Source: https://studylib.es/doc/188919/punteo-cautelares-30-03-05
Timestamp: 2018-11-19 15:37:14+00:00

Document:
PUNTEO CAUTELARES 30/03/05
Dr. Santiago Cantón
1889 F Street, NW,
…. y otros Vs. Perú
(Comunidad de La Oroya)
Respetado Dr. Cantón:
Romina Picolotti en representación del Centro de Derechos
Humanos y Ambiente (CEDHA), Martin Wagner en representación de Earthjustice y
Astrid Puentes, abogada; se dirigen a Ud. para solicitar la adopción de medidas
cautelares urgentes de protección de la vida, la integridad personal y la salud,
vinculados con el derecho al medio ambiente sano de ………….y demás residentes
de la ciudad de La Oroya que deseen beneficiarse con estas medidas. Solicitamos que
se mantenga la identidad de las víctimas en reserva por razones de seguridad,
hasta tanto la Comisión otorgue las presentes medidas y éstas vayan a
Fundamos nuestra solicitud de medidas en la amenaza para
los derechos a la salud, a la vida y a la integridad personal, en conexión con el derecho
al ambiente sano de las víctimas. En concreto, esta amenaza se configura por la
gravedad de la crisis de salud pública que atraviesa la población de La Oroya y
particularmente el grupo de personas anteriormente mencionadas y los menores de edad
y madres gestantes, por causa de la contaminación ambiental, producida
primordialmente por la fundición metalúrgica que se encuentra en la ciudad de La
Oroya; así como en el hecho que cada día que pasa se aumentan los daños, y en el
peligro inminente que la situación se agrave, debido a la actitud negligente y permisiva
del Estado Peruano, que amenaza con dilatar la implementación de soluciones por seis
De la lectura de la presente solicitud resultará evidente para la
Comisión, la necesidad de adoptar las medidas cautelares peticionadas a fin de evitar
daños irreparables a la vida, integridad física y salud, vinculados con el derecho al
medio ambiente sano de las víctimas y demás personas que viven en La Oroya. Las
presentes medidas cautelares se presentan con independencia a una petición formal de
admisión de caso, dada la urgente necesidad que la Comisión intervenga.
En efecto, la Comisión podrá valorar la gravedad y urgencia
de la situación de La Oroya. En el punto I demostraremos que el grupo de personas
representados en las presentes medidas cautelares, así como la población de La Oroya,
particularmente los niños y madres gestantes, viven permanentemente expuestos a la
contaminación con plomo, arsénico, dióxido de azufre y cadmio, en cantidades que
Adicionalmente, la Comisión podrá comprobar que cuatro estudios diferentes realizados
en la ciudad de La Oroya, el último de los cuales fue publicado en marzo de 2005,
demuestran que sus habitantes están intoxicados con plomo, en índices que superan
ampliamente los estándares recomendados internacionalmente.
En el punto II se evidencian los altísimos niveles de
contaminación de La Oroya descritos, representando un peligro para la salud y el medio
ambiente sano de sus habitantes. Aportaremos evidencias científicas que demuestran
que la intoxicación con las mencionadas sustancias está asociada a perjuicios severos
para la salud y, en definitiva, para la integridad física y la vida de las personas. La
gravedad del panorama recrudece aún más en niños y niñas, y madres gestantes, por
constituir el grupo más vulnerable a la contaminación y el que más afectaciones a la
salud padece por su causa. Algunos impactos en la salud de las personas que han sido
ampliamente documentados como consecuencia de estas sustancias en el ambiente
incluyen: deterioro irreversible del sistema respiratorio; diferentes tipos de cáncer;
efectos adversos en el sistema reproductivo y en el desarrollo; y daños a órganos
vitales. Especialmente alarmantes resultan las evidencias de reducción del coeficiente
intelectual y cambios en la actividad cerebral de los niños y niñas que viven expuestos
al plomo desde temprana edad, incluso desde su gestación, así como los efectos de la
acumulación de contaminantes en el cuerpo humano, como sucede en La Oroya.
La magnitud de los daños y el riesgo para la salud, vida e
integridad física de estas personas depende del tiempo de exposición. Por ende, cuando
la exposición a los contaminantes es prolongada, los daños recrudecen, pudiendo
incluso ser irreversibles. La urgencia de adoptar estas medidas deriva de esta
circunstancia y del hecho que algunas de estas sustancias - como el plomo y el cadmio tienen la particularidad de acumularse en el cuerpo humano, de manera que cada día
que las víctimas y demás habitantes de La Oroya están expuestos a los contaminantes,
los daños a su salud y el peligro para sus vidas aumenta. Además, los daños
irreversibles para el desarrollo en los niños y niñas ocurren principalmente en menores
de 6 años contaminados por plomo. Por eso, la grave contaminación en la ciudad está
produciendo cada día daños irreversibles en la población infantil y en los recién nacidos
de la ciudad. Asimismo, cada día que transcurre sin implementar las medidas de
control significa un aumento en el número de niños y niñas afectados/as.
Relataremos también (punto III) las afectaciones concretas a
la salud que algunas de las víctimas presentan, refiriéndonos a algunos otros casos más
severos de personas que, por temor o desconocimiento, no denuncian su situación.
Posteriormente (punto IV) analizaremos la actitud negligente
del Estado Peruano ante esta situación, permitiendo que la crisis de salud pública,
conocida en general desde 1986 y fehacientemente desde 1999, recrudezca sin adoptar
medidas adecuadas para repararla o por lo menos mitigarla. El Estado Peruano, en
lugar de exigir la implementación de las obligaciones legales a los particulares y de
cumplir con su deber de proteger la salud y la vida de los habitantes de La Oroya, ha
ignorado la situación, dilatando las soluciones e incumpliendo las obligaciones que le
Más grave aún resulta la amenaza inminente que el Estado
otorgue una prórroga excepcional adicional (cuando ya ha habido tres reprogramaciones
al PAMA) a la empresa privada que opera el complejo metalúrgico de La Oroya, para el
cumplimiento de sus obligaciones de disminución de la contaminación y reparación
socio-ambiental. Este aspecto será analizado en detalle en el punto V. De otorgarse esta
prórroga, varias obligaciones e inversiones económicas esenciales que constituyen
medidas fundamentales para la solución de la crisis de salud pública de La Oroya que
debían cumplirse a más tardar en enero de 2007, se dilatarían hasta el 2011. El impacto
que en la salud de las personas tendría el otorgamiento de esta prórroga es claramente
grave. Recordemos que a mayor exposición a la contaminación, más severos e
irreparables serán los perjuicios para la vida, la integridad personal y la salud de la
población, y mayor será el número de afectados, especialmente niños/as.
La mencionada prórroga es particularmente preocupante en
relación con la población infantil actual y los niños y niñas que están por nacer en La
Oroya. El último estudio realizado en el 2005 con 788 niños y niñas menores de seis
años que viven en La Oroya Antigua (sector más cercano a la fundición), demostró que
todos/as tienen niveles de plomo en la sangre tan elevados que pueden padecer daños
significativos en su desarrollo. Seis años más, a partir de la fecha, dilatando las
soluciones requeridas implicarían el agravamiento e irreversibilidad de las condiciones
de salud de estos niños menores de seis años y por lo menos otro grupo como los 788
niños y niñas identificados en 2005 con graves problemas de salud, derivados de la
intoxicación con plomo y otros metales pesados, no sólo en La Oroya Antigua, sino
también en toda la ciudad de La Oroya.
El Poder Judicial Peruano, en Resolución del 1º de abril del
2005 y después de más de dos años de litigio, reconoció la gravedad de las
circunstancias que estamos exponiendo y ordenó a las entidades responsables de la
administración, la adopción de medidas urgentes para solucionar esta crisis. Sin
embargo, el fallo fue apelado por el Estado el 14 de abril de 2005, por lo cual el
cumplimiento de las medidas de protección ambiental y de salud quedó prolongado
indefinidamente. El 10 de octubre pasado en el informe oral ante la corte de segunda
instancia se expuso la gravedad de los hechos y la necesidad de implementar las
obligaciones legales del Estado Peruano para evitar mayores perjuicios a la población.
A Noviembre de 2005, siete meses después de interpuesta la apelación, aún esta
pendiente la decisión de segunda instancia. La omisión del Estado Peruano y la
amenaza de prolongar la omisión por muchos años más, justifican la necesidad que esta
Comisión ordene la adopción de las presentes medidas cautelares para las víctimas y
demás habitantes de La Oroya que quieran beneficiarse de las mismas, cuya salud, vida
e integridad personal se hallan amenazados.
La crisis de salud pública y la negligencia estatal
desencadenaron a su vez una crisis social, que afecta severamente la seguridad de
líderes ambientales locales. Como se explica en detalle en el punto VI, en varias
oportunidades la contaminación y los efectos en la salud fueron denunciados por
ciudadanos organizados en un movimiento denominado el Movimiento por la Salud de
La Oroya (MOSAO) -entre los cuales se encuentran algunas de las víctimas del
presente caso- apoyados por algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) e
iglesias de nivel local, nacional e internacional. A pesar de la insistencia de los
reclamos, estos no han sido atendidos adecuadamente y las personas que conforman el
MOSAO y simpatizantes del movimiento, están siendo objeto de una creciente campaña
de desprestigio y de amenazas. La preocupante situación de inseguridad que amenaza
la integridad de los líderes ambientales locales se acrecienta ante el temor de un sector
de la población de La Oroya, así como de las propias autoridades locales, de perder su
empleo o los beneficios que obtienen de la empresa; por lo que ellos consideran una
eventual paralización o cierre. Esto en razón a que la actividad metalúrgica es la
principal actividad económica de La Oroya. Si bien esta campaña no es nueva, fue
subiendo en intensidad en los últimos meses y amenaza con desatar un verdadero
conflicto social en La Oroya si no se toman medidas urgentes al respecto.
La necesidad y viabilidad de tomar medidas adecuadas para
evitar daños irreparables a la salud, integridad física y vida de las víctimas y demás
habitantes de La Oroya que deseen beneficiarse con las mismas, está descrita en detalle
en el punto VII de este documento. En particular, hacemos referencia a la pertinencia
de la utilización de este mecanismo internacional para el caso bajo análisis, teniendo en
cuenta casos similares anteriormente decididos por esta Comisión y por la Corte
Existen a nivel mundial diversas medidas para evitar o
mitigar los impactos en la salud de estas sustancias tóxicas, incluso la intoxicación por
plomo, a poblaciones cercanas a los complejos metalúrgicos que no implican suspender
la actividad productiva, sino desarrollarla de manera sustentable y responsable. Estas
medidas van desde el control estatal permanente de las emisiones para evitar excesiva
contaminación; tratamientos médico-nutricionales adecuados; educación a la población
para tomar las precauciones necesarias y medidas de higiene; hasta reubicación de la
población más expuesta. Muchas de estas medidas forman parte del derecho positivo
peruano; sin embargo, el Estado no ha tomado acciones concretas serias y suficientes a
fin de solucionar la grave crisis de salud pública de La Oroya, o por lo menos, mitigar
sus consecuencias hasta tanto se solucione por completo. El objeto de las presentes
medidas cautelares es justamente que la Comisión ordene al Estado peruano la adopción
de dichas medidas, como lo expresamos en el punto VIII de esta solicitud.
Considerando la gravedad y urgencia de la situación
anteriormente descrita, que será ampliada con detalle a continuación, y el peligro que
representa la demora en la toma de soluciones concretas, solicitamos a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) la adopción de medidas
urgentes de protección de la vida, la integridad personal, la salud y el ambiente de
las víctimas y demás residentes de la Ciudad de La Oroya y sus alrededores. En
especial, solicitamos que la CIDH ordene al Estado Peruano: diagnóstico y atención
médica adecuadas; asistencia y seguimiento nutricional que asegure a los niños y niñas
menores de 10 años y madres gestantes, la ingesta de alimentos suficientes para
prevenir la excesiva absorción de plomo; implementación inmediata de programas de
educación ambiental y de salud pública independientes y objetivos; garantía que el Plan
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en proceso de negociación con la
empresa que explota el complejo metalúrgico, sea desarrollado en un proceso
transparente y participativo; garantía que la implementación de cualquier PAMA
modificado cuente con supervisión rigurosa de tiempos límite y obligaciones
específicas de cumplimiento; control efectivo de las emisiones fugitivas y de las
chimeneas de la fundición y un monitoreo independiente y transparente de las mismas;
cambio del suministro de concentrados para la fundición a unos con niveles de arsénico
más bajos, hasta que se asegure la implementación de la tecnología adecuada que
permita el uso de concentrados de menor calidad sin afectar la salud de la población;
evaluación del estado de contaminación de las casas, lugares de trabajo y escuelas de
las víctimas, así como las calles, parques, mercados, y otros sitios públicos para
implementar las medidas necesarias con el fin de proteger la integridad de la población;
ejecución de las demás acciones adicionales necesarias para asegurar la reducción del
plomo en la sangre de los niños y niñas y del resto de los afectados de acuerdo con los
estándares internacionales de salud; mantener la identidad de las víctimas en reserva
hasta que las medidas se vayan a implementar; y brindar las garantías necesarias para
que cesen las presiones en contra de las víctimas y demás personas que trabajan por la
salud y el medio ambiente sano de la ciudad de La Oroya.
I.1. El complejo metalúrgico de La Oroya.
I.2. La contaminación del aire de La Oroya por causa del complejo
I.2.1 Plomo
I.2.2 Arsénico
I.2.3 Cadmio
I.2.4 Dióxido de azufre
I. 3. La contaminación de las casas por metales pesados.
I.4. La grave afectación a la salud de los habitantes de La Oroya a causa de
II. La peligrosidad del plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre para la salud
II.1. La peligrosidad del Plomo.
II.1.1 Peligros específicos para los niños y las niñas.
II.2. La peligrosidad del dióxido de azufre.
II.3. La peligrosidad del Cadmio.
II.4. La peligrosidad del Arsénico.
II.5. La peligrosidad de la exposición a múltiples contaminantes
La contaminación en La Oroya amenaza los derechos humanos de las
víctimas y demás pobladores de la región.
III. 1. Las afectaciones a la salud de las víctimas y demás pobladores de La
Oroya por causa de la contaminación con metales pesados y dióxido de
La negligencia del Estado Peruano ante las evidencias de la crisis de salud
que afecta a La Oroya.
IV.1. Obligaciones según normas de calidad de aire.
IV.1.1. Omisiones de Definición de Estándares de Calidad del Aire
IV.1.2. Omisión de Declaración de Estados de Alerta
IV.2. Obligaciones según normas mineras.
IV.2.1. Obligación inicial del PAMA para el Complejo Metalúrgico de
La Oroya.
IV.2.2. Sucesivas autorizaciones para postergar el cumplimiento de las
obligaciones inicialmente asumidas por el Complejo Metalúrgico
de La Oroya.
IV.3. Obligaciones según sentencia del Poder Judicial Peruano.
Peligro inminente ante la potencial aprobación de una nueva autorización
para postergar el cumplimiento del PAMA.
Las amenazas a las víctimas por causa de sus denuncias de la crisis de salud
pública de La Oroya.
La necesidad y urgencia de evitar daños irreparables a la vida, la
integridad personal y la salud de las víctimas y demás habitantes de La
Oroya mediante las presentes medidas cautelares.
VII. 1. Necesidad y urgencia de proteger los derechos humanos afectados
por la contaminación ambiental, aún cuando ésta derive de actores
VII. 2. Necesidad y urgencia de proteger el derecho a la integridad personal
y a la salud mediante las presentes medidas cautelares
VII. 3. Necesidad y urgencia de proteger el derecho a la vida,
particularmente de los niños y niñas que se encuentran en especial
VII. 4. La necesidad y urgencia de otorgar protección personal a las
víctimas amenazadas mediante medidas cautelares.
VII. 5. La necesidad y urgencia de proteger a los demás habitantes de La
Oroya que quieran beneficiarse con las medidas cautelares
VIII. Petitorio.
1. La ciudad de La Oroya se encuentra ubicada en la Sierra Central del Perú a
3,700 m.s.n.m. a una distancia de 175 Km. de Lima aproximadamente.1 La
ciudad está enclavada en una cadena de montañas que son atravesadas por la
carretera central y el Río Mantaro. Debido a su topografía, La Oroya está
expuesta a inversiones de temperatura que causan que la contaminación
atmosférica cubra la ciudad y se mantenga por largos períodos de tiempo, en vez
de dispersarse rápidamente entre las montañas.2
2. La Oroya es una ciudad con una población total aproximada de 30,533
habitantes, contando con una densidad poblacional de 16 habitantes por km2.3
La fuente principal de ingresos de La Oroya proviene del Complejo
Metalúrgico, de manera directa e indirecta. El 57.9% de la población es
dependiente y representa carga económica para la Población Económicamente
Activa (PEA) que es del 42.1%. De ese porcentaje, el 25.2% de la PEA
masculina se dedica a la Metalurgia y el 16.1% a la Construcción y Comercio.4
El 65% de la población de la Provincia de Yauli, de la cual La Oroya es una de
las diez municipalidades, está por debajo de los índices de pobreza, con un
déficit general de servicios básicos; por ejemplo, el déficit de desagüe
(alcantarillado) es de 53.19% y el de cobertura en salud de 47.2%.5
3. Los servicios básicos en La Oroya son escasos, por lo cual el saneamiento es de
baja calidad. Sólo el 63.8% de viviendas dispone de agua intradomiciliaria de la
red pública; la carencia de servicios higiénicos es de 21.2%; el 46% de basura
generada no es recolectada por los servicios municipales; y el 25% de basura se
dispone al aire libre y en la vía pública.6
4. En relación al sistema de prestaciones de salud en La Oroya, el 39.4% de la
población está afiliada al Seguro Social de Salud de Perú (ESSALUD), mientras
que el 3.4% tiene un seguro privado. El 43% de la población no está afiliada al
sistema de prestaciones, por lo tanto no tiene acceso gratuito a la atención de
I.1. El complejo metalúrgico de La Oroya
5. El Complejo Metalúrgico de La Oroya fue instalado en 1922 por la empresa
estadounidense Cerro de Pasco Copper Corporation y posee principalmente tres
circuitos metalúrgicos: el de cobre que opera desde 1922; el de plomo que opera
desde 1928; y el de zinc que opera desde 1952. Estos circuitos incluyen
procesos de fundición y refinado de dichos metales. El complejo también
Ver Mapa de La Oroya en plano adjunto. (Anexo 1)
BARANDIARÁN, Alberto; CEDERSTAV, Anna K. “La Oroya no Espera”. AIDA, SPDA. 2002 pg. 19. Disponible en:
http://www.aida-americas.org.aida.php? page=la oroya cannot wait.
