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Timestamp: 2016-10-21 09:58:55+00:00

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⭐CuCubano. Garantizan Justicia para los pobres. servicios legales, asistencia legal, práctica privada compensada. Mensaje del Director
CuCubano. Garantizan Justicia para los pobres. servicios legales, asistencia legal, práctica privada compensada. Mensaje del Director
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Vicenta Juana Segura Muñoz
1 CuCubano el s ervicios Legales de Puerto r ico gratis [pág. 2] Mensaje del Director [pág. 3] supremo rechaza mediación en casos de menores servicios legales, asistencia legal, práctica privada compensada Garantizan Justicia para los pobres [págs. 6-7] 20 preguntas y respuestas sobre cesantías producto de la Ley 7 [pág. 8] golpe a envejecientes Ver páginas 2, 4 y 13 reconocen a abogados apoya Pierluisi financiamiento de slpr publicación de servicios legales de puerto rico, inc. 12 La justicia vence siempre cuando hay derecho y perseverancia para reclamarla. el CuCubano El ejemplo que vivimos Lic. Charles S. Hey Maestre Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. Avenida Ponce de León Núm. 1859, Pda. 26 Santurce, Puerto Rico P.O. Box 9134, San Juan, P.R Tel. (787) Fax: Director Ejecutivo Lic. Charles S. Hey Maestre Editor Leonardo Aldridge Corresponsales Ely Acevedo Lic. Vanessa Rafols Lic. Félix Vélez Alejandro Nancy Ojeda Rivera Lic. Ángel Rodríguez José Acarón Diseño y Montaje Marcos Pastrana Servicios Legales autoriza la reproducción de todos los artículos publicados, pero requiere crédito. Financiado por la legal services corporation La versión digital de LSC El CuCubano está disponible en: MENSAjE DEL DIRECToR EjECuTIVo Al padre Damián de Molokai le decían el leproso voluntario. Nacido en Bélgica en 1840, este católico, que recientemente fue elevado a la santidad por la iglesia, dedicó su vida al trabajo desinteresado y de entrega total en pro de las comunidades de leprosos en la Isla de Molokai, en el archipiélago hawaiano del siglo 19. Era la época cuando más estigma, repudio, miedo y asco provocaban esos enfermos en la población. A tal nivel fue el compromiso del padre Damián que aceptó contagiarse con lepra con tal de estar cerca de la gente que deseaba ayudar. Y qué tiene que ver este señor europeo de hace más de 100 años, cuyo sacrificio se realizó al otro lado del planeta, con Servicios Legales de Puerto Rico en 2010? Creo que lo entendemos todos los que laboramos en este bufete. Nuestro país ha creado múltiples comunidades de leprosos, a quienes la sociedad pudiente y con recursos evita, aísla e ignora. Pero son nuestro vecinos, nuestros hermanas y hermanos y, en Servicios Legales, nuestros clientes. Los conocemos bien: las mujeres indocumentadas que tras ser tratadas como ilegales son víctimas del más cruel abuso doméstico y de género. Los jóvenes de los residenciales, sobrevivientes de hogares rotos, rodeados de drogas y abandonados por un sistema público de educación que no provee esperanza ni herramientas para romper con el ciclo de pobreza de generaciones. También son las comunidades como Villas del Sol, marginadas, pisoteadas y despreciadas por las autoridades y los más pudientes. Y tantos más. Los trabajadores de Servicios Legales no somos santos y no pretendemos tal distinción. Pero tenemos en la figura de Damián de Molokai una manifestación del mismo espíritu que nos impulsó a servir a nuestro prójimo. En Damián, tenemos una figura identificada con los más rechazados de la sociedad de su época, comprometido a servirlos y a acompañarlos durante toda su vida un ejemplo que Mahatma Gandhi exhortó a ser estudiado y emulado. En todas las oficinas de SLPR tenemos mujeres y hombres que han optado por acompañar y servir a los pobres, rechazando otras opciones profesionales, muchas de las cuales son más lucrativas o prestigiosas. No tengo reparos en decir que todo Puerto Rico debe estar orgulloso y agradecido de las valientes mujeres y hombres que laboran en SLPR por acercar los pobres a la justicia también somos un ejemplo que todos deben estudiar y emular para un mejor País. Con ese deseo de resaltar el sector de trabajadores legales que muchas veces es invisible, contamos en esta edición con artículos que destacan la labor de quienes trabajan en pro de los pobres en casos civiles a través del programa de Práctica Privada Compensada de Servicios Legales. Asimismo, publicamos una colaboración de los compañeros de la Sociedad para la Asistencia Legal, cuyos abogados, a pesar de constituir sólo el 1% de todos los letrados en el país, defienden el 40% de los acusados de delitos graves en Puerto Rico los que no pueden costear una representación legal propia. Reseñamos además esfuerzos que hemos emprendido en Servicios Legales junto con la oficina de Administración de Tribunales para acercar el acceso a la justicia real de los marginados a través del Centro de Representación por Derecho Propio (Pro Se) en el Tribunal de Mayagüez. Por último, pero no menos importante, informamos sobre cómo el Alcalde de Cidra, al igual que lo han hecho anteriormente los de Toa Baja y Sabana Grande, donó un espacio del gobierno municipal para que nuestros abogados pudieran atender a los pobres de su pueblo. Pero, siempre alerta ante todo lo que socave la fortaleza de las instituciones que trabajan a favor de los menos pudientes, presentamos un reportaje sobre la Sala Especializada de Violencia Doméstica en el Centro judicial de Hato Rey que expone cómo la merma en fondos a ciertas entidades, como la Procuradora de Mujeres, representa un peligro real en el trabajo hasta ahora logrado. A tono con la temática general de este número del Cucubano en el que se destaca la labor de los participantes de PPC, de Servicios Legales y de Asistencia Legal, queremos también reconocer el encomiable compromiso de abogados y bufetes de la práctica privada que procuran fortalecer el trabajo legal a favor de los pobres. Bufetes como Pinto- Lugo, oliveras & ortiz, PSC logran con su anuncio en este periódico, en la página a su derecha, fortalecer y darle continuidad a esta publicación, de modo que las comunidades e individuos de escasos recursos se enteren de cuáles son sus derechos y cómo los pueden hacer valer. También reconocemos el compromiso inquebrantable de la Comisión de Derechos Civiles y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (Coopaca). A ellos nuestro profundo agradecimiento. Hacemos un llamado a que otras entidades también contribuyan económicamente a la misión de Servicios Legales de Puerto Rico, sea a través de auspicios en este periódico o colaborando con sus recursos de otras maneras. De esta forma cumplirán, en el caso de los bufetes, con el primero de los cánones de ética profesional que recae sobre todo abogado: Constituye una obligación fundamental de todo abogado luchar continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal También es obligación del abogado ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligación incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos. Estoy seguro que un futuro cercano contaremos con su contribución. Mientras tanto, disfruten de este número del Cucubano. 2 publicación de servicios legales de puerto rico, inc.3 La mediación es un proceso de intervención que, a diferencia de los juicios, no es adjudicativo. Tribunal Supremo no a la mediación en casos de menores Leonardo Aldridge El Cucubano Cero mediación en casos de menores. El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió, en votación 4-3, que la mediación no procede en casos de menores porque la ley y un reglamento del propio máximo foro no contemplan ese mecanismo expresamente. El caso fue litigado y llevado ante la consideración del Supremo por Servicios Legales de Puerto Rico en Aguadilla, cuyos abogados argumentaron que la mediación era el método de resolución de disputa que mejor beneficiaba a dos menores contra quienes se presentaron quejas por presuntamente quitarle un bulto a otra menor y robarse $7 que había dentro de él. Los jóvenes de 13 y 14 años contra quienes se imputaron las faltas eran primeros ofensores y tanto sus familias como los de la presunta perjudicada otra menor estaban contestes de que el asunto se refiriera a mediación. Es forzoso concluir que la mediación no fue incluida por el legislador en los procesos para asuntos de menores, y que por ende en este caso no está disponible, determinó el juez asociado Erick Kolthoff en una opinión a la que se unieron los también jueces asociados Mildred Pabón, Rafael Martínez y Efraín Rivera. La mediación es un proceso de intervención que, a diferencia de los juicios, no es adjudicativo. Es decir, no gana una parte y pierde otra. El proceso busca, en cambio, ayudar a las personas en conflicto a lograr un acuerdo que les resulte mutuamente aceptable. Los jueces de la mayoría también justifican su decisión en que actualmente nuestro Centro de Mediación y Conflictos no cuenta, como sí ocurre en otras jurisdicciones, con un programa de capacitación que le permita al Negociado certificar mediadores específicamente en el área de primeros ofensores en asuntos de delincuencia juvenil. Entendemos necesario, prosigue la mayoría, en el ejercicio de nuestro poder de parens patriae, vigilar que en tal proceso formativo (de los menores) no se introduzcan elementos o mecanismos no preparados o diseñados para ellos, que pudieran deformarlos en lugar de ayudarlos o encaminarse en la dirección correcta. La decisión de la mayoría hace referencia a un Proyecto del Senado presentado por el senador por el distrito de Arecibo, ex fiscal y abogado litigante, miembro del gobernante Partido Nuevo Progresista, José Emilio González, en el que el legislador busca incorporar expresamente a la Ley de Menores la posibilidad de que se dé el proceso de mediación. La exposición de motivos del mencionado Proyecto del Senado 1108, que fue referido a la Comisión de lo Jurídico Penal, afirma que esta Asamblea Legislativa reconoce que el Estado debe ofrecer a los menores nuevas alternativas de tratamiento que propicien la rehabilitación y subsiguiente adaptación del menor en la sociedad. Después de todo, como parte de la discreción judicial sobre la forma de adjudicar un caso, muy bien podría determinarse que el mecanismo más acertado y conveniente es referir el mismo a mediación en lugar de continuar el trámite tradicional. Los jueces en la minoría encabezados en este caso por la jueza asociada Anabelle Rodríguez sostuvieron en su opinión disidente que erra la mayoría al resolver que la mediación es inaplicable a los casos de asuntos de menores. En primer lugar, el Reglamento (de métodos alternos para la solución de conflictos del Tribunal Supremo) sí contempla el referido de ese tipo de caso a la mediación, pues todos los casos civiles son, en principio, sujetos a ser referidos a dicho método alterno. Los casos de menores se consideran como asuntos civiles sui generis en el ordenamiento legal de Puerto Rico. Más aún, la jueza Rodríguez afirma en una opinión a la que se unieron el juez presidente Federico Hernández Denton y la jueza asociada Liana Fiol Matta que, aún si el Reglamento no contemplara la mediación como posibilidad en asuntos de menores, si este Tribunal entendiera apropiado el referido de casos de asuntos de menores al proceso de mediación, podría así disponerlo, de ser necesario. Así, pues, no es una cuestión de poder, sino de querer. En cuanto a la naturaleza del caso, es preciso tener presente que lo que se imputa a los menores recurrentes es la apropiación de siete dólares pertenecientes a una compañera de estudio. Se trata de un conflicto nacido en el contexto escolar, en el cual los menores seguirán interrelacionándose aún con posterioridad a la resolución de este caso. Aunque la conducta imputada a los recurrentes es constitutiva de falta, en el balance de intereses es preferible brindar a éstos una oportunidad de reconocer lo errado de su proceder y asumir la responsabilidad por sus actos a través del proceso de la mediación, sin someterlos a un procedimiento estigmatizador y de naturaleza punitiva como pudiese resultar el procedimiento ordinario, señala la decisión de tres de los siete jueces del Supremo. publicación de servicios legales de puerto rico, inc. 34 REConoCEn CaliDaD DE abogados PPC Leonardo Aldridge El Cucubano La Lic. janice Gutiérrez, directora de PPC. Los abogados galardonados del programa de Práctica Privada Compensada. Unos 37 abogados de la práctica privada, con oficinas a través del país, fueron reconocidos por su trabajo de excelencia en la representación de clientes de escasos recursos. El programa de Práctiva Privada Compensada (PPC) de Servicios Legales de Puerto Rico seleccionó a estos 37 abogados como ejemplo del desprendimiento en la profesión y por haberles provisto a un sinnúmero de clientes la representación legal de primera categoría que se merecen, independientemente de los honorarios por cobrar. La actividad se efectuó el 22 de enero en el Hotel Embassy Suites, en Isla Verde, y estuvo moderada por la directora del programa PPC, Lic. Janice Gutiérrez. El programa de PPC permite que las personas de escasos recursos que por una u otra razón no pueden ser atendidos por la plantilla de abogados de Servicios Legales sea por conflicto de intereses u otros factores cuenten con un abogado sin tener que pagar. Servicios Legales le paga una cantidad módica a esos abogados de la práctica privada que asumen la representación de las personas indigentes. La Lic. Wanda Valentín, profesora de la Pontifica Universidad Católica en Ponce y predecesora de la Lic. Gutiérrez como directora de PPC, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, destacando que el trabajo legal de los abogados distinguidos es muestra clara de solidaridad, no de caridad. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respetuo mutuo, dijo Valentín al citar al escritor uruguayo Eduardo Galeano. Los directores de los 17 Centros de Servicio Directo de SLPR entregaron pergaminos y otros obsequios a los abogados destacados en el cónclave. La Lic. Gutiérrez catalogó la actividad como un éxito y se expresó confiada en que la calidad en el servicio de los abogados PPC continúe en 2010 como hasta el presente. Nadie que genuinamente co- AguAdiLLA Lic. Tania E. Santiago Caro Lic. Lulio E. Saavedra gonzález AibONiTO Lic. Eddie g. Malavé Colón Lic. Sonia i. Torres Cartagena ARECibO Lic. José R. Medina Monroig Lic. Lourdes Curbelo irizarry bayamón Lic. Alice Agosto Hernández Lic. Ramón A. Hernández Feliciano CAguAS Lic. Roberto Figueroa Carrasquillo Lic. Zoraida S. Jiménez Fernández labora haciendo efectiva la misión del Programa lo hace pensando en ser reconocido. Pero, quienes lo son, experimentan un sentido de satisfacción plena que les conecta o reconecta al compromiso con la justicia. Ser parte del Programa de Práctica Compensada es accesible a toda/o abogada/o de la práctica privada, dijo la Lic. Gutiérrez. El teléfono a llamar para formar parte del panel de PPC es el abogados DistinguiDos 2009 CAROLiNA Lic. Sonia Ortíz Ortíz Lic. Rosa M. Rodríguez Rivera CAyEy Lic. Adid M. Flores Ramírez COROZAL Lic. Norma b. Pérez Muñiz Lic. Jorge M. díaz Rodríguez guayama Lic. Walter d. Rodríguez Fernández Lic. Tomás Santiago Romero HuMACAO Lic. Liza M. Lugo Feliciano Lic. Myrna d. Ortíz delgado MANATi Lic. Milton J. garcía Ocasio Lic. Angel L. Rosendo Molina MAyAgüEZ Lic. yeidi N. Vélez Acevedo Lic. Mirta L. irizarry Peña PONCE Lic. Alexandra Rosario Morell Lic. Karem M. Cedeño Rivera RíO PiEdRAS Lic. Jesús M. Rivera delgado Lic. María de Lourdes Rivera Sostre Lic. Enrique garcía garcía La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respetuo mutuo. SAbANA grande Lic. diana M. Camacho Vázquez Lic. Marcos J. Torres Sepúlveda utuado Lic. Abid E. Quiñones Portalatín Lic. José Álvarez Negrón AbOgAdOS declaraciones JuRAdA Lic. Felipe bravo garcía TELE AbOgAdO Lic. beatriz Ramis Sánchez Lic. yolanda Torres Roque PANEL de CONFLiCTO ETiCO Lic. Marilú Hernández Colón Lic. Carmen Astacio Caraballo 4 publicación de servicios legales de puerto rico, inc.5 a favor PiERluisi DE Más financiamiento PaRa slpr Pierluisi dijo que estaba a disposición de Servicios Legales en los esfuerzos por obtener fondos del Gobierno puertorriqueño... El director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico, Lic. Charles S. Hey Maestre, se reunió en diciembre con el comisionado residente Pedro Pierluisi para discutir el financiamiento de la corporación para el venidero año fiscal. En la reunión celebrada en la oficina de San Juan del comisionado residente, se le informó a Pierluisi de los avances logrados en el Congreso a favor del financiamiento de la Legal Services Corporation, que recibirá 8% más de presupuesto este período fiscal en comparación al anterior. Pierluisi expresó su disposición a unirse como coautor de la medida legislativa que provee el financiamiento federal a LSC y, por consiguiente, a Servicios Legales de Puerto Rico. Por los altos niveles de pobreza en la Isla, Servicios Legales de Puerto Rico es el beneficiario de la LSC más grande y el que más dinero recibe de los 137 programas en Estados Unidos y sus territorios. Pierluisi dijo que estaba a disposición de Servicios Legales en los esfuerzos por obtener fondos del Gobierno puertorriqueño y en las iniciativas con alcaldes para conseguir espacios físicos en las alcaldías, libre de costo, para colocar a los abogados que proveen representación legal gratuita a los indigentes. publicación de servicios legales de puerto rico, inc. 56 Qué Debo hacer si recibí una carta De cesantía? Si es empleado unionado, notificar a su unión para presentar una apelación ante la Comisión de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público (CRTSP). Si es empleado con un puesto dentro de la unidad apropiada pero no es miembro de la unión, debe presentar una apelación ante la Comisión de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público (CRTSP). Si su puesto no estaba dentro de la unidad apropiada, debe presentar una apelación ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH). si tiene dudas, presente apelación en ambos lugares. Esto es, presente su apelación tanto en la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) como en la Comisión de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público (CRTSP). 20PREguntas Y REsPuEstas cuántas copias De La apelación Debes sacar? tres (3). una para someterla al foro administrativo, otra para su agencia, la tercera para sus archivos. Qué Me conviene Más, radicar Mi apelación PersonaLMente o Por correo certificado? Lo más conveniente es hacerlo personalmente. De esta forma, se asegura de que le ponchen las copias que necesita. Sin embargo, si usted vive lejos y no puede hacerlo personalmente o a través de un amigo o familiar, puede enviarla por correo certificado con acuse de recibo, siempre tomando en cuenta que debe cumplir con el requisito de radicarla antes de transcurridos 30 días contados a partir de la fecha de la carta de cesantía. DónDe Debe radicar su apelación? CASARH En persona: CoMISIÓN APELATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECuRSoS HuMANoS DEL SERVICIo PÚBLICo (CASARH) Ave. Ponce de León 268, Hato Rey Center, Suite 600 (Edificio frente al Scotiabank en Hato Rey) Tel Fax Por correo: Po BoX , SAN juan, PR CRTSP En persona: CoMISIÓN DE RELACIoNES DEL TRABAjo DEL SERVICIo PÚBLICo (CRTSP) 1409 Ave. Ponce de León Edificio CEM, Piso 6, Santurce, Puerto Rico Por correo: CoMISIÓN DE RELACIoNES DEL TRABAjo DEL SERVICIo PÚBLICo (CRTSP) P.o. Box San juan, PR Tel: (787) / Fax: (787) cuánto tiempo tengo Para Presentar La apelación? Todos los empleados cesanteados tienen treinta (30) días calendario para presentar la apelación. Esos treinta (30) días se cuentan a partir del recibo de la carta. Por tanto, recomendamos que se presente dentro de los treinta (30) días de la fecha de la carta de cesantía. Además de presentar la apelación a CASARH o la CRTSP, la autoridad nominadora (el jefe de la agencia que firmó la carta) tiene que recibir copia del escrito dentro de los mismos treinta días. RECuERDE: Su carta de cesantía TIENE que informarle de su derecho de revisión y/o apelación. Si esta información no está incluida, la notificación podría considerarse nula. La carta de cesantía, además, TIENE que ser enviada por correo certificado o TIENE que entregársele personalmente al empleado cesanteado. PueDe afectarme De alguna Manera el Presentar La apelación? No. Ninguna agencia puede tomar represalias contra los empleados cesanteados que presenten apelaciones. es necesario contratar abogado Para Presentar La apelación? No. usted puede presentar la apelación sin representación de abogado. Ahora bien, si usted decide presentar su apelación sin representación legal le recomendamos que trate de consultar con un abogado para que atienda las circunstancias específicas de su caso. De usted cumplir con los requisitos de elegibilidad económica del programa, Servicios Legales de Puerto Rico le puede asistir. PueDen Los cesanteados firmar Los formularios requeridos Para tramitar Las ayudas gubernamentales DisPonibLes? Sí. Estas ayudas están dispuestas en la Ley Núm. 7 u otras legislaciones protectoras. significa esta firma una aceptación De La cesantía? No. Asegúrese de que no firma ningún documento donde usted acepta la cesantía o el despido. Debo continuar trabajando? Podría ser lo mejor para usted. Este periodo lo puede utilizar para orientar a las personas sobre lo que está pasando y cómo esto puede afectar los servicios que usted y otros empleados cesanteados les brindan. Si no puede tolerar estar en su lugar de trabajo visite un médico o el Fondo del Seguro del Estado. Mientras se tramita La apelación, a Qué beneficios tengo Derecho? Si trabajó para el gobierno menos de diez (10) años, tiene derecho a que se le liquiden hasta un máximo de sesenta (60) días de vacaciones acumulados. Si trabajó para el gobierno más de diez (10) años, tiene derecho a que se le liquiden hasta un máximo de sesenta (60) días de vacaciones acumulados y hasta un máximo de noventa (90) días de enfermedad acumulados. 6 publicación de servicios legales de puerto rico, inc.7 sobre CEsantÍas al amparo DE la LEY 7 Todos los trabajadores cesanteados tienen derecho a: desempleo (si no logran conseguir un nuevo empleo con un salario similar) cubierta de plan médico por seis (6) meses luego de la cesantía. retirar del sistema de retiro las cantidades cotizadas bajo dicho sistema solicitar un vale educativo de hasta $5, para estudios universitarios. solicitar un vale para adiestramiento técnico vocacional de hasta $2, solicitar un vale de $5, para establecer su primer negocio. el patrono en la empresa privada que lo contrate a usted puede solicitar un subsidio de hasta el 50% de su salario hasta $15, Debo agotar Mis Días De Vacaciones y enfermedad? Nuestra sugerencia es que no, a menos que no le sea conveniente económicamente. Es decir, sólo si usted fuese a perder el tiempo acumulado. Para tomar esta determinación debe revisar el Reglamento de su agencia. Si puede continuar trabajando, hágalo. Esto le asegura por lo menos un mes más de ingresos. Este dinero es suyo y le corresponde por Ley. PueDo apelar ahora, aunque no cuestioné La carta De Mi agencia DonDe Me señalaban Mi tiempo De antigüedad? Sería mejor haber apelado. Recuerde que la antigüedad en su puesto es parte de su interés propietario. Lo importante es evidenciar que usted cuenta con los años de servicios que reclama. Por eso, someta su apelación a CASARH o a la CRTSP. cas de su caso. Si no apela la decisión en primera instancia no podrá posteriormente recurrir a los tribunales. cuántas PosibiLiDaDes tenemos Los cesanteados De PreVaLecer en este caso? Cada caso debe ser juzgado individualmente. cómo PueDo cooperar en estos MoMentos Para fortalecer Mi caso? 1) Mantenga una actitud afirmativa de defender su trabajo 2) Solicite formalmente por carta o trate de conseguir los siguientes documentos: a. Todas las listas de despidos basadas por la antigüedad i. la que produjo su división o su agencia y envió al jref ii. la que Hacienda envió a jref iii. la generada por jref y enviada a su agencia iv. la que utilizó la gerencia de su agencia al momento de entregar las cartas b. Si existen irregularidades en la agencia, anótelo con datos específicos. c. una copia certificada del expediente de personal, especialmente las evaluaciones d. Si no tiene evaluaciones recientes solicite una ahora. e. El plan de cesantías aprobado en la Agencia por mandato de la Ley Num. 184 del f. La lista de su antigüedad en el gobierno a nivel de todas las oficinas de su agencia en la isla. g. Solicitar la lista de excepciones realizadas por su patrono para no cumplir con la antigüedad y mantener en el puesto a personas con menor antigüedad que usted. 3) Verificar y documentar a. Si hay empleados con fondos estatales y federales en un mismo puesto de la agencia y anotar cómo se aplicó la antigüedad. b. Si su cesantía afecta el servicio. c. Si usted ya ha sido reemplazado y por quién. d. Si en su agencia se está contratando e. Si hubo gestiones antes de las cesantías para reducir los costos. cuáles son Los teléfonos De servicios LegaLes De Puerto rico? Los teléfonos, ambos libres de costo, son en el Área Metro y en la Isla. cuándo PueDo LLaMar? Puede llamar en horas laborales, de lunes a viernes, excepto días feriados, de 8:00 am a 4:30 pm. La antigüedad. cuál es el PrinciPaL criterio Para Que ProceDa una cesantía De un empleado bajo La Ley 7? cómo se calcula La antigüedad? La antigüedad se considerará como el tiempo comprendido por todos los servicios prestados mientras la persona ha sido empleado público. o sea, es a base del tiempo acumulado por el empleado en todas las agencias del gobierno en que haya trabajado durante su vida. Qué sucederá si el foro administrativo apelativo DesestiMa Mi apelación? Eso depende de muchos factores. Siempre habrá posibilidad de recurrir a los tribunales como último remedio y eso dependerá de los méritos y circunstancias específi- Visita suprema Los abogados de Servicios Legales de Puerto Rico, Jesús Hernández García, izquierda, y José Adrián Rivera García, visitaron a la jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, en sus oficinas en Washington D.C. El encuentro surgió luego de una conferencia sobre derecho a la vivienda auspiciada por el Housing Justice Network, a la que asistieron ambos abogados, adscritos al Centro de Río Piedras. La visita de los abogados de SLPR a la jueza Sotomayor se dio el 8 de marzo de publicación de servicios legales de puerto rico, inc. 78 Golpe a los envejecientes Flaquea el departamento de Familia y su servicio de ama de llaves Lic. Vanessa Rafols El Cucubano Amparado en la crisis fiscal, el Departamento de Familia determinó que doña Micaela Lorenzo Rodríguez, de 80 años y confinada a una silla de ruedas, no era merecedora del servicio de Ama de Llaves que provee esa agencia para que las personas de edad avanzada puedan llevar una vida digna en sus últimos años. Doña Micaela solicitó representación legal en el Centro de Aguadilla de Servicios Legales de Puerto Rico para apelar la decisión tomada por el Departamento de la Familia de denegarle servicios de Ama de Llaves por la falta de fondos. A pesar de que doña Micaela cumplía con todos los requisitos para este servicio, la orden de un alto funcionario es que no se pueden dar por la crisis presupuestaria de la agencia. Doña Micaela, además de tener 80 años y depender de una silla de ruedas para su escasa movilidad, es viuda y reside sola en el Barrio Atalaya de Aguada, con problemas de salud como osteoporosis, hipertensión, glaucoma y catarata. Presenta dificultades para procurarse los cuidados adecuados de higiene, alimentación y movilidad fuera del hogar. Sus ingresos son limitados al PAN y al Seguro Social. Al momento de la entrevista inicial, su vivienda estaba totalmente deteriorada, con problemas de comején y electricidad. El Departamento de la Familia, Oficina Local de Aguada, ha trabajado el caso como uno de protección y la recomendación de su trabajador social era que se le brindara un servicio de Ama de Llaves desde marzo de Al día de hoy, dicho servicio no se le ha podido brindar por la excusa de la falta de fondos. Nos debemos preguntar, ante una alegada crisis fiscal del Departamento de la Familia, qué tipo de servicios se le están ofreciendo a nuestros envejecientes. Dónde están los fondos destinados a dar este servicio de Ama de Llaves? Quién está dando este servicio a los envejecientes que se están beneficiando del mismo? Estas preguntas deben ser contestadas por Yanitzia Irizarry, secretaria del Departamento de la Familia. Según el Plan de Reorganización Núm. 1 de 1995, en su Artículo XII, se dispuso de la creación de la Corporación de Servicios de Ama de Llaves, la cual es una sin fines de lucro. La COSALL (Corpo ración de Servicios de Ama Llaves de Puerto Rico, Inc.) fue incorporada en el 1995, y a partir de esa fecha el Departamento de la Familia contrata los servicios de COSALL para ofrecer los servicios de Ama de Llaves, de acuerdo a unos criterios de elegibilidad establecidos por el Manual de Normas y Procedimientos de Servicios de Ama de Llaves. El utilizar como fundamento la falta de presupuesto para no ofrecer el servicio de Ama de Llaves a esta población de edad avanzada es ir en contra de la política pública del Estado Libre Asociado, de proteger a los ancianos y las personas incapacitadas para que puedan disfrutar una vida plena, según la Carta de Derechos de la Persona Avanzada, Artículo I, Ley 121 del 12 de julio de Negar los servicios de Ama de Llaves a nuestra cliente y a otros envejecientes e incapacitados es una forma de maltrato y negligencia institucional hacia ellos. El Departamento de la Familia tiene que cumplir su función de parens patriae de velar por las necesidades de los envejecientes. En días pasados tuvimos la oportunidad de visitar a doña Micaela en su hogar. Nos llevamos la grata sorpresa de encontrar que su vivienda estaba siendo reparada por un grupo comunitario. Estos ciudadanos se dieron a la tarea de llevar a cabo su Legado de Amor de doña Güelita, para buscar donaciones de materiales, mano de obra y equipo para mejorar la vivienda. Es gracias a ellos que doña Micaela podrá vivir en un lugar seguro, aunque no cuenta con el apoyo de un servicio de Ama de Llave. La autora es abogada de Doña Micaela y sub-directora del CSD de Servicios Legales en Aguadilla. Honorarios de abogado para casos de slpr La prohibición de cobrar honorarios de abogado en los casos litigados por Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) ha sido eliminada. La Junta de Directores de la Legal Services Corporation decidió eliminar la prohibición federal contra el cobro de honorarios poco tiempo después de que el presidente estadounidense Barack Obama firmara un nuevo estatuto que tenía el efecto de permitir que los abogados de programas de servicios legales cobren las partidas de honorarios. En Puerto Rico, respecto a los casos nuevos que radiquen nuestros abogados, y aquellos abogados privados bajo el programa de Práctica Compensada (PPC), de ahora en adelante se podrá reclamar honorarios de abogados en todos los procedimientos que bajo la ley estatal y federal así se permita, expuso el gerente de medición de la División de Litigios de SLPR, Lic. Emiliano Irizarry. El Lic. Víctor Fortuño, presidente interino de la LSC en Washington, indicó en una comunicación que a partir del 15 de marzo los programas de servicios legales podrán hacer los reclamos de honorarios. Los reclamos de honorarios entre las fechas del 16 de diciembre de 2009 al 15 de marzo de 2010 no se considerarán violatorias de las prohibiciones de LSC, aunque todo reclamo anterior al 16 de diciembre de 2009 sí será considerado como una posible violación, de acuerdo a la comunicación del Lic. Fortuño. La prohibición de Servicios Legales de Puerto Rico y otros programas parecidos en Estados Unidos de cobrar honorarios de abogados está vigente desde 1996, según el Lic. Irizarry. En casos laborales y de alimentos, entre otros, procede la imposición de honorarios de abogado a favor del promovente que prevalece. También proceden a favor de la parte prevaleciente cuando el otro litigante, o su abogado, han actuado con temeridad o frivolidad. 8 publicación de servicios legales de puerto rico, inc.9 servicios legales Con esta iniciativa damos un paso en dirección a brindar mayor acceso a la justicia a la población que más lo necesita... Leonardo Aldridge El Cucubano amplía su presencia a cidra Cidra Miles de cidreños tendrán acceso más fácil a la justicia gracias a una iniciativa conjunta de Servicios Legales de Puerto Rico y el Municipio de Cidra, que les permite a los residentes de escasos recursos del sector obtener representación legal gratuita en casos civiles. Servicios Legales de Puerto Rico y el Municipio de Cidra firmaron el 4 de febrero un acuerdo mediante el cual el municipio le arrendará, por un costo nominal de $1 anual, un espacio en el nuevo centro municipal, donde los abogados de Servicios Legales atenderán una vez por semana a todo aquel cidreño que cualifique para ser representado o asesorado en casos de familia, vivienda, violencia doméstica, consumidores, casos comunitarios y ambientales, de derechos de veteranos, entre otros. El espacio habilitado para los abogados permite que los residentes de Cidra obtengan representación legal en su propio municipio y no tengan que desplazarse hasta Cayey, donde ubica el más cercano Centro de Servicio Directo de Servicios Legales. Cerca de la mitad de los casi 50,000 residentes de Cidra cualifican para ser representados por Servicios Legales de Puerto Rico, de acuerdo con estadísticas del Municipio y las tablas de elegibilidad del bufete. El alcalde de Cidra, Ángel Malavé Zayas, sentado, donó, a nombre del municipio, un espacio para abogados de Servicios Legales. Lo acompañan el Lic. José Martínez Chamorro, director de SLPR en Cayey, Lic. Charles Hey Maestre, director ejecutivo de SLPR, e Ivonne Sierra, ayudante especial. El alcalde de Cidra, Ángel L. Malavé Zayas, y el director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico, Lic. Charles S. Hey Maestre, firmaron el acuerdo en la nueva sede del gobierno municipal de Cidra. Con esta iniciativa damos un paso en dirección a brindar mayor acceso a la justicia a la población que más lo necesita, declaró el Lic. Hey Maestre. Las personas de escasos recursos, para quienes la transportación entre pueblos siempre es un problema económico real, tendrán una preocupación menos gracias a este acuerdo que el Municipio de Cidra ha avalado, agregó. Servicios Legales tiene acuerdos similares para establecer oficinas satelitales en otros pueblos, como Toa Baja y Sabana Grande. Asimismo, Servicios Legales ha establecido acuerdos colaborativos con la Oficina de Administración de Tribunales para tener presencia de abogados en diversas salas especializadas. La meta de la corporación privada sin fines de lucro es continuar ampliando la presencia de sus abogados a través de la Isla gracias a acuerdos como el recientemente firmado. El alcalde cidreño aplaudió la labor continua de Servicios Legales en su municipio y se expresó confiado en que los residentes de ese pueblo tendrán la asesoría y representación legal que necesitan para sus problemas y trámites en asuntos de naturaleza civil. En la firma del acuerdo, tanto el Alcalde de Cidra como el Director Ejecutivo de Servicios Legales estuvieron acompañados de sus respectivos equipos de trabajo, incluyendo el director del Centro de Servicio Directo de Servicios Legales en Cayey, Lic. José Martínez Chamorro. oriéntese no necesita declaración Jurada para solicitar vivienda pública Necesito una declaración jurada si estoy solicitando vivienda pública o Plan 8 por primera vez? No. Lo único que usted necesita es llenar una certificación, que encontrará en www. servicioslegales.org, o visitando uno de nuestros 17 Centros de Servicios Directo. En dicha certificación usted dará fe de sus circunstancias personales y afirmará, bajo pena de perjurio, que lo que certifica es totalmente cierto y que usted cualifica para vivienda pública o Plan 8. Si ya resido legalmente en vivienda pública y quiero renovar mi contrato, necesito hacer una declaración jurada nuevamente? No. Hasta hace poco, hacía falta hacer una declaración jurada cada vez que renovara su contrato para obtener vivienda pública. Sin embargo, el Departamento de Vivienda federal (HuD) recientemente eliminó ese requisito. Ahora lo que hace falta para la renovación de contrato es cumplimentar una certificación, que puede encontrar en nuestra página www. servicioslegales.org, o visitando uno de nuestros 17 Centros de Servicios Directo. Qué hago si las autoridades insisten en pedirme una declaración jurada? En caso de que usted esté solicitando vivienda pública o Plan 8 por primera vez, o ya resida en ella, y los oficiales insistan en pedirle una declaración jurada, debe llevarle copia de la carta que encontrará en En dicha carta, el Departamento de Vivienda federal (HuD) se compromete con Servicios Legales de Puerto Rico a tramitar este tipo de caso mediante certificaciones. Qué hago si tengo más dudas o preguntas sobre este proceso o no entiendo algo? Puede llamar a Servicios Legales de Puerto Rico, libre de costo, al en la Isla o al en el Área Metro. publicación de servicios legales de puerto rico, inc. 910 Análisis OCUPA EL CAMPO LA REgLAMEnTACiÓn FEDERAL En Un CAsO DE DEsAHUCiO BAJO EL PROgRAMA DE VOUCHERs CUAnDO COnFLigE COn LAs PROTECCiOnEs LEgALEs DE LA LEY LOCAL. Legal 1 AnáLisis LEgAL Preparado por: Lic. Rafael Rivera Meléndez Director División de Litigios [Barrientos v Morton LLC. Case No (C.A. 9, Oct ] Se trata de un caso resuelto en el 9 no Circuito en el que el casero notificó orden de desalojo a diversos inquilinos porque interesaba retirar su propiedad del programa de asistencia de renta bajo Plan 8. La notificación aludía a la cláusula contractual establecida por la reglamentación de HUD y que permite que el casero dé por terminado el contrato aún antes de que este culmine, invocando good cause que incluye el deseo del dueño de alquilar por rentas superiores en el mercado. Sin embargo, el Código Municipal de la Ciudad de los Ángeles, contenía una ordenanza de estabilización y control de rentas que prohibía el desalojo por la razón invocada por el casero. Por lo tanto, ante el tribunal se planteó, por un lado, que la regla local era la que debía aplicar, mientras, por otro lado, se planteaba que la reglamentación federal de HUD ocupaba el campo (Preemption). Los afectados, 22 inquilinos, a través del Programa de Servicios Legales de Los Ángeles y el National Housing Law Project, presentaron una acción de sentencia declaratoria e injunction. Varias entidades comparecieron como amicus curiae. En instancia resolvió a favor de los demandantes impidiendo el desahucio y el caso fue apelado ante el Noveno Circuito que confirmó a instancia. El Noveno Circuito resolvió que la regla de HUD que permite el fin del contrato por justa causa no ocupa el campo confirmando el injunction permanente y concediendo honorarios de abogado. Los demandantes residían en un complejo de apartamentos que manejaba la parte demandada. Todos los apartamentos en que residían los demandantes estaban sujetos a la reglamentación municipal de la ciudad sobre estabilización de rentas. El proyecto se había construido bajo el plan de financiamiento federal de subsidio y ya se había pagado por completo por lo que coexistían inquilinos bajo el programa de Enhanced voucher Tenants con inquilinos bajo el Standard Voucher Tenants. El programa de subsidio de renta era administrado por el Departamento de la Vivienda de la ciudad de Los Ángeles. Ante esa situación es que se produce la notificación del casero de salirse del programa de subsidio federal y rentar al valor del mercado para lograr mayor ingreso. Invocó las disposiciones de 24 CFR (d)[(1)](iv) que permitían al dueño dar por terminado el contrato de renta cuando media una razón económica o de negocio, incluido el deseo de lograr u optar por una renta mayor que la establecida bajo el programa de subsidio de renta. La acción de los demandantes estuvo basada en la reglamentación de la ciudad de Los Ángeles que prohibía dar por terminado el contrato bajo esas circunstancias sin el consentimiento del inquilino. nueva LEY PROHÍBE Y PEnALiZA QUE EnTiDADEs PÚBLiCAs Y PRiVADAs RETEngAn, ARCHiVEn Y CUsTODiEn COPiAs CERTiFiCADAs DE nacimiento [Ley 191 del 2009] Además de prohibir y penalizar la retensión, archivo y custodia de copias certificadas de certificados de nacimiento, la Nueva Ley invalida y declara nulos los certificados de nacimiento emitidos antes del 1 de julio de Por otro lado, requiere que, en casos de ausencia de registro de matrimonio o defunción, se tenga que acudir al tribunal de primera instancia para solicitar que se ordene la inscripción. La Ley enmienda diversos artículos de la Ley Núm. 24 del 22 de abril de 1931 conocida como Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico. La Nueva Ley se ha aprobado como respuesta a la obtención fraudulenta y utilización ilegal de estos documentos de estadísticas vitales, particularmente los certificados de nacimiento. Por el uso generalizado de los certificados de nacimiento, éstos están fácilmente disponibles en numerosas agencias y entidades que de ordinario no disponen de medidas de seguridad adecuadas. El acceso a estos certificados los tendrá cualquier parte interesada, que en los términos de la Nueva Ley son las personas mayores de 18 años, padre, madre, custodio legal o tutor o los herederos del inscrito. Incluye menores que son, a su vez, padre o madre de otro menor. Igualmente, se considerará parte interesada a aquella que el tribunal señale mediante orden. La Ley prohíbe que cualquier entidad, pública o privada, que no sea parte interesada, retenga, mantenga, archive o tenga bajo custodia copia certificada de certificados de nacimiento expedidos por el Registro Demográfico que le sean requeridos a la persona como parte de algún trámite o transacción en dicha entidad. Lo que puede hacer la entidad, es solicitar la presentación del documento de certificado de nacimiento y se le permite retener copia fotostática de éste o en formato electrónico o digital, sin retener la copia certificada del mismo. La violación a esta Ley puede conllevar delito menos grave y la responsabilidad civil por todos los daños y perjuicios que ocasione. La Nueva Ley enmienda la Ley del Registro Demográfico para permitir transcripciones o copias, en formato digital o electrónico, de las actas o inscripciones de nacimiento, defunción y matrimonio y les atribuye el mismo efecto legal que las copias certificadas. La expedición de copias certificadas requieren de una solicitud en la que el solicitante (parte interesada) indique su nombre y dirección, relación con el inscrito, razón o motivo de la solicitud y datos necesarios para la búsqueda de la información. La ley impone al solicitante el pago o cancelación de sellos por cada solicitud. Cuando no se expida certificación alguna de documento, se pagará en sellos lo que el Departamento de Salud facture por cada hora o fracción de hora invertida en la búsqueda. Estas sumas se determinarán por reglamento. Cuando no está registrado el nacimiento: Cuando después de examinados los archivos del Registro Demográfico surgiese que el nacimiento no ha sido registrado, el Secretario Continúa en la próxima página. 10 publicación de servicios legales de puerto rico, inc.11 Viene de la página anterior. de Salud requerirá de inmediato, a la persona responsable de la declaración e inscripción del certificado, que lo presente al encargado del Registro para inscribirlo, en la forma más completa posible. Con el certificado se archivará toda declaración jurada y documentos que solicite el Secretario de Salud. Luego, se expedirá la copia certificada al solicitante previo los correspondientes pagos. Cuando no está registrado el matrimonio o la defunción: En caso de que no surja el registro del matrimonio o defunción cuya certificación se ha solicitado, la Ley exige un procedimiento judicial en el tribunal de primera instancia del lugar donde ocurrió el evento (matrimonio o defunción). La solicitud debe ser bajo juramento, debe estar acompañada por prueba documental de apoyo y el tribunal ordenará la publicación de un aviso, por 15 días, en un periódico de circulación general para el caso del matrimonio. Esta publicación no se requiere para el caso de la defunción. La solicitud debe se notificada al Ministerio Fiscal. Diez días después de la publicación, el tribunal podrá resolver sin necesidad de vista y dictar la orden. En el caso de la defunción, los diez días corren a partir de la notificación al Fiscal. Análisis Legal 2 DERECHO DE FAMiLiA Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves 2009 TSPR 187 Pueden los honorarios de abogado incluirse en un plan de pagos por deuda de alimentos a un menor? Son imputables al ingreso de la madre los beneficios de seguro social que reciben los menores bajo su custodia en atención a la incapacidad de ésta? Estas controversias son atendidas por el Tribunal Supremo en este caso. Se trata, por un lado, de la pretensión del alimentante de que se tomen en consideración las partidas que reciben los menores del seguro social por la incapacidad de la madre con quien viven. Por otro lado, se reclama por la madre el pago inmediato de los honorarios de abogado cuestionando la inclusión de éstos en el plan para el pago de la deuda de pensión alimentaria acumulada por el alimentante como lo había determinado el tribunal de instancia. Sobre ambas determinaciones, el Tribunal de Apelaciones determinó que no intervendría. La opinión reitera el principio de que los alimentos están revestidos de un alto interés público en nuestro ordenamiento y que el derecho a reclamarlos constituye parte del derecho a la vida protegido por nuestra Constitución. De igual modo se reitera la norma de que la obligación alimentaria incluye el pago de una partida para cubrir los honorarios de abogado a favor de los menores sin la necesidad de que el demandado actúe con temeridad al defenderse. La misma Ley Orgánica de la Administración Para el Sustento de Menores (en adelante Ley de ASUME) dispone o provee para la imposición de honorarios a favor del alimentista en procesos de fijación, modificación o para hacer efectiva una orden de pensión. Esto opera aunque el ali- mentista esté representado por una organización de servicio legal a indigentes (como Servicios Legales de Puerto Rico). Dice la opinión en este caso que esta norma de imposición de honorarios está más que justificada porque si se negaran estos pagos en un pleito de alimentos, podría privar al alimentista de recursos para hacer la reclamación y hacer efectivo el derecho comprometiendo la pensión alimentaria. El criterio indispensable para conceder honorarios de abogado no es el que haya habido el desembolso previo, sino compensar las dificultades que sufre el alimentista al tener que reclamar judicial o administrativamente los alimentos a quien tiene la obligación moral y legal de proveerlos. Se reconoce en la opinión que no hay una disposición que prohíba taxativamente que los honorarios de abogados sean incluidos en un plan de pago de deuda. Sin embargo, la opinión alude al Artículo 22 de la Ley de ASUME, para inferir una política al respecto. Así se refiere al Inciso tres (3) de dicho Artículo en el que se dispone para el pago inmediato de los honorarios en situaciones de alimentos entre cónyuges cuando un cónyuge controla los bienes líquidos de la sociedad de gananciales. Plantea que si entre cónyuges se dispone para el pago inmediato, así deberá ser para menores alimentistas por el interés público envuelto. De paso, la opinión reitera la norma de que en nuestro ordenamiento los honorarios de abogados no pertenecen al abogado, sino al litigante. Finalmente, resuelve el Tribunal Supremo, que no procede que el pago de honorarios de abogado se incorpore al plan de pago de la deuda de alimentos por lo que procede el pago de inmediato. En cuanto a si los beneficios de seguro social que los menores reciben como dependientes de su madre custodio incapacitada deben incluirse en el cómputos de los ingresos de ésta, la opinión resuelve en la negativa. La situación en este caso es diferente a la del padre o madre cuando no es custodio y es alimentante de los menores beneficiarios del seguro social, situación en la que sí se le reconoce un crédito. Aquí, fue a la madre custodia a quien se le incluyó en el cómputo de su ingreso las sumas que reciben los menores como dependientes bajo el seguro social por la incapacidad de ésta. De otra forma, no se puede conceder un crédito al alimentante por los beneficios que recibe el menor en atención a la incapacidad del padre o madre custodio ya que el mismo no es fruto de su trabajo. Citando reglamentación en torno al seguro social, la opinión concluye que el hecho de que la madre con custodia e incapacitada por el seguro social reciba y administre los beneficios de sus hijos menores, no convierte esos ingresos en propiedad de ella, a no ser que se demuestre que los utiliza para otro fin que no sea el bienestar del menor. Estos ingresos son personalísimos por lo que son ingresos de los menores y no pueden utilizarse para computar el ingreso de la madre lo cual resultaría a favor del padre alimentante quien se beneficiaría de este cómputo. En la opinión de este caso se determinó también que el ajuste de pensión por el tiempo en exceso del 20% que el alimentante se relaciona con el menor y que está dispuesto en el Reglamento de ASUME (Guías), no es de aplicación retroactiva por lo que dicho ajuste de pensión se debería computar a partir de la vigencia de dicho Reglamento. publicación de servicios legales de puerto rico, inc. 1112 acuerdo entre oat y slpr beneficia a todo el oeste de puerto rico Leonardo Aldridge El Cucubano La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) ratificaron el 25 de febrero un acuerdo que permitirá que los ciudadanos que acudan al Centro Judicial de Mayagüez para hacer trámites legales por su cuenta no estén solos durante el proceso, sino que se beneficien en algunos casos de la asesoría y representación legal gratuita de los abogados de SLPR. El acuerdo provee para que las funcionarias de la Rama Judicial adscritas al Centro de Representación por Derecho Propio, conocido comúnmente como Pro Se, refieran ciudadanos a SLPR si entienden que los trámites legales que deben realizar son complejos o requieren, por un sinnúmero de circunstancias, del conocimiento de un abogado. Una vez las funcionarias identifiquen una situación que pueda requerir la asesoría o representación legal de SLPR, el ciudadano entonces pasa a una cabina telefónica habilitada a esos fines en el mismo Centro Pro Se y, desde allí, la línea conecta directamente con el Sistema de Entrevistas Centralizado (SEC) de Servicios Legales. Una de las primeras en corroborar que la línea telefónica conectaba directamente al SEC fue la directora administrativa de la OAT, la jueza Sonia Ivette Vélez, quien habló con la entrevistadora del SEC Carmen León como parte del recorrido que hicieron los funcionarios de la Rama Judicial y de SLPR para conocer las nuevas facilidades. Está maravilloso, dijo entre risas una locuaz Vélez, en un ambiente de camaradería que predominó durante el día. La entrevistadora León, por su parte, contó que la jueza Vélez le dijo que estaban muy contentos porque la llamada se atendió en apenas cinco minutos. Cuando cogí el teléfono y me anuncié, me dijeron que estaban inaugurando Pro Se. Yo no sabía nada, contó la entrevistadora. Previo al recorrido, la jueza Vélez y el director ejecutivo de SLPR, Lic. Charles S. Hey Maestre, firmaron el acuerdo que dio pie a las asesorías y representación legal de ciudadanos que vayan al Centro Pro Se. Hey Maestre destacó en la conferencia de prensa celebrada en el Centro Judicial de Mayagüez que con este acuerdo acercamos nuestra institución aún más a las personas a quienes nos debemos: los indigentes de Puerto Rico. El personal de Servicios Legales de nuestros Centros de Mayagüez y Sabana Grande, a partir de ahora, proveerán servicios a los clientes que nos sean referidos por el Centro de Representación por Derecho Propio (Pro Se) para asistirles en buscar auxilio de los tribunales en diferentes asuntos de sus vidas diarias. Nuestra misión es mejorar el acceso real a la justicia de las personas necesitadas. Este nuevo proyecto nos provee con una forma más de acercarnos a esa meta. Estamos prestos a dar servicios como este y participar en otros proyectos con OAT que nos acerquen al objetivo de la igualdad en la justicia para todos. En la actividad estuvieron presentes también los directores de los Centros de Servicios Directos de SLPR en Mayagüez y Sabana Grande, los licenciados Carmen Ramos y Wilfredo Mercado, respectivamente. Ellos serán quienes estarán a cargo de enviar y supervisar al o los abogados que eventualmente sean destacados en el Centro Judicial de Mayagüez para atender los casos referidos por las funcionarias de Pro Se. El Programa Pro Se fue establecido en el 2001 por la Rama Judicial para ofrecer orientación a cualquier persona que haya decidido auto representarse en un proceso judicial de relaciones de familia. Existen Centros Pro Se en las regiones judiciales de Carolina, Humacao, Caguas, Mayagüez, Utuado y en las Salas de Familia y Menores de Bayamón. La directora de la Oficina de Administración de Tribunales, jueza Sonia Ivette Vélez, y el Lic. Charles Hey Maestre, director ejecutivo de SLPR, tras ratificar el acuerdo que facilitará acceso a abogados para la población del oeste. AgUADiLLA Aguada, Isabela, Moca Rincón, San Sebastián AiBOniTO Barranquitas, Coamo, Comerío, Orocovis ARECiBO Camuy, Hatillo, Quebradillas BAYAMÓn Cataño, Toa Baja CAgUAs Aguas Buenas, Gurabo, Juncos, San Lorenzo CAROLinA Canóvanas, Loíza, Río Grande, RAMA JUDiCiAL AnUnCiA PROTOCOLO PARA ATEnDER PERsOnAs sin HOgAR El Cucubano La Rama Judicial cuenta desde febrero con un protocolo para atender a las personas sin hogar que se presenten ante los tribunales de Primera Instancia buscando ayuda. El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, anunció la entrada en vigor del protocolo en febrero, meses después de que se realizaran conversatorios con las principales entidades que atienden a esta población, incluyendo a Servicios Legales de Puerto Rico. La Rama Judicial comenzó a elaborar el protocolo luego de que la prensa reseñara el caso de un usuario de drogas que, a propósito, le mostró a varios policías que estaba en posesión de sustancias controladas para que lo arrestaran y lo llevaran ante un juez. El usuario de drogas quería comparecer ante un juez para pedirle ayuda y programas de tratamiento. Sin embargo, en ese caso el juez, tras no encontrar causa para arresto, le dijo a la persona que no podía ayudarlo. Ahora, según el Juez Presidente, el protocolo detalla diversos trámites cuando no se identifique la existencia de un caso o controversia pero se presente ante el Tribunal una persona sin hogar cuya situación plantea la necesidad de servicios que deben ser satisfechos por entidades e instituciones establecidas para estos fines. nuestras oficinas y los pueblos que sirven Trujillo Alto CAYEY Cidra COROZAL Naranjito, Toa Alta FAJARDO Ceiba, Culebra, Luquillo, Vieques guayama Arroyo, Maunabo, Patillas, Salinas HUMACAO Las Piedras, Naguabo, Yabucoa MAnATÍ Barceloneta, Ciales, Florida, Morovis MAYAgÜEZ Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, Las Marías, Maricao POnCE Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Peñuelas, Santa Isabel, Villalba, Yauco RÍO PiEDRAs Guaynabo Pueblo, Bo. Frailes, Caimito Cupey sabana grande Lajas, San Germán UTUADO Adjuntas, Jayuya, Lares PROYECTO EDUCACiÓn EsPECiAL MigRAnTEs- CsDs Río Piedras y Mayagüez sistema DE EnTREVisTAs TELEFÓNICAS Y TELEABOGADO 12 publicación de servicios legales de puerto rico, inc.13 de los casos criminales son atendidos por abogados de asistencia legal Lic. Félix Vélez Alejandro Especial para El Cucubano La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) de Puerto Rico es una corporación privada sin fines de lucro, incorporada en el 1955 por un grupo de nueve ciudadanos. La SAL se incorporó con el objetivo de promover la justicia para los insolventes económicos, facilitándoles servicios de abogados para garantizar la igual protección de las leyes y alentar la fe en la justicia. (González v. Alicea 132 D.P.R. 638, 1993) Su organización consta de trece oficinas locales, una en cada distrito judicial, desde donde se ofrecen los servicios a la ciudadanía. Cuenta, además, con su División de Apelaciones y una División de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia. La Oficina Central la encabeza su Director Ejecutivo, Lic. Federico Rentas Rodríguez. Desde la dirección central, aparte de todos los asuntos administrativos de la entidad, se coordina la educación jurídica de los defensores legales por medio de seminarios con recursos internos y externos de manera que se discutan y conozcan las tendencias modernas del derecho y la litigación. Por otro lado, se ha reforzado el área de legislación, lo que ha permitido expandir la ya consistente presencia de la Sociedad en la Asamblea Legislativa. Desde ese foro se promueve la discusión de medidas que validan los derechos de la clase indigente y se levanta la voz de alerta ante aquellas que restrinjan o eliminen derechos ciudadanos. La Sociedad, que se rige por una Junta de Directores independiente a la entidad, financia sus operaciones mediante asignaciones legislativas recurrentes y no recurrentes que permiten al Estado descargar su obligación constitucional de proveer asistencia legal a los indigentes, excluyendo la posibilidad de entrar en conflicto de intereses, toda vez que es éste la parte acusadora. Se recaudan otros fondos por medio la Ley 47 de 4 de junio de 1982 y de la Ley 244 del 2 de septiembre de Los abogados de la Sociedad se caracterizan por su aguerrida defensa de los derechos sustantivos, procesales y constitucionales de sus representados a quienes asisten en la litigación de casos por delitos graves desde vista preliminar hasta las etapas apelativas si fuera necesario. La intensa práctica del derecho penal y la asistencia de la Sociedad en el proceso de desarrollo de sus abogados los convierten, en poco tiempo, en expertos en la litigación ante los tribunales del país, en especial, en el manejo y litigación de casos criminales. Sobre el desempeño de sus abogados el Tribunal Supremo expresó, en Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. 282 (1988), que: La extraordinaria labor que llevan a cabo estos esforzados abogados de la Sociedad para Asistencia Legal rara vez es reconocida. Es un hecho incuestionable que sin dichos abogados el sistema de justicia en su fase criminal se paralizaría. Hay que entender que los mismos escasamente tienen tiempo para prepararse para los innumerables casos que tienen que atender, labor que llevan a cabo en forma encomiable con recursos inadecuados. Desde su creación, la Sociedad para Asistencia Legal ha asistido al Estado en su deber de garantizar el derecho a representación legal adecuada, asumiendo una porción sustancial de la litigación criminal gratuita en nuestros Tribunales. La Sociedad cuenta con un total de 169 abogados, quienes componen menos del 1% de los abogados activos en Puerto Rico a pesar de que atienden aproximadamente el 40% de los casos de delitos graves en nuestra jurisdicción. En los pasados cinco (5) años, la Sociedad ha ofrecido sus servicios en 117,997 casos criminales graves en etapa de vista preliminar y 88,785 en la etapa de juicio. Cada abogado de la Sociedad es responsable de atender un promedio de 200 casos anualmente. Precisa destacar, además, que estos abogados son responsables del 35 40% de las vistas preliminares que se atienden en los tribunales de Puerto Rico. La Sociedad, así como la hermana institución Servicios Legales de Puerto Rico, también representa a menores a los que se les imputan faltas ante el Tribunal de Primera Instancia, Asuntos de Menores, y que cualifican para los servicios por razón de indigencia. Para ello se han establecido divisiones de menores en prácticamente todos los distritos judiciales del país. Ello ha permitido el desarrollo de abogados especializados en justicia juvenil con la combatividad típica de los abogados del programa que atienden casos de adultos. Otras divisiones especializadas son las mencionadas División de Apelaciones y la de Asuntos Especiales. En la primera se atienden los procesos interlocutorios y apelativos de nuestra clientela ante el Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo. Esta división ha logrado decenas de opiniones ante el máximo foro del país adelantando las causas de los imputados a quienes representa en las áreas del derecho penal, procesal, constitucional y evidenciario. Por otro lado, la División de Asuntos Especiales está abriendo campos en el área especializada de derecho de confinados y recursos especiales como el de nuevo juicio, entre otros. Gran parte de su labor consiste en representar a la clientela ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. Para más información visite su página cibernética en El autor es el Director de Desarrollo Profesional de la Sociedad para la Asistencia Legal. distintas las Funciones de servicios legales de puerto rico y la sociedad para la asistencia legal Por El Cucubano Aunque muchas personas las confunden, incluyendo algunos abogados, Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) son dos instituciones totalmente distintas. La similitud principal radica en que ambas son corporaciones sin fines de lucro que se dedican a defender a los indigentes ante los tribunales del país. La diferencia primordial, en cambio, es que Servicios Legales atiende a los pobres en casos civiles (pleitos de familia, vivienda, consumidores, envejecientes) y Asistencia Legal trabaja los casos criminales graves (robos, escalamientos, asesinatos, entre otros). publicación de servicios legales de puerto rico, inc. 1314 CON NuevO CASO ReSueLTO en CALIFORNIA miles de veteranos pueden proteger sus beneficios Leonardo Aldridge El Cucubano Un acuerdo judicial aprobado en un pleito ante los tribunales federales de California redundará en que los veteranos contra quienes pesan órdenes de detención mantengan sus beneficios de Seguro Social y no vean entorpecidos sus esfuerzos de recobro de beneficios previamente otorgados. El director de Litigios de Servicios Legales de Puerto Rico, Lic. Rafael Rivera Meléndez, expresó que el acuerdo alcanzado en el caso Martínez v. Astrue, radicado el 15 de octubre de 2008 en la Corte federal para el Distrito Norte de California, beneficia a los veteranos, incluyendo a los puertorriqueños. De acuerdo al acuerdo alcanzado en este caso, el Seguro Social: 1. No puede denegar ni descontinuar los beneficios 2. Debe detener las gestiones de recobro de beneficios previamente otorgados 3. Debe restituir los beneficios denegados o recobrados, lo que debe beneficiar a unas 80,000 personas con un impacto de más de $500 millones. Más de 200,000 personas en todo Estados Unidos y Puerto Rico pueden ser impactadas y beneficiadas por el acuerdo en el caso de Martínez v. Astrue. Dicho acuerdo incluye beneficiarios bajo los programas de Seguro Social, de Beneficios Especiales a Veteranos (SVB) y el Seguro Social Suplementario (SSI). Éste último no aplica a Puerto Rico. El acuerdo en este caso no beneficia a las personas que han sido convictas y sentenciadas por un crimen y han violado la probatoria. Hay tres grupos de personas que pueden obtener beneficios. Más información Las personas beneficiados por el acuerdo del caso Martínez deberán ser notificadas por el Seguro Social por lo que deberán asegurarse que dicho Programa tiene su dirección correcta y actual. La dirección para el Seguro Social puede actualizarse a través de la Internet en la dirección Las personas en Puerto Rico que crean estar dentro de los grupos beneficiados por el acuerdo en el pleito Martínez y que no cuenten con recursos económicos suficientes para contratar servicios de abogado pueden comunicarse con el Programa de Servicios Legales de Puerto Rico a través del teléfono en área metro y para Isla libre de costos. 14 publicación de servicios legales de puerto rico, inc.15 Carta testimonio Como el padre de mis hijas no paga la pensión alimentaria, la administración del residencial en donde vivo me radicó un proceso de desahucio. ser fuerte, valiente y perseverar ante la adversidad nancy Ojeda Rivera Especial para El Cucubano Soy madre de cuatro hijos y abuela de cuatro nietos. Los crié sola, con la ayuda de Dios. Dos de mis hijas tienen impedimentos, y el propósito de este escrito es informar todas las situaciones que he tenido que pasar debido a ello. Me la paso de un sitio a otro, sin carro o en carro público, sin dinero, y buscando ayudas en el Municipio de Guánica, para ver si me pueden llevar a las citas. Si no puedo asistir a las citas tengo que cambiarlas. En el 2006 me enteré que necesitaba un documento legal para declarar incapaces a mis dos hijas de 27 y 28 años y nombrarme tutora de ambas, Jessica y Blanca. Fue para solicitar renovación del carnet de Jessica, para el estacionamiento de impedidos. En mayo de 2006 radiqué moción en el Tribunal de Ponce, para que me ayudaran. Nunca me contestaron. Visité todas las oficinas para personas de escasos recursos en Ponce. En todas me decían que no podían ayudarme, que necesitaba un perito. Que el siquiatra que evalúa las incapacidades es muy costoso. Llamé a varias oficinas de gobierno, por ejemplo, a las oficinas del Procurador del Impedido en Ponce y San Juan, Vida Independiente, Oficina del Paciente de Salud Mental, al Tribunal de Ponce y a varios hospitales. Quería orientarme sobre las leyes de personas con impedimentos. Nadie sabía nada de nada o no querían ayudar. Volví al Tribunal de Ponce. Esta vez radiqué otra moción para que el padre de mis hijas me pagara la pensión alimentaria atrasada. Me citaron para el 7 de enero de Le pedí al juez que me permitiera decir unas palabras. Le dije que yo he buscado abogado pero nadie me quiere ayudar, ya que se requiere un perito y yo no lo puedo pagar. Señoría -le dijedéjeme desahogarme, sabe, yo no puedo trabajar, tengo que cuidar a mis hijas todo el tiempo. Nadie me ayuda. Para donde quiera que voy tengo que llevármelas. Mis ingresos son cupones de alimentos y $64.00 de ayuda económica para Jessica. A Blanca, el Departamento de la Familia le ha negado la ayuda económica porque alegan que no es impedida. Debieran darle ayuda a madres que cuidan hijos incapacitados. Como el padre de mis hijas no paga la pensión alimentaria, la administración del residencial en donde vivo me radicó un proceso de desahucio. Debía mucho dinero de luz y agua y por eso me la cortaron y cancelaron el contrato. Luego, el Departamento de la Familia, en donde me habían negado las ayudas, se apareció por mi casa y las trabajadoras sociales me amenazaron con que se podían llevar a mis hijas. Le enseño los golpes de mi hija Jessica y le comunico que ella necesita un casco protector y que tengo que ir a Caguas a comprarlo a un costo de $154. Jessica se auto-agrede y, por eso, necesita el casco. Se golpea con las paredes y el piso. A veces le fluye sangre de sus heridas. Bien sé que no soy la única que estoy pasando por esto. Si eres madre soltera, no puedes trabajar para cuidar a tus hijos incapacitados. No tienes carro ni casa. Todo esto se lo dije al juez en corte abierta, se Lic. ángel Rodríguez El Cucubano El 26 de enero de 2010 se llevó a cabo la vista en su fondo de los casos sobre determinación de incapacidad y nombramiento de tutor para las hijas de Nancy ojeda. La Sra. ojeda fue nombrada tutora de sus dos hijas, Blanca y jessica. Próximamente nos proponemos llevarle el caso sobre el cobro de la pensión alimentaria contra el padre de ambas impedidas. Para nosotros, abogados de la oficina de Sabana me entrecortaban las palabras y las lágrimas se me salían. El Juez me dijo váyase, busque el documento legal y luego vuelva a reclamar la deuda. Continué yendo a sitios hospitales, doctores, trabajos y todos necesitan los documentos para poder hacer sus labores y darle servicios a mis hijas. Finalmente, el 9 de febrero del año pasado, llame a Servicios Legales de Sabana Grande. Por fin encontré ayuda de dos Ángeles: el abogado de Servicios Legales, Lic. Ángel Rodríguez, y el siquiatra, Dr. Ángel Guerra. Qué casualidad, se llaman Ángel los dos y son muy amables, igual que todo el personal de Servicios Legales de Sabana Grande. A la fecha del día 26 de enero fui citada al Tribunal de Ponce y hablé todo lo que está en esta carta y varias cosas más. Que Dios bendiga al personal de Servicios Legales de Sabana Grande! La autora es clienta de Servicios Legales de Puerto Rico. Progresa caso determinación de incapacidad Grande de la Corporación de Servicios Legales, constituyó una experiencia aleccionadora haber contribuido a que, finalmente, esta madre ejemplar pudiera lograr su objetivo de que el tribunal la nombrara tutora de sus hijas. También ha sido importante que doña Nancy haya hecho un recuento de todas las dificultades que tuvo que enfrentar para que en las agencias estatales se le escuchara sobre un problema, el de los impedidos, que es un asunto que reviste alto interés público, según la política pública vigente. publicación de servicios legales de puerto rico, inc. 1516 deudor o criminal? el banco tiene la respuesta Leído aisladamente, da la impresión de que la mera notificación al deudor, sin tener que iniciar un proceso judicial, le da poder al banco a reportar el vehículo desaparecido porque no se lo entregan cuando lo notifican. Lic. santos Rivera Martínez El Cucubano Imagínese que a usted lo detiene un policía y le dice que el auto que usted maneja, que es suyo, está reportado hurtado por el banco. Lo cierto es que usted debe cuatro meses de la cuenta del auto. Usted, entrega el carro o espera a que sea acusado por apropiación ilegal del auto? Generalmente, usted entregaría el auto para evitarse problemas, pero el que verdaderamente está cometiendo delito es el cobrador que lo reportó hurtado o desaparecido. Por otro lado, la Policía está usando su autoridad y bienes públicos para beneficiar a entidades privadas como son los bancos. Por qué el banco utiliza este método ilegal? Pues, porque le sale gratis y es efectiva la ayuda de la Policía, que tiene una tasa de 99.99% de esclarecimiento de estos delitos fatulos porque los vehículos están con los dueños. La Policía honestamente cree que lo que hace es legal. Al menos así lo expresó un oficial de la Policía (a quien identificaremos por sus iniciales G.A.), de la División de Vehículos Hurtados de Carolina, quien entiende que los bancos pueden reportar los vehículos como desaparecidos aunque los tengan los dueños, haciendo referencia a la Ley 8 que reglamenta la apropiación ilegal de vehículos. El oficial hizo caso omiso cuando se le informó que se requería una orden judicial. Hagamos un poco de historia y analicemos el trasfondo legal que permite que los policías no adiestrados debidamente incurran en esta práctica reprochable e ilegal, que ha culminado en arrestos ilegales sin que el caso pase el cedazo del juez. Antes de 1995, los bancos tramitaban a través de los tribunales la reposesión de los vehículos cuando los deudores no pagaban la cuenta. Era un proceso similar a la Regla 60 de Procedimiento Civil diseñado para cuantías menores. El 17 agosto de 1995 se firma la ley 208 conocida como Transacciones Garantizadas. Esta ley vino a sustituir la Ley de Ventas a Plazos y La Ley de Venta Condicional, y otras parecidas, que estaban contenidas en el Antiguo Código de Comercio. Esta ley permite al acreedor en una transacción garantizada reposeer un bien, entre los cuales se encuentra el automóvil, sin recurrir al procedimiento judicial de reposesión. Basta con notificarle de la intención de reposeer por lo menos dos días antes de la misma. Este proceso está contemplado en el Contrato de Compraventa y Financiamiento que firman las partes al momento de comprar el vehículo. Hay que leerlo con una lupa. Leído aisladamente, da la impresión de que la mera notificación al deudor, sin tener que iniciar un proceso judicial, le da poder al banco de reportar el vehículo desaparecido porque no se lo entregan cuando lo notifican. De esa forma crean un delito por analogía, lo que no se permite en el campo penal. La apropiación ilegal de vehículos no está cubierta en el Código Penal, sino en la Ley 8 del 5 agosto 1987, conocida como Ley de Protección de Propiedad Vehicular. Al hacer un análisis de las disposiciones de esta ley, se llega a la conclusión de que no hay delito alguno en la situación planteada al principio. El policía con quien hablamos hizo referencia a que la Ley 8 le permitía a él intervenir porque el vehículo fue reportado como desaparecido. Esa es una de las inferencias permisibles que establece el Artículo 16 de la ley. Esa no es una lectura correcta de la Ley. El Artículo 16 dice así: Se podrá inferir que el imputado tenía conocimiento personal de que el vehículo o pieza había sido adquirido de forma ilícita cuando ocurriera una o más de las siguientes circunstancias: 8) Cuando el vehículo o pieza se encuentre bajo la posesión y control de una persona que no puede probar su derecho a conducirlo o a tener posesión del mismo, cuando haya sido informado como desaparecido, robado, apropiado ilegalmente o de cualquier otra forma sustraído ilegalmente de la persona con titulo sobre ello. Cómo puede estar desaparecido un auto cuando el mismo está en la posesión de quien lo compró legalmente y está a su nombre en el Departamento de Transportación y Obras Públicas y, además, tiene la licencia del vehículo para comprobarlo? Veamos ahora el artículo 18 de la Ley 8. Este artículo es el que define y establece el delito de apropiación ilegal de vehículo y los requisitos de cuándo y cómo el deudor podría ser acusado de apropiación ilegal. Es un delito grave de tercer grado que tiene una pena de tres a ocho años, además de restitución. En lo pertinente, dicho artículo establece lo siguiente: Se entenderá que la apropiación es ilegal en cualquiera de las siguientes circunstancias, cuando la persona: 5) Ha obtenido la posesión legal del vehículo mediante compra sujeto a financiamiento, dejado de cumplir con los términos o pagos del contrato de financimiento, se haya expedido la correspondiente orden de embargo expedida por el tribunal y desaparezca u oculte el vehículo privando así a la financiera del derecho a reposeer el mismo. Queda demostrado que uno de los requisitos del delito es que se haya expedido una orden de embargo por el tribunal. Y que por sí sola no basta para activar la intervención de la Policía. Se tiene que demostrar que se ocultó o desapareció el vehículo. Por lo tanto, mientras no haya orden de embargo o de reposesión del tribunal, se puede ocultar el vehículo y no hay delito. Por otro lado, los cobradores, al dar información falsa de delito a la Policía, incurren en violación al artículo 273 del Código Penal de Exhortamos al Lic. Rafael Blanco, presidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, a instar a sus miembros a descontinuar este proceso ilegal de cobro deudas; así como al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a ordenar a los agentes a no intervenir en estos casos si no hay orden judicial. Solo así estaremos en un país de ley y orden verdadero. Es una máxima que aplica a todos los puertorriqueños. El autor es director del Centro de Servicio Directo de Servicios Legales en Carolina. 16 publicación de servicios legales de puerto rico, inc.17 Múltiples los retos para víctimas de violencia doméstica Fallas sistemáticas para atender estos casos apropiadamente Ely E. Acevedo Denis Especial para El Cucubano Una reestructuración en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), deficiencias en la comunicación entre las organizaciones y la agencia, falta de personal debido a los despidos por la Ley 7, trabas en el sistema judicial, poco confiabilidad de las estadísticas por incongruencia, problemas en el desembolso de fondos, necesidad de programas de vivienda transitoria, e insensibilidad social. Esas son sólo algunas de las situaciones que enfrentan las víctimas de violencia doméstica y las entidades que trabajan a diario con estos casos. La renuncia de María Dolores Fernós como procuradora de la Mujer en 2008 inició una serie de cambios que desembocaron en la eventual confirmación de Yvonne Feliciano a ese puesto. En ese proceso de cambio, algunos proyectos e iniciativas quedaron inconclusos o sin atención constante. A pesar de que la OPM atravesaba un periodo de múltiples ajustes y muchos de sus servicios estaban limitados, la Ley 7 que conllevó miles de despidos puso en jaque la continuidad efectiva de la agencia. Con la Ley 7, la Oficina pasó de tener 63 empleados no transitorios a contar con apenas 32, según ha expresado la propia Procuradora, Yvonne Feliciano. Como consecuencia de esto, la directora del Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, Vilmarie Rivera Sierra, manifestó que la Oficina de Desarrollo y Monitoreo no existe, la OPM ha quedado como con 14 personas, de las que han tenido que asumir otras responsabilidades que no les corresponden. Asimismo, el área de asesoría legal de la Procuraduría ha tenido contratiempos y como resultado están refiriendo los casos a otras dependencias, como Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), y rebotando a las víctimas que les son enviados. Debido a ello, la demanda en la clientela de Servicios Legales aumentó de forma considerable, expresó la Lic. Rosaelena Súarez Sierra, quien trabaja en la oficina de SLPR que da apoyo a la Sala Especializada de Violencia Doméstica en el Tribunal de San Juan. La carga de trabajo arreció de noviembre de 2009 a febrero de 2010, cuando incrementaron los casos de violencia doméstica. ÓRDEnEs DE PROTECCiÓn A pesar de los esfuerzos para proteger a víctimas de violencia doméstica, aún hay una considerable cantidad de órdenes de protección que se solicitan y que los jueces no emiten. Un informe suministrado por la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) asegura que en el 2009 recibieron 28,971 solicitudes de órdenes de protección, pero sólo expidieron 19,504. Asimismo, en el 2008 la OAT indica que tuvieron 30,552 y únicamente emitieron 20,293. La orden de protección, por sí sola, tampoco es una panacea. Estadísticas suministradas por la Coordinadora Paz para la Mujer demuestran que en 2009 fueron asesinadas 17 mujeres, de las cuales dos poseían una orden de protección. Por otra parte, en los casos criminales también las víctimas han tenido sus obstáculos para poder llevar a cabo el proceso, aunque OAT recalca en un informe que, en el 2009, de los 3,963 casos presentados se resolvieron 3,620. insensibilidad si MUJER no PREsEnTA golpe Rivera Sierra, la directora del Hogar Nueva Mujer, apuntó que muchas veces la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) no les notifica a las víctimas cuando se le ha colocado el grillete al agresor después de ser hallado culpable. Otra problemática es que algunos jueces son insensibles ante las denuncias de agresión por parte de la mujer si ésta no presenta algún golpe. También denunció que algunos abogados de los agresores utilizan como estrategias la intimidación para ganar el caso. Y añadió que otro conflicto que tienen las víctimas con los casos criminales son las contantes suspensiones de vistas, porque el abogado del agresor no está preparado. Para la Directora del Hogar Nueva Mujer, el proceso puede ser para la víctima como volver a enfrentar a ese hombre. Es sentir como si se le estuviera riendo en la cara, que él sigue manteniendo el control. Y concluyó que entonces, de alguna forma, el sistema continúa dándole apoyo a ese agresor, la mujer sigue siendo victimizada nuevamente porque entonces es ella la que sale perjudicada. Como resultado, muchas de las víctimas, que en su mayoría están solas durante el proceso, no se presentan a las vistas o terminan retirándose del proceso. Por otro lado, Rivera Sierra manifestó que otro inconveniente que tiene es que una vez se determina que la vida de la víctima o sus hijos están en alto riesgo, en Puerto Rico existen sólo 10 albergues y mucho de ellos con espacios limitados para asegurar a estas personas. Por ejemplo, el Hogar Nueva Mujer tiene una capacidad para seis mujeres con sus hijos y sólo pueden estar por un periodo de 90 días. De la persona decidir continuar en un albergue, debe ser transferida o si lo desea puede iniciar la búsqueda de una vivienda transitoria. En el caso de las viviendas transitorias no hay muchas opciones tampoco. Algunas podrían solicitar aposento en la Casa Protegida Julia de Burgos o recurrir a las ayudas del Proyecto Matria o del Departamento de Vivienda federal. La autora es periodista. ahora PuEDEs ver PoR televisión a los abogados DE servicios legales ofreciendo orientación legal tu Mañana en univisión todos los miércoles a las 7:00am; y en hora informativa del Canal 13, todos los miércoles a las 6:00pm. también puede escucharnos los lunes a las 9:00am por RaDio atenas 1500 am, (Manatí y áreas limítrofes) y los jueves a las 11:30 por RaDio Casa PuEblo 1020am (adjuntas y áreas limítrofes) publicación de servicios legales de puerto rico, inc. 1718 Abuso al consumidor no sea la próxima víctima José Acarón Especial para El Cucubano Todos escuchamos historias de fraude a diario y pensamos: no creo que esto me vaya a pasar a mí. Los estafadores quieren ganar a menudo nuestra confianza y hacernos fiar de su sinceridad y experiencia. Siempre van a intentar que actúes rápidamente y sin pensar para que no tengas tiempo de verificar los detalles. Cualquiera puede ser víctima de un engaño o de robo, ya sea por teléfono, en la puerta de entrada de su casa, por correo, por televisión, por Internet o en una tienda. Las historias sobre estafas son comunes, pero la realidad es que cuando esto está ocurriendo puede ser difícil darse cuenta en el momento que el estafador realiza su fechoría. Siempre debes tomarte tu tiempo para investigar cada caso antes de abrir la cartera y caer en la trampa. Ante la situación presente, un estudio de AARP entre personas de 50 años o más reveló que un 66% de los encuestados están a favor de que se propongan nuevas leyes estatales de protección al consumidor, que sean aún más estrictas que las mismas leyes federales. La situación económica y social de Puerto Rico hace que esto sea un reto cada vez mayor de política pública. Muchas compañías legítimas hacen negocios por teléfono pero, aunque Muchas compañías legítimas hacen negocios por teléfono pero, aunque parezca exagerado, una de cada 10 llamadas puede ser fraudulenta. Una manera rápida para terminar llamadas sospechosas pue de ser decir no hago negocios por teléfono, o envíeme la información por escrito. Si no iniciaste la llamada, no des información personal por precaución. parezca exagerado, una de cada 10 llamadas puede ser fraudulenta. Una manera rápida para terminar llamadas sospechosas puede ser decir no hago negocios por teléfono, o envíeme la información por escrito. Si no iniciaste la llamada, no des información personal por precaución. También tienes la opción de llamar a un registro nacional que restringe este tipo de llamadas, al cual puedes añadir tu número llamando al o visitando www. donotcall.gov. De la misma forma, piénsalo muy bien antes de participar en concursos que solicitan información personal, lo que a menudo puede provocar que dicha información personal sea añadida a listas de correo para promociones no deseadas. Asimismo, debes ser muy cauteloso y proteger tu información personal, ya que los ladrones de identidad no tienen ningún tipo de escrúpulos. Son expertos en utilizar tu información financiera personal para hacerse pasar por ti y solicitar préstamos, tarjetas de crédito o hacer contratos de arrendamiento. Usualmente la persona que pasa este tipo de experiencia es la última en enterarse. En otro terreno, antes de invertir en productos financieros, asegúrate de preguntar y orientarte sobre los riesgos y sobre cuánto ganará el vendedor por concepto de comisión. El estudio de AARP indicó que, de cada seis personas, una está convencida de que los bancos que venden productos financieros no se aseguran de que el producto es adecuado para el cliente a la hora de vendérselo. Por esta razón, un 66% de los encuestados están a favor de que se les requiera a los bancos explicar los términos y condiciones de los préstamos, aunque esta información esté por escrito. También hay que mantener el ojo vivo al evaluar fideicomisos de vida y cualquier tipo de seguros o inversiones, así como productos o servicios de sepelio que pueden ser una de las compras más costosas. No hay nada peor que estar ante una situación difícil y que no se honren, por ejemplo, los beneficios de un seguro. Cabe señalar que el 92% de los encuestados por AARP están a favor de que a las firmas de inversión se les requiera que revelen los costos, riesgos y beneficios de los productos que mercadean. Asimismo, de que utilicen un lenguaje claro y sencillo al momento de vender. Por otro lado, antes de donar a una organización benéfica debes tener cuidado, pues con frecuencia muchos recaudadores de fondos no son lo que parecen. Pueden quedarse con una porción de lo que se le dona, que puede ser hasta mayor que la que transfieren a la entidad que se pretende ayudar. Estos esquemas se dan después de eventos como desastres naturales, por lo que se recomienda ser extremadamente malicioso y verificar las credenciales de la organización, así como cuánto del donativo irá realmente a ésta. En síntesis, para protegerte como consumidor y detectar si existe algún tipo de fraude contra tu persona, se recomienda solicitar un informe de crédito. Este constituye un historial que detalla cómo se pagan las cuentas, lugar de residencia, si la persona ha sido demandada, detenida o si ha solicitado quiebra. Se puede solicitar un informe de crédito a las empresas Equifax, Experian y Transunion, o a la Anual Credit Report Service, la cual realiza estos informes de manera gratuita. El autor es director estatal de AARP Puerto Rico. Para más información puede acceder Protegiendo nuestros ángeles especiales (787) / (787) (787) / Con tu aportación el cucubano nos mantendrá informados Los abogados que están convencidos de que el trabajo pro bono es un deber de la profesión, pero no tienen tiempo ni la infraestructura ni el peritaje para ello, pueden con sus módicas aportac iones mantener en pie este periódico y su trabajo informativo sobre los derechos civiles de los pobres. Llame al ext o escriba a 18 publicación de servicios legales de puerto rico, inc.19 breves De servicios LegaLes De Puerto rico servicio De entrevistas centralizadas (sec) ya está en Vigor en todo el País El Servicio de Entrevistas Centralizadas ya cubre todas las 17 oficinas de Servicios Legales de Puerto Rico a través de la Isla. El sistema revolucionó la forma en que SLPR, el bufete de abogados más grande del país, atiende a su clientela. Ahora la persona interesada en recibir asesoría o representación legal de SLPR sólo tiene que llamar, libre de costo, al en la Isla o al en el Área Metro. En esa llamada al SEC el personal de SLPR determinará si la persona cualifica o no como cliente de SLPR (a base de criterios de ingresos y núcleo familiar), determinará si el problema legal figura dentro de las prioridades de casos que se ha trazado el bufete y, de las dos anteriores consideraciones ser afirmativas, determinará finalmente si el asunto amerita una asesoría telefónica o requiere un trámite extendido. En caso de requerir un trámite extendido, se le dará al cliente la fecha, la hora y el centro donde debe presentarse para su entrevista con un abogado, de modo que no tenga que perder el tiempo ni hacer largas filas como sucedía antes. Microsoft reduce 75% DeL Precio De ProDuctos Que comprará slpr La empresa Microsoft se comprometió a otorgarle un 75% de descuento a Servicios Legales de Puerto Rico en la compra de programas operativos para computadoras y servidores. El director de Informática de SLPR, Elvin Hernández, explicó que en los próximos meses la corporación adquirirá nuevos programas que operan los servidores y las computadoras individuales de los abogados y personal administrativo, y que todos ellos serán comprados con un 75% de descuento otorgado por Microsoft. Algunos de los programas que se comprarán con el descuento tramitado por ser SLPR una corporación sin fines de lucro incluyen Microsoft Windows, Office y los sistemas operativos de los servidores. slpr extiende acuerdo De colaboración con MaVi La directora ejecutiva de MAVI, Elizabeth Rodríguez, firma el acuerdo de colaboración con Servicios Legales, representado por el Lic. Charles Hey Maestre. El Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) y Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) reanudaron el pasado diciembre un acuerdo colaborativo cuyo norte es facilitar el acceso a servicios legales a la población con impedimentos físicos o de movilidad. En específico, la población que sirve MAVI puede contactar telefónicamente al Servicio de Entrevistas Centralizadas en el Área Metro y en la Isla y exponerle a la entrevistadora o un abogado su problema legal y su dificultad de movilidad. Al identificarse como parte de la población a la que sirve MAVI, el personal de Servicios Legales se moviliza al hogar o lugar más conveniente para el cliente de modo que su caso legal pueda ser tramitado. publicación de servicios legales de puerto rico, inc. 1920 servicios legales de puerto rico, inc. De ahora en adelante usted no tendrá que acudir a nuestras oficinas para conseguir una cita. Lo único que tiene que hacer es llamar a los siguientes números, libre de costo, y se proveerá orientación legal o cita con abogado: comisión de derechos civiles La Comisión de Derechos Civiles en una agencia creada en virtud de la Ley Núm. 102 del 28 de junio de 1965, según enmendada. Sus funciones son las siguientes: Educar a todo el pueblo en cuanto a la significación de los derechos fundamentales y los medios de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos. Gestionar ante los individuos y ante las autoridades gubernamentales la protección de los derechos humanos y el estricto cumplimiento de las leyes que amparan tales derechos. Hacer estudios e investigaciones sobre la vigilancia de los derechos fundamentales incluyendo quejas o querellas radicadas por cualquier ciudadano relacionadas con la violación de esos derechos. Presentar un informe anual y cualesquiera informes especiales al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, con las recomendaciones que se creyere necesarias para la continua y eficaz protección de tales derechos. Evaluar las leyes y actuaciones de los gobiernos estatal y municipal relacionadas con los derechos civiles, y sugerir reformas en cuanto a los mismos. La Comisión no tiene autoridad para adjudicar remedios, pero puede investigar planteamientos de controversias concretas en cuanto arrojen luz sobre problemas de importancia general para el mejoramiento de los derechos civiles. También podrá comparecer como amicus curiae (amigo de la corte) en casos cuyo resultado repercuta sobre los derechos fundamentales del pueblo. qué es la comisión de derechos civiles? qué hace la comisión? La Comisión de Derechos Civiles en una entidad gubernamental cuyo propósito principal es promover, mediante la educación, la vigencia de los Derechos Civiles. Los Derechos Civiles son aquellos derechos que el Estado le ha garantizado a cada ciudadano a través de la Carta de Derechos de la Constitución de Estado Libre Asociado, a través de leyes y reglamentos y por jurisprudencia o interpretación judicial. Algunos de esos derechos son: Libertad de expresión Derecho al voto Derecho a la intimidad Derecho a no ser discriminado Derecho a la protección contra registros, allanamientos e incautaciones irrazonables, etc. Para información adicional puede comunicarse con nuestra oficina, localizada en la Ave. Ponce de León, Edificio unión Plaza 416, Piso 9, oficina 901. Hato Rey, Puerto Rico Apartado San Juan, PR Teléfonos: / Fax: Web: 20 publicación de servicios legales de puerto rico, inc. Mostrar más
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sui generis
 resolución 
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 Artículo 22
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 Artículo 16
 Artículo 16
 artículo 18
 artículo 273
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