Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/6732
Timestamp: 2020-06-03 14:16:17+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 93/2010
SENTENCIA 93/2010, de 15 de noviembre
ECLI:ES:TC:2010:93
En el recurso de amparo núm. 10669-2006, promovido por don Roberto Rodríguez Jiménez, representado por el Procurador de los Tribunales don Miguel Angel Castillo Sánchez y asistido por el Letrado don Miguel Ángel Rodríguez Llopis contra Autos de 6 de julio y 2 de noviembre de 2006, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaídos en ejecución de sentencia. Ha sido parte el Letrado de la Junta de Andalucía, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
a) En fecha 25 de marzo de 2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Granada) dictó Sentencia estimatoria en parte del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el actor contra la denegación administrativa de la solicitud de indemnización formulada por el recurrente por la afección sufrida en el caudal utilizado por él, como consecuencia de sondeos y afloramientos realizados por el Instituto Nacional de Colonización para el suministro de agua a zona regable. El fallo condenaba a la Administración a “que abone al recurrente la parte proporcional del 64 por 100 de las facturas de energía eléctrica del caso, desde el momento en que se suprimió el correspondiente derecho, en la forma relatada en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución”. En dicho fundamento cuarto se detallaba la condena de la Administración a “reponer al recurrente en su preexistente derecho al uso gratuito de 19 horas de agua en tandas de 12 días (doc. núm. 9 ramo prueba del actor) en la forma en que se venía satisfaciendo por la Administración, abonando al recurrente la parte proporcional del 64 por 100 de las facturas de energía eléctrica del caso, desde el momento en que se suprimió la prestación y hasta tanto quede extinguido el correspondiente derecho, en aplicación de la norma contenida en la D. Transitoria tercera antes aludida”.
d) A través de escrito presentado en fecha 20 de abril de 2005 ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la parte recurrente instó la ejecución de la Sentencia al amparo de los arts. 104.2 y 113.2 LJCA, al no habérsele repuesto en el uso de las aguas por tiempo de diecinueve horas en tandas de doce días. Requerida la Administración para que informara sobre el cumplimiento de lo fallado, ésta remitió, por escrito de 20 de octubre de 2005, informe de 17 de octubre de 2005, del Servicio de Asentamientos Agrarios de la Consejería de Agricultura y Pesca (Dirección General de regadíos y estructuras) de la Junta de Andalucía mediante el que se comunicaba que se encontraba “en fase de estudio” la forma de abono de las indemnizaciones. Dada vista de este oficio a la parte ejecutante para alegaciones, la representación del recurrente, mediante escrito de 25 de noviembre de 2005, manifestó que por la Administración se estaba incumpliendo el pronunciamiento esencial de la Sentencia, referido a la reposición al actor en su preexistente derecho al uso del agua de la Ventilla en la forma y con el caudal determinado, solicitando que por el Tribunal se ordenara a la Administración la puesta a disposición del caudal correspondiente durante diecinueve horas en tandas de doce días, en el término de quince días desde el dictado de la resolución de la ejecución.
e) Mediante Auto de 6 de julio de 2006 se declaraba no haber lugar a lo solicitado por la recurrente, pues la pretensión de reposición en el uso de las aguas no era acorde con lo decidido en la Sentencia, que limitaba las consecuencias de la estimación a “la asunción por el Instituto Nacional de reforma y Desarrollo Agrario de la obligación de abono del 64 por 100 de las facturas de energía eléctrica generadas”.
