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Timestamp: 2017-04-27 21:49:51+00:00

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El artículo 45 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un Medio Ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo. En su apartado segundo encomienda a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos basándose en la necesaria solidaridad colectiva. En este sentido la acción de los poderes públicos en el ámbito de la gestión de los residuos debe estar basada en prevenir la generación de residuos y después reciclar, reutilizar y otras formas de valorizar y, en última instancia, la eliminación, debiendo además, buscar las ubicaciones idóneas para las diferentes operaciones de gestión, que permitan el cumplimiento de las acciones antes indicadas basadas en el principio de la solidaridad social indicado en la Carta Magna.
Estos principios de la gestión de los residuos están establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que a su vez establece una distribución competencias entre las distintas administraciones públicas, encomendando a las entidades locales la gestión de los residuos urbanos, de acuerdo con la definición del artículo tercero de la Ley indicada y, a las Comunidades Autónomas, la gestión del resto de los residuos, así como las competencias de autorización e inscripción en los correspondientes registros de las actividades de producción y gestión de residuos peligrosos, de valorización y eliminación de residuos no peligrosos e inscripción en los registros correspondientes del resto de las actividades de gestión de residuos. Se exceptúan las de tratamiento de residuos urbanos llevadas a cabo por Entidades Locales, para las cuales las Comunidades Autónomas podrán conceder las autorizaciones que consideren oportunas de acuerdo con su normativa.
Bajos estos principios la actividad de gestión de residuos, en la búsqueda de la escala compatible con la necesaria economía de los recursos que debe presidir la misma y en un ámbito territorial como Castilla y León, caracterizado por tener unos núcleos de población dispersos en un territorio muy amplio, debe necesariamente tener, en muchos casos, un ámbito de actuación suprasocal o supraprovincial y por ello, las decisiones sobre su desarrollo deben corresponder a la Administración Autonómica.
Este hecho viene ya reconocido en el Proyecto de Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación que está en tramitación en el Parlamento Español, que traspone al ordenamiento jurídico del Estado la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y control integrados de la contaminación, atribuyendo la competencia del otorgamiento de la autorización ambiental integrada a la Comunidad Autónoma correspondiente, para aquellos proyectos con una alta transcendencia ambiental o ámbito supralocal como las actividades de gestión de residuos y, en concreto, las que contemplan su eliminación.
Esta norma, encuentra en el momento presente, y al amparo de la Disposición Transitoria, un primer supuesto de aplicación, que es el previsto en la Disposición Adicional del texto. En este caso las instalaciones de centro de transferencia, planta de tratamiento físico-químico y depósito de seguridad que existen en la localidad de Santovenia de Pisuerga, en la provincia de Valladolid, tienen un carácter singular y cumplen los requisitos indicados en esta norma, dada la necesidad de que más de 6.000 empresas de Castilla y León que dan trabajo a más de 80.000 personas gestionen sus residuos conforme a las exigencias legales asegurando su adecuado tratamiento, previniendo los efectos de los mismos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Además se trata de la única instalación de estas características de Castilla y León, lo que indica su clara transcendencia supralocal que aconseja su tramitación por esta vía.
La instalación de nuevas empresas en Castilla y León exige la existencia de esta planta de gestión de residuos peligrosos por las mismas razones.
Las razones expuestas ponen de manifiesto el evidente interés que para la actividad económica de nuestra Comunidad significa contar con una instalación de tales características, así como su necesidad para la adecuada gestión medioambiental. Además, tratándose, como es el caso que nos ocupa, de una instalación para el tratamiento y la eliminación de residuos, la utilidad pública o interés social aparece reconocido en el artículo 12.4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
El proyecto completo de las instalaciones superó el procedimiento de control preventivo previsto en la normativa de evaluación de impacto ambiental, concluyendo en la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución de 21 de febrero de 1992 («B.O.C. y L.» 3 de marzo de 1992) de acuerdo con la normativa vigente según Real Decreto Legislativo 1302/1986 y Real Decreto 1131/1988 y que ha sido cumplida en todos sus términos, garantizando así desde aquel momento, las exigencias de la legalidad medioambiental.
En su virtud, en el marco de distribución de competencias establecidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en el ejercicio de la competencia exclusiva de ordenación del territorio y de la competencia de desarrollo legislativo en la materia de protección del medioambiente, se dicta la presente Ley.
Las plantas o centros de tratamiento, depósito, eliminación y valorización de residuos podrán ser declarados por ley Proyectos Regionales, cuando concurran motivos de singular interés para la Comunidad.
Reserva formal de ley para la aprobación del Proyecto de especial interés regional del apartado primero del artículo único declarada inconstitucional y nula por Sentencia TC-Pleno 4 junio 2013.
Con carácter general, la tramitación administrativa, previa a la declaración por ley de Proyecto Regional, se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto para los Proyectos Regionales en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre
, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Todos los proyectos regionales declarados por ley a los que se refiere esta norma con independencia de su naturaleza, producirán los efectos previstos en los artículos 21 y 22 de la citada ley.
