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Timestamp: 2020-06-06 13:14:42+00:00

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Dialnet DerechoALaPruebaYRacionalidadDeLasDecisionesJudici 668796 (1) | Evidencia (ley) | Teoría de la justificación
referente a derecho procesal civil, articulo de revista
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S_TS_4_11_2010
Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales*
Una de las intuiciones más ampliamente compar- tidas acerca del derecho es que una de sus funcio- nes principales es dirigir la conducta de los destina- tarios de sus normas. Así, se supone que lo que se pretende al promulgar normas jurídicas es que sus destinatarios realicen o se abstengan de realizar determinadas conductas, por ejemplo, pagar im- puestos, matar, conducir por la derecha, etc. No desconozco la presencia entre el material ju- rídico de disposiciones que no expresan prescrip- ciones y que, por tanto, no dirigen directamente la conducta de nadie. Sin embargo, creo que puede decirse que la presencia de prescripciones entre ese material jurídico es consustancial a la idea de derecho. Tampoco sostengo que la única preten- sión que puede tener el legislador para dictar nor- mas prescriptivas es dirigir la conducta de los des- tinatarios. Por supuesto, puede tener otras motivaciones políticas, como por ejemplo otorgar a la normativa dictada un carácter más bien simbóli- co, etc. En cualquier caso, sin embargo, creo que, de forma general, puede sostenerse como principal la pretensión de motivar la conducta. Si esto es así, conviene partir de esa intuición fundamental para determinar la función que cumple el proceso judicial en el esquema general de fun- cionamiento del derecho. Acordarán conmigo que no habré aportado nada a la cultura jurídica común si digo que el proceso judicial tiene como función principal la determinación de la ocurrencia de de- terminados hechos a los que el derecho vincula de- terminadas consecuencias jurídicas y la imposición de esas consecuencias a los sujetos previstos por el propio derecho. Esto es, la función del proceso es la aplicación del derecho. Pero, aunque esta parezca una verdad banal, tie- ne importantes implicaciones teóricas respecto de la determinación judicial de los hechos. En efecto, ello conlleva que deba sostenerse que, prima facie, son las descripciones de esos hechos las que se incorporan al razonamiento judicial a los efectos de la aplicación de las normas (en este sentido, cfr.
• Una versión previa de este trabajo fue expuesta en la VI setti- mana di studio sui diritti del uomo: Ragionevolezza e diritti, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo en junio de 2002. Agradezco a todos los asistentes que me ayudaran a mejorar esa versión previa. También debo, como siempre, gratitud a Manuel Cachón, Bruno Celano, Josep L1uis Martí, Michele Taruffo y José Juan Moreso.
Alchourrón y Bulygin, 1989, p. 313; Bulygin, 1995, p. 22). De otro modo, los ciudadanos no tendrían ninguna razón para comportarse conforme con lo prescrito por el derecho. En otras palabras, sólo si de alguna forma es la descripción de las conductas de los destinatarios de las normas lo que se incor- pora al razonamiento judicial, esas conductas resul- tarán relevantes para la aplicación de las conse- cuencias jurídicas previstas en las normas; en caso contrario, si fuera el juez quien constituyera el an- tecedente fáctico de la aplicación de aquellas con- secuencias, no podría motivarse la conducta de los ciudadanos puesto que ésta resultaría irrelevante al efecto de esa aplicación 1 • Pues bien, es en ese marco donde es posible comprender en toda su amplitud el alcance del de- nominado right to proof. No es casualidad que en general se considere a ese derecho como una es- pecificación, un derivado, del derecho a la defen- sa 2 • Así lo expresa literalmente el artículo 24 de la Constitución española, que reconoce a todo aquél que es parte en un proceso el "derecho (oo.) a utili- zar los medios de prueba pertinentes para su de- fensa'. También se reconoce expresamente ese de- recho en el artículo 6.3 d) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 3 . En otros casos, aunque no se formula constitucionalmente de for- ma expresa un derecho a la prueba, la jurispruden- cia constitucional y la doctrina lo han derivado también del derecho a la defensa 4 .
1 Esta es, en cambio, la tesis de quienes sostienen que no puede decirse que un hecho está probado si no ha sido declarado como tal por un órgano judicial y, más aún, que decir que un hecho está probado es equivalente a decir que ha sido declarado probado por unJuez o un jurado. En ese sentido, puede verse, por ejemplo, Gimeno Sendra,
1988, págs.
100-101; Díaz Cabiale, 1992, pág. 62 Y Picó, 1996,
págs. 35 a 38. También la jurisprudencia constitucional española se manifiesta en esa línea. Cfr, por todas, las SSTC 97/1995,
246/1994, 30/1986. 3 Conviene señalar que el derecho reconocido en el Convenio
Europeo se refiere literalmente a la prueba testifical y al ámbito pe- nal. Sin embargo, la doctrina ha interpretado ese derecho como parte de una garantía genérica al due process y, en consecuencia,
lo ha extendido a todo
Denti, 1994, pág. 674; Picó, 1996, pág. 31; Velu, 1973, pág. 326; Walter, 1991, pág. 1195. También la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha acogido esa interpretación am- plia, por ejemplo, en la Sentencia del caso B6nisch (de 6 de mayo de 1985). 4 Así, por ejemplo, en Italia las primeros estudios que hacen refe- rencia al derecho a la prueba datan de los años 70 (vid., entre otros, Comoglio, 1970, págs. 148 ss. y Cappelletti-Vigoriti, 1971, pág. 637 s.). También la jurisprudencia de la Corte Costituzionale considera que el derecho a la prueba es parte esencial del derecho
tipo de pruebas y a toda jurisdicción. Vid.
es que el ciudadano tiene
derecho a "demostrar la verdad de los hechos en los que funda su pretensión" procesal (Taruffo, 1984, pp. 77-78)5. En otras palabras, el ciudadano tiene derecho a probar que se han producido, o no, los hechos a los que el derecho vincula conse- cuencias jurídicas. Sólo de este modo puede ga- rantizarse una correcta aplicación del derecho y, como argumentaré más adelante, una adecuada seguridad jurídica. Ahora bien, si esto es así conviene analizar más detalladamente en qué consiste ese derecho a la
prueba y las implicaciones que tiene respecto de la propia noción de prueba judicial. En particular, pre-
tendo sostener que ción racionalista de
culación entre prueba y convencimiento puramente psicológico del juez) es posible hacer efectivo el derecho a la prueba en todo su alcance y, consi- guientemente, también el derecho a la defensa. En este trabajo no desarrollaré un modelo de raciona-
lidad adaptado a las decisiones judiciales sobre los hechos, que será el objeto de la continuación de esta investigación. Sí quiero señalar, en cambio, que a pesar de que son posibles distintos modelos, creo que una exigencia mínima de la racionalidad
es que la decisión se base en razones
fiquen sobre la base de algún criterio intersubjetivo.
El problema de la vinculación entre la prueba y el
convencimiento o creencia
esa posibilidad de control intersubjetivo y, por tan- to, de aplicación de la racionalidad.
sólo a través de una concep- la prueba (que rechace la vin-
que la justi-
del juez es que niega
2. ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL DERECHO ALAPRUEBA
Conviene ahora analizar los distintos elementos definitorios en que puede descomponerse el dere- cho a la prueba. Hay que advertir que esos ele- mentos no son independientes entre sí: para que cada uno de ellos tenga sentido tiene que acompa- ñarse de los siguientes. 1) El primer elemento es el derecho a utilizar to-
das las pruebas de que se dispone para demostrar la verdad de los hechos que fundan la pretensión. Por supuesto, se trata de un derecho subjetivo que sólo puede ejercer el sujeto que es parte en un pro- ceso judicial. La única limitación intrínseca a la que está sujeto es la relevancia de la prueba propuesta. De este modo, podría reformularse el propio dere- cho para acoger únicamente la utilización de las pruebas relevantes a los efectos de demostrar la verdad de los hechos alegados. La debida protección de este derecho supone que
se imponga a los jueces
y tribunales el deber de
admitir todas las pruebas relevantes aportadas por las partes 6 . Es decir, deberán ser admitidas todas
a la defensa, reconocido, éste sí, expresamente por la constitución itayana. En esa línea, la Corte Costituzionale italiana ha manifestado que "es contrario a la garantía del derecho a la defensa la limitación de la búsqueda de la verdad" (S. C. Cost.146/1987, de 23 de abril) 6 Este es uno de los puntos cruciales en la protección del dere- cho: conviene controlar que el juicio de relevancia sobre las prue-
aquellas pruebas que hipotéticamente puedan ser idóneas para aportar, directa o indirectamente, elementos de juicio acerca de los hechos que de- ben ser probados (Taruffo, 1970, p. 54 ss.). Por otro lado, también supondría una violación del derecho
a la prueba la limitación a la posibilidad de aportar pruebas relevantes impuesta, no ya por el órgano
juzgador, sino legislativamente.
deben considerarse inconstitucionales aquellas li- mitaciones a la posibilidad de aportar pruebas que no resulten justificadas en la protección de otros derechos fundamentales en conflict0 7 • Finalmente, conviene tener en cuenta que el mecanismo legis- lativo de imponer presunciones iuris et de iure pue- de suponer también una forma disimulada de im- pedir ilegítimamente la prueba de un hecho relevante para la pretensión de una de las partes
(Goubeaux, 1981, p. 297). Convendrá pues, estu- diar la justificación de la imposición de una presun- ción que no admita prueba en contrario a la luz de una posible violación del derecho a la prueba. 2) El segundo elemento que integra el derecho a la prueba es el derecho a que las pruebas sean practicadas en el proceso. Resulta obvio que no
tiene sentido la sola admisión de los medios
prueba propuestos por las partes si ésta no va se- guida de una efectiva práctica de la prueba en el proceso. Así, se ha manifestado reiteradamente la doctrina (vid. Perrot, 1983, pp. 108 ss.; Taruffo,
1984, p. 92 s.; Picó, 1996, p. 21-22) Y también la jurisprudencia. El Tribunal Constitucional español, por ejemplo, ha dicho claramente que "el efecto de
la inejecución de la prueba es o puede ser el mis-
mo que el de su inadmisión
147/1987).
(oo.)" (STC
robusta del
derecho a la prueba no puede conformarse con
proceso. En ese sentido, deberá maximizarse
Cabe añadir que una concepción
de las partes a través del principio
dando en todo momento
da parte la oportunidad de contra-probar
lo ale-
gado por la parte contraria
(Taruffo,
1984, p. 98;
Picó, 1996, p. 22). 3) El tercer elemento definitorio del derecho a la prueba es el derecho a una valoración racional de las pruebas practicadas. Es habitual considerar que el derecho a la prueba no supone un derecho a un determinado resultado probatorio. Por ello, y por una exagerada devoción a la discrecionalidad del juez en la valoración de la prueba, no es extraño que la doctrina y la jurisprudencia considere, a me-
bas propuestas que debe realizar el órgano juzgador no sea utiliza- do como mecanismo indebidamente restrictivo que impida el ejerci- cio del derecho y, en consecuencia, altere el debido proceso. Al respecto, Vigoriti, 1970, pág. 97; Goubeuax, 1981, pág. 281 Y Ta- ruffo, 1984, pág. 78. Por supuesto, una prueba propuesta por algu- na de las partes puede ser relevante y, a pesar de ellos, superflua si el enunciado que afirma la ocurrencia del hecho que se pretende probar ya ha sido probado mediante otras pruebas. En ese caso, claro está, la inadmisión de la prueba superflua no supone violación alg,una del derecho a la prueba (Ferrua, 1994, pág. 494). En efecto, como ha señalado Taruffo (1984, pág. 80), la limita- ción de los medios de prueba admisibles puede conllevar un impe- dimento absoluto para la parte procesal de probar los hechos en los que funda su pretensión cuando las únicas pruebas de que dispo- ne son, precisamente, del tipo que legalmente no se considera ad- misible.
nudo, que el alcance del derecho a la prueba se
agota en los dos elementos anteriores. Sin embar- go, en mi opinión, esa limitación es manifiestamen-
te insatisfactoria.
Como ha señalado Taruffo (1984, p. 106), el re- conocimiento del derecho de las partes a que sean admitidas y practicadas las pruebas relevantes pa- ra demostrar los hechos que fundamentan su pre- tensión, es "una garantía ilusoria y meramente ri- tualista si no se asegura el efecto de la actividad probatoria, es decir, la valoración de las pruebas por parte del juez en la decisión". Esta exigencia de valoración racional de las pruebas puede descomponerse en dos elementos distintos: por un lado, se exige que las pruebas admitidas y practicadas sean tomadas en conside-
ración a los efectos de justificar la decisión que se adopte. Por otro lado, se exige que la valoración que se haga de las pruebas sea racional. La prime-
ra de las exigencias es a menudo incumplida a tra-
vés del recurso a la denominada "valoración con- junta de las pruebas" (Montero Aroca, 1988, p. 251; Picó, 1996, p. 28). Debe advertirse que, si bien una decisión sobre los hechos no puede realizarse sin
esa valoración conjunta, ésta no puede ser utilizada para evitar la valoración concreta de cada una de las pruebas aportadas. Es más, sólo después de valoradas individualmente las pruebas podrá
conjunta de las
mismas. Por ello, deberían ser considerados como violaciones al derecho a la prueba los supuestos en que algunas de las pruebas admitidas y practicadas no hayan sido tomadas en consideración en el momento de la decisión 8 . Por otro lado, está claro que no basta con tomar en consideración todas las pruebas admitidas y practicadas. Es necesario también que la valora- ción de las mismas, individual y conjunta, se ade-
cue a las reglas de la racionalidad 9 . Sólo así podrá entenderse que se respeta el derecho de las partes
a probar, esto es, a producir un determinado resul-
tado probatorio que sirva de fundamento a sus pre-
tensiones. Es más, sólo si se garantiza que los hechos probados a los que se aplicará el derecho han sido obtenidos racionalmente a partir de los
elementos de juicio aportados al proceso puede ga- rantizarse también un nivel mínimamente acepta- ble de seguridad jurídica.
el último elemento que permite debido al derecho a la prueba es
la obligación de motivar las decisiones judiciales.
Aunque es poco común hacer referencia a este as- pecto en términos de derecho subjetivo, no en-
hacerse con rigor una valoración
4) Finalmente, dotar del alcance
8 En cambio, el Tribunal Constitucional español ha declarado ex-
) La Constitución no garantiza el derecho a que
todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes del litigio
hayan de ser objeto de un análisis explícito y diferenciado por parte de los jueces y tribunales a los que, ciertamente, la Constitución no veda ni podría vedar la apreciación conjunta de las pruebas aporta-
da~ (
La valoración de la prueba en el ámbito jurídico puede estar su- jeta, ya menudo lo está, a otros tipos de reglas. En particular, con- viene no olvidar la existencia en buena parte de los sistemas jurídi- cos contemporáneos de normas de prueba legal o tasada, que indican al juez qué resultado probatorio debe extraer a partir de un determinado dato fáctico previo. En cualquier caso, lo que se dice en el texto está limitado al ámbito de la libre valoración de la prueba.
presamente que "(
) •. (Auto 307/1985).
cuentro razón alguna para no hablar de un derecho a obtener una decisión suficiente y expresamente
justificada (Taruffo, 1984, p. 112). En el ámbito del razonamiento sobre los hechos, esa justificación deberá versar tanto sobre los hechos que el juez declare probados como sobre los hechos que de- clare no probados. La obligación de motivar expresamente las deci-
siones judiciales ha sido
constituciones, como la española (art. 120.3), y también está presente en el artículo 6.1. del Con- venio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. No es extraño al planteamiento que presento en este trabajo que el Tribunal Constitucional español haya declarado reiteradamente (vid., por ejemplo, SSTC
14/1991, 55/1988 o 13/1987) que la obligación de motivar las sentencias expresa "la vinculación del juez a la ley". En otras palabras, está en relación
incorporada a algunas
la obligación del juez de aplicar el derech0 1O ,
es, a su vez, como fue señalado al inicio, la
función principal del proceso. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional y ordinaria no ha sido muy exigente a la hora de con- trolar la falta de motivación en materia de hechos probados. Tampoco la doctrina procesal mayoritaria ha ido mucho más allá 11 . Creo que ello es debido a dos tipos de razones: en primer lugar, a la falta de una teoría normativa que establezca algunos crite- rios de racionalidad que rijan en el ámbito de la li- bre valoración de la prueba. A falta de esos crite- rios claros, se tiende a maximizar el carácter libre de la valoración, su vinculación a la íntima convic- ción del juez 12 , la discrecionalidad judicial en mate-
10 Esa obligación de motivar las decisiones no ha sido, en cam-
bio, vinculada por la jurisprudencia constitucional
prueba, sino, de forma más general, al derecho a la tutela judicial
eflfftiva (vid., por todas, la STC 122/1991).
1 Sirva como muestra lo dicho recientemente por un importante
procesalista español: "no es exigible, ni legal ni racionalmente, que toda sentencia dé cuenta detallada del porqué de cada declaración de certeza positiva de un hecho (eso es la declaración de «hecho probado») (y, en su caso, muy raro pero posible, de las declaracio- nes de certeza negativa: certeza de la inexistencia de un hecho):
no es tampoco legal ni racionalmente exigible que se explique por- menorizadamente por qué unos hechos han sido considerados du- dosos (<<noprobados») pese al esfuerzo probatorio que haya podi- do desplegarse. No es razonable imponer a los órganos jurisdiccionales unos esfuerzos expresivos máximos, en cada sen-
tencia, que desconozcan la carga de trabajo (
) que sobre ellos
pesa y que resulten contrarios a impartir justicia a todos de manera
satisfactoria. Y tampoco parece razonable pedir que se exprese lo que pertenece a los internos procesos psicológicos de convicción, muchas veces parcialmente objetivables, sí, pero también parcial- mente pertenecientes al ámbito de lo inefable" Las cursivas son del aut9r. (De la Oliva, 2002, pág. 514).
1 Esta forma de entender la prueba ha tenido muy diversas ma-
nifestaciones a lo largo de la historia y tiene hoy una amplia difusión en la dogmática procesal yen la jurisprudencia. La idea del "íntimo convencimiento", en su versión actual, procede de la Francia post- revolucionaria (v., por ejemplo, la Ley 16-29 de septiembre de 1791, sobre procedimiento penal). Es destacable, por otra parte, que ya
en las fórmulas linguísticas
entender el modo de toma de decisiones acerca de los hechos. En este sentido, mientras que se aprecia un marcado matiz subjetivista en la "intime conviction", no es así en la fórmula alemana de la "Freie Beweiswuerdigung", que acentúa, en cambio, la libertad de la valoración de la prueba (frente a los sistemas de prueba legal). Fi- nalmente, la fórmula italiana del "prudente aprezzamento" parece subrayar la razonabilidad como guía a seguir por el juez en la valo- ración de las pruebas. Resulta especialmente significativa de la versión más subjetivista la presentación del sistema de libre con- vencimiento que lleva a cabo Couture (1942, pág. 146). quien sostiene que con esa fórmula el legislador le dice al juez: "Tú fallas como tu conciencia te lo diga, con la prueba de autos, sin la prueba
se traslucen
ria de valoración de la prueba (tendente a la arbi- trariedad cuando están ausentes los controles), etc. En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, se opera con una noción de prueba y de hecho probado marcadamente subjetivista que no distin- gue entre que un hecho esté probado y que haya sido declarado probado por un juez o un jurad0 13 .
3. LA NOCION DE PRUEBA EN EL DERECHO
los casos, por su asimilación al convencimiento
hechos ocurridos. Decir, entonces, que un (enun-
ciado que afirma la ocurrencia
del juez o del jurado
de un) hecho está
probado significa
ese hecho ha ocurrido.
continentales) 14.
de autos y aun contra la prueba de autos". Finalmente, puede verse un análisis de las distintas denominaciones del sistema de libre apreciación de la prueba en De Santo, 1988, págs. 613 ss. Hay que señalar, además, que a pesar de que la idea de la prue- ba como íntima convicción psicológica se apoya en muchas oca- siones en la teoría de la libre valoración de la prueba no está lógi- camente implicada por ésta. Wróblewski, por ejemplo, sostiene que "[I]a teoría de la libre valoración de la evidencia puede resumirse así: (a) el tribunal debería determinar la 'verdad objetiva (material)' y (b) para ese fin debería usar todos los medios para obtener el con- junto de enunciados de evidencia relevantes: (c) se valora la evi- dencia al margen de cualquier norma jurídica, de acuerdo con las reglas aceptadas por la ciencia empírica y la experiencia común". (Wróblewski, 1975, pág. 211. V. también Gascón, 1999, pág. 157
ss.~
Puede verse una crítica
a esa concepción en Ferrer, 2001,
pá~s. 86 ss. y ampliamente en Ferrer, 2002. • As í, sostienen que el objetil.U fundamental de la actividad probatoria es el de "convencer al juez de la veracidad de unos hechos que se afir- man existentes en la realidad" (Cortés Dominguez, Gimeno Sendra y Moreno Catena, 2000, pág. 231). Cabañas, por su parte, indica, muy claramente, que "(oo.) la palabra 'prueba' identifica (oo.) al (oo.) estado psi- cológico de convencimiento del juez sobre la veracidad de todos o algu- nos de los hechos alegados por las partes. En efecto, una afinnación de hecho no estará 'probada' (oo.) si finalmente (oo.) no excita en el juez la certidumbre de la realidad física del acontecimiento descrito en esa afir- mación" (Cabañas, 1992, pág. 21). En el mismo sentido, puede verse, por ejemplo, Guasp (1956, pág. 300-301) Y Miranda Estrampes (1997, pág. 45 ss.), quien incluye abundantes referencias bibliográficas adicio- nales. Por último ésta concepción ha sido acogida en alguna ocasión por el derecho positil.U español; así, dice el artículo 741 de la Ley de enjui- ciamiento criminal que: "El Tribunal, apreciando, según su conciencia las pruebas practicadas en juicio, las razones expuestas por la acusa- ción y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley." Este artículo ha sido interpretado durante décadas por el Tribunal Supremo español en clave subjetivista e irracionaJista, de lo cual es un buen botón de muestra la STS de 22 de diciembre de 1980, en la que se afinna que: "el artículo 741 de la LEC le atribuye [al Tribunal] una omnímoda y soberana facul- tad vaJorativade las pruebas practicadas, en las que no se admite jerar- quía ni preeminencia de unos medios probatorios sobre otros, y median- te lo cual, el dicho Tribunal, puede formar libremente su convicción respecto a los problemas fácticos que defiera el proceso de que se trate, sin supeditarla a criterio racional de sana crítica, lógico, o a cualquier otro
que no sea el de su recta e imparcial conciencia (
ejemplos, así como una propuesta interpretativa del artículo 741 LEC que pretende hacerla compatible con la obligación judicial de motivar los fallos, puede encontrarse en 19artua, 1995, pág. 34 ss. Más reciente- mente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (a partir de la STC 31/1981, de 28 de julio) ha ido introduciendo limitaciones a la interpreta- ción irracionaJista o subjetivista del artículo 741 LECr. Esa líneajurispru- dencial ha sido también acogida, aunque no llevada hasta sus últimas consecuencias, por el Tribunal Supremo, que ahora dice, por ejemplo, que: "(oo.) no basta la mera certeza subjetiva del Tribunal penal de que ha habido efectivamente una actividad probatoria de cargo de la que se de-
)". Este y otros
conceptual mente la
prueba de un hecho con la adquisición por parte del
en creer en la
ocurrencia de ese hecho. Por ello, no es de extra-
ñar que se debiliten las exigencias de motivación
de la decisión judicial en material de hechos. Como
dice expresamente De la Oliva (2002,
"parece razonable pedir que se exprese lo que per- tenece a los internos procesos psicológicos de con- vicción, muchas veces parcialmente objetivables,
sí, pero también parcialmente pertenecientes al ámbito de lo inefable". Lo único que podría exigir- se, en esa clave subjetivista, es que el órgano de- cisor exprese las causas que le han llevado a creer
presar las causas de una creencia, en el caso de
que pueda hacerse, es algo muy distinto de justifi- car una decisión. En mi opinión, en cambio, esta concepción no es capaz de dar cuenta del funcionamiento del meca- nismo de la prueba en el derecho. Varias son las
razones que lo impiden
Pero ex-
p. 514) no
juez del estado mental consistente
De este modo, se vincula
del hecho en cuestión.
a) En primer lugar, supone la imposibilidad con-
ceptual de considerar que el juez o el órgano deci-
sor sobre los hechos probados se haya equivocado.
Así, decir que un hecho está probado es igual a de-
cir que un determinado sujeto dotado de autoridad
cree que ese hecho ha ocurrido. Siendo
queda ningún criterio intersubjetivo que permita
el sujeto en cuestión se equivocó.
además, como ya fue dicho al inicio del
trabajo, no podrá mantenerse que el juez cumple una función aplicadora del derecho. Esa función
rrido y le aplica la consecuencia jurídica prevista
por el derecho. Pero, de ninguna forma se podrá sostener que el juez aplica el derecho si es él mis- mo quien constituye (inventa) los hechos del ca- S016. Por todo ello, esta concepción conlleva, en
mi opinión, la asunción de un realismo jurídiCO ra-
que el juez certifica que un hecho ha ocu-
dical. En ese marco, además, se reduce el alcance
del derecho a la prueba a un derecho a influir en el
convencimiento del juez, que es, por cierto, un de- recho bastante extraño.
b) En segundo lugar, es conocido que en muchas
ocasiones los jueces toman decisiones sobre los
duce la culpabilidad del procesado. La estimación en ••conciencia" a que se refiere el precepto legal no ha de entenderse o hacerse equivalente a un cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juzgador, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas o directrices de rango objetil.U, que aboque a una historificación de los hechos en ade- cuado ensamblaje con ese acerl.U, de maya- o menor amplitud, de datos acreditatil.US o reveladores, que haya sido posible concentrar en el pro- ceso. (oo.) •• Criterio racional" es el que va de la mano de la lógica, la
ciencia y la experiencia, dejando atrás la arbitrariedad, la suposición o la conAetura."(STS de 12 de noviembre de 1996).
, Una explicación más detallada de estos problemas puede ver-
se ~n Ferrer, 2002, cap. 111.
, Esto no quiere decir que, de hecho, los jueces y jurados no
tengan la pretensión en la mayoría de las ocasiones de averiguar qué es lo que realmente ocurrió. Supone únicamente que si decir que algo está probado es equivalente a decir que el juez lo ha de- clarado probado porque así se ha convencido, esa pretensión inicial resulta irrelevante conceptual y jurídicamente. En esa línea, Carne- lutti (1947, pág. 55) afirma que "Probar (oo.) no querrá decir ya de- mostrar la verdad de los hechos discutidos sino determinar o fijar formalmente los hechos mismos mediante procedimientos especí- ficos" (La cursiva es del autor).
hechos en contra de sus propias creencias 17 , cosa que no puede explicarse con la noción de prueba que se está analizando. c) Y, en tercer lugar, la creencia es, por definición,
independiente del contexto (Bratman, 1992, p. 3; En- gel, 1998, p. 143-144; Id., 2000, p. 3; Clarke, 2000, p. 36 ss.). Esto es, nuestras creencias son causadas por una multitud de factores y de informaciones y pueden
ir cambiando a lo largo del tiempo. Ahora bien, en un
momento cualquiera 't' podemos creer que 'p' o no creerlo, pero no podemos creer que 'p' con relación a
un context0 1 y creer que 'no-p' con relación a un con- text~. En otras palabras, nuestras creencias son siempre all things considered. No podemos, por ejem- plo, creer o no creer que Madrid es una ciudad ruidosa en función de si es lunes o martes o de si lo pregunta
el alcalde de la ciudad o un ecologista. Aunque es per-
fectamente posible responder de forma distinta a uno
y a otro, en alguno de los dos casos se estará min-
tiendo respecto de la creencia que se tiene. Y un juez no puede, por ejemplo, creer que Mary mató a Peter
cuando ejerce su función de juez y no creerlo cuando no la ejerce (en tanto que simple ciudadano). En cambio, la justificación de la decisión judicial sobre los hechos es relativa a los elementos de jui- cio aportados al proceso y es, por tanto, por defini- ción, contextual. Así, si varía el conjunto de ele- mentos de juicio disponibles puede variar también la conclusión que se justifique a partir de los mis- mos.
4. JUSTIFICACION RACIONAL y APLlCACION DEL DERECHO
La última parte de este trabajo debe estar dedi- cada, necesariamente, a la justificación de las de- cisiones judiciales sobre los hechos. Para abordar este punto, conviene partir de dos premisas:
a) La primera es la distinción entre la justificación
normativa y la justificación racional. La decisión ju-
está condicionada por di- jurídicas: que regulan los
medios de prueba, la actividad probatoria o el re- sultado probatorio. En particular, este último tipo de reglas regulan el resultado, la conclusión, que el juez debe extraer a partir de determinados elemen- tos de juicio. Pueden distinguirse, a su vez, dos ti- pos de reglas al respecto: algunas prescriben al juez lo que debe declarar probado cuando disponga de una determinado elemento de juicio en el proce- so. Son las denominadas reglas de prueba tasada o legal. Se dirá que la decisión del juez está justifica- da normativamente si cumple con lo prescrito por esas reglas. En la mayor parte de los casos, en cambio, la de- cisión del juez está sometida únicamente al princi-
pio de la libre valoración de la prueba. Como he
dicial sobre los hechos versos tipos de normas
17 Los supuestos son muy variados y van desde el caso en que el juez tiene una creencia irracional que no usa en su razonamiento, pasando por los casos en que el juez dispone de elementos de juicio no incorporados al proceso que conforman su creencia, pero que no puede usar en su decisión, hasta llegar a supuestos en que el juez basa su creencia en alguna prueba ilícita que no puede usar para tomar la decisión judicial.
dicho ya anteriormente, se ha recurrido con dema-
frecuencia a este principio para justificar la
absoluta libertad del juez en la determinación de
los hechos probados, derivando así la libertad
arbitrariedad. En mi opinión, en cambio, debe en-
tenderse que la valoración de la prueba es libre
únicamente en el sentido de que no está sometida
a reglas jurídicas que impongan un resultado pro-
batorio concreto (v. Taruffo, 1992, pp. 369-370). Ahora bien, la ausencia de reglas jurídicas que re- gulan el resultado probatorio en estos casos no su- pone la ausencia total de cualquier tipo de reglas. Así, sólo si se sostiene que la libertad del juez para
determinar los hechos probados del caso está de- limitada por las reglas generales de la racionalidad
y la lógica 18 , puede evitarse la deriva en la arbitra-
riedad. Por
ello, se dirá que la justificación de la
decisión judicial es, en este tipo de supuestos, epis- témica o racional. b) La segunda premisa fundamental para delimi- tar correctamente la noción de justificación de las decisiones judiciales sobre los hechos es que esa justificación es siempre relacional a un conjunto de elementos de juicio (Mendonca, 1997. pp. 77-78). En efecto, un enunciado del tipo 'Está probado que ¡:i es, en realidad, un enunciado incompleto, puesto que debe necesariamente relacionarse con un con- junto de elementos de juicio perfectamente identifi- cado. Este conjunto de elementos de juicio estará conformado por los medios de prueba admitidos y practicados en el proceso judicial. Si se quiere dar cuenta de cómo funciona el mecanismo de la prue- ba en el derecho (y quizás también en las ciencias), es imprescindible comprender que la justificación de los enunciados declarativos de hechos probados es relativa al conjunto de elementos de juicio (o medios de prueba) aportados al proceso. Ello expli- ca que dos decisiones incompatibles sobre la ocu- rrencia de un mismo hecho puedan estar justifica- das simultáneamente. Así, por ejemplo, la decisión adoptada por un juez o jurado en primera instancia puede estar perfectamente justificada atendiendo a los elementos de juicio disponibles; posteriormente, en segunda instancia se incorpora un elemento de juicio nuevo que no estuvo disponible anteriormen- te y, sobre la base del nuevo conjunto de elemen- tos de juicio, el Tribunal de segunda instancia pue- de tomar una decisión incompatible con la primera.
18 Es más, puede entenderse que esa es su única limitación,
también jurídica. De este modo, la determinación de los hechos probados realizada contra las reglas de la lógica o, en general, de la racionalidad supondría una infracción de ley: para ello, basta inter- pretar las reglas que establecen la libre valoración de la prueba de forma que ordenen la valoración mediante la utilización de la racio- nalidad general. También la jurisprudencia del Tribunal Supremo español parece acoger esta tesis. Vid., por ejemplo, la STS de 20
de enero de 1990 (R. 460) en la que advierte que "(
de ley (
un hecho bajo una prescripción legal, sino también cuando se de-
termina el hecho probado infringiendo las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o contradiciendo conocimientos científi- cos" y la STS de 8 de octubre de 1990 (R. 7816) en la que señala,
) se cuestiona la corrección del razo-
namiento del Tribunal a qua en la determinación de los hechos
probados. Tal objeción puede ser materia de recurso de casación
en sentido análogo, que "(
) la infracción
) tiene lugar
no sólo cuando se subsume incorrectamente
por infracción de ley (
pio Tribunal Supremo no haya llevado hasta sus últimas conse- cuencias su propia doctrina para entrar a controlar la racionalidad de la valoración de la prueba realizada por los tribunales inferiores.
)." Es de lamentar,
no obstante, que el pro-
No hay en esta situación nada extraño: las dos de- cisiones pueden estar justificadas (y también injus- tificadas) dado que ambas se justifican en relación con conjuntos de elementos de juicio distintos. Ahora bien, esto último tiene importantes conse- cuencias. Son muchos los autores que han sosteni- do que la verdad del enunciado que se declara probado es condición necesaria para que pueda
decirse que está justificad0
verdad de un enunciado sería condición necesaria, aunque no suficiente, para que esté justificado de- cir que está probado. Y esto parece estar en con- sonancia con la intuición de la que partía este tra- bajo, esto es, que sólo podrá decirse que el juez ha aplicado el derecho cuando la premisa fáctica de su razonamiento resulte verdadera. Pues bien, se plantea aquí un importante problema, puesto que la
exigencia de la verdad resulta incompatible con la intuición de que la justificación de las decisiones judiciales sobre los hechos es relacional al conjunto de elementos de juicio disponibles en el proceso.
razón es muy simple: la verdad del enunciado
que se declara probado no depende de los elemen- tos de juicio disponibles, sino de su corresponden- cia con el mundo.
Conviene pues intentar explicar la aparente con- tradicción de esas intuiciones.
5. JUSTIFICACION DE NORMAS Y JUSTIFICACION DE ACTOS
Creo que un análisis adecuado de la noción de decisión judicial puede aclarar la situación plantea- da. Ricardo Caracciolo (1988, p. 41) ha puesto de manifiesto la ambiguedad de la expresión 'decisión judicial'. En un primer sentido, hace referencia al acto de emisión de una resolución judicial, en parti- cular, de una norma individual. En un segundo sen- tido, hace referencia al resultado de ese acto, es decir, a la norma individual emitida (en palabras menos precisas. si se quiere, al contenido de la decisión). Esta ambiguedad entre la decisión como acto y la decisión como norma individual puede dar lugar a algunos desacuerdos puramente verbales y, en particular, quizás pueda explicar las intuiciones en conflicto acerca de la justificación de las deci- siones judiciales 2o . Cabe preguntarse, entonces, por las condiciones necesarias y suficientes para que la decisión judi- cial como norma esté justificada y para que lo esté la decisión judicial como acto. Respecto de la deci-
sión como norma, parece claro que la conclusión a la que se llegue estará justificada sólo si se deriva de las premisas, fácticas y normativas, adoptadas
en el razonamient0
bién exigible que el razonamiento sea sólido, esto
. Pero, además, parece tam-
19 Vid., entre otros muchos, Bentham. 1923. vol. l. pág. 30; Alsi- nao 1961. pág. 225; Wróblewski. 1981. pág. 174 Y Gascón. 2001. pá~ 100. También Ferrua (1999. pág. 217 ss.) distingue los dos senti- dos de justificación de las decisiones judiciales señalados por Cll{acciolo. , Lo que corresponde a la idea de justificación interna delineada por Wróblewski (1971. pág. 412).
es, que las premisas utilizadas sean verdaderas
1764, p. 35 ss.; Ferrajoli, 1989, p. 43).
En otras palabras, justificar una norma individual
consiste en mostrar que ésta es el resultado de la aplicación de una norma general a un hecho
(que puede ser subsumido
hecho de esa norma general). Y sólo es posible aplicar una norma general a un hecho si este ha
ocurrido realmente y, por tanto, si la premisa fác- tica que lo describe es verdadera. En conclusión, una decisión judicial como norma estará justifi- cada si, y sólo si, se deriva de las premisas del razonamiento y las premisas fácticas son verda- deras (Caracciolo, 1988, p. 43). Por su parte, la decisión judicial como acto no admite una noción de justificación como la anterior por una razón muy simple: no hay relaciones lógi- cas entre normas y actos o entre proposiciones y
actos. Por ello, no puede decirse
acto está justificada si se deriva de las premisas fácticas y normativas. Un sentido de la noción de justificación sí utilizable para este supuesto hace referencia, en cambio, a la idea de cumplimiento o incumplimiento de las normas que regulan ese acto (Caracciolo, 1988, p. 44). Así, la decisión judicial, en el sentido del acto de adoptar una determinada resolución, estará justificada si su realización está permitida o es obligatoria según las normas que re- gulan esa actuación.
De este modo, puede suceder que el acto de adopción de una decisión judicial esté justificado y que, en cambio, no lo esté el contenido de esa de- cisión, esto es, la norma individual. Esto permite dar cuenta de las dos intuiciones contradictorias señaladas anteriormente ya que explica que consi- deremos injustificada, por ejemplo, la condena a alguien por un hecho que no realizó y, contemporá- neamente, que consideremos correcto o justificado el acto o decisión de condenarlo (a la luz de los elementos de juicio disponibles)22.
que la decisión-
Pero si estamos ante dos sentidos distintos
'justificación' y de 'decisión judicial', puede suceder
que el acto de decisión esté justificado y el conte- nido de la decisión, la norma individual, no lo esté; y entonces cabe preguntarse por los efectos jurídi- cos que se producen a partir de esa divergencia. Obviamente, este es un tema objeto de regulación particular por cada ordenamiento jurídico y no pue-
22 Además. una distinción como la trazada permite dar cuenta de otro problema. a saber. la relación entre las normas sustantivas y
las normas procesales a la hora de justificar una decisión (Nesson, 1985, pág. 1357). Si tomamos en consideración la justificación de la decisión como norma individual. las normas generales implicadas son, fundamentalmente, las normas sustantivas. Esto es. aquellas que establecen la consecuencia jurídica para el supuesto de hecho que se trata de juzgar y que entran a formar parte del razonamiento como premisas. En cambio. la justificación de la decisión judicial como acto depende del cumplimiento de las normas que lo regulan, esto es, de las normas procesales. principalmente.
Permite esta reconstrucción
dar respuesta a una pregunta recu-
rrente: ¿el derecho prescribe la condena de aquellos que hayan cometido un delito o sólo de aquellos cuyo delito haya sido proba- do? Creo que la respuesta sería doble: las normas sustantivas vin- culan la consecuencia jurídica-sanción a la comisión de un delito y sólo en esos casos estará justificada la norma individual que la aplique. Las normas procesales sobre la prueba indican que sólo en los casos en que esté probada la comisión del delito estará justi- ficada la decisión-acto cuyo contenido es la imposición de la san- ción.
de ofrecerse una respuesta general al mismo.
Además, en cada ordenamiento jurídico puede no
dará satisfecho el derecho a la prueba en lo que se refiere a la valoración de las pruebas aportadas. En
estar prevista una consecuencia jurídica unitaria
opinión, el derecho a la prueba estará satisfecho
para todos los supuestos de injustificación de la de-
y solo si, i) todas las pruebas relevantes aporta-
cisión-acto o de la decisión-norma. En el caso de la decisión acerca de los hechos
das por las partes han sido admitidas y practicadas y ii) si éstas han sido valoradas de acuerdo con las
probados cabe distinguir también entre el acto de
reglas de la lógica y la racionalidad, de modo que
decisión y el contenido de la misma. Este último
declaración de hechos probados que se realice
consiste en la premisa (o proposición) fáctica que
pueda ser considerada aceptable racionalmente a
se introduce en el razonamiento decisorio. De
luz de esos elementos de juicio. La conclusión
acuerdo con el análisis que se ha desarrollado, la
será aceptable si es la descripción de los hechos
decisión-acto estará justificada si la proposición
que tiene un mayor apoyo en el conjunto de ele-
fáctica está probada. A su vez, podrá decirse que
mentos de juicio aportados al proceso y, por tanto,
una proposición sobre los hechos está probada si
la hipótesis que, racionalmente, podemos consi-
ésta resulta aceptable racionalmente, esto es, si existen en el expediente ~udicial elementos de jui-
derar más próxima a la verdad. Obsérvese bien, por último, que esto no supone
cio suficientes a su favo~ . Será necesaria, por su-
necesariamente que el derecho a la prueba otorgue
puesto, una teoría normativa acerca de las condi-
derecho a un resultado probatorio determinado
ciones en que los elementos de juicio podrán considerarse suficientes (acerca de la aceptabilidad de las premisas fácticas del razonamiento). La con- tinuación de esta investigación abordará precisa-
(a una determinada declaración de hechos proba- dos). Lo que sí confiere si se quiere que sea algo más que una garantía "ilusoria y ritualista" es un derecho a que las pruebas aportadas sean valora-
mente ese punto. Por el momento, no obstante, sí debe señalarse que esas condiciones, cuando se está en el ámbito de la libre valoración de la prue- ba, se remiten a la racionalidad y la epistemología generales. Desde el punto de vista del contenido, en cambio, la premisa sólo estará justificada si es verdadera.
das de un determinado modo: de acuerdo con la racionalidad. La valoración racional conjunta de to- dos los elementos de juicio aportados al proceso puede dar como resultado una única conclusión posible. En esos casos, el derecho a la prueba (y cabe recordar, el derecho a la defensa, del que aquél se deriva) supone un derecho a que se decla-
Los ordenamientos jurídicos modernos estable-
ese resultado probatorio. Pero ello no es necesa-
cen normalmente límites al replanteamiento del contenido de la decisión, en nuestro caso, a la dis- cusión acerca de la verdad de las premisas fácti-
riamente así: puede suceder que a partir de un de-
terminado conjunto de elementos de juicio resulten igualmente aceptables distintas hipótesis o que la
caso Se prevé la
existencia de recursos en que ese
hipótesis con mayor apoyo disponga de un apoyo
contenido puede ponerse en cuestión, pero una vez la decisión ha adquirido firmeza (ya sea por agota- miento de los recursos posibles o por no haberse utilizado los recursos disponibles), el derecho hace prevalecer el interés de que los procesos tengan un límite temporal más o menos definido y otorga efectos jurídicos definitivos a la decisión adoptada. Quedan sólo algunos casos, en los que se conside- ra que la injustificación de la decisión-norma (por ser falsa una o varias de las premisas fácticas) de- be permitir un nuevo replanteamiento de la cues- tión (aun cuando la decisión-acto estuviera justifi- cada) a pesar de que la sentencia haya adquirido firmeza (Ferrua, 1999, pp. 217-218). En esos su- puestos se prevén recursos extraordinarios, como el recurso de revisión en el derecho español 24 . Finalmente, para concluir, cabe preguntarse aho- ra de nuevo acerca de las condiciones en que que-
23 Un análisis detallado de las nociones de aceptación y de acep-
tabilidad aplicadas a la decisión sobre los hechos puede verse en Ferrer, 2002, cap. 111. Cabe advertir la dilerencia entre el hecho de que una proposición sea racionalmente aceptable como descripción de los hechos realmente ocurridos y que ésta sea aceptada. La aceptabilidad es una noción normativa (aquí, sujeta a las reglas de la racionalidad), la aceptación supone únicamente el uso de la pro- posición en el razonamiento decisorio (Cohen, 1989, pág. 368; 1992, pág. 4), lo que es un dato empírico contingente. La aceptabi- lidad es el criterio para que pueda decirse que una proposición está probada. La aceptación tiene que ver, en cambio, con el hecho de que haya sido declarada probada. Ambas pueden coincidir, por sUF,uesto, pero no es conceptual mente necesario que así sea.
para el recur-
so de revisión en el proceso civil y los arts. 954 ss. Ley de Enjui-
ciamiento Criminal para el mismo recurso en el proceso penal.
4 Vid. los arts. 510 ss. Ley de Enjuiciamiento Civil
relativamente bajo. En el primer caso, el derecho a
la prueba no indica qué hipótesis debe ser elegida.
Se respetará el derecho si la declaración de hechos probados se produce entre las hipótesis racional-
mente admisibles. En el segundo caso, puede ser que no deba declararse probado ningún enunciado sobre los hechos 25 •
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citado por la edición
25 En este sentido, cabe advertir que un mismo sistema jurídico puede exigir grados de apoyo distintos para que se considere pro- bado un hecho dependiendo de la jurisdicción de que se trate. Así, por ejemplo, en la jurisdicción penal suele exigirse que la conclu- sión esté apoyada más allá de toda duda razonable. Y suele ser menor la exigencia en la jurisdicción civil.
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