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Timestamp: 2019-06-18 01:18:21+00:00

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Blog de Sevilla Flores ProcuradoraSevilla Flores Blog | Nuestra Fuerza es Nuestro Equipo
Publicado el 23 mayo, 2019 por sevillaflores
Desde Sevilla Flores, procuradores en Murcia, queremos compartir en este blog la sentencia 47/2019,de 8 de abril de 2019, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional , publicada en el BOE número 116 del 15 de mayo de 2019, por la que se estima el recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial por inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento a través de la sede judicial electrónica.
Esta sentencia es importante desde la doble perspectiva del ámbito de la representación procesal y de las funciones de colaboración con la Administración de Justicia , concretamente en el ámbito de los actos de comunicación judicial.
Tribunal Constitucional – Dirección electrónica y derecho a la tutela judicial from Manuel Sevilla Flores
Publicado el 14 marzo, 2018 por sevillaflores
Donar un órgano estando vivo es un acto de generosidad que como toda donación requiere el consentimiento del donante, faltaría más. Los fallecidos también tienen órganos que pueden ser útiles pero, por razones obvias, no es fácil obtener de ellos el consentimiento.
Es cierto que la figura de un procurador judicial no es necesaria en estas circunstancias pero consideramos importante conocer la legislación en esta materia.
Para no desperdiciar dichos órganos nuestra legislación hace una presunción de generosidad de todos los ciudadanos y nos declara a todos donantes de nuestros órganos para el día de nuestra muerte, si no hemos manifestado lo contrario.
La Ley 30/1979 de 27 de octubre sobre extracción y trasplante de órganos, dice en su artículo 5 que la extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá realizarse con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición.
El Reglamento aprobado por R.D. 1723/12 de 28 de diciembre, en su artículo 9 desarrolla el anterior precepto añadiendo que el responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes, deberá investigar si el donante hizo patente su voluntad a alguno de sus familiares, o a los profesionales que le han atendido en el centro sanitario, a través de las anotaciones que los mismos hayan podido realizar en la historia clínica, o en los medios previstos en la legislación vigente y examinar la documentación y pertenencias personales que el difunto llevaba consigo, todo ello con la finalidad de comprobar si el fallecido se había opuesto a la donación.
Si no decimos nada, seremos fallecidos donantes. Para descubrir nuestra voluntad básicamente se pregunta a los familiares.
A mí me parece bien. Ya sea procurador judicial, médico o deportista, ¿para qué quiero yo mis corneas después de muerto?
Otros sin embargo pueden opinar lo contrario: pues que prediquen a los cuatro vientos que no quieren donar sus órganos después de muertos. Se pueden hacer un tatuaje en la barriga.
Dediquen un momento a pensar sobre la posibilidad de que los familiares mientan sobre la voluntad del fallecido. Considero – y deberá ser así en la práctica- que prosperará su voluntad tanto si acceden a la extracción constándoles que el fallecido no quería, como si manifiestan que el fallecido se oponía a la donación cuando pensaba justo lo contrario. Estamos en sus manos a menos que haya un documento inequívoco que manifieste la voluntad del fallecido y que el responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes lo descubra.
Si no hay familiares prima la presunción de generosidad
¿Y si los familiares se contradicen sobre la voluntad del fallecido? Me parece que estaremos en manos del responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes que para eso tiene ese cargo con ese nombre tan largo y que es el que investiga la voluntad del fallecido.
En Sevilla Flores ponemos a su disposición el servicio del procurador judicial para su asesoramiento procesal o representación en cualquiera de los partidos judiciales de la Región de Murcia.
Publicado el 13 marzo, 2018 por sevillaflores
Recientemente, nos solicitaron un procurador en Cartagena para el asesoramiento procesal en un divorcio. ¿Es necesaria la protocolización notarial?
Los Convenios matrimoniales – propuestas mejor dicho- que son homologados judicialmente en la sentencia que acuerda la nulidad, separación o divorcio son inscribibles sin necesidad de protocolizarlos notarialmente.
No pasa lo mismo con los acuerdos homologados judicialmente en los procedimientos de división judicial de patrimonios – herencias y regímenes matrimoniales-.
