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Timestamp: 2020-08-07 09:34:42+00:00

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Sentencia nº Rol 3120-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 673031781
El día 4 de julio de 2016, doña V.O.H., representada por los abogados don Claudio Fierro Morales y don Cristian Sleman Cortes, de la Defensoría Penal Pública, dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, del Ley N° 18.216, que Establece Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad; y, del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en autos relacionados con el proceso penal RIT 161-2016, RUC 1501162601-4, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena.
La gestión judicial en que incide el presente requerimiento, según la actora señala, se sigue en su contra ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena y consiste en una causa penal por el presunto delito contemplados en el artículo 9°, inciso primero de la Ley N° 17.798, de Control de Armas, esto es, porte ilegal de arma de fuego. Comenta que con fecha 4 de diciembre de 2015, se efectuó una audiencia de control de detención, oportunidad en la que el Ministerio Público formalizó investigación en su contra, disponiendo el sentenciador penal la medida cautelar de firma quincenal en Carabineros de Chile y arraigo nacional.
En dicha actuación procesal, el persecutor público expuso que la requirente, el día 3 de diciembre del mismo año, habría sido sorprendida por efectivos policiales portando un arma de fuego sin autorización, en la vía pública.
Por estos hechos el Ministerio Público incoó acusación, solicitando la imposición de la pena de tres años y un día años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales, comiso del arma y costas, reconociendo, en el libelo acusatorio, la atenuante establecida en el artículo 11, numeral 6° del Código Penal, esto es, irreprochable conducta anterior.
Posteriormente, dictándose por el Juzgado de Garantía de La Serena, auto de apertura de juicio oral, los antecedentes fueron derivados al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad, judicatura ante la cual se encuentra pendiente la realización de la audiencia de estilo y que representa la gestión pendiente de estos autos constitucionales.
Conforme expone la actora, las normas respecto de las cuales se solicita la declaración de inaplicabilidad, contravienen, en la gestión pendiente descrita, los artículos 1°; y, 19, numerales 2° y 3°, inciso sexto, todos de la Constitución Política, así como los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto se estaría en presencia de una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar, careciendo ésta de fundamentos razonables y objetivos, tornándose inidónea para alcanzar la finalidad prevista por el legislador.
Para razonar en derecho lo anterior, la requirente comienza reseñando los antecedes que tuvo en consideración el legislador al momento de introducir modificaciones a los cuerpos legales que contienen los preceptos reprochados.
Así, en primer término, señala que la reforma generada por la Ley N° 20.603 a la Ley N° 18.216, de Penas Sustitutivas a la Pena Privativa de Libertad, trató el retomar el impulso original del legislador de este cuerpo, esto es, la reinserción social de las personas condenadas, introduciendo modificaciones en que se resumen en la idea original de la pena, con nuevas modalidades de cumplimiento de ésta, más modernas en pos del fin, último de la sanción. No obstante ello, de forma posterior a esta modificación, la Ley N° 20.813, excluyó algunos de los tipos penales contemplados en la Ley N° 17.798, de Control de Armas, como el previsto en el artículo 9°, de la posibilidad de optar a las penas sustitutivas que contempla la ley N° 18.216, como la que permite al condenado acceder a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
De esta forma, las personas condenadas por el delito del artículo 9° de la Ley de Control de Armas, son excluidas de toda pena sustitutiva, aun cuando, como sucede con la actora, expone, no tenga antecedentes penales pretéritos. Así, la aplicación del artículo 1°, inciso segundo de la Ley N° 18.216 en la gestión pendiente, se tornaría incoherente con el resto del articulado de dicho cuerpo, en que sí se descarta de toda pena sustitutiva al condenado reincidente, cuestión irracional, en tanto no constan en la historia de la ley las razones o fundamentos para haber legislado de esta forma.
A su turno, la modificación introducida por la Ley N° 20.813 a la Ley N° 17.798, de Control de Armas, en cuanto el nuevo artículo 17 B establece que, entre otras reglas, el juez penal no deba tomar consideración los artículos 65 a 69 del Código Penal, determinando la cuantía de la pena dentro de los límites legales, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menos extensión del mal producido por el delito, limita el arbitrario judicial, imposibilitando la determinación de la pena justa al caso concreto, pero no implicó, al igual que la anterior norma cuestionada, ningún debate de fondo en el seno del...
Sentencia nº Rol 1713 de Tribunal Constitucional, 11 de Enero de 2011

References: artículo 1
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 17