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BOE.es - Documento BOE-A-2016-5195
Documento BOE-A-2016-5195
Pleno. Sentencia 83/2016, de 28 de abril de 2016. Recurso de amparo 4703-2012. Promovido por don Pedro María Gragera de Torres y 326 personas más en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su demanda frente al Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2010, por el que se solicita del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar en sus propios términos el estado de alarma y el Real Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): sometimiento al control jurisdiccional exclusivo del Tribunal Constitucional de los actos gubernamentales y parlamentarios de declaración, autorización y prórroga de los estados de emergencia.
«BOE» núm. 131, de 31 de mayo de 2016, páginas 35848 a 35871 (24 págs.)
BOE-A-2016-5195
En la exposición de motivos del citado Real Decreto se justificó la medida adoptada por «las circunstancias extraordinarias que concurren por el cierre del espacio aéreo español como consecuencia del conflicto provocado por los controladores de tráfico aéreo que, mediante una acción concertada, han resuelto sin aviso previo, no desarrollar en la tarde del día 3 de diciembre de 2010 su actividad profesional…»
De acuerdo con el art. 3 del citado Real Decreto, titulado «ámbito subjetivo», en virtud de lo dispuesto en los arts. 9.1 y 12.1 de la Ley Orgánica 4/1981, en relación con el art. 44 de la Ley 48/1960, de 21 de junio, sobre navegación aérea, todos los controladores de tránsito al servicio de AENA pasaron a tener, durante la vigencia del estado de alarma, la consideración de personal militar, sometidos, en consecuencia, a las autoridades militares y a las leyes penales y disciplinarias militares (art. 8.5 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código penal militar), lo que fue notificado a los recurrentes en amparo según se fueron incorporando a sus puestos de trabajo.
c) El Congreso de los Diputados celebró sesión en fecha 9 de diciembre de 2010, que tuvo como único punto del orden del día la «comunicación del Gobierno que acompaña al Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo».
Por providencia de 3 de marzo de 2011, se emplazó a las partes para que por término legal y común de diez días formularan alegaciones sobre la posible inadmisibilidad del recurso por dirigirse «contra una actuación que no es susceptible de control jurisdiccional por este orden contencioso-administrativo».
Los demandantes de amparo interpusieron recurso de reposición contra la anterior providencia, por infracción del art. 51 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), así como del art. 24.1 CE, puesto que, de conformidad con aquel precepto, sólo «tras el examen del expediente administrativo» podría el Tribunal declarar, previo emplazamiento de las partes, la inadmisión del recurso.
Tras señalar la posibilidad de declarar la inadmisión del recurso contencioso-administrativo ex art. 5 LJCA sin esperar a que fuera remitido el expediente administrativo, en el Auto se sostiene, en síntesis, reproduciendo la doctrina de los Autos de 10 de febrero y 9 de marzo de 2011 (por los que se acordó la inadmisión del recurso contencioso-administrativo núm. 553-2010 interpuesto contra el Real Decreto 1673/2010), que con la autorización de la prórroga del estado de alarma en los mismo términos en los que fue inicialmente declarado, el Congreso de los Diputados había asumido en su integridad «el contenido de su inicial declaración por el Real Decreto 1673/2010», con lo que le vino a dar a dicha declaración «naturaleza y carácter parlamentario», por lo que «no tratándose ya de una actuación gubernamental sino de una resolución de la cámara, el Real Decreto quedaba fuera del ámbito que el artículo 106.1 de la Constitución delimita para el control judicial de la actuación administrativa y no tenía encaje en los artículos 1 y 2 de la Ley reguladora». «La autorización –se dice en el Auto de 9 de marzo de 2011– para prorrogar el estado de alarma es una verdadera convalidación de su declaración inicial porque ratifica su validez y, por eso, dispone su continuidad». Si ello es así respecto al Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, «ha de añadirse –se dice en el Auto ahora recurrido en amparo– que la prórroga no es constitucionalmente posible sin dicha autorización y que no es concebible que el Congreso de los Diputados la conceda sin aceptar su procedencia en la forma y en el fondo. De este modo, una vez parlamentarizada la decisión, aunque su formalización última la expresa el Gobierno por Real Decreto, la consecuencia que ello conlleva es que dicha decisión se sitúa fuera del ámbito propio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que resulta de lo establecido en los artículos 106.1 de la Constitución y 1 y 2 de la Ley reguladora».
