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cuáles son las diferencias entre autoridad administrativa y civil
Editor diciembre 24, 2017 diciembre 24, 2017 PUBLICACIÓN DE INTERÉS GENERAL
El Consejo de Estado, al conocer un recurso de apelación contra una sentencia que declaró la pérdida de investidura de un diputado del departamento de la Guajira, elegido para el período constitucional 2001-2003, recordó las diferencias entre autoridad civil y administrativa, para efectos de determinar la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política y el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000.
Vea: Ley 962 sw 2005 l_962_05
CN Artículo 179 CN Articulo 179
Ley 617 de 2000 Ley_617_de_2000_Jurisprudencia y doctrina
En efecto, el alto tribunal precisó lo siguiente:
(i) Autoridad civil: Se expresa, por un lado, por medio de la toma de decisiones o su injerencia efectiva en ellas, o, por el otro, por la ejecución de las mismas. Las primeras deben denotar la idea de mando, poder, dirección, coordinación y control que se tiene sobre los ciudadanos, los bienes que posee o administra el Estado o sobre los sectores sociales y económicos. No obstante, aclaró que no se trata de cualquier clase de decisión, sino de aquellas que determinan originariamente el modo de obrar mismo del Estado.
La segunda supone la realización práctica de las tareas que desarrolla la entidad y su puesta en ejecución demuestra el control que se tiene sobre la administración, los funcionarios y los ciudadanos destinatarios de las políticas que se trazan desde un vértice de la administración pública. (Lea: Causales de pérdida de investidura no se pueden adicionar en audiencia pública)
(ii) Autoridad administrativa: Está definida en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, a través de la conceptualización de la dirección administrativa, de manera similar a la autoridad civil, con la diferencia de que no solo la tienen quienes ejercen el gobierno, sino que también está en cabeza de los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas especiales, en tanto superiores de los correspondientes servicios municipales, así como en cabeza de los empleados oficiales que tengan competencia para ejecutar cualquiera de las funciones administrativas allí mencionadas (contratación, ordenación del gasto, decisión de situaciones administrativas laborales e investigación de faltas disciplinarias).
Con todo, si se detallan los alcances de la autoridad administrativa frente a los de la autoridad civil, se podrá inferir que las competencias de la primera están inmersas en las competencias de la última, que además puede proyectarse externamente hacia los particulares, de modo que pueda recurrirse a la compulsión o a la coacción con el concurso de la fuerza pública.
Igualmente, señaló que se ha advertido que la determinación en cada caso concreto de si un servidor público ejerce, o no, autoridad civil, debe partir del análisis del contenido funcional que tenga su cargo y así se podrá establecer el tipo de poderes que ejerce y las sujeciones a las cuales quedan sometidos los particulares. (Lea: Causal de pérdida de investidura no se configura con sentencia por responsabilidad penal para adolescentes)
Si dichas potestades revisten una naturaleza tal que su ejercicio permita tener influencia en el electorado, las mismas configuran la autoridad civil que reclama la Constitución para la estructuración de la causal de inhabilidad de que se trata.
En consecuencia, lo que pretende la institución constitucional es impedir que la influencia sobre el electorado proveniente del poder del Estado se pueda utilizar en provecho propio o en beneficio de parientes o allegados (C. P. Hernando Sánchez).
Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 44001233300220160009601, 06/08/2017
CAPÍTULO I. Disposiciones comunes a toda la administración pública – arts. 1 a 25
CAPÍTULO II. Racionalización de trámites para el ejercicio de actividades por los particulares – arts. 26 a 28
CAPÍTULO III. De las regulaciones, trámites y procedimientos de las entidades territoriales – arts. 29 y 30
CAPÍTULO IV. De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector del Interior y de Justicia – arts. 31 a 37
CAPÍTULO V. De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de relaciones exteriores – arts. 38 a 42
CAPÍTULO VI. De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de Hacienda y Crédito Público – arts. 43 a 49
CAPÍTULO VII. De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de Protección Social – arts. 50 a 58
CAPÍTULO VIII. De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de Comercio, – arts. 59 y 60
CAPÍTULO IX. De las regulaciones procedimientos y trámites – arts. 61 a 64
CAPÍTULO X. De las regulaciones procedimientos y trámites del sector de Transporte – arts. 65 a 68
CAPÍTULO XI. Trámites y procedimientos relacionados con el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – arts. 69 a 71
CAPÍTULO XII. Regulaciones, procedimientos y trámites del sector Cultura – arts. 72 a 74
CAPÍTULO XIII. De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector Minas, y Energía – arts. 75 y 76
CAPÍTULO XIV. Trámites y procedimientos relacionados con la Registraduría Nacional del Estado Civil – art. 77
CAPÍTULO XV. Regulaciones, procedimientos y trámites del sector comunicaciones – art. 78
CAPÍTULO XVI. De los Trámites ante el Sector Relacionado con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – art. 78.a
DISPOSICIONES FINALES. – arts. 79 a 86
Norma citada en: 678 sentencias, 89 artículos doctrinales, 563 disposiciones normativas, 2 formularios, 2 noticias
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos(Ley 962 de 2005)
TÍTULO INormas generalesArtículos 1 a 78.c
CAPÍTULO IDisposiciones comunes a toda la administración públicaArtículos 1 a 25
Objeto y principios rectores. La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84 , 209 y 333 de la Carta Política. En tal virtud, serán de obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias injustificadas a los administrados:
Reserva legal de permisos, licencias o requisitos. Para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren autorizados expresamente por esta. En tales casos las autoridades públicas no podrán exigir certificaciones, conceptos o constancias.Las autoridades públicas no podrán establecer trámites, requisitos o permisos para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, salvo que se encuentren expresamente autorizados por la ley; ni tampoco podrán solicitar la presentación de documentos de competencia de otras autoridades.