3 Información citada por la Dirección General de Salud Ambiental. DIGESA. Sub Programa IM-07. PROLIM. Inventario
de Emisiones Cuenca Atmosférica de la Ciudad de La Oroya. Informe Preliminar. Marzo de 2005. pg. 2. (Anexo 2)
4 Plan Operativo 2005 para el Control de los Niveles de Plomo en Sangre en la Población Infantil y Gestantes de La Oroya
Antigua. Convenio MINSA/DIGESA-Doe Run Perú. La Oroya, febrero de 2005. pg. 6. (Anexo 3)
5 Ibid., pg. 5.
6 Ibid., pg. 6.
cuenta con diversos procesos para la producción de otros metales como el
cadmio, plata y oro, entre otros.7
6. El Complejo fue nacionalizado el 1º de enero de 1974 por el Gobierno Militar
del General Velasco Alvarado, pasando a ser propiedad de la Empresa Minera
del Centro del Perú S.A. (CENTROMIN PERU S.A.) empresa que lo operó
entre 1974 y 1997. En el año 1997 la empresa norteamericana Doe Run
Company adquirió el Complejo Metalúrgico. Esta adquisición se realizó a
través de su subsidiaria Doe Run Perú (DRP), la cual asumió un gran número de
las exigencias8 contenidas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA) elaborado por el anterior propietario, es decir, CENTROMIN PERU
S.A.9
7. Los niveles de calidad de aire presentes en La Oroya superan ampliamente los
índices internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), así como los lineamientos de la legislación peruana. 10 Informes
estatales han concluido que estos niveles de contaminación provienen de una
“única categoría de fuente puntual correspondiente a la actividad minera,”
particularmente del complejo metalúrgico.11 Sin embargo, El Estado no ha
tomado acciones concretas y suficientes para remediar la situación.
8. El nivel recomendado por la OMS y la legislación peruana como aceptable para
concentraciones de plomo en aire es de 0.5 g/m3 (microgramos por metro
cúbico) como promedio anual.12 De acuerdo con los informes estatales, valores
obtenidos durante septiembre de 2003 en el sitio de monitoreo de La Oroya
Antigua “exceden el Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire.”13 Más
Ver nota supra 2, pg. 19, 20.
Cuando DRP compró el Complejo Metalúrgico, el PAMA fue dividido en dos partes. El PAMA del Complejo
Metalúrgico de La Oroya, de “Metal Oroya S.A.”, y el PAMA de La Oroya, de la Empresa Minera del Centro del Perú
S.A. (CENTROMIN PERU S.A,) aprobado por Resolución Directoral N°334-97-EM/DGM, con fecha 16/10/97. DRP
asume la responsabilidad únicamente con respecto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el PAMA del
Complejo Metalúrgico de Empresa Metalúrgica La Oroya S.A. (Metaloroya S.A.) y sus eventuales modificaciones
aprobadas de conformidad con las disposiciones legales vigentes que hayan sido o que sean emitidas por la autoridad
competente. El cumplimiento del otro PAMA sigue bajo la responsabilidad del Estado.
9 Contrato de Transferencia de Acciones, Aumento de Capital Social y suscripción de acciones de la Metaloroya S.A. y
Centromín Perú S.A. a favor de Doe Run Perú S.R. Ltda. con intervención de Metaloroya S.A., The Doe Run Resources
Corporation The Renco Group, Inc, del 23 de octubre de 1997. “La Empresa asume la responsabilidad de el (sic)
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el PAMA de Metaloroya S.A. y sus eventuales modificaciones aprobadas,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes que hayan sido o que sean emitidas por la autoridad competente.”
10 Dirección General de Salud, Dirección Ejecutiva de Ecología y Protección del Ambiente. Evaluación de la Calidad del
Aire en la Ciudad de La Oroya – Junín. Marzo de 2003, pg. 10, septiembre de 2003, pg. 9. (Anexo 4)
11 Ver nota supra 3, pg. 4. Ver también DOE RUN PERU. Estudio de Niveles de Plomo en la Sangre de la Población de
La Oroya 2000-2001. pg. 82. (Anexo 5)
12 Organización Mundial de la Salud. “Air Quality Guidelines”, 2nd Edition. Oficina Regional para Europa. Copenhague,
Dinamarca. 2001. Ch. 6.7, Lead, pg. 13. Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo No. 069-2003-PCM,
art. 1. (Anexo 6)
13 Ver nota supra 10, pg. 17.
recientemente, los datos de monitoreo entre enero y agosto de 2004 reportado
por DRP al Gobierno Peruano, demuestran que en La Oroya Antigua y La
Oroya Nueva los promedios de plomo en aire del año 2004 fueron 2.0 y 2.7
g/m3 respectivamente, siendo entre 4 y 5 veces mayores al nivel
recomendado.14 Estos datos elevados se han venido presentando desde hace
años, sin que los índices se hayan bajado a un nivel que no sea dañino para la
salud pública de los habitantes de La Oroya.
9. Aunque no existen lineamientos internacionales para la calidad de aire con
respecto al arsénico, de acuerdo con la OMS las ciudades Europeas altamente
contaminadas por el quemado de carbón con alto contenido de arsénico, tienen
un promedio anual de 0.25 g/m3.15 La calidad de aire en las regiones habitadas
de La Oroya, supera por muchas veces este nivel elevado de contaminación.
Los datos de monitoreo reportado entre enero y agosto de 2004 por la compañía
que explota el complejo metalúrgico al gobierno, demuestran que en La Oroya
Antigua y La Oroya Nueva los promedios de arsénico en aire fueron de 2.1 y 1.5
g/m3 respectivamente; es decir entre 6 y 8 veces mayores al nivel considerado
como un ambiente altamente contaminado por los europeos.16
10. En los años 1995-96, las concentraciones ambientales de cadmio en La Oroya
ya excedían en gran medida las directrices de la OMS establecidas en 0.005
g/m3. Sin embargo, en el año 1997 cuando la empresa privada compró el
complejo metalúrgico, estas concentraciones empezaron a incrementarse hasta
llegar a un nivel de contaminación sumamente grave en el año 1999. La estación
de monitoreo ubicada en La Oroya Antigua (llamada El Sindicato) en 1999
mostró que el promedio anual de cadmio en el aire fue mayor a 0.2 g/m3, es
decir 40 veces por encima del nivel máximo recomendado por la OMS.17
11. Con posterioridad a 1999 y a pesar de la gravedad de la situación, durante varios
años, el Gobierno Peruano dejó de exigir que la compañía que explota el
complejo metalúrgico de La Oroya, presentara informes sobre los niveles de
cadmio en aire18 y tampoco tomó las medidas necesarias para controlar dichas
emisiones. Debido a la insistencia de las ONGs, finalmente durante el 2004 el
Estado Peruano exigió a la empresa emisora de cadmio en la ciudad de La
Oroya la presentación de estos informes. De esta manera se confirmó que el
Concentración de Plomo en Material Particulado, enero a agosto de 2004. Proveído por Doe Run Perú al Ministerio de
Energía y Minas de Perú. Ver niveles recomendados en Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo No. 0742001-PCM. Publicado el 24 de marzo de 2001 en el Diario Oficial El Peruano. (Anexo 7)
15 “Air quality guidelines for Europe”, World Health Organization Regional Office for Europe and Copenhagen, World
Health Organization. 1987.
16 Promedio anual (enero – noviembre de 2003) calculado con base en los promedios mensuales reportados para las
estaciones Sindicato (La Oroya Antigua) y Hotel Inca (La Oroya Nueva) por la compañía DRP al Estado Peruano en sus
informes trimestrales: Resultados Analíticos de la Calidad de Aire.
17 Ver supra nota 2, pg.49.
18 Ver supra nota 2, pg. 48.
nivel promedio de cadmio entre enero y agosto del 2004 para la estación del
sindicato, ubicada en La Oroya Antigua, fue de 0.12 g/m3. Estos índices
evidencian que los niveles promedio de cadmio en La Oroya, al 2004,
estuvieron 20 veces por encima del estándar recomendado por la OMS.19
12. El análisis de los datos de monitoreo demuestra que la contaminación por
dióxido de azufre en La Oroya también representa una amenaza crítica para la
salud humana. Las estaciones de monitoreo en las zonas habitadas de La Oroya,
presentan un promedio anual de concentraciones de dióxido de azufre que
exceden por muchas veces el nivel considerado seguro por la OMS (28 ppb,
partes por billón). Los datos de monitoreo reportados entre enero y diciembre de
2003 demuestran que en La Oroya Antigua y en La Oroya Nueva los promedios
de dióxido de azufre en el aire fueron de 237 y 129 ppb respectivamente.20
Estas cifras superan 2 y 4 veces el nivel que la OMS considera nocivo para la
salud humana (57 ppb),21 puesto que a estos niveles se presentan con seguridad
impactos negativos en la salud humana.
I. 3. La contaminación de las casas por metales pesados
13. Al igual que en otras ciudades ubicadas cerca de fundiciones, en La Oroya la
contaminación se deposita también en las casas y otras edificaciones de la
ciudad, aumentando los niveles de exposición de las personas a los metales
pesados. Un estudio realizado en 2003 en el interior de algunas edificaciones,
concluyó que el 100% de las muestras tomadas en La Oroya Antigua supera el
límite máximo aconsejable.22 El estudio consistió en la toma de 80 muestras de
polvo recolectadas en 35 casas, una escuela y tres tiendas de las zonas de La
Oroya Nueva y La Oroya Antigua.23
14. “El valor promedio de los resultados obtenidos en La Oroya Antigua sobrepasa
hasta 7 veces el estándar HUD/EPA” y 3 veces en La Oroya Nueva.
Adicionalmente, “el nivel más alto encontrado en el análisis, pertenece a una
muestra tomada en una cocina, cuyo resultado superó en 25 veces los estándares
de EPA/HUD”.24 Finalmente, el estudio confirma que los niveles de plomo en
diferentes partes de la ciudad de La Oroya exceden los niveles aceptables y que
por eso muchos niños se encuentran expuestos a significativas cantidades de
plomo dentro de sus viviendas.25
Concentración de Cadmio en Material Particulado, enero – agosto 2004. Proveído por Doe Run Perú al Ministerio de
Energía y Minas de Perú.
20 Ver nota supra 16.
21 Ver nota supra 3, pg. 12.
22 La Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (EPA) y por el Departamento Estadounidense de Vivienda y
Desarrollo Urbano determinan como límite máximo de 40 mg/ft 2.
23 Cornejo, Astrid y Gottesfeld, Perry. “Niveles de Plomo en Interiores: La Oroya – Perú”. Asociación Civil Labor,
Occupational Knowledge International, CooperAcción. Lima-Perú. Octubre de 2004, pg. 15. (Anexo 8)
24 Ibid, pg. 1.
25 Ibid, pg. 15 y 16.
15. La excesiva contaminación prolongada a lo largo del tiempo, ha desencadenado
una crisis de salud pública de la población que vive en La Oroya. Conforme
evidencian los estudios que analizaremos a continuación, los habitantes de esta
ciudad, especialmente los niños y niñas, están críticamente afectados con plomo.
Considerando los niveles de contaminación de La Oroya y el nivel de
exposición de las personas a la misma, es muy factible que los habitantes
también estén sufriendo impactos severos a su salud por la exposición al
arsénico, cadmio y dióxido de azufre, sustancias que traen graves perjuicios para
la salud como describiremos más adelante.26
16. Cuatro estudios realizados en los años 1999, 2000, 2001 y 2005 para determinar
los niveles de plomo en sangre de la población de La Oroya, evidencian la
gravedad de la situación de salud pública y su directa vinculación con la
contaminación producida por el complejo metalúrgico de la ciudad. El más
reciente de estos estudios fue realizado por el Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Municipio Provincial de Yauli–La Oroya y la empresa Doe Run
Perú S.R.L.27 Los anteriores estudios fueron realizados por el Ministerio de
Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA),28 la
empresa Doe Run Perú (DRP)29 y el Consorcio Unión para el Desarrollo
Sustentable (UNES).30 Todos estos estudios expresaron coincidentemente
resultados altamente críticos. Sin embargo, como demostraremos más adelante,
el Estado Peruano no ha implementado acciones suficientes para solucionar este
17. El más reciente estudio realizado por el Estado Peruano y DRP, cuyas cifras
fueron dadas a conocer el 21 de marzo de 2005, demuestra que la situación
continúa siendo grave, a pesar que ya han pasado más de 5 años desde que el
Gobierno Peruano obtuvo los primeros resultados evidenciando la crisis de
salud pública en La Oroya.31 Este último estudio, que analiza solamente niños y
niñas menores de 6 años que viven en La Oroya Antigua, establece que el 99.9%
(es decir 787 niños y niñas de los 788 examinados) tienen niveles de plomo por
encima del límite máximo recomendado.32 De ellos, el 82% tienen niveles de
plomo de entre 20 y 44.9 microgramos por decilitro (g/dL), es decir entre 2 y 4
Lamentablemente no existen mediciones respecto de la presencia de estas tres sustancias contaminantes en los cuerpos
de las personas expuestas ya que dichas pruebas son muy complicadas y costosas. Sin embargo, existen evidencias
científicas de que la exposición a las mismas a los niveles ocurridos en La Oroya pueden causar graves perjuicios a la
27 Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). “Censo Hemático del Plomo y Evaluación Clínica-Epidemiológica
en poblaciones seleccionadas de La Oroya Antigua 2005”. (Anexo 9)
28 Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud. “Estudio de Plomo en Sangre en una
Población Seleccionada de La Oroya”, 1999. (Anexo 10)
29 Doe Run Perú. “Estudio de Niveles de Plomo en la Sangre de la Población en La Oroya 2000-2001”. 2001. (Anexo 5)
30 Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable UNES constituido por tres organizaciones no gubernamentales:
Cooperacción, Cenca y Filomena Tomayra Pacsi, “Evaluación de Niveles de Plomo y Factores de Exposición en
Gestantes y Niños Menores de tres años de la ciudad de La Oroya”. 2000. (Anexo 11)
31 Ver nota supra 28.
32 Ver nota supra 27, acetato No. 3.
veces y media por encima de la cantidad recomendada por la OMS. El estudio
concluye también que más del 8% de los menores examinados de La Oroya
Antigua tienen niveles de plomo entre 45 y 69.9 g/dL, es decir entre 4 y 7
veces por encima de la cantidad recomendada por la OMS como segura para la
salud. El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos
considera que a estos niveles, los niños deberían recibir tratamiento de quelación
siempre que fuera posible removerlos del lugar contaminado. En caso de
continuar expuestos a la contaminación, el CDC no recomienda el tratamiento
en razón a que podría generar más daño.33 Asimismo, casi 1% de los niños
censados en el estudio del 2005 tienen hasta 7 veces más plomo en sangre del
recomendado,34 debiendo ser hospitalizados inmediatamente para iniciar
tratamiento médico, valoración y remediación ambiental.35
18. Aunque los resultados del estudio del 2005 no fueron procesados de manera
similar para poder ser comparados directamente con estudios anteriores, es
evidente que en estos años no ha habido mejoras significativas en el estado de
salud de la población. Sólo uno de los 788 menores de seis años examinados en
este último estudio, que viven en La Oroya Antigua, tiene un nivel de plomo en
sangre aceptable, de acuerdo con los estándares internacionales.36
19. Según el primer informe científico realizado en el año 1999, el nivel promedio
de plomo en sangre del total de las muestras tomadas en infantes de 2 a 10 años
fue de 33.6 g/dL, estableciéndose, asimismo, que el 99.1% de los niños y niñas
analizados, sobrepasó el límite de 10 g/dL fijado por el CDC37 como un
“action level” (o nivel en el cual se requiere tomar acciones reparadoras)
también recomendado por UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA).38 Cabe señalar que el nivel más alto de plomo
en sangre encontrado en un niño de 4 a 6 años en 1999, fue de 79.9 g/dL.
20. Del estudio realizado por la empresa DRP en 2001, también se concluye que los
niveles de plomo en sangre de los niños y adultos estaban muy por encima de
los recomendados por la OMS y el CDC.39 De acuerdo con las diferentes áreas
geográficas de la ciudad que fueron evaluadas, el promedio más alto encontrado
en este estudio fue en La Oroya Antigua, la zona más próxima a la fundición,
siendo los niños de 0 a 3 años la población que presenta los mayores niveles de
plomo. Por ejemplo, mientras la población (1,198 adultos y niños) de La Oroya
Antigua tenía un promedio de 25.5 g/dL de plomo en sangre,40 los promedios
Center for Disease Control and Prevention (CDC). “Managing Elevated Blood Lead Levels Among Young Children:
Recommendations from the Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention”. Marzo de 2002, pg. 41.
Disponible en: http://www.cdc.gov/nceh/lead/CaseManagement/caseManage_chap3.htm#PageTop Ver también Center
for Disease Control and Prevention, National Center for Environmental Health/ Agency for Toxic Substances and Disease
Registry. “Development of an Integrated Intervention Plan to Reduce Exposure to Lead and Other Contaminants in the
http://www.cdc.gov/nceh/ehs/Docs/La_oroya_appendices_A_F_H_L.pdf
34 Ver nota supra 27, acetato No. 3.
35 Ver supra nota 33, pg. 41.
36 Ver nota supra 27, acetato No. 3.
37 Ver nota supra 33.
38 Childhood Lead Poisoning: Information for Advocacy and Action. UNICEF and UNEP Information Services. 1997.
Disponible en: http://www.chem.unep.ch/irptc/Publications/leadpoison/lead_eng.pdf
39 Ver nota supra 29, pg. 81.
40 Ibid., pg. 37.
en los niños y niñas de 0 a 3 años y de 4 a 6 años fueron de 36.7 y 32.9 g/dL
respectivamente.41 Dicho estudio reconoce que las emisiones del complejo
metalúrgico constituyen una de las mayores fuentes de exposición al plomo en
La Oroya.42
21. Los resultados del estudio realizado por el Consorcio Unión para el Desarrollo
Sustentable (UNES) en 2000,43 concuerdan con los hallazgos de los estudios
realizados por DIGESA y DRP al evidenciar altos niveles de plomo en sangre
de los niños de La Oroya. Asimismo, este estudio demuestra que hay impactos
en la salud de las madres gestantes, derivados también de la contaminación en la
ciudad.44
La peligrosidad del plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre para la
22. Como establecimos anteriormente, las víctimas de la presente solicitud de
medidas cautelares y demás habitantes de La Oroya, sufren los impactos en la
salud asociados con la exposición a niveles extremos de plomo, arsénico,
cadmio y dióxido de azufre en el ambiente, que son las sustancias monitoreadas.
Estas afectaciones en la salud se agravan ante la falta de control y acción del
Estado Peruano para mitigar la contaminación de la ciudad e implementar
medidas urgentes para la protección de la salud de la población y en particular
de los sectores más vulnerables – niños, niñas y madres gestantes.
23. Aunque en la mayoría de los casos los efectos a la salud no son inmediatamente
perceptibles, pueden ser irreversibles y se evidenciarán a largo plazo. En el caso
de los metales pesados, como el plomo y cadmio, los impactos son aun más
graves porque la acumulación de los contaminantes en el cuerpo humano, a lo
largo de los años, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas a la
24. Algunos de los daños que una población puede sufrir como consecuencia de
estas sustancias en el ambiente incluyen: deterioro irreversible del sistema
respiratorio, cáncer, efectos adversos en el sistema reproductivo y en el
desarrollo y daños a órganos vitales. El impacto del plomo sobre el desarrollo
intelectual y físico de los niños menores de 10 años es particularmente
25. Cabe destacar que la presente petición de medidas cautelares se centra en las
sustancias tóxicas que han sido monitoreadas en La Oroya, dejando de lado
otras cuya presencia se desconoce. Sin embargo, considerando que en este
Complejo Metalúrgico se producen varios metales, es seguro que hay presentes
en el medio ambiente otros metales pesados, como cobre y zinc, sólo para
mencionar otros, sustancias que también pueden tener impactos significativos en
la salud. La ausencia de monitoreo sobre estos contaminantes hace imposible
predecir el riesgo adicional que podría existir por su presencia en el ambiente.
Ibid., pg. 43.
Ibid., pg. 82.
43 Ver nota supra 30.
44 Ibid., pg. 22, 35.
II.1. La peligrosidad del plomo
26. El plomo es un elemento muy tóxico que causa numerosos efectos en las
personas. El nivel de riesgo en la salud humana por contaminación con plomo
esta vinculado con los niveles de esta sustancia en la sangre, medidos en
microgramos de plomo por decilitro de sangre (g/dL). La Figura 1 muestra los
efectos en la salud correlacionados con los rangos de plomo en la sangre
presente en niños y niñas y en adultos.
Figura 1. Los efectos del plomo en la salud de los niños y adultos. Figura adaptada de: ”Estudio de Plomo en Sangre en
Poblaciones Seleccionadas de Lima y el Callao, "Environmental Health Project (EHP-USAID) - Hernández-Avila M.
(1999) Activity Report No. 72.
27. Se sabe que el plomo puede tener impactos en casi todos los órganos y sistemas
del cuerpo humano, siendo el sistema nervioso central el más sensible,
particularmente en niños y niñas, afectando su capacidad de aprendizaje y su
conducta. El plomo puede reducir el tiempo de reacción, generar debilidad en
los dedos, tobillos y muñecas, y tener posibles impactos en la memoria. La
exposición a altos niveles de plomo puede dañar los riñones y el sistema
reproductivo, causando reducción de producción de esperma en los hombres y
aumento de tasas de abortos en las mujeres. El plomo también perjudica la
síntesis de hemoglobina, el metabolismo de la Vitamina D y puede causar
anemia.45
28. El plomo y los derivados del plomo han sido clasificados como sustancias “con
probabilidades razonables de ser un cancerígeno para el ser humano.”46 Esta
clasificación se basó en datos epidemiológicos de estudios en humanos y en
evidencia sustancial de estudios en animales experimentales. Por ejemplo, se
demostró que la exposición al plomo aumenta la presencia de tumores en los
riñones, el cerebro, el sistema hematopoyético y los pulmones en ratas y/o
ratones.47 Las sustancias incluidas en la categoría “con probabilidades
razonables de ser un cancerígeno para el hombre” satisfacen por lo menos uno
de los siguientes criterios: 1) hay suficiente evidencia de causa de cáncer
proveniente de estudios con animales experimentales; 2) la sustancia tiene una
relación estructural muy cercana a otra que se liste en el Informe Semestral
sobre Cancerígenos; o 3) los estudios en humanos evidencian que las sustancias
son cancerígenas, pero dichos estudios no contienen los controles necesarios
sobre factores de confusión de los resultados, como podría ser el estar expuesto
a más de una sustancia cancerígena a la vez.
Todavía no se entienden
completamente los mecanismos por los cuales el plomo causa cáncer, pero los
estudios realizados en seres humanos que por su ocupación estuvieron expuestos
al plomo, han sugerido que el plomo daña los cromosomas o el ADN, pudiendo
causar cáncer.48
29. Las personas que por su ocupación laboral o por vivir en un ambiente
contaminado están expuestas al plomo, van acumulando esta sustancia en el
organismo.49
Las rutas de exposición comunes incluyen respirar aire
contaminado con materiales particulados de plomo, como sucede en La Oroya
por las emisiones constantes de estas sustancias al aire; o ingerir polvos y agua
con contenido de plomo. La inhalación del aire contaminado ha sido
identificado como la vía de exposición más importante en ciudades con
fundiciones como La Oroya,50 mientras que para las poblaciones que no viven
Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades, ATSDR. “Perfil Toxicológico para Plomo” (Informe
Final). Acceso de NTIS No. PB99-66704. Atlanta, GA. Julio de 1999, pg. 8. Disponible en:
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp13.pdf.
46 El 31 de enero de 2005, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos publicó el Informe
Semestral sobre Cancerígenos, el cual incluye por primera vez el plomo y todos los compuestos con contenido de plomo
como sustancias que probablemente causan cáncer en seres humanos. Este informe enlista las sustancias cancerígenas en
dos categorías, aquellas “conocidas como cancerígenas para el hombre,” y aquellas “con probabilidad razonable de ser
un cancerígeno para el hombre.” Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Informe
Semestral sobre Cancerígenos, 31 de enero de 2005. Disponible en: http://ntp.niehs.nih.gov
47 Algunos Metales y Compuestos Metálicos. Monografías de IARC en la Evaluación del Riesgo Cancerígeno por
Sustancias Químicas en Humanos. Vol. 23. Lyon, Francia: Agencia Internacional para la Investigación en el Cáncer, pg.
438; Evaluaciones Generales de la Cancerocidad. Monografías de IARC en la Evaluación del Riesgo Cancerígeno por
Sustancias Químicas en Humanos, suplemento 7. Lyon, Francia: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer,
pg 440.
48 Ver nota supra 45, pg 63.; Ver también Informe del Documento de Experiencia en Cancerígenos para plomo y
http://ntpserver.niehs.nih.gov/newhomerooc/roc11/Lead-Public.pdf.
49 Ver nota supra 45.
50 En los ciudades de Trail, Canadá, Port Pirie, Australia y El Paso, Estados Unidos, todos lugares donde operaron u
operan fundiciones y donde había altas tasas de contaminación en el aire, ha sido demostrado que la toma de medidas para
reducir las niveles de plomo en el aire inhalado por la población es de lejos la medida más importante a tomar para lograr
la reducción de niveles de plomo en sangre de la población.
en ambientes altamente contaminados, la ingesta es la mayor ruta de
exposición.51 Conforme a estudios realizados que fueron citados anteriormente,
la población de La Oroya está expuesta a ambas vías de contaminación, debido a
las altas emisiones actuales del complejo metalúrgico y a las cantidades de
plomo existentes en el polvo de la ciudad y dentro de las casas.52
II.1.1 Peligros específicos para los niños y las niñas
30. Los efectos del plomo en menores varían dependiendo de los niveles y del
tiempo de exposición, pero van desde problemas cognitivos en niveles de 10
g/dL o incluso menores, hasta daño cerebral, coma o muerte, cuando los
niveles en la sangre superan los 80 g/dL.53
31. Debido a que los niños y niñas se encuentran en proceso de desarrollo físico y
cognitivo, son más sensibles que los adultos a sufrir efectos adversos
neurológicos y de desarrollo derivados de la contaminación con plomo. Incluso
con niveles de exposición pequeños, el plomo puede impactar el desarrollo
mental y físico de los niños, causando la reducción en el coeficiente intelectual y
cambios en la actividad cerebral que pueden presentarse.54 Las deficiencias en
aptitudes cognitivas y académicas por la exposición al plomo en niños y niñas,
han sido demostradas incluso en niveles de plomo en sangre menores a 5
g/dL.55 Cada 10 g/dL de aumento de plomo en sangre está asociado con una
reducción de 4.6 en el coeficiente intelectual.56
32. Un niño con alta exposición al plomo puede desarrollar anemia, dolores severos
de estómago, debilidad muscular y daños al cerebro. Con exposición a menores
cantidades de plomo, pueden presentarse efectos menores en la sangre y
33. La exposición al plomo es aún más peligrosa para los bebés y los no nacidos,
estando los fetos expuestos a través de sus madres. Los daños pueden incluir
nacimientos prematuros, bebés de menor tamaño, pérdida de habilidades
mentales del bebé, problemas con el aprendizaje y crecimiento reducido de
niños y niñas.57 Estos impactos son más comunes si la mamá o el/la bebé
fueron expuestos a niveles de plomo muy elevados, como los que se presentan
en La Oroya.
Ver nota supra 45.
Ver párrafo 13 y 14.
53 Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Environmental Health/ Agency for Toxic Substances
and Disease Registry. “Development of an Integrated Intervention Plan to Reduce Exposure to Lead and Other
Contaminants in the Mining Center of La Oroya, Perú”. Mayo de 2005. Disponible en:
54EPA, “How Lead Affects Health”. 27 de abril de 2005. Disponible en: http://www.epa.nsw.gov.au/leadsafe/health.htm.
55 LANPHEAR, B.P., DIETRICH, K., AUINGER, P., COX, C., “Cognitive Deficits Associated with Blood Lead
Concentrations < 10 ug/dL in US Children and Adolescent,”. Public Health Reports 2000, Volume 115, 521-529. Para
mayor información ver el ATSDR Toxicological Profiles. Disponible en:
56 DANFIELD, R. L.; HENDERSON C. R.; CORY-SLECHTA, D. A.; COX; C.; JUSKO, T. A.; LANPHEAR, B. P.;
“Intellectual Impairment in Children with Blood Lead Concentrations below 10 ug per Deciliter”. The New England
Journal of Medicine , V. 348, pg. 1517-1526. 17 de abril de 2003.
57 Ver nota supra 45.
34. El CDC considera que los niños y niñas tienen niveles excesivos de plomo en
sangre cuando las concentraciones superan 10 g/dL.58 De hecho, se sugiere el
análisis de muestras de sangre cada 3 meses en los niños cuyos niveles de plomo
en la sangre estén entre 10 y 14 g/dL.59 A su vez el CDC recomienda el
seguimiento médico, investigación y remediación del ambiente cuando los niños
y niñas tienen más de 20 g/dL de plomo en sangre. El tratamiento médico
puede ser necesario en niños y niñas con niveles de plomo en sangre mayores a
45 g/dL.60 Finalmente, si bien el tratamiento médico puede ser efectivo para
disminuir los niveles de plomo en sangre, el regreso de los menores a los sitios
contaminados implica un nuevo aumento en dichos niveles, por lo cual la
remediación del ambiente es una medida esencial para garantizar la
mejoría en la salud de los niños y niñas intoxicados con plomo. Esta
remediación incluye necesariamente el control efectivo de las emisiones y la
remoción de las materiales y polvos contaminados de la ciudad.
35. Estudios científicos han demostrado que los niños y niñas menores de 5 años
absorben más plomo por el tracto gastrointestinal que las personas mayores.
Ello debido a que los infantes tienen hábitos que aumentan la ingesta oral de las
partículas de plomo, por que por ejemplo, llevan constantemente sus dedos,
objetos y tierra a la boca. Además, la deficiencia nutricional que se presenta en
mayores ocasiones en niños y niñas, aumenta la absorción del plomo por el
organismo.61 Todos estos factores están presentes en La Oroya, por lo cual los
niños y niñas se encuentran en situación particular de vulnerabilidad.
II.2. La peligrosidad del dióxido de azufre
36. El dióxido de azufre (SO2) es un contaminante gaseoso que presenta graves
amenazas a la salud humana, pues daña el sistema circulatorio y respiratorio,62
agrava enfermedades respiratorias existentes (sobre todo bronquitis y asma),63 y
disminuye la capacidad de los pulmones para expulsar partículas extrañas como
las de los metales pesados.64
37. El SO2 también aumenta la mortalidad,65 especialmente cuando está presente
junto con niveles elevados de materiales particulados, como ocurre en La Oroya.
Los grupos más susceptibles a los efectos del dióxido de azufre son los
asmáticos, debido a que sus vías respiratorias son más estrechas que los de otras
Centers for Disease Control (CDC). “Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance for Elevated Blood Lead
Levels Among Children --- United States, 1997—2001”. 12 de septiembre de 2003. Disponible en:
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5210a1.htm.
59 Centers for Disease Control (CDC) “Preventing Lead Poisoning in Young Children”. Section 3.3. Octubre de 1991.
Disponible en: http://www.cdc.gov/nceh/lead/CaseManagement/caseManage_chap3.htm#Table%203.3.
60 Ver nota supra 45, pg.14.
61 Ibid., pg. 315
62 Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ASTDR). “ToxFAQs para Anhídrido Sulfuroso”.
Junio de 1999. Disponible en: http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts116.html.
63 California Air Resources Board. “Sulfur Dioxide”,. Disponible en: http://www.arb.ca.gov/research/aaqs/caaqs/so21/so2-1.htm.
64 Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ASTDR). “Toxicologial Profile for Sulfur Dioxide”. Diciembre de
1998, pg. 43. Disponible en: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp116.pdf.
65 Ibid., pg. 13.
personas, así como las personas con enfermedades cardiovasculares. Los niños
y los ancianos son también grupos muy vulnerables al dióxido de azufre.66 Al
igual que el resto de contaminantes estudiados, a mayor tiempo de exposición al
dióxido de azufre, mayores daños a la salud se causan, pues los impactos al
sistema respiratorio son acumulativos.67
38. En La Oroya no sólo son alarmantes los elevados promedios anuales de
concentración de dióxido de azufre, sino también la frecuencia con que se dan
concentraciones extremadamente altas de dióxido de azufre por períodos cortos
(eventos picos). Estos eventos pico pueden generar un gran número de
emergencias médicas, particularmente para poblaciones vulnerables, tales como
las personas asmáticas.68
39. Altas concentraciones atmosféricas de SO2 aún por períodos cortos, están
correlacionadas con mortalidad prematura,69 enfermedad respiratoria crónica,70
mayores ingresos en los hospitales,71 agravamiento de síntomas de asma,72
mayores días de actividad restringida y síntomas respiratorios agudos.
40. Estudios epidemiológicos indican un cambio significativo en la mortalidad
humana cuando hay concentraciones elevadas de dióxido de azufre. Por
ejemplo, en Londres se elevaron los niveles de mortalidad después de varios
episodios agudos de “smog” en los años 50. Durante estos eventos agudos, los
niveles pico de dióxido de azufre en el aire alcanzaron 4,000 g/m3 (1.5 ppm).73
Los datos de monitoreo de calidad de aire en La Oroya, muestran que niveles
como estos se presentan con frecuencia en La Oroya.74
41. Otro de los más graves daños a la salud causados por el dióxido de azufre es la
inmovilización del transporte mucociliar. Es decir, que la exposición al dióxido
de azufre por inhalación con el tiempo destruye e inhibe la movilidad de los
cilios de las mucosas, impidiendo el proceso normal del cuerpo para bloquear
las bacterias, materiales particulados y otros agentes dañinos para el organismo
que puedan entrar al cuerpo junto con el aire que se respira. En consecuencia,
cuando la deciliación ocurre, los órganos respiratorios se vuelven más
susceptibles a presentar nuevas infecciones, o las presentes se agravan.75
Ver nota supra 64.
68 “Assessment of New Findings on Sulfur Dioxide Acute Exposure Health Effects in Asthmatic Individuals.” Supplement
to the Second Addendum (1986) to Air Quality Criteria for Particulate Matter and Sulfur Oxides (1982). EPA/600/FP93/002. Agosto de 1994. Ver también CCOHS. “Health Effects of Sulfur Dioxide”. Disponible en:
http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/sulfurdi/health_sul.html.
69 Ver nota supra 63, pg. 27.
72 Ver nota supra 64.
73 Ver nota supra 65, pg. 13.
74 Promedio anual (enero – noviembre de 2003) calculado con base en los promedios mensuales reportado para las
informes trimestrales, Resultados Analíticos de la Calidad de Aire, proveídos al MEM. Ver también Dirección General de
Salud, Dirección Ejecutiva de Ecología y Protección del Ambiente. “Evaluación de la Calidad del Aire en la Ciudad de
La Oroya – Junín”. Septiembre de 2003 y marzo de 2003. (Anexo 4) Según el Consorcio Filomena TomayraCooperacción y CENCA, en “Evaluación de la Calidad del Aire, Aguas y Suelos en la Provincia de Yauli La Oroya”,
Lima, Perú. Mayo del 2004. El SO2 excede en 280% en la estación de La Oroya en relación al estándar de calidad de aire
para 24 horas. Cuadro N°3, pg.14. (Anexo 12)
75 Ver nota supra 65, pg. 38.
42. El daño al sistema respiratorio causado por el dióxido de azufre es
especialmente severo durante la actividad corporal intensa,76 que produce
jadeos, ocasionando que más partículas ingresen a los pulmones. Una
combinación de respiración más frecuente, inhalación más profunda y
respiración por vía oral hacen que la exposición al dióxido de azufre durante
momentos de esfuerzo físico, sea particularmente mortal. Lo anterior exige
particular cuidado en las zonas altamente contaminadas con dióxido de azufre
como La Oroya, en la vigilancia de las personas que hacen ejercicio al aire libre
y naturalmente los niños que pasan mucho tiempo jugando y realizando
actividades que implican esfuerzo físico.
43. Los mayores impactos a la salud humana se observan dentro de un radio de 20
km. de las fuentes emisoras, para el caso de impactos agudos por emisiones de
dióxido de azufre, y dentro de 10 km. de las grandes fuentes de emisiones de
metales pesados. Sin perjuicio de los efectos agudos a la salud que el dióxido
de azufre causa en radios de 20 km., diversos estudios elaborados por
reconocidas instituciones establecen que la contaminación por dióxido de azufre
produce efectos ambientales severos incluso a cientos de kilómetros de
distancia, debido a la generación de lluvias ácidas.77
44. Las lluvias ácidas generadas por la contaminación de dióxido de azufre causan
acidificación de tierras, disminuyendo significativamente la capacidad agrícola
y productiva de los suelos.78 Este tipo de contaminación genera también un
impacto significativo en los ecosistemas acuáticos superficiales y de los suelos,
causando afectaciones a la vida silvestre. Debido a los graves impactos
ambientales, en 1979 se firmó la Convención sobre la Contaminación
Atmosférica Transfronteriza de Largo Alcance, en la cual 44 Estados acordaron
medidas para contrarrestar los efectos de la lluvia ácida. Si bien Perú no ha
ratificado esta Convención, su existencia sí evidencia el riesgo internacional que
este tipo de contaminación implica y la preocupación para enfrentarla.
