Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0471+0+DOC+XML+V0//ES
Timestamp: 2018-04-21 04:20:04+00:00

Document:
Ciclo relativo al documento : A6-0471/2006
269k 198k
– Visto el proyecto de normas de las Naciones Unidas sobre las responsabilidades de las sociedades transnacionales y otras empresas en la esfera de los derechos humanos (diciembre de 2003),
– Vistos los resultados de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002, en particular, la solicitud de iniciativas intergubernamentales sobre las responsabilidades empresariales, así como las Conclusiones del Consejo de 3 de diciembre de 2002 sobre el seguimiento de la Cumbre,
– Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el trabajo del Pacto Mundial «Hacia asociaciones mundiales - Cooperación reforzada entre las Naciones Unidas y todos los socios pertinentes, en particular del sector privado», de 10 de agosto de 2005 (05-45706 (E) 020905),
– Vistos el nombramiento de un Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, su informe provisional de 22 de febrero de 2006 (E/CN.4/2006/97), y las consultas regionales que realizó en Bangkok los días 26 y 27 de junio de 2006 y en Johannesburgo los días 27 y 28 de marzo de 2006,
– Vista su Resolución, de 15 de enero de 1999, sobre la adopción de normas por la Unión Europea para las empresas europeas que operan en países en desarrollo: Hacia un código de conducta europeo(2), en la que recomienda la creación de un modelo europeo de código de conducta que cuente con el apoyo de una plataforma de seguimiento europea,
– Visto el Convenio de Bruselas de 1968 sustituido por el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(3),
– Vista la Resolución del Consejo, de 6 de febrero de 2003, relativa a la responsabilidad social de las empresas(10),
– Vista la Comunicación de la Comisión «Gobernanza y desarrollo» (COM(2003)0615),
– Visto el informe final y las recomendaciones del Foro Multilateral Europeo sobre la Responsabilidad Social de las Empresas celebrado el 29 de junio de 2004, incluida la recomendación nº 7 que apoya medidas encaminadas a lograr el marco jurídico correcto,
– Vista la Comunicación de la Comisión «La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos» (COM(2004)0383),
2. Celebra la Comunicación de la Comisión que permite dar un nuevo ímpetu al debate de la UE sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE), pero constata las inquietudes expresadas por determinadas partes clave sobre una falta de transparencia y equilibrio en la consulta efectuada antes de la publicación;
3. Reconoce que continúa abierto un debate entre las distintas partes interesadas sobre una definición apropiada de RSE, y que el concepto de «ir más allá en el cumplimiento» permite a algunas empresas afirmar que dan pruebas de responsabilidad social a la vez que violan la legislación local o internacional; cree que la ayuda de la UE a gobiernos de terceros países para cumplir la legislación social y medioambiental conforme a los convenios internacionales, junto con unos regímenes eficaces de inspección, constituyen un complemento necesario en favor del progreso de la RSE de Europa en el mundo;
11. Toma nota de la decisión de la Comisión de crear una Alianza Europea para la Responsabilidad Social de las Empresas en asociación con diversas redes empresariales; recomienda que la propia Comisión asegure un punto único de coordinación para mantener una conciencia de pertenencia a la Alianza y de sus actividades, definiendo objetivos claros, calendarios y una visión estratégica para su actividad; incita al conjunto de las empresas europeas y a las empresas que operan en Europa, grandes y pequeñas, a que suscriban esta iniciativa, y desea que la participación de otras partes interesadas refuerce la Alianza;
18 Apoya las solicitudes de una divulgación obligatoria para los grupos de interés empresariales y de otro tipo y de un acceso equilibrado entre las agrupaciones de empresas y otros grupos de partes interesadas a la elaboración de políticas de la UE;
