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Timestamp: 2020-08-13 07:52:50+00:00

Document:
484C2017 sala de lo penal de la corte suprema de justicia
"Tres Mil Ciento Treinta y Uno".
La citada Cámara dictó resolución en los términos siguientes
en perjuicio patrimonial de la víctima con régimen de protección con clave
III. FALLO. POR TANTO
484C2017
SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las ocho horas y treinta y dos minutos del día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.
La presente resolución es emitida por la Magistrada Doris Luz Rivas Galindo y los Magistrados José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, para resolver el recurso de casación incoado por el licenciado Manuel Wilfredo López Sandoval, defensor público de los procesados MASG, OARM y JNRC. El citado profesional, solicita se controle el auto interlocutorio emitido por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, Santa Ana, a las quince horas del seis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva condenatoria, pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia de la misma ciudad, por el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA, tipificado y sancionado en los Arts. 2 y 3 numeral 1, 3 y 7 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, en perjuicio de la víctima con régimen de protección "Tres Mil Ciento Treinta y Uno".
Interviene además, el licenciado Remberto Ulises Saúl Luna López, en calidad de agente auxiliar del señor Fiscal General de la República.
PRIMERO: El Juzgado de Instrucción de la ciudad de Metapán, conoció de la audiencia preliminar contra los referidos imputados, y una vez concluida la misma, remitió las actuaciones al Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, sede que llevó a cabo la vista pública, y con fecha dieciocho de septiembre del año dos mil diecisiete, dictó sentencia condenatoria en relación a los sindicados, la cual fue apelada por la defensa, de cuyo recurso conoció la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, del citado distrito judicial, que al pronunciarse sobre el referido recurso lo declaró inadmisible.
De acuerdo con la diligencias, figuran como probados los siguientes hechos: A las dieciséis horas del día diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, el investigador CEAV, toma la denuncia interpuesta por la víctima 3131, quien manifestó estar siendo víctima del delito de Extorsión por parte de los sujetos que se identifican como miembros de la Mara Salvatrucha, ya que tiene un negocio que se ubica en el interior de la ciudad de **********, y que a partir del día trece de agosto del mismo año, ha recibido unos mensajes de texto provenientes del número **********, en donde le exigen la cantidad de cien dólares mensuales a cambio de no atentar contra la vida del denunciante, de su familia y empleados.
Que el día dieciocho de agosto del mismo año, los extorsionistas mantuvieron comunicación por medio del teléfono de la víctima, quien se lo había dado al investigador A para negociar la extorsión. El investigador y extorsionistas acordaron que en horas del mediodía se iba a dar la entrega de dos mil dólares producto de la extorsión, frente al cementerio de Metapán, calle a la Colonia Altos de San Juan. Ubicado el investigador A y previa coordinación con el extorsionista llegaron al lugar en una motocicleta de color negro MA menor de edad y MASG, éste último se dirigió a donde se encontraba el investigador y le pidió el dinero y el investigador se lo entregó, era un sobre de color blanco que contenía la cantidad de diez dólares con N° de serie **********, simulando el sobre que llevaba la cantidad de dos mil dólares, MA se dirigió a abordar la motocicleta y se dirigieron frente a la casa ********** polígono **********, Calle **********, Colonia **********, lugar donde MA y MA se reunieron con OAM y JNRC y a punto de distribuirse el supuesto dinero fueron interceptados por los agentes policiales.
SEGUNDO.- La citada Cámara dictó resolución en los términos siguientes: "declárase inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el defensor público de los imputados MASG, OARM y JNRC procesados por el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA en perjuicio patrimonial de la víctima con régimen de protección con clave TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO..."(Sic).
TERCERO. Al agotar el estudio de naturaleza formal ordenado en los Arts. 483 y 484 Pr. Pn., esta Sala advierte que se han cumplido los requisitos de tiempo y forma, así como el de impugnabilidad objetiva y subjetiva, por tratarse de un pronunciamiento dictado en segunda instancia, respecto del cual se encuentra en desacuerdo el sujeto procesal legítimamente facultado. Además, el libelo puntualiza el motivo de reclamo y cita las normas presuntamente quebrantadas; en consecuencia, ADMÍTASE el recurso y procédase a dictar sentencia, Art. 484 Pr. Pn.
