Source: http://laboralparatodos.com/sentencia-t-02666-13-atencion-integral-en-salud-para-los-reclusos-practica-de-examen-medico-al-ingreso-suministro-de-medicamentos-autorizacion-de-examenes-servicio-de-odontologia/
Timestamp: 2017-07-25 00:25:10+00:00

Document:
[Sentencia T-02666-13] – Atención integral en salud para los reclusos – practica de examen medico al ingreso – suministro de medicamentos – Autorización de exámenes – Servicio de odontología, | laboralparatodos.com
[Sentencia T-02666-13] – Atención integral en salud para los reclusos – practica de examen medico al ingreso – suministro de medicamentos – Autorización de exámenes – Servicio de odontología,
Inicio » Sentencias » [Sentencia T-02666-13] – Atención integral en salud para los reclusos – practica de examen medico al ingreso – suministro de medicamentos – Autorización de exámenes – Servicio de odontología,	Descarga este documento aqui.
Sentencia T-266/13
Acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos Oliveros y otros contra el Centro Penitenciario ERON Heliconias y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil doce (2013)
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela emitidos por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia (Caquetá) y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en la acción de tutela instaurada por Juan Carlos Oliveros y otros contra el Centro Penitenciario ERON Heliconias y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
Aproximadamente ciento veinticinco reclusos promovieron acción de tutela contra el Establecimiento Penitenciario ERON Heliconias y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- por considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la dignidad humana, a la redención de penas y al buen trato.
1. Hechos. Los accionantes argumentaron que fueron trasladados el 27 de febrero de 2011 desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Rivera (Huila) a la Penitenciaría ERON Heliconias de la ciudad de Florencia (Caquetá), que no es adecuada para las personas que se encuentran privadas de la libertad, por los siguientes motivos:
1.2. Los alimentos no están siendo proporcionados en los horarios establecidos por los lineamientos penitenciarios. Asimismo, la cocción de los mismos es deficiente, la porción es mínima y los jugos son aguados, sin sabor. Los recipientes donde se sirven las comidas siempre quedan mal lavados y “han llegado a completar la ración del menaje con los sobrantes de la anterior”. Exponen que existen presos que necesitan “una alimentación balanceada”, bajo prescripción médica y nutricionista, pero “(…) no se cuenta con esta sección de servicios médicos ni alimenticios, viendosen (sic) afectados con sus alimentos produciéndoles malestar y alergias en el cuerpo”. 1.3. La comunicación con el exterior a través del servicio telefónico no es oportuna ni eficiente, debido a que las tarjetas suministradas por el INPEC no sirven y la empresa encargada para ello, “Prepacol”, no les ha dado ningún tipo de solución, siendo “afectados a tal punto que muchos de nosotros no hemos podido comunicarnos con muestras familias y ni si quiera informarles que nos han trasladado a otra ciudad, otro Departamento y otro penal”. También expresaron que el único televisor que se encuentra en su patio está fuera de servicio por fallas eléctricas.
1.5. Relatan que hay cuatro mesas de cuatro puestos para 170 detenidos intramuros, por lo que algunos tienen que sentarse en el piso para tomar sus alimentos. 1.6. Por último, exponen que el citado centro penitenciario no los ha dotado de sábanas, toallas, uniformes y botas para mantenerse aseados.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- señaló que las inconformidades planteadas por las personas privadas de la libertad han sido presentadas de manera verbal, razón por la cual han sido resueltas del mismo modo. Sostuvo que el centro penitenciario es moderno y ofrece condiciones dignas de habitabilidad para este grupo de personas, con estándares de calidad internacional. Agregó que al momento en que ingresaron los reclusos fueron atendidos por un grupo de sanidad, ya que sus instalaciones cuentan con tres unidades conformadas por un médico de turno, un odontólogo, cuatro auxiliares de enfermería, una enfermera jefe, un auxiliar administrativo y un regente de farmacia. Que son atendidos por CAPRECOM de manera oportuna, ágil y eficiente y que los que presentaban problemas mentales han sido valorados por la siquiatra Johana Mateus Lamus.
Expresó que los pabellones tienen celdas para cuatro presos, con su baño privado y lavamanos; en el patio para el uso común hay duchas, lavamanos y sanitarios; y que si bien no se les instalaron puertas, ello obedeció a motivos de seguridad. Adicionó que para solucionar tal situación se solicitó asignación de presupuesto, que le fue otorgado el 9 de marzo de 2011 por la suma de $50.000.000 destinados al mantenimiento del inmueble. Dijo que las mesas se están organizando para el traslado del patio, pero que por motivos de seguridad se están esperando unos tornillos para pegarlas al piso.
Finalmente, en cuanto al lavado de ropas adujo que el establecimiento tiene modernas instalaciones para prestar dicho servicio. Por lo anterior, solicitó desestimar el presente amparo al estar frente a la figura del hecho superado, toda vez que se han ido solucionando las pretensiones de los actores.
(i) Ejecutar las obras de elaboración de las puertas para los baños de las celdas y del patio núm. 1; (ii) establecer un horario adicional de apertura de las cuartos para hacer las necesidades fisiológicas durante el día; (iii) hacer gestiones administrativas necesarias para la selección del personal de presos para la prestación de los diferentes servicios al interior del reclusorio; (iv) ampliar el horario de visitas conyugales o íntimas; (v) dotar el penal de elementos deportivos; (vi) establecer en el pabellón las líneas telefónicas y los materiales de comunicación a que hubiere lugar; y (vii) el restablecimiento de los derechos a la salud, a la vida digna, a la alimentación, prestando el debido y oportuno servicio de citas médicas, suministrando medicamentos y una alimentación balanceada, so pena de incurrir en desacato. En criterio del juzgado, “es evidente (…) que los internos del patio 1 del penal ‘ERON HELICONIAS’ de esta ciudad, presentan algunas falencias en sus condiciones de vida, pues así lo indican las diferentes pruebas aducidas al expediente, como la diligencia de inspección judicial realizada por el despacho, los testimonios de los reclusos JORGE OSPINA TELLO y EDISON ORJUELA ZANABRIA, gestores del comité de derechos humanos del establecimiento y la declaración rendida por la Directora de dicho centro Dra. IMELDA LOPEZ SOLORZANO, quienes hacen algunas precisiones (sic) acerca de las circunstancias puestas en conocimiento por los internos en el escrito de acción de tutela”. Finalmente, manifestó que es necesario que la dirección del INPEC adelante gestiones administrativas que permitan mejorar las condiciones de los internos, ya que dicho establecimiento no cuenta con el presupuesto ni la infraestructura necesaria para su funcionamiento conforme con las exigencias de la población reclusa afectando sus derechos fundamentales. 2. Impugnación.
Expresó que los presos cuentan con media hora adicional luego de repartido el desayuno para que utilicen los sanitarios de las celdas, y durante el resto del día tienen a su disposición los baños y duchas que se encuentran en el patio. Por último, sostuvo que el motivo por el cual no se construyen puertas es para evitar que se presenten agresiones entre los reclusos. Por lo anterior, solicitó que se revocara el mencionado fallo.
(i) Respecto de la atención médica, el INPEC, a través de CAPRECOM, dispone de un equipo de galenos para la atención en salud de las personas que se encuentran en detención intramuros, y los pacientes que requieren el suministro de medicamentos ya lo están recibiendo. (ii) De la preparación de los alimentos, el sabor de las comidas es subjetivo ya que no se puede comprobar. (iii) En lo que atañe al servicio telefónico y de televisión, la entidad accionada asegura que fueron restablecidos, aceptando que en principio se presentaron problemas por el prematuro funcionamiento del establecimiento.
(i) El patio tiene forma triangular con una extensión aproximada de 40 metros de largo por 30 metros en su parte más ancha, consta de dos niveles, tiene un total de cuarenta y cinco celdas con capacidad cada una para cuatro personas; “dicha estructura se encuentra en obra negra tanto externa como internamente”, con su respectivo sanitario y un lavamanos (en buen estado de funcionamiento). En el primer piso hay una zona de baño de 6 metros de largo por 2.30 de ancho aproximadamente, con tres orinales de pared, seis puestos de baño y un lavamanos de tres llaves, todo descubierto, sin puertas. En el segundo nivel también hay una zona de baño compuesto por cuatro llaves, dos orinales de pared y un lavamanos de tres puestos. (ii) El pabellón cuenta con un área de comedor con cuatro mesas de cuatro puestos cada una, un televisor de 32 pulgadas en funcionamiento. Edificio que cuenta con un total de 172 reclusos.
2. Declaraciones de los internos Jorge Ospina Tello y Edison Orjuela Zanabria del 15 de marzo de 2011, quienes indicaron que dicho centro penitenciario les violaba sus derechos constitucionales, así: (Cuaderno original, folios 21 a 24)
(i) El derecho a la intimidad personal y a la dignidad humana, debido a que los presos durante el día tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en los dos baños que se encuentran en el patio, ya que las celdas permanecen cerradas, “al aire libre y al frente de todos, [igualmente] lavar la ropa en la mismo (sic) parte donde [se bañan]”, en el suelo y con sus propios implementos de aseo. Agregaron que, respecto de los baños, se han presentado problemas con el agua; y han tenido que hacer sus necesidades “encima de otros residúos orgánicos ya depositados, ya que el sistema de desagüe no sirve echando agua con balde por ser un sistema especial”.
(ii) En cuanto a las visitas conyugales la directora del centro penitenciario les informó que tenían derecho a tres horas pero en la actualidad solo cuentan con una hora o a lo sumo con hora y media. Además, el establecimiento no tiene suficientes esposas o grilletes que son necesarios para el traslado a los lugares de encuentro íntimo; hace falta personal penitenciario para el control y vigilancia del ingreso de visitas y parte del tiempo destinado a las mismas se utiliza en dicho desplazamiento. Aclaran que solo hay seis habitaciones destinadas para tal efecto.
(iv) Se refirieron a la comida como de mala calidad “salada, insípida y de muy poca porción adecuada para un ser humano, se come por instinto de supervivencia”. Asimismo, añadieron que hay internos que necesitan “tratamiento en su alimentación como son las dietas, ya que a ellos les toca comer alimentos con grasas, jugos con azúcar y harinas que les hacen daño”.
(vi) También, sostuvieron que no se les suministra espacio para la recreación y el deporte, toda vez que a pesar de existir dos canchas y un balón de microfútbol, no han podido hacer uso de las mismas debido a que el establecimiento no cuenta con el personal suficiente para que los cuide. (vii) Añaden que hay un espacio para la lavandería pero hasta el momento no le han dado el manejo adecuado ni lo han puesto en funcionamiento para limpiar los uniformes, sábanas y toallas, como tampoco les han dejado “ingresar jabón de lavar para hacerle aseo a [su] ropa interior, problema que está afectando a algunos internos por hongos en los testículos”.
3. Declaración de la directora del Establecimiento Penitenciario, Imelda López Solórzano, el 26 de marzo de 2011, dentro de la cual afirmó lo siguiente: (Cuaderno original, folios 25 a 29)
En lo que se refiere al problema de salud, este se gestionó con CAPRECOM en asocio con la directora de reinserción del INPEC. El galeno y odontólogo de dicha entidad son los encargados de realizar las respectivas valoraciones de ingreso, “pero dado el alto número de internos recibidos en tan solo 5 días no alcanzaron a realizar a todo el personal y aún están realizando estos exámenes (…)”. Con los tratamientos psiquiátricos se presentaron dificultades en algunas historias clínicas, pero el establecimiento se apersonó de las mismas con el fin de establecer las verdaderas condiciones de los reclusos. El personal de la entidad prestadora de salud en mención, “llego (sic) a partir del 28 de febrero cuando empezaron a trasladar internos”; igualmente, se han hecho ajustes de acuerdo a las necesidades e inclusive se solicitó a CAPRECOM y al INPEC que “se estudiara la posibilidad de asignar médico nocturno y dos auxiliares mas (sic) de enfermería, porque las aéreas de sanidad están separadas y no [pueden] trasladar internos de alta a mediana a atención medica este servicio debe estar cubierto todo el tiempo (sic)”.
En cuanto a los servicios calificados como eventos No POS, el INPEC tiene un contrato con la aseguradora Póliza Aurora con la que deben surtirse los trámites previa comunicación con CAPRECOM. Sobre el punto de expendio de elementos básicos, se les ha informado acerca de las dificultades que se presentan para la adquisición de los productos, ya que el lugar de reclusión no cuenta con presupuesto. Los ha venido solicitando al Centro Carcelario y Penitenciario El Cunduy, trámite que es necesario y bastante largo, máxime cuando se presentaron cambios en la reglamentación de contratación que no han permitido conseguir insumos y que se encuentra sujeta a la misma, so pena de incurrir en faltas disciplinarias y penales.
En lo atinente a las visitas, las protestas obedecen a que los presos vienen de establecimientos donde estas se realizaban sábados y domingos de 8.00 a.m. a 4 p.m., mientras que en el nuevo centro penitenciario son solo 4 horas y de 10 autorizados solo pueden ingresar 3 por día. En cuanto a los encuentros íntimos estos son permitidos cada 30 días máximo una hora, no como en los otros establecimientos, que los podían tener cada 8 días y sin control alguno. El ingreso de comida por parte de los visitantes se encuentra prohibido conforme con lo establecido por el reglamento, con el fin de mantener el orden, la disciplina y evitar riñas entre los reclusos. El nuevo proceso administrativo ha sido difícil de asimilar para los reclusos, pero el Gobierno Nacional y el INPEC hacen esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los mismos y se han solucionado paulatinamente los problemas objeto de reclamo.
(b) Que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, y la Directora del Establecimiento Penitenciario ERON Heliconias, Imelda López, Solórzano, informaran sobre los siguientes tópicos:
– En relación con el derecho a la salud, si se ha realizado en debida forma los exámenes médicos de ingreso; si se les ha prestado oportunamente atención médica; si se les ha suministrado los medicamentos y tratamientos requeridos (Pos y No Pos); y si han recibido servicio médico psiquiátrico y los fármacos necesarios para controlar las enfermedades.
– Respecto del estado actual de los baños, si se ha facilitado el acceso de los detenidos intramuros al uso de los sanitarios que se encuentran en las celdas; si se ha adelantado alguna medida destinada a solucionar los problemas de desagüe que los encarcelados afirman que afectan a los inodoros; si se han construido nuevos servicios de baño en los patios; y si estos cuentan con dispositivos apropiados que garanticen su privacidad.
– En lo que atañe a los alimentos, que describan la calidad, la cantidad de la porción suministrada y los horarios en que se les sirven a los reclusos, así como el estado de higiene de los platos y cubiertos utilizados para consumirlos. Igualmente, indicaran si a las personas a quienes se les ha prescrito comida especial en razón a algún tipo de padecimiento, se les ha suministrado, precisando su número e identificándolas plenamente; que dijeran también si ya se instalaron las mesas de comedor que estaban pendientes.
– Si las peticiones formuladas por las personas privadas de libertad han sido adecuadamente enviadas a sus destinatarios, y si las elevadas a las autoridades del penal han obtenido una pronta respuesta.
– En cuanto a las visitas conyugales o íntimas, que informaran de cuánto tiempo efectivo disponen los internos en cada visita, cuál es el número de cuartos destinados a estas actividades, cuántas veces al mes puede realizarse esta clase de visita. – Indicaran si se subsanaron las fallas que tienen las líneas telefónicas utilizadas para la comunicación de los presos con el exterior y si se están expendiendo adecuadamente las tarjetas destinadas a esa comunicación.
– En lo atinente al servicio de lavandería, si está en funcionamiento dicho servicio y si se les ha proporcionado a los detenidos intramuros los insumos necesarios para hacerlo eficaz.
– Si se han realizado las gestiones administrativas necesarias para la clasificación del personal de internos con el fin de que presten distintos servicios dentro del penal.
– Si se ha implementado el suministro de elementos deportivos y de recreación para los reclusos y si se ha dispuesto del personal de guardias necesario para supervisar la práctica de esos deportes.
El Director de la Penitenciaría Las Heliconias, Leopoldo de Jesús López Pinzón, indicó que dicho centro de reclusión fue inaugurado el 11 de marzo de 2011 dentro de la nueva política gubernamental que busca mejorar la administración adecuada de los asuntos criminales, penitenciarios y carcelarios del país.
Respecto de los procedimientos No Pos, aseveró que el INPEC contrató con la Póliza AURORA, hasta febrero de 2012 y con Seguros QBE desde esa fecha hasta la actualidad. Agregó que en el 2011 se gestionaron 625 remisiones correspondientes al 90% de las prescripciones ordenadas y se han atendido 545.
2.2. Estado actual de los baños. Dijo que conforme con el diseño arquitectónico, cada celda tiene un sanitario suficiente para 4 internos, sin el servicio de duchas, las cuales son comunales y se hayan ubicadas en el primer piso de cada pabellón, además de contar con una batería adicional de inodoros, con puertas y cortinas (acondicionado en la actualidad) para la satisfacción de sus necesidades en el día.
2.3. Suministro de alimentos. Señaló que este servicio se lleva a cabo a través de un tercero, la empresa Servialimentar, supervisado por el Comité de Intervención del Seguimiento de la Alimentación -CISA-, conformado por el Director, Subdirector, el responsable del área de reinserción social y un interno de cada pabellón (nombrado por sus compañeros por un periodo de 6 meses), encargados estos de: emitir concepto individual que se le haga a la supervisión de la elaboración; calificar el servicio; velar por el cumplimiento de los diferentes menús, del gramaje establecido en el contrato y de la calidad.
Adicionó que la partida que el Gobierno Nacional le otorga a Servialimentar es de siete mil seiscientos cuatro pesos ($7.604) por cada recluso.
2.4. Peticiones presentadas por los detenidos. El director del centro penitenciario aseveró que la oficina jurídica ha cumplido con dicha obligación a pesar de no tener el personal administrativo suficiente para atender la gran demanda de trabajo.
Anotó que las visitas conyugales se llevan a cabo los días viernes y domingos de las 3 últimas semanas de cada mes, ya que la primera semana es visita familiar con niños, las cuales se rotan por pabellones, correspondiéndole a cada uno de ellos una vez al mes. Agregó que por falta de celdas para ese fin y la gran cantidad de usuarios, el tiempo para cada reo oscila entre 45 minutos y una hora. 2.6. Líneas telefónicas. Expuso que el servicio de telefonía es prestado por la empresa PREPACOL. Sostuvo que al inicio, dadas las condiciones meteorológicas y atmosféricas de esta región se presentaron problemas técnicos, los cuales fueron superados.
2.7. Servicio de lavandería. Expresó que comenzó a funcionar con los respectivos equipos, en el sector de mediana seguridad en el mes de abril de 2011 y en alta seguridad en mayo de 2012. Añadió que durante el tiempo en que se inició el servicio se han entregado 24 bultos de detergente.
2.8. Clasificación del personal con el fin de que presten distintos servicios dentro del penal. Comentó que la Penitenciaría Las Heliconias inició labores el 11 marzo de 2011, con reclusos procedentes de diferentes centros de reclusión, quienes no estaban clasificados en fase, lo que produjo represamiento en dicha actividad, ya que “el proceso que es de carácter profesional y científico requiere del análisis de una serie de elementos jurídicos, administrativos y resocializadores de carácter objetivo y subjetivo requiriéndose de mucho esfuerzo y tiempo”.
