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Timestamp: 2019-04-24 06:30:48+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 9, de 27/04/2016
cve: DSCG-11-CM-9-C1
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 9
- Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales [COM (2016) 106 final]. (Número de expediente del Senado 574/000007 y número de expediente del Congreso 282/000021) ... (Página3)
- Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas [COM (2016) 107 final]. (Número de expediente del Senado 574/000008 y número de expediente del Congreso 282/000022) ... (Página3)
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios [COM (2016) 128 final]. (Número de expediente del Senado 574/000009 y número de expediente del Congreso 282/000023) .... (Página4)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes con el marcado CE y se modifican los Reglamentos (CE) número 1069/2009 y (CE) número 1107/2009 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2016) 157 final]. (Número de expediente del Senado 574/000011 y número de expediente del Congreso 282/000025)... (Página5)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2016 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (UE) número 1306/2013 [COM (2016) 159 final]. (Número de expediente del Senado 574/000013 y número de expediente del Congreso 282/000027)... (Página6)
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y por la que se derogan las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2016) 82 final]. (Número de expediente del Senado 574/000012 y número de expediente del Congreso 282/000026)... (Página7)
- Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada por unanimidad del Congreso de los Diputados en su sesión plenaria del 29 de septiembre de 2015 sobre la crisis humanitaria de los refugiados. (Número de expediente del Senado 663/000001 y número de expediente del Congreso 161/000183) ... (Página8)
- Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de los derechos de las personas refugiadas y el rechazo a las medidas restrictivas fijadas en el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. (Número de expediente del Senado 663/000004 y número de expediente del Congreso 161/000236) ... (Página8)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS) GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA
- Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la situación de los refugiados. (Número de expediente del Senado 661/000041 y número de expediente del Congreso 161/000273) ... (Página8)
- Proposición no de Ley relativa al acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados procedentes del conflicto sirio. (Número de expediente del Senado 663/000006 y número de expediente del Congreso 161/000329)... (Página8)
- Proposición no de Ley relativa al avance en la solución de la crisis de los refugiados. (Número de expediente del Senado 663/000008 y número de expediente del Congreso 161/000573)... (Página8)
Nota: Por acuerdo de la Mesa y los Portavoces de fecha 12/04/2016, los puntos relativos a las proposiciones no de ley y mociones se tramitarán conjuntamente.
Se abre la sesión a las doce horas y cincuenta minutos.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE REGÍMENES ECONÓMICOS MATRIMONIALES [COM (2016) 106 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000007 y número de expediente del Congreso 282/000021).
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE EFECTOS PATRIMONIALES DE LAS UNIONES REGISTRADAS [COM (2016) 107 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000008 y número de expediente del Congreso 282/000022).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la comisión, cuya celebración -tal como habíamos acordado- tendría lugar a la finalización del Pleno, y el Pleno ha acabado.
Debate sobre los informes relativos al control de subsidiariedad que se encargaron con anterioridad. En primer lugar, informes, cuya discusión se unifica -puntos 1.º y 2.º-: Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia de la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, y Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas-, que va a presentar el diputado señor Rubén Moreno.
Quiero recordarles que si no se pide la palabra -que es lo que habíamos acordado en la última reunión de Mesa y Junta de Portavoces-, el ponente expondrá simplemente cada uno de los informes, no abriremos turno de palabra de portavoces y votaremos al finalizar la sesión.
Tiene la palabra, señor Rubén Moreno.
El señor MORENO PALANQUES: Muchísimas gracias.
Señor presidente, como ha dicho, se trata de dos propuestas de Reglamento del Consejo -por tanto, es un proceso legislativo especial- y parte de una problemática muy evidente, de la que ya dio cuenta la Comisión en el año 2010, y es que, como resultado de la movilidad creciente de las personas a través de la Unión Europea, se ha producido un aumento significativo del número de parejas entre ciudadanos de distintos Estados miembros, que o bien viven en otros Estados miembros, o bien adquieren bienes o inmuebles en más de un Estado miembro. Todo ello supone un mayor número de parejas transnacionales y la consiguiente dificultad que viene dada cuando uno de los miembros de la pareja se separa o fallece por la gran disparidad de normas aplicables existentes en los Estados miembros.
Como digo, en 2010 la Comisión señaló esta inseguridad que sufríamos los ciudadanos europeos y anunció que en 2011 adoptaría una propuesta de instrumento legislativo para determinar cuáles son los órganos jurisdiccionales competentes y las leyes aplicables a sus derechos patrimoniales.
El hecho de las particularidades propias del matrimonio y de las uniones registradas es lo que llevó a la Comisión a adoptar dos propuestas de Reglamento del Consejo.
La base jurídica es el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y es importante porque hace referencia a que el Consejo debe adoptar las medidas propuestas por unanimidad. Y el 3 de diciembre de 2015, el Consejo JAI ya concluyó que esa unanimidad no podría lograrse por la oposición básicamente de dos países: de Polonia y de Hungría. Sin embargo, sí que habría un determinado número de países que estarían dispuestos a someterse a una cooperación reforzada en estas materias, y a partir de diciembre de ese año 2015, hasta finales de febrero de 2016, diecisiete Estados miembros pidieron a la Comisión una propuesta de decisión para permitir esa cooperación reforzada entre ellos y las correspondientes propuestas legislativas en ejecución de dicha cooperación que reprodujese el paquete de compromiso que alcanzaron a principios de diciembre de 2015.
España de hecho fue uno de los primeros Estados miembros que el 18 de diciembre solicitó a la Comisión ese paquete, esa cooperación reforzada, y así, la Comisión, una vez los diecisiete solicitaron
dicha cooperación, adoptó un paquete que incluía tanto la propuesta de decisión del Consejo por la que se autoriza la cooperación reforzada, como las dos propuestas de Reglamento que constituyen las medidas de ejecución de dicha cooperación reforzada, tanto para regímenes económicos matrimoniales como para los efectos patrimoniales de las uniones registradas.
Se presentan como un solo paquete, con vistas a la adopción conjunta. Eso refuerza la idea que se determinó en diciembre en el Consejo JAI para evitar que se adoptara solo una de las dos propuestas, y todo ello para evitar un trato discriminatorio a los ciudadanos europeos en función del tipo de unión que ellos hubieran elegido. El procedimiento exige que se apruebe por unanimidad de todos los países que participan en la cooperación reforzada. Estas propuestas legislativas corresponden a una competencia compartida y, por tanto, hay que valorar si son conformes al principio de subsidiariedad; de hecho lo están, no pueden ser alcanzadas de una manera suficiente por los Estados miembros y pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión Europea. Hay que recordar que el objetivo es determinar para los matrimonios o parejas de hecho que tienen ese carácter trasnacional, bien por su residencia en otro Estado miembro, bien porque pertenecen a diferentes nacionalidades, la ley que regula las relaciones económicas y la jurisdicción competente y, al mismo tiempo, facilitar la circulación de las resoluciones judiciales, así como los documentos públicos y transacciones judiciales en esta materia. Son también conformes al principio de proporcionalidad porque se limitan a lo estrictamente necesario: a alcanzar sus objetivos. No podrían alcanzarse a través de los distintos Estados miembros, dado que hay que armonizar las leyes de estos Estados.
Por otro lado, es importante remarcar el hecho de que no tratan de armonizar leyes sustantivas de los Estados miembros relativas a esos regímenes económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de las uniones registradas, ni afectan a la fiscalidad de la liquidación del patrimonio matrimonial ni a las uniones registradas de los Estados miembros. Respetan ambos la Carta de Derechos Fundamentales, simplifican los procedimientos por el hecho de clarificar cuál es el órgano judicial competente y las leyes aplicables en esta materia y facilitarán, desde luego, la circulación de ciudadanos entre los distintos Estados miembros.
Por tanto, concluyo diciendo que estas propuestas son conformes al principio de subsidiariedad establecido por el vigente Tratado de la Unión Europea.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO QUE MODIFICA LA DIRECTIVA 96/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 16 DE DICIEMBRE DE 1996, SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EFECTUADO EN EL MARCO DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS [COM (2016) 128 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000009 y número de expediente del Congreso 282/000023).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera propuesta: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.
Para presentar el informe, tiene la palabra la señora Irigoyen.
La señora IRIGOYEN PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
La Propuesta de esta Directiva ha sido presentada por la comisaria de Empleo, dentro del programa de la comisión para 2016. Esta directiva supone una revisión específica que modifica la Directiva 96/71, que se ha demostrado insuficiente para dar solución a los problemas que se plantean en el desplazamiento de los trabajadores en el marco de una prestación transnacional.
