Source: https://es.scribd.com/doc/79853055/Sap-Madrid-16-de-Diciembre-de-2011
Timestamp: 2017-03-30 02:54:44+00:00

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NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseRoj: SAP M 17164/2011 Id Cendoj: 28079370282011100341 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Madrid Sección: 28 Nº de Recurso: 274/2011Nº de Resolución: 362/2011 Procedimiento: Recurso de Apelación Ponente: PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ Tipo de Resolución: Sentencia
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28 MADRID SENTENCIA: 00362/2011 AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28 MADRID t6 C/GRAL. MARTINEZ CAMPOS 27 Tfno : 914931988/9 Fax : 914931996 Rollo : RECURSO DE APELACION 274/2011 Proc. Origen : Procedimiento Ordinario número 1411/2007 Organo Procedencia : Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid Recurrente : DON Severino Procurador : Don Juan Antonio García San Miguel y Orueta Abogado : Don Luis Paricio Serrano Recurrida: ESTRENOS 21, S.L. Procurador : Don Federico Pinilla Romeo Abogado : Don Ignacio Ruíz Damas SENTENCIA Nº 362/2011 ILMOS. SRS. MAGISTRADOS D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ En Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil once. La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 274/2011, interpuesto contra la Sentencia de fecha 21 de abril de 2010, dictado en el proceso ordinario número 1411/2007, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid . Han sido partes en el recurso, como apelante, el demandante DON Severino , siendo apelada la parte demandada ESTRENOS 21, S.L., ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.
PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 1 de agosto de 2007, por la representación de DON Severino contra la mercantil ESTRENOS 21, S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia por la que se declarase: " 1.- La nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta de socios de Estrenos 21, S.L., celebrada el día 28 de junio de 2007 referentes a los puntos 1º y 2º del Orden del Día por violación del derecho de información de mi representado y cancelación de su inscripción y de todos los posteriores de los que traigan causa en el Registro Mercantil de Madrid. 2.- Subsidiaria y alternativamente, para el caso en que no estime la solicitud anterior: 2.a.- La nulidad del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales y aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio social correspondiente al año 2006 adoptado en la Junta de socios de Estrenos 21, S.L., celebrada el día 28 de junio de 2007 por que las cuentas anuales lesionan el interés social en beneficio del interés del socio D. Agapito y por vulneración del derecho al reparto de los beneficios sociales con cancelación de su inscripción y de todos los posteriores de los que traigan causa en el Registro Mercantil de Madrid. 2.b.- La nulidad del acuerdo de ratificación de los honorarios profesionales y cantidades que percibirán las personas que prestan servicios como Directores, Apoderados o por trabajos profesionales o de cualquier índole, no por función de administradores, durante el ejercicio 2007 por lesionar el interés social. 3.- Se condene a la sociedad demandada a estar y pasar por dicha declaración y el pago de las costas causadas en este proceso.". SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictó sentencia con fecha 21 de abril de 2010 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: "Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por el procurador D. Juan Antonio García San Miguel Orueta, actuando en nombre y representación de don Severino contra Estrenos 21, S.L. y, en su virtud, DEBO absolver y absuelvo a la demandada de todos los pedimentos deducidos en su contra. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante.". Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. La deliberación, votación y fallo del presente recurso ha tenido lugar el día 15 de diciembre de 2011. TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
