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Timestamp: 2017-11-22 06:24:36+00:00

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POR LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA PETROLERA by IDN MEXICO - issuu
POR LA POR LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA PETROLERA Partido de la Revolución Democrática Izquierda Democrática Nacional México, D. F., agosto 2013.
IDN DE LA
INDUSTRIA PETROLERA PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA NACIONAL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA NACIONAL
El Partido de la Revolución Democrática busca, como propósito esencial de su acción legislativa, contribuir a la solución de los grandes problemas del país, mirando siempre que los recursos naturales, humanos y económicos de la Nación se orienten a procurar la mayor equidad para el progreso de todos los mexicanos. Condición indispensable para construir una sociedad donde la convivencia e identidad se nutran cotidianamente del dialogo, la tolerancia, el reconocimiento a la pluralidad y, sobre todo: de la convicción profunda que las discrepancias se superan a partir del respeto a la voluntad expresa y democrática de las mayorías. La inmensa riqueza en hidrocarburos que la naturaleza depositó en el subsuelo de nuestro país ocupa un lugar fundamental en la conciencia mexicana. Por ello la Carta Magna establece que la propiedad y el dominio 5 directo de la Nación sobre esos recursos es inalienable e imprescriptible. La apropiación nacional de los beneficios de esa riqueza, que la sociedad industrial ha transformado en estratégica, siempre ha estado sujeta a presiones externas e internas para transformarla en beneficio de particulares. Sin embargo, por generaciones, el pueblo de México ha sabido transitar de la reivindicación de la propiedad soberana sobre el recurso natural a la construcción de una formidable industria que hoy es uno de los principales sustentos del desarrollo social y económico del país. Aún cuando se ha intentado soslayar, es ineludible afirmar que ha sido la propia acción popular la que ha propiciado las principales transformaciones legales de la industria petrolera mexicana. El gran apoyo electoral que lleva a Francisco I. Madero a la presidencia de la República le permite, en 1912, establecer el primer gravamen a la producción de petróleo que gratuitamente obtenían las empresas extranjeras; en 1917, el triunfo del movimiento revolucionario estableció un nuevo pacto constituyente entre los mexicanos que, en su artículo 27, restituye a la Nación la propiedad de las riquezas del subsuelo; en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río, con un masivo respaldo popular, decreta la expropiación de las empresas petroleras que se habían negado a respetar las resoluciones de la Suprema Corte de la Nación en materia laboral y amenazaban el suministro energético así como la estabilidad económica y política del país; se reforma la Constitución para prohibir las concesiones y para establecer que la Nación llevara a cabo la explotación de los hidrocarburos, y crea Petróleos Mexicanos (PEMEX).
En 1937, el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito de llevar electricidad a todos los centros de población, reducir las tarifas y procurar la fuerza motriz que requería el crecimiento económico del país; en 1960, el Presidente Adolfo López Mateos, al nacionalizar las empresas eléctricas que aún subsistían e incorporar, al párrafo sexto del Artículo 27 constitucional que: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”, fortalece la integración del sector a través de dos entidades públicas: CFE, responsable de la mayor parte de la generación, la transmisión y la distribución de electricidad en el país, y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, encargada de la distribución en el área central. Durante la primera mitad de su vida, Pemex y CFE siguieron una orientación consistente con la idea de que la vida y, aún más, la soberanía del país dependían de su desarrollo interno; para ello el Estado asumió la tarea de 6 promover y conducir el progreso económico y social. Las empresas públicas de energía se organizaron alrededor del concepto de servicio público, sin guiarse por finalidades de lucro, procurando operar como organismos de fomento económico o industrial, a partir de principios de acceso general, seguridad del suministro y al menor costo posible. En ese sentido, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos adquirieron la vocación de articular el proyecto nacional y el bienestar de las familias mexicanas. Por más de 30 años ambas entidades produjeron los energéticos que el país requirió a precios bajos y estables, sosteniendo el crecimiento del PIB a tasas superiores al 6% anual.
La industria petrolera. Durante 75 años Pemex ha logrado construir la empresa más importante del país1 y una de las mayores del mundo en su tipo, confirmando con ello la razón y la voluntad del pueblo de México. Durante los años setenta, inició la exploración a profundidades mayores en Tabasco y Chiapas, descubriendo los yacimientos de Sitio Grande y Cactus, lo que dio un vuelco la percepción nacional e internacional sobre la riqueza petrolera del país; justamente en los años del primer embargo petrolero de la OPEP, que dispararía los precios y, por supuesto, el interés internacional por financiar la producción de petróleo en México. 1 Pemex invierte más que todas las empresas juntas que operan en la Bolsa Mexicana de Valores, figura como 13ª empresa más grande de América y la 34ª mundial, por sus ingresos en 2012. Ver Pemex, “Presentación para inversionistas”, http://www.ri.pemex.com/files/content/Pemex_ Outlook_e_ 130808.pdf
La extracción de petróleo se elevó a más de 1 millón de barriles por día en 1977 (respecto a los 484 mil barriles de 1970). De manera paralela se inició la exploración marina, los descubrimientos del Mesozoico revelarían una provincia que se extiende hasta las aguas someras de la costa de Campeche y México se reintegró como exportador al mercado internacional en 1974. Posteriormente, dados los extraordinarios resultados de la actividad exploratoria y el interés internacional por el petróleo mexicano, hacia finales de los años ochenta, el gobierno reformula la política petrolera bajo el principio de que “el petróleo en el subsuelo no significa gran cosa para el país”. Se abandona la concepción del uso racional de los hidrocarburos, como recursos no renovables, y se inicia su extracción acelerada para monetizarlos o, como se diría más tarde: para “maximizar su valor”. Fueron los años de la “administración de la riqueza”, de los excesos en todo sentido, como lo muestra la construcción del gasoducto Cactus-Reynosa que tuvo un costo oficial de mil millones de dólares y nunca se utilizó con su propósito original. 7 Los descubrimientos y el desarrollo de los yacimientos de la Sonda de Campeche, particularmente Cantarell, colocarían a la producción marina de México como la más importante del mundo. Entre 1976 y 1987 iniciaron operación: 23 plantas petroquímicas, particularmente “la cangrejera”, que en ese momento sería el complejo más grande del mundo, con veinte plantas industriales; se construyó la línea troncal del sistema nacional de gas; 58 plataformas marinas en la sonda de Campeche, con una red de oleoductos submarinos de casi 700 kilómetros; las refinerías de Cadereyta y Salina Cruz, con las que se alcanzó una capacidad de refinación de 1.5 millones de barriles por día (onceavo lugar en el mundo); las instalaciones portuarias de Dos Bocas, Cayo de Arcas, Salina Cruz y Lázaro Cárdenas- Las Truchas. Todas estas obras contribuyeron sin duda a fortalecer la economía del país. Desde 1974 y hasta 2004, Pemex amplió continuamente la extracción de hidrocarburos, presionado por: los requerimientos de ingresos fiscales que exigen las frecuentes crisis económicas, la demanda petrolera de los Estados Unidos y el compromiso ideológico por desregular la industria petrolera. De 1974 a 1985 se registró el índice más alto del ciclo de expansión petrolera: casi 14 % anual; lo que multiplica la producción más de cuatro veces (de 653 mil barriles diarios a 2.7 millones). En 1980 la extracción llegó a 1.9 millones y alcanzó un incremento anual que no se ha vuelto a repetir: 471 mil barriles respecto al año anterior. Ese comportamiento, como en el resto del periodo, se debió a la evolución de
Cantarell, que empezó a producir en 1979 y al año siguiente aportó una quinta parte de la producción nacional. En la primera mitad de los años ochenta Pemex logra exportar un promedio de 1.3 millones de barriles por día, principalmente hacia los Estados Unidos. Esos volúmenes se constituirán en factor estratégico de la seguridad energética del vecino del norte y, por supuesto, de ahí en adelante, el abasto de petróleo mexicano sería una pieza central de la relación entre ambos países. La expansión de la producción de Pemex permitió aprovechar los grandes ingresos petroleros para relanzar la actividad económica nacional, trabada por las crisis de 1976 y 1982. La exportación petrolera significó el 67% del importe de todas las mercancías vendidas al exterior, mientras los derechos sobre extracción cobrados a Pemex constituyeron el 44 % de los ingresos presupuestales del gobierno federal (Cf. Banco de México 1985). La actividad petrolera se convirtió en columna vertebral de la economía y los derechos petroleros se instalaron como la fuente más dinámica de los 8 ingresos públicos. Los años que van de 1986 a 1995 corresponden a una fase de precios bajos. El estímulo de los precios internacionales desaparece, llevándose consigo la euforia de años pasados y también la inversión en Pemex. El petróleo mexicano se cotiza en 15 dólares promedio, y el maya cae a 9 dólares en 1994. Su consecuencia inmediata es que los ingresos petroleros se contraen hasta el 27% de los ingresos públicos (1995). No obstante, la producción se mantiene estable en alrededor de 2.6 millones de barriles por día, muy alta dado que no hay reposición de reservas. En ese contexto, durante 1992 se incorporó la figura de “productor independiente” a la generación de electricidad, se vendió “Río Escondido”, la principal carbonífera del país, y las plantas de Fertimex del complejo “Pajaritos”. En 1995, se modificó la ley reglamentaria del petróleo para establecer que el transporte y el almacenamiento de gas natural no pertenecían más a las actividades exclusivas del Estado y, posteriormente, se abrió la petroquímica a la inversión privada. Estos procesos fueron parte de una política más amplia de retiro del Estado de la participación económica. El argumento esgrimido para estas privatizaciones fue la necesidad de reencausar el gasto público a satisfacer necesidades sociales. Sin embargo, en menos de una década fue necesario implementar programas de rescate y saneamiento financiero de un gran número de entidades, con un costo superior a los 100 mil millones de dólares, que mostrarían un rotundo fracaso de las políticas de privatización que, en cambio, promovieron casos de corrupción brutal.
Quizás el caso más conocido es el de la petroquímica. De manera artificial se dividió, por ley2, el universo de productos petroquímicos en básicos y secundarios para que esta importantísima industria pasara a particulares. Desde 1986, los distintos gobiernos intentaron vender los complejos (DOF 1998), coinvertir con particulares dentro de los complejos, o en nuevas instalaciones, como el proyecto Fénix, pero todo fracasó. Aunque lo más grave fue frenar la producción, parando y desmantelando plantas. Cuando se tomó esa decisión, México perdió la oportunidad de aprovechar sus enormes ventajas: hidrocarburos abundantes y baratos, así como su vecindad con el mercado más grande del mundo, para integrar cadenas industriales que produjeran bienes de alto valor agregado, en lugar de limitarse a exportar materias primas. Se debe recordar que los complejos petroquímicos de Pemex eran recientes, se habían construido a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Los hechos son elocuentes: mientras que en los años ochenta la producción petroquímica se triplicó, pasando de 6 a 18 millones de toneladas3, acompañando la fase de ascenso del ciclo industrial de esta rama en el mudo, la producción de 2012, en contraste, ascendió apenas a poco más 9 de 8 millones de toneladas. Las importaciones se dispararon a más del 50 % del abasto interno, y de los diez complejos que existían sólo siete se mantienen en operación, con una utilización menor al 50 % de su capacidad. Estas cifras no se deben a una crisis de mercado o abasto de materia prima, pues desde el 2003 la petroquímica, a nivel mundial, está viviendo una nueva y más amplia fase expansiva de su ciclo industrial (SENER 2007); simple y llanamente se debió a una decisión política totalmente injustificada. Por otra parte, en 1992 se llevó a cabo una reforma a la estructura corporativa de Pemex, para integrar divisiones especializadas autónomas con “centros de costos” y “sistemas de precios de transferencia”, que permitieran evaluar la eficiencia de cada línea de negocios. Lo que dio lugar a los cuatro organismos descentralizados filiales de Petróleos Mexicanos4. Las filiales quedaron obligadas a determinar sus proyectos en función de la
2	En 1986, el Ejecutivo emitió una lista con 34 productos que paulatinamente fue reduciendo, hasta el 17 de agosto de 1992 que publicó la última con sólo 8 productos. Está práctica, ilegal por cierto, dado que por la vía administrativa invadió una facultad legislativa, se mantendría hasta el 17 de octubre de 1996 que se reforma la Ley del Petróleo para legalizar, a posteriori, la disminución de la materia que correspondía, en exclusiva, a Pemex (listando 9 productos), como una medida para dar certidumbre a los posibles interesados en la llamada petroquímica secundaria. 3	Lo mismo ocurrió en sus principales cadenas de derivados: la producción de etileno creció de 343 mil toneladas en 1979 a 1.18 millones en 1989; la de propileno de 160 a 295 mil; el benceno, de 70 a 291 mil; el metanol, de 174 a 208 mil; el tolueno, de 108 a 344 mil; y el amoniaco de 1.6 millones a 2.5 millones de toneladas. 4	Exploración y Producción; Refinación; Gas y Petroquímica Básica; y Petroquímica. En 1989 se había constituido Pemex Comercio Internacional S.A. de C.V.(PMI). Para esta reforma es conveniente observar la prisa con que ocurre el proceso legislativo: se presenta el 2 de julio, el día 13 la habían votado las dos cámaras y el Diario Oficial la publicó el 16 del mismo mes. En coincidencia, las negociaciones del TLCAN concluyen el 11 de agosto del mismo año. Ver Diario de los Debates, Cámara de Diputados.
racionalidad de sus costos. Teóricamente las relaciones entre ellas deberían ser como las que tiene cualquier empresa: comprar y vender productos de acuerdo a los precios que puede encontrar en el mercado. Esta lógica, según la cual Pemex Exploración-Producción (PEP) vende crudo y gas a las demás filiales, a precios de oportunidad, hizo inviable la producción de petroquímicos; pues la materia prima (el gas, por ejemplo) se tenía que comprar a precios de referencia internacional (Henry Hub, Texas) y vender el producto resultante a precios tan altos que los consumidores en México preferían importar o, de plano, ya no producir y cerrar el establecimiento. Esta norma, aplicada a “rajatabla”, en los precios inter-organismos de Pemex condujo a que solamente Pemex Exploración Producción (PEP) tuviera balances positivos.
Pero el supuesto de los precios de oportunidad implicó la existencia efectiva de un mercado que en realidad no existía, pues logísticamente el gas no podía exportarse. Hubo de pasar otra década para que ese energético encontrara salida, y no precisamente en la exportación, sino en la demanda de las centrales de ciclo combinado para generar electricidad. Pero más allá de los precios está el tema de fondo: que es haber tomado la decisión de abrir la petroquímica a la inversión privada sin examinar que los empresarios nacionales no tendrían los recursos para abordar negocios de esa magnitud, y que las trasnacionales del ramo invertirían solamente a condición de que se les otorgarán fórmulas de precios y garantías para el abasto de materia prima; condiciones tan inconvenientes que el propio gobierno mexicano no pudo aceptar. Por lo tanto, dicha decisión fue un error fenomenal que arruinó a la naciente petroquímica mexicana. En síntesis, podría afirmarse que: objetivamente se vendió el mercado mexicano de petroquímicos brindando a las plantas estadounidenses el uso de su capacidad excedentaria para exportar hacia nuestro mercado, aprovechando que el TLCAN entró en operación al mismo tiempo. Dentro de las reformas que introdujo el presidente Salinas de Gortari en Petróleos Mexicanos también estuvo su régimen fiscal. A partir de 1991 Pemex incorporó a sus obligaciones, en la ley de ingresos, el pago de un “aprovechamiento sobre rendimientos excedentes” (DOF, 26.12.90), que gravó hasta con un 43% los ingresos por exportación que se obtuvieran cuando los precios internacionales superaran a los estimados en la ley de ingresos. Este gravamen se sumaba a los derechos por extracción que ascendían al 60.8% y podían significar más del 100 % de los ingresos de la paraestatal. El absurdo fue tal que Pemex llegó a endeudarse para poder pagar sus contribuciones fiscales, y más le valía que el mercado registrara precios bajos para librarse del “aprovechamiento”. En realidad, la Secretaría de Hacienda buscó asegurar todos los recursos que pudiera generar la exportación de petróleo, sin reparar en las necesidades
de inversión para mantener la capacidad extractiva. Fue el inicio de una política fiscal que se ejerció sin consideración, y sin mediar la más mínima inteligencia de Estado sobre Pemex. De 1996 hasta el 2005 la producción vuelve a crecer aceleradamente. En 2004 el ciclo de los yacimientos gigantes descubiertos treinta años atrás alcanza su pico máximo5, en ese año Pemex logra extraer 3.383 millones de barriles y realiza una exportación también record: 1.870 millones de barriles. En tal contexto, México se sitúa como el cuarto productor y el sexto exportador mundial de petróleo. Cantarell aumenta su aporte en 900 mil barriles diarios y junto a AbkatunPol-Chuc y Ku-Maloob-Zaap constituyen el 80% de la producción nacional. La actividad se concentra casi exclusivamente en los yacimientos marinos. No es que el petróleo en tierra se hubiera agotado, pero sí que el más barato –2.5 usd/b (dólares por barril)- se encontraba en los yacimientos marinos. Son años en que el presupuesto de Pemex se reduce, su inversión dependerá del crédito más que en otros momentos. En 1995 se modifica la ley de deuda (DOF, 12, 12, 1995), para crear un mecanismo que solo 11 incorpora a la contabilidad el gasto anual y no el endeudamiento total6. Así surgieron los “Proyectos de impacto diferido en el gasto (pidiregas)”, un cajón en el que se colocaron los proyectos con la más alta rentabilidad, para los que se conseguía financiamiento específico, y cuya fuente de pago era su propio flujo de ingresos. Bajo ese criterio: Cantarell era muy rentable y no así la exploración. En el presupuesto federal aparece una diferencia entre inversión presupuestal, que para las entidades del sector energético crece apenas el 2.8%, e inversión financiada (pidiregas) que lo hace en 38 %. Para 2005, el monto total de la deuda de Pemex en pidiregas ascendería a 22 mil millones de dólares, y un “saldo de financiamientos obtenidos por terceros”, con garantía de Pemex, por 36.4 mil millones de dólares (ISEFPDP/shcp IV, 2005). Petróleos Mexicanos adquiría deuda en el extranjero y ponía esos recursos a disposición de los proveedores para que llevaran adelante los proyectos requeridos. Bajo esta estrategia de inversión, aumentó la producción pero la habilidades técnicas Pemex mejoraron escasamente. La cuantía y la forma como se utilizaron los financiamientos pidiregas llama la atención porque no se observa la intención gubernamental de impulsar un programa para el desarrollo de proveedores nacionales, una estrategia con metas claras de integración nacional, para aprovechar todos los efectos del desarrollo: ciencia, tecnología, organización, formación de 5	En diciembre de 2003 se alcanza el registro histórico más alto de producción con 3.45 millones de barriles, al tiempo que Cantarell también lograra su punto más alto con 2.21 millones de barriles por día. 6	Con objeto de que el endeudamiento de las empresas públicas no se cargaran al déficit público.
recursos humanos, creación de nuevos productos, etc., que pudieron aportar proyectos tan grandes y singulares como Cantarell; sin embargo, no se registra reacción pública de las organizaciones empresariales mexicanas. Durante esos años nuevamente los ingresos petroleros llegaron a aportar casi el 37 % de los ingresos presupuestales del gobierno federal; incluso se formaron excedentes que el Jefe del Ejecutivo decidía su uso a discreción, dado que no podían ser presupuestados. En el año 2000, por iniciativa del Congreso y con acuerdo del Ejecutivo, se estableció un instrumento de captación de excedentes: el fondo de estabilización de ingresos petroleros (FEIP) que serviría en caso de caídas bruscas en los precios internacionales; transparentaría la captación y uso de los excedentes; pero además incorporó la noción indispensable para un país petrolero como México: que los recursos petroleros debían administrarse como una garantía para el futuro. Baste señalar que la SHCP, en su informe de cierre de 2005, consigna como ingresos excedentes petroleros 726 mil millones de pesos, con un saldo del FEIP por 16 mil millones de pesos (ISEFPDP IV, Anexo XV, p. 9). 12 Esta evolución es ejemplo de una pésima planeación, pues el endeudamiento
que se impone a Pemex da lugar a un incremento aceleradísimo de la extracción que, a su vez, produce una liquidez tan alta que desborda las previsiones de gasto y forma excedentes que tampoco se sabe cómo utilizar. Apareció así un nuevo reto: la administración de grandes excedentes de ingresos petroleros. Lo que puede destacarse como una paradoja pero que entraña un gravísimo riesgo, pues al mismo tiempo que se mantiene la exportación se reducen las reservas probadas, ancla de la seguridad energética de cualquier país petrolero. En esta fase la duración de las reservas se reducen de 23 años, al inicio de la primera década de este siglo, a solo 14 en 2005. Pero además, el aumento de los volúmenes de exportación no dieron mayores recursos al erario mexicano. En 1996 se exportaron 1.5 millones de barriles y se obtuvieron ingresos por 10.7 mil millones de dólares; en 1997 se exportaron 1.7 MMb y se obtuvieron 10.3 mil millones de dólares. Esto se debe a que en el mercado internacional, en el caso del petróleo, México no era un simple tomador de precios, sino que la magnitud de su oferta influía realmente en las cotizaciones internacionales. Por lo tanto, no se confirma el objetivo del gobierno de que una mayor exportación fortalece las finanzas públicas. Finalmente, en 2006, se inicia la declinación de la producción petrolera a consecuencia directa del agotamiento de la energía de Cantarell. En sólo tres años (2006-8), Cantarell pierde un millón de barriles de su producción diaria y en los siguientes tres pierde otros 500 mil, para ubicarse en 400 mil barriles por día hacia el segundo trimestre de 2013. La declinación de Cantarell es compensada, parcialmente, por el aumento de la extracción
en el complejo Ku-Maloob-Zaap, que duplica su aportación: de 404 a 837 mil barriles entre 2006 y 2011, y coloca la producción nacional en 2.5 millones de barriles por día. La magnitud física de la pérdida de Cantarell, habría provocado una crisis de insolvencia presupuestal y financiera para el gobierno mexicano. Sin embargo, el extraordinario incremento de los precios internacionales, que promedian 71 dólares los últimos seis años, no solo lo ha evitado sino que lo ha transformado en su contrario. La recaudación de derechos y demás gravámenes por extracción y exportación de hidrocarburos no tiene paralelo; ha contribuido a que los ingresos y el gasto presupuestal se hayan expandido de 2 a 3 billones de pesos en solo seis años (2006 – 2011). En ese periodo, los ingresos excedentes, es decir aquellos adicionales a lo presupuestado, suman 1.19 billones de pesos (CEFP, 2011), donde los derivados de los derechos petroleros representan poco más del 50 %. Desafortunadamente el uso de la mayor parte de esos recursos han ido a parar al gasto corriente y no a inversiones en infraestructura, investigación científica o tecnológica, etc., que pudieran tener un efecto duradero. Esos recursos tampoco han regresado a Pemex de manera suficiente. Desde el 2002 se hizo aparecer, en la ley de ingresos, un rubro denominado “superávit de organismos y empresas de control directo”, con magnitudes superiores a los 100 mil millones de pesos. Este artificio, contabilizado como una resta, obligaba principalmente a Petróleos Mexicanos, a retener el monto señalado como superávit y sujetarlo a la autorización de la SHCP, que lo utilizó como mecanismo de ajuste del conjunto del gasto público. En el año de 2008, por ejemplo, el superávit establecido por la ley de ingresos fue de 181 mil millones de pesos, mientras el presupuesto de la paraestatal ascendió a una cifra similar: 183 mil millones de pesos, con un gasto corriente de 81 mil millones que, como sabemos, incluye salarios y otras obligaciones que no se pueden condicionar. Por lo tanto, el resto, el gasto de capital o inversión, no fluyó de acuerdo a las necesidades productivas de la entidad, sino de los ritmos que la Secretaría de Hacienda estimó convenientes para mantener el equilibrio de las finanzas públicas. Este mecanismo se mantuvo durante ocho años y dio lugar a la formación frecuente de subejercicios en las entidades de control directo. Particularmente, en el caso de Pemex, la ley de ingresos la obliga a depositar diariamente sus obligaciones fiscales y, por otra parte, le impide gastar con oportunidad. Esta confiscación presupuestal fue eliminada con la reforma energética del 2008; sin embargo, muestra con claridad, uno más de los obstáculos con que ha operado Pemex. En 2010 el superávit se transformó en lo que era, es decir en un déficit, y ascendió a 7 mil millones de pesos. Pareciera, o al menos queda la sensación de que, en ciertos momentos de la vida de Pemex, se conspira para hacerlo ineficiente; pues ¿cómo explicar
que, en un año, “el amarre” del equilibrio presupuestal federal, de más de 100 mil millones de pesos, se hubiese desvinculado de la tesorería de las empresas sin ningún sobresalto? Por otra parte, los indicadores de la actividad petrolera se siguieron deteriorando. El anuario estadístico de Pemex (2013) indica que las reservas probadas: en 2006, ascendieron a 16.5 MMMb, mientras que al 1 de enero de 2013 se redujeron a 10.7 MMMb; por lo que la vida de las reservas alcanzarían para sólo 9 años. Como las reservas de 2006 se ubicaron en 9.9 años podría concluirse, indebidamente, que este indicador se habría mantenido estancado, pero no fue así debido a que la producción se redujo una quinta parte. Hay un rezago en la capacidad industrial. Hoy la política de combustibles depende del abasto externo: en gas natural, y en mucho mayor proporción en gasolinas, combustóleo y gas licuado, sus importaciones representan la mitad del consumo interno y su valor es el 56% de las exportaciones de petróleo, lo que eleva los subsidios al consumo hasta cantidades inmanejables para Pemex, y su traslado al consumidor final crea tensiones sociales que no se están procesando adecuadamente 14 porque el mayor peso se deja implícito a costo de la paraestatal. Después de veinte años de desregulación de actividades esenciales: petroquímica “secundaria”, transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, el fracaso es total. Para el transporte de gas natural no se construyó un solo ducto sin el anclaje de CFE o Pemex, no hay almacenamiento y la distribución urbana para consumo doméstico se estancó y hay retracción de consumidores a gas LP. El resultado es que: la infraestructura no aumentó, la competencia no apareció y, mucho menos, los consumidores han disfrutado de mejores precios o calidad en el servicio. Mención especial merece la actividad de refinación porque su estancamiento permanente, desde hace 20 años, muestra los efectos de una orientación tenasmente equivocada: invertir solo en las actividades de mayor rentabilidad unitaria de la industria petrolera (ninguna mayor a la rentabilidad de la extracción de crudo). La refinación tiene una rentabilidad típica que ronda el 5% y por lo tanto, los distintos gobiernos, decidieron no invertir para ampliar su capacidad7. El resultado ha sido que el abasto de gasolinas depende hasta en un 50% del exterior8 y sujeta la tendencia de los precios del mercado mexicano al de los Estados Unidos, que es el proveedor. Paralelamente, el gas licuado del petróelo (GLP), principal combustible en los hogares, también es insuficiente y México figura ya entre los principales importadores del mundo de este energético. 7	Aún cuando el sistema nacional de refinación ha estado en reconfiguración, su capacidad de destilación prácticamente no ha variado desde 1990: 1.680 – 1.690 millones de barriles por día. La última refinería construida – de seis-, Cadereita, entró en operación en 1980. 8	La producción de gasolina magna en el año 2002 fue de 359 mil barriles y, en 2012, de 336 mil barriles; el diesel, para los mismos años fue de 267 mil y 299 mil barriles/día. El total de productos refinados pasó de 1.262 a 1.225 millones de barriles por día, para los años considerados. Mientras las importaciones en 2012 ascendieron a 395 mil barriles/día.
Este error contumaz de política energética ha propiciado serias deformaciones en el resto del sistema económico: en primer lugar, para mitigar los precios, el gobierno se ha visto obligado a subsidiar el consumo, con un costo, para el caso del GLP, de 146 mil millones de pesos –que absorbe Pemex-, y 91 mil millones de pesos para gasolina. Son subsidios ciegos que no están vinculados con el nivel de ingreso de quien los percibe y, por lo tanto, son ineficaces; en segundo lugar, los subsidios a la gasolina objetivamente retrasan las inversiones para modernizar los sistemas de transporte colectivo, mientras el parque vehícular crece a tasas superiores al 7 % anual; en un autentico circulo vicioso donde, al final, los subsidios impulsan la importación de gasolinas y llevan, fuera del país, un ingreso que podría permitir a Pemex la construcción de nuevas refinerias. Bajo este escenario, a inicios de 2008 la presidencia de la República inició una intensa campaña de publicidad en los medios masivos de comunicación sobre la necesidad de reformar el marco legal de la actividad petrolera, con la finalidad de que el país pudiera contar con los medios necesarios para abordar la explotación de hidrocarburos en las aguas profundas del Golfo de México. El desafío de llegar a profundidades de tres mil metros de agua 15 parecía lindar con la ficción de una producción llevada a cabo con robots y una tecnología fuera del alcance de Pemex. Se informó oficialmente a la opinión pública la existencia de importantes yacimientos de hidrocarburos9 que cruzaban la línea fronteriza con los Estados Unidos, y que empresas internacionales ya perforaban decenas de pozos por año y se acercaban a la línea de frontera mexicana. El objetivo gubernamental era reformar las leyes para permitir inversión privada en la explotación petrolera, reservada constitucionalmente al Estado. El Congreso de la Unión finalmente votó, en octubre del mismo año, un paquete de seis reformas10 con las que otorgó a Pemex mayor autonomía presupuestal y de gestión; modernizó su diseño institucional y flexibilizó su sistema de contratación de adquisiciones y obra pública, para que pudiera establecer contratos plurianuales y remuneraciones adicionales de acuerdo a resultados; y quitó la obligación de contratar deuda a través de pidiregas. Específicamente en el caso de la contratación, en 2011, Pemex Exploración Producción inició la licitación y asignación de “Contratos de Servicios para la Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos”11, con un plazo de ejecución hasta 25 años (susceptibles de ampliación), para quien ofreciera la menor tarifa por barril extraído; con objeto de que el contratista pudiera llevar a cabo, dentro de cada área exclusiva, las actividades de exploración 9	Pemex sostiene que en aguas profundas habría 30 mil millones de barriles como recurso prospectivo. “Aguas profundas”, 10.03.08, 10	Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, Ley de Petróleos Mexicanos (antes Ley Orgánica), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Orgánica de la Administración Pública Federal, en las facultades de la Secretaría de Energía, Ley Federal de Derechos y Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 11	Bajo ese esquema se han asignado ocho bloques
y desarrollo en los yacimientos identificados o nuevos, y entregue a PEP los hidrocarburos para ser remunerados a la tarifa contratada. De esta manera, por primera vez desde 1938, el gobierno dio a particulares el derecho de explotar hidrocarburos en un área territorial específica.
La reforma de 2008 trató de poner las bases de un sistema de planeación energética que es indispensable para un país donde sus operadores fundamentales son estatales y, sin embargo, actúan de manera descoordinada, incluso para los aspectos más esenciales. Los ejemplos más señalados han sido los cambios en el modelo de generación de electricidad, operado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la incorporación masiva de centrales de ciclo combinado, consumidores de gas natural, independientemente de las posibilidades de suministro de gas por parte de Pemex; y por otro lado, la no incorporación de la cogeneración de electricidad a partir del vapor utilizado en las plantas petroquímicas y refinerías de Pemex, con una capacidad que pudiera superar el 10 % del total del país, que aliviaría las tarifas eléctricas dado su menor costo frente a otras fuentes. Se creó, al seno de la Secretaría de Energía, un Consejo Nacional de Energía encargado de la planeación del sector energético, cuya tarea central es elaborar una “Estrategia Nacional de Energía” (ENE) con un umbral de 15 años y cuya revisión anual ratifica el voto del Congreso. En ella deben plasmarse los objetivos, las metas y trayectorias centrales de las políticas del sector energético: reposición de reservas petroleras, extracción de petróleo y gas natural, combustibles, petroquímica básica, generación de electricidad, subsidios, fuentes renovables, protección de recursos naturales y acciones relacionadas con el cambio climático, etc. Sin embargo, los proyectos que se han presentado han sido severamente cuestionados en ambas cámaras del Congreso: de los cuatro documentos sometidos a ratificación dos no lo han logrado y los otros dos no definen con claridad objetivos, metas y orientaciones precisas que debería seguir la política energética nacional. Durante los últimos treinta años Petróleos Mexicanos ha cumplido puntualmente con la función de sostener el equilibrio fiscal del gobierno, antes que procurar la seguridad energética o el desarrollo industrial del país. En los hechos, se le ha obligado a sostener el flujo cotidiano de las finanzas públicas, debido a que ninguna otra fuente fiscal ha querido ser desarrollada adecuadamente y no existe alternativa para compensar un eventual faltante petrolero; sin embargo Pemex mantiene una situación altamente competitiva, de acuerdo a la propia información oficial12. Se sostiene como el quinto productor mundial de petróleo, es también el quinto exportador y las reservas mexicanas se ubican en el 13º lugar 12
Pemex, “Presentación para inversionistas”, Op. cit.
mundial; los costos de extracción son los más bajos: 6.84 dólares por barril frente a 7.55 de Statoil, 9.55 de Exxon o 13.62 de Petrobras. Sus ingresos antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) ha pasado de 71 mil millones de dólares en 2008 a 88 mil millones en 2012; durante los últimos tres años ha mantenido un promedio de inversión de 22 mil millones de usd, mientras que empresas como Exxon o BP realizan inversiones globales por 36 mil millones de dólares13; además, el pago de su deuda ocupa el 6.4%, como proporción de su capital de operación, por lo que resulta muy discutible la afirmación de que carece de recursos para afrontar nuevos retos. Desde el punto de vista tecnológico, PEP ha mostrado tener resultados sobresalientes: De acuerdo con información divulgada por la Presidencia de la República14, en octubre de 2012 se logró perforar con éxito el pozo Supremus-1, sobre profundidades de 2,900 metros de tirante de agua, que se ubica dentro de los records mundiales de profundidad. Por otra parte, en Chicontepec, el uso de perforación horizontal y el fracturamiento múltiple en pozos demuestran que es posible tener una alta rentabilidad y que es posible aprovechar estos yacimientos que constituyen las mayores reservas 17 probadas del país. “¿por qué compartir con empresas privadas un avance tan lucrativo, mediante contratos con incentivos multiplicados por la tecnología de pozos no convencionales y un régimen fiscal con impuestos bajos y recuperación total de las inversiones? Los resultados mostrados son extraordinarios”15: Con estos elementos, el deterioro que sufre Pemex no surge de una lógica inherente, atribuible a la capacidad de Pemex o a la inercia natural del régimen legal petrolero, pues la magnitud de la riqueza producida y el servicio al país son elocuentes por sí mismos. Proviene, fundamentalmente, de errores plenamente detectados de conducción, de haber subordinado sus resultados a una visión dogmática de lo que significa estabilidad macroeconómica y de haberla mantenido, dentro de la estructura de la administración pública federal, en una posición que no corresponde con su naturaleza productiva. Bajo los elementos anteriormente expuestos, la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales presentada, el pasado 12 de agosto, por 13	Annual Statistical Bulletin, OPEC, 2012. 14	Supremus-1, al igual que Tritón-1, localizados en la región de Perdido, a 250 kms de Matamoros y 39 al sur del límite territorial con EU. Es el octavo pozo más profundo a nivel mundial y su profundidad total es de 4 mil metros; permitirá incorporar reservas por 123 millones de barriles, de un total de 13 mil calculadas en esa región. Presidencia de la República, 5 de octubre de 2012. 15	“La producción promedio inicial de petróleo de los pozos fue mayor de 1 mil 200 barriles por día; en siete de los 22 pozos mostrados, las inversiones se recuperaron en menos de 3 meses, y en 14 pozos, con la producción obtenida, en menos de 5 meses. Todos los pozos, excepto uno, muestran condiciones muy favorables de rentabilidad, expresada como el cociente del valor presente neto de las ganancias entre el valor presente de lo invertido.” Ing. Francisco Garaicochea, mayo de 2013.
el Presidente Enrique Peña Nieto, en materia de hidrocarburos resulta no solo contraria al espíritu con que el pueblo de México ha construido sus instituciones, sino que carece de lógica económica, financiera o técnica a la vista de las condiciones, logros y posibilidades adquiridos por la industria petrolera que actualmente tiene el Estado mexicano. La iniciativa en comento propone abrir, a la inversión privada, la explotación petrolera y cercenar la exclusividad del Estado en los ámbitos de hidrocarburos y electricidad: (Art. 27) …Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán expedirán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. .. (Art.28) …No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y 18 radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión… Específicamente, de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, se trata de que la explotación petrolera en México se lleve a cabo a través de contratos de riesgo, de “utilidad compartida”. En adelante Pemex, o cualquier otro interesado podría obtener del Estado mexicano el derecho de extraer y procesar, de cualquier modo los hidrocarburos que encontrara. En relación a la práctica actual, efectivamente, el particular asumiría los riesgos de no tener éxito en sus proyectos -aunque como hemos visto actualmente se asignan contratos sobre reservas ya localizadas, por lo que el riesgo es menor; en el caso de obtener buenos resultados (verbigracia el caso de Chicontepec) el contratista capturaría la renta económica que, de otra manera, correspondería integra al propietario del recurso. A este nuevo esquema de explotación la iniciativa promete imponer un régimen de derechos fiscales competitivo, quizás 50, 40 ó 30%; que proporcionalmente corresponderían a una pérdida para el estado del 30 y hasta el 60%, en su forma de ingresos fiscales, que ya no ingresarían a las arcas de la Nación. La pregunta que surge es: ¿si el gobierno está en la disposición de bajar el régimen fiscal por qué no hacerlo sólo para Pemex que conoce mejor el territorio, dispone de capital, capacidad y tecnología ?. La reforma al Artículo 28 permitiría a las nuevas empresas industrializar el petróleo y llevar sus productos directamente al público, podrían entonces sí, cerrar la cadena industrial, realizar un valor agregado extraordinario
(que hasta ahora se le ha negado a Pemex) y, dada su mayor flexibilidad, colocar paulatinamente a las áreas industriales de Pemex en bancarrota y provocar su cierre. Esta perspectiva no incluye, forzosamente, que inviertan en nuevas refinerías o plantas petroquímicas, simplemente utilizarían su capacidad ociosa, que tienen construida allende la frontera, y cubrir el mercado nacional. Justamente, como en el caso de la petroquímica, ya expuesto anteriormente. Cabría preguntarse, si en este esquema, se mantendría el control de precios oficial que mantiene la SHCP o los precios los definiría cada empresa, como ocurre en los Estados Unidos y ¿qué pasaría con los consumidores mexicanos de menores ingresos? Entendiendo que el costo del transporte impacta no solo a quien es propietario de un vehículo. Por otra parte, también se perdería para el caso de Pemex y CFE el sentido del párrafo cuarto del Artículo 25: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se 19 establezcan.” En la ley secundaria se puede establecer que una “mínima” parte de la propiedad de estos organismos, por ejemplo, se coloque en bolsa, que participe en alianzas o se asocie. Aquí queda de manifiesto que la iniciativa no solo es privatizadora desde el punto de vista de pasar a propiedad privada una actividad exclusiva del Estado, sino que efectivamente: Pemex y CFE podrían ser vendidas así fuera (por bursatilización) de una parte de sus activos. El estado, en el mejor de los casos, compartiría la propiedad y el control de sus activos.
La industria eléctrica En su origen, la industria eléctrica nacional se concibió como instrumento del desarrollo y del bienestar de todos los mexicanos, merced a la producción de un bien público, fundamental y estratégico: la electricidad. Tres grandes objetivos se postularon con la creación de la CFE en 1937: 1) que todos los mexicanos, sin distinción de clase, nivel socioeconómico, o ubicación geográfica, dispusiera en su vida diaria del fluido eléctrico, con la calidad máxima y el costo mínimo; 2) que el aparato productivo en desarrollo y evolución, contara con este fluido para impulsar su cambio técnico y su productividad, para producir cualquier otro bien y, con ello, alentar al máximo el desarrollo económico; 3) que la Nación controlara este proceso y los recursos naturales utilizados para ello, para que tanto su usufructo como la introducción de nuevas tecnologías de generación, transmisión,
transformación, control, distribución y comercialización, se tradujesen en beneficios para la sociedad y no sólo para los particulares. El sector eléctrico ha sido siempre uno de los sectores que más alto grado de inversión financiera ha requerido para su desarrollo. Por ello, su estabilidad y solvencia es una garantía básica del sistema financiero en su conjunto. El correcto desarrollo y desenvolvimiento del sector es, por tanto, de indudable trascendencia. El servicio público de electricidad atiende a más de 35.5 millones de usuarios, que consumen aproximadamente 229,318 GigaWatt-hora. El sector industrial concentra el 59% de la demanda, el residencial el 25%, el comercial el 7%, el agrícola el 5% y los servicios el 4% restante. Para satisfacer esa demanda, CFE cuentan con 52,500 MW, de esta capacidad, 11,9 MW corresponden a generadores privados con contratos de largo plazo con CFE, y se estima un margen de reserva del 32 % (o MRO 9%), como la relación entre la demanda máxima y la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional16, lo que se considera suficiente para garantizar 20 la proyección de demanda en el corto y mediano plazos. El 74 % de la capacidad instalada del servicio público corresponde a fuentes fósiles (carbón, gas o combustóleo), mientras que el restante 26 % utilizó fuentes renovables y energía núclear. Las centrales de ciclo combinado predominan con el 34 % de la capacidad instalada, seguidas por las plantas termoeléctricas convencionales con 24 % y las centrales hidroeléctricas con 22 %. En conjunto, las centrales carboeléctricas, turbogás y duales aportaron 15.0% de la capacidad total del servicio público. Las tecnologías geotermoeléctrica, eoloeléctrica y nuclear participaron con 4.5% de dicha capacidad. Por otra parte, la red de transmisión y distribución, así como la capacidad instalada en subestaciones y transformadores ha venido creciendo consistentemente a una tasa del 2.6%. De tal forma que la magnitud total de la red de transmisión alcanza una longitud de 845,201 km. Comisión Federal de Electricidad ha venido cumpliendo la obligación de garantizar el servicio público, con una eficiencia muy aceptable si se le compara internacionalmente; la preocupación por el costo mínimo, la confiabilidad de los sistemas y la continuidad del servicio eléctrico, han sido fundamentales para el crecimiento económico del país desde la fundación de este organismo público. Sin embargo, CFE ha estado sometida a la incorporación creciente de entidades privadas a la generación de electricidad, alterando las modalidades de autoabastecimiento y productor externo; para ello, los últimos tres gobiernos (incluyendo al presente) han presentado propuestas 16
Prospectiva del sector eléctrico 2012-26, Sener
para la creación de un mercado eléctrico entre grandes generadores y consumidores privados, que utilizarían la red pública para sus transacciones, esta tentación ha reducido los montos de inversión requeridos para modernizar las instalaciones y se ha frenado la incorporación de proyectos de energías renovables, dejando estos últimos al desarrollo por particulares, como se puede observar en el caso de la generación eólica. Por otra parte, se le ha conducido a un esquema de precios que ha sido continuamente cuestionado por la sociedad. Se ha sostenido un esquema de subsidios que descansa sobre la capacidad financiera de CFE sin que el gobierno federal cubra oportunamente sus costos. Adicionalmente, este organismo también mantiene una suerte de subsidio al porteo de energía generada por particulares. La liquidación de Luz y Fuerza del Centro, en 2009, y la transferencia abrupta de sus activos y obligaciones a la CFE, ha sido una medida adicional que ha debilitado las finanzas y capacidades de acción de este organismo. Para mantener el servicio en el área conurbada de la Ciudad de México que es, no sólo la zona más grande de distribución del país, sino la que presenta 21 el mayor conflicto social y pérdidas no técnicas, ha tenido que recurrir a contratistas privados, en muchos casos improvisados, e ir aprendiendo en el camino las características y dificultades, lo que ha lastrado los distintos indicadores de calidad globales de la entidad. Uno de los aspectos fundamentales de la relación entre Comisión Federal de Electricidad y el usuario se encuentra en los precios que cobra por el fluido que entrega. Durante la última década la paraestatal ha tenido que lidiar con el incremento continuo de los energéticos. Como se sabe, los precios del petróleo, de la mezcla mexicana, subieron su cotización de 21.5 dólares (2002) a 101 dólares el año pasado, prácticamente se quintuplicaron. Recientemente, gas natural ha bajado sus precios, sin embargo otros combustibles como el combustóleo se han mantenido altos, de tal manera que han impactado en todo el mundo los costos de generación de electricidad. A nivel de los precios medios, y una vez descontando la inflación, CFE ha entregado electricidad a sus clientes con aumentos muy diferenciados, según el servicio de que se trate pero e ningún caso se aproxima siquiera al costo de los combustibles, como ha ocurrido en otros países. Para el servicio residencial, el costo de la energía eléctrica solo se ha actualizado en relación con la inflación, lo que no significa que se haya mantenido igual para los consumidores, sobre todo para aquellos de menores ingresos, porque los salarios mínimos han ido perdiendo terreno frente a la inflación; de tal manera que las tarifas, con todo y el subsidio, en algunos casos, se han apreciado hasta en un 3 ó 4 % en los últimos años. Situación diferente experimentan los consumidores en servicio comercial o industrial, donde
las tarifas han aumentado hasta en una quinta parte. Se debe señalar, que la eficiencia de los trabajadores de CFE ha permitido amortiguar los precios de los combustibles, aún más cuando los subsidios, en el corto plazo, son absorbidos por la CFE y solo virtualmente por el gobierno federal. Es indispensable tener en cuenta la experiencia ocurrida en casos de sistemas eléctricos desregulados, debido a que en 1999 el presidente Zedillo, propuso al Congreso una reforma para privatizar los activos de CFE y LFC, crear un mercado de compañías privadas de generación, incluyendo las plantas de CFE; otro de compañías regionales de distribución y una compañía nacional, privada de transmisión. En el año 2000 hubo un nuevo plan17, que a diferencia del anterior, no pretendía vender activos, sino retirar el derecho al servicio público a los industriales y llevarlos a establecer contratos con compañías privadas de generación. Ambas iniciativas no tuvieron éxito en el Congreso pero, dado que el pasado 12 de agosto el Presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa18 con propósitos similares, es oportuno incorporar aquí la reflexión. 22 En primer término, es necesario advertir que el movimiento global de
reestructuración de los sistemas de servicio público de electricidad (SPE), llamado coloquialmente reforma eléctrica, iniciado a finales del siglo XX, obtuvo resultados que tienen el mismo denominador común: las tarifas no se redujeron y los sistemas de seguridad se debilitaron, en muchos casos hasta el colapso. Por lo tanto, la propuesta del Presidente Peña llega desfasada veinte años. El primer país donde se ensayó esta reforma, fue Chile19. Esta primera experiencia, aunque no cuente con la fama de precursora, como lo tiene la reforma inglesa, tuvo su crisis y dejó su lección. En 1999, el agua de las plantas hidroeléctricas, columna vertebral del sistema de generación chileno, se agotó; la vida económica del país se colapsó. Hubo cortes rotativos y racionamiento de electricidad por meses; los apagones llegaron a ser de 10 horas diarias20. Sucede que los nuevos dueños de las plantas heredaron todo, menos la planeación, que desapareció, y tampoco asumieron la obligación del servicio21. El margen de reserva en capacidad de generación se agotó. No 17	Reorganización de la industria eléctrica nacional, presidente electo Vicente Fox Quesada, octubre 5 del 2000. 18	Texto de la Iniciativa de Reforma al párrafo sexto del Artículo 27 Constitucional: “… Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.” 19	J. M. Muñoz, “Sistema eléctrico mexicano, ¿modelo a seguir?”, México 2007. 20	Brown, “A firestorm over electric power in Chile”, 31 de mayo 1999, BusinessWeek online, www. businessweek.com. 21	Astudillo, “The “Chilean road” –electricity blackouts”, 16 de julio 1999, www.wsws.org.
hubo previsión, ni decisión de hacerlo crecer; los generadores privados pidieron aumento de precios a la Comisión Nacional de Energía chilena; esta se negó, con el resultado de que la comisionada fue sustituida. Además, paradójicamente a sus lamentables resultados, la privatización de la industria eléctrica chilena fue posible porque los particulares se financiaron con los fondos de pensión de los trabajadores, derivados de los recursos de sus cuentas individuales en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Inglaterra, a diferencia de Chile, tiene el reconocimiento mundial de ser precursora en la reforma eléctrica, y su modelo se promovió a nivel mundial en los años 90. Los puntos principales de la teoría de la reforma eléctrica enunciados desde Inglaterra22, es que el sistema público de electricidad consiste en cuatro actividades separables:
1. Generación (o producción);
2. Transporte en alta tensión (transmisión);
3. Transporte local en baja tensión (distribución);
4. Venta al detalle y promoción (suministro).
De acuerdo al planteamiento teórico, cuando estas etapas las controla una sola empresa, existe monopolio verticalmente integrado, por lo que el gobierno de ese país emprendió el desmantelamiento de la empresa estatal: la Central Electricity Generating Board CEGB, en dos grandes compañías para generación, varios fragmentos regionales para la distribución y en una gran compañía para transmisión. A partir de estas acciones tendría que haber empezado el periodo de observación de sus resultados, con lo que, tanto en Inglaterra, como en el resto del mundo, se hubiera conocido el éxito del experimento de competencia entre compañías de generación que se disputarían el mercado Se impulsó la sustitución de carbón por gas y pocos años después los precios del gas subieron y con ellos los de la electricidad. Las termoeléctricas de carbón que se salvaron de la destrucción, son de nuevo, la base de la producción de electricidad en Inglaterra, mientras que las plantas de gas, se convirtieron en las encargadas de surtir la carga variable. La enseñanza que deja el experimento inglés es que la preocupación por los precios, por los derechos de los consumidores, por la libre elección de proveedor, resultaron ser solo promesas. A la fecha, el modelo británico, emblema mundial de la reforma eléctrica, ha sufrido varios 22	Surrey et al, The British Electricity Experiment. Privatization: the Record, the Issues, the Lessons, London, Earthscan Publications Limited, 1996.
perfeccionamientos, pero los precios de la electricidad no son ejemplo mundial. El caso Estadounidense quizás sea más conocido. La Federal Energy Regulatory Commission FERC, condujo en Estados Unidos un importante esfuerzo de análisis entre las múltiples compañías eléctricas de ese país; en el trabajo, que terminó en la primera mitad de 1996, participaron 409 compañías eléctricas, casi todas norteamericanas, unas pocas canadienses y la mexicana Comisión Federal de Electricidad CFE. El resultado de este trabajo fue la “Order 888 de la FERC, para la promoción de la competencia mayorista a través del acceso abierto no discriminatorio” a las redes de transmisión. La 888 es un ejemplo de trabajo técnico de un alto nivel, desarrollado en el país más industrializado del planeta, por los profesionales de una industria que es vital para el funcionamiento de la sociedad, que tenían la idea de que el servicio público de electricidad (SPE) podía convertirse en un mercado abierto a la competencia y que podría dejar de ser un servicio público, regulado como tal por los gobiernos23. 24 El diseño se puso en práctica en California y en menos de un año, el
experimento fracasó: El gobernador tuvo que intervenir para imponer un tope a los precios ofertados por los generadores. En cuanto el mercado mayorista inició su funcionamiento, las compañías generadoras de electricidad, así como las proveedoras de gas, actuando conscientemente en contra de los consumidores causaron escasez tanto de combustible como de capacidad de generación para aumentar – artificialmente- los precios de la energía; en el punto máximo de su manipulación, llegaron a parar 15,000 MW de plantas, con lo que causaron apagones programados en el estado de California24. Se llegaron a ofrecer precios de la electricidad en el mercado spot hasta de 1,400 US$/MWh, cuando los costos de producción eran de 20 a 60 US$/MWh25. En suma, el daño a la economía californiana por la aplicación de las reglas de mercado diseñadas con tanto esmero fue de más de 30,000 millones de dólares26. Este caso, más que el chileno, más que el argentino, brasileño, o tantos otros ejemplos de esta reforma, ha sido la mayor fuente de aprendizaje en todo el planeta. El 14 de agosto de 2003 el noreste de Estados Unidos de América y una pequeña parte del sureste de Canadá, sufrieron un gigantesco apagón que 23	Federal Energy Regulatory Commission, http://www.ferc.gov, Order No. 888, Promoting Wholesale Competition Through Open Access Non-discriminatory Transmission Services by Public Utilities; Recovery of Stranded Costs by Public Utilities and Transmitting Utilities, April 24 1966. 24	Muñoz, “Crisis eléctrica en California: Para aprender de la experiencia ajena”, abril 2001, www.energia. org.mx. 25	R. Friedman, “La crisis del sector eléctrico californiano”, 15 mayo 2001, www.energia.org.mx. 26	P. Krugman, “In broad daylight”, 27 September 2002, www.nytimes.com.
duró hasta el día siguiente. Esa tarde de verano, con la demanda eléctrica en aumento rumbo a la hora pico, una línea de transmisión cargada más allá de su capacidad nominal, se calentó, por tanto aumentó su longitud, así bajó varios centímetros hasta que hizo contacto eléctrico con las copas de los árboles debajo de ella; la centella resultante hizo que operaran los sistemas de protección de las subestaciones de transformación asociadas a la línea, que desconectaron la misma. Al salir de servicio este trozo del sistema de transmisión de una de las zonas más ricas del planeta, la carga que portaba tuvo que distribuirse en otras líneas, la electricidad tuvo que fluir por otras rutas, que sorprendentemente, también estaban operando al límite de su capacidad, con lo que unos minutos después de la primera falla, hubo otra idéntica. A partir del momento de la segunda falla todo ocurrió en una cascada de desconexiones: líneas y centrales generadoras fueron protegidas por sus sistemas de control y salieron de servicio con intervalos de unos pocos segundos. Al final, unos 62,000 MW se desconectaron y unas 50 millones de personas se quedaron sin electricidad. El informe del comité conjunto norteamericano canadiense, firmado por el Secretario de Energía de Estados Unidos y el Ministro de Recursos Naturales de Canadá, concluye que el accidente pudo haber sido evitado; también informa que hubo violaciones a las normas de confiabilidad de los sistemas eléctricos, que establecen prácticas de operación, supervisión mantenimiento y construcción de nuevas instalaciones para asegurar la confiabilidad del servicio. El informe27 establece cómo la operación de los sistemas aunque estaba a cargo de algunos operadores, estos no tenían autoridad sobre las plantas generadoras de las diversas compañías, igualmente describe cómo el mantenimiento rutinario a las líneas de transmisión no se efectuaba. Por otra parte, describe cómo las mediciones y alarmas relacionadas con la carga en las líneas no eran atendidas; así, el informe permite deducir que el libre mercado no es la receta para sostener el SPE. La lección aprendida es similar a la de Chile, cuando los apagones por falta de capacidad: las compañías privadas ven por sus intereses –indudablemente legítimos- pero no pueden ver por los intereses de la comunidad y no pueden hacerse cargo de la confiabilidad, de las necesidades de crecimiento, de la operación de los sistemas y mucho menos, preocuparse por lograr el mínimo costo para los consumidores En el caso de México, con los indudables problemas que puede tener la Comisión Federal de Electricidad, el servicio público de electricidad ha estado garantizado y su respuesta, ante fenómenos naturales extremos, 27	U.S. – Canada Power System Outage Task Force, Final Report on the August 14, 2003 Blackout in the United States and Canada: Causes and Recommendations, abril, 2004.
como huracanes o terremotos, has sido probada. El sistema eléctrico nacional tiene además otra ventaja no disponible en otras partes del mundo: es un sistema interconectado que permite ecualizar los costos de diferentes fuentes de generación y ofrecer el menor costo posible, y la mayor seguridad al consumidor, sobre todo si a su operador, la CFE, se le da la autonomía necesaria para gestionar sus recursos.
La propuesta del Partido de la Revolución Democrática La propuesta en materia de hidrocarburos y electricidad que aquí se presenta no plantea reformar la Constitución ni transferir recursos de la Nación, o sus rentas, a particulares; busca sin privatizar, que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fortalezcan su aporte al desarrollo nacional, para detonar la inversión, el desarrollo industrial y la creación de empleo. La propuesta está sustentada por los 8 ejes estratégicos, mismos que presentó el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el pasado 14 de enero de este año, a saber: 1. Cambio en el Régimen Fiscal. 2. Autonomía Presupuestal. 3. Autonomía de Gestión. 4. Fortalecer a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 5. Tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un acceso equitativo a la energía. 6. Convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un Organismo Financiero 7. Impulsar la Investigación y Desarrollo Tecnológico.
8. Transición energética, cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. La iniciativa busca incidir sobre los siguientes objetivos de política energética: •	Favorecer y alentar el bienestar de las familias mexicanas mejorando el acceso, la calidad y los precios de los bienes y servicios públicos de energía; impulsando el crecimiento económico nacional al garantizar el suministro suficiente, con calidad y a menores precios de los energéticos e insumos producidos por las empresas públicas. •	Mantener vigente el mandato constitucional de los artículos 27 y 28 de la Constitución, de que la Nación es propietaria de los recursos naturales, sus rentas y beneficios, así como la responsabilidad exclusiva e ineludible de operar las áreas estratégicas del petróleo, gas natural, petroquímica y electricidad. •	Constituir una nueva categoría en la administración pública federal destinada a organismos productivos como Pemex y CFE, cuya 27 naturaleza no corresponde con funciones de índole administrativo, y que requieren ser tratados como empresas públicas. Con el propósito de que su presupuesto, operación financiera, gestión de recursos humanos y materiales, pero sobretodo la planeación de su operación productiva se coloque en una dimensión de mayor funcionalidad y eficiencia, con procesos de rendición de cuentas transparentes, sin corrupción y un sistema de financiamiento sano y autosostenible. •	PEMEX debe regresar a ser una empresa integrada y no sólo coordinadora de filiales, donde su planeación tenga en cuenta el cumplimiento de objetivos nacionales y no aisladamente los de cada una de sus partes. Su estrategia productiva debe surgir de los requerimientos de la industria y de los consumidores nacionales. •	Establecer como propósito de la Estrategia Nacional de Energía la obligación, para Pemex, de reponer al 100 % de las reservas probadas de hidrocarburos, así como la suficiencia para un periodo mayor a los diez años. Lo que implica la fijación de las plataformas de extracción y exportación de petróleo crudo y gas natural. Estas deben ser la obligación mínima del operador exclusivo respecto a la propietaria del recurso que es la Nación. •	Ajustar el régimen fiscal de los derechos sobre extracción de hidrocarburos a una contabilidad por campo, con registro compartido con el órgano superior de fiscalización, para transparentar la participación de los yacimientos en la renta nacional, y disuadir el abandono de campos por gravámenes inconvenientes y al arbitrio de Pemex.
•	Formular, con la participación de las organizaciones empresariales, una estrategia para la integración de contenidos nacionales crecientes, con metas precisas, en todos los rubros de la actividad petrolera; a fin de fortalecer una verdadera industria parapetrolera en el país. •	Vincular legalmente el Programa de Inversiones de Pemex y del sector eléctrico (Poise) con la Estrategia Nacional de Energía para armonizar la política energética. •	Fortalecer legal y materialmente la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para la vigilancia y sustentabilidad de la explotación, así como el cumplimiento de las metas de reposición de las reservas de hidrocarburos. •	Garantizar el uso sustentable de los recursos naturales no renovables, el uso eficiente y el ahorro de energía e impulsar la transición energética a tecnologías renovables limpias. 28
•	Mejorar los márgenes de seguridad energética a partir de un mayor abasto de combustibles nacionales, lo que implica apresurar la ampliación de la capacidad de refinación, almacenamiento y transporte de Pemex. •	Desconectar los subsidios incluidos en los productos finales de Pemex de la tesorería de la paraestatal (y de CFE), para que sean presupuestados y se transparenten con cargo a la política social y de desarrollo industrial. •	Preservar los derechos laborales de los trabajadores y fortalecer su contribución profesional a la industria energética nacional.
Política de Hidrocarburos •	Moderar la extracción de petróleo crudo. La extracción más allá del ritmo natural aumenta los costos y hace perder magnitudes considerables de la riqueza de los yacimientos. El ritmo de extracción de petróleo debe moderarse para dar tiempo a la reposición de reservas y a la expansión de la infraestructura local de transformación. •	Recuperar la producción petroquímica. Se deben ampliar todas las unidades de PEMEX que puedan cerrar cadenas productivas en el país. PEMEX deberá establecer acuerdos de largo plazo para abasto de insumos y formulas de precios en petroquímicos básicos que fomenten la inversión en eslabones intermedios y
finales de las cadenas industriales. Se debe impulsar la Producción de petroquímicos a partir de naftas e hidrocarburos pesados. •	Fortalecer el capital tecnológico de Pemex. La formación de los trabajadores, técnicos e investigadores de alto nivel debe ser una tarea prioritaria, de ello depende la capacidad de Pemex para afrontar con éxito los retos del futuro. El Instituto Mexicano del Petróleo debe ser revalorado e incorporarlo adecuadamente en las decisiones tecnológicas de Pemex, así como el vínculo con las demás instituciones educativas y de investigación petrolera del país. •	Aumentar, de manera urgente, la producción de gas natural. En México la demanda de gas natural se ha disparado, La rentabilidad de esta actividad debe conducir a reafirmar la exclusividad del estado en su explotación y a reorganizar estructuralmente a PEMEX para establecer una estrategia de financiamiento específico que lleve a desarrollar las potencialidades del país, incluyendo los recursos de lutitas. •	Prohibir la quema de gas asociado. El valor económico y ambiental del gas natural obliga a lograr un aprovechamiento 29 integral de las disponibilidades. En ese sentido es impostergable reducir a magnitudes de seguridad industrial el volumen de gas que se queman en las diversas regiones del país. •	Establecer un Fondo para los Excedentes Petroleros.- Este fondo deberá ser transparente y controlado por el Congreso. Se nutrirá con los excedentes del precio del petróleo fijado por el Congreso, que se acumularán para compensar caídas en el precio y, después de cierto margen, formar recursos de inversión.
Política de Electricidad •	Que todos los habitantes del país, sin distinción de clase, nivel socioeconómico, nivel educativo o cultural y ubicación geográfica, dispongan en su vida diaria del fluido eléctrico, con máxima calidad y mínimo costo; que el aparato productivo dispongan de un abasto en electricidad continuo, estable y a precios competitivos para aumentar su productividad, y por ese medio alentar el máximo desarrollo económico. •	Mejorar la calidad del servicio. Fortalecer la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización, para mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica, y ampliar los mecanismos de
comunicación y atención a los usuarios del servicio sobre tarifas, facturación y cobranza, fallas de suministro, y mecanismos de apoyo para el ahorro de energía. •	Desarrollar tecnologías de generación de bajo costo y bajo impacto ambiental, tales como la cogeneración, de manera obligada por CFE en instalaciones de Pemex•	Eliminar los tratamientos de privilegio que se dan a plantas de energía renovable, con costos de porteo y respaldo subsidiados. •	Determinar las tarifas en función de costos. Estas deben ser equitativas, sustentadas en criterios técnicos y económicos, formuladas por nivel de tensión y tipo de suministro, y sin favorecer o discriminar a sectores específicos de consumidores, tanto por su actividad, como por su nivel económico o por su situación geográfica.
•	Generación con diversificación de fuentes. Es necesario mejorar el equilibrio en el uso de las fuentes de energía para generar electricidad, impulsando la energía solar, la microhidráulica y la biomasa. Establecer cuotas de participación de fuentes renovables de energía para la nueva generación eléctrica, y aplicar mecanismos compensatorios para que estas compitan efectivamente con las fuentes tradicionales. •	Impulsar la generación distribuida. Resulta de interés nacional, en el contexto del fortalecimiento del desarrollo regional, alentar los procesos de generación distribuida en sus distintas modalidades: cogeneración, autoabastecimiento, pequeña producción, así como de diversas formas descentralizadas de producción de energía eléctrica. •	Reforzar la vinculación de los institutos de investigación con las empresas del sector energético. IIE, ININ e IMP cuentan con un acervo técnico científico que debe ser empleado a su máxima capacidad para respaldar la mejora continua de las empresas del sector energético, vinculando sus programas de investigación y desarrollo tecnológico de manera más efectiva con la modernización de los procesos de las empresas. •	Uso racional de la energía. Nuestro país carece de una política y/o de un marco legal que promueva y en su caso obligue, al uso racional de los energéticos, sean estos combustibles, derivados de los hidrocarburos o electricidad.
PROPUESTA DE REFORMA ENERGÉTICA 2013
RESUMEN Pemex RENTABLE. Petróleos Mexicanos es la empresa más importante en México ocupando el primer sitio en ventas totales. A nivel internacional, ocupa el segundo lugar en utilidades antes de impuestos; quinto productor de petróleo crudo en el mundo y es la décimo primera empresa integrada de todas las compañías petroleras del planeta. A nivel de toda América ocupa el sitio décimo tercero. Pemex opera con costos competitivos: Tiene costos menores en producción, exploración y desarrollo en petróleo si se compara 31 con Statoil, ExxonMobil, ENI, Petrobras y Chevron. Fuente: Petróleos Mexicanos en línea: http://www.pemex.com La siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto crea, adiciona, modifica y deroga diversos artículos de 12 Leyes Secundarias y crea una nueva Ley del Fondo para la Estabilización de los Ingresos Petroleros, a saber:
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Creación de la Ley del Fondo para la Estabilización de los Ingresos
¿QUÉ SE PROPONE? 1. DESCARGA FISCAL A PEMEX. a. Nuevo Régimen Fiscal en Pemex que genere recursos adicionales para inversión productiva y revertir la descapitalización a la que ha estado expuesto y poder cumplir con su objeto de abastecedor de energéticos de calidad, accesibles y a un costo razonable y poder garantizar la seguridad energética. 32
2. AUTONOMÍA PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN. a. Se le otorga autonomía presupuestal y de gestión para ejercer los recursos provenientes de la descarga fiscal con base en los requerimientos que establezca el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y las necesidades energéticas del país. b. A Pemex y CFE se le saca del presupuesto federal y del control de la Secretaría de Hacienda a través de 3. NUEVO GOBIERNO CORPORATIVO a.Se reintegra verticalmente a la empresa desapareciendo los organismos subsidiarios. b. Se reorganiza la integración de los Consejos de Administración. c. Se reducen los Comités de Apoyo al Consejo de Administración. d. Se le da un objetivo prioritario de internacionalizarse. 4. EMPRESAS PÚBLICAS EFICIENTES Y EFICACES. a. Se transforma a Pemex y a CFE en verdaderas empresas públicas con características propias para hacerlas más ágiles, robustas e independientes en su toma de decisiones con la meta de cumplir con su objeto energético. 5. TRANSICIÓN ENERGÉTICA. a.Pemex deja de ser una empresa exclusivamente petrolera para convertirse en una empresa energética integral.
b. Se le impone nuevos mandatos para contribuir al desarrollo, producción y uso de fuentes de energía alternativas como los biocombustibles. En el largo plazo los hidrocarburos se acabarán y es necesario iniciar la transición energética cuanto antes. También se obliga a Pemex a adaptarse en el quehacer cotidiano de sus diversas actividades a los efectos adversos del cambio climático. 6. DESARROLLO E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA a. Se le proporciona a Pemex de mayores recursos a la Investigación y Desarrollo Tecnológico a través de incrementar el Derecho Ordinario para la Investigación Científica y Tecnológica al pasar de 0.65 a 1.00 por ciento sobre el valor anual del petróleo crudo y gas natural. b. Este incremento automáticamente aumenta los recursos destinados al Instituto Mexicanos del Petróleo, IMP. c. Al Comité de Investigación y Desarrollo Tecnológico amplía sus facultades con el objetivo de garantizar que la tecnología o investigaciones que realice el IMP puedan ser canalizadas a través de 33 este Comité y dictaminar su incorporación prioritaria a los procesos productivos de le empresa pública. 7. FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL a. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se transforman de organismos desconcentrados a organismos descentralizados con personalidad jurídica, patrimonio propios y autonomía de gestión, operativa y funcional. b. Se amplían las facultades de la CNH en materia de supervisión, verificación y vigilancia a Pemex. 8. NUEVO DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PETRÓLEO a. Se crea el Fondo para los Excedentes Petroleros. b. Se utilizan racionalmente los ingresos excedentes que la nación obtiene de su riqueza natural. c. Los recursos podrán ser usados por resolución expresa de la Cámara de Diputados o en su caso por la Comisión Permanente. d. Se utilizarán para:
i. Proyectos prioritarios de Pemex y CFE.
ii. Proyectos de infraestructura de transporte masivo de personas para contribuir al ahorro de combustibles y coadyuve a la Transición Energética.
iii. Proyectos que beneficien la salud de los mexicanos, particularmente aquellos dirigidos a la investigación y al desarrollo científico para abatir las enfermedades y padecimientos que más afecten.
II. DESARROLLO AMPLIADO La siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto crea, adiciona, modifica y deroga las siguientes disposiciones jurídicas en materia del Sector Energético Nacional:
Creación de la Ley del Fondo de Excedentes Petroleros
La reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos tiene el propósito de generar las condiciones endógenas para que Petróleos Mexicanos (Pemex), se convierta en una verdadera empresa pública, con autonomía presupuestal, autonomía de gestión y un gobierno corporativo más ágil, robusto e independiente que permita a Pemex enfrentar los retos futuros y cumplir con su objeto de garantizar la seguridad energética de nuestro país y abastecer de energéticos accesibles a la población, de calidad y a un costo razonable.
Durante los últimos 30 años, la historia ha mostrado que Pemex ha estado sujeta a un fuerte control de la Administración Pública Centralizada, y, de manera particular ha obedecido más a los intereses de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las necesidades de la finanzas públicas, que a los intereses energéticos propios. Lejos de garantizarle autonomía y relajamiento respecto al poder central, se ha traducido en un régimen con serias limitaciones administrativas internas que no le han permitido en muchas ocasiones adaptarse y desarrollar actividades energéticas en forma adecuada. Partiendo de la premisa de que Pemex es una entidad pública productiva y de manera más precisa una empresa pública, se afirma que requiere un régimen jurídico distinto que permita que todos sus procesos sean eficaces y eficientes. La empresa pública especificada en la Ley Federal de Entidades Paraestatales la define como un ente económico integrante de la Administración Pública Federal, la cual organizan los factores de la producción a efecto de cumplir con su objeto y el interés general de la Nación en materia energética. Las 35 características operativas, administrativas, económicas, presupuestales, financieras y su autonomía serán establecidas en los ordenamientos jurídicos correspondientes. Este concepto aplica tanto para Pemex como para la Comisión Federal de Electricidad, (CFE). Esta categoría es plenamente consistente con la Administración Pública Federal, no requiere ningún cambio constitucional y sí garantiza darle la autonomía que se merece como ente productivo nacional. En este mismo orden de ideas, a Pemex se le proporcionan diversos mandatos operativos, de autonomía presupuestal y de gestión y transición energética, a saber: 1. Hacer eficiente la explotación y el aprovechamiento de los hidrocarburos nacionales con sustentabilidad y responsabilidad ambiental. 2. Incorporar mayor valor agregado a sus productos integrando a la industria, la tecnología y los recursos humanos nacionales. 3. La autonomía presupuestal en Pemex se establece en la propia Ley de Petróleos Mexicanos y se sustrae el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de remover cualquier orden o alusión presupuestal de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 4. Pemex deberá identificar en sus actividades oportunidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como
contribuir al desarrollo, producción y usos de fuentes de energías alternativas para la transición energética. Pemex debe de ser una empresa energética integral y no sólo petrolera como hasta ahora. 5. Adicional a ello, PEMEX debe adaptarse como empresa, en el quehacer cotidiano de sus diversas actividades, a los efectos adversos del cambio climático. 6. Asimismo, Pemex se le da un objetivo prioritario para internacionalizarse. Esto abona en una mayor experiencia industrial, diversificando aplicaciones tecnológicas energéticas y profesionalizar a nuestros recursos humanos para enfrentar los retos presente y futuros de nuestra empresa pública. Por otra parte, en materia de Gobierno Corporativo, existen cambios sustanciales. Actualmente, el Consejo de Administración de Pemex se compone de 15 integrantes: Seis representantes de Estado designados por el Ejecutivo Federal; Cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y, cuatro Consejeros Profesionales, 36 designados por el Ejecutivos Federal y ratificados por el Senado de la República. Lo que se propone es una nueva composición del Consejo con nueve integrantes: El Secretario de Energía como representante del Estado y Presidente del Consejo de Administración, nombrado por el Ejecutivo Federal; siete Consejeros Profesionales designados por el Presidente y ratificados por el Senado de la República y, el Director de la Comisión Federal de Electricidad; todo los miembros con voz y voto. Se prescinde de las opiniones de los demás Secretarios de Estado en particular del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Los representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana no formarán parte del Consejo de Administración de Pemex. En materia de transparencia, se propone que los nombres de los asistentes a las sesiones ordinarias del Consejo de Administración de Pemex sean publicados en la página de internet de la empresa pública en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Con el propósito de darle mayor agilidad a la toma de decisiones del Consejo de Administración y de sus Comités de apoyo, sobre éstos últimos se reducen de 7 a 5 Comités para quedar como siguen:
1. Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas;
2. Estrategia, Inversiones y Remuneraciones;
3. Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios
4. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
El Comité de Investigación y Desarrollo Tecnológico amplía sus facultades con el objetivo de garantizar que la tecnología o investigaciones que realice el Instituto Mexicano del Petróleo puedan ser canalizadas a este Comité y dictaminar su incorporación prioritaria a los procesos productivos de la empresa pública. El Director General de Pemex será nombrado por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República Asimismo, se reitera la autonomía presupuestal de Pemex, estableciendo que los presupuestos de Petróleos Mexicanos serán remitidos para ser incorporados íntegros al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda modificarlos parcial o totalmente. De igual forma, los proyectos productivos de Pemex no pasarán por el 37 filtro aprobatorio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dándole autonomía presupuestal a la empresa pública a través de sacarla de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo reorienta sus actividades a la diversificación de mercados y proveedores, desarrollo de nuevas tecnologías y capacitación de recursos humanos. Se reitera el carácter de Pemex como empresa pública, con autonomía presupuestal y de gestión. De igual forma se establece que Petróleos Mexicanos ejercerá un presupuesto de gasto suficiente y adecuado que le permita operar con eficiencia, eficacia y desarrollarse para atender las necesidades nacionales actuales y futuras, de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, buscando en todo momento, oportunidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como contribuir al desarrollo y uso de fuentes de energías alternativas para la sustitución progresiva de los hidrocarburos. Para financiar su presupuesto de gasto de inversión, la empresa pública de carácter productivo dispondrá de los recursos propios más los financiamientos que estime necesarios para completar sus inversiones y hayan sido aprobados por el Congreso de la Unión. Asimismo, su régimen impositivo deberá permitirle operar y crecer productiva, financiera y tecnológicamente para garantizar la seguridad energética nacional. Resulta insuficiente proporcionarle a Pemex autonomía presupuestal, autonomía de gestión y un nuevo modelo de gobierno corporativo sino se
cuenta con los recursos públicos necesarios, primero, para ejercer la propia autonomía y luego para afrontar los retos futuros de nuestra empresa pública. Por lo anterior se hace imprescindible descargar fiscalmente a Pemex a través de reformar la Ley Federal de Derechos. La trasformación verdadera de Pemex, pasa inexorablemente por un cambio profundo en su régimen fiscal actual. El convencerse de este hecho tiene una virtud explícita por partida doble: dotar de recursos suficientes a Pemex para que cumpla con su objeto de abastecedor de energéticos y garantice la seguridad energética de las próximas generaciones y, por otro lado, impulsar una verdadera Reforma Hacendaria Integral que despetrolice las finanzas públicas. De esta forma, se contribuirá no sólo al aumento sustancial de recursos económicos que requiere el Gobierno Federal, sino para que a través de una Política Fiscal Progresiva y Progresista, contribuya a disminuir considerablemente la brecha de la iniquidad en la distribución del ingreso a nivel nacional. No sólo es un asunto energético, económico, impositivo y financiero, también es un asunto de justicia social. 38 En 2012, la producción de petróleo crudo por parte de Pemex promedió 2
millones 548 mil barriles por día. El precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación fue de 101.81 dólares por barril de aceite y las ventas totales tuvieron un máximo histórico de 1 billón 647 mil millones de pesos. Pero histórico también fue el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos que entregó Pemex a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2012: más de 900 mil millones de pesos. Por cada barril de petróleo crudo vendido en alrededor de 100 dólares, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se quedó con casi 69 dólares por barril. De otra manera más ilustrativa. Un barril de petróleo crudo contiene aproximadamente 159 litros. Al hacer los cálculos en líquido, resulta que la Secretaría de Hacienda se apropió de facto en 2012 de 107 litros por cada barril de aceite por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos. Esto quiere decir, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se quedó con aproximadamente 273 millones de litros de petróleo por día; casi 2 mil millones de litros por semana y más de 8 mil millones de litros por mes. La carga fiscal sobre ventas totales en Pemex es de alrededor del 70 por ciento si consideramos que Pemex Exploración y Producción contribuye con más del 99 por ciento de los Derechos, Impuesto y Aprovechamientos que paga nuestra empresa petrolera. Todavía más, durante los últimos 12 años, Pemex aportó a la Hacienda Pública más de 7 billones de pesos. Incluso, si se calcula la carga fiscal sobre utilidades o ganancias la cifra es de casi 110 por ciento en las últimas dos administraciones gubernamentales. Esto es, Pemex tiene ganancias antes de impuestos pero al aplicarle el régimen
fiscal, éstos últimos son mayores a las ganancias, traduciéndose entonces en pérdidas contables y financieras para Pemex. La expoliación fiscal hacia Pemex es tan severa que el segundo párrafo, fracción primera del artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, establece lo siguiente: “A cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, PEMEX-Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por 634 millones 525 mil pesos durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de 4 mil 453 millones 880 mil pesos.” Lo mismo se replica en la Ley Federal de Derechos. Es decir, los ríos de dinero hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es constante, contante y sonante y este es el pago anticipado de un sólo Derecho que se le aplica a nuestro organismo público. En suma el confiscatorio régimen fiscal de Pemex en términos de petróleo y del flujo de dinero que entrega la paraestatal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es económicamente irracional, financieramente insostenible 39 y no tiene comparación ni nacional ni internacional; ni en la industria petrolera ni en cualquier otra industria. La descarga fiscal que se propone para Pemex está en plena concordancia con los requerimientos anuales de inversión pública productiva adicional que necesita Pemex. Con base en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos se requieren alrededor de 150 mil millones de pesos adicionales por año (en el último lustro Pemex invirtió 280 mil millones de pesos promedio anual) para hacer frente a los desafíos presentes y futuros. Estos recursos estarían canalizados a exploración y producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales; transformación industrial de hidrocarburos; autosuficiencia de insumos petroquímicos y productos derivados; mantenimiento, comercialización, distribución, transportación, almacenamiento, investigación y desarrollo tecnológico, transición energética e internacionalización en nuestra empresa pública. Para lograr la descarga fiscal de Pemex se propone modificar la tasa del Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos al pasarla de 71.5 a 62.5 por ciento, una disminución de 9 puntos porcentuales. Sin embargo, y considerando responsablemente el vacío en la finanzas públicas que esta medida genera, se propone hacer un régimen gradual de transición de 5 años, exactamente al término de la actual administración del Gobierno Federal. El decremento gradual se propone como sigue: Ejercicio Fiscal del año 2014: 70.0 por ciento. Ejercicio Fiscal del año 2015: 68.5 por ciento.
Ejercicio Fiscal del año 2016: 66.5 por ciento. Ejercicio Fiscal del año 2017: 64.5 por ciento. Ejercicio Fiscal del año 2018: 62.5 por ciento. También se modifica el límite del monto de deducción de costos, gastos e inversiones deducibles por barril de petróleo crudo equivalente al pasar de 6.50 a 8.00 dólares; para el caso gas natural no asociado también se aumenta el límite de 2.70 a 3.00 dólares por cada mil pies cúbicos de la molécula. Por otra parte, con el propósito de proporcionarle un mayor flujo de efectivo a Pemex, se propone que en lugar de pagar diario y semanalmente, su pago anticipado de derechos será de manera mensual. De la misma forma que el Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos, la propuesta de un mayor flujo de efectivo durante el año es gradual dejándole a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lo proponga anualmente y que se vea reflejado en la Ley de Ingresos de la Federación. 40 Finalmente, se actualiza la tabla del Derecho Sobre Hidrocarburos para el
Fondo de Estabilización al poner como piso un precio de barril de petróleo crudo de 80 dólares de los Estados Unidos de América.
Se considera que las distintas alternativas que se proponen para descarga fiscalmente a Petróleos Mexicanos nos darán un recurso adicional de 150 mil millones de pesos que se irán acumulando progresivamente (30 mil millones aproximadamente por año) a lo largo de la presente administración del Gobierno Federal y se canalizaría exclusivamente para inversión pública productiva en Pemex. Una de las problemáticas que requieren una solución urgente es aquella que se refiere a la investigación científica, desarrollo tecnológico, su aplicación en el sector de hidrocarburos y su financiamiento. Por ello es menester contar con los recursos suficientes para revertir esta carencia energética del país. Se propone, llevar el Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica de 0.65 a 1.00 por ciento del valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. De manera automática habrá un beneficio en los ingresos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). De manera conjunta a esta medida, en la Ley de Petróleos Mexicanos se le da la facultad al Consejo de Administración para aprobar como parte integrante del Plan de Negocios y previo dictamen del Comité de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el Programa Estratégico Tecnológico y de Formación de Recursos Humanos Especializados, como un elemento habilitador de dicho Plan. Asimismo, para garantizar la adopción de tecnología, la formación de recursos humanos, las alianzas estratégicas con instituciones de
investigación científica (nacionales o internacionales), entre otras, el Comité de Investigación y Desarrollo Tecnológico se le dota de facultades para emitir dictámenes que permitan estrechar la relación entre el IMP como brazo tecnológico y Petróleos Mexicanos. Procurar la disminución de la proporción del ingreso petrolero en la recaudación fiscal es un propósito encaminado a despetrolizar las finanzas públicas. Es por ello que se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere esta posibilidad. Dentro del fortalecimiento de la arquitectura institucional se encuentran los órganos reguladores, es el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la Comisión Reguladora de Energía. En los dos casos, las Comisiones se transforman de organismos desconcentrados a organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios que gozarán de autonomía de gestión, operativa y funcional. Esto les dará mayor independencia respecto a las dependencias sujetas de regulación. Para el caso de los comisionados de la Comisiones Nacional de Hidrocarburos 41 y Reguladora de Energía serán designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República. Para el caso específico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se amplían sus facultades en materia de observancia de estándares internacionales de seguridad industrial. Además, se obliga a Petróleos Mexicanos para dar todas las facilidades a este ente regulador en materia de supervisión, verificación, vigilancia y en su caso certificar el cumplimiento de sus disposiciones. La CFE también se le define como una empresa pública con fines productivos dotada de autonomía presupuestal y de gestión a través de reformar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Para garantizar la autonomía presupuestal se propone que sus programas se ajusten a lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Energía. El programa anual de operación será la base para la elaboración del proyecto de presupuesto del organismo. En cuanto a su estructura administrativa, se propone modificar su Junta de Gobierno. Se propone un representantes del Estado: El Secretario de Energía; el Director General de Pemex y siete consejeros profesionales; estos últimos serán propuestos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República. Al igual, que el caso de PEMEX, se requiere que la CFE reciba nuevos mandatos que le posibiliten gestionar de mejor manera sus compromisos en materia de adaptación y mitigación ante el cambio climático, en especial en la transición energética.
En consecuencia, se propone que la CFE tenga considerado en su objeto reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la generación de energía eléctrica a través de promover el uso de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias, así como impulsar acciones de adaptación y mitigación para enfrentar los efectos adversos del cambio climático en la prestación del servicio público de energía eléctrica. La actual Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en adelante Ley de Energías Renovables, está diseñada para generar un marco regulatorio en el que empresas privadas se hagan cargo de la generación de energía eléctrica a través del aprovechamiento de fuentes de energía renovable. Con esta Ley se dejó abierta la puerta para que grandes capitales privados monopolizaran la producción de electricidad mediante las fuentes de energía renovable. Esto en detrimento de la empresa pública como es la CFE, así como pequeños productores de energía. La CFE queda en dicha Ley meramente como un comprador y distribuidor de la energía eléctrica de fuentes de energía renovable producida. Hasta ahora, la CFE está en desventaja debido a su 42 obligación legal de elegir el proyecto de producción de energía eléctrica de menor costo, ya que no considera los denominados “beneficios económicos netos potenciales” considerados en esta Ley, que es un importante incentivo para las empresas privadas del sector de fuentes de energía renovable, que si lo toman en cuenta en la evaluación económica de los proyectos de fuentes de energías renovables. En consecuencia, se puede contar con una contraprestación más elevada para la electricidad procedente de fuentes de energía renovables que de fuentes de energía convencionales. Se considera, que el mayor control social para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable, se obtiene cuando se realiza de manera preponderante por el Estado, principalmente, y complementada con las actividades de los particulares, sobre todo en materia de auténtico autoabastecimiento, con una política transparente y clara de subsidios a los sectores y grupos sociales más necesitados de éstos como son el sector social de la economía. En la Ley de Energías Renovables se considera pertinente reformar la actual definición de Generador, que se debe reducir a las figuras contempladas en la fracción I del artículo 3º. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y que es la generación para el autoabastecimiento, la cogeneración o la pequeña producción, acotando así de manera expresa a los productores independientes en la generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable para la venta a la CFE. La CFE debe invertir y desarrollar su capacidad instalada de producción de energía eléctrica en fuentes de energía renovable, se propone mandatar en la Ley de Energías Renovables que en las metas de participación anual de
los proyectos autorizados a los generadores, su porcentaje de la capacidad instalada con fuentes de energía renovable no sea mayor al porcentaje de nueva capacidad instalada por la CFE en el mismo periodo vinculado dicho objetivo al año 2024, cuando se deberá generar electricidad con por lo menos un 35% de fuentes de energía limpias. Dicho mandato no considera a los pequeños productores o las empresas de generadores del sector social de la economía generadores de energía eléctrica de fuentes de energía renovables. En apoyo a lo anterior, con el objetivo de fomentar la pequeña producción de energía eléctrica a través de fuentes de energía renovable, se incorpora de manera explícita en la Ley, que los proyectos de la pequeña producción, sean recibidos para su distribución por el Sistema Eléctrico Nacional, además de los proyectos de autoabastecimiento o proyectos de cogeneración de electricidad. También se propone incluir en la Ley de Energías Renovables, la pertinencia de establecer salvaguardas para las comunidades en la realización de proyectos de energía eléctrica, incluyendo el imperativo de fomentar 43 la responsabilidad social en dichos proyectos, así como estimular la constitución de empresas para el aprovechamiento de fuentes de energía renovable del sector social de la economía. Un asunto a reflexionar, es la situación en materia de ciencia y tecnología del sector de las energías renovables. Si se revisan sus antecedentes, el panorama es que existen grandes necesidades en la materia. Al respecto, se propone impulsar la creación de un Instituto Nacional de Energías Renovables que aparece en un artículo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dicho Instituto Nacional será un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, sectorizado en la Secretaría de Energía. El Instituto tendrá entre sus principales objetivos, el de coordinar y realizar investigación científica básica y aplicada, de las fuentes de energía renovables, la eficiencia y el ahorro de energía. Se concluye entonces, que el desarrollo del sector eléctrico mediante las fuentes de energía renovable, debe ser una política del Estado Mexicano, con una visión estratégica claramente definida en la Estrategia Nacional de Energía y demás instrumentos de planeación de la política energética, tanto en el corto, mediano y largo plazo, en la que éste desempeñe un papel protagónico. Se entiende que se debe tener una política del Estado Mexicano en su conjunto, que logre garantizar de manera integral la seguridad y soberanía energética, así como la sustentabilidad ambiental del país.
Por otra parte y con el propósito de acumular y capitalizar, de la manera más racional posible, los ingresos que la nación obtiene de su riqueza natural en hidrocarburos, una parte de los ingresos que se obtengan de su extracción se orientarán a crear el Fondo para los Excedentes Petroleros, cuyos recursos podrán contribuir a garantizar la estabilidad de los ingresos públicos, y sus rendimientos sólo podrán ser utilizados para financiar a objetivos de largo plazo. Para ello se crea la Ley del Fondo de Excedentes Petroleros. El Fondo se integrará por las aportaciones que realice Petróleos Mexicanos cuando en el año el precio promedio ponderado del barril de petróleo crudo exportado exceda aquel fijado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación, hasta por un 33 por ciento. Los recursos serán administrado en una cuenta del Banco de México y sólo podrán ser utilizados por resolución expresa de le Cámara de Diputados o en su caso, de la Comisión Permanente, previa solicitud fundada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los recursos del fondo será destinados para: compensar diminuciones 44 inesperadas de los ingresos petroleros; para financiar proyectos prioritarios para el desarrollo de las entidades públicas del sector de hidrocarburos; para financiar proyectos de infraestructura de transporte masivo de personas que contribuya al ahorro de combustibles y coadyuve a la transición energética nacional. También podrán canalizarse para proyectos que beneficien la salud de los mexicanos, particularmente aquellos dirigidos a la investigación y al desarrollo científico para abatir las enfermedades y padecimientos que más les afecten. Finalmente, la organización de Pemex a través de subsidiarias ha aumentado de manera innecesaria los gastos de administración y complicado sin resultados positivos la operación. La actual estructura administrativa de Pemex con cuatro subsidiarias (Pemex Exploración y Producción; Pemex Refinación; Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica) ha evitado una política de planeación integral en materia petrolera y ha limitado la inversión en refinación, petroquímica, almacenamiento y distribución, dañando severamente a Pemex. Es por ello, que se hace necesario restablecer a Pemex como una industria plenamente integrada, que aproveche las economías de escala, el poder de negociación, la eficiencia en la operación, el control, la seguridad industrial y evitar la multiplicación de funciones. Esto implica desaparecer las subsidiarias que se mantienen desde principio de la década de los noventa para crear un solo Pemex verticalmente reintegrado.
POR LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA PETROLERA
Partido de la Revolución Nmocrática (IDN)

References: artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 25
 Artículo 28
 Artículo 27
 Artículo 27
 resolución 
 Artículo 27
 artículo 7
 artículo 254
 artículo 3
 resolución