Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-22-marzo-2019-776353705
Timestamp: 2019-04-21 20:02:36+00:00

Document:
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad accidental de Daimiel, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación dictado en ejecución hipotecaria. - Doctrina Administrativa - VLEX 776353705
Don José-Lázaro Santos Echevarría, registrador de la propiedad accidental de Daimiel, Provincia de Ciudad Real, ha examinado el procedimiento registral identificado con el número de entrada 2888 del presente año, iniciado como consecuencia de presentación en el mismo Registro, de los documentos que se dirán, en virtud de solicitud de inscripción.
Primero. Con fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho fue presentado en este Registro de la Propiedad, dando lugar al asiento de presentación 1442 del Libro Diario 113, testimonio del Decreto de adjudicación, firme, firmado electrónicamente el veintiséis de Junio de dos mil dieciocho por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Daimiel doña A. B. C. P., y el mandamiento firmado electrónicamente el siete de Junio de dos mil dieciocho por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Daimiel doña A. B. C. P., que han sido debidamente cotejados en la Sede Judicial, en el que bajo el número 425/2.015, se sigue ejecución hipotecaria a instancia de Caixabank, Banco Santander y Banco Popular Español, contra Comercial y Bricolaje Las Tablas SL por el que se adjudica a "Banco Santander, S.A." la finca número 39669 del término municipal de Daimiel; solicitándose la cancelación de la hipoteca que motivó tal procedimiento así como de las cargas posteriores a la misma. Se acompaña instancia suscrita en Madrid el trece de julio de dos mil dieciocho, por doña C. E. A. y don P. L. S. R., cuyas firmas legitima el notario de Boadilla del Monte don Luis Carlos Troncoso Carrera con fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, que actúan en representación de "Banco Santander, S.A.", así como declaración telemática de presentación en el Ayuntamiento de Daimiel a efectos de liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Segundo. Del examen de los libros del registro resulta que la finca registral objeto del documento calificado está inscrita a nombre de la Sociedad mercantil de responsabilidad limitada "Comercial y Bricolaje Las Tablas, S.L."
Tercero. En el día de la fecha el documento al que se refiere el apartado anterior ha sido calificado por el Registrador que suscribe apreciando la existencia de defectos que impiden la solicitud de inscripción, con arreglo a los siguientes
Daimiel.–El registrador accidental (…). Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por José Lázaro Santos Echevarría registrador/a de Registro Propiedad de Villanueva de los Infantes a día veintisiete de diciembre del año dos mil dieciocho.
Primero. En fecha 4 de Diciembre 2018 el recurrente presentó en el Registro de la Propiedad de Daimiel, testimonio del auto, dictado el día 26 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Daimiel, expresando en su parte dispositiva que "se adjudica a Banco Santander la finca registral 39.669 por la cantidad que se le deba por todos los conceptos" (…)
Segundo. Mostramos nuestra disconformidad por cuanto que el artículo 671 de la LEC, viene a determinar que si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de veinte días, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
Solicito a la Dirección General de Registros y del Notariado que teniendo por presentado este escrito, con los documentos acompañados, se sirva admitirlo tenga por interpuesto recurso en tiempo y forma contra la resolución denegatoria, y admitiendo el mismo ordene proceder a su inscripción, siendo firme dicho decreto, sin haber alegado nada las partes al respecto con todo lo demás que en Derecho proceda.
En una ejecución hipotecaria, mediante decreto, habiendo quedado desierta la subastas por falta de postores, se adjudica al ejecutante y titular de la hipoteca, «Banco Santander, S.A.», la finca número 39.669 del término municipal de Daimiel. La finca se tasó en 779.075,28 euros, y se adjudica por «la cantidad que se deba por todos los conceptos» que tras la liquidación definitiva de intereses y costas asciende a 90.911,57 euros, lo cual supone tan solo el 11,67 % de aquel valor.
El caso objeto de este expediente es semejante al que se analizó en la Resolución de 20 de septiembre de 2017, y conforme a lo que en ella se sostuvo, y que ha sido reiterado en otros fallos posteriores (Resoluciones de 16 de febrero, 20 de abril, 6 de septiembre, 26 de octubre y 15 de noviembre de 2018), habrá de resolverse el recurso.
Respecto a la competencia del registrador para calificar la suficiencia del precio de adjudicación de la finca en un procedimiento de ejecución hipotecaria, es doctrina de este Centro Directivo que los registradores tienen el deber de colaborar con jueces y tribunales en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y de cumplir sus resoluciones firmes (cfr. artículo 118 de la Constitución Española), pero no por ello ha de quedar excluida la calificación registral de aquéllas que pretendan su acceso al Registro; las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), que tiene su especifica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria), determinará la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales firmes, a la previa comprobación de los extremos aludidos en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
El legislador no ha tenido la precisión y el acierto de prever en el caso de los bienes inmuebles (artículo 671) una norma similar a la que sí se establece para los muebles (artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por 100 del valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. En ningún caso, ni aun cuando actúe como postor rematante, podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a tercero, por cantidad inferior al 30 por 100 del valor de tasación»).
Es cierto, como afirma el recurrente, que no puede apreciarse enriquecimiento injusto cuando se aplican normas jurídicas. Así lo confirma la Sentencia número 261/2015 de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de enero: «El enriquecimiento injusto no puede radicar única y exclusivamente en que el importe en que el bien fue tasado es muy superior al valor de la adjudicación, en concreto, un 50%, porque esto sí que es algo previsto y aceptado expresamente por la Ley. A este respecto, sí que sería de aplicación la citada jurisprudencia, como una exigencia de otro principio general del derecho, el de seguridad jurídica, que siempre ha de ponderarse junto con el de interdicción del enriquecimiento injusto».

References: artículo 671
 resolución 
 Resolución 
 artículo 118
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 100