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Timestamp: 2018-04-26 01:47:19+00:00

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El régimen jurídico de comunicación de los menores de edad con sus familiares en el código de familia vigente. Una posibilidad de modificación legislativa
Gerardo Rojas Ramírez(CV)
gerardorr@ult.edu.cu
Ana Estrella Comendador Prol(CV)
anacp@ult.edu.cu
El presente trabajo tiene origen en la observación de casos en que los abuelos luego del fallecimiento o salida del país de uno de los progenitores, quedaban privados de las relaciones personales con sus nietos, los que hasta días antes habían sido el centro de sus desvelos y preocupaciones. La desesperación de estas personas y el sufrimiento velado o manifiesto de los niños nos movió a indagar sobre las posibles soluciones que la legislación cubana poseía para facilitar, sin que fuera aún más traumática la intervención, las relaciones personales entre los afectados. La visión integral del Derecho de Familia implica su ajuste a las nuevas realidades demográficas de la familia cubana y el reclamo de los abuelos, que no son ya casos aislados, de mantener las relaciones con sus nietos, es un ejemplo fehaciente de ello. Al reflexionar que una norma expresa sobre un régimen de comunicación familiar ofrecería mayor garantía y posibilidad de defensa de los afectados ante una posible arbitrariedad de los padres traducida en un abuso en el ejercicio de la patria potestad. Y hemos aquí activando desde un estudio esencialmente cualitativo esta posibilidad de modificación de la legislación familiar en lo tocante al régimen mencionado.
Palabras claves: Comunicación, regulación, modificación.
El fomento de la visión humanista de la normativa familiar se traduce en la reevaluación de sus instituciones, en particular la guarda y los regímenes de comunicación, desde la perspectiva de los niños y niñas como sujetos de derecho y la debida protección a los adultos mayores, que adquieren en virtud de su incremento en relación con otros grupos poblacionales, un protagonismo que necesita de su protección y aumento de su calidad de vida.
Como estudio se pretende explorar las características de la institución jurídica del régimen de comunicación, haciendo énfasis en los aspectos humanos, naturaleza jurídica y el derecho subjetivo. Todo ello nos indujo a formular el siguiente problema científico:
Insuficiente regulación jurídica del régimen de comunicación de los menores de edad con sus familiares, en el Código de Familia vigente.
Para ello formulamos la hipótesis siguiente: Si el Código de Familia vigente estableciera las relaciones de los abuelos con sus nietos, permitiría el fortalecimiento de las relaciones personales entre estos luego de la ruptura familiar.
Objetivo general: Analizar el régimen jurídico de comunicación vigente en el Código de Familia y su concordancia con principios que refrenda nuestra legislación familiar.
Analizar desde la perspectiva histórico – doctrinal, la institución del régimen jurídico de comunicación en Cuba.
Explorar el alcance del régimen de comunicación vigente y la factibilidad de su ampliación a otros parientes, concretamente los abuelos, en cuyo caso sería un régimen jurídico de comunicación familiar, en virtud de la existencia de verdaderos derechos subjetivos tanto de los menores como de estos parientes.
Esperamos demostrar la ausencia a la vez de la necesidad de normas sustantivas que regulen una situación de crisis familiar no derivada necesariamente del divorcio y que implica ruptura de las relaciones personales de los menores de edad con sus abuelos o con parientes que por su cercanía con el mismo y que poseen un interés legitimo en mantener con este la comunicación y más, las relaciones personales. Finalmente proponemos una modificación del articulado del Código de Familia atinente a la regulación del régimen jurídico de comunicación.
Nos comprometimos con el tema, conscientes de que legislación cubana positiva tan siquiera había contemplado esa posibilidad y sobre todo cuando la propia naturaleza y contenido de la institución de la comunicación no posee antecedentes investigativos desde la perspectiva jurídica como asunto independiente, lo cual ofrecía un incentivo en la novedad y actualidad del tema, respaldados por la tendencia internacional a la humanización del Derecho de Familia.
