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Timestamp: 2019-10-17 00:45:14+00:00

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﻿ Sentencia T-270 de mayo 9 de 2013
SENTENCIA T-270 DE 09 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SEGURIDAD SOCIAL Y REQUISITO DE FIDELIDAD. UNA DECISIÓN CONTENIDA EN PROVIDENCIA JUDICIAL VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA DIGNA, SEGURIDAD SOCIAL, IGUALDAD Y MÍNIMO VITAL, CUANDO EN LA DECISIÓN SE DESCONOCE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, OLVIDANDO ASÍ, DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, COMO LO ES LA INEXEQUIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE FIDELIDAD AL SISTEMA Y LA APLICACIÓN DE DICHA DECISIÓN PARA TODAS LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN CON POSTERIORIDAD A LA DECISIÓN DE INEXEQUIBILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA JUDICIAL, FIDELIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, FIDELIZACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PRINCIPIO DE FIDELIDAD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Sentencia T-270 de mayo 9 de 2013
Ref.: Expediente T-3732949
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo la mencionada Sala de Casación, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991; la Sala de Selección 1 lo eligió para revisión en enero 17 de 2013.
1. La señora Nelly Parada de Gélvez, quien estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales, en adelante ISS, desde septiembre 6 de 1994, sufrió de “hemiplejía secundaria a hemorragia intraparenquimatosa” y accidente cerebro vascular, de origen común.
3. Considerando que cumplía los requisitos para obtener una pensión de invalidez, la señora Nelly Parada de Gélvez solicitó al ISS dicha prestación en noviembre 15 de 2006, petición que fue negada mediante la Resolución 439 de 2007, aduciendo que solo había cotizado 8 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
Ante tal situación, en mayo 22 de 2007 la demandante interpuso recurso de reposición contra dicho acto administrativo, que fue resuelto por el ISS mediante la Resolución 7316 de 2007(1), reconociendo que la actora cotizó 257 semanas en los últimos 3 años anteriores a la estructuración, mas no cumplió con el requisito de “fidelidad del 20% de que habla la Ley 860 de 2003”, por lo cual mantuvo la negación de la prestación de invalidez.
4. En enero 31 de 2008, la actora presentó una nueva petición de pensión ante el ISS, anexando algunos certificados de la empresa para la cual trabajó, pero dicho Instituto también respondió negativamente(2), reiterando el argumento del incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema.
5. Recordó el apoderado en la demanda de tutela, que mediante Sentencia C-428 de julio 1º de 2009(3) la Corte Constitucional declaró inexequible tal requisito de fidelidad al sistema, aclarando que para acceder a la pensión de invalidez basta con demostrar cotizaciones por 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral.
Dado ese precedente, en agosto 13 de 2009 la accionante presentó una nueva solicitud ante el ISS, para que se tuviera en cuenta dicho fallo al momento de evaluar su solicitud de pensión. No obstante, el ISS negó(4) la prestación mediante Resolución 563 de 2009.
6. En vista de lo anterior, la señora Nelly Parada de Gélvez incoó en diciembre 2 de 2009 acción de tutela, que fue concedida por el Juzgado 2º Administrativo de Cúcuta, ordenando al ISS reconocer y pagar la reclamada pensión de invalidez desde abril 9 de 2006, fecha de estructuración de la invalidez.
En cumplimiento, el ISS emitió la Resolución 1082 de 2010, en la cual reconoció a la señora Parada Gélvez el derecho a la pensión de invalidez “a partir del 1º de marzo de 2010, pero limitando el reconocimiento a solo 4 meses, y obligando a Nelly Parada de Gélvez adelantar trámite judicial para su reconocimiento definitivo” (fl. 3 ib.); transcurrido tal lapso, el ISS suspendió el pago pensional.
7. Expresa el apoderado que en noviembre 19 de 2010, inició en representación de la accionante proceso laboral ordinario contra el ISS, a fin de lograr el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en cuestión, dentro del cual se emitió, en primera instancia, la sentencia de mayo 18 de 2011, dictada por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Bucaramanga, que concedió las pretensiones de la demanda y condenó al ISS a pagar a la demandante su pensión de invalidez.
En consecuencia, el apoderado solicitó tutelar a la señora Nelly Parada de Gélvez los referidos derechos fundamentales, dejando sin efectos la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que se ordene al ISS reconocer y pagar de forma inmediata, definitiva y continua la pensión de invalidez.
1. Dictamen de calificación de la señora Nelly Parada de Gélvez, emitido por el ISS en el cual se evidencia que la accionante tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 62.3%, de origen común, con fecha de estructuración en abril 9 de 2006 (fls. 14 y 15 ib.).
2. Resolución 439 de 2007, por la cual se negó la pensión de invalidez a la accionante (fl. 16 ib.).
3. Resolución 7316 de 2007, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por Nelly Parada de Gélvez contra el anterior acto (fls. 17 y 18 ib.).
4. Recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la actora contra la Resolución 1082 de 2010 (fls. 19 a 22, ib.).
5. Derecho de petición de diciembre 23 de 2009, presentado ante el ISS, en el cual el apoderado de la accionante solicita se tenga en cuenta la Sentencia C-428 de 2009, para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la pensión de invalidez por parte de la señora Parada de Gélvez (fls. 23 a 25, ib.).
6. Resolución 563 de 2009, por la cual el ISS refiere, “en cuanto a la aplicación de la Sentencia C-428 de 2009”, que “no procede lo solicitado”, ratificando que la asegurada no cumple los requisitos exigidos (fls. 31 y 32, ib.).
7. Sentencia de tutela dictada en diciembre 16 de 2009 por el Juzgado 2º Administrativo de Cúcuta, no recurrida, mediante la cual fueron amparados los derechos fundamentales a la seguridad social y el mínimo vital y se le concedió la pensión de invalidez a la actora (fls. 33 a 42, ib.).
8. Resolución 1082 de 2010, por medio de la cual el ISS dio cumplimiento al anterior fallo y concedió la prestación solicitada, “por cuatro meses fecha para la cual deberán haberse iniciado las acciones judiciales pertinentes” (fls. 43 a 48, ib.).
9. Fallo de primera instancia emitido en mayo 18 de 2011, por el Juzgado Adjunto 1º Laboral del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario incoado por Nelly Parada de Gélvez contra el ISS, que concedió la prestación (fls. 73 a 64, ib.).
10. Fallo de segunda instancia, que absolvió al ISS, dictado dentro de dicho proceso ordinario en marzo 30 de 2012, por la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá (fls. 65 a 78, ib.).
11. Cédula de ciudadanía de Nelly Parada de Gélvez (fl. 79, ib.).
12. Poder otorgado a un abogado por parte de Nelly Parada de Gélvez (fl. 80, ib.).
La Sala de Casación Laboral, mediante auto de septiembre 17 de 2012, avocó conocimiento de la presente acción de tutela y corrió traslado a la Sala accionada para que en el término de un día, a partir de la notificación de dicha providencia, rindiera informe sobre los hechos narrados.
Mediante escrito radicado en septiembre 21 de 2012, un magistrado de la Sala de Descongestión Laboral del referido Tribunal Superior solicitó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negar la acción de tutela presentada por la señora Nelly Parada de Gélvez, al considerar que ninguna actuación de dicha Sala vulneró derechos fundamentales de la demandante.
El magistrado, después de realizar una reseña sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pasó a explicar que la sentencia emitida en segunda instancia dentro del proceso laboral ordinario, se edificó respetando una interpretación válida de las normas aplicables al caso concreto, sin transgredir la Constitución ni las leyes.
Adicionalmente, manifestó que en este caso, con la acción de tutela se pretende “revivir términos u oportunidades que se dejaron fenecer por negligencia o incuria”, en tanto la accionante contaba con el recurso extraordinario de casación.
Sentencia de primera instancia en la acción de tutela.
Mediante fallo de septiembre 25 de 2012, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela, estimando que contra la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión con sede en el Tribunal Superior de Bogotá, la peticionaria tuvo la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación, medio de defensa del cual no hizo uso, renunciando así a la oportunidad de que a ese nivel hubiere pronunciamiento sobre sus pretensiones.
Así mismo, respecto de los derechos fundamentales alegados, se resaltó que “no se observa cómo pudieron haber sido vulnerados por la autoridad judicial accionada, dado que no se encontró demostrada en forma alguna esa hipotética afectación y no bastaba con alegarla para tenerla por establecida” (fl. 35, cdno. 2).
El apoderado(5) de la actora impugnó esa sentencia (fls. 64 a 70 ib.), solicitando su revocatoria a partir de recordar que la Corte Suprema de Justicia, en principio, no reconoció la posibilidad de inaplicar el requisito de fidelidad al sistema cuando la fecha de estructuración de la invalidez era anterior al fallo de constitucionalidad C-429 de 2009, posición que varió posteriormente al aceptar la inaplicación del referido requerimiento por resultar regresivo en materia de seguridad social(6). Por ello, argumentó que la evaluación realizada por el Tribunal Superior sí contrarió la jurisprudencia constitucional, al igual que la ley, la Constitución y los tratados internacionales que protegen a las personas en situación de discapacidad.
