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Restriccion interpretativa a la ley 24.013 | Estudio Longhi & Cia.
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Restriccion interpretativa a la ley 24.013
septiembre 14, 2010 Sebastián D. Longhi	Deja un comentario Go to comments
MORAVISKI, MIGUEL ANGEL C/ PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. S/ DESPIDO; EN FORMATO WORD.
DESPIDO, INDEMNIZACION POR.
Multa del art. 1 ley 25.323 y multas de la ley 24.013.
arts. 8, 10, 15 y 90 de la Ley 24013. art. 1 de la ley 25.323.
El sistema de los 8, 10 y 15 de la Ley 24013 sanciona
fundamentalmente la falta de registración que coloca al
dependiente en situación irregular (en ésto se asemeja al
contenido del supuesto previsto en el art. 1 de la ley 25.323),
y secundariamente penaliza la inscripción defectuosa en relación
a la verdadera fecha de ingreso o al real salario percibido por
el dependiente en razón de los perjuicios que esos defectos
pueden acarrear al empleado y por el efecto tributario (cfr.
arts. 8, 9 y 10 L.N.E.). Si la irregularidad sólo consistió en
que los deberes legales fueron cumplidos por la empresa en
servicios eventuales y no por la empresa que debió haberlo
registrado como dependiente suyo, no media clandestinidad y por
la empresa que debió haberlo registrado como dependiente suyo,
no media clandestinidad y por lo tanto la multa del art. 1 ley
25.323 no puede progresar. La Ley 24.013, por su parte, no
previó como comportamiento indebido la irregularidad en la
inscripción del nombre del empleador y en tanto se trata de
materia sancionatoria, ámbito en que deben regir las pautas
interpretativas más restrictivas no cabe aplicar analógicamente
los arts. 90 y 10 L.N.E.
Maza. Pirolo.
23.172/2006
Moraviski, Miguel Angel c/ Pepsico de Argentina SRL s/ despido.
SD. 96.406.
SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 96.406 SALA II
Expediente Nro.: 23.172/2006 (Juzg. Nº 2)
AUTOS: “MORAVISKI, MIGUEL ANGEL C/ PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. S/ DESPIDO”
VISTO Y CONSIDERANDO:-LEER FALLO COMPLETO-
En la Ciudad de Buenos Aires, el 17 de febrero de 2009, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
I.	Contra la sentencia de primera instancia de fs. 857/67 se alzan la parte actora a mérito del memorial obrante a fs. 890/94, que mereció réplica de la contraria a fs. 920/22, y la parte demandada en los términos del escrito obrante a fs. 898/903, que fue contestado a fs. 905/17.
La parte actora se agravia de la base de cálculo de los créditos de condena que fue receptada en la sentencia de grado, como así también del rechazo de las indemnizaciones requeridas con sostén en el art. 1° de la ley 25.323 y 45 de la ley 25.345, y de la ausencia de tratamiento de la penalidad peticionada con apoyo en el art. 9 de la ley 25.013. A fs. 896 apela las regulaciones de honorarios efectuadas.
La demandada critica las siguientes conclusiones: a) que en la causa se haya demostrado que su parte incurrió en un abuso del ius variandi; b) que se haya registrado el contrato de trabajo con una fecha de ingreso posterior a la real; c) que resulte procedente la indemnización del art. 16 de la ley 25.561 y el incremento resarcitorio del art. 2° de la ley 25.323; d) que su parte incurriese en manifestaciones imprudentes y que corresponda el libramiento del oficio ordenado al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; e) lo decidido en materia de intereses, costas y honorarios regulados.
A su turno, el perito en análisis de sistemas (fs. 886) y la Dra. María Teresa Moraviski (fs. 895) recurren los honorarios que respectivamente les han sido regulados, por considerarlos reducidos.
II.	Por razones de estricto orden metodológico analizaré en primer término los agravios deducidos por la parte demandada.
El Dr. Miguel Ángel Gorla concluyó en su fallo –luego de analizar especialmente la prueba testimonial rendida en la causa– que la parte actora demostró la versión fáctica expuesta en el escrito inicial acerca de que el actor prestaba tareas en tres días de una semana y cuatro de la siguiente, y en forma alternada, en jornadas de 12 horas, y que ésta pretendió ser modificada por la ex empleadora por una jornada de ocho horas en cinco ó seis días a la semana (ver fs. 861, últ. párr.). Sobre dicha base, consideró el Sr. magistrado que me antecede, que dicha alteración resultó ilegítima, y en consecuencia procedentes las indemnizaciones derivadas del distracto reclamadas en la demanda.
Contra dicha decisión se alza inicialmente la accionada, a cuyo efecto insiste en la defensa que intentara al contestar la demanda, en el sentido que el cambio impuesto por su parte no importó un exceso en el uso de sus facultades de organización y dirección (art. 66 LCT), en la medida que se mantenía el desarrollo de tareas en el mismo establecimiento y no se afectaba la carga horaria de la jornada laboral.
Expuesta sucintamente la cuestión sustancial de la contienda que es traída al conocimiento de este Tribunal, liminarmente debo remarcar que arriba incólume a esta instancia revisora el juzgamiento que antes fuera reseñado acerca de la modificación que fuera impuesta unilateralmente por la accionada acerca de los días y horarios de prestación de tareas. Ello así porque la quejosa omitió especificar con claridad los hechos en que funda su defensa, cuya obligación impone el art. 356 inc. 2 del CPCCN para la contestación de demanda, y que se reitera en el escrito recursivo (art. 116 LO), y que en el punto en análisis consistía en exponer con suficiente claridad como es que estaba compuesta la extensión de la jornada de trabajo del actor (detallando días y horarios) antes y después de la modificación adoptada por su parte como consecuencia de la invocada “tercerización” del sector del establecimiento de tratamiento de efluentes.
Sobre dicha base, aprecio que a pesar del esfuerzo desplegado por el recurrente y de insistir en que “…la cantidad de horas se mantuvo…” (fs. 900, penúlt. párr.), lo cierto es que conforme a la extensión de las jornadas cumplidas por Moraviski, en el lapso de dos semanas, prestaba tareas durante 7 días que representaban una carga de 84 horas, mientras que con la modificación intentada por la ex empleadora, los días de prestación ascendían a 11 y las horas de trabajo a 88. De lo expuesto surge con meridiana claridad que la modificación de las condiciones de trabajo implicaban una afectación del tiempo libre del trabajador, no sólo por las cuatro horas quincenales de diferencia que surgen de la comparación efectuada, sino también de la mayor cantidad de días en que debía viajar al empleo, lo cual –lógicamente- implica que se eleve el tiempo destinado a tal efecto, amén de un mayor costo de transportes, con el consecuente perjuicio patrimonial.
A lo anterior se suma que al hallarse demostrado que el cambio dispuesto por la demandada implicó una mayor carga de los días y horas de trabajo, cabe reputar firme el juzgamiento efectuado al respecto por el Dr. Gorla como consecuencia de dicha alteración de la jornada, que no mereció una crítica concreta y específica (art. 116 LO), por lo que corresponde confirmar la legitimidad del despido indirecto del caso por haber afectado la empleadora los limites del ius variandi en los términos del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.	Asimismo se agravia la parte demandada de la fecha de inicio de la relación laboral que fuera determinada en la sentencia apelada, en la que incluyó el período inicial en que el actor prestara tareas en el establecimiento de la accionada a través de la empresa Adecco Argentina S.A., de acuerdo al informe que ésta suministrara a fs. 235.
Para fundar este segmento del recurso, sostiene la quejosa que en la causa no se ha demostrado que la contratación eventual del actor “…no pudiera reputarse como válida. Es decir que la misma no respondiera a una exigencia extraordinaria que justifique su contratación eventual durante dicho período…” (ver fs. 900 vta., 7° párr.). Sin embargo, es de las propias afirmaciones de la quejosa que surge la improcedencia del planteo, pues precisamente la carga de demostrar dicha modalidad contractual recae sobre el empleador, tal como expresamente prevé el art. 99 de la LCT in fine. Por otra parte también surge flagrante el incumplimiento a lo dispuesto por el art. 72 inciso “b” de la ley 24.013, que dispone que cuando el contrato de trabajo eventual tenga por objeto atender exigencias extraordinarias, su duración no podrá exceder el período de seis meses en un año.
En consecuencia, corresponde considerar a la demandada empleadora directa de los servicios prestados por el trabajador por el período en cuestión (conf. art. 29 LCT), pues se halla fuera de controversia que ha sido la usuaria de ellos. Si bien la quejosa alude –sin mayor precisión- a que el Sr. Moraviski también habría prestado tareas para otras empresas durante el período que fuera contratado por “Adecco…”, lo cierto es que del informe suministrado por esta última al que antes hiciera referencia, queda claro que a partir del día 17 de enero de 2001 y hasta el 8 de enero de 2002 fue “asignado … a prestar tareas a la empresa usuaria PEPSICO DE ARGENTINA SRL…”.
En base a lo expuesto, voto por confirmar lo decidido al respecto en la sentencia apelada.
IV.	Se queja la demandada porque considera que el agravamiento dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 no es procedente por tratarse de un despido indirecto. Sin embargo, la cuestión ha quedado zanjada con la doctrina fijada en el fallo plenario N° 310 de esta Cámara in re “Ruiz, Víctor Hugo C/ Universidad Argentina De La Empresa U.A.D.E. S/ Despido”, en cuanto dispuso que “Resulta aplicable la duplicación de la indemnización contemplada en el artículo 16 de la ley 25.561 en los casos de despido indirecto” (conf. art. 303 CPCCN), por lo que habré de propiciar se confirme la condena impuesto por dicho rubro en cuestión.
V.	Argumenta la demandada que el incremento resarcitorio impuesto en la sentencia apelada con apoyo en el art. 2° de la ley 25.323 ha constituido un fallo extra petita, en la medida que éste no fue reclamado en el escrito de demanda. El Dr. Gorla, valoró tal circunstancia, mas no la consideró un impedimento, en la inteligencia de que dicha normativa es de orden público y se encuentra reunidos los requisitos de procedencia (fs. 865, 2° párr.).
En mi opinión es procedente la queja, pues el hecho de que una norma sea de orden público, como señala el Sr. Juez a quo, no implica que pueda aplicarse de oficio para condenar en base a ésta por un crédito que no fue peticionado en la demanda. Ello así porque la sentencia debe ajustarse a las pretensiones deducidas en el pleito, a fin de salvaguardar el principio procesal de congruencia (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6°, CPCCN), que posee indudable raigambre constitucional, en la medida que afecta al derecho de defensa en juicio (art. 18 CN). Prueba irrefutable de ello consiste en que al no haber existido una pretensión en la demanda sobre el tópico en cuestión, la accionada se ha visto imposibilitada de ejercitar su postura al respecto, máxime si se tiene presente que se trata de un resarcimiento que si bien toma como parámetro para su determinación las indemnizaciones por antigüedad y preaviso que prevé la LCT, su viabilidad se halla supeditada a otros recaudos que específicamente exige la mentada norma sustantiva, cuya acreditación puede dar lugar a controversia.
Con apoyo en las consideraciones efectuadas, propongo revocar la condena impuesta por el incremento resarcitorio del art. 2° de la ley 25.323.
VI.	Se agravia la parte demandada del oficio ordenado a fs. 866 del decisorio apelado -de cuyo libramiento se deja constancia a fs. 867 vta.- al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a fin de que se instruya sumario contra los Dres. Juan Ramón García Menéndez y Fernando Cortés por la posible violación por parte de éstos de los deberes y obligaciones dispuestos por el Código de Ética.
Considero que este segmento del recurso resulta improcedente, pues aun soslayando que el escrito recursivo en análisis ha sido presentado por el Dr. Cortés en el carácter de apoderado de la parte demandada, y no por su propio derecho, lo cierto es que independientemente del análisis que pueda efectuarse acerca de la pertinencia de los motivos expuestos por el Sr. Juez a quo para ordenar el libramiento del oficio en cuestión, no existe un perjuicio actual para los letrados, a poco que se repare en que dicha medida no constituye una sanción disciplinaria, por lo que –a todo evento- es ante el Tribunal de Disciplina del CPACF que debería ser expuesta la defensa intentada, en el caso –claro está- de así considerarlo. Propongo pues, desestimar el planteo.
VII.	Corresponde ahora dar tratamiento al recurso interpuesto por la parte actora. Inicialmente se agravia de la base salarial de $ 1.774,67 que fuera tomada como base de cálculo de los créditos de condena, pues considera que debió receptarse la de $ 2.051,77 que –asevera- surge del peritaje contable y de los informes suministrados por la ANSeS y la AFIP (ver fs. 890 vta.). Argumenta que si bien en el escrito inicial denunció el monto remuneratorio que fuera receptado en la sentencia de grado, en la liquidación practicada en la demanda dejó expresa constancia de que el monto allí determinado era a las resultas de las probanzas de autos.
Sin embargo, considero que aun soslayando las cuestiones atinentes a que fue el actor quien denunció el importe de $ 1.774,67 como la mejor remuneración percibida (fs. 9 vta.), y a que en los agravios se ha omitido precisar el mes correspondiente y los rubros que lo componen, lo cual linda con la deserción del recurso (art. 116 LO), de todos modos la queja es inviable. Ello así por cuanto el importe salarial del mes de abril de 2004 que se informa en el peritaje contable como el mejor que ha percibido por el actor (fs. 724, pto. 11), no puede ser contabilizado íntegramente a los fines del art. 245 de la LCT.
En efecto, del detalle de los rubros que componen aquel salario (ver planilla de fs. 720), observo que los abonados bajo el concepto “vacaciones” y “promedio variable vacaciones”, no pueden ser contabilizados, pues no se trata de una remuneración mensual. Tampoco puede incluirse el “premio adicion.”, pues se aprecia con meridiana claridad que no se trata de un rubro “normal y habitual” como también exige la mencionada norma sustantiva, a poco que se repare en que sólo ha sido abonada en uno de los nueve meses que allí se detallan. Consecuentemente, y de restar dichos tópicos, el salario computable a los fines que aquí interesan por dicho período, se reduce a $ 1458,31, que resulta inferior al cuestionado como parámetro.
En base a lo expuesto, propongo confirmar la base salarial receptada en la sentencia en crisis.
VIII.	Se agravia por la desestimación de la sanción prevista por el artículo 1 de la ley 25.323, porque a su criterio el contrato de trabajo no se hallaba adecuadamente registrado por haberse consignado una fecha de ingreso posterior a la real. Considero que en este aspecto litigioso tampoco le asiste razón a la apelante.
En efecto, tal como sostuviera a partir del voto que emitiera en autos “Galeazzi Bailon, Laura Mariana y otro C/ Visa Argentina S.A. y otro S/ Despido” (Sent. def. nº 95.011 de fecha 29-05-2007 del registro de esta Sala) en el que analicé la viabilidad de multas como la del artículo 1 de la ley 25.323, cuyo objeto material coincide con el previsto para las multas de la ley 24.013, y vinculados a casos en donde, como en el bajo examen, media registración por parte de quien apareció prima facie como empleador, y donde se presentan, por ende, particularidades que ameritan un análisis diferenciado.
En efecto, la ley 24.013 creó un sistema específico para multar el trabajo clandestino. Es indiscutible que lo que la normativa de referencia buscó penalizar es el trabajo total o parcialmente clandestino, en razón de que la clandestinidad priva al trabajador del goce de los beneficios sociales respectivos y provoca perjuicios a múltiples sujetos (trabajador, obra social, sindicato, régimen tributario en general, etc.). Y al no ser registrado (o siendo falsa, incompleta o incorrecta la registración) el dependiente no accede a los servicios de una obra social, no está cubierto por el régimen de la ley 24.557, no recibe asignaciones familiares, eventualmente se verá privado del subsidio por desempleo en caso de pérdida del trabajo y, en el futuro, no podrá gozar de la cobertura por vejez, invalidez o muerte que ofrece la ley 24.241.
A la par, la ley también pretende evitar la evasión en que incurre el empleador que no registra (o, reitero, registra falsamente en perjuicio del trabajador) una relación de trabajo. Por eso, el sistema de los arts. 8/10 y 15 LNE sanciona fundamentalmente la falta de registración que coloca al dependiente en situación irregular (y en esto se asemeja al mentado objeto material o contenido del supuesto previsto en el artículo 1 de la ley 25.323, que atañe al caso en litigio), y secundariamente penaliza la inscripción defectuosa en relación a la verdadera fecha de ingreso o al real salario percibido por el dependiente en razón de los perjuicios que esos defectos pueden acarrear al empleado y por el efecto tributario ya aludido (cfr. arts. 8, 9 y 10 citados).
En el presente caso no media esa situación de clandestinidad, tanto se lo mire desde la perspectiva de la ley 24.013, como de la ley 25.323, artículo 1, puesto que el trabajador sí se encontraba registrado, por lo que gozaba de los beneficios antedichos y ninguno de los sujetos, organismos, fondos o subsistemas antes aludidos se vio perjudicado por tal situación. La irregularidad sólo consistió en que los deberes legales fueron cumplidos por una empresa que no era su verdadera empleadora y a la que sólo cabe conceptualizar como un tercero inválidamente interpuesto para violar la ley 20.744 y su sistema de contratación.
Pero, repito, no medió clandestinidad. Consecuentemente, juzgo que aún cuando era Pepsico de Argentina S.R.L. quien debía haber registrado como dependiente al actor desde el inicio de la relación laboral y en su favor haber efectuado los aportes respectivos, su omisión fue salvada por el accionar de la empresa de servicios eventuales, lo que inhibe, a mi juicio, de castigar por un incumplimiento que –en rigor de verdad- no ha existido y, como corolario de ello, la multa del artículo 1 de la ley 25.323 no ha de progresar. Ello así toda vez que el fundamento de la multa que prescribe aquél artículo es idéntico al establecido por la ley 24.013 con la única diferencia de que el mencionado procede aún cuando no hubieren sido cumplidos los recaudos de admisibilidad formal del art. 11 LNE, tal como así también parece entenderlo la quejosa conforme a lo expuesto a fs. 892 vta.
Por lo demás, en cuanto al defecto registral acerca del verdadero empleador, resulta que la ley 24.013 sólo tipificó como conductas sancionables por los arts. 9 y 10 (fuera de la falta total de registración) las irregularidades registrales en orden a la fecha de ingreso y al salario. Empero, no previó como comportamiento indebido la irregularidad en la inscripción del nombre del empleador y en tanto se trata de materia sancionatoria, ámbito en el que deben regir las pautas interpretativas más restrictivas, considero que no cabe aplicar la analogía en perjuicio del sancionado.
Por ello, entiendo se impone confirmar este aspecto del decisorio, y así lo propongo ahora.
IX. Se queja la parte actora por cuanto en la sentencia apelada fue desechada la indemnización prevista por el art. 80 de la LCT. A tal efecto, considera desacertado el juzgamiento efectuado en cuanto valoró que el actor recibió las certificaciones que surgen del sobre obrante a fs. 7 y de fs. 55/8, pues remarca que dicho instrumento fue recepcionado en disconformidad; que resulta insuficiente porque sólo resulta un “certificado de servicios” que no se ajusta a la realidad de la contratación, subsistiendo la obligación de entregar el “certificado de trabajo” y las constancias de aportes de la demandada que también se contemplan en la mentada norma (fs. 893 y vta.).
Liminarmente no puedo pasar por alto que en el escrito de demanda nada se dijo acerca de los argumentos antes reseñados, pues allí se limitó a requerir el tópico en cuestión, y acerca de la entrega de los certificados lisa y llanamente se afirmó que jamás se pusieron a su disposición los certificados previstos por el art. 80 de la LCT (ver fs. 22), lo cual representa un obstáculo en los términos del art. 277 del CPCCN para el juzgamiento al respecto por parte de este Tribunal. Pero aun soslayando ello, y en aras de dejar salvaguardado el derecho de defensa de la parte, de todos modos observo que el demandante no cumplió –en tiempo oportuno- con la exigencia contenida en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 –ésta última norma modificatoria del art. 80 de la LCT- porque no efectuó la intimación de entrega del certificado respectivo con posterioridad al transcurso del plazo de 30 días corridos que debe contarse desde la extinción del contrato.
Obsérvese que las intimaciones en este sentido formuladas en los telegramas cursados en fecha 18, 23 y 28 de octubre de 2006 (verlos en sobre de fs. 7) resultan anteriores a que transcurriera dicho plazo, por lo que no puede entenderse cumplimentada la exigencia contenida en el citado art.3 del dec.146/01 como condicionante de la sanción contemplada en el art. 80 LCT, conforme la modificación que introdujo esta norma el art. 45 de la ley 25.345 (conf. CNAT, Sala X, 27-6-02, “Milessi, Juan c/ TEB SRL y otros”; Sala VII, 16-5-03, S.D.Nº 36.702, “Fernández, Manuel A. c/ Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas”). Por otra parte, tampoco existió un requerimiento concreto al respecto ante el Seclo, en tanto si bien del acta de cierre que acompañara la parte actora a fs. 6 aparece como uno de los rubros reclamados la indemnización del art. 45 de la ley 25.345, lo relevante es que no existió reclamo por los certificados de trabajo previstos por el art. 80 LCT, como para –a todo evento- subsanar la omisión del mentado recaudo legal conforme a la norma adjetiva.
En tales condiciones, propicio confirmar lo decidido en la instancia anterior.
X.	Resta expedirse en relación a los agravios que formula la parte actora por cuanto en la sentencia de grado no se habría dado tratamiento a la sanción de temeridad y malicia con fundamento en la previsión contemplada por el art. 9 de la ley 25.013.
En primer término cabe dejar sentado que corresponde a este Tribunal analizar el mencionado planteo de la parte, pues efectivamente éste ha sido introducido en el escrito de demanda (ver fs. 20 vta., pto. VI y 22 pto. XII), sin haber recibido juzgamiento en la sentencia apelada.
Acerca de la eventual procedencia de la sanción establecida en el art. 9 de la ley 25.013, debo señalar que, en el pasado, había sostenido en el plano judicial la aplicación de esta norma a todos los supuestos de falta de pago de indemnizaciones en término, sin efectuar distinción respecto de su origen (despido directo o indirecto, causado o incausado). Sin embargo, a partir de la sentencia Nº 3.811, dictada el 17-8-04 durante mi actuación como juez de primera instancia a cargo del Juzgado n° 62 del Fuero, en autos “Caballo, Francisco C/ Argenred Com SA y otro s/despido” (expte. Nº 9.224/2004), modifiqué mi punto de vista jurisprudencial.
En tal ocasión puntualicé que ese cambio de opinión fue fruto de las reflexiones nacidas del estudio publicado bajo el título “La presunción de temeridad y malicia en la ley 25.013” (revista Derecho del Trabajo, 2000-B-2090, en coautoría con el Dr. Eduardo A. Loustaunau) y ratificadas con motivo de la monografía complementaria “Los artículos 9º de la ley 25.013 y 2º de la ley 25.323: supuestos de concurrencia y de exclusión” (publicada en revista Derecho del Trabajo 2003-B-1486, también con el Dr. Loustaunau).
Expliqué en dicho pronunciamiento que actualmente pienso que la sanción impuesta por el art. 9 de la ley 25.013 resulta de aplicación exclusivamente a los despidos formulados por el empleador “ad nutum” o sin expresión de causa y no, como dijera en el pasado, ya que considero que el legislador quiso sancionar solamente los claros supuestos en los que el principal rompe el contrato sin invocación de causa y, pese a no dudar de que debe las indemnizaciones derivadas de tal ruptura, no procede a abonarlas.
En efecto, dicho art. 9 refiere a “falta de pago sin causa justificada…..de un despido incausado o de un acuerdo conciliatorio homologado…..” y en lenguaje general jurídico laboral, “despido incausado” es aquí sinónimo de “despido ad nutum” (es decir, comunicado sin expresión de causa), mientras que la alusión a la falta de “causa justificada” remite a la consideración de circunstancias que podrían explicar la falta de pago oportuno.
En mi opinión, los dos supuestos tipificados por la norma (despido sin expresión de causa e incumplimiento de acuerdo homologado) tienen en común la determinación certera y definitiva de la existencia de una obligación en cabeza del empleador: abonar la indemnización por despido o satisfacer en tiempo la que voluntariamente asumiera. En ninguno de ambos resulta admisible el cuestionamiento de la existencia de la obligación. En cambio, cuando el despido hubiere operado en forma indirecta –como sucede en el sub lite- o por un despido fundado en la invocación de una justa causa, aún cuando luego se juzgara que medió injuria que justificó la denuncia por parte del trabajador -como he propuesto confirmar en este voto- o que la causal invocada por el empleador no existió o no tenía entidad suficiente, no cabría llegar a idéntica conclusión toda vez que en tales hipótesis no medió la certeza del deber de pagar los resarcimientos y, a la inversa, hubo debate y litigiosidad. De todos modos, clara está que si la invocación de la causa por parte del principal fuere manifiestamente injustificada, el juzgador siempre podrá hacer aplicación directa del precepto al que remite el art. 9 de la ley 25.013, con lo que tales situaciones -excepcionales- quedarían igualmente cubiertas.
Por lo demás, tampoco entiendo viable la aplicación del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues a mi modo de ver no se ha configurado en el presente caso la conducta temeraria y maliciosa del empleador allí tipificada. Ello así porque de las actuaciones no surge que la parte demandada haya intentado defensas a conciencia de su sinrazón como para que se configure la temeridad procesal, ni tampoco considero que haya actuado con malicia, en la medida que no se litigó en forma obstructiva, ni con maniobras dilatorias que afecten el normal desenvolvimiento del proceso. Propiciaré, por ende, desechar el tópico en cuestión.
XI.	De acuerdo a la modificación que propongo, el monto total de condena debería reducirse a la suma total de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 16.587,25), con más los intereses determinados en la sentencia apelada, exentos de crítica de los litigantes. Cabe aclarar que dicho monto surge de debitar al capital establecido en el fallo recurrido ($ 25.265,39) la indemnización allí fijada por el art. 2° de la ley 25.323 por la suma de $ 8.678,14. Corresponde aquí también remarcar que carecen de sostén los agravios deducidos por la demandada respecto de los intereses fijados en la instancia anterior, toda vez que los argumentos allí expuestos tienen como condición la revocatoria de la rubros diferidos a condena (ver fs. 903 y vta.).
XII.	Como consecuencia de la modificación propugnada, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, adecuándolos al actual resultado del litigio, deviniendo abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos al respecto (conf. art. 279 cód. procesal). Sobre dicha base, aprecio que si bien (en caso de seguirse mi moción, claro está) resultan viables la mayor parte de los conceptos reclamados, no puede dejarse de lado que ambas partes resultaron vencidas y vencedoras mutuamente, a poco que se considere que el capital de condena que auspicio reducir resulta bastante inferior al reclamado en la demanda ($ 40.817,41: ver fs. 16), aunque tengo presente que la demandada es perdidosa en mayor medida que su contraria no sólo en cuanto a rubros y montos reclamados, sino también en las cuestiones sustanciales debatidas en la contienda. Por ello, aunque sin atenerme a un criterio estrictamente aritmético en este punto, y tomando en cuenta la naturaleza e índole de las cuestiones debatidas, es que considero pertinente y prudente en el caso acudir al dispositivo contemplado por el art. 71 del código procesal, e imponer las costas de la anterior instancia en un 80% a cargo de la parte demandada y el restante 20% a cargo de la parte actora. En lo atinente a los honorarios correspondientes a la anterior instancia conforme resultado del pleito en relación con cada parte, etapas cumplidas (ambas partes alegaron) y mérito e importancia de las labores, sugiero regular los del patrocinio y posterior representación letrada del actor en 16%, los de la representación letrada de la demandada en 12%, y los de los peritos contador y analista de sistemas en 7% y 6%, respectivamente. Estos porcentajes deberán aplicarse sobre el monto definitivo de condena con más lo que resulte de intereses en la oportunidad del art. 132 L.O. (arts. 38 L.O., y 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; decr. ley 16.638/57).
XIII.	En atención a la suerte obtenida por los recursos en esta instancia, sugiero que las costas de alzada sean impuestas en el orden causado, regulando a tal fin los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 890/4 y 905/17 (Dra. María Teresa Moraviski) y fs. 898/903 y 920/2 (Dr. Fernando Cortés) en el 25% y 27%, de lo que les corresponda percibir por igual concepto a los abogados actuantes por las partes actora y demandada, respectivamente, por las tareas desarrolladas en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).
Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Á. Maza por análogos fundamentos, con la aclaración de que mi adhesión respecto a la improcedencia de la sanción por temeridad y malicia pretendida bajo la invocación del art. 9 ley 25.013, se basa, únicamente, en la circunstancia señalada por mi distinguido colega en cuanto a que, a mi entender, está demostrado que dicha conducta procesal no se configura en el caso por parte de la demandada.
En efecto, estimo que el comportamiento adoptado por la demandada no se inscribe en la tipología descripta por el art. 275 LCT, pues no han litigado “con plena conciencia de la sin razón”. No se advierte en el caso que haya existido un abuso de la jurisdicción, ni un ocultamiento doloso o articulaciones de defensas que manifiestamente tienden a dilatar la tramitación del proceso, conductas estas últimas, que sí podrían importar un accionar temerario. No observo que la demandada o los profesionales que la asisten, al contestar la demanda o durante el trámite de estas actuaciones, hayan asumido conductas manifiestamente contrarias a la lealtad o buena fe procesal, al derecho o a la razón ni que hayan urdido maniobras tendientes a burlar la garantía al derecho de defensa de la otra parte o el ejercicio pleno de la jurisdicción. Asimismo la malicia a que alude la norma, tampoco se evidencia en tanto no se ha cuestionado la existencia misma de la relación laboral –sólo se cuestionó un aspecto temporal-, no se han hecho valer actos en fraude al trabajador, ni se ha abusado de su necesidad o inexperiencia, y las defensas opuestas no se advierten contradictorias o meramente obstruccionistas. Todo ello me lleva a la convicción de que la accionada no actuó con dolo, circunstancias que, a mi entender, desvirtúan la presunción que emerge del art. 9 de la ley 25.013 y que, por lo tanto, tornan injustificada la imposición de la sanción contemplada en la norma mencionada.
Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, cabe memorar que conforme lo señala Morello Augusto M. “La litis temeraria y la conducta maliciosa” Pub. J.A. l967-VI pág. 909, hay temeridad cuando cualquiera de los que integran la litis, sabe a ciencia cierta que carece de razón pero “no obstante abusando de la jurisdicción, componen un proceso del que se ha de generar daño a la otra parte” (en igual sentido esta Sala sentencia 67.328 28/9/90 “Orrego G. c/Rivera B. s/ despido”). Asimismo agrega el autor antes citado, remitiéndose a Couture que constituye “la actividad de quien afirma hechos o se conduce sin fundamentos o motivo, con conciencia de la sin razón” y también que para declarar una conducta como temeraria, conforme lo ha señalado reiterada jurisprudencia de esta Cámara (Sala IV 13/5/74, J.A. 23-l974-297, Sala V 15/2/75 “Minichini José C. Automóvil Club Argentino”) el juzgador debe proceder con cautela y prudencia para no menoscabar la garantía de defensa en juicio.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada, y reducir el monto total de condena a la suma total de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 16.587,25) con más los intereses a la tasa y en la forma determinada en la sede de origen. 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, e imponer las primeras en un 80% a cargo de la parte demandada y el restante 20% a cargo de la parte actora. Regular los estipendios del patrocinio y posterior representación letrada del actor en 16%, los de la representación letrada de la demandada en 12%, y los de los peritos contador y analista de sistemas en 7% y 6%, respectivamente. Estos porcentajes deberán aplicarse sobre el monto definitivo de condena con más lo que resulte de intereses en la oportunidad del art. 132 L.O. 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; 4) Declarar las costas de alzada en el orden causado; 5) Regular los honorarios por su actuación en esta instancia de los letrados firmantes de los escritos de fs. 890/4 y 905/17 (Dra. María Teresa Moraviski) y fs. 898/903 y 920/2 (Dr. Fernando Cortés) en el 25% de lo que les corresponda percibir por igual concepto a los abogados actuantes por las partes actora y demandada, respectivamente, por las tareas desarrolladas en la instancia anterior.
Miguel Ángel Pirolo	Miguel Ángel Maza	Juez de Cámara Juez de Cámara
Despido por maternidad, licencia sin goce de sueldo. Recurso administrativo directo. Arbitrariedad.

References: in fine
 artículo 16
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