Las recomendaciones sobre el mantenimiento de la comunicación entre los hijos y aquel de los padres al cual no se le había conferido la patria potestad datan de la temprana fecha de 1915. El Tribunal Supremo de Justicia de Cuba exponía, y cito: “…la privación de patria potestad al cónyuge culpable en caso de divorcio no destruye las relaciones familiares afectivas con los hijos comunes y no puede por ello privársele de verlos y visitarlos”.[1]
Pero fueron la Ley de Divorcio Vincular, promulgada el 19 de julio de 1918 y las sucesivas modificaciones al Código Civil, las que instituyeron el divorcio con disolución de vínculo, y definieron un régimen de comunicación que incluía hasta sanciones para aquel de los progenitores que impidiera de algún modo la comunicación de los hijos con el otro. En tal caso y también cuando ambos padres fueran privados de la patria potestad, cabía la posibilidad de deferir esta a los parientes que por ley estaban destinados a asumir la tutela de los menores o incluso internar a los mismos en centros de asistencia, si es que carecían de tales o no asumían su cuidado.[2]
El Decreto Ley 206 del 10 de mayo de 1934 salvó las escuetas disposiciones de los artículos 16 al 18 de la ley de 1918 y regló los supuestos en que sería necesario establecer un régimen de comunicación con el padre privado de la patria potestad. La vigencia de un divorcio culpable preceptuaba que aquel de los cónyuges por cuyo actuar fuera necesario la disolución del vínculo, sería sancionado con la perdida de la patria potestad aún cuando conservara el derecho a la comunicación. Este decreto-ley en su artículo 24 h contempló la posibilidad de que el juez dispusiera lo necesario a los efectos de que los hijos no quedaran privados de la comunicación escrita y de palabra con el progenitor no favorecido con la patria potestad.[3]Y sobre este propio artículo se resalta en comentarios posteriores su novedad, al establecer las sanciones mencionadas en los casos de obstrucción de la comunicación con el progenitor privado.
Para ello conceptualizamos las siguientes categorías:
Régimen Jurídico de comunicación familiar: Categoría que en un futuro deberá comprender las normas jurídicas a incorporar al Código de Familia vigente destinadas a regular las relaciones personales entre los menores de edad y el resto de sus familiares, diferentes de los padres, en situaciones que valoradas casuísticamente demuestren que la interrupción de esta comunicación puede acarrear daños a los niños o se vulnera el interés legitimo de los adultos interesados en mantener tales relaciones.
Régimen Jurídico de comunicación: Normas jurídicas del Código de Familia vigente destinados a regular la comunicación entre los menores de edad y sus padres en casos de separación o divorcio.
Familia: Grupo humano a la vez que institución para el derecho basada en el respeto mutuo y la ayuda solidaria entre sus parientes donde están presentes y se entrelazan el interés social e individual. Cumple importantes funciones en la formación de las nuevas generaciones y satisface intereses humanos, afectivos, y sociales de la persona.
Esta categoría se utiliza en el trabajo desde una perspectiva ampliada.
Menores de edad: personas que no han alcanzado la mayoría de edad que el Código civil cubano y la Convención de los Derechos del Niño, establecen en los 18 años cumplidos.
La preocupación muy loable de que se respetara el régimen de comunicación fue de reiterados pronunciamientos jurisprudenciales por parte de la Audiencia de La Habana.[4] En ellos se reconocen de hecho aspectos que luego vendrían a ser núcleos teóricos fundamentales de la determinación de un régimen de comunicación y que en su momento solo fueron objeto del análisis simple que imponía a los jueces la aplicación del sentido común en los asuntos de familia. Por ejemplo, los afectos naturales, el derecho de los padres a comunicarse con sus hijos aún cuando fueran privados de la patria potestad, el beneficio de los menores, entre otros.
En sus cometarios al Código Civil, Eduardo Núñez Núñez recoge las modificaciones de la Ley 9 del 20 de diciembre de 1950 o Ley de equiparación civil de la mujer, que posibilitó a esta un estatus similar al del hombre en cuanto al ejercicio de la patria potestad, hasta ese momento privativo del género masculino, salvo que el hombre muriera en cuyo caso de forma subsidiaria vendría la mujer a ejercerla. Esta normativa en cuanto a comunicación no aportó cambios sustanciales.
Aún cuando la regulación del régimen de comunicación aparecía indisolublemente ligado a la determinación de la guarda y cuidado, desde entonces se reconocía la subordinación de su establecimiento al interés de los hijos más que al de los padres.
