Source: http://www.envio.org.ni/articulo/1011
Timestamp: 2018-01-20 20:59:22+00:00

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Revista Envío - Una sociedad escandalizada
El pacto avanza y se expresa impunemente. Es un escándalo. Y la mayoría de la población no logra vincular los efectos negativos de este acuerdo político a sus graves problemas de sobrevivencia. Vivimos en una sociedad escandalizada. ¿Habrá cambios significativos a esta situación antes de las elecciones? Y los resultados de las elecciones, ¿qué cambiarán?
Escándalo es una palabra griega, que significa piedra de tropiezo. Escandalizar es literalmente hacer caer, impedir avanzar, obstaculizar, detener. El pacto Alemán-Ortega es un escándalo político, el resultado final de una interminable cadena de escándalos previos. Este cúmulo de piedras de tropiezo han ido configurando en Nicaragua una sociedad escandalizada. Paralizada, detenida, cada vez más subdesarrollada. ¿Caída?
¿Cuántas cosas pueden pasar en Nicaragua en los próximos diecisiete meses, en los aproximadamente quinientos días que nos separan de las elecciones generales de noviembre del año 2001?
¿Cuántos eventos, acontecimientos o episodios, previstos o imprevistos, podrán alterar la correlación de fuerzas actual: un bipartidismo que avanza y se consolida ante una población que vive en la incertidumbre económica y en la confusión política?
Todas las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que hacen hoy los actores políticos tienen que ver con los implacables plazos del calendario electoral. Y dos son las preguntas: ¿Habrá cambios significativos antes de las elecciones? Y más importante aún: Los resultados de las elecciones, ¿lograrán apartar de la ruta el escándalo y dar esperanzas de futuro a los escandalizados?
Washington: presiones anunciadas
En Washington se desarrolló la crónica de una reunión anunciada. La comunidad internacional decidió seguir ayudando al gobierno de Nicaragua, a pesar de sus claros incumplimientos de los acuerdos de Estocolmo, suscritos hace un año tras la oportunidad de cambio que representó la tragedia del huracán Mitch. Decidió también continuar desembolsando muy lentamente las ayudas y, sobre todo, no aprobarle ninguna ayuda extra, más allá de lo ya acordado.
Estas decisiones expresan que la comunidad internacional ha tocado fondo con este gobierno, ya no espera nada de él, y tiene puesta la mira en los cambios que podrían generarse con los resultados de las próximas elecciones, tanto las municipales como las generales. Al Presidente Alemán -que ha provocado una inocultable fatiga de los donantes- se le presionó abiertamente en Washington para que se comprometiera a respetar el calendario electoral y a abandonar definitivamente la idea de convocar a una Constituyente, coartada en la que el Presidente insiste desde hace tiempo buscando prolongar su mandato -¿como diputado constituyentista o como pareja de Daniel Ortega en una Junta de Gobierno?- para así acortar el tiempo que le permita postularse a una reelección.
Ni cortar ni aumentar
Para "cortarle" la ayuda al gobierno de Nicaragua habría muchas razones. Su evidente desidia en la lucha contra la corrupción, la ingobernabilidad a la que apuntan las reformas electorales y constitucionales, el retraso en el diseño de una estrategia para el combate a la pobreza, la nula descentralización en la asignación de los recursos, la pertinaz obstinación del gobernante en desafiar -y hasta ofender- a los representantes de la comunidad de donantes en Managua...
Pero, además de que este tipo de medidas drásticas no son las usuales en las relaciones Norte-Sur en estos tiempos globalizados, la comunidad internacional sabe perfectamente que cortarle la ayuda a un país como Nicaragua, que depende tanto de los flujos externos, sólo provocaría una desestabilización mayor de la que hoy existe, y que devolverle a Nicaragua una mínima estabilidad significaría una inversión muy costosa en términos financieros.
Al gobierno se le presionó no cortándole, sino no dándole más. No se comprometieron nuevos fondos. Y aunque los altos funcionarios del gobierno liberal insistieron en que no iban a Washington a pedir nada, la estrategia para la reducción de la pobreza que el gobierno presentó en Washington comprende inversiones para los próximos cuatro años, que requieren de casi mil millones de dólares, una suma que Nicaragua no tiene. El gobierno planteó ante los donantes la estrategia y la carencia, pero no encontró eco. La comunidad internacional está al tanto de los escándalos y ha decidido demandarle al Presidente Alemán lo mismo que éste pregona en su consigna en Nicaragua: obras, no palabras.
Es lamentable que, porque el tema de la gobernabilidad y el de la transparencia llenen actualmente casi todas las páginas de la agenda, no haya espacio para analizar y cuestionar más a fondo las medidas económicas que se aplican en Nicaragua de forma tan dogmática causando una tan larga cadena de tragedias sociales y humanas. La política macroeconómica, tema de examen en todas estas reuniones internacionales, pasó con luz verde y aprobado.
Sin alicientes y tranquilo
Seguro de que ya no habrá corte de ayuda y con la certeza de que no recibirá ayudas extras en lo que le queda de gestión, el Presidente Alemán carece de alicientes para hacer cambios significativos. Por esto, resulta lógico esperar que en los más o menos 500 días que faltan para unas elecciones -que sólo tal vez lo desplacen del poder- persistirá en sus arranques autoritarios, buscando que éstos no se reduzcan a la retórica, sino que tengan efectos institucionales y legales. Así, va tejiendo el entramado que le garantiza poder e impunidad en el futuro.
En cualquier caso, la taiwanización de la ayuda le permite a Alemán dormir tranquilo. La ayuda de Taiwan se combina de forma cuasi ideal con un gobierno como el suyo: llega en efectivo, no tiene condicionalidades de tipo político, financia cualquier proyecto, necesario o superfluo, está garantizada por el supéravit de reservas de que goza el país asiático y se paga barata: puertas abiertas para las maquiladoras, una periódica propaganda pro-gobierno taiwanés en los medios nicas y el incondicional voto de Nicaragua en la ONU en cualquier tema que favorezca a Taiwan en su rivalidad con China.
Exceso de subdesarrollo político
La primera prueba de la falta de estímulos externos para iniciar un cambio la dio el Presidente nada más regresar de Washington. En una rueda de prensa en la que abundaron poses triunfalistas y gestos despectivos hacia los periodistas, Alemán habló del éxito obtenido en Washington, y con un discurso confuso, volvió a insistir en la necesidad de convocar a una Constituyente. Es ya conocido que juristas del PLC y del FSLN alistan el diseño de la Constituyente.
Al final de la rueda de prensa, y con la actitud de un niño malcriado, el Presidente se retractó de la convocatoria a un diálogo nacional que había presentado horas antes en Washington ante los donantes como señal de su voluntad de rectificar para gobernar, siguiendo el consejo de Confucio, al que citó solemnemente. Tres días después volvió a anunciar que convocaría a un diálogo nacional para buscar para Nicaragua una agenda con proyección de veinte o treinta años. Una semana después afirmó que el diálogo nacional sería para unirnos a todos en la lucha contra el narcotráfico.
Han sido demasiadas y reiteradas las expresiones de subdesarrollo político del mandatario, mezcladas desde el primer día con una ostentosa falta de austeridad y de probidad. Han sido demasiados los escándalos. Los países de la comunidad internacional han optado por dar por "cerradas", en los niveles actuales de ayuda, sus relaciones con el gobierno de Arnoldo Alemán y prepararse para un nuevo gobierno. Tienen la certeza de que no existe voluntad política de rectificación en el gobierno actual. Ya no esperan nada. ¿Cuánto esperan del próximo gobierno electo? No satisfecha con los resultados institucionales del pacto y con sus no ocultados objetivos antidemocráticos, la comunidad de países donantes -o buena parte de ella- estaría deseando la llegada al poder de una alternativa, de una "tercera vía".
En Washington, se le exigieron resultados contundentes a la nueva Contraloría en el caso Jerez. Era el primer gran test para medir la autonomía real de la Contraloría surgida del pacto.
La Contraloría no pasó la prueba, y tropezando ella nos escandalizó a todos. Recomendar el cese de Jerez en su cargo cuando éste ya se había "curado en salud" presentando su renuncia y anunciándola desde que empezó la crisis, concluir que el Tesorero de la Nación -también Tesorero del PLC- sólo cometió errores administrativos, aun cuando éstos fueron calificados por la Contraloría como graves y reiteradas violaciones a la Constitución al Código Penal, y a la Ley de la Contraloría, y argumentar que en tan abrumadora montaña de pruebas no había presunción de responsabilidad penal (indicios de corrupción), que no se había descubierto evidencia alguna de delito, dejó estupefactos a quienes tuvieron el ánimo, la disposición y el tiempo de seguir, como sherlock holmes criollos, la peculiar "ingeniería del robo" que Jerez convirtió en modus operandi en la Dirección General de Ingresos. Que la Contraloría General de la República (CGR) haya "cerrado" de esta forma el caso del checazo -evidentemente, sólo la punta de un iceberg en el que se funden casos más graves que nunca conoceremos-, es el escándalo que mejor expresa el triunfo de la corrupción en el gobierno liberal.
Las pruebas de la clonación
Aún antes de la resolución de la CGR, la situación era ya suficientemente escandalosa. La permanencia en el cargo durante semanas y semanas de Byron Jerez, a pesar de las pruebas diarias que fueron desenmascarándolo (cheques, empresas familiares, firmas falsas, contratos ilegales, mentiras, apropiación para obras personales de fondos del Mitch...), ostentando "intocabilidad" a pesar del obvio desgaste que esto suponía para el gobierno, probó el grado de identificación personal, política y económica que existe entre el Presidente y el Tesorero de la Nación, dos expresiones clonadas del mismo ente.
Las pruebas del inicio de esta "clonación" las aportaría una investigación de la gestión de Alemán en la Alcaldía de Managua (1990-96), cuando Jerez trabajaba en Miami para el Alcalde. Pero la ley de la CGR sólo le permite investigar hechos ocurridos en los últimos cinco años. Todo lo sucedido durante la gestión de Alemán en la Alcaldía es ya asunto casi prescrito. Además, Francisco Ramírez, quien "limpió" la contabilidad de la Alcaldía en los primeros años 90, ocupa hoy, por decisión del propio Alemán, el cargo de Vicepresidente de la Contraloría...
No hacía falta ser abogado para ver, y sentir, que el Presidente del Consejo Superior de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, justificando en declaraciones y entrevistas la resolución de la CGR, parecía más el abogado defensor de Byron Jerez que el directivo de la institución estatal que debe investigar a los funcionarios y defender los bienes públicos. Todo su empeño era demostrar que no había evidencias de delito y, por lo tanto, que no había habido corrupción. Asombró verlo argumentar que Jerez estaba en todo el derecho de mentir a su favor -como de hecho lo hizo- cuando compareció a declarar bajo juramento ante la Contraloría y ante la Asamblea Nacional. No existe delito, no se ha encontrado el cuerpo del delito, insistía Argüello Poessy, olvidando que a la Contraloría no le corresponde encontrar o tipificar el delito de Jerez sino sólo establecer su presunción para que sean los tribunales de justicia los que decidan.
Evidencias de contravención de normas constitucionales, de obstaculización calculada de las investigaciones, de contradicciones en las declaraciones, procedimientos incorrectos y anómalos repetidos continuamente y comprobados en detalle, omisiones y olvidos culposos...
¿Nada de esto dio pie a la CGR para presumir que en este caso había algo turbio que debía ser investigado judicialmente? Según un abogado, la resolución de la Contraloría es como si se comprobara la conspiración, los hechores, las armas y la desaparición violenta de una persona, pero al final se absolviera a todos los autores por no encontrarse el cadáver, ignorando, o aparentando ignorar, que el cuerpo del delito es el delito mismo.
Si bien es cierto -como afirmó Argüello Poessy- que es la primera vez en su historia que la Contraloría ha recomendado la destitución de altos funcionarios por fallas administrativas -la resolución recomendó que también Jorge Solís, director de PETRONIC en el tiempo de los checazos y hoy director de ENITEL cesara en el cargo-, más cierto es que sólo se llegó hasta ese "logro" por presiones de la comunidad internacional.
Más cierto aún es el precedente negativo, la perplejidad que produce en la comunidad nacional la desproporción entre la falta y su castigo, entre el proceder del funcionario y la respuesta de la institución. Y aunque, tal vez desde ahora, otros funcionarios se la piensen dos veces antes de actuar sin transparencia, a la ciudadanía le queda el amargo sabor de impotencia que deja siempre la impunidad cuando es tan escandalosa.
"Sólo Dios no se equivoca"
Prueba del daño causado fue la reacción de ostentosa impunidad con que Byron Jerez la recibió: reconoció haber cometido errores pero no mostró arrepentimiento por ellos sino que les restó importancia alegando que sólo Dios no se equivoca, felicitó a la CGR por su fallo, declaró sentirse orgulloso por todo el trabajo hecho, insultó al diario La Prensa por 91 días de calumnias, agradeció el apoyo de su hermano Alemán, recalcó que se retiraba con la cabeza en alto según sus planes previos y no que fuera destituido por una sanción... Todo lo expresó con la más total desfachatez.
En estas actitudes, a las que nos están acostumbrando un buen número de altos funcionarios del gobierno liberal, está el objetivo de fondo: consolidar en la conciencia de la población la idea de que a, fin de cuentas, todos "tienen cola", que todos fueron, son o serán corruptos, que corrupción hay en todos los países, que ése es el mal del mundo actual, que es imposible librarnos de este cáncer social, que en la Nicaragua de hoy nadie obra por principios sino por intereses, que todos son comprables, todos tienen un precio, y que "hacer política" no es otra cosa que descubrir cuánto es de alto o de bajo el precio de cada quien. En estas piedras de escándalo tropieza a diario la sociedad nicaragüense y no puede avanzar...
La perversa combinación de insensibilidad social, irresponsabilidad, impotencia e impunidad que la corrupción institucionalizada está extendiendo en la sociedad nicaragüense puede tener consecuencias muy graves. Entre otras, la imposibilidad de enfrentar en serio el problema de la pobreza que afecta a la mayoría de los nicaragüenses. No se puede erradicar la pobreza en un país donde exista el objetivo de entrenarnos a todos para convivir con la corrupción de los funcionarios públicos.
Institucionalidad atropellada
El "fin" que, después de la reunión de Washington, puso el gobierno al caso de Byron Jerez es la expresión más cabal del poder y de los límites que tienen las presiones internacionales ante la impunidad autoritaria con que el Presidente atropella la institucionalidad y ofende a la comunidad nacional y a la internacional. Pero no es el único caso escandaloso. La ingobernabilidad campea.
Días antes de la reunión de Washington se conoció que a inicios de mayo el Presidente Alemán había enviado a la Asamblea Nacional, para su aprobación, las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, sin consultar siquiera a los miembros del nuevo ente fiscalizador -que discutían y trataban de consensuar estas reformas-, y pasando por encima de los consultores de la AID estadounidense y de la GTZ alemana que analizaban un diseño de reformas.
Según la iniciativa de Alemán, el Presidente de la República será quien elaborará el reglamento de la CGR, lo que le permitiría al Presidente elegir directamente a los miembros del "colegio" de Contralores. Además, la CGR perderá facultades para fiscalizar el presupuesto, el proceso de privatizaciones y la ejecución de obras públicas, prohibiéndosele hacer públicas sus investigaciones.
No parece haberle bastado al mandatario el haber desnaturalizado la CGR colegiándola con contralores leales. Quiere más. ¿Cuántas, cuáles y de dónde tendrán que venir las presiones -nacionales e internacionales- que frenen iniciativas como ésta, que van "acomodando" el estado de derecho y el derecho del Estado para garantizar a los grupos de poder corrupción e impunidad para el futuro?
