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Timestamp: 2018-11-19 05:27:32+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 6 Septiembre 2006
DENUNCIA LA CREACIÓN DE "CORRECCIONALES LINGÜÍSTICOS"
Francisco Caja acusa a Zapatero de "consentir" y "fomentar" la exclusión del castellano en los colegios catalanes
El presidente de Convivencia Cívica Catalana ha denunciado las "coactivas" medidas que la Generalidad implantará este curso para "imponer la enseñanza sólo en catalán". Entre ellas, la reducción al mínimo de las horas en castellano o la creación de "correccionales lingüísticos" para los niños que hayan llegado a Cataluña hace menos de dos años. Francisco Caja ha acusado al Gobierno catalán "de izquierda" de "agravar la desigualdad social" por el alto fracaso escolar que sufren los castellanohablantes. De Zapatero, ha dicho que "sabe perfectamente que las cosas son así" y "consiente esta situación".
Libertad Digital 6 Septiembre 2006
En una entrevista para La Mañana de la COPE, Francisco Caja explicó la "entrada en vigor" este año de las novedades en política lingüística. Según dijo, "no habrá distinción entre los centros públicos y privados", que serán obligados, por igual, a cumplir las "normas de que se haga todo en catalán". Además, lamentó la creación de una "figura", el coordinador lingüístico de interculturalidad y cohesión social del centro, un nombre "bajo el que se esconde un comisario político lingüístico que controla que todo se haga en catalán".
Explicó también que se crearán "aulas de acogida", que definió como "correccionales lingüísticos" donde deberán entrar todos los pequeños llegados a Cataluña en los 24 meses anteriores a su escolarización. Allí, "apartados de sus clases", deberán aprender catalán. Caja lamentó que recibirá exactamente el mismo tratamiento un ciudadano español de otra comunidad autónoma que uno extranjero que hable otro idioma. "Será lo mismo un gallego que un magrebí", resumió. Además, denunció los "planes educativos de entorno", implantados en 30 localidades donde se habla castellano, para asegurar su "catalanización".
"El castellano está absolutamente excluido de la enseñanza", dijo Caja, "pese a las sentencias, la Constitución y el Estatuto". Respecto a esto, recordó una sentencia del Tribunal Constitucional del 94 "que establece que ninguna lengua puede ser excluida". Según Caja, "el señor Zapatero sabe perfectamente que las cosas son así y consiente esta situación". "El Gobierno de Zapatero", continuó "ha consentido esto e incluso lo fomenta".
"Ni siquiera el PPC" apoya sus demandas
También recordó la "exclusión social" que causa la política lingüística catalana a los niños castellanohablantes, que sufren un fracaso escolar superior al 40 por ciento. Caja lamentó el hecho "lamentable" de que ningún partido político "se ha preocupado de esas cuestiones". "Estamos recogiendo firmas para presentarlas al parlamento y proteger el derecho a estudiar en la lengua materna", dijo, pero afirmó que no tienen "ninguna ayuda, ni siquiera del PP". "No defienden estos derechos tan elementales", explicó.
Con el nacimiento de Ciudadanos de Cataluña, Francisco Caja espera recibir su apoyo. "Confiamos en que haga una aprobación mayor de la sociedad civil", dijo, antes de añadir que "están por la labor, son gente seria y creen en el bilingüismo". El presidente de Convivencia Cívica dijo que "hasta en Québec" se respeta "el derecho de los padres a elegir la lengua en que aprenden los niños". "La respuesta" de la sociedad catalana a este problema es, según Caja, "muy buena". Anunció que ya tienen 30.000 firmas para conseguir un bilingüismo real en Cataluña. Y dijo que el próximo paso será ir al Parlamento Europeo.
El totalitarismo lingüístico ya no es solo cosa de Esquerra
El Mundo 6 Septiembre 2006
La noticia que hoy abre la portada de EL MUNDO es un nuevo y peligroso síntoma del imparable retroceso que sufre el castellano en Cataluña desde la llegada del tripartito al poder. La Generalitat insta en una circular a todos los colegios de la comunidad a dedicar exclusivamente al catalán, y no al castellano, un paquete de horas conocido como «estructuras lingüísticas comunes» y dedicado hasta ahora a una u otra lengua según el criterio de los centros. El resultado es que más del 90% del programa se imparte ya en catalán, lo que agrava el despropósito que supone la política lingüística del Gobierno que todavía preside Maragall.
Lo relevante en este caso es que la consejería implicada -la de Educación- no está ya en manos de Esquerra Republicana sino del PSC. Lejos de dar marcha atrás en los excesos de la gestión de los independentistas, el partido de Montilla ha decidido ir más allá en su política de hostigamiento al castellano en la escuela y rebañar para el catalán hasta la última hora lectiva del programa.
Vuelva o no el PSC a pactar con Esquerra, sus numerosos simpatizantes hispanohablantes ya saben lo que les espera si dan su apoyo al candidato Montilla en las elecciones: más cortapisas para que sus hijos aprendan el castellano en la escuela y ninguna opción de que reciban las clases en su idioma materno. No sólo porque el perverso sistema de inmersión lingüística que puso en pie el pujolismo se haya endurecido hasta el paroxismo con el actual Gobierno sino porque el flamante Estatuto catalán -pactado por Zapatero y Mas en La Moncloa con la anuencia del todavía ministro de Industria- consagra el catalán «como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria».
A la luz de estos hechos, es casi un sarcasmo que el manifiesto oficial de la Diada este año abogue por un «impulso de la lengua catalana» como si fuera ese idioma y no el castellano el que se intenta por todos los medios exterminar de cualquier ámbito de la vida pública.
Algo muy similar ocurre en el País Vasco, donde casi dos tercios de los alumnos están matriculados en colegios que -salvo la asignatura de Castellano- imparten todas sus clases en Euskara. Es lamentable que justo ahora, cuando el español vive la mayor expansión de su historia y millones de personas en todo el mundo lo estudian para mejorar su futuro, las élites políticas de estas dos comunidades autónomas -estimuladas por la política irresponsable de Zapatero- se empeñen en encastillarse en sus propios prejuicios y en mermar las posibilidades profesionales de sus futuros votantes.
MODELO DE ESTADO / El comienzo del nuevo curso
Sólo uno de cada 10 alumnos vascos de infantil, primaria y ESO estudia en castellano
LEYRE IGLESIAS, BILBAO 6 Septiembre 2006
El Gobierno vasco constata el notable aumento de la educación en euskara, pero no informa al PP de cuántas peticiones para cursar estudios en la lengua oficial del Estado no han sido atendidas
Poco más de 5.000 de los 55.000 alumnos matriculados en Educación Infantil, Primaria y ESO en los colegios vascos -el 9,7% del total- cursarán este año el modelo A, en el que todas las materias educativas se imparten en castellano, a excepción de la que enseña euskara.
Esta cifra, que se reduce año tras año en la comunidad autónoma vasca, constituye el resultado más visible de los esfuerzos que las instituciones gobernadas por el nacionalismo realizan en su promoción de la lengua vasca.
De hecho, el modelo estrella del sistema educativo vasco es el D, impartido íntegramente en euskara -con la salvedad de una asignatura en castellano-, que acoge al 63,5% de los estudiantes, mientras que el modelo bilingüe, el B, pasa a un discreto segundo plano, con una tasa de matriculaciones del 26,3%.
Estas conclusiones se desprenden de los datos ofrecidos por el Gobierno vasco con respecto a la matriculación de los alumnos con edades comprendidas entre los dos y los 15 años para el curso que arranca este mes.
El ejemplo más claro de implantación euskaldun lo ofrece Guipúzcoa, territorio en el que el modelo A roza la marginación: sólo es elegido por el 1,7% de los alumnos de Educación Infantil, el 2,6% de los de Primaria y el 3,2% de quienes se han inscrito en primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Desde 1995, el año en que por primera vez los estudios en euskara se impusieron como mayoritarios, el modelo A está abocado a la desaparición y prácticamente sigue siendo una referencia para el alumnado inmigrante.
Esta progresiva aniquilación de la enseñanza íntegra en castellano se sustenta en las declaraciones que el consejero vasco de Educación, Tontxu Campos, realizó a este periódico hace un año: «Nuestro objetivo no es garantizar el modelo A, sino cumplir los fines previstos», es decir, lograr el bilingüismo.
Durante la última década, la enseñanza en euskara se ha comido a la castellana. Los números hablan por sí solos. En 1995 la educación en lengua vasca, que suponía el 36,8% de las matrículas en Educación Infantil, Primaria y la antigua EGB, superaba por poco a la enseñanza en español (33,4%). Hoy, el porcentaje de alumnos inscritos en ese modelo multiplica por seis al de colegiales que optan por el castellano (el 63,5% frente al 9,7%, respectivamente). Sólo el modelo bilingüe se ha mantenido más o menos estable, entre el 26% y el 29%.
No es éste el único asunto que llama la atención en la estadística. Si bien es verdad que el euskara avanza vertiginosamente, caben dos matizaciones.
En primer lugar, la diferencia por territorios históricos sigue siendo considerable: en Guipúzcoa sí prima de forma clara la enseñanza completa en euskara (el 78% del alumnado la recibirá este año), mientras que el modelo A representa una tasa casi ridícula (2,5%). Sin embargo, en Alava y Vizcaya el modelo D se reduce al 41% y al 59,6%, respectivamente, y cobra un mayor protagonismo la enseñanza mixta (el modelo B, que incluye una parte de las asignaturas en euskara y la otra, en español).