II.3. La peligrosidad del cadmio79
45. La exposición humana al cadmio ocurre a través de la inhalación de aire
contaminado y por ingestión accidental, y se acumula en tejidos suaves como el
riñón. Debido a que es una toxina acumulativa que es altamente retenida, la
exposición por un período largo con dosis bajas produce efectos similares a los
de la exposición por un período corto con dosis altas.
46. La inhalación crónica de bajos niveles de cadmio está asociada con el deterioro
de la función pulmonar. Por ende, puede producir enfermedades como
bronquitis, alveolitis, trastornos en la función respiratoria así como enfisema.
También se pueden agravar o generar enfermedades del corazón, anemia y
depresión del sistema inmunológico.
Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS). “Health Effects of Sulfur Dioxide”. Disponible en:
77 WARK, K., WARNER, C.F., HARPER and ROW. “Air Pollution; It’s Origin and Control”, 2nd ed. New York. 1981.
78 Ver nota supra 65.
79 Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ASTDR). “Toxicologial Profile for Cadmium”. Julio de 1999.
Disponible en: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp5.html
47. Algunos estudios epidemiológicos de trabajadores expuestos al cadmio sugieren
un posible vínculo entre la inhalación de éste y cáncer de pulmón y de próstata.
Las investigaciones realizadas en animales demuestran que la inhalación crónica
de cloruro de cadmio produce una frecuencia mayor de cáncer pulmonar en
animales. No hay estudios concluyentes en seres humanos o animales que
demuestren que la exposición oral o dérmica al cadmio cause cáncer. A pesar
de ello y con base en esas investigaciones en animales, la EPA de los EE.UU.
ha clasificado el cadmio como un probable cancerígeno humano cuando es
inhalado. Personas con deficiencias nutricionales en calcio y proteínas son
particularmente sensibles a la intoxicación por cadmio, por lo cual al inhalar
este metal pesado pueden sufrir quebrantamiento óseo y debilitamiento general
del esqueleto. Adicionalmente, quienes tienen problemas renales y los
fumadores también pueden sufrir consecuencias particularmente negativas por
esta sustancia.
II.4. La peligrosidad del arsénico80
48. Existe consenso a nivel mundial en considerar al arsénico como un agente
tóxico y cancerígeno que afecta al ser humano.81 Las enfermedades
atribuidas a la exposición al arsénico son: cáncer pulmonar, cáncer en la piel nomelanoma, cáncer en la vejiga y cáncer en el hígado.82 La exposición aguda al
arsénico por inhalación en los humanos, puede ocasionar efectos
gastrointestinales (náusea, diarrea, dolor abdominal),83 reducción de la
producción de glóbulos rojos y blancos84 y desórdenes del sistema nervioso
central y periférico.85 Asimismo, se lo relaciona con las lesiones en la piel no
cancerosas y con otras enfermedades de la piel, incluyendo el aumento de la
pigmentación, lesiones similares a las verrugas en las palmas o plantas de los
pies y líneas blancas transversales en las uñas.86
49. Si bien no se conoce información concluyente acerca de los efectos que la
exposición a múltiples contaminantes puede ocasionar a la salud, es posible que
Debido a que las partículas volátiles de arsénico pueden evaporarse de los filtros durante el período de recolección, es
posible que las concentraciones atmosféricas se encuentren subestimadas por el método de monitoreo usado. No obstante,
los datos del monitoreo siempre deberían representar acertadamente las tendencias de la calidad ambiental.
81 Organización Mundial de la Salud. “Arsenic in Drinking Water”. Disponible en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs210/en/index.html; Agency for Toxic Substances and Disease Registry
(ASTDR). “Toxicological Profile for Arsenic”. pg. 6, U.S. Department of Health and Human Services. Septiembre de
2000. Disponible en: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp2.pdf.
82 Estudios en trabajadores de fundiciones (Tacoma, Washington, Magma, Utah, Anaconda, Montana, Ronnakar, Suecia,
Saganoseki-Machu, Japón) han encontrado una relación entre la exposición ocupacional al arsénico y la mortalidad debida
al cáncer pulmonar (Enterline y Marsh, 1982, Lee-Feldstem, 1983, Axelson et al, 1978, Tokudome y Kuratsune, 1976,
Rencher et al, 1977).
83 Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ASTDR). “ToxFAQs para Arsénico”. Diciembre de
2003. Disponible en: http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts2.html.
85 Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ASTDR). “Toxicological Profile for Arsenic”. Septiembre de
2000, pg. 115. Disponible en:http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp2.pdf.
86 Ver nota supra 83.
una contaminación de este tipo produzca efectos sinérgicos, es decir, mayores a
la suma de los efectos ocasionados por cada uno de los contaminantes de forma
aislada.87 Por ejemplo, la exposición a varios contaminantes que son o
pueden ser cancerígenos, puede potenciar la ocurrencia de cáncer en la
población afectada. Puntualmente, el cadmio puede actuar sinérgicamente con
el plomo cuando una persona está expuesta a ambos materiales
simultáneamente. De hecho, se han reportado altos niveles de mortalidad y
cambios en la conducta en estudios realizados con animales expuestos a ambos
metales.88
50. Lo anterior reviste de mayor gravedad considerando que los contaminantes
tenidos en cuenta hasta este momento, no son todos los que están presentes en la
ciudad de La Oroya, sino únicamente los que han sido monitoreados. Otros
metales como zinc y cobre, o contaminantes como material particulado con un
diámetro menor a 2.5 micras, que también tienen severos impactos a la salud, no
han sido ni siquiera monitoreados en La Oroya, por lo cual sus consecuencias
también se desconocen.
III. 1. Las afectaciones al derecho a la salud de las víctimas y demás
pobladores de La Oroya por causa de la contaminación con metales
pesados y dióxido de azufre
51. ……….son todos residentes de La Oroya, muchos de ellos han vivido toda su
vida allí, por lo cual sufren de las consecuencias de la salud por la elevada
52. En efecto, la salud de todos ellos, así como la de los demás residentes de la
ciudad y sus alrededores, está afectada en mayor o menor medida por la
contaminación de La Oroya. Lo más grave es que cada día adicional que pasan
expuestos a los contaminantes sin tratamiento médico-nutricional adecuado, sin
información sobre las medidas de prevención que pueden tomarse y sin que el
Estado implemente medidas concretas para controlar, mitigar y remediar la
contaminación de la ciudad, aumentan los riesgos para la salud y la vida de estas
53. Si bien muchos de los efectos en la salud de la contaminación por metales
pesados y la exposición al dióxido de azufre se evidencian a largo plazo, los
síntomas de la afectación a la salud por la contaminación están patentes en todas
las víctimas de diversas maneras. Por ejemplo, la mayoría de estas personas
padece con frecuencia de problemas respiratorios como asma, bronquitis y tos
constante, los cuales son síntomas comunes en poblaciones expuestas a dióxido
de azufre. Adicionalmente, se les ha diagnosticado neumoconiosis, saturnismo,
bronconeumonía, hipertensión arterial, faringitis y amigdalitis, así como otras
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ASTDR., “Glosario de términos”. Disponible en
http://www.atsdr.cdc.gov/glossary.html.
88 Ver nota supra 2, pg. 131. Citando a Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for
Lead. Atlanta: ATSDR. Junio de 1990.
afectaciones a la salud como dolores de cabeza y de huesos frecuentes, entre
otras enfermedades.89 Desafortunadamente estos hechos son comunes en esta
región en donde, según los índices de morbilidad en el distrito de La Oroya,
la primera causa de enfermedad es la infección aguda de las vías
respiratorias.90 Ninguna de las víctimas ha recibido un tratamiento médico
adecuado, ni fueron debidamente informados de las precauciones que deben
tomar para disminuir la exposición al dióxido de azufre y a los metales pesados
y mitigar estos problemas de salud.
54. Las afectaciones en niños y niñas son particularmente alarmantes. Los menores
que forman parte de esta cautelar tienen dificultades para concentrarse en la
escuela, se duermen con frecuencia durante las clases y luego tienen problemas
para conciliar el sueño, y se quejan de adormecimiento frecuente de distintas
partes del cuerpo. Muchos niños y niñas también sufren de mareos, dolores de
cabeza, cólicos, falta de apetito, irritabilidad y problemas en la piel.
55. Considerando que varias de las víctimas sufren cuadros clínicos similares, nos
permitimos describir algunas de las historias de las víctimas, para ilustrar la
gravedad de la situación y la urgencia de las medidas. La totalidad de los datos
relacionados con el grupo de las víctimas pueden ser consultados en los anexos
correspondientes.91
56. ……, tiene xx años y está cursando la primaria, vive en La Oroya Antigua, justo
al frente del complejo metalúrgico. Por la elevada contaminación en La Oroya,
…sufre de cansancio permanente y mucho sueño, que le impide incluso realizar
sus actividades escolares con normalidad. También sufre constantemente de
cólicos (cada semana), tos, dolores de cabeza, mareos y agitación. En 1999 fue
parte de los niños censados en el estudio que realizó DIGESA y su muestra de
nivel de plomo en sangre fue de 58.3g/dL, es decir más de cinco veces el nivel
máximo recomendado por la OMS. De acuerdo con la muestra de sangre
realizada a ….en mayo de 2005, evidenció nuevamente un elevado nivel de
plomo, sin que el niño haya podido acceder al tratamiento médico requerido,
pues sus padres no están afiliados al seguro y no tienen los recursos económicos
que le permitan pagarlo. Incluso ha intentado ser parte de algunos programas de
higiene que se implementan en su colegio, pero quienes los promueven le han
impedido hacerlo, argumentando que sus padres están en contra de la empresa.
57. ……., tiene Z años, nació el….., en la ciudad La Oroya y ha vivido allí desde
ese entonces. La niña vive en La Oroya Antigua, justo frente al complejo
metalúrgico, estando expuesta directamente a la contaminación. A pesar de su
corta edad, …..sufre las consecuencias de haber nacido en un lugar altamente
contaminado, llegando incluso a estar hospitalizada en ESSALUD durante dos
días por una bronconeumonía, enfermedad relacionada con la exposición al
dióxido de azufre. A comienzos del 2005 se le hizo una muestra de plomo en
sangre, dando como resultado 19.6 g/dL,92 es decir casi el doble de lo
Ver fichas personales de las víctimas. (Anexo 13)
Ver nota supra 4, pg. 8, 9.
91 Ver nota supra 89.
92 Centro Toxicológico S.A.C. “CETOX” S.A.C. Informe Toxicológico. Dra. Rosalía Anaya Pajuelo. 28 de marzo de
2005. (Anexo 15)
recomendado por la OMS, UNICEF y el PNUMA.93 Además, ….sufre de
ronchas en los pies y la espalda, gripe frecuente, apetito variable y cambios en
su comportamiento constantes.
58. Sin embargo, estos no son los casos más graves de afectaciones por la
contaminación de La Oroya. De hecho, hay muchas otras personas en la ciudad
que presentan elevados grados de afectación, pero que por desconocimiento de
la gravedad de la situación, engaño o temor, no presentan denuncias ni exigen al
Estado la toma de medidas al respecto. Por ejemplo el caso de un hombre de 45
años que trabajó en el complejo metalúrgico desde 1988 y sus valores de plomo
en sangre han sido 92 g/dL (2000), 51.2 g/dL (2001), 49 g/dL (2002) y 45
g/dL, la última muestra conocida. Debido a estos altos niveles de plomo y a
pesar de las posteriores reducciones, esta persona luego de trabajar
aproximadamente diez años en el complejo, fue trasladado a la sección de
Change House, donde envían a los trabajadores que tienen problemas de
intoxicación. Luego, la Empresa lo transfirió al Hospital del Seguro Social de
La Oroya (julio de 2002) porque tenía problemas de equilibrio, dificultades para
expresión verbal y trastornos de la coordinación motriz en las manos. Una
tomografía cerebral permitió que se le diagnosticara hidrocefalia, por lo cual
recibió tratamiento en el Hospital Essalud en La Oroya en varias consultas
externas. Luego lo transfirieron al Hospital Almenara de Lima donde se le
diagnosticó Atrofia cerebral mixta y ventriculomegalia leve y se pidió descartar
intoxicación por plomo (octubre de 2002), intoxicación que es confirmada con
estudios médicos. Como resultado de una Resonancia Magnética Nuclear
Cerebral se concluyó que tiene pérdida volumétrica de ambos hemisferios
cerebrales; pequeños focos de secuela isquémica en la sustancia blanca
subcortical de ambos hemisferios cerebrales a predominio frontal. Debido a este
diagnóstico esta persona no pudo reintegrarse a su trabajo, fundamentalmente
porque no puede coordinar bien sus movimientos y su expresión verbal es
deficiente. Por tal razón le tramitaron su cese e invalidez en la empresa. Este es
un caso que evidencia el daño del plomo al sistema nervioso central;
destruyendo las células neuronales y provocando atrofia cerebral con las
consecuencias ya referidas. En La Oroya se ha presentado más de un caso como
este, sin que la empresa reconozca la afectación por la contaminación, ni el
Estado implemente medidas para remediar la situación y evitar que esto se
59. Otro caso de grave daño a la salud por la contaminación ocurrida en La Oroya la
sufre un hombre de poco más de 30 años que trabaja en el complejo y sufre de
parálisis de la mano derecha, por lo cual tuvo que solicitar incapacidad médica.
Esta persona trabajó inicialmente en la Sección de Residuos Anódicos de la
Fundición, hasta que se detectaron altos grados de plomo en sangre (56 g/dL) y
se le transfirió a la Sección de Change House. El diagnóstico dado fue parálisis
del nervio radial derecho debido a intoxicación por plomo, por lo cual
Es importante recordar que los efectos del plomo en menores varían dependiendo de los niveles y del tiempo de
exposición, pero van desde problemas cognitivos en niveles de 10 µg/dL o incluso menores, hasta la muerte, cuando los
niveles en la sangre superan los 150 µg/dL. EPA. “How Lead Affects Health”. Disponible en:
http://www.epa.nsw.gov.au/leadsafe/health.htm.
actualmente está en tratamiento y en rehabilitación en medicina física. A pesar
de la evidencia médica, formalmente no se le reconoce la vinculación entre la
enfermedad y la actividad laboral.
60. Como surge de las pruebas realizadas de forma independiente en marzo, 2005,94
casi todas las víctimas de la presente medida cautelar evidencian, en mayor o
menor medida, intoxicación por plomo en sangre, lo cual puede tener impactos
severos en su salud. Lamentablemente, bajo las circunstancias actuales, no es
posible determinar científicamente los niveles de afectación que estos
individuos sufren por el cadmio, arsénico y dióxido de azufre, y los demás
contaminantes presentes en la ciudad. Pero este grupo de personas al igual que
todos los habitantes de la región, viven permanentemente expuestos a niveles
excesivos de contaminación lo cual representa un grave peligro para la salud y
la vida humana. Es importante reiterar que la ausencia de estudios puntuales de
afectación individual para cada uno de los contaminantes, no puede servir como
argumento para evitar la implementación de las medidas necesarias para
proteger su salud. Especialmente porque hay evidencia suficiente y concluyente
respecto a la exposición de todas estas personas a contaminación excesiva y que
dicha exposición es perjudicial para su salud, especialmente siendo acumulativa.
61. La evidencia científica que comprueba la existencia de las afectaciones a la
salud que padecen las víctimas y demás residentes de La Oroya expuestas a la
contaminación por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre fue
Asimismo, ha quedado establecido que la
acumulación de contaminantes en el cuerpo humano a través de la exposición
prolongada a los mismos, agrava sensiblemente los riesgos para la salud. Esta
situación resulta más crítica aún debido a la falta de adopción de medidas
adecuadas del Estado Peruano para reparar la salud y controlar la
contaminación, como se explicará en detalle más adelante. De esta manera, es
evidente que cada día que transcurre sin que el Estado Peruano tome
medidas de reparación y prevención de la gravísima crisis descrita, se
agrava significativamente el peligro para la vida, la integridad personal y la
salud de las víctimas y de los demás habitantes de La Oroya.
que afecta a La Oroya
62. La crisis de salud pública descrita es conocida por el Estado Peruano desde el
año 1986, y más puntualmente en La Oroya en 1999.95 De hecho, el mismo
Estado ha producido diversa información que la evidencia, siendo los informes
de 200596 la prueba más reciente de ello. Sin embargo, la actitud del Estado
Ver nota supra 93.
En 1986 se publicó un estudio de la zona Pasco, en el que La Oroya se considera como un área crítica por
contaminación de aire, suelo y ríos (Perfil Ambiental del Perú, Oficina Nacional de Evaluación de Recursos
Naturales – ONERN y Agencia para el Desarrollo Internacional – AID, Mayo 1986 pg. 256).
Ver nota supra 27. Ver también Centro de Control y Prevención de Enfermedades/Agencia para el Registro de
Sustancias Tóxicas (CDC por sus siglas in inglés). Desarrollo de un Plan de Intervención Integral para Reducir la
Peruano ante esta realidad ha sido negligente, exponiendo constantemente la
vida, la integridad personal y la salud de los habitantes de La Oroya a daños
irreparables. La omisión del Estado Peruano es aún mayor, considerando que
existen medidas claras en el derecho internacional sobre los derechos humanos y
en la propia legislación peruana, que el Estado debería implementar para
proteger los derechos humanos de estas personas, pero que ha ignorado
sistemáticamente para el caso de La Oroya.
63. Como desarrollaremos a continuación, el Estado ha violado normas nacionales e
internacionales y ha mantenido una actitud permisiva con respecto a la empresa
que explota el complejo metalúrgico, permitiéndole el incumplimiento de sus
obligaciones en materia ambiental. De esta manera el Estado permite la
continuidad de la crisis de salud pública por la que atraviesan las víctimas y
demás habitantes de La Oroya, la cual se agrava cada día sin que se tomen las
64. El Estado Peruano no sólo ha faltado a su obligación de vigilancia y exigencia
de cumplimiento de las normas aplicables a la compañía que opera el complejo
metalúrgico en la actualidad, sino que además no ha implementado las
obligaciones impuestas por el PAMA a CENTROMIN, la empresa estatal que
era anteriormente propietaria de la fundición. Las diversas omisiones, estatales y
privadas, han amplificado la actual crisis de salud pública de La Oroya
anteriormente descrita.
65. La omisión del Estado para enfrentar la emergencia de salud pública en La
Oroya, no sólo se ve reflejada en la ausencia de medidas de control de la
contaminación. La ciudad de La Oroya tampoco tiene instalaciones médicas
especializadas que permitan diagnosticar la intoxicación con plomo u otros
contaminantes y mucho menos brindar tratamiento adecuado a las personas que
lo requieran. Existen sólo dos centros de salud en la ciudad, cuyo acceso en
muchos casos es también limitado, porque requiere la afiliación al seguro social
y el correspondiente pago de los servicios. Con respecto a los tratamientos
médicos de reparación, no existen equipos adecuados ni los medicamentos
necesarios para dicho tratamiento en La Oroya.
