Source: https://www.forojudicialindependiente.es/2016/11/16/queja-a-oit/
Timestamp: 2019-06-20 14:20:33+00:00

Document:
Foro Judicial Independiente – QUEJA ANTE LA OIT POR VIOLACION DEL DERECHO AL DESCANSO DE JUECES Y MAGISTRADOSXXX
DON ÁNGEL DOLADO PÉREZ, con DNI XXXXX, actuando como Presidente de la asociación profesional de Jueces y Magistrados Foro Judicial Independiente, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Rodríguez San Pedro, número 2, oficina 904, 28015-Madrid, teléfono 915150297, y mail forojudicial@telefonica.net, en nombre y representación de la mencionada asociación profesional, ante la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO comparece y
Por medio del presente escrito formula QUEJA contra el GOBIERNO DE ESPAÑA y EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, por violación de derechos relacionados con el descanso de los trabajadores, garantizados por esa organización internacional, con vulneración del Convenio de la OIT nº 106 sobre descanso semanal en el comercio y las oficinas, 1957, ratificado por España el 5 de mayo 1971 (BOE de 24 de mayo de 1972), así como la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, de 4 de noviembre de 2003.
Foro Judicial Independiente es una asociación profesional de jueces y magistrados españoles, constituida con la finalidad de defender los principios constitucionales, con especial incidencia en la independencia judicial, así como los intereses profesionales de sus miembros y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general.
Las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados gozan de reconocimiento constitucional en el artículo 127.1 CE, y tienen atribuida por el artículo 401 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio (LOPJ en adelante), plena legitimidad para la defensa de los intereses profesionales de sus miembros, en todos sus aspectos, lo que le confiere legitimidad tanto frente a las instituciones nacionales como, igualmente, ante la OIT para la presentación de esta Queja, gozando de la capacidad legal suficiente para su tramitación y para solicitar las pretensiones deducidas.
El objeto de la presente Queja es denunciar la vulneración de derechos de los Jueces y Magistrados españoles, relativos al descanso semanal, reconocidos y garantizados por el Convenio nº 106 de la OIT, derivado tanto de la actual regulación del servicio de guardia contenida en el Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, como la regulación de las sustituciones entre Jueces y Magistrados, contenida en los artículos 207 a 216 LOPJ, tras la modificación llevada a cabo por LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la LOPJ (BOE 28 diciembre de 2012, fecha de vigencia 29 diciembre 2012).
Son contrapartes en este procedimiento, en su calidad de representantes del Estado español, tanto el Gobierno de España como el Consejo General del Poder Judicial, órganos competentes en la materia y principales promotores de las normas y prácticas restrictivas de derechos que se denuncian.
De conformidad con los artículos 24 y 26 de la Constitución de la OIT, cabe iniciar los procedimientos de reclamación o queja para supuestos especiales de incumplimiento de Convenios de la OIT, a fin de que, conforme a la tramitación y aplicación, se produzca un pronunciamiento de esa Organización acerca del comportamiento del Estado español.
La OIT nació bajo el principio de que la paz permanente entre los pueblos y en el interior de los mismos sólo puede basarse en la justicia social, para cuya consecución a lo largo de toda su historia ha venido desarrollando una ingente labor normativa con el fin de mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores, protegiéndoles en su seguridad frente a la desigualdad en que se basa la relación de trabajo y frente a los abusos que en muchas ocasiones sufren por las condiciones en que se prestan sus servicios, promoviendo la mejora de sus salarios, protegiéndoles también contra las enfermedades mediante la extensión de las medidas de seguridad social y de la asistencia médica, entre otros muchos cometidos, todos los cuales quedaron ya fijados en la Declaración de Filadelfia de 1944 y forman parte de la Constitución de la OIT.
En esa tarea, con fecha de 26 de junio 1957, la Conferencia General de la OIT aprobó un Convenio relativo al descanso semanal en comercios y oficinas, con el objeto de garantizar que, en estos ámbitos de la actividad laboral, se respete el derecho a un período de descanso semanal ininterrumpido de veinticuatro horas, como mínimo, en el curso de cada período de siete días.
Así, el artículo 6 del citado Convenio establece que “todas las personas a las cuales se aplique el presente Convenio, a reserva de las excepciones previstas en los artículos siguientes, tendrán derecho a un período de descanso semanal ininterrumpido de veinticuatro horas, como mínimo, en el curso de cada período de siete días”, previéndose en los restantes artículos la posibilidad de modular y excepcionar temporalmente este derecho, si bien reconociendo a los trabajadores el derecho a un descanso semanal compensatorio de una duración total equivalente, por lo menos, al período mínimo previsto en el artículo 6, así como que los salarios de los trabajadores no podrán sufrir disminución alguna, como consecuencia de la aplicación de las disposiciones del citado Convenio.
En el mismo sentido, la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, de 4 de noviembre de 2003, pretende garantizar, entre otros derechos, el descanso semanal.
