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Timestamp: 2020-08-07 10:15:27+00:00

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REFORMA CONSTITUCIONAL Y CONVOCATORIA A ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE LIBRE Y SOBERANA - Autodeterminación y Libertad
Publicado 20 noviembre, 2002 · Actualizado 17 octubre, 2018
Presentado el 20 de noviembre de 2002. (expte. 7406 – D- 02)
Artículo 1º.- Se declara la necesidad de la reforma total de la Constitución Nacional.
Artículo 2º.- Se convoca al pueblo de la República para dentro de sesenta (60) días de promulgada la presente ley elija los convencionales que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente facultada para efectuar la reforma de la Constitución Nacional.
Artículo 3º.- Se reconoce expresamente que la Asamblea Constituyente será libre y soberana en su funcionamiento, para debatir sin limitación alguna, los problemas fundamentales del país y del pueblo y para decidir las reformas constitucionales a efectuar al respecto.
Artículo 4º.- La Asamblea Constituyente tratará todo proyecto o moción que presenten organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles o sociales, tengan o no personería.
Artículo 5º.- La Asamblea o Convención Constituyente se instalará en la Capital Federal a partir de lo cual decidirá sin restricciones su funcionamiento posterior.
Artículo 6º.- Los convencionales constituyentes serán elegidos en forma directa y proporcional a los votos que obtenga cada partido en un número igual al doble de la cantidad actual de diputados nacionales y para su elección se tomará el país como distrito único.
Artículo 7º.- Derógase y déjase sin efecto alguno el decreto PEN 1399/02.-
La convocatoria electoral y la Asamblea Constituyente.
Mediante el decreto PEN 1399/02 Duhalde convocó a elecciones para el día 30 de marzo próximo. Aunque resulte increíble se convoca al pueblo a elegir sólo presidente y vicepresidente. En un país demolido por la acción de los últimos gobiernos, atravesando una crisis ya crónica, con innumerables problemas de todo orden, con reclamos de cambio masivos, con una disconformidad y una bronca que se extiende por todo el país consecuencia directa de las condiciones de vida y del funcionamiento de las instituciones, con un rechazo también masivo hacia la mayoría de la dirigencia política, cuando en síntesis está cuestionado todo, el presidente, ignorando la situación descripta convoca a elecciones para renovar sólo al presidente. Es decir cuando el pueblo expresa que es hora de “que se vayan todos” –es decir que se pueda discutir y elegir todo- desde las instituciones se contesta “nos quedamos todos menos uno”.
Y ese uno incluso –el actual presidente Duhalde- duda si irse o no y, en su caso, cuándo y cómo. Ahora como respuesta sumisa a uno de los reclamos del FMI Duhalde con los gobernadores y los bloques parlamentarios mayoritarios han resuelto modificar la fecha y la postergan para el 27 de abril. Entre las exigencias del citado organismo internacional y las feroces disputas entre todos los precandidatos del justicialismo más las dudas de los grupos económicos que carecen de un candidato confiable que además despierte algún entusiasmo popular –ningún candidato lo despierta- la fecha de las elecciones y todo el cronograma electoral sigue en la incertidumbre. El descontento y descreimiento de la población juega, también, un rol fundamental para esas vacilaciones. Más adelante volveremos a tocar el tema.
Desde que aprendimos del pueblo, a partir del 19 y 20 de diciembre, el reclamo asambleario de “Que se vayan todos”, venimos aportando con nuestro esfuerzo por lograr ese objetivo. Concretarlo no es de por sí la solución pero si el pueblo argentino no logra sacarse de encima a los que destruyeron el país, no hay ninguna posibilidad de encontrar soluciones ni construir un nuevo país.
Este proyecto de convocatoria a elecciones para convencionales constituyentes tiene el objetivo de aportar también a esa lucha por sacarse de encima a la dirigencia responsable de la situación que atravesamos y de debatir propuestas, lineamientos de un proyecto de país diferente, en lo económico, en lo político e institucional.
Frente a la barbarie a la que nos lleva el capitalismo basado en la explotación de millones en beneficio de pocos, pensamos en un país y un continente rebelde que busque alternativas basadas en relaciones justas y solidarias, libres de explotación y opresión. Relaciones socialistas. Un socialismo que tenga las formas que los pueblos democráticamente decidan darle.
Como bien ha dicho José Pablo Feinmann “El modelo neoliberal es el capitalismo y el capitalismo es el modelo neoliberal. No hay modelo neoliberal, hay sistema capitalista. Y ya no tiene modo de ser otra cosa, ya no hay keynesianismo, ni New Deal, ni plan Marshall, ni nada de nada. Lo que hay es un sistema que no garantiza la existencia del hombre sobre la tierra y que va en camino de no garantizar la Tierra, pues la está destruyendo”.
Es imprescindible impulsar transformaciones profundas en el plano ecónomico, político, institucional, social. El capitalismo ha destruido todo lo que tocó. La penetración imperial especialmente de EE.UU., los más poderosos gobiernos europeos y los restantes miembros del llamado “Grupo de los Siete” (G – 7) saquea sin solución de continuidad nuestras riquezas. “América Latina ya pagó casi cinco veces la deuda externa original – Desde 1982 abonó un billón, cuatrocientos mil dólares, pero aún debe por intereses tres veces la suma inicial” (Néstor Restivo, Clarín). Toda América Latina entonces está atacada por la misma política de explotación y saqueo.
Desde el gobierno de Isabel Perón ,con su ministro Rodrigo primero, y luego con Mondelli, comenzaron los intentos de implementación de planes económicos reclamados por los centros de poder político y económico y consistentes en exigir la apertura de la economía, el fin de la política de sustitución de las importaciones, la desregulación, las privatizaciones. Eran los intentos de introducir a nuestros países en el proceso de mundialización capitalista que se venía.
