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Timestamp: 2017-11-21 11:52:12+00:00

Document:
Dictámenes del Consejo de Estado Referencia: 3630/2001
Referencia: 3630/2001
Asunto: Proyecto de Decreto que regula el procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria de CASTILLA Y LEON.
Fecha de Aprobación: 28/12/2001
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2001,
emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"Por comunicación de V.E. de fecha 10 de diciembre de 2001, el Consejo de Estado ha examinado el
expediente, remitido con carácter urgente, relativo al "Proyecto de Decreto por el que se regula el
procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León".
PRIMERO. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se hace referencia al artículo
34.1.10º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, por el que la Comunidad asume la
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. A continuación, se hace referencia al Decreto 51/1998,
de 5 de marzo, por el que se regula el procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio
e Industria de Castilla y León, y a la necesidad de sustituir éste por una nueva norma "que recoja un
procedimiento electoral ágil, claro y flexible, y que profundice en el carácter democrático de estas
elecciones". La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por 33 artículos agrupados en nueve
capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El artículo 1 determina el objeto del proyecto: la regulación del proceso electoral por el que se habrán
de regir las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León.
El artículo 2 define la condición de elector de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de
El Capítulo I (artículos 3 a 6) regula el derecho electoral activo y pasivo: El artículo 3 regula los titulares del derecho; El artículo 4 se refiere a su ejercicio; El artículo 5 enumera los requisitos para ser elegible; El artículo 6 regula los grupos y categorías electorales.
El Capítulo II (artículos 7 y 8) regula la apertura del proceso electoral: El artículo 7 se refiere a la apertura del proceso electoral; El artículo 8 regula la exposición del censo y las reclamaciones.
El Capítulo III (artículo 9) regula la convocatoria de las elecciones.
El Capítulo IV (artículos 10 y 11) se refiere a las Juntas Electorales: El artículo 10 regula su constitución y composición; El artículo 11 regula el ámbito y mandato.
El Capítulo V (artículos 12 a 14) se refiere a la presentación de candidaturas y proclamación de
candidatos: El artículo 12 regula la presentación de candidaturas; El artículo 13 regula la proclamación de candidatos; El artículo 14 regula la publicidad institucional.
El Capítulo VI (artículos 15 a 20) regula el voto por correo: El artículo 15 se refiere a su emisión; El artículo 16 regula la solicitud; El artículo 17 regula la comprobación; El artículo 18 establece la documentación que debe enviar el solicitante; El artículo 19 se refiere a la remisión del voto; El artículo 20 regula su entrega y verificación.
El Capítulo VII (artículos 21 a 28) regula el procedimiento de la elección: El artículo 21 se refiere a la constitución de las mesas electorales; El artículo 22 se refiere a la designación de interventores; El artículo 23 regula la suspensión; El artículo 24 regula la votación; El artículo 25 regula el escrutinio; El artículo 26 regula la verificación y proclamación de resultados; El artículo 27 regula la remisión de las actas y el archivo del expediente electoral; El artículo 28 regula la toma de posesión.
El Capítulo VIII (artículos 29 a 32) regula la elección de representantes y la constitución del Pleno: El artículo 29 se refiere a la elección de representantes propuestos por las organizaciones
empresariales; El artículo 30 regula la elección del Presidente y del Comité Ejecutivo; El artículo 31 se refiere a la duración del mandato del Presidente y de los demás miembros del
Comité Ejecutivo; El artículo 32 regula la Comisión Gestora y la convocatoria de nuevas elecciones.
El Capítulo IX (artículo 33) enumera las causas de pérdida de la condición de miembro del Pleno y
las que pueden determinar el cese anticipado del Presidente y los demás miembros de la Comisión
Ejecutiva, regulando a continuación los mecanismos para la provisión de las vacantes.
La disposición adicional establece que en lo no previsto en el Decreto será de aplicación supletoria lo
dispuesto en la normativa básica del Estado reguladora de las Cámaras Oficiales de Comercio e
La disposición derogatoria deroga el Decreto 51/1998, de 5 de marzo, por el que se regula el
procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León.
La disposición final primera autoriza al titular de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y el cumplimiento del presente
La disposición final segunda establece que el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
SEGUNDO. Contenido del expediente.
