Source: http://bibliotecas.tv/chiapas/feb94/10feb94c.html
Timestamp: 2020-02-21 23:36:15+00:00

Document:
Archivo Maru. Febrero 10, 1994. Las Violaciones a los Derechos Humanos", por Mariclaire Acosta.
POR MARICLAIRE ACOSTA
Deseo iniciar mi presentación manifestando mi agradecimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por haber concedido la oportunidad de esta audiencia, en la que participo en representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., de la que soy presidenta, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, A.C., y del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A.C., así como por encargo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todos", que agrupa, en México, a 33 organismos no gubernamentales nacionales defensores de los derechos humanos (*).
Me acompaña en mi delegación el abogado Víctor Brenes Berho, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Como observadores en mi delegación, invité al Dr. Juan Méndez, director ejecutivo de Americas Watch, y al Dr. José Miguel Vivanco, director ejecutivo del Center for Justice and International Law.
I. Carácter "preliminar" de este informe
El 13 de enero de 1994, 13 días después de iniciado en Chiapas el conflicto armado interno que aflige a mi país, solicité por escrito a esta comisión, por conducto de su secretaria ejecutiva, Dra. Edith Márquez, que tuviese a bien concedernos, durante su actual periodo de sesiones, una audiencia de carácter urgente ante el pleno.
Señalé, como finalidad de dicha solicitud, el informar de manera más amplia y precisa a la comisión en torno a las violaciones a los derechos humanos que se venían sucediendo por el conflicto en México desde el primer día del año.
Coincidentemente, la fecha de esa primera comunicación nuestra a la comisión marca la separación que, hasta ahora, se ha dado entre dos fases distintas del conflicto: la primera, que va desde el día de su iniciación hasta el cese al fuego y la puesta en marcha de un mecanismo para iniciar el proceso de paz (1-12 de enero), etapa en que se registran las más serias y numerosas violaciones a los derechos humanos, y la segunda, que se extiende desde entonces a la fecha (13 de enero - 10 de febrero), durante la cual persisten violaciones, de diversas naturaleza e intensidad.
Es obvio decir que, tratándose de un conflicto que comenzó hace menos de mes y medio, tomando en cuenta además las características propias del mismo, que no permiten predecir aún, con grado de certeza alguno, si nos encontramos apenas en sus inicios o, como se desea, ya en su fase de solución final, dado además que por muchos días fue imposible ganar acceso a la zona afectada, y que las autoridades civiles en diversos casos se ausentaron de ella o fueron sustituidas de facto por las militares, no podría materialmente esperarse que a estas alturas, y a pesar de la muy intensa labor que nuestras organizaciones civiles han desplegado desde el primer momento, se contara con algo más que un informe que, necesariamente, debe considerarse como "preliminar".
En efecto, es aún mucho el trabajo que se tiene que desarrollar para recuperar el tiempo perdido por el cerco militar que inicialmente se impuso en la zona; muchos son los acontecimientos que vertiginosamente se siguen sucediendo, muy abundantes la información, testimonios y denuncias recabadas que se tienen que procesar, y sumamente voluminosa la acción de defensoría que se tiene que efectuar para que esas denuncias se lleven a sus últimas consecuencias.
Aún así, toda esa labor se realiza al máximo que permiten los recursos disponibles para nuestras organizaciones, con miras a estar en posibilidad de someter a esta comisión, cuanto antes, la petición o peticiones que satisfagan los requisitos de admisibilidad que resulten aplicables.
Es por ello que solicitamos y participamos en esta audiencia, en el contexto de los artículos 65 y 66 de la comisión, y específicamente en el del artículo 68, para poder proporcionar a la comisión, con carácter preliminar, la información que incorporamos en este documento.
II. Objeto del informe y de la audiencia
Es entonces nuestro propósito que esta información para la comisión pueda satisfacer, en el corto y mediano plazos, al menos tres importantes objetivos (adicionales al interés de la comisión, por razón de su propósito, de estar informada sobre la situación de los derechos humanos en el conflicto de Chiapas):
1.- En nuestra referida carta del 13 de enero, sugeríamos ya la conveniencia de preveer medidas cautelares. Los ya citados cambios en el conflicto, a partir de esa fecha, hacen difícil por ahora la definición precisa de la índole de las medidas que las cambiantes circunstancias requerían. Aspiramos, entonces, a contribuir, con la información que aquí se proporciona, a facilitar a la comisión decidir sobre las medidas cautelares que las circunstancias requieran, a iniciativa propia o a petición de parte.
