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Timestamp: 2020-06-01 14:13:59+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 550, de 27/06/2018
cve: DSCD-12-CO-550
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 550
- Elección de la Secretaría Segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000013) ... (Página2)
Comparecencia de la señora Segarra Crespo, en relación con su propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 276/000016) ... (Página2)
- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000013).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Justicia. Tal como viene recogido en el punto primero del orden del día, vamos a proceder a cubrir la vacante que tenemos en esta Mesa, la de la Secretaria segunda de la Comisión. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha propuesto a doña Carolina Telechea para sustituir a la compañera Capella.
Como saben, la elección se suele hacer por votación, salvo que exista un acuerdo de la Comisión, y los portavoces así me lo han hecho saber. Por tanto, lo que les propongo en este momento es aprobar el nombramiento de la compañera Telechea por asentimiento. ¿Se puede hacer así? (Asentimiento). Queda aprobado.
Damos la bienvenida a la señora Telechea y la invitamos a que ocupe su lugar en la Mesa. Enhorabuena. (Así lo hace la nueva miembro de la Mesa).
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SEGARRA CRESPO, EN RELACIÓN CON SU PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 276/000016).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día. Tenemos con nosotros a doña María José Segarra Crespo para comparecer en relación con la propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado, acordado por el Consejo de Ministros del pasado día 22 de junio, según el acuerdo que se ha remitido a esta Cámara. Con ello estamos dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice que una vez recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su Reglamento, a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad para el candidato, en este caso la candidata propuesta.
El formato de esta comparecencia, como saben ustedes, porque en lo que llevamos de legislatura hemos tenido ya dos comparecencias similares a esta, será como el de las anteriores. En primer lugar, tendrá la palabra la compareciente, a continuación daré la palabra a cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios, por un tiempo aproximado de diez minutos -no es necesario que lo agoten estrictamente. Trataré de ser rigurosa con los tiempos-, y finalmente la compareciente utilizará un turno para dar respuesta a sus señorías. En caso de que no haya ninguna polémica, ahí acabará la comparecencia. Como mucho, si hubiera algún incidente, tendrán ustedes un minuto de réplica al final de la misma, aunque lo habitual es que no lo haya.
Señora Segarra, bienvenida a esta Comisión de Justicia. Tiene la palabra para dirigirse a sus señorías.
La señora SEGARRA CRESPO (candidata a fiscal general del Estado): Excelentísima señora presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, muchísimas gracias por sus palabras.
Excelentísimas señoras y señores diputados, es un honor comparecer hoy ante esta Comisión tras la propuesta formulada por el Gobierno de la Nación. Permítanme, para que me sienta más a gusto, iniciar con un con la venia, como solemos hacer en los juzgados y tribunales, porque así me siento un poquito más en casa.
El sistema de nombramiento del fiscal general, diseñado en sus líneas fundamentales por la Constitución y perfilado por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tras la reforma del año 2007, implica a los tres poderes del Estado: al Ejecutivo proponiendo, al Judicial, por medio de su órgano de gobierno que acaba de informar, y al Legislativo, ustedes, valorando los méritos y la idoneidad del candidato propuesto. También implica a la más alta magistratura, a su majestad el rey, formalizando este nombramiento.
Es claro que nuestro ordenamiento quiere que se visualice la trascendencia constitucional de este momento y la de la figura del fiscal general del Estado a través de esta implicación. Por tanto, ese reforzamiento de origen tiene todo su sentido a la vista de la encomienda delicada que supone ejercer las
funciones de fiscal general del Estado. Este trámite parlamentario tiene un especial significado: la persona propuesta comparece ante los representantes de la soberanía popular y ha de someterse a su escrutinio. La dimensión de nuestro Estado, que además de social y de derecho lo es democrático, adquiere así su profunda significación. El fiscal general del Estado lo es en esa tríada que traza el artículo 1 de nuestra Constitución, de forma que se configura como el magistrado al servicio del Estado.
Comparezco, pues, ante los representantes de todos los ciudadanos para someterme a su examen, desde la humildad y con toda transparencia, explicando cuál ha sido mi trayectoria profesional y qué pretendo hacer desde la Fiscalía General del Estado si fuera nombrada finalmente. No quiero aburrirles con un currículum profesional que en detalle está a disposición de sus señorías y que seguro que ustedes conocen. Además, me permitirán que les diga que no me siento cómoda hablando en primera persona del singular cuando se habla del concepto de méritos. Les diré que toda mi vida profesional ha estado dedicada a la carrera fiscal. Como consta en el escalafón de la carrera fiscal, esta especie de terminología burocrática, he prestado treinta años y nueve meses de servicios efectivos en el ministerio público. Tras esa terminología burocrática, tengan por seguro que lo que hay detrás son años de trabajo, de vocación, que no se han marchitado a través de los tiempos, y con ganas de hacer muchas cosas en interés de la ley, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
Tienen ustedes que valorar la idoneidad de mi persona, y también esto tiene que ponderarse en atención a una serie de objetivos que me propongo implementar si finalmente soy nombrada. Esto viene condicionado por un tema, quizá fundamental, y es que estamos a mitad de una legislatura. No puedo olvidar eso a la hora de hacer la exposición hoy. Existe la constatación, además, de que nos encontramos en un escenario en el que el ministerio fiscal está vinculado en lo material -lo subrayo y lo subrayaré continuamente a lo largo de mi intervención- al Ministerio de Justicia. Mis antecesores han desempeñado mandatos breves y han esbozado líneas de actuación. No voy a hacer borrón y cuenta nueva, sino que vamos a estudiar qué es lo que se ha iniciado y a aprovechar todo lo que considere adecuado.
Quiero aprovechar esta ocasión, por supuesto, para rendir homenaje a los anteriores fiscales generales del Estado que me han precedido: a Cándido Conde-Pumpido, a Eduardo Torres-Dulce, a Consuelo Madrigal, a José Manuel Maza y a Julián Sánchez Melgar. Puedo decir que he disfrutado de la confianza de todos ellos durante mi mandato como fiscal provincial de Sevilla. Permítaseme recalcar también desde el inicio que ese apoyo estuvo plasmado en mi inicial nombramiento y luego en dos decisiones ulteriores que me confirmaron en el cargo por dos fiscales generales nombrados por distintos Gobiernos, como muestra del aprecio por mi profesionalidad.
Creo, como les he dicho, que no podemos partir desde cero. Nadie parte desde cero y el nuevo o la nueva fiscal general del Estado ha de recoger un testigo preexistente. Esa es una riqueza de las instituciones, riqueza y grandeza de esta institución, y creo que me permitirán que intente dejar mi impronta en ella, que es obra de lo que mis predecesores han realizado.
La clave de bóveda de mi programa, en caso de ser nombrada, es y tiene que ser necesariamente que mi actuación estará regida por la plena autonomía. Es un principio irrenunciable del que jamás voy a abdicar. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal define con claridad el marco de relaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, y a su texto me atendré, respetando escrupulosamente su literalidad. Al fiscal general del Estado no se le pueden dar órdenes de ningún tipo y concibo la defensa de la autonomía como mi primera obligación. Valoro, por supuesto, la propuesta de mi nombramiento desde el profundo agradecimiento al Gobierno que la ha formulado. Creo que es uno de los honores más altos que puede tener un jurista. Dicho esto, si llego a ser nombrada, ejerceré este cargo -y cualquiera que me conozca lo sabe- con absoluta independencia, sin más compromiso que hacer cumplir la ley y desde la más radical imparcialidad. Considero imprescindible superar la sospecha de parcialidad o politización que desde siempre persigue a nuestra institución, desde que en 1713 Felipe V nombrase al primer fiscal del Reino, a Melchor de Macanaz. Autonomía, legalidad e imparcialidad, esas son las palabras que condensan todo mi programa, porque es el principio de legalidad.
Es cierto que el ministerio fiscal es una estructura piramidal, en cuyo vértice está el fiscal general del Estado, al que la Constitución otorga un enorme poder, acompañado, por supuesto, de dosis de responsabilidad. Asumiré las obligaciones anejas al cargo, respetando y promoviendo la unidad de actuación, pero pretendo hacerlo como lo he hecho siempre en la Fiscalía de Sevilla, dialogando, sobre la base de un trabajo en equipo, profesional y con empatía, pero todo ello en el bien entendido de que tomaré las decisiones que me correspondan con firmeza y determinación, asumiendo todas las
responsabilidades, pero auxiliándome, que para eso la ley con inteligencia ha diseñado un sistema de órganos de asesoramiento al fiscal general del Estado para coadyuvar en el acierto de sus decisiones.
Concibo la unidad de actuación como lo hiciera Conde-Pumpido. La independencia judicial, que convierte en soberano al juez a la hora de interpretar la legalidad aplicable a cada caso concreto, exige como presupuesto y como contrapeso la unidad de actuación del órgano público encargado de promover la acción de la justicia en defensa de esa legalidad. A mi modo de ver, el principio de unidad de actuación se corresponde con la igualdad de la ley. Eso es lo que justifica la unidad de actuación y, por tanto, el fundamento último de la estructura jerárquica piramidal del ministerio fiscal es la igualdad ante la ley. Esa defensa de la legalidad, expresión de la soberanía popular, debe inspirar todo el despliegue funcional del ministerio fiscal. Durante todo mi desempeño profesional he procurado ser una leal servidora del Estado. He luchado por cumplir y hacer cumplir las normas. He rechazado falsos atajos para el impulso del procedimiento penal, pues considero que cualquier planteamiento que burle las garantías legales debe ser evitado en aras de la eficacia. He creído y creo en el imperio de la ley. Por tanto, lo que ofrezco a sus señorías, como les decía, es mi trayectoria personal y profesional. Puede decirse, tras más de treinta años trabajando como fiscal, que conozco el oficio. He trabajado en dos grandes capitales, en Barcelona y en Sevilla, que son dos ciudades complejas, inicialmente con una gran precariedad de medios -como ustedes recordarán que sucedía hace treinta años, porque no es lo mismo en la actualidad-, pero siempre con un compromiso con la institución y desde la vocación de servicio público. He participado en innumerables actos procesales, en multitud de órganos jurisdiccionales y siempre tratando de honrar a esa institución y de dar solución o cauce a los problemas de los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de alguna solución para sus conflictos.
Soy consciente de los problemas y de las inquietudes de la carrera fiscal, conozco bien el enorme potencial humano de los fiscales y considero que esta es la fuerza fundamental de esta institución. Para tratar de aprovechar ese potencial humano, creo que hay que promover la excelencia profesional de los fiscales. En eso el factor humano siempre es clave. Ihering escribió en La lucha por el derecho que el derecho no será letra muerta y se realizará si las autoridades y los funcionarios del Estado cumplen con su deber.
Desde el cauce asociativo que nos reconoce la Constitución, he trabajado para la Unión Progresista de Fiscales. Lo digo con orgullo, no lo voy a ocultar ni lo puedo ocultar. Creo que es la asociación que ha traducido hasta ahora la específica sensibilidad para entender las funciones del fiscal. Hace apenas tres meses di un paso más allá, implicándome en este compromiso asociativo, presentándome a las elecciones al Consejo Fiscal y resulté elegida como uno de los vocales, con un apoyo de fiscales asociados y no asociados, dato que valoro muy especialmente. Creo que este órgano de participación democrática de los fiscales en la carrera fiscal tiene que llevar a cabo un papel protagonista, y no solo en materia de nombramientos, incrementando la transparencia en los procesos de decisión, sino colaborando y siendo contrapeso al enorme poder que la ley asigna al fiscal general. Lo pensaba cuando era vocal electiva, lo sigo pensando ahora y lo seguiré pensando si llego a ser nombrada fiscal general.
Como mujer, asumo igualmente el compromiso de trabajar cada día para promover la igualdad efectiva en el ámbito laboral y, lo que es más importante, en la sociedad. Será un orgullo si llego a ser la segunda mujer fiscal general. Pero lo más importante será imprimir un enfoque de género en todas las acciones que desarrolle el ministerio fiscal. Ojalá que algún día no sea noticia el hecho de que sea nombra una mujer. En ese momento habremos alcanzado la verdadera igualdad. Me propongo impulsar una política de nombramientos que respete los principios de mérito y capacidad, que trate de superar el desequilibrio todavía existente en la proporción de mujeres y hombres que ocupan puestos de responsabilidad en el ministerio fiscal. Me propongo buscar fórmulas que faciliten la formación y la carrera profesional con la conciliación de las tareas de cuidados para lograr una igualdad efectiva, revisando las tareas de baremación de méritos en clave de igualdad.
Como persona comprometida con la sociedad, he tratado de estar siempre apegada a la realidad. Creo en un fiscal dinámico que sale del despacho, que para cumplir sus funciones visita centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, de protección de menores, centros de cumplimientos de medidas, residencias de personas mayores, y que en esas visitas contacte con los ciudadanos, escuche sus problemas y sepa captar posibilidad de soluciones. Concibo al fiscal como valedor de los derechos de los ciudadanos, y en especial de los más vulnerables. Creo que en estos catorce años que he estado al frente de la fiscalía de Sevilla he adquirido habilidades para dirigir equipos, para gestionar medios personales, para organizar a los fiscales con criterios racionales y de eficacia,
impulsando una nueva oficina fiscal, para dialogar con las administraciones competentes y reclamar desde la argumentación rigurosa las dotaciones adecuadas para el cumplimiento de nuestras funciones. También he querido representar siendo la cara visible de la fiscalía, comunicando con transparencia y acercando a la sociedad el funcionamiento de la fiscalía, aceptando también las críticas y adoptando las medidas necesarias para mejorar todo lo que consideraba que podía mejorar. En ese contexto, ofrezco esa experiencia, porque considero que conozco los problemas de las fiscalías y que vislumbro algunas de sus soluciones, y espero mejorar el funcionamiento de la institución si finalmente llego a ser nombrada. Creo que eso es un valor añadido. Hasta este mismo momento, sigo desempeñando las funciones de fiscal jefe de Sevilla y no me he alejado en ningún momento de esa práctica diaria. De alguna forma, creo que se pueden orientar las grandes decisiones que desde la Fiscalía General se tienen que tomar con esas experiencias prácticas del día a día de los fiscales, que estarán siempre inspiradas en el servicio a los ciudadanos y la defensa activa de la ley.
El ilustre penalista y presidente de la República española, don Luis Jiménez de Asúa, escribió que en materia jurídica no se comprende una teoría que no esté destinada a la práctica. Y yo añado: a la buena práctica. Creo que desde la Fiscalía General se puede impulsar un ministerio fiscal organizado para cumplir lo más eficazmente posible esa irremplazable función de preservar el interés público plasmado en la ley, que es el respaldo último del Estado de derecho. Me propongo, por tanto, actualizar y modernizar su organización y funcionamiento, convertirla en un servicio público de calidad y excelencia que nos permita alcanzar mayores cotas de cercanía con los ciudadanos y que al mismo tiempo genere un impulso colectivo entre los fiscales que les permita desarrollar nuevas dinámicas de trabajo. Por eso, mi intervención a partir de ahora intentará ir explicando ese modelo de fiscalía que creo que se debe estructurar en torno a esas cuatro estrategias. En primer lugar, una estrategia de cara a los fiscales, destinatarios y artífices de esos equipos; en segundo lugar, una estrategia para los usuarios del sistema, con especial atención para las víctimas; en tercer lugar, para los otros actores del sector de la justicia, para promover una cultura de coordinación y de colegiación de esfuerzos; finalmente, para la sociedad en su conjunto, a la que nos debemos por mandato constitucional. Se trata, insisto, simplemente de una forma de hacer las cosas, nada más y nada menos. Los integrantes del ministerio fiscal deben cumplir un verdadero desafío continuo mediante el amplio listado de competencias y tareas que asigna el ordenamiento jurídico. Esta es nuestra misión esencial y así seguirá haciéndolo. Sin embargo, es necesario que los fiscales lo sientan como un proyecto colectivo, que les haga partícipes de una ilusionante estrategia común. La institución debe ofrecer certeza y seguridad, pero ha de estar en constante evolución, y creo que se pueden abarcar distintas áreas de trabajo.
