Source: http://catecismo.com.ar/sermonescristorey/XR_93A.htm
Timestamp: 2018-12-12 20:58:25+00:00

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El 2 de Febrero de 1825 marca, para nuestro País, la fecha de un acontecimiento clave. En efecto, en ese día, el Congreso General Constituyente, acordado después de los tratados de Benegas y del Cuadrilátero, instigado por el gobierno de Buenos Aires, firma con Gran Bretaña el "Tratado de libre comercio".
El evento fue de singular importancia, pues era la primera vez que una gran potencia, al suscribir oficialmente un pacto con la Argentina, la reconocía como nación independiente.
Por supuesto que Inglaterra tenía sus motivos para ello. Derrotada militarmente en las invasiones de 1806 y 1807, los piratas anglicanos intentaban arrinconar a España y tomar nuestro país, ahora por medio de la infiltración ideológica y el dominio económico.
Dicho tratado, en efecto, daba franquicias ilimitadas a los ingleses para que comercialmente iniciaran cualquier emprendimiento en nuestro territorio.
El ministro inglés Canning -el de nuestra Avenida- escribía en una carta, poco después del tratado: "Los hechos están ejecutados, la cuña está impelida, Hispano América es libre, y si nosotros sentamos rectamente nuestros negocios, ella será inglesa."
Inglaterra nos pagaría, dos años después, el haberle regalado nuestra economía, imponiendo la secesión de la Banda Oriental; a los ocho años, apoderándose por la fuerza de las Malvinas; y, en el 42 y el 45, bloqueando el Rio de la Plata y forzando el paso de Vuelta de Obligado.
La libre importación de productos traídos por los ingleses arruinó la industria local y, sobre todo, las prósperas economías provinciales que, desde entonces, comenzaron una precipitada decadencia, prolongada y coronada en nuestros días.
Pero mucho más grave que todo esto fue que, en su artículo 12, el tratado establecía la libertad de culto público y privado para los herejes ingleses. Y, para ello, el gobierno de Buenos Aires se apresuró a regalarles uno de los mejores terrenos de la ciudad, a un paso del paseo de la Alameda -nuestro actual Paseo Colón- para que levantaran un templo.
Es interesante que, en esta misma época, en Inglaterra, para ocupar una función pública había que declarar bajo juramento, textualmente: "conceptuar el sacrificio de la Misa y la invocación de la Virgen María y otros santos, como ahora se practica en la Iglesia de Roma, infames e idolátricos". Y, hasta fines del siglo, el católico no tenía voto ni capacidad para ser elegido representante parlamentario, ni ejercer la medicina, ni la abogacía, ni enseñar en escuelas públicas o en su casa, ni llevar armas... Aun hoy en nuestros días el rey inglés de ninguna manera puede ser católico.
El que se permita un culto extraño y falso en nuestro país hoy no nos sorprende. Pero, en el mundo cristiano de entonces, el que un error o herejía o disparate de cualquier calaña pudiera impunemente engañar a la gente con su torpe prédica, era algo que las autoridades no permitían; como el Ministerio de Salud Pública prohíbe hoy la venta de venenos so capa de remedios; o el Ministerio de Economía la circulación de moneda falsa. Eran otros tiempos y otras jerarquías de valores.
El asunto es que, ya en nuestra época independiente, todavía en la Asamblea del Año 13, se hace jurar, antes que nada, a todos sus miembros: "¿Jurais conservar y sostener la libertad, integridad y prosperidad de la Santa Religión Católica Apostólica Romana?. Y, en uno de sus proyectos de Constitución, que nunca llegó a promulgarse, decía "La Religión católica es y será siempre la del Estado."
Poco después, el Estatuto Provisional del 5 de Mayo de 1815, en su capítulo II, arts. 1° y 2°, declara: "La Religión Católica Apostólica y Romana, es la religión del Estado. Todo hombre deberá respetar el culto público y la Religión Santa del Estado: la infracción de este artículo será mirada como una violación de las leyes fundamentales del país."
Y en el Congreso de Tucumán lo mismo. El primero de los juramentos reza: "¿Juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria conservar y defender la Religión Católica Apostólica Romana?" Recién el segundo habla del territorio: "¿Juráis y prometéis a la patria defender el territorio de las Provincias Unidas?"
Nombrado Director Supremo, Juan Martín de Pueyrredón también habrá de jurar: "Juro proteger la Religión Católica Apostólica Romana, celando su respectiva observancia; y defender el territorio de las provincias de la Unión." Estaba claro, en esa gente, que todavía más importante que la integridad territorial era, para la Patria, conservar la identidad religiosa de su pueblo.
El Estatuto Provisional del Congreso de Tucumán y, luego, el Reglamento Provisorio del 17, repiten la formulación del de 1815.
Pero, ya Buenos Aires incubaba las semillas de la laicización del país. Poco a poco, el puerto se convertiría, a contrapelo del resto del país y del interior, en un hervidero de semillas liberales y masónicas; en una ciudad llena de comerciantes y extranjeros; la prensa en mano de un grupo de jacobinos iluminados; centro de cultura snob imitadora de Inglaterra y de Francia, que llevaría algunos años después al comentario del Obispo Medrano, informando al nuncio del Papa en Río: "estamos camino a una libertad licenciosa e impía". Lo cual se agrava por "ser esta ciudad una plaza de comercio, y su mayor y principal parte, de extranjería sectaria".
Rivadavia, a los pocos años, con su afán de atraer la inmigración europea, facultaba en 1824 la práctica de la religión protestante a las doscientos familias presbiterianas escocesas que los hermanos Parish-Robertson se comprometían a introducir en el país. Como escribía Rivadavia: "El aumento de población europea será el medio más eficaz y acaso único de destruir las degradantes habitudes españolas. Para lo cual es absolutamente necesaria la tolerancia religiosa."
Hay que pensar que, para una población en 1825 de 170 mil habitantes, solo había todavía en la Provincia de Buenos Aires unos 3000 ingleses, muchos de ellos irlandeses católicos y, la mayoría, de origen protestante, pero no practicantes y, muchos de ellos, que se iban convirtiendo al catolicismo a medida que fueron casándose con nuestras creyentes criollas.
Pero así, sin necesidad alguna, se fue colando en los gobiernos porteños y unitarios una actitud que, poco a poco, habría de ir minando la substancia católica del país.
Poco después de la ratificación del tratado con los ingleses, el 2 de Febrero de 1825, una ley bonaerense sancionaba la libertad de cultos para todos los disidentes en general.
Treinta años después, 1854, en el diario "Ilustración Argentina", salía un artículo que decía: "¿Durará por mucho tiempo la religión en nuestra patria?"... "los protestantes avanzan cada día más inmenso terreno... La enseñanza se les confía, la dirección de las escuelas primarias se les regala..." Y comprobaba con dolor el "lenguaje de muchos de nuestros escritores, el modo de ser irreligioso de una parte de la alta sociedad, el completo abandono de la instrucción religiosa en esa misma clases, el liberalismo exagerado en materia de creencia, las franquicias ultraliberales a los protestantes, ...el abandono total de la educación eclesiástica"
Pero el interior había bien sentido de otra manera. Cuando la noticia del tratado con los ingleses y su artículo 12 llegó a las provincias, hubo un clamor general de repudio. El desparpajo de los porteños atizaba cada vez más el enfrentamiento que llevaría a las provincias federadas a rebelarse contra los intentos de hegemonía unitaria, en las tremendas luchas que desgarrarían al país hasta la derrota brutal de la tradición en 1853.
Ante los rumores de que Buenos Aires estaba preparando la libertad de cultos, el obispo de Córdoba, Orellana, en 1812 escribía:
"Esto llevará la ruina de la religión santa, con lo que acabarán de pervertirse las costumbres públicas. Porque, desengañémonos: el que ha nacido en el judaísmo, mahometismo o en la herejía, podrá conservar alguna bondad moral por el dictamen de su conciencia, aunque ésta sea errónea...; pero el que llega a abandonar la verdadera religión en la cual fué educado, se precipita necesariamente en el materialismo; con lo que falta todo el hombre interior y el poderoso freno de la conciencia, cuyo lugar ocupan la corrupción y la perversidad." Lúcidas palabras comprobadas luego trágicamente con los hechos; tal cual lo estamos viendo aún, y cada vez más aterradoramente, en nuestros días.
Todavía la primera Constitución cordobesa del año 1821 decía: "La Religión Católica Apostólica y Romana es la religión del Estado y la única verdadera: su protección, conservación, pureza e inviolabilidad serán uno de los primeros deberes del Estado y de todos sus magistrados, quienes no permitirán en todo el territorio otro culto público, ni enseñar doctrina contraria a la de Jesucristo proclamada por la Iglesia Católica Apostólica Romana." Y Córdoba rechaza de plano el sancionar el tratado con Inglaterra, en lo que toca al artículo 12. Lo mismo que el Santa Fe de Estanislao López. "La provincia sostiene exclusivamente la Religión Católica Apostólica Romana. Su conservación será la primera inspección de sus magistrados", dice el primero de los artículos de su Estatuto Provisorio de 1819.
La única excepción al sentimiento unánime del interior del país, y en contra de sus propios comprovincianos, fue la del gobernador de San Juan, Salvador María del Carril, compinche de Rivadavia, con su exótica "Carta de Mayo" que, en su artículo 16, decía sinuosamente "La Religión Santa Católica Apostólica y Romana Universal, en la provincia se adopta voluntaria, espontánea y gustosamente como su religión dominante". Pero añadía proditoriamente, en el art. 17: "Ningún ciudadano o extranjero, asociación del país o extranjera, podrá ser turbada en el ejercicio público de su religión cualquiera que profesare." Esta constitución terminaba, en lenguaje extrañamente masónico, con la frase: "¡La santa guardia del Supremo Moderador del universo proteja la estabilidad de esta Carta de Mayo!"
A los once días de su promulgación se armaba una revuelta popular y Salvador María del Carril era depuesto. Allí, en esa asonada, por primera vez, se enarbola un pabellón que lleva la inscripción de "Religión o muerte". Joaquín Paredes, jefe militar del golpe, hace aprobar por la Legislatura un proyecto de bando que, en el primer artículo, decía, candorosamente: "La Carta de Mayo será quemada públicamente por mano del verdugo, porque fué introducida entre nosotros por la mano del diablo, para corrompernos y hacernos olvidar de la Religión Católica Apostólica Romana."
Pero Del Carril, huyendo, logra la intervención militar de los unitarios y, sangrientamente, recupera el poder. A los pocos días, dándose cuenta de la impopularidad de su régimen, a fines de 1825, derivó a Buenos Aires, con el nombramiento bajo el brazo de ministro de Hacienda del presidente Rivadavia.
También Tucumán desconoce el tratado en su constitución del 34: "La católica -dice- es la única religión de la provincia". Y queda "excluido... el ejercicio público de cualesquiera otra secta; y, de consiguiente, no aceptado el artículo 12 de los tratados con Gran Bretaña".
La Rioja lo mismo. Más aún: en el artículo 3° de la ley de 1826, rompía contra la pandilla infernal de Rivadavia y proclamaba: "Se declara la guerra a toda provincia e individuo en particular, que atentase contra nuestra Santa Religión Católica Apostólica Romana". Y es bien sabido que las tropas de Don Juan Facundo Quiroga acometen la empresa federal enarbolando el lema sanjuanino de 'Religión o muerte'.
Igual Catamarca, igual San Luis, Jujuy, Artigas en Uruguay. Todos desconocen el art. 12 del tratado y, luego, el proyecto de Constitución del 33 con su fatal derecho de libertad de culto.
La prepotencia e impiedad porteña y unitaria provoca la desunión del país y lo sumerge en un baño de sangre.
Cuando, después de Caseros, se llega a la desgraciada Convención del 53, Juan Bautista Alberdi redacta un proyecto en cuyo artículo 3 se afirma: "La Confederación adopta y sostiene el culto católico; y garantiza la libertad de los demás." Ya habrá apenas oposición del interior martirizado y regado con sangre de gauchos por la afilada máquina de guerra unitaria, financiada y dirigida por las potencias extranjeras de Brasil, Inglaterra y Francia.
Pero el proyecto de Alberdi todavía reconocía el catolicismo como religión de estado. Y esto parece todavía demasiado a los facciosos triunfantes. Salvador María del Carril, nombrado convencional, ya envejecido, pero por eso mismo prestigioso y venerado por sus cómplices liberales, rechaza el verbo "adoptar" y pone en su lugar un desleído "sostener": "El gobierno federal sostiene -dice la redacción definitiva- el culto Católico Apostólico Romano"; lo cual en la interpretación liberal se reducía a un mero y desmayado apoyo pecuniario.
Aún así la Constitución, en su articulado, afirmaba algo más que eso, puesto que seguía admitiendo el matrimonio canónico como el único válido, la formación católica como obligatoria en la enseñanza pública, promovía la conversión de los indios al catolicismo, exigía que el presidente y vicepresidente de la Nación fueran católicos y que emitieran el juramento de regla "por Dios nuestro Señor y estos Santos evangelios".
Pero si, lamentablemente, los convencionales del 53 se apartaron de Alberdi -para peor- en el artículo 2°, lo siguieron en cambio a pie juntillas en el artículo 14°, al conceder a todos los habitantes del país el derecho "de profesar libremente su culto". A pesar de la oposición de los diputados Pedro Zenteno, Diaz Colodrero, Manuel Leiva, Facundo Zuviría, Ferré y José Manuel Pérez, privó la opinión liberal y masónica, utilizando el especioso argumento de Alberdi "gobernar es poblar", que había estampado en Las Bases: "La Argentina se encuentra ante este dilema fatal: o católica exclusivamente y despoblada; o poblada y próspera y tolerante en materia de religión. Llamar la raza ánglosajona y las poblaciones de Alemania, de Suecia y de Suiza, y negarles el ejercicio de su culto, es lo mismo que no llamarles sino por ceremonia."
El necio de Alberdi aspiraba a llenar el país de rubios de ojos celestes. En 1873, cuando vio el aluvión de desechos humanos, gente de todos los credos y costumbres, que se abalanzaba caóticamente al país al amparo de la libertad de cultos, escribía amargado desde París: "Gobernar es poblar, si, pero sin echar en olvido que poblar puede ser apestar, embrutecer, esclavizar, según que la población trasplantada o inmigrada, en vez de ser civilizada, sea atrasada, pobre, corrompida".
El asunto es que la recepción de la Constitución se vio seriamente comprometida por la reacción popular que provocaron dichos artículos, que chocaban con todas las tradiciones patrias. A pesar de las matanzas pavorosas provocadas por los unitarios, el catolicismos aún estaba vivo en la entraña del País.
Había, pues, que temer nuevos levantamientos en el interior; y la oposición cerril de la Iglesia. Finalmente esto no se produjo debido a la intervención de Fray Mamerto Esquiú que, en su célebre discurso del 9 de Julio de 1853, en la catedral de Catamarca, instó al acatamiento del pergeño constitucional.
"Hemos sido por casi medio siglo la presa de todas las pasiones políticas, el campo de todos los partidos, un teatro vasto de guerra y desolación..." Terminemos con la división... "Católicos, obedeced, someteos, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios."
Esquiú pensaba que con esto se terminarían las luchas y las masacres; cosa en la cual estuvo terriblemente equivocado.
Pero el gobierno se apresuró a imprimir miles y miles de ejemplares de ese discurso y difundirlo por todas partes.
Fray Mamerto Esquiú tenía entonces 27 años. Mucho más tarde, ya hombre santo y virtuoso, habrá de lamentarse de esa su intervención:
"Veinticinco años han pasado desde aquel día... ¿Habré de decir por segunda vez 'Laetamur'? -así había comenzado aquel discurso: 'Nos alegramos'- Después de tantas guerras, ya parciales ya generales, que han manchado la sagrada tierra de la ley; después de ver esta constitución servir como de tienda de campaña a pasiones iracundas; después que se están viendo subir y subir siempre las aguas mortíferas de enormes crímenes; después de tanta apostasía de la fe cristiana, y de las causas hoy día subsistentes de mayor y casi universal apostasía de esa misma fé, que dio genio y valor a nuestros padres: decir 'Laetamur', 'nos alegramos'... ¡Ah, lejos de mí tan horrible profanación!"
Cuando, tras la batalla de Cepeda, se incorporó finalmente Buenos Aires a la Confederación, lo hizo bajo la cláusula de rever la constitución del 53. Allí, en 1860, se tuvo la esperanza de que se pudiera mejorar el artículo 2°. A pesar de los esfuerzos del gobernador Felipe Llavallol, católico ferviente, el intento fracasa. El delegado apostólico debe, finalmente, informar al cardenal Antonelli, secretario de Estado de Pío IX: Los artículos sobre religión y culto "quedaron tal cual, y ha sido de verdad un prodigio que no se los haya cambiado en peor". Las brillantes intervenciones de don Félix Frías en la convención fueron abucheadas. Pero la mayor parte de los convencionales, otra vez, eran miembros de las logias y nombrados por ellas.
Uno de los que más se destacó contrastando porfiada y desconsideradamente la reforma del artículo 2° propuesta por Frías, fue el convencional Domingo Faustino Sarmiento: "¿qué tengo que ver yo con la religión de mi mujer?", decía en son de burla.
Desde entonces todo quedó así. Sucesivas leyes fueron terminando con el matrimonio canónico, la enseñanza religiosa, la protección al culto católico, y, en la práctica, la posición que, si bien reticentemente, se daba a la verdad de Cristo en la Constitución.
El veneno inyectado, había penetrado profundamente y para siempre en el corazón de la Nación.
Hoy ya no despierta la más mínima reacción el que esos retazos de catolicismo que malamente quedaban en la Constitución, se malbaraten tras las ambiciones de reelección de un personaje de trágica opereta, el relanzamiento de un fracasado, la negociación de unas cuantas bancas más de senadores y jueces de la corte, una periodicidad más abundante de parodias electorales, y quien sabe que otros intereses ocultos y bastardos.
Tristemente, ninguno de nuestros antepasados reconocería, en este territorio en que estamos viviendo, la Argentina que quisieron ellos crear.
El Papa Pío IX, en 1925, frente a los desbordes del laicismo liberal y materialista que apestaba la antigua cristiandad, quiso instaurar la solemnidad de Cristo Rey que hoy estamos festejando. Desde entonces, en el mundo y en nuestro país en particular, a pesar de reacciones heroicas aisladas, han seguido avanzando la apostasía y el desconocimiento de la realeza de Jesús.
Pero, lo mismo, Cristo es el Rey, el Señor del Universo, aunque lo desconozcamos en nuestras vidas públicas o privadas. Y seguirá siendo Rey por toda la eternidad, tanto de los hombres y de las naciones que por haberlo seguido se sienten a su derecha; como de los que, habiendo apostatado y renegado de él, sean arrojados a su izquierda.

References: artículo 12
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 artículo 3
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 artículo 2
 artículo 14
 artículo 2
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