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Timestamp: 2019-09-19 00:07:15+00:00

Document:
Resolución de TEAF Álava, 20-02-2009 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 20 de Febrero de 2009
IRPF 2007. En la disolución de una comunidad de bienes, cuando se adjudica el elemento patrimonial a uno de los comuneros, recibiendo el otro una compensación en metálico, para este último se produce una ganancia o pérdida patrimonial a efectos del IRPF.
En Vitoria-Gasteiz, a veinte de febrero de dos mil nueve. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 293/08, interpuesta por Dña. , contra la liquidación núm. 2008/315.333, girada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2007.
Primero. La Sra. presentó declaración-liquidación por el impuesto y ejercicio indicados acogiéndose al régimen de tributación conjunta con sus hijos menores. Su cónyuge autoliquidó el mismo impuesto y ejercicio en la modalidad de tributación individual.
La Oficina Gestora del impuesto giró la liquidación de referencia conforme al régimen de tributación individual en la que imputó una ganancia patrimonial de 13.477,22 € en la base imponible del ahorro.
Dicha ganancia deriva de la disolución de una comunidad de bienes sobre un local comercial, adquirido en proindiviso por la Sra. y su cónyuge el 31 de marzo de 1998 por un precio de 18.753,98 €, con adjudicación de la totalidad del mismo al otro comunero, recibiendo la reclamante una compensación en metálico de 25.000 €.
Segundo. Frente a dicho acto liquidatorio, la interesada promueve la presente reclamación, en la que solicita su anulación, la aplicación de la modalidad de tributación conjunta y la supresión de la ganancia patrimonial imputada.
Formula las siguientes alegaciones: a) Se separó de hecho hace más de diez años de su cónyuge y convive, desde entonces, con sus hijos menores por lo que resulta discriminatorio que se admitan como unidades familiares a efectos fiscales otras familias monoparentales y no la suya, por la mera existencia de un previo vínculo matrimonial que no ha sido judicialmente disuelto, cuando el supuesto fáctico es el mismo. Por ello, debe realizarse una interpretación de la normativa del impuesto finalística y adaptada a la realidad social del tiempo en que debe ser aplicada, que entiende amparada en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de abril de 2004. A este respecto, aporta un certificado del 'Eustat-Instituto Vasco de Estadística', emitido el 27 de junio de 2008, que refleja, entre otros datos, que en la Comunidad Autónoma Vasca existen un total de 3.100 familias monoparentales separadas de hecho; y b) El inmueble objeto de la comunidad de bienes disuelta constituye un bien indivisible por lo que -de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo contenida, entre otras sentencias, en la de 28 de junio de 1999 (Ar. 6133)- su adjudicación a uno de los comuneros, con la condición de compensar al otro en metálico, no supone transmisión ni a efectos civiles ni fiscales.
Primero. Las cuestiones planteadas son las siguientes: a) Si es o no conforme a derecho el cambio, de la modalidad de tributación conjunta a la individual, efectuado por la Oficina Gestora del impuesto, lo que dependerá de si la reclamante constituye o no con sus hijos menores una unidad familiar distinta de la de su cónyuge, de quien no está separada legalmente; y b) Si en la disolución del proindiviso sobre un local comercial, en la que el bien fue adjudicado al otro comunero, recibiendo la reclamante una compensación en metálico, se ha producido o no una ganancia patrimonial para esta última.
Segundo. El artículo 1 de la Norma Foral 3/2007 de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que:'El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter directo y naturaleza personal y subjetiva que grava la renta de las personas físicas en los términos previstos en esta Norma Foral'.
Por su parte, el artículo 99 dispone que:
'1. Las personas fïsicas integradas en una unidad familiar de cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo siguiente podrán optar, en cualquier período impositivo, por tributar conjuntamente en este Impuesto, con arreglo a las normas generales del mismo y a las disposiciones especiales contenidas en el presente Título,...