PRIMERO.- Don Severino , titular del 6,11% del capital de la sociedad ESTRENOS 21 S.L., impugnó en su demanda dos de los acuerdos adoptados por la junta general de dicha sociedad de 28 de junio de 2007: el de aprobación de las cuentas de 2006 y aplicación de su resultado y el consistente en ratificar los honorarios profesionales y cantidades que percibirán las personas que presten servicios como directores, apoderados, o por trabajos profesionales de cualquier índole, no por su función de administradores, durante el ejercicio 2007. La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda y, disconforme con tal pronunciamiento, contra el mismo se alza el Sr. Severino a través del presente recurso de apelación. Teniendo en cuenta la reciente entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, hemos de precisar que las citas legales que se efectuarán en la presente resolución irán referidas a la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, al ser dicho texto, por razones temporales, el aplicable al supuesto enjuiciado. SEGUNDO.- El primero de los acuerdos -aprobación de cuentas y aplicación de resultado- fue impugnado por infracción del derecho de información del demandante, no solo en la modalidad contemplada por el Art. 86-2 sino también en la modalidad genérica del Art. 51 L.S.R.S., y fue impugnado también, de manera escalonada y en régimen de subsidiariedad, por otros diferentes motivos (lesividad social e infracción del derecho al dividendo). La sentencia apelada, después de rechazar el primero de dichos motivos (infracción
del derecho de información en la modalidad del Art. 86-2 L.S.R.L .), no consideró oportuno entrar a valorar los restantes por reputarlos tangenciales. Ciertamente, asiste la razón a la apelante cuando razona que los motivos esgrimidos subsidiariamente no tienen carácter tangencial sino que se trata de pretensiones oportunamente deducidas en el proceso. Sea como fuere, comenzaremos por analizar el acierto o desacierto de la resolución apelada al rechazar el único motivo de impugnación que examinó dado que, en función del resultado que dicho análisis arroje, podríamos encontrarnos -esta vez sí- con que los motivos subsidiariamente invocados resultan irrelevantes para la decisión del presente recurso. Consta fehacientemente en autos (folios 42 y ss.) que, estando prevista la celebración de la junta general para el 28 de junio, el día 4 de ese mismo mes la sociedad demandada recibió una misiva del actor en la que, además de solicitar el envío de la documentación de rigor relativa a las cuentas a aprobar, anunció visita personal con el fin de ejercitar el derecho de examen previsto en el Art. 86-2 L.S.R.L ., todo ello con el ruego de que se le indicase día y hora para llevarlo a cabo. Como llegara el día 19 de junio sin haber obtenido aún respuesta alguna, el actor decidió hacer uso de tal derecho sin previa cita, personándose en las dependencias de la demandada en compañía de notario y de experto contable a las 9,52 horas de la indicada fecha (folio 49 vuelto), si bien se ha de hacer notar que dicha visita se cruzó en el tiempo con una carta remitida al actor por la sociedad y que fue entregada a las 8,47 horas de ese mismo día a una empleada de este último llamada Sara (folios 337 y ss. y especialmente folio 360). A través de dicho escrito, y en lo que ahora interesa, la sociedad no efectuaba al demandante indicación alguna sobre la fecha y hora adecuadas para girar su visita sino que le solicitaba que previamente indicase las partidas que deseaba consultar con el fin de que el Consejo de Administración evaluase la procedencia o improcedencia de mostrárselas en razón al conflicto de intereses existente entre ellos. El acta notarial levantada deja constancia de que la visita se entendió con Don Eulogio quien, pese a la insistencia del demandante, se negó a facilitarle la documentación contable que solicitaba bajo el pretexto de que este último no había dado aún contestación a la aludida misiva, es decir, bajo el pretexto de que no había relacionado a la sociedad con carácter previo las partidas que deseaba consultar. Debemos indicar que un incidente similar tuvo lugar con ocasión de la junta correlativa del año anterior, lo que originó otro litigio de análogo contenido que ha sido ya visto por esta Sala en grado de apelación, recayendo sentencia -hoy firme- que apreció vulneración del derecho de información del actor. En dicha sentencia, de 10 de julio de 2009 , dijimos lo siguiente: ".El demandante recibió de la entidad demandada, en su respuesta a su petición y con suficiente antelación, los documentos a que se refiere el nº 1 del artículo 86 de la LSRL , que en relación con los asuntos para los que se convocó la junta para el 29 de junio de 2009 eran la copia del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, de la memoria, del informe de auditoría y del relativo a la propuesta de aumento de capital. Pese a ello, y a partir de aquí empezamos a discrepar abiertamente de las conclusiones de la resolución apelada, el actor padeció, con carácter previo a la junta, la infracción del derecho que el artículo 86.2 de la LSRL reconoce al socio que supere el 5% en su participación en la sociedad para examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente a las cuentas anuales. El demandante, que es partícipe en un 6,11 % en la entidad demandada, anunció