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Timestamp: 2019-03-24 07:13:00+00:00

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CAPÍTULO PRIMERO. Fuentes del derecho (Arts. 1 a 2)
CAPÍTULO III. Eficacia general de las normas jurídicas (Arts. 6 a 7)
TÍTULO III. Del domicilio (Arts. 40 a 41)
CAPÍTULO PRIMERO. De la promesa de matrimonio (Arts. 42 a 43)
SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones generales (Arts. 49 a 50)
SECCIÓN SEGUNDA. De la celebración del matrimonio (Arts. 51 a 58)
SECCIÓN TERCERA. De la celebración en forma religiosa (Arts. 59 a 60)
CAPÍTULO IV. De la inscripción del matrimonio en el registro civil (Arts. 61 a 65)
CAPÍTULO IX. De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio (Arts. 90 a 101)
CAPÍTULO PRIMERO. De la filiación y sus efectos (Arts. 108 a 111)
CAPÍTULO II. De la representación legal de los hijos (Arts. 162 a 163)
CAPÍTULO V. De la adopción y otras formas de protección de menores (Arts. 172 a 180)
Artículo 202 Derogado
Artículo 203 Derogado
Artículo 204 Derogado
Artículo 205 Derogado
Artículo 206 Derogado
Artículo 207 Derogado
Artículo 208 Derogado
Artículo 209 Derogado
Artículo 210 Derogado
Artículo 211 Derogado
Artículo 212 Derogado
Artículo 213 Derogado
Artículo 214 Derogado
TÍTULO X. De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados (Arts. 215 a 313)
Artículo 294 Derogado
Artículo 295 Derogado
Artículo 296 Derogado
Artículo 298 Derogado
TÍTULO PRIMERO. De la clasificación de los bienes (Arts. 333 a 347)
CAPÍTULO III. De los bienes según las personas a que pertenece (Arts. 338 a 345)
Sección primera. Del dominio de las aguas (Arts. 407 a 408)
CAPÍTULO II. De los minerales (Arts. 426 a 427)
CAPÍTULO III. De los efectos de la posesión (arts. 446 a 466) (Arts. 428 a 429)
Sección cuarta. De las servidumbres de medianería (Arts. 571 a 579)
Sección séptima. De las distancias y obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones (Arts. 589 a 593)
Libro tercero. De los diferentes modos de adquirir la propiedad (Arts. 609 a 1087)
CAPÍTULO III. De los efectos y limitaciones de las donaciones (Arts. 634 a 643)
TÍTULO III. De las sucesiones (Arts. 657 a 1087)
Sección segunda. De los testamentos en general (Arts. 667 a 675)
Sección quinta. Del testamento abierto (Arts. 694 a 705)
CAPÍTULO V. Disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él (Arts. 959 a 1034)
SECCIÓN CUARTA. De la aceptación y repudiación de la herencia (Arts. 988 a 1009)
SECCIÓN QUINTA. Del beneficio de inventario y del derecho de deliberar (Arts. 1010 a 1034)
CAPÍTULO VI. De la colación y partición (Arts. 1035 a 1087)
SECCIÓN PRIMERA. De la colación (Arts. 1035 a 1050)
SECCIÓN SEGUNDA. De la partición (Arts. 1051 a 1067)
SECCIÓN TERCERA. De los efectos de la partición (Arts. 1068 a 1072)
SECCIÓN CUARTA. De la rescisión de la partición (Arts. 1073 a 1081)
SECCIÓN QUINTA. Del pago de las deudas hereditarias (Arts. 1082 a 1087)
Libro cuarto. De las obligaciones y contratos (Arts. 1088 a 1975)
TÍTULO PRIMERO. De las obligaciones (Arts. 1088 a 1253)
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales (Arts. 1088 a 1093)
CAPÍTULO II. De la naturaleza y efectos de las obligaciones (Arts. 1094 a 1112)
CAPÍTULO III. De las diversas especies de obligaciones (Arts. 1113 a 1155)
SECCIÓN PRIMERA. De las obligaciones puras y de las condicionales (Arts. 1113 a 1124)
SECCIÓN SEGUNDA. De las obligaciones a plazo (Arts. 1125 a 1130)
SECCIÓN TERCERA. De las obligaciones alternativas (Arts. 1131 a 1136)
SECCIÓN CUARTA. De las obligaciones mancomunadas y de las solidarias (Arts. 1137 a 1148)
SECCIÓN QUINTA. De las obligaciones divisibles y de las indivisibles (Arts. 1149 a 1151)
SECCIÓN SEXTA. De las obligaciones con cláusula penal (Arts. 1152 a 1155)
CAPÍTULO IV. De la extinción de las obligaciones (Arts. 1156 a 1213)
SECCIÓN PRIMERA. Del pago (Arts. 1157 a 1181)
Del ofrecimiento de pago y de la consignación (Arts. 1176 a 1181)
SECCIÓN SEGUNDA. De la pérdida de la cosa debida (Arts. 1182 a 1186)
SECCIÓN TERCERA. De la condonación de la deuda (Arts. 1187 a 1191)
SECCIÓN CUARTA. De la confusión de derechos (Arts. 1192 a 1194)
SECCIÓN QUINTA. De la compensación (Arts. 1195 a 1202)
SECCIÓN SEXTA. De la novación (Arts. 1203 a 1213)
CAPÍTULO V. De la prueba de las obligaciones (Arts. 1214 a 1253)
DISPOSICIONES GENERALES (Arts. 1214 a 1215)
Artículo 1214 Derogado
Artículo 1215 Derogado
SECCIÓN PRIMERA. De los documentos públicos (Arts. 1216 a 1230)
Artículo 1226 Derogado
SECCIÓN SEGUNDA. De la confesión (Arts. 1231 a 1239)
Artículo 1231 Derogado
Artículo 1232 Derogado
Artículo 1233 Derogado
Artículo 1234 Derogado
Artículo 1235 Derogado
Artículo 1236 Derogado
Artículo 1237 Derogado
Artículo 1238 Derogado
Artículo 1239 Derogado
SECCIÓN TERCERA. De la inspección personal del Juez (Arts. 1240 a 1241)
Artículo 1240 Derogado
Artículo 1241 Derogado
SECCIÓN CUARTA. De la prueba de peritos (Arts. 1242 a 1243)
Artículo 1242 Derogado
Artículo 1243 Derogado
SECCIÓN QUINTA. De la prueba de testigos. (Arts. 1244 a 1248)
Artículo 1244 Derogado
Artículo 1245 Derogado
Artículo 1246 Derogado
Artículo 1247 Derogado
Artículo 1248 Derogado
SECCIÓN SEXTA. De las presunciones (Arts. 1249 a 1253)
Artículo 1249 Derogado
Artículo 1250 Derogado
Artículo 1251 Derogado
Artículo 1252 Derogado
Artículo 1253 Derogado
TÍTULO II. De los contratos (Arts. 1254 a 1314)
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales (Arts. 1254 a 1260)
CAPÍTULO II. De los requisitos esenciales para la validez de los contratos (Arts. 1261 a 1277)
SECCIÓN PRIMERA. Del consentimiento (Arts. 1262 a 1270)
SECCIÓN SEGUNDA. Del objeto de los contratos (Arts. 1271 a 1273)
SECCIÓN TERCERA. De la causa de los contratos (Arts. 1274 a 1277)
CAPÍTULO III. De la eficacia de los contratos (Arts. 1278 a 1280)
CAPÍTULO IV. De la interpretación de los contratos (Arts. 1281 a 1289)
CAPÍTULO V. De la rescisión de los contratos (Arts. 1290 a 1299)
CAPÍTULO VI. De la nulidad de los contratos (Arts. 1300 a 1314)
TÍTULO III. Del régimen económico matrimonial (Arts. 1315 a 1444)
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales (Arts. 1315 a 1324)
CAPÍTULO II. De las capitulaciones matrimoniales (Arts. 1325 a 1335)
CAPÍTULO III. De las donaciones por razón de matrimonio (Arts. 1336 a 1343)
CAPÍTULO IV. De la sociedad de gananciales (Arts. 1344 a 1410)
SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones generales (Arts. 1344 a 1345)
SECCIÓN SEGUNDA. De los bienes privativos y comunes (Arts. 1346 a 1361)
SECCIÓN TERCERA. De las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales (Arts. 1362 a 1374)
SECCIÓN CUARTA. De la administración de la sociedad de gananciales (Arts. 1375 a 1391)
SECCIÓN QUINTA. De la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales (Arts. 1392 a 1410)
CAPÍTULO V. Del régimen de participación (Arts. 1411 a 1434)
CAPÍTULO VI. Del régimen de separación de bienes (Arts. 1435 a 1444)
TÍTULO IV. Del contrato de compra y venta (Arts. 1445 a 1537)
CAPÍTULO PRIMERO. De la naturaleza y forma de este contrato (Arts. 1445 a 1456)
CAPÍTULO II. De la capacidad para comprar o vender (Arts. 1457 a 1459)
CAPÍTULO IV. De las obligaciones del vendedor (Arts. 1461 a 1499)
SECCIÓN SEGUNDA. De la entrega de la cosa vendida (Arts. 1462 a 1473)
SECCIÓN TERCERA. Del saneamiento (Arts. 1474 a 1499)
1º. Del saneamiento en caso de evicción (Arts. 1475 a 1483)
2º. Del saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida (Arts. 1484 a 1499)
CAPÍTULO V. De las obligaciones del comprador (Arts. 1500 a 1505)
CAPÍTULO VI. De la resolución de la venta (Arts. 1506 a 1525)
SECCIÓN PRIMERA Del retracto convencional (Arts. 1507 a 1520)
SECCIÓN SEGUNDA. Del retracto legal (Arts. 1521 a 1525)
CAPÍTULO VII. De la transmisión de créditos y demás derechos incorporales (Arts. 1526 a 1536)
TÍTULO V. De la permuta (Arts. 1538 a 1541)
TÍTULO VI. Del contrato de arrendamiento (Arts. 1542 a 1603)
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales (Arts. 1542 a 1545)
CAPÍTULO II: De los arrendamientos de fincas rústicas y urbanas (Arts. 1546 a 1582)
SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones generales (Arts. 1546 a 1553)
SECCIÓN SEGUNDA. De los derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario (Arts. 1554 a 1574)
