Source: http://www.oas.org/summit/sisca/themesdetails.aspx?lang=es&theme=1&country=PER
Timestamp: 2020-01-22 22:36:10+00:00

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Como avances en Gobierno Abierto a través de los planes de acción desarrollados por el Perú, en materia de transparencia se cuenta con la modificación del Reglamento de la Ley de Transparencia a través del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, se viene implementando la nueva versión del Portal de Transparencia Estándar que contiene un mecanismo de autoevaluación e incorpora un Sistema nacional de acceso a la información pública, a nivel de mejora de los servicios públicos se aprobó el Modelo y la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales, se han incrementado los servicios en línea a través de un catálogo de servicios en línea; asimismo se han desarrollado mecanismos de transparencia y vigilancia ciudadana en programas sociales y programas dirigidos a la niñez.
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CAN ANTICORRUPCION: La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción desde el año 2013 impulsó la conformación de una delegación peruana en las reuniones del Comité de Expertos del MESICIC, logrando una presencia permanente en cada una de las reuniones, siendo que incluso la Coordinadora General de la CAN Anticorrupción – Rosmary Cornejo Valdivia ha sido elegida Vicepresidenta del MESICIC en la sesión de marzo 2017.
Por otro lado, la CAN Anticorrupción es el punto focal ante el MESICIC –en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores– habiendo participado activamente en la elaboración de los Informes de evaluación de los años 2013 y 2016 en donde se reconocieron los avances del Perú en la implementación de las recomendaciones.
Asimismo, la CAN Anticorrupción atendió adecuadamente las visitas in situ de los países evaluadores, el requerimiento de información que realiza periódicamente el MESICIC e incluso ha remitido los formatos únicos de reportes de avances en la implementación de recomendaciones de los años 2015 y 2016,, lo que evidencia el compromiso del Perú en cumplir con esta obligación internacional.
Cabe destacar, que los informes del MESICIC son uno de los instrumentos que estan siendo utilizados por la CAN Anticorrupción para la elaboración de la "Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción", así como para el próximo Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
MINJUSDH.
El Acceso a la Justicia es considerada la meta prioritaria del Perú, del MINJUS, y es la Dirección Nacional de Justicia - DNJ gerente de metas y avance de indicadores de acceso a la justicia para el Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados (SIGOP- Perú), que supervisa la Presidencia del Consejo de Ministros.
Se ha logrado promover y facilitar el acceso a la justicia, fortalecido la Conciliación Extrajudicial y promocionado los medios alternativos de solución de conflictos; (i)reforzando las coordinaciones con los organismos vinculados a la administración de justicia, (ii) incrementándose la suscripción de convenios con municipalidades, universidades y diversas entidades públicas y privadas, (iii) incrementándose los centros de conciliación gratuitos, descentralizando los servicios al interior del país, debido a la exigibilidad de la Conciliación Extrajudicial a nivel nacional.
Se incrementa el acceso a la justicia, al crear el Programa de Arbitraje Popular y el Centro de Arbitraje Popular “Arbitra Perú” (Decreto Supremo Nº 016-2008-JUS del 28.11.2008), declarando de interés nacional el acceso al arbitraje para la solución de controversias de todos los ciudadanos; extendiendo masivamente el uso del arbitraje a todos los sectores de la sociedad y descargar el sistema judicial en aquellos derechos que sean de libre disposición de los ciudadanos. El Centro de Arbitraje Popular del MINJUS, ha alcanzado desde 2009 al 2011: (i) 10,923 personas capacitadas en materia de arbitraje (profesionales, estudiantes y público en general), (ii) 63 eventos de capacitación organizados en Lima y provincias, (iii) 55 procesos de arbitraje tramitados, (iv) 1,851 personas atendidas y asesoradas directamente, sobre temas de arbitraje.
Se crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales - ANPDP a cargo de la DNJ, en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales Nº 29733, del 03.07.2011, cuyo objeto es garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en la Constitución Política del Perú (Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar), tratando de enfrentar la problemática del comercio informal de los datos personales, sin que exista una autoridad de control que actúe de forma inmediata, corrigiendo o sancionando al infractor. Constituyó una Comisión Multisectorial encargada de elaborar el proyecto de Reglamento de la Ley, capacitación del Jefe de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en eventos internacionales sobre la materia.
