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Timestamp: 2019-10-18 23:56:54+00:00

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Sentencia de Tutela nº 077/18 de Corte Constitucional, 2 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 744648433
Sentencia T-077/18
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-Caso en que banco emitió respuesta indicando que no era posible entregar información solicitada, por no probar la calidad de causahabiente necesaria para el acceso a información de carácter confidencial y estar sometida a reserva bancaria
DERECHO DE PETICION-Núcleo esencial
DERECHO DE PETICION-Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva
DERECHO DE PETICION-Reglas jurisprudenciales
DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Contenido/DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Jurisprudencia constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL AL HABEAS DATA-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO AL HABEAS DATA-Fundamental autónomo
DERECHO AL HABEAS DATA Y PROTECCION DE DATOS-Principios del tratamiento de datos personales
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-Orden a entidad financiera entregar a la accionante información que no corresponda a datos sensibles y que no requieran autorización del titular de la información
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-Orden a entidad financiera entregar a la accionante información relacionada con datos sensibles siempre y cuando demuestre su calidad de causahabiente del fallecido
Expediente T-6.416.527
Acción de tutela presentada por L.M.H.M. contra del Banco GNB Sudameris
Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional integrada por las M.G.S.O.D., C.P.S. y el Magistrado A.J.L.O., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente,
En el proceso de revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías, en primera instancia, y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín, en segunda instancia, dentro de la acción de tutela promovida por L.M.H.M. contra el Banco GNB Sudameris.
La demandante L.M.H.M. presentó acción de tutela el 30 de mayo de 2017 contra el Banco GNB Sudameris, en procura del amparo de su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por dicha entidad, al no entregar la información requerida en la solicitud que elevó el día 18 de abril de 2017 ante la accionada. En consecuencia, la accionante solicita que se ordene a la entidad accionada entregarle la totalidad de la información requerida en su petición del 18 de abril de 2017.
2.1. El dieciocho (18) de abril de 2017 elevó petición ante el BANCO GNB SUDAMERIS, en la cual solicitó que le fuese entregada información referente a su hermano, el señor L.A.H.M., fallecido el seis de febrero de 2017 y quien ostentaba la calidad de exempleado de la entidad accionada seis meses antes de su muerte.
-	Copia del contrato de trabajo o de los contratos de índole laboral, suscritos entre el BANCO GNB SUDAMERIS, en su calidad de empleador y el señor L..
-	Copia de todos los otrosí al contrato de trabajo, suscritos durante la vigencia de la relación laboral con el señor H..
-	Copia de los comprobantes de pago de nómina de seis (6) meses anteriores a la terminación del contrato del exempleado en mención.
-	Copia de las solicitudes de créditos solicitados por el señor L. al empleador durante toda la vigencia de la relación laboral, junto con las réplicas de los documentos donde él expresaba la forma en que iba a cancelar los préstamos.
-	Copia de la constancia del pago de los aportes al Sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales, correspondientes a los últimos doce (12) meses de duración del contrato de trabajo del señor L..
-	Matriz detallada de los pagos que recibía el fallecido en virtud de su calidad de sindicalizado, y de las deducciones que se le realizaban por pertenecer al mismo.
-	Discriminación de los valores extralegales no constitutivos de salario que se le reconocían al señor L., con la copia del respectivo pacto no salarial.
-	Copia de los resultados de los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro del señor H..
-	Copia de las constancias del acompañamiento psicológico brindado al señor L. por parte del banco en su calidad de empleador y en virtud del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
-	Copia de todos los documentos (citación, acta de descargos y notificación de la sanción) que conforman los procesos disciplinarios sancionatorios adelantados en contra del exempleado, en todo el tiempo que prestó sus servicios laborales, especialmente los escritos que forman parte de la diligencia de descargos que se adelantó en contra del señor H. la cual tuvo como sanción la terminación del contrato de trabajo.
-	Copia de los apartes del Reglamento Interno de Trabajo de la Compañía donde se consagra la escala de faltas y sanciones, el organigrama de la empresa y el capítulo donde se describen las características y requisitos de los procedimientos disciplinarios sancionatorios en contra de los empleados de la compañía, por la presunta comisión de alguna falta.
-	Copia de la denuncia interpuesta por el Banco Sudameris en virtud del hurto acaecido en la caja en la que el señor L. prestaba sus servicios laborales. Además, copia de la investigación realizada por la compañía respecto del hurto referido.
-	Copia del auto del juzgado donde se ordena el embargo del salario del señor H..
-	Copia de todos los documentos que prueban el supuesto descuadre de la caja del señor L. “por valor de DOCE MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000)”.
-	Copia de la constancia de las deducciones realizadas al señor L. en virtud del supuesto descuadre de la caja mencionado.
-	Copia del documento donde el señor L. autoriza las deducciones a su salario debido al descuadre de la caja.
-	Informe respecto de los beneficios concedidos por el Sindicato ante el despido con justa causa del exempleado en mención y por su muerte.
2.6. Su cuñada, J.X.Á.G., quien ostentaba la calidad de compañera permanente de su hermano, también solicitó la información referida a la entidad accionada, “pero el banco emitió una respuesta igualmente evasiva, donde manifestaban que la misma no podía conocer la mencionada información ya que no se tenía claro la calidad de la misma”. Dicha respuesta le desconcertó, máxime si se tiene en cuenta que a su cuñada le otorgaron la pensión de sobrevivientes, a que tenía derecho por haber convivido con su hermano.
2.7. La respuesta de la entidad accionada dirigida a la señora X., a su juicio, “demuestra una vez más, la mala fe del banco, al no entregar la información de mi hermano, ya que si la misma ostentara la calidad de reservada a la luz de la ley financiera en Colombia, argumento que insisto es insultante, debió haber sido esa la respuesta que le dieron a la viuda, pero por el contrario usaron otro argumento totalmente infundado y que deja claro que la única intención del banco es que no accedamos a los datos, lo que hace concluir que la entidad financiera tiene algo que ocultar”.
- Escrito de acción de tutela (folios 1 al 7).
- Registro civil de Defunción del señor L.A.H.M. (folio 8).
- Registros civiles de nacimiento de L.A.H.M. y L.M.H.M. (folios 10 y 11).
- Escrito de petición presentado por la accionante ante el Banco GNB Sudameris el 18 de abril de 2017 (folios 12 al 15).
- Respuesta fechada el 5 de mayo de 2017, por parte del Banco GNB Sudameris, a la petición presentada por la accionante el 18 de abril de 2017 (folios 16 y 17).
- Escrito de petición radicado ante el Banco GNB Sudameris el 2 de marzo de 2017. Presentado por J.X.Á.G. y firmado conjuntamente por D.C.P.P. quien obra como asesora jurídica y coadyuvante (folios 18 al 20).
Respuesta fechada el 14 de marzo de 2017, por parte del Banco GNB Sudameris a la petición presentada por J.X.Á. el 5 de mayo de 2017 (folios 21 y 22).
-Escrito de defensa ante la acción de tutela por parte del Banco GNB Sudameris dirigido al Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías (folios 26 al 39).
- Guías de constancia de envío de correspondencia por parte del Banco GNB Sudameris dirigido a L.M.H. y a D.P. los días 8 y 16 de mayo de 2017, respectivamente (folios 42 al 44).
- Fallo de primera instancia del 12 de junio de 2017 proferido por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías (folios 71 al 73).
-Escrito de impugnación al fallo de primera instancia, por parte de la accionante (folios 76 al 78).
- Fallo de segunda instancia del 25 de julio de 2017 proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento (folios 83 al 88).
5.5. En cuanto a la petición presentada por la señora J.X.Á.G., la entidad también dio respuesta oportuna y de fondo como se evidencia en los documentos adjuntos a la acción de tutela. En aquel caso, la solicitante tampoco acreditó adecuadamente su calidad de heredera legal, de acuerdo con lo establecido por la Ley.
5.6. La accionante manifiesta que la señora J.X.Á.G. fue reconocida como compañera permanente del extrabajador fallecido y recibió la pensión de sobrevivientes; lo cual inhabilitaría a la accionante como heredera legal de dicho extrabajador, para solicitar y acceder a información de carácter confidencial y reservado del mismo.
6.1. Primera Instancia
6.3. Segunda Instancia
Con el propósito de clarificar los supuestos de hecho que motivaron la presente acción de tutela y para un mejor proveer en el presente asunto, mediante Auto del veintitrés (23) de enero de 2018, el M.S. solicitó a la peticionaria que informara sobre los posibles causahabientes del señor L.A.H.M.; en los siguientes términos:
“INFORME, en el perentorio término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del presente proveído, la totalidad de personas que puedan tener la calidad de causahabientes del señor L.A.H.M., quien falleció el 6 de febrero de 2017, como esposa o compañera permanente, hijos, padres y hermanos.
Vencido el término probatorio, la Secretaría General de esta Corte informó al Magistrado Sustanciador que se dio cumplimiento al Auto de 23 de enero de 2018, mediante oficio OPT-A-266/2018 del 25 de enero de 2018. Además, indicó que el oficio remitido a la señora L.M.H.M., fue devuelto por la oficina de correo 472 con la anotación “No reside”. En concordancia con lo anterior, no se recibió respuesta alguna durante el término referido .
¿El Banco GNB Sudameris vulneró el Derecho de Petición de la señora L.M.H.M. al negarle la entrega de la información que esta le requirió respecto de su hermano fallecido, bajo el argumento de que la peticionaria no probó la calidad de causahabiente requerida para el acceso a información de carácter confidencial y reservado?
Derecho fundamental de petición. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, la Ley 1755 de 2015 reguló todo lo concerniente al derecho fundamental de petición, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo .
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas .
En reciente Sentencia C-418 de 2017, este Tribunal reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación :
6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiere darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.
(i) La prestación de un servicio público o el desempeño funciones públicas. Al respecto, se destacan las entidades financieras, bancarias o cooperativas, en tanto que se trata de personas jurídicas que desempeñan actividades que son consideradas servicio público . De la misma manera, se incluyen las universidades de carácter privado, las cuales prestan el servicio público de educación . También se destacan las actividades de los curadores urbanos, quienes son particulares encargados de la verificación del cumplimiento de la normatividad urbanística o de edificación . En estos eventos, el derecho de petición opera como si se tratase de una autoridad y, por consiguiente, al ser similar la situación y la calidad del particular a una autoridad pública, está en la obligación de brindar respuesta a las peticiones presentadas, siguiendo lo estipulado en el artículo 23 de la Constitución Política .
(iii) En aquellos asuntos en los cuales exista una relación especial de poder entre el peticionario y la organización privada. Al respecto, la Ley 1755 de 2015 dispuso que el citado derecho se podía ejercer ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encontrara en: (i) situaciones de indefensión o subordinación o, (ii) la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario .
“La subordinación responde a la existencia de una relación jurídica de dependencia, vínculo en que la persona que solicita el amparo de sus derechos fundamentales se encuentra sometido a la voluntad del particular. Dicho vínculo proviene de una determinada sujeción de orden jurídico, tal como ocurre en las relaciones entre padres e hijos, estudiantes con relación a sus profesores, o por ejemplo los trabajadores respecto de sus patronos o entre los ex-trabajadores y ex-empleadores siempre que se soliciten los datos relevantes de la seguridad social, al igual que los elementos relacionados con el contrato de trabajo, premisa que aplica también a las entidades liquidadas.
El ejercicio del derecho de petición también opera en razón de que el particular que ocupa una posición dominante puede desplegar actos de poder que incidan en la esfera subjetiva del peticionario o tenga la capacidad efectiva de afectar sus derechos fundamentales, con lo cual queda en una situación de indefensión. La relación de poder específica introduce una dimensión constitucional adicional a la meramente laboral o contractual que merece ser valorada, como lo ha hecho la Corte Constitucional en sentencias anteriores (…) ” (Negrilla fuera del texto).
Derecho a acceder a datos personales y al habeas data. Reiteración de jurisprudencia
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha precisado los elementos que componen dicho derecho . En sus inicios, consideró que este se encontraba directamente relacionado con la eficacia del derecho a la intimidad ; luego lo identificó como un derecho autónomo derivado del artículo 15 Superior, estableció sus características y exhortó al Legislador para que lo regulara ante el incremento de los riesgos del poder informático . Mediante Sentencia T-414 de 1992 , indicó que toda persona, “(…) es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Su finalidad es la de asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede renunciar total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta”.
