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Unidad 1 y 2 de Practica Forense Penal
07 Código de Procedimientos Penales
CODIGO PROCESAL PENAL Albrieu.pdf
Antecedentes Históricos Del costitucionalismo
Fallo Rufino Batalla (2x1)
Resumenes Fallos Csjn de Der proc
Código de Procedimientos Penales del Estado vigente.pdf
fallo (9)
Excarcelación-Zannini
Ética Jueces y Magistrados
Examen Final Procesal Penal
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DEL JUZGADOR.
SU PROYECCIN EN LA SENTENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
INMUTABILIDAD DEL JUZGADOR, DESINTEGRACIN DEL TRIBUNAL, IN DUBIO PRO REO Y SENTENCIA PENAL
CUANDO LA MINORA OBLIGA A LA MAYORA EN UN TRIBUNAL COLEGIADO PENAL
Por JOS RAL HEREDIA
las sentencias penales son los nicos actos jurdicos cuya validez depende de su verdad FERRAJOLI.
INTRODUCCIN Reunido este Congreso bajo el lema Para repensar el
proceso, revisemos los principios, procurar aqu proyectar el esencial principio de imparcialidad del juzgador que tiene que ver tambin con la independencia del juez2- al mbito de la sentencia penal, ello, con el propsito de examinar su funcionamiento en el
Acadmico Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Como hemos tenido ocasin de analizar, la independencia despliega su eficacia en un momento previo al ejercicio de la funcin jurisdiccional, mientras que la imparcialidad tiene lugar en el momento procesal, esto es, durante el desarrollo de la citada funcin [La imparcialidad judicial, Joan Pic i Junoy - Id. vLex: VLEXEF486].
momento culminante del procedimiento La sentencia, en su conjunto, constituye el acto ms importante [Leone]- en que se resuelve sobre la culpabilidad o inocencia del imputado con la consecuencia, en el caso de condena, de la aplicacin de una pena que puede ser de prisin efectiva. En juego otro principio, el de la identidad fsica del juzgador, las sentencias pronunciadas por tribunales colegiados suscitan materia para el anlisis. Tradicionalmente, se ha considerado que, planteadas las cuestiones a resolver por el tribunal que debe dictar sentencia tras el debate en el procedimiento penal, la mayora va obligando a la minora. De modo que, en un tribunal compuesto por tres jueces, si dos de ellos coinciden en que una cuestin debe resolverse de una determinada manera, el tercero queda vinculado por esa decisin y est obligado a analizar y resolver la cuestin siguiente partiendo de la premisa ya sentada por la mayora, aunque l no la haya compartido. En esta nota reflexionamos acerca de esa postura clsica en relacin con la garanta de la imparcialidad del juzgador especficamente entendida ella a nuestros fines aqu como independencia del juzgador de toda injerencia extraa aun de otros jueces o tribunales- y del in dubio pro reo, o, mejor, de la posicin menos desfavorable, siempre, para el imputado, entre otros principios que igualmente relacionamos. De esa suerte, queda dicho que nos ocuparemos de examinar la validez de la sentencia penal dictada sin unanimidad de criterios de los jueces en relacin con estas dos garantas que son esenciales para que exista un juicio constitucional, a saber: la independencia del juzgador y el derecho del acusado a una
sentencia absolutoria cuando media duda razonable -in dubio pro reo- o su derecho a una decisin menos desfavorable.
DOS ANTECEDENTES DESENCADENANTES DE LAS REFLEXIONES QUE AQU SE EXPONEN
Dir enseguida cmo se nos ha despertado la inquietud por el tema que aqu tratamos.
1. Una sentencia penal invlida. En el ejercicio del ministerio de la defensa, en oportunidad del desarrollo del debate celebrado ante tres jueces profesionales que conformaban la Cmara del juicio, aplicndose el sistema mixto o inquisitivo reformado- hube de intervenir asistiendo a uno de los imputados; se produjo all la siguiente secuencia de actos y de decisiones. En el inicio, en el marco de las llamadas cuestiones preliminares, aduje, entre otras, la insubsistencia3 de la accin penal por vencimiento del plazo de duracin del procedimiento. Soslayo los fundamentos en concreto, porque solo me interesa destacar que uno de los jueces se
Palabra que he adoptado, empleada por la Corte in re Mozatti, fallo que luego referencio, y por los doctores Fayt y Bossert en su disidencia in re Kipperband 16-03-1999; T. 322 P. 360-. En este precedente, los doctores Petracchi y Boggiano, tambin en disidencia, destacaron: este Tribunal ha reconocido varias veces la relacin existente entre duracin razonable del proceso y prescripcin de la accin penal (confr. causa Baliarde, Jos, supra cit.; Fallos: 306:1688 y 316:1328 -en los que se consider que constitua un apego ritual injustificado la postergacin del planteo de prescripcin al momento de la sentencia-; 312:2075 -caso en el que se admiti por analoga la aptitud de la prescripcin, a pesar de no encontrarse expresamente prevista en la norma entonces en discusin, para producir los efectos de otras formas de finalizacin del proceso favorables al imputado-). / De estos precedentes se desprende que el derecho del imputado a que se ponga fin a la situacin de indefinicin que supone el enjuiciamiento penal puede encontrar tutela en la prescripcin de la accin . Como he recordado en otras ocasiones, la posicin que qued en minora aqu se adopt definitivamente por la Corte desde el fallo Barra [09-03-2004; T. 327 P. 327] en el que la mayora de votos concurrentes se remiti a las disidencias en Kipperband.
pronunci aceptando el planteo y sostuvo la falta de accin en el caso. Los otros, dos, en cambio, rechazaron la cuestin y el debate continu. All mismo not e hice notar a la Cmara- que el tribunal haba quedado en verdad desintegrado, porque resultaba
contradictorio que continuara entendiendo el juez
decidido por la ausencia de potestad persecutoria del Estado. Sin embargo, la posicin fue desestimada y clausurado el debate se arrib a la deliberacin y a la sentencia. A fin de una mejor comprensin, llamar B al juez que antes se haba pronunciado por la insubsistencia de la accin, A al que vot en primer trmino y C al tercero. El juez A resolvi negativamente la cuestin de cargo o de culpabilidad respecto de mi asistido. Los jueces B y C, en cambio, se decidieron por la culpabilidad. El juez A fij una pena de cuatro aos y cuatro meses el delito atribuido era de administracin fraudulenta en la figura simple, con amenaza de pena de entre un mes y seis aos-, el juez B hizo lo propio y el C vot por una pena algo mayor. De esa suerte, mi defendido result condenado, obsrvese, por un tribunal en el que uno de los jueces, votando en primer trmino, entendi que l no era culpable, y en el que otro de los jueces se haba pronunciado por la insubsistencia prescripcin- de la accin penal, y, ello no obstante, al votar en segundo trmino resolvi en contra del imputado la cuestin de culpabilidad. Aunque, como se ver, sostendr de lege ferenda que se trata de una sentencia invlida, entiendo de todos modos, aun de lege lata, que medi un error grave de los jueces porque quien vot en segundo trmino ni siquiera estaba obligado por la postura del primero para decidir por la culpabilidad desde que aqul vot negativamente y lo liberaba de ese modo de la supuesta carga legal-
y, en cambio, s estaba obligado por razones de estricta lgica- por su postura inicial respecto de la falta de accin4, defensa que renov en el alegato final. Adems, en todo caso, el juez del primer voto pudo adoptar la pena mnima de un mes- desde que entenda que era inocente la persona a quien le aplicaba la sancin y el del segundo pudo hacer lo propio, desde que entenda que la accin estaba prescripta. Aunque no me satisface, por las razones que expondr, esta solucin era la menos desfavorable para el acusado.
2. Un antiguo precedente. Interesa remontarse a un precedente de la Corte Suprema5 en que ella dijo: () Corresponde dejar sin efecto la sentencia de la Cmara de Apelaciones de Resistencia que absolvi a los acusados, por el voto del tercer juez
Hay que hacer notar que ni siquiera la ley procesal penal aplicada en el caso exiga esa solucin. Ella ley 3155, Cdigo mixto ya derogado- estableci: 357. Normas para la deliberacin. El tribunal resolver todas las cuestiones que hubieran sido objeto del juicio, fijndolas, en lo posible, dentro del siguiente orden: las incidentales que hubiesen sido diferidas, las relativas a la existencia del hecho delictuoso, participacin del imputado, calificacin legal que corresponda, sancin aplicable, restitucin, reparacin o indemnizacin demandada y costas. / Los jueces emitirn su voto motivado sobre cada una de ellas o en forma conjunta en el orden que resulte de un sorteo que se har en cada caso. El tribunal dictar sentencia por mayora de votos, valorando las pruebas recibidas y los actos del debate conforme a las reglas de la sana crtica, hacindose mencin de las disidencias producidas. / Cuando en la votacin se emitan ms de dos opiniones sobre las sanciones que correspondan, se aplicar el trmino medio . Obsrvese que la ley prevea que las disidencias se hicieran constar y que ella no previ, en cambio, esta disposicin contenida en la ley italiana que cito en el texto: Todos los jueces emiten su voto sobre cada cuestin, cualquiera que haya sido el que hayan emitido sobre las otras. Tampoco consagraba la norma la reserva. 5 Rese el Tribunal la materia del fallo del siguiente modo: 2) Que el pronunciamiento absolutorio de los querellados se dict por la decisin de tres jueces: El Dr. G. C. consider insuficiente la prueba y, por tanto, vot por la absolucin; el Dr. S., al contrario, juzg probado el hecho y que sus autores eran responsables por el delito de defraudacin; el tercer juez que integr la sala, Dr. D. F., Presidente del Superior Tribunal de Justicia, fue llamado a hacerlo en virtud de la disidencia de los dos componentes naturales. A pesar de que opin que los procesados delinquieron, aunque en grado de tentativa, vot en definitiva por la absolucin, en virtud de que el art. 29 de la Ley Orgnica de los Tribunales del Chaco slo autoriza al juez que integra la sala a optar por el criterio de uno de los votos disidentes.
integrante de la sala, que lo hizo por la absolucin, en virtud de que el art. 29 de la ley orgnica de los tribunales del Chaco obliga al juez que integra la sala a optar por el criterio de uno de los votos disidentes, no obstante opinar que los procesados
responsables del delito, pero en grado de tentativa . Antes, dijo la Corte que La interpretacin de normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primaca a la verdad jurdico objetiva, que es concorde con el adecuado servicio de la justicia y compatible con la garanta de la defensa en juicio . Aadi entonces el Tribunal cimero esta doctrina, que ha repetido a lo largo del tiempo: Es violatoria de los arts. 17 y 18 de la Constitucin Nacional y debe ser dejada sin efecto la sentencia cuya fundamentacin no constituye derivacin razonada del derecho vigente, en aplicacin a las circunstancias comprobadas de la causa. Recuerdo tambin lo que dijo el Procurador General en su dictamen, en tanto juzgo que anticipa de modo inmejorable el tema que me preocupa: La forma en que el a quo ha interpretado y aplicado el art. 29 de la ley orgnica del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, trae como consecuencia que un juez, pese a estar convencido de que en autos se han probado los hechos que configuran una tentativa de defraudacin, deba optar entre absolver a los imputados o condenarlos como autores de delito consumado, y vote contradiciendo su propia argumentacin. [Destacado mo]. Y culmin el Procurador: Es evidente, a mi entender, que lo resuelto en tales condiciones viola la garanta de la
In re Mozatti, Camilo y otro, 1969, T. 274, P. 273. Se trata del mismo expediente en el que nueve aos despus la Corte se pronunci sobre el plazo razonable de duracin del proceso penal. Escribimos el apellido con una z porque as est escrito en la pgina de la Corte, aunque es posible ubicarlo con dos z. Con esta ltima grafa se encuentra el segundo fallo [ 1978; T. 300 P. 1102], al que tambin me refiero.
defensa en juicio, que exige, tratndose de tribunales colegiados, que los fallos expresen la conviccin de la mayora de sus miembros, derivada razonadamente del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa. Es claro que las leyes han podido y pueden exigir unas veces la unanimidad y otras veces mayoras especficas, como tratar de mostrar.
-N-. En rigor, creemos que aquel fallo hoy podra criticarse desde un doble respecto. Primero, el reenvo constituy una nueva oportunidad en el procedimiento penal para condenar al imputado afectacin de la garanta del ne bis in idem-. Segundo, si el tercer integrante del tribunal, llamado a desempatar, hubiese mantenido su criterio original, entonces, no hubiera mediado sentencia ya que cada uno de los jueces dijo una cosa distinta. Lo tiene dicho la misma Corte Suprema: Es invlida la sentencia de Cmara, si se presenta como una mera coleccin o sumatoria de opiniones individuales o aisladas de los integrantes del tribunal, ineficaz para conformar la voluntad mayoritaria del rgano colegiado (Disidencia del Dr. Eduardo Molin O'Connor) , doctrina que, en rigor, est consolidada en el alto Tribunal. Vase: Corresponde dejar sin efecto la decisin que rechaz el recurso de casacin, si no se constituy la mayora absoluta de los miembros del tribunal para resolver, ya sea sobre la procedencia formal del recurso, o acerca del fondo del asunto. - . En rigor, la absolucin era lo que corresponda en aquel precedente. Se podra aadir como crtica que esa sentencia de la Corte implic prolongar indebidamente, en perjuicio del imputado, el proceso. Ya por entonces,
In re: I. 77. XXIII.; Inversores Ganaderos SA. c/ Pini de Beccar Varela, C. Mara s/ cobro de pesos. 23/06/1992. T. 315, P. 1354. 8 B. 85. XXII.; Brizuela, Gustavo Nicols -casacin- (Autos: Brizuela, Gustavo Nicols c/ Antonio R. Karam y Csar R. Karam - medidas preparatorias). 07/06/1988. T. 311, P. 937. 9 Tambin: Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la demanda por el cobro de salarios, si habiendo incurrido el juez de cmara preopinante en contradiccin entre los fundamentos vertidos y la propuesta de decisin que finalmente formula, omitido pronunciarse otro de los integrantes de la sala, el voto del restante no puede configurar, por s slo, la resolucin del tribunal, que aparece entonces desprovista de la mayora requerida indispensablemente para su validez como acto jurisdiccional emanado del cuerpo colegiado de alzada [A. 304. XXI.; Alarcn Saldivia, Ral y otros c/ Viplastic S.A.C.I. 29/10/1987. T. 310, P. 2236].
la Corte pudo decir tngase presente que ya haba fallado el caso MATTEI, en 1968, Fallos 272:188- lo que dijo nueve aos ms tarde en el mismo expediente. Represe en lo siguiente: cuando la Corte anul la sentencia de absolucin agosto de 1969-, el procedimiento llevaba entonces diecisis aos desde la denuncia agosto de 1953- . Bien entendido que se trataba de un procedimiento escrito, ya que en el sistema de enjuiciamiento mixto o en el acusatorio ello no podra haber ocurrido de ese modo la convocatoria a un tercer juez, el Presidente del Superior Tribunal en el caso, para dirimir la discrepancia entre los dos jueces naturales- sin afectacin del principio de identidad fsica del juzgador, que exige que sean los mismos jueces que intervinieron en el debate quienes deliberen y dicten la sentencia.
