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Timestamp: 2017-09-25 00:41:55+00:00

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Apunte Completo Penal Gral. | solopregunteros
Apunte Completo Penal Gral.
El “sistema penal” es una forma de control social punitivo e institucionalizado que en
c) El judicial: juzga los delitos es el órgano encargado de la investigación, aplicación y ejecución de pena (Jueces de instrucción, de Tribunal de Juicio y de ejecución).
La criminalización primaria es la tipificación de una conducta como delito. El poder legislativo selecciona una conducta y, respecto de esta, establece un mandato o prohibición cuyo incumplimiento conmina con pena.
La criminalización secundaria es el ejercicio de acción punitiva sobre determinadas personas, es decir, aquellas que son seleccionadas por el sistema penal como autoras de la comisión de un delito. Para ello, la sociedad ofrece ciertos estereotipos de delincuente, lo que hace que ciertos sujetos sean más propensos que otros a ser captadas por las agencias de control, sobre la base de perjuicios racistas, xenófobos, clasistas, etc.
La dogmática penal tiene una finalidad práctica, pues procura la aplicación objetiva del derecho vigente a los casos que deban ser juzgados.
La pena es la manifestación de la coerción penal y, como tal, persigue la seguridad jurídica.
Las causas de justificación provienen de TODO el ordenamiento jurídico.
Italiano) Ratio.
Abolicionistas: propugnan la abolición del Derecho Penal.
Cometido para reparar lo ya se logra el reequilibrio entre pena e ilícito.
Cometer ese delito. Disuadir a potenciales
Relativas (+) Resocialización del sujeto.
(se mira al
futuro para Prevención (-) El fin inmediato es impedir que el autor
prevenir el Especial cometa nuevos hechos punibles a través
delito) (Apunta al de la coerción física (encierros,
Sujeto en internamientos, etc.)
Según nuestra Constitución el fin de la pena es la PREVENCION ESPECIAL POSITIVA (+) que apunta a la Resocialización del sujeto.
BOLILLA 2: EL DELITO.
El delito, en un concepto general, es una conducta antisocial grave, es decir, contraria al ordenamiento jurídico de una sociedad determinada, en un momento dado.
Delito es una acción, típica, antijurídica y culpable.
El injusto penal es la conducta típica y antijurídica, pero no culpable.
Conducta: algunos autores encuadran dentro de esta estructura a las acciones y las
Acción es un hacer voluntario final.
Omisión es no cumplir con un mandato legal.
Tipicidad: característica de una conducta de adecuarse a un tipo penal.
Antijuricidad: contrariedad de la conducta con todo el ordenamiento jurídico.
Culpabilidad: reprochabilidad por el hecho cometido.
Punibilidad: posibilidad de aplicar pena al delito cometido.
Ejercicio de las acciones: (arts.71 a 76 del Cód. Penal)
Todas las acciones son públicas, salvo las dependientes de instancia privada y las
La acción penal pública deberá ser iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal.
Su ejercicio estará a cargo del mismo órgano y no podrá suspenderse, interrumpirse o hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por ley (art. 5 del C.P.P.N.).
Así, toda persona que se considere lesionada por un delito perseguible de oficio o que sin
serlo tenga noticias de él, podrá denunciarlo ante el juez, el agente fiscal o la policía.
La acción penal dependiente de instancia privada no se podrá ejercer si las personas autorizadas por el Código Penal no formularen la denuncia ante la autoridad competente (art. 6 del C.P.P.N.). En estos casos, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, su tutor, guardador o representante legal. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuera cometido contra un menor que no tenga a estas personas o cuando el delito fuere perpetuado contra el niño por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
El fiscal, cuando existieren graves intereses contrapuestos entre alguno de los nombrados y el menor, podrá actuar de oficio si así resultare más conveniente para el interés superior del último.
En el caso de una acción dependiente de instancia privada, una vez formulada denuncia por el interesado, continúa su trámite como si fuese pública, es decir el agraviado no puede retirar la acusación.
Son acciones dependientes de instancia privada:
• Las previstas por los arts. 119, 120 y 130 del C.P. (abuso sexual simple, gravemente
ultrajante y con acceso carnal por cualquier vía; estupro y rapto), cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o las lesiones mencionadas en el art. 91 (lesiones gravísimas);
• Lesiones leves dolosas o culposas. No obstante, en los casos que medien razones de
seguridad o interés público, se procederá de oficio;
• Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes (ley 24.270).
Las acciones privadas tramitan por juicio especial de querella (arts. 415 a 431 del
C.P.P.N.). Proceden por denuncia del agraviado, de sus guardadores o representantes
legales. La acción de calumnias e injurias sólo puede ser ejercitada por el ofendido y
después de su muerte por su cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.
El ofendido, respecto de los delitos de acción privada, podrá renunciar al ejercicio de
la acción, en cuyo caso se extinguirá la acción penal.
Son acciones privadas:
• Calumnias e injurias (arts.109 a 117 del C.P.);
• Violación de secretos (salvo los casos de los arts. 154 y 157 del C.P.);
• Concurrencia desleal (art. 159 del C.P.);
• Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando el cónyuge fuera la
víctima (ley 13.944).
BOLILLA 3: PRINCIPIOS BÁSICOS CONSTITUCIONALES.
El art. 18 de la Constitución Nacional consagra:
a) El principio de legalidad penal: “nullum crimen, nulla poena sine lege” (no hay crimen, ni pena, sin ley). Ningún habitante de la nación podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho de proceso. Nadie puede ser condenado por conductas que al momento de su comisión no eran delictivas según el derecho aplicable.
b) El debido proceso legal (defensa en juicio): La C.S.J.N. refiere que “el art. 18 exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia pronunciada por los jueces naturales…”
Todo imputado tiene derecho a ser defendido por un abogado de la matricula o, en su defecto, por el defensor oficial que así corresponda.
c) Prohibición de retroactividad de las leyes penales: necesidad de ley anterior al hecho del proceso. Se aplica la norma vigente al momento de la comisión del hecho, salvo que la nueva ley sea más benigna para el reo.
d) Prohibición de analogía: en materia penal no rige la interpretación analógica, salvo que sea en beneficio del imputado. Se entiende por analogía, la aplicación de la norma a un caso similar al legislado, pero que no está previsto o comprendido en su texto.
e) Juez natural: esta garantía preserva la imparcialidad del juzgador e impide al P.E.N. el establecimiento de tribunales especiales. El órgano judicial deberá tener jurisdicción, competencia y haber sido creado por ley anterior al hecho del proceso.
f) Presunción de inocencia: nadie puede ser considerado culpable mientas una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de la cual goza el imputado. Es jurisprudencia pacífica de la Corte que el dictado del auto de prisión preventiva, no vulnera el principio de mención.
g) Principio de culpabilidad: la aplicación de pena importa que el sujeto haya sido
declarado culpable en juicio. Es culpable quien pudo comprender el injusto penal y autodeterminarse conforme a dicha comprensión.
h) Derecho a no declarar contra sí mismo: El imputado tiene derecho a negarse a declarar y, si optaré por hacerlo, su deposición no será juramentada. Las confesiones obtenidas en violación de garantías constitucionales (ej. tormentos) son de ningún valor, por aplicación de la regla de exclusión.
I) Inviolabilidad de domicilio, papeles privados y correspondencia epistolar: una ley determinará en que casos y con que justificativos se procederá a su allanamiento y ocupación.
J) Abolición de la pena de muerte por causas políticas, tormentos y azotes: estas
son penas que atentan contra la dignidad humana, sin embargo, la primera está prevista en el Código de Justicia Militar. El art 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la pena de muerte, en los países que no la hayan abolido, no puede ser extendida para su aplicación a delitos a los que no se emplee actualmente. Esto se complementa con la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
K) Prevención especial positiva: el artículo in fine establece que el fin de la pena es la resocialización del delincuente.
Regla de exclusión: establece que los medios de prueba obtenidos en violación de las garantías amparadas en nuestra constitución y los tratados internacionales de derechos humanos reconocidos por esta, no pueden ser utilizados como prueba de cargo.
Ej. secuestro de un objeto realizado en un allanamiento ilegal, no puede hacerse valer en
El artículo 19 de la C.N. consagra el principio de reserva y reza: “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenda al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitantes de la Nación, será obligado a hacer lo que comanda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”
El principio de la libertad jurídica y la garantía de privacidad, requieren la no
intervención de un Estado paternalista en la existencia privada, en la moral o en el
modelo de vida de los ciudadanos, mediante la imposición de modelos de conducta a
seguir. El Estado sólo podrá intervenir a través de la conminación con pena de
conductas que afecten los bienes jurídicos (principio de lesividad).
Otros principios de interés:
a) Privación de la libertad y derecho a la duración razonable del proceso: El art. 7 apartado 5 del Pacto de San José de Costa Rica reconoce el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. A sus efectos se dictaron las leyes 24.390 y 25.430 como reglamentarias del mismo.
b) Garantía del doble juzgamiento “non bis in idem”: se impide una doble persecución o eventual condena por un mismo hecho. “Debe mediar identidad de persona perseguida, tratarse del mismo hecho y ser igual la fuente de persecución.”
c) “in dubio pro reo”: en caso de duda se estará a lo más favorable al reo. Este principio se aplica para la etapa de debate o juicio oral que requiere certeza apodíctica para el dictado de la sentencia, no así para la instrucción o investigación penal preparatoria.
d) principio de intrascendencia o de personalidad de la pena: la pena no puede trascender de la persona que es autora o partícipe del delito. Ej. en caso que el condenado a pena de multa fallezca, la misma no será abonada por sus parientes.
e) Principio de buena fe y pro homine: establece que, ante la duda, deberá estarse siempre ante el sentido que más garantice el derecho que se trate.
A su vez, las garantías de mención se encuentran consagradas en los arts. 1 a 3 del
C.P.P.N., como así también en los pactos internacionales. Por ej. arts. 4, 7, 8 y 9 de la
Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 14 y 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; etc.
Son los órganos con capacidad de producir derecho penal.
La única fuente de producción del Derecho Penal son los órganos legislativos del Estado.
La única fuente de conocimiento de la legislación argentina es la ley. No tienen tal carácter la doctrina, la jurisprudencia o la costumbre.
Los delitos sólo pueden ser tipificados por ley formal, emanada del Congreso de la Nación, conforme al mecanismo establecido por la Constitución. Ello es así, por cuanto el art. 75 inc. 12 de la C.N. establece como atribución del Congreso el dictado de los códigos de fondo.
Las legislaturas provinciales no pueden tipificar delitos. Sin embargo, tienen
reservado el dictado de los códigos contravencionales y de los códigos de procedimiento en materia penal, conforme al art. 121 de la C.N.
Como consecuencia práctica del principio de legalidad penal, se impone:
a) *Lex certa: los tipos penales deben estar descriptos en forma acabada, en formulas cerradas que no den lugar a confusión. La teoría admite también los tipos abiertos, es decir cierto grado de generalización, a pesar de ello no pueden ser tan amplios que impidan al ciudadano reconocer que es lo permitido y/o lo prohibido;
b) * Lex stricta: prohibición de analogía;
c) * Lex scripta: la ley formal es la única fuente de derecho penal, no se admite como tal al derecho consuetudinario;
d) * Lex praevia: irretroactividad del derecho penal.
Leyes penales en blanco: son tipos penales que establecen una sanción para una conducta que se encuentra descripta en otro precepto legislativo complementario.
Con estas leyes se persigue la infracción a normas reguladoras que responden, en general, a situaciones fluctuantes y coyunturales.
La ley penal en blanco debe ser una ley formal. Por el contrario, el precepto complementario puede ser una ley nacional, provincial, un decreto, un reglamento, etc. Ej. art. 206 del C.P.: “Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) meses el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.”
Así, al resultar un tipo abierto, el juez se ve en la necesidad de complementar el mismo recurriendo a normas complementarias, de donde surge la descripción de la conducta prohibida.
El derecho penal de acto implica la imposición de una pena por la comisión de una conducta contraria al ordenamiento jurídico.
En el derecho penal de autor, no se reprime el agente por la conducta cometida, sino por una manera de ser. Ej: el ser alcohólico, el ser drogadicto. El acto es simplemente una consecuencia posterior de su personalidad, que puede llegar a darse a futuro o no.
El derecho de peligrosidad es derecho penal de autor y como tal es contrario a la
El derecho penal de autor ES INCONSTITUCIONAL
BOLILLA 4: CRIMINOLOGÍA.
LOMBROSO = Concepto Antropologico.
FERRI = Concepciones sociológicas.
GAROFALO = Concepciones psicológicas.
El Positivismo Criminologico: lo que trato de hacer fue buscar una solución científica, a la
Comisión de delitos, para tratar de prevenir esos delitos, tratar de captar al sujeto antes de que realice los delitos.
Las Teorías de la reacción social o “labelling approach
Estas refieren que el individuo asume el status de delincuente al ser captado por las agencias oficiales de control social, no al violar las normas penales impuestas. Delincuente no será aquel el que violes las reglas, sino aquel que sea etiquetado o definido como tal una vez captado. La estigmatización del aparato policial y judicial llevará al individuo a asumir este rol, con alta probabilidad de inicio de una carrera criminal.
Esta teoría quiebra con el modelo consensual y considera al delito como producto de la
desorganización social. Una persona se hace delincuente por asociarse con diferentes
que tienden a identificarse positivamente con la violación de la ley, alejándose de aquellos que ven a tal quebranto como algo incorrecto.
BOLILLA 5: VALIDEZ DE LA LEY PENAL.
1) Validez espacial:
Art. 1 del Cód. Penal: “El código se aplicará:
1. Por los delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la
Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción;
2. Por los delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades
argentinas en desempeño de su cargo.”
a) Principio territorial: “La doctrina de la territorialidad absoluta consiste en que cada
Estado pueda exigir que en toda la extensión de su territorio no se reconozcan otras
leyes, más que las suyas y, correlativamente, que ningún Estado puede extender más
allá de sus límites la aplicación de sus propias leyes.”
Territorio flotante o principio de bandera: se aplica la ley nacional a los hechos cometidos en buques o aeronaves públicas. En caso de conflicto con el principio territorial, se da primacía al principio de bandera.
b) Lugar de Comisión: el problema se presenta con los delitos a distancia, es decir aquellos en que la acción final tiene lugar en una jurisdicción y el resultado en otra. Ej. hay lugares en que la frontera entre dos países está delimitada por una calle. Así, disparo desde Uruguay y mato a la víctima en la Argentina.
Teoría de la ubicuidad: el delito debe reputarse cometido tanto en el lugar donde se comete la acción, como allí donde se produjo el resultado.
2) Validez Temporal:
El art. 2 del Cód. Penal establece: “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esta ley…”
Principio general: desde el punto de vista temporal, se aplica al delito la ley vigente al momento de su comisión.
Principio de la ley penal más benigna: la excepción al principio general es la retroactividad de la ley penal más favorable (art. 2 del C.P.).
Si después de la comisión del hecho se dicta una ley más benigna, es esta la que corresponde aplicar. En algunos casos, es dudoso determinar, en abstracto, cual de las dos leyes es más benévola, ya que una puede favorecer al reo en un aspecto, pero perjudicarlo en otro. Ante la duda, deberá pedirse opinión al imputado y a su defensa. Lo que no puede hacer el juez es combinar ambas leyes, de manera que beneficie al encausado. Es decir, deberá aplica una u otra ley en su integridad, pues, de lo contrario, se estaría creando una tercera norma inexistente.
A los efectos de considerar la ley más favorable, tendrá que tenerse en cuenta la
ley intermedia. Se considera tal, a aquella sancionada luego de la comisión del hecho,
pero derogada antes de dictar la sentencia definitiva.
Excepción a la retroactividad de la ley más favorable: (ultra actividad de las normas temporales o excepcionales).
Leyes temporales: son aquellas en que la misma norma fija su plazo de vigencia
(Ej. desde su publicación hasta el día 31 de diciembre del año en curso).
Leyes excepcionales: son aquellas que son dictadas para regir mientras dure una
situación temporal o transitoria anómala (ej. una guerra, una sequía, etc.).
En consecuencia, si un suceso aconteció durante la vigencia de una de estas leyes, se aplicarán las mismas, aunque con posterioridad se dicte una ley más benigna. Esto es así, pues, de lo contrario, no tendrían razón de ser, ya que su capacidad intimidatoria se vería totalmente anulada.
3) Validez Personal:
A tenor del art. 16 de la C.N. la ley penal se aplica a todos por igual. Se consagra en dicha norma la igualdad formal, es decir la igualdad ante idénticas condiciones. Se prohíben los fueron personales o títulos de nobleza en nuestro país. Sin embargo, no resultan incompatibles los fueros de materia, reales o de causa, instituidos, no para proteger personas, sino para la protección de intereses públicos.
El art. 68 de la C.N. establece la inmunidad legislativa individual de opinión, según la cual ningún miembro del Congreso puede ser sometido a proceso ni molestado por opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Dicha prerrogativa está ligada a preservar el principio de independencia y representatividad del Poder Legislativo. “Dado que la inmunidad es funcional, protege tanto la actividad específica y directamente legislativa de los congresistas como cualquier expresión de éstos, siempre que tenga conexión con la tarea de representación popular que inviste.”
El art. 69 de la C.N. consagra la inmunidad de arresto, según la cual ningún diputado o senador puede ser arrestado mientras dure el ejercicio de sus funciones, salvo ser sorprendido in fraganti delito.
La inmunidad de arresto alcanza también a la detención por prisión preventiva o la impuesta por condena firme.
El art. 70 de la C.N. establece el procedimiento de desafuero que impone que ambas Cámaras podrán suspender en funciones a un legislador y ponerlo a disposición del juez competente por dos tercios de los votos, cuando se forme querella por escrito, en su contra, por ante la justicia ordinaria.
Resulta de aplicación al caso, lo dispuesto por la ley de fueros Nro. 25.320 en cuanto reglamentó la norma de marras, donde se faculta someter a un diputado o senador a proceso penal hasta la conclusión del mismo; y se habilita al juez a su llamado a indagatoria, sin que le sea posible restringir su libertad, entre otros puntos.
El art. 110 de la C.N. establece que los jueces de la Corte Suprema y tribunales
inferiores conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, lo que garantiza
la inmovilidad de sus cargos. No obstante, pueden ser destituidos por juicio político. La ley de fueros es aplicable también a ellos.
El art. 117 de la C.N. consagra la competencia originaria de la Corte en todos los
asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Estas personas
gozan de inmunidad de jurisdicción en el estado Argentino por representar a países
extranjeros, sin embargo pueden aceptar la jurisdicción nacional, en cuyo caso la ejerce
exclusiva y originariamente nuestro superior tribunal.
BOLILLA 7: TEORIA CAUSALISTA Y FINALISTA
Mezger fue artífice de la siguiente construcción dogmática:
a) Conducta: puesta en marcha de la causalidad voluntaria.
b) Tipicidad: prohibición de la causación de un resultado típico, que
eventualmente incluye elementos subjetivos;
c) Antijuricidad: contradicción entre la acusación antedicha y el orden jurídico;
d) Culpabilidad: reprochabilidad a título de dolo o culpa.
Welzel, fue quien se estructuró el delito de la siguiente manera:
a) Conducta: ejercicio de actividad final;
b) Tipicidad: prohibición de realizar la conducta en forma dolosa o culposa;
c) Antijuricidad: contradicción de la acción con el ordenamiento jurídico;
d) Culpabilidad: reprochabilidad.
El ilícito puede ser abarcado desde dos concepciones:
a) el concepto causal de ilícito: que considera decisiva a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido.
b) El concepto personal de ilícito: que considera decisiva la voluntad del autor, independientemente de la producción de un resultado.
BOLILLA 8: LA ACCIÓN
1) Teorías:
• Teoría causalista: acción es inervación muscular voluntaria.
• Teoría finalista: ejercicio de actividad final.
• Teoría social: son acciones las conductas que trascienden al orden social.
• Concepto negativo de acción: acción fue definida como “la evitable no evitación en posición de garante.”
• Teoría funcionalista: es una tesis, también, fundada en la evitabilidad. Conducta es la
posibilidad de evitar un resultado diferente, a través de una acción o una omisión (Jakobs).
• Concepto personal de acción: acciones y omisiones, dolosas o culposas, son la
exteriorización de la personalidad del agente (concepto pre-típico de acción de Roxin).
Acto de voluntad: es el que se dirige al objeto para alterarlo. Ej: escribir una carta.
Acto de conocimiento: es el que se dirige al objeto sin alterar su sustancia. Ej. leer un libro.
Cuando el legislador selecciona un interés social para su protección, lo hace a través de un acto de conocimiento.
Sujetos de conducta: El único sujeto capaz de realizar una acción es el ser humano.
No se puede hablar de voluntad, en el acto de una personal jurídica.
Los animales tampoco realizan conducta, ni pueden ser perseguidos penalmente.
3) Elementos que conforman a la conducta:
CONDUCTA Voluntad. EN MATERIA PENAL
CONDUCTA Libertad EN MATERIA CIVIL
En estos casos, el hombre participa corporalmente, pero no hay conducta porque no hay voluntad, pues la última requiere, siempre, finalidad.
Art. 34 inc. 2 del Cód. Penal: no realiza acción “el que obrare violentado por una fuerza
física irresistible” o amenazado de sufrir un mal grave inminente.
Interna: movimiento no controlable
Por la voluntad es el ACTO
Externa: movimiento no
Controlable por la voluntad
Que tiene su origen externo
ej. Un Huracan.
(Aquí, el hombre interviene
como una mera masa
mecánica.) De un 3º o vis : movimiento incontrolable por la
absoluta: la voluntad, que tiene su origen
NO HAY en una tercera persona que si
ACCION realiza conducta. Ej. me empujan a
pileta y lastimo a otro bañista.
Involuntabilidad: “es la incapacidad psíquica de conducta, es decir el estado
en que se encuentra el que no es psíquicamente capaz de voluntad.”
En la involuntabilidad, el sujeto deberá estar en estado de inconsciencia
Absoluta. Ej. el sueño, el trance hipnótico, el sonambulismo, el desmayo, el
estado de coma, entre otros, se consideran estado de inconsciencia absoluta.
Así, el art. 34 inc.1 del C.P. establece que no son punibles: “el que no
haya podido en el momento del hecho por su estado de inconsciencia,
comprender la criminalidad del acto.”
Involuntabilidad por incapacidad de dirigir los movimientos:
el art. 34 inc. 1 del Cód. Penal establece que no son punibles quien, en el
momento del hecho, no pueda dirigir sus acciones.
En el caso, la persona sabe lo que hace, pero se le es imposible controlar sus
actos. No habrá acción sin dirección de voluntad.
Ej. una persona que, por nervios, no puede dejar de reírse en un velatorio. (delito
de injurias).
REACCIONES SEMIAUTOMATICAS
SI HAY ACCION No integran el concepto
de Acto Reflejo.
Bolilla 9: LA TIPICIDAD.
• Tipicidad: característica de una conducta de adecuarse a un tipo legal.
Todos los “delitos culposos” son NUMEROS CLAUSUS.
Todos los “Tipos culposos” son TIPOS ABIERTOS
En nuestro sistema jurídico todos los tipos penales “SON TIPOS LEGALES”
Clasificación de Delitos: Según la calidad del sujeto activo:
a) Delitos comunes (delicia comunia): pueden ser cometido por cualquier persona que tenga capacidad de acción (Ej. art. 164, robo).
b) Delitos especiales (delicia propia): no pueden ser cometidos por cualquier persona. Se dividen en:
Especiales propios: sólo pueden ser Especiales impropios: la característica
Realizados por aquellos que tienen de autor es un fundamento para la
la característica requeridas, por el aplicación del agravante o atenuante
tipo penal, para ser autor (Ej. art. (Ej. art. 80 inc. 1, parricidio. Es
269, prevaricato. Se requiere ser juez. necesario ser ascendiente,
descendiente, etc. y saber que lo son).
Dolo: conocimiento y voluntad de la realización del tipo objetivo (saber + querer).
El conocimiento debe ser actual, efectivo y comprensible en su significación.
* Efectivo: el conocimiento debe ser eficaz. La mera posibilidad de conocimiento
(potencial) no es suficiente para la configuración del dolo.
* Actual: debe darse al momento de la comisión del hecho, ni antes, ni después. Se
descarta el dolo “antecedens” y “subsequens”.
* Comprensible en su significación: debe abarcar los elementos descriptivos y los
normativos, las atenuantes y agravantes.
* volitivo: que consiste en la decisión de realizar la conducta descripta en el tipo.
El agente quiere la producción del resultado.
El dolo no requiere para su configuración el conocimiento de la antijuricidad del acto (dolo avalorado).
Dolo directo: el autor quiso directamente la realización del tipo, pues esta
era su meta. Ej. el agente quiso matar a un tercero y dirigió su conducta
para la consecución del fin.
Dolo indirecto: el autor se propone un fin y sabe que para la consecución
del mismo, se van a producir “necesariamente” ciertas consecuencias
CLASES concomitantes (tipificadas legalmente),que acepta, como medio, para
DE lograr su meta. Ej. El agente quiere matar al presidente, poniéndole una
DOLO bomba en su automóvil. Sabe que para conseguir su meta,
necesariamente tiene que morir el chofer y lo acepta. Entonces, hay dolo
directo respecto del presidente, pero dolo indirecto respecto del chofer.
Dolo eventual: el autor se propone un fin y sabe que para la consecución
del mismo, se pueden producir “eventual u ocasionalmente” ciertas
consecuencias concomitantes (tipificadas legalmente), que acepta, como
medio, para lograr su meta. Ej. Una madre quiere que su hijo pida limosna.
Error de tipo: es un error que recae sobre los elementos del tipo objetivo.
Salvable: deja subsistente el tipo Culposo
siempre que no este previsto en el código
o sino es una conducta atípica.
ERROR siempre excluye el Dolo
DE TIPO Insalvable: elimina la tipicidad dolosa y
culposa (conducta atípica)
Errores de Tipicidad Objetiva
Error en el objeto (o en la persona): Es irrelevante.
“Aberractio ictus”: Esta palabra proviene del latín y significa error en el golpe o desviación de la trayectoria. En este caso, la conducta se dirige a un objeto, pero a raíz del vicio señalado, afecta a otro sobre el cual se produce el resultado.
Dolus Generalis: Al igual que el anterior, el dolo general constituye una situación especial de desviación del curso causal. Aquí, el agente cree haber arribado a un resultado, pero este se produce antes o después de lo previsto, por un hecho suyo anterior o posterior.
Esta teoría supone la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la realización de ese riesgo en el resultado.
En consecuencia de ello, lo determinante para esta teoría es comprobar:
a- si la acción del agente creó un riesgo jurídicamente desaprobado para la producción del resultado.
b- si el resultado acaecido resulta la concreción del riesgo creado por el autor.
Lo que prohíben las normas es la creación de un riesgo, que supere al riesgo
permitido por el alcance del tipo penal, y la producción de resultados francamente evitables.
Se excluye la Imputación Objetiva:
– en los casos de disminución de riesgo ya existente para la víctima, como consecuencia que se estaría mejorando su situación.
– No será imputable objetivamente la acción que no crea un peligro jurídicamente desaprobado o por lo menos no lo incrementa de “modo jurídicamente considerable”.
– La imputación se excluye en los casos de riesgo permitido. Con esta categoría se excluyen del marco de imputación ciertos comportamientos que si bien resultan peligrosos, son propios del curso ordinario de la vida en sociedad.
– Se excluye la imputación si falta la realización del riesgo en el resultado, es decir si a pesar de haber el autor creado un peligro jurídicamente desaprobado, el resultado no es la realización de dicho riesgo, sino que está simplemente conectado causalmente con el mismo.
– Deberá, según Roxin, excluirse la imputación cuando el resultado se encuentre fuera del ámbito de protección de la norma.
Riesgo permitido: Dentro de toda sociedad existen riesgos tolerados para el desarrollo e interacción social, por lo que un comportamiento que se encuentra dentro del riesgo permitido excluye el tipo penal.
Principio de confianza: En toda actividad compartida se confía que los demás cumplirán con sus deberes de modo correcto, salvo que existan fundadas razones para pensar lo contrario. “Este peligro otorga libertad de acción a pesar del peligro de un desenlace negativo, pues de este peligro ha de responder otra persona.” Es por ello, que no se le imputarán objetivamente los resultados lesivos a quien haya obrado pensando en que el resto se mantendrá dentro de los límites del riesgo permitido.
Prohibición de regreso: se “trata de casos en los que un autor desvía hacia lo delictivo el comportamiento de un tercero que “per se” carece de sentido delictivo.”
Competencia de la víctima: en estos casos habrá que determinar si la
víctima actuó a propio riesgo o configuró la situación que le produjo el infortunio.
BOLILLA 10: LA ANTIJURICIDAD.
La Antijuricidad: es la característica de la conducta de ser contraria a todo el ordenamiento jurídico.
Algunas veces, la subsunción de una conducta en un tipo penal no es suficientemente indiciaria de su antijuricidad. En tal sentido, encontramos la “adecuación social”, según la cual un comportamiento formalmente adecuado a un tipo, no puede considerarse típico, si resulta adecuado socialmente.
Antijuricidad material: el Positivismo Sociológico sostuvo la antijuricidad material, entendida como dañosidad social de la conducta (asocial).
Antijuricidad formal: el Positivismo jurídico apelaba a la antijuricidad formal, que era la contrariedad de la acción con las normas creadas por legislador. Esta es la que se da en la actualidad.
• Provienen de todo el ordenamiento jurídico.
• Contienen un permiso o autorización para realizar la acción típica, bajo determinados
• Sus efectos alcanzan al autor y demás partícipes del delito.
• Excluyen cualquier tipo de responsabilidad. Así, la penal, la civil, la administrativa, etc.
• Es imposible hacer valer una justificante respecto de quien actúa justificadamente
(Ej. Legítima defensa de legítima defensa).
• La creación intencional, por parte del autor, de una situación de justificación impide la aplicación de la justificante.
• La justificación se limita a la acción “necesaria” para salvar al bien jurídico protegido.
Es decir, la acción del agredido debe ser la menos dañosa de las que estaban a su
disposición para la tutela del bien amenazado.
• “Sólo obra justificadamente el que tiene conocimiento de las circunstancias que fundamentan la justificación ─elemento subjetivo de la justificación─. De la misma manera que el tipo de ilícito puede distinguir entre tipo objetivo y subjetivo, el tipo de justificación ─del delito doloso─ no sólo requiere la concurrencia de ciertos elementos objetivos, sino de un elemento subjetivo de la justificación, consistente en el conocimiento de los elementos objetivos. Por lo tanto, puede decirse que no hay legítima defensa sin voluntad de defenderse, ni estado de necesidad sin voluntad de salvar un interés jurídico”, aún cuando se den los presupuestos objetivos de las justificantes.
Las causas de justificación en particular
La legítima defensa necesaria (art.34 inc. 6 del C.P.).
* Presupuestos objetivos:
a) Agresión ilegítima: la agresión debe provenir de un ser humano. Si es de un animal,
habrá estado de necesidad. Cualquier bien puede ser objeto de agresión, no se limita
solamente a la vida o integridad personal.
La agresión debe ser “actual”, es decir habrá posibilidad de defensa mientras se esté
desarrollando. También puede ser “inminente”, lo que implica que todavía no se inició,
pero la voluntad del contrincante al respecto es patente.
La agresión debe ser “ilegítima”, verbigracia antijurídica, lo que excluye la posibilidad
de legítima defensa de legítima defensa.
La defensa debe ser “necesaria”, o sea la acción del agredido debe ser la menos
dañosa a su alcance para repeler el ataque.
b) Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende: “la provocación es la conducta anterior, que da motivo a la agresión, y que se desvalora como suficiente cuando hace previsible la agresión, sin que a este efecto puedan tomarse en cuenta las características personales antisociales del agresor.”
c) Necesidad racional del medio utilizado para compelerla: No es necesario que haya proporcionalidad entre el daño eventualmente causado por la agresión, y la lesión inferida al atacante. (Ej. una mujer puede matar al agresor que quiso violarla), sin embargo se requiere la racionalidad del medio utilizado para compelerla.
Esta observación es aplicable a los medios mecánicos también llamados “ofendiculas” (ej. vidrios colocados sobre una medianera, electrificación de un alambrado, etc.), es decir en estos casos también habrá que apelar a la necesidad de los mismos.
Las “ofendiculas” son una especie de defensa predispuesta y se rigen por el principio de racionalidad.
La necesidad debe valorarse ex ante. Así, esta justificado quien dispara contra un
agresor que lo apuntaba con un revolver, aunque luego se descubra que el mismo era
Legítima defensa de un tercero (art. 34 inc. 7 del C.P.): El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias:
a) agresión ilegítima y
b) necesidad racional del medio) y en caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.
Legítima defensa presunta o privilegiada: se entenderá que concurre legítima defensa respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de aquel que encontrare un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia. La presunción mencionada admite prueba en contrario.
El estado de necesidad justificante (art. 34 inc. 3 del C.P.) “El que causare un mal para evitar un mal mayor inminente a que ha sido extraño.”
Según Bacigalupo, el estado de necesidad se plantea de dos formas:
a) por colisión de bienes o intereses: se requiere un peligro inminente, es decir seguro o
muy probable de la afectación al bien jurídico que se quiere salvar. La acción del agente
debe ser necesaria, es decir la menos dañosa a su alcance para evitar la lesión. La acción
no es necesaria si el peligro se podía evitar de otra forma.
El bien salvado debe ser de mayor importancia o jerarquía que el sacrificado. La
desproporción entre ambos bienes debe ser esencial, es decir debe haber una marcada
diferencia entre ambos. “La comparación de bienes no autoriza, sin embargo, la realización de acciones que afecten bienes individuales como, por ejemplo, extraer un riñón a uno para trasplantarlo a otro a quien se le salva la vida”, a pesar que en el caso la vida es de mayor importancia que la integridad corporal, pues este no es un medio adecuado socialmente.
Quien invoca la justificante no tiene que haber contribuido a causar la situación de peligro.
Quienes estén obligados a soportar el riesgo, no pueden invocar el estado de
necesidad. Ej. Policía, Bomberos, etc.
b) por colisión de deberes: En este rubro ingresa la justificante prevista por nuestro ordenamiento en el art. 34 inc. 4 del C.P. en cuanto establece “el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de un derecho o cargo.”
El consentimiento del ofendido
Cuando el consentimiento está previsto como un elemento del tipo, por ejemplo en el delito de violación de domicilio (art. 150 del C.P.), la voluntad expresa o presunta en favor de la práctica de la diligencia por parte del morador, excluirá a la tipicidad.
Cuando la conducta del agente importe la lesión de bienes jurídicos ajenos, el
consentimiento del interesado excluirá la antijuricidad.
Los requisitos de un consentimiento eficaz, son los que se enumeran a continuación:
a) Debe recaer sobre bienes disponibles. No son tales la integridad personal o la vida.
Ej. no puedo consentir que otro me mate.
b) Debe ser anterior al hecho, pues si es posterior se transforma en perdón.
c) Es retractable por el interesado, en cualquier momento, antes de la comisión de la
conducta consentida.
d) Debe haber sido otorgado por un sujeto con capacidad de decisión.
e) No puede haber sido obtenido mediante engaño o amenaza.
f) No puede provenir de un error de la víctima.
g) El consentimiento presunto o tácito, es decir cuando no es expreso, se rige por los mismos parámetros que el anterior; y es válido sólo en la medida en que se mejore el bien jurídico tutelado. Por lo tanto, la conducta tuvo que haber sido realizada en interés o beneficio del titular del bien jurídico.
La obediencia debida: (art. 34 inc. 5 del C.P.) No es punible es que obrare en virtud de Obediencia debida.
En principio, el cumplimiento de una orden dada conforme a derecho en una relación de prelación jerárquica, que perjudique a bienes jurídicos de terceras personas, excluye la antijuricidad. No existe defensa necesaria en contra de esta exigencia.
No tendrá efecto justificante el cumplimiento de las órdenes manifiestamente antijurídicas, por lo menos desde esta causal.
Sin embargo, tal cumplimiento puede tener efecto eximente desde un estado de necesidad justificante. Ej. El soldado sabe que la orden es antijurídica, pero el cumplimiento de la misma reporta un mal necesario, para evitar un mal mayor.
En la misma inteligencia, el agente puede cumplir una orden, manifiestamente antijurídica, amparado en un estado de necesidad disculpante. Ej. El soldado obligado a disparar en el pelotón de fusilamiento, con el conocimiento que, de no cumplir la directiva, él será la próxima víctima.
El error sobre los presupuestos objetivos de una causal de justificación: es ERROR DE PROHIBICION
Se trata de los casos en que el autor cree actuar amparado en una causa de justificación, no obstante falta alguno de los presupuestos objetivos para configurar esta. Ej. En una noche oscura, observo que un sujeto cruza la calle y se dirige hacia mí. En el entendimiento que voy a ser atacada y creyéndome amparada en legítima defensa, golpeo al individuo causándole lesiones. Sin embargo, el hombre cruzó para pedirme un cigarrillo. Así, faltará, en el supuesto, la agresión ilegítima.
Jorge Sandro concluye que es una categoría autónoma llamada error sobre la justificación. Así, quien yerre sobre los presupuestos objetivos de una justificante, de resultar el yerro inevitable, estará justificado (como si existiera realmente la causal de justificación). Por el contrario, en caso de error evitable, se aplicará la pena del delito culposo, de encontrarse el mismo previsto por la normativa legal
El art. 35 del Cód. Penal: antijuricidad disminuida. En el caso se prevé el exceso en las justificantes. La norma establece que “el que se hubiera excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada pera el delito de culpa o negligencia.”
Zaffaroni se mostró en general reticente a considerar al exceso como un
supuesto de error. Asevera que se trata de conductas dolosas con un menor contenido de
antijuricidad. Afirma que sólo encuadran en el supuesto aquellas acciones que
empezaron siendo justificadas, pero luego se prolongaron en el tiempo fuera del amparo
del tipo permisivo. Asimismo, de verificarse un exceso y de no estar previsto el tipo
culposo, la conducta deviene atípica, postura esta que compartimos.
BOLILLA 11: LA CULPABILIDAD.
Libre albedrío: cuando se habla de libre albedrío, se entiende, como tal a la capacidad del hombre de determinarse conforme a sentido, a la libertad de actuar de otra manera, a la facultad de distinguir entre el bien y el mal.
Culpabilidad de acto y culpabilidad de autor:
En la culpabilidad de acto, se le reprocha al autor el hecho cometido, ello por que tuvo comprensión del injusto y pudo autodeterminarse conforme a dicha comprensión.
Es decir, se le va a reprochar la conducta por él cometida.
En la culpabilidad de autor, se le va a reprochar al mismo un síntoma de personalidad que el derecho quiere reprimir, su forma de ser, su forma de conducción en la vida, mas no un acto efectivamente cometido. El hecho será, en definitiva, un síntoma de su personalidad desviada. Ej. en el caso de un homicidio se considerará más grave el cometido por un hombre con antecedentes de conducta violenta, pendenciero, que el realizado, por ejemplo, por un empresario. La culpabilidad de autor es inconstitucional.
Concepto y elementos que conforman la culpabilidad:
Concepto: Culpabilidad es reprochabilidad por el hecho cometido. Es la capacidad del autor de conocer y comprender el injusto penal (acción, típica y antijurídica) y de auto determinarse (motivarse) conforme a dicha comprensión.
Elementos: a) Capacidad psíquica de voluntad.
b) Comprensión del Injusto.
1- Los menores: La ley 22.278 establece el régimen de minoridad penal y su trámite.
Así, los menores de 16 años serán inimputables.
De 16 a 18 años, tendrán una capacidad disminuida. No serán imputables respecto de los delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de 2 años, con multa o inhabilitación. Es punible el menor de 16 a 18 años que incurriera en un delito que no fuera los enunciados. A partir de los 18 años de edad el menor es plenamente imputable y juzgado como mayor.
2- alteraciones morbosas o insuficiencia de las facultades: (art. 34 inc. 1 del C.P.).
No es punible, el autor que en el momento del hecho, por alteraciones morbosas o
insuficiencia de sus facultades no haya podido comprender la criminalidad del acto. En
cuanto al concepto de enfermedad mental (alteración morbosa) se presentan las llamadas
psicosis endógenas o exógenas.
Las Endógenas tienen origen interno. Encontramos entre ellas a la esquizofrenia y la
locura maníaco depresivo.
Las exógenas tienen origen externo, como ser la ebriedad, la drogodependencia.
Las psicopatías deben ser analizadas en cada uno de los casos en particular, pero,
en general, no son causales de inimputabilidad.
La capacidad de culpabilidad es un juicio valorativo a ser realizado por el juez, a través de un criterio biológico-normativo, con ayuda de peritos auxiliares médicos, cuyos dictámenes no lo obligan.
La falta de capacidad de motivación debe darse al momento de la comisión del hecho, ni antes, ni después.
Excepción al punto es el “actio liberae in causa” (acción no libre en el hecho, pero libre en la causa). En estos supuestos, el agente capaz de motivación, se pone voluntariamente (dolo directo, eventual o culpa) en un estado que la excluye y, bajo dichas circunstancias, realiza una conducta típica y antijurídica. Ej. Juan bebe en abundancia para desinhibirse y cometer un robo. Así, se traslada su capacidad de motivación al momento previo, en que se encontraba consciente y se procuró el estado de inconsciencia antedicho.
En consecuencia, si el sujeto se incapacitó accidentalmente o no previó el resultado de sus actos, no hay culpabilidad. Si pudo preverlo, la culpabilidad será culposa. Si lo hizo para causar el resultado típico, habrá dolo.
3- posibilidad de conocer el injusto o desaprobación jurídico- penal: desaparece la
culpabilidad cuando el autor actuó en error sobre la antijuricidad. A diferencia de lo que
ocurre con el dolo ─ que requiere conocimiento efectivo─, la antijuricidad se conforma
con el conocimiento potencial, es decir la posibilidad de conocimiento. Entonces, se podrá reprochar la conducta al autor si no estuvo consciente de la antijuricidad de su
actuar, pero debió haberlo sabido.
Estas doctrinas tienen en común considerar al dolo como elemento esencial de la culpabilidad y a la consciencia de antijuricidad como parte integrante del mismo. En consecuencia, ambas requerirán, prima facie, un conocimiento efectivo de la última.
* Teoría estricta del dolo: sostiene que para el dolo es esencial la consciencia actual de antijuricidad (dolo + consciencia de antijuricidad = dolo malo o desvalorado). No habrá tal, cuando el agente presupone: a) la existencia de una causal de justificación, b) la existencia de una causal que excluya la responsabilidad por el hecho, c) cuando hubiese ignorado la norma prohibitiva. Si el error era inevitable, se excluye el dolo y la culpabilidad; caso contrario, de resultar salvable, deja subsistente un remanente culposo.
Esta teoría da igual tratamiento a los errores de hecho y derecho en materia penal
(aplica las reglas del error de tipo).
* Teoría restringida del dolo: parte de los mismos presupuestos que la anterior. Sin embargo, esta tesis se conforma, en ciertos casos, con la conciencia potencial del ilícito,
como componente del dolo. En tal sentido, sólo una falta importante de dicha consciencia será asimilable al dolo, grado este que Mezger denominó “enemistad ante el derecho.” Así, según esta doctrina, la culpabilidad exige respecto del conocimiento de la antijuricidad, dolo más conciencia efectiva de antijuricidad o, en su defecto, una actitud negligente de ceguera hacia la norma, que si bien no es asimilable al dolo, es equiparable
a este en cuanto a sus consecuencias jurídicas, y sometido a igual pena. Se entiende
que actúa con negligencia grave aquel que demuestra desprecio o indiferencia frente a
los valores vigentes de la sociedad.
Teoría estricta de la culpabilidad: (tesis sustentada por los finalistas Argentinos,
en su mayoría) Según esta concepción, la consciencia de antijuricidad no pertenece al
dolo y es examinada como componente individual dentro del estrato de la culpabilidad.
Se entiende a esta, como un juicio de valor según el cual se le puede reprochar al agente
su conducta por no haberse motivado conforme a la norma, cuando pudo haberlo hecho.
Así, el dolo será analizado en el tipo subjetivo, y requerirá, para su configuración, un
conocimiento efectivo, exento de toda valoración (dolo natural). Por el contrario, la
conciencia de antijuricidad, será analizada en el estrato de la culpabilidad y requerirá,
para su conformación, un conocimiento potencial. En consecuencia, un error sobre los
elementos del tipo objetivo, sea de hecho o derecho, será un error de tipo. En cambio, un
error sobre la antijuricidad, sea de hecho o derecho, será un error de prohibición.
Teoría limitada de la culpabilidad: Parte de iguales principios que la anterior, pero considera que un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación es un error de tipo, no de prohibición. Entienden que una eximente putativa es un error que recae sobre un elemento negativo del tipo, un error de hecho, y, como tal, debe recibir tratamiento de error de tipo.
Error de prohibición: La categoría de marras, consiste en un error sobre la antijuricidad de acto con pleno dolo de tipo.
“El autor sabe lo que hace, pero supone erróneamente que está permitido”148, ya sea por que desconoce o conoce mal la norma jurídica, o porque presupone la existencia de una causal de justificación.
El error de prohibición habrá de clasificarse como “directo” cuando recaiga ─valga
la redundancia─ directamente sobre la norma prohibitiva, e “indirecto” cuando lo haga
sobre una justificante.
Dentro de la categoría de error de prohibición directo habrá que analizar:
a.- el contexto en que el autor desconozca la norma prohibitiva, es decir, crea a
su conducta permitida.
b.- la situación del agente que conozca la ley, pero no la considere aplicable al
caso (error de subsunción).
c.- el supuesto que el sujeto conozca la norma, pero la considere derogada, ya sea,
porque ha entrado en desuso o porque colisiona con una norma de mayor jerarquía
(error de validez). Este error puede, incluso, estar basado en la dispar producción
d.- el supuesto en que el sujeto no pueda introyectar la norma por no poder
entenderla (error de comprensión o culturalmente condicionado).
e.- el caso de autor por conciencia disidente.
Dentro de la categoría de error de prohibición indirecto se incluirá:
a.- la situación del agente que fantasea la existencia de una causal de
justificación, no prevista por el ordenamiento legal.
b.- el caso en que el autor yerre sobre los presupuestos objetivos de una causal de
c.- algunos juristas incluyen en esta categoría al exceso en las causas de justificación (art. 35 del C.P.).
Directo: recae sobre Vencible: disminuye la
la norma prohibitiva. culpabilidad.
Indirecto: recae sobre Invencible excluye la
una causa de justificación. culpabilidad.
Otros supuestos de exculpación o de inculpabilidad
Estado de necesidad disculpante o excusante: Se rige por las mismas reglas
que el estado de necesidad justificante. En consecuencia, se requiere que el autor cause
un mal, para evitar otro mal, grave e inminente, del cual fue ajeno. No obstante, la
diferencia está dada porque el bien sacrificado es igual (no menor) al salvado. En
definitiva, es un estado de necesidad por colisión de bienes de igual jerarquía. El
reconocimiento de esta causa supralegal de exclusión de responsabilidad, se reduce, en
general, a salvar intereses fundamentales, como ser la vida, la libertad o la integridad
personal. Ej. Dos náufragos se están por ahogar y encuentran una tabla. El elemento
sólo soporta el peso de uno de ellos. Uno empuja al otro, lo que a la postre produce su
El miedo insuperable y la coacción o amenazas: En estos supuestos el autor
tiene que elegir entre causar un mal o sufrirlo en carne propia.
El art. 34 inc. 2, in fine, del Cód Penal hace referencia al que obrare violentado por
(…) amenazas de sufrir un mal grave e inminente.
La coacción está definida en la parte especial, más precisamente, en el art. 149
bis. en cuanto establece el uso de amenazas para obligar a otro a hacer, no hacer o
tolerar algo en contra de su voluntad.
Así, según nuestra legislación de fondo, estas formas deberán ser reguladas por
las mismas pautas que rigen el estado de necesidad justificante o disculpante, ello según
la entidad del bien sacrificado.
Error sobre las situaciones de necesidad exculpante: se aplican las reglas del
error de prohibición, aunque no se trate de tal.
BOLILLA 12: LA PUNIBILIDAD.
El concepto de “punibilidad” es ajeno a la estructura dogmática de la teoría del delito, pues a los efectos del ilícito penal, basta con que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. Entonces, la punibilidad será una consecuencia del delito.
El interés de la categoría de estudio se verifica en las llamadas condiciones objetivas de punibilidad y en las excusas absolutorias. La diferencia entre ambas, está dada porque las primeras, abarcan a todos los intervinientes en el hecho, mientras que las últimas, sólo aprovechan a aquel sobre quien recaigan.
Excusas absolutorias: “son aquellas circunstancias que excluyen la punibilidad, sin afectar el ilícito o la culpabilidad.”
Las excepciones personales especiales tienen más bien la consecuencia de que el merecimiento de pena del hecho queda excluido de antemano o anulado después.”
Jescheck distingue dos clases de excepciones personales a la punibilidad:
a) Causas personales de exclusión de la pena, que son circunstancias que, para anular la punición, deben concurrir al momento de la comisión del hecho. Ej. Privilegios de parentesco (art. 185 del C.P.).
b) Causas personales de anulación de la pena, que se producen después de la comisión del delito y anulan la punibilidad con carácter retroactivo. Así, el indulto, la amnistía, la prescripción son ubicados en este rubro.
Entre otras excusas absolutorias, se pueden señalar:
* la exceptio veritatis en las calumnias;
* la prueba de la verdad en las injurias ( art. 111 del C.P.);
* la retractación pública en las calumnias o injurias (art. 117 del C.P.);
* el encubrimiento entre parientes próximos o amigos íntimos (art. 277 inc. 4 del C.P.);
* el avenimiento en los delitos de abuso sexual y rapto (art. 132 del C.P.);
* el desistimiento voluntario en la tentativa ( art. 43 del C.P.);
* el sometimiento de los meros ejecutores a la autoridad pública en los delitos de rebelión
o sedición (art. 232 del C.P.); etc.
Condiciones objetivas de punibilidad: “Las condiciones objetivas de punibilidad son circunstancias que se encuentran en relación directa con el hecho, pero que no pertenecen ni al tipo de injusto ni al de la culpabilidad.” Si bien se aproximan al dolo de tipo, en lo que atañe a la culpabilidad, sólo interesa su concurrencia o no, de tal manera que al autor se lo castigará por realizar su conducta dolosa o culposa, siempre y cuando concurra la condición objetiva al momento del hecho o con posterioridad al mismo. La presencia de una condición objetiva de punibilidad, impide la aplicación de las reglas de las tentativas para el delito en cuestión. Ej. El artículo 83 del C.P. tipifica la instigación o ayuda al suicidio, que establece
una condición objetiva de punibilidad. Así, sólo se penan dichas conductas en la medida
que “el suicidio se hubiese tentado o consumado.”
a) El error sobre la punibilidad: En general, la doctrina no admite el error sobre la punibilidad, sin embargo, la tendencia actual es considerarlo relevante.
Así, Zaffaroni, Alagia y Slokar reconocen a una categoría de errores exculpantes
especiales a saber:
1) la falsa suposición de una situación objetiva de necesidad exculpante, o de los
presupuestos objetivos para configurar la misma;
2) la falsa suposición de causas de exclusión de la punibilidad (error sobre la punibilidad).
La exculpante putativa (supuesto “a”), tiene por efecto la exclusión de la culpabilidad de resultar inevitable. Si bien se resuelve por las reglas relativas al error de prohibición, no resulta ser tal, sino una categoría especial de error que recae necesariamente sobre la punibilidad y por lo tanto debe ser tratado como un supuesto más del mismo.
En relación al error sobre la punibilidad (supuesto “b”) expresan: “se ha señalado
que…, la expresión criminalidad del inc. 1 del art. 34 debe entenderse abarcando la
posibilidad de pena o punibilidad, derivada de la existencia de causas coetáneas a la
acción que obste legalmente a ella. Por ende el error a su respecto es relevante.”
