Source: http://fmuraro.tripod.com/chubut.htm
Timestamp: 2017-07-22 12:43:54+00:00

Document:
Situación carcelaria Chubut
Polémica en Chubut por un hábeas corpus colectivo<
La Cámara del Crimen de Comodoro Rivadavia hizo lugar al pedido de un grupo de defensores oficiales de esa provincia y ordenó la liberación de 13 presos por las malas condiciones carcelarias. El gobernador Das Neves aprovechó para criticar a los jueces. Lo resolvió la Cámara del Crimen de Comodoro Rivadavia en autos “Ministerio de la Defensa Pública s/ Incidente de Hábeas Corpus Correctivo” a raíz del hábeas corpus presentado por los defensores oficiales Sergio María Oribones, Iris Amalia Moreira y Eduardo Marcelo Cerdá en protesta por las condiciones de hacinamiento en los lugares de detención de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia. El tribunal ordenó la liberación de 13 presos alojados en las alcaidías de esa ciudad (con sentencia firme o en apelación) y que se aplique para ellos el sistema de proceso de libertad asistida, por entender, al igual que los solicitantes, que de esta manera se mejorarán las condiciones de detención del resto de los detenidos.
El motivo de la presentación fue el “hacinamiento y superpoblación en los centros de detención”, una situación que se repite –lamentablemente- en varias provincias. El panorama se agrava en Chubut porque <b>no existen cárceles provinciales</b> y los detenidos con sentencia firme ocupan las unidades penales federales. Aunque, muchas veces, el exceso de presos hace que muchos de ellos cumplan sus condenas en las comisarías de Comodoro, mezclados con presos comunes.
Sin embargo, el gobernador chubutense Mario Das Neves aseguró que los jueces “están confrontando con la sociedad en forma muy riesgosa”. “El juez que no tenga capacidad, que renuncie, porque necesitamos gente idónea para colaborar fuertemente con la tareas de prevención y de seguridad que lleva adelante el gobierno de la provincia”, añadió.
Además, el gobernador sostuvo que <b>los “magistrados que chicanean crean incertidumbre en la población”</b>. No es la primera vez que Das Neves aprovecha un caso particular para “pegarle” a los jueces, aunque en esta ocasión se encargó el mismo de aclarar que “está demostrado que este gobernador no confronta con la Justicia”.
En la resolución, el tribunal aclaró que el decisorio se circunscribe a los privados de libertad que se encuentran a disposición de ese Cuerpo, “sin perjuicio de remitir copia de la presentación que motiva estas actuaciones a los Jueces de Instrucción y Penal y Contravencional de esta ciudad, a los fines que estimen corresponder, en orden a aquellas personas alojadas en los lugares de detención por resolución de los mismos”.
Además, recordando las palabras de la Corte Suprema en el caso “Verbitsky, Horacio s/Hábeas” contra la provincia de Buenos Aires, el tribunal justificó la utilización del hábeas corpus colectivo. “Pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla”, dijeron los jueces.
Respecto a las condiciones de detención, los jueces recordaron el contenido del artículo 51 de la Constitución Provincial y subrayaron el aumento “de tinte geométrico” de la población carcelaria, y la ausencia de inversión pública “a fin de ampliar la capacidad de los lugares que históricamente han albergado a los privados de libertad, y a efecto de la creación de otros establecimientos para tal cometido”.
“La nuda afirmación de que la superpoblación es admisible en razón de que está permitida para casos de excepción, conforma una mera petición de principios inválida para demostrar la verdad de la conclusión. Es que las excepciones sólo pueden ser atendibles si están restringidas temporal, espacial y materialmente y si, y sólo si, existe una posibilidad de contralor acerca de la presencia del supuesto condicionante”, dijo el tribunal.
A su vez, el tribunal sostuvo que “el Estado no ha encarado las obras necesarias”. “Con excepción de las obras encaradas en la Seccional Segunda de Policía, los restantes sitios donde se hallan alojados detenidos se encuentran en idéntica condición que en los últimos años, con el deterioro derivado del transcurso del tiempo y de su utilización sobrepasando los límites objetivos de su capacidad de albergar detenidos”, explicaron los integrantes de la Cámara del Crimen de Comodoro Rivadavia.