Con la dictadura militar –conforme lo han estudiado Aspiazu, Khavisse y Basualdo, entre otros- comienzan a adueñarse de la economía argentina Grupos económicos llamados de “capital nacional” y empresas trasnacionales como parte de un proyecto común de concentración de la riqueza. Tanto con Isabel Perón y la “Triple A”, como luego especialmente con la dictadura golpista del 24 de marzo de 76, esos drásticos intentos de cambio se hacen sobre la base de una brutal represión y finalmente con un genocidio. Son las aberrantes violaciones a los derechos humanos.
Con el impulso de grandes empresarios, banqueros, la Sociedad Rural y CARBAP, grandes industriales, exportadores, parte de todos esos sectores de
capital trasnacional, los dueños de los más poderosos medios de comunicación masivos, y la complicidad de sectores mayoritarios de la dirigencia política y sindical comienza una caída del nivel de vida, de los ingresos y de las condiciones de trabajo que ya no se interrumpirá hasta hoy.
El derrumbe de la dictadura cambia el régimen político pero no la orientación económica.
Alfonsín y la UCR son elegidos por el voto de la población pero la política económica la sigue dictando el FMI y los principales grupos beneficiados por Martínez de Hoz y Videla. No es casual que desde el comienzo de su gobierno Alfonsín se abocara también a encontrar los caminos de la impunidad de los autores de los crímenes contra el pueblo.
Menem, Duhalde y el PJ son elegidos asimismo por el pueblo pero rápidamente se alinean con los EE.UU. y el poder económico hegemónico en un grado de sometimiento y concentración de la riqueza como pocas veces antes se había visto. Comienza ya a instrumentarse el denominado “Consenso de Washington”. Coherentemente Menem indulta a los pocos represores que se había logrado juzgar. Una nueva década infame se había abierto.
El FREPASO con Alvarez, Ibarra y Fernández Meijide despierta expectativas de cambio. Moderadas las expectativas y moderados los cambios pero expectativas al fin en muchos.
Su alianza con Alfonsín y de la Rúa lleva todos los votos que recibió con expectativas e ilusiones de cambio a ofrendarlos al mismo altar ante el que se arrodillaron sus antecesores. Washington celebraba. El pueblo se estaba hastiando de tanta frustración y miseria creciente. Poco quedaba ya de un país con rasgos independientes
Ya en 1984 proponíamos y peleábamos desde el viejo MAS (Movimiento al Socialismo) por la convocatoria a una Convención Constituyente soberana que sin limitaciones discutiera un nuevo proyecto de país en todo sentido.
Al constatarse nuestro alerta del fraude electoral que encerraba la experiencia menemista, la del “salariazo y la revolución productiva”, que prometían codo a codo con Duhalde y tantos dirigentes que hoy andan en el ARI, el FREPASO, el CTA, los llamados Polo Social y Frente para el Cambio, etc., presentamos en 1989 nuestro primer proyecto de reforma constitucional.
Uno más integral promovimos en diciembre de 1993 como alternativa a la reforma constitucional que pergeñaron en las sombras Alfonsín y Menem cuando el ignominioso “Pacto de Olivos”.
Hoy resulta más imperioso aún un proceso de transformaciones de todo orden.
La posibilidad de construir un país independiente, una Repùblica del pueblo trabajador, donde democracia sea verdaderamente gobierno o poder del pueblo,
autogobierno basado en mecanismos de democracia directa se vuelve necesario y posible. La brecha enorme entre las instituciones y la población plantea esa necesidad pero también las condiciones para ello.
El país está inmerso en una grave crisis. Nadie discute esta afirmación y más aun se la repite en todos lados; en la conversación cotidiana, en los medios de comunicación, en los análisis y comentarios sobre la situación de la Argentina. Así se lo considera también en el exterior. Tampoco se cuestionan sus características, aunque más no sea formalmente, en cuanto es una crisis de todo orden: ética, política, económica, cultural, institucional. Hace a la existencia del país como tal. Y no sólo nadie la discute. La sufre la mayoría del pueblo.
En todo el mundo el capitalismo está mostrando su rostro bárbaro. Argentina es un ejemplo contundente.
El hambre se extiende. Ya hay hambruna. Más de la mitad de la población –en una cifra cercana a los veinte millones de sus habitantes- se encuentra por debajo de la llamada “línea de la pobreza” y alrededor de diez millones se halla en estado de indigencia. En los comienzos de los años 60 la población “pobre” era del 5% del total. Hoy es de más del 50 %. Una persona cada cinco segundos (5) se agrega a esa dramática situación de estar por “debajo de la línea de pobreza”.
Surge asimismo de cifras oficiales que a más del 50 % de la población llamada “económicamente activa” le falta trabajo, o tiene trabajo ocasional, y tiene la angustia de saber que, además, no tiene posibilidades de conseguirlo en un futuro próximo. Y la desocupación y subocupación (desempleo encubierto estadísticamente) continúa creciendo.
Los que tienen trabajo carecen de seguridad alguna. En muchos casos trabajan “en negro” sin ningún tipo de protección legal. Otros lo hacen en “forma legal”, precarizados, bajo distintos regímenes de flexibilidad laboral con los que a través de distintas leyes sancionadas por este Congreso se fueron arrancando derechos y conquistas logradas a través de luchas que duraron décadas. Algunas de esas leyes sancionadas durante la década del noventa tuvieron el origen espurio de haber sido sancionadas en el marco de sospechas públicas de cohecho. Así ocurrió con la llamada ley de reforma laboral aprobada por presión del FMI al gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa y en el marco de denuncias de presuntas coimas pagadas por el gobierno nacional a senadores.
