igual forma acusaron a la Federación de recurrir al gasolinazo y a la figura del presidente Donald Trump para desviar la atención del tema de los 43 desaparecidos. El corrupto de Peña Nieto le está apostando al olvido de lo que es la más negra página de represión de su gobierno, puntualizó De la Cruz.
Y agregó: no nos vamos a cansar de buscar y de exigir al gobierno que los entregue vivos, ya que hasta el momento no nos han demostrado con pruebas que nuestros hijos estén muertos, señaló.
La caravana de padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala estuvo en Cuernavaca, MorelosFoto Rubicela Morelos
Periódico La JornadaViernes 17 de febrero de 2017, p. 16
Ya quedó claro, por pruebas que hemos obtenido, que los autores materiales de la desaparición forzada de los 43 normalistas fueron los policías municipales de Iguala y de Huitzuco, así como policías federales y militares, quienes también participaron en los hechos, manifestó.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nos decía que ya había detenido a los supuestos delincuentes, de nada nos sirve tenerlos a todos; los autores materiales llevaban uniformes, se llevaron a nuestros hijos en patrullas. De los militares, no hay ninguno detenido, ni siquiera son investigados, deploró.
Dijo que las balas usadas contra tres de los normalistas que fallecieron en septiembre de 2014 fueron fabricadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, y hay pruebas, los autores materiales de la desaparición de los jóvenes fueron el Ejército y la policía. También de las muertes de Julio César Ramírez, Daniel Solís y Julio César Mondragón.
Arguyó que la protección hacia los militares proviene del gabinete presidencial o de la secretaría de Gobernación, porque las autoridades castrenses de Guerrero fueron premiadas con cargos en Ciudad de México, después de que pasó el escándalo internacional por la embestida en Ayotzinapa.
Es inaceptable y alarmante el mensaje de la PGR, sostienen agraviados
Las conclusiones de la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por irregularidades graves cometidas en el caso Ayotzinapa, son inaceptables y constituyen un alarmante mensaje de impunidad que debilita el estado de derecho.
En un posicionamiento conjunto, más de un centenar de organizaciones civiles y de derechos humanos cuestionaron duramente la resolución de la PGR, pues las múltiples irregularidades presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron omitidas en la investigación interna, convalidando así graves violaciones al debido proceso y con ello fomentando la ilegalidad.
Además, advirtieron que dicha resolución no sólo constituye un nuevo agravio a las familias de los 43 normalistas desaparecidos que aún demandan justicia y verdad, sino que también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR, en la medida en que evidencia cómo los controles internos carecen de independencia, firmeza y capacidad técnica.
La decepcionante resolución de la PGR por las irregularidades registradas en el caso Ayotzinapa es un pésimo precedente para quienes trabajamos para erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho desde la sociedad civil y la academia, señalan las organizaciones civiles, que también destacan que los resultados de esta investigación interna se entregó 10 meses después de las revelaciones hechas por el GIEI.
En su informe final, presentado en abril de 2016, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló un video en el que se aprecia que el 28 de octubre de 2014, Tomás Zerón trasladó ilegalmente al detenido Agustín García Reyes, El Chereje, al río San Juan, lo interrogó en ausencia de su defensor y no levantó constancia de dicha diligencia, además de que no solicitó formalmente que el sitio quedara bajo custodia. El detenido presentó posteriormente huellas de maltrato.
La importancia de estos hechos radica en que es una base en la que se ha pretendido sostener la hipótesis del destino final de los normalistas de Ayotzinapa, pues en la ribera de ese río se habría encontrado un día después la bolsa de donde se extrajo el único resto óseo hasta hoy identificado como perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos.
La resolución omite todos estos hechos, y propone solamente el inicio de procedimientos administrativos por responsabilidades leves.
Entre las organizaciones que suscriben el pronunciamiento están Fundar; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; I(dh)eas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), y la Red TDT.
Periódico La JornadaJueves 16 de febrero de 2017, p. 18
Ayer se registró en esta cabecera municipal un conato de enfrentamiento entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y policías municipales, luego de que un agente tomó fotografías del autobús en que se desplazan y de la vivienda donde habitan familiares de César Manuel González, uno de los estudiantes cuyo paradero se ignora.
