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Timestamp: 2018-11-17 02:56:08+00:00

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﻿ Sentencia 49460 de marzo 26 de 2014
SENTENCIA 49460 DE 26 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:NATURALEZA DE LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PENSIONALES. LA RECLAMACIÓN O PETICIÓN PENSIONAL SIGUE SIMILAR SUERTE A LAS DE LOS PROCEDIMIENTOS GUBERNATIVOS O ADMINISTRATIVOS QUE, EL ARTÍCULO 6º DEL CÓDIGO PROCESAL LABORAL EXIGÍA COMO PREVIAMENTE AGOTADOS PARA PODER PROMOVER LAS ACCIONES JUDICIALES CONTRA ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO, ADMINISTRATIVAS O SOCIALES, Y QUE, EN LA FORMA COMO FUE MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 4º DELA LEY 712 DE 2001, EL ACTUAL ARTÍCULO 6º DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTEMPLA COMO RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES CONTENCIOSAS CONTRA LA NACIÓN, LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y CUALESQUIERA OTRA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CUYO AGOTAMIENTO SE PRODUCE CUANDO SE HAYAN DECIDIDO O CUANDO TRANSCURRIDO UN MES DESDE SU PRESENTACIÓN NO HUBIEREN SIDO RESUELTAS. ADICIONALMENTE, LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS EN EL TÉRMINO QUE INDICA LA LEY SOBRE LA RECLAMACIÓN PENSIONAL PRODUCE EL EFECTO DE ‘SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO’, QUE NO AGOTA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN PERO HABILITA AL INTERESADO PARA QUE INTERPONGA LA ACCIÓN JUDICIAL PERTINENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE PETICIÓN, AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA, SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, TRÁMITE DEL DERECHO DE PETICIÓN, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN
Sentencia 49460 de marzo 26 de 2014
Rad.: 49460
En la demanda que lo sustenta, que fue replicada, la recurrente pretende que la Corte case la sentencia “proferida el 20 de agosto de 2009 por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Civil Familia Laboral; que en sede de apelación revoque la sentencia pronunciada el 30 de octubre de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Villavicencio y en su lugar condene al Instituto de Seguros Sociales a pagarle a la señora María Alicia Suárez Díaz la pensión de sobrevivientes solicitada, debidamente indexada”.
Para ello le formula dos cargos que se resolverán en el orden propuesto.
Acusa la sentencia por aplicar indebidamente, por la vía directa y como violación de medio, los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y 174, 177, 229, 277 y 298 del Código de Procedimiento Civil, lo que condujo a infringir directamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
Para demostrar el cargo parte la recurrente de la afirmación de que el ataque lo orienta sobre el fundamento del Tribunal que restó validez probatoria a las declaraciones extra juicio que ella acompañó a la demanda y que ya había aportado al elevar la solicitud pensional al ente demandado, pues, en su parecer, “lo cierto es que ese tema no fue esgrimido por el seguro en el proceso administrativo ni en el juicio que nos ocupa, pues solamente negó la prestación por ‘mora patronal’, y así también lo reiteró en la contestación de la demanda al oponerse a las pretensiones”.
En tal sentido asevera que por no ser parte de la negativa a la prestación reclamada la falta de acreditación del término de convivencia con el causante exigido en la ley, como también por no haberlo argüido en su defensa el demandado al trabarse la litis, ella se ocupó exclusivamente de la mora patronal en el pago de los aportes a la seguridad social, que fue lo único que se le adujo para soportar la dicha negativa del derecho, como también para formularle oposición en el proceso.
Sostiene que en virtud del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil tal exigencia del juzgador de la alzada se constituyó en una inconsonancia de la sentencia, “pues ese tema estaba fuera del debate propuesto por las partes”, es decir, el tribunal “introdujo en la instancia una situación nueva, jamás propuesta por las partes”.
