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Timestamp: 2017-11-21 02:29:16+00:00

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Ley de creación del registro informatico de delitos denunciados | Luis Petri
Ley de creación del registro informatico de delitos denunciados
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a problemática de la inseguridad exige múltiples respuestas tendientes a combatir este flagelo. Por ello, todos los actores involucrados en la búsqueda de soluciones deben mejorar cualitativa y cuantitativamente su participación, partiendo necesariamente del estado actual del delito en Mendoza, para posibilitar medir su evolución, ratificando o rectificando las políticas promovidas.
Es primordial, para ello, contar con información precisa y actualizada en cuanto a delitos denunciados, a fin de realizar un certero diagnóstico sobre el tipo de delito cometido y las zonas afectadas por estos.
En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, a través de la Acordada Nº 18.324 bis del 17 de marzo de 2.004, realizó un importante avance al crear el Registro Informático de Detenidos, publicado en la página oficial del Poder Judicial y que se nutre de las altas y bajas diarias que obligatoriamente deben producir los tribunales competentes.
Por todo ello es que resulta necesario establecer la obligatoriedad por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad, de proporcionar los informes acerca de denuncias de delitos acaecidos en el territorio provincial, con carácter mensual. Dando cuenta de esta manera de los avances y retrocesos en materia de seguridad y las posibles soluciones de acuerdo a las efectivas necesidades de las zonas afectadas por el delito.
La publicación de los datos referidos a los índices de denuncia por tipo de delito, discriminados por departamento, se vincula al derecho al acceso a la información pública que gozan todos los habitantes de la Provincia y la correlativa obligación de parte de los poderes de Estado, en este caso en cabeza del Ministerio de Seguridad, de brindar la información referida.
El derecho de acceso a la información pública se encuentra consagrado por la Constitución Argentina desde la Reforma de 1994. Éste persigue fines concretos tales como: promover la transparencia en la función pública, combatir la corrupción, ayudar a la participación de los ciudadanos, etc. Fines plasmados por Tratados Internacionales y legislaciones de varios países del mundo que buscan mejorar y transparentar el funcionamiento de las instituciones del Sistema Democrático.
La Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1, 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías.
Este derecho está regulado en diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional, a través del Artículo 75 inc.22 de la Constitución Nacional. Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, artículo 13) , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCYP, artículo 19), como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo XIX), consagran el derecho de todo individuo a buscar, recibir y difundir información de toda índole.
El efectivo ejercicio de este derecho, vinculado a la seguridad, permite a los ciudadanos monitorear y controlar la gestión pública, formar opinión sobre el estado de la situación actual y sus posibles soluciones. Así como la confrontación entre los niveles de seguridad-inseguridad y la sensación de esta.
Es vital entonces, que una ley determine con claridad mecanismos sencillos para que todos los ciudadanos de la provincia puedan acceder a información pública referida a los niveles de seguridad.
El acceso a la información en esta materia permite:
a) Ejercer acciones de control sobre la gestión de la seguridad pública.
b) Articular acciones de seguimiento de los recursos que se destinan a las políticas públicas puestas en marcha para combatir el flagelo de la inseguridad.
c) Monitorear las políticas implementadas por quienes integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública conforme a la ley 6721 en función de los resultados obtenidos, a saber:
– El Gobernador de la Provincia.
– El Poder Legislativo.
– El Poder Judicial.
– El Ministerio Seguridad.
– La Inspección General de Seguridad.
– El Servicio Penitenciario Provincial.
– Defensa Civil.
– Policías de la Provincia.
– Instituciones creadas por ley 6.354 de la Niñez y Adolescencia.
– El Consejo Provincial de Seguridad Pública.
– El Consejo Asesor de Seguridad Pública.
– Los Municipios.
– Los Consejos de Seguridad Departamentales y Foros Vecinales.
– Los coordinadores de seguridad.
– Los prestadores privados de seguridad.
– Las fuerzas de seguridad federales en los términos y alcance de la ley 24.059 o la norma que la sustituya.
d) el acrecentamiento de la participación ciudadana, incrementando los niveles de legitimidad e imparcialidad en la definición de las políticas del área.
e) la toma de mejores decisiones acerca de las opciones que se disponen.
El tipo de delito denunciado, que se relevará y publicará a partir de la aprobación de la presente ley, no resulta azaroso, sino que por el contrario se corresponde con las variables e indicadores utilizados en las estadísticas nacionales elaboradas por la Dirección Nacional de Política Criminal dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Esto sin dudas, contribuye a homogeneizar los índices locales con el resto de las provincias en materia de seguridad.
Por ello, solicito a esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto de ley.
EL SENADO Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS SANCIONAN CON FUERZA DE:
Artículo 1°.- Regulase la sistematización y publicación de la información relativa a las denuncias de delitos cometidos en el ámbito de la Provincia.
Artículo 2°.- Créase el Registro Informático de Delitos Denunciados (RIDD) en ámbito de la Dirección de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Seguridad
El RIDD deberá publicar mensualmente un informe detallando la cantidad de delitos denunciados en el territorio de la Provincia, discriminados por tipo de delito, Departamento, mes y año.
La información se clasificará teniendo en cuenta el bien jurídico tutelado, a saber:
Homicidios dolosos en grado de tentativa
Homicidios culposos en accidentes de tránsito
Homicidios culposos por otros hechos
Lesiones culposas en accidentes de tránsito
Lesiones culposas por otros hechos
Otros delitos contra las personas
Otros delitos contra la integridad sexual.
c) Delitos contra la libertad individual.
Otros delitos contra la libertad.
Robos y tentativas de robo-excluye los que tienen resultado de lesión y/o muerte.
Robos agravados y tentativas de robo con el resultado de lesión y/o muerte
Hurtos y tentativa de hurto.
Otros delitos contra la propiedad.
e) Delitos contra el Estado y la comunidad
Contra la seguridad de la Nación
Contra los poderes públicos y el orden constitucional
Contra la fe pública.
f) Delitos contra el estado civil
g) Ley 23.737 (Estupefacientes)
h) Otros delitos previstos en leyes especiales
Artículo 3°.- La publicación a que refiere la presente ley, deberá efectuarse a través de la página web oficial del Ministerio de Seguridad, debiendo ser actualizada mensualmente con las denuncias correspondientes al mes inmediato anterior.
Artículo 4°.- El Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Planeamiento Estratégico, deberá remitir por escrito, del uno (1) al diez (10) de cada mes, a la Comisión Bicameral de Seguridad y al Consejo Asesor de Seguridad Pública, el informe dispuesto en el artículo 2, respecto al mes inmediato anterior.
Artículo 5°.- El RIDD deberá confrontar mensualmente la información obtenida con las estadísticas proporcionadas por el Poder Judicial de la Provincia.
Artículo 6°.– De forma.-

References: artículo 1
 Artículo 75
 artículo 13
 artículo 19

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 2

Artículo 5

Artículo 6