Source: http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=4&anio=2017
Timestamp: 2020-04-04 05:22:04+00:00

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YUCATÁN – Salvaguarda
Yucatán está construyendo su Estrategia Estatal REDD+ y es parte de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE). En la IRE implementa un programa de inversión, el cual se puede consultar en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170309/Anexo_3_Resumenes_Programas_de_Inversion.pdf, los riesgos ambientales y sociales identificados en dicho programa de inversión se encuentra en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170317/Anexo_13_Riesgos_ambientales_y_sociales_asociados_a_las_actividades_de_la_IRE.pdf.
5_3_IRE YUCATÁN.pdf
El Marco legal del Estado de Yucatán prevé la compatibilidad de la política de desarrollo del Estado con la Nacional LPDEY Art. 1, frac. IV; Art. 2 y 29. Haciéndose específica en materia agropecuaria y de desarrollo rural sustentable a través de la LDRSY Art. 14, frac. III, IV y V y en la LPAEY Art. 1, frac. VI y Art. 11.
La LDFSY Art. 1 es de orden público, interés social y observancia general en el estado de Yucatán y tiene por objeto establecer las atribuciones de las autoridades; regular la Política Estatal de Desarrollo Forestal; las actividades de saneamiento, conservación, restauración y reforestación; las medidas de fomento a la actividad forestal sustentable y de participación ciudadana. La aplicación de esta ley estará a cargo del Ejecutivo estatal, a través de la secretaría, y de los ayuntamientos LDFSY Art. 3.
El estado y los municipios ejercerán sus atribuciones y obligaciones en materia forestal de conformidad con la distribución de competencias previstas en la ley general, en esta ley y en las demás disposiciones normativas aplicables LDFSY Art. 5.
El Ejecutivo del estado, por conducto de la secretaría, tendrá, además de las atribuciones establecidas en el artículo 13 de la ley general, las siguientes:
I.- Promover el uso alternativo de los recursos naturales y, en coordinación con las autoridades competentes, favorecer el desarrollo de la educación ambiental, el reconocimiento de los bienes y servicios ambientales y el ecoturismo.
II.- Impulsar la investigación para el desarrollo de tecnología más eficiente en el aprovechamiento de la materia prima, productos y subproductos maderables y no maderables.
III.- Promover la participación social y su integración al consejo.
V.- Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la federación, en la inspección, vigilancia, calificación de infracciones e imposición de sanciones en materia forestal en la entidad.
VI.- Realizar evaluaciones anuales del desempeño de los programas que se apliquen en el estado, tendientes a lograr el desarrollo forestal sustentable LDFSY Art. 6
La política forestal del Estado de Yucatán será formulada por la secretaría, en estricto apego de la Política Nacional de Desarrollo Forestal y a la ley general LDFSY Art. 11
Los programas y acciones en materia de desarrollo rural sustentable que ejecuten el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, de manera directa o en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico LDRSY Art. 7.
El titular del poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Aprobar la política estatal en materia de desarrollo rural sustentable, en congruencia con la federal;
III.- Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales, y los agentes de la sociedad rural, para realizar acciones conjuntas de fomento al desarrollo rural sustentable en el Estado;
V.- Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo, los componentes e instrumentos para el desarrollo rural sustentable, conforme a los lineamientos establecidos en esta Ley, en otras disposiciones legales y normativas aplicables;
VII.- Presidir el Consejo Estatal LDRSY Art. 11.
La Secretaría, en el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes atribuciones:
II.- Coordinar la planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el sector rural, en congruencia con las disposiciones de la Ley Federal y el Plan Nacional de Desarrollo;
III.- Proponer al Titular del Poder Ejecutivo la celebración de convenios con las autoridades federales, estatales y municipales, y los agentes de la sociedad rural, para realizar acciones conjuntas de fomento al desarrollo rural sustentable en el Estado;
IV.- Promover la integración y el funcionamiento de los Consejos Estatal, Distritales y Municipales LDRSY Art. 12.
Son facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría:
I. Formular, conducir, ejecutar, evaluar la política ambiental en el Estado de Yucatán y vigilar su aplicación en el Plan Estatal los Programas que se establezcan en la materia, en congruencia con los que formule la Federación;
V. Celebrar convenios, acuerdos de coordinación, o de colaboración con la Federación, los estados o los municipios para la realización de acciones para la protección del ambiente y el desarrollo sustentable LPAEY Art. 6.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades establecidos en los instrumentos de planeación. El Poder Ejecutivo del Estado establecerá entre sus dependencias y entidades un Sistema de Gabinete Sectorizado, a efecto de facilitar la coordinación, instrumentación, seguimiento y evaluación de los objetivos y metas establecidos en los instrumentos de planeación LPDEY Art. 10.
La planeación del desarrollo estatal se llevará a cabo por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y los municipios, en los términos de esta Ley, mediante el Sistema Estatal en congruencia con el Sistema Nacional. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y de los municipios, formarán parte del Sistema Estatal a través de las unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación o análogas dentro de su organización, y serán responsables de designar al personal con el perfil adecuado para atender los requerimientos de la planeación del desarrollo, el seguimiento y la evaluación. De igual forma, podrán formar parte del Sistema Estatal, las delegaciones del Gobierno Federal en el Estado, en los términos previstos en esta Ley LPDEY Art. 14.
A la Secretaría Técnica, como coordinadora del COPLEDEY, le corresponde:
II.- Coordinar la elaboración de los instrumentos de planeación, con la participación de los sectores público, social y privado en el seno del COPLEDEY.
V.- Dictar las normas y políticas de seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación de la Administración Pública del Estado;
VI.- Formular el informe trimestral del seguimiento y evaluación de la ejecución de los programas, proyectos y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, con los informes parciales que reciba;
VIII.- Asegurar que los instrumentos de planeación se integren, complementen y coordinen con los programas federales, en su formulación, programación y ejecución, y contribuyan a la consecución de los objetivos de la planeación del desarrollo estatal… LPDEY Art. 22
La LPAEY Art. 6 es uno de los instrumentos que regulan el quehacer de la Secretaría. En este instrumento se establece la competencia del Poder Ejecutivo a través de la SEDUMA, y entre ellas se puede garantizar el cumplimiento de esta salvaguarda.
En este instrumento legal, además se le atribuye a la SEDUMA el poder para celebrar convenios y acuerdos de coordinación en el ámbito Federal LPAEY Art. 8. De tal manera que propicia el cumplimiento de la salvaguarda, pues se posibilita a la SEDUMA a propiciar la compatibilidad de política forestal con la ENAREDD+, así como atender los problemas ambientales de conformidad con esta Ley LPAEY Art. 11.
Es además, de acuerdo con la Ley señalada, la formulación, conducción y observancia de la política ambiental para la defensa, preservación y restauración del equilibrio ecológico LPAEY Art. 13 en la Entidad; la responsabilidad del Poder ejecutivo, representado para este fin a través de la SEDUMA.
La política ambiental del Estado LPAEY Art. 14 se basará en el Plan de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Territorial Sustentable, incluyendo además las directrices que resulten del Programa relativo al ordenamiento ecológico del territorio del Estado de Yucatán.
Se establece además la posibilidad de que el Ejecutivo promueva la participación de grupos sociales LPAEY Art. 16 para que presenten programas relativos a la restauración ecológica, cambio climático entre otros.
Para propiciar en Yucatán y fundamentar el aprovechamiento forestal LPAEY Art. 88 se establece en la Ley de protección al medio ambiente, la necesidad de hacerlo en concordancia con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
De igual manera, la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán en su Art. 6 establece un fundamento con el cual se le asignan atribuciones a la SEDUMA el diseño de políticas públicas en la materia.
La LDFSY Art. 6 le confiere a esta secretaría la regulación de la política Estatal de Desarrollo Forestal , considerando entre sus principales atribuciones la elaboración, coordinación y aplicación de los programas relativos al sector forestal de la entidad, con proyección sexenal y con visión de más largo plazo, en vinculación con los programas nacionales y regionales, así como con el Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo la celebración de acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal.
La SEDER regula su funcionamiento a través de la LDRSY. De acuerdo con esta normativa, la SEDER[1] impulsará políticas públicas, programas y acciones que promuevan el desarrollo rural sustentable LDRSY Art. 5, frac. IV.
Se señala a su vez, que la política de desarrollo rural sustentable del Estado de Yucatán, deberá ser congruente con la federal LDRSY Art. 11, frac. I, desde las facultades del titular del poder ejecutivo. Mientras que como atribuciones de la SEDER, deberá coordinar la planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia en congruencia con las disposiciones de la Ley Federal y el Plan Nacional de Desarrollo LDRSY Art. 12, frac. I y IX.
COMITÉ ESTATAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES Y AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
La Ley de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales del Estado de Yucatán Art. 7 y 8, establece la facultad del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales del Estado de Yucatán, de establecer un Programa Estatal de combate y control de incendios de conformidad con el Plan de Desarrollo del Estado, así como formular, diseñar y aplicar la política en la materia en concordancia con la política nacional.
La LPDEY faculta a esta Secretaría para coordinar el Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal, con la participación de los sectores público, social y privado, en el seno del Consejo de Planeación y Evaluación de Yucatán (COPLEDEY). Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo con la participación del COPLEDEY y coordinar la formulación de los programas de mediano plazo, de conformidad con la Ley y demás disposiciones legales y normativas aplicables, mediante la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana, así como verificar que se ajusten a los objetivos e instrumentos de planeación federales. Establecer las normas, políticas y mecanismos para el diseño, formulación, programación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, así como de los compromisos, programas y proyectos de inversión que sean prioritarios para el desarrollo estatal.
La LPDCMY Art. 17 le atribuye a esta Secretaría la capacidad para coordinarse con autoridades estatales y municipales para asegurar la aplicación de la ley y su reglamento, con la capacidad de diseñar mecanismos e instrumentos de consulta y vigilancia de las políticas públicas encaminadas a impulsar el desarrollo de las comunidades Mayas en el estado LPDCMY Art. 18, frac. VI.
Así como brindar apoyo técnico a las autoridades municipales y cuando lo soliciten, suscribir convenios de coordinación, para la realización de acciones conjuntas encaminadas a lograr los objetivos de la Ley y su Reglamento.
El CAPY Art. 37, frac. III y IV le confiere a esta Secretaría la capacidad para el diseño, coordinación y evaluación de las políticas de desarrollo comunitario y sociales encaminadas a combatir la pobreza, otorgar el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo y la promoción de la formación de capital humano con el propósito de crear mejores condiciones generales de vida para los habitantes del estado. Incluyendo el impulso y coordinación de las acciones de organización social de la población en los ámbitos rural y urbano para facilitar su participación en la toma de decisiones con respecto a su propio desarrollo; así como promover la contraloría social de las acciones que se realicen en su localidad.
La LPDCMY Art. 17 y 18, frac. VI le atribuye en su la capacidad para coordinarse con autoridades estatales y municipales para asegurar la aplicación de la ley y su reglamento, con la capacidad de diseñar mecanismos e instrumentos de consulta y vigilancia de las políticas públicas encaminadas a impulsar el desarrollo de las comunidades Mayas en el estado. Así como brindar apoyo técnico a las autoridades municipales y cuando lo soliciten, suscribir convenios de coordinación, para la realización de acciones conjuntas encaminadas a lograr los objetivos de la Ley y su Reglamento.
La LPIMHEY Art. 9, frac. II, VI y VIII confiere al instituto la capacidad para promover la incorporación de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la de género, y la transversalidad en las políticas públicas, programas y demás instrumentos de planeación del Gobierno del estado. Incluyendo la promoción entre los poderes del estado y la sociedad organizada, acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de discriminación contra los mujeres, en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural. Establecer relaciones permanentes con las autoridades de procuración de justicia y de la seguridad pública en el estado para promover medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación de a las mujeres.
El Consejo de Planeación y Evaluación de Yucatán (COPLEDEY), es el órgano máximo del Sistema Estatal de Planeación, de carácter permanente, consultivo y deliberativo, en cuyo seno se definen los objetivos, estrategias y principales mecanismos para la ejecución de los instrumentos de planeación del desarrollo, mediante la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana , cuya estructura de conformación se delimita en el artículo 4 del Reglamento de dicha Ley LPDEY Art. 7.
El cual se establece como principal mecanismo para la coordinación y comunicación entre las instancias de planeación nacional, estatal y municipal, donde se establecen los mecanismos y procedimientos de coordinación interinstitucional y de consertación social, con el objetivo de realizar el proceso de planeación en sus etapas de formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación LPDEY Art. 20, frac. I, II, III y IV
Asimismo señala el establecimiento de comisiones sectoriales, regionales y especiales para realizar las actividades que requieran la participación conjunta de las dependencias y entidades de las administraciones públicas, municipal, estatal y federal, que operen en el Estado, y en su caso, de las organizaciones no gubernamentales. Lo que sustenta y da validez dentro del marco legal estatal, a los acuerdos que se realizan en el marco de las comisiones que actualmente se vinculan con la implementación de políticas públicas de cambio climático, incluyendo la EEREDD+ y el PI, como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de Yucatán LPDEY Art. 21
Asimismo se consideran los diálogos Ciudadanos como mecanismo de vinculación directa entre los órdenes de gobierno y los ciudadanos, el cual fomenta la concertación en la identificación de problemáticas y necesidades, para la formulación de los instrumentos de planeación, la priorización de acciones, obras y programas en el marco de la ejecución de los instrumentos de planeación y los procedimientos de evaluación y contraloría social LPDEY Art. 57.
El estado cuenta con mecanismos de coordinación intersectorial que promueven la alineación de la política estatal y nacional relacionada con REDD+ en el Estado, a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en Yucatán, en donde se establece mediante acta del 26 de febrero de 2016, la creación de un grupo intersecretarial para el seguimiento de REDD+, incluyendo la conformación de Grupos de Trabajo especializados.
Asi mismo se cuenta con órganos de consulta, asesoramiento y consertación como el Consejo Forestal del Estado de Yucatán y el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable que tienen por objeto coadyuvar a la planeación, supervisión y evaluación de políticas de aprovechamiento, conservación de los recursos forestales del estado y de las políticas públicas que fomentan el desarrollo rural del Estado.
Así mismo la EEREDD+ y el PI garantizan la alineación a política estatal y nacional relevante en materia de desarrollo forestal sustentable, desarrollo rural sustenable, cambio climático, derechos indígenas y género, a través de las metas y acciones delimitadas para su implementación.
Considerando su alineación primordial a los siguientes intrumentos de política pública:
1.- Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40
P2 Desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque climático
P5 Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación
M4 Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y preservar los sumideros naturales de carbono
2.- Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (ENAREDD+)
3.- Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018
META. México Próspero
Estrategia.- Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Estrategia: Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.
• Desarrollar las instituciones e instrumentos de política del Sistema Nacional de Cambio Climático. Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte.
• Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas ?prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática.
4.- Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2015-2018 (PROIGUALDAD)
Estrategia 5.5 del PROIGUALDAD se establece: incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales y de sustentabilidad, incluyendo el marco jurídico en materia ambiental
5.- Programa Especial de los pueblos indígenas 2014-2018
Objetivo Especial 2. Mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del impulso de a proyectos productivos.
6.- Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático (PEACC,2013)
Tema Estratégico MItigación
Estrategia: Introducir técnicas de gestión sustentables en el sector agropecuario para lograr una reducción de las emisiones de GEI.
• Impulsar la gestión sustentable de los suelos agrícolas.
• Mejorar la cobertura vegetal en tierras de pastoreo.
• Fomentar los sistemas agroforestales.
• Fomentar la agricultura de conservación.
• Capacitar sobre mejora de la productividad en sistemas agropecuarios para reducir la deforestación.
7.- Programa Sectorial de Desarrollo Social
Tema estratégico 1:
Superación del rezago social y marginación
Incrementar los procesos de participación social en el estado de Yucatán
Fortalecer los procesos de participación ciudadana para focalizar de manera adecuada las políticas de superación del rezago social y promover con ello el desarrollo autogestivo de las comunidades.
• Consolidar la integración de la política social para fortalecer los esfuerzos en este ámbito y el combate a la marginación y el rezago social.
• Elaborar proyectos que ayuden a la detección de necesidades en las comunidades con el fin de focalizar la política social.
• Crear organizaciones de carácter comunitario que impulsen los procesos de organización, participación social y capacidades autogestivas.
8.-Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán (PED 2012-2018)
9.- Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán (POETY)
10.- Programa de Ordenacmiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán (POETCY)
La EEREDD+ y el PI son compatibles con los objetivos de los convenios y acuerdos internacionales que México ha suscrito; así como de los convenios internacionales que el Estado ha signado como gobierno subnacional . Asegurando la compatibilidad de las metas y acciones delimitadas por estos instrumentos de política pública en materia de derechos humanos, derechos de pueblos indígenas , gualdad de género y conservación de la biodiversidad.
El marco legal del Estado de Yucatán considera el cumplimiento y ratificación de los tratados internacionales en materia de igualdad de género como parte de la base en materia de los derechos humanos LPIMHEY Art. 6, pero también en el derecho de acceso a la información Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 4, 5 y 9.
Todas las personas en el Estado de Yucatán gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en esta Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, los Tratados Internacionales de la materia y esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 1
La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto:
VI.- Determinar las competencias y atribuciones del Estado y de los Municipios, conforme a los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, Leyes Federales de la materia, la Constitución Política del Estado de Yucatán, y demás ordenamientos aplicables en la materia LPAEY Art. 1.
VIII.- Promover la celebración de convenios de cooperación para la investigación científico-tecnológica con instituciones de investigación nacional y estatal, y con organismos internacionales, para impulsar el desarrollo rural sustentable…LDRSY Art. 12.
En la aplicación de esta ley, deberán tomarse en cuenta los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, que protejan el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. En caso de controversia, se favorecerá aquella interpretación que proteja con mayor eficacia a las mujeres. En lo no previsto por esta ley, se aplicarán, en forma supletoria, las disposiciones de la ley general, de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán y de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como las demás disposiciones legales y normativas aplicables LPIMHEY Art. 6.
Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia:
VII.- Garantizar que se respete la normatividad internacional y nacional en materia de libertad de expresión y de los derechos de los Indígenas Mayas…LPDCMY Art. 14.
Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas; organizaciones privadas y sociales; organismos estatales, nacionales e internacionales; Gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la igualdad de género, así como diseñar y promover un programa especial que guardará congruencia con los instrumentos internacionales en materia de igualdad LPIMHEY Art. 9 y 31.
El instituto, es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho humano de acceso a la información es un organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley general, esta ley y demás disposiciones normativas aplicables, así como convenios y tratados internacionales.
La LPIMHEY Art. 9 le confiere la atribución de promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas; organizaciones privadas y sociales; organismos estatales, nacionales e internacionales; Gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la igualdad de género.
INDEPEY
Es objeto del Instituto el propiciar las condiciones de defensoría pública a la ciudadanía que así lo requiera, para lo cual está facultado para promover la celebración de convenios de coordinación y colaboración, respectivamente, con órganos, dependencias, entidades o instituciones públicas y privadas, ya sean locales, nacionales o internacionales, para el cumplimiento de su objeto, particularmente con las dedicadas a la protección de los derechos humanos Ley del Instituto de defensa Pública Art. 11, frac. XI
El CAPY Art. 45 le confiere a esta secretaría la capacidad para coordinar, vigilar la implementación y evaluar los resultados de la política estatal en materia de recursos naturales, ecología, saneamiento, agua y regulación ambiental del desarrollo urbano, considerando las diferentes regiones del Estado.
Asimismo la LDFSY Art. 6 le confiere a esta secretaría la regulación de la política Estatal de Desarrollo Forestal , considerando entre sus principales atribuciones la elaboración, coordinación y aplicación de los programas relativos al sector forestal de la entidad, con proyección sexenal y con visión de más largo plazo, en vinculación con los programas nacionales y regionales, así como con el Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo la celebración de acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal.
El CAPY Art. 44, frac. I y X le confiere la integración de la planeación del sector agropecuario en el Estado, así como fomentar y organizar actividades agropecuarias, forestales y agroindustriales, procurando la coordinación de acciones y programas con los gobiernos federal y municipales, y la concertación con los sectores social y privado. Así como ejercer las atribuciones y funciones derivadas de los convenios celebrados con la Administración Pública Federal, los municipios y asociaciones en materia agropecuaria, forestal, y agroindustrial, y verificar su debido cumplimiento.
El CAPY Art. 37, frac. II le confiere a esta Secretaría, la capacidad para diseñar, coordinar, conducir y evaluar las políticas de desarrollo comunitario y sociales, encaminadas a combatir la pobreza, otorgar el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo, promover la formación de capital humano y crear mejores condiciones generales de vida para los habitantes del estado.
La LPDCMY Art. 17 y 18 frac. VI le atribuye en la capacidad para coordinarse con autoridades estatales y municipales para asegurar la aplicación de la ley y su reglamento, con la capacidad de diseñar mecanismos e instrumentos de consulta y vigilancia de las políticas públicas encaminadas a impulsar el desarrollo de las comunidades Mayas en el estado.
La Ley de Planeación establece la gestión de resultados como estrategia de planeación, centrada en el alcance de objetivos, que orienta la actividad pública a la generación del mayor valor público posible, mediante la implementación de una cultura organizacional y de dirección para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas LPDEY Art. 4.
Por su parte, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable contempla que el Ejecutivo Estatal podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la federación para asumir las funciones establecidas en el artículo 24 de la ley general y los demás asuntos que en materia forestal se acuerden. Asimismo indica que la SEDUMA, la SEDER y los municipios impulsarán la vinculación interinstitucional para el establecimiento del sistema de ventanilla única para el usuario del sector forestal LDFSY Capítulo 2do y Art. 8, párrafo 4to.
Se incluye como obligatorio del ejecutivo estatal y los municipios el proveer un informe anual como mecanismo de rendición de cuentas ante el congreso sobre la situación que guarda el sector forestal, que integre los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en la gestión forestal, y datos comparativos del cumplimiento de las metas fijadas y las alcanzadas para el período que comprende el informe; el estado fito sanitario de las áreas forestales; el avance económico de la industria forestal y los demás que considere pertinente el Ejecutivo estatal LDFSY Art. 19.
De igual forma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece como derecho el acceso a la información pública, y establece la interposición del recurso de inconformidad contra las resoluciones de las Unidades de Acceso a la Información Pública, de manera escrita ante el Consejo General del Instituto Estatal de Transparencia, o por vía electrónica a través del Sistema que proporcione el órgano garante o ante el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del sujeto obligado correspondiente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
La EEREDD+ y el PI garantizan la alineación a los tratados internacionales que México y Yucatán han signado a través de las metas y acciones delimitadas para su implementación. Considerando su especial contribución a los siguientes tratados, convenios y acuerdos relevantes en la materia:
1.- Contribuciones previstas y determinadas a nivel Nacional ((Intended Nationally Determined Contributions)
Integra los compromisos de México en materia de reduccion de emisiones de GEI en apego a los objetivos y prioridades establecidas en la Ley General de Cambio Climático, así como a los acuerdos asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (1992).
Eje Temático Sector social
Meta: Lograr la resiliencia del 50% de los municipios más vulnerables del país
• Incorporar enfoque climático de género y de derechos humanos en todos los instrumentos de planeación territorial y de gestión del riesgo.
• Asegurar la capacitación y participación social en la política de adaptación.
Eje temático Adaptación basada en ecosistemas
Meta: Alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestación
• Incrementar la conectividad ecológica y la captura de carbono mediante conservación y restauración
• Sinergias de acciones REDD+
2.- Iniciativa para la Restauración del Paisaje Forestal (BONN CHALLENGE)
Iniciativa para restaurar 150 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas del mundo en 2020. Fue lanzado por los líderes mundiales en Bonn, Alemania, en septiembre de 2011. El enfoque de restauración del paisaje forestal tiene como objetivo restaurar la integridad ecológica y al mismo tiempo mejorar el bienestar humano.
Meta del Estado de Yucatán: Restauración de 0.25 millones de hectáreas de paisaje deforestado y/o degradado para el año 2020, y 0.55 millones de hectáreas de paisaje deforestado y/o degradado para el año 2030.
3.- Iniciativa Gobernadores por el Clima y los Bosques (Gobernor's Climate and Forests Task Force)
Acuerdo subnacional entre 35 estados y provincias de Brasil, Colombia, Indonesia, México Costa de Marfil, Nigeria, Perú, España y Estados Unidos que tiene por objetivo promover esquemas para la reducción de emisiones por deforestación y uso de suelo asociadas a REDD+.
La EEREDD+ y el PI garantiza la transparencia, comprendida por el derecho al acceso a la información , la transparencia proactiva, la rendición de cuentas a través de los mecanismos estatales para el acceso a la información pública delimitados en el marco legal estatal, siendo el Instituto de Transparencia , Acceso a la Informarción Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán, la principal autoridad competente, incluyendo las Unidades Estatales de Transparencia.
Asimismo en materia transparencia proactiva el Gobienro del Estado cuenta con el apoyo de la Junta Intermunicipal Biocultural de Puuc, APDT encargado de la implementación del Programa de Inversión de la IRE en el Estado de Yucatan, el cual cuenta con un Consejo Ciudadano y un Consejo de Administración, integrado por representantes de las comunidades , organizaciones de productores, grupos organizados de mujeres, representantes de la sociedad civil y academia, así como autoridades de los tres niveles de gobierno, los cuales fungen como espacios para fomentar la gobernanza y gestión integral del terriotrio, en donde se presenta de manera continua informes de avances sobre las actividades asociadas a la implementación de REDD+ en el Estado.
Aunado a lo anterior el Estado coordina espacios de participación social como el CTC-REDD+ YUC y el Comité de Salvaguardas REDD+ de la Península de Yucatán donde se presentan de manera voluntaria los avances en materia de la EEREDD+ y PI , los cuales permiten la retroalimentación de estos instrumentos de política pública y de las acciones que se llevan a cabo para su implementación.
Son organismos constitucionales autónomos del Estado de Yucatán: II.- El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 73.
El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se regirá bajo los principios de especialización, independencia, objetividad e imparcialidad en sus decisiones, las cuales tendrán el carácter de definitivas; asimismo estará facultado para hacer cumplir sus resoluciones y sancionar su inobservancia Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 75.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado de Yucatán y los municipios que lo conforman Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 1
El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley general, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, esta ley y la normativa aplicable; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en los términos dispuestos por la Ley general Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 4
Acceso efectivo a la información El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito del estado y los municipios Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 6
El INAIP para el cumplimiento de su objeto, tendrá, además de las atribuciones establecidas en el artículo 42 de la Ley general, las siguientes:
I. Suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
II. Desarrollar, administrar, implementar y poner en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos y las obligaciones establecidas en esta ley, con apego a la normatividad expedida por el sistema nacional.
III. Promover la publicación de la información en datos abiertos y accesibles.
IV. Cumplir con las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 12.
XVIII. Difundir por los diversos medios de comunicación las medidas implementadas en materia ambiental y promover la participación de las organizaciones sociales, civiles, empresariales, instituciones académicas y las personas interesadas en su cumplimiento LPAEY Art. 6.
Cualquier persona tiene derecho a la información pública ambiental, por tanto para acceder a ella deberá sujetarse a lo establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios de Yucatán LPAEY Art. 120.
La Secretaría, en coordinación con la Federación y los municipios, desarrollará un Sistema Estatal de Información Ambiental, vinculado a los sistemas nacionales estadístico y de información geográfica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental estatal por los diferentes medios, principalmente por el electrónico. Los aspectos de integración y operación del sistema de información ambiental serán establecidos en el Reglamento de esta Ley LPAEY Art. 121.
Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia forestal pongan a su disposición la información que les soliciten en materia forestal en los términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán LDFSY Art. 47
El Estado de Yucatán cuenta con un marco legal que regula y obliga a las instituciones públicas a celebrar un ejercicio transparente. Se cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 2, misma que se podría considerar como una ley transversal pues obliga al Estado a generar mecanismos que garantizan el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública.
Por otro lado, es importante señalar que el Estado de Yucatán cuenta con una población mayoritariamente de origen maya, por lo que cuenta con una legislación específica que permite la preservación de la cultura maya, está Ley es denominada Ley de Preservación y Promoción de la Cultura Maya Art. 71, 19 y 21 en donde se establecen mecanismos para que la población originaria y perteneciente a la cultura maya acceda a la información pública.
El Estado de Yucatán cuenta además con la LDRSY Art. 101 y 108 que establece la obligatoriedad del Estado para generar iniciativas tales como Establecimiento y acceso a la información. De igual manera, se establece la generación de un Sistema Estatal de Estadísticas Agropecuarias, considerado de fin público.
La Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 2 y 11 señala la reglamentación y obligación del Estado en proveer a la ciudadanía de mecanismos que garanticen el acceso a la información pública.
Y por último, la Ley para la Protección de la fauna del Estado de Yucatán Art. 7, 10 y 21, también cuenta con señalamientos en los que se establece el acceso a la información y la transparencia de la política pública.
Es un órgano público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales; cuya misión es garantizar y promover el acceso a la información pública que generen y que tengan en su poder las dependencias y entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, vigilando el cumplimiento de la ley de la materia y difundiendo la cultura del acceso a la información.
Es la responsable de fomentar los mecanismos que propicien el acceso a la información de mercados de los agentes de la sociedad rural, así como de crear y nutrir el Sistema Estatal de Estadísticas Agropecuarias, mecanismo que permitirá el diseño de las políticas públicas en esta materia y de carácter público. La Secretaría, con el objeto de transparentar y lograr una mayor eficiencia en el proceso de comercialización, realizará acciones de asesoría, asistencia y difusión de información dirigida a los productores primarios.
El Código de la Administración Pública de Yucatán le confiere a esta Secretaría, la capacidad para diseñar, coordinar, conducir y evaluar las políticas de desarrollo comunitario y sociales, encaminadas a combatir la pobreza, otorgar el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo, promover la formación de capital humano y crear mejores condiciones generales de vida para los habitantes del estado CAPY Art. 37, frac. II.
Se confiere al instituto la capacidad para promover la incorporación de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la de género, y la transversalidad en las políticas públicas, programas y demás instrumentos de planaeción del Gobierno del estado. Incluyendo la promoción entre los poderes del estado y la sociedad organizada, acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de discriminación contra los mujeres, en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural LPIMHEY Art. 9, frac. II y VI.
