Source: https://www.slideshare.net/abidandaniel/lectura-03
Timestamp: 2018-05-22 14:09:09+00:00

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1. J. JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ / JUAN CARLOS SILVA ADAYA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS México, 2002
2. Primera edición: 1990 Segunda edición: 1994 Tercera edición: marzo, 2002 ISBN: 970-644-240-5 © Comisión Nacional de los Derechos Humanos Periférico Sur 3469, esquina Luis Cabrera, Col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10200, México, D.F. Diseño de portada: Flavio López Alcocer Impreso en México
3. CONTENIDO INTRODUCCIÓN ........................................................... 7 I. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? ............... 9 II. DERECHOS INDIVIDUALES (CIVILES Y POLÍTICOS) ........................................... A.Derechos o garantías de igualdad ............................. B. Derechos o garantías de libertad .............................. C. Derechos o garantías de seguridad jurídica .............. D.Derechos políticos ................................................... 15 15 19 25 44 III. DERECHOS SOCIALES ........................................... A.Derecho a la educación ............................................ B. Derechos agrarios .................................................... C. Derechos laborales ................................................... D.Derechos de la seguridad social ............................... E. Derechos de la familia y el menor ............................ F. Derecho a la protección de la salud .......................... G.Derecho a la vivienda ............................................... H.Derechos de carácter económico .............................. 49 49 52 55 61 62 64 64 65 IV. DERECHOS DE LOS PUEBLOS O NACIONES ..... A.Derecho a la paz ....................................................... B. Soberanía nacional ................................................... C. Autodeterminación de los pueblos ........................... D.Solidaridad internacional ......................................... E. Preservación de los recursos naturales ..................... 71 71 72 73 74 74 [5]
4. 6 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS F. Asentamientos humanos .......................................... G.Protección del medio ambiente ................................ H.Carácter único e indivisible de la nación mexicana, cuya composición pluricultural se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas ................... I. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas .. V.SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ............................. A.Medios jurisdiccionales de protección ..................... 1. Juicio de amparo .................................................. 2. Acción de inconstitucionalidad ............................ 3. Medios de impugnación en materia electoral ....... B. Medios no jurisdiccionales de protección ................ 1. Comisión Nacional de los Derechos Humanos .... 2. Organismos de protección de los Derechos Humanos en las Entidades Federativas ................ 75 76 77 78 85 86 86 86 87 87 87 89
5. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 7 INTRODUCCIÓN El presente trabajo tiene por objeto explicar, en forma sencilla y clara, los principales Derechos Humanos de los mexicanos, incluso, de todos los individuos que se encuentran en nuestro país. Para el efecto, se tiene en cuenta básicamente la forma como esos Derechos Humanos se encuentran establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien se tiene presente lo previsto en diversos instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos suscritos y ratificados por México. Los Derechos Humanos, según una caracterización ampliamente compartida, pertenecen a todas las personas por el solo hecho de ser tales, con independencia de su origen étnico, color, nacionalidad, religión, sexo, condición social, estado civil, opinión política o cualquier otra condición; son consustanciales a la naturaleza humana, de modo que son imprescindibles para llevar una vida digna y auténticamente humana. Más aún, la plena vigencia y respeto de los derechos inherentes a la persona constituye un elemento fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho. Su consagración en diversos instrumentos internacionales y en nuestro ordenamiento constitucional en vigor es resultado de la evolución universal y de la lucha del pueblo mexicano por su libertad y para alcanzar fórmulas óptimas de convivencia. De ahí la importancia de conocer el contenido y alcance de los Derechos Humanos, como un prerrequisito para ejercerlos y hacerlos valer ante los órganos competentes. Si bien los principales obligados son las autoridades y los servidores públicos, todos [7]
6. 8 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (iglesias, partidos políticos, empresas, sindicatos, comunidades indígenas, padres, educadores y, en general, cualquier individuo) debemos respetar los Derechos Humanos y promover su plena realización. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere su propia Ley Orgánica, como parte de una permanente campaña de comprensión y promoción de tales derechos, auspicia la presente publicación, la cual ha sido revisada y actualizada hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 14 de agosto de 2001. Lo anterior, con la convicción de que el pleno respeto de los Derechos Humanos depende, en gran medida, no sólo de la firmeza en la protección ante su eventual violación sino de fomentar cotidiana e intensamente su conocimiento y difusión; es decir, de forjar y practicar una cultura de respeto a la dignidad del ser humano. ¿Sabes cuáles son tus Derechos Humanos? Si no lo sabes, ¿de qué sirve que los tengas y cómo puedes exigir que se te respeten? ¡CONÓCELOS! Esta obra te los muestra.
7. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 9 I. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? Los Derechos Humanos como su nombre lo indica son todos aquellos derechos que tiene cada hombre o mujer por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive. Los titulares de estos derechos son todos los seres humanos: tanto las mujeres como los hombres; los niños como los ancianos; los nacionales como los extranjeros; los indígenas como los mestizos; los negros como los blancos; los que hablan castellano como los que hablan náhuatl o cualquier otro idioma, lengua o dialecto; los católicos como los musulmanes o quienes profesan otra religión y los ateos; los obreros como los artistas; los ricos como los pobres; los discapacitados como las demás personas. Todos tenemos Derechos Humanos. Los Derechos Humanos son un factor indispensable para que nos desarrollemos, en todos los planos de nuestra vida, de manera individual y como miembros de la sociedad. Sin estos derechos es imposible vivir como ser humano. La importancia de los Derechos Humanos radica en su finalidad de proteger principalmente la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de cada ser humano. Una de las más grandes conquistas de la humanidad ha sido la consagración de los Derechos Humanos en declaraciones y pactos internacionales, al igual que el pueblo mexicano lo ha hecho, en particular, a través de las diversas Constituciones que nos han regido, ya que su reconocimiento jurídico proporciona los medios para su protección efectiva frente a eventuales violaciones. [9]
8. 10 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una de las principales instituciones públicas encargadas de la protección y promoción de los Derechos Humanos en México. En el artículo 6o. de su Reglamento Interno se establece que: Los Derechos Humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son los que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Para poder disfrutar, respetar y defender los Derechos Humanos propios y de los demás es importante y necesario conocerlos. Todos, al igual que las autoridades, debemos respetarlos. Así, las autoridades y los empleados del gobierno federal y de cada uno de los 31 Estados y del Distrito Federal, así como los de los municipios, están obligados a respetar y proteger los Derechos Humanos contenidos en la Constitución, los tratados internacionales y demás leyes. México, junto con otros países, ha participado en la elaboración de instrumentos internacionales para que, en todo el mundo, se respeten los Derechos Humanos. Estos instrumentos son obligatorios para los países que, como partes, los firman y, en su caso, ratifican, los cuales se llaman declaraciones, pactos, tratados, convenciones o convenios. Es importante señalar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 constitucional, los tratados internacionales que estén de acuerdo con la propia Constitución y hayan sido celebrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, son también Ley Suprema en nuestro país, por lo que todos los habitantes de México tenemos derecho a gozar y disfrutar de los Derechos Humanos contenidos en los tratados internacionales respectivos. Los cinco instrumentos internacionales más importantes son: 1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, de 1966; 2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, de 1966; 3. Convención Americana
9. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 11 sobre Derechos Humanos de la OEA, de 1969; 4. Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, de 1989, y 5. Convenio de la OTI número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de 1989. Los tres primeros fueron ratificados por México en 1981, año en el cual también entraron en vigor en nuestro país; el cuarto, fue ratificado en 1990 y entró en vigor en 1991, y el último de los señalados fue ratificado en 1990 y entró en vigor en ese mismo año. En la Constitución, los Derechos Humanos están previstos principalmente en el capítulo llamado De las Garantías Individuales. Se puede decir que la garantía individual es la medida jurídica bajo la cual el Estado reconoce y protege un derecho humano. Algunos tratadistas distinguen entre los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos o medios procesales que los protegen, considerando que tales instrumentos son estrictamente la garantía de los derechos (como es el caso del juicio de amparo), por lo que sostienen que el término garantía se debe reservar para los instrumentos procesales protectores de los Derechos Humanos y no para referirse a los derechos en sí. Sin embargo, estas distinciones tienen un carácter técnico, ya que en la práctica y en el lenguaje común la gente (incluso los abogados) identifica derecho humano y garantía individual (o garantía social), razón por la cual (aun cuando técnicamente procedan tales distinciones) en este trabajo de divulgación se les considera como sinónimos. En ciertos casos, se han establecido una serie de condiciones, requisitos o garantías orgánicas o institucionales para los órganos del poder público, los cuales resultan relevantes cuando tales órganos tienen encomendadas ciertas atribuciones relacionadas con la promoción, defensa u observancia de los Derechos Humanos. Dichos elementos o garantías tienen por objeto asegurar óptimas condiciones para el adecuado cumplimiento de sus funciones públicas. Algunas de estas garantías institucionales también son abordadas a lo largo del presente documento, porque en forma indirecta se traducen en ciertos derechos para el particular, fundamentalmente en cuanto a la promoción o protección de
10. 12 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS los Derechos Humanos; piénsese, por ejemplo, en algunos elementos relacionados con la procuración y administración de justicia, el ejercicio y defensa de los derechos políticos, así como en las materias agraria, económica (propiedad, rectoría del Estado, régimen de economía mixta, sistema nacional de planeación democrática, libre competencia y banca central), la educación, los derechos de las comunidades indígenas y el trabajo. A efecto de analizar los Derechos Humanos de los mexicanos, se clasificarán según se trate de los derechos individuales (civiles y políticos), los derechos sociales y los derechos de los pueblos o naciones (cabe señalar que, cuando en este trabajo no se indique el ordenamiento al que pertenece determinado artículo, se entenderá que corresponde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor).  Derechos individuales (civiles y políticos): el titular de los derechos civiles es básicamente el individuo y, en el caso de los políticos, el ciudadano. En general, se conocen, respectivamente, como garantías individuales o prerrogativas de los ciudadanos. Estos derechos han sido incorporados en casi todos los ordenamientos constitucionales que nos han regido desde el siglo XIX a la fecha. Los derechos civiles están contenidos principalmente en los primeros 29 artículos de la Constitución de 1917, como es el caso del derecho a la igualdad, la libertad o la seguridad jurídica, en tanto que las prerrogativas del ciudadano se enuncian, básicamente, en el artículo 35, como es el caso de los derechos a votar y ser votado.  Derechos sociales: los titulares son primordialmente determinados grupos sociales. Estos derechos tienen un carácter colectivo, así como un contenido social, económico y cultural. Se establecieron a partir de la constitución Mexicana de 1917 siendo ésta la primera en el mundo en incorporarlos, encontrándose dispersos en diversos artículos como el 3o., 4o., 27 y 123, tal es el caso del derecho a la edu-
11. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 13 cación, la protección de la salud, así como los derechos de los niños, los campesinos y los trabajadores.  Derechos de los pueblos o naciones: el titular es básicamente todo un pueblo o comunidad, ya sea que forme parte de una nación o integre, por sí mismo, un país. Estos derechos se han venido incorporando paulatinamente en nuestro texto constitucional, como ocurre con algunos de los contenidos en los artículos 2o., 4o., 27, 39, 89, fracción X, y 115, párrafo último, conforme con la tendencia internacional. En dicho grupo pueden destacarse los derechos de los pueblos indígenas, así como la protección del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y culturales, y la libre determinación de los pueblos. La anterior clasificación de Derechos Humanos da la idea de que el marco de los derechos ha cambiado y se ha ido ampliando en el transcurso del tiempo, en la medida en que se ha avanzado en el proceso de humanización conforme con las exigencias de la dignidad humana.
