Source: https://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/MERCANTILES/2013-mayo.htm
Timestamp: 2019-08-21 01:24:14+00:00

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INFORME PRÁCTICO DEL MES DE MAYO DE 2013 PARA REGISTROS MERCANTILES
INFORME PRÁCTICO DEL MES DE MAYO DE 2013
1. Como disposiciones de interés general para los RRMM y de BBMM publicadas en el mes de mayo sólo destacamos la siguiente:
· La Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto de las instituciones de inversión colectiva. Se trata de incrementar la transparencia para el inversor armonizando a nivel europeo los datos esenciales que necesita el inversor en sus relaciones con la IIC.
· La de 4 de abril de 2013 declarando no posible un embargo contra herencia yacente, pues en todo caso este debe dirigirse contra sus herederos ciertos y determinados o bien contra el administrador judicial.
· La de 8 de abril sobre la imposibilidad de que en certificación el registrador emita juicios, corrobore opiniones o contradiga la argumentación del solicitante, cuestiones todas ellas ajenas a lo que nuestro ordenamiento jurídico determina que implica la acción registral de certificar.
· La de 8 de abril que estima que, si está inscrito el convenio concursal, son posibles las anotaciones de embargo sobre los bienes del concursado, salvo que otra cosa resulte del convenio.
· La de 9 abril sobre la no posibilidad de anotación de embargo en procedimiento administrativo, aunque diligencia de embargo sea anterior a la declaración de concurso, y aunque el concurso no conste en el registro y sólo resulte del Registro Centralizado del Libro de Alteraciones en las Facultades de Administración y Disposición al haberse anotado en el Registro Mercantil. No queda claro en esta resolución donde constaba el concurso pues el registrador alude a un registro centralizado que debe ser el derivado Portal Concursal del Art. 198 de la Ley de 2003, en donde se cuelgan los edictos y se publican las resoluciones que, procedentes de los juzgados de lo mercantil, llegan a los registro mercantiles, pero sin embargo la DG alude al Libro de Incapacitados que se lleva en el propio RP. Entendemos que la referencia del registrador en su nota es al Portal Concursal pues en otro caso no hubiera hablado de registro centralizado. Si ello es así la novedad es muy importante pues se le dan efectos sustantivos a dicho portal concursal de forma que al parecer bastaría con que se publicara el concurso en el Portal para que ya no fuera necesaria la inscripción o anotación del concurso en los Libros del Registro de la Propiedad, al menos a los efectos de embargos y cargas. Dicha solución nos parece especialmente atrevida y peligrosa, si le hemos entendido bien, pues los efectos del llamado Portal Concursal solo son puramente informativos. Así resulta del art. 198.2 de la LC que dice que La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos tendrá un valor meramente informativo o de publicidad notoria (sic). Debe ser noticia. Por tanto esta resolución transforma esa publicidad noticia, en publicidad con efectos sustantivos, haciendo inútil la anotación en el RP y creando inseguridad jurídica caso de que no se proceda a la consulta del portal concursal o la consulta, por errores puramente materiales, no diera resultado. Ampliaremos este comentario más adelante.
· La de 11 de abril, que aunque dictada en recurso mercantil, es también perfectamente aplicable al RP, pues trata del caso de la nota de inscrito que debe ponerse al documento presentado y previamente inscrito. La DG entiende que el registrador debe limitar su actuación a esa nota sin entrar en cuestiones sobre si la inscripción refleja o no el contenido del documento o viceversa.
· Y la de 26 de abril, muy interesante, sobre la necesidad de que una hipoteca sujeta a condición suspensiva tenga plazo de duración. Recomiendo la lectura de los interesantes comentarios que a esta resolución hace el notario Alfonso de la Fuente.
· La de 4 de abril estableciendo que una rectificación de valores de fincas aportadas a una sociedad exige el cumplimiento de los requisitos de toda reducción de capital.
· La de 5 de abril sobre la posibilidad de establecer una pensión vitalicia para un administrador aunque el cargo sea gratuito.
· La de 6 de abril fijando la doctrina sobre la nota de inexistencia de obstáculos para una fusión en el sentido de que el registrador de la absorbida no puede entrar en la calificación del fondo del documento.
· La de 8 de abril reiterando la no posibilidad de embargo en el RM sobre participaciones sociales.
· La de 12 de abril sobre la no necesidad de hacer declaración alguna sobre incompatibilidades a los socios de las sociedades profesionales.
· La de 24 de abril fijando que para que una junta sea Universal no sólo es necesario la asistencia del todo el capital social, sino también la aceptación de su celebración como tal junta y la aceptación unánime del orden del día.