a) Los demandantes de amparo consideran evidente la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo (art. 49 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), pues nunca se había declarado en nuestro ordenamiento el estado de alarma, lo que por sí justifica la importancia de su contenido «para la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales». En este sentido, razonan que las resoluciones jurisdiccionales impugnadas han impedido que recaiga una sentencia de fondo que se pronuncie sobre los presupuestos establecidos en la ley y en la Constitución para proceder a la declaración del estado de alarma, sobre si las medidas adoptadas al amparo de dicha declaración fueron las adecuadas o si han comportado una restricción injustificada de los derechos fundamentales de las personas a las que afectó directamente [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 1, letras a) y g)]. Más allá de las concretas vulneraciones del derecho fundamental alegado, este Tribunal ha de pronunciarse por vez primera sobre si son fiscalizables o no ante la jurisdicción contencioso-administrativa la declaración y prorroga del estado de alarma. Tampoco existe ningún pronunciamiento por parte de este Tribunal sobre la posible lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) como consecuencia de la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo sin que previamente se hubiera reclamado el expediente administrativo (art. 51.1 LJCA).
Aun cuando se considerase como «un acto político», no por ello constituye una actuación administrativa plenamente exenta de control jurisdiccional. En este sentido, se reproducen en la demanda reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo, conforme a los cuales, con base en el art. 2.1 a) LJCA, todos los actos del Gobierno, incluidos los de naturaleza política, están sometidos al control judicial en lo que se refiere, al menos, al cumplimiento de los derechos fundamentales y de sus elementos reglados. Es impensable, por lo tanto, que en aplicación de lo dispuesto en los arts. 9 y 24 CE y 2.1 a) LJCA los Reales Decretos y el acuerdo del Consejo de Ministros impugnados en la vía judicial queden excluidos de todo control jurisdiccional, al menos respecto a la protección de los derechos fundamentales, gravemente limitados en este caso con la declaración y prórroga del estado de alarma, a sus elementos reglados y la determinación de la indemnización correspondiente.
7. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia, de 7 de enero de 2014, se tuvo por parte y personado al Abogado del Estado, acordándose dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de 20 días, dentro de los cuales pudieron presentar las alegaciones que tuvieron por conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
Por este sistema ha optado la Constitución al regular las situaciones de alteración del orden constitucional en su artículo 116, que forma parte del título V, dedicado a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, precepto desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981. Estados estos que se regulan de manera gradualista, existiendo un control por parte del Congreso de los Diputados más intenso en la medida en que se pasa de uno a otro, pudiendo también apreciarse en todos ellos un reforzamiento de los poderes del ejecutivo, al que se atribuyen determinados poderes excepcionales de los que carece en un supuesto de normalidad constitucional. Las funciones que en estos supuestos realiza el Gobierno no se integran en las normales, reguladas en el título IV CE («Del Gobierno y de la Administración»), ni tampoco son normales los controles de su ejercicio. En cualquiera de los tres supuestos constitucionalmente previstos se pueden producir afectaciones de normas legales o asimiladas, esto es, puede el ejecutivo excepcionarlas, suspenderlas o modificar su aplicabilidad legítimamente (ATC 7/2012, de 13 de enero, FJ 2) y, en todo caso, se producen limitaciones al ejercicio de determinados derechos fundamentales e incluso la suspensión de alguno de ellos durante la vigencia de alguno de los estados de emergencia (excepción y sitio).