3. La opción por la tributación conjunta deberá abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos no aplica las reglas de la tributación conjunta o presenta autoliquidación individual, los restantes miembros de la unidad familiar deberán utilizar el mismo régimen.'
El artículo 100 siguiente establece que:
'1. Constituyen unidad familiar los cónyuges no separados legalmente, así como los miembros de la pareja de hecho y, si los hubiere:
Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
2. Asimismo, en los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial o pareja de hecho, así como en los casos de existencia de resolución judicial al efecto, será unidad familiar la formada por un progenitor y todos los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere el apartado anterior, independientemente de con quien convivan. En estos casos, en el supuesto de existir otro progenitor, éste no formará parte de dicha unidad familiar.'
Tercero. De los preceptos transcritos se deduce que la Norma Foral del Impuesto establece como regla general la tributación individual de los sujetos pasivos constituyendo el régimen de tributación conjunta, como ha señalado el Tribunal Constitucional, en su sentencia núm. 47/01, de 15 de febrero,'una mera opción a la que pueden acogerse alternativamente las personas físicas integradas en alguna de las unidades familiares previstas por la Ley'con cuyo establecimiento'el legislador pretendió favorecer especialmente a las familias cuyos integrantes percibieran rentas medias o bajas, utilizando así dicho régimen, (STC 45/1989, F.5).'
Desde dicha perspectiva, el régimen de tributación conjunta, en tanto en cuanto puede suponer una reducción de la carga impositiva normalmente aplicable, constituye un beneficio fiscal del que sólo podrán disfrutar aquellas unidades convivenciales que encajen en la definición de unidad familiar contemplada en los preceptos transcritos, sin que sea viable extender su aplicación a otros supuestos por la vía de la interpretación extensiva de los mismos.
Así las cosas, es claro que la unidad convivencial de la Sra. , progenitora separada de hecho de su cónyuge que convive con sus hijos menores, no resulta subsumible en ninguno de los modelos de unidad familiar contemplados en el artículo 100.2, por cuanto dicho precepto exige taxativamente la existencia de'separación legal'para que uno de los cónyuges pueda acogerse al régimen de tributación conjunta con sus hijos y el otro se acoja al régimen de tributación individual.
Efectivamente, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 16 de abril de 2004 (JUR 152325), invocada por la reclamante, equipara, a efectos de la tributación conjunta, la separación de hecho constatada por auto judicial de adopción de medidas provisionales con la separación judicial por entender que, cuando el legislador ha utilizado el término'separación legal', lo ha hecho teniendo en cuenta que entre el inicio del proceso de separación y la sentencia judicial transcurre un período cuya duración depende de los órganos jurisdiccionales.
Ahora bien, al margen de que tal doctrina sea o no compartida por este Organismo, lo cierto es que no resultaría aplicable en el supuesto que nos ocupa en el que la interesada reconoce que no ha instado la separación judicial, ya que la misma sentencia alegada concluye que:'...la solución a alcanzar en el presente supuesto no puede ser favorable al recurrente, cuya situación, a la que pretende equiparar la de separación acordada en sentencia judicial, no es la de separación provisional acordada en el auto de medidas, como entonces sucedía. De forma muy distinta, el actor reclama la aplicación del régimen jurídico de la separación legal a la de hecho existente con anterioridad a aquellas medidas provisionales, situación que aún habiendo sido constatada en la resolución judicial que las acordó, resulta evidentemente distinta de la derivada de dicha resolución, que, según se ha dicho, instaura una situación legal de suspensión de los efectos del matrimonio que en modo alguno aparece en períodos anteriores, en los que la separación de los cónyuges resulta meramente fáctica.'
Llegados a este punto, se hace necesario señalar que la prueba aportada por la reclamante, consistente en el certificado emitido por el 'Eustat-Instituto Vasco de Estadística', no puede tener incidencia en la decisión sobre la pretensión formulada, ya que el número de personas que se encuentren en una determinada situación no puede impedir la aplicación a la misma de una norma jurídica vigente.
Finalmente, ningún pronunciamiento ha de hacerse en relación con la alegación relativa a que la Norma Foral del impuesto dispensa un trato discriminatorio por no contemplar la existencia de una unidad familiar formada por un cónyuge separado de hecho junto con sus hijos menores, a los efectos de acogerse al régimen de tributación conjunta, y sí hacerlo para las parejas de hecho, por cuanto, como ha entendido reiteradamente el Tribunal Económico Administrativo Central -en resoluciones como las de 4 de diciembre de 1998 (Ar. JT 1999/102) y de 21 de julio de 2000 (Ar. JT 1528)-, el ámbito de la reclamación económico-adminstrativa no alcanza a la ilegalidad o inconstitucionalidad de las normas reguladoras de los tributos, materias éstas reservadas en nuestro ordenamiento jurídico a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y al propio Tribunal Constitucional.
Cuarto. En lo que se refiere a la segunda cuestión planteada, el artículo 43 de la Norma Foral 3/2007 define las ganancias y pérdidas patrimoniales como'las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél', añadiendo el 44.1 que no existe alteración patrimonial en los supuestos de disolución de la sociedad de gananciales, extinción del régimen económico matrimonial de participación, disolución de comunidades de bienes, división de la cosa común y separación de comuneros.
Este último precepto, como ha señalado el Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución de 22 de marzo de 2002 (Ar. JUR 230314), implica un diferimiento en el tiempo de la tributación de la ganancia o pérdida patrimonial, ya que el artículo 44.1 antes citado finaliza con la siguiente cláusula de cierre:'Los supuestos a los que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos'.
Es decir, el valor de adquisición por el que se computarán, a efectos de posteriores transmisiones, los bienes incorporados al patrimonio de los respectivos comuneros a consecuencia de la división será el mismo por el que fueron adquiridos en proindiviso, ya que aquélla carece, en principio, de trascendencia económica al limitarse a transformar las cuotas dominicales abstractas en partes concretas de la cosa común.
Sin embargo, cuando las adjudicaciones dan lugar a un exceso en favor de alguno de los cotitulares, que genera la obligación de éste de indemnizar con dinero a los otros, sí se produce, para quienes tienen derecho a percibir tal compensación, una alteración en la composición del patrimonio -su cuota indivisa sobre el bien se transforma en un crédito contra el adjudicatario beneficiado- que pone de manifiesto una ganancia o pérdida. Efectivamente, en tales casos, como afirma la resolución mencionada, deja de tener sentido el diferimiento de la tributación'puesto que el acto de la división ha tenido ya una trascendencia económica'.
A estos efectos, resulta indiferente que el bien sea indivisible o no, ya que la doctrina del Tribunal Supremo invocada por la reclamante se ha construido en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y no puede trasladarse automáticamente a otro tributo, como el que nos ocupa, cuyo hecho imponible es otro, constituido por la obtención de renta por los contribuyentes entre cuyas fuentes se encuentran las ganancias y pérdidas derivadas de las alteraciones en la composición de su patrimonio.
Quinto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente reclamación y confirmar el acto administrativo impugnado por ser conforme a derecho.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 293/08, interpuesta por Dña. , contra la liquidación núm. 2008/315.333, girada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2007,RESUELVE DESESTIMARla misma y confirmar el acto administrativo impugnado, por ser conforme a derecho.
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De álava Fecha: 09/11/2007 Núm. Resolución: R070095
Resolución Vinculante de DGT, V1448-19, 18-06-2019
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 18/06/2019 Núm. Resolución: V1448-19

References: Resolución 
 artículo 1
 artículo 99
 artículo 100
 resolución 
 artículo 100
 resolución 
 artículo 43
 resolución 
 artículo 44
 resolución 

Resolución