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Timestamp: 2019-03-20 11:30:20+00:00

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Equipo Nizkor - La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará una sesión ordinaria del 19 de abril al 8 de mayo de 2004.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará una sesión ordinaria del 19 de abril al 8 de mayo de 2004.
Caso de los 19 Comerciantes
Caso del periódico La Nación
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará en San José de Costa Rica, su LXII Período Ordinario de Sesiones del 19 de abril al 8 de mayo de 2004.
Durante este período de sesiones la Corte conocerá, entre otros, los siguientes asuntos:
1. Caso de los 19 Comerciantes. Etapa de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas. Los días 21 y 22 de abril de 2004, a partir de las 09:00 a.m., la Corte escuchará en audiencia pública los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "Comisión") y del Estado de Colombia sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana..
La demanda en este caso (No. 11.603) fue interpuesta por la Comisión Interamericana el 24 de enero de 2001, con base en el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Convención Americana" o "Convención"), y con el fin de que la Corte decida si el Estado de Colombia violó los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana por la alegada detención, desaparición y ejecución de los comerciantes Alvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Angel Barrera, Antonio Flores Ochoa, Carlos Arturo Riatiga, Víctor Ayala, Alirio Chaparro, Huber Pérez, Alvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez y Luis Sauza, el 6 de octubre de 1987; y de Juan Montero y Ferney Fernández, el 18 de octubre de 1987, en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, región del Magdalena Medio. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que decida si el Estado es responsable por la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de las mencionadas presuntas víctimas y sus familiares, así como por el incumplimiento de las disposiciones del artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho tratado, en relación con los dos últimos artículos alegados. La Comisión alegó que los hechos fueron cometidos por el "grupo paramilitar" que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá con el apoyo y autoría intelectual de oficiales del Ejército. Asimismo, la Comisión señaló que "la actividad judicial emprendida por los órganos del Estado, concretamente las jurisdicciones ordinaria y militar, durante más de una década[,] no satisface los estándares establecidos en la Convención Americana en materia de protección judicial".
El 12 de junio de 2002 la Corte emitió una sentencia sobre la excepción preliminar interpuesta por Colombia. En su excepción preliminar, Colombia sostuvo que la Corte debía rechazar in limine la demanda en el presente caso, en virtud de que la Comisión no cumplió adecuadamente con el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Convención Americana antes de la presentación de la demanda a la Corte. En esta sentencia el Tribunal decidió, en su único punto resolutivo, por unanimidad, Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado de Colombia y continuar con el conocimiento del […] caso.
2. Caso Masacre Plan de Sánchez. Etapa de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas. Los días 23 y 24 de abril de 2004, a partir de las 9:00 a.m., la Corte escuchará en audiencia pública los argumentos de las partes sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos ofrecidos por la Comisión Interamericana.
El 31 de julio de 2002 la Comisión Interamericana presentó una demanda (No. 11.763) contra el Estado de Guatemala, con base en "la [alegada] denegación de justicia y otros actos de intimidación y discriminación que [supuestamente] afectaron los derechos a la integridad personal[,] a la libertad de creencias y religión y a la propiedad privada de [las presuntas víctimas] sobrevivientes y familiares de las [presuntas] víctimas de la masacre de 268 personas [ejecutadas extrajudicialmente] […], en su mayoría miembros del pueblo indígena maya en la aldea Plan de Sánchez, Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, [presuntamente] ejecutada por miembros del ejército de Guatemala y colaboradores civiles, bajo la tutela del ejército, el día domingo 18 de julio de 1982 en Guatemala." En su demanda, la Comisión solicitó a la Corte que declare "internacionalmente responsable al Estado de Guatemala por las violaciones a los derechos a la integridad personal, protección judicial, garantías judiciales, derecho a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y religión y derecho a la propiedad privada, en relación con la obligación de respetar los derechos, todos estos consagrados en los artículos 5, 8, 25, 24, 12, 21 y 1(1) de la Convención Americana." Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que concluya y declare que "[e]l Estado de Guatemala está obligado a reparar individual y colectivamente las consecuencias de esas [supuestas] violaciones [y a] indemnizar a las [presuntas] víctimas sobrevivientes de la masacre y [a] los familiares de [las presuntas víctimas] ejecutad[a]s extrajudicialmente, así como a resarcirles los gastos y costas en que hayan incurrido en sus actuaciones en el ámbito internacional, en la tramitación del caso ante la Comisión y las que se originen como consecuencia de la tramitación de la […] demanda ante la […] Corte".
Por su parte, el 27 de septiembre de 2002 los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares remitieron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En este escrito, dichos representantes presentaron sus apreciaciones sobre los hechos del caso y, además de lo solicitado por la Comisión, pidieron que la Corte declare la violación de los artículos 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 16 (Libertad de Asociación) de la Convención. Invocaron también la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, así como la violación del Derecho Internacional Humanitario y la comisión de varios crímenes de lesa humanidad. Asimismo, solicitaron que la Corte ordene a Guatemala que investigue, procese y sancione a los responsables de los hechos, que tome medidas para restaurar la dignidad de las presuntas víctimas, promueva su rehabilitación psicológica y ofrezca satisfacción y garantía de no-repetición.
El 1 de noviembre de 2002 el Estado de Guatemala interpuso tres excepciones preliminares y contestó la demanda. Las excepciones preliminares interpuestas son las siguientes: 1) falta de agotamiento de los recursos internos; 2) falta de resolución de los planteamientos del Estado en cuanto a la variación y modificación del contenido del Informe de la Comisión que originó la presentación de la demanda ante la Corte, y 3) interpretación errónea y extensiva del reconocimiento efectuado por el Estado.
En la contestación de la demanda, el Estado solicitó que con los argumentos que sustentan las excepciones planteadas se declare la inadmisibilidad de la demanda promovida por la Comisión Interamericana. Asimismo, pidió que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo respecto de las partes no controvertidas en el escrito de interposición de excepciones preliminares y contestación de la demanda y sobre las cuales el Estado no efectuó pronunciamiento de reconocimiento.
3. Caso Molina Theissen. Etapa de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas. Los días 26 y 27 de abril de 2004, a partir de las 9:30 a.m., la Corte escuchará en audiencia pública los argumentos de las partes sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos ofrecidos por la Comisión Interamericana y los representantes de la presunta víctima y sus familiares.
El 4 de julio de 2003 la Comisión Interamericana, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, presentó una demanda contra el Estado de Guatemala en relación con el presente caso (No.12.101). En la demanda indicada, la Comisión solicitó que la Corte declare que el Estado guatemalteco es responsable por la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, y por el incumplimiento del artículo I y I.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Dicha demanda se relaciona con la presunta "desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años de edad que fue [supuestamente] secuestrado en la casa de sus padres por miembros del ejército de Guatemala, el 6 de octubre de 1981". Asimismo, la Comisión solicitó que se ordenen determinadas reparaciones, costas y gastos.
El 6 de octubre de 2003 los representantes de la presunta víctima y sus familiares presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, mediante el cual solicitaron a la Corte que declare que el Estado de Guatemala es responsable por la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, así como por el incumplimiento de las obligaciones generales consagradas en el artículo 1.1 y 2 de la misma y en el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Marco Antonio Molina Theissen, sus familiares y, en su caso, de la sociedad guatemalteca.
El 6 de noviembre de 2003 el Estado interpuso tres excepciones preliminares y contestó la demanda. Las excepciones preliminares interpuestas son las siguientes: 1) Incompetencia Ratione Temporis de los hechos que anteceden la declaración de aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte; 2) Falta de Legitimación Activa de la "Sociedad Guatemalteca", y 3) Falta de agotamiento de los recursos ordinarios de la jurisdicción interna.
Asimismo, el Estado afirmó, de acuerdo con lo señalado por la Comisión, que los hechos constitutivos relacionados con el fallecimiento de Marco Antonio Molina Theissen, la supuesta violación a la libertad personal, la alegada violación a las garantías judiciales, la presunta violación a la integridad personal, y la violación de los derechos del Niño fueron "consumados el 6 de octubre de 1981 y días posteriores". En consecuencia, consideró que las violaciones ocurrieron con anterioridad al 9 de marzo de 1987, fecha en que Guatemala reconoció la competencia de la Corte. Además, en dicho escrito de contestación a la demanda el Estado se refirió a los argumentos de fondo expresando que "es necesario resaltar que el Estado acepta, como lo ha hecho en vía directa, tanto en forma pública como ante los familiares de la [presunta] víctima, los lamentables hechos antes descritos, y como consecuencia de tal reconocimiento de los hechos que el Estado ha realizado, reitera su pesar en especial por el lamentable suceso que se provocó en la persona humana de Marco Antonio Molina Theissen y, reitera el reconocimiento que como Estado responsable ha realizado, y en ese sentido se pronuncia con relación al fondo de la demanda".
4. Caso Martín del Campo Dodd. Etapa de Excepciones Preliminares. El día 27 de abril de 2004, a partir de las 15:00 horas, la Corte escuchará en audiencia pública los argumentos del Estado de México, de la Comisión Interamericana y de los representantes de la presunta víctima, sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.
El 30 de enero de 2003 la Comisión Interamericana interpuso ante la Corte una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos en relación con el caso Alfonso Martín del Campo (No. 12.228). En la demanda, la Comisión solicitó que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 25 Protección Judicial), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana y de los artículos 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del señor Alfonso Martín del Campo Dodd. Dicha demanda "se relaciona con la [supuesta] privación arbitraria de la libertad y la denegación de justicia que ha sufrido y continúa sufriendo" la presunta víctima. Según la Comisión, el señor Martín del Campo fue supuestamente detenido ilegalmente el 30 de mayo de 1992 en el puesto de la Policía Federal de Caminos, carretera a Cuernavaca, al presentarse después que su hermana y su cuñado fueran asesinados en el domicilio que ambos compartían con el detenido. Al ser trasladado a la Delegación Benito Juárez, firmó una confesión autoinculpándose como autor del doble asesinato. Esta confesión, supuestamente fue producto de las torturas a las que se vio sometida la presunta víctima por parte de los policías judiciales, y resultó ser la base probatoria por medio de la cual se le condenó, el 28 de mayo de 1993, a 50 años de prisión. Luego de interponer los recursos judiciales pertinentes, el 2 de diciembre de 1997 se confirmó la condena. El 5 de abril de 1999 la presunta víctima interpuso un incidente de reconocimiento de inocencia, y posteriormente un recurso de amparo contra su resolución denegatoria. Asimismo, la Comisión solicitó que el Estado repare las consecuencias de las alegadas violaciones e indemnice a la supuesta víctima y a sus familiares. Por último, solicitó que la Corte ordene al Estado el pago de las gastos y costas originadas por la tramitación del caso en el derecho interno y ante los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
El 31 de marzo de 2003 los representantes de Alfonso Martín del Campo y sus familiares remitieron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En el mencionado escrito, dichos representantes coincidieron con lo solicitado por la Comisión en la demanda y, además, solicitaron que la Corte Interamericana concluya que el Estado violó el artículo 5 de la Convención Americana (Derecho a la Integridad Personal), en perjuicio de los familiares de la presunta víctima, así como que el Estado incumplió el artículo 2 de la Convención Americana (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno). Asimismo, solicitaron que se ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación pecuniarias, de satisfacción y garantías de no repetición, entre las que destaca la inmediata liberación de Alfonso Martín del Campo. Igualmente, los representantes solicitaron el pago de los gastos y costas originadas en la tramitación del proceso tanto a nivel interno como ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos.
El 5 de mayo de 2003 el Estado presentó su escrito de contestación a la demanda, mediante el cual interpuso dos excepciones preliminares, a saber: 1) Falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de los hechos y actos anteriores al 16 de diciembre de 1998 en el caso N 12.228, y 2) La inobservancia de la Comisión Interamericana a las reglas básicas de tramitación de peticiones individuales previstas en la Convención Americana y en los Reglamentos aplicables; la falta de objetividad y neutralidad de la Comisión Interamericana en la tramitación, admisibilidad, decisión de fondo y presentación de la petición ante la Corte; y la afectación por parte de la Comisión Interamericana al equilibrio procesal, que derivó en la situación de indefensión que afectó al Estado mexicano durante la tramitación de la "queja".
5. Caso Ricardo Canese. Etapa de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas. Los días 28 y 29 de abril de 2004, a partir de las 09:00 a.m., la Corte escuchará en audiencia pública los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, de las representantes de la presunta víctima y del Estado del Paraguay sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana y las representantes de la presunta víctima.
6. Caso del Periódico La Nación. Etapa de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas. Los días 30 de abril y 1 de mayo de 2004, a partir de las 9:00 a.m., la Corte escuchará en audiencia pública los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado de Costa Rica sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos ofrecidos por la Comisión Interamericana y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana, los representantes de las presuntas víctimas y el Estado.
7. Caso Instituto de Reeducación del Menor. Etapa de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas. Los días 3, 4 y 5 de mayo de 2004, a partir de las 9:30 a.m., la Corte escuchará en audiencia pública los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, de las representantes de las presuntas víctimas y sus familiares, y del Estado del Paraguay sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana y las representantes de las presuntas víctimas y sus familiares.
El 20 de mayo de 2002 la Comisión Interamericana presentó ante esta Corte una demanda contra el Estado de Paraguay en relación con el Caso Instituto de Reeducación del Menor (Instituto "Coronel Panchito López" - Caso No. 11.666), cuyos hechos se refieren "a las [supuestas] violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los niños y adolescentes internos en el Instituto de Reeducación del Menor 'Coronel Panchito López' entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001, así como de aquéllos que fueron posteriormente derivados a penitenciarías para adultos y, en su caso, sus familiares, personas a quienes se refiere la […] demanda". La Comisión argumentó que este Instituto representó el mantenimiento de un sistema de detención contrario a todos los estándares internacionales respecto de la privación de libertad de menores, debido a las condiciones inadecuadas bajo las cuales estaban recluidos éstos: superpoblación, hacinamiento, insalubridad, falta de infraestructura adecuada y número insuficiente de guardacárceles no capacitados adecuadamente.
El 13 de diciembre de 2002 el Estado presentó su escrito de contestación a la demanda y de observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, mediante el cual interpuso tres excepciones preliminares, a saber: 1) defecto legal en la presentación de la demanda; 2) falta de reclamación previa, con relación al artículo 26 de la Convención; y 3) la existencia de dos demandas, una en sede interna y otra ante un tribunal internacional, con los mismos sujetos, objeto y causa.
7.Caso Gómez Paquiyauri. Etapa de Fondo y Eventuales Reparaciones y costas. El día 5 de mayo, a partir de las 3:00 p.m., y los días 6 y 7 de mayo de 2004, a partir de las 9:00 a.m., la Corte escuchará en audiencia pública los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, de la representante de las presuntas víctimas y del Estado del Perú sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana y la representante de las presuntas víctimas y los dictámenes de los peritos propuestos por la referida representante.
8. Caso Lori Berenson. Etapa de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas. Los días 7 de mayo, a partir de las 3:00 p.m., y 8 de mayo de 2004, a partir de las 9:00 a.m., la Corte escuchará en audiencia pública los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, de los representantes de la presunta víctima y del Estado del Perú sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana y el Estado, así como el ofrecido por los representantes y convocado por el Presidente del Tribunal.
La composición de la Corte para este período de sesiones es la siguiente: Sergio García Ramírez (México), Presidente; Alirio Abreu Burelli (Venezuela), Vicepresidente; Oliver Jackman (Barbados); Antônio A. Cançado Trindade (Brasil); Cecilia Medina Quiroga (Chile); Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica); y Diego García Sayán (Perú). Asimismo, participarán los siguientes Jueces ad hoc: nombrado por el Estado de Colombia para el caso de los 19 Comerciantes, el señor Ernesto Rey Cantor; nombrado por el Estado de Guatemala para el caso Masacre Plan de Sánchez, el señor Alejandro Sánchez Garrido; nombrado por el Estado del Paraguay para el caso Ricardo Canese, el señor Emilio Camacho Paredes; nombrado por el Estado de Costa Rica para el caso del Periódico "La Nación", el señor Marco Antonio Mata Coto; nombrado por el Estado del Paraguay para el caso Instituto de Reeducación del Menor, el señor Víctor Manuel Núñez; nombrado por el Estado del Perú para el caso Gómez Paquiyauri, el señor Francisco Eguiguren Praeli; y nombrado por el Estado del Perú para el caso Lori Berenson, el señor Juan Federico Doroteo Monroy Gálvez. El Secretario de la Corte es Pablo Saavedra Alessandri (Chile).
Este documento ha sido publicado el 14abr04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights

References: artículo 51
 artículo 1
 artículo 50
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 26