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Timestamp: 2019-03-21 14:29:28+00:00

Document:
ATS 1450/2018, 29 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 754151089
Número de Recurso: 10064/2018
Número de Resolución: 1450/2018
Auto núm. 1.450/2018
Fecha del auto: 29/11/2018
Número del procedimiento: 10064/2018
Procedencia: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID (SALA DE LO CIVIL Y PENAL)
RECURSO CASACION (P) núm.: 10064/2018
Auto núm. 1450/2018
Por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid se dictó sentencia, con fecha 19 de octubre de 2017, en autos con referencia de Rollo de Sala Procedimiento Abreviado nº 1222/2017, tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 36 de Madrid, como Procedimiento Abreviado nº 937/2017, en la que se condenaba, entre otros, a Jaime como autor responsable de un delito contra la salud pública de los arts. 368 y 369.1.5º del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de siete años de prisión, con la correspondiente accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena, y a una multa de 300.000 euros; así como al pago la mitad de las costas procesales.
Además, la sentencia acuerda el decomiso de la sustancia, dinero y efectos intervenidos.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Jaime, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que, con fecha 17 de enero de 2018, dictó sentencia, por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto por éste.
Contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se interpone recurso de casación, por el Procurador de los Tribunales Don Noel Alain Dorremochea Guiot, actuando en nombre y representación de Jaime, con base en cuatro motivos:
1) Al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española.
2) Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, infracción de ley por vulneración del artículo 24 de la Constitución Española.
3) Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, infracción de ley por indebida aplicación de los artículos 28 y 29 del Código Penal.
4) Al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quebrantamiento de forma por predeterminación del fallo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca.
El motivo primero del recurso se formula al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española.
Afirma el recurrente que ha sido condenado con base en una prueba de cargo que no puede estimarse suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, utilizándose indebidamente la prueba indiciaria para sustentar la condena y sin observar la prueba practicada en el plenario, vulnerándose así el derecho a la tutela judicial efectiva por falta de razonabilidad en la estructura valorativa de la prueba. No se habría valorado correctamente la prueba consistente en la declaración del otro coacusado, en tanto negó que él tuviera conocimiento de que portaba droga, y no se tuvieron en consideración otras pruebas, existiendo múltiples contradicciones en las declaraciones de los testigos, lo que llevó a la sentencia de apelación a calificar de meras "sospechas" algunos de los indicios que fueron tomados en consideración por la sentencia de instancia.
Como indica la STS 476/2017, de 26 de junio, la reforma de La ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Estas profundas modificaciones legales satisfacen una antigua exigencia del orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. Ahora, una vez superada la necesidad de atender la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.
En este marco, la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del art. 885 de la ley procesal penal. Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada.
Estos elementos son el fundamento sobre los que debe operar la admisión del recurso de casación y cuya inobservancia puede conllevar la inadmisión del mismo, conforme a los artículos 884 y 885 LECrim. Por otra parte, como dijimos en la STS 308/2017 es ajena a la función jurisdiccional una interpretación rígida de las causas de inadmisión, pero sería conveniente y deseable (a la vista de los actuales contornos de la casación derivados de la regulación de la Ley 41/2015) que la parte planteara adecuadamente las razones que sustentan la relevancia casacional de su recurso, bien en cuanto a los aspectos que sostienen su fundamento esencial o bien en relación con los aspectos novedosos que plantea su recurso ( números 1 y 2 del artículo 885 LECrim., sensu contrario). Ello permitiría a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que prima facie podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación.
Como expresa la STS 241/2015, de 17 de abril, la prueba indiciaria supone un proceso intelectual complejo que reconstruye un hecho concreto a partir de una recolección de indicios. Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos mediatos para concluir otros inmediatos. Y como quiera que cuando se pone en marcha la cadena lógica, nos adentramos en el terreno de las incertidumbres, la necesidad de un plus argumentativo se justifica por sí sola. El juicio histórico y la fundamentación jurídica han de expresar, con reforzada técnica narrativa, la hilazón lógica de los indicios sobre los que se construye la condena. El proceso deductivo ha de quedar plasmado en toda su extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el que el órgano jurisdiccional afirma la condena. Ha de quedar al descubierto el juicio de inferencia como actividad intelectual que sirve de enlace a un hecho acreditado y su consecuencia lógica ( SSTS 587/2014, 18 de julio; 947/2007, 12 de noviembre y STS 456/2008, 8 de julio, entre otras).
La STS 849/2015, de 1 de diciembre, en recepción de la doctrina del Tribunal Constitucional, afirma que las declaraciones de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones prestadas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar al determinar su credibilidad ( SSTS 1290/2009 de 23 de diciembre; 84/2010 de 18 de febrero; 60/2012 de 8 de febrero; 129/2014 de 26 de febrero o 622/2015 de 23 de octubre). Asimismo, recuerda que una especial cautela debe presidir la valoración de tales declaraciones a causa de la posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece como testigo, sino como acusado y por ello asistido de los derechos a no declarar en su contra y a no reconocerse como culpable, por lo que la declaración incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo única, no resulta mínimamente corroborada.
En el supuesto de autos, se declara probado por la Audiencia Provincial, en síntesis, que el acusado Mauricio, ejecutoriamente condenado por sentencia firme de 4 de marzo de 2015 del Tribunal Convencional de Perpignan como autor de un delito de tráfico de drogas, fue detenido sobre las 5:00 horas del día 2 de mayo de 2017 en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas cuando, procedente de Lima (Perú) en el vuelo NUM000 de Air Europa, llevaba adosado a ambas piernas una faja con dos envoltorios de cinta americana de color gris en su exterior, que ocultaban una sustancia que, debidamente analizada, resultó ser cocaína, con un peso neto de 4.0976 gramos y una riqueza del 95 3% de cocaína base (3.09501 gramos de cocaína pura), destinados a su distribución y venta a terceras personas.
También ese día fue detenido Jaime, persona que acudió al aeropuerto a recoger a Mauricio, encargado de transportar en su vehículo la droga hasta su entrega en el lugar y forma oportuna y con quien Mauricio se había concertado previamente para introducir la droga en España.
El recurrente considera que la ausencia de indicios sobre su conocimiento de que el otro coacusado transportaba droga y la errónea valoración de la declaración de aquél, por los motivos indicados, supone la infracción del derecho a la presunción de inocencia, al no poderse acreditar que tuviese relación alguna con la cocaína incautada.
La sentencia de la Audiencia descarta, por el propio reconocimiento de los hechos por parte del coacusado y la testifical de los agentes policiales, que el recurrente no tuviese conocimiento del transporte de la sustancia, ya que según aquélla, tras identificar al también acusado Mauricio como persona sospechosa de transportar droga por la cantidad de viajes realizados a Perú, y en el marco de la investigación, comienzan a vincularle con el hoy recurrente, por lo que se inician los seguimientos al mismo, fruto de los cuales se constata, incluso, cómo ambos llegan a pernoctar en dos ocasiones en una misma habitación de hotel en las localidades de Madrid y Valladolid. Es más, los agentes igualmente destacaron que la actitud de ambos el día de su detención no era la normal entre un pasajero y la persona que va a recogerle, no saludándose siquiera y dirigiéndose directamente a la salida del parking.
Además, el Tribunal de primera instancia consideró inverosímil la versión del recurrente sobre los motivos aducidos a propósito de justificar sus viajes al extranjero -sin soporte probatorio alguno acerca de la pretendida tramitación de la nacionalidad de su hija- o el encuentro y hospedaje de ambos en la localidad de Valladolid. Tampoco la explicación ofrecida sobre la existencia de una fotografía en su teléfono móvil de otro de los investigados para, según adujo, remitirla a un "chamán" para quitarle el mal de ojo, resultó convincente o, en todo caso, susceptible de desvirtuar la investigación o las conclusiones alcanzadas por los agentes de policía, ratificadas en el plenario.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia deniega nuevamente la pretensión sobre la base de las referidas declaraciones de los agentes policiales. Asimismo, hace hincapié en la actitud mostrada por ambos acusados el día de su detención, puesta de manifiesto por aquéllos, en tanto eludieron todo contacto entre ellos, aún a pesar de que ambos admitieron que se conocían, no reuniéndose hasta llegar al aparcamiento.
Ciertamente el órgano de apelación llega a considerar que la coincidencia de ambos acusados en dos hoteles o sus viajes al extranjero no permitirían por sí solos justificar su participación conjunta en operaciones de importación de droga, pero, a su vez, valora los indicios que sobre el coimputado pesaban a lo largo de toda la investigación, expuestos por los agentes, en relación a sus viajes a Perú, sus reuniones con otros investigados y la coincidencia misma de ambos acusados, como demostrativos de las claras sospechas de la posible realización por su parte de hechos ilícitos, finalmente materializadas en la incautación en poder del coacusado de una importante cantidad de droga.
En el caso actual, el Tribunal Superior de Justicia entendió que las testificales de los agentes constituyeron prueba apta para considerar acreditado que el recurrente conocía el transporte de la droga por parte del otro coacusado, sin albergar dudas en cuanto a que fue ese día al aeropuerto a recogerle y de que ambos pretendieron simular su falta de relación hasta el momento en que se disponían a subir al vehículo en el que el recurrente llegó al aeropuerto. Actitud indicativa, se dice, de que éste conocía que el otro acusado transportaba droga desde el extranjero y de que era la persona que le iba a auxiliar para la posterior entrega de la droga a su destinatario final.
Además, el Tribunal de apelación valoró que el propio recurrente reconociese que conocía al coacusado y el hecho mismo de que acudió al aeropuerto a recogerle, lo que confirma su acierto al validar la declaración de éste último como prueba de cargo y la inferencia de que la droga intervenida iba a ser introducida por ambos acusados en el mercado ilícito.
En conclusión, las Salas sentenciadoras indican minuciosamente los indicios acerca de la relación del recurrente con la sustancia estupefaciente que portaba el otro coacusado y el ánimo de introducirla posteriormente en el mercado ilícito, cumpliendo el requisito formal que exige la prueba indiciaria.
Además, los datos corroboradores que se acaban de reseñar complementan la versión del coimputado, que fue escuchada directamente por la Audiencia en la vista oral del juicio y contrastada con la del recurrente, extrayendo una convicción que esta Sala de casación no puede considerar vulneradora del derecho fundamental a la presunción de inocencia, al contar con prueba de cargo suficiente para estimarla enervada.
Tampoco cabe estimar la pretendida vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se denuncia pues, como tal, comprende la satisfacción de la pretensión deducida ya sea estimándola ya sea desestimándola, así como, la exposición de una motivación explícita que permita conocer las razones de la decisión y que esa motivación no sea arbitraria o irrazonable. Y sucede que, aun cuando la admisión de los hechos por parte del otro acusado haya sido tomada en consideración por el Tribunal sentenciador, ello no obsta a que el órgano pueda apartarse posteriormente de la versión del mismo, en tanto pretendió exculpar al recurrente, estimando, antes bien, que la persona que iba a auxiliar al primero en transportar la droga hasta su destinatario final era el recurrente, si a ello apuntan otros indicios o pruebas de cargo, habiendo explicado el Tribunal los motivos sobre los que asienta su convicción y lo ha hecho de forma razonada y razonable.
En consecuencia, la cuestión carece de relevancia casacional, en la medida en que no alega ni plantea argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad, que permitan a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación. Especialmente teniendo en cuenta que en la sentencia recurrida ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada y razonable y que respeta la reiterada jurisprudencia sobre el particular (que se cita y aplica adecuadamente en tal resolución).
Procede la inadmisión del presente motivo, de conformidad con lo que determina el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el segundo motivo se denuncia, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la infracción de ley por vulneración del artículo 24 de la Constitución Española.
Se insiste por el recurrente en la aducida vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y que, como tal, sostiene que conlleva la necesaria infracción de ley penal sustantiva, remitiéndose a lo ya aducido en el motivo anterior.
Hemos reiterado en multitud de ocasiones ( SSTS. 8.3.2006, 20.7.2005, 25.2.2003, 22.10.2002), que el motivo por infracción de Ley del art. 849.1 LECrim., es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, conforme a lo previsto en el art. 884.3 LECrim.
La cuestión ya ha recibido sobrada respuesta al tiempo de abordar el primer motivo del recurso a propósito de la denunciada vulneración del derecho a la presunción de inocencia pues, en puridad, no se está discutiendo la calificación jurídica de los hechos declarados probados efectuada por el Tribunal.
En consecuencia, nos remitimos al fundamento jurídico anterior en el que se decide sobre la cuestión planteada, sin perjuicio de incidir en que en el presente caso ha existido prueba de cargo suficiente contra el acusado, al margen de que éste no comparta la valoración que de las pruebas personales ha realizado el Tribunal Sentenciador, porque la declaración de los testigos, concretamente los agentes, que describieron el resultado de las vigilancias y la pericial acreditativa de la sustancia, su cantidad y riqueza, debe estimarse prueba suficiente y hábil para destruir la presunción de inocencia; habiendo explicado la Sala de Instancia de manera suficiente y motivada por qué otorgó tal condición a las citadas pruebas, frente a las declaraciones del recurrente.
Por lo expuesto, procede la inadmisión del motivo, de acuerdo con el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El recurrente alega, como tercer motivo, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, infracción de ley por aplicación indebida de los artículos 28 y 29 del Código Penal.
Estima que se han infringido los preceptos indicados por no poderse inferir de los hechos probados que conociese que el otro acusado portaba droga, por cuanto recoger a una persona conocida del aeropuerto no implica tal conocimiento. Su participación se limitaría a transportar al otro acusado, que no a la droga, por lo que su actuación sería meramente auxiliar o en calidad de cómplice, pero nunca de autor o cooperador necesario.
Debe recordarse que el cauce casacional elegido implica la aceptación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sin que con base en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueda pretenderse una modificación de dicho relato fáctico, ya que lo que se denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia; de ahí que reiterada jurisprudencia de esta Sala haya afirmado que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia ( SSTS 170/2011, de 29 de marzo y 131/2016, de 23 de febrero, entre otras).
En relación a la complicidad, como se señala en la STS 641/2014, de uno de octubre y en la STS 554/2014 de dieciséis de junio: en el ámbito concreto del delito contra la salud pública de tráfico de drogas, se subraya en las sentencias de esta Sala la dificultad de apreciar tal forma de participación en el delito de tráfico de drogas del artículo 368 del Código Penal, dada la amplitud con la que se describe el tipo penal, en el que prácticamente se viene a utilizar un concepto extensivo de autor, de forma que la complicidad queda reducida a supuestos de contribución de segundo orden no comprendida en ninguna de las modalidades de conducta descritas en el artículo 368, y generalmente incluidas dentro de los supuestos encuadrados en la llamada doctrina del "favorecimiento del favorecedor", con la que se hace referencia a conductas que sin promover, favorecer o facilitar directamente el consumo ilegal, auxilian a quien ejecuta los verdaderos actos típicos conforme al citado artículo 368.
No consta que esta cuestión se suscitase en apelación. Esto, de por sí, arrastraría la inadmisión del motivo. Pero, además, el mismo no respeta el relato de hechos probados, de cuya inmutabilidad se ha de partir.
En la sentencia de instancia se declara probado que el coacusado, que portaba una importante cantidad de droga para su distribución y venta a terceros, fue recogido por el hoy recurrente en el aeropuerto, con quien se había concertado previamente para introducir la misma en España, siendo éste el encargado de transportar en su vehículo la droga hasta su entrega en el lugar y forma oportuna.
No se desprende del relato fáctico la existencia de otra persona distinta al recurrente que fuese la encargada de recoger la droga en el aeropuerto, por lo que resulta inviable considerarlo responsable de un auxilio constitutivo de complicidad a un autor de un delito contra la salud pública. No existe complicidad, sino una autoría directa en el delito contra la salud pública, tal y como han entendido el Tribunal sentenciador y el de apelación, puesto que nos encontramos ante un delito de peligro y de consumación anticipada que se integra por dos elementos: uno objetivo, constituido por la detentación material de la droga, o también por el cultivo, elaboración o fabricación de la droga; y el subjetivo, integrado por la intención o dolo básico de favorecer, promover o facilitar el ilícito consumo ( STS 684/1997, de 15-5; STS 1410/2004, de 9-12).
Por tanto, la autoría del recurrente se daría igualmente en el escenario que éste describe, ya que la conducta penada en el art. 368 del Código Penal comprende, dada su amplitud, todos los actos de favorecimiento del tráfico o del consumo ilegal de sustancias tóxicas, entre los que se cuenta indudablemente, tal y como ha señalado esta Sala con reiteración, todos los actos de auxilio, como los de transporte ( STS 24/2007, de 25-1), y, en general, todos los necesarios para para el desplazamiento de la droga desde el lugar de producción, con objeto de aproximarla o situarla en el mercado final, pues entran dentro del campo semántico de las expresiones legales, pues integran alguna de las formas de favorecimiento del consumo ( STS 693/2008, de 31-10).
Por dichas razones se ha de inadmitir el motivo alegado conforme a los artículos 884.3º y 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El último motivo se formula al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por quebrantamiento de forma por predeterminación del fallo.
El recurrente considera que el relato de hechos probados, en tanto indica que él era el encargado de transportar la droga, y no al otro acusado, supone predeterminación del fallo por avocar a un pronunciamiento condenatorio pues el término droga, por coloquial que pueda parecer, en el ámbito que nos ocupa no deja de ser el concepto que define el tipo penal.
El quebrantamiento de forma por predeterminación del fallo presupone el que se consignen como hechos probados conceptos que coincidan con los empleados por el legislador para la descripción del núcleo del tipo, cuyo alcance y significación sólo puede ser conocido por quien tenga conocimientos jurídicos y que han sustituido a los hechos de tal medida que de suprimirse mentalmente el relato fáctico quedaría desposeído de la base necesaria para efectuar la correspondiente calificación jurídica antecedente del fallo y ello con la finalidad de impedir que las sentencias penales sustituyan los relatos de los hechos, tal y como acontecieron en la realidad, por expresiones jurídicas que suponen, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, porque de esta manera se impide saber en qué consistió el hecho y se vulnera el derecho de defensa ( STS 780/2016, de 19 de octubre).
En cuanto a la supuesta predeterminación del fallo en los hechos declarados probados, cabe indicar que el vicio denunciado de predeterminación del fallo no es viable cuando el juzgador emplea expresiones en el relato fáctico que están en el lenguaje común, que no son sino meramente descriptivas, pero no técnicas en sentido jurídico, de modo que es válido que se utilicen en la redacción de las sentencias, al conformar su relato histórico.
Lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe por este motivo es la utilización de expresiones estrictamente técnicas que describen los tipos penales. En realidad el relato fáctico debe, en todo caso, predeterminar el fallo, pues si no fuese así, la absolución o condena carecería de imprescindible sustrato fáctico. Lo que pretende este motivo casacional no es evitar dicha predeterminación fáctica -imprescindible- sino que se suplante el relato fáctico por su significación jurídica.
Aplicando la doctrina expuesta al caso presente, se aprecia que la expresión citada por la parte recurrente ("...encargado de transportar en su vehículo la droga hasta su entrega en el lugar y forma oportuna...") no puede considerarse predeterminante. En primer término, es expresión perteneciente al lenguaje corriente, aunque contenga significado jurídico. En segundo lugar, tiene un valor descriptivo, que guarda congruencia con la calificación de los hechos y con los restantes apartados de la sentencia. Si no fuese así, se produciría una discordancia lógica e interna de la resolución. En tercer lugar, no hay una sustitución del relato de hechos probados por expresiones técnico jurídicas, desnudas de contenido fáctico, sino términos fácticos concretos a los que se dota de sentido jurídico. La presencia de esos hechos en el relato fáctico es producto de la valoración suficiente de los elementos de convicción, que se han citado en el fundamento jurídico primero de la presente resolución. Existe, por lo tanto, una motivación bastante para su inclusión en los hechos probados.
Debe, por ello, inadmitirse el motivo ex artículo 885.1º Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ATS, 5 de Julio de 2011

References: artículo 24
 artículo 849
 artículo 24
 artículo 849
 artículo 851
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 885
 artículo 885
 artículo 849
 artículo 24
 artículo 885
 artículo 849
 artículo 849
 artículo 368
 artículo 368
 artículo 368
 artículo 851
 artículo 885