Source: http://donde-estan.com/repercusiones-de-destituciones-en-defensa-y-militares/
Timestamp: 2019-04-22 20:58:57+00:00

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Repercusiones de destituciones en Defensa y militares
Ampliación de noticias y repercusiones de la decisión del Ejecutivo uruguayo con respecto a la actitud del Ministerio de la Defensa de Uruguay, y de cuadros superiores de las FFAA uruguayas en Tribunales de Honor del Ejército.
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A más de 34 años del retorno a la institucionalidad democrática, las Fuerzas Armadas siguen gozando de un régimen jubilatorio realmente privilegiado. El Estado destina 600 millones de dólares anuales para solventar la Caja Militar. Una parte muy importante, más de 100 millones de dólares, se destinan a pagar las jubilaciones de 1.500 oficiales del “proceso”, que incluyen a personajes tales los mencionados en los fallos de los tribunales, pero también a Manuel Cordero, Jorge Tróccoli y Pedro Mattos entre otros.
El brutal desplante antidemocrático de Guido Manini Ríos, tiene como trasfondo la discusión que se comienza a dar a nivel parlamentario sobre las Fuerzas Armadas. Las FFAA siguen siendo gobernadas por una ley orgánica aprobada en 1974, en plena dictadura, basada en la doctrina de la seguridad nacional. Durante el proceso el número de integrantes creció exponencialmente y aunque se han reducido hay superabundancia de efectivos y de militares para el contexto de un país como Uruguay.
Sobran coroneles, para poner un solo ejemplo y es evidente que los tribunales de honor deberían ser rediseñados totalmente, en caso de mantenerse. Es hora de depurar de elementos golpistas a las Fuerzas Armadas y democratizarlas a fondo, con el respaldo de la ciudadanía.
Vázquez destituyó al comandante del Ejército
y a todos los generales de los
Vázquez por destituir a generales
El grupo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió una declaración a través de la cual respalda la decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de destituir y pasar a retiro a seis generales militares.
En la declaración se expresa que “ante el Tribunal de Honor, convocado por el fallo judicial por 28 asesinatos especialmente agravados, los criminales confiesan la tortura, asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro (marzo de 1973), Eduardo Pérez (mayo de 1974) y María Claudia García”.
A pesar de ello, “los integrantes de dicho Tribunal no encuentran que estos crímenes lesionen el honor de las Fuerzas Armadas, así como tampoco entienden pertinente remitir estas declaraciones a la Justicia, siendo esa su obligación. Esto pone de manifiesto cuál es la concepción del honor que tienen hoy los mandos militares y la doctrina que los motiva”.
Respaldo a Vázquez
“Respaldamos la rápida respuesta del presidente y confiamos que el Senado actúe en consecuencia”, indica Madres tras la decisión del mandatario de cesar al comandante en Jefe del Ejército, José González, y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, quienes pasarán a retiro obligatorio, y requerir la venia correspondiente de la Cámara de Senadores para promover la situación de pase a retiro obligatorio de los generales: Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo.
“Entendemos que para nombrar un nuevo comandante en Jefe, se debe tener en cuenta su posición sobre el período del terrorismo de Estado, los delitos de lesa humanidad cometidos y se le debe exigir una condena expresa a estos hechos. Asimismo debe asumir el compromiso con el respeto a todos los derechos humanos; la búsqueda de la verdad y aportarla a la Justicia como corresponde”, indica la agrupación.
También se recuerda en el comunicado que, el Parlamento tiene en el orden del día la discusión de la Reforma de la Ley Orgánica Militar. “En esta discusión se debe tener en cuenta que las Fuerzas Armadas están formadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional y actúan hoy en consecuencia”.
“Por lo tanto entendemos que debe reducirse la oficialidad y la tropa al mínimo necesario, deben modificarse sus planes de estudio y sus cometidos deben atenerse a lo estrictamente dictado por la Constitución de la República”, indica Madres.
Por otro lado, expresa que es “completamente improcedente e inaceptable la creación de una ‘Guardia Nacional’ integrada por efectivos de estas mismas fuerzas, que han expresado claramente cuál es su moral y su concepción del deber que tienen con la ciudadanía, según la propuesta que se plebiscitará este año”.
Declaración de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Declaración del PIT-CNT ante los acontecimientos de acualidad
La democracia uruguaya no admite más dilaciones en investigar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades de civiles y militares en la gestación y ejecución del terrorismo de Estado. La defensa de la democracia es un compromiso inquebrantable del movimiento sindical, demostra-do con lucha en lo que fue una de las gestas más heroicas de nuestro pueblo, la gloriosa Huelga General del año 1973, con la que pueblo uruguayo respondió al golpe de Estado de Bordaberry del 27 de junio de ese año.
Reafirmamos la vigencia absoluta de la resolución que dio origen en el año 1964 a la unidad sindi-cal, en función de la cual, el conjunto del movimiento obrero responderá con huelga a cualquier intento de quiebre de la institucionalidad democrática.
Pedirán que se desarchive la causa
de Gomensoro y Gavazzo
volvería a declarar
La decisión del magistrado se da después de que el sábado, el diario El Observador publicara actas de un Tribunal de Honor militar, en el que se José Nino Gavazzo admitía que en ese año había arrojado al río el cuerpo de Gomensoro él “solo”.
“Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo”, habría dicho Gavazzo en esas declaraciones. En ese mismo Tribunal, el también ex militar Jorge “Pajarito” Silveira acusó a Gavazzo de la muerte de Gomensoro, pero también de la de Eduardo Pérez Silveira y de la desaparición de María Claudia García de Gelman.
“Una vez producido el deceso, se ordena al oficial Meneses que envuelva el cuerpo en una malla de alambre y lo coloque para fondear el cuerpo y evitar que suba a la superficie del lago”, dice la resolución, citando a un preso, quien declaró también que Meneses le decía “¿Querés que te fondee como al rubio?”. El rubio es Gomensoro.
Según testigos, Meneses también amenazaba a presos con hacerle “lo mismo” que “a ese que tiramos en el lago”.
Desde Familiares señalaron a Montevideo Portal que es “casi imposible” que Gavazzo haya actuado solo. “Gavazzo era el mandamás, pero hay toda una banda de oficiales que hicieron todas esas barbaridades”, dijo a este portal Óscar Urtasum.
“No fue solo, no llevó el cuerpo solo. El cuerpo estaba en alambres, con piedras, Subirlo solo, a pesar de que es grande, tiene fuerza y puede hacer cualquier barbaridad, alguien lo tuvo que ayudar”.
El familiar de desaparecidos dijo que el fiscal Perciballe está haciendo un “excelentísimo” trabajo al frente de la Fiscalía de delitos de Lesa Humanidad, y apuntó que por su labor “pone en riesgo su futuro”.
Urtasum celebró la destitución de los generales involucrados en los tribunales de Honor y de Honor de Alzada, y apuntó que es una “señal” que estos casos vuelvan a revisarse. “Nosotros denunciamos esto hace años, es bueno que ahora se confirmen”.
Para leer las actas de procesamiento de Nino Gavazzo tocar la imágen
Para Chargoñia el PE “sostuvo la
impunidad” pero “cuando la sangre llegó
al río reaccionó”
“Es muy difícil sostener la hipótesis de que el presidente no estaba al tanto”, dijo el abogado Pablo Chargoñia.
En declaraciones al programa Fuerte y Claro, de Radio Informarte, el abogado Pablo Chargoñia, que integra el Observatorio Luz Ibarburu, dijo que la destitución de autoridades de Defensa y Ejército se trató de “un hecho ambivalente y dual” porque ha quedado demostrado que el Poder Ejecutivo “sostuvo la impunidad” pero “cuando la sangre llegó al río reaccionó”.
Chargoñia dijo que la publicación de las actas por parte de Leonardo Haberkorn “generó una reacción inevitable” y expresó que se trata de “un gesto ambivalente y dual porque el mismo Gobierno sostiene la impunidad, pero cuando la sangre llega al río reacciona y es dudoso porque el mensaje es que la responsabilidad es del ministro de Defensa”.
Para el abogado este punto “es difícil de aceptar porque Presidencia recibió la información en manos de sus dos abogados, el secretario Miguel Ángel Toma y el prosecretario, Juan Andrés Roballo. A mí me cuesta admitir que ellos no analizararon la información que el periodista sí analizó”, expresó.
Ante esto, para Chargoñia “es muy difícil sostener la hipótesis de que el presidente no estaba al tanto, que es la idea que se deja con el cese de las autoridades del ministerio”.
Por otro lado, el integrante del Observatorio Luz Ibarburu dijo que quienes apuntan solo a “reprochar penalmente a los militares” lo único que hacen es “un intento de salvar la responsabilidad política del mando civil de las FFAA”.
Chargoñia comentó que por estas horas las organizaciones de DDHH están reunidas y no se descarta una respuesta popular en la calle.
“Están sucediendo los hechos muy rápido y las organizaciones están reunidas y seguramente va a haber reacción. La sociedad civil debe presentarse ante estos hechos sin caer en la lógica político-partidaria, propia del año electoral”, añadió.
Chargoñia advirtió sobre la importancia de “no caer en la tentación de erigir a Vázquez en una especie de héroe civil porque destituyo a unos militares” porque se trata de una “postura ingenua y peligrosa desde los principios de los DDHH, el movimiento se debe mantener independiente de cualquier Gobierno”, cerró durante la entrevista.
DECLARACIÓN DEL PCU EN RESPALDO A LO ACTUADO POR EL PRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ – 1/4/19
El PCU expresa su absoluto respaldo a las decisiones adoptadas hoy por el presidente de la República, compañero Tabaré Vázquez, en Consejo de Ministros, sustentadas en sólidos fundamentos éticos, democráticos y legales.
Apoya la destitución y pase a retiro del Comandante en Jefe del Ejército, general José González, del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Alfredo Erramún y el pedido de pase a retiro de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo; todos ellos integrantes de los Tribunales de Honor Militares que juzgaron la conducta de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, procesados por delitos de lesa humanidad.
Respalda la decisión del presidente Vázquez de pasar a la Fiscalía General de la Nación todos los antecedentes de la actuación de los Tribunales de Honor militares para que se investigue la posible comisión de delitos.
Reafirma los conceptos expresados en su declaración del 31 de marzo de 2019.
Exhorta a todos los partidos políticos, organizaciones sociales y a la ciudadanía general a manifestarse en respaldo de la democracia.
Tras la polémica en torno al jefe del Ejército de Uruguay
Tabaré echó a la cúpula
La omisión de lo que confesó el represor Gavazzo ante el Tribunal de Honor fue el detonante de la salida de los ministros y de tres militares.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó ayer al ministro y viceministro de Defensa y a los tres militares que conformaban el Tribunal de Honor del Ejército, entre ellos el recientemente nombrado comandante en jefe del Ejército, José González. La decisión del mandatario llegó dos días después de que salieran a la luz declaraciones del represor condenado José Gavazzo en las que confesaba ante el Tribunal de Honor haber arrojado al río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973. El tribunal consideró que este hecho no había faltado al honor militar, envió el fallo al Ejecutivo, pero no mencionó el crimen en el informe ni notificó del delito a la Justicia ordinaria.
“Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo”. La confesión de Gavazzo rescatada de las actas por el diario uruguayo El Observador fue la que desencadenó las destituciones del ministro de Defensa Jorge Menéndez; del viceministro Daniel Montiel; del comandante en jefe del Ejército nombrado hace diez días, José González; del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y del general Gustavo Fajardo. Ante el tribunal conformado por estos tres últimos, Gavazzo admitió tanto haber desaparecido el cuerpo de Gomensoro como de haberle mentido a la Justicia al respecto. Sin embargo, otro ex militar que también estaba siendo juzgado por su honor, Jorge “Pajarito” Silveira, lo acusó, asimismo, de haber sido responsable de la muerte de otro detenido en el Grupo de Artillería 1 y de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, nuera de Juan Gelman. Silveira acusó a Gavazzo de no tener la hombría suficiente para asumir sus actos.
Pese a las confesiones y acusaciones, los militares –entre ellos, González– entendieron que no se había afectado el honor del Ejército, indicó El Observador. Por otro lado, consideraron que sí había faltado al honor de la Fuerza el hecho de que tanto Gavazzo como Silveira hayan permitido que el coronel Juan Carlos Gómez permaneciera tres años preso por el asesinato de Gomensoro, cuando ellos sabían que era inocente.
Las actas del Tribunal de Honor, con fecha de 2018, fueron homologadas por Vázquez y por el viceministro de Defensa (el titular de la cartera se encontraba de licencia), sin que se notificara al mandatario sobre su contenido. Toda la información estaba allí aunque el presidente lo ignorara. Por ello, el 12 de marzo pasado, Vázquez dio el visto bueno al nombramiento de González como jefe del Ejército luego de haber cesado a Guido Manini Ríos en ese puesto, precisamente por haber criticado a la Justicia ordinaria. “Un militar citado como indagado por la Justicia no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes, fraguadas o inventadas” había dicho Manini Ríos. El gobierno de Vázquez decidió que las declaraciones del entonces número uno del Ejército eran incompatibles con su cargo.
Frente a este panorama, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, anunció ayer que se había designado a un funcionario de turno para investigar la posible omisión de confesión de delito relatada al Tribunal de Honor. “Recopilamos toda la información de fuente abierta y nos encontramos con la situación de que se habría puesto en conocimiento de los miembros del Tribunal de Honor del Ejército la comisión de determinados hechos delictivos y las circunstancias de los mismos”, expresó a la prensa.
Según anunció el funcionario, envió a la Fiscalía de 13° Turno los antecedentes pertinentes al caso, entre ellos, el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, que indica que cuando se tiene conocimiento de la existencia o la presunción de un hecho delictivo se deben suspender las actuaciones y comunicar al superior extremo, algo que hasta el momento la Fiscalía desconoce. “Lo que sí sabemos es que en ningún momento se puso en conocimiento de la Justicia este hecho y estas circunstancias entendiendo de que puede haber, eso se determinará en la investigación, un hecho delictivo en la omisión de parte de los funcionarios públicos en denunciar un delito”, aseguró Díaz.
El Procurador General señaló que, aunque las actuaciones de los Tribunales de Honor son reservadas, si se establece el conocimiento de un hecho delictivo se debe informar al superior. “Parece que todo indica que ahí debió efectuarse una denuncia. Hay una cadena de mando ahí y en definitiva quien debe poner en conocimiento de la Justicia es el superior”, aseveró.
El escándalo le explota al gobierno en plena campaña electoral, cuando la coalición gobernante Frente Amplio (FA) busca un cuarto mandato a partir de 2020. El precandidato por el opositor Partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo que aunque Vázquez había tenido responsabilidad política en la designación de González al frente del Ejército, la decisión de las destituciones había sido acertada. Así también lo consideró el precandidato colorado Ernesto Talvi. “Vázquez hizo lo que tenía que hacer. Destituyó al ministro y viceministro de Defensa, al Comandante en Jefe y a los otros dos miembros del Tribunal de Honor que no consideraron que la conducta repudiable de Gavazzo afectaba el honor del Ejército”, tuiteó.
El aspirante comunista a la nominación presidencial oficialista Oscar Andrade, había pedido el domingo la remoción del jefe del Ejército. “No puede seguir en funciones un comandante en jefe que avala las monstruosidades que se confesaron en el Tribunal de Honor”, dijo en su cuenta de Twitter. Ayer, expresó su absoluto respaldo a la destitución de los integrantes del tribunal de honor. El candidato favorito en la interna del FA, el intendente de Montevideo Daniel Martínez, también expresó su respaldo a la decisión de Vázquez. “Mi total y absoluto respaldo a la decisión del Presidente Tabaré Vázquez. Para gobernar hay que tener valentía política y la convicción que a la democracia se la defiende actuando con firmeza en los momentos difíciles. La lucha por los derechos humanos es una lucha permanente”, tuiteó.
Díaz envió antecedentes del
a la Fiscalía de flagrancia
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió a la Fiscalía de flagrancia los antecedentes del Tribunal de Honor del Ejército que no envió a Justicia la información sobre el asesinato de Roberto Gomensoro. El ex militar José Nino Gavazzo admitió haber arrojado al río Negro el cadáver de Gomensoro, en marzo de 1973. Jorge Pajarito Silveira, también ex militar, declaró ante el mismo tribunal que Gavazzo fue el responsable de la muerte de Gomensoro.
“En el día de ayer resolví enviar a la Fiscalía de 13 Turno, todos los antecedentes de fuente abierta sobre la omisión de denunciar los hechos y las circunstancias del homicidio de Roberto Gomensoro Josman, relatados al Tribunal de Honor del Ejército por el reo José Gavazzo”, publicó Díaz en Twitter.
Vázquez destituyó al comandante
en jefe del Ejército y les pidió
la renuncia al ministro y el
José Bayardi es la opción más firme del Poder Ejecutivo para sustituir a Jorge Menéndez.
Tras la difusión del contenido de las actas del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº 1 del Ejército Nacional, que evaluó las conductas de los represores condenados José Nino Gavazzo, Jorge PajaritoSilveira y Luis Maurente, el presidente Tabaré Vázquez tomó ayer una medida sin precedentes. Destituyó al comandante en jefe del Ejército, general José González, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Alfredo Erramún, y dispuso que renunciaran el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, y su subsecretario, Daniel Montiel. También solicitó al Senado su venia para el pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, quienes integraron el mencionado Tribunal de Honor, al igual que González.
El sábado, El Observador publicó resultados de una investigación del periodista Leonardo Haberkorn acerca de las declaraciones de Gavazzo y Silveira ante el Tribunal de Honor. Entre otras cosas, informó que el primero admitió que en marzo de 1973 arrojó al río Negro el cadáver del militante tupamaro Roberto Gomensoro para hacerlo desaparecer. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé al vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo”, dijo Gavazzo según la nota del diario. Silveira, a su vez, afirmó ante el mismo tribunal que fue Gavazzo quien asesinó a Gomensoro.
La investigación también apunta que siete generales del Ejército –los tres que participaron en el Tribunal de Honor, entre ellos González, luego designado comandante en jefe del Ejército; los tres que integraron un tribunal de apelación, y el entonces comandante Guido Manini Ríos– coincidieron en que Gavazzo y Silveira no habían lesionado el honor del Ejército con los 28 homicidios especialmente agravados por los que fueron condenados en 2009, pero sí por haber permitido que el coronel Juan Carlos Gómez estuviera tres años preso por el asesinato de Gomensoro, sabiendo que era inocente.
El Poder Ejecutivo homologó los fallos sobre la conducta de Gavazzo y Silveira el 12 de marzo, aclarando que lo hacía debido a los actos por los que fueron condenados, “y no sólo por los motivos restringidos” del Tribunal de Honor. En paralelo, Vázquez destituyó como comandante en jefe a Manini Ríos, por los cuestionamientos a la Justicia que hizo en su informe al presidente sobre lo que había resuelto el Tribunal de Honor.
“Grave omisión”
Según un comunicado emitido por Presidencia, tras la publicación de la investigación periodística se solicitó ayer, “con carácter urgente”, al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) el expediente del Tribunal Especial de Honor. La cartera envió de “inmediato” la información, y además comunicó a Vázquez que tenía “en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación”. Ante esto, Vázquez “ordenó la inmediata remisión” a la Fiscalía de los testimonios de los tres represores ante el Tribunal de Honor. En el mismo comunicado, se señaló que tanto ese tribunal del Ejército como el de alzada (de apelación) “omitieron en forma deliberada cumplir con el mandato” establecido en el artículo 77 del decreto 55/985, que establece que, si el ejercicio de sus funciones los llevaba a la “presunción de un delito, común o militar”, tenían el deber de comunicarle esto “de inmediato” al superior que correspondiera. En este caso, además, otro de los partícipes en esta “grave omisión” fue Manini Ríos, quien “conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente” y, además, repite la acción cuando eleva los fallos, con sus comentarios, a Presidencia.
Recambio y relevos
Según informaron a la diaria fuentes del Poder Ejecutivo, la opción más firme que se maneja para ocupar el lugar de Menéndez es la de José Bayardi, dirigente de la Vertiente Artiguista y presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (FA). Bayardi ya cuenta con experiencia al frente del MDN: en 2005, cuando Vázquez asumió su primera presidencia, fue designado subsecretario, y luego del retiro de la ministra Azucena Berrutti asumió la titularidad de la cartera desde febrero de 2008 hasta agosto de 2009. Bayardi, además, integró el gabinete como ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el gobierno de José Mujica. La subsecretaría del MDN, según las fuentes, quedaría para un dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector al que pertenece Montiel. El senador Andrés Berterreche, integrante de la comisión de Defensa de su cámara, es una de las opciones, comentaron desde el gobierno.
En paralelo, ayer, durante más de tres horas, tuvo lugar una reunión de generales en el comando del Ejército. Según informó ayer Telenoche, el comandante en jefe interino será Marcelo Montaner, actual jefe del Estado Mayor de la fuerza. Los pases a retiro no sólo dejarán vacantes la comandancia y la jefatura del Estado Mayor de la Defensa, sino también el mando de varias dependencias del Ejército. Romano es el director del Instituto Militar de Estudios Superiores; Sequeira, el comandante de la División de Ejército I; Salaberry, el director nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas; y Fajardo, el comandante de la División de Ejército IV.
Del total de 15 generales, ayer quedaron firmes nueve: Miguel Giordano, agregado militar ante la Junta Interamericana de Defensa; Héctor Tabárez, director del Instituto Militar de las Armas y Especialidades y de la Escuela Militar; Ricardo Fernández, al frente del Comando de Apoyo Logístico del Ejército; Julio Macías, responsable de la Reserva General del Ejército; Gerardo Fregossi, comandante de la División de Ejército II; Claudio Feola, jefe de la Casa Militar; Neris Corbo, director nacional de Pasos de Frontera; y Domingo Montaldo, director del Centro de Altos Estudios Nacionales.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos recordó en un comunicado que en el anterior que emitió, el 20 de marzo, “expresó claramente lo que hoy [por ayer] se confirma”, y señaló que “ante el Tribunal de Honor, convocado por el fallo judicial por 28 asesinatos especialmente agravados, los criminales confiesan la tortura, asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro (marzo de 1973), Eduardo Pérez (mayo de 1974) y María Claudia García”. “A pesar de esto, los integrantes de dicho Tribunal no encuentran que estos crímenes lesionen el honor de las Fuerzas Armadas, así como tampoco entienden pertinente remitir estas declaraciones a la Justicia, siendo esa su obligación. Esto pone de manifiesto cuál es la concepción del honor que tienen hoy los mandos militares, y la doctrina que los motiva”, se sostiene en el comunicado.
Además, la organización respalda “la rápida respuesta” de Vázquez, confía en “que el Senado actúe en consecuencia”, y entiende que “para nombrar un nuevo” comandante en jefe del Ejército “se debe tener en cuenta su posición sobre el período del Terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad cometidos, y se le debe exigir una condena expresa a estos hechos”. “Asimismo debe asumir el compromiso con el respeto a todos los derechos humanos” y con “la búsqueda de la verdad, y aportarla a la Justicia como corresponde”, añade. El comunicado finaliza recordando que el Parlamento tiene a discusión la reforma de la Ley Orgánica Militar y que se debe tener en cuenta que “las Fuerzas Armadas están formadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional y actúan hoy en consecuencia”, por lo que “debe reducirse la oficialidad y la tropa al mínimo necesario”, además de modificar sus planes de estudio y asegurarles cometidos que se atengan “a lo estrictamente dictado por la Constitución”. La organización reafirma, en esa línea, que “es completamente improcedente e inaceptable” la creación de una Guardia Nacional “integrada por efectivos de estas mismas fuerzas, que han expresado claramente cuál es su moral y su concepción del deber que tienen con la ciudadanía”.
