Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-12487-de-septiembre-13-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_844922fb0299430cae9bf58e90b7817f&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-18 11:35:46+00:00

Document:
﻿ Sentencia 12487 de septiembre 13 de 2001
SENTENCIA 12487 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO POR MUERTE DE UN CIUDADANO EN VEHÍCULO OFICIAL. DEBE DECLARARSE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA MUERTE DE UN INDIVIDUO OCASIONADA EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON UN VEHÍCULO OFICIAL CUANDO EL CONDUCTOR DEL MISMO MANEJABA EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, PORQUE: AL SER LA CONDUCCIÓN UNA ACTIVIDAD PELIGROSA, EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE ES EL OBJETIVO, POR LO QUE EL ELEMENTO DE CULPA PROPIA DEL AGENTE O LA VÍCTIMA NO DEBE CONSIDERARSE. PARA EL CASO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES OFICIALES, LA ENTIDAD DEMANDADA DEBE DESVIRTUAR QUE EL AUTOMÓVIL QUE CAUSÓ EL ACCIDENTE ERA DE SU PROPIEDAD, QUE SE ENCONTRABA A SU SERVICIO EN ESE MOMENTO Y QUE EL SUCESO FUE CAUSADO POR UN AGENTE A SU CARGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA, VEHÍCULO, ACTIVIDAD PELIGROSA, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Sentencia 12487 de septiembre 13 de 2001
Radicación: 12487
Actor: Flor Alba del Socorro Tobar Calderón y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Salud-Instituto Departamental de Salud de Nariño
Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil uno.
Culminado el trámite procesal correspondiente, se procede a resolver el recurso de apelación que interpuso el apoderado de la parte demandante en contra de la sentencia de 26 de junio de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual dispuso:
“Deniéganse la totalidad de las pretensiones de la demanda presentada por los señores Flor Alba del Socorro Tobar Calderón, Paola Andrea Meneses Tobar, Ana Milena Meneses Tobar, Edwin Rafael Meneses Tobar y Diana Carolina Meneses Tobar en contra del Estado-Ministerio de Salud-Instituto Departamental de Salud de Nariño”.
1. Causa petendi. En síntesis, relatan los demandantes que el 29 de septiembre de 1994, un vehículo campero, marca Nissan, de propiedad de la entidad demandada, conducido por Oswaldo Lucero, empleado suyo, provocó un accidente en la vereda Los Ángeles, municipio de Pasto, hecho en el cual murió José Rafael Meneses, quien se transportaba en dicho automotor, razón por la cual demandan la responsabilidad administrativa.
Pretenden a título de indemnización por perjuicios morales el equivalente a 1.000 gramos de oro para cada demandante y por perjuicios materiales, la suma que se acredite dentro del proceso, partiendo de los ingresos de la víctima; y a falta de determinación, el equivalente a 4.000 gramos oro.
2. Sentencia de primera instancia. Se tuvo por probado que el 29 de septiembre de 1994,a las 10:00 p.m., ocurrió un accidente en el ‘Alto de La Virgen’, corregimiento Santa Bárbara de Pasto, en el que resultó lesionado José Rafael Meneses Guerrero, quien murió posteriormente a causa de las heridas allí recibidas; y que el instituto demandado es propietario de un vehículo campero, marca Nissan, “... pero ninguno de los medios probatorios allegados al proceso permiten establecer que el automotor accidentado es el que se deja caracterizado. No es posible, por consiguiente, aceptar que el hecho dañoso fue ocasionado con un vehículo automotor de propiedad o afecto al servicio de la parte demandada y que, por tanto, es el resultado de una falla presunta de la administración”.
Agregó que el accidente se produjo cuando Jaime Hernando Lasso Medina, Oswaldo Lucero y José Rafael Meneses Guerrero, vinculados al instituto demandado, luego de cumplir misión oficial regresaban de Los Ángeles, en vehículo conducido por Lucero “... y según el resultado de alcoholemia practicado posmorten a este y a José Rafael Meneses Guerrero (fls. 65 y 150), lo hacían en estado de embriaguez, el que, como se sabe, altera la capacidad de reacción e impide el pleno discernimiento”; y por tanto consideró que el proceder de la víctima en la causación del daño constituye culpa exclusiva de la víctima, pues de no encontrarse en estado de embriaguez no habría abordado un vehículo automotor que transitaría en horas de la noche bajo la dirección de un conductor igualmente embriagado, y así se habría evitado el hecho dañino.
Que como esa actuación constituye causal de exoneración de responsabilidad, denegó las pretensiones de la demanda (fls. 207 a 220).