SECCIÓN TERCERA. Disposiciones especiales para los arrendamientos de predios rústicos (Arts. 1575 a 1579)
SECCIÓN CUARTA. Disposiciones especiales para el arrendamiento de predios urbanos (Arts. 1580 a 1582)
CAPÍTULO III. Del arrendamiento de obras y servicios (Arts. 1583 a 1603)
SECCIÓN PRIMERA. Del servicio de criados y trabajadores asalariados (Arts. 1583 a 1587)
SECCIÓN SEGUNDA. De las obras por ajuste o precio alzado (Arts. 1588 a 1600)
SECCIÓN TERCERA De los transportes por agua y tierra, tanto de personas como de cosas (Arts. 1601 a 1603)
TÍTULO VII. De los censos (Arts. 1604 a 1664)
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales (Arts. 1604 a 1627)
CAPÍTULO II. Del censo enfitéutico (Arts. 1628 a 1656)
SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones relativas a la enfiteusis (Arts. 1628 a 1654)
SECCIÓN SEGUNDA. De los foros y otros contratos análogos al de enfiteusis (Arts. 1655 a 1656)
CAPÍTULO III. Del censo consignativo (Arts. 1657 a 1660)
CAPÍTULO IV. Del censo reservativo (Arts. 1661 a 1664)
TÍTULO VIII. De la sociedad (Arts. 1665 a 1708)
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales (Arts. 1665 a 1678)
CAPÍTULO II. De las obligaciones de los socios (Arts. 1679 a 1699)
SECCIÓN PRIMERA. De las obligaciones de los socios entre sí (Arts. 1679 a 1696)
SECCIÓN SEGUNDA. De las obligaciones de los socios para con un tercero (Arts. 1697 a 1699)
TÍTULO IX. Del mandato (Arts. 1700 a 1708)
TÍTULO IX. Del mandato (Arts. 1709 a 1739)
CAPÍTULO PRIMERO. De la naturaleza, forma y especies del mandato (Arts. 1709 a 1717)
CAPÍTULO II. De las obligaciones del mandatario (Arts. 1718 a 1726)
CAPÍTULO III. De las obligaciones del mandante (Arts. 1727 a 1731)
CAPÍTULO IV. De los modos de acabarse el mandato (Arts. 1732 a 1739)
TÍTULO X. Del préstamo (Arts. 1740 a 1757)
CAPÍTULO PRIMERO. Del comodato (Arts. 1741 a 1752)
SECCIÓN PRIMERA. De la naturaleza del comodato (Arts. 1741 a 1742)
SECCIÓN SEGUNDA. De las obligaciones del comodatario (Arts. 1743 a 1748)
SECCIÓN TERCERA. De las obligaciones del comodante (Arts. 1749 a 1752)
CAPÍTULO II. Del simple préstamo (Arts. 1753 a 1757)
TÍTULO XI. Del depósito (Arts. 1758 a 1789)
CAPÍTULO PRIMERO. Del depósito en general y de sus diversas especies (Arts. 1758 a 1759)
CAPÍTULO II. Del depósito propiamente dicho (Arts. 1760 a 1784)
SECCIÓN PRIMERA. De la naturaleza y esencia del contrato de depósito (Arts. 1760 a 1762)
SECCIÓN SEGUNDA. Del depósito voluntario (Arts. 1763 a 1765)
SECCIÓN TERCERA. De las obligaciones del depositario (Arts. 1766 a 1778)
SECCIÓN CUARTA. De las obligaciones del depositante (Arts. 1779 a 1780)
SECCIÓN QUINTA. Del depósito necesario (Arts. 1781 a 1784)
TÍTULO XII. De los contratos aleatorios o de suerte (Arts. 1785 a 1789)
CAPÍTULO II. Del contrato de alimentos (Arts. 1791 a 1797)
CAPÍTULO III. Del juego y de la apuesta (Arts. 1798 a 1801)
CAPÍTULO IV. De la renta vitalicia (Arts. 1802 a 1808)
TÍTULO XIII. De las transacciones y compromisos (Arts. 1809 a 1821)
CAPÍTULO PRIMERO. De las transacciones (Arts. 1809 a 1819)
CAPÍTULO II. De los compromisos (Arts. 1820 a 1821)
Artículo 1820 Derogado
Artículo 1821 Derogado
TÍTULO XIV. De la fianza (Arts. 1822 a 1856)
CAPÍTULO PRIMERO. De la naturaleza y extensión de la fianza (Arts. 1822 a 1829)
CAPÍTULO II. De los efectos de la fianza (Arts. 1830 a 1846)
SECCIÓN PRIMERA. De los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor (Arts. 1830 a 1837)
SECCIÓN SEGUNDA. De los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador (Arts. 1838 a 1843)
SECCIÓN TERCERA. De los efectos de la fianza entre los cofiadores (Arts. 1844 a 1846)
CAPÍTULO III. De la extinción de la fianza (Arts. 1847 a 1853)
CAPÍTULO IV. De la fianza legal y judicial (Arts. 1854 a 1856)
TÍTULO XV. De los contratos de prenda, hipoteca y anticresis (Arts. 1857 a 1886)
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones comunes a la prenda y a la hipoteca (Arts. 1857 a 1862)
CAPÍTULO II. De la prenda (Arts. 1863 a 1873)
CAPÍTULO III. De la hipoteca (Arts. 1874 a 1880)
CAPÍTULO IV. De la anticresis (Arts. 1881 a 1886)
TÍTULO XVI. De las obligaciones que se contraen sin convenio (Arts. 1887 a 1910)
CAPÍTULO PRIMERO. De los cuasi contratos (Arts. 1888 a 1901)
SECCIÓN PRIMERA. De la gestión de negocios ajenos (Arts. 1888 a 1894)
SECCIÓN SEGUNDA. Del cobro de lo indebido (Arts. 1895 a 1901)
CAPÍTULO II. De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia (Arts. 1902 a 1910)
TÍTULO XVII. De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia (Arts. 1911 a 1929)
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales (Arts. 1911 a 1920)
Artículo 1912 Derogado
Artículo 1913 Derogado
Artículo 1914 Derogado
Artículo 1915 Derogado
Artículo 1916 Derogado
Artículo 1917 Derogado
Artículo 1918 Derogado
Artículo 1919 Derogado
Artículo 1920 Derogado
CAPÍTULO II. De la clasificación de créditos (Arts. 1921 a 1925)
CAPÍTULO III. De la prelación de créditos (Arts. 1926 a 1929)
TÍTULO XVIII. De la prescripción (Arts. 1930 a 1975)
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales (Arts. 1930 a 1939)
CAPÍTULO II. De la prescripción del dominio y demás derechos reales (Arts. 1940 a 1960)
CAPÍTULO III. De la prescripción de las acciones (Arts. 1961 a 1975)
30/06/2017 - 04/08/2018[Comparar]
06/10/2015 - 28/06/2017[Comparar]
29/07/2015 - 05/10/2015[Comparar]
14/07/2015 - 28/07/2015[Comparar]
03/07/2015 - 13/07/2015[Comparar]
25/06/2015 - 02/07/2015[Comparar]
14/11/2012 - 24/06/2015[Comparar]
22/07/2011 - 13/11/2012[Comparar]
29/12/2007 - 21/07/2011[Comparar]
29/11/2005 - 28/12/2007[Comparar]
09/07/2005 - 28/11/2005[Comparar]
02/07/2005 - 08/07/2005[Comparar]
22/06/2005 - 01/07/2005[Comparar]
22/11/2003 - 21/06/2005[Comparar]
19/11/2003 - 21/11/2003[Comparar]
30/09/2003 - 18/11/2003[Comparar]
10/07/2003 - 29/09/2003[Comparar]
02/04/2003 - 09/07/2003[Comparar]
11/12/2002 - 01/04/2003[Comparar]
09/10/2002 - 10/12/2002[Comparar]
12/07/2002 - 08/10/2002[Comparar]
10/01/2000 - 11/07/2002[Comparar]
08/01/2000 - 09/01/2000[Comparar]
06/11/1999 - 07/01/2000[Comparar]
19/05/1999 - 05/11/1999[Comparar]
08/04/1999 - 18/05/1999[Comparar]
17/01/1996 - 07/04/1999[Comparar]
04/11/1995 - 16/01/1996[Comparar]
24/12/1994 - 03/11/1995[Comparar]
12/01/1992 - 28/02/1995[Comparar]
23/12/1991 - 23/12/1994[Comparar]
28/01/1991 - 11/01/1992[Comparar]
08/01/1991 - 22/12/1991[Comparar]
07/01/1991 - 27/01/1991[Comparar]
18/12/1990 - 07/01/1991[Comparar]
07/11/1990 - 06/01/1991[Comparar]
27/12/1988 - 06/11/1990[Comparar]
07/12/1987 - 26/12/1988[Comparar]
01/01/1986 - 06/12/1987[Comparar]
04/07/1984 - 31/12/1985[Comparar]
24/04/1984 - 03/07/1984[Comparar]
15/11/1983 - 23/04/1984[Comparar]
20/08/1982 - 14/11/1983[Comparar]
09/08/1981 - 19/08/1982[Comparar]
08/06/1981 - 08/08/1981[Comparar]
17/04/1981 - 07/06/1981[Comparar]
17/11/1978 - 16/04/1981[Comparar]
20/06/1978 - 16/11/1978[Comparar]
26/05/1975 - 19/06/1978[Comparar]
30/07/1974 - 25/05/1975[Comparar]
14/08/1972 - 29/07/1974[Comparar]
28/07/1970 - 13/08/1972[Comparar]
24/07/1960 - 27/07/1970[Comparar]
19/07/1958 - 23/07/1960[Comparar]
26/04/1958 - 18/07/1958[Comparar]
16/08/1955 - 25/04/1958[Comparar]
17/01/1954 - 15/08/1955[Comparar]
25/12/1953 - 16/07/1954[Comparar]
23/12/1952 - 24/12/1953[Comparar]
17/11/1941 - 22/12/1952[Comparar]
30/10/1939 - 16/11/1941[Comparar]
20/10/1939 - 29/10/1939[Comparar]
01/07/1928 - 19/10/1939[Comparar]
13/08/1904 - 30/06/1928[Comparar]
TOL220.310 Legislación
Privado > Estado > Normas Estatales con rango de ley > Decretos Legislativos y Decretos que aprueban leyes > Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se aprueba el Código Civil
Disposición: Código Civil de 24 de julio de 1889
Norma: Código Civil
Fecha Publicación: 25/07/1889 Fecha Norma: 15/06/1889 Fecha Última Reforma: 25/10/2018
Rango: Real Decreto Legislativo Boletín: Boletín Oficial del Estado (BOE) N. Boletín: Gaceta
[anterior] Título preliminar. De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia
[anterior] CAPÍTULO PRIMERO. Fuentes del derecho
[anterior] Dado en San Ildefonso a veinticuatro de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve.
[anterior] MARÍA CRISTINA
[anterior] 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
[anterior] Art. 9,3 C.E.; Art. 2,2 C.C.; Arts. 23; 26; 27; 28 y 30 L.R.J.A.E.
