Source: http://www.olca.cl/oca/justicia/justicia096.htm
Timestamp: 2018-02-24 02:31:00+00:00

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Corte de Valdivia aplica Convenio 169 y Declaración ONU en nueva sentencia a favor de comunidades mapuche
Fuente: Centro de Políticas Públicas, 4 de agosto de 2010
Rol 243, 4 agosto 2010 Corte de Valdivia aplica Convenio 169 y Declaración ONU en nueva sentencia a favor de comunidades mapuche
El 4 de agosto de 2010, la Corte de Apelaciones de Valdivia, sur de Chile, dictó sentencia acogiendo recurso de protección a favor de comunidades mapuche de Lanco, afectados por la ilegal Resolución Exenta Nº 041, de 5 de abril de 2010 de CONAMA que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Lanco-Panguipulli” cuyo titular es la Municipalidad de Lanco.
Con esta nueva sentencia, ya suman tres las Cortes de Apelaciones del sur de Chile, territorio mapuche, – Temuco, Valdivia, Puerto Montt - que han acogido recursos contra resoluciones administrativas que incumplen con el deber de consultar a los pueblos indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
“No cabe duda que existe una vinculación de las comunidades indígenas del sector donde se emplazará el proyecto con el medio ambiente que lo rodea, por lo que es atinente en la especie lo que señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que en su artículo 25 contempla el derecho de los pueblos indígenas a “mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma”.-
“El Convenio 169 – sobre Pueblos Indígenas y Tribales que se alude en el recurso es relevante en esta materia; en su artículo 6 Nº 1, indica: Al aplicar las disposiciones del presente convenio los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente ”
A fojas 6 y siguientes doña Faumelisa Febe Manquepillan Calfuqueo, mapuche, artesana, domiciliada en sector Puquiñe, comuna de Lanco, Presidente de la Comunidad Indígena Puquiñe; don Antonio Quitrecura Vera, domiciliado en el km. 14 del camino Lanco-Panguipulli; Presidente del Comité de Agua “Comité Agrícola Campesino Salto de Agua” y don Eduardo Moya Reyes, domiciliado en el km. 14,5 del camino Lanco-Panguipulli, recurren de protección en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos representada por su Presidente, Intendente de dicha Región, don Juan Andrés Varas Braun, con motivo de la dictación de la Resolución Exenta Nº 041, de 5 de abril de 2010 que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Lanco-Panguipulli” y cuyo titular es la Ilustre Municipalidad de Lanco, representada por su Alcalde don Luis Cupertino Gómez, resolución que no cumple con la normativa constitucional, legal y reglamentaria, además de existir falta de fiscalización, actos y omisiones que conculcan las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al haber sido dictada al margen de la normativa indígena y ambiental correspondiente y con notable carencias de fundamento, constituyendo por lo tanto un acto ilegal y arbitrario.-
El Servicio Agrícola y Ganadero en su oficio Nº 224, del 23 de marzo de 2010 señala que el “titular no responde a lo consultado en Adenda Nº 1”, respecto a entregar mayor detalle respecto del suelo a remover y a la disposición de las aguas lluvias”, observando que “el titular no ha sido lo suficientemente claro y preciso en la entrega de los antecedentes requeridos en la DIA y posteriores Adendas”.
Finalmente, la CONADI mediante oficio Nº 128 de 24 de marzo de 2010, observa la falta de información sobre la localización de comunidades indígenas en torno al proyecto y espacios de significación cultural y la distancia de estos en relación al proyecto, informe que señala que “considerando la presencia de Comunidades Indígenas identificadas en el área adyacente al proyecto, las cuales constituyen población protegida y además, tienen consagrado el derecho a la información y participación de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, se le solicita al titular realizar este proceso durante la evaluación”.-
a) Proscripción de privilegiar a ciertas personas o grupos: “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados”; la doctrina y la jurisprudencia interpretan esta disposición en el sentido de establecer la igualdad social y es compatible con la discriminación positiva.-
Explican los recurrentes que existen una serie de textos legales que reconocen la relación única que tienen los pueblos indígenas con su medio ambiente y el derecho que estos tienen a conservarlo y el deber de los órganos del Estado a tomar las medidas necesarias para resguardarlo, como el artículo 1 de la ley indígena, el artículo 4.1. del Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 25 que contempla el derecho de los pueblos indígenas a “mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma”; asimismo mencionan el Convenio sobre la Diversidad Biológica, vinculante para nuestro país, y citan al efecto el artículo 8, de manera que es palmaria la vinculación que tienen los pueblos indígenas con su medio y por lo tanto es evidente la vulneración a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que se realiza con la aprobación del proyecto cuya resolución favorable es el objeto de este recurso.-
Solicitan se acoja el recurso y se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 027, (sic) 5 de abril de 2010, sobre Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Estación de Transferencia de residuos sólidos Lanco-Panguipulli”.-
Explica que los recurrentes estiman que la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución recurrida se debería a una “deliberada” omisión de información sobre el mencionado proyecto a la comunidad local. Acto seguido, exponen una serie de aspectos tales como que la ubicación del proyecto coincidiría con el Lof Kilche ( centro de sabiduría mapuche) además de la existencia de 8 comunidades locales en el sector aledaño del emplazamiento de un cementerio y de una cancha de nguillatún. Luego los recurrentes dan por comprobado el hecho de que habrían posibilidades de afectación de las comunidades indígenas, lo que derivaría que la resolución de calificación ambiental (RCA) aprobada constituye un acto arbitrario por carecer de fundamentos racionales y por no haber considerado la opinión de las comunidades indígenas y además es ilegal ya que estiman que se debería haber presentado un Estudio de Impacto Ambiental invocando para ello los artículos 11 literal c) de la ley Nº 19.300 y 8 literal c) del D.S. 95/2001 del MINSEGPRES, que contiene el Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental - en adelante RSEIA – preceptos que ordenan que cada vez que un proyecto pueda alterar los sistemas de vida y las costumbres de grupos humanos, incluyendo la dimensión antropológica ( elementos que dicen ver afectado en este caso) debe ser presentado al SEIA mediante la forma de un Estudio de Impacto Ambiental. Sin perjuicio de lo anterior los recurrentes consideran que con la dictación de la RCA se habría omitido un deber de consulta a los pueblos originarios, lo que vulneraría los artículos 6 Nº 1 literal a),Nº 2 y 7.1 del Convenio Nº 169 de la OIT, normativa que obligaría a la COREMA de Los Ríos en virtud del principio de la Supremacía Constitucional recogido en nuestro ordenamiento jurídico.-
Señala que la CONAMA en virtud de un mandato legal se encargó de publicar la existencia del proyecto a la ciudadanía con el objeto de mantenerla debidamente informada; de manera que se cumplió con lo dispuesto por los artículos 30 y 31 de la ley Nº 19.300 y 54 del RSEIA; se procedió a publicar en la edición del Diario Oficial del día martes 1 de septiembre de 2009 el listado de proyectos o actividades sujetos a una Declaración de Impacto Ambiental y que fueron presentados en el mes anterior, nómina en la cual se encontraba el Proyecto “Estación de Transferencia de residuos sólidos Lanco-Panguipulli” y contempla los elementos que indica y una copia de esa lista se remitió a la Municipalidad de Lanco, en el entendido que dentro de su territorio se realizarán las obras y sanciones que contempló el proyecto. Otra copia se exhibió en las dependencias de la Dirección Regional de Los Ríos de CONAMA ubicadas en aquella época en Avenida Ramón Picarte Nº 1488 de Valdivia.-
Asimismo el titular durante el proceso de evaluación del proyecto entregó un informe antropológico que da cuenta de las entrevistas abiertas realizadas a comuneros mapuches habitantes del sector, recabando información específica sobre los posibles impactos que se requerían analizar. Al hacer entrega del Adenda Nº 1 ( 17/11/2009) el titular agregó como anexo un informe antropológico elaborado por el Sr. Ronald Cancino Salas ( Licenciado en Antropología MG en Desarrollo Urbano Regional y Local), en el cual se consignaron las “Técnicas de Levantamiento de información cualitativa y etnográfica” en las que hubo dos momentos básicos: el reconocimiento del terreno ( observación y registro fotográfico del emplazamiento del proyecto y su entorno) y las entrevistas a pequeños propietarios y comuneros mapuches del sector. El consultor dio cuenta además que la información producida, se registró magnetofónicamente, junto a fotografías y apuntes etnográficos. En dicho informe se concluye la no presencia de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley Nº 19.300, además de sugerir un Plan Estratégico de Información ( propuesta que el Titular aceptó según lo que consta en la Respuesta Nº 5 del Capítulo 4 del Adenda 2 del expediente de evaluación ).-
En cuanto a la supuesta infracción a los artículos 11 literal c) de la ley Nº 19.300 y 8 literal c) del Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental (RSEIA) debido a que el titular debió haber presentado un Estudio de Impacto Ambiental y no una Declaración de Impacto Ambiental, señala que los recurrentes no explican y menos acreditan cómo el proyecto calificado ambientalmente genera una alteración significativa de los sistemas de vida de las comunidades supuestamente afectadas. De lo expuesto en el recurso se puede concluir que los actores no tienen certeza de que el cumplimiento de la resolución impugnada vaya a generar una alteración significativa de los sistemas de vida, consistente en el reasentamiento de grupos humanos. Cuando se refieren a lo “ilegal y arbitrario” dan cuenta que “… Estos datos corroboran la falta de información a la comunidad y generan dudas razonables sobre la eficacia del proyecto y sus condiciones para no generar efecto alguno…”. Luego a modo de conclusión dicen que “habrían posibilidades de afectación de las comunidades indígenas”.-
Refiere que si bien los actores han individualizado a las comunidades locales que se verían supuestamente afectadas con la ejecución del proyecto, lo que no hacen es justamente indicar en detalles cuáles son las características étnicas y las manifestaciones de la cultura – tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, celebraciones, festivales, torneos, ferias y mercados – que verían afectados “significativamente” la dimensión antropológica. Se han limitado los recurrentes a determinar personas y comunidades, contabilizar las respectivas distancias existentes de sus asentamientos con el lugar de emplazamiento del proyecto, la existencia de algunos sitios ceremoniales y actividades productivas de subsistencias. Añade que carece de seriedad el intentar una acción por la presente vía omitiendo detalles sobre un posible reasentamiento de comunidades humanas y más aun no han sido capaces de acreditar un nexo causal entre esos presuntos y posibles impactos y las actividades insertas en la ejecución del proyecto “Estación de Transferencia de residuos sólidos Lanco-Panguipulli”.-
Se alude a la infracción a los artículos 6 Nº 1 literal a), Nº 2 y artículo 7.1 del Convenio Nº 169 de la OIT debido a la omisión al “deber de consulta” a comunidades indígenas, argumento que se debe desestimar por cuanto el Convenio Nº 169 es inoponible en el presente caso por no corresponder la RCA a una medida administrativa, para los efectos del artículo 6 Nº 1, letra a) y Nº 2 de dicho tratado, razón por la cual no se requiere haber efectuado ese trámite durante el proceso de evaluación. La resolución no es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, ya que al no reunirse los requisitos para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, no correspondía otorgar a la comunidad interesada instancias plenas de participación.-
En efecto la resolución de calificación ambiental no constituye una “medida administrativa” para los efectos del Convenio Nº 169. En virtud del artículo 6 Nº 1 letra a) y Nº 2 del Convenio antes referido los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Entonces la consulta sólo será obligatoria en los dos casos mencionados: medidas legislativas y medidas administrativas y siempre que ellas les afecten directamente.-
El Convenio Nº 169 no da una definición de lo que se entiende por tal y tampoco lo hace la ley indígena y según el artículo 20 del Código Civil se debe acudir a la norma que regula la “consulta” y la “participación” de los pueblos indígenas, esto es, al D.S. Nº 124 de 2009, de MIDEPLAN, y en su artículo 1º señala “El presente reglamento regula la obligación de los órganos de la administración del Estado de escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas cuando traten materias que tengan ingerencia o relación con cuestiones indígenas, establecida en el artículo 34 de la ley Nº 19.253. Dicha obligación se materializa en la consulta y participación de los pueblos indígenas consagradas en el artículo 6 Nº 1 letra a) y Nº 2 y en el artículo Nº 7 oración final del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, promulgado por medio del decreto supremo Nº 236, del Ministerio de Relaciones Exteriores”.-
La Resolución de Calificación Ambiental es un acto administrativo por disposición expresa del artículo 3º de la ley Nº 19.880 y no una medida administrativa. Esta norma señala que son actos administrativos las decisiones formales que emitan los órganos de la administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública y tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones y éstas las define como los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión. Así las cosas el proyecto en cuestión cuyo titular es la Ilustre Municipalidad de Lanco fue aprobada por Resolución Exenta Nº 041 de fecha 5 de abril de 2010, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Los Ríos. Esta resolución es un acto administrativo que reúne los 4 elementos que lo configuran como tal: es una decisión formal, emanada por aquella, que es un órgano de la Administración del Estado; contiene una declaración de voluntad, pues aprobó el proyecto “Estación de Transferencia de residuos sólidos Lanco-Panguipulli”, presentado por la Municipalidad antes mencionada y fue dictado en ejercicio de la potestad pública conferida a la COREMA en virtud de lo establecido en la ley Nº 19.300 y por lo tanto no debe someterse a la consulta exigida por el Convenio Nº 169.-
Los recurrentes estiman a modo genérico amenazado su derecho a la vida e integridad física y psíquica y conviene aclarar cuál es el sentido de dicha garantía constitucional. La vida según el Diccionario de la Real Academia Española la define como “la fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posea” y según José Luis Cea tiene una triple trimensión: implicancia para el concebido no nato; existen importantes consecuencias respecto a la preservación de la vida, en el sentido de la realización de esfuerzos ( médicos) para preservar la vida de alguien cuya salud está deteriorada y en tercer lugar, el derecho a la vida implica que ésta debe transcurrir en un ambiente material y espiritualmente comprendidos, que sean coherentes con la dignidad del ser humano. En cuanto al derecho a la integridad física y síquica, el autor Alejandro Silva señala: “La integridad física de la persona humana ha de comprender, a nuestro juicio, la preservación y funcionamiento de todos los miembros y órganos que le permiten manifestarse como tal, y en todas las expresiones que conforman su específica naturaleza, potencialidad y aptitudes”.-
Añade que considerando lo señalado por los recurrentes en cuanto estiman que la instalación del proyecto “Estación de transferencia de residuos sólidos Lanco-Panguipulli” afectará el ambiente de tal manera que sus condiciones de vida se verán afectadas en una forma que supera los umbrales permitidos por el ordenamiento jurídico, tales alegaciones carecen de fundamento por cuanto muchas actividades económicas amparadas por la garantía constitucional del numeral 21 del artículo 19 implican algún grado de alteración de parámetros ambientales y en la especie existe un grado de afectación lícito.-
Sobre este punto los recurrentes sostienen que “ al tratarse la Resolución de Calificación Ambiental recurrida de un acto ilegal y arbitrario precisamente por violar y no considerar la normativa indígena correspondiente, este acto vulnera por ello la garantía de la igualdad ante la ley, pues ignora una diferencia reconocida y amparada por nuestro ordenamiento jurídico”.-
La igualdad ante la ley implica la prohibición a toda autoridad de realizar diferenciaciones que sean arbitrarias. En la doctrina se han elaborado diversos criterios de fondo que apuntan a dilucidar cuando una diferencia es arbitraria. Así Enrique Evans de la Cuadra señala: “Se entiende por discriminación arbitraria toda diferenciación o distinción, realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública, que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación razonable”. El acto resultará ser arbitrariamente discriminatorio si no tiene finalidad alguna, si su finalidad está proscrita por el ordenamiento jurídico o si no es adecuado respecto a la finalidad perseguida.-
Sostiene que esta garantía no se ha vulnerado y sobre este punto los recurrentes han señalado: “Es palmaria, entonces, la vinculación que tienen los pueblos indígenas con su medio, y por tanto, es igualmente evidente la vulneración a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y que se realiza con la aprobación del proyecto cuya resolución favorable es el objeto de este recurso”.-
El artículo 19 Nº 8 señala que la Constitución asegura a todas las personas: “Nº 8: El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. Señala que la Constitución establece un derecho a “vivir” en un medio ambiente libre de contaminación, no el derecho a un medio ambiente incontaminado per se. Siempre se debe exigir, entonces, la relación con alguna persona. La doctrina señala que la posibilidad de amparo judicial exige que exista una afectación en el derecho de una persona natural, excluyéndose las personas jurídicas.-
Indica que para que prospere un recurso de protección en materia ambiental un acto u omisión ilegal debe “afectar” el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; esto quiere decir que entre el acto u omisión ilegal y la privación, perturbación y amenaza del derecho debe mediar una relación de causalidad. En consecuencia, no es posible que una presunta omisión de un trámite del procedimiento provoque una afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.-
PRIMERO: Que doña Faumelisa Febe Manquepillán Calfuqueo, don Antonio Quitrecura Vera y don Eduardo Moya Reyes, en las calidades que comparecen, recurren de protección en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente ( en adelante COREMA) de la Región de Los Ríos, representada por su Presidente don Juan Andrés Varas Braun, Intendente de dicha región, con motivo de haberse dictado la Resolución Exenta Nº 041 de 5 de abril de 2010 mediante la cual se calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Estación de Transferencia de residuos sólidos Lanco-Panguipulli”, cuyo titular es la I. Municipalidad de Lanco, que consideran es ilegal y arbitraria, por no cumplir la normativa constitucional, legal y reglamentaria y por existir falta de fiscalización, infringiendo con ello los garantías de los números 1, 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.-
a) El proyecto “Estación de Transferencia de residuos sólidos Lanco-Panguipulli, presentado por la I. Municipalidad de Lanco ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Región de Los Ríos con fecha 28 de julio de 2009. El objetivo del proyecto es la construcción y operación de un lugar destinado a la disposición intermedia de residuos sólidos domiciliarios y residuos sólidos no peligrosos asimilables a domiciliarios para las comunas de Lanco y Panguipulli, antes de su disposición final en un relleno sanitario, que se ejecutará en el Km. 14,8 de la Ruta CH 203 que une Lanco Panguipulli en el sector Las Quemas, comuna de Lanco.-
b) La Comisión Nacional del Medio Ambiente – CONAMA – en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley de Bases del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia mediante el Ordinario Nº 093130 de 8 de septiembre de 2009 remitió a las diversas municipalidades del país y Comisión Nacional del Medio Ambiente de las distintas regiones el listado de los proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental, que fueron acogidos a tramitación por dicha entidad y en el cual figura el proyecto mencionado en la letra a) precedente ( fs. 24 y 25).-
e) El Comité de Desarrollo Agrícola Campesino “Salto de Agua”, obtuvo su personalidad jurídica con el Nº 49, con fecha 24 de noviembre de 1992, según consta en el libro de Organizaciones Comunitarias de la I. Municipalidad de Lanco, cuyo Presidente es el recurrente don Antonio Quintrecura Vera ( documento fs. 2).-
TERCERO: Que no obstante haberse difundido a través de la publicación en el Diario Oficial lo relativo al proyecto “Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Lanco Panguipulli” como consta de copia de la publicación agregada de fojas 26 a 28, según se puede apreciar de la lectura del acta de la sesión respectiva de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Región de Los Ríos, con motivo de la intervención que les correspondió a los consejeros éstos no hicieron referencia alguna a haber recabado información previa a la evaluación del proyecto en orden a la existencia de comunidades indígenas existentes en el sector Las Quemas, kilómetro 14,8 del camino que une las localidades de Lanco y Panguipulli.-
Al respecto los recurrentes observan que uno de los organismos que hizo presente esta circunstancia ( con motivo del oficio aludido en la letra b) del motivo precedente) fue precisamente la CONADI la que señaló en su oficio Nº 128 de 24 de marzo de 2010 : “considerando la presencia de Comunidades Indígenas identificadas en el área adyacente al proyecto, las cuales constituyen población protegida y además, tienen consagrado el derecho a la información y participación de acuerdo a lo estableado en el Convenio 169 de la OIT, se le solicita al titular realizar este proceso durante la evaluación”.-
Asimismo relevante es lo que señala la carta de fecha 27 de abril de 2010 dirigida al señor Intendente de la Región de Los Ríos, por tres concejales de la Municipalidad de Lanco en la cual hacen presente acerca de hechos consumados “sin mediar previamente ninguna consulta o petición de opinión a las comunidades afectadas ni menos a estos concejales, y/o Concejo como cuerpo colegiado, acerca de este proyecto de tanta y honda significación y trascendencia para los lanquinos involucrados. Todo esto contraviene algunas normas legales atingentes (por ej. Ley Indígena y Convenio 169 de la OIT) y también mínimas normas éticas y de procedimiento recto de gobierno comunal como el informar oficial y debidamente al Concejo Municipal de Lanco”.-
Agrega dicha carta que la información proporcionada en reunión por parte de la empresa consultora que efectuó el diseño de este proyecto señala que “no existen viviendas a menos de 1.500 metros de la localización de la futura planta de transferencia” que recibirán las basuras de las comunas de Lanco y Panguipulli. Esta situación es falsa, ya que existen realmente varias viviendas a menos de 400 metros de dicha estación; además que esta es una zona Mapuche”. Finalmente se indica que el terreno donde se proyecta instalar esta planta está a escasos metros de la ruta internacional CH-203, trayecto Lanco-Panguipulli, “en un suelo susceptible de inundaciones y que, de producirse filtrajes y escurrimientos, podrían contaminar los campos contiguos y también los ríos, riachuelos, esteros, manantiales y cursos de aguas en general, existentes en el lugar” (fs. 3 y 4).-
En este mismo orden de ideas, cabe señalar que en la sesión de la Comisión Regional del Medio Ambiente el Consejero Regional don Claudio Mansilla Alt manifestó que “cualquier tipo de estación de transferencia o estación definitiva en este tipo de residuos debería exigírsele un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) y no simplemente un DIA (Declaración de Impacto ambiental) porque muchas veces se ha discutido en esta mesa…”. Se refirió más adelante a la situación que implica el traslado de los residuos donde se produce filtración considerando que atraviesa por perímetros urbanos y al tipo de impermeabilización que asegure que no va haber una percolación de napas subterráneas, que es lo que se da en este tipo de vertederos.-
CUARTO: Que no cabe duda que la instalación del proyecto “Estación de Transferencia de residuos sólidos” afectará el ambiente en el sector donde se emplazará alterando las condiciones de vida de las familias existentes en sectores aledaños, según se explicó precedentemente, todo lo cual importa riesgos para la vida, la integridad física y síquicas de las personas que es deber del Estado prever y proteger que así no ocurra, de manera que la Resolución impugnada constituye un acto ilegal y arbitrario al no haber tomado en cuenta la afectación que el proyecto podría producir en las comunidades indígenas existentes en el sector en circunstancias que debió haber existido un Estudio de Impacto Ambiental.-
No cabe duda que existe una vinculación de las comunidades indígenas del sector donde se emplazará el proyecto con el medio ambiente que lo rodea, por lo que es atinente en la especie lo que señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que en su artículo 25 contempla el derecho de los pueblos indígenas a “mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma”.-
El Convenio 169 – sobre Pueblos Indígenas y Tribales que se alude en el recurso es relevante en esta materia; en su artículo 6 Nº 1, indica: Al aplicar las disposiciones del presente convenio los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente El Nº 2 señala que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán ejecutarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Por su parte el artículo 7º Nº 1 dispone que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan y utilizan de alguna manera y de controlar en lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural.-
SEXTO: Que respecto de la garantía del Nº 2 del artículo 19 - “igualdad ante la ley” – y en cuanto en nuestro país “no hay persona ni grupo privilegiado”, se estima que como se trata de una resolución que aprobó un proyecto que se pretende construir en un lugar determinado para después operar residuos sólidos domiciliarios y residuos sólidos no peligrosos asimilables a domiciliarios para dos comunas de esta región, antes de su disposición final en un relleno sanitario, no se divisa cómo se habría afectado tal garantía, ya que por una parte el titular es la I. Municipalidad de Lanco y no un particular, y no se ha privilegiado a persona o grupo humano en especial, en perjuicio de otro.-
Y vistos, además, lo dispuesto en los normas legales citadas precedentemente, y artículos 19 Nº 1 y 8 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE el recurso de protección deducido a fojas 6 y siguientes, por doña Faumelisa Febe Manquepillan Calfuqueo, don Antonio Quintrecura Vera y por don Eduardo Moya Reyes en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Los Ríos, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº 041, de fecha 5 de abril de 2010, que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Lanco-Panguipulli”, sin costas.-
1.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran y que se concreta en la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar cuando se está en presencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella y que signifique una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que se encuentran amparados, afectación que debe ser real, efectiva o inminente.-
3.- Que en lo atinente a la garantía del Nº 8 del artículo 19 y a fin de precisar en qué casos procede la acción cautelar el artículo 20 de la Carta Fundamental en su inciso segundo dispuso que el recurso de protección procederá “cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.-
Según las definiciones contenidas en el artículo 2º de la ley antes citada se entiende por “contaminación” la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda a las establecidas en la legislación vigente y por contaminante todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, o a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.-
La norma constitucional emplea las expresiones “sea afectado” por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona. En otras palabras, aquello que contamina el medio ambiente (artículo 2 de la ley Nº 19.300) debe ser de tal magnitud que sus efectos en el momento actual causen una afectación directa en el medio ambiente, lo que no ha sucedido. El recurso discurre en torno a eventuales daños al medio ambiente. El anuncio de un mal futuro no es causa valedera para justificar el ejercicio de un recurso de protección. “Para que la amenaza en el legítimo ejercicio de derechos protegidos por el artículo 20 de la Constitución sea suficiente para hacer procedente el recurso de protección ha de ser seria y no ilusoria, actual, precisa y no vaga y concreta en sus resultados” (C. Suprema, 1/1/1988; R. t.85, sec. 5ª, p. 307).-
En cuanto al reproche que formulan los recurrentes en orden a que debió haberse presentado un Estudio de Impacto Ambiental tal materia por su complejidad no corresponde resolverla a través de esta acción cautelar puesto que, como ya se indicó precedentemente, se estableció como un remedio eficaz y urgente para amparar al o los afectados por algún acto u omisión ilegal o arbitraria. En otras palabras, como ha señalado la jurisprudencia “la arbitrariedad o ilegalidad que está llamada a corregir el recurso de protección no puede ser otra que la que se manifiesta en “una vía de hecho” en el actuar funcionario”.-
En efecto el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT), en su artículo 6º dispone: “1.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a.- consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.- En su Nº 2 señala que “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán ejecutarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.-
Como se puede apreciar la norma utiliza las expresiones “medidas legislativas o administrativas”. El convenio no ha dado una definición de lo que se entiende por “medidas”.-
La ley Nº 19.253 en su artículo 34 estableció a propósito de la participación indígena que los Servicios de la Administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial cuando traten materias que tengan ingerencia o relación con cuestiones indígenas deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce dicha ley. Relacionado con esta disposición legal está el Decreto Supremo Nº 124, de 2009, del Ministerio de Planificación que regula lo relativo a la consulta y a la participación de los pueblos indígenas y en su artículo 14 al referirse a las “medidas administrativas” las define como “las nuevas políticas, planes y programas, con excepción de aquellos contemplados en el artículo 21 de este reglamento, elaboradas por los órganos de la administración del estado señalados en el artículo 4 del presente reglamento, que afecten directamente a los pueblos indígenas interesados”.-
Al definir que son las resoluciones indica que “son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativa dotadas de poder de decisión” y esa es la naturaleza que presenta la Resolución Exenta Nº 041 que se ha impugnado por la presente vía.-
En razón de lo anterior a juicio del disidente no era necesaria la consulta por no tratarse la resolución cuestionada de una “medida administrativa”.-
6.- Que en razón de lo expuesto precedentemente procede, en concepto de este sentenciador, rechazar el recurso de protección por cuanto la decisión que adoptó la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Lanco-Panguipulli”, no puede calificarse de arbitraria e ilegal y que infrinja las garantías constitucionales mencionadas en el libelo respectivo.-
Certifico: Que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Valdivia, 4 de agosto de 2010.

References: Resolución 
 artículo 25
 artículo 6
 Resolución 
 resolución 
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 8
 resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 artículo 11
 resolución 
 artículo 7
 artículo 6
 resolución 
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 artículo 6
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 34
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 resolución 
 artículo 19
 Resolución 
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 artículo 19
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 31
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 19
 resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 6
 artículo 34
 artículo 14
 artículo 21
 artículo 4
 Resolución 
 resolución 
 artículo 162