2.- En segundo lugar, buscamos allanar el camino para facilitar la mejor comprensión y tratamiento, por parte de la comisión, de la petición que se prepara y recibirá en su momento, en el contexto de las disposiciones pertinentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Estatuto y del Reglamento de la comisión, y particularmente para su mejor apreciación de las dificultades que se vienen encontrando en la elaboración de la misma, con miras a satisfacer los requisitos de admisibilidad correspondientes.
3.- En tercer lugar, deseamos profundamente que la celebración de esta audiencia, así como la recepción por la comisión del contenido de este informe preliminar, tenga el efecto positivo de alentar a las autoridades responsables del gobierno de México y del gobierno de Chiapas, a que tomen las medidas necesarias y efectivas para que cesen, cuanto antes, las violaciones a los derechos humanos que aún siguen ocurriendo como resultado del conflicto de que se trata, no sólo en aras de evitar incurrir en la responsabilidad jurídica internacional inherente a la comisión de los ilícitos internacionales que suponen la contravención de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni tampoco sólo para evitar o aminorar las consecuencias de los procedimientos que se realicen en la materia ante esta comisión, sino por encima de todo con el ánimo fundamental de salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos afectados por el conflicto.
+ Nos preocupó originalmente, por sus previsibles consecuencias, el grave tono que había tomado el debate nacional en cuanto a la afectación de los derechos humanos en el conflicto, que implica al ejército nacional por la conducta ilegal de algunos de sus miembros, en mengua de su prestigio, que constituye un valor muy alto para los mexicanos.
La actitud reciente del ejército federal, sin embargo, da otro cariz a este asunto. Tal es el caso, especialmente, de la apertura, hace unos días, de una oficina militar para la recepción de denuncias contra integrantes del ejército.
Guardamos entonces la esperanza de que este informe preliminar coadyuve a que sea factible prevenir, desde ahora y de inmediato, la posibilidad real de alegar mayores agravios a los derechos humanos a cargo del ejército y de las autoridades militares, lo cual será imprescindible para viabilizar el final del conflicto y, sobre todo, la eventual y más pronta y duradera reconciliación nacional.
Estamos, desde luego, a la disposición de los miembros de la comisión para las preguntas que deseen formularnos durante esta audiencia, y que trataremos de contestar hasta el límite de nuestras posibilidades. Si en algún punto no estuviésemos ahora preparados para responder adecuadamente, tan pronto como contemos con los elementos necesarios responderemos a través de la secretaría ejecutiva.
En cambio, no estamos preparados, ni lo consideraríamos procedente ni prudente, para participar en modalidades propias de otro tipo de audiencia distinta a la que aquí se celebra. Por ello, no es nuestra intención intercambiar alegatos o exposiciones con el distinguido representante del gobierno de México, a quien saludamos respetuosamente. Nos reservamos, desde luego, todos los derechos que nos concede la convención, el estatuto y el reglamento de la comisión, para cuando nos encontremos en la etapa de la petición o denuncia.
III. Contexto del conflicto
El conflicto en Chiapas ha tenido una larga gestación en la constante y arraigada violación de los derechos humanos de su población. Oportunamente presentaremos un extenso anexo para ilustrar a los miembros de la comisión interamericana, el cual consta de los textos siguientes:
Apéndice 1: Indicadores sociopolíticos para el estado de Chiapas.
Apéndice 2: Relación de informes sobre los derechos humanos en Chiapas.
Apéndice 3: "Chiapas: cronología de un etnogenocidio reciente. Breve recuento de la violencia política a los indios, 1974-1987", por Araceli Burguete Cal y Mayor.
IV. Relación de violaciones generales
a los derechos humanos con motivo
La reacción del gobierno federal de México al inicio del conflicto presentó desde entonces una serie de transgresiones al orden jurídico constitucional, cuyo quebrantamiento tuvo el efecto multiplicador de violar, a su vez, las garantías constitucionales de la generalidad de la población civil y, posteriormente, dar lugar específicamente, en plena vigencia de la Constitución, a violaciones a los derechos humanos de individuos y grupos en lo particular, como se ve a continuación.
