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BOE.es - Documento BOE-A-2017-903
Documento BOE-A-2017-903
«BOE» núm. 23, de 27 de enero de 2017, páginas 6761 a 6774 (14 págs.)
BOE-A-2017-903
En el recurso de amparo núm. 2393-2015, promovido por don Pablo Eduardo Estévez Boho y doña María del Mar Castaño Noguerol, representados por la Procuradora de los Tribunales doña María José Rodríguez Teijeiro y asistidos por la Letrada doña Cristina Muntañola Álvarez, contra el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona, de 20 de mayo de 2014 (procedimiento ordinario núm. 100-2014) –rectificado por Auto del propio Juzgado de 28 de mayo de 2014–, y contra el Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 19 de marzo de 2015, que desestimó el recurso de apelación (rollo núm. 417-2014) promovido contra la resolución anterior. Ha actuado como parte la entidad Caixabank, S.A., representada por el Procurador don Javier Segura Zariquiey y asistida por los Letrados don Víctor Mercedes y doña Gemma Aquillué. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito registrado el 27 de abril de 2015, la Procuradora de los Tribunales doña María José Rodríguez Teijeiro, actuando en nombre de don Pablo Eduardo Estévez Boho y doña María del Mar Castaño Noguerol, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales indicadas en el encabezamiento.
a) Con fecha 14 de enero de 2014, los ahora recurrentes en amparo interpusieron demanda de juicio ordinario frente a la entidad Caixabank, S.A., ejercitando conjuntamente una acción declarativa de nulidad de una condición general de la contratación y otra de reclamación de cantidad. Se alegaba por los recurrentes que, tras la constitución el día 6 de junio de 2005 de una hipoteca sobre la vivienda de su propiedad con el fin de garantizar la devolución del préstamo otorgado a su favor por la entidad Caja General de Ahorros de Canarias, se incluyó una cláusula sobre el tipo de interés aplicable a la vida del préstamo, signada como «tercera bis», donde se fijó que el tipo de interés durante los primeros 24 meses de vigencia del contrato sería del 2,70 por 100 anual; y que: «los sucesivos tipos de interés resultantes … será el resultado de adicionar un diferencial del 0,75 puntos al tipo de referencia, sin que en ningún caso puedan llegar a ser superiores al 5,95 por 100 ni inferiores al 3,000 por 100».
La demanda de los actores combatía precisamente el extremo de esa estipulación que hacía referencia al límite mínimo del 3 por 100 nominal anual, en referencia a lo que se conoce como «cláusula suelo». Argumentaban aquéllos que dicha cláusula era nula de pleno derecho por abusiva, al no haber podido negociarse individualmente, resultar contraria a las exigencias de la buena fe y causar un desequilibrio contractual en su perjuicio, con incumplimiento del principio de transparencia en cuanto a la información de las consecuencias de la cláusula, teniendo en cuenta su condición jurídica de consumidores. Por ello, solicitaban, además de su nulidad, la devolución de lo pagado al prestatario en aplicación de la referida cláusula, con los intereses legales devengados.
b) La demanda «sobre acción declarativa de nulidad de condición general de la contratación y acción de reclamación de cantidad» fue turnada al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona y admitida a trámite en virtud de decreto de su Secretaría de 4 de abril de 2014. Conferido traslado de la misma a la parte demandada, la Entidad Caixabank, S.A., su representación procesal presentó escrito de personación en las actuaciones el 30 de abril de 2014, formulando en el mismo, bajo un apartado de «alegaciones», la petición de sobreseimiento del proceso por existir a criterio de dicha parte litispendencia o, en su defecto, prejudicialidad civil, respecto del procedimiento instado por la Asociación de usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE), para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios, conforme a demanda de la que se aportaba copia de su «cabecera y suplico», autos seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid (procedimiento ordinario núm. 471-2010) donde se impugnaba, entre otras, la cláusula suelo de la demandada.
La Secretaría del Juzgado dictó diligencia de ordenación el 5 de mayo de 2014, por la que ordenó dar traslado del escrito a la parte actora, para que dentro del plazo de cinco días presentase alegaciones respecto de la excepción de prejudicialidad civil planteada por la demandada. La representación procesal de los actores presentó en su respuesta escrito el 12 de mayo de 2014 oponiéndose a la excepción indicada, al entender que no concurren los requisitos legales para ello.
Por nueva diligencia de ordenación de la Secretaría del Juzgado, de 13 de mayo de 2014, se acordó unir a las actuaciones el escrito presentado por el Procurador de los actores, quedando los autos «en poder de S.S.ª para resolver lo procedente».
La parte demandada presentó el 15 de mayo de 2014 el escrito de contestación a la demanda, limitándose a oponerse al fondo de las pretensiones suscitadas en la demanda, solicitando en Sentencia su desestimación íntegra.
c) La Secretaría del Juzgado dictó diligencia de ordenación el 19 de mayo de 2014, teniendo por presentado el escrito de contestación a la demanda e indicando lo que sigue: «con carácter previo a señalar audiencia previa, continúen los Autos en poder de S.Sª. para dictar la correspondiente resolución respecto a la excepción de prejudicialidad civil».
d) Al día siguiente, 20 de mayo de 2014, el Juzgado dictó Auto estimatorio de la excepción de prejudicialidad civil planteada por la representación de Caixabank, S.A., y la suspensión del procedimiento hasta que recayera resolución firme en el proceso seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid. En su fundamentación, el Juzgado, luego de reconocer la complejidad de la cuestión que le había sido suscitada por la dificultad de tener que «compatibilizar los diferentes intereses en juego» y de señalar que, de una parte, el art. 11.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) reconocía legitimación a las asociaciones de consumidores y usuarios para defender los intereses de éstos, pero también, de otra, confería legitimación activa a los consumidores individuales para defender sus propios intereses, permitiendo extender los efectos de la cosa juzgada material a los consumidores no litigantes, destacaba de modo textual en su fundamento jurídico 3 que tal circunstancia «implicaría que promovido un pleito con las mismas pretensiones por una asociación de consumidores no pudieran plantearse acciones individuales o las que se plantearan fueran sobreseídas, art. 421 LEC, mientras que si la coincidencia no es total sino parcial, el procedimiento tendría que suspenderse por prejudicialidad civil, art. 421.1 y 43 LEC». Por ello y, según refería la resolución, para evitar «resoluciones contradictorias» y con apoyo, también, en un precedente Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona (de 11 de junio de 2013), que, según razonaba el Juzgado, era similar al de autos, estimó procedente la existencia de una prejudicialidad civil, conforme prevé el art. 43 LEC, y acordó pues la suspensión del procedimiento hasta tanto fuera resuelto el seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid.
Esta resolución fue aclarada por Auto de 28 de mayo de 2014, rectificando error material en cuanto a la identidad del procurador de la parte promotora de la excepción procesal apreciada.
e) Contra el indicado Auto de 20 de mayo de 2014, la parte actora interpuso recurso de apelación en el que, además de alegar en el plano de la legalidad ordinaria la infracción del art. 43 LEC y argumentar que el ejercicio de la acción colectiva por parte de ADICAE no impedía a los interesados ejercitar las acciones individuales que tuvieran por conveniente con base en lo previsto en el art. 11.1 LEC, los recurrentes sostuvieron que la tesis del Juzgado conducía a una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24.1 CE.
f) La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Auto el día 19 de marzo de 2015, en el seno del rollo de apelación 417-2014, por el que desestimó el recurso interpuesto, si bien en su parte dispositiva agregó el siguiente tenor literal: «no obstante lo cual, modificamos de oficio la resolución recurrida apreciando que no concurre prejudicialidad sino litispendencia, de manera que procede el archivo de las actuaciones», sin expresa imposición de costas por apreciar «dudas de derecho».
Los argumentos desplegados por el Auto de referencia (FFJJ 3 a 5) para tomar su decisión fueron, en síntesis, los siguientes:
En primer lugar (fundamento jurídico 3), con apoyo en el art. 222.3 LEC, destaca que «nuestro legislador optó claramente por un sistema de afectación personal de lo resuelto en la acción colectiva a todos los integrantes del grupo, esto es, a todos los afectados, tanto en el caso de que lo resuelto sea favorable como adverso. Y en nuestro sistema no se ha regulado el derecho de autoexcluirse del grupo, de manera que los derechos de los afectados podemos considerar que se limitan» a los que resultan del art. 15 LEC, esto es, intervenir en el proceso, o bien solicitar la acumulación de la acción individual a la colectiva (siempre que se cumplan los requisitos que exige el art. 76.2.1 LEC) o interesar la extensión de los efectos del pronunciamiento en fase de ejecución (art. 519 LEC). De aquí deduce la Sala que «si se extienden a los particulares titulares de acciones individuales los efectos de la acción colectiva con los atributos propios de la cosa juzgada, de ello se sigue la idea de que tienen absolutamente vedado iniciar con posterioridad a la acción colectiva acciones de carácter individual que versen sobre el mismo objeto». Afirma (fundamento jurídico 4) que tiene razón la recurrente cuando alega que no se cumplen en el supuesto enjuiciado los presupuestos establecidos en el art. 43 LEC, norma que regula la prejudicialidad civil, sino que existe identidad de objeto «porque la condición general impugnada en ambos en la misma, no es solo similar». Y también porque en «la acción colectiva ADICAE no se limitó a solicitar la nulidad de la cláusula sino que también ejercitó la acción de restitución de cantidades, acción que aunque tiene un carácter general debemos considerar que incluye todas las acciones individuales, tal y como resulta de los arts. 221 y 519 LEC. Esos artículos permiten y regulan la forma en la que las acciones individuales se pueden concretar en el proceso relativo a la acción colectiva: (i) sea en la propia sentencia, mediante la concreción de la identidad de cada uno de los afectados; o (ii) en la fase de ejecución, en el caso de que en la sentencia no se hubiera hecho aquella concreción».
En segundo término (fundamento jurídico 6), la Sala arguye que, aun cuando el art. 11.1 LEC reconozca legitimación activa a los perjudicados titulares de acciones individuales, tal circunstancia no se opone a la apreciación de litispendencia, pues sostiene que el hecho de que «tengan legitimación activa los perjudicados no significa que deban mantener abierta de forma incondicional la posibilidad de actuar en un proceso separado. Iniciada la acción colectiva su legitimación se concreta, como resulta de lo establecido en el artículo 15 LEC, en intervenir en el proceso en el que se sustancia la acción colectiva para hacer valer en él su derecho o interés singular, tal y como expresa ese precepto en su apartado 1». Del mismo modo, descarta el órgano judicial que exista afectación relevante alguna al derecho a la tutela judicial efectiva pues, a su parecer, «no se restringe la legitimación de los afectados ni se les impide el acceso a la tutela sino que únicamente se condiciona el ejercicio de las acciones individuales de una forma concreta y determinada (acumulada a otras, las colectivas), de manera que permite conciliar esos derechos individuales con los de los demás afectados». Se trataría por tanto, concluye, de «normas de organización procesal que pretenden salvaguardar el interés general (los intereses colectivos) y el buen orden procesal (la cosa juzgada)».
3. Los actores formalizaron demanda de amparo ante este Tribunal, en la que se alega vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Más adelante, en el bloque de fundamentos de derecho procesales, en concreto en el epígrafe dedicado al requisito del debido agotamiento de la vía judicial previa al amparo, art. 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la demanda explica que dicha parte actora «ha tenido serias dificultades» para su cumplimiento. Que, siendo el Auto de la Audiencia Provincial firme y no caber contra él recurso alguno, «parecía claro que la vía judicial previa al recurso de amparo se agotaba con la interposición del recurso de nulidad de actuaciones ante el órgano que dictó dicha resolución». Sin embargo, prosigue diciendo la demanda, «dicha interpretación, fue pacífica hasta que el Tribunal Constitucional, en Pleno, dictó la STC 216/2013, de 19 de diciembre», de la que reproduce su fundamento jurídico 2 d), donde se declara que, para el agotamiento de la vía judicial previa, «basta comprobar que los órganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los derechos fundamentales luego invocados en vía de amparo constitucional, para estimar cumplido el mencionado requisito», por lo que «cuando el objeto del proceso consista en el estudio de la lesión directa del derecho … consecuencia de la revocación de las sentencias de las instancias previas, no requiere la necesaria interposición del incidente de nulidad». Añade el escrito que la disyuntiva entre interponer el incidente o no hacerlo «no es baladí, ya que optar por la interposición del recurso sin ser necesario conllevaría una interposición extemporánea del recurso de amparo, y no interponerlo siendo preceptivo conllevaría una inadmisión del recurso por no cumplir el requisito del agotamiento previo de la vía judicial». Y finaliza en este punto la demanda diciendo que «en consecuencia, esta parte ha llegado a la conclusión que en este supuesto no es necesaria la interposición del recurso [sic] de nulidad de actuaciones y que, por tanto, debemos interponer directamente el presente recurso de amparo, habida cuenta que el órgano judicial que dictó el Auto, recurrido ahora en amparo, ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la vulneración del derecho fundamental objeto de la presente demanda (art. 24. CE) entendiendo que no existía “afectación alguna relevante desde la perspectiva del art. 24 CE”, por ende, ha de concluirse que se han agotado todos los recursos preceptivos de la vía judicial».
Ya en cuanto al fondo, tras invocar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con cita de doctrina constitucional sobre la prohibición de llevar a cabo interpretaciones de los requisitos procesales que restrinjan u obstaculicen el acceso al proceso, con aplicación del canon del principio pro actione, la demanda alega que la intervención del consumidor individual en una acción colectiva ya iniciada por una asociación de consumidores y usuarios, aunque sea una posibilidad prevista en el art. 11 LEC, no es una intervención obligatoria. Tesis que sustenta en el propio art. 24 CE, afirmando que «esta interpretación es la que parece más acorde con la dicción literal del precepto que, al reconocer legitimación a las asociaciones para el ejercicio de acciones colectivas lo hace “sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados”, mención que permite afirmar la posibilidad del ejercicio simultáneo de acciones colectivas y acciones individuales». Tras citar la recomendación de 11 de junio de 2013 de la Comisión Europea, defiende que no hay peligro en estos casos de sentencias contradictorias «pues los intereses en juego en cada una de las acciones es distinto y tanto más cuando, como es el caso, los recurrentes no forman parte del elenco de los concretos intereses defendidos en el otro proceso ni tan siquiera que hayan sido llamados a ese proceso lo que, en todo caso, no puede constituirse ni en una obligación ni una carga procesal con consecuencias negativas frente a su derecho individual a la tutela judicial efectiva. La acción colectiva no permite el análisis individualizado, y menos cuando el concreto consumidor no se ha adherido a la acción colectiva. Por tanto, al no ser idéntico el conjunto de hechos esenciales, pues en la acción individual –tal y como consta planteada en la demanda– hemos de atender a las concretas circunstancias personales del concreto consumidor y la actuación de la entidad financiera, para lo cual podría desplegarse prueba en este sentido, es por ello que no puede afirmarse que exista identidad de causa petendi entre la acción ejercida por esta parte y la acción colectiva interpuesta por ADICAE y que se sustancia en el Juzgado Mercantil núm. 11 de Madrid». Insiste finalmente en una lectura integrada de los arts. 11.1 LEC y 24.1 CE, para no excluir el ejercicio de las acciones individuales.
El suplico de la demanda solicita la declaración de nulidad del Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 19 de marzo de 2015 y que, como consecuencia de ello, «se ordene la emisión de una sentencia sobre el fondo según las pretensiones y peticiones de las partes que constan en los autos, restableciendo de este modo los derechos a la tutela judicial efectiva de los recurrentes».
4. Mediante diligencia de ordenación de 30 de abril de 2015, la Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta de este Tribunal requirió al Procurador de los recurrentes para que aportara copia del Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona, y la escritura de poder que acredita la representación. El requerimiento fue cumplimentado por dicha representación procesal, a través de escrito presentado el 8 de mayo de 2015.
5. Con fecha 6 de octubre de 2015, la Sección Tercera, Sala Segunda, de este Tribunal, dictó providencia admitiendo a trámite la demanda de amparo, «apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]». Asimismo, se acordó dirigir comunicación a la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, y al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona, para que remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, con emplazamiento a quienes hubiesen sido partes en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, al objeto de poder comparecer en el presente recurso.
6. Por medio de escrito presentado el día 11 de noviembre de 2015, el Procurador de los Tribunales don Javier Segura Zariquiey vino a personarse en nombre y representación de la entidad Caixabank, S.A., solicitando se entendieran con él las sucesivas diligencias y notificaciones.
7. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal dictó diligencia de ordenación el día 26 de noviembre de 2015, por la que tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador indicado, en nombre y representación de Caixabank, S.A., si bien con la condición de que en el plazo de diez días aportase la escritura de poder acreditativa de tal representación, lo que efectuó el día 14 de diciembre siguiente. Asimismo, en la diligencia de ordenación del día 26 de noviembre se acordó abrir trámite de audiencia por veinte días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, a fin de que pudieran presentar alegaciones conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
8. Por escrito registrado el día 5 de enero de 2016, la representante procesal de los recurrentes en amparo presentó sus alegaciones, informando que ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pendía una cuestión prejudicial relativa a la interpretación de la Directiva 91/13/CEE [sic], del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en la que se plantea «si el art. 7 de dicha Directiva se opone a una normativa procesal nacional según la cual los procedimientos judiciales individuales sobre cláusulas abusivas, entablados paralelamente a procedimientos colectivos, deben suspenderse, por existir prejudicialidad civil, hasta que recaiga sentencia firme en los procedimientos colectivos, quedando también vinculados a lo que se decida en dicha sentencia». En relación a dicho procedimiento, se aportó informe del servicio jurídico de la Comisión Europea en los asuntos acumulados C-381/14 y C-385/14, cuyo criterio «es relevante y debe ser conocido por este Alto Tribunal», acompañando copia del mismo, y reproduciendo varios de sus apartados así como su conclusión, según la cual una norma nacional que prevea suspender los procedimientos individuales hasta que recaiga sentencia firme en los procesos colectivos, se opone al art. 7 de la Directiva 93/13/CEE.
9. En la misma fecha, 5 de enero de 2016, se formalizó escrito de alegaciones por el representante procesal de la entidad Caixabank, S.A. Como primer punto, se alega la infracción del requisito de procedibilidad del art. 44.1 a) LOTC, referido al agotamiento previo de la vía judicial. Se fundamenta dicho óbice en que el escrito de interposición del recurso de apelación apenas invierte dos líneas en denunciar la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), sin ofrecer una argumentación más detallada al respecto, por lo que en consonancia con ello la respuesta del órgano judicial alcanza la misma extensión en su último fundamento jurídico titulado «Otras consideraciones adicionales». De aquí colige que «no puede considerarse determinante que el tribunal de apelación haya entrado a analizar la posible infracción constitucional ahora invocada de adverso».
Por lo que se refiere a la cuestión de fondo, sostiene la entidad bancaria que la demanda de amparo tampoco dedica una alegación específica en torno a los términos en que se produce la lesión del art. 24.1 CE, más bien genérica. En todo caso, y efectuando una interpretación de las normas procesales aplicadas por la resolución recurrida, afirma que no hay la vulneración que se aduce de contrario, porque los consumidores y usuarios tienen legitimación para ejercitar una acción individual, se colige que «los perjudicados tengan vedada» la posibilidad de iniciar ésta «con el mismo objeto que la acción colectiva una vez se ha dado curso a la referida acción colectiva».
10. El Ministerio Fiscal formalizó su escrito de alegaciones con fecha 20 de enero de 2016, interesando la estimación del amparo «por entender que el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil … y el Auto … de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimando el recurso de apelación contra el anterior, han vulnerado el art. 24.1 CE que tutela el derecho de los demandantes de amparo a tener acceso al proceso y a obtener una resolución de fondo, restableciendo a los demandantes en amparo en el goce de su derecho fundamental».
Tras exponer los antecedentes de hecho, se precisa que «son dos las resoluciones judiciales impugnadas porque en ambas, tanto en la de instancia como en la de apelación, se deniega el acceso a la jurisdicción, si bien por motivos diferentes»; la del Juzgado acordando la suspensión por prejudicialidad, y la Audiencia el archivo del procedimiento por litispendencia. Así, «siendo motivaciones distintas las que impiden el acceso a la jurisdicción de las demandantes de amparo, ambas tienen un nexo común, cual es la finalidad de ambas resoluciones de encontrar una interpretación de las normas en juego, que son las que regulan la coordinación del ejercicio de las acciones individuales con el de las acciones colectivas, que permita resolver los conflictos, reales o aparentes, que puedan derivarse de dicha regulación».
En relación al motivo de fondo del recurso, el Ministerio público se centra en el art. 11.1 LEC, del que observa que prevé la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios para ejercitar acciones en defensa de los intereses generales de éstos, «sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados», quedando así establecida la compatibilidad entre ambas. Pasa a referirse a los razonamientos dados en el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona, y critica la solución de suspender el procedimiento hasta que recaiga sentencia firme en la causa seguida por ADICAE ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid, al no tratarse de las mismas partes, «porque en el proceso previo es una asociación de consumidores y en el proceso que se encuentra en el origen del presente recurso son los demandantes de amparo, que ni consta pertenezcan a la asociación demandante ni tan siquiera que hayan sido llamados a dicho proceso».
Así las cosas, considera el Fiscal que la solución interpretativa que sustenta el Auto del Juzgado de lo Mercantil «nos parece poco fundada en derecho, pudiera entenderse como arbitraria por cuanto desconoce el completo juego normativo que hemos esbozado más arriba y que se desprendería de la interpretación armónica de los arts. 11 y 15 LEC, revelando asimismo perspectivas ciertas de carácter enervante o formalista en su argumentación que justifican la vulneración aducida en la demanda de amparo relativa a un impedimento constitucional del derecho fundamental de acceso al proceso y en su seno a una resolución de fondo debidamente fundamentada, de conformidad con lo tutelado en el art. 24.1 CE».
A su parecer, además, la resolución del Juzgado adolece de una deficiente fundamentación, por dos causas: «en primer lugar porque, con independencia de que no consta que se haya aportado al proceso la documentación del proceso preexistente que permitiera de manera cierta acreditar, no sólo la existencia del mismo y su alcance final, sino asimismo las relaciones procesales existentes en aquél, el momento procesal en que se encontraba su tramitación y lo actuado hasta ese momento, así como los llamamientos a quienes pudieran ser parte en el mismo al tenor de los arts. 11 y 15 LEC, no se contiene razonamiento alguno encaminado a demostrar las exigencias del art. 43 LEC para poder decidir si concurría o no prejudicialidad civil … en ningún momento concreta ni razona cuales sean las similitudes y las diferencias que le permitan llegar a esa conclusión; un déficit argumentativo y fundamentador que es de alcance grave para con una decisión de tanta relevancia como lo es la suspensión de un proceso y el impedimento, al menos momentáneo, de que prospere el petitum de los demandantes».
Y en segundo lugar, prosigue diciendo, porque tampoco el Auto del Juzgado motiva por qué no era posible acordar la acumulación de procesos antes de tener que llegar a la solución de declarar la prejudicialidad, lo que supone «un nuevo ataque al deber de fundamentación de una resolución» cuya necesidad de motivación es «alta y exigente por las consecuencias anudadas a la misma», conforme «la constante jurisprudencia constitucional en relación con el art. 24.1 CE».
De la resolución de apelación, considera a su vez el Fiscal que «incide en los mismos defectos constitucionales que hemos atribuido a la de instancia». Respecto de la interpretación de las normas que lleva a la Audiencia a afirmar que la admisión a trámite de una acción colectiva de nulidad de cláusulas abusivas por una asociación de consumidores y usuarios, comporta la negación de la legitimación individual reconocida a los perjudicados en el art. 11.1 LEC, da por reproducidas al efecto las consideraciones efectuadas ya a propósito del Auto del Juzgado.
A continuación, cuestiona la declaración de oficio de la litispendencia hecha por la Audiencia, lo que «podría suponer la vulneración del derecho a no padecer indefensión anudada a incongruencia extrapetita (art. 24.1 CE) e incluso del proceso debido (art. 24.2 CE)». De otro lado, observa que el contenido de algunas sentencias dictadas en materia de cláusulas abusivas tanto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, revelan la complejidad de estos asuntos, frente a la cual los Autos aquí impugnados «excluyen de manera arbitraria, enervante y formalista la posibilidad de acciones individuales a los perjudicados primando las acciones colectivas, sin acreditar elementos de prueba esenciales, e impidiendo el acceso a una resolución de fondo tal y como exige el art. 24.1 CE que han vulnerado».
Concluye argumentando el Fiscal que lo que trae consigo la vulneración del art. 24.1 CE, en definitiva, «es que se prime la acción colectiva de manera radicalmente excluyente de la acción individual de los perjudicados a través de interpretaciones apodícticas», sin aportación documental suficiente «del proceso de referencia que justifiquen las mismas».
11. La representación procesal de los recurrentes presentó escrito el 9 de septiembre de 2016, por la que alega que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado Sentencia el 14 de abril previo, en las cuestiones prejudiciales referidas en su escrito de alegaciones del art. 52 LOTC; Sentencia cuya copia acompaña como documento núm. 1. Tras hacer transcripción del fallo, el escrito señala lo siguiente: «Por lo que siendo compatibles las acciones individuales, cuando existan acciones colectivas que versen sobre el mismo asunto, interesamos que sean devueltos los autos a la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, a fin de que sí se pronuncie sobre el fondo del asunto y dicte sentencia sobre el fondo. Esta parte entiende, dicho con los debidos respetos, que carece de sentido que la Sala Segunda del Tribunal Constitucional al que me dirijo, entre a conocer del recurso de amparo planteado, al ya haber sido resuelta la cuestión que motivó la interposición del recurso por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Y suplica que «habiéndose producido una carencia sobrevenida del objeto en cuanto a resolver sobre si se estimaba o no la excepción de litispendencia, se devuelvan los autos a la sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona para que entre a conocer del fondo del asunto, al haber sido resuelta la cuestión prejudicial por la que este órgano estimó la excepción de litispendencia».
La Secretaría de Justicia de la Sección Tercera de este Tribunal dictó diligencia de ordenación el 12 de septiembre de 2016, acordando unir a las actuaciones el mencionado escrito.
12. Por providencia de 15 de diciembre de 2016 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
1. La demanda de amparo solicita en su suplico, por los motivos que expone en sus fundamentos y que luego se analizarán, que este Tribunal declare la nulidad del Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictado el 19 de marzo de 2015, por vulnerar el derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) de los recurrentes, al haber estimado la excepción procesal de litispendencia respecto del procedimiento abierto a su instancia contra la entidad Caixabank, S.A., para la nulidad de la cláusula suelo incluida en el contrato de préstamo suscrito entre ambas partes; en favor del procedimiento instado a su vez en el año 2010 por la Asociación de usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) contra diversas entidades financieras –entre ellas la aquí demandada–, en ejercicio de una acción colectiva de cesación de cláusulas abusivas, ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid.
Ahora bien, aunque no en el suplico, el escrito de demanda sí que hace referencia en sus fundamentos a que el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona había dictado Auto el 20 de mayo de 2014 (aclarado por error material mediante Auto de 28 de mayo de 2014, sin incidencia en este amparo), acordando estimar la excepción de prejudicialidad del art. 43 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) planteada por la entidad demandada, en relación con aquel otro proceso seguido a instancias de ADICAE, trayendo consigo que se suspendieran las actuaciones hasta recaer sentencia firme en este último, a fin de estar a lo resuelto en el mismo para dilucidar la controversia aquí planteada. Esta decisión judicial propició, según explica la propia demanda, la interposición de un recurso de apelación en el que, aparte de otros argumentos, se hizo expresa invocación del art. 24.1 CE, al entenderse como impeditiva del derecho de los recurrentes a obtener una resolución de fondo sobre sus pretensiones.
A la vista de esa denuncia, y dado que la demanda en ningún momento afirma que el Auto de la Audiencia hubiere reparado la lesión producida por el Juzgado a quo, ha de entenderse que el recurso de amparo se plantea en realidad contra ambas resoluciones judiciales, siguiendo la doctrina de este Tribunal en cuya virtud, el escrito de demanda de amparo «constituye un todo unitario, cuya lectura ha de acometerse con un criterio flexible y no formalista, importando sobre todo que el escrito permita conocer “la vulneración constitucional denunciada y la pretensión deducida” (por todas, STC 214/2005, de 12 de septiembre, FJ 2, y las que en ella se citan» [STC 123/2010, de 29 de noviembre, FJ 2].
2. Debe ponerse de relieve sin más demora, que el objeto del presente proceso coincide sustancialmente con el deducido a su vez por otros demandantes de amparo en el recurso núm. 7120-2014, resuelto en sentido estimatorio por nuestra reciente Sentencia 148/2016, de 19 de septiembre. No solamente el asunto de fondo es coincidente entre ambos (la denuncia de vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción, por preterición de una acción de nulidad individual de cláusula abusiva, a favor de una acción colectiva de cesación instada por una asociación de consumidores –en este caso la de ADICAE arriba identificada–), sino que también lo son tanto la dispositiva como la ratio decidendi de las resoluciones impugnadas: la del Juzgado a quo que declara la suspensión del proceso individual por prejudicialidad, y la del Tribunal de apelación: en los dos, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona que con los mismos argumentos desestima los respectivos recursos de apelación, aunque acordando el archivo del procedimiento. Al no concurrir por tanto cuestiones nuevas ni distintas de las ya enjuiciadas entonces, se impone por unidad de criterio que traslademos aquí los razonamientos vertidos en aquella STC 148/2016.
3. Antes de entrar en el examen del fondo del recurso, han de formularse dos consideraciones previas:
a) En primer término, que no procede acceder a lo solicitado por la representación de los recurrentes de amparo en su escrito de 19 de septiembre de este año, en el sentido de que declaremos la pérdida o carencia sobrevenida del objeto de este recurso, por mor de haberse dictado Sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 14 de abril de 2016, resolviendo las dos cuestiones prejudiciales acumuladas a las que hizo referencia dicha parte en su escrito de alegaciones del art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Como fácilmente se percibe, el órgano promotor de dichas cuestiones (el Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona) es distinto del Juzgado que ha dictado el Auto de instancia aquí impugnado, y lógicamente se refiere también a procedimientos y partes diversos, por lo que no cabe extraer ningún efecto vinculante de la meritada STJUE, a favor de los recurrentes (ello sin perjuicio, del valor interpretativo que esta resolución puede tener para poder enjuiciar la queja aquí planteada, como más adelante se comprobará). Las dos resoluciones que aparecen aquí impugnadas, precisamente porque ya son firmes, no permiten reabrir las actuaciones –como se pretende en el escrito referido– salvo en virtud de una Sentencia estimatoria de esta jurisdicción constitucional que así lo dispusiera, ex art. 55 LOTC.
Negado pues que exista pérdida de objeto, se constata que el escrito de los actores no manifiesta en ningún momento una voluntad de desistir del recurso, pues de hecho lo que se postula es que la Audiencia Provincial provea (futuro) a una sentencia de fondo, lo que equivale a la misma pretensión de amparo deducida en la demanda, sólo que bajo el mal entendimiento de que tal imposición puede provenir de una declaración –sin base– de la pérdida de objeto del recurso. No hay motivo por ende para archivar el recurso, sino más bien para continuar con su análisis, como de inmediato haremos.
b) En segundo lugar y aunque sea de modo sucinto, hemos de dar debida respuesta al óbice procesal que plantea la entidad bancaria personada, relativo a la falta de agotamiento de la vía judicial previa ex art. 44.1 a) LOTC. De los términos con que el mismo se formula se desprende su falta de consistencia, pues lo único que se objeta es que el escrito de los apelantes no fuera más extenso en su denuncia de lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando lo cierto es que lo alegado fue, aunque sucinto, suficiente, pues generó una contestación concreta del Tribunal de apelación, como reconoce la entidad, sin que tenga relevancia alguna que esta última aparezca en el fundamento jurídico de la resolución.
Por lo demás, y extractando lo que ya señalamos en la STC 148/2016, FJ 2: «la demanda de amparo alega como único motivo la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de acceso a la Jurisdicción (art. 24.1 CE), que, a su parecer, se ha conculcado por una interpretación de la legalidad procesal que, en su sustrato, comparten, tanto el Juzgado como la Audiencia, como es la negación a que se dicte sentencia de fondo resolviendo las pretensiones de las partes con arreglo a la razón de pedir expuestas por éstas en sus escritos y con ponderación de las concretas circunstancias concurrentes en el caso». Aunque «los dos órganos judiciales han llegado a soluciones distintas … en ambas instancias, lo que al final aconteció, es que los ahora demandantes de amparo vieron impedido su acceso a la Jurisdicción y, por ende, la decisión judicial de fondo que resolviera sobre sus pretensiones … este pedido es lo que constituye la única razón de ser de su demanda de amparo … Por ello, ha de entenderse correctamente agotada la vía jurisdiccional previa». Se rechaza en consecuencia el óbice procesal alegado por la entidad personada.
4. Corresponde iniciar ya el examen de la lesión constitucional invocada. Para centrar el debate, la STC 148/2016, FJ 3, recordó la doctrina de este Tribunal acerca del derecho de acceso a la jurisdicción, vertiente del art. 24.1 CE, con cita de la STC 49/2016, de 14 de marzo, FJ 3 –que relaciona otras anteriores– acerca del derecho del justiciable a obtener una decisión de fondo de sus pretensiones, salvo que medie causa legal que lo impida y ésta se aplique de manera razonada y proporcionada por la resolución judicial que así lo declare. Asimismo, recordamos con invocación de la STC 106/2013, de 6 de mayo, FJ 4 (dictada también en un caso de aplicación indebida de la litispendencia), cuál es el canon de control a emplear en estos casos (arbitrariedad, irrazonabilidad, error patente o falta de proporcionalidad), advirtiendo que nos encontramos ante un control externo que no comporta formular un juicio de interpretación de la legalidad ordinaria aplicable, tarea propia de la jurisdicción ordinaria, sino analizar «si la interpretación que en este caso concreto han realizado los órganos judiciales a través de las resoluciones impugnadas es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia».
Bajo esta premisa, la citada STC 148/2016 acometió el enjuiciamiento de fondo desde un doble plano de análisis: el primero, el de determinar si la solución adoptada por las resoluciones impugnadas, declarando la suspensión de la acción individual de nulidad y más tarde su archivo, en favor de la acción de cesación de cláusulas abusivas promovida por una asociación de consumidores, tiene anclaje en las normas de nuestro ordenamiento, mediante una lectura prima facie de las disposiciones que regulan su ejercicio. Y, obtenida una respuesta negativa a este interrogante, en los términos que ahora se dirán, atendimos en segundo lugar al tratamiento que recibe la acción de cesación en el Derecho comunitario, que es donde ésta tiene su origen, alcanzando resultado idéntico en cuanto a la inexistencia de causa que justifique la exclusión o preterición de la acción individual.
En la mencionada STC 148/2016, FFJJ 4 y 5, este Tribunal hizo un detallado examen de la normativa interna española y también de la Unión Europea, de la que, a modo de resumen, podemos destacar lo siguiente:
En relación con el análisis del Ordenamiento jurídico nacional, este Tribunal, hizo referencia, en primer lugar, al régimen de legitimación activa (restringida a las entidades e instituciones señaladas en su artículo 16) para el ejercicio de acciones de cesación de cláusulas ilícitas y, también, de las pretensiones de condena acumulables, previstos en las Leyes 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación y 39/2002, de 28 de octubre (de transposición de la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, «relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores»), que supuso como novedad, en el caso de la segunda de las normas citadas, la inclusión de un apartado cuarto en el art. 15 LEC, que exceptúa expresamente a «los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios», de las reglas de publicidad y llamamiento al proceso contenidas en los apartados anteriores del mismo artículo 15, que operan en el ámbito de las acciones colectivas de reclamación de daños y perjuicios a consumidores determinados o de difícil o imposible determinación, y se venía a destacar que, con la precitada dispensa, resulta evidente «que el legislador asume no solamente que el consumidor individual no necesita estar presente en las actuaciones del proceso colectivo y, por ello mismo, puede actuar al margen de él ejercitando la acción de nulidad individual en un proceso autónomo. También que, en consecuencia, no puede deducirse judicialmente ninguna privación o sacrificio a dicha acción individual, por mor de una carga de personación al proceso de cesación que no existe» [STC 148/2016, FJ 4 b)].
Y, a continuación, la STC 148/2016 centró su atención en el vigente texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que prevé en su artículo 53 una acción de cesación de alcance más amplio que la de la Ley 7/1998, pues se dirige a «cesar» conductas que resulten contrarias a los derechos e intereses de los consumidores (entre las que cabe situar la cesación de cláusulas abusivas, como ya previó la anterior Ley de consumidores 26/1984, tras su reforma por la citada Ley 39/2002), también con legitimación tasada a entidades e instituciones, si bien recoge como pretensiones acumulables algunas que pueden concernir a contratos concretos (declaraciones de anulabilidad, resolución, rescisión o condena al cumplimiento de obligaciones, restitución de cantidades pagadas por cláusulas declaradas abusivas e indemnización de daños y perjuicios producidas por éstas). De modo textual se decía: «una vez más, y esto es lo determinante, la ley no fija ningún tipo de preterición, sea por la vía de la litispendencia u otra, de las acciones individuales frente a la acción colectiva de cesación, quedando indemne el derecho del interesado para impetrar la tutela autónoma de sus derechos e intereses legítimos de manera separada» [STC 148/2016, FJ 4 b)].
Y, en relación con este extremo, concluyó la STC 148/2016 afirmando que «de lo expuesto se deriva que no aparecen normas que habiliten al juez para acordar la exclusión o archivo del proceso de nulidad individual por la mera admisión a trámite de una acción de cesación de la misma cláusula, resultando más bien claras las expresiones del legislador en sentido contrario a esa tesis restrictiva del derecho de acceso a la jurisdicción» [STC 148/2016, FJ 4 b)].
Por último, y, a mayor abundamiento, hay que destacar que, en la STC 148/2016, FJ 5, cuya doctrina resulta de aplicación, se señalaba que, en el ámbito del Derecho comunitario, se constata que, tanto la Directiva 98/27/CE sobre acciones de cesación, como la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, «relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores», hacen reserva en todo caso del ejercicio de las acciones individuales por los interesados (consideración 2). De lo que se desprende que «la acción de cesación creada por las Directivas comunitarias no pretende erigirse en mecanismo sustitutivo del ejercicio de las acciones individuales en el ámbito de los consumidores; tampoco en materia de nulidad contractual», sino que el ordenamiento español «ha efectuado una ampliación del objeto de esta acción de cesación hacia pretensiones de carácter económico, ampliación que en sí misma no infringe dichas Directivas, las cuales expresamente dejan hecha reserva a ‘‘una más amplia facultad de actuación de los Estados’’ (art. 7 de las Directivas 98/27/CE y 2009/22/CE). Pero siempre y cuando esto último no acarree la exclusión de las acciones individuales» [STC 148/2016, FJ 5 a)].
Además, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 2016, también citada por la STC 148/2016, que resolvió dos cuestiones prejudiciales acumuladas suscitadas por el Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, en torno al mismo problema planteado en este caso por la decisión del Juzgado a quo de aplicar el art. 43 LEC con suspensión de los procesos de acción individual de nulidad de cláusula abusiva, hasta que recayera sentencia firme en el proceso de cesación instado por ADICAE ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid (procedimiento 471-2010), vino a declarar, en interpretación del art. 7 de la Directiva 93/13/CEE, que tal precepto se refiere a la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas «eficaces» en defensa de los consumidores, subrayando las diferencias existentes entre las acciones de cesación, que tienen carácter preventivo y finalidad disuasoria, y las acciones individuales, encaminadas a la protección de los mismos, añadiendo que la articulación de ambas no puede hacerse de modo que cause merma en los derechos de los consumidores (STJUE, apartado 29), debiendo cada Estado asegurar que sus reglas satisfagan los principios de equivalencia y efectividad (STJUE, apartado 32).
Pues bien, según la citada resolución, el derecho del consumidor individual se considera incumplido al producir una vinculación de dicho derecho con el resultado de la acción de cesación «incluso cuando decida no participar en la misma» y sin poder tener en cuenta las circunstancias concurrentes en cada asunto (STJUE, apartado 37), en contra de lo dispuesto a su vez en el art. 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, la cual fija que el carácter abusivo de la cláusula se aprecie atendiendo a tales circunstancias. También se ordena así en el art. 82.3 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, del que hace cita la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 241/2013, de 9 de mayo, FFJJ 235 a 238 y 246, para reconocer que esta regla de juicio por fuerza debe matizarse al resolver demandas de cesación.
En definitiva, a la vista del extenso análisis efectuado de las normativas nacional y del Derecho de la Unión Europea, se ha llegado a la conclusión en la STC 148/2016 de que no aparece en aquéllas ninguna norma que habilite al juez para acordar la exclusión o archivo del proceso de nulidad individual por la mera admisión a trámite de una acción de cesación de la misma cláusula, resultando más bien claras las expresiones del legislador español y europeo en sentido contrario a esa tesis restrictiva del derecho de acceso a la jurisdicción.
5. La aplicación de los postulados que preceden nos conduce, como se adelantó antes y de igual modo a lo razonado en la STC 148/2016, FJ 6, a la estimación de la presente demanda de amparo. En efecto, las resoluciones aquí impugnadas «prescindiendo del marco normativo propio de las acciones colectivas de cesación al que debía atenderse … han denegado la tutela jurisdiccional solicitada a través de la demanda de nulidad individual de cláusula abusiva, remitiendo a los actores a un proceso de cesación iniciado casi dos años antes en un Juzgado de Madrid por una asociación de consumidores. Para ello se aplican las reglas propias de otro tipo de acciones, las de reclamación de daños de los arts. 11.2 y 11.3 LEC y preceptos concordantes de esta última, excepto el que realmente importaba aquí: el apartado cuarto del art. 15 LEC, que como ya se ha visto, dispensa de adoptar las medidas de llamamiento y publicidad del proceso en todas las modalidades de acción de cesación, con desaparición, así, de toda posible carga procesal del reclamante individual por tener que acudir al proceso de cesación, cuyas disposiciones (Ley de condiciones generales de la contratación y texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios) no prevén siquiera la legitimación de afectados individuales, aunque éstos podrían confiar su caso a alguna de las entidades legitimadas como pretensión acumulada, lo que aquí sin embargo no sucedió. En consecuencia, si los aquí recurrentes no eran parte en ese proceso de acción colectiva, ni estamos en un supuesto de legitimación indirecta impuesta ex lege (como en el ámbito de la defensa colectiva de los derechos de propiedad intelectual y las entidades de gestión especializadas: SSTC 196/2009, de 28 de septiembre, FJ 3, y 123/2010, de 29 de noviembre, FJ 3), la conclusión lógica es que falta la identidad del elemento subjetivo necesario entre ambos procesos, el de cesación y el individual, para poder acordar la litispendencia» [FJ 6]. Que en el proceso iniciado a instancias de ADICAE el órgano competente ordenara publicar la demanda (del que la entidad demandada en el proceso a quo 688-2013, apenas aportó la página del encabezado y la del suplico) en medios de comunicación nacional, resulta irrelevante, «pues lo cierto es que, a falta de una carga procesal impuesta por la ley, los aquí recurrentes no tenían que atender al emplazamiento efectuado, ni en ese ni en otro proceso de cesación en cualquier parte del territorio nacional, por más que apareciere impugnada una cláusula del mismo contenido que la suya, ni antes ni después de formalizar demanda individual de nulidad de su cláusula y solicitud de devolución de lo pagado por ella» [STC 148/2016, FJ 6].
En el aspecto objetivo, por su lado, la identidad entre el proceso individual y el colectivo resulta cuanto menos dudosa, por cuanto, la «demanda de cesación se configura por ley como instrumento de control abstracto de cláusulas ilícitas, y lo que se pretende con ella es que el profesional demandado deje de recomendarlas o suscribirlas con sus potenciales clientes. En este caso, la acción de cesación de ADICAE impugnaba, entre otras, la cláusula suelo cuyo contenido coincide con la firmada por los recurrentes años antes con la misma entidad bancaria. Pero lo cierto es que en ese proceso no se conoció de la cláusula suelo de ‘su’ contrato, ni de las circunstancias concurrentes en su celebración (arts. 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, y art. 82.3 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios), como por ejemplo el cumplimiento del principio de transparencia. El objeto controvertido por tanto entre ambos procesos es similar, pero no idéntico. Ello no obsta, por supuesto, a que el Juzgado a quo, al dictar Sentencia sobre el fondo, deba de tener en cuenta los pronunciamientos ante todo del Tribunal Supremo, máximo intérprete de la legalidad ordinaria (art. 123 CE), en torno a la validez o nulidad de este tipo de cláusula. Pero extender de manera automática un efecto de cosa juzgada derivado de la estimación de la acción de cesación, a todas las cláusulas iguales insertas en la universalidad de contratos en vigor, además de no preverse en las normas que regulan dicha acción colectiva, puede llegar a atentar contra la autonomía de la voluntad del consumidor que no desee tal nulidad en su contrato, en los términos observados antes por nuestro Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O cercenar las posibilidades de su impugnación individual si la demanda de cesación se desestima por mor de una línea de defensa jurídica de la entidad actora, distinta de la que hubiera sostenido el reclamante individual con base en las circunstancias concurrentes sólo por él conocidas. Los Autos recurridos en amparo, por lo demás, citan pero no aplican el art. 11.1 LEC, que precisamente garantiza el ejercicio de acciones individuales –en este y múltiples ámbitos– con independencia de la promoción por las asociaciones de consumidores, de acciones en defensa de los intereses generales de éstos» (STC 148/2016, FJ 6).
Procede por tanto el otorgamiento del amparo que se solicita, declarando para ello la nulidad de los Autos recurridos, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de haberse dictado el Auto de 20 de mayo de 2014, para que el Juzgado de lo Mercantil a quo provea en términos que resulten respetuosos con el derecho fundamental declarado. Esto es, ordenando la continuación del procedimiento en primera instancia (juicio ordinario 100-2014) hasta su resolución por sentencia que resuelva el fondo de las pretensiones deducidas por las partes.
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Pablo Eduardo Estévez Boho y doña María del Mar Castaño Noguerol, y, en su virtud:
2.º Restablecerlos en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los Autos del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona, de 20 y 28 de mayo de 2014 (procedimiento ordinario núm. 100-2014), así como la nulidad del Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 19 de marzo de 2015 (rollo de apelación núm. 417-2014).
3.º Retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de dictarse el Auto de 20 de mayo de 2014, para que el Juzgado de lo Mercantil a quo provea a las actuaciones de una manera que resulte respetuosa con el derecho fundamental declarado, en los términos que fijamos en el anterior fundamento jurídico 5.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 53
 resolución