Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-665-05.htm
Timestamp: 2017-10-22 08:17:55+00:00

Document:
C-665-05
El ciudadano Luis Eduardo Mariño Ochoa, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 471, inciso 2º, y 474, inciso 2º de la Ley 906 de Agosto 31 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
El actor considera que las expresiones “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional” contenidas en los incisos segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004 respectivamente, vulneran los artículos 13 y 28 de la Constitución Política.
Para comenzar indicó que los artículos demandados no contrarían el artículo 28 Superior, pues en la sentencia C-628 de 1996 la Corte Constitucional aclaró que “cuando la Constitución prohíbe la detención, prisión o arresto por deudas, se refiere concreta y particularmente a aquellas originadas en relaciones de origen civil, sin que en estas medien situaciones o hechos punibles”. Como quiera que en el caso objeto de análisis constitucional la privación de la libertad de la persona obedece al cumplimiento de una pena de prisión, las disposiciones lo que pretenden es materializar el cumplimiento de la sanción penal impuesta dentro del Estado Social de Derecho y no presionar para obtener el pago de una deuda privada con el Estado. Por lo tanto, sostuvo que la prohibición constitucional no tiene la virtualidad de viciar la condición de pago para obtener la libertad condicional.
El Decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario intervino en el asunto de la referencia, solicitando se declaren inexequibles las expresiones “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional” contenidas en los incisos segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004.
La Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, en concepto No. 3745 recibido el 28 de enero de 2005, solicitó a la Corte Constitucional inhibirse de conocer de fondo sobre el cargo por la vulneración del artículo 13 Superior y declarar exequibles las expresiones “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional” contenidas en los incisos segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004 por el cargo relativo a la vulneración del artículo 28 de la Constitución.
En dicha oportunidad se resaltó que, según lo ha venido sosteniendo reiteradamente la jurisprudencial constitucional, el inciso 3º del artículo 28 de la Constitución hace referencia exclusivamente a deudas de origen civil.[1] Siendo la multa una manifestación de la potestad punitiva del Estado, el hecho de que se refiera a una pena de índole pecuniaria a favor del tesoro público cuyo medio liberatorio sea el dinero, no la convierte en una deuda de aquellas comprendidas en la prohibición constitucional. Lo anterior es así porque “(...) el origen de la multa es el comportamiento delictual del individuo, no su capacidad transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta socialmente reprochable. Más aún, la multa no es una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por el delito.”[2]
“En este contexto, la multa no es susceptible de conciliación, no puede compensarse y, mucho menos, puede extinguirse mediante el fenómeno de la confusión. No está en poder del sujeto pasivo la transacción del monto de la misma o la posibilidad de negociar su imposición, así como no podría éste -pese a una eventual aquiescencia del Estado- ceder su crédito a un particular distinto, pues la finalidad de la multa es la de castigar al infractor de la ley.”
3.5. Respecto del cargo por la presunta vulneración del artículo 13 Superior, la Corte analizó los criterios señalados en el Código Penal para imponer, graduar el monto y determinar la clase de multa a imponer por la comisión de un delito. Destacó que el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 599 de 2000 exige que la graduación de la multa sea motivada y de acuerdo a las unidades de multa establecidas en el numeral segundo del mismo artículo, teniendo en cuenta “(...) el daño causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo, la situación económica del condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares, y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar.”
De todo lo anterior, la Corte concluyó que “(...) la capacidad o incapacidad de pago del individuo no es irrelevante –por el contrario, es indispensable- para determinar el monto de la multa, así como su forma de pago e, incluso, la posibilidad de amortizarla mediante trabajo o, en casos extremos, de convertirla en arresto de fin de semana.”[3] Por lo que declaró exequible las expresiones acusadas, teniendo en consideración el hecho de que el juez penal debe atender capacidad económica del condenado no sólo al momento de determinar su valor, sino también al momento de efectuar su pago, pudiendo acudir a diferentes alternativas ante la demostrada incapacidad económica del condenado. En conclusión “(...) la Ley sí dispensa un trato diferenciado para situaciones que realmente lo merecen, por lo que la norma no encarna discriminación alguna.”[4]
Atendiendo las consideraciones anteriores, declaró exequibles las expresiones "Su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa” contenidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004.
Primero.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional” contenidas en los incisos segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004.

References: artículo 28
 artículo 13
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 13
 artículo 39