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Timestamp: 2016-09-27 10:22:06+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 1033/02 de Corte Constitucional, 27 de Noviembre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43619294
Ponente:Jaime Cordoba Trivi&ntilde;o
Expediente:D-4102
Sentencia citada en: 51 sentencias, 6 artículos doctrinales, 15 disposiciones normativas
La obligación alimentaria tiene su fundamento tanto en el principio constitucional de la solidaridad, del cual se derivan obligaciones y cargas susceptibles de ser reclamados coercitivamente y con el apoyo del Estado, como del principio de equidad, en la medida en que "cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente".
La demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad de los numerales 1º y 4º del artículo 411 del Código Civil, por considerar que dichas normas vulneran el artículo 13 de la Constitución Política; subsidiariamente pide la declaratoria de exequibilidad condicionada de dichos preceptos, bajo el entendido que la expresión "cónyuge" contenida en los numerales acusados, también hace referencia a los compañeros permanentes.
Sostiene la demandante que incluso antes de la expedición de la Constitución de 1991, el legislador - mediante la Ley 54 de 1990 - dio reconocimiento jurídico a las uniones maritales de hecho señalando que los compañeros permanentes que las integran tienen los mismos derechos y deberes de quienes conformaron una familia mediante contrato de matrimonio, razón por la cual los numerales acusados contradicen la Carta Política, al señalar que el derecho de alimentos sólo lo tiene el cónyuge o en el caso de divorcio o separación de cuerpos el cónyuge inocente, excluyendo al compañero o compañera permanente.
Con fundamento en la Sentencia C-239/94 M.P. Jorge Arango Mejía. , afirmó que tanto el matrimonio como la unión marital de hecho constituyen dos opciones vitales igualmente protegidas por la Carta Política, pero distinguibles en razón de su conformación y efectos jurídicos, razón por la cual "el trato diferenciado resulta no sólo constitucional sino necesario, pues, una regulación idéntica, equivaldría a desconocer las diferencias existentes entre las dos instituciones e incluso podría implicar anular una de las dos opciones, constitucionalmente protegidas, con que cuentan los ciudadanos para conformar una familia." Folios 19 y 20 del expediente.
Precisa que si bien en las Sentencias C-105 de 1994 M.P. Jorge Arango Mejía. y C-174 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía., la Corte Constitucional se pronunció respecto del artículo 411 del Código Civil, no existe cosa juzgada constitucional respecto del cargo alegado por la ciudadana accionante.
Asunto procesal previo. Cosa juzgada relativa
En primer lugar, debe aclararse que los numerales del artículo 411 del Código Civil objeto de este proceso de constitucionalidad ya habían sido acusados (D-1047 Esta demanda de inconstitucionalidad fue decidida mediante la Sentencia C-174/96 M.P. Jorge Arango Mejía. ) en el año 1995, sin embargo, en dicha oportunidad, la demanda fue rechazada por haber considerado esta Corporación que sobre ese artículo ya se había dictado la Sentencia C-105 de 1994 M.P. Jorge Arango Mejía. y teniendo en cuenta que en dicha providencia, la Corte no limitó los efectos y alcances de su decisión, debía entenderse que dicho fallo tuvo como fundamento la confrontación integral de las disposiciones constitucionales con la normativa legal, es decir, había operado la cosa juzgada constitucional. Esta posición se materializó en el auto 043A/95 de Sala Plena M.P. Antonio Barrera Carbonell, mediante el cual se desató el recurso de súplica que el ciudadano demandante interpuso contra el auto de rechazo de la demanda.