Su finalidad es proteger el descanso adecuado, esto es, el disfrute de períodos regulares de descanso de los trabajadores, cuya duración se expresa en unidades de tiempo, suficientemente largos y continuos para evitar que, debido al cansancio o a ritmos de trabajo irregulares, aquellos se produzcan lesiones a sí mismos, a sus compañeros o a terceros, y que perjudiquen su salud, a corto o a largo plazo.
El artículo 3, sobre descanso diario, dispone: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas”.
El artículo 5, referido al descanso semanal, establece: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el artículo 3. Cuando lo justifiquen condiciones objetivas, técnicas o de organización del trabajo, podrá establecerse un período mínimo de descanso de 24 horas”.
La regulación española del servicio de guardia se contiene actualmente en los artículos 38 a 63 del Reglamento 1/2005, del Consejo General del Poder Judicial, de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, recientemente modificado por el Acuerdo adoptado con fecha de 15 de octubre de 2013, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
En lo que se refiere a los horarios de trabajo y tiempo de descanso, debe diferenciarse entre las distintas situaciones en las que se encuentran los Juzgados españoles:
a) Partidos judiciales dotados únicamente con un solo Juzgado; sistema de “guardia continua”.
Esta expresión quiere decir que en el partido judicial en cuestión, al existir un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, «el servicio de guardia será permanente y se prestará durante la jornada ordinaria de trabajo, sin que la misma experimente alteración alguna. Si bien, fuera de dicha jornada, el juez y el secretario del juzgado, así como el funcionario o funcionarios a los que por turno corresponda, permanecerán en situación de disponibilidad y en condiciones de continua localización para atender puntualmente a cualesquiera incidencias propias del servicio de guardia que pudieren suscitarse, en cuyo caso se incorporarán al mismo de forma inmediata» (artículo 61.1 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales).
Régimen de descansos: El apartado segundo de este mismo artículo dispone:
«Los jueces y secretarios podrán ausentarse de sus destinos en semanas alternas desde el final de las horas de audiencia del sábado hasta el comienzo de la audiencia del primer día hábil siguiente, sin que ello afecte a sus deberes de residencia y de dedicación al cargo».
El apartado tercero del mismo artículo prevé la contingencia de que:
«El Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente podrá dejar sin efecto, mediante resolución motivada, el régimen de ausencias previsto en el apartado 2 de este artículo en aquellos concretos casos en que su disfrute suponga una grave perturbación para el normal funcionamiento del juzgado afectado».
Asimismo, puede entenderse aplicable a estos Juzgados lo dispuesto en el artículo 60.3.c) del Reglamento, cuando señala que “en el resto de órganos judiciales que prestan servicios de guardia, incluidos aquellos partidos judiciales en que existan menos de cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados Centrales de Instrucción, Juzgados de Menores, y Juzgados de Violencia sobre la Mujer, como consecuencia del exceso de horas trabajadas fuera del horario del servicio de guardia, se podrá interesar por el Juez y acordar por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, la compensación horaria dentro del mes, siempre que no haya actuaciones pendientes, ni señalamientos”.
En consecuencia, el titular de un juzgado único debe encontrarse en condiciones de disponibilidad y localización continua durante doce días consecutivos, sin que tenga garantizada la posibilidad de descansar a la finalización del servicio de guardia.
En España, hay noventa y dos partidos judiciales que se encuentran en esta situación.
b) Partidos Judiciales que cuentan con dos o tres Juzgados; sistema de “guardia de disponibilidad”.
Esta expresión quiere decir que en el partido judicial en cuestión «el servicio de guardia se prestará por un Juzgado en servicio de guardia durante ocho días». Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, apartados 1, 3.b) y 4 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales:
«El servicio de guardia se prestará durante la jornada ordinaria de trabajo del juzgado que se encuentre en turno sin que la misma experimente por ello alteración alguna.
Fuera de los márgenes temporales expresados en el apartado anterior, el juez y el secretario del juzgado, así como aquel o aquellos funcionarios a los que por turno corresponda, permanecerán en situación de disponibilidad y en condiciones de continua localización para atender puntualmente a cualesquiera incidencias propias del servicio de guardia que pudieren suscitarse, en cuyo caso se incorporarán al mismo de forma inmediata».
En cuanto al régimen de descansos, es aplicable en estos supuestos el artículo 60.3.c) del Reglamento, cuando señala que “en el resto de órganos judiciales que prestan servicios de guardia, incluidos aquellos partidos judiciales en que existan menos de cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados Centrales de Instrucción, Juzgados de Menores, y Juzgados de Violencia sobre la Mujer, como consecuencia del exceso de horas trabajadas fuera del horario del servicio de guardia, se podrá interesar por el Juez y acordar por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, la compensación horaria dentro del mes, siempre que no haya actuaciones pendientes, ni señalamientos”.
En consecuencia, el titular de un juzgado que desempeñe el servicio de guardia con arreglo a este régimen, debe encontrarse en condiciones de disponibilidad y localización continua durante ocho días consecutivos, sin que tenga garantizada la posibilidad de descansar a la finalización del servicio de guardia.
c) Partidos Judiciales que cuentan con entre cuatro y siete Juzgados; sistema de “guardia de permanencia”.
