Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575007&fecha=10/10/2019
Timestamp: 2019-10-15 11:34:52+00:00

Document:
SENTENCIA pronunciada en el expediente 572/2017 relativo a la solicitud de reconocimiento de régimen comunal, promovido por campesinos de la comunidad de Santiago Acutzilapan, Municipio de Atlacomulco, Edo
SENTENCIA pronunciada en el expediente 572/2017 relativo a la solicitud de reconocimiento de régimen comunal, promovido por campesinos de la comunidad de Santiago Acutzilapan, Municipio de Atlacomulco, Edo. de Méx.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Unitario Agrario.- Secretaría de Acuerdos.- Distrito 24, Toluca, México.
VISTOS para resolver los autos del expediente 572/2017, mediante el cual ALFONSO FUENTES VALDÉS, ROGELIO SÁNCHEZ SIERRA Y ALEJANDRO PÉREZ ALCÁNTARA, en carácter de representantes de un grupo de campesinos, solicitan el Reconocimiento de Régimen Comunal de SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO; y,
1. Por escrito presentado ante este Tribunal Agrario el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, PEDRO SANTIAGO RAMÍREZ, RICARDA SÁNCHEZ SANTIAGO, VERÓNICA PÉREZ ALCÁNTARA, JUAN SANTIAGO RAMÍREZ, MARÍA GUADALUPE CASTRO CASTAÑEDA, MARCELINA PÉREZ CASTRO, MARÍA ELENA CASTRO LOVERA, CARMEN APOLONIO SÁNCHEZ, MA. DEL REFUGIO GARCÍA MONROY, ALEJANDRO PÉREZ ALCÁNTARA, SEVERIANO CARRILLO ESTEFANA, MIGUEL DE JESÚS MATEO, MARGARITA HERNÁNDEZ MAURICIO, FELIPE MIGUEL TIBURCIO, GREGORIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MA. GUADALUPE DIANA CASTRO LOVERA, FERNANDO PÉREZ ALCÁNTARA, JACINTA SÁNCHEZ SIERRA, ROGELIO SÁNCHEZ SIERRA, ANGELINA SÁNCHEZ MIRANDA, JUAN DOMINGO SÁNCHEZ, SILVIA SÁNCHEZ SIERRA, MARÍA PÉREZ ALCÁNTARA, FELIPA DOMINGO SÁNCHEZ, LUIS MATEO MEDINA, ALFONSO FUENTES VALDÉS, LORENZO NICOLÁS MATEO, JULIO JOSÉ MATEO JACINTO, FELIPE MATEO JACINTO, ROGELIO MATEO JACINTO, ROSA MARÍA HERNÁNDEZ SANTIAGO, MA. DE LOURDES MATEO LEOCADIO, TERESA HERNÁNDEZ ILDEFONSO, MARÍA ESTHER MATEOS LEOCADIO, TERESA MATEO VALDÉZ, MA. GUADALUPE AGUSTÍN CEDILLO, ALEJANDRA SÁNCHEZ AGUSTÍN, PORFIRIO ESTEBAN ALBINO, MA. GUADALUPE SÁNCHEZ GABRIEL, ALEJANDRO JOSÉ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS NICOLÁS ISIDORO, SILVANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ROSA FELICIANO RAMÍREZ, FRANCISCO CARREOLA SÁNCHEZ, MARCOS MENDOZA QUIRINO, MARÍA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, HILARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ALICIA MENDOZA APOLONIO, GERMÁN SÁNCHEZ RAMÍREZ, HERCULANO BENITO SÁNCHEZ, MARÍA JUANA SÁNCHEZ DOMINGO, FRANCISCO SANTIAGO RAMÍREZ, ANTONIA SÁNCHEZ DOMINGO, ROSA MARÍA APOLONIO JOSÉ, MA. GUADALUPE MARCOS ALEJANDRO, MARTHA DE JESÚS SANTIAGO, JOSÉ GABRIEL CEDILLO, ELVIRA SÁNCHEZ DOMINGO, MARCELINA ISIDORO BENITO, JERÓNIMO RAMÍREZ DOMINGO, JOSÉ SÁNCHEZ AGUSTÍN, FRANCISCO HERNÁNDEZ ANTONIO, ESTEBAN GÓMEZ SÁNCHEZ, ELODIA SÁNCHEZ VENEGAS, TERESA RAMÍREZ AGAPITO, PAULA ANASTACIO AGUSTÍN, MARGARITA SÁNCHEZ ILDEFONSO, CANDELARIA MATEO SÁNCHEZ, JOSÉ SEVERIANO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, MIGUEL LIBRADO DOMINGO; originarios y vecinos de la comunidad agraria de SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO; nombrando como sus representantes comunes a ALFONSO FUENTES VALDÉS, ROGELIO SÁNCHEZ SIERRA Y ALEJANDRO PÉREZ ALCÁNTARA; y solicitaron de este Tribunal Agrario, las siguientes prestaciones:
"A) El reconocimiento legal del régimen comunal de la comunidad agraria de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México, respecto de una superficie de 967-17-31.00 hectáreas que desde tiempos inmemoriales dicha comunidad ha guardado de hecho y por derecho el estado comunal, superficie que esta comunidad tiene en posesión de manera pública, pacifica, continua y de buena fe, sin afectar derechos o intereses de terceros, cuyas colindancias se encuentran reflejadas en el plano que anexamos al presente escrito, por las razones y motivos que más adelante se señalan.
B).- El reconocimiento como comuneros de la comunidad agraria de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México, respecto de todas y cada una de las personas que suscribimos el presente escrito.
C) Como consecuencia de lo anterior, se proceda a la elaboración del plano que comprenda la superficie que como bienes comunales corresponde a la comunidad de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México.
D).- Asimismo solicitamos se ordene tanto al Registro Agrario Nacional, como al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado de México, inscriban en sus asientos registrales, la sentencia que reconozca legalmente a la comunidad agraria de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México, respecto de la superficie de 967-17-31.00 hectáreas que tiene en posesión de manera pública, pacifica,
continua y de buena fe, sin afectar derechos o intereses de terceros, así como de los comuneros que con la misma sean reconocidos, procediendo de la misma forma a inscribir el plano resultante de dicho reconocimiento.
E).- Se ordene a la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, realice la elección de los órganos de representación y vigilancia de la comunidad agraria de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, con base al padrón de comuneros que al efecto determine este órgano jurisdiccional." (Sic).
2. Por auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la solicitud de ALFONSO FUENTES VALDÉS, ROGELIO SÁNCHEZ SIERRA Y ALEJANDRO PÉREZ ALCÁNTARA, en su carácter de representantes de los solicitantes de reconocimiento de la comunidad de SANTIAGO ACUTZILAPAN, en la vía de Jurisdicción Voluntaria; se fijó fecha para la celebración de la audiencia y se citó a los colindantes de la superficie solicitada a efecto de comparecer a deducir sus derechos.
3. En audiencia del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, ALFONSO FUENTES VALDÉS, ROGELIO SÁNCHEZ SIERRA Y ALEJANDRO PÉREZ ALCÁNTARA, en su carácter de representantes comunes de los solicitantes de reconocimiento de la comunidad de SANTIAGO ACUTZILAPAN, ratificaron su escrito de solicitud de reconocimiento de comunidad respecto de la superficie de 967-17-31.00 hectáreas, así como de las pruebas que se mencionan en su escrito; por su parte, la asamblea ejidal de SANTIAGO ACUTZILAPAN, por conducto de JERÓNIMO RAMÍREZ DOMINGO, ISMAEL MATEO PASCUAL y SILVANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, manifestaron:
"Que haciendo uso de la voz por parte del comisariado ejidal de SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, manifiesto que en concordancia a la asamblea ejidal celebrada el pasado catorce de octubre de dos mil diecisiete, nos allanamos lisa y llanamente a las prestaciones de la comunidad promovente, estando de acuerdo en los límites fijados en el libelo que obra en autos, y solicito el término de diez días para presentar el acta de conformidad con las pretensiones del grupo solicitante y de linderos, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Tribunal." (Sic).
Por su parte, la asamblea comunal del poblado PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, por conducto de AMADOR MATEO NAZARIO, GABRIEL MANUEL ESQUIVEL y CALIXTO FLORES MANUEL, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado de bienes comunales, manifestaron:
"Que manifestamos nuestro encargo como integrantes del comisariado ejidal venció el 23 de septiembre de 2017, sin que hasta la fecha se haya celebrado la asamblea de órganos de representación de la comunidad, por lo que, solicitamos de ser el caso, se llame en su oportunidad a quienes conformarán el nuevo comisariado de bienes comunales, nombramos desde este momento para asistirnos en juicio al Licenciado GILBERTO VÁZQUEZ GALINDO y señalamos como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Tribunal." (Sic).
Por su parte, la asamblea comunal del poblado SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN Y SUS ANEXOS SAN PEDRO DEL ROSAL Y SAN ANTONIO ENCHISI, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, representado por JOHN GUZMÁN BLAS Y PABLO ORTEGA MARTÍNEZ MANUEL, en su carácter de presidente y tesorero, respectivamente, del comisariado de bienes comunales, manifestaron:
"Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 fracción II de la Ley Agraria, nuestra representada no manifiesta oposición alguna en relación a la solicitud de reconocimiento de comunidad de los solicitantes, ello en atención a la resolución emitida en el expediente 633/2010 de índice de este Tribunal y en base a la carpeta básica del poblado que se representa, solicitando que se nos permita exhibir el acta de asamblea de comuneros de nuestra poderdante que avale lo manifestado con antelación y de ser posible que la misma se presente hasta la próxima audiencia que se señale, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en CALLE VALLE DE BRAVO NÚMERO 505, COLONIA SECTOR POPULAR, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO y nombramos como nuestro asesor jurídico al licenciado que nos acompaña en esta diligencia." (Sic).
Por su parte, GREGORIO MERCADO FLORES, en su carácter de propietario del "RANCHO SAN
VICENTE", por medio de su apoderada legal MA. GUADALUPE MERCADO MERCADO, manifestó:
"Que en este acto en nombre del propietario GREGORIO MERCADO FLORES propietario del RANCHO SAN VICENTE por medio de su apoderada legal MA. GUADALUPE MERCADO MERCADO, que es citado en las presentes diligencias como colindante, las manifestaciones que tuviese que realizar las hago a través del escrito que en este acto exhibo el cual lo ratifico en todas y cada una de sus partes, y por lo que hace al plano de que se hace mérito, solicito se me conceda un plazo de tres días para exhibirlo y surta sus efectos legales correspondientes a través del original y copia y una vez realizada sea el cotejo del mismo, se ordena la devolución del original, como domicilio para oir y recibir notificaciones aquel que se señala en el escrito exhibido y por autorizados para recibir notificaciones a los profesionales que estoy mencionando." (Sic).
Por su parte, CESAR AGUSTÍN OSORNIO NARVÁEZ, en su carácter de propietario del "RANCHO SAN ISIDRO", manifestó:
"Que en este acto como propietario del RANCHO SAN ISIDRO, he sido citado en las presentes diligencias como colindante, las manifestaciones que tuviese que realizar las hago a través del escrito que en este acto exhibo, el cual lo ratifico en todas y cada una de sus partes, y señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones aquel que se señala en el escrito exhibido y por autorizados para recibir notificaciones a los profesionistas que estoy mencionando." (Sic).
En la misma audiencia, se requirió al grupo solicitante exhibir las Actas de conformidad de linderos celebradas con los núcleos de población ejidal y comunal SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MEXICO y SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN Y SUS ANEXOS, SAN PEDRO DEL ROSAL y SAN ANTONIO ENCHISI, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO; se fijó la materia del asunto; y se proveyó sobre la admisión y desahogo de pruebas, ordenándose al Actuario de la adscripción se traslade y constituya en los terrenos de los cuales los promoventes pretenden su reconocimiento como comunidad, a efecto de levantar el censo y elabore el padrón de comuneros.
4. En continuación de la audiencia del veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la asamblea comunal de SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN Y SUS ANEXOS SAN PEDRO DEL ROSAL y SAN ANTONIO ENCHISI, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, representada por JOHN GUZMÁN BLAS, ANATALIO JUSTO GARCÍA y PABLO ORTEGA MARTÍNEZ MANUEL, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del comisariado comunal, manifestaron:
" Que nuestra representada se reserva el derecho a convocar la asamblea que avale o no la oposición o no al presente procedimiento, ello en virtud de que la promovente interviene en el expediente 586/2015 del índice de este Tribunal manifestando que es necesario que se verifique y ubique la superficie de las tierras que colindan con el núcleo de población de SANTIAGO ACUTZILAPAN, mismo que se actuará a través de la inspección judicial de veinte de febrero de dos mil dieciocho, y en cuanto a la carpeta básica y las documentales que conforman el expediente de PROCECOM, se hace mención que la misma obra en los autos del expediente 633/2010 del índice de este Tribunal, mismo que solicito que se tenga a la vista para los efectos legales conducentes." (Sic).
En esta misma audiencia se instruyó al perito de la adscripción, realizar los trabajos técnicos topográficos a efecto de identificar la superficie solicitada en reconocimiento de comunidad; quien rindió su dictamen el siete de mayo de dos mil dieciocho.
5. Por auto del trece de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó girar oficio al Instituto de la Función Registral en el Estado de México y a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, a efecto de que informaran la situación jurídica actual que guarda la superficie 967-12-52.22 hectáreas, solicitada en reconocimiento de comunidad y si existe inscripción de propiedad o titularidad de esta.
6. Por auto del once de junio de dos mil diecinueve, en virtud de no existir prueba pendiente por desahogar, se ordenó turnar los autos para la emisión de la sentencia que en derecho corresponda, y
I. Este Tribunal Unitario Agrario, Distrito 24, es legalmente competente para conocer y resolver las presentes diligencias de jurisdicción voluntaria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 98 fracción II, 165, 180, 186, 187, 188 y 189; y Tercero Transitorio de la Ley Agraria; 1° y 18, fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y el Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior Agrario del cinco de septiembre del dos mil seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece del mismo mes y año, que determinó su competencia territorial.
II. En el presente asunto fueron observados los lineamientos establecidos por los artículos 163 y 167 de la Ley Agraria, habiéndose respetado los derechos de audiencia y seguridad jurídica, consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliéndose con las formalidades esenciales del procedimiento; así como el artículo 1° de la Constitución Federal, reformado mediante decreto publicado el diez de junio de dos mil once, respetando y protegiendo los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
III. En la presente vía de jurisdicción voluntaria (artículo 98, fracción II, de la Ley Agraria), se constriñe a determinar si es procedente o no el reconocimiento de régimen comunal previsto en los artículos 18 fracciones II y X de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a favor de los solicitantes, respecto de una superficie de 967-17-31.00 hectáreas, ubicadas dentro de las inmediaciones del poblado denominado SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO.
IV. Los promoventes por conducto de sus representantes ALFONSO FUENTES VALDÉS, ROGELIO SÁNCHEZ SIERRA Y ALEJANDRO PÉREZ ALCÁNTARA, basaron sustancialmente sus pretensiones en los siguientes hechos:
"1.- Manifestamos a este H. Tribunal Agrario, que los suscritos somos originarios y vecinos de la comunidad agraria de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México, lo cual acreditamos de manera fehaciente con las copias certificadas de las actas de nacimiento que nos fueron expedidas por el C. Oficial del Registro Civil del municipio de Referencia, así como, con las credenciales de elector, expedidas por el Instituto Electoral y con las constancias respectivas, expedidas por los Delegados Municipales de dicha comunidad, documentales públicas que se anexan al presente escrito como anexo uno, para los efectos legales a que haya lugar.
2.- Manifestamos a este Órgano Jurisdiccional, que la comunidad agraria de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México, ha guardado de hecho y por derecho el estado comunal sobre tierras libres de conflicto que nuestros ancestros, los suscritos y nuestros descendientes poseemos de tiempo inmemorial, tal y como se acredita con la copia certificada del expediente paleográfico y diligencias para el Reconocimiento y titulación de Bienes comunales de San Felipe de las Papas, (hoy Pueblo Nuevo), documental que en copia certificada agregamos a la presente como anexo dos, mediante la cual se advierte la colindancia con terrenos comunales de Santiago Acutzilapan tal y como se acredita con la documental que se anexa al presente escrito para debida constancia, para los efectos legales a que haya lugar.
3.- Que del contenido del expediente referido, se desprende inclusive un conflicto de tierras entre nuestra comunidad y los Bienes Comunales de San Felipe de las Papas; sin embargo, la superficie que solicitamos se reconozca por esta vía, es superficie libre de conflicto, no obstante, es necesario que esa situación sea manifestada por los propios colindantes.
4.- Señalamos a este H. Tribunal Agrario, que la superficie sobre la cual se solicita la Acción de Reconocimiento del Régimen Comunal Sobre Tierras Libres de Conflicto, es respecto de una superficie aproximada de 967-17-31.00 hectáreas, las cuales poseemos de manera pública, pacífica y de buena fe, tal cual se acreditará con actuaciones del juicio agrario que concluyó inclusive en favor de la comunidad de Santiago Acuzilapan, pero que por un amparo de un núcleo agrario colindante quedó sin efectos, dejando nuestros derechos a salvo para solicitar de nueva cuenta nuestro reconocimiento, lo cual hacemos por esta vía.
5.- Bajo protesta de decir verdad, manifestamos a este Órgano Jurisdiccional que hasta la fecha la comunidad agraria de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México, no cuenta con un reconocimiento formal o definitivo, y mucho menos con un padrón de comuneros legalmente reconocidos, no obstante el procedimiento mencionado en el párrafo inmediato anterior, y que se han generado diversos documentos que crean presunción de la existencia de la comunidad que de hecho tenemos, verbigracia, es el plano de confirmación de terrenos comunales de fecha 01 de julio de 1960, que en copia certificada agregamos a la presente como anexo tres.
Así mismo, se agrega el acta de posesión y deslinde de San Felipe Pueblo Nuevo de fecha 25 de septiembre de 1992, y el plano proyecto de su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, donde se observa la colindancia con nuestra comunidad, y que hace presunción de la posesión y existencia que de hecho tenemos, documental que en copia certificada agregamos a la presente como anexo cuatro.
Del mismo modo, agregamos a la presente el expediente en copia certificada que contiene el dictamen positivo de San Felipe Pueblo Nuevo, dentro del cual se hace referencia la superficie de terrenos comunales que forman parte de la comunidad de Santiago Acutzilapan, y que se encuentran libres de conflicto, documental que se agrega a la presente como anexo cinco, así como la publicación del citado expediente en el diario oficial de la federación de fecha 24 de diciembre de 1991, el cual se agrega a la presente como anexo seis.
6.- El motivo por el cual hasta ahora promovemos el reconocimiento de la comunidad agraria de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México, se debe a que existía conflicto por una pequeña superficie que se encuentra en conflicto; por esa razón se nos ha impedido participar en los diferentes programas gubernamentales de apoyo al campo, que al efecto otorgan los tres niveles de gobierno, razón por la cual nos vemos en la imperiosa necesidad de acudir ante este H. Tribunal Agrario y así tener seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra libre de conflicto.
7.- Manifestamos a éste H. Tribunal Agrario que los que promovemos y suscribimos la presente demanda estamos totalmente de acuerdo en la Acción de Reconocimiento de Régimen Comunal Sobre la Superficie de Tierras libres de conflicto, que poseemos desde tiempo inmemorial y se nos reconozca legalmente como comuneros de la comunidad agraria de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México; por lo que compareceremos ante éste Órgano Jurisdiccional el día y hora que se señale para la celebración de la audiencia de Ley a ratificar el presente escrito de demanda, reiterando una vez más que la comunidad a la que pertenecemos siempre ha guardado de hecho y por derecho el Estado Comunal, ya que la posesión que se detenta al interior de la misma siempre ha sido de manera pública, pacífica, continua, ininterrumpida y de buena fe, sin afectar los derechos o intereses de terceros.
RECONOCIMIENTO Y TITULACION DE BIENES COMUNALES, BASTA PROBAR LA COLINDANCIA Y LA POSESION PARA SER LLAMADO AL PROCEDIMIENTO DE. (se transcribe)
8.- Finalmente, es importante reiterar, que la comunidad de Santiago Acutzilapan ya había sido reconocida como tal; sin embargo, la comunidad de San Felipe Pueblo Nuevo se apersonó al procedimiento, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sentencia, determina revocar la resolución dictada en fecha nueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, que resolvía procedente la confirmación y titulación de terrenos comunales promovido por vecinos de Santiago Acutzilapan, derivado del conflicto con la comunidad de San Felipe Pueblo Nuevo, es por ello que al instar el presente juicio, solamente sobre tierras libres de conflicto, dejando pendiente la superficie en conflicto, para que en un procedimiento posterior, se resuelva el conflicto de tierras conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia referida, la cual se agrega a la presente como anexo siete." (sic)
A efecto de acreditar sus pretensiones, los promoventes aportaron como medios de convicción los siguientes:
1.- Actas de nacimiento, constancias de origen y avecindad, expedidas y signadas por el Delegado Municipal de SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO; así como de las credenciales para votar de los solicitantes, (f. 12 a 222).
2.- Plano Topográfico de la superficie solicitada en comunidad por SANTIAGO ACUTZILAPAN, (F. 223).
3.- Copia de la resolución de nueve de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, dictada dentro del Juicio de Inconformidad 1/959, promovido por el poblado de SAN FELIPE DE LAS PAPAS O PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, (f. 224 a 248).
4.- Acta de posesión y deslinde relativa al reconocimiento y titulación de bienes comunales para el poblado de SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, (f. 250 a 255).
5.- Plano proyecto relativo al reconocimiento y titulación de bienes comunales de SAN FELIPE DE LAS PAPAS PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, (f. 256).
6.- Plano definitivo relativo al reconocimiento y titulación de bienes comunales de SAN FELIPE DE LAS PAPAS O PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, (f. 257).
7.- Dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario relativo al reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, (f. 259 a 301).
8.- Plano topográfico de la superficie solicitada en comunidad por SANTIAGO ACUTZILAPAN, (F. 303).
9.- Copia del Diario Oficial de la Federación, de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en que se publicó la resolución de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, (f. 304 a 312).
10.- Plano informativo del reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado SAN FELIPE DE LAS PAPAS O PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, (f. 313).
11.- Plano de confirmación de terrenos comunales titulados poblado de SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, (f. 315).
12.- Dictamen paleográfico de las diligencias correspondientes al pueblo de SAN FELIPE DE LAS PAPAS (HOY PUEBLO NUEVO), municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, (f. 317 a 320).
13.- Informe de revisión técnica de los trabajos técnicos informativos relativos en el núcleo de población SAN FELIPE DE LAS PAPAS HOY PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, (f. 321 a 375).
V. En el presente asunto, ALFONSO FUENTES VALDÉS, ROGELIO SÁNCHEZ SIERRA Y ALEJANDRO PÉREZ ALCÁNTARA, representantes de: PEDRO SANTIAGO RAMÍREZ, RICARDA SÁNCHEZ SANTIAGO, VERÓNICA PÉREZ ALCÁNTARA, JUAN SANTIAGO RAMÍREZ, MARÍA GUADALUPE CASTRO CASTAÑEDA, MARCELINA PÉREZ CASTRO, MARÍA ELENA CASTRO LOVERA, CARMEN APOLONIO SÁNCHEZ, MA. DEL REFUGIO GARCÍA MONROY, ALEJANDRO PÉREZ ALCÁNTARA, SEVERIANO CARRILLO ESTEFANA, MIGUEL DE JESÚS MATEO, MARGARITA HERNÁNDEZ MAURICIO, FELIPE MIGUEL TIBURCIO, GREGORIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MA. GUADALUPE DIANA CASTRO LOVERA, FERNANDO PÉREZ ALCÁNTARA, JACINTA SÁNCHEZ SIERRA, ROGELIO SÁNCHEZ SIERRA, ANGELINA SÁNCHEZ MIRANDA, JUAN DOMINGO SÁNCHEZ, SILVIA SÁNCHEZ SIERRA, MARÍA PÉREZ ALCÁNTARA, FELIPA DOMINGO SÁNCHEZ, LUIS MATEO MEDINA, ALFONSO FUENTES VALDÉS, LORENZO NICOLÁS MATEO, JULIO JOSÉ MATEO JACINTO, FELIPE MATEO JACINTO, ROGELIO MATEO JACINTO, ROSA MARÍA HERNÁNDEZ SANTIAGO, MA. DE LOURDES MATEO LEOCADIO, TERESA HERNÁNDEZ ILDEFONSO, MARÍA ESTHER MATEOS LEOCADIO, TERESA MATEOS VALDÉZ, MA. GUADALUPE AGUSTÍN CEDILLO, ALEJANDRA SÁNCHEZ AGUSTÍN, PORFIRIO ESTEBAN ALBINO, MA. GUADALUPE SÁNCHEZ GABRIEL, ALEJANDRO JOSÉ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS NICOLÁS ISIDORO, SILVANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ROSA FELICIANO RAMÍREZ, FRANCISCO CARREOLA SÁNCHEZ, MARCOS MENDOZA QUIRINO, MARÍA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, HILARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ALICIA MENDOZA APOLONIO, GERMÁN SÁNCHEZ RAMÍREZ, HERCULANO BENITO SÁNCHEZ, MARÍA JUANA SÁNCHEZ DOMINGO, FRANCISCO SANTIAGO RAMÍREZ, ANTONIA SÁNCHEZ DOMINGO, ROSA MARÍA APOLONIO JOSÉ, MA. GUADALUPE MARCOS ALEJANDRO, MARTHA DE JESÚS SANTIAGO, JOSÉ GABRIEL CEDILLO, ELVIRA SÁNCHEZ DOMINGO, MARCELINA ISIDORO BENITO, JERÓNIMO RAMÍREZ DOMINGO, JOSÉ SÁNCHEZ AGUSTÍN, FRANCISCO HERNÁNDEZ ANTONIO, ESTEBAN GÓMEZ SÁNCHEZ, ELODIA SÁNCHEZ VENEGAS, TERESA RAMÍREZ AGAPITO, PAULA ANASTACIO AGUSTÍN, MARGARITA SÁNCHEZ ILDEFONSO, CANDELARIA MATEO SÁNCHEZ, JOSÉ SEVERIANO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, MIGUEL LIBRADO DOMINGO; solicitaron de este tribunal agrario en la vía de jurisdicción voluntaria, el reconocimiento del régimen comunal de la comunidad de SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO.
En este sentido, resulta relevante abordar el análisis de la vía de Jurisdicción voluntaria, prevista en los artículos 165 y 167 de la Ley Agraria, los cuales a la letra señalan:
"Artículo 165. Los tribunales agrarios, además, conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervención judicial, y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes."
De lo anterior puede advertirse, que a las normas agrarias le son aplicables supletoriamente aquellas que contempla el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia agraria, cuando no exista disposición expresa en la Ley Agraria, para todo aquello que fuere necesario y completar sus disposiciones, siempre que no se oponga a ésta directa o indirectamente.
Asimismo, el primer artículo transcrito dispone que los Tribunales Agrarios conocerán en vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados y que se requieran la intervención judicial.
Por tanto, a fin de resolver el presente asunto, se acude supletoriamente a lo que prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles en torno a los procedimientos de Jurisdicción Voluntaria, ya que éstos están contemplados en la Ley Agraria, pero a su vez, ésta no contiene la normatividad necesaria para su desahogo procesal.
Así, los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establecen:
"Artículo 530. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.
"Artículo 533. Si, a la solicitud promovida, se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio.
Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano, igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando su derecho al opositor."
De lo antes mencionado, se sigue que la jurisdicción voluntaria comprende los actos que requieren, sea por disposición de la Ley o por solicitud de interesados, de la intervención del Juez, siempre que no esté promovida o se promueva cuestión alguna entre partes determinadas y, si a la solicitud presentada se opusiera parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio; al caso resulta ilustrativo, la siguiente tesis:
"JURISDICCION VOLUNTARIA. EN QUE CONSISTE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1472 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención de la autoridad judicial, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Por tanto, la jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, puesto que ese procedimiento sólo es procedente cuando no se plantea o suscita controversia alguna o conflicto entre partes determinadas, ya que de darse, habrá de tocarse en jurisdicción contenciosa, terminándose así la voluntaria."(1)
Con lo anterior puede advertirse con claridad, que la Jurisdicción Voluntaria es un procedimiento que si bien, se tramita ante el órgano jurisdiccional, también lo es, que dicho procedimiento es un acto paraprocesal, no contencioso y sin litigio, en el cual interviene el Juez sin que exista cuestión alguna entre las partes conocidas ni determinadas por disposición expresa de la Ley, de ahí que la característica propia de la Jurisdicción Voluntaria es la inexistencia o ausencia de una contradicción entre partes, es decir, la no existencia de un conflicto, ya que como lo señala con exactitud el artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia agraria, el objeto de todo trámite en vía de Jurisdicción Voluntaria es que el Juez intervenga para dar certeza jurídica a cierto acto solicitado, sin que exista previamente o se promueva para dilucidar un punto o materia dudoso o discutible, pues una de las características esenciales de esta figura es la ausencia de controversia, litigio, conflicto u oposición de intereses entre las partes; en lo conducente, resulta aplicable al caso la siguiente tesis:
"JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. OBJETO DE LAS DILIGENCIAS. El supuesto de procedencia de la jurisdicción voluntaria establecido en el artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles, implica la solicitud de la parte interesada, con el objeto de que el Juez intervenga para dar certeza jurídica a cierto acto solicitado, sin que deba existir previamente o se promueva para dilucidar un punto o materia dudoso o discutible, pues una de las características esenciales de esta figura es la ausencia de controversia, litigio, conflicto u oposición de intereses entre las partes. Por tanto, el escrito de jurisdicción voluntaria no constituye una propuesta de demanda para la decisión de si tiene o no derecho al cumplimiento de ciertas obligaciones o si es indebida la causa por la cual se incumplieron, pero son aspectos que pueden ser narrados por el solicitante como causa de pedir la intervención judicial para que se haga saber a la contraparte su interés en que cumpla, lo cual no desborda el supuesto de procedencia de la jurisdicción voluntaria."(2)
Ahora bien, el reconocimiento como comunidad a los núcleos de población o reconocimiento y titulación de bienes comunales, tiene como propósito el confirmar sin limitaciones el derecho sobre una superficie de terreno, como lo dispone el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que las comunidades de hecho, son aquellas a las cuales se les reconoce la posesión aun cuando no tuvieran título; es decir, el reconocimiento y titulación de bienes comunales como su nombre lo indica reconoce o confirma los bienes que el poblado solicitante ha venido poseyendo en tal carácter, mientras que las comunidades de derecho, son aquellas que si bien, solicitan su reconocimiento en tal carácter, también lo es que estas últimas cuentan con documentos o títulos que en su momento les hubieren amparado la superficie de la cual solicitan su reconocimiento; al caso resulta aplicable el criterio jurisprudencial siguiente:
"AGRARIO. COMUNIDADES DE HECHO Y DE DERECHO. PERSONALIDAD. En relación con la distinción entre comunidades de hecho y de derecho, y comunidades, verdaderas copropiedades sujetas al derecho civil, cabe efectuar las siguientes
consideraciones: la propiedad de los indios sufrió muchos ataques a partir de la conquista española, pero, al decir de algunos historiadores, la propiedad más respetada fue la que pertenecía a los barrios (calpulli), propiedad comunal de los pueblos. Sin embargo, cuando se empezó a legislar sobre la propiedad, se ordenó respetar la de los indios, y, por medio de varias disposiciones, se procuró organizarla sobre las mismas bases generales que la sustentaban antes de la conquista, a saber, en la forma de propiedad comunal. La mayor parte de la propiedad de los pueblos indígenas quedó, por tanto, como en la época precolonial. Algunos de esos pueblos vieron confirmada su posesión inmemorial, anterior a la colonia, por los reyes de España, durante el virreinato; otros recibieron tierras por orden de dichos monarcas, durante el gran proceso de concentración de los indios dispersos, en pueblos, que se efectuó en cumplimiento, entre otras, de las cédulas de 21 de marzo de 1551 y 19 de febrero de 1560. En la Ley de 6 de enero de 1915, promulgada por Venustiano Carranza, uno de los considerandos decía: "Que según se desprende de los litigios existentes, siempre han quedado burlados los derechos de los pueblos y comunidades, debido a que, careciendo ellos, conforme al artículo 27 de la Constitución Federal, de capacidad para adquirir y poseer bienes raíces, se les hacía carecer también de personalidad jurídica para defender sus derechos". En la 61a. sesión ordinaria del Congreso Constituyente de Querétaro, celebrada la tarde del jueves 25 de enero de 1917, se presentó una iniciativa, suscrita por varios diputados, referente a la propiedad en la República. Entre los párrafos importantes de la exposición de motivos de la iniciativa, se encuentran los que a continuación se transcriben: "Los derechos de dominio concedidos a los indios, eran alguna vez individuales y semejantes a los de los españoles, pero generalmente eran dados a comunidades y revestían la forma de una propiedad privada restringida. Aparte de los derechos expresamente concedidos a los españoles y a los indígenas, los reyes, por el espíritu de una piadosa jurisprudencia, respetaban las diversas formas de posesión de hecho que mantenían muchos indios, incapaces, todavía, por falta de desarrollo evolutivo, de solicitar y de obtener concesiones expresas de derechos determinados. Por virtud de la Independencia se produjo en el país una reacción contra todo lo tradicional y por virtud de ella se adoptó una legislación civil incompleta, porque no se refería más que a la propiedad plena y perfecta, tal cual se encuentra en algunos pueblos de Europa. Esa legislación favorecía a las clases altas, descendientes de los españoles coloniales, pero dejaba sin amparo y sin protección a los indígenas. Aunque desconocidas por las leyes desde la Independencia, la propiedad reconocida y la posesión respetada de los indígenas, seguían, si no de derecho, sí de hecho, regidas por las leyes coloniales; pero los despojos sufridos eran tantos, que no pudiendo ser remediados por los medios de la justicia, daban lugar a depredaciones compensativas y represiones sangrientas. Ese mal se agravó de la Reforma en adelante, porque los fraccionamientos obligados de los terrenos comunales de los indígenas, sí favorecieron la formación de la escasa propiedad pequeña que tenemos, privó a los indígenas de nuevas tierras, puesto que a expensas de las que antes tenían, se formó la referida pequeña propiedad. Precisamente el conocimiento exacto de los hechos sucedidos, nos ha servido para comprender las necesidades indeclinables de reparar errores cometidos. Es absolutamente necesario que en lo sucesivo nuestras leyes no pasen por alto los hechos que palpitan en la realidad, como hasta ahora ha sucedido, y es más necesario aún que la ley constitucional, fuente y origen de todas las demás que habían de dictarse, no eluda, como lo hizo la de 1857, las cuestiones de propiedad, por miedo a las consecuencias. Así, pues, la nación ha vivido durante cien años con los trastornos producidos por el error de haber adoptado una legislación extraña e incompleta en materia de propiedad, preciso será reparar ese error para que aquellos trastornos tengan fin. Volviendo a la legislación civil, como ya dijimos, no conoce más que la propiedad privada perfecta; en los códigos civiles de la República apenas hay una que otra disposición para las corporaciones de plena propiedad privada permitidas por las leyes constitucionales: en ninguna hay una sola disposición que pueda regir ni la existencia, ni el funcionamiento, ni el desarrollo de todo ese mundo de comunidades que se agita en el fondo de nuestra Constitución social: las leyes ignoran que hay condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus, etcétera; y es verdaderamente vergonzoso que, cuando se trata de algún asunto referente a las comunidades mencionadas, se tienen que buscar las leyes aplicables en las compilaciones de la época colonial, que no hay cinco abogados en toda la República que conozcan bien. En lo sucesivo, las cosas cambiarán. El proyecto que nosotros formulamos reconoce tres clases de derechos territoriales que real y verdaderamente existen en el país; la de la propiedad privada plena, que puede tener sus dos ramas, o sea la individual y la colectiva; la de la propiedad privada restringida de las corporaciones o comunidades de población y dueñas de tierras y aguas poseídas en
comunidad; y la de posesiones de hecho, cualquiera que sea el motivo y condición. A establecer la primera clase van dirigidas las disposiciones de las fracciones I, II, III, V, VI y VII de la proposición que presentamos; a restablecer la segunda van dirigidas las disposiciones de las fracciones IV y VIII; a incorporar la tercera con las otras dos van encaminadas las disposiciones de la fracción XIII. La iniciativa anteriormente citada, previo dictamen y discusión, se aprobó con modificaciones y pasó a ser el artículo 27 de la nueva Constitución. La fracción IV de la iniciativa pasó a ser la fracción VI del texto, que fue aprobado en los siguientes términos: "VI. Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren, conforme a la ley de 6 de enero de 1915, entre tanto la ley determina la manera de hacer el repartimiento únicamente de las tierras". Mediante reforma publicada en el Diario Oficial del 10 de enero de 1934, la fracción VI paso a ser fracción VII con la siguiente redacción: "VII. Los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren". En el dictamen emitido por las Comisiones Unidas, 1a. Agraria, 2a. De Puntos Constitucionales y 1a. de Gobernación y presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, únicamente se dice que ya es tiempo de buscar una redacción definitiva del artículo 27 constitucional y que "el punto de categoría política, por ejemplo, ha quedado totalmente eliminado, y en el texto que hoy se propone se habla genéricamente de núcleos de población, en lugar de hacer la enumeración, posiblemente restrictiva, de pueblos, rancherías, etcétera". En la reforma publicada en el Diario Oficial del 6 de diciembre de 1937, la fracción VII del artículo 27 constitucional se adicionó y desde esa fecha ha tenido la misma redacción. Los breves datos históricos y jurídicos aquí expuestos, en punto a las comunidades indígenas, permite concluir que por comunidad de derecho el Constituyente quiso referirse a aquellos grupos de indígenas que vieron confirmada su posesión por los reyes de España durante la época colonial, o que recibieron tierras durante el proceso de concentración de los indios dispersos, en pueblos, durante dicha época, o que por cualquier otro título tuvieran reconocido su derecho a determinadas tierras, bosques y aguas; y atribuyó existencia jurídica a las comunidades de hecho, al reconocerles existencia jurídica constitucional a las posesiones respetadas por los monarcas españoles, aun cuando no tuvieran título, o a aquellas posesiones que a partir de la conquista adquirieron algunos pueblos. Y por último, el aceptar la tesis de una tercera categoría de comunidades, sin personalidad para comparecer ante una autoridad judicial, es regresar al estado que guardaban las comunidades en el periodo comprendido entre la consumación de la Independencia y la Constitución de 1917 y que se agravó por la ley de 25 de junio de 1856. Finalmente, el artículo 27, fracción VII, constitucional, reconoce personalidad jurídica a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, sin hacer distinción entre los que tengan títulos coloniales o de la época independiente y los que no tengan título, y si la norma fundamental no distingue, el intérprete tampoco puede hacer distinción."
En ese tenor, una vez establecido de manera somera la diferencia entre una comunidad de hecho y de Derecho, en virtud de la vía por la cual los solicitantes en el presente asunto realizaron su petición, este órgano jurisdiccional estima necesario, traer a colación lo establecido por el artículo 98, fracción II, de la Ley Agraria la cual señala:
"Artículo 98.- El reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios deriva de los siguientes procedimientos:
I. Una acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de su propiedad;
II. Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes guardan el estado comunal cuando no exista litigio en materia de posesión y propiedad comunal;
III. La resolución de un juicio promovido por quienes conserven el estado comunal cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del núcleo; o
IV. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad.
De estos procedimientos se derivará el registro correspondiente en los registros públicos de la Propiedad y Agrario Nacional."
Por ello, los promoventes al solicitar el reconocimiento de Régimen Comunal previsto en los artículos 18 fracciones II y X de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, respecto de una superficie de 967-17-31.00 hectáreas, ubicada dentro de las inmediaciones del poblado denominado SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO; tienen que acreditar los siguientes elementos:
1) Tener la posesión del inmueble a solicitar; y
2) No contar con conflicto de la posesión, de la superficie de la cual se solicita su reconocimiento.
En esa tesitura, PEDRO SANTIAGO RAMÍREZ, RICARDA SÁNCHEZ SANTIAGO, VERÓNICA PÉREZ ALCÁNTARA, JUAN SANTIAGO RAMÍREZ, MARÍA GUADALUPE CASTRO CASTAÑEDA, MARCELINA PÉREZ CASTRO, MARÍA ELENA CASTRO LOVERA, CARMEN APOLONIO SÁNCHEZ, MA. DEL REFUGIO GARCÍA MONROY, ALEJANDRO PÉREZ ALCÁNTARA, SEVERIANO CARRILLO ESTEFANA, MIGUEL DE JESÚS MATEO, MARGARITA HERNÁNDEZ MAURICIO, FELIPE MIGUEL TIBURCIO, GREGORIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MA. GUADALUPE DIANA CASTRO LOVERA, FERNANDO PÉREZ ALCÁNTARA, JACINTA SÁNCHEZ SIERRA, ROGELIO SÁNCHEZ SIERRA, ANGELINA SÁNCHEZ MIRANDA, JUAN DOMINGO SÁNCHEZ, SILVIA SÁNCHEZ SIERRA, MARÍA PÉREZ ALCÁNTARA, FELIPA DOMINGO SÁNCHEZ, LUIS MATEO MEDINA, ALFONSO FUENTES VALDÉS, LORENZO NICOLÁS MATEO, JULIO JOSÉ MATEO JACINTO, FELIPE MATEO JACINTO, ROGELIO MATEO JACINTO, ROSA MARÍA HERNÁNDEZ SANTIAGO, MA. DE LOURDES MATEO LEOCADIO, TERESA HERNÁNDEZ ILDEFONSO, MARÍA ESTHER MATEOS LEOCADIO, TERESA MATEO VALDÉZ, MA. GUADALUPE AGUSTÍN CEDILLO, ALEJANDRA SÁNCHEZ AGUSTÍN, PORFIRIO ESTEBAN ALBINO, MA. GUADALUPE SÁNCHEZ GABRIEL, ALEJANDRO JOSÉ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS NICOLÁS ISIDORO, SILVANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ROSA FELICIANO RAMÍREZ, FRANCISCO CARREOLA SÁNCHEZ, MARCOS MENDOZA QUIRINO, MARÍA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, HILARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ALICIA MENDOZA APOLONIO, GERMÁN SÁNCHEZ RAMÍREZ, HERCULANO BENITO SÁNCHEZ, MARÍA JUANA SÁNCHEZ DOMINGO, FRANCISCO SANTIAGO RAMÍREZ, ANTONIA SÁNCHEZ DOMINGO, ROSA MARÍA APOLONIO JOSÉ, MA. GUADALUPE MARCOS ALEJANDRO, MARTHA DE JESÚS SANTIAGO, JOSÉ GABRIEL CEDILLO, ELVIRA SÁNCHEZ DOMINGO, MARCELINA ISIDORO BENITO, JERÓNIMO RAMÍREZ DOMINGO, JOSÉ SÁNCHEZ AGUSTÍN, FRANCISCO HERNÁNDEZ ANTONIO, ESTEBAN GÓMEZ SÁNCHEZ, ELODIA SÁNCHEZ VENEGAS, TERESA RAMÍREZ AGAPITO, PAULA ANASTACIO AGUSTÍN, MARGARITA SÁNCHEZ ILDEFONSO, CANDELARIA MATEO SÁNCHEZ, JOSÉ SEVERIANO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, MIGUEL LIBRADO DOMINGO; representados por ALFONSO FUENTES VALDÉS, ROGELIO SÁNCHEZ SIERRA Y ALEJANDRO PÉREZ ALCÁNTARA, solicitaron en la vía de jurisdicción voluntaria el reconocimiento y titulación de 967-17-31.00 hectáreas que poseen de hecho, ubicadas dentro de las inmediaciones del poblado del mismo nombre, aduciendo toralmente que han guardado de hecho y por derecho el estado comunal, libre de conflicto; precisaron que la comunidad de Santiago Acutzilapan ya había sido reconocida como tal mediante Resolución Presidencial en la que les reconocieron 1,640-42-00 hectáreas, pero que debido a la inconformidad de la comunidad de SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, quien se apersonó al procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó revocar la resolución dictada; por lo que ahora, instan el presente juicio, solamente sobre tierras libres de conflicto, dejando pendiente la superficie en conflicto con SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, para un procedimiento posterior.
A efecto de sustentar los hechos en que fundan su pretensión de reconocimiento de comunidad, los solicitantes exhibieron, entre otras probanzas, las constancias de origen y vecindad de los promoventes expedidas y signadas por el Delegado Municipal en SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO; la resolución dictada el nueve de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del expediente 1/959, relativo al Juicio de Inconformidad promovido por el poblado de SAN FELIPE DE LAS PAPAS O PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, en contra de la Resolución Presidencial publicada en el Diario Oficial de veinticinco de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve que confirmó al poblado SANTIAGO ACUTZILAPAN una superficie de 1,640-42-00 hectáreas; (f. 224 a 248) La mencionada resolución en sus puntos resolutivos estableció:
"PRIMERO.- Se revoca la resolución presidencial, dictada el nueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve en el expediente sobre Confirmación y Titulación de Terrenos Comunales promovido por vecinos del poblado ACUTZILAPAN, para el efecto de que el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, de acuerdo con el artículo 318 del Código Agrario, formule un nuevo proyecto de resolución definitiva en el que tomará en consideración los elementos de prueba a que se refiere el párrafo final del último Considerando del presente fallo, a fin de resolver el conflicto existente entre ambas comunidades, en cuanto a la superficie en litigio...". (Sic).
Como se advierte, al resolverse el Juicio de Inconformidad 1/959, se revocó la Resolución Presidencial de nueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, que había confirmado y titulado 1,640-42-00 hectáreas, a favor de la comunidad de SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO debido a la inconformidad de la comunidad de SAN FELIPE PUEBLO NUEVO; y por esta razón, en el presente procedimiento los promoventes solicitan ahora, en la vía de jurisdicción voluntaria, el reconocimiento de régimen comunal de SANTIAGO ACUTZILAPAN, respecto de una superficie de 967-17-31.00 hectáreas que aducen tener en posesión libre de conflicto de manera pública, pacífica, continua y de buena fe, sin afectar derechos o intereses de terceros, conforme al plano que agregaron a su escrito inicial de demanda, (f. 223).
Así las cosas, en virtud de la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales, presentada por el poblado de SANTIAGO ACUTZILAPAN, en la audiencia del veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se instruyó al perito de la adscripción, realizar los trabajos técnicos topográficos a efecto de identificar la superficie solicitada en reconocimiento de comunidad; el profesionista de mérito rindió su dictamen el siete de mayo de dos mil dieciocho, en el que detalló la superficie solicitada en reconocimiento por los actores, descrita en el plano informativo y su aclaración engrosados al expediente que nos ocupa (fojas 3222 y 3243) es de 967-12-52.220 hectáreas, la cual corresponde satisfactoriamente a lo verificado en campo, y no presenta conflicto alguno con sus respectivas propiedades colindantes que sus trabajos realizados contienen las coordenadas, rumbos y distancias que se anotan en el cuadro de construcción siguiente:
A los trabajos técnicos anteriores se le otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 211(3) del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria, encontrando sustento también en lo razonado en la siguiente Jurisprudencia, aplicada por analogía:
"PERITOS. VALOR DE SUS DICTAMENES. El juzgador disfruta de las más amplias facultades para valorar los dictámenes, incluso de los de carácter científico, y si bien es verdad que las partes tienen derecho a designar el suyo, cuando no lo hacen y no objetan durante el proceso el dictamen del perito oficial, tácitamente se han conformado con él."(4)
Así, con los trabajos técnicos y su aclaración se acredita que la superficie real solicitada por los promoventes de reconocimiento de régimen comunal es de 967-12-52.220 hectáreas, la cual fue localizada por el perito topógrafo de la adscripción, quien la plasmó en el plano que al efecto agregó a su dictamen, (f. 3222); en el que se advierten los siguientes colindantes:
1. Ejido de SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO.
2. Comunidad de SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO.
3. Comunidad de SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN Y SUS ANEXOS, SAN PEDRO DEL ROSAL y SAN ANTONIO ENCHISI, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO.
4. Pequeña propiedad del RANCHO SAN ISIDRO; Y
5. Pequeña propiedad del RANCHO SAN VICENTE.
Ahora bien, en relación a la colindancia con el ejido SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO; en la audiencia de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, JERÓNIMO RAMÍREZ DOMINGO, ISMAEL MATEO PASCUAL y SILVANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal, en representación de la asamblea de ejidatarios, manifestaron su conformidad con las prestaciones de los solicitantes expresando su conformidad con los límites fijados en el libelo que obra en autos; por otra parte, mediante proveído del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho se puso a la vista de las partes los trabajos técnicos en materia de topografía realizados por el perito de la adscripción; sin embargo, el ejido SANTIAGO ACUTZILAPAN, municipio de ATLACOMULCO, fue omiso en realizar manifestación alguna; por lo que se le tiene por conforme en cuanto a los linderos que comparte con la posesión de los solicitantes de reconocimiento de comunidad de poblado del mismo nombre.
En cuanto a la colindancia de la superficie solicitada de reconocimiento de régimen comunal con la comunidad de SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, en la audiencia del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, JULIÁN BLAS CHIMAL, JESÚS MANUEL ESQUIVEL y ANTONIO DIMAS MARTÍNEZ, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado de bienes comunales, al desahogar la vista que se otorgó en relación con los trabajos técnicos en materia de topografía referidos, manifestaron:
"Que en este acto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 33, 98, 99 y 107 de la Ley Agraria, en este acto se desahoga la vista dada mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, con el carácter de colindante de los terrenos que pretende la comunidad de hecho denominada Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México, precisando que se ha celebrado asamblea general de comuneros en la comunidad que representamos donde medularmente se solicitó la identificación del punto límite de los terrenos que corresponderán a la comunidad solicitante y los terrenos que se identifican como polígono 4 del área en conflicto entre Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México y San Felipe Pueblo Nuevo, y toda vez que se dio cumplimiento al acuerdo vertido en la audiencia próxima pasada de cuatro de julio del dos mil dieciocho, en la que acudió el ocho de agosto del año que corre el perito adscrito a este honorable Tribunal y por cuestiones de tiempo no se logró la conclusión de los trabajos que se iniciaron, sin embargo las partes San Felipe Pueblo Nuevo y Santiago Acutzilapan, acordaron comparecer el pasado treinta de agosto de dos mil dieciocho a realizar la identificación del mencionado punto y toda vez que se logró dicha identificación y manifestaron su conformidad tanto la comunidad solicitante con el órgano de representación de San Felipe Pueblo Nuevo, y visto que están formados los requerimientos realizados por la asamblea general de comuneros que representamos, se expresa que no existe inconveniente alguno las tierras que solicita le sea reconocidas SANTIAGO ACUTZILAPAN, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, en cuanto hace a la colindancia común entre ambos planos, solicitado muy atentamente a su
señoría se nos conceda el término de tres días, para el exhibir el acta de asamblea correspondiente; por otra parte, se solicita a este honorable Tribunal que en ejecución de sentencia y con apoyo en la brigada de ejecución se plante las mojoneras que resulten necesarias para identificación de los límites entre la comunidad solicitante y la comunidad de San Felipe Pueblo Nuevo." (Sic).
Asimismo, en la asamblea general de comuneros de la comunidad de SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, municipio de ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, celebrada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, (f. 3311 a 3328); se advierte el acuerdo aprobado en el punto siete de su orden del día, en los siguientes términos:
"...EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, EXPONE, QUE DE NO EXISTIR OPOSICIÓN ALGUNA, A LO QUE SOLICITA LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, NO EXISTIRÁ INCONVENIENTE ALGUNO, PARA QUE SE RECONOZCA AL POBLADO DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, LA SUPERFICIE QUE COMO COMUNIDAD SOLICITA, YA QUE QUIEN ESTA RECONOCIENDO EL LÍMITE ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN Y SUS ANEXOS SAN PEDRO DEL ROSAL Y SAN ANTONIO ENCHISI, ES LA PROPIA COMUNIDAD SOLICITANTE, Y SI SE RESPETA EL LÍMITE DEL POLIGONO IV DE LAS TIERRAS EN CONFLICTO, EN CUANTO HACE A LA COLINDANCIA COMÚN, NO EXISTE PROBLEMA ALGUNO, Y DE IGUAL FORMA, SI EL TRIBUNAL PROVEE SOBRE LA DEBIDA IDENTIFICACIÓN EN CAMPO DEL LLAMADO PUNTO "A" DEL PLANO QUE PRESENTA LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, DE IGUAL FORMA, NO EXISTIRÁ INCONVENIENTE ALGUNO EN QUE EL TRIBUNAL RESUELVA EL ASUNTO, QUE LE FUE PLANTEADO, POR LO QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LO ANTERIOR, OBTENIÉNDOSE OCHENTA Y NUEVE (89) VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, LO QUE REPRESENTA EL CIEN POR CIENTO DE LOS ASAMBLEISTAS, POR LO QUE QUEDA APROBADO, QUE UNA VEZ REALIZADAS LAS PRECISIONES QUE SE INDICAN Y EL TRIBUNAL PROVEA AL RESPECTO LO QUE CORRESPONDA, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE UBICAR EN CAMPO ADECUADAMENTE EL PUNTO LLAMADO "A", ACUDIENDO A DICHA DILIGENCIA EL PERITO ADSCRITO A ESE H. TRIBUNAL Y EL C. ACTUARIO, A FIN DE QUE DE FE DE DICHO ACTO, LA ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS DE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, Y LAS PARTES SANTIAGO ACUTZILAPAN Y SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN Y SUS ANEXOS SAN PEDRO DEL ROSAL Y SAN ANTONIO ENCHISI, SE MANIFIESTEN RESPECTO AL PUNTO CONOCIDO COMO TRINO, CHIVATI, ESTARA A LA RESOLUCIÓN QUE DICTE SU SEÑORÍA." (Sic).
Cabe precisar que el perito designado por este Tribunal, realizó trabajos topográficos complementarios, con los que detalló:
"En atención a la solicitud realizada por el comisariado de Bienes Comunales de San Felipe Pueblo Nuevo, en Audiencia de fecha 4 de julio de 2018, el Tribunal instruye al perito oficial ubicar en campo el vértice número 71 correspondiente al Plano Informativo de los terrenos solicitados en reconocimiento por el poblado de Santiago Acutzilapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México.
Con la finalidad de atender la instrucción recibida, el que suscribe se constituyó en los terrenos solicitados en reconocimiento para realizar los trabajos topográficos

References: artículo 98
 resolución 
 artículo 27
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1472
 artículo 530
 artículo 530
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 98
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 318
 resolución 
 Resolución 
 artículo 211
 RESOLUCIÓN