por escrito, hasta en dos ocasiones, que iba a hacer uso de ese derecho y se personó, a tal fin, en la sede social de ESTRENOS 21 SL, el día 21 de junio de 2006, acompañado de un experto contable que le asesorase y de un notario que pudiera dar fe de lo que aconteciese. Pues bien, al llegar allí el Sr. Agapito , presidente del consejo de ESTRENOS 21 SL, manifestó que no le era posible permitir el acceso del actor a los soportes solicitados, sin explicitar entonces el porqué, y remitiéndose a la información que ya le había proporcionado, que no era otra que la que prevé el nº 1 del artículo 86 de la LSRL . Sin embargo, ello no excluye el derecho del socio a ejercitar el derecho al examen, no de las cuentas anuales, sino de los propios documentos que constituían los soportes sobre los que se habría elaborado la contabilidad, tal como se prevé de modo expreso en la normativa específica de las sociedades de responsabilidad limitada ( artículo 86.2 de la LSRL y sentencia del TS, Sala 1ª, de 21 de marzo de 2006 ). No puede justificarse ese comportamiento de los responsables de la entidad demandada con la posterior entrega, dos días después, de una carta en nombre de ESTRENOS 21, SL, con la que se pretendía responder al requerimiento del socio, puesto que tal misiva, además de no remediar la palmaria negativa de la fecha precedente, incurrió, a tenor de su contenido, en los siguientes defectos: 1º) se confundía el derecho de
información del nº 1 del artículo 86 con el del nº 2 de dicho precepto legal , sin que haber atendido el primero supusiese una excusa admisible para desatender el segundo; 2º) se adujo la excusa de que el socio no había señalado qué es lo que deseaba conocer, cuando no se esgrimió ese argumento ante el propio interesado en su comparecencia en el domicilio social, momento adecuado para haber concretado lo necesario en lugar de despacharle sin atender su petición; además lo que el nº 2 del artículo 86 de la LSRL permite hacer al socio es acceder al examen directo de los soportes documentales para contrastar el contenido de las cuentas anuales, sin que la normativa de las sociedades limitadas imponga restricciones a dicha facultad de comprobación, por lo que el marco de la actuación del socio vendrá delimitado por las circunstancias de cada caso y por el principio de la buena fe en el ejercicio de los derechos, que no consideramos que fue rebasado en el presente supuesto; y 3º) no resultaba admisible que la sociedad se remitiera a lo que pudiera decidir la junta al respecto cuando el derecho del socio debería haber sido atendido con anterioridad a su celebración .". Como podemos fácilmente comprobar, en lo único que difieren el episodio relatado por dicha sentencia y el incidente del año siguiente, objeto del actual litigio, es en que en el curso de este último se indicó al demandante que la razón de negarle el acceso a la documentación contable era la de no haber participado previamente a la sociedad, para que fuera evaluado por su consejo de administración, las partidas que deseaba consultar. No vemos, sin embargo, qué clase de razones podrían obligar al demandante a aceptar ese trámite como requisito previo para satisfacer un derecho que, cual el contemplado por el Art. 86-2 L.S.R.L ., no se encuentra condicionado en el expresado sentido ni en ningún otro. De hecho, es la propia sociedad demandada quien pareció entenderlo así cuando, en lugar de requerirle al efecto, le formuló un simple "ruego" (folio 339), ruego que el demandante era libre de complacer o no y que, en todo caso, difícilmente podría haber satisfecho cuando la respuesta de la sociedad se demoró lo bastante como para que la misiva remitida no llegase a manos de una empleada del actor hasta pocos minutos antes de una visita que ya tenía previamente concertada con el notario (el acta de requerimiento -folio48- es de 15 de junio). Tampoco vislumbramos la razón por la cual pretende la sociedad, sin el menor soporte legal, que el derecho del Art. 86-2 deba encontrarse supeditado a un trámite de examen previo que solamente ella ha concebido y que la norma legal, desde luego, no contempla. Si el consejo de administración, advertido ya con antelación suficiente por el actor de su propósito de girar visita, considera que existe información que no debe facilitarle por razón de un determinado conflicto de intereses, es precisamente en el momento de la visita en el que debería hacer eventual uso de esa prerrogativa denegatoria. Y es que, además de carecer de soporte legal, el trámite ideado por la sociedad es manifiestamente inviable desde el momento en que solo a la luz de los documentos que va examinando le es posible al socio, convenientemente asesorado por experto contable, concretar los