Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=51156&legiid=485
Timestamp: 2017-11-19 21:26:24+00:00

Document:
HOMENAJE A ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE GOBIERNOS INTERMEDIOS EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO
ACUERDO SOBRE TRÁNSITO VECINAL FRONTERIZO ENTRE CHILE Y ARGENTINA, Y SUSTITUCIÓN DE SU ANEXO I
Sesión 22ª, en miércoles 4 de junio de 2014
(De 16:21 a 18:50)
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 16ª, ordinaria, en 13 de mayo; 17ª, especial, y 18ª, ordinaria, ambas en 14 de mayo, y 19ª, ordinaria, en 20 de mayo, todas del presente año, que no han sido observadas.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual contesta solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor De Urresti, respecto de los servicios de transporte que presta la empresa Somarco en la Región de Los Ríos.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el "Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América", suscrito en Washington el 5 de junio de 2013 (boletín Nº 9.332-10) .
De la Comisión d Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el Día Nacional del Suplementero (boletín N° 8.668-04).
Del Senador señor Lagos, con la que inicia un proyecto de ley que establece normas sobre control y manejo del árbol eucaliptus en la comuna de Valparaíso (boletín N° 9.375-01).
De los Senadores señores García, Allamand, Espina, Ossandón y Prokurica, con la que se da inicio a un proyecto que modifica el artículo 13 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el fin de que los proyectos queden a disposición de los parlamentarios de la Cámara correspondiente desde el momento de su ingreso (boletín N° 9.374-07).
De los Senadores señor Tuma, señoras Goic y Von Baer y señores De Urresti, García, García Huidobro, Harboe, Larraín, Letelier, Moreira, Pizarro, Quinteros y Zaldívar, que propone constituir una comisión especial para el estudio de la contaminación ambiental en las zonas centro y sur del país, que sugiera medidas para recuperar los niveles de calidad ambiental en las zonas saturadas, mitigar los efectos de la contaminación en la población y promover la aplicación de planes de largo plazo que garanticen el derecho a vivir en un medio ambiente sano y saludable (boletín Nº S 1.670-12).
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, quiero solicitar que se oficie al Ejecutivo pidiéndole el patrocinio de una moción, de la cual soy autora junto con otros colegas, que ayer fue declarada inadmisible, referida a la posibilidad de que las alcaldesas sean reemplazadas por el administrador municipal, ya que la licencia por maternidad es irrenunciable y la ley no cubre los espacios del nuevo posnatal.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se pedirá entonces el patrocinio del Ejecutivo. Además, creo que se representa al conjunto del Senado, así que no hay ningún problema.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Recuerdo a las señoras y señores Senadores que por acuerdo de Comités la Comisión de Hacienda se halla autorizada para sesionar en paralelo con la Sala.
La señora ALLENDE (Presidenta).- También por acuerdo de Comités, corresponde rendir homenaje a la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (OLAGI) con motivo de cumplirse diez años de su creación.
Se encuentra en las tribunas el señor Luis Guastavino, ex intendente y uno de los fundadores de esta institución.
Le doy la bienvenida, así como a todos aquellos que lo acompañan.
Queridos amigos que nos acompañan en las tribunas, en especial don Luis Guastavino y su delegación; señoras Senadoras y señores Senadores:
Como Presidenta del Senado, quiero felicitar a la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, conocida como OLAGI, al conmemorar sus diez años de creación. Esta iniciativa fue fundada entre los días 22 y 23 de abril de 2004 en esta misma ciudad de Valparaíso.
Es importante destacar que el impulso fundamental fue de nuestro querido amigo y ex intendente de la Quinta Región don Luis Guastavino, quien se encuentra hoy con nosotros.
Hace una década, el Gobierno regional de ese entonces convocó en este puerto a autoridades regionales, departamentales y provinciales de los diferentes países de América Latina y el Caribe, ocasión en la cual participaron más de 65 representantes de 11 naciones y se generaron las bases para implementar una red de intercambio, colaboración y desarrollo entre los territorios subnacionales.
Inspirándose en el Comité de Regiones con que cuenta la Unión Europea, se conformó la OLAGI, y en este período de diez años se han celebrado siete cumbres, con amplia participación de autoridades e instituciones vinculadas a las tareas de integración, descentralización y regionalización.
En este contexto, sus integrantes han definido la realización del Foro de las Regiones de América Latina y el Caribe para celebrar esta década de existencia. Además, este Foro será un aporte preparatorio para la Octava Cumbre de la OLAGI, que se llevará a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, los días 3, 4 y 5 de septiembre de este año.
La Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios ha sido una iniciativa visionaria y pionera, respondiendo a la necesidad de una gestión evidente y planteándose el enorme desafío de iniciar procesos crecientes de integración, desde diversas perspectivas y con diferentes metodologías, de nuestros territorios nacionales y de la región latinoamericana.
OLAGI nació teniendo como objetivo fundamental impulsar procesos políticos, productivos y administrativos en favor de la regionalización, la integración y la descentralización. Se creó para vigorizar y proyectar el desarrollo y progreso de los territorios subnacionales y apoyar con ello los desarrollos nacionales.
Todos sabemos que las dificultades y los desafíos de nuestras regiones, de nuestros países y de nuestra gente son bastante similares. De ahí entonces la necesidad de compartir experiencias y de explorar en la búsqueda de niveles de cooperación crecientes que faciliten y aseguren su adecuada resolución, con políticas públicas de calidad que perduren en el tiempo y que respondan, efectivamente, a las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos en sus respectivos territorios.
Por ello, es importante el intercambio entre países y regiones, para que nos conozcamos más y mejor y construyamos más lazos de amistad y de unidad que nos permitan avanzar en la conformación de una suerte de nacionalidad y ciudadanía latinoamericana común.
Valoro que hayan escogido el Congreso Nacional y la hermosa ciudad de Valparaíso para realizar este gran encuentro, que se llevará a cabo los días jueves 5, viernes 6 y sábado 7 del presente mes.
El evento será inaugurado por el Presidente de OLAGI, don Juan Carlos Ossandón, Gobernador del Departamento Bolívar de Colombia; el Presidente de la Organización Mundial de las Regiones ORU-FOGAR y Gobernador de la provincia de Azuay, de Ecuador, Paul Carrasco; el Intendente de la Región de Valparaíso, Ricardo Bravo, y, en representación de nuestra institución, su Vicepresidente, Senador Eugenio Tuma. Debí haber asistido yo, como Presidenta de la Corporación, pero he dado las excusas correspondientes a la organización, ya que entiendo que el jueves viaja la Presidenta de la República a mi región y, por tanto, me será imposible concurrir a la inauguración.
Valparaíso ha sido fuente y motor inagotable de numerosas iniciativas de innovación, desarrollo y progreso, para Chile y para muchas naciones hermanas de la región americana. Esperamos que la elección de este lugar permita reforzar nuevas acciones que favorezcan el conocimiento y la hermandad entre nuestros países.
Sinceramente espero que la celebración del décimo aniversario de OLAGI sea un paso más hacia la consolidación definitiva de la organización; asimismo, que se promuevan la integración y la descentralización de los gobiernos subnacionales, para hacerlos una realidad en América Latina, el Caribe y, por cierto, Chile.
Las cumbres realizadas en Guayaquil, Ecuador (2004); en Florianópolis, Brasil (2005); en Santo Domingo, República Dominicana (2006); en Punta del Este, Uruguay (2007); en Cuenca, Ecuador (2008); en Medellín, Colombia (2011); en Sao Paulo, Brasil (2013), dan cuenta de la importancia que ha venido adquiriendo esta organización.
Cada vez escuchamos con más fuerza y vigor que los ciudadanos, las sociedades y los países -en especial los que se encuentran en vías de desarrollo- reclaman de sus autoridades más democracia y más políticas públicas con sentido común y de calidad.
Hay que poner más fuerza, entonces, en la descentralización.
No es casual que las posibilidades de alcanzar niveles significativos de desarrollo y progreso para nuestros países y nuestros ciudadanos se encuentren en las capacidades y competencias que despliegan nuestros gobiernos, encaminadas a establecer e implementar una gestión descentralizada e integral, tema cada día más estratégico para todos los países de la región.
Las personas realizamos nuestras vidas y biografías en territorios, zonas y localidades con características y rasgos identitarios específicos, que necesariamente deben ser considerados -así queremos que sea- al momento de diseñar e implementar las políticas públicas.
La adecuada integración y armonización de sujetos y territorios en las políticas públicas no solo perfeccionan y fortalecen nuestros sistemas democráticos, sino que también aseguran la cohesión social, la estabilidad política y la gobernabilidad en nuestras sociedades, aspectos fundamentales para alcanzar el pleno desarrollo y el progreso humanos.
OLAGI, en estos diez años desde su fundación, ha reunido a intendentes, gobernadores y prefectos de toda América Latina y el Caribe; ha creado una escuela para la capacitación de la gestión pública de los gobiernos intermedios; ha puesto en marcha una red de universidades latinoamericanas en torno a la integración y el desarrollo, y además forma parte de la Organización Mundial de las Regiones.
Hoy, más que nunca, el desafío primordial de nuestros países y de nuestras autoridades es mejorar la calidad de la democracia y la calidad de las políticas públicas.
Ese es el gran reto y la enorme responsabilidad ética de quienes participamos en la actividad política, que hemos asumido como un estilo de vida dedicado al servicio público y a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas.
Estoy cierta de que OLAGI es una instancia donde todos podremos encontrar un espacio para ello. No tengo dudas de que las propuestas y conclusiones del foro que se llevará a cabo en los próximos días serán desafiantes para todas y todos quienes estén presentes en dicho encuentro.
Reitero mis felicitaciones y agradecimientos por haber escogido el Congreso Nacional y esta ciudad, tan tristemente azotada por una tremenda tragedia, como lo fue el feroz incendio que hubo hace poco.
Quiero felicitarlos; darles la bienvenida a nuestras visitas internacionales, y decirles que cada vez más en Chile quienes representamos a regiones anhelamos ser escuchados y tener activa participación en el diseño e implementación de las políticas públicas. No hay verdadera democracia si esta no viene acompañada de integración, descentralización y una auténtica regionalización.
¡Bienvenidos a la ciudad de Valparaíso, que los va a acoger!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de entrar en el Orden del Día, quiero saludar a la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) y a la Escuela de Gendarmería de Chile, que viene a cargo de su Subdirector, Coronel don Christian Alveal Gutiérrez, quienes nos acompañan en las tribunas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el primer lugar de la tabla figura el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que confiere el carácter de título profesional universitario a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sesiones 39ª, en 5 de octubre de 2005 (se aprueba en general); 48ª, en 13 de diciembre de 2005 (se aprueba en particular por no haberse presentado indicaciones).
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Quintana, Rossi e Ignacio Walker), rechazó todas las enmiendas efectuadas por la otra rama del Parlamento.
En caso de que la Sala acuerde aprobar las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados al artículo 1° del proyecto de ley, debe hacerlo con el voto de 22 señores Senadores, por tratarse de una norma de carácter orgánico constitucional.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcribe el texto aprobado por el Senado y las modificaciones introducidas por la otra rama legislativa.
El señor ROSSI.- ¿Cuántos minutos tengo, señora Presidenta: cinco o diez?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos en el tercer trámite, así que deberían ser cinco. Pero vamos a ser flexibles, Su Señoría. Siempre lo hemos sido.
El señor ROSSI.- De todas maneras, voy a tratar de ser muy breve.
Solo quiero recordar que estamos ante una iniciativa de hace varios años, originada en una moción del Senador Espina y la ex Senadora Matthei, entre otros parlamentarios, que establece la exclusividad universitaria para siete carreras del área de la salud: Enfermería, Obstetricia, Nutrición y Dietética, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Kinesiología y Tecnología Médica.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite, aprobó la exclusividad universitaria solo para Enfermería y Obstetricia y Puericultura, y la rechazó para las otras cinco carreras.
Nuestra Comisión de Educación, en el tercer trámite, no acogió las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, por lo que se desechó la no inclusión de las otras cinco carreras, en el ánimo de enviar el proyecto a Comisión Mixta. Y es lo que debería ocurrir hoy, si la Sala aprueba la recomendación unánime de la Comisión de Educación, a fin de que se resuelvan las divergencias producidas entre ambas ramas. Ocurrirá lo contrario si la Sala rechaza el informe.
Reitero que ya fue aprobada la exclusividad universitaria para Enfermería y Obstetricia.
Ahora paso a dar mi opinión al respecto.
En mi caso, soy partidario de otorgar exclusividad universitaria a todas las carreras que fueron consideradas en la moción parlamentaria original, por varias razones.
Algunos dicen que este es solamente un tema de historia, que dichas carreras estarían vinculadas a la Universidad de Chile. Y eso, efectivamente, es verdad. Pero, más que por razones históricas, ello tiene que ver con las características de la formación de quienes estudian estas carreras y su nivel de complejidad. Las disciplinas relacionadas con el área de la salud requieren la sinergia propia del enfoque multidisciplinario que se da en el ámbito universitario.
Las universidades cumplen un rol, una misión, importante, al igual que los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Pero no es el mismo rol. Ello es más que evidente, independiente de que yo tengo un juicio muy crítico de las universidades que solo imparten docencia, porque, por su naturaleza, debiesen necesariamente producir bienes públicos, como los derivados de la investigación o la extensión.