En resumen: se inscriben las sentencias, (i) las de nulidad, separación o divorcio – homologuen acuerdos o no-, y (ii) las que resuelvan las divisiones judiciales de patrimonios, pero no los acuerdos homologados en estos últimos procedimientos, que necesitarán ser protocolizados.
Nuestro procurador en Cartagena remarcó los argumentos de la RDGRN de 30/11/16.
No estamos en presencia de un convenio regulador aprobado en un proceso de separación, nulidad y divorcio (769 LEC), sino ante un procedimiento para la liquidación del régimen económico-matrimonial (806 LEC).
Dispone el artículo 810.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo, se consignará éste en el acta y se dará por concluido el acto, llevándose a efecto lo acordado conforme a lo previsto en los dos primeros apartados del artículo 788 de esta Ley”.
Asimismo, como señala nuestro procurador en Cartagena, el artículo 788 dispone que “1. Aprobadas definitivamente las particiones, el Secretario judicial procederá a entregar a cada uno de los interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado y los títulos de propiedad, poniéndose previamente en éstos por el actuario notas expresivas de la adjudicación. 2. Luego que sean protocolizadas, el Secretario judicial dará a los partícipes que lo pidieren testimonio de su haber y adjudicación respectivos”.
Poniendo en relación este artículo con el 787.2 anterior se deduce la necesidad de su protocolización notarial. Dicho precepto determina que la aprobación de las operaciones divisorias se realiza mediante decreto del secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia, pero en cualquier caso ordenando protocolizarlas.
Publicado el 12 marzo, 2018 por sevillaflores
La figura del procurador es necesaria en un Convenio Regulador, puesto que interviene en el inicio del procedimiento judicial y el seguimiento en las actuaciones del proceso de separación, divorcio o nulidad matrimonial. El proceso cuenta con salvedades y aspectos legales relevantes a tener en cuenta, y puede resultar demasiado complejo para una persona lega en la materia.
Convenio Regulador y Registro
El convenio regulador de la nulidad matrimonial, separación o divorcio aprobados judicialmente pueden acceder al Registro de la Propiedad al amparo del art. 3 LH, sin necesidad de elevación a escritura pública, salvo que contengan negocios ajenos al mismo [R. 5 septiembre 2012 (BOE 11 octubre)].
El testimonio librado por el secretario judicial acreditativo de la sentencia y del convenio regulador aprobado es documento auténtico suficiente para acreditar los términos del convenio a todos los efectos (art. 281 LOPJ) y, por consiguiente, a los efectos también del Registro de la Propiedad.
No procede la inscripción de un acta de conciliación dictada por un Juez de Paz, en la que las partes -con ocasión de la ruptura de su convivencia- se avienen sobre determinados extremos obligacionales –uso provisional y pagos– relativos a una vivienda de la que son únicos titulares, sin que consten más datos sobre su situación personal, ni si se ha presentado o no demanda de separación o divorcio.
Tampoco es inscribible el convenio alcanzado en acuerdo transaccional homologado judicialmente [R. 4 mayo 2016 (BOE 6 junio).
Ni el convenio alcanzado por parejas de hecho [R. 13 octubre 2016 (BOE 2 noviembre)].
Consulte con un procurador cómo realizar correctamente la Liquidación de Gananciales
La complejidad que puede llegar a tener procedimientos como el de Liquidación de Gananciales dentro del Convenio Regulador, es aconsejable buscar la ayuda de un procurador. En Sevilla Flores Procuradores le ofrecemos la representación asesoramiento procesal que pueda necesitar en los partidos judiciales de la Comunidad Autónoma de Murcia. Podemos realizar desde la preparación y presentaciones de escritos hasta la gestión en el Registro de la Propiedad.
La liquidación del régimen matrimonial proyectada en el convenio surtirá efectos, si es aprobado por el juez, cuando gane firmeza la sentencia de separación o divorcio. Aprobado el convenio y firme la sentencia, resulta improcedente otorgar capitulaciones matrimoniales para liquidar la sociedad de gananciales (STS 2 julio 1990), o para obtener su inscripción en el Registro de la Propiedad, ya que a estos efectos es suficiente el testimonio judicial del convenio y la sentencia (RR. 25 febrero, 9 y 10 marzo 1988 y 30 marzo 1995, que consideran innecesaria la escritura pública).
