Source: http://psicolog.org/rea-temtica-de-salud-informe-anual-2010.html?page=6
Timestamp: 2019-01-23 19:32:00+00:00

Document:
Vivienda - Área temática de salud. Informe anual 2010
Molestias ocasionadas desde veladores.
Incremento de los niveles de sensibilidad acústica.
Molestias ocasionadas por ruidos generados en el ámbito doméstico.
Problemas derivados de la desatención de inmuebles.
Problemas surgidos en la gestión de residuos.
2.1.1. Energía electrica
Consumo: Garantías en las entregas de compraventa de viviendas.
Abrimos de oficio la queja 08/4177 cuando conocimos la problemática que se había suscitado en las entregas de las viviendas de una urbanización del municipio sevillano de Gerena, compuesta por más de 1.000 viviendas y dividida en 11 fases. Siempre según nuestras noticias, en los casos de algunos compradores de la 5ª fase, que tenían entregados más de 30.000 euros para la compra, aún no se había producido la entrega de las viviendas, que llevaban varios meses de retraso. Además, había vencido el plazo para la constitución del Aval o Seguro de Caución que deben realizar los promotores cuando se entregan cantidades anticipadas a cuenta del precio, por parte de los compradores, mientras se construye la edificación.
Teniendo en cuenta que esta problemática afectaba a las relaciones entre compradores y entidad promotora de las viviendas, de carácter jurídico-privado, a esta Institución le preocupaba que, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, se produjeran hechos de esta naturaleza, consistentes en la promoción y venta de viviendas sin que los promotores cumplan con la obligación legal que tienen de garantizar las cantidades entregadas a cuenta, antes de iniciarse la construcción o durante la misma, conforme a la normativa vigente al respecto.
Ello por cuanto que el incumplimiento de esta normativa deja al adquirente en una situación de desprotección, frente a la eventual incidencia de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido. Y es que las garantías establecidas tienen como finalidad que se puedan devolver las cantidades entregadas más los intereses legales que correspondan. La omisión de esa obligación, además, podría suponer una presunta infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
Estos hechos son más graves aún si cabe en épocas de crisis del sector inmobiliario, como la actual, en las que la alarma social que crea este tipo de situaciones hace aconsejable una especial atención por parte de las Administraciones Públicas con responsabilidades en la materia.
Por ello y con objeto de investigar si los promotores cumplían las obligaciones que la Ley 57/1968, de 27 de Julio, Reguladora de las Percepciones de Cantidades Anticipadas en la Construcción y Venta de Viviendas, impone a las personas físicas y jurídicas que promueven la construcción y venta de viviendas que pretendan obtener de los cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción o durante el curso de la misma, así como de las modificaciones operadas por la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, en su Disposición Adicional Primera, y teniendo en cuenta los derechos reconocidos a los Consumidores y Usuarios en el art. 51 CE y los recogidos en el art. 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, abrimos de oficio esta queja a fin de dirigirnos a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía con objeto de conocer, en síntesis, las reclamaciones y/o denuncias que se hubieran presentado por los incumplimientos de la obligación de garantizar las cantidades entregadas a cuenta antes de iniciar la construcción o durante su ejecución o por falta de información a las personas consumidoras que se hubieran formulado en los últimos tres años, así como los procedimientos sancionadores que se hubieran incoado y los planes o campañas de inspección que se hubieran realizado en esta materia y resultado de las mismas.
De la completa información que nos remitió esta Dirección General, primero adscrita a la Consejería de Gobernación y después a la Consejería de Salud, podemos extraer las siguientes conclusiones:
- Reclamaciones y denuncias formuladas en el ámbito de la vivienda: Desde el 1 de Octubre de 2005 al 17 de Diciembre de 2008 se habían recibido 6.561 reclamaciones o denuncias, de las que 343 estaban referidas al ámbito del aseguramiento de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas (en realidad, 305) y 38 a incumplimientos en la entrega del documento informativo (Documento Informativo Abreviado, DIA, según el Decreto 218/2005, de 11 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Información al Consumidor en la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas en Andalucía).
- Expedientes sancionadores en materia de avales: se habían incoado, en las fechas indicadas, 72 expedientes sancionadores, en los que 46 había recaído resolución sancionadora –con una sanción total de 839.010 euros, es decir 18.239 euros de sanción media-.
En este caso, la Dirección General nos reseñaba que en ocasiones la tramitación de las denuncias recibidas se había realizado a través de campañas de inspección, relacionándose las actas “no con el propio expediente de la denuncia, sino con el expediente de inspección abierto en la campaña”. Teniendo en cuenta este dato, se habían iniciado 201 expedientes sanciones en materia de vivienda por infracciones relativas a no formalizar seguros, avales u otras garantías, con una sanción prevista de 3.705.682 euros, y una media de 18.436 euros de sanción.
Las principales infracciones sancionadas en la tramitación de los expedientes derivados de reclamaciones/denuncias recibidas habían sido el 30 % referentes a avales; 8 % por incumplimiento de información en la venta de bienes y 3 % por incumplimiento de requisitos, informaciones o funciones establecidas en la Ley 13/2003, de 17 de Diciembre; 32 % por introducir cláusulas abusivas en los contratos; 8 % por incumplir las medidas o requerimientos de la Administración y 19 % por diversos incumplimientos.
