Source: https://www.leyesdesemillas.com/colombia/propiedad-intelectual/
Timestamp: 2018-01-17 07:27:35+00:00

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Régimen jurídico aplicable : la Decisión 345 de la Comunidad Andina de Naciones
Colombia, y los cinco paises andinos, a través de la adopción de la Decision 345 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, aprobó los derechos de obtentores vegetales según un compromiso entre la versión de 1978 y la versión de 1991 del convenio UPOV.
En esta decisión se reconoce el derecho del agricultor a ejercer la "reserva de la cosecha" siempre y cuando el producto de su cosecha está destinado a su uso propio o a la venta como materia prima o alimento (no como semilla o material de reproducción en si).
Para saber más acerca de este régimen jurídico idóneo, ver en la página dedicada a "Propiedad intelectual".
En el 2006, se modificó el artículo 306 del código penal referente a la usurpación de los derechos de obtentores vegetales mediante el artículo 4 de la ley 1032/2006, quedando de la siguiente manera :
"Artículo 306. Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales.
El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior."
Varias organizaciones sociales hicieron una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la ley 1032/2006.
El 16 de julio de 2014, la Corte constitucional declaró exequible el artículo 4 de esta ley pero ordenó que “debía retirar del ordenamiento jurídico la interpretación de la expresión “similarmente confundibles con uno protegido legalmente”, aplicable a los derechos de obtentor de variedad vegetal”, ya que vulnera el principio de taxatividad, al no resultar posible definir cuáles son los actos y los productos que deben ser objetos de sanciones.
La Corte también resalta, respecto del alcance de estas disposiciones penales, que lo que se pretende sancionar son los actos de usurpación fraudulenta y deliberada de los derechos de obtentor. En consecuencia, estas disposiciones no buscan sancionar "(i) el mejoramiento de semillas realizado por los miembros de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, raízales, tribales y campesinas a través de los métodos convencionales, de acuerdo con sus conocimientos y prácticas tradicionales siempre que sean para su propio consumo, subsistencia y desarrollo"; ni "(ii) la adquisición de semillas modificadas a través de métodos de mejoramiento no convencionales ya sean utilizadas o reutilizadas para consumo o para las cosechas de estas comunidades. En estos supuestos, está ausente el ingrediente del fraude que tipifica la conducta punible."
En estas explicaciones, la Corte Constitucional Colombiana confunde varias nociones. Habla por ejemplo de "mejoramiento" o de "métodos convencionales", queriendo en realidad hablar de variedades tradicionales existentes, de trabajo de selección, y de métodos tradicionales. Con "métodos convencionales", uno normalmente se refiere a métodos modernos de fitomejoramiento genético (pero sin recurso a la transgenia - en ese caso se habla de método no convencional)
Además, restringe las prerrogativas de los agricultores sobre sus variedades al "consumo propio, subsistencia y desarrollo". En realidad, no debería haber ningún tipo de restricción, y ninguna sanción, sobre el uso de las variedades libres de derechos (no protegidas por derechos de propiedad industrial o derechos de obtentor).
De igual manera, es difícil saber a que se refiere la Corte cuando habla de "métodos de mejoramiento no convencionales ya sean utilizadas o reutilizadas para consumo o para las cosechas". La expresión de "métodos de mejoramiento no convencionales" se refiere normalmente a la transgenia, y es manifiesto que la Corte no quiso referirse a ello.
Si la Corte con eso quiso referirse a los métodos modernos de mejoramiento genético, entonces su interpretación del artículo 4 de la ley 1032/2006 va más allá de lo que se le preguntaba específicamente e influye sobre el régimen de los derechos de obtentor en si. En efecto, la Corte declara que las variedades modernas pueden ser utilizadas y reutilizadas por las "comunidades indígenas, afrodescendientes, raízales, tribales y campesinas" sin lesionar los derechos de obtentor, siempre que sea para su "consumo" y para sus "cosechas", lo que no es muy claro. En este caso, no se justifica que el goce de este derecho sea restringido a las comunidades citadas, y debería entenderse como un derecho para todos los agricultores.
En todo caso, el reconocimiento de este dereche no contradice la legislación vigente en Colombia, que resulta de la decisión 345 de la Comunidad Andina de Naciones (ver arriba), pero podría entrar en conflicto con una futura ley de implementación del Acta de 1991 de la UPOV.
Además, no sabemos cuales son las consecuencias jurídicas de la recomendación de "retirar del ordenamiento jurídico (...) la expresión “similarmente confundibles con uno protegido legalmente”.
Finalemente, pensamos que la confirmación, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad de fuertes sanciones penales para proteger la exclusividad comercial que confieren los derechos de obtentor justificaría la creación de sanciones igualmente severas contra la biopiratería, es decir para prevenir y sancionar las solicitudes de derechos de propiedad intelectual sobre variedades del dominio público. Esto para que se establezca un balance en los valores promovidos por las políticas penales del Estado y para que éste último cumpla con su mandato constitucional de resguardar y preservar la diversidad cultural y biológica de la Nación colombiana.
Ver el comunicado de la Red de Semillas Libres de Colombia respecto de la sentencia de la Corte Constitucional
Comunicado RSL Colombia - Fallo Art. 306
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Aprobación del convenio UPOV 91 y declaración de inexequibilidad por la Corte Constitucional
En abril de 2012 el Congreso de la República de Colombia adoptó la ley 1518/2012 por medio de la cual se aprueba el convenio UPOV en su versión de 1991.
Gaceta 159 de 2012 [texto sancionado com
La Corte Constitucional debiendo revisar la constitucionalidad de dicha ley abrió un proceso de intervención ciudadana para allegar pruebas sobre la constitucionalidad o no de la ley 1518/2012, pidiendo conceptos a entidades e organizaciones reconocidas.
