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Timestamp: 2018-06-18 11:13:53+00:00

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Dificultades para nacer – Domingo Rondina
Publicado en 3 noviembre, 2013 3 julio, 2017 por l4000200
La Corte santafesina, honrando sus antecedentes, dice que el caso le trae conflictos ‘morales y religiosos’ (!).
Una interesante reflexión en el voto de Gastaldi: se da cobertura médica para el aborto pero no para la concepción…
En la ciudad de Santa Fe, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil doce, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia de la titular doctora María Angélica Gastaldi, y con la integración del señor Juez de Cámara doctor Armando Luis Drago, a fin de dictar sentencia en los autos “MUIÑO, Miguel Angel y otros contra I.A.P.O.S. y otros -Amparo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. C.S.J. N̊ 347, año 2010). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gastaldi, Falistocco, Erbetta, Netri, Spuler, Gutiérrez y Drago.
Conforme surge de las constancias de la causa, mediante resolución 119, del 30.07.2010, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por los actores y, en consecuencia, admitió la pretensión tendente a obtener la cobertura del costo del tratamiento de fecundación asistida (técnica ICSI) para los reclamantes, condenando tanto a I.A.P.O.S. como a O.S.S.A.C.R.A. (fs. 105/113).
Contra aquel resolutorio deducen las accionadas el recurso de inconstitucionalidad previsto por la ley 7055 invocando causales de arbitrariedad de las previstas en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055 (fs. 117/123 y 125/132).
Por lo demás, afirma que no se encontraban acreditados los requisitos de viabilidad de la acción intentada y que, en particular, no existía urgencia, no bastando para ello -dice- la mera constancia del aporte de prueba documental en relación al padecimiento de los actores. Al respecto, alega que la vía pertinente era la del juicio ordinario, en donde -señala- se podría ventilar la cuestión en un “amplio debate” científico y jurídico en el que “no se hubiera llegado tarde a la resolución del tema”.
Por su parte, en su recurso O.S.S.A.C.R.A. asevera liminarmente que la presente causa, no obstante versar sobre un “tema de derecho común, hechos y prueba”, amerita la admisión del remedio extraordinario intentado, como consecuencia de que la sentencia resulta arbitraria y que carece de suficiente fundamentación.
De tal manera, aduce que el Tribunal a quo se arrogó el rol de legislador, en tanto el “bloque normativo aplicable” al caso no reguló en forma obligatoria lo atinente a las prestaciones asistenciales requeridas. En relación con ello, asevera que se trata de situaciones no legisladas que no ponen en riesgo la vida de las personas, quienes -dice- voluntariamente aceptan los planes de salud que se ofrece a los afiliados.
La Cámara concedió los recursos de inconstitucionalidad advirtiendo que en la jurisprudencia se han originado pronunciamientos disímiles “que responden a distintas posturas asumidas vinculadas a la cuestión bajo tratamiento”, mas rechazó los argumentos de las obras sociales recurrentes afirmando que sus planteos configuraban la mera discrepancia con la solución propuesta por la Sala.
Liminarmente, se advierte que los recursos de inconstitucionalidad deducidos por las comparecientes guardan sustancial similitud en relación a los argumentos y reproches planteados contra el decisorio venido en revisión. Por lo que, por cuestiones metodológicas, resulta conveniente darle un tratamiento uniforme, valorando el caso en su conjunto.
En el examen de admisibilidad que contempla el artículo 11 de la ley 7055, realizado con los principales a la vista, entiendo que debe declararse inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por la falta de entidad constitucional de los planteos.
Comparto el relato efectuado de los antecedentes de la causa señalados en el voto de la señora Presidenta doctora Gastaldi (puntos 1, 2, 3 y 4).
En el examen de admisibilidad que impone efectuar el artículo 11 de la ley 7055, he de rectificar el juicio formulado por el A quo, a pesar de lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 150/156).
Es que de la confrontación del pronunciamiento atacado y de los recursos interpuestos no se aprecia configurada una cuestión constitucional aprehensible en los términos del artículo 1 de la ley 7055, quedando las articulaciones deducidas en meras discrepancias de las interesadas con la solución que correspondería al “sub examine”.
Para decidir de tal manera, el Sentenciante juzgó liminarmente que, en las circunstancias del caso (pareja estable, de edad avanzada y con las enfermedades reseñadas), no existía una vía más idónea para tutelar los derechos constitucionales a la vida y a la salud invocados por los amparistas con fundamento en la Carga Magna. Así, hizo referencia a la “urgencia vital”, al riesgo implicado y al daño irreparable en la integridad psicofísica (la esterilidad irreversible) que consideró evidenciados en el “sub examine”; pues -prosiguió- una eventual sentencia favorable recaída luego de un amplio debate (y en un extenso proceso) llegaría demasiado tarde, ello en función de las condiciones biológicas apuntadas. En tal orden, hizo precisas referencias a abundante jurisprudencia y a doctrina de destacados juristas.
Seguidamente, señaló que también se encontraban acreditados (conforme documental a la que refirió) tanto las dificultades orgánicas de los amparistas para concebir como la idoneidad de la pretensión médica. Al respecto, entendió como suficientemente acreditada la existencia de dificultades reproductivas y en la aptitud del tratamiento requerido, considerando suficientes el certificado e historia clínica de ambos pacientes (confeccionados por el dr. Mussacchio, miembro de la “Clínica de Ginecología y Obstetricia”), junto con el presupuesto elaborado por P.R.O.A.R. (“Programa de Asistencia Reproductiva de Rosario”) y las cartas intimatorias previas cursadas a las prestadoras de salud, misivas éstas que fueran rechazadas en su momento con el sólo argumento de que la práctica exigida no se encontraba incluida en el elenco de prestaciones respectivas.
En efecto, y en primer lugar, consideró que la infertilidad es considerada enfermedad según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, organismo que define a la salud reproductiva como “el estado general de bienestar físico, mental y social, y no (sólo) como una mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”.
Asimismo, tuvo en especial consideración los derechos subjetivos comprometidos y el contexto de normas (tanto legales como supralegales e internacionales, que mencionó) en el que se enmarca el “thema decidendum”, citando particularmente Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Y en orden a la alegación de que el tratamiento no se encontraría específicamente incluido dentro del vademécum del P.M.O., la Cámara entendió que dicha nómina configura un “piso prestacional”, cuya amplitud debe analizarse atendiendo a los derechos constitucionales en juego, resultando ello -estimó- del contexto normativo comprometido y aplicable al caso. Con lo cual desechó la tacha de reglamentación de derechos que fuera planteada por las recurrentes.