Esta expresión quiere decir que en el partido judicial en cuestión «el servicio de guardia se prestará por un juzgado en servicio de guardia durante ocho días». Además, con arreglo a lo previsto por el artículo 60, apartados 1, 3.a) y 4 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales:
«El juzgado de guardia desempeñará su función en régimen de jornada partida, actuando el órgano que por turno corresponda de nueve a catorce horas en horario de mañana y de diecisiete a veinte en sesión de tarde, de lunes a sábado. Los domingos y festivos el Juzgado en funciones de guardia prestará servicio de diez a catorce horas.
En cuanto al régimen de descansos, es aplicable en estos supuestos el artículo 60.3.a) del Reglamento, cuando señala que “al término del servicio de guardia ordinaria, el Juez que lo haya prestado podrá dejar de asistir al despacho el propio día de conclusión de la guardia, o, dentro de los tres días laborables siguientes, según las necesidades del servicio, siempre que no haya actuaciones pendientes derivadas de la guardia, ni señalamientos, participándolo al Juez Decano para que pueda proveerse su ordinaria sustitución”.
En consecuencia, el titular de un juzgado que desempeñe el servicio de guardia con arreglo a este régimen, debe encontrarse en condiciones de disponibilidad y localización continua durante ocho días consecutivos, excediendo el horario previsto por el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, en cuatro horas, el máximo semanal de cuarenta y ocho horas previsto por la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003.
c) Partidos Judiciales que disponen de entre ocho y doce Juzgados; sistema de “guardia de permanencia, más guardia de faltas inmediatas”.
Esta expresión quiere decir que en el partido judicial en cuestión «el servicio de guardia se prestará por un Juzgado de Instrucción con periodicidad semanal, para la atención de la guardia ordinaria, la tramitación de los procedimientos de juicios rápidos y el pronunciamiento de las sentencias de conformidad a que hace referencia el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por un Juzgado de Instrucción constituido en servicio de guardia de enjuiciamiento de faltas, con periodicidad diaria, de lunes a viernes, en horario de 9 a 19 horas, para el enjuiciamiento inmediato de faltas y, en su caso, para aquellas funciones que se le atribuyan en las normas de reparto». Añade, además, el artículo 59, apartados 1, 3 y 4 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales:
En cuanto al régimen de descansos, es aplicable en estos supuestos el artículo 59.6 del Reglamento, cuando señala que “al término del servicio de guardia ordinaria, el Juez que lo haya prestado podrá dejar de asistir al despacho el propio día de conclusión de la guardia, o, dentro de los tres días laborables siguientes, según las necesidades del servicio, siempre que no haya actuaciones pendientes derivadas de la guardia, ni señalamientos, participándolo al Juez Decano para que pueda proveerse su ordinaria sustitución”.
d) Partidos Judiciales que cuentan con trece o más juzgados; sistema de guardias de veinticuatro horas de incidencias, y de doce horas de detenidos, más guardia de faltas inmediatas.
Esta expresión quiere decir (artículo 55, apartados 1, 2 y 4 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales) que en el partido judicial en cuestión:
«1. […] El servicio de guardia estará atendido por dos Juzgados de Instrucción en funciones de guardia ordinaria, con periodicidad de cuarenta y ocho horas, y por un Juzgado de Instrucción constituido en servicio de guardia de enjuiciamiento de faltas, con periodicidad diaria, exclusivamente para el enjuiciamiento inmediato de faltas, en horario de 9 a 19 horas, de lunes a viernes.
Los dos Juzgados de guardia ordinaria entrarán en servicio en días sucesivos, de manera que cada uno de ellos prestará una primera guardia de detenidos, de 9 a 21 horas, y el día siguiente prestará servicio de guardia de diligencias, de veinticuatro horas, de nueve a nueve horas. […].
Los juzgados de estos partidos judiciales, además del turno de guardia ordinaria, de detenidos y diligencias, entrarán en otro turno de guardia diaria de enjuiciamiento inmediato de las faltas».
Este sistema es el popularmente conocido como de “guardias de 24 horas”. Los artículos 51 y siguientes determinan el número de Juzgados que desempeñarán estas guardias, en función del número total de Juzgados de Instrucción. En cuanto al régimen de descansos, los artículos 54.2, 56.3 y 58.2 prevén que “al término del servicio de guardia ordinaria, el Juez que lo haya prestado podrá dejar de asistir al despacho el propio día de conclusión de la guardia, o, dentro de los tres días laborables siguientes, según las necesidades del servicio, siempre que no haya actuaciones pendientes derivadas de la guardia, ni señalamientos, participándolo al Juez Decano para que pueda proveerse su ordinaria sustitución”.
Esta situación de falta de previsión y reconocimiento legal del derecho al descanso tras la finalización del servicio de guardia de los Jueces y Magistrados españoles, se ha vista considerablemente agravada tras la reforma del régimen de sustituciones llevada a cabo por la por LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la LOPJ (BOE 28 diciembre de 2012, fecha de vigencia 29 diciembre 2012).
Así, si bien la Exposición de Motivos de la citada Ley Orgánica expresa que la finalidad perseguida por la reforma consiste en garantizar la prestación del servicio público elevando los niveles de profesionalización de la carrera judicial, convirtiendo en excepcional la actuación de jueces sustitutos y magistrados suplentes, lo cierto es que la reforma persigue obtener esta legítima finalidad a costa del sobreesfuerzo y mayor penosidad del trabajo de los Jueces y Magistrados de carrera, que en muchas ocasiones se verán obligados a asumir no sólo la carga de trabajo de sus respectivos juzgados, que en la mayoría de las casos ya supera ampliamente las recomendadas por el Consejo General del Poder Judicial, sino también la del Juez o Magistrado que, por cualquier motivo, se encuentre ausente de su puesto de trabajo.
En efecto, con arreglo a lo dispuesto en la nueva redacción de los artículos 207 a 216 LOPJ, en primer término, se prevé la posibilidad de que los miembros de la carrera judicial voluntariamente asuman tales tareas; en su defecto, serán llamados los jueces de adscripción territorial y, a continuación, los integrantes de la carrera con menor carga de trabajo en su respectivo territorio, que podrán serlo por decisión de los Presidentes de Tribunales Superiores o, en su caso, de los Presidentes de Audiencias Provinciales. En este punto, resulta importante señalar que, en la actualidad, no existe una medición oficial aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, de la carga de trabajo que cada Juez o Magistrado debe asumir anualmente, motivo por el que puede afirmarse que no existen elementos objetivos suficientes para determinar cuales sean los integrantes de la Carrera Judicial con menor carga de trabajo.
Debe destacarse, igualmente, que la nueva regulación prevé expresamente en el artículo 210.1.e) LOPJ que, ejerciendo funciones de sustitución, pueda prorrogarse la jurisdicción de otro Juzgado. Ello tiene importantes implicaciones en cuanto al desempeño del servicio de guardia, por cuanto que, con arreglo a la legislación vigente, cabe que un Juez o Magistrado se vea obligado a desplazarse a otro partido judicial, en ocasiones bastante distante de su domicilio o lugar de trabajo habitual, para sustituir en el servicio de guardia al compañero que en ese momento se encuentre imposibilitado para trabajar, sin que la regulación actual reconozca ni el derecho al descanso tras este trabajo adicional, ni tampoco de forma expresa la indemnización de los gastos derivados de este desplazamiento.
Por último, debe señalarse que este nuevo régimen de sustituciones se ha venido aplicando desde el día 29 de diciembre de 2012, sin obtener además remuneración adicional alguna, toda vez que hasta el pasado día 20 septiembre de 2013 el Gobierno no procedió a dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Tercera de la LO 8/2012, que disponía habría de procederse a la actualización del régimen y cuantías de las retribuciones previstas en el Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, para el pago de sustituciones, servicios extraordinarios y participaciones en programas de actuación por objetivos, que solo en supuestos extraordinarios de sustituciones de larga duración prevé el abono de una retribución adicional.
En efecto, con fecha de 20 de septiembre, fue promulgado el Real Decreto 700/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las retribuciones previstas en la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
En lo que más interesa a la presente Queja, debe señalarse que el citado Real Decreto establece que la cuantía de las retribuciones especiales por sustitución será igual al 80% del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que se sustituya. Para su cuantificación se tendrán en cuenta el grupo de población en el que se integra y las condiciones objetivas de representación vinculadas al cargo que se sustituye, quedando fuera del cómputo otras circunstancias especiales asociadas al destino a las que hace referencia el artículo 5 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo. Aplicando este concepto a los Jueces y Magistrados que ostentan la titularidad de órganos judiciales en los que se presta el servicio de guardia ello da lugar a una retribución, antes de impuestos, de entre 49,97 y 91.66 euros por día, dependiendo del grupo de población en el que se encuentra el órgano judicial sustituido.
Sin perjuicio de reconocer la mejora que supone el citado Real Decreto respecto la regulación anteriormente vigente, a juicio de esta asociación, el régimen retributivo resultante de esta reforma tiene aún un importante margen de mejora. Así, deben señalarse distintos puntos que resultan, a criterio de esta asociación, severamente criticables:
a) En primer lugar, uno de los puntos más censurables de la reforma resulta el hecho de que no prevea su aplicación retroactiva a la fecha de entrada en vigor de la reforma del régimen de sustituciones llevada a cabo por la por LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la LOPJ (BOE 28 diciembre de 2012, fecha de vigencia 29 diciembre 2012). La ausencia de una Disposición Transitoria en este sentido supone la consolidación de la inadmisible situación sufrida por muchos Jueces y Magistrados españoles que, entre el 29 de diciembre de 2012 y el 21 de septiembre de 2013, ante la falta de nombramiento de Jueces sustitutos, se vieron obligados a asumir la carga adicional de trabajo derivada de la ausencia de alguno de sus compañeros, sin generar por ello derecho a retribución adicional alguna.
