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Timestamp: 2019-01-23 17:51:03+00:00

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La plantilla de Parques y Jardines celebra que el TACPA haya avalado todas las cláusulas sociales - AraInfo | Diario Libre d'Aragón
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El comité de empresa de FCC Parques y Jardines ha celebrado este lunes la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón (TACPA) que ha avalado todas las cláusulas sociales y laborales que introducía el nuevo pliego de condiciones para el mantenimiento y limpieza de las zonas verdes, y que fueron recurridas por la patronal del sector (ASEJA), compuesta por grandes empresas como FCC, Ferrovial, Urbaser, etcétera.
El comité señala que tras el recurso de la patronal a las cláusulas sociales y laborales que se introducían en el nuevo pliego de condiciones, “el TACPA ha dado la razón a las alegaciones del comité de empresa y ha considerado que estas cláusulas se ajustan a derecho”.
El TACPA ha dado el visto bueno a una batería de cláusulas como “la obligación de mantener el empleo y las condiciones laborales; abonar puntualmente los salarios; prohibición de despidos; incorporación de la mujer; planes de igualdad y de acoso laboral y sexual; planes de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos laborales; así como puntuar en la licitación las ofertas de formación continua de las y los trabajadores; el compromiso de integrar la plantilla con personal indefinido; la creación de una bolsa de trabajo; y medidas de conciliación familiar”.
Desde el comité celebran que “el TACPA haya desestimado las pretensiones de la patronal de intentar recortar las condiciones laborales, sociales y económicas de la plantilla, así como de intentar impedir la incorporación de la mujer al sector de la jardinería en Zaragoza o anular los planes de igualdad o de seguridad y salud y de formación a los trabajadores y trabajadoras”.
El comité tilda de “día histórico para los trabajadores y trabajadoras de las contratas de Zaragoza, ya que se avalan jurídicamente todas nuestras reivindicaciones por las que hemos luchado duramente durante años”.
Desde el comité se considera también un “mazazo a la patronal que esperaba poder recortar derechos laborales y sociales para obtener más beneficios a costa de trabajadores y ciudadanos de Zaragoza”, y por el contrario “sólo han conseguido una dura deslegitimación en nuestra ciudad, quedando bien claro que estas empresas no tienen nada de socialmente responsables como nos venden en sus campañas de imagen”.
El comité señala que también ha sido “un revés a las políticas que han venido ejecutando los gobiernos municipales anteriores que siempre argumentaban que estas cláusulas no eran legales”.
Así, desde el comité se asevera que, “como hemos podido ver, sólo era cuestión de voluntad política, de gestionar para los trabajadores y trabajadoras o para las grandes multinacionales permitiendo que recortaran salarios y derechos como han venido haciendo los gobiernos anteriores”.
De igual forma advierten que “siempre estarán para defender los derechos de la clase trabajadora y garantizar un mejor servicio público frente a los intereses únicamente económicos de la patronal”.
Respecto a las cláusulas sociales, el TACPA ha avalado que se ajustan a derecho y ha argumentado que el contrato de parques y jardines “se trata de un servicio que se materializa esencialmente de mano de obra con un peso absolutamente preponderante”, y que como alegó el comité de empresa, “resulta indudable que unas mejores condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al servicio han de reportar una mejor calidad en éste y redundarán en una mayor motivación y mejor disposición del personal, con una mejora del rendimiento”.
En la resolución se hace mención a que las cláusulas se ajustan a derecho porque “sí están vinculadas al objeto del contrato, dado que la estabilidad laboral aumenta el compromiso y vinculación de los trabajadores con la empresa, en la salud de los trabajadores y en su talento, redundando todo ello en una mejor calidad en el servicio que se contrata”. Es más, “se garantiza una mayor eficiencia social que preserva las exigencias constitucionales de políticas sociales activas”, añaden.
Finalmente, se congratulan de la resolución del TACPA, logrando de este modo la introducción de cláusulas sociales y laborales en los nuevos pliegos de condiciones que garantizan los derechos de la plantilla y la prestación de un mejor servicio público.
Clásulas avaladas por la resolución del TACPA
‘Plan de medidas concretas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral’
El TACPA concluye que este criterio “se ajusta a derecho porque es parámetro de calidad en la prestación del servicio y se encuentra perfectamente definido”.
Por ello, “resulta indudable que unas mejores condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al servicio han de reportar una mejor calidad en éste. En particular, las mejoras relativas a la conciliación de la vida familiar y laboral redundarán en una mayor motivación y mejor disposición del personal, con una mejora del rendimiento”.
Es más, “se garantiza una mayor eficiencia social que preserva las exigencias constitucionales de políticas sociales activas”.
‘Creación de una bolsa de empleo en la que se baremen los méritos académicos y profesionales, teniendo en cuenta los estudios y formación y la experiencia profesional en el mantenimiento de zonas verdes y del campo de la jardinería’
El objetivo de esta bolsa es garantizar que las contrataciones se realizan aproximándose a los principios de igualdad, mérito y capacidad y siguiendo unos criterios que sean conocidos para evitar discriminaciones arbitrarias.
El TACPA comparte que los criterios para seleccionar a los trabajadores que han de formar la bolsa de empleo resultan “claros y suficientemente definidos” pues se bareman, méritos académicos y méritos profesionales, siendo evidente que “la selección de aquellos trabajadores que acrediten mayor formación y experiencia específica en las materias que constituyen el objeto contractual, es criterio directamente vinculado con el objeto del contrato, redundando en una mayor calidad de los servicios a realizar”.
‘Compromiso de integrar la plantilla con persona con contrato indefinido’
El TACPA señala que “el criterio es ajustado a Derecho porque sí está vinculado al objeto del contrato, dado que la estabilidad laboral aumenta el compromiso y vinculación de los trabajadores con la empresa, en la salud de los trabajadores y en su talento, redundando todo ello en una mejor calidad en el servicio que se contrata, dado que estamos ante la contratación de unas prestaciones en las que el componente de la mano de obra es fundamental”.
Es más, el tribunal comparte que “es claro que lo que se valora es la estabilidad del empleo de los trabajadores y la mejora de sus condiciones, primando al licitador que se comprometa con dicho objetivo”.
La empresa adjudicataria presentará toda la documentación, publicidad, imagen o materiales con un lenguaje no sexista, evitará cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentará una imagen sobre valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.
Se obtiene el compromiso de contratar mujeres en un porcentaje superior al menos en cinco puntos, al porcentaje medio señalado en el último trimestre para el sector de actividad concreto por la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Igualmente, la empresa estará obligada a diseñar y aplicar un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres y a adoptar medidas para prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual.
Asimismo, la empresa adjudicataria se compromete a la elaboración de memorias e informes que la entidad licitadora deberá presentar con motivo de la ejecución del contrato, todos los datos estadísticos sobre las personas beneficiarias o usuarias y sobre el personal que ejecute el contrato, deberán estar desagregados por sexo y edades, estableciendo porcentajes de forma que pueda conocerse la población sobre la que incide el contrato.
Al mismo tiempo deberá realizar tres acciones nuevas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral dirigida a la plantilla adscrita a su ejecución.
El TACPA señala que “quedan justificadas las mencionadas cláusulas especiales de ejecución y su conformidad a derecho” y que “promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el mercado laboral, carecen de efecto discriminatorio alguno, directo o indirecto, ya que habrán de ser observadas igualmente por todos los competidores, y no otorgan prevalencia alguna a ninguno de ellos, y su inclusión se ha realizado dentro de los límites”
Cláusulas sociales de empleo
La empresa adjudicataria estará obligada a mantener la plantilla mínima adscrita a la ejecución del contrato, sin que proceda suspensión o extinción de los contratos de trabajo de la plantilla salvo las suspensiones o extinciones consecuencia de la voluntad de la persona trabajadora o de despidos disciplinarios.
La empresa adjudicataria estará obligada a cubrir todas las bajas y vacaciones de su plantilla, y estará obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo en materia de jornada y salario.
Además, estará obligada a cumplir en todo momento el convenio colectivo estatal de jardinería en vigor, así como el acuerdo laboral vigente
También estará obligada a tener a disposición documentación completa y verificable sobre los trabajadores y trabajadoras empleadas, además de abonar puntualmente a la plantilla adscrita los salarios pactados o legalmente establecidos.
Cláusulas sociales de formación
La empresa adjudicataria del contrato deberá reflejar un plan de formación para el personal, de forma que exista un proceso continuo de mejora en la profesionalización de todo el personal.
Es condición especial para la ejecución de este contrato, que la empresa adjudicataria realice la totalidad de las acciones contempladas en el programa de información y formación que presentó como parte integrante de su oferta.
Cláusulas sociales de seguridad y salud laboral
Se establece la obligación de la empresa a designar a una persona con formación específica en la materia para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito.
Anualmente deberá aportar un informe detallado sobre las actuaciones realizadas por la propia empresa para determinar su contenido y alcance.
Del mismo modo desarrollará un plan de vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras que antes del inicio del contrato presentará por escrito, junto con la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva (Plan de Prevención de Riesgos Laborales).
Conclusiones del TACPA
De esta forma, el tribunal entiende que este tipo de condiciones se ajustan a derecho y tienen como objetivo una mejor prestación del servicio, “porque mejorar las condiciones de los trabajadores tiene una relación directa con la calidad del servicio que se va a prestar”.
El TACPA señala también que “la empresa al presentar la oferta acepta hacerse cargo de la prestación del servicio objeto del contrato, y ello lleva consigo una serie de condiciones y obligaciones, entre ellas, el mantenimiento de plantilla mínima obligada por el pliego y debe ejecutar el contrato a su riesgo y ventura”.
Además, el tribunal considera que “es legítima la exigencia de mantener la plantilla mínima de trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, sin que quepa extinguir los contratos salvo en los casos de voluntad de las partes o despidos disciplinarios”
Así pues, será causa de resolución del contrato “el incumplimiento de la condición especial de ejecución relativa a la prohibición de minorar las condiciones laborales recogidas en el convenio colectivo y/o pacto laboral vigente”.
El TACPA avala la resolución del contrato si la empresa adjudicataria incumple dicha cláusula especial de ejecución, señalando que “el licitador que oferta conforme a las condiciones de un convenio colectivo, está obligado a mantener esas condiciones y le vinculan durante todo la ejecución del contrato”, ya que “la configuración del contrato en sus aspectos económicos se ha establecido tomando como base, los gastos de personal derivados de las condiciones establecidas en el convenio colectivo o pacto de empresa vigente en el momento en que se redactaron los pliegos económico-administrativos y técnicos, y considera que no existe obstáculo alguno de legalidad para ello”.
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