3. Recurso de apelación. El apoderado de los demandantes argumentó que existió ‘falla objetiva’, por la mala organización en materia de control y escogencia del personal a su cargo en cuanto a la operación de sus vehículos “... al vincular a una persona irresponsable e indisciplinada, que no acataba las órdenes y los reglamentos...”; que igualmente existió ‘falla subjetiva’, representada en la culpa personal del conductor, que en ejercicio de sus funciones violó las órdenes contenidas en los reglamentos; y que de todos modos hubo ‘falla presunta’, por la actividad peligrosa ejecutada por el empleado del Instituto demandado.
4. Segunda instancia. Ninguna de las partes alegó.
La Sala revocará la sentencia apelada, por cuanto el estudio del proceso permite deducir responsabilidad a cargo de la entidad demandada y atribuirle condena por la causación de un perjuicio al demandante, conforme a los argumentos que a continuación se exponen.
A. Acerca de la actividad peligrosa
Aunque con impropiedad los actores suplican la atribución de responsabilidad con fundamento en la ‘falla objetiva’, ‘falla subjetiva’ y ‘falla presunta’, la Sala en atención al principio iura novit curia, analizará el caso desde la óptica de la responsabilidad objetiva, puesto que las lesiones que ocasionaron el deceso de Meneses Guerrero fueron resultado de la conducción de un vehículo oficial, conducido por un empleado oficial. La actividad desplegada por el agente ha sido calificada por la jurisprudencia como peligrosa; cuya exoneración solo podrá darse frente a la culpa exclusiva de la víctima, al hecho exclusivo y determinante de un tercero y la fuerza mayor.
Para arribar a una definición de actividad peligrosa, la corporación ha sostenido(1) que tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado, como la de la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación civil y la doctrina, han ensayado distintos criterios para definir que una actividad es peligrosa, cuando rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes. La inminencia de un peligro que desborda la capacidad de prevención o resistencia común de los seres humanos, son las características determinantes para definir las actividades peligrosas. No debe perderse de vista que el peligro es un concepto indeterminado y por lo tanto, solo puede ser establecido por el juez en atención a las circunstancias particulares del caso concreto.
B. Problema de la imputabilidad
Respecto de la responsabilidad en que se puede incurrir por parte de la administración con ocasión de la conducción de vehículos y de los accidentes por ellos causados, la Sala había dicho:
“El vehículo con que se causó el accidente era de propiedad de la entidad demandada, se encontraba a su servicio y fue causado por un agente suyo. Ella tenía la condición de guardiana del mismo por lo cual el daño le es imputable en la medida en que fue ella quien creó el riesgo que lo produjo. Tratándose en la conducción de vehículo automotor, que es una actividad calificada por la jurisprudencia como peligrosa, los daños causados con el mismo se imputan simplemente al riesgo creado por la entidad la cual, para exonerarse de la misma debía acreditar la fuerza mayor, o la culpa de la víctima, o el hecho de un tercero, en los dos últimos casos con carácter de exclusivo y determinante. Y no habiendo acreditado la demandada ninguna de dichas causales, debe responder por los daños causados” (se resaltó)(2).
En el caso presente, procede determinar si se encuentran establecidos los tres eventos claramente señalados por la Sala en múltiples decisiones, esto es: 1) si el vehículo con el cual se causó el daño era propiedad de la entidad demandada; 2) si ese automotor estaba a su servicio, y 3) si era conducido por un agente suyo; respuestas que se despejan con las siguientes pruebas:
1) De la propiedad del vehículo. El tribunal de instancia consideró probados en forma aislada dos hechos: uno, que Meneses Guerrero sufrió un accidente y que el Instituto Departamental de Salud de Nariño es propietario de un campero marca Nissan, de placas OT 0035, “... pero ninguno de los medios probatorios allegados al proceso permiten establecer que el automotor accidentado es el que se deja caracterizado”, esto es que el demandante haya padecido el daño con ese vehículo.