De acuerdo al CAPY Art. 45 señala a esta dependencia como principal responsable de la generación de información en materia ambiental, incluyendo ecosistemas, especies y la situación en la que se encuentran, mismo que es de interés público y con el cuál se podrá generar políticas públicas.
La SEDUMA es la secretaria responsable de generar un catálogo completo de las especies que integran la Fauna Silvestre, con la ubicación de su hábitat y sus particularidades, mismo que es de interés público y con el cuál se podrá generar políticas públicas, en cuanto a la protección de la Fauna Silvestre, y así preservar la sobrevivencia de la especie con medios adecuados, para la conservación de fauna silvestre Ley para la protección de la fauna del estado de Yucatán, Art. 21.
La Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya le atribuye la capacidad para coordinarse con autoridades estatales y municipales para asegurar la aplicación de la ley y su reglamento, con la capacidad de diseñar mecanismos e instrumentos de consulta y vigilancia de las políticas públicas encaminadas a impulsar el desarrollo de las comunidades Mayas en el estado LPDCMY Art. 17
Así como brindar apoyo técnico a las autoridades municipales y cuando lo soliciten, suscribir convenios de coordinación, para la realización de acciones conjuntas encaminadas a lograr los objetivos de la Ley y su Reglamento LPDCMY Art. 18, frac. VI
Con objeto de contar con un control de los bienes culturales existentes y contribuir a su preservación, el Ejecutivo del Estado, por conducto del Instituto y la Secretaría, conformará un Registro del Patrimonio Cultural del Estado, que contendrá la relación ordenada y clasificada de dichos bienes, tanto públicos como privados, muebles e inmuebles Ley de Preservación y Promoción de la Cultura Maya Art. 37, 38, 39 y 40.
Para garantizar la transparencia en el marco del acceso a la información pública, el Gobierno del Estado a través del INAIP Yucatán cuenta con las Unidades de Transparencia en cada una de sus dependencias estatales, donde se podrá realizar de manera directa las solicitudes de información , de igual forma se podran recibir las solicitudes que se realicen a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, incluyendo cualquier otro medio aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 80.
El INAIP Yucatán establece como requisitos para realizar una solicitud de información los siguientes:
1. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante (opcional);
4. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización (opcional), y
La información deberá se entregada sin costo, cuando implque la entrega de no más de veinte hojas simples. En el caso de la reprouccion de copias certificadas, CD o DVD, se deberá pagar los derechos corespondientes, señalados por las leyes fiscales respectivas. El plazo de respuesta de la uidad de transparencia no deberá exceder a los 10 días hábiles a la fecha de solicitud Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 79.
Asimimo el Gobierno del Estado a través del INAIP Yucatán establece en el caso de incumplimiento de las obligaciones de transparencia el recurso de la denuncia ( artículo 77 de la LTAIPY) , que podrá realizarse ante este Instituto proporcionando los datos siguientes:
1.Nombre del sujeto obligado denunciado;
2.Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
3. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado;
En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, en caso de no proporcionar los datos anteriores la notificación se hará a través de Estrados de la Unidad de Transparencia.
4. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria.
La presentación de la denuncia puede realizarse a través de la plataforma Nacional de Transparencia o a través de correo electrócnico que al efecto dse establezca o ser entregada en por escrito en formato libre o por medio de un formtao presentado físicamente ante el INAIP, Yucatán Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 77.
La presentación de la denuncia puede realizarse a través de la plataforma Nacional de Transparencia o a través de correo electrócnico que al efecto dse establezca o ser entregada en por escrito en formato libre o por medio de un formtao presentado físicamente ante el INAIP, Yucatán.
Asimismo en materia de rendición de cuentas , el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado (http://transparencia.yucatan.gob.mx/) tiene por objetivo promover el acceso a la información pública, incorporando las secciones de Obligaciones de transparencia, donde se incluye el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública, a través del cual se puede acceder a la información de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales , el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Yucatán. Incorporando también una sección sobre transparencia fiscal y presupuestal en donde se incluye el Programa Financiero y económico del Estado , el presupuesto ciudadano, los Programas Operativos Anuales, y de manera particular una sección sobre rendición de cuentas que incluye información sobre la cuenta pública e informes de gobierno.
El acceso a la información de la EEREDD+ y PI es garantizado a través de los mecanismos estatales acceso a la información pública, a través del INAIP y sus correspondientes Unidades de Transparencia Estatales.
Adicionalmente se incorporan como mecanismos de transparencia proactiva en el marco de la implementación de la EEREDD+ y el PI de los siguientes espacios de participación social:
1.- La Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc: Organismo Público Descentralizado integrado por los municipios de Tekax, Muna, Ticul Oxcutzcab y Santa Elena, el cual tiene por objetivo brindar apoyo técnico a los municipios para la elaboración, gestión e implementación de los proyectos y programas relacionados con el medio ambiente, manejo de recursos naturales y desarrollo rural sustentable de aplicación en sus territorios, de acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen los municipios en las leyes federales y estatales. El cual fomenta esquemas de gobernanza comunitaria a través de la integración del Consejo de Administración y Consejo ciudadanano. El cual actualmente se reconoce como el Agente Público de Desarrollo Territorial (APDT) para la implementación de la IRE en Yucatán.
2.-Consejo Consultivo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Estado de Yucatán (CTC-REDD+ YUC): grupo de participación social, técnico consultivo, de validación y consulta conformado multisectorialmente con la participación mayoritaria de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de productores, asociaciones de profesionales y representantes de instituciones educativas y/o de investigación, e instituciones no gubernamentales que se relacionen con los temas de manejo, conservación y/o restauración de los recursos forestales o vinculados a éstos, para buscar canales de comunicación y coordinación de la iniciativas locales asociadas a REDD+.
3.- Comité de Salvaguardas REDD+ de la Península de Yucatán : integrado por organizaciones de la sociedad civil, academia, así como representantes de comunidades, organizaciones de productores, grupos indígenas y dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, cuyo objeto general es promover el respeto y abordaje de las salvaguardas REDD+ en la Península de Yucatán ,así como emitir recomendaciones a pedido o por iniciativa propia a las instituciones y poderes de los tres niveles de gobierno, así como a cualquier iniciativa sobre el respeto y abordaje de las salvaguardas, evitando impactos negativos en la implementación de acciones y actividades REDD+ y potenciando beneficios inherentes a ellas.
La EEREDD+ y/o los PI del Estado garantizan una adecuada toma de decisiones/acuerdos, en los niveles estatal, municipal y local, en el contexto de la aplicación de la EEREDD+ y/o los PI considerando el marco legal aplicable promueve la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, incoporando la participación de los interesados, incluyendo la sociedad civil, las comunidades rurales e indígenas, así como los sectores académico y de investigación.
Haciendo referencia de manera particular a las comisiones y consejos creados para fomentar la participación conjunta en el desarollo de políticas públicas en materia de cambio climático, como lo son la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en Yucatán y el Consejo Consultivo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Estado de Yucatán. Así como la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc que fomenta gestión integral del territorio y gobernanza comunitaria asociada a la implementación de acciones relativas a la EEREDD+ y el PI.
Los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, y de conformidad con los acuerdos aprobados por los mismos, en los términos de las leyes Federales y Estatales, tendrán las siguientes facultades: III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado junto con la Federación elabore proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios que resultaren involucrados; X.- Formular y conducir la política ambiental en el ámbito de su competencia Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 83
Los municipios del Estado, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse entre sí, para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 85
Los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, concurrirán con las autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes respectivas, en las siguientes materias: Preservación y promoción de los derechos y desarrollo integral de la etnia maya; Protección al medio ambiente; Desarrollo Económico, en todas sus vertientes, y Desarrollo Social Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 85, frac. IV, IX, XII y XIII
Las autoridades responsables del diseño, implementación y evaluación de la política forestal, tanto estatal como municipales, verificarán que esta se sujete a los principios de sustentabilidad, autonomía de las comunidades indígenas, integralidad, transparencia, continuidad, interdependencia, concientización, participación ciudadana y responsabilidad ambiental LDFSY Art. 12
Son facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría: Celebrar convenios, acuerdos de coordinación, o de colaboración con la Federación, los Estados o los municipios para la realización de acciones para la protección del ambiente y el desarrollo sustentable y promover la participación ciudadana en materia de protección al ambiente LPAEY Art. 6, frac. V y XXXVI.
Son facultades y obligaciones de los municipios: Formular, conducir y evaluar la política ambiental del Municipios y vigilar su aplicación en el plan y programas que se establezcan en la materia, concertar con el Poder Ejecutivo, con otros municipios o los sectores social y privado, la realización de acciones en materia ambiental, participar coordinadamente con el Poder Ejecutivo en la atención de los asuntos que afecten al ambiente y el equilibrio ecológico de dos o más municipios y celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con la intervención que corresponda al Poder Ejecutivo para la realización de acciones en materias de esta Ley LPAEY Art. 7, frac. I, XI, XIII y XV.
El poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el propósito de asumir funciones o realizar acciones que conduzcan al logro del desarrollo sustentable LPAEY Art. 8.
El poder ejecutivo podrá suscribir con otros estados o con sus municipios, acuerdos de coordinación o convenios de colaboración administrativa, con el propósito de ejercer sus atribuciones a través de las instancias que al efecto se determinen así como atender y resolver problemas ambientales de conformidad con las disposiciones de esta Ley y de otros ordenamientos LPAEY Art. 11.
En la formulación y conducción de la política ambiental para la defensa, preservación y restauración del equilibrio ecológico en la Entidad; el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, en la esfera de sus respectivas competencias, observarán y aplicarán los siguientes principios: La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones de preservación y conservación del ambiente, garantizar el derecho de las comunidades humanas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables. Toda persona cumple una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable LPAEY Art. 13, frac. VII, XI y XIII.
El titular del poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales, y los agentes de la sociedad rural, para realizar acciones conjuntas de fomento al desarrollo rural sustentable en el Estado LDRSY Art. 11, frac. III.
La Ley de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular es de interés público y tiene por objeto, reglamentar el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, como formas de consulta popular directa en la toma de decisiones públicas y la resolución de problemas de interés general; previstas en el artículo 16 Apartado A, fracción II de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como fomentar la cultura cívica, garantizando la libre expresión ciudadana a partir del derecho a la información Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 1
El ejercicio del derecho reglamentado en la presente ley, tendrá como premisa el conocimiento anticipado por parte de los ciudadanos sobre los actos, políticas públicas y acciones programadas, a fin de hacer posible la participación eficaz e informada de los ciudadanos Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 2
Es objeto de plebiscito, obtener la opinión de los ciudadanos sobre los actos y acciones gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Municipios; calificadas como trascendentales para la vida pública y el interés social, dentro las que se encuentran: I. En el poder Ejecutivo: a) La creación de políticas públicas dirigidas a la mujer y a la población maya-hablante; b) Las Políticas de preservación del medio ambiente. y III. En los Municipios: e) Las políticas de preservación del medio ambiente Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 15, frac. I y III.
El Marco legal existe en el Estado de Yucatán prevé la adecuada toma de decisiones en los niveles federal, estatal, municipal. Estas disposiciones se enmarcan en la LPAEY Art. 6 y 115, en ésta se establece la facultad del Ejecutivo para establecer acuerdos de coordinación con la Federación, los Estados o los municipios, de igual manera en el se establece la obligación del Estado y de los ayuntamientos de propiciar la participación de la sociedad en la formulación de la política ambiental.
En la LDRSY Art. 29, frac. I, II, III y IV; Art. 37 y 37 misma que se encuentra armonizada con la su símil a nivel federal, queda establecido la creación del Consejo Estatal, mismo que en términos de ley, es un órgano consultivo que tiene por objetivo coadyuvar en la definición de prioridades y políticas públicas entre otras.
El marco legal que norma el quehacer institucional de la SEDUMA cuenta con instrumentos legales, que podrían propiciar el cumplimiento de esta salvaguarda, como, la atribución de celebrar convenios con la Federación, con otros Estados y con los municipios.
El marco legal le atribuye a esta Secretaría la capacidad para celebrar convenios con la Federación , con otros Estados y con los municipios, así como con organismos no gubernamentales, paraestatales y particulares, satisfaciendo las formalidades legales que procedan, con el propósito de realizar acciones que conduzcan al logro del desarrollo sustentable LPAEY Art. 8 y 9
Se le confiere la integración de la planeación del sector agropecuario en el Estado, así como fomentar y organizar actividades agropecuarias, forestales y agroindustriales, procurando la coordinación de acciones y programas con los gobiernos federal y municipales, y la concertación con los sectores social y privado CAPY Art. 44, frac. I. Así como ejercer las atribuciones y funciones derivadas de los convenios celebrados con la Administración Pública Federal, los municipios y asociaciones en materia agropecuaria, forestal, y agroindustrial, y verificar su debido cumplimiento.
Asimismo se establece la creación de diversas estructuras que propician la coordinación y planeación de la política estatal en el sector rural tal como la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán, el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable y Consejos Distritales y Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable LDRSY Art. 38.
Estas estructuras previstas en el instrumento legal, propician el cumplimiento de la salvaguarda, por fomentar la participación y representación de los diferentes órdenes de gobierno.
Se le confiere a esta Secretaría la capacidad para el diseño, coordinación y evaluación de las políticas de desarrollo comunitario y sociales encaminadas a combatir la pobreza, otorgar el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo y la promoción de la formación de capital humano con el propósito de crear mejores condiciones generales de vida para los habitantes del estado. Incluyendo el impulso y coordinación de las acciones de organización social de la población en los ámbitos rural y urbano para facilitar su participación en la toma de decisiones con respecto a su propio desarrollo; así como promover la contraloría social de las acciones que se realicen en su localidad CAPY Art. 37, frac. III y IV.
Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno que tiene por objeto impulsar el desarrollo integral de las regiones y municipios del Estado de Yucatán. Tiene por objeto formular, promover y ejecutar el Programa Especial de Desarrollo Regional y Municipal y demás instrumentos programáticos en la materia en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y con los ayuntamientos; así como proporcionar asesoría técnica a los ayuntamientos en materia de gestión de recursos, elaboración de proyectos para el desarrollo regional y municipal.
La LPIMHEY Art. 9 meciona el objeto del Instituto, mismo que entre otras cosas deberá propiciar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la vida económica, social y cultural.
De igual manera, se establece la creación de órganos y estructuras que favorecen la toma de decisiones desde el ámbito estatal y municipal desde un enfoque incluyente.
Se le atribuye la capacidad para coordinarse con autoridades estatales y municipales para asegurar la aplicación de la ley y su reglamento, con la capacidad de diseñar mecanismos e instrumentos de consulta y vigilancia de las políticas públicas encaminadas a impulsar el desarrollo de las comunidades Mayas en el estado. Así como brindar apoyo técnico a las autoridades municipales y cuando lo soliciten, suscribir convenios de coordinación, para la realización de acciones conjuntas encaminadas a lograr los objetivos de la Ley y su Reglamento LPDCMY Art. 17 y 18, frac. VI.
De acuerdo con el marco legal que instruye el quehacer del Instituto, se establece la atribución al Instituto de generar un Registro de las comunidades mayas, señalado en la LPDCMY Art. 19 y 20 con miras a tener información necesaria para instrumentar una política acorde a las condiciones de las comunidades mayas.
Podría considerarse que mediante este instrumento, se observe relativamente el cumplimiento de esta salvaguarda en la aplicación de REDD+, sin embargo, fuera de este Registro de las comunidades mayas, que más bien permite identificar necesidades para definir políticas más acordes, no se señala un instrumento que garantice una adecuada toma de decisiones.
un instrumento que garantice una adecuada toma de decisiones.
El Comité Estatal, deberá estar integrado por representantes de instituciones tanto federales como estatales, y cualquier otra que el Poder ejecutivo considere. Esta disposición queda señalada en los art. 10 y 11 de La Ley de Prevención y Combate de incendios agropecuarios y forestales del Estado de Yucatán.
El Comité Estatal, es un órgano con una legislación que fundamenta su quehacer, y como se ha señalado, está integrado por funcionarios tanto del nivel federal como el estatal, que deben de reunirse por lo menos dos veces al año, por lo tanto, es un espacio que propicia la adecuada toma de decisiones en la materia de control y combate de incendios.
El marco legal relevante atribuye a las dependencias estatales la capacidad para celebrar convenios de coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y la concertación con la sociedad en el desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas concernientes al medio ambiente, desarrollo rural sustentable y desarrollo forestal sustentable . Estableciendo como mecanismos para fomentar la paticipación ciudadana en la toma de decisiones, la creación de consejos y comités especializados, que permitan a su vez garantizar este derecho a todos los interesados, incluyendo las comunidades rurales e indígenas.
La EEREDD+ y el PI garantizan la adecuada toma de deciciones en su contexto de aplicación a través de:
1.-CICLIMA creada mediante decreto N° 297 en junio de 2010 como una institución de consulta, asesoramiento, coordinación y concertación, que tiene por objeto coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas públicas para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación para reducir la vulnerabilidad de los impactos adversos del cambio climático en Yucatán.
2.- La Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc, Organismo Público Descentralizado integrado por los municipios de Tekax, Muna, Ticul Oxcutzcab y Santa Elena, el cual tiene por objetivo brindar apoyo técnico a los municipios para la elaboración, gestión e implementación de los proyectos y programas relacionados con el medio ambiente, manejo de recursos naturales y desarrollo rural sustentable de aplicación en sus territorios, de acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen los municipios en las leyes federales y estatales. El cual fomenta esquemas de gobernanza comunitaria a través de la integración del Consejo de Administración y Consejo ciudadanano.
Actualmentel funge como Agente Público de Desarrollo Territorial (APDT) en la implementación del PI vinculado a la IRE y la EEREDD+.
3.-Consejo Consultivo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Estado de Yucatán (CTC-REDD+ YUC) grupo de participación social, técnico consultivo, de validación y consulta conformado multisectorialmente con la participación mayoritaria de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de productores, asociaciones de profesionales y representantes de instituciones educativas y/o de investigación, e instituciones no gubernamentales que se relacionen con los temas de manejo, conservación y/o restauración de los recursos forestales o vinculados a éstos, para buscar canales de comunicación y coordinación de la iniciativas locales asociadas a REDD+.
4.- CEDRUS
5. Consejo de Desarrollo Forestal Sustentable.
La EEREED+ y/o los PI cuentan con mecanismos de resolución de conflictos contemplados en el marco legal estatal.
Se establece un Organismo Público Autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de la protección, defensa, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán estará facultada para conocer de quejas en contra de actos u omisiones que constituyan violaciones a los derechos humanos provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal y formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, así como presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Tratándose del Poder Judicial, únicamente conocerá los actos u omisiones de naturaleza administrativa. No tendrá facultades en asuntos electorales y jurisdiccionales Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 74.
Todo servidor público del Estado de Yucatán está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación Permanente, podrá requerir, a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a las autoridades o servidores.
La Ley que organiza y reglamenta el funcionamiento de los ayuntamientos, establecerá un sistema de medios de impugnación en materia de lo contencioso administrativo, para dirimir las controversias que se presenten entre la administración pública municipal y los particulares; con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad, profesionalismo, gratuidad y proximidad. Los Municipios conforme a lo anterior, podrán contar con Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Dichos organismos privilegiarán la conciliación como mecanismo de solución de controversias. En los municipios que no cuenten con un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, resolverá las controversias a que se refiere el presente artículo, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 81
Son funciones específicas del Estado: Proporcionar y promover mecanismos alternativos para la solución de controversias a través de vías colaborativas y pacíficas, en las que se privilegie el dialogo entre los particulares, creando las instancias y emitiendo las disposiciones que correspondan para la consecución de ese fin Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 87 frac. VI Bis.
Esta Ley es de orden público y de interés social en el Estado y tiene por objeto: Regular los mecanismos alternativos de solución de controversias, como formas de auto-composición asistida en la solución de conflictos surgidos entre particulares. Hacer posible el acceso de los particulares a los mecanismos alternativos de solución de controversias establecidos en esta Ley. Establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para desarrollar un sistema de solución alternativa de controversias que evite el proceso judicial y Crear un órgano desconcentrado del Poder Judicial especializado en la aplicación de mecanismos alternativos para la solución de controversias y, fijar las reglas para regular su funcionamiento.
Los habitantes del Estado de Yucatán tienen el derecho de resolver sus controversias a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y, el Estado el deber de proporcionar y promover los mecanismos para que estos conflictos se resuelvan pacíficamente, conforme a los principios y disposiciones de esta Ley Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Art. 1 y 2.
Los mecanismos alternativos pretenden fomentar la convivencia armónica y la paz social, solucionando a través del diálogo los conflictos que surjan entre los miembros de la sociedad, por conducto de la intervención de facilitadores que procuran el acuerdo entre las partes.
Entre los mecanismos alternativos se encuentran la mediación, la conciliación y todos aquellos que sean adecuados para la solución pacífica de controversias entre las partes, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Art. 6.
Pueden ser materia de la aplicación de los mecanismos alternativos, todas o algunas de las diferencias que se susciten entre personas interesadas con relación a determinado hecho, derecho, contrato, obligación, acción o pretensión, siempre que se trate de asuntos que puedan ser objeto de transacción, o de conductas tipificadas como delito, respecto de las cuales proceda el perdón o la manifestación de desinterés jurídico por la víctima en cuanto a la prosecución del procedimiento, y que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan disposiciones de orden público, ni se trate de derechos irrenunciables Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Art. 8.
El Centro Estatal y los Centros Públicos atenderán gratuitamente los casos que les sean remitidos en los términos previstos en esta Ley, por conducto de facilitadores institucionales, así como los conflictos que planteen directamente las partes antes de acudir al proceso judicial Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Art. 10.
Las personas que enfrenten un conflicto podrán acudir, conjunta o separadamente, al Centro Estatal y a los Centros Públicos o Privados de Solución de Controversias para recibir información y orientación sobre los mecanismos alternativos y podrán solicitar la iniciación, en caso de ser viable, del procedimiento que mejor satisfaga sus necesidades Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Art. 11.
Las disposiciones de la Ley del Instituto de Defensa Pública son de orden público e interés social, y tienen por objeto regular la prestación del servicio de defensa pública, así como la organización y el funcionamiento del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. El Servicio se regirá por los principios de confidencialidad, continuidad, diligencia, excelencia, gratuidad, independencia funcional, legalidad, parcialidad, profesionalismo, solución alternativa de controversias, respeto a los derechos humanos, transparencia y uso efectivo de recursos Ley del Instituto de defensa Pública Art. 1 y 3.
Las autoridades y órganos del estado y municipios, en el ámbito de su competencia, deberán prestar la colaboración requerida por el Instituto, para el cumplimiento de sus funciones, proporcionando gratuitamente la información que requieran, así como certificaciones, constancias y copias indispensables Ley del Instituto de defensa Pública Art. 4.
El Servicio también comprenderá las siguientes prestaciones: Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar ante una autoridad jurisdiccional o administrativa la tutela de sus derechos e intereses, cuando tenga por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión Ley del Instituto de defensa Pública Art. 7, frac. I.
Para la prestación del Servicio, se crea el Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, como órgano administrativo desconcentrado de la Consejería Jurídica. En el desempeño de sus funciones gozará de autonomía técnica y de gestión Ley del Instituto de defensa Pública Art. 10.
La Ley Para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán es de orden público e interés general en el Estado de Yucatán y tiene por objeto: reconocer la aplicación de las propias formas de solución de conflictos internos que realice la Comunidad Maya, siempre que no contravengan lo establecido en las leyes federales y estatales y establecer las bases para garantizar a los indígenas mayas del Estado sus derechos, así como el acceso a la justicia, igualdad de condiciones que las personas no indígenas, de acuerdo a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado LPDCMY Art. 1.
Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia: Brindar acceso oportuno a la justicia administrativa que le corresponda aplicar, cuando así lo requieran las comunidades mayas; Garantizar que las mujeres de las comunidades mayas puedan participar en los programas productivos comunitarios; Garantizar que se respete la normatividad internacional y nacional en materia de libertad de expresión y de los derechos de los Indígenas Mayas e impulsar políticas de equidad y género en la realización de proyectos y acciones institucionales para garantizar condiciones de igualdad frente a los varones y promover la incorporación al desarrollo de las mujeres mayas LPDCMY Art. 14, frac. II, V, VII y IX.
Cualquier persona podrá denunciar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o ante la secretaría u otras autoridades estatales o municipales, todo acto, hecho u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico al ecosistema forestal o daños los recursos forestales o contravenga las disposiciones legales vigentes, con base en las disposiciones y el procedimiento previstos en el artículo 159 de la ley general LDFSY Art. 54.
Para garantizar el acceso a la justicia a través de los mecanismos de resolución de conflictos durante la implementación de REDD+, el marco legal con el que se cuenta en el Estado de Yucatán comprende entre otras, la LPAEY Art. 142 y 144.
De igual manera, el Estado de Yucatán cuenta con una LPDCMY Art. 1, 5 y 21, en la cual se establece el respeto y reconocimiento a las formas tradicionales de solución de conflicto, sin que estas contravengan con lo establecido en leyes estatales y federales, además señalar la obligación del Estado de garantizar al pueblo maya el acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
En el marco legal del Estado de Yucatán, también se observa la Ley del Instituto de defensa Pública Art. 1, frac. I y II; Art. 3, frac. IV; Art. 5, frac. I; Art. 8, 9 y 25 en la cual se señala como obligación del Estado, el garantizar el derecho a la defensa penal pública y asegurar el derecho de acceso a la justicia.
Además en el Estado de Yucatán se cuenta con una Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Art. 1, frac. I y II; Art. 2 y 6 es una ley de orden público que busca regular los mecanismos alternativos de solución de controversias entre otros.
El Estado de Yucatán cuya población es mayoritariamente de origen maya, cuenta con la Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán Art. 1, 2 frac. III, IV y V; Art. 4, 7, 14, 16 y 18 que se trata de una ley de orden público que reconoce el derecho de las comunidades mayas a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, reconoce además a las autoridades nombradas por las comunidades mayas que para fines de esta Ley son nombrados como Jueces Mayas.
Se señala la interposición de la denuncia ciudadana ante la Secretaría de todo acto, hecho u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico al ecosistema forestal o daños los recursos forestales o contravenga las disposiciones legales vigentes, con base en las disposiciones y el procedimiento previstos en el artículo 159 de la ley general LDFSY Art. 54.
Asimismo se establece el derecho que tiene toda persona a denunciar ante la Secretaría, según corresponda, todo hecho, acto u omisión que pueda producir desequilibrio ecológico, o este en contravención de las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos aplicables. Incluyendo los mecanismos para la interposición de la denuncia de manera escrita y acompañada de identificación personal o de manera anónima, de conformidad con los dispuesto en la Ley de Actos y Procesos Administrativos del Estado de Yucatán LPAEY Art. 126 y 127.
Se confiere la integración de la planeación del sector agropecuario en el Estado, así como fomentar y organizar actividades agropecuarias, forestales y agroindustriales, procurando la coordinación de acciones y programas con los gobiernos federal y municipales, y la concertación con los sectores social y privado. Así como ejercer las atribuciones y funciones derivadas de los convenios celebrados con la Administración Pública Federal, los municipios y asociaciones en materia agropecuaria, forestal, y agroindustrial, y verificar su debido cumplimiento CAPY Art. 44, frac. I y X
Se le confiere a esta Secretaría, la capacidad para diseñar, coordinar, conducir y evaluar las políticas de desarrollo comunitario y sociales, encaminadas a combatir la pobreza, otorgar el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo, promover la formación de capital humano y crear mejores condiciones generales de vida para los habitantes del estado CAPY Art. 37, frac. II.
El Servicio de defensa pública que brinda el Instituto de la defensa pública, garantiza a través de su marco legal el acceso a la justicia Ley del Instituto de defensa Pública Art. 5
La Ley para la Protección de los derechos de la comunidad Maya del Estado de Yucatán señala instrumentos que garantizan el acceso a la justicia tomando como base los usos y costumbres del pueblo maya.
Se le atribuye la capacidad para coordinarse con autoridades estatales y municipales para asegurar la aplicación de la ley y su reglamento, con la capacidad de diseñar mecanismos e instrumentos de consulta y vigilancia de las políticas públicas encaminadas a impulsar el desarrollo de las comunidades Mayas en el estado. Así como brindar apoyo técnico a las autoridades municipales y cuando lo soliciten, suscribir convenios de coordinación, para la realización de acciones conjuntas encaminadas a lograr los objetivos de la Ley y su Reglamento LPDCMY Art. 17 y Art. 18, frac, VI.
En este instrumento se señalan algunos artículos referentes al acceso a la Justicia LPDCMY Art. 23 y 24 desde un enfoque cultural, considerando para este fin, el nombramiento de Jueces Mayas LPDCMY Art. 25 y 26 frac. I y II, para lo cual, el Instituto podrá brindar a la comunidad apoyo técnico en caso de que se le solicite LPDCMY Art. 28.
CENTRO ESTATAL DE CONTROVERSIAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN
La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Art. 1 frac. I y II; Art. 2, 3 frac. VIII; Art. 6, 8, 10 y 20, que regula el quehacer del Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Yucatán, reconoce el derecho de acceso a la justicia, provee mecanismos de solución de conflictos y proporciona acceso a los recursos legales y acceso a las reparaciones/indemnizaciones.
El Comité Estatal, no es un organismo con atributos que garanticen el acceso a la justicia, sin embargo, se considera en la Ley que regula su funcionamiento, el Art. 53 en el cual se señala que en el caso de que cualquier persona física o moral, que provoque un incendio con dolo en terrenos de un tercero, estará obligada a reparar los daños y en caso de no hacerlo, quedará sujeto a lo establecido en los Códigos Civil y Penal vigentes.
La legislación estatal delimita como principal mencanismo para la atención a quejas la denuncia ciudadana, la cual se puede interponer de manera directa ante las dependencias estatales y municipales correspondientes, o bien a través de los mecanismos dispuestos por el el INAIP Yucatán, cuyas especificaciones se delimitan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 77.
El estado cuenta con mecanismos que pueden ser empleados en el fomento del acceso a la justicia y la resolucion de potenciales disputas y quejas derivadas de la implementación de la EEREDD+ y el PI del Estado de Yucatán, partiendo del reconocimiento de las formas tradicionales de solución de conflictos de las comunidades mayas establecidas en el marco legal, que integra el proceso de Justicia Maya, con el apoyo de una autoridad local bajo la denominación de Juez Maya.
Asimismo señala la función del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, como principal garante al derecho de la defensa penal pública y acceso a la justicia.
Materia de mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Yucatán.
La EEREDD+ y el PI del Estado de Yucatán garantizan la rendición de cuentas contemplada en el marco legal relevante, a través de los mecanismos estatales para el acceso de información pública, destacando el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado como medio para acceder a información relativa a la transparencia fiscal y presupuestal , así como información sobre la cuenta pública e informes de gobierno.
De igual forma se señala como principal medio para garantizar la aplicación de medidas anticorrupción al Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción y el Sistema Estatal de Anticorrupción, encargado de la coordinación entre las autoridades del orden estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración Pública estatal o municipal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 97.
El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades del orden estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Así mismo, participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema Nacional Anticorrupción, en los términos previstos por la ley Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 101 Bis, frac. I, II y III
Los órganos públicos del Estado y de los municipios deberán de administrar y ejercer los recursos públicos a su cargo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados de la ejecución de los programas y del ejercicio de los recursos públicos, serán evaluados por un Órgano de Evaluación, dependiente del Congreso del Estado, con las características que determine la Ley Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 107.
Los indicadores de los resultados a evaluar se deberán incorporar en el proceso de programación y presupuestación de los recursos públicos de las entidades fiscalizadas. Dicho órgano realizará la evaluación del desempeño por sí mismo o a través de la contratación de terceros, bajo principios de imparcialidad y transparencia.
Las disposiciones de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental esta Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto normar la programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, rendición de cuentas, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos del Estado de Yucatán, de los recursos a cargo de los Sujetos Obligados ejecutores del gasto, señalados en este ordenamiento. La Contraloría y las instancias de control de los Poderes Legislativo y Judicial, de las dependencias y de las entidades de la Administración Pública, y de los organismos autónomos del Estado vigilarán el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los Sujetos Obligados, conforme a las disposiciones legales Ley del Presupuesto y contabilidad gubernamental del Estado de Yucatán Art. 1
Los Sujetos Obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley, deberán procurar que la administración de los recursos de la hacienda pública se realice con base en criterios de anualidad, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y con una perspectiva que fomente la equidad de género, la igualdad de oportunidades para la etnia maya, el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables. Los proyectos de presupuestos de egresos para cada ejercicio fiscal señalarán los resultados que se propongan alcanzar con los programas presupuestados e incluirán sus correspondientes indicadores de desempeño Ley del Presupuesto y contabilidad gubernamental del Estado de Yucatán Art. 4.
Los Ejecutores de Gasto, en la administración de los recursos públicos que les corresponden, deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y los Municipios de Yucatán Ley del Presupuesto y contabilidad gubernamental del Estado de Yucatán Art. 166.
El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría entregará al Congreso la información trimestral, la cual contendrá, cuando menos: Informes trimestrales a los treinta días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, conforme a lo previsto en esta Ley Ley del Presupuesto y contabilidad gubernamental del Estado de Yucatán Art. 167.
A más tardar el treinta y uno de julio, los Poderes Legislativo y Judicial, la Administración Pública por conducto de la secretaría y los organismos autónomos rendirán el Informe de Avance de la Gestión Financiera correspondiente al periodo de enero a junio, a que se refiere el artículo 69 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán a la Auditoría Superior del Estado Ley del Presupuesto y contabilidad gubernamental del Estado de Yucatán Art. 168.
Los ayuntamientos rendirán a la Auditoría Superior del Estado un informe mensual del ejercicio de los recursos públicos, a más tardar el día 10 del mes siguiente, así como el Informe de Avance de la Gestión Financiera trimestral, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la terminación del período Ley del Presupuesto y contabilidad gubernamental del Estado de Yucatán Art. 169.
Ley de la Responsabilidad de los Servidores públicos
El Estado de Yucatán cuenta con la Ley de Fiscalización de la cuenta pública del Estado de Yucatán Art. 1, 2, 5, 6, 7 , 23 y 37, frac. I, II, III, IV y V; Art. 43 frac. I, II, III, IV y V; Art. 45 frac. I y II; Art. 86 y 87, instrumento legal que establece un sistema de fiscalización de los recursos públicos en el Estado de Yucatán, a través de los procedimientos previstos para la rendición de la cuenta pública.
Este sistema comprende la revisión de la totalidad de los ingresos y egresos, deuda pública, la forma de aplicación, manejo y custodia de los recursos públicos estatales y municipales, y la información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en la cuenta pública, en los términos de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Se le atribuye a esta Secretaría la capacidad para establecer y difundir las normas, políticas, lineamientos, programas y manuales para la óptima administración de los recursos humanos, materiales y financieros; la formulación presupuestal; el ejercicio del gasto público; los relacionados con los servicios de la Administración Pública Estatal, así como vigilar su cumplimiento. Incluyendo la evaluación de la ejecución y resultados de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, relacionados con recursos humanos, adquisiciones, inventarios y el patrimonio del Estado, así como en los demás asuntos normados por esta Dependencia CAPY Art. 31, frac. II y XII
Se le confiere a esta Secretaría la planeación, organización y coordinación del sistema de control y evaluación estatal en relación al ejercicio del gasto público estatal y su congruencia con el presupuesto de egresos, las políticas y los programas gubernamentales; incluyendo la formulación y establecimiento de las normas de control y fiscalización y vigilar su cumplimiento. Asimismo esta instancia incorpora tiene entre sus principales atribuciones la capacidad para investigar los actos, omisiones o conductas de las personas que ejerzan o hayan ejercido funciones como servidores públicos, que pudieran constituir responsabilidades administrativas e iniciar y resolver los procedimientos y, en su caso, imponer y aplicar las sanciones a que hace referencia la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, y cuando fuere procedente, presentar las denuncias o querellas correspondientes ante el Ministerio Público y prestar para el efecto la colaboración que le fuere requerida CAPY Art. 46, frac. I, IV y V.
Entre sus objetivos se encuentra la implementación de acciones en materia de prevención de la corrupción, propiciar la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública y la ciudadanía en el combate de la corrupción, Promover la cultura de la denuncia ciudadana contra presuntos actos de corrupción de los servidores públicos.
La ASEY es el órgano técnico del H. Congreso del Estado de Yucatán con autonomía técnica, presupuestal y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización, funcionamiento y resoluciones, creado constitucionalmente para la Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública en los términos que disponga la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán.
Tiene facultad en las situaciones y términos que determine la ley, derivado de denuncias, mediante previa autorización del titular, la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones que prevea la ley.La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.
De acuerdo al Código de la Administración Pública esta instancia podrá coordinarse con la SECOGEY para el establecimiento de normas, sistemas y procedimientos para el cumplimiento eficaz de sus respectivas responsabilidades.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 2 misma que regula el funcionamiento del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, refiere transparentar el ejercicio de la gestión pública mediante la difusión de la información así como, contribuir en la rendición de cuentas de las instituciones públicas del Estado.
No se establecen mecanismos ni medidas anticorrupción, sin embargo, establece como obligación de los sujetos previstos en la Ley, el hacer transparente su ejercicio gestión, rendir cuentas, así como capacitar a los funcionarios públicos en materia de transparencia, entre otras Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 5
En materia de rendición de cuentas , el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado (http://transparencia.yucatan.gob.mx) tiene por objetivo promover el acceso a la información pública, incorporando las secciones de Obligaciones de transparencia, donde se incluye el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública, a través del cual se puede acceder a la información de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales , el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Yucatán. Incorporando también una sección sobre transparencia fiscal y presupuestal en donde se incluye el Programa Financiero y económico del Estado , el presupuesto ciudadano, los Programas Operativos Anuales, y de manera particular una sección sobre rendición de cuentas que incluye información sobre la cuenta pública e informes de gobierno.
La Ley Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán señala la responsabilidad de los titulares de los sujetos obligados sobre la debida administración y aplicación de los presupuestos otorgados, incluyendo la guarda y custodia de los documetos que lo sustentan, incluyendo el registro de operaciones conforme a los dispuesto por la legislación y demás disposiciones aplicables. Asimismo señala en caso de incumplimiento la aplicación de sanciones de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones aplicables a cargo de la Contraloría y demás autoridades competentes Ley del Presupuesto y contabilidad gubernamental del Estado de Yucatán Art. 206, 207 y 208.
Se le confiere a la a SECOGEY la capacidad para organizar y conducir el servicio de recepción para la atención de quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en general en contra de los servidores públicos del Estado CAPY Art. 46, frac. XVII.
En materia de rendición de cuentas el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado (http://transparencia.yucatan.gob.mx/) tiene por objetivo promover el acceso a la información pública, incorporando las secciones de Obligaciones de transparencia, donde se incluye el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública, a través del cual se puede acceder a la información de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales . Donde además se incluye una sección específica para la rendición de cuentas que incluye información sobre la cuenta pública e informes de gobierno, además de una sección sobre transparencia fiscal y presupuestal en donde puede acceder al Programa Financiero y económico del Estado , el presupuesto ciudadano, los Programas Operativos Anuales.
La EEREDD+ y/o los PI cuentan con mecanismos que garantizan la participación en su diseño y aplicación sustentados en las Plataformas de Participación Social que permiten la concertación de las acciones de implementación delimitadas por estos instrumentos de Política Pública, asociados al desarrollo forestal sustntable y desarrollo rural sustentable.
En el Estado de Yucatán existen instrumentos legales en los cuales quedan establecidos distintos mecanismos que propician la participación para la toma de decisiones, lo que pudiera coadyuvar al cumplimiento de esta salvaguarda.
En este sentido, en la LPAEY Art. 115 y 118 se establece la obligación del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos en propiciar espacios para la participación de la ciudadanía.
De igual manera, el la LDRSY Art. 35, 36 y 37 en la cual se establece la obligación de crear y operar el Consejo Estatal, así como la conformación y operación en los municipios de los Consejos Municipales de desarrollo Rural Sustentable.
El Estado de Yucatán, cuenta con una Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 1, 2, 10 , 15 frac. I y 3; Art 47, 58, 20 frac. IV, Art. 51 frac. IV; Art. 60 frac. IV; Art. 19, 49 frac. I, II y III, IV y V ; Art. 11, 55, 29, 63, 65 y 73 este instrumento, señala la obligación del Estado de generar mecanismos que permitan que la ciudadanía participe en la definición de la política que orienta el desarrollo del Estado.
Todos los ciudadanos podrán participar en la planeación del desarrollo forestal sustentable, en términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán LDFSY Art. 1.
El poder Ejecutivo y los ayuntamientos promoverán la participación de la sociedad en la formulación de la política ambiental, en torno de la conservación de los recursos naturales y en las actividades que se emprendan para dicho fin LPAEY Art. 115.
Para los efectos del artículo anterior, el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, por si mismos o en coordinación con las autoridades federales competentes realizarán lo siguiente: I. Convocar a la población en general para que manifieste su opinión y propuestas; III. Impulsar la celebración de convenios con representantes de los diversos medios de comunicación masiva para la difusión y promoción de acciones de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente LPAEY Art. 116
El poder Ejecutivo podrá convocar a los representantes de organizaciones gubernamentales, centros de investigación, asociaciones de profesionistas e instituciones educativas con la finalidad de que aporten su opinión y recursos en general, en la formulación de programas y proyectos de formación ecológica y ambiental. Con objeto de lograr la participación ciudadana se promoverá la integración de comisiones y comités, los cuales se constituirán y funcionarán de conformidad a lo establecido en el reglamento de esta Ley LPAEY Art. 117 y 118.
La Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 1 y 2 es de interés público y tiene por objeto, reglamentar el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, como formas de consulta popular directa en la toma de decisiones públicas y la resolución de problemas de interés general; previstas en el artículo 16 Apartado A, fracción II de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como fomentar la cultura cívica, garantizando la libre expresión ciudadana a partir del derecho a la información. El ejercicio del derecho reglamentado en la presente ley, tendrá como premisa el conocimiento anticipado por parte de los ciudadanos sobre los actos, políticas públicas y acciones programadas, a fin de hacer posible la participación eficaz e informada de los ciudadanos.
Son sujetos de la presente ley, los siguientes: Los ciudadanos yucatecos; El Ejecutivo del Estado; Los ayuntamientos, y El Congreso del Estado Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 9.
Son obligaciones de las autoridades las siguientes: Garantizar a los ciudadanos el acceso a la documentación que sustente las políticas públicas y actos gubernamentales, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 11.
Es objeto de plebiscito, obtener la opinión de los ciudadanos sobre los actos y acciones gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Municipios; calificadas como trascendentales para la vida pública y el interés social, dentro las que se encuentran: I. En el poder Ejecutivo: a) La creación de políticas públicas dirigidas a la mujer y a la población maya-hablante; b) Las Políticas de preservación del medio ambiente… III. En los Municipios: e) Las políticas de preservación del medio ambiente Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 15.
De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece la creación de diversas estructuras que propician la coordinación y planeación de la política estatal, tal es el caso de la Comisión Intersecretarial Estatal, el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural sustentable, Consejos Distritales y Municipales, éstos son responsabilidad de su creación funcionamiento de la SEDER LDRSY Art. 30, 35 y 38.
Estas estructuras de coordinación y planeación conllevan entre ellas para su funcionamiento la participación en la toma de decisiones, sin embargo no queda explicito, la participación de la ciudadanía en estas estructuras. El Consejo Estatal, que se señala en esta Ley, menciona solamente la participación de distintas dependencias de gobierno e incluso de las autoridades municipales, se señala que, deberán participar en este órgano, representantes de productores del sector rural, pero no se señala el mecanismo para seleccionar e incluir a éstos representantes.
A través del fundamento legal de la LPAEY Art. 115, 116 frac. I, II, III y IV y Art. 118, que propicia la participación de la sociedad civil, para que manifieste su opinión y propuestas en la elaboración de la política ambiental del Estado, de igual manera, la SEDUMA podrá celebrar convenios de concertación con los diferentes sectores de la sociedad o con personas físicas, para la protección al ambiente en los lugares de trabajo y unidades habitacionales; así como para la administración y manejo de áreas naturales protegidas.
Se prevé en el marco de la LPIMHEY Art. 20 y 21 la conformación de estructuras de participación vinculadas al quehacer del Instituto.
Esta participación se plantea desde la creación de un Consejo Estatal, el cual tendrá la atribución de promover la participación de la sociedad en el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de la política pública para la igualdad entre hombres y mujeres.
La Ley de prevención y combate de incendios agropecuarios y forestales del Estado de Yucatán Art. 32, 33 y 34 establece mecanismos con los cuales se faculta al Comité Estatal a propiciar la participación social.
Esta participación social se prevé tanto para pobladores de las comunidades, propietarios y poseedores de los terrenos, como de organizaciones de la sociedad civil.
El CAPY Art. 37, frac. IV y V le atribuye a esta Secretaría la capacidad para impulsar y coordinar las acciones de organización social de la población en los ámbitos rural y urbano para facilitar su participación en la toma de decisiones con respecto a su propio desarrollo; así como promover la contraloría social de las acciones que se realicen en su localidad; incluyendo la capacidad para analizar, evaluar y en su caso instrumentar las propuestas de desarrollo comunitario y social, resultantes de la participación de las diferentes organizaciones sociales y civiles favoreciendo el equilibrio en el desarrollo regional.
Responsable de la implementación del Sistema de Justicia Maya, para lo cual coadyuva con las comunidades en la elección de jueces mayas. Contribuir al desarrollo social y humano a través de la formación de profesionales y de actividades académicas y culturales que generen un movimiento artístico innovador que valore la tradición y promueva la creación.
El Estado cuenta con instrumentos legales que propician la participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al desarrollo e implementación de políticas públicas asociadas al medio ambiente, desarrollo rural sustentable y desarrollo forestal Sustentable .
En este sentido, la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, faculta al Poder Ejecutivo a través de la SEDUMA para fomentar la participación ciudana a través de la creación de consejos y comités LPAEY Art. 115 y 118.
De igual manera la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de Yucatán establece la obligación de crear y operar el Consejo Estatal, así como la conformación y operación de los Consejos Distritales y Consejos Municipales en fomento de la participación de los interesados, en el desarrollo e implemetación de políticas públicas asociadas al sector agropecuariao y de desarrollo forestal en el estado LDRSY.
La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán fomenta la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y aborda la discriminación en términos generales a través del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán LPIMHEY.
El Gobierno del Estado considera en su marco legal la concertación con la sociedad en materia del desarrollo, implementación y evaluación de las polítcas públicas, de manera particular en materia de Desarrollo Forestal Susntable y Desarrollo Rural Sustentable, provee de facultades a las dependencias estatales para la creación y coordinación de Comités y Consejos especializados.
La EEREDD+ y el PI garantizan la efectiva participación delos interesados a través de las plataformas de participación social que existen vinculadas a REDD+ como lo son el Consejo Consultivo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Estado de Yucatán (CTC-REDD+ YUC) y el Comité de Salvaguardas de la Península de Yucatán.
Asimismo en el marco de la implementación de acciones REDD+ en campo se cuenta con la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) , APDT del PI de la IRE en Yucatán, el cua funge un papel importante como vínculo con las comunidades involucradas en la aplicación de estos instrumento de política pública y que ha permitido desde su desarrollo la consertación con representantes de las comunidades rurales e indígenas, incluyendo ejidatarios, grupos de mujeres, jóvenes y demás actores clave que inciden en el territorio.
Así mismo la EEREDD+ incorpora de manera particular en sus líneas de acción relativas al financiamiento de las actividades REDD+ y la distribución de beneficios, el diseño instrumentos para incentivar la inversión privada en alternativas de manejo forestal sustentable y conservación en áreas prioritarias, tales como áreas protegidas y corredores biológico considerando de manera prioritaria:
• La concertación de acuerdos, tratados, memorándums, convenios, contratos y documentos vinculatorios entre el sector público y privado con el fin de gestionar recursos para inversión en proyectos con impacto socioeconómico hacia grupos sociales, incluyendo grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, pequeños propietarios de terrenos forestales, grupos marginados.
La EEREDD+ y/o los PI contemplan la participación de personas propietarias, poseedoras y usuarias de ecosistemas forestales, en particular de pueblos indígenas, afrodescendientes, ejidos y comunidades en su diseño y aplicación.
Existe a nivel federal el fundamento legal en el que se establece la regulación para las personas poseedoras, usuarias de ecosistemas forestales, en particular, lo relacionado con los ejidos, este fundamento legal queda establecido en La Ley Agraria, sin embargo, no existe en el Estado de Yucatán un marco legal, fuera de éste, en el que se prevea y se garantice el reconocimiento y respeto del derecho de personas propietarias, poseedoras y usuarias de ecosistemas forestales, en particular de pueblos indígenas, afrodescendientes, ejidos y comunidades.
Por otro lado, dado que ésta Salvaguarda comprende además del reconocimiento y respeto en términos de propiedad, la participación en la toma de decisiones en el diseño e implementación de REDD+, es importante señalar, que existen instrumentos legales que regulan la participación social, sin embargo éstos no son específicos a pueblos indígenas, afrodescendientes, ejidos y comunidades.
En apartados anteriores, específicamente en la Salvaguarda d.1 El reconocimiento y regulación de mecanismos para participar en la toma de decisiones es garantizado en el contexto de la aplicación de la ENAREDD+, se señalaron las siguientes Leyes: la Ley de protección al medio ambiente del Estado de Yucatán, la Ley de desarrollo rural sustentable, la Ley de Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán, mismas que establecen mecanismos que propician la participación de la ciudadanía, pero no son específicas ni prevén el garantizar la participación de comunidades indígenas, en este caso, de comunidades mayas.
Se reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo maya, bajo un marco autonómico en armonía con la unidad Estatal, conforme a las siguientes prerrogativas y atribuciones: III.- Acceder al uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestre de los lugares y sitios que habiten o en los que se encuentren ubicadas las comunidades; la libre asociación, y los derechos adquiridos por terceros o integrantes de su comunidad, en los términos y formas que para la propiedad y tenencia de la tierra establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes relativas de la materia; salvo los casos que correspondan a las áreas estratégicas que se encuentran determinadas por las leyes Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 7 Bis
Todos los ciudadanos podrán participar en la planeación del desarrollo forestal sustentable, en términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán LDFSY Art. 48.
Las propuestas de políticas de desarrollo, financiamiento y fomento en materia forestal que sean planteadas por los dueños de los recursos naturales, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, las organizaciones de productores y demás personas interesadas a nivel local serán concertadas por la secretaría con la Comisión Nacional Forestal, y las dependencias competentes de la Administración Pública federal y municipal, para análisis y, en su caso, aplicación LDFSY Art. 49.
El marco legal que regula el quehacer del Comité estatal, señala en el Art. 7frac. VI, que entre las atribuciones del mismo, está el impulsar la participación de los de los propietarios y poseedores de las instalaciones y terrenos de alto riesgo, con el fin de procurar su protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenamiento, aprovechamiento y regulación racional.
En el Art. 32, se fundamenta la participación social, de pobladores de comunidades, ejidos, poseedores y propietarios en la prevención y combate de los incendios de manera coordinada con el Comité. Se señala también la posibilidad de que poseedores o propietarios participen conjuntamente con el Comité Estatal, en la definición de áreas afectadas por incendios, señalado en al Art. 47.
Sin embargo, la Ley de Prevención y Combate de incendios agropecuarios y forestales del Estado de Yucatán, no cuenta con especificaciones ni hace referencia alguna a ejidos o pueblos indígenas.
El CAPY Art. 45 atribuye a esta Secretaría la capacidad de coordinar, vigilar su implementación y evaluar sus resultados de la política estatal en materia de recursos naturales, ecología, saneamiento, agua y regulación ambiental del desarrollo urbano, considerando las diferentes regiones del Estado. Incluyendo la responsabilidad de la política forestal del Estado de Yucatán de acuerdo a la LDFSY.
La LDRSY señala a la secretaría como autoridad estatal en materia de desarrollo rural y le confiere atribuciones para la coordinación de la planeación, programación, seguimiento y evaluación de las política públicas en el sector rural.
Coordinar, conducir y evaluar las políticas de desarrollo comunitario y sociales, encaminadas a combatir la pobreza. Brindar acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo, promover la formación de capital humano y crear mejores condiciones generales de vida para los habitantes del Estado CAPY Art. 37
Lograr que las yucatecas y los yucatecos de todas las edades y condiciones tengan igualdad de oportunidades en los ámbitos social, cultural, económico y político. Generar programas educativos y proyectos de capacitación interinstitucionales.
Se garantiza la participación en la toma de decisiones ena través de los instrumentos legales que regulan la participación social, sin embargo éstos no son específicos a pueblos indígenas, afrodescendientes, ejidos y comunidades. Reconociendo el marco legal relevante y las instancias encargadas de su ejecución.
La EEREDD+ considera entre las acciones que plantea el fortalecimiento legal e institucional respecto a los derechos al acceso a la información y procesos de consulta para las poblaciones indígenas; así como el fomento de la alineación y coordinación con la federación para la identificar los mecanismos idóneos para la atención de quejas a nivel estatal; incluyendo también la consolidación de plataformas de participación social efectiva; y finalmente un fortalecimiento de capacidades en el tema tanto a nivel institucional como para grupos vulnerables y comunidades indígenas en materia de salvaguardas.
Los EEREED+ y/o los PI reconocen y promueven la igualdad de género en su diseño y aplicación.
El Estado de Yucatán cuenta con la LPIMHEY Art. 1, 2 frac. I, II y III; Art. 37 frac. I, II, III, IV y V, instrumento que coadyuva al cumplimiento de la Salvaguarda, reconociendo y promoviendo que existan procesos sustentados bajo el principio de la igualdad de género.
La LPIMHEY es de orden público, interés social y observancia general en el territorio del estado de Yucatán y tiene por objeto garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y hombres, a través de la regulación de los instrumentos, las autoridades, los mecanismos de coordinación interinstitucional y la política estatal en la materia y la eliminación de toda forma de discriminación directa o indirecta basada en el sexo.
Corresponde al Gobierno del Estado de Yucatán las competencias previstas en el artículo 15 de la ley general y a los ayuntamientos, las previstas en el artículo 16. Haciendo particular referencia respecto al artículo 15 de la Ley General sobre las funciones del estado: II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados. III. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente Ley, y IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal la aplicación de la presente Ley LPIMHEY Art. 7.
Las acciones en materia de desarrollo rural sustentable en el Estado, se regirán por los criterios de equidad social y de género, integridad, productividad, y sustentabilidad, entendidos de la siguiente manera: I.- Equidad social y de género: la superación de la desigualdad e in-equidad socio-económica, cultural, ambiental y de género para generar condiciones que favorezcan la disminución de la pobreza y la eliminación de toda forma de exclusión y discriminación de la población rural; II.- Integridad: la comunidad es una totalidad compleja concebida para actuar como un todo sistémico, y no como la suma aislada de las partes que lo componen LDRSY Art. 6.
Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia: V.- Garantizar que las mujeres de las comunidades mayas puedan participar en los programas productivos comunitarios; IX.- Impulsar políticas de equidad y género en la realización de proyectos y acciones institucionales para garantizar condiciones de igualdad frente a los varones y promover la incorporación al desarrollo de las mujeres mayas LPDCMY Art. 14.
El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán: II. Garantizar y promover la plena integración de las mujeres de las comunidades mayas, para mejorar su nivel de vida, de salud, alimentación, educación y participación activa en la Comunidad Maya; XI. Implementar programas de capacitación para la mujeres integrantes de las comunidades mayas, a fin de estén en condiciones de ejercer sus derechos, a través de las instancias correspondientes Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya Art. 5.
La LPIMHEY Art. 8 regula el funcionamiento del Instituto, siendo su objeto el promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad sustantiva y de género entre todas las mujeres y hombres que habitan el Estado de Yucatán.
Las atribuciones del Instituto LPIMHEY Art. 9, entre otras, es fomentar la creación de políticas públicas que promuevan la Igualdad entre la mujer y el hombre en la Administración Pública del estado y de los municipios, además de promover la incorporación de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la de género, y la transversalidad en las políticas públicas, programas y demás instrumentos de Planeación del Gobierno del Estado.
Le confiere al instituto la capacidad para promover la incorporación de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la de género, y la transversalidad en las políticas públicas, programas y demás instrumentos de planaeción del Gobierno del estado. Incluyendo la promoción entre los poderes del estado y la sociedad organizada, acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de discriminación contra los mujeres, en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural. Así como establecer relaciones permanentes con las autoridades de procuración de justicia y de la seguridad pública en el estado para promover medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación de a las mujeres LPIMHEY Art. 9 frac. I, VI y VIII.
A partir de la creación del Instituto para la Igualdad entre mujeres y hombres, se conciben estructuras como la Junta estatal y el Consejo Estatal que promueven que la perspectiva de género sea atendida en el quehacer de las distintas instituciones que representan el aparato de gobierno, tanto estatal como municipal.
En la LDRSY Art. 6 se señala que la política pública que se impulsará en esta materia, se hará bajo el criterio de la promoción de la igualdad social y de género.
Se le confiere a esta Secretaría el impulso de acciones en materia de desarrollo rural sustentable considerando de manera prioritaria los criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad y sustentabilidad. Entendiendo por equidad social y de género aquellas acciones encaminadas a la superación de la desigualdad e in-equidad socio-económica, cultural, ambiental y de género para generar condiciones que favorezcan la disminución de la pobreza y la eliminación de toda forma de exclusión y discriminación de la población rural LDRSY Art. 6, frac. I
En este mismo instrumento legal, se le atribuye a la SEDER, promover y apoyar los proyectos productivos con atención especial, cuando estos son impulsados por mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, personas con discapacidad y/o los adultos mayores LDRSY Art. 12.
El INDEMAYA, en su marco normativo se establece como atribuciones el impulsar políticas con perspectivo de género LPDCMY Art. 18, frac. IV y V.
El CAPY Art. 37 frac. II le confiere a esta Secretaría, la capacidad para diseñar, coordinar, conducir y evaluar las políticas de desarrollo comunitario y sociales, encaminadas a combatir la pobreza, otorgar el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo, promover la formación de capital humano y crear mejores condiciones generales de vida para los habitantes del estado.
Esta instancia incorpora tiene entre sus principales atribuciones la capacidad para investigar los actos, omisiones o conductas de las personas que ejerzan o hayan ejercido funciones como servidores públicos, que pudieran constituir responsabilidades administrativas e iniciar y resolver los procedimientos y, en su caso, imponer y aplicar las sanciones a que hace referencia la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, y cuando fuere procedente, presentar las denuncias o querellas correspondientes ante el Ministerio Público y prestar para el efecto la colaboración que le fuere requerida.
LPIMHEY establece que cualquier persona podrá presentar quejas en contra de las conductas de los servidores públicos que ameriten responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.
El Código de la Administración Pública del estado de Yucatán, en su artículo 46 (Fracción XVII) le confiere a la a SECOGEY la capacidad para organizar y conducir el servicio de recepción para la atención de quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en general en contra de los servidores públicos del Estado.
El control de cumplimiento de esta salvaguardas, es a traves del Instituto para la Igualdad entre mujeres y hombres, cuyas funciones de vigilancia estan a cargo de un comisario público, quien será designado por la Secretaría de la Contraloría General.
La EEREDD+ y el PI reconocen la incorporción del enfoque de género, reconociendo que hombres y mujeres usan, acceden y controlan los recursos naturales de manera distinta, por lo que sus perspectivas, intereses y necesidades son complementarias y por tanto ambos se constituyen en actores fundamentales en la planeación y toma de decisiones sobre su territorio. E incorporan dentro de sus líneas de acción la participación de la mujer en el acceso efectivo a los programas dirigidos al desarrollo rural sustentable y desarrollo forestal sustentable, así como la promocíon de mecanisos de gobernanza participativos y con visión de género para el diseño, implementación y seguimiento de actividades a nivel local.
Así mismo en materia de transversalidad e la perspectiva de género, el IPIEMH ha generado las bases para la incorporación de la pérspectiva de género en todos los Programas Presupuestarios del Estado y incluyendo mecanismos para evaluación a través de Secretaría de Administración de Finanzas.
La EEREDD+ y/o los PI reconocen y respetan los derechos y conocimientos de pueblos indígenas, ejidos y comunidades en apego al marco legal estatal, nacional e internacional aplicable.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 7 Bis se reconoce la conformación del Estado en el pueblo maya.
El Estado de Yucatán es una Entidad conformada con población de origen maya, cuyas lógicas de vida deben ser atendidas desde sus propias especificaciones, por lo que cuenta con una legislación que permite la preservación de la cultura maya, está Ley es denominada Ley de Preservación y Promoción de la Cultura Maya Art. 19, 21 y 71 y establece mecanismos para que la población originaria y perteneciente a la cultura maya acceda a la información pública.
En primer lugar el Estado de Yucatán cuenta con la LPAEY Art. 69, frac. IV en la cual se señala que además de la protección a los ecosistemas, esta Ley deberá vigilar la protección de los valores históricos y culturales del Estado.
De igual manera se cuenta con La LPIMHEY Art. 2, frac. I, II y III, instrumento que señala entre otras cosas, la no discriminación.
De igual manera, la legislación en el Estado de Yucatán comprende y reconoce las formas tradicionales de solución de conflictos internos a través de La LPDCMY Art. 1, frac. I y II; Art 2, frac. I y II; Art. 12 frac. I asumiendo que estas formas tradicionales, son parte importante de la cosmogonía del pueblo maya. De tal manera, que además de existir un marco legal que permite la permanencia y la promoción cultural Maya. También se cuenta con la Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán Art. 1, 2 frac. I; Art. 4, 7 y 16 y en ésta legislación específica, las formas de acceso a la justicia Maya.
Las leyes establecerán los mecanismo que garanticen la efectiva participación del pueblo maya, en los distintos ámbitos y niveles de gobierno; en la toma de decisiones públicas que se vean afectados, en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y planes de desarrollo municipales y cuando se prevean medidas legislativas relacionadas con este. Se establecerá un organismo que definirá, ejecutará y evaluará las políticas públicas que garanticen la vigencia de los derechos del pueblo maya, y de las comunidades indígenas de otras entidades federativas, que se encuentren transitoria o permanentemente en territorio estatal, en los términos de las disposiciones legales aplicables Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 2, párrafo 9.
Esta Ley es de orden público e interés general en el Estado de Yucatán y tiene por objeto:
I.- Reconocer la aplicación de las propias formas de solución de conflictos internos que realice la Comunidad Maya, siempre que no contravengan lo establecido en las leyes federales y estatales.
II.- Establecer las bases para garantizar a los indígenas mayas del Estado sus derechos, así como el acceso a la justicia, en igualdad de condiciones que las personas no indígenas, de acuerdo a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado LPDCMY Art. 1.
Para tener derecho a la protección de los derechos y a la Justicia Maya prevista en esta Ley, se requiere que la persona cumpla las características señaladas en la fracción III del artículo anterior y resida en alguna de las comunidades mayas del Estado o, en su caso, manifieste conocimiento de las costumbres y usos propios de la Comunidad Maya, así como su pertenencia a la misma LPDCMY Art. 3
Los integrantes de la Comunidad Maya tendrán la libertad para promover ante las instancias competentes, por sí mismos, a través de sus representantes legales o por conducto del Juez Maya correspondiente, el ejercicio de los derechos que se instrumentan en la presente Ley y su Reglamento LPDCMY Art. 4.
Las instituciones integrantes de los tres poderes públicos del Estado, los organismos autónomos, los ayuntamientos, y el personal de las mismas, están obligados a respetar los derechos de la Comunidad Maya y, en su caso, a garantizarle el acceso a la justicia, de conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento. LPDCMY Art. 5.
Son principios rectores para la protección de los derechos de las personas de las comunidades mayas, los siguientes:I.- Preservación de la Cultura Maya; II.- No discriminación; III.- Igualdad; IV.- Solidaridad, y V.- Armonía social LPDCMY Art. 11.
Los principios señalados en el artículo anterior, para los efectos de esta Ley y su Reglamento, estarán encaminados a:
IV.- Propiciar los más amplios mecanismos de cooperación y apoyo técnico a las comunidades mayas, que contribuyan a procurar su desarrollo integral y sustentable, y V.- Establecer reglas que garanticen el acceso de las comunidades mayas, a los servicios básicos y programas necesarios para el sano desarrollo de sus habitantes. LPDCMY Art. 12.
Las autoridades estatales y municipales del Estado deberán incluir en sus programas operativos anuales, los mecanismos y actividades que se requieran para dar cumplimiento a los principios señalados en los artículos 11 y 12 de esta Ley LPDCMY Art. 13.
El Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya Art. 1 y 2 tiene por objeto regular las disposiciones previstas en la Ley de Protección a los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán, para su debida aplicación en todo el territorio del Estado. Las instituciones integrantes de los tres poderes públicos del Estado, los organismos autónomos y los Ayuntamientos, deberán dictar las medidas necesarias para que los servidores públicos adscritos a su correspondiente ámbito de competencia, atiendan con prontitud los asuntos o quejas que presente algún integrante de la comunidad maya, acerca de alguna posible violación de sus derechos. De igual manera, comunicarán al personal a su cargo la obligación que tiene de respetar los derechos de la comunidad maya y, en su caso, a garantizarle el acceso a la justicia de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán y este Reglamento.
Los Indígenas Mayas de Yucatán y los procedentes de otras comunidades que transiten o residan en el territorio del Estado, de conformidad con los principios rectores establecidos en el artículo 11 de la Ley, tienen derecho a que:
I. Se reconozca e impulse el desarrollo, preservación, respeto y difusión de sus costumbres usos, identidad, tradiciones, lenguaje, religión e indumentaria; II. Sean consultados, mediante los procedimientos propios de la comunidad, cuando se prevea la aplicación de medidas administrativas o la creación de normas legales o reglamentarias directamente vinculadas con la Comunidad Maya Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya Art. 4.
La Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán Art 1 es de orden público, interés social yobservancia general en el estado de Yucatán y tiene por objeto establecer el Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán, a través del cual el Estado reconoce el derecho de las comunidades mayas a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales y normativas aplicables.
En la formulación y conducción de la política ambiental para la defensa, preservación y restauración del equilibrio ecológico en la Entidad; el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, en la esfera de sus respectivas competencias, observarán y aplicarán los siguientes principios: XI. Garantizar el derecho de las comunidades humanas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables; XIII. Toda persona cumple una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable LPAEY Art. 13.
Son sujetos de la presente ley, los siguientes: I.- Los ciudadanos yucatecos; II. El Ejecutivo del Estado; III. Los ayuntamientos, y; IV. El Congreso del Estado Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 9.
Son obligaciones de las autoridades a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 9 de esta ley, las siguientes: III. Garantizar a los ciudadanos el acceso a la documentación que sustente las políticas públicas y actos gubernamentales, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 11.
Es objeto de plebiscito, obtener la opinión de los ciudadanos sobre los actos y acciones gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Municipios; calificadas como trascendentales para la vida pública y el interés social, dentro las que se encuentran:
a) La creación de políticas públicas dirigidas a la mujer y a la población maya-hablante;
b) Las Políticas de preservación del medio ambiente Ley Estatal de Participación Ciudadana Art. 15
La LPDCMY Art. 17 y 18 establece los mecanismos y atribuciones que el Instituto deberá considerar para resguardar los derechos de los pueblos y comunidades mayas del estado de Yucatán, a través del Instituto. Asimismo la legislación otorga la facultad a este instituto para la implementación del Sistema de Justicia Maya, para lo cual coadyuva con las comunidades en la elección de jueces mayas. Contribuir al desarrollo social y humano a través de la formación de profesionales y de actividades académicas y culturales que generen un movimiento artístico innovador que valore la tradición y promueva la creación.
El instituto reconoce el derecho de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo Maya y propicia en materia de derecho y acceso a la justicia un instrumento en materia de derecho y justicia Ley del Instituto de defensa Pública Art. 9.
El CAPY Art. 45, frac. IV atribuye a esta Secretaría la promoción de la a participación social en los procesos de formulación del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Asimismo la LPAEY Art. 13, frac. XI le confiere en la formulación de la política ambiental la observancia de los principios de garandía del derecho de las comuidades a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables.
Las instituciones de los tres poderes públicos del Estado, así como los organismos autónomos ayntamientos tienen la obligación de respetar los derechos de la comunidad y dar garantía al acceso de la justicia en los términos que disponen las leyes y reglamentos relevantes. Considerando como principios rectores de los derechos de las comunidades mayas la preservación de su cultura, la no discriminación, la igualdad, la solidaridad y armonía social. Haciendo particular énfasis en la implemetación de mecanismos de cooperación y apoyo técnico a als comunidades mayas que favorezcan su desarollo integral y sustetable, garantizando su participación en el acceso a bienes y servicios provenientes de los programas estatales .
El estado fomenta la concertación de las acciones para la implementación de la EEREDD+ y el PI del a través de los siguientes espacios de participación social:
La EEREDD+ y/o los PI son compatibles con el manejo forestal sustentable y la conservación de bosques nativos y biodiversidad.
La LPAEY Art. 13 establece los principios sobre los cuales se deberá formular la política ambiental del Estado, siendo los ecosistemas considerados como patrimonio común de la sociedad, deberán ser aprovechados de manera óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad.
El Estado, en su función ordenadora de la convivencia humana, ejercerá la acción que le compete, en la medida necesaria para asegurar la solidaridad de los elementos asociados y garantizar a éstos una equitativa participación en el bienestar que nace de la convivencia misma. El Estado, por medio de sus Poderes Públicos, garantizará el respeto al derecho humano de toda persona de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y la protección de los ecosistemas que conforman el patrimonio natural de Yucatán, basado en los siguientes criterios: Las personas en el Estado tienen derecho a vivir en un ambiente saludable que les permita una vida digna, y a hacer uso racional de los recursos naturales con que cuenta la Entidad, para alcanzar el desarrollo sostenido, en los términos que señale la Ley de la materia Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 86, frac. I
La LPAEY Art. 1, frac. I, II, III y IV es de orden público e interés general y tiene por objeto: Proteger el ambiente en el Estado de Yucatán con el fin de regular y evitar efectos nocivos de origen antropogénico y natural; Garantizar el derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado que les permita una vida saludable y digna; Definir los principios mediante los cuales se formulará, conducirá y evaluará la política ecológica y ambiental del Estado y establecer los instrumentos para su aplicación y determinar las competencias y atribuciones del Estado y de los Municipios, conforme a los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, Leyes Federales de la Material y demás ordenamientos en la materia.
.Se consideran de utilidad pública:
I.- Los ordenamientos ecológicos del territorio del Estado de Yucatán;
II.- La conservación, protección y manejo de los sistemas ecológicos;
III.- La preservación, regulación y control de las actividades industriales, agropecuarias, comerciales, de servicios y demás que contaminen el ambiente; así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y de ecosistemas necesarios para asegurar dichos recursos.
V.- El establecimiento, regulación, manejo, preservación y restauración de la Áreas Naturales Protegidas del Estado; las zonas prioritarias para la preservación y restauración ecológica de los centros de poblaci{on; así como otras zonas que se consideren de iportancia para la continuidad de los procesos ecológicos LPAEY Art. 2
Preservación: conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evalución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de estapecies en sus entornos y los coponentes de la biodiversidad fuera de su hábitaT natural LPAEY Art. 4, frac. XLIX
La LDRSY Art. 1 es reglamentaria de las fracciones XI y XII del Artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general y tiene por objeto establecer las bases para alcanzar el desarrollo rural sustentable en el Estado de Yucatán, en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y los distintos sectores de la sociedad.
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable en el Estado de Yucatán, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, la industrialización y comercialización de los bienes y servicios del medio rural, y todas aquellas acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población rural LDRSY Art. 2.
El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría y en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, impulsará políticas públicas, programas y acciones en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del Estado de Yucatán, las cuales deberán estar orientadas a la consecución de los siguientes objetivos:
IV.- Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable, y
V.- Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes actividades agropecuarias en la Entidad LDRSY Art. 5.
La LDFSY Art. 1 es de orden público, interés social y observancia general en el estado de Yucatán y tiene por objeto establecer las atribuciones de las autoridades; regular la Política Estatal de Desarrollo Forestal; las actividades de saneamiento, conservación, restauración y reforestación; las medidas de fomento a la actividad forestal sustentable y de participación ciudadana.
Se declaran de utilidad pública la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, así como de las cuencas hidrológico- forestales; y la ejecución de obras destinadas a la conservación, protección o generación de bienes y servicios ambientales LDFSY Art. 4.
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán (Diario Oficial 2007).-
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (Diario Oficial 2016).
PEACC Integra entre sus objetivos el abordaje a los impactos del cambio climático en la biodiversidad y las actividades socio-ambientales de carácter productivo, así como para la prevención de desastres.
Es atribución de la SEDUMA el propiciar el manejo forestal sustentable y la conservación de los ecosistemas del estado.
La LPAEY Art. 86 le confiere a la secretaría la coordinación, vigilancia de la política estatal ambiental en materia de recursos naturales, ecología, saneamiento, agua y regulación ambiental del desarrollo urbano, considerando las diferentes regiones del Estado, siendo la principal instancia garante del derecho humano de toda persona de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y la protección de los ecosistemas que conforman el patrimonio natural de Yucatán.
De acuerdo con la LDRSY Art. 12 es atribución de la SEDER coadyuvar en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, renovables y no renovables. Sin embargo, en el estado de Yucatán se carece de una ley estatal de desarrollo forestal.
Señala también a la secretaría como autoridad estatal en materia de desarrollo rural y le confiere atribuciones para la coordinación de la planeación, programación, seguimiento y evaluación de las política públicas en el sector rural, en congruencia con las disposiciones de la Ley Federal y El Plan Nacional de Desarrollo, así como la capacidad para celebrar convenios con autoridades federales, estatales y municipales y agentes de la sociedad 1rural, para realizar acciones conjuntas de fomento al desarrollo rural sustentable LDRSY Art. 12, frac. II y V.
La LPDEY faculta a esta Secretaría para coordinar el Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal, con la participación de los sectores público, social y privado, en el seno del Consejo de Planeación y Evaluación de Yucatán (COPLEDEY) . Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo con la participación del COPLEDEY y coordinar la formulación de los programas de mediano plazo, de conformidad con la Ley y demás disposiciones legales y normativas aplicables, mediante la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana, así como verificar que se ajusten a los objetivos e instrumentos de planeación federales. Establecer las normas, políticas y mecanismos para el diseño, formulación, programación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, así como de los compromisos, programas y proyectos de inversión que sean prioritarios para el desarrollo estatal.
LPAEY Art. 4, frac. XV establece que cualquier ciudadano podrá denunciar cualquier acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales.
El control de cumplimiento esta definido en la LPAEY Art. 129, que establece la SEDUMA podrá realizar por conducto del personal autorizado visitas de inspección, verificación y vigilancia para constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley.
El Estado considera el manejo sustentable como una herramienta para la conservación ambiental y para el desarrollo económico y social de las poblaciones locales, contando con instrumentos de política ambiental en aplicación y con programas de apoyos para su implementación. Tal como la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Estado de Yucatán (ECUSBEY) vinculante con la EEREDD+ y el PI la cual es un instrumento integral de política pública que fomenta el uso sustentable, la restauración y la conservación de los recursos naturales, que articule la dimensión biológica y social para valorar, desarrollar y orientar las acciones que promuevan la permanencia de la diversidad biológica y cultural, a través del conocimiento formal y la recuperación de los saberes tradicionales.
Estableciendo dentro del Eje estratégico: Conservación y restauración de ecosistemas las siguientes líneas de acción:
3.1.3 Reforestar zonas degradadas con especies nativas y endémicas de la región.
3.1.4 Desarrollar y promover sistemas agroforestales, silvopastoriles y enriquecimiento de acahuales.
3.1.5 Identificar y documentar los mecanismos tradicionales de conservación in situ y restauración tradicional de los ecosistemas y agroecosistemas.
Asimismo el marco legal considera el apoyo y conservación los cultivos tradicionales con potencial productivo y orientar la explotación agrícola hacia la productividad y competitividad, compatible con la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas nativos. Destacando en este sentido la alineación de la EEREDD+ y el PI con otros programas vinculantes como el Programa para la conservación de la agrobiodiversidad en el estado de Yucatán, impulsado a través e la SEDUMA, el cual tiene por objetivo entregar apoyos económicos y en especie a integrantes de una comunidad maya o de un comité de usuarios de los paisajes bioculturales. Los apoyos están en función de los acuerdos que propongan para conformar el grupo de trabajo o el comité de usuarios, así como del plan de aprovechamiento que los grupos presenten, considerando las obras, prácticas, equipos e insumos que se requieran para asegurar la producción, el procesamiento, la transportación y la comercialización de los productos orgánicos.
LA EEREDD+ y los PI, promueven beneficios sociales y ambientales.
Las actividades propuestas en el PIIRE y la EEREDD genera una obtención de productos de calidad manteniendo heterogeniedad espacial y biodiversidad. La Permanencia de cultivos criollos. Una Oferta adecuada de alimentos en términos de valor nutricional y variedad disponibles a los hogares del territorio.
Incorporación de las mujeres a los procesos de producción y conservación. Beneficios a otras actividades como la apicultura, derivado de una mayor floración. Valoración y aplicación de los conocimientos ecológicos de la población maya.
Generación de excedentes de producción con valor comercial, etc.
El marco legal existente para el Estado de Yucatán no cuenta con los instrumentos legales que propicien la promoción de los beneficios sociales y ambientales en la aplicación de REDD.
Los programas institucionales son los instrumentos que tienen por objeto establecer la planeación de las dependencias y entidades, y deberán ajustarse a la norma que regule su organización y funcionamiento. Los programas institucionales deberán contener, al menos, los siguientes elementos: Las prioridades para la creación de valor público, la definición de objetivos y estrategias de la organización en la producción de bienes y servicios, considerarán los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas establecidas; así como su alineación a la planeación sectorial, regional y estatal; Los indicadores que permitan dimensionar y evaluar los logros esperados, y los mecanismos de coordinación para el logro de sus objetivos LPDEY Art. 38 y 39, frac. III, IV y V.
Las acciones en materia de desarrollo rural sustentable en el Estado, se regirán por los criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad, y sustentabilidad, entendidos de la siguiente manera: I.- Equidad social y de género: la superación de la desigualdad e inequidad socioeconómica, cultural, ambiental y de género para generar condiciones que favorezcan la disminución de la pobreza y la eliminación de toda forma de exclusión y discriminación de la población rural; II.- Integralidad: la comunidad es una totalidad compleja concebida para actuar como un todo sistémico, y no como la suma aislada de las partes que lo componen; III.- Productividad: el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad y calidad de producción obtenida, así como el impacto social generado, y IV.- Sustentabilidad: la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras LDRSY Art. 6
El CAPY Art. 45 atribuye a esta Secretaría la capacidad de oordinar, vigilar su implementación y evaluar sus resultados de la política estatal en materia de recursos naturales, ecología, saneamiento, agua y regulación ambiental del desarrollo urbano, considerando las diferentes regiones del Estado. Incluyendo la responsabilidad de la política forestal del Estado de Yucatán de acuerdo a la LDFSY.
La LPDEY faculta a esta Secretaría para establecer las normas, políticas y mecanismos para el diseño, formulación, programación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, así como de los compromisos, programas y proyectos de inversión que sean prioritarios para el desarrollo estatal. Incluyendo la coordinación el Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal.
La legislación relevante establece como obligación de las dependencias Estatales de incorporar en desarrollo de Programas institucionales los criterios para la creacion de valor público , la definición de objetivos y estrategias de la organización en la producción de bienes y servicios, así como la consideración de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas establecidas; así como su alineación a la planeación sectorial, regional y estatal.
Atendiendo a las acciones establecidas en la EEREDD+ y el PI del Estado de Yucatá, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en colaboración con la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc han impulsado los siguientes proyectos:
1. Elaboración de Proyectos para Fomentar el Desarrollo Rural Bajo en Carbono: cuyo objetivo es contribuir con la metas estatales establecidas en el Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) en materia de reducción de emisiones generadas en el sector agropecuario estimadas en 1,844,800 Toneladas de CO2 e.; así como la promoción de esquemas de desarrollo rural susntentable en el marco de la EEREDD+ y el PI del Estado. Generando los insumos para el desarrollo de proyectos que promuevan la agricultura de conservación, sistemas silvopastoriles y apicultura .
2. Apoyo complementario de fondos concurrentes con la Comisión Nacional Forestal: cuyo objetivo es fortalecer las áreas forestales bajo manejo y conservación sustentable en la Región del Puuc (Muna, Ticul, Santa Elena, Oxkutzcab y Tekax) y de esta manera contribuir con los objetivos y metas tanto de la Estrategia Nacional y Estatal REDD+, así como del Programa de Inversión de esta región que forma parte de la Iniciativa Nacional de Reducción de Emisiones (IRE); se ha promovido un acuerdo para establecer acciones con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la SEDUMA y la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) a fin de que ejidos con alta cobertura forestal y que presentan altos riesgos a la deforestación sean apoyados en el Programa Nacional Forestal 2017, a través de la vertiente de Fondos Concurrentes.
Asimismo en el marco de las metas y acciones delimitadas para la zona de implementación del PI, ubicadas en el Cono sur del Estado, se han llevado a cabo:
1. Acciones de capacitación en materia de salvaguardas a través del Consejo ciudadano de la JIBIOPUUC
2. Capacitación a productores en materia de mejores prácticas agropecuarias:
Modelos productivos-solicitantes Sistemas Agroforestales de la CONAFOR.
Modelos productivos – ganadería silvopastoril
Modelos productivos – apicultura
3. Realización de reuniones de trabajo con SAGARPA y FIRA para testionar el apoyo a proyectos integrados.
4. Fomento del uso de insumos orgánicos en la producción agrícola asociados en el programa Peso-Peso con la Secretaría de Desarrollo Rural
5. Establecimiento de arcelas demostrativas en el uso de insumos orgánicos y agricultura de conservación con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural.
6. Elaboración de los Programas de Ordenamiento Ecológico Municipal de Tekax y Oxkutzcab.
La EEREDD+ y/o los PI abordan riesgos relacionados con la reversión considerando la obligación sustentada en el marco legal de la permanencia de los beneficios generados de su implmentación y de su vinculación con los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales en la atención a las metas y objetvos de largo plazo. Destacando su particular vinculación con el Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático (PEACC).
Son funciones específicas del Estado: Organizar un sistema de Planeación del Desarrollo Integral que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Planeación Democrática, sobre bases que aseguren la conservación y uso racional de los recursos naturales, la salud del ambiente y el desarrollo sostenido Constitución Política del Estado de Yucatán Art. 87, frac. X
La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto: Proteger el ambiente en el Estado de Yucatán con el fin de regular y evitar efectos nocivos de origen antropogénico y natural; Garantizar el derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado que les permita una vida saludable y digna; Definir los principios mediante los cuales se formulará, conducirá y evaluará la política ecológica y ambiental del Estado y establecer los instrumentos para su aplicación; Determinar las competencias y atribuciones del Estado y de los Municipios, conforme a los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, Leyes Federales de la Material y demás ordenamientos en la materia LPAEY Art. 1 frac. I, II, III y VI.
Se consideran de utilidad pública: Los ordenamientos ecológicos del territorio del Estado de Yucatán; La conservación, protección y manejo de los sistemas ecológicos; La preservación, regulación y control de las actividades industriales, agropecuarias, comerciales, de servicios y demás que contaminen el ambiente; así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y de ecosistemas necesarios para asegurar dichos recursos. El establecimiento, regulación, manejo, preservación y restauración de la Áreas Naturales Protegidas del Estado; las zonas prioritarias para la preservación y restauración ecológica de los centros de población; así como otras zonas que se consideren de importancia para la continuidad de los procesos ecológicos LPAEY Art. 2, frac. I, II, III y V.
La LDRSY Art. 1 y 2 es reglamentaria de las fracciones XI y XII del Artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general y tiene por objeto establecer las bases para alcanzar el desarrollo rural sustentable en el Estado de Yucatán, en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y los distintos sectores de la sociedad. Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable en el Estado de Yucatán, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, la industrialización y comercialización de los bienes y servicios del medio rural, y todas aquellas acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población rural.
El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría y en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, impulsará políticas públicas, programas y acciones en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del Estado de Yucatán, las cuales deberán estar orientadas a la consecución de los siguientes objetivos: Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable, y valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes actividades agropecuarias en la Entidad LDRSY Art. 5.
La LDFSY Art. 1 y 4 es de orden público, interés social y observancia general en el estado de Yucatán y tiene por objeto establecer las atribuciones de las autoridades; regular la Política Estatal de Desarrollo Forestal; las actividades de saneamiento, conservación, restauración y reforestación; las medidas de fomento a la actividad forestal sustentable y de participación ciudadana. Se declaran de utilidad pública la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, así como de las cuencas hidrológico- forestales; y la ejecución de obras destinadas a la conservación, protección o generación de bienes y servicios ambientales.
La LDRSY Art. 12, frac. II y V señala a la secretaría como autoridad estatal en materia de desarrollo rural y le confiere atribuciones para la coordinación de la planeación, programación, seguimiento y evaluación de las política públicas en el sector rural, en congruencia con las disposiciones de la Ley Federal y El Plan Nacional de Desarrollo, así como la capacidad para celebrar convenios con autoridades federales, estatales y municipales y agentes de la sociedad rural, para realizar acciones conjuntas de fomento al desarrollo rural sustentable.
El marco legal delimita como condicionantes del desarrollo e implmentación de polítcas públicas asociadas a la conservación y uso racional deLlos recursos naturales, de desarrollo rural y desarrollo forestal sustentable considerando su solicidez, dinamismo y permanencia con el fin de garantizar los beneficios brindados.
De tal forma en su diseño e implmentación los Programas Institucionales incorporan un adecuado abordaje de las problemáticas identificadas partiendo de un diagnóstico sectorial y de la concertación con la sociedad, para identificar adecuadamente las acciones que habrán de llevarse a cabo y garantizar la distribución y permanencia de los beneficios ortorgados.
La EEREDD+ considera en sus líneas de acción el abordaje a los riesgos sociales y ambientales , tomando como principal insumo el diagnósitco elaborado en el PI .
Señalando entre los principales riesgos sociales y ambientales los siguientes:
1. Deforestación y conversión de hábitats para el desarrollo de actividades productivas asociadas a la agricultura de conservación, sistemas silvopastoriles y agroforestales.
2. Fragmentación del hábitat.
3. Icremento del acceso a hábitats conservados que propicie la cacería ilegal y extracción de especies de flora y fauna.
4. Pérdida de biodiversidad de especies nativas por el desarrollo de actividades productivas y aprovechamiento forestal.
5. Promoción de tecnologías que comprometan la capacidad de decisión de las comunidades sobre su territorio y recursos naturales.
6. Abandono de proyectos y actividades propuestas para el desarrollo local sustentable.
7. Prevalencia de los programas que inducen el cambio de uso de suelo y desincentivan el manejo forestal.
8. Exclusión de las mujeres en el desarrollo local sustentable por la implementación de programas que no incorporen la perspectiva de género.
9. Reglas de operación restrictivas sin enfoque regional para la implementación del PI.
10. Exclusión de usuarios de los recursos forestales en programas de desarrollo local sustentable por restricciones sobre la propiedad o posesión de la tierra.
11 Temporalidad y permanencia de los programas que apoyan el desarrollo local sustentable.
La EEREDD+ y/o los PI abordan riesgos relacionados con el desplazamiento de emisiones.
La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto: Proteger el ambiente en el Estado de Yucatán con el fin de regular y evitar efectos nocivos de origen antropogénico y natural; Garantizar el derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado que les permita una vida saludable y digna; Definir los principios mediante los cuales se formulará, conducirá y evaluará la política ecológica y ambiental del Estado y establecer los instrumentos para su aplicación; Determinar las competencias y atribuciones del Estado y de los Municipios, conforme a los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, Leyes Federales de la Material y demás ordenamientos en la materia LPAEY Art. 1, frac. I, II, III y VI.
El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría y en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, impulsará políticas públicas, programas y acciones en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del Estado de Yucatán, las cuales deberán estar orientadas a la consecución de los siguientes objetivos: Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable, y valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes actividades agropecuarias en la Entidad LDRSY Art. 5
El marco legal delimita en el marco del desarrollo de polítcas públicas asociadas a la conservación y uso racional deLlos recursos naturales, de desarrollo rural y desarrollo forestal sustentable , la inclusión de criterios que den solicidez, dinamismo y permanencia de los beneficios generados a través de su implementación. Así como la alineación particular a los objetivos y metas a largo plazo establecidos en los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales, destacando el Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático (PEACC).
En atención al abordaje de los riesgos de dezplazamiento la EEREDD+ incorpora entre sus metas: la estrategia plantea las siguientes metas:
I. Alcanzar una tasa cero de deforestación para 2030 en los ecosistemas forestales de alto valor para REDD+ del Estado de Yucatán a través de acciones basadas en el Desarrollo Rural Sustentable.
II. Triplicar la superficie forestal bajo manejo sustentable con el consecuente aumento de los reservorios de carbono; pasando de 11,413 hectáreas de manejo forestal maderable y no maderable a 34,200 hectáreas en 2030. Asimismo, lograr la certificación de buen manejo forestal en un 10% de esta superficie.
III. Aumento de un 25% de la superficie de conservación forestal con el consecuente aumento de las reservas o acervos de carbono, pasando de 810,000 hectáreas terrestres bajo esquemas de conservación como ANP, UMA o pago por servicios ambientales, a 1 millón de hectáreas en 2030.
IV. Disminuir la pérdida de carbono forestal derivada de la degradación de los ecosistemas forestales causada por incendios forestales, pasando de un promedio de 4,000 hectáreas anuales degradadas por incendios (entre 1991 y 2015) a un promedio de, 2000 hectáreas anuales afectadas promedio (2016-2030) a través de un manejo integral de fuego.
V. Conservar el 100% de la superficie forestal de los ecosistemas de manglar, equivalente a 91,356 ha , con la finalidad de mantener su elevada capacidad de captura de carbono.
VI. Restaurar el paisaje forestal en 250,000 hectáreas para el año 2020 y un total de 550,000 en 2030, para aumentar los reservorios de carbono de la entidad.

References: artículo 13
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 24
 artículo 6
 artículo 42
 artículo 77
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 artículo 159
 resolución 
 artículo 159
 artículo 69
 resolución 
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 46
 artículo 11
 artículo 9
 Artículo 87
 Artículo 87