Procedimiento para establecer los trámites autorizados por la ley. Las entidades públicas y los particulares que ejercen una función administrativa expresamente autorizadas por la ley para establecer un trámite, deberán previamente someterlo a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública adjuntando la manifestación del impacto regulatorio, con la cual se acreditará su justificación, eficacia, eficiencia y los costos de implementación para los obligados a cumplirlo; así mismo deberá acreditar la existencia de recursos presupuestales y administrativos necesarios para su aplicación. En caso de encontrarlo razonable y adecuado con la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, el Departamento Administrativo de la Función Pública autorizará su adopción e implementación.Para el cumplimiento de esta función el Departamento Administrativo de la Función Pública contará con el apoyo de los Comités Sectoriales e Intersectoriales creados para tal efecto. Asimismo, podrá establecer mecanismos de participación ciudadana a fin de que los interesados manifiesten sus observaciones.El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública rendirá, al inicio de cada período de sesiones ordinarias, informe a las Comisiones Primeras de cada Cámara sobre la expedición de los nuevos trámites que se hayan adoptado.Parágrafo 1. El procedimiento previsto en el presente artículo no se aplicará cuando se trate de adoptar trámites autorizados por los decretos expedidos durante los estados de excepción, con motivo de la declaratoria de un estado de catástrofe o emergencia natural o cuando se requiera la adopción inmediata de medidas sanitarias para preservar la sanidad humana o agropecuaria.Parágrafo 2. Las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales o Municipales únicamente podrán adoptar, mediante ordenanza o acuerdo, las medidas que se requieran para la implementación o aplicación de los trámites creados o autorizados por la Ley.
Numeral 2 modificado por el Decreto 19 de 2012
Información y publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Unico de Información de Trámites, SUIT, cuyo funcionamiento coordinará el Departamento Administrativo de la Función Pública; entidad que verificará para efectos de la inscripción que cuente con el respectivo soporte legal.Toda entidad y organismo de la Administración Pública tiene la obligación de informar sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para su suministro pueda exigirle la presencia física al administrado. Igualmente deberá informar la norma legal que lo sustenta, así como la fecha de su publicación oficial y su inscripción en el Sistema Unico de Información de Trámites, SUIT.
Fortalecimiento tecnológico. Con el fin de articular la actuación de la Administración Pública y de disminuir los tiempos y costos de realización de los trámites por parte de los administrados, se incentivará el uso de medios tecnológicos inte grados, para lo cual el Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, orientará el apoyo técnico requerido por las entidades y organismos de la Administración Pública.
Artículo citado en: 37 sentencias, 33 disposiciones normativas
Ambito de aplicación. Esta ley se aplicará a los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza, y de los particulares que desempeñen función administrativa. Se exceptúan el procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la Procuraduría y Contraloría respectivamente.
Artículo citado en: 13 sentencias, 7 disposiciones normativas
Las personas, en sus relaciones con la administración pública, tienen los siguientes derechos los cuales ejercitarán directamente y sin apoderado:
Divulgación y gratuidad de formularios oficiales para la presentación de declaraciones y realización de pagos. Cuando sea del caso, los destinatarios a quienes se les aplica el presente Decreto Ley, deberán habilitar los mecanismos necesarios para poner a disposición gratuita y oportuna de los interesados el formato definido oficialmente para el respectivo período en que deba cumplirse el deber u obligación legal, utilizando para el efecto formas impresas, magnéticas o electrónicas.
Artículo modificado por el Decreto 19 de 2012
Artículo citado en: 11 sentencias, 5 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas
Notificación. Cualquier persona natural o jurídica que requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en cualquier persona el acto de notificación, mediante poder, el cual no requerirá presentación personal, el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación y toda manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada. Las demás actuaciones deberán efectuarse en la forma en que se encuentre regulado el derecho de postulación en el correspondiente trámite administrativo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la notificación del reconocimiento de un derecho con cargo a recursos públicos, de naturaleza pública o de seguridad social.
Artículo citado en: 9 sentencias, 16 disposiciones normativas
Medios tecnológicos. Para atender los trámites y procedimientos de su competencia, los organismos y entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función administrativa. Para el efecto, podrán implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan algunas entidades especializadas.
Artículo citado en: 6 sentencias, 43 disposiciones normativas
Publicidad electrónica de normas y actos generales emitidos por la administración pública. La Administración Pública deberá poner a disposición del público, a través de medios electrónicos, las leyes, decretos y actos administrativos de carácter general o documentos de interés público relativos a cada uno de ellos, dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación, sin perjuicio de la obligación legal de publicarlos en el Diario Oficial.
Artículo citado en: 19 sentencias, 39 disposiciones normativas
Entrega de información. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los organismos y entidades de la Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo, la siguiente información, debidamente actualizada:
Artículo derogado por la Ley 1437 de 2011
Artículo citado en: 42 sentencias, un artículo doctrinal, 13 disposiciones normativas
Utilización del correo para el envío de información. Modifíquese el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:
“Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de la Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos, propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo electrónico.
Artículo citado en: 16 sentencias, 18 disposiciones normativas
Prohibición de exigencia de requisitos previamente acreditados. Modifíquese el artículo 14 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:
“Artículo 14. En relación con las actuaciones que deban efectuarse ante la Administración Pública, prohíbese la exigencia de todo comprobante o documento que acredite el cumplimiento de una actuación administrativa agotada, cuando una en curso suponga que la anterior fue regularmente concluida”.
Prohibición de exigencia de comprobación de, pagos anteriores. Modifíquese el artículo 34 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:
“Artículo 34. Prohibición de exigencia de comprobación de pagos anteriores. En relación con los pagos que deben efectuarse ante la Administración Pública, queda prohibida la exigencia de comprobantes de pago hechos con anterioridad, como condición para aceptar un nuevo pago, salvo que este último implique la compensación de deudas con saldos a favor o pagos en exceso, o los casos en que se deba acreditar, por quien corresponda, el pago de períodos en mora al Sistema de Seguridad Social Integral”.
Prohibición de exigencia de presentaciones personales para probar supervivencia. Ninguna autoridad podrá exigir presentaciones personales para probar supervivencia cuando no haya transcurrido más de un (1) año contado a partir de la última presentación de supervivencia. Este término será de tres (3) meses cuando se trate de entidades que hagan parte del Sistema de Seguridad Social Integral, a menos que la persona se encuentre residenciada fuera del país en sitio donde no exista representación consular colombiana, en cuyo caso operará el término de seis (6) meses.
Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. El artículo 16 del Decreto ley 2150 de 1995, quedará así:
Derecho de. turno. Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos especiales regulados por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley.
Artículo citado en: 39 sentencias, 12 disposiciones normativas
Cobros no autorizados. Ningún organismo o entidad de la Administración Pública Nacional podrá cobrar, por la realización de sus funciones, valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, formularios o precio de servicios que no estén expresamente autorizados mediante norma con fuerza de ley o mediante norma expedida por autoridad competente, que determine los recursos con los cuales contará la entidad u organismo para cumplir su objeto.
Inciso derogado por la Ley 1212 de 2008
En ningún caso en las actuaciones de la administración podrán establecerse incentivos a los servidores públicos por la imposición de multas o sanciones y la cantidad o el valor de las mismas tampoco podrán tenerse en cuenta para la evaluación de su desempeño.
Supresión de las cuentas de cobro. El artículo 19 del Decreto ley 2150 de 1995, quedará así:
“Artículo 19. Supresión de las cuentas de cobro. Para el pago de las obligaciones contractuales contraídas por las entidades públicas, o las privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos públicos, no se requerirá de la presentación de cuentas de cobro por parte del contratista.
Publicidad y notificación de los actos de registro y término para recurrir. Para los efectos de los artículos 14, 15 y 28 del Código Contencioso Administrativo, las entidades encargadas de llevar los registros públicos podrán informar a las personas interesadas sobre las actuaciones consistentes en solicitudes de inscripción, mediante la publicación de las mismas en medio electrónico público, en las cuales se indicará la fecha de la solicitud y el objeto del registro.
Supresión de sellos. En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, salvo los que se requieran por motivos de seguridad.
Copias de los registros del estado civil. Las copias de los registros del estado civil que expida la Registraduría Nacional del Estado Civil o las Notarías mediante medio magnético y óptico, tendrán pleno valor probatorio. El valor de las mismas será asumido por el ciudadano teniendo en cuenta la tarifa que fije anualmente el Registrador Nacional del Estado Civil la cual se fijará de acuerdo a las normas constitucionales y legales y en ningún caso el precio fijado podrá exceder el costo de la reproducción.
Número Unico de Identificación Personal. Créase el Número Unico de Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP se aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas.
El NUIP será válido como número de identificación universal en todas las entidades del Sistema Integral de Seguridad Social”.
Artículo citado en: un artículo doctrinal, 77 disposiciones normativas
Prohibición de retener documentos. Modifíquese el artículo 18 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:
“Artículo 18. Prohibición de retener documentos. Ninguna autoridad podrá retener la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, la licencia de conducción, el pasado judicial, la libreta militar, o cualquier otro documento de las personas. Si se exige la identificación de una persona, ella cumplirá la obligación mediante la exhibición del correspondiente documento. Queda prohibido retenerlos para ingresar a cualquier dependencia pública o privada”.
Presunción de validez de firmas. Las firmas de particulares impuestas en documentos privados, que deban obrar en trámites ante autoridades públicas no requerirán de autenticación. Dichas firmas se presumirán que son de la persona respecto de la cual se afirma corresponden. Tal presunción se desestimará si la persona de la cual se dice pertenece la firma, la tacha de falsa, o si mediante métodos tecnológicos debidamente probados se determina la falsedad de la misma.
Artículo citado en: 6 sentencias, 9 disposiciones normativas
Prohibición de declaraciones extrajuicio. Modifíquese el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:
“Artículo 10. Prohibición de declaraciones extrajuicio. En todas las actuaciones o trámites administrativos, suprímase como requisito las declaraciones extrajuicio ante juez o autoridad de cualquier índole. Para estos efectos, bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad pública, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento. Cuando se requieran testigos para acreditar hechos ante una autoridad administrativa bastará la declaración que rindan los mismos bajo la gravedad del juramento, ante la misma autoridad, bien sea en declaración verbal o por escrito en documento aparte, sin perjuicio de que el afectado con la decisión de la administración pueda ejercer el derecho de contradicción sobre el testimonio.
Artículo citado en: 8 sentencias, 9 disposiciones normativas
CAPÍTULO IIRacionalización de trámites para el ejercicio de actividades por los particularesArtículos 26 a 28
Factura electrónica. Para todos los efectos legales, la factura electrónica podrá expedirse, aceptarse, archivarse y en general llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales establecidos y la respectiva tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de su conservación.
Requisitos para el funcionamiento, de establecimientos de comercio. Las autoridades y servidores públicos correspondientes se sujetarán únicamente, a lo dispuesto en la Ley 232 de 1995, por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, en cuanto a los requisitos exigibles para la apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio.
Artículo citado en: 9 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas
Racionalización de la conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles del comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su con servación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.
CAPÍTULO IIIDe las regulaciones, trámites y procedimientos de las entidades territorialesArtículos 29 y 30
Artículo derogado por la Ley 1447 de 2011
Derogado por la Ley 1447 de 2011, artículo 14. Amojonamiento, alinderación y límite provisional de entidades territoriales. Modifíquense los artículos 6° de la Ley 62 de 1939, 13 del Decreto 1222 de 1986 y 25 del Decreto 1333 de 1986, los cuales quedarán así:
CAPÍTULO IVDe las regulaciones, procedimientos y trámites del sector del Interior y de JusticiaArtículos 31 a 37
Formulario único para entidades territoriales. Con el objeto de minimizar la cantidad de formularios que las entidades territoriales deben diligenciar a pedido de las entidades del orden nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia coordinará en el término de noventa (90) días contados a partir de la promulgación de la presente ley, el diseño y la aplicación de un formato común, cuando varias de ellas soliciten información de la misma naturaleza.
Simplificación del trámite de inscripción en el Programa de Beneficios para Desplazados. El artículo 32 de la Ley 387 de 1997, quedará así:
Artículo 32. Tendrán derecho a recibir los beneficios consagrados en la presente ley, los colombianos que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 1 de la misma y que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, o ante la Defensoría del Pueblo, o ante las Personerías Municipales o Distritales, en formato único diseñado por la Red de Solidaridad Social. Cualquiera de estos organismos que reciba la mencionada declaración remitirá copia de la misma, a más tardar el día hábil siguiente , a la Red de Solidaridad Social o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o municipal, para su inscripción en el programa de beneficios.