3. Aclarado lo anterior, debemos precisar que el objeto del presente amparo se ha de circunscribir, en virtud de la delimitación que de la pretensión de amparo hace el propio demandante, a la posible vulneración de la intangibilidad de las sentencias en fase de ejecución por el propio órgano que las dictó, sin que, dados los límites del control que en el caso ejerce este Tribunal, pueda la presente Sentencia realizar declaración alguna sobre las situaciones jurídicas preexistentes relacionadas especialmente con el derecho al caudal y uso gratuito de las aguas, como se pretende en el petitum de la demanda de amparo. Y a tal respecto, es doctrina reiterada de este Tribunal la sintetizada, por todas, en la STC 121/2007, de 21 de mayo, FJ 1, en la que dijimos que “en cuanto que la interpretación del sentido del fallo de las resoluciones judiciales es una función estrictamente jurisdiccional que, como tal, corresponde en exclusiva a los órganos judiciales, el alcance de las posibilidades de control, por parte de este Tribunal, del cumplimiento de la potestad jurisdiccional de hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE) no es ilimitado. En este sentido, es también doctrina constitucional consolidada que el control que este Tribunal puede ejercer sobre el modo en que los Jueces y Tribunales ejercen esta potestad se limita a comprobar si estas decisiones se adoptan de forma razonablemente coherente con el contenido de la resolución que se ejecuta. Y, junto a ello, hemos advertido también reiteradamente que la determinación del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada constituye una cuestión que corresponde igualmente a la estricta competencia de los órganos judiciales, por lo que sus decisiones en esta materia sólo serán revisables en sede constitucional si resultan incongruentes, arbitrarias o irrazonables (SSTC 242/1992, de 21 de diciembre, FJ 3; 15/2002, de 28 de enero, FJ 3, 87/2006, de 27 de marzo, FJ 6, entre otras)”.
Prosigue afirmando la citada Sentencia, en el mismo fundamento jurídico 1, que “lo anterior significa que en el recurso de amparo no puede debatirse de nuevo sobre el contenido de la Sentencia que se ejecuta, ni sobre la interpretación y consecuencias de su fallo, ya que, como recuerda la STC 116/2003, de 16 de junio, FJ 3, '(e)l canon constitucional de fiscalización del ajuste de la actividad jurisdiccional de ejecución al fallo se compone pues, naturalmente, del fallo mismo (interpretado de acuerdo con la fundamentación y con el resto de los extremos del pleito), y asimismo de lo posteriormente resuelto para ejecutarlo, examinando si hubo o no un apartamiento irrazonable, arbitrario o erróneo en relación con el significado y con el alcance de los pronunciamientos de la parte dispositiva de la resolución que se ejecuta'”. Y añade que “para determinar si los autos de ejecución se han apartado del significado y alcance de los pronunciamientos de la Sentencia de la que traen causa es necesario partir del examen de tales pronunciamientos que, plasmados en el fallo o parte dispositiva, son consecuencia de la fundamentación jurídica de dicha resolución judicial, en una línea secuencial que une las alegaciones y pretensiones de la parte actora con la fundamentación jurídica y argumentación que funda la Sentencia, para desembocar en el fallo y concretos pronunciamientos contenidos en éste. La función jurisdiccional de decir el Derecho, presupuesto necesario de la ejecución, no permite una consideración aislada de cada uno de dichos momentos y actos procesales, sino que requiere su valoración unitaria o global, pues ésta es la que permite extraer, con mayor grado de certeza, el genuino alcance y significación de las determinaciones del órgano jurisdiccional y de los efectos jurídicos, de naturaleza formal o material, que deben producir aquéllas”.
En el presente supuesto, el fundamento de Derecho único del Auto de ejecución deniega lo interesado por el demandante de amparo razonando que en la Sentencia a ejecutar “se expresa que a partir del año de 1981 el derecho correspondiente habría quedado concretado 'en la asunción por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario de la obligación del abono del 64 por 100 de las facturas de energía eléctrica generadas …' que fue, a la postre, el derecho reconocido en la parte dispositiva de la resolución judicial de la litis”. Dicha parte dispositiva de la Sentencia de 25 de marzo de 2002 condenaba a la Administración a “que abone al recurrente la parte proporcional del 64 por 100 de las facturas de energía eléctrica del caso, desde el momento en que se suprimió el correspondiente derecho, en la forma relatada en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución”.
Así, lo que en ese fallo se establece es la remisión al fundamento cuarto de la propia Sentencia, a los efectos de detallar la forma y condiciones de la concreta condena de abono del 64 por 100 de las facturas eléctricas, “desde el momento en que se suprimió la prestación y hasta tanto quede extinguido el correspondiente derecho, en aplicación de la norma contenida en la D. Transitoria tercera antes aludida”. Pero no abarca, como la parte pretende, la totalidad de un fundamento que, si bien recoge las dos actuaciones, de reposición en el uso gratuito de las diecinueve horas de agua, y de abono proporcional de las facturas, puede razonablemente interpretarse, como lo hace la Sala en el Auto de ejecución impugnado, en el sentido de que la forma en que la Administración venía satisfaciendo el derecho del recurrente a reponerle en su preexistente derecho al uso gratuito del agua era, precisa y exclusivamente, el abono de la parte proporcional del 64 por 100 de las facturas de energía eléctrica. Dicha intelección no se entiende irrazonable, arbitraria o errónea a la vista del propio fundamento y del fallo de la Sentencia, y la parte recurrente, en el momento de la recepción de ésta, tampoco apreció oscuridad o error que le indujeran a solicitar, al amparo del art. 267.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la aclaración de la Sentencia, o a promover incidente de nulidad de actuaciones basado en incongruencia del fallo con las pretensiones, según la regulación vigente en el momento de dictarse la Sentencia de cuya ejecución se trata, contenida en el art. 240.3 LOPJ.
Type and record number Recurso de amparo 10669-2006
Promovido por don Roberto Rodríguez Jiménez frente a un Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictado en ejecución de Sentencia.
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): ejecución razonablemente coherente de una Sentencia que repone al demandante en su derecho al uso gratuito del agua.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a la Administración a “que abone al recurrente la parte proporcional del 64 por 100 de las facturas de energía eléctrica del caso, desde el momento en que se suprimió el correspondiente derecho, en la forma relatada en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución”. En dicho fundamento cuarto se detallaba la condena de la Administración a “reponer al recurrente en su preexistente derecho al uso gratuito de 9 horas de aguas en tandas de 12 días en la forma en que se venía satisfaciendo por la Administración, abonando al recurrente la parte proporcional del 64 por 100 de las facturas de energía eléctrica del caso”. El recurrente plantea la vulneración de la intangibilidad de las sentencias en fase de ejecución por el propio órgano que las dictó, al rechazarse la reposición en el uso gratuito de las diecinueve horas de agua como parte integrante del fallo de la Sentencia.
Se considera que la intelección que de su sentencia hace el propio órgano judicial, no es irrazonable, arbitraria o errónea, pues puede interpretarse que la forma en que la Administración venía satisfaciendo el derecho del recurrente a reponerle en su preexistente derecho al uso gratuito del agua era, precisa y exclusivamente, el abono de la parte proporcional del 64 por 100 de las facturas de energía eléctrica.
El canon constitucional de fiscalización del ajuste de la actividad jurisdiccional de ejecución al fallo se compone del fallo mismo, y lo resuelto para ejecutarlo, examinando si hubo o no un apartamiento irrazonable, arbitrario o erróneo en relación con el significado y con el alcance de los pronunciamientos de la parte dispositiva de la resolución que se ejecuta (STC 116/2003) [FJ 3].
Este Tribunal no se puede pronunciar sobre si los razonamientos de la Sentencia de única instancia pudieran haber sido más claros, sino si concurre, en la ejecución de dicha Sentencia, un apartamiento tal cuya arbitrariedad, irrazonabilidad o error obligue a este Tribunal a pronunciarse corrigiendo la lesión, lo que no se ha producido en este caso, en el que la resolución dictada en la fase de ejecución resulta razonablemente coherente con el contenido de la resolución que se ejecuta [FJ 4].
Intangibilidad de las sentenciasIntangibilidad de las sentencias, Respetado, f. 3
Ejecución congruente con el falloEjecución congruente con el fallo, f. 3

References: resolución 
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