También se observa que la regulación de los estados de emergencia busca una «unidad de acción» entre el poder legislativo y el ejecutivo para afrontar las situaciones de crisis institucional que alteran la propia normalidad constitucional, de tal manera que el ejecutivo no podrá ejercer sus poderes y funciones excepcionales en estas situaciones de crisis institucional sin el respaldo continuado del Congreso de los Diputados por lo que implica de alteración del sistema constitucional de distribución de funciones y poderes.
En este sentido, el art. 2 LJCA de manera restringida permite el control jurisdiccional sobre los actos de gobierno «cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos». Así pues, nada excluye un control jurisdiccional de los actos políticos del Gobierno constreñido al análisis de su respeto a los derechos fundamentales y a la observancia de los elementos reglados a la vista del citado art. 2 LJCA y de los mandatos de los arts. 9.1 y 24.1 CE.
En relación con la declaración inicial del estado de alarma, el Ministerio Fiscal, con base en la doctrina del Auto del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2010 y las previsiones de los arts. 196 y 197 RCD relativos a las comunicaciones del Gobierno al Congreso de los Diputados, sostiene que el debate habido con ocasión de la información recibida supone, por sí sólo, un control político de la Cámara sobre la declaración del estado de alarma que permite a ésta posicionarse sobre dicha declaración, por lo que no puede hablarse de una actuación pasiva de la Cámara. Además, la Cámara no es un mero receptor de la información sobre la declaración del estado de alarma, sino que los distintos grupos parlamentarios pueden someter a la Mesa del Congreso la votación de resoluciones sobre la situación de emergencia decretada por el Gobierno, es decir, la propia Cámara puede adoptar decisiones que contengan un pronunciamiento sobre la regularidad de la decisión adoptada por el Gobierno. A mayor abundamiento, como señala el Auto del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2010, «[l]a autorización por el Congreso de los Diputados de la prórroga del estado de alarma supuso la asunción de la declaración inicial» y «es una verdadera convalidación de su declaración inicial porque ratifica su validez y, por eso, dispone su continuidad».
f) En relación con la medida de militarización de los controladores de tránsito aéreo (art. 3 del Real Decreto 1673/2010, mantenida por el Real Decreto 1717/2010), el Ministerio Fiscal señala que los demandantes de amparo no denuncian concretos actos de lesión de derechos e intereses legítimos de los controladores, ni identifican qué ordenes emanadas de la autoridad competente (arts. 6 del Real Decreto 1673/2010 y Real Decreto 1717/2010) han conculcado aquellos derechos fundamentales, ni cómo la militarización ha causado un daño o lesión efectiva sobre sus derechos. No denunciándose una concreta lesión de un derecho fundamental, sino un hipotético peligro o riesgo para los derechos fundamentales que se enumeran en la demanda, la denuncia efectuada carece de justificación.
Los Reales Decretos de declaración y prórroga del estado de alarma se han dictado –afirma el Ministerio Fiscal– por el gobierno en ejercicio de las facultades reconocidas por los arts. 116.2 CE y 4 de la Ley Orgánica 4/1981. Así pues, han sido dictados por la autoridad designada constitucional y orgánicamente, han respetado el procedimiento legalmente establecido, exponen los motivos o causas para su adopción, responden al fin de recuperar la normalidad del tránsito aéreo, explican la necesidad de las medidas impuestas y declaran la proporcionalidad de las mismas. Todo ello ha de conducir a estimar que el Gobierno ha cumplido con las formalidades relativas a la competencia, forma del acto, procedimiento, explicitación de su finalidad y exigencia de proporcionalidad. En consecuencia, se habrían cumplido con los presupuestos reglados establecidos normativamente para decretar el estado de alarma y su prórroga, máxime cuando con la autorización de la prórroga por el Congreso de los Diputados, concedida en los mismos términos en los que se declaró el estado de alarma, la Cámara ha asumido, como ha declarado el Tribunal Supremo, la regularidad de la forma y el contenido de aquellos Reales Decretos.
