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Educación Sexual. Lineamientos Curriculares. Integralidad.Roles del Estado, familia y escuela. Ciudad de Bs As. a- – FORMACIÓN INTEGRAL
Educación Sexual. Lineamientos Curriculares. Integralidad.Roles del Estado, familia y escuela. Ciudad de Bs As. a-
adminformacion-integral 15 agosto, 2011 No hay comentarios en Educación Sexual. Lineamientos Curriculares. Integralidad.Roles del Estado, familia y escuela. Ciudad de Bs As. a-
Documento aprobado para la discusión- Resolución CFE Nº43/08. Buenos Aires, 17 de abril de 2008
A- INTRODUCCIÓN. INTEGRALIDAD SEXUAL. ROLES DEL ESTADO, FAMILIA Y ESCUELA
La Ley N° 26.150 establece como cometido que todos los educandos tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. El presente documento propone los lineamientos curriculares nacionales sobre los cuales las diferentes jurisdicciones, en el marco de sus atribuciones específicas, fundamentarán sus acciones tendientes a dar cumplimiento a los artículos 5°, 6° y 8° de dicha Ley y a los preceptos establecidos por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 en sus artículos 8°, 11° inc. f), e inc. p) y 86°.Para la elaboración de estos lineamientos se han tomado en cuenta los aportes realizados por la Comisión Asesora, creada por el artículo 7° de la Ley N° 26.150, con el objetivo de asesorar al Ministerio en la definición de los lineamientos curriculares básicos del “Programa Nacional de Educación Sexual Integral” que deberá implementarse en todas las escuelas del país.
Esta Ley es resultado y, a su vez, complemento necesario de un marco legislativo internacional y nacional que Argentina posee y promueve en el campo de los derechos humanos. Dicho avance legislativo, sumado y articulado con otro conjunto de normas, posiciona al país en un escenario de oportunidades especiales para hacer efectivos los derechos de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes en lo que refiere a la Educación Sexual Integral. El cumplimiento de los propósitos de la Ley N° 26.150 implica para el sistema educativo el abordaje de la educación de la sexualidad de una manera formal, explícita e integral.
Ello requerirá la implementación de estrategias superadoras que, incluyendo experiencias y proyectos educativos preexistentes, permitan integrar la sexualidad en la formación armónica, equilibrada, integral y permanente de las personas, tal como lo establece el artículo 3° inciso a) de la citada ley.
La inclusión de la educación sexual dentro de la formación sistemática reafirma la responsabilidad del Estado en lo que hace a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estas acciones deberán ser respetuosas de las consideraciones emanadas del plexo normativo nacional e internacional que fundamenta al presente documento, entre ellas las que señalan el derecho fundamental de las familias en relación a sus hijos menores de edad, facultad que rige en tanto éstos efectivicen las obligaciones que conlleva este derecho.1 La consideración de que todo derecho de los adultos en relación a los menores conlleva una obligación legal y que es obligación del Estado la implementación de acciones que propendan a garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, debe ser el eje que oriente la progresiva superación de las tensiones que pueden suscitarse a la hora de definir el modo en que éstos se hagan efectivos. Estas tensiones podrán superarse en la medida en que exista un reconocimiento generalizado del pluralismo social y cultural presente en la sociedad, inherente al régimen democrático que impera en la Argentina, que el Estado debe respetar y hacer respetar y de las acciones que el propio Estado, en tanto promotor y garante de derechos, debe realizar obligadamente en pos de la realización del bien común.
Reconociendo los derechos y obligaciones que asisten a los padres madres y/o tutores como primeros educadores de sus hijos y/o representados y el rol de las familias como institución indisolublemente ligada a la socialización y educación de las personas, desde el Estado deben propiciarse, a la vez, las condiciones para que la escuela se constituya en el espacio institucional con el deber y la capacidad para generar condiciones que igualen el acceso a la información y a la formación de todos los alumnos y alumnas en lo que hace a la construcción de su identidad, autonomía, inviolabilidad y dignidad.
A partir de estas premisas y de los cometidos de la Ley Nº 26.150, todos los educandos/as deberán entonces recibir educación sexual integral, según las condiciones contempladas en su artículo 5° y respetando las previsiones del artículo 128° de la Ley N° 26.206, que establece derechos y obligaciones de madres, padres y tutores..
Para el logro de los propósitos enunciados precedentemente se deberá propiciar la transmisión de conocimientos pertinentes y validados científicamente, la promoción de actitudes responsables, protectoras y solidarias en el terreno de la sexualidad, la prevención de problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, asegurando la igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones.
El siguiente apartado aporta el marco legal que respalda el conjunto de acciones que deberán iniciar, continuar o profundizar, en el ámbito de la educación sexual integral de la población escolar, las autoridades responsables de su implementación tanto desde el nivel nacional como desde el nivel jurisdiccional.Este plexo normativo debe ser dado a conocer a toda la comunidad educativa ya que constituye el encuadre de referencia de la Ley N° 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
En esta norma se establece que todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Los objetivos de la Ley N° 26.150 son:
En vista de estos propósitos y de las líneas de trabajo a desarrollar previstas por elartículo 2° de la Ley 26.150, la cartera educativa nacional aprobó la Resolución Ministerial N° 1341/07, que establece el plan de acción del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La concertación entre el Consejo Federal y el Ministerio de Educación de la Nación de los lineamientos curriculares básicos para la educación sexual integral, constituye uno de los ejes de este plan.
2.1 Marco normativo nacional e internacional
La Constitución Nacional ha incorporado con la máxima jerarquía tratados de derechos humanos que establecen los principios que la Ley N° 26.150 ha recogido. Entre las normas relacionadas se encuentran: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Estas normas se encuentran en la cúspide del sistema normativo argentino y, desde su posicionamiento, inspiran la interpretación y alcance de todo el ordenamiento jurídico. También forman parte de la normativa internacional otras convenciones internacionales que fueron suscriptas por la legislación argentina, como la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley Nº 24.632) y el Protocolo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía (Ley Nº 25.763), que amplían el marco de interpretación de la Ley N° 26.150 basado en el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.
En consecuencia, la Ley N° 26.150 recoge los principios constitucionales de igualdad y no discriminación y en su espíritu propone una cultura democrática que promueve la participación y el acceso a procesos de información, comunicación y educación con alcance universal. Entre los antecedentes normativos nacionales, debe mencionarse la Ley N° 25.673 mediante la cual se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que establece la responsabilidad del Estado en pos de garantizar a la población el acceso a la información y la formación en conocimientos básicos vinculados a la salud sexual y a la procreación responsable, de acuerdo a sus convicciones..
En igual sentido, la Ley de Educación Nacional N° 26.2076 plantea como objetivo de la educación y como obligación de los docentes garantizar el respeto y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes N° 26.061, otorgando a la comunidad educativa un rol activo para la promoción y protección de derechos.
La Ley de Educación Nacional promueve, a la vez, la transmisión de estos conocimientos como expresión del respeto a los derechos de los alumnos y alumnas sin más distinción que las derivadas de su edad, nivel educativo y modalidad, respetándolos en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática
Desde esta perspectiva, el sentido de la educación, orientada al pleno desarrollo de las personas (Art. 26 inc. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional cf. Art. 75 inc. 22.) y a “asumir una vida responsable en una sociedad libre con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena” (Art. 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional art. 75 inc. 22), tal como se promueve desde la normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, necesariamente lleva a incluir el desarrollo de contenidos programáticos que abarquen la educación sexual en su integralidad, basada en información y conocimientos validados científicamente y en la promoción de valores que fortalezcan una sexualidad responsable (Ley 26.206 art. 11 inc. p).
De este modo, el cumplimiento de la Ley N° 26.150 busca fortalecer las capacidades de los propios niños, niñas y adolescentes para asumir una vida plena, que contribuirá a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida, tal como recomienda el Comité de los Derechos del Niño en lo que hace a la inclusión de contenidos de educación sexual, de prevención de VIH Sida y de salud reproductiva en los programas escolares. En el mismo sentido, la educación sexual constituye una oportunidad para que la escuela, en articulación con otros actores, comience a buscar y ofrecer respuestas eficaces a situaciones de vulneración de derechos, como la violencia, abuso, maltrato contra los-as niños-as y adolescentes de todas las medidas de protección y reparación necesarias para atender a estos problemas (Convención sobre los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución Nacional) arts. 14, 29, 19, 39 y ccs.; Ley 26.061 arts. 4, 5, 15, 24, 30 y 31; y Ley 26.206 arts. 67 y ccs.) Asimismo, el abordaje de esta temática en la escuela también contribuye a la tarea de eliminar todo concepto, prejuicio, estereotipo o práctica basada en la idea de superioridad o inferioridad entre las personas, independientemente de su identidad sexual, de conformidad con lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer.
Los niños, niñas y adolescentes tienen capacidad para gozar de derechos, libertades fundamentales y ejercerlos en forma progresiva, en consonancia con la evolución de sus facultades (Arts. 1, 2, 3, 5 y ccs. de la CDN. También Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (incorporado a la Constitución Nacional, art. 75 inc. 22) art. 13.).
El ordenamiento jurídico debe ser interpretado armoniosamente en su conjunto, siendo que los tratados de derechos humanos incorporados al plexo normativo constitucional inspiran siempre una interpretación favorable al reconocimiento progresivo de sus derechos (principio pro homine) (art. 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, art. 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño)
La implementación de políticas que atiendan a la educación sexual, se inscribe, finalmente, en las medidas que deben atender a la promoción de la igualdad y calidad educativas. Este es el eje central que orienta todas las decisiones que se toman desde el Estado. En este punto, la Ley N° 26.206 en su artículo 79° establece la responsabilidad del Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, en lo que hace al desarrollo de tales políticas, “…destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación” (Ley 26.206 art. 79).
3. La educación sexual integral
d. La especial atención a la complejidad del hecho educativo.
a. La promoción de la salud
La promoción de la salud constituye una estrategia amplia vinculada al desarrollo de la ESI en las escuelas, en tanto sustenta una concepción integral de salud que trasciende la consideración de la mera ausencia de enfermedad. La salud es, desde la perspectiva de la promoción, un proceso que se desarrolla durante toda la vida de las personas, más que un estado alcanzado o por alcanzar.
Este posicionamiento intenta superar los reduccionismos de todo tipo, especialmente aquellos ligados al cientificismo biologicista o a la medicina mecanicista. La noción de salud integral remite a una concepción también integral del ser humano, en la cual no se desdeñan, sino que por el contrario se recuperan y consideran las creencias y los posicionamientos éticos, propiciándose los diálogos necesarios para garantizar la participación activa de las personas en el cuidado de la salud individual y colectiva. La salud es concebida también hoy como un derecho de las personas y una obligación de los estados.
b. Enfoque integral de la educación sexual
El concepto de “sexualidad” aludido por la Ley N° 26.150 excede ampliamente la noción más corriente que la asimila a “genitalidad” o a “relaciones sexuales”.
Entender que la sexualidad abarca “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos” (Ley N° 26.150) implica considerarla como una las dimensiones constitutivas de la persona que, presente de diferentes maneras, es relevante para su despliegue y su bienestar durante toda la vida. En este sentido, se retoma la concepción sostenida por la Organización Mundial de la Salud: “El término sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano.(…) Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. (…) En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos” (Organización Panamericana de la salud, Organización Mundial de la Salud, Guatemala, 2000).
El enfoque adoptado por la Ley N° 26.150 tiene como propósito que la Educación Sexual brindada en las escuelas supere el mero estudio de la anatomía y la fisiología de la sexualidad, u otros reduccionismos, sean éstos médicos, psicológicos, jurídicos, filosóficos, religiosos o sociológicos. Atendiendo a la multidimensionalidad de la constitución de la sexualidad, el enfoque integral supone un abordaje que abarque las mediaciones socio-históricas y culturales, los valores compartidos y las emociones y sentimientos que intervienen en los modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el otro y respetar el propio cuerpo y el cuerpo de otras personas.
cambios de tipo cognitivo, se entenderán no sólo el suministro de información científicamente validada acorde a cada etapa evolutiva, sino también al trabajo sobre los prejuicios y las creencias que sostienen actitudes discriminatorias, como también el conocimiento de derechos y obligaciones. Con respecto al plano de la
afectividad, desde la escuela es posible trabajar para desarrollar capacidades emocionales como la empatía, la solidaridad, la expresión de los sentimientos en el marco del respeto. Este aspecto puede resultar novedoso, ya que habitualmente, las competencias emocionales fueron poco abordadas desde la escuela tradicional. De alguna manera, se daba por sentado de que se trataba de cuestiones que se aprendían espontáneamente, con la madurez que va brindando la experiencia. Sin desmerecer la vía de aprendizaje informal que constituye la experiencia de vivir, es posible diseñar enseñanzas sistemáticas, orientadas a generar formas de expresión de los afectos que mejoren las relaciones interpersonales y promuevan el crecimiento integral de las personas. Por último, el
nivel conductual es el del aprendizaje a través de la práctica. En esta dimensión más relacionada con el “saber hacer” se propenderá a la adquisición de competencias tales como la posibilidad de decir no frente a presiones de otros, el fortalecimiento conductas de cuidado personal y colectivo de la salud, como así también de aquellas habilidades psicosociales como la expresión de sentimientos y afectos.Las experiencias de aprendizaje promovidas deberán integrar los tres aspectos mencionados para poder así dar cuenta de un enfoque integral.
c. La consideración de todas las personas involucradas en el hecho educativo como sujetos de derecho
– El derecho a la vida y a la salud.
– El derecho a la libertad de elección.
– El derecho a la información, a la opinión, a la participación.
– El derecho a una educación de calidad.
– El derecho a la identidad y a la dignidad.
– El respeto a los preceptos morales y culturales que los padres desean inculcar a sus hijos, en tanto no violen los derechos y la dignidad de niños y jóvenes.
– El derecho a vivir según las convicciones morales o religiosas.
– El derecho de los docentes a la capacitación y actualización integral.
La perspectiva de derechos humanos como marco de la ESI alude a la obligatoriedad del Estado de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas. Los derechos que deben ser considerados a la hora de pensar formas de implementación de proyectos de ESI en las escuelas podrían pensarse en dos dimensiones: una más vinculada a los contenidos y otra a la metodología.En relación a la primera de las dimensiones mencionadas, la legislación nacional es clara al respecto y en varias leyes (Ley N° 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Convención Internacional de los derechos del Niño) se alude al derecho de las personas a recibir información y conocimientos debidamente convalidados por la comunidad científica en lo que hace al cuidado, promoción y prevención de riesgos y daños de la salud, el respeto por el cuerpo propio y el ajeno, la prevención de enfermedades infecto contagiosas y todo conocimiento que contribuya al ejercicio de una sexualidad sana, responsable y plena.
Estos saberes deben estar inscriptos en una perspectiva multidimensional, multidisciplinaria y respetuosa del contexto cultural, en el marco de los derechos humanos. Esto implica que la escuela debe enseñar que ciertas prácticas, aún aceptadas culturalmente por algún colectivo social pero consideradas violatorias de los derechos humanos desde la perspectiva de la protección integral de los mismos (tal es el caso del abuso sexual u otras formas de maltrato o vulneración de derechos) no pueden ser aceptadas.
Con respecto a la segunda dimensión, un enfoque basado en la consideración de las personas como sujetos de derecho propenderá a fomentar la activa participación de los alumnos y alumnas y sus familias, en un clima de diálogo permanente que garantice la búsqueda de consenso y el respeto por las creencias, sin eludir el abordaje de las tensiones que puedan presentarse.
Las familias de los alumnos y alumnas no aparecen desde esta perspectiva como destinatarios secundarios de las acciones, sino como interlocutores genuinos, portadores de derechos y responsabilidades, entre los cuales está la educación de sus hijos.Los derechos de los alumnos y alumnas son reconocidos cuando se trabaja en torno al suministro de información adecuada, actualizada y científicamente validada, la consideración de sus opiniones, emociones y sentimientos y la asunción del rol del adulto, mediante el ejercicio de la función de orientación y confrontación en el marco de la contención y la confianza. Por último, la consideración de los docentes como sujetos de derecho debería expresarse en el reconocimiento de su identidad profesional, y a la vez prever la implementación de acciones de capacitación, apoyo y contención, para acompañarlos en la concreción de los propósitos formativos de la ESI.
La escuela desarrolla su función en el delicado equilibrio entre el respeto por las diferencias y la responsabilidad de igualar oportunidades, trabajando en pos de la restitución de derechos vulnerados y la promoción del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Más allá de las recurrencias evolutivas, las diferencias de todo tipo: etnia, clase social, ámbito rural o urbano, creencias particulares hacen que cada grupo de niños o jóvenes transite su crecimiento y constituya su experiencia de maneras muy diferentes. Admitir este plural supone una responsabilidad para los educadores.
A la hora de pensar estrategias, estas diferencias deberán ser tenidas en cuenta, y, en el marco de los criterios generales que establecen las leyes ya mencionadas, cada institución educativa deberá realizar las contextualizaciones necesarias, en términos de pensar, rediseñar, preguntar, crear intervenciones adecuadas a cada particularidad, trabajando en pos del consenso y la inclusión activa de las familias y la comunidad.
Al mismo tiempo, el reconocimiento de la pluralidad y las diversidades no debe soslayar la cuestión de la igualdad de derechos. En conclusión, reconocer las diferencias debe tender a consolidar la equidad y no por el contrario, a naturalizar desigualdades.
Desde esta perspectiva, los aprendizajes impulsados deberán propender al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, ofreciendo conocimientos significativos y pertinentes a cada etapa evolutiva, ayudando a los alumnos y alumnas a comprender su crecimiento, y los cambios, necesidades y problemáticas que ese crecimiento conlleva.
Siguiendo estas consideraciones generales las escuelas deberán:
– Generar climas institucionales en los que primen la confianza y la comunicación necesarias para hacer posible el diálogo entre adultos y niños o adultos y adolescentes sobre temas relacionados con sus necesidades, temores y preocupaciones en relación a su crecimiento.
– Brindar conocimientos pertinentes y científicamente validados relacionados con el crecimiento, desarrollo integral de la identidad y cuidado de la salud personal y colectiva, en forma gradual y pertinente para cada momento evolutivo.
– Respetar el derecho de niños y jóvenes a recibir información precisa y actualizada.
– Generar oportunidades para la interacción entre compañeros, en torno al aprendizaje de contenidos como así también a la resolución de conflictos, al intercambio de experiencias, a la expresión de emociones y sentimientos, promoviendo la comprensión y el respeto por lo derechos propios y ajenos.
– Favorecer la adquisición de habilidades para la vida que contribuyan a optimizar la toma responsable de decisiones.
– Trabajar intersectorialmente para cumplir funciones de orientación, acompañamiento y derivación a los organismos pertinentes a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato infantil o abuso sexual.
– Desarrollar estrategias de diálogo y búsqueda de consenso con las familias, no sólo en lo referido a la ESI sino también en temas vinculados al lugar de los adultos en lo concerniente al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en su crecimiento y desarrollo integral.
– Promover el análisis crítico entre los docentes y demás adultos de la institución escolar para evitar la reproducción, legitimación o tolerancia de cualquier forma de discriminación o estigmatización relacionada con la identidad sexual de las personas.
– Promover una formación integral que tenga en cuenta los derechos de las personas a hacer elecciones libres, en el marco del respeto por sí mismos y por los demás.
– Propiciar intervenciones respetuosas de la intimidad y creencias de las personas, promoviendo el diálogo y el análisis crítico.
3.1. El Estado y las políticas públicas en educación sexual en el ámbito educativo.
Tanto las familias como luego la escuela han ejercido una especial influencia en lo que hace a la legitimación de los modos de ser hombre y ser mujer y, en tal sentido ejercieron su condición de educadoras en el terreno de la sexualidad, de acuerdo a las creencias y convicciones de sus miembros y a cada momento histórico, cultura, y condición social. Es decir, estas instituciones ligadas a los procesos de socialización de las personas nunca estuvieron al margen de la educación sexual, aunque esta función no se ejerciera en forma explícita.La inclusión de la educación sexual integral como un aprendizaje que debe ser incorporado a lo largo de toda la escolarización obligatoria en cada una de las instituciones educativas, cometido de la Ley N° 26.150, reafirma la responsabilidad del Estado en lo que hace a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y permite formalizar y sistematizar saberes que históricamente habían quedado circunscriptos a la esfera de lo privado o a iniciativas dispersas y/o asistemáticas.
De acuerdo a la normativa vigente, la escuela constituye el escenario institucional que el Estado prevé para concretar el desafío de garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y jóvenes brindando un marco común para abordar los contenidos involucrados en esta temática. El efectivo cumplimiento del conjunto de las leyes vigentes enunciadas en el presente documento requiere que el Estado defina políticas, diseñe acciones y propicie cambios en las dinámicas institucionales y en las percepciones e imaginarios, tanto de los actores sociales en general, de la comunidad educativa en particular y de los funcionarios/as que deben llevarlas a cabo.
Al momento de implementar políticas a partir de las normas vigentes deben considerarse todos los escenarios posibles y las complejidades que éstos presentan. La atención a dichos escenarios y sus complejidades permitirá que las normativa vigente sobre educación sexual adquiera crecientes niveles de legitimidad en toda la sociedad.
Otro de los requisitos necesarios para la concreción de los cometidos de la Ley N° 26.150 es la garantía que el Estado debe otorgar a los procesos permanentes de capacitación y formación sistemática, a efectos de que todos los/as docentes puedan responder a los desafíos que implica el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación sexual integral. Se abordará esta cuestión en un apartado específico..
Entendiendo la educación sexual integral como parte de una política educativa orientada a la calidad y equidad, ésta debe ser sujeta de monitoreo y evaluaciones periódicas tanto a nivel del Ministerio de Educación, como a nivel provincial y escolar. En este sentido deberán pensarse en dispositivos y criterios para que se evalúe el impacto de esta formación, tanto en alumnos y alumnas como en los docentes. Si bien la construcción de criterios para evaluar el impacto de la política educativa en este terreno puede ofrecer un grado alto de complejidad por las múltiples dimensiones a atender, ello no debe ser obstáculo para soslayar este aspecto del hecho educativo, que permitirá repensar estrategias, ampliar y/o reconsiderar contenidos y/o enfoques y revisar diversos aspectos de la formación y capacitación.
3.2 La escuela y las familias
En concordancia con el rol privilegiado que la Ley asigna a la escuela como un ámbito promotor y protector de derechos, debe señalarse que la familia, como primera educadora, constituye uno de los pilares fundamentales a la hora de entablar vínculos, alianzas y estrategias para trabajar mancomunadamente en torno a esta temática.Las transformaciones acontecidas en las últimas décadas han modificado las formas de pensar, hacer y sentir de la sociedad que hasta hace muy poco eran transmitidas por instituciones básicas en el proceso de socialización como son las familias y la escuela. Estos canales de transmisión cultural a la vez están siendo hoy objeto de cambios profundos.
Entre los factores que deben tomarse en cuenta a la hora de repensar la relación escuela-familia, se encuentra el papel de los medios de comunicación, que han multiplicado y diversificado las fuentes de información y mensajes relacionados con la sexualidad.
No resulta procedente en este documento examinar en detalle las múltiples implicancias de la influencia de los medios en la sociedad contemporánea, pero sí deben señalarse que en la actualidad estos han instalado en la mesa familiar y en las aulas temas, problemas y mensajes que requieren ser abordados por las familias y los docentes, para responder de manera adecuada y crítica a la diversidad e inconsistencia de muchos de los contenidos e información que los alumnas y alumnos hoy poseen respecto de la sexualidad.
Los avances científicos constituyen otro de los factores que han contribuido a las transformaciones señaladas. Promover desde la escuela la reflexión sobre el modo en que estos cambios inciden en el terreno de la sexualidad debe ser también parte de su tarea.Un punto de especial atención es la consideración de la adolescencia como etapa con características y necesidades específicas y el surgimiento de problemáticas también particulares, que demandan de los adultos (familias y escuela) acciones acordes a dichos requerimientos. Las transformaciones que se han dado en relación a las instituciones familiares deben pensarse desde distintas perspectivas:
-Los procesos de marginación y exclusión social y económica que impactaron negativamente sobre la calidad de vida de las personas y también sobre sus posibilidades de fortalecer lazos sociales, al debilitar circuitos solidarios y fragilizar vínculos. Esta situación impacta en la relación escuela familia de manera muy directa en tanto demanda de la primera de las instituciones la asunción de nuevas y complejas responsabilidades en su rol de igualar oportunidades para un desarrollo integral.
– Los cambios en los roles de mujeres y varones en la sociedad y la forma en que dichos cambios repercuten en la constitución de las familias. Estas transformaciones también obligan a repensar el rol de la escuela en tanto transmisora de cultura y valores, atendiendo a la vez a la diversidad de las necesidades y particularidades de sus alumnas y alumnos.
– Las crisis en las formas del ejercicio de la autoridad y en la posibilidad de establecer acuerdos entre los adultos acerca de las mejores formas de educar a los niñas, niñas y adolescentes. La educación sexual, a la luz de estos cambios, debe ser abordada por el Estado con el mayor grado de consenso posible, promoviendo alianzas significativas entre las familias y la escuela, en tanto constituye, a la vez que una obligación, una oportunidad para abordar integral y adecuadamente la formación de niños, niñas y adolescentes. El consenso y la atención a la diversidad deben constituirse en ejes estratégicos para promover la igualdad de oportunidades y la calidad educativa.
La construcción de consensos será, seguramente, una tarea compleja, porque si bien la Ley de Educación Nacional y la Ley N° 26.150 establecen el derecho fundamental de las familias en lo que respecta a la educación de sus hijos, conforme a sus propios valores y creencias, éste no puede vulnerar o soslayar el cumplimiento de las normas vigentes que las mismas leyes citadas también establecen.
Según lo dispuesto por la Ley N° 26.150, y en vista de diversas experiencias que demuestran cómo el abordaje de la educación sexual y el trabajo docente se facilita y enriquece con la participación de las familias, resulta pertinente la recomendación de realizar talleres de sensibilización para adultos/as de la familia o de referencia, para acompañar las acciones y propósitos establecidos por la Ley N° 26.150 en su artículo 9° Estos talleres podrían constituirse en espacios a través de los cuales los miembros de la comunidad educativa reflexionaran en forma conjunta sobre las transformaciones señaladas y respecto de los roles de la familia y la escuela en lo que hace a la transmisión cultural.
Resulta necesario que las escuelas y las familias establezcan espacios de comunicación y reflexión para encarar juntas el proceso educativo en este terreno tan particular y tan sensible, en tanto presenta múltiples dimensiones que deben ser tomadas en cuenta y ser respetadas por todos los adultos involucrados en el acto educativo.
Será preciso, entonces, que la escuela abra canales de participación permanente con las familias, a fin de trabajar juntas e ir construyendo progresivos consensos y alianzas y, a la vez, para que éstas sean informadas sobre el modo en que la escuela se hará cargo de trabajar con los niños, niñas y adolescentes los aspectos vinculados con la sexualidad.
Dada la importancia que reviste la educación sexual integral para el desarrollo de las personas, sería recomendable que la información que los niños, niñas y adolescentes reciben en sus hogares no se contradiga con los conocimientos que la escuela imparta. Esta premisa que adquiere fundamental importancia en los primeros años de la educación se va flexibilizando a medida que se avanza en los niveles educativos y la edad de los educandos, ya que incluso contribuye al crecimiento y a la ampliación de perspectivas de adolescentes y jóvenes el contactar con distintas posiciones, en el marco del respeto y el ejercicio de la discusión y el disenso.
3.3. Los intereses y necesidades de niños/as, jóvenes y adultos/as que se educan.
El Estado, al asumir la responsabilidad de definir contenidos debe partir de las necesidades de los niños y niñas y de las coincidencias, el diálogo y el consenso con la comunidad educativa, aunque sin soslayar los propósitos de la normativa vigente que rige en la materia, desde un enfoque que tenga en cuenta a las personas en sus múltiples dimensiones: biológicas, psíquicas, culturales, espirituales y sociales.
Esto implica no solamente habilitar diferentes órdenes de contenidos escolares sino también avanzar en la formación de docentes para que los niños, niñas, jóvenes o adultos/as encuentren profesionales con capacidad de escucha, confianza, discreción y solidez científica. Diversas investigaciones señalan que a pesar de las regularidades que caracterizan a los alumnos y alumnas, también existen diferencias internas entre los grupos, debidas a múltiples factores.
Frente a esta diversidad la escuela, como ya se ha señalado, deberá constituirse en espacio igualador de oportunidades garantizando el trabajo con los núcleos de aprendizaje prioritarios y el proyecto educativo institucional, y ampliar el alcance de los contenidos mínimos comunes obligatorios, según las necesidades y posibilidades detectadas.
Factores como los contextos de alta vulnerabilidad social en la que miles de niños, niñas y adolescentes se encuentran, sumados a los altos índices de problemas de salud y de embarazos tempranos no deseados que en ocasiones ponen en riesgo la vida, en tanto problemas evidentes en toda la sociedad, hacen de la educación sexual integral un área indispensable del conocimiento y el aprendizaje.
Dos aclaraciones en torno a dimensiones diferenciales, en términos de currículo y en el marco del rol igualador de la educación para toda la infancia y la adolescencia merecen ser destacadas: la educación sexual destinada a la población escolar con capacidades diferentes y aquella destinada a la población escolar indígena.
Respecto a la primera consideración existen sobradas evidencias empíricas educativas en torno a la factibilidad de educar en educación sexual integral a población con necesidades y/o capacidades educativas especiales. En los componentes de dichos programas los destinatarios son los maestros, los padres y los propios sujetos.
Estos programas requieren estrategias educativas y recursos didácticos específicos y adaptados para la población destinataria y, a su vez, deben incorporar instancias de evaluación para juzgar su efectividad y pertinencia (Se recomienda experiencias de educación sexual para población con capacidades diferentes En: Torres Frenan, Irma. Educación XXl , Revista de la Facultad de Educación, Universidad Nacional de Educación a Distancia- N.5, 2002, pags. 35 a 76.)
En relación a la educación sexual integral destinada a las escuelas que atienden población indígena, se deben cumplimentar las mismas recomendaciones y prácticas contempladas para la educación de la infancia y de la adolescencia no indígena. Esta población requiere de un abordaje respetuoso de los valores de su cultura y adecuado a ritmos y formas peculiares de aprender y conocer, pero estas consideraciones no deben ir en desmedro de su derecho a recibir una educación de calidad y en sintonía con los derechos de los niños, niñas y adolescentes explicitados en nuestra legislación para todos los habitantes de nuestro país.
3.4. La articulación de sectores y enfoque integral de derechos en la política pública
La educación sexual integral implica un cambio del modelo que ha primado en la tarea educativa, que entendía la educación sexual como sinónimo de educación de la reproducción humana.
Si se considera que la sexualidad es una condición inherente a las personas, enfoque que la Ley N° 26.150 recoge, la escuela necesariamente debe abordar esta temática desde una perspectiva multidisciplinar, atendiendo una visión global del ser humano.
Desde el punto de vista educativo debe considerarse, entonces, la educación sexual como un proceso formativo orientado a que todos los alumnos/as adquieran conocimientos, actitudes y hábitos para la defensa y promoción de la salud, individual y colectiva. Para que estos propósitos puedan concretarse la escuela no puede ni debe quedar aislada del entorno en el que desenvuelve su tarea.
Debe entonces plantearse la necesidad de crear espacios de apoyo para el trabajo de los docentes, instancias participativas de trabajo institucional e instrumentación de estrategias que prevean una eficaz intervención y derivación ante distintas situaciones que se presenten en el ámbito escolar, así como establecer mecanismos de intercambio y trabajo con diversas instituciones o grupos dedicados a la temática.
La constitución de espacios y alianzas que la escuela debe generar con la comunidad educativa en general, con las familias en particular y con otros actores públicos o privados ligados a la educación y promoción de la salud es parte de un proceso que no debe dejarse librado a las posibilidades de cada establecimiento educativo, sino que debe formar parte de la agenda educativa a nivel nacional y jurisdiccional para garantizar igualdad de oportunidades, sin desmedro de las iniciativas escolares, las de la comunidad educativa y de las singularidades y libertades que la Ley N° 26.150 considera.
Es parte de la responsabilidad del Estado, en sus diferentes niveles, propiciar la articulación de políticas que atiendan de manera integral a la salud de los alumnas y alumnos. La formación integral en sexualidad en el ámbito escolar permitirá la apertura de canales institucionales para la visualización o expresión de problemas ligados a la salud o vulneración de los derechos humanos de los alumnas y alumnos.
La intervención de la escuela en respuesta a esas cuestiones debe estar imbricada en el marco de una política educativa que, sin perder su especificidad, incorpore la participación efectiva del conjunto de las políticas públicas para que situaciones derivadas de desigualdades sociales y culturales y/o de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes no continúen replicándose también a través de las escuelas.
No le corresponde a la escuela ni a los maestros y profesores atender en el sentido terapéutico a la población escolar pero sí deben estar preparados e informados para detectar problemas relativos a la atención integral de la salud (como embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, adicciones, falta de cuidado de su propio cuerpo, por citar algunos) y vulneración de derechos (abuso, explotación sexual, trata, entre otros) y hacer las derivaciones correspondientes. Para poder dar respuestas eficaces e integrales el Ministerio de Educación debe generar acciones conjuntas con los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Desarrollo Social; Salud y Ambiente; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Interior, organismos públicos relacionados con la atención de la infancia y la familia, la promoción de la cultura y la comunicación para dar apoyo a la educación y a las escuelas. Estas articulaciones serán necesarias también en los diferentes niveles de los estados provinciales y municipales. Esta función del sistema educativo aparece expresada en el art 82° de la Ley de Educación Nacional.
Los cambios institucionales y las innovaciones en las políticas demandan inversión, planificación, capacitación y monitoreo. Si bien hay incipientes articulaciones en el sector educativo con otros ámbitos de la esfera pública, este camino -que se ha iniciado en los últimos años y que se contempla en el nivel normativo en las últimas legislaciones nacionales- demuestra dos cosas: primero, que es posible y, segundo, que si se puede con un sector, se puede expandir hacia el conjunto de las políticas públicas e instituciones.
Otra dimensión que deberá contemplarse en el proceso de educación sexual integral en las escuelas es la que atañe a la conformación de redes de alianzas.
Estas redes deben abarcar a organismos del sector público, pero también incorporar a la sociedad civil, las ONGs, el sector privado, las familias, jóvenes, organismos de cooperación internacional como el PNUD, OPS/OMS, UNICEF, etc. Las redes constituyen un instrumento eficaz para posicionar prioridades educativas en la agenda pública, garantizan mayores niveles de participación de actores y posibilitan prácticas innovadores que generan nuevas y mejores demandas a las instituciones.Esta necesaria red de apoyos a la escuela será parte de un proceso de cambios en la política pública y en las dinámicas institucionales. En este sentido deberá prestarse especial atención a la difusión de experiencias de trabajo en red que se vienen desarrollando en numerosas jurisdicciones entre escuelas y otros organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Los cambios requeridos en materia de articulación intersectorial se irán dando en la medida que las instituciones educativas asuman una posición proactiva en el armando de redes. Más allá de las urgentes decisiones políticas en este plano, también las demandas naturales que surjan de las instituciones escolares contribuirán a acelerar las necesarias transformaciones.
Otra responsabilidad de la agenda educativa debe pasar por la comunicación social.
Así, las acciones educativas encaradas desde la educación formal, en la medida en que sean adecuada y responsablemente socializadas, contribuirán también a generar la visibilización, el debate y la concientización necesarios para fortalecer la construcción de representaciones sociales acordes con los derechos humanos promovidos en toda la legislación referida a la educación sexual integral.
Una eficaz estrategia de comunicación puede motivar conductas grupales e individuales atentas, responsables y cuidadosas en el plano de la sexualidad, especialmente en los jóvenes, en tanto llegue de manera sistemática y continua a un número elevado de integrantes de la sociedad.
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References: Resolución 
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 128
 Resolución 
 artículo 79
 resolución 
 artículo 9