Creo que en lo funcional se debe dar transparencia a los procesos de toma de decisiones. El principio de unidad de actuación debe ser debidamente actualizado potenciando y fomentando el funcionamiento de las juntas de las fiscalías para que estas sean la síntesis del trabajo en equipo, buscando el consenso mayoritario de quienes luego deben contribuir a conformar esos criterios. En ese contexto, el principio de jerarquía cobra todo su sentido como un instrumento al servicio de la unidad de actuación, y la uniformidad en el ejercicio de sus funciones se desenvolverá con naturalidad, porque los componentes del colectivo asumen como propios los criterios en cuya creación han colaborado. También debe normalizarse, incluso desdramatizarse, diría yo, el disentimiento interno. Ustedes conocen el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que permite a un fiscal expresar su disconformidad con una orden o con una instrucción que reciba, simplemente por no considerarla procedente. La activación de este mecanismo debe ser recibida como un instrumento más de participación de los fiscales en la institución.
En lo orgánico, considero esencial el trabajo de los órganos de asesoramiento del fiscal general, en particular el Consejo Fiscal. Ya lo he comentado antes, pero debo resaltar que es el órgano en el que están representadas las distintas sensibilidades de la carrera fiscal. Está también la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano de asesoramiento integrado en la cúpula de la carrera, la Junta de Fiscales Superiores, el órgano de promoción de la coordinación territorial en todo el territorio español. Además, me propongo fomentar la periodicidad en las reuniones con los fiscales jefes territoriales, provinciales y de área, a fin de conocer de primera mano sus problemas, sus inquietudes y sus propuestas.
En lo profesional, necesariamente me comprometo a trabajar con las asociaciones de fiscales. He participado recientemente en la campaña electoral al Consejo Fiscal y todas hemos coincidido en el diagnóstico de los problemas de la carrera fiscal. Eso nos permitirá alcanzar acuerdos, consensos y objetivos comunes en temas que afectan al trabajo diario de los fiscales, por ejemplo, en la mejora y la adecuada cobertura de los derechos laborales de los fiscales, para lo cual se hace imprescindible contar
con un nuevo reglamento para el ministerio fiscal. En particular, entiendo que es absolutamente necesario fomentar también una adecuada promoción profesional, basada, a su vez, en una serie de coordenadas. En primer lugar, profundizando en el principio de especialización. Sin temor a equivocarme, creo que la especialización ha convertido a los fiscales en un referente en las investigaciones sobre los fenómenos delictivos más complejos. Se trata de materias que tienen un interés social y mediático relevante, en los que la fiscalía concreta su compromiso día a día defendiendo a las víctimas de estas problemáticas, especialmente a los más vulnerables.
Por otro lado, la institución debe plantearse también unos planes estratégicos de formación, surgidos de procesos de participación, que permitan gestionar este cualificado capital humano. Eso supone que además de ofrecer unos contenidos, una metodología de calidad orientada hacia determinados objetivos de mejorar las capacidades y las competencias de los fiscales, se les evalúe para incentivar la igualdad en la promoción profesional y para atender de forma flexible a las necesidades de los fiscales. En esta línea, me consta que la Fiscalía General estaba trabajando en una instrucción con respecto a la formación continua de los fiscales que permita avanzar en esta dirección. Permítanme que les diga también que no renuncio a tener un liderazgo exclusivo del ministerio fiscal en materia de formación, tanto inicial como continuada, de los fiscales, trasladando eso al marco normativo. Sería mi deseo que la formación fuera competencia exclusiva de la Fiscalía General del Estado y que el Centro de Estudios Jurídicos se encargara de las tareas de gestión y ejecución de la programación diseñada por la Fiscalía General.
La formación tiene una repercusión indudable en materia de nombramientos y en la promoción profesional, como ustedes entenderán. Como ya avancé, me comprometo a utilizar criterios estrictos de mérito y capacidad, asumiendo la responsabilidad que me otorga la ley para proponer a las personas más idóneas para cada puesto. En esta idoneidad, la formación cobra un lugar preponderante. La necesaria objetivación de méritos que tenemos que llevar a cabo permitirá detectar los sesgos de género que indudablemente tenemos por inercia cultural y social. En este sentido -ya lo he avanzado-, sería importante contar con un reglamento constitucional, porque el que tenemos es del año 1969. Necesitamos dejar de posponer ese reglamento a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que nunca llega y poder abordar con un reglamento las medidas de conciliación, de equiparación de permisos al resto de funcionarios de la función pública y que regule con garantías el régimen disciplinario. En ese contexto, evidentemente, habría que impulsar un plan de igualdad que no solo tenga reflejo en los contenidos de formación, sino que nos permita también detectar los problemas y proponer las soluciones necesarias para superar esa desproporción representativa de las mujeres en los cargos de dirección. He cogido los datos de los indicadores sociológicos del informe de 2018 de la Fiscalía General del Estado -seguro que ustedes los conocen- y les puedo decir que las mujeres representamos el 64 % de los integrantes de la carrera fiscal, somos 1591 mujeres ante un total de 2480 fiscales, y, sin embargo, quien ocupa el 64 % de los cargos directivos son nuestros compañeros varones. La actuación conjunta de los planes de formación y de igualdad puede contribuir a mejorar estos parámetros, potenciando nuevos criterios de valoración de la trayectoria curricular de las mujeres, ponderando el tiempo que hayan dedicado a las tareas de cuidado, promoviendo una descentralización real de la formación para permitir que las mujeres, durante sus bajas maternales o durante sus licencias maternales, puedan contribuir a su formación. En este marco de estrategia para los fiscales, creo también que hay que anticipar una serie de áreas de trabajo, y quiero ir esbozando los criterios principales de actuación.
Adelantándome a preguntas que posiblemente me realizarán, creo que es necesario -ya que me estoy refiriendo a algunos temas en concreto- hablar del desafío independentista en Cataluña. Quiero reiterar -no puede ser de otra forma- el compromiso del ministerio fiscal con el Estado de derecho y con la defensa de la legalidad constitucionalmente establecida. En palabras de quien fuera presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, es preciso estimular una cultura constitucional en la que todos deban respeto y confianza a la Constitución, a las instituciones por ella creadas y a su intérprete supremo. Respeto y reconocimiento que han de serlo igualmente a sus decisiones dictadas en el ejercicio de su independencia y autoridad. En la España del siglo XXI nadie es perseguido por sus ideas, sino, en su caso, por la comisión de presuntos actos delictivos. Por tanto, ratifico que en la España de hoy no podemos hablar de presos políticos. La ley nos vincula a todos, sin ley no hay democracia. El catedrático de Derecho Constitucional, Pedro de Vega, lo dijo: El desprecio por la normativa jurídica en nombre de exigencias políticas o de la voluntad del pueblo lleva consigo perjuicios irreparables para el sano funcionamiento de las instituciones democráticas. En todo caso, lo que sí es pertinente decir también, señorías, es que las garantías procesales amparan a toda la ciudadanía y el ministerio fiscal velará por su
estricto cumplimiento. Aprovecho esta tribuna para lanzar un mensaje de respeto a todos los fiscales que de una u otra forma ejercen la difícil tarea profesional de ofrecer una adecuada respuesta penal ante los hechos sucedidos en los últimos meses. En particular, debo anunciar que seré especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a los fiscales que ejercen sus funciones en esta comunidad, a quienes desde esta Cámara doy un apoyo absolutamente inequívoco.
En la lucha contra la corrupción no creo que nadie pueda poner en duda el compromiso inquebrantable del Ministerio Fiscal frente a un fenómeno que socava los cimientos del Estado de derecho y la necesaria confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Son muchas las dificultades que presenta esta tarea, la complejidad de los hechos, la gran litigiosidad de estos procedimientos o los retrasos en su tramitación. A pesar de ello, la maquinaria judicial siempre termina por ofrecer una respuesta firme y rigurosa frente a quienes se aprovechan de su condición de servidores públicos para servirse a sí mismos. Por tanto, también debo destacar el trabajo realizado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción, por sus delegados territoriales y por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para intentar lograr estos objetivos, que no son otros que dar una adecuada respuesta institucional junto con la efectiva recuperación del dinero de todos.
En materia de lucha contra el terrorismo no se puede dejar de hacer una breve referencia a un hecho que tiene indudable relevancia para la convivencia en la sociedad española; la anunciada disolución de la organización terrorista ETA ha sido, sin duda, una buena noticia, pero esta confirmación de su derrota ha sido posible por la respuesta firme del Estado de derecho, en la que destaca también la tarea realizada, con un gran coste profesional y a veces hasta personal, por los miembros de la carrera fiscal y, singularmente, de los que desarrollan su labor en la Audiencia Nacional, en el País Vasco y Navarra. Una vez más hay que reafirmar nuestro compromiso con la aplicación de la ley como mejor forma de combatir el terrorismo; un fenómeno que superada la amenaza de ETA nos obliga a enfrentarnos a otras amenazas nuevas, como es el terrorismo asociado al fanatismo religioso, particularmente el yihadista que ocupa hoy en día gran parte de nuestros esfuerzos. Es un fenómeno complejo que reviste distintas formas y modalidades delictivas, y que se ve agravado por el uso de las redes sociales y unos entramados organizativos que dificultan su prueba. Estoy convencida de que un mejor y mayor conocimiento de esta problemática nos permitirá dar una adecuada respuesta a este desafío.
La aparentemente escasa incidencia de las figuras delictivas de odio no puede hacernos perder de vista su progresivo aumento y la particular gravedad desde la perspectiva del deterioro de los valores democráticos. Creo necesario realizar una adecuada ponderación entre el ejercicio de las libertades de opinión, información, expresión -incluida la cultural, la artística o humorística- y el carácter delictivo de aquellas conductas que por exceder abiertamente los límites de esos derechos, implican una incitación a la comisión de hechos discriminatorios o la humillación a las víctimas o la exaltación de sus autores, que como tales creo que deben ser consideradas intolerables en un Estado social y democrático de derecho, pero para ello estimo que puede ser aconsejable que desde la Fiscalía General del Estado se fije posición mediante una circular que unifique los criterios jurídicos y efectúe una ponderación proporcional en esta materia.
La moderna delincuencia también es cada vez más organizada y transnacional. Estas nuevas realidades nos obligan a adaptar nuestras estructuras organizativas y funcionales y, en este sentido, cobran una especial relevancia las unidades de cooperación internacional y de criminalidad informática por su carácter transversal e instrumental al servicio de toda la institución. En concreto, la materia de cooperación internacional me parece especialmente estratégica no sólo desde el plano funcional, sino como determinante del papel del Ministerio Fiscal a nivel nacional, internacional y, a mi juicio, también es un espejo de la ciudadanía española. Las fiscalías nacionales interconectadas, atacando coordinadamente el crimen organizado transnacional, son una garantía para contrarrestar las dificultades de las limitaciones jurisdiccionales en las fronteras que existen aún, y más para las autoridades judiciales que para los delincuentes.
En esta línea me propongo seguir con las guías de cooperación ya existentes en torno a tres grandes áreas de influencia en las que se centra nuestra labor. Creo de absoluto interés potenciar la confianza en las instituciones españolas por parte de nuestros colegas europeos. En términos estadísticos la cooperación con las autoridades europeas supone el 90% de las relaciones de asistencia internacional que sostenemos los magistrados y fiscales españoles. El segundo eje sería el euromediterráneo a través del proyecto EuroMed Justicia y la Cumbre de fiscales generales del área, que nos permite colaborar en áreas como el terrorismo, el tráfico ilegal de personas o la trata de seres humanos. Y en tercer lugar, la
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en la que España ostenta la Secretaría General desde el pasado mes de noviembre.
Y dentro del ámbito internacional, permítanme que me detenga en la Orden Europea de Investigación, que es uno de los mayores retos a los que se va a someter la fiscalía en fechas tan cercanas como el próximo martes, cuando entre en vigor la Ley 3/2018 aprobada por estas Cámaras. La fiscalía se sitúa en plano de igualdad con el resto de las fiscalías europeas, asumiendo un papel de gestión y ejecución de las órdenes de investigación que nos pone al mismo nivel que el resto de las fiscalías de nuestro entorno. Es un avance significativo en la superación del modelo actual. Además, créanme, el resto de países a veces no entiende cuál es nuestro sistema procesal, y en esta materia, en la de investigación, creo que con este instrumento normativo del que nos hemos dotado vamos a estar a la altura. Ahora bien, esta función ha de conllevar los recursos necesarios para asumirla con rigor y eficacia; nos jugamos mucho en estas nuevas competencias. Por ello debo agradecer a sus señorías la plasmación de estas necesidades en la disposición adicional de la ley mencionada. Me consta que ya se ha solicitado por Fiscalía General al Ministerio de Justicia un refuerzo de los medios personales con carácter de urgencia.
Para finalizar con la cooperación internacional quisiera hacer una breve referencia a la Fiscalía Europea, que se espera que empiece a funcionar a finales del año 2020, según el reglamento aprobado en el año 2017. Como saben, la Fiscalía Europea asumirá funciones de investigación desde nuestra escrupulosa autonomía, como ocurre en casi todos los países de nuestro entorno. Acostumbrar a la Administración de Justicia y a nuestra sociedad a la figura del fiscal investigador es a mi juicio enormemente importante. Contamos con muchos fiscales preparados, con experiencia y dispuestos a asumir el cargo de fiscal europeo. Esperamos que la formación de la lista de las tres personas que España debe ofrecer a finales de este año para la designación de un fiscal europeo representante de España, se realice con plena transparencia, previa convocatoria pública, y en una selección basada en méritos y capacidad. Así se lo pediremos al Ministerio de Justicia, ya que es la mejor garantía del funcionamiento de esta institución.
He mencionado una estrategia para los fiscales y una estrategia para los usuarios del sistema de justicia. Durante mi mandato, si finalmente resulto elegida, estos principios van a ir fundamentalmente destinados a las víctimas del delito, a las que ofreceremos una particular atención y acompañamiento. En este ámbito debemos llamar la atención sobre la necesidad de que las administraciones públicas doten e impulsen los medios de las oficinas de asistencia a las víctimas previstas en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito; la suscripción de los convenios oportunos para dar herramientas eficaces a la justicia restaurativa y fundamentalmente la mediación penal. Desde el profundo sentimiento de recuerdo de las víctimas de la silenciosa tragedia cotidiana que es la violencia de género, debemos hacer el máximo esfuerzo para visibilizar y prevenir este fenómeno, que tiene sin duda un tratamiento multidisciplinar que afecta no sólo al ámbito penal, sino al educativo, socioeconómico, sanitario o cultural. En este contexto el Ministerio Fiscal asume su parte en el compromiso de toda la sociedad para la lucha decidida contra esta forma de delincuencia, que ahonda en unos estereotipos machistas de dominación del hombre contra la mujer que son absolutamente incompatibles con un ejercicio de ciudadanía en el siglo XXI.