En efecto, si bien las impugnantes aducen -en esencia- ausencia de motivación suficiente por no haberse demostrado los requisitos propios de la acción intentada (amparo), sus cuestionamientos lucen más bien genéricos y globales, sin lograr desmerecer -desde una óptica constitucional- las precisas y circunstanciadas consideraciones que en tal sentido brindara el Tribunal, especialmente en torno a la ilegitimidad del proceder de las demandadas y a encontrarse acreditada la “urgencia vital” de los esposos, quienes, por sus condiciones biológicas (avanzada edad y estado de salud puntualmente referenciados) no podían concebir por medios naturales, lo que eventualmente (y en el corto tiempo) ocasionaría un daño irreparable (por la esterilidad irreversible de la pareja). Es que, en el punto, la postulación recursiva -afirmando, sustancialmente, que no se acreditó la infertilidad ni el riesgo para la vida- sólo intenta oponer una singular interpretación de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, no demostrando, en las particularidades del “sub examine”, cómo se habría configurado la arbitrariedad que aduce ni tampoco la decisividad de sus planteos, ello a fin de lograr la descalificación constitucional de lo decidido.
En efecto, liminarmente cabe referenciar que, en las particulares circunstancias fácticas y jurídicas del caso, la cuestión sometida a debate no permite que se extienda en el tiempo una larga discusión en el marco de un proceso ordinario porque, conforme a la naturaleza de los derechos comprometidos, se perjudicaría y/o frustraría la posibilidad de procreación de los amparistas. Existe, tal como entendió la Sala, “urgencia vital” en tanto de no proveerse el tratamiento el daño sería irreparable pues se negaría totalmente el derecho a la procreación.
Expuesto lo anterior, es dable recordar que la ley 25673 (Ley Nacional de Salud Reproductiva) tiene por objetivos “garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable” (art. 2.f); y que “el programa está destinado a la población en general, sin discriminación alguna” (art. 3).
Es que cuando la realización de derechos humanos reconocidos (como el de la dignidad humana, el acceso a la vida familiar, la no discriminación y la equidad) dependen de la provisión de un tratamiento de salud en particular (en autos para responder a una infertilidad), los Estados (y también las empresas de salud) están obligados a brindar estos tratamientos y a garantizarlos. No resultando suficiente, para denegar la cobertura, el hecho de que el tratamiento de fertilización asistida no haya sido reglamentado específicamente, si el derecho al tratamiento surge de las leyes antes mencionadas y de normativas constitucionales de rango superior. De admitirse lo contrario, la falta de reglamentación impediría el acceso al tratamiento que permite dar eficacia al derecho a la salud sexual y reproductiva (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 29/04/2010, “L. P., M. C. y otro c. O.S.D.E.”, La Ley Online AR/JUR/28217/2010).
Es así que se ha entendido que las prestaciones del P.M.O. no constituyen un elenco cerrado e insusceptible de ser modificado en el tiempo o adecuado en el caso, por ejemplo, ante la evidencia judicializada del riesgo de vida del paciente (conf. C.S.J.N., “Cambiaso Péres de Nealón, Celia M.A. y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas”, del 28.08.2007; y Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, sala I, “Vaca, Héctor Horacio y Otra c. Asociación Mutual del Personal Jerárquico de los Bancos Oficiales nacionales”, del 26/05/2009, publicado en L.L. Litoral 2009 (setiembre), 924, AR/JUR/19164/2009).
En tales condiciones, dadas las imputaciones de las recurrentes, vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión de garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de disconformidad de la parte con los argumentos desarrollados por el Tribunal a quo con fundamentos suficientes y que no alcanzan a ser desvirtuados en esta instancia, conformando un decisorio que no aparece “prima facie” disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. A lo que cabe agregar que las interesadas tampoco demuestran la conexión inexorable que debe existir entre los hechos relevantes de la causa y la cuestión constitucional que someramente enuncian, limitándose a efectuar una mera invocación global de agravios pero sin demostrar que el Sentenciante hubiese efectuado una exégesis irrazonable o inarmónica de las normas y principios fundamentales en juego.
El test de constitucionalidad de la sentencia impugnada.
Los derechos constitucionales comprometidos en la causa.
La Corte nacional, cuya doctrina ha receptado este Cuerpo (A. y S. T. 231, pág. 381), ha sostenido que el derecho a la vida y a la salud cuenta con la más decidida protección en nuestro ordenamiento normativo, al ser considerado como derechos fundamentales de la persona humana (C.S.J.N., Fallos:302:1284; 310:112). También ha dicho que “el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, y es el primero de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, desde que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental” (C.S.J.N. “Campodónico de Beviacqua Ana Carina c/ Ministerio de Salud”, del 24.10.2000, y doctrina de Fallos: 316:479; 323:3229; 325:292, entre otros).
Asimismo, la tutela del derecho a la vida resulta de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, cuando ésta, luego de sentar en sus primeros cinco artículos las bases o pilares esenciales del Estado, se ocupa de consagrar el “estatuto constitucional de la persona”, reproduciendo en primer lugar un tradicional precepto (artículo 6) que asegura en la Provincia, tanto para nacionales como para extranjeros, la vigencia de los derechos y garantías que les reconocen la Constitución nacional y la misma Constitución provincial, “inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran”. Estos últimos son los denominados “derechos implícitos” o “no enumerados” o “no previstos”, que en el texto nacional emergen del artículo 33, y que están “en estado latente, para ser descubiertos y, en su caso, puestos en práctica por el legislador, el juez o el intérprete, de acuerdo con las circunstancias” (Barra, Rodolfo Carlos. “La acción de amparo en la Constitución reformada: la legitimación para accionar”. L.L. T. 1994 E, pág. 1087).
Específicamente en lo concerniente a la salud reproductiva se ha sostenido que consiste en “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados al sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear” (Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 1994, 7.2., cit. Por C. Cont. Adm. San Nicolás, 15.12.2008, “S.A.F. v. A., H.A.”. Lexis On Line cita 70051349).
La ampliación evolutiva del derecho a la salud aconseja un nuevo engarce con la llamada “salud reproductiva”, pero no se puede eludir que el método de procreación y la planificación familiar tienen dos caras: la de la conducta autorreferente que no refracta perjuicio a terceros, al orden, a la moral pública y que, por recluirse en la privacidad exenta de la autoridad de los magistrados (conforme al art. 19 de la C.N.), tiene que garantizarse; y su otra cara, que es el deber de salvaguarda a la vida como bien constitucional, impidiendo que el Estado asuma o permita políticas contrarias a esa protección.
En el derecho constitucional de la familia, el artículo 14 bis de la Carta magna nacional y el artículo 23 de la Constitución provincial, establecen como regla genérica “la protección integral de la familia”, expresamente contemplan este derecho y mandan al Estado otorgarle protección. También los tratados internacionales incorporados en el artículo 75 inciso 22 contemplan este derecho: así, el artículo 10 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece la obligación de los Estados parte de “conceder a la familia que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más antigua protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y educación de los hijos a su cargo”, y en ese orden, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 22 y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 protegen a la familia y reconocen el derecho a fundar una familia.
El marco infraconstitucional.
En efecto, las leyes nacionales que crean el Sistema de Obras Sociales (ley 23660) y el Seguro de Salud (ley 23661) y las posteriores (ley 24555 y 24754) no imponen expresamente a los agentes del seguro de salud la obligación de prestaciones asistenciales referidas a la fecundación asistida; y la ley nacional 25673 que crea el “Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable” no incluye expresamente el tratamiento de la infertilidad dentro de los aspectos inherentes a esta rama del derecho a la salud, ni tampoco lo hace nuestra ley provincial 11888 que pone en vigencia “El Programa de Procreación Responsable”.
Sí en cambio ya se impone aquella obligación en algunas legislaciones locales, tales como la ley 418 de “Salud reproductiva y procreación responsable” de la Ciudad de Buenos Aires (art. 4 inc. i), la ley 509 de Tierra del Fuego (art. 6 inc. e), la ley 6433 de la provincia de Mendoza (art. 2 inc. f y 4 inc. g), y la ley 1363 de la Pampa (art. 3), pero ello no sucede en nuestra provincia en la que no existen previsiones normativas análogas a las mencionadas.
Recientemente, debe destacarse que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y en el marco de la ley 13066 que creó el Programa para garantizar la promoción y desarrollo de la salud reproductiva y la procreación responsable, entró en vigencia la ley 14208 (02.12.2010) y su decreto reglamentario 2980 (07.01.2011). Aquella ley en su artículo 1, tiene por objeto “el reconocimiento de la infertilidad humana como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud” y asimismo “reconoce la cobertura médico asistencial integral de las prácticas médicas a través de las técnicas de fertilización homóloga reconocidas por dicha Organización”; en su artículo 2 define la infertilidad como “la dificultad de una pareja de concebir un niño naturalmente o de llevar un embarazo a término, luego de un año de vida sexual activa”. Luego de afirmar sus objetivos en el artículo 3, en su artículo 4 establece que “el Estado provincial, a través de sus efectores públicos, deberá otorgar los citados tratamientos destinados a garantizar los derechos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, con dos años de residencia en la misma, preferentemente a quienes carezcan de todo tipo de cobertura médico-asistencial integral en el sistema de seguridad social y medicina prepaga” e incorpora en su artículo 6 “dentro de las prestaciones de las obras sociales y de medicina prepaga, la cobertura médico asistencial integral”.
El Anexo Único del derecho reglamentario 2980 de la ley 14208 de la Provincia de Buenos Aires establece que “accederán a los tratamientos de fertilidad asistida aquellas mujeres cuya edad se encuentre comprendida entre los 30 y 40 años. Se dará prioridad a las parejas que no tengan hijos producto de dicha relación, brindando la posibilidad de un (1) tratamiento de alta complejidad por año, hasta un máximo de dos (2)…”, asimismo se les requiere a estas parejas la presentación de una declaración jurada y se les puede requerir un informe ambiental, además de acreditar la residencia en la provincia de Buenos Aires por dos años.
Es que fuera de estas prestaciones excepcionales donde está en juego la supervivencia del paciente, el principio general es que “las obligaciones, responsabilidades, y límites, surgen de los estatutos de la obra social o del contrato celebrado con la empresa de medicina prepaga”.
Recuérdese que “cualquier sistema de salud tiene exclusiones y éstas deben ser admitidas” (Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, Sala I, “R.M.,M c/ Obra Social de Empleados Públicos”, 28/8/2007, L.L. Gran Cuyo 2007, noviembre, 1060).
La plataforma fáctica de la pretensión de los amparistas.
Recuérdese que el método citado (I.C.S.I.) le fue recomendado a los amparistas ante el reiterado fracaso de los métodos convencionales de procreación asistida de baja complejidad. Los pasos de este tratamiento son los siguientes: 1) estimulación ovárica inicial (se inyectan hormonas para que la mujer produzca un importante número de óvulos); 2) se extraen los óvulos por medio de una punción transvaginal monitoreada por ecografía; 3) se coloca un espermatozoide en cada óvulo -en laboratorio-, los óvulos inyectados se conservan en una estufa de dos a cinco días hasta que se transforman en embriones; 4)se produce la transferencia embrionaria en la forma supra explicitada (fs. 109). Es decir que el óvulo es inyectado por un sólo espermatozoide (a diferencia de la Fecundación in vitro en que cada óvulo es inseminado por una pluralidad de espermatozoides) mediante técnicas de microimplantación muy sofisticadas. El fallo impugnado también explica -respecto a la transferencia embrionaria, que “…una vez fecundados los óvulos, se procede a depositar el preembrión en la cavidad uterina dentro de las 72 horas. Dicha operación se realiza por medio de un catéter de transferencia, en el que pueden colocarse hasta cuatro preembriones. El traspaso es llevado a cabo generalmente en el consultorio o en un clínica como paciente externo, no requiere anestesia, y tampoco intervención quirúrgica para su materialización”.
En síntesis, el señor Muiño y la señora Rosso solicitan cobertura para realización de esta técnica de fecundación artificial específica y de alta complejidad (I.C.S.I) que se realiza mediante “técnicas de microimplantación muy sofisticadas”, es decir, que se realiza mediante una micromanipulación de gametos de la propia pareja (inseminación homóloga) y presupone la necesaria transferencia embrionaria y la crioconservación de embriones, cobertura especial que no surge ni expresa ni implícitamente luego de la interpretación del contexto normativo supralegal, constitucional e internacional desarrollado ut supra.
Podría afirmarse que estos tratamientos pueden ser calificados -similarmente- a aquellos que se encuentran en estado de “técnica experimental”(cfr. C.S.J.N., “Buñes, Valeria Elisabet c/ Obra Social Unión Personal y otro”, sent. Del 17/5/2010).
La respuesta de las obras sociales.