27. Reitera el apoyo del Parlamento en favor de una información integrada en materia social, medioambiental y financiera por parte de las empresas, basada en una reglamentación, por ejemplo, con un umbral mínimo para evitar costes desproporcionados para las empresas más pequeñas; solicita una investigación detallada sobre la aplicación de requisitos mínimos para la información en materia social y medioambiental en el marco de la recomendación de la Comisión de 2001 sobre la publicación de aspectos medioambientales, de la Directiva de modernización de las cuentas de 2003 y de la Directiva sobre los folletos de 2003, que apoyan una transposición efectiva en todos los Estados miembros y la realización de consultas sobre el potencial para reforzar estas disposiciones en su próxima revisión, y que incluyen interpretaciones de la importancia del riesgo social y medioambiental en el marco de los requisitos existentes en materia de divulgación;
28. Reconoce las actuales limitaciones del «sector» de la RSE en relación con la medición del comportamiento empresarial, la auditoría social y la certificación, en particular por lo que respecta al coste, la comparabilidad y la independencia, y considera que será necesario elaborar un marco profesional que incluya cualificaciones específicas en este ámbito;
37. Pide a la Comisión que regule la responsabilidad conjunta y solidaria por parte de empresas generales o principales, a fin de abordar los abusos cometidos en la subcontratación y la externalización de trabajadores, y que establezca un mercado interior transparente y competitivo para todas las empresas;
38. Apoya los esfuerzos de Eurostat para desarrollar indicadores que midan los resultados de la RSE en el contexto de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE así como la intención de la Comisión de desarrollar nuevos indicadores para evaluar el conocimiento y el consumo de productos que llevan la etiqueta ecológica de la UE y la cuota de producción de las empresas adheridas al EMAS;
39. Recuerda la consideración previa dedicada a la designación de un Defensor del Pueblo de la UE sobre RSE encargado de realizar investigaciones independientes sobre temas relacionados con la RSE a petición de las empresas o de cualquier grupo de partes interesadas; pide que se siga reflexionando sobre esta propuesta y otras similares en el futuro;
Mejora de la reglamentación y RSE
La intensificación de la RSE puede verse como una respuesta a los escándalos de las dos últimas décadas, en el que se vieron implicadas principalmente empresas estadounidenses, así como una respuesta directa desde dentro y desde fuera de la comunidad empresarial, que se compromete directamente a afrontar retos como el cambio climático, la exclusión social y la pobreza mundial, convertidos en problemas cada vez mayores en una era de globalización económica.
Como ponente, ésta es la tercera vez que elaboro un informe y una resolución del Parlamento Europeo sobre este tema desde 1999. En mis incontables contactos con participantes del «movimiento» RSE me han sorprendido positivamente el apasionamiento y el entusiasmo con que éstos afrontan los retos de una nueva era, que implican la creación de una visión diferente del mundo empresarial en la sociedad, la disposición a asumir riesgos en el establecimiento de nuevas relaciones más allá de las fronteras tradicionales, el auténtico compromiso de hacer las cosas de un modo diferente en un mundo complejo y difícil. Entre los defensores y los detractores, todavía hay quien ve la RSE como una herramienta esencial de relaciones públicas para eludir u obstruir la responsabilidad de las empresas ante los problemas sociales o medioambientales. Asimismo, son muchos los miembros de la comunidad empresarial que practican la RSE pero que no relacionan todo lo que esto implica con lo que ha devenido un sector por derecho propio. En todo caso, la RSE ha demostrado no ser una moda pasajera, al mismo tiempo que las empresas y los dirigentes políticos reconocen que en nuestras manos está hacer que avance.
La respuesta de la UE al debate sobre la RSE dimana del llamamiento hecho por la Comisión al mundo empresarial para luchar contra la exclusión social a mediados de la década de los 90, de la Resolución del Parlamento Europeo de 1999 apelando a la aprobación de un código de conducta vinculante que regule el cumplimiento de la normativa medioambiental, laboral y de derechos humanos por las empresas de la UE a escala mundial, y del llamamiento realizado por los Jefes de Estado en 2000 a las empresas para que apoyen la RSE como parte de la Agenda de Lisboa.
El Libro Verde de la Comisión sobre la RSE presentado a principios de 2000 introdujo el concepto de la RSE en el programa de trabajo de las instituciones europeas y la creación del Foro multilateral europeo permitió entablar un verdadero debate entre las partes interesadas, a menudo frustrado, sin embargo, por determinados puntos de partida y formas de trabajar tradicionales de los interlocutores sociales a escala de la UE. Estos procesos lograron fomentar con éxito un debate europeo sobre la RSE, pero en gran parte no consiguieron abordar lo que la UE como tal podría hacer para «añadir valor» al debate ni tampoco que se adoptasen medidas concretas para fomentar un entorno empresarial responsable.
Durante dos años se produjeron sucesivas demoras de la Comisión en la publicación de su respuesta, como consecuencia de su falta de disposición para hacer frente a la polarización fundamental entre las empresas y partes interesadas que deseaban que la RSE estuviera sujeta a requisitos de transparencia establecidos mediante un proceso de verificación externa y/o medidas legislativas en las que tuvieran un papel explícito las partes interesadas y las que querían ver la RSE como un ejercicio dirigido exclusivamente por las empresas que evolucionase sin ninguna intervención pública al margen de las declaraciones, conferencias de prensa y ceremonias de entrega de premios.
Finalmente, la Comisión decidió excluirse del debate y presentó una Comunicación en la que respaldaba firmemente un enfoque contrario a todo tipo de regulación. Los Comisarios celebraron una serie de reuniones privadas con representaciones empresariales seleccionadas para negociar el texto de la Comunicación, que fue descrito como «consensuado» por el mundo empresarial, y solo se reunieron personalmente con ONG interesadas para abordar su contenido una vez publicada la Comunicación. El principal funcionario de la Comisión responsable de la RSE fue aparentemente apartado de su puesto, tal vez para dar cabida a este nuevo «consenso». Un memorando filtrado por la organización de empresarios europeos (UNICE) describió la Comunicación como un «verdadero éxito», porque las «concesiones a otras partes interesadas… no tendrán ningún impacto real». Esto arroja dudas sobre la sinceridad de un cambio de última hora mediante el cual se ha vuelto a convocar el Foro multilateral europeo sobre la RSE y da a entender que quizá la Comisión permitió demasiada presión por parte del sector empresarial, en contradicción con su propia iniciativa sobre transparencia de noviembre de 2005.
Por tanto, el Parlamento Europeo puede seguir varias opciones estratégicas en su respuesta a la Comunicación.
Aunque sería fácil condenar todo el proceso, esto probablemente obligaría a la UE a retirarse del debate sobre la RSE, con lo cual nos sería difícil hacer que funcione.
En primer lugar, la Alianza Europea para la RSE debe lograr los niveles mínimos de organización y transparencia que sus empresas participantes esperan encontrar en cualquiera de sus actividades empresariales. Habría que extraer conclusiones de las dificultades de procedimiento del Foro multilateral europeo y debería ser posible investigar y dialogar sobre la adopción de respuestas reguladoras dirigidas a «despolarizar» el debate entre enfoques voluntarios y enfoques obligatorios.
La Comisión debería participar plenamente en los debates y el nuevo centro de interés para todas las partes implicadas debería ser la adopción de recomendaciones sobre medidas concretas en el marco de las políticas y programas de la UE destinados a la aplicación de los distintos aspectos de la RSE.
Habría que aprovechar la oportunidad para respaldar la imposición de requisitos obligatorios a los grupos de presión empresariales, entre otros, en el proceso legislativo de la UE, a fin de demostrar el compromiso del Parlamento de mantener un diálogo integrador, equilibrado y transparente.
El Parlamento Europeo no debería rechazar el enfoque de la Comisión sobre el vínculo existente entre competitividad y RSE, en parte porque ofrece una nueva visibilidad política y en parte porque, al aplicar un enfoque contrario a toda regulación, la Comisión ha restado importancia, si acaso, al enfoque de la «creación de valor» en relación con la RSE motivado por las oportunidades empresariales de desarrollo de nuevos productos y procesos innovadores desde el punto de vista social y medioambiental por parte de las empresas de la UE.
Sin embargo, el Parlamento tiene que reconocer que hay empresas que hacen frente a competidores que defienden la adopción de normas en materia de RSE menos rigurosas, que hay pequeñas empresas que se enfrentan a múltiples demandas contradictorias de sus proveedores, que hay inversores y consumidores que piensan que la información a partir de la cual han de tomar decisiones éticas es confusa e incierta. Todo esto significa que tendríamos que rechazar el enfoque del «todo vale» en relación con la RSE adoptado por la Comisión y volver al concepto de «convergencia» que antes defendía. Al respaldar un enfoque básicamente voluntarista, es decir ,«seleccionar a las ganadoras» entre las iniciativas en materia de RSE (aunque no a empresas concretas) y rechazar el planteamiento del «café para todos», podemos adoptar un enfoque más relevante para el debate que nos ocupa, pero que sigue contando con un amplio respaldo dentro de la propia comunidad empresarial.
A fin de «despolarizar» nuestro propio debate sobre el enfrentamiento entre enfoques obligatorios y enfoques voluntarios, el Parlamento Europeo debería limitarse a repetir sus posiciones de 2002 y 2003 en favor de un único instrumento legislativo en el que se abordase la elaboración por las empresas de informes integrados en materia social, medioambiental y financiera, al menos en el caso de las grandes empresas. Ni más ni menos. El fin último de una «regulación adecuada» es la transparencia, de modo que se hagan posibles las respuestas voluntarias basadas en el mercado entre los posibles nuevos trabajadores, inversores y consumidores de las empresas.
En lugar de abogar por la adopción de nuevas medidas legislativas más allá de la presente, el Parlamento puede defender el fomento por la UE de la RSE utilizando la legislación, las políticas y los programas comunitarios en vigor. La Comunicación comparte estos objetivos, pero el Parlamento puede ayudar a escribir ciertos detalles que la Comisión decide eludir.
Se invita a las empresas a que aborden las repercusiones sociales y medioambientales en sus revisiones empresariales en tres reglamentos distintos de la UE sobre gobernanza empresarial. Debemos instar a que se intensifiquen los esfuerzos para dar a conocer estas disposiciones, apoyar de forma eficaz su transposición en todo el territorio de la UE y realizar consultas sobre el modo de reforzarlas en el futuro. No debería existir ninguna división artificial entre la RSE y los temas de la responsabilidad y la gobernanza empresariales.
En la actualidad se están elaborando importantes y genuinas iniciativas a escala de la UE para fomentar la RSE desde el pleno respeto de las normas acordadas internacionalmente y del enfoque basado en la pluralidad de las partes interesadas, que habría que apoyar. El proyecto de Resolución recomendó al Parlamento que mantuviera debates exhaustivos con la red CSR Europe, el Foro Europeo de Inversión Social y la European Academy of Business in Society, entre otros.
Se invitó a la propia Comisión a que diera a conocer y aplicara las actuales políticas sobre publicidad engañosa, responsabilidad directa exterior y contratación pública, incluida la creación de una laboratorio de la Alianza, a fin de enviar una señal firme en favor de la responsabilidad empresarial. Esto es completamente coherente con la recomendación 7 del Foro multilateral europeo, plenamente respaldada por los representantes empresariales, que aboga por «un marco jurídico… que permita beneficiarse de él en el mercado a las empresas que deseen avanzar más mediante la RSE, tanto en la UE como en el mundo».
En cuanto a las respuestas institucionales, existen argumentos para crear un Defensor del pueblo europeo en material de RSE y para elaborar un informe anual sobre la situación de la RSE, pero se recomienda al Parlamento que no se precipite a crear una etiqueta social europea, que podría sufrir problemas de credibilidad, y que en cambio aumente la colaboración y la coherencia con las etiquetas existentes, lo que sería otro ejemplo de convergencia.
Por último, el ponente desea sugerir una forma de convertir el debate sobre RSE en la UE, caracterizado a menudo por el desacuerdo, los retrasos y la sospecha, en el debate entusiasta, animado y comprometido mencionado al comienzo.
La Comisión debería reconocer que este tipo de enfoque no obsta a una eliminación paulatina de la adopción de medidas a escala de la UE y esto representa ciertamente un reto mayor, a saber, el de orientar la opinión política en los Estados miembros a favor de la adopción de medidas decisivas en el ámbito internacional. Las Presidencias de Alemania, Portugal y Francia de los próximos dos años se muestran entusiasmadas con la adopción de medidas en este ámbito y el Parlamento debería proponer que Europa «lidere» el debate internacional mediante la celebración de una conferencia internacional que revise y haga avanzar el compromiso de Johannesburgo a favor de la adopción de «iniciativas intergubernamentales en materia de responsabilidad empresarial» con motivo de su quinto aniversario. El ponente también propone que se celebre un diálogo bilateral entre la UE y Japón a este respecto.
Este enfoque también implica la realización de esfuerzos para integrar la RSE en todas las políticas de desarrollo y comerciales de la UE, lo que supondría la plena operatividad de las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, algo que se ha prometido pero que nunca se ha llevado a cabo.
En un momento en que el Representante especial de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos está considerando abiertamente la aportación de respuestas reguladoras al debate sobre la RSE, en que la «Global Reporting Initiative» derivada de los programas de las Naciones Unidas en materia de medio ambiente pretende hacer converger las herramientas sobre RSE con el mundo empresarial y en que el pacto mundial (UN Global Compact) de las Naciones Unidas ha eliminado a 200 empresas de su iniciativa por no cumplir sus requisitos, la Comisión también se verá enfrentada con la realidad de que el enfoque del «todo vale» de su Comunicación es anticuado y obsoleto.
Sin embargo, si el Parlamento Europeo logra redactar una resolución que contribuya a hacer más eficaces y transparentes los mecanismos para el diálogo sobre la RSE en la UE, animando a la Comisión a concretar sus buenas palabras en acciones que demuestren visiblemente el «valor añadido» de un enfoque europeo en el marco de las políticas y programas de la UE, y que, al mismo tiempo, ponga fin al retraso de Europa en el debate sobre la RSE y aporte algo de visión y espíritu al movimiento de la RSE en nuestros propios debates, entonces podremos volver a encarrilar el debate sobre la RSE en Europa.
3. Subraya que la participación de las empresas en actividades de RSE debería ser siempre voluntaria y que debería tener en cuenta el estado actual del desarrollo de mercado de cada Estado miembro, su cultura económica, los principios de partenariado social y los aspectos políticos; subraya asimismo que estas actividades nunca podrán sustituirse a las del sector público cuando estén debidamente justificadas medidas de esta índole, y deben ser independientes con respecto a los marcos reglamentarios aplicados a los agentes en el sector público;
4. Señala que la RSE debe abordar nuevos temas tales como el aprendizaje a lo largo de la vida, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el desarrollo sostenible y la ética, de manera que sirva como un instrumento adicional para la gestión del cambio industrial y las reestructuraciones;
5. Alienta a las empresas a decidir individualmente sus parámetros para las soluciones relacionadas con la RSE; está convencido de que las actividades de RSE, cuando no emanan de las propias empresas sino que están impuestas desde el exterior, pueden tener efectos perjudiciales sobre la voluntad de las empresas a la hora de invertir en otros países o mantener relaciones comerciales con ellos, especialmente los países en desarrollo, y así reducir las oportunidades de desarrollo económico y los esfuerzos por erradicar la pobreza;
6. Destaca la importancia de crear un clima de confianza y consenso y de recabar apoyo para unos principios que gocen de aceptación internacional, tales como las Orientaciones de la OCDE para las Empresas Multinacionales, habida cuenta de que no existe un sistema para la evaluación de las actividades de RSE que goce de aceptación universal;
sobre la responsabilidad social de las empresas: poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo
Comisión(es) competentes(s) para emitir opinión
Última actualización: 9 de enero de 2007 Aviso jurídico

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
e contrario
e contrario
 Resolución 
 resolución