A. Inconstitucionalidad de la participación del ejército
Ha permanecido, desde el inicio del conflicto, una muy preocupante sombra de duda, respecto a la legalidad del uso del ejército nacional en el mismo y, por lo tanto, de todas las acciones que ha emprendido. En efecto, conforme al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Poderes de la Unión, en caso de sublevación o trastorno interior, tienen el deber, hacia los estados, de prestarles protección, "...siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida". El gobierno federal no ha producido evidencia alguna de que tal requisito constitucional haya sido cumplido, previo el inicio de las actividades bélicas que ha emprendido el ejército nacional en el conflicto.
Se sabe, además, que se destacaron en Chiapas contingentes de las fuerzas armadas provenientes de otros estados de la República, a pesar de que la fracción IV del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Presidente de la República a recabar, para disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, el consentimiento del Senado de la República, del cual no existe evidencia. De confirmarse lo anterior, todas las acciones del ejército, inclusive las que resultaron en perjuicio de los derechos humanos, significaron una ilegal suspensión de facto de las garantías individuales, en contravención de la Constitución.
En el boletín de prensa No. 1 expedido por el ejército el 2 de enero, se dice que se procedió a convocar al agente del Ministerio Público Federal con el fin de dar fe de los hechos en cuanto esto sea posible. El ejército nacional, en su boletín de prensa No. 2, del mismo 2 de enero, después de relatar las acciones bélicas que llevó a cabo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, continuó: "... en espera de las autoridades civiles competentes a efecto de que den fe ministerial de los hechos".
B. Inconstitucionalidad del cerco militar
Desde el inicio de las operaciones, el ejército nacional tendió un cerco a la zona del conflicto, violentando así la libertad de tránsito consagrada por el artículo 11 constitucional, así como otros derechos humanos constitucionales, entre ellos el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución y, sobre todo, el artículo 1o. de la misma, el cual dispone que las garantías constitucionales "no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece".
El artículo 29 de la Constitución exige, para la suspensión de garantías, que el Presidente cuente con el acuerdo de los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República, y recabe la aprobación del Congreso de la Unión. Al menos esta última jamás se produjo.
Se transgredió también el artículo 129 de la Constitución, que establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por largos días posteriores al inicio del conflicto, las más altas autoridades federales del país insistieron en dar, a los que lo emprendieron, el carácter de meros criminales o transgresores de la ley. Si se trataba de un quebrantamiento de la paz, para activar al ejército era necesario, como se dijo, cumplir con lo requerido por el artículo 122 constitucional.
El cerco afectó no sólo a las personas que deseaban entrar a la zona del conflicto, principalmente miembros de los medios de comunicación y representantes de los organismos defensores de derechos humanos y otras organizaciones sociales, que pretendían tener acceso para desempeñar sus responsabilidades, sino principalmente a la población civil de la misma, que quedó virtualmente secuestrada o impedida de regresar a sus hogares, causando entre otras cosas graves perjuicios sociales y económicos. El cerco, sobre todo, tuvo el efecto de propiciar y permitir violaciones a los derechos humanos dentro de la zona, por parte de las autoridades, sin la posibilidad de ser presenciadas por terceros.
C. Ataques aéreos indiscriminados
Uno de los aspectos más controvertidos de las operaciones militares realizadas por el ejército nacional, hasta antes del cese al fuego, fue el de los ataques armados que lanzó desde unidades aéreas, de manera indiscriminada e incluso afectando a la población civil. Las acusaciones respecto a los bombardeos aéreos del ejército nacional han alarmado a la opinión pública nacional e internacional; se han voceado protestas al respecto y existe un esfuerzo importante por documentar evidencias.
Ante este clamor, la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) ha negado, en sus últimos boletines de prensa, el que haya realizado bombardeos aéreos. Sin embargo, en el último párrafo de su boletín de prensa No. 6, del 5 de enero, reconoce tácitamente un bombardeo de media hora desde helicópteros en la zona del conflicto, a la que reconoce haber prohibido el paso y que amenazó a cerca de 40 periodistas.