- Campañas de inspección realizadas en el ámbito de la vivienda: Desde 1996 se venían haciendo campañas de inspección anuales, dirigidas a inspeccionar a empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras, en la venta, promoción y publicidad en el arrendamiento y compraventa de viviendas, independientemente de que estas se encuentren en proyecto, en construcción o ya construidas, con los objetivos de conocer la situación del sector y las características de las ofertas, conocer el grado de cumplimiento de las autorizaciones y control de documentos administrativos, conocer el grado de cumplimiento de la normativa sobre información que se facilita a los consumidores, conocer el contenido de los contratos de compraventa y comprobar que el bien que se vende corresponde efectivamente a la oferta que se realiza.
Incluían en su informe una muy destallada casuística de los resultados de las inspecciones realizadas. Con objeto de no alargarnos demasiado en este resumen, sólo indicaremos que en 2008 se habían realizado 560 actuaciones, de las que 306 resultaron positivas (55 %), se habían incoado 44 expedientes y las infracciones que aparecían con mayor incidencia eran las siguientes:
- Incumplimiento de la información en la venta de bienes: 37,50 %.
- Incumplimiento de la información en cartelería o folletos publicitarios: 19,30 %.
- Introducir cláusulas abusivas en contratos: 10,80 %.
- No formalizar seguros, avales u otras garantías: 5,50 %.
- Otros incumplimientos: 28,70 %.
A la vista de estos datos, quisimos que la Dirección General concretara los mismos, respondiéndonos que de las denuncias-reclamaciones recibidas por incumplimientos de avales, se habían abierto 79 expedientes (el dato anterior era 72), en los que se habían resuelto con sanciones 69 (46 en la información anterior) y se habían hecho efectiva la sanción en 5 expedientes, estando los demás en diversas situaciones de tramitación de recursos, ya fueran administrativos o judiciales.
Sobre los expedientes sancionadores iniciados por no formalizar seguros, avales u otras garantías, en la segunda respuesta que nos remitieron eran 204 y en 185 casos se habían resuelto con sanción. De ellas, se habían abonado ya 24 y 93 estaban en vía de apremio, encontrándose el resto en vía de recurso administrativo o judicial.
En cuanto a si se habían impuesto sanciones complementarias, en 5 se adoptó la medida preventiva de prohibir la recepción de cantidades a cuenta mientras no se constituyeran los avales y en 12 se remitieron expedientes a la fiscalía por si pudieran determinar la existencia de ilícitos penales.
Como también les preguntamos si, en el caso de viviendas de protección oficial, se ponían en conocimiento de las Delegaciones Provinciales de la Consejería con competencia en materia de viviendas, nos indicaron que todas las promociones a las que se había abierto expediente eran de venta libre.
Con esta respuesta finalizamos nuestra intervención al entender que no eran necesarias nuevas actuaciones por nuestra parte, aunque comunicamos al Viceconsejero de Salud que valorábamos positivamente los esfuerzos realizados, aunque, ante el amplio número de situaciones que hemos conocido por otras vías, creíamos necesario que se duplicaran los esfuerzos de inspección en una materia de tanta trascendencia para la ciudadanía como es la compra de una vivienda –posiblemente la inversión más importante a lo largo de la vida de una persona-.
Ello, sobre todo, al encontrarnos en un sector de la economía que tantos avatares está sufriendo en los últimos tiempos, todo lo cual está llevando a prácticas irregulares de promotores que pueden causar, y de hecho están causando, graves daños y perjuicios en los adquirentes de viviendas que ven no sólo frustradas sus expectativas de poseer una vivienda, sino que además han podido perder todos los ahorros de que disponían, en el mejor de los casos, o haber perdido las cantidades para las que han tenido que solicitar créditos a entidades financieras. Además, los consumidores se encuentran en un clara situación fáctica de desigualdad, por cuanto la necesidad de acceder a una vivienda les condiciona para exigir de los promotores privados el cumplimiento de la legalidad. Por ello, considerábamos necesario que se reforzaran las inspecciones de oficio por parte de los servicios de consumo, con objeto de proteger los derechos de la ciudadanía en este ámbito.
Y es que, para esta Institución, pese a la naturaleza jurídico privada que tiene el asunto que nos ocupa, no por ello los poderes públicos pueden obviar su relevante papel, dentro de las competencias que legalmente tienen atribuidas, para disuadir de prácticas ilícitas para con el conjunto de consumidores y usuarios.
Por ello y a nuestro juicio, dentro de los planes de inspección de la Dirección General de Consumo se debía prestar especial atención y dedicación a la vulneración que de esta normativa puedan realizar, en este u otros aspectos, los promotores privados, puesto que esta vulneración no viene sino a impedir el ejercicio del derecho previsto en el art. 47 CE, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
A este escrito de cierre nos contestó el Viceconsejero de Salud compartiendo la necesidad de desarrollar los esfuerzos de inspección en la materia, informándonos que en el marco de ello se estaba desarrollando el Plan de Inspección de Vivienda 2010, de cuyos objetivos nos informaba, en el que se incluía realizar 450 controles dirigidos a inspeccionar a empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras, en la venta, promoción y publicidad en el arrendamiento y compraventa de viviendas, que ponía en evidencia que desde la Administración de Consumo de la Junta de Andalucía “se continúa con la vigilancia del sector relacionado con la compra de viviendas y se toman medidas encaminadas a lograr una adecuada defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias andaluzas”.
Adecuación de horarios de establecimientos hosteleros a los usos del suelo.