De otra parte, expresó que no se tuvo en cuenta las especiales circunstancias en que se halla su poderdante, quien ha tenido dos nuevos accidentes cerebrovasculares y no está afiliada al sistema de seguridad social, ni recibe atención médica “pues ni su familia ni ella han tenido como siquiera ir al centro de salud”, encontrándose Nelly Parada de Gélvez, por su condición física, mental, económica y social, en estado de debilidad manifiesta, razón por la cual no se acudió al recurso extraordinario de casación, que resultaba, para el caso, inoportuno e ineficaz.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de noviembre 20 de 2012, confirmó la decisión impugnada, estimando que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional al proceso laboral ordinario, en donde no se evidenció vulneración de derechos fundamentales (fls. 3 a 10. cdno. 3).
Debe esta Sala de Revisión determinar si los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de la señora Nelly Parada de Gélvez, fueron vulnerados por la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al revocar el otorgamiento que en primera instancia se había efectuado de la pensión de invalidez de la referida señora, bajo el argumento de que la accionante no cumplió el requisito de fidelidad al sistema, que le era exigible pues, según lo anotado, la estructuración de su invalidez fue anterior a la emisión del fallo de constitucionalidad C-428 de 2009.
Para ello, serán analizados los siguientes temas: (i) la improcedencia general de la acción de tutela contra decisiones judiciales; (ii) la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de una pensión de invalidez; (iii) el carácter vinculante del precedente constitucional; (iv) el principio de progresividad en materia de seguridad social; (v) finalmente, será decidido el caso concreto.
3.1. Como es bien sabido, mediante Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los arts. 11 y 12, ib.), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra determinaciones judiciales que pongan fin a un proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en la carta política y en preceptos del bloque de constitucionalidad, esta Corte determinó que el juez de tutela no puede extender su actuación a resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constitucionales del debido proceso(7).
En la jurisprudencia se ha venido desarrollando de tal forma, desde 1993 hasta recientes pronunciamientos, la noción de la vía de hecho(8), al igual que, especialmente en los últimos años, la concepción de algunos requisitos generales de procedencia y, sobre todo, causales especiales de procedibilidad.
En esta misma línea, la Corte ha realzado que la circunstancia de que el juez de tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar una decisión judicial tildada de arbitraria, no lo convierte en juez de instancia, ni puede llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo constitucional constituye una confrontación de la actuación judicial con el texto superior, para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una interpretación de la ley o una particular forma de apreciación probatoria, que se considere más acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la sentencia respectiva(9).
3.3. De otra parte, la Sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, circunscrita al estudio y declaración de inexequibilidad de un segmento normativo del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que conducía a la proscripción de la acción de tutela contra sentencias de casación penal, contiene también importantes reflexiones, muy pertinentes al propósito de fijar el ámbito estrictamente excepcional dentro del cual es constitucionalmente admisible la tutela contra decisiones judiciales.
“a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(10). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
f) Que no se trate de sentencias de tutela(15). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
g) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado(17).
3.5. Recapitulando esos desarrollos jurisprudenciales, merece también especial atención el criterio de esta Corte en cuanto a la labor específica del juez de tutela, en punto a que no puede desconocer “los conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho”(18).
Cuarta. Procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la pensión de invalidez. Reiteración de jurisprudencia.
4.1. Basado en principios de solidaridad, igualdad y universalidad, el derecho a la seguridad social, débil en sus comienzos, adquirió mayor desarrollo hacia la mitad del Siglo XX(19), en positiva evolución de la que emergió su reconocimiento internacional como un inalienable derecho humano, de manera tal que la Organización Internacional del Trabajo, en su Conferencia Nº 89 de 2001, llegó a la conclusión de que “la seguridad social es muy importante para el bienestar de los trabajadores, de sus familias, y de toda la sociedad. Es un derecho humano fundamental y un instrumento de cohesión social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración social”(20).
Afianzando lo anterior y dando un vistazo a la legislación global, se encuentra que la seguridad social tiene cabida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos(21) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableciendo este último en su artículo 9º: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
De igual forma, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, estatuye (no está resaltado en el texto original): “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
Así mismo, el artículo 9º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), es del siguiente tenor, en lo pertinente (no se encuentra en negrilla en el texto original): “Derecho a la seguridad social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.
Por último, recuérdese que son varios los documentos y convenios que la Organización Internacional del Trabajo ha expedido en materias relativas a la seguridad social, por ejemplo el Nº 102 de 1952 (“Sobre las normas mínimas de seguridad social”), el Nº 128 de 1967 (“Sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes”) y el Nº 157 de 1982 (“Sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social”).
Esa salvaguardia internacional a favor de las personas discapacitadas, se refleja al máximo nivel en el orden jurídico nacional; así, el artículo 48 de la Constitución instituyó la obligatoriedad del servicio público de la seguridad social, mandato desarrollado ampliamente en la Ley 100 de 1993 y disposiciones que la complementan y reforman. Entre otros preceptos, el artículo 10 de dicha ley estableció como objeto del sistema pensional “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones…” (no está resaltado en el texto original), desarrollando así la base jurídica de la pensión de invalidez, más adelante especificada en los artículos 38 a 45 y 69 a 72 ejusdem.
4.3. Ahora bien, conforme al artículo 86 superior, la acción de tutela es una vía judicial que tiene toda persona para procurar la protección de sus derechos fundamentales, la cual solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio idóneo de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un prejuicio irremediable, siendo así un medio subsidiario(22).
Teniendo en cuenta lo anterior, el reconocimiento de una prestación pensional mediante acción de tutela sería, en principio, improcedente, pues el ordenamiento jurídico nacional ha dispuesto medios judiciales específicos para la solución de conflictos de ese origen, ya sea, en la jurisdicción laboral ordinaria o en la contencioso administrativa, según el caso; no obstante, la regla general de improcedencia de la tutela para el pago de prestaciones económicas, en razón de la existencia de otros medios de defensa judicial, tiene excepciones que han sido desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. Así, en la Sentencia T-063 de febrero 9 de 2009, M.P. Jaime Araújo Rentería, se lee:
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de subsidiariedad la acción de tutela es improcedente para ordenar el reconocimiento de una pensión. Sin embargo,… el juez de tutela puede ordenar el reconocimiento de dicha prestación económica, si: (i) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección constitucional; y, (iv) cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela determina que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria”.
En desarrollo de dichas excepciones, frente al perjuicio irremediable y la afectación al mínimo vital, cabe anotar que si una persona estaba trabajando y sufre una pérdida de su capacidad laboral superior al 50%, por enfermedad o accidente, sus ingresos se reducirán consecuencialmente, en el entendido de que la actividad laboral dejada de realizar era su medio de subsistencia.
Se presume entonces que “la pensión de invalidez representa para quien ha perdido total o parcialmente la capacidad de trabajar y no puede por sí mismo proveerse de los medios indispensables para su subsistencia, un derecho esencial e irrenunciable”(23). De esta forma, se colige la afectación al mínimo vital, infiriéndose el perjuicio irreparable y la materialización de los criterios jurisprudenciales (i) y (ii), recién citados(24).
Así mismo, es pertinente recordar que la Corte ha catalogado como sujetos de especial protección a las personas en condición de discapacidad, como cuando solicitan una pensión de invalidez(25). En este sentido, en la Sentencia T-144 de marzo 30 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell, se lee:
También se ha resaltado la existencia de factores con los cuales la concesión y pago de la pensión de invalidez adquiere un rango aún más descollante, por su palmaria relación con derechos cardinales como el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna, entre otros, realzándose así su carácter fundamental(26) y permitiéndole al afectado pedir su protección por vía de tutela.
5.1. En reiteradas ocasiones(27), la Corte ha reconocido el carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho, que tienen sus sentencias de constitucionalidad, reconocimiento que si bien, en un principio, no fue tan categórico(28), hoy es irrefutable. Se ha entendido que el precedente constitucional, justificado en los principios de primacía de la Constitución, de igualdad, de confianza legítima y de debido proceso, entre otros, es indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia de los sistemas jurídicos.
Por ello, el artículo 243 superior dispone: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
Esa declaración normativa de cosa juzgada, tiene implicaciones que se resumieron así en la Sentencia C-131 de 1993, ya citada:
— Como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puede juzgar nuevamente por los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza y seguridad jurídica. Sin embargo, a diferencia del resto de los fallos, la cosa juzgada constitucional tiene expreso y directo fundamento constitucional —art. 243, C.P.—.
— Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto de exequibilidad como de inexequibilidad, tienen una característica especial: no pueden ser nuevamente objeto de controversia. Ello porque la Corte debe confrontar de oficio la norma acusada con toda la Constitución, de conformidad con el artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la guarda de la integridad y supremacía de la Carta...
— Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada material a las sentencias de la Corte Constitucional”.
Reafirmando la obligatoriedad de las sentencias de control constitucional, el inciso 1º del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, estatuyó: “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares”.
5.2. Ahora bien, tratándose de las sentencias dictadas por la Corte Constitucional en Sala de Revisión de Tutelas, es claro que dichos fallos tienen efectos inter partes. Empero, también se ha reiterado “que en el caso de las sentencias de tutela la Corte actúa como tribunal de unificación de jurisprudencia(29)”(30).