Los tramos de edad son otro elemento diferenciador. En los ciclos educativos iniciales la presencia del euskara es predominante: los matriculados en lengua vasca duplican, con un 68,8%, a la suma de los alumnos apuntados a la enseñanza en la lengua oficial del Estado (5,3%) y a la bilingüe (25,6%).
Sin embargo, la Educación Secundaria Obligatoria presenta una mayor diversidad, pues el modelo en euskara se queda en el 52,6%, gracias al peso de Guipúzcoa, que eleva la tasa de los otros dos territorios. En Guipúzcoa, sólo cuatro colegios concertados ofrecen enseñanza en castellano.
El Gobierno vasco hizo públicos estos datos a raíz de una pregunta del parlamentario del PP vasco Santiago Abascal. Su partido quería saber cuántos padres marcaron la casilla del modelo A en la hoja de inscripción de su centro educativo y cuántos de ellos se quedaron sin el proyecto deseado. Pese a la amplitud de los datos aportados, esta pregunta no ha sido respondida.
La Generalitat reduce todavía más la enseñanza del castellano en Cataluña
DANIEL G. SASTRE, BARCELONA El Mundo 7 Septiembre 2006
Una circular de la Consejería de Educación, controlada por el PSC, insta a los profesores a dedicar al catalán las horas que, en tiempos de ERC, podían darse en castellano - El 90% del programa se imparte sólo en catalán
Los niños catalanes de seis a ocho años cursarán 1.435 horas lectivas -sin contar la asignatura voluntaria de Religión- durante el ciclo inicial de la enseñanza primaria, de las cuales sólo 140, ni siquiera un 10%, se impartirán en castellano. La clase de Lengua y Literatura castellana es la única que se dará en ese idioma, como es habitual desde que los gobiernos de CiU se decidieron por el modelo de inmersión lingüística. Lengua y Literatura catalana, Conocimiento del medio social, cultural y natural, Música, Educación visual y plástica, Educación física y todas las actividades de recreo se impartirán en catalán.
En este nuevo curso, además, las instrucciones enviadas a los centros educativos públicos de educación infantil y primaria instan incluso a que las 105 horas que deben destinarse a los Contenidos y estructuras lingüísticas comunes en catalán y castellano en los dos primeros años de enseñanza se impartan solamente en catalán, que sigue erigiéndose como lengua vehicular de todo el proceso educativo.
De hecho, la primera prioridad del Departamento de Educación y Universidades de la Generalitat, que pasó de estar en manos de la republicana Marta Cid al socialista Joan Manuel del Pozo cuando Esquerra fue expulsada del Govern, sigue siendo la de «consolidar la lengua catalana como lengua de aprendizaje y de comunicación en las actuaciones docentes y administrativas de los centros».
El inicio del nuevo curso escolar en Cataluña viene otra vez marcado por las protestas de diversas asociaciones que piensan que la Generalitat no ha atendido a ninguna de sus quejas. Ni se ha facilitado la primera enseñanza en lengua materna cuando ésta es el castellano, ni se ha eliminado la controvertida figura del coordinador lingüístico -que los críticos con la política educativa gubernamental llaman «comisarios»- lo que, en su opinión, contribuye a la «imposición coactiva del monolingüismo en una sociedad bilingüe».
El objetivo es que el catalán se establezca «normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje» en todas las actividades «internas y externas» de la comunidad educativa, lo que incluye tanto las exposiciones de los profesores como el material didáctico, las reuniones y las comunicaciones con los padres de los alumnos.
La voluntad de la Generalitat no se limita a que los colegios se afiancen como un elemento de cohesión social, sino que pretende que el uso del catalán se extienda también fuera de las paredes de los centros educativos. Eso parece desprenderse de otro inextricable párrafo incluido en las instrucciones enviadas a las escuelas catalanas, que pide que se «garantice que las metodologías y los agrupamientos del alumnado favorezcan las interacciones para mejorar el aprendizaje y el uso de la lengua catalana, potenciando actividades de uso de la lengua no directamente relacionadas con la actividad ordinaria del centro».
Las mismas instrucciones sí incluyen este año un requerimiento específico a los colegios para que aseguren «que los niños de educación infantil y del ciclo inicial de educación primaria cuyos padres soliciten que sus hijos reciban la enseñanza en lengua castellana sean escolarizados en esta lengua mediante atención y apoyo material individualizados». Sin embargo, ésta es una solución que no satisface a quienen reclaman que se cumpla lo dispuesto en la propia Ley de Política Lingüística de 1998 con respecto a ese derecho.
La mayoría de los padres que reclaman que sus hijos reciban la primera enseñanza en castellano se muestran de acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 5 de diciembre de 2005, que advirtió a la Generalitat de que sería «sumamente fácil cumplir con su obligación» y preguntar a las familias, mediante una casilla en el folleto de inscripción escolar, en qué idioma quieren que se eduquen sus hijos. Sin embargo, el Gobierno catalán se ha negado siempre a introducir esa posibilidad, que para la consejera anterior suponía «abrir la puerta a la segregación lingüística en las escuelas».
«La excusa de la Generalitat para no cumplir con la Justicia es que ha interpuesto un recurso y aún no existe sentencia firme. Este año sí se pregunta acerca de las lenguas que comprende el niño, pero la sentencia no dice eso, sino que se informe acerca de cuál es la lengua habitual», se queja Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana.
Caja, un veterano de las disputas lingüísticas con la Generalitat, asegura que «hay un grupo de seis padres» que ya han iniciado este curso trámites judiciales contra los postulados educativos de la Generalitat, pero que «cerca de un centenar más» han reclamado el derecho de sus hijos a recibir la primera enseñanza en castellano, aunque aún no han agotado el trámite administrativo previo a la denuncia en los tribunales.
Convivencia Cívica dio a conocer hace unos meses unos datos extraídos del último Informe Pisa, un reputado instrumento evaluador de los sistemas educativos mundiales. En el dossier, se cifraba el fracaso escolar de los niños catalanes castellanohablantes en un desmesurado 42,6%, mientras que los catalanohablantes se quedaban en un porcentaje mucho más bajo del 18,6%. Francisco Caja atribuye «al menos un 9%» de ese porcentaje al modelo lingüístico de la Generalitat, que, según él, imposibilita de facto que los padres puedan ejercer su derecho a elegir el castellano como lengua vehicular para los primeros años de sus hijos en la escuela.
La asociación que preside también denuncia que el «Plan para la lengua y la cohesión social», que aprobó hace algunos meses el Gobierno tripartito de la Generalitat de Cataluña, «supondrá un coste económico de 35.300.263,15 euros anuales (más de 5.000 millones de pesetas)».
Además, asegura que expresiones muy recurrentes en el texto, como «consolidar la lengua catalana y el aranés, si procede, como eje vertebrador de un proyecto plurilingüe», son «contradictorias en sus términos» y «dan clara idea del engaño y la voluntad torcida de sus autores».
Denuncian que las aulas de acogida se convierten en «correccionales»
Las aulas de acogida son, en teoría, un instrumento que las escuelas catalanas con un mayor número de inmigrantes ponen a disposición de los recién llegados para facilitar su integración en Cataluña. Sin embargo, diversas asociaciones acusan a la Generalitat de convertirlas en «correccionales lingüísticos», y utilizarlas como un elemento de «extranjerización» de los escolares que proceden de algún punto del resto de España.
Los documentos de la Generalitat definen las aulas de acogida como «un punto de referencia y un marco de trabajo abierto con una constante interacción con la dinámica del centro, que permita una atención emocional y curricular personalizada y un aprendizaje intensivo de la lengua catalana». Creadas en 2004, acogen a los niños que lleven menos de dos años residiendo en Cataluña. Eso incluye, según Caja, a los españoles que cambian su lugar de residencia a Cataluña, que comparten aula con niños que también tengan conocimientos de castellano, pero no de catalán (sudamericanos, por ejemplo) y con los que carecen de competencias lingüísticas en las dos lenguas oficiales de la comunidad (europeos, magrebíes, asiáticos y prácticamente todos los demás). Este diario intentó recabar ayer sin éxito la versión del Departamento de Educación y Universidades de la Generalitat.
«Nos llegan profesores que ponen el grito en el cielo», denuncia Francisco Caja, presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana. Para Caja, en realidad, las aulas de acogida se limitan a sustituir «durante dos años» materias como Matemáticas, Ciencias Sociales o Lengua Española por cursos intensivos de catalán, pese a que la Generalitat recomienda que «ningún alumno permanezca todas las horas lectivas» de su jornada escolar en este tipo de aulas.
Según el presidente de esta asociación, la práctica de la Generalitat entra en colisión con su propia Ley de Política Lingüística de 1998, que establece que no se puede separar a los estudiantes en diferentes aulas. El Govern, sin embargo, las contempla como «un espacio donde el alumnado interactua con el resto del alumnado del grupo de clase para facilitar su proceso de socialización».
Caja asegura que los objetivos de la Generalitat van más allá.«Quieren que en el aula, en el pasillo, en el patio y en el entorno los niños hablen, jueguen y se relacionen en catalán, y por eso ponen a gente que vigila que las cosas se desarrollen como ellos quieren», afirma.
El PSC y Maragall. Fascismo puro.
Juan Pablo Mañueco Periodista Digital 6 Septiembre 2006
El PSC ha dado otra prueba, reduciendo aún más los horas lectivas en castellano al comienzo de este nuevo curso, de lo que siempre ha sido: el juguete bien financiado con el que la oligarquía catalana se compró las siglas del PSOE al comienzo de la Transición, para perpetuar sus privilegios sociales franquistas y practicar una política cultural monoidentitaria con la que uniformar y negar a la Cataluña plural también desde la presunta izquierda, de base electoral inmigrante.
Ese es el papel que ha jugado desde siempre Maragall, el que fue servidor del Estado franquista desde los años 60, y que luego ha seguido sirviendo a la oligarquía catalana a la que pertenece, hasta conseguir el Estatut Catalanófobo que rechaza la realidad catalana: su pluralidad social.
Ahora el Gobierno Maragall, con el nuevo curso, ha ordenado a los colegios públicos de Cataluña que reduzcan al mínimo las horas lectivas en castellano. Menos aún que cuando la Consejería de Enseñanza estaba en manos de ERC.
Puro fascismo cultural: imponer la monoidentidad a una sociedad con dos lenguas. Desterrar el castellano, que convive en el ámbito lingüístico del catalán desde la Edad Media, y que además es la lengua mayoritaria de sus votantes. Tal ha sido el papel político de Maragall.
Montilla, por su parte, en lugar de aspirar a ser segundo en las próximas elecciones, debería ser imputado por bastantes más irregularidades, prevaricaciones, falsificaciones de documentos públicos y maquinaciones para alterar el precio de las cosas... que esos malayos de Marbella, que pretendieron asaltar las arcas públicas sin un buen apoyo partidario.
Residuo Rodríguez, mientras tanto, calla: el PSOE tiene esa responsabilidad, al menos, en los actos de sus socios.
Ni negociación ni legalización
Editorial ABC 6 Septiembre 2006
CON la resolución de mayo de 2005 del Congreso de los Diputados y con las condiciones impuestas por el presidente del Gobierno tras el anuncio de tregua por parte de ETA, el proceso de negociación con los terroristas debería darse por clausurado: no se ha cumplido la premisa básica de que los etarras mostraran «una clara voluntad para poner fin a la violencia y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción», tal y como establecía la resolución parlamentaria, y tampoco el Gobierno ha respetado las condiciones que tanto su presidente como su vicepresidenta primera y los sucesivos titulares del Ministerio del Interior habían establecido para tranquilizar a la opinión pública sobre la verdadera finalidad del proceso de diálogo con los terroristas. En una entrevista, Rodríguez Zapatero afirmaba que el vandalismo callejero, la extorsión económica y la «kale borroka», son, para el Gobierno, «elementos sustanciales de la verificación de esa voluntad de abandono definitivo de las armas». Y añadía el presidente que la tregua «incluye cualquier tipo de actuaciones de las que ha venido haciendo habitualmente ETA».
Igualmente, el Gobierno y el PSOE se comprometieron a no tener ningún contacto con Batasuna mientras fuera ilegal, negaron por activa y por pasiva negociaciones previas con los terroristas y reiteraron su decisión de no hablar con ETA mientras el alto el fuego no fuera permanente. Pues bien, el Gobierno ha incumplido sistemáticamente sus propias condiciones, ha convertido en letra muerta las exigencias de la resolución del Congreso de los Diputados y ha utilizado como método la negación de la verdad y de la realidad, todo ello para mantener a flote a un proceso que sólo se alimenta del continuo retroceso del Estado, correlativo y proporcional al aumento de la presencia política y delictiva de ETA. El Gobierno ha sido desmentido por los terroristas en todos los campos. Han sacado a la luz las negociaciones previas durante cuatro años, han manifestado en sucesivos comunicados que esta tregua no está dada para un proceso de paz sino de autodeterminación, han anunciado que volverán a las armas si no consiguen sus objetivos y han reactivado la extorsión y, especialmente, la violencia callejera.
El Gobierno, como ayer informaba ABC, estaba advertido por las Fuerzas de Seguridad del Estado de que los etarras utilizarían la «kale borroka» como medio de presión. Y lo ha hecho a lo largo del mes de agosto y principios de este mes de septiembre, con actos de suma gravedad, como el ataque a la subdelegación del Gobierno en Vitoria. Este atentado terrorista -que lo es, aunque se rodee de silencio o medias condenas por parte del Ejecutivo y del PSOE- es, ante todo, la medida que permite a los etarras verificar la parálisis del Gobierno y la insolvencia absoluta de las condiciones puestas a la negociación con ETA. El Gobierno está a expensas de ETA porque ha renunciado a una posición de firmeza que entrañe el riesgo de que los terroristas rompan la tregua, riesgo que tampoco conjurará el Ejecutivo con una actitud débil y claudicante de la que los terroristas no obtengan beneficios.
Por eso, de la misma manera que no cabe negociar con terroristas cuya voluntad inequívoca es usar la violencia -y la están usando-, la amenaza y la extorsión -y siguen amenazando y extorsionando-, tampoco cabe legalizar a una izquierda proetarra que sigue sin condenar la violencia, sin pedir el fin del terrorismo y sin emanciparse de la organización terrorista que decidió su creación y dirige todos y cada uno de sus pasos. Ni se negocia con ETA, ni se le premia con la legalización de sus sicarios de Batasuna, porque el Gobierno debería también saber que la opinión pública es muy consciente de que ETA y Batasuna son la misma realidad terrorista.
A esta conclusión debería haber llegado el Ejecutivo simplemente respetando el guión de las palabras de su presidente, máxime cuando ha sido Zapatero quien ha venido recabando la confianza ciega de la sociedad -incluso de Mariano Rajoy- sólo con el aval de su palabra. El presidente del Gobierno pidió un masivo acto de fe a los españoles tras fijar las líneas rojas de un «proceso de paz» que, a medida que pasa el tiempo, sólo parece servir a los intereses de Batasuna/ETA.
Ignacio Villa Libertad Digital 6 Septiembre 2006
El 11 de marzo, en este arranque de curso, ha saltado a la arena política debido a las investigaciones periodísticas de este verano y, evidentemente, a la entrevista publicada por el diario El Mundo con Suárez Trashorras, uno de los principales imputados por aquellos atentados.
Las aportaciones realizadas por el diario de Pedro J. y Libertad Digital son muy importantes, pero quizá donde se ha registrado el cambio más llamativo ha sido en el Partido Popular, que ha recuperado como uno de sus principales objetivos el conocer la verdad sobre el 11 de marzo. Unos pocos medios de comunicación pueden arrojar algo de luz sobre los atentados, pero eso no es suficiente. Es necesario que la oposición ejerza como tal en el Parlamento y fuera de él para obligar al Gobierno a investigar y a explicar todo lo que pasó.
En ese sentido es esperanzador que, el pasado lunes, Mariano Rajoy anunciara que los populares van a pedir explicaciones sobre todas las novedades que puedan aparecer sobre el 11 de marzo; algo que ha concretado Eduardo Zaplana anunciando una interpelación parlamentaria sobre esas nuevas aportaciones en la investigación. Una actitud, por cierto, que deja en evidencia a Alberto Ruiz Gallardón, empeñado en echar tierra encima del mayor atentado terrorista de la historia de España. Con esa desautorización por la vía de los hechos, las declaraciones de intenciones del alcalde de Madrid en sus medios amigos aparecen como una quimera entre ridícula y cobarde.
Aunque el anuncio del Partido Popular es una buena noticia, habrá que irlo verificando durante las próximas semanas. Por el momento, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tendrá que comparecer en el Parlamento y subirse a la tribuna de oradores para defenderse como pueda. Es cierto que no sabemos todos los detalles de lo ocurrido en los atentados de Madrid, pero sí que tenemos la plena certeza de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no ha hecho nada por clarificar la verdad sobre los atentados. No ha puesto nada de su parte para que los españoles sepamos la verdad. Un comportamiento Y de eso sabe mucho y tiene mucha experiencia el propio Rubalcaba después de haber sido el portavoz del Gobierno de los GAL.
Ese es el verdadero motivo de preocupación. ¿Cuales son las razones por las que el Gobierno se quiere quitar del medio? ¿Qué ha ocurrido para que el ejecutivo insista en que está todo claro? Sabemos ya todos que eso no es así. El Gobierno se siente acorralado, aunque intente disimular mirando hacia otra parte; pero Zapatero se ha parapetado detrás de esa verdad oficial que convierte lo del 11 de marzo en el resultado final del fanatismo de unos cuantos confidentes policiales y camellos, enfadados con Aznar por la foto de las Azores.
Con todo, lo más grave es que volvemos a las andadas. La publicación de la entrevista de Suárez Trashorras nos vuelve a situar en el ambiente político que ya vivimos sobrecogidos en la época de los GAL o de Filesa. Eran días en los que lo único con que se podía contar cada mañana era con la sorpresa. Muchos implicados, desengañados de las mentiras del Gobierno, hablaban y desde el PSOE descalificaban despectivamente aquellas revelaciones. Al final, todo aquello se aclaró y Felipe González y los suyos terminaron como terminaron. No sabemos donde acabarán las investigaciones sobre el 11 de marzo, pero las reacciones del Gobierno y del PSOE muestran el mismo nerviosismo que entonces. Y es que si el 11 de marzo es todavía un enigma es porque Zapatero sólo busca enterrar la verdad.
Va siendo hora de que Rubalcaba se retrate
EDITORIAL Libertad Digital 6 Septiembre 2006
La versión oficial del 11-M, la del PSOE, el Gobierno, sus socios parlamentarios y la que el juez Del Olmo mantiene a capa y espada hace aguas por todas partes. Este lunes el diario El Mundo inauguraba el mes de septiembre con una larga entrevista de Fernando Múgica a Emilio Suárez Trashorras. Una entrevista que ha dado mucho de sí abriendo nuevos interrogantes sobre la masacre. Interrogantes que, por lo que parece, nadie, a excepción de un puñado de periodistas, quiere despejar.