El Tribunal Supremo, en el mismo Auto de 30 de mayo de 2011 que inadmitió el recurso contencioso-administrativo, desestimó también el recurso de reposición promovido por los demandantes de amparo, al considerar que la «inadmisibilidad por falta de jurisdicción tiene una regulación específica en el artículo 5 de la Ley jurisdiccional, que permite declararla sin necesidad de esperar a que haya sido remitido el expediente administrativo» (razonamiento jurídico primero).
No obstante, esa deferencia hacia el máximo intérprete de la legalidad ordinaria (art. 123.1 CE) debe conciliarse en el presente caso con la indiscutible relevancia constitucional que ofrece la cuestión nuclear que aquí se debate, que presenta, como se dijo, una indudable incidencia en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva en defensa de derechos e intereses legítimos y en el que, además, se controvierte la interpretación de disposiciones constitucionales de enorme calado para nuestro Estado de Derecho como son los arts. 106 y 116 CE. En efecto, la resolución del presente recurso de amparo suscita cuestiones centrales para el sistema de fuentes diseñado por la Constitución, con consecuencias importantes también para la delimitación y la preservación del ámbito de nuestra propia jurisdicción y, con ello, para el alcance de las disposiciones jurídicas que la regulan [entre otras, los arts. 161.1 a) y 163 CE y 27, 31 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC]. Así pues, hemos de examinar, dada la peculiaridad de este caso, y más allá de la puntual argumentación que en algunos extremos pueda argüirse en los Autos recurridos, si la decisión judicial de declarar excluidos del ámbito de fiscalización propio de la jurisdicción contencioso-administrativa los Reales Decretos en cuestión, resulta o no lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) conforme a una adecuada y conjunta interpretación de todos los preceptos constitucionales en juego, cuya hermenéutica última a este Tribunal compete en su condición de interprete supremo de la Constitución (art. 1.1 LOTC).
7. Como hemos advertido en otras ocasiones, «los problemas relacionados con el sistema de fuentes sólo pueden abordarse partiendo del concreto contenido de la regulación recurrida» (STC 49/2008, de 9 de abril, FJ 6).
El art. 116 CE, precepto que forma parte del título V CE, que tiene por rúbrica «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales», plasma la opción del constituyente de 1978 por un modelo de regulación del denominado derecho constitucional de excepción caracterizado, frente a los precedentes históricos, por la mención de los tres estados de emergencia –estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio– con los que hacer frente a posibles situaciones de anormalidad constitucional, reservando a una ley orgánica la regulación de cada uno de estos estados, así como las competencias y las limitaciones correspondientes (art. 116.1 CE).
La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (de la Ley Orgánica 4/1981) ha llevado a cabo el desarrollo normativo que reclama el art. 116 CE, contemplando un primer capítulo, que precede a la regulación de cada uno de los estados de emergencia del art. 116 CE, en el que se recogen, como expresivamente revela su rúbrica, disposiciones comunes a los tres estados. Así, contiene una definición genérica de las situaciones que puedan dar lugar a la declaración de cualquiera de ellos, disponiendo al respecto que la misma procederá «cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes» (art. 1.1). A esta definición, se añade la proclamación de una serie de principios que han de informar y regir la declaración y vigencia de cada uno de los estados de emergencia: los principios de necesidad y proporcionalidad (art. 1.2); el principio de temporalidad (art. 1.3); los principios de vigencia inmediata y de publicidad (art. 2); y, en fin, el principio de responsabilidad (art. 3.2).
8. Descendiendo de lo general a lo particular, en lo que al estado de alarma atañe, primero de los mencionados en el art. 116 CE, el art. 4 de la Ley Orgánica 4/1981 identifica las situaciones de emergencia o, en sus propios términos, las «alteraciones graves de la normalidad» que pueden dar lugar a su declaración, referidas, en síntesis, a emergencias naturales o tecnológicas, a crisis sanitarias, a situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad y/o a la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garanticen los servicios mínimos (arts. 28.2 y 37.2 CE) y además concurra, respecto a este último supuesto, alguna de las otras situaciones definidas en el precepto.