Es trascendente reparar en que la Corte descalific el fallo de absolucin y remiti al tribunal de grado para que se pronunciara nuevamente, dejando sealado que era arbitrario obligar por una previsin legal- a un juez a emitir una opinin diversa a la que haba sustentado. Claro que en aquel precedente ya no podan ser los mismos jueces quienes cumplieran el sealamiento del Tribunal. Llamo la atencin sobre ello porque entiendo, adelantando conclusiones, que es ms exigible esa solucin en el supuesto de la condena del imputado cuando sta es pronunciada obligando a mutar su opinin a un juez disidente que, en rigor, se pronunci
Se desprende ello de la secuencia de actos que la misma Corte consign al declarar la prescripcin de la accin penal, en la segunda intervencin en el expediente. Dijo en esa segunda sentencia: El sometimiento de personas a proceso penal durante veinticinco aos, con detenciones por distintos lapsos y con restricciones surgidas de las condiciones impuestas a la excarcelacin, hace que su situacin, en trminos de prolongacin inslita y desmesurada, se tome equiparable a la de una verdadera pena que no deriva de sentencia condenatoria firme, y que slo se sustenta en semiplena prueba de autora y culpabilidad . / Aunque el escrito de apelacin no haya suscitado claramente la cuestin que la Corte estima necesario resolver con carcter de excepcin, corresponde que por la materia institucional involucrada el Tribunal asuma la responsabilidad de volver las cosas a su quicio por imperio de la Constitucin, y que directamente, despus de subsistencia del proceso penal durante veinticinco aos, declare la insubsistencia de todo lo actuado con posterioridad al auto de prisin preventiva, y la prescripcin de la accin penal, sin perjuicio de los derechos patrimoniales de las partes. [Mozzatti, Camilo y otro. 1978, T. 300, P. 1102].
negativamente en la cuestin de cargo o de culpabilidad, estructura de la sentencia penal regulada en nuestras leyes procesales.
EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD
1. No me detendr en el examen de este principio. Me interesa destacar que en QUIROGA, la Corte Suprema nos ha dicho que la imparcialidad del juzgador debe existir en todas las etapas del proceso, sin que cuadre hacer distinciones, ha dicho el alto Tribunal, acerca de su menor o mayor grado de avance. Y propongo que nos situemos en el momento crucial en que el tribunal se rene para dictar la sentencia despus del debate. Digo que si la imparcialidad es esencial en todo el procedimiento, en el momento de la sentencia es cuando adquiere su mxima significacin constitucional. Ese ideal de imparcialidad nos dice el doctor Julio Maier que la imparcialidad de los jueces que integran el tribunal es una utopa, pero s se puede medir la mayor o menor proximidad con ese ideal, como casi todos los principios que rigen de alguna manera al Estado11- supone que los jueces no estn sometidos a presiones externas pero tampoco internas, esto es, las que pudieren provenir del seno del propio Poder Judicial. Aqu, propicio que examinemos la vigencia del principio garanta constitucional- en relacin con la estructura de la sentencia penal en que la mayora, en un tribunal colegiado, impone su criterio a la minora, en cuanto sta debe abandonar su posicin. Especficamente, en un primer abordaje, deseo referirme al caso del tribunal colegiado integrado por tres miembros permanentes, que es
En su intervencin en la Legislatura de la Provincia del Chubut en oportunidad de informar sobre el Cdigo que proyect para esa provincia, sancionado por la ley 4566, Sesin del 9 de diciembre de 1999.
el que adoptan de modo generalizado nuestras leyes rituales para determinados asuntos penales. De paso, subrayo en este punto que la divisin de las tareas de los jueces penales es ms o menos discrecional: quiero significar que suele atribuirse a tribunales unipersonales competencia en delitos hasta un monto de pena mximo, contenido en la ley penal como amenaza, y los considerados ms graves, con amenaza de pena superior, a un tribunal colegiado. De esa suerte, la cuestin que me ocupa no sucede en el tribunal unipersonal: si el juez est convencido de la culpabilidad del imputado dictar sentencia de condena y si abriga alguna duda, lealmente, aplicar el in dubio pro reo. La suerte del imputado, entonces, depende del criterio de un solo juez aunque luego pueda recurrirse su decisin ante un tribunal superior, normalmente de integracin plural. En el tribunal colegiado puede haber ms de un criterio, por lo que las leyes procesales han imaginado un mecanismo debe entenderse desde ya que tan falible y discrecional como otros instrumentos de la tcnica procesal- para preservar especialmente otro principio importante cual es el de la identidad fsica del juzgador. Consiste en dividir las cuestiones a resolver y en examinar en un orden preestablecido una a una, imponindose la mayora en un tribunal de tres, dos jueces- sobre la minora en cada una de ellas. De ese modo, se asegura que los tres jueces que han participado en el debate deliberen y decidan todas las cuestiones. El juez que quedara en minora en una cuestin, es obligado a decidir sobre la siguiente cuestin sin que pueda oponer su disidencia precedente. Si los criterios fueren tres diversos, no existira sentencia. Si as se dictara, ella sera nula. Antes, como no se ha arribado a un criterio nico o mayoritario, corresponde absolver.
El aspecto que ocupa ahora mi atencin es la imposicin del criterio que debe aceptar el juez que ha quedado en minora. Para decirlo sin ms dilaciones, si l ha considerado que el imputado es ajeno al hecho que se le atribuye, correspondiendo entonces en su entendimiento la absolucin, ello no obstante, por esa imposicin del criterio de los otros dos jueces, si se pronunciaran por la intervencin del imputado en el hecho, debera, a pesar de su opinin, condenar y aplicar pena a quien ha considerado en realidad inocente.
2. Para no ir ms atrs en el tiempo, recordar que el Cdigo de Procedimiento Penal Italiano de 193012, previ lo siguiente:
Art. 472. Clausura del debate y pronunciamiento de la sentencia. () La sentencia es deliberada por los mismos jueces que han participado en el debate, sin interrupcin, salvoetc. () Art. 473. Normas para la deliberacin de la sentencia. Al deliberar la sentencia el presidente somete separadamente a decisin las cuestiones prejudiciales, las incidentales cuya decisin haya sido diferida, las de hecho y las de derecho referentes a la imputacin y despus, si es necesario, las referentes a la aplicacin de las penas y de las medidas de seguridad. Todos los jueces emiten su voto sobre cada cuestin, cualquiera que haya sido el que hayan emitido sobre las otras. () Cuando en la votacin se manifiesten ms de dos opiniones, los jueces que han votado por la pena ms grave se renen con los que han votado por la pena ms prxima en grado a la ms grave hasta que llegue a resultar la mayora. En cualquier otro caso, cuando sobre una cuestin hay paridad de votos, prevalece la opinin ms favorable al imputado.
V. Vicenzo MANZINI, Tratado de Derecho Procesal Penal, trad. Santiago SENTS MELENDO y Marino AYERRA REDN, Prlogo de Niceto ALCAL ZAMORA Y CASTILLO, Ed. Jurdicas Europa Amrica, Bs. As., Tomo V, p. 452.
El Cdigo de Crdoba de 193913, que reconoci en el citado ordenamiento italiano una de sus fuentes principales, especialmente a travs del Proyecto Antelo14, dispuso:
Normas para la deliberacin 426. El Tribunal fijar las cuestiones a resolver dentro de lo posible en el siguiente orden: las incidentales, las relativas a la existencia del hecho, a la participacin del imputado, y a la calificacin legal que corresponda. Dictar sentencia por mayora de votos sobre lo alegado y probado, conforme a su libre conviccin.
Clari Olmedo explicaba lo siguiente15:
La votacin debe hacerse separadamente con respecto a cada una de las cuestiones, a medida que vayan siendo discutidas y quedarn resueltas por mayora de votos () Si en una cuestin no se consigue unanimidad, el vocal disidente queda vinculado a lo resuelto por la mayora en cuanto a la discusin y decisin de las cuestiones siguientes. En consecuencia, deber dar por cierto o exacto lo que la mayora opin y decidi , sin tener en cuenta el sentido de sus votos minoritarios anteriores ni los fundamentos que lo determinaron en cada una de las votaciones ya agotadas. Esto justifica la necesidad de un correcto orden de las cuestiones sometidas a la deliberacin. Por lo general la votacin se resuelve entre dos alternativas, en cuanto se limita a afirmar o negar el contenido de la cuestin: se acoge o se rechaza la cuestin previa; se cometi o no el hecho; particip o no en l el imputado, etc., y en definitiva desemboca en la inocencia o culpabilidad del acusado (). [Resaltados mos].
Sobre este Cdigo, vase LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL SEGN EL CDIGO DE CRDOBA, por A. VLEZ MARICONDE BS. AS., 1942 (publicado en la Revista JURISPRUDENCIA ARGENTINA. En Biblioteca de la Facultad de Derecho, UNC, 17-10-30 / 343.1 (824.3) / V / 10894. 14 Sobre este Proyecto vase BASES DE UN PROCESO PENAL EL PROYECTO DE MARIO ANTELO, por ALFREDO VLEZ MARICONDE, CRDOBA, ESTAB. GRF. COMERCIO Y TRIBUNALES, 1937 [en Biblioteca de la Facultad de Derecho, UNC, 22-11-5 / 343.1 (82) / V / 8301]. 15 Tratado de Derecho Procesal Penal, VI, Ediar, 1967, pp. 320/321.
En nota a pie, propone este ejemplo: Podra ocurrir que un vocal niegue la participacin, otro afirme autora y el tercero sostenga complicidad secundaria. En tal caso, la cuestin debe desdoblarse en dos: 1. Particip o no el imputado?, la que resultar afirmativa dado el sentido de los dos ltimos votos; 2. El imputado es autor o cmplice secundario?, ante lo cual el primer vocal deber decidirse para formar mayora16. Ya es posible establecer en este punto la preocupacin que nos anima, porque el juez que se ha pronunciado por la no participacin del imputado debe, sin embargo, decidir la divergencia votando por una u otra posicin, las dos contrarias al imputado, que en definitiva significara la aplicacin de una pena a quien l ha considerado ajeno al hecho. El doctor Julio Maier resalt la importancia en el planteo de la cuestiones, dando ejemplos en que una divisin arbitraria de la cuestin de cargo17 conduce a absurdos en la conclusin. Y remite a Ernst Beling [trad. Fenech, pargr. 58, IV, ps. 185 y ss.], quien
Ibdem., nota 551. As tradujo el doctor Maier la palabra Schuldfrage, dando esta razn: Hemos traducido Schuldfrage por cuestin de cargo, pues abarcando la expresin todo lo que se refiere a la accin humana que se imputa (hecho) en relacin con una norma jurdica abstracta, lo que usualmente designamos como infraccin o genricamente delito cuando nos referimos al derecho penal, el traducirla literalmente por cuestin de culpabilidad o responsabilidad podra hacer pensar en una de las expresiones mencionantes de uno de los captulos de la construccin dogmtica del delito: el reproche puramente subjetivo, conocimiento y voluntad no viciados. / Las consecuencias jurdica de una accin punible que en el pargrafo se especifican aparecen mencionadas usualmente bajo el rtulo de Straffrage [LA ORDENANZA PROCESAL PENAL ALEMANA, comentario al pargrafo 263, p. 229]. Juan-Luis Gmez Colomer la tradujo, en cambio, como cuestin de culpabilidad: 263 [Votacin]. (1) Para cada resolucin en perjuicio del acusado sobre la cuestin de culpabilidad y las consecuencias jurdicas del hecho, ser necesaria una mayora de dos tercios de los votos. / (2) La cuestin de culpabilidad abarcar tambin las circunstancias previstas especialmente por la Ley penal, que excluyeran la punibilidad, la disminuyeran o la aumentaran. / (3) La cuestin de culpabilidad no abracar los supuestos de la prescripcin [ EL PROCESO PENAL ALEMN, p. 366 y p.602 (Diccionario Alemn-Espaol, voz Schuldfrage).
explica detalladamente la manera correcta de formular las cuestiones18.
