Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cat/spanish/Scat-monaco1994.html
Timestamp: 2015-10-09 03:14:16+00:00

Document:
Comité Contra la Tortura Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes de Conformidad con el Artículo19 de la Conventión, Monaco, U.N. Doc. CAT/C/21/Add.1 (1994).
Informes iniciales que los Estados Partes debían presentar en 1993 : Monaco. 20/06/94.
CAT/C/21/Add.1. (State Party Report)
[14 de marzo de 1994]
1.	La Constitución de 17 de diciembre de 1962 proclama solemnemente su adhesión a los valores defendidos por la Convención y establece especialmente lo siguiente:
-	"El Principado es un Estado de derecho que respeta las libertades y los derechos fundamentales" (inciso 2 del artículo 2);
-	"Se garantiza la libertad y la seguridad individuales. Nadie podrá ser enjuiciado sino en los casos previstos por la ley, por jueces nombrados con arreglo a la ley y en la forma que ésta prescriba" (inciso 1 del artículo 19);
-	"No se podrá imponer ni aplicar ninguna pena sino de conformidad con la ley" (inciso 1 del artículo 20);
-	"Las leyes penales deberán garantizar el respeto de la personalidad y de la dignidad humanas. Nadie podrá ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes" (inciso 2 del artículo 20).
El Código Penal y el Código de Procedimiento Penal monegascos también recogen estos principios fundamentales.
2.	En consonancia con las definiciones de la Convención (arts. 1 y 16), la ley penal prohíbe, a todo "... funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales..." cometer actos de tortura, es decir, aquellos por los cuales "se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella... información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona..., o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación", o cometer "otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
3.	En el capítulo II del libro III del Código Penal, titulado "Atentados a la libertad":
a)	El artículo 72 prevé la pena de inhabilitación para el ejercicio de los derechos cívicos de todo funcionario público o agente del Estado que haya ordenado o cometido cualquier acto arbitrario y atentatorio a la libertad individual o a las leyes e instituciones del Principado.
b)	El artículo 74 sanciona con la pena de inhabilitación para el ejercicio de los derechos civiles a los funcionarios públicos responsables de la policía administrativa o judicial que, deliberadamente o por negligencia se hayan negado a dar curso a una reclamación legal destinada a comprobar actos de detenciones arbitrarias y no justifiquen haber denunciado estas detenciones a la autoridad superior.
4.	En el párrafo V del capítulo III del Código Penal, titulado "Abusos de autoridad":
a)	El artículo 123 castiga con la pena de prisión a todo funcionario administrativo o judicial, todo oficial de justicia o de policía, todo comandante o agente de la fuerza pública culpable de una violación de domicilio.
b)	Los artículos 126 y 137 agravan las penas aplicables en los casos de crímenes o delitos cometidos por un funcionario, un oficial público, un ejecutor de mandamientos judiciales o sentencias, un comandante u oficial subalterno de la fuerza pública que, sin motivo legítimo, haya perpetrado o hecho perpetrar actos de violencia contra las personas, en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones. Los crímenes o delitos contra las personas que pueden dar lugar a actos de tortura o constituir tratos crueles son los siguientes: el homicidio, el asesinato, el envenenamiento, las amenazas de muerte o de atentado a la integridad física, los diversos tipos de golpes y lesiones voluntarios (según que hayan provocado incapacidad para trabajar, mutilación, amputación, ceguera, enfermedad crónica grave o la muerte), los atentados contra las buenas costumbres, las detenciones ilegales y los secuestros acompañados de amenazas de muerte o de tortura.
5.	Además de los autores de estas infracciones, también son punibles como cómplices (artículos 41 y 42 del Código Penal) los que mediante dones, promesas, amenazas, abuso de autoridad o de poder hayan incitado a cometer esos actos o dado instrucciones para cometerlos, los que hayan proporcionado los medios para cometerlos y los que hayan ayudado o asistido a los autores en la preparación o en la perpetración.
6.	El procedimiento penal monegasco establece un estricto respeto de las libertades y los derechos fundamentales, y específicamente del derecho de defensa. Los crímenes y delitos antes señalados que sean imputables a agentes de la administración pública, son investigados de inmediato, en su caso, sobre la base de la denuncia y por iniciativa de la persona que se considera víctima, y son juzgados con arreglo a los procedimientos ordinarios por tribunales de derecho común (penales o correccionales), respetando las reglas de la imparcialidad y de las pruebas. Las penas aplicables, principalmente de prisión o multa, excluyen los castigos corporales y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
7.	El artículo 14 de la Convención establece que todo Estado Parte garantizará a la víctima de un acto de tortura el derecho de reparación y el derecho a una indemnización justa. El sistema jurídico monegasco prevé esta reparación en la forma de indemnización por daños y perjuicios de los que es responsable el autor de la infracción.
8.	El artículo 8 de la Convención trata de la extradición y precisa que las infracciones relacionadas con la tortura se considerarán incluidas en todo tratado de extradición concertado entre Estados Partes o, a falta de tratado, se considerarán como casos de extradición. Estas disposiciones son idénticas a las que figuran en el Protocolo de Ginebra de 25 de marzo de 1972, por el que se modifica la Convención Unica sobre estupefacientes de 30 de marzo de 1961 y al que Mónaco se ha adherido.
9.	Para concluir, cabe señalar que la actual legislación monegasca se inspira en los mismos ideales de dignidad de la persona humana y de respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales que los que se enuncian en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
10.	La aplicación de estos principios en el Principado no plantea dificultades particulares.

References: Artículo19
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 72
 artículo 74
 artículo 123
 artículo 14
 artículo 8