Esto no quiere decir que el convenio suscrito por los cónyuges y no aprobado por el juez carezca de eficacia, sino que constituye un negocio con fuerza vinculante en todas aquéllas cuestiones relativas al Derecho de familia que no sean de orden público, si bien para su acceso al Registro será necesario que aparezca formalizado en escritura pública. La aprobación judicial del convenio regulador es solo un requisito de eficacia, pero no de validez. Los pactos suscritos por los cónyuges en documento privado sobre materia económica o patrimonial tienen plena validez, aunque no tenga fuerza ejecutiva (STS 21 diciembre 1998).
No resulta necesario que la liquidación afecte a la totalidad de los bienes y derechos que integran la masa ganancial. No parece existir inconveniente para que en el convenio regulador se formalice una liquidación parcial de la sociedad de gananciales.
Pero, sin previa disolución no cabe liquidar, total o parcialmente, la sociedad de gananciales [R. 9 julio 2012 (BOE 20 septiembre)].
Si bien el convenio regulador constituye título inscribible, pueden surgir dificultades ante el Registro por falta de descripción o perfecta identificación de los bienes, por imprecisiones en el contenido de los pactos de trascendencia real, o por la inclusión en el convenio de actos o negocios extraños a la liquidación del régimen preexistente (aun cuando su configuración como derecho de naturaleza familiar conlleva la consecuencia de que los requisitos para su inscripción no se apliquen tan rigurosamente como si se tratara de un derecho real propiamente dicho). Deberán asimismo ser observados los requisitos de capacidad que pudieran ser exigibles en relación con las personas de los cónyuges y el contenido del convenio.
Serán directamente inscribibles los pactos y estipulaciones relativos a la liquidación de la sociedad conyugal en cuanto incidan sobre bienes inmuebles, es decir: adjudicaciones a uno u otro cónyuge de los bienes antes comunes.
No existen limitaciones legales en este punto, por lo que los esposos pueden pactar lo que consideren conveniente, siempre que se consiga la aprobación judicial. Las adjudicaciones, por tanto, pueden hacerse en pleno dominio o por cuotas indivisas de los bienes antes gananciales y se harán, como regla, en pago del haber de cada consorte en la sociedad de gananciales disuelta. Pero también pueden hacerse en pago de deudas que un cónyuge tenga contra el otro (art. 1405 CC).
Adjudicación de bienes privativos en pago de pensión compensatoria
Adjudicación en pleno dominio a uno u otro cónyuge de una finca que constituye la vivienda familiar y figura inscrito a favor de uno de los cónyuges (o de los dos en proindiviso) con carácter privativo [RR. 7 julio 2012 (BOE 20 septiembre), 10 diciembre 2012 (BOE), 19 diciembre 2013 (BOE 31 enero 2014), 8 mayo 2014 (BOE 3 julio), 4 junio 2014 (BOE 25 julio), 1 julio 2014 (BOE 1 agosto) 26 julio 2014 (BOE 10 septiembre, comunidad foral vizcaína), 6 septiembre 2014 (B OE 6 octubre), 29 septiembre 2014 (BOE 27 octubre)].
La misma doctrina ha de aplicarse a los anejos de la vivienda, generalmente plaza de garaje y trastero vinculados funcionalmente a la vivienda como extensión de la misma, aunque registralmente tengan número de finca propio [R. 27 febrero 2015 (BOE 19 marzo). Esta doctrina, hoy suficientemente reiterada, rectifica la postura que inicialmente mantuvo la R. 3 junio 2006 (BOE 24 julio)[1]. Parece posible sostener la idea de que todos los acuerdos o negocios que tengan por objeto la vivienda familiar pueden tener cabida en el convenio regulador, incluso donaciones de inmuebles, si atendemos a la STS 18 julio 2014.