[anterior] 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
[anterior] Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.
[anterior] 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
[anterior] 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.
[anterior] 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
[anterior] 7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.
[anterior] 2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
[anterior] 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario.
[anterior] CAPÍTULO II. Aplicación de las normas jurídicas
[anterior] 2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.
[anterior] 2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
[anterior] 3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.
1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.
[anterior] 2. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.
[anterior] CAPÍTULO III. Eficacia general de las normas jurídicas
1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.
[anterior] 2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.
[anterior] 3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
[anterior] 4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.
[anterior] 2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
[anterior] CAPÍTULO IV. Normas de derecho internacional privado
[anterior] 2. Derogado.
[anterior] El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior.
[anterior] 2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.
[anterior] La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107.
[anterior] 3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.
[anterior] 4. La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación, se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación o si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicará la ley sustantiva española. En lo relativo al establecimiento de la filiación por adopción, se estará a lo dispuesto en el apartado 5.
[anterior] La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por adopción, y al ejercicio de la responsabilidad parental, se determinará con arreglo al Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.
[anterior] 5. La adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de Adopción Internacional.
[anterior] 6. La ley aplicable a la protección de menores se determinará de acuerdo con el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, a que se hace referencia en el apartado 4 de este artículo.
[anterior] La ley aplicable a la protección de las personas mayores de edad se determinará por la ley de su residencia habitual. En el caso de cambio de la residencia a otro Estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de protección acordadas en otros Estados. Será de aplicación, sin embargo, la ley española para la adopción de medidas provisionales o urgentes de protección.
[anterior] 7. La ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se determinará de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya.
[anterior] 8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley nacional de causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la Ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.
[anterior] 9. A los efectos de este capítulo, respecto de las situaciones de doble nacionalidad previstas en las leyes españolas se estará a lo que determinen los tratados internacionales y, si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida.
[anterior] Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare dos o más nacionalidades y ninguna de ellas fuera la española, se estará a lo que establece el apartado siguiente.
[anterior] 10. Se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual.
[anterior] 11. La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción.
[anterior] En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales.
[anterior] La misma ley será aplicable a los bienes muebles.
[anterior] A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su destino.
[anterior] 2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen.
[anterior] 3. La emisión de los títulos-valores se atendrá a la ley del lugar en que se produzca.
[anterior] 4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.
[anterior] 5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y en último término, la ley del lugar de celebración del contrato.
[anterior] No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen.
[anterior] 6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8, les será de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios.
[anterior] 7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la ley nacional del donante.
[anterior] 8. Serán válidos, a efectos del ordenamiento jurídico español, los contratos onerosos celebrados en España por extranjero incapaz según su ley nacional, si la causa de la incapacidad no estuviese reconocida en la legislación española. Esta regla no se aplicará a los contratos relativos a inmuebles situados en el extranjero.
[anterior] 9. Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven.
[anterior] La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar donde el gestor realice la principal actividad.
[anterior] En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido.
[anterior] 10. La ley reguladora de una obligación se extiende a los requisitos del cumplimiento y a las consecuencias del incumplimiento, así como a su extinción. Sin embargo, se aplicará la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requieren intervención judicial o administrativa.
[anterior] 11. A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas.
[anterior] Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado al que pertenezcan.
[anterior] 2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquéllos en el extranjero.
[anterior] 3. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero.
1. La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará con arreglo a la ley española.
[anterior] 2. La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española.
[anterior] 3. En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público.
[anterior] 4. Se considerará como fraude de ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española
[anterior] 6. Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español.
[anterior] CAPÍTULO V. Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional
[anterior] 2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
[anterior] 2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad.
[anterior] Por la adopción el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes.
[anterior] 3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común.
[anterior] Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción.
[anterior] La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio de vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos.
[anterior] En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año después de su emancipación, podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, habrá de ser asistido en la opción por el representante legal.
[anterior] 4. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la vecindad civil del otro.
[anterior] 5. La vecindad civil se adquiere:
[anterior] 2.º Por residencia continuada de diez años sin declaración en contrario durante este plazo.
[anterior] Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan ser reiteradas.
[anterior] 6. En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento.
[anterior] b) La del lugar del nacimiento.
[anterior] c) La última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes.
[anterior] d) La del cónyuge.
[anterior] Esta declaración de opción se formulará, atendiendo a la capacidad del interesado para adquirir la nacionalidad, por el propio optante, por sí o asistido de su representante legal, o por este último. Cuando la adquisición de la nacionalidad se haga por declaración o a petición del representante legal, la autorización necesaria deberá determinar la vecindad civil por la que se ha de optar.
[anterior] 2. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza tendrá la vecindad civil que el Real Decreto de concesión determine, teniendo en cuenta la opción de aquél, de acuerdo con lo que dispone el apartado anterior u otras circunstancias que concurran en el peticionario.