El relevante papel que juega el Ministerio Fiscal en materia de menores, en su doble faceta de protección y de reforma, nos ofrece una inmejorable perspectiva de los problemas y las inquietudes de quienes están llamados a recoger el testigo generacional. Para superar las dinámicas de violencia sexual y familiar que se aprecian en este terreno, se hace necesario que los recursos públicos estén orientados hacia la transmisión de una cultura sobre la conciencia de la intimidad, de la sexualidad y de la igualdad de la otra persona y de la dignidad por el mero hecho de serlo, que fomente una verdadera empatía como forma de resolución de los conflictos, y que permita a los adultos del mañana organizar la estructura social con base en los principios de libertad e igualdad que han permitido el desarrollo progresivo de la humanidad.
Considero un área prioritaria de intervención de la fiscalía la protección de colectivos especialmente vulnerables, entre ellos las personas de la tercera edad ingresadas en residencias o viviendo solas en sus domicilios. Es mi propósito, si llego a ser nombrada, establecer protocolos y convenios con instituciones que puedan aportarnos informaciones útiles para iniciar actuaciones en protección de nuestras personas mayores que lo necesiten. Igualmente pretendo prestar atención especial a los discapacitados, promoviendo la aplicación del Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad desde la perspectiva del complemento a su capacidad. Es preciso potenciar la Red de fiscales especialistas, su fortalecimiento será uno de mis objetivos primordiales para lo cual será necesario
también, permítanme que siga reivindicando, la ampliación de plantilla de los fiscales. Es imprescindible fomentar la colaboración con las demás instituciones en la materia. El legislador también tiene un reto para adaptar la legislación civil y procesal al Convenio de Nueva York.
La amplísima legislación que desde 2014 reconoce al fiscal en protección de consumidores y usuarios -saben ustedes que se atribuye al Ministerio Fiscal un amplio margen de actuación en este campo sin distinción entre acción individual y colectiva- exige potenciar también esta área. Es imposible una intervención generalizada en todo tipo de procedimientos, por lo que es necesario fijar las áreas prioritarias. Efectivamente, no sólo en los ámbitos civil y mercantil, sino también en el contencioso-administrativo o en el penal es mi propósito desplegar a tal efecto una red de fiscales de consumo, de acuerdo con la circular que se acaba de promover por Fiscalía General, profundizando en la especialización para ser más eficaces en la intervención en estos ámbitos y con especial atención a los consumidores vulnerables. Y vuelvo necesariamente a hacer hincapié en las personas mayores, que se han revelado especialmente vulnerables, como hemos comprobado en las cláusulas suelo o ante situaciones de desahucio. Quiero profundizar igualmente en la coordinación para asegurar la unidad de actuación, potenciando en esta área las funciones de los fiscales de sala delegados de los órdenes civil y contencioso- administrativo implicándoles en la materia.
La tercera área era la estrategia para los actores del sistema de justicia. En este eje estratégico la Fiscalía General mostrará una predisposición a la colaboración formulando propuestas desde la lealtad institucional y con el debido respeto a los ámbitos competenciales de cada uno, pero desde la exigencia ponderada y rigurosa de los medios necesarios. De esta forma las relaciones con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas vendrán determinadas por la defensa de la autonomía y, por ello, instaremos -ya lo he anticipado antes- la reforma del estatuto orgánico y un nuevo reglamento que nos permita mayores cotas de gestión en materia y situaciones, concursos y ascensos. Ya lo hemos logrado en materia de incompatibilidades y prohibiciones, pero nos gustaría avanzar en mayores cotas de gestión presupuestaria, desde luego siempre desde la transparencia y la debida dación de cuentas.
En el plano normativo soy una convencida de la necesidad de una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya al Ministerio Fiscal la dirección jurídica de la investigación penal. Soy consciente de la actual coyuntura parlamentaria y, en todo caso, ofrezco la institución para colaborar en promover el necesario consenso hacia un nuevo modelo de proceso penal, que contribuya a la superación de los defectos estructurales de nuestro sistema vigente. Pero en este punto quiero llamar la atención sobre la necesidad de un problema que, a mi juicio, no admite mayor dilación. Señorías, me refiero al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comprendo y comparto la necesidad de arbitrar mecanismos de aceleración del proceso, pero ello debe hacerse dentro del marco de una reforma coherente e integral de los mismos, que no dé lugar a espacios de impunidad y con los medios necesarios. Lo que no podré compartir es que se haga descansar exclusivamente en el Ministerio Fiscal la tarea de controlar la duración de un procedimiento que no dirige. Promoveré la derogación de este precepto -lo estoy haciendo desde este estrado ahora mismo- que aboca las investigaciones a un callejón sin salida; señorías, este artículo nos determina que el mero transcurso del plazo no supondrá el archivo del procedimiento, pero a la par no nos permite realizar ninguna diligencia de investigación. Cuando menos, promoveré una sustancial modificación del mismo para adecuarlo al rol vigente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este ámbito de los medios se hace necesario también un estudio serio y riguroso de la dotación, de la distribución territorial por categorías y de las cargas de trabajo de la actual plantilla de fiscales, para que nuestras necesidades se correspondan a los objetivos que desea la sociedad. Daré un impulso decidido al despliegue del nuevo modelo de Oficina Fiscal, que habrá de estar presente en las relaciones con las administraciones competentes. Desde luego el compromiso del Ministerio Fiscal siempre va a ser con la modernización de las estructuras organizativas y funcionales del Ministerio Fiscal y, particularmente, en el ámbito tecnológico. Seguiremos colaborando en el análisis, detección y propuestas de mejora, sin embargo, debo avanzar que considero necesario replantearse el modelo actualmente vigente de justicia digital. La organización y trabajo de las fiscalías se han visto alterados, ralentizándose el trabajo de los fiscales con perturbación del servicio y sin garantías suficientes de integridad o seguridad, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos vigente. Debemos apostar claramente por sistemas integrados de gestión procesal de juzgados y fiscalías que agilicen el registro y la tramitación, procurando optimizar los medios personales y materiales. Finalmente, promoveré el fortalecimiento de las relaciones
con el resto de actores del sistema de justicia, particularmente, no puede ser otra forma, con el Consejo General del Poder Judicial en todos aquellos temas en los que tengamos objetivos comunes, que son muchos.
Por ultimo, señorías, una estrategia para la sociedad. Como decía al inicio de mi exposición, siempre he sido partidaria de una política de puertas abiertas, con ese fiscal que va a los centros y conoce la realidad. Nuestra situación debe ser próxima y accesible para los profesionales y, desde luego, para los ciudadanos. En esta estrategia de apertura a la ciudadanía me propongo impulsar la aprobación definitiva de un código ético, concebido como un contrato con la sociedad. Es una indicación que nos exige el informe Greco, avanzando en él creo que lograremos un acercamiento a nuestros ciudadanos. Me propongo también impulsar la Oficina de atención ciudadana de la Fiscalía General del Estado y la divulgación de su doctrina reclamando una cabecera propia en el Boletín Oficial del Estado y a través de la web de la fiscalía. Creo que el Ministerio Fiscal debe continuar con una política propia y activa de comunicación, en la que todas nuestras decisiones pueden ser explicadas y explicables. Mi compromiso en este ámbito va más allá del mero cumplimiento del mandato legal del artículo cuarto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es una firme convicción basada en mi experiencia personal. Para ello creo necesario fortalecer el gabinete de comunicación de la Fiscalía General del Estado, impulsar la implantación de gabinetes similares en las fiscalías territoriales e incrementar nuestra presencia en las redes sociales. Este ejercicio de transparencia, señorías, se verá complementado no sólo con el tradicional instrumento de la presentación de la memoria anual, sino con un compromiso que asumo desde este primer momento, que es comparecer ante esta Cámara tantas veces como sea necesario, tantas veces como ustedes lo deseen. Me parece un principio elemental de quien, si finalmente soy nombrada, dirigirá una institución que está al servicio de los ciudadanos que ustedes representan. Para mí desde luego será un honor, como lo ha sido esta intervención que ahora finalizo agradeciéndoles su atención, sobre todo tras esta jornada tan exhaustiva que llevan ustedes, quedando a continuación a su disposición para todo aquello que quieran preguntarme.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Segarra. Le agradecemos la claridad y la síntesis con la que se ha expresado en su comparecencia.
A continuación, voy a dar la palabra a los grupos parlamentarios por orden de menor a mayor. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Segarra, buenas tardes. Soy Enric Bataller, diputado de Compromís y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto en esta Comisión. Como usted sabe, al principio de esta legislatura cuando el Gobierno planteó el relevo de doña Consuelo Madrigal, algunos diputados de esta Comisión planteamos la conveniencia de que la comparecencia del candidato a fiscal general del Estado no fuera simplemente un acto puramente protocolario que no tuviera ningún tipo de repercusión práctica, sino que de alguna manera fuera una especie de examen del que pudiéramos extraer unas conclusiones, hacerlas públicas y tuvieran alguna repercusión. Esta pretensión quedó en nada y es posible que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su redacción actual, no abra la puerta de ninguna manera a esto, pero en cualquier caso sería interesante que la opinión de los representantes de la soberanía nacional, de la ciudadanía, tuviera algún valor dirimente en el nombramiento. Dicho esto, como nosotros ahora lo que hacemos es escuchar sus intenciones, su manifestación de objetivos, sí quiero indicar que lo que usted ha expuesto me gusta mucho. Desde luego si su comparecencia aquí tuviera algún valor que nosotros debiéramos expresar, sería más que de notable de sobresaliente en cuanto a las intenciones, porque evidentemente no estamos haciendo un examen de sus conocimientos o merecimientos, algo que acredita sobradamente.
Usted ha indicado toda una serie de temas que van a ser objeto de su atención y que yo comparto. Ahora bien, como usted sabe, en los dos años que llevamos de legislatura el principal problema que ha tenido la Fiscalía General del Estado no ha sido tanto de dirección de sus actuaciones como de supuestas injerencias del Poder Ejecutivo en su labor y las consecuencias que de ello se han derivado. Nosotros esperamos y confiamos -confío plenamente- en que esta situación quede ya cerrada o soslayada. Se ha referido a algunas cuestiones que me preocupan sobremanera. Estoy de acuerdo en combatir decididamente la violencia de género, y la fiscalía tiene un papel muy muy importante. Le agradezco esta referencia y en relación con ello tenemos también el problema de la explotación laboral, cuyas víctimas en muchos sectores son especialmente las mujeres, por ejemplo, en el mundo rural, en el servicio doméstico.
Y luego hay otras actividades en las que se dan muchas situaciones donde se combinan el abuso laboral y el abuso por razones de género. En esta cuestión también estaremos muy vigilantes con la labor de la fiscalía.
Nos preocupa igualmente la lucha contra la corrupción. Por desgracia, es una cuestión sobre la que aquí seguimos trabajando mucho y miraremos si realmente está realizando su tarea. Yo confío en que no se pueda decir de usted que es una fiscal que hacina cosas en algunos ministerios, esperemos que esto quede superado. En cuanto a los delitos de odio, sí le diré que me gustaría que esta circular, que usted ha anunciado que le gustaría promulgar, tuviera unos criterios de ponderación verdaderamente justificados. Nuestra formación opta por la supresión del artículo 525 del Código Penal y de otros artículos relacionados, porque nos parece que inciden en demasía en la libertad de expresión en defensa de otros bienes jurídicos que deberían ponderarse mejor. En los delitos de odio podremos ver si realmente hay un criterio o rasero congruente con las exigencias de un moderno Estado de derecho. También es importante -no sé si usted ha hecho alusión a ello- el trabajo respecto a la protección del medio ambiente. Aunque ya sabemos que el Derecho Penal es la última ratio tuitiva, entendemos que en la situación actual la Fiscalía de Medio Ambiente debe tener un especial cuidado en la protección de los intereses generales.
Le agradezco igualmente que haya hecho mucha alusión a la existencia de la brecha de género dentro de la fiscalía. Hace escasos días comparecía ante nosotros el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el señor Lesmes, al que hice algunas consideraciones sobre los datos del Poder Judicial -prácticamente coincidentes con los que usted ha enunciado- respecto a la disparidad entre hombres y mujeres en la carrera fiscal, y me pareció que era una cuestión que no le suscitaba una gran preocupación. Agradezco que usted lo haya expuesto, y espero que sea objeto de su atención porque esta brecha existe y frustra realmente las expectativas profesionales.
Para concluir mi intervención -se lo digo sin ninguna acritud y para introducir una nota más distendida- sí le daría un consejo: por favor, no cite a Macanaz como antecesor suyo. Melchor Rafael de Macanaz fue un fiscal del Estado nombrado políticamente por Felipe V como premio por su trabajo como juez de confiscaciones en Valencia, cuando tuvimos la ocupación castellana en la Guerra de Sucesión. Como somos un país plural, hay ejemplos de la historia que a lo mejor convendría olvidar. Por lo demás, le doy las gracias por su exposición, confío en sus objetivos y en su buena voluntad y le deseo lo mejor.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bataller, siempre se ajusta a los tiempos.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora candidata a fiscal general del Estado. De hecho, podríamos dirigirnos a usted como nueva fiscal general del Estado porque si no es por causa de fuerza mayor, Dios mediante usted será nombrada en el cargo. Por tanto, le voy a plantear cuáles son nuestras inquietudes, que usted se puede imaginar. Le tengo que decir que después de haber escuchado atentamente su intervención, me ha causado un cierto estupor que utilice la palabra desafío independentista, como si usted fuese un periodista de un periódico del Estado español. Es decir, ha equiparado el desafío independentista con el desafío terrorista y pienso, señora fiscal, que hay un trecho enorme y usted lo sabe. Creo que ha sufrido una intoxicación periodística y me inquieta que la fiscal general del Estado utilice esta palabra porque, en todo caso, las reivindicaciones democráticas de más de dos millones de catalanes nunca pueden ser entendidas como un desafío, y mucho menos por la persona que tiene que erigirse como garante del interés general y de la defensa de las libertades y derechos fundamentales.
A raíz de esto, como estoy de acuerdo con usted en el sano funcionamiento de la ley, es importante, y en que la justicia sea igual para todos, le quería comentar que para muchísimos catalanes no se pasará página con el día 1 de octubre de 2017 porque formará parte para siempre de nuestra historia; tampoco se pasará página en el Estado español porque siempre formará parte de su propia historia. Y no podremos pasar página hasta que el Estado reconozca la brutalidad con que actuaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra su propia población, de forma gratuita, desproporcionada y brutal. Por cierto, esta actuación sí está tipificada penalmente. Habría que conjurarse para que esto nunca más pudiese volver a pasar. Al hilo de eso y del sano funcionamiento y el amparo del fiscal general a todos los ciudadanos, le pregunto: ¿Piensa la nueva fiscal general abrir una investigación sobre los hechos del 1 de octubre en relación con la brutalidad policial para dirimir si la hubo o no la hubo? En otro orden de cosas, usted sabe que la celebración de un referéndum no está penalizada; al contrario, se despenalizó
recientemente. Y nos gustaría saber si con esta nueva fiscal general del Estado y en defensa del interés público y de los derechos y libertades, la fiscalía va a dejar de obstaculizar la tramitación de las denuncias presentadas por múltiples ciudadanos en Cataluña contra los hechos del 1 de octubre, que hoy en día no se están tramitando en los juzgados catalanes. Queremos conocer cuál va a ser la acción en este sentido de la nueva fiscal general.
Tercer punto, el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, recientemente dijo textualmente que había que actualizar el delito de rebelión para adecuarlo a la España del siglo XXI, hecho que hoy también ha reconocido la nueva ministra de Justicia. Esto es tanto como decir que no se cumplen los requisitos que hoy en día deberían darse para poder considerar el delito de rebelión como tal y, por tanto, que no concurren los elementos del tipo para calificarlo de rebelión. De hecho, así lo están reconociendo tribunales europeos, en Alemania, en Suiza, en Escocia y en Bélgica. Por tanto, hoy tenemos presos privados de libertad, sin juicio, sin sentencia, por unos delitos que no han cometido porque el propio presidente del Gobierno dice que habría que actualizar este delito de rebelión. Hasta que no se acometa esta eventual reforma para hacer un código penal de autor y tipificar el delito de rebelión, ¿tiene previsto la fiscal general del Estado retirar los cargos por rebelión o sedición por los que se persigue actualmente a los presos políticos? ¿Va a solicitar su excarcelación inmediata hasta que no exista una sentencia firme, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de La Manada en el proceso que se está siguiendo en el Tribunal Supremo, después de haber tenido un juicio justo con todas las garantías y con una sentencia? Señora fiscal, los políticos del bloque del artículo 155, en opinión de esta portavoz, retuercen la realidad para adaptarla a su discurso, pero usted no tiene ninguna necesidad de hacerlo porque es la fiscal general del Estado. Los políticos en el exilio huyen, sí, pero huyen de la injusticia que se percibe en España, que hoy es un país en el que, a nuestro modo de ver, se persigue por delitos políticos, como se está contrastando. Dígame, ¿va a modificar la calificación del escrito de acusación para dejar de perseguir estos delitos que no existen y a solicitar -le reitero la pregunta- la inmediata liberación de los presos? Si como ha dicho la ministra esta mañana, el fiscal general es completamente autónomo del Gobierno, ahora usted tendrá la oportunidad de demostrar esa autonomía de la fiscalía.
Para concluir, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -los Jordis- están encarcelados porque se les imputa violencia el día 20 de septiembre por montarse y haber destrozado -supuestamente- un vehículo de la Guardia Civil; un vehículo que previamente fue utilizado por miembros de la prensa y por los ciudadanos que, por tanto, ya causaron daños a este vehículo. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se subieron al vehículo para pedir la disolución de la manifestación. Hay un video que se acaba de elaborar que lo demuestra. ¿Va a tomar en consideración la fiscal esta nueva prueba documental? Usted tiene la posibilidad de determinar si es verídico o no porque hay pruebas que puede practicar que lo van a determinar. En cualquier caso, ¿va a intentar descubrir la verdad de por qué los líderes independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, hoy están falsamente imputados por un delito que lleva aparejada violencia sin haberla cometido en ningún momento? Señora fiscal, el reto que tiene por delante no es menor; como ya le sucedió a sus antecesores, tiene una grave crisis territorial en España que el Gobierno ha sido incapaz de afrontar. Se ha judicializado una cuestión que es política y se ha manipulado el Código Penal para adaptarlo a unas circunstancias inexistentes. ¿Qué va a hacer la señora fiscal general del Estado ante esta circunstancia?
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, señora presidenta.
Lo primero es felicitar a la señora Segarra por su currículum y su trayectoria en la carrera fiscal y destacar su cariz progresista en contraposición a sus predecesores. Muchas gracias por su intervención, por comparecer y prestarnos sus conocimientos, y por esta declaración de intenciones tan amplia y a la vez concreta y contundente. Quería comentarle algunos aspectos, los anteriores fiscales generales y el actual en funciones, el señor Sánchez Melgar, han tomado una línea de acción muy continuista y muy dura siguiendo los pasos del señor Maza. ¿Cree usted que es la hora de un cambio de rumbo? ¿Cree usted también que los problemas políticos se resuelven con soluciones políticas y no a través de la vía judicial? Desde nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana nos preocupa la dirección que ha tomado en los últimos años la Fiscalía General del Estado que, como ha dicho mi compañero de Compromis, ha
tenido muchas injerencias sobre las funciones del Ejecutivo. En ese sentido, queremos destacar la necesidad de una fiscalía que realmente actúe para la defensa del interés general y de los derechos y libertades de toda la ciudadanía, independientemente de su origen, clase o ideología.
Queremos incidir también en la oportunidad de enmendar el pasado y de mostrar que la Fiscalía General del Estado se toma en serio su función de veladora de los derechos fundamentales y que tiene la voluntad de investigar la vulneración de dichos derechos que se han producido a raíz de septiembre de 2017 hasta el día de hoy en Cataluña. ¿Usted tiene la voluntad de reparar esta situación?
Nos alivia comprobar que el Consejo de Ministros ha propuesto como fiscal general del Estado a una persona con voluntad de cambio y de defensa del interés general, profundamente comprometida con la lucha contra la violencia contra la mujer, la defensa de los derechos de colectivos tan vulnerables como son los menores de edad y la persecución de la corrupción.
Desde Esquerra Republicana estamos convencidos de que será el inicio de una nueva etapa. En ese sentido le expongo algunas de las muchas cuestiones que seguramente tendremos el placer de tratar y hablar. La primera es sobre la sentencia de todos ya conocidos como el caso de La Manada, han florecido otros casos también de abusos y agresiones sexuales contra mujeres. La violación en grupo por la autodenominada nueva Manada en las Islas Canarias. La violación múltiple de una menor en Palamós o la violación múltiple de una mujer en Molins de Rei. Necesitamos un ministerio fiscal que persiga a los agresores y nos defienda, sin impunidad. ¿Qué opina usted sobre estos casos? ¿La Fiscalía General del Estado promoverá un cambio en este sentido y el endurecimiento de las penas por este tipo de delitos?
La segunda cuestión, la llegada de emigrantes menores no acompañados, su indefensión, la discriminación y la vulneración de su presunción de menoría de edad. Solo en Cataluña están llegando entre 20 y 40 menores no acompañados diariamente. En autobuses que provienen de Andalucía. Durante 2017 en el conjunto de España llegaron 2500 menores, lo que representa el 14 % del total de migrantes. Esto es un 60 % más que en 2016. El actual sistema de acogida les expulsa. Según distintas organizaciones como Save the Children o la Fundación Raíces han denunciado en distintas ocasiones la actuación más que cuestionable de la fiscalía al someter a los menores a pruebas de edad humillantes y denigrantes como son los desnudos integrales. ¿Piensa tomar usted medidas en este asunto? ¿Tiene la voluntad de poner fin a esta violación sistemática de los derechos fundamentales de los menores y ofrecerles de una vez la atención y la protección que se merecen? ¿Qué opina sobre el protocolo marco de menores no acompañados?
El Govern de la Generalitat ha aprobado recientemente un fondo de contingencia de más de 10 millones de euros para asistir a los más de 3000 menores migrantes que llegan a Cataluña a lo largo del 2018. Es una cifra que pongo sobre la mesa.
Por último, no puedo cerrar mi intervención sobre el tema de Cataluña, que usted ha avanzado en esta cuestión. Están en tramitación, como usted ya sabe, tres procedimientos penales. Ante la Sala II del Tribunal Supremo, ante la Audiencia Nacional y ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La cuestión que ahora mismo nos suscita más urgencia es la cuestión en el Tribunal Supremo. Está a punto de terminar la fase de instrucción, a punto de iniciarse la fase intermedia, en la que la Fiscalía General del Estado tiene un papel muy importante, porque es en ese momento, como sabrá como jurista, si decide solicitar la apertura del juicio oral y ver la calificación y acusación o el sobreseimiento del proceso. Consideramos que la puesta en libertad de los presos políticos o el traslado de estos a cárceles catalanas para que estén cerca de sus familias y sus seres queridos, ya que en pleno siglo XXI no se sustenta la justificación para el alejamiento de los mismos. Como usted sabrá es un derecho que se contempla en la Ley Penitenciaria. Nuestros políticos y representantes como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, así como algunos de los cantantes están siendo encarcelados por su ideología y sus pensamientos y no por sus actos. Como usted también sabrá el delito de rebelión, el tipo penal exige el uso de la violencia, no ha existido y de las pruebas practicadas y así se demuestra además públicamente que no ha existido nunca esa violencia física, por tanto, no se sustenta la acusación respecto a este tipo penal. Cataluña se alzó en un acto de desobediencia civil de forma democrática y pacífica. Desde nuestro grupo parlamentario reivindicamos y pedimos la libertad de nuestros presos políticos, haciendo valer el cumplimiento y el principio fundamental a la presunción de inocencia.
Por último, ¿cómo afrontará la fiscalía la cuestión catalana?, ¿apoya usted la tesis de sus predecesores?, ¿cree que se ha producir un delito de rebelión? Le rogamos que finalice con la sistemática judicialización de la política y, al mismo tiempo, la politización de la justicia para garantizar la independencia
de los poderes que conforman el Estado español. Le deseamos mucha suerte y muchos aciertos en su nueva etapa. Muchas gracias.
A continuación por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías, buenas tardes, señora Segarra, gracias por comparecer aquí hoy. A nosotros nos gustaría sumarnos en primer lugar al reconocimiento que usted ha hecho de los fiscales y de las fiscales que trabajan cada día en Cataluña conocedores perfectamente de la difícil situación o condición en que realizan su trabajo en estos últimos tiempos. Diría que ha sido usted muy comedida al hablar de desafío independentista. Nosotros utilizamos otra terminología que no viene al caso y que no voy a reproducir, porque es el objeto de la comparecencia de hoy. Simplemente es sumarnos a ese reconocimiento. No vamos a cuestionar sus méritos, su capacidad ni su idoneidad. Muy al contrario, valoramos muy positivamente su currículum, pero sí nos gustaría recabar su opinión acerca de algunas consideraciones que nos interesa.
Seguramente usted sabrá que Ciudadanos presentó una proposición de ley el año pasado sobre la que nos gustaría conocer su opinión, como ya digo. Esta ley tenía por objeto reformar el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Ha dicho usted hoy que hay que superar la apariencia de parcialidad que persigue a la fiscalía. Nosotros proponíamos algunas medidas al respecto. Entre estas medidas proponíamos que la duración del cargo del Fiscal General del Estado se ampliara a seis años y se suprimiese su cese automático con el cese del Gobierno. Proponíamos igualmente que para acceder al cargo de Fiscal General del Estado se exigiesen veinticinco años de ejercicio profesional en lugar de los quince como sucede hasta ahora, así como no haber desempeñado cargo público o de carácter electivo en los últimos diez años. Cumple usted, por ejemplo, el requisito de los veinticinco años, a pesar de su juventud debo decir. Proponíamos también que el nombramiento del candidato propuesto por el Gobierno fuese ratificado por una mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso previa esta comparecencia. Proponíamos también que la causa de cese del Fiscal General del Estado estuviese vinculada al incumplimiento de sus obligaciones o de los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad. Proponíamos también que se reforzase la pluralidad y representatividad del Consejo Fiscal, para que pudiese actuar como un elemento de equilibrio o contrapeso a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Como sabrá esa proposición de ley fue rechazada en esta Cámara por la acción conjunta del Partido Socialista y del Partido Popular. A nosotros nos gustaría conocer cuál es su valoración de esas medidas y si considera que son positivas, por qué razón, o si considera que no lo son, por qué razones. Muy particularmente si considera que estas medidas o algunas parecidas deberían adoptarse antes de que nos planteemos traspasar la instrucción de los jueces a manos del ministerio fiscal. Nos interesa mucho su opinión. Usted va a ser la próxima fiscal general del Estado. De hecho otros fiscales generales del Estado ya se han pronunciado al respecto. Precisamente el que era el fiscal general hasta hace una semana, don Julián Sánchez Melgar, durante su comparecencia en relación con su propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado expresó lo siguiente. Dijo: Es sustancial a mi juicio la autonomía e imparcialidad del ministerio fiscal, porque precisamente en eso radica su prestigio. Nunca lo alcanzarán al fiscal general del Estado que no ejerza una rigurosa independencia del Gobierno que ha propuesto su nombramiento. Las asociaciones profesionales de fiscales también parecen haberse pronunciado en parecido sentido. Todas las asociaciones coincidieron en que era necesario reformar el sistema de elección del fiscal general, entre otras medidas durante su comparecencia en la subcomisión para el estudio y una estrategia nacional de justicia. El representante de la asociación profesional independiente de fiscales dijo: Claro que hay que hacer reforma, en cuanto a la designación del fiscal general del Estado yo lo he dicho, yo apuntaba, que sin necesidad de modificar el artículo 124 el propuesto contara con la confianza de al menos de dos tercios del Congreso. Por su parte, el representante de la Unión Progresista de Fiscales que usted conoce bien se pronunció de la manera siguiente: En cuanto al Consejo Fiscal me ha encantado lo que ha dicho el Grupo Ciudadanos, el Consejo Fiscal es el órgano de representación de todos los asociados, de todos los fiscales, no solamente de los que estamos asociados. Porque por razones equis unos se asocian y otros no. Pero ese órgano de representación tiene que pensar y velar por el interés de todos, de todos los fiscales. Esto es a grandes rasgos lo que nosotros proponíamos en nuestra proposición de ley antes de que, como ya he dicho, fuera rechazada por el Grupo Socialista y el Grupo Popular. ¿Está usted de acuerdo con lo que manifestaban las asociaciones de fiscales, considera deseable reformar el
sistema de elección o del nombramiento del cargo que usted va a ocupar precisamente para superar esa apariencia de parcialidad que usted mencionaba en su intervención? Incluso la actual ministra de Justicia, doña Dolores Delgado, también parecía estar de acuerdo hace unos meses.
Le voy a citar un artículo publicado en un periódico de fecha 19 de marzo de 2018 en la que ella expresaba: Llevamos muchos años reclamando algo básico que es la independencia de la fiscalía y la autonomía de todos los profesionales que la componen. No se puede renunciar nunca a la autonomía de la carrera fiscal ni a la transparencia. Parece que a la vista de su nombramiento podría pensarse que la ministra de Justicia después de llegar al Gobierno ha cambiado de opinión. Nosotros no queremos hacer casus belli de su relación con la ministra como sabrá ya que ha hecho el Grupo Popular esta mañana durante la sesión de control. Debo decir que en mi opinión con muy poca elegancia. Pero sí queremos significarle que cuando menos pudiese que perjudica la imagen del ministerio fiscal, que la imagen del ministerio fiscal se podría ver perjudicada. Como digo, goza usted de nuestra completa aprobación en cuanto a sus méritos, su capacidad y su idoneidad para ocupar el cargo y, por supuesto, goza usted del beneficio de la duda que tradicionalmente este grupo en estas comparecencias concede siempre a la persona propuesta para ocupar el cargo de la Fiscalía General del Estado en lo que va a ser su futuro proceder. Nos gustaría también conocer su opinión acerca de unas declaraciones que se produjeron el pasado viernes 25 de junio por parte de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, la señora Celaá, cuando en relación al auto de libertad provisional del caso de La Manada dijo: El Gobierno esta mañana ha tomado el compromiso de estudiar que nuestro servicio jurídico del Estado se persone como parte en defensa de las víctimas. ¿Considera usted oportunas estas declaraciones? Teniendo en cuenta que no solo es la ministra de Educación, sino que además es la portavoz del Gobierno. Conocemos lo que sí dijo la Fiscalía General del Estado que no voy a reiterar aquí, porque seguramente lo conoce usted. Vino a decir que la defensa y tutela de las víctimas está garantizada por la intervención del ministerio fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia por mandato constitucional y estatutario. Muchas gracias por su comparecencia. Quiero decirle que valoramos positivamente, como han hecho otros grupos en su intervención, muchas de las medidas que ha manifestado que se propone adoptar, muy especialmente esa protección de los colectivos vulnerables, de la tercera edad, y de las personas con discapacidad a las que ha hecho referencia, ese plan de formación, ese plan de igualdad, especialmente si presta atención a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar. Ojalá implemente usted esos servicios de atención a las víctimas que están en marcha desde 1995 sin que hasta la fecha hayan tenido éxito. Estaban previstos en una regulación legal bastante añeja. Le agradecemos, por supuesto, la valoración positiva que ha hecho de la enmienda que presentó el Grupo Parlamentario de Ciudadanos a los Presupuestos Generales del Estado para mejorar los medios materiales y humanos de la fiscalía y, en concreto, para poder asumir esas nuevas competencias que les confiere la orden europea de investigación. Muchas gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea van a compartir su tiempo los portavoces Santos Itoiz y Moya Matas.
Buenas tardes, señora Segarra, me perdonará la concisión y la brevedad con la que le formularé algunas preguntas. Le agradezco el respeto a esta Cámara en relación con la idoneidad. Hemos examinado ese currículum que usted nos ha mandado, la capacidad se le supone y acrecentar sus méritos es cosa suya y aquí estaremos de una u otra manera para plantearle estas cuestiones que son las que preocupan a nuestro grupo y son las que queremos compartir de manera sucinta y esperamos que tengamos capacidad de ampliar ese diálogo. En primer lugar, cabe considerar que usted no llega en una página en blanco, sino que hay una sucesión de situaciones del ministerio fiscal que hace que nos preocupemos por la independencia del mismo. En ese sentido nuestro grupo planteó una reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal en el sentido de desanclar de una forma u otra el nombramiento del ministerio fiscal del mandato del Gobierno. Usted misma ha dicho que no puede olvidar que está en mitad de una legislatura. A nosotros nos hubiera gustado que toda la melodía de lo que usted ha planteado, que ciertamente es ambicioso y en alguna parte podemos compartir bastante, pudiera haber sido desarrollado con independencia del Gobierno que en un momento determinado le proponga. Quisiéramos pedirle su opinión a ese respecto al papel que tiene que tener el Consejo Fiscal, la prohibición de instrucción de no proceder o la obligación de motivar por escrito y con publicidad la instrucción que el Gobierno dé, en su
caso, a la Fiscalía General del Estado, lo cual redundaría en la transparencia que usted dice defender y que nosotros apoyamos.
Partiendo de ahí, vamos a entrar en asuntos un poco más concretos como sería el tema de la justicia digital, nos preocupa mucho, somos conocedores de que mucha parte de la profesión no está de acuerdo y que hay un error de base de concepción en este asunto y hasta ahora no se ha cuestionado siquiera la implantación que ha hecho el ministerio y quisiéramos saber su opinión o si tiene usted alguna intención de paralizar el plan de implantación como solicitó el Consejo Fiscal el 1 de diciembre.
En materia de violencia de género, España ratificó el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Es mucho más que la violencia contra sentimental, podríamos calificarla de violencia machista. Quisiéramos que nos detallara si tiene usted algún plan de implantación de este convenio que tiene previsto la fiscalía en esta materia. Así como creemos también que tenemos que ir progresivamente pasando de una justicia exclusivamente punitiva a una justicia más protectora. En ese sentido, le pediríamos los planes que tiene usted para la implantación del ministerio fiscal en relación con el estatuto de las víctimas del delito, la Ley 4/2015. En el sentido de ir fijando mucho más la materia penal en la protección de las víctimas más que en el agresor. En esta misma línea le pediríamos cuál es su opinión sobre la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa en el ámbito penal y si en su opinión es necesario algún desarrollo de tipo legislativo o qué medidas desde la fiscalía se podrían hacer para potenciar este mecanismo que ha funcionado aquí y en otros países, como supongo es conocedora.
Partiendo de ese tema también pediríamos su opinión sobre la prisión perpetua, como no puede ser de otra manera y si es necesaria y eficaz para la prevención de delitos. Nos preocupa también el aumento de casos de siniestralidad laboral. Creemos que responde a un modelo de sociedad en la cual se ha precarizado cada vez más el trabajo y en la cual hay empresas o empleadores que se están saltando las medidas de protección, alguna de las cuales constituyen delito. Quisiéramos saber sus planes para la adecuada persecución de estos posibles delitos.
Por otra parte, como es público y notorio y repetimos, creemos que vivimos en una situación de emergencia en materia de derechos civiles en la cual hasta ahora la fiscalía no ha salido bien parada. Celebramos que usted haya dicho que quiere hacer una circular para establecer la adecuada ponderación. La pregunta es qué medidas o instrucciones concretas piensa usted adoptar para que la actuación del ministerio público sea adecuada a esa ponderación y no entremos en una restricción de un asunto tal delicado como son derechos fundamentales.
Ya se ha comentado, también, por algún otro portavoz, la definición de delitos de odio que tiene el ministerio, que no es exclusivamente la penal y que está sirviendo para la ampliación de determinados tipo de una manera populista y demagógica y que amplia la aplicación de delitos de odio no ya a las víctimas más vulnerables, sino a la expresión de un sentimiento. Lo cual entendemos que no puede tener cabida en el derecho penal y así mismo le solicitamos su opinión sobre este asunto.
Algún tema muy concreto, alguna cuestión relativa a la protección de derechos humanos. No somos de los países más condenados por temas de derechos humanos, pero sí en algunos temas como la no investigación de torturas y recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dado un varapalo en este sentido.
Por último, dos cuestiones muy rápidas. Su opinión sobre la acusación popular y su papel, sobre todo en la persecución de delitos de corrupción y otro tema sería de las fiscalías de vigilancia penitenciaria teniendo en cuenta que el último informe de la Comisión para la prevención de tortura en el Consejo de Europa ha establecido que los juzgados de vigilancia penitenciaria son meras autoridades refrendadoras de la actuación de la administración penitenciaria. Que es una frase bastante dura. Quisiéramos saber el papel de la fiscalía y si usted va a reforzar o tiene datos estadísticos de cuántas veces las fiscalías de vigilancia pura y simplemente ratifican o van en la línea de la Administración Penitenciaria o como usted ha dicho hay un fiscal proactivo que va a investigar estos hechos para que el derecho no se sitúe una vez más en las puertas de las prisiones. Dicho lo cual dejo ya la palabra.
La señora PRESIDENTA: Señor Moya.
El señor MOYA MATAS: Gracias.
Intervengo muy brevemente para centrar mi intervención en lo que usted, señora Segarra ha venido a denominar desafío independentista, que ya le digo también coincidiendo con distintos portavoces que me han precedido que es una denominación que entendemos que es profundamente desafortunada. Hablar
del tema del desafío independentista nos disgusta y no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo desde un criterio diametralmente opuesto al criterio que tienen los compañeros de Ciudadanos.
También le quisiéramos plantear sobre la mesa el grave problema de la judicialización de la política. Esa pretensión de instrumentalizar que estamos viendo desde los poderes políticos, de instrumentalizar la justicia, resolver en los estrados lo que debería de centrarse en una mesa de negociación de diálogo político. Sin duda usted, señora Segarra, habrá oído hablar de lo que en los medios de comunicación se denomina la brigada Aranzadi. Esa es una expresión forjada a partir de una ocurrencia que en un debate tuvo el padre de la Constitución Rodríguez de Miñón y que vino a referir a ciertos aparatos jurídicos y judiciales del Estado lanzados a sofocar movimientos soberanistas independentistas catalanes desde aproximadamente la consulta de noviembre de 2014. Aquí quisiéramos saber sus criterios en tres aspectos que inciden en esta materia. Estamos convencidos que usted no se disolverá dentro de esta mal llamada brigada Aranzadi y que intervendrá con unos criterios propios para tener el protagonismo que la ley le establece en los procesos en concreto sobre el encarcelamiento de miembros del antiguo Govern de Cataluña, de la Mesa del Parlament y de diversos líderes sociales del independentismo y el soberanismo catalán que ciertamente nosotros consideramos junto con otras fuerzas que son, por las circunstancias peculiares del caso, considerados presos políticos.
En primer lugar, las imputaciones realizadas. Las imputaciones realizadas desde la Fiscalía General del Estado esa tipificación de las actuaciones como delitos de rebelión y sedición a partir de un informe de la Guardia Civil que viene a acreditar una violencia que tenemos que nunca existió y que ha justificado una interpretación extensiva de los tipos de rebelión y sedición, que entendemos que son en todo caso desajustados a los auténticos hechos que se les imputan y que desde esa defensa a la legalidad que usted ha defendido en su intervención sin duda debería retirarse las acusaciones.
Quisiéramos saber su criterio en este sentido, sobre todo también a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional, en defensa de la libertad de expresión y de las decisiones que hemos visto últimamente en la justicia alemana, en la justicia belga, que esta interpretación en su momento que parte de la fiscalía fue exageradamente extensiva de los tipos de rebelión y sedición.
En segundo lugar, quisiéramos preguntarle su criterio sobre la prisión preventiva, no solo en el caso catalán, sino en la denunciada internacionalmente del abuso de la prisión preventiva. Este automatismo que estamos viendo en el Estado español de la medida que debe ser extraordinaria y excepcional, que parte de una Ley de Enjuiciamiento Criminal, como sabe de una mezcla, imprecisa y anacrónica regulación que también se ha visto modificada por una serie de medidas legislativas introducidas básicamente por el Grupo Popular a lo largo y ancho de la razón de Estado en la lucha contra el terrorismo y también a la criminalización profunda de diversos movimientos de protesta social y de disidencia política.
Quisiéramos saber también a la luz del informe de la Asociación pro derechos humanos de España que señala que dos de cada tres en los cuales ha sido aplicada la prisión provisional acaban con la sentencia absolutoria. Considerando que el Estado español es uno de los Estados con menores tasas de delincuencia en la Unión Europea. Sin embargo con un porcentaje más alto de presos, quisiéramos saber si usted coincide con nosotros en que se está haciendo un abuso excesivo de la prisión preventiva.
También si entiende, como entendemos nosotros, que la prisión preventiva también causa un sufrimiento añadido, no solo a los acusados sino también a sus familias. Incluso si eso supone un ataque o una lesión a las estructuras del Estado de derecho y si en el caso de los presos del antiguo Govern de la Generalitat la fiscalía debería optar por medidas alternativas cautelares.
En tercer lugar, por último, también quisiéramos saber su criterio acerca del acercamiento de presos y presas a su entorno doméstico. Sabrá perfectamente que uno de cada cuatro presos en el Estado español se hayan alejados de su lugar de origen o residencia en su situación penitenciaria y que ello en no pocas ocasiones acaba convirtiéndose en un castigo penitenciario encubierto. Como usted sabrá el principio general de cumplimiento cerca de la familia, cerca del entorno doméstico, cerca de la defensa letrada, forma parte de los derechos penitenciarios y también sabrá que sin duda la decisión sobre el acercamiento está en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. También sabrá sin duda que la decisión sobre el acercamiento está en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Lo sabrá y sería necesario que lo tuvieran claro la ministra Batet y el ministro Grande-Marlaska, ello sin perjuicio del necesario informe del juez instructor sin duda alguna.
Nos gustaría saber su criterio respecto si es conveniente si se debería defender esta medida de acercamiento a su entorno doméstico, a su entorno familiar, de presos y presas, en este caso de presos catalanes del antiguo Govern, de la Mesa y de los líderes sociales, no solo en este caso, sino en otros
casos como los jóvenes de Altsasu en este terrible contraste que vemos respecto a los condenados en el caso de La Manada.
Por último, nos gustaría saber también su criterio respecto a una reivindicación que defendemos del necesario paso de las instituciones penitenciarias desde el Ministerio de Interior al Ministerio de Justicia equiparando con el régimen la mayoría de los Estados europeos. Gracias.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Campo,
El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora candidata al puesto de Fiscal General del Estado, permítame que mis primeras palabras, tiene que ser, porque ha sido unánime en el acontecer esta tarde, es para felicitarle en nombre de mi grupo parlamentario y saludarle. Dicho lo cual quiero expresarle que toda mi intervención va a estar clave y en términos políticos ajenos absolutamente al respeto y afecto personal que sabe que le tengo y espero que no sea en detrimento de su nombramiento. Le voy a decir una cosa. En su gesto agradable y cargado de buena intención de pedir la venia a la Presidenta de la Comisión ha producido una suerte de confusión en alguno de los portavoces que me ha precedido en el uso de la palabra, porque realmente han pensado que esto no es una sala del Congreso de los Diputados sino realmente un Tribunal de Justicia. He oído que le han pedido que retire la acusación, que ponga en libertad, que se proceda directamente ya no como fiscal, sino como tribunal para proceder a las absoluciones. Que reinterprete determinados tipos penales. Que analice videos para ver lo que ocurrió el 20 de septiembre y que valore manifestaciones. Tómelo como una cuestión propia, que sin duda no va a ir, como han dicho, en detrimento de la buena valoración de su currículum.
Es cierto, y en ocasiones como esta ya lo he expresado, sobre todo a los señores Maza y Sánchez Melgar, sin necesidad de entrar en el alcance del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que esta misma comparecencia supone un respeto a situaciones anteriores; también es verdad que los requisitos son mínimos, pues es jurista española de reconocido prestigio, con más de quince años de ejercicio. Aquí estamos -y es lo que creo que algunas veces se nos olvida, quizá por lo que ahora diré- para dar cumplimiento al artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para valorar sus méritos y su idoneidad; es decir, méritos como acción o conducta que hace a una persona digna de algo, en este caso de ostentar la máxima representación de la Fiscalía General del Estado, e idoneidad, que por esa trayectoria y por esos méritos que ha ido acumulando la hacen adecuada y apropiada para el puesto. Es verdad -lo he dicho en alguna comparecencia de este mismo tenor- que es una comparecencia antipática, porque es cierto, como hemos oído -y estoy de acuerdo con su apreciación-, que se ha avanzado, ya que de una forma o de otra intervienen los tres poderes del Estado: el Ejecutivo propone, el Consejo del Poder Judicial valora los requisitos formales, y desde la Comisión de Justicia se hace esa valoración de los méritos y la capacidad, pero también es verdad que pase lo que pase va a ser nombrada. Por eso, el deseo de los distintos portavoces, y el mío propio, es saber algo más. Conocemos sus méritos y su capacidad por su trayectoria, porque usted lo ha explicado con sumo detalle, y por tanto queremos conocer cuál va a ser la organización de un instrumento tan importante para el Estado de derecho como es la Fiscalía General del Estado, una estructura compleja, con tres mil fiscalas y fiscales, y que tiene una misión muy clara, que es promover la acción de la justicia. Evidentemente, hay unas formas de organizarse, porque al ser una estructura que se rige por los principios de unidad de acción e independencia jerárquica, puede haber, dentro del marco de legalidad, distintas orientaciones.
Mi grupo parlamentario espera rigor en su actuación y que el papel del ministerio fiscal se limite, como se expresa -y como usted decía hace un momento- en nuestro texto constitucional, a promover la acción de la justicia. Esta comparecencia tiene mucho de imagen, de dar a conocer a la persona que va a encarnar y a vivificar esa máxima representación de la Fiscalía General del Estado. Pero es mucho más, y de eso algo sabemos los jueces y los fiscales de este país, porque muchas veces la imagen nos complica la propia realidad.
Soy de los que piensa -y mi grupo parlamentario así lo ha expresado en no pocas ocasiones- que la suerte de la Fiscalía General del Estado y de la persona que ostente su máxima representación se asienta en dos pilares o, si quieren, en dos caras de la misma moneda: Por un lado, sin duda, sus relaciones con el Poder Ejecutivo; por otra parte, su capacidad para cumplir con su misión constitucional.
Se ha introducido por dos grupos parlamentarios el cuestionamiento de cómo se debe elegir al fiscal o a la fiscal general del Estado. Le digo que el Grupo Parlamentario Socialista, en unos debates muy
anteriores a la moción de censura -ahí están los Diarios de Sesiones-, se decantó por que el nombramiento constitucional, tal como viene en nuestro texto del año 1978, es el adecuado. ¿Por qué? Porque es el Gobierno el que dirige la política interior y exterior del Estado, y política interior es también todo lo que se refiere a la política criminal. Muy diferente es cómo deben actuar esos fiscales que, evidentemente, como hemos oído de todos -la primera de la propia fiscala en su línea de acción-, debe ser bajo el principio de unidad de acción e independencia jerárquica, pero con absoluta autonomía e independencia respecto del Gobierno, estableciéndose el vínculo que marca el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Siguiendo el mismo esquema que seguimos con los señores Sánchez Melgar y Maza, le puedo decir que ha respondido a muchas de estas cuestiones, porque nos ha dicho cómo piensa encauzar el ministerio fiscal -evidentemente habrá que esperar al ejercicio de la acción, pero ese es un hecho que será proyectivo y ahora mismo no podemos analizarlo-, cómo piensa ganar mayor autonomía orgánica y funcional. Nos agrada oír cómo, pese al principio de jerarquía normativa, quiere una dirección más técnica y más colegiada que, sin duda, va a fortalecer la unidad de acción. Nos gusta lo que hemos oído sobre potenciar el plano territorial de vertebración del ministerio fiscal, cómo piensa desplegar las unidades administrativas de apoyo.
Ha hablado de la Fiscalía europea. Mi grupo ha entendido que es una pena que creáramos la Fiscalía europea exclusivamente para defender los intereses financieros de la Unión, porque creemos que hoy la criminalidad es algo más que un ámbito fronterizo. Por tanto, era necesaria esa visión de promover la acción de la justicia en todo nuestro ámbito. Está previsto en el Tratado de la Unión y esperemos que se desarrolle.
Señora Segarra, sabe muy bien que su tarea y su función no van a ser fáciles. Tenemos un reto por encima de todos, que es quizá el de la revisión de nuestro proceso penal. Son tiempos malos. Existiendo, creo, un gran consenso sobre los pilares básicos, está la parte política en la que puede fallar, el momento de la legislatura, las mayorías, que nos puede llevar a tener que posponer esa macrorrealidad que no debería tener que esperar.
Sobre el papel, me han quedado algunas dudas del 324, aunque no en la teoría, que la comparto plenamente. Me ha parecido ver que pueden potenciarse las dificultades. La realidad es la que es, y no voy a explicar yo a la fiscal jefe de Sevilla cuáles son las realidades que tienen los fiscales en cada uno de sus partidos judiciales o de los juzgados que dependen de ellos para acabar pronto las instrucciones, pero trasladar el primer problema a otro colectivo creo que no sería la mejor manera de resolverlo. Por tanto, me ha gustado esa parte de congelar la aplicación del 324, vía derogación o la que determine el Parlamento, porque esa es tarea parlamentaria; me ha satisfecho su criterio. Nadie discute que las instrucciones deberían dudar lo menos posible, el problema está en lo que ocurre cuando no nos damos cuenta de que se nos pasan los meses. Ese es el gran caballo de batalla, el verdadero problema, y solo la solución que atienda a dicho problema dará satisfacción al sector de la justicia e impedirá la impunidad de los criminales.
Termino, señora candidata. No dude de que el Grupo Socialista le desea los mayores éxitos, no porque vayan a redundar en su persona, que también, sino porque redundarán en una ciudadanía que cada vez ve con más recelo a nuestra maltrecha justicia, y no es por culpa de los operadores, pero lo cierto es que algo pasa, porque nos reclaman una mejor y más rápida justicia.
Para finalizar el turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora Segarra. Bienvenida al Congreso. Nos encontramos hoy cumpliendo un trámite importante en este proceso de nombramiento de una muy relevante representante de un órgano constitucional del Estado español, de España. Por desgracia, en poco tiempo he tenido el honor y la responsabilidad de participar en este trámite demasiadas veces. Actuando en nombre de mi grupo parlamentario quiero decirle que siempre me va a encontrar en la misma postura, respetando el modelo constitucional, respetando al ministerio fiscal, respetando y reconociendo la función de los fiscales y su profesionalidad y trabajando para ayudar a mejorar la institución y su percepción por la ciudadanía.
Creo que en esta Cámara cada vez debemos reflexionar más hasta qué punto necesitamos dirigir nuestra acción política no solo hacia el respeto, desde la exigencia, sino también haciendo pedagogía en la sociedad sobre cómo funciona el sistema de justicia en España, sobre cómo en democracia nos dotamos de principios básicos y lo importante que resulta mantenerlos y mejorarlos.
Antes de continuar -me lo permitirán usted y la señora presidenta-, creo que es de justicia igualmente que aproveche este momento para dejar constancia, como hemos hecho siempre y en todos los casos, del reconocimiento del Grupo Parlamentario Popular al buen hacer del fiscal general saliente, señor Sánchez Melgar. Su corto paso por la Fiscalía General del Estado ha puesto de manifiesto su profesionalidad, su vocación de servicio público, desde la máxima imparcialidad y autonomía, y el compromiso por mejorar el funcionamiento del ministerio fiscal, y de la Fiscalía General del Estado en particular, en materia de transparencia, de reforzamiento de las funciones de comunicación, clara, inequívoca, tempestiva, y de los instrumentos de independencia en la toma de decisiones. Por eso también quiero mostrar mi satisfacción por haber escuchado muchas cosas que entran en sintonía y no en discordancia si uno escuchara solo a mis compañeros de la Comisión de Justicia.
Entraré en materia. Hemos analizado con detenimiento su currículum y su trayectoria profesional -además, para mí ha sido una alegría que en materia de derecho político cite al que fuera mi profesor-, así como el cumplimiento de los trámites preceptivos. Además, he seguido con mucho interés su intervención, en la que ha existido esa gran coincidencia de la que le hablaba hace un momento, incluso reconfortante, con algunos de sus antecesores más inmediatos. Por eso me permitirá que señale mi sorpresa, incluso el escalofrío -no solo por el frío que hace en la sala-, cuando la representante de Esquerra Republicana de Catalunya le da la enhorabuena por tener una ideología y no otra. Creo que no es un motivo de enhorabuena, sino de normalidad que podamos tener distintas ideologías, dentro del respeto y de un Estado democrático, y que todas ellas enriquezcan y que nos respetemos. No se puede valorar -como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista- más a una persona porque tenga una u otra inclinación ideológica, una u otra procedencia, cuando todas ellas son, si lo son, no cuando no lo son, de carácter respetuoso y democrático.
Me ha gustado su intervención porque pone de manifiesto algo que mi grupo ha venido defendiendo, y es que no es posible hacer política deformando lo que tenemos en cada momento, con una sobreactuación de las personas que ocupan una institución y la representan, porque indudablemente esto va en detrimento de la misma. Luego haré algunas consideraciones que quizá hagan parecer que soy incoherente, pero voy a tratar de hacerlo con todo el respeto y solo porque estamos, efectivamente, en un trámite de idoneidad y para que queden aclaradas en sede parlamentaria, que creo que es como debe hacerse.
Nada que objetar a su preparación, a su dedicación y a su conocimiento del ministerio fiscal o, como bien ha dicho en su intervención, del oficio, que permiten tener claro que reúne los requisitos y los méritos suficientes para cumplir las funciones del cargo para el que ha sido propuesta. Lo que diré dentro de unos segundos debe entenderse -se lo pido- al margen del respeto a esa profesionalidad, que es inamovible, y en ese plano político de exigencia de una transparencia que hoy piden los ciudadanos y que nos vemos obligados a trasladar los grupos políticos. Añadiría un dato que me permite afrontar este trámite -el suyo- con más seguridad, y es que usted -lo ha dicho antes, al desarrollar su currículum- fue nombrada fiscal jefe de Sevilla, la primera fiscal jefe de Andalucía, si no me fallan las notas, por el fiscal general del Estado, don Cándido Conde-Pumpido, pero fue renovada -usted ha dicho hasta dos veces- al menos una vez -que es en la que me quiero fijar para reforzar ese planteamiento positivo que pongo encima de la mesa- por la fiscal general Consuelo Madrigal, cuyo criterio tengo en alta estima, que fue propuesta por un Gobierno del Partido Popular, cuestión sobre la que luego volveré.
Es verdad que mi grupo ve con cierto desasosiego la propuesta. Creo que el señor Gómez Balsera no se refería a mí, puesto que no he intervenido. Voy a intentar que usted, si lo tiene a bien, desmienta ese desasosiego. En un momento en el que es tan importante trabajar por mejorar la percepción de los ciudadanos respecto a la institución del ministerio fiscal y su autonomía, es evidente que de usted dependerá que no solo sus palabras, las que ya ha dicho aquí en su intervención, sino sus acciones desmientan esa sensación que tenemos de estrecha y excesiva vinculación con el Gobierno proponente. Vamos a seguir su trabajo, primero su intervención y sus respuestas, con mucho interés. Creemos que con su intervención pueden desaparecer esos temores o ese desasosiego.
Tuve ocasión de decir a la ministra que, en principio, con su propuesta se había generado esa cierta desconfianza y se había perdido una gran ocasión de asumir un compromiso -sobre el que hemos
estado hablando y trabajando- para que en el futuro se pudiera mantener a un fiscal general del Estado que, a pesar de lo que se ha dicho, no pertenecía a ningún tipo de asociación, y que en su corta estancia ha sido valorado como una persona que defendía de manera implacable no solo la autonomía, que creo que es donde hay que colocarla, junto con la imparcialidad, del ministerio fiscal, sino la independencia y la absoluta desvinculación del Ministerio de Justicia. Es evidente que la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal le permite hacer lo que ha hecho, por tanto, no tenemos ninguna objeción, pero cuando la elección se hace con un diseño de Gobierno que surge en mitad de una legislatura, después de una moción de censura, seguro que comprenderá que existan malos entendidos, sobre todo cuando la decisión de este Gobierno parece, en algunos casos, sustituir a políticos por jueces y fiscales, por construir lo que he llamado, y volveré a llamar, una superfiscalía general por encima de la Fiscalía General en el Ministerio de Justicia y cuando se decide proponer a una compañera de asociación profesional, aparente amiga, en todo caso compañera de campaña electoral, con pocos guiños a otros profesionales del sector de la justicia. Es evidente que eso genera una apariencia que lleva a ese desasosiego. Apariencia, insisto, que no tiene por qué coincidir con la realidad. Por eso es tan importante que hoy en este trámite de idoneidad, estando de acuerdo en todo lo demás, me vea en la obligación de señalar que debe aclararnos un poco más cuál es su intención, de qué manera va a desarrollar esa jefatura, esas relaciones con un Gobierno y una ministra que en este caso pertenece al mismo cuerpo, a la misma asociación, que ha optado por nombrar a muchos fiscales a la hora de afrontar no la labor de la fiscalía, sino la de Gobierno y que, además, la propone a usted para ejercer como fiscal general del Estado.
Venimos de algunas polémicas que han abierto los grupos de oposición, en momentos en los que algunas apariencias, que no realidades, aunque en sus discursos las hayan convertido en realidades, eran mucho menos importantes que esta y, sin embargo, llegaron a machacar una y otra vez la tarea irreprochable del fiscal general del Estado, señor Maza, tanto en política de nombramientos, cuando quedó acreditado aquí, y está en el Diario de Sesiones del 1 de marzo de 2017, que esos nombramientos no solo no eran, como se decía, una purga en el caso de la fiscalía, sino que era fácilmente demostrable cómo se renovaba a los fiscales en sus puestos y cómo la mayor parte de ellos eran de la Unión Progresista de Fiscales. Por tanto, la apariencia que se quería dar por los grupos políticos era muy distinta de la realidad.
Hace muy poco -usted lo ha dicho- accedió por elección al Consejo Fiscal y quien fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, declaró: Los fiscales no somos un instrumento del ministerio ni una dirección general. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, y entiendo que usted suscribirá su opinión. Los fiscales -seguía diciendo- somos independientes y estas elecciones son distintas. Parecía que hasta ese momento todos los que mediante elecciones anteriores habían ocupado el Consejo Fiscal estaban en una posición distinta. Fíjese que su primer nombramiento como fiscal jefe se hace después de que en el Consejo Fiscal no fuera usted la más votada. Estoy convencida -y usted lo ha demostrado con su trayectoria- de que la decisión de Conde-Pumpido fue acertada, aunque no siguió los dictados de la votación del Consejo Fiscal. ¿Se imagina usted lo que hubiera ocurrido si eso lo hubiera hecho el fiscal Sánchez-Melgar o el fiscal Maza, después de todo lo que se ha dicho en esta Comisión de Justicia y fuera de ella? Es una manera de explicarle por qué a la vista de esta trayectoria es evidente que -con todo el respeto que estoy intentando demostrarle- tengo que decirle que esta es la sede para dejar meridianamente claro que esa apariencia no se corresponde con nada que tenga que hacernos seguir desconfiando, sino todo lo contrario, que por encima está la profesionalidad, que es indiscutible, y que junto a eso usted tiene un proyecto de jefatura de la fiscalía, parte del cual ha desarrollado, que es coincidente con el de otros fiscales generales del Estado, lo que permite avanzar, creo, en la política de la suma. Es necesario, y se lo agradecería, que lo aclare.
Plantearé algunas cuestiones para finalizar -lo haré muy rápido, señora presidenta-, y estoy de acuerdo en que muchos de los grupos han entrado en temas que nada tienen que ver, aunque a lo mejor yo también peco de hacer alguna pregunta que va más allá. ¿Qué piensa cuando ha asistido con sorpresa, como todos nosotros, a que la portavoz del Gobierno diga que el Gobierno se está planteando muy seriamente que pueda ser la Abogacía del Estado la que intervenga en los casos de delitos de abuso o agresión sexual? ¿Qué piensa usted de que un Gobierno, con un ministro investigado, haya anunciado -no lo ha hecho la fiscalía ni el juzgado correspondiente- que se iba a producir una desimputación -era lo que decían los medios-? ¿No cree que eso también ha ayudado a generar las dudas que deberíamos haber disipado absolutamente en este momento con su nombramiento? ¿Cree usted que será posible recuperar el crédito de la profesión -yo creo que no lo ha perdido, y me he cansado de defenderlo-
cuando se produce este planteamiento por parte del Gobierno que la propone a usted para este nombramiento?
Decía mi compañero el señor Campo el 5 de diciembre de 2017 que los ciudadanos más que nunca sienten una enorme desconfianza hacia el puesto y su relación con el Gobierno. Hoy, sin embargo, me ha sorprendido ver que todo son felicitaciones, quizá porque esa primera felicitación procede, supuestamente, de una asociación con otra ideología. Creo que usted puede hacer un grandísimo trabajo, que lo tenemos que hacer entre todos, más allá de las propuestas concretas, que son bienvenidas, entre la Fiscalía General y nosotros, es contribuir a ser mucho más generosos, porque debemos darnos cuenta de que hay personas propuestas por el Partido Popular y por el Partido Socialista que han sido extraordinarios profesionales. Seguramente usted también lo es y puede hacer muchas cosas por la fiscalía.
Le diré, además, que me ha gustado mucho que haya dicho que hay que normalizar el disentimiento interno y el artículo 27. Creo que Sánchez Melgar comenzó a trabajar en esa instrucción con el Consejo Fiscal en la línea de una estrategia nacional de justicia, que es en la que hemos trabajado en la subcomisión. Nosotros habíamos llegado a acuerdos para que las órdenes siempre fueran por escrito, para que el Consejo Fiscal fuera un verdadero órgano de equilibrio y para que los órganos colegiados tuvieran un sentido mucho más potente, si se me permite la expresión.
Me gustaría, para finalizar, conocer su opinión sobre esta sobreactuación en la crítica permanente, incorporando a ella la labor de los jueces y de los fiscales y valorando de distinta forma su actuación, dependiendo de si estamos ante procedimientos de políticos presos o en otros. También quisiera saber qué le parece, por ejemplo, lo que ha sucedido esta semana...
La señora PRESIDENTA: Le ruego que vaya concluyendo.
La señora MORO ALMARAZ: ... cuando Cristina Cifuentes tiene que acudir como investigada a hacer su declaración y al no poder ir por una enfermedad se encuentra con la visita del secretario judicial y del forense. Quizá esto debería ser lo normal, pero creo que no lo ha sido. ¿No forma parte de esa sospecha respecto a quienes actúan en la vida pública dependiendo de que sean de una ideología o de otra? ¿No cree que podemos hacer mucho si cada uno nos ceñimos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible y a mejorar la vida de los otros profesionales?
Para contestar a los distintos grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra la señora Segarra.
La señora SEGARRA CRESPO (candidata a fiscal general del Estado): Les aseguro que no era retórica cuando decía que era un honor tener la oportunidad de estar aquí y poder responder, de alguna forma, a las inquietudes que me han transmitido. Es un ejercicio de transparencia, y espero poder contestar, si no a todas, a la mayor parte de las cuestiones planteadas. En todo caso, si no lo consigo en la medida adecuada, desearía que hicieran uso de las prerrogativas reglamentarias que permiten dirigirse por escrito y abordar algún caso concreto. He tomado notas, pero quizá no pueda ser exhaustiva.
Empezaré casi por el principio, cuando algunos de ustedes han referido las críticas, como el señor Bataller, la señora Ciuró, el señor Campo, al sistema vigente de elección de fiscal general del Estado. Desde luego, es competencia de esta Cámara decidir cuál es el modelo de elección de fiscal general del Estado, y estaré a favor, por supuesto, de cualquier sistema que pongan sobre la mesa para mejorar la imagen de legitimidad democrática y de transparencia de la institución, e instancias internacionales que he citado ya, como el Greco, lo solicitan. Pero lo importante, mientras eso sucede y ejercen ustedes sus competencias, lo que está claro es que lo que hay que demostrar con hechos, y me lo han pedido muchos de ustedes cuando estaban interviniendo, es la independencia del fiscal general del Estado, que se adquiere cada día actuando y en cada una de las decisiones. Me ratifico desde este momento en la defensa de los criterios superiores de nuestro ordenamiento jurídico, en la defensa de la libertad, de la justicia, de la igualdad y de los derechos de los ciudadanos desde la legalidad y la más rabiosa imparcialidad.
Casi todos ustedes se han referido a una cuestión, que es la preocupación con respecto al respeto a las reglas de juego internas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Entiendo perfectamente conjugable el principio de unidad de actuación con la capacidad de cada fiscal para expresar su criterios por los cauces previstos, por una junta de fiscalía. Creo que la unidad de actuación de la que hemos hablado es
una garantía de la igualdad de trato y en el estatuto se prevé la posibilidad, tanto de dictar instrucciones generales por parte del fiscal general del Estado y de cualquier otro órgano que ejerza una responsabilidad jerárquica, como de dar instrucciones concretas, tanto positivas como negativas, como la de no actuar en el caso de que no se estime pertinente en la formulación de acusación. Esto forma parte del principio de imparcialidad. Tan imparcial es el fiscal cuando formula una acusación como cuando decide no formularla y solicita el archivo. Esto lo exige el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los jueces y los fiscales tenemos la obligación de aportar cuanto sea a favor de la persona investigada, así como el acopio del material probatorio. Eso es un hecho.
Para ese adecuado cumplimiento de las funciones es cierto que existen una serie de mecanismos en el estatuto, como el artículo 25, que exige una dación de cuentas por parte de los fiscales cuando hay asuntos de trascendencia e importancia de los que tengan que dar cuenta. De ahí que normalmente vaya a haber una relación especial del fiscal general del Estado con la Fiscalía Anticorrupción o con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Pero cuestionar cada una de las intervenciones me parece excesivo. Creo que los fiscales tienen mecanismos suficientes. Ningún fiscal está obligado a cumplir una orden si la estima, no ilegal, que parece que eso es evidente, sino simplemente improcedente. Los fiscales tienen mecanismos para solicitar que las órdenes se les den por escrito. A continuación de esa manifestación o disentimiento se convoca una Junta de Fiscalía, en el caso del fiscal general del Estado, la Junta de Fiscales de Sala, y se debate la cuestión. Y tras ese debate de la cuestión, el fiscal puede ser relevado de la responsabilidad o del asunto, pero si continúa en el caso siempre tendrá libertad para exponer su posición de manera oral según su entender. Creo que son aspectos absolutamente reglados en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y de los que haré uso dentro del normal funcionamiento de la institución de forma excepcional, y sin ninguna acepción sea quien sea la persona o el cargo que esté siendo objeto de esa investigación. Insisto, es una garantía de la igualdad de trato ante la ley. Creo que lo que debe importar realmente a la ciudadanía no es tanto que un fiscal general del Estado dirija una orden, sino que esta orden esté debidamente fundada en derecho, que no sea arbitraria, que se explique con transparencia y por el conducto legalmente impuesto. Estos son unos compromisos que creo necesario explicitar a la vista de las inquietudes de su señoría y que voy a adquirir.
Hay algunos asuntos por los que ustedes han manifestado interés, en los que me van a permitir que no entre; en algunos porque no son funciones del Ministerio Fiscal; en otros porque me piden valoraciones sobre asuntos que están sub iudice, sería una temeridad porque solo los conozco como ciudadana y por la prensa. Creo que sería una temeridad por mi parte si hoy, como mera aspirante a fiscal general del Estado, me pusiera a disertar sobre meras opiniones que puedo tener, más o menos fundadas o más o menos estudiadas. Estimo que también sería una falta de consideración hacia los fiscales que están trabajando en esos procedimientos. Pero sí puedo decir en este momento, desde el respeto profesional para todos los fiscales que están trabajando en todos esos asuntos por los que ustedes me han preguntado, que lo único que les guía es la ley. Y cuando me siente a estudiar con ellos -porque ese es el estilo colaborativo, colegiado, del que les he hablado, que es una de las mayores riquezas del Ministerio Fiscal, el trabajo en equipo, pero sin renunciar al ejercicio de mi responsabilidad- tengan por seguro que solo nos atendremos al principio de legalidad. Y si existen discrepancias, que les he explicado, aunque ya lo sabían ustedes, que es normal que las haya, tengan claro que por mi parte -reitero- existirá un respeto absoluto a estos canales estatutarios.
Es cierto que se ha propuesto por parte del Gobierno a mi persona para ser fiscal general del Estado. Como ustedes han dicho, un fiscal es también un jurista de reconocido prestigio, como son los catedráticos, los magistrados u otros expertos en derecho. Creo que el fiscal, en este caso mi humilde persona, puede aportar el conocimiento interno de la institución. Quizás en una legislatura a la mitad puede no ser idóneo que se haya propuesto a un fiscal. Sí es verdad que hay muchos fiscales, fiscales de sala y fiscales territoriales, que tienen tantos o más méritos que mi persona, pero en todo caso la proposición que se me ha hecho para mí es un indudable honor. Es cierto que la ministra es compañera de profesión, hemos coincidido en el primer destino, en Barcelona, y con posterioridad, hace unos meses, hemos coincidido en esta etapa en la candidatura en la que ambas nos hemos presentado al Consejo Fiscal. Le agradezco la confianza que la ministra ha puesto en mí al sugerir mi nombre al Consejo de Ministros, pero a partir de ahí quien está proponiendo mi candidatura es el Consejo de Ministros. Y de la misma manera me vuelvo a comprometer, no lo puedo hacer de otra forma, a mantener la independencia de criterio. De hecho, señora Moro, usted lo ha resaltado, y he querido contar -y lo vuelvo a hacer- ese trabajo que he hecho con distintos fiscales generales del Estado, y el apoyo que me han manifestado los componentes de la
carrera fiscal, de cuya lealtad no tengo absolutamente ninguna duda; son mi mejor acervo, mi quehacer profesional y el apoyo de los compañeros de la fiscalía.
Me han preguntado por asuntos muy variados, algunos con un régimen jurídico ya existente al que, como fiscal, me tendré que atener. Permítanme que en alguno de los temas sobre los que me han sugerido que me pronuncie, que son casi como de lege ferenda e, incluso, ustedes están estudiando, respete de alguna forma los procesos de estudio y reflexión dentro de la institución. Entonces, si soy nombrada, cuando venga a deponer a partir de septiembre el contenido de la memoria del año 2017, permítanme que pueda aportarles el acervo de toda la carrera fiscal con las propuestas legislativas o los análisis de aquellos asuntos que estimemos oportuno en los que ustedes, con el respeto a sus competencias, valoren si es necesario o no una modificación. Por eso permítanme que, en mi condición de aspirante, no entre en alguno de los temas que me han propuesto y que son, insisto, competencia del legislador, como una modificación del delito de rebelión, la eutanasia o alguna otra cuestión.
La señora Telechea, el señor Gómez y también el señor Sánchez, me han preguntado mi opinión sobre alguno de los aspectos que ha ocasionado la sentencia de La Manada. Y por su trascendencia creo necesario que de alguna forma haga alusión a la reflexión que la reacción social que ha generado esta sentencia nos ha impuesto un poco a todos. Creo que una moderna sociedad democrática tiene que saber conjugar la manifestación social, necesaria y legítima, con el respeto a las resoluciones judiciales, sobre todo a una resolución como la de la Audiencia Provincial de Navarra que no es todavía firme. Ustedes saben que la Fiscalía de Navarra ha mantenido una postura discrepante con el fallo de la sentencia, que acusó por delitos más graves, que ha anunciado el recurso contra esta sentencia, que solicitó que los condenados siguieran en prisión provisional y que ha recurrido la decisión contraria del tribunal. Lejos de estos aspectos procesales, lo importante es destacar la tutela y la defensa de las víctimas, que considero que está garantizada con la intervención del fiscal. Creo que a ello obedeció la comunicación de la Fiscalía General del Estado de esta semana, a la idea de mandar un mensaje de calma, ya que de alguna forma esa manifestación pública, esa salida a la calle, nos está alertando de ciertas necesidades de cambios a las que, por supuesto, debemos ser permeables. Pero también creo que era necesario lanzar un mensaje de calma y decir una serie de cosas; que los parámetros del Convenio de Estambul se cumplen con un nivel muy alto por parte de España; que tenemos unas medidas consolidadas en materia de formación de profesionales, de protección de víctimas; que realizamos campañas de sensibilización ciudadana, de impulso de denuncias; tenemos el asesoramiento gratuito a las víctimas y estamos mejorando en estudios estadísticos, que desde luego debemos actualizar y mejorar; y todas las medidas de apoyo de las víctimas tienen que ser implementadas. Podemos abordar alternativas, como las que se han propuesto durante esta semana por la portavoz u otros componentes del Gobierno, o también alguna como puede ser incluso la ampliación de la competencia de los juzgados de violencia de género a estos otros delitos que se cometen contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Ahí tenemos un campo para desde la serenidad y la tranquilidad abordar el estudio procedente. Insisto en que es importante reflejar la valía de la estructura territorial que, sobre la base de la especialización, llevan a cabo los fiscales. En todas las fiscalías existe un delegado que atiende a las víctimas, bajo la cobertura y la implantación territorial de una fiscal de sala delegada de víctimas, y que realiza su trabajo. Comentaba con anterioridad la importancia de implementar las oficinas de atención a las víctimas, un tema fundamental que desde luego tendrá toda mi atención.
Han referido ustedes también su interés en que abordase el tema de la justicia digital. Lo he hecho quizás brevemente y, por eso, paso a comentarlo con un poquito más de profundidad. La modernización no es solo una necesidad, sino una exigencia de una justicia moderna que debe estar al servicio de los operadores, es claro. Se debe contar con el conocimiento real de los operadores que están trabajando, tiene que ser flexible para que se adecue a la realidad de cada entorno territorial, y se debe integrar necesariamente con los sistemas judiciales. Fíjense, hace nada un compañero de Salamanca nos mandó a un foro una alerta diciendo: He tardado veinte minutos en subir un atestado reenviado digitalmente a la carpeta digital de fiscalía. Está claro que nos tenemos que sentar y redibujar el modelo de justicia digital que queremos aprovechando, desde luego, la inversión que se ha realizado. Y desde este punto de vista la fiscalía puede ofrecer el liderazgo para intentar encauzar determinados aspectos que nos han supuesto algunas dificultades en la práctica.