Tanto I.A.P.O.S. como O.S.S.A.C.R.A. se escudaron en que sus obligaciones están delimitadas: en el caso de la primera, se aplica la disposición general nro. 0015/96 por la que la práctica de fecundación asistida se encuentra comprendida en el listado de prácticas “no nomencladas”, es decir, que no se encuentran incluidas en los convenios vigentes reconocidos por la obra social y; en el caso de O.S.S.A.C.R.A., se basa en que la fertilización asistida no está incluida en el Programa Médico Obligatorio. Allí entonces se indican cuáles son las prestaciones mínimas a cargo de la obra social en cada caso. Este es el marco legal para el ente de salud y no se configura una excepción, tal como un compromiso para la vida del beneficiario, que amerite razonablemente una inclusión.
El amparo como herramienta procesal para canalizar este tipo de pretensiones.
Esta Corte ya se ha pronunciado respecto de la vía del amparo para considerar planteos relativos a la salud, especialmente “in re” “Rios, María Antonia y Andrada, Luis Pío contra Asociación Sportivo Ben Hur -Amparo-” (A. y S. T. 210, pág. 155); “Galazzo, Horacio contra T.I.M. Medicina Prepaga” (A. y S. T. 210, pág. 368) y “Carranza, Eva D. y otra contra I.A.P.O.S. -Amparo-” (A. y S. T. 231, pág. 381) entre otros.
Ha señalado esta Corte también -a la luz de los lineamientos trazados “in re” “Bacchetta” (A. y S. T. 132, pág. 67)- que “…para que proceda el amparo, es necesario que los recurrentes demuestren que las medidas impugnadas les producen un daño grave que sólo pueda eventualmente ser reparado acudiendo a dicha acción urgente y expeditiva, y que acrediten que el tránsito por la vía administrativa previa (preservada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resguardo del sistema de adjudicación constitucional) y el posterior acceso a esta jurisdicción, podría acarrearles un perjuicio irreparable” (“Vidal” del 10.03.1999); que “…considerando los alcances del artículo 43 de la Constitución nacional, una de las características definitorias del instituto del amparo – en orden a la procedencia de la pretensión- es la manifiesta arbitrariedad o ilegitimidad del acto u omisión de que se trate”. La calificación de “manifiesta” implica, en las palabras de Fiorini, que “el ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse- en forma física-visible, ostensible y notoria” (A. y S. T. 162, pág. 1; T. 188, pág. 27).
Asimismo según la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, el amparo constituye un remedio de excepción y es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba, extremos cuya demostración es decisiva para su procedencia (Fallos: 330:1279; 330:2877; 330:4144; 331:1403; 327:2459, entre muchos otros). Tales requisitos no han sufrido cambios con la constitucionalización del instituto en 1994 (confr. Fallos: 327:2459; 330:2877, entre otros) el cual, sobre el punto ha mantenido los elementos típicos creados originariamente por los precedentes de Fallos: 239:459 (casusa “Siri”) y de Fallos: 241:291 (causa “Kot”).
Luego, la rapidez y lo expeditivo del remedio solo han de lograrse en la medida en que no sea necesario un circunstanciado análisis y debate de la cuestión planteada pues, de requerirse esto último, no podría satisfacerse la urgencia sino por medios ordinarios. Es que solo si el acto que se invoca como lesivo presenta las notas de arbitrariedad o ilegalidad con carácter “manifiesto”, podrá el sentenciante ajustar su tarea a los tiempos que la naturaleza del instituto requiere y alcanzar así los propósitos para los que el mismo fue previsto.
De ahí que corresponda admitirlo sólo con estricto examen de los presupuestos que habilitan su procedencia y con el objeto de que siga siendo útil, toda vez que “su generalización y aplicación a cuestiones que claramente lo exceden debe ser evitada, ya que ello incide en su transformación, y trae aparejado que pierda su real esencia y razón de ser, afectándolo seriamente, en la medida en que se permita subsumir en sus previsiones conflictos para los que no ha sido realmente previsto” (Fallos: 330:1279).
La respuesta jurisdiccional brindada por los jueces de la causa.
Es que, ponderando las circunstancias de la causa, evaluó el Tribunal si se configuraba “manifiesta arbitrariedad o ilegitimidad” exigida por el amparo en caso de denegarse aquellas prestaciones pretendidas, precisando -centralmente- que en atención al plexo de derechos subjetivos comprometidos no podía obviarse la referencia a todo un contexto de normas legales, supralegales e internacionales que se interrelacionaban y en virtud de las cuales “la circunstancia de que la prestación aquí requerida no esté contemplada dentro del vademécum del Plan Médico Obligatorio no es óbice -como lo sostienen los demandados- para viabilizar su operatividad… más allá de que alguna jurisprudencia así lo ha entendido… y en sustento de tal carencia normativa ha desestimado reclamos similares al aquí evaluado”.
En tal sentido, los Juzgadores recordaron que en oportunidad de sentenciar otros casos resolvieron que “…pueden exigirse prestaciones o medicamentos que no estén específicamente contemplados en dicha nómina legal, y que como tal, la nómina del P.M.O es sólo un ‘piso prestacional’ pero que puede y debe ser elastizado en el caso concreto en la medida en que estén comprometidos la vida y la salud de las personas”, pues verlo de otra manera “…sería confundir derecho con ley, ya que lo que se está haciendo no es reglamentar el alcance del derecho a la salud mediante una indebida intromisión en las facultades legislativas, sino interpretando el contexto normativo comprometido y por ende aplicable al caso, lo que es la función propia, normal y cotidiana del órgano jurisdiccional judicial” (v. fs. 111/112vto.).
Para concluir finalmente, la Sala, que las demandadas deben otorgar la prestación pretendida en forma concurrente o “in solidum”, pues ello se encuentra en consonancia con la copiosa nómina de precedentes jurisprudenciales (v. fs. 112vto.) en los cuales se han acogido, por vía de amparo, reclamos análogos obligando a las prestadoras de salud a afrontar los costos de fecundación asistida de sus afiliados.
La descalificación constitucional de la sentencia atacada.
No está en discusión que el derecho a la salud tiene rango constitucional y que la privación o restricción manifiestamente ilegítima de ese derecho abre la vía del amparo, sino que el tema encierra todo un repensar sobre el concepto de “persona por nacer”, problemática que aparece de alta política legislativa.
Ya no se trata solo del aseguramiento de la superación de una disfunción física mediante una técnica de reproducción humana asistida; y ésta constituye un tema menor si se la compara con estos procesos generados a partir de lo que se ha denominado en llamar “pre-embrión”.
Frente a ello, se alzan voces que afirman que no podemos honrar a los que mueren para hacernos mejor la vida a los demás cuando en realidad, no han elegido morir y si alguien muere por opción en salvación de otros, podrán ser considerado un comportamiento heróico y digno de recuerdo; mas cuando se muere por otros sin saberlo, lo que hay, es una apropiación de la vida ajena para mejorar la propia (Armando Segundo Andruet (h), “Celebración del ‘día del niño por nacer’ y los proyectos legislativos nacionales sobre las técnicas de reproducción humana”) .