Quisiera señalar, sin entrar en el análisis en profundidad de la propuesta, que esta directiva destaca que su interés es garantizar y dar mayor protección a los trabajadores desplazados a un territorio de otro Estado miembro, siempre que exista un relación contractual entre empresa de procedencia y el trabajador en periodo de su desplazamiento.
La base jurídica de esta directiva son los artículos 53.1, 62 y 294 del Tratado fundacional. Esta directiva pretende hacer frente a las prácticas desleales y promover el principio de que un mismo trabajo en un mismo lugar debe remunerarse de la misma manera. El objetivo de esta propuesta, además, es corregir los desequilibrios que se generan por las deslocalizaciones hacia Estados con menores niveles de protección, vulnerando los principios y valores de la Carta Social Europea, así como de la economía social de mercado: artículo 33 del Tratado fundacional.
La revisión introduce cambios en tres ámbitos importantes: remuneración de los trabajadores desplazados -incluyendo también a los trabajadores subcontratados-, regulación sobre los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y el desplazamiento de larga duración. Consta de cuatro artículos y dieciséis considerandos. Apuesta, en definitiva, por la igualdad de trato y la igualdad de retribución -que no es lo mismo que fijación de salario, pues no se están fijando salarios sino aplicando la igualdad de trato en materia de retribución.
De la lectura de esta propuesta de directiva, que se encuentra en fase de discusión inicial, esta comisión deduce que este trabajo inicial es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el Tratado fundacional vigente de la Unión Europea.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FERTILIZANTES CON EL MARCADO CE Y SE MODIFICAN LOS REGLAMENTOS (CE) NÚMERO 1069/2009 Y (CE) NÚMERO 1107/2009 (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2016) 157 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000011 y número de expediente del Congreso 282/000025).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes con el marcado CE y se modifican varios reglamentos.
Para presentar el informe, tiene la palabra el señor don Jesús Labrador.
La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo tiene por objeto dar contestación a los problemas que se plantean en el mercado europeo respecto de productos fertilizantes innovadores o, lo que es lo mismo, los que en muchos casos contienen nutrientes o materias orgánicas recicladas, que encuentran dificultades para acceder al mercado debido a la existencia de reglamentaciones diversas en cada uno de los Estados miembros. Estos productos, en caso de poderse armonizar, contribuirían a desarrollar la economía circular, creando empleo y generando valor añadido.
Es cierto que existe una actual regulación de fertilizantes, pero su ámbito material se reduce a fertilizantes inorgánicos que se obtienen fundamentalmente de la roca fosfatada -un 90% de la cual proviene de fuera del territorio de la Unión Europea- y, además, producen una presencia de cadmio, hasta el punto de que algunos países han establecido límites unilaterales en virtud del artículo 114 de los tratados fundacionales.
Lo que pretende la iniciativa es, sencillamente, incentivar la producción de fertilizantes a una escala suficiente dentro del ámbito de la Unión Europea, a partir de materias orgánicas no importadas, y desarrollar, por tanto, un modelo de economía circular, transformando los residuos en nutrientes para cultivo, de tal forma que exista un marco regulador que garantice el acceso al mercado interior en condiciones de igualdad con respecto a los procedentes de la minería y la industria, para utilizar materias primas secundarias, reducir la dependencia de materias primas importadas, impulsar la inversión y la innovación, y reducir las emisiones de CO2.
La propuesta es coherente con las disposiciones actuales en este ámbito, ya que los fertilizantes armonizados podrán permanecer en el mercado, y también es coherente con otras políticas de la Unión, en lo que hace referencia sobre todo al empleo del crecimiento y de la inversión, las condiciones de igualdad de los productos y a facilitar el recurso a materias primas secundarias no importadas. Además, se profundiza en la Estrategia de mercado único, permitiendo armonizar las normas de Estados miembros que se consideran hechos esenciales para proteger la cadena alimentaria y el medioambiente.
Entrando en el ámbito de la subsidiariedad, la base legal del objeto de esta proposición es mejorar el funcionamiento del mercado anterior, y tiene su base en el artículo 114 de los tratados fundacionales. Los obstáculos existentes en la libre circulación de dichos productos es evidente que no pueden ser eliminados por acciones unilaterales de los Estados miembros, y la actuación de la Unión es la única que puede garantizar la libre circulación de estos productos estableciendo criterios armonizados. Por otra parte, un
segundo objetivo es reducir la contaminación del suelo y de los alimentos por cadmio que solo podrá conseguirse estableciendo unos límites máximos a escala europea que conduzcan a niveles seguros.
En lo que hace referencia a la proporcionalidad, esta proposición no va más allá de lo necesario para facilitar una seguridad reglamentaria que pueda incentivar la inversión a gran escala en economía circular y, además, produciendo una disminución de los sistemas de registro nacionales en favor de las autoridades a escala de la Unión Europea y proporcionando una oferta más variada de productos y una mejor protección de la contaminación. Por otra parte, la reducción de los límites de restos de cadmio no conlleva una repercusión económica desproporcionada con respecto al efecto pretendido.
Por último, en lo que hace referencia a la técnica legislativa, es de señalar que, curiosamente con lo que ocurre en la mayoría de las medidas de armonización de productos dentro de la legislación europea, permite la flexibilidad a la hora de comercializar los nuevos fertilizantes, pero sin impedir a los Estados miembros la libertad para permitir los abonos no armonizados dentro del ámbito interior de conformidad con la legislación nacional. Con ello se evitará el mecanismo de reconocimiento mutuo que las evaluaciones tanto de operadores económicos como de los Estados consideran no adecuados. El instrumento utilizado es el reglamento, y los intereses de España de crear un mercado seguro y de seguir disponiendo aun de roca fosfatada africana se siguen manteniendo.
Por los motivos expuestos, se considera que es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO QUE FIJA PARA EL AÑO CIVIL 2016 EL PORCENTAJE DE AJUSTE DE LOS PAGOS DIRECTOS PREVISTO EN EL REGLAMENTO (UE) NÚMERO 1306/2013 [COM (2016) 159 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000013 y número de expediente del Congreso 282/000027).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al quinto punto, que es la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2016 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previstos en el Reglamento.
Para presentar el informe, tiene la palabra el señor don Antonio Gómez-Reino.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, presidente.
Entrando en concreto en el contenido de la Propuesta del Reglamento sometido a informe, esta viene a fijar el concreto porcentaje de ajuste que será de aplicar en el año civil 2016 a los pagos directos que deben concederse a los agricultores por las solicitudes de ayuda presentadas en virtud de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I del Reglamento de la Unión Europea 1307/2013, en aplicación del mecanismo de disciplina financiera contenida en el artículo 26 del Reglamento de la Unión Europea 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
El cálculo del porcentaje de ajuste de la disciplina financiera forma parte de la preparación del proyecto de presupuestos de 2017. Para establecer ese concreto porcentaje, la Propuesta de Reglamento formulada ha tenido en cuenta los siguientes datos que en ella se enumeran: El importe de la reserva para crisis en el sector agrícola que se prevé en el proyecto de presupuestos de 2017 de la Comisión asciende a 450,50 millones de euros a precios corrientes; que las primeras estimaciones de créditos presupuestarios para los pagos directos y los gastos relacionados con el mercado que deben determinarse en el proyecto de presupuestos de 2017 de la Comisión indican que no es necesario aplicar ninguna otra medida de disciplina financiera; que el porcentaje de ajuste que se fije únicamente se aplicará a los pagos directos superiores a 2000 euros; y que el porcentaje de ajuste no se aplicará a Croacia hasta el 1 de enero de 2022.
Tomando en consideración todo lo anterior, la Propuesta de Reglamento sometida a informe fija el porcentaje de ajuste de pagos directos para el año 2016 en un 3,6%.
