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DOCUMENTO 2012 EXPANDIDO | Blog de José Ortega
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DOCUMENTO 2012 EXPANDIDO	Publicado el enero 9, 2013	por JOSÉ ORTEGA @abogadodelmar
Quisiera introducir una matización que me parece importante, aunque para muchos no es necesaria: El manifiesto 2012 es mucho más que un folio escrito con un repertorio de intenciones, sino la síntesis de un trabajo técnico y bastante estudiado de propuesta de reforma de la Constitución. No se está pidiendo una reforma de la Constitución en términos vagos, sino concretos y acotados. Cuando se pide igualar a todos los partidos en posibilidades electorales, la reforma de la Constitución propone medidas muy precisas al respecto (también enormemente simples) aunque no consten en el MANIFIESTO 2012 por razones de espacio.
Toda ley tiene una exposición de motivos o preámbulo, en el que el legislador razona los cambios que introduce, y un articulado. También en el proyecto de ley de reforma de la Constitución.
Como sabéis, las bases de la reforma de la Constitución las expliqué en BREVE DISCURSO SOBRE EL FUTURO (descargable) y el propio proyecto de reforma está disponible para descarga.
Lo dejo aquí un poco mejor explicado si os parece. Los textos en cursiva contienen los artículos reformados.
EXIGIMOS Una reforma constitucional que -Ponga fin a la dictadura de los dos grandes partidos mediante medidas concretas que igualen a todas las opciones políticas en su capacidad de hacer llegar su mensaje al elector.
La reforma del artículo sexto, relativo a los partidos políticos, es profunda y radical y se ha elaborado con la intención de mejorar la calidad de la democracia. Se ha implantado en España un sistema bipartidista que causa desilusión en los ciudadanos y que sobre todo, con apoyo en la vigente ley electoral, ahoga la posibilidad de la aparición de nuevas ideas y nuevas corrientes. El carácter inamovible de esta fórmula se apoya en un sistema de financiación opaco que a su vez conduce a unos gastos desorbitados en campañas electorales que de ningún modo están a disposición de otros partidos políticos menores o de nueva creación.
Al mismo tiempo, la reforma establece una restricción rígida sobre el gasto electoral, lo que tiene por finalidad impedir que un desembolso desmedido a cargo de partidos bien dotados económicamente pueda tornar invisible el mensaje de los que no se encuentren en tal situación.
A tal fin, se establecen como cauces principales para la difusión de mensajes electorales la red internet y los medios de comunicación que utilizan el espectro radioeléctrico, es decir, las radios y las televisiones. Dado el carácter público del espectro, se deberán introducir en los pliegos de condiciones sobre las concesiones a empresas privadas las cláusulas pertinentes que permitan garantizar que todos los concurrentes a un proceso electoral podrán disfrutar de espacios gratuitos en radios y televisiones.
La austeridad en las campañas electorales constituye una salvaguarda de la igualdad de oportunidades entre distintas opciones políticas. A fin de promover dicha igualdad de oportunidades y teniendo en cuenta la posibilidad de difundir el mensaje político a través de Internet y de espacios electorales gratuitos en medios de comunicación, la ley limitará drásticamente el montante económico que los partidos políticos podrán invertir en las campañas electorales.
Las concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico incluirán en sus pliegos de condiciones la obligación de cesión gratuita de espacios electorales.
Se introduce una norma también novedosa y audaz en la regulación de la Administración, disponiéndose que la totalidad de sus cuentas queden disponibles de forma libre y gratuita a través de internet y en las bibliotecas públicas.
La medida persigue, obviamente, la transparencia en los asuntos públicos, y de forma muy especial acabar con la lacra de la corrupción política y económica, que en los últimos años ha asolado el país. Siendo tecnológicamente posible, como es, exponer al público esos datos, no existe motivo alguno para no hacerlo, partiendo de la perspectiva de que los asuntos públicos, aunque esto parezca tautológico, son públicos, y lo son a todos los efectos.
TEXRO ARTICULADO:
La supresión del Ministerio de Justicia tiene un fuerte valor simbólico, además de práctico. Con ella se busca reforzar la independencia del poder judicial respecto del ejecutivo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pueden depender de la Vicepresidencia Primera del Gobierno sin necesidad de mantener un Ministerio cuyo nombre puede arrojar sombras sobre la separación de poderes. Pero en particular era necesario que la totalidad de la organización de los juzgados y tribunales pasase a depender de un órgano propio del poder judicial, y no del poder ejecutivo, como hasta ahora.
