Source: https://beta.e-justice.europa.eu/78/ES/securing_assets_during_a_claim_in_eu_countries?BULGARIA&action=print&init=true
Timestamp: 2019-10-17 00:37:14+00:00

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Salvo excepciones, los juicios se caracterizan por su mayor o menor duración. Las demoras que pueden sufrir, que son consecuencia de las diferentes fases e instancias por las que pasa el juicio, en ocasiones pueden dar lugar a deficiencias en la tutela jurídica pretendida habida cuenta del retraso de la sentencia y del consiguiente retraso en su ejecución. A este respecto, el legislador ha establecido una serie de medidas para garantizar la eficacia de la tutela jurídica pretendida.
Las disposiciones de los artículos 389 a 404 del Código de Procedimiento Civil rigen las cuestiones relacionadas con el aseguramiento de la pretensión, esto es, las conocidas como medidas provisionales.
De conformidad con el artículo 391 del Código de Procedimiento Civil, el aseguramiento de una pretensión está permitido en los casos en que de no adoptarse tales medidas provisionales sería imposible o muy difícil para el demandante hacer valer los derechos derivados de la sentencia y en aquellos casos en que: a) la demanda se base en pruebas documentales sólidas o b) se deba prestar caución por una cuantía determinada por el órgano jurisdiccional de acuerdo con los artículos 180 y 181 de la Ley de obligaciones y contratos. Se puede exigir una caución aunque no existan pruebas documentales sólidas.
Por lo tanto, el riesgo de incapacidad del demandante para hacer valer los derechos que se deriven de la sentencia a que posiblemente dé lugar la demanda que presente, siempre que esté debidamente fundamentada, es prerrequisito fundamental y condición obligatoria para acordar medidas provisionales.
Antes de acordar una medida provisional, el juez deberá valorar si se cumplen los prerrequisitos siguientes: la necesidad de asegurar la pretensión, una justificación suficiente de la pretensión, y que la medida provisional, propuesta por el demandante, resulte apropiada y adecuada en función de las necesidades del caso concreto y de la protección jurídica explícitamente pretendida.
De conformidad con el artículo 397, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil, se contemplan las medidas provisionales siguientes:
el embargo de bienes muebles y derechos crediticios pecuniarios, incluidas las acciones en una empresa;
otras medidas adecuadas determinadas por el órgano jurisdiccional, como el depósito de vehículos de motor o las moratorias.
Los órganos jurisdiccionales también pueden acordar varias medidas provisionales hasta la cuantía total de la demanda.
Con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 34 del Código de Procedimiento Civil, se pueden adoptar medidas provisionales:
de conformidad con el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, para todo tipo de demandas, en cualquier fase del proceso, y antes de que finalicen las actuaciones judiciales en los procesos de apelación;
de conformidad con el artículo 390 del Código de Procedimiento Civil, para todo tipo de demandas, antes de la presentación de la misma.
Solicitud de medidas provisionales en asuntos ya incoados:
El demandante presenta esta solicitud ante el órgano jurisdiccional competente para resolver el litigio. Para que se acuerden medidas provisionales deben cumplirse los prerrequisitos establecidos en el artículo 391 del Código de Procedimiento Civil: una fundamentación suficiente de la pretensión, la necesidad de asegurar la pretensión (es decir, que exista el riesgo de no poder satisfacer la pretensión del demandante en el caso de que sea estimada) y la adecuación de la medida propuesta. De conformidad con el artículo 391, apartados 2 y 3, del Código de Procedimiento Civil, cuando las pruebas no sean suficientes, el órgano jurisdiccional podrá, discrecionalmente y en los términos que considere oportuno, exigir la prestación de una caución monetaria.
Se pueden adoptar medidas provisionales aunque el proceso esté suspendido.
Solicitud de medidas provisionales en asuntos aún no incoados:
La solicitud se presenta en el lugar donde el demandante tenga su domicilio permanente o en el lugar donde se encuentren los bienes que servirán para asegurar la pretensión. Cuando se solicite una moratoria, la solicitud deberá presentarse ante el órgano jurisdiccional competente en relación con el lugar de la ejecución a que se refiere la moratoria.
Cuando se adoptan medidas provisionales respecto a una futura demanda, el órgano jurisdiccional establece un plazo para la presentación de la demanda, que no podrá ser superior a un mes. Los prerrequisitos materiales que deben cumplirse para la adopción de estas medidas provisionales son los mismos que los relativos a los de las medidas provisionales en asuntos ya incoados.
La solicitud deberá indicar la medida provisional que se pide y el valor de la demanda. Se debe presentar ante el tribunal regional o de distrito correspondiente, dependiendo de la jurisdicción y la competencia del tribunal en virtud del artículo 104 del Código de Procedimiento Civil.
La solicitud puede presentarla la persona interesada o su representante legal o abogado. No hace falta que se presente por duplicado, puesto que no se remite ninguna copia a la parte contraria.
Las medidas provisionales acordadas por el tribunal pueden consistir en:
el embargo de bienes inmuebles, ejecutado por parte de la oficina del Registro;
el embargo de bienes muebles y derechos crediticios pecuniarios del deudor, ejecutado por parte de un agente judicial estatal o privado, pudiendo notificarse también mediante terceras partes, como bancos u otras entidades de crédito, actuando por cuenta de aquel;
medidas provisionales relacionadas con vehículos de motor, ejecutadas por la policía de tráfico;
en el caso de las moratorias, deberá presentarse una copia de la resolución por la que se acuerde la misma al agente judicial que haya incoado el proceso de ejecución;
otras medidas previstas en la ley, que son ejecutadas por el agente judicial estatal o privado correspondiente que la persona elija.
Los prerrequisitos materiales que deben cumplirse para la adopción medidas provisionales (según lo descrito anteriormente) se exponen en el artículo 391 del Código de Procedimiento Civil.
Se pueden adoptar medidas provisionales en relación con reclamación de alimentos aunque no se cumplan los requisitos del artículo 391 del Código de Procedimiento Civil; en estos casos el órgano jurisdiccional puede tomar las medidas provisionales de oficio.
También está permitido el aseguramiento parcial de la pretensión, pero solo en relación con las partes suficientemente probadas.
En general, cualquier bien del deudor puede estar sujeto a medidas provisionales. Cuando se aseguren demandas pecuniarias mediante el embargo de créditos pecuniarios, estos deberán estar vencidos y ser exigibles.
De conformidad con el artículo 393, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil, no está permitido el aseguramiento de un crédito pecuniario con bienes del Estado, las instituciones estatales y las instalaciones sanitarias contempladas en el artículo 5, apartado 1, de la Ley de instalaciones sanitarias.
Pueden ser objeto de medidas provisionales los siguientes tipos de bienes:
vehículos de motor, para su depósito;
medidas de ejecución;
determinados bienes del futuro deudor como se indica en otros casos establecidos de manera explícita en la ley.
Cualquier acto de disposición sobre un bien que realice el deudor puede ser anulado por el acreedor o los acreedores asociados. En cuanto a los bienes inmuebles, únicamente son anulables las disposiciones realizadas tras la inscripción de una ejecución hipotecaria en el registro, de acuerdo con el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil.
El artículo 453 del Código de Procedimiento Civil contempla supuestos de inejecutabilidad, por parte del acreedor o de los acreedores asociados, de los derechos adquiridos tras la inscripción de una ejecución hipotecaria en el registro y tras la recepción de la notificación del embargo.
De acuerdo con el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil, el acreedor garantizado puede ejercitar una acción contra una tercera parte responsable por la cuantía o los bienes que dicha parte se niega a entregar de manera voluntaria.
Los gastos relacionados con las medidas provisionales corren de cargo de la persona a petición de la cual se hayan acordado, tal como establece el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil, que regula las medidas provisionales.
En los procesos ya incoados, se pueden adoptar medidas provisionales en cualquier momento del mismo siempre que se ejecuten antes de que se ponga fin al asunto mediante sentencia.
Cuando se acuerdan medidas provisionales respecto a una futura demanda, el órgano jurisdiccional establece un plazo para la presentación de la demanda, que no puede ser superior a un mes. Si no se demuestra que se ha presentado la demanda dentro del plazo establecido, el órgano jurisdiccional cancela las medidas provisionales de oficio, conforme al artículo 390, apartado 3, del Código de Procedimiento Civil.
