Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24734
Timestamp: 2019-10-20 19:07:30+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: AUTO 188/2015
AUTO 188/2015, de 5 de noviembre
ECLI:ES:TC:2015:188A
Pleno. Auto 188/2015, de 5 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3749-2015. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3749-2015, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Barcelona en relación con los artículos 62 del texto articulado de la Ley de funcionarios civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y 78.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público.
1. El 25 de junio de 2015 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Barcelona, al que se acompaña, además del testimonio del procedimiento correspondiente, el Auto de 4 de junio de 2015, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 62 de la Ley de funcionarios civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y el art. 78.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público.
a) El 22 de julio de 2014, dos funcionarios públicos de carrera con categoría de agentes o mozos del Cuerpo de Policía de la Generalitat-Mossos d´Esquadra, interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por silencio administrativo negativo, del recurso de reposición deducido en su día contra la resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Policía de la Administración de la Generalitat de Cataluña, por la que se deniega la permuta de destinos instada en su momento por los recurrentes; denegación que resultó íntegramente confirmada por resolución administrativa expresa posterior, el 28 de julio de 2014.
b) Tras la celebración de la vista oral y conclusas las actuaciones, mediante providencia de 14 de mayo de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Barcelona, vistas las actuaciones y con suspensión del plazo para dictar sentencia, acuerda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar audiencia a las partes comparecidas y al Ministerio Fiscal, para que en el plazo común e improrrogable de diez días puedan alegar lo que estimen conveniente sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 62 de la Ley de funcionarios civiles del Estado, cuyo texto articulado fue aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y en relación con el art. 78.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, en cuanto dichos preceptos contemplan la permuta de destinos entre funcionarios públicos de carrera, como forma de provisión definitiva de puestos de trabajo funcionariales, con infracción de los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso y provisión de funciones en virtud de los arts. 23.2 y 103.3 CE. Considera el órgano judicial que dichos preceptos constituyen el único fundamento normativo de rango legal desarrollado en Cataluña para el colectivo específico de la función pública policial autonómica, por los arts. 2.3 y 25 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de Policía de la Generalitat-Mossos d´Esquadra, aprobado por Decreto autonómico 401/2006, de 24 de octubre, objeto de la controversia procesal de autos.
c) Por escrito de 28 de mayo de 2015, el Fiscal, despachando el trámite de audiencia, emite informe en el que considera que se dan tanto el juicio de aplicabilidad como el de relevancia, y estima pertinente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Por su parte, y en escrito de 3 de junio de 2015, el Gabinete jurídico de la Generalitat se opone al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, por considerar que la permuta, tal y como está configurada legalmente, no contradice los preceptos constitucionales invocados.
d) El órgano judicial dictó el Auto de 4 de junio de 2015, planteando la cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 62 de la Ley de funcionarios civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero; y el art. 78.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es cierto, ha modulado la vigencia y efectividad de los repetidos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en algunos supuestos particulares por razón de su concurrencia con otros principios, bienes o derechos constitucionalmente protegidos por la misma Carta Magna, tales como los de eficacia, jerarquía y organización administrativa (STC 365/1993), o incluso el de protección a la familia (STC 192/1991 y STC 200/1991, entendiendo que, por específicas razones de rango constitucional, merecen distinta consideración, el acceso a la función pública o la promoción de la propia carrera administrativa, incluida la provisión definitiva de los puestos de trabajo y, por ello, dicha jurisprudencia constitucional constata puntualmente el diferente rigor e intensidad con el que en cada uno de dichos ámbitos —selección y provisión— operan los derechos y valores constitucionales.
A continuación, el Auto aborda el juicio de relevancia de la presente cuestión de inconstitucionalidad, considerando que las dos normas cuya constitucionalidad se cuestiona resultan aplicables al fallo judicial, dado que los recurrentes son funcionarios públicos de carrera, y los mismos fundan tanto su pretensión anulatoria de la actuación administrativa impugnada como su pretensión de reconocimiento de su derecho a la permuta, en la vigencia y efectividad de dicha institución, para la que entienden que cumplen los requisitos requeridos legal y reglamentariamente, sin contradicción con razones de interés general. Considera pues el órgano judicial que de la compatibilidad constitucional o no de la repetida institución de la permuta depende estrictamente el fallo judicial que deba dictarse para la resolución de la litis, siendo así que resulta incontrovertido en autos que la regulación del régimen jurídico de la misma en relación con los demandantes (arts. 2.3 y 25 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo del cuerpo de Mozos de Esquadra de Cataluña de 2006), encuentra su fundamento legal sólo en los cuestionados arts. 62 LFCE y 78.3 LEEP, aún no resultando éstos de aplicación directa sino supletoria o por remisión legal específica al personal funcionario de las fuerzas y cuerpos de seguridad incluidas entre ellas las autonómicas [arts. 2.5 y 4 e) LEEP]. Pudiendo ser ambos preceptos de rango legal contrarios, sin justificación constitucional alguna, a los repetidos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y permanencia en las funciones y cargos públicos, incluida la provisión definitiva de los puestos de trabajo funcionariales. Concluye pues el Auto afirmando que la cuestión se plantea en relación con el art. 62 de la Ley de funcionarios civiles del Estado, y 78.3 de la Ley del estatuto básico del empleado público, en cuanto contemplan la permuta de destinos como forma de provisión definitiva de puestos de trabajo, con infracción de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, consagrados en los arts. 23.2 y 103.3 CE.
