Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/534289-rd-591-2014-de-11-jul-procedimientos-administrativos-relativos-al-reconocimiento.html
Timestamp: 2016-09-27 05:37:47+00:00

Document:
Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensaci�n de los costes de escolarizaci�n previstos en el apartado 4 de la disposici�n adicional trig�simo octava de la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci�n.
Publicado en BOE n�m. 184 de 30 de Julio de 2014
�Resoluci�n y sus efectos
�Liquidaci�n y pago de la compensaci�n
�Revocaci�n del reconocimiento del derecho a obtener la compensaci�n
�Repercusi�n de los gastos efectivos de escolarizaci�n
�Datos de car�cter personal
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 18 de noviembre de 2014, ha acordado admitir a tr�mite el conflicto positivo de competencia n�mero 6305-2014, relaci�n con el Real Decreto 591/2014, de 11 de julio (�B.O.E.� 22 noviembre).
La Ley Org�nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, a�adi� una nueva disposici�n adicional trig�sima octava a la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci�n, denominada �Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protecci�n legal�. Dicha disposici�n adicional establece la obligaci�n, por parte de las Administraciones educativas, de garantizar el derecho del alumnado a recibir las ense�anzas en castellano y en las dem�s lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de forma que al finalizar la educaci�n b�sica todos los alumnos y alumnas deber�n comprender y expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.
En las comunidades aut�nomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con sus estatutos, o, en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, con lo establecido en la Ley Org�nica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegraci�n y Amejoramiento del R�gimen Foral de Navarra, la disposici�n adicional trig�sima octava indicada exige a las Administraciones educativas garantizar el derecho del alumnado a recibir las ense�anzas en ambas lenguas oficiales. Tanto la asignatura Lengua Castellana y Literatura como la Lengua Cooficial y Literatura deber�n impartirse en las lenguas correspondientes.
La disposici�n adicional ofrece dos alternativas a las Administraciones educativas para garantizar este derecho. Por un lado, las Administraciones educativas tienen la posibilidad de dise�ar e implantar sistemas en los que se garantice la impartici�n de asignaturas no ling��sticas integrando la lengua castellana y la lengua cooficial en cada uno de los ciclos y cursos de las etapas obligatorias, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por el alumnado, y sin perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras. En este caso, las Administraciones educativas determinar�n la proporci�n razonable de la lengua castellana y la lengua cooficial, pudiendo hacerlo de forma heterog�nea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes.
Por otro lado, las Administraciones educativas podr�n establecer sistemas en los que las asignaturas no ling��sticas se impartan exclusivamente en la lengua cooficial, siempre que exista oferta alternativa de ense�anza sostenida con fondos p�blicos en que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporci�n razonable. Los padres o tutores legales tendr�n derecho a que sus hijos o pupilos reciban ense�anza en castellano en esas condiciones, dentro del marco de la programaci�n educativa. Si la programaci�n anual de la Administraci�n educativa competente no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos p�blicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte, previa comprobaci�n de esta situaci�n, asumir� �ntegramente, por cuenta de la Administraci�n educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarizaci�n de este alumnado en centros privados en los que exista dicha oferta con las condiciones y el procedimiento que se determine reglamentariamente, gastos que repercutir� a dicha Administraci�n educativa. Corresponder� al Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte la comprobaci�n del supuesto de hecho que determina el nacimiento de la obligaci�n financiera, a trav�s de un procedimiento iniciado a instancia del interesado, instruido por la Alta Inspecci�n de Educaci�n y en el que deber� darse audiencia a la Administraci�n educativa afectada.
La obligaci�n financiera del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte tendr� car�cter excepcional y se extinguir� con la adopci�n por la Administraci�n educativa competente de medidas adecuadas para garantizar los derechos ling��sticos individuales del alumnado.
