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BOE.es - Documento BOE-A-2003-23102
Documento BOE-A-2003-23102
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 301, de 17 de diciembre de 2003, páginas 44763 a 44771 (9 págs.)
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/16/56
Diversos factores adicionales han afectado al mercado de trabajo en estos años: la evolución demográfica, primero con la presión ejercida por los jóvenes en el acceso a su primer empleo y, posteriormente, con el envejecimiento de la población activa ; el fenómeno inmigratorio, con la consiguiente llegada de importantes recursos humanos procedentes del exterior a nuestro mercado de trabajo ; de otra parte, el desarrollo fulgurante de las tecnologías de la información y de la comunicación ; la nueva orientación de la política social (de la asistencia pasiva a los incentivos para la reinserción laboral), o la apertura a los agentes privados de los servicios de información, orientación e intermediación, constituyen un conjunto formidable de retos a los que se enfrenta una política de empleo tendente al pleno empleo.
De acuerdo con lo establecido en la Estrategia Europea de Empleo, las políticas de empleo en su diseño y modelo de gestión deberán tener en cuenta su dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que favorezcan y apoyen las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.
De conformidad con la Constitución, con los Estatutos de Autonomía y con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas establecerán los mecanismos de colaboración oportunos y en su caso de participación con las corporaciones locales para la ejecución de los programas y medidas de las políticas activas de empleo.
1. Los órganos del Sistema Nacional de Empleo son:
a) La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, que es el instrumento general de colaboración, coordinación y cooperación entre la Administración del Estado y la de las comunidades autónomas en materia de política de empleo y especialmente en la elaboración de los Planes nacionales de acción para el empleo. Así mismo le corresponde la aprobación del Programa anual de trabajo del sistema nacional de empleo.
b) El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que es el órgano consultivo de participación institucional en materia de política de empleo. El Consejo estará integrado por un representante de cada una de las comunidades autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del Estado, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales más representativas. Para la adopción de acuerdos se ponderarán los votos de las organizaciones empresariales y los de las organizaciones sindicales para que cada una de estas dos representaciones cuente con el mismo peso que el conjunto de los representantes de ambas Administraciones, manteniendo así el carácter tripartito del Consejo. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, en consonancia con las atribuidas al Sistema Nacional de Empleo por el artículo 9 de esta ley, entre las que se encuentra la de consulta e informe del Plan nacional de acción para el empleo y del Programa anual de trabajo de dicho Sistema Nacional de Empleo.
2. La coordinación del Sistema Nacional de Empleo se llevará a cabo principalmente a través de los siguientes instrumentos:
a) El Plan nacional de acción para el empleo.
b) El Programa anual de trabajo del Sistema Nacional de Empleo.
c) El Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo.
1. Aplicar la Estrategia Europea de Empleo, en el marco de sus competencias, a través de los Planes nacionales de acción para el empleo.
d) Colaborar con las comunidades autónomas en la elaboración del Plan nacional de acción para el empleo, ajustado a la Estrategia Europea de Empleo, y del Programa anual de trabajo del Sistema Nacional de Empleo.
Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participarán en la elaboración de dicho Plan nacional de acción para el empleo y recibirán información periódica sobre su desarrollo y evaluación. Dicha periodicidad no deberá ser superior a seis meses.
1.º Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad autónoma, cuando éstos exijan la movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores participantes en los mismos a otra comunidad autónoma distinta a la suya y precisen de una coordinación unificada.
2.º Programas para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos para la realización de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias exclusivas del Estado.
3.º Programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea la integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizados en sus países de origen, facilitando la ordenación de los flujos migratorios.
La reserva de crédito a que hace referencia este párrafo e) se dotará anualmente, previo informe de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De los resultados de las actuaciones financiadas con cargo a los mismos se informará anualmente a dicha Conferencia Sectorial.
f) Llevar a cabo investigaciones, estudios y análisis sobre la situación del mercado de trabajo y los instrumentos para mejorarlo, en colaboración con las respectivas comunidades autónomas.
g) Mantener las bases de datos que garanticen el registro público de ofertas, demandas y contratos, mantener el observatorio de las ocupaciones y elaborar las estadísticas en materia de empleo a nivel estatal.
h) La gestión y el control de las prestaciones por desempleo, sin perjuicio del cometido de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre obtención y disfrute de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que el artículo 3 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.
A los efectos de garantizar la coordinación entre políticas activas y prestaciones por desempleo, la gestión de esta prestación se desarrollará mediante sistemas de cooperación con los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas. El Servicio Público de Empleo Estatal deberá colaborar con las comunidades autónomas que hayan asumido el traspaso de las competencias.
i) Cualesquiera otras competencias que legal o reglamentariamente se le atribuyan.
2. En la distribución de los fondos a las comunidades autónomas acordada en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, se identificará aquella parte de los mismos destinada a políticas activas para los colectivos que específicamente se determinen de acuerdo con las prioridades de la Estrategia Europea de Empleo y teniendo en cuenta las peculiaridades existentes en las diferentes comunidades autónomas, a fin a garantizar el cumplimiento del Plan nacional de empleo.