En las legislaciones hasta ahora relacionadas se reconoce todo el tiempo la función tuitiva del estado cuando instituye la necesidad de definir un régimen de comunicación entre el padre privado y los hijos, y aún más, las sentencias comentadas en su momento por Antonio Díaz Pairó, destacado jurista el patio, señalan que la función tutelar que cabe a los tribunales en tal determinación “(…) se hará siempre dentro de la conveniencia de los hijos”[5]. También se convirtieron en usuales las referencias al respeto a la afectividad existente entre estos los sujetos del régimen de comunicación.[6]
Antonio Díaz Pairó, comentó algunas de las características que hoy definen el régimen de comunicación, entre ellas muestra su aquiescencia sobre la denominación utilizada por los alemanes, que no se referían a comunicación sino a relaciones personales, denominación atinada y que previó el enfoque interdisciplinario a que se aspira ostente el Derecho de Familia.[7]
La patria potestad, la guarda y la definición de un régimen de comunicación.
Con origen en el derecho romano donde esta institución poseía un carácter de absoluto dominio sobre los hijos, la naturaleza de la patria potestad ha evolucionado tanto jurídica como socialmente. A través de su paso por las diferentes formaciones económico-sociales ha sentido la influencia del derecho germano, la moral cristiana y los modernos aires del humanismo[8], los que la han convertido en una institución en función de y para los hijos, con un acusado carácter tuitivo.[9]Hoy muchos autores la consideran un derecho subjetivo (otros una potestad), que el Estado reconoce a los padres en virtud del hecho natural del nacimiento y la filiación, para que velen por el correcto desarrollo y socialización de sus hijos.Pero fuera de las disquisiciones sobre su más adecuada conceptualización, y que ocupa hoy a estudiosos del tema, destaca como nota común el explicar su naturaleza como un complejo de deberes-derechos a ejercer en pro de los hijos y no de su titular.
Coinciden autores como Lourdes Wills Rivera, Bernaldo Peña de Quiróz y otros, en llenar su contenido con los siguientes deberes-derechos[10]:
La guarda, la supervisión o vigilancia, la educación y la administración de los bienes de los hijos. Entre todos destaca la guarda como uno de los fundamentales, en tanto aquel de los padres que la ostente tendrá derecho a fijar el lugar de residencia del menor hijo con la apertura de posibilidades a los conflictos que por esta razón surjan, con el progenitor no guardador o en su caso con el resto de los familiares.
La patria potestad comporta en si todas aquellas funciones que hacen de los padres los veladores por excelencia de sus hijos. Sin embargo las separaciones de los progenitores por divorcios o de hecho, han forzado a conferir a la determinación del régimen de guarda un tratamiento especial. Es usual que en esta materia así como en la definición de un régimen de comunicación, una vez sobrevenida la crisis de la pareja, se esté a lo que sabiamente dispongan los padres, sin embargo las frecuentes y rara vez amigables situaciones de ruptura conyugal, colocan a los menores en una situación embarazosa. En momentos como esos no es extraña la ocasión en que los niños quedan convertidos en campos de batalla como una forma de hacer daño al oponente.Todo ello ha condicionado que se otorgue hoy a la determinación judicial de la guarda una relevancia practica mayor que a la concesión del ejercicio de la patria potestad.
El régimen jurídico de comunicación. Su regulación en el Código de Familia vigente
Se aprecia de la normativa del Código de Familia vigente que no solo el divorcio es causa de determinación de un régimen de comunicación aún cuando no se reconozca a los abuelos su derecho subjetivo a mantener relaciones personales con los nietos, habiendo o no convivido con ellos.
Es por ello que distinguen cinco supuestos fundamentales en los que será necesario definir en primer lugar un régimen de guarda y consecuentemente la comunicación entre los hijos y el resto de los familiares que corresponda, por supuesto y en primer lugar los abuelos.
I. Divorcio.
II. Separación de los unidos en matrimonio formalizado o no.
III. Declaración de nulidad del matrimonio formalizado.
IV. Salida temporal o definitiva del país de cualquiera de los dos progenitores.
V. Fallecimiento de uno de los progenitores.
Como se verá de un análisis superficial de los supuestos relacionados solo el primero y por derivación el segundo se hallan exhaustivamente reglados, con preceptos que son de aplicación incluso antes de la promoción de la demanda de divorcio.[11]A saber, las medidas cautelares en materia de guarda y comunicación del progenitor que se queda en compañía del menor al producirse la separación. Entre esta y el momento en que se haga efectiva la demanda de divorcio media un período de tiempo, que puede dilatarse, sobre todo si se ha producido la separación de los cónyuges y no se ha interpuesto enseguida la demanda.