De lo anterior dedujo el tribunal la absolución, pero olvidó considerar otros elementos probatorios que obran en el expediente y que se analizan enseguida:
a) En el acta de levantamiento del cadáver de José Rafael Meneses Guerrero, se dejó expresado que “... el occiso viajaba en un vehículo Nissan perteneciente a salud pública, el cual era conducido por Oswaldo Lucero...” (se resaltó y subrayó) (fl. 137).
b) En el informe del CTI de la Fiscalía General, fechado el 30 de septiembre de 1994, se dijo:
“Una vez en el lugar se pudo constatar que el día 29 de los cursantes, en horas de la mañana, salieron los señores: Jaime Lasso Medina, ingeniero salud pública, José Rafael Meneses Guerrero, promotor de saneamiento y Oswaldo Lucero, conductor, en un vehículo Nissan, color azul de uso oficial, con destino a la vereda Los Ángeles de peste municipio a efectuar una inauguración del acueducto...” (se resaltó y subrayó) (fl. 141).
c) En su declaración, el ingeniero civil Jaime Hernando Lasso Medina, único sobreviviente del accidente, manifestó:
“Preguntado: Manifieste al despacho las características del vehículo en que se accidentaron. Contestó: Es un vehículo Nissan, de color azul, cabinado y no sabría más” (se resaltó y subrayó) (fl. 163).
d) En la Resolución de 19 de enero de 1995, la fiscalía 44 especializada de Pasto, sobre los hechos, sostuvo:
“El día 29 de septiembre de 1994, se inicia la jornada laboral del ingeniero Jaime Lasso Medina quien había programado desplazarse a Santa Bárbara del municipio de Pasto a revisar la construcción de un acueducto. El viaje se hace en compañía de José Rafael Meneses, funcionario de salud pública y Oswaldo Meneses (sic), conductor del vehículo oficial tipo campero” (se resaltó y subrayó) (fl. 171).
e) En el ‘Acta de accidente de trabajo’ levantada el 3 de octubre de 1994 por el Instituto Departamental de Salud, respecto de su funcionario Oswaldo Lucero, se señaló:
“Qué actividad u oficio estaba ejecutando el afiliado en el momento del accidente? Transportar a los funcionarios Jaime Lasso Medina y José Rafael Meneses, con el objeto de realizar una inspección al acueducto de Los Ángeles y reunión con la comunidad.
“Cómo ocurrió el accidente? (relación clara, detallada y exacta). Terminada la reunión con la comunidad, de regreso a Pasto sede de trabajo, la vía presentaba una espesa neblina, según lo manifiesta el único sobreviviente ingeniero Jaime Lasso Medina, cuando se produjo el volcamiento del vehículo” (se resaltó y subrayó) (fl. 81).
f) Según tarjeta de propiedad visible al folio 70, el Servicio Seccional de Salud Nariño es propietario del vehículo marca Nissan, modelo 68, de servicio oficial-especial, campero, patrol, color azul y marfil.
Adicionalmente, la entidad demandada en ningún momento rechazó que el vehículo en que se produjo el accidente fuese oficial, y por el contrario, en su actitud procesal asume que él es el propietario de dicho automotor.
La Sala considera suficientes dichas pruebas para determinar que fue en el vehículo oficial identificado como Nissan, color azul, campero, propiedad del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en el cual salieron el ingeniero Jaime Lasso Medina, el promotor José Rafael Meneses Guerrero y el conductor Oswaldo Lucero, a cumplir una comisión oficial a la vereda Los Ángeles; y fue el mismo vehículo en el cual, de regreso de esa misión, se accidentaron, ocasionándole la muerte al promotor y al conductor, quedando como sobreviviente el ingeniero.
2) El automotor estaba al servicio del instituto demandado? Con las pruebas anteriormente reseñadas para la valoración de la propiedad del automotor, se confirma así mismo que este estaba al servicio del Instituto Departamental de Salud de Nariño, comoquiera que fue el asignado para que la comisión de esa entidad se desplazara hasta la vereda ‘Los Ángeles’.
El ‘acta de accidente de trabajo’ levantada respecto de las víctimas Oswaldo Lucero (fl. 81) y José Rafael Meneses Guerrero (fl. 110), son demostrativas de esa circunstancia, pues en ellas se especificó que los tres empleados del Instituto tuvieron a su cargo la realización de “una inspección al acueducto de Los Ángeles y reunión con la comunidad”.
Entonces, no solamente el vehículo al que hemos aludido era propiedad del instituto demandado, sino que además, para el 29 de septiembre de 1994 estaba a su servicio, comoquiera que fue el medio para el desplazamiento de la comisión en el trayecto Pasto-Los Ángeles-Pasto.
3) Era conducido por un agente suyo? Según constancia expedida por la división de recursos humanos del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Oswaldo Lucero “... se encontraba vinculado al Instituto Departamental de Salud de Nariño hasta el día del accidente de trabajo” (fl. 68); información corroborada por la Resolución 8 de 11 de enero de 1979, en la cual se incorporó a Oswaldo Lucero al Servicio Seccional de Salud de Nariño, con retroactividad al 1º de enero de 1978 (fl. 73).
