Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/793-7612-2012-12-0402.HTML
Timestamp: 2019-01-24 11:45:03+00:00

Document:
793-7612-2012-12-0402.html
Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de marzo de 2012, la abogada GLESIS JOHANA MACHADO FERNÁNDEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 162.565, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano DIDALCO ANTONIO BOLÍVAR GRATEROL, en su condición de Secretario General Nacional Adjunto y Miembro de la Dirección Nacional del Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS), solicitó la revisión de la sentencia dictada el 28 de marzo de 2012, por la Sala Electoral de este Máximo Tribunal.
El 11 de abril de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
El 10 de mayo de 2012, se dio cuenta en Sala del escrito y anexos presentados en esa misma fecha, por el ciudadano Ismael García, actuando con el carácter de Secretario General Nacional del Movimiento Por la Democracia Social (PODEMOS), asistido por la abogada Yanina Da Silva, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 124.589, y mediante el cual, solicitó se declare inadmisible la solicitud de revisión planteada.
El 30 de mayo de 2012, se reasignó la ponencia al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Que solicitaba la revisión de la sentencia emitida el 28 de marzo de 2012, en la cual se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta el 21 de marzo de 2012, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2 y 5, primer párrafo, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que el respaldo del Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS), al candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky, y militante de una organización con fines políticos distinta (Partido Primero de Justicia) de conocimiento público, no fue consultada, discutida, ni aprobada por ninguna de las instancias que conforman su organización política, violando, en su entendido, los principios fundamentales que rigen su estructura, contrario a su esquema organizativo, fue una decisión individual, írrita e inconsulta, y por lo tanto ilegítima, ya que se obvió la participación de la Militancia en sus distintas instancias.
Asimismo, destacó que no reposaba en el seno de la dirección de partidos políticos del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano coordinador en materia electoral, ningún acta de asamblea, ni documentos, escrito, ni manifestación de voluntad alguna que indique el respaldo a la candidatura del ciudadano Henrique Capriles Radonsky.
Que, el ciudadano Ismael Concepción García, se ha dado la tarea de vulnerar la voluntad de los Militantes de PODEMOS, y que, si bien era cierto que el militante aludido formaba parte de la Dirección Nacional del Partido, no era menos cierto, que su facultad nunca podría establecer criterios por encima de la Militancia, de las bases y de la Dirección General del Partido, pues, en su criterio, toda decisión deberá ser consultada previamente, sobre todo si el candidato a respaldar pertenece a una organización política ajena al Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS), y cuyo plan de gobierno es incompatible con el espíritu que identifica a su organización, identificado como un partido de izquierda, profundamente democrático y con asidero social. Asimismo, indicó que se violó el artículo 40 de los estatutos concernientes a los derechos de los participantes.
Que, era público y notorio que el ciudadano Ismael Concepción García había colocado los intereses del partido (PRIMERO JUSTICIA) perjudicando a (PODEMOS), y que esto se reflejaba en los resultados de las elecciones internas de la “MUD”, donde apenas lograron un par de candidaturas, y donde el militante aludido es uno de ellos, desmejorando y coartando toda posibilidad de participación de los cuadros políticos de PODEMOS, por lo que, consideraron que dicho comportamiento encuadra en las sanciones emanadas de los estatutos del Partido, en su artículo 32.
NO EXISTE, NI REPOSA en la Dirección de Partidos Políticos del CNE, NINGÚN ACTA DE ASAMBLEA ni consulta para la Postulación de Candidatos a Cargos de Elección Popular vinculada a la Organización con fines Políticos PODEMOS, donde refleje el respaldo a la Candidatura del Ciudadano Henrique Capriles Radonski, transformándose en un acto ILEGÍTIMO y VIOLATORIO del Artículo 63 y 67 de la Constitución […] (Mayúsculas del escrito).
