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05000-12-31-000-2009-00858-01(37555) 31/12/2009 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2009 100%
AUTO INTERLOCUTORIO - Recurso de apelación. Procedencia / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Caducidad. Plazo / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Término La Sala tiene competencia funcional para conocer del asunto, en razón a su naturaleza y porque se trata de un auto interlocutorio pasible del recurso de apelación, proferido en primera instancia por un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa (ley 270 de 1996, artículos 129 y 181, numeral 1, del Código Contencioso Administrativo). La fig
GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA - Procedencia. Norma vigente al momento de la interposición del recurso Es necesario advertir que en el asunto bajo estudio la Sala conoce del asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el día 30 de enero de 1997 y por ser procedente surtir el grado jurisdiccional de consulta. Lo anterior, ya que aún cuando el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo fue modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, éste último precepto no resulta aplicable en el sub judice toda vez que el artículo 163 ibídem previó que se aplicaría la norma vigente al momento de interposición del recurso, y en este caso la apelación se interpuso el día 15 de abril de 1997. Siendo así las cosas y atendiendo al criterio establecido por la Sala para determinar la procedencia del grado jurisdiccional de consulta se debe tener en cuenta el mon
05001 23 24 000 1993 01344 01 16064 Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 100%
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO - Actividades peligrosas. Riesgo excepcional / CONSCRIPTO - Actividades peligrosas. Riesgo excepcional / SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO - Daño especial / CONSCRIPTO - Daño especial / SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO - Falla del servicio / CONSCRIPTO - Falla del servicio En principio, en los casos en que se debate sobre la obligación del Estado de indemnizar el perjuicio generado como consecuencia del daño sufrido por un soldado que presta servicio militar obligatorio, debe aplicarse un régimen objetivo de responsabilidad. Se reiteran los planteamientos expuestos en pasadas ocasiones. Se ha sostenido entonces, por una parte, que el Estado debe asumir los riesgos que se crean para quienes prestan el servicio militar obligatorio, como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que se les asignan, como cuando el daño es causado con un arma de dotación oficial o, cuando se deriva del ejercicio de una actividad peligrosa, com
05001 23 24 000 1993 0288 01 13818 Económico y financiero, Administrativo, Penal JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
FALLA DEL SERVICIO PENITENCIARIO - Muerte de reclusos durante traslados en vehículos de servicio público o particular / FALLA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - Omisión de funciones en cárceles / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN - En centro carcelario Aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aplicado el régimen objetivo basado en las obligaciones de resultado, en este caso aplicará el de falla probada porque en la demanda se imputa irregularidad de conducta del demandado; en éste régimen deben demostrarse concurrentemente los siguientes elementos: El hecho anómalo, por acción o por omisión; El daño o menoscabo (s) que debe reunir las siguientes calidades: cierto, presente o futuro; particular, a las personas que solicitan reparación; que exceda los inconvenientes inherentes al servicio y que lesione un derecho con protección jurídica; y El nexo de causalidad eficiente y determinante entre aquellos dos elementos anteriores, falencia y daño, que
05001 23 24 000 1993 0585 01 13745 Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
FALLA DEL SERVICIO DE POLICIA POR MUERTE DE CIVIL - Muerte de civil implicado en un asalto que no fue puesto a órdenes de la justicia Es claro para la Sala determinar de acuerdo con el acervo probatorio antes mencionado, que con el propósito de obtener dinero, los jóvenes XX, YY -la víctima- y ZZ concertaron realizar un asalto, para lo cual se trasladaron al municipio de Caldas - Antioquia en horas de la tarde del 10 de mayo de 1991, y se presentaron en el supermercado “Los Fernandos”. Como dicho establecimiento era de propiedad de la familia del inspector de tránsito Guillermo Londoño, éste se hizo presente de inmediato en el lugar en un taxi de la Flota Caldas, acompañado de dos agentes de policía, quienes vestían sus uniformes y portaban armas de dotación oficial, lo cual trajo como consecuencia que XX lograra escapar herido, con un disparo en la boca, mientras que los otros asaltantes, YY y ZZ, fueran arrestados y esposados por los oficiales. Hacia