Por su parte, mediante Resolución 2 de 2 de noviembre de 1993, el Instituto Departamental de Salud de Nariño incorporó a su planta de personal a varios funcionarios, entre ellos a Lucero Oswaldo, en el cargo de conductor (fls. 75 a 79), del cual tomó posesión el mismo 2 de noviembre de 1993 (fl. 80).
Adicionalmente, en el ‘acta de accidente de trabajo’ levantada por el Instituto Departamental de Salud de Nariño de Oswaldo Lucero, ya mencionada, se colocó: “Oficio u ocupación habitual: Conductor. Tiempo de servicio: 16” (se resaltó) (fl. 81).
En el informe del CTI de fecha 30 de septiembre de 1994, también ya citado, se dijo:
“... se pudo constatar que el día 29 de los cursantes, en horas de la mañana, salieron los señores Jaime Lasso Medina, ingeniero salud pública, José Rafael Meneses Guerrero, promotor de saneamiento y Oswaldo Lucero, conductor...” (se resaltó y subrayó) (fl. 141).
Y en su declaración, el ingeniero Lasso Medina, sostuvo:
“Preguntado: Manifieste al despacho que tantas personas viajaban en el vehículo. Contestó: El conductor señor Oswaldo Lucero, el señor José Rafael Meneses y mi persona” (se resaltó y subrayó) (fl. 162).
No queda margen de duda alguna, en que el señor Oswaldo Lucero era empleado del instituto demandado, en el cargo de conductor, y como tal, el día de los hechos, conducía el campero Nissan, color azul que se accidentó, por habérsele asignado por el instituto para esa comisión.
Resumiendo, y frente a ese campo de los hechos, es incuestionable que el Instituto Departamental de Salud de Nariño ejercía a través de su agente Oswaldo Lucero, una actividad peligrosa, consistente en la conducción de un vehículo oficial, en cumplimiento de una misión también oficial; y que probado el daño antijurídico experimentado por los actores, debe, como propietario y ejecutor de la actividad, repararlo, en la medida en que no exista una causal excluyente de responsabilidad.
El aspecto aquí tratado nos obliga a referirnos a la excepción de ‘falta de legitimación en la causa por la parte pasiva’ que propuso la entidad demandada en la contestación de la demanda (fl. 34), la cual la fundamenta en que como el señor Meneses Guerrero se murió en el Hospital Departamental de Nariño, a donde fue llevado para recibir asistencia, que es esta y no el Instituto Departamental de Salud de Nariño, la que debe responder por los posibles perjuicios.
En la demanda no se invoca como fundamento una tardía o deficiente atención hospitalaria ni se demanda al hospital, para que pudiera vincularse a la entidad por la prestación de los servicios de urgencia, ni se denunció el pleito. Está muy claro que la causa petendi se cimentó en el accidente sufrido por un vehículo oficial, conducido por empleado oficial, cuando estaba al servicio de una comisión de empleados de la entidad excepcionante. Luego no puede formularse una excepción sobre esta base, razón por la cual esta excepción no está llamada a prosperar.
Como quedó planteada la situación, tampoco podrá acogerse la excepción de ‘hecho o culpa exclusiva de la víctima’, pues ella tiene el mismo fundamento de la sentencia que se revoca: que la víctima, en su libre albedrío, pero indiscutiblemente culposa, estando embriagado, se subió a un vehículo con conocimiento de que era conducido por otra persona que estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Es cierto, ateniéndonos al examen de alcoholemia practicado tanto a Oswaldo Lucero (fl. 150) como a José Rafael Meneses Guerrero (fl. 149), que en los cuerpos de estos se encontró: “concentración de 218.78 mg% (doscientos dieciocho como setenta y ocho miligramos por cien mililitros de sangre)” para el caso de Lucero y “concentración de ciento sesenta y seis coma cero miligramos por cien mililitros de sangre (166.0 mg%)”, para el caso de Meneses Guerrero.
Considera el demandado que abordar en estado de embriaguez un vehículo es eximente de responsabilidad para quien presta el servicio. Pero la causa del accidente en este caso no fue la embriaguez de José Rafael Meneses Guerrero; ello es completamente intrascendente, luego no puede dársele el carácter de ‘excluyente’ respecto de un hecho en el cual no tuvo participación activa ni omisiva, aunque no se descarte que con su conducta, el pasajero asumió parte del riesgo, como se referirá más adelante. Por lo segundo, esto es, el estado de embriaguez de quien conducía el automotor, en vez de ‘exculpar’ a la administración, la compromete aún más, pues ese conductor estaba a su servicio y en tal medida, el ejercicio de una actividad peligrosa en estado en el cual se merma su capacidad de reflejos no abre paso a de la excepción planteada; razones suficientes para desecharla.
