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Timestamp: 2019-12-14 19:54:12+00:00

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Sentencia nº 28 de Suprema Corte de Justicia, del 19 de Septiembre de 2012. - Jurisprudencia - VLEX 450219170
Recurrente(s): A.G., compartes
Abogado(s): L.. E.J.R.P., J.M.B.R., Dr. P.H.Q.
Recurrido(s): Abbott Hospitals, LTD.
Abogado(s): L.. L.M.P., Gregorio García Villavizar
Sobre el recurso de casación interpuesto por los señores:
A.G., dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 002-0091406-7, domiciliado y residente en la calle S.G., núm. 17, Los Cajuiles, de esta ciudad, quien actúa a nombre y representación de su hijo menor J.G.P.D., procreado con la finada L.D.R.;
J.D.M.G., dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0795452-1, domiciliado y residente en la calle S.R., núm. 7, Bajos de Haina, quien actúa a nombre y representación de sus hijos menores K.S., J.M., S.M. y G.M. de Jesús, procreados en matrimonio con la finada G. de J.P.;
L.M.P., dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 093-0045453-6, y E.M.V., dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 093-0022397-2, quienes actúan a nombre y representación de sus hijos menores E.E. y E.M.P., en su calidad de continuadores legales de la finada M.M.P.;
R.M.A.M., Y.A.A.M. y E.L.A.M., dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 093-0043891-9, 001-146253-7 y 093-0042505-6, en su calidad de continuadores legales de la finada I.M.G.; contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2009, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en sus atribuciones laborales, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. P.H. y J.M.B., abogados de los recurrentes M.M.P. y compartes;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 3 de febrero de 2010, suscrito por los Licdos. E.J.R.P., J.M.B.R. y el Dr. P.H.Q., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0088724-9 y 001-0059009-0, respectivamente, abogados de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 22 de marzo de 2010, suscrito por los Licdos. L.M.P. y G.G.V., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-089176-1 y 056-0099443-7, abogados de la recurrida Abbott Hospitals, LTD.;
Visto el auto dictado el 17 de septiembre de 2012, por el magistrado M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado F.A.O.P., para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 del 1934;
Que en fecha 18 de julio del 2012, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: M.R.H.C., P.; S.I.H.M., R.C.P.A. y E.H.M., asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por: 1) A.G., quien actúa a nombre y representación de su hijo menor J.G.P.D., procreado con la finada L.D.R.; 2) J.D.M.G., quien actúa a nombre y representación de sus hijos menores K.S., J.M., S.M. y G. de J.P., procreados en matrimonio con la finada G. de J.P.; 3) L.M.P. y E.M.V., quienes actúan a nombre y representación de sus hijos menores E.E. y E.M.P., en su calidad de continuadores legales de la finada M.M.P.; y 4) R.M.A.M., Y.A.A.M. y E.L.A.M., en su calidad de continuadores legales de la finada I.M.G.; contra la sociedad Abbott Hospitals, LTD., el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó el 30 de diciembre de 2008, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Declarar buena y válida en cuanto a la forma la presente demanda en reparación de daños y perjuicios intentada por 1) A.G., quien actúa a nombre y representación de su hijo menor J.G.P.D., procreado con la finada L.D.R.; 2) J.D.M.G., quien actúa a nombre y representación de sus hijos menores K.S., J.M., S.M. y G. de J.P., procreados en matrimonio con la finada G. de J.P.; 3) L.M.P. y E.M.V., quienes actúan a nombre y representación de sus hijos menores E.E. y E.M.P., en su calidad de continuadores legales de la finada M.M.P.; y 4) R.M.A.M., Y.A.A.M. y E.L.A.M., en su calidad de continuadores legales de la finada I.M.G. en contra de Abbott Hospital, LTD., por estar hecha conforme al proceso de trabajo; Segundo: En cuanto al fondo acoge el medio de inadmisión planteado por la parte demandada y que deriva de la prescripción de la acción en justicia, toda vez que se lanzó después de los tres (3) meses que contempla el artículo 703 del Código de trabajo, para este tipo de demanda en justicia; Tercero: Compensa pura y simplemente las costas del procedimiento; Cuarto: Se comisiona al ministerial C.R.L.O., Alguacil de Estrados de este tribunal, para la notificación de la presente sentencia"; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo reza así: "Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por las señoras M.M.P. y compartes, contra la sentencia laboral núm. 140/2008, dictada en fecha 30 de diciembre del 2008, por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal; Segundo: En cuanto al fondo, y en lo relativo a la acción intentada por los sucesores de la señora G. de J.P., declara, y de oficio, inadmisible la demanda de que se trata por falta de interés; b) En cuanto a los sucesores de los señores L.D.R., M.M.P. e I.M.G., acoge el medio de inadmisión planteado por la parte demandada, y que se deriva de la prescripción de la acción en justicia, toda vez que la misma fue intentada fuera del plazo de los tres (3) meses que para su interposición contempla el artículo 703 del Código de Trabajo para este tipo de demanda en justicia; Tercero: Compensa pura y simplemente las costas del procedimiento; Cuarto: Se comisiona al ministerial de Estrados de esta Corte, D.P.M., para la notificación de la presente sentencia";
Considerando, que los recurrentes proponen en apoyo de su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: Errónea aplicación del artículo 703 del Código de Trabajo; Segundo Medio: Omisión de estatuir, la Corte a-qua no respondió al punto planteado sobre la excepción contra Nom Valente Agrere Nom Corre Prescriptio; Tercer Medio: La inadmisibilidad planteada en la falta de interés es de puro interés privado, no puede ser declarada de oficio por los jueces;
Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, los recurrentes aducen en síntesis, que la sentencia impugnada ha incurrido en una errónea aplicación del artículo 703 del Código de Trabajo, en razón de que la Corte a-qua, estima que el plazo de la prescripción comenzó a correr a partir de la fecha en que se introdujo la demanda inicial y se apoderó al Juzgado de Paz de los Bajos de Haina, en asuntos laborales, el 28 de febrero del 2001, y no a partir de la fecha en que la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación envió el asunto para ser conocido por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, el 4 de junio de 2008, que si la demanda fue reintroducida de nuevo el 14 de agosto de 2008, se hizo dentro de los tres meses de haberse efectuado el envío dispuesto por la Suprema Corte de Justicia, razón por la cual no podrá ser declarada prescrita, ya que durante todos los años en que el expediente estuvo conociéndose en los distintos tribunales el plazo para la prescripción se había interrumpido;
Considerando, que la parte recurrente igualmente sostiene: "que al ser apoderado el Juzgado de Paz de Haina en atribuciones penal laboral, el plazo de la prescripción era el establecido en el art. 455 del Código Procesal Penal vigente en la época, que establecía un plazo de tres (3) años para las acciones civiles accesoriamente a lo penal. Pero lo cierto es que la acción civil accesoria planteada originariamente no estaba prescrita ni tampoco la acción civil resultante de la falta laboral, conforme al art. 724 del Código de Trabajo, el cual establece una prescripción de un (1) año. Es decir, que en ninguno de los casos, la acción estaba prescrita, ya que recordamos se apoderó como acción civil accesoria a lo penal. Pero una vez esta prescripción fue interrumpida, ya que el apoderamiento de un tribunal incompetente interrumpe el plazo de la prescripción, esta interrupción cambió la naturaleza de la misma, y de ser una corta prescripción se convierte en una acción prescrita en 20 años. Este punto que ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia que cuando la corte prescripción de seis (6) meses de la acción civil es interrumpida, el plazo de nuevo es de veinte (20) años";
Considerando, que los razonamientos anteriores, se concluye que los recurrentes estiman que la sentencia impugnada ha incurrido en una errónea aplicación del artículo 703 del Código de Trabajo en lo que respecta a la naturaleza de la acción y su repercusión sobre el plazo de la prescripción; b) el inicio del plazo de la prescripción; y c) los efectos de la interrupción de la prescripción;
Considerando, que en lo concerniente a la naturaleza de la acción, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, en su sentencia del 4 de junio del 2008, sostuvo: "
Considerando, que el artículo 712 del Código de Trabajo da competencia a los tribunales de trabajo para conocer de las demandas en reparación de daños y perjuicios de parte de los trabajadores en contra de los empleadores, por lo que es obvio que la demanda interpuesta por G. de J.P., L.D.R., I.M. y M.P. tenía que ser llevada ante estos tribunales y no de manera accesoria a una infracción penal, por lo que no se realizó sometimiento judicial, y al revocar la sentencia del Juez de Paz de los Bajos de Haina, el Juez a-quo cometió un error, ya que lo procedente era declarar su incompetencia y enviar a las partes por quien fuere de derecho";
Considerando, que establecida por la Suprema Corte de Justicia, que la acción de los trabajadores era de naturaleza civil laboral, y que debió llevarse como acción principal y no de manera accesoria a una infracción penal inexistente, se declaró la competencia y se envío el caso al Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal; que sobre el fundamento de que se trata, de una acción principal en responsabilidad civil, los recurrentes sostienen que la misma escapa al las disposiciones contenidas en el artículo 703 del Código de trabajo, ya que el artículo 713 de dicho código establece que la responsabilidad civil de la personas mencionadas en el artículo 712 se rige por el derecho civil; que asimismo, arguyen los recurrentes, no puede estar cubierta por la corta prescripción del mencionado artículo 703, porque no se trata de una acción contractual, sino de una acción que nace de una falta del empleador;
Considerando, que si bien es cierto, que la responsabilidad civil de empleadores y trabajadores se encuentra regida por el derecho civil, según mandato del artículo 713 del Código de Trabajo, la aplicación de estas normas del derecho común deben ceder ante las disposiciones contrarias de dicho código; que, entre las disposiciones del Código de Trabajo, contrarias al derecho civil, en relación al ejercicio de las acciones en responsabilidad civil, están las del propio artículo 713, que en su parte final otorga competencia a los tribunales de trabajo para conocer de las acciones de esa especie, "cuando sean promovidas contra empleadores, trabajadores y empleadores de dichos tribunales" y las del artículo 703 de dicho código, que establece, " las demás acciones contractuales o no contractuales, derivadas de las relaciones entre empleadores y trabajadores, y las acciones entre trabajadores prescriben en el término de tres meses"; que en la especie, los recurrentes basaron su acción en la obligación legal impuesta al empleador por el Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industrial, al no aplicar las normas protectoras de la salud de los asalariados, razón por la cual la demanda de los recurrentes debió ser ejercida en el término de los tres meses establecido por el artículo 703 del Código de Trabajo, al tratarse de una acción basada en la relación de trabajo que existió entre los recurrentes y la recurrida, y aunque la misma tuviera como causa un hecho ilícito derivado de la violación de un texto de ley, pues el varias veces mencionado artículo 703 comprende tanto las acciones contractuales como las no contractuales;
Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia que toda demanda cuyo conocimiento sea competencia de los tribunales de trabajo, está regulada por el régimen de la prescripción en materia laboral, instituidos por los artículos 701 al 704 del Código de Trabajo, señalando los dos primeros, plazos para las acciones específicas de horas extraordinarias y las que se generan como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo, por despido, dimisión y desahucio, mientras que el artículo 703 dispone que cualquier otra acción contractual o extracontractual prescribe en el término de tres meses, que, por consiguiente, si el tribunal de trabajo es el competente para conocer la acción en reparación de daños y perjuicios, como lo dispuso la sentencia de envío, y admiten los propios recurrentes, el plazo para interponer la acción por ante el tribunal de trabajo, es el de los tres meses establecido por el artículo 703 del precitado código, por lo cual esta aspecto del medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;
Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, los recurrentes también alegan que la Corte a-qua incurrió en un error al comenzar a computar el plazo de la prescripción a partir del 28 de febrero del 2001, fecha del primer apoderamiento ante el Juzgado de Paz de los Bajos Haina, como si estuviera empezando a conocer por primera vez, sin percatarse que durante los años subsiguientes el expediente estuvo conociéndose en distintos tribunales y que por efectos de la interposición, el plazo de la prescripción comenzó a correr de nuevo a partir de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 4 de junio de 2008, que como la demanda en cuestión fue reintroducida el 14 de agosto de 2008, concluyen los recurrentes, la acción en responsabilidad civil debió ser admitida, pues se intentó dentro del plazo de los tres meses de haberse emitido el fallo de la Suprema Corte de Justicia;
Considerando, que si bien es cierto, que conforme al artículo 2244 del Código Civil, la citación en justicia interrumpe toda prescripción, aún cuando haya sido hecha ante un juez incompetente, como es el caso, es a condición de que la demanda interpuesta por el acreedor haya sido introducida antes del vencimiento del plazo de la prescripción; que en la especie, los contratos de trabajo de las asalariadas habían finalizado en las siguientes fechas: el 10 de diciembre de 1999, (M.M.P.); el 28 de septiembre de 2000, (I.M.; y el 17 de noviembre del 2001, (L.D.) respectivamente, por lo que el plazo de tres meses establecido en el artículo 703 del Código de Trabajo, estaba ventajosamente vencido cuando se interpuso la demanda inicial el 28 de febrero del 2001, lo que no es el caso de las trabajadoras G. de J.P., cuyo contrato se extinguió el 3 de diciembre del 2000, razón por la cual, contra ésta la acción no estaba prescrita, pero la corte a-qua, la declaró inadmisible por falta de interés, asunto que habrá de tratarse al examinar el tercer medio de casación;
Considerando, que los recurrentes entienden que en todo caso su demanda no estaba prescrita, porque al momento de apoderar al Juzgado de Paz de los Bajos de Haina, en atribuciones penales, el 28 de febrero de 2001, el plazo de la prescripción que debió aplicarse fue el del artículo 455 del Código Procesal Penal vigente en la época que establecía un término de tres años para las acciones civiles llevadas accesoriamente a lo penal, o en su defecto, el plazo de un año consagrado en el artículo 724 del Código de Trabajo, para las infracciones penales laborales, pero este razonamiento no es válido, porque el tribunal había sido indebidamente apoderado de una acción civil principal, a la cual, por su naturaleza, no se le puede aplicar la prescripción de las acciones civiles accesorias a la penal, ni la concerniente a las acciones públicas en persecución de las infracciones laborales;
Considerando, que finalmente en su primer medio, los recurrentes pretenden que los efectos de la interrupción de la prescripción, ocasionada por el apoderamiento del Juzgado de Paz de los Bajos de Haina, se ha producido una novación en el plazo de la corta prescripción, que en lo adelante cambia su naturaleza y se transforma en una prescripción de veinte años; sin embargo, en virtud del Principio III del Código de Trabajo, que consagra la cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía nacional, las breves prescripciones de la materia laboral tratan de evitar que se prolongue por largo tiempo la amenaza de una acción del trabajador contra el empleador o viceversa, razón por la cual esta sala de la Suprema Corte de Justicia ha juzgado permanentemente que los plazos de la prescripción laboral no pueden extenderse más allá de lo dispuesto en el Código de Trabajo, aunque sean aplicables en esta materia, las causas de interrupción del derecho común, salvo que la interrupción sea el resultado de un reconocimiento de deuda consignado en un documento que emane de la propia persona del deudor, que no es el caso;
C., que aunque expuesto tangencialmente en el desarrollo del primer medio, es necesario dilucidar el argumento expuesto por los recurrentes de que la parte demandada no planteó ante el Juzgado de Paz de los Bajos de Haina la prescripción la cual que daría la cubierta por sus conclusiones sobre incompetencia ante este tribunal, sin embargo, independientemente de que la prescripción no podrá ser suscitada ante un tribunal incompetente, la prescripción laboral, conforme a lo establecido en el artículo 586 del Código de Trabajo, puede ser propuesta ante los jueces del fondo en cualquier estado de causa, de modo que de cualquier estado de causa, de modo que el deudor puede prevalecerse de este medio de inadmisión en apelación o ante el tribunal de envío, aunque no la hubiera alegado previamente, con la salvedad de la casación, donde no puede ser promovida por primera vez por ser interés privado;
Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, los recurrentes aducen como vicio de la sentencia impugnada la omisión de estatuir, pues la misma sostiene, "no respondió al punto planteado sobre la excepción", contra nom valente agere nom currit prescriptio", según los recurrentes, los demandantes originales no podían actuar en principio, porque desconocen la enfermedad que habían contraído como resultado de la prestación de sus servicios; y, en ese sentido, la acción de sus sucesores se produjo después de conocer que el cáncer sufrido por sus respectivas madres había sido causado por la falta de uso de equipos de protección que debió haber puesto a su disposición la empresa;
Considerando, que de los documentos que obran en el expediente se ha podido comprobar que en el escrito de apelación ante la Corte a-qua, los recurrentes sostuvieron: " en consecuencia es a partir de la notificación de esta sentencia que comienza a correr el plazo de la prescripción. Ya que en virtud del principio contra nom valente agere nom currit prescriptio, las demandantes no podían actuar válidamente hasta tanto la Suprema Corte de Justicia no decidiera definitivamente la cuestión de competencia, y es a partir de este momento que la Suprema Corte de Justicia establece que el tribunal competente es este tribunal de trabajo, es que comienza a correr el plazo de la prescripción. En consecuencia la presente acción fue nuevamente interpuesta dentro del nuevo plazo que había comenzado a correr, tal como lo había decidido la Suprema Corte de Justicia", "que al decidirse el asunto de la competencia varios años después de interpuesta es obvio que el plazo debe iniciarse a partir de la notificación de la sentencia que declara la incompetencia";
Considerando, que si bien los recurrentes en casación hicieron valer ante el grado de apelación la máxima "no corre la prescripción contra aquel impedido de accionar", lo hicieron para tratar de demostrar al tribunal de alzada que su acción no estaba prescrita, pues se encontraban en la imposibilidad de accionar hasta que la Suprema Corte de Justicia no dictara la sentencia que resolvía el conflicto de competencia del caso y señalara la jurisdicción competente para conocer la demanda, que este agravio contra la sentencia de primer grado fue debidamente respondido por el tribunal de alzada en cuya sentencia se afirma que el apoderamiento de un tribunal incompetente es causa de interrupción de la acción a condición de que se haya realizado antes del vencimiento del plazo de la prescripción, y como esta condición no se cumplió, la Corte a-qua declaró inadmisible la acción interpuesta por los sucesores de L.D.R., M.M.P. e I.M.G., acogiendo la excepción de prescripción suscitada por la parte demandada;
Considerando, que por tanto, el alegato de que la prescripción corre a contar del día en que el acreedor pueda accionar, esto es a partir del momento en que el titular esté en condiciones de ejercer su derecho, y en el caso de la especie, desde que las causahabientes conocieron que la enfermedad que afectaba a sus causantes tuvo su fondo, lo que no se hizo, pues el uso de la máxima "contra nom Valente agere nom currit prescritio", se empleó para tratar de justificar la imposibilidad de actuar de los recurrentes mientras duró el proceso sobre competencia finalmente decidido por la Suprema Corte de Justicia, por consiguiente, como no es posible hacer valer ante la Corte de Casación medio alguno que no haya sido expresa o implícitamente propuesto en sus conclusiones por la parte que lo invoca al tribunal del cual proviene la decisión atacada, a menos que la ley haya impuesto su examen de oficio, en un interés de orden público, que no es el caso de la especie, el medio propuesto es nuevo y como tal, resulta inadmisible;
Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio de casación, los recurrentes aducen que la corte a-qua ha declarado de oficio la inadmisibilidad de la acción sustentada por los causahabientes de G. de J.P. por falta de interés, lo que constituye una violación al artículo 47 de la Ley 834 del 1978, pues los medios de inadmisión solo pueden ser pronunciados de oficio cuando tienen un carácter de orden público, y en el caso de la especie, lo estatuido por los jueces del fondo era un asunto de interés privado, agregan los recurrentes, que la falta de interés y calidad como causa de inadmisibilidad no están consideradas por una gran parte de la doctrina y la jurisprudencia francesa como de orden público, y por tal razón, no deben ser suplida de oficio por el juez, que en el caso particular, sostienen, la falta del interés no tiene la calidad de orden público sino que es un asunto estrictamente de interés privado que no podía ser suplido de oficio por la Corte a-qua, y en ese sentido, concluyen, debe ser casada la sentencia, más aún, cuando tal situación era extraña a lo que se encontraba apoderada la mencionada jurisdicción;
Considerando, que de conformidad con el artículo 47 de la Ley 834 de 1978, el juez solo está facultado para pronunciar de oficio la inadmisión de la acción en uso de estos tres casos: cuando el medio invocado se fundamente en una norma con carácter de orden público, cuando la inadmisión sanciona la inobservancia de los plazos en los cuales deban ser ejercidas las vías de recurso para actuar, o cuando se opone a una demanda por falta de interés del demandante;
Considerando, que la falta de interés del demandante se manifiesta cuando se inician acciones en reclamación del cumplimiento de obligaciones que hayan sido pagadas o de situaciones jurídicas a las cuales el demandante ha dado su asentimiento; que en el caso de la especie, la Corte a-qua pronunció de oficio la inadmisión de la acción por falta de interés, sobre el fundamento de que el contrato de trabajo de la señora G. de J.P. se había extinguido por causa por causa de su fallecimiento y que sus sucesores carecían de interés en demandar por haber dado a la empresa descargo y finiquito sin reservas;
Considerando, que la sentencia impugnado expresa: "que en fecha 22 de diciembre del 2000, el señor J.D.M.G. en su calidad de conyugue superviviente y en nombre de sus hijos K.S., J.M., C.M. y R.G., procreados con la señora G. de J.P., otorga formal recibo de descargo a la empresa Abbott Hospitals, LTD, por la suma de RD$20,098.55/00 Pesos, por concepto de asistencia económica en fecha 22 de diciembre del 2000, a causa del fallecimiento de la señora G. de J.P.", igualmente la sentencia también expresa: "
Considerando, que sin embargo, en lo que a la señora G. de J.P. concierne, es preciso entender que habiéndose terminado su contrato en fecha de su fallecimiento, el dar descargo y finiquito sus sucesores a la empresa demandada sin reservas, éstos también carecían de interés en demandar";
Considerando, que si bien ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia que la expedición de un recibo de descargo por un trabajador, después de haber finalizado el contrato de trabajo, manifestando conformidad por lo valores recibidos en ocasión de dicha terminación y declarando no tener ninguna reclamación que hacer a su ex empleador como consecuencia de la relación contractual concluida, impide al trabajador formular reclamaciones futuras derivadas de dicha relación, a no ser que se haya hecho alguna salvedad al respecto, en el caso de la especie esta corte o está en condiciones de determinar si esta situación se ha producido, pues en la sentencia impugnada no se reproduce el texto de recibo de descargo, para poder determinar el alcance de su contenido y tampoco las circunstancias y detalles, si los hubo, de los sucesores sobre los hechos que provocaron la demanda en daños y perjuicios y si el recibo de descargo fue producto de un dolo, engaño o vicio de consentimiento con respecto al derecho alegado luego por los hoy recurrentes, motivo por el cual en ese aspecto debe ser casada, por falta de base legal;
Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en atribuciones laborales, el 25 de noviembre de 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, en lo que se refiere a los sucesores de la trabajadora G. de J.P., y envía el asunto delimitado, por ante la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: Rechaza en todos los demás aspectos el recurso de casación mencionado; Tercero: Compensa las costas de procedimiento;
Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 19 de septiembre de 2012, años 169° de la Independencia y 150° de la Restauración.
Sentencia nº 69 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 11 de Noviembre de 2009.
Sentencia nº 023-2011 de 23 de Febrero de 2011

References: artículo 703
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 artículo 703
 artículo 703
 artículo 703
 artículo 712
 artículo 703
 artículo 713
 artículo 712
 artículo 703
 artículo 713
 artículo 713
 artículo 703
 artículo 703
 artículo 703
 artículo 703
 artículo 703
 artículo 2244
 artículo 703
 artículo 455
 artículo 724
 artículo 586
 artículo 47
 artículo 47