[anterior] 3. La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de aquella vecindad civil que ostentara el interesado al tiempo de su pérdida.
[anterior] 4. La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con especialidad civil propia o distinta, dentro de la legislación especial o foral del territorio correspondiente, se regirá por las disposiciones de este artículo y las del anterior.
[anterior] 2.ª No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 sobre calificación, remisión y orden público.
[anterior] 2. El derecho de viudedad regulado en la Compilación aragonesa corresponde a los cónyuges sometidos al régimen económico matrimonial de dicha Compilación, aunque después cambie su vecindad civil, con exclusión en este caso de la legítima que establezca la ley sucesoria.
[anterior] El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a título oneroso y de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde se reconozca tal derecho, si el contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin haber hecho constar el régimen económico matrimonial del transmitente.
[anterior] El usufructo vidual corresponde también al cónyuge supérstite cuando el premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte.
[anterior] 3. Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la ley española que resulte aplicable según los criterios del artículo 9 y, en su defecto, por el Código Civil.
[anterior] En este último caso se aplicará el régimen de separación de bienes del Código Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de separación.
[anterior] Libro primero. De las personas
[anterior] TÍTULO PRIMERO. De los españoles y extranjeros
[anterior] b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consultar acreditado en España.
[anterior] c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
[anterior] d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.
[anterior] 2. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación.
[anterior] 2. Si el adoptado es mayor de dieciocho años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción.
[anterior] 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si de acuerdo con el sistema jurídico del país de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, ésta será reconocida también en España.
[anterior] b) Aquella cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España.
[anterior] c) Las que se hallen comprendida en el segundo apartado de los artículos 17 y 19.
[anterior] 2. La declaración de opción se formulará:
[anterior] b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquél sea mayor de catorce años o cuando, aun estando incapacitado, así lo permita la sentencia de incapacitación.
[anterior] c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años. La opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación.
[anterior] d) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la recuperación de la plena capacidad. Se exceptúa el caso en que haya caducado el derecho de opción conforme al párrafo c).
[anterior] 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio del derecho de opción previsto en el apartado 1.b) de este artículo no estará sujeto a límite alguno de edad.
[anterior] 2. La nacionalidad española también se adquiere por residencia en España, en las condiciones que señala el artículo siguiente y mediante la concesión otorgada por el Ministro de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional.
[anterior] 3. En uno y otro caso la solicitud podrá formularla:
[anterior] b) El mayor de catorce años asistido por su representante legal.
[anterior] c) El representante legal del menor de catorce años.
[anterior] d) El representante legal del incapacitado o el incapacitado, por sí solo o debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacitación.
[anterior] En este caso y en el anterior, el representante legal sólo podrá formular la solicitud si previamente ha obtenido autorización conforme a lo previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior.
[anterior] 4. Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23.
[anterior] 2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:
[anterior] b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
[anterior] c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
[anterior] d) El que al tiempo de la solicitud llevara un año casado con español o española y no estuviera separado legalmente o de hecho.
[anterior] e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.
[anterior] f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.
[anterior] 3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.
[anterior] A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.
[anterior] 4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.
[anterior] 5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa.
[anterior] b) Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24 y los sefardíes originarios de España.
[anterior] c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.
1.Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran habitualmente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española el encargado del Registro Civil.
[anterior] La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir, conforme a este apartado, la pérdida de la nacionalidad española de origen.
[anterior] 2.En todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero.
[anterior] 3.Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla al encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.
[anterior] 4.No se pierde la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en este precepto, si España se hallare en guerra.
a)Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
[anterior] b)Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del gobierno.
[anterior] 2.La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de quince años.
1.Quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos:
[anterior] b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española.
[anterior] c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil.
[anterior] 2. No podrán recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad española sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno, los que se encuentren incursos en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior.
[anterior] Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados o leyes especiales.
[anterior] TÍTULO II. Del nacimiento y la extinción de la personalidad civil
[anterior] CAPÍTULO PRIMERO. De las personas naturales
[anterior] CAPÍTULO II. De las personas jurídicas
1º. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.
[anterior] Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas.
[anterior] 2º. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.
[anterior] La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre ambas potestades, y los establecimientos de instrucción y beneficencia por lo que dispongan las leyes especiales.
[anterior] TÍTULO III. Del domicilio
Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil.
[anterior] El domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieren tenido en territorio español.
[anterior] TÍTULO IV. Del matrimonio
[anterior] CAPÍTULO PRIMERO. De la promesa de matrimonio
[anterior] No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento.
[anterior] Esta acción caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.
[anterior] CAPÍTULO II. De los requisitos del matrimonio
[anterior] El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
[anterior] La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta.
[anterior] 2º. Los que estén ligados con vínculo matrimonial.
[anterior] 2º. Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado.
[anterior] 3º. Los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal.
[anterior] CAPÍTULO III. De la forma de celebración del matrimonio
[anterior] SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones generales
[anterior] 2º. En la forma religiosa legalmente prevista.
[anterior] También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración.
[anterior] SECCIÓN SEGUNDA. De la celebración del matrimonio
1º. El Juez encargado del Registro Civil y el Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien delegue.
