Source: https://www.uapfe.com/jornadas-cgpjcscae
Timestamp: 2019-08-20 08:41:03+00:00

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JORNADAS CGPJ-CSCAE — UAPFE
Las Jornadas del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España tienen carácter bienal y tienen como objetivo reflexionar sobre la actualización legislativa relativa a la profesión, así como las responsabilidades profesionales y función pericial de los arquitectos
2019 - XII Tarragona
2017 - XI Cartagena
2015 - X Almería
2013 – IX Zaragoza
2011 – VIII Sevilla
2009 – VII Palma de Mallorca
2007 – VI Granada
2005 – V Logroño
2003 – IV Girona
2000 – III Lanzarote
1994 – II Santiago de Compostela
1989 – I Toledo
Cartagena - 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2017.
CONCLUSIONES XI JORNADAS CGPJ‐CSCAE
1. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos y en especial la mediación suponen un cambio cultural que debe propiciarse desde las Administraciones Públicas, ofreciendo un abanico de vías que permita escoger la más adecuada para cada caso.
La implementación generalizada de las oficinas judiciales significa un impulso a los sistemas alternativos de resolución de conflictos.
2. El voluntariado de emergencias y catástrofes y, particularmente, aquel que por su formación técnica debe adoptar decisiones inmediatas en situaciones de riesgo inminente, tiene derecho legal a contar con un seguro de responsabilidad civil por esa actividad, que garantice además el riesgo de sufrir daños personales y materiales.
Ese derecho debe contemplarse y resolverse en los planes de emergencia y de Protección civil.
3. Estamos inmersos en el mundo digital.
El Ministerio de Justicia ha hecho una apuesta muy importante para modernizar el expediente judicial.
Queda un camino muy largo, en el que uno de los primeros pasos es unificar los sistemas en toda España e incorporar las necesidades de la Magistratura.
4. Las Administraciones Públicas deben asumir su responsabilidad patrimonial como consecuencia de defectos en Planes, Proyectos y Obras Públicas.
5. El planeamiento general tiene que dirigirse a una ordenación estructural con una visión territorial de lo público frente a la actual visión dirigida a la regulación de lo privado.
La complejidad de la tramitación del planeamiento exige una revisión en profundidad de la legislación que simplifique los procesos e integre las diferentes normativas sectoriales.
Sugerir a los legisladores las modificaciones legislativas que permitan la flexibilidad en las sentencias de nulidad en el planeamiento.
6. Se propone la creación de una comisión mixta del CGPJ y el CSCAE para la elaboración de propuestas de mejora del sistema de designación de peritos en procedimientos judiciales.
7. La aplicación de instrumentos y nuevas tecnologías exigen al perito unir al “leal saber y entender” mediciones precisas de los parámetros de habitabilidad.
8. La LOE ha permitido mejorar de forma indiscutible la actividad constructiva, especialmente las garantías a ciudadanos y usuarios. Su completo desarrollo aún permite un considerable margen de mejora. Es imprescindible, no obstante, evitar reformas como la introducida por la Ley 20/2015, que de forma inadvertida, ha cercenado una parte importante de las garantías contempladas inicialmente en la Ley. “Cuidemos la loe para proteger al ciudadano”.
X JORNADAS ALMERÍA
V JORNADAS LOGROÑO
Logroño, 27, 28 y 29 de octubre de 2005
Jornadas sobre Obligaciones y Responsabilidades en el ámbito de la Edificación.
Primera.- Se espera con gran interés la inminente publicación del Código Técnico de la Edificación en la confianza de que, en cumplimiento del mandato legal, definirá objetiva y técnicamente los parámetros de calidad de los edificios, proporcionando así una mayor seguridad jurídica a los usuarios y a todos los sujetos que intervienen en el proceso constructivo. A este respecto, se ha de llamar la atención sobre la necesidad e importancia de contribuir a la divulgación del CTE facilitando el conocimiento y aplicación de su complejo contenido, para lo que se considera imprescindible la elaboración de guías aplicables a distintas tipologías edificatorias (iniciativa ya asumida por el CSCAE por lo que se refiere al uso de vivienda).
1. La Ley de Ordenación de la Edificación configura al constructor como uno de los agentes del proceso edificatorio asignándole unas funciones y exigiéndole las condiciones necesarias para llevar a cabo su actuación de modo eficaz y responsable. Ante la atomización creciente del sistema empresarial de la construcción, resulta de la mayor urgencia proceder a la reglamentación de la capacitación técnica y estructural de las empresas concretando las exigencias enunciadas, pero no definidas, por la Ley para conseguir los niveles de calidad exigibles.
2. En este mismo orden de cosas, el incremento del volumen de riesgo, unido a otros factores tales como la creciente presencia de trabajadores extranjeros en la obra de edificación, hace ineludible la actuación rigurosa de los mecanismos de prevención para evitar la siniestralidad laboral. La actuación penal no puede en modo alguno suplir a la acción preventiva porque el objetivo que a todos nos incumbe es evitar el siniestro.
A este respecto, es preciso también reflexionar sobre las funciones que corresponden a cada uno en el marco de la acción prevencionista, porque la aplicación de la “responsabilidad en cascada” no se corresponde con la realidad del proceso constructivo ni con su regulación legal vigente.
Tercera.- La regulación legal disponible para la ejecución de las sentencias que condenan a reparar los vicios de construcción en los edificios resulta hoy manifiestamente incompleta e ineficiente. Se echa en falta una interpretación armónica con el conjunto del ordenamiento jurídico que permita la aplicación en este ámbito de instituciones ya consolidadas, tales como el establecimiento de un baremo que objetive las indemnizaciones y de procedimientos que faciliten la ejecución de las obligaciones de hacer con métodos de reparación decididos de forma contradictoria y plazos ajustados a la realidad del proceso constructivo. Todo ello para conseguir, con la debida agilidad, la máxima satisfacción del acreedor con el menor perjuicio para el deudor.
Cuarta.- Ante la proliferación y diversidad de la ordenanzas municipales que vienen estableciendo la práctica obligatoria de las Inspecciones Técnicas de los Edificios es preciso resaltar que las ITE’s han de contemplarse, no sólo como un instrumento para la defensa de los intereses privados de los propietarios o para facilitar el ejercicio de las potestades administrativas, sino, ante todo, como un medio necesario y adecuado para proteger el derecho de la colectividad a la conservación del patrimonio arquitectónico urbano, en la medida en que ello repercute de forma directa en la protección de otros derechos e intereses fundamentales.
1. Los Colegios Profesionales deben garantizar que las listas de Peritos que suministran a los órganos judiciales estén integradas por profesionales generalistas con experiencia acreditada y especializados en alguna de las áreas de conocimiento propias de la práctica profesional. Con este fin, las instituciones colegiales impulsarán procesos de formación práctica, tutoría y especialización que avalen la capacitación que la actuación del Perito requiere.
2. Los dictámenes periciales deben ser claros y didácticos, y es necesario que su clave metodológica sea compartida por todo miembro del colectivo profesional que acceda a la función pericial.
IV JORNADAS GIRONA
Girona, 6, 7 y 8 de noviembre 2003
Jornadas sobre JUSTICIA, APLICACIÓN DE LA L.E.C. Y LA L.O.E.
Además de las conclusiones contenidas en las enriquecedoras ponencias y comunicaciones presentadas en las IV Jornadas sobre aplicación de la L.E.C. y la L.O.E., organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, celebradas en Girona del 6 al 8 de Noviembre de 2003, se estima especialmente necesario poner de manifiesto el sincero y general compromiso de los intervinientes, surgido del intercambio de ideas y experiencias, tendente a reforzar la autoridad y eficacia de la Justicia.
Para ello, a modo de propuestas, se ofrecen las siguientes conclusiones:
En relación con la L.E.C:
1. Se considera del máximo interés para una tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, la regulación exigente de la pericia como medioprobatorio especialmente relevante por las razones de ciencia que auxilian a los órganos judiciales; estimando que deben habilitarse los mecanismos de regulación y formación de quienes, a partir de la titulación oficial, deban alcanzar la condición de expertos peritos con las exigencias similares a las que se producen en el resto de países de la U.E.
2. Debe concluirse que la objetividad y profesionalidad de los peritos es consecuencia de su preparación técnica y deontológica y garantía de credibilidad, afirmando el compromiso de esforzarse en su continua exigencia.
3. Las listas que los Colegios de Arquitectos vienen obligados a remitir anualmente a los órganos judiciales, deberían responder a criterios de especialización y experiencia, alcanzadas a través de la formación y la iniciación práctica tutelada sobre las distintas materias objeto de la pericia.
4. Se somete a la consideración del CGPJ y del CSCAE la conveniencia de colaborar en la regulación de las condiciones de prestación de la pericia arquitectónica al servicio de una más satisfactoria oferta de justicia, que necesariamente debe incluir la programación periódica de actividades formativas con intervenciones multidisciplinares de interés común.
5. Sería conveniente que los órganos e instituciones competentes asumieran la necesidad de mantener actualizados los conocimientos de los miembros de la judicatura para la evaluación de los avances técnicos que se van produciendo en el desarrollo de los dictámenes periciales.
En relación con la L.O.E.:
En cuanto a la valoración que merece la incidencia real de la L.O.E. en el cuarto año desde su entrada en vigor, los participantes en las jornadas comparten las siguientes conclusiones básicas:
1. la debida eficacia del sistema de garantías que la L.O.E. introduce en el sector edificatorio como uno de sus objetivos primordiales, exige completar de modo inmediato, al menos por lo que se refiere a la vivienda, la obligatoriedad de los seguros de daños extendiéndola también al periodo de responsabilidad trienal referente a los requisitos de habitabilidad.
2. La puesta en marcha de iniciativas y medidas dirigidas a asegurar la debida formación técnica y cualificación profesional del constructor y de los jefes de obra, en desarrollo del artículo 11-2 de la L.O.E., es también un objetivo prioritario y del máximo interés en orden a la consolidación de los objetivos de calidad propuestos.
3. El Código Técnico de la Edificación es una pieza esencial del nuevo sistema normativo creado por la L.O.E. y, como tal, imprescindible para la plena vigencia del mismo. El retraso que viene produciéndose en su aprobación puede justificarse por la misma dificultad de obtener una norma que reúna y sustituya de modo preciso, actualizado y compatible el complejo entramado de la normativa técnica que hoy regula el sector edificatorio. En todo caso, es imprescindible que el CTE, en su calidad de disposición reglamentaria de desarrollo y ejecución de la L.O.E., responda con claridad al mandato del legislador y, a este respecto, reviste una importancia decisiva que el establecimiento de las exigencias básicas de calidad se concrete en parámetros específicos de orden cuantitativo, evitando el grave riesgo de confusión e inseguridad jurídica que, en otro caso, se derivaría con deterioro del objetivo de garantía de calidad que la ley pretende.
4. Así mismo se considera inaplazable y de primordial importancia afrontar la modificación del Código Civil con el fin de adecuarlo y armonizarlo tras la importante reforma legislativa que la L.O.E. ha supuesto para el sector de la edificación.
III JORNADAS LANZAROTE
Lanzarote, 25, 26 y 27 de mayo de 2.000
Jornadas sobre Ley 38/1999, de 5 de Noviembre de ordenación de la edificación y su desarrollo
Como resumen de las distintas ponencias, comunicaciones e intervenciones, producidas en el curso del III Encuentro de Jueces, Magistrados y Arquitectos, coorganizado por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, se establecen las siguientes conclusiones:
La Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), ha venido a satisfacer una antigua aspiración que ambos estamentos venían poniendo de manifiesto en sus anteriores reuniones de Toledo (1989) y Santiago de Compostela(1994). Con independencia de la mayor o menor satisfacción que pueda producir la corrección técnica de su contenido, es evidente que la LOE merece una valoración positiva en cuanto propicia una garantía efectiva de los derechos de los usuarios y de los intervinientes en el proceso edificatorio, y establece las condiciones básicas para un verdadero fomento de la calidad de los edificios.
En particular, merece especial mención la concreción del sistema de obligaciones y responsabilidades de cada uno de los intervinientes, consecuencia de la clara definición de las funciones respectivas de los mismos, incluida la identificación, por primera vez, del promotor en su función esencial de garante de la calidad del producto final.
Igualmente, ha de destacarse como muy positiva la determinación de la distinta naturaleza de los vicios y defectos causantes de daños materiales de los edificios en su relación con el sistema legal de garantías, posibilitando así el aseguramiento obligatorio de las correspondientes responsabilidades en condiciones económicamente asumibles.
Estos mismos elementos, unidos al principio de individualización de la responsabilidades que la LOE consagra, favorecen la posibilidad de alcanzar mecanismos de carácter extrajudicial o arbitral para la resolución de conflictos, lo que resulta sumamente deseable potenciar mediante la acción coordinada de todas las instituciones implicadas, incluyendo las necesarias modificaciones legislativas.
En cuanto a las imperfecciones técnicas, cabe lamentar ante todo que el legislador no haya conseguido una adecuada conexión entre el nuevo sistema legal de acciones y responsabilidades y el obsoleto régimen tradicional del contrato de obra según el Código Civil (CC). En especial, destaca a estos efectos la omisión de una derogación expresa del artículo 1591 CC, dando lugar a una indeseable inseguridad jurídica hasta tanto se produzca la necesaria doctrina jurisprudencial. En todo caso, se considera indispensable que el citado artículo, cuando resulte aplicable, se interprete con arreglo a los principios inspiradores de la nueva regulación legal por ser los adecuados a la realidad social de nuestro tiempo y representar la voluntad actual del legislador acerca del hecho constructivo.
Para la plena eficacia del nuevo régimen legal, se considera imprescindible y de especial urgencia:
- La extensión del seguro obligatorio a los restantes defectos distintos de los de la ruina estricta, y en particular a los vicios de habitabilidad sujetos a la responsabilidad trienal.
- La determinación de las titulaciones o capacitación profesional que precisa la empresa constructora, según expresamente prevé la Ley.
- Que el Código Técnico de la Edificación se publique dentro del plazo concedido por la Ley y que reúna, armonice y actualice de modo sistemático todas las normas que determinen el cumplimiento de los requisitos de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de los edificios, con independencia de los ámbitos sectoriales de los que dichas normas procedan.
Por otra parte, la especial trascendencia del informe pericial en los procesos que versen sobre vicios constructivos en aplicación de la L.O.E. requiere una regulación adecuada, hoy inexistente, del procedimiento de selección de los peritos, de forma que asegure su cualificación técnica especializada según la compleja realidad del proceso constructivo y garantice que su actuación se produzca con la máxima calidad y la debida objetividad.
A tal efecto y de conformidad con lo previsto en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, se considera indispensable que el Consejo General del Poder Judicial, junto con las Organizaciones Profesionales interesadas, establezca los criterios de actuación que permitan conseguir los expresados objetivos.
Jornadas sobre La Función Pericial de los Arquitectos al servicio de la Administración de Justicia.
Toledo, Abril de 1.989
1. La regulación del procedimiento en materia de prueba pericial es inadecuada y dilatoria.
2. Se considera conveniente la modificación de las Leyes procesales especialmente en los siguientes extremos:
2.1. Autorización de la prueba pericial anticipada, sola o con la de reconocimiento judicial, cuando el objeto de la misma pueda perecer o mutarse sustancialmente.
2.2. Forma de designación y limitación del número de peritos intervinientes con el fin de agilizar los trámites y lograr una mayor objetividad.
2.3. Criterios de elaboración del dictamen adecuándolos a las necesidades del asunto litigioso, autorizando al juzgador a delimitar su objeto según las pretensiones de las partes con el asesoramiento del perito forense.
2.4. Incrementar las facultades judiciales para adecuar los plazos probatorios en función de la complejidad de la pericia.
2.5. Ampliar las posibilidades de composición en la comparecencia del artículo 691 LEC con aplicación a otros procedimientos distintos del de menor cuantía.
3. Preocupa la escasa atención a los principios de oralidad e inmediación en la práctica de la prueba pericial.
4. Se estima necesario regular nuevos modos de retribución de los peritos, entre los que se aportan los siguientes:
4.1 Consignación de fondos en las Secretarías de los órganos judiciales a cargo de la Administración.
4.2. Constitución en las Secretarías de un depósito previo por los contendientes.
4.3. Creación en los Colegios profesionales de un fondo para la retribución inicial, sin perjuicio de la reclamación posterior a quien corresponda.
4.4. Autorización a los peritos para deducir en su declaración de renta los honorarios devengados justificados mediante certificado expedido por el órgano judicial.
5. Deben establecerse criterios de aptitud, idoneidad y perfeccionamiento de los peritos.
6. Debe revitalizarse la figura del arquitecto forense con las siguientes condiciones:
6.1. Facilidad de acceso por cada órgano judicial.
6.2. Mantenimiento de su actividad profesional independiente sin perjuicio de las incompatibilidades.
6.3. Acreditación de un tiempo mínimo de ejercicio profesional que garantice su idoneidad.
6.4. Mecanismos de control colegial y del Ministerio de Justicia en la selección, formación y actividad.
7. Deben regularse modos de pericia extraprocesal que limiten el acceso directo a los Tribunales de conflictos que dependan directamente del informe técnico, con las siguientes particularidades:
7.1. Que afecten a conflictos entre particulares.
7.2. Que tengan carácter obligatorio.
7.3. Que queden sometidos eventualmente al control judicial.
1. El perito ha de saber expresarse en un lenguaje claramente comprensible para el Juez, y evitar la «jerga» profesional y los tecnicismos difíciles de entender.
2. Es muy importante evitar que se especialice a los arquitectos en hacer «sólo» de peritos forenses, ya que con ello se perdería lo más esencial, que es un conocimiento práctico de la realidad del ejercicio profesional.
3. Es necesaria la formación de peritos cualificados en campos diversos, como urbanismo, construcción, estructuras, instalaciones, servidumbres y Derecho civil, etc.
4. Los Colegios son el instrumento idóneo para fijar los criterios de selección, seleccionar, preparar y designar a los peritos forenses requeridos por los Tribunales.
II. EN MATERIA DE EDIFICACIÓN
1. El perito arquitecto es la figura más cualificada para ayudar a discernir el carácter de un vicio de construcción y señalar su posible carácter de ruinógeno. También el perito arquitecto es la figura más cualificada para discernir si un vicio es de construcción o de dirección.
2. Debe reivindicarse una clara distribución de responsabilidades entre todos los sujetos que participan con alguna facultatividad en la obra y en el proyecto, evitándose, en lo posible, la responsabilidad solidaria. También debe reivindicarse una gradación lógica de los plazos de responsabilidad y unos seguros obligatorios para todos los sujetos intervinientes.
3. Debe exigirse la tecnificación obligatoria del constructor y la regulación de sus intervenciones en función de sus capacidades técnicas, económicas y de medios humanos y materiales.
4. Debe exigirse un adecuado mantenimiento del edificio y la creación de los «técnicos de mantenimiento».
5. Debe exigirse la existencia de un mayor número de materiales homologados, normas de homologación de materiales y controles de calidad en obra.
6. Lo expuesto en estas últimas conclusiones nos lleva a reivindicar la necesidad de que se promulgue la anunciada «Ley de Ordenación de la Edificación».
III. EN MATERIA DE URBANISMO
1. Debe mejorarse considerablemente la calidad del planeamiento en aspectos que a muchos arquitectos-urbanistas pueden parecerles meramente formales, como, por ejemplo, las Normas y Ordenanzas, los Estudios Económicos, etc.
2. Para hacer eficaz la gestión urbanística, la Ley debe exigir la tecnificación de los Ayuntamientos y, en su caso, la agrupación de éstos en cuanto a sus servicios técnicos. La comarca ha de servir para que cualquier Ayuntamiento, por pequeño que sea, disponga de Asesores Jurídicos en diversas especialidades del Derecho, arquitectos, fundamentalmente urbanistas, ingenieros, economistas, etc. Necesitamos unas Administraciones con una economía saneada y una capacidad gestora real.
3. Para poder garantizar una mayor eficacia en materia de disciplina urbanística debe conseguirse una agilización de las licencias de obras (otorgables entre cuarenta y ocho horas y una semana, si se dispone de medios adecuados), sin superar en ningún caso el plazo de dos meses que la Ley establece.
4. Para evitar la pluralidad de criterios valorativos y garantizar la equidad, es necesaria, en los bienes inmuebles, una adecuación contínua y permanente de los valores fiscales a los de mercado. La valoración del suelo debe fijarse en función de los valores de mercado. Las valoraciones objetivas y por coeficientes han sido un fracaso en todos los países en que se han intentado imponer.
I. Se estima que el peritaje forense y el asesoramiento técnico a la Administración de Justicia que compete a los arquitectos no justifica una organización bajo régimen funcionarial, y ello principalmente porque es inexcusable que los peritos se mantengan en el ejercicio habitual de la Arquitectura y el Urbanismo, fuente primordial de la experiencia profesional que esta función requiere.
II. Sin perjuicio de los restantes medios auxiliares a disposición de los órganos jurisdiccionales conforme a las disposiciones orgánicas y procesales, la institución colegial es un cauce especialmente idóneo para proveer a la asistencia pericial y de asesoramiento técnico de la Justicia. Los Colegios de Arquitectos, desde su creación en 1931 y conforme a sus Estatutos, recogieron y mantienen la prestación de este servicio en continuidad con lo dispuesto por la Orden de 8 de julio de 1909, todavía vigente.
No obstante, la crecienteintervención delos arquitectos en las funciones forenses, Junto con la notable diversificación y complejidad de las materias objeto de las mismas, demandan con urgencia una revisión de dicho marco normativo.
Ello, por otra parte, constituye un imperativo en orden a la satisfacción de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a obtener un proceso con utilización de todos los medios de prueba pertinentes, y se orienta al cumplimiento de la previsión de la Ley Orgánica del Poder Judicial de que otros técnicos puedan servir a la Administración de Justicia, garantizando y potenciando la estructura del personal al servicio de los Órganos jurisdiccionales y su cada vez más necesaria especialización.
III. Sobre estos principios se considera justificado urgir la promulgación de una disposición reglamentaria de rango suficiente que regule el servicio forense de arquitectos, con arreglo a las siguientes bases:
1. El servicio forense de arquitectos estará a cargo de los Colegios de Arquitectos, que, a este fin, constituirán las correspondientes Agrupaciones para la mejor colaboración con la Administración de Justicia.
2. El acceso a las Agrupaciones de Arquitectos forenses, de carácter voluntario, se producirá atendiendo a requisitos objetivos y preestablecidos de idoneidad referentes a la experiencia y cualificación técnica y jurídica precisas.
3. Los Colegios y sus Agrupaciones velarán especialmente por la observancia de las incompatibilidades legales y deontológicas que afectan a la función pericial. Asimismo cuidarán de la formación permanente de sus miembros, en colaboración con las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura y con la Administración de Justicia.
4. Las listas de arquitectos forenses, debidamente actualizadas y con especificación de las especialidades, estarán a disposición de los Órganos jurisdiccionales de la demarcación y de los Colegios de Abogados y Procuradores. Con arreglo a las mismas, las Agrupaciones efectuarán las designaciones que se les requieran judicialmente.
5. Los honorarios devengados por los arquitectos forenses se ajustarán a las tarifas en vigor, debiendo establecerse la adecuada provisión de fondos y el inmediato resarcimiento de los gastos suplidos.
6. La Unión de las Agrupaciones de Arquitectos Forenses de los distintos Colegios asumirá funciones de coordinación y representación nacional e internacional de las mismas, así como de seguimiento estadístico de su funcionamiento.
IV. La ponencia elaborará un texto articulado de disposición normativa para la regulación del servicio forense de arquitectos que se someterá de inmediato al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España para que consideren la formulación de la oportuna propuesta.
II Jornadas Santiago de Compostela
I Jornadas Toledo

References: resolución 
 resolución 
 artículo 11
 resolución 
 artículo 1591
 artículo 691