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Timestamp: 2020-03-29 07:52:43+00:00

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LEY 472 DE 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. | Abogados en Cali +57 318 8203327
Abogados en Cali +57 318 8203327 | LEY 472 DE 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
LEY 472 DE 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
Abogados en Cali	marzo 16, 2020	Abogados
<NOTA DE VIGENCIA: El Artículo 86 de esta Ley establece: «La presente ley rige un año después de su promulgación …»>
3. Mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez la Corte Constitucional se declarò INHIBIDA para fallar en cuanto a la insconstitucionalidad de esta norma.
2. Mediante Sentencia C-036-98 de 19 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 10/96 Senado y 05/95, 024/95, 084/95 Cámara acumulado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política.
1. Según lo dispuesto por el Artículo 86, la presente ley rige un año después de su promulgación.
– Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE y aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-569-04 de 8 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Uprimny Yepes. En la misma sentencia la Corte se declaró INHIBIDA de fallar sobre el resto del artículo por ausencia de cargos.
– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez, salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE.
– Numeral 4o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez.
– Numeral 5o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez.
– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez.
– Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez. «En el entendido de que la sentencia que aprueba el pacto de cumplimiento hace tránsito a cosa juzgada, salvo que se presenten hechos nuevos y causas distintas a las alegadas en el respectivo proceso, así como informaciones de carácter técnico que no fueron apreciadas por el juez y las partes al momento de celebrarse dicho pacto, evento en el cual la sentencia hace tránsito a cosa juzgada relativa.
Así mismo, esa declaración se entiende en el sentido de que las expresiones «partes involucradas», contenidas en el penúltimo inciso del artículo 27 de la Ley 472 de 1998, se refieren únicamente al infractor demandado por la violación de derechos e intereses colectivos».
– Mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez, la Corte Constitucional se declarò INHIBIDA para fallar sobre la constitucionalidad del artículo.
ARTICULO 34. SENTENCIA. Vencido el término para alegar, el juez dispondrá de veinte (20) días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular.
– Aparte el letra itálica “Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular” declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-511-04 de 25 de mayo de 2004, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
– Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez.
La condena al pago de los perjuicios se hará «in genere» y se liquidará en el incidente previsto en el artículo 307 del C.P.C.; en tanto, se le dará cumplimiento a las órdenes y demás condenas. Al término del incidente se adicionará la sentencia con la determinación de la correspondiente condena incluyéndose la del incentivo adicional en favor del actor.
– Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez.
– Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-622-07 de 14 de agosto de 2007, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. Establece la Corte: «… en el entendido que las sentencias que resuelven los procesos de acción popular hacen tránsito a cosa juzgada respecto de las partes y del público en general, salvo cuando surjan con posterioridad a la sentencia desestimatoria, nuevas pruebas trascendentales que pudieran variar la decisión anterior.«
– La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-892-06 de 1 de noviembre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Clara Inés Vargas Hernández.
– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-377-02 de 14 de mayo de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
– La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-459-04, mediante Sentencia C-511-04 de 25 de mayo de 2004, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-459-04 de 11 de mayo de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.
ARTICULO 40. INCENTIVO ECONOMICO EN ACCIONES POPULARES SOBRE MORAL ADMINISTRATIVA. En las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%) del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular.
<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos o de otras irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y contratista, en forma solidaria con quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso.
– Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-088-00 de 2 de febrero de 2000, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.
La Corte dispuso: «Declárase EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 472 de 1998, en los términos de esta sentencia».
En la parte motiva de la Sentencia la Corte expuso:
A juicio de la Corporación, la exigencia de responsabilidad patrimonial en las hipótesis previstas en el segmento cuestionado, es el resultado nó del desconocimiento de la presunción de buena fe, sino de la circunstancia de ésta haberse desvirtuado, con la observancia plena de las garantías que informan el debido proceso.
«Así las cosas, interpretado el precepto consagrado en armonía con las disposiciones que en precedencia se citaron, debe entenderse que si el representante legal de la entidad estatal contratante, en uso de esta facultad, delegó en un directivo la competencia para celebrar contratos, será este último, en cuanto delegatario, el responsable solidario con el contratista y los restantes sujetos que hayan intervenido en la actuación contractual de la que se deriva detrimento patrimonial para la Sociedad, y lesión a la moralidad pública y al interés colectivo.
«Concluye la Corte, en cuanto al segmento acusado, que se trata en realidad de establecer una solidaridad legal, de carácter sustancial, entre el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y el contratista con quienes concurran al hecho que quebranta la moralidad administrativa y genera perjuicios al patrimonio público por la ejecución de irregularidades o mayores costos, injustificados e ilegales, solidaridad que puede establecer el legislador, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, conforme al artículo 150 de la C.P.
«Con todo, para deducir esa responsabilidad patrimonial del representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y el contratista con quienes concurran al hecho, llámense interventores, asesores, consultores o ejecutores del contrato, etc., deberán observarse las reglas del debido proceso, incluídos naturalmente, la citación a todos ellos y la garantía del derecho de defensa.
«No se trata, pues, de que a través de las acciones populares, se debatan y decidan controversias de tipo contractual, que tienen bien definidas las reglas que les corresponden y que son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al estatuto contractual de la administración y al código respectivo.
– Inciso declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-569-04 de 8 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Uprimny Yepes. En la misma sentencia la Corte se declaró INHIBIDA de fallar sobre el resto del artículo por ausencia de cargos.
– Inciso 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-116-08 según Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 13 de febrero de 2008, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, «en el entendido de que la legitimación activa en las acciones de grupo no se requiere conformar un número de veinte personas que instauren la demanda, pues basta que un miembro del grupo que actúe a su nombre establezca en la demanda los criterios que permitan establecer la identificación del grupo afectado.»
– La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-215-99, mediante Sentencia C-569-04 de 8 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Uprimny Yepes. En la misma sentencia la Corte se declaró INHIBIDA de fallar sobre el inciso 3o. del artículo por ausencia de cargos.
ARTICULO 47. CADUCIDAD. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo.
– La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-215-99, mediante Sentencia C-569-04 de 8 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Uprimny Yepes.
– Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez.
– La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el inciso 1o. y el parágrafo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-575-04 de 8 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Uprimny Yepes.
ARTICULO 51. COMPETENCIA. De las acciones de grupo conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia.
ARTICULO 55. INTEGRACION AL GRUPO. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.
– Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1062-00 de 16 de agosto de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. «En el entendido de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los demás derechos subjetivos de origen constitucional o legal, cualquiera que sea su naturaleza, como derechos igualmente amparables por las acciones de clase o de grupo».
– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.
Respecto a este fallo la Corte en Sentencia 1062 de 2000, establece:
«El artículo 55 de la Ley 472 de 1998 fue objeto de pronunciamiento de constitucionalidad, por parte de esta Corporación que lo declaró exequible, en la sentencia C-215-99 de 1999. De esto podría concluirse que sobre la misma ha operado el efecto de la cosa juzgada constitucional; sin embargo, como se advirtió en la providencia que decidió sobre la admisión de la presente demanda, dicho fenómeno no es predicable en el presente caso en forma absoluta, toda vez que los cargos formulados y estudiados en esa oportunidad difieren de los actualmente presentados. Es más, el aludido fallo no especifica el alcance del estudio efectuado en relación con el ordenamiento superior, de lo cual se puede deducir más bien la existencia de una cosa juzgada relativa, lo que implica que la decisión tuvo como alcance exclusivo los cargos planteados en ese momento por el demandante».
– La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-898-05 de 30 de agosto de 2005, Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis.
ARTICULO 58. CLASES DE MEDIDAS. Para las acciones de grupo proceden las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Civil para los procesos ordinarios. El trámite para la interposición de dichas medidas, al igual que la oposición a las mismas, se hará de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.
ARTICULO 61. DILIGENCIA DE CONCILIACION. <Incorporado en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, artículo 85.> De oficio el juez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término que tienen los miembros del grupo demandante para solicitar su exclusión del mismo, deberá convocar a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes, que constará por escrito.
– Artículo incorporado en el Decreto 1818 de 1998, artículo 85, publicado en el Diario Oficial No. 43.380, del 07 de septiembre de 1998, «Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos».
– La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este numeral por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-898-05 de 30 de agosto de 2005, Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis.
– Numeral 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-732-00 de 21 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
– Numeral 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.
– Numeral 4o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-732-00 de 21 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
– Literal c) declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, salvo las expresiones tachadas que se declararon INEXEQUIBLES.
Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.© ISSN 1657-6241, «Leyes desde 1992 – Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad», 15 de julio de 2008.
Incluye análisis de vigencia expresa y análisis de fallos de constitucionalidad publicados hasta 15 de julio de 2008.

References: artículo 88
 artículo 88
 artículo 88
 Artículo 86
 artículo 167
 Artículo 86
 artículo 27
 artículo 307
 artículo 40
 artículo 150
 artículo 55
 artículo 85
 artículo 85