Que, los argumentos descritos por la Sala Electoral para declarar la inadmisibilidad del amparo, en su entendido, contrastaban con el derecho al sufragio, pues, en su criterio, su representado, ciudadano Didalco Antonio Bolívar Graterol, Secretario General Nacional Adjunto y Miembro de la Dirección Nacional del Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS), cuenta con la legitimidad y facultad para ejercer cualquier acción concerniente al Movimiento Político que representa.
Asimismo, señaló que el Consejo Nacional Electoral efectuó la Convocatoria Nacional para los comisios electorales del 07 de octubre de 2012, donde las candidaturas de las distintas organizaciones políticas debían estar definidas en los lapsos correspondientes, por lo que, “esto define como válida la Solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL que busca REPARAR los Derechos vulnerados, sin contar con mucho tiempo para tal fin” (Mayúsculas del escrito).
Que, la Organización con fines políticos Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS), encabezado por el “Dip. Ismael García y Héctor Vargas (Zulia), postularon el 12/12 del año 2004, para la SALA ELECTORAL del TSJ a los MAGISTRADOS Ramón Vegas Torrealba y Juan José Núñez Calderón en sustitución del ex magistrado Alberto Martínez Urdaneta”, por lo que, en su criterio, dichos Magistrados que firmaron la decisión han debido inhibirse por el respeto al debido proceso.
PRIMERO: Reivindicar el Derecho establecido en el Artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ejercer mi condición de Secretario General Nacional Adjunto, y miembro de la Dirección nacional del Partido MOVIMIENTO POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS), atribuciones que deben ser consideradas, y cuya firma es necesaria (Legalmente) para formalizar cualquier Postulación o Inscripción de candidatura; y no estando de acuerdo con la metodología violatoria de los Art. 63 y 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los estatutos de la Organización con fines Políticos PODEMOS por parte del Diputado Ismael Concepción García, que desconoce y obvia la voluntad de la base, solicitamos en este acto se permita la Consulta General de la Militancia en todas las instancias, para la postulación a cargos de Elección Popular, definidas por la base.
SEGUNDO: Convocar Elecciones Internas en todas las instancias del Partido a Nivel Nacional, pasando por la incorporación de nuevos Militantes, apertura de Registro Interno, con el fin de dar oportunidad a los jóvenes y nuevos inscritos del REP.
TERCERO: Revisar cualquier Decisión que haya sido tomada sin consultar a la Base del Partido, revocando respaldo de candidaturas que carezcan de legitimidad, en particular la de Henrique Capriles Radonski.
CUARTO: Prohibición de Enajenar y Gravar sobre la CASA NACIONAL DEL MOVIMIENTO POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS), que en este momento, de forma ilegítima utiliza una alianza denominada Mesa de la Unidad Democrática […] (Mayúsculas y negritas del escrito).
1.- Su COMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Glesis Johana Machado Fernández, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano DIDALCO ANTONIO BOLÍVAR GRATEROL, a fin de que “…se permita la Consulta General de la Militancia en todas las instancias, para la postulación de cargos de Elección Popular (…) Convocar Elecciones Internas en todas las instancias del Partido a Nivel Nacional (…) Revisar cualquier Decisión que haya sido tomada sin consultar a la Base del Partido, revocando el respaldo de candidaturas que carezcan de legitimidad (…) Prohibición de Enajenar y Gravar sobre Bienes del Partido hasta tanto se defina el escenario de las nuevas autoridades (…) Anular la Asamblea Nacional de Podemos VI, efectuada el 19 de marzo de 2011…”.
2.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional.
Para arribar a dicha decisión, la Sala Electoral de este Máximo Tribunal, observó lo siguiente:
(…) De la Competencia:
En primer orden, esta Sala Electoral pasa a pronunciarse sobre su competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta y, en tal sentido, observa que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en el numeral 3 de su artículo 27, lo siguiente:
22. Conocer de las demandas de amparo contra actos, actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, de la Junta Electoral Nacional, de la Comisión de Registro Civil y Electoral, de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, así como de los demás órganos subalternos y subordinados del Poder Electoral”.
En el caso bajo análisis se ha interpuesto un acción de amparo constitucional, mediante la que se pretende que “…se permita la Consulta General de la Militancia [de Podemos] en todas las instancias, para la postulación de cargos de Elección Popular (…) Convocar Elecciones Internas en todas las instancias del Partido a Nivel Nacional (…) Revisar cualquier Decisión que haya sido tomada sin consultar a la Base del Partido, revocando el respaldo de candidaturas que carezcan de legitimidad (…) Anular la Asamblea Nacional de Podemos VI, efectuada el 19 de marzo de 2011…” (corchetes de la Sala), pretendiéndose además que se decrete una medida cautelar de “…Prohibición de Enajenar y Gravar sobre Bienes del Partido hasta tanto se defina el escenario de las nuevas autoridades…”.
Aun cuando se evidencia que el escrito libelar ha sido redactado de manera confusa, se observa que la parte actora fundamenta la acción de amparo constitucional en presuntas irregularidades cometidas -en su criterio- por las autoridades de la organización con fines políticos PODEMOS (señalándose de manera específica a su Secretario General), por haber diferido la convocatoria del proceso electoral mediante el cual deberán ser renovadas sus autoridades y en virtud de haber apoyado al precandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, sin seguir el procedimiento de consulta interna previsto para ello.
Asimismo, pretende la parte accionante que se “[r]evis[e] cualquier Decisión que haya sido tomada sin consultar a la Base del Partido, revocando el respaldo de candidaturas que carezcan de legitimidad…” (corchetes de la Sala), con lo que además de evidenciarse imprecisión en dicha pretensión, se observa que se pretende la declaratoria de nulidad de “decisiones” que incluirían el apoyo otorgado al precandidato presidencial Henrique Carriles Radonski, lo que supondría un análisis detallado de la normativa interna de PODEMOS, a fin de verificar el cumplimiento del procedimiento previsto para ello.
En razón de lo expuesto, y visto que es el recurso contencioso electoral la vía idónea para satisfacer la pretensión de declaratoria de nulidad esgrimida (…), resulta forzoso para esta Sala Electoral declarar su inadmisibilidad con fundamento en lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.
…la institución del amparo constitucional, concebida como una acción destinada al restablecimiento de un derecho o una garantía constitucional lesionados, sólo se admite, para su existencia armoniosa con el ordenamiento jurídico, como una medida extraordinaria destinada a evitar que el orden jurídico quede lesionado ante la inexistencia de una vía idónea que por su rapidez y eficacia impida la lesión de un derecho que la Constitución garantiza a los ciudadanos. De esta manera el carácter excepcional que se le ha atribuido a la acción de amparo constitucional lo hace admisible cuando los medios ordinarios son insuficientes para restablecer la situación infringida, o cuando su procedimiento, dada la naturaleza de la lesión alegada, no cumple con la finalidad de lograr la protección de inmediato o, en todo caso, sus efectos vienen a ser retardados o diferidos, de modo que no permiten reparar el daño sufrido, cuando el derecho constitucional está conculcado.
Los razonamientos anteriores no conducen a negar en forma absoluta la posibilidad de interponer acciones de amparo constitucional en materia electoral, pero sí supone el examen para cada caso de la pertinencia e idoneidad del medio procesal empleado (…).
Lo expuesto obliga a esta Sala a dilucidar si la presente acción tiene el señalado carácter extraordinario, o si por el contrario, la pretensión formulada por el accionante tiene como cauce natural de resolución la vía del recurso contencioso electoral. Al efecto se observa que la pretensión fundamental deducida por la parte accionante se concreta en que por la vía judicial extraordinaria del amparo constitucional se declare la nulidad del proceso electoral sobre el cual versan todas las denuncias formuladas; denuncias estas que incluyen la supuesta violación de los derechos de los propios denunciantes como de los demás asociados de la Caja de Ahorros del Sector Empleados Públicos (…).
El caso de autos, a juicio de esta Sala, no reviste el elemento de excepcionalidad exigido conforme a la doctrina expuesta, para su viabilidad, más aún cuando los supuestos denunciados que lo fundamentan suponen determinar la violación de disposiciones legales y sub-legales, que indirectamente podrían incidir sobre los derechos denunciados, lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, hace inadmisible la acción de amparo interpuesta, por existir un medio procesal breve, sumario, eficaz e idóneo como lo es el recurso contencioso electoral dispuesto para dilucidar la pretensión deducida, lo cual hace forzosa la declaratoria de inadmisibilidad de la presente acción.
Por tanto, acogiendo las consideraciones expuestas al caso de autos, visto que la parte actora pretende que se declare la nulidad del acuerdo alcanzado por los participantes de la VI Asamblea Nacional del partido PODEMOS, mediante el cual se postergó la realización de elecciones internas a fin de renovar a sus autoridades, y que pretende que se “[r]evis[e] cualquier Decisión que haya sido tomada sin consultar a la Base del Partido, revocando el respaldo de candidaturas que carezcan de legitimidad…”, para lo cual es imprescindible el análisis de normas contenidas en los estatutos de Podemos, siendo el recurso contencioso electoral previsto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia el mecanismo procesal idóneo para satisfacer las pretensiones esgrimidas; resulta forzoso para esta Sala Electoral declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, con fundamento en lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara. (Mayúsculas, negritas y cursivas de la Sala).
De manera preliminar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que, conforme lo establecido en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene atribuida la competencia de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
La parte actora solicitó a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión de la decisión n.°: 53, del 28 de marzo de 2012, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual declaró inadmisible el amparo interpuesto el 21 de marzo de 2012, por la abogada Glesis Johana Machado Fernández, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano Didalco Antonio Bolívar Graterol, en su condición de Secretario General Nacional Adjunto de la organización con fines políticos MOVIMIENTO POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS) a fin de que:
En el caso de autos, la abogada Glesis Johana Machado Fernández, diciendo actuar en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Didalco Antonio Bolívar Graterol, solicitó la revisión constitucional de la sentencia n.°: 53, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el 28 de marzo de 2012. Sin embargo, en el presente expediente no consta el poder del cual deriva tal mandato, así como tampoco consta la copia certificada del fallo cuya revisión se solicita, solo una impresión de la misma contenida en el escrito contentivo de la solicitud.
De igual manera, esta Sala estima pertinente señalar que, conforme al artículo 25, numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, anteriormente citado, cualquier pronunciamiento sobre el fondo del presente asunto de índole constitucional, requiere del conocimiento respecto a una serie de elementos que reposan en el expediente de la causa que da origen a la presente solicitud de revisión, motivo por el cual, esta Sala ORDENA requerir a la Sala Electoral de este Máximo Tribunal, el envío, en copia certificada, de todas las actuaciones contenidas en el expediente n.°: AA70-E-2012-000020. Así se decide.
9.- ORDENA al Consejo Nacional Electoral (CNE), remitir información respecto, a la existencia o no, de algún documento relacionado con la manifestación de voluntad por parte del Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS), mediante la cual acuerden respaldar la candidatura del ciudadano Henrique Capriles Radonsky, para el evento electoral de carácter presidencial fijado para el próximo siete (07) de octubre de 2012.
Publíquese, regístrese y ofíciese a la Sala Electoral de este Máximo Tribunal y al Consejo Nacional Electoral (CNE). Notifíquese del presente fallo a los miembros de la Junta ad hoc aquí designada. Cúmplase con lo ordenado.

References: artículo 40
 artículo 32
 Artículo 63
 Artículo 67
 artículo 27
 artículo 6
 resolución 
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 336
 artículo 25