Será objeto de devolución al Servicio Público de Empleo Estatal los fondos con destino específico que no se hayan utilizado para tal fin, salvo que por circunstancias excepcionales, sobrevenidas y de urgente atención dichos fondos deban utilizarse para otros colectivos dentro de las finalidades presupuestarias específicas, precisando en otro caso informe del Ministerio de Hacienda. En todo caso, el Servicio Público de Empleo Estatal y el correspondiente órgano de la comunidad autónoma acordarán la reasignación de tales fondos, reasignación que en ningún caso dará lugar a la modificación del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
3. Del total de los fondos de empleo de ámbito nacional se establecerá una reserva de crédito, no sujeta a la distribución a que se hace referencia en los apartados anteriores, para gestionar por el Servicio Público de Empleo Estatal los programas señalados en el párrafo e) del artículo 13 de esta ley.
2. Los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas y el Servicio de Empleo Público Estatal participarán en la elaboración de la propuesta del Programa anual de trabajo del Sistema Nacional de Empleo, para su aprobación por la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y posterior ejecución en sus respectivos ámbitos territoriales.
La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación. La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades.
1. Los servicios públicos de empleo asumen la dimensión pública de la intermediación laboral, si bien podrán establecer con otras entidades convenios, acuerdos u otros instrumentos de coordinación que tengan por objeto favorecer la colocación de demandantes de empleo.
2. La intermediación laboral realizada por los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación, así como las acciones de intermediación que puedan realizar otras entidades colaboradoras de aquéllos, se prestarán de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y no discriminación, garantizándose la plena transparencia en el funcionamiento de los mismos.
3. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los citados principios, los servicios públicos de empleo garantizarán que el proceso específico de selección y casación entre oferta de trabajo y demanda de empleo corresponde, con carácter general, al servicio público de empleo y a las agencias de colocación debidamente autorizadas.
4. La intermediación laboral realizada por los servicios públicos de empleo, por sí mismos o a través de las entidades que colaboren con ellos, conforme a lo establecido en este capítulo, se realizará de forma gratuita para los trabajadores y para los empleadores.
Artículo 24. El enfoque preventivo de las políticas activas de empleo.
1. De acuerdo con las directrices derivadas de la Estrategia Europea de Empleo, en las que se establece el tratamiento preventivo de las situaciones de paro de larga duración y a tenor de la normativa reguladora de los fondos estructurales de la Unión Europea, los servicios públicos de empleo orientarán su gestión para facilitar nuevas oportunidades de incorporación al empleo a los desempleados antes de que éstos pasen a una situación de paro de larga duración.
2. La articulación de los servicios y políticas activas en favor de los desempleados se ordenará por los servicios públicos de empleo en un itinerario de inserción laboral individualizado, en colaboración con el demandante de empleo de acuerdo con las circunstancias profesionales y personales de éste.
3. Los demandantes de empleo deberán de participar, de acuerdo con lo establecido en sus itinerarios de inserción laboral individualizados, en las políticas activas de empleo, con la finalidad de mejorar sus oportunidades de ocupación.
a) Informar y orientar hacia la búsqueda activa de empleo.
b) Desarrollar programas de formación profesional ocupacional y continua y cualificar para el trabajo.
c) Facilitar la práctica profesional.
d) Crear y fomentar el empleo, especialmente el estable y de calidad.
e) Fomentar el autoempleo, la economía social y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
f) Promover la creación de actividad que genere empleo.
g) Facilitar la movilidad geográfica.
h) Promover políticas destinadas a inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
En el diseño de estas políticas se tendrá en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de trato entre hombres y mujeres para garantizar en la práctica la plena igualdad por razón de sexo, así como el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación, en los términos previstos en el párrafo a) del artículo 2 de esta ley.
2. Los programas de formación profesional ocupacional y continua se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en esta ley, así como en la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las normas que se dicten para su aplicación.
Artículo 26. Colectivos prioritarios.
1. El Gobierno y las comunidades autónomas adoptarán, de acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea, programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, mujeres, parados de larga duración mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería.
2. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias de estos colectivos, los servicios públicos de empleo asegurarán el diseño de itinerarios de inserción que combinen las diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al perfil profesional de estos desempleados y a sus necesidades específicas. Cuando ello sea necesario, los servicios públicos de empleo valorarán la necesidad de coordinación con los servicios sociales para dar una mejor atención al desempleado.
Artículo 27. La inscripción de los beneficiarios de prestaciones como demandantes de empleo y su participación en las políticas activas de empleo.
1. Los solicitantes y perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo deberán inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el servicio público de empleo.
2. La inscripción como demandante de empleo se realizará con plena disponibilidad para aceptar una oferta de colocación adecuada.
3. Las Administraciones públicas competentes en la gestión de políticas activas garantizarán la aplicación de las políticas activas de empleo a los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, en el marco de lo que se establezca de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 de esta ley. A estos efectos, se deberá atender mediante dichas políticas, como mínimo, al volumen de beneficiarios proporcional a la participación que los mismos tengan en el total de desempleados de su territorio.
4. Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo deberán participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario de inserción. Las Administraciones públicas competentes deberán verificar el cumplimiento de las obligaciones como demandantes de empleo de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo y deberán comunicar los incumplimientos de esas obligaciones al Servicio Público de Empleo Estatal, en el momento en que se produzcan o conozcan.
Fecha de entrada en vigor: 06/01/2004
en el Recurso 283/2015, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso indicado del art. 21 bis.2, en la redacción dada por el art. 117.2 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, por Sentencia 69/2018, de 21 de junio (Ref. BOE-A-2018-10511).
en el recurso 7134/2014, inconstitucional y nulo, con los efectos señalados en el fj.5, el inciso indicado del art. 27.4, en la redacción dada por el art. 7 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, por Sentencia 272/2015, de 17 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-633).
SE SUSPENDE para el año 2016, la aplicación de la disposición adicional 5 , por Ley 48/2015, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11644).
por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11431).
la disposición adicional 6 y SE MODIFICA el art. 26, por Ley 30/2015, de 9 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-9734).
la disposición adicional 6 y SE MODIFICA el art. 26 , por Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2015-3031).
SE DECLARA, en el Recurso 6368/2013, inconstitucional y nulo el inciso indicado del art. 27.4.párrafo 2, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, por Sentencia 27/2015, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2015-2828).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 2 y 19.ter.1, y aprueba la cartera común de servicios del sistema nacional de empleo: Real Decreto 7/2015, de 16 de enero (Ref. BOE-A-2015-1056).
SE SUSPENDE, para el año 2015, la aplicación de la disposición adicional 5, por Ley 36/2014, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13612).
el art. 21 bis, por Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13249).
determinados preceptos , SE SUPRIME los arts. 19 quáter y 19 quinquies y SE AÑADE la disposición transitoria 4, por Ley 18/2014, de 15 de octubre (Ref. BOE-A-2014-10517).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 3.1 y aprueba la estrategia española de activación para el empleo 2014-2016: Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9623).
SE MODIFICA el art. 13.f), por Ley 15/2014, de 16 de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9467).
SE CORRIGEN errores, con variación de preceptos modificadores, del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, en BOE núm. 167 de 10 de julio de 2014 (Ref. BOE-A-2014-7287).
SE MODIFICA determinados preceptos y las referencias indicadas, SE AÑADE la disposición transitoria 4 y SE SUPRIME los arts. 19 quáter y 19 quinquies, por Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2014-7064).
SE DECLARA en el Recurso 1763/2004, su DESESTIMACIÓN, , por Sentencia 22/2014, de 13 de febrero (Ref. BOE-A-2014-2646).
SE MODIFICA el art. 27.4, por Ley 1/2014, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-2014-2219).
SE SUSPENDE la aplicación para 2014, de la disposición adicional 5, por Ley 22/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13616).
el art. 27.4, por Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-2013-8556).
los arts 8.2.b) y 14, por Ley 11/2013, de 26 de julio (Ref. BOE-A-2013-8187).
los arts. 8 y 14, por Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero (Ref. BOE-A-2013-2030).
el art. 27.4, por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (Ref. BOE-A-2012-9364).
los arts. 21.bis, 25, 26, disposición adicional 2 y SE AÑADE la disposición adicional 9 , por Ley 3/2012, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2012-9110).
los arts. 21.bis, 26, 25 y la disposiciòn adicional 2, por Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero (Ref. BOE-A-2012-2076).
SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre la Estrategia Española de Empleo 2012-2014: Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre (Ref. BOE-A-2011-18146).
los arts. 19 quáter.1.2 y 25.1 y SE AÑADE las disposiciones adicionales 7 y 8, por Decreto Ley 14/2011, de 16 de septiembre (Ref. BOE-A-2011-14910).
determinados preceptos y SE AÑADE los arts. 4 bis, 4 ter, 7 bis y el título I bis, por Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero (Ref. BOE-A-2011-3255).
el art. 13.e), por Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero (Ref. BOE-A-2011-2701).
los arts. 20, 22, 22.bis, 23, 27, 28, SE AÑADEN el art. 21.bis y la disposición adicional 6, por Ley 35/2010, de 17 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14301).
los arts. 20, 22, 22.bis y SE AÑADE el art. 21.bis, por Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio (Ref. BOE-A-2010-9542).
aprobando la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal, por Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-2008-14096).
en materia de órganos, instrumentos de coordinación y evaluación del Sistema Nacional de Empleo: Real Decreto 1722/2007, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-1180).
con el art. 26.1, regulando el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad: Real Decreto 870/2007, de 2 de julio (Ref. BOE-A-2007-13588).
SE AÑADE el art. 22 bis, por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2007-6115).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 26.1, sobre enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad: Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-2004-3277).
DEROGA la Ley 51/1980, de 8 de octubre (Ref. BOE-A-1980-22502).

References: artículo 9
 artículo 3
 artículo 13

Artículo 24
 artículo 2

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 14
 Real Decreto 
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