En su boletín de prensa No. 28, del 2 de febrero, la SDN admite haber realizado ametrallamientos aéreos y haber lanzado cohetes desde unidades aéreas, pero extrañamente niega los bombardeos aduciendo no haber utilizado "bombas". En cambio, además de los numerosos testimonios orales recogidos por la prensa y por organizaciones no gubernamentales, el 21 de enero, la asamblea general del Ejido Jalisco, municipio de Altamirano, levantó un acta de inconformidad, en la que pide que el ejército deje de bombardearlos.
Ch. Instigación de la Procuraduría General de la República a la acusación indiscriminada en perjuicio de la población civil
A lo largo del conflicto, se han registrado muy numerosas quejas en el sentido de que la Procuraduría General de la República y el ejército nacional han azuzado e instigado a la población civil para que señale personas pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo anterior ha dado lugar a que por venganzas y rencillas personales resulten detenidos numerosos miembros de la sociedad civil (Comunicado de prensa sobre la Iniciativa Indígena por la Paz en Chiapas, Oficina de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992: "Autoridades locales, incluyendo a los caciques, se están aprovechando del conflicto señalando a miembros de las comunidades para cobrar venganzas personales y por diferencias políticas").
En sus boletines de prensa 9 y 11, del 7 y 10 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional alude a 14 individuos supuestamente capturados por las autoridades civiles con la ayuda de los habitantes del poblado Chanal, y que fueron entregados al ejército que, a su vez, los pondría a la disposición del Ministerio Público Federal. Estos lamentables episodios orillaron a que una Comisión Especial creada por el gobierno instara a las autoridades a que ya no presionaran a la población para delatar personas ("Solicitará la Comisión Especial Autónoma que la PGR ya no inste a la población a dar información", LA JORNADA, 17 de enero de 1994, p. 8).
D. Discriminación en la entrega de la alimentación
El socorro que las autoridades han extendido a la población civil se ha realizado de manera discriminatoria, particularmente en perjuicio de mujeres que no pueden probar que sus maridos no están involucrados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hay numerosos testimonios de lo anterior en todos los medios de comunicación (Comunicado de prensa sobre la Iniciativa Indígena por la Paz en Chiapas, Oficina de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, en el que se recomienda que la ayuda humanitaria debe ser efectivamente distribuida por organizaciones de la sociedad civil e instituciones civiles, y deben tener acceso a todas las zonas en conflicto).
En su boletín de prensa del 14 de enero, la Coordinación de los Organismos No Gubernamentales de San Cristóbal de las Casas por la Paz denuncia que, para entregar alimentos, "el ejército exige la presencia de ambos jefes de familia, con el fin de verificar si el hombre está presente. Cuando sólo la mujer acude, el ejército asume que aquél está con la guerrilla y no se le entregan alimentos".
E. Trato a la prensa y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos
Desde el inicio del conflicto, miembros de la Diócesis de San Cristóbal, incluido el obispo Samuel Ruiz, de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, otras organizaciones sociales, así como representantes de la prensa y diversos medios de comunicación nacionales, han sido objeto de actos intimidatorios, hostigamiento y hasta amenazas de muerte, casi todas anónimas. Tal fue el caso de las amenazas contra Sergio Aguayo, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, un miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y varios representantes más de organismos de esa índole.
Las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), en la Ciudad de México, fueron objeto de allanamiento y robo, cuatro veces seguidas, durante enero. Distinguidos reporteros y directivos del periódico LA JORNADA recibieron numerosas amenazas de muerte escritas, y del periódico TIEMPO, de San Cristóbal de las Casas, también lo fueron. Todos ellos se han distinguido por su labor de difusión objetiva e imparcial de los acontecimientos acaecidos en Chiapas, a raíz del conflicto armado.
El 15 de enero de 1994, en su boletín de prensa 18, la SDN manifiesta que "a últimas fechas diversos medios de difusión y particularmente organizaciones privadas, tanto nacionales como extranjeras, llamadas defensoras de los derechos humanos han acusado al ejército mexicano de diversos actos violatorios en contra de los derechos humanos, en Chiapas.
"La SDN rechaza tales acusaciones, por considerarlas falsas, estimando que únicamente se basan en simples rumores, supuestos y actitud amarillista de quienes han propalado tales infundios que, lejos de contribuir en la solución del conflicto, producen confusión y desorientación en la opinión pública".
Lamentablemente, posturas como ésta han favorecido a situaciones de intimidación como las descritas. Las organizaciones que presentan este informe tienen los documentos que dan cuenta de tales hechos. Asimismo, disponen de una descripción de la labor que han realizado desde el inicio del conflicto los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos de nuestra red, así como del texto de la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para la apreciación de los distinguidos comisionados.
V. Relación específica de violaciones
A lo organismos de la red se han presentado denuncias en las que se han visto involucradas 208 personas, 143 de las cuales presumiblemente han sido víctimas de abusos por parte del ejército mexicano.
A la fecha, contamos con información que incluye a 18 personas ejecutadas, en 3 casos. Nos referiremos a dos de éstos.
-- Las muertes ocurridas en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ocosingo:
Los grupos de derechos humanos en su primera visita a Ocosingo, el 12 de enero de 1994, al conversar con pacientes y empleados del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de la localidad, recibieron una denuncia sobre ejecuciones sumarias vinculadas al descubrimiento de los once cadáveres que fueron encontrados en una fosa común en el cementerio de Ocosingo.
Según los testimonios, entre el 3 y 4 de enero, con motivo de un enfrentamiento entre el ejército mexicano y el EZLN, afuera del hospital, donde fallecieron dos guerrilleros, miembros del ejército mexicano ingresaron a la clínica, aparentemente en búsqueda de un miembro del EZLN.
En ese momento, se encontraban empleados que cuidaban a los internos, entre ellos dos personas en proceso de evacuación postrados en dos camillas acompañados de 8 familiares. Según el testimonio, los familiares y los dos enfermos fueron ametrallados. El 12 de enero de 1994, la camilla con manchas de sangre fue ubicada en el depósito de basura del hospital. También se encontraron manchas de sangre en el cuarto de los enfermos víctimas.
Las 11 víctimas fueron enterradas en una fosa común en el panteón municipal de Ocosingo, próximo al hospital en donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con un testimonio, los soldados abrieron un boquete en la pared del cementerio, lo que parecía una fosa común en cuya superficie aparecía una sábana con el emblema y las siglas del Instituto Mexicano del Seguro Social (1). Luego se practicó una diligencia de exhumación de los 11 cadáveres (2).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó públicamente que 10 de los cuerpos eran zapatistas y "que ninguno de los cadáveres presentó lesiones que permitan suponer una ejecución sumaria" (3). Sin embargo, en uno de los cadáveres se encontró un catéter, lo que indicaría que se trató de la muerte de una persona que estaba recibiendo asistencia médica.
-- La muerte de Jorge Mariano Solís
y Eduardo Gómez Hernández
De acuerdo con diversos testimonios, el 16 de enero, en horas de la tarde fueron detenidos en el parque central del municipio las Margaritas, Jorge Mariano Solís López, de 21 años de edad, y Eduardo Gómez Hernández, de 22 años. Este último laboraba como chofer de la organización ARIC-Unión de Uniones y había sido acusado como conductor de miembros del EZLN. Ambos fueron detenidos por un miembro del ejército mexicano y conducidos a la comandancia de la Policía del Ayuntamiento de Las Margaritas. Jorge Marinao Solís Sánchez, padre del primero, cuenta que el señor Evandro Gómez Cruz asegura haber visto a Eduardo sentado en la comandancia del ayuntamiento. Otros testigos señalaron que aproximadamente a las 19:30 horas, los soldados llevaron a los muchachos rumbo a la Casa Ejidal.
El día 17, el señor Jorge, en compañía de su esposa y de Eduardo Gómez, padre de Eduardo, preocupados porque sus hijos no llegaban, buscaron a los jóvenes en la cárcel del ayuntamiento en donde las autoridades negaron que hubiesen sido detenidos. Hablaron con el alcalde de Las Margaritas, quien tampoco les dio informe alguno. Junto a éste, se encontraba el capitán Vieira (al parecer uno de los jefes de los operativos militares en la zona). El oficial citado les dijo que "los militares no tenemos orden de detener a nadie; nuestra labor es cuidar a la gente".
El señor Jorge insistió y, al mostrar al capitán Vieira una foto de su hijo, éste contestó: "como que lo conozco; lo he visto en Comitán". El alcalde le prometió investigar el paradero de su hijo. Desde esa fecha, se desconocía el paradero de ambas personas.
El 24 de enero, dos cadáveres fueron encontrados en un lugar denominado Agua Prieta, colindante con Jasha, Municipio de Comitán. Los dos cadáveres fueron identificados como los jóvenes desaparecidos. Los cuerpos presentaban señales de tortura y mutilaciones.
Los organismos integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos" han recibido en forma directa 133 denuncias por detenciones arbitrarias, la mayoría de ellas producto de allanamientos. Hasta el 5 de febrero, se ha constatado la liberación de 108 personas; las 25 restantes continuaban presas en el Penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez.
Las detenciones fueron realizadas --sin mandato judicial-- por el ejército mexicano y algunas autoridades municipales. Estas detenciones se realizaron sin ninguna orden judicial y durante la detención no se les permitió asesoría legal.
Los lugares de detención fueron usualmente centros no autorizados, como agencias municipales, casas ejidales, cuarteles militares. Los detenidos eran interrogados por autoridades militares no autorizadas para ello.
De acuerdo con los testimonios, en más del 90 por ciento de los casos fueron torturados. Al cabo de 2 a 4 días, eran trasladados a la sede de la Procuraduría General de la República, que decidía la situación legal de cada uno de ellos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó 131 personas detenidas en la cárcel de Cerro Hueco. (4).
C. Torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes
De los diversos testimonios sobre torturas, detectamos que éstas se realizaron, la mayoría de las veces, por miembros del ejército mexicano para obtener confesiones de pertenencia al EZLN. Las torturas consistieron en vendar los ojos de los detenidos, amarrarles las manos por detrás, golpes en diversas partes del cuerpo, inmersión de la cabeza en agua, amenazas de muerte y privación por completo de alimentos. Aquí presentamos sólo una selección de casos:
-- Detención y torturas en el Ejido Morelia.
De acuerdo con diversos testimonios, el 7 de enero de 1994, aproximadamente 800 soldados del ejército mexicano ingresaron al Ejido Morelia, Municipio de Altamirano. Entraron violentamente, destruyendo las puertas de las viviendas, pese a no encontrar resistencia alguna. Obligaron a la mayoría de la población a salir de sus casas.
Posteriormente reunieron a los pobladores en la cancha deportiva de la comunidad y los obligaron a postrarse boca abajo. Los separaron y ocho de ellos fueron conducidos en un helicóptero militar a la cárcel de Cerro Hueco. Los 28 restantes fueron trasladados al cuartel militar de Comitán.
En ese lugar fueron golpeados en diversas partes del cuerpo, amenazas de ser quemados vivos, los quemaron en algunas partes del cuerpo (mentón, manos y espalda). Les cubrían la cabeza y eran interrogados y acusados como miembros del EZLN.
Posteriormente fueron conducidos a la Procuraduría de Justicia del Estado, donde fueron interrogados por miembros de la policía judicial y luego trasladados a Cerro Hueco.
El 14 de enero, fueron liberadas 17 personas y en esa fecha aún 11 permanecían detenidas. El 5 de febrero, ocho personas de Morelia todavía permanecían bajo detención y dos han sido reportadas como desaparecidas.
-- Noé Hernández Caballero y Adela Gómez Martínez
El 8 de enero de 1994, los profesores Hernández Caballero y Gómez Martínez fueron detenidos en un retén militar. La detención se produjo a la salida de Motozintla, cuando se dirigían hacia la ciudad de Tapachula, donde residen. En Motozintla habían participado en una reunión de la OPEZ-BFP (Organización Proletaria Emiliano Zapata-Bloque de Fuerzas Proletarias).
Los detuvieron miembros del ejército mexicano. Fueron trasladados a la base militar de Motozintla y acusados de tener vínculos con el EZLN. Posteriormente fueron conducidos a las oficinas del la Procuraduría General de la República en Tapachula.
En ese lugar, se les encarceló y no se les permitió ver a sus familiares. Luego fueron llevados a un lugar indeterminado, esposados y vendados de los ojos. Los amenazaron con matarlos o hacer abortar a la maestra que tenía cinco meses de embarazo, si no aceptaban ser guerrilleros del EZLN.
Les dieron golpes y puntapiés, les propinaron choques eléctricos. También los golpearon con pistolas y metralletas. Los amenazaban y les indicaban que no saldrían vivos de ese lugar.
Luego en Tapachula fueron liberados, tras 24 horas de detención y maltratos. Ellos han denunciado los hechos ante el Ministerio Público.
-- Juan Diego Hernández García
El señor Hernández García es un indígena tzeltal; tiene 26 años. Trabaja en el Hospital San Carlos Altamirano como técnico laborista. Es casado y tiene dos hijos. El 5 de enero, al mediodía, cuando regresaba de trabajar, fue detenido por miembros del ejército mexicano. Fue conducido al domicilio del señor José Jiménez Hernández, un vecino. Allí fue interrogado sobre el sistema de comunicaciones del EZLN; fue golpeado en la cabeza y en los testículos. Le arrojaron grava --arena gruesa-- en los ojos. Después fue conducido al panteón, donde pasaron la noche a la intemperie.
Al día siguiente, fue llevado a una bodega de café, donde nuevamente fue golpeado y torturado. En esta bodega, ubicada en un crucero entre Altamirano y Comitán, se encontraban también personas aparentemente muertas. Los recluyeron ahí, vendados y atados con cordones de nylon. Los soldados velaron los cadáveres y a ellos también, poniéndoles velas prendidas en la cabeza. Hernández fue trasladado con otras personas en un camión rumbo al cuartel de Comitán.
En el momento del traslado, tropas del ejército mexicano rociaron gasolina y quemaron la bodega con las personas aparentemente muertas en su interior. Durante el traslado fue sometido a otras torturas, incluida la presión de cuerdas sobre las muñecas. Al cabo de cuatro días, fue conducido a la Procuraduría General de la República y acusado de ser miembro del EZLN, junto con otras personas. Fue liberado el 14 de enero en horas de la tarde.
Ch. Desapariciones
Durante los primeros días, los grupos de derechos humanos recibieron un elevado número de denuncias por desapariciones. Luego, muchas de estas personas aparecieron. Se trataba, en algunos casos de familias enteras que, debido al conflicto y especialmente a las detenciones, intervenciones del ejército mexicano y bombardeos de las zonas donde vivían, se trasladaron u ocultaron. Sin embargo, aún existen algunas denuncias no esclarecidas de personas que permanecen desaparecidas. De los diversos testimonios recibidos sobre detención ilegal y tortura, presentamos una selección de casos:
-- Sebastián Santís López y Severiano Santís Gómez
En el Ejido Morelia, el 7 de enero, durante la incursión del ejército mexicano en ese lugar, también fueron detenidos y torturados los señores Santín López, de 68 años, y Santís Gómez, de 64. Ellos fueron maltratados y golpeados hasta dejarlos ensangrentados, en presencia de sus esposas. Los interrogaban acerca del lugar donde se encontraban supuestamente unas armas. Según declaraciones de sus esposas, fueron trasladados en ambulancia debido a sus heridas. Hasta la fecha se desconocen sus paraderos.
-- Guadalupe Santís Gómez
De acuerdo a declaraciones de la esposa y de la hermana, Santís Gómez salió de su domicilio, ubicado en Cuxul'ja, municipio de Ocosingo, el 1 de enero, con rumbo a San Cristóbal de las Casas. Según testigos, fue detenido el 6 de enero en la cabecera municipal de Oxchuc. Presuntamente fue entregado a elementos del ejército mexicano. Otros testimonios aseguran que Guadalupe fue visto por última vez en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Tuxtla Gutiérrez. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Su hermana Magdalena Santís Gómez ha presentado un recurso ante el agente del Ministerio Público de San Cristóbal de las Casas.
VI. Efectos de la Ley de Amnistía
Otro gran motivo de preocupación, para los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, es el intencional efecto de autoperdón que el gobierno se concedió e imprimió en el texto de la Ley de Amnistía, que se publicó el 22 de enero.
Como se puede apreciar por el contenido de este informe preliminar, son diversas las autoridades gubernamentales que resultan responsables de la violación de derechos humanos.
En la iniciativa de ley que envió el Presidente al Congreso, ya se hacía extensiva la amnistía a todos los participantes en el conflicto, a fin de que ésta cubriera a las dependencias del gobierno y sus integrantes respecto a los delitos cometidos por las mismas.
Por esa razón, interpusimos recurso legal de petición ante ambas cámaras del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la fecha no ha merecido respuesta, y en el que entre otras cosas pedimos que la amnistía se limitara a quienes habían iniciado el conflicto contra el gobierno federal, a fin de que la ley no se tradujera en una carta de impunidad de persecución para las autoridades gubernamentales violadoras de los derechos humanos.
Sabemos muy bien que hay precedentes fincados en la materia en esta comisión, que desde luego invocaremos ante la misma en el contexto de nuestra petición.
Al inicio de este informe, perfilamos explícitamente los tres objetivos que con el mismo perseguimos. Nuestra conclusión está inscrita en esos objetivos. En efecto, el desarrollo de los acontecimientos y la conducta asumida frente a ellos en el conflicto, por el gobierno, hace evidentemente necesario que la CIDH esté plenamente percatada de lo sucedido hasta ahora y, consecuentemente, preparada para enfrentar mayores transgresiones a los derechos humanos, cuyo potencial permanece desafortunadamente muy alto.
La convención, el estatuto y el reglamento conceden poderes específicos a la comisión, que esperamos esté en mejor posición de ejercer como resultado de este informe.
Preocupa muy especialmente que, a pesar de la suspensión de hostilidades que se pueda mantener entre las partes en el conflicto, permanecerá la amenaza de una tercera fuerza armada en la región, las guardias blancas, pistoleros de los finqueros, que al cobijo de la autoridad han causado grandes injusticias, sufrimientos y violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas de Chiapas.
En tanto sometemos nuestra petición a la comisión, solicitamos específicamente a ésta considere, a la luz de lo que aquí expuesto y en el ejercicio de su competencia según la convención, el estatuto y el reglamento, las recomendaciones preliminares que podría adelantar al gobierno de México, a fin de asegurar que en el futuro su actuación en el conflicto se ciña al más estricto respeto a los derechos humanos, en observancia de su derecho interno y de sus compromisos jurídicos internacionales.
(1) Comisión Nacional de Derechos Humanos. Boletín de Prensa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 16 de enero de 1994.
(2) "En la fosa común se encontraron 11 cadáveres, que fueron debidamente extraídos, procediéndose a tomar respecto de cada uno de ellos las primeras impresiones fotográficas correspondientes, hacer la revisión cadavérica y dar fe de lesiones". CNDH: boletín cit.
(3) CNDH: ib.
(4) Comisión Nacional de Derechos Humanos. Boletín de Prensa, 25 de enero de 1994.
(*) Miembros que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos":
1.- Academia Jalisciense de Derechos Humanos, A.C., Jalisco
2.- Academia Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, Jalisco
3.- Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos Miguel Hidalgo, Hidalgo
4.- Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Oaxaca
5.- Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A.C., México, D.F.
6.- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C., Chiapas
7.- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, A.C., México, D.F.
8.- Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Tamaulipas
9.- Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Enrique Gutiérrez, Aguascalientes
10.- Centro de promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Guerrero
11.- Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Ciudad Juárez, Chihuahua
12.- Centro Potosino de Derechos Humanos, A.C., San Luis Potosí
13.- Centro Pro Derechos Humanos, A.C., Nayarit
14..- Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Chihuahua
15.- Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Oaxaca
16.- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., México, D.F.
17.- Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Barrios, México, D.F.
18.- Comisión Independiente de Derechos Humanos, A.C., Morelos
19.- Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Nuevo León
20.- Comité de Derechos Humanos Pueblo Nuevo, A.C., Nuevo León
21- Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C., Tabasco
22- Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A.C., Guanajuato
23.- Comité de Derechos Humanos de Ajusco, A.C., México, D.F.
24.- Comité de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, Hidalgo
25..- Comité de Derechos Humanos de Palenque, A.C., Chiapas
26.- Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Veracruz
27.- Comité Indignación, A.C., Yucatán
28.- Comité de Derechos Humanos UCI-Cerro del 4, Jalisco
29.- Comité de Derechos Humanos Bachajón, Chiapas
30.- Comité de Derechos Humanos de Huejutla, Hidalgo
31.- Comité de Derechos Humanos de Playa Vicente, A.C., Veracruz
32.- Grupo de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Guanajuato
33.- Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C., Jalisco
Informe preliminar de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, A.C., presentado a nombre propio y por encargo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos", a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Audiencia del 10 de febrero de 1994 (Washington, D.C., Estados Unidos)
Este texto apareció publicado en la revista CEMOS / MEMORIA, de febrero de 1994.

References: artículo 68
 artículo 122
 artículo 76
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 129
 artículo 122
 artículo 61