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A.	Plan Estratégico Sectorial Multianual 2009 – 2013.
El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Justicia se ha constituido como el instrumento orientador de la gestión sectorial durante el espacio de tiempo comprendido del 2009 al 2013, y contiene los propósitos estratégicos que servirán de marco para establecer los objetivos y actividades de las diversas dependencias del Ministerio de Justicia, de esta forma se inscriben las bases para instituir una efectiva gestión estratégica para un periodo de 5 años.
El Sector Justicia, ha considerado en su Plan Estratégico que la transparencia, la justicia, la eficiencia, el comportamiento ético, la calidad y la vocación de servicio son considerados los valores vitales del sector, los cuales se complementan con los propósitos estratégicos, como regular el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, propósito que tiene como finalidad definir el quehacer del sector en dicho ámbito, con el objetivo de beneficiar a la sociedad peruana dentro de un marco constitucional democrático en la lucha contra la corrupción.
Considerando que la visión rectora del Sector Justicia es el de defender los intereses estatales y la preservación del Estado de Derecho, afianzar la defensa de estos está estrechamente vinculado con la lucha contra la corrupción. Por lo cual, la defensa de los derechos e intereses del estado involucraría el compromiso estratégica del sector de dirigir la defensa jurídica de los mismos, y de desarrollar y consolidar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Por lo cual, para cumplir con dichos objetivos el Plan Estratégico Sectorial Multianual ha determinado la realización de acciones de regulación, coordinación y supervisión para una optima defensa jurídica de los intereses del Estado, a través de las Procuradurías Publicas Especializadas en Delitos de Corrupción, a fin de desplegar acciones concretas de lucha frontal contra la corrupción a nivel nacional.
B.	Plan Estratégico Institucional 2009-2013.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Justicia es un instrumento de gestión que diseña una política estratégica institucional, y que busca trascender el corto plazo, dando una visión de largo plazo, la misma que se articula y complementa con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2009 – 2013.
EI Ministerio de Justicia es el órgano rector del Sector Justicia, y dentro del ámbito de su competencia, en armonía con los principios democráticos que establece la Constitución Política del Perú, brinda asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo, promueve los derechos humanos, facilita la defensa y acceso a la justicia, promueve medios alternativos de solución de conflictos; coordina, evalúa y supervisa la defensa jurídica del Estado y la relación del Poder Ejecutivo con los organismos a cargo de la administración de justicia, asimismo coordina la relación del Poder Ejecutivo con las confesiones religiosas, la sistematización y difusión del ordenamiento jurídico, la supervisión, control, regulación y evaluación del funcionamiento de fundaciones, la supervisión, regulación, nombramiento y evaluación del notariado y la formulación, dirección, supervisión, control y evaluación de políticas penitenciarias, registrales y archivísticas.
En ese sentido uno de los propósitos del Sector Justicia es regular y propiciar el desarrollo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, por lo cual es una misión de dicho sector el proteger los intereses del Estado a través de la rectoría del Sistema de Defensa Jurídica del Estado con énfasis en la lucha contra la corrupción.
Por lo tanto es prioritario la implementación y dirección del Sistema de Defensa Jurídica del Estado para lo cual el Sector Justicia se plantea como objetivo:
•	Establecer las Políticas del Sistema y uniformizar criterios de defensa jurídica de los intereses del Estado.
•	Dirigir, supervisar y coordinar el funcionamiento del Sistema.
•	Sistematizar la información relacionada a los procesos y/o procedimientos que involucran al Estado.
•	Brindar capacitación a los operadores del Sistema.
•	Fortalecer la imagen del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y de los Procuradores Públicos ante el Poder Judicial, Ministerio Publico, medios de comunicación y la ciudadanía en general.