En la resolución, la cámara intimó al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Norberto Yahuar, “a arbitrar los medios necesarios para la modificación del convenio oportunamente suscripto con el Servicio Penitenciario Federal, tendiente a incrementar el cupo de plazas para condenados en esta circunscripción judicial”. Y que deberá garantizar “para el término de dos meses de comunicada la presente, se concluya íntegramente la refacción del pabellón de menores de la Alcaidía policial local, poniéndolo en condiciones para su inmediato uso”. El fallo completo
///modoro Rivadavia, de marzo de 2006.
El presente Expediente Nº 10/06, caratulado: “Ministerio de la Defensa Pública s/ Incidente de Hábeas Corpus Correctivo”, el que se encuentra para resolver la acción impetrada por el Ministerio de Pobres Ausentes, Menores e Incapaces, en favor de las personas alojadas en los lugares de detención de esta ciudad, y;
I.- Que a fs. 1/21 se presentan los Dres. Sergio María Oribones, Iris Amalia Moreira y Eduardo Marcelo Cerdá, Defensores Públicos, como miembros de la Oficina de Asistencia al Detenido y Condenado del Ministerio referido en el exordio, deduciendo acción de Hábeas Corpus correctivo a favor de las personas alojadas en los lugares de detención de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia. El planteo consiste básicamente en requerir a este Tribunal el cese de la apremiante situación de superpoblación y consecuente hacinamiento existente en tales sitios, que derivan en la vulneración de los derechos humanos básicos de las personas mencionadas, ordenando la libertad de un número de ellas suficiente a efecto de restituir al estado de legalidad las condiciones de detención de los que permanezcan alojados. Igualmente solicitan se intime al Ministro de Gobierno de la Provincia del Chubut a crear establecimientos de detención adecuados, que respeten las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos elaboradas en el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, Ginebra 1955, aprobadas por las Resoluciones del Consejo Económico y Social nros. 663/57 y 2076/97. Citan normativa internacional, constitucional y legal tanto nacional como local y pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo y a fs. 26/29, los peticionantes promueven la formación de un incidente en atención a la alimentación de las personas alojadas en la Seccional ubicada en el Barrio General Mosconi de esta ciudad, solicitud a la que a fs. 31 se le da trámite en concepto de ampliación de la acción principal deducida, dirigida al aspecto puntual indicado, como parte del fenómeno general que se pone de manifiesto, por lo que también formará parte de los alcances de este auto.
II.- En primer término corresponde tratar el tema de la procedencia de la acción incoada. La Ley nacional 23.098 (Hábeas Corpus), a la que la Provincia del Chubut adhiere en virtud de la Ley 3.457, establece en su art. 3, inc. 2do., que una de las hipótesis del instituto resulta el agravamiento de las condiciones de detención, de allí su denominación de “correctivo”. En igual sentido el art. 43, último párrafo, de la Constitución Nacional, y el art. 55 de la Constitución Provincial lo preveen, habilitando la Carta Magna Provincial la interposición de la acción ante el Juez más inmediato, sin distinción de fueros ni de instancias.
Ahora bien, sin perjuicio que este Tribunal resulta indudablemente el indicado a fin de analizar la cuestión planteada en lo que hace a las personas privadas de libertad que se hallan a su disposición, en estado de detención preventiva ya sea a la espera de la realización del Juicio Oral pertinente, o en idéntico estado pero con dictado de sentencia condenatoria a pena de cumplimiento efectivo aún no firme; o de quienes se encuentran cumpliendo pena privativa de libertad impuesta por este Cuerpo, la normativa constitucional estadual mencionada ha sido interpretada por el Superior Tribunal de Justicia en autos “Zaleski, César s/ Hábeas Corpus” Expte. nro. 18234-Z-2001, en el sentido que no obstante que el mentado instituto apunta a garantizar el acceso a la justicia en condiciones de efectividad que atiendan a la gravedad de la situaciones que pretende tutelar, ello no elimina ni la división de especialidades de la Judicatura, ni extingue las instancias establecidas, señalando los supuestos de disfuncionalidad que se podrían producir en caso de atenerse al alcance “gramatical” de la cláusula constitucional referida, dentro de los que se computan el prejuzgamiento, el agotamiento prematuro de instancias de replanteo de decisiones, vías recursivas, etc., que redundarían en perjuicio de quienes acuden al amparo judicial.
