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Timestamp: 2019-07-17 21:31:21+00:00

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ANÁLISIS DE LAS PRIMERAS TESIS DE LA SCJN POR E-CONTABILIDAD, E-REVISIONES Y BUZÓN FISCAL
Publicado el 31 Ago a las 12:21h
Por: LD y MDF Luis Raúl Diaz González
El día 26 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicó varias tesis acerca de la constitucionalidad del buzón tributario, la contabilidad electrónica y las revisiones electrónicas, por su importancia hacemos un recapitulado de cada una de ellas con su respectivo análisis y comentario.
Las tesis en la materia son las siguientes:
SISTEMA DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA INFORMACIÓN RELATIVA NO COMPRENDE TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES. De acuerdo con la fracción I del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad para efectos fiscales se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en tanto que la información contable que debe ingresarse mensualmente en el sistema de contabilidad electrónica “es aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien, el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa”, específicamente, por cuanto se refiere a sus catálogos de cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas.
La anterior tesis marca la diferencia existente entre la contabilidad fiscal, y la información contable que se sube a la página oficial de la autoridad tributaria, la que se integra por los catálogos de cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas. Siendo más amplia la contabilidad en sí, que la información proporcionada a fisco federal.
Hay que resaltar, que se puede revisar la contabilidad entera, así como la información que ya tiene en su poder la autoridad fiscal, mediante el ejercicio de cualquiera de las facultades de comprobación.
Registro: 2012386
Tesis: 2a. LXVI/2016 (10a.)
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LOS RESOLUTIVOS TERCERO Y CUARTO DE LA SÉPTIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, QUE ESTABLECEN LA ENTRADA EN VIGOR ESCALONADA DE LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LAS OBLIGACIONES DE LLEVAR LA CONTABILIDAD EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE ENVIAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO VIOLAN EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA. Las citadas porciones normativas no violan el indicado derecho, al no establecer un trato igual para todas las personas morales con respecto a la fecha de inicio de la vigencia de la obligación de llevar su contabilidad en sistemas electrónicos y enviar la información requerida a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que de su contenido se advierte que dichas disposiciones contemplan dos parámetros de distinción: uno, en atención al régimen fiscal al que pertenecen los contribuyentes y el otro atento al monto de los ingresos acumulables declarados o que se debieron declarar en el ejercicio fiscal 2013. Así, en función de lo anterior, las personas morales que -por sus actividades- pertenecen al sistema financiero y aquellas cuyos ingresos acumulables declarados (o que debieron declararse) al ejercicio de 2013, son iguales o superiores a 4 millones de pesos, están obligadas a llevar su contabilidad en sistemas electrónicos y a enviar la información requerida a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a partir del 1 de enero de 2015; mientras que las personas morales que no se encuentran en ese rubro y aquellas cuyos ingresos acumulables declarados (o que debieron declararse) al ejercicio de 2013, son inferiores al referido monto, deben hacerlo a partir del 1 de enero de 2016. Lo anterior, incluso, guarda congruencia con el artículo segundo transitorio, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a la entrada en vigor escalonada de las obligaciones previstas en las fracciones III y IV del artículo 28, ya que sobre las referidas bases se establece la fecha de inicio de las obligaciones a cargo de las personas morales.
Este criterio, trata de legitimar la violación flagrante al artículo segundo transitorio de la reforma 2014 al CFF, que exige la entrada en vigor de manera escalonada del deber de enviar la e-contabilidad, lo que consideramos no se ha cumplido a cabalidad, en detrimento de la obligación de todas las autoridades de acatar la ley.
Registro: 2012385
Tesis: 2a. LXIII/2016 (10a.)
La SCJN en una muestra de su parcialidad, señala que la existencia de una cláusula habilitante (la posibilidad de dejar a una norma inferior, ampliar la regulación de cierta figura jurídica), en materia del tema que ahora tratamos, no debe ser pormenorizada por el Congreso de la Unión, al no existir obligación de hacerlo, lo que sin duda permitirá la arbitrariedad de la autoridad fiscal, la que podrá redactar a su conveniencia la regla relativa y cuando le convenga, en perjuicio de los particulares.
Registro: 2012384
Tesis: 2a. LXII/2016 (10a.)
Aquí se señala que una ley no está sujeta a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica; ya que únicamente normas inferiores quedan limitadas por los referidos principios.
