Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=CorteConstitucional/30037849
Timestamp: 2020-03-29 14:04:40+00:00

Document:
C-370 de 2019
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030037849CC-SENTENCIAC370201914/08/2019CC-SENTENCIA_C_370__2019_14/08/2019300378502019LA CORTE CONSIDERÓ VÁLIDA, DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL, LA LIMITACIÓN DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO POR RAZONES ÉTICAS, RELIGIOSAS Y FILOSÓFICAS. ASÍ MISMO, CONCLUYÓ QUE, AUNQUE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL, LAS NORMAS ACUSADAS EN ESTA OPORTUNIDAD NO REQUERÍAN DE UNA LEY ESTATUTARIA, PORQUE NO EFECTÚAN UNA REGULACIÓN INTEGRAL, COMPLETA Y SISTEMÁTICA DE ESE DERECHO
Andrés Eliécer Castañeda y Mercy Julieth Olaya CorredorNULIDAD14/08/2019Gloria Stella Ortiz DelgadoLEY 1861 DE 2017Identificadores20030197947true1305507original30173100Identificadores
LA CORTE CONSIDERÓ VÁLIDA, DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL, LA LIMITACIÓN DE
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO POR RAZONES ÉTICAS, RELIGIOSAS Y FILOSÓFICAS. ASÍ MISMO, CONCLUYÓ QUE, AUNQUE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL, LAS NORMAS ACUSADAS EN ESTA OPORTUNIDAD NO REQUERÍAN DE UNA LEY ESTATUTARIA, PORQUE NO EFECTÚAN UNA REGULACIÓN INTEGRAL, COMPLETA Y SISTEMÁTICA DE ESE DERECHO
Demandantes: Andrés Eliécer Castañeda y Mercy Julieth Olaya Corredor
Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Andrés Eliécer Castañeda y Mercy Julieth Olaya Corredor presentaron, ante esta Corporación, demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley 1861 de 2017, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización”, por considerar que quebrantan los artículos 2°, 5°, 15, 18, 29, 83, 84, 85, 93, 94, 152 y 153 de la Constitución.
Mediante Auto 608 de 2018[3], se levantó esa medida y se ordenó comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, a los Ministerios de Defensa Nacional, de Justicia y del Derecho, del Interior y de Salud para que, si así lo consideraban, intervinieran directamente o por intermedio de apoderado escogido para el efecto en el término señalado. Del mismo modo, se invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a las facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, de Nariño, Sergio Arboleda, La Sabana, del Atlántico, Libre de Colombia, ICESI, de los Andes, EAFIT, así como a Dejusticia, a la Comisión Colombiana de Juristas, a la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia –ACOOC, a JUSTAPAZ, a Women’s Link Worldwide, a la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, al Centro de Derechos Reproductivos y al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) para que, si lo consideraban oportuno, intervinieran en este asunto para defender o atacar la constitucionalidad de las normas demandadas.
1. Presidencia de la República[11]
2. Universidad Libre –Seccional Bogotá-[17]
En primer lugar, la Universidad Libre contextualiza el debate mediante un marco teórico sobre la objeción de conciencia, del cual se resaltan dos ideas. Una, la objeción de conciencia no está reconocida expresamente en instrumentos internacionales. Dos, el objetor debe tener “una presunción en favor de sus ideales, primando el derecho a su libertad de conciencia, siendo carga del Estado desvirtuarla”[21], de acuerdo con el doctrinante Luis Prieto Sanchís. En segundo lugar, destaca que, a partir del estudio de las Gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente, se observa que, en algunas, el derecho a objetar conciencia al servicio militar y al porte de armas se encontraba como un derecho autónomo, pero que se suprimió en el texto final aprobado de la Constitución. Posteriormente, llama la atención sobre el hecho de que, en un primer momento, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si bien reconoció el derecho a la objeción de conciencia, privilegió el deber de prestación del servicio militar en la ponderación. Para sustentar su posición, enuncia las Sentencias T-409 de 1992[22], C-511 de 1994[23], T-363 de 1995[24] y C-740 de 2001[25]. Sin embargo, en un segundo momento esta jurisprudencia cambió para aceptar la procedencia de la objeción de conciencia contra la prestación del servicio militar obligatorio. De esta jurisprudencia extrae las cargas de información y probatoria que tienen los objetores de conciencia en relación con el hecho de que las creencias o convicciones que les impiden prestar el servicio militar obligatorio sean profundas, fijas y sinceras.
3. Defensoría del Pueblo[30]
4. Ministerio de Defensa Nacional[39]
De otra parte, para la Vista Fiscal, del hecho de que la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia esté compuesta en su mayoría por personas vinculadas a las fuerzas militares, no se sigue su falta de objetividad, independencia e imparcialidad, toda vez que las fuerzas militares son autoridades públicas que ejercen función administrativa, luego están atadas a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales informan dicha función, de acuerdo con el artículo 209 de la Carta. Así, la Procuraduría concluye que la instancia que decida sobre las declaraciones de objeción de conciencia no tiene que estar necesariamente separada de la función militar. Agrega que la presencia de un delegado del Ministerio Público en la Comisión es una garantía para los objetores de conciencia.
La Procuraduría General de la Nación conceptúa que este cargo en contra de la limitación de la procedencia de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio a solo tres causales carece de certeza, como sea que las razones éticas, filosóficas y religiosas que hacen procedente la objeción de conciencia son conceptos muy amplios y, por tanto, incluyen las razones para objetar conciencia que los demandantes extrañan en la norma acusada. Aunque esto podría ser cierto, llegar a esta conclusión requiere un análisis de constitucionalidad de fondo para determinar qué quiere decir la norma cuando se refiere a “razones éticas, religiosas o filosóficas”. En otros términos, no es manifiestamente claro que las razones éticas, religiosas y filosóficas constituyan una lista abierta que incluya muchas más razones por las que se podría objetar conciencia al servicio militar. Por esta razón, la Sala no comparte el criterio de la Vista Fiscal y estima que el cargo es cierto.
¿Los artículos 77 a 80 de la Ley 1861 de 2017 regulan de forma integral, estructural, completa y sistemática el derecho a la objeción de conciencia y, en consecuencia, debieron ser tramitados como ley estatutaria
¿El numeral 2° del artículo 79 de la Ley 1861 de 2017, el cual señala que la formulación de la objeción de conciencia debe contener las razones éticas, religiosas o filosóficas que resultan incompatibles con el deber jurídico de prestar el servicio militar obligatorio, viola la objeción de conciencia, como es entendida por el bloque de constitucionalidad, al restringir a solo tres las causales de objeción de conciencia
“(i) La reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales es excepcional, en tanto que la regla general se mantiene a favor del Legislador ordinario; (ii) La regulación estatutaria u ordinaria no se define por la denominación adoptada por el legislador, sino por su contenido material […]. En consecuencia, el trámite legislativo ordinario o estatutario será definido por el contenido del asunto a regular y no por el nombre que el legislador designe; (iii) Mediante ley estatutaria se regula únicamente el núcleo esencial del derecho fundamental[83], de tal forma que si un derecho tiene mayormargen de configuración legal, será menor la reglamentación por ley estatutaria; (iv) Las regulaciones integrales de los derechos fundamentales debe realizarse mediante ley cualificada[84] y, (v) Los elementos estructurales esenciales del derecho fundamental deben regularse mediante ley estatutaria[85]. De esta forma, es claro que la regulación puntual y detallada del derecho corresponde al legislador ordinario[86]”.
“la norma legal demandada configura una regulación en tutela que establece reglas relativas a recursos. Aunque los recursos previstos en la Ley 1437 de 2011 no respetan por su contenido la Constitución, en lo referente a su aplicación a los procesos de tutela, es posible que con otro diseño ajustado al carácter preferente, sumario, célere e informal del proceso de tutela se ajusten a las previsiones de la Carta Política.Una regulación que se refiere a recursos o medios de impugnación, como la aquí prevista contra medidas cautelares, en tanto podría tener como función la protección precisamente de derechos fundamentales, está sujeta también a la reserva de ley estatutaria”.
En este entendido, en el artículo 18 de la Carta se consagran dos derechos distintos pero interrelacionados: el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a la objeción de conciencia. Así que la Carta no solo protege el derecho a pensar y creer lo que se quiera (primera parte del artículo 18 que señala que “[s]e garantiza la libertad de conciencia”), sino también el derecho a actuar de conformidad con esos pensamientos y creencias (fragmento final del artículo 18), lo que en estricto sentido constituye el derecho a objetar conciencia. La siguiente cita de Thoreau explica elocuentemente la distinción entre el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a objetar conciencia:
Esta distinción entre tres derechos asociados con la conciencia no puede ser jurídicamente reprochada bajo el supuesto de que pensar, creer y formarse libremente la propia conciencia –lo que corresponde al derecho a la libertad de conciencia- no puede ser un bien jurídicamente protegible en tanto no transciende a la esfera social. Como sostiene Luis Prieto Sanchís,
El tercer momento se refiere a la interpretación del fragmento final del artículo 18 de la Constitución, que expresa que nadie podrá ser obligado a actuar contra su conciencia, como una forma, entre otras posibles, de vulnerar específicamente el derecho a la libertad de conciencia, es decir, como uno de sus ámbitos de protección. Luego en estas sentencias la objeción de conciencia no es considerada como un derecho autónomo. En la Sentencia T-547 de 1993[109], que tuteló el derecho a la libertad de conciencia de una persona a quien el Jefe de la Policía Judicial no le recibió una denuncia penal por negarse a prestar juramento con fundamento en que la doctrina cristiana le impedía jurar, se precisó que “[l]a ratio iuris de la libertad de conciencia es la inmunidad de toda fuerza externa que obligue a actuar contra las propias convicciones y que impida la realización de aquellas acciones que la conciencia ordena sin estorbo o impedimento”. En un sentido muy similar, en la ya mencionada Sentencia T-430 de 2013 sobre objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, esta Corporación advirtió que “[d]esconocer la libertad de conciencia de una persona, obligándola a revelar sus creencias o a actuar en contra de ellas, es una de las maneras más graves e impactantes de violentar un ser humano”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cristián Daniel Sahli Vera y otros vs. Chile[120], conoció de una petición presentada por tres objetores de conciencia a quienes el Estado chileno no les garantizó este derecho a la hora de cumplir con el servicio militar. La Comisión concluyó que “el hecho de que el Estado chileno no reconozca la condición de ‘objetor de conciencia’ en su legislación interna y no reconozca a Cristian Daniel Sahli Vera, Claudio Salvador Fabrizzio Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt como ‘objetores de conciencia’ del servicio militar obligatorio no constituye una interferencia con su derecho a la libertad de conciencia”. Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que el artículo 6° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos admite expresamente que los Estados Partes no contemplen la objeción de conciencia al servicio militar[121].
La Ley 1861 de 2017 tiene como objeto reglamentar el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización. Su trámite legislativo inició en la Cámara de Representantes, la cual fusionó una iniciativa propia con otra del Ministerio de Defensa sobre la materia. La ponencia para primer debate, que acumuló ambas iniciativas, explica que el objetivo del proyecto de ley es unificar “la modalidad en la prestación del servicio militar, lo cual responde a las necesidades actuales y futuras del servicio, y adicionalmente permite mayor movilización y mejor distribución de los soldados para cubrir la totalidad del territorio nacional”[122]. Así mismo, enumera nueve componentes de las iniciativas legislativas: (i) adaptar la normativa vigente a las necesidades sociales y de seguridad nacional; (ii) unificar la prestación del servicio militar para que se dé en condiciones de igualdad; (iii) aumentar los beneficios para quiénes presten servicio militar, para generar incentivos para servir al país; (iv) actualizar las causas de exoneración de la prestación del servicio militar y las exenciones de pago de la cuota de compensación; (v) disminuir la edad de incorporación y contemplar el servicio militar ambiental; (vi) simplificar los procedimientos de definición de situación militar; (vii) generar un mecanismo para promover el acceso al trabajo sin necesidad de presentar la tarjeta militar durante un tiempo; (viii) crear facilidades de pago de la cuota de compensación militar y las multas por infracciones a la ley de reclutamiento; (ix) facultar al Ministerio de Defensa para realizar jornadas con el fin de definir la situación militar[123].
Cabe resaltar que el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz presentó ponencia negativa a la iniciativa, que fue rechazada más adelante. Esa ponencia reconoce los eventos en los cuales la Corte Constitucional ha intervenido para proteger derechos fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a la libertad de conciencia. Así, cita las Sentencias C-728 de 2009, T-018 de 2012, T-314 de 2014 y T-455 de 2014 y subraya que la falta de reconocimiento de la objeción de conciencia ha sido uno de los problemas de incorporación denunciado en los últimos años, lo cual se identifica como consecuencia del desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional[124]. Advierte, entre otras cosas, que el artículo 24, que regulaba las quejas de los conscriptos mediante la página web, tenía problemas de constitucionalidad, ya que el sistema no contemplaba la objeción de conciencia.
Declara exequible Artículo 77 LEY_1861_2017_04/08/2017
Declara exequible Artículo 78 LEY_1861_2017_04/08/2017
Declara exequible Artículo 80 LEY_1861_2017_04/08/2017
Declara exequible Artículo 79 LEY_1861_2017_04/08/2017
El Magistrado José Fernando Reyes Cuartas se apartó de la decisión de la mayoría adoptada en esta sentencia, toda vez que, en su concepto, las normas demandadas que regulan el trámite de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 152 de la Constitución, estaban sometidas a la reserva de ley estatutaria y, por ende, ha debido ser declarada su inexequibilidad.
En su criterio, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, el procedimiento para la formulación y aceptación de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio debía ser regulado por una ley estatutaria y no una ley ordinaria, en la medida en que configura un mecanismo para garantizar y hacer efectivo ese derecho fundamental. La circunstancia de que dicho procedimiento tenga relación directa con el reclutamiento, control de reservas y la movilización regulados por medio de una ley ordinaria, no exime del mandato del artículo 152 de la Carta, que sujeta a ley estatutaria, la reglamentación de los mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales, independientemente de que no forme parte de una regulación integral, completa y sistemática de la objeción de conciencia.
[11] Escrito presentado por Claudia Isabel González Sánchez, en calidad de Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República. Folios 70-79.
[15] M.P. Adriana María Guillén Arango.
[17] Escrito presentado por Jorge Kenneth Burbano Villamarín, Jorge Ricardo Palomares García, Javier Enrique Santander Díaz y Édgar Valdeleón Pabón, actuando como miembros del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre. Folios 85-94.
[30] Escrito presentado por Paula Robledo Silva, en calidad de Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales. Folios 95-102.
[33] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[39] Escrito presentado por Sandra Marcela Parada Aceros, en calidad de apoderada especial del Ministerio de Defensa.
[53] Ver, entre otros, Auto 288 de 2001 y Sentencias C-1052 de 2001 y C-568 de 2004, todas las providencias con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[62] En Sentencia C-728 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional estudió el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 que fue demandado por contener una omisión legislativa relativa al no establecer, dentro de las exenciones del servicio militar, la objeción de conciencia. Si bien la Corte declaró la constitucionalidad de la norma por tratarse de una omisión absoluta y no relativa, exhortó al Congreso para que regulara la objeción de conciencia al servicio militar “a la luz de las consideraciones de esta providencia”. En la sentencia, la Corte planteó que “las convicciones o creencias que den lugar a negarse a la prestación del servicio militar deben ser profundas, fijas y sinceras, para que sean de una entidad tal que realmente se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de religión”. Por otra parte, en Sentencia T-018 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte conoció el caso de un objetor de conciencia al servicio militar. En dicha providencia, se concedió la tutela después de encontrar que las convicciones y creencias del actor “pueden ser calificadas como profundas en tanto condicionan de manera integral su forma de actuar. Esto, porque como se evidenció, permiten al accionante desempeñarse en el área de la evangelización dentro de su iglesia”. Además, su pertenencia “a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, desde el catorce (14) de febrero de dos mil cuatro, y su posterior compromiso con la evangelización demuestran que se trata de unas creencias y/o convicciones fijas que lo han vinculado más seriamente con su credo”. Adicionalmente, “[e]s posible valorar como sinceras las creencias y convicciones del accionante ya que de forma coherente lo han acompañado durante años” (subrayas no son del texto original).
[65] Mediante Sentencia C-223 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 1801 de 2016, ya que “contienen una regulación integral, completa y estructural de los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública”. Con igual lógica, en la Sentencia C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la regulación del derecho de petición en la Ley 1437 de 2011 al observar que “los artículos 13 a 33 contienen un desarrollo integral y sistemático del derecho fundamental de petición, y por tanto, todas las materias tratadas, sea cual fuere su contenido específico, han debido ser objeto de una ley estatutaria”.
[70] Estas consideraciones se toman de la Sentencia C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[71] Sentencia C-319 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[72] Sentencia C-756 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, reiterada en Sentencias C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y C-902 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[73] En la Sentencia C-319 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte adujo: “Sobre el alcance de la reserva de ley estatutaria se ha ocupado profusamente la jurisprudencia constitucional a lo largo de estos años, y en general los diversos pronunciamientos han defendido la tesis que dicha reserva no ha de interpretarse de manera restrictiva, en el sentido que cualquier regulación que se ocupe de las materias contempladas por el artículo 152 constitucional requiera ser expedida por medio de ley estatutaria, pues dicha interpretación conduciría a un vaciamiento de las competencias de legislador ordinario y a que se produzca el fenómeno que ha sido denominado en el derecho comparado como la “congelación del rango”. En esta providencia se citan las Sentencias C-713 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-319 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-180 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-126 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-1233 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-307 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-162 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; entre muchas otras. En igual sentido, en la Sentencia C-902 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se señaló que, “[d]ebido a la amplitud de asuntos que eventualmente podrían quedar comprendidos dentro de las materias a que se refiere el artículo 152 de la Carta, y el consecuente riesgo de despojar al Congreso de la cláusula general de competencia que le es inherente en su condición de legislador ordinario (art. 150-1 CP), la jurisprudencia ha señalado de manera insistente que la cláusula de reserva de ley estatutaria debe interpretarse de manera restrictiva”. Sobre el mismo punto, pueden también verse las Sentencias C-1338 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; C-251 de 1998, Ms.Ps. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero; y C-013 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[74] En la Sentencia C-511 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, la Corte precisó que “en relación con todos los temas allí previstos, pero especialmente en lo atinente a las leyes que regulan ‘derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección’, la postura de este tribunal ha sido prudente, al advertir que no todos los asuntos que de alguna manera estén relacionados con derechos fundamentales deben ser regulados por leyes estatutarias. Lo anterior por cuanto, de entenderse así la regla, se correría el riesgo de vaciar las competencias legislativas ordinarias, y de generar un proceso que llevado al extremo podría conducir a la petrificación del derecho en relación con tales materias. Así las cosas, en un buen número de ocasiones, la Corte ha desechado el argumento de que ciertas leyes debieron ser objeto del trámite estatutario, siendo relativamente escasas las situaciones en que se ha declarado la inexequibilidad de leyes o preceptos ordinarios por esta razón”. Al respecto, pueden verse también las Sentencias C-319 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C-226 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[75] En la Sentencia C-193 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte revisó una demanda en contra de la totalidad de la Ley 890 de 2004 por regular el ius puniendi que restringe el derecho a la libertad. Allí, concluyó que esta, bajo un cargo global, no violaba la reserva de ley estatutaria. También pueden consultarse las Sentencias C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y C-567 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[76] En la Sentencia C-993 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte declaró inexequible la norma de la Ley 863 de 2003 que establecía la posibilidad de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportara a las centrales de riesgo información sobre cumplimiento y mora de obligaciones tributarias por desarrollar aspectos inherentes al núcleo esencial del derecho como “límites, restricciones, excepciones y prohibiciones”.
[77] En la Sentencia C-1338 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, la Corte declaró la inexequibilidad de toda la Ley 563 de 2000 por haber reglamentado integralmente las veedurías ciudadanas. En esta decisión, citando la Sentencia C-425 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, anotó que “[l]a regulación de aspectos inherentes al ejercicio mismo de los derechos y primordialmente la que signifique consagración de los límites, restricciones, excepciones y prohibiciones, en cuya virtud se afecte el núcleo esencial de los mismos, únicamente procede, en términos constitucionales, mediante el trámite de ley estatutaria”. De la misma manera, puede verse la Sentencias C-425 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, reiterada en las Sentencias C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-374 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; y C-251 de 1998, Ms.Ps. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
[78] En la Sentencia C-162 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte estableció que leyes estatutarias se ocupan de la estructura general y de los principios básicos establecidos por el Constituyente sobre estas materias pero no del desarrollo integral y detallado de cada una de ellas.
[79] En la Sentencia C-620 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte declaró inexequibles los artículos 382 a 389, que desarrollaban lo relativo al derecho de habeas corpus de la Ley 600 de 2000, pues regulaban el derecho fundamental de forma “exhaustiva, íntegra y completa”. En la Sentencia C-1338 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, la Corte definió que “no sólo la normatividad que regula esencialmente (en su núcleo esencial) un tema de los que enumera el artículo 152 de la Constitución amerita trámite estatutario, sino también aquella que lo regula de manera estructural, integral o completa”.
[80] En la Sentencia C-284 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, se efectuó un control oficioso del parágrafo del artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 que regulaba las medidas cautelares en materia de tutela. La Corte declaró inexequible la expresión “y en los procesos de tutela” y reiteró que los asuntos de competencia en materia de tutela estaban reservados a ley estatutaria. Además, advirtió que “la norma legal demandada configura una regulación en tutela que establece reglas relativas a recursos. Aunque los recursos previstos en la Ley 1437 de 2011 no respetan por su contenido la Constitución, en lo referente a su aplicación a los procesos de tutela, es posible que con otro diseño ajustado al carácter preferente, sumario, célere e informal del proceso de tutela se ajusten a las previsiones de la Carta Política. Una regulación que se refiere a recursos o medios de impugnación, como la aquí prevista contra medidas cautelares, en tanto podría tener como función la protección precisamente de derechos fundamentales, está sujeta también a la reserva de ley estatutaria”. Este criterio fue incluido en la síntesis de las reglas sobre el tema en las Sentencias C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y C-226 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En la Sentencia C-511 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo al respecto: “Siguiendo de cerca los criterios expuestos en la sentencia C-646 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en el fallo C-226 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) la Corte sintetizó que ese tipo normativo especial resulta necesario entre otros casos: (i) cuando se trate de un asunto expresa y taxativamente incluido en el artículo 152 superior; (ii) cuando se desarrollen y complementen los derechos fundamentales; (iii) cuando la regulación de que se trata afecte el núcleo esencial de derechos fundamentales; (iv) cuando la regulación de una materia sometida a la reserva de ley estatutaria sea integral; y (v) cuando se trate de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección de un derecho fundamental”. Puede verse también la Sentencia C-226 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[81] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[82] Sentencias C-902 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[83]Sentencias C-313 de 1994, C-740 de 2003, C-193 de 2005 y C-872 de 2003, entre otras.
[84]Sentencias C-620 de 2001, C-687 de 2002 y C-872 de 2003.
[85]Sentencias C-162 de 2003 y C-981 de 2005.
[86]Sentencia C-013 de 1993.
[87] Sentencia C-994 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería.
[88] Sentencia C-756 de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[89] En la Sentencia C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se subraya que “la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales, debe referirse a: i) normas que desarrollan y complementan los derechos ii) que regulan solamente los elementos estructurales esenciales, iii) que regulan de forma directa su ejercicio y también el desarrollo de su ámbito a partir del núcleo esencial definido en la Constitución, iv) que refieran a los contenidos más cercanos al núcleo esencial, v) que regulan aspectos inherentes al ejercicio y principalmente lo que signifique consagrar límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten el núcleo esencial, vi) cuando el legislador asuma de manera integral, estructural y completa la regulación del derecho, vii) que aludan a la estructura general y principios reguladores pero no al desarrollo integral y detallado, regulando así la estructura fundamental y los principios básicos, y viii) que refieran a leyes que traten situaciones principales e importantes de los derechos”.
[90] En la Sentencia C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se señaló que “como cuarto criterio se encuentra la afectación o desarrollo de los elementos estructurales de un derecho fundamental. Como se ha indicado la reserva de ley estatutaria no se predica de la regulación de ‘todo evento ligado a los derechos fundamentales’ sino ‘solamente los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales’, de modo que las leyes estatutarias no deben regular en detalle cada variante o cada manifestación de dichos derechos o todos aquellos aspectos que tengan que ver con su ejercicio. […] Una segunda respuesta que se ha expuesto en la jurisprudencia constitucional es que es competencia del Legislador estatutario desarrollar aspectos importantes del núcleo esencial, con lo que parece sugerirse que tal núcleo es delineado tanto por el Constituyente como por el Legislador estatutario. Algunos de los asuntos importantes del núcleo esencial que son propios de las leyes estatutarias y que han sido señalados por la Corte son: (i) la consagración de límites, restricciones, excepciones y prohibiciones, y (ii) los principios básicos que guían su ejercicio. Otro elemento que puede deducirse a partir de un examen de la estructura de los derechos fundamentales es la definición de las prerrogativas que se desprenden del derecho para los titulares y que se convierten en obligaciones para los sujetos pasivos”.
[91] En la Sentencia C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se subrayó que tienen reserva de ley estatutaria “aquellas iniciativas cuyo objeto directo sea desarrollar el régimen de los derechos fundamentales o de alguno de ellos en particular. En efecto, sobre este asunto, en la Sentencia C-013 de 1993, la Corte se expresó así: ‘las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos’. // Así las cosas, si la reserva de ley estatutaria opera sólo para aquellas leyes cuyo objeto directo es desarrollar la regulación de los derechos fundamentales, en sentido contrario debe entenderse que ‘si el objeto de la ley es regular materias relacionadas con un derecho fundamental, pero no el derecho fundamental en sí mismo, el trámite de ley estatutaria no es requerido’”.
[92] Según la Sentencia C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, “la exigencia de ley estatutaria solo se aplica a la regulación que tenga la pretensión de ser integral, completa y sistemática”.
[93] Ver, al respecto las Sentencias C-902 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-319 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-126 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-193 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; y C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[94] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[95] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[99] Thoreau, Henry D. Sobre la desobediencia civil (1849). Traducción de María Cristina Restrepo. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2011, pp. 15-16.
[100] Prieto Sanchís, Luis. Libertad y objeción de conciencia (2006). Persona y Derecho, 54, p. 261.
[101] Sentencia C-728 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la cual no encontró que hubiese una omisión legislativa relativa en la no inclusión de los objetores de conciencia dentro del listado de personas exentas de prestar el servicio militar del artículo 27 de la Ley 48 de 1993.
[102] Varias providencias han coincidido en la obligación de que el derecho al habeas data sea regulado a través de ley estatutaria. Al respecto, pueden consultarse las Sentencias C-981 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-384 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; y C-567 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[103] Sentencias T-409 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; y T-363 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[104] Sentencias C-511 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz; y C-740 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[105] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[106] M.P. Humberto Sierra Porto.
[107] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[108] M.P. María Victoria Calle Correa.
[109] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[110] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[111] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[112] La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse a la objeción de conciencia en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el servicio militar (Sentencia C-728 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la educación (Sentencia T-588 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la obligación de prestar juramento (Sentencia T-547 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero) y en relación con la práctica de abortos (SentenciaT-209 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas).
[113] Sentencia T-388 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto. En esta sentencia se decidió el caso de una mujer embarazada, cuyo feto presentaba malformaciones, y en el que el médico solicitó orden de autoridad judicial para practicar el aborto. Presentada la tutela, un juez se declaró impedido para fallar el caso por razones de conciencia y otro negó el amparo e invocó la objeción de conciencia como argumento para no ordenar la interrupción del embarazo.
[114] Ms.Ps. Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández. En esta providencia se determinó la exequibilidad del delito de aborto en el entendido de que no se incurre en este delito cuando, “cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas , o de incesto”.
[115] M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En esta ocasión se falló el caso de una niña de 13 años que fue víctima de acceso carnal violento, producto del cual quedó embarazada y, además, la infectaron con una enfermedad de transmisión sexual. Para la Corte, “tanto las entidades de salud públicas y privadas como los médicos que atendieron el caso y presentaron de manera conjunta y unánime objeción de conciencia, desconocieron la Constitución, la sentencia C-355 de 2006 y los decretos reglamentaros expedidos por el Gobierno Nacional sobre la materia, y vulneraron los derechos fundamentales de la menor”.
[116] La Sentencia C-257 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz, definió que la obligación de permanencia por dos años de los convivientes en unión marital de hecho para que pueda presumirse o declararse judicial o voluntariamente la sociedad patrimonial, contemplada en el artículo 2° de la Ley 54 de 1990, no vulnera la igualdad con respecto a las parejas casadas, a quienes no se les exige este tiempo, por cuanto “la diferencia establecida por la ley no es discriminatoria porque no hay una exclusión irrazonable a quienes conviven en unión de hecho ni una restricción o eliminación de derechos fundamentales para estas parejas”.
[117] Por ejemplo, en la Sentencia C-415 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se determinó la exequibilidad de algunas disposiciones de la Ley 80 de 1993 sobre inhabilidades de ciertas personas para participar en licitaciones y concursos en los que otros individuos con determinados grados de parentesco con ellas hubieran presentado una propuesta antes. La demanda alegaba que las disposiciones acusadas restringen la libertad económica. La Corte señaló que la exclusión de ciertos parientes del proceso de contratación es razonable pero que, de todas maneras, afecta el derecho a la personalidad jurídica y el principio general de que todas las personas tienen igual capacidad legal, por ello tal régimen de inhabilidades debe entenderse con carácter taxativo y restringido.
[120] Cristián Daniel Sahli Vera y otros vs. Chile, Caso 12.219, CIDH, Informe No. 43/05, OEA/Ser.L/V/II.124 doc. 5 (2005).
[124] Ibidem, p. 18. “Desconocimiento generalizado de la jurisprudencia por parte del personal militar, en particular de las Sentencias C-879 de 2011, C-728 de 2009 y T-018 de 2012”.
[126] Ibidem, p. 1.
[127] Ibidem, p. 2.
[128] Ibidem, p 16.
[131] Sentencia T-227 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. La tutela que en esta ocasión revisó la Corte involucraba a una persona que no había podido acceder a su pensión, dado que, por problemas derivados de la mala gestión de archivos, el Municipio de Florencia no le pudo certificar el tiempo de servicios laborado ni los salarios devengados. De modo que la Corte tuvo que definir si el derecho a la información en el caso particular tenía carácter fundamental. En esta línea, advirtió que “[l]a posibilidad de definir un proyecto de vida y ser una persona activa en la sociedad depende, en un cien por ciento del acceso a información, personal y socialmente relevante, para estas actividades”. A esto agregó que “existe un deber constitucional de administrar correctamente y de proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante. Este deber se deriva de la prohibición genérica, dirigida a toda persona, sea natural o jurídica, de impedir sin justa causa el goce efectivo de los derechos fundamentales o de tornar imposible dicho goce. Así, si determinada información resulta decisiva para una persona, quien administra o custodia un archivo o una base de datos, adquiere la calidad de garante de dicha información”. Debido entonces a su relación con la dignidad humana y a su traducibilidad en un derecho subjetivo, la Corte encontró que en ese caso el derecho a la información era fundamental.
[132] Al respecto, pueden consultarse las Sentencias T-353 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; T-259 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-108 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos; T-185 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-455 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-430 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa; T-357 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y T-018 de 2012.
[133] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[134] M.P. Alberto Rojas Ríos.

References: artículo 241
 artículo 209
 artículo 79
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 6
 artículo 24
 Artículo 77
 Artículo 78
 Artículo 80
 Artículo 79
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 27
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 229
 artículo 152
 artículo 27
 artículo 2