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Timestamp: 2018-03-22 07:45:58+00:00

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163350-278-29414-2014-11-0038.html
El 13 de diciembre de 2010, se recibió Oficio n.° 10-2540 remitido por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante el cual se remitió el “Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad” incoado por los ciudadanos JULIO CÉSAR DÍAZ VALDEZ y ROMÁN GEORGE AZIZ TUFIC, titulares de las cédulas de identidad Nos. 10.387.571 y 13.452.444, respectivamente, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 146.634 y 84.072, en el mismo orden, actuando en sus propios nombres, así como también en su carácter de apoderados judiciales de la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DEL ESTADO BOLÍVAR, asociación civil inscrita por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Heres de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 27 de septiembre de 1968, bajo el N.° 51, Tomo 05, Protocolo Primero, tercer trimestre de ese año; y procediendo el segundo en su carácter de representante judicial de INVERSIONES TRINIVEN S.A., sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 1° de febrero de 2001, bajo el N.° 11, Tomo 16-A, contra los artículos 6, 12, numeral 14; 48, parágrafo primero; 51, parágrafo único; 117, parágrafo único; e ilegalidad de los artículos 11, 12, parágrafo primero; 99, parágrafos primero, segundo y tercero; 101, parágrafos primero y segundo; 102, parágrafos primero y segundo; y 103, parágrafos primero y segundo de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 0328 del 23 de noviembre de 2009. Dicho Oficio fue remitido en virtud de la decisión dictada por ese Juzgado Superior en fecha 22 de noviembre de 2010, en la cual se declaró incompetente para el conocimiento de la presente causa, por lo cual declinó la competencia en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El 11 de enero de 2011 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
El 24 de febrero de 2011, Julio César Díaz Valdez y Román George Aziz Tufic, en su condición de accionantes, acudieron a esta Sala Constitucional a los efectos de insistir en la urgencia de la procedencia de la medida cautelar solicitada en el escrito de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad.
El 3 de octubre de 2012, los abogados Larry Devoe Márquez, Jesús Antonio Mendoza Mendoza y Eneida Fernándes Da Silva, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 93.897, 41.755 y 79.059, respectivamente, actuando en su carácter de representantes de la Defensoría del Pueblo, en resguardo de los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva, consagrados en el artículo 26 constitucional, y “(…) sin ánimo de pronunciarse en cuanto a la presunta inconstitucionalidad”, solicitaron a esta Sala Constitucional se pronuncie sobre la admisión o inadmisión de la presente causa.
El 31 de octubre de 2012, los abogados Julio César Díaz Valdez y Román George Aziz Tufic, en su carácter de autos, acudieron a esta Sala Constitucional a los efectos de insistir en la urgencia de la procedencia de la medida cautelar solicitada en el escrito de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad.
Mediante sentencia n.° 144 del 26 de marzo de 2013, esta Sala se declaró competente para conocer de la acción de nulidad ejercida, admitió la misma y acordó parcialmente la medida cautelar y, en consecuencia, se suspendieron los efectos del cardinal 14 del artículo 12 de la Ordenanza bajo análisis, el cual establece: “Para quienes realicen actividades económicas bajo la denominación de servicios profesionales, la base imponible estará constituida por los ingresos brutos que se generen por concepto de honorarios, en ocasión de la prestación de servicios, no se consideran servicios, los prestados bajo relación de dependencia”; así como del clasificador de actividades económicas incorporados al final de la Gaceta donde fue publicada La Ordenanza, bajo los códigos de actividad 22-15 y 22-16, denominadas ‘Personas Naturales que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades’ y ‘Personas Jurídicas que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades’; así como la obligación de obtener licencia por parte de quien realice actividades profesionales de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de La Ordenanza en cuestión.
El 4 de junio de 2013, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional expidió el cartel de emplazamiento de los terceros interesados, el cual fue retirado el 11 de junio de 2013, por el abogado Julio César Díaz Valdez, actuando en su carácter de autos.
Mediante escrito consignado el 12 de junio de 2013, el abogado Román George Aziz Tufic, ya identificado, consignó la publicación del cartel de emplazamiento efectuada el 12 de junio de 2013, en el Diario “El Nacional”.
El 18 de septiembre de 2013, el abogado Jesús Roberto Villegas Montero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 148.442, actuando en su carácter de sustituto de la Procuradora General de la República, consignó escrito de alegatos respecto a la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad.