En este orden de ideas, si bien es cierto no se limitó en la parte resolutiva el alcance de la decisión adoptada en dicha providencia, de sus consideraciones se infiere que la materia a tratar en el proceso de la referencia no ha sido objeto de pronunciamiento, es decir, apenas existe una cosa juzgada relativa Conforme lo explicó la Corte en la Sentencia C-925/00 M.P. José Gregorio Hernández Galindo la cosa juzgada relativa opera cuando "el juez de constitucionalidad ha proferido antes un fallo de exequibilidad circunscrito de manera específica a alguno o algunos aspectos constitucionales de la norma, sin haberlos agotado en su totalidad, lo que conduce a que, aun existiendo ya sentencia declaratoria de la constitucionalidad del precepto, subsiste la posibilidad de nuevo análisis de la disposición correspondiente, no ya por los conceptos precedentes -respecto de los cuales se juzgó y a los que no puede volverse- sino por otros sobre los cuales en el primer fallo no se pronunció la Corte." -restringida al aspecto antes enunciado-, pero no al de los compañeros permanentes como titulares del derecho de alimentos, situación que permite a esta Corporación realizar el presente juicio de constitucionalidad, en acatamiento del principio de supremacía de la Constitución (C.P., arts. 4 y 241).
La familia en la Constitución Política
Del análisis de las normas constitucionales mencionadas la Corte ha concluido lo siguiente Corte Constitucional. Sentencia C-105/94 M.P. Jorge Arango Mejía.:
La Constitución pone en un plano de igualdad a la familia constituida "por vínculos naturales o jurídicos", es decir, a la que surge de la "voluntad responsable de conformarla" y a la que tiene su origen en el matrimonio.
A partir de las normas constitucionales referentes al tema de la familia la Corte ha realizado diversos análisis sobre la institución del matrimonio y la unión marital de hecho. Dentro de estos pronunciamientos, en esta oportunidad, es pertinente reseñar dos de ellos: en primer lugar la Sentencia C-533/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. en la cual su argumentación buscó dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál es la diferencia esencial entre el matrimonio y la unión marital de hecho, si las dos dan origen a una familia, si ambas suponen la cohabitación entre el hombre y la mujer, e incluso, si las dos dan origen hoy en día a la conformación de un régimen de bienes comunes entre la pareja?
De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas. La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges Cfr. Código Civil art. 154 numerales 8° y 9°. , es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia. (Resalta la Corte)
Sobre la institución de la Unión Marital de Hecho a partir del análisis de la Ley 54 de 1990, esta Corporación en la Sentencia C-098/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. señaló:
Con respecto a la citada disposición, esta Corporación ha expresado Corte Constitucional. Sentencia C-409/94. M.P. Hernando Herrera Vergara.:
Según lo ha indicado también la Corte Corte Constitucional. Sala de Revisión. Sentencia T-591 de diciembre 4 de 1992. M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein., dicho derecho contiene seis elementos, a saber:
Un principio general, según el cual, todas Corte Constitucional -Sala Plena-. Sentencia C-221 de mayo 29 de 1992. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, pp. 10-12. las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades.
De esta manera, el derecho a la igualdad, que a la vez constituye un principio fundamental, se traduce en la garantía a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas que en justicia, deben ser relevantes para el derecho. Corte Constitucional. Sentencia T-432/92 M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
Así, el derecho a la igualdad que consagra la Constitución es objetivo y no formal, puesto que se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales, concepción ésta que supera así la noción de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente reglamentación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Corte Constitucional. Sentencia C-221/92 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Conforme a la jurisprudencia constitucional, la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, sustentadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos diferentes, cuyos supuestos exigen un tratamiento igual para los mismos y desigual con respecto a quienes no se encuentran cobijados por la misma situación. Corte Constitucional. Sentencia C-410/96 M.P. Hernando Herrera Vergara.
Cabe señalar que el artículo 13 Superior consagra el principio de no discriminación el cual tiene por finalidad que no se brinden tratos diferenciados injustificados por criterios raciales, familiares De conformidad con lo establecido la jurisprudencia constitucional, el origen familiar es uno de los factores que obligan al juez constitucional recurrir a un juicio de igualdad más riguroso o estricto. Sobre este tema puede estudiarse entre otras, la sentencia C-093/01 M.P. Alejandro Martínez Caballero. , sexuales etc.