En concordancia con lo anterior, este Tribunal precisó que el derecho a la intimidad abarca diferentes dimensiones, dentro de las cuales se encuentra el hábeas data . Este comporta el derecho a obtener información personal que se encuentre en archivos o bases de datos, la posibilidad de ser informado acerca de los datos registrados sobre sí mismo y la facultad de corregirlos, la divulgación de datos ciertos y la prohibición de manejar tal información cuando existe una prohibición para hacerlo. En este sentido, la Corte concluyó que “(…) tanto el hábeas data como la intimidad encuentran su razón de ser y su fundamento último en el ámbito de autodeterminación y libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición indispensable para el libre desarrollo de su personalidad y en homenaje justiciero a su dignidad” .
En cumplimiento del deber de regular el derecho fundamental al habeas data el Legislador expidió la Ley Estatuaria 1266 de 2008 la cual reiteró los principios fijados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Puntualmente, la ley en mención estableció que las actividades de recolección, procesamiento y circulación de datos personales contenidos en bases de datos de carácter financiero deben regirse por los principios de veracidad, temporalidad, integridad, seguridad, confidencialidad, circulación restringida y finalidad .
No obstante, dicha regulación se limitó al dato financiero. Así lo indico la Corte en la Sentencia C-1011 de 2008 mediante la cual efectuó el análisis de constitucionalidad previo del proyecto de ley y en la que concluyó que esta norma tiene un carácter sectorial, dirigido a la regulación de la administración de datos personales de contenido comercial, financiero y crediticio . Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012 , cuya constitucionalidad se estudió por esta Corte mediante la Sentencia C-748 de 2011. Dicha normativa establece de manera general los principios a los que está sujeto cualquier tipo de tratamiento de datos en Colombia. En concordancia con la Ley 1266 de 2008, la ley estatutaria de habeas data, Ley 1581 de 2012, hizo un ejercicio de compilación de los criterios y principios desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
Ahora bien, en cuanto al derecho a requerir la información respecto de datos personales consignada en una entidad; el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012, determinó que las personas a quienes es posible suministrar la información son: (i) los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; (ii) las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; y (iii) los terceros autorizados por el Titular o por la ley. Mediante el artículo 14 de la norma en comento, se establece que los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos, sea esta del sector público o privado. El responsable o encargado del tratamiento deberán suministrar a estos toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular. La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo .
Finalmente, el artículo 20 del Decreto 1377 de 2013 establece quiénes están legitimados para ejercer los derechos incorporados en la Ley 1581 de 2012, a saber: (i) el titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le ponga a disposición el responsable; (ii) sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad; (iii) el representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la representación o apoderamiento; y (iv) por estipulación a favor de otro o para otro. En relación con los derechos de los niños, niñas o adolescentes, el decreto en mención indica que estos se ejercerán por las personas que estén facultadas para representarlos.
5.1. Síntesis de los hechos
Así mismo, mencionó que su cuñada, J.X.Á.G., quien tenía la calidad de compañera permanente del fallecido, había solicitado previamente esa misma información y el banco también la había negado al considerar que la señora J.X. no había acreditado debidamente su calidad de causahabiente.
5.2. Procedencia de la acción de tutela en el caso sub judice
5.2.1. Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Así mismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempla la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando “el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa”. En la misma norma, se establece que la legitimación por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa .
En esta oportunidad, la acción de tutela fue interpuesta por L.M.H.M., quien considera sus derechos fundamentales vulnerados, y presenta la tutela a nombre propio. Así, en el caso bajo estudio, la Sala encuentra acreditado el requisito de legitimación por causa activa.
5.2.2. Legitimación pasiva
Siguiendo lo establecido por la ley y la jurisprudencia constitucional, la legitimación pasiva en la acción de tutela se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela fue dispuesta y diseñada para los casos de violación o amenaza de los derechos fundamentales de las personas por parte de agentes estatales o de servidores públicos. Dentro de esta comprensión el inciso primero del artículo 86 señala que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”. Por ende, el amparo procede en contra de autoridades públicas y por excepción, en contra de particulares .
La procedencia de la acción de tutela en contra de particulares fue dispuesta en el inciso final del artículo 86 de la Constitución, de acuerdo con el cual “(l)a ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión” . La ley a la que hace referencia la cita en comento es el Decreto 2591 de 1991. En su artículo 42 enumera nueve modalidades de la acción de tutela contra particulares, a saber:
Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución .
Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía
Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios .
Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela ”.
En concordancia con lo anterior, también es predicable la procedencia de la acción de tutela contra particulares, cuando el derecho que se alega como vulnerado sea el de petición. Los artículos 32 y 33 de la Ley 1755 de 2015 establecen que, en estos casos, es necesario acudir a la jurisdicción constitucional de tutela.
5.2.3. Inmediatez
Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de presentar la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales .
5.2.4. Subsidiariedad
Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. De igual forma, se ha aceptado la procedencia definitiva del amparo de tutela en aquellas situaciones en las que, existiendo recursos judiciales, los mismos no sean idóneos o eficaces para evitar la vulneración del derecho constitucional fundamental .
En la Sentencia C- 951 de 2014, mediante la cual la Sala Plena de esta Corporación estudió la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria No. 65 del 2012 Senado, – 227 de 2013 Cámara “Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, señaló que el derecho de petición se aplica a todo el procedimiento administrativo, trámite que incluye los recursos ordinarios y extraordinarios, de manera que su no resolución oportuna o adecuada también es susceptible de corregirse a través de la acción de tutela. De esta manera, la acción de tutela es el único mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la protección del derecho fundamental de petición, del cual hacen parte los recursos administrativos ante las autoridades.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el asunto que ocupa a la Sala adquiere una relevancia iusfundamental que activa la competencia del juez de tutela, en tanto lo que se estudia es la posible vulneración del derecho fundamental de petición de L.M.H.M., la Sala Quinta de Revisión considera que se acredita el requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, pasará a examinar a fondo el asunto.
5.3.1. Tiempo de respuesta a la petición
La demandante, asegura haber recibido de manera extemporánea la respuesta a su petición del 18 de abril de 2017. Del material probatorio se tiene que la entidad accionada envió respuesta el día 8 de mayo del mismo año. Sin embargo, según se evidencia en el sello de devolución de la guía de envío No. 281112778 de la oficina de correos Servientrega, la correspondencia fue retornada al remitente con las siguientes observaciones: “no se estableció comunicación ni destinatario se hace devolución al remitente”. Así mismo, en el concepto de devolución indica “no lo conocen” .
Al hacer una revisión de los datos consignados en dicho envío, esta S. advierte que la dirección a la cual fue remitido el escrito corresponde con la indicada por la solicitante en su escrito de petición; y, en cuanto al nombre de la destinataria, en efecto correspondía al de la demandante. Pese a la devolución, la entidad bancaria envió nuevamente la respuesta a la misma dirección, pero indicando esta vez como destinataria a D.P., quien aparece como abogada coadyuvante en la petición presentada por la señora J.X.Á.G. ante el mismo banco, documento que es anexado por la peticionaria en su escrito de tutela .
En este segundo envío la respuesta fue recibida con radicado del 16 de mayo de 2017 ; la demandante asegura haberla recibido “por fuera del término legal”, esto es, el 17 de mayo de 2017. No obstante, la Sala encuentra que la fecha de recepción no coincide con la fecha de envío, situación que no puede endilgársele a la entidad bancaria debido a que esta realizó los trámites necesarios para contactar a la solicitante, reenviando nuevamente la correspondencia a la dirección que fue consignada por esta última en su solicitud, aun cuando precisó que allí sería recibida por un destinatario diferente, como en efecto sucedió. Tal y como se mencionó en líneas anteriores, la dirección que la demandante dejó consignada en su solicitud al banco, e incluso en su tutela, corresponde a un destinatario diferente. De manera que, es posible inferir que la accionante tenía conocimiento de que en esa dirección se le daría respuesta a su petición y por ende tuvo la posibilidad de ser notificada mediante el primer envío efectuado por la entidad accionada.
5.3.2. Contenido de la respuesta
La entidad negó la entrega de la información solicitada por la demandante indicando que: “(…) la información y documentación por Usted requerida, correspondiente a su señor hermano L.A.H.M. (QEPD), es de carácter reservado, carácter que el Banco GNB Sudameris tiene la obligación de proteger y salvaguardar, de acuerdo con las políticas y lineamientos generales de tratamiento de datos personales, a los que está sujeta por Ley esta Entidad, razón por la cual no es posible enviar la información solicitada, salvo que sea requerida por una Autoridad Judicial o de Control” .
Como lo señala la accionada en su respuesta, la información solicitada debe ser protegida y salvaguardada por la entidad en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 que regula la protección de datos personales. El Título IV, “Derechos y Condiciones de Legalidad para el Tratamiento de Datos”, de dicha ley establece quiénes están legitimados para solicitar la información contenida en los datos personales. El artículo 8 establece los derechos que tienen los titulares de dicha información . El artículo 9, por su parte, determina que, sin perjuicio de las excepciones previstas en dicha ley, “en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior”.
“Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:
Ahora bien, en relación con la solicitud y uso de datos sensibles, el artículo 5 de dicha normativa establece la exigencia de un tratamiento especial aún más restrictivo en comparación con los demás datos personales, en aras de proteger la intimidad del titular de la información y evitar actos de discriminación en contra suya o de quienes verse la información. Dicho artículo define los datos sensibles así:
“ARTÍCULO 5o. DATOS SENSIBLES. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos” (Negrilla fuera de texto)
En relación con el tratamiento que debe darse a los datos sensibles el artículo 6 de la normativa referida indica:
“ARTÍCULO 6o. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES. Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:
El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares”.
Al respecto, cuando la Corte ha tenido que resolver este tipo de debates, lo ha hecho principalmente en el marco de solicitudes de entrega de la Historia Clínica de un paciente que ha fallecido. En tales situaciones se trata de datos sensibles fuertemente conectados con la intimidad de la persona. Aun así, la Corte ha ordenado la entrega de tal tipo de información considerando que la reserva de dichos datos debe hacerse más flexible cuando quienes los solicitan son personas del núcleo familiar del fallecido. En la Sentencia T-528 de 2016, la Sala Sexta de Revisión señaló que:
“es claro que la historia clínica es un documento privado sometido a reserva legal, no obstante, cuando la persona ha fallecido, dicha reserva es inoponible a sus familiares más cercanos por existir entre ellos un estrecho lazo de cercanía y confianza, no pudiendo predicarse lo mismo de todos aquellos terceros interesados en tener acceso a dicha información”. (N. fuera de texto).
“(...) la Corte encontró que los familiares tienen derecho a consultar la historia clínica de su familiar fallecido o gravemente enfermo cuando exista un interés iusfundamental en la solicitud. En segundo término señaló que sólo son titulares de este derecho los familiares más cercanos (padres, hijos, hermanos, cónyuge y compañero o compañera permanente) y de ninguna manera otras personas que no reúnan estas calidades. Finalmente, indicó que incluso los familiares cercanos deben comprometerse a guardar la reserva de la información médica en todo aquello que no sea estrictamente necesario para el ejercicio o la garantía de sus derechos fundamentales”. (N. fuera de texto).
“(...) debe resaltarse el hecho de que en determinadas circunstancias el conocimiento de dicha información resulta vital para garantizar otros derechos fundamentales de los familiares de una persona fallecida, como por ejemplo la vida en condiciones dignas, en términos de tranquilidad moral y mental. De esta manera, existen situaciones en las que la posibilidad de conocer la verdad sobre sucesos tan dolorosos como las causas de la muerte de un miembro del núcleo familiar, es precisamente lo que le permitirá al afectado continuar con su proyecto de vida y salvaguardar la dignidad de la memoria de aquél que ha fallecido; además, esto posibilitará, siempre que a ello hubiere lugar, justificar y fundamentar el ejercicio de distintos mecanismos procesales ante las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas competentes, cuando existan elementos que permitan inferir la existencia de algún tipo de responsabilidad en la muerte del paciente”. (N. fuera de texto).
En adición, este Tribunal ha señalado que los datos sensibles, en principio, tienen carácter reservado. Sin embargo, dicha reserva no es oponible a sus familiares más cercanos . Ello podrá establecerse cuando concurran las siguientes circunstancias: (i) se demuestre el fallecimiento de la persona titular de la información; (ii) se acredite la calidad de familiares cercanos (padre, madre, hijo, hija, cónyuge, compañero o compañera permanente o hermano) del titular de la historia clínica; (iii) se expresen los motivos por los cuales demanda el conocimiento del documento en mención; y (iv) se cumpla con el deber de no hacer pública la información de manera que únicamente se emplee por las razones que motivaron la solicitud .
(i)	La demandante solicitó información que no requería autorización del titular para ser entregada por parte de la entidad.
(ii)	El fallecimiento del titular, L.A.H.M., se certificó mediante el Registro Civil de Defunción que anexó la peticionaria a su escrito tutela .