A) Constan en el expediente los informes de la Unidad de Normativa, Procedimiento y Organización
de la Secretaría General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo (en el que no se formula
objeción alguna) y la Asesoría Jurídica de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
El Consejo de Cámaras de Castilla y León ha manifestado su conformidad con el texto en su
integridad mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2001.
Figura también un informe-propuesta de la Dirección General de Comercio y Consumo por el que se
solicita la declaración de la tramitación de urgencia del proyecto de Decreto "como consecuencia de
haberse abierto ya el plazo correspondiente al nuevo proceso electoral".
B) Finalmente, constan en el expediente el texto definitivo del proyecto, el borrador anterior y una
I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento
electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta con carácter preceptivo,
conforme a lo dispuesto por los artículos 22.3 y 23 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del
Consejo de Estado. El dictamen se solicita con carácter urgente, con arreglo a lo establecido por el
artículo 19 de dicha Ley Orgánica.
II. Tramitación del expediente.
Respecto de la tramitación del proyecto, pueden considerarse atendidas las exigencias de índole
procedimental que deben seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo
como el ahora examinado. En efecto, se han cumplido las exigencias del capítulo IV del Decreto
Legislativo 1/1988, de 21 de julio, por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley del Gobierno y
de la Administración de Castilla y León, así como lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, que resulta aplicable en los aspectos no previstos en la mencionada norma
Hubiera sido deseable, sin embargo, una mayor amplitud y precisión de la memoria justificativa, que
consta de tres breves párrafos y que se limita a indicar "la conveniencia de regular el proceso de
elección de sus miembros (de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria) a través de un
procedimiento ágil que, sometiéndose al reconocimiento de los necesarios elementos comunes,
materialice el cumplimiento de las aspiraciones manifestadas". Este procedimiento, sin embargo, ya
existe (es el contenido en el Decreto 51/1998, de 5 de marzo, que ahora se pretende derogar), y no
hay en el expediente manifestación alguna de las razones que impulsan a modificar algunos de los
aspectos de ese procedimiento electoral vigente.
III. Competencia y rango de la norma proyectada.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León atribuye a ésta, en su artículo 34.1.10º,
la competencia, en el marco de la legislación básica del Estado, para el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación del Estado en materia de "Cámaras Agrarias, de Comercio e Industria y
cualesquiera otras de naturaleza equivalente".
La Comunidad de Castilla y León no ha dictado, por el momento, ninguna Ley en materia de
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, limitándose a desarrollar la legislación básica del Estado
a nivel reglamentario en los aspectos relativos al procedimiento electoral de las Cámaras. A esta
finalidad respondió el Decreto 51/1998, de 5 de marzo, que el presente proyecto pretende sustituir y
Al no existir un marco legal autonómico específico en materia de Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria, la habilitación es la genérica para el ejercicio de la potestad reglamentaria que el artículo 3
del antes mencionado texto refundido de la Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y
León atribuye a la Junta de Castilla y León.
IV. Observaciones sobre el proyecto de Decreto.
El proyecto de Decreto sometido a consulta pretende derogar y sustituir, como ya se ha señalado, al
Decreto 51/1998, de 5 de marzo, por el que se regula el procedimiento electoral de las Cámaras
Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León.
El Consejo de Estado tuvo ocasión de pronunciarse en el dictamen nº 4.878/97, de 15 de enero, con
respecto a la legalidad y oportunidad de este Decreto que ahora se sustituye. Concluía el citado
dictamen que el proyecto era correcto desde una triple perspectiva:
Desde la óptica del respeto a la Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación; 2)
Desde la óptica de la nueva distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma
de Castilla y León establecida por la Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo; y 3)
Desde la perspectiva constitucional de conseguir en el ámbito de la Comunidad Autónoma la máxima
participación y representatividad posible, condición esencial para la realización del más destacado
cometido atribuido a las Cámaras, cual es el de fomentar los intereses generales del comercio y de la
Indicaba también el mencionado dictamen que el Decreto había sido elaborado asumiendo "in toto" con las necesarias adaptaciones y algunos perfeccionamientos técnicos- el Capítulo III "Elecciones"
del Reglamento General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España,
aprobado por el Real Decreto 816/1990, de 22 de junio, con carácter provisional (aunque sigue en
vigor, por previsión expresa de la Ley básica estatal 3/1993).