Frente a ello se afirma que el legislador debe proteger la vida humana embrionaria desde el inicio de su existencia (Andorno, Roberto; “Los derechos nacionales Europeos frente a la procreación médicamente asistida: ¿Primacía de la técnica o primacía de la persona?, La Ley 1994-E, 1498; “La licitud de la fecundación in vitro en sí misma considerada”, La Ley 1995-D, 1615; “Impacto tecnológico y masificación social en el derecho privado”, La Ley 1990-C, 890).
El Proyecto 3 (31 artículos) refiere a tratamientos de tipo terapéuticos (art. 3) y por lo tanto, para paliar disfunciones médicamente probadas (art. 4); se dispone también, que quienes podrán utilizarlas son personas en relación de estabilidad y de naturaleza heterosexual (art. 5); en el proyecto, se avanza sobre cuestiones que no han sido consideradas en los anteriores y que tienden a cimentar una razón ontológica que sostenga una contextualización de tipo médico biológico posteriormente; así es como se indica, qué debe entenderse por ‘embrión’ -esto es, un óvulo fecundado dentro o fuera del seno materno (art. 10, 1, a)-, y que se trata de una persona y por lo tanto, un sujeto de derecho desde tal ocasión (art. 10, 2, a) y considerando que el embrión tiene derecho a nacer (art. 11); se coloca que la transferencia de embriones al útero es de tres, los que a su vez, son la totalidad de los fecundados (art. 13) con lo cual, no cabe espacio posterior para tener que crio-conservarlos y por ello, queda prohibida tal actividad (art. 14, a), como tampoco está prevista la adopción de tales (art. 14, b) y con mucha más razón, se prohibe la destrucción de embriones (art. 14, c) o el uso de ellos, para investigaciones o comercialización decualquier tipo (art. 14, d, e) y tampoco se permite la donación (art. 14, f); se puede reconocer como algo interesante, que la prohibición de la adopción y la crio-conservación sufre una excepción, cuando se deben considerar las situaciones anteriores a la ley (art. 13 “in fine”); o sea que los embriones existentes o son entregados al fin adoptivo o queden crio-conservados sine die; por último no se puede dejar de advertir que a la hora de determinar las sanciones que corresponden a las personas o instituciones que hayan infringido la norma, se coloca como elemento de medición para graduarla, los mismos riesgos que para la salud de los embriones se haya podido generar (art. 25, a), con lo cual, se distancia el proyecto de los esquemas sancionatorios de tipo administrativo que se han deslizado en los otros proyectos y que, no tienen ninguna implicancia con lo antropológico.
En el “thema decidendum” entran en tensión distintos y fundamentales derechos, que irremediablemente necesitan de un amplio debate entre las partes que intervienen.
La lacónica afirmación de la Sala en torno a que “…la circunstancia de que la prestación aquí requerida no esté contemplada dentro del vademécum del Plan Médico Obligatorio no es óbice para viabilizar su operatividad”, no satisface en grado mínimo el requerimiento de fundamentación propuesto y menos aún resulta suficiente la somera descripción que hiciera del tratamiento -Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides- que se pretendía en autos.
Entre ellos cabe tener especialmente presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de protección y promoción de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.), cuyo mandato surge de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocida e incorporada con jerarquía constitucional al artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución nacional, en sus recomendaciones recientes al Estado de Costa Rica ha expresado firmemente que “hoy es posible legislar para permitir la práctica de una técnica de fecundación in vitro y transferencia embrionaria que concilie los derechos a la salud, a fundar una familia, a tomar decisiones de pareja en un ambiente de intimidad y a procrear respetando, al mismo tiempo, el valor absoluto de la vida y la dignidad humanas” y destacó la capacidad de los Estados de “adoptar medidas proporcionales para proteger los embriones humanos, de modo que no haya tratamientos incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, tales como la destrucción arbitraria, la venta o el tráfico de embriones”.
En esta línea de razonamiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó los ejemplos de Alemania, Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador y Panamá entre otros, en donde, a su criterio, se han logrado armonizar los intereses de las parejas infértiles con el interés de proteger la vida por parte de los Estados, y concluyó que existen formas de regulación que podrían asimilarse más al proceso natural de concepción, tales como las que prevén la disminución del número de óvulos fecundados, en definitiva recomendó al país que la regulación normativa considere las alternativas para proteger la vida que respeten, a su vez, los derechos de las parejas infértiles (Informe de Fondo número 85/10, fecundación in vitro, Caso 12361; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Costa Rica, nota elevada a la Asamblea legislativa contenida en el proyecto de ley “Ley sobre Fecundación in vitro y transferencia embrionaria” del Poder Ejecutivo de Costa Rica nro. 17900 del 22.10.2010, Exte N̊ 17.900).
La Corte nacional ha sostenido para el supuesto de las prestadoras de medicina prepagas -aunque sirve al caso como principio subsidiario- que “…les corresponde a las mencionadas empresas o entidades efectivamente asegurar a los beneficiarios las coberturas tanto pactadas como legalmente establecidas, máxime cuando no debe olvidarse que si bien la actividad que asumen puedan representar determinados rasgos mercantiles en tanto ellas tienden a proteger las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, también adquieren un compromiso social con sus usuarios, que obsta a que puedan desconocer un contrato o invocar sus cláusulas para apartarse de obligaciones impuestas por la ley (v. doctrina de Fallos: 324:677), y en consecuencia de contrariar su propio objeto que debe efectivamente asegurar a los beneficiarios las coberturas tanto pactadas como legalmente establecidas”.
Finalmente, sobre el punto, debe destacarse que el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social en oportunidad de denegar el otorgamiento de la cobertura, puntualmente precisó que en el marco del “Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable” esa entidad ya se encontraba trabajando y analizando, entre otras problemáticas, el futuro reconocimiento de los tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad.