La universidad está conformada por unidades de educación superior y de investigación que entregan grados académicos. Y esa diferencia es bien relevante, pues el grado académico de licenciado da cuenta justamente de un proceso de formación distinto. Tanto es así que la licenciatura le posibilita a un profesional seguir estudiando. Lo anterior es particularmente importante si consideramos la trascendencia que tiene para la sociedad moderna la educación continua, el perfeccionamiento, la obtención de magísteres y doctorados.
Si no se tiene una licenciatura, que solo se entrega en las universidades, no es posible realizar posgrados. Y eso demuestra, de alguna manera, por qué es tan necesario, entre otras cosas, que estas carreras de la salud se impartan solo en los establecimientos de educación superior.
Otro tema dice relación con el marco normativo.
El artículo 112 del Código Sanitario dispone: "Sólo podrán desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, quienes posean el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones".
O sea, también hay un asunto de fe pública que tiene que ver con las características de la formación y con la exigencia que impone el Código Sanitario a todos los profesionales de las carreras de la salud que trabajen en el sector público.
Dicho de otro modo, un profesional de estas carreras -por ejemplo, un fonoaudiólogo- formado en un IP no podría trabajar en un recinto asistencial del Estado, justamente porque así se desprende claramente de lo que indica el Código Sanitario.
Pero hay otros elementos dignos de destacar.
Estas carreras de la salud exigen una profunda formación básica general: una educación científica y reflexiva, la generación de pensamiento crítico, que son características propias del ámbito universitario.
Desde tal perspectiva, asumo que la importancia de aprobar el informe de la Comisión de Educación radica en no discriminar entre las carreras de Enfermería y de Obstetricia, a las que sí se les concedió la exclusividad universitaria, y las cinco restantes, a las cuales no se les concedió.
Además, ello no tiene que ver solamente con un tema de fe pública, en cuanto a la certificación de la calidad en la formación de profesionales que van a laborar en el ámbito de la salud, sino también con ciertas sinergias que se dan en el ámbito universitario.
Es difícil imaginar la formación de un tecnólogo médico o de un fonoaudiólogo, por ejemplo, que se especializa en laboratorio, o en radiología, sin la sinergia que se da en el contacto con un otorrinolaringólogo. Esta es fundamental y solo se da en el proceso de educación en el ámbito universitario.
Y la Ministra de Salud, el Gobierno, han respaldado esta iniciativa en esa lógica.
Hay quienes dicen -y es un argumento legítimo-: "Pero hay universidades que imparten estas carreras y no están acreditadas, versus institutos que las imparten y que sí lo están".
Bueno, la verdad es que en esta discusión no se halla en juego la calidad en la formación de las universidades. De hecho, si hoy día se plantea como punto central del programa de Gobierno una reforma a la educación, que, obviamente, incluye a la superior, es porque tenemos muchos reparos acerca de la organización de la educación superior; de su regulación; del sistema de aseguramiento de su calidad; de su forma de acreditación.
Por lo tanto, ese no es el punto.
Nosotros buscamos, justamente, avanzar en un proceso que garantice la calidad de la enseñanza en las universidades.
Finalmente, a modo de conclusión, quiero señalar que los pacientes merecen los más altos estándares de calidad que sea posible otorgar.
Además, estoy seguro de que debemos avanzar en la profesionalización de los equipos de salud, sin perjuicio de que también es muy importante el soporte técnico.
Y la formación de profesionales de la salud requiere una licenciatura previa al título profesional, que permita acceder a distintos grados académicos que garanticen, justamente, su permanente actualización en la problemática científica y social que plantean las necesidades sociales de la población.
Por eso, señora Presidenta, recomiendo a la Sala que apruebe el informe de la Comisión de Salud, para que este proyecto vaya a Comisión Mixta y se pueda dar una discusión en profundidad respecto de esta materia.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Hay dos Comités que me han pedido abrir la votación, que recuerdo que es única.
Si le parece a la Sala, así lo haremos.
Votar que sí, significará estar de acuerdo con las enmiendas introducidas unánimemente por la Comisión de Salud, y que no, obviamente estar en contra.
El señor QUINTANA.- ¡De Educación!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, de Educación.
Discúlpenme, pero tengo asociado al Senador señor Rossi con la Comisión de Salud, pues hasta hace poco fue su Presidente. Estamos hablando de la Comisión de Educación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina, para fundar el voto.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, hace años me correspondió presentar este proyecto de ley. Y lo hice, por tener el más profundo convencimiento de que las carreras vinculadas al área de la salud deben disponer de los más altos estándares de preparación y formación, y no solo otorgar un título profesional, sino también una licenciatura.
En primer lugar, porque, sin lugar a dudas, se ocupan de la actividad más sensible para el ser humano: nada menos que de atender la salud de la ciudadanía.
En segundo término, porque los equipos de salud son eso: equipos.
Quienquiera que consulte sobre este tema a un médico, obtendrá la respuesta de que todos quienes se desempeñan en el área de la salud y se relacionan con ella conforman un equipo de trabajo que debe contar con los estándares y los niveles de preparación adecuados para enfrentar con éxito a un paciente que, probablemente, precisa la atención de distintas disciplinas en el área de la salud. Y, en consecuencia, ese equipo necesita estar preparado, capacitado para atenderlo adecuadamente y, por cierto, para intentar sanarlo por todos los medios.
Esta iniciativa no solo persigue que las carreras de la salud se impartan en las universidades, sino también que otorguen grados de licenciado. Y eso marca la diferencia: que sean licenciados en las universidades.
Y, por eso, el actual artículo 54 de la ley respectiva dispone: "El grado de licenciado es el que se otorga a un alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudio que comprende -¡ojo!- todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento, de una disciplina determinada". ¡Todos los aspectos esenciales!
Por consiguiente, hablamos de carreras que requieren dominar todos los aspectos esenciales vinculados al área de la salud...
Señora Presidenta, quisiera pedirle a mi distinguido, gran y estimado amigo Hernán Larraín que me preste un segundo de su atención.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ruego a los señores Senadores no interrumpir al Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Y por eso nosotros pedimos que las carreras que otorguen grado de licenciado y se impartan exclusivamente en las universidades sean las de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional.
Y quiero dar un ejemplo de estas carreras.
Conversaba con un pediatra cercano a mí, quien me decía que, en el caso de Kinesiología, la preparación, la formación profesional, el conocimiento de todas las áreas de la salud son fundamentales para el tratamiento de los menores.
Si queremos contar con buena salud, debemos tener buenos profesionales, con título y grado académico: kinesiólogos; fonoaudiólogos; enfermeras; matrones, quienes muchas veces atienden cuando no hay un médico; nutricionistas, que no elaboran una dieta común y corriente, sino todo un tratamiento para que una persona pueda tener mejor calidad de vida; ni hablar de los tecnólogos médicos, que realizan los exámenes y apoyan en el diagnóstico y el tratamiento a los médicos y trabajan junto con ellos; terapeutas ocupacionales, cuya labor tan poco se conoce y que permite a muchas personas con deficiencias, discapacidades, reinsertarse en el mundo del trabajo.
Por todas esas razones, señor Presidente. ¡Perdón, señora Presidenta, o mi Presidenta, con la envidia de las bancadas de enfrente¿!
La señora ALLENDE (Presidenta).- No se equivoque, Su Señoría: "señora Presidenta".
El señor ESPINA.- Pero yo le digo "Mi Presidenta"...
La señora ALLENDE (Presidenta).- Mire que costó 204 años llegar a la testera. Así que tengo razón en defenderla.
El señor ESPINA.- Sí, pero como yo soy Senador, puedo decirle "Mi Presidenta".
Entonces, quiero señalar que la Cámara de Diputados solo aprobó la exclusividad universitaria de dos carreras, Enfermería y Obstetricia y Puericultura, lo que de hecho ya fue aprobado, porque sobre eso hubo coincidencia entre el Senado y la Cámara.
Pero el resto de las carreras no la tiene. Y la manera técnica de resolverlo es enviar el proyecto en su conjunto a la Comisión Mixta para darles a todas tal carácter.
Y pido coherencia en lo siguiente.
Nosotros decimos: hay que elevar el nivel de la educación; hay que elevar la calidad de la educación; hay que ser sensible al tema de la salud, pero cuando se trata de dar un paso importante en términos de exigir el grado de licenciado para carreras tan relevantes como las que se incluyen en la iniciativa, empezamos a tener dudas.
Yo les solicito que no las tengamos, que demos la jerarquía, el nivel, la calidad y la preparación que requieren estas profesiones. Eso le hará bien a la salud de nuestros compatriotas; permitirá formar equipos afiatados, que trabajen coordinados para atender a sus pacientes. De esa manera, contribuiremos a que en nuestro país los profesionales de la salud tengan mayor capacidad y alcancen el nivel que la población requiere y merece.
Por eso, señor Presidente, pido que aprobemos lo propuesto por el órgano técnico para que se vaya a Comisión Mixta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador señor Espina, le vuelvo a reiterar: "señora Presidenta".
Yo entiendo que cuesta acostumbrarse. Ya lo he dicho varias veces. Sé que tarda un poco el asimilar estos cambios culturales, que después de 200 años no son fáciles. Pero le ruego que lo tenga en consideración, de verdad: "señora Presidenta".
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, concurro con mi voto a aprobar la propuesta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en orden a rechazar las modificaciones incorporadas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que otorga la calidad de profesión universitaria a todas las carreras del área de la salud.
En mi calidad de profesional de la salud, soy muy consciente del rol que cumplen kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeras, matronas, nutricionistas, tecnólogos médicos y terapeutas ocupacionales, quienes junto con médicos, odontólogos, psicólogos, deben trabajar en equipo para enfrentar los requerimientos de salud de la población.
Los problemas de la salud son de resolución cada vez más compleja, y necesitan ser enfrentados de manera interdisciplinaria por distintos profesionales, que cuenten con una sólida base científica compartida.
La Universidad de Chile tuvo una visión pionera hace varias décadas, al abrir estas carreras en la Facultad de Medicina. Y ellas fueron recogidas por nuestro sistema de salud pública, que, desde un principio integró a estos profesionales a sus plantas.
Asimismo, en mi calidad de exalcalde, tuve ocasión de constatar el aporte insustituible de estos profesionales en la atención primaria, particularmente bajo el modelo de salud familiar. Cada vez son más las prestaciones de salud ejecutadas por ellos, lo que se ha acentuado también por la escasez de médicos que afecta al nivel primario.
La gran mayoría de estos profesionales han continuado formándose en las universidades, pese a que sus carreras fueron sacadas de las de carácter exclusivamente universitario en 1981, por ley de la Junta de Gobierno. Y desde entonces estamos en deuda con ellos.
Confío en que la Comisión Mixta encontrará una fórmula que, acogiendo la idea matriz de la moción que dio origen a esta iniciativa, pueda también dar cuenta de los desafíos que enfrenta el sistema de enseñanza superior y que están comenzando a ser abordados a través de la reforma educacional incluida en el programa de Gobierno.
Lamentablemente, esta modificación legal llega tarde. Hay institutos profesionales que imparten estas carreras y se deben contemplar ahora los legítimos intereses de sus egresados y estudiantes, sobre todo cuando se trata de instituciones que han ganado un merecido prestigio.
Pero creo que las cosas deben volver a su cauce natural. Estas carreras siempre han sido universitarias, aunque la ley no las haya reconocido.
Una materia distinta será definir el sistema de educación superior que necesita el país para las próximas décadas; cuánto deben durar las carreras; qué acreditación requerirán las diferentes instituciones, etcétera.
Esos temas deberán ser abordados en el respectivo proyecto de ley. Pero ahora lo que corresponde es devolverle el carácter universitario a estas profesiones, el cual nunca debieron perder.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, sin duda, con respecto a los técnicos automotrices, los abogados o los ingenieros existe determinado ámbito de desempeño con el cliente. Pero el ámbito de desempeño de quienes laboran en la salud es distinto, porque tienen mayor cercanía y aproximación con las personas que atienden.
Por tanto, aquí hay un factor común que debemos mirar: la cercanía que estos profesionales tienen con los pacientes. Y tratándose de la atención a pacientes, debemos poner el más alto nivel de preocupación y de calidad.
En este proyecto hay dos puntos que no se abordan. El primero es la calidad, y el segundo, la mirada que le dio la Cámara de Diputados al proyecto, al llevarlo a discriminar entre carreras que comparten el mismo ámbito de preocupación; el mismo ámbito de cercanía, y el mismo ámbito de atención.
En mi opinión, nunca debió hacerse una distinción entre unas y otras carreras, como lo hizo la Cámara de Diputados. Y esto debe ser corregido en la Comisión Mixta para efectos de mantener la unidad de todas las profesiones de salud, a las que la ley ha de dar el mismo tratamiento y no discriminar entre unas y otras.
Lo segundo, señora Presidenta, es que si el enfoque es preocuparnos por el interés de los pacientes, el objetivo que se debe fijar es asegurar la calidad. Y este proyecto no la asegura, no obstante tener prestigiosas y muy buenas universidades, donde se titulan personas muy capaces y de gran valor.
En mi opinión, el tema de la calidad se nos ha quedado atrás. El proyecto que nos ocupa quizá llega adelantado, o quizá tarde, con relación a una reforma que garantice calidad en educación superior.
