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Timestamp: 2020-07-09 08:26:48+00:00

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Contrario a lo manifestado, el Oficio de Inicio de procedimiento que se resuelve se encuentra debidamente sustanciado, y de ninguna manera se está determinado nuevamente un AEP ni imponiendo medidas en términos de los artículos transitorios previstos en el Decreto.
Se afirma lo anterior, pues el artículo Octavo Transitorio, primer párrafo de la fracción III39, del Decreto, establecía que una vez constituido el Instituto, debía determinar la existencia de agentes económicos preponderantes, en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones respectivamente, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.
Adicionalmente, el artículo Noveno Transitorio del Decreto40, establecía que en relación con las resoluciones a que se referían las fracciones III y IV del Octavo Transitorio, el Instituto debía pronunciarse de conformidad con el procedimiento que estableciera la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la LFPA.
De lo anterior, se advierte que el Constituyente ordenó el análisis del agente económico para la determinación de preponderancia, por lo que el Instituto estaba obligado a emitir perentoriamente las resoluciones de preponderancia de acuerdo con los procedimientos que estableciera la legislación secundaria que derivara de la dicha reforma y, a falta de ella, aplicar lo dispuesto en la LFPA.41
Mediante la emisión de dicha Resolución de AEP se puso fin al procedimiento administrativo en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto. La referida Resolución de AEP constituye una resolución definitiva que tuvo por objeto determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, tan es así, que la misma fue impugnada en diversos juicios de amparo.
De esta forma, es correcta la apreciación de las manifestantes respecto de que la materia y alcances del artículo Octavo Transitorio, transita y se agota en el tiempo y que el procedimiento en él previsto es uno que se agota y extingue con la propia emisión de la declaratoria de preponderancia y la imposición de las medidas, pues en efecto, desde el punto de vista jurídico el artículo Octavo Transitorio del Decreto surtió sus efectos una vez que fue sustanciado el procedimiento que el mismo establecía, por lo que resulta improcedente iniciar el procedimiento relativo a la evaluación del impacto de las medidas con fundamento en una norma transitoria que a la fecha carece de vigencia por haber cumplido con su objeto.
En ese sentido, la Resolución de AEP y las medidas como acto administrativo que goza de presunción de validez, surte todos sus efectos de conformidad con del artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley, por lo que el Instituto, en pleno ejercicio de sus facultades, emitió debidamente el Oficio de Inicio, con fundamento, entre otros, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, pues efectivamente, el presente procedimiento encuentra su fundamento, entre otros, en las medidas mismas y no en los artículos transitorios contenidos en el Decreto, pues se reitera, la evaluación bienal es un procedimiento administrativo distinto del procedimiento por el que se determinó al AEP y se impusieron las medidas en el año 2014.
Por lo anterior, es posible advertir que los argumentos vertidos por las manifestantes son infundados e insuficientes para considerar inaplicable e ilegal la evaluación bienal, toda vez que parten de la premisa de que el Instituto pretende reiterar la declaración del AEP y llevar a cabo la modificación e inclusive la imposición de nuevas medidas al mismo tiempo, pues como ya se explicó el mandato establecido en los referidos artículos transitorios se agotó con la emisión de la Resolución de AEP y las medidas, la cual constituye una resolución definitiva dirigida a varios destinatarios42, razón por la cual devienen infundados sus argumentos.
Por otra parte, debe precisarse que el artículo Octavo transitorio, fracción III, tercer párrafo, del Decreto establecía que las obligaciones impuestas al AEP se extinguirían en sus efectos por declaratoria del Instituto, lo cual fue retomado por el legislador y al día de hoy, el artículo 26243 párrafo tercero de la LFTR, establece que la existencia de un agente preponderante en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, persiste en sus efectos hasta en tanto el Instituto emita la declaratoria correspondiente al restablecimiento de las condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate.44
En virtud de que persisten los efectos de la Resolución de AEP y las medidas, la evaluación bienal realizada en términos de las propias medidas tiene como objeto fortalecer ciertas medidas ya contempladas en la Resolución de AEP, así como adicionar medidas que aseguren la no discriminación en la provisión de servicios regulados, con el fin de alcanzar la competencia efectiva y, por ende, mejores condiciones a los usuarios finales.45
Finalmente, es importante señalar que las medidas son acordes con el mandato constitucional a cargo del Instituto, pues como órgano constitucional autónomo, es apto para producir regulación técnica, de difícil acceso para el proceso legislativo, a la que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarla cuando así se requiera, la cual constituye regulación indispensable para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos. Además, es el Instituto quien tiene el encargo de regular técnicamente los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión de manera independiente al gozar de una nómina propia de facultades constitucionales, tal y como se advierte de la siguiente tesis de jurisprudencia.46
“ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la exposición de las razones del Constituyente Permanente en relación con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se observa que el modelo constitucional adopta en su artículo 28 la concepción del Estado Regulador, entendido como el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias independientes -de los órganos políticos y de los entes regulados- para depositar en éstas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas. Este modelo de Estado Regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora, la idea básica del Estado Regulador, busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos autónomos competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional; de ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del Congreso de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del artículo 89, fracción I, constitucional. Este diseño descansa en la premisa de que esos órganos, por su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos irrealizables bajo la ley de la oferta y la demanda. Pues bien, al introducirse el modelo de Estado Regulador en la Constitución, se apuntala un nuevo parámetro de control para evaluar la validez de los actos y normas de los órganos constitucionales autónomos, quienes tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos mercados o sectores de manera independiente únicamente por referencia a racionalidades técnicas especializadas, al gozar de una nómina propia de facultades regulatorias, cuyo fundamento ya no se encuentra en la ley ni se condiciona a lo que dispongan los Poderes clásicos”.
En ese sentido, es dable advertir que el Oficio de Inicio se emitió debidamente y encuentra su fundamento, entre otros, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, las cuales, al formar parte de dicha resolución, como ha quedado asentado, siguen surtiendo todos sus efectos, por lo que la evaluación bienal satisface el requisito de legalidad por haberse realizado en términos de las medidas impuestas con la Resolución de AEP que, a su vez, fueron emitidas en cumplimiento de un mandato constitucional.47

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 26243
 Resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 28
 artículo 28
 artículo 89
 Resolución 
 Resolución