Las organizaciones sociales han solicitado intervenciones ciudadanas a través de la firma de un documento y de la entrega de otras pruebas pertinentes enviadas a la Corte.
Amicus Curiae-pruebas intervencion. UPOV
Intervención Camila Montecino - GRAIN
Documento político. UPOV.91. Camila M.
Finalmente, en diciembre de 2012, la Corte Constitucional de Colombia declaró esta ley inexequible, por no haber sido precedida de una consulta a las comunidades indígenas y afrocolombianas, tal y como lo establecen el artículo 330 de la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT.
Ver el comunicado de la Corte Constitucional de Colombia - 5 & 6 de Diciembre de 2012
Comunicado Corte Constitucional Colombia
Ver el comunicado de la "Campaña Semillas Libres en Colombia" - 11 de Diciembre de 2012
Comunicado Campana Semillas Libres.pdf
La sentencia completa de la Corte Constitucional colombiana (Sentencia C-1051/2012) fue publicada solo en el 2014.
Para fundamentar su decisión, la Corte explica que, de acuerdo con la definición del criterio de "novedad" contenido en el convenio de la UPOV, " nada impediría que una determinada variedad, a pesar de estar siendo utilizada ancestralmente por una comunidad específica, por el hecho de no haber sido vendida o utilizada comercialmente, pueda clasificarse como nueva conforme a las reglas del convenio y, por tanto, ser susceptible de apropiación por parte de terceros."
De esta constatación central, y de otras más marginales, la Corte concluye que "el Convenio UPOV de 1991, inscrito en el propósito de afianzar los mecanismos de protección de las obtenciones vegetales, es susceptible de afectar directa y específicamente los intereses particulares de las comunidades étnicas, en cuanto establece un régimen jurídico de protección cuyos derechos, pautas, criterios, plazos y condiciones de reconocimiento, si bien tienen un alcance general, se proyectan de manera especial sobre los territorios en que se encuentran asentadas tales comunidades, y sobre la forma como éstas explotan sus recursos naturales, lo cual su vez puede repercutir en su cultura, subsistencia y formas de vida."
Tomanda base en el Convenio 169 de la OIT, el cual hace parte de la bloque de constitucionalidad colombiano, la Corte declara inexequible la Ley 1518 del 13 de abril de 2012, por no "haberse consultado con las comunidades tradicionales, dentro del propósito de buscar aproximaciones sobre la manera de impedir que dicho convenio pudiese tener una repercusión directa sobre la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, desconociendo la contribución histórica de las comunidades étnicas y campesinas a la diversidad biológica, su conservación y desarrollo y a la utilización sostenible de sus componentes, así como los beneficios que tal contribución ha generado."
Se justifica plenamente, a nuestro juicio, la decisión de la Corte. Sin embargo, si bien ésta última se refiere principalmente a las "comunidades étnicas" como principales víctimas eventuales de la implementación del Acta de 1991 del convenio UPOV, también aparece, repetidamente, la expresión "comunidad campesina" en su sentencia, sin que esta noción esté claramente definida.
Además, si bien el Convenio 169 de la OIT, "sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes", constituye la base legal que le permite declarar inexequible la ley colombiana, cabe resaltar que no solo los pueblos indígenas y tribales, o las "comunidades étnicas", se verían afectados por la nueva ley. Es la totalidad del mundo agrícola, considerando los agricultores tradicionales, convencionales, orgánicos, grandes y pequeños, que hagan uso de variedades nativas, criollas o tradicionales, o de variedades modernas protegidas (ya que la excepción del agricultor aparece como una excepción facultativa, de ámbito reducido, en el Acta de 1991 del Convenio UPOV), pero también los fitomejoradores, que sean académicos o privados, que vería con la adopción de la nueva ley sus derechos considerablemente reducidos. Si bien es cierto que estas diferentes categorías del sector agrícola no gozan de la protección y de los derechos conferidos por el convenio 169 de la OIT a los pueblos indígenas y tribales, deberían sin embargo ser objeto de las consideraciones y reconocimientos de la Corte. En este sentido, la decisión de la Corte aparece relativamente "comunitarista", con respecto a una legislación que afecta al mundo agrícola en su conjunto.
Para leer otros comentarios : ver el comunicado de la Red de Semillas Libres de Colombia respecto de la sentencia de la Corte Constitucional colombiana
Comunicado RSL Colombia-Sentencia C-1051
El 11 de diciembre de 2012, el Parlamento Europeo aprobó un Tratado de Libre Comercio con Colombia y Perú.
Este tratado debería entrar en vigor en el primer cuarto del ano 2013, cuando Colombia y Perú lo hayan ratificado según sus procedimientos internos.
El artículo 232 de este tratado impone la ratificacion del convenio UPOV 91 (V. p.287):
" ARTICLE 232
The Parties shall cooperate to promote and ensure the protection of plant varieties based on the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (hereinafter referred to as "UPOV Convention"), as revised on 19 March 1991, including the optional exception to the right of the breeder as referred to in Article 15(2) of such Convention."
El tratado, en forma relativamente contradictoria, tambien tiene disposiciones sobre proteccion de la biodiversidad y conocimientos tradicionales (art. 201 - p. 252), pero se refieren mas bien a biodiversidad silvestre y al Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, sin mencionar al TIRFAA (Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura), mas relevante en cuanto a semillas y recursos agrícolas.
Jose Rodrigo.Nunez@upb.edu.co (lundi, 09 novembre 2015 16:12)
Revisando la pagina, encuentro toda la coherencia y sistematización jurídica del tema, muchas gracias por su construcción, como podrían orientarnos a participar en grupos de análisis de la problemática de semillas y control alimentario planetario...?

References: artículo 306
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 330
 artículo 232