Considerando que desde hace años el problema de la contaminación acústica es el que más intervenciones requiere del Área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución entendió oportuno llevar a cabo un profundo proceso de reflexión y análisis orientado a localizar una solución definitiva a este problema endémico que sufre nuestra Comunidad.
A raíz de este estudio, se pudo constatar que la mayor parte de los supuestos que nos han sido trasladados a lo largo de los últimos ejercicios hacen referencia a ruidos generados a altas horas de la noche, desde establecimientos hosteleros que se ubican en zonas de uso predominantemente residencial.
Asimismo, pudimos comprobar que los focos ruidosos causantes de las molestias no siempre lo constituyen las infraestructuras con las que cuentan los establecimientos (aparatos reproductores de música, televisores, sistemas de extracción de humos, aparatos de climatización, etc.) Por contra, resultan muy numerosos los supuestos en los que los propios clientes se convierten, de forma involuntaria, en el origen del problema, y ello con independencia de que se encuentren dentro del establecimiento propiamente dicho o fuera de éste, ya sea haciendo uso de terrazas y zonas de veladores, ya sea durante el acceso o la salida del local, lo que hace prácticamente imposible el control efectivo de la producción de ruidos.
De igual modo, tras analizar el régimen jurídico de aplicación, conseguimos extraer las siguientes conclusiones:
Que los límites de niveles sonoros son fijados en atención a los usos predominantes del suelo (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica).
Que, por el contrario, los horarios de apertura y cierre de los establecimientos hosteleros no son fijados en función del uso predominante del suelo sino en función del tipo de establecimiento de que se trate (Orden de 25 de marzo de 2002, de la Consejería de Gobernación, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de establecimientos públicos).
Según esto, en Andalucía resulta amparado por el ordenamiento jurídico que la terraza de veladores de un establecimiento hostelero ubicada a escasos metros de unas viviendas pueda estar funcionando hasta las 2 de la madrugada, entre semana, y hasta las 3 durante los viernes, sábados y vísperas de festivo. O que una discoteca pueda ubicarse en pleno casco histórico de una ciudad y que ésta desarrolle su actividad hasta las 7 de la mañana los fines de semana.
Y a nadie puede escapar que esto constituye el caldo de cultivo de numerosos conflictos ciudadanos y la puesta en peligro de derechos fundamentales de la ciudadanía, como el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, especialmente por la imposibilidad manifiesta de controlar que clientes de una discoteca o de un pub, en el que se consumen ingentes cantidades de alcohol, no profieran gritos o cantos al salir o entrar al establecimiento a altas horas de la madrugada; o que clientes sentados entorno a un velador no rían a carcajadas tras escuchar un inocente chiste a la 1 de la madrugada.
Por lo tanto, la realidad que viene siendo puesta de manifiesto año tras año en el Informe Anual que se presenta ante el Parlamento de Andalucía y en el propio Ecobarómetro debe llevar a los poderes públicos a plantearse la necesidad de modificar el vigente régimen regulador de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos hosteleros para que los mismos sean modulados en función del tipo de actividad desarrollada y del uso predominante del suelo en el que se emplacen.
Así se lo hemos hecho saber al Sr. Consejero de Gobernación y Justicia a través de la Sugerencia que le ha sido dirigida en el curso de la queja 10/2332, tramitada de oficio.
No obstante, nuestro pronunciamiento no ha contado con la acogida que hubiera sido deseable en base a argumentos tales como que la modificación propuesta podría suponer una injerencia sobre el principio de la autonomía local, cuestión ésta que no compartimos por cuanto que si ello fuera así, el vigente régimen regulador de horarios de apertura y cierre de establecimientos resultaría inconstitucional por el mismo motivo, y ello en ningún momento ha sido planteado.
Además, la modificación propuesta por esta Institución supondría un margen de actuación para los municipios andaluces superior al existente en la actualidad, ya que la acomodación de horarios a los usos del suelo no conllevaría simplemente una limitación de los vigentes horarios de cierre en zonas residenciales sino que también debería suponer la posibilidad de ampliar tales horarios cuando los establecimientos se emplacen en zonas donde no exista riesgo de lesión de derechos fundamentales.
De igual modo, para el sector hostelero también podría suponer un atractivo adicional ya que con esta nueva filosofía regulatoria podrían hacerse compatibles actividades que en la actualidad no lo son, tales como disponer de terraza de veladores cuando se cuente con licencia para bar con música, pub o discoteca.
Esperamos que por parte de la Consejería de Gobernación y Justicia se reconsidere la negativa de acogimiento de la Sugerencia realizada, ya que estamos convencidos de las grandes bondades que la misma puede representar y de que nuevas iniciativas normativas como la que supone la “Ley Antitabaco” (Ley 42/2010, de 30 de Diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de Diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco), pueden venir a agravar la situación que se vive por una parte de la ciudadanía.
Como ha sido puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, las terrazas de veladores con las que cuentan numerosísimos bares de nuestra región constituyen uno de los principales focos de ruido de nuestros establecimientos hosteleros y, por consiguiente, el origen de molestias y conflictos entre la ciudadanía. Ejemplo de ello son la queja 09/3081, la queja 10/5880 o la queja 10/5952.