[anterior] 2º. En los municipios en que no resida dicho Juez, el Alcalde o el delegado designado reglamentariamente.
[anterior] 3º. El funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero.
1º. El Juez encargado del Registro Civil, el delegado o el Alcalde, aunque los contrayentes no residan en la circunscripción respectiva
[anterior] 3º. Respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave, el capitán o comandante de la misma.
[anterior] Este matrimonio no requerirá para su autorización la previa formación de expediente, pero sí la presencia, en su celebración, de dos testigos mayores de edad, salvo imposibilidad acreditada.
[anterior] En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad.
[anterior] El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la renuncia de apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocación por el poderdante bastará su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se notificará de inmediato al Juez, Alcalde o funcionario autorizante.
[anterior] Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.
[anterior] La prestación del consentimiento podrá también realizarse, por delegación del instructor del expediente, bien a petición de los contrayentes o bien de oficio, ante Juez, Alcalde o funcionario de otra población distinta
[anterior] SECCIÓN TERCERA. De la celebración en forma religiosa
[anterior] 2. Igualmente, se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España.
[anterior] En este supuesto, el reconocimiento de efectos civiles requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
[anterior] b) La libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto debidamente acreditado y dos testigos mayores de edad.
[anterior] La condición de ministro de culto será acreditada mediante certificación expedida por la iglesia, confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, con la conformidad de la federación que, en su caso, hubiere solicitado dicho reconocimiento.
[anterior] 3. Para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado en forma religiosa se estará a lo dispuesto en el Capítulo siguiente.
[anterior] CAPÍTULO IV. De la inscripción del matrimonio en el registro civil
[anterior] Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil.
[anterior] El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.
[anterior] Asimismo, practicada la inscripción o extendida el acta, el Juez, Alcalde o funcionario entregará a cada uno de los contrayentes documento acreditativo de la celebración del matrimonio.
[anterior] Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este Título.
[anterior] CAPÍTULO V. De los derechos y deberes de los cónyuges
[anterior] CAPÍTULO VI. De la nulidad del matrimonio
[anterior] 2º. El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 y 47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48.
[anterior] 3º. El que se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos.
[anterior] 4º. El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento.
[anterior] 5º. El contraído por coacción o miedo grave.
[anterior] Al llegar a la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción el contrayente menor, salvo que los cónyuges hubieren vivido juntos durante un año después de alcanzada aquélla.
[anterior] Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo.
[anterior] La buena fe se presume.
Las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
[anterior] CAPÍTULO VII. De la separación
Se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio.
[anterior] 1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código.
[anterior] 2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.
[anterior] A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.
[anterior] Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por Letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el Secretario judicial o Notario. Igualmente los hijos mayores o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante el Secretario judicial o Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar.
[anterior] 2. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores.
[anterior] Los efectos de la separación matrimonial se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así la declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 82. Se remitirá testimonio de la sentencia o decreto, o copia de la escritura pública al Registro Civil para su inscripción, sin que, hasta que esta tenga lugar, se produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe.
[anterior] Cuando la separación hubiere tenido lugar sin intervención judicial, en la forma prevista en el artículo 82, la reconciliación deberá formalizase en escritura pública o acta de manifestaciones.
[anterior] La reconciliación deberá inscribirse, para su eficacia frente a terceros, en el Registro Civil correspondiente.
[anterior] CAPÍTULO VIII. De la disolución del matrimonio
Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81
[anterior] La reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio.
[anterior] CAPÍTULO IX. De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio
[anterior] b) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos.
[anterior] c) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.
[anterior] d) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso.
[anterior] e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.
[anterior] f) La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.
[anterior] 2. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación y divorcio presentados ante el órgano judicial serán aprobados por el Juez salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.
[anterior] Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el Juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que estos presten su consentimiento. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deberán someter, a la consideración del Juez, nueva propuesta para su aprobación, si procede.
[anterior] Cuando los cónyuges formalizasen los acuerdos ante el Secretario judicial o Notario y éstos considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador.
[anterior] Desde la aprobación del convenio regulador o el otorgamiento de la escritura pública, podrán hacerse efectivos los acuerdos por la vía de apremio.
[anterior] 3. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el Secretario judicial o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código.
[anterior] 4. El Juez o las partes podrán establecer las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio.
[anterior] 2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos.
[anterior] 3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello.
[anterior] 4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos de los cónyuges.
[anterior] 5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.
[anterior] 6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.
[anterior] 7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.
[anterior] 8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.
[anterior] Se declara inconstitucional y nulo el inciso "favorable" por la STC nº 185/2012, de 14 de noviembre de 2012
[anterior] Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código.
[anterior] Igualmente podrá determinar, previa audiencia de los padres y de los abuelos, que deberán prestar su consentimiento, el derecho de comunicación y visita de los nietos con los abuelos, conforme al artículo 160 de este Código, teniendo siempre presente el interés del menor.
[anterior] Si la sentencia de nulidad declara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hubiere obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte.
En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.
[anterior] Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.
[anterior] No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.
[anterior] Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial.
[anterior] A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
[anterior] 2.ª La edad y el estado de salud.
[anterior] 3.ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
[anterior] 4.ª La dedicación pasada y futura a la familia.
[anterior] 5.ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
[anterior] 6.ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
[anterior] 7.ª La pérdida eventual de un derecho de pensión.
[anterior] 8.ª El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
[anterior] 9.ª Cualquier otra circunstancia relevante.
[anterior] En la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o el Notario se fijarán la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensión, la duración o el momento de cese y las garantías para su efectividad.
[anterior] La pensión y las bases de actualización fijadas en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o Notario podrán modificarse mediante nuevo convenio, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código.
[anterior] El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.
[anterior] CAPÍTULO X. De las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y divorcio
[anterior] 2º. Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.
[anterior] Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
[anterior] A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.
[anterior] Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren y, de no haberlos, a una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez.
[anterior] Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes:
[anterior] b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
[anterior] c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.
[anterior] 2ª. Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.
[anterior] 3ª. Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas si procede las "litis expensas", establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro.
[anterior] Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad.
[anterior] 4ª. Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.
[anterior] 5ª. Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas del matrimonio.
[anterior] Estos efectos y medidas sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a contar de que fueron inicialmente adoptados, se presenta la demanda ante el Juez o tribunal competente.
[anterior] La revocación de consentimientos y poderes se entiende definitiva.
[anterior] CAPÍTULO XI. Normas de Derecho internacional privado
1.La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley aplicable a su celebración.
[anterior] 2. La separación y el divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho internacional privado.
[anterior] TÍTULO V. De la paternidad y filiación
[anterior] CAPÍTULO PRIMERO. De la filiación y sus efectos
[anterior] La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código.
[anterior] Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la Ley.
[anterior] El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.
[anterior] El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos.
1º. Cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la generación, según sentencia penal firme.
[anterior] 2º. Cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición.
[anterior] En ambos supuestos el hijo no ostentará el apellido del progenitor en cuestión más que si lo solicita él mismo o su representante legal.
[anterior] Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente, o por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad.
[anterior] Quedarán siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos.
[anterior] CAPÍTULO II. De la determinación y prueba de la filiación
[anterior] En todo caso, conservarán su validez los actos otorgados, en nombre del hijo menor o incapaz, por su representante legal, antes de que la filiación hubiere sido determinada.
[anterior] No será eficaz la determinación de una filiación en tanto resulte acreditada otra contradictoria.
[anterior] Podrán también rectificarse en cualquier momento los asientos que resulten contradictorios con los hechos que una sentencia penal declare probados.
[anterior] SECCIÓN SEGUNDA. De la determinación de la filiación matrimonial
1º. Por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres.
[anterior] 2º. Por sentencia firme.
Nacido el hijo dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, podrá el marido destruir la presunción mediante declaración auténtica en contrario formalizada dentro de los seis meses siguientes al conocimiento del parto. Se exceptúan los casos en que hubiere reconocido la paternidad expresa o tácitamente o hubiese conocido el embarazo de la mujer con anterioridad a la celebración del matrimonio, salvo que, en este último supuesto, la declaración auténtica se hubiera formalizado, con el consentimiento de ambos, antes del matrimonio o, después del mismo, dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del hijo.
[anterior] Lo establecido en el párrafo anterior aprovechará, en su caso, a los descendientes del hijo fallecido.
[anterior] SECCIÓN TERCERA. De la determinación de la filiación no matrimonial
[anterior] 2.º Por el reconocimiento ante el Encargado del Registro Civil, en testamento o en otro documento público.
[anterior] 3.º Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del Registro Civil.
[anterior] 4.º Por sentencia firme.
[anterior] 5.º Respecto de la madre, cuando se haga constar la filiación materna en la inscripción de nacimiento practicada dentro de plazo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Registro Civil.
[anterior] No será necesario el consentimiento o la aprobación si el reconocimiento se hubiere efectuado en testamento o dentro del plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento. La inscripción de paternidad así practicada podrá suspenderse a simple petición de la madre durante el año siguiente al nacimiento. Si el padre solicitara la confirmación de la inscripción, será necesaria la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.
[anterior] Alcanzada por éste la plena capacidad, podrá, mediante declaración auténtica, invalidar esta última determinación si no la hubiere consentido.
[anterior] CAPÍTULO III. De las acciones de filiación
[anterior] Artículo 127 Derogado
[anterior] Artículo 128 Derogado
[anterior] Artículo 129 Derogado
[anterior] Artículo 130 Derogado
[anterior] SECCIÓN SEGUNDA. De la reclamación
[anterior] Se exceptúa el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente determinada.
[anterior] Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzase plena capacidad, o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.
[anterior] Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzare mayoría de edad o recobrare capacidad suficiente a tales efectos, o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funde la demanda, su acción corresponderá a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.
[anterior] 2. Igualmente podrán ejercitar la presente acción de filiación los progenitores en el plazo de un año contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamación.
[anterior] Esta acción no será transmisible a los herederos quienes solo podrán continuar la acción que el progenitor hubiere iniciado en vida.
[anterior] SECCIÓN TERCERA. De la impugnación
[anterior] 2. Si el marido, pese a conocer el hecho del nacimiento de quien ha sido inscrito como hijo suyo, desconociera su falta de paternidad biológica, el cómputo del plazo de un año comenzará a contar desde que tuviera tal conocimiento.
[anterior] 3. Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en los párrafos anteriores, la acción corresponderá a cada heredero por el tiempo que faltare para completar dicho plazo.
[anterior] El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor o tuviere la capacidad modificada judicialmente, corresponderá, asimismo, durante el año siguiente a la inscripción de la filiación, a la madre que ostente la patria potestad, a su representante legal o al Ministerio Fiscal.
[anterior] 2. Si el hijo, pese a haber transcurrido más de un año desde la inscripción en el registro, desde su mayoría de edad o desde la recuperación de la capacidad suficiente a tales efectos, desconociera la falta de paternidad biológica de quien aparece inscrito como su progenitor, el cómputo del plazo de un año comenzará a contar desde que tuviera tal conocimiento.
[anterior] 3. Cuando el hijo falleciere antes de transcurrir los plazos establecidos en los párrafos anteriores, su acción corresponderá a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.
[anterior] 4. Si falta en las relaciones familiares la posesión de estado de filiación matrimonial, la demanda podrá ser interpuesta en cualquier tiempo por el hijo o sus herederos.
[anterior] Cuando exista posesión de estado, la acción de impugnación corresponderá a quien aparece como hijo o progenitor y a quienes por la filiación puedan resultar afectados en su calidad de herederos forzosos. La acción caducará pasados cuatro años desde que el hijo, una vez inscrita la filiación, goce de la posesión de estado correspondiente.
[anterior] Los hijos tendrán en todo caso acción durante un año después de alcanzar la mayoría de edad o de recobrar capacidad suficiente a tales efectos.
La acción de impugnación del reconocimiento realizado mediante error, violencia o intimidación corresponde a quien lo hubiere otorgado.
[anterior] La acción caducará al año del reconocimiento o desde que cesó el vicio de consentimiento, y podrá ser ejercitada o continuada por los herederos de aquél, si hubiere fallecido antes de transcurrir el año.
[anterior] TÍTULO VI. De los alimentos entre parientes
[anterior] Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.
[anterior] Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.
[anterior] 2º. Los ascendientes y descendientes.
[anterior] Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación.
[anterior] 2º. A los descendientes de grado más próximo.
[anterior] 3º. A los ascendientes, también de grado más próximo.
[anterior] 4º. A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos.
[anterior] Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos.
[anterior] Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, podrá el Juez obligar a una sola de ellas a que los preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda.
[anterior] Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, se guardará el orden establecido en el artículo anterior, a no ser que los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso éste será preferido a aquél.
[anterior] Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiese recibido anticipadamente.
[anterior] El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos que haga una entidad pública u otra persona y proveer a las futuras necesidades.
[anterior] Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de edad.
[anterior] Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas, y transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a demandarlas.
[anterior] 2º. Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia.
[anterior] 3º. Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia.
[anterior] 4º. Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación.
[anterior] 5º. Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa.
[anterior] TÍTULO VII. De las relaciones paterno-filiales
[anterior] CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales
[anterior] La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental.
[anterior] Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:
[anterior] 2.º Representarlos y administrar sus bienes.
[anterior] Si los hijos tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.
[anterior] Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad.
1º. Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre.
[anterior] 2º. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella.
[anterior] Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso de éstos.
[anterior] En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de dos años.
[anterior] En los supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro.
[anterior] En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro.
[anterior] Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio.
El menor no emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres, y a falta de ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez.
[anterior] 2º. Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio del titular de la potestad de guarda.
[anterior] 3º. Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:
[anterior] 4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad.
[anterior] 5.º La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, con respeto al principio de proporcionalidad.
[anterior] 6.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses.
[anterior] En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas a la Entidad Pública.
[anterior] Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria.
[anterior] Los menores adoptados por otra persona, solo podrán relacionarse con su familia de origen en los términos previstos en el artículo 178.4.
[anterior] 2. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.
[anterior] En caso de oposición, el Juez, a petición del menor, hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.
[anterior] El menor, los afectados y el Ministerio Fiscal podrán oponerse a dichas resoluciones administrativas conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
[anterior] CAPÍTULO II. De la representación legal de los hijos
[anterior] Se exceptúan:
[anterior] No obstante, los responsables parentales intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia.
[anterior] 2.º Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo.
[anterior] 3.º Los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres.
[anterior] Para celebrar contratos que obliguen al hijo a realizar prestaciones personales se requiere el previo consentimiento de éste si tuviere suficiente juicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 158.
[anterior] Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad.
[anterior] CAPÍTULO III. De los bienes de los hijos y de su administración
[anterior] Se exceptúan de la administración paterna:
[anterior] 2. Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la patria potestad hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un administrador judicial especialmente nombrado.
[anterior] 3. Los que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su trabajo o industria. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el consentimiento de los padres para los que excedan de ella.
[anterior] No obstante, los padres podrán destinar los del menor que viva con ambos o con uno sólo de ellos, en la parte que le corresponda, al levantamiento de las cargas familiares, y no estarán obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consumido en tales atenciones.
[anterior] Con este fin se entregarán a los padres, en la medida adecuada, los frutos de los bienes que ellos no administren. Se exceptúan los frutos de los bienes a que se refieren los números 1 y 2 del artículo anterior y los de aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su educación o carrera, pero si los padres careciesen de medios podrán pedir al Juez que se les entregue la parte que en equidad proceda.
[anterior] Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario.
[anterior] No será necesaria autorización judicial si el menor hubiese cumplido dieciséis años y consintiere en documento público, ni para la enajenación de valores mobiliarios, siempre que su importe se reinvierta en bienes o valores seguros.
[anterior] En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa grave, responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos.
[anterior] CAPÍTULO IV. De la extinción de la patria potestad
1º. Por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres o del hijo.
[anterior] 2º. Por la emancipación.
[anterior] 3º. Por la adopción del hijo.
[anterior] Artículo 170
[anterior] Los tribunales podrán, en beneficio o interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación.
[anterior] Artículo 171
[anterior] La patria potestad prorrogada terminará:
1º. Por la muerte o declaración de fallecimiento de ambos padres o del hijo.
[anterior] 2º. Por la adopción del hijo.
[anterior] 3º. Por haberse declarado la cesación de la incapacidad.
[anterior] 4º. Por haber contraído matrimonio el incapacitado.
[anterior] Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de incapacitación, se constituirá la tutela o curatela, según proceda.
[anterior] CAPÍTULO V. De la adopción y otras formas de protección de menores
[anterior] SECCIÓN PRIMERA. De la guarda y acogimiento de menores
[anterior] Artículo 172

References: Artículo 202

Artículo 203

Artículo 204

Artículo 205

Artículo 206

Artículo 207

Artículo 208

Artículo 209

Artículo 210

Artículo 211

Artículo 212

Artículo 213

Artículo 214

Artículo 294

Artículo 295

Artículo 296

Artículo 298

Artículo 1214

Artículo 1215

Artículo 1226

Artículo 1231

Artículo 1232

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Artículo 1234

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Artículo 1236

Artículo 1237

Artículo 1238

Artículo 1239

Artículo 1240

Artículo 1241

Artículo 1242

Artículo 1243

Artículo 1244

Artículo 1245

Artículo 1246

Artículo 1247

Artículo 1248

Artículo 1249

Artículo 1250

Artículo 1251

Artículo 1252

Artículo 1253
 resolución 

Artículo 1820

Artículo 1821

Artículo 1912

Artículo 1913

Artículo 1914

Artículo 1915

Artículo 1916

Artículo 1917

Artículo 1918

Artículo 1919

Artículo 1920
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 48
 resolución 
 artículo 954
 artículo 90
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 81
 artículo 97
 resolución 
 artículo 160
 resolución 
 resolución 
 Artículo 127
 Artículo 128
 Artículo 129
 Artículo 130
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 artículo 178
 artículo 158
 Artículo 170
 Artículo 171
 Artículo 172