Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651992
Timestamp: 2019-05-24 20:10:06+00:00

Document:
ASIGNACIÓN Y NORMAS DE CARRERA FUNCIONARIA PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO
REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS A FONDOS DE CRÉDITO SOLIDARIO
"DÍA DE LA AMISTAD Y LA PAZ ENTRE CHILENOS Y ARGENTINOS". PROYECTO DE ACUERDO
INEXISTENCIA DE ESTADO DE DERECHO EN CHILE
Sesión 18ª, en miércoles 1 de diciembre de 2004
(De 16:26 a 18:42)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea asignación de estímulo y desempeño y establece normas sobre carrera funcionaria para personal de la Dirección del Trabajo (3729-13) (se aprueba en general y particular)...................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley Nº 19.848, sobre reprogramación de deudas a Fondos de Crédito Solidario (3712-04) (se aprueba en general y particular).....................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Aguas (876-09) (queda pendiente su discusión particular)............................................
"Día de la Amistad y la Paz entre Chilenos y Argentinos". Proyecto de acuerdo (S 769-12) (se aprueba).....................................................................
Inexistencia de Estado de Derecho en Chile (observaciones del señor Martínez).
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social, y los señores Subsecretario de Obras Públicas , Director y Subdirector General de Aguas, Director del Trabajo subrogante, y Asesor del Ministerio del Trabajo.
--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 12ª, extraordinaria, en 10 de noviembre; 13ª, ordinaria, en 16 de noviembre; 14ª, extraordinaria, y 15ª, ordinaria, ambas en 17 de noviembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 16ª, especial, en 30 de noviembre del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
De Su Excelencia el Presidente de la República , por medio del cual retira la urgencia que hizo presente con relación al despacho del proyecto de ley que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (boletín Nº 3.391-17).
Con el primero comunica que otorgó su aprobación al proyecto de ley que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales (boletín Nº 3.502-04).
Con el segundo informa que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.776 e incorpora las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales que indica (boletín Nº 3.708-07).
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la resolución dictada en los autos rol Nº 427, relativos al requerimiento formulado en contra del proyecto de ley que autoriza a la Empresa Nacional de Minería para transferir la Fundición y Refinería Las Ventanas a la Empresa Corporación Nacional del Cobre de Chile (boletín Nº 3.298-08).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley Nº 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 3.712-04).
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre acoso sexual (boletín Nº 1.419-07).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.502, en relación con el impuesto al gas, y establece regulaciones complementarias para la utilización de ese combustible en vehículos (boletín Nº 2.701-15).
Al Senador señor Lavandero, quien lo solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta Fundamental, para ausentarse del país a contar del 4 de diciembre en curso.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento han llegado a la Mesa dos oficios adicionales de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que otorgó su aprobación al proyecto de ley que crea asignación de estímulo y desempeño y proporciona normas sobre carrera funcionaria para el personal de la Dirección del Trabajo, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 3.729-13).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Corresponde que pase a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, pero, ante la calificación de la urgencia, esos órganos técnicos se constituyeron de hecho y entiendo que lo han aprobado. De manera que se halla en condiciones de ser incorporado en la tabla de hoy y de ser analizado con informe oral de los respectivos Presidentes.
El señor FERNÁNDEZ.- ¡Muy bien!
El señor PÁEZ.- De acuerdo.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Con el segundo oficio, la Cámara Baja informa que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto de ley que faculta al Pleno de la Corte Suprema para autorizar el funcionamiento de salas en las Cortes de Apelaciones durante el feriado judicial (boletín Nº 3728-07).
El señor LARRAÍN (Presidente).- Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia el Presidente de la República.
El señor MORENO.- Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor MORENO.- Señor Presidente , quiero hacer dos peticiones acerca de sendos asuntos a que se ha hecho referencia.
La primera de ellas dice relación a los informes de las Comisiones de Educación y de Hacienda recaídos en el proyecto de ley sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, calificado de "suma urgencia".
Esa iniciativa fue aprobada por unanimidad en ambas Comisiones. Y como prácticamente es de Fácil Despacho, pido que, al igual que aquella que recién se acordó tratar en la presente sesión, se incluya en la tabla a fin de despacharla hoy.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Solicito el acuerdo de la Sala para incorporar en el Orden del Día el proyecto referido, el cual, como informó el señor Presidente de la Comisión de Educación, fue aprobado por unanimidad tanto en esa Comisión como en la de Hacienda. Entiendo que es muy específico y que sus dos artículos complementan normativas anteriores.
El señor MORENO.- La segunda petición consiste en que se autorice a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para discutir en general y en particular, a la vez, la iniciativa que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se otorgará la autorización solicitada.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Considerando tanto los acuerdos adoptados con respecto a la Cuenta como el retiro de la urgencia al asunto que figura en primer lugar del Orden del Día, sobre entrega de información respecto de los delitos vinculados a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, sugiero incluir como Nº 1 el proyecto, calificado de "discusión inmediata", que proporciona normas sobre carrera funcionaria del personal de la Dirección del Trabajo, con informe oral de los Presidentes de las Comisiones unidas; como Nº 2, el relativo a la reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario; a continuación, el que modifica el Código de Aguas, que requiere mayor debate por ser más complejo, al cual podemos dedicar el resto de la sesión.
Y sería deseable continuar con otras iniciativas; pero las dos primeras son, repito, de Fácil Despacho.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, relativo a la creación de una asignación de estímulo y desempeño y al establecimiento de normas sobre carrera funcionaria para el personal de la Dirección del Trabajo, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3729-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Hacienda y Trabajo unidas (verbal), sesión 18ª, en 1 de diciembre de 2004.
El artículo 1º del proyecto dispone, para el personal de planta y a contrata de la Dirección del Trabajo, con excepción del jefe superior del servicio, una asignación de estímulo y desempeño, la que se pagará en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
Asimismo, la iniciativa determina normas especiales para los concursos internos de promoción.
Finalmente, se otorga a dichos funcionarios, por una sola vez, un bono no imponible ni tributable de 90 mil y de 70 mil pesos, según el grado en que se encuentren ubicados.
Las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, aprobaron en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Ominami, por una parte, y señores Canessa, Parra, Ríos y Ruiz, por la otra), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe tener presente que el artículo 7º tiene carácter de ley orgánica constitucional, por lo cual su aprobación requiere el voto conforme de 27 señores Senadores.
En discusión general y particular, a la vez.
Señor Presidente , hace un momento terminó la sesión en que las Comisiones unidas analizaron el proyecto y lo aprobaron, por unanimidad, en sus distintos aspectos.
En el primero de ellos, relativo a la asignación asociada al cumplimiento de metas, se fija un tope máximo de 12 por ciento, con una provisión de fondos, el primer año, de hasta 5 por ciento, y un promedio de 9,5 por ciento en los años siguientes.
La asignación por desempeño se otorgará al personal de planta y a contrata. Su determinación se hará de acuerdo con un procedimiento establecido en la ley, en el cual se contemplan asignaciones por estamentos, grupos o equipos de funcionarios, y se dispone, también, un mecanismo de participación del personal en el establecimiento de las metas que defina la Dirección.
A lo anterior se deben agregar dos elementos. En efecto, asimismo existirá un sistema de concursos internos para llenar las vacantes en la planta. Y ello será complementado con una planilla suplementaria, para que las personas a contrata que ganen el concurso no pierdan, al pasar a la planta, las remuneraciones que recibían y puedan mantener ese nivel de ingreso.
Por último -para continuar con la mención de los puntos principales-, el proyecto contempla un bono adicional, por una sola vez, de 90 mil pesos para los funcionarios ubicados en los grados 23 a 14, y de 70 mil pesos para quienes se encuentren en los grados 13 a 5. Ese bono especial se pagará al mes siguiente de la publicación de la ley en proyecto.
La iniciativa, como se ha dado a conocer, fue aprobada por unanimidad en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas. En consecuencia, está en condiciones de ser sometida a votación en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal, Presidente de la Comisión de Trabajo .
Señor Presidente , no obstante que ayer, informalmente, hablé con el señor Presidente de la Comisión de Hacienda sobre la posibilidad de que una vez que la iniciativa fuese despachada por la Cámara de Diputados -lo que ocurriría este mediodía- la trataran las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, el Senador que habla, como Presidente de ese último órgano técnico, no tuvo idea de la reunión celebrada. Nadie me avisó de ella. Y, según he preguntado en las oficinas, no hubo ninguna citación.
No tengo ningún inconveniente en que se haya analizado el proyecto. De hecho, conversé ayer, informalmente-repito-, con el Senador señor Foxley y quedamos de acuerdo en hacer esa reunión. Es más,...
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
Señor Presidente , como es obvio, se pidió al Secretario de la Comisión de Hacienda que se pusiera de acuerdo con el de la Comisión de Trabajo hoy en la mañana, porque la Cámara de Diputados despachó el proyecto cerca del mediodía. Y, siguiendo con lo acordado ayer con el señor Presidente de la Comisión de Trabajo en el sentido de celebrar la sesión a las 15:30, ambos funcionarios citaron -ignoro a través de qué medios- a los respectivos miembros. La prueba está en la asistencia registrada.
Lamento que no se haya avisado al señor Presidente de la Comisión de Trabajo o que Su Señoría, en todo caso, no se haya enterado. Aunque ello no es de mi responsabilidad, le doy las excusas del caso.
Continúa con la palabra el Senador señor Bombal.
Agradezco la explicación, señor Presidente .
Lo notable es que en la mañana conversamos acerca de esta materia, precisamente, en la Comisión de Trabajo. Es más, a sugerencia del Honorable señor Parra , acordamos que, en caso de que no pudiésemos reunirnos hoy, sesionaríamos el lunes y, a todo evento, contribuiríamos al despacho de la iniciativa. Deploro la descoordinación, porque hasta en la mañana de hoy, repito, se había estado hablando sobre esta materia.
Averiguaré qué sucedió, porque, naturalmente, hubo una falla en el sistema administrativo.
Sin embargo, señor Presidente, estamos de acuerdo con aprobar el proyecto, tal como lo habíamos conversado ayer con el señor Ministro.
Deseo consignar, sí, algo que también tratamos con algunos señores Senadores, en cuanto a que la normativa que nos ocupa surge como consecuencia de un conflicto gremial, de todos conocido, al interior de un organismo del Estado. Con ello se sienta un precedente bastante complejo de considerar, en el sentido de que por la vía de la presión -así como ocurrió en la práctica- emerge esta clase de proyectos, que si bien van en beneficio de los trabajadores, lo que nos parece muy saludable, obedecen a un método digno de observación.
Si los aspectos en análisis se hallan implícitos dentro de la modernización del Estado, ¿por qué no adelantarse a aplicar este tipo de soluciones, para evitar conflictos que a la larga causan tanto daño a los trabajadores y, por supuesto, al organismo involucrado, lo que redundó en graves perjuicios? Si ya existía la idea del mejoramiento, cabía anticiparse en materializarla, sin esperar que la modernización fuera fruto de conflictos.
Señor Presidente , nosotros concurriremos con nuestros votos a la aprobación del proyecto. Y, en lo incidental, precisaremos, naturalmente, qué sucedió.
Señor Presidente , aclaro al Senador señor Bombal, por último, que su secretaria recibió de manera formal la citación a la sesión de esta tarde. Si ella no le entregó el mensaje, no es responsabilidad nuestra.
Voy a averiguar qué pasó exactamente. He estado en el edificio en todo momento.
Creo que el tema ha quedado claro. Es importante que se resuelvan las situaciones administrativas; pero el Honorable señor Bombal , como Presidente de la Comisión de Trabajo, ha avalado el proyecto y ha recomendado su aprobación no obstante no haber participado en la reunión celebrada. De manera que, en lo sustancial, podemos seguir el debate.
Me parece muy relevante que las formalidades se cumplan, porque cualquier Presidente de Comisión puede, en cierto sentido, ser sorprendido, lo cual no habla bien de nuestros procedimientos internos. De manera que algo debemos revisar en esa materia.
Señor Presidente , como es lógico, vamos a aprobar el proyecto; pero al respecto quiero hacer un poco de historia, porque puede quedar la sensación de que los trabajadores sólo logran sus reivindicaciones por el uso de la fuerza.
La iniciativa empieza a gestarse el año 2001, cuando por primera vez los servidores de la Dirección del Trabajo plantean formalmente sus peticiones al Gobierno.
En esa oportunidad, se formó una comisión entre los empleados y las autoridades del trabajo. Después de muchas discusiones, se llegó a un acuerdo, el cual, concretamente, no fue aceptado por la Dirección de Presupuestos.
Cuando se desconoce un acuerdo en el cual han participado autoridades del Gobierno -concretamente en el ámbito del trabajo-, que impide solucionar un problema, a los trabajadores no les queda otra alternativa que la huelga. Por eso, iniciaron un largo movimiento, que por cierto dañó a muchos de los que no pudieron concurrir a defender sus derechos a la Dirección del Trabajo. Pero debe quedar constancia de que la culpa no fue de ellos.
A pesar de todo, aceptaron un proyecto que no fue el que habían logrado concretar con las autoridades laborales ni satisfacía sus aspiraciones; sin embargo, pusieron fin a su conflicto, y hoy día esperan que la iniciativa en debate -ojalá- se apruebe con rapidez, para que empiece a surtir efecto a partir del 1º de diciembre.
Quiero solicitar a quienes nos acompañan en esta oportunidad que mantengan silencio y el debido respeto, porque mientras más interrupciones haya, más se demora la sesión.
Tampoco pretendemos que nos dejen sesionar en privado. Deseamos que escuchen el debate pero con el debido respeto, para que los señores Senadores puedan intervenir.
Señor Presidente , los estudiosos del sistema de economía social de mercado sostienen, con razón, que éste requiere dos fundamentos esenciales para que se desarrolle en plenitud y con la justicia que corresponde.
El primero es establecer toda la normativa institucional que permita el desarrollo y la imaginación creadora de las personas, a fin de que se transformen en motor de desarrollo de cada uno de los individuos que viven en una sociedad; y, el segundo, tener un Estado eficiente, oportuno y transparente.
Esos son los elementos que se entregan como responsabilidad al Estado.
Por eso, entonces, siempre hay que tener presente cómo se van generando las acciones del ente público en relación con determinados problemas, en este caso los del servicio del trabajo.
A pesar de que puedan darse muchas explicaciones con respecto a qué motivó el proyecto en análisis y cómo en definitiva se generó, no cabe duda de que él fue precedido de un conflicto laboral, el cual pudo haberse resuelto perfectamente antes, discutirse dos o tres meses atrás y resolverse incluso en condiciones mejores.
La Comisiones de Trabajo y de Hacienda, unidas, desarrollaron su labor en breve tiempo -media hora-, con pocos detalles y sin mayor debate.
El proyecto establece, de hecho, un reajuste de cinco por ciento y permite en alguna forma hasta 12 por ciento, a través de una asignación de estímulo.
Al respecto, quiero señalar que usualmente siempre he votado en contra de asignaciones de estímulo; pero sí he votado a favor los reajustes. Me habría gustado que la iniciativa hubiese propuesto un aumento de las remuneraciones de hasta 12 por ciento. Si se hubiera aplicado este porcentaje, no se entregaría tal asignación. Porque no existe nada más complicado y comprometedor que establecer fórmulas para determinar qué trabajador actuó mejor que otro, dado que se dan muchas situaciones de carácter subjetivo.
Se me ha informado que las metas y objetivos que permitirán la asignación de ese estímulo regirán más bien en áreas completas. Una Senadora en la Comisión decía, con razón, que por el hecho de que muchas personas no cumplen sus responsabilidades, el resto de los trabajadores cargaba con ellas. Es posible. Son varios los motivos para pensar que, en definitiva, pueden ser otros los caminos para sancionar, eventualmente, a quienes no realizan bien su labor; pero no discriminar respecto de la entrega de estímulos. Éste es un elemento cuya doctrina deberemos estudiar algún día, para ponernos finalmente de acuerdo en la situación remuneracional de los empleados públicos, que es tan importante.
Votaremos a favor el proyecto. Lo haremos pensando que, en realidad, el reajuste debiera superar el diez por ciento promedio de todos los trabajadores. Entendemos que eso será factible y esperamos que ello se concrete a través de una fórmula en que no existan circunstancias que comprometan el ingreso mensual o anual de los afectados. No es admisible que una persona reciba un año cierta cantidad por asignación de estímulo y al siguiente, menos. Porque los compromisos que se van asumiendo en la vida familiar no tienen definiciones distintas a las que fueron establecidas en un contrato de compra de casa o de lo que sea. No es aconsejable, por lo tanto, que un trabajador en el año tenga una remuneración de tantas unidades de fomento y al siguiente las vea disminuidas por no obtener la asignación de estímulo. Esto no me parece bien, pues produce daño en la paz de la familia y en las relaciones de la misma.
Por tales motivos, soy y seré siempre contrario a las asignaciones de estímulo.
Por las consideraciones planteadas, reitero que votaremos a favor de la iniciativa.
Antes de ofrecer la palabra al último inscrito, solicito la autorización del Senado para que ingrese a la Sala don Marcelo Albornoz, asesor del señor Ministro del Trabajo .
Señor Presidente , el artículo 6º del proyecto, que faculta al Presidente de la República para dictar un reglamento, a mi juicio está de más. Porque esa atribución se halla en el Nº 8 del artículo 32 de la Constitución Política. Es decir, tal precepto no se justifica.
Pero hay otro problema: se hace una larga enumeración de puntos que el Jefe del Estado tendría que reglamentar, pero no estoy seguro de que algunos de ellos no sean materia de la ley. Sobre el particular, por lo menos, quiero dejar constancia de que el Primer Mandatario abdica de sus facultades, porque eso lo puede regular sin necesidad de consultar al Congreso. Además, es probable que respecto de algunas de tales materias el decreto o reglamento que se dicte sea objetado por la Contraloría, porque es tan amplia la lista de cosas que el Presidente tendría que reglamentar, que algunas podrían caer en el ámbito exclusivo de la ley.
Por lo tanto, sería lógico eliminar el artículo 6º.
Por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata" se votará en general y particular a la vez.
Además, hago presente que el artículo 7º requiere para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Algún señor Senador desea fundar el voto?
--Se aprueba en general y particular el proyecto (37 votos a favor), dejándose constancia de que el artículo 7º contó con el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa, los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Naranjo, Novoa, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
En consecuencia, por la unanimidad de los presentes, queda aprobado y despachado el proyecto en este trámite.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, relativo al establecimiento de facultades para la Tesorería General de la República y a la modificación de la ley Nº 19.848, sobre reprogramación de deudas a los Fondos de Crédito Solidario, con informes de las Comisiones de Educación y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3712-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Educación, sesión 18ª, en 1 de diciembre de 2004.
Hacienda, sesión 18ª, en 1 de diciembre de 2004.
La Sala, en sesión de 16 de noviembre del año en curso, autorizó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para discutir la iniciativa en general y en particular a la vez.
Sus objetivos principales son mejorar la recuperación de los fondos entregados por concepto de crédito solidario universitario y extender los mecanismos de la ley Nº 19.848 al conjunto del sistema, haciéndolos aplicables a todos los deudores de dichos fondos y no tan sólo a quienes han reprogramado.
La Comisión de Educación aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus integrantes, Honorables señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide y Vega, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda también aprobó la iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Ominami, en los mismos términos en que lo hizo la de Educación.
El texto que se propone se transcribe en las páginas del informe de la Comisión de Hacienda.
En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Educación , Honorable señor Moreno.
Señor Presidente , como bien se informó, el proyecto en debate consta sólo de dos artículos y recoge una inquietud que, en el fondo, ha estado presente en todos los sectores de la vida nacional, como consecuencia de que, dado el incremento en la demanda por educación superior en el curso de los diez últimos años, prácticamente se ha duplicado el número de alumnas y alumnos en el sistema de educación universitaria. O sea, la mayor cobertura -lo que es muy positivo- genera una fuerte demanda.
Muchos han recibido crédito solidario para financiar sus estudios; pero, por desgracia -quizás haciéndose eco de una costumbre que debería erradicarse-, siempre creyeron, probablemente basados en la vieja idea de que la educación en algunas universidades era gratuita, que la obligación contraída no se pagaba. Y ocurre que en la actualidad la morosidad inhibe que nuevas generaciones accedan al beneficio, sobre todo las de clase media o las de origen muy modesto, pues, aunque tengan cierta capacidad de pago, requieren beca para sus estudios superiores; sin embargo, no hay recursos para ello.
Desde ese punto de vista, se propone un mecanismo que, con respeto de lo existente -vale decir, el pago de 5 por ciento de la renta neta para servir el crédito solidario-, permita a la Tesorería General de la República retener la parte morosa de la deuda; o sea, la cuota no cancelada. Ese organismo tiene un sistema establecido respecto de los profesionales de libre elección, o de personas que trabajan sobre la base de la declaración previa y retención de impuestos que se devuelven posteriormente. El año pasado dicho Servicio restituyó tributos pagados a un número superior a 20 mil contribuyentes que aparecen en la lista de morosos del crédito solidario. No se plantea al deudor la exigencia de completar la totalidad del pago, sino solamente que se le descuente de la eventual devolución de impuestos lo correspondiente a la cuota morosa.
A la unanimidad de la Comisión esto le pareció de sentido común.
Hubo una segunda propuesta que no fue aceptada por la Comisión, la que recomendó recogerla en el reglamento. Consistía en permitir que, mediante el sistema de información del Servicio de Impuestos Internos en materia de declaración de la renta, se ponga a disposición de la Tesorería la parte que eventualmente pudiera retener, con el objeto de recalcularla sobre la base del ingreso real de la persona y no de la deuda en mora.
Se estimó que no era prudente la incorporación de ese sistema en la ley, pero se propuso que el Ejecutivo lo reglamentara y agregase un mecanismo de transparencia.
Por lo expuesto, solicitamos que la Sala apruebe la iniciativa, primero, por ser de justicia; segundo, porque mantiene el sistema en funcionamiento y, por último, permite recuperar una cantidad importante de dinero que, a lo menos, posibilitará dar becas a unas mil personas más en el 2005.
De allí que la calificación de "suma urgencia" nos ha parecido pertinente, para poder implementar el sistema en el curso del año académico que comienza el próximo 1 de enero.
El Presidente de la Comisión fue muy claro, y me resta señalar simplemente que, si el procedimiento hubiera estado en vigencia, el Estado habría recuperado la no despreciable suma de 4 mil millones de pesos, que indudablemente habrían sido un paliativo muy importante para las presiones por crédito de aproximadamente 100 mil jóvenes.