En el citado Auto, este Tribunal abordó el significado de las expresiones «fuerza de ley», «valor de ley» y «rango de ley», empleadas indistintamente por diversos preceptos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Afirmó allí que con estas locuciones «la Constitución primero, y luego la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, han querido acotar un genus de normas, decisiones y actos, del que serían especificaciones, además de la propia ley parlamentaria, otras fuentes en parte equiparadas a la misma por la propia Constitución, así como algunos actos, decisiones o resoluciones no identificados como tales ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero que si gozarían de aquel “valor” o “rango”». Y abundando en la identificación de esta categoría, operación ceñida al ámbito parlamentario dada la procedencia del acto entonces recurrido en amparo, añadió que «es manifiesto que son de subsumir también en la misma aquellas decisiones o actos parlamentarios que sin ser leyes o fuentes equiparadas a la ley, sí pueden, conforme a la propia Constitución, afectar a aquellas normas legales o asimiladas, esto es, excepcionarlas, suspenderlas o modificar su aplicabilidad legítimamente. Si la Constitución y el ordenamiento habilitan a determinados actos, decisiones o resoluciones parlamentarias para modificar de tal modo la aplicación de las leyes, no es de dudar que tales actos, decisiones o resoluciones ostenten ese genérico rango” o “valor de ley”» (FJ 3).
Previamente a la proyección de la precedente doctrina sobre el acto objeto del recurso de amparo, en el Auto se declaró que «que todos los estados que cabe denominar de emergencia ex art. 116 CE y también por tanto, el de menor intensidad de entre ellos, esto es, el de alarma, suponen, como es evidente y así resulta de su regulación en la Ley Orgánica 4/1981, de 4 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, excepciones o modificaciones pro tempore en la aplicabilidad de determinadas normas del ordenamiento vigente, incluidas, en lo que ahora importa, determinadas disposiciones legales, que sin ser derogadas o modificadas sí pueden ver alterada su aplicabilidad ordinaria (arts. 9 a 12; 16 a 30; 32 a 36 de la Ley Orgánica 4/1981, de 4 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio), pues el fundamento de la declaración de cualquiera de estos estados es siempre la imposibilidad en que se encuentran las autoridades competentes para mantener mediante “los poderes ordinarios” la normalidad ante la emergencia de determinadas circunstancias extraordinarias (art. 1.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 4 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio)» (FJ 3).
La aplicación de la doctrina constitucional reseñada llevó al Tribunal a concluir que «el acto de autorización parlamentaria de la prórroga del estado de alarma o el de la declaración y prórroga del de excepción, que no son meros actos de carácter autorizatorio, pues tienen un contenido normativo o regulador (ya en cuanto hacen suyos el alcance, condiciones y términos del estado de alarma o de excepción fijados o solicitados por el Gobierno, ya en cuanto la propia Cámara directamente los establece o introduce modificaciones en los propuestos), así como el acto parlamentario de declaración del estado de sitio son, todos ellos, decisiones con rango o valor de ley, expresión del ejercicio de una competencia constitucionalmente confiada a la Cámara Baja ex art. 116 CE en aras de la protección, en los respectivos estados de emergencia, de los derechos y libertades de los ciudadanos (en similar sentido, ATC 114/1991, de 11 de abril, FJ 3)».
10. Esta doctrina constitucional es perfectamente trasladable y aplicable al supuesto que ahora nos ocupa, sin que constituya al respecto obstáculo la circunstancia de que haya sido elaborada con ocasión de la impugnación de un acto o decisión parlamentaria. Y ello porque las locuciones «valor de ley», «rango de ley» o «fuerza de ley» no quedan exclusivamente circunscritas en nuestro ordenamiento a actos o decisiones de origen parlamentario, pudiendo predicarse también la cualidad de la que son manifestación aquellas locuciones, sin necesidad de entrar ahora en consideraciones más detalladas, de actos, decisiones o disposiciones de procedencia gubernamental.
La decisión gubernamental por la que se declara el estado de alarma no se limita a constatar el presupuesto de hecho habilitante de la declaración de dicho estado, esto es, la concurrencia de alguna o algunas de las situaciones o «alteraciones graves de la normalidad» previstas en la de la Ley Orgánica 4/1981 (art. 4) que pueden dar lugar a la proclamación del estado de emergencia, ni se limita tampoco a la mera la declaración de éste. La decisión gubernamental tiene además un carácter normativo, en cuanto establece el concreto estatuto jurídico del estado que se declara. En otras palabras, dispone la legalidad aplicable durante su vigencia, constituyendo también fuente de habilitación de disposiciones y actos administrativos. La decisión gubernamental viene así a integrar en cada caso, sumándose a la Constitución y a la Ley Orgánica 4/1981, el sistema de fuentes del derecho de excepción, al complementar el derecho de excepción de aplicación en el concreto estado declarado. Y esta legalidad excepcional que contiene la declaración gubernamental desplaza durante el estado de alarma la legalidad ordinaria en vigor, en la medida en que viene a excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar. Esta incidencia sobre la legislación vigente antes de la declaración del estado de alarma, incluidas las normas con rango de ley que pudieran verse afectadas, encuentra cobertura en el propio texto constitucional (art. 116.2 CE) y en la Ley Orgánica 4/1981 (art. 6), que imponen como contenido necesario del decreto en el que se formaliza la decisión gubernamental de la declaración la determinación de «los efectos del estado de alarma», efectos que pueden implicar, como se dijo en el ATC 7/2012, «excepciones o modificaciones pro tempore en la aplicabilidad de determinadas normas del ordenamiento vigente, incluidas, en lo que ahora importa, determinadas disposiciones legales, que sin ser derogadas o modificadas sí pueden ver alterada su aplicabilidad ordinaria» (FJ 4). Esto es, la propia Constitución y la ley reclamada por el art. 116.1 CE para desarrollar sus previsiones habilitan los efectos jurídicos que sobre la legislación en vigor antes de la declaración, incluidas las normas con rango de ley, tiene o puede tener la decisión gubernamental que, revistiendo la forma de decreto del Consejo de Ministros, proclama el estado de alarma. Así pues, aunque formalizada mediante decreto del Consejo de Ministros, la decisión de declarar el estado de alarma, dado su contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con rango o valor de ley. Y, en consecuencia, queda revestida de un valor normativo equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes y normas asimilables cuya aplicación puede excepcionar, suspender o modificar durante el estado de alarma.
Este Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar que «no toda la actuación del Gobierno, cuyas funciones se enuncian en el art. 97 del Texto constitucional, está sujeta al Derecho Administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo está, en general, la que se refiere a las relaciones con otros órganos constitucionales, como son los actos que regula el Título V de la Constitución, o la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de Ley, u otras semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección política que le atribuye el mencionado art. 97 de la Constitución» (STC 45/1990, de 15 de marzo, FJ 2). En tales casos, «el Gobierno actúa como órgano político y no como órgano de la Administración, no ejerce potestades administrativas ni dicta actos de esta naturaleza y, por lo mismo, su actuación no puede calificarse como “administrativa” cuyo control corresponda ex art. 106.1 de la Constitución y 8 LOPJ a los Tribunales de justicia» (STC 196/1990, de 29 de noviembre, FJ 5).
Dada en Madrid, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
la desestimación en relación con el Real Decreto 1673/2010, de 17 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-19462).
la desestimación en relación con el Real Decreto 1673/2010. de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-18683).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 106
 Real Decreto 
 artículo 116
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 resolución 
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