En una postura, se encuentran aquellos fallos que han desestimado pretensiones sustancialmente análogas a las del señor Muiño y la señora Rosso denegando la cobertura para este tipo de tratamientos al considerar que la negativa de las entidades de salud a conceder la prestación no lucía arbitraria por la circunstancia de que la prestación requerida no estaba contemplada dentro del Plan Médico Obligatorio ni en el contrato que regía entre las partes o en el estatuto de la prestataria; e incluso algunos magistrados realizaron interesantes y profundas consideraciones sobre la técnica misma de fertilización asistida y el derecho a la vida de los embriones (Cfr. Cámara Federal de Apelaciones de Salta, “R.,N.F.-O.N. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación”, 3/09/2010; “Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Sala II, “S., G. H.G., y C. G.L., c. Medifé”, La Ley Online, 14/05/2010; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, “Peinado Andrea C.y Manera Pablo A. c/I.A.P.O.S.”, Acuerdo 203, 15.04.2011; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala I, “Moscoloni, Natalia Gabriela c. I.A.P.O.S.”, Acuerdo N 211, 26.05.2010 y “Cristiani, Cecilia y otro contra I.A.P.O.S.”, 22.03.2011; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala III, “Vega, Carolina G.c. I.A.P.O.S.”, T. 8, f.317, 29/04/2010; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala IV, “S., E.G. c. Swiss Medical S.A.”, LLLitoral 2008 (noviembre), 1144, 14/08/2008; Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, Sala I, “R.M.,M c/ Obra Social de Empleados Públicos”, 28/8/2007, L.L. Gran Cuyo 2007 (noviembre), 1060; Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “A., M. R. y otros c. Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires”, 26/08/2009; entre otros).
En la otra posición, se pueden agrupar los precedentes que consideraron viables los amparos en la materia y autorizaron -con diferentes alcances y modalidades- el tratamiento de asistencia a la concepción (cfr. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, “B.N.L. y L.F.A. c/ Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOSCOR)”, 16/03/2011; Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala B, “Alegría, Andrea G. c/ Omint S.A.”, 14/03/2011; Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, “I.,I. c/ Obra Social de Capataces y Estibadores Portuarios y otros”, 23/03/2011; Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, “U., V.C. c. Osde”, La Ley Online, 12/01/2010; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Sala I de procedimientos constitucionales y penal, “M.A. y otra c. I.O.S.P.E.R.”, D.J. 22/09/2010, 2602-L.L. Litoral 2010, octubre, 969, 9/03/2010; Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, “S.A.F. y A.H.A.”, La Ley 2009-A, 408, del 15/12/2008; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, “S., V.A. y otro c. Consolidad Salud S.A.”, La Ley Online, 29/06/2010; Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, “Zaracho, Silvia y otros c. Osde S.A.”, L.L. Litoral 2011, febrero, 72, 7/10/2010; Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, “A., L.y otro c. Obra Social de Empleados Cinematrográficos de Mar del Plata, L.L. B.A. 2010, noviembre, 1159, 04/05/2010; Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Sala I, “F.,E.H y C., F.A. c. O.S.P.E.C.O.N.”, L.L. B.A. 2010, agosto, 780, 13/5/2010; Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B, “V.,C.M. y otro c. O.S.I.M. y otra”, L.L. C. 2010, noviembre, 1157, 08/09/2010; Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial nro 10 de la ciudad de Rosario, “Frisson, Vanina Gisela c/ I.A.P.O.S. s/ Amparo, 5/5/2011, entre muchos otros).
No se ignoran estos últimos precedentes, pero lo cierto es que en el caso particular la técnica de fecundación asistida de alta complejidad que reclaman Muiño y Rosso (I.C.S.I) supone la micromanipulación de gametos de la propia pareja (inseminación homóloga) con todos los reparos científicos y bioéticos respecto al tratamiento que la técnica misma supone, ya que implica que “los óvulos inyectados se conservan en una estufa de dos a cinco días hasta que se transforman en embriones … y se produce la transferencia embrionaria (fs. 109). Es decir que el óvulo es inyectado por un sólo espermatozoide (a diferencia de la Fecundación in vitro en que cada óvulo es inseminado por una pluralidad de espermatozoides) mediante técnicas de microimplantación muy sofisticadas”, lo que conduce a reforzar la descalificación de la sentencia impugnada.
Es que esta Corte, como cabeza del Poder Judicial santafesino, sólo puede ser llamada a intervenir, en este caso concreto, para apoyar la construcción de una decisión más afín a la Constitución, según una visión de la Democracia basada en la deliberación colectiva, en la que los Sentenciantes no sean vistos como “jueces que imponen sus puntos de vista” sino que ayudan a los ciudadanos a construir decisiones compatibles con la Constitución, mas esta decisión quedaría a mitad de camino en la definitiva solución de la problemática.
Atento todo ello, resulta imperioso requerir a los poderes públicos que se involucren en el diseño de una solución, tal siguiendo el modelo de la Corte Nacional en otros casos donde luego de haber formulado un diagnóstico sobre la inconstitucionalidad de un régimen impuso a los poderes del Estado la participación correspondiente en la construcción de una solución (adviertáse en tal sentido que en los casos “Verbitsky”, “Rosza”, “Mendoza” y “García Méndez” se discutían deficiencias o violaciones estructurales que difícilmente podían ser solucionadas por la justicia en forma asilada, y que requerirían del esfuerzo de esos poderes para poner en práctica cualquier solución).
Colofón de todo lo expuesto es que corresponde declarar procedente el recurso interpuesto por la Obras Sociales codemandadas y en consecuencia, anular la sentencia impugnada, disponiendo la remisión de los autos al Tribunal que corresponda para que juzgue nuevamente la causa ponderando los otros derechos constitucionales comprometidos en el caso y que han sido preteridos de análisis en la sentencia que se invalida. Costas por su orden.
En este sentido, debe ponerse de resalto que la Alzada, en tren de evaluar la idoneidad de la vía del amparo, consideró que se encontraban en juego “pretensiones que se relacionan con prestaciones médicas de salud que puntualmente hacen a tratamientos de fertilización asistida para parejas estables”.
En esa labor, expuso que “la mujer que -junto con su marido- (casados desde hacía 13 años aproximadamente) sufre de dificultades para ovular en condiciones tales que permitan el embarazo, y la misma se encuentra en una franja etaria en la cual si bien todavía puede biológicamente ser madre, no se encuentra lejos cronológicamente de los tiempos en los cuales la reducción de esas ya de por sí menguadas perspectivas se acentúan por un proceso natural y biológico inherente a todo miembro de ese género (en el caso, la amparista cuenta a la fecha de este decisorio con 41 años de edad, habiendo nacido en enero de 1.969), el acortamiento de los tiempos procedimentales para dar una respuesta a su requerimiento (positiva o negativa) aporta también a la procedencia del amparo, habida cuenta que resultaría lamentable que, remitiéndola a esperar la decisión que se adopte en otro tipo de proceso con conocimiento pleno y mayor amplitud probatoria y recursiva, obtuviera una decisión favorable -eventualmente- a su pretensión, pero ella llegara demasiado tarde en función de sus circunstancias biológicas” (fs. 107v.).
