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Timestamp: 2017-08-24 06:45:28+00:00

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El Blog legal de GÓMEZ DE MERCADO: Urbanismo, Inmobiliario y Medio Ambiente: julio 2016
Publicado por Francisco García Gómez de Mercado en 2:16 No hay comentarios:
El vendedor de un bien inmueble puede, en caso de ausencia de pacto, repercutir la parte proporcional de IBI al comprador
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un impuesto periódico, cuyo período impositivo coincide con el año natural y cuyo devengo tiene lugar el día 1 de enero de cada ejercicio (artículo 75 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLRHL).
Por esa razón, tradicionalmente se ha entendido que, en el caso de compraventa, el propietario del bien inmueble a la fecha de devengo del impuesto es el que debía abonar el mismo, pues ostenta la condición de sujeto pasivo frente al Ayuntamiento que exige el pago del citado tributo (artículo 61.1.d) del TRLRHL). Todo ello, sin perjuicio de que las partes pudieran pactar la obligación del comprador de hacerse cargo de la totalidad o parte del citado impuesto en el contrato de compraventa. En este sentido, el artículo 63.2 del TRLRHL considera que las normas relativas al sujeto pasivo lo son “(…) sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común”.
Pues bien, la reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016 (recurso 2110/2014), en vista de la disparidad de criterios interpretativos del artículo 63.2 del TRLRHL de las distintas Audiencias Provinciales, interpreta que, si bien el sujeto pasivo del IBI es el vendedor por ser el titular del bien inmueble a 1 de enero del año de la venta, éste puede repercutir la parte proporcional del mencionado tributo al comprador.
En el caso analizado por la sentencia, las partes no previeron expresamente el pago del IBI de forma prorrateada, pues la única previsión al respecto era la contenida en la estipulación quinta del contrato de compraventa en la que se establecía que “Serán por cuenta de la parte vendedora todos los arbitrios, tasas, Impuestos, y cualesquiera otros que se deriven de la propiedad, conservación y mantenimiento de las fincas hasta el día de hoy”. Asimismo, la venta se efectuó libre de cargas y gravámenes.
No obstante, el Tribunal Supremo considera que el artículo 63.2 del TRLRHL permite repercutir la carga tributaria sin necesidad de acuerdo expreso. En consecuencia, el impuesto debe soportarlo el propietario del bien inmueble que lo sea en cada momento y por el tiempo en el que lo sea, salvo pacto expreso de las partes.
En definitiva, el Tribunal Supremo razona que en virtud el citado precepto, “(…) debe entenderse que el sujeto pasivo del impuesto, en este caso la vendedora, puede repercutirlo, sin necesidad del pacto”. A lo que añade que “(…) limitándose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y siguientes del C. Civil), en virtud de los cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del C. Civil)”. Sin embargo, las partes podrán pactar la imposibilidad de repercusión.
Por tanto, la doctrina iniciada por esta sentencia determina que “(…) la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea”.
Publicado por Francisco García Gómez de Mercado en 8:31 No hay comentarios:
Etiquetas: contribuyente, ibi, jurisprudencia, proporcional, repercusión, sentencia, sts, sujeto pasivo, tribunal supremo
El cambio de uso puede hacer al suelo urbano no consolidado: Derecho autonómico y posible intervención del TS
Un suelo urbano consolidado puede dejar de serlo por el cambio de uso. Ese cambio de uso, de terciario a residencial por ejemplo, puede implicar la exigencia de nuevas obras de urbanización, por lo que el suelo ya no tiene la condición de urbano consolidado.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2016 (RC 3177/2014) contempla un supuesto en ese sentido, si bien, por tratarse de una cuestión regulada por Derecho autonómico considera inadmisible, en principio la casación.
Así, el Tribunal Constitucional ha indicado en la sentencia 164/2001, de 11 de julio -fundamento jurídico 20-, que "los criterios de distinción entre suelo urbano consolidado y no consolidado los establece -en los límites de la realidad- cada Comunidad Autónoma", lo que se reitera en la STC 54/2002, de 27 de febrero.
De este modo, el Tribunal Supremo dice que “[anterior] Tratándose de una cuestión atinente en principio a la interpretación y aplicación del ordenamiento autonómico, como acabamos de indicar, pudiera parecer inicialmente que no les falta razón en su alegato acerca de la inadmisibilidad del recurso, porque nos está vedado en casación el examen de las disposiciones integrantes de dicho ordenamiento… [siguiente] [Contextualizar] [anterior] De tal manera, se cierra el razonamiento aduciendo que la cita de los preceptos estatales que se estiman infringidos por parte de la sentencia recurrida tiene solo carácter instrumental”.
Ahora bien[siguiente] [Contextualizar] [anterior], con cita de la previa Sentencia de 4 de abril de 2014 (RC 2053/2011), el Alto Tribunal recuerda que procede devolver las actuaciones a la Sala de instancia, “[siguiente] [Contextualizar] [anterNo sin antes advertir, sin embargo, acerca de un extremo.[siguiente] [Contextualizar] [anterior] En el examen que corresponda efectuar al órgano jurisdiccional competente sobre el alcance de las disposiciones autonómicas aplicables no cabe prescindir de la incidencia que sobre las mismas pueda deducirse de las exigencias propias resultantes de la normativa estatal básica, que impone al efecto la necesidad de atenerse a unas pautas por lo demás precisadas por nuestra jurisprudencia. Dicho lo mismo pero en otros términos, tampoco cabe considerar que la legislación autonómica dispone de un margen enteramente libre para determinar el respectivo ámbito del suelo urbano consolidado y del suelo urbano no consolidado, porque no es así, y las determinaciones de la normativa estatal básica terminan proyectándose en último extremo también sobre ello”.
Incluso se llega a indicar que “no resultaría improcedente, dentro de las limitaciones propias de este recurso, que, una vez resuelto el asunto por aquélla, la cuestión pudiera volver a plantearse en casación si llegara a considerarse que los parámetros dispuestos por la normativa básica han podido resultar quebrantados con motivo de la interpretación y aplicación de las disposiciones autonómicas que en principio resultan de aplicación (en este mismo sentido, por ejemplo, nuestra STS de 17 de octubre de 2013, RC 3352/2010)”.
Es más, considera que en este caso que “ los preceptos provenientes de la normativa autonómica que resultan de aplicación han de interpretarse de conformidad a las previsiones establecidas por la normativa estatal básica. Y, justamente, la omisión de la debida toma en consideración de tales previsiones… constituye el reproche principal dirigido a la Sala de instancia, de tal manera que no se trata de hacer valer una invocación meramente instrumental de la normativa estatal, sino que los preceptos antes anotados resultaban relevantes, y a la postre determinantes, con vistas a resolver la controversia suscitada en la instancia”.
Publicado por Francisco García Gómez de Mercado en 4:17 No hay comentarios:
Etiquetas: consolidado, instrumental, jurisprudencia, recurso de casación, suelo urbano, tribunal supremo, Urbanismo
La autonomía local no se opone a la posible aprobación de planes urbanísticos que afecten a varios municipios, en los que la decisión no corresponde al Ayuntamiento, aunque deba participar.
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2016 (RC 1732/2014) dice lo siguiente en su FJ 5º:
"Como segundo motivo de casación, el recurso plantea también la vulneración por parte de la sentencia impugnada del principio de la autonomía local, con cita de los preceptos correspondientes en que nuestro ordenamiento jurídico vendría a amparar el indicado principio; y ello, en la medida en que, del modo expuesto, la sentencia impugnada legitima las determinaciones de un plan territorial (Plan Territorial Parcial de les Comarques Gironines) que se situaría en contradicción con las previsiones establecidas para la misma zona por el planeamiento municipal en vigor (Normas Subsidiarias de Planeamiento de Riudellots de La Selva).
[anterior] Tampoco puede tener mejor acogida que el anterior este segundo motivo de casación, sin embargo.
[anterior] Ha quedado reconocido -incluso por el propio Ayuntamiento recurrente- que en el procedimiento de elaboración del plan impugnado pudieron participar los municipios afectados. Y aunque no deja de indicarse que la participación en el caso del citado ayuntamiento fue testimonial y se redujo a una mera formalidad, no menos cierto es que tampoco se ostenta un derecho a que las alegaciones y sugerencias efectuadas por los distintos ayuntamientos intervinientes deban ser aceptadas sin tacha ni reserva.
[anterior] La autonomía local se satisface, así, pues, ante todo y en primer lugar, mediante el reconocimiento del derecho a la participación en los términos expresados. Pero, en este caso, preciso es resaltar una segunda circunstancia que permite zanjar la controversia desde la perspectiva que ahora estamos examinando.
[anterior] Resulta también, en efecto, que la parte recurrente no ha alcanzado a acreditar que las determinaciones del plan territorial cuestionadas en la instancia no se justifican en la necesidad de preservar los intereses supralocales; y es, precisamente, a esa ostensible dimensión supramunicipal de dicho planeamiento, a la que en términos literales se refiere la sentencia dictada en la instancia, a la que la Sala sentenciadora termina por dar prevalencia en la controversia suscitada ante ella, frente a las meras alegaciones ofrecidas de parte en sentido contrario, carentes por lo demás de la debida corroboración probatoria procesal.
[anterior] El criterio así establecido en la instancia no puede ser ahora rectificado en casación, sin entrar en el terreno de las valoraciones probatorias. Y, aparte de que no se ha esgrimido como motivo de casación una irracional o arbitraria valoración de la prueba, nada se observa por otra parte a la luz de lo actuado que permita alcanzar dicha conclusión.
[anterior] No queda sino indicar ya que, a propósito de esta misma controversia urbanística -solo que en relación con un distinto instrumento de ordenación (Plan Director Urbanístico del Sistema Urbano de Girona)-, tuvimos ocasión de pronunciarnos recientemente en nuestra Sentencia de 8 de marzo de 2016 (RC 1821/2014 ; Sentencia 533/2016 ), en que asimismo vino a suscitarse en casación la cuestión atinente a la vulneración de la autonomía local. Por unas razones que a la postre resultan extrapolables también vinimos a la sazón a rechazar el recurso igualmente fundado sobre el indicado motivo.
[anterior] Así, pues, por virtud de cuanto antecede, tampoco puede prosperar el motivo de casación examinado en este fundamento".
Publicado por Francisco García Gómez de Mercado en 3:34 No hay comentarios:
Etiquetas: plan, sentencia, supramunicipal, tribunal supremo, Urbanismo, urbanístico
La retasación por recalificación: naturaleza y sentido del silencio
A tenor del art. 47.2 TRLS de 2015, antiguo art. 34.2 b) TRLS de 2008, "En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización:
El nuevo valor se determinará mediante la aplicación de los mismos criterios de valoración a los nuevos usos y edificabilidades. Corresponderá al expropiado o sus causahabientes la diferencia entre dicho valor y el resultado de actualizar el justiprecio".
Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2016 (RC 621/2015) resuelve dos aspectos importantes de esta figura, frente a la retasación ordinaria, por demora en el pago del justiprecio, del art. 58 LEF:
1º.-. Esta retasación solo se aplica a las expropiaciones urbanísticas: “Con acierto advierte el Tribunal de instancia, para cuestionar la aplicación al caso de la previsión del artículo 34.2.b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 , que el ámbito material en que pueden tener lugar las eventualidades previstas en el precepto es el urbanístico”, quedando excluidas, en particular, las expropiaciones motivadas por Planes Directores de aeropuertos.
2º.- El silencio es negativo pues “Aunque … utiliza el término retasación … no se está refiriendo al concepto jurisprudencial precedentemente expuesto en aplicación del artículo 58 de la Ley de Expropiación Forzosa… no se requiere la incoación de un nuevo expediente … A diferencia del supuesto del artículo 58, en el que salvo la cualidad física del bien expropiación todas las demás varían a efectos valorativos, en el del artículo 34.2.b) los criterios valorativos a considerar son los mismos, y así expresamente lo dice el precepto, que los aplicados para la expropiación”.
Publicado por Francisco García Gómez de Mercado en 3:03 No hay comentarios:
Etiquetas: admnistrativo, aeropuerto, jurisprudencia, negativo, positivo, recalificación, retasación, sentencia, silencio, tribunal supremo, urbanístico

References: Real Decreto 
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 34
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 34