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Timestamp: 2018-03-19 07:06:17+00:00

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Salud y medios de comunicación (II). El caso ébola y la protección de datos. | LOPD y Seguridad
Del mismo modo que el ejercicio del derecho a la información, o de la libertad de expresión, ha afectado a los derechos a la intimidad, el honor o la propia imagen, ahora repercute sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales. En el antiguo escenario la persona afectada contaba con dos instrumentos. El primero de ellos de carácter reactivo consistía en el ejercicio de las acciones previstas por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El segundo, para el caso de que únicamente se quisiera corregir una información errónea, lo proporcionaba la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. En un mundo digital, aunque ambas herramientas todavía vigentes pueden utilizarse, su eficacia práctica se ve desdibujada ante un escenario sin fronteras en el que la información se publica, se reutiliza, se difunde e hiperenlaza vía “Menéame”, Twitter o Facebook, -entre otros posibles agregadores sociales-, y se indexa por los buscadores.
Por otra parte, el conflicto que se da entre los derechos del artículo 20 CE y el derecho fundamental a la protección de datos personales no sólo se sustancia en términos de veracidad sino también de licitud y proporcionalidad en el tratamiento. Esta materia se ha caracterizado por un cierto nivel de inseguridad debido a la falta de regulación específica. Ello se debe a que la Directiva 95/46/CE deja en manos de los estados la regulación de esta materia. En este sentido, el Considerando 37 establece:
«Considerando que para el tratamiento de datos personales con fines periodísticos o de expresión artística o literaria, en particular en el sector audiovisual, deben preverse excepciones o restricciones de determinadas disposiciones de la presente Directiva siempre que resulten necesarias para conciliar los derechos fundamentales de la persona con la libertad de expresión y, en particular, la libertad de recibir o comunicar informaciones, tal y como se garantiza en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Datos Humanos y de las Libertades Fundamentales».
Y así el artículo 9 de dicha Directiva dispone que «en lo referente al tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos o de expresión artística o literaria, los Estados miembros establecerán, respecto de las disposiciones del presente Capítulo, del Capítulo IV y del Capítulo VI, excepciones sólo en la medida en que resulten necesarias para conciliar el derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de expresión». En el desarrollo de la norma por la LOPD nada se ha previsto. Por tanto, una lectura literal del precepto induciría a considerar la plena aplicación de la norma al ejercicio del derecho a la información. Sin embargo, no ha sido este el resultado práctico.
Cuando se ha enfrentado a conflictos de esta naturaleza la Agencia Española de Protección de Datos aborda el conflicto de derechos concediendo en la mayoría de los casos un carácter prevalente a los derechos del artículo 20 CE. Para ello se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional así como en sentencias de otros tribunales que la aplican. En este sentido resulta significativa la resolución sobre tutela de derechos dictada en el procedimiento TD/01038/2010 respecto del ejercicio de un derecho de cancelación frente a ABC PERIÓDICO ELECTRÓNICO S.L.U. y contra GOOGLE SPAIN, S.L.
En primer lugar, la AEPD describe el conocido criterio del Tribunal Constitucional que atribuye a la libertad de expresión y al derecho a la información un carácter prevalente, siempre y cuando los hechos comunicados se consideren de relevancia pública (SSTC 105/1983 y 107/1988) y atendiendo a la veracidad de la información facilitada (SSTC 6/1988, 105/1990 y 240/1992). Afirma el carácter de garantía institucional para la formación de la opinión pública (STC 171/1990), y finalmente destaca con cita de la STC 225/2002, de 9 de diciembre, el mencionado Tribunal el papel relevante que corresponde a los profesionales ya que, en palabras del Tribunal Constitucional
«la protección constitucional del derecho “alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa entendida en su más amplia acepción” (STC 165/1987, reiterada en SSTC 105/1990 y 176/1995, entre otras). Afirmación con la que en modo alguno se quiso decir que los profesionales de la información tuvieran un derecho fundamental reforzado respecto a los demás ciudadanos; sino sólo que, al hallarse sometidos a mayores riesgos en el ejercicio de sus libertades de expresión e información, precisaban -y gozaban de- una protección específica. Protección que enlaza directamente con el reconocimiento a aquellos profesionales del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional para asegurar el modo de ejercicio de su fundamental libertad de información (STC 6/1981)»
El resultado práctico, final no es otro que otorgar casi automáticamente un valor preferente a lo publicado en un medio de comunicación en sentido tradicional:
«Consecuentemente, la publicación de una noticia en prensa se encuentra amparada por el artículo 20 de la Constitución Española, que consagra las libertades de opinión e información bajo la denominación genérica de “libertad de expresión”.
El derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión prevalece frente a los derechos constitucionales, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que reconoce esta posición preferente a la libertad de expresión y cuando los hechos comunicados se consideren de relevancia pública y la información facilitada sea veraz».
Conclusión a la que se acompañan ciertas recomendaciones respecto de la proporcionalidad en la información, y el mantenimiento de los datos en internet.
«No obstante, los medios de comunicación deberían valorar la necesidad de que su actuación se dirija a conciliar, en mayor medida, el derecho a la libertad de información con la aplicación de los principios de protección de datos personales. En primer lugar debiera ponderarse escrupulosamente la relevancia pública de la identidad de las personas afectadas por el hecho noticiable para, en el caso de que no aporte información adicional, evitar la identificación mediante la supresión del nombre e incluso, si fuera necesario, de las iniciales a cualquier referencia suplementaria de la que pueda deducirse la identificación, en el caso de que el entorno sea limitado.
Junto a ello, no cabe duda de que el desarrollo de internet y la implantación generalizada de los motores de búsqueda suponen una actualización y divulgación exponencial y permanente de la información en prensa, así como de los datos personales incluidos en la misma como la identidad de las personas. Deberían por ellos, los medios de comunicación, reflexionar sobre la trascendencia que tiene mantener de manera permanente una absoluta accesibilidad de los datos contenidos en noticias cuya relevancia informativa, probablemente, es inexistente en la actualidad. Y tener en cuenta la trascendencia sobre la privacidad de las personas que puede derivar de ello».
Resulta particularmente relevante a este respecto la sentencia del Tribunal Supremo dictada por la Sección Séptima, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que confirma el criterio de la sentencia de 7 de diciembre de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 6348/2008. El caso que se dirimía partía del trucaje de imágenes de una persona conocida por un programa de televisión. La Audiencia consideró que la divulgación de las fotografías manipuladas de los actores, haciendo aparecer falsamente desnuda a una de ellas en lugares públicos, a través de televisión y de Internet «no está amparada por la libertad de expresión reconocida en el art. 20 de la Constitución Española ni tiene encaje en ninguna de las excepciones recogidas en el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1982». Adicionalmente, se le recuerda a la Agencia Española de Protección de Datos que tiene el deber jurídico de actuar en los términos previstos en la LOPD en presencia de posibles infracciones tipificadas y la obligación de abrir el procedimiento sancionador que corresponda.
Como anteriormente se señaló con cita, entre otras de la STC 225/2002 si bien los derechos del artículo 20 CE se ejercen cualificadamente por los profesionales, en la práctica es un derecho del que todos somos titulares. De ahí que la Agencia Española de Protección de Datos haya subrayado que «los comentarios introducidos en los blogs de Internet por los particulares constituyen una manifestación de la libertad de expresión proclamada en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978». Considerando con cita de la STC 12/1982, que los blogs se integrarían la manifestación del derecho a la información como derecho de crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible (tutelas de derechos núms. TD/00145/2008, TD/00212/2008, TD/00536/2010 y TD/01559/2010).
A partir de esta constatación el procedimiento de ponderación es aparentemente idéntico al que la AEPD realiza con los medios de comunicación tradicionales y supone una toma de posición muy contundente de la Autoridad:
En estos casos, la Agencia ya no se limita a establecer meras recomendaciones, entra al fondo del asunto y en caso de que no se dé la relación de prevalencia, por ejemplo carencia de relevancia pública, aplica la LOPD y estima el derecho de cancelación a partir del criterio fijado en el párrafo que se acaba de citar.
En lo que al caso ébla interesa se fijan dos principios muy relevantes:
En la idéntica dirección apuntan las recientemente publicadas recomendaciones de la autoridad británica (Information Commissioner’s Office-ICO), estudiadas por por Noemí Brito en un artículo titulado Periodismo y privacidad deben confluir, pero ¿con qué bases normativas contamos en España?.
14 octubre, 2014 de En los medios, Inicio, Jurisprudencia. Etiquetas: Agencia Española de Protección de Datos, derecho a la información, derecho a la intimidad, False Light, internet, intimidad, libertad de expresión, LOPD, Protección de datos, ricard martinez, vida privada y familiar
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References: artículo 20
 artículo 10
 artículo 9
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 resolución 
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 20
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