Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-00002-de-septiembre-28-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_7616074e34dbb0f8e0430a010151b0f8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-22 01:55:12+00:00

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﻿ Sentencia 1523831030032001-00002-01 de septiembre 9 de 2009
SENTENCIA 2001-00002 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:CARÁCTER RELATIVO DE LA PROPIEDAD EN LAS ACCIONES REIVINDICATORIAS. LA PRESENTACIÓN DE UN TÍTULO DE DOMINIO ANTERIOR A LA POSESIÓN ES SUFICIENTE PARA QUE LAS PRETENSIONES DEL PROPIETARIO ESTÉN LLAMADAS A PROSPERAR, POR LO QUE NO ES NECESARIO EXIGIR PRUEBA DE LA VALIDEZ, EXISTENCIA Y EFICACIA DEL TÍTULO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN REIVINDICATORIA DE BIEN INMUEBLE, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, ACTO JURÍDICO, TÍTULO DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS REALES, POSEEDOR, TRADICIÓN DE BIEN INMUEBLE
Sentencia 1523831030032001-00002-01 de septiembre 9 de 2009
Ref.: Expediente 1523831030032001-00002-01
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada frente a la sentencia de 25 de abril de 2006, proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso ordinario seguido por José de Jesús de los Dolores Vásquez Vargas contra Lucrecia González Alvarado.
1. Pide el actor, en ejercicio de la acción reivindicatoria y aduciendo la calidad de propietario de los inmuebles denominados "Los Cerezos" y "La Loma", localizados en la vereda Toibita del municipio de Paipa, Boyacá, los que individualiza por sus características y linderos, que se condene a la contradictora a restituírselos junto con los frutos civiles y naturales producidos o que hayan podido producir estando en su poder, los que estima a la fecha de presentación de la demanda en la suma de treinta millones de pesos ($ 30'000.000) o en la que se determine por medio de peritos, que será actualizada conforme al IPC certificado por el DANE, "so pena de condenarse tácitamente a pagar intereses moratorios certificados por la Superintendencia Bancaria".
a) El demandante es propietario de los predios "La Loma", según sentencia de declaración de pertenencia dictada el 3 de marzo de 1994 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, confirmada en segunda instancia el 17 de agosto de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y no casada por la Corte Suprema de Justicia, y "Los Cerezos" adquirido a través de E.P. Nº 327 de 3 de febrero de 1958 de la Notaría Séptima de Bogotá, matriculados en los folios inmobiliarios 074-68510 y 074-19069, respectivamente.
b) La accionada prevalida de maniobras engañosas y burlando providencias judiciales, tomó posesión de "Los Cerezos" el 7 de diciembre de 1987, lo que repitió en marzo de 1994 insistiendo en la comisión de vías de hecho respecto de "La Loma", una vez se enteró del proferimiento del fallo de pertenencia, lo que se manifiesta con la explotación de los mismos mediante cultivos propios de la región, pastoreo y otras actividades, privando a su dueño de los frutos generados por ellos y causándole graves perjuicios patrimoniales y morales.
3. Notificada la contradictora, se opuso a la prosperidad de los pedimentos y formuló las defensas que denominó, en su orden, "carencia de los presupuestos axiológicos de la reivindicación" en lo que atañe a "Los Cerezos" y, "carencia de causa" frente a "La Loma".
4. El Juzgado de conocimiento le puso fin al proceso en primera instancia mediante providencia en la que acogió la reivindicación deprecada respecto de ambos predios, dispuso su restitución al accionante, condenó a la contradictora a reconocerle y pagarle a este los frutos "naturales y civiles producidos por los dos inmuebles" desde que entró en posesión el "07 de diciembre de 1987" y hasta cuando se produzca la entrega "conforme se determinaron en la prueba pericial practicada", suma que se actualizará en consonancia con el índice de precios al consumidor determinado por el DANE; decisión que fue confirmada en su integridad por el superior al desatar los recursos de alzada interpuestos por la perdedora y el Procurador Judicial Agrario de Boyacá.
1. Reunidos se encuentran los presupuestos procesales y no hay motivo de nulidad que imponga retrotraer lo rituado a etapa anterior.
2. La inconformidad planteada por la recurrente se centra en que el a quo no apreció la prueba documental demostrativa que sobre el predio "Los Cerezos" existía una falsa tradición, y en lo referente a "La Loma", si bien fue adquirido por los medios legales a través de la respectiva sentencia que acogió la usucapión, no se consideró que "esta fue inscrita con posterioridad a la posesión que ostenta la demandada".
3. En este caso están plenamente acreditados en referencia a los dos inmuebles objeto de la presente acción, los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la prosperidad de la reivindicación, como son: derecho de dominio en cabeza del actor; posesión de la demandada; identidad entre lo poseído y lo pretendido; y singularidad, como pasa a destacarse:
a) En la anotación número uno (1) del certificado de tradición 074-19069 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, Boyacá, correspondiente a "Los Cerezos", consta que el 12 de marzo de 1958 se inscribió la E.P. Nº 397 de 3 de febrero de dicha anualidad relativa a la compraventa de Rosendo A. Vásquez Vargas a José de Jesús Vásquez Vargas, en el que bajo la "X" que allí aparece este quedó figurando "como propietario"; título en relación con el cual aquél funcionario público (fls. 46 a 47 del cuaderno de segunda instancia), "aclaró que la escritura pública Nº 327 y 397 de fecha 3 de febrero de 1958 corresponde a la misma, ya que por error se incurrió en esta falta, pero que en su esencia ese título 'fue registrado como es' y que el negocio jurídico es compraventa". De donde emana indiscutible la prueba del derecho de dominio del actor, la que no aparece desvirtuada porque entre él y la contradictora existiera algún vínculo contractual y tampoco esta exhibió otro "título de la misma calidad que pueda anteponerse al que presenta el actor".
En cuanto a "la falsa tradición a que hace referencia el apelante, sí lo es del predio denominado 'El Terreno'", inmueble este que no se pretende recuperar, "pero que el accionado quiere incluir en estas diligencias, debiéndose tener en cuenta que 'Los Cerezos' corresponde al folio de matrícula Nº 074-19069 y 'El Terreno' al Nº 074-18945".
La posesión de la opositora se comprobó con los testimonios de Teresa Toba de Barón (fls. 3 a 4 del cuaderno de pruebas); Aristarco Ochoa Pérez (fl. 5) y Jaime Valderrama Ayala (fl. 11). Igualmente se hallan establecidos los restantes elementos de identidad y singularidad, los que fueron verificados durante la inspección judicial con intervención de peritos.
En cuanto a la aseveración de la recurrente de que el predio "Los Cerezos" no puede ser objeto de reivindicación por existir una falsa tradición, la que no es título de dominio por hacer referencia a "derechos y acciones", no se puede acoger porque "la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 074-19069 en su anotación Nº 1 se especifica una compraventa de Rosendo Vásquez Vargas a José de Jesús Vásquez Vargas, y su correspondiente escritura Nº 327 del 3 de febrero de 1958 alude: 'por medio del presente instrumento público transfiere a título de venta real y perpetua enajenación a favor de José de Jesús Vásquez Vargas, cuyas condiciones civiles se anotan más adelante, el pleno derecho de dominio y propiedad, que junto con su posesión vincula el exponente sobre los siguientes bienes… una finca denominada Cerezos'".
La falsa tradición que se menciona sí existe pero respecto del predio denominado "El Terreno", que es diferente, lo que se comprueba con "el escrito allegado por el Registrador de Instrumentos Públicos de Duitama (fl. 46 C segunda instancia) cuando indica que los folios de matrícula inmobiliaria tanto de 'Los Cerezos' como 'El Terreno' no se desmembraron de ningún otro". Lo que se ratifica confrontando los certificados de tradición que cada uno tiene de manera independiente, este el Nº 074-19069 y aquel el Nº 074-18945.
b) El derecho de propiedad del lote "La Loma" lo tenía el promotor de la reclamación como mínimo desde el 15 de febrero de 2001, fecha en la que se introdujo la demanda, y 20 de marzo de la misma anualidad, momento en el que se estructuró la relación jurídico procesal con la notificación del auto admisorio de esta, como consta en la sentencia de declaración de pertenencia de 3 de marzo de 1994, confirmada por tribunal el 16 de agosto de ese año, decisión que recurrida de modo extraordinario no fue casada por la Corte el 14 de julio de 2000, lo que consta documentado en el certificado de tradición 074-68510.
Lo atinente al señorío, singularidad e identidad, aparece acreditado con las pruebas similares que sirvieron para arribar a igual conclusión frente al lote Los Cerezos.
El tema relativo a la alegación de que el ánimo de señora y dueña de la demandada era anterior a la inscripción del fallo estimativo de la usucapión no es de recibo porque de ser ello cierto debió "demostrar su derecho derivado de la posesión dentro del respectivo proceso, o mediante un proceso judicial idóneo que protegiera la tenencia de la cosa con ánimo de señora y dueña, a efecto de evitar la declaratoria de dominio en cabeza de la aquí demandante (C.C., art. 951)".
4. Precisa que como los argumentos expuestos por el Ministerio Público para enervar el fallo recurrido son semejantes a los formulados por la accionada, ellos quedan refutados con las motivaciones aquí consignadas.
5. Indica que no es necesario hacer pronunciamiento alguno respecto del escrito presentado por Manuel Antonio Pedraza Barón, "por cuanto este no es parte procesal en este asunto".
Los dos cargos apoyados en la causal primera reglamentada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se resolverán conjuntamente porque ameritan las mismas motivaciones dada su íntima conexión.
Se acusa la sentencia de violar indirectamente por falta de aplicación y a causa de la comisión de errores probatorios, los artículos 2º, 4º, 13, 29, 53, 83, 228 y 230 de la Constitución Política; 4º, 6º, 174, 175, 176, 187, 251, 252, 254, 256, 258, 265 y 304 del Código de Procedimiento Civil y 749, 752, 669, 950 y 982 del Código Civil.
En la sustentación se exponen los argumentos que pasan a compendiarse:
1. No se tuvo en cuenta en la providencia que quien reivindica tiene la carga procesal de probar el derecho de dominio.
2. Examinados los títulos aportados se observa que el actor no puede reputarse como propietario de la totalidad de Los Cerezos, ya que en el año de 1958 su tradente y progenitor Rosendo Vásquez no los podía vender en su integridad por estar "claramente demostrado que este señor había adquirido en el año de 1955 solo derechos y acciones a título universal representados en dos fanegadas" en él, "conforme a la escritura Nº 230 de agosto 2 de 1955, dichos derechos fueron adquiridos por compra a Ester Díaz, Rosa María Alvarado Rincón, Clementina Alvarado Rincón"; fuera de lo anterior, "la Ley 228 de 1932, vigente para la época de la enajenación de los derechos y acciones que se efectuara entre Rosendo Vásquez y José de Jesús de los Dolores Vásquez, eso es 1958, prohibía la venta entre padres e hijos so pena de nulidad del acto". El tradente únicamente tenía una cuota parte del bien mencionado, razón por la cual no podía enajenar, como lo hizo al accionante, la totalidad del mismo.
3. El ad quem no vio que la prueba con la que se buscó demostrar la calidad de dueño de José de Jesús de los Dolores del fundo "La Loma", providencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Duitama, el 3 de marzo de 1994, a través de la cual accedió a la declaración de pertenencia e inscrita el 14 de noviembre de 2000 en la oficina de registro de esa población, carecía de idoneidad para acreditar dicha circunstancia, en atención a que el señorío le fue arrebatado "antes de haberse proferido y registrado" esta, circunstancia que genera la improcedencia de la reclamación "por ser la posesión anterior al título".
4. En síntesis "la sentencia recurrida recae en error por la vía indirecta porque los errores planteados anteriormente tienen su fuente en la prueba, esto es, en la falta de cuidado, análisis y valoración en el estudio de los títulos escriturarios que fundamentan este cargo como son las escrituras Nos. 382 de 25 de septiembre de 1924; 383 de 25 de septiembre de 1924 (contrato de anticresis); 230 de 2 de agosto de 1955 por medio de la cual el padre del demandante adquiere solo media fanegada de tierra del predio Los Cerezos; la de 3 de febrero de 1958 por medio de la cual el padre del demandante le vende el 100% del predio denominado Los Cerezos, y por otra parte respecto del predio La Loma no se tuvo en cuenta la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Duitama de fecha 3 de marzo de 1994, la fecha demostrada en que mi mandante tomó posesión de dicho bien, la fecha en que el demandante registró la sentencia (14 de noviembre de 2000) y la fecha en que inició el reivindicatorio".
5. No estando comprobado que el accionante tenía la condición de propietario no podían prosperar los pedimentos reivindicatorios de ninguno de los dos predios.
Se ataca la providencia por violar, a causa de idénticos yerros de facto en la estimativa probatoria, los mismos artículos denunciados en la anterior acusación con la única diferencia que en aquella se cita el 304 y en este el 306 del Código de Procedimiento Civil.
La fundamentación es similar también a la que se hace en la primera acusación ya compendiada, pero con el agregado orientado a que como secuela de la omisiva valoración de la prueba documental reseñada, el juzgador no concluyó, como debió hacerlo, "que había una falta de legitimación en la causa por activa en razón a que la propiedad del predio Los Cerezos no estaba en cabeza de Jesús de los Dolores Vásquez y respecto del predio La Loma no se configuraban los requisitos para poder acceder a la vía reivindicatoria por las citaciones ya anotadas".
1. El actor, alegando ser el propietario de los inmuebles "Los Cerezos" y "La Loma", situados en la jurisdicción rural del municipio de Duitama, Boyacá, pretende que la demandada, quien los detenta como poseedora, se los restituya y en consecuencia, esta sea condenada a reconocerle y a pagarle los frutos producidos o que hayan podido "producir" desde el momento en que los ha tenido en su poder hasta cuando se produzca la entrega.
2. El ad quem, confirmó la decisión de primera instancia que acogió la reivindicación deprecada argumentando, en esencia, frente a cada uno de los predios objeto de reclamación lo siguiente:
a) "Los Cerezos": Con la escritura pública Nº 327 de 3 de febrero de 1958 e inscrita en el folio inmobiliario Nº 074-19069 el 12 de marzo de la misma anualidad en la "anotación Nº 1", se acredita la calidad de dueño del accionante, puesto que contiene el contrato de compraventa celebrado por él como adquirente y el vendedor Rosendo Vásquez Vargas; descartó la invocada falsa tradición con el texto literal del certificado de tradición que inequívocamente hace referencia a una "compraventa", e indica la persona que figura como propietaria; complementariamente, halló establecidos los restantes requisitos de procedibilidad de la acción.
b) "La Loma": La condición de dueño del actor se prueba con la sentencia ejecutoriada dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama de 3 de marzo de 1994, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y no casada por la Corte Suprema de Justicia, inscrita en el folio Nº 074-68510, con posterioridad a la posesión de la demandada; cualquier discusión sobre dicho señorío debió plantearse en el interior del proceso reivindicatorio o en actuación judicial independiente encaminada a protegerlo con el fin de evitar "la declaratoria de dominio en cabeza del aquí demandante" y también no halló reparo frente a los otros elementos que solventan la misma.
3. La censura focaliza el ataque, en contra de lo sostenido por el juzgador de segundo grado, de la siguiente forma:
a) En lo que atañe a "Los Cerezos", señala que no se probó el dominio porque lo que está acreditado es que José de los Dolores Vásquez Vargas, adquirió de su tradente en la escritura pública Nº 327 de 3 de febrero de 1958 "acciones y derechos" que este le había comprado a Esther Díaz, Rosa María y Clementina Alvarado Rincón, según escritura pública Nº 230 de 2 de agosto de 1955.
b) Respecto de "La Loma", no se podía tener en cuenta la sentencia de declaración de pertenencia de 3 de marzo de 1994, toda vez que fue despojado de la posesión mucho tiempo antes de que procediera a la inscripción de dicho fallo el 14 de noviembre de 2000, circunstancia que hacía improcedente la reivindicación "por ser la posesión anterior al título".
4. En los autos se encuentran debidamente acreditados los siguientes hechos que tienen relevancia con la decisión que se está adoptando:
a) En relación con el predio "Los Cerezos":
1) Que mediante la escritura pública Nº 327 de 3 de febrero de 1958 Rosendo Vásquez Vargas le vendió a "José de Jesús Vásquez Vargas" el citado bien (fls. 41 a 44 del cuaderno de segunda instancia).
2) Que el aludido instrumento se inscribió en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, el 12 de marzo de esa anualidad, pero incurriéndose en equivocación al indicarse como número el 397 y no el 327 (fl. 42).
3) Que el funcionario encargado competente hizo constar frente a la mencionada equivocación que "seguramente el escribano de ese entonces incurrió en error al transcribir el título y cambió el 2 por un 9, pero en su esencia el título escriturario fue registrado como es (…) el negocio jurídico es compraventa (…) los folios 074-19069 y 074-18945 no se desmembraron de ningún otro" (fl. 46).
4) Que en la matrícula inmobiliaria 074-19069 de la misma dependencia oficial, en la anotación primera, aparece inscrita la "compraventa" obrante en la E. P. Nº 327 de 3 de febrero de 1958 por medio de la cual "Vásquez Vargas Rosendo" le transfirió el dominio a "Vásquez Vargas José de Jesús", reseñándose este con una X, y la explicación de que ella indica "la persona que figura como propietaria" (fls. 39 a 40).
5) Que mediante la E. P. de 2 de agosto de 1955, "Esther Díaz viuda de Alvarado, Rosa María Alvarado, Clementina Alvarado y Concepción Alvarado transfirieron "a título de venta real y efectiva a favor del señor Rosendo Vásquez Vargas (…) los derechos y acciones que a título universal y sin reserva alguna les corresponda o pueda corresponderles, la primera como gananciales en el matrimonio con el finado esposo Eulogio Alvarado, muerto hace 8 años y las otras tres por la herencia de su finado padre el mismo Alvarado Rincón, y en la misma forma vende por medio de esta escritura a favor del mismo comprador la pequeña cuota que pueda corresponderles por herencia de su tío Juan Alvarado Rincón, muerto hace 7 años, sucesiones ambas que aun no han sido liquidadas judicialmente, vinculados tales derechos y acciones única y exclusivamente en un terreno denominado 'Los Cerezos', ubicado en la vereda de Toibita de esta jurisdicción".
b) Respecto de "La Loma":
1) Que por medio de la sentencia dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Duitama, Boyacá, el 3 de marzo de 1994, se declaró que José de Jesús de los Dolores Vásquez Vargas adquirió el referido predio por prescripción extraordinaria de dominio (fls. 21 a 39 del cdno. ppal.).
2) Que el 17 de agosto de la misma anualidad, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, confirmó en su integridad la anterior providencia (fls. 40 a 64).
3) Que esta corporación, en sentencia de 14 de julio de 2000, no casó la del ad quem (fls. 65 a 102).
4) Que la demanda de declaración de pertenencia se presentó el 14 de abril de 1988 (fl. 65).
5) Que en el trámite de la usucapión intervino la aquí demandada Lucrecia González, hasta el punto de haber sido la persona que instauró los fallidos recursos de apelación y extraordinario de casación (fls. 65 a 67).
6) Que en la matrícula inmobiliaria Nº 074-68510 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, se inscribió, el 14 de noviembre de 2000, el fallo ejecutoriado de declaración de pertenencia (fl. 9).
5. El artículo 946 del Código Civil establece que "La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla".
A su vez, el artículo 762 del mismo estatuto dispone que "La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él (…) El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo".
6. Esencialmente, con la acción reivindicatoria se busca, en desarrollo del más característico atributo de los derechos reales como es el de persecución, obtener que el poseedor de un bien se lo restituya a su propietario que ha sido despojado de su señorío por parte de aquel, a quien el legislador, en principio, reputa y protege como dueño hasta el momento que otra persona demuestre tener sobre él mejor "derecho".
Igualmente, es pacífico que la jurisprudencia haya decantado a lo largo de muchos años como elementos axiológicos de esta clase de reclamación los siguientes: a) dominio en el demandante; b) posesión material en el demandado; c) cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular; y d) identidad entre lo pretendido por el actor y lo poseído por el opositor.
Es sabido que, en principio, el poseedor está privilegiado por el legislador puesto que su ánimo de señor y dueño prevalece, aún frente al mismo titular del derecho de dominio, si su posesión es anterior a la prueba de la propiedad que exhiba y presente la persona que reclama la devolución de la cosa.
Sobre este aspecto se ha pronunciado esta Sala así:
"No violó, por lo visto, el tribunal, el artículo citado por el recurrente -se refiere al 762 del Código Civil-, contentivo de una de las grandes presunciones del derecho civil, y antes bien aparece que lo interpretó con acierto jurídico y le dio una interpretación que no merece reparo alguno. Aducir una presunción es plantear un problema predominante de derecho probatorio, porque cuando una situación de hecho está regida por una presunción, sea legal o de derecho, el favorecido con ella tiene mucho ganado en el terreno de las pruebas judiciales. Así, según el artículo 762 del Código Civil, en juicio en el que se controvierta el dominio, el poseedor no necesita demostrarlo sino que le basta el hecho de su posesión como primera defensa, que puede llegar a ser genitivamente eficaz en la decisión del litigio si su posesión comenzó antes que la titularidad dominal del reivindicante y este no aduce en el desarrollo del proceso un título anterior al inicio de esa posesión, que lo coloque en mejor situación jurídica respecto al derecho o la cosa contestada. Todo esto como una consecuencia de la regla de derecho procesal que enseña y manda que incumbe y corresponde probar al que pretende modificar un estado de cosas actualmente establecido. En el caso de la reivindicación tal estado actual para el poseedor demandado es hallarse en contacto material con la cosa, con voluntad de dueño y con ánimo precario. Quien pretende, pues, modificar ese estado es el reivindicante y a su cargo está, por consiguiente, justificar un mejor derecho con mérito probatorio bastante para destruir la presunción de la ley y desposeer al demandado" (cas. nov. 18/49, G. J. Tomo XLIV, págs. 799 a 802).
Dentro del proceso reivindicatorio se pueden presentar varias circunstancias relacionadas con los contrincantes y, especialmente respecto de la forma en que cada uno de ellos afronta el litigio. La primera, alude a que solo el demandante esgrime en su pro la existencia de título de propiedad para oponerlo a la mera posesión que tiene en su favor el contradictor y la segunda, se configura cuando ambas presentan "títulos" de dominio.
La corporación sobre el punto dijo:
"Como al demandado poseedor lo ampara la presunción de dueño de que trata el artículo 762 del Código Civil, esa presunción para que triunfe el demandante, tiene que ser destruida, por un título de dominio del demandante que sea anterior a la posesión del demandado. Cuando el poseedor presenta un título inscrito, entonces surge el problema de la confrontación del título o títulos del demandante con los del demandado para determinar a cuál de ellos asiste mejor derecho. Mas en este caso también la posesión material juega primordial papel, porque entonces los títulos del demandante deben comprender un periodo mayor al de la posesión del demandado" (sent. de cas. jun. 7/38, G. J. Tomo XLVI, pág. 626).
Importa destacar que la circunstancia que viabiliza la reivindicación cuando el reclamante aduce "título" demostrativo del derecho de dominio con suficiencia para destruir la posesión del accionado tiene efectos meramente relativos, esto es, entre las partes enfrentadas en el respectivo litigio, que no se extienden a terceras personas no intervinientes en el proceso y que tampoco atribuyen de manera absoluta la propiedad a la parte actora vencedora. En esta clase de acciones no se trata de establecer la suficiencia de los "títulos" de propiedad del actor mediante la verificación de la existencia, validez y eficacia de las diferentes transferencias de la propiedad referidas al inmueble cuya restitución se depreca, sino simplemente de poner en contradicción o enfrentar la posesión del accionado con la calidad de dueño que ostenta el demandante, produciendo protección y prevalencia el que logre comprobar mayor antigüedad.
La Corte en las providencias que se citan a continuación ha afirmado lo siguiente:
a) "El carácter de dueño, exigido por el artículo 946 del Código Civil, y la noción de propiedad prescrita por el artículo 950 de la misma obra, son figuras especialmente relativas. Aunque el dominio es un derecho sin respecto a determinada persona, suficiente para que su titular goce y disponga de la cosa mientras no atente contra la ley o contra derecho ajeno, la existencia del que compete al reivindicador, origen de la acción real de dominio, no se refiere sino al poseedor, y se prueba solo frente a este. La declaración de propiedad, que en juicio reivindicatorio precede a la entrega, no da ni reconoce al reivindicador un dominio absoluto o erga omnes. Apenas respectivo o relativo, es decir, frente al poseedor. Y la sentencia de absolución proferida en juicio de esta clase no constituye título de propiedad para el demandado absuelto" (cas. G. J. Tomo 43, pág. 339).
"En la prueba del derecho de propiedad, pueden contemplarse varias situaciones que interesa estudiar: a) las dos partes presentan para acreditar sus derechos, títulos de propiedad. Si estos emanan de la misma persona, se resolverá en principio, según la prioridad de la inscripción del título en la oficina de registro. Si emanan de personas distintas, el demandado debe ser mantenido en la posesión, por la presunción de dueño que esta establece, a menos que el reivindicante logre demostrar que su autor le hubiera ganado al título del demandado, en caso de que el litigio se hubiere entablado entre ellos; b) como segunda hipótesis, se presenta el caso de que una sola de las partes tiene título. Si esta parte es el demandado, permanecerá naturalmente en posesión. Si es el actor, obtendrá la restitución de la cosa reclamada, a condición de que su título sea anterior a la posesión del demandado" (cas. ago. 18/48, G. J. Tomo XLIV, págs. 714 a 718).
b) "Esta Sala de casación ha sostenido en numerosos fallos que para el ejercicio de la acción reivindicatoria no es necesario presentar ni exhibir el certificado del registrador, sobre la suficiencia de una titulación de propiedad, a que se refiere el artículo 635 del Código Judicial, porque en esta clase de controversias no se trata de apreciar ni demostrar la existencia o validez de las sucesivas transferencias del dominio de la fincas reivindicadas en espacio mayor de treinta años, sino únicamente de enfrentar el título de dominio del actor con los del demandado o con la posesión que este pretende, para decidir en cada caso y sólo entre las partes, cuál de esas situaciones debe ser preferida y respetando en el orden prevalente la antigüedad. Si el título del actor reivindicante es anterior al título o a la posesión que alega, debe prosperar la acción y ordenarse la restitución del bien al que aparece con mejor derecho entre las dos para conservar su dominio y su goce, en orden a la mayor antigüedad" (cas. mar. 24/43, G. J. Tomo LV, págs. 242 a 248).
c) "No procede la consideración de los reparos que en torno de esta titulación formula en su escrito de réplica en casación el apoderado de los demandados, porque no habiendo aducido la parte que representa títulos de ninguna naturaleza, sino su mera posesión, carece de interés para analizar y hacer observaciones en torno de remotas tradiciones antecedentes del dominio que la actora ha demostrado que le pertenece. 'A quien alega el dominio como base de reivindicación -ha dicho la Corte-, le basta presentar títulos anteriores a la posesión del demandado, no contrarrestados por otros que demuestre igual o mejor derecho del poseedor no amparado por la prescripción. La presunción de dominio establecida en el artículo 762 del Código Civil, desaparece en presencia de un título anterior de propiedad, que contrarreste la posesión material, pues el poseedor queda en el caso de exhibir otro título que acredite un derecho igual o superior al del actor (G. J., Tomo XLIII, pág. 593)'", Casación de 11 de septiembre de 1943, G.J. LVI, págs. 117 a 122.
d) "… Por regla general para acreditar los actos y contratos sujetos a la solemnidad de la escritura pública es bastante la presentación del correspondiente instrumento en copia con nota de haberse hecho el registro en la forma debida; pero existen casos en que la ley exige que además de la presentación de este título registrado se acredite su suficiencia, como sucede entre otros, en los contemplados en los artículos 998, 1135 y 1189 del C.J. Esta forma de acreditar el dominio que como se ve es solamente sumaria, procede legalmente cuando es necesario demostrar la propiedad en juicio en que ese derecho no es el objeto de la controversia; por ejemplo, para reclamar indemnización y pago en caso de expropiación de una propiedad cuya titularidad queda así suficientemente acreditada, o para iniciar un acción de deslinde o una divisoria de bienes comunes, o para demandar el desembargo en el caso del artículo 1008 del C.J., o para acreditar la solvencia de un fiador, etc. Pero no es de ley exigir que se acredite la suficiencia del título en juicio de reivindicación, en los que no se trata de demostrar sumariamente el dominio, sino justificar, con relación al demandado, el derecho que se tiene para que la cosa que este posee pase a poder del demandante, estableciendo probatoriamente, con una confrontación de títulos, una situación jurídica más arreglada a derecho, como acontece en este caso en relación con los fenómenos operados por la reforma legislativa en el régimen de la sociedad conyugal (…) Ya en la sentencia publicada en el Tomo LXIII de la G. J., página 339 ya había dicho: 'El carácter de dueño, exigido por el artículo 946 del Código Civil, y la noción de propiedad prescrita por el artículo 950 de la misma obra, son figuras especialmente relativas. Aunque el dominio es un derecho sin respecto a determinada persona, suficiente para que su titular goce y disponga de la cosa mientras no atente contra la ley o contra derecho ajeno, la existencia del que compete al reivindicador, origen de la acción real de dominio, no se refiere sino al poseedor, y se prueba solo frente a este. La declaración de propiedad, que en juicio reivindicatorio precede a la entrega, no da ni reconoce al reivindicador un dominio absoluto o erga omnes. Apenas relativo, es decir, frente al poseedor. Y la sentencia de absolución proferida en juicio de esta clase no constituye título de propiedad para el demandado absuelto'" (cas. mayo 20/49, G. J. Tomo LXVI), el destacado no es del texto.
8. Si bien los cargos se acumularon para ser despachados conjuntamente, el estudio se hará por separado respecto de cada uno de los inmuebles sobre los cuales se está ejerciendo la pretensión reivindicatoria, precisando de entrada que la confrontación entre el reclamante y la demandada involucra únicamente el título exhibido por aquel con la posesión que detenta esta, ya que en ningún momento la accionada adujo o presentó similar instrumento para oponer al allegado.
a) Inmueble "Los Cerezos":
La controversia en relación con este predio en cuanto al presente recurso extraordinario, se circunscribe al reproche que se le hace al tribunal por haber concluido que el demandante demostró el derecho de dominio sobre el inmueble, sin tener en cuenta que dicha calidad no se acreditó porque, según se desprende del título anterior su tradente en el año de 1955 únicamente había adquirido respecto de él "derechos y acciones" sobre el mismo.
Procesalmente quedaron comprobados como hechos ciertos y para los efectos propios del presente litigio ordinario, la calidad de dueño en cabeza de José de Jesús de Los Dolores Vásquez Vargas con la escritura pública Nº 327 de 3 de febrero de 1958, la que se inscribió en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Duitama el 12 de marzo de esa anualidad, así como también la posesión que detenta sobre él Lucrecia González Alvarado desde 1986, tal como lo admite ella expresamente al contestar la demanda.
La condición de dueño del reclamante es perfectamente oponible a la contradictora porque, ciertamente, en el citado instrumento público se menciona que el vendedor le hizo transferencia clara y específica de la propiedad vinculada al aludido lote, situación jurídica a la que se le dio la respectiva publicidad mediante la inscripción en la oficina encargada de llevar el registro de los bienes raíces.
En adición, con la certificación del funcionario competente se clarificó el equívoco que podría suscitarse porque en algún momento se aludió a la E.P. 397 cuando necesariamente tenía que hacerse referencia a la 327 que correspondía a la que contenía la negociación celebrada entre las partes y que fue objeto de matrícula, siendo todo un simple lapsus calami cometido por el empleado de dicha dependencia que efectuó la anotación respectiva.
La validez y eficacia del "derecho de dominio", el que data desde 1958, en este caso no ofrece ninguna dificultad porque basta, como acá ha ocurrido, que el reivindicador lo compruebe con la anterioridad suficiente para desvirtuar la presunción de dueño que ampara a la poseedora, que funge como tal apenas a partir de 1986.
La controversia se plantea exclusivamente entre tales personas, esto es, el propietario frente a la "poseedora". No se le puede exigir a aquel bajo ningún punto de vista, ante la ausencia de título de "dominio" a nombre de aquella, que demuestre cómo se hizo dueño su predecesor, ya que esto significaría retrotraer tal probanza hasta el infinito, como si se tratara de la ya desterrada prueba diabólica. Lo anterior se explica por los efectos relativos que tiene la sentencia proferida en esta clase de asuntos, que no es obstáculo para que en el futuro, pese a su ejecutoria, cualquier tercero con mejor derecho promueva con éxito la correspondiente reclamación.
El conflicto en este caso, se repite, únicamente es entre José de Jesús de los Dolores Vásquez Vargas, propietario inscrito desde 1958, y Lucrecia González Alvarado, poseedora material, a partir de 1986, circunstancia que hace predominar el título anterior frente al señorío posterior, sin que sea lícito hacer las inquisiciones que pretende la opositora sobre otros aspectos concernientes a si Rosendo Vásquez Vargas era verdaderamente el propietario de lo que dijo vender en la citada escritura pública 327 de 3 de febrero de 1958.
La contienda reivindicatoria no es un asunto de prevalencia de títulos con secuelas absolutas o frente a todo el mundo, puesto que comprobado por el demandante la propiedad sobre el predio objeto de discusión y que su título es anterior a la posesión de la persona que lo tiene en su poder llamándose dueña, o en todo caso como algunos lo sostienen, por encima del plazo previsto en la legislación aplicable para la prosperidad de la prescripción extraordinaria de dominio, no se le puede exigir similar probanza atinente a que su causante también tuviera tal carácter, porque, se insiste, el derecho de dominio que enerva los que surgen de la presunción iuris tantum que beneficia a la poseedora únicamente tiene como alcance para demostrarlo es a esta y no respecto de otras personas, aunque ellas hayan sido sus tradentes.
En suma, lo que es motivo de estudio o de confrontación dadas las cuestiones analizadas en este caso, consiste en determinar quién, entre las partes intervinientes en la pendencia, tiene mejor "derecho para poseer", en atención, se repite, a la relatividad de los efectos que un fallo estimatorio produce en estos casos.
Sobre el punto es conveniente traer a colación, fuera de las providencias de la corporación ya citadas, las siguientes:
"Aun cuando en su concepción abstracta, el dominio es un derecho de naturaleza absoluta, que habilita a su titular para gozar y disponer del objeto que le pertenece, sin otras limitaciones que las originadas en la misma ley o en el derecho ajeno, dentro del concepto de la acción reivindicatoria tiene sin embargo un sentido meramente relativo, frente al poseedor con quien se controvierte el mejor derecho, para que, en su caso, sea condenado a restituirlo, como lo establece el artículo 946 del Código Civil. Por esto, es sabido, la acción reivindicatoria no es una acción de prevalencia de títulos entre actor y demandado, en la que forzosamente deben triunfar los que de quien demuestre dominio o posesión más antigua. 'Al dueño que quiere demostrar propiedad, ha dicho la Corte, le toca probar su derecho, pero exhibido el título no hay por qué exigirle la prueba del dominio de su causante, cuando la fecha del registro de tal título, es anterior a la posesión del reo. Si se pide esa demostración, lógicamente podría obligársele también a comprobar la solidez de todas las piezas que componen una cadena infinita. Sería la probatio diabólica, que el buen sentido rechaza, como necesaria para decidir conflictos sobre propiedad privada entre particulares (cas., feb. 26/36. G. J., número 1907, pág. 339)'", Casación de 17 de abril de 1953, Tomo LXXIV, páginas 673 a 679. El destacado no está en el original.
No le era dable al tribunal, teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento, remontar o retrotraer el escrutinio del título exhibido por el demandante a los de su causante inmediato y sucesivamente a cada uno de los antecesores. El problema propio de la reivindicación sometida a su composición quedaba resuelto, como lo entendió y lo decidió, con la demostración idónea de su "derecho de dominio" anterior a la posesión de la contradictora, puesto que así quedó plenamente probado en el proceso y con efectos relativos entre los contendientes el derecho a que se le restituyera el inmueble por haber demostrado frente a esta la calidad de dueño. No necesitaba, por consiguiente, adentrarse o hurgar si verdadera y realmente el vendedor a quien el accionante compró el bien era o no su propietario y si tenía o no el "derecho" que enajenó.
Por consiguiente, el sentenciador de segundo grado no pudo incurrir en los yerros que le atribuye la censura, toda vez que aquí se limitó, previa confrontación de la escritura inscrita de 1958 con la posesión material de 1986, a proteger la situación jurídica más añeja.
En suma, el juzgador, dadas las circunstancias expuestas, no estaba obligado a analizar el punto relativo a que si lo realmente adquirido por el reivindicante de parte de su causante eran "acciones y derechos" sobre el inmueble o la propiedad integral de este, por cuanto su deber procesal y jurisdicción se agotaba con la prueba pertinente de la calidad de dueño, que se insiste obraba idóneamente incorporada a los autos con la escritura pública debidamente inscrita en la oficina correspondiente, y con la acreditación de que la misma era anterior a la posesión de la demandada, como lo ha enseñado la jurisprudencia esbozada, y en todo caso superior el término exigido por el ordenamiento jurídico para el buen suceso de la prescripción extraordinaria de dominio. El debate, la controversia y la disputa era entre ellos, o sea, el sedicente propietario y la poseedora, y así se definió, naturalmente con efectos relativos. Los derechos de terceros siempre quedan a salvo para ser reclamados por las personas legitimadas en cualquier momento, según la preceptiva legal vigente, a menos que se extingan por prescripción.
b) Inmueble "La Loma":
El cargo concreto en lo que atañe a este predio, se hace consistir en que la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama, Boyacá, el 3 de marzo de 1994, confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el 17 de agosto de la misma anualidad, y no casada por esta corporación en fallo de 14 de julio de 2000, mediante la cual se reconoció a favor de José de Jesús de los Dolores la declaración de pertenencia del mencionado bien por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, no le es oponible a Lucrecia González Alvarado porque apenas se inscribió en la oficina de registro de instrumentos públicos competente el 14 de noviembre de esa última anualidad, y su señorío es anterior tanto a la fecha de ejecutoria como a la de "registro" de dicha providencia.
El punto principal que debe dilucidarse para despachar la presente acusación es el concerniente a cuáles son los efectos que produce la providencia que reconoce la usucapión a favor de una persona.
La decisión jurisdiccional que accede a reconocer una prescripción adquisitiva extraordinaria no es constitutiva sino meramente declarativa, ya que se contrae, verificando la consolidación y estructuración de sus elementos axiológicos, posesión de las características exigidas por el legislador y el tiempo de veinte años para la época en que acaecieron los hechos, a reconocer una situación jurídica atributiva del derecho de dominio reclamado.
En este sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras, en sentencia de casación Nº 011 de 6 de abril de 1999, cuando destacó sobre el particular:
"Desde luego que el raciocinio de la Corte, se presenta diáfano si se entiende, como desde antaño lo predica su jurisprudencia, que quien ostente por el tiempo legal una posesión material idónea para la prescripción adquisitiva de dominio, se hace dueño del bien, per se y con independencia del pronunciamiento judicial, porque la sentencia que en estos casos se profiere es meramente declarativa, pues ella se limita a verificar y declarar la existencia de la determinada situación jurídica atributiva del derecho de dominio, como hecho consumado, radicando ahí la justificación de la procedencia de la prescripción extintiva como excepción, porque si el demandante no es dueño, entonces carece de la acción reivindicatoria que hubo de proponer".
La secuela de la inscripción de una sentencia de declaración de pertenencia en la oficina encargada del registro de la propiedad inmueble, contrario a lo aseverado por la impugnante, no tiene la virtualidad de ser una tradición, toda vez que se trata de dos modos diferentes de adquirir el dominio. Esta sirve para concretar y materializar el cumplimiento de las obligaciones de dar, al paso que aquella conduce simplemente a suministrar publicidad frente a terceros de la ocurrencia de unos hechos a los cuales el ordenamiento jurídico le ha otorgado unas secuelas propias que se consuman y tienen eficacia con prescindencia tanto de un fallo judicial o de la anotación que se haga en dicha dependencia oficial.
La corporación, en casación Nº 029 de 29 de julio de 1999, expediente 5074, precisó sobre tales aspectos lo que seguidamente se reproduce:
"Debe concluirse, subsecuentemente, que la sentencia que se profiera dentro del juicio de pertenencia correspondiente, es de carácter meramente declarativo, o sea que está encaminada a reconocer jurídicamente una situación fáctica preexistente que no resulta alterada por la decisión judicial que así lo admita. De ahí que se diga que se hace propietario de un inmueble por usucapión, quien se encuentre en las circunstancias atrás señaladas, independientemente de que se le haya declarado judicialmente como tal o no. De igual modo, la inscripción de la sentencia estimatoria de las pretensiones del poseedor en la oficina de registro pertinente, tiene una preponderante finalidad de publicidad que le permite al poseedor legitimarse para actuar en el tráfico jurídico como dueño, generando, por tanto, la seguridad suficiente frente a los terceros, quienes, en ese orden de ideas, podrán tener certeza de la calidad con la que obra el actor, sin que pueda decirse, entonces, que esa inscripción ostente el carácter de tradición, desde luego que, como es palpable, se trata de distintos modos de adquirir el dominio, pues mientras esta, la tradición, es la forma como se cumplen las obligaciones que tienen por objeto prestaciones de dar, la usucapión es la forma de hacerse dueño mediante la posesión en los términos y circunstancias prescritos por la ley, de manera que cuando se profiere la sentencia estimatoria de las pretensiones del actor, el modo ya se ha operado mediante la prescripción adquisitiva (…). Como es ampliamente conocido -ha dicho la Corte-, reunidos los requisitos legales para la operancia de la prescripción adquisitiva, ella 'se efectúa por ministerio de la ley una vez poseído el mueble o raíz durante el tiempo que establece la ley en cada caso', cual lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casación del 1º de mayo de 1928, G. J. XXXV, página 254. Es decir, que la jurisdicción del Estado, por conducto del funcionario competente, no crea con la sentencia que en el respectivo proceso de pertenencia se profiera, el derecho real que ya había sido adquirido por el prescribiente si este así lo demuestra, sino que tan solo tiene carácter declarativo del mismo, jamás constitutivo del derecho' (G. J. 219, pág. 332). Esta que ha sido la doctrina constante de la Corte, la ha reiterado en distintas sentencias de casación, entre otras, en la de 7 de octubre de 1997 y 6 de abril de 1999".
Fácilmente, se puede concluir que no le asiste razón alguna a la recurrente en cuanto le endilga al sentenciador yerro consistente en no haber tenido en cuenta que la inscripción del fallo que declaró la pertenencia en pro del accionante se efectuó con posterioridad (14 de noviembre de 2000) a la época en la cual ella entró en posesión del inmueble ("agosto de 1986"), lo anterior por cuanto, tal como se desprende de lo analizado, la adquisición del dominio por la vía de la prescripción extraordinaria estaba consolidada desde antes de la introducción del libelo a través del cual se formuló la respectiva reclamación (14 de abril de 1988) y dicha anotación no tiene alcances de determinar la fecha a partir de la cual se adquiere la propiedad así obtenida, sino que es una actuación que confiere publicidad a una situación jurídica ya consumada y que le permite actuar frente a todo el mundo como dueño.
Igualmente, no puede pasar desapercibido que la persona que funge aquí como impugnante también estuvo vinculada al proceso de declaración de pertenencia que tuvo por objeto el referido bien raíz, hasta el punto que fue la misma que interpuso con resultados adversos los recursos de apelación y de casación. Por consiguiente, si se observa que la reclamación se presentó el 14 de abril de 1988, es razonable concluir, conforme aparece en las providencias de fondo pronunciadas por las distintas autoridades judiciales, que el término habilitante para que la posesión produjera el advenimiento del dominio había corrido plenamente antes de dicha calenda.
Además, también debe recordarse que el éxito de lo pretendido tiene como significado específico que los jueces admitieron, previa la correspondiente valoración probatoria, que el señorío que detentaba tenía la eficacia suficiente para abrirle paso al indicado modo de obtención de la propiedad.
Consecuentemente, a juicio de la Sala, la alegación de la accionada en cuanto que su posesión es anterior al título de adquisición del dominio del demandante fue un asunto que quedó dilucidado y esclarecido dentro del proceso de declaración de pertenencia en el que se dio el debate correspondiente, hasta el punto que en las providencias judiciales en las cuales se analizó la situación jurídica expuesta se concluyó que efectivamente este tenía el ánimo de señor y dueño suficiente para declarar la operancia de la usucapión.
Y en oposición a lo aseverado por el ad quem en el sentido de que la discusión sobre la posesión alegada por la demandada tiene otro escenario, debe afirmarse que no es así por cuanto lo que ciertamente aconteció fue que tal debate se dio con infructuoso resultado para la contradictora.
9. Los cargos, entonces, no están llamados a prosperar.
En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 25 de abril de 2006, proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso ordinario seguido por José de Jesús de los Dolores Vásquez Vargas contra Lucrecia González Alvarado.
Magistrados: William Namén Vargas (aclaración de voto)-Jaime Alberto Arrubla Paucar (con salvamento de voto)-Ruth Marina Díaz Rueda-Pedro Octavio Munar Cadena-Arturo Solarte Rodríguez (aclaración de voto)-César Julio Valencia Copete (con salvamento de voto)-Edgardo Villamil Portilla.
Mi discrepancia, en concreto, es frente a la definición que en la sentencia de la que me aparto le da a la pretensión relacionada con el predio "Los Cerezos" y, por ende, a las razones con base en las cuales en el punto se desestimó la impugnación extraordinaria, la cual, por los motivos que aquí me empeño en exponer, al contrario de lo que determinó la mayoría, debió salir avante.
Para desestimar la acusación alrededor del particularizado tópico, apoyada en añeja posición jurisprudencial la Sala argumenta que como la acción de dominio, cuando el actor aduce título de propiedad para destruir la posesión, tiene efectos meramente relativos entre las partes así enfrentadas, no era necesario hurgar para establecer si la persona de la que este adquirió la cosa era propietario o no, si tenía el derecho que enajenó o no, y que por ello mismo el juzgador no estaba obligado a estudiar si lo adquirido por el promotor del proceso eran "acciones y derechos" puesto que "su deber procesal y jurisdiccional se agotaba con la prueba pertinente de la calidad de dueño", mas sucede que con tal fundamento, como se verá en las líneas que se avecinan, terminó reputándolo como verdadero propietario de aquella heredad, cuando lo cierto es que esa importantísima condición, relativa a uno de los presupuestos basilares de la acción reivindicatoria, el mismo en realidad nunca la ha tenido, siendo que fue casualmente esa, que no ninguna otra, desde luego, la calidad que él adujo para promover el reclamo restitutorio.
1. En efecto, como es suficientemente conocido, el negocio jurídico a través del cual se enajena un bien raíz no transmite, per se, el dominio sobre la cosa de que se trate, es decir, que un acto de tal naturaleza no tiene la virtud de transferir, por sí solo, la propiedad del bien, pues, cual contrato obligatorio que es, por regla de principio general está llamado a producir meras obligaciones, por lo menos en lo que tiene que ver con las prestaciones a cargo del enajenante, que concretamente consisten en hacer la tradición a favor del adquirente; lo dicho es así no sólo porque el artículo 1849 del Código Civil lo prevé de tal manera al prescribir que "la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa…" (he destacado), sino por razón de que los artículos 740 y 745 ibídem, al tiempo que implícitamente permiten ver la diferencia entre título y modo, afianzan este raciocinio al preceptuar que la tradición -que no la venta- "es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio", y que "para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio", como el acabado de nombrar. Es palmario entonces que el sujeto que se desprende de un efecto, mediante convenio de compraventa por ejemplo, antes que transmitir su dominio adquiere la particular obligación de poner al adquirente en posesión real, material y efectiva en torno de él, pero a la vez la de hacerle la tradición del mismo; esta -si no la principalísima, por lo menos si una de las más importantes- que en el actual régimen legal patrio se realiza, como se sabe, mediante la inscripción del título en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria en la competente oficina de registro de instrumentos públicos (art. 756, ib.).
Lo expuesto traduce que el comprador en un acto bilateral como el que viene referido no será propietario mientras el contrato de compraventa de rigor no sea inscrito en la mencionada oficina pública, desde luego que tal calidad, en términos de la normatividad jurídica, la obtendrá únicamente a partir del momento en que la tradición del dominio se efectúe de la forma ya señalada, mas siempre y cuando su antecesor haya sido el verdadero dueño de la cosa, ya que, de lo contrario no la adquirirá, como así lo prescribe el artículo 752 ejusdem, al disponer que "si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada", valga decir, para que el adquirente, cuyo título de enajenación haya sido registrado de la manera ya explicada, pueda ser considerado como legítimo titular del dominio sobre el predio que le fue vendido, es menester que su predecesor, esto es, aquel de quien adquirió, asimismo haya sido el legítimo propietario de tales derechos, por cuanto si resulta que quien dijo vender no ostentaba, en verdad, tales derechos, él tampoco podría trasladar aquello de lo que no era titular. En suma, para que el vendedor pueda traspasar la propiedad, necesita ser el dueño de ella en el momento en que es realizada la correspondiente tradición, habida cuenta que si en el instante de realizarla no es, le resultará absolutamente imposible hacerlo, por supuesto que nadie puede transmitir a otro derecho que no tiene (nemo plus juris ed alium transferre potest quam ipse habet).
En este sentido es abundante, consistente y uniforme la doctrina jurisprudencial. Así, en sentencia de 15 de septiembre de 1955 la corporación hizo ver cómo "la tradición, según la definición del artículo 740 del Código Civil, es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo, de tal suerte que quien no es dueño no puede efectuar una verdadera tradición: con razón expresó la Corte en fallo de 28 de junio de 1937: 'la tradición exige en el tradente estas condiciones subjetivas: propiedad de la cosa, facultad de transmitir su dominio, intención de enajenar; si falta una de estas condiciones no hay tradición y por lo mismo no hay enajenación" (G. J., t. LXXXI, pág.133; destacado fuera de texto).
También ha puesto de presente cómo "nuestra legislación distingue, en toda tradición, entre el acto de entrega, que tratándose de bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en el registro, y ese título, que es la causa jurídica que sirve a la entrega de antecedentes y fundamento. La validez del acto, título de la tradición, es independiente de la del modo de transmitir, a consecuencia de ese acto, el derecho de dominio. En nuestra legislación, el dominio y los demás derechos reales no se adquieren por el solo efecto de los contratos; la venta de cosa ajena vale, precisamente, porque la venta, por sí sola, no trasmite el dominio de la cosa vendida al comprador, sino que sólo es título de esa transferencia que el vendedor debe hacer en cumplimiento de su obligación contractual" (G. J., t. LXXVII, pág.386).
En ocasión más reciente igualmente apuntó que "título y modo son dos conceptos claramente diferenciados en el ordenamiento jurídico patrio, que no pueden ser confundidos so capa de la complementariedad que existe entre ellos. El primero… cumple la función de servir de fuente de obligaciones, por lo que, desde la perspectiva del acreedor, únicamente lo hace titular de derechos personales. De él es ejemplo elocuente el contrato (C.C., art. 1495). El segundo, por el contrario, guarda relación con los mecanismos establecidos en la ley para adquirir un derecho real, entre los que se cuenta la ocupación, la accesión, la tradición, la usucapión y la sucesión por causa de muerte (art. 673 ib.)"; es precisamente por ello "que el simple título -en Colombia- no afecte derecho real alguno, por ejemplo, la propiedad, pues apenas si genera, en el caso de los llamados títulos traslaticios (C.C., art. 765, inc. 3º), la obligación de hacer dueño al acreedor, por el modo de la tradición (arts. 740, 654 y 756, ib.). Pero este, a su turno, tampoco se basta para demostrar el dominio sobre una cosa, dado que la propiedad requiere la conjunción de uno y otro, al punto que el artículo 745 del Código Civil establece que 'para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc.'" (sent. 234, dic. 16/2004, exp. 7870).
Asimismo ha expresado que el "título no dice sino que un sujeto se obligó; que restringió su libertad en la medida en que hoy está sujeto a una determinada actitud, que consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. El que contrata, es cierto, simplemente es un contratante; hay que suponer que allí necesariamente surgieron obligaciones, pues que el contrato es por antonomasia, bien pudiera decirse, la gran fábrica de obligaciones. Hasta ese momento para nada se ha rozado el concepto del derecho real; porque para que este brote o simplemente mude, es menester que ocurra algo más que el simple título: en términos concisos, que quien resultó obligado por ese título, cumpla; esto es, extinga la obligación. Así, el vendedor, el mero contratante, no hace que el dominio se radique desde ya en cabeza del comprador, porque hasta allí no han realizado más que el simple título. Ese algo más, que de menos se echa, es que el vendedor cumpla la obligación de transferir el dominio; lo que acontecido válidamente, toma el nombre de tradición, que es precisamente el modo que hasta entonces se echaba de menos. Por manera que solamente cuando a la realización del título se suma la del modo, prodúcense ahí sí consecuencias jurídicas en punto de los derechos reales. El propietario anterior, quien entre tanto era apenas vendedor, al realizar el modo de la tradición, deja de serlo, porque tal derecho real de dominio se ubica entonces en cabeza del adquirente, quien, correlativamente, en el entretanto, no fue más que un mero comprador o simple contratante" (sent. 074, jun. 20/2000, exp. 5617). Es palmario, por tanto, que "tratándose de bienes inmuebles, la obligación del vendedor de efectuar la tradición de la cosa vendida no queda cumplida con el simple registro de la escritura en que conste el contrato; tal obligación solo se cumple mediante una tradición válida y eficaz, o sea proveniente del verdadero dueño" G. J., t. LXXXI, pág.134; destacado fuera de texto).
2. Esas liminares nociones encuentran su razón de ser en que si "para reivindicar se exige en forma ineludible que el demandante pruebe ser dueño del objeto en litigio, excepto cuando invoque meramente su calidad de poseedor que esté en vía de ganar el dominio por prescripción" (G. J., t. CXLII, pág. 17), si la reconocida en el fallo del que me aparto frente al inmueble denominado "Los Cerezos" es precisamente la mencionada acción de dominio, y si además el actor la promovió aduciendo expresamente ser el propietario del nombrado predio, y no amparado en una eventual condición de poseedor, emerge incontrastable afirmar, contrariamente de lo que se sostiene en el fallo objeto de esta salvedad de voto, que entonces este sí estaba precisado a probar, en los puntuales términos atrás reseñados, que en su cabeza radicaba esa específica calidad, para lo cual debía no solo arrimar el título contentivo del negocio jurídico por el que hubiese adquirido tal bien, sino establecer que la cosa así comprada le fue transferida de su verdadero dueño, pues, como arriba se expuso con suficiente amplitud, para adquirir la condición de legítimo titular de los derechos de dominio de un bien raíz no basta que el respectivo título haya sido debidamente inscrito en la competente oficina registro de instrumentos públicos, ya que junto a ello también es de cardinal importancia que la tradición así sentada provenga, a su turno, del verdadero dueño, desde luego que si emana de quien acorde con los cauces legales no lo era, aquél que de él hubiese adquirido no será propietario ni ostentará las prerrogativas, a las que accedería, por supuesto, quien hubiera recibido la tradición del legítimo titular.
3. En el asunto es punto pacífico que Rosendo Vásquez Vargas, mediante contrato de compraventa contenido en la escritura 327 de 3 de febrero de 1958, enajenó en favor del demandante aquella finca, situación que hacía suponer que este, a partir del momento en que dicho título fue inscrito en la competente oficina registro, adquirió la calidad de dueño de la misma y, con ello, todos los derechos que de ella se derivaran conforme a la ley. Acontece, sin embargo, que tal condición él en puridad no la adquirió -y no la podía adquirir- por la sencilla razón de que aquel de quien la obtuvo, el nombrado Vásquez Vargas, nunca fue propietario de "Los Cerezos", dado que en cuanto hace a dicho bien lo que este compró, según lo informa el convenio vertido en el instrumento público 230 de 2 de agosto de 1955, no pasó de ser simples "derechos y acciones a título universal representados en dos fanegadas", y no realmente la propiedad inherente al mismo, a más que tal cosa el mentado Rosendo no la obtuvo de quien para entonces era el verdadero titular del dominio, sino de Ester Díaz, Rosa María Alvarado Rincón, Clementina Alvarado Rincón, quienes a la sazón no lo eran, acorde con lo que se dicen de los particularizados títulos así como del correspondiente certificado de tradición. Al estudiar un caso de connotación similar a este, la Corte señaló:
"El tribunal… dio por demostrado el dominio actual de Boquerón y Bubeta en cabeza de los demandantes con las hijuelas de las adjudicaciones que se les hicieron en las sucesiones de Paredes y Giraldo, una vez que en tales actos aparece que la totalidad del predio en cuestión les fue adjudicado a los demandantes. Y agrega que la tradición anterior sobre dichos inmueble… se comprobó… con las otras cuatro escrituras… y también con el certificado de propiedad y libertad… Sin embargo, ninguno de estos últimos documentos… hace referencia a la enajenación de la totalidad de la finca o una cuota determinada de ella. En todos ellos aparecen ventas de 'derechos y acciones' sobre el predio, sin precisar o determinar la cuota de tales derechos en relación con todo el inmueble. Es por tanto ostensible el error de hecho del sentenciador al ver en esos documentos la tradición completa de Boquerón y Bubeta, siendo así que ellos solo mencionan transferencias de indeterminados 'derechos y acciones' en ese predio. Una tradición que en verdad… arranca de indeterminados 'derechos y acciones' sobre un cuerpo cierto, no puede llegar a ser prueba del dominio de la totalidad del bien, a menos que estuviera demostrado que todos los derechos sobre el mismo hubieran sido adquiridos por el actual propietario. Al no ser esto así, el título de los antecesores o causantes de los esposos Marulanda, no ha llegado a configurarse" (G. J., t. CXLII, pág.17).
De cara a tan inocultable circunstancia, en el fallo objeto de esta disensión, contrariamente la mayoría exhibe como argumento el hecho de que, por el predicado carácter relativo de la acción de dominio, no solo podía sustraerse de analizar si en el actor residía la verdadera condición de titular del dominio, que adujo como sustento para evidenciar la legitimación en su pretensión de recobro, como correspondía acorde con las normas contenidas en los artículos 756 y 946 del Código Civil, entre otras disposiciones sustantivas, sino que no estaba obligada a estudiar si lo adquirido por aquél eran "acciones y derechos" por cuanto su deber procesal se agotaba con la prueba de la calidad de dueño, desconociendo así que justamente porque el tradente del actor nunca tuvo en su cabeza dicha condición, él, cuando dijo venderle a este, no le pudo trasmitir al mismo aquel derecho que invocó sobre la cosa en cuestión y que, por, ende José de Jesús de los Dolores tampoco podía ser el propietario de la misma.
Ha de quedar claro, eso sí, que no es que se desconozca el mentado ámbito relativo que en los fallos citados se le ha dado a la súplica reivindicatoria, pues lo que ocurre es que tal circunstancia no habilita al juez para dejar de reparar si en el demandante, cuando este asiste a la controversia prevalido de la calidad de titular del domino de la res vincatio, conforme a las prescripciones legales concurre dicha condición, en orden a lo cual tendrá que constatar, necesariamente, si aquel sujeto de quien la adquirió era el verdadero propietario, pues no otra cosa es lo que indican los cánones, según ha quedado expuesto en precedencia. No se pierda de vista que cuando la Corte anotó, como lo hizo en la sentencia de 26 de febrero de 1936, que "al 'dueño' que quiera demostrara 'propiedad' le toca probar su derecho, pero exhibiendo el título no hay por qué exigirle la prueba del dominio de su causante, cuando la fecha del registro de tal título es anterior a la posesión del reo" y que "si se pide esa demostración … podría obligársele también a comprobar la solidez de todas las piezas que componen una cadena infinita", lo cual "sería la probatio diabólica, que el buen sentido rechaza" (G. J., t. XLIII, pág. 339), debe entenderse en aquellos casos en los que ese demandante ha probado haber adquirido la cosa del verdadero dueño, como lo exige el artículo 756 del Código Civil; pero un postulado de esa índole no podría comprender circunstancias que no encajaran dentro de la acabada de reseñar, desde luego que a ellas tampoco alude en mencionado precedente jurisprudencial, y no lo podía hacer dado que, visto el mismo en su total dimensión, una temática como la que aquí se plantea en torno de "los Cerezos", en el caso del que allí se trató no fue formulada.
Y tampoco lo fue en los restantes precedentes en que se apoya la decisión de la que ahora me aparto, pues el fallo de 18 de agosto de 1948 (G. J., t. LXIV, págs. 715-717), tuvo como base la alegación del recurrente acerca de que el demandado tenía derecho a permanecer en el predio por haberlo adquirido mediante promesa de compraventa; en el de 24 de marzo de 1943 (G. J., t. LV, pág. 247), la problemática resuelta giró alrededor del certificado de tradición así como de la existencia y validez de las transferencias; la providencia de 21 de marzo de 1936 (G. J., t. XLIII, págs. 592-596), es "un auto para mejor proveer"; en la sentencia de 11 de septiembre de 1943 (G. J., t. LVI, págs. 118-122), el debate se desenvolvió en torno del hecho de que la parte demandada reconoció en el actor la condición de dueño de la cosa y que por ello su pretensión de dominio no había prescrito, a la vez que efectuó el estudio de la cadena de títulos para concederle a este la reivindicación pedida; en la de 20 de mayo de 1949 (G. J., t. LXVI, págs. 84-85), el análisis buscó hacer ver en qué juicios se debe aportar el certificado de tradición, para significar que en los reivindicatorios bastaba arrimar el título respectivo. Es más, en la de 6 de octubre de 1969, de igual modo no se habló del tema aquí comprometido en tanto que en este lo que echaba de menos el recurrente era el titulo originario del Estado (G. J., t. CXXXIII, págs. 14 y 15).
Por las razones anteriores considero que respecto del indicado bien debió reconocérsele mérito a la acusación.
Como la ponencia presentada, en lo que respecta al inmueble "Los Cerezos", no así en lo que concierne al predio "La Loma", fue derrotada, paso, con el respeto acostumbrado por la decisión de la mayoría de la Sala, a exponer las razones por las cuales la sentencia del tribunal debió ser casada parcialmente, para en su lugar, negar, en ese preciso punto, la reivindicación.
1. En los términos de la sentencia, cuando el demandante aduce título de dominio registrado, anterior a la posesión del demandado, no hay que hurgar en las tradiciones antecedentes para establecer su existencia, validez y eficacia, dados los efectos relativos de la decisión. Esto, por supuesto, es de recibo, pero en presencia de un verdadero título de propiedad, como se acepta en otro apartado, al decirse que en el caso el problema suscitado quedaba resuelto con la "demostración idónea" por parte del demandante de su derecho de dominio.
En la tesis de la mayoría, cuando formalmente el título habla del derecho de propiedad y así se refleja en la tradición, esto sería suficiente para acceder a la acción de dominio, con independencia que se demuestre que el causante del demandante había adquirido simples derechos y acciones. La contradicción, entonces, brota de bulto, en lo cual, precisamente, radica la discrepancia, porque nunca puede haber "demostración idónea" del derecho de dominio en los casos en que se prueba contra el título aducido por el actor, pues si su inmediato antecesor no era propietario, como ocurre cuando era titular de meras expectativas, es claro que no puede ni podía transmitir derechos que no tenía.
Además, pese a que se insiste en la relatividad de la decisión, aspecto que es cierto, se termina abrigando una tesis absoluta, porque la prueba del derecho de dominio que adujo el demandante, a la postre se impuso igualmente de esa manera, en tanto no se permitió oponer a la misma ningún hecho impeditivo, pero sin alusión a la norma legal que así lo consagra, como la falsa tradición alegada, inclusive por el Ministerio Público, amén de probada por la parte demandada.
De otra parte, no existe restricción legal para que la parte contra la cual se opone el título de dominio aparentemente idóneo pueda desvirtuarlo. Es más, corresponde al sentenciador reconocer oficiosamente los hechos impeditivos permitidos, siempre y cuando se encuentren probados.
Así lo ha reconocido la Corte en época no muy lejana, en donde se declaró la excepción de simulación del título presentado para probar el derecho de dominio, inclusive hurgando el pasado, al decir que cuando la "reivindicación se propone, como ejercicio del derecho real de dominio, por razón de lo consagrado por los artículos 946 y 950 del Código Civil, la jurisprudencia de esta corporación ha predicado reiteradamente, que uno de los elementos estructurales de la acción es el derecho de dominio como atributo patrimonial de quien funge como demandante, quien por lo demás corre con la carga de su demostración. De manera que ese derecho de dominio por tocar con la legitimación del demandante, pues su titularidad es la que le confiere la tutela que hace valer, hace parte del thema decidendum, así las partes no lo hayan propuesto expresamente, o no haya sido objeto de reparo o reproche por parte del demandado, pues con independencia de su actitud, más, tratándose de bienes inmuebles, como en el caso sucede, donde se está frente a una prueba legal, el sentenciador debe abordar su examen, porque como ya se anotó, el dominio de la parte demandante es el pilar de la acción reivindicatoria (de dominio), del cual deriva su legitimación en la causa.
"En el anterior orden de ideas, si al efectuar el análisis probatorio en los términos señalados por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, el fallador descubre los elementos estructurales de una excepción cuya expresa invocación no reclama la ley, que como resultado arroja la infirmación del título aducido por el actor para justificar el derecho de dominio que invocó como pilar de la pretensión, está en el deber de reconocerla, acogiendo la regla de procedimiento consagrada en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil (…).
"En el caso sub-lite, al indagar por la existencia del derecho de dominio en el demandante, respecto del bien pretendido en reivindicación, el tribunal halló la prueba de un hecho indicador de la ausencia de tal derecho, como es la simulación del título del cual pretende derivar los efectos reclamados, y la del título de su antecesor, circunstancia que al erigirse en hecho impeditivo de la pretensión formulada, debía oficiosamente reconocer (…). 'Porque verdaderamente sería un contrasentido que si el juzgador encuentra demostrada la simulación con arreglo a derecho, tenga sin embargo que reconocerle plenitud de efectos, en perjuicio del demandado, a un acto ciertamente ficticio, como si fuese real y válido'"(1) (destacado extexto).
2. Distinto es que el actor, sin ser propietario, haya tenido la falsa apariencia de serlo y se hubiere comportado, en todo caso, como propietario presunto, por haber ejercitado la posesión material por el término necesario para usucapir, desde cuando su antecesor, es decir, su padre, en 1958, le enajenó un derecho que no había adquirido y que, por tanto, no tenía, hasta 1987, época en la cual le fue arrebatada por la parte demandada.
Por supuesto que como lo ha sostenido la Sala, el "demandante en la acción reivindicatoria puede ser un poseedor con veinte años de posesión, es decir, con el tiempo legal suficiente para alegar la prescripción extraordinaria, como modo para adquirir el derecho de dominio". En ese caso, para el éxito de la pretensión, no sólo debía alegar y probar los requisitos de la "prescripción adquisitiva extraordinaria", sino también los "propios de la reivindicación"(2).
Sin embargo, al margen de si el demandante, respecto del inmueble "Los Cerezos", era poseedor material en la forma dicha, antes de la posesión de la demandada, la Corte, de cara a la sentencia sustitutiva, ante la existencia de los errores probatorios denunciados por la parte demandada, tampoco podía pronunciarse sobre el particular, por respeto al principio de la congruencia, porque como se observa en la demanda, la pretensión reivindicatoria se fundamentó en el título que ha quedado desvirtuado y no en el modo de la prescripción.
3. Así las cosas, considero que, con relación al indicado bien, la acusación debió tener éxito, para en su lugar, negar la pretensión reivindicatoria.
Aun cuando comparto la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Sala en este asunto, en cuanto que no procedía casar la sentencia emitida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, considero pertinente hacer explícitas las razones particulares que me motivaron a acompañar la decisión contenida en el proyecto sustitutivo que fue sometido a consideración de la Sala:
1. En relación con el presupuesto de la reivindicación atinente a la necesidad en que se encuentra el actor de demostrar que es el titular del derecho de dominio del bien objeto de su pretensión, la sentencia proferida por la Corte, siguiendo ciertamente la Jurisprudencia tradicional sobre la materia(3), sostiene en síntesis lo siguiente:
1.1. La reivindicación, como expresión del atributo de persecución inherente a los derechos reales, busca que el poseedor del bien se lo restituya al titular del derecho real -ordinariamente el propietario- que ha sido despojado de la detentación de la cosa que le pertenece.
1.2. El poseedor, de conformidad con lo establecido en el artículo 762 del Código Civil, se presume o se reputa propietario "mientras otra persona no justifique serlo".
1.4. La jurisprudencia tradicional de la Corte en la materia -que distingue entre conflictos en los que se debaten los títulos del actor frente a posesión del demandado de aquellos en los que ambos contendientes esgrimen títulos para sustentar su posición-, concluye que se debe preferir en este tipo de controversias a aquel de los litigantes que pueda "acreditar un mejor derecho" a detentar la cosa materia del litigio.
1.5. Este aserto se corrobora señalando que los efectos de la sentencia estimatoria de la pretensión reivindicatoria no son de carácter absoluto y que la demanda no está encaminada a que se declare dueño al demandante, sino que, por el contrario, el fallo surte efectos eminentemente relativos entre reivindicante y poseedor y su propósito es, simplemente, de carácter restitutorio en relación con la cosa materia de la disputa. Por esta razón, se afirma en la sentencia, no corresponde al juez verificar "la existencia, validez y eficacia de las diferentes transferencias de la propiedad referidas al inmueble cuya restitución se depreca".
1.6. Se señala, igualmente, que por las características de la acción antes mencionadas no se puede exigir al demandante en reivindicación que acredite una cadena infinita de transferencias, a la manera de una probatio diabólica, en la que correspondería a este acreditar su titularidad con una secuencia ininterrumpida de títulos e inscripciones hasta arribar a la primigenia ocupación del bien en tiempos posiblemente inmemoriales.
2. Ciertamente, resulta trascendente en materia de acción reivindicatoria que el demandante demuestre ser el titular del derecho real respecto de la cosa de cuya desposesión se duele. Dicha relevancia deriva, ni más ni menos, de que así lo exige la ley sustancial cuando establece, v.gr., en el artículo 946 del Código Civil, que "[l]a reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular (…)" y más adelante, en el artículo 950 ibídem se indica que la mencionada acción "corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa" (se destaca).
3. En tal contexto, corresponde al demandante acreditar que antes de que el demandado hubiera entrado en posesión de la cosa, él había adquirido la propiedad -o el derecho real de que se trate (C.C., art. 948)- por haber obrado alguno de los modos de adquirir que el sistema jurídico establece para el efecto (C.C., art. 673), los cuales, bien se sabe, pueden ostentar naturaleza originaria o derivativa.
4. La demostración de la adquisición de la propiedad por modo originario no ofrece, en principio, dificultad, pues corresponderá al demandante acreditar la ocupación, accesión o prescripción que en su momento obró respecto del bien que ahora detenta el poseedor. Por su parte, si el demandante adquirió el correspondiente derecho real en forma derivativa (tradición o sucesión por causa de muerte), la situación adquiere una mayor complejidad "por virtud del riguroso principio de que nadie puede transferir más derechos que el que él mismo tenga", lo que hace que tales modos de adquirir "condicionan o subordinan la existencia del dominio del adquirente a la del de su causante. En consecuencia, la prueba del dominio adquirido derivativamente supone demostrar no solo la adquisición válida del actual titular, sino también el derecho del causante que se lo transfirió o transmitió, y el del causante de este causante hasta llegar al antecesor que adquirió el dominio por un modo originario"(4), situación esta que conduce, ciertamente, a que el demandante se vea abocado a una labor demostrativa en extremo exigente, cuando no imposible, hasta alcanzar al primigenio ocupante, labor que, con razón, se ha denominado desde el medioevo como la probatio diabólica, que, en realidad, ningún ordenamiento en la actualidad exige.
5. La mencionada circunstancia, tratándose de adquisiciones derivativas, ha llevado, según una tradición histórica que viene desde el derecho romano, a considerar que la más idónea prueba de la propiedad es la demostración de la prescripción adquisitiva del correspondiente derecho real. Autorizada doctrina nacional señalaba al respecto que "[q]uien obtiene la posesión de una cosa mediante un título de adquisición, si no adquiere la propiedad, por lo menos adquiere una posesión en nombre propio (art. 753), y la adquiere aunque el causante o tradente no fuere propietario. A este dato seguro e incontrovertible, debe agregarse el siguiente: la posesión de propietario engendra la propiedad por el transcurso del tiempo (usucapión o prescripción adquisitiva); por tanto, la prueba más eficaz de la propiedad en el derecho positivo es la usucapión o prescripción"(5). Importante resulta precisar a este respecto, que en estos eventos la prescripción actúa como medio de prueba y no como modo de adquirir el derecho real.
6. La jurisprudencia colombiana, a partir de importantes sentencias de la Corte Suprema de Justicia que datan de las primeras décadas del siglo veinte, ha estructurado un muy completo conjunto de reglas aplicables a los distintos supuestos que se pueden presentar en este tipo de controversias, reglas que, como lo señalan autorizados expositores, han sido tomadas de la doctrina y la jurisprudencia francesas, las cuales, a su vez, las acogieron siguiendo las enseñanzas de Pothier(6). Se hace referencia a un conjunto de presunciones judiciales(7), cuyo propósito es desvirtuar la presunción legal según la cual el poseedor se reputa propietario mientras otra persona no justifique serlo (C.C., art. 762). Las mencionadas presunciones se desprenden de los títulos de adquisición de los contendientes, en su caso, de la fecha de su otorgamiento y de si existe un antecesor común o no, o, incluso, derivan de las sucesivas posesiones que las partes hayan detentado, entre otros aspectos. Las citadas inferencias conducen, obviamente, a un resultado eminentemente relativo. Al respecto se ha indicado que la jurisprudencia francesa "ha moldeado diversas presunciones del dominio para resolver todas las hipótesis que pueden presentarse, y las aplica como verdaderas leyes en los conflictos que surgen. Así, por ejemplo, estatuye que cuando el reivindicador de un inmueble hace valer un título y el poseedor no opone ninguno, aquel se presume dueño si su título es anterior en fecha al comienzo de la posesión del demandado. El razonamiento que conduce a esta solución se sintetiza así: es de suponer que el día en que se confirió el título, la posesión estaba en manos del tradente, pues lo normal es que se venda un bien de que se está en posesión, y el que posee y vende es ordinariamente dueño; por tanto, lo más probable es que después la posesión haya sido arrebatada al adquirente por un usurpador y viniera a parar de este modo en el poseedor demandado"(8).
7. No obstante lo anterior, y reconociendo la importancia que el mencionado conjunto de reglas ha tenido en el derecho colombiano, lo cierto es que el mismo ha sido "trasplantado" del derecho francés, en el cual, no se puede desconocer, el sistema de adquisición de derechos reales difiere en forma importante del derecho colombiano, y, tal vez, en un aspecto menos explorado, dicho conjunto de presunciones soluciona adecuadamente los diferentes supuestos de hecho que se presentan en ordenamientos en los que no se consagran separadamente la acción reivindicatoria y la acción publiciana, razón esta por la que, finalmente, la controversia se define, en todos los casos, en favor de aquel de los contendientes que tenga "un mejor derecho a poseer la cosa".
Al respecto es bien ilustrativa la opinión de Puig Brutau, quien, haciendo referencia al ordenamiento español, señalaba que "[e]n nuestro derecho ha de estimarse que la acción publiciana está comprendida en la reivindicatoria, al quedar atenuada en esta la exigencia de la plena prueba del dominio del actor", afirmación que realiza luego de señalar que "[e]n el fondo, cuando la jurisprudencia, a base de aplicar a la reivindicatoria criterios tomados de la antigua acción publiciana, reduce los términos de la discusión a una prueba relativa o de mejor derecho, demuestra que (…) en derecho el pasado jamás está por completo superado, pues ciertas formas pretéritas, como la concepción de la propiedad a manera de un mejor derecho a poseer, muestran de nuevo su eficacia en la ocasión mas imprevista"(9).
8. Así las cosas, la pregunta que surge, obviamente, es si en el sistema colombiano de acciones judiciales para recuperar la posesión, en el que se consagran separadamente la acción reivindicatoria, por una parte, y la acción publiciana, por la otra, resulta adecuado que el tratamiento de los presupuestos de ambas acciones, particularmente en lo que tiene que ver con la legitimación por parte activa, se rijan por los mismos criterios, en cuanto a la necesidad en que está el demandante de acreditar, simplemente, "un mejor derecho a poseer". En mi opinión, respetando obviamente las ideas divergentes, la respuesta debe ser negativa.
9. Las ideas antes esbozadas son el fundamento de la posición particular que sostengo en relación con la prueba del derecho de dominio en la acción reivindicatoria (C.C., art. 946), en cuanto que, en concepto de quien suscribe, la demostración de dicha titularidad deberá seguir los criterios planteados en los numerales 3º, 4º y 5º anteriores, y, particularmente, que tratándose de adquisiciones derivativas, la acreditación de la secuencia de títulos e inscripciones -en el caso de los inmuebles, obviamente- si bien no debe implicar un esfuerzo equivalente al de una prueba diabólica, sí exige que se allegue al proceso no solo el título del actor anterior a la posesión del demandado, sino, además, una cadena ininterrumpida de transferencias -existentes, validas e idóneas [C.C., arts. 742 y ss.], en cuanto que el artículo 58 de la Constitución Política protege la propiedad adquirida con arreglo a las leyes civiles- que abarque, como mínimo, el plazo correspondiente a la prescripción adquisitiva de dominio. De esta manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 753 ibidem, el reivindicante demostrará la titularidad del dominio que alega no solo con la exhibición de su título de adquisición debidamente registrado, sino que, además, de existir cualquier debilidad en la cadena de títulos de sus antecesores, confirmará su calidad de propietario a través de la prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria, según el caso.
Ahora bien, quien pretenda recuperar el inmueble poseído por otro y que afirma le pertenece, si no está en posibilidad de acreditar la propiedad en la forma antes reseñada, pero tiene justo título y buena fe, podrá recuperar la posesión regular que ha perdido, a través de la instauración de una acción publiciana, en los términos del artículo 951 del Código Civil, según el cual "[s]e concede la misma acción -la reivindicatoria- aunque no se pruebe el dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho" (se destaca). De esta disposición se desprende que en este tipo de controversias sí resulta idóneo y pertinente el debate sobre cuál de las partes tiene el mejor derecho a poseer la cosa objeto de la controversia.
10. En el caso del proceso de la referencia, el demandante, en cuanto hace al predio "Los Cerezos", aportó, con fines de acreditar la propiedad del mismo, copia de la escritura pública Nº 327 otorgada el 3 de febrero de 1958 en la Notaría Séptima de esta ciudad, contentiva de la compraventa del bien que a su favor le hizo su progenitor, señor Rosendo Vásquez Vargas, y demostró el registro de tal instrumento en el folio de matrícula inmobiliaria 074-19069, que corresponde al del mencionado inmueble, efectuado el 12 de marzo del citado año, como título traslaticio de dominio en tanto que le confirió la calidad de dueño.
La demandada, al oponerse a la pretensión reivindicatoria formulada en su contra por el actor, respecto de la finca "Los Cerezos", cuestionó la condición de propietario del accionante, afincada en que el título esgrimido por este no es traslaticio de dominio, toda vez que quien efectuó la venta allí declarada al aquí demandante, señor Rosendo Vásquez Vargas, sólo había adquirido las "acciones y derechos" que a las señoras Esther Díaz viuda de Alvarado, Rosa María, Clementina y Concepción Alvarado se les reconocieran sobre el predio en la sucesión del causante señor Eulogio Alvarado, esposo y padre de ellas, respectivamente, y, por ende, solo pudo transmitir a aquel similares "acciones y derechos", mas no el dominio, siendo este, por tanto, un caso de "falsa tradición".
Dado que esa es, en lo medular, la controversia que sostuvieron las partes de este proceso en relación con el ya varias veces mencionado inmueble, debe advertirse que la fecha de la escritura pública 327 -3 de febrero de 1958- y la de su inscripción en la matrícula inmobiliaria -12 de marzo de 1958-, son anteriores en más de veinte (20) años al inicio de la posesión por parte de la demandada (7 de diciembre de 1987), entendiéndose que en el citado lapso -más de veintinueve (29) años- la posesión pacífica e ininterrumpida sobre el bien la ostentó el demandante, razón por la cual está acreditado, con amplitud, el derecho de domino del reivindicante sobre el bien inmueble objeto de la mencionada controversia.
Con respeto hacia los restantes integrantes de la Sala, consigno las razones de nuestro voto aclaratorio:
1. La acción reivindicatoria o de dominio, "es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla", es decir, el "que tiene la "propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa" (C.C., arts. 946 y 950).
Hay, sin embargo, una excepción, concediéndose "la misma acción aunque no se pruebe el dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho" (art. 951, ibíd.).
Puede reivindicar, por lo tanto, el dominus y el poseedor regular de todo el tiempo para la usucapión, o sea, quien adquirió la posesión con justo título, buena fe inicial, y tradición si aquel es traslaticio de dominio, consumado el plazo legal para la adquisición de la propiedad por prescripción no declarada judicialmente (cas. civ. marzo 3 de 1954, LXXVII, Nos. 2138-2139, pág. 75).
En uno u otro caso, es menester la prueba idónea de la calidad invocada definitoria de la legitimatio ad causan activa y la concurrencia de las exigencias axiológicas inherentes a la reivindicación (cas. civ. sent. 031 jul. 30/96, CCXLIII, pp. 154 ss.).
Por consiguiente, ejercida la actio reivindicatio por el dueño de la cosa, sobre este gravita la carga probatoria de su propiedad con los títulos adquisitivos de dominio debidamente inscritos en el folio de registro inmobiliario (arts. 43 y 54 del D. 1250 de 1970; cas. civ. 30 de julio de 2001, exp. 5672) y, en cuanto respecta a la actio publiciana, el poseedor tiene la de probar su posesión regular (C.C., art. 764) durante el plazo legal para adquirir por prescripción.
2. La acción reivindicatoria, de otra parte, se dirige contra el poseedor de la cosa (C.C., art. 952) "reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo" (art. 762, ibíd.) y su finalidad consiste en recuperar la posesión perdida por el dueño, ora por el poseedor anterior (C.C., arts. 946, 950 y 951), quienes deben probar un mejor derecho al efecto respecto del que la ejerce
Por ello, el dueño debe acreditar que es dueño y que su derecho está amparado por un título precedente a la posesión del demandado, aniquilando la presunción legal que lo ampara y prevaleciendo excepto cuando ha ganado el dominio por prescripción, "la cual estaría llamada a prevalecer contra aquel título" (cas. 19 de agosto de 1969, CXXXI, 157).
3. Cuestionado por el poseedor demandado en reivindicación, el título y el modo invocado por el dueño al ejercer en su contra la reivindicación, el juzgador no puede rehusarse a analizar y decidir la censura.
Contrario sensu, el juez tiene el deber legal de constatar aún ex officio la legitimación en causa, interés o aptitud jurídica del propietario.
A este propósito, "una pretensión de tal índole, en su núcleo gira alrededor de la situación que establece el artículo 762 de la misma codificación, que consagra la presunción legal de dominio a favor del poseedor, cuya destrucción únicamente puede darse en presencia de un título de propiedad, claro, preciso y ajustado a las exigencias de ley, que por ser anterior, en cuanto atañe a su registro, tenga la virtud de contrarrestar la posesión material del demandado" (se destaca, CCLXI, vol. II, 1119).
Del mismo modo, tiene dicho la jurisprudencia inalterada de esta Sala, para "cuando el actor en reivindicación acude, amén del suyo propio, a otros títulos que en el pasado legitimaron a quienes le precedieron, está resuelto a demostrar que su derecho no surgió a la hora de nona sino que una secuencia articulada lo torna sólido y vigoroso, en el entendido de que también los anteriores adquirentes tuvieron en verdad el derecho que transmitieron. Al fin, ese es el verdadero y genuino sentido de la palabra tradición, vale decir, que una labor de enlace revela lo armonioso que se muestran el pasado y el presente. Es obvio que para hurgar el pasado con dicha teleología, se imponga, además con necesidad absoluta, el allegamiento de los títulos contentivos de los negocios jurídicos mismos, para ver de establecer su contenido, sus alcances, efectos, reservas por las que hayan pasado los contratantes, circunstancias estas que bien pueden incidir en la condición verus domino en los eslabones de la cadena; y bien es verdad que son cosas todas que ni se barruntan con su sola referencia en el certificado del registrador" (se destaca, CCLXI. Vol. II, 1357), reiterada en cas. civ. sentencia de 12 de agosto de 2005 [SC-211-2005], exp. 4948).
4. Nuestro sistema jurídico acogió la antigua doctrina del título (titulus) y el modo (modus) acquirendi, y a diferencia del francés (arts. 711 y 1138 del Code Civil; "[p]or el solo cambio de consentimientos, la propiedad es transferida", H. L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. 2e. París, 1956, No. 1617, p. 1248) e italiano (art. 922 del Codice Civile; P. Rescigno, Obbligazioni, nozione generali, Enciclopedia del diritto, XXIX, Milano, Doot. A Giuffré, No. 55, p. 190), la adquisición de la propiedad de inmuebles por acto dispositivo intervivos, presupone un título traslaticio de dominio (arts. 765 [2], 764 [4] y 745 [1], Código Civil), y la tradición (C.C., art. 740), en cuyo caso, es necesaria la existencia del derecho de dominio en el solvens, su poder dispositivo y la capacidad de las partes.
Por esta inteligencia, el tradente, debe ostentar la titularidad del derecho a transferir o tener poder (C.C., arts. 1633 [1 y 2] y 744) y disponibilidad de aquel, por cuya carencia nada transfiere, ni el accipiens adquiere más derechos de los de su seudo-tradente (nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, o nemo dat quod non habet; C.C., art. 752).
Empero, el legislador para tutelar los derechos de quien actúa con buena fe, disciplina la validez del acto "sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo" (se destaca, C.C., art. 1871) previendo la falsa tradición (art. 7º del D. 1250/70, in fine) y una verdadera hipótesis de legitimación dispositiva por la apariencia de la titularidad del derecho, su disponibilidad y la confianza justificada del accipiens.
5. En este contexto, no obstante compartir la decisión de la Sala, disiento de la consideración mayoritaria según la cual, controvertida por el demandado la suficiencia del título inscrito del propietario, no es necesario probar "cómo se hizo dueño su predecesor, ya que esto significaría retrotraer tal probanza hasta el infinito, como si se tratara de la ya desterrada prueba diabólica" dados "los efectos relativos" de la "sentencia proferida en esta clase de asuntos" y "la contienda reivindicatoria no es un asunto de prevalencia de títulos con secuelas absolutas".
Exactamente, la legitimación para ejercer la acción reivindicatoria en la hipótesis anotada, está reservada al dueño, propietario o titular del derecho real de dominio y, esta calidad jurídica, tratándose de adquisición traslaticia derivativa por acto entre vivos, además de la tradición, exige "un título justo, legítimo, eficaz y de mejor condición y origen" (cas. civ. de 12 de agosto de 2005 [SC-211-2005], exp. 4948), lo que implica su existencia, validez, eficacia y prevalencia.
En tal virtud, la condición jurídica de dueño no solo debe concurrir realmente en quien invocándola ejerce la reivindicatio, sino demostrarse plena e idóneamente, por manera que, tratándose de la transferencia y adquisición del dominio por acto dispositivo entre vivos, supone el "título traslaticio" o negocio jurídico generatriz de la prestación de dar (dare rem) y el modo de la tradición en la cadena secuencial de tradentes y adquirentes.
En efecto, el solvens transfiere el derecho del cual es titular, tiene poder y disponibilidad, y el accipiens, únicamente adquiere lo que este tenía y le ha transferido, por manera que, no siendo aquél su titular mal puede transferirlo y, tampoco, el adquirente lo adquiere.
Lo expuesto permite entender porque la adquisición de un derecho a título traslaticio derivativo por sucesivas y concatenadas tradiciones, supone una cadena entre los antiguos titulares y los sucesivos adquirentes, a punto que careciendo alguno de aquellos del dominio, no lo traslada, y tampoco se adquiere.
Distinto es que, por efecto de la protección de la apariencia, buena fe y confianza, se valide la disposición de cosa ajena, y a consecuencia de esta, extinguidos los del legítimo dueño por el paso del tiempo, se consolide el de quien lo hubo de persona distinta.
6. Como corolario y en obsequio de la brevedad, por análogas razones a las expuestas por el magistrado Arturo Solarte Rodríguez, a las que adhiero, ejercida acción reivindicatoria por el dueño de la cosa, el juzgador debe verificar esta calidad y, por lo tanto, examinar la cadena secuencial de títulos y tradiciones del derecho durante todo el lapso de la prescripción, la cual a más de extinguir los derechos del legítimo dueño, apuntala el dominio del adquirente y sanea toda deficiencia en la validez del negocio jurídico.
(1) Sentencia 146 de 30 de julio de 2001, expediente 5672, citando G.J. T. CIII, pág. 255, y CV, pág. 263.
(2) Sentencia 051 de 30 de julio de 1996, CCXLIII-154/155.
(3) Contenida, entre otras, en las sentencias de 30 de septiembre de 1919, 26 de febrero de 1936, 7 de junio de 1938, 18 de mayo de 1940, 12 de agosto de 1940, 13 de mayo de 1942, 24 de marzo de 1943, 11 de septiembre de 1943, 26 de marzo de 1946, 30 de julio de 1947, 18 de agosto de 1948, 18 de noviembre de 1949, 24 de junio de 1950, 23 de septiembre de 1950, 2 de junio de 1958, 2 de diciembre de 1970, 21 de febrero de 1991 y 8 de septiembre de 2000.
(4) Alessandri Rodríguez, Arturo y Somarriva Undurraga, Manuel. Curso de Derecho Civil, Tomo II. De los bienes. Editorial Nascimento. Santiago - Chile, 1957. Pág. 798.
(5) Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. Tomo II. Derechos Reales. Cuarta Edición. Editorial Temis. Bogotá, 1973. Págs. 272 y 273.
(6) Rocha, Antonio. De la prueba en Derecho. Universidad Nacional de Colombia. Sección de extensión cultural. 1949. Págs. 296 y ss. Papaño, Ricardo José; Kiper, Claudio Marcelo; Dillón, Gregorio Alberto y Causse, Jorge Raúl. Derechos Reales. Tomo III. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1993. Págs. 143 y ss. Pothier, R.J., Tratado del Derecho de Dominio de la Propiedad. Núms. 323 y ss. Págs. 243 y ss. Colin, Ambrosio y Capitant, Henri. Curso Elemental de Derecho Civil. Tomo Segundo, Volumen II. Editorial Reus. Madrid. 1923. Págs. 1186 y ss. Planiol, Marcelo y Ripert, Jorge. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Tomo III, Los Bienes. Cultural S.A., La Habana. 1940. Págs. 306 y ss. Mazeaud, Henri, Leon y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda, Volumen IV. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires 1960. Págs. 356 y ss.
(7) Alessandri Rodríguez, Arturo y Somarriva Undurraga, Manuel. Op. cit. Págs. 800 y ss.
(8) Ibídem. Pág. 801.
(9) Puig Brutau, José. Fundamentos de Derecho Civil. Tomo III. Derecho de Cosas. Bosch. Barcelona. Págs. 146 y 147.

References: artículo 368
 artículo 946
 artículo 762
 artículo 762
 artículo 762
 artículo 946
 artículo 950
 artículo 635
 artículo 762
 artículo 1008
 artículo 946
 artículo 950
 artículo 946
 artículo 1849
 artículo 752
 artículo 740
 artículo 745
 artículo 756
 artículo 187
 artículo 306
 artículo 762
 artículo 946
 artículo 950
 artículo 58
 artículo 753
 artículo 951
 artículo 762
in fine