Por lo general y fuera de los casos en que este régimen se ha establecido por acuerdo voluntario entre los cónyuges, tal y como franquea el artículo 88 del Código de Familia, la sentencia que declara extinguido el vínculo matrimonial y que contiene los pronunciamientos sobre el régimen citado es en principio, formalmente respetada por la pareja y el resto de los familiares.
En ambos casos y aún en el tercero, el conflicto puede resultar tolerable para el menor salvo que la separación haya sido realmente traumática, pues en estos supuestos, el niño posee a sus dos progenitores vivos solo que en desacuerdo.
Sin embargo en el quinto, en medio de una situación de duelo, cuando uno de los progenitores fallece y en virtud de lo establecido en ley, se extingue la patria potestad sobre el hijo menor de edad[12], no es raro que sea este el momento que escoja el progenitor no guardador y supérstite, que luego de la separación o el divorcio ha roto los vínculos con la familia donde usualmente se ha desenvuelto el niño, para hacer valer su derecho de patria potestad y privar tanto al niño y a sus parientes de todo contacto entre sí, con las consecuencias negativas que tal proceder implica. La magistrada española Margarita Pérez-Salazar Resano denuncia que “… en situaciones familiares muy conflictivas donde a veces ha fallecido el progenitor, hijo del abuelo demandante, existen claros riegos de manipulación del niño al que se hace inevitable que participe en el conflicto…”[13]
En el Código de Familia vigente la determinación de a cual de los progenitores corresponde la guarda y la definición judicial de un régimen de comunicación a favor del otro, se ubica adecuadamente dentro del título de las relaciones paterno-filiales en tanto son cuestiones estas, que no se deciden exclusivamente a partir de la disolución de la pareja conyugal.
En los artículos 89 y 90 se hace expresa mención de que las decisiones sobre este punto se remiten a lo que resulte “más beneficioso para los menores”. Resulta conveniente realizar un aparte para analizar el término “lo más beneficioso para los menores” que no alcanza a completar el contenido del principio del respeto al superior interés del niño. Este principio, ya explicado se invoca en función de la protección integral del niño(a). La sustitución del término existente por el recogido en la Convención de los Derechos del Niño, abriría la posibilidad de vincular la decisión judicial sobre la comunicación en particular, al citado principio, con la consecuencia de reconocer expresamente la prioridad del interés del niño en el sostenimiento de las relaciones personales no solo con sus progenitores sino también con el resto de su familia extendida.
El artículo 90 llama la atención sobre la forma de comunicación que se contempla en ley, cuyas variantes se reducen a la comunicación escrita y de palabra con el progenitor no guardador, lo que limita en la norma lo que en otros tiempos era mucho más amplio. Se regulaban en el Código Civil las relaciones personales y así las trataba el jurista Díaz Pairó. Resulta curioso constatar que en las opiniones recogidas acerca del Código de Familia en la fecha de 1974 la única observación que se realizó a la regulación del régimen de comunicación trató precisamente este tópico. El Tribunal Regional de Cárdenas, en ese momento sugirió utilizar el término “comunicación personal” en lugar de “comunicación de palabra y por escrito”, en una clara visión de lo rígido que resultaría el vocablo utilizado por el proyecto a pesar de el ajuste que pudieran realizar al respecto las decisiones judiciales aplicadas a los casos concretos.
La escueta regulación analizada que se reduce a cuatro artículos, obvia la existencia de otros familiares con los cuales incluso han convivido los menores hasta que se produjo el evento que provocó la ruptura de las relaciones personales, sin mencionar, que tampoco contempla los derechos que corresponden a los involucrados.
La Legislación Familiar del Estado de Hidalgo[14] además de incorporar aspectos que pueden calificarse de atrevidos al otorgar la patria potestad a los abuelos, en su artículo 102, refleja en el caso de divorcio, el juez viene obligado a pronunciarse entre otros aspectos sobre lo que llama medidas cautelares de convivencia familiar donde se define la modalidad de la custodia que adoptará la pareja y las convenciones sobre la guarda y custodia. Pero si este artículo es importante por sobre él destaca el 106[15] que se reproduce a continuación: “ Antes de proveer definitivamente sobre la patria potestad o la tutela de los hijos, el juez familiar podrá acordar a petición de los abuelos, tíos, hermanos mayores de edad, o el Ministerio Público, cualquier medida que considere beneficiosa para los menores”. A pesar de que no realiza mención expresa de un régimen de comunicación al menos deja abierta la posibilidad al brindar a los familiares la opción de ser escuchados sobre cuestiones que consideren importantes relativas a los menores. Cabe por supuesto, invocando este beneficio que existan pronunciamientos sobre el particular.
