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Timestamp: 2017-12-16 14:56:12+00:00

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07. El proceso de amparo constitucional (II) - Juspedia
07. El proceso de amparo constitucional (II)
1 La fase de admisión
1.3.1 Mediante Providencia
1.3.2 Mediante Auto
1.3.3 Mediante Sentencia
1.4 Causas de inadmisión
1.4.1 Procesales
1.4.2 Materiales
1.5 Medios de impugnación
2 La admisión de la demanda
2.1 La litispendencia constitucional
2.2 La remisión de las actuaciones y el emplazamiento
2.2.1 La remisión de las actuaciones
2.2.2 El emplazamiento
3 La pieza de suspensión
3.2 Naturaleza jurídica de la suspensión
3.2.1 Presupuestos
3.2.2 Elementos
3.3 Otras medidas cautelares
4 Fase probatoria
5 Utilización de la tesis
5.1 Concepto y fundamento
5.2 Límites
6 Los escritos de alegaciones
6.1 Concepto y fundamento
6.2 Clases
6.2.1 Del recurrente
6.2.2 De las partes recurridas
6.3 Plazo
6.4 Vista oral
7 La sentencia
7.1 Concepto y naturaleza
7.1.1 Declarativos (art. 55.1.a y b)
7.1.2 De condena (art. 55.1.c)
7.2 Clases
7.2.1 En atención al número de pretensiones (acumulación de autos)
7.2.2 En atención a los efectos materiales de la cosa juzgada
7.2.3 En atención a los efectos reflejos (la autocuestión de inconstitucionalidad)
7.2.4 En atención a los efectos doctrinales
7.3.1 Materiales (o internos)
7.3.2 Formales (o externos)
La fase de admisión
Fase de admisión es el conjunto de las actuaciones preliminares del recurso de amparo dedicadas a efectuar un juicio acerca de las probabilidades que tiene la pretensión de amparo de recibir satisfacción a través de una Sentencia por parte del TC.
El recurso de amparo significa la última posibilidad jurisdiccional de revisar una Sentencia desfavorable para el litigante vencido en la jurisdicción ordinaria, se usa y se abusa del recurso de amparo.
El TC se ve obligado, pues, a conocer en una fase preliminar de las probabilidades de éxito de la pretensión, de tal suerte que, cuando exista la evidencia de que, en modo alguno, podrá ser estimada, habrá de ser rechazada "a limine litis" a través de una resolución inadmisoria.
A través de la fase de admisión el TC puede examinar, tanto la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales, que condicionan la admisibilidad del recurso de amparo, como la propia fundamentación de la pretensión (art. 50.1.c y d).
El conocimiento de los recursos de amparo es competencia de cada una de las dos Salas que componen el TC. La fase de admisión corresponde conocer a cada una de las cuatro Secciones (de tres magistrados cada una) que dividen a las dos Salas (art. 50.1).
El procedimiento puede ser el ordinario o el simplificado. Tales procedimientos se diferencian exclusivamente por la elaboración o no del "informe de admisión". Dicho informe lo confeccionan los letrados y es de uso interno y exclusivo de la Sección. Pero a partir del año 1993, el Tribunal decidió extender a todas las Secciones un "uso forense" de la Sección 2ª, consistente en obviar el informe de admisión mediante la instauración de una "Comisión de preadmisiones" integrada exclusivamente por Letrados del Tribunal y presidida por su Secretario. Esta Comisión efectúa una primera calificación de todos los recursos de amparo, decidiendo cuáles han de ser tramitados en la forma ordinaria (con informe de admisión) y cuáles lo han de ser a través del procedimiento simplificado (sin informe) que permite la inadmisión del recurso de amparo en mucho menos tiempo.
La inadmisión de un recurso de amparo puede efectuarse mediante providencia, auto o Sentencia.
Mediante Providencia
La inadmisión a través de Providencia está prevista en el art. 50.1 y exige unanimidad de los tres Magistrados que componen la Sección. Si alguno de los tres Magistrados fuera partidario de la admisión del recurso, no pueden los otros dos Magistrados mayoritarios acudir a la solución de la providencia de inadmisión, sino que habrá de utilizarse el trámite de inadmisión.
La providencia de inadmisión que dicta el TC poseen, aunque mínima, una motivación en la que se explica la concurrencia de alguna de las causas de inadmisión contempladas en las letras a y d del art. 50.1. Si el recurso fuera admitido, la providencia de admisión carece de motivación, dado su carácter de resolución interlocutoria de carácter ordinatorio.
Si, como se ha adelantado, tras la pertinente deliberación de la Sección, sucediera que algún Magistrado fuera favorable a la admisión de un recurso de amparo y los otros dos fueran partidarios de su inadmisión, habrá que acudirse a disponer la apertura del trámite de inadmisión previsto en el art. 50.3.
Dicho trámite consiste en poner la Sección de manifiesto a las partes, mediante una providencia, la duda que le embarga sobre la concurrencia de alguna de las causas de inadmisión contempladas en los distintos apartados del art. 50.1 y todo ello en orden a que las partes puedan alegar lo que estimen conveniente sobre dicha concurrencia.
Pero aquí por partes, tan sólo cabe entender al recurrente y al MF. No hay que citar a otras posibles partes, como pudieran serlo los codemandados o el Abogado del Estado, cuando haya de concurrir a fin de defender a la Administración demandada. Tales partes materiales, si bien han de ser emplazadas y pueden personarse en la fase de estimación no serán emplazadas en el trámite de inadmisión (STC 16 febrero 1984).
La anterior limitación se justifica por la naturaleza de dicho trámite, en principio, destinado a la inadmisión del recurso. El recurrente ha de ser oído como consecuencia de la propia vigencia de su derecho de defensa que se proyecta en la aplicación del principio de que "nadie puede ser sancionado (en nuestro caso: a nadie se le debe inadmitir un recurso) sin haber sido previamente oído". El Ministerio Público, por su parte, también ostenta legitimación para alegar en este trámite como consecuencia de su "rol" de parte imparcial, ya que lo usual es que el recurrente se limite a reiterar sus alegaciones ya concentradas y plasmadas en su escrito de demanda.
Una vez efectuadas tales alegaciones escritas en un plazo común no superior a los 10 días, la Sección debe pronunciarse sobre la admisión o inadmisión del recurso. Si es admisión, así lo manifestará a las partes mediante una providencia, pero, si es inadmisión del recurso, habrá de plasmar esta solución en un auto minuciosamente motivado, el cual posee todos los efectos de la cosa juzgada y ha de ser publicado en la colección jurisprudencial interna del TC.
Mediante Sentencia
Aun cuando lo deseable es que los presupuestos y requisitos que condicionan la admisibilidad del recurso de amparo hayan de ser examinados "a limine litis", esto es, en la fase de admisión, puede suceder que, debido a una actitud de falta de probidad de la parte recurrente, consistente en silenciar o disimular el incumplimiento de tales presupuestos o a un deficiente estudio por parte de la Sección, el incumplimiento de alguno de los tales presupuestos o requisitos se evidencie en la fase de Sentencia. En tal caso, ningún obstáculo existe para que la Sala, mediante Sentencia, aprecie la concurrencia de la causa de inadmisión (SSTC). La fórmula que suele emplear la Sala es la de acoger una causa de inadmisión "que en esta fase lo es de desestimación".
Las causas de inadmisión (art. 50.1.a y b) pueden ser: procesales y materiales:
Incumplimiento de presupuestos o requisitos procesales. El art. 50.1.a) procede la inadmisión del recurso cuando "la demanda incumpla de manera manifiesta e insubsanable alguno de los requisitos contenidos en los arts. 41 a 46 o concurra en la misma el caso al que se refiere el art. 4.2".
Los contenidos en el art. 44 (existencia de una resolución judicial definitiva, agotamiento de los recursos, invocación del derecho fundamental vulnerado y cumplimiento del plazo de caducidad). También puede apreciarse, al amparo de este motivo, la falta de legitimación activa y la capacidad de conducción procesal previstos en el art. 46.↑El TC, (art. 4.2 con el art. 50.1.a) permite el examen de oficio de la jurisdicción y competencia del TC.
Otros presupuestos procesales, tales como la representación procesal o la defensa técnica, no se encuentran expresamente contemplados como motivos de inadmisión, por lo que han de dar lugar a la apertura del trámite de subsanación "ex" art. 50.5, sin perjuicio de poder repeler el recurso por el motivo que nos ocupa, si tampoco se cumpliera el presupuesto en este trámite. Idéntico tratamiento ha de tener el incumplimiento de los requisitos formales de la demanda, con la sola excepción del de la fundamentación material que provocará su rechazo al amparo del art. 50.1.c.
Procedimiento inadecuado. El recurso de amparo tan sólo está destinado para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales. Por esta razón, cuando el objeto procesal venga determinado por la violación de un derecho subjetivo distinto a los enunciados (así, un derecho constitucional o público contenido exclusivamente en Tratados Internacionales) habrá de repelerse el recurso de amparo por el cauce del art. 50.1.b. También procede la inadmisión por este motivo cuando se haya incumplido el requisito de la inmediatez de la lesión.
Falta de contenido constitucional. El art. 50.1.c contempla el motivo de inadmisión más importante: "que la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del TC". Se trata de un examen del fondo del recurso de amparo en una fase preliminar, como lo es la de admisión.
La carencia de contenido ha de ser "manifiesto" o evidente. Si existieran dudas, el amparo habrá de ser admitido y ser objeto de enjuiciamiento mediante Sentencia. Además, esa carencia manifiesta de contenido ha de "justificar" la decisión de fondo (ATC), justificación que lo ha de ser exclusivamente por razones jurídico materiales o de tipicidad (porque la infracción no encaje en norma alguna tuteladora de los derechos fundamentales) y no por razones de "oportunidad", diferenciándose de esta manera esta causa de inadmisión de los sistemas de "certiorari" americano que permiten seleccionar discrecionalmente los recursos sobre los que deba conocer una Corte Suprema.
Uniformidad de la jurisprudencia. Como última causa de inadmisión contempla el art. 50.1.d la posibilidad de repeler un recurso, por haber desestimado ya en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual, siempre que el TC no desee revisar su doctrina (STC 18/1992). Para que proceda la inadmisión por esta causa, es necesario que la Sentencia o Sentencias desestimatorias lo hayan sido de fondo.
Si sobre un mismo objeto litigioso hubieren recaído diversos pronunciamientos, estimatorios y desestimatorios, no procede la inadmisión del recurso por este motivo, el cual requiere unanimidad jurisprudencial.
En la fundamentación de la providencia de inadmisión la Sección habrá de plasmar la Sentencia o Sentencias que hayan establecido la jurisprudencia desestimatoria.
Contra la providencia de inadmisión no cabe recurso alguno que pueda interponer el recurrente, ni siquiera el de aclaración de Sentencias. Tan sólo cabe la posibilidad de que éste se dirija al Ministerio Público a fin de que sea el MF quien, en su calidad de defensor de la legalidad constitucional y de los derechos de los ciudadanos (art. 124.1 CE), si así lo estimara necesario, interponga "recurso de súplica en el plazo de 3 días", debiéndose resolver dicho recurso mediante auto. La firmeza de dicha providencia se alcanza, pues, una vez transcurridos 3 días desde su notificación al MF.
Contra un auto de inadmisión, "no cabrá recurso alguno", ni el recurso de súplica del MF. Tampoco será admisible el incidente de nulidad de actuaciones fundado en el art. 240.3.4 LOPJ, contra la providencia de inadmisión de un recurso de amparo.
La litispendencia constitucional
En un sentido técnico no cabe confundir la litispendencia con la excepción del mismo nombre. Por litispendencia se entienden los efectos que produce la resolución admisoria de una demanda, los cuales se resumen en un efecto positivo: se produce la traba o "perpetuatio jurisdictionis" del órgano jurisdiccional quien viene obligado a dictar una resolución congruente con la demanda y, de otro, el efecto negativo o prohibición a cualquier otro Tribunal de conocer del mismo asunto.
Todos estos efectos se producen también en la litispendencia constitucional, si bien el negativo o excluyente aparece muy mitigado, como consecuencia, de un lado, del monopolio del control constitucional que ostenta el TC y, de otro, a la necesidad de agotamiento de la vía judicial con prohibición de traslado "per saltum" ante el TC de meras resoluciones interlocutorias.
La remisión de las actuaciones y el emplazamiento
Pero, en un orden procedimental, el primer acto que ha de efectuar el TC, como consecuencia de ese efecto positivo de la litispendencia, es la remisión de las actuaciones y emplazamiento de todas las partes. De tales actuaciones se ocupa el art. 51, en cuya virtud, en la misma providencia de admisión debe el TC requerir al órgano judicial la remisión de las actuaciones en un plazo de 10 días, así como emplazar dicho órgano a todos los que fueron parte en el proceso judicial en otro plazo de 10 días a fin de que puedan comparecer ante el TC e intervenir en el recurso de amparo.
La remisión de las actuaciones
La remisión de las actuaciones consiste un requerimiento que el TC dirige al órgano judicial, autor de la resolución recurrida, a fin de que proceda a enviar al TC todos los autos del procedimiento judicial del que ha dimanado aquella resolución con el fin de poder integrar y, en su caso, valorar debidamente el material de hecho.
Aun cuando, del tenor del art. 51.1, dicho requerimiento tan sólo es procedente una vez que se haya admitido la demanda, no es en la práctica infrecuente que la Sección requiera dicho traslado con anterioridad, en la fase de admisión y al amparo de lo dispuesto en el art. 88.1. Ello es lo que sucederá, cuando el recurrente ha sesgado la aportación de documentos a la demanda, de tal suerte que, para la calificación jurídica constitucional de la fundamentación de la pretensión, aparezca indispensable conocer con mayor exactitud las actuaciones practicadas.
Pero lo que es potestativo con anterioridad a la admisión de la demanda, se toma en obligatorio tras dicha admisión: debe la Sala, en cualquier caso, requerir la aportación de las actuaciones a fin de que puedan las partes y el Tribunal formarse un juicio más exacto sobre los hechos que ocasionaron el amparo. No es necesario remitir los originales, siendo suficiente el testimonio de las mismas. En la práctica dicho testimonio suele efectuarse mediante una fotocopia autenticada de los autos.
La diligencia de emplazamiento no la efectúa directamente el TC, sino el órgano judicial que es quien conoce cuáles son las partes que han comparecido en el proceso previo y, por tanto, las que han de estar interesadas en comparecer en el proceso de amparo.
Pero, no sólo han de ser emplazadas las partes formales, sino, en general, todas aquellas que pueden verse afectadas por los efectos materiales de la Sentencia de amparo (STC 1985), siendo indiferente que lo hagan a título de intervinientes litisconsorciales o simples. Ahora bien, una vez comparecidos en el proceso y, aun cuando lo hagan en calidad de parte principal, no pueden incorporar al recurso de amparo nuevas pretensiones, porque eso significaría concederles el "rol" de recurrentes con manifiesta violación del plazo de caducidad del art. 44.2 (SSTC).
Si el MF no hubiere comparecido ya en las actuaciones, el Tribunal lo emplazará. La Abogacía del Estado será emplazada, cuando el amparo se dirija contra la Administración Pública y, en general, siempre que pueda quedar comprometido el erario público (art. 52.1). Las CCAA habrán de ser emplazadas cuando les pueda afectar la Sentencia, pudiendo comparecer un Abogado designado por ellas (art. 82).
La pieza de suspensión
Se denomina pieza de suspensión al incidente, no suspensivo del procedimiento principal del recurso de amparo, que puede disponerse, de oficio o a instancia de parte, como consecuencia de la admisión del recurso de amparo, a fin de que en la misma aleguen las partes personadas lo que estimen conveniente acerca de la suspensión de los efectos ejecutivos de la resolución judicial recurrida.
La pieza de suspensión es, pues, un procedimiento incidental, que normalmente se incoa a instancia de la parte recurrente (quien tiene la carga de solicitar su apertura en su escrito de demanda), pero que también puede ser dispuesta de oficio por la propia Sala. Esta última posibilidad constituye una derogación al principio dispositivo o de justicia rogada, presente en todas las medidas cautelares civiles, que se justifica como consecuencia del carácter preferente e inviolable de los derechos fundamentales (art. 10.1 CE). En cualquier caso, presupuesto común de la apertura de este procedimiento, es la existencia de una providencia de admisión (ATC 273/1982).
Las alegaciones las efectúan, de un lado, el demandante en su escrito de demanda, de la cual se da traslado al MF y demás partes recurridas para que aleguen lo que estimen adecuado en defensa de sus respectivas pretensiones.
Naturaleza jurídica de la suspensión
La naturaleza jurídica de la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida es la misma que la de la suspensión del acto administrativo en el proceso contencioso-administrativo, de la que ha sido construida a su imagen y semejanza: se trata de una medida cautelar y, como tal, destinada a garantizar el cumplimiento de los futuros efectos de la Sentencia de amparo (AATC). En el auto de suspensión concurren, pues, los presupuestos y elementos propios de las medidas cautelares que pasamos a reflejar:
Los presupuestos de toda medida cautelar viene determinado por el fumus boni iuris y el periculum in mora.
"Fumus boni iuris". El llamado juicio sobre la "apariencia de buen derecho" en la medida cautelar de suspensión viene integrado por un doble y antitético juicio de probabilidad o enjuiciamiento, positivo el uno y negativo el otro: Positivo, debe la Sala apreciar la existencia de un derecho fundamental vulnerado por una resolución judicial; negativo, ha de prever también la Sala los daños que a los intereses generales u otros derechos fundamentales de un tercero puede ocasionar su protección cautelar mediante la suspensión de los efectos de la resolución judicial impugnada, de tal suerte que, si tales daños ocasionaran una perturbación grave a tales intereses y derechos, debe denegar la petición de suspensión.
"Periculum in mora". El "peligro en el retardo" se concreta en el recurso de amparo en el fundado juicio de probabilidad de que el retraso producido por la tramitación del amparo puede producir el sacrificio o daño irreparable al derecho fundamental, cuyo restablecimiento se solicita.
A este presupuesto se refiere el art. 56.1, cuando exige que la ejecución de la resolución judicial haya de ocasionar "un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad". Dicho requisito constituye un presupuesto específico e ineludible de la concesión de la suspensión, pues no todo perjuicio al derecho fundamental "autoriza a conceder la suspensión, sino sólo aquél que, según declara el art. 56, haría perder al amparo su finalidad" o, lo que es lo mismo, cuando el perjuicio en el derecho fundamental es irreversible.
Ciertamente la irreparabilidad del perjuicio es mucho menor en el proceso civil que en el penal en donde, por encontrarse en juego el derecho a la libertad y otros derechos fundamentales que pueden verse seriamente afectados por las penas de suspensión de derechos, por lo que es más factible la suspensión de las resoluciones penales, sobre todo cuando conminen al cumplimiento de penas cortas privativas de libertad. Así, en principio, no concurre este presupuesto, cuando la Sentencia tenga un mero carácter patrimonial, como pudiera serlo la condena a una indemnización (ATC), salvo que la fundada sospecha de insolvencia del litigante victorioso pudiera hacer imposible el cumplimiento de la Sentencia de amparo (AATC); pero, si dicho litigante es la Administración, debido a su solvencia, siempre presumible, no procede la suspensión.
Por otro lado, el expresado perjuicio no ha de ser hipotético, sino real y actual (AATC) o, cuando menos, inminente.
Tales requisitos suelen estimarse cumplidos en las Sentencias civiles de condena a prestaciones de hacer, tales como la de desahucio (ATC), en donde el lanzamiento y la posibilidad de entrada de un nuevo poseedor en el inmueble pueda tornar en irreparable el derecho fundamental.
Los elementos de esta medida cautelar están integrados por la instrumentalidad, provisionalidad y la posibilidad de eludir la medida mediante la satisfacción de una contracautela.
La instrumentalidad de esta medida reside en su dependencia de un proceso principal. No en vano la suspensión se adopta en una pieza separada o procedimiento incidental del proceso principal, que es el de amparo. La instrumentalidad de la medida se destaca, además, por la exigencia jurisprudencial de que la suspensión requiera, como presupuesto ineludible, la admisión del recurso de amparo (ATC).
La provisionalidad de la medida se concreta en la exigencia de que debe perdurar en tanto que subsistan los presupuestos que la han motivado y, por contra, aunque se haya desestimado, si aparecen nuevos elementos fácticos que posibilitan su adopción, puede reiterarse la petición en cualquier estadio del procedimiento (art. 56.2). Consecuencia de lo anterior, es la sumisión de esta medida a la cláusula rebus sic stantibus, que se resume en el art. 57, el cual permite, bien de oficio, bien a instancia de parte revisar o modificar tales resoluciones, pudiendo reiterarse la petición cuantas veces sea preciso (ATC).
Contracautela. Aunque no se trate de un requisito esencial de las medidas cautelares, suele concederse a su sujeto pasivo la posibilidad de eludir la medida cautelar mediante la prestación de una contracautela que, en la mayoría de las ocasiones, suele consistir en una fianza (así, un embargo puede eludirse mediante la satisfacción de la pertinente fianza que ha de ser "suficiente" para garantizar los daños y perjuicios -depósito en dinero, prenda o hipoteca y aval bancario). Esta posibilidad se encuentra prevista en el incidente de suspensión, al disponer el art. 56.2 que "la suspensión podrá acordarse con o sin afianzamiento. La Sala podrá condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que pudiese seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero, a la CE de caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieren originarse".
Esta posibilidad, a la que el TC recurre con bastante frecuencia, suele utilizarse cuando, no concurriendo los presupuestos de la suspensión, puede producirse, de no suspenderse la ejecutoriedad de la Sentencia, un grave perjuicio a un tercero e incluso al propio recurrente. Su finalidad consiste en garantizar los daños y perjuicios que puede ocasionar la ejecución o inejecución de la resolución impugnada, asemejándose a la técnica de ejecución provisional de las Sentencias civiles.
En la reciente jurisprudencia del TC se observa una tendencia a admitir otras medidas cautelares distintas a la suspensión de la ejecutoriedad de la resolución judicial contemplada en el art. 56, que ponen de relieve la crisis en la que ha entrado la técnica de la suspensión del acto, al revelarse insuficiente para garantizar los futuros efectos materiales de la Sentencia de amparo y ser, incluso, más lesiva a los intereses de la contraparte que otras medidas cautelares. El fundamento legal para la adopción de estas medidas reside en la cláusula de remisión del art. 80 a la LEC (aun cuando no contenga una mención expresa de las medidas cautelares) y, dentro de ella, a las medidas cautelares específicas del art. 727 LEC tales como las innominadas, anotaciones preventivas de demanda, las prohibiciones de disponer y de enajenar de la legislación hipotecaria, etc. En la práctica, el TC ha adoptado anotaciones preventivas de demanda.
El art. 89 faculta a las partes a solicitar la apertura del procedimiento de amparo a prueba, sin embargo, reviste un carácter excepcional. Como indica la STC de 1988, pueden las partes solicitar la apertura del proceso a prueba, pero el juicio de la necesidad y pertinencia de la prueba corresponde al TC quien puede, por tales causas, rechazarla (como ocurrió en el caso que motivó dicha Sentencia).
La apertura del proceso a prueba la habrá de solicitar el recurrente mediante "otrosí" en su escrito demanda.
Personalmente, no recuerdo ningún caso en el que se haya procedido a abrir el periodo probatorio a fin de practicar la prueba de confesión, testifical, pericial o de reconocimiento judicial.
Esta actitud superrestrictiva del Tribunal no es obra del capricho o arbitrariedad. Piénsese, si ya de por sí es excepcional la prueba en la segunda instancia en la que ha de ceñirse al "ius novorum", con mayor razón ha de serlo en un amparo en el que se suele recurrir una Sentencia recaída en casación.
La naturaleza del recurso de amparo no difiere a la de un recurso de casación, con la peculiaridad, eso sí de que el TC no puede revisar la aplicación de todo el Derecho, sino sólo el de la CE. Pero, en cualquier caso, el recurso de amparo se circunscribe a un enjuiciamiento sobre la aplicación e interpretación del Derecho Constitucional, partiendo de unos hechos que han sido fijados previamente por los Juzgados y Tribunales de instancia y que, de conformidad con el principio de "invariabilidad" y de lo dispuesto en el art. 44.11 in fine, no le es dado al TC modificar.
Utilización de la tesis
La utilización de la tesis es una facultad omnímoda del Tribunal que puede ejercitar en cualquier estadio del procedimiento: en la fase de admisión o en la de estimación, pero, si se ejercita dentro de esta última fase, han de ser emplazadas con carácter previo todas las partes a fin de evitar situaciones de indefensión.
La utilización de la tesis: Se trata de una facultad existente en otros procesos, como es el caso del administrativo, del penal y del civil, consistente en poner en conocimiento de las partes la existencia de otros motivos de impugnación distintos a los alegados en el escrito de demanda con el objeto de que informen sobre dicha eventual concurrencia en orden a posibilitar el ejercicio del derecho de defensa.
Pero el art. 84 encierra una facultad ("el Tribunal podrá comunicar...") y no una obligación, la calificación jurídica no constituye elemento esencial alguno de la pretensión, ya que "iura novit curia". Por consiguiente, el Tribunal es absolutamente dueño de aplicar al objeto procesal "ex officio" nuevas calificaciones jurídicas no suscitadas por las partes o de utilizar la tesis del art. 84.
Lo que no puede hacer, sin embargo, el TC es, con ocasión de la utilización de la tesis, pedir a las partes que aleguen sobre resoluciones o actos distintos al impugnado (AATC). El art. 84 no contempla el planteamiento de "cuestiones" que, por introducir nuevas pretensiones al procedimiento de amparo, producen una modificación esencial de la demanda y del objeto procesal con grave merma al principio dispositivo. Si así lo hiciera el TC, actuaría inquisitivamente y vulneraría el principio dispositivo, que se encuentra implícitamente recogido en los derechos a la tutela y a un proceso con todas las garantías del art. 24 CE.
Los escritos de alegaciones
Los escritos de alegaciones son actos procesales de postulación, previos a la conclusión del proceso, en los que las partes reafirman la introducción del material de hecho y de Derecho al proceso.
Aun cuando por su ubicación procedimental, al término del proceso, pudieran guardar una cierta similitud con los escritos de conclusiones de los procesos civiles o calificaciones definitivas del penal, no se identifican absolutamente con ellos, pues, aunque todo ellos sean actos de alegación, los escritos de conclusiones o informes son resúmenes de la prueba en los que las partes persiguen convencer al Tribunal, en tanto que los escritos de alegaciones, en el amparo, no se efectúan tras práctica de prueba alguna.
Desde un punto de vista subjetivo existen tantas clases de escritos de alegaciones como partes se hayan personado en el proceso, siendo diferente su relevancia según el "rol" que ocupen dentro del proceso:
Del recurrente
Para el recurrente los escritos de alegaciones no revisten importancia alguna, pues el objeto procesal hay que delimitarlo definitiva y exhaustivamente en el escrito de demanda.
En efecto, el acto procesal idóneo para la formalización de la pretensión es la demanda, en la que ha de fijarse definitivamente, pues, tal y como reitera la jurisprudencia, no le es autorizado al recurrente en el escrito de alegaciones modificar la pretensión o incorporar alguna nueva violación de derechos fundamentales (SSTC); si así lo hiciera, efectuaría una “mutatio libelli” o ampliación indebida de la demanda que podría hacer incluso a dicha conducta acreedora de una condena en costas y multa por temeridad del art. 95.2 y 3.
La función del escrito de alegaciones del recurrente es la de aclarar algún concepto oscuro, subsanar algún requisito incumplido en la demanda o, a lo sumo, incorporar alguna circunstancia fáctica desconocida, siempre que su aportación no ocasione indefensión a las demás partes, ni modifique el objeto del proceso. Pero, si éste no fuere el caso, lo mejor será dar por reproducidas las alegaciones efectuadas en el escrito de demanda, ya que volver a reproducir las mismas alegaciones es innecesario y tedioso para el Tribunal.
De las partes recurridas
En cuanto a los escritos de alegaciones de los codemandados conviene distinguir el del MF, del de las demás partes. Con respecto a las alegaciones del MF hay que a su vez diferenciar si se ha abierto o no el trámite de inadmisión del art. 50.3. En el primer supuesto, lo natural es que el MF haya concentrado sus alegaciones en su informe de admisión, razón por la cual el escrito de alegaciones las convierte en reiterativas, debiéndose, en tal caso, secundar lo que se ha dicho con respecto a la parte recurrente. Pero, si el amparo hubiera sido admitido directamente a trámite, para el MF este trámite de alegación se convierte en un acto procesal único e indispensable para cumplir con su función de defensa de la legalidad constitucional, por lo que dicho trámite reviste para él una singular importancia, debiéndolo ejercitar con el máximo celo.
La situación de los demás codemandados es similar a esta última hipótesis, si bien su distinta legitimación pasiva (no olvidemos que el MF es parte "imparcial") los hará oponerse necesariamente a la pretensión de amparo. Para estas partes recurridas, el trámite del art. 52 se erige en el único acto procesal en el que pueden aportar los elementos de hecho y de derecho obstativos, extintivos o excluyentes de la pretensión.
En cuanto a la forma, ningún obstáculo teórico existe para que pueda revestir la de contestación a la demanda o la de un escrito independiente. Ningún formalismo determinado exige al respecto el art. 52.
El plazo de las alegaciones es un plazo común de 20 días (no cuentan los días inhábiles) para que las partes puedan tomar conocimiento de la demanda y demás actuaciones y puedan presentar sus alegaciones.
Al tratarse de un plazo común, no es inusual que el recurrente en amparo presente su escrito de alegaciones el último día del plazo de veinte con el objeto de conocer, de un lado, las alegaciones de las demás partes y evitar, de otro, que las demás partes puedan tomar conocimiento de él y proceder a efectuarle una "segunda contestación a su demanda".
El art. 52.2 faculta a la Sala, de oficio o a instancia de parte, a sustituir el trámite de alegaciones escritas por una vista oral, a la que suele invitarse a los medios de comunicación social. Esta facultad es discrecional del Tribunal. Aunque han sido muy escasas las vistas celebradas ante el TC. Las partes pueden solicitar la celebración de vista oral mediante "otrosí" en el escrito de demanda o de forma independiente.
La forma y procedimiento de la vista oral: a la izquierda del Tribunal se sitúa la parte recurrente y a la derecha las recurridas y el MF. La vista comienza mediante la lectura por el Secretario del resumen de antecedentes, a continuación el Presidente otorgará la palabra a la parte recurrente y, en segundo lugar, a las recurridas, dándose por finalizado el acto y por concluso el procedimiento, tras dichas intervenciones.
La Sentencia es el acto jurisdiccional por excelencia, en el que se estima o deniega, con efectos de cosa juzgada, la pretensión de amparo. Son dos los posibles contenidos o fallos de la Sentencia:
estimatorio de la pretensión o de "otorgamiento de amparo" y desestimatorio o de "denegación de amparo". Al igual que la pretensión, las Sentencias estimatorias de amparo participan de idéntica naturaleza: son siempre Sentencias de condena o, si se prefiere, mixtas, pues, tal como dispone el art. 55 pueden contener los siguientes pronunciamientos:
Declarativos (art. 55.1.a y b)
Negativos: la declaración de nulidad de la resolución judicial (y administrativa, si se tratara de un amparo del art. 43, o sólo de la decisión del Poder Legislativo en el caso del amparo del art. 42). Positivos: el reconocimiento del derecho fundamental vulnerado.
De condena (art. 55.1.c)
El restablecimiento al recurrente en la integridad de su derecho con la adopción, si fuere necesario, de las medidas apropiadas para su conservación.
En muchas ocasiones, el contenido de condena de la Sentencia de amparo se efectúa por remisión a una de las Sentencias que ha restablecido al recurrente en la integridad de su derecho mediante la técnica de declarar la "firmeza" de aquella Sentencia que, a juicio del TC, haya podido satisfacer la pretensión de amparo y restablecer al recurrente en su derecho (así, en un conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión, en la que se han producido Sentencias divergentes en las distintas instancias, bastará con que el TC anule las Sentencias que no se manifiesten conformes con su doctrina y declare la firmeza de la que reconozca y restablezca el derecho fundamental que deba prevalecer y ser proclamado).
Lo que no se manifiesta conforme con el art. 55, ni con la naturaleza del amparo son las Sentencias declarativas "puras", porque el TC no está pensado para declarar la existencia de los derechos fundamentales, sino para restablecerlos cuando fueren vulnerados por alguno de los poderes públicos.
Las Sentencias de amparo pueden ser:
En atención al número de pretensiones (acumulación de autos)
Las Sentencias pueden ser simples o plurales. Las Sentencias de amparo plurales son las dictadas en un procedimiento de amparo al que se han acumulado una pluralidad de pretensiones.
La acumulación de pretensiones puede ser inicial, en cuyo caso la LEC la denomina "acumulación de acciones" (art. 71 LEC) o sucesiva o "acumulación de autos". Pues bien, en el proceso de amparo no es posible la acumulación de acciones (STC), por la sencilla razón de que la resolución judicial impugnada integra el contenido de la pretensión. Sí es posible la acumulación de autos, esto es, cuando una misma resolución judicial es impugnada por una pluralidad de recurrentes. En tal supuesto, el TC dispondrá la acumulación de autos y resolverá todas las pretensiones en una misma Sentencia.
En atención a los efectos materiales de la cosa juzgada
Si la Sentencia produce la totalidad de los efectos materiales de la cosa juzgada nos encontraremos ante una Sentencia de fondo. Si aprecia la ausencia de un presupuesto o requisito procesal que condiciona el examen del fondo, el TC dictará una Sentencia absolutoria en la instancia.
En atención a los efectos reflejos (la autocuestión de inconstitucionalidad)
Aunque la competencia objetiva para resolver los recursos de amparo la ostenten cada una de las dos Salas que integran el Tribunal (art. 48) y, por tanto, la inmensa mayoría de las Sentencias de amparo son Sentencias de Sala, puede suceder que, no obstante dicha Sentencia, estime la Sala que sobre la Ley que ha aplicado la resolución judicial, subsisten fuertes dudas de inconstitucionalidad, acerca de las cuales compete pronunciarse el Pleno del Tribunal (art. 10.k). En tal supuesto (art. 55.2) la Sala elevará la autocuestión de inconstitucionalidad al Pleno, quien iniciará la tramitación de una cuestión de inconstitucionalidad. Pues bien, tales Sentencias en cuya parte dispositiva contienen un fallo disponiendo la apertura de dicha autocuestión, en la práctica forense, se conocen como Sentencias de avocamiento a Pleno.
En atención a los efectos doctrinales
Junto a las Sentencias ordinarias de amparo, existen supuestos en los que, por el sólo hecho de haberse formado sobre una materia una jurisprudencia consolidada o por recaer el recurso de amparo sobre una materia, objeto de una nueva regulación legislativa, con respecto a la cual el TC ha dictado una Sentencia-modelo, las demás Sentencias de amparo recayentes sobre el mismo objeto revisten la forma de Sentencias de remisión a la doctrina de la Sentencia tipo. Tales Sentencias de remisión doctrinal suelen ser muy escuetas en su fundamentación jurídica.
Los requisitos de la Sentencia pueden ser clasificados en materiales y formales.
Materiales (o internos)
La LOTC no determina los requisitos, en su art. 80 hace una remisión a los dispuestos en los arts. 245 y 248.3 de la LOPJ y art. 209 LEC, así como la propia doctrina del TC.
Dicha doctrina, puede resumirse en la exigencia constitucional de que también las Sentencias de amparo han de ser motivadas, fundadas en la CE y en la doctrina del TC y del TEDH y congruentes con la pretensión de amparo.
Dentro del deber de motivación se plantea el problema de los límites de la actividad cognoscitiva del Tribunal o, lo que es lo mismo, si el TC puede determinar y valorar los hechos probados en las resoluciones judiciales impugnadas, así como aplicar e interpretar el derecho positivo, distinto a la CE. La respuesta ha de ser negativa, pues, de un lado, está el principio de invariabilidad o inmodificabilidad de la declaración de hechos probados de las Sentencias dictadas por los Tribunales ordinarios (SSTC) y, de otro, del art. 1 LOTC, interpretado "a contrario sensu", el TC es el guardián e intérprete supremo sólo de la CE (no de la legalidad ordinaria, misión que la propia CE confía exclusivamente al TS -art. 123.1 CE).
La anterior afirmación, sólo es posible en los casos de violaciones materiales de derechos fundamentales y no en las de naturaleza procesal, como lo son las contenidas en los arts. 14 (en su manifestación de "igualdad en aplicación de la ley") y 24. Cuando se trata de una violación de la libertad de expresión, derecho al honor, asociación, etc., el TC, puede revisar, no sólo el denominado "juicio de ponderación" de los distintos derechos e intereses constitucionales en conflicto, sino, y si fuere necesario por una defectuosa fijación de los hechos en la Sentencia impugnada, puede llegar a valorar directamente los hechos (así, por ej., está autorizado a conocer directamente el artículo periodístico que motivó el atentado al derecho al honor y no exclusivamente la selección de frases efectuada por la Sentencia impugnada) pero, eso sí, que fundamenten exclusivamente la pretensión de amparo.
Formales (o externos)
Los requisitos formales de las Sentencias de amparo, como los de todas las Sentencias, se precisan en el art. 248.3 de la LOPJ.
En la actualidad, las STC reflejan con la debida separación los "antecedentes de hecho" y hechos probados, de un lado, y los "fundamentos de Derecho" con una importante especialidad y es la de que, debido a la vigencia del principio de "invariabilidad" de los hechos probados, las Sentencias de amparo no contienen una declaración de hechos probados, sino tan sólo la clásica división entre antecedentes de hecho, fundamentos de Derecho y fallo.
Después de un encabezamiento en el que se determinan los Magistrados integrantes de la Sala, se refleja la clásica fórmula "en nombre del Rey", para determinar las partes intervinientes en el amparo y el Magistrado Ponente. A continuación, en el epígrafe romano I se contienen los "antecedentes" en los que se resumen las alegaciones de las partes (comenzando por las del escrito de demanda y finalizando por las de las partes demandadas) y demás vicisitudes del procedimiento como suspensión del acto, diligencias de personación y providencia de citación para deliberación y fallo. En el epígrafe romano II se contienen, también en párrafos separados mediante números cardinales, los "Fundamentos Jurídicos": el primer de ellos suele contener la delimitación, muy sucinta, del objeto litigioso; el segundo la contestación, asimismo muy resumida, a la pretensión de las partes recurridas y del MF; el tercero puede estar dedicado a determinar la concurrencia o ausencia de los presupuestos procesales y a partir del fundamento jurídico cuarto (o del tercero, si no hay que considerar la ausencia de ningún presupuesto procesal) se van reflejando los FJ materiales, comenzando por la exposición de la doctrina del TC, aplicable al caso, para finalizar con la aplicación de dicha doctrina al objeto procesal, a resultas de la cual procederá la estimación o la desestimación del amparo.
La Sentencia finaliza con el "Fallo" en el que, si es desestimatorio, se suele utilizar la fórmula de "denegar el presente recurso de amparo". Pero si fuere estimatorio, lo usual es que contenga varios pronunciamientos en distintos ordinales en los que se concreta la parte dispositiva y en los que se procede a anular la o las resoluciones impugnadas, a continuación se suele declarar el derecho vulnerado y se finaliza con las medidas apropiadas para obtener el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado (declaración de firmeza de determinada Sentencia, retroacción de actuaciones, etc.).

References: resolución 
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