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Timestamp: 2020-02-22 21:59:10+00:00

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﻿ LAUDO EN DERECHO ERASMO PINZÓN RODRÍGUEZ VS COLEGIO MILITAR GENERAL RAFAEL REYES LTDA. JULIO 14 DE 2000
LAUDO EN DERECHO DE 14 DE JULIO DE 2000
CONTENIDO:• La exclusión de un socio implica una disminución del capital social, que deberá constituir una reforma estatutaria, que ha de ser aprobado y formalizado de acuerdo con la ley y los estatutos.• La inscripción en el registro mercantil no es un requisito de existencia y validez de los actos, más bien es un requisito de publicidad que determina la oponibilidad a terceros.• La reforma consistente en la exclusión de un socio, producirá plenos efectos legales ante los asociados, una vez sea elevada a escritura públicano los producirá respecto a terceros sino a partir del momento en que se ha llevado a cabo la inscripción en el registro mercantil.
ÁRBITROS:María Patricia Silva Arango (presidente), Fernando Romero Velasco y Enrique Cala Botero
DEMANDANTE:Erasmo Pinzón Rodríguez
DEMANDADO:Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda.
NORMAS ANALIZADAS:Código de Comercio, arts. 109, 125, 129, 228, 297, 308, 364, 365
Erasmo Pinzón Rodríguez
Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda.
Julio 14 de 2000
En Santafé de Bogotá, el catorce (14) de julio de dos mil (2000), a las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.), fecha y hora fijadas en el auto del veintitrés (23) de junio de 2000, se reunieron en las instalaciones del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede norte, calle 72 Nº 7-82, piso 8º, los doctores María Patricia Silva Arango, presidente, Fernando Romero Velasco y Enrique Cala Botero, árbitros y Rodrigo Arteaga de Brigard Secretario, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de fallo fijada para la fecha en el tribunal de arbitramento convocado para dirimir las controversias patrimoniales suscitadas entre Erasmo Pinzón Rodríguez por una parte, y la sociedad Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., por la otra. Asistieron también la parte convocante, doctor Erasmo Pinzón Rodríguez y el representante legal de la convocada Jaime Escobar Garzón, junto con su apoderado, doctor Manuel Gilberto Pérez Torres.
A continuación el tribunal le dio la palabra a las partes para que expusieran sus alegatos de conclusión. Las partes presentaron sus alegatos por escrito e hicieron un resumen verbal de los mismos. Dichas intervenciones fueron grabadas y su transcripción forma parte integrante de esta acta.
A continuación el presidente autorizó a la secretaría para dar lectura al laudo que pone fin al proceso, laudo que se pronuncia en derecho, es acordado y expedido por unanimidad dentro del término legal, y está suscrito por todos los árbitros.
Santafé de Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil (2000).
Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, se procede a pronunciar en derecho el laudo que finaliza el proceso arbitral entre Erasmo Pinzón Rodríguez, mayor y domiciliado en Santafé de Bogotá, por una parte, y Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., sociedad legalmente constituida y con domicilio principal en Madrid, Cundinamarca, por la otra parte.
1. Erasmo Pinzón Rodríguez solicitó directamente, en su condición de abogado inscrito, la convocatoria de este tribunal al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y demandó el 17 de febrero de 1999 al Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., sociedad constituida por escritura pública 0771, otorgada el 5 de marzo de 1993, en la notaría 34 del circulo de Bogotá, por los socios que en ella aparecen, entre otros Erasmo Pinzón Rodríguez, con fundamento en la cláusula cuadragesimoprimera del contrato de sociedad que consagra la cláusula compromisoria, que a la letra dice:
“Toda diferencia y controversia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha Cámara. El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989 y a las demás disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con las siguientes reglas:
“a) El tribunal está integrado por tres árbitros”;
“b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá”;
“c) El tribunal decidirá en derecho, y
d) El tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad”.
2. El centro admitió la solicitud de convocatoria por auto del 22 de febrero de 1999 y corrió traslado a la parte demandada. El Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., contestó la demanda el 7 de abril siguiente.
3. El 13 de mayo de 1999 previa citación, se dio inicio a la audiencia de conciliación ante la doctora María Margarita Pachón, funcionaria delegada de la directora del centro de arbitraje. La audiencia fue suspendida y reanudada el 9 de junio siguiente, y en tal sesión se declaró fallido el intento de conciliación por la imposibilidad de llegar a un acuerdo, por lo cual se dispuso continuar el trámite arbitral.
4. La junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, previo sorteo, designó como árbitros para la integración de este tribunal a los doctores María Patricia Silva Arango, Enrique Cala Botero y Fernando Romero Velasco, quienes expresaron su aceptación por escrito dentro del término legal.
5. El tribunal de arbitramento se instaló el 7 de febrero de 2000; (acta 1) fue designada como presidente la doctora María Patricia Silva Arango, y como secretario el doctor Rodrigo Arteaga de Brigard. El tribunal fijó su sede en el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede norte, situado en la calle 72 Nº 7 - 82, piso 8º.
6. Durante la audiencia de instalación los árbitros señalaron las sumas de honorarios de los miembros del tribunal, de acuerdo con el reglamento del centro, así como la partida de gastos de funcionamiento.
7. Concluida la audiencia de instalación, ambas partes objetaron el auto de fijación de honorarios y gastos, que por ser extemporáneas fueron rechazadas por el tribunal, mediante auto del 18 de febrero de 2000. Las partes en la oportunidad legal consignaron lo que a cada uno de ellos le correspondía.
8. Depositadas a órdenes del presidente las sumas de honorarios y gastos, el tribunal, en audiencia celebrada el 23 de febrero de 2000 (acta 2), le dio posesión al secretario, fijó como sede de la secretaría la oficina del secretario situada en la calle 60A Nº 5-54 Of. 304 de Santafé de Bogotá y convocó a las partes para la primera audiencia de trámite.
9. El 17 de marzo de 2000 se dio inicio a la primera audiencia de trámite que consta en el acta 3 del proceso; se leyó la cláusula compromisoria contenida en la cláusula cuadragesimoprimera de la escritura pública 771 del 5 de marzo de 1993 de la notaría 34 de Bogotá, documento que obra a folios 3º a 11 del cuaderno de pruebas 1. En primer lugar el tribunal asumió competencia para conocer y decidir las cuestiones sometidas por las partes a su decisión. En seguida se pronunció sobre la solicitud de la parte convocante de tener por no contestada la demanda, negando la petición. Investido de competencia, el tribunal se pronunció sobre la admisibilidad de la demanda, y por haber encontrado que esta no cumplía los requisitos legales la inadmitió, concedió el término de cinco días al convocante para subsanar los defectos anotados en la respectiva providencia y suspendió, entre tanto, la primera audiencia de trámite.
10. El demandante, dentro del término de traslado, subsanó los defectos anotados por el tribunal y mediante el mismo escrito procedió a reformar y adicionar la demanda inicial.
11. El día 14 de abril de 2000, el tribunal reanudó la primera audiencia de trámite, (acta 4). En esa oportunidad, admitió la demanda y su reforma y adición y ordenó correr trasladó de las mismas a la parte convocante, en consecuencia nuevamente se debió suspender la primera audiencia de trámite; para continuarla convocó a las partes para el día 5 de mayo de 2000.
12. La parte convocada, dentro del término legal, contestó la demanda y su reforma y adición y propuso las excepciones de fondo de las cuales se le corrió traslado, por secretaría a la parte convocante.
13. En la fecha fijada por el tribunal se dio continuación a la primera audiencia de trámite, pero visto que aun se estaba surtiendo el traslado de las excepciones, ordenó una nueva suspensión de ella. (acta 5).
14. El día 12 de mayo de 2000 el tribunal reanudó la primera audiencia de trámite y en tal oportunidad decretó las pruebas oportunamente pedidas por los apoderados de las partes, y las que de oficio estimó conducentes y señaló fechas para la práctica de las mismas. Contra esa providencia la parte convocada interpuso recurso de reposición que fue desestimado, por el tribunal, por ser improcedente. De esta manera quedó surtida la primera audiencia de trámite y a partir de tal fecha quedó fijado el término de duración del proceso arbitral, en seis meses.
15. El tribunal practicó las pruebas decretadas durante las siguientes cinco audiencias (actas 7 a 11). Además adelantó la audiencia de conciliación de que trata el artículo 101 de la Ley 446 de 1998, que resulto fallida por no haberse podido llegar a ningún acuerdo. Agotada la instrucción, en la última audiencia (acta 12), el tribunal oyó a las partes en sus alegaciones finales.
16. El término del proceso arbitral empezó a contarse una vez surtida la primera audiencia de trámite, el día 12 de mayo de 2000. En consecuencia, el término del proceso arbitral vence el día 12 de noviembre de 2000.
17. El tribunal encuentra cumplidos los presupuestos procesales y, no advierte causal alguna de nulidad, por lo cual procede a dictar el fallo en derecho, previo estudio de las pretensiones de las partes.
La parte convocante, Erasmo Pinzón Rodríguez, solicitó se profieran las siguientes declaraciones y condenas:
“Para que el tribunal de arbitramento, mediante laudo”:
“1. Valoré(sic) y fije el precio de las cuotas sociales, (sic) que posee Erasmo Pinzón Rodríguez en la sociedad Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda.”.
“a) Se tome como base para la valoración y fijación del precio de las cuotas sociales de Erasmo Pinzón R., lo aprobado por unanimidad en el acta 14 expedida el 14 de marzo de 1995, en la cual se fijó el precio neto de los derechos sociales de cada socio en la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000)”;
“b) El citado valor de $ 100.000.000, se indexe, por el Índice de Precios al Consumidor, IPC, presentado en la economía nacional, a fin de actualizar el valor de los derechos sociales, desde el mes de marzo de 1995, cuando fue valorado en $ 100.000.000, y hasta la fecha de la pronunciación del tribunal”, y
“c) Igualmente, se tenga en cuenta para la valoración, a más del valor comercial, el now how, (sic) los intangibles, y las proyecciones de los ingresos futuros. (las negrillas son del texto)
“2. Para que el honorable tribunal, fije el plazo de pago de los valores resultantes de los derechos sociales. (L. 222/95, art. 16)” (la cita entre paréntesis es del texto).
“3. Se ordene al Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., pague a Erasmo Pinzón Rodríguez el valor ajustado o resultante de proceso de valoración de las cuotas sociales, por haber sido excluido de la sociedad según acta 29 de febrero 28 de 1998, según hecho 13”.
“4. Se condene en costas del proceso y agencias en derecho al Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., y que tales costos no afecten para nada en la valoración de mis cuotas sociales”.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones del convocante, de acuerdo con la demanda y su reforma, son los siguientes:
“1. La sociedad Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., es una Sociedad (sic) comercial con domicilio en Santafé de Bogotá, constituida por escritura Pública (sic) 0771 del 5 de marzo de 1993 y con matrícula mercantil 542639, representada por Álvaro Báez Betancour, mayor de edad y domiciliado también en esta ciudad”.
“2. Erasmo Pinzón Rodríguez, socio de la sociedad a quien por voluntad de los otros socios han querido excluirlo, como aparece en el acta 29 del 28 de febrero de 1998 y con derechos sociales en proporción del 20% del capital social”.
“3. El contrato social que regula la relación de la sociedad y de los socios, contiene la cláusula cuatrigesima (sic) primera (compromisoria) que dice: “Toda diferencia y controversia relativa a este contrato a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha cámara. El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989 y a las demás disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con las siguientes reglas:
b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá;
d) El tribunal funcionará en Bogotá en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad””.
“4. En mí condición de socio, presenté al representante legal de la sociedad Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., la oferta de mis cuotas sociales el 6 de septiembre de 1997. Como respuesta de los socios fue (sic) el de no tener interés en adquirir las cuotas sociales”.
“5. La sociedad con el objeto de valorar mis activos y desconociendo la cláusula compromisoria señalada anteriormente, por medio de su representante, solicitó el nombramiento de peritos para fijar el valor de las (sic) mis cuotas sociales, obrando en forma unilateral y tomando como base el avalúo de los bienes de la sociedad elaborado con el objeto de solicitar un crédito, avalúo que dejó de considerar y valorar el now how, los intangibles y de las operaciones futuras”.
“6. La peritación, (sic) no fue acordada, ni menos puesta en conocimiento del socio Erasmo Pinzón Rodríguez, sino después de haberse terminado el proceso de peritación, con violación del derecho al debido proceso, haciendo caso omiso, (sic) de la existencia de la cláusula compromisoria que contiene el Contrato (sic) social, (sic) para resolver las diferencias”.
“7. Observando el peritaje, puede concluirse, (sic) que a pesar de haberse designado dos peritos el trabajo para nada fue (sic) independiente, es decir se presenta con los mismos valores de un proceso conjunto lo que indica la labor como si se tratara de un único perito, pues la actividad debe ser lo suficientemente independiente y seria, porque están en juego los intereses de las partes y no la de una sola de ellas, como parece reflejar la peritación. Así las cosas mejor haber dejado la valoración al representante legal, si es que se quiere hacer la voluntad de una de las partes”.
“8. El avalúo empleado en el peritazgo, estaba destinado a la consecución de un crédito para la sociedad y en consecuencia, el procedimiento y los factores considerados en el avalúo son diferentes, este solo valoró los activos fijos y a precio medio bajo, como lo exigen las corporaciones, y no hubo lugar a otro avalúo del socio afectado, que permitiera punto de comparación y equidad”.
“9. El balance elaborado por los peritos incluyó pasivos no considerados en el estado financiero que obra en el libro oficial (sic) de contabilidad a 31 de agosto de 1998, vale aclarar con pasivos constituidos por la declaración de renta, la cual se halla mal elaborada y a la fecha sin corregir, además los peritos incluyeron en el pasivo los gastos por peritaje en la suma de $ 6.000.000, valores que no aparecen en el balance oficial porque ya habían sido cancelados, igualmente tomó los muebles y enseres en la suma de $ 87.280.000, cuando el balance a 31 de agosto los registra por la suma de $ 95.130.078 con una diferencia por debajo $ 7.850.078. Además el día 30 de noviembre la contabilidad oficial no se hallaba disponible sino hasta el mes de abril de 1998, sin embargo los peritos afirman haberse guiado por la contabilidad oficial, las anteriores inconsistencias constituyen un fraude en detrimento de mis cuotas sociales”.
“10. La junta de socios celebrada el 14 de marzo de 1995, aprobó por unanimidad el valor de las cuotas sociales de cada socio que dice así: “2. Valor de la acción. Por consenso general y después de la correspondiente discusión, se llegó a la conclusión de que los derechos patrimoniales de cada socio se estiman en la fecha en $ 100.000.000 (cien millones de pesos) esto calculado sobre el valor comercial de los bienes muebles e inventarios, más los intangibles menos los pasivos”.
“11. El representante legal de la sociedad Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., el pasado 19 de febrero y 2 de marzo del año en curso, envió sendas comunicaciones en las que ofrece por mis cuotas sociales la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000 mcte., ofrecimiento que desconoce lo dispuesto por la junta de socios celebrada el 14 de marzo de 1995; el ofrecimiento de mis cuotas sociales, ha debido contener como mínimo los cien millones en que se fijaron las cuotas sociales en 1995 más la corrección monetaria anual y los ajustes por inflación de los años transcurridos”.
“12. Las inconsistencias que presenta el peritazgo, dio origen a la objeción e impugnación del mismo. El peritazgo no me obliga en razón a que se desconoció la cláusula compromisoria, la cual es autónoma con respecto al contrato social y prevalece sobre la cláusula once (11), por cuanto no se ha presentado socio (s) interesado (s) en adquirir mis derechos sociales”.
“13. La sociedad Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., mediante escritura pública 889 del 16 de marzo de 1998, introdujo reformas a la sociedad y protocolizó el acta 29, fechada febrero 28 de 1998, en la cual, excluye al socio Erasmo Pinzón Rodríguez (ver fls. A5-73 a 74 del acta). En la misma acta folio A5-74 vueltos, modifica el capital social, cláusula sexta, asumiendo 11.000 cuotas sociales la sociedad(sic), es decir, las cuotas sociales del socio Erasmo Pinzón Rodríguez, y además autoriza al representante legal de la sociedad a formalizar la exclusión del socio Erasmo Pinzón Rodríguez. (ver fls. A5-74 vueltos del acta)”.
“14. La sociedad en el período 1999, presentó unos ingresos brutos de $ 649.623.897 y una utilidad neta, después de impuestos de $ 15.064.742”.
4. Contestación de la demanda y excepciones
En escrito de contestación a la demanda, el apoderado especial de la parte convocada se opuso a todas las pretensiones del convocante, por las razones que expuso, y respondió así a los hechos:
Aceptó como cierto el primero; señaló como parcialmente ciertos los hechos 2º y 4º; sobre los hechos 3º, 10 y 11, los aceptó como ciertos, pero hizo precisiones sobre ellos; negó los marcados como 5º, 6º, 8º, 9º, 13 y 14; en cuanto al hecho 7º, ni lo aceptó ni lo negó, pero sí hizo algunos comentarios sobre él; finalmente, en cuanto al hecho 12, manifestó que este era una mera apreciación del demandante.
Además, en su escrito de contestación propuso las excepciones que denominó “fraude procesal” y “enriquecimiento ilícito”.
1. Documentos. Se encuentran en el expediente los documentos que fueron aportados por las partes. Igualmente, se recolectaron algunos documentos durante la inspección judicial con exhibición de documentos, en la sede social de la convocada y aquellos que fueron solicitados por el tribunal a distintas autoridades, mediante oficios.
2. Testimonios. En el curso del proceso se oyó a la señora María Josefa Gil Colorado. La transcripción de su declaración aparece a folios 182 a 186 del cuaderno principal.
3. Inspección judicial con exhibición de documentos. Se realizó la inspección judicial en la sede de la convocada (acta 8). En el transcurso de la misma, la demandada le presentó al tribunal los documentos cuya exhibición se le había ordenado y las copias de ellos fueron incorporados al expediente. Igualmente, en el curso de la diligencia, se allegaron al expediente algunos otros documentos. (ver fls. 190 a 322 del cdno. de pbas.).
4. Peritaje. Los doctores Luis María Guijo Roa y Eduardo Villate Bonilla, fueron designados como peritos, por el tribunal. Se les dio posesión del cargo en la audiencia del 19 de mayo de 2000 (acta 7). Asistieron a la diligencia de inspección judicial (acta 8) y rindieron su experticio el día 2 de junio de 2000, (acta 9 y fls. 323 a 336 del cdno. de pbas.). Durante el término de traslado del dictamen, la parte convocante, solicitó aclaraciones y complementaciones y lo objetó por error grave. El tribunal ordenó a los peritos aclarar y adicionar su dictamen en lo solicitado por el convocante, los peritos presentaron su nuevo informe el día 14 de junio de 2000, y el traslado consecuente se surtió por secretaría, al igual que el de la objeción formulada por el demandante.
En la audiencia celebrada el veintitrés (23) de junio de 2000 los apoderados de las partes presentaron al tribunal sus respectivos alegatos de conclusión.
El tribunal hizo el estudio que corresponde sobre las posiciones expresadas en dicho alegato por cada uno de los apoderados y el resultado de este estudio se encuentra reflejado en las conclusiones a las cuales el mismo tribunal llegó en relación con los puntos objeto de este proceso, y que en este laudo más adelante dejan consignadas
Es pertinente efectuar algunas consideraciones sobre los aspectos legales y doctrinarios de los temas que inciden directamente en el caso que nos ocupa, a saber: las sociedades limitadas, el derecho de exclusión de un socio y el registro mercantil.
1. Las sociedades de responsabilidad limitada
De acuerdo con el doctrinante mexicano Joaquín Rodríguez, las sociedades de responsabilidad limitada son aquellas “sociedades mercantiles con denominación o razón social, de capital fundacional, dividido en participaciones no representables por títulos negociables, en que los socios solo responden con sus aportaciones, salvo en los casos de aportación suplementaria y accesoria permitidas por la ley” (1) (1) Joaquín Rodríguez Rodríguez, Derecho mercantil, México D.F., Editorial Porrúa, 1967. .
Por su parte, el tratadista francés Georges Ripert afirma que “la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad comercial que agrupa a socios que no tienen calidad de comerciantes y responden únicamente con su aporte” (2) (2) Georges Ripert, Tratado Elemental de Derecho Comercial, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1954. .
En la legislación colombiana, las sociedades de responsabilidad limitada son aquellas de carácter mercantil, cuyo número de socios no puede ser superior a veinticinco (C. Co. art. 356), y en las cuales estos solo responderán hasta el monto de sus aportes (C. Co. art. 353).
Es unánimemente reconocido que uno de los elementos esenciales del contrato social es la vocación de los socios de obtener una utilidad de la gestión social, y en consecuencia, repartirse esta cuando se produzca. Pero es obvio también que los socios deben asumir las pérdidas sociales a prorrata de su aporte. A este respecto ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia: “2. Los elementos especiales que le son propios al contrato de la sociedad como tal, vale decir, la concurrencia de un número plural de personas, el aporte de cada uno de los socios, la persecución de un beneficio común, el reparto entre ellos de las ganancias o pérdidas, y finalmente la affectio societatis o intención de asociarse” (3) (3) Corte Suprema de Justicia, sentencia, julio 30 de 1971. .
2. La exclusión del socio
La exclusión de un socio puede obedecer a una sanción contra un socio infractor, o a la imposibilidad de culminar el proceso de venta por un socio de sus cuotas o partes de interés social.
En ambos casos el fundamento esencial de la exclusión de un socio es, según el doctrinante colombiano José Ignacio Narváez, la carencia de la affectio societatis entendida esta como la representación de la “voluntad de cooperación activa e interesada de todos los socios, en un plano de igualdad cualitativa” (4) (4) José Ignacio Narváez García, Teoría General de las Sociedades, Bogotá, Editorial Legis, 1998, pág. 147. , siendo esta un elemento esencial para la existencia y continuidad de la sociedad. Afirma Narváez que “ese elemento intencional o anímico tan esencial no basta que se manifieste en la celebración del contrato, sino que ha de perdurar a lo largo de la existencia de la sociedad, en la colaboración activa de todos los socios mediante el cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a la condición de socio”(5) (5) Ibídem, pág. 147. . Es así como podemos afirmar que, al verse vulnerada o desaparecer la affectio societatis es absolutamente lógico que la sociedad pueda excluir de sí misma a uno de sus socios, ya que el interés y la voluntad de permanecer asociados ha desaparecido.
En el primero de los eventos, según Narváez, la exclusión se configura como una sanción impuesta por la sociedad al socio culpable de infringir la ley o las estipulaciones estatutarias. Es, pues, un derecho de la sociedad frente a los socios que incumplan determinados deberes sociales, sean estos legales o convencionales (6) (6) Cfr. Ibídem, pág. 188. .
Cuando la exclusión tiene carácter punitivo, “ha de estar expresamente previsto en la ley el motivo que la determina; y no es admisible extenderla por analogía a situaciones semejantes” (7) (7) Ibídem, pág. 188. . Los eventos en que la ley prevé dicha figura son las contempladas por los artículos 109, 125, 129, 297, 298 y 308 del Código de Comercio.
El otro evento en el cual es posible la exclusión de un socio, está regulado por el artículo 365 ibídem, que establece, pata el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, que: “Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del término señalado en el artículo 363, ni se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un extraño, la sociedad estará obligada a presentar por conducto de su representante legal, dentro de los sesenta días siguientes a la petición del presunto cedente una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso las normas señaladas anteriormente. Si dentro de los veinte días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas, liquidándolas en la forma establecida en el artículo anterior”. (la negrilla es nuestra)
Por su parte, y sin perjuicio de los procedimientos establecidos en los estatutos, el artículo 364 referido, establece que: “Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto del precio o del plazo, se designarán peritos para que fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo determinados serán obligatorios para las partes. Sin embargo, estas podrán convenir en que las condiciones de la oferta sean definitivas, si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos”.
De acuerdo con el doctrinante anteriormente citado, la consecuencia de aplicar la exclusión es la pérdida de la condición de socio, con todos los efectos legales que esto implique. Como tales efectos implican normalmente reformas estatutarias, su oponibilidad frente a terceros se encuentra sometida a su inscripción en el registro mercantil correspondiente.
La exclusión del socio, como es obvio y así lo ha reconocido la doctrina de la Superintendencia de Sociedades (8) (8) Supersociedades, oficio 220-55482, oct. 23/95. , corresponde exclusivamente a los socios restantes, con el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias.
También ha dicho la Superintendencia de Sociedades a este respecto: “ Exclusión del socio. En cuanto al procedimiento pertinente, una vez los socios opten por excluir al interesado sin éxito en ceder sus cuotas, se tendrá en cuenta que dicha operación conlleva el reembolso del aporte al socio excluido, lo que a su turno implica una disminución del capital social que constituye una reforma estatutaria que ha de ser aprobada y formalizada de acuerdo con la ley y los estatutos” (9) (9) Ídem, oficio 220-22719, mayo 12/98. .
3. El registro público de comercio
De acuerdo con lo establecido por el artículo 27 del Código de Comercio, el registro mercantil es un registro de carácter público llevado por las cámaras de comercio de acuerdo con las reglas y procedimientos contenidos en la Resolución 1072 de 1996 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicho registro tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos que la ley señale.
El numeral 9º del artículo 28 ídem de la misma norma dispone que, están sujetas a registro mercantil: “La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores, y su remoción”. (La negrilla es nuestra)
La inscripción en el registro mercantil podrá realizarse, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 29 ibídem, en cualquier tiempo, salvo en los casos en que la ley señale un término especial para hacerlo.
De acuerdo con el artículo 29 ibídem, numeral 4º, los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción. Por lo anterior podemos afirmar que dicha inscripción no se configura como un requisito para la existencia o validez de los actos que la precisan, sino como un requisito de publicidad que determina la oponibilidad del acto en cuestión ante terceros.
En el caso concreto de las sociedades comerciales, el artículo 158 ibídem, establece que toda reforma del contrato de sociedad, es decir, toda adición o reforma estatutaria efectuada a las sociedades comerciales, “deberá reducirse a escritura pública que se registrará como se dispone para la escritura de constitución de la sociedad, en la cámara de comercio correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma”. Sin estos requisitos la reforma no producirá efectos respecto de terceros, aunque sí lo hará entre los asociados, a partir del momento en que se decidan y eleven a escritura pública, con el lleno de los requisitos legales y estatutarios.
Por último, el artículo 366 ibídem, dispone: “La cesión de las cuotas debe hacerse por escritura pública, so pena de ineficacia, pero no producirá efectos respecto de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha que sea inscrita en el registro mercantil”.
4. Análisis probatorio
Corresponde ahora efectuar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente, así:
4.1. Testimonio
Se recibió el testimonio de la Señora María Josefa Gil Colorado, solicitado por la parte convocada. El tribunal advierte que esta declaración no es el medio de prueba eficaz para sustentar las decisiones del laudo ni su contenido aporta elemento alguno de juicio, por lo cual la tacha propuesta por la parte convocada pierde cualquier trascendencia y el tribunal se abstiene de estudiarla.
4.2. Inspección Judicial con exhibición de libros
La diligencia judicial se efectuó con el lleno de los requisitos establecidos por la ley, de conformidad con los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil y demás normas concordantes. En ella se allegaron los documentos necesarios para sustentar el conocimiento del tribunal sobre los aspectos puestos a su consideración así como para verificar y esclarecer los hechos materia de este proceso arbitral. Igualmente se configuraron las bases y fundamentos para el estudio juicioso de los profesionales que rendirían el dictamen pericial. En la diligencia el tribunal tuvo la posibilidad de observar directa y detalladamente el inmueble en el cual funciona el colegio así como de obtener información sobre el funcionamiento y operación del mismo de parte del rector, la contadora y otros funcionarios del plantel.
4.3. Dictamen pericial
Es punto principal de la demanda, la valoración del aporte de uno de los socios de la Sociedad Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda. Los haberes sociales están constituidos por todos aquellos bienes que, siendo o no parte del balance, incidan en la realidad patrimonial; afectado ese valor por los pasivos debidamente contabilizados, pero sujetos a las consideraciones de un análisis objetivo que determine su exigibilidad y su valor real.
Con base en este concepto, el tribunal al decretar la prueba, fijó a título enunciativo algunos factores que los peritos debían tomar en cuenta, pero naturalmente dejó a su criterio, según su conocimiento especializado los factores que en definitiva debían considerarse para llegar a una adecuada valoración de la participación social, usando el sistema de valuación que ellos consideraran técnicamente adecuado para efectuar su encargo.
Así observa y analiza el tribunal, el contenido del dictamen pericial:
A. Bienes raíces
Para el avalúo del inmueble rural en el cual funciona el Colegio General Rafael Reyes, se tuvo en cuenta su acceso, el abastecimiento de agua, las características del terreno, los avalúos de predios similares, el avalúo de la misma construcción y la proyección correspondiente a un uso futuro de mayor rentabilidad como sería su desarrollo. El dictamen pericial le asigna a las construcciones, valores unitarios por metro cuadrado que van desde $ 120.000.000 para el edificio principal y cafetería, y de $ 40.000 a $ 50.000 para el resto de edificaciones, con excepción de la batería de baños Nº 2 a la cual se le asigna un valor de $ 10.000 metro cuadrado. El valor total de inmuebles y construcciones es para los peritos de $ 462.141.300.
Como antecedente del dictamen pericial aparece el experticio solicitado a la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual el 31 de agosto de 1998 le asignó a los bienes inmuebles un valor de $ 507.904.000. Este avalúo fue realizado por la firma Avalúos e Inventarios Co. Ltda., miembros de la Cámara de Propiedad Raíz. También se encuentra como antecedente el avalúo realizado el 22 marzo del 2000 por la arquitecta Nancy Adriana Howard Garzón profesional que le asigna a los inmuebles un valor de $ 402.967.900. Este avalúo fue real izado por orden de la Superintendencia de Sociedades.
B. Otros activos
El peritaje aceptó el valor de los activos registrados en el balance, con las siguientes excepciones:
1. Inversiones. Este rubro fue valorado por el 50% de su valor contable. El tribunal considera aceptable esta reducción por corresponder a una inversión en bonos de paz, los cuales se toman por su valor de descuento.
2. Deudores alumnos. El, balance a 31 de diciembre de 1999 presenta un saldo de $ 55.504.225, el cual fue valorado en un 37% por ciento o sea la suma de $ 20.562.450.
C. Deudores varios
Esta cuenta en el balance a 31 de diciembre de 1999 tiene un valor de $ 14.254.825, correspondiente a un saldo a cargo del anterior contador de la sociedad, aprovisionado en un 100%. El dictamen le asigna un valor en $ 50.000 equivalente al 0.351% de su valor contable.
D. Know How
El dictamen pericial determina los factores que pueden incidir para el caso concreto del Colegio Militar General Rafael Reyes, en la conformación de un conocimiento o técnica especializada que permita asignar al mismo, un valor patrimonial. Se hace referencia a la validación de la instrucción militar del colegio, para sustituir el servicio militar obligatorio con la correspondiente expedición de la tarjeta militar. Esta situación, afirma el dictamen pericial, se ha modificado desfavorablemente porque los alumnos deben pagar la cuota de compensación por su libreta militar, lo cual no se exigía anteriormente. Además porque se declaró inconstitucional la bonificación del 10% del Icfes para los egresados de colegios militares. El dictamen también hace referencia a la dificultad que confronta el colegio para mantener en los grados 9º, 10 y 11 el mínimo de 20 alumnos, exigidos, para el entrenamiento militar. En presencia de estos factores desfavorables el dictamen le asigna al know how un valor de $ 15.000.000, correspondiente al valor de la gestión para obtener los permisos y licencias de la Secretaria de Educación y del Ministerio de Defensa.
El dictamen pericial le asigna a los intangibles un valor de $ 5.000.000 por concepto de prestigio del nombre y la posibilidad de su comercialización.
F. Proyección de ingresos futuros
El dictamen proyecta la utilidad con base en el número real de alumnos y el número de alumnos correspondiente al punto de equilibrio. Igualmente calcula el flujo de caja y el valor presente de la sociedad. Con base en estos factores, se determina el valor presente de la sociedad y el valor del 20% correspondiente al socio Erasmo Pinzón Rodríguez
4.3.1. Objeción al dictamen pericial
El doctor Erasmo Pinzón, por medio de escrito presentado el día 7 de junio de 2000 del presente año, objetó por error grave el dictamen técnico que los peritos rindieron y que posteriormente aclararon.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto 2279 de 1969, modificado por el artículo 113 de la Ley 23 de 1991, la objeción al dictamen debe resolverse en el laudo.
El artículo 238 del Código de Procedimiento Civil exige que para contradecir el dictamen, este debe adolecer de error grave, y que este sea evidente, notorio, e incida en las conclusiones del dictamen.
“Si el error endilgado al dictamen no afecta las conclusiones o se originan en estas el juez al valorarlo detectará la equivocación, hará caso omiso de dicho aparte o podrá acoger las conclusiones que no se encuentren afectadas por el error. Las conclusiones del dictamen que son las que realmente atan al juez y a las partes en el proceso, pues son ellas las que van a servir de apoyo para el dictado del fallo, son las que habrán de ser tenidas en consideración. De manera que los demás errores, así hayan sido garrafales o protuberantes, si no incidieron o no se originaron en las conclusiones no ameritan ser materia de objeción por error grave, por lo que el juez deberá analizar el dictamen y el escrito de objeciones para ordenar o rechazar de plano el trámite de las mismas (10) (10) Simposio sobre “La Reforma al Procedimiento Civil”, Universidad Externado de Colombia, octubre 26 de 1989. .
Bajo estos parámetros el tribunal pasa a analizar los puntos que el señor convocante, le endilga al dictamen para basar su objeción:
A. Errores e inconsistencias del informe de peritación
Manifiesta el convocante que, “el peritazgo fue elaborado sobre informes subjetivos suministrados por los directivos”. Afirma que el costo de la libreta militar está consagrado en la Ley 48, (sic) la cual también reglamenta la vigencia del servicio militar obligatorio. Aduce también que para la valoración del know how debe tenerse en cuenta no solo la parte militar, sino también los programas académicos que son más importantes que la prestación del servicio militar.
Los peritos en su aclaración al dictamen, ratifican su criterio de que el know how debe ser el valor estimado del tiempo requerido para obtener la licencia de funcionamiento; que las consideraciones del convocante se fundan en valores subjetivos o afectivos no valorables económicamente, y que la asignación de mayor importancia a la parte académica reduciría aún más el valor del know how.
Considera el tribunal que la valoración del know how debe obedecer a criterios que fundamentalmente permitan establecer sin lugar a dudas que una sociedad puede valorar en forma cierta su posición dentro de un mercado, en cuanto tiene sobre su competencia un conocimiento especializado, para realizar una labor determinada. La formación del know how normalmente no es inmediata sino que corresponde a un proceso de acumulación gradual de conocimientos y de experiencias. El dictamen en este punto hace referencia al desmejoramiento de la posición del colegio como institución militar, situación evidente en presencia de los cambios de legislación que lo han venido afectando.
La posición del convocante de asignar una mayor importancia al factor netamente académico equivaldría a hacer una comparación entre la formación del colegio frente a otras entidades de esa misma naturaleza, punto en el cual, no existen elementos probatorios que funden una conclusión cierta.
Considera el tribunal que en este aspecto no se encuentran explícitos los factores que darían lugar a error grave.
B. Carencia de anexos y documentos indispensables para probar la veracidad de la información
Sobre este particular el tribunal encuentra que el dictamen se funda en los balances presentados por la convocada, en las observaciones efectuadas en la diligencia de inspección judicial, en los diversos documentos allegados como pruebas al expediente, en las disposiciones legales citadas, y primordialmente en su capacidad técnica que determinaron su nombramiento. Por lo anterior, tampoco en este punto puede hablarse de error grave en el peritaje.
C. Avalúo de la arquitecta Nancy A. Howard
El convocante objeta el dictamen por “haber tomado como base, el avalúo de la arquitecta Nancy A. Howard, el cual objeté en su oportunidad”. Los peritos en su aclaración responden, que de ese informe únicamente “tomaron las áreas tanto del terreno como de las edificaciones” y que “los valores correspondientes a los precios unitarios fueron determinados por nosotros con base en los criterios e informaciones enunciados en el anexo 1 del informe”. La objeción no contradice los fundamentos del dictamen en este aspecto, como son las áreas o los criterios que se adoptaron para dar un valor a las mismas, por lo cual los datos y valores fijados por los peritos, deben ser aceptados y no pueden fundamentar un error grave, no probado por el convocante.
D. Balance a 31 de diciembre de 1999
Haber tomado como base el balance a 31 de diciembre de 1999 “a pesar de haber sido aportados los estados financieros a 31 de abril del 2000” (sic). Dice el convocante que este último balance refleja la “realidad contable y financiera del establecimiento a la fecha de la peritación, que permite una mayor equidad ...”. A pesar de sus afirmaciones el convocante objeta partidas de importancia de este último balance, como la reserva para contingencias por $ 36.000.000 y las deudas con socios y accionistas por $ 23.576.000. Los peritos al contestar esta objeción manifiestan que si el balance a 30 de abril del 2000, “se le hubiera tomado en consideración, haría que la proyección de utilidades fuera muy inferior ...”. Comparte el tribunal los criterios del dictamen pericial al tomar como base el balance ejercicio de 1999, por cuanto el balance a 30 de abril, es un simple balance de prueba, que si bien es indicativo de una situación a una fecha determinada, se encuentra sujeto a modificaciones propias del desarrollo de la empresa o de los ajustes normales del cierre del ejercicio anual. Tampoco en esta materia quedó probada la objeción por error grave.
E. Valoración de los bienes inmuebles
Manifiesta el convocante que la valoración de los terrenos no tuvo en cuenta factores de localización, el uso comercial del terreno y el ambiente propio para un centro educativo entre otros. En la misma forma objeta el valor asignado al metro cuadrado de los diferentes tipos de edificaciones. Considera el tribunal que las pruebas allegadas al proceso son coincidentes en cuanto a los puntos objetados por el convocante. Los factores indicados en el dictamen pericial toman en cuenta en forma integral las características que permiten asignar a un predio un valor determinado. El convocante no presenta prueba alguna que respalde sus objeciones al valor de los inmuebles, en tanto que el dictamen pericial rendido por los peritos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 11 de octubre de 1998, (fl. 26) le asigna al inmueble un valor de $ 507.904.000, valor que el nuevo peritaje fija en $ 462.140.300, diferencia plenamente explicable ante el deterioro del valor de la propiedad raíz en los últimos años, hecho de público conocimiento. El avalúo es superior a la estimación hecha en marzo 22 del 2000 por la arquitecta Nancy A. Howard quién fijó ese valor en la suma de $ 402.487.900. Ante la evidencia de un valor real comercial de los predios, el tribunal debe declarar no probado el error grave en este punto.
F. Inventario, activos y pasivos
Objeta el demandante el valor asignado a los bonos de guerra, la cartera de alumnos y la partida de deudores varios. Nuevamente extraña el tribunal la presencia de pruebas que fundamenten la objeción en este punto. El dictamen pericial establece que el fuerte castigo a la cartera de alumnos se funda en su carácter de cartera no recuperable, lo mismo que en el caso de los deudores. Bien pudiera el demandante haber solicitado otras pruebas tendientes a poner de presente el error grave que alega, tales como: certificaciones de revisor fiscal, testimonios, o intervención de nuevos peritos, pero ante esta omisión, la objeción debe desecharse por carecer de fundamento probatorio. La misma observación es válida en relación con el factor del good will y aun con mayor fuerza por tratarse de un intangible cuya valoración únicamente puede hacerse cuando existen fundamentos, ciertos que permiten establecer la existencia de un intangible y el valor del mismo. Por último, las utilidades no constituyen un elemento aislado dentro del balance sino que hacen parte del valor integral de la. sociedad y dentro de ése conjunto se tuvieron en cuenta para establecer su valor y el de la cuota social del convocante. En cuanto a la decisión de los socios de determinar el valor de sus aportes, en reunión de junta de socios del 14 de marzo de 1995, en la suma de $ 100.000.000, este factor es ajeno al dictamen pericial actual.
Dentro del término de traslado de la respuesta de los peritos a las objeciones, el convocante se ratifica en las mismas e insiste en la inadecuada valoración del know how sin presentar pruebas que fundamenten un posible valor de este activo, pruebas que deben ser claras y precisas por cuanto se está introduciendo dentro de la sociedad, un activo que debe tener correspondencia exacta con su posibilidad real de enajenación. Esta consideración también es válida con respecto al good will, por cuanto la objeción es una apreciación del demandante y recobra validez lo dicho anteriormente en este laudo, sobre el hecho de que un good will fundado en un proceso de formación académica, darla lugar a un estudio comparativo de instituciones educativas, para permitir asignar un valor al proceso de formación, aspecto que no hace parte del material probatorio considerado.
No entra el tribunal en nuevas consideraciones sobre el valor de los bienes raíces, por que esta prueba solicitada por el convocante, perseguía un avalúo integral y en consecuencia el valor de cada ítem, incluía todos los elementos comprendidos en cada uno de ellos.
Se reiteran las consideraciones anteriores sobre ausencia de pruebas que fundamenten el error grave en la afectación de las cuentas de cartera, por cuanto no se acude a ningún medio de prueba que controvierta el valor asignado a estos rubros.
A los peritos se les solicitó un avalúo de la sociedad y del valor de la participación social del señor Erasmo Pinzón Rodríguez. Su conocimiento y especialidad profesional les permiten adoptar los criterios requeridos para una determinación de ese valor real, teniendo en cuenta las cifras de un balance pero también factores comerciales, que sin corresponder a las limitaciones de una norma legal, permiten adecuar las cifras a lo que se considera es un valor comercial, representado en la posibilidad de una enajenación por el valor fijado. Cuando estas conclusiones de valor son objetadas, el punto a controvertir no es la enumeración de factores tendientes a sembrar dudas sobre las conclusiones, sino la prueba concreta de que un valor no corresponde a la realidad.
Por lo tanto, la objeción por error grave no está llamada a prosperar y así se dispondrá en la parte resolutiva de este laudo.
4.3.2. Análisis del dictamen pericial
Entra el tribunal a examinar el dictamen como fundamento de la decisión arbitral:
A. Procedencia de la peritación
El artículo 233 del Código de Procedimiento Civil establece que la peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran conocimientos especializados. El tribunal acogió la solicitud de la parte convocante para decretar esta prueba, por que la determinación del valor de la sociedad exige conocimientos técnicos, sobre valoración de bienes y materias contables y financieras, y a estos criterios respondió la selección de los peritos. Por tanto se trata de una prueba procedente y los peritos reúnen las calidades necesarias para el desarrollo de su labor.
B. Práctica de la peritación
La practica de la prueba siguió los lineamientos previstos en el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, y se inició simultáneamente con la inspección judicial, por tanto se cumplieron las formalidades necesarias para su validez.
C. Contenido del dictamen
El numeral 6º del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil establece que el dictamen debe ser claro, preciso y detallado, con explicación de los exámenes e investigaciones efectuados y con los fundamentos técnicos de las conclusiones. El tribunal al estudiar el contenido del dictamen encuentra que se trata de un documento, claro, en cuanto permite con su simple lectura apreciar su contenido, se encuentra debidamente clasificado en sus diversos rubros y en los anexos se encuentra el detalle de cada uno de los ítems correspondientes al rubro respectivo. En la misma forma el dictamen establece las investigaciones realizadas y detalla y precisa los fundamentos que sirvieron de base a las conclusiones. Por tanto el contenido de la prueba responde a los lineamientos de la norma legal y a los criterios particulares de este tribunal con relación a esta prueba, en el caso considerado.
D. Apreciación del dictamen
El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil señala algunos criterios para la valoración del dictamen:
D.1. Competencia de los peritos
Se trata de dos profesionales con experiencia plena en materia de avalúos de bienes y con reconocida formación y trayectoria en el campo contable.
D.2. Firmeza, precisión y calidad de los fundamentos
Las conclusiones del dictamen son ciertas y sobre las mismas no existe reticencia alguna por parte de los peritos. Ya se hizo referencia a la precisión y calidad de los fundamentos, por cuanto el objeto de la valoración está respaldado por una determinación exacta de la técnica adoptada y de sus fundamentos, los cuales son los propios requeridos para este tipo de evaluaciones. Es también el dictamen integral, en cuanto aprecia la sociedad como un conjunto, y sobre el detalle de cada uno de sus componentes, se llega a la determinación global del valor social.
4.3.3. Convergencia con los demás elementos probatorios
Como pruebas complementarias, ha tenido el tribunal oportunidad de examinar un avalúo reciente, practicado por un perito a instancia de la Superintendencia de Sociedades el cual es inferior al avalúo del dictamen pero sus lineamientos son muy similares. Adicionalmente, la Cámara de Comercio de Bogotá, por solicitud de la sociedad, practicó un avalúo de la misma y a pesar de asignarle a los bienes raíces un valor superior acorde con las cifras propias del año 1998, fijó un valor de $ 80.930.200 a la participación del señor Erasmo Pinzón Rodríguez. En consecuencia el dictamen pericial se encuentra respaldado por pruebas concordantes debidamente acreditadas en el proceso.
Al expediente se allegaron las pruebas de la existencia y representación legal de la sociedad convocada, conforme con las exigencias legales; igualmente se acompañó el acta de la junta de socios en que se determinó la exclusión del socio convocante de este proceso. Obran, también, en el proceso otras actas de la junta de socios, los balances de la sociedad, aportados por la convocada y alguna correspondencia cruzada entre las partes. Así mismo, existen en el cuaderno de pruebas, las escrituras de adquisición y folios de matrícula inmobiliaria del inmueble de propiedad de la sociedad, Igualmente, el DANE remitió al tribunal la certificación del Índice de Precios al Consumidor, IPC. Todos estos documentos son auténticos, en los términos de ley, pues no han sido tachados y fueron aportados en legal forma. El tribunal les ha asignado su mérito probatorio y como tal las ha tomado en cuenta para efectos de este laudo.
5. Actualización del valor de las cuotas sociales
Pretende el convocante que se tome como base para la valoración y fijación del precio de sus cuotas sociales la suma de $ 100.000.000 fijada por la junta de socios acta 14 del 14 de marzo de 1995.
Observa el tribunal que de acuerdo con el texto de dicha acta se trata de un valor fijado “en la fecha” o sea para la época de dicha junta.
Aun sin tener en cuenta la carencia absoluta de fundamentos económicos para la fijación de dicho precio, el tribunal debe decidir exclusivamente sobre, el valor correspondiente al aporte social en la fecha de proferir el presente laudo, Si se acepta como cierto cualquier valoración anterior a la fecha de este laudo, carecería de objeto el presente tribunal por cuanto sus decisiones, si así pudieran llamarse, se limitarían a aceptar un valor sin que hubiera controversias probatorias o jurídicas al respecto.
Como consecuencia carecería de objeto la prueba principal del proceso solicitada por el convocante, al pedir un dictamen pericial para la determinación de un valor, que en su apreciación ya se encontraba determinado. Por lo tanto si esta fue su intención procesal al entablar la presente acción, la vía adecuada hubiera sido otra distinta a la de este proceso.
En cuanto a la petición sobre indexación del valor, este ajuste es procedente cuando se trata de sumas debidas en un momento determinado y a partir de la causación,
Como lo explica este fallo la valoración y liquidación del aporte social es una de las etapas del proceso de exclusión del socio la cual se cumple en el presente proceso y tiene efectos a partir de esta decisión arbitral.
En consecuencia habiendo el tribunal fijado un valor al aporte social en la fecha de este laudo, los ajustes solo son procedentes a partir de las fechas en que se determinó el valor de la obligación debatida.
En relación con las excepciones propuestas por la parte convocada procedemos a analizarlas así:
6.1. Fraude procesal. Afirma la convocada, que con esta acción se induce al tribunal a error, porque sus pretensiones y los hechos en que ellas se fundan son “totalmente desfigurados”.
El fraude procesal consiste en el uso abusivo del proceso, con miras a obtener un fin ilícito o para realizar un propósito doloso o fraudulento (CPC, art. 74 núm. 3º). Se falsea el derecho para que los hechos tengan alcances no previstos en la ley. No puede confundirse el fraude procesal con el ejercicio de la acción iniciada por el actor con fundamento en su calidad de socio y con el objetivo principal de determinar el valor de su aporte social.
Estima, el tribunal que no existen pruebas en el proceso que permitan afirmar que la intención del actor al promover este proceso, sea el de obtener un provecho ilícito. Simplemente ha ejercido los derechos que la Constitución y la ley le otorgan.
Por lo expuesto, la excepción no está llamada a prosperar.
6.2. Enriquecimiento ilícito. Señala el excepcionante que el demandante busca aumentar su patrimonio mediante la interposición de acciones que tendrían sustento en una supuesta actividad dolosa desarrollada por el propio convocante durante el tiempo en que ocupó el cargo de director administrativo de la sociedad y aduce como prueba de tal conducta un gran número de demandas en contra de la sociedad convocada.
El delito de enriquecimiento ilícito se tipifica cuando el sindicado recibe un incremento patrimonial que no se puede justificar por el ejercicio de una actividad licita.
El excepcionante no aporta prueba alguna sobre la excepción propuesta. Por lo tanto, la excepción no esta llamada a prosperar.
Una vez analizados la normatividad jurídica, las interpretaciones doctrinarias y el acervo probatorio, son procedentes las siguientes conclusiones:
1. Existencia de la sociedad y exclusión del socio. De la prueba documental allegada y antes analizada, se concluye claramente que la sociedad Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., fue constituida en legal forma y existe en la actualidad. Igualmente se concluye que la exclusión del socio Erasmo Pinzón Rodríguez fue válidamente decretada y está pendiente la liquidación de sus cuotas o aportes de interés social.
2. Requisitos para la exclusión. Toda modificación o reforma efectuada a una sociedad comercial, y la exclusión de un socio evidentemente lo es, deberá, en primer lugar, reducirse a escritura pública y, en segundo lugar, inscribirse en el registro mercantil correspondiente. Teniendo en cuenta que la ley no señala un término especial para hacerlo, dicha inscripción podrá llevarse a cabo en cualquier tiempo. La reforma consistente en la exclusión de un socio, producirá plenos efectos legales efectos entre los asociados, una vez sea elevada a escritura pública; no los producirá respecto de terceros, sino a partir del momento en que se haya llevado a cabo la inscripción en el registro mercantil.
3. Etapas de la exclusión. La exclusión de un socio de la sociedad, es la culminación de las diferentes etapas a las que debe someterse el socio de una sociedad que pretenda vender sus cuotas o partes de interés social. A su vez la exclusión consta de varias etapas señaladas en los artículos del Código de Comercio ya analizados, a saber: el decreto de la exclusión del socio por la junta de los socios restantes; la liquidación de las cuotas del socio excluido; el otorgamiento de la escritura pública de exclusión, y el registro mercantil de la escritura.
4. Liquidación de las cuotas de interés social. En el caso que nos ocupa, una vez surtido el trámite para la venta de las cuotas o partes de interés social del socio Erasmo Pinzón Rodríguez, se decretó por los restantes socios su exclusión, en junta de socios. Posteriormente se intentó un procedimiento extrajudicial consistente en el avalúo de sus cuotas o partes, por peritos designados por la Cámara de Comercio de Bogotá, avalúo que no fue acogido por la hoy parte convocante. Resta, según lo visto, para concluir las etapas de la exclusión, la liquidación de sus cuotas o partes de interés social, objeto del presente arbitramento, y el otorgamiento de la escritura pública respectiva.
5. Fecha para la valoración de las cuotas de interés social. Por cuanto es esencial al contrato de sociedad, que los socios corran con la sueñe de la misma en cuanto a sus ganancias o pérdidas, el socio excluido tendrá derecho a las utilidades hasta la fecha en que se liquiden sus cuotas o partes de interés social, o asumirá la parte correspondiente de las pérdidas o el demérito del valor de sus cuotas sociales. Complementario con lo anterior, el valor de las cuotas o partes de interés social del socio excluido, se tasarán a la fecha en que se liquiden, y no a la fecha en que se decrete su exclusión.
6. Acervo probatorio. En cuanto al acervo probatorio, el tribunal tiene en cuenta el objetivo central del presente proceso que es el de determinar el valor de las cuotas o partes de interés social que posee Erasmo Pinzón Rodríguez en la sociedad Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda. La prueba testimonial ya analizada, no aporta nada significativo a la decisión del tribunal y las demás pruebas documentales, así como la inspección judicial y la exhibición de libros y documentos, prueban la existencia de la sociedad y la exclusión del socio decretada, o son pruebas de base para el dictamen pericial.
7. Valor del dictamen pericial. Del análisis de la prueba pericial antes realizado, concluye el tribunal que su contenido es completo y sus fundamentos dan pleno valor a las apreciaciones, por lo cual puede calificarse como el elemento probatorio esencial para el laudo, y se considerará como base para la fijación del valor de las cuotas sociales del convocante.
8. Pretensiones de la demanda. Con el ánimo de ahondar en el análisis del petitum de la demanda, concluimos nuevamente que la petición primera relacionada con la fijación del precio de las cuotas sociales de la parte convocante y los parámetros que solicita se tengan en cuenta, fueron tema de cuidadoso análisis, especialmente en lo que se refiere al dictamen pericial. Por lo que hace al plazo para su pago, contenido en la segunda pretensión, se decidirá que este se efectúe en el término legal de dos meses (L. 222/95, art. 16, inc. 2º). La petición tercera sobre el pago del valor resultante de la valoración de las cuotas sociales, igualmente se estudió en las consideraciones que anteceden y será materia de decisión en la parte resolutiva. Por último en cuanto a la petición de condena en costas, a continuación el tribunal se pronunciará.
Dado que las condenas hechas a favor del demandante solo reconocen parcialmente sus pretensiones y, que ninguna de las excepciones de mérito propuestas por la demandada están llamadas a prosperar, el tribunal se abstendrá de condenar en costas y agencias en derecho, de acuerdo con lo preceptuado por el numeral 5º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.
Como consecuencia de las anteriores conclusiones y consideraciones, el tribunal de arbitramento constituido para decidir en derecho las diferencias surgidas entre Erasmo Pinzón Rodríguez, por una parte, y Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., por la otra, administrando justicia a nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. Declarar no probadas las excepciones de “fraude procesal” y “enriquecimiento ilícito”, propuestas por la convocada.
2. Declarar no probada la objeción por error grave formulada por Erasmo Pinzón Rodríguez, contra el dictamen pericial rendido con destino al proceso por los doctores Luis María Guijo Roa y Eduardo Villate Bonilla.
3. Declarar que las cuotas o partes de interés social que el doctor Erasmo Pinzón Rodríguez, tiene en Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., valen setenta y nueve millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y tres pesos moneda corriente ($ 79.646.793 mcte.).
4. Ordenar a la sociedad Colegio Militar General Rafael Reyes Ltda., pagar al doctor Erasmo Pinzón Rodríguez el valor de sus cuotas o partes de interés social, dentro de los dos meses siguientes al presente laudo.
5. Ordenar la protocolización del expediente que contiene la actuación de este tribunal en la notaría quince del Círculo de Bogotá.
6. Ordenar a la presidenta del tribunal, doctora María Patricia Silva Arango, que una vez protocolizado el expediente, rinda cuentas de las sumas recibidas por concepto de honorarios de los árbitros y del secretario, de gastos de administración y de gastos de protocolización, registro y otros.
7. Ordenar devolver a las partes las sumas excedentes de la partida de gastos de protocolización, registro y otros, una vez rendidas las cuentas por parte de la presidenta del tribunal. Si no fueren suficientes los previstos, las partes deberán pagarlos al tribunal en la proporción del 50% para cada una de ellas.
8. Expídanse copias auténticas del presente laudo, con destino a las partes.
El tribunal fijó la fecha del próximo veintiocho (28) de julio del año en curso, a las ocho y treinta de la mañana (8:30) a.m., para celebrar la audiencia en que se decidirá sobre las solicitudes de adición, aclaración o corrección, en caso de que se presenten.

References: artículo 101
 artículo 365
 artículo 363
 artículo 364
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 158
 artículo 366
 artículo 42
 artículo 113
 artículo 238
 artículo 233
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 241
 artículo 392