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Timestamp: 2019-10-23 15:19:55+00:00

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BOE i notícies del 18 de març de 2019
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 16 AL 18 DE MARÇ DE 2019
(BOE, 18-03-2019)
(BOE, 16-03-2019)
Resolución de 15 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 15 de marzo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/index.php?d=66&s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/index.php?d=65&s=3
RECULL DE PREMSA DEL 16 AL 18 DE MARÇ DE 2019
Los apoderados de una empresa con deudas tributarias no pueden ser automáticamente considerados responsables subsidiarios
Así lo ha dictaminado recientemente la Audiencia Nacional en una sentencia contra Hacienda que libra a la demandante de abonar los casi 600.000 euros que la administración le exigía por tener poderes en una empresa endeudada con el fisco.
Cuando una sociedad tiene deudas pendientes con la Agencia Tributaria, la administración pública trata de cobrar los pagos pendientes a sus administradores, de hecho, o de derecho, mediante dos vías. La primera, en virtud del artículo 43.1 a) de la Ley General Tributaria en el caso de que la empresa cometiera infracciones tributarias, y el administrador no hubiese realizado los actos necesarios para el cumplimiento de esas obligaciones, hubiese consentido dicho incumplimiento, o adoptando acuerdos, que posibilitaran las infracciones. La segunda, basada en el artículo 43.1 b) de la misma ley, exige la responsabilidad al administrador que ha cesado en su actividad por no haber hecho lo necesario para que la sociedad pagara los impuestos correspondientes, o hubiera adoptado acuerdos o tomado medidas que causen el impago de los tributos.
Aunque a veces el seguro de responsabilidad civil del administrador cubre la factura fiscal que pueda derivarse de su cargo, el problema se da cuando no existe un gestor claro, lo que en ocasiones lleva a la Agencia Tributaria a buscar responsables entre los apoderados de la firma. Un caso así es el que acaba de abordar la Audiencia Nacional en relación a una malograda empresa que cesó su actividad en 2011 –pero sin ser oficialmente disuelta– dejando a deber a la Agencia Tributaria 682.561,26 euros del impago del IVA del cuarto trimestre de 2009, el mismo de 2010 y el tercero de 2011, una vez sumadas las sanciones correspondientes y los intereses de demora.
El fisco cargó entonces contra quien había sido su administradora única hasta el 24 de diciembre de 2009, cuando cesó en el cargo y fue nombrado otro administrador, como formalizó ante notario e inscribió en el Registro Mercantil el 5 de febrero de 2010. La administración alegó, pese a ello, que podía reclamar el conjunto de la deuda a la antigua administradora porque esta se mantuvo como apoderada de la sociedad, con autorización para la gestión de sus cuentas, desde ese momento y hasta que vendió sus participaciones en noviembre de 2011 y se le revocó el poder.
La afectada llegó a reconocer su responsabilidad sobre un monto de 92.729 euros correspondiente al periodo en el que aún era administradora de la compañía y solicitó la posibilidad de fraccionar el pago, pero se negó a correr con el resto de la deuda. Hacienda no lo consideró suficiente, lo que se tradujo en un largo pulso entre ambas partes, pasando por los Tribunales Económico-Administrativos, primero, y por la vía judicial de lo Contencioso-Administrativo, después, hasta llegar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Esta ha fallado contra la Agencia Tributaria, a la que impone 2.500 euros por las costas judiciales, alegando que la condición de apoderada de la recurrente “por sí solo es irrelevante si no se sabe en qué tipo de actos, en plural, ha hecho uso” del poder. “Y lo mismo cabe decir del hecho de que estuviese autorizada en las cuentas corrientes, si la resolución que declara su responsabilidad subsidiaria no venía acompañada de ningún dato justificativo de los movimientos y el uso que ha hecho de dicha autorización”, reza el fallo. Este afea al fisco que no haya aportado un registro de las actuaciones contables de la apoderada que puedan justificar que se le exija a ella la deuda.
(Cinco Días, 18-03-2019)
Hacienda empieza a señalar a titulares de cuentas en el extranjero
La Agencia Tributaria ha puesto desde este viernes a disposición de los contribuyentes sus datos fiscales del pasado ejercicio, así como un simulador, el enlace a su renovada aplicación móvil y otros servicios para que quien lo desee pueda acelerar la preparación de su declaración del IRPF.