Pues bien, en el curso de la tramitación de los expedientes de queja incoados por el Defensor del Pueblo Andaluz acerca de esta cuestión se ha podido comprobar que las autorizaciones que son concedidas por los municipios andaluces para la instalación de terrazas de veladores únicamente tienen en cuenta la ocupación que suelen conllevar del dominio público, y en ningún caso la incidencia que suponen sobre el medio ambiente. Y ello a pesar de que, como es obvio, los sistemas de aislamiento acústico de los locales son necesariamente superiores a los de las terrazas por cuanto que éstas se sitúan al aire libre.
Esta circunstancia lleva al absurdo de exigir que la apertura de un establecimiento hostelero que no cuente con terraza de veladores sea sometida a un procedimiento previo de calificación ambiental pero que la posterior instalación de veladores en plena vía pública y a escasos metros de viviendas no sea concebida como una modificación sustancial de la actividad hasta el punto de hacer necesario el sometimiento a un nuevo procedimiento de prevención ambiental.
De este modo se nos antoja imprescindible que se acometa, bien la modificación del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, a través de la cual se recoja la novación que propugnamos, bien la aprobación de un nuevo Reglamento de Calificación Ambiental, debidamente adaptado a la Ley 7/2007, de 9 de Julio, en el que se contemple esta cuestión.
Son evidentes las consecuencias negativas que para la población se derivan de una situación de crisis económica como la que se está viviendo en la actualidad y que éstas se dejan ver en muy diversos ámbitos.
No obstante, este hecho no ha podido evitar que nos cause una tremenda sorpresa una de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo Andaluz a raíz del incremento habido de personas demandantes de empleo.
En concreto, la parte afectada solicitaba la intervención de esta Institución por los ruidos y demás molestias que generaban las personas que día tras día se concentraban en las proximidades de su vivienda, formando colas para acceder a una oficina del Servicio Andaluz de Empleo.
Este hecho no ha venido más que a confirmar la tendencia registrada en los últimos años, de incremento de los niveles de sensibilidad acústica por parte de la población y de concienciación acerca de los derechos que previene el ordenamiento jurídico. Sólo deseamos que esta circunstancia lleve consigo un aumento, al menos en la misma proporción, de los niveles de sensibilidad acerca de la situación límite que desgraciadamente están viviendo muchos hogares de nuestro entorno.
Durante el año 2010, el Área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido acceso a un Borrador de nuevo Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, elaborado por la Administración autonómica.
Sin menoscabo de las salvedades que merece la cuestión, al tratarse de un simple borrador de un proyecto normativo, ha sido detectado que en el ámbito de aplicación del mismo no se contenían los ruidos producidos por actividades domésticas o comportamientos de vecinos.
A este respecto debemos señalar que son muy numerosas las quejas que se tramitan en esta Institución relativas a ruidos generados por este tipo de actividades, lo que nos lleva a concluir que las mismas tienen una gran incidencia sobre la calidad acústica de nuestra Comunidad. Asimismo, se ha constatado que a pesar de los requerimientos legales existentes, no todos los municipios de Andalucía cuentan con ordenanzas municipales reguladoras de la contaminación acústica y que no todos los que disponen de ellas las mantienen debidamente adaptadas a las normas de ámbito estatal y autonómico.
De este modo, enjuiciamos inadecuado para garantizar un debido nivel de protección contra la contaminación acústica de Andalucía que este tipo de actividades ruidosas queden excluidas del ámbito de aplicación de un posible nuevo Reglamento.
Asimismo, entendemos desaconsejable que no existan parámetros comunes a todos los municipios de Andalucía en relación con este tipo de fuentes ruidosas, independientemente del tratamiento particularizado que pueda realizarse de las mismas por parte de cada Ayuntamiento en atención a las circunstancias concretas del municipio.
En este sentido, deseamos que sucesivas versiones que puedan ser elaboradas del referido borrador regulen este tipo de fuentes ruidosas, como ya hace el vigente Decreto 326/2003, de 25 de noviembre.
Por lo que se refiere a la calidad del aire, debe indicarse que han sido recurrentes los supuestos que han merecido nuestra intervención como consecuencia de la producción de humos y olores desde establecimientos hosteleros. Ejemplo de ello lo constituyen la queja 09/1796 y la queja 09/2228.
Y es que, desgraciadamente, no son infrecuentes los supuestos en los que las personas titulares de estas actividades no realizan las inversiones necesarias para adecuar las infraestructuras de sus establecimientos a las necesidades que pueden ir surgiendo a raíz de cambios normativos, de la aparición de mejores técnicas disponibles o de la propia evolución del negocio.
A este respecto cabe señalar que según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS, de 18 de Octubre de 1999, 14 de Marzo de 2000 y 3 de Diciembre de 2003), las licencias municipales de actividad son licencias de carácter continuado o tracto sucesivo, por lo que su otorgamiento «no exime al administrado de atenerse al cumplimiento de lo que demande la evolución normativa de las medidas correctoras que se introduzcan para garantizar el cumplimiento de los límites a que ha de estar sometida la actividad ejercitada».
De este hecho se deriva la obligación ineludible para las personas titulares de estas actividades de mantenerlas permanentemente acordes con las exigencias impuestas por el ordenamiento, entre otras las de evitar la producción de molestias al vecindario derivadas de la generación de humos y olores.
Analizados los datos relativos al número de quejas tramitadas sobre esta materia, se detecta que en el año 2010 ha habido un pequeño repunte especialmente en lo que afecta a estaciones base de telefonía móvil instaladas en las proximidades de viviendas y de centros educativos de personas menores.