demás documentos que necesita estudiar, sin que parezca razonable exigirle tal concreción con carácter anticipado. Por lo tanto, pese a que 15 días después de la recepción de la misiva del actor anunciadora de la visita este no había recibido aún la oportuna citación, podríamos a lo sumo concebir que, en ausencia de los miembros del consejo de administración en el preciso instante en que aquél se persona en el domicilio social, se le impusiera una espera razonable e incluso que se le citase al efecto para el día inmediato posterior. Lo que, en cambio, no resulta en modo alguno admisible es que se ofrezca al socio una negativa rotunda a la exhibición a la que tiene derecho, pues ni esa rotundidad ni el carácter absoluto de la negativa se ven dulcificadas o relativizadas por la imposición de un condicionamiento -concreción previa de partidas- que, además de carecer de base legal, resultaba inadmisible e inviable. Es patente, en consecuencia, la vulneración del derecho de información del actor en la modalidad prevista en el Art. 86-2 L.S.R.L ., consideración esta que justifica la estimación del recurso en este punto con la consiguiente declaración de nulidad del primero de los acuerdos impugnados, sin que para alcanzar tal conclusión se precise ya del análisis de los restantes motivos aducidos en la demanda en vista del régimen expreso de subsidiariedad con el que fueron invocados. TERCERO.- El segundo de los acuerdos impugnados fue el consistente en ratificar los honorarios profesionales y cantidades que percibirán las personas que presten servicios como directores, apoderados, o por trabajos profesionales de cualquier índole, no por su función de administradores, durante el ejercicio 2007. El motivo de impugnación fue, también en este caso, la vulneración del derecho de información del socio, si bien, dada la falta de vínculo funcional con su contenido del Art. 86-2 (constreñido al examen y aprobación de cuentas anuales), se esgrime en este caso la infracción del derecho genérico de información contemplado en el Art. 51 L.S.R.L . Hemos de hacer notar, también aquí, que en la junta general celebrada por la sociedad el 7 de agosto de 2006 se adoptó un acuerdo similar aunque de contenido circunscrito a uno de los administradores (el consistente en ratificar los honorarios profesionales y las cantidades percibidas por D. Agapito por los servicios prestados durante los ejercicios sociales 2002 a 2005 y 2006), y que dicho acuerdo fue igualmente impugnado
por el Sr. Severino , habiendo recibido también respuesta de este tribunal, en grado de apelación, el litigio promovido a través de la sentencia de 14 de octubre de 2011 . En ella, entre otros particulares, razonábamos lo siguiente: ".Atendidos tales parámetros, no se encuentran motivos de censura en el proceder del demandante por motivo de abusividad en el ejercicio de sus derechos desde ninguna de las perspectivas más arriba contempladas. En efecto, siendo la finalidad confesa del acuerdo impugnado la de regularizar una situación de hecho que, a falta de la preceptiva autorización previa por parte de la junta general, cabe reputar en principio contraria a la norma, cual es la percepción por parte de D. Agapito (a la sazón presidente del consejo de administración de la sociedad demandada) de una serie de retribuciones en concepto de remuneración por servicios profesionales de asesoramiento, al margen de las que percibía en concepto de nómina (y sin percibir ninguna por razón de su cargo en el órgano de administración), así como consolidar las salidas de numerario de la sociedad producidas de dicho modo hasta ese momento, resulta lógico que el demandante pretenda obtener la información necesaria sobre el detalle de tales servicios y, cuando no se le proporciona aquella, que reaccione impugnando el acuerdo validatorio .". ".En efecto, ni de la declaración prestada por D. Agapito en dichas actuaciones penales (transcritas parcialmente en la página 12 del propio escrito de contestación a la demanda, f. 296 y 297), ni de los documentos que obran incorporados en los presentes autos por testimonio de aquellas (en particular, los obrantes a los folios 62 y 87, 89 y 110, 113 y 137) cabe deducir cuáles fueron los servicios concretos diferenciados de aquellos que ya se encontraban retribuidos vía nómina que justificaron los pagos efectuados a dicho señor, que, en definitiva, es sobre lo que versan las preguntas formuladas por el demandante en el transcurso de la junta. El que dichos servicios se facturasen bajo un concepto tan etéreo como el de "servicios de asesoramiento profesional", contabilizándose al margen de lo pagado en concepto de salario, justifica, frente a lo que defiende la parte apelante, que se inquiriese sobre su