05001 23 24 000 1993 3744 01 13744 Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
FALLA DEL SERVICIO PROBADA - En accidente de tránsito. Elementos configurativos / ACCIDENTE DE TRANSITO - Normas de tránsito aplicables / FALLA DEL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRANSITO - Aplicación del régimen de falla probada El caso se analizará bajo el régimen de falla probada porque a la entidad pública demandada se le imputó la ocurrencia de unos daños como consecuencia de su conducta culposa proveniente de un agente del Estado, en haber ocasionado en forma negligente el accidente donde perdió la vida el señor Restrepo Giraldo. Sobre tal régimen de responsabilidad, en vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha dicho que “La nueva norma constitucional basa la responsabilidad Estatal en el daño antijurídico, siendo éste el pilar de la estructura del nuevo régimen, sin que por ello, pueda entenderse que desaparece la responsabilidad por falla del servicio. En esta disposición se consagró la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño antijuríd
CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA - Noción / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD - Culpa exclusiva de la víctima Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Nota de Relatoría: Ver Exps. 13744 del 25 de julio y 13262 del 2 de mayo ambos de 2002 CONDENA EN COSTAS - Improcedencia En relación con la condena en costas hecha por el a quo, sumado al hecho de que no se determinaron las causas por las cuales se condenaba por éste concepto, la Sala considera que no se dan los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo para realizar éste tipo de condena, pues sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente, y, en el presente caso, ninguna de aquellas actuó de esa forma, por lo tanto no habrá lugar a su imposición.
05001 23 24 000 1994 3606 01 13606 Económico y financiero, Administrativo, Penal JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Evolución jurisprudencial. Una providencia judicial proferida conforme a la ley puede causar un daño antijurídico cuando en el curso de la investigación penal no se desvirtúa la presunción de inocencia del sindicado que ha sido privado de la libertad / FALLA DEL SERVICIO JUDICIAL - Por detención preventiva cuando dentro del proceso no se desvirtuó la presunción de inocencia El derecho positivo Colombiano consagró y consagra el derecho a la libertad como un derecho fundamental no absoluto, limitado a ciertas condiciones y supuestos o constitucionales o legales; que una de las particulares restricciones a tal derecho es la detención preventiva que tiene carácter excepcional y está condicionada a supuestos también legales fundamentados en la efectividad de la presunción de inocencia. La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal
05001 23 24 000 2000 3959 01 22261 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004 100%
PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL - Jurisdicción contencioso administrativa / RECURSO DE APELACION - Auto de mandamiento ejecutivo / MANDAMIENTO EJECUTIVO - Recurso de apelación / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO - Contrato El artículo 75 de la Ley 80 de 1993, asignó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de los procesos de ejecución derivados de los contratos estatales; no obstante, dado que el Código Contencioso Administrativo no contiene disposiciones para el desarrollo de los procesos ejecutivos, por remisión expresa del artículo 87 del C.C.A., debe acudirse a las normas del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corresponden a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Ahora bien, dicha normatividad procesal, fue recientemente reformada en su articulado por la Ley 794, promulgada con fecha 9 de enero de 2003 y vigente a partir del día 9 de abril del mism
05001 23 25 000 1992 3233 01 13233 Familia JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA - Fondo Vial Nacional / FONDO VIAL NACIONAL –Legitimación en la causa por pasiva La jurisprudencia ha entendido, sin dejar de conocer la personalidad jurídica del Fondo y de la Nación, que el Fondo Nacional Vial se encontraba administrado por la Nación (Ministerio de Obras Públicas) sin que tuviera una representación legal propia convirtiéndose en la entidad que suministraba el dinero para atender los gastos necesarios de conservación de carreteras Nacionales, y que a la Nación (Ministerio de Obras Públicas) le correspondía por medio de contratos, la ejecución de los programas. Sobre este aspecto la jurisprudencia ha sido reiterativa respecto a la legitimación en la causa por pasiva que puede darse bien frente a la Nación (Ministerio de Obras Públicas y Transporte), hoy Ministerio de Transporte, o frente al Fondo Vial Nacional, hoy Instituto Nacional de Vías, pueden verse sentencias proferidas el 28 de julio de 1994, Exp