No obstante, debe significarse que en todos y cada uno de los supuestos en los que hemos intervenido, los niveles de radiaciones electromagnéticas registrados se encontraban muy por debajo de los límites fijados por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
De este modo, y teniendo en cuenta el estado actual de la técnica, no parece que existan motivos fundados para que la presencia de este tipo de instalaciones en nuestras ciudades provoquen alarma social.
En cualquier caso, este Defensor del Pueblo Andaluz sigue insistiendo en la necesidad de contar con modelos de normas consensuadas con los distintos agentes implicados que, además de ofrecer una mayor seguridad jurídica, permitan evitar la localización de este tipo de infraestructuras en lugares más proclives a generar conflictos sociales, como son las cercanías de colegios, guarderías, residencias de ancianos o centros sanitarios.
En este sentido, consideramos que el Modelo de Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas, elaborado por el Grupo de Trabajo del Servicio de Asesoramiento Técnico e Información (SATI) para el despliegue de infraestructuras de telefonía móvil y aprobado por la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el día 29 de Abril de 2008, puede resultar de utilidad para la consecución de los fines expuestos.
Y de igual modo, la adhesión al Convenio de 14 de Junio de 2005, suscrito entre FEMP-AETIC y el acogimiento del Código de Buenas Prácticas, elaborado en cumplimiento de aquel.
Sanidad y salubridad.
Quizá como consecuencia de las dificultades con las que la población se está encontrando en los últimos tiempos para obtener crédito, en el año 2010 han sido tramitadas por el Defensor del Pueblo Andaluz diversas quejas en las que las personas afectadas nos trasladaban la situación de insalubridad que venían padeciendo, derivada de la existencia de inmuebles en estado de abandono en las proximidades de sus viviendas.
Ha sido el caso de la queja 09/3146, de la queja 10/2228 o de la queja 10/3806, referidas a inmuebles ubicados en los municipios de Castilleja de la Cuesta, de Huelva y de El Puerto de Santa María, respectivamente.
En este tipo de supuestos, tras constatar las evidentes consecuencias negativas que para el medio ambiente, para el ornato y para la propia integridad física de las personas se pueden derivar de la falta de mantenimiento de estos bienes (aparición de plagas de insectos y roedores, producción de malos olores, riesgo de incendio, etc.), la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz ha ido dirigida a formular a los Ayuntamientos afectados Recordatorio de lo dispuesto en el artículo 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), según el cual:
«Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo», y
«Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.»
De igual modo, se ha dictado Recomendación a los efectos de que se gire visita de inspección sobre los inmuebles afectados y de que se lleven a cabo cuantas actuaciones resulten pertinentes al objeto de solventar la situación puesta de manifiesto.
Aparición de plagas.
Ha resultado llamativo el número de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo Andaluz en el año 2010 acerca de la aparición de plagas de insectos y roedores en municipios andaluces. Así, en la localidad de Tocina surgieron ingentes cantidades de cucarachas, en La Victoria avispas, mosquitos en El Ejido y ratones en La Línea de la Concepción.
Entendemos que las lluvias caídas durante el invierno pasado en nuestra Comunidad, acompañadas de las altas temperaturas propias de nuestra región, constituyen la combinación perfecta para que se produzca este fenómeno. Por ello, enjuiciamos esencial la capacidad previsora de las Administraciones Públicas a la hora de combatirlo, especialmente cuando puede verse afecta la salud de las personas o el motor económico de una comarca.
Son recurrentes los problemas que surgen entre la población en relación con la ubicación designada para los contenedores de recogida de basuras. Prueba de ello es que, un año más, han sido cuantiosas las quejas recibidas acerca de esta cuestión, como la queja 10/2122, la queja 10/3747 o la queja 10/3785.
A nuestro modo de ver, en la mayoría de los casos planteados el emplazamiento del contendor no supone por sí mismo un problema, sino que el conflicto surge cuando la frecuencia de la recogida de basura o de la limpieza del contenedor no es la adecuada.
Es entonces cuando empiezan a producirse molestias por los olores nauseabundos que son generados, por las acumulaciones de residuos en torno a los contenedores o por la aparición de roedores, insectos, gatos o perros que hacen de los desperdicios humanos su principal fuente de alimentos.
Tales circunstancias son las que nos han llevado a formular Resoluciones en las que hemos trasladado a los responsables municipales Recomendación concretada en la necesidad de incrementar la frecuencia de la recogida de residuos; de intensificar las labores de limpieza viaria y de los propios contenedores de basura; de aumentar las labores de vigilancia e inspección para evitar actitudes incívicas de la población; e incluso de alterar el emplazamiento de los contenedores de basura cada cierto tiempo.
Pero la gestión de residuos puede ocasionar más problemas y a veces de solución menos inmediata. Ejemplo de ello lo constituyen la queja 09/5526 y la queja 08/4876, en las que el origen de las controversias se sitúa en sendas plantas de tratamiento de residuos.
Se trataba de instalaciones de gran complejidad técnica, necesarias para satisfacer necesidades de la población, que no podían ser detenidas fácilmente pero que estaban produciendo considerables afecciones a derechos fundamentales de la ciudadanía, como el derecho a la intimidad personal y familiar o el derecho a la inviolabilidad del domicilio, derivados de la generación de malos olores.
En ellas, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz dirigió Resolución a las Administraciones afectadas, formulando Recordatorio de los deberes legales impuestos por el ordenamiento jurídico y Recomendación para que se girara vista de inspección sobre las mismas, se determinase el origen de los problemas, se valorasen las soluciones posibles y se ordenara su inmediata implementación, de modo que quedasen definitivamente solventados los problemas que habían motivado las denuncias de la ciudadanía.