Registro: 2012383
Tesis: 2a. LXIV/2016 (10a.)
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA REGLA 2.8.1.4. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, AL NO HACER REFERENCIA A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Del análisis integral del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que los registros y asientos contables que el contribuyente está obligado a llevar en medios electrónicos, conforme a su fracción III, son aquellos referidos a la contabilidad para efectos fiscales; para lo cual, el legislador federal -a través de una cláusula habilitante- encomendó a la autoridad administrativa que definiera la forma en que debían llevarse, así como la forma en que los contribuyentes ingresarían mensualmente su información contable. En ese sentido, si bien es cierto que el párrafo primero de la regla 2.8.1.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 únicamente hace referencia al artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no así a la diversa fracción I, también lo es que no por ello viola el derecho a la seguridad jurídica del gobernado, al no existir certeza en cuanto al tipo de contabilidad que tiene que llevarse a través de dichos medios electrónicos, ya que conforme a la cláusula habilitante, lo previsto en la regla citada se refiere a la obligación de llevar en medios electrónicos los asientos y registros contables para efectos fiscales.
La omisión de una regla general de hacer referencia a una fracción del numeral 28 del CFF, no trasgrede derechos humanos “ya que conforme a la cláusula habilitante, lo previsto en la regla citada se refiere a la obligación de llevar en medios electrónicos los asientos y registros contables para efectos fiscales, de cierta clase de contribuyentes.
Registro: 2012382
Materia(s): (Penal, Administrativa)
Tesis: 2a. LXV/2016 (10a.)
Esta tesis señala que un gobernado puede llevar dos o más sistemas contables, uno para efectos fiscales y otro u otros para fines financieros o administrativos, sin que se cometa un delito.
Debemos recordar, que para fines de revisión fiscal, solamente se pueden exigir datos o información que tengan que ver con el cumplimiento de sus deberes tributarios, teniendo límite legal la autoridad para ello.
Registro: 2012381
Tesis: 2a. LXIX/2016 (10a.)
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, ES PROPORCIONAL CON EL FIN PERSEGUIDO POR EL LEGISLADOR. De los trabajos legislativos que antecedieron a las reformas, adiciones y derogaciones al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 9 de diciembre de 2013, se advierte que la obligación aludida, bajo el contexto del aprovechamiento de los avances de la tecnología, tuvo como finalidad integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, aspectos que se encuentran dentro ámbito del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la obligación legal (en la forma y términos previstos en las disposiciones administrativas), tiene una finalidad constitucionalmente válida, como lo es comprobar el correcto cumplimiento del deber de contribuir al gasto público. Por su parte, la obligación de ingresar la información en los términos que establecen las disposiciones generales, constituye el medio adecuado dirigido a cumplir con la finalidad perseguida por el legislador ya que, en primer lugar, tiende a evitar las cargas que anteriormente generaban los “formulismos” para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; además de que en la medida en que el contribuyente va incorporando su información contable, a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, permite a la autoridad no solamente tener acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino allegarse de los elementos necesarios para que en un momento dado pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fiscalización. Finalmente, no se ocasiona un daño innecesario o desproporcional al contribuyente por el simple hecho de que tenga que llevar su contabilidad a través de medios electrónicos y de ingresarla a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en los términos previstos en la disposiciones referidas, ya que si aquél cumple con las nuevas obligaciones fiscales impuestas por el legislador, aprovechando los beneficios de los avances tecnológicos, se simplifican y se mejoran los procedimientos administrativos a través de los cuales anteriormente cumplía con sus obligaciones y ejercía sus derechos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y trámites bajo el contexto del sistema tradicional.
Este criterio señala que la finalidad de la e-contabilidad, es integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y, por otra, “agilizar los procedimientos de fiscalización”, lo que constituye el medio adecuado dirigido a cumplir con la finalidad perseguida por el legislador ya que, en primer lugar, tiende a evitar las cargas que anteriormente generaban los “formulismos” para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; además de que en la medida en que el contribuyente va incorporando su información contable, a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, se le permite a la autoridad no solamente tener acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino allegarse de los elementos necesarios para que en un momento dado pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fiscalización.
En una presentación, visible en YouTube, el Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional del SAT explica cómo se analiza la información y documentación que obra en su poder para preparar una revisión electrónica, reconociendo las facilidades del sistema para el fisco.
(Dale clic en el logo de YouTube para ver el vídeo)
Registro: 2012380
Tesis: 2a. LXI/2016 (10a.)
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE EN SÍ UN ACTO DE FISCALIZACIÓN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Las obligaciones de llevar contabilidad en medios electrónicos y de enviar mensualmente la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, previstas en el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, no constituyen -en sí- un acto de fiscalización (de la información proporcionada), sino simplemente obligaciones que se generan ante la necesidad de actualizar las prácticas tradicionales de recaudación, bajo un contexto social diferente, donde el uso de la tecnología es casi imprescindible. Lo anterior se hace patente del análisis de los trabajos legislativos que precedieron al contenido de la citadas porciones normativas, de donde se advierte que dichas actividades tienen como fin integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales de carácter formal y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, los cuales evidentemente deben sujetarse a las formalidades previstas para desplegar cada uno de ellos. Ante esa circunstancia, resulta innecesario que, previo al cumplimiento de dichas obligaciones y particularmente, a la de enviar la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Se señala que resulta innecesario que, previo al cumplimiento de dichas obligaciones y particularmente, a la de enviar la información contable a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Esta obligación no exige formalidad alguna; pero si lo tendrán que acatar los requerimientos, que al respecto envíe el fisco federal, tanto para subir la balanza de comprobación; el catálogo de cuentas; o las pólizas, actos administrativos cuyas consecuencias se podrán impugnar, mediante los medios de defensa que previene la Normatividad fiscal.
De igual forma, lo tendrán que hacer la revisión provisional, junto con su correspondiente preliquidación; y la liquidación definitiva, en su caso.
Registro: 2012379
Tesis: 2a. LXVIII/2016 (10a.)
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, AL NO COLISIONAR CON EL DIVERSO ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Del análisis de las citadas disposiciones no se advierte una contradicción lógica con el artículo 33 del Código de Comercio que ocasione una situación jurídica que dé lugar a la arbitrariedad de la autoridad o que deje en estado de indefensión a los gobernados, por lo que no violan el derecho a la seguridad jurídica; antes bien, deriva que el Código de Comercio sólo establece lineamientos mínimos que debe satisfacer el sistema contable por el que opte el comerciante, mas no una metodología pormenorizada que determine casuísticamente cómo deberá realizar los controles contables de su comercio; en cambio, las fracciones III y IV del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación se refieren a las obligaciones del contribuyente de llevar contabilidad “para efectos fiscales” en medios electrónicos y la de enviar mensualmente la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, en tanto que las reglas regulan lo relativo a la operatividad del sistema; lo que significa que dichas disposiciones, lejos de contraponerse, generan certeza de los actos que se realizan. Y si bien el citado artículo 33 permite al comerciante llevar y mantener un sistema contable como mejor le acomode y con los recursos que estime convenientes, ello no significa que para efectos fiscales pueda hacer lo mismo, sino por el contrario, debe atender a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la mencionada resolución miscelánea fiscal.
Este criterio señala, que no se contraponen las normas legales que regulan la contabilidad, en materia mercantil y tributaria, ya que son obligatorias estás últimas y por ello materia de sanciones.
Además, de que se pueden llevar los dos sistemas contables, sin que se cometa delito, tal y como lo marca otra de las tesis que se contienen en esta participación.
Registro: 2012378
Tesis: 2a. LXVII/2016 (10a.)
La tesis indica que el deber de proporcionar la e-contabilidad, no vulnera el derecho fundamental a la privacidad, en su dimensión de controlar la difusión de la información personal, ya que la información contable se relaciona con: catálogo de cuentas; balanzas de comprobación y pólizas; información que está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no así con aspectos confidenciales o de su vida privada.
Luego entonces se presume que no existirá revelación de secretos o información, por parte de los empleados fiscales; lo que se pone en duda, si dichos datos se encuentren en poder de particulares, cuando a ellos se encomiende la guarda y custodia de la referida información, en materia de revisiones electrónicas.
Registro: 2012377
Tesis: 2a. LXX/2016 (10a.)
El fallo del que derivan estas opiniones judiciales, concedieron a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, hasta en tanto no se encuentre en idioma castellano o español.
En ese sentido, el hecho de que los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de
archivos XML establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, estén en idioma inglés, vulnera el derecho de seguridad jurídica de la parte quejosa, debido a que no existe garantía de que tenga conocimiento del mismo y por consecuencia, la manera de operar los formatos establecidos para tal efecto.
Por ello, es que la autoridad administrativa al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, ya que de esta manera les brinda seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos para tal efecto; lo cual, como se vio, no lo hizo ya que al ingresar a la página de internet http://www.w3.org/, se desprende que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que resulta inconstitucional dicha porción normativa.
Hasta en tanto no se ajuste al idioma oficial de México, la regla ya mencionada, no se tendrá el deber de subir información contable a la página oficial del fisco federal; y una vez que se haga el ajuste, este no podrá ser retroactivo, por disposición expresa del artículo 14 constitucional. Esto significa que no se tendrá deber de subir la e-contabilidad por los años 2014, 2015 y lo que va del 2016.
Registro: 2012376
Tesis: 2a. LVIII/2016 (10a.)
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. AL HABER CESADO LOS EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS CONTENIDAS EN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES MODIFICATORIAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, QUE CONSTITUYE LA REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Conforme a las reglas 1.2.8.6, 1.2.8.7. y 1.2.8.8 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014, se precisan, respectivamente: a) La información contable que los contribuyentes deben enviar a través del buzón tributario, a saber, catálogo de cuentas, balanza de comprobación e información relativa a las pólizas que hayan generado; b) La época en que deberán realizarlo; y c) La obligación de proporcionar el acuse respectivo cuando la autoridad fiscal les requiera la información relativa a sus pólizas, en ejercicio de sus facultades de comprobación o como requisito para la atención de solicitudes de devolución y compensación; todo ello, en la inteligencia de que en su artículo décimo tercero transitorio se precisaron fechas específicas para el envío de la precitada información, en el caso de las personas morales. Ahora, esas disposiciones se modificaron y adicionaron a través de la Tercera y Quinta Resoluciones de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, tanto en lo relativo al contenido de la información contable que debe enviarse a la autoridad hacendaria, como en lo concerniente a la época en que debe realizarse y, posteriormente, se derogaron mediante la Séptima Resolución de Modificaciones a la citada resolución miscelánea, publicada en el indicado medio de difusión oficial el 18 de diciembre de 2014 emitiéndose, en consecuencia, las reglas I.2.8.1.6 a I.2.8.1.9 que, conjuntamente con los resolutivos tercero y cuarto de la propia resolución modificatoria, entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2015, de acuerdo con su artículo segundo transitorio. No obstante, las citadas reglas y resolutivos de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, se derogaron implícitamente al entrar en vigor la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, ya que en sus reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.9 y 2.8.1.17, se reguló: a) La información que se debe enviar a la autoridad hacendaria a través del buzón tributario; b) La periodicidad para hacerlo; c) La obligación de proporcionar información requerida por la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación o para atender solicitudes de devolución o compensación; y d) Las particulares que deben observarse en relación con los papeles de trabajo y los asientos de los registros contables. Lo anterior, permite advertir que las reglas de las diversas resoluciones modificatorias a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en torno a la obligación de llevar contabilidad electrónica y entregarla a la autoridad hacendaria, no surtieron efecto alguno durante su vigencia, en tanto su observancia se fue postergando para finalmente quedar derogadas con la entrada en vigor de las reglas respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, hecha excepción de los resolutivos tercero y cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, cuya vigencia se extendió a 2015, por disposición del resolutivo cuarto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea para 2015 publicada en el aludido medio de difusión oficial el 3 de marzo de 2015. En consecuencia, en virtud de que las disposiciones administrativas de referencia contenidas en las diversas resoluciones modificatorias de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 cesaron en sus efectos -con la excepción destacada-, en torno a ellas se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.
La posibilidad de promover el Juicio de Amparo, en contra del inicio de la vigencia de una norma (autoaplicativo), ya se perdió, dado que la regla general que marcó los lineamientos a seguir ya feneció (2014); por ende, únicamente queda la oportunidad de impetrar el citado juicio, en contra del primer acto de aplicación, ya sea del contribuyente, o de la autoridad tributaria, contando con 15 días para hacerlo.
Registro: 2012402
Tesis: 2a. LXXVIII/2016 (10a.)
La SCJN indica que el procedimiento fiscalizador digital no vulnera el derecho de audiencia, en atención de que:
1.- Se pueden desvirtuar los hechos u omisiones contendidos en la preliquidación, teniendo 15 días para ello;
2.- Mediante la interposición de un medio de defensa oficioso, como lo es el recurso de revocación; o
3.- A través de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En los dos últimos casos, se cuenta con treinta días para hacerlo.
La diferencia está en que la defensa formal (puntos 2 y 3) se agotará en contra de la liquidación definitiva, ya que no procede en contra de la preliquidación.
Registro: 2012401
Tesis: 2a. LXXV/2016 (10a.)
REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉN, NO VIOLAN LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. El legislador respeta los precitados derechos cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en un determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación, a fin de que, por un lado, el gobernado conozca las consecuencias jurídicas de los actos que realice y, por otro, que el actuar de la autoridad se encuentre limitado y acotado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no resulte de un actuar caprichoso o arbitrario de aquélla. En ese contexto, los aludidos preceptos legales no violan los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, ya que de su análisis se advierte que, tratándose de la revisión electrónica, el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la resolución provisional, en la que deberán precisarse los rubros o conceptos específicos que serán objeto de revisión a partir de los hechos u omisiones advertidos con base en el análisis de la información en su poder y, en su caso, la preliquidación de las contribuciones omitidas; y culmina con la notificación de la resolución definitiva, lo que deberá realizarse dentro de los 40 días siguientes al en que se reciban las pruebas del contribuyente o se desahogue la pericial, o bien, a partir de que se reciba la información solicitada a terceros, lo que deberá realizarse en los plazos previstos para esos efectos. Lo anterior,en la inteligencia de que la resolución provisional deberá constar en documento escrito -impreso o digital- y precisar la fecha y lugar de su emisión, así como la autoridad que lo emite y la persona a la que se dirige, acorde con los artículos 38 y 134 del Código Fiscal de la Federación.
La Corte se confunde de fea manera, vean:
“….tratándose de la revisión electrónica, el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la resolución provisional, en la que deberán precisarse los rubros o conceptos específicos que serán objeto de revisión a partir de los hechos u omisiones advertidos con base en el análisis de la información en su poder ………..”.
O sea la resolución provisional y la preliquidación, derivará de la revisión previa que ya se realizó, la que podrá ser desvirtuada por el interesado dentro del término de 15 días; y la autoridad podrá convertirla en liquidación definitiva, después de analizar lo dicho y probado por el contribuyente; quien podrá combatirla conforme a Derecho.
El numeral 53-B expresamente dice:
Posteriormente, trata de legitimar la diligencia, señalando requisitos que no fija el CFF, tales como que se trate de un documento impreso, lo que no está regulado en este tipo de revisiones.
Artículo 53-B. ……………………………………………………………………
“Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a que se refiere este artículo, se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario”.
Registro: 2012400
Tesis: 2a. LXXVI/2016 (10a.)
La tesis indica que las revisiones digitales no invaden el domicilio del revisado y por ende no tienen que cumplir las reglas de los cateos, dado que dichas exigencias se fijan para casos en que la medida de comprobación se haga en el domicilio del contribuyente, “en tanto que puede realizarse en el de la propia autoridad”, pero sin precisar normas de procedimiento.
Aquí tendremos que cerciorarnos de que sea la autoridad y no un particular, quien realice la revisión, ya que de no ser así, se incumplen con los requisitos constitucionales establecidos, para los actos de gobierno.
Registro: 2012398
Tesis: 2a. LXXIX/2016 (10a.)
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. En nuestro sistema tributario rige el principio de autodeterminación, lo que significa que, salvo disposición expresa en contrario, corresponde a los contribuyentes determinar el monto de las contribuciones a su cargo, razón por la cual, debe otorgárseles la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones que pudieran entrañar el incumplimiento de sus obligaciones fiscales; de ahí que la autoridad fiscal podrá determinar el monto de las contribuciones omitidas en ejercicio de sus facultades de comprobación si, y sólo si, se trata de pagos y declaraciones definitivas y el contribuyente no ejerce su derecho de prueba en el procedimiento de fiscalización respectivo o, habiéndolo ejercido, no logra desvirtuar las irregularidades advertidas. En ese contexto, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, al establecer que las cantidades determinadas en la preliquidación “se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución”, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización dentro de los plazos previstos al efecto, transgrede el derecho de audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, no así un requerimiento de pago cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación los medios de prueba que, por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos.
Se consideró que el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional, en cuanto establece que las cantidades determinadas en la preliquidación “se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución”, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización dentro de los plazos previstos para tal efecto (15 días), lo que viola el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, toda vez que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, no así un requerimiento de pago de cantidad líquida y exigible, cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, en atención de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, los medios de prueba que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos.
Registro: 2012397
Tesis: 2a. LXXII/2016 (10a.)
Esta opinión es francamente absurda e incongruente, dado que expresamente reconoce que existe una revisión previa a la “revisión electrónica”, la cual no cuenta con reglas de procedimiento a seguir, lo que sin duda vulnera lo expresado por el artículo 14 constitucional, que de manera clara y precisa señala que todo acto de autoridad debe seguir las normas de procedimiento, para así asegurar los derechos humanos de seguridad y certeza jurídicas, máxime que la pre-revisión no la efectúa un funcionario público, sino un sistema automatizado, lo que rompe con las reglas exigidas a los actos administrativos, por el numeral 16 constitucional.
Registro: 2012396
Tesis: 2a. LXXXI/2016 (10a.)
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO DE LOS ACTOS SUSCEPTIBLES DE IMPUGNARSE, NO VIOLA LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. El precepto aludido, al prever que todos los actos y resoluciones emitidas durante el desarrollo del procedimiento de revisión electrónica se notificarán a través del buzón tributario, no viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica, ya que el artículo 134 del propio ordenamiento tributario expresamente señala que los actos administrativos susceptibles de impugnarse podrán notificarse por ese medio, caso en el cual, la notificación se tendrá por realizada cuando se genere el acuse de recibo electrónico “en el que conste la fecha y hora en el que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar”, de lo que se sigue que el contribuyente puede conocer con certeza el momento en el que le fue notificada la resolución definitiva, a fin de impugnarla oportunamente, razón por la cual, tampoco viola el derecho de acceso efectivo a la justicia.
En este caso, se convalida el uso del buzón tributario y para obtener su posible anulación, se recomienda abrirlo en horas y días inhábiles, ya que se vicia la diligencia, por contravenir lo señalado por los artículos 12 y 13 del Código Fiscal de la Federación.
Registro: 2012395
Tesis: 2a. LXXIII/2016 (10a.)
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. NO ES UN ACTO DE MOLESTIA. Los actos de molestia -objeto de tutela del derecho a la seguridad jurídica reconocido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, son aquellos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. En ese sentido, la facultad conferida a la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación que tiene en su poder para constatar el acatamiento de las disposiciones fiscales, no es un acto de molestia, ya que la actividad que despliega para constatar la veracidad o exactitud de esa información y documentación, por sí, no restringe provisional ni precautoriamente derecho alguno de los contribuyentes, antes bien, permite revisar su situación fiscal sin generar las consecuencias propias del ejercicio de sus facultades de comprobación, particularmente la suspensión del plazo para que opere la caducidad de esas facultades, el cual, tratándose de pagos y declaraciones definitivas, inicia una vez remitida la información contable a través de medios electrónicos.
La tesis convalida la intromisión en los datos e información, sin que pueda calificarse como “acto de molestia”, pero cuando se trasgredan derechos sobre datos sensibles personales, podrá alegarse que lo está realizando algo que no proviene de un servidor público, que es requisito constitucional y por ende no se encuentra efectuado por autoridad competente.
Registro: 2012393
Tesis: 2a. LXXI/2016 (10a.)
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA VERIFICAR EL ACATAMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. SU REVISIÓN CONSTITUYE UN ACTO PREPARATORIO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN. La revisión de la información y documentación que obra en poder de la autoridad hacendaria con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales e identificar, en su caso, los hechos u omisiones que pudieran entrañar su incumplimiento, se traduce en un acto preparatorio del proceso de fiscalización y, como tal, no restringe derecho alguno de los contribuyentes ni implica la intromisión de la autoridad en su domicilio, habida cuenta que los sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos implementados para agilizar los procesos de recaudación y fiscalización permiten constatar ese aspecto mediante el cruce de la información que los propios contribuyentes ingresan a esos sistemas, como lo es la relativa a las declaraciones de impuestos e informativas, dictámenes financieros, solicitudes de devolución, avisos y comprobantes fiscales. En consecuencia, el proceso de fiscalización, entendido como aquel a través del cual la autoridad hacendaria ejerce sus facultades de comprobación para determinar si los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales y, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas, inicia cuando se les requiere para que exhiban los datos, informes y documentos que estimen necesarios para desvirtuar los hechos u omisiones advertidas, o bien, para corregir su situación fiscal.
La anterior tesis reconoce que existe un procedimiento previo a la revisión digital, lo que es indebido; y cuando se soliciten datos o informes adicionales, se podrá interponer el Juicio de Amparo, ya que se tratará del primer acto de aplicación.
Registro: 2012392
Tesis: 2a. LXXIV/2016 (10a.)
Esta opinión resulta absurda, ya que en lugar de dejar a salvo los derechos de defensa de los contribuyentes, previstos por el artículo 17 constitucional, pretende que se sujeten a un “acuerdo conclusivo”, lo que está condicionado a la voluntad del gobernado, en ejercicio de la autonomía de la voluntad; de ello se desprende la parcialidad del Poder Judicial en esta clase de asuntos.
Registro: 2012399
Tesis: 2a. LXXX/2016 (10a.)
Aquí la Corte señala que la preliquidación constituye una propuesta de pago, para el caso de que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, por ende no se trata de un requerimiento de pago, ya que éste se convertirá en definitivo, una vez que, habiéndose otorgado al contribuyente la oportunidad de alegar y probar en contrario, en el procedimiento de fiscalización respectivo o en el recurso de revocación (sic), la autoridad hacendaria dicte una resolución definitiva en la que califique los hechos u omisiones advertidos y, de ser el caso, determine el monto de las contribuciones omitidas.
Registro: 2012375
Tesis: 2a. LIX/2016 (10a.)
La tesis indica que el buzón fiscal es un canal de comunicación entre el contribuyente y la autoridadhacendaria, aprovechando los avances tecnológicos, precisando su forma de utilización y los documentos que le serán enviados y que se podrán mandar por esta vía; legitimando su existencia y empleo en materia tributaria.
Registro: 2012374
Tesis: 2a. LX/2016 (10a.)
Este criterio convalida el uso del buzón tributario, para personas físicas como para las morales, y marca queeste sistema de comunicación llego para quedarse.
Registro: 2012373
Tesis: 2a. LVI/2016 (10a.)
La opinión judicial transcrita marca que las disposiciones regulatorias del buzón tributario, la contabilidad y las revisiones electrónicas pertenecen a un mismo sistema normativo, por ello, son materia del juicio constitucional en su conjunto.
Derivado de esto, las violaciones constitucionales tendrán que vincularse con estos temas, para efectos de obtener una protección integral.
Registro: 2012372
Tesis: 2a. LVII/2016 (10a.)
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Si en la demanda de amparo se señalan como actos reclamados los preceptos de referencia -así como otras disposiciones que desarrollan su contenido- y lo que fundamentalmente se impugna es el nuevo mecanismo implementado para el registro y control de la contabilidad electrónica de los contribuyentes con motivo de la entrada en vigor de la obligación consistente en llevar la contabilidad en medios electrónicos y enviar mensualmente la información respectiva al Servicio de Administración Tributaria (1 de julio de 2014), se advierte que en torno a dichas normas no se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, ésta en relación con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico y extemporaneidad), no obstante que a algunas de ellas les revista el carácter de heteroaplicativas y otras hubiesen iniciado su vigencia con anterioridad, en razón de que todas pertenecen al mismo sistema normativo que, para efectos del juicio de amparo, es impugnable en su integridad a partir del inicio de vigencia de la obligación aludida, siempre que la demanda se hubiese interpuesto dentro del plazo previsto en el citado artículo 17, fracción I.
Esta tesis indica que por ser un sistema integral, tal y como se dijo en el comentario anterior, no importa que se trate de normas autoaplicativas o heteoaplicativas, ya que se combatieron conjuntamente.
Lo anterior quedo rebasado, dado que a la fecha se podrá atacar el primer acto de aplicación únicamente, puesto que la oportunidad procesal de interponer Amparo por la entrada en vigor de las normas relativas, ya feneció.

References: artículo 28
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 ARTÍCULO 28
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 artículo 31
 ARTÍCULO 28
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 ARTÍCULO 33
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 artículo 14
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