Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc211_03.html
Timestamp: 2019-10-21 20:54:06+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-211_2003]
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la INTERVENCION Política, la ciudadana María Eugenia Bareño Villa solicitó a la Corte declarar inexequible parcialmente el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Cumplidos los trámites INTERVENCIONESs y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, y previo concepto de la Procuraduría General de la Nación, la Corte INTERVENCIONES procede a decidir en relación con la demanda de la referencia.
“Artículo 46. Límite de las sanciones. La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente.
Para la actora, la INTERVENC “la inhabilidad será permanente” contenida en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 infringe los artículos 28 (libertad personal), 13 (igualdad) y 1º (INTERVEN) de la INTERVENCION Política, por las razones que pasan a explicarse.
Así mismo, precisó que la inhabilidad contemplada en la INTERVENCIO demandada no es razonable, lo que en su sentir vulnera los artículos 28 y 13 superiores. Al respecto señaló “(...) su permanencia produce una INTERVENCION injusta e indigna para cualquier persona de una sanción que nunca se levantará, privando a cualquier funcionario de una segunda INTERVENCION laboral.”
En su sentir, la expresión objeto de estudio viola flagrantemente el principio constitucional consagrado en el inciso final del artículo 28 superior que señala, "en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles".
4.3.	Universidad del Rosario
"(...)El artículo 243 de la Constitución Política le reconoce fuerza de cosa juzgada a los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional. Ello significa que las decisiones judiciales adoptadas por la Corporación en cumplimiento de su misión de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta, adquieren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y dilucidados en procesos anteriores, no resulta admisible replantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento de fondo. [1]
La cosa juzgada constitucional dependiendo del estudio que se le haya realizado a una norma determinada y de los efectos de la decisión recibe diferentes connotaciones. De ahí la distinción que surge entre cosa juzgada formal y material. Se dice que opera cosa juzgada formal "cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio" y, cosa juzgada material "cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación"[3]. Así las cosas, la cosa juzgada formal recae sobre el texto acusado, mientras que la cosa juzgada material se proyecta sobre los contenidos normativos estudiados, sin que esto signifique que deba existir semejanza o coincidencia entre el problema jurídico propuesto y el que fue objeto de pronunciamiento en la decisión precedente.
En reciente pronunciamiento la Corte Constitucional, en sentencia C-310 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, precisó que el efecto de la cosa juzgada material variaba dependiendo de si la norma fue declarada inexequible o exequible. En el primer caso, "si la norma enjuiciada ha sido declarada inexequible y, en consecuencia, retirada del ordenamiento jurídico, el efecto de la cosa juzgada material limita la competencia del legislador, de manera que éste queda impedido para reproducir el contenido normativo del acto mientras subsistan las disposiciones constitucionales que dieron lugar al citado pronunciamiento", dándose de esta forma el estricto cumplimiento a la orden contenida en el artículo 243 superior. Ahora bien, si la disposición fue declarada exequible, la cosa juzgada material, en principio, imposibilita al juez constitucional para pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, esto, con el fin de garantizar a los administrados, principios como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la igualdad.[4] Sin embargo, excepcionalmente, el juez podría adelantar un nuevo juicio de constitucionalidad sobre un texto normativo del cual ya hubo pronunciamiento, si considera necesario precisar los valores y principios constitucionales y aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica.[5]
"No obstante, atendiendo al carácter dinámico de la Constitución, que se deriva de su relación directa con la realidad sociopolítica del país, es posible que el juez constitucional se vea obligado a revaluar la interpretación previamente adoptada en torno al alcance de un determinado texto jurídico, debiendo adelantar un nuevo juicio de inconstitucionalidad; esta vez, a partir de acontecimientos distintos a los que respaldaron la decisión positiva que se adoptó en el pasado –cambios sociales, económicos, políticos o culturales-, aún cuando no se hayan presentado cambios sustanciales o formales en las disposiciones constitucionales que suscitaron su aval inicial."