Quiero destacar lo positivo que resulta en este aspecto que el Servicio de Impuestos Internos esté facultado para dar a conocer a las administradoras de estos fondos los ingresos de los profesionales, como una manera de evitar la entrega de información que no corresponda a la realidad.
Por lo tanto, nosotros también daremos nuestro voto afirmativo al proyecto.
Señor Presidente , en la mañana de hoy la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología estuvo analizando otros temas relacionados con el financiamiento de los créditos universitarios. En el fondo, lo que se pretende es ir redondeando la idea central de que exista seguridad en cuanto a que los dineros del Estado sean bien aprovechados. Eso dice relación a la ligazón con las leyes sobre acreditación, a beneficiar a quienes cumplen realmente con sus obligaciones y que tienen antecedentes académicos suficientes como para merecer el crédito y, al mismo tiempo, a involucrar a las universidades en proyectos futuros para la recuperación de recursos, de manera tal que no sea simplemente un modo de disponer de más dinero, sin preocuparse de si deben o no deben responder de lo que la sociedad chilena, a través del Estado, les entrega.
Por eso, los Senadores de estas bancas apoyaremos la iniciativa.
El último orador inscrito es el Honorable señor Fernández.
Señor Presidente , vamos a respaldar el proyecto, por cuanto parece razonable y lógico que si una persona recibe del Fisco la devolución de parte de sus impuestos, se descuente lo que adeuda. Porque sería tremendamente injusto recibir por un lado la devolución de tributos y por otro no pagar lo solicitado como crédito.
Como muy bien señaló el señor Presidente de la Comisión, lo que se imputará a la devolución de impuestos es solamente la cuota morosa, porque las demás no son exigibles. Deberán pagarse dentro de plazos que -no lo olvidemos- son muy largos y a un interés razonable. Incluso el pago mensual no puede exceder determinado porcentaje de la renta.
Por ello, el proyecto me parece positivo, pues va a significar más crédito para muchos estudiantes modestos.
Se ha pedido dejar constancia de que el Honorable señor Coloma manifestó encontrarse pareado.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (33 votos a favor y un pareo), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Chadwick, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Aguas, con segundo informe de la Comisión de Obras Públicas; segundo informe de la Comisión de Hacienda; nuevo segundo informe de la Comisión de Obras Públicas; informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, acerca del quórum con que debe aprobarse el artículo 147 bis, contenido en el número 23 del artículo 1º de la iniciativa, y certificado emitido por la Comisión de Obras Públicas, referido a la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sobre el quórum de aprobación del referido artículo 147 bis.
Sesiones 8ª y 9ª, en 7y 8 de noviembre (queda pendiente su discusión general), y 15ª, en 5 de diciembre de 2000 (queda pendiente su votación general); 18ª, en 13 de diciembre de 2000 (se aprueba en general).
Solicito el asentimiento del Senado para que ingresen a la Sala el Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, don Clemente Pérez; el Director General de Aguas , señor Humberto Peña; el Subdirector General de Aguas, don Rodrigo Weisner, y el ingeniero asesor, señor Sergio Arévalo.
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 13 de diciembre del año 2000.
Cuenta con un segundo informe y un nuevo segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, y con un segundo informe de la de Hacienda.
Ambas Comisiones dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones el artículo 2º del proyecto, el que conserva el mismo texto que la Sala aprobó en general.
Por lo tanto, dicha disposición debe darse por aprobada, en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento de la Corporación, salvo que algún señor Senador, contando con la unanimidad de los Senadores presentes, solicite someterla a discusión y votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el artículo 2º del proyecto.
Cabe destacar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento formuló una proposición respecto del quórum con que debe aprobarse el artículo 147 bis, contenido en el número 23 del artículo 1º de la iniciativa, señalando que dicha disposición debe ser votada como norma de ley común, pero que el artículo 147 ter, que corresponde a un desglose del anterior artículo 147 bis, tiene el carácter de norma orgánica constitucional.
La Comisión de Obras Públicas dio su aprobación a esa propuesta por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cordero, Horvath, Sabag y Stange.
Las modificaciones efectuadas por las Comisiones informantes fueron acordadas por unanimidad, con excepción de cinco de ellas, las cuales serán puestas en discusión en su momento por el señor Presidente .
Las enmiendas acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, según dispone el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador, antes del inicio de la discusión en particular, solicite debatir la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que hubiere indicaciones renovadas, lo que no ha ocurrido.
Los numerales 16 (en cuanto a los artículos 129 bis 10 al 129 bis 18, ambos inclusive), 18, 23 (con relación al artículo 147 ter), 29, 35 y 39, del artículo 1º del proyecto, que fueron acordados por unanimidad, revisten el carácter de normas de quórum de ley orgánica constitucional, por lo que requieren para su aprobación 27 votos favorables.
Finalmente, Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe las diversas etapas que esta iniciativa ha cumplido durante su larga tramitación, tanto en la Sala como en las Comisiones informantes, figurando en la última columna el texto final que se propone al Senado.
En la discusión particular del proyecto, corresponde en primer término que todas las enmiendas acogidas por unanimidad sean aprobadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite someter a discusión un artículo específico o que existan indicaciones renovadas.
Hasta ahora, ningún señor Senador ha pedido abrir debate sobre ellas y no hay indicaciones renovadas.
Entonces, si le parece a la Sala, se votarán todos los preceptos señalados por el señor Secretario que fueron aprobados por unanimidad, especialmente los que son materia de ley orgánica constitucional y que, por lo tanto, requieren quórum especial.
Para dejar constancia de ello, se procederá a tomar votación electrónica.
¿Cuáles son esos artículos, señor Presidente?
El señor Secretario leerá los artículos que requieren quórum.
Señor Presidente , éste es un proyecto muy largo y complicado. Me gustaría que todos los señores Senadores tuviéramos a la vista un documento donde aparezcan los preceptos que vamos a votar y la página tanto del boletín comparado como del informe donde ellos figuran.
Yo los leeré, Su Señoría.
Antes de proceder a la votación, se informará qué artículos debemos votar. Así será más fácil entender que los restantes se darán por aprobados por unanimidad y que respecto de otros preceptos se registrará la votación, dado que requieren quórum especial.
A continuación, el señor Secretario dará cuenta de los preceptos que corresponde analizar en forma separada, para que cada uno de los señores Senadores tenga claro que el resto se dará por aprobado.
En primer lugar, la proposición que hace la Comisión de Hacienda en su segundo informe respecto del artículo 129 bis 9 fue aprobada por tres votos contra uno. Votaron a favor los Senadores señora Matthei y señores Boeninger y García; en contra se pronunció el Honorable señor Sabag.
La segunda modificación recae en el número 6 del artículo 140 nuevo, propuesto por la Comisión de Hacienda en su segundo informe, y señala:
"6. Una memoria explicativa en la que se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer, según el uso que se le dará.".
La Comisión de Obras Públicas, en su nuevo segundo informe, propone reemplazar, en el artículo 140, nuevo, ese número 6 por otro que indica. La norma fue aprobada por cuatro votos a favor (Honorables señores Cordero, Eduardo Frei, Horvath y Sabag) y uno en contra (Senador señor Stange).
En seguida, en el Nº 18, la letra a) del artículo 147 bis, propuesta en el nuevo segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, fue aprobada con modificaciones por tres votos a favor (Senadores señores Eduardo Frei, Horvath y Sabag) y dos en contra (Honorables señores Cordero y Stange).
Por otra parte, la letra b) del mismo numeral fue aprobada por cuatro votos a favor (Honorables señores Cordero, Eduardo Frei, Horvath y Sabag) y una abstención ( Senador señor Stange).
¿Hay disposiciones transitorias aprobadas por mayoría?
El señor Secretario lo informará.
Lo revisaré, señora Senadora.
Luego, se halla la indicación Nº 368, que modifica el artículo 314. Ésta fue aprobada por 4 votos contra 1. Votaron favorablemente los Honorables señores Boeninger, Cordero, Frei (don Eduardo) y Stange, y se opuso el Senador señor Horvath.
Señor Presidente , podríamos ver después los artículos transitorios.
Estoy revisando, señora Senadora, y, hasta el momento, todas las disposiciones transitorias figuran aprobadas por unanimidad.
Primero concluyamos el análisis de las normas transitorias, para determinar si algunas de ellas deben ser debatidas. Aparentemente, no las hay y ningún señor Senador ha pedido votar una o varias en forma separada.
Señor Presidente , solicito que primero discutamos los artículos permanentes y, después, analicemos las disposiciones transitorias, porque lo que resolvamos acerca de aquéllos incidirá en las últimas.
Se ha propuesto votar separadamente las normas transitorias.
Pero después de las permanentes.
Por supuesto. En el orden que corresponde.
Señor Presidente , quiero solicitar votación separada respecto del artículo 147 bis, en lo relativo a la memoria explicativa señalada en el artículo 140.
¿Su Señoría se refiere al artículo que la Comisión de Constitución estimó que debía aprobarse como norma de ley común y no con un quórum especial?
No. Es el que trata acerca de la memoria explicativa y de ciertas facultades discrecionales. No quiero adelantar el debate sobre el tema, señor Presidente .
Es la misma disposición, señor Senador . Corresponde al Nº 23 del artículo 1º del proyecto.
Es el Nº 19, señor Presidente.
Efectivamente. Lo que pasa es que, en el número 6 del artículo 140 (Nº 19), se menciona por primera vez la referencia a la memoria explicativa que deberá acompañar el solicitante. Y, posteriormente, el artículo 147 bis (Nº 23) trata la misma materia y hace una remisión a aquella disposición.
Entiendo que el Senador señor Romero está pidiendo que, cuando se vea el artículo 140, también se analice el 147 bis.
Queda claro, entonces, cuáles son las disposiciones que se van a discutir: las aprobadas por mayoría, que fueron mencionadas por el señor Secretario ; las que han sido solicitadas para ser votadas separadamente, que son el artículo 147 bis y el 140, y los artículos transitorios.
Hecha la aclaración, corresponde votar, sin debate, las demás modificaciones, que fueron acordadas por unanimidad en la Comisión. Lo haremos mediante votación electrónica, pues algunas disposiciones, como lo señaló el señor Secretario , para ser aprobadas requieren quórum de ley orgánica constitucional, o sea, del voto conforme de 27 señores Senadores.
--Se aprueban (36 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
A continuación, analizaremos los artículos que no fueron acordados de forma unánime y aquellos respecto de los cuales se solicitó votación separada.
Corresponde tratar el artículo 129 bis 9, que fue aprobado en la Comisión de Hacienda por 3 votos contra 1. Votaron favorablemente los Senadores señora Matthei y señores Boeninger y García. Lo hizo en contra el Honorable señor Sabag.
La modificación que se debe discutir es la propuesta por el referido órgano técnico en su segundo informe. Aquélla se inicia de la siguiente forma: "En su inciso tercero, eliminar la frase "o bien que por decisión de la autoridad hayan sido declarados agotados.", etcétera, y se extiende hasta la constancia de la votación a que ya hice alusión.
Señor Presidente, retiro mi voto en contra.
En ese caso, ahora habría unanimidad para aprobar el artículo.
Si le parece a la Sala, lo daríamos por aprobado.
Yo no doy la unanimidad, señor Presidente .
--Se aprueba el artículo 129 bis 9, con el voto en contra del Honorable señor Ávila.