En cuanto a la adecuación de la propuesta al principio de subsidiariedad, hay que señalar que el cálculo del porcentaje de ajuste, que habrá de aplicarse a los pagos directos que deban concederse a los agricultores por las solicitudes de ayuda presentadas en virtud de los regímenes de ayuda enumerados, forma parte de la preparación del proyecto de presupuestos de 2017 y se realiza en aplicación de los reglamentos antes citados. No es objeto del presente informe valorar la corrección técnica del concreto cálculo del porcentaje de ajuste realizado, para lo cual ni siquiera se dispone de la información suficiente,
sino únicamente determinar si la fijación del mismo por parte del Parlamento Europeo y del Consejo es o no conforme al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. En virtud del principio de subsidiariedad de la Unión, intervendrá solo cuando los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados, como saben, de manera suficiente por los Estados miembros o bien cuando puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión debido a la dimensión y a los efectos de la acción pretendida. En este sentido, la elaboración del presupuesto y la política agraria común, la PAC, son dos materias que por definición han de abordarse siempre a escala europea. Por lo tanto, esta Comisión Mixta para la Unión Europea ya informó también favorablemente sendas propuestas de reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo que fijaban para los años civiles 2014 y 2015, respectivamente, los porcentajes de ajuste de los pagos directos a los agricultores. Se trata, concretamente, del Informe 22/2014, de 13 de mayo de 2014, relativo a la Propuesta de Reglamento del Parlamento de Europeo y del Consejo, que fijaba para el año civil 2014 un porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en los reglamentos antes citados.
Como conclusión, por los motivos antes expuestos entendemos que la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2016 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento número 1306/2013 es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES EN LA NAVEGACIÓN INTERIOR Y POR LA QUE SE DEROGAN LAS DIRECTIVAS 91/672/CEE Y 96/50/CE DEL CONSEJO (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2016) 82 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000012 y número de expediente del Congreso 282/000026).
El señor PRESIDENTE: Pasaríamos al punto seis, que es la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y por la que se derogan diversas directivas.
Para presentar el informe, tiene la palabra la señora doña Ana María Surra.
La señora SURRA SPADEA: Buenos días. Informe sobre la aplicación del principio de subsidiariedad por la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y por la que se derogan las directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo. Antecedentes. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad anexo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el primero de diciembre de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. La Mesa y los portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea el 5 de abril de 2016 adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de las iniciativas legislativas europeas indicadas, designándome como ponente y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 8/1994. Se ha recibido el informe del Gobierno indicando que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados a través de medidas de escala nacional, regional o local, por lo que se concluye que la propuesta es conforme con el principio de subsidiariedad. En conclusión, por los motivos expuestos y detallados en el informe escrito que he presentado, entiendo que la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y por la que se derogan las directivas 91/672 y 96/50 del Consejo es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea y propongo a la Comisión Mixta para la Unión Europea que así lo apruebe.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN PARLAMENTARIA APROBADA POR UNANIMIDAD DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN SU SESIÓN PLENARIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SOBRE LA CRISIS HUMANITARIA DE LOS REFUGIADOS. (Número de expediente del Senado 663/000001 y número de expediente del Congreso 161/000183).
- PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y EL RECHAZO A LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS FIJADAS EN EL ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y TURQUÍA. (Número de expediente del Senado 663/000004 y número de expediente del Congreso 161/000236).
- MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS. (Número de expediente del Senado 661/000041 y número de expediente del Congreso 161/000273).
- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL ACUERDO DE LA UNIÓN EUROPEA CON TURQUÍA SOBRE LOS REFUGIADOS PROCEDENTES DEL CONFLICTO SIRIO. (Número de expediente del Senado 663/000006 y número de expediente del Congreso 161/000329).
- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL AVANCE EN LA SOLUCIÓN DE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS. (Número de expediente del Senado 663/000008 y número de expediente del Congreso 161/000573).
El señor PRESIDENTE: Con esto se acaba la parte de la comisión dedicada a los informes de subsidiariedad y pasaríamos al siguiente debate, que es sobre las diversas proposiciones no de ley presentadas por los diferentes grupos. Como ustedes bien saben, se han presentado varias proposiciones no de ley por distintos grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Mixto (Congreso de los Diputados), por el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para ordenar el debate, como hay diversas PNL alrededor del mismo tema, daremos un único turno de intervención, ordenado de menor a mayor de todos los grupos parlamentarios, de 10 minutos. Es decir, lo haríamos todo en un único turno de intervención, no abriríamos segundo debate porque son diversas PNL y así evitamos el cruce de toda la discusión; además, he hablado con todos los portavoces y les parece lo más razonable. Acabado este debate, pasaríamos a las votaciones pertinentes en función de la discusión.
Comenzamos el debate de todas proposiciones no de ley de manera conjunta y, en primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la señora doña Marta Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Supongo que me van a sobrar bastantes minutos.
Revisando todas las proposiciones, al final necesitamos hacer algo. Se ha intentado llegar a un acuerdo por parte de los grupos. No ha sido posible. Ahora se presenta otra transaccional a otra transaccional. Al final, tampoco va a valer de mucho. Hoy vamos a hacer una comisión que se queda en nada porque no va a haber Gobierno -el día 2 de mayo se disuelven las Cortes- y, por tanto, no sé hasta qué punto es viable que estemos aquí hablando horas y horas sobre una cosa que no va a ir a ningún sitio. Por eso decía que me iba a sobrar tiempo.
Por mi parte, simplemente quiero decir y remarcar que las personas refugiadas necesitan ya una respuesta, que no pueden estar a expensas de que nosotros estemos aquí discutiendo si hacemos gobierno o no lo hacemos, que esas personas están en frontera muriendo, pasando frío, pasando hambre.
Simplemente quiero hacer un llamamiento al Partido Popular para que dé respuesta desde el Gobierno en funciones a esta crisis humanitaria, porque lo que hagamos aquí se va a quedar en papel mojado.
Quiero recordar que hay una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, que estaba fuera de plazo, cuya inclusión en el orden del día han aceptado todos los portavoces.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, el señor Bildarratz.
Para simplificar, como muy bien ha dicho el señor presidente, nosotros en su momento presentamos una PNL que tenía como objeto la cumbre que se iba a celebrar como consecuencia de la que ya tuvo lugar el 7 de marzo, con lo cual nosotros nos vamos a olvidar de esa PNL y en esta intervención nos vamos a centrar en valorar una transaccional que hemos presentado prácticamente todos los grupos, a excepción del Grupo Popular, y también haremos una valoración del documento presentado por el Grupo Popular. O sea, me voy a centrar en esos dos textos.
Con respecto al documento que se acaba de entregar, yo entiendo que es un documento prudente y que responde a dos imágenes. Yo tengo dos imágenes de todo lo que está pasando; la primera es de la frontera de Macedonia donde la policía estaba utilizando gases lacrimógenos y bolas de goma con infinidad de niños y, además, en base a los datos que nos ha aportado Médicos Sin Fronteras, incluso entre los heridos había niños menores de 10 años con heridas de proyectiles en la cabeza.
La segunda imagen es la de esos niños, esa cantidad de menores que están desapareciendo o que de alguna manera u otra necesitan una respuesta importante. Son niños, son menores desaparecidos, lo que entendemos es un grave problema.
¿Y cuál es el destino de estos niños? Missing Children Europe ha aportado una serie de datos después de haber investigado lo que estaba ocurriendo con estos colectivos en siete países en los que los problemas son los mismos. El 90,95% de los menores que están en Hungría desaparecen o al menos lo hacen del control; en Eslovenia desaparece el 80%; en Suecia 7 de cada 10 menores desaparecen cada semana. Ustedes conocen el dato que aportó Europol según el cual se cuantificaba en unos 10 000 los niños de los que se perdía el control, con lo cual evidentemente este es un tema que nos tiene que preocupar. Está el tema de la trata de seres humanos que evidentemente nos da qué pensar y en base a este documento queremos reflejar esa preocupación, porque, como ustedes saben, muchos son víctimas en manos del crimen organizado y evidentemente falta un control a la llegada de los niños. Como digo, este documento intenta responder a esa realidad.
En 2015 fueron 95 000 niños los que pidieron asilo. Niños que, como decimos, corren riesgo de ser víctimas de las mafias. Evidentemente nos queremos centrar en esos niños que desaparecen de los radares de lo que podemos denominar como bienestar infantil. Muchos niños deciden desaparecer por una serie de motivos, entre los cuales están los retrasos del Reglamento Dublín III. Y en este documento que hemos firmado conjuntamente también intentamos dar respuesta a esta cuestión.