El Código de Familia de Bolivia estipula en su artículo 145[16] que el juez está obligado a pronunciarse en sentencia de divorcio, por razones de moralidad, salud y educación, entre otros aspectos usuales; sobre si concede la guarda a los abuelos paternos o maternos, o entre los hermanos de los cónyuges prescindiendo de los padres, o si por el contrario es necesario deferir la guarda a los terceros de reconocida idoneidad.
El Código de Familia de Panamá[17] en su artículo 329 in fine dispone “…que la autoridad competente podrá hacer extensivo el derecho de comunicación y de visita a los ascendientes o a otros parientes del menor,” para seguidamente en su artículo 330 declarar la excepcionalidad de las limitaciones a los padres o a los ascendientes en cuanto al Derecho de comunicación y de visitas, siempre invocando el beneficio del menor. Como se verá realizan una identificación de ambos términos, y respetan la determinación y posterior modificación del mismo por la vía judicial.
El Código de Familia de El Salvador[18] es de todas las legislaciones latinoamericanas que tratan del tema la más exhaustiva. Así, regulan la comunicación a partir de los presupuestos ya mencionados en cuanto a los convenios de los cónyuges sobre el particular una vez que se ha producido la ruptura conyugal. Sin embargo contemplan los distintos presupuestos de ausencia de los padres, que se producen no solo por fallecimiento sino también por salidas del territorio nacional.
El Código Civil Español[19] sufrió importantes modificaciones a través de la Ley 42 del 2003 más conocida como Ley de los abuelos que abrió el caminos a estos familiares para solicitar protección judicial a sus afectos para con los más pequeños. Esta legislación revolucionó el tema de la comunicación, no solo por el empleo de la fraseología más a tono con los elementos de la interdisciplina y el respeto a la concepción de la familia como grupo, sino por legitimar a los abuelos para accionar cuando las relaciones personales con sus nietos quedaran interrumpidas en virtud del actuar de los padres. De hecho reconoció que las relaciones paterno-filiales no se constituyen ya en núcleo cerrado sino que admiten cuestionamiento por parte de otros parientes, que por las razones apuntadas en el presente trabajo merecen que su derecho quede reconocido expresamente en la norma.
El Estado viene obligado a proporcionar a la familia y dentro de su seno, a los más desprotegidos por su edad y condiciones físicas y mentales, un espacio adecuado de socialización donde se potencie además su estabilidad emocional y puedan ejercer su afectividad sin limitaciones.
La incorporación a nuestra legislación sustantiva de forma expresa del principio de respeto al superior interés del niño(a) y su consideración como sujeto de derecho , así como el reconocimiento a los derechos que ostentan los adultos mayores, obliga a pensar en una reforma inmediata del Código de Familia no solo con miras en el régimen de comunicación, pero en lo expresamente relativo a este, amerita su ampliación en consonancia con estas características que cambian la tradicional concepción de la familia cubana.
En el caso de los abuelos, y de concretarse la modificación legislativa por la que abogamos, este derecho que se les reconoce no operaría de forma automática y así debe ser en tanto quedaría a buen recaudo la autonomía de los padres para decidir con quien y cuando se relacionan sus hijos, estando para la determinación de un régimen como el que se quiere, a la valoración casuística que deberá realizar el decisor judicial. Pero aún después de todo lo planteado debe regularse expresamente el derecho de los abuelos a mantener la relaciones personales con su nietos, y la posibilidad de que otros parientes incluso terceros puedan siempre que demuestren un legitimo interés invocarlo.
Deberán respetarse en las futuras modificaciones legislativas las principales pautas que determinan el régimen de comunicación a saber:
El respeto superior interés del niño, como principio medular;
Su condición de sujeto de derechos, que supone el niño(a) deba ser escuchado siempre que tenga suficiente juicio (este criterio puede estar determinado por ley o quedar a juicio del Tribunal sobre la base de una mínima regulación legal);
El respeto a la autonomía de la voluntad de los padres en sus decisiones sobre el tema comunicación con el progenitor no guardador y con el resto de los familiares, siempre que se respete el superior interés del niño;
Intervención judicial solo en los casos de desacuerdo o acuerdos que atenten contra el superior interés el niño.