¿Me permite, señor Presidente ? Quizás es bueno que la Sala sepa qué se votó.
Señor Presidente, en este proyecto de ley se aprobó -y por unanimidad- el pago de una patente por el no uso de las aguas.
¿Qué sucede? Por lo general, aquéllas se otorgan en forma gratuita. Hay gente que pide muchísima más de la que necesita, pero no la usa ni permite que otros lo hagan, con lo cual el recurso va a dar al mar.
Eso es lo que se quiere evitar. Y por ello se determina el pago de una patente para las personas que tienen aguas y no las usan.
Sin embargo, se hacen excepciones sobre el particular.
Por ejemplo, una central hidroeléctrica que pide aguas no consuntivas -es decir, las que no se consumen y posteriormente son restituidas al lugar de origen- no puede desarrollarse, ni llevar a cabo sus planes, ni contratar ingenieros, ni hacer nada si no cuenta en forma previa con derechos respecto de ellas. Pero, al mismo tiempo, es posible que la ejecución de todos esos planes y la construcción de la correspondiente planta demoren bastantes años. Entonces, lo que se hace en el fondo es otorgar tiempo a la central para la construcción y permitirle, cuando la haya concluido, recuperar el dinero pagado en patentes por no haber utilizado las aguas.
En el caso de los agricultores, se presume de derecho que usan las aguas si tienen las correspondientes obras de captación. ¿Por qué? Porque es posible que, por ejemplo, en algún minuto baje muy fuertemente el precio de un cultivo o que otro se hiele y que por ello no las usen. Pero si han invertido y cuentan con las referidas obras, se entiende que están utilizándolas.
Señor Presidente , hubo votación dividida en lo que respecta a las empresas sanitarias. Éstas tienen la concesión de cierta área geográfica y se hallan obligadas por ley a dar agua dentro de aquélla a quien lo solicite. Para cumplir esa obligación legal, generalmente compran con anticipación derechos de aprovechamiento, previendo cuáles serán el crecimiento de la ciudad y el incremento del consumo. Entonces, de la misma forma como se exceptúa durante un período a las empresas hidroeléctricas cuando adquieren en forma anticipada derechos de esa índole para construir una central, se excepciona por cierto tiempo a las empresas sanitarias que hayan hecho lo propio, pero en la idea de que los derechos pertinentes no son para especular, sino que se encuentran en concordancia con el aumento del consumo que se prevé en la región respectiva.
Sobre eso nos pronunciamos, señor Presidente. Hubo un voto en contra justamente por lo relativo a las empresas sanitarias, pero fue retirado.
En definitiva, creo que el artículo despachado es razonable.
Gracias por su explicación, señora Senadora.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra el señor Subsecretario de Obras Públicas, quien solicitó intervenir.
Señor Presidente , sólo quiero complementar lo manifestado por la Senadora señora Matthei .
La norma de que se trata, originada en una indicación del Honorable señor García , permite exceptuar del pago de la patente por no uso a las empresas sanitarias, pero sólo respecto de los derechos que, con certificación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, sean necesarios para el próximo plan de desarrollo. Esto es, evidentemente, para que aquéllas no sobreinviertan, pues eso puede llevar a un alza de las tarifas.
El precepto tiene esa restricción. Es decir, otorga un beneficio sólo en cuanto a los derechos de aguas certificados como necesarios para los próximos cinco años.
Debo advertir a la Sala que la disposición ya está aprobada.
Señor Presidente , sólo deseo decir, para evitar interpretaciones equivocadas, que la indicación fue planteada en tales términos. O sea, se exceptuaba a las empresas sanitarias en lo concerniente a las aguas que formaban parte de su programa de desarrollo, con debida aprobación de la mencionada Superintendencia.
La norma ya fue aprobada, con el voto en contra del Senador señor Ávila.
Señor Presidente , ¿me permite sustentar mi posición en una sola frase?
Mi desacuerdo con la disposición deriva de la gratuidad de los derechos de aguas, cualesquiera sean las circunstancias, cualquiera sea el uso, cualquiera sea el destino.
Señora Senadora, la Mesa no quiere abrir debate sobre la materia, para que podamos avanzar. El Honorable señor Ávila simplemente deseaba dejar constancia de su punto de vista.
En seguida, corresponde ocuparse en la proposición de la Comisión de Obras Públicas consistente en sustituir, en el artículo 140 nuevo, el número 6 por el que indica. El número de reemplazo fue aprobado por 4 votos a favor (Honorables señores Cordero , Eduardo Frei , Horvath y Sabag) y 1 en contra (Senador señor Stange ).
Sugiero a la Sala discutir este precepto en relación con el artículo 147 bis -al que se hizo referencia para pedir votación separada-, pues ambos tratan la misma materia.
Tiene la palabra a la Honorable señora Matthei.
Señor Presidente, solicito que se me conceda más tiempo que el que me corresponde. Cuatro minutos no son suficientes, porque el tema es muy complicado e involucra todo.
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de Su Señoría.
Señor Presidente , me alegra lo que escuché recién al Senador señor Ávila , porque es lo que a nosotros nos ha guiado siempre: las aguas no tienen por qué ser gratuitas. Se trata de un recurso productivo muy valioso; y mientras más al norte va uno, más valioso es. Por lo tanto, estamos absolutamente en contra de que se entreguen gratuitamente.
Nosotros defendemos la idea de que, cada vez que alguien pida un derecho de aguas, ello se publicite, para que todo el mundo se entere. Y si otra persona formula igual solicitud dentro de determinado plazo -al respecto, fijamos un término largo; creo que es de un año-, se va de inmediato a remate. Es decir, el Fisco percibirá el producto de éste y la persona que presente el mejor proyecto y haga la mejor oferta se adjudicará el derecho de aprovechamiento.
No puede ser de otra manera, señor Presidente, porque de todo lo gratuito se abusa. Y por eso pedimos que siempre -¡siempre!- haya mecanismos que lleven finalmente al remate de los derechos de aprovechamiento, en vez de que un funcionario del Estado conceda las aguas gratuitamente.
Creemos que el otorgar en forma gratuita un recurso tan valioso como el señalado tiene varias implicaciones: primero, es injusto; segundo, la gente generalmente pide más de lo que necesita, y tercero, ello se puede prestar para todo tipo de transacciones oscuras, a las cuales también nos oponemos.
Señor Presidente , el problema que se nos presentó al principio fue: ¿los derechos de aguas se concederán para cierto uso o se concederán no más?
Una persona pide derecho de aguas para agricultura. Sin embargo, al lado de su propiedad se puede descubrir una mina de oro. Si le dan uso sólo para labores agrícolas, quedará impedida de vender el derecho al dueño de ese yacimiento. Y, al final, perderá el país, porque aquélla continuará regando sus lechugas y la mina de oro no podrá desarrollarse por falta del vital elemento.
Por eso, unánimemente, concluimos que el derecho de aprovechamiento debe ser lo más flexible posible. Es decir, en determinado momento el agua podrá ser utilizada en la agricultura; con posterioridad podrá venderse el derecho a una empresa sanitaria para que utilice aquel recurso en consumo humano, o bien al dueño de una mina, en fin. Empero, lo importante es que al principio se haya pagado para obtener el derecho.
Eso es lo que hemos pedido siempre: que todo sea objeto de remate y que, concluido éste, el recurso pueda ser destinado al uso más rentable y más valioso socialmente.
Señor Presidente , ¿cuál es la polémica con respecto a las dos normas en debate?
La Dirección General de Aguas ha insistido en que quiere una memoria explicativa -esto es, que al solicitarse agua se diga para qué se va a usar- y en tener facultad para, ante un pedido de cien litros por segundo, por ejemplo, responder: "No. Usted no necesita más de treinta; le doy eso, no más"; o "Usted necesita setenta, así que le doy sólo esa cantidad", o bien, "Le doy los cien que solicitó".
A nuestro juicio, una facultad de tal naturaleza da lugar a cualquier tipo de irregularidades y, además, no será necesaria en la medida en que finalmente todo vaya a remate.
Nosotros queremos que todo vaya a remate; que el agua nunca sea gratuita, y que no se regalen ni diez, ni veinte, ni treinta, ni cuarenta litros. Propiciamos que se deba pagar por todo, pues de ese modo las personas piden sólo lo que necesitan.
Tal es, básicamente, la diferencia que hemos tenido con la Dirección General de Aguas. Éste es el único artículo en que no hemos podido ponernos de acuerdo. A nosotros no nos parece adecuado que dicho organismo mantenga la facultad referida, como tampoco que se exija una memoria explicativa. Creemos que da lo mismo para qué se usa el agua, siempre que se pague por ella en un remate abierto a todos los oferentes, porque de esa manera se va a pagar lo que realmente vale y se asegurará su utilización en el proyecto más rentable posible.
Con la venia de la Mesa, encantada.
Excúseme, señor Senador, pero la Honorable señora Matthei estaba inscrita para intervenir y, a los efectos de desarrollar sus ideas, pidió más tiempo que el que le correspondía.
A quienes quieran hacer uso de la palabra les pido
Sólo quiero precisar...
Hay varios inscritos. Por tanto, ruego a Sus Señorías mantener el orden.
...los dichos de la señora Senadora respecto de un punto que considero muy importante. Y ése es precisamente el objeto de las interrupciones.
Pero nuestro tiempo es limitado, señor Senador.
Mi interrupción será muy breve.
Señor Presidente , la explicación de la Honorable señora Matthei es muy útil. Y creo que con la complementariedad de mi planeamiento se aclarará aún más el punto.
A mi juicio, todo lo dicho por la señora Senadora es razonable y está de acuerdo con el articulado. Pero, sobre la base del artículo 147 ter, entiendo que la reducción que pueda hacer el Director General de Aguas ante una solicitud de derecho de aprovechamiento será susceptible de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Me gustaría que la señora Senadora me precisara si lo entiende en el mismo sentido. O sea, el Director General de Aguas tiene facultad para reducir lo solicitado, pero de su resolución puede reclamarse ante la referida Corte.
Le daré dos minutos adicionales a la Senadora señora Matthei. Pero en lo sucesivo seguiremos el orden de inscripción.
Señor Presidente , es efectivo lo señalado por el Senador señor Zaldívar . Sin embargo, ¿qué sucede? El agua que se adquiera -y nosotros queremos que se haga por remate- después podrá utilizarse en lo que se desee.
Porque a cada cual le es factible presentar el proyecto que se le ocurra. Alguien puede plantear a la Dirección General de Aguas, por ejemplo: "Haré una plantación de mandarinas; voy a dar trabajo a cien mil personas. Esto va a significar un valor agregado salvaje". Aquélla responderá: "Perfecto. El proyecto es rentable. Le doy el agua que pidió". Pero al día siguiente esa persona podrá hacer lo que quiera con el agua: no plantar ni una hectárea, vender su derecho a una mina de oro, etcétera.
¿Para qué pedir, pues, una memoria explicativa si luego no tendrá ningún efecto porque el agua se podrá utilizar en cualquier cosa?
Entonces, lo que hemos señalado es que, al final, la gente que conozca la ley va a inventar los proyectos más increíbles; pedirá a la Dirección General derechos de aprovechamiento; le van a dar agua gratuitamente, y después aquéllos no se realizarán.
Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con las frecuencias radiales de FM: se presentaba un proyecto; se concedía la frecuencia en forma gratuita, y al día siguiente se vendía en un millón de dólares. Eso pasó. Porque cuando las cosas se dan así "está armado el negocio".
Por eso nosotros, en vez de otorgar la facultad en comento a la Dirección General, queremos que el agua nunca -¡nunca!- se entregue en forma gratuita y siempre vaya a remate. De otra manera, ello se presta para inventar proyectos, para hacerse rico a costa del Fisco y, además, para coimas
Señor Presidente , en cuanto a la historia del desarrollo de este proyecto, es fiel el recuerdo que hizo la Honorable señora Matthei . Esta iniciativa se discutió durante muchos años, fue muy polémica y controvertida, y al final, con el avance del tiempo, se llegó a consensuar prácticamente todas sus disposiciones, excepto la materia en debate y una que otra cosa más.
Todos estamos de acuerdo en que el agua no debe ser entregada en forma gratuita, porque habitualmente es un bien escaso, más en unas partes que en otras. Y por eso la regla general a futuro va a ser el remate. En eso también tiene toda la razón la señora Senadora .
Ahora, ¿por qué la patente por no uso? Porque, como en el pasado las aguas se otorgaron en forma gratuita, durante muchos años una enorme cantidad de propietarios de derechos de aprovechamiento adquiridos de esa manera no han utilizado el vital elemento. Entonces, se trata de un castigo, en el sentido de que esas personas paguen la patente por no uso o se desprendan de los derechos pertinentes.
Por otro lado, creo que la memoria explicativa es un punto debatible. Tiene razón la Honorable señora Matthei en cuanto a que resulta factible adquirir un derecho de aprovechamiento y luego venderlo en el mercado de aguas. En consecuencia, uno se pregunta para qué exigir una memoria de esa índole si se puede hacer con el agua algo distinto de lo indicado al principio.
Empero -y por eso la relación con el artículo 147 bis-, después de muchas conversaciones, yo opté por una indicación, modificatoria de la del Ejecutivo, que consagra la existencia de una memoria explicativa, para desalentar la simple presentación de peticiones de derechos de aprovechamiento sin ninguna intención de usar las aguas en algo determinado. Porque es cierto que alguien, por tener más recursos, puede presentar memorias explicativas muy bonitas e impresionantes; pero también lo es, y sobre todo si la regla general va a ser el remate, que esos casos no son frecuentes.
En consecuencia, sin que signifique una facultad burocrática de rechazo, pienso que la memoria explicativa resulta útil. Ella implica, simplemente, que exista un antecedente sobre la intención original de uso tenida por quien adquiere el derecho de aprovechamiento.
Ahora bien, en el artículo 147 bis se da una utilización a la memoria explicativa. Porque hasta este instante ella sólo constituye un antecedente más, que termina en el escritorio del Director de Aguas .
Así, en esa norma, producto de la enmienda efectuada a la indicación del Ejecutivo luego del debate habido en el seno de la Comisión, se dice que "El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada," -recalco: fundada- "limitar" (no "rechazar") "el caudal de una solicitud de derechos de aprovechamiento, si manifiestamente no hubiera equivalencia entre la cantidad de agua que se necesita extraer, atendidos los fines invocados," -se reemplaza la expresión original, pues, como no hay un problema de aceptación o de rechazo, lo que se hace es invocar un fin- "y los caudales", etcétera.
Por lo tanto, para el evento de una diferencia manifiesta, se faculta al Director de Aguas a los efectos de que, tomando en cuenta siempre una tabla de equivalencias entre caudales y uso, que refleja las prácticas habituales, limite la cantidad de agua otorgada mediante un derecho de aprovechamiento. Y eso tiene su correlato posterior en el artículo, de quórum especial, que posibilita un recurso de reclamación.
En esas condiciones, y entendiendo que el tema es debatible, en mi opinión, no deja de ser útil la memoria explicativa. No va a ser la regla general -lo será el remate-, pero pone a cubierto del uso de derechos de agua con fines de acumulación. Dadas las imperfecciones de todo mercado, puede no ser baladí la acumulación innecesaria con propósitos especulativos.
En consecuencia, voy a votar a favor de ambos artículos.
Señor Presidente , la facultad del artículo 147 bis se aparta enteramente de lo que considerábamos un gran acuerdo entre las Comisiones y el Gobierno en cuanto a objetivizar y evitar la discrecionalidad. En virtud de ella, ahora, por decreto y entre cuatro paredes, se va a determinar qué es lo óptimo que puede pedir cada persona para satisfacer sus necesidades.
Entonces, por una parte, se pierde absolutamente la fe en el sistema de la patente por el no uso. Si se acredita que no se justifica la solicitud de agua, se va a cobrar patente por no uso. Entonces, aquí se constata una contradicción entre el sistema de patente por no uso y la discrecionalidad, que se presenta bajo la típica decisión burocrática, en cuanto a que no habría equivalencia entre la cantidad de agua requerida, atendidos los fines invocados por el peticionario, y las prácticas habituales en materia de aprovechamiento de agua.
Pregunto si con las nuevas técnicas de regadío existentes es posible o no que nos encontremos con tremendas diferencias, incluso de un año para otro, respecto de esas prácticas. Y se confirma la posición de la Senadora señora Matthei y, en cierto modo, la del propio Honorable señor Boeninger , quien nos hablaba de tratar de mejorar una disposición, en vista de que manifiestamente debe haber una falta de equivalencia entre la cantidad de agua que se necesita extraer, atendidos los fines invocados, y las prácticas habituales.
En mi opinión, esta norma será burlada y se hará imposible la fiscalización, ya que todo el mundo va a pedir derechos de agua para proyectos que más la requieran y, luego, la utilizarán para otros fines que menos la necesiten. Ello terminará perjudicando directamente a los agricultores, que son los que precisan mayor cantidad de derechos de agua consuntivos.
Señor Presidente , la experiencia nos indica que estas facultades administrativas son enteramente negativas, porque sirven para cualquier cosa. Por ejemplo, para dilatar la definición de los proyectos de regadío. Hoy, si se hace una encuesta respecto de lo que ha ocurrido con los proyectos de riego, nos vamos a encontrar con sorpresas notables. Hay concursos de riego que no se resuelven, por la no determinación de aspectos técnicos, entre comillas, impidiendo que haya certeza acerca de cuándo se definirán. No quiero entrar en detalles, pero creo que esta realidad se presenta a lo largo y ancho de todo el país.
Pienso que estamos frente a una tremenda inconsecuencia y a una disposición que va a ser un verdadero cajón de sastre, desde donde emergerán situaciones que no se compadecen con la objetividad que requiere este tipo de materias.
En ese aspecto, prefiero los remates de agua, o cualquier sistema similar, pero no dejar entregada esta facultad a la discrecionalidad y arbitrio administrativos, cuya aplicación siempre conlleva aspectos muy negativos.
Considero que esta atribución, del todo discrecional, no se compadece con el acuerdo que, según se me señaló, se había alcanzado. Ello coloca el proyecto en una posición completamente distinta de la que habíamos pensado que se iba a plantear.
En ese sentido, quiero pedir la opinión del señor Subsecretario para saber si ésa es la política del Ministerio.
El señor Subsecretario ha solicitado la palabra. Luego, se la ofreceremos.
Señor Presidente , una de las modificaciones fundamentales que se introducen en el Código de Aguas es precisamente mediante este artículo.
¿Cómo se solicitan los derechos de agua según la ley vigente? Basta llenar una solicitud, sin explicar nada. De ese modo, se ha llegado a la apropiación de todas las aguas del país. Estamos proponiendo esta enmienda para impedir eso. Y las personas que han adquirido los derechos de agua son las que la han vendido en millones de dólares, sin que el Estado reciba un peso.
Es más. Muchos tienen acaparados los derechos de agua sin usarlos. Como constituye un derecho de propiedad, a propósito del estudio de esta iniciativa hemos estado viendo la posibilidad de que paguen patente por el no uso.
La modificación esencial consiste en impedir que continúe ocurriendo mismo. Es decir, el que necesita un derecho de agua ha de especificar para qué lo quiere. Si tiene cuatro hectáreas y pretende regarlas, debe pedir agua para esa superficie, por lo menos la primera vez. Después, evidentemente puede venderla. No obstante, la autoridad podrá decir: "Yo se la di porque me dijo que iba a regar cuatro hectáreas". Posteriormente, la persona podrá vender el derecho o hacer lo que desee.
Ahora bien, si hay más de un solicitante para una misma agua, entonces se va a remate. Pero no los hay, ¿por qué se va a ir a remate? En ese caso, la Dirección General de Aguas concede el derecho lisa y llanamente. Pero si existe más de un interesado, siempre se va a remate.
La idea es que la primera vez se diga para qué se pide el derecho. Ello no significa que el agua tendrá que destinarse al riego de las cuatro hectáreas. La puede vender, o usarla en una industria, o para cualquier otra cosa. No queda limitado.
Hoy día se han apropiado de todas las aguas del país sin ninguna explicación, sin tener un proyecto y ni siquiera tierra en las uñas. Eso lo deseamos modificar. Si se solicitan 10 litros por segundo, debe señalarse, en una primera instancia, en qué se emplearán.
Ése ha sido el único problema de esta reforma del Código de Aguas y me interesa aclararlo.
Con la venia de la Mesa, le concedo una interrupción a la Senadora señora Matthei.
Señor Presidente , todos concordamos en que es una aberración obtener derechos de agua en forma gratuita. El remedio para eso es el remate. Porque en la memoria explicativa uno puede poner lo que se le dé la gana. Se puede inventar cualquier proyecto y después no llevarlo a cabo o vender las aguas al día siguiente.
Por eso, la Dirección General de Aguas, ante una solicitud de 100 litros, no debiera tener posibilidad de decir: "Doy 50, porque, según la memoria explicativa, necesita 50". En mi opinión, no debiera entregarse gratuitamente ni un litro. Nada.
¿Qué es lo que sucede, señor Presidente ? Que no es fácil determinar cuándo hay más de un demandante de agua. El principal problema consiste en precisar si el agua que está 100 metros más arriba es la misma que la ubicada 100 metros más abajo. Entonces, la Dirección General de Aguas siempre acudirá al resquicio de decir: "Hay un solo interesado por esas aguas, porque el otro está pidiendo el derecho para las de 100 ó 200 metros más arriba. Por lo tanto, ésta es una demanda por unas aguas distintas de las otras". En consecuencia, no se va a remate y la autoridad administrativa determina cuánta agua se da, y esto es lo que queremos evitar. En la medida en que se establezca esa facultad, siempre habrá tentación de usarla. Si ella no existe, siempre se irá a remate.
Por eso, somos partidarios de que invariablemente haya remate. A nadie se le puede dar agua gratuitamente, salvo a los campesinos, excepción que se halla debidamente contemplada en la ley en estudio. Los pequeños campesinos son los únicos -¡los únicos!- que debieran recibirla sin costo. Los demás deben ir a remate.
En el fondo, aquí no estamos ante la posibilidad de dar a nadie agua en forma gratuita. Las opciones son: o se otorgan facultades discrecionales a la Dirección General de Aguas, caso en el cual podría decir: "Usted me pidió 100, pero sólo le doy 20" -con todo lo que eso significa-; o no entregarla gratuitamente a nadie, salvo la excepción referida, y rematar todos los derechos de agua.
Preferimos la última solución.
Recupera la palabra el Honorable señor Sabag.
Señor Presidente , puede darse el caso de que en un sector haya un solo interesado en adquirir los derechos de agua. En ese evento, la solicitud respectiva se debe publicar, y si nadie más presenta una petición sobre las mismas aguas, entonces la autoridad administrativa las concede en forma gratuita al único demandante. Pero si hay otro, esos derechos se rematan.
Así está contemplado en la normativa: siempre se subastarán los derechos de agua cuando exista más de un peticionario. En caso contrario, el Director de Aguas los concederá al único interesado de acuerdo con la memoria explicativa, que especificará que el agua se utilizará, por ejemplo, para regar 50 hectáreas, y se dará el caudal que corresponda; o para el funcionamiento de una planta hidroeléctrica de 10 kilowatts, y se dará para este fin. En definitiva, se debe explicar para qué se desea.
Sin embargo, los derechos sobre esas aguas no quedan sujetos a dicha memoria explicativa. Con posterioridad, se pueden vender libremente. Pero, por lo menos, la primera vez el interesado debe indicar en qué se utilizarán las aguas, y la autoridad, especificar las razones para otorgar el derecho.
Señor Presidente, quiero entender que la nueva normativa que votamos hoy representa un avance respecto de lo vigente. Eso nadie lo puede discutir.
Sin embargo, para comprender bien las razones de esta reforma y de sus consecuencias, haré algunas observaciones y una pregunta.
Hasta la fecha -según las explicaciones dadas-, el requirente recibe el derecho de agua, lo guarda y hace con él lo que desea, que la mayoría de las veces es nada. Todos sabemos que en esta materia algunas empresas hidroeléctricas y personas naturales han dado examen de excelencia. Por eso, en Chile las aguas están quedando en manos de algunas personas.
En segundo lugar, cualquiera que haya estudiado el futuro del mundo sabe que lo más probable es que la próxima gran guerra sea por el agua.
Tercero, siempre he sostenido que el agua es un bien nacional de uso público (o como se quiera denominar), pero sujeto básicamente al bien común del país. Por lo tanto, al Estado, como ejecutor del bien común -con el debido respeto por los derechos particulares y con la excelencia con que se debe actuar- y más allá de los abusos que puedan cometerse, le corresponde regular de alguna manera el sistema de otorgamiento de las aguas.
Sobre el particular, se ha tratado esta tarde de mostrar con mucha fuerza la manera en que se pueden perpetrar abusos. Pero no olvidemos que el padre Aristóteles dijo que el abuso no inhabilita el uso. En consecuencia, por mucho que se crea que se han cometido errores fundamentales, ellos deben precaverse en la respectiva ley y no inhabilitar al Estado para ser el administrador de este bien común.
Hasta el momento, tengo claro que la situación existente nadie la puede sostener. No obstante, el marco legal propuesto ahora debe determinar quién recibe el agua. Al respecto, se han planteado dos procedimientos: uno, el remate de los derechos de agua, y otro, el pago de una patente.
No. El dominio sobre los derechos de agua.
Se está avanzando en la patente.
Conforme. Pero el procedimiento es para que se pague un monto.
¿Cómo va a pagar la patente? Es lo mismo.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Por eso lo digo.
Les ruego a Sus Señorías no interrumpir.
Señor Presidente, lo que estoy tratando de decir es que se ha pretendido corregir lo vigente sobre la base de que a nadie se otorgará gratis los derechos de agua. En eso estamos.
También se ha sostenido con absoluta claridad que la primera vez que se concede el derecho -como señaló el Honorable señor Sabag - se debe efectuar un pago (lo cual representa un avance en la materia), pero después -y a eso apunta mi pregunta, que prefiero formular aunque parezca ignorante-, quien recibió tal derecho puede hacer un sayo con el agua. ¿Es así?
Hacer con el agua lo que se desee.
Yo creo que es imposible sostener eso. Excúseme, señor Presidente , es probable que mi opinión parezca risible a algunas personas, al igual que a mí me parecen risibles otras ideas.
A mi juicio, ésa es la falla fundamental de lo que estamos discutiendo, porque si es verdad que el agua es un bien nacional, que será de mucha escasez en el futuro y que las personas...
Esta discusión fue muy larga y Su Señoría tiene mucha razón. Era bastante inaceptable que, por ejemplo, se diera un derecho para la agricultura y que después se vendiera para otros fines. Lo concreto es que se decidió que en algún momento ello podía ser bueno para el país, porque si se otorga un derecho para un sector agrícola y al lado se descubre una mina de oro, jamás se van a devolver las aguas al Estado, porque éste nunca las va a ceder a la mina -¿para qué lo haría?-, y ésta no se desarrollará. Por lo tanto, la única forma en que podría hacerlo es mediante la venta del derecho, y si bien el titular de éste obtiene una ganancia, el país también la obtiene.
Recupera la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
Señor Presidente , creo que esa lógica, aparentemente muy razonable, no se puede aplicar respecto del agua por una razón muy simple. Si ésta es un bien nacional, que va a ser escaso -tema extensamente discutido- y que es importante en la zona norte, pero también en el sur, quien adquiere el agua tiene un derecho limitado por el bien común, de acuerdo con la misma argumentación de la señora Senadora . Pero si aquél se compra en diez y después se vende en cien, me parece inadecuado, porque no se puede negociar con el agua.
Excúseme, señor Presidente , deme unos segundos más. Sea benevolente con el único opositor al sistema general que se propone.
Ya se los di, pero puede terminar, señor Senador.
En esas condiciones, estimo razonable que la primera vez se pague y se admita la declaración de que las aguas serán ocupadas para determinado fin, pero si éste cambia, no me parece lógico que una persona gane dinero con un bien de todo el país. ¡Así de claro! Y, peor aún, si mañana se remata o se vende para destinarla a otro propósito, todos sabremos quiénes la van a comprar, y de nuevo no la tendrán los agricultores. ¡Y bien saben los de mi tierra que no se compite con la ENDESA!
Me alegro de que en esta materia se haya avanzado; pero como esta legislación no se va a volver a modificar tal vez en este decenio, lamento muchísimo que ese avance sea tan insuficiente que deja pendiente un forado descomunal.
El señor Subsecretario de Obras Públicas ha solicitado autorización para hacer uso de la palabra.
Señor Presidente , creo que hoy día ha ocurrido algo muy importante: se ha aprobado por unanimidad una reforma al Código de Aguas que va a permitir la corrección de situaciones -como todos han concordado- bastante desafortunadas.
Actualmente, se utiliza sólo el 19 por ciento de los derechos constituidos. Si se constituyeran todos los derechos solicitados, tendríamos que producir cinco veces el agua existente entre los ríos de todo el país. Y si hoy entregáramos todos los derechos pedidos, habría un solo solicitante: una empresa generadora que tendría 80 por ciento de los derechos no consuntivos.
Entonces, lo importante es que todas las opiniones han coincidido en el propósito de corregir esta situación. Se ha alcanzado un gran acuerdo, como dijo el Honorable señor Romero . Durante muchos meses los Senadores de las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas trabajaron con los gremios. Y se acaba de aprobar por unanimidad gran cantidad de artículos que representan una profunda reforma al Código de Aguas.
Esta discusión lleva doce años, no por burocracia ni por negligencia, sino simplemente por falta de consenso sobre cómo modificar la legislación vigente. Lo interesante es que se han aunado criterios en todo lo sustantivo.
Ahora se está debatiendo algo menos relevante de lo que pareció en un primer momento. Y quiero decir por qué: porque la reforma -y creo que todos concuerdan en ello- versa sobre dos puntos fundamentales, el primero de los cuales es que el principal mecanismo de constitución de derechos es el remate. Ello se recoge aquí en el Senado; inicialmente la norma no venía así.
Dicho elemento es básico: no a la gratuidad del agua. Y no a todas las consecuencias negativas que eso genera.
La segunda modificación esencial es que a la patente por no uso se le incorporaron una serie de optimizaciones que nos dan tranquilidad y confianza en cuanto a que funcionará bien.
Ahora se discute, entonces, sobre un tema importante para nosotros, pero más bien secundario respecto de toda la reforma que se acaba de aprobar. Hecha la contextualización, paso a explicar el motivo para debatir el texto que nos ocupa.
Efectivamente, tal como se planteó en las dos Comisiones, llegamos a un gran consenso y dijimos: "Éste es el único aspecto en que hay discrepancia". La redacción en análisis es producto de la enmienda de una indicación del Ejecutivo y de una proposición del Senador señor Boeninger , apuntándose a generar una coincidencia respecto del único punto, repito -ello siempre se expresó abiertamente-, en que había diferencias.
En primer lugar, se consigna un umbral. La memoria explicativa sólo se exigirá a los medianos y grandes solicitantes -no a los pequeños-, o sea, a quienes pidan derechos de agua consuntivos superiores a 10 litros por segundo, desde la Primera Región hasta la Metropolitana, y a 50 litros por segundo, desde la Sexta a la Duodécima. ¿Por qué? Porque existía el temor de que se premiara a la empresa que podía elaborar una buena memoria explicativa, frente al pequeño agricultor, que no sabría por dónde partir para justificar su solicitud.
En segundo término, la redacción -que buscaba el consenso, reitero, por eso la defendemos-, con el fin de evitar arbitrariedades, establece que existirá un formulario, el cual se publicará. Es decir, será algo muy fácil de materializar.
Además, la memoria se presentará como una declaración jurada.
Se contará con una tabla, asimismo -ello también será público-, que reflejará las prácticas habituales. Evidentemente, el riego en la Octava Región es de menor intensidad que el de la Cuarta, donde por lo general se encuentra tecnificado. Tales datos deben recogerse en la tabla. Y resulta fácil lograr un acuerdo al respecto.
En tercer lugar, es necesario tener presente el inciso final del artículo 149 propuesto. Cabe recordar que se registró un consenso en el sentido de que la justificación es para constituir el derecho, pero no configura una especie de hipoteca o prenda que lo sigue, en orden a que si alguien planta kiwis y después desea cambiar a la producción de uva debe ir a la Dirección General de Aguas.
Ello se aclara en la norma recién citada, la cual expresa: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 147 bis," -el que nos ocupa- "el derecho de aprovechamiento constituido de conformidad al presente artículo, no quedará en modo alguno condicionado a un determinado uso y su titular o los sucesores en el dominio a cualquier título podrán destinarlo a los fines que estimen pertinentes.".
Lo anterior resulta razonable. Y lo que se está discutiendo es cómo se constituye el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de aguas. Pero, una vez constituido, indudablemente tiene todas las garantías del derecho de propiedad consagrado en la Ley Fundamental.
Concluyó su tiempo, señor Subsecretario .
Discúlpeme, señor Presidente . Termino en seguida.
Asimismo, para evitar cualquier tipo de arbitrariedad -porque nosotros, como Ministerio de Obras Públicas o Dirección General de Aguas, somos los que menos deseamos exponernos a que se nos atribuya alguna-, se dispone que sólo se podrá limitar la solicitud en aquellos casos en que haya manifiesta diferencia entre lo declarado como necesario y lo que realmente se requiere.
Como dije -y sólo para responder al Senador señor Romero -, se ha buscado una redacción de consenso para el único tema en el que nunca nos pusimos de acuerdo. Creemos que con esta norma y con los artículos que he mencionado nos hacemos cargo de los temores de que pueda incurrirse en alguna arbitrariedad.
Hay algo que no he dicho y que es muy importante: lo expuesto debe contextualizarse en el sentido de que sólo se aplicará cuando no exista remate -en la mayoría de los casos, queremos que lo haya-, vale decir, cuando no medien dos o más solicitudes incompatibles que obliguen a efectuarlo.
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo hacerle una pregunta al señor Subsecretario .
Lo lamento, Su Señoría, pero finalizó el tiempo del señor Pérez.
Hay muchos oradores pendientes y debo respetar su derecho y el orden en que se inscribieron. Ellos son los Senadores señores Horvath, Carmen Frei, Parra, Andrés Zaldívar y Moreno.
Señor Presidente , la verdad es que sobre este tema recayó casi todo el peso de los elementos que han estado presentes en la larga discusión a que dio lugar la reforma del Código de Aguas de 1981. Hoy nos alegramos de escuchar que existe la voluntad política de que todos paguen lo que realmente vale el recurso en Chile. Hace diez años tal discusión aún no era posible ni tenía sustento político.
El Código establece que las aguas son bienes nacionales de uso público susceptibles de un derecho de aprovechamiento y que una vez adquirido puede ser transado libremente. Como bien manifestó el señor Subsecretario , ese puro factor es el que ha creado la situación actual: primero, un acaparamiento excesivo que supera, incluso, la cantidad de agua de que dispone el país; y segundo, el utilizarlo como una barrera para frenar otras actividades.
Este tema entra, por así decirlo, en la Agenda Pro Crecimiento. La intención clara del proyecto no es la de obtener dinero por el no uso de las aguas, sino incentivar su buena utilización. En ese sentido hay que entenderlo.
Cuando comenzó el debate de la iniciativa en la Cámara de Diputados -varios de los Senadores presentes éramos miembros de esa rama legislativa y nos tocó participar en su estudio-, tenía tres objetivos: uno, activar el empleo de las aguas a través del pago de una patente por no uso; dos, generar un caudal de carácter ecológico, ya que la entrega de aguas en forma indiscriminada, debido a su gratuidad, estaba llegando al extremo de secar las principales cuencas del país y, por ende, a afectar los ecosistemas y todo el procedimiento, esto es, no sólo los recursos naturales sino también la cultura asociada a ellos, y tres, lograr un manejo integrado de las cuencas.
El tercer punto se encuentra pendiente y, a mi juicio, es de extraordinaria relevancia para poder ordenar en forma dinámica y participativa las distintas opciones, tanto de uso del agua, como de uso y no uso de las cuencas completas. Porque esto, en definitiva, afecta la cantidad y calidad del recurso.
Por lo anterior, tal como se indicó, durante la tramitación de la iniciativa en el Congreso -y, en particular, en el Senado- se alcanzaron una serie de acuerdos con cada uno de los sectores involucrados: minero, agrícola, energético. Éste finalmente estuvo dispuesto a devolver derechos de agua equivalentes a más de 300 megawatts, para que se puedan desarrollar otras actividades proyectadas a lo largo y ancho del país, en especial en la zona sur.
Deseo insistir en que la patente no guarda relación con el valor económico del agua. Constituye un incentivo para usar el elemento; pero no se aplica exactamente un valor transaccional de mercado.
En cuanto al asunto específico de la memoria, pienso que ahí está la clave. Si no se exige una memoria explicativa, la autoridad carecerá de argumento para decir que una solicitud apunta a evitar que se instale otra actividad o a especular en el futuro, a costa de todos los chilenos, en forma gratuita.
Y cuando se presenten dos o más peticiones sobre unas mismas aguas, sin que éstas sean suficientes, se irá al remate, con todos los beneficios y la transparencia que aquí se han destacado.
Ahora bien, en áreas de interés público, como la acuicultura, se deberá pagar una patente y entregar un proyecto. Si éste no se ejecuta en dos años, la persona pierde la concesión. O sea, existen otras fórmulas que funcionan bastante bien.
Pienso que no se debe sobredramatizar en esta materia, señor Presidente.
La memoria, además, queda sujeta a un formulario muy simple. Y si el interesado considera que ello no satisface su derecho, podrá recurrir a un mecanismo de apelación absolutamente transparente.
Señor Presidente , entiendo el largo tiempo que ha tomado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el estudio del proyecto, porque el agua es un bien escaso en nuestro país y éste, además, es tan diferente. Si en un Código de Aguas se desea considerar al mismo tiempo la realidad del norte, donde se halla el desierto más seco del mundo, y la del sur, donde llueve todos los días, ello resulta tremendamente complejo. Y, por eso, comprendo las numerosas dificultades que se han enfrentado.
Ahora bien, creo que es bueno llegar a un acuerdo. Me parece que lo que tenemos es peor que lo planteado en el texto. Pero también observo que la iniciativa en análisis no contiene soluciones que me dejen conforme en relación con la Región que represento.
Primero, ¿cómo se pueden recuperar los ríos? Todos estudiamos, en la geografía nacional, que el Loa, en el desierto, es el más largo de Chile, etcétera. Hoy se halla sin agua. Parte importante de ese elemento pertenecía a los pueblos atacameños, que lo vendieron a las compañías mineras, de modo que es imposible recuperarlo. Ellas siempre van a salir ganando.
Obviamente, si se va a un remate -y es una de las consultas que deseo formular-, ¿qué seguridad puede tener un aillo, una comunidad de esa zona, frente a una minera grande? ¿Quién va a fijar las reglas del juego? La minera se lo "comerá" entero.
Además, después, si se desea interponer un recurso, es necesario presentarlo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Cabe imaginar lo que ello significa. ¡Se hallan lejísimo de San Pedro de Atacama, adonde llegar ya es una odisea, y tienen que venir a la Corte de Apelaciones de Santiago! Me parece que lo anterior, dentro de la regionalización, no es posible.
Otra cuestión que no deja de ser muy complicada es la de las aguas subterráneas. En 1992 logré pasar aquí, en el Senado, una iniciativa que permitió conservarlas, así como los bofedales, para la Primera y Segunda Regiones. ¿Cuál ha sido la realidad? A pesar de esa ley, se saca el recurso de distintas maneras. Hay aguas freáticas, en el norte, que no se recuperan y que se están usando. ¿Qué hacemos al respecto? ¿La legislación en estudio contempla algún castigo o multa, o bien, por último, una patente por concepto de ellas, que son las que mantienen los bofedales y las vegas de esa zona?
Por eso se observan ahora tan pocos camélidos y otras especies, ya que al elemento se lo van "comiendo" por otro lado.
Entonces, me encuentro en una disyuntiva bien difícil. Entiendo que con la normativa en estudio se avanza de alguna manera, porque lo actual es peor. Pero, ¿cómo poder hacerlo para abrigar la seguridad de que se contemple la situación de los pequeños? Muchas veces éstos no lo son tanto, pero los pasan a llevar, y va el grande y pretende comprarles las aguas. Y a veces son ignorantes y las venden. Y, después, recuperarlas.
Reitero que, para la Senadora que habla, la situación es harto complicada, porque no se están protegiendo muchas de las aguas del norte, de los oasis, y parte importante de las pertenecientes a los aillos.
Como dice el Honorable señor Horvath, debemos contar con una política clara respecto de las cuencas de nuestros ríos. Y es algo que tampoco veo muy claro.
En consecuencia, señor Presidente , surge la pregunta de qué hacer. Por un lado, a lo mejor la normativa es buena para el sur, pero no tanto para el norte. Y la Senadora que habla no está dispuesta a que en el norte exista sólo la minería. A mi juicio, esta última es muy importante, pero la agricultura y los oasis también son fundamentales.
Y el río Loa debe recuperarse. Hasta el momento, ello conforma una odisea. Y con esta reforma al Código de Aguas no veo que tal propósito se pueda lograr.
No sé, entonces, qué respuestas puedo obtener a estas alturas del diálogo, señor Presidente .
Señor Presidente , tal vez no vale la pena alargar tanto la discusión, después de 12 años de tramitarse un proyecto de ley que es indispensable pero que ha tenido tantas dificultades para su sanción final.
Formulo la siguiente pregunta al Honorable Senado: ¿cuál va a ser el efecto práctico de la disposición?
Hoy día, sobre la mayor parte de los cauces hay constituidos derechos de aprovechamiento que muchas veces cubren íntegramente la posibilidad que aquéllos brindan. En consecuencia, lo que hará el texto que nos ocupa es activar ese mercado, por una parte, y en cuanto al remanente, por la otra, sobre el cual ellos aún no se configuran, permitirá algún grado de regulación proveniente de la Dirección General de Aguas.
Pienso, por lo tanto, que estamos en presencia de un mínimo indispensable para proteger, siquiera en el margen, el bien común y el interés colectivo.
Como lo manifesté con ocasión de la discusión general del proyecto, estimo que el Código de los años ochenta es el texto más marcadamente liberal, de corte más ideológico, generado durante esa década en el campo de los recursos naturales y, en general, de la actividad económica. No comparto para nada su enfoque. Considero que dista mucho de ser una buena normativa.
Me parece fundamental restituir, en parte siquiera, las facultades que el Código de 1931 otorgaba a la administración, a través de la Dirección General de Aguas, por los criterios que lo inspiraban. Ese ordenamiento contenía, entre otras cosas, una prelación en cuanto al uso que se podía hacer del recurso y una afectación consecuencial de los derechos de aprovechamiento que se constituyeran, permitiéndose la fiscalización por órganos del Estado y no por las organizaciones de usuarios, como hoy día ocurre.
En consecuencia, creo que estamos en presencia de una reforma muy modesta y que la disposición sugerida en el artículo 147 bis, complementada con la del artículo 147 ter, que establece la facultad del solicitante para apelar de las resoluciones, es un mínimo en la línea de proteger los intereses generales.
Señor Presidente , reitero que hemos entrado a discutir casi el Código completo, porque nos estamos ocupando en la filosofía misma de lo que debe contener.
Cuando comenzó el debate sobre la reforma actual, hubo dos planteamientos, precisamente, que iban a conformar el camino por el cual se debía elaborar la legislación. Uno de ellos, dotado de legitimidad, es el que han expresado varios señores Senadores en el sentido de que las aguas se pagan. "El que toma agua, la paga", quienquiera que sea: agricultor, minero, sanitaria, hidroeléctrica, etcétera. Lo que no puede continuar -y en eso sí que hubo acuerdo- es el abuso, como decía el Honorable señor Parra , de la posibilidad que se otorga a una persona para pedir derechos y no usarlos.
En el análisis se llegó al sistema de más bien sancionar el no uso de las aguas. ¿Y por qué razón? Porque, abandonándose la tesis del pago, se estimó que se lleva a cabo un aprovechamiento indebido de algo que se solicita al Estado para poder ser usado en beneficio de una determinada actividad. Y por eso se estableció la patente, que es lo que viene en el proyecto.
La discusión no se puede hacer en cuanto a si acaso hay remate o no lo hay. Éste existe, en el Código actual, cuando se registra más de un interesado en un mismo derecho de aprovechamiento, lo cual se mantiene. Pero no se estableció -es lo que decía la Senadora señora Matthei - que todos esos derechos se sometan a tal procedimiento, es decir, que, sobre la base de tantos derechos de aprovechamiento en tal sector, se realicen las publicaciones pertinentes y se pregunte quién quiere comprar.
No se aplicó esa filosofía. Ella no se encuentra en el proyecto, ni es posible establecerla, porque estamos en el segundo trámite, ya vencieron los plazos para indicaciones y sería preciso modificar todo aquello en que hemos trabajado durante 10 años, para establecer un mecanismo diferente.
Lo único que se debe resolver ahora, sobre la base de lo aprobado y de que se desea establecer el pago de patente por el no uso, es si la petición de un derecho de aprovechamiento no podría ser limitada de acuerdo con el número 23 del artículo 19 de la Carta -y lo discutimos en la Comisión de Constitución-, de modo que no correspondería que el Director General de Aguas la respondiera negativamente.
En la Comisión de Constitución se concluyó por unanimidad que no se infringía el número 19, porque no se constituye un derecho de propiedad propiamente tal cuando se pide un derecho de agua o de aprovechamiento.
Se dijo que, por ser una mera expectativa, la autoridad podía decretar limitaciones. Es lo que consigna el artículo 147 bis. En él se establece la facultad, la cual puede ser ejercida por alguien.
Se dice que la decisión del Director de Aguas podría ser arbitraria o que incluso podría haber corrupción. A mi juicio, no corresponde actuar sobre la base de que cuando se da una atribución a una autoridad estatal ésta, automáticamente, debe quedar sujeta a control, conforme al principio de mala fe o de que esa persona va a ejercer acciones contrarias a la ley o en beneficio propio.
Entonces, ¿qué se dice en la norma? Que el Director de Aguas puede limitar el derecho de aprovechamiento, para lo cual se requiere la memoria explicativa a que hizo referencia el Honorable señor Horvath . Es necesaria para que dicho funcionario proceda de acuerdo con las tasas fijadas por un decreto supremo de los Ministerios de Obras Públicas, de Agricultura y de Economía. Hay una pauta para que, según el artículo 147 bis, se determine si lo solicitado es excesivo o no lo es. Es lógico que alguna autoridad lo declare así. ¿Y qué otra persona más calificada para ello que el Director de Aguas?
Si esa autoridad procede de manera arbitraria -porque se ha legislado respecto de la forma en que puede actuar-, automáticamente el afectado puede reclamar, como sucede en todo tipo de concesiones. Por ejemplo, en el caso de una solicitud para el espectro radial, existe el derecho a rechazar una decisión arbitraria del Subsecretario de Telecomunicaciones , como la negativa de la respectiva concesión, pese a haberse cumplido con todos los requisitos. El afectado puede acudir al tribunal para que se rectifique tal decisión. Aquí sucede lo mismo, pues se dispone el derecho a reclamo.
O sea, lo que debe resolver el Senado es muy preciso. No podemos entrar a revisar todo el sistema vigente, como el remate, el pago obligado del agua, etcétera. Podría decirse que no se podrá disponer del agua como un derecho patrimonial, pues quien la pida para labores agrícolas no podrá emplearla en una actividad distinta; o que no se podrá vender el derecho a un vecino o a quien desee explotar una mina, como se señalaba hace un momento. ¡Claro que podría hacerse! Pero ahora no podemos legislar sobre todos esos aspectos, porque tenemos que determinar si damos o no damos la facultad al Director de Aguas para resolver si otorga el derecho de aprovechamiento a una persona cuando no lo justifica. Y eso es lo que involucra el aprobar o rechazar el artículo 147 bis. Si optamos por la negativa, vamos a quedar en peores condiciones, pues la legislación actual no precisa procedimiento alguno para que el Director de Aguas regule el derecho de aprovechamiento que se solicita. Respecto de eso es lo que tenemos que pronunciarnos ahora.
Restan dos minutos para el término del Orden del Día. Como quedan dos Senadores inscritos, sugiero la prórroga de la hora hasta terminar la discusión del artículo y proceder a su votación, salvo que haya un parecer contrario de la Sala.
Si no hubiera acuerdo en ese sentido y como el tiempo restante es insuficiente, preferiría suspender el debate de inmediato y continuarlo en la próxima sesión.
¿Puedo hacer un planteamiento, señor Presidente ?
Propongo lo siguiente: como la materia de que trata el artículo 147 bis ha sido debatida latamente, ¿por qué no se abre la votación, lo que permitirá a los dos Senadores inscritos fundar el voto, y se dejan las disposiciones pendientes para la próxima sesión?
Lamentablemente, no hay acuerdo. Además, algunos señores Senadores no quieren que se recojan ahora los pronunciamientos.
Si no hay prórroga del tiempo, no se puede abrir la votación. Y, en tal caso, prefiero suspender de inmediato el tratamiento del proyecto.
Se hallan inscritos para usar de la palabra los Honorables señores Moreno y Fernández. Luego de sus intervenciones se votará.
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores ha solicitado que el proyecto de modernización de la Cancillería sea visto por ella en general y en particular a la vez.
Corresponde poner en votación un proyecto de acuerdo respecto del cual informará el señor Secretario.
El señor Presidente pone en votación un proyecto de acuerdo, propuesto por Su Señoría y suscrito, además, por el Senador señor Adolfo Zaldívar, en que se propone presentar una iniciativa de ley -cosa que ya ha hecho también el señor Presidente- que denomine el 29 de noviembre como "Día de la amistad y la paz entre chilenos y argentinos". Se expresa que lo anterior constituiría un paso más en el objetivo de consagrar al Senado como líder del proceso de integración chileno-argentino.
Deseo complementar lo dicho con lo siguiente: previo acuerdo de distintos Comités, junto con mi par de la otra rama legislativa suscribimos con los Presidentes del Senado y de la Cámara de Argentina una declaración en el mismo sentido, que hace coherencia con el planteamiento del proyecto de acuerdo.
El texto propone que el 29 de noviembre -en el último se cumplieron 20 años de celebración del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina- sea declarado como "Día de la Amistad y la Paz entre Chilenos y Argentinos", lo que mantiene coherencia, como dije, con declaraciones ya suscritas en el mismo sentido.
Señor Presidente, con anterioridad hice a Su Señoría una sugerencia que no veo incorporada al texto del proyecto, entregado hace algunos días.
Fue modificado en la forma propuesta por el señor Senador.
Señor Presidente, ¿por qué no lo da por aprobado por la unanimidad de la Sala?
Igual hay que registrar la votación, señor Senador.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo por 22 votos a favor.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Novoa, Páez, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zurita.
Al señor Subsecretario del Interior, sobre ESTADO DE PROYECTOS POSTULADOS A FONDO SOCIAL "PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA" DE NOVENA REGIÓN.
Al señor Contralor General de la República , solicitándole un PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE NORMA DE LEY DE ALCOHOLES EN RELACIÓN CON DENEGATORIA DE AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR PARTE DE CONSEJEROS REGIONALES Y CONCEJALES.
Al señor Contralor General de la República , dándole a conocer lo relativo a MODIFICACIÓN DE NORMAS CONTRACTUALES Y REMUNERACIONALES A TRABAJADORES DE AEROPUERTO INTERNACIONAL EL TEPUAL, PUERTO MONTT (Décima Región).
En Incidentes, los Comités Socialista e Institucionales 2 e Independiente no harán uso de su tiempo.
Señor Presidente , deseo aprovechar mi tiempo para plantear una reflexión ante el Senado de la República.
En repetidas intervenciones, he venido sosteniendo que en Chile ya no existe el Estado de Derecho. Y quiero reiterar lo anterior con la mayor claridad: no existe desde el momento en que la Corte Suprema, en el ejercicio de su acción jurisdiccional, deja de aplicar las leyes de la República, conforme a su claro espíritu y letra.
Llevamos prácticamente 20 años discutiendo acerca de la validez o no de la Ley de Amnistía -me refiero a la legislación sobre el período 1973-1978-, que no ha sido abrogada, la cual, en cambio, se encuentra plenamente vigente y ha producido efectos. Un gran número de chilenos se han beneficiado con ella, sin distinción de colores políticos.
Por otra parte, un crecido número de compatriotas, ex miembros de la Defensa Nacional, están presos por el desconocimiento que se ha hecho de la figura de la cosa juzgada. Y es así como se han reabierto juicios que estaban definitivamente cerrados. A todos ellos no se los beneficia con el principio pro reo, pues se han dictado leyes en favor de quienes cumplen condenas, pero se excluye al personal de la Defensa.
Otro aspecto que viene a reforzar el planteamiento de que no hay Estado de Derecho en Chile es que no rige la prescripción del delito ni de la pena correspondiente. Esto se ve agravado por la insistencia en aplicar una figura jurídica inexistente en nuestros códigos y que la sana lógica rechaza: que las personas desaparecidas están secuestradas en algún sitio, suponiéndose o asumiéndose que los responsables de la acción las mantienen retenidas a buen recaudo y les dan alimentación.
Lo anterior se ve agravado por un aspecto muy significativo: el señor Ministro del Interior no se hace cargo de los individuos secuestrados y que estarían en cierto lugar del país. Por lo tanto, puede pensarse que en algún momento habría que acusar constitucionalmente a dicho Secretario de Estado por notable abandono de sus deberes, al no haber dispuesto lo necesario -las fuerzas y los medios del orden que tiene bajo su dirección operativa- para la búsqueda y ubicación de quienes, según la Corte Suprema, se encuentran en algún lugar.
Otros antecedentes duelen más todavía: a muchos de los detenidos por estas causas, al ser llevados a los tribunales, se los somete a tratamientos vejatorios de su dignidad, negándoseles incluso algo tan elemental como ir a los servicios higiénicos para sus necesidades fisiológicas. Y todo ello envuelto en un permanente ataque directo y, a veces, subliminal a la gestión y a la época en que estuvieron en actividad. Hasta se les desconoce, en algunos casos, su papel de miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Todo esto me lleva a plantear con insistencia y con la mayor claridad que en Chile no existe el Estado de Derecho. Se violan derechamente principios constitucionales, como la igualdad ante la ley. La no aplicación de todos los aspectos jurisdiccionales y jurídicos que he señalado es una muestra exacta de que el Estado de Derecho está vulnerado.
Pienso que esta situación tiene que cambiar. Duele profundamente que, en reciente fallo, una de las Salas de la Corte Suprema insinúe incluso que los acusados permanecerán en la condición de detenidos o cumpliendo penas hasta el momento en que aparezcan los desaparecidos, oportunidad en la cual recién se aplicarán las leyes. Esto constituye un hecho extraordinariamente grave, porque aparece una situación poco ética, en el sentido de que la presión del juez llega a tal nivel, que la prisión y, más que eso, el fallo, es la manera para obtener el antecedente que haga suponer o el fallecimiento o la libertad de la persona retenida.
Me duele, porque el principio de igualdad ante la ley no se está aplicando. Los que sirvieron en la Defensa reciben un tratamiento del todo diferente al del resto de los chilenos, lo cual constituye una injusticia tremenda. Y la injusticia nunca conduce a la paz, sino que introduce situaciones de inestabilidad en la convivencia de los connacionales.
--Ofrecida la palabra sucesivamente a los Comités Mixto, Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, ningún señor Senador hace uso de ella.
--Se levantó a las 18.42.

References: resolución 
 artículo 57
 artículo 1
 artículo 7
e contrario
 artículo 6
 artículo 32
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 147
 artículo 1
 artículo 147
 artículo 2
 artículo 124
 artículo 2
 artículo 147
 artículo 1
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 133
 artículo 147
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 147
 artículo 314
 artículo 147
 artículo 140
 artículo 1
 artículo 140
 artículo 147
 artículo 140
 artículo 147
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 140
 artículo 147
 artículo 147
 resolución 
 artículo 147
 artículo 147
 resolución 
 artículo 147
 artículo 149
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 19
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 147