Manifestaciones acerca del carácter ganancial o privativo de los bienes inventariados
La posibilidad de incluir en el convenio regulador confesiones o declaraciones de los cónyuges acerca del carácter privativo o ganancial de los bienes puede ser de especial utilidad para el caso de bienes adquiridos por uno u otro durante un período de separación de hecho (previo a la separación o al divorcio), ya que el TS viene afirmando que el cese efectivo de la convivencia excluye el fundamento de la sociedad de gananciales. De aquí que no deban incrementar el patrimonio común los bienes que adquiera uno de los esposos después del cese de la convivencia, si obedece a una separación fáctica seria, prolongada, consentida o acreditada por actos subsiguientes de formalización judicial de la separación, y siempre que hayan sido adquiridos con caudales propios o generados con su trabajo o industria a partir del cese de la convivencia (cfr. STS 27 enero 1998).
Tales bienes, por tanto, no forman parte del activo de la sociedad de gananciales a tener en cuenta a la hora de su liquidación. Pero esto no quiere decir, a nuestro juicio, que no deban ser contemplados en el convenio regulador, porque si se trata de un bien inmueble y la adquisición fue inscrita en el Registro de la Propiedad, la inscripción se practicaría a favor del cónyuge adquirente con carácter presuntivamente ganancial. Interesa, por tanto, al titular registral que el otro cónyuge reconozca en el convenio el carácter privativo del inmueble. Si esto se consigue, el testimonio judicial de la sentencia y el convenio constituye título suficiente para rectificar la inscripción. En otro caso, sería preciso conseguir que el carácter privativo del bien fuera reconocido por sentencia dictada en juicio declarativo.
La jurisprudencia ha definido la vivienda familiar como “bien familiar, no patrimonial, al servicio del grupo o ente pluripersonal que en ella se asienta, quienquiera que sea el propietario” (STS 31 diciembre 1994), o “reducto donde se asienta y desarrolla la persona física, como refugio elemental que sirve a la satisfacción de sus necesidades primarias (descanso, aseo, alimentación, vestido, etc.) y protección de su intimidad (privacidad), al tiempo que cuando existen hijos es también auxilio indispensable para el amparo y educación de éstos” (STS 16 diciembre 1996).
Tras reiteradas declaraciones jurisprudenciales, cabe decir que la naturaleza del derecho de uso de la vivienda familiar (que ha sido objeto de discusión doctrinal[2]) resulta suficientemente precisada.
La STS 31 diciembre 1994, vino a señalar que la protección de la vivienda familiar se produce a través de la protección del derecho que la familia tiene al uso, y que la atribución de la vivienda familiar a uno de los cónyuges mediante sentencia o convenio regulador de separación no puede generar, como es natural, un derecho antes inexistente y sí sólo proteger el que la familia ya tenía.
Así, quienes ocupan en precario una vivienda no pueden obtener una protección posesoria de rigor jurídico superior al que tenían, pues ello entrañaría subvertir las necesidades familiares muy dignas de protección con cargo a extraños al vínculo familiar.
De ahí que la resolución judicial que atribuye el uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges no origina un derecho real de uso ejercitable “erga omnes”, ni puede oponerse frente al cedente que no intervino ni podía hacerlo en el proceso matrimonial, por lo que la incuestionable protección que merece la vivienda u hogar familiar en la Constitución y legislación civil no puede trascender a terceras personas ajenas al matrimonio.
En la misma línea, la STS 31 de diciembre de 1999 declara que la atribución de la vivienda familiar al uso de los cónyuges mediante sentencia o convenio regulador de separación no puede generar un derecho antes inexistente y sí solo proteger el que la familia tenía; y razona: que no cabe oponer la resolución judicial frente al cedente que no intervino ni podía hacerlo en el proceso matrimonial, de manera que el cónyuge beneficiario de la atribución no adquiere ningún derecho nuevo, ni se produce cambio alguno en la legitimidad de la ocupación por parte de los hijos que permanecen en la vivienda.
Atribuye a su titular la facultad de ocupación temporal de la vivienda (STS de 4 de abril de 1997) y limita el ejercicio de las facultades dispositivas por parte del ex cónyuge titular del dominio (art. 96 CC, R. 25 octubre 1999).