Parágrafo. Cuando se establezca que los hechos declarados por quien alega la condición de desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que otorga la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 382 de 1951, el cual quedará así:
Divorcio ante notario. Podrá convenirse ante notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley.
Artículo citado en: 5 sentencias, un artículo doctrinal, 8 disposiciones normativas, un formulario
Simplificación del trámite de registro de asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas. Modifíquese el Decreto 1088 de 1993 en sus artículos 11, 12 y 14 en los siguientes términos:
Registro de la asociación. Una vez conformada la asociación, deberá registrarse ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, la cual informará de este hecho a los entes territoriales para efectos de facilitar la coordinación institucional.
Requisitos. La solicitud de registro deberá contener los siguientes documentos:
En los aspectos no regulados, se aplicará el Decreto 2164 de 1995 y/o los usos y costumbres de los pueblos indígenas. En ningún caso se exigirán requisitos no previstos legalmente.
Modifícase el parágrafo del artículo 82 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:
Parágrafo. “… En ningún caso se expedirá el certificado sobre carencia de informes sobre narcotráfico a quienes lo soliciten sin fin específico. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 2150 de 1995, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá expedir el certificado sobre carencia de informes sobre narcotráfico a entidades, organismos o dependencia de carácter público cuando sea requerido por estas, para lo cual bastará la solicitud expresa y escrita de su representante legal o de la persona en quien este haya delegado la responsabilidad de este tipo de trámites.”
También serán de competencia de los notarios las siguientes materias: constitución del patrimonio de familia inembargable; capitulaciones, constitución, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de compañeros permanentes; matrimonio civil e inventario de bienes de menores que se encuentren bajo patria potestad cuando los padres estén administrándolos y quieran contraer matrimonio.
CAPÍTULO VDe las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de relaciones exterioresArtículos 38 a 42
Prueba de nacionalidad. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 43 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 3°. Prueba de nacionalidad. Para todos los efectos legales se considerarán como pruebas de la nacionalidad colombiana, la cédula de ciudadanía para los mayores de dieciocho (18) años, la tarjeta de identidad para los mayores de catorce (14) años y menores de dieciocho (18) años o el registro civil de nacimiento para los menores de catorce (14) años, expedidos bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañados de la prueba de domicilio cuando sea el caso.
Parágrafo. Sin embargo, las personas que han cumplido con las condiciones establecidas en el artículo 96 de la Constitución Política para ser colombianos por nacimiento y no se les hayan expedido los documentos que prueban la nacionalidad, de conformidad con lo señalado en el presente artículo, podrán, únicamente para efectos de renunciar a la nacionalidad colombiana, presentar la respectiva solicitud acompañada de la documentación que permita constatar que la persona es nacional colombiana y el cumplimiento de los requisitos exigidos en el citado artículo de la Constitución Política.
Requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 43 de 1993, el cual quedará así:
Interrupción. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 43 de 1993, modificado por el artículo 77 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:
Artículo 6°. Interrupción de domicilio. La ausencia de Colombia por un término igual o superior a un (1) año, interrumpe el período de domicilio continuo exigido en el artículo anterior.
Asimismo, podrá eximir de los requisitos señalados en el artículo 9° de la Ley 43 de 1993, cuando a su juicio lo considere de conveniencia para Colombia. Se exceptúa de esta disposición lo señalado en los numerales 1 y 5 del citado artículo.
Documentación. Modifícase el artículo 9° de la Ley 43 de 1993, reformado por el artículo 79 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:
Artículo 9°. Documentación. Para la expedición de la Carta de Naturaleza o Resolución de Inscripción como colombianos por adopción, el extranjero deberá presentar los siguientes documentos:
Parágrafo 5°. A juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores se le podrá realizar al solicitante una entrevista por parte de los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica (Área de nacionalidad).
Informe sobre el solicitante. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 43 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 10. Informe sobre el solicitante. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá solicitar a la autoridad oficial respectiva, la información necesaria para tener un conocimiento completo sobre los antecedentes, actividades del solicitante y demás informaciones pertinentes para los fines previstos en esta ley. El Ministerio solicitará al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, información sobre las actividades del extranjero, si este posee antecedentes judiciales y cualquier otr o dato que esta entidad considera importante. En todo caso, el informe deberá contener la información que suministre la respectiva Oficina Internacional de Policía, Interpol. El informe remitido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y la DIAN si es el caso, será reservado. En el evento que el concepto no sea satisfactorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá, sin necesidad de trámite adicional, negar la solicitud de nacionalidad.
CAPÍTULO VIDe las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de Hacienda y Crédito PúblicoArtículos 43 a 49
Corrección de errores e inconsistencias en las declaraciones y recibos de pago. Cuando en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables, agentes de retención, y demás declarantes de los tributos se detecten inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios prescritos para el efecto, tales como omisiones o errores en el concepto del tributo que se cancela, año y/o período gravable; estos se podrán corregir de oficio o a solicitud de parte, sin sanción, para que prevalezca la verdad real sobre la formal, generada por error, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor por declarar.
Artículo citado en: 29 sentencias, 14 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas
Información sobre contribuyentes. La Administración Tributaria no podrá requerir informaciones y pruebas que hayan sido suministradas previamente por los respectivos contribuyentes y demás obligados a allegarlas. En caso de hacerlo el particular podrá abstenerse de presentarla sin que haya lugar a sanción alguna portal hecho.
Exigencias sobre numeración consecutiva para el caso de facturación mediante máquinas registradoras. Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 617 del Estatuto Tributario:
“Artículo 617. Estatuto Tributario.
Parágrafo. Para el caso de facturación por máquinas registradoras será admisible la uti lización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares.
ARTÍCULO 46 RACIONALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE.
El período de conservación de informaciones y pruebas a que se refiere el artículo 632 del Estatuto Tributarioserá el mismo término de la firmeza de la declaración tributaria correspondiente. La conservación de informaciones y pruebas deberá efectuarse en el domicilio principal del contribuyente.
