Source: https://boletinjuridico.gtt.es/servicios-de-identificacion-electronica-dentro-de-la-e-administracion/
Timestamp: 2018-07-18 22:11:33+00:00

Document:
La normativa, que se ha ido sucediendo, ha tenido diversos orígenes e influencias, de carácter nacional, regional e internacional, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de relacionarse con la Administración a través de internet y, por tanto, tratar de modernizar los servicios que se prestan. No obstante, existen, luces y sombras en la citada normativa, encaminada a la denominada “electronificación”.
Para superar este hecho, no debemos olvidar los proyectos y/o programas pilotos emprendidos en el seno de la UE, por ejemplo, e-Codex, que apoya el desarrollo y la utilización de soluciones de justicia electrónica interoperables; STORK, que apoya el desarrollo y la utilización de identificaciones electrónicas interoperables; o e-Health, que apoya el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a los sistemas sanitarios, con objeto de hacerlos más eficaces, para la mejorar de la gestión de las enfermedades, así como la predicción, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las mismas. Por otro lado, en 2020, a más tardar, las administraciones públicas de los Estados miembros de la UE deberán ser abiertas, eficientes e integradoras, debiendo prestar servicios públicos digitales sin fronteras, personalizadas, fáciles de utilizar, de extremo a extremo a todos los ciudadanos y empresas de la UE. De esta forma, las administraciones públicas deben diseñar y prestar mejores servicios de conformidad con las necesidades y las demandas de la ciudadanía y las empresas, a la vez que, deben aprovechar este entorno digital, para facilitar sus interacciones entre sí.
Esto es lógico, si tenemos en cuenta que la Administración pública de un Estado, en el que reside una persona, requiere el uso de un determinado tipo de firma electrónica o certificado y la Administración de otro Estado requiere otro certificado electrónico para comunicarse con ella, porque no es interoperable con el exigido por la administración receptora. Este motivo llevo a la aprobación de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, obligando a los Estados miembros a establecer, ventanillas únicas (o portales electrónicos), para garantizar que todos los procedimientos y trámites relativos al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio se puedan realizar fácilmente, a distancia y/o por vía electrónica.
Unas de las áreas clave de las ventanillas únicas, ya sea a nivel nacional e internacional, son las operaciones relacionadas con el intercambio de información. Por ello, las cuestiones sobre autenticación e identificación, en el entorno electrónico, resultan muy importantes. Por este motivo, resulta importante centrarse en el uso de las firmas electrónicas, para avanzar en un contexto electrónico, internacional o nacional, uniforme, ya que cuando se adopta una infraestructura legal es importante tener en cuenta que tipos de transacciones se realizan y el marco en el que se realizan.
En este contexto, los ciudadanos y las empresas en su relación con las distintas Administraciones públicas deben realizar transacciones, por ejemplo, para el pago de impuestos, lo que lleva a un entorno jurídico determinado, que a veces puede ser un país que no es el suyo. En este entorno, resulta necesaria la implementación de portales electrónicos que permitan a los ciudadanos y empresas relacionarse con las Administraciones públicas de otro Estado, identificar las leyes, así como sus restricciones, con el fin de facilitar la presentación electrónica de datos.
Estas ventanillas únicas (o portales electrónicos) permitirán el intercambio de información, entre los organismos gubernamentales, con ciudadanos y/o empresas, creando las condiciones propicias para que una Ley internacional regule esta materia, lo que hoy en día constituye uno de los principales retos.
De esta forma, resulta decisivo revisar los aspectos legales relativos a la legislación sobre privacidad y las leyes de protección de datos, asociados al desarrollo de la Ventanilla Única, incluyendo la presentación de información por parte de los comerciantes, el intercambio de información entre las diferentes autoridades gubernamentales y organismos y, especialmente, las cuestiones relacionadas con el uso de la firma electrónica.
En España, muchos servicios en línea, que marcan el acceso a los ciudadanos, exigen la identificación electrónica, la autenticación electrónica de la identificación y la firma electrónicas. Si bien, la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, establece tanto sistemas de identificación como de firmas, coherentes con el Reglamento 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (en adelante, eIDAS), lo cierto es que el citado Reglamento se está desarrollando de manera vertiginosa mediante actos delegados (artículo 47) y de ejecución (artículo 52).
En el uso de los medios electrónicos se observa como la tecnología avanza y va a condicionando el alcance de la normativa reguladora. En este sentido, las referencias a la tecnología aparecen, a veces de manera casi imperceptible en las Leyes reguladoras de la e-Administración. Con frecuencia, estas normas técnicas se incorporan al ordenamiento jurídico, mutándose en normas jurídicas, lo que, al final, llega a limitar la aplicación de otras, que en la mayoría de los casos están relacionadas con aquellas.
La interoperabilidad es fundamental a escala internacional, nacional, regional y local; pues, como señaló la OCDE, la interoperabilidad va a condicionar el intercambio de datos, información o conocimiento con otras Administraciones, que posean una estructura interna diferente. Lo que viene a relacionarse con la reglamentación de distintos tipos de forma de acceso a la Administración electrónica, en referencia al grado de seguridad técnica que establezca en el procedimiento administrativo resultando, por tanto, las normas jurídicas un obstáculo para la interoperabilidad, por el establecimiento de requisitos añadidos.
En este sentido, el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 determina que para que el futuro digital sea satisfactorio debe sustentarse en normas avanzadas, que además de proporcionar un marco previsible y estable, para las inversiones, deben allanar el camino para la mejora de la calidad, la seguridad, la transparencia y la interoperabilidad de bienes y servicios.
En este contexto, debemos observar que el sector público desempeña un papel fundamental en la economía, como regulador, prestador de servicios y empleador. Representa una parte importante del empleo total y una parte importante de la actividad económica en los Estados. Un sector público productivo y eficiente puede ser un potente motor del crecimiento económico a través de su apoyo al sector privado y a su gobernanza. En un momento en que los gobiernos se enfrentan al desafío de garantizar el saneamiento financiero y, al mismo tiempo, promover el crecimiento, la competitividad y el empleo, está más que justificado tratar de mejorar la eficiencia, la gobernanza, la rapidez en las prestaciones y la participación de los usuarios en el sector público. De esta forma, temas tales como la interoperabilidad, la administración electrónica, los datos abiertos, la computación en nube y la innovación social nos permiten contar con una serie de conceptos y herramientas maduros. La principal novedad es la capacidad de los datos abiertos, las herramientas participativas y las plataformas interoperables para propiciar una velocidad, eficiencia y calidad sin precedentes en la creación y suministro de bienes y servicios públicos.
Solo de esta manera, se puede determinar un sistema jurídico específico, que permita a los actores actuantes en el mercado comunicarse, intercambiar información, ofrecer y usar servicios y productos en tiempo real. Por ello, las normas, que los Estados adopten, deben cumplir con los requisitos marcados en las leyes de los diferentes países o regiones.
Así, en el plano técnico, aunque abundan las normas, se ha de poner de relieve la falta de normas básicas comunes a algunas tecnologías. En el plano jurídico, las legislaciones, que prescriben una tecnología específica predominante, se señalan como factores que impiden el progreso y la dificultad de los responsables en comprender sus respectivos marcos de confianza mutua, incluso en los temas de responsabilidad e indemnización.
En este sentido, debe observarse que le Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, centraba sus normas en la firma electrónica reconocida, única clase de firma electrónica legalmente asimilable, en términos de equivalencia funcional, a la firma manuscrita. Todas las funciones propias de la firma electrónica residen en la denominada firma electrónica reconocida: identificación, atribución, privacidad, integridad y seguridad. Lo que no acontece con las firmas electrónicas simple y avanzada, respecto a la avanzada deberá detallarse pues el eIDAS abunda en ellas.
Sin embargo, las Administraciones públicas (Arts. 10 y 15 Ley 11/2007) preveían, en la mayoría de los casos, que los ciudadanos podían relacionarse con ella, mediante sistemas de firma no reconocida, lo que llevó a las Comunidades Autónomas, como La Rioja, a regular este tipo de firma en el ámbito de las Administraciones públicas riojanas y en las relaciones entre estas y los ciudadanos. Por otro lado, la Ley de firma electrónica lo único que hacía es repetir lo que establecía el Artículo 2,2 de la Directiva 1999/93/CE, sobre firma electrónica; es decir, mismos efectos y misma generalidad, guardando silencio sobre los efectos que debe producir o alude a ellos de manera incidental, haciendo referencia a ellos a la hora de establecer los elementos que componen la tecnología necesaria para producir una determinada seguridad. Hay que tener en cuenta que, en la definición de firma electrónica avanzada, que realmente se está pensando en las firmas digitales.
De esta forma, la Comisión determina que la interoperabilidad efectiva es necesaria, para que las empresas y ciudadanos puedan ejercer sus derechos e interrelacionarse con las Administraciones públicas.
Por esta razón, surge la necesidad de armonizar la amplia y diversa gama de leyes nacionales sobre e-ID, como un imperativo del mercado interno. En este contexto, debe observarse que hasta ahora, habían sido los Estados miembros los que habían tomado la iniciativa, proponiendo los sistemas de identificación a los ciudadanos, así como a los sistemas nacionales de gestión de identidades, dado que la UE no había hecho uso del poder concedido en el Tratado de Lisboa.
Obsérvese las distintas normas adoptadas, entre las que destacan: Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior; Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública; Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Directiva 2006/24/CE de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE; Reglamento 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior; Decisión 2004/387/CE de 21 de abril de 2004 relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos (IDABC); Decisión Nº 922/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 relativa a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA); Decisión 2015/2240 25 de noviembre de 2015 por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las Administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público; Directiva 2016/2102 de 26 de octubre de 2016 sobre accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público; Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior; etc.
En España, el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999, antes de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, lo que fue muy criticado en su momento.
Posteriormente, a Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, derogó el citado Real Decreto-Ley, modificando e incorporando conceptos que no habían sido tenidos en cuenta en su día, al no haber seguido las pautas establecidas por la Directiva, por ejemplo, en relación a la firma electrónica reconocida, otorgándole equivalencia funcional con la firma manuscrita o, modificando el concepto de prestadores de servicios de certificación.
De esta forma, con esta Ley se muestra consciencia de que la firma electrónica es un elemento esencial, a la hora de realizar cualquier transacción, para dar respuesta a la necesidad de conferir seguridad a cualquier comunicación, siendo por ello vital el vínculo entre la fiabilidad técnica y la eficacia jurídica que cabe esperar de la firma electrónica. Así pues, se trata de potenciar la seguridad en cualquier negocio jurídico a realizar, afianzándose la firma electrónica como el instrumento adecuado para devolver la credibilidad y confianza a los sujetos intervinientes, a través de sus propios ordenadores, ya sea a nivel nacional o internacional.
Ahora bien, debemos ser conscientes que el Reglamento no presenta un sistema estandarizado de identificación electrónica europea, para todos los ciudadanos y empresas ni plantea el desarrollo de una identificación electrónica europea común; no obstante, requerirá que todos los Estados miembros acepten todos los sistemas nacionales de identificación electrónica notificados de acuerdo con el Reglamento y, asimismo, permitirá que los países decidan si notifican o no sus sistemas nacionales, al tiempo que respeta las preferencias de los Estados miembros que no disponen de un sistema nacional de identificación electrónica.
– Condiciones sobre los medios de identificación electrónica que deben reconocerse y cómo deben notificarse, creando un nuevo marco legal para la firma electrónica, sellos y documentos electrónicos y los servicios de entrega electrónica certificada y de autenticación de sitios web.
– Se establece un mercado transfronterizo digital único, de acceso por cualquier entidad o ciudadano de la Unión con la finalidad de efectuar operaciones electrónicas en otros Estados miembros, dotándolo de seguridad y brevedad en función de sus necesidades.
– Los Estados miembros deben reconocerse mutuamente los medios de identificación electrónica, de forma que el tratamiento de datos sean los adecuados para el servicio electrónico que se use.
– Los Estados miembros deben fomentar que el sector privado utilice voluntariamente los medios de identificación electrónica a efectos de identificación de los servicios en línea o transacciones electrónicas.
De esta forma, se vienen a definir las condiciones para que los sistemas de notificaciones electrónicas sean legalmente válidos en los países de la UE, tratando así de reforzar la confianza en las transacciones electrónicas dentro del marco de la UE, proporcionando las herramientas jurídicas necesarias para crear un clima de seguridad entre ciudadanos, empresas y la Administración pública.
Esta cuestión fue proyectada, primeramente, en Estonia, donde el gobierno estonio ha aprobado la emisión de tarjetas de identificación inteligentes. Con ellas, los e-estonios (que no tienen que tener la nacionalidad de este país de la UE ni siquiera la residencia física en él), accederán a multitud de servicios online, así como a la firma digital. Resulta especialmente interesante dos de sus características: 1) su obtención es voluntaria y abierta a todas las personas del mundo (no sólo de la UE); 2) No tiene en cuenta la residencia física ni la nacionalidad, puesto que la sociedad digital se mueve en otros parámetros y lo que en realidad se ofrece, por el Gobierno estonio, es la estructura digital a la que se puede acceder desde cualquier parte del mundo y los servicios que su utilización proporciona De esta forma, “puede parecer atrevido, desde postulados propios de un Segundo entorno (sociedad industrial), pero desde el tercer entorno (espacio virtual), en el que las relaciones aparecen mediadas tecnológicamente, la residencia digital pudiera ser un criterio a tener en cuenta”. El servicio está dirigido, principalmente, a aquellos que ya tienen vínculos con Estonia, ya sea a través de negocios, estudios o por turismo. Se trata de plataforma que proporciona y utiliza servicios digitales en todo el mundo. Con ello, se espera que el o la e-residente atraiga a nuevos clientes a los servicios digitales de Estonia.
La necesidad específica de establecer un marco armonizado y coherente, con la intención de alcanzar los objetivos y metas fijadas en la estrategia Europa 2020, llevó a la Comisión Europea a tratar de garantizar, de forma efectiva y coherente, la interoperabilidad de la firma electrónica; pues, como sabemos, las medidas nacionales han creado barreras de facto a la citada interoperabilidad de la firma electrónica en la UE, y están teniendo, actualmente, el mismo efecto sobre la identificación electrónica, la autenticación electrónica y los servicios de confianza conexos, por lo que es necesaria la creación de un marco, que permita abordar la interoperabilidad transfronteriza y mejorar la coordinación, de los regímenes nacionales de supervisión.
Por lo anterior, a través del Reglamento 910/2014, se ha dotado a la Comisión, como hemos apuntado más arriba de la potestad de poder adoptar actos delegados y de ejecución. A la hora de adoptar actos delegados o actos de ejecución, la Comisión debe tener en cuenta las normas y especificaciones técnicas elaboradas por organizaciones y organismos de normalización europeos e internacionales, en particular, el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con vistas a garantizar un elevado nivel de seguridad e interoperabilidad, de los servicios de identificación electrónica y de confianza.
– Decisión de Ejecución 2015/296 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015, por la que se establecen las modalidades de procedimiento para la cooperación entre los Estados miembros en materia de identificación electrónica con arreglo al artículo 12, apartado 7;
– Reglamento de Ejecución 2015/806 de la Comisión, de 22 de mayo de 2015, por el que se establecen especificaciones relativas a la forma de la etiqueta de confianza <<UE>> para servicios de confianza cualificados;
– Decisión de Ejecución 2015/1505 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se establecen las especificaciones técnicas y los formatos relacionados con las listas de confianza de conformidad con el artículo 22, apartado 5;
– Decisión de Ejecución 2015/1506 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se establecen las especificaciones relativas a los formatos de las firmas electrónicas avanzadas y los sellos avanzados que deben reconocer los organismos del sector público de conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 37, apartado 5;
– Reglamento de Ejecución 2015/1502 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre la fijación de especificaciones y procedimientos técnicos mínimos para los niveles de seguridad de medios de identificación electrónica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3;
– Reglamento de Ejecución 2015/1501 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre el marco de interoperabilidad de conformidad con el artículo 12, apartado 8;
– Decisión de Ejecución 2015/1984 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, por la que se definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación con arreglo al artículo 9, apartado 5;
– Decisión de Ejecución (UE) 2016/650 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por la que se fijan las normas para la evaluación de la seguridad de los dispositivos cualificados de creación de firmas y sellos con arreglo al artículo 30, apartado 3, y al artículo 39, apartado 2.
Con un nivel de garantía adecuado los posibles proveedores disponen de margen para elaborar y aplicar métodos distintos a fin de lograr el mismo objetivo y alentar a los proveedores a que compitan en cuanto al costo y la capacidad. Ello significa que los proveedores tienen incentivos para mantener sus productos, y sustituir y mejorarlos con el tiempo a fin de mantener su capacidad y reducir costos. Los niveles basados en los resultados no son un concepto nuevo en el derecho europeo, por poner un ejemplo, la legislación de la UE sobre seguridad de los vehículos exige que las pruebas de impacto se realicen con una desviación del 40% y a una velocidad de 56 km/h contra una barrera deformable, lo que permite a los fabricantes innovar mediante el uso de nuevos materiales físicos y aleaciones para cambiar o rediseñar sus vehículos, siempre que el vehículo resultante siga cumpliendo la norma basada en el resultado de la prueba de impacto frontal.
Con estos niveles de seguridad se pretende describir, de acuerdo con especificaciones técnicas, normas y procedimientos conexos, para los niveles de seguridad bajo, sustancial y alto entendidos, en el sentido descrito en el Reglamento, en particular, con respecto al nivel de seguridad alto, en relación con la acreditación de identidad para la expedición de certificados cualificados. Los requisitos que se establezcan deberán ser tecnológicamente neutros, si bien resultan inevitables los requisitos técnicos derivados de las especificaciones intrínsecas de los medios de identificación electrónica nacionales. No obstante, se trata de prever un mecanismo de cooperación y un marco de interoperabilidad técnica, para definir los criterios en que se basan los niveles de garantía, así como para intercambiar la información relativa a los medios de identificación electrónica y sus respectivos niveles de garantía. De esta forma, se consagra el principio de reconocimiento mutuo transfronterizo para los medios de identificación que tuvieran un nivel de garantía equivalente (a partir del nivel de garantía suficiente) o superior.
La verificación previa por parte del interesado de los datos a firmar.
Revista General de Derecho Administrativo, nº 47 (Iustel, enero 2018)
« Algunos problemas prácticos en relación con las costas procesales.
Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 9 de marzo de 2018. Rec. 240/2018. Ponente: Emilio Frias Ponce. »
Intereses y recargos valor catastral procedimiento sancionador Costas Aplazamiento-fraccionamiento Procedimientos de revisión Sujetos pasivos Telefonía móvil Ordenanzas Protección de datos Administración Local Recaudación Exención Inspección superficie Apremio Caducidad Responsables Notificaciones electrónicas Administración electrónica Sanción Providencia de apremio cuestion de inconstitucionalidad Concursal IBI IIVTNU Sancionador Notificaciones Devolución de ingresos indebidos liquidación Recursos Embargo Beneficios fiscales Pago Contratos públicos Prescripción Devengo y periodo impositivo No sujeción tasas Catastro TEAC Suspensión Deuda tributaria Procedimiento Administrativo IAE

References: Artículo 2
 Decisión Nº 
 artículo 12
 artículo 22
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 30
 artículo 39