Alrededor de las 10 horas, sobre la calle Allende esquina con Yalcuitlalpan, un par de policías fueron golpeados por integrantes de la Caravana Tejiendo 43 Esperanzas. A continuación los uniformados abandonaron el lugar. Momentos después, integrantes de la caravana realizaron pintas en edificios públicos y automóviles que se encontraron a su paso sobre la calle Juárez.
Posteriormente, los manifestantes caminaron hacia el zócalo de Huamantla para exigir la aparición de los 43 estudiantes que fueron privados de su libertad entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Periódico La JornadaDomingo 12 de febrero de 2017, p. 12
Así lo demostró un análisis realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), donde se destaca que en la nueva resolución de la PGR sobre el tema no se pide indagar cuál es la trascendencia penal de la actuación de Zerón y otros funcionarios, lo cual hará que sólo reciban una sanción administrativa leve.
En un cuadro comparativo hecho por el ProDH, se puede apreciar que varios temas incluidos en un informe interno que elaboró el ex visitador de la PGR César Chávez Flores –publicado en diciembre de 2016 por el diario The New York Times– no son mencionados en el nuevo documento, elaborado por la actual visitadora, Adriana Campos López, y entregado a los padres de los normalistas el 9 de febrero.
Entre las irregularidades que el informe actual simplemente no consigna está el hecho de que Zerón realizó diligencias en el basurero de Cocula –donde la PGR afirma que los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados– sin estar bajo la dirección del Ministerio Público, o que estas acciones vulneraron el derecho a la defensa de Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los principales acusados por la agresión contra los jóvenes.
De igual forma, el documento no se pronuncia sobre los indicios de tortura contra García Reyes, la falta de integración en el expediente de todo el acervo probatorio (especialmente fotos y videos), y omite reportar la actuación policial en el Río San Juan, donde se supone que fueron esparcidas las cenizas de los 43 normalistas.
Tampoco hay mención alguna de la falta de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico donde se encontraron las mencionadas cenizas, la presentación de videos editados por parte de la AIC y la manipulación dolosa de la presencia de funcionarios de Naciones Unidas para sugerir falsamente que habían atestiguado las diligencias en el río San Juan.
Además, el nuevo informe asegura que las detenciones de siete personas –incluido El Chereje– fueron legales, cuando el anterior documento señalaba que habían sido realizadas de manera ilegal y arbitraria.
En lo que concierne a las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, el informe señala que Tomás Zerón trasladó a García Reyes al basurero de Cocula sin la autorización de un juez. Dicho punto era señalado en el proyecto del anterior visitador como una violación a la verdad y se pedía investigar la posible trascendencia penal de la falta.
Asimismo, el proyecto de Chávez Flores proponía cesar a Blanca Alicia Bernal, agente del Ministerio Público, por diversas omisiones e irregularidades, y cancelar el certificado del fiscal Jorge García Valentín, quien permitió la salida de El Chereje de los separos. Sin embargo, en el más reciente informe no se pide investigar al respecto, y por ende todo quedaría en responsabilidades administrativas leves.
Con relación a la investigación que se le sigue a Tomás Zerón de Lucio, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, por alterar pruebas en el caso Iguala y de la que está a cargo la Secretaría de la Función Pública, expresó: No es la resolución que esperábamos; por lo menos no está acorde a un proyecto de resolución que se filtró a los medios.
Los padres de familia tomaron la decisión de continuar con el diálogo, aun cuando la responsabilidad y la sanción a Zerón de Lucio se diluya, ya que pretenden encubrirlo. Las resoluciones que hoy se tienen seguirán siendo motivo de análisis y de discusión, refirió.