¿Es obligatorio declarar todas las cuentas que se tengan fuera de España? El deber del contribuyente es el de incluir en su declaración todas las rentas o cuentas que generen rendimientos sea cual sea su saldo o procedencia. Una cuenta no remunerada en el extranjero no tiene por qué reflejarse en la declaración, pero sí debe informarse de ella a la Agencia Tributaria mediante el modelo 720 de bienes y derechos, si supera el umbral de 50.000 euros.
¿Qué otras advertencias hace el fisco? Desde la campaña de la renta de 2015, la Agencia Tributaria avisa a los contribuyentes cuando le consta que son propietarios de viviendas en alquiler publicadas en portales web. Un año después comenzó a informar a los indemnizados por las cláusulas suelo de la banca cuando tienen que regularizar la deducción que se hubieran aplicado por la compra de vivienda, y el ejercicio pasado avisó a los perceptores de los bonos de fidelización que Banco Santander entregó a los antiguos accionistas de Banco Popular. Este tipo de alertas están apareciendo desde el viernes a quienes han solicitado por adelantado sus datos fiscales de 2018.
(Expansión, 17-03-2019)
El software se lanza a por el negocio del control de horarios de los empleados
La nueva obligatoriedad de las empresas de registrar los horarios de sus plantillas y conservar la información durante cuatro años les abre una interesante vía de ingresos. SAP, Sage, Meta4, Oracle, Salesforce, Wolters Kluwer y Exact Software son algunas de las compañías que ya han olido esta oportunidad de negocio y preparan acciones para explicar a sus clientes, actuales y potenciales, las implicaciones que tiene el nuevo real decreto ley, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo, y darles a conocer qué soluciones tienen para que puedan cumplir con la nueva normativa.
El directivo advierte igualmente de que “es probable” que las empresas que ya tienen instalado algún sistema de registro de horarios (el de su empresa se llama Gestión del tiempo Avanzada) “requieran de una revisión” para cerciorarse de que cumplen con la nueva normativa, que exige también poner la información de ese registro a disposición de los trabajadores, sus representantes e inspectores laborales.
Tomàs Font, head of business operations de Wolters Kluwer Tax & Accounting, cuenta que el mercado ya llevaba “en guardia” un tiempo, porque venía hablándose de este cambio normativo desde hace varios años, pero al final el tema se había quedado un poco diluido. “Ahora esto cambia al haber en firme un real decreto ley. Por eso vemos una oportunidad de negocio clara”, añade Font, que coincide con Sánchez en que el mercado más claro está en el segmento de las pymes, “que son las que están menos preparadas”.
Pero, en España, el 98% de las empresas tiene menos 100 empleados. “Justo el segmento a atacar”, continúa este directivo, que recuerda la importancia de cumplir la nueva normativa, pues su incumplimiento se castigará con sanciones que llegan hasta los 6.250 euros. “Aunque luego habrá que ver si los cuerpos de inspección entran en este tipo de empresas o no”, señala.
El Banco de España pide potenciar los contratos indefinidos ante la falta de resultados de la reforma laboral
La reforma laboral impulsada en 2012 por el gobierno en medio de la gran crisis para facilitar las contrataciones flexibilizando otras garantías no ha servido para corregir la excesiva temporalidad del mercado español de trabajo cuando han llegado los tiempos de recuperación económica. La conclusión es del Banco de España y forma parte de su próximo informe trimestral de la economía española.
"El mercado laboral español sigue adoleciendo, a pesar de los profundos cambios normativos observados en el periodo considerado, de una excesiva temporalidad y rotación de empleo, algo que incide negativamente no solo sobre la productividad, sino también sobre la desigualdad de los ingresos laborales, lo que sugiere la conveniencia de potenciar el atractivo de la contratación indefinida, sin que ello vaya en detrimento de la creación de empleo", concluye el análisis.
La tesis del supervisor llega tras concluir sin éxito la campaña de los sindicatos para forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a derogar lo que consideran los aspectos más dañinos de la reforma laboral. Ante la oposición de la patronal, CCOO y UGT siguen pidiendo que el consejo de ministros formule estos cambios por decreto ley, pero el Gobierno lo ha rechazado por entender que carece de apoyos parlamentarios suficientes. A lo más que ha llegado el Ejecutivo ha sido a ampliar los permisos de paternidad y ampliar la concesión de subsidios a los parados mayores de 52 años.
Según datos del Ministerio de Trabajo relativos al último trimestre del año pasado, la proporción indefinidos/temporales en el mercado laboral español es de 3 a 1: de los 16.453 millones de asalariados del mercado laboral español, 12 millones tienen contrato indefinido frente a 4,4 millones cuya relación con su empresa es temporal. este tipo de contratos temporales, especialmente los que son a tiempo completo, crece a bastante más velocidad que los indefinidos.