b) En segundo lugar, resulta igualmente censurable el contenido del apartado cuatro del artículo 2, según el cual “el abono de estas retribuciones se efectuará por el Ministerio de Justicia…dentro de las disponibilidades presupuestarias anuales”. Hubiera sido necesario que este Real Decreto hubiera venido acompañado de una memoria económica, como es preceptivo con arreglo al artículo 24.1.a) de la Ley del Gobierno, a fin de poder conocer si, dentro del presupuesto del Ministerio de Justicia, existe una previsión económica adecuada y suficiente para atender a las obligaciones económicas que recaerán sobre el Ministerio de Justicia como consecuencia de la aplicación de esta normativa. De lo contrario, podríamos hallarnos ante la indeseable situación de un derecho reconocido pero de fecha incierta de cobro.
c) En el plano de las omisiones, resulta igualmente criticable la ausencia a lo largo del texto de toda referencia a la necesidad de que la carga máxima de trabajo que, como consecuencia del desarrollo de tareas de sustitución, soporte cada Juez o Magistrado no exceda de un determinado límite máximo, superado el cual se estaría poniendo en riesgo la salud del trabajador.
d) Por último, esta asociación debe resaltar la existencia de una importante omisión en la Disposición Adicional Cuarta, especialmente relevante en lo que se refiere a la prestación del servicio de guardia. Señala dicha disposición que “las retribuciones que correspondan por la realización de prórrogas de jurisdicción acordadas de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial se someterán al mismo régimen retributivo que el previsto en esta norma para la retribuciones especiales por sustituciones en la carrera judicial”, omitiendo toda referencia al derecho de los Jueces y Magistrados que, por razón de prórroga de jurisdicción, se vean obligados a desplazarse fuera de su lugar de trabajo habitual, a recibir la correspondiente indemnización por razón del servicio, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. A juicio de esta asociación, la normativa antes citada resulta plenamente aplicable a los supuestos de desplazamiento por prórroga de jurisdicción, pero estimamos que hubiera sido procedente su reconocimiento expreso en la citada Disposición Adicional.
I.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA. Foro Judicial Independiente acude a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por entender que algunos de los contenidos tanto de la actual regulación del servicio de guardia contenida en el Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, como la regulación de las sustituciones entre Jueces y Magistrados, contenida en los artículos 207 a 216 LOPJ, tras la modificación llevada a cabo por LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la LOPJ (BOE 28 diciembre de 2012, fecha de vigencia 29 diciembre 2012), afectan de manera directa al derecho al descanso de los Jueces y Magistrados españoles, vulnerando de forma directa el contenido del Convenio 106 aprobado por esta organización y ratificado por España, que garantiza este derecho y cuya garantía está encomendada a la OIT, vulnerándose además las disposiciones de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, de 4 de noviembre de 2003.
II.- CONVENIOS DE LA OIT INFRINGIDOS. La organización firmante de esta Queja considera que ha sido conculcado el Convenio nº 106, sobre descanso semanal en el comercio y las oficinas, 1957, ratificado por España el 5 de mayo 1971 (BOE de 24 de mayo de 1972).
III.- CONTENIDOS CONCULCADOS.
Como ya se ha señalado en los antecedentes normativos, la regulación contenida en el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hasta la modificación adoptada por Acuerdo de 15 de octubre de 2013 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, no preveía descanso alguno tras la prestación del servicio de guardia en aquellos partidos judiciales con jurisdicción separada que no alcanzara los diez juzgados de instrucción. Tras esta reforma, si bien se ha producido una mejora respecto de la situación anterior, no puede considerarse suficiente toda vez que no se reconoce el derecho al descanso a la finalización del servicio de guardia para aquellos Jueces que ejerzan sus funciones en partidos judiciales con tres o menos Juzgados, así como la jornada semanal en los juzgados con guardia de permanencia supera las cuarenta y ocho horas semanales.
Por tanto, no se respeta ni la normativa dispuesta en los artículos 6 y siguientes del Convenio OIT n.º 106, sobre descanso semanal en el comercio y las oficinas, 1957, ratificado por España el 5 de mayo 1971 (BOE de 24 de mayo de 1972), ni tampoco la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, de 4 de noviembre de 2003, en la medida en que no se prevén en los supuestos señalados períodos de descanso semanal.
Por otra parte, en los juzgados de guardia ordinaria de veinticuatro horas tampoco se respeta el descanso diario de once horas entre jornadas previsto en la normativa comunitaria, ni se prevé un descanso compensatorio. En los juzgados de guardia semanal de disponibilidad, en muchas ocasiones las necesidades del servicio impiden disfrutar de los períodos de descanso diario y semanal previstos en la normativa comunitaria, hecho que justifica que también en estos órganos judiciales se deba descansar el día siguiente de la guardia.
En todos estos supuestos, además de vulnerarse la mencionada normativa comunitaria sobre descanso semanal, la regulación actual coloca a los Jueces y Magistrados en una situación peor que el resto del personal que presta el servicio de guardia.
Así, la Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE 28/3/12), en su artículo 5, relativo al servicio de guardia, se remite a la Resolución de 4 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la se dictan instrucciones sobre jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia, reconociendo a los funcionarios del Juzgado que prestan sus servicios de guardia ordinaria, bien de 24 horas, bien semanales, su derecho al descanso el día de salida de la guardia, y si ésta coincidiera en sábado, dispone que el día de descanso se trasladará al lunes. Esta Orden del Ministerio de Justicia, asimismo, ha sido recientemente modificada por Orden de fecha 14 de junio de2013, (BOE de fecha 1 de julio de 2013) en el que se incluye también dentro del ámbito la misma a los médicos forenses.
Por su parte, la Orden JUS/797/2012, de 29 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales (BOE 19/4/12), se remite en cuanto a su servicio de guardia a lo dispuesto en la Resolución de 4 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, anteriormente referida, regulándose de igual forma que para los funcionarios de justicia.
Por tanto, de lo cabe concluir, que, con arreglo a la normativa actualmente vigente, los únicos trabajadores a los que hasta el pasado 15 de octubre de 2013 no se les había reconocido el derecho al descanso tras la finalización del servicio de guardia eran los Jueces y Magistrados, y aún en la actualidad no les ha sido reconocido a todos ellos.
El derecho al descanso se encuentra reconocido para todo el sector público en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, pudiendo citarse, por sus similitudes con el servicio de guardia judicial, la regulación del descanso contenida en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el preceptivo descanso posterior al día de guardia de veinticuatro horas, y cuando coincida en fin de semana, el derecho a treinta y seis horas seguidas de libranza, a tenor de lo que dispone para el personal estatutario su Ley Marco.
En respuesta a las reiteradas peticiones realizadas por las asociaciones judiciales a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, finalmente, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, adoptó el Acuerdo de fecha 15 de octubre de 2013, de modificación del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, que afecta precisamente al régimen de descansos de los Jueces y Magistrados tras el servicio de guardia, previsto en los artículos 54, 56, 58, 59 y 60 del citado Reglamento.
En relación con este modificación, esta asociación debe señalar que, sin perjuicio de valorar de forma positiva el avance que supone respecto de la regulación anteriormente vigente en cuanto al reconocimiento del derecho al descanso de los Jueces y Magistrados, la reforma debe calificarse de insuficiente y erróneo en cuanto a la concepción de este derecho que se desprende del mismo.
Así, la reforma del Reglamento 1/2005 es insuficiente por cuanto que únicamente reconoce la posibilidad de que los Jueces y Magistrados que desarrollan el servicio de guardia puedan dejar de asistir al despacho el día de conclusión de la guardia, en el caso de los partidos judiciales cuyos Juzgados de Instrucción se encuentren separados de los de Primer Instancia, así como a aquellos otros en los que, sin que exista tal separación, haya más de tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Esta limitación excluye del derecho al descanso a la finalización del servicio de guardia a todos los Jueces y Magistrados que ejercen sus funciones en partidos judiciales con tres o menos juzgados, para los que únicamente se prevé que, como consecuencia del exceso de horas trabajadas fuera del horario del servicio de guardia, se podrá interesar por el Juez y acordar por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, la compensación horaria dentro del mes, siempre que no haya actuaciones pendientes, ni señalamientos. A juicio de esta asociación, se trata de una diferencia de trato injustificada, que afecta muy negativamente a los titulares de un número muy elevado de Juzgados, que puede superar los trescientos en cómputo nacional.
La reforma intenta justificar esta diferencia de trato señalando en su exposición de motivos que en los partidos judiciales que cuentan con más de tres Juzgados “es notorio que la prestación del servicio de guardia comporta objetivamente circunstancias y condiciones de especial penosidad, en tanto, entraña, al menos, como exige el reglamento para todos los órganos judiciales, una prolongación de la jornada ordinaria de trabajo con motivo de la prestación de este servicio”.
Aun siendo cierto que en los sistemas de “guardia de disponibilidad” y “guardia continua”, el desarrollo del servicio de guardia se presta, en principio, durante la jornada ordinaria de trabajo del juzgado que se encuentre en turno sin que la misma experimente por ello alteración alguna, a juicio de esta asociación, éste no debería ser el elemento básico que el Consejo General del Poder Judicial debiera tener en cuenta a la hora de reconocer el derecho al descanso de los Jueces y Magistrados españoles sino, por el contrario, el hecho de que también en estos partidos judiciales el juez debe permanecer en situación de disponibilidad y en condiciones de continua localización para atender puntualmente a cualesquiera incidencias propias del servicio de guardia que pudieren suscitarse, en cuyo caso ha de incorporarse al mismo de forma inmediata.
Si la disponibilidad ha de ser absoluta también en el caso de los Partidos Judiciales con tres o menos Juzgados, debiera reconocerse también el derecho de los Jueces y Magistrados titulares de estos Juzgados a descansar el día de conclusión de la guardia. La experiencia de numerosos compañeros integrantes de esta asociación judicial demuestra que, en la práctica, la dedicación personal que el Juez ha de mostrar para atender a las necesidades del servicio de guardia en los partidos judiciales con tres o menos juzgados es muy similar a la requerida por los partidos judiciales con sistema de “guardia de permanencia”, motivo por el que no se justifica que la reforma parta de la base apriorística de una menor penosidad del servicio de guardia en los sistemas de “guardia de disponibilidad” o “guardia continua”.
Por el contrario, la necesidad de un descanso a la finalización del servicio de guardia se antoja incluso más necesario en el caso de estos partidos judiciales, por cuanto que, al haber menos Juzgados, son más ocasiones, en cómputo anual, en las que los Jueces y Magistrados habrán de encontrarse en situación de disponibilidad y continua localización, motivo por el que incluso cabría entender de mayor “penosidad” el desempeño del servicio de guardia en estos partidos judiciales. En este sentido, la situación de los titulares de Juzgados únicos, en situación de disponibilidad y continua localización durante doce días consecutivos, como se ha hecho constar más arriba, resulta tan desfavorable, que casi no precisa de comentario la “penosidad” del servicio de guardia que deben prestar.
Por todo ello, esta asociación judicial considera insuficiente el reconocimiento del derecho al descanso a la finalización del servicio de guardia únicamente para los Jueces y Magistrados que presten el servicio de guardia en partidos judiciales con más de tres Juzgados, habiéndose solicitado en trámite de alegaciones a la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial la extensión de este derecho también a los titulares de Juzgados que presten el servicio de guardia en partidos judiciales con tres o menos Juzgados, así como su no condicionamiento a la autorización del Presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo.
El otro punto en el que, a juicio de esta asociación, resulta criticable la Reforma del Reglamento 1/2005 viene referido al hecho de que, en todo momento, la modificación que se plantea de los artículos 54, 56, 58, 59 y 60 del citado Reglamento usa la misma desafortunada fórmula, consistente en afirmar que “al término del servicio de guardia ordinaria, el Juez que lo haya prestado podrá dejar de asistir al despacho el propio día de conclusión de la guardia, o, dentro de los tres días laborables siguientes, según las necesidades del servicio, siempre que no haya actuaciones pendientes derivadas de la guardia, ni señalamientos, participándolo al Juez Decano para que pueda proveerse su ordinaria sustitución”.
A juicio de esta asociación, esta redacción resulta desafortunada porque parece responder a una concepción del descanso no como un derecho del trabajador sino como una facultad potestativa y disponible del mismo, algo que resulta contrario a lo dispuesto tanto en el Convenio de la OIT nº 106 sobre descanso semanal en el comercio y las oficinas, de 1957, como en la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, de 4 de noviembre de 2003.
En efecto, de las citadas disposiciones se desprende que el descanso no es una facultad potestativa del trabajador, sino un derecho de configuración legal, y por tanto, no negociable ni disponible, de la misma forma que tampoco cabe disponer del derecho a las vacaciones.
Por ello, nuestro asociación propuso que la expresión empleada por el Proyecto “podrá”, fuera sustituida por “tendrá derecho a”, que se estima más acorde con la concepción del derecho al descanso de los trabajadores, que se desprende de la normativa más arriba.
Así, resulta oportuno recordar nuevamente que tanto el Convenio de la OIT nº 106 sobre descanso semanal en el comercio y las oficinas, de 1957, como la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, afirman la necesidad de que existan “períodos regulares de descanso de los trabajadores…suficientemente largos y continuos para evitar que, debido al cansancio o a ritmos de trabajo irregulares, aquellos se produzcan lesiones a sí mismos, a sus compañeros o a terceros, y que perjudiquen su salud, a corto o a largo plazo”.
Por este motivo, la reforma del Reglamento 1/2005 debería construirse sobre la base de que la protección de la salud de los Jueces y Magistrados, y el adecuado ejercicio de la función judicial, exigen que si el titular de un órgano judicial ha tenido la obligación de encontrarse en situación de continua disponibilidad y localización permanente durante siete días, o incluso doce días en el caso de los titulares de Juzgados únicos, ese solo hecho es motivo suficiente para que, necesariamente y de manera no condicionada al carácter más o menos penoso de la guardia, tenga derecho a disfrutar de una jornada de descanso, en la que quede liberado de esta obligación.