Pero hay otra serie de elementos de los que se hace un diagnóstico o se plantea una serie de cuestiones con el acuerdo Unión Europea-Turquía, y creo que no se hace de forma negativa. Yo creo que es un documento equilibrado que puede recoger el voto afirmativo de todos los presentes. Entendemos, tal y como ha comentado la diputada que me ha precedido en el uso de la palabra -y yo no sé si va a dar o no tiempo a gestionar lo que hoy podamos aprobar aquí-, que una de las prioridades que tiene que observar el Gobierno español es que el problema en la gestión sobre los refugiados tiene que ser una prioridad, tanto para el Gobierno español, como para la Unión Europea. Es un tema que preocupa en Europa. Bruselas nos ha llamado la atención por la manera de gestionar este problema. El Gobierno estará o no en funciones, pero por encima de disquisiciones jurídicas hay una realidad a la que se tiene que responder, y entendemos que este documento lo hace de forma importante. Y lo que sí hace al menos es determina de cara al Gobierno español una serie de prioridades o define una voluntad por parte de esta Comisión Mixta Congreso-Senado con lo cual sí le marca una serie de líneas y objetivos por los que trabajar.
Con respecto al documento del Grupo Parlamentario Popular, creo que podría compartir prácticamente el 90% de los puntos que en él se desarrollan, pero entendemos que tiene una serie de lagunas -fundamentalmente dos- que para nosotros, como Grupo Vasco, son importantes: La primera es que no hace ninguna mención a la situación de los niños refugiados, y para nosotros eso es grave, pues la situación es dramática. En ese sentido, entendemos y pedimos al Grupo Popular que se una a
nuestra propuesta porque yo creo que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico y, a partir de ahí, no creo que dar con una solución debiera ser muy complicado.
La segunda laguna importante está en el punto 5 del documento presentado por el Grupo Popular, que dice: continuar utilizando vías legales y seguras existentes de entrada en España. Precisamente, eso es lo que no existe y eso es, precisamente, lo que nosotros, en nuestro documento, aportamos como un elemento positivo. En la actualidad no hay vías legales y seguras. Nosotros querríamos articular esas vías para, evidentemente, por una parte, dar mayor seguridad a la persona que pretende ser refugiada y, por otra parte, contrastar y luchar contra esas mafias, contra el crimen organizado, lo que únicamente, entendemos, podemos hacer con la existencia de entradas seguras en España.
Con respecto a Frontex y EASO no dice nada de la realización de misiones de salvamento y esto para nosotros es un elemento importante. El documento del Partido Popular tampoco hace referencia a los ofrecimientos y voluntades y actitudes que han mostrado las comunidades autónomas y las entidades locales, además de una serie de elementos importantes como son -después de la comparecencia de la responsable de Acnur en España en la última Comisión Mixta para la Unión Europea- las 500 becas, no decir nada de extender los grados de parentesco y una serie de cosas que nosotros entendemos que son muy importantes.
También hay otras diferencias en el documento que nosotros hemos presentado como, por ejemplo, la Directiva 2001/55, de protección temporal, que tuvo su transposición en el Real Decreto 1325/2003. Esta directiva y esta transposición a este real decreto muestran una actitud totalmente diferente de un Ejecutivo hacia este problema y no sustanciarlo en un documento como este para nosotros es importante. Que demos protección temporal a aquellos que vayan a ser refugiados o, aunque no vayan a serlo, dotarles de una serie de condiciones de salubridad, de educación, de vida, en definitiva, con una dignidad mínima, es un elemento relevante.
Para finalizar, apoyamos este último documento firmado por prácticamente todos los grupos. Hemos presentado, como también decía el presidente, dos pequeñas enmiendas a los puntos 6 y 8. Son enmiendas más de contenido gramatical que de otra cosa, pero como en el último documento han sido corregidas, no tiene mayor sentido el documento con esas dos enmiendas que hemos presentado. Damos por sustanciadas esas dos enmiendas en el último documento presentado.
Quiero agradecer a Pablo Bustinduy, a Nacho y al resto de miembros de la comisión que durante estos últimos días hayan facilitado este cruce de documentos que han abocado, en definitiva, a un documento que tiene mucho contenido. Es un tema que no vamos a solucionar en dos días, pero hay que gestionar esta crisis que, evidentemente, marca al Gobierno en funciones -o no en funciones- con una línea, con una sustancia, que para nosotros es muy importante. Es una crisis que dura demasiado tiempo y que no estamos sabiendo gestionar. No puede ser que todavía hayan venido muy pocos refugiados, aunque tenemos voluntad de admitir a más, y poder tener una serie de valores humanitarios como son los valores intrínsecos a la integración en la Unión Europea. En ese sentido, tenemos que trabajar. Ese es el punto que nosotros entendemos que hay que desarrollar.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat don Carles Pellicer.
El señor PELLICER PUNYED: Buenos días, bon dia, señorías, president.
Tenemos un problema, Europa tiene un problema. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado se ha sumado ahora al documento que apoya la mayor parte de los grupos de la Cámara, con lo cual es un documento de consenso. Ante todo, expresamos nuestra solidaridad y respeto hacia los pueblos que padecen un conflicto, como es el caso del pueblo sirio, ya que hace unos cinco años que se inició un conflicto que ha ocasionado la muerte de más de 270 000 personas y un desplazamiento sin igual en los últimos tiempos de más de 11 millones de personas, hechos que no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, de la Segunda Guerra Mundial y de querer evitar nuevos conflictos surge la idea de la Unión Europea, y afortunadamente, entre otras muchas cosas, el tratado que establece una constitución para Europa fija, en su artículo 1.2, que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Cómo no podemos acudir en ayuda de los pueblos que padecen, en este caso, del pueblo sirio. En esta línea, los principios de
solidaridad y de respeto de los derechos humanos son básicos y elementales para que tengamos que actuar con todos los medios y con todos los mecanismos necesarios. En ese sentido, hay que intentar encontrar mecanismos que permitan hacer frente a la llegada del conjunto de refugiados y a su estancia, aunque sea transitoria, en los países de la Unión para mitigar el desplazamiento masivo, pero no podemos olvidar que hay que insistir y hacer todo lo posible en la diplomacia internacional para acabar y terminar con los conflictos -con todos, pero en este caso es el pueblo sirio el que más padece en estos momentos al ser foco del principal problema de la situación en Oriente Próximo- y lograr que se estabilicen en su conjunto. Estas semanas hemos visto y, de hecho, vemos cada día imágenes y situaciones -nos acaba de hablar de ello el portavoz del Partido Nacionalista Vasco- que nos avergüenzan como europeos. No podemos permitir que haya expulsiones masivas al margen de la legalidad, algo que solo incrementa más esa vergüenza ante una situación que, a veces demasiado impasibles, vemos a través de las televisiones.
Votaremos a favor del documento de consenso y nos abstendremos respecto al documento del Partido Popular.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, la señora Ana Surra.
La señora SURRA SPADEA: Gracias, presidente, señorías.
Nosotros no vamos a apoyar la PNL transaccional. Nosotros estamos por el cumplimiento de los derechos de las personas refugiadas y el rechazo a las medidas restrictivas fijadas en el acuerdo Unión Europea-Turquía, con el cual estamos en desacuerdo.
Tal y como denuncia Amnistía Internacional, el instaurado concepto de tercer país seguro a Turquía no asegura las garantías individuales para el derecho individual a solicitar asilo; deporta a las personas refugiadas actualmente en Grecia y conlleva el riesgo de que sean devueltas a sus países de origen, ante lo cual la Unión Europea debe ser consciente de que se incurriría además en la violación del principio de no devolución consagrado en el derecho internacional.
A Esquerra Republicana le interesa algo más que llegar a un acuerdo entre nosotros sobre un texto o respecto a un punto, una coma o una palabra de más, máxime cuando sabemos que no va a llegar a nada si tenemos en cuenta la situación que estamos viviendo. Ya tenemos un ejemplo: hace unos días nos pusimos de acuerdo, cuando sí era efectivo; alcanzamos un acuerdo unánime -no sé si quedó en un cajón o si fue llevado a la Unión Europea- y el Gobierno en funciones hizo exactamente lo contrario. Entonces, ¿de qué nos sirve ahora, en esta situación, llegar a un acuerdo de palabra? Hace 2 días estuve en un acto sobre los refugiados en Sant Cugat y hablé con una persona siria que decía: Ustedes hablan y hablan, pero los niños y las personas se están muriendo, están pasando cosas y tenemos que actuar ya. Y la gente, la ciudadanía dice: Pero ¿qué hacemos? No podemos hacer nada si el Gobierno que está en funciones no nos dice cuándo va a traer gente, cuántas personas van a venir y cuándo va a desbloquear las trabas que impiden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos hacer algo. Aquí podemos hablar muy tranquilos, llegar a un acuerdo y votarlo por mayoría, minoría o lo que sea, pero no estamos dando solución a un problema. Estamos a años luz de lo que está viviendo la gente. Les pido, por favor, que el Gobierno diga cuándo va a traer a las personas, a cuántas va a traer y cuándo va a desbloquear las trabas a las comunidades autónomas.