CUARTO. El defensor particular identifica como único vicio de casación la: "Violación a las reglas de la sana crítica, Arts.174, 175, 176, 177, 395 N° 3 relacionados con los Arts. 179 y 400 N° 5 Pr.Pn., con respecto a medios o elementos de valor decisivos concretamente el principio lógico de la razón suficiente, respecto al valor que se le da por parte del Juzgador a la prueba testimonial, documental y pericial.". Expresa que se configura un defecto en el rechazo del recurso de apelación, pues al dictar la inadmisibilidad se omitió conocer la inobservancia o errónea aplicación de preceptos de orden legal en la sentencia de mérito (sentencia dictada por primera instancia); los cuales fueron expuestos en la alzada, pues -insiste-, que en la resolución condenatoria existen infracciones a las reglas de la sana crítica con respecto a medios o elementos probatorios de carácter decisivo, Art. 478 Lit. 3 del Pr. Pn..
QUINTO.- Una vez interpuesto el memorial por la parte interesada, tal como lo dispone el Art. 483 del Código Procesal Penal, se emplazó al Licenciado Remberto Ulises Saúl Luna López, quien actúa en calidad de agente auxiliar del Fiscal General de la República, a fin que expresara su opinión técnica, habiendo omitido el ejercicio de su derecho a contestación.
1.- De acuerdo al memorial recursivo, el peticionario solicita a este tribunal controle Ia. resolución interlocutoria dictada por la citada Cámara, por considerar que dicha instancia no examinó la inobservancia o errónea aplicación de preceptos de orden legal en los que ha incurrido primera instancia y que alegó en el escrito de alzada, pues la resolución del tribunal de sentencia -a criterio del recurrente- infringe las reglas de la sana crítica. Así, en el sub judice el impetrante no comparte el criterio e interpretación de la Cámara para declarar inadmisible su alzada, por estimar que el escrito de apelación expone claramente el yerro incurrido por primera instancia respecto a la valoración probatoria de elementos decisivos.
Considera el inconforme, que el tribunal de alzada ha errado en la interpretación de los argumentos de su alzada; para demostrarlo, retoma parte de los alegatos planteados en el recurso de apelación y los presenta ante esta sede a efecto de demostrar el vicio expuesto ante Cámara y así descartar que los mismos refieren únicamente una valoración subjetiva de la prueba, reiterando que el tribunal de segunda instancia, obvió un análisis sobre la infracción presentada, con lo que a su criterio, está claramente demostrado el agravio que fundamenta el recurso rechazado.
2.- Con el objeto de ofrecer una adecuada respuesta al planteamiento desarrollado por el impugnante, se procede a examinar las diligencias, particularmente el auto impugnado, en cuya fundamentación se expresa lo siguiente: "...los suscritos observamos que en el caso sub júdice el defensor público... licenciado López Sandoval, en su escrito, si bien enuncia como motivos en que sustenta la apelación, insuficiencia en la fundamentación que realizó el juzgador; así como también que no se han observado las reglas de la sana crítica con respeto a medios o elementos probatorios de valor decisivo, específicamente la lógica, la experiencia común y la psicología... resulta que de los argumentos expuestos se vislumbra que dicho impugnante no logró fundamentar el reclamo invocado, puesto que se dedicó a atacar el valor otorgado por el sentenciador a las declaraciones indagatorias de los procesados, en la cual JNRC incorporó la prueba documental de la factura de su teléfono; asimismo, cuestiona la declaración del agente policial CEAV; y de igual manera, cuestiona la declaración de la agente ACC, quien conformó parte en el equipo que participó en el dispositivo policial y captura de los imputados, siendo que a dichas declaraciones se les confirió credibilidad; y el impugnante se dedicó a señalar en su libelo impugnativo, doctrinariamente, como están clasificadas las reglas de la sana crítica, pero no llegó a sustentar en donde se encuentra la vulneración y en donde específicamente está, tanto la falta de fundamentación como la no aplicación de las reglas de la sana crítica...".
En correspondencia a lo expuesto, dada la objeción presentada por el impetrante, esta sede se remitió a pasajes del expediente judicial, encontrando a folio cuatrocientos ochenta y tres el recurso de apelación presentado el día tres de octubre de dos mil diecisiete, en el que se arguye como defecto la: "Vulneración o Violación de las reglas de la sana crítica con relación a medios o elementos de prueba de valor decisivo, específicamente de razón suficiente, expresado en el sub principio de derivación y la inobservancia de los Art. 174, 175, 176, 177 y 395 N° 3, en relación con los Arts. 179, 400 N° 5 todos del Pr. Pn".
De una simple lectura al citado medio recursivo, se advierte que la infracción presentada posee ciertos razonamientos que conllevan valoraciones subjetivas de prueba, apuntándose la estimación que debió brindarles el ente sentenciador, aspecto que tal como lo detalla la Cámara cuestionada corresponden a una inconformidad respecto del examen intelectivo, no así a una inobservancia a las reglas de sana crítica. Las manifestaciones en comento refieren a que las declaraciones de los testigos de descargo, unidas a otros elementos de prueba abonan a la credibilidad de que los procesados no son parte de una estructura criminal y que por tanto es posible afirmar que los encartados no cometieron el delito que se les atribuyó. Aunado a ello, expresa que no concurre una apreciación crítica, al tener por establecido que al procesado MASG no le han decomisado teléfono celular, y al no haberse demostrado que la víctima 3131 haya recibido mensajes por escrito de la extorsión provenientes del número ********** que fueran enviados por miembros de la MS.
3.- Al margen de las anteriores manifestaciones del recurrente, las que están insertas en el escrito de apelación, esta Sala también desprende del contenido del mencionado libelo que el apelante claramente menciona los siguientes puntos: a) Omisión de valoración y análisis del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, de las declaraciones indagatorias de los procesados y de la prueba documental ofertada por el encartado JNRC, consistente en factura de teléfono. b) Incumplimiento deI Art. 221 Pr.Pn., al no ser el agente CEAV, testigo referencial de la víctima, pues es este mismo quien el día de la vista pública levanta el acta en la que se hace constar que la víctima no tiene interés de comparecer. c) La concurrencia de contradicciones entre la declaración de la agente ACC y eI Álbum de Fotografías, la cual a su criterio no resulta creíble pues si bien su función fue de tomar fotografías, lo declarado por la misma respecto de las fotografías presentadas en álbum fotográfico demuestra que éstas no pudieron ser tomadas desde el vehículo totalmente polarizado y que éstas no fueron tomadas desde un vehículo estacionado y menos que fueron realizadas cuando se daba la persecución de los sujetos que habían recibido el sobre de la extorsión y el momento cuando se reunieron los cuatro; y d) Error en la fecha que se dicta la sentencia, no correspondiendo a la acaecida al momento de dictarse.
En atención a los alegatos expuestos, que corresponden exactamente al recurso de apelación, es de advertir que lleva razón el recurrente al señalar un incorrecto actuar por parte del tribunal de segunda instancia, pues si bien, la Cámara debe realizar el examen de admisión a efecto de verificar las condiciones formales que deben concurrir en el escrito recursivo, dicho análisis no debe caer en exigencias extremadamente rigoristas al grado de obstaculizar el acceso al recurso, en su defecto, la alzada debe partir de un análisis en el que sin quitar las elementales condiciones y requisitos del medio de impugnación, flexibilice su exigencia, lo que significa que sin desconocerse los presupuestos formales exigidos por la ley, se brinde apertura al recurso cuando de él se logra desprender la expresión mínima de algún agravio.
En el presente caso, si bien el licenciado Manuel Wilfredo López Sandoval, manifiesta argumentos que corresponden a valoraciones y apreciaciones personales de las probanzas, con lo cual no demuestra la concurrencia del vicio que alega, sí indica fundamentos que hacen posible desprender el contenido sobre el que se razona la concurrencia de la infracción, los preceptos legales y el enunciado en el que se ampara, siendo ésta la vulneración a las reglas de la sana crítica en la que incurre el juzgador -el que a su criterio-, ha omitido examinar elementos de prueba de descargo y contradicciones existentes entre las pruebas, junto a anomalías en el carácter que se presentó el agente A como testigo de referencia, así como aspectos puntuales relacionados con el tiempo en que fue dictada la sentencia de primer grado.
En tal sentido, se advierte que la fundamentación no puede ser entendida de forma irrestricta por parte de la Cámara, pues debe verificarse plenamente el contenido del recurso y desechar únicamente los apartados que no sean objeto de conocimiento de alzada sin dejar por fuera aquellos puntos específicos en los que se logre desprender el perjuicio y el agravio causado, es decir, si dentro del escrito se logra derivar el planteamiento de una inobservancia o errónea aplicación de preceptos legales en cuanto a cuestiones de hecho o de derecho cometidas por primera instancia, el libelo podría ser admitido para el consecuente pronunciamiento de fondo.
Bajo esa perspectiva, esta sede estima que no son atendibles las consideraciones del tribunal de segunda instancia para inadmitir el recurso de apelación en su totalidad, por cuanto el contenido del escrito presenta claramente argumentos que indican el motivo y fundamentos de éste, alegatos que concretamente refieren a la falta de fundamentación e inobservancia a las reglas de la sana crítica cometidas en el fallo de primera instancia, explicando con meridiano detalle tales aspectos, pues, el recurrente delimita sobre qué elementos de prueba -a su criterio-, no se ha producido un examen valorativo integral.
A criterio de este tribunal, la Cámara en el ejercicio de sus facultades legales, ha desarrollado un planteamiento extremadamente restrictivo que es contrario a las amplias potestades que posee para el examen del recurso de apelación, en tanto que dentro de los límites de la pretensión se le reconoce la facultad de verificar el escrutinio de la producción y valoración de la prueba, así como la aplicación e interpretación de las normas adjetivas o sustantivas correspondiente, con el objeto de ofrecer al agraviado una revisión integral del asunto de fondo, potestades jurisdiccionales que tienen su génesis en el Código Procesal Penal y en normativa internacional, como son: el Art. 8. 2 letra h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entonces, al ser evidente la presencia de los requisitos mínimos de fundamentación del escrito que contiene el recurso rechazado, esta sede considera conducente anular la resolución de inadmisión impugnada y ordenar un nuevo estudio del recurso de apelación incoado.
Al arribar a este punto, la Sala estima que procede remitir el proceso al tribunal de origen a efecto de que sea éste quien realice un nuevo estudio de la alzada y se pronuncie tomando en cuenta las previsiones advertidas en la presente decisión. Este criterio no es novedoso, toda vez que esta sede ya ha señalado que al no haberse ejercitado un examen fáctico o jurídico de fondo, los Magistrados proveyentes no tendrían afectación alguna, pues limitaron su conocimiento exclusivamente a la revisión de los requisitos formales que determinan la admisibilidad del recurso que estudiaron. (Cfr. Ref. 377C2016 de 07/02/2017).
POR TANTO: De acuerdo a lo apuntado en los acápites precedentes, disposiciones legales citadas y artículos 50 Inc. 2°. Literal a), 144, 452, 453, 478, 479 y 484 todos del Pr. Pn., en nombre de la República de El Salvador, esta Sala RESUELVE:
A. DECLÁRASE HA LUGAR A CASAR el auto interlocutorio emitido por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, Santa Ana, a las quince horas del seis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva condenatoria, pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia de la misma ciudad, en atención a los planteamientos expuestos en la presente resolución.
B.- Oportunamente, remítanse las actuaciones a la Cámara de origen, para que sea ésta quien admita y conozca sobre los argumentos de apelación según lo señalado en esta resolución.
D. L. R. GALINDO.--------------J. R. ARGUETA.-----------------L. R. MURCIA.--------------------PRONUNCIADO POR LA MAGISTRADA Y LOS MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN. ----------------------ILEGIBLE.---------------SRIO.--------------------RUBRICADAS.

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