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Timestamp: 2020-02-19 22:04:58+00:00

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#SeAcabóElSilencio. Informe de labor parlamentaria contra el hostigamiento sexual en la educación superior (2016-2019) | La violencia contra las mujeres | Acoso sexual
Informe de labor parlamentaria contra el hostigamiento sexual en la educación superior (2016-2019) El presente documento da cuenta de esta labor, y está dividido en cuatro secciones. En la primera, presentamos el marco normativo contra el hostigamiento sexual, vigente desde hace poco más de 15 años, además de los primeros pasos hacia su reforma. La segunda parte detalla el proceso de atención de las denuncias conocidas por mi equipo, y las coordinaciones con las estudiantes organizadas. La tercera parte describe los cambios normativos más recientes respecto al hostigamiento sexual, varios de los cuales son resultado de aportes de mi despacho al Poder Ejecutivo. Por último, se presentan las tareas pendientes, que esperamos sean asumidas por quienes tendrán la labor congresal en los siguientes años.
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Py Ley 673 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres"
Proyecto de ley de fujimorista Nelly Cuadros sobre DL 1323
#SeAcabóElSilencio
Informe de labor parlamentaria contra el
hostigamiento sexual en la educación
superior (2016-2019)
Mesa de Trabajo sobre hostigamiento sexual en la educación superior con la participación de
MINEDU, SUNEDU, MIMP y Bloque Universitario Feminista
Sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República
Mi labor parlamentaria, iniciada en 2016, tuvo tres prioridades: género, diversidad y
derechos humanos, derechos laborales y sindicalización, y derecho a la ciudad y
espacios públicos. Respecto al primero de estos ejes, uno de los temas más
desafiantes ha sido la lucha contra el hostigamiento sexual. El seguimiento de casos
estuvo a la base de las propuestas normativas que formuló mi despacho, así como de
las acciones de incidencia con las autoridades universitarias y del Ejecutivo con
responsabilidades en la materia.
Durante el período 2017-2019 trabajamos con estudiantes que demandan la atención
a esta problemática en universidades y escuelas de educación superior. Un referente
organizativo fue el ​Bloque Universitario Feminista​, que vincula a estudiantes y
egresadas activistas con activa participación en la exigencia de protocolos contra el
acoso y la violencia de género en sus centros educativos.
Con las denuncias recibidas, y recogiendo aportes de la comunidad estudiantil,
remitimos constantemente pedidos de información a universidades y escuelas
superiores, así como a las autoridades del Ministerio de Educación (MINEDU), la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Asimismo, trabajamos
propuestas para mejorar la ley sobre la materia, y para incorporar ajustes en el nuevo
El presente documento da cuenta de esta labor, y está dividido en cuatro secciones.
En la primera, presentamos el marco normativo contra el hostigamiento sexual, vigente
desde hace poco más de 15 años, además de los primeros pasos hacia su reforma. La
segunda parte detalla el proceso de atención de las denuncias conocidas por mi
equipo, y las coordinaciones con las estudiantes organizadas. La tercera parte
describe los cambios normativos más recientes respecto al hostigamiento sexual,
varios de los cuales son resultado de aportes de mi despacho al Poder Ejecutivo. Por
último, se presentan las tareas pendientes, que esperamos sean asumidas por
quienes tendrán la labor congresal en los siguientes años.
Han sido décadas de lucha para que el hostigamiento sexual sea considerado una
forma de violencia de género. Muchas estudiantes, en diferentes épocas, han
experimentado la bronca que deja la impunidad; muchas han promovido durante años
y en diferentes espacios diversas formas de activismo para cambiar el ​status quo​. A la
fuerza de quienes nos antecedieron le debemos lo que hemos conquistado en los
últimos años. #SeAcabóElSilencio.
Conversatorio sobre violencia de género en las universidades
Marco normativo: primeros pasos
Aunque está presente en nuestras vidas y en las de quienes nos antecedieron
desde hace mucho, el hostigamiento sexual no tuvo una normativa
especializada hasta 2003, en que se promulgó la Ley N° 27942, ​Ley de
Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual,​ cuyo reglamento data de
La violencia contra las mujeres por razones de género ha tardado muchos años
en ser reconocida en la legislación. En 1993 el Perú aprobó una ​Ley de
Protección frente a la Violencia Familiar​, Ley N° 26260, que no reconocía la
especificidad de la violencia contra las mujeres por su condición de tales, como
expresión de discriminación sexual, situación alertada desde 1992 por el
Comité para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW),
en su Observación General N° 19 . No fue hasta noviembre de 2015 que se
aprobó una ley marco contra todas las formas de violencia contra las mujeres,
expresión de discriminación tanto en el ámbito público como privado: la Ley N°
30364, ​Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar.​ No obstante, entre ambas se generaron
estándares para algunos tipos específicos de violencia como el hostigamiento
sexual que se reguló solo para el ámbito educativo y laboral.
Durante su vigencia, la Ley N° 27942 ha tenido dos modificaciones legales
importantes que se aprecien en el siguiente gráfico:
Modificaciones a la Ley de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual
Fuente: Sistema Peruano de Información Jurídica | Elaboración propia.
Disponible en ​http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
La primera modificación se realizó mediante la Ley Nº 29430, del 8 de
noviembre de 2009, que introdujo los siguientes cambios en la normativa sobre
- Incluyó como prohibido el hostigamiento sexual en el ámbito laboral y
educativo en relaciones en las que no existiera jerarquía o cualquier forma
de autoridad o dependencia.
- Incluyó el hostigamiento sexual como falta grave en el régimen laboral
- Incluyó que se acredite “la mala fe del demandante” para que procedan los
efectos de la ‘falsa queja’: esta se configura cuando una denuncia de
hostigamiento sexual es declarada infundada por resolución firme y da
derecho a la persona denunciada a interponer acciones judiciales con miras
a una indemnización y puede terminar con la exclusión de la persona
denunciante de su centro educativo o laboral.
Luego de esta reforma no se hizo ajustes relevantes sobre la materia hasta
2018. Esos cambios se detallarán más adelante.
Reunión de Trabajo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
Local de SUNEDU
Reunión de Trabajo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Local del MIMP
La fuerza de las estudiantes
Labor de representación y fiscalización
2.1 SUNEDU: un saludable cambio de actitud
A inicios de 2017, como parte del seguimiento a un caso de violencia sicológica
de un estudiante contra su ex pareja, otra estudiante de pregrado de una
universidad privada, solicitamos a SUNEDU información de las acciones en
materia de violencia de género y hostigamiento sexual en las universidades.
La denuncia de la estudiante había sido respondida por la universidad en los
siguientes términos: el acoso “​se estaría presuntamente cometiendo a través
de las redes sociales y mediante llamadas telefónicas, sin embargo, no se
precisa en concreto actos que se habrían realizado dentro de las instalaciones
de la universidad, a fin que este Comité sea competente para conocer,
investigar y sancionar​”.2
Ante dicha respuesta, nos dirigimos a la universidad , así como a la SUNEDU
para manifestar nuestra preocupación por las implicancias de este criterio pues,
en el marco de la Ley 30364, ​Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,​ se protege a
todas las mujeres a lo largo de su ciclo de vida de la violencia que tenga lugar
dentro de cualquier otra relación interpersonal y la que tenga lugar en la
comunidad (artículos 7 y 5.a).
Indicamos también que la problemática de la violencia contra las mujeres
requiere de la acción conjunta en todos los ámbitos, tanto público como
privado, con un énfasis especial en el campo educativo y que, por ello, la
mencionada ley incluye, en su artículo 12, derechos en el campo de la
educación como que las personas víctimas de la violencia pueden solicitar el
cambio de lugar y horario de estudios sin menoscabo de sus derechos, a la
justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia, a la
atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la violencia
de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin desmedro
de la calidad del mismo, entre otras medidas posibles.
Asimismo, destacamos que la Ley 27942, Ley de prevención y sanción del
hostigamiento sexual, y su reglamento, establecen hace más de una década la
obligación de los centros universitarios de capacitar, prevenir, investigar y
sancionar específicamente el hostigamiento sexual contra integrantes de su
Resolución del Comité de Disciplina N° 027-2017/CD, de fecha 17 de mayo de 2017. Considerando 5to.
Oficio N° 344-2016-2017/IIHF-CR, de 14 de junio de 2017.
Oficio N° 345-2016-2017/IIHF-CR, de 14 de junio de 2017
La universidad señaló que permitió a la alumna pedir el cambio de aula y
cualquier otro aspecto para facilitar su normal desarrollo educativo dentro de
las posibilidades de la universidad. No obstante, indicó también que no podía
“interferir” con la función jurisdiccional, en tanto que se había presentado
denuncia por acoso ante las autoridades competentes en el marco de la Ley
30364. Frente a ello nos dirigimos nuevamente a la universidad para
manifestarle que ello no estaba en cuestión pues la vía del sistema de justicia
es alternativa, sino el criterio por el cual la universidad carecía competencia
para investigar y eventualmente sancionar hechos de violencia entre
integrantes de su comunidad educativa.
La primera respuesta de SUNEDU, en julio de 2017, no fue muy auspiciosa. La
Superintendencia señaló que eso no se vinculada a la calidad educativa
materia de sus competencias de supervisión, respondió que el tema no
guardaba relación con sus funciones de “verificar el cumplimiento de
condiciones básicas de calidad en el servicio educativo superior universitario,
autorizar el funcionamiento de universidades y fiscalizar que los recursos y
beneficios otorgados por el Estado a las universidades sean asignados a fines
educativos y de calidad”​ . Expresó literalmente lo siguiente:
“Si bien la Ley 27942 [Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual, y la Ley
30364] dispone que la sanción a docentes universitarios u otros trabajadores de la
universidad que incurran en hostigamiento sexual, debe imponerse de acuerdo al
régimen disciplinario sancionador establecido en la Ley Universitaria o el régimen laboral
al que pertenezca el empleado (público o privado), en ningún caso atribuye a la Sunedu
competencia específica para fiscalizar el cumplimiento de la imposición de tales
sanciones a sus docentes o trabajadores por parte de la Universidad.
Asimismo, la Ley N° 30364 [Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar] establece la forma expresa que el
conocimiento, tratamiento y sanción de la violencia contra las mujeres es un asunto cuya
competencia queda atribuida al Poder Judicial, específicamente a los Juzgados de
Familia, por lo que la Sunedu no tendría competencia en el ámbito administrativo para
fiscalizar el cumplimiento de dicha ley.
De acuerdo a lo indicado, ambas leyes están orientadas a brindar protección a las
personas que han sido víctimas de violencia y hostigamiento sexual, lo cual no guarda
relación con las funciones de la Sunedu, esto es verificar las condiciones básicas de
calidad del servicio educativo superior universitario, autorizar el funcionamiento de
universidades y fiscalizar que los beneficios otorgados por el Estado a las universidades
sean asignados a fines educativos. En tal sentido, queda claro que la información
solicitada por su despacho no es información con la que cuente ni deba contar este
organismo, en atención a la competencia conferida por las Leyes N° 27942 y N° 30364.
Sin perjuicio de ello, le informamos que los hechos relacionados a [...] han sido puestos
en conocimiento del Indecopi y de la Defensoría del Pueblo mediante Oficio N°
825-2017/SUNEDU 02-13 y N°826-2017/SUNEDU 02-13”, respectivamente, para que en
el marco de sus competencias puedan adoptar las medidas que consideren necesarias”.
Oficio N° 577-2017-SUNEDU/02, de 11 de julio de 2017.
Recién en julio de 2018 SUNEDU cambió esta posición y anunció que
supervisaría la correcta atención de universidades sobre denuncias de
hostigamiento, acoso o violencia sexual y que verificaría las acciones
realizadas por autoridades universitarias para recomendar medidas para
prevenir estos casos . Su pronunciamiento, un año después, fue opuesto al que
previamente remitió al despacho:
“La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha solicitado a
todas las universidades del país que entreguen información detallada sobre los casos de
hostigamiento, acoso o violencia sexual que se hubieran registrado en su comunidad
universitaria y las acciones ejecutadas en cada uno de ellos. Asimismo, ha requerido
información sobre los protocolos o normativa interna aprobada para la atención de estos
Esta acción de supervisión permitirá verificar el cumplimiento de los artículos 90 y 95.7 de la
Ley Universitaria (LU) y su propósito es garantizar una acción efectiva y oportuna por
parte de las autoridades universitarias ante los casos de hostigamiento, acoso o violencia
sexual dentro de la comunidad universitaria. Las universidades tendrán 15 días hábiles
para remitir lo solicitado.
A partir de la información recogida, la SUNEDU recomendará medidas, tanto normativas como
comunicacionales, para prevenir situaciones similares y para que los miembros de la
comunidad universitaria conozcan los canales de protección existentes​.
Las universidades están obligadas a atender las denuncias de hostigamiento, acoso o violencia
sexual. Por su parte, la SUNEDU tiene la potestad de hacer seguimiento a estos casos y
sancionar una eventual inacción por parte de la universidad”.
Este fue un punto de inflexión que permitió un posterior trabajo de coordinación
con la Superintendencia junto con las alumnas organizadas. Desde el inicio, las
colectivas universitarias compartieron con SUNEDU sus preocupaciones
a) que los documentos internos sobre hostigamiento sexual sean construidos y
aprobados con participación de la comunidad universitaria, particularmente
estudiantil, y que, de lo contrario, no cuenten con el V°B° de la
b) que se verifique que, hasta que se conformen comisiones especializadas de
hostigamiento, las Oficinas de Bienestar Universitario, las Defensorías
Universitarias, los Tribunales de Honor y quienes integren los Consejos
Universitarios sean capacitados/as sobre los alcances de la problemática
del hostigamiento sexual para abordar adecuadamente los casos;
c) que se verifique que, hasta que se conformen las comisiones
especializadas de hostigamiento, las Defensorías Universitarias estén a
https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-supervisa-correcta-atencion-universidades-sobre-denuncias-hostigamiento-acos
o-violencia-sexual/
cargo de personal idóneo con capacidad de mostrar empatía con quienes
denuncian y que cuenten con un espacio físico exclusivo para la atención
de casos que brinde privacidad;
d) que se haga seguimiento a los procesos de investigación en curso en
universidades desde MINEDU/SUNEDU, en coordinación con el MIMP, para
asegurar la aplicación de estándares adecuados, sin represalias respecto
de quienes denuncian y evitando la impunidad.
Varias de estas preocupaciones y otras más específicas que surgieron en las
múltiples reuniones realizadas con estudiantes se canalizaron en la emisión de
nuevas normas y en las reformas de las normas existentes que se detallan más
Desde 2018, Sunedu mostró un saludable cambio de actitud y consideró la atención en casos de
hostigamiento como parte de sus competencias.
2.2 El rol del MIMP como ente rector
En su calidad de ente rector contra la violencia hacia las mujeres por razones
de género, y como institución que preside el Sistema Nacional para la
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar7, remitimos al MIMP la primera respuesta
negativa de SUNEDU sobre sus competencias en materia de hostigamiento
sexual y violencia de género. Se solicitó al sector que nos remita información
sobre los mecanismos estatales existentes para dar seguimiento al
cumplimiento de obligaciones frente a la violencia contra las mujeres en todas
sus modalidades, y el hostigamiento sexual en particular, en el ámbito de la
educación superior universitaria tanto pública como privada .
El MIMP señaló en septiembre de 2017 que, de acuerdo a la normativa vigente
contra el hostigamiento sexual, y al haberse desactivado la Asamblea Nacional
de Rectores, el tema era responsabilidad de la Superintendencia Nacional de
Educación Universitaria. En la medida de que no existía a esa fecha en la
SUNEDU un mecanismo formal para la supervisión de políticas internas frente
al hostigamiento sexual en el sistema universitario peruano, se indicó que
desde la Dirección General Contra la Violencia de Género del MIMP se
impulsará su incorporación en la reglamentación interna de la entidad.
En marzo de 2018 solicitamos formalmente que se remita al despacho
información detallada de las coordinaciones realizadas por el MIMP con la
SUNEDU a efectos de que esta entidad haga efectivas las políticas contra el
hostigamiento en todas las universidades a nivel nacional.
En su respuesta, el MIMP detalló que, en septiembre de 2017, la Dirección
General de Educación Superior Universitaria del MINEDU remitió a la Dirección
General Contra la Violencia de Género una propuesta de “Guía para la
elaboración de reglamento interno de prevención e intervención en casos de
hostigamiento sexual, aplicable a la comunidad universitaria”. En noviembre de
2017, el MIMP remitió sus primeros aportes y recibió un nuevo pedido de
revisión de una versión modificada. Entre diciembre de 2017 y enero de 2018,
el MINEDU y el MIMP sostuvieron coordinaciones sobre el documento que se
acordó trabajar como lineamientos, y no como guía. En febrero de 2018, el
MIMP remitió formalmente sus últimos aportes al MINEDU y empezó el proceso
final de ajustes en el sector educación .
Con esta respuesta oficial, el despacho focalizó su incidencia en el MINEDU
con miras a la aprobación de los lineamientos sobre hostigamiento sexual en
Creado mediante la Ley N° 30364
Oficio N° 006-2017-2018/IIHF-CR, de 9 de agosto de 2017.
Oficio N° 681-2017-MIMP/DM, de 4 de septiembre de 2017.
Oficio N° 356 -2017-2018/IIHF-CR, de 27 de marzo de 2018.
Oficio N° 872-2018-MIMP/SG, de 26 de abril de 2018
universidades y centros de educación superior , que se publicaron finalmente
2.3 Los primeros cambios para enfrentar el hostigamiento en la educación
A mediados de 2018, MINEDU emitió dos documentos normativos sobre
- Lineamientos para la elaboración de documentos normativos para
prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la
comunidad universitaria, aprobados por Resolución Ministerial N°
380-2018-MINEDU publicada el 18 de julio de 2018, y
- Norma técnica denominada ​Disposiciones para la prevención, atención y
sanción del hostigamiento sexual en Centros de Educación Técnico –
Productiva e Institutos y escuelas de Educación Superior,​ aprobada por
Resolución Ministerial N° 428-2018-MINEDU, publicada el 7 de agosto de
En el primero se incorporaron las primeras regulaciones sobre:
- medidas de prevención (como la difusión de documentos y actividades en la
materia, sensibilización en la comunidad universitaria, y detección de casos
a través de encuestas anónimas).
- el rol de las Defensorías Universitarias como instancia competente para
conocer casos de afectación de derechos individuales, y del Tribunal de
Honor como órgano que emite valoración y propone las sanciones al
- se reguló un procedimiento para atención de quejas determinando que las
universidades podían elegir los canales de denuncia y precisando que la
instancia que recibiera en 24 horas debía trasladar la denuncia a la persona
agresora para que haga descargos en 3 días hábiles. La evaluación
preliminar debía hacerse en 3 días hábiles de recibidos los descargos y
luego se decidía si se abría proceso administrativo o se archivaba.
- se reguló la confidencialidad de los hechos y de los datos de quien
denuncia y de la persona denunciada.
- se dejó a las universidades regular las medidas cautelares que se
Oficio N° 530-2017-2018/IIHF-CR, de 25 de junio de 2018.
- se precisó que el régimen sancionatorio depende del régimen laboral de
las/los trabajadoras/es y si es alumno/a queda a decisión de la regulación
interna de cada universidad.
En el segundo documento lo más novedoso fue la creación de instancias
especializadas denominadas “Comité de defensa del estudiante”, integrado por
4 integrantes (representante de personal docente, representante de personal
administrativo y dos representantes de las/los estudiantes), el mismo que debía
tener además conformación paritaria por sexo. Esta instancia se estableció
como responsable de las acciones de prevención y atención de los casos de
hostigamiento sexual. La imposición de sanciones quedaba regulada
dependiendo del régimen laboral de las/los trabajadoras/es y si se trata de
alumnos/as debía ser comunicada a la Dirección de la institución educativa.
La conformación de comités especializados fue un importante paso que se
retomó luego en las modificaciones a la normativa nacional sobre
2.4 Luchas estudiantiles y acompañamiento de casos
Entre 2017 y 2019 desde el despacho sostuvimos diferentes coordinaciones
con integrantes de agrupaciones de estudiantes de educación superior que
acompañan casos y promueven el abordaje de la problemática de la violencia
de género en instituciones públicas y privadas.
Esto incluyó reuniones con estudiantes de la Universidad de Lima, Universidad
Nacional del Callao, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad
Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Federico Villareal, Universidad
Nacional Agraria La Molina, Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Peruana Cayetano Heredia,
la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes y la Escuela Nacional Superior de
Arte Dramático. Asimismo, tuvimos la oportunidad de conocer denuncias en
estas instituciones y otras que fueron remitidas directamente a los canales de
comunicación del despacho.
Gracias a la confianza de las estudiantes en la representación del despacho
parlamentario para hacer eco de sus denuncias, sus preocupaciones y sus
propuestas, se enriqueció el trabajo parlamentario de fiscalización y propuesta
normativa. El siguiente cuadro resume las acciones de fiscalización hechas
respecto a la temática del hostigamiento sexual.
Cuadro 1. Trabajo de representación y fiscalización con universidades y
Centro de estudios Resumen de las acciones realizadas
Universidad Se remitió un pedido de información a la universidad respecto las acciones
de Lima tomadas frente al caso de una alumna víctima de violencia psicológica y acoso
por parte de otro alumno que estudiaba en la misma Facultad y especialidad
La Universidad respondió señalando que su Comité de Disciplina había
determinado no haber lugar al inicio de una investigación por los hechos
sindicados, y que la alumna denunciante contaba con la posibilidad de solicitar
un cambio de aula y otro aspecto que pudiera “facilitar su normal desarrollo
De igual manera, se remitió un pedido de información a la SUNEDU pidiéndole
alcances sobre las acciones que esta institución pudiera tomar en este caso.
Frente a ello, esta entidad respondió que no cuenta con la competencia para
fiscalizar el cumplimiento de las leyes sobre violencia y hostigamiento sexual,
por lo que, había puesto en conocimiento los hechos denunciados a INDECOPI
y a la Defensoría del Pueblo.
Por otro lado, también se remitió dos pedidos de información al MININTER
respecto del porqué no se había registrado la denuncia de la alumna agraviada
como tal, sino tan sólo se había dejado constancia de ella, y sobre las acciones
tomadas. Esta entidad señaló que ya se había corregido ello, registrando
posteriormente la denuncia y que esta había sido trasladada al Juzgado de
Familia correspondiente para el dictado de las medidas de protección.
Se remitió pedido de información al MIMP respecto del porqué existían
problemas en determinar el CEM donde debía ser atendida una víctima de
Universidad hechos de violencia psicológica ocurridos dentro de la Universidad Nacional
Nacional Mayor de Mayor de San Marcos. Esta entidad respondió señalando que la alumna
San Marcos agraviada, a pesar de los problemas iniciales que habían existido para
determinar la jurisdicción donde debía ser atendida, sí había recibido atención
legal, psicológica y social.
Universidad En esta universidad existen dos casos conocidos por el despacho: presuntas
Nacional del Callao irregularidades académicas cometidas en contra de alumna de la UNAC debido
a su labor de acompañamiento de denuncias de violencia y otros actos dentro
del recinto universitario, y el caso de una alumna fue agredida sexualmente por
Respecto de la primera denuncia, se remitió un pedido de información a la
SUNEDU acerca de las acciones tomadas en este caso. Esta entidad respondió
señalando que la universidad cuenta con la autonomía de poder determinar su
estructura curricular y de actuar frente a posibles disconformidades al respecto.
También indicó que remitió los hechos denunciados al Vicerrectorado
Académico de la UNAC, órgano que cumplió con comunicar que la alumna ya
había culminado sus estudios al completar el creditaje requerido.
Respecto de la segunda denuncia, se remitió un pedido de información a la
UNAC acerca de las acciones tomadas en contra del alumno agresor y a favor
de la víctima ya que se tenía conocimiento de que se había negado el adoptar
medidas por no contarse con una sentencia judicial firme. Esta entidad
respondió señalando que, finalmente, se resolvió suspender al alumno agresor
por dos semestres académicos. Se sostuvo una reunión con el Rector en este
De igual manera, se remitió un pedido de información a la SUNEDU acerca de
las acciones tomadas en el caso. Esta entidad señaló que ha requerido
información a la UNAC. Así también, ante otros pedidos de información, el
MIMP respondió indicando que se le brindó atención legal, psicológica y social
a la agraviada, y el PJ señaló que ordenó ampliar las medidas de protección a
fin de que la UNAC le permita cambiar de lugar y horario de clases, le justifique
tardanzas o inasistencias y le brinde atención especializada.
Universidad Se remitió un pedido de información a la universidad respecto de las acciones
Nacional de tomadas en el caso de una alumna víctima de violación sexual por parte de otro
Ingeniería alumno después de una reunión social; en específico, acerca de las
actuaciones adoptadas en mérito de las medidas de protección otorgadas
judicialmente. La universidad respondió indicando que por decisión del Consejo
de Facultad se acordó el impedimento de ingreso al campus universitario del
De la misma forma, se remitió un pedido de información al MIMP indicándoles
que la UNI aún no había tomado acciones para efectivizar las medidas de
protección otorgadas a la alumna. Esta entidad respondió señalando que el
personal del Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría Condevilla sostuvo
una reunión con el decano de la Facultad de ambos estudiantes, quien señaló
que se conformó una Comisión para que atendiera el caso de la alumna.
Universidad Se remitió un pedido de información a la universidad en relación al
Nacional Federico hostigamiento cometido por un docente en contra del alumnado de la de la
Villarreal Facultad de Ciencias Sociales. Frente a ello, la universidad respondió
señalando que, si bien se inició procedimiento disciplinario por estos hechos, la
decisión de sanción fue revocada.
De igual manera, se trasladó la información a SUNEDU requiriendo que se
tomen medidas sobre este caso. La entidad respondió señalando que se
encontraba realizado un proceso de supervisión a la universidad, el cual dio
como resultado que la UNFV no cuenta con un registro de denuncias de
hostigamiento sexual, que no realizó actos de sensibilización al respecto y que
no estableció plazos de duración dentro del proceso de atención respecto a
Universidad Respecto de esta universidad existen tres casos conocidos por el despacho: las
Nacional Agraria denuncias de amedrentamiento hacia 3 alumnas que participaron en una
La Molina protesta estudiantil; actos de acoso y hostigamiento sexual cometidos por un
estudiante en contra de otra estudiante, y actos de violación sexual cometida
por parte de un estudiante en contra de otra.
universidad acerca de los procedimientos disciplinarios iniciados en contra de 3
alumnas por su participación en una movilización que denunciaba
irregularidades de sus autoridades. La UNALM respondió señalando que estos
procedimientos se realizaron por la comisión de actos impropios.
Desde el despacho se informó a la SUNEDU de que, si bien las alumnas
presentaron una apelación en contra del resultado de estos procedimientos,
aún no tenían respuesta pese a que se habían vencido los plazos y que los
procesos buscarían amedrentarlas. Esta entidad respondió señalando que
solicitó a una de las alumnas afectadas que remitiera una descripción clara de
los hechos, lo cual incumplió, por lo que, la denuncia presentada en contra de la
universidad fue archivada. Por último, indicó que ordenó de oficio el inicio de
una investigación y un proceso de supervisión a la UNALM.
universidad sobre las acciones tomadas en el caso. Esta entidad respondió
señalando que, por el deber de confidencialidad, no podían detallar las
acciones tomadas. En este caso, el despacho remitió un pedido de información
a la PNP, entidad que señaló que se han realizado las diligencias preliminares
Finalmente, respecto de la tercera denuncia se remitió un pedido de
información a SUNEDU haciéndole llegar la preocupación acerca de la sanción
impuesta por la Universidad a la víctima por encontrarse en estado de ebriedad
el momento de sufrir la violencia que denunció. Esta entidad respondió
señalando que se le inició un procedimiento de fiscalización a la UNALM por
este caso, encontrándose evaluando la información brindada.
Universidad Se remitió un pedido de información acerca de las acciones tomadas en el caso
Nacional de de dos alumnas - una de ellas menor de edad- que denunciaron que un
Educación Enrique profesor había realizado tocamientos indebidos en contra de ellas. La entidad
Guzmán y Valle respondió que el docente fue cambiado de clases.
Pontificia Respecto de esta universidad se conocieron dos denuncias desde el despacho:
Universidad Católica una acerca de hechos de hostigamiento sexual cometidos por un docente
del Perú contra una alumna y otra acerca de actos de amedrentamiento cometidos por la
Defensoría Universitaria contra estudiantes críticas de la forma en que se
estaban procesando las denuncias por violencia de género.
Respecto de la primera denuncia, se remitió un pedido de información a
SUNEDU comunicándoles el caso y requiriendo la adopción de acciones. Esta
entidad respondió señalando que solicitó información a esta universidad en el
marco de un procedimiento de supervisión iniciado.
Respecto de la segunda denuncia, se remitió un pedido de información a
SUNEDU comunicando los hechos denunciados y solicitando que se adopten
las medidas correspondientes. La entidad respondió señalando que había
pedido a la PUCP información en el marco de un proceso de supervisión
iniciado por los hechos expuestos.
Universidad Se remitió un pedido de información a la universidad sobre las denuncias
Peruana Cayetano presentadas en contra de diversos docentes con conductas de hostigamiento
Heredia sexual durante el desarrollo de las clases y respecto de los cuales se denunció
hostilización cuando fueron denunciados.
Esta entidad respondió señalando que cuentan con una Comisión Especial
Permanente para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual, órgano que se
rige por el deber de confidencialidad de los procesos en curso, por lo que no
podía brindar información sobre los hechos reportados. El despacho tomó
conocimiento que la comisión especial resolvió sancionar a los docentes
denunciados con amonestaciones escritas y verbales, y la suspensión en caso
de uno de ellos. Por otro lado, se remitió un pedido de información a la
SUNEDU y al MIMP acerca de las acciones tomadas en este caso.
Universidad Se remitió un pedido de información a la universidad acerca de las acciones
Nacional José tomadas en el caso de una denuncia interpuesta por hostigamiento sexual por
Faustino Sánchez parte de un docente en contra de una alumna. Esta entidad señaló que si bien
Carrión en un primer momento se acordó su destitución, esta decisión fue apelada y
revocada por una suspensión de 4 meses.
Se remitió un pedido de información a la ENSABAP acerca de las acciones
Escuela Nacional tomadas en el caso de la alumna víctima de ​violación sexual cometida por parte
Superior de Bellas de otro alumno. Esta entidad señaló que le había brindado apoyo y soporte
Artes psicológico a la víctima, que ha sido imposible el separar a ambos estudiantes
de compartir clases y aulas juntos, y que se inició un procedimiento disciplinario
en contra del agresor. Luego de la emisión de medidas judiciales de protección,
la Escuela suspendió al estudiante denunciado.
Por otro lado, ante un pedido de información, el MIMP señaló que brindó a la
víctima atención legal, psicológica y social. De igual manera, el M​ININTER
remitió información señalando que tiene conocimiento que el Ministerio Público
ha realizado la investigación preliminar de la denuncia, la que está concluyó la
etapa de protección en el marco de la Ley N° 30364 y está bajo investigación
Escuela Nacional Se remitió un pedido de información a la ENSAD acerca de las acciones
Superior de Arte tomadas por las denuncias de ​hostigamiento, violencia psicológica y violencia
Dramático sexual por parte de un profesor contra un grupo de alumnas​. Esta entidad
señaló que estaba evaluando separar preventivamente al docente sin goce de
haber y que dispuso delegar su carga horaria a otros docentes. Para el año
académico siguiente el docente intentó postular nuevamente, ante lo cual se
solicitó a la ENSAD que preste atención a ello en el marco de las denuncias
presentadas. Contra el profesor se abrió proceso administrativo disciplinario
que se dilató durante varios meses en la escuela.
Se requirió al MIMP informar de las acciones adoptadas en el caso. El sector
señaló de que las alumnas denunciantes recibieron ​apoyo psicológico, social y
legal. ​Así también se pidió información al MINEDU información y el sector
señaló de que l​os procedimientos de sanción se llevarían a cabo ante los
órganos instructores de procesos disciplinarios del mismo Ministerio por las
irregularidades en el trámite dentro de la ENSAD.
Universidad Antonio Se remitió un pedido de información a la UARM acerca del proceso de
Ruiz de Montoya actualización de las normas sobre hostigamiento sexual. Frente a ello, la
universidad señaló que realizó la actualización de sus protocolos, recurriendo a
la participación estudiantil y tomando en cuenta la normativa vigente sobre el
La formulación de propuestas normativas también fue enriquecida en el diálogo
con las estudiantes organizadas. Como se detalla más adelante, retomando lo
conversado con las estudiantes desde 2017 y con la experiencia directa de
acompañamiento de casos, a mediados de 2018 propusimos al MIMP nueve
propuestas de reforma legal en materia de hostigamiento sexual.
A fines de agosto de 2018 promovimos una reunión amplia con integrantes de
diferentes colectivas de estudiantes de la UNMSM, la UNI, la UARM, la UNAC,
la PUCP, la UNFV y la Universidad de Lima para informar detalladamente de
los aportes realizados y de los alcances de los lineamientos y la norma técnica
emitidos por el MINEDU en julio y agosto de 2018 sobre la temática. Producto
de este trabajo conjunto identificamos propuestas adicionales sobre la
problemática del hostigamiento sexual para ser adoptadas por vía
parlamentaria si el Poder Ejecutivo no cumplía con legislar sobre ellas.
Han sido continuos los espacios de coordinación con estudiantes, tanto a
través de reuniones como de comunicación virtual con el equipo técnico del
despacho. Gracias a la fuerza de las estudiantes se visibilizó el problema y se
lograron los cambios que este informe presenta.
La Información de la reunión de trabajo está disponible en
http://www.indirahuilca.pe/propuestas-universidades-libres-de-violencia-y-acoso/
Reunión de Trabajo con el Bloque Universitario Feminista
Sala 3 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República
Sala 1 del edificio Victor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República
Cambios recientes a la normativa sobre
Para cambiar la Ley N° 27942, ​Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento
Sexual,​ desde el despacho se optó por trabajar haciendo incidencia para
aprovechar la delegación de facultades legislativas hecha al Poder Ejecutivo
mediante Ley 30823, de 16 de julio de 2018 . Esta era la vía más rápida para
lograr los cambios necesarios que se había identificado a partir de los casos y
los aportes de las estudiantes.
En ese marco, desde el despacho se remitió al Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables nueve propuestas de modificaciones normativas en
materia de hostigamiento sexual, más allá de la creación de los tipos penales
que estaban previstos por el Poder Ejecutivo .
En la Ley N° 30823, artículo 2, numeral 4, literal b, se habilitó al Ejecutivo a legislar para “fortalecer el marco
jurídico para la prevención y protección de violencia contra la mujer y grupo familiar, así como de víctimas de casos
de acoso, acoso en espacios públicos, tentativa de feminicidio, feminicidio, violación sexual y violación sexual de
menores de edad, así como para la sanción efectiva ante la comisión de dichos delitos”.
En el Oficio N° 25 -2018-2019 /IIHF-CR, de 20 de agosto de 2018, se solicitó al MIMP que evalúe adoptar las
1. eliminar el elemento de reiteración de actos (artículo 4 de la Ley 27942) porque ello, por ejemplo, permitió que
en el Consejo Universitario de la PUCP se revoque la sanción impuesta a una persona denunciada por acoso y
que la Comisión especial contra el hostigamiento sexual sancionó en su oportunidad,
2. eliminar las disposiciones relacionadas a la falsa denuncia (décima y décima primera disposiciones transitorias
de la Ley 27942) porque constituyen una forma innecesaria de desalentar las denuncias pues la regulación
penal de la denuncia calumniosa penal basta,
3. generar un proceso especial para las denuncias en todos los ámbitos (público y privado, así como laboral y
educativo) que garantice medidas de protección para quien denuncia luego de la admisión, pues actualmente
los trámites son diversos. Si el agresor es trabajador publico existe el problema de prescripción ligado a que el
proceso correspondiente es el general administrativo-disciplinario previsto en el Decreto Legislativo Nº 276 y su
reglamento (artículos 12-16 de la Ley 27942). El proceso especial debería ser igual si el agresor es trabajador/a
del régimen privado o público, o si es estudiante o trabajador/a par,
4. colocar explícitamente en la ley que la investigación de casos de acoso debe iniciarse e impulsarse de oficio en
todos los ámbitos de la ley apenas haya indicios de posibles actos de este tipo, así como para asegurar su
continuidad al margen del impulso de las víctimas y sin que recaiga exclusivamente en ellas la labor probatoria,
5. precisar explícitamente en la ley que las universidades, centros educativos y centros de trabajos serán
competentes para actuar frente a todo acto entre integrantes de la comunidad educativa o laboral. Esto es
importante porque en dos casos en seguimiento del despacho en la Universidad de Lima y en la Universidad
Nacional del Callao se señaló que la competencia se reduce a las agresiones dentro del campus universitario,
6. precisar que en el ámbito universitario y de educación superior, el integrar las comisiones de acoso debe
considerarse como docencia de gestión administrativa según la Ley Universitaria (artículo 79 de la Ley 30220) y
la Ley de Institutos de Educación Superior (artículo 67 de la Ley 30512) y se prevea legalmente un
acompañamiento psicológico subvencionado por la entidad educativa para las/os integrantes y personas
La reforma a la Ley N° 27942 concretada por medio del Decreto Legislativo N°
1410, de 12 de septiembre de 2018, incorporó dos de las nueve propuestas
formuladas como la eliminación de la reiterancia y los cambios en el régimen
laboral público que se detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro 2. Reformas más importantes a la Ley de prevención y sanción contra el
hostigamiento sexual por el Decreto N° 1410
N° Cambio realizado
Ley N° 27942
1 Eliminación de la ​reiterancia​ para que se configure el hostigamiento sexual. artículo 4
2 Eliminación de la ​acreditación del rechazo​ de la conducta de hostigamiento sexual. artículo 4
3 Apertura de la lista de ​manifestaciones​ del hostigamiento sexual siempre que artículo 6
encajen en el concepto regulado (antes era un listado cerrado de descripciones).
4 Reforzamiento de las ​obligaciones de la parte empleadora en el sector laboral artículo 7
privado​ incluyendo que se adopten las “medidas necesarias para que cesen las
amenazas o represalias ejercidas por el hostigador, así como las conductas físicas o
comentarios de carácter sexual o sexista que generen un clima hostil o de intimidación
en el ambiente donde se produzcan”.
5 Reforzamiento de las ​protecciones para víctimas​ de hostigamiento sexual en el artículo 8
6 Cambio del ​régimen aplicable para sancionar en el régimen laboral público​: del artículos
procedimiento del Decreto Legislativo N° 276 (Ley de Bases de la Carrera 12, 13 y 16
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público) a la Ley Nº 30057 (Ley del
Servicio Civil), salvo el caso de los servidores pertenecientes a carreras especiales.
Esto implica plazos más cortos y la inclusión de medidas de protección aplicables a las
víctimas del hostigamiento sexual.
7 Regula para las ​modalidades laborales formativas​ una indemnización a tramitarse artículo 22
con la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo.
7. precisar que en todos los ámbitos de aplicación de la ley deben documentarse por escrito las denuncias y los
actos de investigación adoptados y que las personas denunciantes tienen derecho a obtener una copia de todo
lo actuado. Esto porque en casos a los que se ha hecho seguimiento en la PUCP y en la Universidad Nacional
del Callao se ha señalado que no se ha dado a las personas denunciantes copia de lo actuado,
8. precisar en el ámbito de la educación superior que los centros de estudios deben implementar oficinas
especializadas de seguimiento de las prácticas pre y profesionales e incluir en los convenios el compromiso de
prevenir y sancionar actos de acoso, así como elaborar un ranking de lugares con denuncias en su haber para
conocimiento de la comunidad educativa.
9. precisar que en el ámbito universitario el rol de la Defensoría Universitaria es canalizar las denuncias a las
Comisiones especializadas sobre acoso para que exista uniformidad en los procedimientos. En uno de los
casos en seguimiento se ha conocido que la Defensoría Universitaria conoció denuncias que no
necesariamente fueron conocidas por la Comisión Especializada, sino que se reportaron directamente al
Rectorado con lo que no quedó registro de lo actuado en la instancia especializada.
Luego de una reunión amplia con integrantes de diferentes colectivas de
estudiantes, realizada a finales de agosto de 2018, el despacho remitió al
MIMP propuestas adicionales sobre la problemática del hostigamiento sexual .
Por parte del sector se formuló el compromiso de abordar en el reglamento de
la Ley N° 27942 las reformas que no fueron incluidas en el Decreto Legislativo
N° 1410 .
Así, el nuevo reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°
014-2019-MIMP y publicado el lunes 22 de julio de 2019, incluyó la mayor parte
de los aportes alcanzados desde el despacho. Cuando el Poder Ejecutivo
dispuso la publicación de proyecto de Decreto Supremo de Reglamento de la
Ley N° 27942 desde el despacho se enviaron comentarios concretos al
articulado que ya incorporaba parte importante de los aportes remitidos en
2018. A continuación, se sistematizan los dieciséis aspectos más relevantes.
Oficio N° 96-2018-2019/IIHF-CR, de 8 de noviembre de 2018.
Oficio N° 2220-2018-MIMP/SG, de 26 de octubre de 2018; y Oficio N° 410-2019-MIMP/SG, de fecha 13 de febrero
Resolución Ministerial N° 062-2019-MIMP, publicada el 7 de marzo de 2019.
Oficio N° 329-2018-2019/IIHF-CR, de 5 de abril de 2019.
Cuadro 3. Descripción de cambios del nuevo reglamento de la ​Ley de prevención y
sanción contra el hostigamiento sexual
N° Cambio realizado Ubicación
1 Investigación con ​impulso de oficio​ en todos los ámbitos de la ley para asegurar su
continuidad al margen del impulso de las víctimas y sin que recaiga exclusivamente en
ellas la labor probatoria.
2 artículo 4,
Se incluye un ​principio de confidencialidad​ de forma que la información contenida en literal f)
los procedimientos regulados por la Ley y el Reglamento tiene carácter confidencial y
nadie puede brindar o difundir información, salvo excepciones legales ​(1)
3 Se incluye un ​principio de debido procedimiento para ambas partes. ​Esto es relevante artículo 4,
porque es común que no se visibilice a quienes denuncian como partes del procedimiento literal g)
que deben ser consideradas también con igualdad procesal. (​ 2)​.
4 Competencia ampliada​ para la adopción de medidas en el ámbito educativo y laboral:
- En lo educativo se integra egresadas y egresados. artículo 46
- En lo laboral se integra los servicios de tercerización o intermediación de servicios. artículo 30
- El término de la relación de pertenencia de la presunta víctima o la persona artículo 22
denunciada no cierra el procedimiento.
5 Documentación por escrito​ de las denuncias y los actos de investigación adoptados artículo 16.4
para que se pueda ejercer el derecho a obtener una copia de todo lo actuado.
6 Prohibición​ de comunicación de las autoridades u otras personas con las personas artículo 16.3
denunciantes por cualquier medio extraoficial como redes sociales.
7 Regulación de la actuación de los servicios de salud física y psicológica​ con los que artículo 17.1
cuente el centro de estudios o de trabajo para la atención de casos: caso contrario
derivación a los servicios públicos o privados.
8 Pautas generales sobre la ​valoración de prueba​ acordes a características de estos
hechos. Esto implica que:
- La actuación de los medios probatorios no puede exponer a la presunta víctima a
situaciones de revictimización, como la declaración reiterativa de los hechos, careos o
cuestionamientos a su conducta o su vida personal, confrontaciones con los/las
presuntas/ os hostigadores/as, entre otros. Los/as integrantes de los órganos que
intervienen en el procedimiento evitan cualquier acto que, de modo directo o indirecto,
disuada a la víctima de presentar queja o denuncia y de continuar con procedimiento.
- Tanto en la etapa de investigación como en la de sanción, la valoración de los medios
probatorios debe realizarse tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la
víctima, considerando particularmente las pautas del artículo 12 del reglamento de la
Ley 30364:
“12.1 En la valoración de la declaración de la víctima, los operadores y operadoras de
justicia, especialmente deben observar:
a. La posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar la
presunción de inocencia, si es que no se advierten razones objetivas que
invaliden sus afirmaciones. Para ello se evalúa la ausencia de incredibilidad
subjetiva, la verosimilitud del testimonio y la persistencia en la incriminación.
b. La importancia de que la retractación de la víctima se evalúe tomando en cuenta
el contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y social próximo del
que proviene la víctima y la persona denunciada.
12.2 Asimismo, deben observar los criterios establecidos en los Acuerdos Plenarios
aprobados por la Corte Suprema de Justicia de la República.”
9 Catálogo de derechos de víctimas de violencia, denunciantes y testigos/as ​que artículo 18
incluya especificidades para la ejecución de las medidas de protección de acercamiento y
comunicación y su extensión a testigas/os.
10 Actividades de ​difusión​:
- Capacitaciones de inicio y periódicas artículo 11
- Difusión periódica de contenidos para identificar el hostigamiento sexual, información artículo 12
5ta disp.
básica del procedimiento y las sanciones aplicables
- Difusión de canales de denuncia y difusión de formatos modelo con datos mínimo final
para facilitar la interposición de denuncias
11 Impugnación de decisiones
La resolución o decisión emitida producto del procedimiento de hostigamiento sexual artículo 20.3
puede ser impugnada ante la instancia administrativa correspondiente, por el/la quejado/a
o denunciado/a o por el/la quejoso/a o denunciante, siempre que las normas de la
institución contemplen dicha posibilidad. En estos casos, la emisión de la resolución que
resuelve la apelación o impugnación correspondiente, no puede superar el plazo de 45
días calendario que se pueden prorrogar por 15 días calendario más excepcionalmente y
atendiendo a la complejidad del caso​ ​(3)​.
12 Comités especializados para conocer casos de hostigamiento sexual​ en el ámbito
laboral y educativo:
- En el ​ámbito laboral privado​, en centros de trabajo con menos de 20 trabajadores/as
se elige un/a delegado especializado/a.
- En el ​ámbito laboral privado​, en centros de trabajo con 20 o más trabajadores/as se
conforman comités especializados de 4 integrantes: 2 representantes de la artículo 27.1
institución empleadora y 2 representantes de trabajadoras/es.
- En el ​ámbito laboral público​ el procedimiento se rige por la Ley SERVIR, el
procedimiento administrativo disciplinario de las carreras especiales, el Decreto artículo 34
Legislativo 1401 que regula las modalidades formativas en el sector público y los
lineamientos de SERVIR.
- En el ​ámbito laboral de las trabajadoras del hogar​ se denuncia ante SUNAFIL o la
autoridad inspectiva del trabajo regional que corresponda. artículo 32
- En el ​ámbito laboral de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú​ se aplica
el régimen disciplinario correspondiente.
- En el ámbito de la ​educación básica​ se conforman comités especializados de 4 artículos 54 y
integrantes: 2 representantes de la institución educativa y 2 representantes de las 68
- En el ámbito de los ​Centros preuniversitarios, Centros de Educación artículo 41
Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior​ se conforman
comités especializados de 4 integrantes: 2 representantes de la institución educativa
y 2 representantes de las/los estudiantes. artículo 43
- En el ​ámbito universitario​ se conforman comités especializados conformados de
forma colegiada por personal de la universidad y representación estudiantil en la
misma proporción. Uno/a de los representantes universitarios debe ser quien ejerce
a Defensoría Universitaria​ ​(4)​. artículo 48
- En el ​ámbito educativo militar y policial​ se conforman comités especializados de 4
integrantes: 1 representante docente, 1 representante administrativo/a y 2
representantes de las/los estudiantes. artículos 61 y
* En todas los comités debe garantizarse la ​paridad de género.​
13 Requisitos para integrar los comités especializados en las universidades. ​Las
universidades, mediante normativa interna, establecen el número de miembros del comité
especializado, el procedimiento de su elección, los requisitos que deben cumplir, entre
ellos, formación en género o derechos humanos, el periodo de su mandato que no debe
ser menor de 1 año, y cualquier otra disposición necesaria para asegurar la participación
de los/as estudiantes y su efectivo funcionamiento.​ ​(5)
14 Aplicación de la Ley 30364 y su reglamento a los casos de hostigamiento sexual. ​En 1ra disposición
los casos de hostigamiento sexual, además de seguir los procedimientos especializados complementaria
establecidos, se puede recurrir a las vías judiciales que garanticen protección frente al final
hostigamiento sexual, incluyendo los procesos regulados en la Ley N° 30364, Ley para
familiar. ​ ​(6) y (7)​.
15 Registro centralizado de denuncias por actos de hostigamiento sexual en todo el artículo 42.1
ámbito educativo​. literal f)
En la educación básica, los Centros preuniversitarios, Centros de Educación artículo 44.1
Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior –> UGEL y luego
MINEDU. En las universidades –> SUNEDU 8va disposición
16 Registro centralizado de denuncias por actos de hostigamiento sexual en el ámbito artículo 29.3
laboral ​privado y público. artículo 35.2
En el ámbito laboral privado –> MTPE
7ma disposición
En el ámbito laboral público –> SERVIR complementaria
Notas del Cuadro 3.
1. Se sugirió reemplazar la mención a la confidencialidad por una definición en la que se señalara como
contenido del principio la preservación de la identidad de las partes y en el que se mencionara
expresamente que no se vulneraba con la denuncia de incumplimientos de la normativa vigente y
vulneraciones al debido proceso, de forma que se eviten represalias de las instituciones por esta causa.
Esto no fue aceptado con base a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 29733 de protección de datos
personales sobre confidencialidad de todo banco de datos personales. Eso no obsta para que se hagan
las denuncias correspondientes por irregularidades.
2. En el artículo 19.2 del reglamento se propuso incluir ampliación de plazos mediante pronunciamiento
motivado, como se prevé en artículo 35.2.f) del reglamento y en el artículo 13.3 de la ley para el ámbito
laboral público. No se acogió la propuesta.
3. Se propuso eliminar la frase “siempre que las normas de la institución contemplen dicha posibilidad” en
relación a la impugnación. Esto para evitar disposiciones internas contrarias al derecho constitucional a la
pluralidad de instancia que debe ser garantizado a ambas partes en todo procedimiento, lo que no debería
ser limitado por ninguna norma institucional.
Asimismo, se sugirió una regulación expresa para evitar los problemas propios de la ‘condena del
absuelto’ que supone que en segunda instancia no se impongan sanciones, sino que se declare la nulidad
de lo actuado en primera instancia. La opción de la nulidad regulada en jurisprudencia penal no uniforme
(por ejemplo, la Sentencia Casatoria 454-2014-Arequipa y la Sentencia Casatoria 499-2014-Arequipa, se
contraponen la Sentencia Casatoria 1379-2017-Nacional y la Sentencia Casatoria 503-2018-Madre de
Dios) tiene un impacto desproporcionado negativo en quienes denuncian porque refuerza la sensación de
impunidad. Para mayor información sobre la materia, NUÑEZ PÉREZ, Fernando Vicente. “La aplicación e
interpretación de la condena del absuelto conforme a la doctrina jurisprudencial desarrollada por el TC y la
Corte Suprema”, de 16 de febrero de 2019, disponible en
https://legis.pe/aplicacion-interpretacion-condena-absuelto-conforme-doctrina-jurisprudencial-desarrollada-t
ribunal-constitucional-corte-suprema-nacional/​)​ ​Estas propuestas no fueron aceptadas.
4. La incorporación de la Defensoría Universitaria (DU) como parte del Comité fue propuesta del MINEDU;
frente a esto se propuso que la inclusión de la DU sea condicionada al cumplimiento de los requisitos
específicos, lo que fue aceptado.
5. Se propuso incluir como requisito que las universidades aseguren que quienes integren el comité
especializado tengan una reconocida trayectoria de defensa de los derechos de las personas y cuenten
con formación en género, derechos humanos e interculturalidad; lo publicado considera “formación en
género o derechos humanos”.
6. Se sugirió que se mencione expresamente que las instituciones debían dar las facilidades que
correspondan para el cumplimiento de las medidas de protección decretadas en el marco de la Ley N°
30364, lo que no fue incluido. Esto no obsta para que las instituciones laborales y educativas den
cumplimiento a las órdenes judiciales de medidas de protección pues, de acuerdo al artículo 37.5 del
Reglamento de la Ley 30364, los juzgados comunican las medidas de protección las entidades públicas o
privadas que resulten necesarias para asegurar su cumplimiento y eficacia.
7. Se propuso incluir una disposición complementaria final que señalara expresamente que las disposiciones
establecidas en el reglamento sobre hostigamiento sexual fueran aplicables para otros casos de violencia
de género en lo que fuera pertinente. Esto, que fue un pedido de lxs estudiantes, no ha sido acogido. No
obstante, debe considerarse que el artículo 4 de la Ley 27942 contra el hostigamiento sexual incluye bajo
el ámbito especializado a cualquier forma de violencia “que se configura a través de una conducta de
naturaleza o connotación sexual o sexista​ no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede
crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su actividad o situación laboral,
docente, formativa o de cualquier otra índole”.
Conversatorio sobre hostigamiento sexual con la Federación Universitaria de Lambayeque
Reunión de trabajo con las autoridades de la Universidad Nacional Federico Villarreal
Local de la Universidad Nacional Federico Villarreal
Las reformas realizadas son bastante completas, aun con los aspectos que no
fueron finalmente incluidos. Sin embargo, hay tareas pendientes en la lucha
contra el hostigamiento sexual.
4.1 Implementación de los cambios aprobados por el nuevo reglamento
de la Ley N° 27942
Un aspecto importante es el monitoreo de los plazos previstos para la
implementación de la normativa, que se detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro 4. Fechas clave en la implementación de nueva normativa contra el hostigamiento
Fecha Acción a implementar
SET MTPE adecúa la “Guía para la prevención y sanción del hostigamiento 3ra disposición
2019 sexual en el lugar de trabajo en el sector privado y público”. complementaria final
SERVIR adecúa sus disposiciones contra el hostigamiento sexual, diseña y 3ra disposición
aprueba los protocolos de atención de casos de hostigamiento sexual complementaria final
laboral para servidoras/es públicas/os y practicantes. Eso incluye los 9na disposición
lineamientos aplicables a las modalidades formativas de servicios en el complementaria final
MINEDU, MININTER y MINDEF adecuan sus disposiciones contra el 3ra disposición
hostigamiento sexual, diseña y aprueba el protocolo modelo de atención y complementaria final
MTPE, en coordinación con el MIMP, aprueba lineamientos para 6ta disposición
funcionamiento de un servicio de orientación y acompañamiento para los complementaria final
casos de hostigamiento sexual en el trabajo
Las instituciones que deben formar comités especializados deben 12va disposición
establecer internamente todo lo relacionado con su funcionamiento. complementaria final
OCT Las instituciones educativas y laborales aprueban políticas internas para 11va disposición
2019 prevenir y sancionar el hostigamiento sexual complementaria final
SUNAFIL aprueba los instrumentos normativos para la actuación 2da disposición
inspectiva en materia de hostigamiento sexual complementaria final
NOV MTPE y SERVIR implementan el mecanismo virtual para registrar casos 7ma disposición
2019 complementaria final
MINEDU y SUNEDU implementan el mecanismo virtual para registrar 8va disposición
casos complementaria final
DIC Todas las instituciones educativas y laborales, públicas o privadas, 5ta disposición
2019 aprueban o adecúan sus protocolos de atención y sanción del complementaria final
hostigamiento sexual, a lo establecido en la Ley y el Reglamento.
ENE Conformación de los comités especializados en las instituciones que deben 1ra y 2da disposición
2020 instalarlos de acuerdo al reglamento. complementaria transitoria
Las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 6ta disposición
Empleo implementan progresivamente el servicio de orientación y complementaria final
acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo
Fuente: Nuevo reglamento de la Ley N° 27942. | Elaboración propia.
Al cierre de este informe solo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
SERVIR y SUNAFIL habían cumplido las obligaciones a su cargo previstas en
el reglamento de la Ley N° 27942 conforme al siguiente detalle:
- MTPE aprueba lineamientos para funcionamiento de un servicio de
orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual
→ Resolución Ministerial N° 222-2019-TR, de 21 de septiembre.
- MTPE adecúa la “Guía para la prevención y sanción del hostigamiento
sexual en el lugar de trabajo en el sector privado y público
→ Resolución Ministerial N° 223-2019-TR, de 21 de septiembre.
- SUNAFIL aprueba instrumentos normativos necesarios para la actuación
inspectiva en materia de hostigamiento sexual
→ Resolución Nº319-2019-SUNAFIL, de 20 de octubre.
- SERVIR adecúa sus disposiciones contra el hostigamiento sexual,
diseña y aprueba los protocolos de atención de casos de hostigamiento
sexual laboral para servidoras/es públicas/os y practicantes
→ Resolución Nº 144-2019-SERVIR-PE, de 2 de noviembre.
- MTPE implementa el mecanismo virtual para registrar casos
→ Disponible en https://tinyurl.com/urtornm
4.2 Reformas legales pendientes en materia de hostigamiento sexual
Dos son los cambios necesarios en la normativa contra el hostigamiento
sexual. Impulsarlas es tarea del nuevo Congreso del período 2020-2021.
Cuadro 5. Reformas legales pendientes a la normativa contra el hostigamiento sexual
Artículo 95.7 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria.
- Este artículo califica las conductas de hostigamiento sexual solo como transgresión muy grave de
los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio docente. Por eso, la única
sanción posible es la de destitución, lo que se suele aplicar en contra del acceso a la justicia de
quienes denuncian porque se valora como “desproporcionada” una única sanción considerando la
amplitud del espectro de conductas que califican como hostigamiento sexual de acuerdo a los
artículos 4 y 6 de la Ley 27942.
- En otros ámbitos de la regulación del hostigamiento sexual se prevé un espectro más amplio de
sanciones: por ejemplo, en el artículo 56 del reglamento se menciona la gradualidad de la sanción
en los procedimientos laborales de las Fuerzas Armadas
Décima y décimo primera disposiciones finales y complementarias de la Ley N° 27942, Ley de prevención y
sanción contra el hostigamiento sexual.
- Estas disposiciones facultan a que cuando una denuncia de hostigamiento sexual es declarada
infundada por resolución firme y queda acreditada la mala fe del demandante, la persona a quien
se le imputaron los hechos pueda interponer acciones judiciales para obtener una indemnización.
- Asimismo, se faculta a la parte empleadora a que resuelva el contrato de trabajo de la persona
denunciante y a que las instituciones educativas, policiales y militares dispongan la separación de
la persona denunciante.
- Se trata de normas intimidatorias contra el derecho a la denuncia en un contexto de impunidad.
4.3 Reformas para la aplicación de una respuesta adecuada ante la
Con el nuevo reglamento de la Ley de prevención y sanción contra el
hostigamiento sexual tenemos una norma que mejora cualitativamente los
estándares para enfrentar esta problemática. Es un reto continuar esfuerzos
conjuntos para que las reformas efectivamente coadyuven a la lucha contra
esta forma de violencia de género tan naturalizada en nuestro país.
En esa línea hay cuestionamientos que las estudiantes organizadas han
formulado a lo largo del tiempo de coordinaciones con ellas, y también
oportunidades de mejora identificadas en los procesos de representación,
fiscalización y labor normativa emprendidos desde el despacho parlamentario.
Las sistematizamos a continuación:
a) Una limitación de los avances conseguidos ha sido que se han centrado en
el hostigamiento sexual, que es una de las formas de violencia de género,
pero no la única. Es necesario que, en el marco de la Ley N° 30364, se
establezcan en todas las instituciones educativas ​normas contra la
violencia de género hacia las mujeres en todas sus expresiones, y que
inclusive se avance en normativa contra otras expresiones de la
discriminación de género hacia personas en razón de su orientación sexual,
b) Un reto es ​superar el plano formal-normativo​. Durante 2018 y 2019 las
entidades educativas han avanzado en la emisión de normas internas
contra el hostigamiento, pero ​el gran pendiente es su efectiva aplicación​.
Para ello se requieren cambios de cultura institucional que desalienten la
violencia y que le asignen la importancia debida a las denuncias que
surgen. Los procesos de capacitación son importantes como un primer
paso, pero debe asegurarse que sean personas sensibles a los alcances de
la problemática de la violencia de género las que aborden los casos.
c) Para coadyuvar al adecuado cumplimiento de las normas, el ​rol supervisor
de la SUNEDU en el caso de las universidades, y ​del MINEDU en otras
entidades educativas de educación superior es vital. En el marco del
respeto a la autonomía institucional, para las alumnas/os y trabajadoras/es
que denuncian y que tienen una situación desigual de poder dentro de la
comunidad universitaria, es importante que haya desde el Estado una
mirada a los procesos internos cuando se denuncian irregularidades como
la falta de participación de la comunidad universitaria, particularmente
estudiantil, en la emisión de normativa; faltas al debido proceso en la
tramitación de denuncias; o represalias a dirigentes/es estudiantiles,
denunciantes, testigas/os o personas que muestran críticas frente al actuar
de las instituciones educativas. Se requiere trascender una supervisión
formal, para mirar la forma en que en universidades y centros de educación
superior se aborda la problemática. La supervisión y eventual imposición de
sanciones administrativas es un aliciente importante para la corrección en la
d) Un factor importante en la impunidad en los casos que se han conocido
desde el despacho ha sido que las ​decisiones en las diferentes instancias
hayan estado ​a cargo de órganos políticos de las instituciones educativas
como los Consejos de Facultad o el Consejo Universitario. Para el abordaje
de la violencia de género se sugiere, incluso en el sistema de justicia, la
especialización de los órganos que conocen las denuncias. El reglamento
de la N° 27942, Ley de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual,
prevé que en el ámbito de la educación superior se constituyan ​comités
especializados, pero éstos no tienen competencia decisoria, sino de
recepción de denuncias, de protección, de acompañamiento, de prevención
y solo de indagación preliminar. Es importante que las instituciones
educativas conformen instancias especializadas con capacidad de adoptar
decisiones acordes a la problemática que requiere un entendimiento de las
diferentes formas de violencia, de las respuestas de las víctimas, así como
de los estándares probatorios de y protección a considerar.
e) Un último aspecto a considerar es la ​relación entre el sistema de justicia
formal y los procesos administrativos en las instituciones educativas​.
En la experiencia de los casos atendidos, una primera posición ha sido que
se carecía de competencia para conocer los casos de hostigamiento y
violencia y que estos debían ser abordados exclusivamente en el sistema
de justicia ordinario; lo que en 2017 era inclusive la posición de SUNEDU.
En casos más recientes, muchas instituciones esperan a que haya
denuncias presentadas ante el sistema de justicia para poder iniciar
procesos internos, o esperan a que se emitan medidas judiciales de
protección en el marco de la Ley N° 30364 para que se adopten decisiones
como la suspensión de las personas denunciadas.
Es indispensable que se entienda la diferencia entre ambas vías, aunque
haya encuentros entre ambas como sucede para la ejecución de las
medidas judiciales de protección de no acercamiento que deben hacerse
efectivas en los campus o locales educativos.
En la vía ordinaria, como en la administrativa, es vital que los servicios del
Estado como los Centros Emergencia Mujer o la Defensa Pública de
Víctimas del MINJUS presten asesoría legal especializada de forma que las
denunciantes tengan una adecuada representación.
Despacho de la congresista Indira
Isabel Huilca Flores.
IndiraHuilca – Jr Ancash N°569
Oficina 218 Lima 13
ihuilca.congresista@gmail.com
www.indirahuilca.pe
Contenidos del Informe: Beatriz
Ramírez Huaroto- asesora
www.facebook.com/IndiraHuilca
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