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Timestamp: 2018-03-21 20:28:48+00:00

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SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA Y LEON DE 20-06-2016 SOBRE
Conductor de autobús con patología cardíaca al que el INSS declaró no afecto de IPT y el Servicio de Prevención ajeno no apto para desempeñar su puesto de trabajo.
El supuesto al que se enfrenta la Sala al resolver el recurso se produce de manera frecuente y, en ocasiones, pone de manifiesto cierta descoordinación de las decisiones judiciales en el ámbito de las relaciones laborales y de Seguridad Social.
En este caso al actor le fue denegada en vía administrativa la pensión de IPT no obstante su dolencia cardiaca, resolución que fue confirmada en sede judicial, tras lo que el Servicio de Prevención ajeno a la empresa le declaró no apto para desempeñar su puesto de trabajo a causa de la citada dolencia, calificación en base a la cual la empresa acordó la extinción de su contrato por causas objetivas.
El Tribunal de suplicación revoca la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del despido al considerar que el demandante no tiene la capacidad requerida para desarrollar su trabajo.
Recurso de Suplicación núm. 946/16 interpuesto por Auto Res S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Zamora, de fecha 14/10/2015 (aclarada por auto de 5/11/2015), recaída en Autos seguidos a virtud de demanda promovida por D. Eliseo contra precitado recurrente, sobre despido.
PRIMERO.- D. Eliseo presentó demanda en el Juzgado de lo Social nº 2 de Zamora. Se dictó sentencia estimando la pretensión subsidiaria de referida demanda y declarando la improcedencia del despido del actor.
D. Eliseo ha venido prestando servicios para Auto Res S.L. desde el 8-5-1998, con la categoría profesional de Conductor, percibiendo una remuneración de 2.625,71 euros mensuales con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias.
El actor interesó el reconocimiento de una situación de IP para su profesión habitual en base a una dolencia cardiaca, recayendo sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Zamora el 30-10-2014 desestimando sus pretensiones, y en cuyos hechos probados se recoge:
- El actor ha estado de I.T. por mareos desde el 27-1 al 20-6-2014.
- El 19-2-2014 se inició a instancia del trabajador expediente de IP siendo examinado por el EVI el 28-2-2014 y siendo dictamen propuesta de 1-4-2014.
Mediante resolución del INSS de Zamora de 2-4-2014 se denegó al actor la incapacidad por no alcanzar las lesiones un grado suficiente contra la que el actor interpuso reclamación previa el 9-4-2014 siendo desestimada por resolución de la Dirección General.
TERCERO.- La sentencia resultó confirmada por el TSJ de Castilla y León de 18-3-2015 .
CUARTO.- La empresa tiene contrato con la empresa de Prevención de Riesgos Laborales Cualtis. En las valoraciones del Médico de la Salud realizadas al actor, ha venido dado el resultado de no apto para su trabajo habitual.
QUINTO.- El informe médico realizado por el Médico reafirma la no aptitud para conducir.
SEXTO.- El 1-4-2015 la empresa le notificó al actor carta de despido por ineptitud sobrevenida del siguiente tenor literal:
Por medio de la presente, le comunicamos la decisión de la Compañía de extinguir su contrato laboral, con efectos del día de hoy, 1-4-2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 a) y 53 del E.T., según redacción dada por Ley 3/2012, de 6-7, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
La extinción de su contrato de trabajo encuentra justificación en su situación de No Aptitud para desarrollar su trabajo habitual de Conductor Perceptor.
En virtud de todo lo anterior y en aplicación de lo establecido en el artículo 53.1° b) del E.T., se pone a su disposición la indemnización correspondiente a 20 días de salario por año de servicio con el máximo de 12 mensualidades, que asciende a la cantidad de 26.979,88 euros mediante transferencia bancaria emitida en el día de hoy.
Igualmente, se le hace otra transferencia por importe de 3.285,24 euros en concepto de finiquito y liquidación de los haberes devengados y que tiene pendiente de pago. En esta cantidad están incluidas:
- La cuantía bruta de 1.033,85 en concepto de preaviso de los 15 días incumplidos conforme a lo previsto en el artículo 53.1° c) del E.T. .
- La cuantía bruta de 2.761,09 correspondiente a su liquidación ordinaria de haberes.
Del mismo modo, se informa a los representantes de los trabajadores de la decisión adoptada por la Compañía. Finalmente, le rogamos se sirva firmar recibí de la presente."
TERCERO.- Se interpone recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la mercantil demandada.
PRIMERO.- El primer motivo de recurso pretende incorporar al hecho probado octavo que la recurrente (Auto Res SL) en los centros de trabajo de Zamora, Ávila, Arévalo, Benavente y Salamanca, además de conductores, tiene una plantilla de taquilleros compuesta por 2 trabajadores en los 4 primeros centros y 4 trabajadores en el último, todos ellos con contrato indefinido, lo que ciertamente resulta adverado por la documental que cita en su apoyo, con lo que se admite sin prejuzgar en este momento su relevancia para el fallo.
SEGUNDO.- Y denuncia con el siguiente infracción del art 52.a) ET, motivo que igualmente va a ser acogido .
El citado precepto permite al empleador la resolución del vínculo laboral con abono al trabajador de una indemnización de 20 días de salario por año de servicio si se da una situación de "ineptitud conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación en la empresa".
Y en lo referente a la interpretación de este precepto legal, la doctrina científica y la jurisprudencia, siguiendo también el uso del lenguaje ordinario, se refieren a una inhabilidad o carencia de facultades profesionales que tiene su origen en la persona del trabajador, bien por falta de preparación o de actualización de sus conocimientos, bien por deterioro o pérdida de sus recursos de trabajo, percepción, destreza, falta de capacidad de concentración, rapidez, etc."
El concepto de ineptitud sobrevenida a que se refiere este precepto -afirma la misma sentencia- es un concepto diferente al de invalidez permanente que permitiría la extinción del vínculo laboral, ex art 49.e) del E.T. , de forma que puede declararse procedente la resolución del contrato por esta causa aun cuando el trabajador no alcance ninguno de los grados de invalidez permanente prevenidos en el artículo 137 de la LGSS.
En el caso de ineptitud de carácter físico, ésta puede existir cualquiera que sean los motivos y el origen de las dolencias; sólo se exige que éstas sean sobrevenidas o posteriores a la relación laboral y a la fecha de iniciación del trabajo, pues lógicamente si son anteriores y conocidas del empresario se está asumiendo por éste la incapacidad preexistente y no podrá ser posteriormente invocada como causa de resolución del contrato de trabajo.
Para que la extinción del contrato de trabajo se ajuste pues a lo prevenido en el artículo 52 a) del E.T., se requiere que el trabajador efectivamente haya perdido, cualquiera que sea la causa, las condiciones de idoneidad mínimamente exigibles para el adecuado desempeño de las principales tareas de su puesto de trabajo, habiéndose llegado a esta situación con posterioridad a la formalización del vínculo laboral, o con desconocimiento del empresario si la ineptitud es anterior a su inicio, no siendo necesario que la pérdida de aptitud sea imputable al trabajador, ni tampoco que suponga una absoluta y total carencia de idoneidad para el desempeño del puesto de trabajo, correspondiendo eso si al empresario la carga de probar que el trabajador ya no es apto para cumplir debidamente con sus obligaciones laborales.
Pues bien, en este caso se tiene por acreditado que el actor, de profesión conductor de autobús, está afectado por una patología cardiaca que ha determinado su valoración por servicio de prevención ajeno a la empresa como no apto para el puesto de trabajo que desempeña desde el informe de 24-7-2013 y los sucesivos de fechas 20-1-2014, 24-4-2014 y 20-11-2014, figurando asimismo en informe de cardiología de 17-9-2014 que padece "disfunción del nodo sinusal", continuando con riesgo de presentar episodios de mareo y sincopes imprevisibles, y por tanto debe evitar realizar actividades con riesgo de accidentes.
Y aunque la ineptitud nunca se presume y debe ser probada por el empresario que la aduce para extinguir la relación, es indudable que el resultado de los reconocimientos realizados por un servicio de prevención ajeno y lo informado por especialista en cardiología constituye prueba cualificada de esa falta de aptitud para lo básico de su trabajo, que llevaría en principio a entender justificada la decisión de la empresa.
No obstante la Juzgadora entiende que no hay prueba bastante a cargo de la empresa que acredite de forma inequívoca esa pretendida ineptitud. Se basa para ello en que la misma patología ya fue objeto de valoración en el procedimiento de seguridad social que finalizo con la decisión desestimatoria de una IPT en base a los mismos informes tenidos en consideración por la empresa para adoptar la decisión extintiva, señalando asimismo que no consta, tras la valoración de 20-11-2014, un examen posterior que determine la situación actual del demandante y que ponga de manifiesto que en la actualidad su situación sea determinante de la extinción de su relación por ineptitud, y que no se habría acreditado tampoco la imposibilidad absoluta de reubicación del mismo, como se realizó transitoriamente mientras se tramitó el proceso de incapacidad.
No podemos compartir tales razonamientos. En primer término no cabe confundir las condiciones requeridas para el reconocimiento de una incapacidad permanente con reunir la idoneidad mínimamente exigible para el desempeño adecuado de las principales tareas de su puesto de trabajo.
Y es que puede leerse que lo que ponía de manifiesto la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Zamora de 30-10-2014, confirmada por la de la Sala de 18-3-2015, eran determinadas contradicciones entre aquel informe de 17-9-2014 y otro anterior de 28-6-2013, concluyendo que no aceptaba la vinculación entre pausas cardiacas y mareos como tesis y que la causa de dichos mareos no estaría objetivada , razón por la que desestimó la demanda de IP, más no negaba, sino que afirmaba, la existencia de tales mareos aún vinculados a giros de cabeza.
Y se trata de afección persistente -el actor estuvo en situación de I.T. desde noviembre de 2012-, respecto de la que no solo no hay certeza de la causa que la determina sino que tampoco se apunta terapia efectiva alguna que permita su control, y que resulta razonablemente incompatible con mínimas exigencias de seguridad en la conducción profesional de un autobús, que requiere, entre otros, cambios de posición y constantes movimientos de lateralización del cuello para visualizar el tráfico, comportando por lo mismo un riesgo grave de accidentalidad para sí, para los pasajeros transportados y para terceros, que no cabe imponer a la empresa.
Y no cabe considerar tampoco excesivo el tiempo transcurrido desde la última revisión el 20-11-2014 y la comunicación de extinción de su contrato por causa de ineptitud el 1-4-2015, cuando además la empresa, así lo puso de manifiesto en la carta, conocía que el actor habría recurrido la sentencia que le denegaba la invalidez y estaría a la espera de la decisión de la Sala, que aquel le habría comunicado el 19-3-2015, ni desde luego cabe derivar del hecho de que coyunturalmente y mientras se tramitaba el proceso de incapacidad la empresa le ofreciera un trabajo alternativo, sustituyendo a taquilleros, así lo imponían razones elementales de seguridad, que tuviera obligación de agotar las posibilidades de reacomodo del trabajador antes de extinguir su contrato, obligación inexistente de no imponerla el convenio, lo que ni siquiera se aduce, constando incluso que la empresa le habría ofrecido como alternativa la posibilidad de novar su contrato y reducir su jornada para sustituir las vacaciones de aquellos, oferta que declino, no estándose en fin ante un despido plural o colectivo, sino singular por ineptitud sobrevenida del actor, acreditada como se ha dicho y que no tenía por qué afectar, por antigüedad ni ninguna otra causa, a otros trabajadores indefinidos.
Procede por tanto estimar el recurso y revocar la Sentencia de instancia, declarando el despido objetivo actuado de procedente y absolviendo a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra en demanda.
Estimando el recurso de Suplicación formulado por Auto Res S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Zamora, de 14-10-2015 (aclarada por auto de 5-11-2015), recaída en Autos seguidos en virtud de demanda promovida por D. Eliseo contra el precitado recurrente, sobre despido, revocamos la misma, absolviendo libremente a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra en aludida demanda, que desestimamos en su integridad.
Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los 10 días siguientes al de su notificación, mediante escrito dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 221 de la LRJS.
>http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7796394

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 137
 resolución 
 artículo 52
 artículo 221