Los ingresos populares fueron disminuyendo en la década infame del gobierno de Carlos Menem, durante la vigencia de la convertibilidad aplicada por su ministro de Economía Domingo Cavallo, especialmente a partir de 1993 donde los precios se fueron moviendo hacia arriba aunque en forma imperceptible mientras los salarios quedaron fijos. Con la irresponsable devaluación promovida por el actual
gobierno de Eduardo Duhalde se produjo un brutal saqueo, en más del 40 %, al poder adquisitivo de los que viven de su trabajo. Más afectados resultaron todavía por esta situación los jubilados y pensionados que, junto a los trabajadores estatales vienen de ser robados en su propiedad privada con el descuento compulsivo del 13% de sus menguados haberes, firmado por el entonces vicepresidente Carlos Alvarez de la Alianza..
La pobreza se extiende por la Argentina. Según estudios del CTA en 1975 –datos actualizados por nosotros a la fecha- en la Argentina, había 22 millones de habitantes y alrededor de 2 millones de pobres; este año hay alrededor de 38 millones de habitantes y alrededor de 20 millones de pobres. La población creció en 16 millones de habitantes desde esa fecha y el número de pobres en 18 millones.
De ellos el 57% son menores de veinticuatro años mientras que el 67 % de los menores de diez y ocho años son pobres.
Pero no a todos les fue mal. Como ya lo señalamos desde la dictadura militar y mediante la comisión de un genocidio se aplicó un plan económico de saqueo de nuestras riquezas por parte de bancos y grupos económicos, algunos trasnacionales. Contaron para ello con la instrumentación de planes impuestos por los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID). Durante la gestión de los presidentes Alfonsín, Menem, De la Rúa –incluso durante los pocos días de Rodríguez Saá- y Duhalde se continuó con esas políticas de sumisión a las exigencias de los EE.UU y de los más poderosos países de Europa junto a Japón (el llamado G- 7).
Terminaron por destruir el país, arruinar a la clase media y llevar a la angustia, la desesperación y la indignación a la mayoría empobrecida de la población. Sólo en la década 1990 – 2000, siete millones de personas dejaron de ser clase media pasando a ser pobres. (Artemio López).
Al día del golpe la deuda era de un poco más de 7.000 millones de dólares.
La dictadura militar que iniciara su proceso de exterminio el 24 de marzo de 1976 dejó luego de un proceso agudo de corrupción donde se beneficiaron grandes empresarios, organismos financieros internacionales y gobierno, una deuda externa cuyo capital oscilaba en los 40.000 millones de dólares.. Los gobiernos que sucedieron a la dictadura pagaron desde esa época hasta ahora alrededor de 200.000 millones de dólares en concepto de intereses. Se entregaron empresas públicas contra recepción de bonos de deuda –llamados bonos basura por su bajo valor de mercado- a precio nominal. Pese a semejante sangría a la Argentina se le reclama una deuda externa pública de alrededor de 160.000 millones de dólares. Pese a haber declarado la cesación de pagos a los acreedores
privados el gobierno de Duhalde pagó este año alrededor de 4.000 millones de dólares en efectivo, extraídos de las reservas, a los organismos financieros internacionales. Un record criminal lo tiene Rodríguez Sáa: en sólo una semana que duró en el gobierno pagó 400 millones de dólares con igual destino y también en efectivo.
Se facilitó asimismo una fuga de capitales que oscila los 120.000 millones de dólares a los que deben sumarse unos 8.000 millones más que este gobierno permitió que se fugaran durante este año.
A ello deben sumarse las remesas de ganancias y utilidades al exterior que aumentaron enormemente por la extranjerización de la economía y que no bajan de los 5.000 millones al año. Y faltan los pagos de patentes y royalties más las pérdidas crónicas resultantes del deterioro de los términos del intercambio.
Con la devaluación reaparecieron las subfacturaciones en el comercio exterior y el fraude que permite nuevas fugas. Más la aguda evasión y elusión impositiva por parte de los que se benefician y lucran con estos planes en un sistema tributario de por sí regresivo y antipopular ya que se basa especialmente en impuestos al consumo (IVA) donde el rico paga exactamente igual que el pobre.
¿Qué país puede aguantar semejante sangría?. ¿Qué podía esperarse de este proceso sino una pobreza extendida?.
Encima la distribución desigual permitió una concentración de la riqueza pocas veces vista en el mundo. En especial por la magnitud de las cifras y la velocidad de la transferencia de ingresos de los sectores pobres a los ricos.. La evolución de la proporción de ingresos entre ricos y pobres indica que a 1986 el 10 % más rico se llevaba entre 12 y 15 veces más que el 10% más pobre. Durante la hiperinflación de 1989 saltó a 23 veces más. Luego de un fugaz descenso, desde el año 1993 empieza a crecer nuevamente a 18 veces ese año, a 22 veces en 1995, a 24 en 1998, a 26 en el 2000, a 28,7 durante el 2001 y a 33,7 veces este año. (Artemio López, Página 12). Como consecuencia de ello, por cada hora, trece chicos (13) mueren en el Gran Buenos Aires por causas derivadas de la desnutrición.
Por otra parte la combinación de “privaciones agudas por la pobreza y amplias brechas sociales crea un clima social de alta conflictividad potencial. Es imposible dejar de observar que dicho clima genera condiciones propicias a la criminalidad. Una de ellas es la sensación de amplios sectores de que han pasado a ser excluídos de la sociedad”. (Bernardo Kliksberg, “La criminalidad en América Latina”,La Gaceta de Económicas).
Todos los estudios disponibles vinculan el aumento de la criminalidad con este proceso de deterioro social. Alta desocupación; desarticulación de la familia por agravamiento de la pobreza y la falta de perspectivas y los bajos niveles de educación fundamentalmente causados por la necesidad de trabajar desde
temprana edad y a su vez la disminución drástica de los presupuestos educativos están “gravitando sobre la criminalidad”. (artículo citado)
Es uno de los factores determinantes de la grave inseguridad en que vive la mayoría de la población. Otro es el acentuado grado de descomposición de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo el gobierno de Duhalde se esfuerza por firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de nuevas exigencias de ajustes tajantes; verdaderamente criminales para imponérselos a una población agobiada y a un país devastado.