Por ende, el contenido de esta resolución se circunscribirá a los privados de libertad que se encuentran a disposición de este Cuerpo, sin perjuicio de remitir copia de la presentación que motiva estas actuaciones a los Sres. Jueces de Instrucción y Penal y Contravencional de esta ciudad, a los fines que estimen corresponder, en orden a aquellas personas alojadas en los lugares de detención por resolución de los mismos.
Lo que sí la acción interpuesta justifica, tanto por los motivos que la impulsan como por la finalidad del instituto -el acceso a la justicia en busca de soluciones excepcionales y rápidas para problemas también excepcionales y acuciantes que confrontan manifiestamente con garantías constitucionales y aquejan a un determinado número de personas- es su promoción con carácter “colectivo”, resultando un recaudo formal inadmisible en este tipo de procesos el cuestionamiento de la legitimación de los presentantes respecto de cada uno de los eventuales beneficiarios de la petición. A mayor abundamiento, recordemos que el art. 28 de la Ley Provincial N° 4.920 establece que la Oficina de Asistencia al Detenido y al Condenado -órgano auxiliar del Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces supervisado operativamente por el Defensor Jefe de la Circunscripción (arts. 12, 2do. párrado , inc. 2° y 25, inc. 3° de la ley citada)- tiene como cometido “velar por las condiciones de salubridad e higiene en los centros de detención y el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad”; ocupándose de “dar ayudar humanitaria y consejo legal, realizando las gestiones y trámites pertinentes”; y el art. 196, 2do. párrafo de la Constitución Provincial preceptúa que el Defensor general de la Provincia, tiene a su cargo -entre otras funciones- “la defensa de los intereses de los...presos y condenados en los casos y bajo los recaudos de las leyes y las otras funciones que éstas establecen...”, y que tiene la “superintendencia” del Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces. Sobre la procedencia del Hábeas Corpus Colectivo, en casos similares al que nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretando el artículo 43 de la Constitución Nacional, ha sostenido: “Que es menester introducirnos en la cuestión mediante el estudio de la cláusula constitucional en crisis, a fin de especificar el alcance de lo allí dispuesto, esto es, si sólo se le reconoce al amparo strictu sensu la aptitud procesal suficiente para obtener una protección judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva, o si, por el contrario, se admite la posibilidad de hacerlo mediante la acción promovida en el sub judice (hábeas corpus). Que pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla. Que debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad (Fallos: 312:2192, disidencia del juez Petracchi; 320:875, entre otros)” -CSJN, “Verbitsky, Horacio s/ Habeas Corpus”, voto de la mayoría de la Corte, considerandos 15, 16 y 17. En el mismo sentido, disidencia parcial del juez Fayt, considerandos 14, 15 y 16, y disidencia parcial de la jueza Argibay, primer párrafo, que adhiere -entre otros- a los considerandos 15, 16 y 17 de la mayoría-, citado en la nota a fallo titulada: “El caso ‘Verbitsky’: ¿Nuevos rumbos en el control judicial de la actividad de los poderes políticos?” de Christian Courtis, Publicado en Nueva Doctrina Penal 2005/B, págs. 546 y 547; agregando el autor en la nota n° 21, que: “ ... el problema de la analogía entre amparo colectivo y hábeas corpus en materia de legitimación es menor, porque la legitimación para interponer el hábeas corpus en el régimen constitucional y legal vigente tanto a nivel federal como provincial es más amplia que la legitimación para el amparo colectivo: cualquiera puede interponer un hábeas corpus a favor de un detenido. Cfr. Cn, art. 43, último párrafo: ‘ ... la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor’; Ley 23.098, art. 5: ‘La denuncia de hábeas corpus podrá ser interpuesta por la persona que afirme encontrarse en las condiciones previstas por los artículos 3 y 4 o por cualquier otra en su favor’ ... ”. En el orden provincial, rige el ya citado artículo 55 de la Constitución Provincial, primer párrafo: “Toda persona por sí o por otra, que no necesita acreditar mandato, pueda ocurrir al juez ... ”; y segundo párrafo: “Puede también ejercerse esta acción en caso de una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad ... ”.
III.- Se torna indispensable, como antesala del análisis del tema traído a decisión, la precisión de ciertos estándares para conocer, en cada caso, las circunstancias fácticas relevantes para su adecuada subsunción y hacer posible un pronunciamiento jurisdiccional acerca de la infracción de un deber jurídico y la consecuente determinación de su sanción. En tal dirección, no cabe duda que el fenómeno de la superpoblación carcelaria -entendido como el alojamiento en un establecimiento carcelario de más cantidad de personas de las que es posible albergar sin reducir las condiciones mínimas que deben reunir-, se relaciona directamente con la garantía de los internos a recibir un trato digno y condiciones carcelarias adecuadas. Y ello es así toda vez que una vez establecidos los cupos de los distintos establecimientos de acuerdo a los estándares aceptados como condiciones mínimas, el alojamiento de mayor cantidad de internos significará siempre una agravación de las condiciones de encierro admitida por el Estado en la estadística penitenciaria. En tal sentido, el artículo 59 de la Ley N° 24.660 establece que “El número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento ... ”. Y es que siempre resulta posible determinar un límite a la capacidad de un establecimiento que no puede superarse sin dejar de observar alguna o varias de aquellas razones que condujeron a su determinación anterior al momento de sobre-alojamiento. Ello es así pues, en la determinación del valor que se estipula en cada caso, son atendidas diversas razones que van desde la seguridad de los internos y del personal penitenciario, o su higiene o intimidad, hasta cuestiones presupuestarias y, sencillamente, si un número de cupos fue fijado en orden a preservar esos intereses es imposible que su trasgresión pueda verificarse sin que, en principio, también se presente una lesión concurrente de aquellos bienes.
La nuda afirmación de que la superpoblación es admisible en razón de que está permitida para casos de excepción, conforma una mera petición de principios inválida para demostrar la verdad de la conclusión. Es que las excepciones sólo pueden ser atendibles si están restringidas temporal, espacial y materialmente y si, y sólo si, existe una posibilidad de contralor acerca de la presencia del supuesto condicionante. El sólo interés social en el cumplimiento de las medidas coercitivas no resulta uno de tales supuestos. La responsabilidad penal o el peligro procesal sólo justifican la procedencia de la pena o del encierro cautelar, bajo determinadas condiciones y si éstas no están reunidas, no puede concluirse entonces que el permiso opera ya por la sola existencia del título que ordena legítimamente la prisión.
Es dicho parámetro cuántico el que ha guiado el planteo de los solicitantes, más allá de la cuestión específica de la alimentación de los internos de la Seccional Mosconi. Es la aducida superpoblación carcelaria que deriva en hacinamiento, lo que se arguye como fundamento de la petición principal, la que a su vez consiste en reemplazar el estado de detención preventiva por otras restricciones que no impliquen alojamiento en lugares de detención, en tantos casos como sea suficiente para garantizar a aquellos que continúen detenidos la verificación a su respecto de las condiciones mínimas que el respeto a los derechos humanos consagrados en la normativa legal provincial, nacional y supranacional impone.
El art. 51 de la Constitución Provincial, tributario en cuanto al tema del art. 18 de la Carta Magna nacional, establece las condiciones que deben reunir los lugares de detención, a manera de directrices cuyo incumplimiento abre la posibilidad de la presentación de acciones como la que motiva estas actuaciones (conf. Gerosa Lewis, Tomás “Análisis de la Constitución de la Provincia del Chubut” pag. 194), previstas, como ya se expresara, en el art. 55 de la Ley fundamental provincial.
Tanto de las actas de inspección en los lugares de detención de esta ciudad de fs. 5/6, sus similares que se encuentran en los archivos del Tribunal de los últimos tres años, las actuaciones judiciales detalladas en el informe actuarial de fs. 22/24, como de la nota de fs. 7, se desprenden dos realidades que confrontan notoriamente, cuyo punto culminante de eclosión seguramente haya sido la causa de la presentación del remedio que nos ocupa: el aumento de tinte geométrico de la población carcelaria, y la ausencia de inversión pública ya a fin de ampliar la capacidad de los lugares que históricamente han albergado a los privados de libertad, ya a efecto de la creación de otros establecimientos para tal cometido.
Incluso aún luego de sucesivas intimaciones tendientes al reacondicionamiento de los sitios ya existentes, el Estado no ha encarado las obras necesarias, ejemplo de lo cual resulta el Pabellón de Menores de la Alcaidía local, que después de dos años, recién verá puestos en condiciones sus baños (informe de fs. 44), cuando las actuaciones de referencia se formaron a raíz de la necesidad de su refacción integral, a efecto de cumplir con los recaudos que la normativa supranacional (Convención Internacional de los Derechos del Niño), incluida en el bloque de constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 CN), impone.
Cabe aquí acotar que con excepción de las obras encaradas en la Seccional Segunda de Policía (informe de fs. 42/43), los restantes sitios donde se hallan alojados detenidos se encuentran en idéntica condición que en los últimos años (las obras proyectadas están en estado previo al proceso licitatorio, tal como se desprende del ya mentado informe de fs. 42/43), con el deterioro derivado del transcurso del tiempo y de su utilización sobrepasando los límites objetivos de su capacidad de albergar detenidos. Prueba de ello, y volviendo sobre el informe actuarial de fs. 5/7, resultan la clausura tanto del mentado Pabellón de Menores de la Alcaidía Policial como su similar, parcial, de la Seccional Segunda de Policía, dispuestas por este Cuerpo.
IV.- Ahora bien, más allá de que tal como surge del informe actuarial de fs. 54/75 parte de la población carcelaria a disposición del Tribunal está compuesta por condenados con sentencia firme que esperan plaza en Unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal, las que se verifican con ostensible demora, lo cual constituirá otro punto de este pronunciamiento, la provisión de sitios de alojamiento que reúnan las condiciones mínimas mencionadas supra, es responsabilidad exclusiva del Poder Administrador en tanto de él depende orgánicamente la Policía de la Provincia del Chubut, el cual hasta el momento, no ha atendido convenientemente las exigencias que la situación plantea.
Es en tal inteligencia, a partir de las garantías constitucionales y legales ya detalladas, las que constituyen normas de cumplimiento imperativo para la Judicatura, que verificado un supuesto de la realidad que colisiona con la vigencia de las mismas y que perjudica a un conjunto de personas que se encuentran dentro de la tutela que dichas normas proporcionan, corresponde acceder a lo solicitado por los presentantes, pues es la única medida que permite, en este momento, atender al cumplimiento de la finalidad de las normas aludidas, en tanto tutelan las condiciones en que debe llevarse a cabo la restricción de la libertad.
V.- El alcance de este pronunciamiento resulta otra de las cuestiones a tratar. Los peticionantes han dejado en manos de este Tribunal la determinación de la porción de la población carcelaria que podría hacerse acreedora de una sustitución de la privación de libertad por otras medidas que garanticen tanto la sujeción al proceso como beneficien la situación de aquellos que permanecerán detenidos. Hemos deliberado y concluido en que las excepcionales condiciones que motivan el pedimento permiten la evaluación adelantada, también en términos extraordinarios, tanto de aquellos condenados que se encuentren en fecha relativamente próxima a obtener determinados beneficios incluidos en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24660), tales como la Libertad Condicional y/o Asistida, como de la situación de los menores que se hallan cumpliendo el tratamiento tutelar al que refiere el art. 4to. inc. 3ro. del Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22278), en un lapso suficiente como para contar con los información tendiente a resolver respecto de la posible imposición de pena, aunque, en ambos casos, no se halla verificado el requisito temporal para acceder a tales beneficios o decisiones.
El fundamento de tal criterio radica en que más allá de velar por la observancia de las garantías constitucionales que rigen la situación de quienes se hallan privados de libertad, este Tribunal tiene otros cometidos que debe conciliar con tal mandato, como lo son resolver conflictos entre el individuo y la ley penal, realizando el acto procesal naturalmente tendiente a la averiguación de la verdad en orden a los hechos que generan tales conflictos, instancia, el Juicio Oral, prevista a tal efecto y en la que el acusado cuenta con las herramientas a fin de coadyuvar a reafirmar su estado de inocencia. Solo eso justifica la detención preventiva, asegurar la participación del imputado en “su” Juicio (atendiendo al peligro de fuga), o evitar que por su acción este no pueda llevarse a cabo (entorpecimiento). De tal modo, suplantar una medida como la prisión preventiva por otra u otras que puedan ser inidóneas para garantizar dichos fines lesionaría la debida actuación de la ley e incluso el interés procesal de las partes en que dicho acto, el Juicio Oral, se lleve a cabo con la necesaria celeridad y sujeción a las normas que lo rigen. El razonamiento en tanto aplicable al grupo precedente, lo es aún más respecto de aquellos a los que ya se les dictó sentencia de condena a pena privativa de libertad elevada (cabe recordar que este Tribunal es de competencia criminal), pero que aún no se encuentra firme, pues en esos casos el peligro de fuga se presenta a priori con mayores posibilidades de verificación, además de que ya entra a jugar el imperativo que pesa sobre esta Cámara de asegurar el cumplimiento de sus propias decisiones en tanto resultante de la respuesta dada al conflicto referido entre tales individuos y la ley penal. En este rubro cabe ponderar la excepción conformada por aquellos condenados con sentencia que carece de firmeza, pero que computando el tiempo de detención preventiva cumplido y el monto de la pena impuesta se encuentren próximos a obtener los beneficios aludidos, sin perjuicio del resultado de los recursos que hayan interpuesto.
En cambio, en relación a los ya condenados con sentencia firme que han recorrido un determinado tiempo en el cumplimiento de la sanción que les fuera impuesta, más allá de la no verificación total del requisito temporal inherente a los institutos previstos en la Ley 24.660, ya indicados, es posible adelantar excepcionalmente la concesión de los mismos, previo evaluar la concurrencia de los otros presupuestos previstos por tal norma, en aras de contribuir a paliar la problemática.
Por lo tanto y teniendo presente el informe del Actuario obrante a fs. 54/75 hemos coincidido en que las personas que se detallarán a continuación, se encontrarían en condiciones de acceder, anticipadamente, a la evaluación de la procedencia del instituto de la libertad condicional y/o asistida, o a la discusión sobre la necesidad de la imposición de pena, previa constatación en cada una de las actuaciones correspondientes, y con la celeridad que las circunstancias imponen, de la concurrencia de los restantes requisitos de observancia obligatoria, a saber: Cárdenas, Eduardo César; Cayuleo, Enrique Alberto; De Vigili, Daniel Fabricio; Fernández, Marcos Israel; Inostroza, Elida Ester; Jara, Leoncio Alberto; Llauca, José David; Olivares, Carlos Omar; Peña, Bernabé; Rocha, Pablo Javier; Spinelli, Héctor Luis; Valenzuela, Miguel Ángel; Colsani, Pablo Daniel.
Se debe especificar, asimismo, que la excepcionalidad de las circunstancias descriptas es lo que fundamentaría tales concesiones de manera prematura, por lo que la desaparición de dichas circunstancias extraordinarias redundará en un retorno a las condiciones de cumplimiento de pena previas a este auto, sin perjuicio, llegado el momento, de evaluar cada caso en concreto.
VI.- Otro aspecto de la decisión reside en que si bien todas las dependencias que alojan detenidos se hallan al tope de su capacidad, algunas de ellas presentan condiciones de superpoblación inadmisibles, extremo que se desprende claramente de las actas de inspección realizadas por la Cámara, Jueces de Instrucción y Ministerios Públicos en el mes de Enero del corriente año, y por este Tribunal y Ministerio Fiscal en el mes de Febrero pasado, tanto como del informe del Actuario de fs. 22/24 vta. Corresponde incluir dentro de tal grupo a las Seccionales de Policía Tercera, Cuarta, Quinta y Mosconi.
Cabe resaltar que aún cuando las eventuales libertades que se dispongan implicarían mayormente plazas disponibles en la Alcaidía Policial, ello permitiría una redistribución de detenidos que objetivamente redundaría en beneficio de las personas alojadas en las Comisarías indicadas. Tal posibilidad más la próxima inauguración de las obras que se están realizando en la Seccional Segunda (informe de fs. 42/43), podrían contribuir a superar parcialmente la emergencia carcelaria.
VII.- No obstante, las decisiones que importarían un cambio estructural se hallan pendientes, tales como la agilización en la obtención de plazas en las Unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario Federal, como el aumento en el número de las mismas, ecuación que resulta materia de Convenio entre las autoridades nacionales y el Gobierno Provincial, por lo que se impone exhortar al Ministro del ramo a efecto de la modificación del acuerdo oportunamente suscripto en los términos referidos.
Tal medida apunta a superar el fenómeno inadmisible, que confronta abiertamente con la finalidad de prevención especial positiva de la pena prevista en el art. 18 de la CN entre otras normas, consistente en que las condenas se cumplan íntegramente en la Alcaidía Policial, la que no cuenta con la infraestructura edilicia, ni con los recursos materiales y humanos tendientes a asegurar el cumplimiento de la Ley 24.660. Demás está decir que igual, o peor, concepto le cabe a las Secciónales de Policía, Institución que por otra parte, no tiene dentro de sus cometidos específicos la custodia permanente de condenados ni la articulación y control del tratamiento penitenciario.
Otra medida imprescindible resulta la culminación de la íntegra refacción del Pabellón de Menores de la Alcaidía Policial, por lo que deviene necesario intimar al Sr. Ministro de Gobierno a que disponga lo necesario para ello, obra que deberá estar concluida en un término que no exceda de los dos meses. Cabe acotar que las actuaciones que incumben a tal reparación ya llevan prácticamente dos años de trámite, y a pesar de las sucesivas decisiones de este Tribunal, solo se ha encarado la reparación de los baños, tal como ya se expresara.
Además, también corresponde exhortar al Sr. Ministro del ramo a efecto de que las obras previstas y detalladas en el informe de fs. 42/43 se llevan a cabo en el lapso más breve posible, otra medida que conllevaría a un cambio sustancial, aumentando las posibilidades de alojamiento de los lugares destinados a alojar detenidos en esta Circunscripción Judicial.
Corresponde dejar constancia de este auto en los legajos de Ejecución de sentencia, o las actuaciones pertinentes respecto de las personas supra mencionadas, disponiéndose allí lo que corresponda.
VIII.- En cuanto a la alimentación que se suministra a las personas alojadas en la Seccional Mosconi, surge de las constancias de fs. 47/50 y 53, que si bien no atiende al cuadro presentado por los accionantes a fs. 26/27, es necesario adicionar a la dieta proporcionada los elementos sugeridos por la profesional de planta del Hospital Regional local, por lo que corresponde poner en conocimiento de ello al Sr. Jefe de la Unidad Regional a fin de cumplimentar tal sugerencia.
IX.- Por último, es bueno poner de relieve que una medida de la excepcionalidad de la que aquí se adopta sólo es posible cuando se produjeron previamente una serie de omisiones y desatenciones que marcaron el camino de esta resolución, la que debe servir en el futuro, y hacemos votos para ello, a los fines de prevenir la repetición de circunstancias similares a las que motivan este auto.
En virtud de lo expuesto, el Tribunal:
1.- HACER LUGAR a la acción de Hábeas Corpus correctivo deducida por la oficina de Asistencia al Condenado y detenido dependiente de la Defensa Pública
(arts. 18; 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; arts. 22, 51 y 55 inciso 2° de la Constitución Provincial; art. 3° Ley 23098 -conf. Ley Pcial.- 3457 y 59 de la Ley N° 24660)
2.- Extraer copias de la presente y previa certificación actuarial, agregarlas en los legajos de Ejecución y actuaciones indicados en el considerando pertinente, en los términos y a los fines allí consignados, dado el carácter excepcional de la medida.
3.- Intimar al Sr. Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia del Chubut para que en el término de dos meses de comunicada la presente, se concluya íntegramente la refacción del Pabellón de menores de la Alcaidía Policial local, poniéndolo en condiciones inmediatas de uso.
4.- Exhortar al Señor Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia a arbitrar los medios necesarios para la modificación del convenio oportunamente suscripto con el Servicio Penitenciario Federal, tendiente a incrementar el cupo de plazas para condenados de esta circunscripción judicial.
5.- Exhortar al Señor Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia a adoptar las medidas necesarias para la conclusión, en el lapso más breve posible, de las obras iniciadas en la Comisaría Seccional Segunda de Policía.
6.- Poner en conocimiento del Sr. Jefe de la Unidad Regional de Policía la sugerencia efectuada por la Dietista-Nutricionista del Hospital Regional, en lo atinente a la alimentación de los internos alojados en la Comisaría Distrito General Mosconi, a fin de que se de cumplimiento a tal recomendación.
7.- Remitir a los Sres Jueces de Instrucción y Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes copia de la presentación que diera inicio a estos autos, a los efectos indicados en el considerando respectivo.
8.- Cópiese, protocolícese, notifíquese, líbrense los oficios pertinentes y tómese razón.

References: resolución 
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 55
 artículo 59