A su vez, ponderó que se encontraba acreditado el dato fáctico de las dificultades orgánicas de los amparistas. Para ello, tuvo en cuenta las constancias agregadas a la causa así como el presupuesto elaborado y las cartas intimatorias previas que obtuvieran como “respuestas negativas no sustentadas en dudas sobre la real existencia del cuadro que la determinaría, sino básicamente en no estar contemplada la misma ni dentro del P.M.O. en el listado de prácticas nomencladas”. Ello implica que la Alzada tuvo por acreditados la realización de estudios y tratamientos como análisis, ecografías, histerosalpingografía y medicación para incentivar la ovulación, todo en pos de lograr un embarazo, previo a requerir la práctica solicitada (f. 108v.).
Sobre ello la Cámara tuvo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud definió a la salud reproductiva como “el estado general de bienes físico, mental y social, y no como una mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos” (f. 110).
Con esa base, la Sala consideró la circunstancia de que la prestación aquí requerida no esté contemplada dentro del vademécum de la P.M.O. no es óbice (…) para viabilizar su operatividad recordando que la posición que avala el requerimiento de prestaciones o medicamentos que no estén específicamente contemplados en dicha nómina legal, ya que como tal la nómina de la P.M.O. es sólo un piso prestacional (fs. 111v./112).
Agregó -con cita de un precedente jurisprudencial- que al hacer lugar a la pretensión “lo que se está haciendo no es reglamentar el alcance del derecho a la salud mediante una indebida intromisión en las facultades legislativas, sino interpretando el contexto normativo comprometido y por ende aplicable al caso, lo que la función propia, normal y cotidiana del órgano jurisdiccional judicial” (f. 112v.).
A su vez, puso de resalto diversos instrumentos internacionales que sustentan la pretensión de los accionantes: artículos 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente en cuanto dispone que “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, inclusive los que refieren a la planificación de la familia” (f. 111).
Surge de las constancias de autos -en lo que es de interés al caso- que los actores inician acción de amparo contra el INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE OBRAS SOCIALES -I.A.P.O.S.- y contra la OBRA SOCIAL DEL SINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -O.S.S.A.C.R.A.- a fin de “recibir cobertura de salud integral” adecuada a su patología de infertilidad para realizar un tratamiento de alta complejidad de “fertilización in vitro (FIV) por técnica ICSI” (inyección intracitoplasmática de espermatozoides) que invocan como la más adecuada para tutelar su derecho a la salud debido a la patología que ambos presentan, a su edad, y a que luego de 13 años de matrimonio y reiterados intentos de lograr el embarazo a través de diversas prácticas indicadas por los profesionales tratantes, no arribaron a un resultado positivo.
La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad hace lugar al recurso de apelación interpuesto por los actores ante el rechazo del amparo y, en consecuencia, admite la pretensión tendente a obtener la cobertura de los costos de implementación de un tratamiendo de fecundación asistida para ambos cónyuges según la técnica ICSI, a tenor de lo presupuestado por la empresa médica PROAR; imponiendo tal obligación a ambas codemandadas en forma concurrente o “in solidum”.
Para dar respuesta a tal interrogante, creo oportuno señalar ante todo que no se cuestiona la doctrina de la Corte nacional que ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud, íntimamente relacionado con el derecho a la vida (Fallos:329:2552; “Buñes c/ Obra Social Unión Personal y otro”, del 19.05.2010, entre otros), criterio receptado por esta Corte in re “Carranza” en donde se dijo que “el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el de la vida siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado pr la Constitución nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (doctrina de Fallos:323:3229). A su vez, la salud reproductiva ha sido definida como un “estado general de bienestrar físico, mental y social, y no de ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos” (Naciones Unidas, informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, Capítulo VII).
Y, ante esta cuestión, reitero, invocando las demandadas la inexistencia de norma expresa que imponga tal obligación (en cuanto al I.A.P.O.S., en la disposición general nro. 0015/96 figura la práctica de fecundación asistida en el listado de prácticas “no nomencladas” y, en el caso de O.S.S.A.C.R.A., invoca que la fertilización asistida no está incluida en el Programa Médico Obligatorio), debió la sala efectuar un fundado e integral análisis de la cuestión a resolver de modo de no quedar limitado su fallo a citar y enunciar cláusulas de raigambre constitucional sin fijar su debida interpretación y alcance específico que permitan, en el caso concreto y mediante la excepcional vía del recurso de amparo, justificar acabadamente la admisión del particular reclamo ante un supuesto de manifiesta arbitrariedad, máxime si se tiene en cuenta que no se encontraba en riesgo la vida de los reclamantes.
Es que para que proceda la apertura del amparo no basta con que estén amenazados derechos constitucionales, sino que al tratarse de un remedio excepcional requiere, entre otros recaudos, de circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” (A. y S. T. 206, pág. 19; Fallos:306:788; 319:2955; 325:396, etc.). En el mismo sentido también se ha puntualizado que “limitada la procedencia de la acción de amparo a que el acto impugnado sea manifiestamente ilegal y arbitrario resultan excluidas de su ámbito las cuestiones opinables” (Fallos:297:65; también, Fallos:300:47).
Esta Corte, siguiendo ese rumbo, ha señalado que “la calificación de `manifiesta’ implica que los vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino Enrique, “La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994”, L.L., 1995-D, 1237), es decir, en las palabras de Fiorini (“El recurso de amparo”, L.L., T. 93, pág. 946), cuando el ataque es tan patente que se manifiesta podría decirse en forma física, visible, ostensible y notoria” (“Roga”, A. y S., T. 129, pág. 194; “Aranguren”, A. y S., T. 179, pág. 152).
Dicho esto, cabe señalar que la confrontación de esos parámetros caracterizantes del instituto del amparo con las particularidades que presenta el “sub lite” demuestra -como se adelantó- que la sentencia impugnada merece reproche constitucional, dado que es en este punto donde de la lectura del fallo de la Sala se advierte un déficit en la fundamentación que lo torna descalificable al brindar elementos incompletos a los fines de hacer pesar sobre las obras sociales demandadas la obligación en cuyo reconocimiento apoya la condena, al no explicar acabadamente cómo ésta -con el específico alcance pretendido en la demanda- se deriva necesariamente de los tratados internacionales y las cláusulas constitucionales citadas, en ausencia de norma legal expresa que así lo disponga; es decir a mi criterio, no ha logrado justificar adecuadamente la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.