contenido concreto. Por otro lado, el hecho de que los pagos en cuestión figurasen incluidos en las cuentas anuales de precedentes ejercicios (en concreto se hace referencia a las de los ejercicios 2003 y 2004) no impugnadas en su momento carece de la potencialidad desvirtuadora que le quiere dar la apelante, pues, de admitirse tal línea de razonamiento, es la propia convocatoria de la junta la que debería entenderse carente de virtualidad, por cuanto el sentido del acuerdo para la que aquella se convocó habría de entenderse predeterminado. Por el contrario, todo aparenta (llegado es el punto de esta alzada en el que carecemos de indicación alguna sobre cuál fue el objeto de los servicios que figuran facturados por D. Agapito a la sociedad) que el acuerdo sometido a la consideración de la junta no era más que una vía para la consolidación en derecho de una irregular actuación de hecho, contra la que el demandante debía poder reaccionar.". Pues bien, el único matiz diferencial que captamos entre la problemática examinada por dicha resolución y la que ahora nos ocupa reside en que en el caso presente la negativa de la sociedad no ha sido tan absoluta, circunstancia que, desde luego, no nos dispensa de examinar si la información proporcionada al actor fue tempestiva y, además, si fue o no suficiente. Consta en el acta de la junta (folios 35 y 36) que, en relación con este concreto acuerdo, el actor se interesó, entre otros particulares, por lo siguiente: 1.- Las retribuciones percibidas durante lo que va de ejercicio social (se refiere al 2007) por el presidente de la sociedad Don Agapito en concepto de servicios profesionales extraordinarios; 2.- En qué consistieron esos servicios profesionales extraordinarios; 3.- Existencia o inexistencia de previsiones sobre retribuciones de la indicada naturaleza al mismo señor durante los meses que quedan de 2007; 4.- En qué consistirán esos servicios profesionales venideros. Lo que refleja el acta es que en ese momento se dio contestación a tales preguntas con los datos de los que disponía la presidencia. Sin embargo, no se hicieron constar tales datos, circunstancia esta a partir de la cual no puede considerarse desvirtuado el relato que efectuó el actor en su demanda y con arreglo al cual no se le proporcionó información alguna en ese momento, limitándose la presidencia a anunciarle que en los próximos días le serían contestadas sus preguntas de forma detallada, respuesta esta última que es la única que consta en el acta con claridad. De acuerdo con el Art. 51 L.S.R.L ., "Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada ." . Como vemos, su segundo inciso se ocupa de disciplinar la forma en la que el órgano de administración de la sociedad deberá satisfacer el derecho de información ejercitado por el socio en cualquiera de las dos modalidades contempladas en su inciso primero (antes de la junta o en el curso de ésta). Tiene
declarado este tribunal, entre otras, en sentencias de 14 de febrero de 2008 , 5 de mayo de 2008 y 24 de abril de 2009 , que lo que el precepto nos indica es que, respecto de cualquiera de esas dos modalidades, la respuesta podrá ser tanto oral como escrita y que a la hora de determinar cuál de esas dos formas haya de ser la correcta, el precepto nos proporciona, no un solo criterio -el del "momento" en que se solicita la información- sino dos criterios, a saber, 1.-) El "momento" en el que se solicita la información: de conformidad con éste criterio parece que la regla general habrá de ser la de adoptar la forma escrita para las solicitudes de información formuladas con anterioridad a la junta y la forma oral para dar respuesta a las cuestiones que se planteen en su desarrollo; y 2.-) La "naturaleza" de la información solicitada: se trata de un criterio complementario y eventualmente corrector del anterior, de tal suerte que, atendiendo al mismo, nada impide que una solicitud de información previa a la junta que esté dotada de una extrema simplicidad pueda ser satisfecha oralmente (problema distinto será el de su prueba), mientras que una solicitud que se formule en el curso de la junta y que tenga por objeto una información compleja en torno a pormenores y datos de detalle que no se encuentre al alcance de los administradores satisfacer en el acto, pueda obtener respuesta en forma escrita. Y, si es la forma escrita la procedente, parece obvio -se decía en dichas sentencias- que su cumplimentación habrá de tener lugar, a semejanza de cuanto al respecto establece el Art. 112 L.S.A ., con posterioridad a la junta al no resultar concebible que el propio desarrollo de dicho acto pueda ser objeto de suspensión para que el órgano de administración, previa la realización del estudio de antecedentes