El proyecto de Decreto sometido ahora a dictamen de este Consejo de Estado no acomete una
reforma profunda y global del procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de Castilla y León,
sino que se limita a introducir en el texto ahora vigente una serie de modificaciones puntuales,
aconsejadas por la práctica. Sin embargo, no se limita el proyecto a indicar la nueva redacción de los
artículos afectados por la reforma, sino que - sin duda por la dispersión de las modificaciones a lo
largo del articulado -, se ha optado por aprobar un nuevo texto reglamentario, reproduciendo en
muchos casos la misma redacción del Decreto 51/1998 e introduciendo los cambios allí donde se ha
estimado necesario (se retoca la redacción de 15 artículos en un total de 33).
Nada tiene que objetar el Consejo de Estado a este modo de proceder, que sin duda facilita la lectura
de la norma, pero sería adecuado que el preámbulo hiciera referencia al carácter parcial o de detalle
de las modificaciones introducidas, que tampoco se detallan en la memoria que acompaña al
Estas modificaciones son fundamentalmente las siguientes:
Se eliminan, en el artículo 4, algunas precisiones sobre el poder del representante a efectos del
ejercicio del derecho electoral y su acreditación. 2)
En el artículo 6.1 se sustituye el criterio de la clasificación de los electores comprendidos en el censo
de las Cámaras con arreglo a los criterios de Impuesto de Actividades Económicas por el criterio de
la importancia económica de los diversos sectores representados, redacción más adaptada al tenor del
artículo 8 de la Ley 3/1993. 3)
Se elimina el párrafo segundo del artículo 6.3, que contemplaba la posibilidad de acumulación de las
cuotas para personas que ejercen varias actividades pertenecientes a categorías del mismo grupo, a
efectos de determinar la categoría en que habrán de ejercer su derecho electoral, activo o pasivo. 4)
Se sustituye, como órgano de resolución de los distintos recursos contra los acuerdos del Comité
Ejecutivo de la Cámara (artículo 8.2), de las Juntas Electorales (artículo 13.4 y 25.3) y del Pleno
relativos a la pérdida de la condición de vocal plenario (artículo 33), la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo por el Director General de Comercio y Consumo. Asimismo, las referencias al
artículo 114 de la Ley 30/1992 que contenía el anterior Decreto pasan a hacerse al artículo 115, pues
es éste el que se refiere al cómputo del plazo para la interposición del recurso de alzada. 5)
En el artículo 9.1, se precisa que la competencia para convocar las elecciones corresponde a la
Dirección General de Comercio y Consumo, y no, como en la redacción anterior, a la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo. 6)
Se añade un apartado 3 al artículo 8, disponiendo que "las inclusiones y exclusiones de las empresas
que sean resueltas a favor del reclamante, con independencia del efecto que deban producir en el
Censo Electoral, no serán tenidas en consideración a efectos del cálculo del peso ponderado en el
grupo y en su caso categoría correspondiente para la asignación de vocales, regulado en las Normas
para la Elaboración de los Censos Electorales de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de
Castilla y León". 7)
En el artículo 10.2 se añade que los acuerdos de las Juntas Electorales se adoptan por mayoría simple
y que el voto del presidente es de calidad. 8)
En el artículo 12, relativo a la presentación de candidaturas, se atenúan los requisitos necesarios
(concretamente, en número de firmas de electores) para avalarlas. 9)
Se realiza una reducción generalizada de los distintos plazos del procedimiento: en el artículo 13.1 y
3, para la proclamación de los candidatos y de aquellos que deban cubrir la vacantes; en el artículo
26, relativo a la verificación y proclamación de los resultados por la Junta Electoral; en el artículo 28,
para la toma de posesión; en el artículo 29, para la presentación por las organizaciones empresariales
más representativas de las listas de candidatos que les corresponde proponer. En el artículo 29.1, se
precisa el plazo para convocar a los vocales electos propuestos por las organizaciones empresariales
para que elijan a los demás miembros del Pleno entre los candidatos aceptados que figuren incluidos
en la lista propuesta por aquéllas: antes se les convocaba "inmediatamente", ahora "en el plazo de tres
días". 10)
En el artículo 30.1 se precisa que el Pleno queda constituido tras la toma de posesión de los
miembros electos, de modo que la elección del Presidente y del Comité Ejecutivo la realiza ya el
Pleno en cuanto tal. 11)
En el artículo 30.2 se introduce la regla de la mayoría absoluta, aparentemente, para la votación del
cargo de Presidente, aunque la redacción no está muy clara. Se remite, asimismo, al Reglamento de
Régimen Interior la regulación del procedimiento para la votación de la candidatura para los
miembros del Comité Ejecutivo. Como luego se observará, tampoco en este caso la redacción es
demasiado clara. 12)
En el artículo 33.1 se elimina, como causa de pérdida de la condición de miembro del Pleno, la falta
de toma de posesión en el plazo establecido. 13)
En el artículo 33.2, se modifica el mecanismo para la cobertura de las vacantes producidas en el
Pleno: en la redacción vigente, se realiza una nueva elección en los correspondientes grupos o
categorías; en la nueva redacción, los cargos se proveen directamente a favor de los que resultaran en
su día los siguientes candidatos más votados, por su orden, en el grupo o categoría de que se trate y,
sólo si ninguno de éstos aceptase o si no existiesen, se procederá a la nueva elección.
El Consejo de Estado considera que estas modificaciones no contradicen las previsiones en materia
de régimen electoral de la Ley básica estatal 3/1993. Estas previsiones son básicamente las
La convocatoria de las elecciones corresponde a la respectiva Administración tutelante (artículo 9.1);
Esta Administración tutelante es también competente para determinar la composición y funciones de
las Juntas Electorales, "de forma que se garantice su actuación independiente y eficaz" (artículos
9.2); Finalmente, la disposición derogatoria única mantiene la vigencia del Reglamento General de
Cámaras aprobado por Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, y de los Reales Decretos 753/1978, de 27
de marzo, y 816/1990, de 22 de junio. Esta última norma regula el sistema electoral de estas
Corporaciones pero, como señaló este Consejo en el dictamen que elaboró sobre la misma (dictamen
nº 54.985, de 14 de junio de 1990) "de ningún modo puede interferirse sobre la regulación que en el
ejercicio de sus competencias hicieren las respectivas Comunidades Autónomas", sin perjuicio de su
aplicación supletoria en caso de ausencia de normas autonómicas.
Independientemente de esta corrección legal del proyecto, se formulan las siguientes observaciones
A) Sobre el órgano autonómico competente para la resolución de los recursos.
Como más arriba se indicó, el proyecto sometido a consulta ha optado por sustituir en varios artículos
la mención que se hacía a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo como órgano de resolución
de los recursos ordinarios (ahora de alzada) contra los acuerdos del Comité Ejecutivo de la Cámara
(artículo 8.2), de las Juntas Electorales (artículo 13.4 y 25.3) y del Pleno relativos a la pérdida de la
condición de vocal plenario (artículo 33), precisando ahora que esa resolución corresponde al
Director General de Comercio y Consumo, integrado en aquel departamento.
Esta modificación del órgano de resolución de los recursos contra actos de las Cámaras Oficiales
parece responder (aunque no existe a lo largo del expediente ninguna explicación al respecto) a una
voluntad de precisar cuál es el órgano, dentro de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, al
que le corresponde resolver los citados recursos. A la vista de esta presumible intención de la
redacción proyectada, el Consejo de Estado considera que esta modificación no resulta contraria a la
Ley, pero presenta ciertos inconvenientes que aconsejarían mantener la redacción vigente.
El artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero) establece en su apartado 1 que: "Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1,
cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior
jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al
servicio de las Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con
autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto,
del que haya nombrado al presidente de los mismos".
Ninguna de estas previsiones legales resulta aplicable a los recursos dictados por las Cámaras
Oficiales (ya sea por las Juntas electorales, el Comité Ejecutivo o el Pleno), en la medida en que éstas
no guardan una relación jerárquica con ningún órgano administrativo, sino que la Administración
correspondiente ejerce respecto a ellas unas facultades de tutela dirigidas a garantizar la legalidad en
su actuación: controles, por tanto, de legalidad, y no de oportunidad que, como regla general, no
permiten sustituir la decisión del ente tutelado, ni determinar con carácter vinculante el sentido de su
El artículo 22 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación se refiere al régimen de tutela de estas corporaciones de Derecho público,
"1.Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación están sujetas en el ejercicio de su
actividad a la tutela de la Administración del Estado o de las respectivas Comunidades Autónomas,
en el caso de que éstas hubieran asumido estatutariamente las competencias correspondientes. En
cualquier caso, se atribuye a la Administración del Estado la tutela sobre las actividades de las
Cámaras relativas al comercio exterior. 2. La función de tutela comprende el ejercicio de las
potestades administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de recursos, suspensión y
disolución a que se refiere la presente Ley. La función de tutela que corresponde al Estado sobre las
actividades de las Cámaras relativas al comercio exterior no implicará, por sí sola, las potestades de
suspensión y disolución antes señaladas".
A la vista de esta previsión legal, y dado que la Comunidad de Castilla y León ha asumido
competencias normativas de desarrollo de la legislación básica estatal en materia de Cámaras
Oficiales de Comercio e Industria, la Administración tutelante es, con la única excepción de las
actividades relativas al comercio exterior, la Administración autonómica, correspondiendo a ésta, por
tanto, la resolución de los recursos que procedan contra los actos de aquéllas.
Sin embargo, ni este precepto, ni tampoco el artículo 9.3 de la misma Ley 3/1993 (que establece que
"contra los acuerdos de las Cámaras sobre reclamaciones al censo electoral y los de las Juntas
Electorales se podrá interponer recurso ordinario ante la Administración tutelante") precisan cuál es
el órgano administrativo al que, dentro de la estructura organizativa de la Administración tutelante,
debe atribuirse la competencia de resolución de los recursos y, en general, el ejercicio de las
potestades administrativas de aprobación y fiscalización.
Desde una perspectiva estrictamente legal, por tanto, nada impide que la Administración tutelante
atribuya en vía reglamentaria la competencia para resolver los recursos contra actos de las Cámaras o
de las Juntas Electorales a la Consejería con competencias en materia de industria y comercio o a un
órgano inferior dependiente de ella como es un Director General. Ahora bien, como ya se adelantó,
esta última opción presenta ciertos inconvenientes prácticos y formales que deberían ser tenidos en
a) Tradicionalmente, las competencias de tutela en relación con las corporaciones de Derecho público
se han atribuido al correspondiente Ministerio o Consejería. Así, por ejemplo, la Ley 2/1974, de 13
de febrero, de Colegios Profesionales, establece en su artículo 2.3 (redacción dada por Ley 74/1978)
que éstos se relacionarán con la Administración a través del Departamento ministerial competente; y
el Reglamento General de Cámaras aprobado por Decreto 1291/1974, de 2 de mayo (que la Ley
3/1993 mantiene en vigor, aunque sus previsiones deben asumirse con las necesarias cautelas, dada la
nueva distribución de competencias en esta materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas)
dispone en su artículo 1 que "las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación son Corporaciones
de Derecho Público dependientes del Ministerio de Comercio y Turismo".
Las citas anteriores no son, ciertamente, sino indicios de la idea general de que las corporaciones de
Derecho público deben estar formalmente adscritas, a efectos de su tutela, al órgano superior de la
rama de la Administración pública con competencias en la materia, es decir, el Ministerio o
Consejería correspondiente. De esta forma, se destaca más la independencia y la propia importancia
de la corporación que si la norma correspondiente atribuye directa y expresamente las facultades de
tutela a un órgano de naturaleza inferior.
La atribución de la competencia para resolver los recursos contra los actos de las Cámaras Oficiales a
un órgano de rango inferior como es un Director General implica, por tanto, un inconveniente formal,
pues si bien ello no significa ninguna dependencia especial (ni altera la adscripción orgánica, que
sigue siendo al órgano superior, es decir, a la Consejería), sino una simple distribución de funciones
concretas en el seno de la Consejería, parece más conveniente que el Decreto siga citando como
órgano ad quem a la Consejería.
b) En segundo lugar, la modificación que introduce el proyecto en este punto presenta un
inconveniente de carácter práctico, derivado de la inestabilidad de las organizaciones administrativas.
La frecuencia con que en toda Administración pública se llevan a cabo reestructuraciones
administrativas y cambios en la denominación y las competencias de los distintos órganos obliga, a la
hora de llevarlos a cabo, a tener en cuenta las diferentes menciones que a aquéllos se hacen en
normas jurídicas, menciones que habrá que reinterpretar a la luz de los cambios producidos.
Ello crea muy frecuentemente una cierta inseguridad en la determinación, por ejemplo, del órgano
concreto que debe resolver un recurso, y la inseguridad es mayor - porque mayor es la frecuencia con
que se producen los cambios- cuanto más se baja en la estructura administrativa.
También por esta segunda razón, por tanto, el Consejo de Estado considera conveniente mantener, en
los artículos 8.2, 13.4, 25.3 y 33 del proyecto sometido a dictamen la referencia que la redacción
actualmente vigente hace a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de las
posibles delegaciones de funciones que en el seno de la misma después puedan realizarse.
B) Artículo 30.2: Sobre el procedimiento de elección del Comité Ejecutivo.
El proyecto da nueva redacción al apartado 2 del artículo 30 del Decreto. Tras referirse en su
apartado 1 a la constitución del Pleno con los miembros electos, regula en el citado apartado 2 la
elección del Presidente y del Comité Ejecutivo en los siguientes términos (se indica en cursiva las
novedades respecto a la regulación vigente):
"A tal efecto se constituirá la Mesa Electoral, que estará compuesta por los dos miembros de mayor y
menor edad, respectivamente, de los miembros electos convocados y por el representante designado
por el Consejero de Industria, Comercio y Turismo que actuará de Presidente. Hará las funciones de
Secretario el que lo sea de la Corporación. Abierta la sesión, se iniciará el turno de propuesta de
candidaturas para el cargo de Presidente. Una vez electo podrá éste presentar candidatura para todos
los demás miembros del Comité Ejecutivo, Vicepresidentes, Tesorero y Vocales. Se procederá a la
votación de esta candidatura resultando en su caso elegida de obtener la mitad más uno de los votos
emitidos. Corresponderá a cada Cámara de Comercio e Industria regular en su Reglamento de
Régimen Interior la existencia o no de este procedimiento. De no estar así regulado el procedimiento,
o caso de no presentar tal candidatura a favor de los restantes cargos del Comité Ejecutivo por parte
del Presidente, o, en su caso, de no resultar elegida dicha candidatura, se celebrará la de los otros
cargos del Comité Ejecutivo por el siguiente orden: Vicepresidente, Tesorero y Vocales, resultando
elegidos quienes obtengan la mitad más uno de los votos emitidos. En el caso de no alcanzarse este
quórum se procederá a una segunda votación, resultando elegidos aquéllos que obtengan el mayor
número de votos emitidos".
El Consejo de Estado considera que la redacción proyectada para este precepto es de una cierta
complejidad y puede inducir a confusión.
Debería, por lo tanto, aclararse esta redacción por razones de mayor corrección y seguridad jurídica.
C) Observación final sobre la referencia al Consejo de Estado en la fórmula promulgatoria de las
Para finalizar, debe realizarse una observación final referida a la forma en que debe hacerse
referencia al Consejo de Estado en la fórmula promulgatoria de las normas sometidas a previo
dictamen de este Consejo
El artículo 2.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y el artículo 7 de su Reglamento Orgánico
disponen al respecto lo siguiente: "Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el
Consejo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se apartan de
él. En el primer caso, se usará la fórmula "de acuerdo con el Consejo de Estado"; en el segundo, la de
"oído el Consejo de Estado"."
Pero, además, hay que tener en cuenta el artículo 130.3 del Reglamento, de acuerdo con el cual:
"Cuando el dictamen contenga observaciones y sugerencias de distinta entidad establecerá, siempre
que sea posible, cuáles se consideran esenciales a efectos de que, si éstas son atendidas en su
totalidad, la resolución que se dicte pueda utilizar la fórmula "de acuerdo con el Consejo de Estado"".
A la vista de estas previsiones reglamentarias, puede concluirse que la fórmula "oído el Consejo de
Estado" sólo deberá ser utilizada cuando la autoridad consultante no atienda, en la resolución que
finalmente se dicte, alguna de las observaciones que hayan sido calificadas a estos efectos como
esenciales en el cuerpo del dictamen. En los demás casos, procede la utilización de la fórmula "de
acuerdo con el Consejo de Estado".
Se ha observado, sin embargo, que el Decreto 51/1998, de 5 de marzo, que ahora se deroga, utilizó la
fórmula "oído el Consejo de Estado", y ello pese a que este Consejo, en su dictamen nº 4.878/97, de
fecha 15 de enero de 1998, no realizó ningún tipo de observación, esencial o no, al proyecto sometido
a consulta (como tampoco las hace - esenciales- el presente dictamen), por lo que se hubiera debido
utilizar la fórmula "de acuerdo con el Consejo de Estado".
Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo del presente dictamen,
puede someterse a la aprobación de la Junta de Castilla y León el proyecto de Decreto por el que se
regula el procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y
Madrid, 28 de diciembre de 2001
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.,
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
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