Me preocupa la situación, porque hay universidades que están con acreditación -no solo la universidad, sino también las carreras-, en tanto que otras no lo están. Tal asunto debe ser resuelto a la brevedad, ojalá en el marco de la reforma educacional.
Asimismo, debemos mirar qué va a ocurrir con otras instituciones de educación, como los IP, que han estado capacitando y entregando títulos técnicos a personas en el ámbito de la salud. Aquí sucede lo mismo en materia de acreditación: unos planteles carecen de ella y otros no. Y también se acreditan las carreras y el instituto.
Entonces, existe tal diversidad de ofertas que en ningún caso damos una mirada objetiva al propósito de garantizar la fe pública respecto de estas carreras, a fin de que todos los profesionales de la salud cuenten no solamente con una certificación, sino también con un respaldo de acreditación.
En consecuencia, señora Presidenta, estimo que la iniciativa debe ir a Comisión Mixta, razón por la cual apoyaré la propuesta de la Comisión de Educación.
En el siguiente trámite, deberemos fijarnos muy bien cómo garantizamos la calidad y cómo evitamos la discriminación entre todas las carreras del ámbito de la salud.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, el objetivo del presente proyecto es establecer la exclusividad universitaria para las carreras señaladas. La justificación de ello se basa en varias razones fundamentales: algunas prácticas y otras teóricas.
En primer lugar, la iniciativa busca conciliar la norma del artículo 112 del Código Sanitario con la regulación de la Ley General de Educación con relación a las carreras que solo pueden ser dictadas por planteles universitarios, esto es, las que sean conducentes a la obtención de un título profesional y, además, de un grado académico.
En segundo término y vinculado a lo anterior, el artículo 112 mencionado dispone lo siguiente: "Sólo podrán desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, quienes poseen el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones.".
Una segunda lectura sería que, de no corregirse lo que posiblemente pase, se generaría una situación inadecuada: habría médicos o especialistas en distintas áreas de la salud facultados por las universidades para desempeñar la profesión y otros no. Además, no podrían trabajar en el sector público los profesionales que hemos mencionado si es que tales carreras no son exclusivamente universitarias.
Por otra parte, también hay razones de índole técnica o vinculadas al desempeño de la medicina. No solo existen fundamentos sobre coherencia jurídica.
Uno de esos motivos es la necesidad de fortalecer los equipos de salud. En este ámbito, como todos sabemos, la competencia no es solo del médico cirujano, sino también del equipo médico. Por consiguiente, se requiere un lenguaje y los conocimientos mínimos comunes para llevar a cabo el trabajo, el diagnóstico y la aplicación de tratamientos a fin de asegurar la recuperación de la salud o la rehabilitación física o psíquica de los pacientes.
Ello se vincula, además, con el derecho ciudadano a una salud de calidad, lo cual ha de ser creíble y transparente, por la relevancia de lo que está en juego.
Por todo lo anterior, me parece necesario reponer el sentido original del proyecto. Para ello, este debe ir a Comisión Mixta, donde se podrá concordar un texto definitivo y coherente.
Quiero hacer presente otras consecuencias que se generarían si no procedemos en tal sentido.
El grado de licenciado es lo que permite a una persona continuar su carrera profesional, con los grados posteriores de magíster y doctorado u otras especialidades. Esto faculta la tarea investigativa y asegura la preparación del personal calificado para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y el avance en las distintas disciplinas de la salud.
Por consiguiente, si no corregimos la situación, se originarán serias consecuencias en el mejoramiento y desarrollo de la investigación y el conocimiento en el área de las ciencias médicas.
Finalmente, quiero rendir un tributo al personal de la salud.
Recordemos que en Chile los altos logros de nuestra salud pública se explican, fundamentalmente, por el trabajo de dicho personal, más que por las instituciones o la inversión pública realizada. Por tanto, el derecho de los funcionarios del sector a que se reconozca su actividad como carrera universitaria está plenamente avalado por su desempeño laboral.
Además, como ya dije, se toca el derecho ciudadano a tener una salud creíble, sólida, lo cual hoy el sistema universitario superior no garantiza.
Voto a favor de lo propuesto por la Comisión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de seguir ofreciendo la palabra, deseo saludar al Instituto Miguel León Prado de San Miguel, que nos visitan esta tarde.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Asimismo, quiero precisar, dado que hace un rato saludé a los funcionarios de Gendarmería de Chile, que se trata de cuarenta cabos segundo, que se encuentran realizando en Santiago un curso de actualización de conocimientos en materia penitenciaria, dentro del proceso anual de capacitación y procedimiento de la institución.
Deseaba hacer esa precisión.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, el tema que nos ocupa es bastante opinable, discutible. ¡Por supuesto, su objetivo es de justicia, no cabe duda!
No hay que olvidar que en 1981, en plena dictadura, gracias al artículo 12 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre universidades, se les termina el carácter exclusivamente universitario a las carreras de salud mencionadas, especialmente a aquellas de larga data.
Muchas de las que se han enumerado, como Kinesiología, Obstetricia, Tecnología Médica, Nutrición y Enfermería -posteriormente, surgió Terapia Ocupacional y Fonoaudiología-, son muy antiguas. Algunas tienen más de cien años de existencia en nuestro país. Y ayudaron a combatir grandes epidemias, plagas y enfermedades a comienzos del siglo XX.
No está en discusión ese punto. Por eso creo que es un asunto de justicia devolverles tal condición.
Efectivamente en 1981 empezaron a perder la calidad de exclusividad universitaria. Después, con la LOCE, terminaron de ser liquidadas de ese ámbito. A partir de entonces, quedaron como una opción más de mercado.
Entiendo que aquello es, en gran medida, lo que hoy día se busca restituir y recuperar.
Sin embargo, también debemos hacernos cargo de las consecuencias que esto implicará, en especial por el momento en el que estamos haciendo el debate.
Al respecto, quiero ser muy transparente, porque por ahí se ha dicho que algunos Senadores estamos en contra del proyecto. ¡No es así! Lo que pasa es que el Senado tiene una característica: requiere que los legisladores seamos bien serios y acuciosos en el análisis de las distintas iniciativas. Y debemos ser claros también.
La propuesta en estudio entrega una señal a los institutos profesionales. Quien crea que en ese ámbito no va a pasar nada está equivocado. Habrá implicancias en los IP, ¡sin lugar a dudas!
Todas las evidencias científicas, empíricas, hoy señalan -y también la reforma educacional del Gobierno- que hay que avanzar hacia el fortalecimiento de la educación técnico-profesional.
A mi juicio, se están dando señales que generarán complicaciones, y debemos advertirlas. Estamos diciendo no que rechazaremos lo que se nos pide, sino que hay que advertir los impactos negativos.
Ese fue el tenor del debate en la Comisión.
Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Que otras carreras solicitarán lo mismo. De hecho, entiendo que ya pidió audiencia a la Comisión de Educación la carrera de Construcción Civil. Entonces, en este análisis no cabe esgrimir solo razones sanitarias, pues en otras áreas, como la mencionada, se está exigiendo lo mismo: "También queremos tener exclusividad universitaria".
No estoy entregando un juicio. Alguien dirá: "Es que, si el calculista no es bueno, el edificio se puede caer". No tengo idea. Pero este tipo de argumentos será parte de la discusión que se va a abrir.
¿Por qué en la Comisión hice un cuestionamiento al momento en que se dio este debate? Porque, probablemente, vamos a salir todos felices de esta jornada como si las universidades, que van a tener la exclusividad para impartir estas siete carreras, estuvieran pasando por su mejor momento, en circunstancias de que hoy día no contamos con un sistema de acreditación que se halle a la altura. Este no pasa ni las pruebas de blancura ni los estándares de exigencia con que operan otros países, miembros de organizaciones a las que también pertenecemos.
Otra consecuencia es que puede desatarse una integración vertical. De hecho, ya está ocurriendo. Algunos institutos, que probablemente vieron venir esta modificación, empezaron a crear universidades. Para qué los vamos a nombrar. Todos los conocen. Concretamente, INACAP: está acreditado, es un muy buen IP y, sabiendo que esto venía, abrió una universidad.
Entonces, cuidado con el intento de algunos de homologar todo, como si las 60 universidades que existen en Chile fueran todas de la misma calidad. Y eso no es así.
Por eso cuestiono el momento en que se dio el debate sobre la materia. Esta votación debió hacerse después de contar con un sistema de acreditación y estándares de calidad que nos dejen a todos tranquilos.
Sin embargo, hay aspectos de la iniciativa que me hacen mucho sentido.
En la Comisión -respecto de las carreras de Tecnología Médica (con sus cinco especialidades), Enfermería, Kinesiología, Obstetricia, Nutrición, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, en algunas menos que en otras- se mostró la cantidad de profesionales egresados que quieren acceder a la formación continua y que anhelan poder hacer magísteres y doctorados.
Y esa sí es una razón central.
Por ello, vamos a aprobar lo que propone el informe para que la iniciativa vaya a Comisión Mixta. Si así procedemos, no es por otorgar un estatus ni por lo que se ha dicho -me van a disculpar la expresión los gremios que nos acompañan hoy día- en cuanto a que "queremos estar todos juntos, porque somos una cadena". Porque el día de mañana podrían crearse nuevas carreras ligadas a la salud, igual de respetables, las que también van a querer ser exclusivamente universitarias.
Reitero: votaré a favor de lo planteado en el informe, como ya lo hice en la Comisión de Educación. Pero advierto que esta futura ley va a traer implicancias y consecuencias.
Claramente, yo hubiese hecho este debate con posterioridad a la instauración de un marco institucional que nos permitiera saber cuáles universidades son buenas y cuáles, malas.
En la situación actual, algunas casas de estudios superiores siguen impartiendo carreras, pese a que, como todos sabemos, están siendo investigadas por la Fiscalía, y no solo por lucrar -no debiendo hacerlo-, sino también porque hace mucho rato que olvidaron su proyecto educativo.
Señora Presidenta, en verdad, creo que este es un buen debate.
Además, se plantea que, para obtener el grado de licenciado, los estudiantes deben aprobar los programas de estudios respectivos, con todos los aspectos esenciales que en esa disciplina se deben impartir.
Por último, lo que me terminó de convencer es que las siete carreras indicadas, a diferencia del razonamiento que hizo la Cámara Baja, incorporan en su malla de formación -en la Comisión analizamos las de algunas carreras; por ejemplo, la de Tecnología Médica- con dos años de ciencias básicas. Esto es relevante porque de esa forma se asegura que tales programas otorgan formación de calidad, que es lo que hoy día nos importa cuando hablamos de reforma educacional.
Por esa razón, voy a aprobar lo propuesto por la Comisión.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, estimo que los argumentos están dados.
La verdad es que la salud requiere, cada día más, una visión no solo biológica ni psíquica, sino fundada en la integralidad de la vida. En efecto, se necesitan, además de especialidades médicas o de doctores especialistas, personas con rango universitario que armen equipos de trabajo, los cuales, incluso, han de ocupar todos los días adelantos tecnológicos complejos. Se acerca la telemedicina, por ejemplo. Hay procedimientos que precisan una preparación básica amplia, de carácter universitario, que permita a los profesionales actualizar sus conocimiento, investigar e integrarse.
En ese sentido, al mejorar nuestro sistema sanitario, no solamente tenemos que asegurar la calidad de la salud pública, sino también su accesibilidad.
Y todas las cualidades que posibilitan esos objetivos las poseen quienes estudian carreras con rango universitario.
Por esa razón, apoyamos esta iniciativa para llevar las cosas a su término común, que era la idea original: en definitiva, que las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional tengan carácter universitario, sin dejar de lado a los técnicos.
Finalmente -y no por un aplauso fácil-, quiero saludar a la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. Este gremio ha dado una lucha incansable desde 1995. Se constituyó en regiones (Valparaíso y La Serena) y ha crecido de mil 200 a más de 10 mil afiliados. Ellos tienen muchos otros motivos por los cuales pelear, el principal es por una salud pública y de calidad en Chile.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, en la misma línea de lo planteado por el Senador Horvath, estoy absolutamente a favor -y con plena convicción- de que las carreras mencionadas posean carácter universitario.
Deben contar con esa condición, entre otras razones, no solo por el método de estudio y por la complicidad que se genera al interior de los recintos de educación superior respecto de los equipos que se van armando en torno a las especialidades, sino también por el servicio que se otorga a la población, a los usuarios, a las personas que necesitan de las herramientas que manejan esos profesionales.
Tal vez, algunos desconocen la labor eficaz que realizan los kinesiólogos y las kinesiólogas, los nutricionistas, las enfermeras y matronas, los tecnólogos y las tecnólogas médicos.
A mi juicio, no cualquier persona que estudie una de esas carreras en un plantel de educación puede efectivamente impartir salud; menos aún, salud de calidad. Y nosotros, como Senado, debemos velar para que esto último suceda.
Además, aquí hay años de estudio y, sobre todo, investigación.
Los grupos multidisciplinarios se estructuran en torno a equipos de salud afiatados. Se trata de grupos importantes de investigación en las áreas específicas que a ellos los convocan.
Por esa razón, quiero agradecer a todos quienes (docentes, profesores, profesionales del área y, también, estudiantes) nos han hecho llegar información durante este tiempo y han venido a conversar con nosotros al Senado, para jugarse y pelear definitivamente por algo que es tremendamente justo: lograr que la calidad que se entrega en materia de salud cada día sea de mayor beneficio, y con mayor especialización de parte de los profesionales del área, para las personas que reciben atención de salud, sobre todo en el ámbito público.
En consecuencia, señora Presidenta, obviamente voto a favor de lo propuesto por la Comisión de Educación.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, cuando las cosas se hacen mal y se cuenta con la posibilidad de mejorarlas, nuestra obligación es corregir.
Pienso que existen muchos argumentos para justificar el hecho de que se les confiera el carácter de título profesional universitario a las siete carreras relacionadas con la salud que contemplaba inicialmente este proyecto y que aquí se han señalado.
Muchas veces se han usado normas de la Constitución como fundamento para defender distintas materias. En este caso, yo haré lo mismo.
En primer lugar, quisiera señalar que nuestra Carta Fundamental, en el artículo 19, número 1º, establece como garantía constitucional "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas". Y en el número 9º del mismo artículo, consagra "El derecho a la protección de la salud". Y agrega que le corresponderá al Estado "la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.".
Por ende, el Estado debe garantizar que las acciones de salud que se prestan a través de instituciones públicas o privadas sean lo más adecuadas posibles, pues están en juego los derechos a la vida y a la salud física y psíquica de las personas.
Debemos entender que el Estado tiene el mandato constitucional de resguardar y proteger tales derechos, por lo que debemos legislar promoviendo más y mejores garantías para que las personas sean debidamente asistidas en los establecimientos de salud.
En este sentido, señora Presidenta, es un retroceso reducir el número de carreras de la salud que deben ser impartidas exclusivamente en universidades. Se debe entender el ámbito de la salud como un todo, como un solo cuerpo. Todas las áreas de la ciencia de la salud están conectadas y relacionadas entre sí. Por tanto, deben gozar de un mismo estatus -¡sí!, estatus-, pero de calidad académica. Y eso lo imparten las universidades.
La ciencia va a un ritmo muy rápido, por lo que el Estado debe fomentar y promover la investigación en un mayor estudio de las diversas áreas de la medicina. De lo contrario, nuestros profesionales de la salud corren el riesgo, entre otras cosas, de quedar atrás en el uso de nuevas tecnologías que ayuden a que los pacientes restablezcan oportunamente su salud.
Contribuye a este propósito otorgarles la categoría universitaria a todas las carreras relacionadas con la salud aquí enunciadas, pues los estudiantes se titularían con un grado académico, quedando habilitados para seguir perfeccionándose a través de algún posgrado de magíster o doctorado, lo que no es posible lograr en las carreras técnicas.
Como consecuencia natural del mayor grado de perfeccionamiento de los profesionales, conseguiremos que se vaya mejorando la calidad de los servicios que prestan los establecimientos de salud de nuestro país.
Los profesionales de las carreras de la salud requieren una interacción con el resto del equipo médico. Y esto no se establece en la Constitución ni lo digo yo: lo están sosteniendo los médicos especialistas. Dichos profesionales, principalmente los vinculados con la evolución clínica de los pacientes, precisan interactuar -insisto- con el resto del equipo médico.
No obstante, es necesario, por la responsabilidad que ello conlleva, que la formación de esos profesionales sea de calidad, lo que se consigue con mayor frecuencia en las universidades debidamente acreditadas. Pero esto no puede significar -y es responsabilidad del Parlamento hacer las correcciones y otorgar las garantías- un menoscabo a los institutos que imparten las carreras en comento. Y para evitarlo hay que garantizarles también su estatus de calidad, que es lo que importa y también merecen.
Por eso, cuando se habla de proteger la vida, lo que es muy importante, sobre todo en momentos en que en nuestro país estamos asistiendo a un debate acerca del aborto, debemos demostrar nuestra preocupación por que quienes ayudan a resguardarla estudien en universidades debidamente acreditadas.
Por lo expuesto, voto que sí, no porque me guste el sí, sino porque creo que corresponde que hoy nos pronunciemos para que el proyecto en análisis vaya a Comisión Mixta y se corrijan sus equivocaciones.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, en esta oportunidad, ¡y por única vez¿!, coincidiré con mi amigo y colega el Senador Moreira en votar "Sí".
Pero creo que hay que poner las cosas en su lugar y hacer una reflexión sobre lo que será el tema en la Comisión Mixta.
En primer término, felicito a los autores de la iniciativa: el Senador Espina y la entonces Senadora Matthei.
En segundo lugar, quiero recordar a quienes nos están siguiendo por TV Senado que nos encontramos en el tercer trámite constitucional y que los miembros de la Comisión de Educación, por unanimidad, decidimos rechazar el proyecto de la Cámara de Diputados justamente para ir a Comisión Mixta y zanjar este largo e interesante debate en una materia de enorme complejidad.
¿Por qué rechazar y por qué la unanimidad (entiendo que ocurrirá lo mismo en la Sala)? Porque, como sabemos, la Cámara de Diputados votó a favor de exigir con exclusividad para las universidades la obtención del grado de licenciado para otorgar el título profesional solo a Enfermería y a Obstetricia y Puericultura. Es decir, solo enfermeros o enfermeras y matrones o matronas estarían beneficiados por la exclusividad del título universitario. Y en cuanto al resto de las carreras ello se rechazó, pero no por razones de fondo, sino por falta de quórum: se requerían 69 votos y se registraron solo 62. Por lo tanto, si aprobáramos el texto de la Cámara Baja -doy esta explicación previa porque hay gente que nos sigue en estas discusiones y se pierde en el debate-, quedarían fuera de la calidad de carreras universitarias Kinesiología, Fonoaudiología, Nutrición, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional.
Por eso estamos rechazando -aparentemente, será por unanimidad- el texto de la Cámara de Diputados, para que la iniciativa vaya a Comisión Mixta y se zanje el problema sobre la base de una argumentación racional.
Tengo varias preguntas, señora Presidenta.
1) ¿Asegura calidad -ya que todos hablamos hoy con razón de la calidad en educación- el que las carreras en comento sean impartidas exclusivamente por universidades? Tal vez garantiza el estatus. ¿Pero asegura automática y necesariamente calidad?
2) ¿Son las siete carreras de la misma entidad, o algunas sí y otras no? En la Cámara de Diputados se discriminó en favor de unas por razones de quórum. Pero, en términos sustantivos, ¿son de la misma entidad? Recibimos distintas opiniones de los expertos. En mi concepto, las siete son importantes. Sin embargo, eso no es equivalente a que todas ellas deban ofrecerse, necesariamente, por vía universitaria.
3) ¿Es mejor una de esas carreras impartida por una universidad no acreditada o por un instituto profesional acreditado? ¿Qué incide, entonces, en la calidad? No es solo decir "son universitarias"; porque, evidentemente, un instituto profesional acreditado puede dar mayor garantía de calidad que una universidad no acreditada.
En tal sentido, ¿no es la acreditación -se lo preguntaba también el Senador Quintana- lo que hace la diferencia? De ahí la importancia de una ley sobre acreditación en educación superior, proyecto que se encuentra preparando el Gobierno.
4) ¿Qué evaluación objetiva, científica, con base empírica, con solvencia técnica tenemos para optar por un camino u otro? Esto no es un asunto de intuición, sino una cuestión que requiere una evidencia empírica, un estudio comparativo, una evaluación.
5) ¿Son equivalentes las "profesiones" a las "licenciaturas"? Obviamente, no. Yo soy abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y tengo un doctorado en Ciencias Políticas. ¿Qué es una profesión? ¿Qué es una licenciatura?
De hecho, hay profesiones impartidas por institutos profesionales que no son licenciaturas, en que no se confiere grado académico. La educación superior es universitaria y no universitaria.
En Chile, el déficit se encuentra en la educación superior no universitaria o técnica. Por suerte, desde hace dos años, por primera vez en la historia, hay más matrículas en la educación no universitaria y técnica que en la universitaria.
¿Qué pasa con la categorización? ¿Es de primera categoría la universidad, de segunda categoría el instituto profesional, de tercera categoría el centro de formación técnica? Ciertamente, no.
Entonces, no se trata de catalogar o categorizar arbitrariamente.
6) Hoy tenemos 39.714 profesionales de las carreras en comento. En términos de matrícula, hay 108.012 alumnos de estas carreras en el sector universitario y 5.012 en el no universitario. ¿Qué les responderemos a las 5.000 familias cuyos hijos estudian en institutos profesionales, más allá de decirles a estos últimos que tienen dos años para no recibir nuevas matrículas? Estos establecimientos jugaron con las reglas del juego existentes. A lo mejor llegó la hora de cambiarlas.
Este es un debate interesante, complejo, que hay que enfrentar con seriedad. Y espero que eso ocurra en la Comisión Mixta.
Por eso, voto que sí, para rechazar el proyecto de la Cámara de Diputados y profundizar la discusión en aquel órgano técnico.
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, al igual que el resto de los miembros de la Comisión de Educación, concurriré a rechazar el proyecto de la Cámara de Diputados para los efectos de constituir una Comisión Mixta y resolver así de buena manera la materia a que estamos abocados.
Junto con eso, quiero señalar que, después de reflexionar; estudiar la materia; fundamentalmente, escuchar a los distintos gremios, y tener a la vista algunos antecedentes que expondré, me inclino por favorecer la exclusividad universitaria de las carreras de que se trata.
Por otro lado, debo hacer presente -en parte se ha referido a ello el Senador Ignacio Walker- que en el proyecto específico deberemos cautelar de manera adecuada lo que podríamos denominar "elementos de transición", vale decir, lo que ocurre particularmente con los estudiantes que hoy asisten a institutos profesionales, acreditados o no (pero fundamentalmente acreditados), que ascienden aproximadamente a 5.000.
En consecuencia -reitero-, tengo una disposición favorable a la exclusividad universitaria de todas las carreras en comento.
¿Pero dónde está la reflexión que debemos efectuar?
En primer lugar, y tal como les expresé directamente a varios gremios con los cuales tuvimos oportunidad de conversar acerca de la materia, hay ciertos argumentos a favor de la exclusividad universitaria que a mí no me convencen.
Por ejemplo, se habla del factor que podríamos denominar "académico interdisciplinario"; vale decir, que, por constituir todas estas carreras una unidad, su estudio debiera ser interdisciplinario.
Pero si uno revisa la situación actual llega a la siguiente conclusión: Kinesiología la imparten 42 universidades, en 8 de las cuales no hay acreditación; Fonoaudiología, 28 universidades, en 7 de las cuales no existe acreditación; Nutrición y Dietética, 36 universidades, en 6 de las cuales las carreras no se encuentran acreditadas; Tecnología Médica, 23 universidades, en 3 de las cuales no hay acreditación; Terapia Ocupacional, 19 universidades, en 4 de las cuales no existe acreditación.
Si hubiera coherencia en el argumento interdisciplinario, habría que solicitar en los procesos de acreditación que tales carreras se impartieran en conjunto. Sin embargo, hasta ahora nadie lo ha planteado.
Por otro lado -también se ha expresado-, estamos aprobando la propuesta -tendremos que resolver el punto en la Comisión Mixta; y ya expliqué cuáles serán mi inclinación y mi pronunciamiento- en un contexto normativo completamente obsoleto.
Cualquier persona que mire con atención y en forma desapasionada la manera como la actual Ley General de Educación define un programa -es decir, el requisito que se exige para un título profesional en un IP- y una licenciatura, y más allá de toda semántica confusa, constatará que, objetivamente hablando, las diferencias entre uno y otra son difíciles de desentrañar.
Pero yo me tomé una molestia adicional. Llamé esta mañana al Ministerio de Educación y pregunté específicamente si la duración de las licenciaturas se encuentra normada o no en nuestra legislación. Y la respuesta fue negativa. Vale decir, existen universidades que entregan licenciaturas con 8 semestres, y otras, con 10. ¿Y quién resuelve cuándo es una cosa o la otra? Las propias universidades. Pero hoy no existiría ninguna objeción legal para que una casa de estudios resolviese otorgar una licenciatura con 6 semestres.
En consecuencia, nos encontramos en un marco normativo obsoleto, arcaico, donde a la licenciatura como tal se le otorga una jerarquía que no necesariamente tiene.
En consecuencia, señora Presidenta, espero que en la Comisión Mixta podamos zanjar este asunto. Creo que hay que dar un paso adelante en términos de la exclusividad de las carreras en comento -francamente, no veo razones para aceptar unas y rechazar otras-, pero pienso que si vamos a realizar una discusión en serio debemos tenerla a la luz de una nueva institucionalidad, que diga relación con los institutos profesionales, con las universidades, con los requisitos de programas generales y de licenciaturas. Eso es lo que le corresponde hacer a una institución seria como el Senado.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, quiero partir -se ha dicho ya casi todo- haciendo dos reflexiones.
La primera apunta a que la salud no puede terminar siendo un negocio. Y por eso felicito a los distintos grupos profesionales del área de la salud, que han llevado adelante una defensa en esta línea.
Y lo digo porque, más allá de que en otra discusión tengamos que hablar sobre la calidad de la educación en los institutos superiores, lo que no puede ocurrir con el proyecto en análisis es que sigan existiendo instituciones que vean aquí solo una posibilidad económica y la solución no pase por el mejoramiento de la calidad. Porque hoy quienes se encuentran en las tribunas están luchando para lograr que en nuestro país sus carreras sean universitarias y el día de mañana no se bajen la calidad profesional ni, lo que es más grave, las remuneraciones de personas que desempeñan actividades profesionales tan complejas y delicadas como la del área de la salud.
Me reuní en Magallanes con los gremios de enfermeras, nutricionistas, tecnólogos médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, y todos me plantearon la misma inquietud.
No se ha mencionado aquí -y me valgo de esta instancia para señalarlo- que esa gente permite que haya atenciones profesionales de alta calidad en salud. Nuestro país tiene esa característica. Las profesiones respectivas cuentan con enorme credibilidad cuando se comparan con las de países vecinos. Y eso no podemos perderlo.
En tal línea, el proyecto que analizamos en tercer trámite constitucional busca exigir que las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional tengan el carácter de carreras profesionales universitarias.
También el día de mañana habrá que entrar a discutir lo concerniente a las carreras técnico-profesionales y a los institutos profesionales.
Dicho sea de paso, nada se ha adelantado al respecto en lo que será el debate sobre la educación que pronto llevaremos adelante.
Pero quiero detenerme en otro punto: la situación en que quienes hoy están defendiendo su calidad y su desempeño profesionales quedarán cuando jubilen.
¡Hay un daño brutal para esos profesionales de la salud!
En tal sentido, nunca nos vamos a cansar de señalar que el Estado de Chile es un muy mal empleador, ha provocado un brutal perjuicio previsional. Y quien preside la sesión en este momento tiene una particular sensibilidad en esta materia, en la que hemos trabajado.
Quienes hoy nos visitan para defender su nivel profesional terminarán el día de mañana, después de treinta años de labores, con pensiones de hambre.
¡Esa situación es absolutamente inaceptable!
Muchas veces esas personas trabajan incluso en días festivos, como Navidad, Año Nuevo, etcétera. Cumplen turnos de noche, se desempeñan en horarios en que otros profesionales no lo hacen.
Por eso, considero de toda justicia que mantengamos la calidad humana y profesional de que he hecho mención.
Daré, pues, mi voto favorable. Pero dejo en claro que en algún momento deberemos entrar a debatir no solo sobre la calidad profesional que hoy estamos reclamando, sino también acerca de la situación futura de dichos profesionales, quienes terminan en una condición brutalmente desfavorable luego de tantos años de servicios.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa, iniciado en moción de la entonces Senadora Matthei y del Senador Espina, no obstante la importancia que reviste, ha tenido una prolongada tramitación. Se comenzó a debatir el año 2005 y fue aprobado rápidamente por esta alta Corporación. Sin embargo, lamentablemente, durante más de ocho años permaneció sin mayor avance en la Cámara de Diputados, la que finalmente lo despachó con diversas enmiendas, las que se sometieron a nuestro pronunciamiento.
En mi calidad de miembro de la Comisión de Salud, comprendo en su exacta dimensión que la atención a los pacientes requiere muchas veces equipos multidisciplinarios y, por lo mismo, una preparación profesional de alto nivel y que permita el dominio amplio de las ciencias de la salud.
Por tal motivo, es indispensable que a las carreras de Kinesiología (respecto de esta he presentado algunos proyectos de ley), Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional se les confiera el carácter de universitarias con exclusividad, pues ello garantiza una adecuada atención de salud a los usuarios y pacientes.
Por otra parte, resulta indiscutible que la atención de salud ha sufrido importantes cambios tecnológicos y que, por ende, la formación de quienes la otorgan no puede considerarse como cualquier área de la educación profesional, toda vez que se encarga de la significativa misión de prevenir enfermedades y salvar vidas.
En ese orden de ideas, cabe señalar que quienes se educan en universidades cuentan con una malla curricular encaminada a una formación científica de elevado nivel, lo que constituye un pilar fundamental para el otorgamiento de atenciones de salud óptimas.
A lo anterior debe agregarse que todas esas disciplinas, que en la mayoría de las situaciones deben actuar en forma interrelacionada, conforman los equipos que requieren las acciones de salud, con conocimientos esenciales para el desarrollo de este servicio tan relevante para nuestra comunidad, ya que son las carreras en comento las que están en constante proceso de acreditación, en la idea de formar profesionales de alto nivel científico y técnico.
En tal contexto, no debemos perder de vista que, de acuerdo a nuestra Constitución Política, el derecho a la protección de la salud es una garantía fundamental de nuestros compatriotas. Y es deber del Estado proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, resguardo y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.
El cabal cumplimiento de dicho mandato constitucional requiere profesionales universitarios con una formación integral que garantice la protección de la salud a que todos los chilenos tienen derecho.
Por lo expuesto ahora y antes, no me cabe sino rechazar las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, en virtud de las cuales varias de las disciplinas individualizadas quedan fuera de la exclusividad universitaria que se persigue mediante el proyecto en debate. Ello, en la idea de conformar una Comisión Mixta donde se procure zanjar las diferencias registradas y, en definitiva, dejar el texto tal como lo aprobó el Senado en el primer trámite constitucional.
La materia en debate tiene particular relevancia. He estado trabajándola desde el primer día. Y por eso oportunamente, a raíz de que esta iniciativa llevaba ocho años entrampada en la Cámara de Diputados, presenté aquí un proyecto de acuerdo para pedirle al Ejecutivo que le pusiera urgencia.
Por consiguiente, voy a aprobar el informe de la Comisión de Educación, para posibilitar que el proyecto vaya a una Comisión Mixta donde se zanjen las diferencias habidas entre ambas Cámaras y se restablezca el espíritu que tuvo el legislador en el Senado.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, yo tengo una reflexión un tanto distinta con relación a este proyecto de ley. Y no es porque no valore lo que hacen los fonoaudiólogos, las enfermeras, los kinesiólogos, los tecnólogos, el conjunto de personas que están en un área desde la cual contribuyen a la salud de las personas.
A la vez, yo he sido muy crítico de lo que es el sistema de educación superior de nuestro país, de cómo se califica qué es una carrera universitaria.
En Chile hay muy pocas carreras universitarias. Opino que existe poca formación universalista, que es propia de las carreras universitarias.
En sus momentos iniciales la carrera universitaria no se concentraba en la especialización: tenía que ver con la formación integral, más amplia, del ser humano.
¿Cómo se califica qué es una carrera universitaria?
En el mundo académico, aquello se ha prestado para muchos debates.
Durante la dictadura sirvió incluso para eliminar carreras en torno a las cuales el debate mundial había resuelto bien: Sociología, Antropología. Es decir, carreras de las ciencias sociales que en nuestro país, de un día para otro, se dejaron de considerar carreras con formación universitaria.
Ahora el Senado discute un proyecto mediante el cual se les otorga el carácter de título profesional universitario a ciertas disciplinas, a ciertas formaciones (puede haber diversos nombres).
En épocas recientes nos han pedido calificar como títulos universitarios carreras propias de las Fuerzas Armadas o de áreas de la Defensa Nacional.
Yo no tengo objeción a que aquí haya un elemento de estatus, un elemento con evidente repercusión en los ingresos.
Se trata a la vez de un reconocimiento a una función social. Y me parece muy bien que él exista.
Sin embargo, tengo una duda: no sé si la ley en proyecto resuelve el problema.
Yo represento a una Región que, por desgracia, no tiene universidades públicas, estatales. Hay en ella un esfuerzo para la formación de muchos técnicos que adquieren esta condición luego de grandes sacrificios. Algunos kinesiólogos se han sacado la mugre y cumplen una función social excepcional.
No creo que sea justo cuestionar el esfuerzo hecho por muchas generaciones de personas que se han formado en cierta área, porque se trata de un tremendo aporte.
Entiendo que aquí nos están pidiendo que demos un cauce.
Tuvimos una experiencia reciente con aquello de los asistentes sociales y los trabajadores sociales, que conforman un área distinta.
Hay allí una experiencia que permite ver cómo responde el mercado y de qué manera reaccionan las instituciones que imparten educación superior, no porque tengan una definición sobre qué es una universidad, una formación universitaria, sino por otras razones.
Por cierto, entiendo cuál es la naturaleza de la reivindicación de quienes nos acompañan en las tribunas, de la reivindicación de FENPRUSS.
No tengo ningún interés de oponerme a aquel esfuerzo. Sin embargo, no creo que el problema de la calidad de la formación en la educación superior se resuelva calificándola de "formación universitaria".
Tenemos un debate complementario a este y que es necesario profundizar.
Muchas universidades que dicen formar profesionales¿
Se acaba mi tiempo, señor Presidente. Le solicito un minuto adicional para precisar la idea.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Prosiga, Su Señoría.
Señor Presidente, en la Sexta Región hay instituciones que se llaman "universidades". Fue el caso de la Universidad del Mar, que le hizo un flaco favor a la formación de profesionales, no por culpa...
El señor PROKURICA.- O el de la ARCIS.
El señor LETELIER.- Puede ser también el de la ARCIS. No quiero defender a una universidad en particular. No es una cuestión ideológica: se trata de un problema de personas que quieren estudiar, superarse, desarrollarse. Se deposita la fe pública en instituciones, pero estas no siempre cumplen con un estándar.
En el área de la salud la situación es doblemente delicada, pues en ella se interviene en seres humanos de modo directo, o indirectamente, pero de manera muy cercana.
Voy a aprobar el informe, señor Presidente. Empero, tengo aprensiones en el sentido de que no es en él donde se va a resolver el problema de fondo, que se vincula con la valoración social y la garantía en materia de calidad de la formación.
En particular, me encantaría que hubiera hartas obstetras, pues en el hospital de Santa Cruz, de la Sexta Región, ¡no existen desde hace 24 años...!
Entonces -quiero despejar el punto-, no se trata de que yo no quiera la existencia de profesionales en el área pertinente. Mi duda discurre en el sentido de si a quienes han estudiado y a quienes estudian el reconocimiento les garantizará las condiciones necesarias para su valoración social y su actuar adecuado.
Voy a votar que sí, señor Presidente.
Espero que en la reforma educacional podamos abordar el otro problema, que se relaciona con la garantía en materia de calidad de la formación que se entrega en nuestro país, aspecto que, sin duda, también es muy importante, para que el día de mañana no existan dificultades.
Termino con una reflexión, señor Presidente.
Yo no sé si es bueno que el Congreso Nacional sea quien califique lo que es una carrera universitaria.
La norma vigente obliga a que nosotros lo establezcamos. Pero no tengo convicción de que este sea el mejor camino, en términos generales. Ello, no por este proyecto, que cuenta con mi respaldo. Entiendo que la Cámara Baja no lo aprobó por un problema de quórum. Parece que algunos Diputados salieron de la Sala para no comprometerse; creo que eso ocurrió en determinado momento.
Esta tarde, algunos Senadores estábamos en Comisiones. Empero, yo quise venir a la Sala, como jefe de bancada del Partido Socialista, para decir que vamos a respaldar el envío de esta iniciativa a Comisión Mixta. Y esperamos que en la reforma de la educación superior se perfeccionen las otras materias.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, seré muy breve, pues se han dado grandes argumentos.
Voy a votar favorablemente a pesar de que vengo del mundo técnico: soy técnico agrícola.
A mi entender, lo más importante es que trabajemos para que las universidades sean verdaderamente de calidad y no se limiten a entregar un título.
Hoy día, ser técnico en Chile es muy complicado. Basta ver la experiencia y cómo funciona la Alta Dirección Pública. ¡Los cargos técnicos están absolutamente desmejorados!
En el ámbito de la salud el título es relevante -como han dicho algunos colegas-, pero siempre que vaya acompañado de calidad en la formación.
Hemos creado un país a medias. Y este país a medias ha dado muchos títulos universitarios sin que medie una preparación adecuada.
Así que espero que en el Senado debatamos el punto; que la reforma educacional, más que en la compra de establecimientos, se enfoque en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, y que el Ministerio de Educación cumpla su deber e impida que se impartan carreras universitarias, aunque la ley lo permita, sin la debida acreditación.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, yo enfrento los debates con total transparencia.
Por tanto, debo decir que, tras leer el informe de la Comisión de Educación, he quedado absolutamente confundido.
Yo habría esperado que, ya que este proyecto va a ir a Comisión Mixta, la Comisión de Educación nos entregara algunas luces sobre la materia. Sin embargo, nos presenta una descripción que lleva a la anarquía total del sistema. Porque los argumentos dados para habilitar como universitarias las siete carreras en comento -así fluye del informe- no ofrecen ninguna garantía de que ello va a ocurrir.
¿Por qué señalo aquello, señor Presidente?
Se dice que la enseñanza universitaria garantiza mayor calidad. No obstante, en la descripción que se hace en el informe respecto de las universidades nos encontramos con una diversidad total: algunas están acreditadas y otras no, versus institutos profesionales que, respecto a las mencionadas carreras, sí lo están.
Yo presumo que una carrera acreditada tiene mucho más valor que una no acreditada, porque esta no pone ningún requisito.
Después se expresa que los equipos médicos deben actuar de manera interdisciplinaria, unida. Pero no todas las universidades tienen campos clínicos. Y hay institutos profesionales que sí cuentan con ellos. Entonces, desde ese punto de vista, la carrera está mucho más garantizada, independiente de que sea universitaria o no, en los institutos profesionales que tienen campos clínicos.
En verdad, señor Presidente, este proyecto me genera mucha confusión, pues se crea una expectativa que en último término no es real ni respecto a la unidad interdisciplinaria de todas las carreras ni respecto a la calidad.
Yo estoy abierto a que la Comisión Mixta me convenza, siempre y cuando se reúnan las condiciones señaladas. Porque, para mí, el simple hecho de que una carrera pase a ser universitaria no va a garantizar ni unidad de criterios en las distintas disciplinas ni calidad formativa.
Mientras no me otorguen garantías a ese respecto no estaré dispuesto a dar el paso. Prefiero abstenerme y que la Comisión Mixta haga su trabajo.
No me parece adecuado que solo se cambie de estatus: paso del rango de instituto profesional al de universitario. Para mí, eso es un argumento, pero no una condición suficiente.
Como para mí aquello no es una condición suficiente, prefiero, por honestidad profesional, abstenerme en esta votación y dejar la puerta abierta para la Comisión Mixta me convenza de que se hizo algo coherente. Porque, hasta ahora, esto no se ha conseguido ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
La señora GOIC.- Señor Presidente, a estas alturas del debate, quiero justificar mi votación y mi respaldo a la exclusividad de título profesional universitario para las carreras de que estamos hablando.
Tras conversar largamente no solo en la Región sino también con dirigentes nacionales de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, de Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional, creo más bien, por los argumentos entregados, que no podemos pedir que la iniciativa en debate resuelva, además de la materia contenida en ella, un problema mayor.
Sobre la base de las exigencias que tenemos como país en materia de salud y entendiendo la necesidad de enseñanza de calidad, de investigación, de actualización en los avances tecnológicos, todo lo cual se enmarca en la formación universitaria, es evidente que se requiere exclusividad para el título que se otorga en las carreras individualizadas.
A eso se orientan las diversas intervenciones habidas en la Sala y los argumentos entregados; es lo que, mayoritariamente, queremos lograr en el texto definitivo.
Sin embargo, ello no implica que acotemos a este texto el debate sobre la calidad de la educación. Es, por cierto, un debate pendiente. Pero no podemos pedir que aquella se garantice mediante el proyecto que nos ocupa esta tarde.
Hay que destacar el trabajo hecho en la materia por los gremios. El diálogo ha permitido no solo garantizar respaldo a esta iniciativa, sino también conversar acerca de otras materias.
Hace pocos momentos una matrona me decía: "Esto también me toca". Hablamos de la vacuna contra el virus del papiloma humano; de la prevención del cáncer cervicouterino y de cómo avanzar en ello como país, utilizando técnicas modernas. Y me entregó argumentos adicionales para respaldar esta iniciativa.
Espero, sí, que la tramitación no se dilate más de lo necesario.
Se recordó en la Sala el año de presentación de este proyecto: ¡2005!
Ojalá que, sentado el debate y determinado el ámbito de acción, esta iniciativa se convierta en ley con celeridad.
Espero que, en último término, podamos refrendar el trabajo de la Comisión Mixta, para responder a las expectativas de los distintos gremios.
Partamos por lo básico: apoyo el otorgamiento de la calidad de título profesional universitario a las carreras vinculadas con la salud a que se ha hecho referencia.
Existe un relativo acuerdo en torno a la importancia de proceder así. Sin embargo, han surgido intervenciones -no estaba en la Sala, pero las escuché en el Comité PPD- mediante las cuales se le pide a este proyecto resolver cuestiones pendientes en materia de educación superior.
Una cosa es plantear la existencia de carreras universitarias de diez semestres que permitan una mejor formación y la realización de estudios de posgrado, sobre la base del cumplimiento de una serie de requisitos, y otra sostener que las universidades y las carreras actuales son las más adecuadas.
En otros países, especialidades en el ámbito de la salud relacionadas con lo que estamos discutiendo se imparten, a veces, en menos años de duración. Y no todas son universitarias. Pero quiero subrayar algo: se encuentran acreditadas. ¡Si la cuestión que se plantea en Chile es que tienen que ser universitarias y lo relativo a la acreditación!
Sé que es algo que lleva a preguntarse algo así como en dónde hemos vivido. "¿Qué está hablando el Senador Lagos si desde que recuperamos la democracia" -como si antes no hubiera historia- "o en los últimos 25 años se ha aplicado un sistema en el cual se paga una universidad estatal o una privada, algunas con crédito y otras sin crédito, con endeudamiento o sin endeudamiento, y la verdad es que resulta completamente feble a la hora de decir cuál es la calidad de lo que se está enseñando?".
Comprendo ese debate. Pero no porque no hayamos solucionado el asunto no tenemos que pronunciarnos en particular. Por mi parte, estoy por que las carreras al menos vinculadas con el área de salud sean objeto de una formación rigurosa y exigente. En consecuencia, voy a votar a favor.
Espero, sí, con la mejor buena disposición y espíritu, que la discusión sobre el aseguramiento de la calidad de la educación superior, los requisitos, el financiamiento, el destinatario de recursos estatales, sea en función también de la calidad en las carreras, conforme a la cual asimismo cabe asegurar el pago que se efectúe, ya sea particularmente o por todos los chilenos con sus impuestos. Y, ciertamente, con libertad de enseñanza, etcétera.
Pero tengo la impresión de que ahora conviene concentrarse en si el objetivo principal es el otorgamiento de la categoría de educación universitaria, con carreras de diez semestres, que permitan una formación posterior -a diferencia, a veces, del estudio en otros niveles, como el de técnico superior en institutos profesionales-, y, al mismo tiempo, garantizar para lo que viene un mínimo de personas especializadas.
Si tuviera que recomendarle algo a alguien -no lo hago muy a menudo-, diría que un área en la que Chile presentará carencias y requerirá solucionarlas con premura es la de profesionales vinculados a la salud. El crecimiento y desarrollo de los países redundan en que la población se alimenta mejor, en que vivimos más años, en que se demanda una mejor forma de enfrentar una enfermedad, aspectos que terminan siendo bienes públicos que es preciso satisfacer. Y eso tiene que ofrecerlo un sistema que hoy día no vemos.
"Faltan especialistas", se dice. No se trata solo de eso. Cuando se emplea ese término, se está pensando siempre en el gran cirujano. Mas igualmente hay especialistas en enfermería, en fonoaudiología, etcétera.
Y a medida que el país crece, ¿qué hacemos en los establecimientos educacionales? Aceptamos e incentivamos que alumnos con dificultades obtengan ayuda adicional, la que es necesario pagar y tiene que existir. Y mi impresión es que todavía estamos un poquito atrasados en ese aspecto.
Así que voto a favor, señor Presidente, para que el proyecto se pueda revisar y se logre una disposición como corresponde.
El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación se encuentra inscrita la Honorable señora Van Rysselberghe.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, voy a aprobar la proposición de la Comisión de Educación, a fin de que el proyecto sea tratado en una Comisión Mixta.
No comparto el criterio de la Cámara de Diputados en el sentido de que determinadas carreras del área de la salud exhiban la calidad de universitarias y otras no. Creo que la Comisión Mixta asumirá la enorme responsabilidad de resolver bien el punto.
Abrigo la convicción de que aquellas que integran el equipo médico deben tener la calidad de licenciaturas. Hoy día es cada vez más importante la especialización: el diplomado, el grado de magíster, e incluso, el de doctorado. Y observo en nuestros jóvenes -particularmente, en el área de la salud- un tremendo esfuerzo y deseo de capacitarse al más alto nivel, así como de llegar a exigencias universitarias superiores, como la de un posgrado.
Por lo tanto, me parece absolutamente razonable la idea de carreras con la calidad exclusiva de universitarias, y espero que la Comisión Mixta resuelva en esa dirección.
Pero, al mismo tiempo, tengo que hacer presente que es necesario solucionar muy bien la situación de los estudiantes de institutos profesionales. Hay que darles la oportunidad de terminar bien sus carreras y de obtener también, en convenio con universidades, sus respectivas licenciaturas, de tal manera de no cercenarle a nadie los brazos cuando quiera emprender y surgir.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, a veces parece que estos fueran temas menores, pero corresponden a decisiones mayores que tiene que tomar una sociedad.
Si se considera lo ocurrido en salud y en educación en los últimos sesenta años, se observan diferencias muy notables.
En el primer caso, Chile presenta uno de los presupuestos más bajos a nivel de países con un estándar de desarrollo similar, de 18 mil dólares de ingreso per cápita: en el sistema público destinamos no más de 350 dólares por persona al año.
¿Qué sucede, sobre esa base, al comparar con los de la OCDE, que cuentan con mejores infraestructuras y sistemas sanitarios, y registran avances muy superiores en muchos ámbitos?
¿Qué pasa si se hace otro tanto con los Estados Unidos? Este último gasta en salud 9 mil dólares por persona al año, y Chile, 350, como señalé. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que, muchas veces, los indicadores comparables demuestran que nuestras cifras son mejores.
Y si nos remitimos al más eficiente modelo en el planeta, que es el inglés, cabe tener en cuenta que allá se está gastando cerca de 5 mil 500 dólares por persona al año en el sistema público de salud, poco menos del doble de lo que gasta Chile, mas nosotros ostentamos numerosos indicadores comparables en atención profesional del parto, cobertura de vacunación, mortalidad infantil, expectativa de vida, los que son relevantes a la hora de hacer un paralelo.
Uno se pregunta, entonces, dónde radica la explicación. Porque, en la comparación de nuestro país con otros de la OCDE, Chile es colista en educación, pero ocupa los primeros lugares desde el punto de vista de la salud.
En primer lugar, menos mal que las políticas en esta última área -lo que diré no va a gustarles a muchos- las han elaborado los médicos y no los abogados y los economistas.
Mas estimo que lo más importante es que hemos hecho una apuesta sistemática por preservar la calidad del recurso humano.
Porque no es la hotelería, anacrónica y deficiente, de nuestro sistema público de salud, de los hospitales y consultorios, lo que define los logros -además, faltan infraestructura, más camas, etcétera-, como tampoco nuestra capacidad tecnológica y nuestro equipamiento, campo totalmente abandonado.
¿Dónde ha residido justamente la capacidad de Chile de conseguir estos indicadores? Fundamentalmente, en la calidad del recurso humano. Diría que los mejores especialistas en Latinoamérica, durante muchos años, se formaron en nuestro sistema público de salud. No es posible, en consecuencia, que dicho factor no se comprenda ni que se tire por la borda el capital acumulado de la preparación de profesionales con un estándar internacional.
No se trata solo de médicos: cualquier enfermera, matrona, kinesiólogo, terapeuta, tecnólogo médico o fonoaudiólogo que uno saque de Chile y lo ponga en un sistema avanzado de salud en el extranjero va a ser tan competente como el formado en universidades de "países desarrollados".
Y este es un privilegio. Lo que se está cuestionando acá es eso. Lo que se quiere hacer es una "favelización" de la educación y la salud. ¿Por qué? Porque ello va a significar que el día de mañana tengamos una medicina para ricos, para aquellos que quieran y puedan pagar profesionales de calidad.
Siempre digo que quisiera que los consultorios tuvieran pediatra, porque es a quien se lleva un hijo enfermo y es, en Chile, el médico de familia de un niño. Y que la mujer pudiera consultar un ginecólogo, porque las que disponen de dinero y presentan flujo vaginal lo hacen. Y las personas con un problema de salud mental van a un psiquiatra. Aquí no contamos con esa posibilidad, sino con profesionales indiferenciados.
Pues bien, lo que justamente se quiere ahora es disponer de tecnólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, que van a ser de primera o de segunda clase. Las personas que tengan dinero van a acceder a uno de ellos con formación universitaria, y las que no lo tengan, solo podrán recurrir al que se formó en sistemas muchas veces cuestionables.
Ahora, me hago cargo de que en el país no debiera haber formación de ningún profesional de la salud en universidades no acreditadas. Me parece que es un despropósito. Y tenemos que avanzar en la superación del problema. Pero no es posible permitir que,¿
¿ con motivo de la falta de acreditación -solicito un minuto para concluir, señora Presidenta-, precisamente se ponga en cuestión la mayor fortaleza que ha ostentado Chile en salud.
Insisto en que no se trata de recursos económicos, ni de hotelería, ni de infraestructura, ni de tecnología, sino, fundamentalmente, de calidad del recurso humano. Las personas con más de 10 años de especialidad en todas estas carreras, no solo tienen que atender gente en el sistema público de salud, sino que también son los maestros, los formadores. Al perder ese recurso, estamos perdiendo la capacidad de formar.
Pero si queremos "favelizar" la salud, si queremos que exista una para ricos y otra para pobres, entonces tomemos el camino de que cualquier institución forme en función de una lógica de mercado y no de la calidad y de una política en la materia.
Por eso me parece tan relevante la discusión y lamento mucho lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde, sin una reflexión profunda, a mi juicio, se votó en contra de una iniciativa fundamental para la salud pública.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, ojalá que quien me antecedió en el uso de la palabra hubiera leído el proyecto, porque, si lo hubiese hecho, no habría pronunciado el discurso que acabamos de escuchar.
Esto es lo existente en el país. La iniciativa presentada por la entonces Senadora señora Matthei y el Honorable señor Espina apunta a evitar que los institutos sigan impartiendo este tipo de formación de profesionales, algo absolutamente distinto y diametralmente diferente de lo planteado recién.
Cuando discutimos, entonces, vayamos a la raíz del texto. ¿Por qué sus autores nos proponen aprobarlo, lo que lamentablemente no se logró en la Cámara? Existen tres o cuatro razones fundamentales.
Una de ellas es la profunda diferencia entre la instrucción universitaria y la técnica. Y ello es esencial. Se podrá debatir acerca de la calidad de nuestras universidades, sobre si se hallan acreditadas o no, pero no hay duda de que este tipo de carreras corresponden a dicho nivel. Por eso, además, se generan dificultades reales entre las profesiones cuando existen titulados en cinco años y otros en cuatro.
Lo que me hace mayor efecto es que el artículo 112 del Código Sanitario exige un título otorgado por una universidad reconocida por el Estado para poder desempeñar cualquier actividad propia de la conservación y restablecimiento de la salud. Creo que esa norma es la que le da fuerza al proyecto.
Por lo tanto, voy a votar a favor. Estimo que la iniciativa no resuelve lo relacionado con la calidad de la educación superior, pero sí genera un camino completamente claro en el sentido de que en salud, sobre la base de las disposiciones del Código Sanitario, se requiere contar con profesionales universitarios. Y resulta deseable que los establecimientos de ese nivel tomen lo anterior en serio, para que formen aquellos profesionales que, sin ser médicos, corresponden a las carreras que más evolución presentan por el avance tecnológico y los conocimientos que demandan.
Espero que la Comisión Mixta resuelva el asunto y que el proyecto de ley pueda ser aprobado ojalá por unanimidad.
--Por 33 votos a favor y 2 abstenciones, se aprueba la proposición de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Votaron las señoras Allende, Goic, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores García-Huidobro y Orpis.
El señor TUMA (Vicepresidente).- La Honorable señora Muñoz deja constancia de su intención de voto a favor.
El señor TUMA (Vicepresidente).- De acuerdo con el Reglamento, los señores Senadores que participarán en la Comisión Mixta serán los integrantes de la Comisión de Educación.
Boletín N° 8154-10
El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite, aprobatorio del "Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la República de Chile y la República Argentina", suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 6 de agosto de 2009, y en el proyecto de acuerdo, en primer trámite, aprobatorio del "Acuerdo por el que se sustituye el Anexo I del Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la República de Chile y la República Argentina de 2009", suscrito entre las mismas partes por cambio de notas fechadas en Santiago el 23 de agosto de 2013, ambos con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.154-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 7ª, en 4 de abril de 2012.
Relaciones Exteriores: sesión 20ª, en 3 de junio de 2014.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.331-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 14ª, en 6 de mayo de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Haré una breve relación de los dos proyectos de acuerdo.
El objetivo principal del primero de ellos es permitir al titular de la tarjeta de tránsito vecinal (TVF) cruzar la frontera con destino a la localidad vecina del otro país, mediante un procedimiento ágil y diferenciado de las demás categorías migratorias.
La Comisión lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Chahuán, García-Huidobro, Lagos, Letelier y Pizarro.
El objetivo principal del segundo es sustituir, desde un principio, el Anexo I del acuerdo anterior, con el que entrará en vigor en forma conjunta.
El órgano técnico lo sancionó también por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Lagos, Letelier y Pizarro.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión general y particular a la vez.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, ambos acuerdos se enmarcan dentro de la política de integración y promoción de la paz promovida por ambos países, que tiene como punto de referencia el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación, firmado años atrás por las Primeras Mandatarias Michelle Bachelet, de Chile, y Cristina Fernández, de Argentina.
El Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo, suscrito en agosto de 2009 en Buenos Aires, corresponde a una iniciativa emprendida hace varios años para facilitar el tránsito de residentes en localidades fronterizas de uno y otro país -por ejemplo, entre Puerto Natales y Río Turbio-, mediante un trámite diferenciado y ágil de control migratorio basado en un documento que los identifique como tales, denominado "Tarjeta Vecinal Fronteriza" (TVF).
Considerando la creciente necesidad de interacción entre comunidades vecinas de un lado y otro del límite internacional, se estableció que el procedimiento estuviera limitado a un espacio territorial concebido bajo el criterio de vecindad inmediata. De este modo, se determinó que el ámbito de aplicación del Convenio se encontraría circunscrito a una nómina de localidades aledañas acogidas al Acuerdo, las que se especifican en un anexo.
Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión detectó la existencia de imprecisiones en el contenido del Anexo I del Convenio, lo que planteó a la Cancillería. Por ello, esta última, luego de una revisión por parte de la DIFROL, entró en negociaciones con la parte argentina para subsanar el equívoco, relativo a la ubicación de algunos pasos fronterizos. Ello se llevó a cabo a través de un intercambio de notas entre ambas Partes, lo que permitió corregir los errores sustituyendo el Anexo I.
Presentado el nuevo proyecto, que sustituye el Anexo I y corrige las diferencias observadas, la Comisión aprobó ambas iniciativas, por cuanto constituyen un concreto y decidido paso en pos de la integración vecinal.
Señor Presidente, el Acuerdo con Argentina establece, sin duda, un concepto muy relevante: el de vecindad inmediata, que tendrá impacto directo en la zona más austral de nuestro país, donde existen comunidades de este tipo.
Además, es indudable que en el norte también hay razones más que suficientes para avanzar hacia una política similar. Por eso en la Comisión, dado que ya se superaron problemas de delimitaciones territoriales con Perú -donde se halla, sin duda, la frontera más viva de nuestro país, pues semanalmente transitan miles de personas-, consideramos oportuno reflexionar sobre la utilidad de ir expandiendo el concepto de vecindad inmediata a otros instrumentos bilaterales.
Es evidente que estos son los primeros pasos, señor Presidente, pero esperamos que sean replicados y generalizados en las relaciones entre Chile y Argentina.
En verdad, hoy el movimiento entre ambas naciones es muy fluido. ¡Muy fluido! Ya para pasar de un territorio a otro basta el carné de identidad. El trámite migratorio es cada vez menos engorroso. Cuando uno sale de Chile ya no necesita llenar un formulario de papel, método que continúan usando otros países.
En todo caso, valoramos tremendamente la Tarjeta de Tránsito Vecinal, así como las correcciones al Anexo I, pues se garantiza que el espíritu del Tratado de Maipú de Integración y Cooperación se vaya haciendo carne. Lo mismo esperamos respecto de este instrumento en cuanto al avance en la integración física, que es otro de sus elementos, a través de pasos fronterizos, túneles de baja altura. Es decir, anhelamos que el tratado se constituya en un marco mediante el cual avancemos en integración y cooperación.
Por lo tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores recomienda por unanimidad a la Sala aprobar ambos proyectos de acuerdo.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Algunos señores Senadores me han pedido la apertura de la votación.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En votación ambos proyectos de acuerdo.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el Senador Letelier ha resumido y dado todos los detalles de las dos iniciativas, que por supuesto vamos a votar a favor.
Junto con el Honorable señor Horvath y muchos otros Senadores tenemos un enorme interés en acelerar todos los procesos que digan relación con el hermanamiento, con los flujos, con la posibilidad de que estos más de 5 mil 200 kilómetros de frontera entre Chile y Argentina nos permitan tener con el país vecino múltiples nexos, tan necesarios para todas las regiones, en general, y para las extremas, en particular.
La Tarjeta de Tránsito Vecinal está en uso y ha funcionado bien. Incluso, existen las denominadas "fronteras con una sola cabecera", ya que antes era obligatorio realizar trámites cuando uno iba o venía de Argentina, situación que ya ha sido corregida desde hace un buen tiempo.
Pocas semanas atrás los Senadores señor Horvath, señora Goic y quien habla acompañamos a la Presidenta de la República en su primera visita como tal a Buenos Aires. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de ver todos los mecanismos necesarios para estrechar lazos y vínculos, fundamentalmente en los aspectos humano y comercial.
Y este Acuerdo precisamente potencia esa gestión.
Entre otras cosas, resulta interesante la forma en que hemos estado trabajando y comunicándonos con Argentina en el último tiempo. En el caso de las Fuerzas Armadas, la labor llevada a cabo por ambas naciones ha posibilitado realizar procesos que antes eran absolutamente impensados.
Lo anterior da cuenta, primero, del hermanamiento entre ambos países, y segundo, del muy buen nivel en que se encuentran las relaciones entre Chile y Argentina o Argentina y Chile.
Me ha tocado el honor de presidir en dos oportunidades la Comisión Parlamentaria Conjunta Chileno-Argentina. Y la verdad de las cosas es que uno solo ve deseo y buena voluntad para estrechar lazos.
Por lo tanto, si tenemos por delante este desafío de obligarnos a tener más vínculos en una de las fronteras comunes más grandes del mundo (5 mil 200 kilómetros), debemos completar lo que está pendiente: el libre tránsito de personas por los pasos entre Argentina y Chile.
Es cierto que existen problemas fitosanitarios que hacen más complejo el intercambio comercial, pero en el caso del tránsito de personas este instrumento resultará muy importante.
Ahora, específicamente en el caso de Río Turbio y Puerto Natales, el uso de la Tarjeta de Tránsito Vecinal es pan de todos los días. Incluso, el hecho de transitar, ir a comprar y abastecerse al otro lado de la frontera tiene un efecto positivo en la economía diaria del natalino, del magallánico. De otra forma, no podrían obtener prestaciones médicas, ni muchos de ellos proseguir estudios superiores (lo hacen en Argentina). ¡Ni hablar del abastecimiento!
Entonces, estos acuerdos son tremendamente necesarios.
Por eso, vamos a votar a favor ambos instrumentos, esperando encontrar vías que el día de mañana nos permitan expandir este mecanismo, a fin de contar con fronteras absolutamente fluidas para el libre tránsito de personas.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, el Acuerdo entre Chile y Argentina nace fundamentalmente, por una parte, para cumplir un tratado con el MERCOSUR, y por otra, para facilitar el movimiento expedito de las personas mediante una tarjeta especial.
Si uno revisa el Anexo I, donde se halla el listado de localidades fronterizas a las cuales se aplicará en principio este mecanismo, ve que una gran cantidad de zonas corresponden a la Patagonia chilena. Me refiero a la comuna de Cochamó, a la provincia de Palena y a las regiones de Aysén y de Magallanes.
Además, algunos de estos pasos no están físicamente habilitados para vehículos: Las Pampas-Lago Verde, Lago Puelo-Cochamó, El Manso-El León, Calafate-O´Higgins (Río Mayer), Calafate-O´Higgins (Río Mosco) y Calafate-O´Higgins (Lago San Martín-O'Higgins), donde es más probable el paso Teniente Merino-Laguna del Desierto.
Otros sí tienen alguna habilitación.
En el caso de nuestra región, existe un movimiento enorme en términos relativos en el paso Jeinimeni, que une a Chile Chico con la localidad argentina de Los Antiguos.
Debemos tener en perspectiva que hay más chilenos en la Patagonia argentina que en nuestra Patagonia. Estoy hablando de que en el vecino país alrededor de 500 mil habitantes son chilenos o de origen chileno, mientras que en nuestro territorio con dificultad llegamos a 270 mil. Esa es más o menos la relación.
Por lo tanto, el movimiento no es solo por la actividad económica o turística, sino también debido a que existe mucho vínculo social y familiar. Ese contacto, desde luego, debemos representarlo y facilitarlo.
Hago presente que ciertos pasos no se encuentran habilitados porque cuando acompañamos a la Primera Mandataria, Michelle Bachelet, a la Argentina, en su primera visita de Estado, para reunirse con su par Cristina Fernández, se modificó el acuerdo y se ampliaron de 13 a 26 los pasos fronterizos.
Señalé que resulta fundamental habilitar los pasos que mencioné, tanto por el lado chileno como por el lado argentino, porque mucha gente debe atravesarlos a pie o a caballo. Y la idea es que, existiendo las rutas, mediante una pequeña inversión en un puente o en el arreglo de una huella, tengamos un tránsito más expedito y, paralelamente, avancemos en el proceso de integración mediante proyectos conjuntos, como el que se pretende realizar entre la Región de Aysén y la provincia de Chubut, de un tren transoceánico que uniría el Atlántico, en Comodoro Rivadavia, con el Pacífico, en Puerto Chacabuco, y otras instancias tendientes a mejorar las condiciones de nuestros transportistas.
Lo digo por las regiones que representamos con el Senador Bianchi (Palena, Aysén y Magallanes), donde nuestros transportistas tienen que pasar por territorio argentino y no solo deben cumplir con las exigencias que les imponen allí, sino que también muchas veces se ven expuestos a arbitrariedades: dependiendo de la persona que los fiscalice serán las condiciones que les fijen.
En tal sentido, aún tenemos que hacer grandes esfuerzos para que la relación de amistad con nuestros países vecinos se convierta en realidad.
De otro lado, al haber una ocupación pacífica de la frontera, desde luego no habrá problemas de límites, cuestión que igualmente hay que saber superar.
Por eso, apruebo este avance.
En el mensaje se establece de manera expresa cuáles son los pasos que beneficiaría este acuerdo, los que, básicamente, se hallan concentrados entre las Regiones Novena y Duodécima.
Por lo tanto, la pregunta que se plantea en esta Sala es qué pasa con el resto del país, en especial en las zonas vecinales con Argentina. ¿Se puede o no aplicar este Convenio?
De acuerdo a lo señalado en la página 4 del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, la respuesta categórica es que sí se podría aplicar. Porque en el inciso final del artículo 1° del Acuerdo se establece que las partes pueden ampliar el Anexo I a través de una comunicación por la vía diplomática.
Estoy pensando en el norte y en otros puntos de Chile. Porque lo que la tarjeta facilita, evidentemente, es el tránsito de personas. Y acotarlo solo a los pasos que se indican en el mensaje y que constan en el Anexo del Convenio limitaría las posibilidades.
Sin embargo, el inciso final del artículo 1° permite, a partir de la aprobación del Acuerdo en los términos establecidos, ampliar el Anexo I directamente por la vía diplomática respecto del resto de las regiones de nuestro país que registran las mismas características de vecindad que los pasos ya mencionados en el instrumento.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, escuché con mucha atención los discursos de los Senadores que me antecedieron. Creo que todos son muy partidarios del Convenio que nos ocupa, al igual que yo.
Siento que, tal como lo plantearan los Senadores Bianchi, Horvath y Orpis, quienes representan a regiones contiguas a los países vecinos y en donde hay mucho tráfico y tránsito de personas, debemos avanzar en esta materia.
Sin embargo, pienso que debemos tener fronteras fluidas, tránsito expedito, pero para vecinos y extranjeros que vengan a aportar: con trabajo, con inversión, con profesión.
Por eso, señor Presidente, quiero recalcar algo que he expresado en otras oportunidades a los distintos Ministros del Interior que hemos tenido en estos años: es indispensable un intercambio de bases de antecedentes con las naciones vecinas.
Hace poco escuché la discusión de un sector político de nuestro país que se oponía a que se intercambiaran antecedentes con Estados Unidos a propósito de la Visa Waiver.
Señor Presidente, creo que la gente que respeta la ley, la gente honesta, no tiene nada que temer. Pero si bajamos nuestras barreras y exigencias y establecemos una frontera y tránsito fluidos sin intercambio de bases de antecedentes -esta información no la he inventado yo, sino que me la han señalado las policías-, los delincuentes menores (clonadores de tarjetas, carteristas, prostitutas) ingresarán a nuestro país sin ningún problema. Incluso algunos de ellos no proceden de Argentina o de Perú, pero ingresan a esas naciones y después pasan a Chile.
Yo siento que se ha hecho demasiado común ver en la prensa noticias de extranjeros que no llegan a nuestro país a trabajar o a aportar, sino a cometer delitos. Y no figuran en las bases de antecedentes, porque las policías hoy día solo disponen de datos de delincuentes que han cometido delitos más graves y que se hallan encargados por la Interpol u otras entidades policiales.
Si no determinamos ese tipo de intercambio, tendremos un problema extraordinariamente serio que va a dañar a la gente honesta (a los vecinos y extranjeros que quieren venir a hacer turismo, a trabajar, a aportar) por culpa de quienes, por el contrario, salen arrancando de sus países y llegan al nuestro a cometer delitos.
Por lo tanto, junto con dar mi apoyo a estos proyectos de acuerdo, quiero pedir que se oficie al señor Ministro del Interior con la finalidad de que se haga un esfuerzo especial para establecer un intercambio de información sobre personas reportadas en sus respectivos países por delitos menores y que, por lo mismo, no aparecen en los registros de la Interpol ni en los encargos de mayor importancia.
Considero que ello es indispensable.
En todas las naciones donde se han aprobado convenios para el tránsito fluido de personas se ha incluido también el intercambio de antecedentes.
A mi juicio, eso le haría bien a Chile y también a quienes viajan acá a realizar un aporte.
La señora GOIC.- Señor Presidente, la verdad es que uno se alegra de que estemos aprobando hoy día estos proyectos de acuerdo.
Yo creo que la reflexión que uno hace acá -pensando en quienes no conocen la Región de Magallanes; en los mineros del Turbio; en las localidades fronterizas, donde la integración ha sido parte de la historia- es cómo cosas más bien administrativas cuesta tanto que avancen.
¡Cuántos comités de fronteras llevan discutiendo estos temas!
Entonces, hoy día damos un paso interesante.
La Tarjeta de Tránsito Vecinal permite a los habitantes de una localidad contigua del país vecino un procedimiento más expedito para cruzar la frontera. Facilita el trámite. Uno dice: "Esto debimos haberlo tenido hace rato".
Conversé hace poco con el Gobernador de la provincia de Última Esperanza, quien me recordaba las historias de los mineros del Turbio, sobre todo en momentos en que aquello funcionaba.
Yo le comenté que justamente en reconocimiento a eso la implementación de este régimen de tránsito vecinal fronterizo parte en los pasos internacionales Dorotea y Casas Viejas.
Pero yo siento que necesitamos poner más celeridad en fronteras que en la práctica -para el intercambio cultural, familiar, comercial, laboral, en fin- no existen.
Entonces, uno espera que el trabajo que realizamos nosotros desde la diplomacia parlamentaria, la labor que efectúa la Cancillería, los encuentros de comités de fronteras, den cuenta de tal necesidad y haya resultados que permitan efectivamente avanzar con mayor premura.
Hay tantos aspectos a partir de los cuales podemos generar mejor calidad de vida tanto para los habitantes de este lado de la frontera, como también para quienes se encuentran en Argentina, sobre todo en el caso de la Patagonia. Sería recuperar un poco, quizás, la tradición de nuestros abuelos, bisabuelos, que cruzaban libremente de un país a otro. ¡Hay tanto de eso!
Me alegro, pues, de que hoy día estemos respaldando estas iniciativas, pero también debo manifestar aquello.
Ojalá este sea un paso. Quedan todavía muchos temas pendientes para tener fronteras integradas, para facilitar el intercambio.
Se trata de un Acuerdo beneficioso para nuestro país, para la gente que vive en la Región de Magallanes, pero confiamos en que se pondrá el pie un poquito más en el acelerador en esta materia. La voluntad ya se expresó. Lo recordamos los Senadores que acompañamos a la Presidenta en su última visita de Estado a la República Argentina. El ánimo existe. Y siento que hay condiciones propicias para avanzar con mayor celeridad.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, muchos se preguntarán por qué estamos votando dos informes.
Lo hacemos porque en el texto original (boletín número 8.154-10), el entonces Senador Kuschel, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado (que actuaba como Cámara revisora), encontró un error en la ubicación de tres pasos fronterizos de nuestro país: Mamuil Malal, Cardenal Samoré y Río Manso, los cuales aparecían situados en comunas a las que no pertenecían.
Por lo tanto, ese órgano técnico tuvo que emitir otro informe y ajustar los datos con la hermana República Argentina.
Ese es el motivo de que, en esta oportunidad, estemos votando ambos informes.
En segundo lugar, valoro el avance que estamos alcanzando en la integración con Argentina.
La Tarjeta Vecinal Fronteriza, o TVF, es un instrumento para que quienes efectivamente viven en zonas contiguas a la frontera y, día a día, deben trasladarse de un lugar a otro, tengan una tramitación administrativa más expedita en el paso fronterizo.
Por eso, estimo muy importante el adelanto que estamos logrando, y, tal como lo han manifestado los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, con quienes participamos en la visita de la Presidenta de la República a Argentina, este acuerdo y la decisión de suscribirlo vienen acompañados de la proyección de duplicar los pasos entre ambos países. Y pienso que ello va en el camino de la integración.
Me parece que debiéramos empezar a observar el proceso que vivió Europa. Hoy día, se puede transitar de un país a otro a través de sus fronteras en forma absolutamente libre. Y, a mi juicio, esa es la manera real de integrar a las naciones.
Eso sí, sin duda tenemos problemas serios, como el fitosanitario. Estamos obligados a mantener nuestra condición de país libre de plagas y necesitamos conservar los resguardos pertinentes, sobre todo en relación con áreas más complejas, para conservar nuestro patrimonio fitosanitario.
Por eso, señor Presidente, el trabajo realizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, al aprobar por unanimidad estos informes, apunta en el sentido correcto: acelerar los trámites burocráticos que deben realizar quienes viven en zonas fronterizas.
Cabe recordar lo que esto ha significado para la zona de Los Antiguos y Chile Chico, cuyos habitantes históricamente se han abastecido más en Argentina que en nuestro país. En definitiva, este Acuerdo permitirá mayor fluidez en la conexión entre ambas naciones.
Asimismo, hay otros pasos fronterizos fundamentales para las personas que viven en zonas contiguas. Pero esta tarjeta está destinada a quienes demuestren tal condición, no a cualquier chileno, respecto a los pasos que se indican.
Por otro lado, es relevante señalar que esto no es únicamente para las personas, quienes pueden permanecer hasta un máximo de 7 días en las Repúblicas de Argentina y de Chile, respectivamente; también incluye a los vehículos particulares.
Por consiguiente, en nombre de la UDI, voto a favor de ambos proyectos de acuerdo.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, por información que me ha entregado el Senador García-Huidobro, en su nombre y en el mío, deseo efectuar un especial reconocimiento al ex Senador Carlos Ignacio Kuschel.
Estamos tramitando aquí dos proyectos de acuerdo que dicen relación prácticamente con la misma materia.
El signado con el número de boletín 9.331-10, aprueba el "Acuerdo por el que se sustituye el Anexo I del Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la República de Chile y la República Argentina de 2009".
¿Y por qué se sustituye el Anexo I? Porque, a raíz de la tramitación del proyecto de acuerdo que lleva el N° de boletín 8.154-10, que aprueba el Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre Chile y Argentina, el entonces Senador Kuschel se percató de que ese Anexo I tenía errores relativos a la ubicación en nuestro país de tres pasos internacionales: Mamuil Malal, situado en la comuna de Curarrehue; Cadenal Samoré, en la de Puyehue, y Río Manso, en la de Cochamó.
A raíz de la intervención y de la rigurosidad con que trabajó en esta materia el entonces Senador Kuschel, se produjo un intercambio de notas entre ambas Cancillerías destinadas a corregir, en consecuencia, el Anexo I. Por ese motivo -repito-, ahora estamos votando estos dos proyectos de acuerdo.
A la distancia, enviamos un saludo y un enorme reconocimiento al ex Senador Kuschel, porque, sobre todo tratándose de legislación internacional, resulta básico tener claridad en los nombres de los pasos fronterizos y de las comunas a las que corresponden, porque todo debe estar siempre en orden.
Ahora, en concreto, el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre las Repúblicas de Chile y de Argentina (boletín N° 8.154-10) crea una Tarjeta Vecinal Fronteriza que permitirá a las personas cruzar la frontera con destino a la localidad contigua del país vecino mediante un procedimiento ágil y diferenciado, y permanecer en él por un plazo máximo de 7 días corridos, a contar del último ingreso.
Me parece muy importante poseer esa tarjeta, porque va a facilitar el intercambio y, sobre todo, permitirá que tanto ciudadanos chilenos residentes en localidades fronterizas con Argentina como quienes viven en sectores contiguos en el país vecino puedan contar con un tránsito muy expedito y ser favorecidos con las ventajas que uno y otro país entregan a sus ciudadanos.
A mi juicio, señor Presidente, el acuerdo alcanzado es bueno. Ambas naciones tienen una extensa frontera común, y debemos efectuar los mayores esfuerzos para cuidarla entre todos y -como ya señalé- favorecernos con ella.
Por otro lado, esto no solo facilitará el tránsito fluido de los residentes en las localidades aledañas, sino también el de los vehículos. Así, se permitirá ingresar vehículos automotores de uso particular, que deberán contar con una póliza de seguro.
El Acuerdo consagra que los referidos medios de transportes podrán circular libremente dentro de la localidad fronteriza de la otra parte, pero no confiere el derecho de permanecer en forma definitiva en ella.
A mi juicio, señor Presidente, esto constituye un avance, y voto a favor.
--Se aprueban en general y en particular ambos proyectos de acuerdo (24 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Orpis, Prokurica, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar.
A la señora Ministra de Salud, a la señora Directora de FONASA y al señor Secretario Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena, pidiéndoles contar con ESPECIALISTAS EN SALUD DE PRIMER NIVEL Y CONVENIOS CON CENTROS MÉDICOS PRIVADOS PARA DUODÉCIMA REGIÓN.
Al señor Director del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, solicitándole FISCALIZACIÓN POR AUMENTO DE PESCA FURTIVA EN ZONA LACUSTRE Y CORDILLERANA DE LA ARAUCANÍA, y al señor Director Regional de la Oficina Nacional de Emergencia, pidiéndole información acerca de FALTA DE ABASTECIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EMERGENCIAS EN VILLARRICA.
Al señor Ministro de Justicia y al señor Director Nacional de Gendarmería de Chile, requiriéndoles REVERSIÓN DE MEDIDA DE ENVÍO DE INTERNOS DESDE ZONA CENTRAL A REGIONES.
Al señor Superintendente de Seguridad Social, al señor Superintendente de Salud y al señor Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, solicitándoles pronunciamiento sobre EXCESIVA TARDANZA DE HOSPITAL VAN BUREN, DE VALPARAÍSO, EN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A PACIENTE DE COMUNA DE HUASCO.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido Demócrata Cristiano e Independiente, Partido Renovación Nacional, Partido Socialista, Independientes y Partido MAS, Partido Unión Demócrata Independiente e Independiente y Partido Por la Democracia e Independiente, ningún señor Senador interviene.

References: artículo 13
 artículo 1
 artículo 112
 artículo 54
 resolución 
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 112
 artículo 1
 artículo 1