En la Sentencia T-260 de junio 29 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, esta Corte explicó:
Resaltando la fuerza vinculante de la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, esta corporación en fallo T-292 de abril 6 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, resaltó:
“El fundamento constitucional del carácter vinculante de tales aspectos de la parte motiva de estas providencias, es: i) el respeto a la cosa juzgada constitucional reconocida en el artículo 243 de la Carta, que se proyecta a algunos de los elementos de la argumentación, conforme a las consideraciones previamente indicadas(31). ii) La posición y la misión institucional de esta corporación que conducen a que la interpretación que hace la Corte Constitucional, tenga fuerza de autoridad y carácter vinculante general, en virtud del artículo 241 de la Carta. Igualmente, y en especial respecto de las sentencias de tutela, la Corte resaltó con posterioridad otros fundamentos de la fuerza vinculante de la ratio decidendi, tales como iii) el principio de igualdad, la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de confianza legítima(32).
La razón del valor vinculante de la ratio decidendi en materia de tutela, es como se dijo, asegurar la unidad en la interpretación constitucional en el ordenamiento y un tratamiento en condiciones de igualdad frente a la ley, por parte de las autoridades judiciales, que asegure la seguridad jurídica. Precisamente, sobre el tema ya se había pronunciado también la Sentencia C-104 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la que se comentó que con respecto al acceso a la justicia, el artículo 229 de la Carta debía ser concordado con el artículo 13 de la Constitución, en el entendido de que ‘acceder’ igualitariamente ante los jueces implica, ‘no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse, por parte de los jueces y tribunales ante decisiones similares’.
Por las razones anteriores, puede concluirse que en materia de tutela, —cuyos efectos ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional(33)—, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las autoridades(34). La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la función que cumple la Corte Constitucional en los casos concretos, que no es otra que la de ‘homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos fundamentales’(35) a través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela (C.P., art. 241). En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del tribunal constituye una exigencia inevitable”.
6.1. El principio de progresividad, definido como una carga impuesta al Estado por la Constitución Política y por diferentes instrumentos internacionales, consiste en propender hacia reformas cada vez más incluyentes y que amplíen los niveles de cobertura y calidad de la seguridad social en el país, por lo cual, en virtud de dicho principio, no pueden disminuirse derechos ganados en materia de seguridad social.
Bajo ese tamiz, esta corporación estudió las modificaciones incluidas por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que introdujo en el sistema general de pensiones, entre otros, el requisito de “fidelidad al sistema” para el reconocimiento de pensiones de invalidez (20%), con el fin de promover la cultura de afiliación y desestimular el fraude.
6.2. Del estudio referido surgió el fallo C-428 de julio 1º de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, que declaró la inexequibilidad del requisito de “fidelidad al sistema”, del cual cabe resaltar (no está resaltado en el texto original):
“El establecimiento de una exigencia adicional de fidelidad, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, aparece, prima facie, como una medida regresiva en materia de seguridad social al hacer más riguroso el acceso a la pensión de invalidez. En este caso no hay población beneficiada por la norma como en el requisito de las semanas mínimas de cotización, y no se advierte una conexión entre el fin previsto en la norma —la promoción de la cultura de la afiliación a la seguridad social y el control de los fraudes— con los efectos producidos por la misma… Lo anterior permite apreciar como este requisito de fidelidad no logra desvirtuar la presunción de regresividad… ”
6.3. Como se desprende de lo reseñado, en dicha sentencia se estableció que el requisito de “fidelidad al sistema” constituye una medida regresiva en materia de seguridad social, al disminuir la posibilidad de los afiliados de obtener la prestación, sin justificación jurídica para que se efectuara tal enmienda negativa, lo cual evidenció su contrariedad con la Constitución.
• Efectos erga omnes.
• Obligatorio cumplimiento para todos los fondos administradores de pensiones, públicos y privados, en cualquiera de los dos regímenes.
• Aplicación para todas las solicitudes que se presenten con posterioridad.
•Todos los particulares y las autoridades, incluyendo jueces y magistrados, quedan obligados a aplicar los contenidos materiales de dicha sentencia, en especial la ratio decidendi y la parte resolutiva (inexequibilidad del requisito en estudio).
6.4. Ahora bien, ¿qué sucede con las solicitudes sustentadas en hechos acaecidos con anterioridad a la expedición del fallo? Este interrogante venía siendo absuelto de manera categórica y con fuerza vinculante, mediante sentencias dictadas por Salas de Revisión de Tutelas de esta Corte(36), en las cuales se aplicó excepción de inconstitucionalidad al requisito de “fidelidad al sistema”, precisamente por transgredir el artículo 48 de la Constitución Política colombiana, que consagra el principio de progresividad(37) en la cobertura de la seguridad social.