(iii)	La calidad de hermana del titular fue acreditada mediante los registros civiles de nacimiento del titular, L.A.H.M. y de la peticionaria, L.M.H.M. .
(iv)	La solicitante expresó los motivos por los cuales demanda el conocimiento de la información en su escrito de tutela, de la siguiente manera:
Por lo tanto, considero realmente importante conocer la información requerida, ya que es la única forma que tengo para esclarecer los hechos que llevaron a mi hermano a tomar la decisión de quitarse la vida y es importante para determinar la necesidad de iniciar algún procedimiento para hacer valer mis derechos como heredera” . (N. fuera de texto).
(v)	En relación con el deber de no hacer pública la información de manera que se emplee por las razones que motivaron la solicitud, la Corte ha exigido guardar esta debida reserva. En ese sentido, los datos sensibles podrían ser utilizados en el intento de la accionante por esclarecer los hechos del fallecimiento de su hermano, sin perjuicio de que, en caso de que la información brindada por la entidad bancaria resulte necesaria para ejercer sus derechos como heredera o para la defensa de derechos fundamentales, también esté habilitada para hacer uso de tal información. En todo caso, deberá procurar mantener la mayor reserva posible para no vulnerar la intimidad y el buen nombre del fallecido.
Como se observa, en principio, la aquí accionante tiene razón respecto del derecho que le asiste a recibir la información que solicitó a la entidad bancaria, que no requería de la autorización del Titular. No obstante, teniendo en cuenta que a diferencia de la jurisprudencia citada, la accionante solicita además de datos sobre la salud de su hermano, otra información sensible relacionada con los procesos judiciales y disciplinarios en contra de este y con su afiliación sindical; para esta S., se torna necesario un tratamiento aún más riguroso de la información en aras de proteger los derechos a la intimidad y el buen nombre tanto del fallecido como de las personas más cercanas a él y que, de alguna manera, puedan verse afectadas por la entrega de dicha información a personas diferentes a aquellas. En atención a ello, dentro del proceso se solicitó a la accionante información acerca de la posible existencia de causahabientes que pudieran tener mejor derecho que la demandante; sin embargo, no se obtuvo respuesta de su parte.
En consecuencia, se colige que, aun cuando la entidad bancaria haya respondido a tiempo la petición elevada por la demandante, a la luz de la ley y la jurisprudencia de esta Corte, la accionada vulneró el derecho de petición de L.M.H.M. al no hacer entrega de la información requerida que no hace parte de los datos sensibles del causante y sobre la cual no había restricción de autorización por parte del Titular de dicha información. Por tanto, esta S. concederá el amparo solicitado y le ordenará al Banco GNB Sudameris que haga entrega de tal información a la accionante.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo de Sentencia de tutela proferido el 25 de julio de 2017 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, que a su vez confirmó el proferido del 12 de junio de 2017 por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías; y, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental de petición de la accionante, por los motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR al Representante Legal del Banco GNB Sudameris o a quien haga sus veces, que en el término de cinco (5) días hábiles, a partir de la notificación de este proveído, entregue la información relacionada por la accionante en su petición, que no corresponda a datos sensibles y que no requieran autorización del Titular de la información. En cuanto a la entrega de datos sensibles, esto es, información relacionada con la salud, la actividad sindical y con investigaciones y procesos disciplinarios y judiciales adelantados en contra del fallecido, titular de la información, la entidad contará con el mismo término de entrega, contado a partir de que la accionante demuestra su calidad de causahabiente del fallecido por cualquier medio legal o en su defecto mediante declaración juramentada en la cual afirme no tener conocimiento de la existencia de otra persona con mejor derecho para recibir tal información.
TERCERO.- ADVERTIR a la actora que, la información requerida, que contenga datos sensibles le será entregada bajo la estricta condición de que deberá mantener su reserva, evitando así afectar los derechos a la intimidad o el buen nombre de su pariente y, que estos datos, solamente podrán ser utilizados en su intento por esclarecer los hechos del fallecimiento de su hermano, sin perjuicio de que, en caso de que la información que contengan resulte necesaria para ejercer sus derechos como heredera o para la defensa de derechos fundamentales, también le será permitido utilizarla con la misma reserva indicada.
CUARTO.- Por Secretaría, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Con aclaración de voto	CRISTINA PARDO SCHLESINGER

References: artículo 23
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 15
 artículo 86
 resolución 
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 36