La citada Ley Org�nica 8/2013, de 9 de diciembre, tambi�n a�adi� un nuevo apartado 3 a la disposici�n adicional octava de la Ley Org�nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas, que establece la forma de llevar a cabo la repercusi�n a las Comunidades Aut�nomas correspondientes de los gastos de escolarizaci�n del alumnado en centros privados en los que exista oferta de ense�anza en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, como indica la disposici�n adicional trig�sima octava de la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, para lo que el Estado podr� deducir o retener de los importes satisfechos por todos los recursos de los reg�menes de financiaci�n de las comunidades aut�nomas el importe de los gastos de escolarizaci�n en centros privados asumidos por el Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte por cuenta de las comunidades aut�nomas.
La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el uso de las lenguas oficiales en la ense�anza se recoge en diversas sentencias, entre las que destacan las siguientes: STC 6/1982, STC 87/1983, STC 88/1983, STC 82/1986, STC 137/1986, STC 195/1989, STC 337/1994, STC 134/1997, STC 31/2010 y STC 137/2010. De estos pronunciamientos pueden deducirse los siguientes principios esenciales, cuyo respeto resulta ineludible para garantizar la constitucionalidad de las actuaciones de los poderes p�blicos en esta materia.
En primer lugar, los poderes p�blicos tienen el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano como de las lenguas cooficiales. El cumplimiento de este deber no puede excusarse por el generalizado conocimiento de una lengua por la poblaci�n sino que demanda la presencia efectiva de las lenguas castellana y cooficiales en la ense�anza, ya que el deber constitucional de conocer el castellano reconocido en el art�culo 3.1 de la Constituci�n presupone la satisfacci�n del derecho de los ciudadanos a conocerlo a trav�s de las ense�anzas recibidas en la ense�anza b�sica. Del reconocimiento de la cooficialidad del castellano y de la lengua cooficial de una comunidad se deriva el mandato para los poderes p�blicos, estatal y auton�micos, de incluir ambas lenguas cooficiales como materia de ense�anza obligatoria en los planes de estudio, a fin de asegurar el derecho constitucional y estatutario a su utilizaci�n.
En todo caso, corresponde a las Administraciones educativas organizar la ense�anza que ha de recibirse en una y otra lengua en relaci�n con las distintas �reas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos. El papel del Estado consiste en velar por el respeto de los derechos ling��sticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir ense�anza en la lengua oficial del Estado.
Por otro lado, la lengua vehicular en la ense�anza, que es aquella empleada como medio de comunicaci�n en la docencia en las comunidades aut�nomas con lengua cooficial, puede ser el castellano, la lengua cooficial o, incluso, una lengua extranjera. La lengua cooficial puede tener la condici�n de vehicular y as� lo ha reconocido de forma reiterada el Tribunal Constitucional, pero tambi�n ha reconocido de forma reiterada que la exclusi�n del castellano como lengua vehicular resulta inconstitucional, de suerte que la �nica interpretaci�n admisible es la que conduce a la existencia del derecho a la ense�anza en castellano.
Ampar�ndose en esta doctrina constitucional, el Tribunal Supremo ha desarrollado una l�nea jurisprudencial que, en s�ntesis, reconoce el derecho de los recurrentes a que el castellano se utilice tambi�n como lengua vehicular en la ense�anza de sus hijos, y obliga a la Administraci�n educativa a adoptar las medidas necesarias para ello. Por un lado, la sentencia de 9 de diciembre de 2010 constat� que se exclu�a al castellano como lengua vehicular, pero que era obvio que no ten�a esa condici�n por el hecho de que determinadas materias se impartieran en castellano (como la lengua y literatura castellana), hecho que reduc�a al castellano a lengua de estudio, pero no permit�a considerarla como lengua vehicular o docente.
En relaci�n con la atenci�n individualizada, el Tribunal Supremo ha se�alado en las sentencias de 13 de diciembre de 2010 y de 12 de junio de 2012 que el sistema de atenci�n individualizada en lengua castellana es algo bien distinto del derecho a recibir esa educaci�n en su lengua habitual, y que no es bastante para cumplir esa obligaci�n constitucional indicar que se respetar�n los derechos ling��sticos individuales del alumno o alumna, de acuerdo con la legislaci�n vigente, puesto que lo que dimana de la doctrina constitucional es un derecho a recibir la ense�anza en su lengua habitual ya sea esta la lengua cooficial o el castellano, salvo decisi�n en sentido contrario de los padres, que es algo bien distinto de la atenci�n individualizada en castellano que conduce a una situaci�n de discriminaci�n pr�cticamente id�ntica a la separaci�n en grupos clase por raz�n de la lengua habitual, y que desnaturalizar�a ese derecho al condicionarlo a la obligaci�n de solicitarlo, incurriendo de ese modo la norma en inconstitucionalidad.
La disposici�n adicional trig�sima octava de la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, da estricto cumplimiento a la doctrina constitucional al garantizar la cooficialidad del castellano y las lenguas cooficiales de las comunidades aut�nomas. Para lograr este objetivo, la regulaci�n presenta las siguientes caracter�sticas: por un lado, parte del reconocimiento y respeto a las competencias de las comunidades aut�nomas, pues garantiza la ense�anza de todas las lenguas oficiales como vehiculares y otorga a las Administraciones educativas plena autonom�a para configurar sus modelos ling��sticos; por otro lado, somete el ejercicio del derecho de opci�n a estrictos requisitos y cautelas, con objeto de garantizar su plena adecuaci�n a la doctrina constitucional.
En primer lugar, esta facultad de elecci�n �nicamente se reconoce en aquellas comunidades aut�nomas que no garanticen jur�dicamente el uso del castellano y la lengua cooficial como vehiculares. En la actualidad, la mayor parte de las comunidades aut�nomas con lengua cooficial garantizan el uso vehicular de ambas lenguas cooficiales e incluso de una tercera lengua extranjera, ya sea a trav�s de modelos de separaci�n ling��stica electiva o de biling�ismo o pluriling�ismo. Adem�s, la facultad de opci�n no ampara la pretensi�n de recibir las ense�anzas �nica y exclusivamente en castellano, sino que �nicamente legitima el derecho a la escolarizaci�n en un modelo en el que el castellano sea usado como lengua vehicular en materias no ling��sticas.
La disposici�n adicional pretende garantizar la efectividad de este derecho mediante el establecimiento de un mecanismo subsidiario, que �nicamente puede activarse en caso de que la Administraci�n educativa incumpliese su deber constitucional de garantizar la presencia de ambas lenguas cooficiales como vehiculares en su programaci�n.
El art�culo 84.1 de la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, exige que la regulaci�n que realicen las Administraciones educativas de la admisi�n de alumnos garantice la libertad de elecci�n de centro por padres, madres y tutores legales. De conformidad con esta previsi�n, en las comunidades aut�nomas con lengua cooficial, las Administraciones educativas deber�n contemplar la elecci�n del uso del castellano como lengua vehicular en la ense�anza como un criterio general para la adjudicaci�n de las plazas ofertadas.
El presente real decreto tiene por objeto regular el procedimiento de reconocimiento de la obligaci�n financiera del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte de asunci�n de los gastos efectivos de escolarizaci�n del alumnado en centros privados, cuando las Administraciones educativas competentes no garantizasen oferta docente razonable sostenida con fondos p�blicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, y para la repercusi�n de dichos gastos a las Administraciones educativas competentes.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al art�culo 149.1.1.� y 30.� de la Constituci�n; se except�a de lo anterior el art�culo 7, que se dicta al amparo del art�culo 149.1.14.� de la Constituci�n.
En la tramitaci�n de este real decreto se ha consultado a las comunidades aut�nomas en el seno de la Conferencia de Educaci�n y ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci�n, Cultura y Deporte, previa aprobaci�n del Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 11 de julio de 2014,
Objeto Este real decreto tiene por objeto regular, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la disposici�n adicional trig�sima octava de la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci�n, el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a la compensaci�n de los gastos de escolarizaci�n y el procedimiento de liquidaci�n y pago por el Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte de estos gastos a los representantes legales de los alumnos.
Beneficiarios Los padres, madres y tutores legales del alumnado que curse educaci�n b�sica del Sistema Educativo Espa�ol tendr�n derecho a obtener la compensaci�n de los gastos efectivos de escolarizaci�n en un centro docente privado en el que el castellano sea utilizado como lengua vehicular cuando concurran conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que el alumno o alumna deba escolarizarse en una comunidad aut�noma que tenga lengua cooficial, de acuerdo con los respectivos Estatutos de Autonom�a.
b) Que la comunidad aut�noma haya optado por un sistema en el que las asignaturas no ling��sticas se impartan exclusivamente en lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, y que no provea una oferta de ense�anza sostenida con fondos p�blicos en la que se utilice el castellano como lengua vehicular en una proporci�n razonable con la ense�anza ofertada en la lengua cooficial.
c) Que el alumno o alumna o, en su caso, quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela, hayan solicitado a la Administraci�n educativa la utilizaci�n del castellano como lengua vehicular en la ense�anza y que dicha solicitud no haya sido atendida de acuerdo con lo indicado en la disposici�n adicional trig�sima octava a la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo.
d) Que el alumno o alumna curse educaci�n b�sica en un centro privado no sostenido con fondos p�blicos que imparta ense�anza en castellano como lengua vehicular en una proporci�n razonable con la ense�anza ofertada en la lengua cooficial.
Iniciaci�n del procedimiento 1. El procedimiento regulado en este real decreto se iniciar� mediante solicitud de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela de los alumnos o alumnas o, en caso de que estos fueran mayores de edad o emancipados, de los propios alumnos o alumnas, que re�nan los requisitos previstos en el art�culo 2.
2. El modelo de solicitud se encontrar� disponible en la sede electr�nica del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte, as� como en las oficinas de Atenci�n al Ciudadano de dicho Ministerio y de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en comunidades aut�nomas con lengua cooficial.
3. La solicitud deber� dirigirse a la Direcci�n General competente en materia de cooperaci�n territorial con las Administraciones educativas del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte. Las solicitudes podr�n presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el art�culo 38.4 de la Ley 30/1992 o a trav�s del sistema de tramitaci�n electr�nica que establezca el Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte en su sede electr�nica.
4. La solicitud deber� presentarse acompa�ada de la siguiente documentaci�n:
a) Copia compulsada de la documentaci�n acreditativa de la identidad de los alumnos y sus representantes legales, o bien su consentimiento para que el �rgano instructor pueda comprobar los datos personales incorporados a los documentos de identidad del interesado mediante un Sistema de Verificaci�n de Datos de Identidad, seg�n el art�culo �nico.3 del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportaci�n de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administraci�n General del Estado y de sus organismos p�blicos vinculados o dependientes.
b) Copia de la solicitud de admisi�n presentada a la Administraci�n educativa en la que figure la solicitud de utilizaci�n del castellano como lengua vehicular en la ense�anza, o en su defecto copia de la solicitud expresa de utilizaci�n del castellano como lengua vehicular en la ense�anza.
c) Copia del documento que acredite la matriculaci�n del alumno o alumna en el centro privado docente que cumpla los requisitos recogidos en el art�culo 2.1.d).
Instrucci�n del procedimiento 1. La instrucci�n del procedimiento corresponder� a las �reas Funcionales de la Alta Inspecci�n de Educaci�n en las Delegaciones del Gobierno, que de oficio acordar�n todas las actuaciones necesarias para la tramitaci�n del procedimiento.
2. En todo caso, el �rgano instructor solicitar� a la Administraci�n educativa competente informaci�n sobre la oferta educativa en castellano en la zona de escolarizaci�n considerada, que comprender�, en todo caso:
a) La expresi�n del n�mero total de alumnos y alumnas escolarizados, desglosados en funci�n de si en la ense�anza que reciben se emplea total o parcialmente el castellano o solo la lengua cooficial.
b) Justificaci�n, en su caso, de las diferencias en la proporci�n de ense�anza en castellano y en la lengua cooficial.
3. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resoluci�n, se pondr� de manifiesto a la Administraci�n educativa competente para que, en un plazo no inferior a diez d�as ni superior a quince, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
4. El �rgano instructor elaborar� una propuesta de resoluci�n tomando en consideraci�n, en cada caso, al menos los siguientes criterios:
a) La estructura territorial de las zonas de escolarizaci�n.
b) La existencia o inexistencia en el municipio del domicilio o del lugar de trabajo de los interesados o en la zona de escolarizaci�n correspondiente de oferta de ense�anza en castellano sostenida con fondos p�blicos, y el porcentaje del horario que supone la impartici�n de materias no ling��sticas en castellano.
c) Las medidas adoptadas, en su caso, por la Administraci�n educativa en contestaci�n a la solicitud prevista en el art�culo 3.4.b).
d) La proximidad del centro privado que cumpla los requisitos recogidos en el art�culo 2.1.d), en el que el alumno se matricule, al lugar del domicilio o de trabajo de los interesados.
5. El instructor elevar� la propuesta de resoluci�n al �rgano competente para resolver.
Resoluci�n y sus efectos 1. Corresponde a la Direcci�n General competente en materia de cooperaci�n territorial con las Administraciones Educativas resolver sobre el reconocimiento del derecho a obtener la compensaci�n de los gastos de escolarizaci�n, as� como sobre su revocaci�n.
El plazo m�ximo para dictar y notificar la resoluci�n ser� de seis meses. El vencimiento del plazo m�ximo sin haberse notificado resoluci�n expresa determinar� su desestimaci�n por silencio administrativo.
La resoluci�n no pondr� fin a la v�a administrativa y podr� ser objeto de recurso de alzada ante la Secretar�a de Estado de Educaci�n, Formaci�n Profesional y Universidades en los t�rminos previstos en el art�culo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Contra la resoluci�n dictada en alzada podr� interponerse recurso jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. Los gastos efectivos de escolarizaci�n que deber�n ser objeto de compensaci�n comprender�n todos aquellos costes que se consideren necesarios en cada caso para la eficaz prestaci�n del servicio educativo y, en particular, los gastos de matriculaci�n, escolarizaci�n, y en su caso los derivados de la prestaci�n de los servicios complementarios de transporte, comedor e internado de acuerdo con lo indicado por el art�culo 82.2 de la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, as� como todos aquellos gastos cuya falta de realizaci�n impida continuar las ense�anzas.
La cuant�a m�xima de los gastos efectivos de escolarizaci�n susceptibles de compensaci�n seg�n lo indicado en el p�rrafo anterior vendr� determinada por el gasto p�blico por alumno p�blico en ense�anza no universitaria en la correspondiente Administraci�n educativa consignado en la estad�stica oficial del gasto p�blico en educaci�n del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte, salvo que en atenci�n a causa justificada por el interesado y debidamente apreciada por el instructor en el tr�mite previsto en el art�culo 6.2, dicho l�mite deba superarse a fin de hacer efectivo el derecho reconocido en la disposici�n adicional trig�sima octava.4 de la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, en las condiciones indicadas en dicha ley org�nica y dem�s normativa aplicable.
3. El derecho a obtener la compensaci�n de los gastos efectivos de escolarizaci�n tendr� efectos desde el inicio del curso en que se reconozca hasta la terminaci�n de la educaci�n obligatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 7.
Liquidaci�n y pago de la compensaci�n 1. En el plazo de un mes a partir de la notificaci�n de la resoluci�n de reconocimiento del derecho a la compensaci�n, el representante legal del beneficiario deber� aportar la documentaci�n justificativa de los gastos previstos en el art�culo 5.2.
2. El �rgano instructor, dentro de los conceptos y l�mites establecidos en el art�culo anterior, formular� la liquidaci�n de los gastos susceptibles de compensaci�n, que comprender� los gastos relativos al curso escolar completo a que se refiera la solicitud, y la notificar� al interesado.
3. El pago de la compensaci�n se realizar� por mensualidades.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el art�culo 7, la liquidaci�n y pago de la compensaci�n correspondiente a los cursos siguientes se practicar� al inicio de cada curso escolar.
Revocaci�n del reconocimiento del derecho a obtener la compensaci�n 1. La Direcci�n general competente en materia de cooperaci�n territorial con las Administraciones Educativas revocar� mediante resoluci�n motivada el reconocimiento del derecho a obtener la compensaci�n de los gastos efectivos de escolarizaci�n en los siguientes supuestos:
a) Cuando conste que la Administraci�n educativa garantice que el alumno o alumna recibir� ense�anza en castellano, dentro del marco de su programaci�n educativa. Salvo supuestos excepcionales debidamente justificados, no se considerar� que se cumple esta circunstancia cuando la Administraci�n educativa haya tomado medidas que supongan la atenci�n individualizada en castellano o la separaci�n en grupos dentro de cada clase o l�nea por raz�n de la lengua habitual.
c) Cuando se dejen de cumplir, con posterioridad a la resoluci�n de reconocimiento, los requisitos establecidos en la disposici�n adicional trig�sima octava de la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, y en este real decreto para obtener dicho reconocimiento.
2. La autoridad competente para resolver acordar� de oficio el inicio del procedimiento de revocaci�n. Con anterioridad al acuerdo de iniciaci�n, podr� abrir un per�odo de informaci�n previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Una vez iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolver podr� adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas, en particular la suspensi�n del pago de la compensaci�n, tendentes a asegurar la eficacia de la resoluci�n que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.
La autoridad competente deber� resolver la revocaci�n del reconocimiento del derecho a obtener la compensaci�n o su permanencia, y notificar su resoluci�n al interesado en el plazo de 6 meses tras el acuerdo de iniciaci�n; transcurrido este plazo sin haber sido notificada la resoluci�n expresa se producir� la caducidad del procedimiento. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado se interrumpir� el c�mputo del plazo para resolver y notificar la resoluci�n.
Los �rganos competentes para la instrucci�n del procedimiento de revocaci�n del reconocimiento, as� como el resto de normas procedimentales aplicables, ser�n los correspondientes del procedimiento de reconocimiento de la obligaci�n financiera del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte.
3. Cuando la revocaci�n se fundamente en los p�rrafos a) o c) del apartado 1, la resoluci�n producir� efectos a partir del curso escolar siguiente al que sea notificada.
Cuando la revocaci�n se fundamente en el p�rrafo b) del apartado 1, la resoluci�n producir� efectos a partir del momento de su notificaci�n. En estos supuestos, los beneficiarios de la compensaci�n deber�n reintegrar las cantidades abonadas por el Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte en concepto de compensaci�n por los gastos de escolarizaci�n.
Repercusi�n de los gastos efectivos de escolarizaci�n 1. El Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte remitir� al Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas con periodicidad trimestral, en su caso, los correspondientes acuerdos de retenci�n por los gastos abonados por padres, madres y tutores legales a los centros docentes privados en ejecuci�n de este real decreto.
2. El Estado podr� deducir o retener, de los importes satisfechos por todos los recursos de los reg�menes de financiaci�n de las comunidades aut�nomas, el importe de los gastos de escolarizaci�n en centros privados asumidos por el Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte por cuenta de las comunidades aut�nomas.
Datos de car�cter personal En lo referente a la obtenci�n de los datos de car�cter personal del alumnado, a la cesi�n de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos, se estar� a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protecci�n de datos de car�cter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposici�n adicional vig�sima tercera de la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo.
T�tulo competencial Este real decreto se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al art�culo 149.1.1.� y 30.� de la Constituci�n; se except�a de lo anterior el art�culo 8, que se dicta al amparo del art�culo 149.1.14.� de la Constituci�n.
Desarrollo y ejecuci�n 1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte dictar, en el �mbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecuci�n de lo dispuesto en este real decreto.
2. Con anterioridad al inicio de cada curso escolar, previo informe vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas, la persona titular del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte podr� modificar el indicador tomado como referencia para determinar la cuant�a m�xima de los gastos de escolarizaci�n susceptibles de compensaci�n previsto en el art�culo 5.2, con objeto de adecuarlo a los costes efectivos de escolarizaci�n ofertados en el mercado.
Normativa supletoria En todo lo no regulado expresamente en este real decreto ser� de aplicaci�n supletoria lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.
Entrada en vigor Este real decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�, y ser� de aplicaci�n a la escolarizaci�n de alumnos a partir del curso escolar 2014-2015.

References: Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto