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Timestamp: 2019-09-21 21:57:27+00:00

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La autonomía como derecho fundamental de los pacientes
Basterra, Marcela I
Doctora en Derecho (UBA). Magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UP). Profesora de grado, posgrado y doctorado (UBA y otras Universidades).
1. Introducción. En la últimas tres décadas se advirtió, paulatinamente, un cambio de paradigma en torno a los temas que involucran al ejercicio de la autonomía personal. Por mencionar sólo algunos ejemplos, este cambio se visualiza con total claridad en los temas concerniente a la elección sexual de las personas, en tanto ha sido sancionada la ley 26.618 de matrimonio igualitario; también en relación al consumo personal de estupefacientes, a partir de la decisión de la Corte Suprema en el caso “Arriola”.
Una situación similar puede percibirse en lo que respecta al ejercicio de los derechos reproductivos, a partir de la sentencia “F.,A. L.” del máximo tribunal, la que ha sido receptada con distintos alcances por numerosos ordenamientos locales. Sin duda, esta mutación interpretativa en relación al principio de autoreferencia, es el reflejo de las transformaciones que fueron produciéndose en el seno de la sociedad, acogidas con excelente criterio por legisladores y jueces.
En este marco, la ley 26.529 sobre los “Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento informado”, modificada por la ley 26.742 denominada “Ley de Muerte Digna”, y los artículos 59 y 60 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), se inscriben en el respeto más absoluto hacia los derechos personalísimos y una fuerte defensa del principio de autonomía personal.
2. El principio de la autonomía personal, consentimiento informado y directivas anticipadas. El derecho fundamental a la salud, goza de reconocimiento constitucional dado que guarda una estrecha vinculación con el derecho a la vida, considerado como una de las primeras prerrogativas naturales de la persona humana. Por consiguiente, su relevancia reside en que no sólo constituye un bien jurídico autónomo de importancia superlativa, sino que además se encuentra íntimamente relacionado con otros derechos fundamentales, e incluso es condición necesaria para ejercer muchas de esas prerrogativas cardinales del sistema jurídico.
El derecho a la salud y a su preservación, se encuentra estrechamente ligado con el derecho a la dignidad, porque cualquier menoscabo a aquél incide negativamente en el sujeto y en el núcleo más próximo de sus afectos y lazos sociales.
En esta temática la voluntad del paciente adquiere un rol protagónico, toda vez que la posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento médico hace a la autodeterminación y autonomía personal.
El principio de autonomía personal que también podemos denominar de reserva o autoreferencia, está contenido en el artículo 19 de la Ley Fundamental. El precepto constitucional recepta el principio de autonomía personal y el derecho a la privacidad en forma específica, como norma de apertura del sistema de derechos individuales.
Este principio implica que cada persona adulta, mayor de edad –excluye a los menores– con consentimiento, es decir, que posea discernimiento, intención y libertad –no se aplica a los incapaces que no comprenden sus actos–, puede escoger el que considere “mejor plan de vida” para sí misma, aunque éste implique un daño personal. Sólo el daño a terceros opera como límite a la elección del propio plan elegido.
Por lo tanto, todas las personas –adultas y capaces–tienen derecho a realizar opciones, de conformidad con sus propios valores. Como contrapartida, debe primar un absoluto respeto sobre esa libre elección, aún cuando pueda parecer irracional o imprudente.
Este criterio ha sido elaborado por la Corte Suprema en el precedente “Bahamondez” y ratificado en el fallo “Albarracini”. En igual sentido se ha pronunciado el legislador al incorporar lo que se conoce como "directivas anticipadas", en el marco de lo establecido por la "Ley sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado".
Justamente, lo que regula la llamada "Ley de Muerte Digna" incorporada en el artículo 60 del Código Civil y Comercial de la Nación, con la salvedad de la formalidad exigida, es la posibilidad de dejar asentada la voluntad personal para una eventual pérdida de discernimiento posterior.
De esta manera, se permite dejar registrada fehacientemente la voluntad de aceptar o rechazar determinados tratamientos vinculados a la salud, que en definitiva repercuten sobre el derecho a la dignidad y a la calidad de vida.
Las directivas anticipadas han sido definidas por Roitman, como las declaraciones de voluntad libres, emitidas por un sujeto mayor de edad –competente en términos bioéticos– y capaz en términos jurídicos; a través de las cuales manifiesta anticipadamente, instrucciones relacionadas con temas referidos a su salud, sin necesidad de justificar causa alguna.
Cabe destacar que las directivas anticipadas reconocen una limitación concreta,la eutanasia. De conformidad con la normativa, estas prácticas no quedan comprendidas por el principio de la autonomía de la voluntad del paciente.
Ahora bien, para que este derecho sea ejercido es necesario garantizar las condiciones indispensables tendientes a que los individuos puedan tomar este tipo de decisiones, esenciales para el desarrollo del “plan de vida” elegido. En otros términos, estas acciones no pueden ser llevadas a cabo si no se cuenta con la información necesaria, que en definitiva permitirá a cada persona elegir libremente, pero evaluando todas las consecuencias de su actuar.
De allí la trascendencia que adquiere la doctrina del consentimiento informado, la que está basada en el principio de la autonomía del paciente, el derecho que le asiste a decidir sobre su propio cuerpo y a aceptar o no tratamientos médicos. Es un derecho personalísimo que la ley reconoce a todo ser humano. En esta misma línea de pensamiento, el artículo 59 del Código Civil y Comercial, con una redacción prácticamente idéntica al artículo 5° de la ley 26.529 –modificada por ley 26.742–, establece los lineamientos que deben regir al consentimiento informado.
En efecto, el citado dispositivo legal del ordenamiento civil y comercial especifica que se considerará consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud a “la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada, respecto a: a) su estado de salud; b) el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; c) los beneficios esperados del procedimiento; d) los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e) la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; f) las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados; g) en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable; h) el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite. Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente”.
Evidentemente, la figura del consentimiento informado aparece como consecuencia del avance y cambios culturales que se produjeron en la sociedad occidental en el siglo XX; originariamente como un tema propio de la Bioética, posteriormente tutelado por el sistema jurídico.
En estas coordenadas, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano –Convenio sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina de 1997–, advirtió sobre la necesidad de reconocer los derechos de los pacientes, entre los que se destaca el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las personas.
Asimismo, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos–emitida por la Conferencia General de las Naciones Unidas el 19 de octubre de 2005–establece entre otros derechos de los pacientes, el de la autonomía personal en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, por lo que toda intervención médica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre, expreso e informado de la persona interesada.
En consonancia, la Declaración de Lisboa de la Asamblea Médica Mundial reconoce entre otros derechos de los pacientes, el derecho a la autodeterminación, a tomar decisiones libremente en relación a su persona y a la información.
El consentimiento informado en la forma que ha sido incorporado en el nuevo Código, implica proporcionar al paciente suficiente y exhaustiva información, de manera tal que la aceptación y declaración de voluntad efectuada, sea tomada teniendo en consideración la totalidad de posibles factores que son susceptibles de influir sobre su decisión.
En definitiva, el consentimiento a que se refiere el precepto legal, es el elemento determinante para que sea lícita la manifestación de la voluntad. Se trata de una declaración del titular, de la que en forma inequívoca se infiere que él mismo ha tomado la decisión relativa a un determinado tratamiento médico.
La regulación del artículo 59, se corresponde con las pautas establecidas por la "Ley sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado". Justamente, como se ha señalado con anterioridad, se legisla sobre patrones ya establecidos por la doctrina y receptados a nivel legislativo. En este aspecto, el nuevo Código Civil y Comercial está en consonancia con normas vigentes, como la Ley de Derechos del Paciente y la de Muerte Digna; es más, se inspira en éstas a fin de alcanzar un ordenamiento sistémico e integral.
La normativa analizada ha contribuido a consagrar empíricamente el efectivo ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad con el más amplio alcance, receptando el criterio hermenéutico que resulta aplicable al artículo 19 de la Constitución Nacional insertado en la parte dogmática de la Ley Suprema, precisamente denominada también “del derecho constitucional de la libertad”.
Normas de esta naturaleza no constituyen una lesión a las convicciones personales o religiosas de ningún sector de la sociedad, ya que en modo alguno imponen modelos de conductas homologados; por el contrario, con espíritu pluralista permiten justamente que cada individuo viva gobernado por sus propios ideales, y no por los que impongan las mayorías.
Conforme lo establece el artículo 19 de la Constitución Nacional (CN), todas las personas mayores de edad que tienen discernimiento, intención y libertad, pueden escoger el plan de vida que mejor se corresponda con sus ideales, siempre que no causen daños a terceros.
Por último, es importante destacar que el criterio judicial adoptado en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los precedentes señalados, con acierto se enrola en la postura que defiende con firmeza el respeto al ejercicio del principio de autonomía personal, es decir, reconoce esa esfera de intimidad del individuo que resulta inquebrantable para el Estado.
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http://www.wma.net/es/30publications/10policies/l4/
Recibido: 11/05/2016; Publicado: 03/2017

References: artículo 19
 artículo 60
 artículo 59
 artículo 5
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