La atribución del uso sólo concede al atributario la facultad de ocupar y usar la vivienda familiar en tanto duren las circunstancias que han determinado la atribución[3]. El atributario no puede disponer de la vivienda, ni hipotecarla, ni ceder su uso a un tercero, ni modificar su destino ni alterar su configuración. El derecho de uso, por su carácter familiar y personalísimo, es intransmisible, no puede ser objeto de hipoteca o de embargo y carece de valoración económica.
Una obviedad: no procede inscribir el derecho de uso de la vivienda familiar atribuido al cónyuge titular del pleno dominio de la misma (RR. 6 de julio y 19 de septiembre de 2007, 10 octubre 2008 (BOE 7 noviembre), 9 julio 2013 (BOE 8 agosto), 24 octubre 2014 (BOE 25 noviembre).
Es posible que los cónyuges acuerden y el juez apruebe la atribución del derecho de uso a los hijos menores, en cuyo caso será necesario hacer constar las circunstancias identificativas de los hijos a cuyo nombre ha de inscribirse aquel derecho [R. 19 mayo 2012 (BOE 21 junio)].
¿Qué aspectos no constituyen materia propia del contenido de un Convenio Regulador?
Atribución a uno de los cónyuges de fincas que no forman parte del patrimonio ganancial.
Adjudicación en pleno dominio a uno u otro cónyuge de un bien que no constituye la vivienda familiar y figura inscrito a nombre de aquéllos con carácter privativo [RR. 9 marzo 2013 (BOE 15 abril), 26 junio 2013 (BOE 26 julio), 4 septiembre 2014 (BOE 6 octubre), 16 octubre 2014 (BOE 7 noviembre).
Ahora bien si los cónyuges hacen uso de la opción que brinda el artículo 438.3.4 LEC y obtienen una sentencia de divorcio que estime también la acción de división de cosa común ejercitada simultáneamente, quedaría despejado el acceso al Registro. De esta posibilidad se hacen eco las RR. 4 septiembre 2014 (BOE 6 octubre) y 12 noviembre 2014 (BOE 5 diciembre).
Aportación de bienes privativos a la sociedad de gananciales, para proceder de manera inmediata a su adjudicación a uno de los cónyuges en pleno dominio.
Adjudicaciones de bienes a terceros en pago de deudas.
No constituyen materia propia del contenido del convenio los acuerdos, contratos o negocios jurídicos en general que tengan por objeto bienes privativos de cualquiera de los cónyuges y no estén íntimamente conectados con la liquidación de la sociedad de gananciales. También conviene evitar, porque no serían inscribibles, las transmisiones sin expresión de causa. A veces se dice, sin más, que un cónyuge cede a determinada finca. Es doctrina consolidada que los negocios abstractos (o de expresión abstracta) no deben tener acceso al Registro.
Modificación de convenio regulador. La aprobación judicial sólo es necesaria para modificar los acuerdos que afecten a los hijos y aquellos que de modo expreso quedan excluidos de la autonomía de la voluntad. R. 5 febrero 2003 (BOE 14 marzo).
Consúltenos si necesita representación a asesoramiento procesal y pondremos a su disposición los servicios de un procurador en el Convenio Regulador. Las funciones del procurador están orientadas a facilitar todo el proceso y ofrecer las garantías legales y procesales necesarias frente a la administración de la justicia.
Publicado el 9 marzo, 2018 por sevillaflores
Desde el blog de Sevilla Flores Procuradores compartimos las nuevas normas de reparto de la Audiencia Provincial de Murcia. Es nuestro deber también como procuradores en Murcia, procuradores Cartagena, Lorca y el resto de partidos judiciales de la Comunidad Autónoma, contribuir a la transparencia del sistema judicial, facilitando el conocimiento público de las nuevas normas de integración de tribunal, asignación de ponencias y reparto que ha comunicado oficialmente la Audiencia Provincial.
Normas de reparto Audiencia Provincial de Murcia from Manuel Sevilla Flores
Hacer comprensible el lenguaje #jurídico a la #ciudadanía: juristas y lingüistas reflexionan sobre esta necesidad… https://t.co/SgaMEOQynd
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References: artículo 5
 artículo 9
 artículo 810
 artículo 788
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 resolución 
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 artículo 438