-N-. Explicaba Beling: III. A la recepcin de la prueba sigue la proposicin de las cuestiones a los jurados (pargrs. 290-298 de la OPP). El presidente proyecta las cuestiones y la corte las establece definitivamente. Si se solicita la proposicin de una cuestin, la corte solo puede rechazarla por cuestiones de derecho. Las cuestiones deben ser propuestas de tal manera que sea posible su contestacin con s o con no. Por esto, no son de proponer verdaderas cuestiones alternativas, que incluyen un o en el sentido de aut; una cuestin con o es slo admisible si este o tiene el significado de sive (as, en o inmediatamente despus del nacimiento [pargr. 217 del CP)]. No se debe incluir en una cuestin varios hechos del acusado y tampoco los hechos de varios acusados; no se puede proponer una cuestin colectiva. La frmula de las cuestiones debe atenerse siempre a las palabras del derecho penal material. Nunca debe faltar la cuestin principal, esto es, si el acusado es culpable en el sentido del auto de apertura. La frmula jurdica debe contener las palabras de la ley penal de que se trate en el sentido propio, aadindose la forma de aparicin del hecho (tentativa, instigacin, etc.). El hec ho tiene que ser individualizado de manera que se lo pueda distinguir de otros. Adems, debe considerarse admisible una especificacin, aunque esto es discutido, vale decir, que se aadan las circunstancias de hecho en las que deben hallarse los conceptos jurdicos. La cuestin principal puede, entonces, rezar, p. ej., como sigue: El acusado es culpable de haber matado, el 13 de enero de 1902, en Berln, a un hombre, el guarda de fbrica PHylax residente en Berln y de haber ejecutado la muerte con reflexin? Si existe la posibilidad de una apreciacin jurdica del hecho distinta de la del auto de apertura, se debe poner una cuestin auxiliar para el caso de una contestacin negativa a la cuestin principal. Su construccin es la misma que la cuestin principal (es el acusado culpable?). Eventualmente, pueden aadirse a la cuestin principal o a la cuestin auxiliar, para el caso de su contestacin afirmativa, cuestiones accesorias. Estas son cuestiones mediantes las que se
debe contestar sobre determinadas circunstancias del hecho (circunstancias atenuantes; con respecto a menores y sordomudos, el discernimiento necesario para conocer la punibilidad [cfs. Code dinstr. crim., art. 340: l accus a -t-il agi avec discernement?]; causas de supresin de la pena; causas de atenuacin o agravacin de la pena [pargr. 295, 297, 298 de la OPP]. Excepto las partculas que se acaban de mencionar, que deben ser propuestas en una cuestin accesoria, no se puede separar nada de la cuestin de la culpabilidad, sea que sta est como cuestin principal o auxiliar, para formular cuestiones separadas. La cuestin: es el acusado culpable? abarca toda la cuestin de la culpabilidad, inclusive los aspectos de la antijuridicidad, de la culpabilidad, de la punibilidad, etc.; es inadmisible poner una cuestin separad relativa a la legtima defensa, a la embriaguez, a la calidad de diputado, etc. La necesidad que tienen los jurados de analizar todos estos aspectos est ya en la cuestin: es el acusado culpable?. Todos estos puntos pertenecen a los llamados subintelligenda. Pues, para elaborar la frmula de la cuestin, sirven, como se dijo antes, slo la ley penal, en el sentido propio (entonces, en cuanto se trate del Cdigo Penal, los pargrs. 80 y sigts.) y las nor mas sobre la forma de aparicin del hecho. Pertenecen tambin a los ya mencionados subintelligenda, p. ej., las circunstancias de carcter jurdico penal internacional, que deben ser calificadas segn los pargrs. 3 y sigts., y, adems, la aplicabilidad de la vieja o de la nueva ley penal (pargr. 2 del CP). Es materia de la instruccin jurdica llamar la atencin de los jurados sobre los subintelligenda que no estn expresados en la cuestin - .
Hemos tomado las citas de BELING, ERNST DERECHO PROCESAL PENAL LIBRERA ASSANDRI, CORDOBA 1943 TRAD. ROBERTO GOLDSCHMIDT Y RICARDO C. NEZ PRLOGO ENRIQUE MARTNEZ PAZ (DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO) se pide_ 25-6-34 / 343.1/ B/8192, en biblioteca de Derecho de la Facultad de CBA. - EL DEBATE PRINCIPAL ANTE LOS JURADOS, EN PARTICULAR (PARGR. 63. pgs. 168 ss), y no de la obra que cita Maier. 20 II. Todas las decisiones concernientes a la relacin procesal, al derecho de accin penal y a la constitucin del proceso (autos, sentencias formales) competen a los tres magistrados profesionales (a la corte). Si la corte considera deficiente la relacin procesal, cierra el procedimiento. El banco de los jurados no entra en tal caso en funcin. Sobre la causa misma deciden: / 1. Los jurados deciden obre la cuestin de la culpabilidad y la de las circunstancias atenuantes, y (contrariamente al derecho francs, al ingls y al prusiano) no slo lo que se refiere al hechos, sino tambin bajo el aspecto jurdico, cuestin de hecho y de derecho (pargr. 81 de la LO, pargrs. 262, 297 de la OPP); / 2. La corte decide sobre la cuestin de la
Ms all de la exigencia del correcto planteamiento de las cuestiones21, se observa que siempre el juez que queda en minora es obligado a abandonar su decisin inicial. Sealaba NEZ:
El voto de la Mayora sobre una cuestin obliga a la Minora, pues aquella es la que decide sobre cada punto objeto de las cuestiones. V.gr, pena, excepto la cuestin relativa a las circunstancias atenuante (y sobre la cuestin relativa a las dems medidas que se pueden imponer en el proceso penal: la composicin, la colocacin en casa de correccin, etc.). V. Despus, los jurados dan su veredicto contestando a las cuestiones que les han sido propuestas y hacindolo conocer por boca de su jefe. En la votacin sobre la cuestin de la culpabilidad decide la mayora de dos tercios, exigida por el pargr. 262 de la OPP, y en la relativa a las circunstancias atenuantes, la simple mayora; el derecho alemn no sigui el ejemplo del derecho anglo-americano, que exige la unanimidad para el veredicto. En consecuencia, en caso de negacin de circunstancias atenuantes se debe mencionar que esta decisin fue tomada por ms de seis votos, y en caso de cualquier otra decisin perjudicial al acusado, por ms de siete votos (pargrs. 301-8 de la OPP). / Si la corte considera que el veredicto dado a conocer es formalmente incorrecto o deficiente en relacin al fondo (vale decir, deficiente con respecto a su integridad, claridad o armona intrnseca), ordena un procedimiento de rectificacin, esto es, los jurados tienen que remediar el defecto; tratndose de un defecto sobre fondo, no estn obligados bajo ningn aspecto, por su veredicto anterior (pargrs. 309-312 de la OPP). / VI. Si resulta un veredicto sin defectos, se lo proclama al acusado, el que debe abandonar la sala de sesiones en el momento en que los jurados se retiran para su deliberacin, pero debe ser introducido nuevamente en esta oportunidad. Si contiene un no culpable, la corte debe absolverlo inmediatamente. Si dice culpable, despus de la proclamacin del veredicto se concede la palabra a las partes, y slo luego dictar sentencia la corte (pargrs. 314 y sigts.). En general, la corte no puede apartarse del veredicto de los jurados, sino que debe fundarse en l. Una excepcin rige para el caso en que por unanimidad considera que stos se han equivocado sobre el fondo de la causa en perjuicio del acusado; en este caso, se remite la causa a los jurados de la sesin prxima para un nuevo debate (pargr. 317; la llamada casacin del veredicto de los jurados) . / VII. El documento de la sentencia debe contener, como la sentencia dictada en el procedimiento que no se realiza ante los jurados, encabezamiento, dispositivo, motivos y firma. Los motivos pueden ser, por supuesto, slo los de la corte (excepto la cuestin de las circunstancias atenuantes); sin embargo, los motivos se integran por la referencia al veredicto, que, por consiguiente, queda incorporado en cierto modo a la sentencia (pargr. 316 de la OPP). Pero aun as subsiste un gran defecto: los motivos que han conducido al veredicto siempre permanecen desconocidos, y esta es otra circunstancia que exige la abolicin de los jurados. ibdem. 21 El presidente resumir el negocio, har notar a los jurados las principales pruebas en pr y en contra del acusado; concluir recordndoles con sencillez las funciones que tienen que llenar, y fijando con claridad las diversas cuestiones que deban decidir con relacin al hecho, a su autor y a la intencin. (168) L 16 y 29 de Setiembre de 1791, 2. part., tt. VII. Cdigo de Instruccin Criminal Francs.
si sobre la cuestin relativa a la existencia del hecho imputado, la Mayora decidiera, en contra de la Minora, que no hubo agresin de la vctima al victimario, al contestar la cuestin relativa a la calificacin legal, la Minora debe atenerse a esa decisin; o no sera admisible que en contra de la Mayora, un Juez se pronunciara por la incompetencia del Tribunal y que, negndose a votar la siguiente cuestin el Tribunal quedara desintegrado (Vlez Mariconde, Proyecto de 1968, p. 47). Sin embargo, la inobservancia de ese deber no est sancionada con nulidad
Como se advierte, expresada as, la cuestin nos conduce a repensar si ello no implica violentar la imparcialidad del juez. En lo que sigue, examinar en aproximaciones sucesivas las aristas que presenta el tema.
En verdad, podra desalentar mi examen y posteriores conclusiones este pronunciamiento de la Corte Suprema:
() toda vez que el voto de la mayora en una decisin previa obliga a la minora en todo tribunal colegiado, resulta improcedente que sta se niegue a intervenir, dejando desintegrada a la Corte (Fallos: 310: 2845). Por lo tanto corresponde pronunciarse sobre el mrito de los recursos extraordinarios interpuestos .
O este otro: () Que los argumentos relativos al modo en que se obtuvo la mayora
necesaria para apercibir al seor magistrado tampoco pueden ser atendidos, pues slo reflejan una dogmtica discrepancia del recurrente
Cdigo P. Penal de la Pvcia. de Crdoba, 1986 (1978), p. 377, com. Art. 410. Simn, Julio Hctor y otros s/ privacin ilegtima de la libertad, etc. (Poblete) causa N 17.768-. S. 1767. XXXVIII.; 14-06-2005; T. 328 P. 2056.
con una regla esencial en el funcionamiento de todo cuerpo o tribunal colegiado, consistente en que sus miembros deben deliberar hasta tanto alcancen el consenso necesario para tomar decisiones con las mayoras requeridas por los textos normativos de aplicacin al caso. / De ah, pues, que una vez obtenida esa mayora en la conclusin alcanzada, las diversas opiniones que los miembros del cuerpo fueron sustentando durante el curso de la deliberacin son absolutamente irrelevantes en la medida en que el debate y el intercambio de ideas tienen por objeto, precisamente, que los discursos argumentativos y el peso de las razones invocadas persuadan y convenzan a los dems integrantes del cuerpo de dejar de lado las opiniones inicialmente sostenidas para sumarse a otra que har mayora y ser, por ende, la nica conclusin vlidamente adoptada por el rgano de que se trata .
Sin embargo, sin desalentarme, por lo contrario, traigo a colacin un voto del Juez Adolfo R. Vzquez, cuando integraba la Corte Suprema, por lo que de l trasciende en orden a la imparcialidad en concreto de un juez. Dijo:
() Si bien, dado el carcter colegiado del Tribunal, una mayora de jueces puede imponerse a una minora a los efectos de pronunciar sentencia, no parece, en cambio, que tal modo de proceder sea aceptable en la etapa preliminar al dictado del fallo, mxime cuando de ello deriva una privacin para uno o ms jueces del derecho-deber de formar una opinin ms acabada sobre el mrito de la causa del modo que lo ha entendido ms conveniente, esto es, con previa opinin del Ministerio Pblico Que, aparte de lo anterior, debe ser considerado que a los fines del dictado de un vlido fallo por esta Corte que sea la resultante de una deliberacin libre y completa por parte de todos y cada uno sus jueces, cuando cualquiera de ellos exprese la necesidad de contar con la previa opinin del Ministerio Pblico para posteriormente expresar su voto, no
Resolucin N 1225/2006; Barbarosch, Alfredo. 10/08/2006. T. 329, P. 3109.
puede una circunstancial mayora imponerle un camino distinto, como sera el de obligarlo a votar sin contar con dicha previa intervencin fiscal. Que lo contrario constituye un avasallamiento a la tarea de juzgar, pues si bien es claro que dado el carcter colegiado de este Tribunal, una mayora de jueces puede imponerse a una minora a los efectos de pronunciar sentencia, no parece, en cambio, que tal modo de proceder sea aceptable en la etapa preliminar al dictado del fallo, mxime cuando de ello deriva, como aqu ocurre, una privacin para uno o ms jueces del derecho-deber de formar una opinin ms acabada sobre el mrito de la causa del modo que -segn un recto leal saber y entender- lo ha entendido ms conveniente, esto es, con previa opinin del Ministerio Pblico, que en autos fue refrendado por tres Jueces de este Tribunal. Es que, como resulta evidente, una mayora no puede condicionar, ni menos obligar, a una minora ni aun a un solo Juez del Tribunal, cualquiera sea, a que se aparte o deje de lado el modo en que entiende cumplir ms apropiadamente su funcin de juzgar. Admitir otra cosa, importa validar un lmite inaceptable al ejercicio de la funcin de juzgar que compete a cada juez de la Corte en forma individual y autnoma, y que lgicamente no puede quedar subordinada a voluntades ajenas. J.A. 2210-03. E.D. 03-11-03, nro. 179. En estos supuestos, la Corte Suprema "dar" vista al Procurador General (art. 33, inc. a, ap. 5 , segundo prrafo, ley 24.946). Tal conjugacin verbal da cuenta del carcter imperativo de la cuestin, y de que el Tribunal solamente puede excepcionar tal vista en los supuestos taxativos previstos en la norma, extremo este ltimo que lgicamente supone una decisin interna del Tribunal -previa al dictado de la sentenciaque tenga el consenso de todos y cada uno de los jueces. Y puesto que tal consenso no es ms que la suma de voluntades individuales, la expresin de estas ltimas no puede ser obstaculizada cuando cualquier juez entienda que para darla necesita previamente del dictamen del seor Procurador General. De hecho, el dictamen del Procurador es
imprescindible inclusive para el caso de que un juez decida oponer su disidencia frente a una mayora que pretenda imponer una solucin distinta. Si esa disidencia no cuenta con la previa vista ordenada por el citado artculo de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, habra de concluir
que tampoco podra ser pronunciada, lo cual es inaceptable porque coarta el poder decisorio del juez de que se trate, tornando tal pronunciamiento en un acto jurisdiccional rrito. 8) Que, finalmente, partiendo de la premisa de que toda sentencia para revestir el carcter de acto jurisdiccional vlido, debe integrarse con la totalidad de las opiniones que conformen la mayora, eventuales votos coincidentes y disidencias, no resulta ocioso destacar que la negativa dada por la mayora del Tribunal al pedido de uno de sus miembros de or previamente al Ministerio Pblico, equivale a cohonestar una suerte de subordinacin a tal mayora de la jurisdiccin que individualmente compete a cada juez del Tribunal, con efectos equivalentes a los de una delegacin de jurisdiccin no prevista por la ley. Y, en este orden de ideas, es bien sabido que ninguna autoridad judicial puede delegar en otra su propia jurisdiccin, salvo los casos establecidos por la ley (Chiovenda, G., Instituciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1940, vol. II, pg. 76), ninguno de los cuales se presenta en el sub lite .
Hago notar estas dos cosas: primero, el principio de la mayora en los tribunales colegiados que yo no pretendo discutir-, al que se ha referido el doctor Vzquez y es el principio sentado por la Corte, no conlleva que se le imponga a un juez cambiar su opinin. Retngase que la Corte menciona el intercambio de opiniones en la deliberacin que permite alcanzar el consenso necesario para tomar decisiones con las mayoras requeridas por los textos normativos de aplicacin al caso. Consenso, supone que media convencimiento pero nunca imposicin de unos sobre otros. Segundo, que el doctor Vzquez se refiri a un momento preliminar, antes de la decisin final, y enfatiz all que deba preservarse la
Competencia N 117. XXXIX.; Notificacin remitida por el juez federal con competencia electoral, autos N 42/03 caratulado "Barrionuevo, Jos Luis c/ Juzgado Electoral y de Minas de Catamarca y otro s/ amparo". Mayora: Molin O'Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, Lpez. Voto: Vzquez. Disidencia: Abstencin: Boggiano, Maqueda. 04/07/2003. T. 326, P. 2298.
independencia del juez frente a la opinin, en mayoras, de los otros integrantes del tribunal, aunque ese juez estuviera solitario en su postura. Ese mismo criterio debe imperar -y con mayor razn- en el momento culminante del procedimiento penal que es el dictado de la sentencia. Para la Corte, como principio, no se presenta la dificultad, porque las disidencias se hacen constar y la sentencia se emite con mayora. Ningn juez es obligado a cambiar de opinin. Puedo, adems, relacionar esta aseveracin de la doctora Carmen M. Argibay, Jueza de la Corte Suprema, contenida en el considerando 18) de su voto concurrente en un fallo en el que el Tribunal remiti a QUIROGA:
18) Por otra parte, debe pensarse qu ocurrira si trasladsemos el argumento de control que se brinda como justificacin del artculo 348, 2 prrafo, CPPN, para el hipottico caso de querer implementar un sistema de vigilancia similar respecto de los jueces. En tal supuesto, nadie dudara en calificar como un escndalo que, bajo el argumento de revisin republicana, se asignase a determinados funcionarios el rol de imponer a un juez el contenido de una sentencia porque la que ste ha dictado se considera insatisfactoria. Doy este ejemplo al solo efecto de demostrar que, en realidad, es posible pensar en controles menos invasivos de las competencias constitucionales .
Sealo que esto mismo, mutatis mutandi, se debe poder decir de la imposicin del contenido de su voto a un juez por otros jueces, de su misma jerarqua y en el mismo caso que juzgan. Incluso, el criterio que se ha difundido en nuestros tiempos, el de la horizontalidad, lleva a cuestionar la vinculacin de los jueces a los fallos plenarios y aun a las doctrinas legales que emanan de los Tribunales Superiores y Cortes de provincias.
V., CS, Alas, Leonardo Fabin s/ recurso de casacin. A. 138. XL.; 30-08-2005; T. 328 P. 3271.
LA DELIBERACIN. LA DECISIN
1. La influencia del derecho procesal continental europeo y especficamente de la legislacin procesal penal italiana es incuestionable entre nosotros. MANZINI explic que a la deliberacin se procede en Cmara de consejo, expresin ms bien referida al lugar, cerrado, en que ella se verificaba. Bajo el ttulo de Inmutabilidad del colegio, se refiri este autor a la identidad fsica del juzgador pero sin emplear estas palabras. Es importante retener que l subray que las reglas se aplicaban tambin a los debates de impugnacin, por lo que nosotros proyectamos a stos nuestras reflexiones. Cito a MANZINI en diversos tramos de sus explicaciones27:
() En la deliberacin colegiada hay que distinguir dos momentos: el individual (discusin y votacin) y el colectivo (decisin). El colegio no tiene conciencia ni convicciones propias; son los miembros singulares de l quienes las tienen y quienes las expresan y unifican mediante la votacin, de la que resulta la decisin. Esta no es un acto de los jueces singulares, sino del colegio: de manera que, formada la decisin, la opinin y la voluntad personal de los jueces no tiene ya poder alguno. Objeto de la deliberacin de la sentencia del juez colegiado del mrito son los extremos de la imputacin. La deliberacin se hace mediante la resolucin de dos rdenes de cuestiones, el primero de hecho, el segundo de derecho, lo que da lugar a un doble silogismo. () La materia de este examen, que consiste en un anlisis y en una sntesis, la dan exclusivamente los resultados de las pruebas que la ley no prohba como fuentes de conviccin del juez. Cada miembro del
MANZINI, DERECHO PROCESAL PENAL, TRAD. DE SANTIAGO SENTS MELENDO Y MARINO AYERRA REDN, PRLOGO DE NICETO ALCALZAMORA Y CASTILLO, E.J.E.A., BS. AS., 1953.
colegio, como ya lo hemos indicado, forma as su conviccin individual segn la particular significacin que en su mente se determina a consecuencia del indicado anlisis y de la mencionada sntesis. Fijada esta conviccin, el juez la manifiesta al colegio mediante su voto. () Todos los jueces deben votar sobre cada cuestin, cualquiera que sea el voto dado por ellos sobre las cuestiones anteriores (artculo 473, pargr. tercero). Las declaraciones de abstencin no se admiten. Todos los jueces que componen el colegio deben encontrarse en situacin, para la validez de la deliberacin, de realizar las indicadas operaciones intelectuales en condiciones normales (vase tambin vol. IV, n. 420, II). Para la validez de la decisin es necesario que sta sea deliberada, al menos por la mayora de un voto (vase artculo 473 pargrafo tercero)... Puesto que el colegio es una entidad autnoma e indivisible que desarrolla su funcin mediante deliberacin, no existe, o mejor, no tiene existencia jurdica, la voluntad de la minora. La decisin de la mayora es la decisin del colegio; todas las voluntades singulares se unifican en esa nica decisin, al punto de que la sentencia debe ser firmada siempre por todos los votantes (arts. 474, 475, n. 5) y sin ninguna reserva...
Aqu, en una nota a pie, el citado tratadista aclara: En cambio, en el sistema ingls, de la sentencia debe resultar tanto la opinin de la mayora como la de la minora o la de cada uno de los jueces disidentes. Sigue:
() Como la deliberacin es secreta, la eventual existencia de una minora y el modo como se form la mayora, se sustraen a toda censura exterior, y nadie puede reclamar (art. 473, penlt. pargrafo). El hecho de que un juez pertenezca a la minora solo puede tener el efecto, de orden interno e incensurable, de exonerarlo de la redaccin de la
IV, Nmero 456, p. 478 y sigs. Y tomo II, nro. 115, p. 159 y sigs.
sentencia, por no constreirlo a motivar contra conciencia. [Destacado mo].
Tratar de sostener que la solucin del sistema ingls, que relacion MANZINI, es la que mejor se compadece por no decir que es la nica que se compadece- con los principios superiores, de orden constitucional, que reclaman aplicacin en la materia. Interesa todava citar otra nota a pie:
No se sabe con qu reglas se tomaban las decisiones en la Edad Media ms remota. Despus del ao 1000, a imitacin de lo que haba establecido la ley romana sobre las citaciones, se asign al voto del presidente eficacia prevalente. En las magistraturas colegiadas
venecianas, en cambio, la mayora de un voto no era suficiente para condenar, sino que eran necesarios, segn los casos, los dos tercios, los tres cuartos, los cuatro quintos, los cinco sextos o los cinco octavos de los votos (vase tambin vol. I, p. 93). En otras partes se consultaba a un jurisconsulto, o se agregaban otros jueces, pero antes de hacerlo as, se repeta varias veces la votacin (hasta cinco veces en Venecia). Vase Pertile, Storia del diritto italiano, II, 2, pgs. 205 y sigtes. En la primera mitad del siglo XIX se discuti mucho en torno a la eficacia de las votaciones judiciales. Quien pretenda que la condena slo poda pronunciarse en caso de unanimidad de sufragios; quien quera que, en caso de condena por mayora, a cada voto contrario correspondiera una disminucin de pena: unos exigan la mayora absoluta, otros se contentaban con la mayora simple. Barbacovi, Della pluralit nei giudizi criminali (Raccolta di trattati memorie di legislazione e giusprudenza criminale, Firenze, 1821, I, pgs.. 26 y sigtes.), observaba: Cuando el nmero de los jueces que condenan al acusado supera en dos o ms votos el nmero de los que lo absuelven, estoy lejos de creer que deba quedar libre de toda pena, como debe quedar libre cuando no hay contra l ms que la preponderancia de un solo voto. Lo que me propongo demostrar ahora es, no ser justo que la ley d todo el poder a la pluralidad de las voces y no cuenten para nada los votos de la minora: sino que
quiere la razn que la pena dictada por la mayora sea templada y disminuida proporcionalmente al nmero de los votos que estn a favor del acusado, quitando de la pena tantos grados cuantos son los votos de los jueces que no la estiman justa. Concepto formalstico y, por as decirlo, mecnico. De Sonnenfels, Sopra la maggioranza del voti nelle sentenze criminali (Raccolta, cit., pgs. 125 y sigtes.), en cambio, quera que ninguna condena pudiera pronunciarse sin la unanimidad de los votos: Si la pluralidad de los votos basta para pronunciar la sentencia, puede muy bien ser condenado un inocente y absuelto un verdadero reo. Pero ello puede ocurrir tambin con el peligroso sistema de la unanimida d. Si la unanimidad de los votos est prescrita por las leyes, en el caso de que sta no se efecte slo podr ocurrir que un inocente, sin poder ser condenado, no sea absuelto (non liquet) o que un verdadero reo, sin tener asegurada tambin para el futuro la impunidad, no sea condenado por ahora. Pero estas hiptesis no tienen ya sentido en el derecho vigente. Sobre la cuestin puede verse tambin: Petroni, De iure suffragii, Pavia, 1782; Boeklerus, De calculo Minervae; Cocceius, De eo quod instum est circa num. suff .
MANZINI haca notar que no quedaban en Italia colegios en nmero par y por tanto no era posible la mayora absoluta como mayora mnima (mitad ms uno) no pudindose materialmente obtener la mitad de los votantes. Se exige entonces, deca, la mayora relativa de los votantes o sea la mayora de un voto. Y, en sealamiento que merece subrayarse a los fines de este trabajo, destacaba que en cuanto a la decisin de la sentencia, en los colegios mayores se exiga la mayora absoluta, en los colegios menores no bastaba la mayora. En 1343 se dispuso, seal, que, en caso de disentimiento inconciliable, recurrieran los jueces al
P. 162-163, nota 27
Dux30, quien estableca cul deba ser la decisin. Ordinariamente, si en dichos colegios menores haba disentimiento, se repeta por tres veces la votacin y si no se lograba la unanimidad siendo tres jueces, se eliminaba uno por suertes, y los dos restantes tenan que ponerse de acuerdo en un sentido o en otro31.
2. Es preciso sealar que el sistema adoptado por los cdigos procesales argentinos es el de la deliberacin en secreto32, no el acuerdo pblico, para dictar sentencia [Cmara del Consejo33, en la terminologa italiana]. Segn Glasson, en la Edad Media el sistema era el de la publicidad. El secreto reconoce influencia del derecho cannico34. Clemente A. Daz distingue entre sentencia colegial y sentencia pluripersonal: para formar la primera "cada miembro del tribunal se instruye por separado y privativamente de la causa y emite su voto, los que luego se cuentan en el acto de acuerdo". En cambio, "La sentencia pluripersonal es la negociacin de la colegialidad: No se trata de saber qu opina cada uno de los
El dux (latn dux, lder) o dogo (del italiano doge, adaptacin del veneciano doxe, y este a su vez del latn dux), era el ms alto cargo oficial de la Repblica de Venecia, vigente durante ms de mil aos, entre el siglo VIII y el siglo XVIII. Este ttulo fue tambin utilizado durante un breve perodo en la Repblica de Gnova. Tambin, Dux, prncipe o magistrado supremo de las repblicas de Venecia y Gnova [WIKIPEDIA]. 31 T. I, p. 93, El proceso vneto, en el CAP I, DESARROLLO HISTRICO, 7 bis. 32 La regla del secreto domina el procedimiento instructorio y el procedimiento en Cmara de consejo [MANZINI, ob. cit., III, nro. 276 bis, p. 54]. 33 b) Procedimiento en Cmara de consejo () La expresin Cmara de consejo slo designa el procedimiento que se despliega sin debate pblico y no implica que deba hacerse ante un Consejo o sea ante un colegio. La Cmara de consejo es la sala adonde se retira el juez para deliberar, y se contrapone a la sala de las audiencias. Se ha tomado un trmino de lugar para designar una determinada forma de procedimiento y no ya para indicar que ella exija pluralidad de jueces [ibdem., p. 56]. 34 Vid. ACUERDOS PBLICOS O PRIVADOS PARA DICTAR SENTENCIA EN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, por Juan Manuel OLCESE, en JA., 1988-III, 780-783.
miembros del tribunal, sino qu opina el tribunal, que es distinto" (Instituciones de derecho procesal, t. I). Dice DE LA VEGA, en una antigua nota35, que para los tribunales colegiados el principio de la motivacin 36 de la sentencia es doblemente imperativo, porque la fundamentacin es impuesta respecto de cada una de las cuestiones que se decidan, sean de hecho y de derecho. En nuestro sistema, la decisin tomada entre
Carlos DE LA VEGA, FORMAS DE LA SENTENCIA FALTA DE FUNDAMENTACIN DE LA MISMA. NULIDAD, en JA., 1919-III, 461-494. Es interesante recordar que este autor examina las normas de la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires de 1873. Cito: Artculo 170.- En las causas en que la prueba no se defiera al jurado, los tribunales colegiados, que conozcan de ellas, originariamente o en virtud de recurso, establecern primero las cuestiones de hecho y enseguida las de derecho, sometida a su decisin, y votarn separadamente cada una de ellas en el mismo orden. / Artculo 171.- El voto en cada una de las cuestiones de hecho o de derecho, ser fundado, y la votacin principiar por el miembro del tribunal que resulte de la insaculacin que al efecto debe practicarse. / Artculo 172.- Los procedimientos ante los tribunales son pblicos; sus acuerdos y sentencias se redactarn en los libros que deben llevar y custodiar, y en los autos de las causas en que conocen, y publicarse en sus salas respectivas de audiencia, a menos que a juicio del tribunal ante quien penden, la publicidad sea peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso debe declararlo as por medio de un auto. / Artculo 176.- Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados en lo Civil, Comercial o Criminal sern fundadas en el texto expreso de la ley, y a falta de ste, en los principios jurdicos de la legislacin vigente en la materia respectiva, y en defecto de stos en los principios generales del derecho, teniendo en consideracin las circunstancias del caso. El actual artculo 168, establece: Art. 168 Los tribunales de justicia debern resolver todas las cuestiones que les fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales. / Los jueces que integran los tribunales colegiados debern dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayora de opiniones acerca de cada una de ellas. Dijo que la estructura del Poder Judicial de la Provincia databa de la Constitucin de 1873, que no tocaron las reformas de 1878 y 1889. Sostuvo que la Constitucin sigui la ley procesal del Cantn de Ginebra, remitiendo, para corroborar su aseveracin, a los debates de la Convencin (discurso del convencional Pereyra, t. II, p. 1125). Y el modo de votacin de las cuestiones lo ejemplifica con un tramo de la Exposicin de Motivos de la ley de Procedimientos Civiles del Cantn de Ginebra, del Profesor E, BELLOT, autor de dicha ley, sobre la nulidad de un testamento. 36 Los estatutos constitucionales, lo mismo que las leyes y las decisiones de la justicia, deben ser motivados. La mencin de los motivos es una garanta de verdad y de imparcialidad, que se debe a la opinin, y un medio de resolver las dudas ocurridas en la aplicacin por la revelacin de las miras que ha tenido el legislador, y de las necesidades que se ha propuesto satisfacer [ALBERDI, LAS BASES].
varios debe ser una expresin de voluntad nica que sea la decisin del Estado. La propuesta nuestra no altera este postulado.