Uno de los operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el Consejo de Defensa Jurídica, el cual tiene como misión coordinar y supervisar la defensa de los intereses del Estado cuya competencia abarca todo el territorio de la República; asimismo, dicho operador propone la creación de nuevas Procuradurías; absuelve las consultas y presta asesoramiento respecto de las cuestiones legales sobre los asuntos relacionados con la defensa del Estado, se pronuncia sobre los problemas de competencia que se presenten entre Procuradurías, sanciona las disposiciones de carácter reglamentario para todas las Procuradurías Públicas y centraliza la información estadística de estas.
Por lo cual el Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene como perspectiva el fortalecer la defensa de los intereses del Estado, con especial énfasis en la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción en la Administración Pública, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo; por lo tanto se encarga de consolidar la normatividad que regula la defensa del Estado incorporando una estructura orgánica acorde con las necesidades nacionales y con los compromisos internacionales actuales, realizando tareas de planeamiento y supervisión de la labor que se realiza en defensa de los intereses del Estado.
C.	Proyecto de creación del Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el combate contra la Corrupción y Crimen Organizado.
Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos determinaron a través de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evitando distorsiones de la economía, vicios de la gestión pública y el deterioro de la moral social, estableciendo en dicho acuerdo que la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos de naturaleza ilícitos.
Por lo tanto la necesidad de integrar fundamentos de efectividad, de contraste con los fines perseguidos y los objetivos a ser alcanzados en el combate contra la corrupción es un deber y una obligación constitucional del Estado, para lo cual es necesario establecer canales de coordinación interinstitucional entre sus entidades, así como el diseño e implementación conjunta de planes de acción dirigidos a combatir el delito, conforme a lo dispuesto por los principios establecidos por la Constitución Política del Perú y los acuerdos Internacionales de los cuales el Perú forma parte.
En ese sentido, como una de las primeras metas en los primeros meses del año 2012 es la creación y puesta en funcionamiento del Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el combate contra la Corrupción, cuyo objeto será establecer canales de coordinación interinstitucional y el diseño e implementación conjunta de planes de acción dirigidos a combatir los delitos de corrupción y criminalidad organizada; facilitando la identificación de redes de corrupción a través del intercambio de información. El citado grupo de trabajo multisectorial dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
D.	Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Mediante la Ley Nº 29809 de fecha 7 de diciembre del año 2011, se entro en vigencia el nuevo diseño del Ministerio de Justicia del Perú, cambiando su denominación por el de “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, el mismo que se ha constituido como el sector justicia y derechos humanos, el cual comprende a todas las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, vinculadas con el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de derechos humanos, defensa jurídica del Estado y acceso a la justicia.
En ese sentido el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está delimitado a las siguientes materias:
•	Defensa jurídica del Estado.
•	Acceso a la justicia.
•	Política penitenciaria.
•	Regulación notarial y registral y supervisión de fundaciones.
•	Defensa, coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico.
•	Relación del Estado con entidades confesionales.
Conforme a lo establecido por la mencionada Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este tiene como finalidad promover y difundir los derechos humanos, postulando políticas de acceso a la justicia, con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad, en armonía con los principios democráticos que establece la Constitución Política del Perú. Asimismo, se encarga de formular las políticas de defensa jurídica de los intereses del Estado y, en particular, contra los actos que afecten la probidad en el ejercicio de la función pública, ejerciendo la rectoría del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, el cual es un pilar básico en la lucha contra la corrupción.
De esta manera, con la constitución de este nuevo marco normativo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como función rectora velar por la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, postulando la vigencia de los principios de igualdad, legalidad, transparencia, ética pública, seguridad jurídica y paz social, como principios fundamentales en la lucha contra la corrupción.
Párrafos: 80, 67, 3 Párrafos VII Cumbre: -
E.	Rediseño de las Procuradurías Públicas Especializadas en Delitos de Corrupción.
Dentro de la propuesta de modificatoria a la Ley de Sistema de Defensa Jurídica del Estado sería presentada al Congreso de la República para su aprobación, se plantea una reingeniería de la organización y las competencias de las Procuradurías Públicas, lo que permitirá avanzar hacia la unificación del modelo de defensa.