Nosotros mantenemos nuestra primera PNL presentada con otros grupos y vamos a votarla a favor.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, el señor Fernando Maura.
A mí me gustaría poner en valor el trámite en el que nos encontramos en estos momentos. Lo que estamos debatiendo, independientemente de que al Parlamento español le queden pocos días en esta XI Legislatura, tiene una gran importancia, cual es la de la voluntad popular expresada en un asunto de tanta trascendencia como este. Y la tiene sobre la base de nuestra voz, de lo que nosotros podamos decir ahora. Como suele decirse, hasta el rabo todo es toro; o sea, hasta que termine esta legislatura todo lo que diga este Parlamento tiene importancia y constituye, además, una demanda de carácter siquiera moral para que el Gobierno realice las labores que el Parlamento le encomienda. Pero para nosotros es también un compromiso moral y lo que vamos a votar después, esta enmienda transaccional, no se va a
agotar por que el lunes Su Majestad el Rey convoque nuevas elecciones, sino que se constituye en el compromiso que Ciudadanos va a defender, en su caso, en la próxima campaña electoral en relación con lo que estamos planteando respecto de este problema gravísimo de los refugiados.
Hasta ahora hemos tenido tres debates en relación con este asunto: tres en comisión y uno en Pleno, y ahora celebramos este. Los diferentes grupos parlamentarios hemos negociado una enmienda transaccional que hemos estado elaborando hasta minutos antes de comenzar esta comisión. Hemos analizado cuestiones y resuelto problemas de redacción. Por tanto, estamos demostrando algo que me parece también importante poner en valor: que este Parlamento es capaz de llegar a acuerdos, que es capaz de acordar las distintas posiciones por más diferencias que haya, por más que sea un Parlamento extraordinariamente heterogéneo. Lo que hemos hecho ha sido negociar una enmienda tremendamente exigente, tanto en relación con la política que debe realizar el Gobierno de nuestro país, España, como en relación con la Unión Europea, el Consejo Europeo y los gobiernos que forman parte de la Unión. Es una hoja de ruta que establece la definición de lo que deberán hacer tanto el Gobierno como las instituciones europeas en materia de refugiados.
Y pongo unos ejemplos de dos cosas que se mencionan en la enmienda transaccional que creo son importantes y también novedosas respecto del tratamiento que queremos impulsar en este punto. En primer lugar, la creación de una agencia de salvamento europeo financiada por la propia Unión Europea -era una propuesta que ya hacíamos en Ciudadanos-, es decir, que la financiación no fuera a cargo de los Estados, con lo cual llegamos otra vez a los Consejos Europeos y a la falta de capacidad que han tenido históricamente los distintos países de la Unión Europea para resolver el problema de los refugiados trasladándolo hacia otro país, el caso de Turquía, cuando son los propios países europeos, el propio Consejo Europeo y las instituciones comunes las que deben sacar adelante el trabajo, los acuerdos, todo lo que hace referencia a esta cuestión, la cual sigue siendo una cuestión de emergencia.
Un segundo elemento que también incorpora esta enmienda transaccional es la delegación especial del Gobierno para tratar del asunto de los refugiados in situ con la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales para intentar realizar lo que podríamos denominar una mayor proactividad del Gobierno español, y digo mayor haciendo una concesión a la labor del Gobierno, aunque no creo que haya sido demasiado activo. Tiene que haber una mayor proactividad; en definitiva, que el Gobierno asegure que va a asumir sus compromisos y a hacer todo lo que pueda en un buen número de materias, por ejemplo, en cuanto al acogimiento y reasentamiento de los refugiados, en cuanto a un nivel de flexibilidad respecto de los visados, en cuanto al reagrupamiento familiar y en cuanto al desplazamiento de técnicos a Grecia o a Italia. Todo esto aparece en esta enmienda transaccional.
Por otra parte, pretende que se integren las peticiones, los informes y las ideas de las ONG en la política que desarrollen el Gobierno y los Gobiernos, el Gobierno español y los Gobiernos europeos. Muchas veces notamos -en especial, los grupos parlamentarios- cómo hay una queja general de las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en la materia respecto de lo que puede ser una cierta distancia de los Gobiernos, e insisto en que en este caso el Gobierno español no es una excepción. También la transaccional, como no podía ser de otro modo, entiende que debe establecerse una especial preocupación en relación con los colectivos más desfavorecidos entre los desfavorecidos. Todos los refugiados constituyen un colectivo desfavorecido y en este grupo aún lo son más los niños y las mujeres, para quienes se pide una especial atención.
De estas veintidós medidas, hasta la última tiene su importancia. Debo referirme sin duda a la relativa al punto número 22 de la enmienda transaccional, sobre el caso de Turquía. Es verdad que hemos manejado en la negociación ideas que se han propuesto por algunos grupos en el sentido de la suspensión e, incluso, de la cancelación del acuerdo con Turquía, pero creo que ha avanzado una propuesta más razonable, aquella que habla de una reclamación por parte de este Parlamento a Turquía para que, en definitiva, cumpla con lo que exige el derecho internacional en materia de refugiados y de acogida. Que no sea solamente un tercer país seguro porque -esperemos- se cumplan los derechos y libertades fundamentales, sino también porque el tratamiento de los refugiados sea acorde con lo que significa un principio humanitario razonable de acogida y de presencia de los mismos en ese territorio.
Es evidente que podemos compartir en nuestro grupo las dudas respecto de la capacidad que pueda tener Turquía para realizar esta cuestión de una forma perfectamente razonable, pero entendemos que en este momento no podemos hacer otra cosa sino reclamar que Turquía cumpla de una manera clara este compromiso. Cualquier otra alternativa que pusiéramos encima de la mesa sin duda nos llevaría a situaciones mucho más preocupantes que en la que nos encontramos. En todo caso, sigue siendo también
exigente en relación con este tercer país, lo mismo que lo es respecto del Gobierno español y de los Gobiernos europeos.
En la última comparecencia que tuvimos en esta comisión mixta, la representante de Acnur se refirió a que había observado, en contra de la realidad del problema y de la sensibilidad que notaba en la sociedad española respecto del asunto de los refugiados, una política de tapón por parte del Gobierno en relación con este asunto. Ese tapón que se evidencia en la falta de trabajo que ha realizado el Gobierno me gustaría que no se trasladara también al grupo parlamentario que lo apoya aquí, en este caso en el Senado, en el Parlamento español: el Grupo Popular. Me gustaría que apoyaran esta enmienda transaccional, que dejaran de ser tapón y se incorporaran al consenso general de esta Cámara para que todos juntos apoyáramos esta cuestión que no es de partido, que es una cuestión de carácter moral, de civilización, de valores, de principios; una cuestión en la que todos debemos ir juntos, cediendo en posiciones, como hemos hecho en esta enmienda transaccional, y trabajando para resolver un problema que evidentemente a todos y a cada uno de nosotros nos supera, porque solo conjuntamente tendremos posibilidad de resolverla.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos-En Comú-En Marea, doña Idoia Villanueva.
Hoy es la tercera vez consecutiva que se reúne esta comisión mixta desde que se iniciaron los trabajos de los diputados y senadores en la XI Legislatura para tratar, precisamente, el tema que hoy nos reúne: los refugiados. Hoy es la tercera oportunidad que tenemos para desbloquear la inacción de España, que prefiere esconderse para no cumplir ni siquiera las cuotas que empezó a aceptar allá por mayo y otoño de 2015. Pero el Gobierno de España, entonces en sus últimos días de mandato y desde el 20 de diciembre en funciones, ha preferido jugar a la confusión; ha preferido esconderse detrás de la solidaridad de este país de países; ha preferido situarse en el lado de los que no cumplen sus acuerdos; también en el de quienes no cumplen la legislación del derecho al refugio.