En este orden de ideas, la discriminación se presenta, cuando la diferencia de trato se hace sin fundamento constitucional que tenga un carácter objetivo y razonable. No obstante, conforme a la jurisprudencia constitucional Corte Constitucional. Sentencias C-016/93 M.P. Ciro Angarita Barón y T-422/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras., existen situaciones que justifican el trato diferenciado, a saber:
La igualdad de derechos y obligaciones para los miembros de la familia constituida por el matrimonio y la conformada por la unión marital de hecho
Por consiguiente, ha señalado esta Corporación que el legislador no puede expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente, como tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o fuera de él. Corte Constitucional. Sentencia C-477/99 M.P. Carlos Gavira Díaz.
Sobre este particular la Corte Constitucional Corte Constitucional. Sentencia T-553/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. ha sostenido que:
Sin embargo, esta regla jurisprudencial no debe entenderse, como la existencia de una equiparación o equivalencia entre el matrimonio y la unión marital de hecho, puesto que como lo ha explicado la Corte en varias ocasiones Corte Constitucional. Sentencias C-239/94 M.P. Jorge Arango Mejía, C-114/96 M.P. Jorge Arango Mejía y C-533/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. "sostener que entre los compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre."
Relevancia constitucional de los alimentos y fundamentos de la obligación alimentaria
Conforme lo ha sostenido esta Corporación Corte Constitucional. Sentencia C-919/01 M.P. Jaime Araujo Rentaría. el derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de la persona que por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos.
La Corte Constitucional sobre la relevancia constitucional de los alimentos señaló que "el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de aquéllas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (art. 2º, 5, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.)" Corte Constitucional. Sentencia C-184/99. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
En la Sentencia C-919/01 M.P. Jaime Araujo Rentería. se hicieron las siguientes consideraciones sobre el derecho a los alimentos:
El Código Civil reconoce y reglamenta ese derecho que le asiste a ciertas personas para exigir de otras el suministro de lo necesario para vivir, cuando ellas mismas no tienen ni la capacidad ni los medios para procurárselo por sí mismas. Esta obligación supone, como cualquiera otra, la existencia de una situación de hecho que, por estar contemplada en una norma jurídica, genera consecuencias en el ámbito del derecho. Ver sentencias C-237 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-1064 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis. Los alimentos pueden clasificarse en: voluntarios, esto es, aquellos que se originan por un acuerdo entre las partes o una decisión unilateral de quien los brinda; y legales, es decir, aquellos que se deben por ley. Estos, a su vez, se clasifican en cóngruos y necesarios. Los primeros son "los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social", y los segundos, los que "le dan lo que basta para sustentar la vida" (artículo 413 del Código Civil)."
que una norma jurídica otorgue el derecho a exigir los alimentos;
que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita;
que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para proporcionarlos.
Entre las características que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a la obligación alimentaria se tienen las siguientes Corte Constitucional. Sentencia C-237/97 M.P. Carlos Gaviria Díaz.:
El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: i) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.
La obligación de dar alimentos y los derechos que de ella surgen tiene unos medios de protección efectiva, por cuanto el ordenamiento jurídico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del Código Civil); el concepto de la obligación, las vías judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del Código del Menor), y el trámite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (arts. 435 a 440 Código de Procedimiento Civil), todo lo cual permite al beneficiario de la prestación alimentaria hacer efectiva su garantía, cuando el obligado elude su responsabilidad.
Por ello, la obligación alimentaria tiene su fundamento tanto en el principio constitucional de la solidaridad Corte Constitucional. Sentencias C-174/96 M.P. Jorge Arango Mejía, C-237/97 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-657/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, entre otras. , del cual se derivan obligaciones y cargas susceptibles de ser reclamados coercitivamente y con el apoyo del Estado, como del principio de equidad, en la medida en que "cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente" Corte Constitucional. Sentencia C-237/97 M.P. Carlos Gaviria Díaz..
Demostrada la inconstitucionalidad del numeral acusado habría lugar a declarar su inexequibilidad, caso en el cual la Corte Constitucional actuaría como un simple legislador negativo y no como el órgano a quien el Constituyente en el Estado social de derecho confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Por ello en aplicación del principio de conservación del derecho y en aras de respetar el principio democrático y garantizar la seguridad jurídica, se proferirá una sentencia integradora Sobre esta forma de modulación de sentencias de constitucionalidad pueden estudiarse las sentencias C-109/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-690/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-183/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz., que permita mantener en el ordenamiento jurídico dicha disposición del Código Civil pero condicionando su exequibilidad a una interpretación que respete los valores, principios y derechos consagrados en el ordenamiento superior. Esto es, que el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil se ajusta a la Constitución, siempre y cuando se entienda que dichas normas también se aplican a los compañeros permanentes. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-500/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Fundamento Jurìdico No. 22.