El Consejo de Defensa Jurídica del Estado para afrontar los procesos de manera tal que permita cautelar efectivamente los intereses del Estado en temas de corrupción, inicio la reestructuración de la Procuradurías Públicas Especializadas en Delitos de Corrupción de acuerdo con los estándares internacionales considerándose como una unidad multidisciplinaria y no solo encargada a la labor procesal, organizándose la misma en grupos:
1.	El Observatorio de lucha contra la corrupción, el cual construirá, alimentará y mantendrá un sistema de información, control de documentación y archivo de casos de corrupción a nivel nacional; el mismo que también desarrollará una investigación especializada de casos de altos funcionarios que implican grandes reparaciones civiles; asimismo, ejecutará también una labor vigilancia de los procesos y el diseño de estrategias de investigación.
2.	La Unidad de Análisis Financiero, efectuará estimaciones de daño patrimonial, monto de reparación civil, así como expectativas y posibilidades reales de cobro de las mismas. Asimismo, como parte de sus funciones, detectará y hará seguimiento de bienes y dinero de funcionarios y/o personas particulares investigadas. La información financiera de casos de corrupción detectados será analizada y sistematizada por esta unidad, con la finalidad que la misma formará parte del diseño e implementación del Sistema Integrado de Información. La ausencia de este sistema, archivo documentario y diagnóstico, así como en el cobro de reparaciones civiles, no permiten contar con datos exactos de la carga procesal de la Procuraduría Anticorrupción y de los montos recuperados por conceptos de reparaciones civiles.
Párrafos: 80, 14, 18 Párrafos VII Cumbre: -
A.	Breve descripción del tema
El Ministerio de la Producción lucha contra todas las formas de corrupción, prácticas fraudulentas y conducta no ética, mediante el aumento de la transparencia.
B.	Avances, Planes y programas desarrollados para el cumplimiento del mandato
En este sentido, Produce, mediante Resolución Ministerial N° 295-2009-PRODUCE, se aprueba la Directiva General N°006-2009-PRODUCE, respecto a las “Disposiciones para la aplicación del Código de Ética de la Función Pública y su respectiva difusión en el Ministerio de la Producción” y su modificación mediante la Resolución Ministerial N° 471-2009-PRODUCE.
Asimismo, se fomenta la realización de diversas actividades con la participación del personal del Ministerio de la Producción, incentivando la práctica de valores. Mensualmente a través del Portal Estándar de Transparencia en las entidades de la Administración Pública, el Ministerio de la Producción se encarga mediante sus entes responsables de mantener actualizada su información, dando cumplimiento a la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.
Párrafos: 80, 62, 66 Párrafos VII Cumbre: -
Desconcentración de actividades del Ministerio de Economía y Finanzas.
El Ministerio de Economía tiene competencia exclusiva sobre los Sistemas Administrativos de Endeudamiento Público, Presupuesto Público, Tesorería, Contabilidad e Inversión Pública, asimismo ha desarrollado aplicativos informáticos y softwares de soporte en relación con estos sistemas , como el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público – SIAF-SP, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, el Banco de Proyectos, entre otros. En este contexto se crearon los Centros Pilotos de Servicios de Atención al Usuario del MEF –CONECTAMEF, con el propósito que los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y público usuario accedan en forma más rápida a los servicios y productos de exclusiva competencia del Ministerio.
Con la implementación de estos Centros se busca garantizar la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas en los departamentos del interior del país (regiones) y de esta manera orientar, capacitar y facilitar a las autoridades, funcionarios, servidores y ciudadanos, respecto del manejo de las herramientas que permitan lograr una gestión eficiente y transparente para el bienestar de la población.
Actualmente se han implementado y se mantienen operando 9 centros CONECTAMEF. Para el año 2012, está prevista la implementación de 18 Centros adicionales.
Ordenamiento del sistema remunerativo en el sector público.
El Poder Ejecutivo considera imprescindible establecer un ordenamiento del sistema remunerativo del Sector Público, a fin de que el Estado cuente con un recurso humano capaz de gestionar la modernización y reforma del Estado, consolidar el proceso de descentralización y atender la agenda pendiente en materia de competitividad y calidad del gasto público. Por ello, era necesario desarrollar un aplicativo informático que centralice toda la información sobre remuneraciones del sector público, que permita realizar el análisis de políticas, salariales, y escalas remunerativas, como uno de los puntos de partida para gestionar la modernización del Estado.
El Ministerio de Economía y Finanzas no contaba con una base de datos centralizada de información de las remuneraciones del sector público que muestre el detalle de todos los conceptos remunerativos, las altas y bajas del personal, regímenes laborales afectos, entre otros conceptos, que permita realizar un análisis del sistema remunerativo del sector público.
Se viene efectuando el desarrollo del Aplicativo Informático de Gestión de los Recursos Humanos del Estado vinculado a la selección, contratación, capacitación, así como de información relevante de cada uno de los trabajadores que prestan o han prestado servicios en el Estado. Hasta el momento se ha incorporado a la base de datos información del gobierno nacional y gobiernos regionales, quedando pendiente la incorporación de los gobiernos locales, organismos autónomos y empresas públicas con tratamiento empresarial.
Regulación de la distribución de incentivos laborales en el sector público.
El Presupuesto por Resultados (PpR) comprende la aplicación en el ciclo presupuestal del sector público de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de intervenciones con una articulación clara y sustentada entre bienes y servicios a ser provistos a un determinado grupo o población objetivo (productos) y los cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados), a ser logrados, bajo criterios de eficiencia, eficacia y equidad.
La implementación progresiva del Presupuesto por Resultados en el Perú se explica básicamente por la presencia de las siguientes dificultades:
•	Desconexión entre las demandas ciudadanas y la oferta de bienes y servicios provistos por el Estado.
•	Asignación histórica a entidades, sin evidencia sobre eficacia de sus intervenciones.
•	Ausencia de seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas físicas y resultados.
Se están sentando las bases para la implementación del presupuesto por resultados; el avance en la identificación de programas presupuestales comprende al 41,9% del presupuesto no financiero ni previsional del año fiscal 2012, un avance sustancial comparado con el 14,9% logrado en el año 2011. La identificación de programas ha pasado de 24 programas en el año fiscal 2011 a 59 programas en el año fiscal 2012.
Párrafos: 78, 62, 51 Párrafos VII Cumbre: -
Resolución de controversias en el sistema de contrataciones del Estado.
El Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene como finalidad resolver, en última instancia administrativa, las controversias que surjan entre las entidades, los participantes y los postores durante el proceso de selección, así como imponer las sanciones de inhabilitación temporal o definitiva de los proveedores, participantes, postores, contratistas, entidades y expertos independientes por infracción de las disposiciones de la Ley, su reglamento y demás normas complementarias. Por ello, como parte de su accionar se emite “Resoluciones y Acuerdos de aplicación de sanción a proveedores” que se refieren a los pronunciamientos finales que resuelven o concluyen el expediente de aplicación de sanción.
Los proveedores, postores o contratistas siguen incurriendo en faltas y delitos que defraudan al Estado.
El Tribunal de Contrataciones del Estado ha colaborado de manera adecuada al fortalecimiento de la lucha anticorrupción cada vez que resuelve, en última instancia, una controversia entre Entidades y Postores durante el proceso de selección.
En el período 2006-2011, el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE a fin de cumplir con la función de imponer sanción de inhabilitación temporal o definitiva para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, ha concluido con más de 8 456 expedientes de aplicación de sanción, conforme a lo dispuesto por la normativa de la materia.
Avance en el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a información pública.
El Ministerio de Economía y Finanzas es un organismo público perteneciente al Poder Ejecutivo, obligado a brindar información de todos sus actos, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En esa línea, se implementó un formulario virtual en el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objetivo principal es el de brindar facilidades a los usuarios para el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, habiéndose logrado a la fecha un avance significativo en el mismo.
Las solicitudes de acceso a la información pública presentadas a través del formulario virtual (Portal de Transparencia) se incrementaron en el segundo semestre del año 2011 en un 13.6% a comparación del primer semestre del mismo año.