Todo esto ocurre después de buscar y obtener el apoyo mayoritario de las Cortes y de poner sobre la mesa recursos, comisión interministerial incluida. La sociedad, las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos están esperando. Lo que ha podido hacer el Papa Francisco en su última visita a Lesbos, cuando decidió acoger a 12 refugiados, no lo ha podido hacer el señor Rajoy. Lo que ha podido hacer Justin Trudeau, presidente Canadá, quien tan solo en unos meses ha reasentado a 25 000 refugiados sirios, no lo ha querido hacer el Gobierno de este país. 19 sigue siendo la cifra de la vergüenza frente a las cuotas a las que el Gobierno se comprometió; una cifra muy lejana a los más de 16 000 que nos comprometimos. No solo se están incumpliendo acuerdos y la propia Ley de asilo, es que además estamos yendo en contra de los valores de la Unión Europea en un momento tan crucial como este. La crisis económica de 2007 y el austericidio posterior que ha cambiado nuestras vidas zarandearon no solo la vida de millones de personas, sino el propio proyecto europeísta. He ahí la gestión ante la llegada de los refugiados, esa triple crisis de incumplimiento de derechos de asilo: llegada de refugiados, ausencia de política exterior y la respuesta de muchas sociedades exhaustas por la crisis, preocupantes respuestas xenófobas en muchos países del este y centro de Europa. El uso de apenas unos miles de refugiados como herramienta del miedo para asustar a millones de ciudadanos asustados por los desastres de la crisis que padecemos nos recuerdan los peores fantasmas de la historia de Europa. No solo se zarandean cuestiones como el Tratado de Schengen, básicas para la historia de la Unión Europea, también se hunden los valores de un proyecto que nació para dar una alternativa a los desastres de la Segunda Guerra Mundial, para dar protección y bienestar social a las sociedades y trabajadores europeos y cumplir con sus derechos.
Nos lo está pidiendo la sociedad española, así como las comunidades, los ayuntamientos y hasta el Papa. Para intentar desbloquear la situación y dar algún paso hemos buscado el máximo consenso. Por eso promovimos y firmamos una declaración institucional el pasado 16 de marzo; por eso hemos intentado que, tras la comparecencia de la representante del Alto Comisionado de Acnur, pudiésemos llegar al menos a un acuerdo de mínimos en esta comisión. En este tiempo en el que el valor de los acuerdos ha sido el debate central del país hay que explicar a los ciudadanos que estos son básicos para actuar, sobre todo cuando el Gobierno en funciones se resiste a cumplir sus propios acuerdos, pero también hay que explicarles muy bien para qué sirven y si se están cumpliendo o no.
Esta comisión firmó una declaración institucional el pasado 16 de marzo en la que se recalcaba la necesidad de que Turquía incorporase en su ordenamiento jurídico legislación equivalente a la Convención de Ginebra que le permitiese ser reconocido como un país seguro. En términos de derecho internacional, el Gobierno en funciones no siguió este mandato en el Consejo Europeo, algo de lo que sí fueron capaces otros Estados como Chipre, que logró cambios en este tratado. PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron una enmienda del GUE en la resolución del Parlamento Europeo del informe de 2015 sobre Turquía para monitorizar las violaciones de derechos cometidas contra las personas refugiadas en suelo turco. ¿Consideran, como hace Angela Merkel, que el acuerdo es un gran avance y que Turquía cumple toda la legislación? Recordamos que en apenas una semana tanto Turquía como Grecia cambiaron rápidamente sus leyes para poder empezar con devoluciones, devoluciones masivas que no se iban a realizar. Solo hace falta voluntad política para que, en una relación de socios, pidamos a Turquía las necesarias garantías.
Pese a esto, agradecemos de antemano la predisposición de los distintos grupos parlamentarios de esta comisión para llegar a un acuerdo de mínimos. A todos nos hubiera gustado más, pero el Alto Comisionado de Acnur, en su comparecencia, nos dio unas guías muy claras para acordar estos mínimos.
Este grupo parlamentario va a decir sí a una acción decidida y solidaria para ayudar a Grecia; va a decir sí a las acciones de salvamento en el Mediterráneo que hace casi dos años la Unión Europea decidió eliminar y que día a día condenan a la muerte a muchas personas: 700 en lo que llevamos de año, unas 4 000 el año pasado, según Acnur. Vamos a decir sí a intentar desbloquear la llegada de refugiados; si el Gobierno en funciones no sabe cómo hacerlo, Acnur le ofrecía ayuda para encontrar los problemas e intentar desatascar la situación. Vamos a votar a favor de articular de una vez por todas una batería de medidas para tener vías legales y seguras de solicitud de asilo. Necesitamos visados humanitarios. No hay ninguna razón para no implementar desde ya un plan, al menos el plan de las 500 becas que están preparadas para refugiados. No podemos seguir mirando hacia otro lado ante las necesidades de menores no acompañados, de los miles de niñas y niños refugiados que están viendo cómo sus derechos como refugiados son ignorados cada día. Sirva este inicio para empezar a dedicar también la atención que se merece a la perspectiva de género para más del 55% de las mujeres refugiadas.
No me voy a detener en el detalle de las medidas que los que me han precedido en el uso de la palabra han comentado sobre la transaccional que vamos a apoyar. Sirva este acuerdo de muy mínimos para recordar que debemos a la ciudadanía la necesidad de impulsar pequeños pasos. Y permítanme solicitar al resto de grupos que se sumen. Se lo debemos al proyecto europeo, a los refugiados y a nuestro propio presente y futuro.
Nuestro grupo parlamentario sigue trabajando para crear un auténtico sistema de asilo europeo, por una política que articule vías seguras de entrada a la Unión Europea y por que se reconozca que los migrantes también tienen derechos, otros derechos. No hay vías de entrada seguras, externalizar la gestión de los refugiados no es más que un triste reflejo de las políticas que sigue nuestro país en la frontera sur. Sin una acción decidida sobre las causas del efecto, la expulsión de un Oriente Medio desangrado por conflictos de larga duración, poco podremos hacer. Las recetas del pasado en Oriente Medio han sido desastrosas para su población y para la seguridad de todos los que estamos en la orilla norte del Mediterráneo. Si no tomamos una solución decidida, los habitantes de esta zona seguirán sufriendo y, por desgracia, las consecuencias de los conflictos seguirán llegando a nuestras costas.
No puedo olvidar una frase que dijo el Alto Comisionado de Acnur en la última sesión, una frase que me resuena todos los días en la cabeza. Dijo: con la voluntad política se genera la capacidad de llevarla a cabo.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Sánchez Amor.
En esta efímera legislatura, como han señalado algunos colegas, esta Comisión Mixta para la Unión Europea podría haberse llamado comisión de los refugiados, dado que lógicamente han ocupado nuestra agenda. Además, las situaciones cambian tan deprisa que hubiéramos necesitado redactar un documento, como el que algunos grupos presentamos hoy, casi cada semana para poder seguir los acontecimientos tal y como se suceden. Esta agilidad que hemos intentado acomodar al ritmo de las reuniones de la comisión contrasta, sin embargo, con la aparente incapacidad del Gobierno para moverse en sus posiciones, a pesar de todo lo que estaba pasando.
El Gobierno nos ha entretenido con varias excusas para explicar el incumplimiento de sus obligaciones, de las que el mismo Gobierno se ha creado en materia de refugiados. Creo recordar que en el debate sobre el Consejo Europeo en el que se trató el tema de los refugiados el señor Rajoy dijo que España iba retrasada pero que esa era la situación general, que el resto de los socios también iban con retraso. Luego tuvimos que ver cómo algunas fuentes del Gobierno le decían a la prensa que el problema del retraso en la acogida efectiva de los refugiados comprometidos se debía al hecho de tener un Gobierno en funciones. En la misma mañana en la que estábamos escuchando la comparecencia de la directora de Acnur en España, pudimos oír que el problema era Acnur, algo que ella negó en directo en su comparecencia. En fin, no es más que una sucesión de excusas para enmascarar una inactividad que tiene que ver con lo que decía la colega de Podemos ahora mismo, con una evidente falta de voluntad política.
Hemos intentado, como han señalado mis colegas, alcanzar el acuerdo entre todos los grupos. No ha sido posible y lo lamentamos, pero también me parece que eso es clarificador respecto de las posiciones de unos y otros en materia de refugiados. Con la transaccional a la que algunos ya se han referido hacemos una puesta al día de las posiciones que hemos ido tomando a lo largo de estos meses; por cierto, como ha hecho el Parlamento Europeo, que también ha tenido que ir modificando sus posiciones al respecto según el momento. Algunos colegas ya han comentado parte de la enmienda transaccional con la que los grupos que la proponemos pretendemos hacer esa puesta al día, por ejemplo convertir ciertas PNL de principios de marzo, cuando todavía se hablaba del borrador de acuerdo con Turquía.