De forma paralela, se han revisado las incompatibilidades de jueces y fiscales para impedir el desempeño de estas funciones por quienes tengan o hayan tenido intereses en los partidos políticos o en la política en general. La actual regulación de estas incompatibilidades resulta excesivamente benigna y ha propiciado cierto trasiego entre los partidos políticos y la judicatura, con perjuicio de la imprescindible independencia del poder judicial. La nueva norma impone un plazo de cinco años para que quienes hayan abandonado la actividad política puedan incorporarse a las tareas judiciales. Con esto se pretende naturalmente impedir la injerencia de los partidos políticos en los juzgados y tribunales.
Nuevo apartado séptimo del artículo 127:
7. Se suprime el Ministerio de Justicia. La organización de los juzgados y tribunales dependerá del Consejo General del Poder Judicial.
El artículo 127 tendrá la siguiente redacción:
1. El ejercicio de la función judicial y la de fiscal es incompatible con la representación o la actividad política. No se permitirá el acceso a la función judicial a miembros de los partidos políticos hasta pasados cinco años de que hayan cesado toda relación con ellos. Igualmente estará prohibido a los jueces cualquier actividad relacionada con los partidos políticos o las labores de gobierno, salvo renuncia definitiva a su plaza. La Ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. b) La elección mediante sufragio universal libre, secreto y directo, por separado, del Presidente del Gobierno y de los diputados del Congreso.
Se regula también un sistema de voto directo de determinadas leyes basado en el DNI electrónico. Los organismos de representación política obedecen a la necesidad de conciliar los procesos democráticos con la realidad de que es imposible una asamblea de todos los ciudadanos, excepto en el sistema llamado de concejo abierto, que aún se emplea en determinados municipios poco poblados. La más reciente tecnología ha destruido esa barrera y es apropiado aprovecharla para dotar a la democracia de mayor pureza mediante la votación directa de ciertas leyes. No obstante, el trabajo del legislador no se agota en el acto de votar, sino que se extiende a labores complicadas y técnicas en el proceso de su elaboración. Resulta ilusorio que el cuerpo de ciudadanos pueda abandonar sus quehaceres para ilustrarse y formarse un criterio autorizado sobre la multitud de leyes sectoriales que se aprueban en cada periodo de sesiones. No obstante, determinadas normas con contenido básico para la convivencia deberían confiarse a este sistema, entre ellas todas las que afectan a los derechos fundamentales de la persona, lo que incluye la propia ley electoral. En la actualidad esta materia debe ser regulada mediante ley orgánica, y ésta última queda excluida de la iniciativa legislativa popular, lo que torna inconmovibles los vigentes mecanismos de reparto de poder. Todas las leyes que afecten a los derechos fundamentales pueden y deben ser aprobadas por los ciudadanos, incluyendo las reguladoras de la materia electoral, y así lo dispone la reforma.
Añadido al artículo 6º:
2. Sin perjuicio de la función propia de los representantes políticos, el principio de que la democracia es el gobierno del pueblo impone cauces de participación directa y sin intermediarios de los ciudadanos en la vida pública.
Se promoverá la democracia directa a través de la consulta a los ciudadanos mediante el DNI electrónico sobre aprobación de leyes, presupuestos y otras decisiones que afecten a la colectividad.
La ley regulará las materias que pueden ser objeto de decisión directa de los ciudadanos, así como los métodos de elaboración de la voluntad mediante voto electrónico.
En todo caso, serán objeto de aprobación mediante voto directo de los ciudadanos las leyes que afecten a los derechos fundamentales de la persona.
Artículo 6.1 in fine:
A fin de que los órganos representativos sean fiel reflejo del pluralismo social, la ley electoral procurará la correlación entre el número de votos obtenido y la representación obtenida.
La supresión del Senado es necesaria. Esta institución constituye un resto ya obsoleto de la cámara que en tiempos representaba a una nobleza que ha sido barrida de nuestra vida pública. Su reciente conversión en cámara de representación territorial nada aporta a la democracia, puesto que son los ciudadanos, y no los territorios, los que ostentan derechos políticos y deben ser representados en el órgano legislativo. Por otro lado, el sistema bicameral introduce una innecesaria complicación en la elaboración de las leyes y significa un dispendio económico no pequeño.
Se han suprimido de la Constitución todos los artículos referentes al Senado.
–Funde una Banca Nacional como doble base del crédito a ciudadanos y empresas y al propio Estado mediante la adquisición de deuda soberana a bajo interés o a interés cero.
