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Timestamp: 2019-11-15 05:04:17+00:00

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Publicado en DOG núm. 136 de 13 de Julio de 2001 y BOE núm. 183 de 01 de Agosto de 2001
Vigencia desde 14 de Julio de 2001. Revisión vigente desde 14 de Julio de 2001
Artículo 2 Sujetos responsables administrativamente
CAPÍTULO II. Inspección de estudios universitarios
Artículo 3 Inspección de estudios universitarios
Artículo 4 Obligaciones de los administrados
CAPÍTULO III. De la tipificación y calificación de las infracciones
Artículo 8 Infracciones leves
Artículo 9 Determinación de las sanciones
Artículo 11 Graduación de la sanción
Artículo 12 Reincidencia
Artículo 13 Publicidad de las sanciones
Artículo 16 Concurrencia de infracciones y sanciones
Artículo 19 Órganos competentes para la imposición de las sanciones
Artículo 20 Multas coercitivas
Artículo 21 Caducidad del procedimiento
Ley [GALICIA] 7/2001, 2 julio, derogada por la letra b) del número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [GALICIA] 6/2013, 13 junio, del Sistema universitario de Galicia («D.O.G.» 3 julio) el 4 de julio de 2013.
La Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto de autonomía, tiene competencia plena para la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, incluyendo, por tanto, los estudios universitarios. Esta competencia se desarrolla en los términos previstos en el Real decreto 1754/1987, de 18 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de los servicios e instituciones y medios personales, materiales y presupuestarios en materia de universidades. Por su parte, la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, establece en su artículo 9.2º que la autorización de estudios y la creación y supresión de centros universitarios es una competencia propia de la Comunidad Autónoma, a propuesta del consejo social de la respectiva universidad y previo informe del Consejo de Universidades.
Posteriormente, la Ley 11/1989, de 20 de julio, de ordenación del sistema universitario de Galicia, establece, en su artículo 11, que la coordinación y la planificación del sistema universitario de Galicia corresponden a la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, que contará a estos efectos con el Consejo Universitario de Galicia como órgano de asesoramiento y consulta, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 5/1987, de 27 de mayo, del Consejo Social de la Universidad y del Consejo Universitario de Galicia.
Esta norma respeta, en fin, los principios de legalidad, tipicidad, non bis in idem, proporcionalidad, libre acceso a la tutela judicial y a las garantías procedimentales y los principios definidores y limitadores de la potestad sancionadora de los poderes públicos, a la vez que no supone ninguna invasión de las competencias de otras áreas de la administración.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia y yo, de conformidad con el artículo 13.2º del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley de control en materia de creación y reconocimiento de universidades, centros universitarios y autorización de estudios en la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Los titulares de empresas o entidades promotoras serán responsables administrativamente de las infracciones cometidas por cualquier persona afecta a las mismas, sin perjuicio de las acciones que pudieran ejercerse en derecho sobre las personas que hayan cometido la infracción para el resarcimiento que corresponda.
1. Las universidades, los representantes o titulares de las empresas o entidades promotoras o, en su defecto, sus empleados debidamente autorizados están obligados a facilitar a los funcionarios de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria el acceso a las dependencias e instalaciones de la entidad para el examen de documentos, libros y registros que estén relacionados con su actividad.
3. La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, cuando compruebe, en el ejercicio de sus funciones, la existencia de posibles infracciones administrativas en materias competencia de otros órganos administrativos, les dará cuenta de las mismas, a los efectos pertinentes. Igualmente, las posibles infracciones en materia de creación y reconocimiento de universidades, centros universitarios y autorización de estudios en la Comunidad Autónoma de Galicia detectadas por otros órganos de la Xunta de Galicia, actuando en el ámbito de sus competencias, serán comunicadas a la Dirección General de Universidades, la cual actuará en el ámbito de sus competencias.
i) Sin perjuicio de las actuaciones que la universidad pública o privada pueda llevar a cabo frente a la entidad que actúa en su nombre sin autorización, dicha actuación podrá ser sancionada por la Administración educativa si resulta incardinada en alguna de las demás conductas tipificadas al no contar con la autorización correspondiente.
j) El impedimento, la obstrucción o la dificultad planteada para el ejercicio de las funciones de inspección y seguimiento por los servicios de inspección de estudios universitarios de la Xunta de Galicia de la actividad de los centros.
l) Las acciones y omisiones contempladas en el apartado siguiente, siempre que el incumplimiento o los perjuicios fuesen muy graves.
d) La utilización por personas físicas o jurídicas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, de denominaciones cuyo significado pueda inducir a confusión con los centros y enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales.
e) La omisión, en la publicidad y en las certificaciones que expida la entidad promotora respecto a estudios no homologados, aunque autorizados y cursados en Galicia, de la indicación de si tienen o no el carácter y la validez oficial que reconoce la Ley orgánica de reforma universitaria.
f) La reincidencia en las infracciones leves.
g) Las acciones y omisiones contempladas en el apartado siguiente, siempre que el incumplimiento o los perjuicios fuesen graves.
a) La impartición de estudios universitarios sin la autorización que para la puesta en funcionamiento debe expedir la administración, una vez que consten en el expediente todos los informes favorables y estando pendiente de publicación la norma que lo autorice.
b) Cualesquiera otras infracciones en materia de estudios universitarios que no tengan la consideración de graves o muy graves.
Las infracciones a que se refiere la presente ley darán lugar a la imposición de las sanciones contempladas en este capítulo.
a) Las infracciones muy graves, con multa de 25 a 75 millones de pesetas.
b) Las infracciones graves, con multa de 5 a 25 millones de pesetas.
c) Las infracciones leves, con apercibimiento por escrito o multa de hasta 5 millones de pesetas.
b) La revocación de la autorización y/o la suspensión de la actividad cuando la infracción suponga un notorio perjuicio para el sistema universitario de Galicia o daños irreparables a los alumnos.
3. En caso de infracciones graves y muy graves, independientemente de las sanciones impuestas, el órgano sancionador podrá proponer a la autoridad correspondiente:
a) La inhabilitación de la empresa sancionada para contratar con la Xunta de Galicia.
b) La supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales, tales como créditos, subvenciones u otras que tuviese reconocidas o que solicitase la empresa sancionada.
2. En ningún caso podrá obtenerse un beneficio derivado de las infracciones contempladas en la presente ley, siendo la sanción, en todo caso, equivalente al menos al beneficio obtenido, con una cuantía máxima no superior a lo dispuesto en el artículo 10º.
3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador regulado en la presente ley serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por el mismo, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados. Dicha indemnización se determinará por el órgano competente para la imposición de la sanción, debiendo en este caso comunicárselo al infractor para su satisfacción en el plazo de tres meses. En caso de no realizar el pago, quedará expedita la vía judicial.
Las sanciones por cuantía igual o superior a los 5 millones de pesetas, así como aquellas que supongan la clausura de las instalaciones, la revocación de la autorización, cualquier tipo de inhabilitación, la supresión, cancelación o suspensión de ayudas oficiales o la suspensión de la actividad, habrán de ser publicadas en el Diario Oficial de Galicia.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la administración tenga conocimiento de las mismas. Este plazo se interrumpirá mediante el inicio, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. De la misma forma, se reanudará si el expediente sancionador permaneciese paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor.
2. Previamente a la incoación del expediente, cualquiera de los órganos competentes en la iniciación o resolución de los procedimientos podrá ordenar que se efectúen diligencias preliminares o trámites de información reservada para investigar los hechos.
Una vez tomada una medida provisionalísima por parte de la Administración universitaria, deberá procederse en un plazo de un mes a la iniciación de un procedimiento sancionador. Una vez iniciado el procedimiento, el director general de Universidades procederá a la confirmación, modificación o levantamiento de estas medidas, sin perjuicio de que puedan ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
8. A la vista de lo actuado, el instructor formulará el oportuno pliego de cargos, que será notificado al inculpado para que, en el término de diez días desde su recepción, formule las alegaciones que estime pertinentes. Transcurrido ese plazo, haya o no alegaciones, el instructor remitirá la propuesta de resolución definitiva a quien competa la sanción en función de su cuantía para que resuelva de forma inmediata.
Se faculta al Consello de la Xunta de Galicia para que mediante decreto actualice las cuantías de las sanciones contempladas en la presente ley. La elevación porcentual nunca podrá superar la experimentada por el índice general de precios al consumo en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Se faculta al Consello de la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones que resulten necesarias para la aplicación, desarrollo y ejecución de la presente ley.

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 16

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 31
 Real decreto 
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 10
 resolución 
 resolución