Me parece que un asunto sustancial que cabe resaltar de la transaccional que presentamos es la apuesta por la reforma de Dublín con un sistema centralizado, lo cual supone una pequeña revolución. El elemento esencial de dificultad con el que se encuentra Europa para manejar la situación es que los refugiados se concentran solo en algunos países mientras que aquellos que no reciben un flujo grande refugiados prefieren mirar hacia otro lado, retrasar su compromiso y poner excusas. El problema, por tanto, es el reparto de responsabilidades. El sistema que proponemos, que algunas instituciones europeas ya han acogido, de hacer un sistema centralizado de examen de las solicitudes de refugio es una fórmula. Es decir, la persona pide el Estatuto de los Refugiados en la Unión Europea y luego la Unión Europea, mediante los acuerdos que se determinen, decide la asignación de responsabilidad por Estados, de tal manera que no todo el mundo vaya al mismo sitio sino que, de acuerdo con unos criterios de población, de PIB e incluso de superficie, se puedan asignar cuotas de reasignación. Lo cual, por otra parte, desincentiva los movimientos secundarios, que son un problema porque la gente pide asilo, según Dublín, en el primer país en el que entra en la Unión Europea pero en cuanto adquiere la condición quiere moverse al país elegido. Creo que esa dificultad hay que corregirla. En definitiva, el asunto es repartir responsabilidades y el sistema centralizado que proponemos para la reforma de Dublín es una forma de ir acercándonos a un sistema que nos permita manejar este enorme flujo de personas que llegan en condiciones dramáticas a la Unión Europea.
Aunque no quiero insistir en ello, al final cuando hablamos de refugiados nos referimos a Turquía. Quiero recordar que la redacción del acuerdo -en realidad es una declaración- alcanzado entre los jefes de Estado y de Gobierno y Turquía de alguna manera oculta el objetivo esencial de dicho acuerdo político, porque dando apariencia de legalidad, al hacer un expediente en 15 días, como quiere Grecia, y dar la entrevista obligatoria y el recurso a un juez, la conclusión es que cualquier persona que venga de Turquía va a ser devuelta por el hecho de venir Turquía. Es decir, si Grecia considera a Turquía o bien tercer país seguro o bien primer país de asilo, por esa propia declaración todas las personas serían devueltas.
Yo conozco bien Turquía, he sido responsable de dos misiones internacionales el pasado año, y tuve ocasión de examinar las enormes carencias y retrocesos de su sistema democrático pero tenemos que contrapesar muy bien nuestra opinión al respecto -la transacción lo hace- exigiendo a Turquía, como hicimos en el acuerdo unánime de hace cerca de un mes, que cumpla las condiciones, como acaba de decir la colega de Podemos. Cumpla usted las condiciones de la legislación internacional mediante su acceso al Convenio de Ginebra o mediante legislación interna equivalente pero tiene que cumplir todas las condiciones para que podamos considerar que las devoluciones son adecuadas, y no me refiero solo a Grecia.
Pero también hay que entender una cosa, el flujo por el Egeo y las muertes que se producen -a pesar de ser una cantidad enorme y aunque sea una siempre serán muchas- han disminuido; el paso de personas por el Egeo ha pasado de 50 000 a 26 000, por tanto, tenemos que contrapesar nuestra opinión; el hecho de anunciar, por ejemplo, una simple desaparición del acuerdo con Turquía haría que las mafias volvieran a actuar y que la gente volviera a ponerse en riesgo. Hay que ser muy exigentes con Turquía con
la simple petición de una suspensión de la eficacia del acuerdo porque ese acuerdo ha conseguido que se reduzcan a la mitad las muertes. Y eso permite a Grecia manejarlo, porque si el acuerdo decayera volveríamos a las cifras de hace un año, y Grecia sería imposible de manejar.
También hay que ser muy exigente con Turquía sobre una cuestión de la que a veces se habla y mal. No se trata del principio de no devolución porque, por ejemplo, las acusaciones de Amnistía Internacional no son tanto de devolución como de no acceso, personas que venían de Alepo fueron detenidas en la frontera con Turquía y no se les concedió el estatuto de refugiado. Ese es el problema. El problema no es que la gente que está volviendo de Grecia a Turquía esté siendo devuelta a Siria -por lo menos no hay ninguna noticia de ninguna entidad internacional- el problema es que a los sirios que huían de Alepo no se les dejó entrar en Turquía, y ese es un incumplimiento grave de la legislación internacional.
La cuestión de la sensibilización es necesaria. El Gobierno se comprometió -y aquí no hay ninguna excusa que dar- a hacer una campaña de sensibilización en España sobre los estereotipos; afortunadamente, la opinión pública española parece no compartir mayoritariamente los movimientos xenófobos que estamos viendo en otras partes de Europa y creo que esa campaña es necesaria.
También está, como ha dicho el colega Maura, la creación de una sola autoridad. La creación de una sola autoridad administrativa que coordinase los asuntos permitiría, por ejemplo, que si Educación quiere avanzar con las becas no encuentre problemas por parte de Interior. Creo que es una idea que debe acoger el Gobierno.
Lamentablemente, como decía, el Grupo Popular no se ha sumado a este acuerdo de transacción de última hora y hay algunos asuntos en su enmienda que nos impide apoyarla. No se puede hablar de refugiados sin hablar del acuerdo con Turquía. Hacer una resolución política sobre refugiados en la que no se hable del acuerdo con Turquía es sencillamente incomprensible. Y hay otra cuestión, que es quién hace qué, el tema tan nuestro de la subsidiariedad, y en eso la enmienda del PP es muy transparente porque hace una especie de defensa de la competencia de la Administración central sobre el asilo y refugio que me parece absolutamente innecesaria; dice la enmienda del PP: Dar continuidad a las decisiones de ofrecimiento, garantizando en todo caso el respeto al orden de competencias constitucionalmente establecido y el control del Estado sobre un proceso de acogida. Oiga, el control del Estado sobre un proceso inexistente, porque no estamos acogiendo a nadie. Por favor, no reclamen ustedes una competencia como si estuviéramos recibiendo a miles de personas; hemos recibido a 18 y el problema no ha estado, por supuesto, en un tema de competencia; las comunidades autónomas y los municipios han ofrecido sus sistemas de reasentamiento, están esperando con los brazos abiertos que lleguen refugiados. No se pongan ahora tiquismiquis con las competencias, lo que tienen que hacer es ejercer las suyas, es traer a los 18 000 a los que se comprometieron y no lanzar al aire una especie de duda sobre la competencia o no de las administraciones que al final recibirán a esas personas.
Vamos a terminar con el asunto esencial que nos ocupa. Ya está bien de que el Gobierno nos maree con compromisos que se solapan unos con otros. La Ley de asilo y refugio obliga a unos compromisos anuales que se han ido tomando y no se han ido cumpliendo. Esos compromisos estatales se solapan con los compromisos europeos de reasentamiento y reubicación de junio y de septiembre del año pasado. Vuelve a aparecer un compromiso del Estado en noviembre, de acuerdo con nuestra ley de asilo, y ninguno se cumple. Se solapan unos con otros y con los números nacionales se cuentan los europeos, de tal manera que nunca sumarán los compromisos a los que el Gobierno se compromete, porque lo que se compromete con Europa luego lo incluye en su cupo de la ley de asilo y, al final, no llega nadie. A pesar de que los compromisos se solapen, el problema es que no viene nadie; por tanto, ni el compromiso de la suma ni el otro tampoco.
Termino, señor presidente. ¿Saben por qué ahora hay prisa? ¿Saben por qué ahora el Gobierno tiene prisa en acoger a 200 refugiados? Porque el 15 de junio termina el plazo para pedir dinero a Europa, y ahora el Gobierno espabilará y nos dirá que va a traer a 200 refugiados, y la causa de esta prisa es que perdería dinero europeo si el 15 de junio aquí no hay un cupo de refugiados como el que se va comprometer con los fondos de asilo de la Unión Europea.
Por tanto, aunque la legislatura haya terminado como está terminando, no es inútil que hablemos de este aspecto porque se trata de compromisos públicos que estamos asumiendo los grupos políticos, pero, a estas alturas, está claro que este asunto de los refugiados y el compromiso de España solo lo resolverá un nuevo Gobierno.
Por último, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora de Santa Ana Fernández.
Quiero empezar coincidiendo con el portavoz del Partido Socialista porque esta legislatura, que va a ser la más breve de la democracia, si en algo ha caracterizado en este tiempo los contenidos de la Comisión Mixta para la Unión Europea ha sido el compromiso y la implicación con esta grave crisis humanitaria que están sufriendo los refugiados.
En mi opinión, todos nos debemos sentir muy orgullosos con ese mandato que fue capaz de dar el Parlamento al Gobierno de España, de Mariano Rajoy, para defender con mayor fuerza su postura ante el Consejo europeo de marzo, un mandato que nació en el seno de esta comisión y, por tanto, en estos breves cuatro meses, ese avance en ese cometido ha sido de todos. Por tanto, insisto, tenemos que sentirnos orgullosos.
Señorías, España está cumpliendo con su obligación de ofrecer asilo y refugio a aquellas personas que necesitan protección internacional. El Gobierno de Rajoy ha demostrado su disposición a hacer frente a la crisis de los refugiados y se ha comprometido a acoger a cuantos solicitantes de protección internacional proponga la Unión Europea, y ese compromiso sigue estando vigente, dando de esta manera muestras de responsabilidad y de solidaridad. Y todo ello en el marco de nuestro compromiso con la defensa de la paz, de los derechos humanos, y con el cumplimiento de la legalidad. Este Gobierno en funciones del Partido Popular ha adoptado una actitud seria y constructiva. Ha sabido reaccionar multiplicando sus esfuerzos para dar respuesta a las miles de personas que necesitan ser atendidas. Por citar algunos de ellos, y son esfuerzos que han sido palpables: se ha incrementado la dotación presupuestaria de la Oficina de Asilo y Refugio en un 105%, lo que supone 6,2 millones de euros, incrementándose tanto las plantillas, los medios, como la formación del personal para atender a esas personas. Se han quintuplicado los recursos para los programas de acogida; 53 millones de euros reflejados en los Presupuestos Generales del Estado a los que se suma una partida extraordinaria de 200 millones. Esto no son solo promesas; estas promesas se sustentan en presupuesto. Por tanto, por haber presupuesto, son garantía de ser una realidad. Se han destinado 13 millones de euros en ayudas extraordinarias por razones humanitarias. Para una mayor eficacia y coordinación se ha puesto también en marcha un grupo interministerial para coordinar a todos los ministerios implicados, y se ha convocado a la Conferencia Sectorial de la Inmigración. Se ha trabajado de manera constante, permanente y comprometida con todos los agentes implicados, también las comunidades autónomas, los ayuntamientos y todas las ONG. Se ha desarrollado un sistema ágil de comunicación con las comunidades autónomas de acogida de solicitantes de protección internacional, a través de puntos focales y de un sistema electrónico que coordina los múltiples ofrecimientos extraordinarios. En 2015, se inauguraron las oficinas de asilo y refugio en Ceuta y Melilla. Hoy, el tiempo medio de resolución de los procedimientos de protección internacional, a pesar de ser muchísimos más los expedientes, también se ha reducido considerablemente.
La portavoz de Compromís pedía al Gobierno del Partido Popular que dé respuesta a los refugiados. También lo pedía el portavoz de Ciudadanos, quien decía que el Gobierno es un tapón. Por su parte, la portavoz de Podemos ha hablado de la inacción de España, mientras que el portavoz del Partido Socialista ha hablado de incapacidad de movimiento del Gobierno. Pues miren, sin ir más lejos, el último Consejo de Ministros, el del viernes pasado, a pesar de estar el Gobierno en funciones, sigue cumpliendo con sus obligaciones. Insisto: el viernes pasado.
El Gobierno del Partido Popular destina más de 83 millones de euros para acoger e integrar a solicitantes de asilo y refugiados. Esta decisión tiene como objetivo, desde luego, reforzar el sistema nacional de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Y permítanme que les destaque los 74 millones de euros para financiar proyectos dirigidos a crear y mantener dispositivos de acogida y desarrollar itinerarios individualizados de inserción, organizados y en colaboración con las ONG; 1,2 millones de euros para la atención sociosanitaria en los centros de estancia temporal de inmigrantes, los conocidos como CETI, de Ceuta y Melilla; 3 millones de euros dirigidos a la sensibilización, formación de profesionales y acogida de grupos específicos, como las víctimas de trata de seres humanos. Y quiero decirle al portavoz del Grupo Vasco que aquí, cómo no, también están recogidos los menores, los niños; 2,24 millones de euros dirigidos a proyectos de equipamiento y adaptación de inmuebles; 3
millones de euros a proyectos de empleo para itinerarios integrados de inserción laboral destinados a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
Todas estas son realidades del Gobierno de Mariano Rajoy. Y miren, en el ámbito de la Unión Europea, el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, siempre ha apoyado una política migratoria común como elemento básico para lograr un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia desde una perspectiva integral que abarque todas las vertientes del problema. Defendemos la necesidad de actuar en paralelo sobre las causas profundas de las migraciones en colaboración con los países de origen y tránsito. Hemos conseguido movilizar a otros países para mejorar esta respuesta. El apoyo de España ha sido decisivo para la creación de un fondo fiduciario a favor de África, dotado de 1800 millones de euros, donde también hay una importante contribución española. Asimismo, España se ha comprometido a aportar expertos nacionales que colaboran bajo el mando de EASO y Frontex, ha apoyado el trabajo de EASO en los hotspots de Sicilia y Lampedusa, así como de las autoridades italianas en Roma. Estos expertos son los que deben ayudar a identificar a las personas en riesgo de vulnerabilidad y a aquellas que hayan podido también sufrir violencia.
En estos momentos, España es uno de los 12 Estados miembros que han realizado aportaciones a Grecia en el marco del mecanismo de protección civil y, en 2015, hemos sido el Estado miembro que más personas aportó a Frontex: en concreto, 372.
Decía la portavoz de Esquerra Republicana que el acuerdo al que fuimos capaces de llegar en esta comisión quedó en papel mojado. Desde luego, yo disiento, porque me gustaría recordar las aportaciones que hizo España, el Gobierno de España en las resoluciones del Consejo Europeo de marzo, que nacieron en esta comisión y, por tanto, hacen que ese acuerdo no quedase en ningún momento en papel mojado. Y ahí está la garantía del respeto riguroso de la legalidad europea internacional y la exclusión expresa de cualquier tipo de expulsión colectiva; ahí está la garantía expresa de la tramitación individualizada de los expedientes de solicitud de asilo. Cualquier solicitud de asilo dentro de la Unión Europea tiene que ser tramitada de modo individualizado por las autoridades competentes, de conformidad con la directiva de procedimientos de asilo y especial atención a las personas vulnerables. Y aquí también vuelven a estar, cómo no, recogidos esos menores no acompañados, incorporándose una previsión específica para que el reasentamiento de nacionales sirios desde Turquía en la Unión Europea se haga teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad de la ONU.
Nosotros hemos querido recoger todos nuestros planteamientos en una enmienda, en un texto alternativo que hemos presentado. A mí me ha sorprendido que el portavoz del Grupo Socialista diga que en nuestra enmienda no hablamos del acuerdo Unión Europea-Turquía. Señoría, creo que no era necesario, es algo evidente que el Gobierno de España apoya ese acuerdo y, por tanto, no está recogido en la enmienda, es cierto, pero el compromiso del Partido Popular con este acuerdo es absoluto. Pensábamos que esto era algo que estaba superado y que no era necesario. Ese es el motivo por el que no aparece en nuestro texto.
Sin más, insisto en que hemos presentado ese texto alternativo, y solicitaremos a la Mesa que pueda ser sometido a votación.
Vamos a pasar a la votación.
En primer lugar, vamos a votar la ratificación de los informes de subsidiariedad, que si no hay nada en contra se aprobarán por asentimiento.
Pasamos a la votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, se votará la proposición de Esquerra Republicana y del Grupo Mixto; seguidamente la proposición del Grupo Popular con su enmienda y, por último, la transaccional.
Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley de Esquerra Republicana y del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29; abstenciones, 2.
Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular con la enmienda que se han presentado a sí mismos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, 1.
Por último, votamos la enmienda transaccional en los términos en que se ha presentado.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Muchas gracias por su colaboración.

References: resolución 
 artículo 81
 artículo 33
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 26
 artículo 5
 artículo 3
 RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución