Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-295-16.htm
Timestamp: 2017-10-21 14:06:43+00:00

Document:
Sentencia T-295/16
El principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela, se encuentra consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución y en el inciso 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. Estas normas disponen que la tutela sólo procederá cuando: (i) el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) existan medios judiciales y éstos no sean eficaces o idóneos para la protección de los derechos fundamentales, o (iii) se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el Legislador.
ACCION DE TUTELA CONTRA FONDO DE PENSIONES-Improcedencia por incumplir requisito de subsidiaredad, por cuanto accionante cuenta con proceso ordinario laboral para obtener pensión de invalidez y, no ser sujeto de especial protección constitucional
Referencia: expediente T-5.389.110
Procedencia: Juzgado 13º Civil Municipal de Cali.
Bogotá, D. C., siete (7) de junio de dos mil dieciséis (2016).
El asunto llegó a esta Corporación, en virtud de lo ordenado por los artículos 86 (inciso 2°) de la Constitución y 31 del Decreto 2591 de 1991. Mediante Auto de 11 de marzo de 2016, la Sala Número Tres de Selección de Tutelas de esta Corporación lo escogió para su revisión y asignó a la Magistrada Ponente su sustanciación.
El 9 de septiembre de 2009, al señor Omar Alfonso Gómez le fue diagnosticado “adenocarcinoma gástrico difuso de 3 cm de diámetro. Invasión peri neural, vascular y a serosa”[1]. A causa de ello, fue remitido el 15 de febrero de 2010 por S.O.S Servicio Occidental en Salud E.P.S., a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A, para que realizara la valoración correspondiente a fin de determinar si el señor Alfonso Gómez, podía obtener la pensión de invalidez, ya que presentaba una incapacidad continua de 245 días y su pronóstico era “NO favorable de rehabilitación”[2].
En consecuencia, el 19 de abril de 2010, la aseguradora Suramericana S.A., determinó que tenía una pérdida de capacidad laboral del 66.09% con fecha de estructuración el 10 de septiembre de 2009[3]. De conformidad con lo anterior, el 10 de mayo de 2010, Protección S.A., le informó al señor Alfonso Gómez que se procedería al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia[4].
El 21 de marzo de 2014, Suramericana S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993[5] y de las valoraciones médicas que demostraban que el estado de salud del accionante era favorable[6] “(…) envió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca toda la documentación necesaria para dar comienzo al proceso de recalificación del estado de invalidez del señor Gómez (…)”[7].
Así pues, el 29 de abril de 2014, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, determinó que Omar Alfonso Gómez tenía una incapacidad del 38.89% por enfermedad común y con fecha de estructuración del 11 de abril de 2013[8]. Inconforme con la decisión adoptada, el señor Alfonso Gómez interpuso recurso de reposición y apelación. De esta manera, el 21 de noviembre de 2014, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, conoció del recurso de alzada y decidió confirmar la decisión proferida en primera instancia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca.
Con fundamento en ello, el 27 de marzo de 2015, Suramericana S.A. le informó a Omar Alfonso Gómez que a partir del 31 de marzo de 2015, daría por “terminada la obligación pensional que se tenía bajo el contrato de seguro de Renta Vitalicia de acuerdo al artículo 70 de la ley 100 de 1993”[9].
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A
El representante legal judicial de Protección S.A., indicó que la entidad que representa no vulneró los derechos fundamentales del accionante, ya que “(…) obró conforme a todo el procedimiento legal en el trámite de la solicitud de pensión de invalidez solicitado por este y es la Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A., la aseguradora la que debe verificar su estado de invalidez pues dicha entidad era la encargada de pagar la pensión de invalidez del accionante”[10] (subrayado en el texto original).
El Jefe de la Oficina Jurídica, solicitó la exoneración de la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca de la atención solicitada por el accionante, toda vez que según el certificado proferido por el FOSYGA, el señor Omar Alfonso Gómez se encuentra retirado de la E.P.S Servicio Occidental de Salud S.O.S[11].
La Representante Legal Judicial de la EPS, solicitó que se negara la acción de tutela y que se desvinculara a la entidad que representa, como quiera que “(…) no le corresponde a la SOS EPS por pertenecer al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, tiene definidas sus competencias de acuerdo a la Ley General de materia, aquellas que la deroguen y/o adicionen. En ese sentido, HAY FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA en la medida que no hay vulneración de derechos fundamentales por parte de la EPS SOS, por no ser la entidad competente en la materia”[12].
El Director Jurídico del Ministerio, manifestó que el servicio de salud del accionante quedó suspendido hasta que fuera incluido en la nómina nuevamente, toda vez que “(…) las EPS no están obligadas a garantizar la prestación de un servicio de salud si no existe previamente la cancelación de la cotización (…)”[13].
El precitado juzgado fundamentó su decisión en que “(…)existen otras vías procesales para lograr la satisfacción de las pretensiones propuestas en sede constitucional, en tanto estas se encuentran debidamente tipificadas en el estatuto laboral y demás normas concordantes que regulan los trámites y las instancias pertinentes, a fin de que los asociados en caso de inconformidad con lo resuelto respecto del trámite de pensión de invalidez o de su suspensión y revocatoria recurran al Estado para que se diriman los conflictos suscitados”[14]. Así pues, el despacho consideró que la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad y que por tanto, el actor debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
Asimismo, señaló que “(…) el accionante debe esperar hasta que sea avalado por el DNP Bogotá, para poder afiliarse a una EPS Subsidiada, por cuanto después de realizada la encuesta y que esté validada por parte del Departamento Nacional de Planeación y según el puntaje obtenido, el usuario quedará catalogado como POBLACIÓN ELEGIBLE PRIORIZADA, según los lineamientos establecido en el Acuerdo 331 de 2006 y el Acuerdo 415 del 18 de Septiembre de 2009” [15].
En este sentido, enfatizó que una vez el accionante obtenga el puntaje por parte del DNP, debe dirigirse personalmente a la EPS Subsidiada de su escogencia, para que sea afiliado. Insistió en que “la responsabilidad de los trámites relacionados con el Régimen Subsidiado en Salud corresponde exclusivamente a los interesados, en virtud de ello, una vez el puntaje sea validado a nivel nacional por el DNP, corresponde exclusivamente al usuario escoger la EPS-S de su preferencia y acudir a la misma para tramitar la solicitud de afiliación” (subrayado en el texto original) [16].
Mediante auto nº 5236 del 17 de noviembre de 2015, el mencionado juzgado resolvió negar la impugnación presentada por la apoderada judicial de la Secretaría de Salud Municipal de Cali, al considerar que fue presentada por fuera del término legal para ello.
De manera general, las entidades vinculadas a la presente acción de tutela, manifestaron que no se encontraban legitimadas en la causa por pasiva y que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante podía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para reactivar el pago de la pensión de invalidez[17].
5. El principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela, se encuentra consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución y en el inciso 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. Estas normas disponen que la tutela sólo procederá cuando: (i) el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) existan medios judiciales y éstos no sean eficaces o idóneos para la protección de los derechos fundamentales, o (iii) se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De esta manera, cuando “una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia”[18].
Bajo ese entendido, el sujeto que invoca la transgresión de sus derechos fundamentales por esta vía, debe agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Esta exigencia y deber jurídico, pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que remplace aquellos diseñados por el Legislador[19].
Al respecto, la sentencia T-921 de 2014[20] , estudió el caso de un accionante que pisó una mina antipersona y le causó la pérdida de una de sus piernas. Debido a ello, fue diagnosticado con una pérdida de capacidad laboral del 53.15%. En consecuencia, le solicitó al Ministerio del Trabajo el reconocimiento de la pensión de invalidez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, con ocasión de su victimización.
Asimismo, esta Corporación ha dicho que “para acudir a la acción de tutela, el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 Superior” [21].
Así pues, la jurisdiccional constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo y ajeno a los medios de defensa judiciales de carácter ordinario, sino que por el contrario, debe ir encaminado a lograr coordinación y complementación entre éstos, con el fin de que no ocurran interferencias e invasiones de competencia. Es precisamente la adecuada aplicación del principio de subsidiariedad lo que logra la articulación de los órganos judiciales en la determinación del espacio jurisdiccional respectivo[22].
10. Ahora bien, la Sala encuentra que de las pruebas obrantes en el expediente, y en particular de la historia médica del paciente, se tiene que el señor Gómez fue diagnosticado en el año 2009 con cáncer gástrico, y que en consecuencia “(…) se requirió manejo quirúrgico con gastrectomía total exeresis de vesícula biliar y bazo; manejo reforzado con quimioterapia”[23].
Debido a los tratamientos y exámenes médicos que le han sido practicados al señor Gómez desde el 2009 hasta el 2014, se encontró que “no hay evidencia de enfermedad”[24], no hay lesiones tumorales y el cáncer gástrico no hizo metástasis[25].
Asimismo, se evidencia que en la última valoración hecha por el oncólogo el 23 de septiembre de 2014, se estableció que el señor Gómez no presentaba pérdida de peso, no tenía lesiones en el abdomen y la colonoscopia demostró que todo se encontraba “normal”[26].
12. No obstante, dentro de dicho registro se aprecia que el accionante se encuentra “retirado” del sistema de seguridad social en salud, de manera que al ser éste un derecho fundamental y un servicio público esencial obligatorio por parte del Estado[27] debe ser afiliado al régimen subsidiado.
Cabe recordar que dicha afiliación se hace a través de un procedimiento que se encuentra establecido en el Acuerdo 415 de 2009 “[p]or medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. Dicha disposición establece en el artículo 15, que el interesado, de manera libre y voluntaria, puede escoger una EPS-S y suscribir el formulario único de afiliación[28]. En otras palabras, la persona que esté interesada en afiliarse al régimen subsidiado en salud, debe haber sido calificada por el SISBEN como “población elegible o elegible priorizada” y una vez obtenido el puntaje, puede acudir a cualquier EPS-S para llenar el formulario único de afiliación.
PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión proferida el 5 de noviembre de 2015 por el Juzgado 13 Civil Municipal de Cali, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Omar Alfonso Gómez.
SEGUNDO.- REVOCAR la orden impartida al Ministerio de Protección Social y a la Secretaría de Salud Municipal de Cali de afiliar al régimen subsidiado de salud al señor Omar Alfonso Gómez.
[1] Cuaderno 1. Folio 71. Historia médica.
[2] Cuaderno 1. Folio 27. Oficio “CD2 004116” proferido por la dependencia técnica de medicina del trabajo de la EPS SOS Servicio Occidental en Salud.
[3] Cuaderno 1. Folio 22 a 25. Dictamen médico realizado por Paola Andrea Castro Escobar, representante de la Comisión Calificadora de la aseguradora de vida Suramericana S.A.,
[4] Cuaderno 1. Folios 96 y 97. Carta enviada a Omar Alfonso Gómez el 10 de mayo de 2010, por parte de la Jefe del Departamento de Beneficios y Pensiones de Protección S.A. y por la Analista de Beneficios y Pensiones de la misma entidad.
[5] “ARTÍCULO 44. REVISIÓN DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ. El estado de invalidez podrá revisarse:
[6] Cuaderno 1. Folio 61 a 66. Historia clínica.
[7] Oficio del 27 de marzo de 2015, proferido por Adriana María Padierna Tobón, Coordinadora de Rentas Vitalicias de la empresa Suramericana S.A.
[8] Cuaderno 1. Folio 21. Evaluación de pérdida de capacidad laboral hecha por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca a Omar Alfonso Gómez el 29 de abril de 2014.
[9] Cuaderno 1. Folio 99. Oficio enviado por Adriana María Padierna Tobón, Coordinadora de Rentas Vitalicias de Suramericana S.A. por medio de la cual se le informa a Omar Alfonso Gómez la terminación de la póliza de renta vitalicia.
[10] Cuaderno 1. Folio 92. Contestación de la acción de tutela por el representante legal judicial de Protección S.A., Juliana Montoya Escobar.
[11] Cuaderno 1. Folio 103. Contestación de la acción de tutela por el jefe de la oficina jurídica de la Secretaría de Salud Departamental, Marco Aurelio Zambrano.
[12] Cuaderno 1. Folio 106. Contestación de la acción de tutela por parte de Claudia Paola Rojas Caicedo, representante legal judicial de Servicio Occidental de Salud S.A. SOS.
[13] Cuaderno 1. Folio 128. Contestación de la acción de tutela por parte de Luis Gabriel Fernández Franco, Director Jurídico del Ministerio de Salud.
[14] Cuaderno 1. Folio 140. Fallo de única instancia, proferido el 5 de noviembre de 2015 por el Juzgado 13 Civil Municipal de Cali.
[15] Cuaderno 1. Folio 168. Impugnación presentada por la apoderada judicial de la Secretaría de Salud Municipal de Cali, el 17 de noviembre de 2015.
[16] Cuaderno 1. Folio 169. Impugnación presentada por la apoderada judicial de la Secretaría de Salud Municipal de Cali, el 17 de noviembre de 2015.
[17] Dicha argumentación fue hecha por las siguientes entidades: Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, E.P.S Servicio Occidental de Salud S.O.S., Clínica de Artritis Temprana, Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi (COMFANI), Clínica Nuestra Señora de los Remedios, Fundación Valle del Lili, Fundación Unicáncer, Ministerio de la Protección Social, Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca, Secretaría de Salud de Cali y Ministerio del Trabajo
[18] Ver entre otras: T-313 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-032 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-705 de 2012. M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-061 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-828 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[19] T-417 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
[21] Sentencia SU-037 de 2009 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[22] Ver entre otras: T-634 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-083 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-046 de 2009. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-687 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-235 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[23] Cuaderno 1. Folio 15. Valoración médica hecha por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 21 de noviembre de 2014.
[24]Cuaderno 1. Folio 56. Valoración hecha por el médico especialista en hematología, Milton Lombana Quiñonez.
[25] Cuaderno 1. Folio 56 a 59. Valoración médica hecha por el médico oncólogo, Alejandro Hijuelos Reyes.
[26] Cuaderno 1. Folio 59. Valoración médica hecha por el médico oncólogo, Alejandro Hijuelos Reyes.
[27] Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”. “Artículo 2º. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado”.
[28] Artículo 15. De la afiliación en el Régimen Subsidiado. La afiliación al Régimen Subsidiado es el proceso mediante el cual la población elegible o elegible priorizada se incorpora al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En este proceso la población selecciona libremente una EPS-S y suscribe el formulario único de afiliación y traslado. Para la garantía de la prestación de servicios al afiliado y para todos los efectos legales, la afiliación adquiere vigencia a partir del primer día calendario del nuevo período de contratación, cuando la suscripción de la afiliación se haya efectuado durante los dos (2) meses anteriores a la suscripción del nuevo contrato. En los demás casos, se aplicará la siguiente regla: si el formulario fue suscrito durante los primeros quince (15) días del mes, la vigencia de la afiliación se hará efectiva a partir del primer día calendario del mes siguiente. Si el formulario fue suscrito en fecha posterior al día dieciséis (16) del respectivo mes, la afiliación tendrá vigencia a partir del primer día calendario del mes subsiguiente.

References: artículo 86
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 70
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 46
 artículo 86
 artículo 15
 artículo 49
 Artículo 15