Referencias contenidas a la declaración por ley de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad de los párrafos primero y segundo del apartado segundo del artículo único, declarada inconstitucional y nula por Sentencia TC-Pleno 4 junio 2013. 3.- Los actos de uso de suelo previstos en los Proyectos Regionales a los que se refiere esta Ley, no requerirán la autorización de uso excepcional en suelo rústico establecida en el artículo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
4.- Asimismo el control ambiental de estos proyectos en todas sus fases corresponderá en exclusiva a los órganos competentes en esta materia de la Administración de Castilla y León.
El Pleno del Tribunal Constitucional por Sentencia 142/2013 de 11 de julio de 2013, ha acordado inadmitir el conflicto en defensa de la autonomía local 1400-2003 planteado contra los apartados 4 y 5 del artículo único de la Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad («B.O.C.L.» 12 julio 2002).
5.- La declaración de las citadas plantas o centros como Proyectos Regionales a los que se refiere esta Ley implicará la aptitud para la inmediata ejecución de las actividades y de los actos de uso del suelo previstos en los mismos.
6.- Los proyectos así declarados tendrán la consideración de prioritarios en los planes de inversión de la Junta de Castilla y León en esta materia.
La planta de transferencia, de tratamiento físico-químico y depósito de seguridad, ubicada en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), se declara Proyecto Regional, con el contenido que se describe en el Anexo. Los efectos de la presente declaración serán los previstos en esta Ley, lo que implica la aptitud para su inmediato funcionamiento, así como para la ejecución de las actividades y de los actos de uso del suelo previstos en el proyecto.
El control ambiental de las instalaciones a las que se refiere el apartado anterior, se realizará de acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, que determina los requerimientos ambientales para su funcionamiento.
Los terrenos afectados por el depósito de seguridad, conforme a la documentación referida en el Anexo, se clasifican como suelo rústico de protección de infraestructuras.
Disposición transitoria declarada inconstitucional y nula por Sentencia TC-Pleno 4 junio 2013. Disposición Transitoria
Los procedimientos, relativos a los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, que se estén tramitando como Proyectos Regionales al amparo de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre
, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, se entenderán concluidos, cualquiera que sea la fase de tramitación en que se encuentren, con la declaración por ley de Proyecto Regional.
Disposición transitoria declarada inconstitucional y nula por Sentencia TC-Pleno 4 junio 2013. Disposición Final
ANEXO Memoria sobre la Actividad de CETRANSA para la Declaración de Proyecto Regional.
- Organismo Promotor del Proyecto. - Descripción de los Objetivos.
- Características Funcionales. - Características Especiales. - Características Temporales.
- Características Económicas e Interés Social. - Justificación de su Utilidad Pública.
- Adecuación del proyecto a los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y adecuación a otros planes, programas de actuación y proyectos que les afecten y en su caso determinaciones u otros aspectos de estos últimos que se modifiquen directamente para permitir la ejecución del Plan o Proyecto.
- Descripción del emplazamiento propuesto, evaluando la incidencia económica y ambiental del proyecto sobre el entorno afectado y medios de corrección de los efectos negativos predecibles, en los términos exigidos en la legislación aplicable.
- Tomo 1: Memoria y Anejos. - Tomo 2: Planos.
- Tomo 3: Presupuesto económico. - Estudio Impacto Ambiental.
Proyecto de ejecución de la 1.ª fase que incluye planta Físico-Química, Centro de Transferencia, depósito de seguridad y oficinas.
Planta de Tratamiento Físico-Químico.
- Documento n.º 1: Memoria y Anejos. Tomo I de II. - Documento n.º 1: Memoria y Anejos. Tomo II de II. - Documento n.º 2: Planos. Tomo I de V.
- Documento n.º 2: Planos. Tomo II de V. - Documento n.º 2: Planos. Tomo III de V. - Documento n.º 2: Planos. Tomo IV de V - Documento n.º 2: Planos Tomo V de V - Documento n.º 3: Pliego de condiciones. Tomo I de II. - Documento n.º 3: Pliego de condiciones. Tomo II de II. - Documento n.º 4: Presupuestos.
- Modificación a las especificaciones del proyecto base EM. 901.099.011. - Presupuestos generales. Planta Físico-Químico. Estación Depuradora. Depósito de Seguridad.
Depósito de Seguridad para Residuos Industriales. - Documento n.º 1: Memoria y Anejos.
- Documento n.º 2: Planos. Tomo I de II. - Documento n.º 2: Planos Tomo II de II. - Documento n.º 3: Pliego de Condiciones. - Documento n.º 4: Presupuesto.
- Instituto Tecnológico y Geominero de España: Caracterización hidrogeológica del emplazamiento propuesto para la instalación de un depósito de seguridad de residuos industriales en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
Proyecto segunda fase que incluye las obras de cabecera de valle y todas las referidas a la segunda fase.
- Memoria. Pliego de condiciones. Visado en julio de 2000.
- Planos. Visados en julio de 2000. - Planos.

References: artículo 45
 artículo 12
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 25