66. Recién en abril de 2005 el Estado Peruano ha iniciado la implementación de
algunas medidas para el tratamiento de los niños y niñas menores de 6 años que
viven en La Oroya Antigua. En particular, se planea el tratamiento médico para
5 niños que tienen niveles de plomo en sangre mayores a 70 g/dL97 y la
evaluación médica y seguimiento de los niños del grupo evaluado en el último
estudio que tienen niveles de plomo en sangre mayores a 45 g/dL. También se
ha propuesto la reubicación de estos niños y niñas a zonas menos contaminadas
durante parte o todo el día98 y algunas medidas de educación ambiental.99
Exposición al Plomo y otros Contaminantes en el Centro Minero de La Oroya, Perú. Agosto, 2005 en http://www.aidaamericas.org/aida.php?page=laoroya.studies
97 Ministerio de Salud. Oficio Nº 2111-2005/DG/DIGESA. Dirigido a Carlos Rodriguez Ibañez, Director General del
Instituto Especializado de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”. 28 de marzo de 2005. (Anexo 16)
98 Algunos niños han sido reubicados solamente durante parte del día, por el tiempo de la guardería o estudio y pocos han
sido reubicados enteramente.
99 Ver nota supra 4, pg. 12.
67. Sin embargo, las medidas propuestas son deficientes para mejorar la salud de las
personas puesto que a) se incluye solamente a los niños y niñas de La Oroya
Antigua que fueron estudiados, excluyendo a los menores que habitan otras
vecindades de la ciudad y quienes también están afectados, b) dentro del
reducido límite de La Oroya Antigua, se incluye únicamente a los niños y niñas
menores de 6 años, ignorando el resto del grupo de menores que requieren
tratamiento para la protección de su salud y mujeres gestantes particularmente
vulnerables, c) las medidas están enfocadas sólo a los impactos causados por
plomo, desconociendo los impactos severos y ampliamente conocidos del
cadmio, arsénico y dióxido de azufre y otros contaminantes que muy
probablemente están presentes en la ciudad, y d) no incluye medidas preventivas
para reducir la contaminación producida por el complejo metalúrgico, que es la
principal fuente de contaminación. Lo anterior implica que los niños y niñas
que aún no tienen niveles de plomo en sangre particularmente altos, podrían
presentarlos en el futuro cercano. Además, el tratamiento dado al grupo de
niños y niñas seleccionados no será efectivo, por cuanto que la fuente de
exposición permanece constante, lo cual implica que al momento de volver a la
ciudad, es muy probable que se contaminen nuevamente.
68. El 14 de julio de 2005, el Gobierno Peruano aprobó el “Plan Nacional de
Participación Social y Compromiso Multisectorial para Fortalecer la Gestión
Ambiental y reducir la Morbi-Mortalidad Relacionada a la Contaminación por
Plomo y Otros Metales Pesados 2005-2014”,100 con el objetivo de “prevenir y
disminuir la contaminación por plomo y otros metales pesados en el ámbito
nacional”.101 Este Plan establece importantes metas de política y salud pública a
largo plazo, que en caso de cumplirse, sin duda mejorarán el manejo de
contaminantes tóxicos en el Perú y por lo tanto, reducirán los impactos en la
salud pública de esta contaminación. Desafortunadamente, el Plan Nacional no
brinda soluciones que enfrenten a corto plazo la urgente crisis de salud pública
en La Oroya ni cuenta con mecanismos que lo hagan legalmente exigible.
Tampoco cuenta con una asignación presupuestal clara, o por lo menos no está
69. De hecho, se requieren muchos años para la implementación de este Plan
Nacional, puesto que está diseñado para abordar problemas ambientales en
varias regiones peruanas que también sufren de contaminación tóxica derivada
de diversas actividades industriales y aumento de tráfico incontrolado. Por lo
anterior, la ejecución de este Plan Nacional implica que las acciones requeridas
en el corto plazo en La Oroya para enfrentar la contaminación y la crisis de
salud pública generadas por el complejo, son inciertas. El Plan no determina
específicamente autoridades responsables, acciones detalladas, o el orden en el
cual el gran número de acciones y actividades propuestas van a ejecutarse en las
regiones definidas. Si bien puede ser positiva la promulgación del Plan
Nacional, la magnitud de la crisis de salud pública de La Oroya requiere de la
implementación de medidas concretas de carácter urgente, por lo cual no puede
Ministerio de Salud. Resolución No. 535-2005/MINSA. Este Plan Nacional fue diseñado por la Comisión
Intrasectorial para la Prevención y Mitigación de la Contaminación por Plomo y otros metales pesados, conformada sólo
por entidades del Ministerio de Salud. (Anexo 17)
101 Ibid., pg. 3.
someterse a la implementación de la generalidad del Plan Nacional, en donde
dichas medidas no están determinadas con claridad.
70. En el Plan Nacional, el Estado Peruano reconoce que el “Ministerio de Salud,
como órgano del Estado, tiene la inexcusable responsabilidad de vigilar, cautelar
y atender los problemas de salud ambiental, dictando las medidas y ejecutando
las acciones necesarias para prevenir, minimizar y controlar los riesgos para la
salud de las personas derivados de elementos, agentes y factores ambientales, a
fin de mantener la calidad de vida de las personas a un nivel compatible con la
dignidad humana”.102 Es exactamente esto lo que el Ministerio de Salud debería
hacer en La Oroya, diseñando e implementando un plan específico de acciones
que en el corto plazo van a resolver la crisis de salud en la ciudad y así proteger
los derechos humanos de las víctimas y demás personas afectadas.
IV.1. Obligaciones según normas de calidad de aire
IV.1.1. Omisión de Definición de Estándares de Calidad de Aire
71. El Estado Peruano ha dilatado la definición de los Estándares de Calidad del
Aire relevantes, que son instrumentos de gestión fundamentales para limitar la
contaminación atmosférica y prevenir las afectaciones a la salud humana.
72. Luego de más de dos años de trabajo, el Grupo de Estudios Técnico Ambiental
del Aire (GESTA del Aire)103 del gobierno Peruano finalmente aprobó en el
2001 el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
(ECAs),104 dentro de los cuales se incluyó dióxido de azufre (SO2); material
particulado con diámetro menor o igual a 10 microgramos (PM10); monóxido de
carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y Ozono (O3).
73. La incorporación definitiva en los ECAs de plomo promedio anual, al igual que
el sulfuro de hidrógeno, se aplazó 15 meses después de la promulgación del
Reglamento y mientras tanto se fijaron estándares temporales. Los estándares
definitivos quedaron condicionados a la realización de estudios epidemiológicos
y monitoreos continuos para 13 zonas prioritarias en Perú, entre las cuales se
incluyó a La Oroya. Los estándares anuales de concentraciones de plomo
fueron fijados en el año 2003, quedando en 0.5 g/m3,105 mientras que los
estándares de sulfuro de hidrógeno continúan bajo estudio.
74. Luego de la aprobación del Reglamento de ECAs se crearon los Grupos de
Estudio Técnicos Zonales de Aire (GESTAs Zonales), cuyas directrices las debe
aprobar el Consejo Nacional Ambiental (CONAM). Los GESTAs Zonales deben
formular los Planes de Acción para el cumplimiento de los ECAs y el
mejoramiento de la calidad del aire.106 Los Planes de Acción tienen como
Ibid., pg. 8
El GESTA del Aire fue un grupo convocado por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) con el objetivo de
elaborar y desarrollar un Plan de Prevención de Riesgo en la Salud y el Medio Ambiente y los lineamientos estratégicos
para alcanzarlos progresivamente.
104 Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo 074-2001-PCM. 24 de junio de 2001. (Anexo 7)
105 Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo No. 069-2003-PCM. 15 de julio de 2003. (Anexo 6)
106 Ver nota supra 105, art. 17
objetivo formular las estrategias, políticas y medidas, que deberán elaborarse
con base en un diagnóstico de línea base y análisis adecuados de costobeneficio.
75. Para el caso de La Oroya, incluso antes de la creación de los GESTA Zonales,
se conformó en 1999 el Grupo Técnico AIRE-SALUD LA OROYA. El Grupo
Técnico estaba conformado casi por los mismos miembros del Gesta Zonal y
tenía como objetivo elaborar y desarrollar un “Plan de Prevención en Riesgo en
la Salud y el Medio Ambiente”, pero después de 14 sesiones de trabajo no se
elaboró ni implementó plan alguno. En la actualidad y a pesar que la
formulación de este plan se viene trabajando en el caso de La Oroya desde junio
de 2002, todavía no se ha definido concretamente la Línea Base, el Plan de
Acción, ni existen los Estudios Epidemiológicos, aspectos críticos para definir
cualquier plan eficiente y eficaz.
76. Debe destacarse que los ECAs son meros referentes para fijar políticas, planes y
programas, no siendo vinculantes para quienes emiten contaminantes al aire, por
lo cual su desconocimiento no conlleva la aplicación de sanciones.107 Los
valores obligatorios para los titulares de las fuentes contaminadoras son los
Límites Máximos Permisibles (LMP) que deberán adecuarse con base en los
ECAs y que si se sobrepasan, determinarían la ilegalidad de una actividad.
77. La normatividad peruana del MEM, fija los LMPs para emisiones gaseosas
provenientes de unidades minero metalúrgicas,108 pero no existen las estrategias
para su exigencia conforme lo establece el Reglamento de Estándares de
Calidad Ambiental. De otra parte, las sanciones administrativas se limitan a
multas que no se imponen en todos los casos en los cuales se han violado las
normas y que tampoco han sido destinadas a resarcir el daño ocasionado.
Finalmente, mientras una compañía está implementando su PAMA, están
exentos de cumplir nuevas exigencias o límites ambientales que se establezcan
en la ley.109
78. El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire de Perú
establece que el Ministerio de Salud deberá declarar Estados de Alerta cuando
se excedan de manera significativa los niveles de contaminantes en el aire,
debiendo verificar las medidas a implementar.110 Dicho Estado de Alerta no ha
sido declarado en La Oroya, a pesar de ser una obligación legal del Ministerio
Ibid., art. 8 - “Exigibilidad.- Los estándares nacionales de calidad ambiental del aire son referencia obligatoria en el
diseño y aplicación de las políticas ambientales y de las políticas, planes y programas públicos en general. Las autoridades
competentes deben aplicar las medidas contenidas en la legislación vigente, considerando los instrumentos señalados en el
Artículo 6 del presente reglamento, con el fin de que se alcancen o se mantengan los Estándares Nacionales de Calidad de
Aire, bajo responsabilidad. El CONAM velará por la efectiva aplicación de estas disposiciones. Ninguna autoridad
judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares nacionales de calidad ambiental del aire, con el objeto de
sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales.”
108 Ministerio de Energía y Minas. Resolución Ministerial R.M. Nº 315-96-EM/VM.
109 Congreso de la República. Ley 26631. Dictan normas para efecto de formalizar denuncia por infracción de la
legislación ambiental. Publicada el 21 de junio de 1996.
110 Presidencia de Consejo de Ministros. Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, art. 23. Publicado en el Diario Oficial El
Peruano. 24 de junio de 2001. (Anexo 7)
79. La implementación de un Estado de Alerta en La Oroya (legalmente designada
como zona de atención prioritaria de los Estándares de Adecuación
Ambiental)111 hubiera permitido activar en forma inmediata un conjunto de
medidas destinadas a prevenir el riesgo a la salud y evitar la exposición excesiva
de la población a los contaminantes del aire que generan daños a la salud.
80. Debido a que el Ministerio de Salud no cumplió su deber de declarar el Estado
de Alerta, algunos Congresistas presentaron el 28 de marzo de 2003 el
“Proyecto de Ley No. 6213-2002/CR que propone declarar en emergencia la
salud de la población de la provincia de Yauli - La Oroya,” para lograr el
mismo objetivo. Esta iniciativa tampoco prosperó. El proyecto de ley se
archivó en marzo del 2005, con base en una opinión de la Dirección General de
Salud Ambiental,112 que argumentó la existencia de otro proyecto de ley para
declarar el Estado de Alerta de toda la Cuenca Alta del Río Mantaro. Sin
embargo, la norma para la Cuenca Alta del Río Mantaro, aprobada en octubre de
2003,113 tampoco ha resultado en la implementación de las acciones necesarias
urgentes en La Oroya y en su lugar, las ha dilatado nuevamente. De esta
manera, el Estado Peruano, el Ministerio de Salud y el Congreso Peruano,
omitieron declarar el Estado de Alerta para La Oroya e implementar medidas de
solución, ignorando la crisis de salud pública y aumentando el riesgo a la vida,
la integridad personal y la salud de los habitantes de La Oroya.
81. Resulta entonces evidente que la falta de definición normativa y la ausencia de
voluntad política para solucionar en forma definitiva estos problemas, está
generando que la población de La Oroya tenga que soportar una carga
desproporcionada de las consecuencias negativas que resultan de la operación
metalúrgica de DRP.
En ese sentido, las iniciativas de coordinación
institucional y la elaboración de planes, objetivos y programas sin sustento real
en presupuesto, sin mandatos claros de ejecución y sin señalización precisa de
responsabilidad en caso de incumplimiento, no puede argumentarse para ignorar
la afectación de derechos humanos fundamentales y evadir las medidas urgentes
necesarias. Lo anterior fortalece la necesidad de la intervención por parte de la
CIDH para la implementación de medidas urgentes de protección de la vida, la
integridad personal y la salud de la población.
IV.2. Obligaciones según normas mineras
82. Mediante la aprobación del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Minero-Metalúrgicas que entró en vigencia el 1 de mayo de 1993,
por primera vez se exige a la industria minero-metalúrgica en el Perú la
implementación de medidas de protección y recuperación ambiental.
Particularmente, el Reglamento exige la realización de Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) para las actividades nuevas que se implementen después de la
Oficio N°1812-2004-DM/MINSA de la Dirección General de Salud Ambiental dirigida al congresista Hildebrando
Tapia Samaniego. 10 de agosto de 2004. (Anexo 18)
113 Congreso de la República, Ley 28082 que declara en emergencia ambiental la cuenca alta del Río Mantaro. 3 de
entrada en vigencia del Decreto y Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) para las actividades que ya estaban en operación.114
83. El Reglamento define al PAMA como el programa que contiene las acciones e
inversiones necesarias para incorporar en las operaciones minero-metalúrgicas
los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan como propósito
reducir o eliminar las emisiones y/o vertimientos, y cumplir con los límites
máximos permisibles de emisiones establecidos por la autoridad competente.115
De acuerdo con el Reglamento, el plazo para la ejecución del PAMA tratándose
de operaciones minero-metalúrgicas que impliquen actividades de fundición,
como las de La Oroya, es de 10 años.116 En este caso, vence el 13 de enero de
84. Previamente a su privatización y en cumplimiento de las exigencias ambientales
impuestas en el año 1993 para el sector minero, CENTROMIN PERU S.A.
presentó en agosto de 1996 su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental –
PAMA – ante el Ministerio de Energía y Minas, el mismo que fue aprobado por
esta autoridad.117 De esta forma, la empresa que adquiriera el complejo
metalúrgico, lo hacía asumiendo las obligaciones contenidas en el PAMA.
85. El PAMA de CENTROMIN incluía, principalmente, las siguientes acciones que
permitirían disminuir la contaminación y mejorar la salud pública de La Oroya:
Instalación de dos plantas de ácido sulfúrico, con las cuales se reduciría la
emisión de dióxido de azufre (SO2) y se removería el polvo particulado y de
metales pesados de los gases emitidos por la chimenea de la fundición. Esto
implicaría que la planta de ácido de azufre reduciría significativamente la
contaminación de metales pesados en la ciudad.
b. Instalación de plantas de tratamiento del agua contaminada que se vierte al
Río Mantaro.
Construcción de nuevos depósitos para las escorias de plomo, las ferritas de
zinc y el depósito de trióxido de arsénico.
d. Revegetación de áreas del entorno afectadas por los humos.
Instalación de un nuevo sistema de agua y desagüe para mejorar la
disposición de las aguas servidas que contaminan el Río Mantaro.
86. Estas obligaciones no se han cumplido a cabalidad hasta el momento por
ninguno de los obligados. La construcción de la planta de ácido sulfúrico se
postergó para los últimos 3 años de implementación del PAMA, ahora en
ejecución por la empresa DRP. Sin embargo, hasta la fecha el proyecto no ha
sido implementado. Según el Ministro de Energía y Minas la empresa sólo
Ministerio de Energía y Minas (MEM). Decreto Supremo Nº 016-93-EM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano. 1
de Mayo de 1993. (Anexo 19)
115 Ibid., Art. 2.
116 Decreto Supremo No. 059-93-EM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano y modificado mediante Decreto Supremo
Nº 016-93-EM. 13 de diciembre de 1993. (Anexo 20)
117 Aprobado mediante RD 017-97EM/DGM. 13 de enero de 1997.
habría cumplido con el 23% de su PAMA hasta diciembre de 2003. 118 En
relación con la planta de ácido sulfúrico, elemento esencial para la disminución
de la contaminación en la ciudad, se determinó también a diciembre de 2003 que
sólo se había realizado el 7.4% de la inversión programada. 119 De hecho, el
vicepresidente de Doe Run, Juan Carlos Huyhua, aseguró que a diciembre de
2006 la empresa cumplirá sólo el 50% del PAMA.120
obligaciones inicialmente asumidas por el Complejo Metalúrgico de La
87. Desde 1997, cuando DRP inició sus operaciones en La Oroya, el Estado ha
autorizado tres modificaciones del PAMA. Estas modificaciones han incluido
cambios estratégicos tales como las medidas de mitigación, los montos de
inversión y el cronograma de actividades, lo cual ha significado, en la práctica,
la reducción progresiva de las exigencias de las condiciones acordadas. Lo
grave es que en ninguno de los casos, el Estado Peruano ha hecho un
intento serio de evaluar el impacto en la salud pública que tendría tal
modificación o postergación. Al contrario, el Estado Peruano ha visto el tema
desde una perspectiva estrictamente económica, preocupándose solamente por el
impacto que la modificación solicitada tendría en la suma total de inversiones
prometidas por la compañía. Frente a esta flexibilización de las condiciones del
PAMA, la situación de salud de la población recrudece de manera abrumante y
no se han producido los avances necesarios en términos de mejoras ambientales
y protección de la salud pública.
88. El Ministerio de Energía y Minas fue advertido de las deficiencias en el PAMA
original de CENTROMIN aprobado, así como del riesgo severo para la salud de
la población y de la necesidad de implementar medidas urgentes.121 Igualmente,
se advirtieron en forma expresa las fallas y omisiones en las modificaciones
posteriores presentadas por DRP. A pesar de ello, el Estado continuó aprobando
las modificatorias solicitadas, situación agravada por la ausencia de procesos
adecuados y debidamente informados de consulta pública, y la participación de
la población afectada o de la sociedad civil.122 El Estado en lugar de revisar y
fortalecer el PAMA para proteger la salud y la vida de los habitantes de La
QUIJANDRIA SALMÓN, Jaime. Ministro de Energía y Minas. Presentación. Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) de la Fundición de La Oroya. Diapositiva No. 11. Abril de 2004 (Anexo 21)
120 CASTILLO, Guido. “Doe Run al 2006 solo cumplirá 50% del Pama”. Diario Correo. 16 de diciembre de 2004. Lima,
Perú. (Anexo 22)
121 Comunicación de AIDA dirigida a Kenneth Buckley, Presidente y Gerente General DRP, con copia al Ing. José
Mogrovejo, funcionario del Ministerio de Energía y Minas. 1 de febrero de 1999. (Anexo 23)
La legislación peruana exige procesos de consulta y participación ciudadana para los casos de aprobación
de Estudios de Impacto Ambiental que, como se señaló, deben ser elaborados para las inversiones nuevas a
partir de 1993. Tratándose de PAMAs, que como el caso de DRP son exigidos para actividades que venían
funcionando antes de 1993; no se establecen procesos participativos, no se consulta a la ciudadanía y no
existe un sistema de impugnación que permita su revisión, sea por la misma autoridad o por el Poder Judicial.
Oroya, como venían reclamando organizaciones locales, nacionales e
internacionales, autorizó las modificaciones.123
89. En virtud del nuevo PAMA presentado por DRP en 1998 y aprobado por el
Gobierno, la empresa programó efectuar las inversiones principales para el
tratamiento de las emisiones y calidad el aire sólo a partir del año 2004, es decir
seis años después de empezar a implementar el PAMA.124 La decisión de
priorizar el tratamiento de las emisiones atmosféricas a partir del año seis del
PAMA implicó que el principal y más severo problema ambiental originado por
el complejo no fuera solucionado desde el principio, por razones económicas,
con el correspondiente perjuicio grave para la salud, la integridad personal y la
vida de población local.
90. De otra parte, la falta de objetividad de los funcionarios estatales se evidencia
considerando que el Director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía
y Minas que aprobó en octubre de 1999 la modificatoria del PAMA de DRP, se
desempeña hoy como Director de Asuntos Ambientales de DRP, cargo que
asumió poco después de aprobar la modificatoria. Es obvio que esta presunta
incompatibilidad de intereses se evitaría en alguna medida, si fuera la autoridad
ambiental la que aprueba o desaprueba los EIAs o PAMAs. Lamentablemente
en el Perú cada sector es responsable de la gestión ambiental de las actividades
bajo su competencia, siendo así que la Dirección de Asuntos Ambientales del
Ministerio de Energía y Minas es la entidad responsable de evaluar y aprobar el
PAMA o EIA para actividades minero-metalúrgicas. Esto constituye un grave
defecto en la gestión ambiental peruana, toda vez que en este caso, el Ministerio
de Energía y Minas, interesado en promover las inversiones en su sector, es
también el llamado a fiscalizar y sancionar la gestión ambiental de las empresas.
Esto genera incompatibilidades y un debilitamiento en las exigencias
ambientales, teniendo el Consejo Nacional del Ambiente – la autoridad llamada
a asumir el rol de fiscalización y sanción – un rol de mera coordinación pero sin
competencia para resolver en instancia administrativa este tipo de conflictos.
IV.3. Obligaciones según sentencia del Poder Judicial Peruano
91. Ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo de sus obligaciones legales, algunas
de las víctimas de la presente medida cautelar, con el apoyo y la asesoría de la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), interpusieron una Acción de
Cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud
(DIGESA) para lograr que se diseñara y ejecutara una estrategia de Emergencia
de Salud en la ciudad de La Oroya para mitigar y remediar el grave estado de
salud pública y ambiental.
Resoluciones Directorales del Ministerio de Energía y Minas R.D. 178-99-EM/DGM, 19 de octubre de 1999; R.D.
133-2001-EM-DGAA. 10 de abril de 2001; R.D. 028-2002-EM-DGAA. 25 de enero de 2002.
124 PORTUGAL MENDOZA, Carlos y otros. “Los Humos de Doe Run Perú”. Informe de la Contaminación Ambiental
en La Oroya. Lima. 2003. pg. 25. (Anexo 24)
92. La Acción de Cumplimiento es una garantía constitucional125 que tiene previsto
un trámite “rápido y expedito”, similar al de la Acción de Amparo. La Acción
de Cumplimiento fue presentada el 6 de diciembre de 2002, siendo concedida en
primera instancia el 1º de abril de 2005, dos años después de ser interpuesta.126
93. En la resolución, el 22º Juzgado Civil de Lima ordenó al Ministerio de Salud del
Perú y a la Dirección General de Salud, la implementación de medidas
concretas para la recuperación de la salud de los afectados por la grave
contaminación en La Oroya.127 Asimismo, ordenó al Ministerio de Salud y a
DIGESA diseñar e implementar una estrategia de salud pública que proteja a los
grupos vulnerables, como mujeres gestantes, infantes y personas de edad
avanzada; definir los riesgos de salud pública en la ciudad y elaborar un Plan de
Estado de Alerta y Programas de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental para
La Oroya.128
94. La sentencia expedida en primera instancia luego de más de dos años de litigio,
declara que el Estado Peruano incumplió la Ley General de Salud129 y el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, 130 que
son las principales normas de salud aplicables en este caso. De acuerdo con
esta decisión, no hay duda que en La Oroya se “sobrepasan los límites
permisibles de contaminantes en el aire; situación que se viene agravando en la
actualidad lo que es de conocimiento público”, asegurando también que
desconoce los límites permisibles de la OMS.131
95. Sin embargo, las entidades competentes del Estado Peruano, lejos de
implementar medidas para la prevención y reparación de la salud de los
habitantes de La Oroya de manera inmediata, han apelado la sentencia de
primera instancia, dilatando aún más la solución a la grave crisis de salud de
96. En Resolución No. 15 del 22 de abril de 2005, el 22º Juzgado Civil de Lima,
concedió la apelación con efecto suspensivo, enviándose el expediente al
superior jerárquico.132 Eso significa que mientras se resuelve el recurso de
apelación, que a la presentación de estas medidas cautelares lleva siete meses y
que puede demorarse varios meses más, las medidas de protección de la salud de
La Oroya están suspendidas.
97. Si bien el recurso de apelación hace parte del derecho a la defensa y debido
proceso, el análisis del recurso presentado por el Estado evidencia una vez más,
que no se han implementado medidas concretas para la protección de la salud y
la vida de los habitantes de La Oroya y que no hay voluntad política para
realizarlas. Considerando además la usual demora del sistema jurídico peruano
El artículo 200, inciso 6 de la Constitución Política del Perú señala que la Acción de Cumplimiento: “... procede contra
cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o acto administrativo sin perjuicio de las
responsabilidades de ley.”
126 22º Juzgado Civil de Lima. Dra. Rosario Alfaro Lanchipa, Resolución No. 14. 1º de abril de 2005. (Anexo 25)
127 Ibid., fallo.
129 Congreso de la República. Ley General de Salud No. 26842. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. 20 de julio de
1997. (Anexo 26)
130 Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo No. 074-2001-PCM. Publicado en el Diario Oficial El
131 Ver nota supra 129, Considerando Décimo Primero.
132 22º Juzgado Civil de Lima. Dr. Luis Angel Millones Vélez. Resolución No. 15. 22 de abril de 2005. (Anexo 27)
para resolver estos asuntos, así como el grave riesgo en el que se encuentran las
víctimas y demás personas de La Oroya, hasta tanto se tome una decisión de
segunda instancia, es necesario la intervención de la Comisión Interamericana
98. Las autoridades de salud han anunciado recientemente la implementación de un
programa de intervención médica para tratar a los niños y niñas de la zona de La
Oroya Antigua. El programa propuesto pretende “disminuir paulatinamente los
niveles de plomo en sangre de la población en mayor riesgo de exposición
(niños menores de 6 años y mujeres en estado de gestación)”. 133 Sin embargo,
el programa (cuyas deficiencias fueron analizadas en el párrafo 67) no
contempla los daños sufridos por los demás menores y pobladores de la ciudad,
ni los causados por otros contaminantes tóxicos como arsénico, cadmio y
99. El nuevo Plan Nacional para la Reducción de la Morbi-Mortalidad Relacionada
a la Contaminación por Plomo y Otros Metales Pesados, descrito en los párrafos
68 y siguientes, tampoco resuelve la necesidad de medidas urgentes en La
Oroya pues como se dijo antes, es demasiado general; no determina
específicamente las acciones a implementar en La Oroya; no define quienes son
las autoridades responsables; y plantea un plazo de ejecución al 2014.
100. El Estado Peruano ha dilatado estudios y posibilidades de mejoramiento de
salud pública en La Oroya, incluso cuando no se requiere de los fondos estatales
para su realización.134 Particularmente, desde finales del 2004 el Arzobispo de
Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, ha estado impulsando una investigación
con la Universidad de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, con el fin de
evaluar el grado de afectación de la contaminación en la salud de las personas e
implementar medidas concretas de protección. El Estado Peruano, a través del
Ministerio de Salud, en lugar de colaborar con su ejecución, dilató la realización
del mismo mediante la exigencia de requisitos adicionales inexistentes.135 La
legislación peruana requiere para estos estudios, la aprobación de un Comité de
Ética sin exigir autorizaciones adicionales. El Comité de Ética, que en este caso
estuvo conformado por el Instituto Nacional de Salud, dio su aprobación el 12
de diciembre del 2004, pero el Estado continuó exigiendo requisitos no
establecidos en la ley.136 Puntualmente, exigió la autorización de las entidades
de salud de la Región de Junín (región a la cual pertenece la ciudad de La
Oroya), a pesar que en comunicación anterior esta dirección había expresado
que “Si el Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud aprobó el trabajo de
FREIGEIRO MORAN, Jesús Franny. Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud
–DIGESA. Perú. Memorial de apelación presentado ante el 22º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. 27 de abril
del 2005. pg. 7. (Anexo 28)
134 Según comunicación electrónica de Fernando Serrano, División de Salud Ambiental, Facultad de Salud Pública,
Universidad de Saint Louis, dirigido a Dr. Luis Alberto Huamaní, Dirección General de Salud, Región Junín. Huancayo,
Perú. Mayo 12, 2005. (Anexo 29)
135 Como consta en el Oficio Nº1959-2005-DRSJ-GR-JUNIN, remitido por el Dr. Luis Alberto Huamaní, Director de la
Dirección Regional de Salud (DIRESA) Junín (jurisdicción de La Oroya) al Dr. Fernando Serrano, de la Universidad de
Saint Louis. 3 de mayo, 2005. (Anexo 30)
136 Carta de Walter Albán Peralta, Defensor del Pueblo, a Pilar Mazzetti Soler, Ministra de Salud. 10 de mayo de 2005.
(Anexo 31)
investigación, en mi opinión no requiere autorización para su ejecución.”137
Es claro que, como lo afirmó el Defensor del Pueblo “...en este contexto dejar
sin respuesta la solicitud de autorización estaría configurando una actitud
dilatoria de la autoridad regional”.138 El 13 de mayo de 2005 finalmente se
concedió la autorización regional, que hasta el 21 de junio de 2005 tuvo el visto
bueno final de parte del Instituto Nacional de Salud - INS, después de más de
seis meses de trámites burocráticos. Es importante resaltar que el Estado
Peruano no va a asumir los costos de este estudio, puesto que las organizaciones
no gubernamentales consiguieron el financiamiento para ello. Pese a todos los
inconvenientes, se inició con fecha 15 de agosto del presente año, esta
investigación contando con la participación de 80 personas entre médicos,
técnicos de laboratorio y encuestadores, la mayoría de la Universidad de Saint
Louis de Estados Unidos.
101. Además de la falta de medidas concretas y eficaces para brindar tratamiento
adecuado a las personas afectadas por la grave contaminación en La Oroya, ni
en la apelación ni en las acciones realizadas por el Estado se evidencia la
voluntad del Estado para disminuir y controlar la fuente de contaminación en la
ciudad. Por diversas razones, la actitud del Estado ha sido omisiva, dilatoria y
negligente, mas aún considerando la modificación de la norma reglamentaria de
los PAMAs a describirse en el parágrafo 104. Es evidente entonces la
necesidad de adoptar las presentes medidas cautelares para evitar mayores daños
a la salud, integridad física y vida de las víctimas y demás habitantes de La
Oroya que quieran beneficiarse de las mismas.
para postergar el cumplimiento del PAMA
102. La actitud estatal de negligencia y permanente postergación de la protección de
la salud y la vida de los habitantes de La Oroya descrita anteriormente, amenaza
con prolongarse por seis años más a partir de la fecha. Esta amenaza fortalece
la presente solicitud de medidas cautelares, debido a que seis años más sin
tomar medidas apropiadas de reparación y prevención en La Oroya provocarían,
sin lugar a dudas, daños irreparables en la vida, integridad personal y salud de la
población, especialmente en los niños y niñas que allí habitan y aquellos que
están por nacer.
103. El 17 de febrero de 2004, DRP anunció públicamente que había presentado al
Ministerio de Energía y Minas un Plan Operativo 2004 – 2011. Si bien este
Plan Operativo no constituía formalmente una solicitud de ampliación del
PAMA, DRP aducía que la ejecución del mismo implicaría, en los hechos, la
ampliación del PAMA hasta el año 2011, aún cuando el plazo del PAMA vencía
legalmente en el 2007.
104. Hasta ese momento la ampliación del PAMA era ilegal. Sin embargo, el 29 de
diciembre de 2004 el Gobierno del Perú promulgó el Decreto Supremo 046137
Dirección Regional de Salud de Junín. Oficio No. 393-2005-DRSJ-GR-JUNIN. 23 de marzo del 2005. Dirigido a la
Ministra de Salud, citado en comunicación de Walter Albán Peralta, Defensor del Pueblo, a Pilar Mazzetti Soler, Ministra
de Salud. 10 de mayo de 2005. (Anexo 32)
2004-EM que permite una prórroga excepcional del plazo para el cumplimiento
de proyectos medio ambientales por tres años. Esta autorización viabiliza
jurídicamente el pedido de DRP para prorrogar hasta el 2011 el cumplimiento
de algunos aspectos de su PAMA. La nueva prórroga excepcional se produciría
faltando dos años para la culminación del PAMA, que originalmente es de diez
años. De concederse la prórroga, como aparentemente el Estado planea
hacer,139 la situación de salud de la población sería aún más crítica, agravada
por el riesgo que el Estado continúe permitiendo la omisión de las medidas que
reparen y prevengan desastres peores. De autorizarse prórrogas adicionales,
deberán ir acompañadas de las medidas urgentes requeridas, así como de multas
y sanciones aplicables de conformidad con la ley, en lugar de concederse las
modificaciones sin exigencias por parte del Estado Peruano, como se ha venido
haciendo, agravando la situación de salud pública en La Oroya.
105. Cabe insistir que las sucesivas modificaciones del PAMA autorizadas a la
empresa, no se sustentaron en razones técnicas, sociales y ambientales, ni en
caso fortuito o fuerza mayor que impidiera la ejecución de la obligación, como
lo exige la ley.140 Las modificaciones al PAMA autorizadas por el Gobierno
Peruano se basan en razones estrictamente económicas, argumentadas por la
misma empresa como imposibilidad para cumplir con sus obligaciones legales.
El Estado Peruano ha autorizado las modificaciones sin considerar la situación
de peligro permanente al que se encuentra expuesta la población. Debido a la
información actual y a la actitud del Estado, incluyendo la modificación a las
normas, existe un temor fundado que la prórroga excepcional a la empresa será
concedida y consecuentemente, las principales medidas de mitigación se harán
esperar otros seis años más.
106. De esta manera, el Estado Peruano no sólo amenaza con prolongar su actitud
negligente de falta de control a los particulares que producen daños masivos a la
vida, la integridad personal y la salud de las personas de La Oroya; sino que
tampoco ha asumido de manera concreta la solución a esta crisis, a pesar de las
obligaciones que normas nacionales e internacionales le imponen, cuyas
violaciones fueron reconocidas por el Poder Judicial (ver supra punto IV.3).
VI. Las amenazas a las víctimas por causa de sus denuncias de la crisis de salud
pública de La Oroya
107. La grave crisis de salud pública por la que atraviesa la población de la ciudad de
La Oroya, fue denunciada públicamente en varias oportunidades por personas
comprometidas con el problema de la ciudad. Debido a las presiones,
Ver: Marticorena Solís, Manuel “Decreto permite que mineras posterguen manejo ambiental”, Diario el Comercio del 8
de diciembre del 2004; Quequejana, José Luis, Asesor de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República:
“Doe Run ¿Y la seguridad jurídica?”, artículo difundido por correo electrónico el 9 de diciembre del 2004; Núñez, Myriam
“Ampliar PAMA a Doe Run viola estado de derecho” en el Diario La República, 14 de diciembre del 2004; Marticorena,
Manuel, Diario El Comercio “Doe Run pudo ampliar su plan de manejo ambiental en el 2002” del 17 de diciembre del
2004; Tovar, Manuel “Defensoría exhorta a Doe Run a cumplir con programa ambiental”, Diario La República, 19 de
diciembre del 2004; Diario El Comercio, “Aprueban decreto para prorrogar plan ambiental de Doe Run”, 30 de diciembre
de 2004. (Anexo 33)
140 Ministerio de Energía y Minas. Decreto Supremo No. 022-2002-EM. Publicado en el diario oficial El Peruano. 4 de
julio de 2002. Art. 1. (Anexo 34)
intimidación y acusaciones de los medios de comunicación y de un sector de la
población de La Oroya, en abril del 2002 decidieron conformar el Movimiento
por la Salud de La Oroya (MOSAO). Con el fin de asesorar al MOSAO, se creó
la Mesa Técnica, integrada por ONGs y por las iglesias católica y
presbiteriana.141 Desde su conformación, el MOSAO ha tenido que enfrentar
múltiples presiones, muchas de ellas derivadas del temor de los trabajadores a la
propia empresa y a un sector de la población, que explicablemente, ha asumido
la “defensa” de la empresa frente al riesgo de perder el empleo o porque directa
o indirectamente están económicamente vinculados a ésta. A pesar de las
evidentes circunstancias adversas, el MOSAO logró que el problema de salud
en La Oroya tenga presencia pública a nivel local, nacional e internacional,142
destacando su participación en la elaboración y presentación del proyecto de
Ley para declarar en emergencia la salud de la población de La Oroya.143
108. Los integrantes del MOSAO han recibido fuertes críticas e intimidaciones a
través de comunicados y medios de comunicación.144 Dentro de las personas
que pertenecen al MOSAO, se incluyen como víctimas en esta petición de
medidas cautelares a ……….
109. Las amenazas se expresaron igualmente a través de manifestaciones que
pretendían desvirtuar los fines para los cuales se estableció el MOSAO,145 y
algunas organizaciones de la sociedad civil. En el contexto de una de estas
manifestaciones se produjeron amenazas concretas contra dos líderes
ambientales.146
110. A través de los diarios locales “Correo” y “Primicia” por ejemplo, se han
difundido diversos comunicados que califican a los integrantes del MOSAO de
“personas que buscan protagonismo, lucrar y confundir al pueblo; que
provocan enfrentamientos innecesarios a los pobladores y que califican a los
niños de no tener capacidades”.147 El 12 de marzo de 2004, en el diario Correo,
en un comunicado emitido por la Asociación de Líderes de Doe Run, se le
califica al Sr. …. como “interesado en lucrar, aprovechando la contaminación y
de querer desestabilizar a la empresa para crear caos y enfrentamientos entre la
población y trabajadores.”148
Información sobre la constitución del MOSAO y sus objetivos. (Anexo 35)
Documentos de la realización del Foro Nacional. 4 de abril del 2003; Foro Regional. Junio del 2003; y del Foro Local
Febrero del 2004. (Anexo 36)
143 Proyecto de Ley Nº6213/2002-CR, que propone declarar en emergencia la salud de la población de la Provincia de
Yauli – La Oroya. Presentado por el congresista Hildebrando Tapia Samaniego. 28 de marzo de 2003. (Anexo 37)
144 Folletos, panfletos y volantes: Comunicado Nº01-04, sin fecha, Asociación de Líderes de Doe Run Perú – La Oroya, se
manifiesta rechazo a … por “lucrarse aprovechando la contaminación y desestabilizar a la empresa, y crear caos y
enfrentamiento entre la población y trabajadores”; Comunicado Nº01, del 15 de julio del 2003, en el que la Fundición
de cobre y plomo – Guardia A, B y C, manifiesta rechazo a las ongs, y da a entender que un integrante de la Mesa
Técnica del MOSAO tuvo que ver con la muerte de un trabajador en 1988. (Anexo 38)
145 DVD con reportaje de programa “La boca del Lobo” con César Hildebrant. 7 de diciembre del 2004. ( Anexo 39)
Testimonio de líderes de la comunidad cuyos nombres se omiten por razones de seguridad, 7 de diciembre del 2004,
quienes señalaron que las amenazaron con que las iban a “matar a golpes”. Los manifestantes también rompieron los
vidrios de las instituciones donde ellas trabajan.
147 Diario Primicia. “La Oroya exige respeto a sus decisiones”. 26 de noviembre de 2004. (Anexo 14)
148 Comunicado Nº01-04. Asociación de Líderes de Doe Run Perú – La Oroya. Sin fecha. (Anexo 38)
111. El 17 de marzo de 2004 el MOSAO realizó un plantón pacífico para protestar
por el otorgamiento de la Licencia Social.149 Dicha manifestación terminó con
agresiones verbales y lanzamiento de piedras a quienes protestaban, agravando
aún más el conflicto social en La Oroya.150
112. Esta situación de conflicto y enfrentamiento se hizo patente en el contexto de un
debate en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso de la
República, realizado conjuntamente por la empresa DRP y el Ministerio de
Energía y Minas. En dicha oportunidad se incentivaron las agresiones físicas y
verbales contra los integrantes del MOSAO.151
113. Dos días después de la realización de la reunión en el Congreso, se emitió en La
Oroya un comunicado en el cual insultan, amenazan y declaran como personas
no gratas a …… (MOSAO) e instan a la población a reaccionar y a enfrentar a
estas personas, bajo pretexto de responsabilizarlos de querer cerrar el complejo
metalúrgico.152 Estos volantes fueron fijados en lugares visibles de La Oroya
como puertas y fachadas de las casas de los campamentos de la empresa.153
114. Ante las repetidas amenazas una de las víctimas de la presente cautelar, el 29 de
abril de 2004, presentó una denuncia ante las autoridades locales para pedir
protección, sin obtener hasta la fecha ninguna respuesta.154
115. Las denuncias del MOSAO obtuvieron el apoyo de diversos medios de
comunicación de nivel regional, nacional e internacional.155 Asimismo, la
Iglesia Católica, a través del Arzobispo de Huancayo y de Monseñor Pedro
Barreto y de organizaciones se han unido a los reclamos de un sector de La
Oroya, manifestando también su preocupación por la crisis social y de salud y el
manejo que se le estaba dando a la misma, exigiendo además transparencia en la
información y la definición precisa de roles y metas para solucionar el tema de
la contaminación.156 Pese a este apoyo el MOSAO como movimiento ciudadano
se ha debilitado sustancialmente.
116. Las presiones se han agravado en los últimos días, en particular en contra de
……….., parte del grupo de víctimas de las presentes medidas cautelares y una
activa defensora de la salud de los pobladores de La Oroya. Ella trabaja como
….. Debido a su trabajo, se ha visto amenazada más de una vez. Incluso en el
mes de Septiembre fue seguida varios días y estuvo recibiendo llamadas
telefónicas anónimas en su casa. Asimismo, ……. ha sido difamada en
La Licencia Social es una autorización que se creó por parte de los operadores del Complejo Metalúrgico y la Alcaldía
de La Oroya, para disminuir la atención alrededor de la oposición a la contaminación en la ciudad y al contrario, probar
que la comunidad efectivamente apoya dicho complejo.
150 Artículo “En histórico día pueblo oroíno respaldó “licencia social” otorgada a Doe Run.” Marzo de 2004. (Anexo
151 En esa oportunidad llegaron 5 autos con 70 personas liderados por las asistentes sociales promotoras y delegadas de
DRP, quienes incentivaron las agresiones físicas y verbales contra los integrantes del MOSAO. Testimonio de Juan Aste.
152 Comunicado Nº43-S.T.M.O-2004. Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Doe Run Perú – La Oroya División. 16 de
abril del 2004. (Anexo 14)
153 Ver foto de una pizarra colocada en la ventana de una casa, convocando a los trabajadores y familiares a participar en
el paro del 6 y 7 de diciembre, 2004. Ver también video del plantón pacífico del MOSAO. (Anexo 41)
154 Copia de la denuncia presentada ante la Sub Prefectura de la provincia de Yauli. (Anexo 42)
155 Varios medios han registrado la situación, por ejemplo Post Dispache de Saint Louis, Herald de Miami, Agencia
Reuters y el Canal KMOV TV de Saint Louis, Missouri, EEUU. (DVD, Anexo 43)
Carta Abierta No. 2 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Entrevista al Dr. Carlos Chirinos Arrieta en CNR
Radio sobre postergación del PAMA de Doe Run Perú. Entrevista realizada por Javier Gutiérrez y Jorge Mejía, Cadena
Nacional de Radio. Lima, 23 de Diciembre de 2004. (Anexo 44)
múltiples ocasiones por medios de comunicación y volantes emitidos por los
diferentes grupos de trabajadores y el sindicato de obreros, llegando incluso a
ser declarada persona no grata y más recientemente, traidora de La Oroya, su
ciudad natal.157 …… sostiene que “esta campaña afectó enormemente a mis
padres porque por defender los derechos primordiales como la vida y la salud
los enfrentaban unos vecinos.” Debido a sus actividades en la defensa de la
salud y el ambiente en La Oroya, ……… estuvo a punto de tener que abandonar
su actividad por las presiones de algunos actores sociales sobre la parroquia de
La Oroya donde ella desempeñaba sus tareas. Consecuentemente, ….. ha tenido
que reubicar algunas de las actividades de su trabajo, de …. de La Oroya para
trasladarse al …… de Huancayo, y evitar las represalias. Todas estas
circunstancias traumáticas han llevado a ….. a recurrir a ayuda psicológica y
espiritual para poder enfrentarlas.
VII. Necesidad y urgencia de evitar daños irreparables a la vida, la integridad
personal y la salud de las víctimas y demás habitantes de La Oroya
mediante las presentes medidas cautelares
117. Debido a la gravedad de la crisis de salud pública desatada por la contaminación
del Complejo Metalúrgico de La Oroya; a la peligrosidad de las materias
contaminantes – plomo, arsénico, dióxido de azufre y cadmio- para la salud y
vida humanas, especialmente de niños y niñas; a las afectaciones concretas a la
salud de las víctimas del presente caso; a las amenazas de las que son objeto
algunas de las víctimas por sus actividades de denuncia; y a la negligencia del
Estado Peruano descritas anteriormente; es urgente que la CIDH solicite al
Estado Peruano la adopción de medidas cautelares para evitar que las
víctimas y demás habitantes de La Oroya que quieran beneficiarse de estas
medidas, continúen siendo expuestos a daños irreparables para su vida,
salud e integridad personal.
118. La urgencia del dictado de estas medidas es más evidente, considerando la
potencial prórroga excepcional que el Estado otorgaría a la empresa que explota
el complejo metalúrgico de La Oroya. Esta decisión dilataría seis años más a
partir de la fecha el cumplimiento de las obligaciones socio-ambientales y las
medidas más importantes de reparación y mitigación necesarias para proteger a
los habitantes de La Oroya.158
119. Es decir que la grave situación de contaminación como la potencial prórroga del
PAMA descrita antes, y la apelación de la sentencia del Juzgado de primera
instancia que declara fundada la demanda de acción de cumplimiento,159 que
Comunicado Nº43-ST.M.O. 2004. Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Doe Run Perú – La Oroya División. 16 de
abril del 2004. Se manifiesta el rechazo contra …. y ….; Comunicado Nº01-04-STPI. Sindicato de Trabajadores de Patio
Industrial de la Empresa Doe Run Peru – La Oroya División. Sin fecha. Declaran personas no gratas a Juan Aste y a
miembros del MOSAO; Pronunciamiento de la Sociedad Civil. Sin fecha. Se difunde que Hugo Villa, entre otros, es
manipulador y se manifiesta rechazo; Diario Primicia. “La Oroya exige respeto a sus decisiones”. 26 de noviembre de
2004. Se señala que en reunión convocada por el alcalde de La Oroya, los asistentes, integrados por trabajadores y sus
familiares, declararon traidores y enemigos del pueblo oroíno, entre otros, a: Yolanda Zurita, Hugo Villa y a
integrantes de las ONGs y MOSAO en general. (Anexo 14)
158 Ver supra punto V.
159 Ver supra punto IV.3.
suspende nuevamente la ejecución de medidas para proteger la salud de los
pobladores de La Oroya; evidencian la falta de voluntad política del Estado
Peruano para implementar las acciones requeridas. Lo anterior fortalece la
necesidad que la CIDH solicite al Estado Peruano la adopción de medidas
cautelares para evitar daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de
por la contaminación ambiental, aún cuando ésta derive de actores no
120. La protección de comunidades cuyos derechos humanos se encuentran en grave
peligro por causa de la contaminación ambiental, no es una materia extraña para
la CIDH. El 17 de agosto de 2004 la Comisión otorgó medidas cautelares con el
fin de garantizar la vida y la integridad personal de Oscar González Anchurayco
y otras personas de la Comunidad de San Mateo de Huanchor, Perú, que se
veían amenazadas por un relave que contenía desechos tóxicos, ubicado en las
cercanías de la población.160
121. Aún más, la intrínseca conexión entre la contaminación ambiental y la violación
a derechos humanos ha sido reconocida por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en varias oportunidades,161 en las
cuales la OEA asumió un papel de liderazgo internacional subrayando la
importancia de promover la protección del medio ambiente y el pleno goce de
los derechos humanos. La OEA también reconoció la creciente importancia que
se le asigna a la necesidad de administrar el medio ambiente en una forma
sostenible para promover la dignidad y el bienestar humanos.
reconocimiento entonces tampoco es extraño a esta Comisión.
122. En la tarea de esta Comisión de protección contra la contaminación ambiental
para evitar la violación de derechos humanos, tiene especial relevancia el
mecanismo de medidas cautelares. La jurisprudencia de esta Comisión y de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte), ha
reafirmado la función preventiva de las medidas cautelares en la protección
En este caso la CIDH solicitó al Gobierno de Perú que en un plazo de 15 días informara sobre la adopción de las
siguientes medidas (Informe No. 69/04, P504/03, par. 12):
Se inicie un programa de asistencia y atención en salubridad a la población de San Mateo de Huanchor y en
especial a los niños, a efectos de identificar a aquellas personas que pudieran haber sido afectadas con las
consecuencias de la contaminación para que se les provea de la atención médica pertinente.
Elaborar a la brevedad posible, el estudio de impacto ambiental requerido para el traslado del relave que
contiene desechos tóxicos, ubicado en cercanía a la población de San Mateo de Huanchor.
Una vez realizado el estudio de impacto ambiental, iniciar los trabajos necesarios para el tratamiento y traslado
del relave a un sitio seguro, donde no genere contaminación, de acuerdo a las condiciones técnicas que indique
el estudio en mención.
Elaborar un cronograma de actividades, necesario para monitorear el cumplimiento de la medida por parte de la
De acuerdo a los efectos de la implementación de esta medida, se tenga en cuenta a la comunidad y sus
representantes así como la información y estudios que puedan ser utilizados dentro de estos procedimientos.
161 Resoluciones AG/RES. 1819 (XXXI-O/01) y AG/RES. 1896 (XXXIIO/02) sobre Derechos Humanos y Medio
Ambiente y Resolución AG/RES. 1926 (XXXIII-O/03) LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE EN
LAS AMÉRICAS. Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada. 10 de junio de 2003. Disponible en
http://www.oas.org/XXXIIIGA/spanish/docs/agdoc4238_03.pdf
de las personas y de sus derechos fundamentales,162 como son el derecho a la
vida, a la integridad personal y a la salud. En casos como el de la ciudad de La
Oroya, en donde los daños son permanentes y continuados y sus peores efectos
se evidencian a largo plazo, esta función preventiva cobra un rol preponderante.
123. Mediante medidas cautelares la CIDH ha conseguido, en múltiples
oportunidades, que los Estados cumplan con su obligación jurídica de proteger a
las personas sujetas a su jurisdicción,163 evitándoles de esta manera, daños
Esta obligación jurídica se extiende, naturalmente, a la
responsabilidad estatal de garantizar que los derechos fundamentales de las
personas no sean vulnerados por el accionar de terceros no estatales.164 En el
caso sub judice, con la omisión de control estatal a la Compañía Doe Run Perú,
el Estado Peruano está permitiendo la vulneración de los derechos
fundamentales de las víctimas y de los demás pobladores de La Oroya y,
consecuentemente, incumpliendo con su obligación internacional de proteger a
las personas sujetas a su jurisdicción.
124. Esta circunstancia justifica nuestra solicitud de implementar medidas cautelares
para asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones socio-ambientales en
tiempo y forma (Petitorio, párrafo 145.5). En este contexto, también está
fundamentada nuestra solicitud para que el Estado establezca un control
efectivo de las emisiones fugitivas y las de las chimeneas de la fundición, y
del contenido de sustancias tóxicas de los minerales allí procesados, a fin de
minimizar la contaminación en La Oroya (Petitorio, párrafo 145.6).
125. Debido a la complejidad de la violación de derechos humanos por causa de la
contaminación ambiental, su prevención requiere de medidas complejas y
combinadas. Ninguna medida de reparación de la salud de las víctimas va a ser
eficiente si no se reducen significativamente los niveles de contaminación del
aire, si no se descontaminan y limpian a fondo las casas y lugares públicos
que se encuentren contaminadas (Petitorio, párrafo 145.7) o si la población no
es debidamente educada sobre los riesgos y las medidas preventivas
existentes (Petitorio, párrafo 145.4).
126. Tradicionalmente, el mecanismo de medidas cautelares ha sido utilizado ante la
Comisión para proteger la vida e integridad física de las víctimas, testigos o
peticionarios o de cualquier otra persona que estuviera amenazada, sean las
mismas parte o no de un caso ante el Sistema Interamericano.
127. Sin embargo la CIDH ha utilizado este mecanismo para proteger también el
derecho a la salud, cuya efectividad se encuentra intrínsecamente relacionada a
Cfr. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 1997, Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, Washington DC. Publicado en 1998, pg. 46. En esta oportunidad la CIDH
solicitó la suspensión de una concesión otorgada a una empresa privada para llevar a cabo actividades forestales en las
tierras de la comunidad indígena nicaragüense Mayagna.
163 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1.
164 La obligación internacional del Estado por su accionar negligente frente a las violaciones de derechos humanos
producidas por terceros, fue consistentemente reconocida por la Corte Interamericana desde su primera sentencia en el
Caso Velásquez Rodríguez en adelante. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez, Par. 154. 29 de julio de 1988.
la vigencia del derecho a la vida y a la integridad personal, 165 como es evidente
en el caso bajo análisis. En varias ocasiones incluso, la CIDH ha indicado que
se le proporcione al beneficiario el tratamiento médico adecuado,166 como
solicitamos se haga en el presente caso, considerando la gravedad y complejidad
de la situación en la ciudad de La Oroya. (Petitorio, párrafos 145.1 y 145.3)
128. La CIDH ha reconocido ya la obligación de atención que tiene el Estado para
aquellas personas que se encuentran en especial situación de indefensión,167
como son los habitantes de La Oroya frente a la contaminación derivada de la
explotación metalúrgica. Esta explotación constituye la principal fuente de
trabajo en la ciudad, teniendo la mayoría de las personas de La Oroya una
relación económica directa o indirecta con el complejo metalúrgico. La
negligencia estatal ha puesto a los habitantes de La Oroya en el falso dilema de
tener que elegir entre sacrificar su puesto de trabajo y/o subsistencia, o sacrificar
su salud y la de sus hijos.
129. Este dilema no existe porque, como sostuvimos anteriormente, hay varias
medidas de reparación de la salud, educación ambiental y mitigación de la
contaminación que podrían ser adoptadas y exigidas por el Estado Peruano, sin
llegar al extremo de clausurar la actividad productiva. No es aceptable
argumentar razones de índole económica, para desconocer esta obligación
estatal de adoptar medidas concretas. Si bien es cierto que muchos actos de
gobierno responden a las necesidades económicas, incluso estas decisiones
Entre otras, el 17 de diciembre de 2003 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los pacientes del Hospital
Neurosiquiátrico de Paraguay, debido a que las condiciones sanitarias y de seguridad en dicho hospital eran inhumanas y
degradantes, configurando una amenaza a la integridad personal, mental y moral de los pacientes. En vista del riesgo para
las víctimas, la Comisión solicitó al Estado Paraguayo la adopción de medidas para proteger la vida y la integridad
personal, mental y moral de Jorge Bernal, Julio César Rotela y de los 458 pacientes internados en el Hospital
Neurosiquiátrico de Paraguay, incluyendo la elaboración de un diagnóstico médico de su situación, con especial
atención a la situación de mujeres y niños. (Cfr. Informe Anual de la comisión Interamericana de Derechos Humanos,
2003, par. 60 y sig) Asimismo, el 24 de octubre de 2003 la Comisión otorgó medidas cautelares en favor de Luis Ernesto
Acevedo y otras 372 personas privadas de la libertad en la Comisaría de la Policía Nacional Civil en la ciudad de
Escuintla, Guatemala. Las condiciones sanitarias en las que se mantiene a los jóvenes detenidos generan un riesgo
inminente para su salud. La CIDH solicitó al Estado Guatemalteco la adopción de las medidas sanitarias necesarias para
evitar daños a la integridad personal de las personas privadas de la libertad en dicha dependencia policial. (Cfr. Informe
Anual de la comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2003, par. 60 y sig)
166 El caso más paradigmático en este sentido es de las medidas cautelares otorgadas para proteger la salud y la integridad
física de 27 personas que vivían con VIH/SIDA en El Salvador. Las mismas requerían los tratamientos médicos y
medicinas adecuadas para fortalecer su sistema inmunológico e impedir el desarrollo de enfermedades (Cfr. Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, par. 60 y sig). Posteriormente, en octubre de 2002 la
CIDH adoptó medidas cautelares para proteger a 52 personas que vivían con VIH/SIDA en Bolivia y que les fueron
denegados sus medicamentos (Cfr. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2002, par. 60 y
sig). Asimismo, el 11 de septiembre de 2003 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del señor Mariano Bernal
Fragoso de 71 años de edad, quien se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Victoria, México,
quien sufre de diabetes sin que se le esté proporcionando el tratamiento adecuado para evitar las consecuencias crónicas
de su enfermedad y sus secuelas incapacitantes. En vista del riesgo para la integridad personal del beneficiario, la
Comisión solicitó al Estado Mexicano la adopción de medidas tendientes a asegurar un adecuado tratamiento
médico para el señor Bernal Fragoso. (Cfr. Informe Anual de la comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2003,
par. 60 y sig). En otra oportunidad la CIDH remarcó también la obligación estatal de adoptar las medidas necesarias para
resguardar la integridad personal de una persona que necesitaba atención y que no se encontraba en condiciones de
responsabilizarse por su propio cuidado. Las medidas necesarias para su supervivencia consistían en asistencia médica,
cuidados vitales, la alimentación adecuada y asistencia psicológica (CIDH. Caso 11.427. Víctor Rosario Congo. Ecuador.
Informe de Fondo 63/99. 13 de abril de 1999, par. 73-4)
167 CIDH. Resolución 90/90. Caso 9893. Movimiento Vanguardia Nacional de Jubilados y Pensionistas de Uruguay. par.
81, 93-95.
deben respetar un principio básico de razonabilidad y de proporcionalidad.168
No hay duda de la existencia de una obligación jurídica del Estado de
garantizar un estándar mínimo de derecho a la salud de su población.169
Esta obligación no puede ser desconocida con el pretexto del desarrollo
industrial o del crecimiento económico, sobre todo cuando, como en el caso de
La Oroya, existen diversas opciones que pueden implementarse para proteger la
salud pública sin afectar dicho desarrollo.
130. En este sentido, la CIDH ha afirmado que el elemento esencial de la obligación
jurídica asumida por todo gobierno en esta materia (la de los derechos
económicos, sociales y culturales), es procurar la realización de las aspiraciones
sociales y económicas de su pueblo, siguiendo un orden que dé prioridad a las
necesidades básicas de salud, nutrición y educación. La prioridad de “los
derechos de supervivencia” y “las necesidades básicas,” expuso la CIDH, son
una consecuencia natural del derecho a la seguridad personal del artículo 5 de la
Convención Americana.170
131. En este orden de ideas y considerando la existencia incuestionable de la
situación de amenaza grave a los derechos a la vida, la salud y la integridad de
las víctimas vinculados con el derecho al ambiente sano, solicitamos a la
Comisión la declaración de las presentes medidas cautelares.
particularmente de los niños y niñas que se encuentran en especial situación
132. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha adoptado una concepción
amplia del derecho a la vida, particularmente con el fin de proteger los derechos
de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Así, la Corte ha dicho:
“En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no solo el derecho de
todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el
derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una
existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación
de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones
de ese derecho básico.”171
133. En este sentido, resulta clara la obligación del Estado Peruano de garantizar una
vida digna a las víctimas y demás habitantes de La Oroya, libre de sufrimientos
y afectaciones a la salud causadas por la excesiva contaminación ambiental.
“La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del
CIDH. Informe anual 1996. Resolución 38/96, caso 1506, X e Y vs. Argentina. Este es un caso de mujeres que eran
sometidas a una revisión vaginal antes de tener contacto con los detenidos en una prisión estatal. La CIDH remarca el
límite de razonabilidad y proporcionalidad que deben tener las medidas estatales que reglamentan derechos para no violar
de esta manera otros derechos fundamentales, como la integridad personal. Par. 55 y ss.
169 Cfr. CIDH. Informe 28/96, caso 11297, Juan Hernández vs. Guatemala.
170 CIDH. Informe Anual 1980-81. pg. 126; Informe Anual 1989-1990. pg. 195
171 Corte IDH. Caso Villagrán Morales y Otros. Sentencia de Fondo. 19 de noviembre de 1999. Párrafo 144 y ss.
homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho a vivir con
dignidad.”172
134. Este deber estatal de tomar medidas positivas, se acentúa precisamente en
relación con la protección de la vida de las personas vulnerables e indefensas, en
situación de riesgo, como son los niños y niñas.173 En el presente caso, su
natural situación de vulnerabilidad se ve agravada por el hecho de ser ellos el
grupo más afectado por la contaminación ambiental. Al igual que en el Caso
Villagrán Morales y otros, la salud, la integridad y la vida de los niños y niñas
de La Oroya se encuentra amenazada por la omisión del Estado, por lo cual las
medidas cautelares son urgentes para evitarles mayores daños irreparables.
víctimas amenazadas mediante medidas cautelares
135. Varias medidas cautelares han sido dictadas por la CIDH para proteger a
defensores de derechos humanos, periodistas o cualquier otra persona que
estuviera amenazada por causa de sus dichos o actividad. En algunos de estos
casos, la CIDH ha solicitado incluso a los Estados que tomen las medidas
necesarias para que los beneficiarios pudieran continuar con su labor de
promoción y defensa de los derechos humanos,174 protegiendo derechos como la
libertad de expresión, de reunión y de asociación.175 Como se describió
anteriormente, en el caso bajo examen algunas de las víctimas comprometidas
con la defensa de sus derechos y los de sus semejantes que luchan contra la
“Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos
civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e
indivisibilidad de todos los derechos humanos” Corte IDH. Caso Villagrán Morales y Otros. Sentencia de Fondo. 19 de
noviembre de 1999. Párrafo 144 y ss.
173 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie
C No. 63, par. 194. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/2002. 28 de agosto de
174 El 8 de diciembre de 2003 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de la Comisión Colombiana
de Juristas (CCJ) debido al clima de hostilidad y señalamiento en contra de las organizaciones de derechos humanos en
Colombia, que ha generado una situación de riesgo en perjuicio de los miembros de la Comisión Colombiana de Juristas,
quienes han visto la licitud de su labor cuestionada. En vista de la situación, la Comisión solicitó al Estado Colombiano la
adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los beneficiarios y para que puedan
continuar con su labor de promoción y defensa de los derechos humanos en la República de Colombia.
175 El 7 de julio de 2003 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los señores Alejandro Escobar Durán y otros
miembros del partido Alianza Nueva Nacional (ANN) de Guatemala. La información disponible indicaba que habían sido
objeto de amenazas y actos de violencia. En vista de la situación de riesgo para los beneficiarios, la Comisión solicitó al
Estado Guatemalteco la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal, libertad de
expresión, reunión y asociación de los beneficiarios.
El 29 de mayo de 2003 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los periodistas franceses Liliane
Pierre-Paul y Charles Emile Joassaint, corresponsal de radio en Haití, por expresiones amenazantes en su contra.
En vista de la situación de riesgo para los beneficiarios, la CIDH solicitó al Estado Haitiano la adopción de las
medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y el ejercicio de la libertad de expresión
El 20 de junio de 2003 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del señor Carlos Tablante, presidente de
la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la
Asamblea Nacional de Venezuela y miembro del Movimiento al Socialismo (MAS). Concretamente la
Comisión solicitó al Estado la adopción de medidas para proteger la vida y la integridad personal del señor
Tablante, de su familia y de quienes trabajan con él, y garantizar el pleno ejercicio de su libertad de
expresión y derechos políticos.
contaminación excesiva de La Oroya, también han sido amenazados por causa
de su labor. Ellos han denunciado oportunamente las amenazas de las que
fueron objeto, presentando pruebas al respecto, pero no han recibido respuesta
estatal suficiente.
136. Resulta oportuno destacar que la definición de defensores de derechos humanos
que utiliza la Unidad de Defensores de la CIDH incluye a los defensores del
medio ambiente. Los activistas ambientales, como algunas de las víctimas del
presente caso, se encuentran en una situación particular de doble
vulnerabilidad.176 En la mayoría de los casos que defienden, enfrentan no sólo
los intereses del Estado sino de poderosos grupos económicos en convivencia
con el Estado y muchas veces más poderosos que éste. La falta de conciencia
tanto de los organismos internacionales como de la sociedad civil que los
activistas ambientales son defensores de derechos humanos agudiza seriamente
su situación de indefensión.
137. Debido al contexto social de La Oroya, las víctimas consideran que no están
dadas las condiciones de seguridad para continuar ejerciendo su labor en
defensa de los derechos humanos y el ambiente. Asimismo, consideran que la
mejor manera de proteger su integridad y su vida es manteniendo en el
anonimato su identidad.
138. De esta manera, solicitamos a la CIDH que mantenga la reserva de la
identidad y los datos de las víctimas mientras que las medidas se
implementan y que solicite al Estado Peruano la creación de las condiciones
necesarias para que los mismos puedan continuar, de forma segura,
ejerciendo su labor de defensa de derechos humanos y el medio ambiente.
(Petitorio, párrafo 145.8)
139. Si bien la CIDH y la Corte han establecido la necesidad de identificar
individualmente a las personas que están siendo afectadas, a fin de solicitar
medidas de protección, existen excepciones a tal principio, por ejemplo, cuando
todos los miembros de la comunidad se encuentren en una situación igual de
riesgo,177 como sucede en La Oroya.
El Costo Humano de Defender el Planeta, CEDHA 2002-2003, disponible en www.cedha.org.ar. En este informe se
destaca que la violación de derechos humanos de activistas ambientales tiene características particulares, todas ellas se
evidencian en el presente caso:
La mayoría de los casos están relacionados con la degradación ambiental del hábitat de comunidades indígenas
y/o pobres.
La falta de percepción de las víctimas de degradación ambiental como víctimas de violaciones de derechos
humanos hace que sean principalmente los activistas ambientales quienes intentan defender los grupos más
vulnerables de la sociedad en esta clase de casos.
Los abusos de derechos humanos contra activistas ambientales están ocurriendo como consecuencia adicional
de la violación de otros derechos humanos representados por estos activistas.
Los abusos de derechos humanos contra activistas ambientales resultan en violaciones adicionales. Esto ocurre
por el "efecto terror" que estas violaciones individuales tienen sobre el grupo, atemorizando al grupo sobre el
ejercicio de sus propios derechos, en un intento de silenciarlos.
177 Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Resolutivo 3. 9 de octubre de 2000. En igual sentido, la Comisión otorgó medidas
140. En el presente caso, además de solicitar medidas de protección para las víctimas
individualizadas, lo hacemos prioritariamente para los menores de edad
afectados y los niños por nacer y en general para todos aquellos habitantes de La
Oroya que se encuentren en igual riesgo que las víctimas por vivir expuestas a
las mismas fuentes de contaminación, pero que por temor o desconocimiento no
participan de la presente solicitud de medidas cautelares, pero que
posteriormente deseen beneficiarse de las mismas.
141. Evidentemente el nivel extremo de contaminación de La Oroya es una grave
amenaza para la vida, la integridad personal y la salud de todas las personas que
habitan esta ciudad y las comunidades aledañas; teniendo en cuenta que cada día
que pasa la situación de las personas empeora, pues la acumulación y la mayor
exposición a los contaminantes se agrava; y ante la posibilidad que la situación
empeore aún más si el Estado autoriza la prórroga para el cumplimiento del Plan
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el complejo metalúrgico de La
Oroya; solicitamos a la Comisión que otorgue las presentes medidas
cautelares para evitar graves daños a la vida, la integridad personal y la
salud de ……. y demás habitantes de La Oroya que quisieran beneficiarse de
142. En particular solicitamos que ordene al Estado Peruano:
1º- Diagnóstico y atención médica adecuada para …… y para las demás
personas que tengan niveles por encima de 10 g/dL en la región de La
Oroya;178 así como para las personas que por las concentraciones extremas
de dióxido de azufre en momentos pico, sufren de enfermedades
respiratorias y agudización de los síntomas de enfermedades como asma y
2º- Asistencia y seguimiento nutricional que asegure a los niños y niñas
menores de 10 años y madres gestantes, la ingesta de alimentos y nutrientes
suficientes para prevenir la excesiva absorción de plomo.
3ºReducción y mantenimiento del plomo en la sangre de los niños y
niñas a 10 g/dL, y del resto de los afectados de acuerdo con los estándares
internacionales de salud.
4ºImplementación inmediata de programas de educación ambiental
y de salud pública independientes y objetivos para informar a toda la
población sobre las características de la contaminación en La Oroya, rutas de
cautelares a favor del pueblo indígena Kankuamo que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, 24 de
septiembre de 2003. Asimismo, la Comisión otorgó medidas cautelares en favor de Franco Viteri, José Gualinga,
Francisco Santi, Fabián Grefa, Marcelo Gualinga y demás miembros de la Comunidad Indígena Sarayacu de Ecuador. 5
de mayo de 2003. En igual sentido, las medidas otorgadas a las comunidades indígenas mayas y sus miembros en Belice
(Informe Anual de la CIDH. 2000. Pg.52); o de los ciudadanos haitianos y dominicanos de origen haitiano en la
República Dominicana (Informe Anual de la CIDH. 1999. Pg.77); o de la población del Corregimiento de La Granja, en el
Municipio de Ituango, Antioquia, Colombia (Informe Anual de la CIDH. 2001. Pg.74); o de la comunidad Indígena de
Yaxye Axa de Paraguay (Informe Anual de la CIDH. 2001. Pg.86); o de las comunidades afrocolombianas que habitan los
49 caseríos en la Cuenca del Río Naya (Informe Anual de la CIDH. 2002. Pg.70).
178 De acuerdo con las directrices del Centro de Control de Enfermedades de los EE.UU.
Chelation Therapy for
Childhood Lead Poisoning. A.S. Ettinger. Disponible en http://www.hsph.harvard.edu/Organizations/DDIL/chelation.htm.
exposición, efectos potenciales en el mediano y largo plazo, síntomas de
exposición a los contaminantes, métodos de diagnóstico y tratamiento,
incluyendo las posibles medidas de prevención y reducción tanto de la
exposición como de los impactos negativos en la salud.
5ºAsegurar que una eventual modificación del PAMA de la
empresa que explota el complejo metalúrgico considere el derecho a la
salud de los habitantes de La Oroya, que no prorrogará nuevamente la
implementación de las medidas urgentes necesarias, que se desarrolle en un
proceso transparente y participativo, que cumpla con la legislación aplicable
y que cuente con supervisión rigurosa de tiempos límites y obligaciones
específicas, cuyo incumplimiento sea sancionado de acuerdo con las normas
6ºControl efectivo de las emisiones fugitivas y de las chimeneas del
complejo y el control y cambio de suministro de concentrados usados en
éste, a unos niveles de arsénico más bajos, hasta que se asegure la
implementación de la tecnología adecuada que permita el uso de
concentrados con altos contenidos de arsénico sin afectar la salud de la
7ºEvaluación del estado de contaminación de las casas, lugares de
trabajo y escuelas de las víctimas, así como las calles, parques, mercados y
otros sitios públicos. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el Estado
deberá desintoxicar y limpiar a fondo las casas que se encuentren
contaminadas, y proporcionar servicios gratuitos de limpieza eficiente en
las casas, calles y otros lugares públicos.
8ºReserva de la identidad y los datos de las víctimas hasta que las
medidas se otorguen y vayan a implementarse y garantía de condiciones
necesarias para que los mismos puedan continuar de forma segura ejerciendo
su labor de defensa de derechos humanos.
Es pertinente aclarar que en ningún caso las medidas de atención
médica-nutricional a las víctimas (puntos 1, 2 y 3 del petitorio) serán
suficientes autónomamente, sin el acompañamiento de las medidas de
prevención y reparación ambiental (puntos 4 a 7 del petitorio) a
implementar en la ciudad de La Oroya.
Recibiremos toda comunicación relacionada con la presente petición de medidas
cautelares por correo electrónico: apuentes@aida-americas.org, por teléfono en el No.
(525) 552-120141, por fax al mismo número o al (510) 550-6740, y en la dirección
postal Atlixco 138, Colonia Condesa, México, DF. C.P. 06140, México.
J. Martin Wagner
Astrid J. Puentes Riaño
Ciudad de plomo - plaza
Plan específico de supervisión y monitoreo interno 2009: Asesoría de letras
Educación • Control • Calidad • Gestión • Técnicas • Orientación • Enseñanza • Eficiencia • Informe • Cronograma • Actividades • Trabajo docente • Evaluación • Subdirección • Base legal • Asesoría • Dirección • Recursos • Instrumentos
Redes De Comunicación Y Transporte, Para El Desarrollo Regional
Erosión • Deforestación • Ozono • Problemas medioambientales • Efecto invernadero • Consecuencias • Soluciones ambientales
ConmotivodelaXVIIrondadenegociacionesdelAcurdoTransPacifico
3º TELEMÁTICA PROBLEMAS 1º) chocar con el suelo
Polipasto • Poleas • Conductores
Document 77891
Temperatura • Calor • Termodinámica • Resolución de ejercicios • Física • Energía • Planteamiento de ejercicios • Ingeniería Industrial • Velocidad
El Archivo del Monasterio de Santa Clara
CRECIMIENTO DE HABA VERDE EN UN SUELO CONTAMINADO
1.− ¿Qué es el aire? R.− alrededor.
Medidas preventivas • Atmósfera • Aerosoles • Efectos en la salud • Problemas medioambientales • Gases tóxicos • Contaminación atmosférica

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 200
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
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