· La de 24 de abril estableciendo que en caso de reducción de capital social por amortización de participaciones adquiridas a título oneroso es necesario, en garantía de los acreedores, constituir una reserva indisponible.
· Y la de 26 de abril sobre la no posibilidad de condicionar la retribución de los administradores.
· Sobre la necesidad o no de aceptar los cargos del Consejo de Administración.
Es relativamente habitual que en las certificaciones de acuerdos del consejo de administración, designando cargos, no conste la aceptación por parte de estos.
Ante ello nos tenemos que plantear si esa aceptación de cargos dentro del Consejo es o no obligatoria, en cuanto a su expresión en la certificación para conseguir la inscripción de esos cargos.
El RRM, a la materia de aceptación de administradores y cargos, dedica los siguientes artículos:
--- El art. 141 que exige, para la inscripción, la aceptación de los administradores nombrados.
--- El art. 146, sobre la continuidad de cargos dentro del Consejo de Administración que la da por supuesta para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretarios del consejo en el caso de que sean reelegidos como miembros del consejo. Es decir, basta que sea reelegido el administrador y este acepte esa reelección, para que automáticamente sea Presidente o Secretario si ya lo era, sin necesidad de aceptación expresa, y ello salvo que otra cosa diga el consejo.
--- El art. 150 que exige de forma expresa para la inscripción del Consejeros Delegados, la aceptación de los nombrados.
--- Finalmente el art. 138 nos dice que en el nombramiento de administradores se hará constar el cargo para el que en su caso hubieren sido nombrados.
Como vemos, ningún artículo del RRM y por supuesto tampoco de la LSC, exigen de forma expresa la aceptación de los cargos dentro del Consejo, con la importante salvedad del Consejero Delegado, cargo que por su importancia siempre es de aceptación expresa.
Por tanto, en principio, creo que no es necesaria la aceptación expresa de los cargos dentro del Consejo. Si sólo en el caso de Consejeros Delegado se exige la aceptación, parece que en los demás casos no es necesaria esa aceptación para la inscripción de los cargos del Consejo.
No obstante la rotunda afirmación anterior requiere sus matizaciones.
---Si los Consejeros nombrados Presidente o Secretario o Tesorero, cargo que también se ve dentro del Consejo, está presentes y votan a favor en la reunión del Consejo en el que se nombran los cargos y nada se expresa en la certificación, aunque no digan expresamente que aceptan su cargo, esos cargos serán directamente inscribibles en la hoja de la sociedad.
Si no estuvieran presentes, creo que una elemental medida de prudencia exige que en documento separado ese consejero no asistente y al que se le atribuye un cargo exprese su aceptación del mismo.
Queda el problema de los secretarios o vicesecretarios no consejeros. Al no ser consejeros, dichas personas, antes de su nombramiento, habrán suscrito con el consejo el pertinente contrato de prestación de servicios con lo cual el desempeño de sus funciones no va a depender de su aceptación del cargo, ya lo han aceptado, sino de la ratificación o confirmación de ese nombramiento por el propio consejo. Por tanto también en este caso pudiera ser inscrito sin necesidad de aceptación expresa por parte de los mismos. No obstante también una elemental medida de prudencia, dada la relevancia del cargo, nos llevará a exigir esa aceptación o, al menos, la expresión de que el contrato ya ha sido suscrito en la fecha que se especifique entre el secretario no consejero y la sociedad.
Debemos también tener en cuenta que todo lo anteriormente expresado, en virtud del principio de aceptación tácita consagrada por nuestra DG, deducida de la expedición de la certificación de los acuerdos(cfr.la última R/ de 2-3-2009), sólo servirá cuando los cargos de que se trata sean no certificantes, pues es obvio que las personas que certifican, al menos en la fecha que expiden esa certificación, tácitamente están aceptando sus cargos, aunque insisto, creo que la aceptación, en cuanto a su fecha, se ha producido en el seno del acuerdo y no con la expedición de la certificación en los términos expresados anteriormente, lo que es importante a efectos de responsabilidad.
Finalmente aunque no se trata propiamente de un cargo, debemos también tratar la cuestión relativa a si es necesaria la aceptación expresa de las persona física designada por una persona jurídica para que la represente dentro del órgano de administración de una sociedad. Esta persona física, para poder representar a la persona jurídica, necesita estar dotada de facultades suficientes para ello. Estas facultades le pueden derivar tanto de su representación orgánica como voluntaria. Pues bien, sea en uno y otro caso, no consideramos necesaria la aceptación expresa de esa representación, ni de su cualidad de representante físico. Es decir lo que exige la LSC es la designación y hecha la misma no es necesaria ninguna actividad por la persona física designada. Si se trata de representante orgánico el desempeño del cargo es una mera derivación de su representación orgánica. Efectivamente si el representante físico designado es, por ejemplo, el administrador único de la sociedad, este es naturalmente su representante, con lo que la aceptación será un acto debido. Y si se trata de un representante voluntario en virtud de escritura de poder, su ligazón con la persona jurídica le vendrá dada precisamente por la escritura de poder y también para él será un acto debido a su mandante el representarlo en el órgano de administración de que se trate. Por tanto no es necesaria la aceptación de la persona física aunque sí, evidentemente, la de la persona jurídica, la cual deberá ser realizada por persona con facultades suficientes para ello que puede ser precisamente la misma persona física que la represente.
· También merece especial atención la resolución de 9 de abril, antes reseñada, sobre la no posibilidad de anotación de embargo en procedimiento administrativo, aunque el concurso no conste en el registro y sólo resulte del Registro Centralizado del Libro de Alteraciones en las Facultades de Administración y Disposición (sic). Como hemos apuntado y si hemos interpretado bien la resolución, esta supone el atribuir efectos sustantivos a las publicaciones hechas en el Portal Concursal de anotaciones de concursos tomadas en el Registro Mercantil o de edictos publicado en el mismo del que puede derivarse ese Registro Centralizado. Si ello fuera así no sería necesario ya tomar anotaciones de concurso en los RP, pues con la publicación centralizada y el sistema de alertas sería suficiente para extender las consecuencias de intervención o suspensión de facultades del concursado a otros ámbitos distintos del registro mercantil.
Como hemos apuntado más arriba la tesis nos parece excesivamente atrevida, sin perjuicio de reconocer que el concurso, como muy bien dice la DG, es una situación subjetiva del concursado, pero que esa situación subjetiva se pueda tener en cuenta por una publicación en el Portal Concursal, nos parece desmedido sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de los edictos declarando el concurso u otras situaciones derivadas de la Ley Concursal se publican en el Portal Concursal aunque la pertinente anotación no haya sido ni siquiera practicada en el Registro Mercantil por diversas y distintas razones en las que no es el momento de entrar. Si la calificación se hubiera basado en la anotación hecha en el R. Mercantil todavía tendría una justificación como manifestación de la interoperabilidad entre registros, pero al parecer en el caso de la resolución no era así exactamente.
Dejamos abiertas estas páginas para recibir opiniones sobre los dos problemas, más que dudosos, propuestos en estas notas.
TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. Decisión del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, que modifica el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro.
En la sesión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de octubre de 2010, los Jefes de Estado o de Gobierno convinieron en la necesidad de que los Estados miembros estableciesen un mecanismo permanente de crisis para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro.
El mecanismo de estabilidad será el instrumento necesario para hacer frente a casos de riesgo para la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto como los experimentados en 2010 y, de ese modo, contribuirá a preservar la estabilidad económica y financiera de la propia Unión.
En su sesión de los días 16 y 17 de diciembre de 2010, el Consejo Europeo convino en que, como este mecanismo tiene por objeto salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto, el artículo 122, apartado 2, del TFUE ya no será necesario para tal fin. Por consiguiente, los Jefes de Estado o de Gobierno convinieron en que no se utilice con este propósito. El art. 122.2 dice que en caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión.
Tras consultas y dictámenes del Parlamento Europeo, la Comisión y el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo tomó en Bruselas el 25 de marzo de 2011 la decisión de añadir un apartado 3 al artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sin que ello implique aumentar las competencias atribuidas a la Unión por los Tratados.
Entró en vigor el 1º de mayo de 2013, tras la última manifestación de consentimiento, la de la República Checa.
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SEGURIDAD SOCIAL. Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de aplazamientos de pago de deudas, reintegros de prestaciones indebidamente percibidas, compensación, devolución de ingresos indebidos, reembolso del coste de las garantías, desistimiento, convenios o acuerdos en procedimientos concursales y anuncios de subastas en boletines oficiales.
Aparte de otros contenidos, se determina la competencia interna respecto de actuaciones en procedimientos concursales.
La Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá asumir directamente la dirección de las actuaciones en los procedimientos concursales, en los supuestos en que se estime necesario.
Las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social serán competentes para la adhesión, solo por el crédito ordinario, a los convenios generales de acreedores previstos en la Ley Concursal, siempre que en la propuesta de convenio concurran las siguientes circunstancias:
a) Que la quita no exceda del 30 por ciento del crédito ordinario, ni de 200.000 euros.
b) Que la espera no exceda de los cinco años y no contenga más de dos años de carencia total de pago.
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CNMV. Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto de las instituciones de inversión colectiva.
La nueva normativa europea incluye como una de sus principales novedades el documento con los datos fundamentales para el inversor, en sustitución del anterior folleto simplificado, logrando así la armonización a nivel europeo del documento que recoge aquellos datos fundamentales de las UCITS (fondos distribuibles en la UE) que un inversor necesita conocer para poder adoptar una decisión fundada sobre su inversión.
Estas son las normas europeas fundamentales:
- la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009.
- y el Reglamento (UE) número 583/2010 de la Comisión, de 1 de julio de 2010 que en su desarrollo detalla la forma como el contenido del documento con los datos fundamentales para el inversor.
La adaptación de nuestra normativa al derecho comunitario se realizó a través de:
- la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (reforma de 2011)
- el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Ahora, en la misma línea, se dicta esta Circular, que persigue los siguientes objetivos:
- regular el documento con los datos fundamentales para el inversor, estableciendo aquellas especialidades que resulten necesarias para las IIC inmobiliarias y las de inversión libre;
- establecer los modelos del documento con los datos fundamentales para el inversor y del folleto de las IIC;
- adecuar el contenido de la Circular a las recientes modificaciones legislativas relativas, entre otras, a los nuevos supuestos que otorgan derecho de separación a los partícipes.
- revisa y actualiza la lista de los elementos esenciales de las IIC recogida en el cuerpo de la Circular para evitar la dispersión normativa.
- se ha hecho extensiva la exigencia del documento con los datos fundamentales para el inversor a las IIC que no tengan la consideración de UCITS (IIC no armonizadas), aunque con excepciones.
Tiene los siguientes Anexos:
- Anexo A: Modelo de folleto de Fondos de Inversión
- Anexo B: Modelo de folleto de Sociedades de Inversión
- Anexo C: Modelo de documento con los datos fundamentales para el inversor de fondos de inversión
- Anexo D: Modelo de documento con los datos fundamentales para el inversor de sociedades de inversión.
PDF (BOE-A-2013-5453 - 50 págs. - 3.247 KB) Otros formatos Corrección de errores.
BANCO DE ESPAÑA. Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
El actual marco jurídico de la Central de Información de Riesgos (CIR) fue introducido por la Ley 44/2002, de 2 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, que confiere a la CIR la naturaleza de «servicio público» y le atribuye dos finalidades:
- Por un lado, permitir que el Banco de España pueda usar los datos declarados en el ejercicio de sus funciones de supervisión e inspección y en el desarrollo de sus funciones.
- Por otro, facilitar a las entidades declarantes los datos necesarios para el ejercicio de su actividad.
La ley ha sido desarrollada por la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos.
El respecto, el Banco de España, que había dictado la Circular de 25 de septiembre, la modificó por la Circular n.º 1/2004, de 29 de junio.
El papel de las centrales de riesgos, en el mercado de crédito, es el de contribuir a limitar la selección adversa, a acotar el nivel de riesgo agregado y, en general, a preservar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, lo cual cobra mayor importancia ante la actual crisis financiera que ya dura desde 2007.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se han modificado la Ley 44/2002 y la Orden ECO/697/2004, con el objeto de habilitar al Banco de España para fijar contenidos y umbrales de declaración distintos en función de las diferentes finalidades de la CIR, y para establecer que los datos se declaren en unidades de euro.
Y ahora, el Banco de España dicta esta nueva Circular en la que, entre otras medidas:
- Se establece la obligación de declarar los riesgos, operación a operación, en unidades de euro, y sin que se fije un umbral mínimo de declaración y debiéndose de identificar todas las personas que intervienen.
- Se contempla un mayor desglose de los grandes tipos de producto que se declaran actualmente (crédito comercial, crédito financiero, etc.).
- La información y el detalle de las garantías reales recibidas se incrementan considerablemente, pues se pasa de declarar simplemente el tipo de garantía personal o real recibida a facilitar una información detallada de cada uno de los activos recibidos en garantía. Estos datos son especialmente exhaustivos para las hipotecas inmobiliarias.
PDF (BOE-A-2013-5720 - 167 págs. - 3.699 KB) Otros formatos
Granada, a 23 de junio de 2013.
Visita nº desde el 24 de junio de 2013

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 artículo 136
 artículo 122
 artículo 136
 Resolución 
 Real Decreto