La cosa juzgada absoluta tiene lugar en los casos en que la Corte no ha restringido el alcance de su decisión, situación que impide toda posibilidad de formular y considerar nuevas demandas de inconstitucionalidad sobre el mismo asunto, mientras subsistan las disposiciones constitucionales en las que se apoyó el fallo. En numerosos fallos se ha señalado que la cosa juzgada constitucional es absoluta "cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional.”[6]
"(...)También puede ocurrir que cuando la Corte pese ha haber analizado en el texto de la providencia los cargos propuestos en una demanda no ha señalado expresamente el alcance limitado de sus efectos a esos determinados aspectos, debe entenderse que la adopción de la decisión ha estado precedida por un análisis de la norma impugnada frente a la totalidad de las normas superiores, dando lugar a que la providencia también esté amparada por la cosa juzgada absoluta[7], configurándose en tal hipótesis una suerte de “presunción de control integral”. [8]
Por último, en lo concerniente a la cosa juzgada relativa, advierte la Corte que es fundamental aclarar que es necesario que se haya limitado el alcance de la decisión, ya sea en la parte resolutiva o motiva. Si el juez constitucional restringió los efectos de su declaratoria de inconstitucionalidad en los considerandos se está frente a lo que se conoce como cosa juzgada relativa implícita[9],
"(...) es menester que las sentencias que profiere la Corte contengan un mínimo de motivación o de referencia a las razones por las cuales se considera que la norma sub examine se ajusta o, por el contrario, contradice los dictados de la Ley Fundamental, pues es incuestionable que ...“la motivación es esencial a todo fallo, y si las razones de su juicio vinculan necesariamente la sentencia, en su contenido material, con las razones del juez, faltaría éste a su deber si, con la excusa de haber decidido lo que en realidad no decidió, cerrara las puertas de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)”. [10]
6.3.1.	Cosa juzgada condicionada
“(...) Esto muestra que es necesario distinguir entre las sentencias de cosa juzgada relativa y las sentencias de constitucionalidad condicionada. Así, la limitación de la cosa juzgada tiene que ver con la posibilidad de que una disposición que ya fue analizada por la Corte, pueda o no ser estudiada en el futuro. Por ende, existe cosa juzgada relativa cuando la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma pueda ser nuevamente reexaminada en el futuro. En cambio, la constitucionalidad condicionada consiste en que la Corte delimita el contenido de la disposición acusada para, en desarrollo del principio de conservación del derecho, poder preservarla en el ordenamiento. Así, la sentencia condicionada puede señalar que sólo son válidas algunas interpretaciones de la misma, estableciéndose de esta manera cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuales no son legítimos constitucionalmente. Pero si la Corte no limita el alcance de la cosa juzgada, entonces ese pronunciamiento material de constitucionalidad condicionada tiene efectos jurídicos definitivos y erga omnes.”[11]
No obstante, a pesar de la diferencia entre los cargos, por las razones que se explican a continuación, en relación con la expresión “la inhabilidad será permanente”, demandada en esta oportunidad ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional absoluta, por cuanto en la Sentencia C-948 de 2002, con ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Galvis, la Corte decidió: "Declarar EXEQUIBLE, la expresión “pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente”, contenida en el primer inciso del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 122 de la Constitución Política.", sin haber restringido su alcance. En efecto, en un fallo reciente, esta Corporación, mediante sentencia C-070 de 2003, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda confirmó que había operado la cosa juzgada en relación con la expresión acusada, al resolver lo siguiente: "Estarse a lo resuelto en la sentencia de la Corte Constitucional C-948 de 2002 en el sentido de declarar exequible la expresión `pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente´ contenida en el primer inciso del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 122 de la Constitución Política."
"El legislador, como ya se expresó, goza de autorización constitucional para establecer causales de inhabilidad e incompatibilidad en cuanto al ejercicio de cargos públicos, y al hacerlo, en tanto no contradiga lo dispuesto por la Carta Política y plasme reglas razonables y proporcionales, le es posible introducir o crear los motivos que las configuren, según su propia verificación acerca de experiencias anteriores y su evaluación sobre lo que más convenga con el objeto de garantizar la transparencia del acceso a la función pública, de las sanas costumbres en el seno de la sociedad y de la separación entre el interés público y el privado de los servidores estatales, sin que necesariamente los fenómenos que decida consagrar en la calidad dicha tengan que estar explícitamente contemplados en el texto de la Constitución. Exigirlo así significaría quitar a la ley toda iniciativa en materias que son propias de su papel en el plano de la conformación del orden jurídico, despojando de contenido la función legislativa misma.”[12]
Es por lo anterior que decidió declarar la exequibilidad de la expresión "pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente”, pero bajo el entendido que dicha inhabilidad se aplicará exclusivamente cuando la falta disciplinaria que con ella se sanciona consista en la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política.
Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-948 de 2002 que declaró exequible la expresión "pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente", contenida en el primer inciso del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 122 de la Constitución Política.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 (parcial) de la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico”.
[1] Ver entre otras las siguientes providencias: Sentencias C-397/95 y C-774/2000; los Autos A-174 y A-289ª de 2001.
[2] Sentencia C-310 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[4] Ver entre otras las sentencias C-301 de 1993, C-426 de 1997 y C-774 de 2001
[5] Ver al respecto las sentencias C-774 de 2000 y la C-447 de 1997.
[6] Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[7] Sentencia C-478 de 1998
[8] Auto de sala Plena No. 174 de 2001.
[9] Sentencias C-774 de 2001y C-478 de 1998
[10] Sentencia C-700 de 1999.
[12] Sentencia. C-617/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[13] Ver Sentencia C- 952/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis S.V de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett. A.V. del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa
[14] Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 28
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 46
 Artículo 122
 artículo 46
 Artículo 122
 artículo 122
 artículo 46
 Artículo 122
 artículo 46
 Artículo 48