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Timestamp: 2019-10-18 11:58:47+00:00

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SENTENCIA 2003-00424 DE 09 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:ACREDITACIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO DE BIENES AUTOMOTORES. EL EFECTO JURÍDICO DEL REGISTRO TERRESTRE AUTOMOTOR ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY 769 DE 2002. SÓLO CON LA LEY 769 DE 2002 LA INSTITUCIÓN DEL REGISTRO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ADQUIERE LA PLENA CALIDAD DE SER CONSTITUTIVO DE LA TRADICIÓN, PUES SI BIEN CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CÓDIGO DE COMERCIO SE ESTABLECIÓ DICHA FORMALIDAD, ELLA NO OFRECÍA CLARIDAD, YA QUE COMO SE MOSTRÓ GENERABA LA DISCUSIÓN SOBRE SI ESTA NORMA SE APLICABA ÚNICAMENTE EN EL TRÁFICO MERCANTIL O SI, POR EL CONTRARIO, ERA EXTENSIVA A LOS ACTOS CIVILES. PERO EN CUANTO A LA PRUEBA DE LA PROPIEDAD, SE CONCLUYE QUE CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO 1809 DE 1990, EL REGISTRO TERRESTRE AUTOMOTOR ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINAR LA PROPIEDAD, TODA VEZ QUE ÉSTE ES EL CONTENTIVO DE TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA TAL EFECTO Y, ADEMÁS, REFLEJA LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, COMPRAVENTA, EMBARGO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, VÍA DE HECHO
Sentencia 2003-00424/30990 de abril 9 de 2015
Radicación: 66001-23-31-000-2003-00424-02 (30990)
Actor: Néstor Julián Silva González
Demandado: Rama Judicial y el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira
Esta Corporación es funcionalmente competente para conocer del recurso de apelación propuesto por la parte demandante contra la sentencia de 4 de noviembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en atención a que se trata de una acción de reparación directa en donde se pretende la declaratoria de responsabilidad del estado por un error judicial, atendiendo el criterio interpretativo fijado por esta Corporación en esta clase de asuntos y conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
2.1. De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 357 del CPC, aplicable en sede contencioso administrativo según se dispone en el artículo 267 del CCA, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo que es desfavorable al apelante y por esta razón el ad quem no puede hacer más gravosa su situación si fue el único que se alzó contra la decisión.
2.3. En atención a la posición actual de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante el recurso de apelación, se ejerce el derecho de impugnación contra la decisión judicial y el juez de segunda instancia no puede empeorar, agravar o desmejorar la situación que en relación con el litigio le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.
2.4. Así mismo, se ha establecido que el marco fundamental de competencia para el juez de segunda instancia “lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum”” (Subrayado por la Sala).
2.5. Dicho lo anterior, la Sala encuentra que el objeto del recurso de apelación promovido por la parte demandante se contrae a la revocatoria de la decisión que denegó las pretensiones de la demanda y que en su lugar se declare la responsabilidad de las demandadas.
2.6. Como fundamento de la alzada se afirma que el Instituto de Tránsito y Transporte de Pereira incurrió en una vía de hecho al inscribir la cancelación de la medida cautelar de embargo que pesaba sobre la camioneta Ford F-150, modelo 1996 de placas PEJ-454 y que había sido decretada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira.
2.7. Del mismo modo, señala que tanto el Instituto como el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira debieron desatender la orden de cancelación del embargo emanada del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira dado que se trató de un acto de abuso de autoridad y de extralimitación de las funciones de este último despacho.
2.8. Seguidamente plantea el actor la existencia de una violación a los principios de buena fe y confianza legítima por parte del Instituto pues cuando dichas entidad certifica que sobre un vehículo no pesa gravamen o limitación alguna está generando tranquilidad y certeza jurídica para el ciudadano. Recalca el actor que una vez el vehículo se encontraba embargado no podía un tercero (diferente al Juzgado que decretó la medida) ordenar su desembargo, pues tal actuar quebrante el principio de la buena fe.
2.9. Finalmente, el recurrente pone de presente que la decisión judicial mediante la cual se ordenó el desembargo del vehículo automotor no se encontraba firmada por Juez o Secretario lo que, a su juicio, constituye una irregularidad más.
3.1. De lo anterior se puede plantear como problema jurídico si cabe imputar a la Nación - Rama Judicial y al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira responsabilidad por los presuntos daños antijurídicos irrogados a Néstor Julián Silva González por las actuaciones desarrolladas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira y el Instituto de Tránsito y Transporte de Pereira.
3.2. Para abordar dicho problema jurídico, la Sala examinará en primer lugar si el daño ocasionado al demandante existe y reviste las características de ser antijurídico para, luego de ello, proceder a valorar si el mismo es imputable a la demandada.
4.1. El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”; o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”; y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos; y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general, o de la cooperación social.
4.2. En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”. Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.
4.3. De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”.
4.4. Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”. Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.
4.5. En casos, como el que ocupa la atención de la Sala, se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, solo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece.
5. El daño antijurídico en el caso concreto.
5.1. En el presente caso la Sala verifica una inexistencia de daño antijurídico. Para llegar a tal conclusión conviene ocuparse de los siguientes aspectos: i) el daño antijurídico alegado, ii) el efecto jurídico del registro terrestre automotor; precisados los anteriores elementos se procederá a iii) la valoración del caso en concreto.
5.2. El daño alegado. Conforme al escrito de demanda y en plena armonía con lo expuesto en los supuestos fácticos que la soportan, se tiene que el actor cifra el daño padecido en que siendo los bienes del deudor prenda general de garantía de las obligaciones contraídas, la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira violentó su derecho a satisfacer una prestación insoluta por vía del proceso judicial de ejecución.
5.3. La acreditación del derecho de dominio de bienes automotores. El efecto jurídico del registro terrestre automotor antes y después de la Ley 769 de 2002.
5.3.1. Tratándose del derecho real de dominio, el sistema civil colombiano requiere para su perfeccionamiento que converjan el título y el modo, es decir, que para radicar la propiedad en cabeza de alguien, es necesario, en primer lugar, que exista un título otorgado con la finalidad de transferir el dominio de una persona a otra, y, posteriormente, que esa transferencia se perfeccione mediante la efectiva entrega o tradición de la cosa. Recogiendo las definiciones ofrecidas por el profesor José J. Gómez, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha precisado:
“como se sabe, en el Derecho Civil se distinguen claramente las nociones de Título y Modo. Así, el primero es el hecho del hombre o la sola ley que establece obligaciones o lo faculta para la adquisición de los derechos reales, conforme lo ha establecido desde antiguo la doctrina universal, al paso que el segundo es la manera como se ejecuta o realiza el título. Y en virtud de estos dos fenómenos los particulares pueden adquirir el derecho de dominio sobre las cosas”.
5.3.2. De acuerdo con lo anterior, el derecho real nace de la suma de dos momentos, el primero de ellos, la formación del título que en tratándose de bienes muebles, como es el caso de los automotores, no requiere solemnidad alguna y puede ir contenido en la ley, en un contrato, escrito o verbal, o en un acto administrativo o judicial, los cuales constituyen fuente de obligaciones, y por lo tanto no tienen la virtud, per se, de transferir el derecho real de dominio, como sí la tradición, que es, precisamente, donde se presenta un segundo momento, correspondiente a la verificación del modo, es decir de la tradición, que en relación con los vehículos automotores ha mostrado la evolución normativa y jurisprudencial, que a continuación se expone.
5.3.3. Bajo el imperio del texto original del Decreto-Ley 1344 de 4 de agosto de 1970, se definió el registro nacional automotor y el registro terrestre automotor, en los siguientes términos:
“Artículo 2°: Para la interpretación y aplicación del presente código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
5.3.4. En ese entendido, se consideraba que la inscripción en el registro automotor surtía efectos de publicidad y oponibilidad, pues el legislador no dispuso que con él se surtiera efecto alguno entre las partes sino ante las autoridades y terceros, por lo cual no podría decirse que este constituía el modo de transferir el dominio o propiedad del bien.
5.3.5. Es así, que bajo el Decreto 1344 de 1970 el derecho real de dominio o propiedad se adquiría con la conjunción del título, correspondiente a la ley, el contrato u acto judicial o administrativo traslaticio de dominio, y el modo - tradición, que se efectuaba con la entrega real y material que del bien hiciera el tradente al adquirente, por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 754 de nuestro ordenamiento civil.
5.3.6. Posteriormente, con el Decreto-Ley 2157 de 1970, por medio del cual se dictaron normas sobre el régimen jurídico de los vehículos automotores, se derogaron los Decretos 1255 de 1970 y 2059 de 1970, con entrada en vigencia desde 1º de enero de 1971, se dispuso que los propietarios o poseedores regulares de vehículos automotores terrestres, dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de ese decreto, presentarían al Instituto Nacional de Transportes, directamente o por conducto de las oficinas de tránsito correspondientes, una solicitud para ser incluidos en el inventario nacional automotor y a partir de la vigencia de este decreto todo acto o contrato que implicara tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción de dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre un vehículo automotor terrestre, debía presentarse por los interesados ante las autoridades de tránsito, para que surtiera efectos ante ellas, quienes dejarían constancia de la inscripción en el acto o contrato y darían aviso al instituto nacional del transporte.
5.3.7. Finalmente, frente a la consensualidad de los negocios jurídicos que recaen sobre automotores, en su calidad de bienes muebles, debe anotarse que mediante Decreto-Ley 1255 de 1970, el ejecutivo con facultades extraordinarias, pretendió que se elevara a escritura pública todo acto o contrato que tuviera por objeto la constitución, modificación, extinción o limitación de derechos reales que recayeran sobre ellos, para reputarlo perfecto, y que la tradición se efectuara con la inscripción del título en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no obstante, dadas las dificultares para su implementación, este Decreto fue suspendido mediante el Decreto Ley 3059 del mismo año y derogado mediante el Decreto 2157 de 1970.
5.3.8. En el mismo sentido, se profirió el Decreto-Ley 1250 de 1970 por medio del cual se expidió el estatuto de registro de instrumentos públicos, donde se incluyeron normas que versaban sobre bienes raíces y sobre vehículos automotores terrestres, pero mediante el Decreto 2059 de 1970 se suspendió su aplicación en lo relacionado con los automotores y finalmente mediante el 2157 del mismo año se derogaron estas disposiciones, quedando vigente únicamente en lo relacionado al registro de la propiedad inmobiliaria, razón por la cual el registro de los tan mencionados bienes muebles no podía llevarse mediante la inscripción en el registro de instrumentos públicos, porque esta solemnidad (la escritura pública) frente a los automotores nunca estuvo vigente, por lo cual, no podían aplicarse a estos bienes las disposiciones del Decreto 1250 de 1970, que como su nombre lo indica, estaba dirigido al registro de instrumentos públicos.
5.3.9. Con el Decreto-Ley 1809 de 1990 se introdujeron reformas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre de la época – Decreto Ley 1344 de 1970, y mediante la modificación del artículo 88 se vino establecerse, ya no como mera definición sino como parte del articulado, que el registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él debía inscribirse todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implicara constitución declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtiera efectos ante las autoridades y ante terceros, encargando al Instituto Nacional de Transporte de reglamentar la forma en que funcionaria y se llevaría el registro terrestre automotor.
5.3.10. Con la expedición del Decreto-Ley 1809 de 1990 el legislador tampoco dio efectos de tradir la propiedad al registro de automotores. Por el contrario, la connotación, fuera de la publicidad y oponibilidad del registro, sigue siendo un instrumento de control para las autoridades que por este medio consiguen determinar o individualizar los automotores nacionales que transitan por el territorio y a sus titulares, razón por la cual se estableció que no serían objeto de registro los vehículos y la maquinaria que por sus características no puedan transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público.
5.3.11. En este entendido, la Sala, en reiterada jurisprudencia, al juzgar hechos sucedidos en vigencia de la citada normatividad, sostuvo que
La inscripción de un vehículo y de cualquier acto de disposición sobre el mismo en el registro automotor no es constitutiva de ningún derecho, es declarativa del mismo y por lo tanto, puede ser desvirtuada a través de otros medios probatorios”.
5.3.12. Al respecto, vale la pena referirse a los principios que rigen el valor jurídico de las anotaciones o inscripción en el registro de la propiedad, a saber “declarativo o constitutivo” entendiendo por inscripción declarativa
“aquella que no tiene más efecto que publicar una alteración jurídica (...) que se ha producido en la vida real antes de la inscripción; ella se limita a recoger los elementos jurídicos que dan vida al derecho real, sin añadir un valor especial por sí misma. El derecho real nace y existe fuera del registro, y las inscripciones que en él se practican se refieren a derechos reales ya existentes, razón por la que carece de toda eficacia para el nacimiento, existencia y validez del mismo. La inscripción asume el valor de simple medio exteriorizador o de publicidad de una transferencia o gravamen ya operado en la realidad jurídica, no hace más que declarar un cambio jurídico patrimonial que ha ocurrido fuera del registro”.
5.3.13. Por el contrario, la declaración es constitutiva cuando conlleva el nacimiento del derecho real, es decir, que ella origina la propiedad en cabeza del adquirente, en este sentido el citado autor la define
“la inscripción es constitutiva cuando produce el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales (...). El registro es la institución que de la vida a los derechos reales mediante formas esenciales para el nacimiento de los mismos. La inscripción asume el valor de factor, elemento o requisito indispensable para que el título traslaticio de dominio o constitutivo produzca ese efecto. El asiento no sirve únicamente para exteriorizar la existencia de una transmisión o gravamen, sino que también concurre como un elemento esencial para que el fenómeno traslaticio o constitutivo tenga lugar en la vida jurídica. Es decir, es requisito sine qua non para que se produzca el cambio en el derecho real”.
5.3.14. Entre los Decretos 1344 de 1970 y 1809 de 1990, y con la entrada en vigencia del Código de Comercio – Decreto Ley 410 de 27 de marzo de 1971, que empezó a regir a partir del 1º de enero de 1972, teniendo en cuenta especialmente lo prescrito en el parágrafo del artículo 922, se estableció que la tradición del dominio de los vehículos automotores se hiciera, al igual que la de los inmuebles, mediante la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro, ante el funcionario y en la forma que determinaran las disposiciones legales, requiriendo, además, la entrega material.
5.3.15. Ahora bien, para regular el registro terrestre automotor se expidió la Ley 53 de 1989 que le asignó al Instituto Nacional de Tránsito la labor de adelantar el Inventario Nacional Automotor y la de llevar el Registro Terrestre Automotor, recogiendo en su artículo 6º la definición casi textual presentada por el Decreto 1344 de 1970.
5.3.16. Luego, con la expedición de la Ley 53 de 1989 el legislador definió la institución del registro terrestre automotor sin otorgarle la facultad de tradir la propiedad, sino que solo creó la obligación de inscribir en él todo acto o contrato que implicara tradición, incurriendo con ello en la imprecisión de afirmar que los actos o contratos implican tradición por cuanto ellos solo son el título del cual se deriva la obligación de “dar” mediante la entrega o tradición del bien.
5.3.17. Frente al anterior desarrollo normativo, y con la aplicación del artículo 922 del C. Co., la jurisprudencia presentó diferentes planteamientos, teniendo en cuenta, que ello afectaba el ámbito probatorio del derecho real, para acreditar la legitimación en la causa cuando se alegara la propiedad de automóviles.
“El contrato de compraventa de un vehículo automotor es consensual en el derecho colombiano. Dicho contrato constituye así el título adquisitivo del dominio. Pero como este, por sí solo, no transfiere la propiedad, se requiere la concurrencia de la tradición o modo de adquirir ese derecho, el que para tales muebles no es el ordinario propio de estos (art. 754 del C.C.), sino el especial exigido por el artículo 922 del Código de Comercio.
La prueba del dominio para fines de legitimación puede ser, entonces, la certificación de la oficina de tránsito en la que esté inscrito el automotor; o también la copia autenticada de la matrícula o tarjeta de propiedad; prueba esta que proporciona una gran certeza porque su expedición está precedida, como lo dijo la Corte “de la previa comprobación de su derecho por parte del dueño del vehículo y el cumplimiento de los demás requisitos legales exigidos para expedir el permiso o licencia para que el aparato pueda transitar” (Sentencia de julio 21 de 1971). En otros términos, esa matrícula prueba que la inscripción del título de dominio se efectuó y que se hizo a nombre de la persona que figura en ella”.
5.3.18. Aunque con estos argumentos se evidencia la equivocación al afirmar que la tradición es una obligación de hacer del vendedor, ya que por el contrario ella encarna la obligación de dar que nace del contrato de compraventa en cabeza del vendedor, observa la Sala que la aplicación del artículo 922 del C. Co., se extiende a todos los vehículos automotores sin diferenciar si su título pertenece al ámbito del Derecho civil o comercial,
“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (art. 88 Decreto-Ley 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el Decreto-Ley 1809 de 1990) , para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que esta se expide luego de perfeccionado el registro y por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo establecido en el artículo 87 del Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso”.
5.3.19. En contradicción a esta postura, se interpretó la existencia de una dualidad de regímenes, dependiendo de si se trataba de un negocio civil o comercial. En ese sentido la jurisprudencia dijo
Dicha inscripción debía realizarse, según lo previsto en el Decreto 1344 de 1970, o Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, en las oficinas de tránsito correspondientes y solo verificado ese acto podía expedirse la licencia de tránsito”.
5.3.20. Es decir, que cuando el título que genera la obligación de transferir el dominio configuraba un negocio civil, se aplicaban las formas de tradición contenidas en el citado artículo 754 C.C. En cambio, si el título configuraba un acto mercantil, la tradición debía efectuarse mediante la inscripción en la correspondiente oficina de registro y de conformidad con cada uno de ellos habría de acreditarse la propiedad de los automotores.
5.3.21. Esta discusión se zanja con la entrada en vigencia de la Ley 769 de 2002, que en su artículo 47 establece que para la tradición del dominio de los vehículos automotores, además de su entrega material, debe surtirse su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, la cual debe efectuarse dentro de los 60 días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.
5.3.22. De esta manera se introduce, definitivamente, y sin lugar a dudas, dentro del ordenamiento civil - comercial colombiano, la formalidad de la inscripción en el Registro Terrestre Automotor de los títulos de adquisición de bienes automotores para efectuar la tradición de estos, incluyendo toda maquinaria capaz de desplazarse, los remolques y los semirremolques. De manera que mientras no se lleve a cabo la inscripción en el Registro Nacional Automotor en la correspondiente oficina del Ministerio de Transporte, el derecho de dominio no se habrá transferido por falta del modo, es decir que no habrá tradición.
5.3.23. Debe anotarse que el registro terrestre automotor es un servicio público establecido por el legislador, de conformidad con la facultad constitucional contemplada en el artículo 131 de la Carta Magna, según el cual compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los registradores, de manera que es la ley la encargada de definir y determinar la forma, los fines y los efectos de la inscripción en el registro público, ya sea de automotores o inmobiliario.
5.3.24. En consecuencia, en razón a la formalidad de la inscripción en el registro terrestre automotor, ha de afirmarse que la tradición de un vehículo automotor, cuando sea aplicable la Ley 769 de 2002, solo nace con la inscripción en el Registro Terrestre Automotor y se prueba, entonces, mediante el certificado expedido por la dicha autoridad, donde conste la inscripción y por lo tanto la tradición, asimilándose, entonces, al registro inmobiliario.
5.3.25. Respecto al título, en atención a la consensualidad de los contratos cuyo objeto es un bien automotor, los medios para demostrar su existencia no están supeditados, en principio, a una tarifa legal, por el contrario el Juez puede admitir todos los medios de prueba y valorarlas según su ciencia y conocimiento hasta obtener la acreditación de la existencia del contrato. No ocurre así, con los contratos solemnes, cual es el caso de aquellos que recaen sobre bienes inmuebles, frente a los cuales, el ordenamiento legal ha establecido para su formación y perfeccionamiento el otorgamiento de escritura pública que contenga la voluntad de las partes y los elementos esenciales del negocio, de manera que solo mediante este instrumento podrá probarse la existencia de un contrato cuyo objeto es un bien raíz, así lo estipula el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, que limita la eficacia del testimonio al establecer que este medio probatorio no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato, en concordancia con el 265 ibídem que estatuye que el instrumento público ad substantiam actus no puede suplirse por otra prueba, y el 1760 ibídem que establece que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad.
5.3.26. En conclusión, solo con la Ley 769 de 2002 la institución del registro de vehículos automotores, adquiere la plena calidad de ser constitutivo de la tradición, pues si bien con la entrada en vigencia del Código de Comercio se estableció dicha formalidad, ella no ofrecía claridad, ya que como se mostró generaba la discusión sobre si esta norma se aplicaba únicamente en el tráfico mercantil o si, por el contrario, era extensiva a los actos civiles. Pero en cuanto a la prueba de la propiedad, se concluye que con la entrada en vigencia del Decreto 1809 de 1990, el registro terrestre automotor es la prueba idónea para determinar la propiedad, toda vez que este es el contentivo de todos los datos necesarios para tal efecto y, además, refleja la situación jurídica de los vehículos automotores terrestres.
5.4. Valoración del caso concreto.
5.4.1. En claro lo anterior, la Sala se encuentra ante una inexistencia del daño alegado por el demandante. Ello por cuanto este solo podría configurarse siempre que se acreditare que el bien automotor que fue objeto del supuesto desembargo irregular (por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira) era de propiedad de quien fungía como deudor en el proceso ejecutivo iniciado por el actor, o con mayor precisión el cesionario del derecho litigioso Salvador Reyes Alzate.
5.4.2. Y esto es así y no puede entenderse de otra manera ya que si el bien embargado no pertenecía a quien obraba como ejecutado en el proceso ejecutivo iniciado por Reyes Alzate ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira, fácil es concluir que la decisión de desembargo en nada afectó el patrimonio de quien allá fue demandado y, por contera, tampoco afectó la prenda general de garantía del actor.
5.4.3. Así, una vez se tiene claro que los hechos que motivan este proceso tuvieron ocurrencia con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 769 de 2002, se sigue que la acreditación de la propiedad de los bienes automotores no se constituía con la inscripción del título respectivo en el registro automotor, de modo tal que siendo el acto de remate y adjudicación (con su aprobación) un negocio de carácter civil, su tradición debía verificarse conforme a los dictados del artículo 754 del Código Civil.
5.4.4. De este modo, obra en el expediente copia de la diligencia de remate del vehículo tipo camioneta de platón marca Ford 150, color verde, modelo 1996, de placas PEJ 454, adelantada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira en el expediente 1998-491 de 14 de abril de 2001 donde se resolvió que dicho Juzgado “Adjudica al señor Álvaro Toro Noreña (...) el bien sacado a licitación en la suma de ($ 9.800.000) Nueve Millones Ochocientos Mil Pesos MCTE por cuenta de su crédito y como único postor” (fl. 71, anexo 1), también se cuenta con el auto de 31 de mayo de 2001 mediante el cual el citado despacho judicial resolvió aprobar en todas sus partes la diligencia de remate y adjudicación del vehículo ya descrito al señor Joaquín Álvaro Toro Noreña (fls. 95-96, anexo 1) y, finalmente, obra acta de entrega efectuada por el secuestre del bien mueble a Toro Noreña, diligencia que se surtió el 19 de junio de 2000 (fl. 98, anexo).
5.4.5. Por tanto, no tiene duda la Sala que para el 19 de junio de 2000 el derecho de dominio o propiedad de la camioneta Ford 150, modelo 1996 de placas PEJ 454 se encontraba en cabeza de Álvaro Toro Noreña, pues se contaba con un título traslaticio de dominio (acta de remate y adjudicación y auto aprobatorio) y el modo (tradición, concretada con la entrega material del vehículo).
5.4.6. Siendo este el estado de cosas acreditado en el asunto que ocupa la atención de la Sala, se tiene que para el 31 de agosto de 2000 cuando el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira ofició al Instituto de Tránsito y Transporte de Pereira ordenando la inscripción de la medida de embargo en el registro automotor (fl. 17, c. 2 de pruebas) ya el bien no se encontraba bajo el dominio de Luz Day Cano de López sino de Álvaro Toro Noreña, por lo ya anotado. Por lo tanto, la actuación que posteriormente tuvo lugar, en donde el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira ordenó la cancelación de dicho embargo (previo traslado a las partes dentro del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Quinto Civil Municipal) no hizo más que ratificar el derecho de dominio o propiedad de Toro Noreña sobre el pluricitado rodante (fls. 128-136, anexo 1).
5.4.7. Agréguese a lo ya dicho que en el ejercicio de la actividad jurisdiccional es el primado del derecho sustantivo o material el llamado a orientar la labor de los operadores jurídicos, de modo tal que conforme a dicho ideal regulativo, impuesto por las normas convencionales (artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y constitucionales (artículos 29, 228 y 229), las formas y esquemas procedimentales deben ser, necesariamente, leídas y aplicadas desde dicha perspectiva interpretativa.
5.4.8. Se reitera: en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, la función judicial tiene como cometido fundamental la realización de la justicia material aplicando, por un lado, el derecho sustancial y disponiendo de los medios idóneos y necesarios para la búsqueda de la verdad. Se trata, sin duda, de la institucionalización de un rol proactivo y dinámico del Juez en el contexto de la convencionalidad y constitucionalización del derecho
Justamente, teniendo en consideración esta perspectiva de análisis es que se aprecia la ausencia de daño antijurídico en el sub judice.
5.4.7.(sic) En consecuencia, la Sala encuentra que no existe un daño antijurídico en el presente caso, lo que la lleva a desestimar las pretensiones de la demanda.
5.4.8. Como de esta manera lo vio y decidió el Tribunal debe confirmarse el fallo de primera instancia.
1. CONFIRMAR la sentencia de 4 de noviembre de 2004 dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se desestimaron las pretensiones de la demanda.

References: artículo 73
 artículo 357
 artículo 267
 artículo 754
 artículo 88
 artículo 922
 artículo 6
 artículo 922
 artículo 922
 artículo 922
 artículo 922
 artículo 87
 artículo 754
 artículo 47
 artículo 131
 artículo 232
 artículo 754