El nuevo Presupuesto enviado al Congreso prevé disponer del 22 % del total del gasto para cubrir vencimientos de deuda externa. Y ello así aunque se plantea mantener la actual “cesación de pagos”, ya que se trata de evitar que esa cesación se extienda a los organismos multilaterales de crédito. Luego se piensa destinar cerca de 15.000 millones de pesos para pagarle al FMI, al Banco Mundial, al Banco Interamericano y también cumplir con los bancos y AFJP que tienen préstamos garantizados luego de la delictiva pesificación de los créditos de grandes grupos económicos con el sistema financiero local.
La suma es tres veces superior a lo proyectado con destino a asistencia a la indigencia y pobreza. Como ha señalado Daniel Muchnik hay “un detalle que no se puede obviar: con relación a 2002, 2003 refleja una suba del 86,3 % en concepto de pago de la deuda pública”.(“Un Presupuesto con la mirada puesta en pagar la deuda”, Clarín).
Numerosos habitantes del país fueron confiscados en sus ahorros. El capitalismo mostró su verdadero rostro. La única propiedad privada que defiende es la de los poderosos. Estafó a numeroso sectores populares que ingenuamente habían confiado en sus postulados. Gobierno, instituciones legislativas y judiciales, bancos, organismos multilaterales de crédito fueron artífices y cómplices de la estafa. Los millones y millones de dólares de los ahorristas confiados se fugaron al exterior mediante los negociados de bancos, empresas y organismos financieros internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional que a través del llamado “Blindaje” aseguró los dólares para la fuga y el fraude. Quedó el indignante “corralito” para ahorros de toda la vida, para indemnizaciones; la bancarización forzada y los bonos compulsivos negociados también con el FMI.
El 93 % de los estafados por el “corralito” pertenecen a pequeños ahorristas es decir a titulares de depósitos inferiores a 50.000 dólares.
Los ahorristas más ricos, advertidos, ya habían sacado su dinero durante el correr del 2001. Son parte de los 20.000 millones de dólares fugados el año pasado antes de establecerse el cepo financiero para el resto de la población. Al mismo tiempo con sus fugas estimularon el desenlace de diciembre. Por allí se fueron a especular afuera las sumas que se le niegan a los atrapados y robados por el “corralito” de Cavallo y De la Rúa. De Remes Lenicov, Lavagna y Duhalde.
Por ambos lados creció la deuda externa -en miles de millones de dólares más- que se le pretende seguir cobrando al pueblo argentino.
La crisis política – institucional.-
“Los argentinos existen pero Argentina, ¿existe?”, se pregunta agudamente Alain Touraine. Argentina está perdiendo todo vestigio de soberanía.
EE.UU. intenta avanzar en sus planes de colonización en América Latina. Allí están los planes de anexión enmarcados en el ALCA. Pretende institucionalizar el saqueo.
Planes militares acompañan los intentos de expansión colonialista. Periódicamente se realizan ejercicios conjuntos de tropas norteamericanas con las de los países del Cono Sur. La política guerrerista del actual gobierno de Bush ha acentuado esa presencia militar en la zona. Y crece y se acentúa. Las denominadas “hipótesis de conflicto” en América Latina son para esos ejercicios la represión o dominación de las protesta populares o las puebladas.
ALCA y presencia militar. Es la combinación del dominio imperial.
Las instituciones del país están en aguda descomposición. El repudio de la población no es sólo a quienes las integran sino también al propio funcionamiento institucional.
El rechazo abarca a los tres poderes del Estado. En las elecciones del 14 de octubre del 2001 la nota distintiva, impactante fue el denominado voto “bronca”, triunfador en ese proceso electoral expresando un rechazo masivo al funcionamiento de las instituciones, al gobierno de De la Rúa y a la mayoría de los candidatos. De la Rúa siguió adelante. Cavallo fue ratificado. Duhalde se autoproclamó triunfador, Alfonsín festejó haber salido senador.
Quizás el dato más significativo fue que -contra el imaginario colectivo consistente en pensar que con el aparato y el clientelismo al final consiguen los votos de la población- Duhalde, el dueño del “aparato” bonaerense, supuestamente el más poderoso, sacó sólo el 21% del padrón. Alfonsín, el dueño, por su parte, del aparato radical más fuerte, también el de la provincia de Buenos Aires, sacó el 8% del padrón. Con todo el aparato y el clientelismo más del 70% de la población bonaerense no los votó. El 25% se abstuvo y el 23% impugnó o votó en blanco lo cual implica que el voto “bronca” superó en más del 60% a los votos obtenidos por Duhalde y el PJ en la provincia bonaerense. En todo el país ocurrió igual.
Fue un anticipo.
El proceso abierto en diciembre del 2001.-
En las heroicas jornadas del 19 y 20 de diciembre del año pasado el pueblo obligó a renunciar al entonces presidente De la Rúa. Fue la más importante acción democrática de los últimos tiempos. Con la mirada cómplice del Justicialismo que le permitió establecer el Estado de Sitio, el gobierno de De la Rúa asesinó a más de treinta personas para tratar de mantenerse criminalmente algunas horas más. Pero el pueblo lo derrotó. Se exigió también la renuncia o remoción de los integrantes de la Corte Suprema y se expresó abiertamente un contundente rechazo al Congreso Nacional cuestionando su representatividad. Se llevó a la práctica la definición de que democracia es gobierno o poder del pueblo. Días después se expresó la misma bronca con el sucesor Rodríguez Sáa.