La corrupción ha sido siempre uno de los mayores problemas que ha enfrentado el Perú, afectando considerablemente a las entidades del Estado; por ello el Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de hacer transparente sus actos, facilitar el acceso a la información pública y brindar una respuesta a los usuarios dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente, emitió la Directiva N° 005-2008-EF/43.71 denominada “Normas y Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública en el Ministerio de Economía y Finanzas”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 589-2008-EF/43 del 17.10.2008.
Desde la dación de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas ha logrado significativos avances en el cumplimiento de la misma, a través de la publicidad de sus actos y la implementación del módulo virtual en el Portal de Transparencia para la formulación de las solicitudes de acceso a la información pública.
Ejercicio del derecho ciudadano de acceso a información pública en las empresas del Estado.
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado-FONAFE, está normado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806, la cual promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información, y en función de ello se han generado algunos mecanismos que facilitan el acceso a la información al ciudadano.
Es necesario que las empresas del Estado hagan transparente su manejo económico y financiero, a fin de que la ciudadanía pueda conocer los detalles de su gestión y de su situación.
FONAFE implementó en su portal la Unidad de Respuesta Electrónica (URE) para absolución de consultas, tanto de transparencia como diversas, al servicio del ciudadano.
En Mesa de Partes de FONAFE se colocó adicionalmente una PC disponible a todo ciudadano que desee realizar consultas a FONAFE vía Web. Se cuenta con un formato que puede ser presentado vía trámite documentario.
Estas acciones han permitido que 95% de las solicitudes de acceso a la información efectuadas al FONAFE fueran respondidas dentro del plazo de Ley.
Se ha colocado el Libro de Reclamaciones en un lugar visible de la sala de recepción al ciudadano; del mismo modo, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 032-2011/DE-FONAFE se ha nombrado al responsable del Libro de Reclamaciones en cumplimiento a lo establecido en el D.S N° 042-2011-PCM.
Mejoramiento del proceso de rendición de cuentas en las entidades públicas.
La Rendición de Cuentas es la presentación de los resultados de la gestión de los recursos públicos por parte de las autoridades representativas de las entidades del Sector Público, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en los plazos legales y de acuerdo con las normas vigentes, para la elaboración de la Cuenta General de la República, las Cuentas Nacionales, las Cuentas Fiscales y el Planeamiento.
La problemática que se enfrentó fue la falta de transparencia de la gestión de algunas entidades del Estado debido a la falta de rendición de cuentas, lo cual impidió el cumplimiento de plena transparencia en la gestión.
El proceso de rendición de cuentas de las entidades del sector público, se ha fortalecido con la implantación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y el Sistema de Integración Contable de la Nación (SICON), lo cual permite conocer con precisión el número y valor de los bienes, así como las obligaciones de las entidades públicas necesarias para la toma de decisiones a nivel de Estado y el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre el manejo de las finanzas públicas por los gobernantes.
Del universo de 2,366 entidades del sector público obligadas a rendir cuentas para la incorporación a la Cuenta General de la República del 2010, el 96% de ellas, es decir, 2,273 cumplieron con dicha obligación; estimándose 98% para el 2011 y 99% de entidades proyectado para el año 2012.
Párrafos: 80, 51, 20 Párrafos VII Cumbre: -
La Constitución Política de Perú de 1993 establece en su primer artículo que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, la Constitución realiza un importante desarrollo de los derechos civiles y políticos, así como de los económicos sociales y culturales, reconociendo a los tratados sobre derechos humanos un rango constitucional.
En este sentido, el Perú se encuentra comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos y es consciente que la pobreza y la exclusión son factores que atentan directamente contra el disfrute de los mismos.
Conscientes de ello, el Gobierno del Perú ha creado recientemente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con la finalidad de reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales.
Asimismo, se ha creado dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, que establecerá estándares mínimos de derechos humanos en temas sensibles como la educación, la salud, el empleo y buscará implementar mecanismos de supervisión de estos estándares. Implica también establecer las condiciones para asegurar el acceso a la justicia de toda persona con la finalidad de que puedan hacer valer sus derechos.
Párrafos: 2, 5, 36, 60, 47 Párrafos VII Cumbre: -
Anexos. Mandato 78 (MEF)
Anexos. Mandato 80 (MEF)

References: Resolución 
 Resolución 
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Resolución 
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