En el caso de que se presente la demanda con respecto a la cual se han acordado medidas provisionales, que es lo habitual, las medidas provisionales siguen en vigor y tienen efecto hasta que finalice el asunto.
El artículo 402 del Código de Procedimiento Civil rige el proceso de cancelación de las medidas provisionales ya acordadas. Establece que la parte interesada debe presentar una solicitud, una copia de la cual debe entregarse a la persona que haya solicitado la medida en cuestión. Esta última puede formular oposición en un plazo de tres días. El órgano jurisdiccional, reunido a puerta cerrada, cancela las medidas provisionales cuando está totalmente convencido de que la razón por la que se acordaron dichas medidas ya no existe o de que el demandado ha presentado una caución, dentro del plazo prescrito, mediante el depósito de la cuantía total que el demandante haya solicitado (artículo 398, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil). La resolución de cancelación de las medidas provisionales está sujeta a apelación mediante recurso que ha de presentarse en el plazo de una semana.
La sustitución de las medidas provisionales acordadas, tal como se establece en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, puede concederse en los dos supuestos siguientes:
con arreglo al apartado 1: el órgano jurisdiccional, a petición de una de las partes, tras notificar a la otra parte y tomando en consideración las objeciones que haya presentado en el plazo de tres días después de la notificación, puede acordar la sustitución de un tipo de medida provisional por otra;
con arreglo al apartado 2: cuando se trate de una pretensión cuantificable en términos monetarios, en todo momento el demandado puede sustituir la medida autorizada, sin el consentimiento de la otra parte, por una caución dineraria o de otro tipo, tal como se establece en los artículos 180 y 181 de la Ley de obligaciones y contratos
En los casos establecidos en el artículo 398, apartados 1 y 2, del Código de Procedimiento Civil, se revoca el embargo o la intervención.
La ley no impide al demandado interponer una demanda contra el demandante para la compensación de los daños que las medidas provisionales le hayan causado, si se desestima la demanda sujeta a medidas provisionales o si no se presenta la demanda dentro del plazo fijado, así como si se finaliza el asunto (artículo 403 del Código de Procedimiento Civil).
De conformidad con el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, la resolución que por la que se acuerdan medidas provisionales puede recurrirse en el plazo de una semana. Para el demandante, este plazo de una semana empieza cuando se le da traslado de la resolución, mientras que para el demandado (la persona contra la cual se han dictado medidas provisionales) el plazo empieza el día en que el agente judicial, la oficina del Registro o el órgano jurisdiccional le notifica las medidas provisionales impuestas. Se debe entregar una copia del recurso a la parte contraria, que debe contestar en el plazo de una semana.
En el caso de que se recurra una resolución de denegación de medidas provisionales, no se entrega ninguna copia del recurso del demandante al demandado.
Si el tribunal de apelación confirma la resolución por la que se aprueban o deniegan medidas provisionales, dicha resolución no se puede recurrir en casación. Si el tribunal de apelación acuerda medidas provisionales que habían sido denegadas por el órgano jurisdiccional en primera instancia, la resolución del primero puede recurrirse ante el Tribunal Supremo de Casación si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil.
De conformidad con el Código de Procedimiento Civil actualmente en vigor, tanto las medidas provisionales que se dicten, como el importe de la garantía fijado por el órgano jurisdiccional como condición para dictar las medidas provisionales, son recurribles. Sin embargo, el recurso ante el tribunal de apelación no suspende las medidas provisionales hasta que el este emite una resolución y dictamina su cancelación.

References: artículo 391
 artículo 397
 artículo 389
 artículo 390
 artículo 391
 artículo 391
 artículo 104
 resolución 
 artículo 391
 artículo 391
 artículo 393
 artículo 5
 artículo 452
 artículo 453
 artículo 401
 artículo 514
 artículo 401
 artículo 390
 artículo 402
 resolución 
 artículo 398
 artículo 398
 artículo 396
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 280
 resolución