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Timestamp: 2020-01-26 09:04:57+00:00

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Boletín de Novedades núms. 8 y 9/2012 de los meses de Agosto y Septiembre.
En los últimos Boletines venimos insistiendo en la reiterada presencia de la crisis económica en la mayoría de las normas que se aprueban por el Estado y la Generalidad de Cataluña. Los meses de agosto y septiembre de este año no han sido una excepción, y seguramente así seguiremos en un futuro inmediato.
En ocasiones la crisis incide de forma indirecta, o menos aparente, pero si se analiza la finalidad última de la norma vemos como de nuevo está presente. Este es el caso de la Ley 6/2012 de 1 de agosto por la que se modifica parcialmente la Ley General de Comunicación Audiovisual “para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos”.
Mediante la citada ley se trata de permitir a las Comunidades Autónomas disponer de la gestión indirecta, y en su caso de la privatización, de sus televisiones para poder reducir los costes que genera su gestión. Así lo reconoce directamente la exposición de motivos de la ley cuando nos dice que “la situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las Administraciones públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas aconseja dotar a las Comunidades Autónomas de mayor flexibilidad en la prestación de su servicio de comunicación audiovisual”. Con este fin la ley permite que la Comunidad Autónoma decida no prestar el servicio público de comunicación audiovisual y convocar el concurso para adjudicar las licencias. De esta forma se reduce un elevado gasto corriente y se puede obtener un ingreso. También se permite “transformar la gestión directa del servicio en gestión indirecta mediante la enajenación de la entidad prestadora del servicio.
A ello se añade que si se mantiene la gestión en mano pública se deberá respetar el límite máximo de gasto que impone la propia ley, con referencia directa a la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Otras normas vinculadas a la crisis son el Real Decreto Ley 24/2012 de restructuración y resolución de entidades de crédito (de nuevo el recurso al Decreto ley), y la Ley Orgánica 4/2012 de 28 de septiembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (nótese en este caso la rapidez con la que se muta el sistema jurídico, incluso cuando de leyes orgánicas se trata).
El Real Decreto Ley 24/2012 establece diversos mecanismos de actuación ante la crisis del sistema financiero atendiendo a la situación de la entidad afectada. Para ello se tienen en cuenta las iniciativas comunitarias.
La Ley Orgánica 4/2012 introduce pequeñas reformas en la Ley Orgánica 2/2012, precisando algunas de las cuestiones derivadas de la aplicación de esta última con el fin último de flexibilizar su aplicación y dar un desahogo a las Comunidades Autónomas. Así como se computa la distribución de la deuda entre Comunidades Autónomas a los efectos de los límites establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, al tiempo que se flexibiliza el límite temporal para el cumplimiento de los límites de déficit. En sentido parcialmente contrario se refuerza la disciplina fiscal y financiera de las Administraciones territoriales.
Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía del año 2006 la conflictividad competencial no ha disminuido. La “precisión” de los títulos competenciales a través de las “submaterias” poco ha aportado en este sentido.
De ello dan cuenta las tres Resoluciones citadas mediante las que se publican los Acuerdos de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión bilateral Generalidad-Estado (artículo 33.2 de la LOTC) por los que se pone en marcha el procedimiento para tratar de llegar a un Acuerdo entre ambas partes en materia de sanidad (RDL 16/2012) y en relación a la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
DÍEZ SASTRE, S.- La tutela de los licitadores en la adjudicación de los contratos públicos. Ed. Marcial Pons, Madrid 2012.
En materia de contratación pública el derecho comunitario ha impuesto su fuerza y ha obligado a adaptar el derecho interno a sus requerimientos. Esta influencia se muestra de modo particular en la determinación del ámbito subjetivo de aplicación de las reglas de contratación pública y en un rigor mucho mayor en los procedimientos de adjudicación y de posteriores modificados.
Pero este rigor normativo es falso si no se acompaña de un sistema de garantías eficaz que permita a los sujetos lesionados en sus derechos reaccionar ante una incorrecta aplicación de la normativa. Aquí entran en juego las Directivas de recursos y su trasposición interna, cuya aplicación permite una tutela mucho más efectiva de los licitadores y en última instancia una mejor protección de los intereses públicos.
La protección de los licitadores cobra además hoy especial relevancia debido a la situación de crisis económica. El poder acceder a un contrato público es algo muy preciado, dada la escasa licitación y la aún más escasa actividad económica fuera del sector público. Quien no obtiene la adjudicación ya no duda en recurrir, pues no puede esperar a que le “toque” en una ocasión posterior.
El libro que destacamos tiene por ello un especial interés en los momentos actuales. Además se trata de una excelente monografía en la que se aborda de forma completa la posición jurídica del licitador, y las dos posibles vías a través de las que reparar los daños que se le puedan causar: la restitución de su posición jurídico subjetiva, o la reparación de los daños, es decir, la tutela restitutoria y la tutela resarcitoria.
GARCÍA PÉREZ, Marta. La reforma de la ley de costas: un lobo con piel de cordero. El Cronista, octubre 2012.
La Ley de Costas de 28 de julio de 1988, que a través de unas medidas de intervención rigurosas, y discutidas, sobre las propiedades colindantes con la zona marítimo terrestre logró salvar lo que quedaba de nuestras maltrechas costas, va a ser reformada cuando los efectos de sus disposiciones transitorias llegaban a su fin. Es decir, cuando las concesiones que sustituyeron al derecho de propiedad iban a agotar su período de vigencia.
El artículo que traemos a colación nos ofrece una visión crítica de esta reforma, ya que según su autora tras una pretendida protección del litoral se esconde otra finalidad, la revalorización económica del litoral.
El Anteproyecto ciertamente trata de redefinir la fijación de la zona marítimo terrestre, lo que permitirá incluso revisar los actuales deslindes, amplia los plazos concesionales y reduce las servidumbres en los terrenos colindantes. Algunas zonas se excluyen totalmente de la aplicación de la legislación de costas, como algunas marinas interiores (por ejemplo, Ampuriabrava en Girona).
Estamos en todo caso ante una reforma de largo alcance en el tratamiento de un elemento fundamental de nuestro derecho demanial, las costas. Por ello habrá que seguir con atención la tramitación de la Ley, para lo que la lectura del trabajo de Marta García constituye sin duda un elemento de gran valor.
NOVEDADES LEGISLATIVAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
• Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos (BOE núm. 184, de fecha 2 de agosto de 2012).
• Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 197, de fecha 17 de agosto de 2012).
• Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE núm. 207, de fecha 29 de agosto de 2012).
• Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito (BOE núm. 210, de fecha 31 de agosto de 2012).
• Real Decreto 1142/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 427/2005, de 15 de abril, por el que se regula la composición, las funciones y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Administración Local (BOE núm. 212, de fecha 3 de septiembre de 2012).
• Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE núm. 227, de fecha 20 de septiembre de 2012).
• Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE núm. 235, de fecha 29 de septiembre de 2012).
• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
• Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
• Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
• Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas (procedente del Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre).
• Proyecto de Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito (procedente del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto).
• Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama.
• Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
• Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
• Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
• Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
• Proposición de Ley Orgánica relativa a la reforma del Código Penal para recuperar el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum.
• Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre la regulación de las vacaciones anuales del artículo 38.
• DECRETO 86/2012, de 31 de julio, de aprobación del Reglamento de los juegos del bingo (DOGC núm. 6184, de 2 de agosto 2012).
• RESOLUCIÓN GRI/1613/2012, de 30 de julio, por la que se hace público un Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con el Real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (DOGC núm. 6190, de 10 de agosto de 2012).
• RESOLUCIÓN GRI/1665/2012, de 30 de julio, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (DOGC núm. 6199, de fecha 24 de agosto de 2012).
• RESOLUCIÓN GRI/1666/2012, de 30 de julio, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria (DOGC núm. 6199, de fecha 24 de agosto de 2012).
12/2012. Boletín de Novedades núm. 10/2012 del… 09/2012. Boletin de Novedades núm. 7/2012 del…

References: Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
e contrario
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 38
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
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