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Timestamp: 2019-10-14 06:05:27+00:00

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STC 132/2005, 23 de Mayo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 256889
STC 132/2005, 23 de Mayo de 2005
Número de Recurso: 4883-2001
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. SELECCIÓN. EXCLUSIÓN DE CANDIDATO. DENEGACIÓN. Teniendo en cuenta que el listado de admitidos y excluidos no es un acto definitivo en el procedimiento selectivo, sino un mero acto de trámite, que en el momento de dictarse no tiene por qué producir necesaria y forzosamente un perjuicio para todos los candidatos, sino tan solo para los que resulten inadmitidos, dado que para ellos finaliza el proceso selectivo. La imposición a todos los candidatos de una obligación de impugnar preventivamente todos los actos de trámite de un proceso selectivo supondría arrojar una carga absolutamente desproporcionada sobre las espaldas de los aspirantes a la obtención de una plaza al final de dicho procedimiento, además de constituir una ineficacia para los procesos selectivos mismos, que afectaría de manera negativa a los intereses generales, pues las posibles impugnaciones ad cautelam de los distintos actos de trámite integrantes de los procedimientos selectivos de personal de naturaleza competitiva convocados por las Administraciones públicas podrían dificultar la utilización ordinaria de tales procedimientos, poniendo, consecuentemente, en serio riesgo, desde un punto de vista fáctico, el juego de los principios constitucionales de mérito y capacidad en la selección del personal al servicio de la Administración. Se estima la queja. Se otorga el amparo solicitado.
Sentencia citada en: 478 sentencias, 9 artículos doctrinales, 3 temas prácticos
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 17 de septiembre de 2001 el Procurador de los Tribunales don José Luis Martín Jaureguibeitia, en nombre y representación de doña Isabel Martínez Díaz de Zugazua, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia núm. 704/2001, de 29 de junio de 2001, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, referida en el encabezamiento.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publicó en el mes de noviembre de 1998 una convocatoria para un proceso selectivo dirigido a la contratación de dos Técnicos superiores de promoción de salud y prevención de drogodependencias. Una de las plazas estaba destinada a ser cubierta por un Licenciado en Psicología y la otra por un Licenciado en Medicina y Cirugía.
Con fecha de 24 de noviembre de 1998 fue publicada la lista provisional de los candidatos admitidos. En ella aparecía como excluido don Gregorio Caro Escalante.
El día 1 de diciembre de ese mismo año se publicó la lista definitiva de aspirantes en la que constaba como admitido el referido Sr. Caro Escalante. El cambio en la situación de este candidato se produjo como consecuencia de la aportación de una certificación del requisito establecido en el punto 1.2.2 del anexo a las bases generales de la convocatoria, que exigía la acreditación de "un mínimo de 30 créditos universitarios (300 horas) de formación de postgrado en materias relacionadas con la educación para la salud y la prevención de drogodependencias o un año de experiencia en el área".
El 12 de enero de 1999 se hace público el Acuerdo del Departamento de Función Pública de la corporación local vitoriana con las puntuaciones finales correspondientes a los candidatos que han superado el proceso selectivo.
La ahora recurrente en amparo solicita el acceso a la ya aludida certificación acreditativa de los méritos del Sr. Caro Escalante, cuya copia le es, finalmente, entregada tras las iniciales resistencias de la indicada Administración local y la intervención del Ararteko.
Considerando que la certificación aportada por el Sr. Caro no atestiguaba el cumplimiento del requisito establecido en el meritado punto 1.2.2 del anexo de las bases generales de la convocatoria, doña Isabel Martínez interpuso el correspondiente recurso administrativo, que fue desestimado por la Resolución de 24 de febrero de 1999 del Concejal delegado del área de función pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
La parte ahora demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo contra el referido acto administrativo, que fue tramitado por el procedimiento ordinario núm. 9/99, siendo desestimado en primera instancia por la Sentencia núm. 49/2000, de 15 de marzo de 2000, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Vitoria-Gasteiz. En esta resolución, el órgano judicial indica, en lo que aquí interesa, que, por un lado, la recurrente carece de legitimación activa ad causam, dado que "la recurrente no pide absolutamente nada para ella, sólo pretende que se prive a un tercero de lo que en la convocatoria ha logrado", puesto que la señora recurrente "en las calificaciones finales quedó en el tercer puesto y aunque al Sr. Caro Escalante se le privara de todo lo conseguido la actora sólo pasaría a ocupar el segundo puesto en tales calificaciones pero en ningún caso le correspondería la plaza convocada" (FD 3); y, por otro lado, "la parte recurrente no impugnó ni recurrió en su momento las listas definitivas de admitidos y excluidos, que era un acto administrativo impugnable, porque en él y sólo en él se resolvía la posibilidad o imposibilidad de participar en el proceso selectivo, siendo así que lo que hoy recurre no es sino un acto confirmatorio y reproducción de aquél", ya que "la resolución que ahora se impugna no acuerda nada respecto de la admisibilidad de los aspirantes al proceso selectivo, sino que sólo confirma el acto consentido por la actora de las listas definitivas de admitidos y excluidos" (FD 4).
Frente a esta resolución judicial interpuso la representación procesal de doña Isabel Martínez recurso de apelación, que fue desestimado por la Sentencia núm. 704/2001, de 29 de junio de 2001, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del País Vasco. Aunque el órgano judicial considera en esta última resolución que la parte apelante sí disponía de legitimación ad causam (puesto que esta parte procesal "impugna las puntuaciones otorgadas en un proceso selectivo dirigido a la creación de unas listas de contratación, que obviamente se proyectan hacia el futuro y a la(s) que debe acudir la Administración cuando existan vacantes de la especialidad, por lo que el lugar que se ocupe en la lista condiciona el acceso a esas futuras vacantes"), la meritada Sentencia considera que dicha parte procesal pretende impugnar un acto firme y consentido: "Y ello por cuanto el 1 de diciembre de 1998 se publicó la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria, en la que aparecía el Sr. Caro Escalante como aspirante admitido, sin que entonces, tal y como se recoge en la propia resolución recurrida, la actora se opusiera a su admisión, no interponiendo reclamación alguna contra la lista, ni haciendo uso de la posibilidad que las Bases Generales de la Convocatoria prevén en su norma final, que pone en conocimiento de los interesados la posibilidad de impugnar todos los actos derivados de la Convocatoria en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se trata, en suma, de un acto consentido, y así lo califica el Juez de instancia en el fundamento cuarto de la Sentencia, que impide a la recurrente plantear, una vez finalizado el proceso selectivo, cuestión relativa a la admisión de cualquiera de los aspirantes" (FD 6).
La representación procesal de la demandante de amparo considera que la Sentencia núm. 704/2001, de 29 de junio de 2001, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, vulnera el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, el principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica.
La Sección Primera de este Tribunal dictó providencia el 6 de febrero de 2004 acordando la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada por la representación procesal de la ahora recurrente. En esta providencia se acordó también que, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se dirigiese atenta comunicación al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Vitoria-Gasteiz para que en el plazo de diez días remitieran testimonio, respectivamente, del recurso de apelación núm. 199-2000 y del recurso contencioso-administrativo núm. 9/99, interesándose al propio tiempo que se emplazase a quienes hubieren sido parte en el referido procedimiento (con excepción de la recurrente en amparo) para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
Por diligencia de ordenación de 10 de marzo de 2004 la Sección Primera de este Tribunal acordó, en primer lugar, tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 2 de Vitoria-Gasteiz, y los escritos de las Procuradoras de los Tribunales doña Paloma Solera Lama y doña Esperanza Azpeitia Calvín, a quienes se tiene por personadas y parte en nombre y representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de don Gregorio Caro Escalante; y, en segundo lugar, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días, para que dentro de dicho término pudieren formular las alegaciones que estimaren pertinentes, conforme determina el art. 52 LOTC.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 7 de abril de 2004 la representación procesal de doña Isabel Martínez Díaz de Zugazua reiteró su solicitud de amparo, dando por reproducidas las alegaciones ya formuladas en su inicial demanda ante este Tribunal.
