Source: https://www.slideshare.net/Coljuristas/com-2008-0704
Timestamp: 2017-09-26 17:42:59+00:00

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Llamado urgente a la protección de los derechos humanos de las trabaj…
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1. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Llamado urgente a la protección de los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores del Hospital San Juan de Dios Frente a la preocupante decisión de la Corte Constitucional de declarar terminadas las relaciones laborales de los servidores del Hospital San Juan de Dios a partir del 29 de octubre de 2001 y de ordenar el desalojo de las instalaciones del Hospital, actualmenteocupado por las trabajadoras y trabajadores, la Comisión Colombiana de Juristas convocaa la conformación de una mesa de trabajo, en la que participe la Procuraduría General de la Nación, para supervisar la ejecución de la sentencia SU–484 de 2008.IntroducciónEn 1999, las 2.480 trabajadoras y trabajadores del Centro Hospitalario San Juan de Dios ysus cuatro dependencias (Hospital General San Juan de Dios de Bogotá, Instituto MaternoInfantil, Instituto de Inmunología y Jardín Infantil Mundo Nuevo en Bogotá) vieron cómoel Gobierno nacional ordenaba la interrupción en el pago de sus salarios y prestacionessociales, así como en las cotizaciones al sistema general de seguridad social, tanto en saludcomo en pensiones. Esta decisión fue la antesala del cierre en 2001 de uno de los hospitalesmás importantes y reconocidos de América Latina en materia de investigación y atención alas personas de escasos recursos. El cierre del Hospital fue el resultado de una serie dedecisiones erráticas, que van desde la decisión de integrarlo a la Fundación San Juan deDios por medio de los decretos 290, 1374 de 1979 y 371 de 19981, declarados nulosposteriormente por el Consejo de Estado mediante sentencia de marzo 8 de 2005, hasta suintervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en 1999, que en lugar desanearla financieramente la llevó al colapso en 2001.Ante la cesación en el pago de sus salarios, prestaciones sociales y contribuciones alsistema general de seguridad social, y debido a sus precarias condiciones económicas, unamplio número de trabajadoras y trabajadores, con sus familias, decidieron ocupar lasinstalaciones del Hospital San Juan de Dios en el año 2001, como una forma de asegurarseuna vivienda, y como un medio de protesta ante la omisión estatal en el pago de susacreencias laborales.Después de nueve años de trámites jurídicos, incertidumbre y omisión por parte de lasautoridades públicas, la Corte Constitucional anunció, mediante el Comunicado n.º 22 del15 de mayo de 2008, su decisión con relación a las acciones de tutela presentadas portrabajadoras y trabajadores del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil,por el no pago de salarios, prestaciones sociales y pensiones causadas (sentencia SU–4841 En virtud de estos decretos, declarados posteriormente nulos, se negó al Hospital de formareiterada el acceso a recursos de origen público, por tratarse de una entidad sometida al régimende fundaciones privadas. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia
2. de 2008). La sentencia SU–484 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional constituye unpaso significativo en la protección de los derechos al mínimo vital, a la vida, a la seguridadsocial de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital San Juan de Dios y del InstitutoMaterno Infantil, y un importante esfuerzo de la rama judicial por atender la lamentablesituación de abandono a la que se vieron expuestos debido a la inactividad de la ramaejecutiva, que de forma permanente eludió sus responsabilidades. Sin embargo, al menosdos de las órdenes impartidas en la parte resolutiva de la sentencia resultan lesivas de losderechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital San Juan de Dios: “CUARTO. En relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de Dios, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, la Corte Constitucional DECLARA que quedaron terminadas el 29 de Octubre de 2001: 4.1. Todas las relaciones de trabajo vigentes para esa fecha que hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias – incluida la ley 6 de 1945- ó por la ley y el reglamento”. DECIMO OCTAVO: ORDENAR a la Beneficencia de Cundinamarca ejercer las acciones posesorias, reivindicatorias o policivas necesarias para recuperar los bienes pertenecientes a la extinta Fundación San Juan de Dios”.Conforme a lo anterior, este documento se ocupa en su primera parte de la decisión de laCorte Constitucional de declarar terminadas las relaciones laborales de los servidores delHospital San Juan de Dios a partir del 29 de octubre de 2001, estudiando (1) sufundamento; (2) la competencia de la Corte para proceder a hacerlo; y (3) la consistencia delos argumentos expuestos al respecto en la providencia. En la segunda parte, se hace unanálisis de los efectos de la decisión de la Corte Constitucional de ordenar la recuperaciónde los bienes de la “extinta Fundación San Juan de Dios”, dentro de los cuales seencuentran las instalaciones del Hospital. I. La terminación de las relaciones laboralesLa terminación de las relaciones laborales, dispuesta por la Corte Constitucional en la parteresolutiva de la sentencia SU–484 de 2008, bien podría dar al traste con la protección que lapropia Corte se esfuerza en ofrecer a las trabajadoras y a los trabajadores del Hospital SanJuan de Dios con este pronunciamiento, y que exige de las otras entidades públicasconcernidas. 1. Ausencia de fundamentoEn el numeral cuarto de la parte resolutiva, la sentencia establece como fecha determinación de las relaciones laborales, en el caso del Hospital San Juan de Dios, el día 29 2
3. de octubre de 2001. Como fundamento de esta decisión, la Corte, en el apartado 5.1.4, serefiere a la Resolución 1933 de 2001, de la Superintendencia Nacional de Salud, a través dela cual se “ordena la intervención administrativa total de la Fundación San Juan de Dios yse adoptan medidas con relación a sus unidades institucionales” y a un concepto de laOficina Jurídica del Ministerio de la Protección Social que indica que el día 21 deseptiembre de 2001 salió del Hospital “el último de los pacientes”. Conforme a lo anterior yteniendo en cuenta que la Resolución 1933 fue publicada en el Diario Oficial el día 29 deseptiembre de 2001, la Corte procede a dar por terminadas las relaciones laborales desde el29 de octubre de la misma anualidad, concediendo de esta forma un “preaviso” de un mes.La Corte desconoce por esta vía la naturaleza especial de las determinaciones que setomaron en tal resolución, toda vez que ese acto administrativo se refiere a ladesvinculación de determinados servidores públicos, esto es de: “las personas que ocupancargos de dirección, técnicos y si fuere el caso administrativos”2.De esta manera, la Corte ignora las implicaciones de las diferentes formas de vinculacióncon el Estado a través de la función pública y consecuentemente las fórmulas dedesvinculación correspondientes. Así, la Corte hace extensivos los efectos de un actoadministrativo, destinado a funcionarios públicos, de características concretas como lo sonlos directivos, los administrativos y los técnicos, a funcionarios públicos totalmentediferentes como lo son los trabajadores oficiales, los empleados públicos profesionales noadministrativos, y en general, funcionarios que no son de libre de nombramiento yremoción3. La Corte no tuvo en cuenta que, aun en casos de intervención administrativa, sedeben atender lineamientos de desvinculación que respeten el debido procesoadministrativo. Es decir, que den cuenta de un proceso de retiro del servicio en el cual seatienda cada caso particular y en el que se considere el tipo de vinculación con laadministración de cada uno de los servidores del Hospital. 2. Incompetencia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la terminación de la relación laboral y violación del debido procesoAl declarar la fecha de terminación de las relaciones laborales la Corte Constitucional searrogó competencias propias de otras autoridades y vulneró así el debido proceso de lostrabajadores. En efecto, con ocasión de la providencia proferida por la Corte, se adoptaron2 Artículo 3, numeral 1 de la Resolución 1933 de 2001, de la Superintendencia Nacional de Salud,publicado en el Diario Oficial No. 44.567 del 29 de septiembre de 2001, página 9.3 Los empleados públicos están vinculados a la administración mediante una relación legal yreglamentaria, previamente definida en la ley, sin la posibilidad de discutir las condiciones para laprestación del servicio, ni de presentar pliegos de peticiones. Para su desvinculación se requiere,por regla general, la declaratoria de insubsistencia. Por su parte, los trabajadores oficiales estánvinculados a través de un contrato de trabajo, semejante al de los trabajadores particulares,contando con la posibilidad de convenir las condiciones laborales, así como de presentar pliegosde peticiones. A estos últimos los cobija, en algunas materias, el régimen previsto en el CódigoSustantivo del Trabajo y su desvinculación se adelanta mediante la terminación del contrato. 3
4. decisiones que, excediendo la competencia de la misma, afectaban a todas y todos lostrabajadores del Hospital San Juan de Dios y no solamente a aquellos que eran parte de losprocesos de tutela revisados por la Corte Constitucional.Si bien es cierto que la Corte puede establecer efectos inter pares o inter comunis en sussentencias, es claro que la vocación de establecer estos efectos siempre se halla en que setrata de decisiones dirigidas a garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales detodas las personas que estuvieran en la misma situación de vulneración que lospeticionarios, y no, como ocurre en este caso, a extender efectos restrictivos en el ejerciciode dichos derechos. En esta oportunidad, al declarar la terminación de todas las relacionesde trabajo con relación al Hospital San Juan de Dios, la Corte extiende los efectos negativosde su pronunciamiento a trabajadoras y trabajadores del Hospital San Juan de Dios, quienesno hicieron parte del debate procesal que se surtió ante los jueces de tutela y ante la Corte almomento de la revisión.Cuando la Corte Constitucional adopta tal decisión, vulnera el derecho al debido procesodel que son titulares las trabajadoras y los trabajadores que no tuvieron ocasión deintervenir en los procesos de amparo que conoció la Corte, enervando la posibilidad real yefectiva de que estas personas acudan ante el juez laboral o el juez contenciosoadministrativo a dirimir sus pretensiones. Esta observación a la sentencia SU–484 de 2008se deriva de hechos evidentes, como la imposibilidad en que la Corte coloca a personas queno participaron en los procesos de tutela revisados de presentar pruebas, de establecer uncontradictorio completo, de presentar argumentos y recursos, aspectos que hacen parte delderecho al debido proceso reconocido en el artículo 29 constitucional4.Sumado a lo anterior, el estado de no diferenciación en el que la Corte pone a todos lostrabajadores del Hospital San Juan de Dios viola el debido proceso, al declarar para todosellos una fecha de terminación de la relación laboral sin entrar a considerar que existencircunstancias especiales, tales como diferencias entre funcionarios de libre nombramientoy remoción y de carrera administrativa5, trabajadores sindicalizados y no sindicalizados,sindicalizados aforados6 y no aforados, mujeres en estado de embarazo o lactancia al4 La Corte Constitucional ha considerado que es nula la sentencia que en su parte resolutiva daórdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso de tutela. CorteConstitucional, auto 022 de 1999, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.5 Los empleados públicos se dividen en empleados de libre nombramiento y remoción y empleadosde carrera. En el caso de los primeros, su ingreso y retiro del servicio público se realiza mediantela decisión discrecional (pero limitada por la ley) de la autoridad competente (nominador). Por suparte, los empleados de carrera ingresan y se retiran del servicio conforme a lo previsto en la ley909 de 2004.6 El fuero sindical es un mecanismo de protección de los derechos de asociación y libertad sindical,en virtud del cual los trabajadores cuentan con la garantía de no ser despedidos, ni desmejoradosen sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos, sin justa causa previamentecalificada por un juez. 4
5. momento de finalización del contrato, circunstancias que demandan el estudio individual decada caso. 3. Incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia SU–484 de 2008La Sentencia SU–484 de 2008 resulta contradictoria y carente de fundamento en cuanto a ladecisión de declarar la terminación de todas las relaciones de trabajo vigentes al 29 deoctubre de 2001. Dentro de la parte motiva de la sentencia SU–484/08, la CorteConstitucional es abundante en consideraciones en torno a la protección de los derechos delas trabajadoras y trabajadores tanto del Hospital San Juan de Dios, como del InstitutoMaterno Infantil. En efecto, dentro de sus “consideraciones teóricas”, la Corte se pronuncióde forma extensa acerca de la protección constitucional del trabajo (como principio,derecho y deber constitucional), destacando entre otras garantías las siguientes: “La Constitución igualmente señala otros beneficios a favor del principio de protección del trabajo como son la estabilidad del empleo, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, el llamado principio pro operario referente a la favorabilidad en beneficio del trabajador en caso de duda en la aplicación del derecho, la primacía de la realidad sobre la forma en las relaciones laborales, garantía de la seguridad social, protección especial a la mujer trabajadora madre cabeza de familia y mujer embarazada, protección al menor de edad trabajador, la capacitación y descanso necesario para el trabajador”7.Más adelante, la Corte Constitucional rechaza de forma enérgica la inactividad de lasautoridades estatales en relación con la lamentable situación de las trabajadoras ytrabajadores del Hospital y del Instituto Materno Infantil, al punto que las conmina para queen ningún caso incurran o vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que dieron méritopara conceder las tutelas de que trata la presente sentencia: “Así las cosas, esta Corporación como máxima garante de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales vertidos en ella, no puede más que deplorar y rechazar de manera enérgica la grave situación de vulneración de derechos fundamentales producida por la entidades demandadas, las cuales por pertenecer al Estado- el primero y principal en ser llamado para la protección de los derechos constitucionales fundamentales- denotan la magnitud y dimensión de la grave situación acá producida”.7 Corte Constitucional, sentencia SU–484 de 2008, M.P.: Jaime Araújo Rentería. 5
6. No obstante todo lo planteado de forma extensa en la parte motiva de la sentencia SU–484de 2008, la Corte ordena en la parte resolutiva de la misma providencia, sin contar consuficiente mérito, fundamento ni competencia en la materia, declarar terminadas el día 29de octubre de 2001 las relaciones laborales de los servidores vinculados al Hospital SanJuan de Dios.Así, la Corte Constitucional en la sentencia SU–484/08 adopta una decisión que en maneraalguna comporta una vía de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadoresdel Hospital San Juan de Dios (para lo cual reclama competencia en sede de tutela), nimucho menos de respeto de los principios orientadores de la legislación laboral colombianamencionados, como anuncia en la parte motiva de la providencia. En consecuencia, por lavía de declarar la terminación de las relaciones laborales, la Corte Constitucional terminaparadójicamente desconociendo las garantías constitucionales y legales establecidas enbeneficio de las trabajadoras y trabajadores del Hospital San Juan de Dios, que previamentehabía reconocido de forma expresa dentro de la parte motiva de su pronunciamiento: - Desconoce la estabilidad del empleo que ella misma exige respetar por parte de las restantes entidades estatales, en tanto, sin haberse cumplido con todas las formalidades necesarias para dar por terminadas las relaciones de trabajo, y basándose únicamente en un concepto emitido por la Oficina Jurídica del Ministerio de la Protección Social que indica la fecha aproximada en la que salió del Hospital San Juan de Dios “el último de sus pacientes”, procede a declarar terminadas, sin ningún tipo de moderación, todas las relaciones laborales. Incluso la Corte hace una presunción que está lejos de ser propia de un tribunal constitucional, al estimar de forma discrecional que, conforme al preaviso establecido en las normas laborales en beneficio de los trabajadores y trabajadoras colombianas, la terminación de las relaciones laborales se declara un mes después de la publicación de la Resolución 1933 de 2001, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. - Omite la aplicación del principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, que, se insiste, la propia Corte menciona como fundamento de su decisión. Al respecto, vale decir que la Corte no tiene el cuidado de verificar si se han surtido los trámites necesarios para proceder a la terminación de las relaciones de trabajo, garantía reconocida en la legislación laboral y en estándares internacionales vinculantes para el Estado colombiano en virtud del artículo 93 de la Constitución Política. - La Corte inaplica, para el caso sometido a su consideración, el principio de favorabilidad en beneficio del trabajador en caso de duda en la aplicación del derecho (principio pro operario), pues ante la incertidumbre que aún existe en torno a la persistencia de la relaciones laborales en el Hospital San 6
7. Juan de Dios y a los medios para declarar su terminación, la cual valga decirlo debería ser dirimida por la jurisdicción ordinaria laboral o por la contencioso administrativa, procede a decretar su extinción a partir de octubre de 2001. - Desconoce el principio de primacía de la realidad sobre la formas en las relaciones laborales, pues, a pesar de que un grupo significativo de trabajadoras y trabajadores actualmente continúan asistiendo de forma diaria al Hospital San Juan de Dios para prestar los servicios que ordene su empleador, la Corte Constitucional declara la terminación de las relaciones de trabajo.En síntesis, resulta contradictorio que la Corte Constitucional defina unos principios y unosderechos que deben ser atendidos en la resolución del caso que fue sometido a suconsideración por vía de la eventual revisión de los fallos de tutela, principios y derechosque posteriormente desatiende por completo, dando paso a una decisión que, tal como ya seadvirtió, desconoce varias garantías constitucionales y legales de los trabajadores. De estaforma, la Corte rechaza de forma categórica la actitud desconsiderada de las restantesautoridades del Estado con relación a la situación de las trabajadoras y trabajadores delHospital San Juan de Dios, pero adopta de forma sorpresiva una decisión que lecorresponde adoptar a otra jurisdicción. El mismo celo que emplea la Corte para rechazar lainactividad de las otras esferas del poder público debe llevar a criticar la extralimitación enque incurre ella misma con la sentencia SU–484 de 2008.De esta forma, es necesario concluir, recordando las propias palabras de la CorteConstitucional en la sentencia SU– 84 de 2008, que “Todos aquellos actos que realice elEstado en contravía del principio de protección del trabajo estarán en contra de laConstitución”. Este es justamente el caso de la sentencia SU–484 de 2008, en la que unaautoridad investida del poder del Estado, como es el máximo tribunal de la jurisdicciónconstitucional, afecta la protección que la sociedad ha reconocido constitucional ylegalmente a sus trabajadoras y trabajadores. II. El posible desalojo del Hospital San Juan de DiosAhora bien, mientras la Corte ordena el pago de los salarios, prestaciones sociales,indemnizaciones y cotizaciones al sistema de seguridad social por parte de las autoridadesconcernidas, en un plazo que varía entre seis meses, un año y hasta cinco años8, la misma8 En el caso de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital San Juan de Dios la CorteConstitucional ordena que el pago de las pensiones causadas, de los salarios, de las prestacionessociales diferentes a pensiones, de los descansos y de las indemnizaciones, se haga en un plazomáximo de un año, mientras que, tratándose de aportes y cotizaciones al sistema integral deseguridad social y otras obligaciones atinentes a la financiación del pago de las pensiones, el plazoserá de cinco años. Adicionalmente, la Corte dispone que “sin perjuicio” de lo anterior, y con el fin 7
8. sentencia ordena el inicio de acciones policivas para recuperar el inmueble correspondienteal Hospital San Juan de Dios, el cual es habitado por trabajadores y trabajadoras con susfamilias. Estas acciones podrían llegar a adelantarse de forma inmediata, sin mediarpreviamente el pago de todas y cada una de las acreencias laborales a los servidores delHospital.El día 27 de mayo de 2008, la Comisión Colombiana de Juristas realizó una visita alHospital, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo (Regional Cundinamarca),pudiendo constatar que al personal del Hospital San Juan de Dios le están siendovulnerados prácticamente todos sus derechos, entre ellos el derecho a la vida digna, a lasalud, al trabajo, al mínimo vital y a una vivienda adecuada9. Dentro de este contexto, esparticularmente preocupante la situación de abandono en la que se encuentran las mujeres,las niñas y los niños.La anterior situación se deriva directamente del incumplimiento, por parte del Estado, desus deberes de garantía y protección con respecto a quienes durante años prestaron susservicios en el que fue uno de los mejores hospitales de América Latina. Es necesariorecordar que, de conformidad con la ley 735 de 2002 (artículo primero), la Fundación SanJuan de Dios y el Instituto Inmunológico Nacional fueron reconocidos como PatrimonioCultural de la Nación, “por su valiosa contribución a la salud del pueblo y suextraordinario aporte científico”. La contribución a la salud del pueblo, citada por la ley,obedece a la dedicación y el trabajo del personal médico y científico que hace parte delHospital. Por consiguiente, el Estado les debe a estas personas un reconocimiento que debeverse reflejado más allá del texto de la ley.La ley 735 de 2002 ordenó la remodelación, restauración y conservación de la estructuradel Hospital San Juan de Dios, a cargo del Gobierno Nacional por medio del DepartamentoNacional de Planeación y los Ministerios de Cultura y Educación Nacional, creando para elcumplimiento de estas actividades la Junta de Conservación del Monumento Nacional,de atender el mínimo vital de las trabajadoras y trabajadores, el pago de salarios y mesadaspensionales deberá hacerse en seis meses (tres meses contados a partir del vencimiento deltérmino concedido para que las entidades concernidas lleguen a un acuerdo acerca de ladistribución de los pagos, que es de tres meses).9 En la actualidad, de forma paradójica, las trabajadoras y los trabajadores del Hospital San Juande Dios no tienen acceso a los servicios de salud, pues en la base de datos del Instituto del SeguroSocial aparecen como trabajadoras del Hospital pero en mora en el pago de las cotizacionescorrespondientes. Por lo anterior, no son atendidas como afiliadas al régimen contributivo (por lamora), y se les niega la atención en el régimen subsidiado (por estar vinculadas al régimencontributivo, como personas con un trabajo formal). La cesación en el pago de los salarios yprestaciones sociales ha ocasionado una situación de permanente vulneración de sus derechos ala vida digna, a un trabajo en condiciones dignas y justas, a la vivienda adecuada y al mínimo vital,entendido como “el mínimo de necesidades básicas indispensables para garantizar lasubsistencia digna de la persona y de su familia” (Corte Constitucional, sentencia SU–484 de2008, M.P.: Jaime Araújo Rentería). 8
9. integrada por los Ministros de Salud, Cultura y Educación Nacional, el Alcalde Mayor deBogotá D.C., y el Gobernador de Cundinamarca o sus delegados. En la ley 735 de 2002también se dispuso que tanto el San Juan de Dios como el Instituto Materno Infantil debíancontinuar funcionando como Hospitales Universitarios para la atención de personas novinculadas a ninguno de los regímenes de salud, gozando “de la especial protección delEstado para el buen desarrollo de sus actividades”. Para cumplir con este propósito, lasautoridades han debido solucionar el problema más apremiante para el funcionamiento delHospital: el pago de los salarios, las prestaciones sociales, las indemnizaciones y lascotizaciones al sistema de seguridad social, en beneficio de sus trabajadoras y trabajadores,así como la destinación de los recursos necesarios para el efecto.La Comisión Colombiana de Juristas hace un llamado a las autoridades del Estado asupervisar el desarrollo de esta situación, con el fin de proteger los derechos de las personasque viven en el Hospital, y a evitar el uso de la fuerza como solución a su ocupación. Eneste sentido, es necesario garantizar que cualquier proceso dirigido a la recuperación delinmueble se lleve a cabo agotando los procedimientos establecidos en la ley, y respetandolos derechos humanos de quienes habitan el inmueble. Si bien la legislación colombianaadmite la restitución del espacio público, esta debe realizarse ofreciendo a los afectados lasgarantías que al respecto establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales de Naciones Unidas en su Observación General Nº 7: a) Una auténticaoportunidad de consultar a las personas afectadas; b) Un plazo suficiente y razonable denotificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para eldesalojo; c) Facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa alos desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas;d) La presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo,especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) Identificación exacta de todas laspersonas que efectúen el desalojo; f) No efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo ode noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) Ofrecer recursosjurídicos; y h) Ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas quenecesiten pedir reparación a los tribunales10.Es importante que las instancias de protección de los derechos humanos tomen las medidasque estimen convenientes, de conformidad con sus mandatos, para garantizar que: 1) El Estado se abstenga de tomar medidas abusivas para solucionar el problema. En este punto debe tenerse en cuenta que quienes habitan el Hospital son personas inermes, que no están ejerciendo ningún tipo de violencia y que, por el contrario, están de manera pacífica y legítima reclamando la garantía de sus derechos.10 Al procedimiento de lanzamiento que se realice sin el lleno de estos requisitos, el Comité deDESC lo denomina “desalojo forzoso”. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales,Observación General No. 7, Los desalojos forzosos, 1997, E/1998/22, anexo IV, párrafo 4. 9
10. 2) El Estado otorgue la plenitud de las garantías para el ejercicio de los derechos sociales de estas personas. Para ello, es indispensable que entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación intervengan para salvaguardar y garantizar los derechos de estas personas, de manera concertada con ellas y atendiendo a sus necesidades. 3) Cualquier medida que el Estado pretenda adoptar con base en el pronunciamiento de la Corte Constitucional sólo se adelante una vez esté debidamente ejecutoriada la sentencia SU-484/08.Conforme a lo anterior, la Comisión Colombiana de Juristas ve con preocupación lasituación de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, que, conocasión de la sentencia de la Corte Constitucional SU–484 de 2008, pueden llegar a verconculcados sus derechos laborales, y, algunos de ellos, su derecho a no ser forzosamentedesalojados. Por lo anterior, la Comisión considera necesario conformar una mesa detrabajo en la que participe la Procuraduría General de la Nación, para hacer un seguimientopermanente a la ejecución de la sentencia SU–484 de 2008, con el fin de asegurar el respetode los derechos humanos de los servidores del Hospital San Juan de Dios, y evitar undesalojo forzoso de las personas que habitan en las instalaciones del mismo.Comisión Colombiana de JuristasBogotá, 4 de julio de 2008Para mayor información, contactar a: Felipe Galvis Castro, Investigador DESC CCJ (tel. 376 8200, ext. 129) 10

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 3
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 93
 resolución