Source: https://it.scribd.com/document/408851304/DS-011-2019-JUS
Timestamp: 2020-07-07 05:45:07+00:00

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DS 011-2019-JUS | Mandato | Demanda judicial
TUO Ley Contencioso Administrativo
SalvaSalva DS 011-2019-JUS per dopo
Que, mediante Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, se norma de
manera integral el proceso contencioso administrativo, precisando sus principios, las actuaciones impugnables
y las pretensiones que se pueden plantear en él, la
competencia, la legitimidad para obrar, los supuestos de improcedencia, los plazos para interponer la demanda, el agotamiento de la vía administrativa, las vías procedimentales, la actividad probatoria, los recursos impugnatorios, las medidas cautelares, la sentencia y su ejecución; Que, por Decreto Legislativo N° 1067, Decreto Legislativo que modi ﬁ ca la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, se varía e incorpora varios artículos a la Ley N° 27584; Que, con el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; Que, mediante Ley N° 30914, Ley que modi ﬁ ca la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, respecto a la intervención del Ministerio
Público y a la vía procedimental, se derogan y modi ﬁ can algunos numerales y artículos de la Ley N° 27584; Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 30914, dispone que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, adecúa
Texto Único Ordenado de la Ley 27584, aprobado por
Decreto Supremo 013-2018-JUS, a lo dispuesto en la
Ley N° 30914; Que, conforme a lo establecido en la Sexta Disposición
Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
el presente decreto supremo cuenta con la opinión previa
favorable de este Ministerio; Que, considerando que las modi ﬁ caciones efectuadas por la Ley N° 30914 incluyen la derogación de dos artículos de la Ley N° 27584, lo que conlleva una modi ﬁ cación de la numeración del articulado, así como una variación en la remisión interna de las normas, se considera pertinente aprobar un nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 30914, Ley que modi ﬁ ca la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, respecto a la intervención del Ministerio Público y a la vía procedimental;
Artículo 1.- Objeto Apruébase el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, que consta de siete (7) capítulos, cuarenta y nueve (49) artículos, siete (7) disposiciones complementarias ﬁ nales, una (1) disposición complementaria modi ﬁcatoria, y dos (2) disposiciones complementarias derogatorias.
Derógase, a partir de la vigencia de la presente norma,
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.
Artículo 3.- Publicación Disponer la publicación del presente Decreto Supremo en el diario o ﬁ cial El Peruano, en el Portal Institucional del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus), el mismo día de la publicación de la presente norma.
Artículo 1.- Finalidad La acción contencioso administrativa prevista en el
artículo 148 de la Constitución Política tiene por ﬁ nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de
administración pública sujetas al derecho administrativo
la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.
Artículo 2.- Principios El proceso contencioso administrativo se rige por los principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea compatible:
1. Principio de integración.- Los jueces no deben
dejar de resolver el con ﬂ icto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o de ﬁ ciencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo.
2. Principio de igualdad procesal.- Las partes en el
proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o administrado.
3. Principio de favorecimiento del proceso.- El Juez
no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos
casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma.
4. Principio de suplencia de oﬁcio.- El Juez deberá
suplir las de ﬁ ciencias formales en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de o ﬁ cio.
Artículo 3.- Exclusividad del proceso contencioso administrativo Las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso
Sábado 4 de mayo de 2019 /
administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales.
Artículo 4.- Actuaciones impugnables Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas. Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas:
1. Los actos administrativos y cualquier otra
declaración administrativa.
2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra
omisión de la administración pública.
3. La actuación material que no se sustenta en acto
4. La actuación material de ejecución de actos
administrativos que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico.
5. Las actuaciones u omisiones de la administración
pública respecto de la validez, e ﬁ cacia, ejecución o
interpretación de los contratos de la administración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio
6. Las actuaciones administrativas sobre el personal
dependiente al servicio de la administración pública.
Artículo 5.- Pretensiones En el proceso contencioso administrativo podrán
plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo
1. La declaración de nulidad, total o parcial o ine ﬁ cacia
2. El reconocimiento o restablecimiento del derecho
o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales ﬁ nes.
3. La declaración de contraria a derecho y el cese
de una actuación material que no se sustente en acto administrativo.
4. Se ordene a la administración pública la realización
de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo ﬁ rme.
5. La indemnización por el daño causado con alguna
actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la Ley
Nº 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente
a alguna de las pretensiones anteriores.
Artículo 6.- Acumulación de pretensiones. Las pretensiones mencionadas en el artículo 5, pueden acumularse, sea de manera originaria o sucesiva, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la presente Ley.
Artículo 7.- Requisitos de la acumulación de pretensiones. La acumulación de pretensiones procede siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1. Sean de competencia del mismo órgano
2. No sean contrarias entre sí, salvo que sean
propuestas en forma subordinada o alternativa;
3. Sean tramitables en una misma vía procedimental;
y, 4. Exista conexidad entre ellas, por referirse a la misma actuación impugnable o se sustenten en los mismos hechos, o tengan elementos comunes en la causa de pedir.
Artículo 8.- Caso especial de acumulación de pretensiones sucesivas. En los casos previstos en el artículo 17 es posible que el demandante incorpore al proceso otra pretensión referida a una nueva actuación administrativa, siempre
que se cumplan con los requisitos previstos en el artículo 7. El pedido de acumulación puede presentarse hasta antes de la expedición de la sentencia en primer grado, el que se resolverá previo traslado a la otra parte, conforme
al trámite previsto en el artículo 17.
Si a consecuencia de la referida incorporación, es necesaria la citación a audiencia para la actuación de un medio probatorio, el Juez dispondrá su realización. El Juez o ﬁ ciará a la entidad demandada para que remita el expediente administrativo o los actuados referidos a la actuación administrativa incorporada o, en su defecto, la entidad podrá remitir copias certi ﬁ cadas de los mismos.
Artículo 9.- Facultades del Órgano Jurisdiccional.- Son facultades del órgano jurisdiccional las siguientes:
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 51
y 138 de la Constitución Política del Perú, el proceso
contencioso administrativo procede aún en caso de que
la actuación impugnada se base en la aplicación de una
norma que transgreda el ordenamiento jurídico. En este supuesto, la inaplicación de la norma se apreciará en el mismo proceso.
Las resoluciones judiciales deben contener una adecuada motivación. Cuando se presenten casos análogos y se requiera idéntica motivación para la resolución de los mismos, se podrán usar medios de producción en serie, siempre que no se lesione las garantías del debido proceso, considerándose cada uno como acto independiente.
Artículo 10.- Competencia territorial Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia, a elección del demandante, el Juez en lo contencioso administrativo del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación materia de la demanda o el silencio administrativo.
Artículo 11.- Competencia funcional Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo el Juez Especializado y la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, en primer y segundo grado, respectivamente. Cuando el objeto de la demanda verse sobre actuaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Salud, es
competente, en primera instancia, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior respectiva. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apelación y la Sala Constitucional y Social en casación, si fuera el caso. Es competente para conocer la solicitud de medida cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior. En los lugares donde no exista juez o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, es competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su caso, o la Sala Civil correspondiente.
(Texto según la Primera Disposición Complementaria Modi ﬁ catoria del Decreto Legislativo N° 1158)
que presten servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado están incluidas en los supuestos previstos precedentemente, según corresponda.
16.2 Todo representante, judicial de las entidades administrativas, dentro del término para contestar la demanda, pondrá en conocimiento del titular de la entidad
Artículo 12.- Remisión de oﬁcio En aquellos casos en los que se interponga demanda contra las actuaciones a las que se re ﬁere el artículo 4, el Juez o Sala que se considere incompetente conforme a ley, remitirá de o ﬁ cio los actuados al órgano jurisdiccional que corresponda, bajo sanción de nulidad de lo actuado por el Juez o Sala incompetente.
opinión profesional motivada sobre la legalidad del acto
impugnado, recomendándole las acciones necesarias en caso de que considere procedente la pretensión.
Artículo 13.- Legitimidad para obrar activa Tiene legitimidad para obrar activa quien a ﬁ rme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable materia del proceso. También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; previa expedición de resolución motivada en la que se identi ﬁ que el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de o ﬁ cio en sede administrativa.
Artículo 17.- Modiﬁcación y ampliación de la demanda. El demandante puede modi ﬁcar la demanda, antes de que ésta sea noti ﬁ cada. También puede ampliarse la demanda siempre que, antes de la expedición de la sentencia, se produzcan nuevas actuaciones impugnables que sean consecuencia directa de aquella o aquellas que sean objeto del proceso. En estos casos, se deberá correr traslado a la parte demandada por el plazo de tres días.
(Texto según el artículo único del Decreto Legislativo
Artículo 14.- Legitimidad para obrar activa en tutela de intereses difusos Cuando la actuación impugnable de la administración pública vulnere o amenace un interés difuso, tendrán legitimidad para iniciar el proceso contencioso administrativo:
Artículo 18.- Plazos La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:
Cuando el objeto de la impugnación sean las
El Ministerio Público, que en estos casos actúa
actuaciones a que se re ﬁ eren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6
artículo 4, el plazo será de tres meses a contar desde
el conocimiento o noti ﬁ cación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero.
Cuando la ley faculte a las entidades administrativas
iniciar el proceso contencioso administrativo de
Artículo 15.- Legitimidad para obrar pasiva La demanda contencioso administrativa se dirige contra:
conformidad al segundo párrafo del artículo 13, el plazo será el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, salvo disposición legal que establezca plazo distinto.
Cuando se trate de silencio administrativo
La entidad administrativa que expidió en última
negativo, se observará lo establecido en el numeral 188.5 del artículo 188 de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Carece de
instancia el acto o la declaración administrativa impugnada.
La entidad administrativa cuyo silencio, inercia u
ﬁcacia el pronunciamiento hecho por la administración
omisión es objeto del proceso.
una vez que fue noti ﬁcada con la demanda. Si el acto
La entidad administrativa cuyo acto u omisión
expreso se produce antes de dicha noti ﬁ cación, el órgano jurisdiccional podrá, a solicitud del actor, incorporar como pretensión la impugnación de dicho acto expreso o concluir el proceso. Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de
produjo daños y su resarcimiento es discutido en el proceso. 4. La entidad administrativa y el particular que
participaron en un procedimiento administrativo trilateral.
El particular titular de los derechos declarados por el
entidades distinta del silencio administrativo negativo,
acto cuya nulidad pretenda la entidad administrativa que lo expidió en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13.
se computará plazo para interponer la demanda.
Cuando se trate de silencio administrativo positivo por
transcurso del plazo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General o por normas especiales, el plazo para el tercero legitimado será de tres meses.
La entidad administrativa que expidió el acto y la
persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación
impugnada en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13.
Cuando se pretenda impugnar actuaciones
materiales que no se sustenten en actos administrativos
el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones. Cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable, los plazos previstos en el presente artículo serán computados desde que el tercero haya tomado conocimiento de la actuación impugnada. Los plazos a los que se re ﬁere el presente artículo son de caducidad.
Cuando no se haya vencido el plazo para que la
entidad administrativa declare su nulidad de o ﬁ cio en el supuesto del segundo párrafo del artículo 13.
Cuando no se haya expedido la resolución motivada
la que se hace referencia en el segundo párrafo del
En los supuestos previstos en el artículo 427 del
Artículo 23.- Remisión de actuados administrativos Al admitir a trámite la demanda, el Juez ordenará, de ser
caso, a la Entidad Administrativa, a ﬁn de que el funcionario
Artículo 19.- Agotamiento de la vía administrativa Es requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales.
competente remita copia certiﬁcada del expediente con
relacionado a la actuación impugnada, en un plazo que
no podrá exceder de quince días hábiles, con los apremios que el Juez estime necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado, pudiendo imponer a la Entidad multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia. El Juez además de realizar las acciones antes referidas en el párrafo anterior, ante la mani ﬁ esta renuencia a cumplir con el mandato, prescindirá del expediente administrativo. El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso, debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en el artículo 282 del Código Procesal Civil, al momento de resolver; sin perjuicio que tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados.
Artículo 20.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:
Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad
administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13.
Cuando en la demanda se formule como pretensión
la prevista en el numeral 4 del artículo 5. En este caso
el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado podrá presentar la demanda correspondiente.
Artículo 24.- Efecto de la Admisión de la demanda La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario.
Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero
al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable.
Cuando la pretensión planteada en la demanda esté
referida al contenido esencial del derecho a la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa.
Artículo 21.- Requisitos especiales de admisibilidad Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil son requisitos especiales de admisibilidad de la demanda los siguientes:
Artículo 25.- Proceso Urgente Se tramita como proceso urgente únicamente las siguientes pretensiones:
El cese de cualquier actuación material que no se
sustente en acto administrativo. 2. El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por
El documento que acredite el agotamiento de la vía
mandato de la ley o en virtud de acto administrativo ﬁ rme.
administrativa, salvo las excepciones contempladas por la presente Ley.
Las relativas a materia previsional en cuanto se
ﬁ eran al contenido esencial del derecho a la pensión.
En el supuesto contemplado en el segundo párrafo
del artículo 13, la entidad administrativa que demande la nulidad de sus propios actos deberá acompañar el expediente de la demanda.
a) Interés tutelable cierto y mani ﬁ esto,
Artículo 22.- Improcedencia de la demanda La demanda será declarada improcedente en los siguientes supuestos:
c) Que sea la única vía e ﬁ caz para la tutela del derecho
Cuando sea interpuesta contra una actuación no
contemplada en el artículo 4.
Cuando se interponga fuera de los plazos exigidos
Artículo 26.- Reglas de Procedimiento Cualquiera de las pretensiones a que se refiere el
en la presente Ley. El vencimiento del plazo para plantear
la pretensión por parte del administrado, impide el inicio de cualquier otro proceso judicial con respecto a la misma actuación impugnable.
presente artículo será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo traslado
la otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, el Juez dictará en la sentencia la medida que corresponda a
Cuando el administrado no haya cumplido con
agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley.
pretensión invocada dentro del plazo de cinco días.
Cuando exista otro proceso judicial o arbitral
idéntico, conforme a los supuestos establecidos en el artículo 452 del Código Procesal Civil.
El plazo para apelar la sentencia es de cinco días,
contados a partir de su noti ﬁ cación y se concede con efecto suspensivo.
Artículo 27.- Proceso ordinario Se tramitan conforme al presente procedimiento las pretensiones no previstas en el artículo 25, con sujeción a las disposiciones siguientes:
En esta vía no procede reconvención. Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez expedirá resolución declarando la existencia de una relación jurídica procesal válida; o la nulidad y la consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o, si fuere el caso, la concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables. Subsanados los defectos, el Juez declarará saneado el proceso por existir una relación jurídica procesal válida. En caso contrario, lo declarará nulo y consiguientemente concluido. Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración referida se hará en la resolución que las resuelva. Si el proceso es declarado saneado, el Auto de saneamiento deberá contener, además, la ﬁ jación de Puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios ofrecidos. Sólo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez señalará día y hora para la realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia o se prescinde de ella es impugnable y la apelación será concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente queda expedito para dictar sentencia. Las partes pueden solicitar al juez la realización de informe oral, el que será concedido por el solo mérito de la solicitud oportuna.
Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la noti ﬁ cación.
a) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los
medios probatorios, contados desde la noti ﬁcación de la resolución que los tiene por ofrecidos;
b) Cinco días para interponer excepciones o defensas,
contados desde la noti ﬁ cación de la demanda; c) Diez días para contestar la demanda, contados desde la noti ﬁ cación de la resolución que la admite a
trámite; d) Tres días para solicitar informe oral, contados
desde la noti ﬁcación de la resolución que dispone que el expediente se encuentra en el estado de dictar sentencia;
e) Quince días para emitir sentencia, contados desde
la vista de la causa. De no haberse solicitado informe oral ante el juez de la causa, el plazo se computa desde el día siguiente de vencido el plazo para dicha solicitud. f) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su noti ﬁ cación.
Artículo 28.- Noti ﬁcación Electrónica. Las noti ﬁ caciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectuarán mediante sistemas de comunicación electrónicos o telemáticos, tales como el correo electrónico, Internet u otro medio idóneo que permita con ﬁ rmar fehacientemente su recepción, salvo cuando se trate de las siguientes resoluciones:
1. El traslado de la demanda, inadmisibilidad o
improcedencia;
3. El auto que se pronuncia sobre el saneamiento
procesal, ﬁ jación de puntos controvertidos, saneamiento
probatorio y/o el juzgamiento anticipado;
5. Las otras resoluciones que el Juez disponga
Las resoluciones mencionadas se noti ﬁ carán mediante cédula. Para efectos de la noti ﬁ cación electrónica, las partes deben consignar en la demanda o en su contestación una dirección electrónica, bajo apercibimiento de declararse la inadmisibilidad de tales actos postulatorios. La noti ﬁ cación electrónica surte efectos desde el día siguiente que llega a la dirección electrónica.
Artículo 29.- Actividad probatoria En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios probatorios. En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán alegarse todos los hechos que le sirvan de sustento, ofreciendo los medios probatorios pertinentes.
Artículo 30.- Oportunidad Los medios probatorios deberán ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, acompañándose todos los documentos y pliegos interrogatorios. Se admitirán excepcionalmente medios probatorios extemporáneos, cuando estén referidos a hechos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso, vinculados directamente a las pretensiones postuladas. De presentarse medios probatorios extemporáneos, el Juez correrá traslado a la parte contraria por el plazo de tres días. Si a consecuencia de la referida incorporación es necesaria la citación a audiencia para la actuación de un medio probatorio, el Juez dispondrá su realización. Si el particular que es parte del proceso no tuviera en su poder algún medio probatorio y éste se encuentre en poder de alguna entidad administrativa, deberá indicar dicha circunstancia en su escrito de demanda o de contestación, precisando el contenido del documento y la entidad donde se encuentra con la ﬁnalidad de que el órgano jurisdiccional pueda disponer todas las medidas necesarias destinadas a la incorporación de dicho documento al proceso.
Artículo 31.- Pruebas de oﬁcio Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insu ﬁ cientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.
Artículo 32.- Carga de la prueba Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien a ﬁ rma los hechos que sustentan su pretensión.
Artículo 33.- Obligación de colaboración por parte de la administración Las entidades administrativas deberán facilitar al
proceso todos los documentos que obren en su poder
e informes que sean solicitados por el Juez. En caso
de incumplimiento, el juez podrá aplicar las sanciones previstas en el artículo 53 del Código Procesal Civil al funcionario responsable.
Artículo 34.- Recursos En el proceso contencioso administrativo proceden los siguientes recursos:
1. El recurso de reposición contra los decretos a ﬁ n de que el Juez los revoque.
2. El recurso de apelación contra las siguientes
3.1 Las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores; 3.2 Los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisión, ponen ﬁ n al proceso. El recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones no cuanti ﬁ cables. Tratándose de pretensiones cuanti ﬁ cables, cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P) o cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional; y, por excepción, respecto de los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, cuando la cuantía sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P). En los casos a que se re ﬁ ere el artículo 25 no procede el recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado con ﬁrmen las de primera instancia, en caso de amparar la pretensión.
4. El recurso de queja contra las resoluciones
que declaran inadmisible e improcedente el recurso de apelación o casación. También procede contra la resolución que concede el recurso de apelación con un efecto distinto al solicitado.
Artículo 35.- Requisitos de admisibilidad y procedencia Los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el Código Procesal Civil. En caso de que el recurrente no acompañase la tasa
respectiva o la acompañase en un monto inferior, el Juez
o la Sala deberán conceder un plazo no mayor de dos días para que subsane el defecto.
Artículo 36.- Principios jurisprudenciales. Cuando la Sala Constitucional y Social de la
Corte Suprema ﬁje en sus resoluciones principios
jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante. Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente. El texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se publicarán en el Diario
O ﬁ cial El Peruano y en la página web del Poder Judicial.
La publicación se hace dentro de los sesenta días de
expedidas, bajo responsabilidad. De otro lado, se incorpora la exigencia que el Juez debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual
afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la
e ﬁ cacia inmediata de la actuación impugnable.
Artículo 37.- Oportunidad La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la e ﬁ cacia de la decisión de ﬁ nitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especi ﬁ caciones establecidas en esta Ley.
Artículo 38.- Requisitos La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eﬁcacia de la decisión deﬁnitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante:
1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para
tal efecto, se deberá ponderar la proporcionalidad entre
la eventual afectación que causaría al interés público o
a terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa al
recurrente la eﬁcacia inmediata de la actuación impugnable.
2. Se considere necesaria la emisión de una decisión
preventiva por constituir peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justi ﬁcable. No es exigible este
requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido esencial del derecho a la pensión.
3. Se estime que resulte adecuada para garantizar la
e ﬁ cacia de la pretensión. Para la ejecución de la medida cautelar el demandante deberá ofrecer contracautela atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar. Tratándose de pretensiones contra actuaciones administrativas con contenido pecuniario, el Juez podrá requerir de una contracautela distinta a la caución juratoria. Si la resolución ﬁ nal no reconoce el derecho reclamado por el demandante, a pedido de la parte interesada se procede conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil para la ejecución de la contracautela.
Artículo 39.- Medidas de innovar y de no innovar Son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las medidas cautelares de innovar y de no innovar.
Artículo 40.- Sentencias estimatorias La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo siguiente:
1. La nulidad, total o parcial, o ine ﬁcacia del acto
administrativo impugnado, de acuerdo a lo demandado. 2. El restablecimiento o reconocimiento de una
situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda.
3. La cesación de la actuación material que no se
sustente en acto administrativo y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los
daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.
4. El plazo en el que la administración debe cumplir
con realizar una determinada actuación a la que está obligada, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del
proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.
5. El monto de la indemnización por los daños y
Artículo 41.- Conclusión anticipada del proceso Si la entidad demandada reconoce en vía administrativa la pretensión del demandante, el Juez apreciará tal pronunciamiento y, previo traslado a la parte contraria, con su absolución o sin ésta, dictará sentencia, salvo que el reconocimiento no se re ﬁ era a todas las pretensiones planteadas.
Artículo 42.- Transacción o conciliación En cualquier momento del proceso, las partes podrán transigir o conciliar sobre pretensiones que contengan derechos disponibles. Si el acuerdo homologado o aprobado es total, producirá la conclusión del proceso. De ser parcial, el proceso continuará sobre los aspectos no comprendidos. Para proponer o acceder a la fórmula de composición, la entidad deberá analizar objetivamente la expectativa de éxito de su posición jurídica en el proceso.
Artículo 43.- Especi ﬁ cidad del mandato judicial Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 122 del Código Procesal Civil, la sentencia que declara fundada la demanda deberá establecer el tipo de obligación a cargo del demandado, el titular de la obligación, el funcionario a cargo de cumplirla y el plazo para su ejecución.
Artículo 44.- Ejecución de la sentencia La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente al Juzgado o Sala que conoció del proceso en primera instancia. En caso de que la ejecución corresponda a una Sala ésta designará al Vocal encargado de la ejecución de la resolución. Los con ﬂ ictos derivados de actuaciones administrativas expedidas en ejecución de la sentencia serán resueltos en el propio proceso de ejecución de la misma. Antes de acudir al Juez encargado de la ejecución, el interesado, si lo considera conveniente, podrá solicitar en vía administrativa la reconsideración de la actuación que originó el con ﬂ icto.
45.1 Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la administración pública, sin que éstos puedan cali ﬁ car
su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal
o administrativa; estando obligados a realizar todos los
actos para la completa ejecución de la resolución judicial.
45.2 El responsable del cumplimiento del mandato
judicial será la autoridad de más alta jerarquía de la entidad, el que podrá comunicar por escrito al Juez qué funcionario será encargado en forma especí ﬁ ca de la misma, el que asumirá las responsabilidades que señala
el inciso anterior. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el Juez
podrá identi ﬁ car al órgano responsable dentro de la entidad y otorgarle un plazo razonable para la ejecución de la sentencia.
45.3 En la ejecución de la sentencia los funcionarios
encargados de exteriorizar la voluntad de las entidades mediante actuaciones son solidariamente responsables con ésta.
45.4 La renuncia, el vencimiento del período de la
función o cualquier otra forma de suspensión o conclusión del vínculo contractual o laboral con la administración pública no eximirá al personal al servicio de ésta de las responsabilidades en las que ha incurrido por el incumplimiento del mandato judicial, si ello se produce después de haber sido noti ﬁ cado.
Artículo 46.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a continuación se señalan:
46.1 La O ﬁ cina General de Administración o la que
haga sus veces del Pliego Presupuestario requerido
deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto.
46.2 En el caso de que para el cumplimiento de la
sentencia el ﬁnanciamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuﬁciente, el Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, podrá realizar las modiﬁcaciones presupuestarias dentro de los quince días de notiﬁcada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. 46.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de ﬁnanciamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de quien haga sus veces, mediante comunicación escrita de la Oﬁcina General de Administración, hacen de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de antender tales sentencias de conformidad con el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el Decreto Supremo 304-
46.4 Transcurridos seis meses de la notiﬁcación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en los numerales 46.1, 46.2 y 46.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso
de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme
al artículo 73 de la Constitución Política del Perú.
(Texto según el artículo 1 de la Ley N° 27684, la Primera Disposición Complementaria Modi ﬁ catoria de Ley N° 30137 y el Numeral 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre los Expedientes Acumulados Ns° 015-2001-AI-TC, Expediente N° 016-2001-AI-TC y Expediente N° 004-2004-AI-TC)
Artículo 47.- Pago de intereses La entidad está obligada al pago de los intereses que generen el retraso en la ejecución de la sentencia.
Artículo 48.- Actos administrativos contrarios a la sentencia Son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la ﬁ nalidad de eludir el cumplimiento de éstas.
Artículo 49.- Costas y Costos Las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas.
Complementarias de la Ley N° 27584)
Segunda.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando lo considere conveniente, podrá instituir un sistema especí ﬁ co de sub especialidades a ﬁ n de brindar un servicio de justicia más e ﬁ ciente en atención a las características particulares del con ﬂ icto.
(Texto según la Primera Disposición Complementaria Modi ﬁ catoria del Decreto Legislativo N° 1205)
Quinta.- Las disposiciones de la presente Ley sólo serán modi ﬁ cadas por ley expresa.
Sexta.- Esta Ley entrará en vigor a los 30 (treinta) días naturales siguientes a su publicación en el Diario O ﬁ cial El Peruano.
(Texto según la sección de las Disposiciones Finales de la Ley N° 27584. Esta disposición se re ﬁere a la vigencia de la Ley N° 27584. De conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 27684, la Ley N° 27584 entró en vigencia a partir del 15 de abril de 2002)
(Texto según la sección de la Disposición Modi ﬁ catoria de la Ley N° 27584)
1. Los artículos 540 al 545 del Subcapítulo Seis del
Título II de la Sección Quinta del Código Procesal Civil promulgado por Decreto Legislativo Nº 768.
2. Los artículos 79 al 87 del Título III de la Sección
Sétima de la Ley Procesal de Trabajo Nº 26636.
3. Los artículos 157 al 161 del Título IV del Libro
Tercero del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y sus normas modi ﬁ catorias.
4. El artículo 157 del Capítulo XV del Título Duodécimo
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
5. Los artículos 9 y 10 del Capítulo II y la Décima
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Texto Único Ordenado del Régimen Pensionario del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 070-98-EF.
6. El primer párrafo del artículo 17 del Decreto Ley
Nº 25868, modi ﬁ cado por el artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 807.
7. La Tercera Disposición Complementaria y Transitoria
de la Ley Nº 26981.
8. El artículo 370 de la Ley Nº 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros;
9. Todas las demás disposiciones legales que se
opongan a la presente Ley, cualquiera sea su especialidad.
(Texto según el artículo 2 de la Ley N° 27684. Esta disposición se reﬁere a la vigencia de la Ley N° 27584. De conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 27684, la Ley N° 27584 entró en vigencia a partir del 15 de abril de 2002)
Derogatorias de la Ley N° 27584)
Autorizan viaje de Jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción a Colombia, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0169-2019-JUS
VISTOS; la Carta de fecha 25 de marzo de 2019, de la
O ﬁ cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;
el O ﬁ cio Nº D000222-2019-PCM-SIP, de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; el Informe Nº 164-2019-JUS/OGPM y el O ﬁ cio
Nº 1075-2019-JUS/OGPM-OPRE de la O ﬁ cina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el
Informe Nº 477-2019-JUS/OGAJ, de la O ﬁ cina General
de Asesoría Jurídica;
Que, mediante los documentos de vistos, la O ﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC,
través de la Presidencia del Consejo de Ministros, invita
participar en la Conferencia Regional Anticorrupción para América del Sur y México a realizarse del 06 al 10 de mayo de 2019, en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia; Que, dicha conferencia tendrá como ejes temáticos i)
Sistema de Integridad y Declaración Jurada de Interés
ii) protección al denunciante y gestión de denuncias
por actos de corrupción; y, se solicita la participación de
nuestra institución en el segundo de ellos; Que, el citado evento, es auspiciado por el Fondo de Prosperidad del Reino Unido, el Gobierno de Colombia
y la UNODC, con la ﬁ nalidad de generar un espacio de
intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como identi ﬁ car las necesidades de asistencia técnica en la implementación de este instrumento internacional y generar aportes para la creación de redes y plataformas regionales que fortalezcan la aplicación de la Convención; Que, se propone la participación de la señora María Elisa Noaín Moreno, Jefa de la O ﬁ cina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el citado evento; Que, los gastos de viaje inherentes a la conferencia como los pasajes; y, los gastos de alimentación, hospedaje
y traslados de los días 05 y 06 de mayo serán cubiertos
por la UNODC; mientras que los gastos de alimentación, hospedaje y traslados de los días 07, 08 y 09 de mayo serán asumidos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Que, la O ﬁcina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización, considera que la participación de la servidora designada es de interés institucional, toda vez que se vincula con los objetivos estratégicos del Plan
Estratégico Sectorial Multianual PESEM (2019-2023)
y del Plan Estratégico Institucional PEI (2019-2022) en
materia de lucha contra la corrupción; Que, en dicho marco, resulta conveniente la participación de la señora María Elisa Noaín Moreno, Jefa de la O ﬁcina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; siendo que, por razones de itinerario, corresponde autorizar el
viaje del 05 al 11 de mayo de 2019; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; el Decreto Supremo Nº 013-
2017-JUS, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Ley
Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2019; la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus modi ﬁ catorias; y, el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus modi ﬁ catorias;
Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora María Elisa Noaín Moreno, Jefa de la O ﬁ cina de Integridad
Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia
Derechos Humanos, a la ciudad de Cartagena de
Indias, República de Colombia, durante el periodo comprendido entre el 05 al 11 de mayo de 2019, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
lo dispuesto en la presente Resolución, serán cubiertos
con recursos del presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente detalle:
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 artículo 5

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 17

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Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
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Artículo 13
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Artículo 14

Artículo 18

artículo 4

Artículo 15
 artículo 13
 artículo 188
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
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Artículo 23

Artículo 19
 artículo 282

Artículo 20
 artículo 13
 artículo 5

Artículo 24

Artículo 21

Artículo 25
 artículo 13

Artículo 22
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Artículo 26
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Artículo 27
 artículo 25
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Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33
 artículo 53

Artículo 34
 artículo 25
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Artículo 35

Artículo 36

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Artículo 38
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Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 122

Artículo 44
 artículo 139
 artículo 4
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 artículo 70
 artículo 713
 artículo 73
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 artículo 17
 artículo 64
 artículo 370
 artículo 2
 artículo 5

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