ADMINISTRACIONES ECONÓMICAS
Necesidad de limitar las exposiciones a campos eletromagnéticos.
Como ya pusimos de manifiesto en nuestro Informe Anual correspondiente al ejercicio 2008 y reiteramos en el de 2009, desde esta Institución se venía detectando el constante incremento de las quejas relacionadas con la presencia de instalaciones eléctricas en las proximidades de viviendas o espacios habitados.
Estas quejas venían haciendo referencia a dos cuestiones distintas, aunque relacionadas entre sí. Por un lado, expresan el temor del vecindario colindante con el transformador por las consecuencias que para su salud pudieran tener las radiaciones electromagnéticas y, por otro lado, denuncian las molestias que soportan en sus viviendas, derivadas de dicha instalación eléctrica, y concretadas en ruidos, vibraciones y elevadas temperaturas.
Respecto a la primera cuestión, ya hicimos notorio en el último Informe Anual que no existía una legislación que regule en nuestro país la exposición de las personas a los campos electromagnéticos de 50 Hz, que son los que habitualmente genera un aparato transformador eléctrico.
Por el contrario, sí existe dicha normativa para las emisiones de energía en forma de ondas electromagnéticas, que se propagan por el espacio sin guía artificial, y que sean producidas por estaciones radioeléctricas de radiocomunicaciones o recibidas por estaciones del servicio de radioastronomía. Tal regulación se contiene el Real Decreto 1066/2001, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, y en el mismo se asumen los criterios de protección sanitaria frente a campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas establecidos en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo de la Unión Europea, de 12 de Julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos.
Con tal preocupación, y aun siendo conscientes de que una regulación como la que se propugnaba plantea numerosas dudas en cuanto al ámbito competencial de las Administraciones andaluzas, se decidió iniciar una actuación de oficio con objeto de impulsar la actividad normativa necesaria.
Así, mediante la queja 10/2909 nos dirigíamos tanto a la Dirección General de Industria, Energía y Minas (Consejería de Economía, Innovación y Ciencia) como a la Secretaría General de Salud Pública y Participación (Consejería de Salud) trasladándoles la necesidad de contar con una normativa que regule los límites a las emisiones electromagnéticas derivadas de instalaciones eléctricas, así como se estableciesen las suficientes garantías para la protección sanitaria de la población en relación con dichas emisiones.
Entre los argumentos esgrimidos para fundamentar tal petición apelábamos a los riesgos derivados de la contaminación electromagnética puestos de manifiesto en la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de Abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos (CEM).
La citada Resolución pone de manifiesto el incremento de la controversia en la comunidad científica sobre los posibles riesgos para la salud debidos a los CEM y, a estos efectos, destaca el dato de que, pese a la ausencia de conclusiones formales de la comunidad científica sobre los efectos de tales campos, ello no ha impedido que algunos gobiernos nacionales o regionales, no sólo hayan fijado límites máximos de exposición a estos campos electromagnéticos siguiendo la Recomendación del Consejo de 1999 (a diferencia de lo ocurrido en nuestro País) sino que además en nueve de estos Estados miembros de la Unión Europea dichos límites, denominados preventivos, resultan ser notoriamente inferiores a los que figuraban en la Recomendación de la Comisión Europea.
Como consecuencia de ello, la Resolución del Parlamento Europeo concluye, entre otras cuestiones, instando a la Comisión a que revise el fundamento científico y la adecuación de los límites de CEM fijados en la Recomendación 1999/519/CE, informando al respecto al Parlamento.
En cuanto al posible respaldo competencial de una posible regulación autonómica relativa a estas cuestiones, hacíamos ver que la falta de una normativa básica estatal relativa a las medidas de protección sanitaria frente a las emisiones electromagnéticas no puede suponer un impedimento para el ejercicio de las competencias autonómicas respecto a las instalaciones eléctricas cuya autorización y/o supervisión corresponde a la Comunidad Autónoma.
En cualquier caso, dadas las dudas que dicha regulación pudiera suscitar, manifestábamos claramente la conveniencia de que desde la Comunidad Autónoma se impulsaran iniciativas para la aprobación de una normativa estatal sobre límites de exposición a campos electromagnéticos generados por instalaciones eléctricas, a través de los organismos de coordinación pertinentes.
En relación al contenido de dicha regulación normativa nos remitíamos a la posibilidad de acoger los mismos límites de seguridad establecidos mediante las restricciones básicas y niveles de seguridad del Real Decreto 1066/2001, de 28 de Septiembre, o bien, fijar otros límites de exposición “preventivos” al modo que vienen haciendo otros Estados miembros de la Unión Europea.
Sin perjuicio de todo ello, para el caso de que la Comunidad Autónoma estimase más oportuno esperar a la normativa básica estatal de los límites de exposición a las emisiones electromagnéticas, consideramos que podría recogerse en una normativa autonómica todos aquellos aspectos procedimentales relacionados con la puesta en marcha y la supervisión de las instalaciones eléctricas, con referencia a los límites recomendados por el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (Recomendación 1999/519/CE).
Dichos aspectos procedimentales se proponían a partir de criterios previstos en el Real Decreto 1066/2001 en cuanto pudieran resultar de aplicación a los expedientes de instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de instalaciones eléctricas. Así, determinados requisitos para la autorización, criterios de planificación e instalación de acuerdo con estudios, certificaciones o comprobaciones que acreditasen el cumplimiento de los límites a la exposición a CEM señalados en la Recomendación 1999/519/CE. La concreción de dichas propuestas queda recogida en el contenido de la segunda Sugerencia.
Finalmente, considerábamos el aspecto de la ubicación de las instalaciones eléctricas, en especial, de los centros de transformación.
Al respecto, debemos partir de que la existencia de transformadores ubicados en el interior de edificios destinados a un uso residencial, y cuya finalidad es distribuir energía eléctrica al vecindario del propio edificio e incluso de edificios colindantes, se encuentra amparada por el vigente ordenamiento jurídico que expresamente autoriza la existencia de este tipo de instalaciones eléctricas.
Tal posibilidad vendría amparada en la Instrucción Técnica Complementaria MIE RAT 14 (Orden de 6 de Julio de 1984), tratándose de una normativa estatal dictada en ejercicio de su competencia para establecer los requisitos mínimos de calidad y seguridad que han de regir el suministro de energía eléctrica.
En consecuencia, estimábamos que no iría en contra de dicha regulación la aprobación de una disposición autonómica que regulase las condiciones de estas instalaciones eléctricas, de forma que se estipulase la conveniencia de ubicar estos aparatos en dependencias específicas destinadas exclusivamente a tal fin, y del modo que se minimizasen los efectos de ruidos, temperatura y emisiones electromagnéticas derivados de las mismas.
La razón no era otra que la constatación de que, a pesar de que una instalación (particularmente un transformador) cumpla con todas las prescripciones técnicas legalmente exigibles, por regla general produce ruidos o vibraciones en las viviendas colindantes que, en bastantes ocasiones, superan los establecidos como permitidos por la legislación de protección contra la contaminación acústica, o genera temperaturas excesivamente elevadas.
Igualmente, de la misma forma que para las instalaciones radioeléctricas se han establecido como “espacios sensibles” escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos, a efectos de minimizar los niveles de emisión sobre los mismos (artículo 8.7.d del Real Decreto 1066/2001), apelábamos a la conveniencia de establecer mediante norma autonómica la misma limitación para las instalaciones eléctricas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, emitimos a ambos organismos autonómicos con competencias en materia de industria y salud las siguientes Sugerencias:
“Primera.- Sugerencia para que se apruebe una normativa autonómica que regule los límites a las emisiones electromagnéticas derivadas de instalaciones eléctricas o, en su defecto, se impulsaran las iniciativas, a través de los organismos de coordinación pertinentes, para la aprobación de una normativa estatal al respecto.
Segunda.- Sugerencia para que, en todo caso, se regulen los requisitos que garanticen la protección sanitaria en relación con los límites de exposición a los CEM, dentro de los trámites para la puesta en marcha, reforma, modificación o ampliación, e inspección de las instalaciones eléctricas y, en concreto, los siguientes:
- presentar junto con el proyecto necesario para la puesta en marcha de la instalación eléctrica un estudio detallado, realizado por profesional competente, que indique los niveles de exposición electromagnética en áreas cercanas a dicha instalación en las que puedan permanecer habitualmente personas.
- presentar complementariamente un proyecto de instalación de señalización y, en su caso, vallado, que restrinja el acceso de personal no profesional a zonas en las que se superasen los límites de exposición a los CEM.
- condicionar la aprobación definitiva de la instalación eléctrica a la no superación de los límites de exposición a CEM.
- exigencia preceptiva, con carácter previo a la puesta en marcha, reforma, modificación o ampliación de las instalaciones eléctricas, de inspección o reconocimiento de las mismas, con el fin de comprobar que se ajustan a las condiciones previamente autorizadas, o bien, en función de las características de las instalaciones o por razones de eficacia pueda sustituirse la inspección previa por una certificación expedida por técnico competente.
- no autorizar el establecimiento de nuevas instalaciones eléctricas o la modificación de las existentes cuando pudiera suponer que se superen los límites de exposición a CEM.
- la compartición o cercanía de emplazamientos podría estar condicionada por la consiguiente concentración de emisiones electromagnéticas.
- los planes de inspección podrían incluir la comprobación de la adaptación de las instalaciones a lo dispuesto en la normativa que pudiera aprobarse sobre límites de exposición para protección sanitaria de la población.
- establecer la obligación por parte de las empresas titulares de las instalaciones de remitir al organismo competente, en el primer trimestre de cada año natural, una certificación emitida por profesional competente en la que conste que se han respetado, durante el año anterior, los límites de exposición que se aprueben.
- recoger una previsión relativa a los efectos sobre la contaminación electromagnética, en el supuesto de ubicación de varias instalaciones eléctricas de diferentes titulares dentro de un mismo o cercano emplazamiento, de modo que debieran facilitarse mutuamente los datos técnicos necesarios para realizar el estudio del conjunto de instalaciones.
Tercera.- Sugerencia para que se establezcan limitaciones a la ubicación de centros de transformación eléctrica, especialmente en “zonas sensibles” como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos, así como la conveniencia de ubicar estos aparatos en dependencias específicas destinadas exclusivamente a tal fin y alejadas de edificios y locales destinados a otros fines.”
En su respuesta, la Dirección General de Industria, Energía y Minas analizaba los fundamentos sobre los que se asentaban las Sugerencias que le habían sido dirigidas.
En primer lugar, rechazaba la competencia autonómica para establecer una normativa sobre emisiones electromagnéticas derivadas de instalaciones eléctricas, considerando que la misma incidiría directamente sobre la salud pública y, en consecuencia, su impulso y aprobación debe corresponder al Estado. Aun admitiendo que la Comunidad Autónoma pudiera dictar limitaciones preventivas de carácter administrativo en materia de salud pública, estimaba que dicha competencia sólo era posible ejercitarla dentro de la normativa básica estatal. No existiendo legislación básica sobre la materia, tanto anterior como posterior a la Constitución, se manifestaba la imposibilidad de establecer límites, requisitos y sistemas de control sanitarios sobre las emisiones electromagnéticas derivadas de instalaciones eléctricas.
En cualquier caso, atendiendo a la inquietud social suscitada en torno al tema, acogía la Sugerencia relativa a la propuesta autonómica de una normativa estatal y se nos trasladaba la comunicación dirigida al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo instando a la tramitación de una regulación en materia de radiaciones electromagnéticas procedentes de instalaciones eléctricas, en la línea de lo articulado mediante Real Decreto 1066/2001 para las emisiones radioeléctricas.
Finalmente, señalaba que “aun no existiendo normativa de aplicación, esta Consejería mantiene en todo momento una actitud activa tramitando cuantas quejas y reclamaciones se presentan en esta materia y procediendo, en los casos en que así se determine, a la solicitud de realización de mediciones a efectos de comprobar el cumplimiento de los límites indicados en la Recomendación 1999/519/CE”.
Respecto a la segunda Sugerencia, manifestaba la Dirección General de Industria, Energía y Minas que las medidas propuestas, tales como “condicionar la aprobación definitiva de la instalación eléctrica a la no superación de los límites de exposición a CEM” o “no autorizar el establecimiento de nuevas instalaciones eléctricas o la modificación de las existentes cuando pudiera suponer que se superen los límites de exposición a CEM”, estarían igualmente condicionadas a que dichos límites estuviesen fijados normativamente al carecer la Recomendación 1999/519/CE del rigor normativo necesario.
Por otra parte, hacía referencia a la futura Ley de Salud Pública de Andalucía, en fase de tramitación, que recoge la figura de la “Evaluación de impacto sobre la salud” de los planes, programas, instrumentos de planeamiento urbanístico, obras o actividades recogidas en Anexo. Entre las actividades recogidas se incluyen las instalaciones energéticas de combustión con potencia térmica inferior a 50 MW, pero no las que son objeto de nuestra especial atención en función de la demanda detectada (transformadores eléctricos y otras instalaciones de alta tensión).
En cuanto a la posible limitación al emplazamiento de instalaciones de energía eléctrica y su ubicación en dependencias específicas destinadas exclusivamente a tal fin y alejadas de edificios y locales de uso residencial, la respuesta de la Dirección General manifestaba que la ubicación de este tipo de instalaciones no obedecía “a una mera discrecionalidad de la Administración competente, sino más bien al cumplimiento de los reglamentos técnicos aplicables en esta materia”.
Por último, en lo referente al establecimiento de medidas adicionales para evitar las molestias generadas por los centros de transformación ubicados en el interior de edificios la respuesta de la Dirección General se remitía a lo estipulado en relación a las condiciones y requisitos que han de cumplir este tipo de instalaciones en la Resolución de 5 de Mayo de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se aprueban las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica Endesa Distribución SLU en la Comunidad de Andalucía.
Entiende la Dirección General que dicha norma da respuesta a las consideraciones planteadas al regular las condiciones relativas a “ventilación, insonorización, medidas antivibratorias y contra incendios, pantallas de protección, etc.”.
Por lo que se refiere a la Resolución dirigida a la Consejería de Salud, debemos decir que recientemente se ha recibido respuesta de la Secretaría General de Salud Pública y participación en la que se nos indica, entre otras consideraciones , lo siguiente:
“Le informo que recientemente se nos ha remitido, en trámite de audiencia, el proyecto de Decreto por el que se regulan y simplifican los procedimientos para las autorizaciones de instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este proyecto normativo pretende regular y simplificar el procedimientos para la autorización de instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución en la Comunidad Autónoma de Andalucía, e incluye en su ámbito de aplicación las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica en alta tensión con frecuencia de servicio inferior a 100 Hz, en las que concurran ciertas circunstancias. Estas instalaciones emiten campos electromagnéticos de extremadamente baja frecuencia (FEB, en adelante).
Desde esta Secretaría General se han realizado diversas consideraciones al texto del citado proyecto, para la inclusión en el mismo de los requisitos que garanticen la protección sanitaria de la ciudadanía, en relación con los límites de exposición de los FEB, lo que nos mantiene en la actualidad en conversaciones con la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en consonancia con lo expuesto en su Resolución de 26 de junio de 2010. Le mantendremos informado de los resultados obtenidos.
Asimismo, le comunico que la reunión de la ponencia de Sanidad Ambiental del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada el 7 de octubre de 2010, esta Secretaría General expuso la problemática sobre protección sanitaria a FEB puesta de manifiesto en su Resolución, y se instó al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a coordinar la elaboración de una norma que regula los límites de la exposición a FEB.”
En principio, la respuesta recibida nos parece muy alentadora y nos permite aventurar la posibilidad de que, en un futuro próximo, se proceda a una regulación de los límites de exposición a los campos electromagnéticos.

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 155
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución