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Timestamp: 2020-08-06 22:31:51+00:00

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Sentencia de Tutela nº 100/18 de Corte Constitucional, 22 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 715871977
DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ALCANCE. El accionante se encuentra privado de la libertad cumpliendo una pena acumulada de 26 años y 2 meses por la comisión de varios delitos. Aduce que hace parte de la Iglesia Pentecostal y que trabaja de lunes a viernes en un comité espiritual de un pabellón, con el objeto de redimir la pena. Solicitó al juez constitucional ordenar a las accionadas que le permitan trabajar los días festivos que tienen origen en celebraciones propias de la religión católica, y que esos días que han transcurrido durante los 10 años que ha estado en prisión, se contabilicen como tiempo laborado. Se analiza temática relacionada con la naturaleza de la redención de la pena y la libertad de configuración del Legislador en esa materia y, el derecho a la libertad de cultos y su alcance cuando se trata de personas privadas de la libertad. La Corte concluye que las autoridades demandadas han garantizado el derecho fundamental a la libertad de cultos del actor y que el hecho de que la actividad de estudio informal que desarrolla no se pueda ejercer los días festivos no comporta la vulneración de esa garantía. Se confirma la decisión de instancia que NEGÓ el amparo invocado. Recibo Relatoria:
Acción de tutela presentada por A.C.M. contra el Instituto Nacional Penitenciario y C. y otros.
Procedencia: Juzgado Quinto Administrativo de B.
En el trámite de revisión del fallo de única instancia, adoptado por el Juzgado Quinto Administrativo de B., el 11 de agosto de 2017, que negó el amparo en el proceso de tutela promovido por A.C.M. contra el Instituto Nacional Penitenciario y C., el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B..
El 20 de junio de 2017, A.C.M., a nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y C., el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, de libertad de cultos, y a expresar y difundir sus pensamientos.
El accionante está privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., en el que cumple una pena acumulada de 26 años y dos meses de prisión que le fue impuesta el 2 de septiembre de 2015. La sanción mencionada tuvo origen en las sentencias proferidas: (i) el 9 de julio de 2007, en la que fue condenado por homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y (ii) del 4 de diciembre de 2014, por el delito de concierto para delinquir agravado.
Sostiene que hace parte de la Iglesia Pentecostal, y trabaja de lunes a viernes en el comité espiritual de un pabellón para redimir la pena.
El demandante indica que, a pesar de que profesa una religión distinta de la católica, no le es permitido trabajar los días festivos que tienen origen en fiestas propias de esa religión, lo que a su juicio implica guardar fiestas paganas.
Señala que al no serle permitido trabajar los días festivos, las autoridades accionadas violan sus derechos fundamentales a la igualdad, de libertad de cultos, y a expresar y difundir su pensamiento.
El accionante solicita al juez de tutela: (i) no ser obligado a guardar fiestas paganas, esto es, que le sea permitido trabajar los días festivos que se originan en celebraciones católicas; y (ii) que los días festivos transcurridos durante los 10 años que ha estado privado de la libertad se contabilicen como días laborados para redimir la pena.
Mediante auto del 28 de julio de 2017[2], el Juzgado Quinto Administrativo de B. avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular, en calidad de entidades accionadas, al Instituto Nacional Penitenciario y C., el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B..
Tras advertir que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B. tenía a su cargo la vigilancia de la ejecución de la pena del accionante, se profirió el auto del 2 de agosto de 2017, mediante el cual dicha autoridad judicial fue vinculada como tercero con interés.
Instituto Nacional Penitenciario y C.
Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B.
El 8 de agosto de 2017[4], la Juez Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B. informó que tiene a su cargo la vigilancia de la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta al accionante.
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G.
Además, afirmó que el actor pretende “obviar los turnos” para acceder a las labores de redención de la pena, lo cual conlleva un trato inequitativo en relación con los otros internos. Específicamente, sostuvo que el señor C.M. no ha requerido que lo ubiquen en otra actividad que pueda ejercer todos los días.
C.Decisión objeto de revisión
En sentencia del 11 de agosto de 2017[7], el Juzgado Quinto Administrativo de B. negó el amparo en consideración a que las autoridades accionadas: (i) han garantizado el derecho fundamental a la libertad de cultos del actor al permitir el ingreso de la Iglesia Pentecostal a la que pertenece; y (ii) no han transgredido su derecho de petición, pues el accionante no ha elevado ninguna solicitud con el fin de que sean contabilizados los días festivos para efectos de redención de la pena.
De otro lado, aclaró que las autoridades demandadas demostraron que aplican la ley de forma igualitaria, pues el juzgado sólo puede efectuar el cómputo de los días efectivamente redimidos por el interno, según el reporte del establecimiento penitenciario. En consecuencia, indicó que no podían ser computados los días festivos porque el demandante no desempeñó ninguna actividad de redención en esas fechas, ni solicitó permiso a la institución para laborar. Por lo tanto, determinó que las autoridades accionadas no incurrieron en alguna acción u omisión que transgrediera los derechos invocados por el señor C.M..
La Magistrada sustanciadora profirió el auto del 6 de febrero de 2018[8], en el que formuló una serie de preguntas al Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., con el fin de dilucidar cuál es la actividad desarrollada por el accionante para redimir la pena.
A.C.M. interpuso acción de tutela, a nombre propio, contra el Instituto Nacional Penitenciario y C. -INPEC, el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B., en razón a que, a pesar de que profesa una religión distinta de la católica, no le es permitido trabajar los días festivos que tienen origen en fiestas propias de esa religión.
Tanto el INPEC como el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., afirmaron que la institución garantiza el ejercicio de todos los credos y posibilita que se lleven a cabo las celebraciones religiosas en los pabellones. Además, indicaron que el señor C.M. no ha presentado ninguna solicitud para desempeñar una actividad que le permita trabajar todos los días. Asimismo, consideraron que la pretensión de contabilizar los días festivos en los que el actor no laboró, supone exceptuar la aplicación de las normas que regulan la redención de la pena, con lo cual se violaría el derecho a la igualdad de los demás internos.
A pesar de que la tutela se dirige contra el INPEC y el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., en el trámite de la tutela el juez de única instancia vinculó al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B., quien tiene a su cargo la vigilancia de la ejecución de la pena del accionante. De la respuesta de la autoridad judicial vinculada se evidencia que no ha proferido ninguna providencia relacionada con la posibilidad de que el demandante redima la pena los domingos y festivos, por lo que el problema jurídico que se plantea a continuación se circunscribe a la acción de las autoridades contra las cuales efectivamente se presentó la tutela, esto es, el INPEC y el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G..
La situación fáctica exige a la Sala determinar si procede la tutela para solicitar la protección del derecho fundamental a la libertad de cultos de una persona privada de la libertad, ante la obligación de descansar los días festivos que tienen origen en celebraciones de un credo particular.
En caso de superar los requisitos de procedencia general, será preciso entrar a analizar el fondo del asunto, el cual plantea este interrogante: ¿se desconocen los derechos a la igualdad y a la libertad de cultos, cuando un establecimiento penitenciario impide a un interno desempeñar actividades de redención de la pena en fechas en las que se celebran festividades de una confesión religiosa diferente de la que profesa?
El derecho penal es la expresión de la política criminal del Estado, cuya definición, de acuerdo con el principio democrático y la soberanía popular (artículos 1º y 3º de la Constitución), corresponde de manera exclusiva al Legislador[10]. En este sentido, la cláusula general de competencia legislativa prevista en los artículos 114 y 150 de la Carta, otorga al Congreso de la República la facultad de regular cuestiones penales y penitenciarias.
Los artículos 3º y 4º de la Ley 599 de 2000 “[p]or la cual se expide el Código Penal”, establecen los principios de las sanciones penales y las funciones de la pena. Así, ésta tiene como objetivos: la prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social, y la protección al condenado.
En conclusión, en ejercicio de su potestad normativa, el Congreso debe tener en cuenta las funciones de la pena, dentro de las cuales está, como la más importante, la resocialización. Así pues, el Legislador ha previsto que el trabajo, el estudio y la enseñanza son medios para alcanzar el fin resocializador de la pena y tienen la virtud de aminorar su tiempo de duración a través de su redención[18].
El artículo 10 del Código Penitenciario y C. (Ley 65 de 1993), dispone que “[e]l tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”. Esta norma consagra el acceso a programas de estudio o trabajo, que permiten redimir la pena, como forma de resocialización del transgresor.
En relación con las actividades de estudio, los artículos 94 y 96 del Código Penitenciario y C. prevén que la educación es la base fundamental de la resocialización y estatuyen que, previa evaluación de los estudios realizados, estos pueden ser certificados por la autoridad designada para redimir la pena. Asimismo, el artículo 97, de la misma regulación, establece la redención de pena por estudio y dispone que será concedida por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, abonando un día de reclusión por dos días de estudio[21]. En este sentido, los establecimientos penitenciarios deben contar con programas de educación que le permitan al interno tener una formación que, al momento de recobrar la libertad, le sea útil para incorporarse en la sociedad.[22]
De otra parte, los artículos 97 y 98 de la Ley 65 de 1993, modificados por los artículos 60[23] y 61[24] de la Ley 1709 de 2014, establecen la posibilidad de que un interno dicte clases a los demás internos como medio de reducción de la condena.
Asimismo, de conformidad con el artículo 65 del mismo Código, el trabajo en los establecimientos de reclusión es un medio terapéutico que tiene un fin resocializador, dignificante y que además va dirigido a la redención de penas de las personas condenadas[25]. De acuerdo con la norma en cita, la población reclusa tiene derecho a desarrollar actividades productivas de manera intramural o extramural y de carácter material o intelectual.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 100 del Código Penitenciario y C., el trabajo, estudio o la enseñanza no se llevarán a cabo los días domingos y festivos. En casos especiales, debidamente autorizados por el director del establecimiento con la correspondiente justificación, las horas trabajadas, estudiadas o enseñadas durante tales días, se computarán como ordinarias. En consecuencia, la misma normativa dispone que los domingos y días festivos en que no haya actividad de estudio, trabajo o enseñanza, no se tendrán en cuenta para la redención de la pena.
Ahora bien, cabe recordar que en sentencia C-568 de 1993[27], esta Corporación estudió la constitucionalidad de algunos apartes de los artículos 1º y 2º de la Ley 37 de 1905, 1º de la Ley 57 de 1926, 7º de la Ley 6ª de 1945, 172, 173 175 y 176 del Código Sustantivo del Trabajo, y 1º y 2º de la Ley 51 de 1983; los cuales consagran el derecho al descanso remunerado los domingos y algunos días de fiesta de carácter civil y religioso.
En consideración al análisis antes descrito, es posible concluir que tampoco resulta lesivo del derecho a la libertad de cultos de las personas privadas de la libertad, que el Legislador, dentro de su amplio margen de configuración, haya establecido que por regla general no es permitido el ejercicio de actividades de redención de la pena los domingos y festivos. En efecto, se trata de una norma que no tiene por objeto guardar una celebración católica, sino que propende por garantizar el descanso de los reclusos. Lo anterior se comprueba si se tiene en cuenta además que la norma no consagra una obligación absoluta, pues la misma disposición establece que los internos podrían trabajar con permiso del director del establecimiento.
El artículo 2º Superior incorpora como fines del Estado los principios del constitucionalismo liberal clásico y, en particular, determina que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades. El artículo 16 de la Carta Política refiere a la cláusula general de libertad, y los artículos 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28 y 38, reconocen libertades particulares, que se derivan de dicha cláusula.
La Ley 133 de 1994 “[p]or la cual se desarrolla el derecho a la libertad religiosa y de cultos”, define el contenido de esta libertad y determina que comprende las prerrogativas:
De practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto; conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de estos derechos;
De recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religión del difunto en todo lo relativo a las costumbres funerarias con sujeción a los deseos que hubiere expresado el difunto en vida, o en su defecto expresare su familia. (…)
De contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión y a las normas propias de la correspondiente Iglesia o confesión religiosa. (…)
De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones. (…)
De no ser impedido por motivos religiosos para acceder a cualquier trabajo o actividad civil, para ejercerlo o para desempeñar cargos o funciones públicas. (…)
De reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico general.” (N. fuera del texto original)
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata, que supone la protección a profesar determinada religión en los ámbitos privado y público. En relación con la esfera privada, esta garantía implica la libertad de profesar una religión y difundirla en forma individual o colectiva, a través de la celebración de ritos y actos de acuerdo con sus propias convicciones y con el respeto por los derechos de los demás. En el campo de lo público, el derecho a la libertad religiosa supone reconocer la pluralidad religiosa, y así “poner en pie de igualdad a todas las confesiones religiosas e iglesias ante la ley y, en consecuencia, eliminar el carácter confesional del Estado”[29].
En lo que respecta a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, esta Corporación ha señalado que entre los centros penitenciarios y carcelarios y los internos en tales centros, existe una relación especial de sujeción[31]. Esto es así porque mientras los reclusos se someten a la suspensión y limitación de ciertos derechos, las autoridades penitenciarias asumen la carga de adoptar las medidas necesarias para asegurar su cuidado y protección[32].
De conformidad con lo expuesto, el derecho a la libertad religiosa tiene facetas que resultan intangibles, como es el ejercicio individual de la fe, y otras manifestaciones externas que pueden ser válidamente limitadas y que han sido objeto de regulación.
En síntesis, quienes están privados de la libertad gozan de la protección de su derecho a la libertad religiosa, cuyo ejercicio es susceptible de desarrollo dentro de los establecimientos penitenciaros y carcelarios. Así pues, a pesar del carácter intangible de la dimensión espiritual, los actos de culto admiten límites siempre y cuando sean razonables y proporcionales, y tengan como propósito asegurar los fines de la pena.[37]
En este caso, el señor A.C.M. interpone la tutela a nombre propio, por lo que está legitimado para actuar.
La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.[38]
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir que el Instituto Nacional Penitenciario y C., el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B., están legitimados por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de autoridades públicas.
Con respecto al primer supuesto, la aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, en consideración a las características procesales del mecanismo y al derecho fundamental involucrado. Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.[41]
En este orden de ideas, para determinar si esta acción principal es idónea, “se deben tener en cuenta tanto el objeto de la acción prevalente prima facie, como su resultado previsible, en relación con la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, dentro del contexto del caso particular.” (N. en el texto original)
En esta oportunidad, el accionante afirma que las autoridades demandadas vulneran su derecho a la libertad de cultos porque no le permiten trabajar o estudiar los días festivos que tienen origen en celebraciones católicas. Sin embargo, de las respuestas de las demandadas y el dicho del actor, se desprende que éste nunca ha solicitado al INPEC, al establecimiento carcelario, o al juez encargado de verificar el cumplimiento de la pena, que le permitan desempeñar alguna labor de redención los días festivos.
En ese orden de ideas, pretender que el demandante requiera a la autoridad para que profiera un acto administrativo, y después contrate a un abogado para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y controvertir ese acto, resulta desproporcionado para el señor C.M.. Esto ocurre porque está comprobado que por la especial relación de sujeción con el Estado, depende del establecimiento para cubrir sus necesidades básicas, lo cual desvirtúa la idoneidad y eficacia del medio ordinario.
La jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que “[d]e acuerdo con los hechos, (…) el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción”.[43]
En esta oportunidad, el demandante afirma que las autoridades no le permiten desempeñar actividades de redención los días festivos que tienen origen en celebraciones católicas. Así pues, la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del accionante es actual pues según el señor C.M., durante los diez años que ha estado privado de la libertad, las labores de redención que ha desempeñado se sujetan a una prohibición que se aplica hasta el presente.
En este caso el demandante indica que, a pesar de que profesa una religión distinta de la católica, no le es permitido trabajar los días festivos que tienen origen en fiestas propias de esa religión, lo que a su juicio implica guardar fiestas paganas. En ese sentido, señala que al no serle permitido trabajar los días festivos, las autoridades accionadas violan sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de cultos, y a expresar y difundir sus pensamientos.
En el trámite de la tutela, tanto el INPEC como el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de G., determinaron que el segundo garantiza el ejercicio de todos los credos y posibilita que se lleven a cabo las celebraciones religiosas en los pabellones. Además, afirmaron que el señor C.M. no ha presentado ninguna solicitud para desempeñar una actividad que le permita trabajar todos los días, y la pretensión de contabilizar los días festivos en los que el actor no laboró, supone exceptuar la aplicación de las normas que regulan la redención de la pena, con lo cual se violaría el derecho a la igualdad de los demás internos.
De los hechos mencionados se evidencia que las instituciones accionadas han permitido que el actor redima la pena mediante la realización de distintas actividades de educación informal. Del mismo modo, se advierte que las labores educativas, de conformidad con el artículo 100 del Código Penitenciario y C., no se ejercen los fines de semana ni los días festivos, los cuales son destinados al descanso.
Así pues, no se advierte que las autoridades accionadas hayan incurrido en alguna acción u omisión que comporte la transgresión de los derechos del demandante, a quien se ha garantizado el derecho a profesar su fe, pues no le ha sido impuesta ninguna creencia o celebración religiosa. En efecto, tal y como se estableció en el fundamento jurídico 14 de esta sentencia, el hecho de que los días festivos que históricamente tienen una referencia religiosa católica se destinen al descanso, no comporta la imposición de dicha creencia y obedece al margen de configuración del Legislador.
Además, cabe señalar que el accionante no ha elevado ninguna solicitud para cambiar de actividad ni ha participado en procesos de selección que se desarrollen para ocupar vacantes en labores en las que, excepcionalmente, se permite trabajar los días festivos. En consecuencia, si el señor C.M. desea ejercer alguna actividad para redimir la pena los días festivos, debe acudir ante las autoridades, en igualdad de condiciones con los demás reclusos, y solicitar el acceso a esa labor.
De otra parte, no es procedente la pretensión consistente en que los días festivos transcurridos durante los 10 años que ha estado privado de la libertad se contabilicen como días laborados para redimir la pena. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, deben considerarse como laborados los días que real y materialmente se han trabajado, por lo que, a contrario sensu, no se pueden aceptar como laborados los días que realmente no lo han sido.
La Sala comparte el análisis realizado por el juez de única instancia en la decisión que se revisa, pues en este caso las autoridades accionadas garantizaron el derecho fundamental a la libertad de cultos del actor y aplicaron el artículo 100 del Código Penitenciario y C.. Por consiguiente, es preciso confirmar esa decisión.
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de única instancia, adoptado por el Juzgado Quinto Administrativo de B., el 11 de agosto de 2017, que negó el amparo.
[1] Integrada por los Magistrados A.L.C. y A.R.R..
[2] F. 23, Cuaderno principal.
[4] A folios 35-36 del Cuaderno principal se encuentra la respuesta de la Juez 4ª de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de B..
[5] F. 35 del Cuaderno principal.
[7] F.s 45-50, Cuaderno principal.
[8] F.s 14-15, Cuaderno de Revisión.
[9] F.s 19-66, Cuaderno de Revisión.
[10] Sentencia C-334 de 2013 (M.P.J.I.P.C..
[11] Ver Sentencias C-1404 de 2000 (M.P.C.G.D. y Á.T.G.) y C-1080 de 2002 (M.P.Á.T.G..
[12] Sentencia C-329 de 2003 (M.P.Á.T.G..
[13] Ver sentencia C-647 de 2001 (M.P.A.B.S.).
[15] M.P.C.G.D..
[16] M.P.A.M.C..
[17] M.P.J.I.P.P.
[18] Ver T-429 de 2010 (M.P.J.C.H.P..
[22] Sentencia T-448 de 2014 (M.P.M.G.C.).
[26] M.P.J.I.P.P..
[27] M.P.F.M.D..
[28] Ver sentencias T-430 de 1993 (M.P.H.H.V.) y T-662 de 1999 (M.P.A.M.C..
[29] Sentencia T-026 de 2005 (M.P H.A.S.P..
[30] M.P M.G.M.C.. En esa providencia se reiteran las reglas fijadas en la sentencia C-088 de 1994 (M.P.F.M.D..
[32] Ver sentencia T-180 de 2017 (M.P.L.G.G.P..
[33] Ver sentencias T-896A de 2006 (M.P.M.G.M.C., y T-511 de 2009 (M.P: J.I.P.C..
[34] Ver sentencias T-966 de 2000 (M.P.E.C.M.) y T-851 de 2004 (M.P.M.J.C.E.).
[35] “Por la cual se expide el Código Penitenciario y C.”.
[37]Sobre el particular, se puede consultar la sentencia T-180 de 2017 (M.P.L.G.G.P..
[38] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P.Á.T.G. y T-780 de 2011, M.P.J.I.P.C..
[39] En sentencia T-313 de 2005, M.P.J.C.T., se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
[40] Sentencia T-705 de 2012, M.P.J.I.P.C..
[41] Ver sentencias T-441 de 1993, M.P.J.G.H.G. y T-594 de 2006, M.P.C.I.V.H..
[42] M.P.R.E.G.. Esta decisión fue reiterada por la sentencia T-892A de 2006.
[43] Sentencia SU-961 de 1999; M.P.V.N.M..
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002014-02161-00 de 2 de Octubre de 2014

References: artículo 10
 artículo 97
 artículo 65
 artículo 100
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 86
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 2