Años de fraude, desilusión, frustraciones, demagogia, promesas incumplidas. Constatación pública de una asociación de los partidos tradicionales con los grupos económicos más poderosos. Sujeción abyecta de gobernantes y funcionarios a las imposiciones y los intereses imperialistas de los gobiernos de EE.UU y los principales países de Europa. Un agudo proceso de colonización de nuestro país especialmente norteamericano. Exigencias humillantes y públicas del FMI. Negociaciones secretas caracterizan al ALCA. Secreto también para las operaciones militares. Enriquecimientos ilícitos de funcionarios, concentración de la riqueza, empobrecimientos masivos, corrupción en las instituciones políticas y de seguridad, represión, traiciones sindicales, criminalización de la protesta, impunidad e impunidad en todos los ámbitos han derivado en un proceso de bronca e indignación masivo.
Las Fuerzas Armadas cargan todavía con el rechazo y la indignación por los crímenes masivos y aberrantes cometidos durante la dictadura militar. Se han transformado, por una parte, en fuerza de tareas de intereses imperialistas. Debutaron por decisión de Menem en la agresión norteamericana y sus cómplices europeos, israelíes y árabes contra Irak durante la llamada “Guerra del Golfo” en 1990/1. Han servido como fuerza de ocupación “multinacional”al servicio siempre de los mismos intereses y siguen siendo ofrecidas en ese carácter por los gobiernos que sucedieron a Menem.
Por la otra, especialmente en la voz del Jefe del Ejército, bregan por ser tenidas en cuenta para la represión interna. Aunque aclaran siempre que esa intervención debe “disponerla el poder civil”. Tienen presente que varios de sus oficiales están siendo enjuiciados todavía por su responsabilidad en el genocidio y seguimos luchando para que muchos más lo sean si se derrotan los obstáculos políticos y jurídicos que lo impiden. Y no escapan a denuncias sobre corrupción como las relacionadas con el tráfico de armas o de hechos delictivos como los que originaron las explosiones en la localidad cordobesa de Río Tercero.
Las fuerzas de seguridad están en un generalizado descrédito. No hay día que no se informe de delitos cometidos contra la población donde no haya participación, autoría, complicidad, encubrimiento o alguna vinculación de integrantes de
fuerzas policiales con los hechos. Muchas veces de crímenes bárbaros como los de Darío Santillán y Maximiliano Kostecki ,en Avellaneda, en un marco de represión de protestas donde la responsabilidad última fue del gobierno nacional o el joven Peralta arrojado al Riachuelo por la policía donde se ahogó, o vinculaciones con el narcotráfico, o con el atentado contra la AMIA, o con el robo y desarmaderos de vehículos, y un largo etcétera.
Un apasionante proceso de movilización democrática.-
Luchas, movilizaciones, protestas surgidas de broncas de años. Resistencias a tanta destrucción y engaños pegaron un salto.
Se ha abierto también un apasionante proceso democrático. Un reclamo tiene la simpatía de la mayoría del pueblo argentino. Nació precisamente en las jornadas del 19 y 20 de diciembre pasado: “Que se vayan todos”. Un reclamo y una aspiración profundos. Conlleva un deseo de decir basta y un desafío de cambio profundo. De todo orden. Los desafíos para el pueblo argentino son inmensos.
Desde entonces procesos sociopolíticos inéditos recorren el país. Un proceso asambleario –de asambleas vecinales- se extendió por la Capital Federal, el conurbano bonaerense y muchas ciudades de distintas provincias. Han tenido flujos y reflujos en la participación pero se mantienen. A su alrededor se mantuvo el reclamo “que se vayan todos” como aspiración de transformaciones de todo tipo, económica y política. Y nacieron bolsas de trabajo, compras comunitarias, recomposición de lazos solidarios, se abrieron locales, merenderos, una revolución se da en la cabeza de millones de habitantes de la Argentina. Y continuaron y crecieron las organizaciones y las luchas de los trabajadores desocupados. “Piqueteros” es una expresión que simboliza esa presencia de lucha. Comedores comunitarios surgen de vecinos que responden al hambre y desnutrición con organización solidaria popular. Los trabajadores producen otro hecho inédito. Frente a patrones y empresarios que vacían y quiebran establecimientos se quedan y las recuperan. Las ponen en marcha. Resisten los intentos de desalojos que ordenan los jueces. Muchas se organizan autogestivamente. Se forman cooperativas para los fines sociales más disímiles.
La situación en América Latina es igualmente desesperada para afrontar el día a día. Pero también apasionante desde el punto de vista de las posibilidades de cambio y de transformaciones profundas.
En Venezuela, el pueblo pobre, paró con su fuerza movilizadora el intento golpista de los más fuertes empresarios, las burocracias sindicales, los tradicionales partidos políticos, parte de las Fuerzas Armada.. Intento golpista
que recibió el saludo público de los EE.UU., de gobiernos europeos, del FMI. Y sin embargo fue derrotado. En Perú y Paraguay movilizaciones han detenido los procesos de privatización en curso. Movilizaciones de campesinos e indígenas se expresan en Bolivia y Ecuador. Sigue la movilización zapatista en Chiapas. Procesos electorales en Bolivia, Uruguay y sobre todo el impactante triunfo del Partido de los Trabajadores en Brasil son expresiones de una Latinoamérica rebelde y en ebullición.
Los formidables sucesos del 19 y 20 en Argentina se inscriben en ese marco.
La reaccionaria Constitución actual. Sus antecedentes.-
El régimen político tan cuestionado por su inutilidad para atender las necesidades más imprescindibles del pueblo y su profundo carácter antidemocrático no es resultado de un mal funcionamiento simplemente. Así fue pensado en su origen. Es el régimen político de una clase dominante pergeñado para sostener ese dominio.
El carácter reaccionario de la Constitución de 1853 y sus sucesivas reformas incluyendo la que surgiera del “Pacto de Olivos” realizada en 1994 para la reelección del entonces presidente Menem tiene su origen en la Constitución norteamericana.
Mas allá de algunos “derechos sociales” enumerados, y como lo hemos descripto y lo sufre la población, son derechos declamados pero no garantizados y de la inclusión, en 1994, de pactos internacionales para disfrazar el objetivo de cambiar la reelección de Menem por más senadores para la UCR , (el pacto clandestino de Alfonsín – Menem en Olivos) es una Constitución pensada como herramienta para que gobiernen los poderosos . Ayer al servicio de la rancia oligarquía terrateniente y el capital inglés ( ver, entre otros, Milcíades Peña) hoy a disposición de los más fuertes grupos económicos que operan en el país y de los intereses imperialistas también denunciados precedentemente.
El actual sistema institucional denominado de división de poderes o separación de funciones suele ser exhibido como sinónimo de democracia. Por supuesto todo el pueblo argentino sabe que no es así. Nada democrático observa en este sistema.
Pero además se suelen ignorar o ocultar sus antecedentes. Desde que se perdió en el tiempo el mecanismo de la democracia directa, especialmente el ateniense en la Grecia del siglo V, que era en realidad una “democracia” esclavista donde no eran ciudadanos ni las mujeres ni los extranjeros ni, por supuesto, los esclavos pero los que sí eran ciudadanos tenían muchísimos más derechos decisorios que los habitantes de las seudodemocracias actuales, basadas en la representación (ver Kitto, Los Griegos y Carlos Strasser, La última democracia).
Desde que se fue debilitando, a su vez, la concepción del mandato imperativo “según el cual cada delegado debía cumplir las instrucciones precisas de sus mandantes” (ver Enrique Vera Villalobos, El Poder de nuestro voto), debilitamiento que se da “frente a la representación abstracta del interés general que se manifiesta a través de la voluntad de la mayoría” (Vera Villalobos) que como dice el citado autor es “en realidad la voluntad de la dirigencia partidaria y de los grupos de poder, ya que todo sistema de representación tiene por objeto evitar el ejercicio directo del gobierno por los ciudadanos” (obra citada).
Esta concepción hoy vigente en el mundo tiene su principal antecedente en el proceso constitucionalista de los EE.UU luego de la independencia de ese país de Inglaterra. De allí abrevaron fundamentalmente los constituyentes del 53.
Es en los denominados papeles de El Federalista. Es decir en Hamilton y Madison donde hay que rastrear para encontrar la profunda concepción reaccionaria de la que hoy se nos pretende mostrar como democracia y a su vez, que es lo que aquí nos interesa, explicarnos las razones por las que la población siente las Instituciones -Congreso, Poder Judicial, Ejecutivo- como instituciones ajenas cuando no enemigas, merecedoras de repudio.
Como lo señala Gargarella en aquel tiempo “en particular se discutieron con extrema puntillosidad y cuidado las razones para preferir un modelo de representación a otro de democracia directa; y se sentaron las bases de lo que aun hoy conocemos como ‘mecanismos de frenos y contrapesos’: un poder legislativo bicameral; un ejecutivo unipersonal y dotado de poderes de veto; un poder judicial dedicado a velar por la validez y correcta aplicación de las leyes; etc..” (Gargarella – Nos los representantes).
Es lo que Gargarella denomina como concepción “contramayoritaria” según la cual “la idea de representación nació acompañada por la certeza de que las ‘mayorías’ no estaban capacitadas para su autogobierno; que ellas tendían a dejarse llevar (no por la razón, sino) por meras ‘pasiones”. Así, la división de poderes en general; el sistema de frenos y contrapesos; la organización bicameral del legislativo; el ejecutivo unipersonal; los mandatos prolongados; la posibilidad de reelección de los representantes; la formación del poder judicial, en general y en el control judicial de las leyes en particular; etc.. Todos estos mecanismos reemplazados a otros más comunes en su momento, y que estaban orientados en una dirección muy diferente y, a mi entender, más plausibles: asegurar un mayor contacto entre la ciudadanía y la clase dirigente;” (obra citada). Es decir se buscó expresamente un sistema que contrapesara el poder de las mayorías.
En el Federalista se insistía, por ej., en que era necesario un “Senado bien constituido” “como defensa para la gente contra sus propios errores y engaños temporales” y “En estos momentos críticos, que saludable resultaría la intervención de un cuerpo sensato y respetable de ciudadanos… para parar el
golpe mediado por el pueblo en contra de sí mismo, hasta que la razón, la justicia y la verdad puedan recuperar la autoridad por encima de la mentalidad pública” (Federalist Paper nro.63).
Hamilton agregaba que “Todas las comunidades se dividen entre pocos y muchos. Los primeros son los ricos y bien nacidos, los demás la masa del pueblo…La gente es alborotada y cambiante; rara vez juzga o determina el bien. Hay que dar a la primera clase, pues, una participación importante y permanente en el gobierno…sólo un cuerpo permanente puede controlar la imprudencia de la democracia…” En la Convención Hamilton sugería que el presidente y los senadores fueran cargos vitalicios. (ver Howard Zinn – La otra Historia de los EE.UU).
Esto no se concretó así finalmente pero se aseguraron que su elección fuera indirecta a través de colegios electorales y no de la población y que sus mandatos fueran largos –nueve años- o con posibilidad de ser reelectos siempre a través de colegios electorales.
Es decir el problema de la democracia no era sólo poner límites al proceso de movilización y asambleario que había estimulado la revolución americana, era más profundo, más allá de la Constitución. Era la división de la sociedad entre ricos y pobres. Allí se advierte el interés económico que yace en las cláusulas políticas de la Constitución. Pensemos que Madison era un negrero de Virginia y Hamilton un comerciante rico de Nueva York. (Zinn, obra citada)
Madison advierte que para institucionalizar hay que tener en cuenta que “los que tienen y los que carecen de propiedades siempre han formado intereses distintos”. El problema era como controlar luchas faccionales. A las minorías las controlaban las mayorías pero y a éstas?: las limitaciones constitucionales”. La facción mayoritaria era el problema. Como se ha dicho “La filosofía de Hamilton es… una filosofía del poder…. Teme la anarquía y la desunión más que el despotismo…siente poca inclinación por el gobierno popular…Cree que lo que lo que resulta bueno para el grupo económico dominante es bueno para el pueblo americano en su conjunto”. (Jean Touchard – Historia de las Ideas Políticas).
De allí surge el sistema de poder que copia la Constitución Argentina. División de poderes donde existe una Cámara de Diputados que se la advierte como la más expuesta a la presión popular. Sus mandatos son los más cortos (Cuatro años). Todas las demás instituciones son para contrapesar esta presión popular. Lo que Gargarella, decíamos antes, denomina esto como el carácter contramayoritario de la Constitución. (obra citada). Es decir el Senado tiene sentido para contrapesar a Diputados. Sus mandatos son más largos ya que son más confiables. Por allí pasan los nombramientos de los jueces y los ascensos militares. Luego, por si acaso está el Presidente con poder de veto. Su mandato es más corto que el de los senadores pero puede ser reelecto. Finalmente está el Poder Judicial. Si la presión del “populacho apasionado” pasa con su presión todos éstos contrapesos y frenos
están los jueces que no son elegidos por el pueblo sino por el presidente y el Senado y éstos recordemos por Colegios electorales. Luego del fallo “Marbury” se avanzó más: el Poder Judicial podía y puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Es decir a través del “control judicial” de las leyes un organismo no elegido por la población podía y puede anular una decisión de un órgano votado por el pueblo.
Por otra parte como lo señala Brocato agudamente “la violación del mandato popular es posible e impune porque las instituciones representativas suprimieron jurídicamente el mandato y a la vez lo que castigaba su incumplimiento: la revocación”. (Brocato – Adonde va la democracia?)
Con leves variantes este es el sistema establecido por los constituyentes del 53. Si se tiene en cuenta, como también lo señala Brocato, que “el capitalismo es un sistema económico – social desigualitario; o, sea, desigual y desigualitario. No solo existe en él la desigualdad de un modo legitimado sino que, a la vez, el sistema produce desigualdad. Para decirlo con la conocida complacencia eclesiástica, siempre habrá pobres y ricos. Los datos prueban, hasta el día de hoy, que los pobres se van haciendo cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, tanto en lo que respecta a la desigualdad de las sociedades centrales y periféricas (la denominada relación Norte – Sur) como a la desigualdad de los estamentos en el interior de cada una de ellas”.(obra citada).
Algunas propuestas para defender en una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
Luchamos por una reorganización total del régimen y el sistema político, económico y social del país.
Algunos puntos fundamentales de ese programa que deben establecerse son:
• Salario y jubilación mínimo igual a la canasta familiar indexado según la inflación. Jubilación igual al 82% móvil. Anulación del sistema de las AFJP e investigación del negociado en que se originó y , a su vez, al que dio lugar.
• Control de los trabajadores sobre fábricas y bancos para combatir la corrupción y el vaciamiento. El proceso actual denominado de “fábricas recuperadas” es un buen antecedente en ese sentido. Investigación, cárcel y embargo y ejecución de sus bienes de empresarios y funcionarios corruptos que estafaron al país con las privatizaciones, fugas de capitales o evasión de impuestos o de aportes previsionales. Jornada laboral de 8(ocho) horas previendo su reducción sin disminución salarial, para combatir la desocupación.
• Anulación inmediata de las privatizaciones determinándose las indemnizaciones que las empresas deben pagar al país por los perjuicios que le hubieren causado. Especialmente del petróleo, riquezas naturales, comunicaciones, caminos y transportes públicos y servicios esenciales
• Propiedad pública de resortes económicos fundamentales del país, sean nacionales o extranjeros, como la banca, el seguro, el comercio mayorista y el comercio exterior. Incorporar el control de esos resortes por parte de trabajadores y ,en su caso, de usuarios y consumidores.
• Reforma agraria para reestructurar la explotación agrícola – ganadera, terminar con el latifundio y recolonizar el campo entregando parcelas en propiedad a quienes las trabajen. Donde una mayor eficiencia lo exija o se impulse en forma autogestiva se estimulará y/o se respetará la explotación colectiva.
• Declarar la educación y la salud únicamente pública y como prioridad nacional, asegurando los recursos necesarios para que sean brindadas en forma gratuita e igualitaria. Garantizar el acceso gratuito y general a los medicamentos.
• Plan de vivienda y de obras públicas que aseguren trabajo para todos. Prohibición de despidos, suspensiones y toda flexibilización. Efectivización de los contratados.
• Alquileres no superiores al 10% de los ingresos con resarcimiento del pequeño propietario.
• Derechos de la mujer y la juventud contra todas las discriminaciones laborales, económicas, sociales y jurídicas. Garantizar el cese de toda discriminación sexual y asegurar la libertad sexual. Establecer la legalización del aborto gratuito, la educación sexual y la obtención gratuita de métodos anticonceptivos para todos.
• Suspensión inmediata del pago de la deuda externa. Ruptura con el FMI y demás organismos financieros internacionales. Anulación de todos los Pactos y Acuerdos económicos, políticos y militares que nos someten a los EE.UU. y demás países del llamado G – 7. Prohibición de destinar tropas o recursos a las misiones de las Naciones Unidas. Defensa incondicional de la soberanía argentina en las Islas Malvinas.
• Derogación y declaración de nulidad de las leyes 23.492 (de punto final) y 23.521 (de obediencia debida) y los decretos PEN 1002/89 y demás decretos de indultos. Disponer el juicio y el castigo a los culpables del genocidio. Restitución de los niños secuestrados.
