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Timestamp: 2020-08-15 07:12:04+00:00

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COVID-19: CENTRO DE RECURSOS PARA PYMES | Ebury España
COVID-19: CENTRO DE RECURSOS PARA PYMES
Aquí encontrarás toda la información y recursos de los que pueden disponer las pymes para hacer frente al nuevo escenario que rige el Covid-19
Este centro de recursos contiene información sobre las medidas y líneas de ayuda puestas en marcha para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer frente a los problemas causados por la pandemia de COVID-19.
A continuación, encontrará una recopilación de las principales medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Teniendo en cuenta la rapidez con la que evoluciona la situación, la información alojada en este centro de recursos puede quedar desactualizada. Desde Ebury haremos todo lo posible para asegurar la precisión de los datos, pero rogamos especial cuidado al hacer uso de esta información y (si es necesario) visitar las fuentes de las que se ha obtenido. Última actualización: 08:00 GMT 07/04/2020
Línea de avales para empresas y autónomos
LÍNEA DE AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL COVID-19
Se aprueba una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros. El primer tramo, activado el 24/03/2020, asciende 20.000 millones de euros, de los cuales el 50% se reservarán para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes. En el caso de pymes y autónomos el aval ascenderá como máximo al 80% de la operación. En empresas que no reúnan la condición de pyme el aval cubrirá como máximo el 70% de nuevas operaciones y el 60% de operaciones de renovación. El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años. El coste del aval, entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras.
Empresas y autónomos afectados negativamente por las consecuencias económicas del COVID-19 podrán solicitar estos avales, siempre que no estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo. Les podrá ser solicitada una justificación de operaciones formalizadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, es decir del 18 de marzo de 2020.
Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar los avales para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deben ponerse en contacto con las entidades financieras con las que el ICO ha firmado acuerdos de colaboración.
Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados con anterioridad al comienzo de la crisis del COVID-19.
También se comprometen a mantener al menos hasta el 30 de septiembre de 2020 los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
Línea extraordinaria de cobertura aseguradora
Con carácter extraordinario y con una duración de 6 meses desde la entrada en vigor del presente real decreto ley, se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización.
La línea se instrumentará en dos tramos de 1.000 millones de euros, entrando el segundo en vigor tras haberse verificado una ejecución satisfactoria del primer tramo.
Se autoriza a la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado a que incluya dentro de la línea de cobertura todo tipo de operaciones comerciales, incluidas las nacionales, ya sean de suministro de bienes, prestación de servicios u otras que realicen las empresas españolas.
a) Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora, sin que sea necesario su relación directa con uno o varios contratos internacionales, siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación y no a
situaciones previas a la crisis actual.
Empresas en las que el negocio internacional, reflejado en su última información financiera disponible, represente al menos un tercio (33%) de su cifra de negocios, o
Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación como resultado del impacto de la crisis del COVID-19 en su actividad económica.
**Definición legal de Pymes
(https://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf)
Las coberturas serán otorgadas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía. de Seguros y Reaseguros (CESCE), S.M.E. en nombre propio y por cuenta del Estado, al amparo de lo previsto en la Ley 8/2014, de 22 de abril, el Real Decreto 1006/2014, de 5 de diciembre y lo establecido en el presente real decreto-ley.
MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE AJUSTE TEMPORAL DE ACTIVIDAD PARA EVITAR DESPIDOS (ERTE)
Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 -incluida la declaración del estado de alarma- y que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
CEF Laboral Social
Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.
Contribuyentes y obligatos tributarios respecto del cumplimiento de los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO
Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado, con el fin de facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente a las pymes y autónomos.
Orientada a pymes y autónomos. No hay más detalles por el momento.
Esto se llevará a cabo a través de las Líneas ICO de financiación mediante la intermediación de las entidades financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con su política de financiación directa para empresas de mayor tamaño.
1- Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público […] cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 […], quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. La entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, […]
Los gastos salariales […].
Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato […].
Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato, suscritas por el contratista y vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
2- Los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto […] siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos […], y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. Adicionalmente, […] los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10% del precio inicial del contrato.
Lo previsto en los apartados 1 y 2 no será de aplicación a contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ni de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos, tampoco de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte ni a contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.
3- En los contratos públicos de obras, […] cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación […], y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Esto será de aplicación a aquellos contratos en los que […] estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, y durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la situación […] no pueda tener lugar la entrega de la obra. En estos casos, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial. Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los siguientes conceptos:
Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos […]
Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato […].
Y únicamente cuando […] el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores […] estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020. Y […] el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores a la misma fecha.
4- En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor […] la situación de hecho creada por el COVID-19 […] darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
5- Estas medidas también serán de aplicación a los contratos sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
Contratistas que tengan contratos vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados con las entidades pertenecientes al Sector Público […] cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19.
Previa solicitud del contratista: cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.
Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato.
En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión servicios, cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación.
Concesión de créditos extraordinarios para la investigación científica
CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN EN RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁMBITO DEL CORONAVIRUS COVID-19.
Se autorizan las concesiones de créditos extraordinarios […] al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus COVID-19, por importe de 950.000 euros, para subvenciones de concesión directa para proyectos y programas de investigación del coronavirus COVID-19, por importe de 24.000.000 de euros, para necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus COVID-19, por importe de 250.000 euros.
Se autorizan las concesiones de créditos extraordinarios […] al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos corrientes relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19, por importe de 390.000 euros y para gastos de capital relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19, por importe de 4.060.000 euros.
El Instituto de Salud Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para aquellas disposiciones dinerarias que se realicen en el ámbito de las medidas que resulten imprescindibles para el desarrollo actividades de utilidad pública o interés social conducentes a la investigación científica y técnica derivada de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19 y que se efectúen a favor de personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sin contraprestación directa de los beneficiarios.
Resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III y de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, respectivamente y en función del ámbito objetivo de las disposiciones dinerarias, debiendo motivarse en las correspondientes resoluciones la utilidad pública o el interés social concurrente para la concesión de las correspondientes ayudas. Los pagos tendrán en todo caso el carácter de anticipados, con carácter previo a la realización y justificación de la actividad que motive la concesión.
Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.
Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica (que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas -mínimo 40%-; que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite general de tres veces el IPREM -que variará en función de las circunstancias familiares-; que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar o que a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda -cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3-).
Mediante la acreditación documental de las circunstancias de vulnerabilidad por parte de los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores ante la entidad acreedora.
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, con vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes. La cuantía […] se determinará aplicando el 70 % a la base reguladora […].
Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% que:
a) Estén afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida […] acrediten la reducción de su facturación en, al menos, un 75% en relación con la efectuada en el semestre anterior.
c) Se hallen al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social […]. El órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 naturales ingrese las cuotas debidas.
https://sweb.fremap.es/CeseActividad/Solicitud/Formulario.aspx

References: real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 47
 Real Decreto 
 artículo 62
 artículo 62
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 

Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto