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Timestamp: 2018-09-21 10:31:37+00:00

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﻿ Sentencia 38101 de febrero 19 de 2014
SENTENCIA 38101 DE 19 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:ACCIDENTE DE TRABAJO. EQUIPARACIÓN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN QUE POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES RECIBIÓ UN TRABAJADOR, CON EL QUE EVENTUALMENTE PUDIERON HABER PERCIBIDO SU CÓNYUGE Y SUS HIJAS, DE HABERSE ELEVADO ESE TIPO DE PRETENSIÓN. DEFICIENCIA EN ASESORÍA LEGAL RESPECTO DEL DERECHO QUE LE ASISTÍA A SUS FAMILIARES, PARA RECLAMAR LOS PERJUICIOS MORALES DERIVADOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO QUE SUFRIÓ. PARA EL TRIBUNAL, “LAS CONDENAS SON INTUITU PERSONAE, EN RELACIÓN CON CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES Y EN RELACIÓN CON PERSONAS QUE FUERON PARTE EN EL PROCESO Y NO RESPECTO DE TERCEROS”, POSICIÓN QUE COMPARTE LA CORTE SUPREMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, PERJUICIOS, PERJUICIOS AL TRABAJADOR, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, RECLAMACIÓN DE PERJUICIOS, CONDENA LABORAL, PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Sentencia 38101 de febrero 19 de 2014
Rad.: 38101
SL1894-2014
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado del señor ALBERTO LOSADA SILVA contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 9 de abril de 2008, dentro del proceso ordinario laboral en el que actúa como demandado y demandante en reconvención del Doctor JESÚS ANTONIO VIEDA QUINTERO.
Para los fines que interesan al recurso de casación, conviene destacar que el Doctor Jesús Antonio Vieda Quintero promovió un proceso ordinario laboral en contra del señor Alberto Losada Silva, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los honorarios profesionales causados por la gestión profesional que desplegó en el interior de un proceso ordinario, encaminado a obtener la reparación integral de los perjuicios derivados de un accidente de trabajo.
Para fundamentar sus súplicas, manifestó que el señor Alberto Losada Silva le había conferido poder para adelantar un proceso ordinario laboral en contra de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., tendiente a obtener la indemnización plena de perjuicios derivada de un accidente de trabajo; que adelantó la reclamación administrativa y, posteriormente, presentó la demanda ordinaria, a la vez que asistió a todas las diligencias y cumplió sus deberes con responsabilidad, salvo la presentación de un recurso extraordinario de casación que le fue confiada a otro apoderado; que a través de su gestión logró que se le diera prosperidad a las pretensiones de la demanda; y que había acordado el pago del 20% del total de las sumas obtenidas, a título de honorarios profesionales, pero tan solo obtuvo el pago de $ 10.000.000.
El señor Alberto Losada Silva se opuso a la prosperidad de las súplicas planteadas en la demanda y aceptó como ciertos los hechos relacionados con el otorgamiento del poder y el inicio del proceso ordinario, pero alegó que la gestión del demandante no había sido completa y diligente, pues había dejado de reclamar derechos ciertos, causados a favor de su cónyuge y de sus descendientes. Propuso las excepciones de enriquecimiento sin causa, incumplimiento del contrato y transacción.
Paralelamente, formuló demanda de reconvención en contra del Doctor Jesús Antonio Vieda Quintero, en la que pidió que se declarara un incumplimiento del contrato de prestación de servicios y se ordenara el pago a su favor de los perjuicios económicos generados como consecuencia, que estimó en la suma de $ 100.000.000. Para tales fines, relató que el demandado en reconvención no lo había asesorado suficientemente respecto del derecho que le asistía a su cónyuge y a sus hijos, para reclamar los perjuicios morales derivados del accidente de trabajo que sufrió y que, por dicha deficiencia profesional, tales acreencias habían prescrito, de manera que había sufrido un grave perjuicio económico.
La demanda de reconvención no fue contestada por el demandado.
Tramitada la primera instancia, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva profirió fallo el 2 de mayo de 2007, por medio del cual declaró probado el contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes y condenó al señor Alberto Losada Silva a pagar al Doctor Jesús Antonio Vieda Quintero la suma de $ 10.000.000, por concepto de honorarios profesionales. Denegó, por otra parte, las pretensiones de la demanda de reconvención.
Luego de analizar el recurso de apelación interpuesto por el demandado y demandante en reconvención, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, a través de la sentencia del 18 de abril de 2008, confirmó en todas sus partes la sentencia emitida en la primera instancia.
En primer lugar, el Tribunal puso de presente que no existía discusión alguna en torno a que las partes habían celebrado un contrato de prestación de servicios, con el fin de promover una demanda ordinaria laboral en contra de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., y que el abogado demandante había cumplido con su gestión profesional, de manera que debía honrarse el pacto de honorarios oportunamente suscrito.
Advirtió, no obstante, que las partes habían transigido el valor de los honorarios en la suma de $ 20.000.000, a través de un documento en el que había quedado sentado el pago de $ 10.000.000 y un saldo por igual valor, de manera tal que se había producido una novación de la obligación, en los términos previstos en el artículo 2469 del Código Civil. Por lo mismo, consideró acertada la decisión del juzgador de primer grado, de condenar al demandado al pago de $ 10.000.000, a título de remanente del valor total de los honorarios, en la forma en que habían sido consentidos por las partes.
En torno a la demanda de reconvención, en primer término, indicó que “…con la prueba documental adjunta se logra establecer que el demandante actuó en cumplimiento de la gestión encomendada por el demandado para que lo representara en el proceso ordinario laboral que adelantó en contra de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., en el proceso ordinario laboral para el que fue contratado.” Luego de ello, destacó que en este caso resultaba claro que el demandante “…realizó la gestión encomendada atendiendo los procedimientos legales establecidos para la clase de litigios que adelantó, de tal suerte que si con su gestión, ajustada a los términos legales, no alcanzó las pretensiones de la demanda que propuso, no puede afirmarse que en sí mismo haya causado perjuicio alguno al demandante.”
Advirtió también que no era viable realizar una equiparación del valor de la indemnización que por concepto de perjuicios morales recibió el señor Alberto Losada Silva, con el que eventualmente pudieron haber percibido su cónyuge y sus hijas, de haberse elevado ese tipo de pretensión, puesto que “… las condenas son intuitu personae, en relación con circunstancias particulares y en relación con personas que fueron parte en el proceso y no respecto de terceros, calidad que tienen la cónyuge e hijas del demandante en reconvención en este litigio, razón suficiente para no efectuar condena alguna por perjuicios a cargo del demandado en reconvención y de esta forma, confirmar la decisión de primera instancia en este sentido.”
Precisó, finalmente, que “si el recurrente considera que el demandante incurrió en alguna conducta susceptible de sanción deberá acudir a la jurisdicción competente para que así lo declare y le imponga la condena a que haya lugar, pero esta no es la instancia ni la jurisdicción para decidir los señalamientos que hace el apoderado recurrente al demandado en reconvención.”
Fue interpuesto y sustentado por el apoderado de la parte demandada y demandante en reconvención, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Pretende el recurrente la casación de la sentencia recurrida “…en cuanto al confirmar la decisión de primer grado mantuvo la existencia de un contrato de prestación de servicios dándole plena vigencia para que en su lugar y sede de instancia se determine la CAUSACIÓN DE LOS PERJUICIOS demandados por mi patrocinado ALBERTO LOZADA SILVA y como consecuencia, si es el caso se disponga igualmente la compensación de las sumas recíprocamente debidas.”
Con tal intención formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicado y que pasa a ser estudiado por la Corte.
Acusa al Tribunal de haber incurrido en una violación, por la vía directa, “… por falta de aplicación de los artículos 1624, 2341, 1546, 1609, 1714, 1757 del Código Civil; artículos 37, 77 numeral 6, 177 y 396 del Código de Procedimiento Civil; artículos 30, 61, 72 y 75 del Código Procesal del Trabajo; y artículo 453 del Código Penal”.
En la demostración del cargo, el censor comienza por rememorar que el señor Alberto Losada Silva había recibido la asesoría del Doctor Jesús Antonio Vieda Quintero, a fin de adelantar las diligencias necesarias para obtener el resarcimiento pleno de los perjuicios derivados del accidente de trabajo que sufrió, y que, debido a su “escasa formación intelectual”, debía entenderse que no participó en la redacción de los poderes, ni del contrato de prestación de servicios. Por ello, añade, el Tribunal desconoció las normas que prevén el equilibrio contractual – artículos 1546 y 1609 del Código Civil –, ya que la decisión fue notoriamente injusta, así como la regla de interpretación de los contratos “…en contra de quien los redactó.”
Afirma también que el Tribunal quebrantó los artículos 72 y 75 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las normas de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral y los artículos 1546, 1602 y 1609 del Código Civil, al decidir que no podía conocer del asunto, pues en la demanda de reconvención se atacó el incumplimiento del contrato de prestación de servicios que fue fundamento de la demanda principal, a la vez que se solicitó la reparación integral de los perjuicios que le fueron ocasionados al señor Alberto Losada Silva. Indica, en ese sentido, que a pesar de que un contrato puede ser cuestionado disciplinaria y penalmente, nada impide que se reclame el resarcimiento pleno de los daños ocasionados por su incumplimiento.
Argumenta, por otra parte, que aunque la gestión del abogado es de medio y no de resultado, en materia de representación judicial se debe contar con el “sistema de riesgo” y, por ello, cuando se pacta el reconocimiento de “Cuota Litis”, el pago de honorarios depende del éxito del proceso. Asimismo que, afirmar que basta con realizar alguna diligencia judicial para que se cause alguna contraprestación, implica desconocer en forma palmaria el artículo 2341 del Código Civil, que establece que “…quien ha inferido daño a otro por delito o culpa debe resarcir los perjuicios que cause.”
Estima que, por ello, en este caso era plenamente aplicable el artículo 1714 del Código Civil, también transgredido por el Tribunal, pues si se hubieran analizado en forma correcta las pretensiones de la demanda de reconvención, se habría arribado a la conclusión de que las partes eran deudoras una de la otra. Para tal efecto, explica que el señor Alberto Losada Silva obtuvo el reconocimiento de $ 100.000.000, como compensación de los perjuicios morales que sufrió, por lo que era dable entender que dicha suma también le hubiera sido otorgada a su cónyuge, pues padeció en iguales condiciones las consecuencias de la incapacidad sexual que se derivó de su accidente de trabajo.
En ese orden, recalca que la asesoría profesional del abogado fue incompleta, “…por desconocimiento y carencia de investigación”, pues no se refirió a los perjuicios morales que podían ser reconocidos a su cónyuge e hijos. Tampoco explicó, dice, las razones por las cuales no procedía el pago de esa indemnización, y que, de cualquier manera, tales tópicos no podían ser digeridos correctamente por el demandante en reconvención “...porque intelectualmente no estaba a su alcance.”
Reproduce el texto del artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y aduce que los documentos presentados por el Doctor Jesús Antonio Vieda Quintero constituían título ejecutivo, de manera que no había justificación alguna para que hubiera presentado la demanda ordinaria, en forma engañosa y contraria a la buena fe y lealtad profesional. Subraya, asimismo, que dicho profesional había ocultado documentos, con la finalidad de cobrar unos honorarios superiores a los pactados con su contraparte.
Sostiene que el Tribunal ignoró los efectos de la falta de contestación de la demanda de reconvención, que aunque no se traduce en una aceptación de los hechos en ella planteados, sí debe ser tenida en cuenta como una conducta procesal negativa. Agrega que también fue infringido el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, pues al Doctor Jesús Antonio Vieda Quintero le asistía la carga de demostrar que había asesorado en forma adecuada y suficiente a su cliente, lo que incluía la elaboración de poderes de la cónyuge y de los hijos del trabajador accidentado, pues ese hecho dependía de su oportuna diligencia, en la medida en que “…era la única persona con capacidad intelectual para su redacción y aceptación.”. Remata esta reflexión con la anotación de que los interesados no hubieran renunciado a sus derechos, si hubieran sido debidamente orientados.
Aduce, por último, que el Tribunal también vulneró los artículos 357 y 453 del Código Penal, de acuerdo con los cuales le corresponde al juez prevenir, remediar y sancionar todos los actos contrarios a la dignidad de la justicia, pues en este caso el Doctor Jesús Antonio Vieda Quintero, a través de la demanda principal, pretendió lucrarse indebidamente y ocultar el verdadero pacto de honorarios suscrito, de manera totalmente contraria a la buena fe y a la rectitud profesional. Determina entonces que la sentencia recurrida debe ser casada y, en instancia, se deben seguir los dictámenes que valoraron el perjuicio sufrido por el demandante en reconvención, por la deficiente asesoría que recibió.
El Doctor Jesús Antonio Vieda Quintero expone que oportunamente realizó las diligencias para las cuales había sido contratado por el señor Alberto Losada Silva, de acuerdo con los desarrollos jurisprudenciales sobre el tema de la “culpa contractual” en accidentes de trabajo, de manera que nunca se sustrajo del cumplimiento de los deberes legales que tenía como apoderado. Explica también que con anterioridad había iniciado un proceso ejecutivo, rechazado por el juez competente, y que en el interior del proceso ordinario nunca se había alegado el hecho de que el trámite hubiera sido indebidamente adelantado. Por último, recalca que no puede hacerse una equiparación entre el valor de los perjuicios del trabajador y los de sus familiares, además de que en el proceso hay ausencia total de legitimación en la causa por activa, pues la cónyuge y las hijas del demandante en reconvención son capaces para hacer valer sus derechos por sí mismas.
Aunque el alcance de la impugnación no es lo suficientemente claro, la Corte debe entender que las pretensiones del recurso están enfocadas en lograr la casación de la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, se le otorgue prosperidad a las pretensiones de la demanda de reconvención. Dicha conclusión se deriva de los argumentos que sostienen el cargo, en los que se acepta tácitamente la condena al pago de $ 10.000.000, derivados de la demanda principal, pero se intenta compensarlos con los perjuicios que se solicitaron en reconvención, así como de las peticiones del recurso de apelación, que se circunscribieron también, con exclusividad, al éxito las pretensiones de la demanda de reconvención (fl. 259).
En lo que tiene que ver con la estructura del cargo, el censor incurre en una serie de impropiedades técnicas al mezclar argumentos jurídicos y fácticos, en una extensa disertación en la que aborda varias temáticas inconexas, similar a un alegato de instancia, ajeno a la naturaleza y los propósitos del recurso extraordinario de casación. Así, por ejemplo, acude a reflexiones jurídicas relacionadas con las máximas de interpretación de los contratos, los principios de equilibrio contractual y la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, entre otros, así como a juicios eminentemente fácticos, relacionados con la forma concreta en que se materializó la asesoría y la gestión profesional del demandado en reconvención, los perjuicios presuntamente causados al demandante y la forma en la que debían ser resarcidos.
A lo anterior se debe agregar que en el recurso no se controvierten las verdaderas razones de la decisión del Tribunal que, en esa medida, conserva su presunción de acierto y legalidad. En efecto, en últimas, dicha Corporación estableció que los perjuicios reclamados en la demanda de reconvención no habían sido lo suficientemente demostrados en su causación, por cuanto “…el demandante actuó en cumplimiento de la gestión encomendada por el demandado para que lo representara en el proceso ordinario laboral que adelantó en contra de Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., en el proceso ordinario laboral para el que fue contratado.” Además de que, “… el demandante realizó la gestión encomendada atendiendo los procedimientos legales establecidos para la clase de litigios que adelantó…” También dedujo que el monto de los perjuicios no había sido correctamente estimado, porque no podía hacerse una asimilación arbitraria de los daños presuntamente ocasionados a la cónyuge y a las hijas, con los que fueron demostrados y tasados en el proceso ordinario a favor del trabajador.
Esto es, se repite, el Tribunal no encontró acreditada la causación ni el monto de los perjuicios reclamados, porque el Doctor Jesús Antonio Vieda Quintero: i) había cumplido la gestión profesional para la que había sido contratado; ii) lo había hecho de acuerdo con los parámetros legales establecidos para esos efectos; iii) como consecuencia, no podía afirmarse que “…en sí mismo haya causado perjuicio alguno...”; iii) y el monto de los supuestos perjuicios ocasionados a cónyuge e hijas no podía ser igual al que se había calculado en favor del trabajador.
Tales raciocinios, a no dudarlo, son de estirpe netamente fáctica y, por lo mismo, no pueden ser evaluados por la Corte, teniendo en cuenta la vía por la cual se encaminó la acusación. En efecto, determinar los elementos de la culpa contractual que se reclamó en la demanda de reconvención y, tras ello, desvirtuar las conclusiones de la sentencia gravada, implica un análisis completo de las pruebas del proceso y, en especial, del contrato de prestación de servicios, en aras de determinar cuál fue la labor que, en estricto sentido, le fue encomendada al profesional del derecho y si la misma fue cumplida en debida forma.
Ahora bien, esas mismas premisas fácticas, que, como ya se dijo, conservan su validez, conllevan a determinar que el Tribunal no infringió, por ignorancia o por rebeldía, las normas incluidas dentro de la proposición jurídica, que establecen la condición resolutoria tácita y la posibilidad de reclamar perjuicios por el incumplimiento de un contrato, ni tampoco las que se refieren a las máximas de interpretación de los contratos o la posibilidad de compensar acreencias recíprocas, pues, como ya se dijo, ante la falta de demostración de un perjuicio y de su monto, no habría encontrado mérito para su aplicación.
En gracia de discusión, la Corte debe subrayar que en el contrato de prestación de servicios que fue allegado ante la Corte (fls. 1 y 2), ciertamente no se incluye alguna obligación de reclamar los perjuicios irrogados a la cónyuge e hijos del demandante en reconvención, que hubiera sido incumplida de manera negligente y que hubiera dado lugar al pago de algún tipo de indemnización.
De igual forma, como lo reclama la réplica y lo manifestó el Tribunal, lo cierto es que el demandante en reconvención carece totalmente de legitimación para reclamar, por su propia cuenta, unos perjuicios que presuntamente fueron irrogados a terceras personas, como son, en este caso, su cónyuge y sus hijos. Esto es que, si se dejaron de reclamar derechos ciertos causados a favor de la cónyuge y los hijos del señor Alberto Losada Silva, eran los titulares de esos derechos los autorizados para reclamar cualquier tipo de indemnización por los perjuicios derivados de alguna asesoría profesional deficiente.
Vale la pena advertir también que, contrario a lo que afirma la censura, el Tribunal nunca negó que tenía la competencia para evaluar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios o los daños que se pudieron haber ocasionado, pues lo que en estricto sentido concluyó es que el conocimiento de “…alguna conducta susceptible de sanción…” del abogado demandado en reconvención, debía ser conocida por la jurisdicción competente, que, ciertamente, no es la del juez laboral en el ámbito del proceso ordinario. Finalmente, tampoco le competía al Tribunal evaluar la comisión de alguna conducta punible, como se reclama inadecuadamente en el cargo.
Así las cosas, la acusación es infundada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 9 de abril de 2008 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el Doctor JESÚS ANTONIO VIEDA QUINTERO contra el señor ALBERTO LOSADA SILVA.

References: artículo 2469
 artículo 453
 artículo 2341
 artículo 1714
 artículo 100
 artículo 177