• Absoluta separación de la Iglesia y del Estado.
• Un régimen político tendiente a la democracia directa basado en la anulación de la institución presidencial y el Senado. Parlamento unicameral que legisle y gobierne nombrando un administrador rotativo. Un Parlamento elegido tomando el país como un distrito único. Rotación de los mandatos. Mandatos cortos de no más de dos años. Mandatos revocables ya que democracia es
elegir pero también sacar. Prohibición de reelección al fin del mandato o de su revocatoria para ejercer otro cargo distinto en la función pública. Intervalo de por lo menos dos años para poder retornar a tareas públicas electas o designadas. Dietas o ingresos en la función pública iguales a la del salario promedio de la población. El legislador o funcionario no es un dirigente del pueblo sino un comisionado o ejecutor de decisiones adoptadas por la población. El poder de decisión reside en el pueblo. Establecimiento de la necesidad de que determinados temas como deuda externa, desarrollo o no de la industria nuclear, etc. no puedan ser decididos sin consulta popular previa y vinculante. Derogación de las listas sabanas y de las jubilaciones de privilegio con carácter retroactivo. Derecho y posibilidad de postularse para cargos electivos sin necesidad de conformar partidos para ello y suprimiendo los exigentes requisitos actuales.
• Democratización de la Justicia con elección popular y revocabilidad de los jueces. Elección por períodos cortos de no más de dos años y prohibición de reelección. Establecimiento de los juicios por jurados populares.
• Debate Nacional sobre el rol y necesidad de las FF:AA. y de seguridad y su subordinación al control por la población. Elección directa de jefaturas y comisarios con revocatoria y control popular periódico de su gestión. Posibilidad de ocupar esos cargos por parte de civiles. Prohibición absoluta de intervenir en la represión de huelgas, manifestaciones y luchas populares. Desmantelamiento y supresión inmediata de los servicios de inteligencia.
• Impulso de un urgente e imperioso proceso de unidad latinoamericana para enfrentar las pretensiones de dominación de los EE.UU y del Grupo de los Siete. Especialmente bregar por una América Latina que rechace de conjunto las exigencias del FMI y los planes norteamericanos de anexión contenidos en el ALCA y sus ejercicios de intervención militar. Participación en los movimientos que enfrentan la denominada globalización capitalista estimulando la unidad de los pueblos.
• República y autogobierno del pueblo trabajador.
Como primera medida y dada la actual situación política proponemos que la Constituyente declare la caducidad de todos los mandatos legislativos, remueva al actual presidente Duhalde y a todos los miembros de la actual Corte Suprema. La Constituyente designará un administrador ejecutivo provisional y determinará de acuerdo a las modificaciones institucionales que proponemos los cronogramas para que el pueblo elija y decida.
Es de tener en cuenta que propiciamos la derogación del decreto presidencial 1399/02 por el que se convoca a elecciones presidenciales y de cualquier otro que pretenda sustituirlo con el mismo objetivo y proponemos en su reemplazo esta convocatoria a elección de convencionales constituyentes.
Reclamamos que la Asamblea Constituyente sea soberana para debatir sin limitaciones los problemas fundamentales del país y de su pueblo.
A la vez de tener un carácter soberano, ese carácter se complementa con una obligación – como lo prevemos- de tratar todos los proyecto o mociones que le presenten a la Convención organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, vecinales y sociales con personería o sin ella.
Nuestro proyecto propicia que se elija a los convencionales constituyentes en forma proporcional considerando al país como un distrito único así el voto de un vecino del gran Buenos Aires tendrá el mismo valor que en otras provincias.
Todo lo que propiciamos tiende a revertir el proceso de destrucción que se impone a nuestro país ya que como lo afirma correctamente Brocato “el precio mayor lo pagan los sectores sociales desfavorecidos y sus apuestas electorales burladas; no la pagan ni los grupos sociales dominantes ni la clase política que continúan sin alterar su calidad de vida. Similar desigualdad de costo/beneficio se produce en la crisis de ‘ingobernabilidad y consecuente ruptura del régimen”. (Brocato, obra citada).
Es verdad que el proceso político que aludimos antes y que protagoniza la población es apasionante por las posibilidades de cambio que abre pero también es verdad que-mientras nuevas situaciones alumbran- el costo mayor en sus condiciones de vida lo pagan los sectores populares.
“Que se vayan todos” implica esa combinación de deseo de cambio con la intolerancia a seguir así por los que lo sufren .
Además de las movilizaciones ya descriptas más arriba este descontento y estas luchas también se han expresado electoralmente. En las elecciones parlamentarias de 1985, un 15% del padrón se había abstenido y un 1,5% había votado nulo o en blanco. En las presidenciales de 1999 la abstención creció al 18,6% y el voto en blanco o nulo al 3,1%. En las parlamentarias del 2001 la abstención llegó al 27% y el voto impugnado y en blanco al 15,4%. Por ello de insistirse en mantener este fraudulento llamado a elecciones sólo para elegir presidente como un mensaje de los cuestionados “representantes” políticos comunicándole al pueblo “nos quedamos todos menos uno” (y el uno también duda en irse) seguiremos propiciando el rechazo a votar candidatos y proponiendo que el votante deposite una boleta donde exprese su sentir: “Váyanse” o “Váyanse todos” o algo similar. Quizás se dé la ocasión en que el pueblo por primera vez triunfe verdaderamente derrotando a los que destruyeron la Argentina y nos llevaron a esta situación dramática que atravesamos.
Las medidas que aportamos tienden a la democratización política y económica, a la independencia y soberanía de nuestro país, a la integración continental como parte de un cambio total donde democracia sea efectivamente poder o dominio de los trabajadores y el pueblo.
Presentado el 20 de noviembre de 2002. (expte. –D- 7406 – 02)
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