necesario, elabore el informe escrito que deba ser entregado al socio solicitante. En todo caso - razonábamos tambiénla modalidad escrita debe considerarse excepcional porque, como se ha puesto de relieve en el terreno doctrinal (SANCHEZ CALERO), la posibilidad de suministrar la información solicitada con posterioridad a la celebración de la junta -y, lógicamente, a la emisión del voto- supone siempre una quiebra del principio de complementariedad funcional entre el derecho de información y el de voto, de tal suerte que la posibilidad que el órgano de administración ostenta para acudir a dicho recurso ha de ser siempre objeto de interpretación restrictiva y verse limitada a aquéllas hipótesis extremas en las que la información oral en el curso de la junta resulte realmente inviable. Hipótesis no solo diferentes sino radicalmente contrarias a la que ahora nos ocupa: estando presidida la junta, precisamente, por Don Agapito , que era quien debía satisfacer el derecho de información ejercitado en el curso de su desarrollo, resulta por completo inverosímil que, incumbiéndole a él personalmente las preguntas formuladas por el Sr. Severino , careciera de constancia de las cantidades que había percibido a lo largo del año por razón de servicios profesionales extraordinarios y, lo que es más importante, que desconociera también la naturaleza de dichos servicios, tanto de los prestados como de los que tuviera previsto prestar a lo largo de la misma anualidad. Siendo ello así, el uso de la facultad excepcional de brindar una respuesta escrita con posterioridad al acto asambleario no se encontraba en modo alguno justificada, pudiendo afirmarse sin ambages que el incorrecto ejercicio de tal facultad produjo una recusable ruptura del principio de complementariedad funcional entre los derechos de información y de voto. Pues bien, aun cuando esa conclusión sería por sí sola suficiente para considerar infringido el derecho de información del actor, incluso en la hipótesis de que la posterior información escrita que se le anunció hubiera sido completa, lo cierto es que tal información resultó, además, francamente fragmentaria e incompleta. Y es que, tal y como puede comprobarse en la misiva de 4 de julio de 2007 que la sociedad remitió al actor, de las preguntas que ahora nos ocupan solamente fueron contestadas las que hemos enumerado como 1 y 3, es decir, las relativas a las sumas totales percibidas -o límite máximo de las que habría de percibirpor el Sr. Agapito en concepto de servicios profesionales extraordinarios en el año 2007. Sin embargo, se omitió toda información sobre las preguntas 2 y 4 a través de las cuales el Sr. Severino deseaba conocer algo tan sencillo y comprensible, en vista de la naturaleza del conflicto latente en el seno de la sociedad en torno a esta cuestión, como lo era la naturaleza de los servicios profesionales que justificaban esa retribución adicional (folio 72). De hecho, parafraseando lo indicado en nuestra sentencia de 14 de octubre de 2001 parcialmente transcrita, podemos asegurar que este tribunal sigue desconociendo al día de hoy cuál pueda ser el carácter o naturaleza de tales servicios. Es claro, en consecuencia, que también en relación con este acuerdo se vulneró el derecho de información del actor, lo que determina igualmente el éxito del recurso en relación con el acuerdo comentado. CUARTO.- Estimándose el recurso de apelación, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C ., debiendo imponerse a la demandada, en cambio, las originadas en la instancia precedente de acuerdo con lo previsto en el Art. 394-1 de la misma ley . VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
En atención a lo expuesto la Sala acuerda: 1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Severino contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución. 2.- En consecuencia, estimando íntegramente la demanda, declaramos nulos los acuerdos Primero y Segundo de los adoptados por la junta general de la sociedad demandada, ESTRENOS 21 S.L., de 28 de junio de 2007 y que consistieron en lo siguiente: 1.-Aprobación de las cuentas de 2006 y aplicación de su resultado 2.-Ratificar los honorarios profesionales y cantidades que percibirán las personas que presten servicios como directores, apoderados, o por trabajos profesionales de cualquier índole, no por su función de administradores, durante el ejercicio 2007. 3.- Imponer a la demandada las costas originadas en la instancia precedente y no efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las causadas por el presente recurso de apelación. Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal. PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.
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