C. Determinación del daño indemnizable
La determinación del daño no ofrece dificultad alguna, comoquiera que existen suficientes pruebas al respecto:
I. Acta de accidente de trabajo de Oswaldo Lucero (fl. 81) y José Rafael Meneses Guerrero (fl. 110), en las cuales se detallaron los ‘datos sobre la ocurrencia del accidente’.
II. Acta de levantamiento del cadáver de José Rafael Meneses, que deja leer: “Descripción heridas: Herida abierta en forma triangular de nueve centímetros de largo por cuatro de ancho en región temporal izquierda, múltiples escoriaciones en miembros interiores. De acuerdo a información recogida por el investigador Miguel Ángel Guepud, quien entrevistó al ingeniero Jaime Lasso Medina, el que se encuentra herido en este hospital, el occiso viajaba en un vehículo Nissan perteneciente a salud pública, el cual era conducido por Oswaldo Lucero, sufriendo un accidente a la altura del “Paso de La Virgen” de la vereda “Los Ángeles” perteneciente a este municipio, desconociéndose los motivos que produjeron el fatídico insuceso” (se resaltó y subrayó) (fl. 137).
III. El protocolo de necropsia 242-94, de 30 de septiembre de 1994, correspondiente a José Rafael Meneses Guerrero, informó: “Datos previos: Hombre que fallece en accidente de tránsito viajando como pasajero de un vehículo automotor (...). Conclusión: Hombre adulto que fallece por shock neurogénico secundario a sección medular completa a nivel de la tercera vértebra cervical” (se resaltó y subrayó) (fl. 152).
Esas pruebas dejan sentado entonces que el señor José Rafael Meneses Guerrero el día 29 de septiembre de 1994, en momentos en que viajaba en un vehículo oficial, conducido por empleado oficial, en el sitio conocido como el ‘Salto de La Virgen’ sufrió dicho automotor un accidente, que le causaron heridas en su cuerpo, a raíz de las cuales debió ser internado en un centro hospitalario, pero por la gravedad de las mismas falleció a las pocas horas.
D. Legitimación por activa
Por ese daño, sus damnificados solicitaron reparación, y corresponde ahora definir sobre la legitimación de los mismos.
Demandaron, la señora Flor Alba del Socorro Tobar Calderón, en calidad de esposa del fallecido, en su representación y en la de los menores hijos Paola Andrea, Ana Milena, Edwin Rafael y Diana Carolina Meneses Tobar.
Respecto de la legitimación de la esposa Flor Alba del Socorro, la entidad demandada sostuvo en la contestación de la demanda que la víctima hacía más de dos años no mantenía vida conyugal con ella; que Meneses Guerrero vivía y compartía habitación con sus hermanas e hijos, y era quien estaba a cargo de los menores (fl. 32).
La parte demandante anexó desde un comienzo el certificado expedido por el Notario 3º de Pasto, según el cual en el folio 478, tomo I del registro de matrimonios aparece inscrita la partida de José Rafael Meneses Guerrero con Flor Alba del Socorro Tobar C., quienes se casaron en Pasto el 24 de diciembre de 1974 (fl. 15).
Ese documento, legalmente expedido, acredita la calidad de esposos de la víctima y la demandante que lo sobrevivió, y hace presumir la convivencia entre ellos, comoquiera que es una de las obligaciones de los cónyuges, impuesta por el artículo 178 del Código Civil, que dice:
“ART. 178. (Modificado D. 2820/74, art. 11). Salvo causal justificada, los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho a ser recibido en la casa del otro” (se resaltó).
La afirmación de la entidad demandada, sin respaldo alguno, de que la demandante no hacía vida marital con la víctima, no desvirtúa la presunción; y en cambio, existen pruebas que corroboran esa relación como el certificado de defunción, en el cual se colocó ‘de estado civil casado’ (fls. 13 y 142) y la declaración que Flor Alba del Socorro Tobar rindió ante la fiscalía, en la cual afirma: “... mi esposo salió de la casa a las siete y media de la mañana ... mi esposo me comentó que se iba con ellos ...” (fl. 169), razón por la que se tendrá a la señora Flor Alba del Socorro Tobar Calderón como legitimada para solicitar la reparación del daño causado con la muerte de su cónyuge.
La legitimación de los demás demandantes, en su condición de hijos de la víctima, no ofrece ninguna dificultad. En la demanda se aportaron los registros civiles de cada uno de ellos, que dan cuenta que son hijos de José Rafael Meneses Guerrero y de Flor Alba del Socorro Tobar Calderón (fls. 16 a 19), documentos que no merecen reparo alguno. Dicha calidad de hijos de la víctima, hacen presumir su condición de damnificados, máxime cuando la propia entidad demandada afirma que el padre convivía con los demandantes.
E. Concurrencia y reducción de la condena
Como se había anunciado al analizar la excepción de culpa exclusiva de la víctima, si bien no existió esta, se presentó una concausa en la producción del daño, representada en la actuación de la propia víctima, quien no solo se embriagó en compañía del conductor del automotor, sino que además, sabiendo de tal situación, abordó sin ningún contratiempo el vehículo, evento en el cual asumió el riesgo que representaba viajar a bordo de un carro conducido por una persona embriagada, para emprender un viaje de noche, por una vía que no ofrecía las mejores condiciones de transitabilidad.
Sobre el punto, la Sala ha reiterado la tesis según la cual, en estas circunstancias de concurrencia de causas, debe reducirse la condena correspondiente. Así se ha expresado la corporación:
“El estado de alicoramiento de las víctimas y su prolongada vigilia se palpa ... El principio fundamental en que se basa la culpabilidad de la víctima está expresado en esta fórmula: volenti nom fit iniuria, respecto del cual observa Lalou que si la víctima, por consentimiento ha aceptado un riesgo, no puede luego quejarse del perjuicio que le resulte de esa aceptación. Por eso el artículo 2357 del Código Civil a tono con la doctrina y la jurisprudencia contemporáneas, se refiere no solo a quien voluntariamente acepta un riesgo, sino a quien se expuso a él imprudentemente. En sentir de la Sala, la embriaguez de las víctimas fue factor gobernante para que, sin precaver la oscuridad de la noche, estas se hayan determinado a poner en funcionamiento la motoniveladora del departamento (...). Puede decirse con categórica certeza, que una persona prudente y diligente, colocada en las mismas circunstancias externas en que se hallaban las víctimas, ni el uno hubiera puesto en marcha el motor de la máquina ni el otro hubiera opado por subirse a ella”(3).
En el caso, Meneses Guerrero, embriagado (el dictamen practicado en la necropsia determinó una concentración de 166.0 mg% de alcohol, fl. 149), abordó el vehículo oficial conducido por Oswaldo Lucero, a sabiendas de que este había ingerido bebidas alcohólicas. Entonces, correlativa a la obligación de la administración (que ejercía la función de un transportista) de conducir sano y salvo al lugar de destino al ‘pasajero’, a este igualmente le correspondía acatar las normas reglamentarias, y al no hacerlo constituye motivo suficiente para dar por establecida la culpa parcial de la víctima en el hecho dañoso, en concurrencia con la actividad de la administración, y en consecuencia la condena habrá de reducirse en un 50%.
F. Perjuicios y su monto
1. Morales.
En la demanda se solicitaron 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes (fl. 2).
La Sala ha sostenido que los perjuicios morales se causan por el dolor físico y la angustia psicológica que sufren las personas lesionadas, lo mismo que sus seres queridos más próximos(4); que “... se presume el dolor moral que la cónyuge y los hijos, causa el daño antijurídico sufrido por su esposo y padre, en consecuencia hay lugar a ordenar el pago de indemnización por este concepto...”(5); que la base indiscutible del perjuicio moral subjetivo, solo puede ser el amor y el afecto que sentían los demandantes por la víctima, sentimientos que, unidos al parentesco, hacen presumir el dolor que les causó su desaparición, y que trata de compensarse con el pago de una suma de dinero(6), y que la parte demandada, para librarse de la obligación dineraria correspondiente, tendrá que desvirtuar la presunción mediante la demostración de que las relaciones filiales, fraternales, de unión matrimonial o extramatrimonial se hallan debilitadas en forma notoria, se han tornado inamistosas, o incluso que se han deteriorado totalmente(7).
En la especie, la prueba documental de la relación civil y filial de los demandantes con la víctima, y la falta de prueba sobre la ausencia de afecto en dicho grupo familiar, mantienen la presunción en la causación de los perjuicios morales a favor de los demandantes, a quienes deberá entonces indemnizársele de acuerdo con los nuevos parámetros fijados por la corporación.
En efecto, en recientes oportunidades(8), refiriéndose a los perjuicios morales y su tasación, el Consejo de Estado, luego de analizar el desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinal en torno al tema, consideró que debe abandonarse el criterio adoptado desde 1978, bajo el cual se aplicaban las normas del Código Penal, y reafirmarse la independencia del juez contencioso administrativo para fijar en cada caso el valor de la indemnización del perjuicio moral.
Igualmente se dijo que establecido el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, se fijaría el quantum de la condena en moneda legal colombiana, según el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, estableciéndose las siguientes pautas:
“Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales que en la fecha de esta sentencia corresponde a veintiocho millones seiscientos mil pesos ($ 28.600.000.oo), cantidad que servirá de directriz a los jueces y tribunales de la misma jurisdicción”.
En este caso, en que los demandantes han experimentado un dolor de mayor intensidad, habida consideración de la muerte de su esposo y padre, la Sala reconocerá a favor de cada uno de ellos el equivalente en pesos colombianos a cien (100) salarios mínimos legales; pero en razón a la reducción de la condena por la concausa atrás determinada, la condena efectiva será igual en pesos colombianos, a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, que para la fecha corresponde a catorce millones trescientos mil pesos ($ 14.300.000) para cada uno de ellos.
Fueron solicitados a favor de la señora Flor Alba del Socorro Tobar Calderón “... por la supresión de la ayuda económica que venía recibiendo de su esposo José Rafael Meneses Guerrero”, por las mesadas correspondientes a ingresos salariales, primas, cesantías y vacaciones, “... o por lo menos, el aumento del 25% que por este concepto ha ordenado el H. Consejo de Estado en sentencia del 7 de diciembre de 1989 ... Exp. 5591” (fl. 3). En su defecto, se pidió en la demanda asignar un equivalente a 4.000 gramos oro.
Como se dijo, la víctima, señor José Rafael Meneses Guerrero, para el momento de su muerte, estaba vinculado a la entidad demandada, conforme lo deja ver la siguiente prueba documental y testimonial:
I. El Instituto Departamental de Salud de Nariño certificó el 28 de junio de 1995:
“Que, el señor José Rafael Meneses Guerrero (q.e.p.d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía 5.197.119 de Pasto, desempeñaba el cargo de promotor de saneamiento en el Instituto Departamental de Salud de Nariño.
“Que, el día 29 de septiembre de 1994, el señor Meneses Guerrero, se encontraba en comisión oficial con el objeto de realizar una inspección al acueducto de Los Ángeles y reunión con la comunidad, en el sitio denominado Alto de La Virgen - Corregimiento de Santa Bárbara municipio de Pasto” (se resaltó) (fl. 69).
II. Esa condición está ratificada por la Resolución 271 de noviembre 22 de 1967 que nombró a José Rafael Meneses Guerrero al Servicio de Salud de Nariño (fl. 85); por la Resolución 124 de 24 de junio de 1969 mediante la cual lo ascendieron a promotor de saneamiento I (fl. 87); por la Resolución 2 de noviembre 2 de 1993, mediante la cual el Instituto Departamental de Salud de Nariño lo incorporó a su planta de personal, en el cargo de promotor de saneamiento (fls. 104 a 108) y por el acta de accidente de trabajo de 3 de octubre de 1994, levantada respecto de José Rafael Meneses Guerrero (fl. 110).
La falta de interés en la parte demandante para probar los ingresos de la víctima, condujo a que no se determinaran estos para el momento justo de su deceso. Para buscar la base de la liquidación que corresponda, la Sala recurrirá entonces a lo reseñado en la Resolución 2 de noviembre 2 de 1993, mediante la cual el Instituto Departamental de Salud de Nariño lo incorporó a su planta de personal, en el cargo de promotor de saneamiento, en la cual en una última columna se colocó como “sueldo: 175.600” (fl. 106), suma que fue reiterada en el ‘acta de posesión 148’ (fl. 109).
En este sentido, llama la atención de la Sala que en la demanda, en el alegato de primera instancia y aun en la apelación, se haya insistido en que la víctima “... no tenía vinculación laboral con la entidad demandada y se hallaba dentro del automotor por causas que ignoramos” (fls. 5, 189 y 244), desconociendo las constancias y certificaciones que sobre lo contrario abundan en el proceso.
Para liquidar los perjuicios a la demandante Flor Alba del Socorro, se considerarán dos períodos: Desde la fecha de la muerte hasta la de esta sentencia (consolidado); y un segundo período desde la fecha de la sentencia hasta la expectativa de vida de José Rafael Meneses Guerrero, quien era considerablemente mayor que la demandante que le sobrevivió (futuro).
Igualmente a la base fijada para la liquidación ($ 175.600), se deducirá el 25% que en concepto de la jurisprudencia, normalmente un ser humano dedica a sus gastos estrictamente personales, quedando entonces la suma de $ 131.700; pero en razón a la reducción del 50% de la condena por la concausa atrás determinada, el monto base para la liquidación de la condena por perjuicios materiales será la de $ 65.850, así:
Primeramente deberá actualizarse la suma base, entre la fecha de su causación, hasta la actualidad:
1. Indemnización consolidada. Desde septiembre 30 de 1994 (fecha de la muerte) hasta la de esta sentencia (julio 30 de 2001), esto es 82 meses, utilizando la siguiente fórmula:
Base : $ 172.204
2. Indemnización futura. Desde el 1º de agosto de 2001 hasta el término de la vida probable de la víctima, nacida el 23 de agosto de 1939; para la fecha de su muerte tenía una expectativa de vida de 22.89 años: hasta mayo del año 2.017. Entonces, a partir de la fecha corresponde a 190 meses, utilizando la siguiente fórmula:
Total perjuicios materiales: $ 38.619.692.
Demandante Morales
(smlv)
Flor Alba del Socorro Tobar Calderón 50 $ 38.619.692
Paola Andrea Meneses Tobar 50 ----------
Ana Milena Meneses Tobar 50 ----------
Edwin Rafael Meneses Tobar 50 ----------
Diana Carolina Meneses Tobar 50 ----------
Total 250 $ 38.619.692
Quedaron así reunidos y probados los elementos citados por la Sala en la providencia atrás citada, los cuales fueron ratificados en reciente sentencia, en la cual se dijo:
“En ese régimen de responsabilidad, objetivo, debe el demandante demostrar:
I. el hecho dañoso,
II. el daño y
III. el nexo de causalidad adecuado.
En cuanto al hecho dañador: El demandante no tiene que demostrar, como en el régimen de falla probada, la calificación de la conducta subjetiva del demandado; le basta demostrar la ocurrencia; lo mismo ocurre respecto del demandado al cual no le sirve establecer la diligencia y cuidados propios.
En cuanto al daño: El demandante tiene que representar al juez la existencia de un daño(s) que reúna(n) las siguientes cualidades; cierto, particular, anormal y recaer sobre una situación, jurídica o de acto o de hecho, que esté protegida jurídicamente o que se la haya generado el Estado por conductas de confianza legítima.
En cuanto al nexo de causalidad: El demandante también tiene que demostrar este otro y último elemento de responsabilidad objetiva, mediante prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho(s) el legislador infiera la causalidad adecuada, ni tampoco los conocimiento del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el adecuado nexo de causalidad”(9).
REVOCAR la sentencia recurrida, de fecha 26 de junio de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, y en su lugar SE DISPONE:
1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Salud-Instituto Departamental de Salud de Nariño, por la muerte de José Rafael Meneses Guerrero ocurrida el 30 de septiembre de 1994, luego del volcamiento de un vehículo propiedad del Instituto Departamental de Salud de Nariño, conducido por un empleado suyo en momentos en que transportaba una comisión oficial.
2. DECLARAR que en la producción del daño hubo el concurso de la víctima, por lo cual se reducirá la condena en un cincuenta por ciento (50%), conforme quedó explicado en la parte motiva de esta providencia.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Salud-Instituto Departamental de Salud de Nariño, a pagar las siguientes condenas:
A. En favor de Flor Alba del Socorro Tobar Calderón, Paola Andrea, Ana Milena, Edwin Rafael y Diana Carolina Meneses Tobar, por perjuicios morales subjetivos el valor equivalente en moneda legal colombiana a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos; que para la fecha de esta sentencia corresponden a catorce millones trescientos mil pesos ($ 14.300.000).
B. En favor de Flor Alba del Socorro Tobar Calderón, por perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro), la suma de treinta y ocho millones seiscientos diecinueve mil seiscientos noventa y dos pesos ($ 38.619.692) moneda legal colombiana.
4. La Nación-Ministerio de Salud-Instituto Departamental de Salud de Nariño dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.
Magistrados: Alier E. Hernández Enríquez—Jesús M. Carrillo Ballesteros—María Elena Giraldo Gómez—Germán Rodríguez Villamizar—Ricardo Hoyos Duque.
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2000, expediente 13.816.
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de octubre de 1997, expediente 12.226.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de junio de 1996, expediente 11.502.
4 Ver, por ejemplo, sentencia de 26 de febrero de 1992, Sección Tercera, expediente 7449.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de junio de 1991, expedientes 6328 y de 29 de agosto de 1996, expediente 11394.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 1990, expediente 6078.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 1992, expediente 7348.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, radicación 13232 y 15646, y sentencia de 6 de septiembre de 2001, expediente 13474.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de mayo de 2001, expediente 12503.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 178
 artículo 2357
 artículo 178
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 115