Source: https://tc.vlex.es/vid/2005-35754747
Timestamp: 2019-10-13 20:12:17+00:00

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STC 10/2008, 21 de Enero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 35754747
Recurso de amparo 8141-2005. Promovido por doña"S.E. frente al Auto de un Juzgado de Primera Instancia de Elche que confirmó la denegación de su solicitud de asistencia jurídica gratuita para formular oposición en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al proceso): denegación de la justicia gratuita, con nombramiento de abogado y procurador de oficio, en litigio civil porque no se volvieron a aportar documentos que se encontraban en poder de la Administración, al haberlos presentado en el colegio de abogados con una solicitud anterior.
STC 10/2008, de 21 de enero de 2008
En el recurso de amparo núm. 8141-2005, promovido por doña"S.E., representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa y asistida por el Abogado don óscar Baeza Chibel, contra el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Elche de 28 de octubre de 2005, que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Alicante de 7 de marzo de 2005, sobre nombramiento de Abogado y Procurador de oficio. Han intervenido la Letrada de la Generalitat Valenciana y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 16 de noviembre de 2005 doña"S.E. solicitó la designación de Abogado y Procurador de oficio con el fin de interponer recurso de amparo contra el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Elche citado en el encabezamiento. Verificada la designación de los profesionales del turno de oficio, el día 4 de abril de 2006 don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña"S.E., interpuso recurso de amparo contra el mencionado Auto.
Con fecha de 15 de noviembre de 2004 la demandante de amparo dirigió escrito al Ilustre Colegio de Abogados de Elche solicitando el nombramiento de Abogado y Procurador del turno de oficio para formular la oposición núm. 1079-2004 dimanante del procedimiento de ejecución de títulos no judiciales núm. 840-2004 iniciado contra ella y seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Elche.
Iniciado así el expediente de justicia gratuita, seguidamente fue requerida por el Colegio de Abogados para la remisión al Servicio de Orientación Jurídica de la documentación oportuna, presentando la recurrente escrito el 15 de diciembre de 2004 en el que, en observancia del anterior requerimiento, adjuntaba el formulario cumplimentado, remitiéndose, en lo que al resto de la documentación solicitada se refiere, a la ya aportada en una solicitud anterior, indicando el número de referencia y pidiendo que se tuviera por reproducida para la presente solicitud.
Con fecha de 21 de diciembre de 2004 el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche dirigió escrito al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de la misma ciudad en el que manifestaba que habiéndose remitido carta certificada con acuse de recibo el día 18 de noviembre de 2004 a doña"S.E. por el Servicio de Orientación Jurídica y no haberse aportado la documentación exigida, y habiendo transcurrido el plazo establecido, se procedía al archivo de la solicitud con remisión del expediente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Alicante, que por Resolución de 7 de marzo de 2005 acordó el archivo del expediente, teniendo por desistida a la solicitante por no haber aportado los documentos y datos necesarios para apreciar su situación económica y la de los demás miembros integrantes de la unidad familiar, así como sus circunstancias personales y familiares.
La demandante presentó escrito de impugnación de la resolución precitada alegando que, pese a lo afirmado por la Comisión, había remitido la documentación solicitada; y que en caso de que hubiera faltado alguno de los documentos exigidos, el Colegio de Abogados, en aras de preservar su derecho de defensa, debió requerirla para la oportuna subsanación antes de proceder al archivo. Con esta base, impugna la denegación de la asistencia jurídica gratuita, solicitando nuevamente que le sean designados Abogado y Procurador de oficio para el ejercicio de su defensa procesal.
Iniciado en el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Elche el procedimiento de justicia gratuita núm. 1028-2005, se citó para la oportuna comparecencia a las partes interesadas, presentando la recurrente escrito ante dicho Juzgado en el que esencialmente reiteraba los argumentos expuestos en su impugnación y expresaba su disposición a aportar la información o documentación complementaria que fuera precisa. Posteriormente, acudió a la comparencia ratificando su impugnación.
El 28 de octubre de 2005 el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Elche dicta el Auto 808/2005 en el que desestima la impugnación formulada por doña"S.E. por entender que la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustaba a Derecho al fundamentarse en que la interesada no atendió la carga procedimental que pesaba sobre ella de aportar los datos y documentos que permitieran conocer su situación económica.
La demanda de amparo invoca los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en relación con las garantías del proceso justo y, en particular, del derecho a la defensa y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE). Así, se alega que el Auto impugnado cierra el acceso a la jurisdicción en tanto la demandante se ve imposibilitada para personarse en forma en el procedimiento seguido en su contra y, en consecuencia, de defenderse con las debidas garantías. Se afirma, de otra parte, que el órgano judicial resolvió sin la suficiente motivación y sin haber examinado el expediente administrativo en que se fundamentó la decisión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Y se añade que la recurrente no ha actuado de forma negligente, puesto que la alegada falta de acreditación de la situación económica y la falta de atención del requerimiento que se le imputa debió ser probada por la Administración con la aportación en sede judicial de la totalidad de las actuaciones administrativas, particularmente de los documentos que acreditaban que se había requerido la subsanación y a qué extremos se refería. En cualquier caso, se concluye, la demandante desconocía que el expediente administrativo no existía formalmente o no había sido remitido, ni era responsabilidad suya aportarlo al procedimiento.
Por providencia de 4 de octubre de 2006 la Sección Primera del Tribunal Constitucional, constando ya las actuaciones al haber sido requeridas a tenor de lo dispuesto en el art. 88 LOTC, acordó, conforme al art. 51 de la misma Ley, requerir al órgano judicial para que en el plazo de diez días emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento de justicia gratuita núm. 1028-2005, con excepción de la recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Habiéndose recibido el oportuno escrito, por diligencia de ordenación de 11 de diciembre de 2006 se tuvo por personada a la Letrada de la Generalitat Valenciana doña Elisa de Vera Almenar, en nombre y representación de dicha institución, acordándose asimismo, al amparo del art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes para que en dicho plazo presentaran las alegaciones que a su derecho conviniera.
La demandante de amparo presentó sus alegaciones el día 15 de enero de 2007, ratificándose en todo lo expuesto en el escrito de demanda.
La Letrada de la Generalitat Valenciana presentó su escrito de alegaciones el día 16 de enero, oponiéndose a la estimación del recurso de amparo planteado por la demandante.
El 25 de enero de 2007 se registró la entrada del escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal, interesando el otorgamiento del amparo solicitado.
Se recurre en esta vía de amparo el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Elche, dictado en procedimiento de justicia gratuita núm. 1028-2005, que desestima la impugnación de la Resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Alicante de 7 de marzo de 2005.
La jurisprudencia constitucional ha destacado reiteradamente la relación existente entre el derecho a la asistencia jurídica gratuita de quien carece de recursos económicos para litigar (art. 119 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Así, aquel derecho tiene un carácter instrumental respecto del derecho de acceso a la jurisdicción, ya que su objetivo directo es permitir que aquella persona que no tenga los medios económicos suficientes actúe en el proceso para ejercitar pretensiones o bien combatir las contrarias, esto es, trata de asegurar que nadie quede procesalmente indefenso por estar falto de recursos para litigar. Así, aunque este derecho se haya considerado como prestacional y de configuración legal, lo que implica que la determinación de su contenido y específicas condiciones de ejercicio sean atribución del legislador, es de subrayar que la libertad de configuración del legislador que deriva del art. 119 CE no es absoluta, pues también en dicho precepto se afirma expresamente que en todo caso la justicia será gratuita para quien acredite la insuficiencia de recursos para litigar. Estamos, pues, ante un contenido constitucional indisponible para el legislador que obliga a reconocer ineludiblemente el derecho a la gratuidad de la justicia a las personas que justifiquen la carencia de los medios necesarios para pleitear (SSTC 117/1998, de 2 de junio, FJ 3; 183/2001, de 17 de septiembre, FJ 2; 180/2003, de 13 de octubre, FJ 2, y 127/2005, de 23 de mayo, FJ 3), y ello porque se satisfacen así no sólo el interés particular, sino también los intereses generales de la justicia, quedando preservados los principios de contradicción e igualdad procesal, facilitando al propio tiempo al órgano judicial la adopción de una decisión ajustada a Derecho (SSTC 97/2001, de 5 de abril, FJ 5, y 187/2004, de 2 de noviembre, FJ 3).
En el caso aquí examinado, el Juez de Primera Instancia desestimó la impugnación de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita por considerar que ésta se ajustaba a Derecho habida cuenta de que la misma se basaba en que la interesada no cumplió con la carga de aportar los datos y documentos que permitieran conocer su situación económica. La decisión, pues, de no reconocer a la demandante el derecho a la asistencia jurídica gratuita a fin de sostener la oposición en la ejecución iniciada contra ella se fundamentó en la consideración de que efectivamente la solicitante no había atendido el requerimiento que se le efectuó por el Colegio de Abogados para que presentase la documentación precisa para la determinación de su situación económica.
Otorgar el amparo solicitado por doña"S.E. y, en consecuencia:
Anular el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Elche de 28 de octubre de 2005, recaído en procedimiento de justicia gratuita núm. 1028-2005, desestimatorio de la impugnación de la Resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Alicante de 7 de marzo de 2005, y
Retrotraer las actuaciones a fin de que proceda a dictarse nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
STS 388/2002, 28 de Febrero de 2002

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