La introducción de una banca nacional tiene por evidente objeto el de venir en auxilio de una economía maltratada por movimientos especulativos de los grandes compradores de deuda. La banca privada, adquirente de deuda, se nutre de los ahorros de los ciudadanos. Carece de sentido que esos ahorros, acumulados en forma de capital, sean empleados contra los mismos ciudadanos mediante estos ataques especulativos en los que una noticia, sea real o ficticia, o un rumor, pueden disparar la prima de riesgo y extenuar al Estado, y por tanto a los ciudadanos mismos, para hacer frente a intereses crecientes por la deuda soberana.
Es coherente que el sacrificio, el ahorro y el esfuerzo de los ciudadanos redunde en beneficio de los propios ciudadanos y desde luego de los intereses generales. Esto puede y debe conseguirse mediante la instauración de una banca pública que pueda movilizar el crédito tanto hacia los ciudadanos y las empresas como hacia el propio Estado, a intereses compatibles con una economía sana y sostenible.
Es claro que esta medida supone una revisión de los principios de no intervención y de liberalización de la economía en el marco de la aldea global. Pero las regulaciones no deben mantenerse como principios abstractos, desconexionados de la realidad, y mucho menos inquebrantables. Como meras herramientas que son de la convivencia, deben probar su valía en el contraste con la práctica y a la vista está el fracaso de estos principios, que en la actualidad amenazan con llevar a todo un país a la ruina. En tales condiciones, el legislador puede y debe adoptar las nuevas regulaciones que resulten precisas para mantener en marcha la economía y el empleo.
Nuevo apartado 4 del artículo 40:
La Banca Nacional, como servicio público, no funcionará con criterios de rentabilidad, por lo que sus intereses serán inferiores a los del mercado en los términos que establezca la ley.
La reforma del derecho a una vivienda digna merece especial mención. Resulta decepcionante desde el punto de vista del Estado social que la norma constitucional mantenga unos altos niveles de retórica en la defensa de un derecho tan elemental como el de la vivienda, sin establecer medida alguna para que el mismo se torne un derecho efectivo que pueda ser reclamado de forma efectiva por los ciudadanos.
Esto es algo que causa desaliento social y falta de fe en la Constitución y en las instituciones. La oleada de desahucios que hemos vivido recientemente, y sus dramáticas consecuencias personales y emocionales, no son compatibles con la solemne declaración del artículo diez del propio texto constitucional sobre la dignidad de la persona. Es necesario que los poderes públicos hagan al respecto algo más que proclamar un derecho o un principio.
La reforma introduce una jerarquía de valores haciendo prevalecer el derecho a una vivienda digna, en determinadas circunstancias, sobre el derecho al lanzamiento que ostentan los prestamistas con derecho hipotecario. Esto no implica la revisión del derecho real de hipoteca, que continúa desplegando sus efectos, pero conduce a una regulación más humana en determinadas circunstancias, estableciendo las bases para una reforma legal que pueda sustituir la subasta y adjudicación del bien a terceros por un arrendamiento obligatorio para el prestamista y adaptado a las posibilidades del deudor.
La posible retracción del crédito hipotecario que pudiera derivarse de este nuevo precepto constitucional debería ser absorbida por la nueva banca pública, cuya finalidad será preferentemente social.
1. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
2. El derecho a una vivienda digna prevalece sobre el de las entidades financieras al lanzamiento de los deudores en caso de ejecución de hipoteca.
La ley regulará un sistema de arrendamiento obligatorio para impedir desahucios en los casos en los que éstos puedan producir lesión de la dignidad del ciudadano, recogida en el artículo 10, o del derecho a una vivienda digna. Se entiende que
quedan lesionados estos derechos cuando los ciudadanos objeto de desahucio no disponen de otra vivienda.
Se prestará especial atención a la situación de familias desempleadas, ciudadanos jubilados, madres solteras o cualquier segmento de población que pueda considerarse particularmente desamparado.
3. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
–Impulse con medidas jurídicas y presupuestarias concretas el desarrollo y la puesta en marcha de energías libres, con cesión al dominio público de las patentes obtenidas, para su explotación libre y gratuita. PREÁMBULO:
El texto aborda de forma clara, contundente y sin matices el tema de los cultivos transgénicos, tomando posición de manera decidida contra los mismos. Es una realidad que este tipo de semillas puede constituir un peligro para la salud, entre otras cosas por dar lugar a plantas dotadas en origen de su propio insecticida, que obviamente se introduce en la cadena alimenticia. Pero los cultivos transgénicos encierran peligros mucho más hondos al someter la actividad agrícola a patentes, lo que sienta las bases de una esclavitud como la humanidad no ha conocido hasta ahora si tenemos en cuenta que estamos hablando de la base de la alimentación. El legislador no desea un futuro en el que los ciudadanos se vean obligados a adquirir semillas patentadas como única alternativa a la inanición y considera que es necesario frenar ese proceso de forma decidida.
El artículo 51 tendrá la siguiente redacción:
2. Los cultivos transgénicos constituyen un peligro para la salud humana y una vía de privatización de recursos naturales que inhabilita a éstos como bienes de todos.
Estarán prohibidos el cultivo, distribución y comercialización de productos transgénicos.
3. Se reconocen los riesgos para la salud derivados de los aditivos químicos que se mezclan con los productos de alimentación, así como su posible incidencia en enfermedades crónicas.
Los poderes públicos incentivarán los cultivos ecológicos, naturales y desprovistos de aditivos químicos de especies destinadas al consumo humano, entre otros medios a través de un sistema de subvenciones que garantice a estos productos un precios de mercado semejante a los demás.
Asimismo, los poderes públicos promoverán la creación y comercialización de productos alimenticios naturales y sin procesar y limitarán el empleo de aditivos químicos.
4. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
El apartado dedicado a la sanidad contiene un reconocimiento expreso de las cualidades de los alimentos ecológicos y no procesados, impone la instrucción sobre el particular en la escuela y fomenta la intervención del Estado en la investigación de nuevas sustancias y procedimientos curativos, introduciendo el derecho de tanteo y retracto sobre futuras patentes en términos que examinaremos más adelante. Se trata de un paso adelante imprescindible en la sociedad en la que vivimos, caracterizada por unas enfermedades crónicas que someten a los ciudadanos de por vida al tiempo que resecan las arcas de la Seguridad Social. Siendo conocida, como es, la relación entre la ingesta de alimentos procesados y desnaturalizados y la aparición de tales enfermedades, la Constitución no puede permanecer ni indiferente ni neutral, ni ampararse en retóricas referencias a los hábitos de vida saludables.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios y promoverán la salud de los ciudadanos mediante procedimientos preferentemente naturales, no agresivos, baratos y de probada eficacia, evitando en lo posible el empleo de medicamentos de síntesis.
Se fomentará mediante programas efectivos y dotados económicamente la medicina preventiva a través de hábitos saludables de alimentación y de vida basados en la nutrición mediante productos ecológicos y la limitación racional de los alimentos procesados y desnaturalizados y los medicamentos de síntesis.
Los planes de estudio escolares incluirán todo lo preciso para la adquisición de tales hábitos.
4. Los poderes públicos fomentarán la investigación y la puesta en funcionamiento de nuevos procedimientos terapéuticos, especialmente mediante terapias alternativas, y de nuevas sustancias para combatir la enfermedad.
Las patentes obtenidas como consecuencia de la investigación promovida por los poderes públicos serán transferidas al dominio público para su explotación libre y gratuita.
5. El Estado gozará de los derechos de tanteo y retracto sobre la transmisión inter vivos de patentes relativas a cualquier tipo de sustancia o procedimiento terapéutico ordenados a combatir la enfermedad. Este derecho se ejercerá sobre las transmisiones efectuadas dentro del territorio del Estado o por quienes ostenten la nacionalidad española en cualquier lugar del mundo.
El nuevo texto realiza una severa revisión del capítulo tercero del título primero, regulador de los principios rectores de la política social y económica, que han sido superados por la realidad. Esta realidad es hoy apremiante en diversos aspectos. Tanto la crisis del medio ambiente como el afianzamiento de las enfermedades crónicas, con el coste que una y otra implican para los fondos públicos, exigen medidas programáticas mucho más decididas que las vigentes. Así sucede con la oleada de desahucios que ha dejado la crisis económicas y con otras situaciones que se exponen a continuación.
La primera de estas nuevas medidas es el establecimiento de un salario máximo como contrapartida del salario mínimo. Si éste último tiene por finalidad que hasta el último trabajador pueda garantizar sus necesidades vitales y las de su familia, el primero viene a poner solución a una situación indeseable derivada de unos salarios tan desmesurados que ofenden a la moral.
La medida no obedece a una inspiración igualitaria en sentido de los sistemas comunistas, sino a la necesidad de guardar la debida proporción en una sociedad donde cada ciudadano ostenta los mismos niveles de dignidad. Es cierto que ni la preparación, ni las capacidades ni la responsabilidad son iguales en todos los que prestan un servicio por cuenta ajena, pero también lo es que ninguno de esos factores debería originar unas diferencias tan abismales como las que hoy día se dan entre la clase media y ciertos altos ejecutivos, particularmente los que prestan servicio en entidades financieras. Se considera adecuado establecer el salario máximo en diez veces el salario mínimo, entendiendo que esa proporción satisface las mayores diferencias de responsabilidad entre puestos de trabajo.
Nuevo apartado 3 del artículo 40:
3. La ley regulará un salario mínimo y un salario máximo, que serán comunes para las Administraciones publicas y para la empresa privada. El salario máximo no podrá exceder el mínimo en diez veces.
Como abogado me dedico a la defensa de los derechos civiles en el campo de la ley de costas y he conseguido que el Parlamento Europeo apruebe en marzo de 2009 una declaración censurando los abusos que se cometen en España contra los humildes, al mismo tiempo que se disculpa a los poderosos. Esto me ha proporcionado cierto rollito mediático que procuro llevar bien (me refiero a no volverme idiota por el mero hecho de que me pongan delante una alcachofa). En 2012 redacté un proyecto de ley de reforma de la Constitución que contiene todas las claves para que la democracia sea de verdad, y la condensé en un folio al que di forma de manifiesto y bauticé como MANIFIESTO 2012 (busca en google). Muchos me quieren y unos cuantos buscan día y noche y con poco éxito mi ruina. Los imbéciles de arriba de arriba me odian y debo añadir que algunos tambo´n m€ temen. Carezco de sentido práctico y por eso escribo un blog como éste que sólo puede darme problemas. Lo que me mueve es simple, quizá demasiado simple. Es que no aguanto ni la injusticia, ni la manipulación, ni el abuso. En realidad empecé a escribir aquí en septiembre de 2010 para dar a conocer mis novelas. O sea que esto nació como un blog dedicado a los libros y todo eso. Pero las exigencias de la realidad se impusieron.	Ver todas las entradas por JOSÉ ORTEGA →	Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.	← LA PIEDRA RESPLANDECIENTE
6 respuestas a DOCUMENTO 2012 EXPANDIDO
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Luis Martínez García dijo:	enero 13, 2013 en 4:07 pm	Estimado José, he formado el manifiesto y lo he pasado a mis amistades. Quisiera saber si tenéis algún enlace para ver la evolución de las firmas. Tengo gran interés en saber si fructifica la idea. Gracias.
Responder	JOSÉ ORTEGA dijo:	enero 13, 2013 en 11:33 pm	http://www.peticionpublica.es/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=P2012N34047
Responder	Regala Historias dijo:	enero 17, 2013 en 11:00 am	Hola! Te he conocido, mejor dicho, te he leído por Blaia, que está haciendo una gran labor con la difusión de tan magnifica propuesta.
Responder	pepe dijo:	enero 19, 2013 en 9:47 am	Impresionante articulo. La verdad, no me ha gustado el contenido articular ya que se da por establecido, a mi modo de ver donde dice “dirá”, referido a todos y cada uno de los artículos YO pondría, “diría” puesto que nada debe quedar establecido de antemano y menos en una “pretendida” reforma de la Constitucion de la que estoy muy decidido a que se haga.
Responder	Alejandra dijo:	mayo 31, 2013 en 1:53 am	Coincido con “Pepe” (comentario anterior) y también estoy impresionada y más estimulada, con este “(Manifiesto) Expandido”… Dos cosas quisiera comprender: ¿Por qué lo siento como tu defenza de un proyecto de inspiración personal? – justo “en tiempo del muy afortunado “15 M”, de disímiles “Mareas ciudadanas” y cada vez más organizada movilización democrática (y horizontal), con sensibilidad e inteligencia colectivas (la metáfora del “ratón nadando en círculo”, que comparto en su esencia de “llamado a la unidad de pensamiento y acción” no me alcanza)… Y sobre todo, hecho en falta el contundente “NO a las guerras”, NO a la particpación del estado español en ninguna organización militar (OTAN) que apoye o promueva algún tipo de acción ingerencista hacia otros estados, siempre ligado a la ideología del saqueo de otros pueblos… ¿NO es fundamental un proyecto de país comprometido con la paz en el mundo (y en particular de los españoles)?…
De nuevo, me sumo a tu valiosa aportación, con la mayor decisión y esperanza en que “otro mundo es posible”…

References: artículo 127
 artículo 127
 artículo 6

Artículo 6
in fine
 artículo 40
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 40