Source: https://www.scribd.com/doc/146786608/Cuatro-Aspectos-Esenciales-de-La-Nueva-Ley-de-Amparo-2013
Timestamp: 2017-03-25 13:17:57+00:00

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Después de dos años de discusión en el Congreso de la Unión, el 20 de marzo de 2013 se aprueba la nueva Ley de Amparo por parte de la Cámara Alta. Esta reforma, desde el punto de vista del suscrito, introduce una estructura diferente y novedosa de la propia institución de amparo, es decir, del juicio de garantías, modificando principios de arraigo histórico y distintivos del juicio en trato, como es, entre otros, el principio de relatividad de sentencias. El 2 de abril de 2013 se publicó el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), destacándose por su importancia los siguientes cuatro rubros:
El artículo 1o. de la Ley de Amparo hace una especial mención de la conculcación de los derechos humanos reconocidos como objeto de la tutela del juicio de garantías, tutela que se actualiza adicionalmente a las garantías individuales que se consagran en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de que México sea parte. En este contexto el precepto normativo en cuestión ha quedado redactado de la siguiente forma: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por
El amparo protege a las personas frente a normas generales. en la práctica se manipula la medida suspensiva para evitar que las autoridades competentes ejecuten actos de autoridad cuya juridicidad es por demás manifiesta. Continúe la producción o el comercio de narcóticos. que invadan la esfera de competencia de la autoridad fe­ deral.
Artículo 129. de concederse la suspensión: I. Suspensión del acto reclamado
En primer término. la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil. VII. toda vez que como es ampliamente
. si la naturaleza jurídica de la suspensión por regla general lo es el que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran a fin de garantizar la materia del propio juicio constitucional y existencia de materia para el cumplimiento de la sentencia que eventualmente se dicte. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario. actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Continúe el funciona­ miento de centros de vicio o de lenocinio. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. pero también la suspensión que obtenían los concesionarios de minas o de sectores energéticos y telecomunicaciones. actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal. En este contexto. II.
2. misma que podrá ser negada cuando el juzgador estime que con tal medida cautelar se podría causar una afectación al interés social y. así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos. que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. la independencia de la República. II. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. el artículo 129 de la ley de la materia ha quedado redactado como sigue:
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. III. en efecto. Por normas generales. V. y III. se busca acotar la figura jurídica de la suspensión. por ende. procederá negarla. Se considerará. siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por normas generales. actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal.L
la figura jurídica de la suspensión. IV. cuando. siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. el ejemplo más claro es el relativo al funcionamiento de los casinos. VI. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial. toda vez que como es ampliamente sabido se ha hecho de ella un instrumento de abuso para preservar situaciones jurídicas que no necesariamente se encuentran revestidas de legalidad
sabido se ha hecho de ella un instrumento de abuso para preservar situaciones jurídicas que no necesariamente se encuentran revestidas de legalidad sino todo lo contrario. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción. siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertene cen al régimen castrense. entre otros casos.
El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión. párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación. aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se afecte la producción nacional. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. liquidación o quiebra de entidades financieras. si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. las cuales
se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley. XI. procederá la suspensión. (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro. XIII. se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo. Se impida u obstaculice al Estado la utilización. siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. XII.)
. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento. revocación. IX. Se impida el pago de alimentos. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131. X.VIII. y demás actos que sean impostergables. salvo el caso de las cuotas compensatorias. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención.
determinará la forma en que se deberá integrar.
. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. nuestro máximo tribunal emitirá una declaratoria ge­ neral de inconstitucionalidad. Declaratoria general de inconstitucionalidad
El artículo 107. documentos. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.3. El titular del Poder Ejecutivo dio un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo. el día 3 de abril del presente año para que el Consejo de la Judi­ catura Federal emita la normatividad que regule la aplicación de la firma electrónica. en primer término. así como consultar acuerdos. fracción II. sin embargo. resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. en
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. auto y resolución. documento. co­ municaciones.
4. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso. En cualquier caso. es decir. Es un ins­ trumento para enviar y recibir promociones. Firma electrónica
La firma electrónica representa la forma de acceso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos que la suscripción que de un documento se efectúa mediante firma autógrafa. los órga nos jurisdiccionales están obli gados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. utilizando la Firma Electrónica conforme la re­ gulación
que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Fe­ deral. dejándose constancia de lo esencial. El Consejo de la Judicatura Federal. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias. en caso de que esto no se lleve a cabo por el órgano emisor. emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efec to de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. cuando en un amparo en revisión en contra de una norma general se reconoce por segunda vez en forma consecutiva la incons­ titucionalidad de la misma. de la ley en comento ha quedado redac­ tado como sigue:
Artículo 3o. la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo informará a la autoridad emisora correspondiente a fin de que en el plazo de 90 días se revoque o modifique la disposición que se ha declarado inconstitucional. se preserva el principio de relatividad de sentencias y se otorga la protección constitucional exclusivamente a quien se duele en la instancia de garantías de la inconstitucionalidad de un acto de autoridad. en su caso. sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica. así como consultar acuerdos. En este orden de ideas. sea incorpo rada cada promoción. el expediente im­ preso. mediante reglas y acuerdos generales. Los escritos en forma electró nica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. así como los acuerdos. se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. el artículo 3o. sentencias y cualquier actuación que integre el expediente de un juicio de garantías. o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica. es decir. No se requerirá Firma Elec trónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. la sentencia que se dicta en un juicio constitucional sólo se limitará a am­ p arar y proteger al quejoso cuando así proceda. documentos. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. a fin de que coincidan en su totalidad. comunicaciones y notificaciones oficiales. como opción para enviar y recibir promociones. notificaciones. El Consejo de la Judicatura Federal. de la Constitución General de la República regula la declaratoria ge­ neral de inconstitucionalidad para indicar que. notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes.
Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaratoria general de inconstitucionalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de siete días hábiles. Artículo 232. según corresponda. en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en los juicios de amparo indirecto en revisión. resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva. por mayoría de sus integrantes. Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional. Los plenos de circuito. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos. en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general. conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Cons titución Federal. Lo dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a normas en materia tributaria. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. será obligatoria.
Artículo 234. Se hace mención que este procedimiento de declaratoria de inconstitucionalidad no afecta ni se aplica a disposiciones fiscales. el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma. podrán solicitar a ésta. y II. el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos. Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal. Artículo 235. Artículo 233.aspectos que fueron de­ tallados en el capítulo IV de la Ley de Amparo que a continuación se citan: Artículo 231. Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen.
a declaratoria general de inconstitucionalidad se remitirá
al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional
. en una o en distintas sesiones. tendrá efectos generales y establecerá: I. establezcan jurisprudencia por reiteración. en los juicios de amparo indirecto en revisión. Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local. se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. o en la Constitución Local.
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Artículo 129
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