Mediante escrito entregado el 8 de octubre de 2013, la abogada Elena Ángela González Piña, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 100.437, actuando en su condición de Síndica Procuradora Municipal del Municipio Heres del Estado Bolívar, consignó sus respectivos alegatos respecto a la acción ejercida.
El 7 de noviembre de 2013, se dio por recibido del Juzgado de Sustanciación el expediente a los fines del pronunciamiento correspondiente y se reasignó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Que “(…) se infiere claramente, que las disposiciones constitucionales limitan la imposición exagerada de cargas tributarias que sobrepasan la capacidad económica de un sujeto frente al órgano del Estado, que en su afán de que concurran los particulares con los gastos públicos, dejan a un lado el elemento principal revelador de enriquecimiento, como lo es la obtención de la renta generada solamente por los ingresos. Pechar ingresos sin que éstos hayan sido percibidos por el sujeto, obliga a éste a responder con su patrimonio, lo que se traduce en confiscatoriedad del tributo, situación expresamente prohibida por nuestra Constitución”.
Que “[l] a base imponible, entendida como magnitud susceptible de una expresión cuantitativa definida por la ley [haciendo referencia al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal], que mide alguna dimensión económica del hecho imponible y que debe aplicarse a cada caso concreto a los efectos de la liquidación del impuesto (Diccionario de Derecho Tributario 2006 - Efraín Sanmiguel, pág. 133), es la cantidad sobre la cual debe aplicarse la alícuota del impuesto, cantidad constituida por los ingresos brutos efectivamente percibidos por el ejercicio de las actividades gravadas. Es un índice, un parámetro de medición. La expresión ‘efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente’ significa que sólo serán objeto de gravamen los ingresos brutos causados y cobrados en dicho período y no como pretende la ordenanza de gravar los ingresos brutos no cobrados”.
Que “[p]or otra parte, es reiterada la doctrina que define a la clausura de establecimientos como una pena impeditiva que evita la utilización de ciertos inmuebles, en los cuales debe cesar la actividad (Héctor Villegas); y siendo así la clausura considerada una pena, implica en su caracterización jurídica, necesariamente, su sujeción a los principios fundamentales del Derecho Penal, como rama de la ciencia jurídica que regula el derecho del estado de castigar las conductas contrarias al ordenamiento que lesionan bienes jurídicos tutelados, y que son castigados –precisamente- con penas. A nuestros efectos, los lesionados por La (sic) Ordenanza son los siguientes: 1) La reserva de ley, que implica que la clausura puede únicamente ser establecida en una ley formal (aquellas a las que se refiere el artículo 202 de la Constitución) en garantía de lo establecido en el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución; 2) La proporcionalidad, toda vez que la pena debe responder en forma racional y proporcionada a la entidad del mal causado por el hecho ilícito; 3) Inejecutabilidad de la pena con carácter previo a su declaratoria como definitivamente firme: las penas, en tanto tales, son consecuencias jurídicas únicamente aplicables a aquellos sujetos que, en forma definitiva, son catalogados como culpables por la comisión de un determinado ilícito, en razón de lo que –y por aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia– se relaja el principio de ejecutabilidad y ejecutoriedad de los actos administrativos para impedir la ejecución del acto que impone la pena de clausura hasta que éste queda definitivamente firme; y 4) Mínima intervención y ultima ratio: el Derecho Penal es un derecho contingente y excepcional, que constituye la última respuesta de ordenamiento al quebrantamiento de su orden, y no una medida que puede utilizarse alegremente como mecanismo de presión para el cumplimiento de determinados objetivos” (Resaltado del original).
Y que “(…) más recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14 de Julio (sic) de 2010, Expediente N° 1999-16407, con ponencia de la Dra. Yolanda Jaimes Guerrero, dejó claro, en referencia a los ingresos no continuos o periódicos dentro de la actividad comercial del contribuyente, que éstos no forman parte del Impuesto a las Actividades Económicas” (Negrillas del original).
Requirieron que “[c]on fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en concordancia con lo establecido en el artículo 130 (anterior artículo 19 Párrafo 11) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respetuosamente solicitamos a este competente Tribunal, que mientras se sustancie y decida en forma definitiva el presente recurso, acuerde medida cautelar –con efectos erga omnes– a favor de los miembros de la Cámara de Comercio e Industria del Municipio Heres del Estado Bolívar, comerciantes y contribuyentes del Municipio Heres en general y profesionales liberales, y suspenda, en consecuencia, los efectos de los Artículos (sic): 6, 11, Ordinal (sic) 14 y Parágrafo Primero (sic) del artículo 12, 48 y su Parágrafo Primero (sic), Parágrafo Único (sic) del Artículo (sic) 51, 52, Parágrafos Primero, Segundo y Tercero (sic) del artículo 99, Parágrafo Primero y Segundo (sic) del artículo 101, Parágrafo Primero y Segundo (sic) del artículo 102, Parágrafo Primero y Segundo (sic) del artículo 103, 107, 117 y su Parágrafo Único (sic), y los Códigos del Clasificador (sic) de actividades económicas identificados con los números 22-15 y 22-16 denominados ‘Personas Naturales que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades’ y ‘Personas Jurídicas que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades’, todas contenidas en la Reforma Total Ordenanza de Impuestos a las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar, cuya anulación se pretende mediante esta acción” (Negrillas del original).
El 18 de septiembre de 2013, el abogado Jesús Roberto Villegas Montero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 148.442, actuando en su carácter de sustituto de la Procuradora General de la República en atención a la notificación ordenada por esta Sala el 4 de junio de 2013, consignó escrito de alegatos respecto a la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad, mediante el cual expuso:
Que “(…) en el sentido en el cual está expresado en la ordenanza, efectivamente percibido, o realmente percibido, y de acuerdo con la terminología contable para los ingresos brutos, éstos están efectivamente percibidos cuando se devengan aunque no se cobren de inmediato, en ese sentido no se trata de que el legislador haya querido imponer cargas fiscales exorbitantes ya que los tributos así establecidos atienden estrictamente a los ingresos brutos efectivamente percibidos, y como ya vimos, ello desde el punto de vista contable no está directamente relacionado a la expresión efectivamente cobrado en razón de lo cual solicitamos a esa Sala que así lo aprecie y en consecuencia desestime el presente alegato de inconstitucionalidad”.
Mediante escrito consignado el 8 de octubre de 2013, la abogada Elena Ángela González Piña, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 100.437, actuando en su condición de Síndico Procurador Municipal del Municipio Heres del Estado Bolívar, consignó sus respectivos alegatos, en los cuales expuso:
“Artículo 6. Se entiende por Ingresos Brutos efectivamente percibidos todos aquellos proventos y caudales que se devenguen aun cuando no hayan sido cobrados dentro del período fiscal a declarar”.
Sobre la potestad tributaria municipal, en jurisprudencia de esta Sala se ha señalado que la misma está:
“(…) prevista en el artículo el artículo 179, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [y] establece la posibilidad para los Municipios de gravar la actividad económica generada con motivo de la prestación de servicios, les confiere a éstos potestad tributaria originaria para pechar (…) a aquellas derivadas del ejercicio o desempeño de actividades económicas de naturaleza mercantil” (Vid. sentencias Nos. 3.241 del 12 de diciembre de 2002, caso: ‘Compañía Venezolana de Inspección, S.A.’ y 781 del 6 de abril de 2006, caso: ‘Humberto Bauder F. y otros’).
“Artículo 316. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.
De esta forma, las normas y principios armonizadores son efectivamente una creciente necesidad en materia de tributación municipal, en virtud no solo de la multiplicidad de tributos, sino en cuanto a los mecanismos, formas de consagración y recaudación propios del ejercicio de la autonomía tributaria y a la incipiente voracidad fiscal de los Municipios respecto al gravamen de la renta y de la actividad de los particulares, por lo que, tal potestad armonizadora fue asignada a la Asamblea Nacional en búsqueda de una racionalidad en cuanto a su establecimiento y a una proporcionalidad respecto a su ejercicio. Al respecto, esta Sala en sentencia n.° 1453/2004, expuso:
“A estos efectos, poco importa –que es un aspecto al que sí da importancia la parte demandante- que la actividad desarrollada por la empresa exceda del territorio local. En Venezuela no existe tal límite, aunque en tales casos sí se hace imprescindible que la legislación nacional de armonización tributaria –ausente hasta el momento entre nosotros- determine unos parámetros a fin de moderar el poder tributario local y evitar excesos impositivos.
En fin, como en todo lo que guarde relación con los tributos, la prudencia debe ser la guía, pues debe evitarse incurrir en el error de sobrecargar a los contribuyentes con exigencias tributarias que tal vez le aconsejen trasladarse de lugar. Por ello, la doctrina ha advertido de la necesidad de impedir los casos de tributación excesiva, sin que ello implique la prohibición a los entes territoriales para constreñir al pago de los tributos que constitucional o legalmente le correspondan”.
Así, cabe advertir que si bien existe diferentes tesis bajo las cuales concurre cierta discusión sobre el carácter normativo o no de las definiciones legales, lo cierto es que las mismas atienden a una unidad conceptual en las cuales se aluden a acciones, sujetos u objetos con la finalidad de dotar de claridad al derecho y eliminar las ambigüedades y vaguedades del lenguaje (Vid. Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin, Definiciones y normas en Eugenio Buligyn, Martín D. Farrel, Carlos S. Nino y Eduardo Rabopssi (Comps): El lenguaje del Derecho. Homenaje a Genaro Carrió, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983, citado por Josep Aguiló Regla en Sobre Definiciones y Normas, Doxa n.° 8, 1990).
El problema que ello plantea, es cuando su finalidad resulta desvirtuada y por el contrario no elimina o procura eliminar las múltiples ambigüedades y vaguedades que rodean el mundo jurídico, sino que incluye dentro de la misma conceptos contradictorios que dotan de oscuridad e imposibilitan su ejecución, llegando incluso a incorporar confusiones en cuanto a la interpretación y su cumplimiento, y por ende a desnaturalizar su contenido (Vgr. Victor Ferreras Comella, Justicia Constitucional y Democracia, CEPC, 2012, pp.22-27).
Así, indefectiblemente la seguridad jurídica se encuentra aparejada o trata de lograr un fin primordial del derecho el cual es la búsqueda de la justicia, en este sentido interesa destacar a Radbruch en cuanto a que no es suficiente con el deber jurídico sino que es necesario que sus contenidos sean justos en cuanto a su contenido (Vid. G, Radbruch, Filosofía del Derecho, Madrid, Edit. Revista de Derecho Privado, 1944).
“Artículo 12. La base imponible del impuesto sobre actividades económicas está constituida por los Ingresos Brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones cumplidas en la jurisdicción del Municipio Heres, del Estado Bolívar, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley o en los Acuerdos o Convenios celebrados a tales efectos, y en la forma siguiente:
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para determinar la base imponible conforme a lo previsto en esta Ordenanza, no se permitirá la deducción de ninguno de los ramos que constituyan dicho ingreso, ni de las erogaciones hechas para obtenerlos, ni ninguna otra deducción que no esté expresamente prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en esta Ordenanza (…)”.
“Artículo 6. Se entiende por Ingresos Brutos efectivamente percibidos todos aquellos proventos y caudales que se devenguen dentro del período fiscal a declarar”.
14. Para quienes realicen actividades económicas bajo la denominación de servicios profesionales, la base imponible estará constituida por los ingresos brutos que se generen por concepto de honorarios, en ocasión de la prestación de servicios, no se consideran servicios, los prestados bajo relación de dependencia”.
“Tal esquema plantea un orden lógico para abordar la temática, orden que pasa, necesariamente, por aceptar que la posible inconstitucionalidad de los artículos impugnados depende de que esta Sala acepte o rechace la potestad tributaria de los municipios sobre las profesiones liberales, ya que tales preceptos, en sustancia, lo que hacen es regular los términos en que la actividad económica está sujeta al impuesto creado por la Ordenanza en cuestión.
Por otro lado, la constitucionalidad del precepto riñe también con la distribución de competencia a que alude nuestra carta Magna en su artículo136. Toda la regulación de las profesiones liberales pertenece al Poder Público nacional por una razón fundamental: la necesidad de unificar el régimen y evitar arbitrariedades al momento de estipular los requisitos que se deben cumplir para ejercer cualquier profesión, que por sus características son indispensables para la buena marcha de la sociedad. En definitiva, el Constituyente fue previsivo al resguardar de posibles regulaciones dispares los requisitos para ejercerlas” (Negrillas de esta Sala).
Finalmente esta Sala, aprecia que el artículo 22 de la Ordenanza impugnada al establecer una licencia para el ejercicio de las actividades profesionales resulta igualmente violatorio del principio de reserva legal, ya que el ingreso al ejercicio de las actividades profesionales se encuentra regulado en la ley de adscripción y regulación de las determinadas profesiones por ser ello una potestad exclusiva del legislador nacional -artículo 105 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- (Vgr. Ley de Abogados, Ley del Ejercicio de la Medicina, entre otras), en consecuencia, se excluye de la exigencia de solicitar la referida licencia a los profesionales que ejerzan su profesión dentro del referido Municipio y así se declara.
“Artículo 48. Los sujetos pasivos a que se refiere esta Ordenanza deberán presentar la Declaración de Ingresos Brutos Anual (DIBA) correspondiente, dentro de los NOVENTA (90) días continuos siguientes a la fecha de cierre fiscal del contribuyente, por cada una de las actividades o ramos a que se refiere el Clasificador de Actividades Económicas, en la cual la Dirección de Hacienda Municipal o el ente para tal fin, determinará y liquidará el monto del impuesto municipal correspondiente, y se informará para que el contribuyente proceda al pago, en las oficinas receptoras de impuestos municipales que la Alcaldía designe.
PARAGRAFO ÚNICO: Los datos suministrados en la declaración anual por el contribuyente, solo se considerarán como un indicador y que podrán servir de base para el cálculo y fijación provisional del impuesto a pagar del año siguiente, y para la determinación de la capacidad contributiva del contribuyente en el lapso que declaro, a los fines de calcular el ajuste impositivo anual. Si los datos suministrados por el contribuyente en la declaración anual, difiere del procedimiento establecido en esta ordenanza, la administración tributaria o los funcionarios que esta designe, procederá a la corrección inmediata”.
En efecto, el precitado artículo así como en el resto de la normativa contenida en la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, se encuentran claramente estructurados: i) el elemento material, ii) el aspecto personal que es la individualización del sujeto pasivo y activo de la obligación tributaria, iii) el elemento temporal –año calendario- y iv) el elemento espacial –actividades lucrativas de naturaleza mercantil desarrolladas dentro del Municipio- (Vid. Dino Jarach, Curso de Derecho Tributario, Ediciones Liceo Profesional Cima, Buenos Aires, 1969. pp. 174-175 y R. Calvo Ortega, Curso de Derecho Financiero, Tomo I –Derecho Tributario (Parte General)-, Edit. Civitas, 3° edición 1999, pp. 174-178).
En atención a ello, no se aprecia la violación constitucional denunciada, ya que a esta Sala le corresponde el control objetivo de la constitucionalidad de las normas y su contrariedad a derecho y no a la actuación material de determinada Administración Tributaria, en cuyo caso, el accionante dispone de los mecanismos judiciales ordinarios para controlar la legalidad de las actuaciones de la Administración Pública, en virtud que la referida Ordenanza contempla en su Título XI la existencia de los recursos administrativos contra los actos de efectos particulares dictados por los funcionarios de la Administración Municipal, que pudiesen vulnerar algún derecho constitucional, por lo que resulta plenamente garantizado el derecho a la defensa y el debido proceso, en virtud de no existir la confusión denunciada y de estar consagrado efectivamente la presencia de normas procedimentales destinadas a regular la declaración y pago del impuesto sobre actividades económicas.
“Artículo 117. Los actos que produzcan efectos particulares, emanados de órganos o funcionarios indicados en esta Ordenanza, deberán ser notificados al sujeto pasivo para que tengan eficacia. Las notificaciones se practicarán en la forma prevista en el Código Orgánico Tributario, excepto los casos previstos en esta Ordenanza, y deberán contener el texto íntegro de la respectiva resolución, indicando si el acto es o no definitivo, los recursos a intentar, así como las instancias antes los que hubiere de presentarse, los plazos para imponerlos y los requisitos de pago o afianzamiento que en su caso, deben cumplir los contribuyentes. Cuando la notificación no sea practicada personalmente, sólo surtirá efectos después del décimo (10) día hábil siguiente de ser verificada.
PARÁGRAFO ÚNICO: Se exceptúan de las formalidades previstas en este Capítulo, las órdenes de cierre de negocios por las causales previstas en los artículos 99°, 101°, 102°, 103°, 104°, 107° y 127° de esta ordenanza, las cual podrán ejecutarse de inmediato, sin perjuicio de que la parte afectada ejerza su recurso”.
En atención a lo expuesto, se aprecia que esta Sala juzgó la constitucionalidad de una norma similar en el fallo n.° 808 del 14 de mayo de 2008, en el cual se analizó la vinculación existencial entre el derecho a la defensa y el debido proceso respecto a la notificación de la decisión administrativa dictada en contra de sus intereses patrimoniales y derechos constitucionales.
Artículo 74. Las notificaciones que no llenen todas las menciones señaladas en el artículo anterior se considerarán defectuosas y no producirán ningún efecto”.
“En realidad, estima la Sala que el artículo impugnado lo que pretende es que la notificación de las órdenes de cierre de establecimiento no requieran de las formalidades mencionadas (texto íntegro de la decisión, indicación de recursos, así como de autoridades ante las que se pueden ejercer los correspondientes recursos y plazos para su interposición). No se obvia la notificación, sino las referidas menciones, pues nunca un acto administrativo puede surtir efectos sin ser notificado, ya sea de modo personal o por los medios sustitutivos que prevé el ordenamiento. En tal virtud, también la orden de cierre requiere notificación para poder ejecutarse.
En consecuencia, la Sala anula el referido aparte, con lo que todas las decisiones a las que se refiere la Ordenanza impugnada deberán cumplir las mismas formalidades. Así se decide”.
Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada por los ciudadanos JULIO CÉSAR DÍAZ VALDEZ y ROMÁN GEORGE AZIZ TUFIC, titulares de las cédulas de identidad Nos. 10.387.571 y 13.452.444, respectivamente, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 146.634 y 84.072, en el mismo orden, actuando en sus propios nombres, así como también en su carácter de apoderados judiciales de la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DEL ESTADO BOLÍVAR, asociación civil inscrita por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Heres de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 27 de septiembre de 1968, bajo el N.° 51, Tomo 05, Protocolo Primero, tercer trimestre de ese año; y procediendo el segundo en su carácter de representante judicial de INVERSIONES TRINIVEN S.A., sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 1° de febrero de 2001, bajo el N.° 11, Tomo 16-A, contra los artículos 6, 12, numeral 14; 48, parágrafo primero; 51, parágrafo único; 117, parágrafo único; e ilegalidad de los artículos 11, 12, parágrafo primero; 99, parágrafos primero, segundo y tercero; 101, parágrafos primero y segundo; 102, parágrafos primero y segundo; y 103, parágrafos primero y segundo de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 0328 del 23 de noviembre de 2009.
Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal y el artículo 53 del Reglamento de Reuniones, presenta el siguiente voto salvado en la decisión dictada por esta Sala Constitucional en el expediente n° 11-0038, que declaró parcialmente con lugar la demanda de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por la representación judicial de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Bolívar e Inversiones Triniven S.A. contra la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar.
“Artículo 51. El monto del impuesto previsto en esta Ordenanza, se determinará y pagará de la siguiente manera:
PARÁGRAFO ÚNICO: Los datos suministrados en la declaración anual por el contribuyente, solo se considerarán como un indicador y que podrán servir de base para el cálculo y fijación provisional del impuesto a pagar del año siguiente, y para la determinación de la capacidad contributiva del contribuyente en el lapso que se declaró, a los fines de calcular el ajuste impositivo anual. Si los datos suministrados por el contribuyente en la declaración anual, difiere del procedimiento establecido por esta ordenanza, la administración tributaria o los funcionarios que esta designe, procederá a al corrección inmediata”.
“Asimismo, respecto a la temporalidad de la reclamación debe acotarse que el artículo 51 en su parágrafo único cuando se consagra la corrección inmediata se refiere a la deficiencia en cuanto al procedimiento establecido en la Ordenanza y no al elemento sustantivo del mismo, el cual se genera a través de un acta de reparo, que está regulado su procedimiento en los artículos 84 y siguientes de la Ordenanza, razón por la cual, a diferencia de lo indicado por éste la norma impugnada es clara cuando se refiere a elementos procedimentales sobre la determinación del tributo y no a la fiscalización cuantitativa del tributo, cuando expone: ‘(… Si los datos suministrados por el contribuyente en la declaración anual, difiere del procedimiento establecido en esta ordenanza, la administración tributaria o los funcionarios que ésta designe, procederá a la corrección inmediata’ (subrayado de esta Sala”.

References: artículo 26
 artículo 12
 artículo 22
 artículo 209
 artículo 202
 artículo 49
 artículo 104
 artículo 130
 artículo 19
 artículo 12
 artículo 99
 artículo 101
 artículo 102
 artículo 103
 artículo 179
 artículo136
 artículo 22

Artículo 74
 artículo 104
 artículo 53
 artículo 51