En este caso la obligación a cargo del cónyuge culpable surge como sanción a la conducta que originó el rompimiento del vínculo matrimonial en el caso del divorcio del matrimonio civil y de la cesación de los efectos civiles en el matrimonio o la causal que suspende la vida en común de los casados y disuelve la sociedad conyugal Salvo la excepción contenida en el inciso segundo del artículo 167 del Código Civil que establece que "la separación de cuerpos disuelva la sociedad conyugal, salvo que, fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su deseo de mantenerla vigente." en el caso de la separación de cuerpos.
La Corte Constitucional ha precisado que es necesario que las demandas de inconstitucionalidad contengan cargos predicables de las normas demandadas, es decir, cargos que guarden "conexión de pertinencia con ella. Esta relación de correspondencia es indispensable para que el cotejo entre la norma legal y la norma constitucional sea posible, pues constituye el nexo lógico que permite enfrentar los contenidos normativos en pugna." Corte Constitucional. Sentencia C-1294/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
En el mismo sentido ha hecho énfasis en la relevancia del cargo, como supuesto objetivo para la confrontación normativa. Concepto este que tiene relación con la necesidad de que la oposición entre la norma constitucional y la norma legal sea real y no meramente deducida de una lectura irrazonable de la norma. De este modo, "el cargo debe ser constitucionalmente relevante, es decir, que las razones de oposición entre la norma legal y la constitucional deben provenir de una contradicción real entre dichos regímenes" Idem..
Por estas razones los argumentos sobre los cuales se estructure un cargo de inconstitucionalidad deben emerger directamente del texto de la norma demandados; es decir, que se prediquen del texto acusado o le sean atribuibles al mismo, de modo que se establezca un puente argumentativo a través del cual, el cotejo entre la norma legal y la Constitución sea posible. Corte Constitucional. Sentencia C-1113/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sobre este particular en la Sentencia C-1113/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. señaló:
De lo anterior, se deduce que la demanda contra el numeral 4º acusado no cumple con el requisito de explicar la coherencia lógica o correspondencia jurídica que existe entre la disposición y el reproche que contra ella se formulan, es decir, el cargo de inconstitucionalidad no está respaldado con razones ciertas, específicas y pertinentes Corte Constitucional. Sentencia C-1052/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. lo cual imposibilita un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional.
Finalmente, podría aducirse que conforme lo ha sostenido esta Corporación en su jurisprudencia Sobre este tema pueden estudiarse, entre otras, las sentencias C-531/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-017/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-445/96 M.P. Hernando Herrera Vergara, C-387/97 M.P. Fabio Morón Díaz y C-497/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero., el juez constitucional no está sometido a la causa petendi, por lo cual debe entrar a confrontar la norma acusada con todo el texto de la Carta.
A este respecto debe recordarse Corte Constitucional. Sentencia C-645/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero. que el control que ejerce esta Corporación no se limita a los cargos de la demanda, como quiera que el control constitucional que ejerce esta Corte es integral (artículos 46 de la Ley 270 de 1996 y 22 del Decreto 2067 de 1991), pero no es menos cierto que toda la carga argumentativa de la inconstitucionalidad no le corresponde a esta Corporación, en razón a que el control oficioso está taxativamente limitado para los casos que expresamente consagra el artículo 241 de la Carta, por lo que "el control constitucional exige una justificación mínima de la supuesta contradicción cuyo fundamento es el texto superior" Corte Constitucional. Sentencia C-358 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero..
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 05001220300020130089001 de 4 de Octubre de 2013
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53809 de 12 de Mayo de 2011
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 12 de Noviembre de 2009

References: artículo 411
 artículo 13
 artículo 411
 artículo 411
 artículo 13
 artículo 411
 artículo 167
 artículo 241