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Timestamp: 2019-10-14 16:07:09+00:00

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﻿ Auto 2013-00017 de enero 15 de 2014
AUTO 2013-00017 DE 15 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS, DESARROLLADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 269 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CPACA, NO SE ESTABLECIÓ RESPECTO DE PROVIDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. EL INTERESADO DEBE IDENTIFICAR LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO, SIN EMBARGO EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL DEBE SER TENIDO EN CUENTA AL DECIDIR ESTE TIPO DE SOLICITUDES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU DESCONOCIMIENTO, O MEJOR, SU ACATAMIENTO AL RESOLVER EL INCIDENTE DE EXTENSIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONSEJO DE ESTADO, CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Auto 2013-00017 de enero 15 de 2014
Rad.: 11001-03-27-000-2013-00017-00 (20093)
Actor: Alberto Pineda Suescún y otros
Bogotá, D.C., quince de enero de dos mil catorce.
El despacho estudiará la presente solicitud de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a Terceros, de conformidad con los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA.
1. Los señores Alberto Pineda Suescún, Carmen Emilia Correa Londoño, Gilberta Santana, Jaime Alberto Muñoz Gil, Gladis Carrillo, Martha Lucía Correa Gutiérrez y Santiago Muñoz Velásquez, por medio de apoderado, radicaron escrito ante el Instituto Nacional de Vías - Invías para que, según lo dispuesto en el artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se extendieran los efectos de sentencias proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y el pago de lo no debido, en situaciones fácticas y jurídicas que, a su juicio, son aplicables a los peticionarios, con ocasión del pago de la contribución por valorización por la obra Interconexión vial del Valle de Aburrá Río Cauca, y en consecuencia, se ordene la devolución de la suma pagada con la respectiva indexación e intereses corrientes.
2. Mediante oficio OAJ 10953 del 8 de marzo de 2013, el Instituto Nacional de Vías - Invías negó la solicitud presentada por la parte actora, señalando que respecto de los señores Alberto Pineda Suescún, Gilberta Santana, Martha Lucía Correa Gutiérrez y Santiago Muñoz Velásquez, no hubo pago de lo no debido, porque sus reclamos “fueron presentados por fuera del término de los cinco años siguientes a la fecha de su pago” y sobre los señores Carmen Emilia Correa Londoño, Jaime Alberto Muñoz Gil y María Gladis Carrillo a pesar de que las reclamaciones se presentaron en tiempo, los dineros objeto del pago de la contribución entraron a formar parte del erario público para el exclusivo cumplimiento de los compromisos pactados en el Convenio Interadministrativo celebrado entre el Invías, el departamento de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el municipio de Medellín para la financiación de la construcción del proyecto de comunicación vial entre los Valles de Aburrá y del río Cauca.
3. En virtud de la respuesta obtenida a la solicitud presentada al Instituto Nacional de Vías - Invías, los actores, presentaron escrito ante esta corporación para que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102 y 269 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “se reconozca el derecho a la devolución del dinero pagado, como contribución de valorización por la ejecución de la obra pública denominada interconexión vial Valle de Aburrá - río Cauca, en el departamento de Antioquia, por haber operado el fenómeno jurídico de la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto, como consecuencia de la Sentencia C-155 de 2003, proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se hizo la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “nacional” empleada en el artículo 2º del Decreto 1604 de 1966”.
1. La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 10, consagró que las autoridades al resolver los asuntos de su competencia deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado.
Ese deber de aplicación del precedente puede ser solicitado por el interesado, a través del mecanismo de solicitud de extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, desarrollado en los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA.
2. El tenor literal de los artículos 102 y 269 ibíd. es el siguiente:
“ART. 102.—Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades.
Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.
“ART. 269.—Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros.
Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompañará la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente.
3. De acuerdo con las normas transcritas, los requisitos de procedibilidad de la solicitud de extensión de la jurisprudencia ante el Consejo de Estado son los siguientes:
3.1. Presentar la petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho.
3.2. Que la pretensión judicial no haya caducado.
3.3. Allegar copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado, que invoca a su favor.
3.4. Presentar la solicitud de extensión ante el Consejo de Estado dentro de los treinta (30) días siguientes a la respuesta negativa bien sea total o parcial, de la solicitud o cuando la autoridad guardó silencio.
3.5. Acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente.
3.6. Acreditar el requisito de que trata el artículo 160 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, relacionado con el derecho de postulación.
Así las cosas, se hace necesario analizar si la petición presentada en el caso sub examine reúne los requisitos antes descritos, así:
4.1. Para examinar el requisito de allegar copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado, que invoca a su favor se tiene:
4.1.1 De conformidad con el artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos (...)” (negrillas fuera de texto).
4.1.2. Los artículos 270(1) y 271(2) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establecen cuáles son las sentencias de unificación jurisprudencial cuyos efectos pueden ser extendidos a terceros por las autoridades, así:
— Las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia.
— Las proferidas al decidir los recursos extraordinarios.
— Las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36 A de la Ley 270 de 1996.
4.1.3 El artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con las sentencias que por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia, prevé que las puede proferir:
(i) La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público.
(ii) Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso.
4.1.4. En el asunto objeto de estudio, el peticionario plantea la aplicación extensiva de jurisprudencia, en los siguientes términos:
“Ante la reiterada negativa del ente oficial para acceder a nuestro pedimento, y aprovechando la reciente disposición legal consagrada en los artículos 10, 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 614 de la Ley 1564 de 2012, le solicitamos a la subdirección de apoyo técnico de Invías, por ser competente para ello, se sirviera extender los efectos jurídicos de las sentencias de unificación jurisprudencial números 6344 de 2002(3) (C.E., S. Plena); Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección 5ª, Expediente 0437, C.P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía, octubre 28 de 1994; Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 4ª, C.P. Germán Ayala Mantilla, noviembre 9 de 2001, Expediente 10280 y Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1ª, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, octubre 18 de 2001, Expediente 6328, y de igual manera, la sentencia proferida por el honorable Consejo de Estado el 11 de noviembre de 2009, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Además, las sentencias T-1143 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas, al caso específico de mis poderdantes”.
4.1.5. La solicitud presentada ante esta corporación, alude a varias providencias dictadas por diferentes Secciones del Consejo de Estado, sin embargo, esas sentencias respecto de las cuales se solicita la extensión de sus efectos no cumplen los presupuestos legales antes indicados para que proceda el trámite y estudio de la solicitud, ya que para poder hablar de una sentencia de unificación jurisprudencial no basta que haya sido emitida por la Sala Plena o por una de las secciones del Consejo de Estado, sino que es necesario, también, que ello se haga conforme al procedimiento previsto en el artículo 271 ibíd., el cual no existía para la época en que se expidieron dichas sentencias, y que tiene precisamente como objeto que la sección se pronuncie con la finalidad expresa de sentar jurisprudencia dada la importancia jurídica o trascendencia social o económica de los asuntos provenientes de las subsecciones de la corporación o de los tribunales(4).
En ese orden de ideas, no puede hablarse de una sentencia de unificación jurisprudencial, susceptible de invocarse al caso que se estudia.
4.2. En lo atinente a la aplicación de la Sentencia C-155 de 2003 y del fallo de tutela T-1143 de 2005, ambas de la Corte Constitucional, deben hacerse las siguientes precisiones:
4.2.2. La Sección Segunda de esta corporación(5) sobre la aplicación del precedente constitucional y el mecanismo de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros señaló:
“Si bien la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816 de 2011, magistrado ponente Mauricio González Cuervo, declaró exequible de manera condicionada el inciso 2º del artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia”; es claro que el mecanismo de extensión de jurisprudencia fue previsto por el legislador respecto de sentencias de unificación dictadas por el Consejo de Estado, por lo cual, quien pretenda la extensión de los efectos de un fallo de esa corporación debe identificar la providencia que invoca a su favor. Distinto es que el juez, al resolver la solicitud, deba aplicar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional, en los términos de la sentencia en cita”.
4.2.3. Si bien es cierto que el precedente constitucional debe ser tenido en cuenta al decidir este tipo de solicitudes, no lo es menos que en el mecanismo que se comenta no fue previsto, como causal para su procedencia, sentencias o providencias de la Corte Constitucional, sin que ello implique su desconocimiento, o mejor, su acatamiento al resolver el incidente de extensión, pero, se repite, esta circunstancia no releva al interesado del deber de identificar la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, cuya extensión pretende.
4.3. Las anteriores razones son suficientes para rechazar por improcedente la solicitud presentada por los señores Alberto Pineda Suescún, Carmen Emilia Correa Londoño, Gilberta Santana, Jaime Alberto Muñoz Gil, Gladis Carrillo, Martha Lucía Correa Gutiérrez y Santiago Muñoz Velásquez, a través de apoderado, para adelantar el procedimiento previsto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria de Decisión,
RECHAZAR por IMPROCEDENTE la solicitud de extensión de la jurisprudencia presentada por los señores Alberto Pineda Suescún, Carmen Emilia Correa Londoño, Gilberta Santana, Jaime Alberto Muñoz Gil, Gladis Carrillo, Martha Lucía Correa Gutiérrez y Santiago Muñoz Velásquez, a través de apoderado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Consejero: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
(1) ART. 270.—Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.
(2) ART. 271.—Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público.
(3) Esta sentencia fue dictada por la Sección Primera, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
(4) En este sentido ver auto del 1º de febrero de 2013, Expediente 11001-03-27-000-2012-00045-00 (19718), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(5) Auto del 24 de junio de 2013, Expediente 11001-03-25-000-2013-00829-00, número interno: 1694-2013, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

References: artículo 102
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 102
 artículo 160
 artículo 102
 artículo 36
 artículo 271
 artículo 614
 artículo 271
 artículo 102
 resolución 
 artículo 269
 artículo 36
 artículo 11