BOLILLA 13: LA TENTATIVA.
1) La tentativa: El art. 42 del Cód. Penal define el concepto de delito incompleto.
La norma de mención define a la Tentativa como: “el que con el fin de cometer un delito comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad”
2) Fundamentos de la punibilidad de la tentativa:
Teoría objetiva: la tentativa es punible porque implica un peligro para el bien jurídico protegido.
Teoría subjetiva: la tentativa es punible por el disvalor de acción del autor, por su voluntad hostil a la norma.
El dolo eventual es suficiente para la tentativa.
No hay tentativa de delito culposo, siempre va a ser doloso.
3) La tentativa inidónea:
El art. 44, último párrafo, del Cód. Penal. establece:
“Si el delito fuere imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelado por el delincuente.”
Existen tres posibilidades de tentativa inidonia que son:
–Inidoneidad del autor: es el caso del agente, que sin tener los requisitos requeridos por el tipo legal para ser autor (delitos especiales propios), comienza la ejecución de la acción típica. Ej. Quien, en la creencia de ser funcionario público, acepta una dádiva para hacer o no hacer algo relativo a sus funciones, cuando en realidad no es tal (delito de cohecho).
–Inidoneidad en el objeto: son los casos en que la característica del objeto sobre el cual recae la acción, impiden la consumación del resultado típico. Por Ej. Intentar matar a una persona muerta.
–Inidoneidad en el medio: son los casos en que los medios utilizados para alcanzar la meta propuesta por el autor, no resultan aptos a tal fin. Ej. Querer matar a alguien mediante una poción mágica.
4) Tentativa acabada e inacabada:
– Tentativa acabada o delito frustrado: se da cuando el autor realizó todos los actos necesarios para concretar su plan, no obstante, por circunstancias ajenas a su voluntad, el resultado no se produjo. Ej. Puso una bomba para volar un shopping, pero la misma no se activó conforme a lo planeado.
-.Tentativa inacabada: se da cuando el agente interrumpe la ejecución, previo realizar todos los actos necesarios, según su plan, para alcanzar la meta propuesta.
5) El desistimiento voluntario: El art. 43 del Cód. Penal establece que:
El autor no estará sujeto a pena cuando desistiese voluntariamente del delito. Esto no favorece a los partícipes del hecho.
Los requisitos para que haya un desistimiento voluntario son :
Tentativa inacabada: que el agente omita realizar las acciones tendientes a lograr la consumación del delito, “es decir que interrumpa su plan”.
Tentativa acabada: el autor debe impedir la producción del resultado típico, mediante “un hacer activo”.
El desistimiento es voluntario cuando:
– Es anterior al descubrimiento del hecho.
– No responda a la imposibilidad momentánea, basada en una acción del sistema penal, que impida la práctica el plan al agente. (Ej. Sonó una sirena, viene la policía, etc.).
– No responda al convencimiento de la imposibilidad de ejecutarlo por causas ajenas a su voluntad. Ej. “No concurre el desistimiento voluntario si al procesado lo impulsó el temor de que fallase el arma y la creencia de que había personas extrañas cerca del lugar del hecho. La causa del abandono no debe estar determinada por las circunstancias que habrían estorbado la ejecución del propósito.
6) La pena:
El art. 44 establece que la pena que correspondería al agente, si hubiera consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad, en caso de tentativa.
Si la pena fuere reclusión perpetua, la de tentativa será de reclusión de quince a 20 años.
Si la pena fuere de prisión perpetua, la de tentativa será prisión de 10 a 15 años.
¿Cómo se practica la disminución mencionada en primer término?
“La disminución de la pena en un supuesto de delito tentado debe realizarse
disminuyendo en un tercio el máximo y en la mitad el mínimo de la pena
correspondiente al delito consumado.
BOLILLA 14. LA AUTORÍA Y LA PARTICIPACIÓN.
1) Participación, generalidades:
• Sentido amplio: la concurrencia de individuos a la comisión de un delito.
• Sentido estricto: concurso de personas en el delito sin ser autores. Es decir, los cómplices y los instigadores.
Posiciones que distinguen entre autor y partícipe:
• Teoría subjetiva: se base en la actitud subjetiva de los participes frente al hecho. Autor es aquel que quiere al hecho como propio. Participe es el que colabora en un hecho ajeno. El primero, tendrá “animus auctoris”, el segundo, “animus socii.”
• Teoría formal objetiva: Autor es quien realiza personalmente el hecho, es decir de propia mano. Esta teoría falla en la autoría mediata.
• Teoría final objetiva: es la teoria que aplicamos. Autor será la persona que tenga “dominio del hecho”. Se considerará tal, a quien tiene la potestad del curso causal de la ejecución, al que decide sobre el sí, el como y el cuando. Luego, tendrá “dominio de la acción” quien realiza el hecho por propia mano; tendrán “dominio funcional del hecho” los coautores, y “dominio de la voluntad” el autor mediato.
2) La autoría directa y mediata:
Autor directo: es quien realiza personalmente la conducta, es el que tiene en sus manos el devenir causal del suceso. Quien, para la comisión de un hecho, se vale de una persona que no realiza acción, es autor directo.
Autor mediato o indirecto: es aquel que no realiza personalmente la conducta, sino que utiliza a un tercero como instrumento, persona esta que no comete injusto o delito.
El tercero tuvo que haber actuado:
– a) sin tipicidad objetiva.
– b) Sin dolo o en error de tipo.
– c) Amparado en cualquier causa de justificación.
En resumen, el autor tiene el dominio de la voluntad del tercero, porque se está valiendo de la situación permisiva en la cual lo ha colocado.
3) La coautoría:
“Habrá co-dominio del hecho cada vez que el participe haya aportado una contribución al hecho total, en el estadio de ejecución, de tal naturaleza que sin esa contribución el hecho no hubiera podido cometerse.”
La coautoría requiere los siguientes presupuestos:
• Que todos los intervinientes tengan co-dominio funcional del hecho.
• Que exista un plan común para la realización del hecho (decisión común al hecho).
• Que cada uno realice un aporte objetivo a la producción del suceso durante la etapa de ejecución, ello mediante división de tareas. No tiene que haber subordinación de unos a otros, la decisión de consumación del delito estará en manos de todos.
Cabe agregar a lo expuesto que;
a) En los delitos especiales propios, todos los co-autores deberán reunir los requisitos exigidos por el tipo para ser autor.
b) En los delitos de propia mano, todos los co-autores deberán realizar
personalmente la conducta descripta por el tipo. Ej. violación.
La falta de cualquiera de estos requisitos hace caer la coautoría.
Momento del aporte:
La diferencia de la coautoría con la participación necesaria está dada por el momento en que los agentes realizan su aporte:
Así, las personas que realizan una contribución, sin la cual el hecho no hubiera
podido cometerse, durante:
a) la ejecución: serán co-autores.
b) los actos preparatorios: serán partícipes primarios o necesarios.
La excepción a la regla está dada por los delitos especiales propios y/o los delitos de propia mano. En tales casos, si el sujeto que participó durante la etapa de ejecución con todos los requisitos exigidos supra, carece de los elementos de autoría requeridos por el tipo, pasarán entonces a ser participes necesarios.
Ej. En una violación, si uno de los sujetos, durante la ejecución, accedió carnalmente a la víctima y el otro la retuvo, tomándola por sus brazos, al no haber el último practicado el hecho de propia mano, pasará a ser participe necesario.
–Autoría convergente: no habrá co-autoría, sino autoría convergente, en los casos en que la pluralidad de actores acuerdan realizar individualmente un hecho, cada uno suficiente, por sí mismo, para la afectación del bien jurídico. Así, no hubo división de tareas. Ej. Tres personas acuerdan disparar en forma conjunta contra la víctima.
–Autoría colateral: existirá tal cuando una pluralidad de autores, en el mismo momento y en el mismo lugar, realicen individualmente el hecho en su totalidad, sin acuerdo previo. Cada autor tuvo, en forma individual, dominio del hecho y es responsable solamente por lo que ha querido, es decir por su dolo. Ej. Dos sujetos disparan conjuntamente en contra de Juan y le provocan la muerte. Cada uno desconocía la existencia del otro.
4) La Participación:
Definición: La participación puede ser definida como un aporte doloso a un injusto doloso de otro, a título de instigación o complicidad.
Así, la participación es un hecho accesorio, pues presupone intervenir en un hecho ajeno. Siempre es dolosa, no hay participación culposa; ni participación dolosa en el hecho culposo de un tercero.
Accesoriedad de la participación: la participacion es accesoria al hecho principal del autor.
Teorías para poder aplicar pena al participe:
Accesoriedad interna: la punibilidad de la participación, dependerá del grado de la teoría del delito al cual haya arribado la conducta del autor. Así, tenemos varias teorías.
1- Accesoriedad mínima: el hecho principal sólo requiere ser típico.
2- Accesoriedad limitada: el hecho del autor tiene que ser típico y antijurídico.
3- Accesoriedad extrema: el hecho principal debe ser típico, antijurídico y culpable.
4- Hiperaccesoriedad: el hecho principal debe ser típico, antijurídico, culpable y punible.
Nuestra legislación se rige por la teoria de la “Accesoriedad Limitada”.
Accesoriedad externa: sumado a lo expuesto, el hecho principal del autor tuvo que haber tenido principio de ejecución, es decir por lo menos constituir una tentativa.
En resumen, para la punibilidad del partícipe (cómplice o instigador) se requiere que
la conducta del autor sea ─ desde el punto de vista interno─ típica y antijurídica, y ─desde
lo externo─que tenga principio de ejecución (tentativa).
5) Instigación
Instigador es el que determina o induce en forma dolosa y directa a otro, para la comisión de un injusto doloso. Es el que le crea, directamente, el dolo al autor.
Esta puede ser llevada a cabo por cualquier medio, pero siempre requiere una conducta activa, pues la omisión generalmente no es admisible como forma omisiva.
La voluntad del instigador debe estar dirigida a que el autor cometa un delito determinado.
De igual manera, la instigación debe ir dirigida a una o varias personas, concretamente determinadas.
La tentativa de instigación es impune en el Código Penal Argentino.
Es admisible la cadena de instigaciones.
6) Complicidad primaria y secundaria
Cómplice es quien ayuda o coopera en forma dolosa en el injusto doloso de un tercero.
La participación no requiere un aporte material. Puede haber sido perpetuada por hechos, consejos o de manera intelectual.
Cómplice primario es quien presta una ayuda sin la cual el delito no podría haberse ejecutado. La ayuda tuvo que haber sido dada en la etapa preparatoria, pues, de haber sido perpetuada durante la ejecución, habría co-dominio funcional del hecho y por lo tanto co-autoría.
Cómplice secundario es el que presta cualquier clase de colaboración que no es indispensable para la comisión del hecho, durante cualquier etapa, desde la preparación
7) Comunicabilidad de las circunstancias
Son las consecuencias de la culpabilidad personal y la accesoriedad de la participación prevista por el art. 48 del C.P. Así, se establece que las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quien correspondan. Tampoco, tendrán influencia aquellas cuyo efecto es agravar la penalidad, salvo el caso en que fueran conocidas por el partícipe.
Entonces, por ejemplo, si resulta de aplicación una causa de inculpabilidad una excusa absolutoria respecto del autor o partícipe, esto sólo beneficiará a ellos, pero no a los demás partícipes del delito.
De igual manera, si un sujeto colabora con una mujer en el homicidio del esposo de esta, sólo podrá aplicarse el agravante (de parricidio) en caso que el cómplice supiera de dicha relación entre víctima y victimario.
BOLILLA 15: LOS DELITOS CULPOSOS.
El concepto de culpa, al igual que el dolo, no se encuentra definido en el código de fondo. Sin embargo, la parte especial define como culposos a aquellos ilícitos cometidos por un agente con negligencia, imprudencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los deberes a su cargo.
En estos casos, no se le reprocha al sujeto el fin propuesto, pues no procuró cometer un delito, sino una errónea selección de medios para la consecución de su meta.
El autor será responsable por la violación a un deber de cuidado exigido en el
ámbito de la relación. Por ende, aquí no persiguió la comisión de una conducta ilícita, sino que, por su descuido, se produjo un resultado típico en contra de su voluntad.
Resulta de importancia determinar cual era la finalidad perseguida, a los efectos de
verificar cual era el cuidado requerido para la situación en concreto. Esto determina que
los tipos culposos sean tipos abiertos, o sea, que necesitan una norma que los complete
o cierre. Ej. Para constatar si hubo conducta negligente por parte del autor en un homicidio de tránsito, el juez deberá apelar a la reglamentación prevista por la ley
nacional de tránsito, que establece las normas de carácter obligatorias para la conducción diligente.
En nuestro país nos regimos por el sistema de numerus clausus (números cerrados) según el cual sólo podrán ser cometidos en forma culposa aquellos delitos que se encuentren tipificados, como tal, en la ley.
Si bien en los delitos culposos, al igual que en los dolosos, se puede distinguir el disvalor de acción y de resultado; no hay en los mismos la posibilidad de diferenciar entre el tipo objetivo y tipo subjetivo, por cuanto, aquí, el fin propuesto por el autor no coincide con el resultado producido.
2) Clases de culpa
– Culpa consciente o con representación: en el caso, el autor se representa la posibilidad de la producción de un resultado típico, sin embargo, confía en su destreza, o en su buena suerte para evitar el mismo.
– Culpa inconsciente o sin representación: se dará cuando el agente, a pesar de encontrarse en condiciones de ello, no se represente, como posible, la producción de un
resultado típico. En consecuencia, no tuvo conocimiento porque no lo actualizó, o porque
ni siquiera pensó en ello. Así, a diferencia del dolo, en la culpa, el conocimiento será
potencial; es decir el autor no se representó, pero tuvo que haberse representado la
lesión al bien jurídico.
La clasificación de culpa expuesta no señala grados de culpa, así la culpa inconsciente no será más grave que la consciente y viceversa.
3) Distinciones de la parte especial
Negligencia: la misma está relacionada con la culpa inconsciente, con el olvido, la omisión, el descuido o la inacción. Esta forma de culpa se caracteriza cuando el autor,
por la violación a un deber de cuidado, no ha previsto, cuando tuvo que hacerlo, la
posibilidad de un resultado contrario a derecho.
Imprudencia: es la falta de prudencia, templanza, moderación o buen juicio.
Imprudente es el que actúa con culpa consciente. El imprudente actúa en forma atrevida, se excede en su acción, realizando algo que debió evitar.
Impericia: carece de pericia, aquel falto de experiencia y/o habilidad en una ciencia o arte; el ausente de conocimientos o preparación para desempeñar su profesión o actividad.
Inobservancia de los reglamentos, ordenanzas o deberes a su cargo: en este caso, se verifica la existencia de normativa preexistente al hecho, cuyo incumplimiento presupone “per se” la causación de daños a la integridad física o bienes de terceros. En tal sentido, dispone el art. 77 del Cód. Penal: “…la expresión reglamentos u ordenanzas, comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia que se traten.”
4) No se infringe el deber de cuidado
– Cuando el agente actúa dentro del riesgo permitido. Luego, la autorización legal para ejecutar comportamientos riesgosos excluye la imputación. Ej. Lesiones producidas en el tráfico automotor, sin violar la reglamentación vigente.
– Cuando rige el principio de confianza. No infringe el debido cuidado la conducta de quien confía en que el otro se comportará de manera correcta, mientras no existan razones para dudar u opinar lo contrario. Este principio se aplica en todas la actividades compartidas o donde rige la división del trabajo. Ej. El cirujano, no tiene que verificar la tarea del anestesista, durante la operación, pues, de lo contrario, se haría imposible cumplir acabadamente su rol.
– Previsibilidad. No habrá imputación culposa cuando la producción del resultado responda a un caso fortuito, de tal manera que no pudo ser previsto o de ser previsto no pudo ser evitado por el autor (previsibilidad).
5) La antijuricidad y la culpabilidad en los delitos culposos
Se rigen por los mismos principios, oportunamente explicados, para los tipos dolosos. No obstante, respecto de la antijuricidad no se requiere el aspecto subjetivo, pues el disvalor de acción obedece a la infracción al deber de cuidado, y no al fin propuesto por el autor.
BOLILLA 16: EL DELITO DE OMISIÓN.
1) Definición: Oportunamente, se expresó que el legislador tipifica conductas con
prohibiciones y mandatos. Las primeras, se violan a través de un hacer activo, los
segundos, mediante una omisión. Este último es un concepto normativo, pues no
consiste en un simple no hacer, sino en no cumplir con una obligación legal de actuar en
cierta forma, cuando se tiene capacidad para ello.
2) Clases de Omisión:
– Omisiones Propias: contienen un mandato legal de acción que debe ser cumplido. Así, resulta indiferente si se evitó o no la lesión del bien jurídico. Sus caracteres son:
– Se encuentran tipificadas en el Código Penal.
– Por lo general, pueden ser cometidas por cualquier persona , salvo que se trate de un delito especial propio.
– No tienen un tipo activo equivalente.
– Para consumar el delito basta con la mera omisión, verbigracia, no requieren la producción de un resultado típico.
– Omisiones impropias: contienen un mandato de evitar la producción de un resultado, que pertenece a un delito de comisión. Sus caracteres son:
– En general, no se encuentran tipificadas en el Código Penal.
– No pueden ser cometidas por cualquier persona, sino por aquellas que tengan posición de garante respecto del bien jurídico tutelado.
– Tienen un tipo activo equivalente. Son delitos de comisión por omisión.
– Para consumar el delito se requiere la producción de un resultado típico.
– Son tipos abiertos. El juez debe complementarlo para encontrar las características objetivas de autor.
3)La posición de garante: se da en los delitos de omisión impropia. Surge de la estrecha relación o vínculo del autor con el bien jurídico amenazado que lo obliga a resguardar su integridad.
La posición de garante puede surgir de:
a) La ley: dicha característica está reconocida en la norma que establece una obligación de asistencia y protección entre parientes cercanos. Por ej. El matrimonio, la familia, etc.
b) El contrato: la posición puede asumirse contractualmente. Basta la asunción fáctica, aunque el documento sea nulo. Por ej. médicos, enfermeros, guardavida, nodriza, etc.
c) La injerencia: la garantía surge también de un actuar precedente peligroso. Por ej. aquel que atropella en la calle a otro, aunque sea sin culpa, tiene la obligación de impedir un resultado más gravoso.
d) La especial relación de lealtad: creado para suplir lagunas del derecho, que, a
su vez, se divide en dos sub-clases:
– La comunidad de vida: posición de dos personas que conviven en un mismo hogar. Por ej. concubinos, amigos, etc.
–La comunidad de peligro: protección asumida de manera recíproca frente a situaciones comunes de peligro. Ej. el ascenso común a una montaña de un grupo
BOLILLA 17: CONCURRENCIA DE LEYES PENALES Y
CONCURRENCIA DE DELITOS.
1) El delito permanente: el autor crea un estado antijurídico que perdura en el tiempo. Así, de manera continua realiza el tipo penal. Sin embargo, es considerado como unidad de acción. Ej. la usurpación, el secuestro extorsivo, la privación ilegítima de la libertad.
2) El concurso de delitos:
– Concurso ideal o formal: Se da cuando existe una conducta que se adecua a varios tipos penales que no se excluyen entre sí. Hay unidad de hecho con pluralidad típica.
– Concurso real o material: El autor comete una pluralidad de hechos independientes entre sí que se subsumen en varios tipos penales. Ej. se le imputa un robo y una estafa, acontecidos en diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Si las acciones estuvieran reprimidas con la misma clase de pena se aplica como mínimo el mínimo mayor (es decir, se construye una pena total integrada por el mínimo mayor asperjada con el resto ─principio de aspersión─) y como máximo la suma aritmética de todos los máximos correspondientes a cada una de las sanciones (principio de acumulación material), sin que puedan superar los 50 años de reclusión o prisión
(principio de acumulación jurídica).
Si concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de
reclusión o prisión, se rigen por el principio de absorción. Se aplicará la pena más grave
con un aumento obligatorio o facultativo para el juez, proporcionado por la gravedad y el
número de las penas absorbidas.
Si algunas de las penas no fuese divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el
caso en que concurrieran la prisión perpetua y la reclusión temporal, en que se aplicará
reclusión perpetua. La inhabilitación y la multa se aplicarán siempre sin sujeción a lo
3)Unificación de penas: esta hipótesis se verifica cuando un penado debe ser juzgado nuevamente por un hecho nuevo cometido después de esa condena, más precisamente mientras se encuentra cumpliendo la pena.
4)Concurso aparente de leyes: En este caso existiría un supuesto concurso ideal, por cuanto hay un mismo hecho que subsume en varios tipos penales. No obstante, uno de estos excluye al resto, porque agota el contenido delictivo del injusto. Es por ello, que se habla de concurso aparente y se descarta el ideal.
Así, se pueden dar los siguientes casos:
a) de especialidad: la ley especial excluye a la general.
b) de subsidiariedad: ciertos delitos se aplican siempre que el hecho no constituya otro más severamente penado.
c) de consunción: un tipo descarta a los otros porque consume o encierra
materialmente su contenido.
BOLILLA 18: LAS PENAS
Las penas principales en nuestro Código Penal son: la de reclusión, prisión, multa e inhabilitación.
Son accesorias aquellas penas que derivan de la aplicación de una pena principal:
Ej. inhabilitación absoluta (art. 12), decomiso (art. 23), reclusión accesoria por tiempo
indeterminado (art. 52).
Reclusión y prisión: ambas son penas privativas de la libertad. La primera, tiene un modo de ejecución más riguroso que la última (arts. 6, 7 y 8 del C.P.), con posibilidad de realizar trabajos públicos.
a) no se puede aplicar detención domiciliaria para las penas de reclusión, sí para
las de prisión que no excedan los 6 meses de tratarse el imputado de una
persona mayor de 60 años, mujer honesta o valetudinaria.
b) es diferente el cómputo de la libertad condicional.
c) difiere el cómputo de la prisión preventiva.
d) no se puede imponer condena condicional de reclusión.
e) las escalas de reducción de pena en la tentativa o participación no coinciden.
f) tienen diferentes mínimos (prisión, 15 días y reclusión, seis meses.
g) la reclusión es más grave que la prisión.
La multa: es una pena pecuniaria consistente en el pago de una suma de dinero fijada en la sentencia (art. 21 del C.P.).
Dogmáticamente cumple varias finalidades:
a) represión de delitos leves, dolosos o culposos (arts. 99, 103 del C.P.);
b) sanción única de delitos graves ( arts.270);
c) como agravante ( art. 260, segundo párrafo);
d) como complementaria (art. 22 bis).
En los casos de delitos con ánimo de lucro se faculta a agregar a la pena privativa de libertad una multa, aún cuando no esté prevista o lo esté sólo de manera alternativa.
Si el reo no paga la multa, en el plazo que fija la sentencia, sufrirá prisión que no podrá exceder el año y medio.
Previo a ello, el tribunal puede autorizar al pago en cuotas e intentará su satisfacción haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. Así, se evita que quien pueda pagar, no lo haga, y burle el sentido pecuniario de la sanción. En cualquier momento que pague, quedará en libertad. Del importe se descontará el monto proporcional al tiempo que estuvo detenido, de acuerdo a las reglas del art. 24 del código de fondo. Siempre que sea viable, se podrá autorizar al reo a amortizarla con trabajo libre.
La inhabilitación: consiste en la privación o suspensión de uno o más derechos.
– La inhabilitación absoluta: “se aplica porque la naturaleza de la conducta hace incompatible con ella el ejercicio de los derechos que se priva.”.
El art. 19 del C.P. establece que importa:
a) la pérdida del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular.
b) La privación del derecho electoral: ello en la medida que haya sentencia firme.
c) La imposibilidad para obtener cargos, empleos o comisiones públicas: Ej. conjuez.
d) La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión. El tribunal podrá disponer, por razones de carácter asistencial, que la víctima o los deudos que estaban a su cargo concurran hasta la mitad de dicho importe, o que lo perciban en su totalidad, cuando el penado no tuviere parientes con derecho a pensión, en ambos casos hasta integrar el monto de las indemnizaciones fijadas. Se le objeta que priva de derechos adquiridos (art. 17de la C.N.) y perjudica a otros familiares.
La reclusión o prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, importan ademas la perdida de la patria potestad, de la administración de bienes y derecho a disponer de ellos por actos entre vivos.
– La inhabilitación especial: Es una pena privativa de derechos tendiente a limitar las actividades del sujeto en ciertos ámbitos en cuyo ejercicio cometió el hecho punible (ej. médico, conductor de vehículos automotores que causan lesiones o muerte).
Otras penas accesorias:
a) Decomiso: importa la pérdida de los instrumentos utilizados para cometer el delito y de las ganancias o cosas provenientes de este, a menos que pertenezcan a terceras personas ajenas al hecho. Dichos efectos serán aprovechados por los estados nacionales, provinciales o locales; serán enajenados o, eventualmente, destruidos.
Cuando el producto o el provecho del ilícito haya beneficiado a un tercero a titulo gratuito, el comiso se pronunciara contra este.
b) Incapacidad civil: accesoria a la condena mayor a tres años de prisión o reclusión (art. 12), por el tiempo que dure la pena. El fundamento es la imposibilidad fáctica de ejercer ciertos derechos, a saber: ejercicio de patria potestad, administración de bienes y disposición de estos por actos entre vivos. El reo queda sujeto a curatela.
c) Reclusión por tiempo indeterminado como accesoria a la última condena: cuando
la reincidencia fuera múltiple, siempre que se den las condiciones del art. 52 del C.P.
5) Medidas de Seguridad:
La persona que presente alteraciones morbosas o insuficiencias de sus facultades que le hubiesen impedido, al momento del hecho, comprender la criminalidad del acto, deberá ser absuelta. Sin embargo, el código prevé la facultad del tribunal del ordenar su reclusión en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás (art. 34 inc. 1 del C.P.).
A diferencia de las penas, las medidas de seguridad no tiene duración fija.
Son inconstitucionales las medidas pre-delictuales en materia penal, es decir, nuestro código prevé medidas pos-delictuales.
BOLILLA 19: LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.
1) Individualización de la pena: “es la fijación por el juez de las consecuencias
jurídicas de un delito, según la clase, gravedad y forma de ejecución de aquellas,
escogiendo entre la pluralidad de posibilidades previstas legalmente.”172
Comprende varios aspectos, tales como: la fijación de pena, su suspensión
condicional, las tareas, las reglas de conducta, la extinción, la exención, etc.
Si bien se trata de un acto discrecional del tribunal, lo cierto es que no hay
discrecionalidad libre, pues se encuentra limitado por la cuantía del injusto y la
culpabilidad de autor, como así también por los efectos que la sanción pueda ocasionar a
su vida futura en sociedad.
El Código Penal prevé pena absoluta -prisión o reclusión perpetua- sólo para casos
determinados (ej. art. 80 inc. 1). Por lo general, adopta el sistema de sanciones divisibles,
donde se establece una escala fijada entre un máximo y un mínimo legal. Este marco no
sólo sirve de límite, sino que permite evaluar el delito de manera sistémica con el resto de
los tipificados en el código, a los efectos de determinar su rango o gravedad, sin perjuicio
de las incongruencias en las que ha caído el legislador a lo largo de las sucesivas
Soler distingue dos maneras de efectuar la operación:
a) sistema de circunstancia agravantes y atenuantes genéricas: algunos códigos
establecen en su parte general, una serie de enunciados y precisiones de la forma en que
el juez deberá estimar un hecho como más o menos grave. Por ej. El Cód. Penal de 1887
determinaba que el magistrado partía del término medio de la escala que correspondía al
delito y de allí subía o bajaba según la existencia de agravantes o atenuantes.173
En otros sistemas hasta se establece un quantum, de manera que el funcionario
deba realizar operaciones aritméticas para fijar el castigo para el caso en concreto.
b) sistema de libre arbitrio judicial: la ley deja al arbitrio del juez la facultad de
determinar la pena, como acontece en nuestro país. Sin embargo, no es un sistema
subjetivista, pues debe adaptarse a las previsiones de los arts. 40 y 41 del Cód. Penal.
3) Arts. 40 y 41 del Cód. Penal: El art. 40 establece que “en las penas divisibles
por razón de tiempo o cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las
circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las
reglas del artículo siguiente.”
El art. 41 enuncia ─en el primer párrafo─ una serie de circunstancias objetivas
vinculadas al hecho cometido y ─ en el segundo─de índole subjetivas relacionadas con la
mayor o menor peligrosidad del autor, todas ellas de carácter no taxativas.
A los efectos de determinar los factores de relevancia el juez deberá evaluar,
necesariamente, los fines preventivos de la pena orientados a futuro, así como el
adecuado reproche de responsabilidad por el hecho cometido.
Zaffaroni atribuye al concepto de peligrosidad acuñado por la norma una función
meramente correctiva. Es adecuado vincular este criterio con la búsqueda prevención
especial y con “la necesidad de valorar, al momento de determinar la pena, los efectos
posibles sobre el autor en concreto, la posibilidad de trascendencia a terceros y la
necesidad de evitar reiteración.”174
Los demás factores a analizar son:
• la gravedad del ilícito: donde será examinada la naturaleza de la acción y los medios
empleados para ejecutarla, como así también las demás circunstancias de modo,
tiempo y lugar. Los tipos penales establecen, en algunos casos, las circunstancias
agravantes o atenuantes. Ej. robo con armas, en poblado y en banda.
• La extensión del daño y peligro causados: determinar si hubo afectación al bien
jurídico protegido, su entidad, la existencia de dolo o culpa, la puesta en peligro en
los delitos que no requieran resultado, las consecuencias mediatas al hecho, su
previsibilidad, etc.
• La calidad de los motivos: que llevaron al autor a cometer el hecho: El código hace
referencia a “la miseria o la dificultad para ganarse el sustento propio necesario y el
de los suyos”, sin que esto pueda entenderse como un estado de necesidad. Verificar
si no se trata de “autores por conciencia disidente” que no encuadren en un error de
prohibición insalvable.
• La participación en el hecho o rol que haya tomado el agente en el delito.
• Los vínculos personales: por ej. posición de garante frente al bien jurídico.
• Las calidades personales: tales como edad, educación, costumbres, conducta precedente.
• Las reincidencias.
4) Prohibición de la doble valorización:
El juez no puede valorar nuevamente, a tenor de los artículos mencionados, aquellas
circunstancias que ya fueron tomadas en cuenta por el legislador para fijar los límites de
la escala penal. Es decir, no se puede agravar o atenuar dos veces el delito, por una
misma situación el hecho, primero, en el momento de la subsunción y después, en la
Por ejemplo, ante un robo el juez no podría invocar como agravante el hecho de que el
agente recurrió a violencia física sobre las personas, pues esta es una forma de la
comisión típica, que lo distingue, justamente, de un hurto.
De igual manera, si tipificó la conducta como robo con armas ─agravante previsto por
el legislador para el tipo básico─ luego, no puede decir que implica un contenido más
gravoso para el hecho ─a tenor de los arts. 40 y 41─ la utilización de estas.
En dicha inteligencia, el art. 41 bis. establece que cuando un delito se cometa con
violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego la
escala penal del ilícito se elevará un tercio en su mínimo y máximo, sin que se pueda
exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda. Pero, refiere, respecto del
tema que nos ocupa, que la agravante no será aplicable cuando la circunstancia
mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o
calificante del delito que se trate.
5) Arts. 41 ter. y quater.: El art. 41 ter. dispone una reducción de un tercio del
máximo y la mitad del mínimo de la pena correspondiente a los participes o encubridores
de los delitos previstos por los arts. 142 bis y 170, que antes o durante el proceso,
proporcionen información que permita conocer el lugar donde se encuentre la víctima
privada de libertad o la identidad de los otros partícipes o encubridores del hecho (ver
El art. 41 quater. establece un incremento de la escala penal, en un tercio del mínimo
y del máximo, para los mayores de edad, cuando del hecho hubiese tomado parte un
BOLILLA 20: LA LIBERTAD CONDICIONAL.
1) Naturaleza jurídica: la doctrina entiende que se trata de una forma de cumplimiento de la pena, como último tramo de la ejecución, que tiene lugar después de una privación de la libertad parcial, donde el condenado se ve favorecido por una liberación anticipada, pero queda sometido a una serie de reglas de conducta, siempre que se den los presupuestos objetivos previstos por la norma.
La autoridad judicial es la competente para su concesión.
2) Pueden obtener la Libertad Condicional:
– El penado a reclusión o prisión perpetua debe haber cumplido treinta y cinco (35) años de condena.
– El condenado a pena privativa de la libertad temporal superior a los tres (3) años, dos
tercios (2/3) de la condena.
– El sentenciado a prisión por tres (3) o menos años, habiendo cumplido, ocho (8) meses de prisión.
– El condenado a reclusión por tres (3) años o menos, habiendo cumplido, (1) un año de reclusión.
a) observancia con regularidad de los reglamentos carcelarios: El juez deberá requerir informes al establecimiento carcelario, quienes ilustrarán sobre la disciplina del reo en el penal. La evaluación es materia jurisdiccional.
b) Informes de peritos: dictámenes médicos o psicológicos que pronostique, en forma
individual y favorable, la reinserción social del encausado.
3) Condiciones: a las que debe someterse el imputado, se encuentran enumeradas en
el art. 13 inc. 1 a 6 del Cód. Penal. El juez puede añadir a estas, otras reglas de conducta
establecidas en el art. 27 bis.; y rigen hasta el vencimiento de los términos de las penas
temporales y hasta 10 años más en las perpetuas, a contar del día del otorgamiento de la
• La libertad condicional no se concede a los reincidentes.
• La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiera un nuevo delito o violare la obligación de residencia.
En estos casos, no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad ─a diferencia de lo que ocurre con los incumplimientos de las demás reglas de conducta─ .
• La pena se extingue transcurrido el término de la condena o el plazo de cinco (5) años
señalado por el art. 13, sin que la libertad condicional haya sido revocada.
Este artículo presenta un error, por cuanto se refiere al plazo de (5) cinco años que
fijaba el texto originario de la norma citada, que ahora fue modificado a diez (10).
• Ningún penado a quien se le haya revocado la libertad condicional puede volverla a obtenerla nuevamente.
BOLILLA 21: LA CONDENACIÓN CONDICIONAL.
1) Naturaleza: responde a una necesidad de política criminal de sustituir las penas
de corta duración, a fin de evitar la estigmatización de la pena en cabeza del delincuente,
que repercute en el ámbito familiar y laboral.
Es viable sólo para la prisión, no así para la reclusión, multa o inhabilitación.
2) Requisitos para su concesión
a) Temporal: primera condena a prisión que no exceda de tres (3) años ─aún para
supuestos de concursos de delitos─ (art. 26 del C.P.). El alcance de primera condena
deberá interpretarse de manera sistemática con el art. 27, segundo párrafo, que faculta
su obtención por segunda vez. La comisión de un delito anterior no obsta la concesión si
dio lugar a una pena de multa o inhabilitación.
b) Condiciones materiales del pronunciamiento: el juez deberá evaluar la personalidad
moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a
delinquir, la naturaleza del hecho y demás circunstancias que demuestren la
inconveniencia de aplicar un castigo de efectivo cumplimiento. La decisión judicial en tal
sentido deberá ser fundada, bajo pena de nulidad. La exigencia es a los efectos de evitar
que el carácter condicional se conceda a todos los sujetos de manera automática.
La pena resultante de la conversión de multa en prisión, no es susceptible de ser
dejada en suspenso.
3) Reglas de conducta: Al conceder el beneficio el tribunal fija durante un plazo
que va entre dos y cuatro años, según la gravedad del ilícito, las condiciones para su
otorgamiento. El art. 27 bis. establece las últimas (ver enumeración en la norma), las que
pueden ser impuestas en todo o parte. Las reglas podrán ser modificadas por el
magistrado si resulta conveniente. Si el reo no cumple, se podrá disponer que no se
compute como plazo de ejecución todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese
momento. Si los incumplimientos son graves y reiterados se podrá revocar el beneficio.
4) Art. 27 del C.P.
La condena se tendrá por no pronunciada si dentro de término de cuatro años,
contados a partir de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito.
Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que
correspondiere por el segundo, conforme lo dispuesto para la acumulación de penas.
La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido
cometido después de transcurridos ocho años a partir de fecha de la primera condena firme. Este plazo se elevará a diez, si ambos delitos fueran dolosos.
En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde la fecha del pronunciamiento
En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de 3 (tres) años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo el pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena.
No procederá la Condenación Condicional respecto de las penas de multa e inhabilitación.
BOLILLA 22: LA REINCIDENCIA.
1) Concepto: El art. 50 del C.P. establece que “habrá reincidencia siempre que
quien hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa de la libertad impuesta por
un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena…”
La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta, si el delito por el cual se
impuso da lugar a extradición. No dan lugar al instituto las penas impuestas por delitos
políticos, los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados
─sí se evalúan los indultados─ y los cometidos por menores de 18 años de edad.
2) Los distintos sistemas
a) reincidencia real o verdadera: es el que exige para su declaración que el sujeto
haya cumplido en forma total o parcial la pena de prisión o reclusión impuesta ─sistema
Argentino─. En consecuencia, no podría declarárselo reincidente en una segunda condena, cuando la primera fue de ejecución en suspenso.
b) reincidencia ficta: este sistema no requiere el cumplimiento efectivo de pena,
basta con la existencia de una condena privativa de la libertad anterior.
3) Calidad de los hechos cometidos:
a) reincidencia específica o propia: cuando el nuevo delito recae en una acción de la
misma especie a la anterior.
b) reincidencia genérica o impropia: cuando el nuevo delito cometido es de otra
Nuestro código no hace referencia alguna a la calidad del delito cometido, por lo
cual también podría ser posible su declaración en base a la combinación entre un delito
doloso y culposo.
4) Requisitos en cuanto a la pena
El instituto sólo es viable para las penas privativas de la libertad, no así para la multa o inhabilitación.
5) Requisitos en cuanto a las personas: se exceptúan para el cómputo del régimen los delitos cometidos por un reo mientras era menor de edad.
6) Prescripción de la reincidencia: la calidad de reincidente tiene una limitación
temporal. La pena sufrida no se tendrá en cuenta, a tal efecto, cuando desde su
cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a que por la que fue impuesta, que
nunca excederá de diez ni será inferior a cinco años (art. 50 del C.P.).
Su declaración se verifica a través de los informes requeridos al Registro Nacional
de Reincidencia (ver art. 51).
BOLILLA 23: EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y LAS PENAS.
1) Extinción de la acción penal:
La acción es la facultad de las partes de hacer valer una pretensión frente a un
órgano jurisdiccional, para obtener una resolución favorable a sus intereses.
Las causales que surgen del art. 59 del Cód. Penal hacen cesar toda pretensión
punitiva del estado.
a) muerte del imputado: se acredita a través del certificado de defunción.
b) Amnistía: Es una facultad del Congreso Nacional (art. 75 de la C.N.). Consiste en un perdón excepcional para determinados delitos, de alcance general, que hace desaparecer la condena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a los particulares. Entonces, el ilícito no se tomará en cuenta a los efectos de la reincidencia. “Se borra así el hecho delictuoso, se extinguen las penas aplicadas y sus beneficiarios se reputan legalmente inocentes, con la finalidad de afianzar la unidad y la pacificación
nacional ”.
c) Prescripción de la acción: consiste en el cese de la voluntad persecutoria estatal por el mero transcurso del tiempo. La “acción penal” prescribe de conformidad a los plazos previstos por el art. 62 :
– A los 15 años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusion o prision perpetua.
– Despues de transcurrido el maximo de duracion de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusion o prision, no pudiendo, en ningun caso el termino de la prescripcion exceder de 12 años ni bajar de 2 años.
– A los 5 años cuando se tratare de un hecho reprimido unicamente con inhabilitación perpetua.
– Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido unicamente con inhablitacion temporal.
– A los 2 años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.
Empieza a correr desde la medianoche del día que se cometió el delito o, si este fuere continuo, en que cesó de cometerse. Los demás son prescriptibles en su totalidad.
La acción penal de los ilícitos reprimidos con multa se extingue durante la instrucción, por el pago mínimo de ésta y la reparación de los daños causados. Si se hubiera iniciado el juicio, deberá abonarse el máximo de la sanción, además de reparar. En ambos casos, deberá abandonarse en favor del estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados de recaer condena. Este modo puede ser admitido por segunda vez, si transcurrieron ocho (8) años a partir de la fecha de la resolución que hubiese declarado la
extinción de la acción penal en la causa anterior .
d) Renuncia del agraviado: para delitos de acción privada. Sólo perjudica al renunciante y a sus herederos, para el caso de que haya varios ofendidos. Esta causa otorga preponderancia al interés particular sobre el interés punitivo de los órganos de gobierno. Es un acto unilateral donde se manifiesta la pérdida de interés del derecho a querellar.
Existen otras dos causales que no surgen del artículo mencionado, a saber:
e) Cumplimiento de la suspensión de juicio a prueba. Si durante el tiempo fijado por el tribunal, el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extingue la acción penal.
f) Avenimiento de la víctima ─mayor de dieciséis (16) años─ de delitos de abuso
sexual años con el imputado.
2) Prescripción de la pena: los plazos son los fijados por el art. 65 del CP :
– La de Reclusión perpetúa a los 20 años.
– La de Prisión perpetúa a los 20 años.
– La de reclusión o prisión temporal, en tiempo igual al de la condena.
– La de multa, a los 2 años.
La prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta
hubiera empezado a cumplirse (art. 66).
3) Suspensión de la prescripción de la acción: impide la prescripción siga corriendo (paraliza su plazo) mientras subsiste la causal que la motiva. A partir de la medianoche de su cese, retoma su curso y se suma al tiempo nuevo, el que había transcurrido con anterioridad a que se suspenda.
a) cuestiones prejudiciales: se refiere a cuestiones de índole jurídica que deben ser resueltas antes del proceso penal por otro juez ajeno a esa competencia. Ej. la
necesidad de que la persona sea declarada en quiebra comercial, para evaluar la quiebra
fraudulenta en sede penal.
b) cuestiones previas: destitución de funcionarios públicos a través de juicio político o sistemas similares, o prelación de juzgamiento de delitos federales previo a los nacionales o provinciales.
c) delitos cometidos en el ejercicio de la función pública: se suspende la prescripción para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.
d) ruptura del orden constitucional: El curso de de la prescripción de la acción
correspondiente a los delitos de los arts. 226 y 227 bis (rebelión, consentimiento y
colaboración en ésta) se suspende hasta el reestablecimiento del orden constitucional, de
conformidad a lo dispuesto por el art. 36 de la C.N.
e) plazo de cumplimiento de la suspensión de juicio a prueba: (art. 76 ter. del C.P.)
4) Interrupción de la prescripción de la acción: a diferencia del caso anterior, que opera hacia el futuro, el presente se proyecta al pasado. Así, esta causal borra el tiempo transcurrido desde la comisión del delito hasta la fecha en que la interrupción se produce, a partir de la cual volverá a iniciarse un nuevo plazo para su cómputo.
a) la comisión de otro delito: se requiere que el condenado cometa nuevo delito ─se
excluyen las faltas y contravenciones─ en calidad de autor, coautor o participe. El hecho
puede ser doloso o culposo. Se requiere la existencia de una declaración judicial definitiva que reconozca la existencia del nuevo delito. En consecuencia, mientras esté el proceso pendiente conviene no declarar la prescripción.
b) el primer llamado a indagatoria en la causa: puede ser hecha por el juez o eventualmente por el fiscal en los sistemas provinciales acusatorios.
c) el requerimiento fiscal de apertura o elevación a juicio: en el caso, el Ministerio Público formula la acusación para elevar la causa a debate.
d) el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente: citación que dispone el
Tribunal Oral para que las partes comparezcan a juicio, examinen el expediente, los
documentos y efectos secuestrados, ofrezcan prueba o interpongan recusaciones.
e) el dictado de sentencia condenatoria, aunque esta no se encuentre firme: se toma la fecha de dictado de la condena. Se basa en el principio de presunción de legalidad de
La prescripción corre, se suspende o interrumpe separadamente para cada delito y
para cada uno de los partícipes, con la excepción del segundo párrafo del art. 67 (los
cometidos en el ejercicio de la función pública). “(…) el principio del Cód. Penal es la
individualidad de las prescripciones particulares cuando dos o más delitos concurren
realmente (…) Por lo tanto, los términos respectivos de prescripción corren uno al lado
del otro, de acuerdo a la teoría del paralelismo.”
5) Extinción de la pena:
El indulto: Es un facultad del P.E.N. consagrada en la Constitución, quedan exceptuados los casos de acusación por la Cámara de Diputados para así evitar que el presidente frustre un juicio político fundado en la comisión de un hecho delictivo por parte del imputado.
Consiste en un perdón, un acto de gracia que extingue la pena y sus efectos. En
consecuencia, presupone la existencia de condena firme.
Sólo excluye la pena, no así la condena la que podrá ser tomada a los efectos de la
reincidencia. Tampoco elimina las indemnizaciones debidas a particulares.
El perdón del ofendido en los delitos de instancia privada (art. 69 y 73 del
C.P.). Si hubiere varios partícipes del hecho, el perdón de uno favorece a los demás.
BOLILLA 24: SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA.
1) La suspensión del juicio a prueba o probation: (arts. 76 bis, ter. y quater. del Cód. Penal) es una manifestación del principio de oportunidad en materia procesal.
En el caso se suspende al proceso a prueba durante el lapso fijado por el tribunal. Se
impone al imputado ciertas reglas de conducta y la obligación de reparar el daño
ocasionado a la víctima, como así también la de no cometer un nuevo delito. Si cumple
se extingue la acción penal, caso contrario, prosigue la causa en su contra.
a) Evitar que se estigmatice al reo mediante la imposición de penas de corta duración.
b) Dar participación a la víctima y protegerla a través de la reparación del daño.
c) Reintegrar socialmente al imputado mediante la imposición de pautas de conducta.
d) Descomprimir las tareas de los tribunales (celeridad y economía procesal).
3) Presupuestos para la concesión:
a) Debe ser solicitada por el encausado.
b) Reparación al a víctima: “al presentar la solicitud el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión, ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez resolverá
en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y
en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción
civil correspondiente.” (art. 76 bis tercer párrafo).
c) Conformidad fiscal: respecto a un primer grupo de delitos ─de menor gravedad─, la ley no supedita su procedencia a la conformidad prestada por el Ministerio Público. Se
requiere como condición de admisibilidad para los supuestos graves del art. 76 bis, cuarto párrafo. Sin embargo, su dictamen está sometido a control de razonabilidad por el juez. En consecuencia, ante una negativa infundada del fiscal, el magistrado podría conceder de igual forma el beneficio.180
d) Pago del mínimo de la multa: Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.”
e) Abandono de bienes: El imputado deberá abandonar a favor del Estado los bienes que presumiblemente fuera decomisados de recaer sentencia condenatoria.
4) Grupos de casos en que procede: Respecto al punto existen dos tesis:
a) restringida: que establece que sólo es viable para aquellos delitos tipificados con
pena de prisión o reclusión que no exceda de los tres años, en abstracto.
b) amplia: compartimos en la cátedra esta tesis que considera que el beneficio es viable para tres grupos de casos:
1- para delitos que la ley reprime con pena de prisión o reclusión no mayor a tres años, en abstracto (1er. párrafo del art. 76 bis).
2- en los concursos de delitos, el imputado también podrá solicitarla, si el máximo de la sanción privativa de libertad “aplicable” ─para el caso en concreto─ no supera los tres años de prisión o reclusión (2do. párrafo del art. 76 bis)
3- si las circunstancias permitieran dejar en suspenso la pena aplicable y hubiese
consentimiento del fiscal”.
La Procuración General de la Nación, recomendó a los fiscales, por resoluciones
39/97 y 24/00, adoptar la tesis amplia.
5) No procede:
a) Cuando un funcionario en ejercicio de sus funciones hubiese participado del delito.
b) Cuando el delito o concurso de delitos tenga prevista la pena de inhabilitación en forma separada, alternativa o conjunta. Existe una tendencia actual de los tribunales
a concederla cuando el delito tenga pena conjunta de inhabilitación, para lo cual le
imponen al imputado, como regla de conducta, que se auto-inhabilite para realizar la tarea de que se trate, por el plazo que dure la suspensión.
6) Plazo de duración:
El tiempo de suspensión es fijado por el tribunal entre uno (1) y tres (3) años, según la mayor o menor gravedad del delito. Se determinan cuales son las reglas de conducta que debe cumplir el imputado a tenor del art. 27 bis.
Durante ese lapso se suspende la prescripción de la acción penal.
Si durante el tiempo fijado, el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extingue la acción penal (art. 76 ter., 4to párrafo, del Cód. Penal), caso contrario se llevará adelante el juicio. Si es absuelto, se le devolverán los bienes abandonados en favor del estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas.
La revocación del beneficio es viable si el incumplimiento es grave, reiterado y malicioso. Previo a ello, el juez deberá realizar una audiencia.
* Cuando el juicio se realice por la comisión de un nuevo delito, la pena que corresponda imponer no podrá ser dejada en suspenso, verbigracia, no será susceptible de condena condicional.
* No se admitirá una nueva suspensión respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas en una anterior.
* Se puede conceder por segunda vez, si el nuevo delito fue cometido después de
transcurridos ocho (8) años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual se hubiera suspendido el juicio en un proceso anterior.
BOLLILLA 25: LA RESPONSABILIDAD CIVIL
1) La acción civil derivada del delito: “Cuando un delito causa un perjuicio que
pueda ser apreciado pecuniariamente, nace ─ además de la acción penal derivada de
aquél─ la obligación de reparar, cuya satisfacción se procura mediante la acción civil. En
consecuencia, no todos los delitos dan origen a esta acción, sino solamente los que
causan un daño en el sentido definido por el art. 1068 del Cód. Civil.”
La pena, incluso la pecuniaria como la multa, es personal, pues deriva del derecho
penal. Empero, la obligación de indemnizar puede hacerse efectiva sobre los bienes del
condenado, aún fallecido (art. 70 del Cód. Penal).
El sobreseimiento o la absolución en sede penal, no impide tratar en juicio civil la
responsabilidad ─por daños y perjuicios─ del autor, ello en los supuestos que hayan sido
dictados por una causal de inculpabilidad. No obstante, se han arribado a sentencias que obligan a la reparación, aún en supuestos de inexistencia de injusto, ello por cuestiones de equidad.
La condena podrá ordenar la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias (inc. 1 del art. 29). Este inciso hace referencia a aquellos casos en que dicha circunstancia es posible (ej. delitos contra la propiedad). Entonces, no sólo habrá que
proceder a la devolución de los efectos sustraídos, sino que, en algunos casos, “la obra
creada por el delito deberá ser desmantelada por el derecho” (ej. redargüir de falsedad
una escritura).
También deberá procurar la reparación del daño material ─daño emergente y lucro cesante─ y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero. Este supuesto se verifica para los ilícitos en que la restitución es imposible (ej. delitos contra la vida). Inciso 2º.
El inciso 3ero. hace referencia a las costas del proceso que se constituyen con la tasa de justicia, los honorarios de los abogados, los procuradores, peritos y los demás gastos que hubiere causado la tramitación de la causa.
La mediación obligatoria (ley 14.573) no es requisito para ejercitar la acción civil en sede criminal.
2) Insolvencia del condenado: el art. 30 del Cód. Penal establece el orden de preferencia que se debe seguir en caso de insolvencia total o parcial del encausado. En
dicha inteligencia, el art. 33 dispone que los condenados a pena privativa de la libertad
observarán las reglas del art. 11, en el resto de los casos el tribunal señalará la parte de
sus entradas y emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.
3) Obligación solidaria: el art. 31 del Cód. Penal establece:
la obligación de reparar el daño es solidaria a todos los responsables del delito.
Quienes sin encuadrar en los supuestos antedichos, hubiese obtenido un beneficio
económico del producido del delito ─encubridores─ estarán obligados a la reparación hasta la cuantía en que hubiese participado.

References: in fine
 artículo 19
in dubio
in fine
 artículo 83
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución