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Timestamp: 2018-07-17 21:44:19+00:00

Document:
Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hechos en Madrid el 10 de septiembre de 2015
ARTÍCULO 14 Trabajo dependiente
ARTÍCULO 17 Pensiones y anualidades
ARTÍCULO 19 Profesores e Investigadores
ARTÍCULO 20 Estudiantes y personas en prácticas
ARTÍCULO 26 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplica a las rentas, distintas de las derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro Estado contratante una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
a) Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en Catar, España permitirá:
i) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Catar;
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta que pueda someterse a imposición en Catar.
2. Cuando un residente de Catar obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en España, Catar permitirá la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto pagado en España, con la condición de que dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta obtenida de fuente española.
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del artículo 23, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.
2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se mantendrá en secreto del mismo modo que la información obtenida en virtud del derecho interno de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la determinación o recaudación de los impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva, de la persecución del incumplimiento relativo a dichos impuestos, de la resolución de los recursos relativos a los mismos, o de la supervisión de tales actividades. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
No obstante lo anterior, la información recibida por un Estado contratante puede utilizarse para otros fines cuando conforme al Derecho del Estado requirente pueda utilizarse para dichos otros fines.
c) suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o profesional, o un procedimiento industrial, o información cuya comunicación sea contraria al orden público (ordre public);
d) obtener o proporcionar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado u otro representante legal reconocido, cuando dichas comunicaciones:
i) se produzcan con el fin de recabar o prestar asesoramiento jurídico; o
ii) se produzcan a efectos de su utilización en un procedimiento jurídico en curso o previsto.
4. Cuando un Estado contratante solicite información en virtud de este artículo, el otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aun cuando este otro Estado contratante pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3, pero en ningún caso los Estados contratantes podrán interpretar tales limitaciones como base para denegar el intercambio de información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.
a) en relación con los impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre la renta correspondientes a cualquier ejercicio fiscal que comience a partir de la fecha en la que el Convenio entre en vigor;
a) en relación con los impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre la renta correspondientes a cualquier ejercicio fiscal que comience a partir del primer día de enero del año civil siguiente a aquel en el que se notifique la denuncia;
Hecho por duplicado en Madrid el 10 de septiembre de 2015, en las lenguas española, árabe e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de interpretación entre cualquiera de los textos, esta se resolverá conforme al procedimiento previsto en el artículo 24 de este Convenio.
Por el Estado de Catar,
Ali Shareef Al Emadi,
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, los signatarios han convenido las siguientes disposiciones que forman parte integrante del Convenio:
a) Los Estados contratantes declaran que sus normas y procedimientos de derecho interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son aplicables al tratamiento de tales abusos. En concreto, estas normas y procedimientos podrán aplicarse a los abusos relacionados con las disposiciones del artículo 5, apartado 3 (b) del Convenio.
b) Se entenderá que los beneficios de este Convenio no se otorgarán a un residente de un Estado contratante que no sea el beneficiario efectivo de los elementos de renta procedentes del otro Estado contratante.
d) No obstante lo dispuesto en los restantes artículos del Convenio, un residente de un Estado contratante no podrá beneficiarse de las reducciones o exenciones impositivas previstas en el Convenio, otorgadas por el otro Estado contratante, cuando el fin primordial o uno de los fines primordiales de ese residente o de cualquier persona relacionada con dicho residente, sea el de conseguir los beneficios del Convenio. Las autoridades competentes podrán consultarse entre sí a fin de evitar el abuso del Convenio por parte de cualquier sociedad.
Se entenderá que el derecho al disfrute de los bienes inmuebles a los que se refieren dichos apartados significa el derecho que otorgan los contratos de aprovechamiento por turno y acuerdos similares.
Los gastos generales de administración a los que se refiere el artículo 7 apartado 3 de este Convenio serán deducibles en todo caso, con sujeción a las condiciones para la deducibilidad y a los límites cuantitativos previstos en la legislación interna de los Estados contratantes.
Se entenderá que las disposiciones de este apartado se aplican al Qatar Holding únicamente en tanto que esté íntegramente participado por el Estado de Catar.
En el caso de España, «mercado de valores» significa el mercado secundario oficial.
Para la determinación de la participación del 50 por ciento prevista en este apartado no se tendrán en cuenta los bienes inmuebles utilizados como oficinas o a los efectos de actividades industriales.
La intención de este apartado es la de permitir aplicar a un residente en España un método para evitar la doble imposición de entre los disponibles de acuerdo con el propio Convenio para evitar la doble imposición y la legislación interna española.
La no imposición de los cataríes y otros nacionales del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico residentes en Catar no se considerará discriminación conforme al artículo 23 del Convenio.
El presente Convenio entrará en vigor el 6 de febrero de 2018, transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última notificación, según se establece en su artículo 27.

References: ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 26
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 23
 resolución 
 artículo 24
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 27