Comparto también con el señor Campo la preocupación por el artículo 324. Creo que es una preocupación de todos ustedes que el proceso dure los tiempos razonables y adecuados. Es una garantía procesal el que intentemos llegar con mayor agilidad a juicio oral, pero está claro que mientras se aborda o no la reforma del artículo 324 hay un hecho muy claro, y es que el fiscal no dirige la instrucción y no
puede recaer en él en exclusiva el control de esos plazos, porque carece de los procedimientos en sus oficinas por decirlo de una forma clara. Además, el objetivo final que era acortar los plazos, no de la instrucción, sino de la justicia, no se ha logrado y eso es un hecho. Fíjense, en el año 2016 pasamos de una media de duración de la instrucción de 253 días a una media de 256, no ha variado el plazo de instrucción; por el contrario, lo que sí se ha incrementado es el tiempo que media entre que el caso sale de los juzgados de instrucción y llega a los órganos de enjuiciamiento y estos señalan juicio. Estamos hablando en el año 2017 de una media de 416 días, que en el caso de los sumarios, de los delitos más graves, son 465 días. Esto lo que está exigiendo es una reforma integral del procedimiento; no modificando un artículo, sino una reforma integral del procedimiento con el debido presupuesto -me permito decir- en la que no puede estar ajeno el rol del fiscal instructor. Los fiscales trabajamos con la legalidad, y he dicho antes que no me voy a referir a propuestas legislativas, pero la realidad es que con el artículo actualmente vigente podemos realizar una adecuada reinterpretación desde el ámbito de la colaboración de todos los operadores jurídicos. Efectivamente, con los letrados de la Administración de Justicia hay un ámbito de cooperación muy importante, en el que podemos trabajar en el desarrollo del artículo 324 mientras siga vigente, porque el respeto a la legalidad es algo que tiene muy claro esta fiscal que les habla.
El señor Campo también manifestaba su preocupación respecto a la prisión permanente. Solo puedo decir que, efectivamente, como pena vigente su aplicación en los casos que proceda debe ser realizada. Puedo referir aquí que la Fiscalía de Sevilla, bajo mi dirección, ha promovido en dos ocasiones su aplicación, la última hace escasamente una semana en un jurado, que se verá muy posiblemente antes de que acabe el año. Es legislación vigente y tengo muy claro que el principio de legalidad vincula a los fiscales y seré la primera en aplicar la legislación vigente.
El señor Bataller manifestaba su preocupación con respecto a los delitos de odio. Por supuesto, es difícil concretar, pero desde luego la adecuada ponderación y proporcionalidad regirá cualquier circular que acometa al respecto y que me comprometo a realizar. Por otra parte, acojo el agradecimiento que ha manifestado la señora Moro por el trabajo del señor Sánchez Melgar, que desde luego no solo recuperaré, sino que tengo ya sobre la mesa el examen de todas las circulares e instrucciones que estaban en marcha en el gabinete de la Secretaría Técnica del señor Sánchez Melgar. Por supuesto, comenzaré por la primera de ellas que es la de las Juntas de Fiscalía y el desarrollo del artículo 27 porque, como bien han visto, es parte fundamental no solo de mi proyecto, sino algo compartido del proyecto de tantos fiscales, lo era también del señor Sánchez Melgar. Sepa usted que priorizaré el trabajo ya realizado, no partimos de cero, no hay un reseteo de la institución, sino una continuidad en todo lo que estime adecuado hacerlo así.
En el ámbito de la violencia de género, respecto al que el señor Bataller ha comentado su preocupación, está claro que debemos seguir mejorando la coordinación interinstitucional y los mecanismos de protección. Hay que tener en cuenta, y ustedes lo saben, que el 81 % de las víctimas mortales en lo que va de año no habían presentado denuncia. El número de denuncias crece, pero no en los casos más graves. Es evidente que el miedo a quedar sin recursos, el pavor a un procedimiento judicial y la destrucción de la autoestima están detrás de estos silencios. La fiscalía va a estar detrás del impulso de los mecanismos asistenciales necesarios, hay que reforzar los acompañamientos psicológicos de todas las víctimas, pero fundamentalmente de violencia de género, así como los medios técnicos y humanos de protección, seguimiento, pulseras; seguridad y atención a las víctimas es un binomio irrenunciable.
También han referido ustedes su preocupación con respecto a la corrupción. Pretendo ir rápido porque han tenido ustedes un día tremendo, pero también quería detenerme en esta preocupación que ustedes han mencionado. Como se dice casi siempre, la máxima actuación es tolerancia cero, y tengan claro que toda conducta delictiva será investigada sea cual sea el cargo o puesto que se ocupe, y sea cual sea el partido político al que pertenezcan. Permítanme que les cuente cómo hace seis años, el señor Conde-Pumpido como fiscal general del Estado tenía una comparecencia en el Congreso, y nos pidió a todas las fiscalías de España que hiciéramos una reseña de todas las causas por corrupción política que seguíamos - corrupción en general, todas las causas contra cargos municipales y de cualquier índole-, indicando a qué partido político pertenecían. Pues bien, no disponíamos de ese dato porque les debo asegurar que los fiscales ni sabíamos ni nos importa a qué partido político pertenecen las personas que son objeto de denuncias. Fue un trabajo ímprobo encontrar todos los procedimientos y averiguar a qué partido político pertenecían, porque eso ni estaba en las denuncias ni nos importaba. Quiero exponerlo de esta forma tan gráfica porque esto es así, es la realidad de todos los fiscales que
están trabajando día a día. Nuestra labor va a estar siempre regida por el principio de legalidad, desde luego aceptando la crítica pública, pero les pido que en esta crítica pública se analice al margen de la contienda partidista porque nos corresponde a todos -ustedes lo han dicho, fundamentalmente la señora Moro- hablar de la mejora de la imagen de la justicia.
Por tanto, no puedo sino manifestar el respeto y el respaldo a todos los compañeros que están trabajando en la lucha contra la corrupción. Y como siempre, pedir medidas complementarias: el reforzamiento de las funciones del Tribunal de Cuentas, mejoras en los controles en la contratación administrativa, todo lo que sea reforzamiento de los medios de la Fiscalía Anticorrupción. Se han anunciado desde hace dos años más plazas para la Fiscalía Anticorrupción, espero que sean una realidad con la ampliación de plantilla que, al parecer, por fin ya se va a abordar. Y ello sin perjuicio de promover especialización en otras áreas importantes, como delincuencia organizada, delitos económicos o delitos urbanísticos. No he hecho mención al área de medio ambiente, quizás porque la consolidación de la especialización en ese ámbito indudablemente nos ha hecho tener éxitos en el volumen de sentencias condenatorias que estamos obteniendo en materia urbanística. Quizás ha sido un exceso de satisfacción por mi parte no mencionarlo como una reivindicación, puesto que no es trabajo ya hecho; es una consolidación y seguiremos implementándolo.
Han mostrado su preocupación general -no voy a citar a todos porque creo que eran casi todos- por la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Está claro -ustedes lo han dicho- que la instrucción por el fiscal precisa generar consenso social para la asunción de estas funciones, si no, fracasaremos, y esto es algo muy importante. La fiscalía va a ser un aliado en el refuerzo de todo lo que implique garantías y que ayude a proyectar esa imagen. Pues adelante, si ustedes consideran que debe reformarse el estatuto orgánico para reforzar esa apariencia, y lo mismo si siguen adelante o recuperan iniciativas como el anteproyecto del año 2013 o la propuesta del código procesal penal que realizó el Gobierno anterior, que nos acercan de alguna forma al modelo vigente en el resto de países de nuestro entorno. Insisto, lo importante para que el modelo sea eficaz, sin merma de garantías, es contar con los medios personales necesarios. La fiscalía está preparada para asumir ese reto, nos falta quizás la comprensión ciudadana de que somos capaces de realizarlo.
La autonomía con respecto al Gobierno es fundamental y, por eso, en mi intervención lo voy a reiterar. Mientras la ley no cambie, tenemos mecanismos suficientes para regular la relación institucional que el Gobierno mantiene con la fiscalía. Esta relación institucional se refiere a los medios materiales, y ahí está la Unidad de Apoyo que se encarga de mantener esa relación para reivindicar los medios materiales que necesitamos; la Inspección Fiscal para reivindicar los medios personales que precisamos; esas son las dinámicas normales en las que tiene que haber entendimiento entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal. Y en ese punto sí habrá relación institucional para mejorar las relaciones materiales y personales a disposición de los fiscales para ser más eficaces en su función, pero las relaciones entre el Gobierno y la fiscalía están perfectamente diseñadas en el estatuto y a ellas, insisto, me voy a atener. El Gobierno puede interesar del fiscal general del Estado que promueva determinadas actuaciones en orden a la defensa del interés público, y eso determina que el fiscal general convoque a la Junta de Fiscales de Sala, y que solo después de oírla resuelva por escrito sobre la pertinencia, la viabilidad o la procedencia de realizar las acciones encomendadas. En ningún caso puede entenderse que eso supone cumplir ninguna orden del Gobierno, se trata de resolver conforme a los mecanismos estatutarios. Tengo claro que a esos mecanismos me atendré en mis relaciones con el Gobierno, preservando la autonomía y la independencia del Ministerio Fiscal e, insisto, con transparencia, dando a conocer en cada momento el porqué de cada una de las decisiones.
Con respecto a la igualdad, a la que también se han referido algunas de sus señorías, ya he citado las proporciones, estamos 60 a 40, pese a que el 70 % de los fiscales estamos entre los cuarenta y los sesenta años, que se supone que es más o menos la edad de madurez en cualquier profesión. Yo soy una privilegiada, lo he sido toda mi vida por pertenecer a un ámbito en el que nunca he sentido que estaba relegada por el hecho de ser mujer, pero tenemos que seguir avanzando y, por eso, la implementación de un plan de igualdad es importante. Una medida aislada no genera igualdad; genera igualdad toda una batería de medidas.
Por último, señorías, quiero contestar de alguna forma a las inquietudes del señor Moya, la señora Ciuró, la señora Telechea, con respecto a que no hay una posición de la fiscalía sobre Cataluña. Eso no existe, hay una posición por medio de dictámenes, por medio de decretos, por medio de escritos de acusación; en cada uno de los hechos sí hay una posición de la fiscalía, pero no hay una posición
genérica, no hay ninguna predisposición hacia nada. El principio de legalidad regirá de la misma forma cualquier análisis de cualquiera de los procedimientos que están en marcha en Cataluña. Ustedes han desgranado los procedimientos que se siguen, y en todos y cada uno hay fiscales que están interviniendo y se analizará, insisto, hecho a hecho, y en todos voy a tener una atención prioritaria. Solo una vez que tome conocimiento de los mismos, estaré en condiciones de tener una opinión y poderles atender. En todo caso, nunca antes de los momentos procesales adecuados; analizaré cada extremo con rigor, pero me pronunciaré cuando lleguen los momentos procesales adecuados; no me voy a anticipar a un escrito de acusación, sino en el momento en que sea y valorando todas las pruebas que existan en el procedimiento. Mi única guía va a ser siempre la ley, siempre con la escrupulosa imparcialidad que he venido reiterando en esta intervención. Respetaré siempre las decisiones que se puedan adoptar extramuros del procedimiento, pero dentro del procedimiento las que se adopten en su seno solo estarán regidas por el principio de legalidad y por la obediencia a esos principios. Y siempre explicaré a la ciudadanía, a la sociedad en cada momento, cuál es la posición. Más allá de los procedimientos en curso, está claro que cualquier violación de nuestro marco constitucional siempre llevará -tiene que llevarlo- la enérgica, proporcionada y serena respuesta del Ministerio Fiscal, cualquier otra decisión sería una dejación de funciones por mi parte.
Por otro lado, manifestaban ustedes su inquietud con respecto al estudio del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el día 1 de octubre. En este tema debemos partir de un marco, y es que estamos ante un acto que el Tribunal Constitucional declaró que era ilegal, y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró que era obligación impedir la celebración de esa consulta. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron en cumplimiento de ese mandato judicial y en cumplimiento de deber. Con estas premisas el uso de la fuerza puede revestir, dependiendo de los escenarios de violencia que se pudieran encontrar o de resistencia, parámetros de proporcionalidad. No obstante, eso no implica que no se investigue y no se vaya a analizar todos y cada uno de los innumerables procedimientos que se están llevando en los juzgados de Cataluña, para verificar si existió un uso de la fuerza proporcionado o desproporcionado, en todos y cada uno se va a estudiar con meticulosidad. De la misma forma que me consta que también hay un procedimiento abierto en Barcelona, donde se investiga con carácter general el empleo de la fuerza. El Ministerio Fiscal es parte en todos procedimientos, actuará con todo el rigor y revisará todas las pruebas, créanme, necesarias para poder adoptar una determinada decisión.
Finalizo. No me queda más que reconocer de forma pública -lo hice al principio de mi intervención y permítanme que lo vuelva a hacer a su término- que posiblemente no haya colmado todas las inquietudes que me han transmitido, pero sí quería mostrar mi agradecimiento a todos los fiscales que siguen trabajando no solo en Cataluña, sino en toda España, a quienes me debo y que recientemente me dieron la confianza para ir al Consejo Fiscal, y retomo el compromiso que adquirí con ellos en su momento para, si todo sigue conforme a lo previsto y finalmente soy nombrada fiscal general del Estado, servir a la fiscalía y, por supuesto, a la sociedad española.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señora Segarra. Creo que se ha dado cumplimiento y respuesta a los interrogantes que le han planteado sus señorías y, por tanto, podemos dar por concluida su comparecencia, pero no sin antes desearle mucho éxito en el desempeño de esta importante responsabilidad que tendrá que asumir, porque será también bueno para nuestro país.
Concluido este punto del orden del día y antes de levantar la sesión, quiero felicitar a nuestro compañero, Pablo Matos, que va a asumir una nueva responsabilidad al frente del Consejo Consultivo de Canarias. Esta Mesa sufre renovaciones como consecuencia de la asunción de nuevas responsabilidades por sus miembros. Eso es positivo y demuestra la calidad de los componentes de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados y me apetece que, además, consten en el Diario de Sesiones unas palabras que él quería dirigir a los compañeros de la Comisión.
El señor MATOS MASCAREÑO: Muchas gracias, señora presidenta.
Pensaba hacerlo después de despedir a la fiscal general, pero para mí también es un honor que participe de este acto. Como ya les he comunicado a todos, abandono el Congreso de los Diputados el próximo viernes. Llegué aquí en el año 2004 y esta es mi quinta legislatura, con lo cual mi actividad política legislativa ha sido muy dilatada. Me ha salido la oportunidad de terminar esta actividad con un nombramiento en el Parlamento de Canarias en un órgano jurídico, no político; he aceptado y comenzaré
a partir del próximo jueves. Quiero decir que he participado en muchas Comisiones de Justicia, he presidido la de Agricultura y la de Industria, pero he sido vocal siempre de la Comisión de Justicia. Es la única Comisión en la que he estado desde el origen, cuando llegué en 2004 empecé como portavoz adjunto con don Ignacio Astarloa durante cuatro o cinco meses porque luego pasé a llevar temas de vivienda e hipotecarios. Cuando se vaya cada uno de ustedes del Congreso de los Diputados, que espero que sea dentro de muchos años, me gustaría que se fuesen con la sensación que me voy yo, que es la de haber tenido el inmenso honor de participar del Congreso de los Diputados y de las Cortes Generales. Yo sé que las fuerzas nuevas no lo veían así antes de entrar, pero espero que cuando se vayan, de verdad lo hagan con la sensación que tengo yo de gratitud por haber podido participar de esta institución que es la soberanía nacional. A todos ustedes, de verdad muchísimas gracias por la colaboración, sobre todo en los meses que he estado presidiendo, y nos seguiremos viendo. Gracias a todos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias y éxito también en su trabajo.

References: artículo 29
 artículo 1
 artículo 27
 resolución 
 artículo 324
 artículo 525
 artículo 155
 artículo 124
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 25
de lege ferenda
 resolución 
 artículo 324
 artículo 324
 artículo 324
 artículo 27