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Timestamp: 2018-06-19 23:48:01+00:00

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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74 de la CPEUM, y 50. Y 21 de la Ley de Planeación – Diputado Ricardo Mejía Berdeja
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74 de la CPEUM, y 50. Y 21 de la Ley de Planeación
By jimena mx | abril 29, 2014 | Iniciativa, LXII Legislatura | No Comments
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 5O. Y 21 DE LA LEY DE PLANEACIÓN, A CARGO DE RICARDO MONREAL ÁVILA Y SUSCRITA POR RICARDO MEJÍA BERDEJA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
Los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 74, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículo 5o. y 21o. de la Ley de Planeación al tenor de la siguiente
A finales del año pasado, en el contexto de la reforma política, fue otorgada a la Cámara de Diputados la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo dentro de estas modificaciones, se dejaron vacíos que dificultan la correcta aplicación de dicho documento; y se mantuvieron fallas históricas en su implementación, como los tiempos en que debe ser elaborado y presentado, lo cual se complicará aún más con la necesidad de ser aprobado por la Cámara de Diputados. Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo enmendar estos errores.
El primer PND presentado de manera oficial fue el de Miguel de la Madrid para el periodo 1983-1988, a partir de entonces, cada gobierno está obligado a publicar, al inicio del sexenio, el Plan Nacional de Desarrollo, a más tardar el último día de mayo de su primer año de gobierno. Cinco administraciones han pasado desde entonces y de todos los planes que se han presentado, no hay uno solo que haya trascendido.
El documento presentado por Enrique Peña Nieto en mayo pasado, parece continuar por el mismo camino, pues contiene sólo generalidades. Para muestra un botón: toda la estrategia económica del sexenio, denominada México próspero, se resume en 12 páginas. Aunado a ello, sólo unos cuantos de los planes sectoriales que le dan sustancia al PND se han publicado, el resto se empezarán a dar a conocer en los próximos meses, cuando el sexenio ya tiene más de un año cumplido.
Estas situaciones no ocurrirían si existieran mecanismos que dieran a la planeación del desarrollo verdadera capacidad de influencia en las acciones del estado.
El problema de fondo en todos ellos ha sido el marco normativo, el cual permite al Ejecutivo archivar en el olvido el documento y no saber de él durante los seis años de gobierno, pues no existen mecanismos de evaluación para su elaboración ni para su implementación.
La enorme complejidad inherente a las problemáticas económicas y sociales de nuestro país, requiere de directrices claras, medibles y alcanzables que guíen las políticas públicas que buscan atenderla, no retórica y objetivos demasiado generales.
Soslayar la planeación del progreso nacional como se ha hecho desde hace décadas, es un craso error para la administración pública. El Plan Nacional de Desarrollo debe dejar de ser una lista de buenas intenciones para convertirse en la carta de navegación del Estado mexicano; no puede seguir siendo un mero discurso político, sino que debe constituir una herramienta útil a los propósitos del gobierno.
No debe olvidarse que el PND es, al menos en la teoría, el documento rector del Ejecutivo federal mexicano, en el que se plantean sus objetivos de gobierno, las estrategias para lograrlos, así como las prioridades y programas a emprender durante la administración para el desarrollo integral y sustentable del país.
La Constitución asigna al estado la rectoría del desarrollo nacional. Por su parte, la Ley de Planeación además de las características ya mencionadas, establece que el plan debe buscar un desarrollo que fortalezca tanto la soberanía como la democracia; y que a través del fomento al crecimiento económico y al empleo, mejore la equidad social y el bienestar de los mexicanos.
Dicha ley estipula que el PND contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas.
No obstante que la Ley de Planeación establece la observancia y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión, esto es en los hechos letra muerta, por lo que en Movimiento Ciudadano expresamos la necesidad de modificar la Constitución y la Ley de Planeación en los artículos 5o. y 21o. de dicha ley para que el presidente de la República remita el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión para su examen y su posterior aprobación, con el propósito de que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formule, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del plan.
Con esto se busca ir más allá, para que el Congreso de la Unión dé seguimiento puntual a las metas que en él se planteen. Y es que resulta un disparate que sin haberse publicado el Plan Nacional de Desarrollo, se hayan aprobado reformas de hondo calado para nuestro país en diversas materias como la laboral, educativa, energética y de telecomunicaciones entre otras. No tiene sentido una legislación de la cual no se conocen los lineamientos que la guíen, por lo que se hace necesario reformar el proceso de planeación en nuestro país, para que ésta en verdad impacte en el desarrollo del país.
Es pertinente, señalar que el PND 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas en mayo del año pasado, presenta un desfase de seis meses de la toma de protesta del titular del Ejecutivo, y de nueve meses del inicio de la nueva legislatura del Congreso de la Unión, por lo que es necesario modificar el diseño constitucional del plan, partiendo de las etapas de construcción de este documento.
En el mismo sentido, este dislocación que en la realidad existe entre las líneas de acción del plan y las políticas públicas con presupuesto asignado que realiza la federación. Es decir que hay una separación entre el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Plan Nacional de Desarrollo. Y éste transitar por caminos separados resulta costoso para el país.
Se requiere que el plan pase de ser un instrumento orientador, a un ordenamiento jurídico con fuerza legal y presupuestaria; para ello el Plan Nacional de Desarrollo debe ser aprobado y constantemente evaluado por el Congreso de la Unión.
Proponemos una reforma constitucional y a la Ley de Planeación, para modificar dichos plazos y hacerlos coincidentes con las fechas electorales. Además, la plataforma electoral que al registro de la candidatura a presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presente el partido político o coalición que haya ganado la elección debe ser el documento base del Plan Nacional de Desarrollo.
La consulta ciudadana para la elaboración del plan debe iniciar dos días después de la fecha en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique de manera definitiva la elección de presidente, y deberá concluir a más tardar a los dos meses siguientes.
El Plan Nacional de Desarrollo deberá ser entregado, para su aprobación, al Congreso de la Unión, en la toma de protesta del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el primero de octubre del año de la elección, y el Congreso deberá aprobarlo o rechazarlo, a más tardar el 31 del mismo mes.
En el caso de las dependencias de la administración pública federal y los organismos independientes, su anteproyecto debe cumplir con los lineamientos específicos que publica tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Plan Nacional de Desarrollo.
El estado no puede por sí mismo generar las dinámicas para un mejor desarrollo del país, sin embargo, si asume su papel rector que le corresponde, propiciará más compromiso entre los demás actores para que abonen a dicho desarrollo.
Es por ello que resulta oportuno dar capacidad de aprobar el plan al Congreso de la Unión, sin embargo, la reforma se queda corta, pues establece que de no pronunciarse se dará por aprobado el documento.
Se requiere sujetar la aprobación del PND a su evaluación previa por el Congreso, así como permitirle dar seguimiento posterior al cumplimiento de los objetivos establecidos en el documento; esto servirá como un ejercicio de rendición de cuentas, de contrapesos entre los poderes de la Unión, y ayudará a que el gobierno mexicano deje de navegar a ciegas. No se puede llegar a buen destino si no se tiene claro cuál es.
Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración del pleno el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 74, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5o. y 21o. de la Ley de Planeación
Primero. Se reforma el tercer párrafo del artículo 74, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
VII. La Cámara de Diputados deberá aprobar, previa revisión, el Plan Nacional de Desarrollo, en el plazo que disponga la ley. Asimismo, deberá realizar evaluación y seguimiento constante al cumplimiento de los objetivos planteados en el plan.
El Plan Nacional de Desarrollo deberá ser entregado, para su aprobación, a la Cámara de Diputados en la toma de protesta del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el primero de octubre del año de la elección, y deberá aprobarlo o rechazarlo, a más tardar el 31 del mismo mes.
VII. La Cámara de Diputados deberá aprobar previa revisión el Plan Nacional de Desarrollo, en el plazo que disponga la ley. Asimismo, deberá realizar evaluación y seguimiento constante al cumplimiento de los objetivos planteados en el plan.
Segundo. Se reforman los artículos quinto y veintiuno de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:
Artículo 5o. El presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión para su examen y aprobación . En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.
Artículo 21. El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
La plataforma electoral que al registro de la candidatura a presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presente el partido político o coalición que haya ganado la elección debe ser el documento base del Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
El presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión para su examen y aprobación . En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.
El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
La consulta ciudadana para la elaboración del plan, debe iniciar dos días después de la fecha en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique de manera definitiva la elección de presidente, y deberá concluir a más tardar a los dos meses siguientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.

References: artículo 6
 artículo 74
 artículo 5
 artículo 74
 artículo 74

Artículo 5

Artículo 21