Alega la recurrente que ella fue la única que aportó medios de prueba al proceso para acreditar los hechos discutidos, de modo que al no hacer el demandado lo propio, “hizo un reconocimiento implícito de los mismos”.
Remata el cargo con la aseveración de que al ser ella compañera permanente del causante, según las pruebas aportadas, y negársele el derecho pensional reclamado, el tribunal se apartó del alcance y sentido del artículo 305 invocado, incurriendo de esa forma “en aberrante injusticia contra la compañera del causante y madre de la hija de este”.
El instituto opositor reprocha al alcance de la impugnación perseguir la casación de una sentencia que no corresponde a este proceso, pues el Tribunal de Villavicencio profirió su sentencia el 16 de septiembre de 2010, no el 20 de agosto de 2009, como allí se dice. Además, involucrar aspectos fácticos a pesar de dirigirse por la vía directa de violación de la ley. Agrega que el tribunal no incurrió en yerro alguno, pues aplicó las normas que resultaban pertinentes y con el alcance e inteligencia que les corresponde.
El dislate que atinadamente el replicante le endilga al alcance de la impugnación, de identificar la sentencia atacada con una fecha que no le corresponde, no tiene la trascendencia de alterar las resultas del recurso, por no ser tal estipulación esencial a ese capítulo de la demanda que lo soporta, y menos con la fortaleza suficiente para afectar su estudio, dado, por una parte, que en el Capítulo II del respectivo escrito (folio 18 cuaderno de la Corte), se dice por la recurrente que la sentencia impugnada es la proferida por el Tribunal de Villavicencio el 16 de septiembre de 2010 dentro del proceso que liga a las partes, cumpliéndose así la formalidad exigida por el numeral 2 del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, por otra, que en atención a lo hasta historiado debe entenderse por la Corte que esta no puede ser otra que la que ya se ha mencionado, de donde lo que cabe decir es que esa indicación se trata apenas de un ‘lapsus calami’, sin repercusión alguna, como ya se dijo, para el resultado del recurso.
No obstante, que el yerro anunciado no tenga la entidad suficiente para desquiciar el cargo no quiere decir que este tenga algún viso de prosperidad, pues es lo cierto que el juez de la alzada no aplicó indebidamente los artículos que regulan los aspectos probatorios del proceso indicados en la proposición jurídica del cargo, y mucho menos como resultado de ello infringió directamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al considerar como parte del debate judicial el supuesto de hecho de esta última preceptiva la acreditada convivencia o vida marital de la compañera permanente con el causante por lo menos dos años antes de su muerte, y de no tenerlo como excluido por no haber sido aducido expresamente por el ente de seguridad social al dar respuesta a la reclamación pensional que esta le hiciera, mediante la Resolución 156 de 2000, cuya copia obra a folio 5 del expediente, en la cual aludió explícitamente a su negativa con fundamento en la mora patronal en el pago de los aportes a cuenta del trabajador.
Y ello es así, por ser claro que una cosa es el trámite de orden administrativo que involucra la petición pensional y su posible resolución ante las administradoras de riesgos pensionales de vejez, invalidez y muerte, y otra el marco de la pretensión pensional en curso del proceso judicial, de forma tal que si bien aquel se erige en un requisito de procedibilidad del segundo, ello no se traduce en que los argumentos jurídicos o fácticos que allí se planteen por el peticionario para provocar el pronunciamiento positivo de la administradora de riesgos, o los que esta invoque para denegar el derecho reclamado tengan carácter definitivo, de cosa juzgada, o produzcan el efecto del silencio positivo administrativo, como parece entenderlo la recurrente, tal y como pasa a verse.
Para ese efecto cabe recordar que el artículo 19 del Decreto 654 de 1994, dictado por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por artículo 139 de la Ley 100 de 1993, particularmente la de establecer el régimen jurídico y financiero de las sociedades administradoras de fondos de pensiones, entre las cuales queda comprendido el Instituto de Seguros Sociales, ARL, previó que el Gobierno Nacional establecería los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso el término para tal efecto excediera de cuatro (4) meses.
Por su parte, el artículo 4º de la Ley 700 de 7 de noviembre de 2001 estableció que los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, entre ellos el mismo ente de seguridad social mencionado, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.
Que el Código Contencioso Administrativo (D. 1/84), por su lado, en materia de resolución de peticiones de carácter administrativo dispuso en su artículo 6º que estas se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo, y que cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se debe informar tal hecho al interesado, expresándole los motivos de la demora y señalándole la fecha en que se resolverá o dará respuesta; y en su artículo 33 que si la petición es presentada ante un funcionario que no es el competente para resolverla, este deberá informarlo en ese mismo acto al interesado o dentro de los diez (10) días siguientes si esta se presentó por escrito, caso en el cual deberá remitirla al que considere competente y el término para decidir se ampliará en diez (10) días. Disposiciones todas ellas que, guardadas proporciones, se tratan en los artículos 13 a 23 y 83 a 86 de la Ley 1437 de 2001, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que reemplaza en su vigencia el referido Código Contencioso Administrativo.
Preceptivas que igualmente, en su contexto, permiten asentar que las reclamaciones pensionales, como variedad que son del derecho de petición, tienen por objeto provocar la manifestación de voluntad de la administradora de riesgos acerca del reconocimiento o no del derecho en ellas reclamado con el propósito de que, si es del caso, el interesado promueva ante la jurisdicción la acción correspondiente a efectos de que se elucide judicialmente el derecho que, en tal sentido, emerge como controvertido.
Siendo ello así, la reclamación o petición pensional de que aquí se trata sigue similar suerte a las de los procedimientos gubernativos o administrativos que, antaño, el artículo 6º del Código Procesal Laboral exigía como previamente agotados para poder promover las acciones judiciales contra entidades de derecho público, administrativas o sociales, y que, en la forma como fue modificado por el artículo 4º de la Ley 712 de 2001, el actual artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social contempla como reclamaciones administrativas previas al ejercicio de las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualesquiera otra entidad de la administración pública, cuyo agotamiento se produce cuando se hayan decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no hubieren sido resueltas.
Similar suerte que, en términos del artículo 40 del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84), tiene por significado el que su falta de resolución oportuna produzca los efectos del ‘silencio administrativo negativo’, es decir, tanto como si la administración se hubiera pronunciado pero en un sentido adverso a los intereses del peticionario, pues, como expresamente lo señala el artículo 41 siguiente, “Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva” (art. 41 ibídem), y normativas que, en lo esencial a lo aquí dicho, aparecen reproducidas en los artículos 83 y 84 de la mencionada Ley 1437 de 2001.
Y similitud que permite, sin hesitación alguna, predicar que si bien es cierto que debe existir congruencia entre lo solicitado en la reclamación pensional y lo perseguido en la posterior demanda judicial, por ser contrario al sentido común y a la finalidad de la dicha reclamación que se eleve una particular, determinada y definida petición para ante la administradora de riesgos, como lo es en este caso la pensión de sobrevivientes de origen laboral, y luego se impetre ante la jurisdicción una pretensión pensional distinta o se incluyan otras que en manera alguna fueron materia de la petición o reclamación inicial, no lo es menos que ello en nada limita el que, tanto para justificar la pretensión denegada por la administradora de riesgos por quien fungirá como actor en el proceso judicial, como para oponerse a su reconocimiento y pago por esta, se mejoren los argumentos de hecho y de derecho que inicialmente se invocaron en respaldo de lo uno o de lo otro, e inclusive, se invoquen nuevos o diferentes fundamentos de derecho y supuestos de hecho para tal propósito. Lo determinante es, y sobre tal cuestión no puede haber inequívoco, que la petición inicial no se varíe en esos dos momentos, pues ella es el eje sobre el cual gravita la indisoluble conexidad requerida entre la reclamación del derecho y la posterior controversia judicial.
En sentido parecido a lo expuesto por la Corte, en sentencia de 3 de febrero de 2011, en el expediente con radicación 54001-23-31-000-2005-00689-02 (0880-10), la Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B, expresó en torno al tema del agotamiento de la vía gubernativa lo siguiente:
“El artículo 135 del CCA condiciona la solicitud de nulidad de un acto administrativo de carácter particular, y por ende el restablecimiento del derecho del actor, al agotamiento de la vía gubernativa ante la misma administración, la cual finaliza mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.
“Se trata entonces de un requisito de procedibilidad necesario para acudir ante esta Jurisdicción el cual, lejos de ser una mera exigencia formal del derecho de acción, es un presupuesto que permite a la administración efectuar un pronunciamiento previo a ser llevada a juicio y que como tal le genera la confianza legítima de que por razones no discutidas no va a ser sorprendida(1).
“A su vez, es concebido en dos sentidos, a) como una garantía y b) como una obligación. Lo primero porque constituye un instrumento del cual goza el administrado para que las decisiones adoptadas por la administración, a través de un acto administrativo particular que perjudique sus intereses, sean reconsideradas por ella misma sin necesidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, se busca que la administración pueda enmendar los posibles errores subyacentes en sus propios actos administrativos sin necesidad de acudir a la vía judicial. Con ello se busca garantizar los derechos de los administrados en cumplimiento de los principios de economía, celeridad y eficacia, los cuales orientan las actuaciones administrativas tal como lo ordenan los artículos 209 de la Constitución Política y 3º del CCA.
“La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional coinciden en afirmar que la vía gubernativa es una modalidad de ‘justicia interna’ con la que cuenta la administración, pues con ella se busca satisfacer plenamente las pretensiones del interesado sin necesidad de acudir ante un juez”(2).
“Por otro lado, la vía gubernativa garantiza el derecho de defensa del administrado frente a la administración, en razón a que lo faculta para interponer los recursos legales, como los de reposición, apelación y queja, contra los actos administrativos.
“Ahora bien, el artículo 63 del CCA consagra que se agota la vía gubernativa: i) cuando contra los actos administrativos no proceda ningún recurso, ii) cuando siendo procedentes los recursos ya fueron decididos y iii) cuando los actos administrativos queden en firme por no haberse interpuesto los recursos de reposición o queja.
“Es de resaltar que la interposición del recurso de apelación, en contra de los actos administrativos susceptibles de él, es imperativa para el agotamiento de la vía gubernativa tal como lo señala el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo. Si bien es cierto, la interposición del recurso de apelación es perentoria, no acontece lo propio con el recurso de reposición en razón a que este es facultativo, pues si proceden los dos recursos, podrá interponerse el de apelación de manera directa o como subsidiario al de reposición.
“Sin embargo, no solo el uso de los recursos agota la vía gubernativa, pues la ley ha consagrado algunos modos de impugnar que cumplen el mismo cometido. En todo caso, para que se cumpla este requisito de procedibilidad, resulta necesario que el administrado exprese con claridad el objeto de su reclamación o los motivos de su inconformidad, según el caso, pues lo que se busca con dicha exigencia es que ante los jueces no se inicien conflictos no planteados previamente ante la administración. No quiere ello decir que sea imposible exponer ante la jurisdicción argumentos nuevos para defender la misma pretensión invocada en sede administrativa, siempre que no se cambie el objeto de la petición. Así las cosas la persona que acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, podrá incluir nuevos argumentos y fundamentos de hecho y de derecho a los cuales no hizo mención al interponer los respectivos recursos en la vía gubernativa. Lo que no le es dable al demandante es incluir pretensiones distintas a las que adujo en sede administrativa o variar sustancialmente la reclamación(3).
“En este orden de ideas, la Sala comparte lo afirmado por el a quo en el sentido de que debe existir congruencia entre lo solicitado en la vía gubernativa y lo pedido en la posterior demanda contenciosa, pues resulta contrario a la finalidad de la vía gubernativa, el que se eleve una petición ante la administración y se interponga una demanda con la inclusión de puntos que no se pusieron en consideración de la entidad administrativa”.
Ahora bien, desde otra arista, si se tiene claro que la falta de pronunciamiento de la administradora de riesgos en el término que indica la ley sobre la reclamación pensional produce el efecto de ‘silencio administrativo negativo’ —que no agota el derecho fundamental de petición pero habilita al interesado para que interponga la acción judicial pertinente—, pues no es esa situación una de las pocas excepciones donde la ley concibe los efectos del ‘silencio administrativo positivo’ (L. 1437/2001, art. 84 ya citado), el hecho de que aquella niegue el derecho reclamado con fundamento en determinadas razones pero no en otras, no permite concluir, lógicamente, que frente a los no esbozados se produjo un ‘silencio positivo’, en tanto que los que sí planteó expresamente son el único soporte de esa ‘negativa’. Lo deleznable de tal juicio o apreciación, eminentemente ilógico por supuesto, releva a la Corte de un mayor análisis, pues, en sana lógica, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo.
Y si se tomara camino por el concepto de ‘cosa juzgada’, para tratar de sostenerse que el dicho fundamento, razón o sustento queda excluido de la posterior controversia judicial que dirima el derecho, al margen de los efectos negativos que del acto ficto o presunto de la administradora de riesgos legalmente se desprenden, se estaría forzando, injustificadamente, la finalidad de tal clase de conceptos, por ser sabido que la institución procesal de la cosa juzgada pretende que no se provoque un nuevo pronunciamiento judicial cuando quiera que él ya fue adoptado por decisión en firme, entre partes que jurídicamente son las mismas, sobre el mismo objeto y con fundamento en la misma causa, y si se persigue el mismo objeto entre las partes entre quienes se surtió la reclamación pensional de marras, cabe suponer, precisamente, que fuera de no existir sentencia judicial que hubiera dirimido definitivamente el conflicto, no se produjo acto positivo de la administradora de riesgos que zanjara toda discusión sobre el cumplimiento de los requisitos del derecho, dentro de los cuales debe estar el de la subsunción de los hechos del peticionario a los supuestos de hecho de la norma pensional en disputa.
Así las cosas, en forma alguna procede pregonar los alcances de cosa juzgada de uno o de varios de los supuestos de hecho del derecho en controversia, cuando además de no existir sentencia judicial que se hubiere pronunciado el respecto, tampoco existe el acto de reconocimiento pensional que a través del proceso judicial se pretende.
De lo que viene de decirse, no prospera el cargo, pues al tribunal, como al juez del conocimiento, competía estudiar los supuestos de hecho de la norma pensional para advertir si objetivamente estaban acreditados en el proceso por la ahora recurrente en casación, pues ninguno de ellos, salvo el de afiliado del causante al ente demandado, fue aceptado por aquel al contestar el libelo introductorio del proceso.
Acusa la sentencia de aplicar indebidamente los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993; 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y 174, 175, 177, 229, 277 y 298 del Código de Procedimiento Civil, a causa del evidente error de hecho de “no dar por demostrado, estándolo, que la demandante no (sic) hizo vida marital con el causante hasta su muerte y en los dos últimos años”.
Indica como fuente de dicho yerro “la falta de apreciación” de las resoluciones 156 y 1074 de 2000 (fls. 5 y 9 a 11) y 127 (fls. 12 a 15) expedidas por el demandado; de la confesión contenida en la contestación de la demanda al hecho tercero (fl. 2); de la copia del registro civil de nacimiento de XXXXXX XXXXX (fl. 20), y de las declaraciones del folio 17.
Aduce la recurrente que “si el tribunal hubiese analizado esos medios de prueba” habría advertido que en la resolución del folio 5 se le niega por el demandado la pensión “por mora patronal, y no porque ella no hubiese acreditado ante el seguro su condición de compañera permanente del afiliado-causante”; que en la de los folios 9 a 11 se dice que ella se presentó a la reclamación con la calidad de ‘compañera permanente’, así como en la de los folios 12 a 15. Es decir, alega la recurrente, “el seguro estableció, desde luego, con las pruebas aportadas por la reclamante la innegable condición de compañera permanente del causante y madre de la hija de este”, calidad de madre de la menor que no vio en el registro civil correspondiente (fl. 20).
Arguye que esos hechos están confesados en la respuesta al tercero de los hechos de la demanda inicial (fl. 62) “y lo ratifica la declaración extrajuicio que examinó pero no tuvo en cuenta (sic)” (fl. 17).
Termina su discurso argumentativo diciendo que como el juez de la alzada “aplicó indebidamente el artículo 47 y dejó de aplicar el 46 de la Ley 100”, la Corte debe casar el fallo atacado, revocar la condena del juzgado (sic) y acceder a las pretensiones de su demanda inicial.
Para el opositor, las alegaciones de la recurrente no tienen respaldo, por cuanto el tribunal valoró adecuadamente los medios de prueba del proceso.
Para la recurrente, de las resoluciones 156 y 1074 de 2000 (folios 5 y 9 a 11) y 127 (folios 12 a 15) expedidas por el demandado; de la confesión contenida en la contestación de la demanda al hecho tercero (folio 2); la copia del registro civil de nacimiento de XXXXXX XXXXX (folio 20), y de las declaraciones del folio 17 se desprende, indubitablemente, que está probada su convivencia con José Angelino Bolaños, entre el 3 de septiembre de 1996 y el 3 de septiembre de 1998, que es el período que no encontró acreditado el juez de la alzada, y cuya exigencia legal no discute la recurrente, ni podría hacerlo por la vía de los yerros probatorios, que es por la que se enderezó el ataque.
Al respecto, de los medios de prueba anunciados se observa objetivamente lo siguiente:
1. Aun cuando es claro para la Corte que el tribunal no dejó de apreciar las resoluciones 156 de 28 de febrero de 2000 (fl. 5), 1074 de 28 de noviembre de 2000 (fls. 9 a 11) y 127 de 13 de marzo de 2001 (fls. 13 a 16), expedidas por el instituto demandado para resolver la reclamación pensional de la actora, pues, como se recuerda, una vez destacó que el juzgado, “luego de analizar el material probatorio recaudado” concluyó que la demandante “no probó la convivencia exigida (…)”, lo que, en su parecer, “no fue fruto de su capricho o arbitrariedad, sino de la aplicación de la reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia”, de modo que, “no le asiste razón al (sic) recurrente al pretender un derecho que no está debidamente acreditado, alegando incoherencias que están lejos de configurarse”, es lo cierto que de ninguna de ellas se desprende que el ente de seguridad social hubiera dado por acreditada la convivencia de la peticionaria con el causante, dado que en la primera para nada se refirió a ese tópico sino, simplemente, y como se explicó al resolver el primer cargo, adujo como fundamento de su negativa la mora patronal para la negación del derecho reclamado; en la segunda, afirmó que la peticionaria había presentado la reclamación pensional “en calidad de compañera sobreviviente y representante de su hija menor de edad (…)”, lo que sencillamente significa referir el estatus invocado por aquella para reclamar el derecho, pero no el tener por cierto que contara con esa calidad, y menos durante el período de que se ha hecho cita; y en la tercera, se reiteró la alusión que la hoy recurrente a su condición de compañera permanente del causante y de madre de la menor hija de aquel hiciera para reclamar el derecho, pero en modo alguno que tal hecho se hubiera demostrado y que lo fuera por el período de tiempo requerido por el juez de la alzada.
No sobra advertir que las aseveraciones de la recurrente, respecto del contenido de las dichas resoluciones, no fluyen de su observación directa, de donde a lo sumo lo que se pueden tener es como meras alegaciones de la interesada.
2. Aparte de lo anotado sobre el estudio de los medios de prueba anteriores, pues específicamente sobre la contestación a la demanda se refirió el juez de la alzada al historiar el proceso (fl. 14 cuaderno del tribunal), cabe decir que no es cierto que la respuesta al hecho tercero de la demanda (fl. 62) contenga la confesión de la convivencia de la demandante con el causante por el término ya referido, pues, como se dijo en los antecedentes, el demandado, aun cuando aceptó la afiliación del causante al sistema de riesgos profesionales, su deceso el 3 de septiembre de 1998 y la procreación de la hija entre aquel y la demandante, no lo hizo en lo relativo a la causa laboral del deceso, ni la convivencia entre aquellos, respecto de la cual adujo que «debe ser resuelta, probada y demostrada dentro del proceso de la referencia»
3. La copia del registro civil de nacimiento de XXXXXX XXXXX (fl. 20), acredita la condición de padres de la menor de la demandante y el causante, pero en modo alguno que estos convivieran como compañeros permanentes, y que lo hubieran hecho durante el período a que se ha hecho referencia.
4. Y las declaraciones extra juicio del folio 17, a las cuales se remitió profusamente el tribunal para sostener que “estos fueron recepcionadas el 16 de enero de 1996, es decir, más de dos (2) años atrás al fallecimiento del señor José Angelino Bolaños, ocurrido el 3 de septiembre de 1998”, que no deberían valorarse en la casación del trabajo por no haberse demostrado un yerro respecto de los medios probatorios calificados (L. 16/69, art. 7º), como por no ser cierto que el juzgador no los hubiera valorado, lo que acreditan es exactamente lo dicho por el tribunal: que para el 16 de enero de 1996, y 7 años hacia atrás, la demandante y el causante convivieron en ‘unión libre’, dependiendo económicamente aquella y su hija de José Angelino Bolaños.
Derivar de allí que para el período que corrió del 3 de septiembre de 1996 a la misma fecha de 1998, cuando aquel falleció, se dio la convivencia entre los mismos, no pasa de ser una mera conjetura que en términos de la casación del trabajo no tiene vigor alguno para derruir los soportes del fallo atacado.
Costas a cargo de la recurrente, porque hubo réplica. Como agencias en derecho téngase la suma de $3’150.000.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2010 por el Tribunal Superior de Villavicencio, en el proceso promovido por María Cecilia Suárez Díaz contra el Instituto de Seguros Sociales.
(1) Así lo ha sostenido la Sala en varios de sus pronunciamientos, entre otros, en sentencias de 15 de julio de 2010. Exp. 0426 de 2009, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila y de 18 de noviembre de 2010 Exp. 2292 de 2008. C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(2) Al respecto la Corte Constitucional sostuvo en Sentencia C-060 de 15 de febrero de 1996. M. P. Antonio Barrera Carbonell. Referencia: Expediente D- 1037. Actor: Luís Antonio Vargas Álvarez, que “Con dicha institución se le da la oportunidad a la administración de ejercer una especie de justicia interna, al otorgársele competencia para decidir, previamente a la intervención del juez, sobre la pretensión del particular y lograr de este modo la composición del conflicto planteado. Por su parte, para el particular se deriva una ventaja o beneficio, consistente en que puede obtener a través de la referida vía, en forma rápida y oportuna, el reconocimiento de sus derechos, sin necesidad de acudir a un largo, costoso y engorroso proceso judicial”.
(3) Así lo ha considerado el Consejo de Estado v. gr. en sentencia de la Sala plena de lo Contencioso Administrativo, de 6 de agosto de 1991. C. P. Clara Forero de Castro. Expediente S-145. Actor: Financiera Colpatria.

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