Source: https://es.scribd.com/doc/127393402/Derecho-de-Peticion
Timestamp: 2016-05-27 21:00:35+00:00

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El idioma oficial en todo el territorio español es el castellano. cuando el entrevistador se dirigió a él considerándolo „uno de los máximos cultivadores de la novela en lengua castellana‟.. en ruso y así ad infinitum.. “Y recuerdo una entrevista de hace siete u ocho años a Julio Cortázar. Lo novedoso podría ser su extensión. por tanto. pero. a los más variados ámbitos de la jurisdicción estatal. y comparte oficialidad con los idiomas autonómicos que así se mencionan en los Estatutos de Autonomía. yo soy mexicano y como mexicano hablo español y no castellano”. inglés..181 En todo caso. el escritor argentino le cortó secamente con esta frase: „si le parece vamos a decir de lengua española. los ciudadanos alemanes harían sus peticiones en idioma alemán. p. Ariel. Gregorio. al señalar que “la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas. se llamará en general español a la lengua y castellano a su primera etapa de formación y expansión o a la actual variedad de Castilla”. constitucional recogía en parte tal planteamiento. Lenguas y dialectos de España. italiano— y reservar castellano para la variedad de Castilla. dada la exigencia constitucional de una tutela judicial que evite la indefensión de los sometidos a la jurisdicción estatal cualquiera que sea su lengua. con los límites consignados en el 8o. 125. costumbres. sino que se reconoce el derecho a ser asistido de intérpretes y defensores que conozcan su lengua. en los supuestos que así lo exijan. 1987. Pilar. en realidad. no puede significar que las peticiones se hagan en el idioma del peticionario: pues de ser así se haría imposible el conocimiento cabal de la petición. Lengua española y lenguas de España. los rusos. El desarrollo constitucional del artículo 1o. como lo indican las siguientes citas: “Yo me siento ciudadano de la lengua española y no ciudadano mexicano —decía Octavio Paz. valenciano. que es como yo prefiero llamarla‟”. “El nombre de castellano tiene. 2002. al extender el derecho a nacionales y extranjeros. el Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito consideró. Salvador. ibidem. para el caso de las lenguas nacionales. Lo cierto es que ambos términos se usan como sinónimos y es frecuente encontrarlos simultaneados en el mismo párrafo de cualquier periódico. 4a. por eso me molesta mucho que se hable de lengua castellana. pero aquí. una explicación lógica por su origen. p. Cabe señalar que en consonancia con este presupuesto del escrito de petición. aunque se trate de una que carezca del reconocimiento como lengua nacional.tal objetivo se prevé la utilización. porque el castellano es de los castellanos y yo no lo soy. aranés. sería preferible usar español —equivalente afrancés. es evidente que podemos encontrar ciertos indicios en algunas tesis que hurgan entre las exigencias implícitas en el derecho de petición y que serán revisadas a continuación. y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. en junio de 1980.. en TVE. ed. dado que ambos términos designan comúnmente a la lengua española. Sin embargo. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte. bable. vasco o euskera. Barcelona. Madrid.
181 La Constitución española de 1978 menciona como lenguas españolas tanto al castellano como a los idiomas presentes en las distintas comunidades autónomas. debe señalarse que un estricto criterio lingüístico lleva a distinguir el español y el castellano. En relación con este tópico. Máxime que el contenido de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas no ha surtido totalmente sus efectos. con una treintena de variantes que eleva el número hasta casi un centenar.
. gallego. Imaginemos simplemente que si se permitiera que las peticiones se presentaran en cualquier idioma.
evitar una iteración. etcétera. quizá por lo obvio que puede resultar que un escrito dirigido a una autoridad o funcionario deba ir en idioma español. la ley mencionada no establece el derecho de que los juicios se desarrollen en la lengua de la que se es hablante. Sin embargo.. García Mouton.
El texto del anterior artículo 4o. 24. 92. p. de las que sólo en México existen 62. el escrito en el cual el órgano o servidor público den a conocer el acuerdo recaído deberá ser redactado también en idioma español (y en el caso de las lenguas nacionales traducido cuando fuere necesario). Arco Libros. La jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto. para evitar errores de concepto. usos. Una disposición que resultaba innecesaria. culturas.. Contra quienes aduzcan que debe preferirse la lengua del peticionario. a saber: catalán. recursos y formas específicas de organización social. si se habla desde un punto de vista lingüístico. debe mencionarse que el estatuto constitucional amplía el derecho de petición a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos. de traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. No en balde se reconocen en el mundo más de seis mil idiomas o lenguas distintas. en una entrevista que le hacían en la revista El Viejo Topo—. se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley”..
405. tesis: II.. DEBEN EXHIBIRSE CON LA TRADUCCIÓN RESPECTIVA. pues de otra forma carecían de valor probatorio. que reciben solicitudes de información en idiomas distintos al espa. 183 Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. según datos de la Unesco hay en el mundo
. y que si trasladáramos al ámbito del derecho de petición sería el peticionario quien debiera encargarse de presentar la traducción al español de la petición redactada en un idioma distinto al referido. 186 Aunque es evidente que tales servicios quedan reducidos a tres o cuatro idiomas. II. las oficinas de dependencias de atención al turismo.. de no entenderse así. vols. confirman la regla general. t. Seguramente la práctica de determinados órganos o servidores públicos será distinta de este supuesto genérico. 97-102.186 igual ocurre con la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. agosto de 1995. dado el carácter específico de los servicios que presta (al igual que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. en razón de que dicha traducción es una carga procesal que corresponde al interesado en el ofrecimiento y desahogo de la documental que obra en idioma extranjero. SJFG9. 492. se pondría al margen el crédito comercial de lo mexicano. creado por la referida ley en materia de derechos lingüísticos). entidades federativas y municipio) garantizar el ejercicio del derecho a la lengua ante la administración pública mediante la determinación de las dependencias administrativas que deberán adoptar e instrumentar medidas para la atención y resolución de los asuntos que se les planteen en lenguas
182 Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito.182 Igual consideración hizo el Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito que sostuvo que “si al proponerse una prueba documental redactada en idioma extranjero. 468. tesis: XX.11 L. 468. 509. SJF8.184
Y finalmente. tesis: III. III. estas son excepciones que. y se pretenda sostener que da el correspondiente servicio al amparo del crédito que gozan los establecimientos similares en el extranjero. p. t. cuarta parte. como sentencia el aforismo. p. VII. 184 Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.185
Estas interpretaciones solamente son indicios que muestran la importancia que puede tener el reconocimiento de que los escritos de petición sean redactados en idioma español. De acuerdo con el texto del numeral séptimo de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. t. En todo caso. puede preverse que existan instituciones que por el tipo de relaciones y destinatarios del servicio público proporcionado tengan necesariamente que aceptar peticiones hechas en idiomas distintos del español. tesis de rubro: DOCUMENTOS REDACTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO.188 y con algunas agencias especializadas del Ministerio Público en atención a víctimas de delitos. p. que era necesaria la presentación de una traducción al castellano. evitando
se amparen bajo un nombre comercial que parezca indicar que son del lugar donde se habla ese idioma. debe estarse a las consecuencias de esa omisión. presentados como medios de prueba. por tanto.atendiendo a la existencia de documentos redactados en un idioma distinto del español (y podríamos agregar a futuro: distinto de las lenguas nacionales). Véase: SJF7. ocasionando con ello confusión en el público consumidor. corresponde al Estado (federación. existe impedimento para su desahogo”. p.183 En ambos casos se trata de una carga que corresponde al interesado. febrero de 1994. 185 Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. Un ejemplo serían las delegaciones del Instituto Nacional Indigenista. SJFG9.23 A. cuando se trata de turistas extranjeros o indígenas.25 K.T.A. t.ñol. a la vez de desatenderse del crédito de que han de revestirse los establecimientos nacionales. XIII. El Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito se pronunció en sentido semejante al resolver:
Es inexacto que sea obligación del órgano jurisdiccional efectuar las traducciones de los documentos que en idioma extranjero vengan a juicio. siendo que. como hemos advertido líneas atrás. 89. Así. llama la atención que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito haya considerado constitucional la prohibición a los establecimientos mexicanos del uso de una denominación en idioma extranjero. el desechamiento de esa prueba es correcto porque al no cumplir el oferente con aquel requisito. febrero de 1996. febrero de 1998. si el recurrente fue omiso en realizar la traducción en comento. p. SJFG9. se omite acompañar la traducción.
809 lenguas. los ejemplos de desarrollo administrativo visibles en sociedades plurilingües permiten albergar esperanzas para los idiomas más hablados en nuestro país. individual o colectivamente. VIII. Preservar y enriquecer sus lenguas. conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. En el caso de los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas. Esta disposición incluye. y sobre todo por el principio de cortesía que priva en la mayoría de representaciones diplomáticas. en la Iniciativa que crea la Ley Federal de Derechos Lingüísticos. se señala: “El Estado garantizará el acceso pleno de los hablantes de cualquier lengua nacional a los servicios públicos y a los que se presten por concesión estatal. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”. el desarrollo de las lenguas y la complejidad de las relaciones jurídicas hará necesarios nuevos mecanismos de comunicación administrativa. culturales. por correo certificado o ante las representaciones de la Secretaría de Turismo en el extranjero. En la Iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas (2002) se reconoce en el numeral séptimo: “Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante.189 sin que tal posición se entienda vulneratoria del derecho de acceso a la justicia o de derecho a una correcta administración pública. aunque. se advertía un consenso en la utilización de las lenguas indígenas en el ámbito administrativo. atendiendo a los principios de certeza que deben involucrar tales procedimientos. se prevé: “Toda instancia pública o privada debe adoptar las lenguas indígenas como oficiales para cualquier asunto o trámite. Sin embargo. reglamentos y documentos públicos en las diferentes lenguas indígenas de tal forma que se asegure la comunicación entre el Estado y los ciudadanos que no hablan el español”. se adoptarán e instrumentarán medidas de tal carácter en todas sus instancias. Se trata únicamente de definir un sistema que permita otorgar certeza en las relaciones que se dan entre gobernado y autoridades. desafortunadamente. económicas. de la Ley General de Educación (2001) . se describen 6. Aun cuando no se especifica que pueda presentarse en un idioma distinto al español. en todos los juicios y procedimientos en que sean parte.
187 Debe advertirse que ya en las diversas iniciativas presentadas para regular la diversidad lingüística en México. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y. Conforme al espíritu tanto de la reforma constitucional de 2001 en materia indígena como de la nueva ley sobre derechos lingüísticos. Por supuesto la afirmación hecha sobre el presupuesto de redacción en idioma español. Así. se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. puede inferirse que sea así. constitucional: “A. en el sentido de que no se le dejará en estado de indefensión por desconocimiento de lo pedido. en todas sus actividades sociales. 188 El artículo 40 de la Ley de Turismo señala las formas en que pueden presentarse las denuncias y quejas ante la citada dependencia: en la oficina más cercana.nacionales. es muy probable que aumente la atención hacia el uso de los idiomas indígenas en las dependencias administrativas.
. a la autonomía para: IV. dado que al exigirse la traducción opera un principio de seguridad a favor del peticio-
alrededor de seis mil lenguas. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. 189 Los textos involucrados son las fracciones IV y VIII del apartado A del nuevo texto del artículo 2o. religiosas y cualesquiera otras”. en consecuencia. así como expedir las leyes. legislativo y judicial”. en el artículo 7o.187 Aunado a ello. en su propia lengua. sin restricciones en forma pública y privada.ria. alternarán en condiciones de igualdad con el español en todos los actos públicos y niveles de gobierno que se efectúen en los poderes ejecutivo. en el artículo 4o. Estamos convencidos de que a futuro. políticas. en la edición 2000 de Ethnologue: Languages of the world. tal situación deberá quedar supeditada a los criterios explorados: la traducción al español será necesa. rescate y promoción de las lenguas indígenas. y en el artículo 7o. se menciona: “Las lenguas indígenas son también oficiales dentro y fuera de sus territorios.
nario. sin limitarse a la obligación de proporcionar todo tipo de información oficial y de interés público en la totalidad de las lenguas nacionales de sus destinatarios. no para todos. favoreciendo su transmisión en forma oral en el caso de las lenguas indias”. pues me suscribo partidario de tales actividades necesarias para preservar el legado cultural mexicano. no debe entenderse como indicio de menosprecio o desinterés sobre el uso. Habrá que esperar a que la ley vigente en materia de derechos lingüísticos se haga efectiva. En la Propuesta de Iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2001). y deroga la fracción IV del artículo 7o. Para garantizar ese derecho.
p. SJF6. por esa causa. XI. al momento no se ha presentado una tesis en desacuerdo. En forma clara Si bien no hay referencia jurisprudencial a la utilización del español como idioma para formular la petición. SJF5. 1291. utilizado dentro de un artículo de la Ley Federal de Protección al Consumidor lo siguiente:
En el precepto del ordenamiento legal anotado en el rubro. aun cuando literalmente no se preceptúa que tales leyendas deban estar en idioma español. al menos puede presumirse que la interpretación que hacemos.7o.88 A. esté bien o mal formulada. no puede. SJF5. Será pues el peticionario quien deberá ponderar tal circunstancia al momento de redactar su escrito petitorio.189 El pleno de la corte también se había referido en términos similares:
. en modo alguno el texto constitucional condiciona la actividad estatal a que la respuesta sea favorable. de la Constitución Federal de la República impone a las autoridades la obligación de dictar (respuesta) a toda petición hecha por escrito. en cambio se ha resuelto por la Primera Sala que ésta debe ser hecha en forma clara. XXXI.
.188 Además. t. Si a una petición hecha por escrito. al señalar que es de explorado derecho que para la procedencia de una promoción. marzo de 2000. t. SJFG9. también por escrito. 1006. La respuesta que se dé a la petición dependerá en buena medida de la formulación. XII. no está del todo alejada de la realidad judicial.a toda petición hecha por escrito. rehusarse a recibirla la autoridad. desde luego.. Segunda Sala. Este presupuesto encuentra una limitación en la claridad con que se haga expresa la petición. 190 Pleno. pues no se infringe el derecho. ni negarse a acordarla. la cual tiene obligación de hacerlo conocer. basta que sea clara y se haga cita de los fundamentos fácticos. no podrá ser verdaderamente entendible para el común de los consumidores. puesto que el ejercicio de este derecho permite al gobernado elevar ante el órgano estatal o servidor público una petición que pretende ver satisfecha. Ahora bien. t. en el sentido de considerar que el escrito de petición se redacte en español y claramente. se establece que: “Las leyendas que restrinjan o limiten el uso del bien o el servicio. ello va implícito dentro del término “clara”.. t. p.A.190
Resulta evidente entonces que la petición no tiene por qué ser clara. debe recibir y acordar. antes se da cabal cumplimiento. pues para no violar el derecho de petición. el ciudadano o peticionario vea satisfecha la petición.. ese escrito. cabe señalar que el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito consideró en una tesis sobre interpretación del término clara. 61. Finalmente. debe recaer un acuerdo. A mayor abundamiento señalaremos que la Segunda Sala ha hecho patente tal verdad perogrullesca al señalar que el artículo 8o. deberán hacerse patentes en forma clara. tercera parte.191
A pesar de que no se trata de una interpretación totalmente asentada. le falta algún requisito legal. Obviamente. tesis: I. XV. p. esté bien o mal formulada. ya que de no ser así. pero ello supondrá la posibilidad de que la autoridad o el servidor público dicten un acuerdo que exija la aclaración de la petición o en su caso que señale específicamente la petición que se hace. p. En estricto sentido únicamente sienta la base para que en los supuestos en que le asista el derecho. en breve término. Así. aun cuando con las nuevas disposiciones en materia lingüística pueda apreciarse un cambio de sentido en la labor hermenéutica. veraz y sin ambigüedades”.. Si bien asiste al peticionario el derecho de obtener una respuesta a tal petición. 191 Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. al peticionario. aunque sea negado lo que se pida.1. de la autoridad a quien se haya dirigido. sin que tal proceder se considere vulneratorio del derecho de petición. resultaría incongruente con el objeto del derecho de petición el que las mismas no fueran formuladas en forma clara.
Primera Sala. 102.
Con la cita de hechos Si bien la narración de hechos concretos. y a los órganos públicos evitaría el gasto de innumerables horas-personal para su atención.2. 3. VIOLACIÓN DEL. En duplicado para acuse de recibo La Constitución en nada se ocupa de este punto. no implicará costo alguno para el peticionario. la anotación o acuse de recibo. la mejor forma de constatar que un escrito de petición fue presentado a un órgano o servidor público será la presentación del acuse correspondiente. puede deducirse que aquel elemento representa para la autoridad o servidor público un factor importante al momento de determinar el contenido de la respuesta que merezca la petición. y en el caso de que éste insista en entregar su escrito. La Segunda Sala dictó una tesis que parece hacer evidente la necesidad de tal acuse:
ARTÍCULO 8O. En segundo lugar. en los casos en que se permita y en el supuesto de que el peticionario declare no saber o no poder escribir y pida una constancia de haber formulado su petición. Ante el supuesto de que se exija a los tribunales federales la declaración de que se ha violado el derecho de respuesta. al igual que los fundamentos legales en que se base la petición. no son requisitos consignados en el texto constitucional. Sobre el particular conviene referirnos a algunas disposiciones presentes en otras legislaciones. p. el funcionario o servidor público deberá extenderla en forma sucinta. p. tal razón debe asentarse en la anotación de recibido. Este proceder ayudaría mucho en la actividad administrativa. que seguramente nos redituarán algunas precisiones enriquecedoras. XXXI. Así. debe considerarse que el servidor público que recibe el escrito de petición tiene la obligación de. el servidor público que la recibe (si conoce el trámite que corresponde) puede y debe hacer la advertencia al peticionario. en la copia que se acompañe. LVII. es de explorado derecho que para la procedencia de una promoción. ésta no está en posibilidad de contestarla y. antes bien. 1291. Por último.
. cabe la posibilidad de que en aquellos casos en que se presente una petición sin los documentos pertinentes. basta que sea clara y que se citen los hechos concretos. asentar la fecha y hora de presentación o recepción. En primer lugar. así como el número y clase de documentos que le acompañan anexos. t. corresponderá al quejoso acreditar que efectivamente se elevó la petición: es la concreción del principio procesal quien afirma está obligado a probar. SJF5. es evidente que se trata de un requisito indispensable para garantizar una probable imputación al órgano o servidor público de vulneración al derecho constitucional. 2244. para los efectos correspondientes.
DERECHO DE PETICIÓN.193
Debe tenerse en cuenta que la autoridad o servidor público no puede exigir que el peticionario exponga los
Segunda Sala.192
Tratándose de formularios realizados ex profeso por las dependencias públicas. No existe impedimento o prohibición legal que invalide esta interpretación. o en su caso la probable expedición de la constancia. sin embargo. CONSTITUCIONAL. no viola el artículo 8o. por tanto. constitucional. se considera igualmente necesario que el peticionario reciba un acuse formal de recibido o en su defecto una copia sellada del documento donde conste la petición o documentos que se entregan. Primera Sala. Si no aparece que la petición de una persona ha llegado a manos de la autoridad. al no hacerlo. Si se tratara de una petición verbal. pues evitaría a los peticionarios una y tantas vueltas que suelen implicar los trámites. que en la práctica suele ser el sello o firma de recibido sobre una copia del documento entregado. t. Ningún precepto legal impone al peticionario la obligación de citar la ley en que se apoya. SJF5.
constitucional. 39.. aunque sea negado lo que se pida. no consisten en que se tramiten las peticiones sin las formalidades establecidas por la ley sino en que a toda petición hecha por escrito. 347.hechos en que considera que está sustentada la viabilidad de ver satisfecha su petición. en 1924. SJF5 t. CUANDO PARA RESOLVER SE NECESITEN PRUEBAS. Así se estableció que:
Las garantías que otorga el artículo 8o. NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES. 194
La misma instancia judicial ha señalado la imposibilidad de que el órgano o servidor público puedan retardar la contestación aduciendo falta de tales documentos o elementos probatorios:
. Tesis relacionada con la jurisprudencia número 207/85.195
El pleno de la corte desde temprano.. t. Entrega de documentos Igual comentario que el anterior merece este apartado. de la autoridad a quien se haya dirigido. es independiente de que la autoridad cuente o no con determinados elementos probatorios. 195 Segunda Sala. constitucional la autoridad que pretenda justificar la falta de contestación a un escrito de inconformidad. Es evidente que en ocasiones la petición deberá acompañarse de pruebas. al peticionario. ese escrito. XV. 102.. La Segunda Sala ha iterado tal juicio en algunas tesis:
PETICIÓN. si bien los órganos administrativos conocen la legislación aplicable a cada una de las peticiones que se le formulan. ya que no puede aceptarse como legal esa actitud en vista de que hacerlo equivaldría. sexta parte. publicada en el ASJF 1917-1985. p.
4. se había inclinado por tal consideración. 196 Pleno. constitucional protegiendo el derecho de petición. t. materia común.No se apega a las exigencias del artículo 8o. 39. por esa causa. En aquellos casos en que. CXXVII. Si a una petición hecha por escrito le falta algún requisito legal. Aquí. p. contra lo que exige dicho artículo 8o. Se trata de la versión administrativa del principio general que señala: iura novit curia. ya que si tales elementos son legalmente necesarios. no fuera breve. pues para no violar el derecho de petición. la Segunda Sala manifestó:
194 Segunda Sala. el peticionario no acompañe los documentos pertinentes. Igual sucederá con todos los elementos probatorios distintos de los documentos. o aplazando el acuerdo para cuando se cumpla con los requisitos exigidos por la ley. debe recaer un acuerdo.196
Sobre las consecuencias de que no se aporten los elementos necesarios para formar la convicción en el órgano o servidor público sobre la procedencia de la petición. siendo necesario. tercera parte. p. no puede. pues en todo caso el órgano o servidor a quien se ha dirigido la petición cumple con la exigencia constitucional al recibir la petición. su acuerdo puede ser emitido previniendo al solicitante su aportación y determinándole cuáles son las pruebas que debe producir. DERECHO DE. rehusarse a recibirla la autoridad. a aceptar que el término de observación del derecho de petición. esté bien o mal formulada. la autoridad acordará la petición en el sentido de prevenir al solicitante la aportación de los mismos. Será el peticionario quien deberá valorar la inclusión de tales datos. en breve término. no conocen en cambio los supuestos fácticos en que pretenden fundar la solicitud. SJF6. de rubro PETICIÓN. DERECHO DE. también por escrito. ni negarse a acordarla. p. CXXVII tercera parte. por lo que resulta conveniente su inclusión en el escrito de petición. La garantía que otorga el artículo 8o. argumentando que tal falta de contestación obedece a que se quiso que el interesado contara con el mayor tiempo posible para que aportara las pruebas del caso. a efecto de que una vez conocida por la autoridad o servidor públicos se dé el trámite correspondiente.
. la cual tiene obligación de hacerlo conocer. desde luego. DEBE REQUERIRSE AL PETICIONARIO PARA QUE LAS APORTE. SJF6. debe recibir y acordar. dictar un acuerdo y hacerlo del conocimiento del que pide.
sí la encontramos tratándose de procedimientos administrativos. SJF6. ante la cuestión ¿de cuánto tiempo dispone el peticionario para cubrir los requisitos exigidos por la autoridad? No encontramos una única respuesta. no obstante que las mismas se le hayan exigido por la autoridad. p. también dentro de breve término. 69. Apéndice de 1995. la falta de los repetidos requisitos a lo sumo conduzca a que el acuerdo relativo pueda ser indicando al peticionario cuáles son los que le falte de llenar y que su omisión ha sido la causa de que no se decida en cuanto al fondo su respectiva solicitud. dentro de breve plazo. por escrito y por una sola vez. dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. En el supuesto de que el quejoso no haya cumplido las condiciones reglamentarias correspondientes. DERECHO DE. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un día completo. tercera parte. DERECHO DE.
. t. Aunque es cierto que el derecho de petición no releva a los particulares del cumplimiento de las exigencias que la legislación establezca en cada caso. las autoridades están obligadas a contestar las peticiones que se les formulen. no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. al establecer:
PETICIÓN. en marzo de 1959. Las autoridades cumplen con el mandato del citado artículo constitucional haciendo conocer al peticionario aquellos requisitos que deben llenar para obtener resolución favorable a sus intereses. constitucional no establece en manera alguna. tesis 129. 87. Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo. De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable. XXI. en todo caso debe la autoridad dictar acuerdo. En cambio.. t. para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado. la Segunda Sala señaló:
PETICIÓN. el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala:
Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables. debe cumplir con los requisitos que establezca el ordenamiento secundario a efecto de no obtener una respuesta del órgano o servidor público en la que se expliciten los requisitos necesarios para la procedencia de su petición. transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención. El artículo 8o. se desechará el trámite. exigido mediante el ejercicio del de petición. también es verdad que. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo. pero no para abstenerse de emitir acuerdo acerca de la solicitud. III. el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. tercera parte. 199
No ha merecido mucha atención en la doctrina nacional el establecimiento de límites a esta acción previsora de los órganos públicos. p. sea que el solicitante satisfaga o no los requisitos reglamentarios. p. el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato
Segunda Sala.. la mayoría de las tesis sostienen que no existe ninguna obligación de cumplir con los requisitos reglamentarios. así. esto será motivo para pronunciar una resolución denegatoria. Segunda Sala. Así. la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o. parte SCJN. sin embargo sí advierten la consecuencia de tal omisión. Por otra parte. t. al solicitante. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata. la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo.. y comunicarlo. EN CASO DE REQUISITOS REGLAMENTARIOS. la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados. SJF6. que sólo en los casos en que se llenen los requisitos reglamentarios. respecto de la petición. Por ejemplo.197
Tal criterio lo había sustentado la misma Segunda Sala un año antes. Segunda Sala. 87. de no requerirse resolución alguna. XXXVIII. sexta época. Sin embargo.198
Puede advertirse fácilmente de los múltiples criterios que así lo confirman. quien pretenda ver satisfecho un derecho. que no hay obligación constitucional de aportar tales elementos probatorios.
estatales o municipales”. constitucional. Se trata de un reto para los sistemas jurídicos contemporáneos. ni aún en los supuestos en que se vulneren derechos humanos. aunque éste sea también un empleado público”. Andrade Sánchez considera que por funcionarios y empleados públicos se entiende “las autoridades de los tres poderes que tienen facultades de decisión. puede hacerlo. atribuidas por las disposiciones legales o reglamentarias. En el caso mexicano. O yendo más allá. p. es un tema que merecerá mayor atención en la medida en que los grupos civiles empiecen a tener mayor presencia y participación en labores y asuntos que conciernen a todos.
. sólo exigibles las vulneraciones estatales. salud pública. pero no el conductor del vehículo de limpia que se encuentra prestando directamente el servicio en la calle. etcétera. pero no abarca a todos los trabajadores al servicio del Estado. sean federales. Son pocos los sistemas jurídicos que se han ocupado de tal aspecto. hemos preferido utilizar las voces órgano o servidor público exactamente con el mismo fin. sin embargo vale la pena llamar la atención sobre este elemento en el ejercicio del derecho de petición. 42/2001. SJF9. es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado. 5. Aunque la Constitución ha utilizado los términos funcionarios y empleados públicos. siendo que con mayor frecuencia se observa cómo instituciones de carácter privado vulneran los derechos individuales. 126.200 Sin inclinamos por un análisis de los conceptos utilizados por el texto constitucional debemos recordar que mediante reforma constitucional se consignó el concepto servidor público para sustituir el de funcionario público. por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. en la medida en que están consolidados los mecanismos de defensa contra el actuar estatal pero
Al comentar el artículo 8o. encontramos que se considera que hay desistimiento de la petición si pasados dos meses no se han aportado los requisitos.
El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. XIII./J. 201 Pleno. 906 y 907. abril de 2001. a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del gobierno del Estado.
Si nos remitimos al dispositivo 13 del Código Contencioso Administrativo colombiano. por ejemplo: medio ambiente. t. por tanto. documentos o informaciones señaladas por el órgano que conoce de la petición. México a través de sus Constituciones. tesis: P.siguiente a aquel en el que el interesado conteste. Dirigida a un órgano o servidor públicos De tan evidente puede parecer superfluo. utilización de recursos públicos. y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. obligado como tal. el citado autor señala a guisa de ejemplo: “el presidente municipal o el funcionario encargado del servicio de limpia pública están obligados a responder por escrito las peticiones que se les dirijan en relación con dicho servicio. pp. Derechos del pueblo mexicano. La Segunda Sala ha señalado recientemente:
PETICIÓN. y en los que se ven involucradas instituciones de carácter privado.201
Debe recordarse que el esquema garantista aparece en un modelo donde el Estado es el infractor y. Sin embargo. es evidente que aún no se ha dado el paso para que el legislador permita a los ciudadanos elevar una petición cuando se trata de entidades de carácter privado. pero no tendrá garantizada la respuesta. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU
SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.
DERECHO DE. fracciones I y II. deberá analizarse cada caso concreto. sin pronunciarse sobre la petición presentada. aún así sigue conservando su carácter de agencia del gobierno. en segundo caso y a mayor abundamiento. como se dijo.quedan por definir los de defensa contra particulares. de nuestra carta magna. constitucional los funcionarios respetarán el ejercicio de derecho de petición. en su momento el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito se pronunció sobre el tema en los siguientes conceptos:
PETICIÓN. aunque las autoridades de una secretaría de Estado pueden actuar como autoridades con imperio. el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito siguiendo esta línea de juicio se ha pronunciado en los siguientes términos:
DERECHO DE PETICIÓN. Y en no pocas ocasiones se aducen tales extremos para negarse a proporcionar una respuesta al peticionario. La jurisprudencia ha sido amplia en tal sentido. mercantil o de cualquier otra naturaleza. tanto porque cualquier petición que como funcionario se le dirija está dirigida al funcionario y no a la persona física. o como representantes de una persona moral sujeta al derecho civil. esto queda sujeto a la congruencia. Para determinar si alguna autoridad actúa o no como tal. del Código Civil aplicable en materia federal). y a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. a la ley y a la buena fe. la discusión no sólo debe darse en cuanto a si es o no órgano o servidor público a quienes se dirige la petición. Y es de notarse que cuando una agencia gubernamental está sujeta a una relación de derecho privado. por considerar la autoridad que se trata de una actuación inscrita en el marco del derecho privado. SIEMPRE SERÁ AUTORIDAD CUANDO SE FORMULE UNA PETICIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8O.
A. pues será la naturaleza jurídica de cada uno de esos actos la que determinará si se está en presencia o no de un acto de autoridad. en ciertas relaciones (artículo 25. SERVIDOR PÚBLICO EN FUNCIONES. la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. y b) la negativa a responder al peticionario por considerarse incompetente para resolver sobre la petición que se le dirige. o por ninguna otra razón semejante. porque en ningún caso viene a quedar privado de su carácter de funcionario sujeto a la obligación constitucional y. un funcionario estará siempre obligado a respetar el derecho de petición garantizado mediante su inclusión en la Constitución Federal. embargos. etc. público o privado. CONSTITUCIONAL. lo cierto es que el funcionario en ningún caso pierde del todo su carácter de tal. Sujetos de derecho privado Es plausible encontrar en el sistema jurídico la actuación de los entes públicos como personas de derecho público y como personas de derecho privado. Por lo demás. Ahora bien. 205
Por su parte. está obligado como representante del gobierno a actuar con la mejor buena fe. sino a la distinción entre dos supuestos: a) la negativa a acordar. en cuanto al fondo de la cuestión. Ahora bien. En primer lugar. Conforme al artículo 8o. un funcionario no podrá dejar de dar cumplimiento al derecho de petición alegando que dicha petición se refiere a una actuación suya que realizó como representante de una agencia de gobierno que actuaba como persona moral sujeta al derecho civil. sin embargo. Luego. tal omisión se traduce en una afectación a la esfera jurídica del gobernado. pues el
. En consecuencia. cuando la autoridad designada como responsable es un servidor perteneciente a un organismo público descentralizado y el acto reclamado consiste en la omisión de contestar una petición formulada en términos del artículo 8o. es claro que un funcionario no queda exento de respetar el derecho constitucional de petición por el hecho de pretender que la petición está vinculada con una actuación suya relacionada con un contrato de derecho civil. cuanto porque la garantía constitucional está por encima de cualquier disposición secundaria de la ley civil. porque cuando un funcionario actúa. ACTUACIÓN DE UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL COMO PERSONA DE DERECHO PRIVADO. como se ve por las cuestiones relativas a absolución de posiciones. En consecuencia. en cualquier orden. en cuanto a lo que se conteste a la petición. como también es cierto que de hecho no hay la misma facilidad en demandar y obtener de una agencia gubernamental que de un particular. sin prejuzgar sobre si su posición sea correcta o no.
SJF6. y hacerlo conocer al solicitante. Es decir. el órgano o servidor público no están obligados a respetar el derecho de respuesta que existe para las peticiones que se le eleven. Es expresa cuando la norma orgánica delimita los asuntos que son de su conocimiento y. tratándose de actuaciones de una persona pública con naturaleza de derecho privado. t. XII. que se ha decantado por considerar que aun el órgano que carezca de competencia está obligado a dar respuesta en los términos constitucionales:
PETICIÓN. 404. 34 PETICIÓN. siempre. en un acto de autoridad. aun cuando sea para darle a conocer su incapacidad legal para proveer en la materia de la petición. CV tercera parte.33
La misma Segunda Sala dictó dos tesis en tal sentido:
PETICIÓN. pues lo relevante es el carácter de servidor público. tercera parte. En los términos del artículo 8o. CXIV. Así lo ha entendido la jurisprudencia. Véase también SJF6. 58. constitucional. p.206
Esta última interpretación invalida el argumento de que. con independencia de que se trate de un organismo descentralizado. p. no existe razón de la negativa cuando se aduce la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano o servidor. INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. p. DERECHO DE. tercera parte. Segunda Sala. XL. Es tácita cuando la norma prevé que el órgano o servidor público conocerán exclusivamente. La falta de competencia de una autoridad para resolver la solicitud de un particular. 63. aun la que se estima incompetente.
.citado precepto obliga a cualquier servidor público a responder las peticiones que le sean formuladas por escrito y de manera pacífica y respetuosa. B. t. no la exime de la obligación de contestar la instancia. debe pronunciar el acuerdo relativo a las solicitudes que ante ellas se presenten. sino que debe atenderse a la esencia misma del órgano o servidor. toda autoridad. la incompetencia no puede ser alegada para evitar dar contestación a la petición elevada. 55. vol. fija los que corresponden a un órgano o servidor público distintos. sin que se mencione el que deba presentarse ante una autoridad con competencia o sin ella. únicamente o solamente de determinados asuntos. Autoridad sin competencia para resolver la petición Se entiende que un órgano o servidor público carecen de competencia para resolver sobre un determinado asunto cuando éste ha quedado excluido de su conocimiento en forma expresa o tácita. pues el hecho de la incompetencia no excluye la obligación a tal respuesta. Tesis relacionada con Jurisprudencia 207/85. DERECHO DE.35
Segunda Sala. la omisión de cualquier servidor público de respetar el derecho de petición se traducirá. es la función desempeñada. por tanto. En clave del derecho de petición. en correspondencia. DERECHO DE. p. constitucional simplemente obliga a dar respuesta a toda petición que se haga reuniendo los requisitos que tal norma expresa. El artículo 8o. SJF5. SJF6. es decir a su carácter público. t. Segunda Sala.
Esta llamada de atención a los supuestos en que el órgano o servidor público carecen de incompetencia. el artículo 7. y tratándose de una misma dependencia con diversas unidades o departamentos administrativos. el Tercer Tribunal Cole giado en materia administrativa del Primer Circuito ha considerado que en los supuestos en que la autoridad a quien se ha dirigido la petición tenga unidades o departamentos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia. la remitirá a la que considere competente y comunicará haberlo hecho al peticionario”.36 En este último sentido. este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron las mismas:
En el caso español. En las nuevas previsiones procedimentales se ha llegado a plantear la posibilidad de que se presente la petición ante una autoridad cualquiera (nótese el uso del concepto autoridad) y que ésta tenga la obligación de enviarla a la que es competente para conocer el asunto.2 de la Ley que regula el Derecho de Petición (1960) señalaba: “Si la autoridad ante la que se deduzca una petición se estimare incompetente para resolverla.
. debe leerse en atención a la redacción que en fecha reciente se ha propuesto para ciertas instituciones jurídicas.
constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas. se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la firma escrita. Esta actuación en términos de la tesis revisada es contraria al mandato constitucional. el artículo 8o. bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud. p. en forma personal. la respuesta al peticionario.A.DERECHO DE PETICIÓN.591 A. La principal consecuencia de la firma del escrito de petición es que determina quién es el peticionario. Así pues. aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida. Así lo consideró el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien. Aquí se entiende por firma el nombre de una persona. deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. a los gobernadores. al
Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. El hecho de que materialmente le resulte imposible al secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan.3o. necesariamente. y sin embargo. 169. No es necesaria la dualidad nombre rúbrica. competentes para desahogar o despachar esas peticiones. generalmente acompañado de una rúbrica. presidentes de legislaturas o presidentes municipales. pues basta el primero a condición de que sea escrito por el peticionario y en sus comunicaciones personales no acostumbre utilizar una rúbrica. bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que. febrero. para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario. En consecuencia. En la jurisprudencia nacional se ha señalado que la firma es el signo gráfico con el que. se da por los secretarios particulares o privados de tales servidores públicos. en general. por supuesto. Además. estampado al pie de un escrito para atestiguar que es el autor o que aprueba su contenido.211
Es práctica común que en peticiones elevadas al presidente de la República. en la que se informa la remisión de la petición a una autoridad subordinada. tesis: I. pues será éste quien ostente la titularidad del derecho de respuesta consagrado en el segundo párrafo del texto constitucional. ¿Una paradoja teleológica conciliable? 6. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTÁ OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA. en tanto que son departamentos administrativos subordinados. XV-I. este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron. t. no podemos negar que satisface la finalidad misma que tiene tal derecho.
. a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Firmada por el peticionario Otro presupuesto del escrito de petición es la firma por parte del peticionario. no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia. bastará la rúbrica cuando en el cuerpo del escrito de petición quede plenamente identificado como peticionario. a los secretarios de Estado. se entiende que sea así dado el cúmulo de actividades y asuntos que les corresponde virtud al cargo que desempeñan. SJF8.
a pesar de que por ella se pida que se le tome en cuenta para determinados hechos. y desde luego también salvo prueba en contrario. que en principio y
Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. constitucional. también puede generar alguna obligación o responsabilidad. no bastando con que aparezca únicamente el nombre de una persona. hasta antes y no después de donde aparezca la firma correspondiente. en realidad.
. p. en atención que sólo con la firma estampada en forma personal y de su puño y letra o con su huella digital en caso de no saber firmar o puesta a su ruego por persona diversa de la interesada puede apreciarse la voluntad de una persona que eleva una solicitud de que la misma le sea contestada. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS SÓLO ESTÁN OBLIGADAS A CONTESTAR LAS SOLICITUDES A LAS PERSONAS QUE LAS SIGNAN Y NO A QUIENES APARECEN EN EL CONTEXTO DE DICHA SOLICITUD. VI. porque ésta es el signo inequívoco de que lo ahí expresado es. si bien puede originar un derecho. entendiéndose por tales aquellos cuyos nombres y firmas aparecen en el escrito correspondiente. o simplemente el propio autor del escrito podría agregar algo ambivalente. de manera que la literalidad o la interpretación que se haga de esta manifestación de voluntad deberá tomarse. DERECHO DE. y en caso de que le conviniera simplemente desconocer el agregado. t. para hacer fehaciente la manifestación de voluntad del peticionario.37
La firma es un elemento indispensable para que el documento o escrito que contenga la petición se perfeccione jurídicamente. es claro que no hay instancia de la parte por la que se aboga. pero también se entiende que efectivamente asume las cargas jurídicas que pueden derivarse de tal actividad. la voluntad de su autor. indudablemente que el particular podría argumentar que lo violento o lo irrespetuoso no formó parte de la expresión de su voluntad. segunda parte-1. Un ejemplo de esto pudiera ser que después de la firma de un escrito de petición. pues ésta no expresa su voluntad de que efectivamente está interesada en lo que se le solicita a la autoridad. La tesis que se ocupa de tales consideraciones es la siguiente:
PETICIÓN. y por ende. se agregara algo que implicara una violencia o una falta de respeto para la autoridad a quien se dirige. y ambos puntos o uno de ellos tuviera que ser juzgado por la autoridad judicial. De ahí. 135.
DEBE TOMARSE HASTA ANTES DE DONDE
. SJF8. de respetar la garantía individual contenida en el artículo 8o. sino sólo la del peticionario. y que cuando ésta se negara a acordar esa petición o inclusive iniciara algún procedimiento para imponer alguna sanción que conforme a la ley debiera imponerse. sólo están obligadas a contestar en los términos de dicho numeral. De la interpretación del artículo 8o. como ya se dijo. en principio y salvo prueba en contrario. a los peticionarios o solicitantes. La firma presupone la aceptación por parte del peticionario de los términos en que ha sido dirigida la comunicación. De otra manera cualquier persona pudiera imputar al autor de un escrito alguna otra manifestación que le pudiera perjudicar. No basta que después de las firmas que signan un escrito de petición. ya que toda manifestación de voluntad de hecha constar por escrito (sic). por los términos en que se redactó el agregado. El Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito ha explicitado también la importancia que tiene la expresión de la firma en el cuerpo del escrito de petición. pues no existiendo su firma. de la carta magna. se agregue un texto del que se haga desprender que esa misma petición se hace a diversa autoridad de la precisada antes de las firmas. LA LITERALIDAD O INTERPRETACIÓN QUE SE HAGA DEL ESCRITO QUE LA CONTIENE. se obtiene que las autoridades ante las cuales se elevan peticiones.18
DERECHO DE PETICIÓN. pues. la obligación de la autoridad ante la cual se eleva.
SJF8. t. 593. DEBE REQUERIRSE SU RECONOCIMIENTO SI EXISTE LA DUDA SOBRE LA VOLUNTAD O LA IDENTIDAD DEL FIRMANTE. 292. y la rúbrica será elemento objetivo que determine la adscripción de culpa. julio de 1994. 1969-1987. SJF8. FIRMA AL MARGEN. 41 Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. y no existiendo autor o responsable del contenido del mismo. p. a nadie obliga. y en esta forma responsabilizarse él mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente”. Cuando el escrito por el cual se interpone un recurso administrativo no presenta la firma al calce del promovente. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. en la comisión del acto considerado infractor o delictivo. las peticiones hechas en materia política suponen que el peticionario admite tener el carácter de ciudadano mexicano. 444. puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor. y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor. sólo debe atenderse en cuanto al texto que precede la firma respectiva. Véase también SJF7. p. XIII. 40 Noveno Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. toda vez que aquellos signos son los que plasman la manifestación de la voluntad de su autor en comprometerse con su contenido”. huella digital o sello de la persona física o moral a cuya orden se hizo. XI-enero. tratándose de un procedimiento administrativo de impugnación. mayo de 1994. Tribunales Colegiados de Circuito. pues no se puede saber realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza ese escrito. XIV. IX. no debe desecharse de plano la instancia si no existe un precepto legal que así lo autorice. 38
Además. se incurrirá en las infracciones o delitos que tipifique el ordenamiento federal. SJF8. pues aunque la suscripción es la forma usual de presentación de los documentos dirigidos a una autoridad e inclusive de los propios del tráfico privado. t. sin
Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito. un escrito de petición. 494. Esto es importante porque en los supuestos en que se pretenda ejercitar el derecho en materia política. p. XIV. t. si no presenta firma. mayo de 1992. sino únicamente firmas al margen de las hojas que lo componen.41 En relación con el tema de la firma y de las consecuencias jurídicas que se derivan del cumplimiento de tal formalidad encontramos una tesis que recalca su importancia:
.40 El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en el mismo tenor resolvió que “las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor. sin contar con las calidades exigidas constitucionalmente. si no contiene la firma. es la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen”. p. 4608. t. la conducta de las autoridades debe estar regida no sólo por la ley escrita sino también por los principios generales del derecho. particularmente los relativos a la buena fe según el cual debe presumirse que en las relaciones entre la administración y los particulares prevalece una disposición de ánimo que les lleva a proceder leal y sinceramente.39 Por su parte el Noveno Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito consideró que “un documento carece de valor aunque su autor reconozca haberlo confeccionado. SJF8. como manifestación de voluntad. Los tribunales federales han expresado múltiples interpretaciones en relación con el valor y consecuencias que se derivan de la firma de los documentos y promociones.salvo prueba en contrario. t. sería un contrasentido admitirlo. p. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ha considerado que “cualquier escrito de la naturaleza que sea.
. p. tercera parte. constitucional. 646. enero a junio de 1989.42
No está de más hacer la remisión al texto histórico de la Constitución venezolana que señalaba. en 1979. apercibido de que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación. tercera parte. vol. porque es obvio que el proveído a que alude este precepto debe ser dictado por la autoridad competente relativa. para ser realizada requiere de los datos que hagan posible la localización física de quien debe ser enterado del acuerdo recaído. VI. aunque el oficio en que se hizo la comunicación no se haya entregado a los peticionarios. p. La observancia de ambos principios (a falta de texto que regule expresamente esta situación) obliga a la autoridad a requerir mediante notificación personal a quien aparezca como promovente. constitucional. éstos no son encontrados (la tesis utilizó la frase por no ser conocidos éstos). El hecho de que una dependencia no resuelva una solicitud y comunique a los peticionarios que la remitió a otra para que resuelva lo conducente. para los supuestos en que los firmantes fueran más de cinco. pues los errores en los datos repercutirán en la falta de notificación y no podrá alegarse vulneración del derecho constitucional.20
malicia y sin dolo. como veremos más adelante al analizar el derecho de respuesta. si fue devuelto por no ser conocidos éstos. la Segunda Sala determinó que no existe violación por parte de la autoridad cuando al notificarse la respuesta en el domicilio señalado por los peticionarios. p. 7. la garantía que involucra el derecho de
Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito.43
Por su parte el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. DERECHO DE. VIII. Una solución que no se encuentra en nuestro ordenamiento. 43 Segunda Sala. De tal consideración podemos deducir que el peticionario debe señalar un domicilio para recibir notificaciones en forma precisa. t. Señalando domicilio para notificaciones El domicilio es otro elemento importante que debe manifestarse en el escrito de petición. SJF6. no implica violación del artículo 8o. aunque todos respondían por la verdad de los hechos. 58. II. que quienes respondían por la autenticidad de las firmas de los demás eran los primeros cinco firmantes. La tesis en cita señaló:
PETICIÓN. a fin de que comparezca a reconocer el contenido y firma del escrito. y no hay tal violación. Conforme a lo dispuesto por el artículo 8o. 87 (segunda tesis). Es evidente que la notificación. SJF8. reiteró la necesidad de que el escrito contuviera la dirección en la cual se podían recibir notificaciones:
PETICIÓN. de manera que la rectitud y honradez sean sus normas de conducta y a la ausencia de formulismos o requisitos sacramentales en las peticiones de los particulares. en el domicilio que señalaron. No debe olvidarse que el ejercicio de este derecho tiene un correlato con el deber de la autoridad de acordar sobre la misma y notificar al peticionario. tercera parte. p. t. “por ser asunto de su competencia”. 172 (primera tesis). III segunda parte-2. En 1958. pues de esta manera la autoridad estará en condiciones de proveer lo procedente con arreglo a derecho. Véase también vol.
una solución tendiente a garantizar el desarrollo expedito del proceso. nota 136. Sin embargo. consistente en que cuando el agraviado no cumpla con la carga de designar domicilio ubicado en el lugar del juicio ni la casa o despacho para oír notificaciones. Sin embargo. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR.44
Ahora bien.45 Adelantamos que con la utilización de nuevas tecnologías se abre una puerta para que los órganos y servidores públicos puedan realizar la notificación vía telefónica o electrónica. puede seguirse el criterio que la Segunda Sala de la Corte Suprema adoptó en mayo de 2002. La solución adoptada por el órgano colegiado indica:
DEMANDA DE AMPARO. esto dependerá siempre del caso concreto. en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles. p. y 2) que haga saber al gobernado en breve término el contenido de su resolución. t.petición. 124. de los que se desprende que lo que la ley exige al interesado. que en los casos que así lo permitan. fracción II. no es el señalamiento de su domicilio particular. fracción I. Debe señalarse sin embargo. señale el domicilio donde se le envíe la comunicación relativa. están admitiendo la posibilidad de que la notificación sea realizada por tales medios. p. de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito. op. Lo antes expuesto se robustece con la circunstancia de que cuando el peticionario de garantías se abstiene de señalar un domicilio. la perfección de estos medios de comunicación administrativa y su utilización en determinados supuestos deberá atender entre otros principios al de certidumbre y oportunidad. dado que se entiende que las peticiones entrañan (o pueden hacerlo) un aspecto privado que merece ser reservado. lo cual no implica que el promovente del juicio de garantías tenga que señalar. 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 739 de la Ley Federal del Trabajo. en su primera comparecencia. en su escrito relativo. en lo que respecta a su domicilio.
. en breve término. para que puedan efectuarse todas las notificaciones personales que fueren necesarias dentro del juicio. Este criterio es congruente con el adoptado por el legislador en otros ordenamientos como. sino que el legislador únicamente le impuso el deber de indicar un lugar donde le resulte más práctico. El artículo 116. Para esto último. 154. algunos autores consideran que se entenderá prefiere acudir personalmente a la oficina de la autoridad respectiva a informarse del resultado de su petición. Los peticionarios que en la actualidad incluyen un teléfono en el que se les puede localizar o agregan una dirección de correo electrónico. cit. NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA.. al peticionario. SJF7.
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. es necesario que el peticionario. en los supuestos en que el peticionario no satisfaga tal requisito. sexta parte. y más adelante nos ocuparemos de la petición hecha por vía electrónica. la autoridad se encuentra impedida para cumplir su obligación de hacer saber lo acordado. la ley de la materia prevé. en su artículo 30. Bazdresch. 121-126. sino el de un lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude. Luis. se integra por dos fases: 1) que la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde en derecho como corresponda. cómodo o conveniente recibir las notificaciones que tengan que hacérsele de manera personal. por ejemplo. tratándose del juicio de amparo en los casos en que no se había señalado por parte del quejoso un domicilio para efectuar las notificaciones. uno de carácter particular. en el que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. pues de otra manera. Al revisar el derecho de respuesta revisaremos los problemas que suscitan estas nuevas tecnologías y las probables soluciones a la luz de algunas prácticas administrativas.
esto quizá puede
Segunda Sala. permitan a los gobernados un efectivo acceso a aquélla. y esta es una suposición personal. esta regla general admite como excepción los casos en que la petición sea formulada en materia política. 152. en virtud de una decisión judicial. principios que evidentemente son aplicables al juicio de amparo. a la escasa participación (¿o será incipiente cultura política?) que en épocas pasadas encontramos en la sociedad mexicana. el acuerdo podrá dictarse imponiendo algún requisito reglamentario. por cuanto éste se halla instituido en los artículos 103 y 107 del ordenamiento fundamental. es subsanable para la marcha del procedimiento. pues la garantía dispuesta en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos prácticos es suficiente con acompañar al escrito de petición una copia fotostática de la credencial de elector o en su defecto. reservándolo a los ciudadanos mexicanos./J. Sin embargo. Sin embargo. Aportar datos personales En términos generales se entiende que no será necesario que el peticionario aporte más datos que los que lo identifican administrativamente: nombre y domicilio para recibir notificaciones. la edad y en su defecto la ciudadanía que posee. conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Los tribunales federales han sido omisos en tales pronunciamientos. que la petición adquiere el estatus de derecho cívico o político cuando es ejercido en tal materia. 47/2002. incluidos los sujetos a un régimen penitenciario o restrictivo de la libertad personal. pero limitándose a la prueba de que el peticionario queda comprendido en la exigencia constitucional. obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que. orientados a satisfacerla. tales documentos no servirán sino de indicio al órgano o servidor público a quienes se ha dirigido la petición sobre la viabilidad jurídica que asiste al peticionario en el ejercicio del derecho. y si no se ha presentado algún supuesto litigioso en relación con la petición en materia política.
. SJFG9. como el medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados. para evitar alguna confusión injustificada. hay obligación de la autoridad ejecutora de notificar tal circunstancia al órgano encargado de las cuestiones relativas a los registros electorales. el peticionario que se encuentre en este supuesto deberá expresar además del nombre. medida que es acertada. Afortunadamente a últimas fechas la participación política está aumentando. junio de 2002. para que lo haga constar en el padrón correspondiente. En tal tesitura. fuera de tal supuesto es simplemente un derecho más que corresponde por igual a todos los habitantes del país. t. en ambos supuestos.46
8. El texto constitucional limita el ejercicio del derecho de petición en materia política. En todo caso. p.22
éstas se harán mediante lista. tesis: 2a. No hemos encontrado jurisprudencia que se refiera a estos supuestos. No debe olvidarse que en los casos en que el peticionario se encuentre suspenso en sus derechos políticos. quizá debido a la especificidad del tema y en parte. XV. pues aun si falta. copia fotostática de la página de identificación del pasaporte o de la cartilla del Servicio Militar Nacional. Debe asentarse. por lo que el señalamiento del domicilio del quejoso no es inexcusable sino sólo conveniente para éste.
le matara. debe evitarse la utilización de amenazas u ofensas en el texto de la petición. ¡voto a Dios! Y aunque fuera el general.explicarse en los afortunados cuerpos normativos que regulan tal sector. en tocando a mi opinión. dando respuesta a la solicitud. toda vez que la mayor parte de las peticiones giran en torno a la satisfacción de necesidades de información. tanto el que pide como el que contesta la solicitud. voto a Dios. en los cuales se ha manifestado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Debe tenerse presente que en algunas instituciones quedan servidores públicos de guardia que garantizan la recepción a cualquier hora. escena XVIII). tratándose de petición de información a partidos políticos.
. 9. por ejemplo cuando se formule una queja por maltrato. pero no podrá negarse a recibirlo del
Calderón de la Barca se ocupaba ya. sin embargo. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar. pero el honor es patrimonio del alma. Este elemento es fundamental en tanto representa la cristalización de la buena fe que en principio anima tanto a las partes que ejercitan el derecho de petición. a sufrir. y en reciprocidad en el de respuesta. DL: ¿Sabéis que estáis obligado. PC: A quien se atreviera a un átomo de mi honor. No requiere que exista una actuación previa de algún órgano o servidor público. que el servidor podrá indicar al peticionario que si cumple con tal o cual requisito la petición se estimará procedente. mismas que no están supeditadas en forma alguna a la actuación estatal. el peticionario al describir hechos concretos utilice expresiones de tal tipo. Como podrá advertirse infra hay supuestos vinculados con el derecho de petición ejercido en materia de participación política. DL: A quien tocara ni aun al soldado menor sólo un pelo de la ropa. y el alma sólo es de Dios . que también le ahorcara yo. pero con mi fama no. Esta afirmación merece un matiz: la petición se entregará dentro de los horarios que correspondan a la oficina o servicio de recepción. En cualquier momento El ejercicio del derecho de petición puede realizarse en cualquier momento. que es capitán? Pedro Crespo (PC): Sí. como a aquéllos que la Constitución obliga a respetarlo. yo le ahorcara. pero siempre lo hará en forma de relato y nunca serán dirigidas a la autoridad a la que se presenta la petición.47 Ello no implica que en ocasiones. de los atentados al honor infligidos por las autoridades en este célebre diálogo: Don Lope (DL): ¿Sabéis. 10. concesión o atención. Debe considerarse. Ningún servidor público podrá negarse a recibir una petición aduciendo que hace falta cumplir con algún requisito reglamentario.. por vida del cielo. estas cargas? PC: Con mi hacienda. por vida también del cielo.. No expresar amenazas u ofensas En apego a la idea de que ambas partes merecen respeto. en El alcalde de Zalamea (jornada I. por ser quien sois.
hay que reconocer que en el sistema jurídico mexicano no se encuentra tan desarrollado el tema de la protección de datos personales.
. Sin embargo es evidente que lo que debe leerse es que la petición deberá ser formulada de manera pacífica y respetuosa. La actitud del servidor que niega tal recepción es violatoria del derecho de petición. a efecto de que se mantenga casi en secreto. debe entenderse que la voz se formule no alude necesariamente a la redacción de la petición. Tal distinción es fundamental al exigir cierta reserva por parte del órgano o servidor involucrados.48 12. LA PETICIÓN DEBERÁ SER FORMULADA DE MANERA
Los términos en que aparece redactado el texto constitucional parecieran indicar que la expresión: se formule por escrito. como ocurre en otras latitudes. Debemos agregar que en algunos ordenamientos. Aunque. En clave constitucional. como el colombiano. y en tal orden de ideas la limitación constitucional se orienta a la expresión de la petición. la manifestación de que se hace una petición. en el marco de la administración pública. Debe interpretarse el verbo formular que utiliza el texto constitucional en sentido extensivo. Solicitud de reserva Queda por dilucidar si al dirigir una petición a un funcionario o servidor público puede solicitarse la reserva de la misma. en especial por cuanto hace a los datos personales del peticionario. Esta cuestión va de la mano de otra que resulta interesante: ¿existe un secreto profesional. Pocas veces puede plantearse el litigio ante los tribunales federales por una sencilla razón: no puede demostrarse fehacientemente que hubo tal negativa. el negarse a recibir la petición entraña una causa justificada para que el servidor sea removido o se le incoe un procedimiento administrativo sancionador. a petición de parte? Creemos que puede darse tal circunstancia. tal actitud es susceptible de ser enjuiciada a tenor del artículo 8o. constitucional. sin embargo también es preciso señalar que en nuestro sistema jurídico no se distingue entre las peticiones con un contenido de interés particular y las que persiguen un interés general. y de tal labor hermenéutica puede advertirse que formular equivale a expresar. siendo la única distinción la que se hace entre petición a título individual y con carácter colectivo. II. manifestar. de manera pacífica y respetuosa alude al estilo que debe emplearse para redactar la petición. en estricto sentido.24
peticionario. y sobre todo administrativa. Sin embargo.
En la práctica es común que esto suceda.
Las acepciones reconocidas para la voz respeto son dos: a) sentimiento o actitud deferente o sumisa con que se trata algo o a alguien. al tiempo que permite constatar que cumpla con los otros dos requisitos. Así.50
Bazdresch. si no se profieren injurias contra ésta. En ambos casos los condicionamientos son similares. Nosotros consideramos que esto no es así. y c) que no tiene o que no halla oposición. Luis. en razón de su autoridad. Resulta claro entonces que el texto constitucional condiciona el ejercicio del derecho de petición a que la presentación del escrito no altere la tranquilidad y no ofenda a alguien. Aunque no encontramos ningún indicio en la jurisprudencia que se ocupe de adelantar una posición acerca de este elemento.una petición se formula de manera pacífica cuando no altera el estatus o las circunstancias de tranquilidad presentes antes de que se haga la solicitud. y reafirmarse. a una elemental regla de convivencia social. expresado en marchas. la manera pacífica queda plasmada en la condición de no hacer uso de violencias o amenazas para intimidar a la autoridad. En nuestro país es común que el derecho de manifestación. y en el segundo. p.49 Nosotros consideramos que es respetuosa aquella petición que observa respeto hacia el otro. etcétera. ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. y merece en tal sentido el respeto de aquellos a quienes sirve. la dignidad.. hay una reiteración de la manera pacífica y respetuosa. constitucional que en lo conducente señala que:
No se considerará ilegal. plantones
. que está en paz. mérito. Allá se alude a la formulación individual de una petición. y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto. sólo que ahora se alude a los supuestos en que el ejercicio del derecho de petición es colectivo. en este caso el órgano o servidor públicos. representada por el funcionario o servidor público. citado líneas atrás que señala que no podrá ser recibida por el presidente ni entregada a la mesa petición alguna traída o transmitida por una manifestación de personas reunida en la vía pública. algunos sectores de la doctrina se han inclinado por considerar que la exigencia de que la petición sea por escrito tiende a dar certeza a los términos de la misma. tal y como puede inferirse de las acepciones adoptadas para el adjetivo pacífico: a) que ama la paz. aquí a la formulación colectiva. Luis Bazdresch al ocuparse de los conceptos pacífica y respetuosa señala que tales requisitos atienden en el primer caso. en el contenido del artículo 9o. cit. y b) sentimiento que lleva a reconocer los derechos. edad. b) tranquilo. decoro de una persona o cosa y a abstenerse de ofenderlos. Cabe traer a colación el texto del Reglamento de la Asamblea Nacional francesa.
Es decir. 123. nota 136. op. la manera respetuosa queda implícita en la idea de que no deben proferirse injurias contra el órgano o servidor público a quien se pretenda hacer la petición. a una autoridad. Tal respeto en el caso que nos ocupa está referido a evitar que en la formulación se ofenda el servicio público que goza de la presunción de buena fe. u obligarla a resolver en el sentido que se desea. Tal interpretación debe sustentarse también. a la dignidad propia de la autoridad. y nos inclinamos por una interpretación en la cual la voz pacífica en materia de petición debe entenderse como la necesidad de que la presentación no altere la paz o tranquilidad existente.
el Decreto de 14 de diciembre de 1789 sobre la Constitución de los municipios (artículo 62) y la Ley de 21 de mayo-27 de junio de 1790 (artículo 60) señalaron que los ciudadanos tenían el derecho de reunirse.
1. El martes 12 de diciembre de 1916. op. pacíficamente y sin armas. sous la condition de donner aux officiers municipaux connaissance du temps et du lieu de ces assemblées. durante la discusión del artículo 8o. nota 8. soit au Corps Municipal. encontramos que el legislador ha encontrado que tal principio puede tener excepciones cuando existen circunstancias especiales. hacia 1790. EXCEPCIONES AL REQUISITO DE ESCRITURA Es evidente que la realidad exige que algunas peticiones no sean escritas. et de ne pouvoir députer que 20 citoyens actifs pour aporter et présenter les adresses et petitions".
. bajo la condición de hacer del conocimiento de la autoridad municipal de la fecha y lugar de la asamblea y que no serían más de 20 ciudadanos los que presentarían las peticiones. Bartomeu.. Así. paisiblemente et sans armes. 20. en situaciones de urgencia y por existencia de formularios. reconozca el derecho a la libertad de prensa y el derecho de reunión. se ha permitido que las peticiones sean realizadas en forma oral. la reglamentación del derecho de petición y el de reunión o asociación se dan simultáneamente. el diputado Pastrana Jaimes hizo la siguiente advertencia: “Yo quisiera saber qué razón hubo para decirse que toda petición debía ser hecha por escrito. a la Administración del Departamento de París. en assemblées particulières por rédiger des adresses et petitions. Son tres supuestos en que podemos encontrar las excepciones: por mandato legal.. soit au Roi. p. y ello no debe entenderse como la posibilidad de que el órgano o servidor público a los que se dirige la solicitud se niegue a atenderla. soit au Corps Législatif. 51 "Les citoyens actifs ont le droit de se reunir. Este autor enumera otros ejemplos histórico legislativos para hacer visible la relación que ha tenido el derecho de petición con el de reunión y de prensa. nota 69. en asamblea para dirigir peticiones a los cuerpos municipales. Así.51 Colom Pastor señala que no es casualidad que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. al cuerpo legislativo o al rey. cit.52
III..26
No creemos necesario extendernos más en este tópico. por razones de celeridad administrativa o por economía procesal. tengan como consecuencia que la autoridad reciba las peticiones de quienes realizan la manifestación (y que se supone motiva la misma). soit à l’Administration du département de Paris. Por mandato legal si bien el texto constitucional establece que el ejercicio del derecho de petición debe ser presentado por escrito. junto con el derecho de petición. 53 Ya en los debates que mereció el proyecto de Constitución encontramos una referencia a la posibilidad de que la petición fuere oral. En la mayor parte de estos supuestos la recepción de solicitudes orales amplía la actuación pública en beneficio de los gobernados. op. sólo traer a colación una idea que explique el porqué en el derecho de reunión se hace énfasis especial en el supuesto de la petición colectiva: en el inicio del liberalismo francés. Marcel. Richard. cit.53 En nuestro país algunas de las instituciones que están obligadas por norma legal a aceptar peticiones
y demás expresiones de tal tipo. 52 Colom Pastor.
Se impone aquí la obligación de que los que no tengan cincuenta centavos para papel. y ésta levantar un acta sobre un asunto. En situaciones de emergencia Se ha mencionado que por un principio de certeza y seguridad jurídica es que el texto constitucional consagra la exigencia de que las peticiones sean formuladas por escrito. Se exige que tales servicios atiendan cualquier petición. en ciertas ocasiones el gobernado enfrenta circunstancias de emergencia que impiden que la petición se formule por escrito. 913 y 914. bomberos.. Incluso. al mostrarse en esta honorable asamblea. Estas instituciones reciben peticiones verbales con el objeto de facilitar el trámite de los asuntos. puede presentarse ante ella.54
Y aquí no entramos a la consideración de los casos que se han suscitado en nuestro país. al dirigirse a prestar ayuda en presuntos accidentes cuyo aviso. Si no sabe firmar. Así es que no es preciso que lleve solicitud escrita. las Comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. México a través de sus Constituciones. La petición por escrito no quiere decir que el ciudadano deba hacer precisamente por escrito su petición ante la autoridad. puede buscar quien firme por él. Es la
quedan incluidos los programas de emergencia establecidos por las entidades públicas.formuladas oralmente son aquellas orientadas a la protección del consumidor o a la defensa de los derechos humanos. cuando la situación impide que el afectado solicite el servicio. pero debemos tomar en cuenta que las autoridades no van a estar conservando apuntes en la memoria. Este principio es el que asiste la prestación de diversos servicios públicos: policía.
2. rescate. Más adelante lanzaría dos cuestiones: “¿Las peticiones verbales no serán atendidas? ¿Los pobres no tendrán justicia nunca?” El diputado Recio puntualizó en su intervención: “. en tales casos. a quien deberá contestarse en breve término”. ha pretendido ser una broma inocente. pp. el órgano o servidor público están obligados a actuar. a cargo principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Debe recordarse que por desgracia es frecuente oír de accidentes en los que pierden la vida o se lesionan servidores públicos. teniendo la obligación de contestar en los términos que crea prudente. como pudiera ser el Plan DN-III.. socorristas y voluntarios. Los fenómenos que originan la necesidad del servicio público son de tal naturaleza que haría irracional exigir que la petición se presente por escrito. no tendrán el derecho de petición”. Cabe destacar en tal sentido que una vez instaurado tal procedimiento debe entenderse que el órgano o servidor público están obligados a actuar con motivo de la petición y que su omisión o la atención indebida es supuesto para incurrir en responsabilidad. decidido defensor de la clase pobre. luego se descubre. los que no tengan un peso. Sin embargo. asistencia sanitaria. El mismo diputado constituyente más adelante retomó este debate al señalar: “Al pedir la palabra para atacar este artículo he tenido en cuenta a la clase pobre. En ellos por supuesto
porque en la República hay muchos que no saben escribir”. Véase Los derechos del pueblo mexicano.es verdaderamente laudable el celo puesto por el señor Pastrana. y entonces la simple petición verbal o la comunicación telefónica debe ser atendida. Son casos paradigmáticos la Defensoría de los Derechos Universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México. y la Procuraduría Federal del Consumidor. incluso aquéllas anónimas o que incluyan palabras altisonantes o insultos. creada en 1985. Debe comparecer ante la autoridad y la autoridad debe tomar en consideración el motivo de la petición de aquel ciudadano.
quedando en estos casos únicamente la labor de relleno de los datos solicitados en el formulario. b) las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. no puede hacerse ningún reproche a quien profiere tales palabras. puesto que estas últimas pueden explicar tal actuación de los particulares. caso en el que imprimirá su huella digital. en especial. a la propiedad personal. pusieron de manifiesto la obligación de las autoridades de actuar. y así debe entenderse la obligación del ente público de actuar diligentemente. Respecto de las disposiciones relativas al uso de formularios. las circunstancias. Esta circunstancia. a la salud pública. aun ante una falsa alarma. Nosotros consideramos que se trata de una excepción. En estos supuestos prima el derecho a la vida. y en algunos casos permite hacer más efectivo el derecho de petición y de respuesta. a la integridad corporal. Son prolijos los ejemplos. cerca de la ciudad de México. sin necesidad de la petición individual o colectiva de los grupos afectados (o que. los eventos geológicos que culminaron con la erupción del volcán Popocatépetl. Por existencia de formularios En ocasiones el ejercicio del derecho de petición queda sujeto a la exigencia de presentar la petición en una forma elaborada ex profeso por el órgano o servidor público. podemos anotar las contenidas en el Código Fiscal de la Federación. aunque no necesariamente la justifiquen. Adelantamos que este ordenamiento sólo es aplicable a los asuntos de carácter fiscal. pudieron ser afectados). la presencia del riesgo. incluso. Por supuesto. Aquí debe ponderarse que en tanto la situación de peligro (la emergencia propiamente dicha) no sea controlada. es una causa evidente para soslayar el principio constitucional de que la petición se formule por escrito. dedicado a los derechos y obligaciones de los contribuyentes. es probable que quienes ven amenazados sus más preciados bienes dirijan palabras altisonantes e incluso insultos a los servidores públicos. pues existen servidores públicos que se encargan de orientar a los peticionarios y de verificar que se cumpla con los requisitos necesarios para que la respuesta pueda ser dada en plazos razonables. Será la autoridad administrativa encargada de sancionar tales faltas o infracciones quien ponderará los hechos y. En fechas recientes. ante la inminencia del riesgo o afectación. no puede negarse que tal práctica permite agilizar la labor de los entes estatales. el artículo 18 establece los requisitos inherentes a las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales: a) estar firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello. a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar. en el número de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su caso
buena fe que caracteriza a las instituciones de servicio público y que por desgracia son objeto en ocasiones de la incultura de unos cuantos.28
Es preciso señalar que en algunas circunstancias. 3.
. En este cuerpo normativo encontramos que en el título segundo. permite que se soslaye (aunque sólo parcialmente) la condición de que sea el peticionario quien redacte en sus propios términos la solicitud. que sin estar contemplada en una norma legal ni estar justificada por alguna circunstancia de urgencia. y únicamente vale la pena mencionar que la jurisprudencia se ha decantado por considerar tal circunstancia como no violatoria del texto constitucional.
en adición a los requisitos establecidos en el artículo 18 ya mencionado líneas atrás. el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para recibirlas. para el efecto de fijar la competencia de la autoridad. datos y documentación. El texto del artículo 34 es el siguiente: “Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de diez días cumpla con el requisito omitido.unam. 3) describir las actividades a las que se dedica el interesado. con lo siguiente: 1) señalar los números telefónicos. se realizan a precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables”. La vigencia podrá ser mayor cuando deriven de un procedimiento amistoso. // La validez de las resoluciones podrá condicionarse al cumplimiento de requisitos que demuestren que las operaciones objeto de la resolución. si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada. solicitudes de inscripción o avisos al Registro Federal de Contribuyentes. El artículo 34-A establece: “Las autoridades fiscales podrán resolver las consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones.ésta requiera. en su caso. en operaciones con partes relacionadas. 3) señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. para las que no haya forma oficial. 2) el nombre. siempre que el contribuyente presente la información. el documento que se formule deberá presentarse en el número de ejemplares que señalen las autoridades fiscales y tener por lo menos los siguientes requisitos: 1) constar por escrito. en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente para ello. Estas resoluciones podrán derivar de un acuerdo con las autoridades competentes de un país con el que se tenga un tratado para evitar la doble tributación. 2) señalar los nombres.mx. la promoción se tendrá por no presentada.juridicas. deberán cumplir. las autoridades fiscales deberán acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario. // La validez de las resoluciones que recaigan sobre las consultas aplicables a residentes en el extranjero podrán estar condicionadas al cumplimiento de requisitos de información que se soliciten por las autoridades fiscales en las citadas resoluciones. 4) indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo. 4) en su caso. en el ejercicio inmediato anterior y hasta por los tres ejercicios fiscales siguientes a aquel en que se soliciten. del contribuyente y el de los autorizados legalmente para recibir las notificaciones. direcciones y el Registro Federal de Contribuyentes o número de identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero. podrán surtir sus efectos en el ejercicio en que se soliciten. Quedan excluidos de este procedimiento: las declaraciones. en los términos del artículo 64-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 de este Código”. en los términos de un tratado internacional de que México sea parte. de todas las personas involucradas en la solicitud o consulta planteada. Se prevé en el mismo numeral que cuando no se cumplan tales requisitos.55 Cuando no existan formas aprobadas. y la clave que le correspondió en dicho registro. // La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará anualmente las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior. necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. así como acompañar
http://info4. la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes. En el numeral 18-A se señala que las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales en las que se formulen consultas o solicitudes de autorización o régimen en los términos de los artículos 3456 y 36-bis del mismo ordenamiento. de su resolución favorable se derivan derechos para el particular.
. 5) señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción. // Las resoluciones que en su caso se emitan en los términos de este artículo.
señalando los periodos y las contribuciones objeto de la revisión. EL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LAS AUTORIZA NO VIOLA LA GARANTÍA DE PETICIÓN CONSAGRADA EN EL ARTICULO 8O. 22a. Así. y 8) indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las entidades federativas coordinadas en ingresos federales. En caso de que el promovente no subsanare la omisión en dicho plazo. 7) indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido planteados ante una autoridad fiscal distinta a la que recibió la promoción o ante autoridades administrativas o judiciales y. p. los dispositivos mencionados establecen algunos de los requisitos que deben contener. Madrid. En forma similar al artículo 18 se advierte en el texto legal que cuando no se cumplan tales requisitos se requerirá al promovente a fin de que en un plazo de diez días cumpla con el o los requisitos omitidos. pero también significa tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. que éstos no contravenían el texto constitucional:
FORMAS OFICIALES EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. que tiene una connotación más amplia que petición. la promoción se tendrá por no presentada. haciendo las diligencias conducentes para su logro. Aquí debe atenderse que en el texto legal comentado utiliza el vocablo promoción. ed. y promotor(a): que promueve algo. 6) describir las razones de negocio que motivan la operación planteada. en su caso.30
los documentos e información que sustenten tales hechos o circunstancias. siendo reconocidas únicamente promovedor(a): que promueve.57 Podemos pues considerar que tratándose de peticiones. La Segunda Sala de la Suprema Corte consideró. 2001. DE LA CONS-
Diccionario de la lengua española. el sentido de la resolución. procurando su logro.
. se entiende que promover es iniciar o impulsar una cosa o un proceso. 1251. Cabe advertir que no se recoge la voz promovente. en el caso de los formularios hacendarios.. Real Academia Española.
53. Así se ha pronunciado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 1318. constitucional los particulares gozan del derecho de formular peticiones por escrito ante todo tipo de autoridades. como en el caso del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación que exige que las promociones se presenten en las formas que elabore y apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. etcétera. del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988. En tales supuestos debe entenderse que prima la celeridad en la actuación administrativa y allí encontramos la razón de que en muchas ocasiones se rechacen las peticiones por considerarse que faltan requisitos para que sea procedente. de la Constitución impone al gobernado la obligación de formular por escrito su petición. solicitud de permiso para constituir una sociedad. que el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación disponga que las peticiones se formulen en formatos elaborados por la Secretaría de Hacienda en modo alguno contraría la garantía de petición constitucional. 19/92. por escrito. el derecho a no utilizar determinados formatos para la formulación de sus solicitudes./J.31
TITUCIÓN. el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación no viola la garantía constitucional de petición al establecer la obligación de que los contribuyentes formulen sus peticiones en las formas impresas que elabora y aprueba la mencionada secretaría. en breve término. GSJF8. volumen V. sin que el texto de ese precepto constitucional establezca adicionalmente en su beneficio. FORMALIDADES Y REQUISITOS”. t. p. o en el colmo. visible en la página 2140 de la segunda parte.
De conformidad con el artículo 8o. EL INTERÉS JURÍDICO EN LA PETICIÓN
58 Vale preguntarnos ¿es suficiente respuesta que se devuelva el formulario con una anotación que diga documentación incompleta.58 puesto que la obligación que impone el precepto constitucional al servidor público consiste en la recepción de la petición. DERECHO DE. sino que requiere la adopción de un acuerdo que se haga del conocimiento del peticionario. Ello no obsta para que se trate en todo caso de una vulneración al derecho constitucional de petición. Consecuentemente. y los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación correlativa de dictar.
Pleno. con una equis cruzando el formulario? Como veremos. faltan requisitos. 14. lo que implica una fundamentación o motivación que no se satisface en tales supuestos. el acuerdo que corresponda a la petición del gobernado y hacérselo saber en un término breve.
. La garantía constitucional de mérito no puede interpretarse en el sentido de que el peticionario pueda dejar de cumplir las formalidades y requisitos que establezcan las leyes. Por tanto. El artículo 8o.mente. de rubro: “PETICIÓN. misma que no se juzga apriorística. puesto que con ello no se obstaculiza el derecho del gobernado ni tampoco impide que la autoridad respectiva cumpla con la obligación correlativa de comunicar al interesado en breve término. tesis P. el acuerdo que recaiga sobre su petición. 233
Aunque los casos se pueden multiplicar: petición de pasaporte. petición de copias de registros públicos. mayo de 1992. ni tampoco en el sentido de que no esté obligado a utilizar los formatos que ex profeso se elaboren. el acuerdo dictado debe ajustarse al principio de legalidad constitucional.
siempre que el perjuicio sea actual y directo. que el acto reclamado le perjudique materialmente. bien por ser atentatorios de sus derechos como gobernados.32
Los tribunales federales han definido el interés jurídico. el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. no puede sin embargo decirse lo mismo respecto de los medios impugnativos dispuestos en el ámbito administrativo en favor de quienes pretendan atacar los actos de la administración pública que estimen irregulares. para considerar que una persona tiene tal interés. que la Ley de Amparo toma en cuenta.60 INTERÉS JURÍDICO. Por lo tanto. que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad. p. SJF8. en México. tratándose del juicio de amparo. título o derecho protegido por la ley. p. 581. 117. 60 Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. sino que esté relacionado con alguna causa. SU NOCIÓN EN MATERIA DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. núm. julio a diciembre de 1990. aunque éstas no sean titulares de derechos subjetivos 21
Asimismo se ha señalado que los conceptos interés legítimo e interés jurídico tienen en el derecho la misma connotación. El Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito señaló:
59 Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. se ha producido una evolución hacia un concepto más amplio del interés jurídicamente protegido. Es decir. a partir de la noción de titularidad de un derecho subjetivo afectado por un acto de la autoridad. la noción de perjuicio. VI. segunda parte-2. 3o. una situación calificada. t. tan restringido que se agote en el derecho subjetivo o que excluya. privado o público. los tribunales han interpretado reiteradamente los artículos 4o. en el sentido de exigir que el promovente del juicio sea titular de un derecho subjetivo afectado directamente por el acto de autoridad. tesis: VI.59 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. de entre los sujetos aptos para intentar la impugnación en sede administrativa. y en el ASJF 1917-1995. para la procedencia del juicio de garantías. como en otros países influidos por los principios del contencioso administrativo francés. Nota: esta tesis también aparece publicada en la GSJF. t. a quienes carezcan de un derecho perfecto. por tanto. y 73 fracción V de la ley de la materia. el interés jurídico está determinado por el reconocimiento legal de un derecho. J/26. pues es menester que la existencia de ese interés no sea meramente subjetivo. VIII. faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. A tal respecto vale la pena revisar la interpretación que se desprende de las siguientes tesis:
INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. p. en su favor. p. diciembre de 1991. 852. SJF8. Las leyes administrativas no suelen consagrar un concepto limitado o estrecho de “interés jurídico”. de la Ley de Amparo. no es suficiente. De acuerdo con el artículo 4o. 581. para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado. t.
. 556. materia común. VI. segunda parte. SU CONCEPTO. hasta comprender en él a las personas colocadas en una situación calificada y diferenciable del resto de los habitantes de una comunidad. Aun cuando es exacto afirmar que tratándose del juicio de garantías. diciembre de 1991. ni menos la sola aseveración del quejoso en el sentido de que su interés está perjudicado. tesis 852. El concepto de interés jurídico abarca los intereses que derivan de un derecho o de una situación de hecho con efectos jurídicos que por la ley o por alguna causa legítima corresponden a quien se presenta como afectado por un acto de autoridad. bien por ser violatorios de las normas de derecho objetivo de cuya puntual observancia deriva. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico.
19 de la Ley Federal de Radio y Televisión (establece la obligación de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente el otorgamiento de una concesión en favor de un solicitante). ya no se ocupa del derecho subjetivo. según la Enciclopedia del idioma de Martín Alonso. por ejemplo. Escriche señala que legítimo es “lo que es conforme a las leyes. diferenciable. 46 de la Ley de Adquisiciones. actual y directo. bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas. los artículos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la participación de sociedades y agrupaciones autorales en la fijación de tarifas). La segunda categoría. acciones o recursos. t. de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ya derogada. aludían a la necesaria existencia de un interés jurídico para acudir al juicio ante dicho tribunal y que el juicio sería improcedente contra actos que no afectaran el “interés jurídico” del actor. bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas.EL DERECHO DE PETICIÓN
Los conceptos jurídico y legítimo tienen gramaticalmente el mismo contenido. cabe precisar que los artículos 33 y 71. llamado legítimo en otras latitudes) propio de las personas que por gozar de una posición calificada. diversas normas administrativas conceden a estos sujetos instancias. aparte de la semántica entre una palabra y otra. y es en ese contexto que este tribunal no encuentra diferencia. debe examinarse el concepto de “interesado” frente a una triple distinción: el interés como derecho subjetivo. Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de licitación pública) y 151 de la Ley de Invenciones y Marcas (da la acción de nulidad para remediar incluso la infracción de normas objetivas del sistema marcario). enero a junio de
. se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo. por legítimo se tiene “a lo que es conforme a las leyes” y jurídico tiene un significado de lo que se hace “con apego a lo dispuesto por la ley”. para quienes resulta de la unión de las siguientes condiciones: un interés exclusivo. las palabras que forman parte de una disposición legal deben interpretarse y aplicarse acordes al contexto de esa norma jurídica.238
El Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito delineó los elementos que conforman el interés jurídico al distinguirlo del interés legítimo o de grupo y el interés simple:
INTERÉS JURÍDICO. no exclusivo. lo que está introducido. Se admite que no son las definiciones gramaticales la única base con la que cuenta el juez para decir el derecho. SUS ACEPCIONES TRATÁNDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.61
Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito. Segunda Parte-1. desean que las leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento sólo previene la denuncia o acción popular. SJF8. en tanto que la ley vigente hace referencia a un “interés legítimo” lo que nos lleva a afirmar que basta que se consideren afectados quienes acuden al juicio para que éste sea procedente. confirmado o comprobado por alguna ley” y de jurídico dice que es “lo que está o se hace según forma de juicio o de derecho”. como cualquier miembro de la sociedad. el interés legítimo o de grupo y el interés simple. Por último. sino simplemente del interés jurídicamente protegido (generalmente grupal. el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley. y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. poco estudiada. Para examinar la procedencia de los medios de impugnación previstos en las leyes administrativas. V. en la tercera categoría se hallan los interesados simples o de hecho que. fracción V. 124 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (dispone la audiencia en favor de las agrupaciones de trabajadores interesados en permisos para ejecutar maniobras de servicio particular). La primera de tales categorías ha sido frecuentemente delineada por los tribunales de amparo.
tratándose del derecho de petición.
. SJF6. 62 Segunda Sala. dado que el texto constitucional no señalaba más requisitos que la forma escrita y la formulación pacífica y respetuosa. t. de la Constitución. p. la misma Segunda Sala había considerado que “la circunstancia de que el quejoso tenga o no derecho a lo que pide. que no señala más condiciones que las de que la petición se formule por escrito. no había razón para argüir la necesidad de comprobar el interés jurídico:
Es inexacto el argumento de que el derecho de petición que consagra el artículo 8o. no exime a las autoridades de cumplir con lo establecido en el artículo 8o. constitucional esté supeditado a que el peticionario compruebe el interés jurídico que le asiste en relación con el objeto de su petición. así
1990. 264. de manera pacífica y respetuosa. ya que la garantía que entraña el mencionado precepto sólo está condicionada a que se ejercite por escrito y de manera pacífica y respetuosa. 25. 62
Aunado a lo anterior debe considerarse que el texto constitucional no garantiza que el ejercicio de este derecho imponga a la autoridad la satisfacción plena de la solicitud. Previamente. LXXVII tercera parte. p.34
La Segunda Sala consideró que.
el juzgador se sustituiría indebidamente a aquélla.65 Es evidente que la buena fe. Civitas. p. 1983. por ello resulta necesario detenernos en el alcance que tiene en el ámbito del ejercicio del derecho de petición. del ASJF 1917-1985. t. que debe ser por escrito.EL DERECHO DE PETICIÓN
como la de que sean ciudadanos de la República quienes ejerciten ese derecho en materia política”. 767. 64
En términos generales podemos afirmar que el interés jurídico no es un requisito exigible para la admisión de una petición. Nosotros queremos enfatizar la afirmación de la Segunda Sala en la tesis arriba citada. p. Segunda Sala. no limita ese derecho sino en cuanto a la forma de su ejercicio. si acaso fuere exigible. en el sentido de que el interés jurídico. de la propia disposición constitucional dimana el interés jurídico del solicitante para reclamar la falta de acuerdo y respuesta a su petición. consecuentemente. pero al menos con cierta lógica. SJF5. del Código Civil español. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo.
V. estatuir la obligación de las autoridades de acordar por escrito las solicitudes que se les dirijan y de hacer conocer el acuerdo al peticionario. en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. como derecho público subjetivo. el cual dispone que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. o sea. Este autor remite al artículo 7o. En cuanto al cumplimiento de requisitos que la ley señala para obtener una autorización. determinó que el mandato constitucional no queda subordinado a la procedencia o fundamentación de la petición. 353. 116. BUENA FE Y DERECHO DE PETICIÓN Se alude al principio de buena fe en diversos apartados de este trabajo. lo cual es materia de la decisión correspondiente. t. octava parte. Al reconocer el artículo 8o. El citado precepto legal. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. Madrid. y. pp. Como suscribe González Pérez. Y el condicionamiento a la existencia de tal elemento vulnera el ejercicio del derecho de petición consagrado constitucionalmente.damentación de la solicitud. ha consagrado como garantía individual. 20 y
21. pero en manera alguna lo subordina a la procedencia o fun. impone al peticionario el desarrollo de una
. dimana del propio texto constitucional. SJF5. y por lo mismo. y que debe entenderse que el interés jurídico dimana de la misma disposición constitucional:
PETICIÓN. máxime cuando la cuestión planteada se limita a la falta de acuerdo y respuesta y no a una resolución denegatoria de la solicitud. Jesús. constitucional el derecho de petición. la facultad de las personas para elevar solicitudes a las autoridades. consecuente con el régimen representativo y democrático adoptado en el país. en tanto principio general de derecho. p. CXX.63 La misma Segunda Sala. el principio de la buena fe es exigible en los actos jurídicos. en 1953. Una solución ingeniosa. pacífica y respetuosa. sino a través de la resolución que sobre esa cuestión dictara la autoridad responsable. porque de otra manera. desde la visión de la Constitución como carta fundamental de la República y por ende fuente originaria de todo el sistema jurídico. la circunscribe a los ciudadanos. 65 González Pérez. es cuestión que no podría tratarse en el juicio constitucional. Nota: esta tesis integra la jurisprudencia 208. y en materia política. CXV.
legalidad. En relación con la buena fe de las instituciones del sistema jurídico. En cita a Guasp apunta: “todos los campos del derecho estatal son clima propicio como cualquier otro. señala que la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía. los límites derivados del principio general de buena fe son límites que provienen de la que debe ser conducta normal. celeridad. y en breves palabras acota que “mientras el que abusa del derecho simplemente lo violenta. y en especial los que establecen ciertos lineamientos para definir alcances de la misma. Es el criterio de reciprocidad el que aparece como nota diferenciadora de la buena fe. el que defrauda el derecho lo que hace. Sin embargo. No se cumple con la garantía que consagra el artículo 8o.
. 27 y 28. Y es más. en su calidad de órgano del poder público que se presume que obra de buena fe. en realidad. constitucional.67 En México. ya que la autoridad es digna de crédito por la potestad federal. la presencia de los valores de lealtad. honestidad y moralidad que su aplicación comporta es especialmente necesaria en el mundo de las relaciones de la administración con sus administrados”. dictando el acuerdo correspondiente a la petición. 37. la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. sino que es necesario hacérselo saber en breve término al peticionario. sino que es en este ámbito donde adquiere mayor relevancia. p. Así. porque no dice qué disposición legal
Ibidem. En todo caso. es estafarlo”. El autor en cita distingue los extremos involucrados cuando afirma:
mientras los límites en el ejercicio del derecho cuya infracción determina el abuso del derecho son límites derivados de la conciencia social de una época (son límites objetivos a las facultades que integran el contenido del derecho impuesto por las costumbres y apreciaciones de la época). al desarrollo de esta verdadera patología de lo jurídico.36
conducta normal. La buena fe de las instituciones Como advierte González Pérez. carece de sustentación legal. pp. ella se da en el seno de los dos principales elementos que conjuga la relación jurídica estatal: la autoridad y el súbdito”. hay una referencia implícita a límites impuestos por criterios morales y sociales dominantes. en su numeral 13. Ibidem. la Segunda Sala había recordado los alcances de esta buena fe al señalar en julio de 1958:
PETICIÓN. DERECHO DE. publicidad y buena fe. eficacia. y a continuación confirma: “en efecto. Normal en cuanto no debe incurrir en alguna irregularidad que implique una actitud que atente contra el tráfico jurídico: sea en forma de fraude a la ley o sea como abuso del derecho. debemos señalar los criterios sostenidos por los tribunales federales mexicanos. recta y honesta respecto de las personas con las que se está en relación. el principio general de la buena fe no sólo tiene aplicación en el derecho administrativo. y el argumento en el sentido de que no está obligada la autoridad responsable a justificar que ha hecho saber en breve término al peticionario el acuerdo recaído a su solicitud. tal apreciación no es suficiente para explicitar el concepto de buena fe y las definiciones que puede entrañar en el ámbito jurídico. 24.66
junio de 1996. p. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.3 K. número 86-2. 19. III. p. y cuya función será la de eliminar la desconfianza que pueda darse entre el peticionario y el órgano o servidor al que se dirige.2/95. p. 71 Primera Sala. SJF8. CXXVII. p. t. No me resisto a transcribir la idea que plantea González Pérez a este respecto:
La aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la administración no va a exigir más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto
Segunda Sala. 72 Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 855.71 y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito agregó que goza de fe pública. tesis: XIX. pueden ser cubiertos con posterioridad. SJF6. p. SJF5.1o. p. SJF5. XIV. en 1956. t. tesis: P. julio de 1994. cabe concluir que los requisitos que señalan los incisos a) a k). 73 Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito./J 2/95. Segunda Sala.
. improcedencia 269/96.68
Anteriormente. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE FÁBRICAS DE. SJFG9. 591. contradicción de tesis 12/93.3o. t. t. tesis VI. 65. por lo que las autoridades deben dar facilidades a los solicitantes de una licencia para instalar una industria. 9. febrero de 1995. tercera parte.EL DERECHO DE PETICIÓN
concede fe plena a las simples aseveraciones de las autoridades.69 Criterio que reiteraba en sus términos el dictado en noviembre de 1955:
PAN. IV.73 En otros criterios jurisprudenciales los órganos jurisdiccionales federales han considerado al amparo como “una institución de buena fe”. t. 666. t. tesis por contradicción P. Apareciendo del artículo 21 reglamentario que el único documento que debe anexarse a la solicitud de licencia de funcionamiento es el croquis con el cual se comprueba que el establecimiento en cuestión se encuentra dentro de la distancia que el propio precepto señala. CXXVI. Véase GSJF. t. 315.74 2. 632. 70 Segunda Sala. la Primera Sala señaló el carácter del Ministerio Público “como institución de buena fe”. el mismo órgano jurisdiccional había señalado: “no hay que olvidar que las funciones del gobierno son de buena fe y de servicio público”.20 P.70
En una amplia serie de tesis. XIII. XCII./J. t. el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito reiteró tal condición de institución de buena fe con facultades constitucionales para practicar las averiguaciones previas necesarias al esclarecimiento de los hechos posiblemente delictuosos. 283. 2244. p. La conducta de buena fe Es precisamente este principio de buena fe el que debe obrar en la relación que resulte del ejercicio del derecho de petición. GSJF8. p. X. t. SJF5. en virtud de que no hay que olvidar que las funciones gubernamentales son de buena fe y de servicio al público. SJFG9. SJF8. a fin de que llenen los requisitos indispensables y no dictar órdenes terminantes que hagan imposible el cumplimiento de los reglamentos gubernativos. 74 Pleno. Amparo directo 232/92. 86-2. Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. octubre de 1992. del mencionado dispositivo legal. septiembre de 1996.72 En tal tesitura. p. p.
que se declaró infundado. t. Confianza en fin.38
persiga. el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito considera que
es claro que no obra con tal buena fe quien oculta hechos o datos evidentes.
Los tribunales mexicanos han señalado las conductas que se consideran atentan contra el principio de buena fe. como en el presente caso lo hace la recurrente. p. legítima confianza de que no se le va a imponer una prestación cuando sólo superando dificultades extraordinarias podrá ser cumplida. en el que sólo aparezca en forma original el nombre y la firma de la recurrente. En interpretación del concepto de buena fe contenido en el artículo 3o. la Segunda Sala ha señalado que
debe considerarse. en el momento ni en la forma más inadecuados. 187-192. Tercera Sala. en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la propia administración y frente a otros administrados. sexta parte. para los efectos de la determinación de la mala fe. 177. sino que tampoco va a utilizar a la administración para obtener en su beneficio resoluciones contrarias a la buena fe de otro ciudadano. Y en que los actos van a ser respetados en tanto no exijan su anulación los intereses públicos. con la finalidad de entorpecer o dilatar el juicio. bis de la Ley de Amparo. no sólo no va a ser desleal con el comportamiento honesto de la administración. Los tribunales federales han suscrito criterios en que se da cuenta de ello. Así en materia de rectificación del nombre en el acta de nacimiento ha señalado que
Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito. ni cuando ya no era concebible el ejercicio de la potestad administrativa. pues tal conducta denota que la recurrente sólo interpuso el recurso. que es muy anterior a aquella fecha. Ni antes de que lo exijan los intereses públicos. SJF7. la circunstancia de que el escrito mediante el cual se interponga el recurso.75
En el ámbito de las actuaciones judiciales. y en tal ocurso sólo se citen los preceptos legales relativos a la competencia de la Tercera Sala para conocer de amparos en contra de sentencias definitivas. lo que constituye mala fe. La aplicación del principio de la buena fe. al tenor de lo que se asienta en el diccionario de Escriche en que se precisa que hay mala fe cuando se falta a la sinceridad y reina la malicia (sic). razonablemente. de tal forma que al promoverse este recurso la disconforme obró con falta de sinceridad. SJF7. y a las propias necesidades públicas.
. p. por otra parte. en atención a sus circunstancias personales y sociales. la buena fe de la administración frente al ciudadano consiste en la confianza de que éste. Como ha dicho Sanz Moreno. t. mas omite el lapso que se le señaló para justificar haber impulsado el procedimiento. 199-204. Ni en un lugar en que.76
Son diversos los supuestos en que se evidencia la necesidad de revisar la intención del peticionario. comportará la confianza de la administración en que el administrado que con ella se relaciona va a adoptar un comportamiento leal en la fase de constitución de las relaciones. pues recalca la fecha en que se le notificó la radicación del amparo. cuarta parte. Confianza. 107. no cabía esperar. en que en el procedimiento para dictar el acto que dará lugar a las relaciones entre administración y administrado no va a adoptar una conducta confusa y equívoca que más tarde permita eludir o tergiversar sus obligaciones. sea un ejemplar mimeografiado o fotocopiado. Y en que no le va a ser exigido en el lugar.
a los ciudadanos. t. 77
Pueden encontrarse casos en la jurisprudencia nacional en los que el exceso de buena fe.EL DERECHO DE PETICIÓN
el juzgador debe fundar cuidadosamente su resolución. LXVI. examinando minuciosamente las pruebas rendidas. y dada la expresa universalidad de los derechos humanos consagrada por el artículo 1o. que al presentársele una solicitud para que practicara reconocimiento aduanal. constitucional. al no encontrar “discrepancia entre la documentación que le fue exhibida y el reconocimiento de embarque anexado a la solicitud y que por lo mismo actuó de buena fe”.78 Y aquí vale recordar. 27. Tercera Sala. al menos formalmente. Como hemos mencionado. 187-192. 99. 316. excluye siempre el dolo. el caso de un vista aduanal.. en algunos sistemas jurídicos el derecho de petición corresponde. relacionándolas unas con otras y apreciándolas en su justo y merecido valor. Al practicarse un segundo reconocimiento aduanero se descubren ciertas inexactitudes que son suficiente indicio para sancionársele administrativamente en cuanto responsable del ilícito de contrabando. ¿puede pertenecer a otros que a los miembros del cuerpo social? Chapelier. sexta parte. esta parte casi activa que puede tomar cada ciudadano en los asuntos generales del gobierno. al rey o a los administradores públicos sobre asuntos de administración o de organización . esta especie de iniciativa del ciudadano en orden a la ley y a las instituciones. SJF5. p. con el propósito de verificar si efectivamente la solicitud de rectificación responde a esa necesidad o. p. le comprometió en sanciones administrativas. se trata de un mero capricho del solicitante. Esta concepción ha encontrado cabida en casi todos los ordenamientos constitucionales contemporáneos. la negligencia o la impericia”. SJF7. en fin. en una interpretación más restrictiva y aplicada al ámbito civil. si contraría o no la moral o. Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. SJF7. y no tan sólo a los ciudadanos mexicanos. no examinó las mercancías que amparaba la misma. en cambio. el derecho de petición se entiende reconocido a todos los habitantes de la República. p. La raíz de tal fenómeno la encontramos en la idea de que con el avance de los derechos humanos. verificando asimismo si su intención es de buena o mala fe. sesión del 9 de mayo de 1791 en la Asamblea Constituyente.79
VI. por parte del servidor público. pero no excluye la imprudencia. t. sexta parte. t. El derecho de petición. Así.. LA CIUDADANÍA Y EL DERECHO DE PETICIÓN El derecho de petición es el que tiene el ciudadano activo de expresar sus opiniones al Legislativo. Witker ha señalado que
el hecho de que una persona sea considerada extranjero responde a su adscripción a un territorio y a un Estado como
Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. que la Tercera Sala había señalado que “la buena fe en el obrar. si puede causar perjuicio a tercero.
. hoy día importa más la persona humana que el ciudadano. 89. En nuestro país.
en el contexto de la globalización y tomando en cuenta la paulatina eliminación de fronteras fomentada por los procesos de integración económica. Esto último se lleva a cabo a través de las responsabilidades que se le atribuyen al ciudadano y entre los que destacan la afirmación de lealtad hacia el Estado o comunidad política que otorga este estatus. desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.81
En nuestro ordenamiento constitucional. Derechos de los extranjeros. asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país. y que son en todo caso derechos políticos. y el 38 señala los supuestos en que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden. Tratándose del de petición se encuentra una excepción: el supuesto del ejercicio del derecho de petición en las materias políticas. sin embargo. el 35 reafirma tal
Witker. el pago de impuestos y el servicio militar.80
Por supuesto. es decir como sujeto titular de derechos y obligaciones. creemos que lo que debe entenderse es que únicamente se reafirma en forma general el derecho de petición en materia política. 2000. lo que supone también estar sujeto a ciertas obligaciones y acceder a un régimen de protección específico por parte de la comunidad política que otorga este estatus. y la concepción del ser humano como tal. en la actualidad. México. teniendo la calidad de mexicanos. el artículo 34 señala que son ciudadanos los varones y mujeres que. Jorge. En el 36 se describen las obligaciones del ciudadano. edición clásica 2001. en cuyo supuesto por mandato constitucional se restringe su ejercicio. entre las que destacan: votar en las elecciones populares. Cámara de Diputados. y ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Respecto al concepto de ciudadanía. 3. un contenido político.micronet. La característica fundamental de la ciudadanía es que intenta combinar la libertad del sujeto en el devenir de su vida privada con la contribución individual a un fin público que es el de la cohesión de la comunidad. las limitaciones que se consideran justificadas son aquellas relacionadas con el ejercicio de derechos que corresponden con la calidad de ciudadano. UNAM. una situación muy común. reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. se autoriza solamente a los ciudadanos mexicanos. Las prerrogativas de tal condición se expresan en el artículo 35. poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión teniendo las calidades que establezca la ley. p.40
„nacional‟. ésta se entiende como el
conjunto de derechos y garantías que se ofrece a los miembros de una determinada comunidad. Sin embargo. Enciclopedia Multimedia Micronet.es. http:// www. por estar prófugo de la justicia. durante la extinción de una pena corporal. Si en el 8o. entre los que destacan: por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal. En la lectura atenta del artículo 35. a contar desde la fecha del auto de formal prisión. se sobrepone a las consideraciones de nacionalidad. se limita el ejercicio de petición y se reconoce sólo a los ciudadanos mexicanos. Voz ciudadanía. y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. pareciera que el ejercicio del derecho de petición queda reservado al ciudadano mexicano. dado que una lectura reflexiva del contenido de las prerrogativas nos arrojará como resultado que todas tienen una índole cívica. la movilidad de personas en territorios de diversos Estados es.
nota 258. Witker ha señalado que los derechos políticos. 32. Los asuntos que los afecten y el contenido de las
. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de: A. p. Consideramos que en forma extensiva el recluso puede enviar peticiones a los representantes legislativos con alguna petición que esté referida a una nueva legislación penitenciaria.85
82 Por ejemplo. dado que se encuentren en suspenso sus derechos cívicos. trátese de familia.82 La limitación opera claramente en materia política y la doctrina se ha inclinado por considerar lo político. en los términos fijados por la Constitución federal. En el segundo grupo se ubican los derechos de comunicación con el exterior.83 Señalamos antes lo discutible de que sean precisamente ciudadanos.EL DERECHO DE PETICIÓN
limitación y establece como prerrogativa de los ciudadanos mexicanos el ejercicio del derecho de petición en toda clase de negocios. 85 Y para muestra basta revisar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas. en nuestra opinión. De igual forma para desempeñar empleos o cargos públicos”.84 o las organizaciones de menores que sin ser todavía ciudadanos exijan de las representaciones legislativas la adopción de determinadas normas que les protejan o beneficien. 39 40. sin embargo. No es difícil encontrar supuestos en los cuales quienes acuden a informarse o incluso a impulsar (esto es distinto a iniciar) un proceso de formación de normas pueden ser habitantes que no ostenten la calidad de ciudadanos. sin más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros. así como el acceso a instancias internas o externas. 20 de agosto de 1931) se establecía que los extranjeros no debían inmiscuirse en las actividades políticas privativas de los ciudadanos del país en que se encuentre. México. sociedad o cualquier otro. si lo hacían. como todo aquello que tenga relación con los procesos de elección de autoridades. Peláez Ferrusca. crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven. Cámara de Diputados. En términos limitativos así lo señalan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 83 Witker. Se ha señalado que la protección dispensada a los internos en virtud de su situación de encierro se traduce en derechos internos preventivos e internos ejecutivos. los que puedan participar en los procesos de formación de leyes. Jorge. UNAM. análisis. adoptadas en Ginebra en 1955 y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988. Derechos de los internos del sistema penitenciario mexicano. es decir aquellos reservados a quienes cumplen con la calidad de ciudadanos. escuela. 84 Hemos revisado que en ningún momento los reclusos pierden el derecho a dirigir peticiones. Se ha considerado dentro de lo que puede entenderse como materia política lo relativo a los procesos de formación de leyes y la adopción de medidas ejecutivas que correspondan a las facultades discrecionales del presidente de la República. p. formación y funcionamiento de partidos políticos y organizaciones que pretendan influir en la toma de decisiones por parte del poder público. quedaban sujetos a las sanciones previstas legalmente. les “faculta para participar en la toma de decisiones relativas al gobierno de su país (cuestiones políticas). Niños y Adolescentes que en sus artículos 30. Niñas. 38. ya sea en la elección de representantes. Este mismo principio ha quedado plasmado en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte. niños y adolescentes tienen derecho a ejercer sus capacidades de opinión. 10. op. como sería el caso de los sentenciados y recluidos en algún régimen penitenciario. cit. o como representantes de elección popular. lo cívico. 41 y 42 establece mecanismos de participación de estos sectores de la población. Debemos recordar que el texto constitucional es tajante al señalar en su numeral 33 que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Mercedes. en la Convención sobre condiciones de los extranjeros (DOF. esto es discutible. Artículo 41. 2000. 26. Destacan las siguientes disposiciones: Artículo 39..
Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad.42
resoluciones que les conciernen. B.
es la de que en materia política sean solamente los ciudadanos de la República Mexicana quienes podrán ejercer el derecho de petición.
Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. tal hipótesis no queda excluida en el precepto constitucional. no incurren.
. pero ello no implica la prohibición de ejercitar el derecho de petición ante las autoridades de índole política. TAMBIÉN EN MATERIA POLÍTICA PROCEDE. la intromisión a los asuntos políticos del país por parte de los extranjeros podría dar lugar a la aplicación de sanciones legales o la expulsión basada en el artículo 33 de la propia Constitución. por ese solo hecho. ni el de soslayar el derecho de respuesta que asiste al peticionario. DERECHO DE. constitucional establece en su primer párrafo: “Los funcionarios y empleados públicos. es incorrecto que el a quo haya desechado. la única excepción que se consigna. Derechos del pueblo mexicano. Así lo considera el siguiente criterio jurisprudencial: PETICIÓN. en una violación a la ley. a efecto de mejor proveer a la satisfacción o cumplimiento de la petición hecha. y pese a que puede considerarse que encierren aspectos políticos así como las posibles respuestas. la limitación constitucional no debe entenderse tajantemente. Andrade Sánchez al comentar el artículo 8o. pero la autoridad no está obligada a responder. Eventualmente. la idea expresada por Andrade Sánchez es un poco desacertada: el órgano público debe responder siempre. 205-216. El artículo 8o. de manera pacífica y respetuosa. 359. la demanda de amparo por estimar que la no respuesta reclamada encierra derechos políticos y respecto de los cuales.86
Consideramos entonces que la limitación constitucional debe entenderse como una disposición disuasoria que justifica en todo caso que el acuerdo que recaiga a la petición tenga por objeto la comprobación de la calidad específica de ciudadano al peticionario. aun en aquellos asuntos de índole cívica. 264
Es interesante encontrar que lo que se establece en este criterio es la certeza de que. misma que ha sostenido que en los supuestos en que el derecho de petición en materia política sea ejercitado por menores de edad o por ciudadanos extranjeros. siempre que éste se formule por escrito. Es decir. el peticionario tendrá siempre derecho a obtener una respuesta al ejercer el derecho de petición. por notoriamente improcedente. El texto constitucional al establecer la limitación en materia política únicamente expresa el ánimo del constituyente.EL DERECHO DE PETICIÓN 43 Pero en todo caso. pero la limitación se refiere principalmente al contenido de la respuesta y no al ejercicio mismo del derecho de petición. la autoridad judicial no debe intervenir. SJF7. no existe un derecho de respuesta. pp. Así. no hay posibilidad legal de que la obligación desaparezca. aun tratándose de cuestiones que encierran cuestiones políticas. por la satisfacción de las peticiones que provengan de ciudadanos mexicanos. Por tanto. p. tal y como lo deduce el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el criterio anterior. Esto resulta importante si revisamos la doctrina. constitucional. en el sentido de no permitir el ejercicio del derecho de petición. el derecho de respuesta siempre se garantiza por la
Comentario al artículo 8o. sexta parte. pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República”. por ende. respetarán el ejercicio del derecho de petición. constitucional ha señalado:
Si un extranjero o un menor de edad formularan una petición a la que no tienen derecho por carecer de ciudadanía. si a las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo se les atribuye no haber dado respuesta a las solicitudes planteadas. ciertamente se limita el derecho de petición en materia política. 905909. Así. Conforme al precepto en comento. México a través de sus Constituciones. t.
que no se queja de violaciones de derechos políticos. y en su escrito de revisión. SJF5. porque hay que considerar que al haber solicitado el quejoso aquella nulidad de elecciones. NO DA LUGAR AL AMPARO. mayo de 1996. constitucional. de allí se infiere que el amparo es procedente contra una resolución o declaración de un Colegio Electoral que no sea en materia de elecciones. no es más que el reconocimiento al derecho del ciudadano de que se le haga saber el acuerdo recaído a su solicitud de procuración de justicia. 87
Finalmente. porque no se trata de violación de garantías individuales. por no haber contestado el memorial del quejoso. en ejercicio de funciones políticas. por un distrito.88
Consideramos que se trata de un uso desafortunado del término ciudadano. por estimarlo improcedente. tal afirmación debe verse matizada por la interpretación en contrario que da la Segunda Sala en el siguiente criterio:
ELECCIONES PARA DIPUTADOS FEDERALES.2o. hasta en tales casos. 6739. t. de la ley orgánica relativa. sin que esto signifique injerencia alguna al monopolio de la acción penal. solicitando se declararan nulas las elecciones para diputado al Congreso Federal. ni menos notificado el acuerdo. constitucional es suficiente criterio para considerar que el ejercicio del derecho de petición. t.4 P. no corresponde únicamente a los
Segunda Sala. tesis: XVIII. cuando. y que mucho más clara aparece la procedencia del juicio de garantías. como es no contestar a una solicitud para que hiciera una declaración relacionada directa y exclusivamente con la realización de derechos de la misma índole. garantizado por el artículo 8o. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. pues si la protección federal se pide contra actos de un Colegio Electoral. p. del artículo 73. salvo el relativo a la materia cívica. según la fracción VII. sino simple y sencillamente contra el hecho de no haber acordado el ocurso del quejoso. y tiene aplicación la jurisprudencia de la corte que dice que la violación de derechos políticos no da lugar al amparo. pues aunque dicho quejoso manifiesta en su demanda. 656. sino de la del derecho de petición. Sin embargo. III. Además como hemos mencionado debe atenderse a que la universalización que hace el artículo 1o. es notoria e indudable la improcedencia de la demanda de garantías. sostiene que para que el amparo sea procedente. si fue promovido contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. se necesita que se trate de una resolución o declaración del Colegio Electoral. no cabe duda de que ejercitó un derecho esencialmente político. no se promueve contra resolución o declaración del Colegio Electoral. en funciones de Colegio Electoral. de la Constitución Federal. SJFG9. incurre en violación a lo preceptuado en el artículo 8o. en materia de elecciones. Es correcta la decisión del Juez de Distrito respectivo que tuvo por no interpuesta la demanda de amparo. como en el caso.Constitución. hay que señalar que el único criterio en que se ha dado el señalamiento de que el derecho de petición está relacionado con el carácter de ciudadano del peticionario. LXXIX. Si el representante de la sociedad omite notificar al ofendido su determinación de no ejercitar la acción penal. y la omisión en dar respuesta a esa solicitud no es más que un acto derivado del ejercicio de ese derecho.
. LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE NULIDAD DE. dado que se trata de la única referencia que se encuentra en la jurisprudencia nacional. lo anterior. lo emitió en mayo de 1996 el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito:
MINISTERIO PÚBLICO. p.
. ya que el interés en materia política sólo puede existir en los titulares de derechos políticos. Este último señalamiento se entiende para los supuestos en los que los peticionarios dirigen una solicitud a funcionarios mexicanos desde el exterior o radicados en el extranjero. tiene derecho a combatirlos mediante la vía consagrada por la misma Constitución. Y en nuestra opinión. pues la correcta interpretación de la ley fundamental debe descansar en un criterio jurídico. Sin PETICIÓN tales supuestos la vulneración del derecho de petición queda sujeta a algunos principios constitucionales: a) Los extranjeros que dirijan solicitudes a los miembros de representaciones mexicanas.ciudadanos mexicanos sino a todos los habitantes de la República. Juventino V. De acuerdo con este último. contra la arbitrariedad estatal. esta expresión debe comprender tanto a quienes son ciudadanos y además a quienes posean la calidad de mexicanos sin ser ciudadanos. Sobre la crítica entre la utilización del vocablo ciudadano y no el de mexicano o nacional.89
b) Los mexicanos90 en cualquier caso gozarán tanto del derecho de petición como del de respuesta ante los funcionarios o servidores públicos adscritos a representaciones mexicanas en el exterior. podemos aventurar.
. POR TODOS LOS QUE CAEN BAJO LA ESFERA JURÍDICA DEL ESTADO MEXICANO AUN CUANDO SE ENCUENTREN EN TERRITORIO EXTRANJERO. Así constituye aberrante contradicción pretender. p. cit. t. con el resultado de que si el peticionario no tiene constancia de que se le ha negado la aceptación de una solicitud de visado. sexta parte. e incluso. en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución. Castro. se ha expresado: “. El principio es simple: se reciben solicitudes. consulados y otras representaciones EL DERECHO DEembargo. que los actos del Estado mexicano engendran consecuencias jurídicas en relación con un individuo y por la otra impedir que éste los impugne con los medios que el mismo Estado ha establecido con vista a cumplir. aunque físicamente su persona no se encuentre dentro del territorio nacional. PROCEDENCIA DEL AMPARO. de manera tal que los actos emanados del mismo producen efectos jurídicos en la persona o en su patrimonio y ella los estima atentatorios de las garantías individuales. tampoco puede iniciar el juicio constitucional por vulneración o acudir en el recurso administrativo que proceda. pero en ningún momento se expide al peticionario constancia de recibo de la misma. habiendo nacionales —como son el menor de edad y el que tiene suspendidos sus derechos políticos—. que carecen de los derechos que examinamos correspondientes únicamente a los ciudadanos”. como pudiera ser el personal de embajadas.. en beneficio de los particulares. y conforme al texto constitucional. De conformidad con el artículo 1o.se critica el que el artículo 8o. tal excepción no se entiende en los supuestos en los que se trata de ejercer bajo la forma de una petición. una tarea de autocontrol. Las interpretaciones hasta aquí revisadas pueden concretarse en la afirmación de que en el sistema jurídico
Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito.. Esta práctica es muy común en los supuestos en que se solicita una visa o permiso para entrar en territorio nacional. el derecho a la administración de justicia. constitucional. SJF7. que consagrando la dignidad del individuo trata de protegerla. Por supuesto. La postura contraria se opone al espíritu mismo de la carta magna. mediante el juicio de amparo. no gozan de un derecho de respuesta.. hable de que en estos casos sólo puedan hacer uso del derecho los ciudadanos. op. cuando una persona por cualquier razón cae dentro de la esfera jurídica del Estado mexicano. debe atenderse que en 45 mexicanas. Tal postura la podemos derivar de la decisión del Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito que en noviembre de 1971 señaló:
GARANTÍAS INDIVIDUALES. a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos. y es bien sabido que éstos corresponden al ciudadano y no al nacional. p. Sostener que una demanda de amparo debe desecharse porque fue presentada cuando se encontraba el quejoso en territorio extranjero. conforme al artículo 1o. por una parte. nota 20. 35. Pero la observación no es justa. que es contrapuesto al de „extranjeros‟. en vez de utilizar el término de „nacionales‟. lo cual es equivocado.. mismo que se encuentra reservado. 106. es interpretar el mencionado precepto constitucional con un criterio físico-geográfico. 37. GOCE DE LAS. a quienes se encuentran fuera de ésta.
mexicano el ejercicio de un derecho de petición se extiende universalmente a todos los individuos. uno de los más completos y actualizados del país: http://www. En este supuesto. En todo caso. Este fenómeno. 148. sin mayor restricción que aquéllas que pudieran derivarse del uso de ciertos elementos tipográficos o la previa utilización del nombre con que pretende abrirse la nueva cuenta. Para una visita a las páginas de las dependencias e instituciones mexicanas se recomienda el uso del portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. que se reserva a los ciudadanos mexicanos. reciente en la praxis política y administrativa.273 Sin
273 La utilización del correo electrónico en la actividad jurisdiccional ha sido probada por la reciente admisión de un amparo por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. La voz web es abreviatura de world wide web.91
Aunque habríamos de matizar la utilización de los conceptos nacionales y ciudadanos. debe atenderse que la multiplicidad de ofertas de servicios gratuitos en Internet permiten que cualquiera pueda obtener una cuenta de correo electrónico utilizando el nombre o datos que más le interesen. Antonio. la bondad de tales principios queda entredicha cuando nos percatamos de que en ocasiones los peticionarios actúan en perjuicio evidente de tales presupuestos. Fue creado en Suiza por investigadores del CERN (Centre Européen de la Recherche Nucléaire) al investigar un sistema de hipertexto e hipermedia.mx 93 Para muestra basta acudir a cualquier página de las que ofertan cuentas de correo electrónico gratuitas y abrir una con los más variados datos. y es definido como un sistema lógico de acceso y búsqueda de la información disponible en Internet.. que plantean figuras cercanas pero jurídicamente diferenciadas. Por cuanto hace al derecho de petición será preciso determinar cuándo efectivamente debe considerarse que quien presenta una petición es realmente quien dice ser. como modalidad del derecho a la participación. cuyas unidades informativas son las páginas web. Sin embargo. Caso distinto será el supuesto de notificación por esta vía electrónica del acuerdo recaído a la petición. La Internet (International Net) se define como la red informática de computadoras que se conectan entre sí en un ámbito mundial para participar de información (servicios de noticias. derivado del uso cada vez más generalizado de la firma electrónica y del uso de elementos personales en las comunicaciones. en nuestro país aún deben perfeccionarse algunos tópicos.juridicas. seguimos a García Cuadrado cuando afirma que
las legislaciones que reconocen el derecho de petición únicamente a los nacionales es porque lo consideran como forma de participación política del ciudadano. y otro tanto supone la actuación de los gobernados. nota 9. aclaraciones o peticiones.
.93 Ciertamente la función pública goza de un principio de buena fe. quizá porque se da por sobreentendido el derecho a no ser perseguido por las peticiones realizadas a los poderes públicos como una simple concreción de la libertad de opinión. solicitado por el retraso excesivo de la Sala Político-Administrativa del
García Cuadrado. p. LA PETICIÓN HECHA POR CORREO ELECTRÓNICO Puede advertirse que en la actualidad muchos órganos estatales presentan información sobre sus actividades en páginas web92 y a la vez exhiben las direcciones electrónicas a las que los usuarios pueden hacer llegar comentarios. documentos interconectados creados por un usuario de Internet y accesibles a todos los demás. op. Seguramente en un futuro próximo las comunicaciones electrónicas otorgarán un estado de certidumbre total. correo electrónico.unam. con la excepción de la materia política. etcétera). VII. y que revisaremos en el siguiente apartado dedicado al derecho de respuesta. Mientras en otras latitudes los órganos o servidores públicos tienen una probada práctica en la presentación de peticiones en vía electrónica. plantea serias interrogantes en relación con el correcto funcionamiento de las instituciones en estudio. cit. transferencia de ficheros. Es conocida como red de redes.
// Iván Rincón Urdaneta // El vicepresidente. permitirían realizar operaciones como pagos de tasas. el juez deberá recogerla en un acta” (subrayado añadido).gov.765 y el segundo.htm 274 Internet brinda oportunidades únicas para acercar los órganos y servidores públicos a los ciudadanos. en el que se aplica una definición de documento (sustento en el que se entregan las pruebas en los juicios) PETICIÓN EL DERECHO DE que es bastante amplia. cualquier medio 47 puede servir de prueba.454.tsj. Es decir que el acuerdo puede ser válidamente dado a conocer sin que represente mayor perjuicio para la función pública. núm. Tomado de http://www. sino que.148 del 28 de febrero de 2001. llevado ante la Sala Plena bajo el número 843. En ellas las entidades públicas pueden transmitir información sobre sus actividades. por constituir no sólo un hecho notorio la existencia del Internet como medio novedoso y efectivo de transmisión electrónica de comunicación. aquí. ni tempestivamente ni fuera del lapso prescrito al efecto. Eso sin contar el desarrollo de los derechos políticos: sufragio o derecho de iniciativa legislativa. crear listas de suscripción con temas de interés que transmitan con mayor facilidad los avances de las instituciones del Estado. el TSJ aceptó la solicitud. pues la respuesta puede evidenciar la necesidad de que el peticionario se identifique a satisfacción o en su defecto acuda personalmente para concretar el contenido de la petición. la precitada solicitud debe declararse inadmisible. // Dada. dictada por la Sala Constitucional señala: “Mediante correo electrónico dirigido en fecha 9 de julio de 2000 a la página web de Internet de este Tribunal Supremo de Justicia. personal o mediante apoderado. y no tan sólo a ellos sino a todos los que accedan a las páginas web. // Único // Esta sala por interpretación progresiva del artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales admite que. del 9 de abril de 2001. reza el artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: // "La acción de amparo es gratuita por excelencia. limitándola a casos de urgencia y a su ratificación. en tal caso. // El presidente-ponente. esta Sala embargo. del 29 de abril de 2001. a los 09 días del mes de marzo del año dos mil uno. por la supuesta violación de su derecho de petición. Ello es así con el fin de no limitar el derecho al acceso a la justicia del accionante. el ciudadano Oswaldo Álvarez. materiales audiovisuales y las nuevas tecnologías como Internet‟”.shtml La sentencia 523. deberá ser ratificada personalmente o mediante apoderado dentro de los tres (3) días siguientes. // Ahora bien. la posibilidad de que en la actualidad se haga
una petición por este medio no debe entenderse como obstáculo al respeto que le merece al órgano o servidor público en términos del precepto constitucional. las fotos. titular de la cédula de identidad número 4. En los Estados
. y esto incluye a los faxes. siendo el primero de ellos llevado ante la Sala Político Administrativa bajo el número 13.ve/Decisiones/scon/Abril/523-090401-002317%20. actuando en su propio nombre. según reza la sentencia”. // Publíquese y regístrese. en donde se le da inclusive valor probatorio a dichas transmisiones. declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Oswaldo Álvarez. // magistrado // El secretario. aranceles y otros tributos. 1204 sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. La nota informativa. También procede su ejercicio en forma verbal y. Para su tramitación no se empleará papel sellado ni estampillas y en caso de urgencia podrá interponerse por vía telegráfica. Debe recordarse que en algunos supuestos el ejercicio del derecho de petición o la respuesta del órgano o servidor público determinan temporalmente el ejercicio de acciones de índole jurisdiccional. // Decisión // En razón de lo antes expuesto. así como solicitar información de las instituciones. conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales‟. // Ahora bien. ¿Cómo garantizar seguridad jurídica a los involucrados? Los tribunales pronto empezarán a conocer de litigios que tengan tales características y habrán de inclinarse por alguna solución. y así se decide. “esta situación pudo ser posible por la modificación del Código de Procedimiento Civil.621.eluniversal. visto que no consta en autos que la acción de amparo a que se ha hecho referencia y que fuere interpuesta por vía de Internet haya sido ratificada en la forma prevista en la norma supra transcrita. quien con tal carácter suscribe el presente fallo. y más interesante todavía. ejerció acción de amparo constitucional por la omisión de pronunciamiento respecto a dos expedientes que cursan ante este alto tribunal. dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción. se dio cuenta en sala del presente expediente y se designó ponente al magistrado Iván Rincón Urdaneta. y la solución que se pretende dar a las comunicaciones electrónicas choca con tales supuestos. De ser así. dicho medio se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico venezolano por el reciente Decreto Ley núm. firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 37.máximo órgano jurisdiccional del país en decidir sobre unos expedientes. „Con este sistema. publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. por la omisión de pronunciamiento respecto a dos expedientes que cursan ante la Sala Político Administrativa y Sala Plena de este alto tribunal.com/2001/04/29/29607AA. Años: 190° de la Independencia y 142° de la Federación. señala: “Para sorpresa de muchos. 00-2317. Archívese el expediente. En opinión de juristas consultados. // El 3 de agosto de 2000. dentro del medio telegráfico a que hace alusión dicho articulado. No puede alegarse esta incertidumbre en cuanto a la identidad del peticionario. aunque posteriormente la desechó por „no haber sido ratificada dentro de los tres días siguientes a la fecha de interposición de la solicitud electrónica. // Jesús Eduardo Cabrera Romero // José Manuel Delgado Ocando // magistrado // Antonio García García // magistrado // Pedro Rondón Haaz. administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley. Consulta en la página http:// noticias. además. pueden contar con foros de discusión para escuchar las opiniones de la población. como en muchos ámbitos jurídicos se hace camino al andar214
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. // José Leonardo Requena // Exp. está incluido el Internet como medio posible de interposición de la petición de amparo constitucional.
gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad.Society que busca mejorar la vida y educación de los ciudadanos mediante el uso de la red. en su caso. el escrito podrá ser dirigido a: Presidencia de la República // Residencia Oficial de los Pinos // Puerta 1// Col. de la Constitucional federal. se aclara que “el utilizar el servicio de correo electrónico de la presidencia es independiente al ejercicio del derecho de petición” y se indica a continuación el texto del artículo 8o. presione aquí si desea hacer uso del correo electrónico de la presidencia de la República.mx) nos permite observar cómo el Ejecutivo federal se ha adaptado a las nuevas épocas al incorporar un servicio de correo electrónico a través del cual se pueden enviar mensajes. integridad y conservación y. y que conlleva un reconocimiento al derecho de acceder a la red.
. es un buen ejemplo de los esfuerzos que se hacen ya en la materia. Asimismo se prevé que tanto los programas como demás aplicaciones electrónicas.
bién conocida como Comisión INTERNET. por medios electrónicos. desde el inicio. LA PÁGINA WEB DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Una visita a la página web de la presidencia de la República (www. Tampoco debe soslayarse la denominada Declaración de Derechos de Internet. dado que.presi.
Puede verse así que el derecho empieza a solventar algunos de los problemas que puede plantear el uso de nuevas tecnologías en las relaciones entre el gobernado o administrado y los órganos estatales. edad o lugar de residencia”. quedando excluido el ejercicio del derecho de petición. San Miguel Chapultepec // Delegación Miguel Hidalgo // C. sin discriminación de sexo.2: “Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las administraciones públicas. aprobada en diciembre de 1999 por la Comisión de Redes Informáticas del Senado Español. El mismo ordenamiento establece que los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerce.Unidos de América. eliminando los obstáculos que impidan el acceso de todos los ciudadanos a tal red y facilitando la participación de todos los españoles”. o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios. informáticas y telemáticas que vayan a utilizarse por las administraciones públicas para el ejercicio de sus potestades. tam-
En España. los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos.
VIII. informáticos o telemáticos por las administraciones públicas. informáticos o telemáticos con respecto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento”. // Una vez leído lo anterior. Esto redundará en una mayor certidumbre para quien acceda a tales trámites. condición. El segundo es la directiva E.dencia.gob. la recepción por el interesado. El primer artículo de esta declaración señala: "Todas las personas tienen el derecho fundamental de acceder libremente a la red. habrán de ser previamente aprobados por el órgano competente. así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por éstas u otras leyes. la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala en su artículo 45. Nótese que se trata de mensajes. Aunque dedicado al ámbito español. La ventana concluye con el siguiente mensaje:
Una vez cumplidos los anteriores requisitos. P. En una última precisión se señala que los documentos emitidos
cualquiera que sea su soporte. el vicepresidente Al Gore anunció la puesta en marcha de dos proyectos: uno denominado directiva EGovernment que pretende acercar toda la información gubernamental a los ciudadanos a través de Internet. 11850. El segundo impone obligación al Estado: “Corresponde a los poderes públicos establecer las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas en la red sean una realidad. características físico-psíquicas. quien deberá difundir públicamente sus características.
recalcamos que en estricto sentido no se consideran los mensajes recibidos por este medio como peticiones a tenor del contenido del artículo 8o. b) Por comunicación telefónica: con la Coordinación de Atención Ciudadana. 10) Persona de la tercera edad. 35) Corrupción. EL DERECHO DE PETICIÓN 49 • Organización a la que pertenece (se indica: “Si es usted miembro de una organización. 28) Personas con discapacidad. 12) Cultura. 13) Defensa nacional. 25) Migrantes. 2) Ambiente. 19) Gobierno. 5) Defensa del consumidor. sino simplemente como comunicaciones que no merecen la protección del dispositivo constitucional. 8) Comercio.000 caracteres. • Dirección de correo electrónico (a efecto de recibir una confirmación electrónica de la recepción del mensaje por parte de la presidencia de la República). 2) Ciudadano(a). 3) opinar en contra de una posición. 3) Ciudadano(a) extranjero^). 26) Mujer. 7) Ciencia y tecnología. 27) Seguro social (IMSS). unión. 10) Constitución. 6) Asuntos sociales. ¿cuál es el nombre completo de la organización y cuál es su relación con ésta (ejemplo: miembro. 15) Economía. trabajo.menor de 18 años. 22) Juventud. 11) Créditos. 6) Indígena. Se señala que en tales oficinas se ofrece asesoría y se puede entregar por escrito una petición. 13) Servidor(a) público(a)). constitucional. d) En una manifestación pública: en tal supuesto se señala que deberá acudir a ella un representante de la Coordinación de Atención Ciudadana. y 8) hacer una propuesta). 4) ofrecer un comentario neutral. 36) Plan Nacional de Desarrollo). 34) Denuncia de servidores públicos. • Texto del mensaje en menos de 10. 29) Salud. 7) Joven . 32) Vivienda. • Asunto principal del mensaje. • Tema general del mensaje (las opciones a escoger son: 1) Agricultura. 5) Estudiante de preparatoria o universidad. 17) Educación.La página en la que se redacta el mensaje contempla los siguientes campos: • Nombre de quien envía el mensaje.
. 8) Jubilado(a). 30) Transporte. 24) Mexicanos en el extranjero. 6) extender una invitación. 3) Ciudadano(a) mexicano(a) en el extranjero. afiliado. 4) Asuntos internacionales. 23) Legislación. 9) Comunicaciones. c) Por correo tradicional: en cuyo caso deberá dirigirse al titular del Poder Ejecutivo o a la Coordinación de Atención Ciudadana. 2) opinar a favor de una posición. ciudadano)?”). 16) Tercera edad. 31) Tratados internacionales. aviso o sugerencia. grupo o país. Sin embargo. 12) Propietario(a) de pequeño negocio. ganadería o pesca. 14) e-México. 33) Otro. 20) Impuestos. • Afiliación o carácter en que se escribe a la presidencia (a escoger entre: 1) Analista político(a). 7) otro. 18) Energía. • Propósito o razón para escribir el mensaje (destacan entre las opciones a escoger: 1) felicitaciones o agradecimientos. 4) Empleado. 9) Militar. 5) preguntar acerca de una política administrativa. y podrá efectuarse la petición de manera verbal y entregarla por escrito al representante de esta coordinación. 3) Asuntos indígenas. 11) Profesional. asociación. “podrás comentarnos tu solicitud por este medio y enviarla por fax”. • Dirección postal (sólo en caso de desear una respuesta escrita por tal medio). En el caso de esta dependencia federal. 21) Justicia y crimen. su página web ofrece información sobre la forma en que se puede hacer llegar una petición ciudadana a la presidencia de la República: a) Personalmente: acudiendo a las oficinas de la Coordinación de Atención Ciudadana.
Después de capturarla la guardamos en nuestro archivo y a ti te enviamos un comunicado indicándote que la hemos recibido y. y en su caso. colonia o localidad. procurando hacerlo de forma clara. apellido materno. felicitación. d) Documentos legibles. se expresa que “el presidente de la República como jefe del Poder Ejecutivo. denuncia. Asunto: Deberás exponer tu petición (demanda. f) Firma o huella digital que avale el contenido. te señalamos qué dependencia se hará cargo de tu asunto. Legislativo y Judicial atención a cualquier asunto de su competencia y le garantiza al ciudadano una respuesta por escrito a la brevedad”. anexar documentación y/o firmas de apoyo. c) A quién está dirigida la petición: al presidente de la República. Su justificación en todo caso queda reducida a la elaboración de estadísticas concretas sobre el ejercicio del derecho de petición. entre otros). “el derecho de petición permite solicitar a los funcionarios públicos. atiende tu petición a través de la Coordinación de Atención Ciudadana. En una sociedad como la mexicana. Para obtener una audiencia es preciso solicitarla con anterioridad por alguna de las vías ya citadas. e) El asunto o motivo de la petición. Debe agregarse que en la citada página web se indican los requisitos exigidos para atender una petición hecha al presidente de la República a través de la Coordinación de Atención Ciudadana:
Para que tu petición sea atendida. No podremos atender aquellas peticiones que no incluyan: a) El nombre completo del demandante. queja. número. con tantas desigualdades económicas que tienen una triste traducción
. la analizamos para determinar si cumple con los requisitos anteriormente señalados. entidad federativa y código postal.
Es evidente que debiera indicarse que la inclusión de estos últimos datos tiene un carácter potestativo. deberás proporcionar los siguientes datos: Nombre completo: Nombre(s). respetuosa. La coordinación está interesada en saber quiénes son las personas que solicitan el servicio así que incluye tu edad y ocupación. periódicamente contactamos a la dependencia involucrada para informarnos del estado que guarda tu solicitud. opinión. la capturamos en un Sistema de Control y Gestión que nos facilita su búsqueda y seguimiento. Asimismo. si es el caso. quien te da respuesta y te informa de las gestiones que se realizan sobre tu solicitud”. de los poderes Ejecutivo. Tu nombre y domicilio son necesarios para enviarte una respuesta. Vale agregar que para la presidencia de la República. Domicilio: Indicar calle. Si tu petición está completa.e) Por audiencia: ante la Coordinación de Atención Ciudadana. lo que de suyo contraviene el texto constitucional. hasta la intercesión para detener la construcción de una autopista o un aeropuerto en terrenos ejidales. Si es necesario. hasta que se nos indique que el trámite ha concluido. ¿Qué se hace con la petición después de recibida? En la página web se advierte:
Una vez que la petición ciudadana está en nuestras manos. Puedes incluir número telefónico y/o dirección de correo electrónico. ya que la redacción actual los hace aparecer como obligatorios. municipio o delegación. que van desde la solicitud de construcción de una cancha deportiva. Después de esto. pacífica y lo más breve posible. apellido paterno. o donde puedas recibir correspondencia. b) El domicilio para recibir contestación. el seguimiento de tu petición.
Hemos incluido esta última referencia al derecho de petición por la evidente importancia que ha tenido y tiene en la actualidad la figura del presidente de la República al solicitar gracias y favores.
p. De ahí la decisión de referirnos a las EL DERECHO DE PETICIÓN 51 peticiones que se le dirigen. t. la figura presidencial siempre ha guardado un papel protector y ha sido la última opción en no pocos litigios. SJF8.en el acceso a la justicia o en la participación en los proyectos de desarrollo de determinados grupos sociales. o en la petición de apoyos para trasladar cuerpos o pedir mayor seguridad. Lo mismo se acude en solicitud de becas que en búsqueda del reconocimiento de la autoría de un lienzo.
. 252. V segunda parte-1. enero a junio de 1990.
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References: artículo 1
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