La resolución de Vázquez motivó diversas valoraciones de dirigentes partidarios. El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) dijo a la diaria que el presidente “sabía o debió saber” sobre el contenido de las actas de los tribunales de honor de los represores. “Si [Vázquez] se hubiera informado, no habría designado” como comandante en jefe a González, que integró uno de esos tribunales, sostuvo. Larrañaga considera que hubo una “cadena de errores”, que involucró a las Fuerzas Armadas (FFAA), el MDN y Presidencia, pero que el “principal omiso” fue Vázquez.
Otro de los precandidatos nacionalistas, Luis Lacalle Pou (Todos), reconoció que la decisión de Vázquez fue acertada, pero acotó que el presidente tiene “responsabilidad política directa”, porque estaba en conocimiento del fallo del Tribunal de Honor y nombró comandante a “una de las personas que lo había firmado”, recogió ayer Subrayado.
El precandidato colorado Julio María Sanguinetti también criticó al gobierno por el “grave error” de haber homologado los fallos del Tribunal de Honor. En diálogo con la diaria, el ex presidente calificó de “sorprendente” que el ministro y el subsecretario no hayan “alertado al presidente sobre la gravedad” de esos fallos. “Si no le advirtieron, tiene toda la razón para cambiar al ministro”, comentó, y afirmó que lo que revela todo este episodio es “la falta de conducción” de las FFAA. Desde “Eleuterio Fernández Huidobro este barco está sin comando”, opinó.
Desde el oficialismo, el Secretariado Ejecutivo del FA expresó este lunes su “absoluto respaldo” a Vázquez por la decisión tomada. Así lo expresó en conferencia de prensa el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, quien dijo que Vázquez le comunicó que “no tenía la información de las actas” cuando recibió las valoraciones de Manini Ríos sobre la resolución del Tribunal de Honor.
También se expresaron los precandidatos del oficialismo sobre la resolución de Presidencia. Carolina Cosse escribió en su cuenta de Twitter que el “principal objetivo del gobierno” es defender la democracia, y “a ello todos deben subordinarse en el marco de nuestra Constitución”. En la misma línea opinó Óscar Andrade, quien dio su “absoluto respaldo” a la decisión de destituir a los integrantes del Tribunal de Honor que “avalaron atrocidades” y advirtió que “las FFAA deben estar subordinadas a los gobiernos democráticos”. Mario Bergara sostuvo que la decisión de Vázquez es una “señal clara de compromiso con la defensa de la democracia”, y que es hora de “seguir avanzado en la búsqueda de la verdad y en la reforma orgánica de las FFAA”. Daniel Martínez, por su parte, dijo en conferencia de prensa que fue la “medida correcta”, y que “lejos de pensar que las heridas se lavan con el olvido”, entiende que “se lavan en la medida en que se sepa lo que pasó”.
El Partido Socialista (PS) emitió una declaración en la que respalda la decisión del presidente Vázquez de “destituir” a los generales, pero también expresa “respaldo y reconocimiento al trabajo desempeñado” por Menéndez, que integra el sector. La declaración dice que bajo la conducción de Menéndez, “y venciendo muchos obstáculos, se impulsó la implementación de los compromisos asumidos en el programa de gobierno del Frente Amplio en relación a la democratización y transformación de las Fuerzas Armadas”. “La renuncia a su cargo, a pedido del presidente, lo enaltece y confirma su compromiso con el gobierno, el Frente Amplio y su programa de cambios”, se agrega. El PS añade que es necesario continuar la transformación de las FFAA, desterrar la doctrina de la seguridad nacional y fortalecer “la cultura democrática”, y expresa su “más firme compromiso en la lucha contra la impunidad, por la verdad, la justicia y la plena vigencia de los derechos humanos”.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, anunció ayer en su cuenta de Twitter que envió a la Fiscalía de 13er Turno y a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad la información surgida a raíz de la investigación periodística de El Observador. El fiscal especializado Ricardo Perciballe dijo a la diaria que, antes de recibir la información enviada por Díaz, la fiscalía resolvió solicitar al juzgado de Paso de los Toros que se desarchive la causa de Gomensoro, pedir al MDN las actas del Tribunal de Honor, y demandar del juzgado penal de 27º Turno que considere la información que surge de esas actas acerca de la desaparición del tupamaro Eduardo Pérez, alias El Gordo Marcos.
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References: resolución 
 artículo 77
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