Son estas tendencias las que analiza el Banco de España, que incluye en su estudio sectores como la agricultura, la industria, la construcción, los servicios públicos y los servicios privados. "La proporción de entrantes al mercado laboral que acceden a él mediante un contrato temporal se incrementó entre 2009 y 2015", apunta, explicando que esta tendencia se justificó por un contexto de "elevada incertidumbre".
"Posteriormente, a pesar de encontrarse ya más afianzada la recuperación económica, la tasa de temporalidad de las entradas al empleo no ha mostrado signos de moderación y se ha mantenido en un nivel ligeramente superior al observado en 2006", continúa. Aunque el supervisor reconoce que desde 2017 hay un repunte de puestos temporales que se convierten en indefinidos, señala que este porcentaje se situaba a finales de 2018 en el 8%, "un nivel claramente inferior al observado antes de la crisis, cuando llegó a alcanzar valores próximos al 13%".
Aumentan los autónomos beneficiarios de la tarifa plana
Un estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) indica que la tarifa plana de 60 euros para los autónomos benefició a 376.414 autónomos al término de 2018, lo que supone 41.492 trabajadores más que el año anterior, un incremento tras tres años en caída.
El estudio pone de relieve que los beneficiarios en alta de la tarifa plana han ido reduciéndose prácticamente desde que se pusiera en marcha en 2013, con una cuota mensual de 50 euros que posteriormente se ha ampliado a 60 euros, se ha extendido el periodo de percepción y se ha generalizado a los nuevos autónomos.
En 2014 se incrementó el número de beneficiarios de la tarifa plana, tras aprobarse en septiembre de 2013, pero desde 2015 comenzó a registrar un descenso en las altas.
En concreto, en 2015 se contabilizaron 362.816 autónomos acogidos a esta bonificación, 8.480 menos que en el año anterior. En 2016, los beneficiarios de la tarifa plana bajaron en 19.575, en 2017 lo hicieron en 8.319 personas, hasta que en 2018 registraron un aumento de 41.492 trabajadores acogidos, totalizando 376.414.
Mientras, la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en esos años se ha ido incrementando progresivamente. Desde 2013 a 2018, los cotizantes autónomos han aumentado en 224.399 personas, hasta cerrar el pasado ejercicio en 3.057.808 afiliados.
Si se compara los beneficiarios de la tarifa plana con los afiliados medios al RETA, el peso de estos autónomos que han visto su cuota bonificada se ha ido reduciendo desde 2015 hasta 2018, ejercicio en el que un 12,3% del total de cotizantes estaba acogido a la tarifa plana.
Desde UPTA, su responsable, Eduardo Abad, consideró que el efecto real sobre el crecimiento neto de autónomos es "imperceptible" y que la tarifa plana es "una política de fuegos artificiales porque no cumple con el requisito fundamental" de "retorno" de la inversión. Además, apuntó que "es muy eficaz para instalar la precariedad en los trabajadores económicamente dependientes (trade)".
Por estos motivos, desde UPTA reclaman implantar lo antes posible el sistema de cotización por ingresos reales y con ello eliminar la tarifa plana.
(El País, 17-03-2019)
El Banco de España publicó este viernes los últimos datos de la deuda pública del conjunto de las Administraciones. En total esta deuda sumaba en enero 1.175.856 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,6% respecto al mismo mes de hace un año. Esta cantidad equivale al 97,1% del PIB, frente al 97% con el que cerró 2018 este indicador.
Este aumento –que el Ministerio de Economía se apresuró a precisar que no representa una tendencia alcista de la deuda– viene marcado por un nuevo repunte del 3,8% interanual de la deuda del Estado y del 1,7% la de las comunidades autónomas, que representan el grueso de este pasivo. Mientras que lo adeudado por los ayuntamientos siguió bajando, como es habitual en los últimos años, hasta los 25.789 millones de euros, un 11% menos que hace un año.
Junto a la evolución de estas cifras queda una partida de deuda pública, sobre la que el Gobierno no tiene planes, y que crece a un ritmo vertiginoso: la contraída por la Seguridad Social con el Estado, para el pago de pensiones fundamentalmente. Las cifras son tozudas e indican que en enero pasado la Seguridad Social debía al Estado 41.193 millones, un 50,5% más que hace un año, cuando esta deuda era de 27.363 millones.
El monto de la actual deuda está formado por algo más de 17.000 millones que el Estado prestó a la Seguridad Social a principios de los años noventa para costear obligaciones de gasto pendientes del Insalud y otros gastos de sanidad, que dependían de la Seguridad Social hasta 1996. A estos préstamos que no han sido saldados desde entonces por decisiones de los sucesivos Gobiernos, se suman desde 2017 dos préstamos concedidos por el Tesoro al sistema para abonar las pagas extra de Navidad y verano de las pensiones por un valor conjunto de algo más de 24.000 millones.
Pero, además, a la actual deuda (41.193 millones) habrá que sumar previsiblemente a fin de año 15.164 millones más que el Tesoro volverá a prestar a la Seguridad Social para financiar las pagas extra.
Con ello, la Seguridad Social podría terminar el presente año con una deuda con el Estado de más de 56.300 millones. O, lo que es lo mismo: la Seguridad Social deberá al Estado más del doble de lo adeudado por los ayuntamientos que, con seguridad, recortarán su deuda por debajo de los 25.000 millones de euros.
Asimismo, los préstamos contraídos por el sistema de pensiones al final del presente ejercicio suponen que la Seguridad Social debe casi la mitad de todo lo que ingresa en un año por el pago de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores. Así, 123.584 millones es la previsión de ingresos por cuotas para 2019, siempre y cuando se cumpla un incremento del 7% anual, algo que distintos analistas han puesto en duda.
(El Mundo, 17-03-2019)
Uno de cada dos contratos firmados por mujeres en febrero (45,5%) fue a tiempo parcial, mientras que en el caso de los hombres esa proporción baja a uno de cada cuatro (23%), según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Del total de 683.997 contratos firmados por mujeres en el segundo mes del año, 310.966 fueron a jornada parcial (45,5%) y 367.238 a tiempo completo (54,5%).
Los hombres rubricaron 887.020 contratos en febrero, de los que 203.719 fueron a tiempo parcial (23%) y 674.807 a jornada completa (77%). Por tanto, las mujeres solo firmaron poco más de un tercio del total de los contratos a tiempo completo, mientras que los hombres casi duplicaron esta cifra al acaparar el 64,8%. La situación se revierte al analizar los contratos a tiempo parcial, ya que las mujeres aglutinaron el 60,4% del total suscrito en febrero.
Además, de los 1,57 millones de contratos firmados en febrero, el 10,7% (168.697) fueron indefinidos, con un mayor peso entre los hombres, que acapararon el 55,5%, que entre las mujeres (44,5%). A nivel general, las tipologías de contratación más habituales entre las mujeres fueron eventuales por circunstancias de la producción (309.180) y temporales por obra y servicio (205.046), aunque este tipo de contratos son también los más frecuentes para los hombres (374.910 de eventuales por circunstancias de la producción y 375.475 por obra y servicio).
Por sectores, las mujeres siguieron siendo contratadas mayoritariamente en el sector servicios, donde acapararon el 53,7% del total de contratos, mientras que su representación en la nueva contratación baja al 32,9% en la industria, al 24,5% en el sector de la agricultura y la pesca, y al 8,5% en la construcción. Al desglosar estos datos por sección de actividad, la mayor parte de los contratos para mujeres se enmarcaron en la hostelería (140.942), seguida del comercio (80.177), las actividades administrativas y auxiliares (76.127) y las actividades sanitarias (73.317), todas ellas integradas en el sector servicios.
Entre los hombres, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca fue la actividad con más peso en la contracción de febrero (199.182), pero en este caso seguida por la hostelería (120.205) y la industria manufacturera (103.140). En cuanto a la edad, las mujeres de entre 25 y 29 años aglutinaron el mayor número de contratos (112.809), un rango de edad en el que también se encuadraron la mayor parte de los contratos firmados por hombres (132.526).
(Expansión, 16-03-2019)
El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reconocido que en el área del euro se está produciendo una desaceleración mayor de la esperada, pero ha asegurado que ahora no ve riesgos de una recesión en esta región "ni mucho menos en España". En una entrevista concedida a El País, también ha hecho referencia a la situación política que vive España, y ha manifestado que su preocupación es que este hecho acabe ralentizando las decisiones de política económica que hay que tomar.
"Tenemos la sensación de que la fragmentación parlamentaria algún efecto ya ha tenido. No se ha reducido nada el déficit estructural en los últimos cuatro años", ha advertido el gobernador. "Mi miedo es que la inestabilidad política impida los consensos necesarios para seguir haciendo reformas", ha añadido Fernández de Cos, que preguntado por la crisis financiera y bancaria que ha vivido España, ha asegurado que ante este hecho "es imposible que el supervisor quede inmune en su reputación".
"Ahora debemos tratar de revertirlo y cambiar la opinión que puedan tener los ciudadanos sobre nosotros y hacerlo mejor", ha añadido. En este sentido, y sobre el problema de reputación que sufre la banca, ha dicho que "sin duda es importante y preocupante", y que los bancos son conscientes de ello, por lo que les ha pedido más en la transparencia con el cliente.
La mitad de los empresarios españoles cree que la economía irá a peor en 2019
El 48% de los empresarios españoles cree que la economía irá a peor en los próximos 12 meses, según el informe Perspectivas España 2019, elaborado por la consultora KPMG y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En la edición anterior, solo uno de cada 10 directivos se mostraba desconfiado ante la evolución de la economía.
Aun así, los empresarios son positivos sobre el futuro desempeño de sus actividades: el 69% de ellos cree que aumentará su facturación en 2019, frente al 77% de la anterior edición. Este optimismo se refleja en más datos: casi cuatro de cada 10 ejecutivos confían en que podrán aumentar las contrataciones y un 40% espera mantener su plantilla. Aunque un 21% cree que tendrá que llevar a cabo ajustes, frente al 17% del anterior informe.
Los desafíos que se atisban en el panorama internacional y que pueden mermar las actividades de las empresas, tanto españolas como extranjeras, son varios. La OCDE acaba de recortar las perspectivas de crecimiento de la zona euro del 1,8% al 1%, y el BCE las rebajó del 1,7% al 1,1%. A esta ralentización se añaden la incertidumbre política en Italia, el Brexit, el frenazo en las inversiones chinas o el menor crecimiento de Alemania.
En este contexto, ocho de cada 10 empresarios que han participado en el estudio —realizado a partir de más de 1.000 encuestas— señalan que la incertidumbre política será la principal amenaza para la economía española en 2019, porcentaje parecido al estudio precedente, seguida por el frenazo de la Eurozona (un 48%). El 37% menciona el entorno regulatorio y el 33% las tensiones geopolíticas.
Entre los riesgos de carácter empresarial, el que más incertidumbre provoca es el regulatorio, para el 69% de los directivos. En esta lista se cuelan también los riesgos climáticos y medioambientales, que crean preocupación a un 14% de los entrevistados. En cuanto a la situación interna, un 67% de los ejecutivos afirma que el impacto de la situación política en la actividad de su empresa en 2018 ha sido negativo —frente al 53% de la anterior edición—, sobre todo en cuanto a las decisiones de inversión y contratación de personal. Al Gobierno piden mayor simplificación administrativa, educación y formación enfocadas a desarrollar competencias y fomentar la innovación.
Los directivos de las empresas tecnológicas son los más positivos sobre el futuro de la economía y la facturación de sus actividades, mientras los que trabajan en los sectores que más sufren los efectos de la desaceleración económica y el impacto de la digitalización, como la automoción, son los menos optimistas. Varias compañías automovilísticas, como Ford, ya han anunciado reducciones de plantilla, y otras, como Volkswagen, han alertado de los recortes de empleos que supondrá la transición al coche eléctrico.
También en cuanto a inversiones las perspectivas son buenas. Uno de cada dos empresarios prevé aumentarlas, y un 37% mantenerlas al mismo nivel. El foco está puesto en la transformación digital y la mejora de los procesos, que junto con la necesidad de desarrollar nuevos productos y servicios están entre las prioridades estratégicas de los encuestados. El 66% de ellos afirma que sus principales esfuerzos inversores irán dirigidos a las herramientas tecnológicas, en particular sistemas de analítica avanzada de datos y servicios de la nube.
“Los directivos ven con cautela la evolución económica ante las previsiones de desaceleración y las incertidumbres geopolíticas, pero al mismo tiempo mantienen las inversiones en tecnología para acelerar sus procesos de transformación digital”, resume Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España.
El 90% de los empresarios españoles encuestados también asegura que ya iniciado la transformación digital de su negocio y más de la mitad de ellos señala que los resultados están siendo positivos. Los aspectos que más se han visto beneficiados por las mejoras tecnológicas han sido la relación con los clientes, la reducción de costes y los procesos de producción.

References: Resolución 
 artículo 36
 artículo 43
 artículo 43
 resolución 
 real decreto 
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