-N-. La norma de la Constitucin de Buenos Aires citada a pie de pgina la contenida en el artculo 168- exige en ese nivel normativo que los jueces voten todas las cuestiones. Ello ha podido motivar un examen de sus alcances en sentencia de la Suprema Corte de esa Provincia, con disidencias. Hago notar que el doctor Hitters, por ejemplo, vot por la nulidad de la sentencia de grado por violacin, a su entender, de esa exigencia constitucional, resultando su postura minoritaria, aunque obtuvo la adhesin de otros dos jueces . Sin embargo, todo votaron las dems cuestiones y quienes se pronunciaron por la nulidad coincidieron en que los recursos de nulidad y de inaplicabilidad de ley eran infundados en el caso. Se trataba de un asunto de familia divorcio-; en materia penal el tema merece, si cabe, una mayor atencin aun. Creo que es un error identificar la obligacin de votar todas las cuestiones con la necesidad de coincidir en el sentido de los votos. En el caso de la Suprema Corte de Buenos Aires, por ejemplo, es claro que las decisiones pueden adoptarse por mayora.
Si se tratara
de juicios orales, entonces, para los tribunales revisores deben imperar las mismas reglas que dejo sealadas. Surge otro problema: el relacionado con los votos de adhesin en los tribunales colegiados. El Tribunal de Casacin Penal de la Provincia de Buenos Aires ha sentado, por mayora, esta doctrina plenaria: La frmula de adhesin voto en igual sentido por ser mi sincera e ntima conviccin comprende la adhesin a los
fundamentos, abasteciendo suficientemente la exigencia
constitucional . Esto no podra decirse en Chubut, ya que la Constitucin manda esto: ARTICULO 169.- Las resoluciones judiciales deben ser motivadas, con adecuada fundamentacin lgica y legal. En el caso de los rganos colegiados, la fundamentacin es individual, aun cuando coincida con la conclusin de otro de los miembros .
Ac 82867, 07/07/04, P., S. B. c/I., D. s/Divorcio vincular. Es lo que dice la Constitucin, Artculo 168. 39 Causa n 7903, y sus acollaradas causas n 15311 y 15481, caratulada Zapata, Horacio Miguel s/ Rec. de casacin. Convocatoria a Acuerdo Plenario , 23-03-2004. 40 Sin embargo, vase lo que hubimos de decir en LOS COMPORTAMIENTOS INSTITUCIONALES, EL DERECHO Y LA VIGENCIA DE LAS CONSTITUCIONES
Otro fallo ste, de un Tribunal de Morn- record, al declarar la inconstitucionalidad del artculo 22 del Cdigo de la Provincia de Buenos Aires, reformado por la ley 13.943 prev que para el caso de delitos cuya pena mxima en abstracto no exceda de quince aos de prisin o reclusin, el Tribunal en lo Criminal se formar con un solo juez-, que el canon 4 de las Reglas Mnimas de las Naciones Unidas para la Administracin de la Justicia Penal (conocido como Reglas de Mallorca), (que) seala El juzgamiento, en caso de delitos graves, deber ser de la Competencia de Tribunales colegiados y, si se tratara de delitos leves o faltas, podrn serio de Tribunales unipersonales". / En consecuencia del texto mismo de las citadas Reglas Mnimas de las Naciones Unidas para la Administracin de Justicia Penal se desprende el compromiso de los Estados que lo ratificaron de adaptar sus legislaciones a los principios emergentes de aquella normativa hum anitaria supranacional . Estas Reglas que la Repblica Argentina ha ratificado no son meras recomendaciones, sino que tienen obligatoriedad y para el Estado incumplidor podran generar
responsabilidad tal como lo ha declarado la CSJN en casos similares.
1. Pretendo discutir, entonces, si es compatible con el paradigma constitucional del proceso penal aquella postura de MANZINI, a saber: Puesto que el colegio es una entidad autnoma e indivisible que desarrolla su funcin mediante deliberacin, no existe, o mejor, no tiene existencia jurdica, la voluntad de la minora42. Y, tambin, pretendo profundizar esta suerte de
A propsito de la ley 4550 y las Acordadas 3202 y 3204 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut [LA LEY, 2000 - D 380]. 41 Tribunal en lo Criminal N 4 del Departamento Judicial Morn, causa n 3026 (C.A.P), 15 de mayo de 2009. 42 Esta solucin se mantiene en cdigos de base acusatoria. Santa Fe: ARTCULO 138. Resoluciones de los Tribunales Colegiados. A fin de emitir pronunciamiento los miembros de Tribunales Colegiados establecern los puntos sobre los que sea necesaria decisin. Acordarn un orden lgico de tratamiento de los mismos que permita resolver paulatinamente aquellos cuya definicin resulte presupuesto de los otros; lo que se resuelva al respecto ser tenido como definitivo a los efectos de la apreciacin de los dems temas, debiendo sobre ellos pronunciarse los jueces no obstante la opinin que hubieran podido emitir
concesin al sistema a la que aludi MANZINI: El hecho de que un juez pertenezca a la minora solo puede tener el efecto, de orden interno e incensurable, de exonerarlo de la redaccin de la sentencia, por no constreirlo a motivar contra conciencia.
2. Es menester, creo, retomar la exigencia constitucional del resguardo de la imparcialidad del juzgador que no tiene por qu ceder en el momento ms trascendental del proceso, que es el de la sentencia. Cito a FERRAJOLI:
La sujecin slo a la ley, como premisa sustancial de la deduccin judicial y a la vez nica fuente de legitimacin poltica, expresa, pues, la colocacin institucional del juez. Esta colocacin -externa a los sujetos en causa y al sistema poltico y extraa a los intereses particulares de unos y a los generales del otro- se hace patente en el requisito de la imparcialidad y tiene su justificacin tico-poltica en los dos valores -la bsqueda de la verdad y la tutela de los derechos fundamentales- antes asociados a la jurisdiccin. El juez no debe tener ningn inters, ni general ni particular, en una u otra solucin de la controversia que est llamado a resolver, al ser su funcin la de decidir cul de ellas es verdadera y cul es falsa () Llamar imparcialidad (terzieta) a la ajenidad del juez a los intereses de las partes en causa; independencia, a su exterioridad al sistema poltico y, ms en general, a todo sistema de poderes; naturalidad, a que su designacin y la determinacin de sus competencias sean anteriores a la perpetracin del hecho sometido a su juicio. Estos tres aspectos de la imparcialidad del juez requieren garantas orgnicas consistentes en otras tantas separaciones: la imparcialidad exige la separacin institucional del juez respecto de la acusacin pblica; la independencia demanda su separacin institucional de los otros poderes del estado y, por otra parte, la difusin de la funcin judicial entre sujetos
anteriormente. Si no se obtiene mayora respecto al monto de la pena deber aplicarse el trmino medio de todos los votos. Chubut, artculo 329, IV., etc.
no dependientes entre s; la naturalidad requiere su separacin de autoridades comitentes o delegantes de cualquier tipo y la
predeterminacin exclusivamente legal de sus competencias. Resulta, en fin, superfluo aadir que la imparcialidad, ms all de las garantas institucionales, es un hbito intelectual y moral, que no difiere del que debe presidir cualquier forma de investigacin y conocimiento. Este conjunto de condiciones -orgnicas y culturales- definen la figura del juez que se deriva del principio de jurisdiccionalidad. Y determinan adems una especfica colocacin poltica, tanto de los jueces como individuos, cuanto del orden judicial en su conjunto.
Aado otra cita del mismo autor y obra:
() La independencia externa e interna. La separacin de poderes y el nacimiento de la figura del juez moderno. La independencia del juez de cualquier otro poder, identificada como la segunda garanta orgnica, es una adquisicin del moderno estado de derecho conexa, tanto terica como histricamente, a la afirmacin del principio de estricta legalidad y de la naturaleza cognoscitiva de la jurisdiccin, por una parte, y de los derechos naturales o fundamentales de la persona, por otra. Si la legitimidad del juicio se funda en la verdad procesal, cuya decidibilidad depende de la determinacin semntica de las leyes y por tanto de los vnculos exclusivamente legales de la jurisdiccin, es claro que sta requiere la independencia del juez no menos que su condicin de tercero, para garantizar su imparcialidad y, en consecuencia, la igualdad de los ciudadanos. Por otro lado, si el juicio ha de estar dirigido a impedir arbitrariedades y abusos potestativos sobre las libertades individuales por parte de los poderes de gobierno, la independencia de los jueces es garanta de una justicia no subordinada a las razones de estado o a intereses polticos contingentes. Los fundamentos externos o polticos de la independencia son en definitiva los mismos verdad y libertad- que legitiman la jurisdiccin. Y exigen que la independencia de la funcin judicial est asegurada tanto para la magistratura como orden, frente a los
Derecho y razn, p. 579.
poderes externos a ella y, en particular, al poder ejecutivo, como al magistrado en calidad de individuo, frente a los poderes o jerarquas internas de la propia organizacin, siempre en condiciones de interferir de algn modo la autonoma del juicio
Yo no podra mejorar estos fundamentos para sostener mi punto de vista.
3. Como haba ya sealado el doctor Maier, en un tribunal integrado por tres jueces, la simple mayora y los dos tercios resultan en los dos casos dos jueces. Es cierto lo que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nacin y se refleja aun en aquel voto del doctor Vzquez que he citado-, esto es, que la mayora obliga a la minora en un tribunal colegiado en el momento de la sentencia. Pero ello debe entenderse, no como la desaparicin de las disidencias, si no, en el sentido de que la mayora impone su solucin sin obligar a modificar el criterio de los jueces disidentes. Ello queda a diario reflejado en todos los tribunales del pas, incluyendo a la misma Corte Suprema. De modo que las leyes procesales deben preservar la garanta de la imparcialidad del juzgador. Recurdese lo que dispuso el Cdigo italiano de 1930: En cualquier otro caso, cuando sobre una cuestin hay paridad de votos, prevalece la opinin ms favorable al imputado.
Se trata de retomar esa previsin pero introduciendo ahora el principio de imparcialidad independencia- del juez, de cada juez. As, en un tribunal de tres jueces se requerir la unanimidad para la
declaracin de culpabilidad. Bastar un juez para imponer la absolucin o la situacin menos desfavorable para el acusado desde que este principio de imparcialidad- impide constreir a un juez a modificar su opinin y en tanto la ley asumira que un voto favorable al imputado significa, objetivamente, que mediara una duda razonable. En Argentina, es improbable la paridad porque los tribunales se integran normalmente en nmero impar. Pero las leyes han dispuesto y disponen que en tal supuesto, el de paridad, prevalezca la postura menos desfavorable para el imputado. En un tribunal de tres no queda otra solucin que la que propicio, segn creo, es decir, no imponerle al disidente la opinin de los otros dos sino entender que no bastan, para resolver en un sentido positivo la cuestin de cargo o de culpabilidad o de responsabilidad, dos votos.
-N-. Ya el doctor Maier haba advertido que la cuestin de cargo deba votarse sin dividirla, como una nica cuestin citando la Ley Orgnica de los Tribunales [LOJ (GVG)] alemana . Recuerdo esas normas, citando los siguientes pargrafos :
195 [Imposibilidad de rechazar la votacin]. Ningn Juez o Escabino podr rechazar la votacin sobre una cuestin, basndose en que ha quedado en minora en la votacin sobre una cuestin precedente. 196 [Mayora absoluta: mayora de opiniones]. (1) El Tribunal decidir, en tanto la Ley no determine lo contrario, por mayora absoluta de votos. / (2) Si con referencia a cuantas sobre las que se tenga que decidir, se formaran ms de dos opiniones, de las cuales ninguna tuviera la mayora, los votos dados a la suma ms elevada se aadirn al cmputo de los votos dados a la inmediatamente inferior, hasta que resultare una mayora. / (3) Si se formaran en una causa penal, independientemente de la
El error consiste en pretender separar lo que es inseparable, la accin humana y su relacin con una norma abstracta que la califica, slo posible de dividir a efectos de su estudio terico [Ob. cit., p. 229]. 45 Traduccin de Gmez Colomer, ob. cit.
cuestin de culpabilidad, ms de dos opiniones, de las cuales ninguna tuviera la mayora, los votos ms desfavorables para el inculpado se aadirn a los inmediatamente menos desfavorables, hasta que resultare la mayora necesaria. Si se formaran en la cuestin de punibilidad dos opiniones, sin que ninguna tuviera la mayora necesaria, valdr la opinin menos desfavorable. / (4) Si resultara, en el Tribunal de Escabinos ocupado por dos Jueces y dos Escabinos, empate de votos en una cuestin sobre la que se tenga que decidir por mayora simple, decidir el voto del Presidente.
Sigue despus, en el pargrafo 197, el ltimo de la Ley, el orden de las votaciones46. 4. La cuestin puede ser intrincada. Roxin a quien cita Gmez Colomer-, sent estos principios generales: a) hay que votar primero los presupuestos procesales, por mayora simple [pargrafo
A semejanza del Proyecto de 1987 y del Cdigo Modelo para Iberoamrica, el doctor Maier proyect para Chubut la siguiente norma: 49. Deliberacin. Inmediatamente despus de clausurado el debate, los jueces pasarn a deliberar en sesin secreta, a la cual slo podr asistir el secretario. / El tribunal apreciar la prueba segn su libre conviccin extrada de la totalidad del debate; slo sern valorables, sometidos a la crtica racional, los medios de prueba obtenidos por un procedimiento permitido e incorporados al debate conforme a las disposiciones de la ley; la duda siempre favorece al acusado. / El tribunal resolver por mayora de votos. Los jueces podrn fundar separadamente sus conclusiones, o en forma conjunta cuando estuvieren de acuerdo. Las disidencias sern fundadas expresamente. / El tribunal decidir primero las cuestiones relativas a su competencia y a la promocin o prosecucin de la persecucin penal cuando hubieren sido planteadas o hubieren surgido durante el debate, siempre que ellas puedan decidirse sin examinar la cuestin de culpabilidad. Si se decide proseguir, quien hubiere quedado en minora deber deliberar y votar sobre las cuestiones siguientes. / La decisin posterior versar sobre la absolucin o la condena. En el caso del art. 35, el tribunal pronunciar sentencia, sin resolver la cuestin de la pena, y fijar audiencia para la continuacin del debate o para el debate sobre la determinacin de la pena, en caso de que sea necesario. / Prosigue la determinacin de la pena o de la medida de seguridad y correccin aplicable, cuando el dispositivo de la decisin anterior lo torne necesario. Para decidir esta cuestin deliberarn y votarn todos los jueces, incluso aquellos cuya opinin haya quedado en minora, quienes debern atenerse al tenor de la condena o de la declaracin que torna viable una medida de seguridad y correccin. / Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de pena o de medidas de seguridad y correccin, o, dentro de una misma clase, penas o medidas divisibles o indivisibles, el tribunal deliberar y votar, en primer lugar sobre la clase o especie de pena o medida, y decidir por mayora de votos. Si no fuere posible lograr la mayora se aplicar la pena o medida intermedia. / Si la pena o medida decidida fuera divisible y no existiere mayora en cuanto a la cantidad, se aplicar la que resultare de la suma y divisin de todas las opiniones expuestas.
196, ap. (1) GVG (Ley Orgnica de los Tribunales)]; b) despus hay que votar la cuestin de culpabilidad, por mayora de dos tercios [pargrafo 263, ap. (1), StPO (Ley Procesal Penal); c) luego la cuestin de punibilidad, esto es, las consecuencias jurdicas del hecho, tambin por mayora de dos tercios [pargrafo 263, ap. (1) StPO], d) finalmente, las costas, por mayora simple. En el jurado popular, el veredicto se extrae o por unanimidad como ha sido histricamente-47, segn dir despus, o por una mayora especial, dos tercios en algunas soluciones legales o nueve opiniones sobre un total de doce miembros, que significa una mayora ms agravada que los dos tercios, segn otras leyes. Ello tiene que ver con la exigencia, de orden constitucional, de atenuar todo lo posible el margen de error y especialmente atender al beneficio de la duda en concreto.
-N-. Debe prestarse atencin al caso de la Provincia de Crdoba, que ha instaurado un tribunal mixto : Art. 37.-Deliberaciones. INMEDIATAMENTE despus de terminado el debate, bajo pena de nulidad, los jueces y jurados que intervengan, pasarn a deliberar en sesin secreta, a la que solamente podr asistir el Secretario. Art. 41.-Normas de la Deliberacin. En la deliberacin, el Tribunal resolver todas las cuestiones que hubiesen sido objeto del juicio, fijndolas -si fuere posible- en el siguiente orden: 1) Las incidentales que hubiesen sido diferidas.
El veredicto del jurado popular deba ser acordado por unanimidad de votos en el Proyecto que Florentino Gonzlez y Victorino de la Plaza prepararon en cumplimiento de la ley 483. Nos hemos referido a ese Proyecto, entre otros trabajos, en LECTURA CONSTITUIONAL DEL PROCESO PENAL OPSCULOS DE DERECHO PROCESAL PENAL, Ediciones del Copista, Crdoba, marzo de 2010, -1-, P. 36, NMERO 4. En los proyectos presentados en la Cmara de Diputados de la Nacin V. Orden del Da 1330/98- se establecieron diversas mayoras, la mitad ms uno de los miembros del jurado que tambin variaba-, o dos tercios o un nmero fijo, para el veredicto de culpabilidad [vase JUICIO POR JURADOS EN EL PROCESO PENAL, Ed. AD-HOC, autores varios, Bs. As., 2000, pp. 431-496]. 48 Ley N 9182.
2) Las relativas a la existencia del hecho delictuoso, con discriminacin de las circunstancias jurdicamente relevantes. 3) La participacin del imputado. 4) La calificacin legal y la sancin aplicable. 5) La restitucin o indemnizacin demandadas. 6) Imposicin de costas. Art. 43.-Mayoras. Las cuestiones planteadas en el Artculo anterior sern resueltas, sucesivamente, por mayora de votos. Art. 44.-Votacin y Fundamentos. Los jurados y los dos jueces integrantes del Tribunal, con excepcin del Presidente, votarn sobre las cuestiones comprendidas en los Incisos 2) y 3) del Artculo 41 y sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Si mediara discrepancia entre los dos jueces y los jurados, y stos formaran mayora, la fundamentacin lgica y legal de la decisin mayoritaria correr por cuenta del Presidente de la Cmara, excepto que uno de los jueces tcnicos haya concurrido a formar mayora, en cuyo caso la fundamentacin ser elaborada por este. Si la decisin mayoritaria de los jurados no fuera unnime, los jurados que hayan emitido su voto en sentido contrario a la mayora podrn adherir al voto de alguno de los jueces que concurrieron a formar la minora. En igual sentido, el Presidente de la Cmara deber motivar la decisin minoritaria de los jurados cuando ninguno de los dos jueces hubiera votado en el mismo sentido que aquellos. Escapa mi cometido aqu una crtica a esta ley, aunque no puedo dejar de decir que seis votos por la culpabilidad sobre un total de once no parece una solucin razonable. Sealo que en ella no se especifica una mayora especial, por lo que habr de entenderse que se requiere mayora de seis ms de la mitadsobre diez. Entiendo que votan diez de los once miembros, los ocho escabinos y dos de los tres jueces permanentes, excluido el presidente del tribunal. De modo que podra mediar empate y en tal supuesto decidira el presidente. Obsrvese que de modo expreso la ley prev mayoras y minoras y no exige a ningn miembro modificar su opinin. Las disidencias quedan registradas.
5. En nuevo avance, propicio acudir a otros principios involucrados, como el in dubio pro reo, favor rei, y el principio pro homine. Si lo que se trata es la cuestin de culpabilidad
especficamente, la respuesta negativa de un juez, en un tribunal de tres miembros, resultara definitiva para imponer la absolucin. De
un lado, como hemos sentado, no se le podra imponer que modifique su criterio, y, de otra parte, hay que integrar aqu el principio del in dubio pro reo49: obsrvese que un juez es el treinta y tres por ciento del total del tribunal. Parece una importante proporcin como para entender aplicable, de un modo objetivo, porque trasciende de la subjetividad de cada juez, el principio, constitucional, de la duda. En tal caso -pretendo sostener- diramos que es incierto el hecho o que existe duda sobre la participacin o responsabilidad del procesado, por lo que nunca podra tener lugar una sentencia de condena en tanto la dubitacin favorece al reo. La sentencia condenatoria slo procede si hay certeza de culpabilidad:
() en el proceso penal, debido a la importancia de los intereses individuales involucrados, la sentencia de condena slo puede ser el resultado de un convencimiento que est ms all de toda duda razonable, acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible (conf. Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamrica, en el caso Winship, 397 U.S. 358). [Del dictamen del Procurador EDUARDO EZEQUIEL CASAL, de 21 de diciembre de 2006, en P. 894. XXXIX. RECURSO DE HECHO. Palmiciano, Pablo Marcelo s/ causa N 4551].
Aprciese la antigedad del principio: Destac MANZINI [Ob. cit., II, p. 164, nota (32)], en situacin de paridad, el principio general que los antiguos denominaban calculus Minervae. La denominacin calculus Minervae, se hace derivar de la Ifigenia de Eurpides, donde se imagina que la regla hubiera sido dictada por la propia Minerva () Y esta ley para los dems que promulguen, que, aun con clculos iguales, venza el reoAristteles, Reth., c. 19, advierte que la regla tuvo valor desde la ms remota antigedad, consagrada por las religiones y adaptada por todos los pueblos civilizados () En el derecho romano la misma regla se recoge en la I., 38, D, 42, I (Paulo)Entre jueces iguales en nmero, si se profieren sentencias diferentes en las causas liberales, segn lo constituido por el Divino Po, se decide en favor de la libertad; pero en las otras causas por el reo, lo que hay que observar aun en los juicios pblicos. En todos los juicios penales napolitanos el nmero de los jueces era igual, a fin de poder aplicar la regla en discurso (NICOLINI, La Proc. pen., III, n. 1144). Jos II, emperador de Austria y Gran Duque de Toscana, acogi en su Cdigo la misma regla, que fue tambin adoptada en el Piamonte por el Cdigo de Carlos Felipe (art. 2253).
concurrencia de la unanimidad en un tribunal de tres miembros colegio menor- y de mayoras especificadas en cada caso, segn sean los miembros del tribunal del juicio en colegios mayores. Retomo esta aseveracin de MANZINI: Cada voto tiene idntico valor en la deliberacin50 y la proyecto en la decisin. En estos ltimos, dejando a salvo siempre y haciendo constar- la opinin disidente51. No es lo que dijo la Corte, para descalificar un fallo hace mucho tiempo, segn he citado, a saber: el art. 29 de la ley orgnica de los tribunales del Chaco obliga al juez que integra la sala a optar por el criterio de uno de los votos disidentes, no
Ob. cit, II, p. 173. Seal MANZINI, en relacin con la aplicacin de la pena: En el Cdigo de proced. pen. de 1807 para el reino de Italia, estaba igualmente prescrito que si en la votacin haba habido disentimiento, se deba poner a votacin, excluida la opinin ms severa, la menos severa inmediatamente siguiente y si tampoco sta consegua la mayora absoluta de votos, se deba proceder a la misma operacin sobre la siguiente, hasta que, quedando slo dos y debiendo los jueces determinarse por la una o por la otra, resultara finalmente la mayora. Si haba igualdad de voto, se deba adoptar la opinin ms benigna. Esta regla se funda en el principio lgico de que quien ha demostrado querer lo ms, tiene que querer lo menos. Contra esta regla, discutida ya desde los tiempos de las reformas napolenicas, D. Riva, Anlisi ragionata del Cd. de proc. pen., Bologna, 1812, III, pgs. 194 y sigtes., observa que, aplicndola, solo se tiene una voluntad presunta. Ser verdad: pero presunta sobre la base de un axioma lgico. Por lo dems, No sera reprobable acaso constreir a los jueces a votar expresamente por una solucin que consideran contraria a su conciencia?. [ob. cit., II, p. 163, nota (30. (Destacado agregado)]. Aadi, igualmente en relacin con la pena, que la mayora es la que da la mayor garanta de justicia, segn el clcul o de probabilidades [ibdem., pgs. 163-164]. Y record que CONDORCET propona que se aplicara el clculo de probabilidades tambin a la organizacin de los colegios judiciales () a fin de que sus decisiones resultaran lo ms conformes posibles a la justicia. Propona, agreg, un tribunal de 65 miembros y que la decisin se tomara con la mayora de 9 votos, proposicin que MANZINI descalific en cida crtica. Importa aun citar a MANZINI: En la votacin de las cuestiones distintas de las concernientes a la aplicacin de la pena, se observa por analoga la regla del artculo 276, penlt. pargr., Cd. proc. civ.: Si acerca de una cuestin se proponen varias soluciones y no se forma la mayora con la primera votacin, el presidente pone a votacin dos de las soluciones para excluir una, luego pone a votacin la no excluida y la eventualmente restante, y as sucesivamente, hasta que las soluciones queden reducidas a dos, y sobre ella se hace la votacin definitiva.
obstante opinar que los procesados eran responsables del delito, pero en grado de tentativa? Es decir, lo obligaba indebidamente. Cabe recordar que Vlez Mariconde afirmaba que era errneo incluir estas reglas en las disposiciones generales del Cdigo, como se hace en otros cdigos que siguen el ejemplo del Cdigo Procesal Penal Nacional (art. 13, desde luego, se refiere al originario). Recuerda que la Constitucin Nacional de 1949, en su art. 29, estableci expresamente el principio, segn el cual en caso de duda deber estarse siempre a lo ms favorable al procesado, aadiendo que as se le acord al principio una extensin exagerada. Puntualiza que: "La regla deriva de la Constitucin pero rige tan slo en el momento de dictar sentencia" (y no cuando el juez de instruccin deba resolver la situacin del imputado). Por ello, agrega, que el Proyecto de Cdigo para Crdoba de 1968 incluye la regla entre las normas para la deliberacin de la sentencia (V. art. 410 Cd. de Crdoba de 1970); y culmina: "A mi criterio, aqu se trata de la duda que recae, en general sobre los hechos que sirven de base a la imputacin, y no sobre la interpretacin de la ley; es decir, que atae a la existencia del hecho delictuoso o a cualquier circunstancia consumativa, a la participacin del imputado, a su imputabilidad, a su estado psquico"52-53. Tal vez convenga citar a FERRAJOLI:
"Derecho Procesal Penal", 2da. edicin, Ed. Lerner, Bs. As. 1969, t. II, pg. 49, ap. d; vase tambin la edicin actualizada por Ayn y Cafferata Nores, cit. en com. al art. 1, t. III, pg. 67. 53 Importa destacar que la Corte ha examinado el alcance en concreto del principio in dubio pro reo, abriendo el recurso extraordinario. Vase, entre otros: Vega Gimnez, Claudio Esteban s/tenencia simple de estupefacientes -causa N 660-. V. 1283. XL; RHE; 27-12-2006; T. 329 P. 6019. M. 794. XXXIX; RHE Miguel, Jorge Andrs Damin s/p.s.a. de homicidio. 12/12/2006. T. 329, P. 5628. Antiir, Omar Manuel - Antiir, Nstor Isidro - Parra Snchez, Miguel Alex s/ homicidio en ria y lesiones leves en ria y en conc. real. A. 2450. XXXVIII. REX; 04-07-2006; T. 329 P. 2367.