Asimismo, como ya se señaló en los antecedentes normativos, la nueva regulación del sistema de sustitución entre Jueces y Magistrados establecida en los artículos 207 a 216 LOPJ, tras la modificación llevada a cabo por LO 8/2012, de 27 de diciembre, supone una mayor carga de trabajo y penosidad añadida en el desempeño del servicio de guardia, por cuanto que convierte en excepcional, y sujeto a la estricta disponibilidad presupuestaria, el nombramiento de Jueces y Magistrados sustitutos que puedan hacerse cargo del servicio de guardia, previéndose incluso la posibilidad de que, a través de prórrogas de jurisdicción, los Jueces y Magistrados españoles deban desplazarse a otros Partidos Judicial, sin compensación de descanso por dicho trabajo adicional, ni tampoco se reconoce de forma expresa el derecho a la indemnización de los gastos de desplazamiento.
Es responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial, competente en la materia con arreglo al artículo 110.2.k) y ñ) LOPJ, la modificación del Reglamento 1/2005 de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, para adecuarlo a lo dispuesto tanto en el Convenio OIT n.º 105 como a la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, en los siguientes términos, tal y como ya ha sido solicitado tanto por las asociaciones judiciales como por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud constituida por el propio Consejo, en sus reuniones de 16 de enero de 2012 y 12 de julio de 2013:
– Establecimiento de mecanismos de compensación en los supuestos en que la necesidades del servicio de guardia impida el cumplimiento de los períodos de once horas de descanso entre jornadas, previstos por el artículo 3 de la Directiva, (por ejemplo levantamiento cadáver en horario nocturno).
– Supresión de los supuestos de superación de las cuarenta y ocho horas semanales, como ocurre en los partidos judiciales con menos de ocho y más de tres juzgados: el horario marcado en el Reglamento 1/2005 supera en cuatro horas el máximo semanal de cuarenta y ocho horas previsto por la citada Directiva.
– Establecimiento de un sistema de compensaciones horarias, cuando se superen los topes máximos diarios, similar al que tienen los funcionarios en la Resolución de 15 de julio de 2005 de la Secretaría de Estado de la Administración de Justicia.
– Establecimiento de un sistema de compensación del trabajo adicional derivado de la aplicación del régimen de sustitución entre Jueces y Magistrados derivado de la nueva redacción de los artículos 207 a 216 LOPJ, tras la modificación llevada a cabo por LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la LOPJ (BOE 28 diciembre de 2012, fecha de vigencia 29 diciembre 2012).
Por su parte, corresponde al Gobierno de España modificar el Real Decreto 700/2013, de 20 de septiembre, a efectos de reconocer el derecho a la retribución de las sustituciones llevadas a cabo por los Jueces y Magistrados españoles entre el 29 de diciembre de 2012 y el 21 de septiembre de 2013; prever una partida presupuestaria adecuada y suficiente para atender a las obligaciones económicas que se derivarán de la aplicación de lo dispuesto en dicho Real Decreto; determinar que la carga de trabajo asumida por los Jueces y Magistrados, como consecuencia del desarrollo de tareas de sustitución, no superará la carga máxima de trabajo establecida al efecto por el Consejo General del Poder Judicial; así como reconocer de forma expresa el derecho a la indemnización por los gastos de desplazamiento derivados de los supuestos de prórroga de jurisdicción previstos por el artículo 210.1.e) LOPJ.
Se acompaña a esta Queja las siguientes pruebas documentales:
Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en la redacción actual tras la modificación operada por Acuerdo de 15 de octubre de 2013.
Artículos 207 a 216 LOPJ, tras la modificación llevada a cabo por LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la LOPJ (BOE 28 diciembre de 2012, fecha de vigencia 29 diciembre 2012).
Actas de las reuniones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial de 12 de enero de 2012 y 12 de julio de 2013.
Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las retribuciones previstas en la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, tras la modificación realizada por Real Decreto 700/2013, de 20 de septiembre.
SOLICITO A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO que tenga a bien admitir esta Queja por vulneración de derechos relacionados con el descanso de los trabajadores, garantizados por esa organización internacional, junto a los documentos que la acompañan y, tras someterla al examen de los órganos correspondientes para la comprobación de las violaciones de derechos denunciadas:
1) Declare la vulneración del derecho al descanso de los Jueces y Magistrados españoles, derivada tanto de la actual regulación del servicio de guardia contenida en el Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, como la regulación de las sustituciones entre Jueces y Magistrados, contenida en los artículos 207 a 216 LOPJ, tras la modificación llevada a cabo por LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la LOPJ (BOE 28 diciembre de 2012, fecha de vigencia 29 diciembre 2012).
2) Acuerde realizar las observaciones y requerimientos pertinentes al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno de España sobre las anomalías comprobadas, e invitarle a tomar las medidas adecuadas para el pleno respeto y cumplimiento de los derechos conculcados, y la adecuada reparación a los Jueces y Magistrados afectados por la eventual aplicación de las medidas contrarias al Convenio 106 de la OIT, en los términos propuestos en la presente Queja.
Se hace entrega de la presente Queja para su registro y pertinente tramitación, en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo sita en Madrid, calle Alberto Aguilera, 15 Duplicado, 1º piso, 28015 Madrid.

References: artículo 127
 artículo 401
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 3
 resolución 
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 801
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 210
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 212
 Real Decreto 
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 110
 artículo 3
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 210

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