Regular positivamente el derecho de e los abuelos a comunicarse con sus nietos.
Referente interdisciplinario paras la toma de decisiones judiciales en aras de valorar cual es en cada caso el superior interés del niño; Sobre esta plataforma puede en su momento dictarse una regulación más justa, humana y completa del régimen de comunicación cuya denominación debe incluir el término familiar, tal y como fue definida en la categorías conceptuales del presente trabajo.
Una situación concreta de nuestra realidad no halla correlato en la norma jurídica del Código de Familia. La posibilidad de contribuir al perfeccionamiento del ordenamiento familiar vigente, atizó nuestra búsqueda de respuestas, arribando luego del análisis de rigor a las siguientes conclusiones:
1. La norma jurídica que contempla el régimen de comunicación en el Código de Familia cubano no regula expresamente en toda su extensión y complejidad los aspectos socio-psicológicos, culturales, afectivos y generacionales, que se hallan tras esta institución familiar.
2. Del contenido de la tesis se concluye que los niños(as) tal y como se reconoce en la Convención de los Derechos del Niño, ostentan un verdadero derecho a mantener las relaciones personales y la comunicación con su familia extendida, en especial aquellos parientes a los que los une un relevante vinculo afectivo como resulta ser el caso de los abuelos.
3. Como es obvio el Código de Familia no reconoce el derecho de los abuelos a relacionarse con su nietos a pesar de que como se evidencia del resultado de la investigación, se trata este de un derecho subjetivo de carácter personal con trascendencia a los intereses familiares y con fundamento en los legítimos afectos que su posición de ascendientes les proporcionan.
4. En la normativa familiar vigente sobre comunicación no se menciona de forma expresa el principio del superior interés de niño, cuyo contenido y alcance no es satisfecho por la frase “en beneficio de los menores” o “en beneficio del interés de los menores”, que emplean los artículos 89 y 90 del Código de Familia, las que no poseen el poder vinculante que la Convención de los Derechos del Niño concede a este principio inscrito dentro de la Doctrina de Protección Integral de los Menores.
5. Tampoco se contempla la perspectiva de los niños(as) como sujetos de derecho al no quedar explicita la posibilidad de que en los casos de conflicto o cuando estime pertinente el juez sean escuchados antes de tomar una determinación que pueda perjudicar sus afectos e intereses.
6. Se pudo constatar que el cese de las relaciones personales entre los abuelos y sus nietos puede generar conflictos a raíz de los cuales son afectados tanto los menores como sus ascendientes y la familia en general.
7. En la normativa dedicada al régimen de comunicación, se circunscribe esta última a la mera trasmisión de información o al simple trato lo que imposibilita visualizar el derecho de otros parientes a sostener relaciones personales con los menores, en tanto la comunicación familiar.
8. La institución del derecho de visitas comporta en si un verdadero derecho independiente del aspecto procesal del mismo que se manifiesta en la determinación de un régimen jurídico de comunicación; y posee la naturaleza jurídica idónea a los efectos de regular las relaciones personales entre los menores de edad y sus abuelos en caso de que estas sean interrumpidas sin causa justificada.
La Comisión encargada de la elaboración del nuevo Código de Familia debe reevaluar las normas relativas al régimen jurídico de comunicación a los efectos de atemperarlas a una visión más integral del grupo familiar y considere:
1. Sustituir la denominación de la institución del régimen de comunicación que en lo sucesivo se denominará régimen de comunicación familiar, en tributo a la consideración de la familia como grupo y respetando el enfoque sistémico que de ella se defiende;
2. Regular expresamente el derecho a las relaciones personales entre nietos y abuelos, atendiendo a que en ambos casos se trata de un verdadero derecho de la personalidad vinculado a las relaciones familiares;
3. Concretar esta regulación a través de la legitimación de los abuelos para la promoción de procesos sumarios de establecimiento o restablecimiento de estas relaciones lo que vendría a completar el aspecto procesal del derecho reconocido en el orden sustantivo;
4. Valorar la pertinencia de ampliar el derecho a las relaciones personales con otros parientes o con terceros que posean un interés legítimo;
5. Regular expresamente la posibilidad de que el niño sea escuchado en los procesos familiares que los afecten, tales como el de determinación de un régimen de comunicación, siempre en correspondencia con su madurez psíquica y emocional.
[1] De Llaca y Argudín, Francisco: Sentencia 82 del 18 de Septiembre de 1915 del TS , Legislación sobre el divorcio en Cuba, La Habana, 1931, p. 51.
[2]. Núñez Núñez, Eduardo R.: Código Civil, Ed. Jesús Montero, La Habana, 1952, p.56.
[3]. íbidem, p.52.
[4]. Lazcano y Mazón, A. M.: Comentarios a la ley de divorcio vincular, La Habana, 1956, p. 242. En esta obra se reproduce la siguiente sentencia de la AH: “… la Audiencia de la Habana viene manteniendo que en materia de comunicación entre padres e hijos, los tribunales tiene una función primordialmente tuitiva de protección al desvalido, más que jurídica y deben propender a desenvolverla buscando por sobre toda otra cosa, el beneficio de quienes por sus cortos años y por su desenvolvimiento está urgido de esa protección (…) Ello no implica que se separe a los hijos totalmente del contacto con aquel de sus padres que no tuviere la custodia, antes al contrario resulta de todo punto aconsejable que ese contacto sea frecuente a fin de que no pierda un amor que viene impuesto por naturaleza.”.
[5]. Díaz Pairó, Antonio: El divorcio en Cuba (Notas de doctrina y jurisprudencia para el estudio de nuestra legislación), La Habana, p.289.
[6]. íbidem, Sentencia 82 del TS de fecha 22 de mayo de 1931, p.423
[7]. íbidem, Sentencia 82 del TS de fecha 22 de mayo de 1931, p.422
[8]. Núñez Travieso, Belkis: “Disquisiciones teóricas sobre el instituto de la patria potestad”, Ponencia en CD Memorias del XII Congreso Internacional de Derecho de Familia, La Habana, 2002.
[9]. Peña de Quiróz, Bernaldo Manuel: Manual de Derecho de Familia, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 1989, p. 505 una parte importante de la doctrina considera la patria potestad similar al officium que desempeñan los tutores dada la especial función de protección que poseen los padres.
[10]. Este concepto lo enarbolan Bernaldo Peña de Quiróz ob.cit., p.506; Bénabent, Alain: Droit Civil. tomo IV, La Famille, Ed. Litec, 2004, p, Albaladejo, Manuel, etc.
[11].Ver artículos 58, 61,62 88 al 91 del Código de Familia cubano.
[12].Este supuesto no es privativo de la realidad cubana, Ana María Chechile lo cita como una de las situaciones en las que se impone la intervención judicial a los efectos de salvaguardar los intereses tanto de los niños como del familiar privado de relacionarse con él. Chechile, Ana María: ob. cit., p. 102; también es uno de los principales motivos que dio lugar a la modificación legislativa realizada por España a través de la Ley 42/03 o Ley de los abuelos como también se la conoce. .
[13]. Pérez Salazar Resano, Margarita: ob, cit., p.14 .
[14]. Ver Legislación Familiar del Estado de Hidalgo, 8ª ed., Febrero de 1984.
[15]. Ver Legislación Familiar del Estado de Hidalgo
[16]. Ver Código de Familia de Bolivia (Ley 996 del 4 de abril de 1988, promulgada 23 agosto de 1972 y vigente desde el 2 de abril de 1973), Ed. Serrano LTDA, 1989..
[17]. Ver Código de Familia de Panamá. Ley 3/94, promulgada el 7 de noviembre del 1973 y vigente desde el 21 de diciembre del mismo año.
[18]. Ver Código de Familia de El Salvador, Ed. Último Decenio, San Salvador, 1993, promulgada el 11 de abril del 1993 y en vigor desde el 10 de octubre de 1994.
[19]. Ver Ley 42 del 2003 o Ley de los Abuelos http/ www.poticolegal.com del 28 de junio del 2004. .
Rojas Ramírez, Gerardo y Comendador Prol, Ana Estrella: "El régimen jurídico de comunicación de los menores de edad con sus familiares en el código de familia vigente. Una posibilidad de modificación legislativa" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, octubre 2014, en http://caribeña.eumed.net/codigo-familia-vigente/

References: artículo 24
 artículo 88
 artículo 90
 artículo 102
 artículo 145
 artículo 329
in fine
 artículo 330