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Timestamp: 2019-02-18 11:06:36+00:00

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Comentarios escritos de ARTICLE 19, Campaña Global...
Comentarios escritos de ARTICLE 19, Campaña Global por la Libertad de
Expresión, al Quinto informe periódico de México presentado ante Comité de
Derechos Humanos en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos
Toby Mendel, a19law@hfx.eastlink.ca
Cynthia Cárdenas, cynthiac@article19.org
1. ARTICLE 19, Campaña Global por la Libertad de Expresión (ARTICLE 19), organización
internacional de derechos humanos, presenta respetuosamente estos comentarios por escrito
relativos a México a consideración del Grupo de Trabajo sobre Informes de Estados Parte del
Comité de Derechos Humanos (CDH) en su 96º período de sesiones, que se celebrará del 13 al
31 de julio de 2009, en Ginebra, Suiza. El presente informe deberá leerse en conjunto con la
información que figura en el Quinto informe periódico del Gobierno de México presentado el
24 de septiembre de 2008 (informe del Gobierno mexicano) de conformidad con el artículo 40
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
2. En los presentes comentarios por escrito, ARTICLE 19 se centra en ámbitos de interés
relacionados con el ejercicio del derecho de la libertad de expresión en México con objeto de
aclarar las cuestiones en las que el país no ha cumplido con sus obligaciones, incluso la de
adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho.
3. Un problema muy grave en México es la creciente violencia en todo el país que enfrentan las
personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, además de una falta de disposiciones
legales e instituciones adecuadas que permitan afrontar estos ataques, lo cual conduce a un
ambiente de impunidad. Otros problemas se refieren al inapropiado marco normativo sobre la
regulación de medios, que carece de independencia del Gobierno, que no ha logrado evitar el
monopolio de los medios y no fomenta la radiodifusión comunitaria, no ha logrado hacer
plenamente operativo el derecho a la información, además de que no se ha despenalizado la
difamación en todas las entidades federativas.
1. Difamación
4. Los párrafos 716 y 717 del informe del Gobierno mexicano indican que, con arreglo a la
recomendación del CDH de 1999, se ha despenalizado el delito de difamación previsto en el
Código Penal Federal. Nos congratulamos profundamente por esta medida, ARTICLE 19
continuamente ha exhortado a los Estados a implementarla. Sin embargo, notamos que esta
reforma es parcial dado que los delitos de difamación, injuria y calumnia continúan previstos
en 21 de las 32 entidades federativas mexicanas.1 La pena privativa de la libertad sigue vigente
por los delitos de difamación siendo la más severa de dos a seis años de prisión por el delito de
injurias en el estado de Baja California Sur, de dos a cinco años por el delito de calumnia en el
estado de Colima y de seis meses a cinco años por los delitos de calumnia y difamación en
Veracruz. Contrario al derecho de difundir información e ideas, reconocido en el artículo 19 del
PIDCP, la difamación penal ha sido utilizada tanto por funcionarios públicos como por
particulares para obstaculizar investigaciones periodísticas. Además se han registrado casos en
los que la difamación civil es utilizada para censurar la libertad de expresión.2
Concretamente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Un ejemplo es la demanda por daño moral contra el diario El Sur y cinco de sus reporteros en el estado de
Guerrero. La cantidad solicitada como compensación por daño moral es igual al valor total del periódico. Para
mayor información sobre este caso consulte: http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=26685
5. ARTICLE 19 reconoce que México ha avanzado considerablemente en lo que toca al derecho a
la información, como se señala en los párrafos 718 a 741 del informe del Gobierno mexicano.
Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación en relación con la implementación del
derecho a la información, reconocido en virtud del artículo 19 del PIDCP.3
6. El párrafo741 del informe del Gobierno mexicano afirma que un número considerable de
ciudadanos/as ha ejercido el derecho de acceso a la información. Aunque reconocemos que se
han presentado un gran número de solicitudes de información, advertimos que hay datos que
evidencian que el ejercicio de este derecho sigue siendo limitado, es poco divulgado o sólo se
considera relevante para una élite. Desde la entrada en vigor en 2003 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y hasta abril de 2009, se
presentaron 413,740 solicitudes de información en el ámbito federal.4 La población de México
alcanza una cifra estimada de 105 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 80%
tienen entre 10 y 84 años de edad. De acuerdo con las cifras facilitadas por el Instituto Federal
de Acceso a la Información (IFAI),5 la mayoría de los/as solicitantes pertenecen a los sectores
comercial, académico y gubernamental, junto con representantes de los medios de
comunicación y de la sociedad civil. La distribución de solicitudes de información por sexo
muestra que sólo 35.8% de las personas que han solicitado información son mujeres, mientras
que 64.2% de las personas que han solicitado información son hombres, hecho que no se
menciona en el informe del Gobierno mexicano. Incluso en la Ciudad de México, que presume
de la mayor tasa de solicitudes de información, sólo alrededor de 1% de la población ha
presentado solicitudes de información, y éstas fueron presentadas abrumadoramente por
varones de niveles educativos superiores.
7. Los párrafos 734 a 737 del informe del Gobierno mexicano describen la reforma al artículo 6°
de la Constitución que tuvo lugar el 20 de julio de 2007, por medio de la cual se regula el
derecho fundamental del acceso a la información en México. Este fue un avance muy positivo
por el que ARTICLE 19 se congratula. Sin embargo, vemos con preocupación el que las
autoridades competentes no hayan armonizado las 33 leyes del país en materia de acceso a la
información (32 leyes de las entidades federativas y la ley federal) con las nuevas disposiciones
constitucionales.6 No se han reformado ni las leyes de 18 entidades federativas ni la ley federal
(esto es, sólo 14 de las entidades federativas han reformado sus leyes),7 como lo ordena el
artículo 2° transitorio al artículo 6º constitucional, que establece que deben armonizarse las
leyes dentro del plazo de un año siguiente a la fecha de la aprobación de la reforma.
Como señalaron el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión, el
Representante de la OSCE sobre la Libertad de Medios y el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de
Expresión en una declaración conjunta del 6 de diciembre de 2004 “El derecho de acceso a la información en
poder de las autoridades públicas es un derecho humano fundamental que debería aplicarse a nivel nacional a
través de legislación global (por ejemplo, las Leyes de Libertad de Acceso a Información) basada en el
principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda la información es accesible,
sujeto solamente a un sistema restringido de excepciones”.
Disponible en: http://www.ifai.org.mx/Gobierno/#estadisticas
Disponible en: http://www.ifex.org/mexico/2008/07/30/federal_congress_various_states/es/
Se han modificado las leyes de Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla, el Distrito Federal y Zacatecas.
8. Diversas entidades federativas incumplen con el artículo 6° constitucional al no haber aprobado
leyes de protección de datos personales. Otras leyes estatales también incumplen las normas de
otros modos. 8 Por ejemplo, los estados de Guerrero 9 y Sonora continúan exigiendo que quien
solicita información acredite su identidad o que sea residente del estado a fin de poder presentar
9. Otro grave problema es que algunas leyes no establecen un organismo administrativo de
fiscalización independiente que examine las negativas para proporcionar información pública.10
En efecto, algunas entidades federativas han presentado medidas que limitan la independencia
de los organismos de fiscalización. Casos ilustrativos son los de los estados de Querétaro y
Jalisco. En Querétaro se reformó la Constitución estatal en marzo de 2008 para suprimir la
fuerza vinculante de las decisiones de la Comisión de Transparencia. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma en septiembre de 2008.11 En respuesta,
el 31 de diciembre de 2008, el Congreso del estado reformó la ley estatal sobre transparencia
para debilitar a esta Comisión de Transparencia, e incluso transfirió la capacidad para tomar
decisiones de manera colegiada -práctica común en México- a una sola persona encargada de
tomar decisiones. Además, estableció el pago de derechos para la búsqueda de información, lo
cual genera un efecto inhibitorio para presentar solicitudes.12 En Jalisco, se intentó establecer la
posibilidad de que instituciones públicas pudiesen impugnar las decisiones del organismo de
fiscalización, lo cual no había sido la práctica, y que contrasta con la norma federal que
consideramos preferible. También tomamos nota de que aún cuando el IFAI tiene un sólido
historial, carece de garantías estructurales de autonomía dado que los comisionados son
seleccionados por el Presidente de la República, hecho que puede poner en riesgo su
independencia en el futuro.
10. México también ha sido testigo de graves desafíos al derecho a la información. El más
importante es la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, aprobada
por el Congreso en diciembre de 2008. Ésta viola flagrantemente el derecho a la información y
fortalece la impunidad que impera en el país, al reservar indefinidamente toda averiguación
previa, con la sola excepción de las decisiones de no ejercicio de acción penal, que únicamente
podrán divulgarse después de un plazo igual al de prescripción del delito o hasta por 12 años.
La reforma viola además los principios de certidumbre y seguridad jurídica, por cuanto que una
víctima podría desconocer la fundamentación y motivación por las cuales no se ejercitó una
11. Otro grave retroceso en el derecho a la información fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) del 11 de marzo de 2008 que confirmó la negativa de acceso a las boletas
electorales de la elección presidencial de 2006 y que permitió la destrucción de éstas. El
Instituto Federal Electoral debe ahora esperar la resolución del caso por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Consideramos que el hecho de que se haya negado el
acceso a las boletas electorales aún cuando no contienen información sensible es una clara
negación del derecho a la información.
The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation (ARTICLE 19, Londres,
1999) brinda una buena visión de los estándares en materia del derecho a la información, mismos que el
artículo 6° constitucional refleja en gran medida.
Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/GUERRERO/Leyes/GROLEY02.pdf
Véase The Public's Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation, ibid. y la
Declaración del Seminario SOCIUS Perú 2003: Acceso ala Información.
La nota de prensa está disponible en: http://www.el-universal.com.mx/notas/541555.html
Disponible en: http://www.ceigqro.org.mx/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2
12. Por último, tomamos nota de que hay casos documentados de periodistas y organizaciones de la
sociedad civil que han sido víctimas de presiones, amenazas e incluso detención ilegal al
intentar ejercer su derecho a la información. El monitoreo que realiza ARTICLE 19 ha revelado
evidencia de inspecciones realizadas por las autoridades a residencias privadas, casos en los que
se ha exigido a las personas que hayan solicitado información que presenten una identificación
e incluso un caso que desencadenó la detención de un periodista.13 Especial atención debe darse
a los casos en Guerrero, donde las autoridades han indicado abiertamente su negativa a difundir
3. Regulación de medios
13. La regulación de la radiodifusión en México falla de manera importante en cumplir con los
estándares internacionales. Prácticamente todo el marco jurídico es obsoleto,14 no favorece la
competencia leal, deja la toma de decisiones en manos del Gobierno en lugar de una autoridad
regulatoria independiente, ha fallado en combatir el grave monopolio del espectro radioeléctrico
en México, y ha fallado en promover la radiodifusión comunitaria, contrario al Derecho
Internacional.15
14. Como se describe en los párrafos 744 y 745 del informe del Gobierno mexicano, en abril de
2006 se reformaron la Ley de Radio y Televisión, y la de Telecomunicaciones, pero las leyes
aprobadas por el Congreso fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) sosteniendo que éstas socavaban la libertad de expresión y
favorecían prácticas monopólicas. El Congreso ha incumplido con el plazo de dos años que se
fijó a sí mismo para la aprobación de nuevas reformas, dejando así al sector de la radiodifusión
en una situación de incertidumbre jurídica, sin las salvaguardas apropiadas para el derecho a la
15. Contrario al cumplimiento con el fallo de la Corte, el 15 de septiembre de 2008 el Ejecutivo
Federal publicó una serie de medidas administrativas16 que pasan por alto muchas de las
disposiciones de la Corte acerca de la necesidad de realizar un proceso de licitación para
cualquier nuevo otorgamiento de concesiones de radio o televisión. Aunque las nuevas medidas
pretenden sustituir la frecuencia de amplitud modulada (AM) con emisoras de frecuencia
modulada (FM), suponen también el otorgamiento de nuevas concesiones a las emisoras que ya
poseen las frecuencias de AM. Ello vuelve efectivamente imposible que nuevos participantes
utilicen la banda de FM dado que esa parte del espectro ha sido saturada por los operadores
actuales, exacerbando así la concentración de la propiedad de los medios de radiodifusión.
Hay más información al respecto en: http://www.article19.org/pdfs/press/mexico-journo-corruption-sp.pdf
y http://www.libertad-expresion.org.mx/noticias/elementos-de-una-corporacion-policiaca-hostigan-en-
interrogatorio-a-reportera-que-realizo-peticiones-de-informacion/
La ley de radio y televisión, y la ley de telecomunicaciones entraron en vigor en 1960 y 1995,
ARTICLE 19, “Submission to the Inter-American Commission on Human Rights: International Standards
on the Regulation of Broadcasting”, Toby Mendel, 2007.
El acuerdo establece el marco para realizar cambios a las frecuencias autorizadas para ofrecer el servicio de
radio y que operan en la banda de amplitud modulada, con el fin de optimizar el uso, aplicación y explotación
de un activo dentro del dominio público en la transición hacia la radio digital.
16. La legislación faculta al Gobierno a controlar el otorgamiento de concesiones, en contra de los
estándares internacionales que llaman a que la regulación de la radiodifusión sea fiscalizada por
17. La discrecionalidad del Gobierno en el otorgamiento de licencias de radiodifusión, así como
otros factores, han alentado una concentración masiva de propiedad de los medios de
radiodifusión en manos de intereses comerciales: 96% del número total de canales de la
televisión comercial pertenecen a dos familias; entre las estaciones de radio, 86% pertenecen a
13 grupos empresariales.17 Por consiguiente, en México la propiedad de los medios de
radiodifusión es una de las más concentradas en el mundo, lo cual lleva aparejada la exclusión
de voces de los grupos vulnerables.
18. México cuenta con un servicio de radiodifusión pública masiva que se beneficia de
considerables recursos públicos. Cada una de las 32 entidades federativas del país, así como la
federación, tiene su propia estación de radio o canal de televisión, o ambos. Ello brinda una
especie de contrapeso al sector de la radiodifusión comercial altamente concentrado. Sin
embargo, los medios de comunicación públicos del país carecen de la autonomía y la
independencia editorial que establece el Derecho Internacional y, por consiguiente, no aseguran
la pluralidad y diversidad de voces en el país acordes a sus posibilidades.
19. Las leyes mexicanas en materia de radiodifusión no reconocen a las radios comunitarias como
un sector aparte y les deja en una situación de vulnerabilidad jurídica, pese a las
recomendaciones tanto en el contexto de las Naciones Unidas 18 como de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.19 Algunos grupos ciudadanos cuentan con acceso a la
operación y administraciones de frecuencias de radio como se describe en los párrafos 754 a
757 del informe del Gobierno. Sin embargo, pese a las directrices internas establecidas por el
Gobierno mexicano,20 la falta de un reconocimiento legal y los excesivos trámites y requisitos,
agravados por las reformas de 2006, dificultan en extremo que las comunidades obtengan un
permiso para operar una estación de radio o televisión. Además, las pocas radios comunitarias
que cuentan con permisos para operar afrontan una grave limitación en el uso de transmisiones
“Situación del Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión en México, Informe Ejecutivo: Balance
de un sexenio, 2000-2006”, presentado por diversas organizaciones a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos durante su visita a México, abril de 2007.
En el reciente Examen Periódico Universal de México en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, el Gobierno mexicano estuvo de acuerdo con la recomendación hecha por la Federación Rusa y los
Países Bajos para “introducir reformas legislativas para garantizar la apertura y la transparencia de los medios
de comunicación del país y revisar la legislación que rige la radio, la televisión y la comunicación, y dar
seguimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre un nuevo marco jurídico que permita la diversidad
La CIDH recomendó en el informe anual de 2007 del Relator Especial para la libertad de expresión que los
Gobiernos deberían: “Legislar en materia de radiodifusión comunitaria, de manera que se destine parte del
espectro a radios comunitarias, y que en la asignación de estas frecuencias se tomen en cuenta criterios
democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a las
mismas”. El Relator Especial recomendó asimismo que los reglamentos en materia de radiodifusión
comunitaria reconociesen las características especiales de estos medios e incluyesen, como mínimo, los
siguientes elementos: trámites sencillos para obtener licencias; la ausencia de requisitos técnicos estrictos que
pudieran impedir que, en la práctica, se presentara una solicitud de licencia ante las autoridades, y la
posibilidad de utilizar la publicidad como medio de sustento financiero.
Programa Nacional de Derechos Humanos (2008-2012), línea de acción: “Promover el reconocimiento
jurídico de la radiodifusión comunitaria, así como facilitar su operación y desarrollo a través de reglamentos y
demás normas administrativas.”
con fines comerciales, descartándose así, por consiguiente, una de las fuentes más importantes
de financiación y su posibilidad de sostenibilidad económica. 21
20. Desde junio de 2008 a la fecha, el Gobierno mexicano ha mostrado una tendencia a iniciar
procesos penales en contra de radios comunitarias que operan sin permiso,22 en lugar de
centrarse en procedimientos administrativos. Además, la impunidad ha sido el resultado en los
casos de agresión de las que han sido víctimas las radios comunitarias a manos de agentes de
particulares y del estado.23
21. La Ley de Imprenta de 1917 es otro obstáculo a la libertad de expresión en México. Contiene
disposiciones contrarias a los principios internacionalmente aceptados sobre la libertad de
expresión, pues emplea nociones vagas como “moral”, “buenas costumbres”, “decencia”, y
“actos licenciosos o impúdicos” para restringir el contenido de aquello que pueden imprimir los
diarios.24 La ley contiene además reglas restrictivas en materia de difamación. Aunque no suele
aplicarse, la Ley de Imprenta vulnera la libertad de expresión y debiera derogarse.
22. Un mecanismo indirecto de censura en México es el otorgamiento de contratos del Gobierno
para publicidad oficial en los medios. La práctica es que las autoridades premien o castiguen a
los medios de comunicación que son, respectivamente, amistosos o críticos. No existen ni
políticas ni marco jurídico alguno que regule la transparencia en la concesión de publicidad ni
los criterios que el Gobierno aplica para determinar esto. El diario A.M. del estado de
Guanajuato, por ejemplo, ha presentado una demanda judicial contra el Gobierno estatal por
retirarle toda publicidad pública con motivo de la línea editorial critica del Gobierno.25
4. Protección de periodistas
23. México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y
las acciones descritas en los párrafos 773 a 785 del informe del Gobierno mexicano no son ni
suficientes ni eficaces para garantizar el derecho a la libertad de expresión de los/as
periodistas.26 Desde 2003, de acuerdo con cifras generadas por organizaciones de derechos
humanos, se ha registrado un aumento sostenido del número de casos de agresiones violentas
cometidas en contra de periodistas. Como lo observó la Misión Internacional de Documentación
El comunicado de prensa está disponible en: http://www.amedi.org.mx/spip.php?article375
Véase: “Avanza plan ofensivo contra radios comunitarias”, Contralínea, marzo de 2009,
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/03/15/avanza-plan-ofensivo-contra-radios-
comunitarias/ Se han presentado acusaciones contra radios comunitarias en virtud del artículo 150 de la Ley
General de Bienes Nacionales, que estipula una sentencia entre dos y doce años de cárcel, y una multa de
trescientas a mil veces el salario mínimo “…a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la
Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la
autoridad competente”.
Algunas de éstas acciones han dado por resultado la adopción de medidas cautelares de la Comisión
Diagnóstico sobre la situación de Derechos Humanos en México, 2003 Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, 2003. El documento está disponible en:
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/dh_2003/2derechosciviles.pdf
El boletín de prensa que describe el caso está disponible en:
http://www.ifex.org/mexico/2008/06/18/guanajuato_state_government_accused/es/
“Discurso sin Resultados: Informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra
Periodistas”. ARTICLE 19, 2009. El discurso está disponible en:
http://www.article19.org/pdfs/publications/mexico-discurso-sin-resultados.pdf
Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación 27 en abril de 2008: “En los
últimos 8 años por lo menos 24 periodistas y personas trabajadoras de los medios fueron
asesinadas, 8 desaparecieron y decenas de ellas fueron amenazadas, intimidadas o agredidas en
razón de su oficio. La mayor parte de los casos se encuentra en la impunidad, lo cual ha
causado una situación generalizada de autocensura.” La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ha dado a conocer cifras aún mayores, afirmando en un comunicado de prensa del 24
de noviembre de 2008 que “el...número de homicidios de periodistas... [es de] 45 del año 2000
a la fecha”. A pesar del gran número de casos, hay un enorme grado de impunidad, y 98% de
los casos de ataques en contra de periodistas cometidos entre 2000 y 2009 no han sido resueltos.
24. El informe del Gobierno mexicano omite señalar que los/as principales perpetradores/as de
estos ataques son agentes estatales. Del total de número de casos registrados en 2008,28 55%
fueron perpetrados por personas funcionarias públicas. Contrario a las afirmaciones del
Gobierno en el sentido de que la principal responsable es la delincuencia organizada, en 2008
sólo 11% de los ataques se registraron como perpetrados por miembros de la crimen
organizado. A últimas fechas, ARTICLE 19 también ha registrado violaciones a los derechos
humanos en contra de periodistas en funciones –particularmente violaciones al derecho a la
seguridad, la integridad y el debido proceso- por parte de las fuerzas de seguridad pública, por
medio de la Policía Federal Preventiva (PFP), la Agencia Federal de Investigación (AFI), y la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Las violaciones ocurren principalmente en el
contexto de la cobertura de operativos realizados por el Gobierno mexicano en la lucha contra
la delincuencia organizada.29
25. Estos ataques y la incapacidad o falta de voluntad política del Gobierno para resolverlos afectan
no sólo la libertad de expresión sino el disfrute de otros derechos humanos. En concreto, estas
violaciones vulneran el derecho a la vida (artículo 6 PIDCP), el derecho a la integridad personal
(artículo 7), el derecho a la libertad (artículo 9), el derecho al debido proceso legal (artículo 14),
el derecho a la protección jurídica (artículo 17) y el derecho a la participación política (artículo
25).30
26. Las medidas adoptadas por México para combatir la impunidad han sido insuficientes. Como
parte del Examen Periódico Universal, en febrero de 2009, el Consejo de Derechos Humanos,
junto con diversas misiones de organizaciones internacionales, recomendó que era
indispensable para México: “federalizar los delitos cometidos contra de la libertad de
expresión”. Ello facultaría a las autoridades para investigar casos de ataques y homicidios de
periodistas y otro tipo de comunicadores y comunicadoras, que las autoridades locales han
permitido que permanezcan impunes. En respuesta a ello, la Cámara de Diputados aprobó una
iniciativa que incluye como delito aquellos cometidos en contra de la libertad de expresión y en
contra de las personas que ejercen el periodismo.31
En abril de 2008, la Misión Internacional de Documentación de Ataques en contra de Periodistas y los
Medios de Comunicación, que constaba de representantes de 12 organizaciones internacionales que realizan
actividades en la defensa y promoción de la libertad de expresión, así como de la UNESCO, realizó una visita
a México. El informe está disponible en: http://www.article19.org/pdfs/publications/mexico-shadow-of-
impunity-and-violence.pdf
Base de datos sobre de ataques en contra de periodistas y los medios de comunicación, ARTICLE 19 y
“México: La impunidad que impera en los casos de agresión y homicidios de periodistas es una violación
evidente de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos”, ARTICLE 19, 2008.
Disponible en: http://www.article19.org/pdfs/publications/mexico-impunity-statement-sp.pdf
Se ha agregado al Código Penal Federal el título XXVII llamado “De los delitos cometidos contra la
27. Aunque nos congratulamos por este suceso, notamos que es insuficiente ya que no se provee a
las autoridades federales ni de las facultades ni de los recursos necesarios para investigar y
castigar los ataques en contra de periodistas.32 Además de la previsión de un delito federal por
ataques a la libertad de expresión, el Consejo de Derechos Humanos recomendó a México que
se fortaleciera la Fiscalía Especial para la Atención para Delitos Cometidos contra Periodistas
(FEADP) y se le otorgaran mayores facultades para investigar. El Gobierno ha fallado en
cumplir con esta recomendación.
28. Como lo destacan los párrafos 778 y 785 del informe del Gobierno mexicano, se creó la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP). Sin embargo, esta
instancia no cuenta con las facultades para cumplir su mandato de manera eficiente y eficaz.
Sus facultades para investigar violaciones a la libertad de expresión contra periodistas están
seriamente limitadas, incluyendo la falta de competencia para investigar y un ámbito de
aplicación limitado y ambiguo para perseguir delitos y brindar protección. Estas limitaciones se
reflejan en la falta de resultados, de suerte que, de un número total de 274 casos conocidos a
nivel federal, la Fiscalía sólo ha consignado tres casos ante una autoridad judicial.33 Esto
significa que las investigaciones federales de la FEADP y otras instancias federales han tenido
una ineficacia de 99%, mientras los responsables de los delitos se benefician de la impunidad.
29. Como se refleja en el párrafo 779 del informe del Gobierno, y en las confusas cifras publicadas
por la FEADP misma, la falta de facultades y la ausencia de voluntad política para realizar
investigaciones eficaces ha resultado en que la FEADP se declare incompetente para investigar
en 75% de los casos del orden federal.34 Aun cuando la Fiscalía puede investigar sobre delitos
federales, no los conoce. Aún más, la FEADP no tiene competencia para investigar casos bajo
jurisdicción local, los cuales, de acuerdo con los registros, constituyen la mayoría.
30. Incluso en los contados casos que son examinados por la FEADP, se han identificado
deficiencias en las investigaciones y violaciones al debido proceso legal por parte de la Fiscalía.
Además, no se realizan investigaciones serias sobre de las líneas editoriales, publicaciones o
contenido de notas que podrían contribuir a determinar una línea de investigación.
31. La falta de facultades de la FEADP y su incapacidad general para alcanzar mejores resultados
en esta materia, refleja la ausencia de voluntad política del Gobierno para poner fin a los casos
libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística”. Nos congratulamos por la reforma pues
reconoce que el derecho protegido es la libertad de expresión. Esto es, que los ataques en contra de periodistas
en funciones violan el derecho humano a la libertad de expresión por cuanto el objetivo del ataque es
silenciarlos. Del mismo modo, se establece un amplio espectro de protección para todas las personas que
trabajan en el periodismo y los medios de comunicación noticiosos, incluso los medios alternativos,
comerciales, independientes, autónomos y comerciales. La reforma contrasta con los criterios restrictivos que
actualmente sigue la Oficina del Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas
(FEADP) para investigar este tipo de ataques, que insiste en que la víctima del delito debe demostrar que
ejerce la profesión de “periodista” y que trabaja para una empresa.
Un comunicado de prensa que señala los problemas fundamentales está disponible en:
http://www.article19.org/pdfs/press/mexico-reform-of-the-federal-penal-code-falls-short-in-protecting-the-
right-.pdf
http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Delitos%20Federales/FPeriodistas/FPeriodistas.
De acuerdo con la información estadística más reciente puesta en circulación por la FEADP, que abarca el
período de febrero de 2006 a noviembre 2008.
de ataques contra periodistas. El Poder Ejecutivo tiene la capacidad para dotar de mayores
facultades a la Fiscalía para poder avanzar. Sin embargo, en lugar de emprender acciones hacia
la no repetición y reparar a las víctimas, el Ejecutivo Federal y las personas integrantes de su
gabinete han responsabilizado públicamente a los medios de comunicación y a los/as
periodistas de fomentar la violencia en todo el país, y han promovido la autocensura como
medio de auto-protección.35 Esto ubica a las y los periodistas en una situación más vulnerable y
amenaza el derecho de los y las integrantes de la sociedad en su conjunto a recibir información
que les permitirá formarse opiniones, criticar y, en última instancia, exigir sus derechos.
ARTICLE 19 hace las siguientes recomendaciones:
• Despenalizar la difamación por completo en todas las entidades federativas del país. La
regulación de la difamación en el ámbito civil debe establecer la carga de la prueba a las
autoridades para demostrar la falsedad de los hechos alegados, debe reconocer un mayor
grado de escrutinio sobre las y los funcionarios públicos y debe imponer topes máximos por
el pago de daños.
• Adoptar medidas para promover un ejercicio amplio del derecho a la información entre
todos los/as mexicanas.
• Reformar todas las leyes en materia de derecho a la información en México, tanto estatales
como federales, para armonizarlas con el artículo 6° de la Constitución. La implementación
deberá respetar este artículo en la práctica.
• Derogar el artículo16 del Código Federal de Procedimientos Penales.
• Revisar el marco jurídico en materia de radiodifusión a fin de armonizarlo con la decisión
de la SCJN y los estándares internacionales en esta materia.
• Un organismo independiente que ejerza todas las facultades relacionadas con la regulación
de los medios, incluso el otorgamiento de licencias a los radiodifusores.
• Adoptar las medidas jurídicas y administrativas necesarias para transformar a los
radiodifusores públicos de México en radiodifusores que brinden un servicio público
independiente que opere en bien del interés público general.
• Instituir un sistema eficaz para regular la concentración de la propiedad de los medios,
incluso mediante el establecimiento de límites precisos sobre la concentración de los
medios, a fin de sustituir las ineficaces normas antimonopólicas que siguen vigentes.
Por ejemplo, Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, señaló que los medios deberían
adoptar estrategias de autodefensa, como no firmar notas, “para que pueda existir una cierta barrera entre
quienes realizan las investigaciones y los delincuentes.” Disponible en:
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/ultimasnoticias/?contenido=31208
• Adoptar las siguientes medidas con respecto al otorgamiento de licencias a los
radiodifusores:
a. Elaborar un plan para el otorgamiento de frecuencias de radiodifusión entre los tres
niveles de radiodifusores -públicos, privados y comunitarios-, en conjunto con un
calendario para avanzar en este plan durante los próximos 5 a 10 años.
b. Adoptar procedimientos y normas concretas para otorgar licencias a las radios
comunitarias, mismas que consideren sus circunstancias particulares y que no les exijan
competir con radiodifusoras privadas por una licencia (esto es, cuáles son gratuitas o de
bajo costo y cuáles no son indebidamente onerosas por lo que se refiere al trámite).
Mientras tanto, suspender cualquier denuncia o proceso penal en contra de las radios
c. Brindar apoyo, por medio de alguna instancia de regulación independiente, para el
establecimiento de nuevos medios que incrementen aumenten la diversidad a través de
la provisión de contenidos novedosos y diferentes.
d. Aprobar normas para el otorgamiento de licencias a radiodifusoras con vistas a
promover la diversidad, por ejemplo la relativa a los niveles mínimos de noticias,
contenido local y programación educativa. También deberá exigirse a todas las
radiodifusoras que traten asuntos objeto de controversia pública, incluso cuestiones
políticas, de manera equilibrada e imparcial.
• Derogar la Ley de Imprenta de 1917.
• Establecer normas justas y objetivas en materia de asignación de publicidad oficial.
• Establecer medidas eficaces para responder a los ataques a periodistas y cualquier otra que
limite su derecho a la libertad de expresión. Un punto de interés central en esta cuestión es
la promoción de las facultades federales para investigar eficazmente sobre dichos ataques,
a. Ampliar las atribuciones de la FEADP para que pueda investigar y sancionar ataques al
derecho de libertad de expresión en general, y que no se limite a actuar en casos de
b. Dotar a la FEADP de recursos para que cumpla eficazmente su mandato.
c. Incorporar a la FEADP en la estructura orgánica de la Procuraduría General de la
República y el que reporte directamente al Procurador o Procuradora.
d. Asegurar que la FEADP opere de manera transparente a fin de garantizar que cumpla
con sus obligaciones con responsabilidad, incluso teniendo que divulgar información de
e. Capacitar a los/as empleadas de la FEADP en el cuidado y respeto de los derechos de
Documentos similares a Comentarios escritos de ARTICLE 19, Campaña Global por la Libertad de Expresión, al Quinto informe periódico de México presentado ante Comité de Derechos Humanos en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político
200901162 Cuartopoder Trabajo
Cieisp2016_122016
derecho-a-libertad-de-creacion.pdf
04d-TORO
Módulo Capacitación RADIOS IES - Gestión de La Radio Socioeducativa
Libertad de Expresión Mahoma
Freddy Markno
Acuerdo Sobre La Violación Continuada Definitivo

References: artículo 40
 artículo 40
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 6

artículo 2
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 16
 resolución 

artículo 6
 artículo 150
 artículo 6
 artículo16
 artículo 40