Otro atropello. En los días siguientes a la reunión de Washington los diputados sandinistas denunciaron, con pruebas, que en 1999 el país funcionó con dos presupuestos: el aprobado por la Asamblea Nacional -único Poder del Estado que puede legislar en materia presupuestaria- y el que autorizó discrecionalmente el Ejecutivo al margen del presupuesto oficial, y que alcanzó nada menos que la suma de 980 millones de córdobas. La "táctica" del doble presupuesto permite al gobernante disponer a su criterio de los bienes públicos, lo que limita las presiones internacionales expresadas en recortes de ayuda, lentitud en los desembolsos o decisión de tener como contrapartes a ONGs.
El caso BANIC: otro test
Por su volumen, el caso Jerez ha merecido mucha más atención que otros escándalos. Pero el caso BANIC también resulta emblemático. A pesar de la "buena ingeniería" con que se armó el fraude de los checazos, nada fácil de desenredar, en el caso Jerez son más sencillas de seguir las pistas que en el caso del BANIC.
De todas las resoluciones de la Contraloría que presidió Agustín Jarquín, la que estableció la nulidad de la "capitalización" (privatización) del BANIC fue, sin duda, la de mayor impacto para el "modelo económico" del actual gobierno, donde el neoliberalismo impuesto desde fuera por la globalización capitalista se combina dañinamente con el tradicional modelo del Estado-botín, creado y recreado por los grupos de poder nacionales.
Aclarar cómo se descapitalizó el estatal BANIC para después vender el 51% de sus acciones a Inversiones Iberoamericanas, financiera creada de la noche a la mañana sólo para realizar esta operación -también en este "negocio" participó Byron Jerez- se convirtió en una demanda de la comunidad internacional, un test para que el gobierno demostrara transparencia y gobernabilidad.
La excusa que el gobierno de Nicaragua dio para retrasar de febrero a mayo la reunión con el Grupo Consultivo fue precisamente completar una auditoría sobre la privatización del BANIC para presentarla a los países donantes. Antes del viaje a Washington, el Presidente del Banco Central y el Ministro de Hacienda anunciaron que la auditoría al BANIC, realizada por el Banco Mundial, ya estaba lista y no arrojaba ninguna anomalía. Dijeron que sólo se habían detectado algunas debilidades. Con estas declaraciones faltaron gravemente a la verdad. Nunca el Banco Mundial hizo una auditoría sobre el proceso de capitalización del BANIC anulado por la Contraloría. Lo único que hizo una firma contratada por el BM fue una evaluación financiera, que confirmó debilidades en el otorgamiento de créditos hecho por el BANIC entre 1997 y 1999.
El Ministro de Hacienda abundó más en sus declaraciones: "la auditoría" había probado que ningún alto funcionario público del gobierno había recibido préstamos del BANIC. Otro atropello a la verdad, diciéndola a medias. Está probado que la sociedad GENINSA, cuyos accionistas son Alemán y los miembros de su familia, recibió del BANIC un crédito de 850 mil dólares para la compra de La Chinampa, y que en 1998 el BANIC financió la campaña del PLC en la Costa Atlántica, aunque otorgando los créditos a nombre de particulares. Naturalmente, resulta más fácil faltar así a la verdad sabiendo que entre los grandes morosos del BANIC hay grandes opositores del gobierno.
Escándalo en la Corte Suprema de Justicia
En este mar de ocultamientos y manejos turbios, el caso del BANIC llegó a la nueva Corte Suprema de Justicia, reestructurada tras el pacto. Era un test. La Corte no pasó la prueba. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a fines de mayo a favor del recurso de amparo presentado por Inversiones Iberoamericanas contra la Contraloría por haber denunciado la nulidad de la venta del BANIC. Para colmo, basó el fallo en un artículo ya derogado de la Ley Orgánica de la Contraloría. Ante la incongruencia, Argüello Poessy solicitó a la Corte revisar el fallo, pero la Corte lo ratificó, avalando así al Ejecutivo y a la empresa "fantasma" que participó de forma tan opaca en el proceso de privatización de mayor envergadura de los que se han realizado en Nicaragua, en el marco de las condicionalidades del ajuste estructural.
¿Con este otro gran escándalo, quedó "resuelto" y cerrado el caso BANIC? ¿Por los límites que le imponen sus propios estilos de trabajo, por impotencia o por complicidad, los representantes de la comunidad internacional "se conformarán" con resultados de este tipo? Quizá piensen que, dada la inconsistencia histórica y la fragilidad actual de las instituciones estatales nicaragüenses, no se les puede ni se les debe pedir más.
La comunidad nacional "se conforma" porque, abrumada por la rebusca del pan de cada día y sin una historia nacional que le haya educado en una cultura cívica, carente de tiempo para reuniones de análisis y de dinero para pagar abogados que desenmascaren tantas trampas legales, y empujada a un individualismo desmovilizador, confía más en consignas y en caudillos que en leyes e instituciones. De sobra saben esto los dos partidos pactistas.
Otro escándalo político
El autoritarismo presidencial se muestra irredento. Los escándalos se suceden unos tras otro sembrando de tropiezos el arduo camino hacia la democracia. A última hora, el Presidente metió en el ya lastrado equipaje con el que viajó a Washington una nueva carga pesada: una conspiración dirigida por él mismo contra José Antonio Alvarado, alto dirigente y fundador del PLC, con el objetivo de inhibir su posible candidatura presidencial para las elecciones del 2001.
Alvarado, uno de los dirigentes liberales de más claro perfil, había empezado a hablar francamente de temas electorales, distanciándose de las posiciones de Alemán quien, aunque sólo ostenta el cargo de "presidente honorario" tiene más poder que honor en su partido. Alvarado declaró no apoyar la convocatoria a una Asamblea Constituyente en sustitución de las elecciones presidenciales, promovía la idea de celebrar elecciones primarias en el PLC para la selección de sus candidatos, abogaba por instaurar el voto secreto en las convenciones del partido, proponía dar más participación en el PLC a jóvenes y a mujeres.
"Impaciencia" de José Antonio Alvarado
Cuando Alvarado anunció que renunciaría al cargo de Ministro de Defensa para iniciar su campaña en unas eventuales primarias del PLC, llegó su hora. El "castigo" a su impaciencia -así calificaron la posición de Alvarado algunos altos dirigentes del PLC, otros fueron más allá y hablaron de traición- llegó de inmediato: una resolución del Ministro de Gobernación anulando el procedimiento que para la recuperación de la nacionalidad nicaragüense había realizado Alvarado en 1990, renunciando así a la nacionalidad estadounidense adquirida en el exilio durante los años 80.
Como consecuencia de la resolución de René Herrera -hombre de obediencia ciega a Alemán-, Alvarado resultaba inhibido para optar a la Presidencia de la República por no ser nicaragüense.
Aun antes de que la opinión pública conociera más datos, que probaban que desde hacía meses Alemán trataba de sacar del juego político-electoral a Alvarado, temeroso de la popularidad que estaba alcanzando, tanto entre las estructuras y bases del PLC como entre el personal de los tres Ministerios que ha dirigido (Gobernación, Educación y Defensa), el recién inhibido Alvarado tomó una sorprendente distancia del mandatario. Habló de su autoritarismo, de su caudillismo, de que en el PLC no se toleraban críticas, de la peligrosa simbiosis partido-Estado que prevalece en el país. Afirmó que en Nicaragua se estaba llegando a límites peligrosos, cuestionó el pacto del PLC con el FSLN...
Un terremoto en el PLC difícil de disimular
Llamó la atención que José Antonio Alvarado expresara su disidencia manteniendo siempre un tono pausado y respetuoso, sin rencor, sin echar nunca mano del antisandinismo para convocar a los liberales a pensar con su propia cabeza y a pensar más en la nación que en el partido. Cuando en una de las muchas ocasiones en que dio declaraciones le preguntaron cuál era la razón de tanta ecuanimidad respondió procurando aún una mayor distancia: Tal vez me ayuda que yo no tomo licor...
El caso Alvarado perjudicó mucho al gobierno en Washington. Ha causado un terremoto en las filas liberales, que el PLC tratará de reducir a efímero temblor de tierra usando para ello todos los mecanismos partidarios, incluidos los de una "guerra sucia". Sin embargo, las fallas y brechas abiertas por el sismo no podrán cerrarse fácilmente en los 500 días que tiene de plazo fatal esta crisis.
Inhibiciones: fraudes previos
Al gobierno de Nicaragua se le está exigiendo con vigor el respeto al calendario electoral y, naturalmente, garantías de que las elecciones serán libres y transparentes. Esta presión limita las posibilidades de que el nuevo Consejo Supremo Electoral surgido del pacto FSLN-PLC organice un fraude. De momento, parece estar apostando por el "fraude previo": los dos partidos pactistas quieren evitar al máximo la necesidad de un fraude reduciendo al mínimo a los posibles competidores que desafíen el bipartidismo, mientras los alemanistas han tomado la delantera proponiendo un bipartidismo maniqueo: Alemán repite sin cesar que en Nicaragua sólo hay dos partidos, sólo dos opciones: el bien y el mal, la luz y la noche oscura.
Las reformas hechas a la Ley Electoral por el pacto buscan forzar el bipartidismo con disposiciones legales: eliminación de las asociaciones de suscripción popular a nivel municipal, cerradas listas de partidos como única opción para postularse, obstáculos casi insalvables para el surgimiento de nuevos partidos y de alianzas interpartidarias. Se está forzando también el bipartidismo mediante la eliminación de competidores con posibilidades. Después de lo ocurrido con el sandinista Carlos Guadamuz y con el conservador Pedro Solórzano -en Washington, algunos países pidieron explicaciones por este caso-, hay señales de que se están preparando inhibiciones "legales" para el ex-Contralor Agustín Jarquín y para el ex-Jefe del Ejército Joaquín Cuadra si deciden optar por candidaturas presidenciales. El PLC y el FSLN están interesados en sacarlos del juego a ambos. El intento de inhibir a Alvarado por la "vía legal" de anular su nacionalización anuncia eventuales futuras inhibiciones de otros posibles candidatos.
Principios de la tercera vía
En el actual contexto de Nicaragua, con tal cantidad de frágiles equilibrios y callejones a los que es difícil hallar salidas, parece urgente una alternativa que reúna a la gente más honesta -o a la menos manchada-, a quienes hayan superado las estériles polarizaciones del pasado -o a quienes estén en disposición de superarlas-, a quienes miren los cargos públicos como un servicio a la comunidad, a quienes busquen coherencia entre vida pública y vida privada, a quienes apuesten realmente a un proyecto nacional y no a la supervivencia de una estructura partidaria o al lujoso modus vivendi que garantiza hoy el ser funcionario público, a quienes estén determinados a construir una Nicaragua con más equidad, con menos impunidad, con menos corrupción, a quienes crean de verdad en la democracia participativa.
Estos principios definen los límites de ese espacio que en Nicaragua se ha empezado a llamar "tercera vía". Aunque no parece posible desarrollarlos ni en el FSLN ni en el PLC, mientras ambas estructuras partidarias estén controladas por dirigencias que actúan como cerradas argollas de caudillos, corrientes y "disidentes" dentro de ambos partidos apuestan aún a conseguirlo: un Alvarado en el PLC o el grupo de Izquierda del FSLN.
El Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) surgió a partir de la percepción -que va creciendo en gente de todos los colores ideológicos- de que hay que encontrar otra manera de hacer política si Nicaragua quiere ser viable. Y de la certeza de que el pacto representa un drástico cierre de espacios para los partidos políticos que no lo firmaron. Ambas tendencias, una estructural y otra más coyuntural -búsqueda de una alternativa nacional y democrática y rechazo al pacto- coincidieron bajo la bandera del MDN, hasta ese día un partido "de salón", que sólo prestó su nombre, su bandera y su personalidad jurídica para dar vía legal al proyecto de la "tercera vía" política.
La propuesta de la "tercera vía" tiene espacio. Las encuestas, una tras otra y en cualquier ambiente en que se hagan, reflejan que más de la mitad de la población votante no respalda a ninguno de los dos "grandes" partidos que pactaron. La propuesta de la "tercera vía" era novedosa y audaz. Tal vez demasiado novedosa y audaz para que lograra sobrevivir en el tan escandaloso escenario político nacional. Por primera vez, un grupo de ocho organizaciones políticas y de gente que iba desde el centro-derecha al sandinismo de izquierda renunciaban a actuar como partidos para pensar como nación. Construían, con esta premisa, una herramienta coyuntural con la que, en las urnas, frenar o derrotar la antidemocrática marcha del pacto Alemán-Ortega. Querían detener el escándalo.
La zancadilla del MDN
El MDN acababa de presentar ante el Consejo Supremo Electoral las 86 mil firmas de respaldo necesarias para inscribirse y poder participar en las elecciones municipales, y apenas empezaba a hacer algo de ruido en varios municipios, cuando la alianza se disolvió. Colaboraron a este quiebre vicios tradicionales de la política criolla: protagonismos, personalismos, oportunismos, inexperiencia en el debate de las ideas, cortoplacismo, triunfalismo, falta de contacto con las bases, las trampas que a diario coloca todavía la polarización de los años de revolución y guerra, y una inexplicable presidentitis (¿cómo entender que tantas personas, ni santas ni heroicas, quieran gobernar un país que en 20 años podría haberse transformado en un desierto y en un mini-narcoestado habitado por varios millones de una mano de obra barata y desnutrida?)
En un ambiente así viciado tuvieron éxito las maniobras propiciadas tanto por Alemán, como por la dirigencia del FSLN y la del Partido Conservador valiéndose de los dirigentes del MDN original para que retiraran la bandera y el nombre que daba cobijo a la alianza.
La razón de mayor peso para destruir la alianza parece estar en el interés de la derecha tradicional no alemanista -agrupada en torno a la bandera verde del Partido Conservador y al capital del grupo Pellas- de recuperar poder político y económico hegemonizando la imagen de "tercera vía" y, valiéndose del arraigado antisandinismo que prevalece en ciertos sectores de la sociedad, erradicar toda posibilidad de hacer de la tercera vía no sólo un proyecto nacional sino un proyecto nacional de centro-izquierda, ya que era obvio que el sandinismo disidente del FSLN era el que daba al MDN un especial vigor. Las despectivas declaraciones antisandinistas del conservador Noel Vidaurre, del líder en el exilio del MDN Alvaro Jerez, del propio Presidente Alemán y de dirigentes del FSLN a la hora de la defunción del MDN demuestran que el miedo al sandinismo -entendido como promotor de cambios de fondo para Nicaragua- fue el más poderoso motor de la crisis.
El sandinismo es necesario
El sandinismo presente en el MDN -a través del MRS y de amplios sectores sandinistas que rechazan el danielismo- hacía particularmente atractiva a la alianza de "tercera vía". Pero no sólo era cuestión de atractivo. El sandinismo garantizaba mística de trabajo, capacidad organizativa, experiencia de contacto con las bases y líderes populares.
Todo esto, temido por antisandinistas y por no sandinistas, ha sido reconocido por otros no sandinistas. Por ejemplo, Lucía Salvo, confiscada por el gobierno sandinista en los 80, que había sido elegida como candidata del MDN a la Alcaldía de Managua, y que, después de la crisis, decidió dirigir -dijo- la campaña de su sustituta, la ex-guerrillera Dora María Téllez. Prefiero estar unida a personas honestas que a los corruptos que el pueblo conoce bien. Ese antisandinismo es un uyuyuy. Creo que lo que hay que ir pensando es en reclutar a la buena gente nicaragüense. Y los sandinistas son nicaragüenses. Para mí, lo que tiene que prevalecer es la honestidad, y hasta el momento en esta alianza lo que he conocido es gente honesta.
Tal vez está en actitudes como éstas -las públicas y las aún anónimas- una prenda de futuro. Porque sólo habrá futuro si a punta de honestidad se van apartando del camino de Nicaragua tantas piedras de escándalo.

References: resolución 
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