Por otra parte, no puede soslayarse lo expuesto en el voto del señor Ministro doctor Falistocco -y que pone en evidencia la complejidad que encierra la cuestión debatida- en cuanto a que “cualquier sistema de salud tiene exclusiones y éstas -por regla- deben ser admitidas”; a la necesidad de una amplia participación de todos los involucrados en la presente problemática, no constituyendo como principio el amparo la vía mas adecuada; que en las particulares circunstancias del caso no basta con afirmar simplemente que `el hecho de que la prestación no esté contemplada en el Plan Médico Obligatorio no es óbice para viabilizar su operatividad’, para superar esa falta de previsión expresa; a la presencia de otros aspectos y derechos fundamentales que pueden verse eventualmente implicados; a la posibilidad de una modificación intempestiva gravitante en el sistema de prestaciones dirigidas a los beneficiarios -lo que implica preguntarse si la cobertura de tratamientos de alto costo implicará o no una falta de cobertura de otras prestaciones a cargo de las Obras Sociales-; a la distinta postura adoptada por la jurisprudencia -lo que pone en evidencia la necesidad imperiosa de una regulación legal que prevea todos los aspectos involucrados en la materia-; a la manifestación de I.A.P.O.S. acerca de que se encontraba trabajando y analizando el futuro reconocimiento de los tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad; a lo que cabe agregar a mi entender la ineludible pregunta de si la exigibilidad de ciertos derechos dependen o no del grado de desarrollo de cada sociedad y de sus instituciones, con especial referencia al artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ley 23313).
En lo que es de interés al caso, surge de las constancias de la causa que la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por los actores ante el rechazo en Primera Instancia del amparo que dedujeron contra el Instituto Autárquico Provincial de Obras Sociales -I.A.P.O.S.- y contra la Obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina -O.S.S.A.C.R.A.-; y, en consecuencia, admitió la pretensión tendente a obtener la cobertura de los costos de implementación de un tratamiento de fecundación asistida para ambos cónyuges según la técnica ICSI -invocada por éstos como la más adecuada para tutelar su derecho a la salud-, a tenor de lo presupuestado por la empresa médica PROAR; imponiendo tal obligación a ambas codemandadas en forma concurrente o “in solidum”.
Por otra parte tampoco se desconoce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud (Fallos:329:2552; 323:3229, etc.), tal como lo ha puntualizado esta Corte siguiendo sus lineamientos en A. y S. T. 231, pág. 381 al señalar que “el derecho a la salud está íntimamente ligado con el de la vida siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución nacional”; y que la familia también goza de protección constitucional tanto a nivel nacional como local (art. 14 bis Constitución nacional, art. 23 Constitución provincial y tratados internacionales que contemplan ese derecho, como por ejemplo el artículo 10 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros).
Al respecto, debo señalar que no basta para fundar el pronunciamiento de la Sala enunciar y referir a cláusulas de raigambre constitucional sin establecer su particular alcance en el caso concreto a fin de hacer pesar sobre las accionadas la obligación reclamada en la demanda, cuando éstas en su defensa han alegado la inexistencia de norma expresa que imponga tal obligación (en cuanto al I.A.P.O.S., en la disposición general nro. 0015/96 figura la práctica de fecundación asistida en el listado de prácticas “no nomencladas” y, en el caso de O.S.S.A.C.R.A., invoca -al igual que su codemandada- que la fertilización asistida no está incluida en el Programa Médico Obligatorio). Es que la lectura del fallo atacado revela que éste brinda elementos incompletos a fin de justificar acabadamente que estemos ante un supuesto de “manifiesta arbitrariedad” que autorice en el caso concreto y mediante la excepcional vía del recurso de amparo la admisión del particular reclamo, ante un supuesto en el que no corre riesgo la vida del paciente.
Así, pues, cabe puntualizar que si bien la vía intentada por los actores puede considerarse un cause idóneo para ventilar cuestiones orientadas a resguardar el derecho a la salud -que como se señalara es un derecho fundamental-, para que proceda la misma no basta con que estén amenazados derechos tutelados constitucionalmente, ya que no debe olvidarse que conforme a constante doctrina del Máximo Tribunal nacional y de esta Corte el amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones, exigiendo para su apertura la concurrencia de requisitos muy particulares previstos en el texto constitucional para su procedencia, entre los que se encuentra la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas (cfr. criterio de A. y S., T. 179, pág. 195; T. 183, pág. 191, etc.; y criterio de Fallos:310:576 y 2740; 311:612; 1974 y 2319; 314:1686; 317:1128; 323:1825 y 2097, etc); que “limitada la procedencia de la acción de amparo a que el acto impugnado sea `manifiestamente ilegal y arbitrario’ resultan excluidas de su ámbito las cuestiones opinables” (Fallos:297:65 y 300:47); y que la Constitución exige un plus a la arbitrariedad o ilegalidad y es que sea “manifiesta” es decir que surja con evidencia del acto mismo, o como dice Fiorini (“El recurso de amparo”, L.L. T. 93, pág. 946) cuando el ataque es tan patente que se manifiesta podría decirse en forma física, visible, ostensible y notoria, caso contrario la pretensión no podrá ser admitida en el limitado marco del amparo (cfr. A. y S., T. 129, pág. 194, T. 179, pág. 152, etc).
Y es respecto precisamente de esto último que tampoco puedo soslayar -como señaló el señor Ministro doctor Spuler en coincidencia con el señor Ministro doctor Falistocco- que la complejidad de la cuestión aquí debatida revela la necesidad de una amplia participación de todos los involucrados en la presente problemática, no constituyendo la vía del amparo, por regla, la más adecuada para ello; que no es justificación suficiente por parte de la Sala afirmar “que el hecho de que la prestación no esté contemplada en el Plan Médico Obligatorio no es óbice para viabiliazar su operatividad” para superar en el caso particular esa falta de previsión expresa; que cualquier sistema de salud tiene exclusiones y éstas -por regla- deben ser admitidas; que el tratamiento requerido es de alta complejidad lo que debería llevar a preguntarnos si la imposición por vía judicial de la cobertura de tratamientos de alto costo implicará o no una falta de cobertura de otras prestaciones a cargo de las Obras Sociales.
En este punto, cabe recordar muy especialmente lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que no incumbe a los jueces, en ejercicio regular de su misión, substituirse a los poderes del Estado en atribuciones que le son propias, ya que la función más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las facultades de otros poderes o jurisdicciones (doctrina sentada en “Cohen” del 13.03.1990, L.L. 1990-C-317; Hamilton “El Federalista”, Méjico, FCE, 2006, pág. 332).
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 artículo 23
 artículo 75
 artículo 10
 artículo 22
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 43
in fine
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 artículo 26
 artículo 2
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