Según el ex minero asturiano, la Policía y el CNI le ofrecieron dinero, un piso e inmunidad a cambio de que incriminase a Jamal Ahmidan, alias El Chino, uno de los presuntos terroristas islámicos que se suicidaron en Leganés en abril de 2004. La obsesión de los servicios de Inteligencia era, siguiendo la declaración de Trashorras, implicar a los moros a cualquier precio y alejar las sospechas sobre la ETA "alegando el momento político que se estaba viviendo en España". Poco más se puede añadir a algo tan terminante, especialmente cuando el propio Trashorras fue comisionado por un inspector de policía de Avilés para que vendiese ilegalmente explosivos a la banda terrorista vasca.
No quedan ya demasiadas excusas para pedir una investigación más concienzuda sobre el papel que jugó la ETA en la trama del 11-M. Son varios los testimonios que coinciden, por no hablar de la concomitancia temporal en las caravanas de la muerte que bajaron a Madrid en aquellas fechas, o de los encuentros –quizá no tan fortuitos– en un club de alterne en el que se dieron cita otro confidente policial, Javier Lavandera, "un grupo de vascos", un agente de la Guardia Civil y, naturalmente, el propio Trashorras.
Tal cúmulo de indicios no puede pasar desapercibido ni al juez que está llevando a cabo la investigación ni a un Gobierno que presume de tenerlo todo claro en lo referente al 11-M. Partimos del hecho de que las pesquisas judiciales están siendo desesperadamente lentas y erráticas en muchas ocasiones. Tampoco nos es ajeno que el Gobierno de Zapatero está poco o nada interesado en escarbar en la trama del 11-M y hacer aflorar la verdad.
Por esto, porque ni juez ni Gobierno están por la labor de revisar una versión oficial que ya no se cree nadie, es bienvenida la iniciativa del Partido Popular de interpelar al ministro del Interior sobre este tema. Ya era hora de que la oposición ejerciera de tal y exigiese a Alfredo Pérez Rubalcaba una explicación coherente sobre todo lo que se ha descubierto desde que su Gobierno diese carpetazo al caso. Es un primer paso, y decimos primero porque queda mucho por investigar y mucho por aclarar.
Por más que el Gobierno quiera diluir su responsabilidad en los consabidos mantras sobre el fracaso electoral del PP, tiene la obligación moral de hacer frente a este asunto y no ignorar las novedades de una investigación que sigue su curso muy a pesar suyo. Es deber del Gobierno ofrecer a la Nación respuestas a preguntas de las que viene huyendo desde hace demasiado tiempo. Es tan grave lo que se despacha en esto que el Partido Popular, la única oposición existente hoy por hoy en las Cámaras, ha de perseverar hasta conseguir que se retrate el Gobierno. Y que lo haga a través de un ministro que hizo su agosto en aquellas jornadas aciagas; para bien, o para mal.
Plúmbeo silencio sobre el 11M
Fernando Gallego Periodista Digital 6 Septiembre 2006
La crispación política es un elemento del paisaje social desde que un explosivo sin determinar segó la vida de 192 personas, cercenó la integridad física de varios miles y menoscabó la dignidad de toda una nación.
Todos sabemos cual fue ese punto de inflexión, a partir del cual España es menos España, y donde muchos españoles percibimos la sensación de tener menguada la condición de ciudadanos libres.
Con la onda del explosivo al que todavía nadie ha logrado poner nombre y apellidos, llegó una nueva forma de gobernar y un tipo abrazado a un nuevo talante, tan disminuido políticamente, que brotó en la escena pública distinguido con el escueto ZP.
Una sociedad amedrentada, y con un coraje cívico bajo mínimos, premió al terrorismo con una decisión equivocada, y que a dos años vista, con las inquietantes grietas que se abren en la versión oficial de aquella ignominia, no solo parece simplemente equivocada, sino que con los acontecimientos sobre el apaciguamiento del terrorismo etarra, se nos presenta como un error tan monumental, tan garrafal, que ha permitido que el cambio propiciado por una acción terrorista, beneficie con claridad a los terroristas de la ETA, y a sus parientes y primos cercanos que recogen los frutos del árbol de la indignidad.
El aislamiento de cuantos no estamos en la pomada del falso apaciguamiento, de la paz tan falsa como una moneda de madera, es una operación en la que trabajan día a día los ingentes medios de comunicación que apoyan y protegen al gobierno desde su génesis, unas veces jaleando las consignas políticamente correctas que lo mismo sirven para un roto que para un descosido, otras con un plúmbeo silencio.
Lo que más llama la atención, lo más me inquieta, no es el intento de someternos a vasallaje haciéndonos manducar pringosos conceptos preñados de “corrección política” y vacíos de contenido, que solo valen para maquillar a unos impresentables y sus inquietantes políticas. Lo que mas me inquieta, digo, no es la miserable verborrea llena de inanidad a modo de cosmético, lo que más me inquieta es de lo que no se habla.
Poca estima existe por la libertad y por la verdad en esos medios de comunicación, cuando ni siquiera se ocupan de las inquietantes contradicciones, falsedades, coincidencias sospechosas, y palmarias mentiras que se están poniendo en evidencia desde el día siguiente de aquél fatídico 11 de Marzo de 2004. El presidente por accidente, pontificó al cierre de la comisión de investigación, en una de esas piruetas preñadas de amoralidad a las que nos tiene acostumbrados, que todo estaba muy claro, que no había nada que investigar. El Sr. Zapatero decretó entonces que la verdad oficial es inamovible, y esta es la consigna que hasta este momento están siguiendo la mayoría de medios de comunicación.
El sepulcral silencio de la mayoría de medios no puede obedecer a la indiferencia, al menosprecio de lo que cada día es más evidente, a la creencia de que se trate un tema menor que no merece ser publicado. El machacón silencio no es casual, ni mucho menos fruto del desdén por la creencia de que se trata de un tema sin interés periodístico. El pesado y cargante silencio, empieza a ser tan inquietante como a lo que trata de poner sordina. Más de una persona, incluso cercana a ideas del PSOE, están empezando a dar pábulo a cuantas sospechas se están evidenciando, no porque se hayan molestado en analizar las enigmáticas claves, sino porque su sentido común les hace desconfiar de tan clamoroso silencio.
Y si hay funerales, ¿irán juntos?
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 6 Septiembre 2006
Pocas cosas más tristes que enviar a un grupo de soldados a un lugar donde sólo pueden recibir disgustos sin poder darlos. Y aunque mucho me gustaría equivocarme, temo que eso sea lo que suceda con nuestras tropas en el Líbano. Los propios mandos militares elevan casi al doble el número de efectivos necesarios. Y todo, como explicaba ayer el GEES, para poner a cien o doscientos mílites en la zona de peligro. Me parecería mejor un apoyo político como el que brindó Aznar a la liquidación del régimen genocida de Sadam Hussein que esta presencia que, siendo poco operativa, puede resultar letal.
Lo que no sé es si mientras Zapatero pacta con la ETA la liquidación de España y, tal vez, el secreto eterno de sus relaciones con los moritos del 11-M, don Mariano Rajoy va a comparecer junto a Zapatero en los funerales por los caídos en el Líbano, que, inevitablemente, empezarán pronto a celebrarse. Sería lo normal. Salvo que la vuelta a los viejos tiempos de la hegemonía etarra, propiciada por este Gobierno al que ayuda el PP, nos traiga los entierros de tapadillo y la salida de ataúdes por la puerta de atrás de las iglesias. Cualquier ignominia es imaginable en esta pobre España, presa de un Gobierno siniestro y sin una mala Oposición que echarse a la calle.
POR TERESA JIMÉNEZ BECERRIL ABC 6 Septiembre 2006
Las calientes elecciones de Navarra
Lorenzo Contreras Estrella Digital 6 Septiembre 2006
Entre los muchos temas candentes de la actualidad española —algunos prefieren hablar de Estado— figura el futuro político de Navarra y su encuadre territorial, en consonancia con lo que Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, llamó hace cinco meses, en declaraciones a la agencia Efe, “inquietante desviación territorial” frente a los planteamientos ideológicos. Así hablaba el Zaratustra sevillano, y digo hablaba porque no ha vuelto a sonar su voz para reclamar atención sobre tan delicadas cuestiones.
Ahora surge la expectativa de las elecciones municipales y forales de mayo, lo cual quiere decir que los navarros están en pie de urna, o a pie de ella, sin dejar de formular pronósticos que no siempre eluden la inquietud de los que distan de ver el horizonte claro.
La izquierda abertzale que también contamina a Navarra intenta preparar una mesa de partidos en la que tomarían posición, según los deseos que ella expresa, todos los partidos de “Iparralde” y los navarros en una primera fase. Pero el PNV es de otra opinión, hasta el punto de que Josu Jon Imaz, presidente de esa formación nacionalista, considera que “Navarra debe tener un debate propio en la medida en que su realidad sociológica y política es diferente”. Entiende Imaz que “desde la política navarra se debe articular un mecanismo para trabajar y decidir el futuro político” que haya de corresponderle.
Lo que late en esta pugna de criterios es una patente ambición por controlar el resultado de las elecciones venideras. En Navarra existe o se aprecia una interferencia del PSOE, desde Madrid, sobre el destino del PSN, ya que ha vetado las elecciones primarias y ha dejado de antemano a Carlos Chivita, secretario general de los socialistas navarros, fuera de juego político.
Mientras tanto, Miguel Sanz, presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), en la apertura del curso político, ha pulsado el timbre de alarma al decir en la localidad de Cadreita que el tiempo inmediato “va a ser determinante para que Navarra siga siendo lo que es o, por el contrario, se convierta en un apéndice más de esa Euskal Herria, no sabemos si asociada a España o independiente”.
Miguel Sanz rechaza que “la paz vaya acompañada de la autodeterminación de Navarra, pero por ahí —asevera— no pasamos”, ya que, según el presidente del Gobierno de esta Comunidad o Reino, la Navarra que UPN quiere es aquella en la que cada ciudadano pueda sentirse navarro, vasco, español y europeo.
A la izquierda aberztzale le ha sorprendido el tono suave y sin estridencias de este comienzo del curso político por parte de UPN. Para Sanz, ante las elecciones del 2007 sólo existe la alternativa de UPN-CDN frente a la de Nafarroa-Bai, “que para que tenga alguna posibilidad de éxito necesita que PSOE y ETA-Batasuna alcancen un acuerdo sobre Navarra y apoyan a dicha formación”.
Estas referencias dan idea de cómo se perfilan las armas del combate electoral. El lema de Sanz, que ha llegado a prometer pensiones y becas mejoradas, así como una Oficina del Inmigrante, es la defensa de “la Navarra de los derechos civiles”. Y ya de paso lamentó que Carlos Chivite, el líder socialista hasta ahora, haya sido descabalgado, al menos como candidato electoral, sin dejar de puntualizar que él, Miguel Sanz, “jamás aceptaría que Madrid decidiera por Navarra, y menos en estos momentos tan trascendentales”.
La respuesta de Chivite ha sido electorera, ya que, según él, “el miedo que atenaza a Sanz y a UPN” se concreta en saber que perderán el poder “sin lugar a dudas”.
Como cabe apreciar, el río navarro corre revuelto, con IU —de Navarra— y Aralar, cuyo líder es, como se sabe, Patxi Zabaleta, lanzados de cabeza a la competición.
El chantaje etarra
José Luis Manzanares Estrella Digital 6 Septiembre 2006
El terrorismo etarra es un cáncer de contornos poco definidos. Lleva muchos años incrustado en la sociedad española, a la que combate incansablemente con el continuado recurso a los asesinatos selectivos e indiscriminados, a la guerrilla urbana, a los incendios y a los desmanes de toda clase. El ambiente del País Vasco se hace irrespirable para quienes se ven obligados a abandonarlo. Se exige a los empresarios una contribución económica para la patriótica causa, de modo que su pago garantiza las vidas de extorsionado y de sus familiares, así como la supervivencia de sus empresas ahora y cuando se implante el soñado régimen totalitario o nacionalsocialista en una Euskal Herria libre e independiente.
Y aquí, en esa extorsión llamada impuesto revolucionario, se encuentra una de las más notorias manifestaciones del terrorismo como cáncer social. En el asesinato de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, los papeles de verdugo y víctima son de insuperable nitidez: uno aprieta el gatillo y otro recibe el disparo en la nuca. La extorsión, por el contrario, presenta numerosas variantes. Los bordes del tumor maligno se difuminan y no siempre es fácil saber si determinadas células forman parte de aquél por compartir sus objetivos o por simple cálculo interesado.
La cooperación económica con banda armada es un delito tipificado en el artículo 518 del Código Penal y, además, una conducta radicalmente insolidaria. El peligro se desplaza hacia el resto de la ciudadanía. De un riesgo probable se pasa a unas muertes seguras pero ajenas. El extorsionado compra seguridad a cambio del dinero propio y de la sangre del prójimo, incluidos los niños. Ese es el planteamiento de una cuestión que hasta ahora no ha recibido clara respuesta en los tribunales. Los españoles sabemos que se paga y, también, que al final no ocurre nada. Un día nos enteramos de que se investigan los pagos de muy conocidos nombres de la cocina vasca, pero semanas después el asunto cae en el más absoluto silencio.
Habrá quien busque la coartada de la extorsión por si se descubriesen sus pagos, más voluntarios que forzosos. Y habrá quien, por el contrario, será verdadera víctima del terrorismo etarra en cuanto sólo se pliega a las amenazas. Sin embargo, tampoco esta colaboración queda al margen del Código Penal. El miedo insuperable puede ser una circunstancia atenuante y, en casos extremos, eximente de la responsabilidad criminal. Depende del nivel de exigibilidad aplicable, de lo que se reclame, de las posibilidades de que produzca el mal y de la entidad de los bienes en juego. Lo correcto sería que se abrieran los sumarios pertinentes y se celebraran los juicios públicos que permitieran a toda la sociedad española conocer las razones para la absolución o condena del extorsionado.
No queremos saber. ¡Exigimos saber la verdad!
Vicente A. Carrión Martínez Periodista Digital 6 Septiembre 2006
Creo que hemos llegado a un punto en que no se puede tolerar a este Gobierno seguir en su política de ocultamiento y desinformación. Cuantas veces los españoles se han manifestado pidiendo saber la verdad sobre los atentados terroristas del 11M, el Gobierno ha infravalorado esa voz popular, directamente la ha despreciado y ha seguido tercamente en su camino en lo que irónicamente llama Proceso de Paz.
Pues como español exijo saber la verdad:
Sobre el que parece cada vez mas claro entramado golpista, por la acumulación de pruebas falsas, testimonios perjuros, ocultación de pruebas y su manipulación. Exijo saber cual es el grado de implicación de dirigentes del PSOE en el conocimiento de hechos relevantes, tras los atentados terroristas y que ocultaron o manipularon para desprestigiar al Gobierno del PP.
Cuales fueron los contenidos de las conversaciones desleales y acuerdos entre el PSOE y la ETA, previos a los atentados, mientras estaba en la oposición y firmaba con el PP el Pacto Antiterrorista.
Cuales fueron los acuerdos pactados con ETA, previos al inicio de estas conversaciones oficiales entre Zapatero y ETA. ¿Por qué Otegi y Batasuna acusan de un incumplimiento por parte del PSOE?.
¿Por qué se acepta con sumisión el chantaje que ETA somete al Gobierno, para tener maniatado al Estado de Derecho y que fiscales y jueces interpreten favorablemente la Ley de Partidos respecto a formaciones terroristas ilegalizadas?.
¿Por qué el Presidente del Gobierno incumple todos sus compromisos electorales y su Código de Buen Gobierno, eludiendo su comparecencia en el Congreso de los Diputados y escondiéndose de sus responsabilidades, prefiriendo seguir de "vacaciones prolongadas", (como todo su Gobierno) delegando en otros su obligada presencia?.
Ya es hora de pasar de una petición mesurada y contenida a una exigencia. Ser Presidente o Ministro del Gobierno de España conlleva no solo derechos en razón del cargo, sino sobre todo deberes y responsabilidades con todos los ciudadanos, con todos los españoles, incluso con los que no les votaron.
Usted Sr. Presidente tiene el deber de contestar.
Irán expone su intolerancia
LA exposición de dibujos que se ha organizado en Teherán para ridiculizar los sentimientos religiosos de judíos y cristianos es un claro ejemplo de gesto que no favorece a la comprensión y al entendimiento. Se presenta como una especie de desquite por aquellas caricaturas de Mahoma que fueron publicadas en el diario danés «Juillands-Posten» y ponen a prueba la capacidad de digerir críticas -aunque sean de tan mal gusto como estas- por parte de la sociedad occidental. Pues bien, en este caso nadie ha salido a las calles a quemar banderas o a asaltar embajadas, incluso algunos dibujantes europeos y norteamericanos, concretamente tres de ellos españoles, han participado en este insensato certamen y ninguno de ellos ha sido señalado ni condenado a muerte por blasfemo ni se ha pedido el boicot de ningún tipo de mercancías de ningún país. Si esto es lo que querían medir los responsables del régimen teocrático y liberticida de los ayatolás, ya se pueden hacer una idea precisa de lo que significa el respeto a la libertad de expresión y de conciencia.
El caso de la obsesión de las autoridades iraníes por ridiculizar las referencias históricas al holocausto judío es especialmente revelador de su agresividad hacia un país concreto, Israel, en momentos en los que estas mantienen obcecadamente su plan de construir armamento nuclear. La inquietud con la que la comunidad internacional asiste a esta evolución se acentúa ante los mensajes que desprende esta nueva actitud desafiante. Son solamente dibujos, es verdad, pero su exhibición deliberada expresa claramente una voluntad provocadora contra todo lo que representa Occidente y el mundo moderno.
Ante ello hay que reiterar que estos comportamientos están todavía a años luz de las prácticas que se consideran normales en la mayor parte de las sociedades contemporáneas y son un obstáculo a la convivencia. Además, por tratarse de una actitud deliberada y dirigida expresamente por las autoridades políticas, representa una transgresión mucho más grave que aquella a la que pretenden hacer referencia. Es más, después de haber alentado esta exposición, el Gobierno de Teherán debería aceptar de buen grado y soportarlo si otros países organizasen un concurso de caricaturas de Mahoma o de Jomeini y en ese caso carecerían además de argumentos para considerarse ofendidos por ello.
Lo cierto es que algunos sectores del Islam se aprovechan actualmente de una interpretación asimétrica de las convenciones morales más universales: frente a las sociedades modernas y occidentales reclaman la tolerancia en el ejercicio de los derechos que se reservan a las minorías, mientras que en su seno ejercen el papel de religión dominante y exigen el cumplimiento obligatorio de sus preceptos, sobre todo a las minorías. Y eso no es aceptable.
GEES Libertad Digital 6 Septiembre 2006
El Congreso de los Diputados debatirá mañana el envío de un contingente de soldados españoles para integrarse en la United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). A la espera de los argumentos que presente el Gobierno, consideramos la propuesta de Rodríguez Zapatero debe ser rechazada. Hay razones de sobra para ello:
La resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad es contradictoria en sus términos y, por lo tanto, una base inapropiada para el desarrollo de las actividades de una Fuerza Multinacional. Aunque la resolución señala con claridad que la responsabilidad de la guerra corresponde a Hezbolá y que resulta necesario cumplir con lo estipulado en resoluciones anteriores, desarmando lo antes posible al brazo armado de esta organización, como consecuencia de las presiones árabes se aceptó en el último momento que la responsabilidad del desarme correspondiera en exclusiva al Gobierno del Líbano, de quien forma parte Hezbolá y cuyo ejército nacional controla esta organización en gran medida. Según la resolución, el Gobierno del Líbano podrá solicitar a la UNIFIL que colabore con el Ejército Nacional en el desarme de la organización, pero esto es poco probable y a toda luz insuficiente. Sin poner en duda la necesidad de que una fuerza multinacional se despliegue lo antes posible en el sur del Líbano, la misión –tal como aparece definida en la resolución 1701– carece de una finalidad estratégica coherente y, por lo tanto, será un esfuerzo fallido.
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, ha realizado una interpretación de la resolución 1701 que va mucho más allá del propio texto. En su opinión, ni el ejército nacional del Líbano ni UNIFIL deben inmiscuirse en el desarme de Hezbolá. Éste debe ser el resultado de un proceso político interno. UNIFIL tampoco deberá estar presente en el control de la frontera sirio-libanesa, para evitar el reabastecimiento de las milicias islamistas chiítas. Hezbolá ha comunicado, a través de su máximo representante, que no piensa desarmarse. La hipotética colaboración del ejército sirio y del libanés en el control de la frontera común pondría en manos de los radicales la llave para introducir en el Líbano el armamento enviado por Irán. La interpretación realizada por Kofi Annán resulta una burla de los propios principios en los que se fundamenta la Resolución y agrava la falta de una finalidad estratégica coherente en la misión de UNIFIL.
Si nadie se va a ocupar de desarmar a Hezbolá, la situación posterior al alto el fuego se convierte en una tregua en beneficio del grupo islamista, que ha logrado poner freno al durísimo castigo que estaba sufriendo, que tiene ante sí una oportunidad para reconstruir sus mermados arsenales y, sobre todo, que puede tratar de rentabilizar políticamente el pulso mantenido con Israel. En estas circunstancias, UNIFIL actuará como fuerza protectora de una organización islamista y terrorista, brazo armado de Irán, que niega el derecho a existir a un estado soberano y democrático como Israel y que propaga, a través de sus medios de comunicación, el odio a Occidente por todo el planeta.
Si UNIFIL evita resolver la causa del conflicto éste no sólo perdurará, sino que con el tiempo se hará más grave y de gestión aún más difícil. Cuando los dirigentes de Hezbolá consideren que les interesa atacarán a Israel. Si el gobierno israelí cree que nadie está evitando la entrada de armas para Hezbolá realizarán una acción anticipatoria. En ambos casos UNIFIL se encontrará en el lugar más inapropiado en el momento más inoportuno. Toda acción militar implica riesgo; la vida de un soldado en misión a menudo corre peligro, pero la pérdida de vidas en acciones inútiles es inaceptable.
El Gobierno español se distanció de la posición común europea y mostró su comprensión hacia los milicianos de Hezbolá, su rechazo al ejercicio de legítima defensa de Israel y, finalmente, su disposición a aceptar las demandas iraníes, actor fundamental en este conflicto. El presidente Rodríguez Zapatero anunció inmediatamente su disposición a enviar 1500 hombres a la fuerza multinacional, antes de que se conociera la misión, de que el presidente francés, Jaques Chirac, reconociera que la resolución –de la que era autor destacado– resultaba ser un instrumento insuficiente para el envío de un contingente militar y de que se reunieran, en la ciudad de Bruselas, representantes europeos y de Naciones Unidas para tratar de solventar las carencias más llamativas de la misión de UNIFIL. Para el gobierno español en ningún momento el desarme de Hezbolá fue un objetivo deseable, mientras que sí lo fue la contención de las fuerzas armadas israelíes. En su perspectiva, la protección de Hezbolá es una misión acorde con los intereses del partido socialista, con su visión de una Alianza de Civilizaciones y con su rechazo de los valores de la democracia y de la globalización liberal.
En su afán por complacer a los sectores islamistas en el Mundo Árabe y de presentarse en el interior como el más fiel servidor de Naciones Unidas, el presidente Rodríguez Zapatero violó el acuerdo tomado en Consejo de Ministros sobre el contingente total de miembros de las Fuerzas Armadas destacados en misiones fuera del territorio de soberanía, así como la Ley de Defensa Nacional, al enviar un primer destacamento sin la previa autorización del Consejo de Ministros y del Congreso de los Diputados. Si bien el primer hecho pudo ser rectificado, tras la denuncia del Grupo de Estudios Estratégicos, el segundo resulta del todo irreparable. Un proceso de toma de decisión tan irregular y tan expresivo de los auténticos fines de la misión aconseja una reacción firme por parte de los representantes de la soberanía nacional.
Además, lejos de perseguir el necesario consenso que debe inspirar una misión de esta naturaleza, Rodríguez Zapatero no ha hecho sino agredir al PP por sus decisiones de gobierno, particularmente en lo referente a Irak, tergiversando y mintiendo descaradamente al respecto.
En nuestra opinión, Naciones Unidas debe adoptar una posición relevante en la resolución de la crisis de seguridad planteada por las acciones violentas de Hezbolá contra un estado soberano y ante su papel obstaculizador en el proceso democratizador libanés. Una fuerza multinacional tiene que ser enviada, pero desde un marco jurídico y estratégico distinto.
La resolución 1701 debería ser complementada con una nueva, que sitúe la misión en el marco del Capítulo VII de la Carta y que encomiende a la fuerza multinacional tanto el control de la frontera sirio-libanesa como, y sobre todo, el desarme de Hezbolá. Si estas condiciones no se dan, en nuestra opinión los estados europeos deberían abstenerse, opción adoptada de hecho por la mayoría, de participar en esta misión. Y en nuestra opinión, el PP debería tomar buena nota del talante del actual presidente de gobierno y no prestarse gratuitamente a sacarle las castañas del fuego. Corresponsabilizarse de un error es una tontería, corresponsabilizarse de una locura, un sinsentido.
Gustavo de Arístegui Periodista Digital 6 Septiembre 2006
El chiísmo sólo representa aproximadamente el 20% de los creyentes del Islam, y a pesar de ello el ayatolá Jomeini creyó que podía extender la influencia del islamismo chií a un creciente número de musulmanes.
El carisma del ayatolá y la simpatía que entre algunos movimientos despertó su política profundamente antiamericana y antioccidental, encendió todas las alarmas en una importante parte del Mundo Islámico (Afganistán y Pakistán entre otros), pero muy especialmente en los países árabes con mayorías o importantes minorías chiíes. Irán que no es árabe y que es de aplastante mayoría chií imanita, despertaba entonces y provoca hoy tanto o más que en el pasado fuertes recelos y temores entre sus vecinos árabes.
Irán es una nación muy orgullosa de su larga historia, idioma y cultura. De hecho sorprende a quien no lo conoce bien, que el régimen reconozca o por lo menos acepte la parte de su historia que han denostado diciendo, como es evidente, que la actual es su verdadera edad de oro.
Es un país de gentes serias y trabajadoras, que tras largos años de régimen teocrático había emprendido una suerte de revolución silenciosa para forzar un cambio pacífico, desde el desafío de las mujeres a la normas de vestimenta y maquillaje, a la instalación de antenas parabólicas, que en algunos lugares del mundo es tanto como hacer alarde de aperturismo y de ser un peligroso prooccidental.
La situación se les estaba yendo de las manos a los jerarcas del país y decidieron emprender el peligroso camino de provocar y ahondar el enfrentamiento con Occidente para tratar de propiciar que incluso los más críticos apoyasen al régimen ante lo que calificaban de agresión exterior.
El presidente iraní Ahmadineyad ha declarado que respondería a la Comunidad Internacional y las Naciones Unidas el 22 de agosto (fecha en la que se conmemora la ascensión del Profeta Mahoma a los Cielos), es decir ocho días antes del plazo que se les había concedido. Ciertas teorías habían especulado sobre la posibilidad de que el anuncio de que Irán pudiese ser el arranque de una nueva crisis mundial por tener ya ultimado un programa nuclear, o anunciar que tenía ya armas atómicas.
Otros especulaban incluso con un eventual ataque al Estado de Israel. No es Ahmadineyad, que acaba de llegar, es la jerarquía ultraconservadora iraní la que lleva años intentando blindar el régimen con un arsenal atómico y convertirse en una indiscutible potencia regional, lo que provoca honda preocupación entre sus vecinos incluido Pakistán, que es potencia nuclear. La carrera armamentística que se va a iniciar tendrá unas gravísimas consecuencias que apenas se atisban ahora.
La crisis libanesa ha subrayado de manera muy clara la desconfianza y temor que suscita el Irán de los ayatolás en el Mundo Árabe y muy especialmente en el Golfo Pérsico, donde las reacciones a la crisis libanesa han sido tímidas, tibias o incluso de críticas a Hizbulá, a los que desde Arabia Saudí se calificó de “irresponsables aventureros” al principio de la crisis.
Buena muestra de ello es una fatua (decreto religioso) dictado hace tiempo por Abdul Bin Jibrín, un mufti (autoridad religiosa) saudí que decía que apoyar, enrolarse, financiar o incluso rezar por Hizbulá era frontalmente contrario a la Shari’a (Ley islámica). Los dirigentes de una parte importante del Mundo Árabe, y no pocos del resto del Mundo Islámico, temen que el modelo Hizbulá, experimentado con éxito en el Líbano, pueda llegar a ser “exportado” a sus países, y que sus minorías chiíes exijan cada vez mayores cuotas de poder e influencia.
Los sectores conservadores y ortodoxos del Islam sunní consideran a los chiíes profundamente heterodoxos, aunque no dudan que sean musulmanes, por equivocados que consideren que estén. Los islamistas los tratan en el mejor de los casos de herejes, aunque en su mayoría los consideran peligrosos apóstatas.
El islamismo radical sunní es profundamente antichií, como tristemente se puede comprobar todos los días en Irak. En las páginas de este periódico el ministro libanés Joseph Sarkis se atrevió a formular en voz alta un temor bastante extendido entre los sectores más modernos y moderados del Líbano, tanto musulmanes como cristianos, cuando dijo que “Están construyendo su propio país, una mañana nos despertaremos y estaremos en tierra de Hizbulá”, desde luego no se puede ser más claro.
El problema no es tanto que los chiíes no sean aceptados como que la influencia de Irán se teme y el modelo Hizbulá produce verdadero terror, ningún país islámico quiere tener un estado dentro del estado, y que además esté armado hasta los dientes, y contra el que nadie pueda o se atreva a cuestionar o meter en vereda. Buena muestra de la fuerte financiación que recibe Hizbulá del exterior es que se calcula que han estado entregando alrededor de 5 millones de dólares diarios en ayudas a los afectados, en un intento de seguir comprando voluntades. Sombrío panorama.
Por otra parte esta la más que espinosa cuestión del mandato poco claro de la razonable pero ambigua e insuficiente resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. La 1701 hace referencia a las resoluciones 1559 y 1680 en sus párrafos 3º, 8º y 10º, en éste último dice que deben aplicarse las resoluciones “incluido el desarme, y para el trazado de las fronteras internacionales del Líbano”.
Pero no dice ni quién, ni cómo ni con qué medios debe llevar a cabo esa imprescindible pero complicada y peligrosa tarea. Se anuncia en su párrafo 11º que se pretende “aumentar y mejorar la fuerza en términos de efectivos, equipo, mandato y alcance de las operaciones, autorizar el aumento de los efectivos de la FPNUL (se supone que es lo mismo que la antigua FINUL/UNIFIL, mal augurio…) a un máximo de 15.000 soldados”.
Conviene subrayar que los expertos decían antes de la aprobación de la 1701, que para llevar a cabo su función se precisaba un mínimo de 15.000 hombres. Tampoco están suficientemente definidas su misión y la naturaleza del mandato. Todo ello es preocupante, ya que ante el evidente fracaso de la FINUL en el pasado, no parece que ésa sea la fórmula más idónea, hubiese sido deseable un mandato mucho más claro, definir si la fuerza internacional estaría a cargo del desarme de Hizbulá, de cuáles serían sus reglas de enfrentamiento y su capacidad de respuesta ante cualquier agresión.
La FINUL en el pasado ha sido objeto de numerosos ataques y ha sido la misión de la ONU con el mayor número de bajas (257).
A los españoles nos interesa, además, el calendario, condiciones de envío e instalación de nuestras tropas y su capacidad de respuesta ante ataques, o posibilidad de defensa de civiles inocentes. Parece claro que el envío de una fuerza internacional es necesaria, pero en ningún caso para consolidar un perverso statu quo en el que Hizbulá conserve su armamento y capacidad operativa, y en el que la fuerza de interposición sólo difiera en el tiempo un nuevo y más terrible enfrentamiento, y cuya presencia pueda servir para que se rearme y prepare al amparo de la bandera azul de la ONU.
Todas estas dudas deben ser despejadas, incluso, si fuese necesario, con una nueva resolución, para así tratar de garantizar el éxito y la seguridad de la misión. El gobierno debe exigir a la ONU y a su secretario general toda esta información y que el mandato sea meridiano. Otros gobiernos ha recibido más información y aclaraciones que el Gobierno español.
Nuestro país fue excluido de la gira de la ministra de Exteriores israelí y el primer ministro israelí no incluyó al presidente del Gobierno de España en su ronda de conversaciones con los más importantes jefes de gobierno del mundo, especialmente los que, en principio, habían comprometido tropas para la FPNUL.
La opinión pública y la oposición así se lo exigen, pues eso es lo razonable, prudente y responsable. Esperemos que el gobierno dé cumplida respuesta a todos estos interrogantes en el debate parlamentario del próximo día 7 de septiembre.
PARA REVISAR LA ACTUACIÓN DE LA COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
Las últimas revelaciones en torno a los atentados de Madrid del 11 de marzo son “una demostración más”, según ha declarado Jaime Ignacio del Burgo a Libertad Digital, de que “es imprescindible que haya una auditoría de la investigación” llevada por “profesionales independientes” y que deben “revisar cuál ha sido la actuación de la Comisaría General de Información”. A estas alturas, “la versión oficial se ha derrumbado”, sostiene Del Burgo. Él no defiende que “haya habido una conspiración para el 11-M, pero sí hay una conspiración para ocultarlo”. En referencia a quienes dentro del PP, como Gallardón, piden pasar página del 11-M, Del Burgo considera que hacen "el caldo gordo al PSOE".
Como ha revelado Libertad Digital, la Policía ocultó al Juez del Olmo una cinta que identifica a uno de los terroristas muertos en el piso de Leganés, un día antes de la explosión. El pasado 13 de febrero, la Comisaría General de Información, a cargo de Telesforo Rubio, insistió en no enviar la cinta al juez, porque "figura en poder de la Brigada Provincial de Información de Madrid, quienes la requirieron para su estudio y análisis", y no se le ha devuelto.
Jaime Ignacio del Burgo ha considerado el conjunto de las actuaciones del comisario General de Información, diciendo que “Telesforo Rubio, es un comisario político, nombrado por el Partido Socialista. Como prueba el hecho de que cuando compareció en la Comisión de Investigación sobre el 11-M, en julio de 2004, preparó su comparecencia en la sede de Gobelas, donde estaba el cuartel general de Rubalcaba”.
Dado que la actuación judicial ha dependido de los informes que le pasaba dicha Comisaría, a su juicio resulta necesario “que haya una auditoría de la investigación” llevada a cabo por “un grupo de profesionales independientes, ajenos a cualquier militancia política” que revise su actuación. Del Burgo se duele de que “no podemos afirmar que la investigación policial del 11-M esté a la altura de lo que requiere un asunto de esta trascendencia”. A su juicio, “si Rubalcaba no ordena esa investigación y se verifiquan todos y cada uno de los grandes interrogantes que han venido apareciendo con las últimas revelaciones, asumirá la responsabilidad política” por su “voluntad de ocultar la realidad de los atentados”. Continúa diciendo que “ya hemos visto que la comisión de investigación parlamentaria se ha cerrado en falso” y habría que "evitar que también la investigación judicial se cierre en falso”.
El pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega declaró que no hay nadie más interesado que el Gobierno en esclarecer la verdad. Con estas palabras, según considera Jaime Ignacio del Burgo, lo que hace es “desautorizar a su presidente”, porque “cuando compareció en la Comisión, dijo que estaba todo claro que por si alguna cosa quedaba pendiente, la abordaría el juez Del Olmo”. Y recuerda que “también dijo que, en todos los documentos hasta el momento recabados por la Comisión, no había ni una sola mención a ETA. Las declaraciones de Emilio Suárez Trashorras ponen de manifiesto que ETA sí estaba ahí”.
El jefe de Avilés mintió en la Comisión
Del Burgo se ha referido a la revelación de este miércoles del diario El Mundo: la transcripción de una conversación de Emilio Suárez Trashorras que demuestra que el inspector jefe de Estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez “Manolón” sabía de las actividades de Trashorras con El Chino y su banda. Ello demuestra que “el famoso ‘Manolón’ mintió descaradamente a la Comisión. No nos dijo la verdad, en dos asuntos”. Pues, en contra de lo que dijo, “él conoció las relaciones de Emilio Suárez Trashorras y el Chino. Conoció la venta de explosivos a el Chino. Y “el Chino había confesado a Emilio Suárez Trashorras que conocía a los etarras que habían sido detenidos en Cañaberas el día 29 de febrero, mientras intentaban llevar hasta Madrid una furgoneta con una cantidad de explosivos suficiente, por ejemplo, como para hacer saltar la Audiencia Nacional”. De haber dicho la verdad en el Parlamento, “se hubiera dado un giro a la Comisión”.
Estas declaraciones de Emilio Suárez Trashorras “más lo que conocemos de los explosivos nos lleva a que actualmente no conocemos qué estalló realmente en los trenes”. Y ello, sumado a las dudas sobre la mochila de Vallecas más las sospechas sobre la aparición del Skoda Fabia, hacen pensar que "hay una conspiración para ocultar la verdad”. Continúa diciendo que “yo no sé si hubo conspiración para el 11M; lo que yo digo es que ha habido conspiración para evitar que se conozca la verdad del 11-M, y esto es muy grave”.
Las revelaciones en torno a “Manolón”, ponen de manifiesto, a su juicio, “lo que tantas veces hemos dicho, que ha habido varios mandos policiales que han mentido. Eso lo sabía el ministro Alonso. Y él ha consentido mientras fue ministro, que se mintiera en la Comisión y que intentaran confundir al juez Del Olmo. Esa responsabilidad recae ahora sobre el actual ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, a no ser que realice la investigación pertinente”.
“Hacer el caldo gordo al PSOE”
Jaime Ignacio del Burgo ha recordado en sus palabras concedidas a Libertad Digital que “nunca el PP ha hecho del 11-M el eje central de la oposición. Quien dice, dentro del PP, que no hay que mirar al 11-M para centrarse en otros asuntos le está haciendo el caldo gordo al PSOE, porque parte de la premisa falsa de que el PP se ha centrado en este asunto”. Además ha declarado que “el partido tiene el deber de intentar esclarecer la verdad, especialmente cuando hay tantos intentos para ocultarla”. Lo que hace el PP es “la denuncia de una infamia”.
Del Burgo dice que “no hablamos del pasado, sino del presente”, porque los intentos por desviar la atención y entorpecer la investigación son actuales. “Por tanto”, considera, “quien tiene la responsabilidad es este Gobierno”. Un Gobierno que “en el asunto de la conexión de ETA no ha dicho la verdad. No es cierto que hayan investigado a fondo este asunto. Es más, sabemos que tenían razones para haberlo hecho”.
Foro de Ermua calcula que la banda ha obtenido 1 millón de euros con la extorsión desde que declaró la tregua
"La organización terrorista parece progresar en sus objetivos y se refuerza política y materialmente, mientras el Gobierno nacional muestra una progresiva parálisis, oculta baujo un deliberado silencio inormativo que para nada favorece su posición. Los hechos señalana, en suma, que lejos de las promesas hoy ya casi olvidadas que ralizó el señor Rodríguez Zapatero, el terrorismo no se aproxima a su final"
Minuto Digital 6 Septiembre 2006
El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, firma un "tercer informe de verificación" del alto el fuego de ETA decretado el 22 de marzo pasado en el que incluye el cálculo de que la banda terrorista ha obtenido entre 800.000 y 1 millón de euros con la extorsión a empresarios vascos y navarros, fruto de cuatro oleadas de cartas reclamando el 'impuesto revolucionario'.
"Los datos de que se dispone hacen verosímil la hipótesis de que alrededor de dos centenares de empresarios han podido ser receptores de cartas amenazadoras en las que se les exigen pagos de entre 18.000 y 60.000 euros", asegura Buesa en su informe, y subraya que el cálculo se debe realizar sin conocer con exactitud cuántos de ellos han cedido al chantaje de la organización terrorista.
Foro de Ermua ha emitido su tercer "informe de verificación de la violencia terrorista" en el que, tras recopilar informaciones periodísticas, concluye que el terrorismo de ETA "sigue presente en la sociedad española" y que, por lo tanto, no se dan las condiciones para dialogar con la banda terrorista, según señala la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados.
"Por tanto, el presidente del Gobierno, al haber anuinciado ese diálogo el 29 de junio, ha incumplido sus copromisos y ha adoptado una decisión prematura y rechazable que debilita al Estado y cuyas consecuencias pueden ser muy negativas", advierte el presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, en las conclusiones.
MEDIO MILLÓN DE EUROS EN DAÑOS
En el informe, Buesa destaca que los ataques de 'kale borroka' se han intensificado durante el mes de agosto, con 22 ataques, según su recuento, la cifra más alta desde que ETA anunció el alto el fuego permanente, con excepción de mayo, cuando se registraron 37. En total, Buesa suma 89 sabotajes relacionados con ETA desde el mes de abril y cifra en 515.000 euros el valor de los daños causados.
"La organización terrorista parece progresar en sus objetivos y se refuerza política y materialmente, mientras el Gobierno nacional muestra una progresiva parálisis, oculta baujo un deliberado silencio inormativo que para nada favorece su posición. Los hechos señalana, en suma, que lejos de las promesas hoy ya casi olvidadas que ralizó el señor Rodríguez Zapatero, el terrorismo no se aproxima a su final", concluye el informe.
Nuevo ataque callejero el día en el que el PSE dice que la situación está «tranquila»
Iker Moneo La Razón 6 Septiembre 2006
VITORIA- Las manifestaciones que han salpicado las tres capitales vascas en agosto, y que han sido un clamor a favor de la independencia y de los presos de ETA, los carteles amenazantes que han sembrado las fiestas del País Vasco y los intermitentes ataques de violencia callejera, entre los que se incluye la calcinación de un autobús en San Sebastián, son para el líder del PSE, «incidentes aislados». Esa apreciación, hecha pública ayer, coincidió con el ataque que varios desconocidos llevaron a cabo por la tarde en San Sebastián. Los vándalos cruzaron y quemaron contenedores en varias calles de la capital, que afectaron al tráfico rodado, según informó la Ertzaintza a Europa Press.
Sin embargo, Patxi López, ajeno a lo acontecido el mes pasado, en el que ha tenido que intervenir la Justicia para prohibir marchas convocadas directamente por Batasuna, aseguró que «la realidad social confirma el proceso de paz» y que el auge del turismo experimentado en este periodo estival está «ligado directamente al cese de la violencia». En un ejercicio de memoria selectiva afirmó que «hemos vivido el verano más tranquilo que todos podemos recordar y unas fiestas en nuestros pueblos y ciudades que han transcurrido prácticamente con normalidad absoluta». Esta afirmación choca de pleno con el tercer informe de verificación del alto el fuego de ETA presentado ayer por el Foro Ermua. En el documento se contabilizaron desde el comienzo de la tregua 89 actos de violencia callejera , 21 robos de vehículos en Francia y oleadas de cartas de extorsión a empresarios que pueden suponerle a la organización terrorista unos ingresos de un millón de euros.
El Foro de Ermua denuncia el repunte del terrorismo callejero en agosto
B. T. ABC 6 Septiembre 2006
MADRID. El Foro de Ermua persiste en su empeño de recordarle al Gobierno que si «el proceso marcha según lo previsto», tal y como defiende el propio José Luis Rodríguez Zapatero, lo «previsto» por el Ejecutivo debe de ser, en tal caso, la continuidad de la violencia terrorista, ya que en el País Vasco y Navarra no han cesado desde el comienzo del «alto el fuego» ni los ataques callejeros ni la extorsión. Así se desprende del tercer informe de verificación del «alto el fuego» realizado por esta plataforma cívica, que está haciendo un estrecho seguimiento de los acontecimientos desde que ETA, el pasado 24 de marzo, renunció de forma «indefinida» y condicionada a los asesinatos.
La recapitulación llevada a cabo por el Foro demuestra que los terroristas no se han tomado vacaciones en agosto, mes en el que han perpetrado un total de 22 actos de violencia callejera, el más aparatoso de ellos la quema de un microbús. Un repunte preocupante después de que en julio se registraran 10 acciones de este tipo. En total, el entorno etarra ha provocado ya durante esta «tregua» 89 hechos violentos en las calles vascas y navarras.
Al tiempo, el Foro denuncia que la extorsión a empresarios ha continuado con «cuatro oleadas de cartas en el comienzo de cada mes» que pueden haber proporcionado a la banda entre 800.000 y un millón de euros. También critica este grupo cívico que el Gobierno base su disposición a negociar con ETA en unos informes propios que ni se han hecho públicos ni se ha revelado qué fuentes utilizan.
SE PRESENTA DENAES EN BILBAO
Ningún lugar mejor para realizar un acto de afirmación nacional que el País Vasco, allí donde el patriotismo exige valentía y sacrificio y donde más es precisa la tarea que se ha propuesto meritoriamente la fundación Denaes.
Mañana jueves se presenta en Bilbao la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), con la asistencia de Santiago Abascal e Iñaki Ezquerra.
Ningún lugar mejor para realizar un acto de afirmación nacional que el País Vasco, allí donde el patriotismo exige valentía y sacrificio y donde más es precisa la tarea que se ha propuesto meritoriamente la fundación Denaes. Una tarea que quiere movilizar a “los españoles en defensa de la dignidad de la Nación española y de su inquebrantable unidad territorial y social”. Una tarea que en la España amenazada por los separatismos es imprescindible y que pasa, como también certeramente destaca la Fundación por “el fomento de la cohesión de la sociedad española, y de un gran acuerdo de los grandes partidos españoles en torno a la unidad de España y a la fortaleza del Estado español”.
Solo vemos una nota negativa. Un movimiento cívico que reivindica el patriotismo debería huir de cualquier etiqueta partidista. La patria no es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda. Como la propia Fundación destaca entre sus objetivos: “El patriotismo es un sentimiento sano y natural, normalizado en cualquier país de nuestro entorno, que no denota ideologías ni posicionamientos partidarios”.
Por ello no creemos que ayude a esa movilización ciudadana, que tanto necesita de personas de toda condición e ideología, en torno a la defensa de la idea de España, una vinculación tan aparente con el PP, derivada de la presidencia de Santiago Abascal. Mal se puede romper con ese tópico de que el patriotismo es cosa de la derecha cuando es un político de la derecha quien sirve de imagen a la Fundación.
Santiago Abascal puede ser una persona de indudables meritos personales y políticos, pero precisamente por su condición de destacado dirigente regional del PP, mal puede conseguir atraer a todas esas personas, que desde posiciones apolíticas, centristas o incluso de izquierda, o el simple activismo cívico, están descontentas con el rumbo que está tomando el provenir de España. Entendemos las suspicacias por un proyecto presidido por un político que se debe, lógica y legítimamente, a su partido y a sus votantes. Y desde luego su presencia servirá de disculpa a los enemigos para, igual que intentan hacer con la AVT, hacer creer a la opinión pública que la Fundación está controlada y sirve a los intereses del PP. Sobran nombres de prestigio en la Fundación para corregir este error y lograr una imagen más neutral y sabemos también que a Santiago Abascal no le mueve ningún afán de protagonismo personal, por lo que este error podrá ser fácilmente corregido.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 518
 resolución 
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 Resolución 
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e contrario
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