el modelo de derecho penal mximo, es decir, incondicionado e ilimitado, es el que se caracteriza, adems de por su excesiva severidad, por la incertidumbre y la imprevisibilidad de las condenas y de las penas; y que, consiguientemente, se configura como un sistema de poder no controlable racionalmente por ausencia de parmetros ciertos y racionales de convalidacin y de anulacin. Debido a estos reflejos, el sustancialismo penal y la inquisicin procesal son las vas ms idneas para permitir la mxima expansin e incontrolabilidad de la intervencin punitiva y, a la vez, su mxima incertidumbre e irracionalidad. Por un lado, en efecto, la equivalencia sustancialista entre delitos y mala in se, aun cuando en abstracto pueda parecer un criterio ms objetivo y razonable que el nominalista de la identificacin del delito con lo que es declarado tal por el legislador, concluye en la ausencia del lmite ms importante al arbitrio punitivo que, adems, es la principal garanta de certeza: la rgida predeterminacin respecto del proceso de lo que es calificable como delito. Por otro lado, la investigacin inquisitiva con cualquier medio de verdades sustanciales ilusorias ms all de los limitados recursos ofrecidos por el respeto a las reglas procesales conduce de hecho, y tanto ms si se une al carcter indeterminado o valorativo de las hiptesis legales de desviacin, al predominio de las opiniones subjetivas y hasta de los prejuicios irracionales e incontrolables de los juzgadores. Condena y pena son en estos casos incondicionadas: en el sentido de que dependen nicamente de la supuesta sabidura y equidad de los jueces. He hablado hasta ahora de certeza e incertidumbre refiriendo genricamente estos dos conceptos a la libertad de los ciudadanos de los castigos arbitrarios () La certeza perseguida por el derecho penal mximo est en que ningn culpable resulte impune, a costa de la incertidumbre de que tambin algn inocente pueda ser castigado. La certeza perseguida por el derecho penal mnimo est, al contrario, en que ningn inocente sea castigado, a costa de la incertidumbre de que tambin algn culpable pueda resultar impune. Los dos tipos de certeza y los costes ligados a las incertidumbres correlativas reflejan intereses y opciones polticas
contrapuestas: por un lado, la mxima tutela de la certeza pblica respecto
de las ofensas ocasionadas por los delitos; por otro lado, la mxima tutela de las libertades individuales respecto de las ofensas ocasionadas por las penas arbitrarias. Podemos disipar as el equvoco de una mtica certeza o verdad que sera perseguida por el garantismo
cognoscitivista. La certeza, aun no absoluta, a la que aspira un sistema penal de tipo garantista no es ya que resulten exactamente comprobados y castigados todos los hechos previstos por la ley como delitos, sino que sean castigados slo aquellos en los que se haya probado la culpabilidad por su comisin. En todo caso, ambas certidumbres son subjetivas y relativas, afectando a verdades igualmente opinables y probabilsticas. Su diferencia est slo en los criterios opuestos con los que se obtienen. La certeza de derecho penal mnimo de que ningn inocente sea castigado viene garantizada por el principio in dubio pro reo Es el fin al que tienden los procesos regulares y sus garantas. Y expresa el sentido de la presuncin de no culpabilidad del imputado hasta prueba en contrario: es necesaria la prueba - es decir, la certidumbre, aunque sea subjetiva- no de la inocencia sino de la culpabilidad, sin tolerarse la condena sino exigindose la absolucin en caso de incertidumbre. La incertidumbre es en realidad resuelta por una presuncin legal de inocencia en favor del imputado precisamente porque la nica certidumbre que se pretende del proceso afecta a los presupuestos de las condenas y de las penas, y no a los de las absoluciones y de las no penas. Por lo dems, es sta la forma lgica de todos los principios garantistas ms arriba formalizados: los cuales, como se ha observado, establecen las condiciones necesarias en ausencia de las cuales no es lcito castigar y no las suficientes en presencia de las cuales no es lcito no castigar La certeza de derecho penal mximo de que ningn culpable quede impune se basa en cambio en el criterio, opuesto pero igualmente subjetivo, in dubio contra reum. Indica una aspiracin autoritaria'' .
6. Juzgo de inters relacionar a esta altura un estudio sobre el jurado. Respecto del veredicto del jurado ingls, puede citarse el
Ob. cit., pgs. 105-107.
estudio de LAGO, URRIZOLA, ZENTNER55, en el que se especifica que, constituido por doce miembros inicialmente, podra reducirse hasta en tres miembros, como mximo. El veredicto debe adoptarse, por regla, con la unanimidad de sus miembros. Un veredicto mayoritario puede permitirse si la deliberacin del jurado se ha extendido por ms de dos horas, aunque los jueces suelen intentar que sea unnime concediendo algn tiempo extra. Si el jurado est constituido por nueve miembros, solo es posible el veredicto unnime. En el jurado de doce miembros, son necesarios once votos; en el de once, diez, en el de diez, nueve. El mismo estudio nos seala que en el jurado norteamericano la resolucin debe adoptarse por la totalidad de los miembros del jurado, en el orden federal, aunque aclaran que la Suprema Corte ha considerado vlidas decisiones adoptadas por nueve o diez de los doce jurados. Sin embargo, cuando se trata de jurados de seis miembros ha exigido la unanimidad en casos no menores56.
7. Puede examinarse el caso de un tribunal de cinco miembros: si se exigen cuatro quintos para la decisin de culpabilidad, es igual a cuatro votos. Si no hay cuatro votos por la condena, esta no podra pronunciarse. Es claro que esta tesitura supone que no se impone al o a los disidentes el deber de expedirse
V. LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN EL PROCESO PENAL, en SISTEMAS PROCESALES PENALES COMPARADOS, Edmundo HENDLER, Director, ADHOC, Bs. As., 1999, pp. 485-540. En esa misma obra puede verse El sistema procesal penal de Inglaterra y gales, por ANITUA, CAPUCCIO y ZENTNER, pp. 269-368. Especialmente, vase en p. 313 el apartado 5.4.8.2. Veredicto por mayora. 56 En algunas regulaciones se ha exigido y se exige la unanimidad para la aplicacin de la prisin o reclusin perpetua como el Cdigo de Per, Artculo 393 Normas para la deliberacin y votacin.- () 4. Las decisiones se adoptan por mayora. Si sta no se produce en relacin con los montos de la pena y la reparacin civil, se aplicar el trmino medio. Para imponer la pena de cadena perpetua se requerir decisin unnime.
sobre todas y cada una de las cuestiones, y un diseo correcto de la ley procesal u orgnica. Sometida a votacin la cuestin de culpabilidad, si dos jueces la rechazan se impone la absolucin ya que el principio de imparcialidad del juzgador impide exigirles a estos dos jueces que se expidan aplicando y cuantificando la pena a quien ellos han considerado no culpable. Adems, debe entenderse la ley debe consagrar- que dos votos sobre cinco implican, objetivamente, concurrencia de la duda razonable. Resuelta la cuestin esencial, la de culpabilidad o de cargo, en sentido adverso al acusado, las otras deben resolverse bajo el mismo postulado, es decir, que dos jueces sobre cinco impondrn los criterios menos desfavorables para el imputado. El tribunal del recurso del condenado se integra habitualmente tambin con tres jueces y se proyectan al debate en su seno los mismos principios. Dos aclaraciones se imponen: una, que no podra entenderse que los jueces que votan positivamente la cuestin de cargo o culpabilidad, a su vez, se veran constreidos, por la minora, a adoptar una decisin que no comparten lo que igualmente se traducira en violacin a su independencia. Ello as, por cuanto no se les exige modificar su criterio, que, incluso, debe quedar reflejado en la decisin desaparece entonces la reserva a que aluda MANZINI-, sino que la ley dispone que no alcancen sus votos para condenar al imputado. La otra aclaracin es que la exigencia al juez que ha quedado en minora para continuar votando las cuestiones, conlleva la inicial postura del legislador de posibilitar la condena. De otro modo, si quien ha quedado en minora se ha pronunciado en contra del imputado, -en la cuestin de cargo o de culpabilidadlos otros
jueces imponen su criterio y debe absolverse. Resulta destacable
que algunas leyes disponen que, mediando discrepancias y no pudiendo formarse mayora, quienes hayan votado por un criterio ms desfavorable deben sumarse a quienes se han pronunciado por otro menos desfavorable. Esto es, hacen primar el principio de favor rei aunque no conservan la solucin siempre o con el alcance que se pretende en esta nota.
Culmino retomando los principios, como en el comienzo de esta nota. Los desarrollos que he propuesto ponen en evidencia que en la estructura de la sentencia penal se encuentran vinculados estos principios:
Inmutabilidad o continuidad e identidad fsica del juzgador.
Imparcialidad e independencia del juez. Favor rei Pro homine Tutela judicial efectiva Motivacin y publicidad de la sentencia
a) Inmutabilidad o continuidad e identidad fsica del juzgador. Una de las reglas fundamentales del debate es la inmediacin que supone oralidad, concentracin, continuidad e identidad fsica del juzgador57. Desde luego, no se propicia aqu que esas reglas -garantas- se modifiquen o alteren. Todas las leyes procesales -he citado algunas- consagran el principio: la sentencia
Conf. MAIER, O.P.P., p. 185.
es deliberada por los mismos jueces que han participado en el debate. b) Imparcialidad e independencia del juez. Sin afectar el precedente principio, propicio que se preserve, en el acto ms importante -la sentencia- la imparcialidad e independencia de cada juez lo que supone que no debe quedar vinculado a los criterios de los otros jueces por el solo fundamento de orden legal, exclusivamente- de que su criterio ha quedado en minora. Ello se traduce en la exigencia de concebir otro modo para arribar al fallo otro modo de entender la debida motivacin- y no en el quebrantamiento del primer principio identidad del juzgador-, puesto que quienes deliberan la decisin son solo los jueces que han intervenido en el debate. Supone que cada uno de los criterios emitidos quede registrado tal como fue concebido por su autor al votar y resolver cada cuestin. La potencial desintegracin del tribunal que provocara el juez que ha quedado en minora al mantenerse en su posicin inicial, no es estrictamente tal si se advierte que, en rigor, el tribunal el mismo que ha participado en el debate- no queda nunca impedido de pronunciarse. Otra cosa es cmo se pronuncia la sentencia. El tribunal no se desintegra pero no puede adoptar el criterio ms desfavorable para el imputado sin resguardar este principio, el de la imparcialidad e independencia de cada juez que lo integra.
c) Favor rei. Este principio impera en el acto de la sentencia ms que en ningn otro momento del procedimiento. Todo voto favorable al imputado tiene potencialidad para introducir la duda en el acto de la decisin. Por esto, la ley debera exigir en primera votacin la unanimidad. Solo en una segunda votacin debera
admitirse una mayora agravada. Aunque en un colegio menor -tres jueces-, el voto de uno de los integrantes en favor de la absolucin o de una postura menos desfavorable inclina la balanza en favor del imputado, porque un voto constituye en l el treinta y tres por ciento (33%) y dos tercios no deberan alcanzar. De otra forma, se le impone al disidente cambiar su postura. Esto no ocurrira en los colegios de mayor nmero cinco o ms jueces-, ya que se contemplaran las votaciones del siguiente modo: cuatro votos sobre cinco aqu se exigiran cuatro quintos, como dije antes-, etc. Obsrvese que las personas no pueden dividirse, pero los nmeros s. Pero la ley debera sealar claramente en nmeros exactos la exigencia en cada caso. Si se registrara paridad, entonces, significara que la cuestin de cargo o de culpabilidad quedara rechazada o debera adoptarse la posicin menos desfavorable. El mayor nmero hace decrecer la posibilidad de error y mejora la solucin en trminos de justicia, minimizando el principio de la duda. Se nos podra decir que siempre que medie una disidencia se dara la duda y es esto, creo yo, lo que ha podido inspirar la exigencia de unanimidad-, pero no es lo mismo un voto sobre cinco que uno sobre tres. Y todos los criterios deberan hacerse constar58. Y el tribunal no se desintegrara por ello.
Dispone el Cdigo de Honduras: ARTICULO 336.- Normas para la deliberacin y la votacin. El Tribunal, para resolver, slo tendr en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que sern apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crtica. / El Tribunal de Sentencia deliberar y votar respecto de todas las cuestiones debatidas en la primera fase del juicio oral, segn el orden siguiente: / 1) Las relativas a la procedencia de la accin penal y las relacionadas con los incidentes que se hayan diferido para este momento; / 2) Las relativas a la existencia del hecho, su calificacin y dems circunstancias del delito, a la participacin que en l haya tenido el imputado y a los casos de con-curso de leyes o de delitos; y, / 3) En su caso, el mnimo y el mximo de la pena aplicable. / Las decisiones se adoptarn por mayora de votos. El miembro del Tribunal que disienta, emitir voto particular razonado . El Cdigo Procesal penal de la Repblica Dominicana, establece: Art. 333.- Normas para la deliberacin y la votacin. Los jueces que conforman el tribunal aprecian, de un
Recurdese que en un jurado de nueve miembros se ha exigido por regla la unanimidad y que en nuestro pas se han proyectado leyes de jurados exigiendo la unanimidad Gonzlez/ de La Plaza-, o ms de dos tercios para un jurado de doce miembros, esto es, nueve, como se advierte en varios proyectos presentados en la Cmara de Diputados de la Nacin y en el jurado contenido en el Cdigo que el doctor Julio Maier prepar para Chubut. Desde luego, no dejo de advertir que en nuestras leyes, como regla, no se ha adoptado el jurado popular y que, en cambio, la magistratura es de carcter profesional a salvo tribunales mixtos como el Crdoba-. Pero el diseo constitucional de nuestro juicio penal reconoce fuente en aquel sistema del jurado. Y la debida motivacin de la sentencia es una exigencia de jerarqua constitucional. Tienen jerarqua constitucional, tambin, los principios de imparcialidad e independencia del juez y del favor rei. d) Pro homine. Ligado con el inmediatamente anterior, impera especialmente desde el derecho convencional y acudo a l para reforzar el criterio que sustento, a saber: que debe cuidarse no tan solo el modo como se proponen las cuestiones esto, de lege lata-, sino el modo en que las mismas se votan y resuelven preservando el principio de la duda razonable. Se ha dicho sobre l: un criterio hermenutico que informa todo el Derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma ms amplia o a la interpretacin ms extensiva, cuando se trata de
modo integral cada uno de los elementos de prueba producidos en el juicio, conforme las reglas de la lgica, los conocimientos cientficos y las mximas de experiencia, de modo que las conclusiones a que lleguen sean el fruto racional de las pruebas en las que se apoyan y sus fundamentos sean de fcil comprensin. Las decisiones se adoptan por mayora de votos. Los jueces pueden fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta cuando existe acuerdo pleno. Los votos disidentes o salvados deben fundamentarse y hacerse constar en la decisin.
reconocer derechos protegidos o, inversamente, a la norma o a la interpretacin ms restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensin extraordinaria"59.
e) Tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, derecho humano fundamental, integra el derecho a los recursos cuando la ley los prev o cuando los tratados incorporados lo exijan, aunque la ley los omita. El derecho del condenado a un recurso en contra de la condena y de la pena [C. N., CADH, PIDCP] es incuestionable hoy en su versin ms amplia [CorteIDH HERRERA ULLOA-, Corte Suprema CASAL-]. Si la postura minoritaria se desecha, no se hace constar en la sentencia -como lo imponen algunas leyes-, ello impide el correcto contralor por el tribunal revisor y afecta el derecho de defensa. Igualmente, aunque se hiciera constar, si la ley exige que el juez disidente modifique su postura inicial se afecta el derecho a la tutela judicial efectiva.
f) Motivacin y publicidad de la sentencia. Aunque el secreto que se impone en el acto de la deliberacin puede aceptarse histricamente, no siempre ha sido as-, no es aceptable, en cambio, que quede en reserva cada opinin de los jueces que han concurrido a formar la decisin. Esto dicho para las leyes que imponen la reserva. Adems de afectarse as el derecho al control de la sentencia por las partes, se quebranta el principio republicano
CARPIO MARCOS, Edgar, La interpretacin de los derechos fundamentales Palestra Editores Lima 2004, Serie Derechos y Garantas No. 9, pg.28 y la referencia a PINTO, Mnica. El Principio pro homine. Criterios de hermenutica y pautas para la regulacin de los derechos humanos, En ABREGU, Martn y Christian COURTIS (Compiladores) Editores El Puerto, Bs. As. 1997, p. 163.
de la publicidad de los actos de los poderes pblicos nada menos que en el acto ms esencial del procedimiento penal60. Acudo nuevamente a FERRAJOLI:
La ltima garanta procesal de segundo grado, que tiene el valor de una garanta de cierre del sistema SG, es la obligacin de la motivacin de las decisiones judiciales. Aunque se encuentren huellas de la motivacin en las jurisdicciones estatutarias, en la eclesistica de la Santa Inquisicin () y antes an en la de los magistrados romanos (), el principio de la obligacin de reddere rationem de las decisiones judiciales, y especficamente de las sentencias, es rigurosamente moderno. Encarecida por Bacon () y despus por el pensamiento ilustrado (), la obligacin fue sancionada por primera vez en la Pragmtica de Fernando IV de 27 septiembre 1774 (); despus por el art. 3 de la Ordonnance criminelle de Luis XVI de 1 de mayo de 1788 (); posteriormente, por las leyes revolucionarias de 24 de agosto y 27 de noviembre de 1790 y por el art. 208 de la Constitucin francesa de 1795, y, por fin, recibida a travs de la codificacin napolenica por casi todos los cdigos decimonnicos europeos (). Mayores resistencias encontr la obligacin de motivar en los sistemas anglosajones de tradicin acusatoria a causa de la discutible idea de la incompatibilidad entre motivacin tcnica y veredicto de los jurados .
Voltaire, Comentario, cit., XXIII, p. 159: En fin, por qu en algunos pases las sentencias no son nunca motivadas? Hay acaso vergenza en dar el motivo de un juicio?, Condorcet, Rflections d'un citoyen non gradu sur un procs bien connu (1786), en Oeuvres, cit., t. W, p. 152: (El derecho natural) exige que todo hombre que emplee contra miembros de la sociedad la fuerza que ella le ha confiado, le rinda cuentas de las causas que le han movido a ello. En vano se dira que, en el fallo impreso, el escribano corrige con un ttulo detallado este silencio insultante para la nacin. Esto no es, aqu, ms que un pretexto que encubre la culpable intencin de reservarse el derecho de romper o de guardar silencio segn motivos particulares; J. Bentham, Rationale of Judicial Evidente, specially applied to English Practice (1827), en The Works, cit., VI, pp. 356 SS., donde la motivacin se considera altogetber desirable y objeto no de una obligacin of tbe legal Kind sino slo un deber of tbe moral Kind (p. 357) [citado por FERRAJOLI, Derecho y Razn, p. 691, nota 363]. 61 Ob. cit., p. 622-3.
() Es por la motivacin como las decisiones judiciales resultan
avaladas y, por tanto, legitimadas por aserciones, en cuanto tales verificables y refutables aunque sea de manera aproximativa; como la validez de las sentencias resulta condicionada por la verdad, aunque sea relativa, de sus argumentos; como, en fin, el poder jurisdiccional no es el poder tan inhumanopuramente potestativo de la justicia del cad, sino que est fundado en el saber, tambin slo opinable y probable, pero precisamente por ello refutable y controlable tanto por el imputado y por su defensa como por la sociedad .
-N-. Ejemplos. En el ejemplo que dio CLARI, que he recordado, en que un vocal niega la participacin, otro afirma autora y el tercero sostiene complicidad secundaria, en rigor, no puede haber sentencia de condena. Creo que no est bien desdoblar la cuestin, como l propuso. Recuerdo esta reflexin del doctor Maier: El sistema, correcto segn la doctrina alemana e nsito e n el pargrafo 195 que obliga a votar sobre todas las cuestiones (Karl Peters, pargrafo 52, 2, b, bb, p. 382), consiste en la votacin nica de la cuestin de cargo (Totalabstimmung) . Maier pone estos dos ejemplos: A vota porque el hecho no existe, B porque existe pero lo ha perpetrado otra persona, C porque el imputado obr inculpablemente o su accin no es antijurdica. Tendramos tres absoluciones por distintos motivos, pero si los dos primeros, puestos en la necesidad de votar y supuesto que fueron vencidos en sus votos mencionados, afirman las dems preguntas, el acusado resulta condenado. El error consiste en pretender separar lo que es inseparable, la accin humana y su relacin con una norma abstracta que la califica, slo posible de dividir a efectos de su estudio terico. El sistema de votacin nica de la cuestin de cargo evitara este resultado, segn el autor citado. El otro ejemplo que da el doctor Maier es el siguiente: Supongamos el ejemplo ms sencillo de un delito tipo y otro calificado en que se vote primero por el delito tipo y luego por la circunstancia agravante. Primera votacin , A sostiene la inculpabilidad del acusado, pese a dar por probada su accin como homicidio calificado, B el homicidio simple y C el homicidio calificado; el acusado resulta
Ob. Cit., p. 623. O.P.P, p. 229.
condenado por homicidio calificado, pese a que esta opinin slo es sostenida por C. Si se votara cada cosa como cuestin nica, primero el supuesto ms grave y luego el menos grave, como corresponde, el acusado es condenado por homicidio simple. Entiendo que se hace un esfuerzo para arribar a la condena. En el ejemplo de Clari, es evidente que si uno de los jueces no modifica su criterio obligado por la ley, no por convencimiento-, entonces, no cabe si no la absolucin porque hay tres posturas distintas. Y cabe igualmente, en mi opinin, segn he procurado mostrar, si uno adhiere luego al criterio menos desfavorable pero el otro se mantiene en la negativa. Obsrvese que en el desdoblamiento que propici el maestro cordobs, hay una compulsin a avanzar de todos modos hacia la condena, por esto se proponen diversamente las cuestiones. De lo contrario, corresponde la absolucin como queda dicho. Y subyace tambin en los ejemplos del doctor Maier. Si un juez ha votado por la inculpabilidad del imputado nunca puede luego considerar que ha mediado un tipo penal agravado y aplicar despus pena. Es este el absurdo que reflejo y me he propuesto discutir. En el tribunal de tres miembros, solo cabe la absolucin en estos ejemplos. En colegios mayores, puede resultar condena con el nmero de votos que he indicado solo como alternativa a los sistemas conocidos. El juez que ha votado por la inculpabilidad no es obligado a cambiar ese criterio, que mantiene al votar las otras cuestiones, esto es, siempre por la negativa y en favor del acusado. El tribunal no se desintegra, es el mismo que particip en el debate y la o las disidencias se hacen constar y se computan es decir, no se ignoran- en la decisin final. En definitiva, se trata, en la decisin, de establecer la responsabilidad penal definida como quiere FERRAJOLI, esto es, como el conjunto de las condiciones normativamente exigidas para que una persona sea sometida a pena .
Ob. cit., p. 91. Tambin: Las garantas penales, al subordinar la pena a los presupuestos sustanciales del delito -lesin, accin y culpabilidad- sern efectivas en la medida que stos sean objeto de un juicio en el que resulten aseguradas al mximo la imparcialidad, la veracidad y el control. Por eso las garantas procesales, y en general las normas que regulan la jurisdiccin, se llaman tambin instrumentales frente a las garantas y a las normas penales, designadas en cambio como sustanciales.
Cito, finalmente:
Por ltimo, una cuarta condicin institucional de la responsabilizacin social de los jueces es la personalizacin de todas las funciones judiciales, sean decisorias o de acusacin: a travs de la institucin del juez monocrtico de primer grado y la consiguiente supresin de la distincin entre tribunales y preturas y, por otro lado, mediante la introduccin de la obligacin de dar cuenta, en todas las decisiones colegiadas, del eventual disenso de uno o varios componentes del tribunal y de sus votos particulares Porque, en efecto, uno de los principales factores de la irresponsabilidad de los jueces, es el anonimato en el que a veces se esconde su actividad. Con la personalizacin de las funciones judiciales, la paternidad de los juicios no estara referida a entidades annimas como el Tribunal, la Corte de Apelacin, la Corte de Casacin, la Seccin Instructora, la Magistratura y otras abstracciones similares, sino a los magistrados concretos que toman las decisiones, o que participan en ellas, y que, as, quedaran expuestos personalmente al juicio y a la crtica de la opinin pblica. Especialmente, el voto particular en las decisiones colegiadas comporta la corresponsabilizacin de todos los integrantes del rgano colegiado, sin posibilidad para ninguno de instalarse cmodamente en las decisiones de la mayora o bajo la cobertura de la minora. Y, sobre todo, es un decisivo factor de ruptura de la coartada del puro tecnicismo y
neutralidad de la decisin, al hacer posible que salga al exterior, no, como ahora sucede, una sola verdad -es decir, una sola interpretacin de la ley y una sola valoracin de los
hechos y de las pruebas- sino verdades distintas y en contraste, capaces de suscitar la atencin, el debate, la crtica informada y, de ese modo, el control pblico sobre las actuaciones de los jueces65. Es claro que la admisin de esta postura nuestra implica considerar inconstitucionales las leyes procesales que obligan a un juez a desentenderse de su opinin precedente, si ha quedado en minora, especficamente en la cuestin de cargo o de culpabilidad, y concurrir a decidir las dems cuestiones planteadas. Y, desde luego, nulas las sentencias as dictadas.
FERRAJOLI, ob. cit., pp. 602-3. En la pg. 673, nota 260, puede leerse: En favor del juez nico mejor que colegiado porque responde al concepto de mayor responsabilidad, se pronunci L. Lucchini, o. c. p. 179. La publicidad de las opiniones discordantes en los tribunales colegiados fue criticada por Hegel con el peculiar argumento de que expresan puntos de vista aun particulares en contraste con el carcter universalmente vlido de las sentencias ( Principios de la filosofa del derecho, cit., 224, p. 296). Sobre los orgenes de la dissenting opinion en las deliberaciones pblicas de la Common Law Courts y de la House of Lords en su funcin de rgano de ltima instancia, y sobre la recepcin de la institucin en el procedimiento civil sovitico, cf. M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, cit., pp. 347 ss. Sobre la perspectiva de una personalizacin del juez como factor de responsabilizacin mediante la introduccin del juez monocrtico y/o la institucin del disenso-, cf. L. Ferrajoli, Per una riforma dell'ordinamento giudiziario, en Problemi del Socialismo, 1973, 18, pp. 810 ss.; G. Zagrebelsky, Il giudice monocratico: prospettive di riforma, en Rivista di Diritto processuale, 1981, pp. 330 ss.; A. Baldasarre, L'opinione dissenziente' e l'intervista di Amadei, en Democrazia e Diritto, 1981, 1-2, pp. 238 ss.; S. C. Panza y A. Reposo, Le dissenting opinions ancora alla ribalta, en Quaderni constituzionali, 1981, pp. 595 ss. Sobre el carcter difuso del poder judicial como rasgo sobresaliente y peculiar de la jurisdiccin, vase E. Capaccioli, Forma e sostanza dei provvedimenti relativi ai magistrati ordinari , en Rivista italiana di Diritto e Procedura penale, 1964, pp. 273 ss.; S. Senese, Sovranit popolare, cit. La ley n. 117 de 1988 sobre la responsabilidad civil, que fue la ocasin para introducir la institucin de la publicidad del disenso, lo rechaz de manera irresponsable, introduciendo el disenso oculto con el alambicado sistema del sobre sellado, justamente censurado por la sentencia n. 18 de 1989 por la Corte constitucional, que ha afirmado, entre otras cuestiones, la plena legitimidad constitucional de la dissenting opinion.
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