Artículo modificado por la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 29 de Diciembre de 2016
Artículo citado en: 7 sentencias, 6 artículos doctrinales, una disposición normativa
Fijación de trámites de devolución de impuestos. Adiciónese el artículo 855 del Estatuto Tributario, con un inciso final del siguiente tenor:
“Artículo 855. (…)
Presentación de declaraciones de impuestos nacionales y locales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 606 del Estatuto Tributario, las declaraciones de impuestos nacionales deberán presentarse por cada persona natural o jurídica, sin que pueda exigirse la declaración por cada uno de sus establecimientos, sucursales o agencias.
El artículo 144 de la Ley 446 de 1998, quedará así:
Los procesos jurisdiccionales que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal, se seguirán conforme a las disposiciones del proceso abreviado previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. En caso de existir pretensiones indemnizatorias, estas se tramitarán dentro del mismo proceso.
Parágrafo Transitorio. En los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en caso que se solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las conductas de competencia desleal, el afectado contará con quince (15) días hábiles para solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se resolverá como un trámite incidental según lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.
CAPÍTULO VIIDe las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de Protección SocialArtículos 50 a 58
Subsistema de información sobre reconocimiento de pensiones. Créase el Subsistema de Información sobre Reconocimiento de pensiones, que hará parte del Sistema de Seguridad Social Integral, el cual estará a cargo de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de la Protección Social, quienes actuarán coordinadamente para el efecto. Dicho subsistema, que será público, soportará el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de las entidades encargadas del reconocimiento de pensiones, dar á cuenta del desempeño institucional y facilitará la evaluación de la gestión pública en esta materia.
Carné. El artículo 40 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:
“Artículo 40. Carné. Las empresas podrán, a su juicio y como control de identificación del personal que le preste servicios en sus distintas modalidades, expedirles a sus trabajadores, contratistas y su personal y a los trabajadores en misión un carné en donde conste, según corresponda, el nombre del trabajador directo, con el número de cédula y el cargo. En tratándose de contratistas el de las personas autorizadas por este o del trabajador en misión, precisando en esos casos el nombre o razón social de la empresa contratista o de servicios temporal e igualmente la clase de actividad que desarrolle. El carné deberá estar firmado por persona autorizada para expedirlo.
Determinación de la pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
“Artículo 41. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.
Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas (ISS, ARP o aseguradora) sea inferior en no menos del diez por ciento (10%) a los límites que califican el estado de invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez por cuenta de la entidad. Estas juntas son organismos de carácter inter disciplinario cuya conformación podrá ser regionalizada y el manejo de sus recursos reglamentado por el Gobierno Nacional de manera equitativa.
Parágrafo 2°. Las entidades de seguridad social y los miembros de las Juntas Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que califiquen serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.
Artículo citado en: 80 sentencias, un artículo doctrinal, 4 disposiciones normativas, una noticia
Suprímase las expresiones: “…a distancias superiores de doscientos (200) kilómetros de su domicilio”, y “y llevar la aprobación del correspondiente funcionario del trabajo o de la primera autoridad política del lugar en donde se realice el enganche”, del artículo 73 del Código Sustantivo del Trabajo.
Fortalecimiento del Sistema de Información de Riesgos Profesionales. Con el fin de fortalecer el Sistema de Información en el Sistema General de Riesgos Profesionales, el Ministerio de la Protección Social, será el único responsable de coordinar los requerimientos de información que se necesiten, sin perjuicio de las competencias de inspección y vigilancia que ejerce la Superintendencia Bancaria a las Administradoras de Riesgos Profesionales. En aquellos casos en que los requerimientos de información obedezcan a procesos de investigación administrativa, podrán ser solicitados directamente por la entidad competente.
Supresión de la revisión y aprobación del Reglamento de Higiene, y Seguridad por el Ministerio de la Protección Social. El artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:
Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición.
Racionalización. de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.
Artículo citado en: 104 sentencias, 2 disposiciones normativas
Plazo para realizar el control posterior de los registros sanitarios, Para efectos de los registros sanitarios que se concedan de manera automática de conformidad con las disposiciones legales, el Invima deberá realizar el primer control posterior dentro de los quince (15) días siguientes a su expedición.
Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos por parte del Invima. Las medidas de congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos deberán decidirse por el INVIMA o la autoridad sanitaria competente, en un lapso máximo de sesenta (60) días calendario improrrogables, y en el caso de productos y objetos perecederos, antes de la mitad del plazo que reste para la fecha de expiración o vencimiento del producto. En todo caso, sin exceder el lapso de los sesenta (60) días calendarios establecidos.
CAPÍTULO VIIIDe las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de Comercio,Artículos 59 y 60
Racionalización de autorizaciones y vistos buenos para importaciones y exportaciones. En un término no superior a seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo coordinará con las entidades correspondientes la consolidación de información sobre vistos buenos previos y autorizaciones estatales a las cuales se encuentran sometidas las importaciones y exportaciones y promoverá la racionalización de los mismos a través de los mecanismos correspondientes acordes con la Constitución Política. Sin perjuicio de las facultades que le corresponde a cada una de las autoridades en el ámbito propio de sus competencias.
Para la revisión e inspección física y manejo de carga en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, de la mercancía que ingrese o salga del país, la DIAN conjuntamente con las entidades que por mandato legal deban intervenir en la inspección y certificación de la misma, proveerá los mecanismos necesarios para que dicha revisión, inspección y manejo, se realicen en una única diligencia cuya duración no podrá exceder de un (1) día calendario y cuyo costo será único.
CAPÍTULO IXDe las regulaciones procedimientos y trámitesArtículos 61 a 64
del sector de Educación
Representantes del Ministro de Educación Nacional ante las entidades territoriales. Deróguese el artículo 149, el numeral 5 del artículo 159 y el numeral 5 del artículo 160 de la Ley 115 de 1994.
Homologación de estudios superiores cursados en el exterior. En adelante, la homologación de estudios parciales cursados en el exterior será realizada directamente por la institución de educación superior en la que el interesado desee continuar sus estudios, siempre y cuando existan los convenios de homologación. La convalidación de títulos será función del Ministerio de Educación Nacional.
Racionalización de trámites relacionados con las instituciones de formación técnica profesional y tecnológica. Derógase el artículo 12 de la Ley 749 de 2002 y modifíquese el artículo 11 de la Ley 749 de 2002, el cual quedará así:
Artículo 11. Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas por su naturaleza son las instituciones de educación superior llamadas a liderar la formación técnica profesional y tecnológica en el país, y a responder con calidad la demanda de este tipo de formación.
El registro otorgado a un programa estructurado en ciclos propedéuticos se considerará como una unidad siendo necesario para su funcionamiento conservar los ciclos tal como fueron registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES.
Racionalización de la participación del Ministro de Educación o su representante o delegado, en juntas y consejos. A partir de la vigencia de la presente ley, suprímase la participación del Ministro de Educación Nacional, o de su representante o delegado, en las siguientes juntas y consejos:
Artículo citado en: 5 sentencias, 10 disposiciones normativas
CAPÍTULO XDe las regulaciones procedimientos y trámites del sector de TransporteArtículos 65 a 68
Sistema de información. En caso de inmovilización de vehículos, las autoridades de tránsito establecerán un sistema de información central, preferiblemente de acceso telefónico, que les permita a los interesados conocer de manera inmediata el lugar donde este se encuentra inmovilizado.
Pagos. Los pagos que deban hacerse por concepto de multas, grúas y parqueo, en caso de inmovilización de automotores por infracciones de tránsito, serán cancelados en un mismo acto, en las entidades financieras con la cuales las autoridades de tránsito realicen convenios para tal efecto. En ningún caso, podrá establecerse una única oficina, sucursal o agencia para la cancelación de los importes a que se refiere este.
Cómputo de tiempo. Para efectos del cobro de los derechos de parqueo de vehículos inmovilizados por las autoridades de tránsito, sólo se podrá computar el tiempo efectivo entre la imposición de la multa y la cancelación de la misma ante la autoridad correspondiente.
En este sentido, no se tendrá en cuenta el tiempo que le tome al interesado en cumplir con los requerimientos adicionales al mencionado en el inciso anterior, para retirar el auto motor.
Trámite de permisos especiales de transporte agrícola extradimensional. El Instituto Nacional de Vías concederá permisos especiales, individuales o colectivos hasta por tres (3) años, para el transporte de productos agrícolas y bienes de servicios por las vías nacionales con vehículos extradimensionales, siempre que los interesados, propietarios o tenedores de tales vehículos, constituyan una póliza o garantía de responsabilidad por daños a terceros, vías e infraestructura. Las dimensiones y pesos autorizados se determinarán según criterio técnico de Invías.
CAPÍTULO XITrámites y procedimientos relacionados con el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialArtículos 69 a 71
Racionalización del trámite de transferencias de bienes fiscales en virtud de la Ley 708 de 2001. Las entidades del orden nacional a que hace referencia el artículo 1° de la Ley 708 de 2001, podrán transferir directamente a los municipios y distritos los bienes inmuebles fiscales, o la porción de ellos con vocación para la construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, previa suscripción de un convenio entre el Fondo Nacional de Vivienda y la entidad territorial, mediante el cual se conserva el objeto de asignar dichos inmuebles, como Subsidio Familiar de Vivienda en especie por parte del Fondo y que la preservación del predio estará a cargo de la entidad receptora del inmueble.
De los formularios únicos para la obtención de los permisos, licencias, concesiones y/o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, establecerá unos formularios únicos para la obtención de los permisos, licencias, concesiones y/o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de control del medio ambiente.
Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. El interesado en adelantar planes de vivienda deberá radicar únicamente los siguientes documentos ante la instancia de la administración municipal o distrital encargada de ejercer la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles contempladas en la Ley 66 de 1968 y el Decreto 2610 de 1979:
Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a tres (3) meses;
Parágrafo 1. Estos documentos estarán a disposición de los compradores de los planes de vivienda en todo momento con el objeto de que sobre ellos efectúen los estudios necesarios para determinar la conveniencia de la adquisición.
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional reglamentará la forma de radicar los documentos y los términos y procedimientos para revisar la información exigida en el presente artículo.
Parágrafo 3. En ningún caso podrá exigirse la ejecución parcial o total de obras de urbanización o construcción, según sea el caso, como condición previa a la radicación de documentos de que trata el presente artículo; sin embargo, se deberá atender lo previsto en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 9 de 1989. En el evento que se requiera radicar nuevos documentos o se cambie alguna condición de los ya radicados, la autoridad municipal o distrital no podrá solicitar permiso, autorización o trámite adicional diferente a la simple radicación del nuevo documento.
Artículo citado en: 3 sentencias, 20 disposiciones normativas
CAPÍTULO XIIRegulaciones, procedimientos y trámites del sector CulturaArtículos 72 a 74
Racionalización del trámite de reconocimiento deportivo. El inciso 3° del artículo 18 del Decreto ley 1228 de 1995, quedará así:
El reconocimiento deportivo se concederá por el término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente.
El inciso 1° del artículo 4° de la Ley 788 de 2002, quedará así:
Participación en órganos de dirección. El Ministerio de Cultura solo participa en los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura y en los Fondos Mixtos de Promoción de la Cultura y las Artes de ámbito Nacional. A partir de la vigencia de esta ley se ceden a las entidades Territoriales respectivas los aportes nacionales realizados a los Fondos Mixtos Departamentales y Distritales.
CAPÍTULO XIIIDe las regulaciones, procedimientos y trámites del sector Minas, y EnergíaArtículos 75 y 76
Supresión de las disposiciones mediante las cuales se establecen los aforos de los municipios productores de metales preciosos para efectos de las transferencias de regalías. Deróganse los artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley 756 de 2002“.
Cumplimiento de requisitos. Modifíquese el inciso 3° del artículo 10 del Código de Petróleos, Decreto 1056 de 1953, el cual quedará así:
Artículo 10. Cumplimiento de requisitos. (…)
Corresponde al Ministerio de Minas y Energía declarar cumplidos por las compañías extranjeras los requisitos de que trata esta disposición, previa solicitud de los interesados, acompañada de los documentos respectivos.
CAPÍTULO XIVTrámites y procedimientos relacionados con la Registraduría Nacional del Estado CivilArtículo 77
Racionalización del registro civil de las personas, Modifíquese el artículo 118 del Decreto ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 10 del Decreto 2158 de 1970, el cual quedará así:
“Artículo 118. Son encargados de llevar el registro civil de las personas:
Dentro del territorio nacional los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales del Estado Civil.La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá autorizar excepcional y fundadamente, a los Notarios, a los Alcaldes Municipales, a los corregidores e inspectores de policía, a los jefes o gobernadores de los cabildos indígenas, para llevar el registro del estado civil.
En el exterior los funcionarios consulares de la República.Parágrafo. La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá establecer la inscripción de registro civil en clínicas y hospitales, así como en instituciones educativas reconocidas oficialmente, conservando la autorización de las inscripciones por parte de los Registradores del Estado Civil”.
Artículo citado en: 6 sentencias, 89 disposiciones normativas
CAPÍTULO XVRegulaciones, procedimientos y trámites del sector comunicacionesArtículo 78
Deróguese el artículo 19 de la Ley 30 de 1986.
CAPÍTULO XVIDe los Trámites ante el Sector Relacionado con el Departamento Administrativo Nacional de EstadísticaArtículo 78.a
Capítulo XVI adicionado por la Ley 1481 de 2011
Expedición de Certificados Catastrales destinados para la liquidación de la Cuota de Compensación Militar. Quedan exentos de pagar el Certificado de Catastro a nivel departamental o nacional, expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para liquidación de la cuota de compensación militar, los siguientes:
ARTÍCULO 78-B
Expedición de Certificados Catastrales destinados para el otorgamiento de Subsidio de Vivienda de Interés Social. Quedan exentos de pagar el Certificado Catastral de no propiedad a nivel nacional expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quienes lo soliciten para participar en los programas de adjudicación de subsidio de vivienda de interés social, otorgado por el Gobierno Nacional o los Entes Territoriales de cualquier nivel y que acredite mediante certificado o carné expedido por la autoridad competente pertenecer al nivel 1 y 2 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios Sisbén.
ARTÍCULO 78-C
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, implementará por los medios electrónicos actuales (página web, correo electrónico) la expedición del Certificado, facilitándole en los casos mencionados en los artículos 78A y 78B, para los cuales tendrá tres (3) días hábiles para consultar la base de datos del Sisbén y expedir dicho certificado cuando este sea solicitado por medio electrónico.
DISPOSICIONES FINALESArtículos 79 a 86
El incumplimiento en todo o en parte de las disposiciones previstas en la presente ley, será causal de mala conducta de conformidad con el Código Disciplinario Unico.
Las entidades públicas, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley deberán adecuar su estructura y tecnología con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado.
Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o actuación de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite, por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concreto a hechos o personas claramente identificables.
Salida de menores al exterior. Si el menor sale acompañado de sus dos (2) padres no se requerirá documento distinto del pasaporte, salvo el certificado de registro civil de nacimiento en el caso que los nombre de sus padres no estuvieren incluidos en el pasaporte.
Para la importación y/o comercialización de bebidas alcohólicas en ningún caso se aceptará la homologación o sustitución del registro sanitario.
Declarado inexequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-120 de 2006. El artículo 164 de la Ley 23 de 1982, quedará así:
“Artículo 164. No se considera ejecución pública, para los efectos de esta ley, la que se realice con fines estrictamente educativos, dentro del recinto e instalaciones de los institutos de educación, siempre que no se cobre suma alguna, por el derecho de entrada y la que realicen con fines estrictamente personales los comerciantes detallistas que no obtengan ningún beneficio económico por dicha ejecución, los cuales serán categorizados por el Ministerio del Interior”.
A más tardar el 31 de diciembre de 2007 toda entidad del Estado que por naturaleza de los servicios que presta deba atender masivamente a las personas a las cuales sirve deberá poner en funcionamiento sistemas tecnológicos adecuados para otorgar las citas o los turnos de atención de manera automática y oportuna sin necesidad de presentación personal del usuario o solicitante .
Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
La autoridad que te inhabilita
Los congresistas, gobernadores, diputados, alcaldes y concejales comparten inhabilidades. Entre ellas están las que se configuran por el ejercicio anterior de autoridad, directamente por el candidato o por ciertos parientes o vinculados.
Definir si se está incurso en esas inhabilidades exige la revisión de varios presupuestos, a saber: la forma de autoridad, el plazo anterior a la elección en que debió ejercerse, el lugar de ejercicio y la clase de parentesco o vínculo que establezca la norma correspondiente.
Por lo complejo del asunto, en esta oportunidad me referiré solamente a las formas de autoridad. La Constitución y la ley mencionan cuatro: civil, administrativa, política y militar.
No hay en la ley definiciones de estas clases de autoridad más que lo dispuesto en los artículos 188 y siguientes de la Ley 136 de 1994 para el nivel municipal. A partir de ahí, la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo ha construido los conceptos; de hecho, tradicionalmente ha aplicado por analogía ésas normas a los demás niveles[1], aunque en un fallo reciente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo revaluó esa remisión normativa e hizo ciertas precisiones.[2]
Revisados los precedentes judiciales y las disposiciones pertinentes, las modalidades de autoridad que inhabilitan se pueden definir como sigue:
1. Autoridad civil: es una especie de autoridad pública que se manifiesta por actos de poder y mando que se desarrollan desde determinados cargos públicos. Se ejerce dentro de la organización estatal y sobre los ciudadanos; comprende la posibilidad de impartir órdenes o instrucciones y de adoptar medidas coercitivas para hacerlas cumplir; faculta al titular para tomar decisiones determinantes para una entidad pública o para tener injerencia en ellas.[3]
2. Autoridad administrativa: responde a un concepto muy cercano al de autoridad civil, tanto que la propia jurisprudencia ha reconocido la dificultad de establecer sus diferencias.[4] Lo cierto es que el ordenamiento jurídico se refiere a ellas por separado y, por lo mismo, sería impreciso confundirlas o incluso asegurar que es una especie del género de autoridad civil, como tradicionalmente lo consideró la jurisprudencia.[5] Sin perjuicio de que la autoridad administrativa y la civil ciertamente compartan el poder de mando sobre la sociedad o los subordinados del titular del cargo público[6] en una entidad del nivel nacional o seccional[7]. Ese poder de mando debe ser de tal naturaleza que pueda alterar la igualdad de un debate electoral[8]. Faculta al funcionario o empleado para la dirección de personas, bienes o patrimonio en una entidad pública[9], traduciéndose en competencias para suscribir contratos[10] y ordenar el gasto[11], incluso por delegación[12], adelantar investigaciones disciplinarias[13], conceder vacaciones y licencias y disponer traslados de personal[14], así estas facultades requieran para su ejercicio autorización de un superior jerárquico.[15]
3. Autoridad política: También comparte elementos de las autoridades civil y administrativa; sólo que está reservada a quienes integran los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal, es decir, presidente y sus ministros y directores de departamentos administrativos, gobernadores y alcaldes y sus respectivos secretarios y jefes de departamentos administrativos del nivel seccional. Todos estos funcionarios están en la cima de la organización administrativa y a ellos está confiado el diseño de políticas públicas de los correspondientes niveles territoriales.[16]
4. Autoridad militar: Es la que menos desarrollo ha tenido en la jurisprudencia y los pocos precedentes que existen se remiten al artículo 191 de la Ley 136 de 1994, según el cual ostentan esta clase de autoridad los oficiales en servicio activo de las Fuerzas Militares y los suboficiales con rango de comandantes. No ejercen autoridad militar los miembros de la Policía Nacional. [17]
Siguiendo este derrotero, la jurisprudencia ha considerado que ejercen autoridad civil, entre otros, un inspector de policía municipal[18], los contralores de cualquier nivel[19] y los magistrados del Consejo Nacional Electoral[20]; mientras que no la ejercen los directivos docentes[21] ni los docentes[22] de instituciones públicas educativas ni el subdirector de una entidad descentralizada[23]. Para los jueces, ejercen autoridad administrativa, por ejemplo, el gerente de una empresa social del Estado del nivel departamental[24], el gerente regional de un establecimiento público del orden nacional[25] y el director de una corporación autónoma regional[26]; mas no ejercen esa clase de autoridad el almacenista general de un municipio[27] ni el tesorero de un distrito[28]. Los alcaldes y gobernadores, por su parte, ejercen autoridad civil, administrativa y política.[29]
De otra parte, vale aclarar que, si bien los concejales y diputados ejercen autoridad civil y administrativa, estos cargos no inhabilitan porque no tienen la calidad de empleados ni funcionarios públicos -que son las calidades que exigen las normas que consagran las inhabilidades por ejercicio de autoridad- sino que son una categoría especial de servidor público llamada “miembros de las corporaciones públicas”, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política. Profundizar en esta clase de presupuestos amerita una nueva entrada.
[1] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 20 de febrero de 2009, Rad. 2007-0800, 2 de octubre de 2009, Rad. 2007-0501/0508, 4 de junio de 2009, Rad. 2007-0376, 7 de marzo de 2005, Rad. 3523, 17 de febrero de 2005, Rad. 3441 y 5 de junio de 2003, Rad. 3090 y Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de marzo de 2002, Rad. 2001-0155(PI).
[2] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de febrero de 2011, Rad. 2010-0155(PI).
[3] Sobre la autoridad civil: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 7 de junio de 1989, Rad. E-0292, 27 de enero de 1994, Rad. 1075, 22 de septiembre de 1995, Rad. 1395, 28 de julio de 2005, Rad. 3457 y 30 de octubre de 2008, Rad. 2007-0470, entre otras.
[4] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 21 de mayo de 2002, Rad. PI-039 y 15 de febrero de 2011, Rad. 2010-01055(PI).
[5] Por ejemplo en: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1831 de 5 de julio de 2007, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de agosto de 2002, Rad. PI-025 y Sección Quinta, sentencia de 30 de octubre de 2008, Rad. 2007-00470.
[6] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de septiembre de 2003, Rad. Pi-0267.
[7] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de marzo de 2005, Rad. 3504.
[8] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 20 de febrero de 2009, Rad. 2007-00800.
[9] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de octubre de 2008, Rad. PI-039.
[10] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de junio de 2009, Rad. 2007-00082-03.
[11] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de junio de 2009, Rad. 2007-00225.
[12] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de septiembre de 2005, Rad. 3657.
[13] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de abril de 2006, Rad. 3765.
[14] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de julio de 2005, Rad. 3686.
[15] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de abril de 2006, Rad. 3729.
[16] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1831 de 5 de julio de 2007, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de 2007, Rad. PI-0016 y Sección Quinta, sentencias de 17 de febrero de 2005, Rad. 3441 y 12 de junio de 2008, Rad. 2007-00153-03.
[17] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de marzo de 2005, Rad. 3487 y Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de febrero de 2011, Rad. 2010-01055.
[18] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de abril de 2005, Rad. 3510.
[19] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de julio de 2005, Rad. 3457.
[20] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1831 de 5 de julio de 2007.
[21] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de septiembre de 1995, Rad. 1395.
[22] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 30 de octubre de 2008, Rad. 2007-00470.
[23] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de agosto de 2002, Rad. PI-025.
[24] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de noviembre de 2009, Rad. 2008-00127.
[25] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de julio de 2005, Rad. 3681.
[26] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de mayo de 2002, Rad. 2842.
[27] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de marzo de 2005, Rad. 3504.
[28] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de marzo de 2005, Rad. 3505.
[29] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de junio de 2009, Rad. 2007-00082-03.
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References: artículo 179
 artículo 33
 Artículo 179
 artículo 190
 artículo 25
 artículo 14
 artículo 34
 artículo 16
 artículo 32
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 32

Artículo 32
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 82
 artículo 87
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 96
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 77

Artículo 6
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 79

Artículo 9
 Resolución 
 artículo 10

Artículo 10
 artículo 617

ARTÍCULO 46
 artículo 632
 artículo 855
 artículo 606
 artículo 144
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 73
 artículo 349
 resolución 
 resolución 
 artículo 149
 artículo 159
 artículo 160
 artículo 12
 artículo 11

Artículo 11
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 10

Artículo 10
 artículo 118
 artículo 10
 artículo 19

ARTÍCULO 78

ARTÍCULO 78
 artículo 164
 artículo 191
 artículo 123