Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0230_ES.html
Timestamp: 2019-08-17 20:50:01+00:00

Document:
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<TitreSuite>tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8‑0017/2019</TitreSuite>
<Titre>sobre la situación del Estado de Derecho y lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia </Titre>
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de Derecho y lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia
– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta[1] , y la declaración de prensa conjunta, de 29 de enero de 2014, de la Comisión y las autoridades maltesas sobre el programa de inversores individuales de Malta,
– Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia[5], así como sus Resoluciones precedentes, de 13 de abril de 2016 sobre la situación en Polonia[6], de 14 de septiembre de 2016 sobre los últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea[7], y de 15 de noviembre de 2017 sobre la situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia[8],
– Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Ján Kuciak y Martina Kušnírová[9],
– Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea[10],
– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre una propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión[11], así como sus Resoluciones precedentes de 10 de junio de 2015[12], 16 de diciembre de 2015[13] y 17 de mayo de 2017[14] sobre la situación en Hungría,
– Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2018, sobre el Estado de Derecho en Rumanía[15],
– Vistas las audiencias y los intercambios de puntos de vista llevados a cabo por el Grupo de Trabajo con un mandato general de hacer un seguimiento de la situación del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en el seno de la Unión Europea y abordar situaciones específicas, en particular en Malta y Eslovaquia (Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho), creado el 4 de junio de 2018 por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en particular con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y su Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (Moneyval), autoridades e instituciones nacionales, representantes de la Comisión Europea, agencias de la Unión como Europol y diversas partes interesadas, incluidos representantes de la sociedad civil y denunciantes de irregularidades en Malta y Eslovaquia,
BB. Considerando que la Comisión de Venecia, en su dictamen sobre Malta adoptado en su 117.ª sesión plenaria de los días 14 y 15 de diciembre de 2018[16], puso de relieve la obligación de los Estados de proteger a los periodistas, como cuestión directamente relacionada con el Estado de Derecho, e insistió en que es una obligación internacional del Gobierno de Malta garantizar que los medios de comunicación y la sociedad civil puedan desempeñar un papel activo en la rendición de cuentas por parte de las autoridades[17];
CC. Considerando que la Comisión de Venecia ha hecho hincapié en que el establecimiento del Comité de Nombramientos Judiciales en 2016 fue un paso positivo por parte de las autoridades maltesas, si bien resaltó asimismo que persistían diversos aspectos preocupantes a la luz del principio de independencia del poder judicial, en particular en relación con la organización de las atribuciones del ministerio fiscal y la estructura del poder judicial, y relacionados con la separación y el equilibrio de poderes en general en el país, que tiende a alinearse claramente con el ejecutivo, en particular con el primer ministro, quien goza de amplios poderes, también en varios procedimientos de nombramientos, como los de los miembros de la judicatura, y que no está unido a verificaciones y equilibrios sólidos[18];
DD. Considerando que la Comisión de Venecia ha afirmado que la actual división de las atribuciones del ministerio fiscal entre la Policía y el Fiscal General en Malta constituye un sistema ambiguo y problemático desde el punto de vista de la separación de poderes; que señaló asimismo que el Fiscal General, que cuenta con atribuciones del ministerio fiscal y es al mismo tiempo el asesor jurídico del Gobierno y el presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera, ocupa un cargo muy poderoso y problemático desde el punto de vista del principio de control y equilibrio democráticos y la separación de poderes[19];
EE. Considerando que la delegación de la Comisión de Venecia ha indicado que, a raíz del informe de 2013 de la Comisión para la reforma global del sistema judicial, un desglose en el futuro de las competencias del Fiscal General cuenta en Malta en la actualidad con un respaldo mayoritario[20];
FF. Considerando que la Comisión de Venecia ha declarado que, además de las competencias penales del Fiscal General y de la Policía, los magistrados también tienen la posibilidad de iniciar instrucciones, y que las instrucciones y la investigación policial no parecen estar coordinadas[21];
GG. Considerando que la Comisión de Venecia ha subrayado, asimismo, que la Comisión Permanente contra la Corrupción adolece de deficiencias en cuanto a su composición, ya que el nombramiento de sus miembros es competencia del primer ministro, si bien tiene que consultar a la oposición, y también en lo que se refiere a los destinatarios de sus informes, a saber, el ministro de Justicia, que carece de competencias de investigación, lo que provoca que los informes solamente den lugar a investigaciones y enjuiciamientos reales en un número muy limitado de casos[22];
HH. Considerando que la Comisión de Venecia ha llegado a la conclusión de que el procedimiento de nombramiento del Comisario de Policía debe basarse en un concurso público; que el Comisario de Policía debe ser percibido por el público en general como políticamente neutral[23];
II. Considerando que Malta ha iniciado un proceso para examinar la posibilidad de realizar reformas constitucionales, bajo la supervisión de su presidente, en el que participan diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil, y que la mayor parte de estas reformas exigirá una mayoría de dos tercios en el Parlamento;
JJ. Considerando que el seguimiento por parte del Parlamento Europeo del agravamiento de la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros es un elemento esencial de la democracia europea y que el formato del Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho permite al Parlamento seguir de cerca y mantener contactos estrechos con las autoridades de los Estados miembros y la sociedad civil;
KK. Considerando que, a pesar de distintas resoluciones del Parlamento Europeo aprobadas por amplia mayoría[24], la Comisión todavía no ha presentado una propuesta de un mecanismo global e independiente para supervisar la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (DDF) con carácter anual en la totalidad de los Estados miembros;
LL. Considerando que la aplicación de los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores por los Estados miembros de la Unión conlleva riesgos importantes en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales, socava la confianza mutua y la integridad del espacio Schengen, permite la admisión de nacionales de terceros países únicamente sobre la base de la riqueza acumulada y no en función de conocimientos, capacidades o consideraciones humanitarias útiles, y que se traduce en la venta efectiva de la ciudadanía de la Unión; que la Comisión ha declarado explícitamente que ya no respalda los regímenes malteses de ciudadanía y residencia para inversores;
MM. Considerando que la Comisión ha publicado un informe sobre los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores que describe las prácticas existentes y hace referencia a una serie de riesgos que estos sistemas implican para la Unión, en particular en lo que respecta a la seguridad, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la corrupción;
NN. Considerando que el Gobierno maltés ha celebrado un acuerdo confidencial con la empresa privada Henley & Partners en relación con la aplicación del régimen maltés de ciudadanía y residencia para inversores, lo que imposibilita verificar si los procedimientos acordados, el volumen de ventas y otros aspectos están en consonancia con el Derecho maltés, el acervo de la Unión y el Derecho internacional y con consideraciones en materia de seguridad;
OO. Considerando que los requisitos en materia de residencia aplicables a las personas que solicitan acogerse al régimen maltés de ciudadanía y residencia para inversores no se ajustan a las condiciones aplicables a este tipo de regímenes acordadas con la Comisión en 2014; que la Comisión no ha adoptado medidas eficaces para hacer frente a este incumplimiento de los requisitos en materia de residencia;
PP. Considerando que no se han investigado de modo exhaustivo las alegaciones relativas a la venta de visados médicos y de Schengen en Libia y Argelia por parte de funcionarios malteses[25];
QQ. Considerando que durante la visita de la delegación del Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho a Eslovaquia varios periodistas indicaron que trabajan en un contexto en el que no siempre se puede garantizar la plena independencia y la seguridad; que, en lo que a la RTVS (la radiotelevisión pública de Eslovaquia) se refiere, se han registrado casos de interferencias políticas en las labores periodísticas como, por ejemplo, la redacción de unas directrices breves para las noticias;
RR. Considerando que la Ley nacional de prensa de Eslovaquia se encuentra en fase de revisión, lo que brinda la oportunidad de reforzar la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas;
SS. Considerando que se han difundido informaciones relativas a corrupción y fraude en Eslovaquia, también en relación con los fondos agrícolas de la Unión en los que participa el organismo pagador agrícola, que merecen ser objeto de investigaciones exhaustivas e independientes, algunas de las cuales están siendo investigadas por la OLAF, y en relación con las que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo envió una misión de investigación a Eslovaquia en diciembre de 2018; que Eslovaquia presenta las tasas de detección de irregularidades y del fraude más elevadas de todos los Estados miembros de la Unión[26];
TT. Considerando que los miembros del Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho tienen reservas en cuanto a la imparcialidad de la aplicación de la ley y la independencia del poder judicial en Eslovaquia, en particular en lo que se refiere a la politización y a la falta de transparencia de los procesos de selección y nombramiento, como, por ejemplo, en relación con el cargo de Jefe de la Policía;
UU. Considerando que el primer ministro de Eslovaquia y otros altos cargos del Gobierno, así como el fiscal general adjunto y el jefe de la Policía, dimitieron tras el asesinato de Ján Kuciak;
VV. Considerando que en Eslovaquia no ha concluido el proceso legislativo relativo a la reforma de la selección de los jueces del Tribunal Constitucional y que el próximo proceso de selección para sustituir a los nueve jueces salientes del Tribunal se llevará a cabo con arreglo a los procedimientos existentes;
WW. Considerando que, en el transcurso de su misión, los miembros de la delegación del Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho tomaron nota del compromiso de respetar las normas del Estado de Derecho manifestado por distintos funcionarios de los organismos públicos eslovacos y por agentes de la sociedad civil;
XX. Considerando que el Índice mundial de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras correspondiente a 2018 sitúa a Eslovaquia en el puesto 27, y que en 2017 ocupaba el puesto 17; que Malta ocupa el 65 y que anteriormente ocupaba el 47; y que Bulgaria es el Estado miembro de la Unión peor clasificado y que ocupa el puesto 111, lo que supone un descenso frente al puesto 109 que ocupaba en diciembre de 2017;
YY. Considerando que Transparencia Internacional colocó a Malta en su índice anual de percepción de la corrupción en el puesto 51 (frente al 46 que ocupaba en enero de 2017); a Eslovaquia en el 57 (frente al 54 que ocupaba en enero de 2017); y a Bulgaria en el 77 (frente al 71 que ocupaba en 2017); que estos tres países obtienen una puntuación significativamente inferior a la media de la Unión[27];
10. Lamenta que no todos los miembros del Gobierno de Malta, como el ministro de Turismo y antiguo ministro de Energía, estuvieran disponibles para reunirse con la delegación del Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho y que dicha delegación tampoco pudiera reunirse con representantes de Nexia BT, como el socio gestor de la empresa;
11. Observa con preocupación que las autoridades maltesas no hayan remitido nunca una petición oficial de asistencia jurídica a la Policía Judicial Federal alemana («Bundeskriminalamt») para poder acceder a los datos almacenados en los ordenadores portátiles y los discos duros de Daphne Caruana Galizia después de que su familia los hubiera entregado a las autoridades alemanas;
12. Acoge con satisfacción las recientes conclusiones de la investigación y la consiguiente detención de cuatro personas, que han sido acusadas en relación con la investigación del asesinato de Ján Kuciak y Martina Kušnírová en septiembre de 2018; pide a las autoridades policiales y judiciales que sigan investigando tanto a escala nacional como internacional con todos los medios a su alcance con el fin de llevar ante la justicia a las personas que encargaron el asesinato o que están implicadas en el mismo, prorrogando, también, el acuerdo del equipo conjunto de investigación más allá de abril de 2019;
13. Toma nota de que la investigación del asesinato de Ján Kuciak y de Martina Kušnírová ha sacado a la luz otras actividades delictivas, como una supuesta conspiración para asesinar a los fiscales Peter Šfliarsky y Maroš Žilinka y al abogado Daniel Lipšic; señala que esta investigación la llevará a cabo, a raíz de una decisión conjunta del fiscal general y del fiscal especial, la Inspección de Policía del Ministerio del Interior, ya que agentes de policía podrían verse implicados en la investigación de las bases de datos policiales de las personas implicadas, y que seguirá haciendo un seguimiento de estos hechos;
14. Acoge con satisfacción la creación del Centro de Investigación Ján Kuciak; del Proyecto Daphne, impulsado por varios periodistas a finales de 2018; y de las «Historias prohibidas» del Proyecto Daphne, fundado por un colectivo de dieciocho periodistas de investigación en marzo de 2018 con el objetivo de continuar los trabajos de Daphne allí donde ella los dejó; toma nota de que seis meses después de su creación, el Proyecto Daphne hizo nuevas revelaciones en su primera publicación;
15. Pide a la Comisión y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que lleven a cabo investigaciones en profundidad sobre todos los asuntos que se pusieron en conocimiento de las delegaciones ad hoc del Parlamento en 2018, a saber, las acusaciones de corrupción y fraude, también en relación con los fondos agrícolas de la Unión, y los posibles incentivos inadecuados para el acaparamiento de tierras;
16. Pide al Gobierno maltés que inicie una investigación sobre las revelaciones de los papeles de Panamá y los vínculos entre la empresa «17 Black» con sede en Dubái y el ministro de Turismo y antiguo ministro de Energía y el jefe del Gabinete del Primer Ministro;
17. Solicita a los Gobiernos maltés y eslovaco, así como a todos los Estados miembros de la Unión y a sus autoridades policiales y judiciales, que intensifiquen la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción a fin de restablecer la confianza pública en sus instituciones;
18. Expresa su profunda preocupación por el posible papel del Gobierno eslovaco en el secuestro de un ciudadano vietnamita en Alemania, y pide que se elabore un informe exhaustivo sobre la investigación, en colaboración con las autoridades alemanas, en particular en relación con la presunta participación del antiguo ministro del Interior;
19. Manifiesta su preocupación por las acusaciones de corrupción, conflictos de intereses, impunidad y puertas giratorias en los círculos de poder de Eslovaquia; expresa su sorpresa por que, tras su dimisión, un antiguo funcionario de policía de la Agencia nacional de lucha contra la delincuencia (NAKA, por sus siglas en eslovaco) y el antiguo jefe de la Policía fueron nombrados asesores del ministro del Interior, también en la República Checa; toma nota de que, entretanto, el antiguo jefe de la Policía ha dimitido del cargo de asesor del ministro del Interior después de las informaciones divulgadas en la prensa en relación con una búsqueda sobre Ján Kuciak realizada en una base de datos de la Policía antes de su asesinato, presuntamente encargada por el antiguo jefe de la Policía;
20. Acoge con satisfacción el compromiso de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil de Eslovaquia y Malta con la lucha por la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; insta a los Gobiernos de Eslovaquia y Malta a que apoyen plenamente este compromiso cívico y a que se abstengan de desalentarlo;
21. Pide a los Gobiernos de Malta, Eslovaquia y Bulgaria que sigan facilitando la cooperación con Europol en todos los aspectos, también mediante la participación plena de la Agencia y brindándole un acceso pleno proactivo a los expedientes relacionados con las investigaciones;
22. Pide a la Comisión que proporcione orientaciones claras sobre las modalidades y el marco jurídico en relación con el intercambio de datos y de pruebas entre las autoridades policiales de los Estados miembros y entre estas y las agencias de la Unión, en particular mediante la aplicación de la orden europea de investigación;
23. Observa que los recursos presupuestarios y humanos actuales y los mandatos de Europol y Eurojust son insuficientes para que estas agencias aporten un valor añadido pleno y proactivo de la Unión al llevar a cabo investigaciones, como ocurre en los casos de los asesinatos de Daphne Caruana Galizia y de Ján Kuciak y Martina Kušnírová;
24. Hace hincapié en que las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros forman parte de un sistema de cooperación de la Unión; considera, por tanto, que las instituciones, órganos y agencias de la Unión deben intervenir de forma proactiva al abordar las carencias de las autoridades nacionales y estima preocupante que este tipo de acciones de las instituciones, órganos y agencias de la Unión por regla general no se inicie hasta que los periodistas y denunciantes de irregularidades hayan revelado información;
25. Pide a la Comisión y al Consejo que aumenten el presupuesto de Europol en consonancia con las necesidades operativas y estratégicas que se han detectado durante las negociaciones para el próximo marco financiero plurianual 2021-2027 y que refuercen el mandato de Europol de manera que pueda participar de manera más proactiva en las investigaciones relativas a grandes grupos de delincuencia organizada en aquellos Estados miembros en los que existen serias dudas sobre la independencia y la calidad de tales investigaciones, capacitando a Europol, por ejemplo, para tomar la iniciativa en lo que respecta a la creación de equipos conjuntos de investigación en tales casos;
26. Pide a Eurojust y a la futura Fiscalía Europea que entablen una cooperación óptima en las investigaciones que afecten a los intereses de financieros de la Unión, en especial en relación con los Estados miembros que no se han incorporado a la Fiscalía Europea; pide, a tal fin, que los Estados miembros y las instituciones de la Unión faciliten el rápido establecimiento de la Fiscalía Europea y considera que todos los Estados miembros que aún no han anunciado su intención de incorporarse a la Fiscalía deberían hacerlo;
27. Pide a la Comisión que dé curso a las Resoluciones del Parlamento Europeo en las que este ha solicitado la catalogación de las mejores prácticas en materia de técnicas de investigación en toda la Unión a fin de favorecer el desarrollo de prácticas comunes de investigación en la Unión[28];
28. Celebra las declaraciones del Gobierno de Malta relativas a la aplicación de las recomendaciones formuladas en el reciente informe de la Comisión de Venecia;
29. Acoge con satisfacción la creación de un grupo para estudiar una posible reforma constitucional, en el que participan miembros tanto del Gobierno como de la oposición;
30. Pide al Gobierno y al Parlamento de Malta que apliquen, sin excepción, todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia, también, en su caso, de manera retroactiva, para garantizar que todas las decisiones, posiciones y estructuras pasadas y actuales se ajusten a estas recomendaciones, y en particular:
31. Toma nota de que en Eslovaquia se está llevando a cabo un procedimiento de selección y designación de jueces del Tribunal Supremo, puesto que el mandato de nueve de los trece jueces que lo componen termina en febrero; subraya que las normas que rigen este proceso de selección y designación y las cualificaciones y requisitos exigidos deben cumplir con los niveles más elevados de transparencia, control y rendición de cuentas, en consonancia con las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre este asunto[29];
32. Pide que se adopten rápidamente normas y procedimientos transparentes, inequívocos y objetivos para la selección en 2019 del jefe de la Policía eslovaca, lo que garantizará la independencia y la neutralidad del cargo;
33. Pide al Gobierno de Malta que ponga fin a sus regímenes de ciudadanía y residencia para inversores, y que emprenda una investigación independiente y a escala internacional sobre las repercusiones de esta venta en las capacidades de ejecución de las autoridades maltesas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, en otras modalidades de delincuencia transfronteriza y en la integridad del espacio Schengen;
34. Pide al Gobierno de Malta que publique cada año una lista independiente de todas las personas que hayan comprado la ciudadanía maltesa y de la Unión y que garantice que los compradores no figuren en la misma lista que quienes hayan adquirido la ciudadanía maltesa por otra vía; pide al Gobierno de Malta que garantice que todos estos nuevos ciudadanos hayan residido realmente en Malta durante un año completo antes de la compra, según lo acordado con la Comisión antes del inicio del programa; pide a la Comisión que haga todo lo que esté en su mano para garantizar que, en el futuro, se respete el acuerdo inicial sobre este asunto;
35. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión, en febrero de 2019, cuando se le solicitó aclaración, afirmase de manera palmaria que no apoya en modo alguno los regímenes malteses de ciudadanía y residencia para inversores;
36. Pide al Gobierno de Malta que revele en su totalidad y rescinda su contrato con Henley & Partners, la empresa privada que actualmente aplica los regímenes malteses de ciudadanía y residencia para inversores, sin que la resolución o suspensión de dicho contrato tenga consecuencias para las finanzas públicas;
37. Pide a la Comisión que compruebe si los contratos celebrados entre las autoridades de los Estados miembros y las empresas privadas de gestión y externalización de los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores son compatibles con el Derecho internacional y de la Unión y con las consideraciones en materia de seguridad;
38. Celebra la publicación del informe de la Comisión sobre los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores, pero expresa su preocupación por su falta de datos; pide a la Comisión que siga vigilando el alcance y las repercusiones de los distintos regímenes de ciudadanía y residencia para inversores en la Unión, prestando una atención especial a los procesos de diligencia debida, los perfiles y las actividades de los beneficiarios, los posibles efectos en la delincuencia transfronteriza y la integridad del espacio Schengen; pide a la Comisión que aborde de manera expresa los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores en el mecanismo de evaluación de Schengen y que presente una propuesta legislativa que imponga límites claros a este tipo de regímenes;
40. Pide a la Comisión que, basándose en su informe sobre los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores vigentes en distintos Estados miembros de la Unión, examine específicamente la incidencia en la integridad del espacio Schengen de los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores puestos en marcha por el Gobierno maltés;
41. Pide a Europol y a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que lleven a cabo una evaluación conjunta de las amenazas que suponen las consecuencias de los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores de los Estados miembros de la Unión para la lucha contra la delincuencia organizada y para la integridad del espacio Schengen;
42. Pide al Gobierno de Malta que investigue de manera exhaustiva las acusaciones de venta masiva de visados Schengen y por razones médicas, incluida la presunta participación de funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del Gobierno maltés, como el jefe de Gabinete del Primer Ministro y Neville Gafa;
43. Pide al Gobierno de Eslovaquia que garantice la seguridad de los periodistas; lamenta la falta de transparencia en lo que respecta a la propiedad de los medios de comunicación; cuestiona la independencia y la calidad de los medios de comunicación públicos tras la salida de varios periodistas de la RTVS;
44. Expresa su preocupación por que varios políticos eslovacos hayan hecho declaraciones en las que ponen en tela de juicio el valor del periodismo independiente y de los medios de comunicación públicos, como las efectuadas en público por el antiguo primer ministro, por ejemplo, en una rueda de prensa el 2 de octubre de 2018;
45. Reitera su llamamiento a los miembros respectivos del Gobierno de Malta para que garanticen la retirada, con efecto inmediato, de las demandas por difamación a las que se enfrentan los familiares de la difunta Daphne Caruana Galizia, se abstengan de utilizar las leyes sobre difamación para bloquear las cuentas bancarias de los periodistas críticos y reformen las leyes sobre difamación que se están utilizando para frustrar la labor de los periodistas;
46. Pide a la Comisión que presente propuestas para evitar las denominadas «demandas estratégicas contra la participación pública»;
47. Reitera su llamamiento a la Comisión para que entable un diálogo con el Gobierno maltés en el contexto del Marco del Estado de Derecho;
48. Constata los esfuerzos de la Comisión y el Consejo para garantizar que todos los Estados miembros respetan plenamente el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales; manifiesta, no obstante, su preocupación por la escasa repercusión del Marco del Estado de Derecho de la Comisión y de los procedimientos iniciados en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE hasta la fecha; hace hincapié en que la invariable falta de respuesta ante las violaciones graves y persistentes de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE ha alentado a otros Estados miembros a seguir la misma vía; lamenta la decisión de la Comisión de aplazar a julio de 2019 la publicación de su propuesta para reforzar el Marco del Estado de Derecho;
49. Recuerda la necesidad de una evaluación imparcial y periódica de la situación del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en todos los Estados miembros; subraya que dicha evaluación debe basarse en criterios objetivos; llama de nuevo la atención sobre sus Resoluciones de 10 de octubre de 2016 y de 14 de noviembre de 2018, en las que reclamaba que la Unión se dotase de un mecanismo global, objetivo y permanente para la protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; considera que dicho mecanismo constituiría un instrumento justo, equilibrado, periódico y preventivo para abordar posibles violaciones de los valores enumerados en el artículo 2 del TUE y subraya que, ahora más que nunca, urge disponer de un mecanismo de esa índole;
50. Lamenta que la Comisión aún no haya presentado esta propuesta sobre el establecimiento de un mecanismo global de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y pide que lo haga a su debido tiempo, en particular proponiendo la adopción del acuerdo interinstitucional sobre el Pacto de la Unión para la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales;
51. Celebra la propuesta de la Comisión de un reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, llama la atención sobre el informe que el Parlamento aprobó al respecto en enero de 2019 e insta al Consejo a que entable negociaciones lo antes posible con una actitud constructiva;
52. Subraya la importancia de que el Parlamento envíe a los Estados miembros delegaciones ad hoc como herramienta de vigilancia eficaz en caso de infracciones graves de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; recomienda que se cree una estructura permanente en el seno de su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior para vigilar dichas infracciones en los Estados miembros;
53. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que luchen resueltamente contra la corrupción sistémica y que desarrollen instrumentos eficaces para prevenir, combatir y sancionar la corrupción y luchar contra el fraude, y que supervisen periódicamente el uso de los fondos públicos; reitera su pesar ante la decisión de la Comisión de no publicar el informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión en los últimos años, y subraya que la elaboración de fichas informativas sobre la lucha contra la corrupción como parte del Semestre Europeo no constituye una medida lo bastante eficaz para garantizar que la corrupción figure de manera inequívoca entre los asuntos prioritarios; pide, por tanto, a la Comisión que reanude su labor anual de seguimiento y elaboración de informes relativa a la lucha contra la corrupción en relación con todos los Estados miembros y con las instituciones de la Unión;
54. Acoge con satisfacción el acuerdo entre el BCE y las autoridades nacionales de supervisión sobre un nuevo mecanismo de cooperación para el intercambio de información; anima a todas las autoridades participantes a que recurran de forma generalizada a dicho mecanismo a fin de garantizar una cooperación rápida y eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales;
55. Recuerda a su presidente que hace ya tiempo que debería haberse atendido su petición de crear un premio europeo de periodismo de investigación Daphne Caruana Galizia que distinga anualmente trabajos destacados de periodismo de investigación en Europa;
56. Acoge con satisfacción la decisión del Parlamento de que su programa de prácticas de periodismo de investigación lleve el nombre de Ján Kuciak;
57. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
[4] Textos Aprobados, P8_TA(2017)0438.
[5] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0055.
[6] DO C 58 de 15.2.2018, p. 148.
[7] DO C 204 de 13.6.2018, p. 95.
[8] Textos Aprobados, P8_TA(2017)0442.
[9] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0183.
[10] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0204.
[11] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0340.
[12] DO C 407 de 4.11.2016, p. 46.
[13] DO C 399 de 24.11.2017, p. 127.
[14] Textos Aprobados, P8_TA(2017)0216.
[15] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0446.
[16] Malta - Dictamen sobre las disposiciones constitucionales y la separación de poderes, adoptado por la Comisión de Venecia en su 117.ª sesión plenaria (Venecia, 14-15 de diciembre de 2018).
[17] Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 142.
[18] Ibíd., apartados 107-112.
[19] Ibíd., apartado 54.
[20] Ibíd., apartado 59.
[21] Ibíd., apartado 71.
[22] Ibíd., apartado 72.
[23] Ibíd., apartado 132.
[24] Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (DO C 215 de 19.6.2018, p. 162); Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales P8_TA(2018)0456.
[26] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_Es.pdf
[28] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1539189225045&uri=CELEX:52011IP0459
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016IP0403

References: Resolución 
 artículo 7
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 resolución 
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 artículo 2
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 Resolución 
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