Source: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=14938&strTipM=T
Timestamp: 2020-05-25 01:07:50+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 421 del 27/11/2007
Dictamen : 421 del 27/11/2007
Cargo: Director del Registro de la Propiedad Industrial
Texto Dictamen 421
C-421-2007
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta a su oficio n.° DRPI-432-2007, del 5 de octubre del año en curso, por medio del cual nos solicitó el dictamen a que se refiere el artículo 173, párrafo 1° de la Ley General de la Administración Pública, n.°6227, del 2 de mayo de 1978 (en lo sucesivo LGAP), para declarar en vía administrativa la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del nombre comercial “FIESTA RESORT”, a nombre de HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A., bajo el número de registro 142600.
De las piezas originales y certificadas que componen el expediente administrativo n.° 02-2007, que se nos remitió con su gestión (117 folios en total), considero oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:
1) El 18 de noviembre del 2002, el apoderado especial de la AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, solicita la inscripción de la marca de servicios “FIESTA HOTELS & RESORTS”, en Clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal, al que se le asigna el número de expediente 2002-8240 (folios 13 a 24 y 48 del expediente administrativo).
2) Luego de emitir el 3 de diciembre del 2002, el “Listado de posibles antecedentes de marcas” de la solicitud anterior, el Registro de la Propiedad Industrial a través de su resolución de las 12 horas, 45 minutos y 30 segundos del 6 de marzo de 2003, comunica al apoderado de la AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A. la objeción para proceder a la inscripción solicitada, toda vez que aparece inscrita la marca “FIESTA DEL SOL (HOTEL), bajo el registro 70252 a nombre de “HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A.” Literal: a Artículo: 8” (folios 25 a 27 del expediente administrativo).
3) Mediante resolución de las 16 horas, 06 minutos, 13 segundos, del 22 de junio del 2005, el Registro de la Propiedad Industrial comunica nuevamente al apoderado de la AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A. que existe una objeción para proceder al registro de la marca solicitada ya que “se encuentra inscrito el expediente bajo el registro No. 70252 a nombre de HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A. y el nombre comercial HOTEL FIESTA DEL SOL, lo cual [sic] los servicios solicitados tienen relación con los servicios del nombre comercial ya inscrito. Literal: a Artículo: 8”. Ello se da en virtud de que la Directora a.i. del referido Registro mediante resolución de las 9:47 horas del 13 de julio del 2004 había retrotraído las actuaciones al anular de oficio la resolución final de las 13:46:45 horas del 28 de mayo de 2003, que declaraba sin lugar la petición de la referida empresa. De esta nueva objeción se dio audiencia al apoderado de la AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A., quien respondió mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2005. No consta, de las copias remitidas, que se haya vuelto a dictar la resolución final dentro de este expediente (folios 18, 20, 21, 30 y 45 a 47 del expediente administrativo).
4) El 19 de junio del 2003, la citada empresa HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A., cédula jurídica n.° 3-101-085715, presenta al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción del nombre comercial “FIESTA RESORT”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado al hospedaje y los servicios de hotelería en general, al que se le asigna el número de expediente 2003-3796 (folios 1 a 5 del expediente administrativo).
5) Después de consultar el sistema y de emitirse el 1° de julio del 2003 el listado de posibles antecedentes de marcas, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:31 horas del 10 de julio del 2003, resuelve en relación con la referida solicitud de inscripción del nombre comercial “FIESTA RESORT”, que “por notarse que NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 13 y 65 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y artículo 8 del Convenio de París, no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado, se resuelve: De conformidad con el estudio realizado y por cumplir con los requisitos de Ley; Publíquese el aviso correspondiente (folio 6 a 10 del expediente administrativo).
6) El 14 de noviembre del 2003, el Registro de la Propiedad Industrial ordena la inscripción del referido nombre comercial “FIESTA RESORT” (Diseño), “por cumplir con los requisitos de Ley” (folio 11 vuelto del expediente administrativo).
7) Mediante oficio n.° AJ-RPI-293-2007 del 18 de julio del 2007, el Asesor jurídico del Registro de la Propiedad Industrial presenta el denominado “Informe de Actividad Procesal Defectuosa” correspondiente al expediente de inscripción del nombre comercial anterior. En dicho informe se indica que no se respetó el Derecho de prioridad y el debido proceso de la empresa AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A., pues en lugar de continuar con su gestión de registro de la marca “FIESTA HOTELS & RESORTS” y ordenarse la suspensión del trámite promovido por HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A. del nombre comercial “FIESTA RESORT”, se procedió a su inscripción de forma errónea. Pues el registrador no cotejó de forma manual en el sistema de marcas, tan solo en el listado de antecedentes de nombres comerciales, si había similitud entre el giro del establecimiento y los servicios a proteger. Por lo que se recomienda, entre otras cuestiones, iniciar el procedimiento del artículo 37 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (n.°7978, de 6 de enero del 2000), en relación con el numeral 173 de la LGAP (folios 49 a 53 del expediente administrativo).
8) Mediante resolución de las 11:00 horas del 25 de julio del 2007, el Director del Registro de la Propiedad Industrial, decide nombrar un órgano director integrado por los funcionarios Álvaro Rodrigo Valverde Mora, en condición de miembro propietario, y Cristian Mena Chinchilla, como miembro suplente, para que verifique e instruya la verdad real de los hechos relacionados con la posible declaratoria de nulidad en el otorgamiento del registro n.° 142600, correspondiente al nombre comercial FIESTA RESORT (DISEÑO), propiedad de HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A., al haber sido inscrita “estando previamente solicitada bajo el expediente administrativo 2002-8240, la marca FIESTA HOTELS & RESORTS (DISEÑO), solicitada por AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A., a la cuál le asiste el derecho de prioridad, de acuerdo a lo indicado en el artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, debió dársele primeramente trámite a la solicitud de la empresa AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA, S.A. y ordenar el suspenso de la solicitud del nombre comercial de la empresa HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A., hasta tanto no se resolviera en forma definitiva el expediente 2002-8240, infringiendo el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” (folios 56 y 57 del expediente administrativo).
9) El referido órgano director a través de la resolución de las 9:30 horas del 31 de julio del 2007, procede a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214 y 308 de la LGAP, para declarar la posible nulidad absoluta y evidente en el otorgamiento del registro n.° 142600 correspondiente al nombre comercial FIESTA RESORT (DISEÑO), propiedad de HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A., por los siguientes hechos: “I. SÉ [sic] PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL FIESTA RESORT (DISEÑO), EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2003, A FAVOR DE HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A., BAJO EL REGISTRO 142600, PESE DE ENCONTRARSE PREVIAMENTE PRESENTADO LA SOLICITUD DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2002, DE LA MARCA FIESTA HOTELS Y RESORT (DISEÑO), LA CUÁL SE ENCONTRABA CON PREVENCIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. ASIMISMO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS GOZA DEL DERECHO DE PRIORIDAD, POR SER PRESENTADA EN UNA FECHA ANTERIOR, ASIMISMO LA INSCRIPCIÓN CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 INCISOS A) Y B) DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.” A la vez, le indica a los interesados que les asiste el derecho a ser oídos, para lo cual se pueden hacer representar o asesorar de un abogado, de ofrecer la prueba que consideren pertinente, y pone a su disposición la documentación que integra el expediente administrativo. Además menciona los recursos que caben contra esa resolución de apertura. Dicha resolución le fue notificada al HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A. el 1° de agosto del 2007. No consta que se le haya notificado a la empresa AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A. (folios 58 a 63 del expediente administrativo).
10) El referido órgano director mediante cédula de citación n.° AJ-RPS-319-2007, del mismo 31 de julio del 2007, citó a la empresa HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A. a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:00 horas del 28 de agosto del 2007, en la que se hace una relación sucinta de los hechos señalados en el punto 9 de los antecedentes. Dicha resolución le fue notificada el 1° de agosto siguiente (folio 64 del expediente administrativo).
11) El referido órgano director mediante cédula de citación n.° AJ-RPS-320-2007, también del 31 de julio del 2007, citó en los mismos términos al apoderado de la empresa AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A., a la comparecencia indicada en el punto anterior. Dicha resolución le fue asimismo notificada el 1° de agosto siguiente (folio 65 del expediente administrativo).
12) De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada se celebra a las 9:31 horas del 28 de agosto del 2007, con la presencia tan solo del órgano director y de su miembro suplente. Si bien, tanto la AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A., como la empresa HOTEL FIESTA DE PLAYA – configurada ahora como sociedad de responsabilidad limitada y con cédula jurídica 3-102-085715 – presentan sus argumentos por escrito el 27 y 28 de agosto, respectivamente (folios 66 a 74 del expediente administrativo).
13) El Director del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 13:05 horas del 10 de setiembre del año en curso – notificada a ambos interesados el día 11 siguiente –, “declara la nulidad absoluta y evidente del registro 142600 correspondiente al trámite de inscripción de la marca FIESTA RESORT (DISEÑO), a favor de HOTEL FIESTA DE PLAYA” y ordena remitir el expediente a esta Procuraduría para el respectivo dictamen. Lo anterior, al estimar que en el procedimiento de inscripción del referido nombre comercial – que por error se consigna como marca – se vulneraron los numerales 5 y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, pues se irrespetó el derecho de prioridad del solicitante de la marca de servicios “FIESTA HOTELS & RESORTS”. En la resolución de cita se indica, al rebatir el argumento de uno de los interesados en relación con el uso comercial que éste venía haciendo del término “Fiesta” desde antes del mes de noviembre de 2002, lo que sigue: “Al respecto, considera este Registro, que la empresa hotel Fiestas de Playa S.A., no logra demostrar en el presente expediente, las afirmaciones anteriormente indicadas, pues no basta con indicar las mismas, sino que además estas deben ser acompañadas con prueba idónea que demuestre tales aseveraciones, por lo cuál nos queda claro, que al no probarse los mismos, dichos argumentos no son de recibo.” Y al tratar el otro argumento de la marca notoria, la resolución de cita agrega: “Sobre este aspecto, debemos concluir que en autos, no consta prueba alguna presentada por parte del Hotel Fiesta de Playa S.A., por lo que no se puede tener por demostrado ninguno de los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas… y la consecuente notoriedad del nombre comercial bajo análisis” (ver el acto final original sin foliar del expediente administrativo). [El subrayado no es del original].
Tal y como lo indica el Director del Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de las 13:05 horas del 10 de setiembre del año en curso (que mencionamos en el punto 13 de los antecedentes), en principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados.
En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos, la Administración debe acudir a la vía judicial, y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (n.°3667, del 12 de marzo de 1966) y en los numerales 34 y 39 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley n.°8508, del 28 de abril del 2006 (vigente a partir del 1º de enero del próximo año).
A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración, y es la contenida en el artículo 173 de la LGAP. De conformidad con esa norma, la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta. Dicho artículo dispone, en lo que interesa, lo siguiente:
La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista;[1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).
En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978). Así, por ejemplo, el párrafo primero del referido artículo 37 introduce una tercera vía para proceder a la eliminación de un acto viciado de ilegalidad, aparte de las ya conocidas formas previstas por el artículo 180 de la LGAP (de oficio y por la vía recursiva), a saber: la solicitud o gestión de parte.
Es mediante una moción de texto sustitutivo de todo el proyecto de ley presentada por el diputado Belisario Solano Solano, que al artículo 37 de referencia, se le da la redacción que prácticamente tiene en la actualidad (ver al efecto, el folio 310 del tomo I del expediente, correspondiente al acta de la sesión plenaria n.°104, celebrada el 30 de noviembre de 1999). La cual fue presentada, dictaminada y aprobada sin explicación o discusión alguna sobre el punto de interés. Del mismo modo el artículo 37 en cuestión, ni el tema de las nulidades, suscitó discusión alguna durante el trámite del proyecto en su primer y segundo debates. Con lo que el referido numeral recibió la redacción vigente, que procedemos a transcribir de nuevo pero de forma íntegra:
Conforme al último párrafo trascrito, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial debe regirse, por así disponerlo de forma expresa el legislador, por los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 173 de la LGAP, según se indicó antes. El inciso 1° de marras, como se recordará del segundo epígrafe de este escrito, contempla el supuesto específico que faculta a la Administración pública para declarar en sede administrativa la nulidad de un acto declaratorio de derechos: la presencia de una nulidad absoluta que, además, debe ser “evidente y manifiesta”.
En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).
Consecuentemente, si resulta que nos encontramos ante un vicio del acto registral que bien podría calificarse con el grado de nulidad absoluta, pero no “evidente y manifiesta”, la Administración necesariamente deberá acudir a la vía ordinaria para su anulación, a saber: el proceso contencioso de lesividad, al que se aludió antes también. En ese sentido, el párrafo 3° del artículo 183 de la LGAP reitera que: “Fuera de los casos previstos en el artículo 173, la administración no podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos en favor del administrado, y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso de lesividad previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.” Para lo cual, el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó deberá declararlo lesivo a los intereses públicos que ella representa mediante resolución fundada, pero sin que ello implique la necesidad de levantar un procedimiento administrativo al efecto.
Desde esa perspectiva y sin entrar a prejuzgar el fondo de este asunto, a esta Procuraduría no deja de generarle cierta duda de que, efectivamente, estemos en presencia de una nulidad absoluta de la entidad exigida por el citado inciso 1° del artículo 173 de la LGAP en el presente caso. Pues tal y como se consignó en el punto 13 de los antecedentes, la violación al derecho de prioridad de la empresa AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A. de su solicitud de inscripción de la marca de servicios “FIESTA HOTELS & RESORTS” no parece tan “evidente y manifiesta”, si el mismo Director del Registro de la Propiedad Industrial afirma en su resolución de las 13:05 horas del 10 de setiembre del 2007 que podía caber prueba en contrario, lo cual, en principio, pone de manifiesto la necesidad de un proceso de instrucción y valoración probatoria que excedería los alcances del inciso 1° del artículo 173 de repetida cita.
En otro orden de consideraciones, el inciso 1° del artículo 173 bajo estudio, contempla el momento – aspecto al que nos referiremos, más adelante, con detenimiento – en el cual podrá ser requerido nuestro dictamen, que en todo caso deberá hacerse antes de emitirse el acto o la resolución final anulatoria. Ya que de esta forma, esta Procuraduría podrá constatar de las piezas del expediente administrativo que se remita con la solicitud, el cumplimiento, de un lado, de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa del interesado o los interesados (a que se refiere el inciso 3° del numeral de cita) y de otro, que efectivamente nos encontramos ante un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, para su declaratoria en sede administrativa.
Asimismo, el recién citado inciso 3° del artículo 173 de la LGAP, reafirma la primera parte del artículo 37 de la Ley de Marcas (“Siempre que se garanticen los principios del debido proceso”), al señalar que: “Antes de anular los actos referidos en este artículo, el acto final debe estar precedido por un procedimiento administrativo ordinario, en el que se hayan observado los principios y las garantías del debido proceso y se haya brindado audiencia a todas las partes involucradas.”
Queda referirse, entonces, al inciso segundo del numeral de cita, al que también remite de forma expresa el artículo 37 de la Ley de Marcas. El cual determina el órgano competente no solo para designar al órgano director del procedimiento administrativo y fijar su competencia, sino también para declarar la nulidad del acto o si se prefiere, dictar la resolución final. Dice al efecto, el inciso en cuestión:
“2.- Cuando se tratare de la administración del Estado, el órgano constitucional superior que emitió el respectivo acto deberá declarar la nulidad. En los actos del Poder Ejecutivo, el Ministro del ramo designará al órgano director del procedimiento administrativo. Si se tratare de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declarar la nulidad cada jerarca administrativo. Contra lo resuelto por ellos, solo cabrá recurso de reconsideración o reposición. Con la resolución de los recursos se dará por agotada la vía administrativa.”
De conformidad con el párrafo anterior, dentro de la administración del Estado, el órgano constitucional superior que emitió el respectivo acto es el competente para declarar la nulidad. Correspondiéndole, al Ministro del ramo el nombramiento del órgano director del procedimiento administrativo en los actos del Poder Ejecutivo. Esta disposición hay que relacionarla, necesariamente, con el artículo 21, párrafo 1° de la LGAP que define a los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado:
Pues bien, esta Procuraduría General con ocasión de la reforma operada al artículo 173 de la LGAP por la Ley n.° 7871, de 21 de abril de 1999, puso en conocimiento de los Jefes de los Departamentos Legales de la Administración pública central y descentralizada, la directriz PGR 1207-2000, de 16 de agosto de 2000, en la que se define claramente las competencias en la materia a partir de los numerales 21 y 173.2 de la LGAP, antes citados, y de la que nos permitimos transcribir sus puntos 9 y 11:
A partir de las consideraciones anteriores, esta Procuraduría ha ido afianzando una línea jurisprudencial en el sentido de que el órgano constitucional superior a quien le corresponde nombrar al órgano director e iniciar así el procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta que tenga como objeto un acto declaratorio emitido por un órgano desconcentrado es el Ministro a cuya cartera aquél esté adscrito, el cual será a su vez, el competente para requerir nuestro dictamen y tomar la decisión final (ver los pronunciamientos C-186-2000, de 16 de agosto del 2000; C-167-2001, de 5 de junio del 2001; C-219-2001, 6 de agosto del 2001; C-220-2001, de 7 de agosto del 2001; C-158-2005, de 28 de abril del 2005; C-165-2005, de 04 de mayo del 2005; y C-471-2006, del 23 de noviembre de 2006).
A este respecto, resulta muy ilustrativo para el presente caso, la doctrina sentada en el citado dictamen C-219-2001, en el que se precisa la competencia del Ministro, como jerarca constitucional, para nombrar el órgano director, abrir el procedimiento y tomar la decisión final en relación con la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos emanados por un órgano de desconcentración máxima:
"(...)De la relación de ambos artículos se desprende que los únicos órganos competentes para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo son: de un lado, el Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno (correspondientes a la denominada Administración del Estado), y por otro, los jerarcas, tanto de los Poderes del Estado como de los otros entes públicos; cada uno, obviamente, dentro sus propios ámbitos de competencia. Así, por ejemplo, si se tratase de un acto dictado por el Poder Ejecutivo (entendido como Presidente y respectivo Ministro) el órgano competente para iniciar el procedimiento administrativo tendente a la declaratoria de nulidad de un acto y dictar el acto final será el propio Poder Ejecutivo, correspondiéndole al Ministro el nombramiento del órgano director. En aquellos supuestos en que el acto cuya nulidad se pretende haya sido emitido por el Ministro, o bien un órgano que integra la estructura de ese Ministerio, será el Ministro el que puede decidir sobre el inicio del procedimiento y será a este a quien le corresponda el dictado de la resolución final."(Lo subrayado no es del original).
Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, tenemos que en el caso bajo estudio, el Director del Registro de la Propiedad Industrial es quien nombra al órgano director y ordena, en consecuencia, la apertura del procedimiento administrativo ordinario dirigido a declarar la nulidad del registro del nombre comercial FIESTA RESORT (DISEÑO) e incluso, llega a emitir la resolución final anulatoria (ver puntos 8° y 13° del apartado de antecedentes, respectivamente). Por fin, el referido Director es quien solicita nuestro dictamen.
De conformidad con los numerales 91 de la Ley de Marcas, 52 de su reglamento, y 2 de la Ley de protección a los sistemas de trazados de los circuitos integrados (n.° 7961, de 17 de diciembre de 1991) el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra adscrito al Registro Nacional.
Por su parte, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Creación del Registro Nacional (n.° 5695, de 28 de mayo de 1975), crean el Registro Nacional como un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, conformado entre otros registros, por el Registro de la Propiedad Industrial. Siendo que, su director dependerá jerárquicamente, para efectos administrativos, del Director General del Registro Nacional. En efecto, las normas citadas, en el orden indicado, disponen:
Partiendo de este marco legal organizacional y con fundamento en la remisión expresa que el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Marcas hace al inciso 2° del numeral 173 de la LGAP; que repetimos, regula los órganos legitimados para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos en sede administrativa, tenemos, que dada la pertenencia del Registro de la Propiedad Industrial, independientemente de su grado de desconcentración,[6] al Registro Nacional, y la de este último al Ministerio de Justicia, el órgano constitucional superior competente para nombrar el órgano director, decidir acerca del inicio del procedimiento, requerir nuestro dictamen y tomar la decisión final es la señora Ministra de esa cartera, por así disponerlo de forma expresa el artículo 21 de la LGAP, y no el Director del Registro de la Propiedad Industrial, como en efecto ha procedido, según hemos podido comprobar del examen del expediente administrativo que nos fue remitido.
En ese sentido fue el criterio de esta Procuraduría ante una consulta de la entonces Ministra de Justicia y Gracia acerca de la legitimación de la Dirección del Registro Público de la Propiedad Inmueble para dar inicio y trámite a este tipo procedimientos, en la que se dijo:
“De lo anterior se desprende que, en el evento de que se vaya a aplicar el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública a asientos registrales, el órgano competente para decidir si se inicia el procedimiento y para resolverlo es el Ministro de Justicia. Eso sí, conforme con nuestra jurisprudencia administrativa, dicho jerarca máximo podría delegar la instrucción de éste” (Dictamen C-167-2001, ya citado). El destacado es nuestro.
En segundo término, no debe olvidarse de lo explicado líneas atrás, que a la par de la declaratoria de oficio que se rige por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Marcas, existe la solicitud de nulidad, incoada por cualquier persona con interés legítimo, en la que aquí sí, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve directamente acerca de su procedencia o improcedencia, de conformidad con los numerales 48 y 49 del Reglamento a la Ley de Marcas ya mencionados. Con lo cual, la gestión de parte engarza de forma perfecta con ese primer párrafo del artículo 37 de repetida cita, que establece que será el referido Registro quien declare la nulidad del registro, concretizando en las líneas siguientes, que en lo supuestos de la potestad de revisión de oficio, se estará a lo dispuesto por el artículo 173, incisos 1) al 3) de la LGAP. Lo que explica también el trato diferenciado que realiza el referido Reglamento a la Ley de Marcas, cuyo artículo 50 establece que, “Tratándose de un caso de nulidad en que el Registro proceda de oficio, se procederá conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley.”
Sin embargo, tomando en cuenta la singularidad de la potestad de revisión de oficio, en sede administrativa, de los actos declaratorios de derechos – pues como ha dicho la propia Sala Constitucional implica “una excepción calificada a la doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que (…) le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política” (ver las resoluciones ya citadas 2005-03004, 2005-12324, 2006-8767, y 2006-8960) –, se comprende que el ordenamiento jurídico confiera la competencia para decidir el inicio del procedimiento y declarar la nulidad al órgano constitucional superior de la Administración del Estado al que pertenece el órgano que lo dictó. Debido a que en este supuesto, no nos encontramos con una persona que en defensa de sus intereses patrimoniales gestiona ante la Administración la nulidad del acto declaratorio de derechos a favor de otro sujeto; sino que es la misma Administración la que decide de oficio, volver sobre sus propios actos firmes que otorgan un beneficio o ventaja a una persona, y de ahí, que este procedimiento sea más gravoso a fin de garantizar los derechos de este último.
Este Órgano Asesor, ha insistido a través de su jurisprudencia, que el órgano decisor debe ser el que ordene el inicio del procedimiento y también quien lo resuelve.
"Es criterio de este Despacho que el Órgano Director del Procedimiento debe ser designado por el órgano competente para emitir el acto final. Igualmente hemos considerado que una vez instruido el procedimiento el órgano director debe remitir el expediente respectivo al órgano con competencia para resolver sobre el fondo del asunto para que éste requiera los dictámenes que la ley exija."(2)
B) El plazo de prescripción para declarar de oficio la nulidad del registro de la marca o nombre comercial
Decimos que se trata de una particularidad, por la distinta naturaleza del plazo que de conformidad con el inciso 5° del artículo 173 la LGAP tiene la Administración para declarar la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos, en sede administrativa, que este último caso es de caducidad, según se puede leer de seguido:
No vemos necesario entrar en un estudio dogmático acerca de las diferencias entre ambas figuras básicas del Derecho, interesa tan solo retener que mientras en la prescripción, el plazo es susceptible de reproducirse indefinidamente mediante su interrupción y ampliarse mediante la suspensión (artículos 876, 878, 879 y 880 del Código Civil) en la caducidad es rígido, por lo que solo cabe el ejercicio concreto y específico de la acción correspondiente para detener el término,[8] como así lo ha puesto de manifiesto con claridad la Sala Constitucional, precisamente, en la materia de interés:
“V.- El artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establecía, que "La propiedad de una marca se adquiere con el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente" . Es claro, entonces, que la sociedad demandada adquirió la propiedad de la marca al momento de la inscripción, de acuerdo con la legislación vigente en ese entonces, sea el convenio de cita. Dicha sociedad inscribió la marca de fábrica y de comercio "Scope", en la clase 3 de la nomenclatura internacional, bajo el registro Nº61328 del Registro de la Propiedad Industrial, el día 18 de octubre de 1982, sin que mediara oposición de los actores. La inscripción se realizó bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 227 se estipuló que "Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años". Con base en la normativa citada, la accionada consolidó su derecho de propiedad, sobre la marca en cuestión, el 18 de octubre de 1995, al haber transcurrido el plazo de tres años. En consecuencia, la demandada está legitimada para interponer la excepción de prescripción a cualquier acción civil, entre ellas la de nulidad, interpuesta posteriormente a esa fecha. El plazo de prescripción se llegó a cumplir y ello justifica la declaratoria con lugar de la correspondiente defensa previa, tal y como lo resolvieron los juzgadores de instancia. En todo caso, a mayor abundamiento de razones, aunque no hubiere resultado aplicable el artículo 227 referido, las acciones de nulidad, tal y como lo ha dicho esta Sala, no son imprescriptibles, y por lo tanto están afectas a la prescripción ordinaria, que para la nulidad relativa es de cuatro años y para la absoluta es de diez años, conforme lo disponen expresamente los artículos 837, 838, 841, 842 868 del Código Civil (En ese sentido ver las sentencia Nº 311 de las 15:30 hrs. del 31 de octubre de 1990, la Nº 155 de las 14:30 hrs. del 25 de noviembre de 1992, la N° 8 de las las 14:50 horas del 6 de febrero de 1998 y la N° 634 de las 15:30 horas del 30 de agosto del 2000). En la especie, la demanda se notificó a la accionada el día 5 de noviembre de 1999, es decir, 17 años después de la referida inscripción, por lo que aún en este supuesto, la prescripción habría operado de sobra.” (Ver en el mismo sentido, la resolución n.° 8 de las 14:50 horas del 6 de febrero de 1998 de esa misma Sala) El subrayado no es del original.
Estas mismas observaciones podrían servir de base para considerar que el plazo de prescripción que establece el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas resulta aplicable únicamente a las acciones de nulidad propiamente dichas, que según lo explicamos al principio de este dictamen, serían las solicitudes de nulidad planteadas por una persona con interés legítimo. Mientras que al Registro de la Propiedad Industrial le regiría el plazo común de caducidad que prescribe el citado artículo 173, inciso 5°, de la LGAP, cuando haga ejercicio de su potestad de revisión de oficio.[10]
Por cuanto el legislador decidió, que tratándose de las nulidades declaradas de oficio, solo serían aplicables los tres primeros incisos del artículo 173 de la LGAP, no así el resto de ellos, incluido el referido inciso 5 que establece el plazo de caducidad de la potestad de revisión. En efecto, notemos que el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Marcas no hace una remisión general al texto íntegro del artículo 173 de la LGAP, sino que únicamente a lo dispuesto en los “incisos 1) al 3).” Lo cual se explica, tomando en consideración que el referido artículo 37 contiene un plazo especial, también cuatrienal, pero de naturaleza diametralmente distinta, ya que no es de caducidad, sino de prescripción (ver en ese sentido, nuestro dictamen C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).
Como se podrá imaginar, la situación anterior es muy particular, pues el artículo 37 de la Ley de Marcas condensa la tradición ius privatista en la anulación de asientos registrales a instancia de parte, con la corriente más moderna ius administrativista, que acepta que la Administración pueda revisarlos de oficio en vía gubernativa, derivada de su consideración como actos administrativos.
En todo caso, de lo que no cabe duda es de la intención del legislador de no aplicar al supuesto de declaratoria de oficio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un registro de marca o nombre comercial, el plazo general de caducidad establecido en el inciso 5) del artículo 173 de la LGAP. Con lo cual, debemos entender que con la notificación al titular del nombre comercial FIESTA RESORT (DISEÑO), a saber la empresa Hotel Fiesta de Playa S.A., el 1° de agosto de 2007, de la apertura del procedimiento en su contra, se interrumpió el curso del plazo de prescripción que habría expirado el pasado 14 de noviembre. Lo anterior en relación con el artículo 85 de la referida Ley de Marcas, que fija la notificación a los interesados como el acto procesal determinante del dies a quo de la caducidad de las acciones incoadas al amparo de dicha ley que no han sido gestionadas en seis meses.[11]
Pues como se recordará del texto trascrito de dicho inciso, la nulidad absoluta evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos “podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa… previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República”.
Sin embargo, en el presente caso, según se indicó en el punto 13° del epígrafe de Antecedentes, el Director del Registro de la Propiedad Industrial emitió la resolución final de las 13:05 horas del 10 de setiembre del 2007, que declaró la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro n.° 142600, correspondiente al nombre comercial FIESTA RESORT (DISEÑO), sin haber requerido antes el dictamen preceptivo de la Procuraduría General de la República. Incurriendo de esa forma en una irregularidad sustancial que invalida todo el procedimiento, al dictarse el acto final de forma prematura, obviando con ello el control de legalidad que debe ejercer este órgano sobre la actuación desplegada por la Administración dictaminada.
Debemos aclarar, que las nulidades procedimentales acerca de las cuales llamamos la atención no derivan solo y necesariamente del inciso 6 del artículo 173 de la LGAP, que dispone que la anulación administrativa de un acto que omita las formalidades previstas en dicho numeral será absolutamente nula; pues podría pensarse, que en coherencia con la línea de pensamiento explicada antes, este inciso tampoco resultaría aplicable por no estar contemplado de forma expresa por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Marcas.
Empero, la sanción de nulidad absoluta que advertimos en el procedimiento bajo estudio, viene dada del régimen general de nulidades previsto en la LGAP, particularmente, sus numerales 166 – que castiga con la nulidad absoluta, la ausencia de uno o más de los elementos constitutivos del acto administrativo, en este caso la competencia, el motivo, el contenido y su mismo fin – y 223 – que indica que causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento – que se recoge y reitera en el citado inciso 6° del artículo 173 para el supuesto de la potestad de revisión de oficio, así como de la propia doctrina emanada de la jurisprudencia de la Sala Constitucional al respecto:
Finalmente, es pertinente hacer la recomendación al Registro de la Propiedad Industrial que en futuros procedimientos dirigidos a la anulación de la inscripción de una marca o nombre comercial, se notifiquen a todos los que aparecen como interesados en él, en los mismos términos a como se hizo con el titular del derecho que se pretendía anular en este caso. Pues según se indicó en los puntos 9, 10, y 11 de los antecedentes, al apoderado de la empresa AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A. solamente se le notifica la cédula de citación n.° AJ-RPS-320-2007, en la que se le comunica de forma sucinta los hechos investigados y la fecha para la comparencia oral y privada, omitiéndose con ello, el resto de previsiones que debe contener el acto de apertura y que vienen indicadas en la resolución de las 9:30 horas del 31 de julio del 2007 del órgano director. La cual sí consta que fue notificada a la empresa HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A., pero no a los personeros de AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A., pudiéndose ocasionar con ello un eventual estado de indefensión y un perjuicio de los intereses que esta última está tratando de hacer valer como tercero interesado en sede administrativa.
Con fundamento en lo expuesto, este Despacho devuelve sin el dictamen favorable solicitado, la gestión dirigida a la anulación administrativa del registro n.° 142600, correspondiente al nombre comercial FIESTA RESORT (DISEÑO), propiedad de la empresa HOTEL FIESTA DE PLAYA S.R.L., por los vicios señalados en la competencia y en la tramitación del procedimiento ordinario abierto al efecto.
[2] Ver en ese sentido a JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo (Parte General). T. I. San José: Biblioteca Jurídica Dike, 2002, p.438

References: artículo 173
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 artículo 21
 artículo 173
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 artículo 173
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 artículo 227
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