TERMINOS DE REFERENCIA - Ley del futuro contrato y del procedimiento de selección / PLIEGOS DE CONDICIONES - Ley del futuro contrato y del procedimiento de selección / SELECCION OBJETIVA - Conveniencia. Favorabilidad / TERMINO DE REFERENCIA - Obligatoriedad / PLIEGO DE CONDICIONES - Obligatoriedad Obra copia de los Términos de Referencia (pliego de condiciones) del Concurso de Méritos, los cuales se presume que están acordes con las normas departamentales que les sirvieron de fundamento; y como ya lo ha dicho la Sala, los pliegos de condiciones o términos de referencia son, de un lado, la ley del futuro contrato que quedará por lo tanto enmarcado por las estipulaciones que se anuncien desde el mismo proceso licitatorio y deberá interpretarse y ejecutarse con apego a las mismas; y de otro lado, esos pliegos son también la ley que rige el mismo procedimiento de selección, puesto que contienen las reglas a las cuales deben sujetarse durante el trámite de la l
05001 23 25 000 1996 0103 01 19699 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
ACUMULACION DE PROCESOS - Verificación del proceso más antiguo debe hacerse en los expedientes y no con certificación del Secretario / FALTA DE COMPETENCIA - En incidente de acumulación de procesos / AD QUEM - Declaración oficiosa de nulidad / NULIDAD PROCESAL INSANEABLE - Falta de competencia en incidente de acumulación de procesos El Código Contencioso Administrativo dispone que en todos los procesos contenciosos administrativos procederá la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos establecidos en el Código de Procedimiento Civil (art. 145). Los artículos 158 y 159 tienen un contenido implícito para el Magistrado a quien se le remite la solicitud de acumulación para que verifique si los presupuestos iniciales de acumulación se cumplen: es decir si el Secretario le adjuntó la solicitud, los expedientes que se pretenden acumular y si él sí tramita el proceso mas antiguo. La Sala encuentra que muy bien pudo e
05001 23 25 000 1998 3971 01 19214 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS - Jurisdicción competente en controversias contractuales / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS - Casos en que son competencia de la jurisdicción contencioso administrativa Para dilucidar si la jurisdicción contencioso administrativa es la indicada para conocer de las controversias derivadas de la celebración de los contratos celebrados por las empresas prestadoras del servicio público de energía, debe atenderse el criterio de atribución de competencia plasmado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, teniendo en cuenta que el régimen especial para el sector energético (Ley 143 de 1994), no establece reglas particulares para los casos en que se susciten controversias en relación con los contratos celebrados por las empresas de dicho sector. Según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, cuando una empresa prestadora de servicios públicos celebre un contrato, cuyo ob
05001 23 25 000 2000 2626 01 20869 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
ACTA DE CONCILIACION JUDICIAL - Incumplimiento de acuerdo da lugar al ejercicio de la acción ejecutoria / CONCILIACION JUDICIAL - Acto de conciliación judicial y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestan mérito ejecutivo / ACTO DE EJECUCION DE SENTENCIAS - Procedencia de la acción ejecutoria Resulta claro que en el presente caso las pretensiones objeto de la demanda provienen del incumplimiento del pago que se comprometió a hacer INVIAS en razón de la conciliación judicial lograda con el demandante. De tal manera que la entidad demandada debía cumplir su obligación en los términos previstos en el acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal, evento en el cual de conformidad con la norma anteriormente transcrita, presta mérito ejecutivo el acta respectiva y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado. Por lo tanto, no es la acción de reparación directa la vía judicial apropiada para dar curso a las pretensiones del demandante, ya que para ello