Acuerdan el gobierno y los padres de los 43 alumnos desaparecidos reunirse cada mes
Entrega PGR a parientes los resultados de la indagatoria contra Tomás Zerón
Las mesas de interlocución se reanudaron ayer luego de casi medio año de suspensión
Casi seis meses después de suspender el diálogo, padres de los 43 normalistas desaparecidos se reunieron ayer con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la RepúblicaFoto Jair Cabrera
Periódico La JornadaViernes 10 de febrero de 2017, p. 13
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación (SG) anunciaron ayer que el gobierno federal va a retomar los contactos con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, después de casi seis meses de que las pláticas entre ambas partes quedaron suspendidas.
Además, informaron que los resultados de la indagatoria que realizó la PGR en contra del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, por haber alterado el lugar donde supuestamente fueron asesinados y quemados los normalistas, le serán entregados a la Secretaría de la Función Pública (SFP), organismo que decidirá la sanción que amerite el caso.
Unos minutos después de que concluyera la rueda de prensa ofrecida por los familiares de los 43 estudiantes afuera de las instalaciones de la PGR, las autoridades anunciaron que llevarían a cabo un encuentro con los medios de comunicación para informarles acerca de los acuerdos alcanzados con los padres.
Ahí, el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, anunció que las autoridades retomarán sus encuentros con los familiares de los normalistas en mesas de comunicación e interlocución que se llevarán a cabo de forma mensual.
Señaló que los resultados de la indagatoria que realizó la PGR en contra de Tomás Zerón de Lucio ya le fueron entregados a los padres y madres de los 43 desaparecidos, quienes analizarán la resolución y la discutirán posteriormente con las autoridades.
Adelantó que esos resultados se le entregarán a la SFP, que será el organismo encargado de determinar la responsabilidad y posible sanción en contra de Zerón, a quien los parientes de los estudiantes acusan de sembrarpruebas en el basurero de Cocula con el fin de validar la hipótesis oficial de que los normalistas fueron asesinados y quemados.
Sin embargo, fuentes cercanas al encuentro resaltaron que la PGR resolvió iniciar un procedimiento contra Zerón, pero sólo por responsabilidades administrativas leves.
En la actualidad, la SFP es encabezada por Arely Gómez, quien antes se desempeñó como titular de la PGR y Zerón era su subordinado en aquel entonces.
En septiembre del año pasado Zerón renunció a su cargo como director de la Agencia de Investigación Criminal, pero unas horas después el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, cargo que ocupa actualmente.
Por otro lado, el subsecretario Campa agregó que se acordó que la SG intensificará la búsqueda de campo de los jóvenes –haciendo uso de tecnología de punta– y se reanudará el análisis de sus teléfonos celulares.
Plática en riesgo por insistente defensa al funcionario
Visitadora de la procuraduría pretendía justificar se actuación, denuncian
José Antonio Román y Fernando Camacho
La reunión que sostuvieron los padres de los 43 estudiantes de-saparecidos de Ayotzinapa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, estuvo a punto de romperse debido a la pretensión oficial de justificar la ilegal actuación de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El encuentro de casi tres horas, el primero que se da después de cinco meses, tuvo momentos muy tensos, principalmente cuando la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, presentó el acuerdo de conclusión de la investigación seguida a Tomás Zerón, por las presuntas irregularidades e ilícitos en las diligencias del caso Iguala.
La visitadora tuvo la pretensión de justificar la actuación del ex funcionario de la PGR, quien hoy se desempeña como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Incluso, afirmó que la actuación de Tomás Zerón fue con la intención de realizar la búsqueda lo más pronto posible, revelaron varios asistentes al encuentro.
Zerón de Lucio fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por obstruir las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, además de cometer una serie de irregularidades en el desarrollo de la misma y eventualmente sembrar evidencias.
Los resultados de esta investigación en contra de Zerón y los duros reclamos de los padres de familia fue uno de los temas centrales abordados durante la reunión, la primera a la que asiste el procurador Cervantes Andrade.
En la conferencia de prensa, realizada sobre Paseo de la Reforma, los padres y sus abogados señalaron que este acuerdo de conclusión de la investigación dista muchodel que fue filtrado a los medios de comunicación hace unas semanas.
El abogado Vidulfo Rosales señaló que el documento filtrado y reconocido por la PGR, señalaba 18 responsabilidades cometidas por funcionarios –incluido Tomás Zerón–, de las cuales varias de ellas debían dar vista al Ministerio Público para su investigación penal.
Pero el documento presentado ayer señala sólo siete irregularidades; la más grave consiste en dar vista al superior jerárquico para que proceda administrativamente.
Garantizar impunidad en el caso de los 43, razón para no enjuiciar a Murillo
Los políticos cierran filas para no rendir cuentas: Centro Talchinollan
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 durante el ataque en Iguala, Guerrero, se reúnen este jueves con funcionarios federales, encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que les informen sobre el avance en las investigaciones. La imagen, durante la manifestación del pasado 26 de enero, al cumplirse dos años y cinco meses de la agresiónFoto Jair Cabrera
Periódico La JornadaJueves 9 de febrero de 2017, p. 13
El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el acuerdo tomado por los diputados federales para no llevar a juicio político a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene como objetivo que haya impunidad en el caso de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
Entrevistado en esta capital, reprochó que los diputados están encubriendo a personajes que de algún modo avalaron una versión que no tenía bases científicas. Su actitud respondió más a la presión política que se estaba dando, y tuvieron que sacar una versión que ayudara a distender el ambiente, pero esto generó una crisis mayor, sostuvo.
En la práctica, destacó, se estaban dando versiones de que de algún modo apostaban a cómo a mantener la impunidad, con datos que no están realmente sustentados con todos los peritajes que requiere a escala internacional un caso como el de los 43 estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con Abel Barrera, en este caso la clase política trata de cerrar filas para poder garantizar que las altas autoridades no sean llamadas a cuentas, y mucho menos digan el motivo por el que impulsaron esas versiones que no estaban sustentadas en dictámenes y peritajes científicos.
El trabajo del nuevo equipo de investigación enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en la solución del caso Ayotzinapa está avanzando en términos de todo el seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, dijo.
Asimismo, anunció que padres de los 43 se reunirán este jueves con funcionarios federales, encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para analizar cómo va la búsqueda de sus hijos.
Recibirán a los padres de los 43 en la PGR el 9 de febrero
Periódico La JornadaDomingo 5 de febrero de 2017, p. 13
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que el próximo 9 de febrero los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa sostendrán una nueva reunión con autoridades del gobierno federal, lo que marcará el reinicio de las pláticas que se habían suspendido en agosto pasado.
Vamos a ter una reunión debidamente agendada para ese día, a la una de la tarde, con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), y estamos en pláticas y posibles acercamientos con la Secretaría de Gobernación, para que ese día estén presentes en la reunión, destacó.
Dijo que plantearán tres demandas inmediatas: “La primera buscará la resolución de la investigación con el fin de corregir todo el desaseo, como la tortura de la que fueron objeto las personas que confesaron la ‘verdad histórica’; la manipulación de las evidencias, y el desvío de la investigación a causa de esa manipulación”.
Una segunda, dijo, será la consignación de los policías que ya han sido plenamente identificados, federales y municipales de Huitzuco de los Figueroa, que no han sido consignados porque la PGR se niega a hacerlo.
Y la tercera –indicó Rosales Sierra– tiene por objeto profundizar en la línea del trasiego de la droga de Iguala a la ciudad de Chicago, Estados Unidos, como móvil de la desaparición de los estudiantes en Iguala desde septiembre de 2014.
Reconoció que, debido a la emergencia que se presenta en el país por el gasolinazo y la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos es un momento difícil para los padres de familia, porque se puede perder la vigencia de la demanda de presentación con vida de los 43 normalistas.
Sin embargo, añadió, “los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, de manera muy inteligente, lo que están haciendo es tender los puentes de interlocución, así como las alianzas con todos los actores sociales emergentes que hoy en día están luchando bajo el contexto de esta situación.
El propósito es que dentro de este contexto de movilización por el aumento a la gasolina y a la canasta básica, contra las reformas estructurales, y lo que pueda pasar con nuestros paisanos en Estados Unidos, los padres de familia se conviertan en un motor que impulse la lucha no sólo de los 43, sino del pueblo de México, puntualizó.

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