Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2005-00069-de-agosto-13-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_759ecca5fcb3a044e0430a010151a044&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-18 16:05:21+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2005-00069 DE AGOSTO 13 DE 2009
SENTENCIA 2005-00069 DE 13 DE AGOSTO DE 2009
CONTENIDO:GASTOS DE LAS CONTRALORÍAS. CUANDO LA LEY 617 DEL 2000 ESTABLECE, EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 11, QUE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN DISTRITAL Y MUNICIPAL DEBEN PAGAR UNA CUOTA DE FISCALIZACIÓN CALCULADA SOBRE EL MONTO DE SUS INGRESOS, NO QUIERE DECIR QUE ESTAS ENTRADAS HACEN PARTE DE LA BASE DEL CÁLCULO PARA ESTABLECER EL LÍMITE DE LOS GASTOS DE LAS CONTRALORÍAS, PUES EXISTE UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL ENTRE PAGAR UNA CUOTA DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA BASE DE DETERMINADOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SEÑALAR QUE DICHOS INGRESOS HACEN PARTE DE LA BASE DEL CÁLCULO PARA ESTABLECER EL LÍMITE DE GASTOS DE LAS CONTRALORÍAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:GASTOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
Sentencia 2005-00069 de agosto 13 de 2009
Ref.: Expediente 110010324000 2005 00069 01
Actora: Asociación de Empleados Públicos de la Contraloría Municipal de Santiago de Cali.
Bogotá, D.C., trece de agosto de dos mil nueve
El problema jurídico se concreta en establecer si el Gobierno Nacional excedió su potestad reglamentaria mediante los artículos 8º, 9º y 10 del Decreto 192 de 2001 y el artículo 1º del Decreto 735 del mismo año, al establecer límites para los gastos de las contralorías distritales y municipales, pues el actor considera que estas disposiciones contrarían los artículos 10 y 11 de la Ley 617 de 2000.
Dispone la Ley 617 de 2000
Límites de los gastos de las contralorías municipales. Porcentaje de los ingresos de libre destinación
En todo caso, durante el período de transición los gastos de las contralorías, sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, no podrán crecer en términos constantes en relación con el año anterior. A partir del año 2005 los gastos de las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación establecida por el Banco de la República. Para estos propósitos, el secretario de hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central departamental como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente artículo (se destaca la parte que la actora considera violada).
Las disposiciones acusadas del Decreto 192 de 2001 disponen:
“ART. 8º—De las transferencias. Las transferencias para gastos de las asambleas, concejos, contralorías y personerías hacen parte de los gastos de funcionamiento del respectivo departamento, distrito y municipio.
ART. 10.—De las transferencias a las contralorías. La transferencia de los departamentos, municipios o distritos, sumada a la cuota de fiscalización de las entidades descentralizadas, realizadas a las contralorías, no podrán superar los límites de gasto ni de crecimiento establecidos en la Ley 617 de 2000”.
La disposición acusada del Decreto 735 de 2001 dispone:
“ART. 1º—Las transferencias para gastos de las asambleas, concejos, contralorías y personerías hacen parte de los gastos de funcionamiento del respectivo departamento, distrito y municipio. En todo caso, para los solos efectos de la Ley 617 de 2000, estas transferencias no computarán dentro de los límites de gasto establecidos en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 53 de la misma.
Se observa que lo que dispuso el artículo 1º acusado del Decreto 735 de 2001 en la parte relacionada con los gastos de las contralorías es reiteración de lo consagrado en el artículo 8º del Decreto 192 de 2002 también acusado, de tal manera que lo que se decida respecto de esta última disposición se aplica a aquella.
Los anteriores decretos fueron expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 189 numerales 11 y 25 de la Constitución Política y en desarrollo de la Ley 617 de 2000.
El parágrafo del artículo 11 de la Ley 617 de 2000, que la actora considera fue derogado por las disposiciones acusadas, dispone en su inciso primero sobre la cuota de fiscalización que deben pagar las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal calculado sobre el monto de sus ingresos con exclusión de algunos de ellos; esta disposición no tiene que ver con los gastos de las contralorías que fijó el mismo artículo.
El inciso segundo del citado parágrafo prohíbe que los gastos de las contralorías crezcan en términos constantes en relación con el año anterior y el Decreto 192 de 2001 en su artículo 8º no contradice esta disposición sino que hace referencia y reitera los porcentajes establecidos por el legislador como límite para los gastos de estos entes en los artículos 10 y 11 de la Ley 617 de 2000; en otras palabras, de la simple comparación de las normas se establece que el límite a los gastos de las contralorías distritales y municipales determinado por el porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación de acuerdo con la categoría, así como el límite de dichos gastos determinado por el porcentaje de dichos ingresos durante el periodo de transición de 2001 a 2004, es exactamente el mismo señalado en los artículos 10 y 11 de la Ley 617 de 2000 y en el artículo 8º acusado del Decreto Reglamentario 192 de 2001; por lo anterior no hubo exceso en el uso de la potestad reglamentaria.
No prospera el cargo contra el artículo 8º acusado del Decreto 192 de 2001 como tampoco contra el artículo 1º del Decreto 735 del mismo año, por las razones ya expresadas.
Ahora bien, el artículo 9º acusado del Decreto 192 de 2001 hace relación a los ingresos de las entidades descentralizadas y no a las transferencias que éstas hacen; como bien lo señala el procurador delegado ante esta corporación en la norma acusada simplemente se dice que los ingresos de las entidades descentralizadas del nivel territorial no se tomarán como base del cálculo para establecer los límites del gasto de las contralorías, luego no se están afectando las transferencias que a las entidades descentralizadas corresponde realizar.
Prueba de lo anterior es que el artículo 10 acusado del Decreto 192 de 2001, establece expresamente que las transferencias de los departamentos, distritos y municipios sumada a la cuota de fiscalización de las entidades descentralizadas, realizadas a las contralorías, no podrán superar los límites de gasto ni de crecimiento establecidos en la Ley 617 de 2000.
No prosperan los cargos contra los artículos 9º y 10 del Decreto 192 de 2001, en otras palabras porque, como bien lo señala el Ministro de Justicia y del Derecho, cuando la Ley 617 de 2000 establece en el parágrafo del artículo 11 que las entidades descentralizadas del orden distrital y municipal deben pagar una cuota de fiscalización calculada sobre el monto de sus ingresos, excluidos determinados recursos y activos, no quiere decir que los ingresos de dichas entidades hacen parte de la base del cálculo para establecer el límite de los gastos de las contralorías, porque existe una diferencia sustancial entre pagar una cuota de fiscalización sobre la base de determinados ingresos de las entidades territoriales y señalar que dichos ingresos hacen parte de la base del cálculo para establecer el límite de gastos de las contralorías.

References: ARTÍCULO 11
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 189
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11