Entre los múltiples ejemplos que pueden ser citados está la Sentencia T-221 de marzo 23 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, donde esta Corte señaló (no está resaltado en el texto original):
“… se pone de manifiesto, entonces, que la norma puede lesionar en forma significativa a las personas mayores, porque les exige un tiempo más alto de fidelidad al sistema. De esta manera, si bien es cierto que la Corte Constitucional ha sostenido que ‘es claro que no toda regulación más estricta de la forma de satisfacer un derecho social implica per se un retroceso en este campo. Por ejemplo, un incremento en la cotización en seguridad social no es en sí mismo un retroceso pues no disminuye las protecciones ya alcanzadas por la población’(38), en el caso concreto se tiene que la regulación más estricta sí es directamente vulneradora del principio de progresividad toda vez que al tornar más pedregoso el camino para acceder a la pensión de invalidez deja a los grupos discapacitados en estado de abandono, además de repercutir de manera más lesiva respecto de los grupos poblacionales de mayor edad”.
Así, alegar que no se puede predicar inexequibilidad de la imposición de tal “fidelidad” a situaciones configuradas antes del proferimiento de la Sentencia C-428 de julio 1º de 2009, es jurídicamente errado, debido a que el pretendido requisito siempre fue inconstitucional y así lo estimó la Corte Constitucional, al punto de inaplicarlo por ser palmariamente conculcador del principio de progresividad que rige todo el sistema general de seguridad social, por inocular una reforma que disminuían derechos reconocidos(39), sin justificación para ello.
7.3. Tal apreciación condujo a que, en efecto, fueran vulnerados los derechos fundamentales de la actora a la vida digna, la seguridad social, la igualdad y el mínimo vital, como resultado del desconocimiento del referido principio de progresividad, derivando de las razones expuestas ut supra la ilegitimidad de tal actitud, por un artificio al que siguen siendo proclives algunas empresas administradoras de pensiones e incluso estrados judiciales, como está visto en el presente caso, cuando se es remiso a entender lo indiferente que resulta que el hecho generador haya ocurrido con anterioridad a ser dictado el fallo C-428 de julio 1º de 2009, que declaró la inexequibilidad palmar de una disposición que desde siempre fue contraria a la carta política, tanto que venía siendo inaplicada por tan notoria incompatibilidad.
7.4. Por lo anterior, no obstante el carácter excepcionalísimo de la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que hayan puesto fin a un proceso, debe esta Corte proteger inexorables postulados constitucionales(40), que emanan principalmente de la aplicación de los precedentes que operan en materia de la invalidez de requisitos regresivos para obtener una pensión de invalidez, tendiente per se a amparar los derechos a la seguridad social y al mínimo vital.
Ciertamente, la acción de tutela solamente procede “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” (C.P., art. 86), pero como lo ha reiterado ampliamente esta Corte, tal vía tiene que ser apta, expedita y oportuna, lo cual notoriamente no está ocurriendo con el recurso de casación ante la Sala Laboral, trámite que al tener “una duración aproximada de 3 a 5 años… no es idóneo ni eficaz para obtener la protección inmediata”(41) de derechos fundamentales(42).
Ahora bien, respecto del cumplimiento de los requisitos legales para obtener la anhelada prestación, se evidenció en la Resolución 1082 de 2010 expedida por el ISS (fl. 44, cdno. inicial), que “133 semanas fueron cotizadas en los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez” de la peticionaria. Adicional a ello, se prueba con el dictamen de calificación emitido por el referido Instituto (fls. 14 y 15 ib.) que Nelly Parada de Gélvez perdió el 62.3% de su capacidad laboral, siendo indubitable tal situación de discapacidad.
7.6.2. Ante este panorama, se constata que desde abril 9 de 2006, fecha de estructuración de la invalidez, la demandante cumplía los requisitos para acceder a su pensión de invalidez y ha sobrellevado incidencias administrativas y judiciales, que no encajan dentro de lo que es propio de un Estado social de derecho, por lo cual seguirla sometiendo al lento albur de nuevas decisiones administrativas o judiciales, estando acreditado plenamente su derecho, resulta abiertamente desproporcionado.
En su lugar, serán tutelados los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de la demandante y, en consecuencia, se dispondrá dejar sin efectos el fallo dictado en marzo 30 de 2012, por la referida Sala de Descongestión, en el proceso laboral ordinario iniciado por la señora Nelly Parada de Gélvez contra el ISS, cuando le fue negado en segunda instancia el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez.
Así mismo, se ordenará al ISS, hoy Colpensiones, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha efectuado, expida resolución de reconocimiento de la pensión de invalidez de manera definitiva y empiece a pagarla con la periodicidad debida a favor de Nelly Parada de Gélvez, a quien además dentro de igual término le serán cubiertas las mesadas no prescritas.
1. REVOCAR el fallo proferido en noviembre 20 de 2012 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento confirmó el dictado en septiembre 25 del mismo año por la Sala Laboral de esa corporación, negando el amparo pedido en la acción de tutela incoada, mediante apoderado, por la señora Nelly Parada de Gélvez contra la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de la mencionada señora.
2. En consecuencia, se dispone DEJAR SIN EFECTOS la sentencia dictada en marzo 30 de 2012 por la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso laboral ordinario iniciado por la señora Nelly Parada de Gélvez contra el Instituto de los Seguros Sociales, ISS, cuando le fue negado el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez.
3. ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales, ISS, hoy Colpensiones, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha efectuado, expida resolución de reconocimiento de la pensión de invalidez a la señora Nelly Parada de Gélvez, de manera definitiva y empiece a pagarla con la periodicidad debida a su favor, a quien además dentro de igual término le serán cubiertas las mesadas no prescritas.
(1) Que fue resuelto después de la instauración de una acción de tutela, en la cual se concedió a la accionante el derecho de petición.
(2) De nuevo después de una acción de tutela, en la cual se protegió el derecho de petición a la accionante.
(4) También en esta ocasión, el ISS emitió respuesta solo después de ser condenado por vulnerar el derecho fundamental de petición.
(5) Quien manifiesta que el presente caso lo tramita ad honorem, corriendo con todos los gastos que se han generado, lo anterior pues conoce la situación personal y de salud de la señora Nelly Parada de Gélvez, ya que es madre de “quien trabaja de aseadora en el condominio donde tuve mi oficina” (fl. 64, cdno. 2).
(6) Citó las sentencias “42540 y 42423, junio 20 y julio 12 de 2010, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz” (ib.).
(7) Cfr. T-133 de febrero 24 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(8) La Corte Constitucional ha abordado el tema de la tutela contra providencias judiciales en un gran número de pronunciamientos, pudiendo destacarse entre muchas otras las sentencias T-079 y T-173 de 1993; T-231 de 1994; T-492 y T-518 de 1995; T-008 de 1998; T-260 de 1999; T-1072 de 2000; T-1009 y SU-1184 de 2001; SU-132 y SU-159 de 2002; T-481, C-590 y SU-881 de 2005; T-088, T-196, T-332, T-539, T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247, T-364, T-502A, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-402, T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008; T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009; T-679 de 2010; T-030 y T-330 de 2011.
(9) Cfr. sobre este tema, entre muchas otras, las sentencias T-008 de enero 22 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-357 de abril 8 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; y T-952 de noviembre 16 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(10) “Sentencia T-173 de 1993”.
(16) "Sentencia T-522 de 2001”.
(17) “Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001”.
(18) Cfr. T-518 de noviembre 15 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada a su vez en la T-1036 de noviembre 28 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(19) “La seguridad social, para Jambu-Merlin, nace a partir de 1941 de los siguientes factores: a) Una terminología. En 1935 es votada, en Estados Unidos, La Social Security Act. Esta expresión se introdujo rápidamente en los países angloparlantes y después se extendió al mundo entero. b) Un acontecimiento político y militar. La guerra de 1939 a 1945… los gobiernos saben que una de las condiciones de un esfuerzo bélico y un esfuerzo de reconstrucción será la implementación de una sociedad más justa, más segura y de una democracia más social… la Carta del Atlántico del 12 de agosto de 1941, contiene, resultante de la petición de Churchill, un parágrafo sobre la necesidad de extensión de la seguridad social a todos. Lo mismo en la declaración de Filadelfia de la OIT, de 10 de mayo de 1944. c) Una necesidad social… las necesidades más vivas en materia de seguridad y de salud… hacen posible que aparezca una idea completamente ignorada a principio de siglo: la protección social debe extenderse a todos… d) Un documento británico… es, en cierta medida, la conjunción de los tres elementos precedentes, la que conduce al gobierno británico a confiar, en mayo de 1941, a Sir William Beveridge la misión de estudiar la transformación de las instituciones de protección social”. Carrillo Prieto, Ignacio. Introducción al Derecho Mexicano. Derecho de la Seguridad Social. Edit. Universidad Autónoma de México. México, D.F., 1981, pág. 27.
(20) Seguridad social. Un nuevo Consenso. Conferencia Nº 89 de la OIT, compilación de 2002, pág. 1.
(21) ART. 22.—“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
(22) En tal sentido, esta corporación ha dispuesto que “la tutela adquiere el carácter de mecanismo subsidiario frente a los restantes medios de defensa judicial; su objeto no es desplazar los otros mecanismos de protección judicial, ‘sino fungir como último recurso... para lograr la protección de los derechos fundamentales’” (SU-544, mayo 24/2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
(23) T-124 de marzo 29 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(24) Cfr. T-1291 de diciembre 7 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-138 de febrero 17 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.
(25) Cfr. T-442 de abril 30 de 2008, T-271 de abril 13 de 2009 y T-561 de julio 7 de 2010, en las tres, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
(26) Cfr., entre otras, T-1128 de noviembre 3 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1013 de octubre 16 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-442 de 2008, T-271 de 2009 y T-561 de 2010, precitadas.
(27) Cfr. C-131 de abril 1º de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-252 de febrero 28 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-310 de abril 30 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-335 de abril 18 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre muchas otras.
(28) C-113 de marzo 25 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.
(29) “Ver al respecto, por ejemplo, las sentencias T-123 de 1995, T-260 de 1995 y T-175 de 1997”.
(30) T-566 de octubre 7 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(31) Nótese además, que tanto la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia como el inciso 1º del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, reconocen también esta fuerza vinculante. Dicho inciso 1º expresa claramente que son vinculantes los fallos de exequibilidad, tanto para las autoridades como para los particulares.
(32) “Sobre estas consideraciones hará referencia el aparte e) de esta providencia. En todo caso, ver las sentencias T-123 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-260 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández); C-252 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), SU-047 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-698 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras”.
(33) “En el tema de los efectos extendidos de las sentencias de tutela, deben citarse, entre otras, las siguientes providencias: SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas) y T-726 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras. En la Sentencia T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), se sostuvo que en virtud del artículo 241 de la Carta, la Corte Constitucional ejerce cuatro tipos e control constitucional: a) El control abstracto de normas contenidas en actos legislativos, leyes, decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, proyectos de ley y tratados (C.P., art. 21, nums. 1º, 4º, 5º, 7º, 8º y 10). b) El control por vía de revisión de las sentencias de tutela y que comprende el control constitucional de providencias judiciales; c) ‘el control por vía excepcional en el curso de un proceso concreto mediante la aplicación preferente de la Constitución (C.P., art. 4º)’ y d) el control de los mecanismos de participación ciudadana en sus diversas manifestaciones (C.P., art. 241, Nº 2 y 3). Señaló la sentencia que se cita, que ‘los efectos son erga omnes y pro-futuro cuando controla normas en abstracto; son inter partes cuando decide sobre una tutela; son inter partes cuando aplica de manera preferente la Constitución en el curso de un proceso concreto; y son erga omnes cuando controla el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, no siempre el efecto de las providencias de la Corte han de ser los anteriormente señalados’ (resaltado fuera del original). De hecho en el Auto 071 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda) se dijo que cuando la Corte aplica la excepción de inconstitucionalidad y fija los efectos de sus providencias estos pueden extenderse respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares. Finalmente debe considerarse la Sentencia SU-1023 de 2001, que estableció que en circunstancias muy especiales, con el fin de no discriminar entre tutelantes y no tutelantes que han visto violados sus derechos fundamentales, los efectos de la acción de tutela pueden extenderse inter comunis es decir, extenderse a una comunidad determinada por unas características específicas. En las sentencias SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-493 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda) igualmente, se estableció que los efectos de la sentencia de unificación serían inter comunis para madres cabeza de familia desvinculadas de Telecom”.
(34) “Ver, además, Sentencia T-1625 de 2000, M.P. Martha Sáchica Méndez”.
(35) “SU-640 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.
(36) Cfr. T-974 de septiembre 23 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-1291 de diciembre 7º de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-221 de marzo 23 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-043 de febrero 1º de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 de julio 30 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-628 de agosto 15 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-699 A de septiembre 6º de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1048 de diciembre 5 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-069 de enero 31 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-103 de febrero 8 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-104 de febrero 8 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-590 de junio 19 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-1040 de octubre 23 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-1036 de 23 de octubre de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
(37) Cfr. T-287 de marzo 28 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: “Por lo tanto, mientras no haya un pronunciamiento del pleno de esta Corte sobre la exequibilidad del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en sede de tutela el juez podrá inaplicar dicho artículo y ordenar que se aplique la norma anterior más favorable de la Ley 100 de 1993 (art. 39), cuando se constaten circunstancias de especial vulnerabilidad”.
(38) C-038 de enero 27 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(39) Cfr., entre otras, T-950 de noviembre 25 y T-989 de diciembre 2, ambas de 2010 y M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-609 de septiembre 2 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(40) Cfr. arts. 1º, 13, 48 y 53 Const., entre otros.
(41) T-714 de septiembre 22 de 2011.
(42) Tanto es así, que se ha proyectado que a la Sala de Casación Laboral le sea adscrita “una sala transitoria de descongestión, por ocho años”, compuesta por seis nuevos magistrados (tomado de ambitojuridico.com, Legis, abr. 8/2013).

References: artículo 32
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 artículo 40
 artículo 185
 artículo 9
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 48
 artículo 10
 artículo 86
 artículo 243
 artículo 241
 artículo 21
 artículo 243
 artículo 241
 artículo 229
 artículo 13
 artículo 1
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