4. Mediante providencia de 22 de septiembre de 2015, la Sección Tercera de este Tribunal acordó, a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, alegase lo que considerara conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, en relación con la falta de cumplimiento de los requisitos procesales (art. 35.2 LOTC) y por si fuere notoriamente infundada.
5. La Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado en este Tribunal el 16 de octubre de 2015, en el que interesa la inadmisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad por deficiencias en el cumplimiento de los requisitos procesales y por ser notoriamente infundada.
Precisa además, a este respecto, que para la resolución de la cuestión planteada en el procedimiento a quo, habría que considerar, junto con la normativa autonómica, constituida fundamentalmente por los arts. 2.3 y 25 del Decreto 401/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del cuerpo de Mossos d´Esquadra, las disposiciones de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, que pudieran ser aplicables, bien de modo directo, bien con carácter supletorio. En este sentido, los apartados 1 y 2 de la disposición final segunda de la citada Ley Orgánica, vienen a establecer que la policía autónoma de Cataluña se regirá por su Estatuto de Autonomía, normas que lo desarrollen, y supletoriamente por esa Ley Orgánica 2/1986, excepción hecho de los establecido, entre otros —y en lo que ahora interesa— en su artículo 6, que será de aplicación directa al régimen de la policía autónoma de Cataluña. El artículo 6 en su apartado 6 dispone que “los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad, a tenor de lo dispuesto en la correspondiente reglamentación”.
1. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Barcelona plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 62 de la Ley de funcionarios civiles del Estado (LFCE), texto articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero; y el art. 78.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (LEEP).
“1. El subsecretario, en su Departamento y el Vicepresidente de la Comisión Superior de Personal, si se trata de Ministerios distintos, podrán autorizar excepcionalmente permutas de destinos entre funcionarios en activo, o en excedencia especial, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
4. Serán anuladas las permutas si en los dos años siguientes a la fecha en que tengan lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes.”
“Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, ceso o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos.”
2. Conforme a lo dispuesto en el art. 37 LOTC, este Tribunal puede rechazar en trámite de admisión, mediante Auto y con la sola audiencia del Fiscal General del Estado, aquellas cuestiones de inconstitucionalidad que adolezcan de falta de los necesarios requisitos procesales o que fueren notoriamente infundadas. En el presente caso, la cuestión de inconstitucionalidad debe ser inadmitida por incorrecto cumplimiento de los requisitos procesales y, en concreto, del juicio de aplicabilidad que establece el art. 35.2 LOTC.
Es constante la doctrina constitucional que señala que corresponde al órgano judicial proponente determinar con claridad que la disposición cuestionada es aplicable a los hechos enjuiciados en el proceso en cuyo seno se suscita, de modo que el control que corresponde efectuar a este Tribunal es meramente externo, sin que pueda sustituirlo en la selección e interpretación de la norma aplicable. Este Tribunal “no puede ponderar o revisar tal apreciación del propio órgano judicial sobre las normas que en cada caso estime aplicables, a salvo el supuesto de que el criterio que así se exponga resulte con toda evidencia errado” (STC 87/2014, de 29 de mayo, FJ 2, con cita de otras).
Aun siendo ésta la regla general, “es lo cierto que existen supuestos en los que este Tribunal, en el ejercicio de sus facultades de control externo del juicio de aplicabilidad y de relevancia formulado por los órganos judiciales al plantear la cuestión de inconstitucionalidad, puede declarar su inadmisibilidad por resultar notoriamente inconsistente o equivocada la argumentación judicial sobre la aplicabilidad al caso de la norma cuestionada pues con ello se garantiza que la cuestión responde a la finalidad concreta que la justifica” [STC 40/2014, de 11 de marzo, FJ 2 b), con cita de la STC 151/2011, de 29 de septiembre, FJ 3] y se evita que el control de constitucionalidad se convierta en un control abstracto, para lo que el órgano judicial no tiene legitimación (SSTC 84/2012, de 18 de abril, FJ 2; y 146/2012, de 5 de julio, FJ 3). Así pues, el control que puede hacer este Tribunal está limitado a los supuestos en que la argumentación judicial, sin necesidad de entrar en el fondo, resulte falta de consistencia [SSTC 87/2012, de 18 de abril, FJ 2; 146/2012, de 54 de julio, FJ 3 j), y 60/2013, de 13 de marzo FJ 1 b)].
3. El juicio de aplicabilidad formulado en el Auto de planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad parte de la afirmación de que el art. 62 LFCE y el art. 78.3 LEEP constituyen el único fundamento legal para el vigente régimen jurídico de la permuta funcionarial, respecto del colectivo específico al que se refiere el litigio de autos —la función pública policial autonómica—, añadiendo que ni la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la función pública, ni el texto único de la Ley de la función pública de la Administración de la Generalitat de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, ni la Ley Orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o la Ley autonómica 10/1994, de 11 de julio, de policía de la Generalitat-Mossos d´Esquadra contienen mención alguna a la permuta de destinos funcionariales.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 3749-2015
Artículo 78.3
Ley del Parlamento de Cataluña 10/1994, de 11 de julio. Policía de la Generalitat "Mossos d´Esquadra"
Decreto Legislativo de la Generalidad de Cataluña 1/1997, de 31 de octubre. Texto único de la Ley de la función pública
Decreto de la Generalitat de Cataluña 401/2006, de 24 de octubre. Reglamento para la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de Mossos d´Esquadra
Artículo 78.3, ff. 1, 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 81

Artículo 78

Artículo 78