Refirió que tal situación se agravó en el mes de diciembre de 2011 cuando dicho centro contaba con la cobertura total de internos, lo que le obligó a clasificar a los reclusos de la siguiente manera: 859 en alta seguridad; 367 en mediana seguridad; 52 en mínima seguridad; 13 en observación y diagnóstico; y 23 sin fase. Añadió que “[u]na vez obtenida esta clasificación [están] procediendo al cambio de fase de alta a mediana y de mediana a mínima, pues no solo se requiere esta información para adjudicarles cupo para redención de penas en actividades laborales, de educación y otras sino para que accedan a beneficios administrativos o jurídicos como el permiso de las 72 horas y para el diligenciamiento de solicitudes de libertades”.
En cuanto al plan ocupacional señaló que cuentan con “un cupo máximo en todas las labores de 1237, de las cuales [tienen] 940 redimiendo, y 297 cupos disponibles, pendientes de la autorización de la sede central”.
2.9. Suministro de elementos deportivos y de recreación. (Cuaderno 3, folio 246). Informó que se han adquirido los elementos deportivos y se incentiva la práctica de los mismos como fútbol, microfútbol, basquetbol, vóleibol y ajedrez.
3. Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, allegó los siguientes documentos:
3.1. Informe respecto del seguimiento de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. “Hacinamiento, infraestructura y capacidad de los establecimientos de reclusión”, dentro del cual hace un análisis de las falencias que presenta el sistema penitenciario y carcelario en Colombia y que fueron definidas por este tribunal en sentencia T-153 de 1998; y de las irregularidades que se han constatado en los nuevos centros de reclusión. Finaliza su escrito con una serie de posibles soluciones a los problemas que presentan las prisiones del país.
3.2. Escrito del Defensor del Pueblo Regional Caquetá, Álvaro Castelblanco Cardoso, respecto del Centro Penitenciario ERON Las Heliconias. Señaló que dicho establecimiento cuenta con una capacidad para 1469 internos, conformado por 7 pabellones; cada uno tiene rancho, panadería, talleres, sanidad, visitas (tanto generales como conyugales), cuenta con presupuesto “para mantenimiento de internos de $50.000.000.oo y de $90.000.000.oo para funcionamiento del establecimiento”, dinero insuficiente para llevar a cabo su misión institucional. Agregó que actualmente no presenta problemas de hacinamiento.
Manifestó que las instalaciones del establecimiento brindan condiciones dignas para garantizar los derechos fundamentales de los internos, y a pesar que en principio tuvo problemas, estos se han venido solucionando. Adicionó que “la regional Caquetá de la defensoría del pueblo, realizó Capacitación al Comité de Derechos Humanos de la Institución Penitenciaria. (…). De otra parte, (…), la Dirección de EP Heliconias asignó a la Defensoría del Pueblo regional una oficina para el cumplimiento de la misión Constitucional en los centros carcelarios de conformidad con los dispuesto en la ley 65 de 1993, y con lo cual, [esperan] disminuir las abundantes solicitudes de designación de defensores Públicos para asesoría y Consulta, como, para beneficios administrativos (sic)”.
Por último adjuntó: (i) Actas de visitas de inspección realizada en el 2011 (18 y 28 de marzo; 13 de abril; 7 y 13 de mayo).
(b) En cuanto a la lavandería hay 3 máquinas lavadoras, de las cuales una está en funcionamiento y las otras dos están pendientes de hacer efectiva la garantía por defectos de fábrica. (c) Respecto de la visita íntima se tiene proyectado adecuar el área de UME.
(e) En lo que atañe a la salud mental no existen locaciones para alojar este personal, contando con 80 reclusos psiquiátricos con diferentes patologías. No obstante, le informaron que estas personas están siendo atendidas por un médico especialista en la materia que se encuentra en comisión por parte de CAPRECOM. (f) Sobre la infraestructura sanitaria cada celda tiene un baño y lavamanos para el uso de la noche o al momento del encierro, no existe privacidad para el momento de la ducha, debido a que son comunitarias y carecen de divisiones. Se cuenta con retretes en el patio.
(b) En relación con el abastecimiento de agua potable, mantener en los “archivos soporte escrito de los resultados de medición de la potabilidad del agua suministrada de todo el establecimiento como medida de prevención y para posibilitar su verificación en futuras inspecciones”.
Después de estas recomendaciones, señaló que en inspección del 13 de abril de 2011 evidenció que en cuanto al suministro de alimentos, los internos representantes de derechos humanos de cada pabellón se pronunciaron de manera positiva.
De las visitas conyugales, se impartieron instrucciones al personal de guardia en relación con el respeto que deben tener para con los reclusos y sus visitantes, así como el tiempo otorgado siendo este máximo 1 hora y un mínimo de 45 minutos. Respecto del expendio de elementos de primera necesidad, se habilitó una tienda con productos que se han suministrado en comisión. Por último, señaló que se realizó un censo en la población interna con el ánimo de saber los niveles de estudio y conocimiento, los intereses de trabajo, estudios y capacitaciones. Con base en esto, se procedió a la asignación de 500 cupos.
(ii) Acta levantada por la coordinación de procuradores judiciales en lo penal.
La existencia de baños abiertos que no garantizan privacidad al momento de realizar necesidades fisiológicas. La alimentación ha cambiado pero no existen dietas alimenticias para algunos internos que las requieren.
Respecto de la salud, los internos se anotan para ser llevados a sanidad y la guardia no los lleva. La correspondencia es leída previamente y existen algunos documentos que no se entregan, en especial los habeas corpus, entre otros.
La visita conyugal “no tiene las más mínimas normas de sanidad, en el mismo sitio y con las mismas sabanas deben tener relaciones sexuales los internos. Esta visita dura solo 25 minutos y cuando se acaba los guardianes sin avisar entran y violentan la intimidad. El área de visitas es muy pequeño y las familias que llegan no tienen casi espacio para estar con los internos, menos comodidades no tiene donde sentarse. La visita se demora mucho en llegar y cuando logran ingresar ya les queda muy poco tiempo para estar con los internos”.
(iii) Resultados acerca de la potabilidad del agua respecto de los meses de febrero, marzo y mayo de 2012. Asimismo, cuestionario de abastecimiento, distribución y calidad del agua de 2011.
(iv) Evaluación por parte del INPEC de las áreas de distribución y funcionamiento del servicio de alimentos, en las cuales se verificaron las obligaciones contractuales y el cumplimiento de la normatividad sanitaria, se evidenciaron incumplimientos en el contrato, por lo que se elaboró un plan de mejoramiento, bajo la supervisión de la dirección del establecimiento.
Asimismo, el informe estableció que el 85% de las entidades penitenciarias y/o carcelarias no tienen asegurados a los internos que se encuentran en prisión y detención domiciliaria o bajo un sistema de vigilancia electrónica para que tengan acceso a servicios de salud; y aproximadamente la mitad no proporcionan oportunamente los medicamentos ni cuentan con un servicio óptimo de salud para la población reclusa.
La Procuradora Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Paula Andrea Ramírez Barbosa, señaló que la Procuraduría General de la Nación, a través del Grupo de Asuntos Penitenciarios y Carcelarios, practicó visita a la Penitenciaría Las Heliconias. Concluyó lo siguiente:
h) Las áreas construidas para talleres no tenían dotación de ningún elemento para el desarrollo de actividades, se encontraban los salones vacíos; la panadería contaba con todos los elementos necesarios sin embargo no estaba en funcionamiento por falta de instructor y de capacitación personal”.
Luego, en visita del 30 de julio de 2012, evidenció “[l]a falta de servicio médico, los profesionales de las EPS CAPRECOM se encontraban en cese de actividades por falta de pago, no tenían servicio de odontología, no se estaba cumpliendo con las dietas para las personas que así lo requieren por prescripción médica; no se [cumplía] con las actividades laborales dirigidas por instructores, solamente se [adelantaban] por iniciativa de los internos. [Y] La oficina jurídica [restringía] la correspondencia y no les [tramitaba] en tiempo ante las autoridades judiciales los documentos para la redención de pena; el expendio no [tenía] productos básicos para la venta (…)”.
Sostuvo que “el INPEC no está cumpliendo con los deberes que le impone la Ley 65 de 1993, especialmente en su artículo 5, que establece el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos; como tampoco cumple con la finalidad del tratamiento penitenciario, el que tiene como finalidad la resocialización a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, entre otras, las que deben propender por que el recluso cuente con oportunidades de cambio, en condiciones dignas y prepararlo para su puesta en libertad.”
Anexó las siguientes actas de las visitas: 4.1. Informe presentado por el Defensor Regional, Álvaro Castablanco Cardoso, y la Delegada de la Procuraduría Regional, Silvia Milena Viasus, el 18 de marzo de 2011, ya expuesto en el numeral 3º del presente acápite.
4.2. Escrito del 28 de marzo de 2011 realizado por el Procurador 115 Judicial II en lo Penal, con el fin de constatar las quejas de los internos por presuntas violaciones de los derechos humanos, tales como el no suministro oportuno de la alimentación, atención médica, visitas generales, conyugales, comunicación con las familias, suministro de elementos de aseo, ingreso de comida, entre otras.
4.3. Documento que hace referencia a la visita de inspección a la penitenciaría el 18 de mayo de 2011, dentro del cual hizo una descripción de la población carcelaria y de las aéreas del establecimiento. Igualmente, destacó los problemas que se presentan, así:
(i) Incumplimiento del artículo 63 de la Ley 65 de 1993, respecto de la clasificación de los internos. (ii) Carencia de productos básicos para satisfacer las necesidades de los encarcelados.
Por lo anterior, recomendó requerir al Director del INPEC para que implemente labores de trabajo que permitan la redención y resocialización de los internos; y adelante las respectivas gestiones para dotar de los elementos necesarios a los reclusos y puedan cumplir con sus actividades laborales. Asimismo, requerir al coordinador de dicha institución para que cumpla con celeridad su deber de tramitar las autorizaciones para la atención de los servicios No Pos.
4.4. Informe presentado por los procuradores Martín Luna Meneses, José Manuel Jaimes Quintero, Jairo Delgado Lozano y Claudia Ledesma Ibarra. Así como el escrito dirigido a la Penitenciaría Las Heliconias con el objeto de transmitir los requerimientos y quejas presentados por los internos. Documentos estos expuestos en el numeral 3º del presente acápite.
4.5. Acta realizada por los procuradores con relación a la visita efectuada al centro el 18 de julio 2012 (teniendo en cuenta el pabellón núm. 1), dentro del cual los reclusos reiteran las inconformidades ya expuestas, tales como: el maltrato de los guardias; la poca porción de comida que se da (aunque admiten que hay buena higiene) y la inapropiada nutrición alimentaria de los que requieren dietas; la falta de prestación del servicio de salud por medicina general y especializada; las restricciones en el recibo de la correspondencia por parte de jurídica; la ausencia del suministro del kit de aseo a tiempo y la escasa cantidad que les proporcionan; la fallas en el sistema sanitario; y la carencia de un sitio para lavar la ropa.
4.6. En virtud de la anterior visita los miembros de la procuraduría enunciaron algunos aspectos para que sean tenidos en consideración.
Los internos son maltratados por los guardias. En cuanto a la comunicación, se presentan restricciones en el recibo de la correspondencia por parte de la oficina jurídica, lo que conlleva a que no se cumpla con los términos establecidos en la ley en lo que tiene que ver con la contestación de los recursos interpuestos y la documentación para obtener descuentos no llega a tiempo a los juzgados.
4.7. Copia de la Directiva núm. 017 del 15 de diciembre de 2011 por medio de la cual el Procurador General de la Nación impartió directrices para la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad al Director General del INPEC, al Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC, a los Directores, Subdirectores, Comandantes de Guardia y Vigilancia de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del INPEC, y a los Directores de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de las Fuerzas Militares y de Policía.
La Contraloría General de la República adjuntó los siguientes documentos:
5.1. Informe presentado por la Contraloría General de la República, el cual contiene la auditoría realizada al Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC-, evidenciándose algunas debilidades de la administración durante la vigencia de 2011.
(vi) En el hallazgo 60 (Florencia), explicó que en el sector de mínima seguridad existen equipos (como lavadoras, secadoras, plancha de rodillo, mesas de planchado, planchas eléctricas manuales, etc.), que se les hace el mantenimiento preventivo pero no se utilizan, ya que los espacios aún no están ocupados por los internos. (vii) En lo que se refiere al hallazgo 46 (Florencia), declaró que la bodega cuenta con elementos sin utilizar (como una unidad odontológica, maquinas trotadoras, bicicletas estáticas, nevecones tipo industrial, entre otras). Agregó que el establecimiento no fue dotado de herramientas, insumos y personal suficiente para el mantenimiento rutinario y el normal funcionamiento del mismo.
El Director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, Alejandro Gómez Jaramillo señaló que dicha cartera no ha vulnerado los derechos fundamentales de los reclusos, toda vez que el ministerio no es competente para administrar los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Incluyó un informe sobre el proyecto de adecuación de áreas de sanidad en los centros de reclusión del Orden Nacional del INPEC enviado por la Unidad de Servicios Penitenciarios -USP- (elaborado el 8 de agosto de 2012), donde se evidenció que los penales no están aplicando los criterios existentes sobre estándares de infraestructura, debido a que en muchas de estas zonas su mantenimiento es deficiente y otras carecen de los espacios necesarios para el cumplimiento de lo establecido en la normatividad, lo cual impide el adecuado funcionamiento de los centros de reclusión y el fin resocializador de la pena.
7. Coordinadora del grupo de tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
La coordinadora del grupo de tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, Gloria Esperanza Maldonado, informó que la Ley 1122 de 2007 dispuso que la población reclusa se afiliará al Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo cual el Gobierno Nacional indicará los mecanismos que permitan la operatividad, con el propósito de que los presos reciban adecuadamente los servicios y se les garantice el goce efectivo del derecho a la salud. Igualmente, indicó que el servicio de sanidad vela por la salud de cada interno, a tal punto que es obligatorio practicarles un examen al ingresar al centro de detención y cuando se decreta su libertad. Finalmente, señaló que se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para afianzar el cumplimiento de los mandatos del Estado Social y Democrático de Derecho, relacionados con el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de los derechos fundamentales de los reclusos, ya que es necesario contar con una entidad especializada en la gestión y operación para el suministro de los bienes y la prestación de los servicios requeridos para garantizar el bienestar de la población privada de la libertad. Además, brinda apoyo administrativo y de ejecución de actividades al Instituto Nacional Penitenciario para el cumplimiento de sus objetivos de modo más eficiente.
2.1. Aproximadamente 125 internos de la Penitenciaría Las Heliconias instauraron acción de tutela contra dicho establecimiento y el Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC- por considerar transgredidos sus derechos a la dignidad humana, a la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la redención de penas y al buen trato, toda vez que: (i) no cuentan con una adecuada y pronta prestación del servicio de salud; (ii) no disfrutan de una alimentación apropiada en calidad y cantidad; (iii) las visitas conyugales o íntimas son restringidas; (iv) no tienen un oportuno y eficiente servicio de telefonía; (v) no existe privacidad e higiene en la zona de los baños; (vi) no poseen dotación de sábanas, toallas y uniformes; (vii) no gozan de mecanismos para redimir pena; (viii) no se les recibe ningún oficio, ni se les permite presentar recursos dentro del término legal; y (ix) no tienen espacio para la recreación y el deporte, entre otros. 2.2. Teniendo en cuenta los antecedentes reseñados, le corresponde a esta Sala de Revisión determinar si las condiciones en que se encuentran recluidos los internos de la penitenciaría en mención cumplen con los estándares necesarios para garantizar sus derechos fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que entre el Estado y las personas que se encuentran privadas de la libertad surge un vínculo de “especial relación de sujeción”, dentro del cual las autoridades penitenciarias y carcelarias pueden limitar y restringir el ejercicio de ciertos derechos de los internos, siempre y cuando dichas medidas estén dentro de los criterios de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad. Lo cual implica:
(i) La subordinación de una parte (los internos) a la otra (el Estado).
En igual sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión I.D.H.) ha sostenido que la subordinación del interno frente al Estado constituye “una relación jurídica de derecho público se encuadra dentro de las categorías ius administrativista conocida como relación de sujeción especial, en virtud de la cual el Estado, al privar de libertad a una persona, se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de la libertad (…)”.
Así, con la privación del derecho de libertad de un individuo nace una relación de especial sujeción entre el Estado y el recluso dentro de la cual surgen tanto derechos como deberes mutuos, fundamentándose “por un lado, el ejercicio de la potestad punitiva y, por otro, el cumplimiento de las funciones de la pena y el respeto por los derechos de la población carcelaria”.
La Corte ha clasificado sus derechos fundamentales en tres categorías: (i) aquellos que pueden ser suspendidos, como consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre locomoción); (ii) aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal); y (iii) derechos que se mantienen incólumes o intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre sometido al encierro, dado a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros. De esta manera, nace para el Estado la obligación de “garantizar que los [internos] puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquellos que les han sido [limitados]. Ello implica, no solamente que el Estado no deba interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos, sino también que debe ponerse en acción para asegurarle a los internos el pleno goce de los mismos”. Lo anterior obedece a que las personas que están detenidas intramuros se encuentran en una condición de indefensión y vulnerabilidad en relación con la dificultad que tienen para satisfacer por sí solas sus necesidades.
El artículo 10 de la Ley 65 de 1993 consagra que la finalidad del tratamiento penitenciario, es la resocialización del delincuente, “mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”. Asimismo, los artículos 142 y 143 de la misma ley establecen que el objetivo de dicho tratamiento es la reinserción para la vida en libertad, teniendo como base la dignidad humana y las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto, verificándose mediante la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva, y las relaciones de familia, de manera progresiva, programada e individualizada.
Al respecto este tribunal ha expresado que el tratamiento penitenciario tiene dos aspectos fundamentales, siendo estos: (i) buscar la readaptación social del interno y (ii) la relación que hay entre el derecho a acceder a programas de estudio o trabajo que permitan redimir pena y el derecho a la libertad.
Del mismo modo, la Comisión I.D.H. ha indicado que la privación de la libertad tiene un objetivo específico: que el interno logre su resocialización. En virtud de ello, las autoridades penitenciarias, a pesar de gozar de un poder disciplinario, no se deben exceder en su ejercicio y por tanto “el recluso no deberá ser marginado sino reinsertado en la sociedad”; es decir, la actividad penitenciaria tiene que cumplir un principio básico: “no debe añadirse a la privación de libertad mayor sufrimiento del que ésta ya representa. Esto es, que el preso deberá ser tratado humanamente, con toda la magnitud de la dignidad de su persona, al tiempo que el sistema debe procurar su reinserción social”.
De lo anterior se desprende que la obligación que adquieren los centros de reclusión es la de restituir los vínculos sociales de las personas privadas de la libertad con el mundo exterior, ya que de ello depende que se logre una verdadera readaptación social.
La Carta Política en su artículo 1º consagra que Colombia es un Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, y su artículo 12 establece que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Del mismo modo, el artículo 5º de la Ley 65 de 1993 indica como uno de sus principios rectores que en los centros de reclusión debe predominar “el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral”.
Dicho principio ha sido reconocido por las normas internacionales de los derechos humanos e interpretado por la Observación General núm. 21 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que este tribunal resumió, así:
“(i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo de detención al cual estén sujetas, del tipo de institución en la cual estén recluidas; (ii) los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10-1 del Pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a las personas privadas de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos que las legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente; y (iii) por tratarse de una ‘norma fundamental de aplicación universal’, la obligación de tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de recursos materiales, ni a distinciones de ningún tipo’”.
La Corte Constitucional ha señalado que para el Estado nace el deber de respetar la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, ya que “constituye el pilar central de la relación entre el Estado y la persona privada de la libertad, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal, reconocida expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos, prevalentes en el orden interno (…)”.
En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte I.D.H.) en el caso Vélez Loor vs. Panamá manifestó que la persona privada de la libertad “tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal”. Agregó que el Estado, como garante de los sujetos que se encuentran bajo su custodia, tiene el deber de salvaguardarlos en su salud y bienestar, otorgándoles atención médica, así como también garantizándoles que “la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención”, so pena de violar los numerales 1º y 2º del artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes.
Así las cosas, se tiene que conforme con las normas tanto nacionales como internacionales, en virtud de la especial relación de sujeción es deber del Estado garantizar el pleno disfrute de los derechos que no han sido suspendidos; y el respeto a la dignidad humana es un derecho que no permite limitación alguna. 3.3. Derecho a la salud.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, consagra que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”. En igual sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala: “Artículo 12. 1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
A su turno, el artículo 106 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) impone a las autoridades el deber de impartir atención médica conforme con los reglamentos del centro de reclusión, así como también de prestar el servicio médico particular de manera excepcional cuando el establecimiento no esté en capacidad de suministrarlo.
3.3.2. En cuanto al derecho a la salud, la jurisprudencia ha establecido que no puede ser suspendido ni restringido como consecuencia de la privación de la libertad, en razón a que el recluso no puede por sí mismo afiliarse al Sistema General de Seguridad Social, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado, ni pagar los costos de los servicios requeridos. Por esto, y teniendo en cuenta la relación de especial sujeción, el Estado tiene la obligación de garantizar que los servicios que implica este derecho sean eficazmente proporcionados a través del INPEC y de los directores de los lugares de reclusión. Al respecto esta corporación ha dicho:
“[P]or la salud del interno debe velar el sistema carcelario a costa del tesoro público, y la atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos fundamentales del preso resultarían gravemente violados por la negligencia estatal en estas materias, así como por la falta de cuidado y asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su salud (…)”.
3.3.3. Asimismo, la Corte ha establecido que la atención médica que se les brinda a los internos debe ser eficiente; para ello el Estado debe disponer de los necesarios recursos administrativos, técnicos y financieros. Por tal motivo, “los problemas de índole administrativo y financiero, no pueden constituirse en excusa para el acceso a la prestación de un servicio médico requerido por quien se encuentra privado de la libertad”.
3.3.4. Del mismo modo, en el marco de los estándares internacionales, la Comisión I.D.H. ha dicho que el suministrar una atención médica eficiente a las personas que se encuentran en detención intramuros es una obligación que emana del deber de los Estados partes de garantizar la integridad personal de los reclusos. Igualmente, en el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela la Corte I.D.H. sostuvo:
La falta de atención médica adecuada podría considerarse en sí misma violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos.”. En el caso Vélez Loor vs. Panamá, la Corte I.D.H. expuso que el Estado tiene la obligación de brindar a los internos revisión médica de manera regular, así como también la atención y tratamiento idóneos cuando así lo requieran, ya que la falta de esa atención podría eventualmente estructurar violación de la integridad personal, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona, la clase de dolencia que sufre y el lapso de tiempo sin proporcionar dicha atención.
Por su parte, la Comisión I.D.H. en su informe de 2011 reiteró que la prestación de un servicio médico adecuado es un requisito mínimo y necesario que debe cumplir el Estado con el fin de garantizar un trato humano a las personas que tiene bajo su custodia. Agregó que la privación de la libertad “no debe representar jamás la pérdida del derecho a la salud”, y que resulta intolerable que la detención intramuros añada a la privación de la libertad padecimientos físicos o mentales.
(a) Vasyukov contra Rusia, donde el recluso manifestaba haber contraído tuberculosis en el transcurso de la detención, sin recibir la atención médica necesaria debido a diagnóstico tardío de su enfermedad.
(b) Logvinenko contra Ucrania, condenado a cadena perpetua, quien padecía de VIH y otras enfermedades; alegaba que no había recibido ningún tratamiento antiviral ni tampoco le hicieron exámenes de sangre con el objeto de establecer si necesitaba algún tipo de tratamiento. (c) A.B. contra Rusia, donde el demandante era un individuo seropositivo, la celda dentro de la cual estuvo recluido carecía de ventilación y calefacción, no contaba con un tratamiento antiviral y nunca fue admitido en un hospital debido a que no había lugar; rara vez recibía atención médica.
3.3.5. Por otro lado, la Comisión I.D.H. ha aseverado que en los eventos en que el Estado ha delegado a entidades o agentes privados la prestación del servicio de salud de las personas que se encuentran en detención intramuros, no implica que no sean responsables de prestar una adecuada asistencia médica. Lo anterior se sustenta en la doctrina “ampliamente desarrollada y asentada en el Sistema Interamericano, según la cual los Estados no sólo son responsables por las acciones directas de sus agentes, sino también por la de terceros particulares cuando estos actúan a instancias del Estado, o con su tolerancia o aquiescencia”. Al respecto la Corte I.D.H. en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, comentó:
89. En relación con personas que se encuentran recibiendo atención médica, y dado que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, éstos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal, particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento de salud. La Corte considera que los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado”. Así, la obligación que tiene el Estado de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud que prestan las entidades privadas es mayor, debido a su posición de garante frente a los individuos que están a su cargo. 3.3.6. De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el Estado tiene un deber de solidaridad respecto de las personas que se encuentran bajo su potestad, en el entendido de que no puede apartarse de la obligación de prestar los servicios de salud de los internos justificándose en que no se encuentran recluidos en los centros penitenciarios y carcelarios, ya que su compromiso “se extiende al mantenimiento de las condiciones óptimas de vida de quien enfermó bajo su custodia”. Por tanto le corresponde, además, garantizar el derecho a la salud de las personas que se encuentran en detención domiciliaria por motivo de enfermedad ocurrida durante la privación de la libertad.
La Ley 65 de 1993, en los artículos 67 y 68, establece que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario tiene a su cargo el suministro de los alimentos a la población reclusa y puede ser ejecutada por sí mismo o a través de contratos con particulares. Igualmente, señalan que “[l]os alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de los reclusos. La alimentación será suministrada en buenas condiciones de higiene y presentación. Los internos comerán sentados en mesas decentemente dispuestas. La prescripción médica, la naturaleza del trabajo, el clima y hasta donde sea posible, las convicciones del interno, se tendrán en cuenta para casos especiales de alimentación”.
“El hambre, que supone necesariamente sufrimiento y ostensible daño a la integridad personal -física y mental- de quien la padece, constituye un trato cruel e inhumano, proscrito por nuestro ordenamiento, y, por contera, implica, contra la Constitución, una pena adicional no contemplada en la ley”.
Del mismo modo, la sentencia T-208 de 1999 recuerda que el Estado tiene la obligación de proporcionar a los detenidos intramuros “las condiciones mínimas de subsistencia requeridas, al punto de que éstos vean garantizados sus derechos fundamentales. Entre los diferentes factores que deben tenerse en cuenta para mantener la integridad personal de los reclusos, se incluye el de la debida alimentación. Los internos deberán recibir su alimentación diaria, la cual tendrá que responder a condiciones mínimas de higiene, valor nutricional y una calidad y cantidad que les permita su sana y completa nutrición”.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y las autoridades encargadas de los centros de reclusión tienen bajo su cargo velar porque la alimentación de los detenidos sea nutritiva, higiénica y balanceada. Sin embargo, tal obligación pueden delegarla a particulares, conservando la potestad de vigilar y controlar la correcta ejecución de los mismos, so pena de responder tanto disciplinaria como penalmente.
En igual sentido, la Comisión I.D.H. ha sostenido que “aun cuando la alimentación de las personas privadas de la libertad sea concedida a un tercero, ‘el Estado sigue siendo responsable de la supervisión y control de calidad de los productos entregados por las empresas de catering, y de que tales productos efectivamente lleguen íntegros hasta los presos’”. Por último, respecto de la restricción del ingreso de alimentos al centro de detención consideró este tribunal que es una medida proporcional, cuyo fin es el de mantener el orden y la seguridad del lugar de reclusión, debido a que “la experiencia demuestra que el ingreso de comida ha sido aprovechado para esconder sustancias prohibidas y armas”.
“Sobre el particular considera la Sala que la mencionada disposición reglamentaria contraría el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 superior, por cuanto no existe justificación alguna para que a los sindicados que se encuentran recluidos en las instalaciones de Cómbita no se les provea con la regularidad necesaria los mismos elementos básicos que el reglamento prevé para los condenados. En efecto, el Estado no puede alegar dificultades de orden presupuestal para no proveer a todos los internos un conjunto de elementos esenciales para llevar una vida digna. En otros términos, las directivas del centro de reclusión deberán inaplicar la restricción de provisión de elementos mínimos a los condenados, que establece el artículo 62 del reglamento interno de Combita, y cumplir el mandato que establece el artículo 13 constitucional”.
Además, el hecho de que la persona que se encuentra en prisión no pueda procurarse por sí sola sus elementos de aseo, conlleva a que el Estado tenga la obligación de proporcionarlos, permitiendo que los internos cuenten con unas condiciones mínimas de existencia, ya que, ante la ausencia de las mismas “pueden generar problemas para la salud de los internos, debido a la proliferación de bacterias y olores nauseabundos a los que diariamente están obligados a soportar. Por lo que, de hacer caso omiso a la presente situación, se estaría incumpliendo con los requisitos mínimos para ofrecer una vida digna a los reclusos”.
En relación con la dotación que se les proporciona a los detenidos, en el sentido que permita unas condiciones mínimas de existencia, este tribunal ha explicado que se debe “disponer de elementos para dormir, tener un vestido en buen estado, contar con calzado en buen estado y disponer de ciertos implementos de aseo que garanticen una buena presentación personal y condiciones mínimas de salud y de salubridad. Sólo basta que suceda el hecho operativo para que la persona facultada por la disposición pueda entrar a participar de la relación jurídica concreta. El hecho de la privación de la libertad judicialmente declarada, sumado al de la reclusión efectiva, convierten al recluso en titular del derecho a la dotación, derecho que puede oponerse a la administración del penal, cuyo representante legal tendrá el deber jurídico correlativo de suministrarla”.
Por ello, este tribunal ha considerado que el incumplimiento por parte de los centros de reclusión en relación con el deber de facilitar dichos insumos, podría generar además de una violación del derecho al mínimo vital y el desconocimiento de la dignidad humana, “sufrimiento intolerable a la luz del Estado Social de Derecho en cuanto al suplemento punitivo no autorizado por la Constitución”.
Asimismo, el artículo 82 de la referida ley, consagra el derecho del que gozan los detenidos y condenados de redimir pena mediante el trabajo. Al respecto la Corte ha sostenido que, además de ser un medio para su readaptación social, también sirve para reducción de la pena: “La máxima aspiración del preso es recobrar su libertad. Uno de los medios para lograrlo es el trabajo, el cual por disposición legal tiene incidencia directa en la rebaja de pena. Las oportunidades de trabajo y las garantías para el goce permanente de este derecho en las cárceles posibilitan al recluso alimentar su esperanza de libertad mediante un esfuerzo resocializador que dignifica su existencia. De otra parte, las autoridades administrativas tienen la posibilidad de evaluar la evolución de la conducta según el desempeño del trabajo individual, lo cual resalta aún más la importancia de propender en los establecimientos carcelarios por el pleno empleo.
El carácter resocializador de la pena tiene la función de formar al interno en el uso responsable de su libertad: ello es posible a través del trabajo, particularmente mediante el respeto de sus garantías constitucionales y legales”. Así que para que se logre la rehabilitación social de los internos se hace indispensable que el Sistema Penitenciario disponga lo necesario para que los mismos tengan acceso a actividades laborales. Y si bien “no existe una obligación perentoria en cabeza de la Dirección del penal consistente en disponer de suficientes puestos de trabajo para satisfacer la demanda laboral en términos absolutos. Al tratarse de un bien escaso, la razón y oportunidad para la distribución de los beneficios está sometida a limitaciones materiales inevitables”, lo cierto es que “la distribución de dichas labores no puede realizarse con base en parámetros discriminatorios ni autoritarios sino que debe mediar una justificación constitucional y legal que la respalde”.
Sobre este punto la Corte Constitucional ha sostenido que“[e]l trabajo desarrollado por los presos es un medio indispensable -junto con el estudio y la enseñanza- para alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del núcleo esencial del derecho a la libertad, pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de la pena a través de su rebaja o redención”
Del mismo modo, los artículos 97 y 98 de la Ley 65 de 1993 consagran el derecho de los detenidos y condenados de redimir pena mediante programas de estudio y enseñanza. Al respecto este tribunal ha reiterado que no solo la enseñanza que se le imparte a los presos es un medio para lograr la readaptación a la sociedad y a la reducción de la condena, sino también la que ellos pueden brindar.
El artículo 23 de la Carta Política señala que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. (…)”.
Esta corporación ha sostenido que los internos, a pesar de tener algunos derechos limitados, no por ello dejan de ser titulares de los mismos. Por lo anterior, “los reclusos pueden ejercer el derecho de petición, para elevar solicitudes respetuosas a las autoridades carcelarias y a las demás autoridades. Los condenados- y con mayor razón los apenas retenidos- pueden dirigir peticiones respetuosas a las autoridades carcelarias, u a otras entidades, organismos y funcionarios, y tienen derecho al trámite de las mismas y a su pronta respuesta. No están excluidos de la garantía del artículo 23 de la Constitución.”
Tal solicitud, como ya se ha dicho, debe ser resuelta de manera pronta, oportuna y de fondo, esto es, clara, precisa y congruente y ser puesta en conocimiento del interesado, máxime cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, donde la pretensión se vuelve más apremiante. Al respecto la Corte ha dicho:
“Esta exigencia se torna más urgente si quien eleva una determinada petición de información ante la autoridad pública se encuentra recluido en un centro carcelario y la información solicitada está relacionada con su situación de privación de la libertad. En estos casos, el deber de atención de las autoridades en quienes recae la obligación de responder es mucho mayor, como quiera que el solicitante se encuentra en una situación en la cual la posibilidad de insistir es particularmente difícil, en razón de las restricciones que pesan sobre su libertad y su imposibilidad de desplazamiento”.
La jurisprudencia constitucional ha manifestado que el derecho de petición de los internos es una de las garantías que no tiene ningún tipo de limitaciones en razón a la condición en que se encuentran:
“El derecho de petición es uno de aquellos derechos fundamentales que los reclusos ostentan en forma plena, vale decir, que no está sometido a ningún tipo de limitación o restricción en razón de la situación de privación de la libertad a que se encuentran sometidas estas personas. Lo anterior se deriva de la naturaleza misma de la relación de especial sujeción que vincula al interno a la administración carcelaria”.
En igual sentido, la Comisión I.D.H. en su informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2011) ha señalado que un derecho fundamental con el que cuentan las personas que se encuentran privadas de libertad es el de presentar peticiones o quejas, así como el de obtener una respuesta pronta por parte de las respectivas autoridades. Lo anterior obedece a que existen “situaciones relativas a las condiciones de detención, los servicios que brindan las instituciones penitenciarias, la relación entre los internos y los funcionarios o entre los propios internos, que requieren que estos se dirijan a la administración por medio de peticiones o quejas”.
Ello implica que el Estado tiene la obligación de adoptar mecanismos necesarios para que exista un canal de comunicación entre los detenidos y la administración penitenciaria, y estos últimos a su vez cuenten con los recursos para tomar las acciones correspondientes a las quejas conforme con la normatividad aplicable. Se tiene, entonces, que tanto la penitenciaria como la administración de justicia deben proteger dicho beneficio de manera plena, así: (i)	Dando una completa, pronta y adecuada respuesta evitando demoras injustificadas.
(ii)	La contestación debe contener una motivación razonable, y en el evento de no ser posible responder en el término legal se tiene que justificar el retraso.
(iii)	En cuanto a solicitudes de beneficios administrativos, tanto los centros de reclusión como los jueces deben dar respuesta en los plazos consagrados por la ley.
(iv)	Garantizar que las peticiones elevadas por los reclusos contra otras autoridades sean recibidas por estas oportunamente.
(v)	Si quien recibe la solicitud no tiene competencia para resolverla, tiene que remitir los documentos pertinentes al órgano o funcionario competente.
El artículo 110 (y siguientes) del Código Penitenciario y Carcelario consagra el derecho de las personas privadas de libertad a sostener comunicación con el exterior y de recibir noticias periódicas respecto de la vida nacional o internacional. En el caso que se trate de un detenido, al ingresar al centro de reclusión tiene derecho de comunicar su aprehensión tanto a su familia como a su abogado. El director del lugar de reclusión establecerá en el reglamento interno el horario y las modalidades de comunicación, entre las que se encuentran: (i) enviar y recibir correspondencia, para lo cual los internos gozan de franquicia postal; (ii) recibir visitas familiares, profesionales, de autoridades judiciales y administrativas, y de los medios de comunicación; (iii) contar con un sistema de información que contenga los hechos más importantes de la vida nacional e internacional; y (iv) en caso excepcional y en igualdad de condiciones, tener la posibilidad de hacer llamadas telefónicas, debidamente vigiladas.
La Corte Constitucional ha sostenido que el derecho de los detenidos intramuros a la comunicación tiene como soporte el reconocimiento que hace el ordenamiento jurídico a los directores de los establecimientos de reclusión para instaurar restricciones a su ejercicio, las cuales deben corresponder al cumplimiento de los objetivos de la actividad carcelaria. Así lo expuso la sentencia C-394 de 1995, mediante la cual se realizó el control de constitucionalidad del artículo 111 del Código Penitenciario y Carcelario:
“Los incisos segundos, tercero y quinto del artículo 111 se ajustan a la Carta Política, advirtiendo que, si bien es cierto, las comunicaciones tanto verbales como escritas en los establecimientos carcelarios deben estar sujetas a naturales limitaciones y controles, debe respetase el derecho a la intimidad en su núcleo esencial. Es decir, las limitaciones y controles de que se habla deben ser los encaminados a garantizar la seguridad carcelaria y la prevención de delitos o alternaciones del orden y no extenderse a campos como el de la libre expresión de los sentimientos afectivos o manifestaciones del fuero íntimo de la persona”. Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional tiene claro que las limitaciones en el derecho a la comunicación solo pueden ser aquellas encaminadas a conservar la disciplina, el orden, la seguridad y la convivencia dentro de los sitios de reclusión.
La Corte ha señalado que a pesar de que el derecho a la visita íntima o conyugal tiene un estrecho vínculo con los derechos a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad, es un derecho restringido, ya sea por: (i) “las propias características que involucra el permitir las visitas conyugales: contar con capacidad del centro de reclusión, número de internos, infraestructura adecuada para programar las visitas, duración de las mismas, privacidad, condiciones de higiene, seguridad, fechas de las mismas, etc.”; y (ii) las condiciones que consagra el régimen interno de cada centro de detención con el objeto de cumplir ciertas normas de seguridad. Sin embargo, dichas circunstancias “no pueden constituir un obstáculo que dificulte o haga nugatorio el ejercicio del derecho a la misma”.
Igualmente, este tribunal ha considerado que el hecho de que una persona se encuentre privada de libertad no implica que pueda limitarse la posibilidad de tener una vida sexual activa, ya que este tipo de encuentros mejorarían aspectos físicos y psicológicos de los internos, así como también el bienestar de la pareja. Además, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la visita íntima, “como aquel espacio que, como su nombre lo indica, brinda a la pareja un espacio de cercanía, privacidad personal y exclusividad, no pude ser reemplazado por ningún otro medio, como podrían ser las visitas que se realizan en un patio o en espacios compartidos con más reclusos, o la comunicación virtual a través de medios tecnológicos”.
Sobre este tema la Comisión I.D.H., ha manifestado que el Estado tiene la obligación de facilitar y reglamentar las relaciones entre los internos y sus allegados. Así como también ha recalcado que las visitas de allegados es un elemento esencial del derecho a la protección de la familia. Asimismo, ha indicado que el Estado, como garante frente a las personas sujetas a su custodia, tiene el deber de crear las condiciones adecuadas para hacer efectivo dicho contacto, siendo estas, correspondencia, visitas y llamadas telefónicas; por lo tanto, tiene que atender las deficiencias estructurales que impidan el acercamiento de los presos con sus familiares y/o allegados “en condiciones dignas, seguras y con suficiente regularidad”.
De lo expuesto se concluye que a pesar de que una persona se encuentra en detención intramuros, y su derecho a la libertad se encuentre limitado (por motivos inherentes a su situación se encuentren restringidos), tal situación no implica que sus garantías fundamentales no le sean respetadas. 3.11. Derecho a la recreación.
El artículo 52 superior reconoce a todo individuo el derecho a la recreación, a la práctica del deporte y a beneficiarse del tiempo libre.
La Corte ha sostenido que la recreación “es considerada una necesidad fundamental del hombre que estimula su capacidad de ascenso puesto que lo lleva a encontrar agrado y satisfacción en lo que hace y lo rodea”. Por lo tanto, la recreación es un derecho fundamental relacionado con el de libre desarrollo de la personalidad.
Este tribunal consideró que el derecho de recreación y al deporte de las personas que se encuentran privadas de la libertad son derechos fundamentales, pese a estar limitados, debido a que son: “[C]analizadores de impulsos, ansiedades, frustraciones y otros sentimientos violentos de forma no violenta, como estímulos a la solidaridad, a la comunicación y a la creatividad, como mecanismos que facilitan la adaptación de los reclusos al medio carcelario, como medios de expresión, como instrumentos para mejorar la salud física de los reclusos, como espacios para fomentar las buenas relaciones interpersonales, etc. –de conformidad con lo antes expuesto- son fundamentales en el proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad y de preparación para la vida fuera de la prisión. Además, por su carácter lúdico, son necesarias para hacer menos negativas las condiciones de vida dentro de los centros carcelarios y penitenciarios, para mejorar el estado anímico de los internos y para que el hecho de la privación de la libertad cause un impacto menos dañoso en su vida futura”. Así que a pesar de que se encuentran restringidos dichos derechos, los centros de reclusión deben garantizar la recreación y el deporte de las personas privadas de la libertad, promoviendo la realización de actividades, suministrando instrumentos y espacios idóneos para el ejercicio del mismo, implementando planes y programas tendientes a su fomento.
Con base en las pautas jurisprudenciales, procede la Sala a estudiar el presente asunto. 4. Caso concreto.
4.1. De los hechos narrados se tiene que los internos del patio núm. 1 de la Penitenciaría Las Heliconias, al considerar que dicho establecimiento no cuenta con las condiciones mínimas para su reclusión (como la prestación del servicio médico, provisión de alimentos, contacto con sus allegados, instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, implementación de programas laborales y educativos, y actividades deportivas, entre otras), interpusieron acción de tutela con el fin de que se les protegieran sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la dignidad humana, a la redención de pena y al buen trato. 4.2. Conforme con los precedentes y con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia que efectivamente se han vulnerado los derechos invocados por los accionantes. Para sustentar esta afirmación la Sala entrará a estudiar cada punto objeto de reclamación.
Por ello, el deber del Estado de garantizar a los internos servicios de salud de manera adecuada, oportuna y suficiente; y de vigilar y controlar las condiciones en que este se brinda (máxime cuando la prestación del servicio ha sido delegada a particulares) con el fin de proteger el derecho a la salud de las personas que tiene a su cargo. Del acervo probatorio se observa que los internos del patio núm. 1 no cuentan con un servicio satisfactorio de salud; la atención en medicina especializada no se brinda a tiempo; carecen de servicio odontológico; faltan profesionales de la salud y áreas sanitarias; el número de guardias para cumplir con las remisiones a las citas especializadas fuera del penal es insuficiente; hay fallas relacionadas con la no existencia de pabellones psiquiátricos en donde recluir a los internos que padecen enfermedades mentales; se constata demora en el suministro de medicamentos. Por otra parte, no existe prueba alguna que demuestre que dichas falencias fueron ya superadas.
(ii) En lo concerniente al suministro de alimentos, alegan los petentes que no son proporcionados en los plazos establecidos por los lineamientos penitenciarios; que son deficientes en cantidad y calidad; que no hay una nutrición balanceada para los internos que requieren seguir una dieta; y que falta aseo en los recipientes donde se sirven. Sobre este punto el director del establecimiento consideró que tales circunstancias ya no se presentan, toda vez que la ración ha mejorado, se les brinda a los internos que solicitan dietas especiales una alimentación balanceada; y los implementos que se usan para comer permanecen limpios. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que cuando el Estado contrate con un tercero el abastecimiento de alimentos (este servicio lo presta a través del consorcio Servialimentar), se encuentra obligado a supervisar y garantizar las condiciones en las que se suministran y que las mismas respondan a criterios mínimos de higiene, cantidad, calidad y valor nutricional, así como también la dietas especiales por prescripción médica.
(v) De otra parte, reclaman los internos que no cuentan con un adecuado servicio sanitario, vulnerándose con ello el derecho a la intimidad personal y a la dignidad humana, debido a que durante el día tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en dos baños que se encuentran en el patio, al aire libre y frente a todos, ya que las celdas permanecen cerradas; que los baños comunitarios se encuentran al descubierto, sin puertas o cortinas y se prohíbe colocarles un cerramiento a los mismos. Añaden que se han presentado problemas con el agua y les ha tocado hacer sus necesidades encima de los residuos orgánicos ya depositados, debido a que el sistema de desagüe no funciona. Sobre este punto la ex directora de la penitenciaría explicó que los pabellones poseen celdas para cuatro presos con baño privado y lavamanos; que existen duchas de uso común en el patio, al igual que sanitarios y lavamanos; y que efectivamente no se les instalaron puertas por razones de seguridad. Por su parte, el director actual aclara que a la fecha las duchas cuentan con cortinas, los baños con puertas y se adelantan algunas medidas destinadas a solucionar los problemas de desagüe que afectaban los servicios sanitarios, siendo tales circunstancias confirmadas por la Procuradora Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos.
Agregó la ex administradora del centro que no se pueden construir más baños, ya que los existentes (dos durante el día para 170 reclusos) son escasos, en razón a que al establecimiento no se le puede hacer modificación alguna porque fue construido siguiendo los estándares nacionales e internacionales. Tanto la jurisprudencia constitucional como la ley han señalado que dentro de las cárceles debe prevalecer el respeto por la dignidad humana y las garantías fundamentales, en virtud de lo cual surge para el Estado la obligación de asegurar que los internos gocen de las condiciones mínimas e indispensables de infraestructura, como el acceso al agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas para la higiene personal, propender por brindar la mayor privacidad a los internos, así como también contar con inodoros suficientes y poder acceder regularmente a estos servicios. Con base en lo expuesto se observa que dicho problema ha sido solucionado parcialmente, toda vez que se corrigió el problema del desagüe; se cubrieron algunos baños con puertas, otros con cortinas para dotar a los mismos de la privacidad que se requiere. Sin embargo, aún continúan siendo los baños existentes insuficientes para el volumen de reclusos que se encuentran en el patio en mención. En consecuencia, la Sala ordenará al director de la Penitenciaria Las Heliconias y al INPEC adelantar las gestiones presupuestales y técnicas necesarias para ejecutar obras para la construcción de nuevos baños, y establecer un horario adicional de apertura de las celdas de los internos para que usen los sanitarios durante el día, si todavía no lo han hecho.
En respuesta a estas reclamaciones la entonces directora del penal expresó que las quejas presentadas fueron en razón a la duración de las mismas, ya que los internos venían remitidos de centros carcelarios en donde el período era más flexible. Por su parte, el actual director indicó que el centro de reclusión cuenta con 6 cuartos en el sector de alta seguridad y 8 en el de mediana seguridad; y las visitas se llevan a cabo durante los días viernes y domingo de las tres últimas semanas de cada mes, ya que la primera semana es familiar con niños, las cuales se rotan por pabellones, correspondiéndole a cada uno de ellos una vez al mes y debido a la falta de celdas para ese fin y la gran cantidad de usuarios, el tiempo para cada preso oscila entre cuarenta y cinco minutos y una hora.
Por otra parte, la inspección realizada por la coordinación de procuradores sostuvo que la visita conyugal “no tiene las más mínimas normas de sanidad, en el mismo sitio y con las mismas sábanas deben de tener relaciones sexuales los internos. Esta [visita] dura solo 25 minutos y cuando se acaba los guardias sin avisar entran y violentan la intimidad. El área de visitas es muy pequeña y las familias que llegan no tienen casi espacio para estar con los internos, menos comodidades no tiene donde sentarse. La visita se demora mucho en llegar y cuando logran ingresar ya les queda muy poco tiempo para estar con los internos”.
Se evidencia, entonces, que no se cuenta con un espacio adecuado y aseado que permita los citados encuentros, además el tiempo del que disponen para tal efecto es muy corto (una vez al mes y por 25 minutos), lo que les impide el pleno goce de dicha actividad. Así las cosas, se tiene que este aspecto no ha sido solucionado. Por ello, y siendo el Estado garante frente a las personas sometidas a su custodia, se le ordenará al establecimiento y al INPEC brindar y crear las condiciones adecuadas para hacer efectivo dicho contacto, y atender las deficiencias estructurales que impidan el acercamiento de los presos con sus familiares o allegados en condiciones dignas, seguras y con suficiente regularidad. (vii) En cuanto a la redención de penas, las quejas realizadas por los accionantes se limitan a decir que no cuentan con los mecanismos para rebajar la condena, toda vez que no clasifican el personal para las diferentes actividades con las que cuenta el penal. El director del establecimiento, al ser requerido por esta Sala para que se pronunciara sobre las gestiones administrativas adelantadas para la clasificación del personal de internos, adujo que la penitenciaría había iniciado labores el 15 de marzo de 2011, con 987 personas procedentes de diferentes sitios de reclusión, quienes no estaban clasificados en fase, lo que produjo represamiento en dicha actividad. Indicó que pese a dicha situación se logró clasificar a los reclusos de la siguiente manera: 859 en alta seguridad; 367 en mediana; 52 en mínima; 13 en observación y diagnostico; y 23 sin fase. Agregó que una vez obtenida esta clasificación está procediendo al cambio de fase de alta a mediana y de mediana a mínima seguridad, ya que esta información se requiere tanto para adjudicarles cupos para redención de penas en actividades laborales, de educación y otras, como para que accedan a beneficios administrativos y jurídicos. De otro lado, la visita realizada por la Procuraduría Delegada verificó que los sectores construidos para talleres no tenían dotación de ningún elemento para el desarrollo de actividades, que estaban los salones vacíos y a pesar de que la panadería tenía todos los implementos necesarios no estaba funcionando por falta de instructor y de capacitación personal. En cuanto a la educación, señaló que es deficiente, no hay docentes y faltan profesionales que brinden las asesorías en las distintas áreas de aprendizaje. Concluye su informe que a pesar de existir la infraestructura algunos talleres no están funcionando, lo que limita las posibilidades al trabajo.
Observa la Sala que el establecimiento penitenciario no ha superado este problema, de tal manera que se hace necesario requerir a los organismos correspondientes para que no continúen vulnerando este derecho que cobija no solo a los condenados porque el tiempo que ocupan en realizar actividades laborales o de estudio o enseñanza se les redime como parte de la pena impuesta, sino también beneficia a quienes están esperando la resolución de su situación, ya que aprenden un arte u obtienen un peculio como contraprestación de las labores desarrolladas. Por lo anterior, se ordenará a las autoridades encargadas adoptar las medidas administrativas y hacer los ajustes presupuestales necesarios para clasificar los reclusos con el fin de que presten distintas actividades dentro del penal; dotar los talleres de los elementos necesarios que permitan a los internos cumplir con sus actividades laborales; vincular instructores y docentes para que capaciten a los presos en las diferentes áreas de trabajo y estudio.
(viii) Respecto de la vulneración al debido proceso y al derecho de petición, afirman que el mencionado establecimiento no les recibe ningún oficio, ni les permite presentar recursos dentro del término legal. Al respecto, el Director del penal aseveró que existen inconvenientes en este sentido por carecer la oficina jurídica del personal suficiente para atender la gran demanda. Por su parte, la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá sostuvo que a pesar de existir algunos inconvenientes, la dirección de la penitenciaría le asignó un departamento para el cumplimiento de la misión constitucional en los centros carcelarios de conformidad con lo dispuesto en la Ley 65 de 1993. A su turno, los procuradores judiciales en lo penal constataron que hay restricciones en el recibo de la correspondencia por parte de la oficina jurídica, lo que conlleva a que se venza el término para que los reclusos propongan sus impugnaciones; y que la documentación para obtener descuentos no llega a tiempo a los juzgados, o en su defecto llegue incompleta. Agregaron que la atención a las peticiones por parte del personal competente es deficiente. Con lo anterior, verifica la Corte que se está amenazando el derecho de petición a que tiene derecho toda persona y a obtener pronta resolución de las mismas. Por ello, tanto las entidades como los funcionarios encargados tienen como obligación proteger dicho beneficio de manera plena, evitando demoras injustificadas. Así que sobre este aspecto se evidencia que continúa fallando la autoridad penitenciaria, motivo por el cual se le requerirá para que cumpla con la garantía de ese derecho. En consecuencia, se le ordenará al establecimiento y a las respectivas autoridades adopten las medidas que permitan responder las peticiones presentadas por los internos de fondo, en forma clara, precisa y oportuna, esto es, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo. (ix) Respecto de la recreación, los internos sostuvieron que no practican ningún deporte debido a que el establecimiento no cuenta con el personal suficiente para que los cuide. Acerca de este punto, el director indicó que no solo han adquirido implementos para la práctica de distintos deportes, sino que también se incentiva la práctica de los mismos. Adicionó que para la supervisión de estas prácticas se ha dispuesto de un dragoneante para que apoye y desarrolle todas las acciones relacionadas con la recreación de los internos a través del deporte, al punto que se llevaron a cabo distintos eventos y campeonatos.
Vale la pena reiterar que la recreación, además de ser unos de los factores determinantes en la resocialización de los internos, sirve para ocupar el tiempo libre; canaliza impulsos agresivos; calma las ansiedades, frustraciones y otros impulsos violentos; igualmente, es uno de los mecanismos que facilitan la adaptación de los reclusos al medio carcelario, como instrumento para mejorar la salud física de los internos; y es indispensable para hacer menos gravosas las condiciones de vida dentro de los centros carcelarios y penitenciarios.
Teniendo en cuenta lo anterior, evidencia la Sala que dicho inconveniente se encuentra superado, pero se advierte a las respectivas autoridades que estas son actividades de formación permanente, que no deben desconocerse como derecho fundamental, aunque limitado, ya que ayuda en el proceso de resocialización de las personas privadas de su libertad y las prepara para una vida fuera de prisión. (x) Los accionantes han manifestado que respecto de la limpieza de ropa y suministro de implementos de aseo, el centro penitenciario no les ha dotado de sábanas, toallas, uniformes y botas para mantenerse aseados; al servicio de lavandería no le han dado el manejo adecuado; no les proporcionan detergente, ni tampoco permiten ingresar jabón, ocasionándoles a muchos internos que padezcan de hongos en sus partes íntimas. A este asunto la directiva del establecimiento manifestó que la penitenciaría prestó el servicio de lavandería en el mes de abril de 2011, fecha en que se asignaron cuatro internos para desempeñar esa labor en el patio de mediana seguridad, y que luego en el mes de mayo de 2012 se inició en el pabellón de alta seguridad. Refiere que dicho servicio cuenta con 5 lavadoras, 5 secadoras, 5 planchas industriales, 5 carros transportadores debidamente ubicados y distribuidos en un espacio amplio, iluminado y que el detergente que se suministra es de aproximadamente 20 kilos mensuales. Dijo que la lavandería funciona de lunes a sábado con 8 horas de trabajo y los internos reciben una bonificación de 1.400 pesos diarios. En la visita realizada por el Defensor del Pueblo Regional Caquetá se verificó que existen tres máquinas lavadoras de las cuales una está en funcionamiento y las dos restantes se encuentran pendientes de hacer efectiva la garantía por defectos de fábrica. Consideró que este inconveniente se encontraba satisfecho, toda vez que se entregan a los internos los uniformes lavados y planchados
5.4. No hay un adecuado control y vigilancia por parte de las entidades del Estado con el fin de garantizar las condiciones en las que se brindan ciertos servicios por parte de terceros a la institución (como lo relacionado con la salud y el suministro de víveres). Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se revocará la sentencia proferida el 21 de febrero de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, que a su vez revocó la del Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar conceder la protección de los derechos fundamentales a los accionantes en los términos señalados anteriormente. 6. Además, se ordenará al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario INPEC y a la Dirección de la Penitenciaria Las Heliconias adelantar todas las gestiones y apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia.
Segundo. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, de fecha 21 de febrero de 2012, que revocó el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, teniendo en cuenta las consideraciones antes citadas. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta providencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la dignidad humana, al trabajo, a la educación, a la recreación, a la alimentación y al buen trato a favor de los accionantes.
Tercero. ORDENAR al Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia (Caquetá) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por intermedio de sus directores:
(viii) Dentro del término de diez (10) días siguientes, adopten las medidas administrativas internas a que haya lugar, que permitan responder las peticiones presentadas por los internos de fondo, en forma clara, precisa y oportuna, esto es, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, si es preciso incrementando el personal para atender tales solicitudes. (ix) Advertir que no deben desatender las actividades deportivas y culturales. (x) Advertir que tienen que proveer a los actores de los implementos necesarios para el debido aseo personal.
Sexto. EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continúen con su labor de vigilancia y control, y verifiquen el cumplimiento del presente fallo, con el objeto último de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos. Séptimo. LÍBRESE por la Secretaría General de esta corporación la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.

References: artículo 5
 artículo 63
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 25
 artículo 106
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 62
 artículo 13
 artículo 82
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 110
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 52
 resolución 
 resolución 
 artículo 36