05001 23 25 000 2001 1799 01 22553 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Normas aplicables respecto de la inclusión de cláusulas exorbitantes en los contratos / CLAUSULAS EXORBITANTES - No hay claridad respecto de su aplicación en los contratos que celebren las empresas de servicios públicos en materia energética / SUSPENSION PROVISIONAL - Improcedencia La parte actora pretende que se decrete la suspensión provisional de los actos administrativos de declaratoria de incumplimiento del contrato, de orden de hacer efectivas unas garantías y la que ordena la liquidación unilateral por considerarlos manifiestamente contrarios a lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley 142 de 1994 y 8º de la Ley 143 de 1994, puesto que, en su sentir, el contrato se rige por el derecho privado y era necesario que la inclusión de cláusulas exorbitantes estuviera previamente autorizada por la CREG. El contrato en el que se incluyó la cláusula exorbitante se celebró para la construcción de la presa y obra
05001 23 26 000 1988 4489 01 13415 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO - Requisitos y evolución jurisprudencial / EXCPETIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - Aplicación en los contratos estatales / CONTRATOS ESTATALES - Excepción de contrato no cumplido La exceptio non adimpleti contractus, además de estar prevista en el ordenamiento jurídico (art. 1609 del C.C.), es una regla de equidad que orienta los contratos fuente de obligaciones correlativas, aplicable en el ámbito de la contratación estatal por remisión del art. 13 de la ley 80 de 1993. Está consagrada en el artículo 1609 del Código Civil así: “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.” Esa figura permite a la parte contratista no ejecutar su obligación mientras su co contratante no ejecute la suya. Luego de una importante división jurisprudencial y doctrinal en torno a la aplicación
FALTA DE LEGITMACION EN LA CAUSA - Red de carreteras nacionales / MINISTERIO DE TRANSPORTE - Funciones de ejecución de obras públicas El a quo encontró probada la excepción de falta de legitimación en la causa respecto del Ministerio de Transporte, por considerar que para la fecha en que suscribió el contrato para la ejecución de la mencionada obra, la competencia para mejorar y extender la red de carreteras nacionales estaba asignada al Fondo Vial Nacional y, en consecuencia, la demanda debió dirigirse contra esta entidad.no se configura la falta de legitimación que encontró probada el a quo, por cuanto la demanda se dirigió contra la entidad encargada de funciones de ejecución de obras públicas para la fecha de su presentación y en esa dirección resulta procedente entrar a estudiar el fondo del asunto. Los accionantes afirman que sufrieron un daño como consecuencia de del derrumbe de una parte de su predio, originado por una inadecuada intervención del
05001 23 26 000 1991 0654 01 14955 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004 100%
GRADO JURISDICCIONAL DEL CONSULTA - Competencia. Cuantía A pesar de que la sentencia sólo fue apelada por el municipio de Marinilla, también se revisará en el grado de consulta frente al Ministerio de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del C.C.A., porque la condena que se impuso fue de 5.000 gramos oro, los cuales equivalían a la fecha de la sentencia a 61.571.150, suma que superaba la cuantía establecida para los procesos de doble instancia, que era de $13.460.000. No se aplica en el caso concreto la modificación realizada en la ley 446 en materia de consulta, por cuanto el artículo 163 de la misma previó que el recurso debe tramitarse conforme a las normas vigentes al momento de su interposición y ésta se produjo el 1 de diciembre de 1997. RETENIDOS - Obligación de resultado / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Retención de personas En determinados eventos, el Estado asume una obligación específica de
05001 23 26 000 1991 6485 01 12726 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2002 100%
INEPTITUD DELA DEMANDA - No se demandó el acto administrativo inicial / ACCION CONTRACTUAL - Ineptitud de la demanda En el caso concreto se produjo un acto administrativo por medio del cual el departamento de Antioquia declaró el incumplimiento del contratista, dispuso la liquidación del contrato, hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y las correspondientes garantías. El contratista formuló la pretensión de nulidad de la resolución por medio de la cual el departamento de Antioquia confirmó la resolución declaratoria del incumplimiento del contratista; sin embargo, no demandó la nulidad del acto de conformidad con lo exigido por la ley. La resolución por medio de la cual el departamento declaró el incumplimiento del contratista, está cobijada por la presunción de legalidad y si el contratista pretende demostrar que los motivos del mismo son falsos, sea porque él sí cumplió el contrato o se allanó a cumplirlo o porque fue la Administración quien lo incum

References: artículo 184
 artículo 57
 artículo 163
 artículo 171
 artículo 414
 artículo 75
 artículo 87
 artículo 31
 artículo 31
e contrario
 artículo 1609
 artículo 184
 artículo 163
 resolución 
 resolución 
 resolución