12. II. DERECHOS INDIVIDUALES (CIVILES Y POLÍTICOS) Los derechos civiles o garantías individuales como comúnmente se les conoce son aquellos que protegen la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la integridad física de cada mujer u hombre, así como sus propiedades. Estos derechos pueden dividirse, a su vez, en derechos de igualdad, derechos de libertad y derechos de seguridad jurídica, a los cuales cabe agregar las prerrogativas de los ciudadanos y que se conocen como derechos políticos. A. DERECHOS O GARANTÍAS DE IGUALDAD Los derechos o garantías de igualdad establecen el goce y disfrute de los derechos y libertades previstos en el orden jurídico mexicano para toda persona, por igual, sin distinción alguna. Antes de proceder al análisis de los derechos o garantías de igualdad, cabe señalar que los extranjeros que se encuentren en el territorio mexicano también gozan de los Derechos Humanos de igualdad, libertad y seguridad jurídica que se establecen en la Constitución, con las salvedades que se prevén en materia política (ya que el ejercicio de los derechos políticos es prerrogativa exclusiva de los ciudadanos mexicanos) y laboral (pues en igualdad de circunstancias los mexicanos son preferidos a los extranjeros para toda clase de concesiones, cargos, empleos o comisiones, a la vez que por razones de seguridad ningún extranjero puede servir en tiempos de paz en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública). En todo caso, los extranje[15]
13. 16 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ros también están obligados a respetar las leyes nacionales, en el entendido de que el Presidente de la República podrá hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, al extranjero cuya permanencia considere inconveniente (artículos 32 y 33). Los principales derechos o garantías de igualdad son los siguientes: 1. Goce para todo individuo de las garantías que otorga la Constitución, sin distinción alguna (artículos 1o., párrafo primero, y 15) En México, todo individuo tiene derecho a gozar y disfrutar por igual de los derechos, garantías y libertades previstos en la Constitución, así como en las leyes mexicanas y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, sin distinción alguna. Los derechos y libertades fundamentales correspondientes deben respetarse en todo momento y sólo pueden limitarse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que en la propia Constitución o los tratados internacionales, de manera excepcional, se establecen (por ejemplo, cuando se comete algún delito o, en casos de suma gravedad, se suspenden las garantías individuales, en los términos del artículo 29 constitucional). De esta misma manera, en la Constitución se prohíbe la celebración de convenios o tratados por los que se desconozcan o alteren los derechos y garantías que se establecen para todo ser humano. 2. Prohibición de la esclavitud (artículos 1o., párrafo segundo, y 15) En nuestro país está prohibida la esclavitud, por lo que no puede haber esclavos o cualquier otro tipo de servidumbre que implique el desconocimiento de los Derechos Humanos para determinada persona. Por ello, en nuestra Constitución, se establece que todo esclavo que llegue del extranjero a nuestro territorio obtendrá, por ese solo hecho, su libertad y gozará de la protec-
14. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 17 ción de las leyes mexicanas. Asimismo, tampoco se pueden celebrar tratados para la extradición o devolución de presuntos delincuentes que hayan tenido la condición de esclavos en el país que los reclama o solicita. 3. Prohibición de cualquier tipo de discriminación (artículo 1o., párrafo tercero) La raza, el color o el origen étnico, nacional o familiar; la religión; la riqueza o la posición económica o social; el estado civil; las ideas políticas; las distintas opiniones o preferencias; el idioma, la edad; el sexo o género; las capacidades diferentes o condiciones de salud, no deben ser motivo de discriminación ni ventaja legal, administrativa o judicial para las personas. En resumen, está prohibida cualquier forma de tratamiento que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 4. Igualdad de derechos y ante la ley del hombre y la mujer (artículo 4o., párrafo segundo) Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. La diferencia de sexos o la perspectiva de género jamás puede ser pretexto para que las autoridades o los particulares den un trato distinto, discriminen o desconozcan algún derecho que la Constitución y las leyes confieren tanto al hombre como a la mujer. De ahí que en el orden jurídico mexicano generalmente se hable de los derechos de la persona o del individuo, sin hacer referencia al sexo. 5. Prohibición de títulos de nobleza, prerrogativas u honores hereditarios (artículos 12 y 13) En México está prohibido conceder títulos de nobleza, privilegios u honores hereditarios. Tampoco se reconocen ni se les otorga valor alguno a los conferidos por cualquier otro país en favor de determinada persona, ya que en nuestra nación todos somos
15. 18 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS iguales ante la ley. Es decir, nadie puede hacer valer o pretextar que por ser conde o duque en otro país, por ejemplo, o bien, por ser hijo o pariente de un personaje importante, se le rindan honores o reciba un trato especial o privilegiado. Asimismo, ninguna persona o corporación puede gozar de más ingresos o asignaciones económicas con cargo al presupuesto público que aquellos que sean resultado de la compensación de servicios públicos y estén fijados en la ley. 6. Prohibición de fueros (artículo 13) En los Estados Unidos Mexicanos nadie puede tener fuero, es decir, disfrutar de concesiones o privilegios legales, administrativos o judiciales por formar parte de determinada corporación o agrupación (ya sea de carácter civil, religioso o cualquier otro). Sin embargo, existen los tribunales militares que se encargan de juzgar los delitos y faltas contra la disciplina militar que cometan los miembros de las fuerzas armadas, en el entendido de que este régimen no es de privilegio sino de un mayor rigor. Además, a dichos tribunales les está prohibido extender su jurisdicción o competencia a personas que no sean militares, por lo que si en un delito o falta del orden militar estuviese involucrado algún civil o no militar, conocerán del caso los tribunales ordinarios competentes. 7. Prohibición de ser juzgado conforme con leyes privativas o a través de tribunales especiales (artículo 13) Ninguna persona o grupo de personas puede ser juzgado mediante leyes privativas o particulares ni por tribunales especiales, es decir, ninguna ley o tribunal puede ser creado para aplicarse o juzgar a determinado individuo o grupo en un caso específico. Por tanto, bien se trate de ricos o pobres, mexicanos o extranjeros, indígenas o mestizos, hombres o mujeres, se viva en la ciudad o en el campo, todos debemos ser juzgados conforme con las mismas leyes y por los mismos tribunales.
16. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 19 B. DERECHOS O GARANTÍAS DE LIBERTAD Los derechos o garantías de libertad establecen el derecho de toda persona a realizar libremente las actividades protegidas en la Constitución y prohíben a las autoridades limitar o privar a alguien de dichas libertades. Los principales derechos o garantías de libertad son: 1. Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio (artículo 5o., párrafos primero y sexto) A nadie se le puede impedir que se dedique al trabajo, profesión o actividad industrial o comercial que desee siempre que sea lícito o no esté prohibido en la ley. El ejercicio de esta libertad sólo podrá limitarse por decisión de algún juez, cuando se ataquen los derechos de los demás, o bien, por resolución administrativa, cuando se ofendan los derechos de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en la ley. Asimismo, es nulo todo convenio por el cual alguien renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión o desempeñar cierta actividad industrial o comercial. 2. Prohibición de trabajos forzosos y derecho a la justa retribución (artículo 5o., párrafos primero, tercero, cuarto, séptimo y octavo) En México están prohibidos los trabajos forzosos y gratuitos o no pagados, por lo que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales en contra de su voluntad y sin recibir una justa retribución o pago, salvo los que sean impuestos como sanción o pena por las autoridades judiciales, cuando se compruebe que alguien cometió un delito (por ejemplo, los trabajos en favor de la comunidad), en el entendido de que en la prestación de dichos servicios también se deben respetar los límites máximos previstos en la Constitución para las jornadas de trabajo. Asimismo, a ninguna persona se le puede privar del pago de su sueldo o salario por el trabajo desempeñado, salvo que en una sentencia así
17. 20 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS lo ordene un juez, con apoyo en una ley en que así se prevea (por ejemplo, para cubrir la pensión alimenticia en favor de sus hijos). En cuanto a la prestación de servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que se disponga en las leyes, los que deriven del servicio militar o las armas, o bien, del servicio profesional de carácter social; los de jurado; las funciones censales o electorales (como las realizadas por los presidentes, secretarios o escrutadores de las mesas directivas de casilla), así como los cargos de elección popular (como ocurre, por ejemplo, con los presidentes municipales, los síndicos, los regidores y los diputados). Cualquier contrato de trabajo únicamente puede obligar a prestar el servicio personal convenido, dentro de los límites de tiempo que se permitan en la ley, sin que pueda durar más de un año en perjuicio del trabajador y siempre que no contenga renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de sus derechos civiles o políticos. En todo caso, la falta de cumplimiento de un contrato laboral por parte del trabajador sólo lo obliga a cubrir la correspondiente responsabilidad civil, es decir, a pagar por el daño que pudiera haber causado, sin que se le pueda privar de su libertad, obligar o coaccionar para que el trabajador dé cumplimiento a dicho contrato, o bien, para que preste determinado servicio contra su voluntad. 3. Nulidad de los convenios atentatorios contra la libertad personal (artículo 5o., párrafos quinto, sexto y séptimo) Está prohibido que las autoridades o los particulares celebren algún contrato, convenio o pacto que implique la pérdida, la limitación o el desconocimiento de la libertad personal de los individuos por cualquier causa. Tampoco está permitido llevar a cabo convenios por los que la persona se vea obligada a abandonar el país en forma temporal o permanente; igualmente, ningún contrato de trabajo puede implicar el desconocimiento o limitación de los Derechos Humanos que posee cada persona. Esto significa que la libertad personal es un bien irrenunciable que no admite negociación alguna entre particulares o con las autoridades.
18. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 21 4. Posesión de armas en el domicilio para la seguridad y legítima defensa, así como portación de armas, sujetas a determinadas condiciones legales (artículo 10) Los habitantes de México tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, siempre que tales armas no estén prohibidas mediante una ley federal y su uso no esté reservado en forma exclusiva a las fuerzas armadas. Por su parte, la portación de armas por los habitantes está sujeta a una previa autorización administrativa, misma que se otorga en casos específicos y bajo ciertas condiciones y requisitos, así como para determinados lugares, según los términos establecidos en la ley federal correspondiente. 5. Libertad de tránsito y de residencia (artículo 11) Todo individuo tiene derecho para entrar y salir del país, trasladarse o viajar libremente por el territorio nacional, así como para escoger o mudar libremente de residencia, sin necesidad de cubrir requisito alguno (como pudiera ser determinada carta de seguridad, salvoconducto u otros similares). Sin embargo, las libertades de tránsito y de residencia pueden ser limitadas cuando así lo decida alguna autoridad judicial en los casos de responsabilidad penal o civil prevista legalmente (como ocurre con la prisión preventiva, la imposición de alguna pena privativa de la libertad personal, el confinamiento, la prohibición de ir a lugar determinado o el arraigo); asimismo, cuando lo determinen las autoridades administrativas con fundamento en las restricciones que impongan las leyes relativas a emigración, inmigración y salubridad general de la República, así como en los casos de extranjeros perjudiciales para la sociedad mexicana y que residan en el país. 6. Libertad de expresión (artículo 6o.) Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus ideas por cualquier medio, ya sea oral, escrito, artístico o algún otro.
19. 22 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Por tanto, la manifestación de las ideas no puede ser causa de persecuciones judiciales o administrativas, salvo que implique o conlleve algún ataque a la moral o a los derechos de los demás, o bien, cuando constituya o provoque la comisión de un delito o altere el orden público. En todo caso, conforme con los tratados internacionales ratificados por México, tales restricciones deben estar previamente contempladas en la ley. Esta libertad tampoco puede restringirse por vías o métodos indirectos, o bien, por cualquier otro medio que esté encaminado a impedir la comunicación y la circulación de las ideas y opiniones. 7. Derecho a la información (artículo 6o.) Como correlato de la libertad de expresión, el Estado está obligado a garantizar el derecho de las personas para buscar, obtener y difundir libremente todo tipo de informaciones e ideas, ya sea en forma oral, escrita, a través de los medios electrónicos, informáticos o por cualquier otro procedimiento que elijan. 8. Libertad de imprenta (artículo 7o.) Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, asunto o acontecimiento. Este derecho comúnmente se denomina libertad de imprenta y sólo tiene como límites el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública. En todo caso, de acuerdo con lo establecido en tratados internacionales ratificados por México, tales límites deben estar previamente contemplados en una ley. Asimismo, a la autoridad le está terminantemente prohibido coartar o limitar la libertad de imprenta mediante el establecimiento de la previa censura o la exigencia de alguna fianza a los autores o impresores de cualquier escrito u obra gráfica. Es decir, en el ejercicio de dicha libertad no se puede establecer una censura previa sino, en su caso, responsabilidades ulteriores previstas expresa y previamente en la ley, cuando se trastoquen los límites establecidos para la libertad de expresión.
20. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 23 En el supuesto de que se llegue a cometer algún delito de prensa, no podrá secuestrarse o decomisarse la imprenta como instrumento del delito, ni se podrá encarcelar a los expendedores, papeleros (voceadores y demás empleados de donde haya salido el escrito denunciado), a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos. Para el respeto de estas prohibiciones en beneficio de la libertad de imprenta, se deben prever las disposiciones legales respectivas. 9. Libertad de conciencia, creencia o religión (artículo 24, párrafos primero y segundo) Todo individuo es libre de adoptar, profesar, divulgar o seguir, inclusive de cambiar, la creencia religiosa o filosófica que más le agrade o desee, siempre que no constituya o induzca a la comisión de algún delito o falta administrativa previsto previamente en la ley. El alcance de la libertad de conciencia, creencia o religión es tan amplio que las leyes mexicanas no pueden establecer o prohibir religión alguna; asimismo, esta libertad no puede ser objeto de medidas restrictivas que la menoscaben. 10. Libertad de cultos (artículos 24, párrafos primero y tercero, y 130, párrafo tercero) Todo individuo tiene el derecho de practicar libremente las ceremonias religiosas, devociones, ritos, enseñanzas o demás actos del culto de su religión, ya sea en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, siempre que no constituyan o induzcan a la comisión de un delito o falta administrativa previsto con anterioridad en la ley; es decir, fuera de estos casos nadie puede ser sujeto de restricciones en la libertad de culto. Normalmente, todo acto religioso de culto público debe celebrarse en los templos o iglesias, y los que extraordinariamente se lleguen a efectuar fuera de estos sitios deberán observar los requisitos establecidos en la ley. En los templos no pueden celebrarse reuniones de carácter político.
21. 24 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 11. Libertad de asociación (artículos 9o., párrafo primero, y 35, fracción III) Ninguna autoridad puede impedir que las personas se asocien libremente, siempre y cuando sea en forma pacífica y con alguna finalidad lícita, es decir, no prohibida por la ley, como serían los fines ideológicos, religiosos, económicos, laborales, sociales, culturales y deportivos. Sin embargo, sólo los ciudadanos mexicanos pueden hacer uso del derecho de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país. Por tanto, cualquier grupo de personas puede formar una sociedad, asociación civil o mercantil, así como sindicatos o algún otro tipo de asociación con fines ideológicos o religiosos, por ejemplo; pero tratándose de partidos políticos sólo podrán integrarlos los ciudadanos de la República. De acuerdo con lo prescrito en los tratados internacionales, las restricciones al ejercicio de tal derecho deben estar previstas en la ley y ser necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o el orden público, o bien, para la protección de la salud o la moral públicas, así como de los derechos y libertades de los demás. 12. Libertad de reunión en general y con fines políticos (artículos 9o., párrafo primero) No se podrá limitar o coartar la libertad de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. En todo caso, se prohíbe que las personas que se encuentren armadas se reúnan para deliberar o discutir acerca de algún asunto. Al igual que en el derecho de asociación, las limitaciones a este derecho deben estar previstas legalmente y son similares a las enunciadas en los tratados internacionales.
22. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 25 13. Libertad de manifestación o reunión pública para presentar a la autoridad una petición o protesta (artículo 9o., párrafo segundo) Cualquier persona tiene derecho a formar parte de una asamblea, manifestación o reunión que tenga como propósito expresar o exponer cualquier idea, petición o protesta a determinada autoridad. Este tipo de reuniones o manifestaciones no pueden ser consideradas ilegales y, por tanto, no podrán ser disueltas, siempre y cuando no se insulte a dicha autoridad, ni se haga uso de la violencia o de amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea. C. DERECHOS O GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Los derechos o garantías de seguridad jurídica establecen que las autoridades no pueden proceder de manera arbitraria o abusiva, ya que están obligadas a respetar lo previsto en la Constitución y en las leyes, así como a actuar según se establece en éstas. Las autoridades sólo pueden hacer lo que se les permite en la ley, por lo que ninguna autoridad puede limitar o privar injusta o ilegalmente de sus derechos a las personas. Los principales derechos o garantías de seguridad jurídica son: 1. Derecho a la nacionalidad mexicana [artículos 30 y 37, incisos A) y B)] Todo individuo que satisfaga los requisitos previstos en la Constitución y en las leyes para adquirir la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización, tendrá derecho a la calidad de mexicano. Aquellas personas que sean mexicanos por nacimiento no pueden ser privados de dicha nacionalidad, mientras que los que la adquieran por naturalización sólo pueden perderla en los casos previstos en la Constitución.
23. 26 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 2. Derecho de petición (artículo 8o., párrafo primero) Toda persona tiene derecho a formular peticiones o solicitudes a las autoridades o a los servidores públicos, siempre que las mismas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Sin embargo, en materia política sólo los ciudadanos mexicanos podrán hacer uso de este derecho. 3. Derecho a recibir respuesta escrita de la autoridad a toda petición planteada (artículo 8o., párrafo segundo) A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito por parte de la autoridad a quien se haya dirigido. Asimismo, la autoridad tiene obligación de comunicarle al peticionario, en breve plazo, el acuerdo respectivo. 4. Irretroactividad de la ley (artículo 14, párrafo primero) La prohibición de que a una ley se le den efectos retroactivos significa que a ninguna persona se le puede aplicar una ley expedida con posterioridad a determinado hecho, cuando dicha ley pueda dañar o perjudicar los intereses o derechos de esa persona; es decir, los actos que realicemos sólo pueden ser considerados por la autoridad o juzgados conforme a las leyes vigentes en el momento en que ocurrieron tales actos, salvo que se trate de una ley posterior que nos genere algún beneficio. 5. Derecho o garantía de audiencia y debido proceso legal en caso de privación de derechos (artículo 14, párrafo segundo) Ninguna persona puede ser privada de cualquiera de sus derechos (como la vida, la libertad, sus propiedades o posesiones), sin que se le haya dado la oportunidad de ser oída y de defenderse a través de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, en el que se cumplan las debidas formalidades esenciales de todo proceso judicial (como la de ser citado a juicio y que se le
24. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 27 permita ofrecer pruebas) y de acuerdo con las leyes vigentes expedidas con anterioridad al hecho. De otra forma, se considerarían violadas las leyes del procedimiento, ya que afectan la debida defensa del individuo. La garantía de audiencia y debido proceso legal son derechos que tienen una cobertura jurídica muy amplia en favor de las personas (físicas y morales o colectivas), ya que está conformada por una serie de requisitos y condiciones que deben observarse por la autoridad para que válidamente determine los alcances jurídicos de los derechos de una persona concreta, cuando su titularidad o características sean cuestionadas o disputadas por algún otro sujeto, o bien, para que aquélla restrinja, limite o prive de cierto derecho a una persona. Las garantías mínimas del proceso que están involucradas en lo que comúnmente se denomina como derecho de audiencia y debido proceso legal, las cuales están reconocidas en varias disposiciones constitucionales que, además de la precisada, se indican más adelante, son a) la obligación para la autoridad jurisdiccional de informar, en el idioma que sea comprensible para el demandado, previamente y con detalle, de la naturaleza y causa de la demanda; b) la disposición del tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa y comunicación libre y privada con un defensor de su elección; c) el juzgamiento sin dilaciones indebidas y por medio de un proceso sencillo y rápido; d) el derecho de las personas que estén sujetas al proceso o sean partes en el mismo a estar presentes durante el juicio y a defenderse personalmente o a través de un defensor de su elección; ser informadas, si no tuvieren defensor, del derecho que les asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, que se les nombre uno de oficio, gratuitamente, si carecieren de medios suficientes para pagarlo; e) la posibilidad de ofrecer pruebas, que se les admitan y desahoguen, así como de interrogar y hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los de descargo, y que sean interrogados en las mismas condiciones que los de cargo; f) la asistencia gratuita por un intérprete, si no se comprende el idioma empleado en el tribunal; g) la prohibición de que
25. 28 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS se obligue a las partes a declarar contra sí mismos o a confesarse culpables, y h) el derecho de que se dicte una sentencia de fondo, ya sea absolutoria o condenatoria, y que, en su caso, la misma sea cumplida o ejecutada. Este derecho, según se establece en la propia Constitución y diversos tratados internacionales suscritos por México, además de lo señalado en el párrafo precedente, también conlleva otros requisitos relativos a las características del órgano jurisdiccional que deba decidir el conflicto que se someta a su decisión por las partes, como son el que dicho tribunal sea imparcial e independiente y con facultades suficientes para hacer cumplir sus decisiones, así como el que esté previamente establecido mediante ley e igualmente ésta fije su competencia genérica. 6. Principio de legalidad (artículo 16, párrafo primero) Con el principio de legalidad se establece que las autoridades deben sujetar su actuación a lo dispuesto legalmente, por lo que no pueden proceder de manera arbitraria o abusiva, ya que están obligadas a respetar lo previsto en la Constitución y en las leyes. Por eso, la autoridad, ya sea legislativa, administrativa o judicial, únicamente puede ejercer las atribuciones o realizar aquellas actividades que expresamente permita u ordene la ley, tal y como se prescribe en la misma, a diferencia de los particulares que pueden realizar todo aquello que no les esté prohibido. 7. Principio de autoridad competente (artículo 16, párrafo primero) Para que una autoridad administrativa o judicial pueda actuar, en forma válida, o bien, interferir en cualquiera de nuestros derechos, es necesario que en forma expresa y de manera previa esté facultada o autorizada por la ley; es decir, ninguna autoridad que no sea la competente puede molestarnos en nuestra persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, razón por la cual no podemos ser requeridos, investigados ni juzgados por cualquier
26. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 29 persona sino sólo por la autoridad que se encuentre facultada por la ley para hacerlo. 8. Mandamiento escrito debidamente fundado y motivado (artículo 16, párrafo primero) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de una orden o mandamiento escrito de la autoridad competente, que se encuentre debidamente fundado y motivado en alguna causa y conforme a un procedimiento previstos en determinada ley; es decir, para que la autoridad nos pueda molestar en tales aspectos, es necesario que nos muestre un documento firmado por una autoridad competente donde se nos diga qué leyes le permiten hacerlo y por qué. Lo anterior para el efecto de que se conozca con certeza y precisión cuál es la autoridad que emite el acto y, en su caso, cuál otra es la que lo ejecuta, en qué disposición legal tiene su apoyo dicha actuación y las consecuencias jurídicas, así como las circunstancias, razones o causas especiales, particulares o inmediatas que se tomaron en consideración para emitir el acto de autoridad que genera molestia, en el entendido de que debe existir correspondencia entre los motivos considerados y las normas jurídicas aplicadas. 9. Derecho a la vida privada: a) inviolabilidad del domicilio (artículo 16, párrafos primero, octavo, noveno, decimoprimero y decimotercero); b) inviolabilidad de las comunicaciones privadas (artículo 16, párrafo noveno), y c) inviolabilidad de correspondencia (artículo 16, párrafo decimosegundo) Todos tenemos derecho a que se respete nuestra intimidad o vida privada. La autoridad no puede molestar a persona alguna en su domicilio, familia, papeles o posesiones salvo que posea una orden escrita (orden de cateo, visita o inspección) emitida por una autoridad competente (judicial o administrativa) y siempre que dicho mandamiento esté debidamente fundado y motivado en
27. 30 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS cuanto a la causa legal del procedimiento (como se precisó en el numeral anterior). En todo caso, la orden de cateo sólo podrá expedirla la autoridad judicial competente, debiendo expresar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse el cateo. Por su parte, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias sólo para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos administrativos, sanitarios o de policía (es decir, las disposiciones de orden público y de observancia obligatoria), o bien, para exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables, para comprobar que se han cumplido las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. En cualquiera de los casos señalados, los responsables de realizar el cateo, inspección o verificación, en forma previa a la diligencia, deben identificarse con documento oficial y, una vez que concluya la diligencia, deben levantar un acta circunstanciada, en la cual se expresen los pormenores del cateo o inspección, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar en que se llevó a cabo la actuación de la autoridad administrativa o judicial, pero si aquél se niega a nombrarlos, o ante su ausencia, lo hará la autoridad que efectúe la inspección o cateo. Asimismo, en México está prohibido que los miembros de las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea y marina, por ejemplo) obliguen a los particulares para que los alojen en sus domicilios o les proporcionen determinadas prestaciones. Sin embargo, cuando existan conflictos armados o guerras, los militares pueden llegar a exigir alojamiento, equipajes o medios de transporte, alimentos y otras prestaciones, siempre que lo hagan en los casos y bajo las condiciones que se dispongan en las leyes militares. En México también está prohibido que la autoridad y los particulares inspeccionen, fiscalicen, registren, abran o violen la correspondencia o paquetes de los demás que se envíen por el servicio postal, así como otro tipo de comunicaciones entre particulares, ya que de hacerlo estarían cometiendo un delito y se harían acree-
28. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 31 dores a una sanción. Sin embargo, en ciertos casos que no tengan que ver con materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni cuando sean comunicaciones del detenido con su defensor, sólo la autoridad judicial federal competente puede autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, cuando así se lo solicite la autoridad federal competente, o bien, el Ministerio Público estatal o del Distrito Federal. En esos supuestos, la autoridad competente, por escrito, debe fundar y motivar las causas legales de su solicitud, expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. Las autorizaciones respectivas deben ajustarse a los requisitos y límites previstos en la ley. Cuando no se cumpla con ello, los resultados de los intervenciones carecerán de valor probatorio. 10. Derecho a una administración de justicia expedita, completa, imparcial y gratuita, así como prohibición de hacerse justicia por propia mano (artículo 17) Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En caso de que hayamos sufrido una lesión, perjuicio o daño, o bien, tengamos un problema con alguien, inclusive con cierta autoridad federal, estatal, del Distrito Federal, municipal o de alguna delegación, tenemos derecho a acudir a un tribunal o autoridad jurisdiccional competente, independiente y previamente establecido en la ley, para que nos administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita (quedando, en consecuencia, prohibido cobrar por la administración de justicia o las costas judiciales), a través de una sentencia o resolución que, en su caso y según se prevea en la ley, se ejecute plenamente. 11. Requisitos de las sentencias en materia no penal (artículo 14, párrafo cuarto) Además de reunir los requisitos de fundamentación y motivación previstos para todo acto de autoridad, las sentencias definitivas
29. 32 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS que se dicten en todo juicio que no tenga que ver con la materia penal, deben dictarse conforme con lo previsto en la ley o su interpretación, o bien, a falta de ley exactamente aplicable, fundarse en los principios generales del derecho. 12. Detención sólo con orden judicial (artículo 16, párrafos segundo al séptimo) Nadie puede ser detenido sin una orden de aprehensión expedida por un juez competente, previa denuncia (o querella) que se presente ante el Ministerio Público, respecto de un hecho que la ley señale como delito y que se encuentre sancionado con pena privativa de la libertad (prisión), siempre y cuando haya datos que acrediten la existencia del delito (cuerpo del delito) y hagan probable la responsabilidad de la persona (indiciado) que se ordena aprehender. De acreditarse esto último, el Ministerio Público ejercerá la acción penal en contra del probable responsable y le solicitará al juez ante el cual se hace la consignación del caso que expida la correspondiente orden de aprehensión. Las únicas excepciones en que se puede detener a alguien sin previa orden judicial de aprehensión son los casos de delito flagrante y los urgentes. Comúnmente se considera que hay delito flagrante cuando se sorprende a alguien en el momento de cometer el delito o, una vez cometido, se le persigue materialmente. En caso de delito flagrante, cualquier persona puede detener al probable responsable, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad más cercana y ésta, lo más pronto posible, a la del Ministerio Público. Son casos urgentes cuando se trata de un delito grave así calificado en la ley y exista el riesgo fundado de que el delincuente se fugue, siempre y cuando no se pueda acudir ante el juez por razón de la hora, el lugar o la circunstancia. En los casos de urgencia sólo el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, está autorizado para ordenar la detención, fundando y motivando su proceder. Si la detención es con motivo de algún caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá
30. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 33 inmediatamente ratificar la detención, si considera que ésta estuvo justificada o decretar la libertad del individuo (sujeta a la aportación de mayores pruebas). 13. Derechos del detenido (artículos 16, párrafos primero, tercero y séptimo, así como 20, apartado A, fracciones I, II, V, VII y IX, y último párrafo) Cuando una persona es detenida, tiene los siguientes derechos: a) Ser informado de las razones de la detención y de los cargos en su contra, es decir, la autoridad le debe informar por qué se le detiene y cuál es el delito que se le atribuye haber cometido. b) Ser informado por la autoridad de los derechos que en su favor se establecen en la Constitución. c) Obtener inmediatamente su libertad provisional a través del otorgamiento de la caución o garantía (como es el caso de una fianza), la cual debe ser accesible para el inculpado. Para determinar la forma y monto de la caución o garantía, la autoridad judicial respectiva debe tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y las posibilidades de cumplimiento de sus obligaciones procesales; los daños y perjuicios causados al ofendido, así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. Este beneficio puede otorgarse al detenido, siempre y cuando no se trate de delitos calificados legalmente como graves (como narcotráfico y terrorismo, pues en estos casos no se le podrá conceder este beneficio), o bien, cuando, a pesar de que no se trate de un delito grave, el juez decida negar dicha libertad provisional, porque así lo solicite el Ministerio Público y el inculpado haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado legalmente como grave o el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su
31. 34 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS conducta precedente o por las circunstancias y características del delito, un riesgo para el ofendido o la sociedad. d) No ser presionado u obligado a declarar. e) No ser sujeto de incomunicación, intimidación o tortura, encontrándose sancionadas como delitos tales conductas. f) Carecer de valor probatorio alguno la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez o, incluso, la confesión ante éstos sin la asistencia o asesoría del defensor del detenido. g) Tener acceso al expediente y se le faciliten todos los datos del mismo para su defensa. h) Ofrecer todas las pruebas que estime convenientes y que la autoridad le apoye para que comparezcan las personas cuyo testimonio él solicite, siempre que se encuentren en el lugar en que se lleva a cabo el proceso, contando con el tiempo que legalmente se estime necesario para dicho efecto. i) Ser asistido por un defensor que estará presente en todos los actos del proceso; si no lo tiene, el juez deberá nombrarle uno de oficio, cuyos honorarios serán pagados por el Estado. j) Ser puesto a disposición del juez en forma inmediata. Si la detención es con motivo de la ejecución de una orden de detención decretada en los casos de urgencia o por flagrancia, el Ministerio Público cuenta con un plazo de 48 horas para poner en libertad al detenido o a disposición de la autoridad judicial; únicamente cuando se trate de delincuencia organizada, el Ministerio Público podrá emplear hasta 96 horas. 14. Requisitos del auto de formal prisión y efectos (artículo 19, párrafos primero a tercero) A partir del momento en que algún detenido sea puesto a disposición de un juez, no deben transcurrir más de 72 horas sin que la detención y el inicio del proceso penal respecto de aquél sean justificados con un auto de formal prisión. Sin embargo, cuando lo solicite el indiciado, dicho plazo puede prorrogarse, en la forma en que se establezca en la ley, en el entendido de que la pro-
32. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 35 longación de la detención en su perjuicio será sancionada penalmente. En dicho auto o determinación judicial se debe expresar el delito imputado o atribuido al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos recabados durante la averiguación previa efectuada por el Ministerio Público, los cuales deben ser bastantes para comprobar la existencia del delito (cuerpo del delito) y hacer probable la responsabilidad del inculpado (indiciado). Transcurridas las 72 horas sin que el encargado del reclusorio reciba copia del auto de formal prisión, éste deberá hacérselo notar al juez respectivo, y si dicho encargado no recibe copia del referido auto dentro de las tres horas siguientes pondrá en libertad al detenido. El proceso penal debe seguirse o circunscribirse al delito o delitos que se señalen en el auto de formal prisión o en el de sujeción a proceso (determinación judicial que se dicta cuando el delito no tiene prevista la privación de la libertad como sanción o se admite que se imponga una distinta). 15. Garantías del procesado en materia penal (artículo 20, apartado A, fracciones III, IV, VI, VIII y X, así como tratados internacionales ratificados por México) En materia penal, entre las principales garantías de seguridad jurídica del procesado, además de las que ya se han mencionado (especialmente las relativas a los derechos del detenido que se mencionaron en el numeral 13 anterior), se encuentran las siguientes: a) Ser considerado inocente, mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley. b) Ser informado por el juez del nombre de su acusador, el delito que se le atribuye y los demás datos que arroje la averiguación previa, dentro de las 48 horas siguientes a su consignación ante el propio juez y en una audiencia pública.
33. 36 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Además, en esta audiencia el inculpado puede rendir su declaración preparatoria si así lo desea y dar contestación a la acusación. c) Ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla español, para que le explique qué dice la autoridad y traduzca lo que él quiera decir. d) Ser careado con las personas que declaren en su contra, delante del juez, siempre que lo solicite el detenido, para que pueda interrogarlas, salvo que la víctima u ofendido sea menor de edad y se trate de los delitos de violación o secuestro, ya que las declaraciones se efectuarán en los términos que se establezcan en la ley. e) Ser juzgado en forma pública por un juez o, en ciertos casos y cumpliendo con requisitos específicos, por un jurado de ciudadanos. f) Ser juzgado o que se le dicte sentencia antes de cuatro meses, contados a partir del momento en que sea consignado ante el juez penal, si se trata de delitos cuya pena máxima sea menor de dos años, y antes de un año si la pena máxima de prisión prevista para el delito excede de dos años; sin embargo, estos plazos pueden ampliarse si el inculpado solicita mayor tiempo para su defensa. g) Pedir a un tribunal superior, de quien dependa el juez que en su caso lo haya declarado culpable, que revise la sentencia y decida si se debe anular o reducir la condena que haya dictado el juez inferior. 16. Competencia exclusiva del Ministerio Público para investigar y perseguir los delitos (auxiliándose de una policía), así como del juez para aplicar las penas (artículo 21, primera parte del párrafo primero) En México, únicamente el Ministerio Público está autorizado para investigar y perseguir los delitos que se hayan cometido; aquél se auxiliará de una policía (comúnmente denominada judicial o ministerial) que está bajo la autoridad y el mando inme-
34. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 37 diato del Ministerio Público. Asimismo, este último es el único facultado para ejercer la acción penal, es decir, para consignar ante un juez al probable responsable de un delito, cuando existan datos bastantes para acreditar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Por último, corresponde exclusivamente a los jueces juzgar los delitos e imponer las penas respectivas. 17. Derecho a la procuración de justicia (artículo 21, párrafo cuarto) Si bien corresponde al Ministerio Público investigar y perseguir los delitos, así como ejercer la acción penal ante la autoridad judicial, lo cierto es que se pueden impugnar jurisdiccionalmente las resoluciones por las cuales aquél decida no ejercer la acción penal o desistirse de la misma (por ejemplo, cuando erróneamente considere que no existe delito o que el inculpado no participó en el mismo). 18. Principios en materia policial (artículo 21, párrafo quinto) La actuación de las instituciones policiales está sujeta a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 19. Sanciones administrativas: arresto o multa (artículo 21, segunda parte del párrafo primero, así como párrafos segundo y tercero) Las autoridades administrativas son las competentes para conocer y sancionar las faltas o infracciones administrativas a los reglamentos gubernativos y de policía. Estas faltas únicamente pueden dar lugar a la imposición de una multa o un arresto nunca mayor a 36 horas, en el entendido de que si alguien no puede pagar la multa, se le cambiará por el arresto. Además, los trabajadores, obreros o jornaleros no pueden ser multados con una cantidad mayor a un día de su salario o jornal; si se tratase de tra-
35. 38 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS bajadores no asalariados, la multa no puede exceder del equivalente a un día de su ingreso. 20. Prisión preventiva sólo por delitos que ameriten pena privativa de la libertad (artículos 18, primera parte del párrafo primero, y 20, párrafos segundo y tercero de la fracción X del apartado A) Sólo en el caso de que se cometa algún delito que esté sancionado con pena privativa de la libertad, se permite a la autoridad judicial decretar prisión preventiva contra el probable responsable; dicha prisión preventiva jamás podrá exceder del tiempo que como pena máxima esté prevista por la ley para ese delito, en el entendido de que el lapso que alguien haya estado bajo prisión preventiva debe descontarse de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia. 21. Prohibición de prisión por deudas civiles (artículos 17, párrafo cuarto, y 20, párrafo primero de la fracción X del apartado A) Ninguna persona puede ser privada de la libertad personal a causa de deudas de carácter civil; asimismo, tampoco podrá prolongarse la prisión o detención de una persona por falta de pago de honorarios a su defensor o de cualquiera otra prestación de dinero, con motivo de alguna responsabilidad civil u otra parecida o análoga. 22. Prohibición de la pena de muerte (artículo 22, párrafo cuarto) En México está prohibida, en general, la pena de muerte. Nuestra Constitución prevé la posibilidad de que se llegue a imponer para determinados delitos sumamente graves, como serían los cometidos por el traidor a la patria en guerra extranjera, el parricida, el homicida con alevosía, premeditación y ventaja; el incendiario, el plagiario, el salteador de caminos, el pirata y los reos
36. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 39 de delitos graves del orden militar, de acuerdo con lo que se disponga en las leyes; sin embargo, actualmente sólo se prevé la pena de muerte para los delitos graves del orden militar. 23. Prohibición de tortura, malos tratos y penas inusitadas o trascendentes (artículos 19, párrafo cuarto; 20, apartado A, fracción II, y 22, párrafos primero a tercero) En nuestro país las autoridades tienen prohibido cometer abusos, dar malos tratos o atentar contra la dignidad, libertad o derechos de las personas durante su detención o en las prisiones, por eso se prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura. A todas las personas privadas de su libertad se les deben respetar sus Derechos Humanos, por lo que no podrán ser objeto de maltratos, molestias ilegales, extorsiones, contribuciones o cobros durante su privación de la libertad. Igualmente, se encuentra prohibido imponer como pena la tortura (como sería el caso de los azotes, los palos o el tormento de cualquier especie), los actos infamantes (como la marca de las personas), y toda sanción que sea inusitada (como la mutilación, la multa excesiva, la confiscación de bienes) o trascendente, es decir, a perpetuidad o que vaya más allá de la persona y derechos de quien deba soportarla (por ejemplo, no se puede hacer que un familiar o amigo cumpla con la condena de otro que haya cometido el delito o fallecido). No obstante lo anterior, la Constitución establece ciertos casos que no deben considerarse como confiscación de bienes; por ejemplo, cuando se trata de la aplicación judicial de los bienes de una persona para el pago de la responsabilidad civil resultante de un delito, o bien, de impuestos o multas; tampoco, cuando se decomisen bienes relacionados con el enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada, siempre que se cumplan ciertas condiciones y requisitos constitucionales y legales.
37. 40 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 24. Derecho o garantía de tipicidad o prohibición de imponer penas por analogía o mayoría de razón (artículo 14, párrafo tercero) En los procesos penales está prohibido imponer penas por hechos que no estén contemplados, en forma exacta, como delitos en la ley. Tampoco es válido que se considere como delincuentes a aquellas personas que realicen hechos que se parezcan, sean similares o resulten más graves a otros que sí están previstos legalmente como delitos. Es decir, tanto el delito como la sanción respectiva deben estar previstos previamente en una ley expedida por el órgano legislativo competente, debiendo resultar exactamente aplicable la norma jurídica en la que se prevé la conducta o su resultado al hecho concreto. 25. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito: non bis in idem (artículo 23 ) En materia penal, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. Una vez que una persona ha sido declarada mediante sentencia definitiva responsable o no de un delito, no puede volvérsele a juzgar por los mismos hechos. 26. Prohibición de más de tres instancias en un proceso penal o que éste quede sin resolverse (artículo 23) Ningún juicio penal puede tener más de tres instancias, con objeto de que no se prolongue indefinidamente. Es decir, la sentencia que recaiga en un juicio (primera instancia) puede impugnarse ante un tribunal superior para que la revise (segunda instancia). En caso de que tampoco se esté conforme con la resolución de dicho tribunal, se puede promover un juicio de amparo, cuya sentencia será definitiva e inatacable, por lo que no podrá ser impugnada nuevamente. Asimismo, está prohibida la práctica de absolver de la instancia, es decir, un juicio penal no puede quedar sin resolverse, a fin
38. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 41 de que el procesado pueda tener certeza acerca de su situación jurídica. 27. Separación entre procesados y sentenciados, mujeres y hombres, y entre adultos y menores infractores (artículo 18, párrafos primero, segundo y tercero) Las personas sujetas a prisión preventiva, sometidas a juicio, deben estar recluidas en establecimientos separados y diferentes de los destinados a los sentenciados a una pena privativa de la libertad. Asimismo, las mujeres y los hombres privados de su libertad deben ser recluidos en establecimientos separados o en secciones diferentes. Los menores infractores deben ser enviados a instituciones especiales para su tratamiento (como consejos tutelares), siempre distintas y separadas de las correspondientes a los adultos. 28. Derechos de los reclusos (artículos 18, párrafos segundo, quinto y sexto, y 19, párrafo cuarto) Toda persona privada de la libertad también goza de los Derechos Humanos y demás garantías que establecen la Constitución y las leyes. Los servidores públicos encargados de los reclusorios y demás centros de readaptación social están obligados a respetar dichas leyes y a abstenerse de cometer abusos, maltratos o discriminaciones en contra de los reclusos o de exigirles dinero. Todo recluso tiene derecho a un tratamiento individualizado que atienda a sus circunstancias personales, a fin de alcanzar su readaptación social sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. El traslado de las personas sujetas a una pena restrictiva de la libertad sólo puede efectuarse con su consentimiento expreso. Las personas sujetas a una pena restrictiva de la libertad, de acuerdo con lo que se disponga en la ley, podrán compurgar dicha sanción en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad, como forma de readaptación social.
39. 42 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 29. Menores infractores (artículo 18, párrafo cuarto) Los menores de edad tienen garantías de seguridad jurídica especiales; por ejemplo, aquellos menores de edad que hayan cometido una infracción o incurrido en una conducta contemplada en las leyes penales, sólo podrán ser enviados a instituciones especiales para su tratamiento. Los encargados de las instituciones de menores deberán tratarlos en forma justa y humana, no podrán atentar contra su dignidad o integridad física o mental, por lo tanto está prohibido que se maltrate, incomunique o amenace a los menores infractores. 30. Derechos de la víctima u ofendido (artículo 20, apartado B) a) Recibir asesoría jurídica. b) Recibir información sobre los derechos que en su favor se establecen en la Constitución. c) Recibir información del desarrollo del procedimiento penal (tanto de lo que ocurre en la averiguación previa ante el Ministerio Público, como durante el proceso penal ante el juez). d) Coadyuvar con el Ministerio Público; es decir, auxiliarlo o apoyarlo en la reunión de datos, elementos o pruebas para acreditar la existencia del delito, la responsabilidad del inculpado y, en su caso, la procedencia y el monto de la reparación del daño, así como en la formulación de consideraciones o razonamientos jurídicos o alegatos para las diligencias que ocurran durante el procedimiento penal. e) A que se reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, durante el procedimiento penal, y que se desahoguen las diligencias correspondientes, salvo cuando el Ministerio Público considere que no es necesario. f) Recibir atención médica y psicológica de urgencia, desde la comisión del delito. g) A que se le repare el daño y, mediante procedimientos ágiles previstos en la ley, se ejecute la sentencia relativa.
40. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 43 h) No ser careado con el inculpado, si la víctima u ofendido es menor de edad y se trate de delitos de violación o secuestro. i) Solicitar las medidas y providencias legales para su seguridad y auxilio. j) Impugnar ante un órgano jurisdiccional, como se mencionó, las determinaciones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal o de desistimiento de la misma. 31. Prohibición de celebración de pactos restrictivos de los Derechos Humanos (artículo 15) En México está prohibido celebrar o realizar acuerdos, convenios o tratados que limiten o desconozcan las garantías individuales y demás Derechos Humanos que establece la Constitución. 32. Prohibición de extradición de reos políticos (artículo 15) En nuestro país no está autorizada la celebración de tratados para que sean devueltos a su país de origen los delincuentes de carácter político. 33. Suspensión de garantías individuales sólo en los casos y bajo el procedimiento previstos en la Constitución (artículo 29 y tratados internacionales ratificados por México) Las garantías individuales únicamente pueden suspenderse en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. En estos casos, solamente el Presidente de la República, con el acuerdo de los secretarios de Estado, los titulares de departamento administrativo y el Procurador General de la República, puede solicitar al Congreso de la Unión o, en los recesos de éste, a la Comisión Permanente, que se suspendan en todo el país o en lugar determinado las garantías que sean necesarias para hacer frente rápida y fácilmente a la situación.
41. 44 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS La suspensión de garantías sólo podrá darse por un tiempo determinado mediante disposiciones generales y sin que se aplique a un individuo específico. De acuerdo con lo anterior y con los tratados internacionales ratificados por México, no pueden suspenderse los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la vida; a la integridad personal; al nombre; los del niño; a la nacionalidad; los políticos; la prohibición de la esclavitud, la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de ser privado de la libertad por no cumplir obligaciones contractuales; el principio de legalidad y la prohibición de la retroactividad; la libertad de conciencia, creencia o religión, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. D. DERECHOS POLÍTICOS Los derechos políticos son aquellos que confieren a su titular (los ciudadanos mexicanos) la prerrogativa o facultad de participar en la dirección de los asuntos públicos del Estado, por sí mismos o a través de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegido, y de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 1. Derecho a la ciudadanía mexicana (artículo 34) Todo hombre o mujer que tenga la calidad de mexicano, haya cumplido 18 años y tenga un modo honesto de vivir (es decir, que no haya incurrido en alguna causa prevista en la Constitución por la cual se suspendan dichos derechos; por ejemplo, cuando se está sujeto a un proceso penal), tendrá derecho a la ciudadanía mexicana, así como al disfrute de las prerrogativas y los derechos políticos correspondientes. 2. Votar y ser votado para ocupar cargos de elección popular (artículos 35, fracciones I y II; 39; 40; 41, párrafo segundo, fracción I; 51; 55; 56, párrafos primero y tercero; 58; 81; 82;
42. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 45 83; 115, proemio y fracción I, párrafos primero y tercero; 116, fracciones I, II y IV, inciso a), y 122, párrafo sexto, apartado C, bases primera, fracciones I, II y V, inciso f); segunda, fracción I, y tercera, fracción II) Los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de votar por el candidato que queramos para que ocupe los diversos cargos de elección popular: en este sentido, en cuanto al ámbito federal, por diputados, senadores y Presidente de la República; por lo que se refiere a las Entidades Federativas, tenemos derecho a votar, según se trate de los Estados o del Distrito Federal, por los siguientes candidatos, en el primer caso, por diputados locales y gobernador del Estado respectivo, así como por presidente municipal, síndico y regidores, en tanto que en el segundo, por diputados a la Asamblea Legislativa y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al igual que por jefes delegacionales. Asimismo, tenemos el derecho de ser elegidos (votados) para ocupar dichos cargos, siempre que cumplamos con las calidades o los requisitos que se establezcan en la ley. Las elecciones deben ser libres (sin que exista algún tipo de coacción o presión hacia el electorado o las autoridades electorales, por ejemplo); auténticas (ser el resultado directo e inmediato de procesos electorales regulares en que se cumplan los requisitos y condiciones constitucionales y legales para que expresen su decisión los electores), y periódicas (es decir, cada tres años para los casos de presidentes municipales, regidores, síndicos, jefes delegacionales y diputados, así como cada seis años para elegir senadores, gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Presidente de la República). Además, en dichas elecciones el voto debe ser universal (en tanto que todos aquellos que satisfacen los requisitos legales tienen derecho a él, sin que sea válida ningún tipo de discriminación derivada de sexo, grupo étnico o social, religión, ocupación ni ninguna otra); libre (porque no se puede ejercer presión, intimidación o coacción alguna sobre el elector); secreto (a efecto de que el interesado no tenga temor de sufrir alguna represalia que limite su libertad política o no pretenda vender su voto al
43. 46 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS mejor postor), y directo (ya que el ciudadano elige a sus representantes sin intermediación alguna). 3. Ser nombrado para desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión en el servicio público (artículos 35, fracciones I y II; 40; 41, párrafo primero, y 108). Además de poder ser votado para algún cargo de elección popular, todo ciudadano mexicano tiene derecho a ser nombrado para desempeñar algún empleo, cargo o comisión como servidor público en el gobierno, siempre que cumpla con los requisitos que se establezcan en la ley. 4. Asociarse libre, individual y pacíficamente para participar en asuntos políticos (artículos 9o., 35, fracción III; 41, párrafo segundo, fracción I, y 99, párrafo cuarto, fracción V) Sólo los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de asociarse, en forma libre, individual y pacífica, para tomar parte en los asuntos políticos del país, como cuando deciden constituir partidos o asociaciones políticas, o bien, participar en sus actividades. 5. Ejercer la libertad de reunión y el derecho de petición en materia política (artículos 8o., primer párrafo, 9o. y 35, fracción V). Únicamente los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de reunirse pacíficamente para tratar los asuntos políticos del país y hacer peticiones a los servidores públicos o al gobierno en materia política, siempre y cuando estas últimas se formulen por escrito, en forma respetuosa y sin violencia. Además, la autoridad a la que se haga dicha petición está obligada a formular una contestación escrita en un breve término. 6. Principios rectores de la función electoral [artículos 41, párrafo segundo, fracción III; 116, párrafo segundo, fracción IV,
44. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 47 incisos b) y c), y 122, párrafo sexto, apartado C, base primera, fracción V, inciso f)] La legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia son principios que rigen el ejercicio de la función electoral que se ha encomendado a las autoridades electorales. Además, las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones o la resolución de las controversias deben ser autónomas en su funcionamiento e independientes en sus decisiones. 7. Derecho a impugnar los actos y resoluciones electorales que les afecten y no se ajusten a la Constitución y/o a la ley [artículos 41, párrafo segundo, fracción IV; 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso d), y 122, párrafo sexto, apartado C, base primera, fracción V, inciso f)]. Para garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad se ha establecido un sistema de medios de impugnación al que pueden acudir, por ejemplo, los ciudadanos y los partidos políticos nacionales y estatales, y demás organizaciones de ciudadanos, según se prevea en la ley. 8. Derecho a defender la República y sus instituciones (artículo 35, fracción IV) Los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de tomar las armas en el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos previstos en la ley.
45. III. DERECHOS SOCIALES Los derechos sociales son aquellos que tienden a asegurar el bienestar social, económico y cultural, tanto individual como colectivo, de ciertos grupos sociales, para que cada uno de sus miembros pueda llevar realmente una vida humana digna. Como se mencionó, la Constitución Mexicana de 1917 fue la primera en el mundo en incorporar este tipo de derechos. Se dice que son de satisfacción progresiva porque su realización depende de las posibilidades y recursos que tenga el Estado para satisfacer estos derechos y mejorar nuestras condiciones de vida y lograr la justicia social. Ciertamente, de acuerdo con lo previsto en los tratados internacionales, estos derechos conllevan la obligación para el Estado de adoptar medidas y providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que deriven de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, hasta el máximo de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. A. DERECHO A LA EDUCACIÓN 1. Derecho a recibir educación (artículo 3o., primera parte del párrafo primero) En México, todo individuo, sin distinción alguna, tiene derecho a recibir educación. [49]
46. 50 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 2. Obligatoriedad de la educación primaria y secundaria (artículos 3o., segunda parte del párrafo primero, y 31, fracción I) La educación primaria y la secundaria son obligatorias en nuestro país, por lo que todo individuo tiene derecho a recibirla y el Estado tiene la obligación de brindarla y asegurarse que junto con las escuelas privadas se cubran las necesidades de toda la población. Asimismo, todos los mexicanos tienen el deber de hacer que sus hijos o pupilos (representados) acudan a las escuelas públicas o privadas para recibir tal educación. 3. Carácter laico de la educación que imparta el Estado (artículo 3o., fracción I) Toda la educación que imparta el Estado será laica, en congruencia con la libertad de creencias (prevista en el artículo 24), por lo que se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa. 4. Carácter gratuito de la educación que imparta el Estado (artículo 3o., fracciones I, IV y V) Toda la educación que imparta el Estado (ya sea la Federación, los Estados o los Municipios) será gratuita, por lo que los alumnos no deberán pagar por ella. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación; igualmente, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 5. Fines y criterios que deben orientar a la educación (artículo 3o., segundo párrafo y fracción II) Tanto la educación que imparta el Estado en todos los tipos, modalidades y niveles, como aquella que impartan los particulares en el caso de la educación primaria, secundaria y normal, debe ajustarse a los siguientes fines y criterios:
47. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 51 a) Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. b) Se basará en los resultados del progreso científico y luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. c) Será democrática, considerando la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. d) Será nacional, en cuanto atenderá a la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 6. Derecho de los particulares a impartir educación (artículo 3o., fracción VI) Los particulares tienen derecho a impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En el caso de educación primaria, secundaria y normal deben obtener previamente autorización del Estado y ajustarse a los fines y criterios constitucionales que se mencionan en el numeral anterior. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial de los estudios que se realicen en planteles particulares, en los términos que se establezcan en la ley.
48. 52 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 7. Autonomía universitaria (artículo 3o., fracción VII) Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del artículo 3o., respetando la libertad de cátedra e investigación, así como de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas académicos; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su patrimonio. B. DERECHOS AGRARIOS 1. Clases de propiedad agraria: comunal, ejidal y pequeña propiedad (artículo 27, segunda parte del párrafo tercero, y fracciones I a VI). En México existen tres sistemas para la adquisición del dominio de la tierra: el comunal, el ejidal y el de la pequeña propiedad. Sólo los mexicanos y las sociedades mexicanas tienen el derecho de adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas y aguas. Los extranjeros, las asociaciones religiosas, las instituciones de beneficencia con ciertos objetos lícitos, los bancos y las sociedades mercantiles por acciones pueden ser titulares de algunos derechos relacionados con bienes inmuebles, en los casos y cumpliendo con los requisitos y condiciones que se disponen en la Constitución y en la ley. 2. Prohibición de los latifundios y límites de la pequeña propiedad (artículo 27, segunda parte del párrafo tercero, y fracciones IV, XV y XVII) En nuestro país están prohibidos los latifundios; es decir, las propiedades agrícolas o ganaderas no pueden exceder los límites
49. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 53 máximos de superficie que se prevén en la Constitución (en la propia Constitución y en las leyes se establecen los procedimientos y plazos para el fraccionamiento y enajenación de los latifundios, en el entendido de que si el propietario no enajena el excedente en el plazo de un año, se procederá a la venta mediante pública almoneda o subasta). La pequeña propiedad puede ser agrícola, ganadera o forestal, encontrándose sujeta a ciertos límites máximos de superficie por individuo. La agrícola no debe exceder de 100 hectáreas de riego o humedad o su equivalente (una hectárea de riego equivale a dos de temporal, cuatro de agostadero de buena calidad u ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos), a menos que se dedique a ciertos cultivos que se especifican en la Constitución o a actividades forestales. La ganadera no deberá exceder de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. La propiedad de tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales que pertenezcan a la sociedades mercantiles por acciones también tiene una equivalencia en cuanto a los límites máximos de superficie ya mencionados (25 veces el límite de la respectiva pequeña propiedad individual), en el entendido de que en la ley se deben prever las condiciones respectivas y las necesarias para la participación de los extranjeros en esas sociedades y los medios para su registro y control. 3. Fortalecimiento y protección de los ejidos y comunidades agrarias (artículo 27, segunda parte del párrafo tercero, y fracción VII) La Constitución establece los siguientes derechos a favor de los ejidos y comunidades agrarias: a) Los núcleos de población ejidales y comunales tienen personalidad jurídica (son sujetos de derechos y obligaciones) y gozan de la protección de la propiedad sobre sus tierras.
50. 54 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS b) Se prevé que la ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, proteja la tierra para el asentamiento humano y regule el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común, así como la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. c) Se reafirman las formas de dominio de la tierra ejidal y comunal, y se reconoce la plena capacidad de los ejidatarios para decidir sus formas de asociación, el dominio sobre su parcela y la transmisión de sus derechos parcelarios, en su caso, entre los miembros del núcleo de población. d) Se prevé que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. e) Se fijan los límites máximos de la extensión de las parcelas ejidales (5% del total de las tierras ejidales y nunca más de la extensión autorizada para la pequeña propiedad). f) Se prevén los órganos de decisión y los de representación (electos democráticamente) y ejecución en los ejidos y comunidades. g) Se conserva la figura de la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población ejidal y comunal. 4. Administración y procuración de justicia agraria (artículo 27, fracción XIX) El Estado está obligado a impartir una justicia agraria honesta y expedita que garantice la seguridad en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, así como a apoyar la asesoría legal de los campesinos. Los tribunales agrarios son los órganos dotados de autonomía y plena jurisdicción, encargados de la administración de la justicia agraria (siempre que tenga que ver con ejidos y comunidades agrarias), y existe la Procuraduría Agraria que está encargada de la procuración de justicia agraria, mediante la defensa de los derechos de los sujetos agrarios y de su asesoramiento.
51. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 55 5. Desarrollo rural integral (artículo 27, segunda parte del párrafo tercero y fracción XX). El Estado está obligado a promover las condiciones para el desarrollo rural integral y a fomentar las actividades agropecuarias, forestales, silvícolas y las demás actividades económicas en el medio rural, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional. C. DERECHOS LABORALES 1. Derecho a un trabajo digno y socialmente útil, así como a la gratuidad por los servicios de colocación (artículo 123, párrafo primero, así como apartado A, fracción XXV) Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, para lo cual se debe promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. Todo servicio para la colocación de los trabajadores es gratuito para ellos, tanto el que se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. 2. Jornada máxima de trabajo y mayor remuneración en caso de trabajo extraordinario (artículo 123, apartado A, fracciones I; II, primera parte, y XI) Todo trabajador tiene derecho a gozar de una jornada no mayor a ocho horas durante el día, o de una no mayor a siete horas si el trabajo es nocturno. Asimismo, cuando por circunstancias extraordinarias se requiera aumentar la jornada, las horas extras se deberán pagar al trabajador con un 100% más del salario fijado para cada hora normal. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas.
52. 56 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 3. Día de descanso semanal (artículo 123, apartado A, fracción IV) Todo trabajador tiene derecho a disfrutar, cuando menos, de un día de descanso por cada seis de trabajo. 4. Salario mínimo remunerador y medidas protectoras del salario (artículo 123, apartado A, fracciones VI, VII, VIII, X, XXIII, y XXIV) Todo trabajador tiene derecho a percibir, al menos, un salario mínimo general (según el área geográfica) o profesional (en caso de alguna rama determinada de la actividad económica o de ciertas profesiones, oficios o trabajos especiales). El salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. El salario mínimo estará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El salario debe pagarse en moneda de curso legal, sin que pueda hacerse a través de mercancías, vales, fichas o cualquier otro medio con el cual se pretenda sustituir a la moneda. De las deudas contraídas por el trabajador en favor de su patrón, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, sin que puedan ser exigibles a sus familiares, como tampoco lo serán las que rebasen un mes de sueldo. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, o por indemnizaciones, tienen preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concurso o de quiebra. 5. Participación en las utilidades de las empresas (artículo 123, apartado A, fracción IX) Los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley.
53. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 57 6. Medidas de previsión social (artículo 123, apartado A, fracción XII, párrafos tercero, cuarto y quinto) Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo que se encuentre situada fuera de las poblaciones, está obligada a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Asimismo, cuando en estos centros de trabajo su población exceda de 200 habitantes, debe reservarse un espacio para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y casas de juegos de azar. 7. Capacitación o adiestramiento para el trabajo (artículo 123, apartado A, fracción XIII) Las empresas, cualquiera que sea su actividad, están obligadas a proporcionar a sus trabajadores, en los términos que disponga la ley, capacitación o adiestramiento para el trabajo. 8. Derecho a una indemnización o a la reinstalación en el trabajo en caso de ser despedido por el patrón sin causa justificada (artículo 123, apartado A, fracciones XXI y XXII) Todo trabajador tiene derecho a elegir entre ser indemnizado con el importe de tres meses de salario o a que se obligue al patrón a cumplir con el contrato de trabajo, mediante su reinstalación en su puesto de trabajo, bajo las mismas condiciones, cuando sea despedido sin causa justificada (como ocurriría si se despidiera al trabajador por haber ingresado a una asociación o a un sindicato o por haber participado en una huelga lícita), salvo los casos en que la ley exima al patrón del cumplimiento del contrato de trabajo mediante el pago de una indemnización. Igualmente, el patrón debe indemnizar al trabajador cuando éste se separe del trabajo y rescinda su contrato laboral por falta de probidad del patrón o por recibir de él, de sus dependientes o
54. 58 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS familiares malos tratamientos en su persona, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 9. Irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores (artículo 123, apartado A, fracción XXVII) Carecerá de validez y será considerada nula, por lo que no obligará, toda estipulación contractual que implique la renuncia de alguno de los derechos de los trabajadores (por ejemplo, cuando se estipule una jornada inhumana o cuando se establezca un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal). 10. Derechos laborales especiales para los menores de edad (artículo 123, apartado A, fracciones II, III y XI) Los menores de edad se encuentran sujetos, en su caso, a condiciones laborales especiales; incluso, se encuentra prohibido el trabajo de los menores de 14 años. Asimismo, en el caso de los mayores de 14 años y menores de 16, la jornada máxima de trabajo no puede exceder de seis horas; además, se encuentra prohibido el trabajo insalubre o peligroso, el nocturno industrial o el que ocurra después de las 10 de la noche, así como la jornada extraordinaria, para los menores de 16 años de edad. 11. Derechos laborales especiales para las madres trabajadoras (artículo 123, apartado A, fracciones V y XV) Las mujeres durante el embarazo tienen derecho a no realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada para el parto y de otro de seis semanas posteriores, percibiendo su salario íntegro, conservando su trabajo y sus demás derechos laborales. Durante el periodo de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.
55. LOS DERECHOS HUMANOS
56. 60 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS a) Gozan de periodos vacacionales no menores de veinte días al año. b) Perciben el salario que se fija en los presupuestos de egresos, sin que se pueda disminuir. c) La designación del personal es mediante la apreciación de los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. d) Gozan de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. e) Tienen el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes y el de huelga, cuando es general y sistemática la violación a los derechos que les confiere dicho apartado. f) La administración de la justicia laboral burocrática está a cargo, principalmente, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, según lo dispuesto en la Constitución y en la ley, salvo que se trate de servidores del Poder Judicial de la Federación (como los que se presenten entre los servidores del Tribunal Electoral), ya que deben someterse estos últimos conflictos al Consejo de la Judicatura Federal, y los que ocurran entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus empleados, ante la misma Suprema Corte. g) Los trabajadores de confianza disfrutan de las medidas protectoras del salario y de los beneficios de la seguridad social. Estos puestos deben estar previstos en la ley. 16. Derechos de otros trabajadores públicos (artículos 3o., fracción VII; 5o., párrafo cuarto; 21, párrafo quinto; 41, párrafo segundo, fracción III; 94, párrafo segundo; 97, párrafo primero; 99, párrafos cuarto, fracciones VI y VII, y séptimo; 100, párrafos cuarto, octavo y décimo; 115, fracción VIII; 116, fracción VI, y 123, apartado B, fracciones XII, XIII y XIII bis) Los trabajadores de las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas por ley; quienes ejerzan funciones electorales no permanentes y censales; servidores del Instituto Federal Electoral; servidores del Poder Judicial de la Federación; trabajadores de los municipios y de los Estados; militares, ma-
57. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS 61 rinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales, así como trabajadores del banco central y las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano están sujetos a lo específicamente previsto en la Constitución y en la ley respectiva. D. DERECHOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Los principales derechos de la seguridad social están previstos en el artículo 123, apartado A, fracciones XII, XIV, XV y XXIX, así como apartado B, fracción XI. Aun cuando algunos de los derechos laborales descritos en el inciso C del presente capítulo están muy relacionados con los de la seguridad social, cabe destacar en este apartado los siguientes: 1. Derecho de los trabajadores a disfrutar de condiciones de higiene y seguridad en sus centros de trabajo, así como de medidas para la prevención de accidentes de trabajo (artículo 123, apartado A, fracción XV) Los trabajadores tienen el derecho a disfrutar de condiciones de higiene y seguridad en su centro de trabajo; de las medidas que prevengan accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como de la organización del trabajo para que resulte en una mayor garantía para la salud y vida de los trabajadores, y del producto de la concepción en el caso de mujeres embarazadas, en los términos que se dispongan en las leyes. 2. Derecho de los trabajadores a recibir una indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional (artículo 123, apartado A, fracción XIV) Los trabajadores tienen derecho a recibir la indemnización correspondiente por parte de los patrones, en caso de que les suceda un accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional.
marlen lopez cervantes
bc corporativo
Jhon Edinson Garcia Barragan

References: artículo 6
 artículo 133
 artículo 35
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 3
 artículo 123