La representación procesal de don Gregorio Caro presentó sus alegaciones a través de escrito sellado el 13 de abril de 2004 en el Registro General de este Tribunal, que concluye solicitando la denegación del amparo a la parte recurrente, desestimando todas las pretensiones de su demanda y condenando a dicha parte procesal al pago de las costas ocasionadas. En apoyo de estas pretensiones se indica, en primer término, que una eventual Sentencia de este Tribunal estimatoria del recurso de amparo carecería de efectos prácticos, puesto que "el nombramiento de interinidad que en su momento necesitó el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ya ha terminado y la plaza ya no está vacante desde el 01-09-00". No existiría, en segundo término, una identidad de circunstancias entre los conflictos resueltos por la Sentencia ahora impugnada en amparo y la Sentencia aportada como término de contraste: "la diferencia en las circunstancias de uno y otro caso es clara: 1) En el caso de la Sentencia estimatoria [esto es, en la Sentencia de contraste], el actor no tuvo conocimiento por las Listas de Admitidos y Excluidos de las circunstancias en las que se había admitido al proceso a su oponente ni de los recursos que frente a las mismas existían. 2) En el caso de la Sentencia desestimatoria, en la que mi representado está implicado, la actora tuvo conocimiento por las listas provisionales de admitidos y excluidos de que mi representado había sido excluido y también del motivo de la exclusión; y por las listas definitivas también tuvo conocimiento de que posteriormente había sido incluido. Además la actora supo desde el principio por las bases de la convocatoria la posibilidad de recurrir estas listas de acuerdo con la Ley 30/1992. Siendo esto así, es lógico y nada arbitrario que la Sentencia estimatoria admitiera como bueno que el actor hubiera cuestionado la admisión al proceso de su oponente cuando se enteró de la posible causa de inadmisibilidad aunque este momento fuera pasado ya el plazo de recursos a las listas de admitidos y excluidos, y en cambio la Sentencia desestimatoria entienda que para la hoy recurrente la lista definitiva de admitidos y excluidos fuera un acto firme y consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma". Considera esta parte procesal, en tercer término, que "ha habido tutela judicial para la actora, pero lo que ha sucedido es que la actora no está satisfecha con el resultado de esa tutela porque los órganos de justicia no han accedido a su pretensión".
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presentó, a través de su representación procesal, sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 15 de abril de 2004. Este escrito finaliza solicitando la desestimación del presente recurso de amparo. En estas alegaciones se argumenta, en primer lugar, que "el derecho a la tutela judicial efectiva no queda conculcado por una resolución incluso de inadmisión del recurso que impida el conocimiento del fondo del asunto, pronunciamiento que no se ha dado en el caso dado que en ambas instancias se acordó la desestimación del recurso contencioso-administrativo y es que ni tan siquiera la aludida inadmisión atenta contra el derecho fundamental reseñado cuando se dicta en aplicación de un motivo legal, interpretado de manera favorable al ejercicio de la acción planteada y no formalista o enervante del referido derecho fundamental. Por otro lado o desde otra perspectiva, la doctrina acuñada sienta que la indefensión que proscribe el artículo 24.1 de la Constitución es la material, esto es, la que se traduce en una real privación o limitación del derecho de defensa como directa consecuencia de una acción u omisión del órgano judicial y lo claro resulta, porque ni tan siquiera se esgrime de contrario, que no ha existido indefensión alguna".
El Fiscal interesó, a través de escrito de alegaciones presentado el 15 de abril de 2004 en el Registro General de este Tribunal, el otorgamiento del amparo solicitado, declarando el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, restableciéndola en su derecho, y declarando, a tal fin, la nulidad de la Sentencia núm. 704/2001, de 29 de junio de 2001, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para que este órgano judicial dicte otra que respete el derecho fundamental que se estima vulnerado.
Por providencia de 13 de mayo de 2005 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 23 de dicho mes y año.
El problema constitucional central que se plantea en este proceso de amparo consiste en determinar si la Sentencia núm. 704/2001, de 29 de junio de 2001, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del País Vasco, ha violado los derechos fundamentales de doña Isabel Martínez Díaz de Zugazua y, más en concreto, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), el principio de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE), el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Así lo estima la parte recurrente en su demanda de amparo, ofreciendo en apoyo de sus pretensiones la argumentación que aparece reflejada en los antecedentes de esta resolución.
El análisis de las quejas constitucionales formuladas en la demanda de amparo nos permite descartar de manera inmediata la eventual concurrencia de dos de ellas, tal y como por lo demás justifica el Ministerio público.
La parte recurrente denuncia, asimismo, la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE), aportando como término de contraste la Sentencia núm. 559/2001, de 31 de mayo de 2001, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
En la medida en que el juicio de igualdad es de carácter relacional (STC 200/2001, FJ 5, por todas), es imprescindible para la realización del citado juicio "la acreditación por la parte actora de un tertium comparationis" adecuado, cuya aportación corresponde a la parte recurrente en amparo (STC 111/2001, de 6 de mayo, FJ 2, y las numerosas Sentencias allí enumeradas), ya que "el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la Sentencia impugnada y las precedentes resoluciones del mismo órgano judicial que, en casos sustancialmente iguales, hayan sido resueltos de forma contradictoria" (STC 70/2003, de 9 de abril, FJ 2).
La existencia de alteridad en los supuestos contrastados, es decir, de "la referencia a otro" exigible en todo alegato de discriminación en aplicación de la ley, excluyente de la comparación consigo mismo. c) La identidad de órgano judicial, entendiendo por tal no sólo la identidad de Sala, sino también la de la Sección, al considerarse cada una de éstas como órganos jurisdiccionales con entidad diferenciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación de la ley.
Los supuestos de hecho enjuiciados por la resolución judicial impugnada y las de contraste deben ser sustancialmente iguales, pues sólo si los casos son iguales entre sí se puede efectivamente pretender que la solución dada para uno debe ser igual a la del otro.
La ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizables el cambio de criterio, separándose de una línea doctrinal previa y consolidada, esto es, de un previo criterio aplicativo consolidado (por todas, SSTC 122/2001, de 4 de junio, FJ 2; y 193/2001, de 1 de octubre, FJ 3). Hemos precisado, no obstante, en relación con este último requisito, que no es necesario que la fundamentación o justificación del cambio de criterio resulte explicitada de modo expreso en la propia resolución cuya doctrina se cuestiona, bastando con que existan elementos que evidencien que el cambio no es fruto de una respuesta individualizada diferente a la seguida anteriormente, sino manifestación de la adopción de una nueva solución o de un criterio general y aplicable a los casos futuros por el órgano judicial. En otras palabras, lo que prohíbe el principio de igualdad en aplicación de la ley es el cambio irreflexivo o arbitrario, lo que equivale a sostener que el cambio es legítimo cuando es razonado, razonable y con vocación de futuro; esto es, destinado a ser mantenido con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas, que excluyan todo significado de resolución ad casum o ad personam, siendo ilegítimo si constituye tan sólo una ruptura ocasional en una línea que se viene manteniendo con normal uniformidad (SSTC 176/2000, de 26 de junio, FJ 3; 122/2001, de 4 de junio, FJ 2). Una de las muestras legítimas del cambio de criterio es, evidentemente, la existencia de posteriores pronunciamientos coincidentes con la línea jurisprudencial abierta en la sentencia impugnada (STC 70/2003, de 9 de abril, FJ 2).
Una suerte diferente debe correr, sin embargo, como tendremos ocasión de comprobar a continuación, la queja constitucional relativa a la violación, por parte de la Sentencia recurrida en amparo, del derecho del art. 24.1 CE.
Como regla general, la interpretación de las normas procesales y, más en concreto, el control de la concurrencia de los presupuestos y requisitos materiales y procesales que condicionan la válida constitución del proceso, son operaciones jurídicas que no trascienden el ámbito de la legalidad ordinaria, correspondiendo su realización a los órganos judiciales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que, de manera privativa, les confiere el art. 117.3 CE, pues es facultad propia de la jurisdicción ordinaria la interpretación, selección y aplicación de las normas a cada supuesto litigioso concreto.
Esta regla tiene como excepción "aquellos supuestos en los que la interpretación efectuada por el órgano judicial de esta normativa sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente y, asimismo, cuando del acceso a la jurisdicción se trata, en los casos en que dicha normativa se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican" (STC 231/2001, de 26 de noviembre, FJ 2). En estos casos, se producirá una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, que justificará la intervención de este Tribunal, pues, aunque no es su misión interpretar las normas procesales, sí lo es la constatación de si la exégesis realizada por los órganos jurisdiccionales se ajusta a la Constitución.
La plena operatividad del principio pro actione en relación con el derecho de acceso a la jurisdicción no supone que los órganos judiciales deban necesariamente optar por la interpretación de las normas procesales más favorable a la admisión de los recursos de entre todas las posibles.
A partir de las apreciaciones que anteceden, procede estimar la queja constitucional relativa a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la resolución judicial recurrida.
Declarar la nulidad de la Sentencia núm. 704/2001, de 29 de junio de 2001, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Retrotraer las actuaciones judiciales al momento anterior al de dictar Sentencia con el objeto de que el referido órgano judicial dicte una nueva que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
STS 54/1979, 22 de Enero de 1979

References: Resolución 
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 artículo 24
e contrario
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