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Timestamp: 2020-02-20 02:12:11+00:00

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Titulares del Derecho - Se presenta como amicus curiae
Cualquier persona puede requerir información oficial y documentos del estado. De acuerdo con el Relator Especial NU, la persona no necesita fundamentar dicha solicitud dado que el derecho a acceder a la información es un “derecho humano fundamental que puede ser ejercido por todos”43. Posteriormente, la Corte IDH confirmó en el caso de Claude Reyes que la información debe ser proveída sin necesidad de probar un interés directo o personal con el fin de obtenerla, excepto en casos en los cuales una restricción legítima sea aplicada44.
El derecho a acceder a la información también tiene una dimensión social. La Corte IDH explica que “[e]l acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. […] Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad”45. Tal como también lo ha establecido la Comisión Africana, “las entidades públicas poseen la información no para ellas mismas sino como custodias de un bien público”46.
El derecho al acceso a la información esta implícitamente reconocido en la Constitución de Argentina de 199447. El artículo 1 establece que Argentina es una república federal representativa mientras que el artículo 33 reconoce que todos los derechos nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Dichos principios concuerdan con la protección de los valores democráticos para la participación del pueblo a la cual Argentina ha expresado su compromiso como miembro activo de la OEA, tal como fue explicado en la sección 1 de este Amicus.
Adicionalmente, la Constitución confirma el reconocimiento del derecho al acceso a la información en el artículo 75(22) estableciendo que ciertos tratados de derechos humanos internacionales ratificados por Argentina tienen jerarquía constitucional. Dentro de estos tratados se encuentran, la DUDH, el PIDCP y la CADH las cuales, como previamente fue desarrollado, reconocen y protegen el derecho de acceso a la información. Además, en el cumplimiento de estas normas constitucionales, y siguiendo el contenido del derecho al acceso a la información, tal como es entendido por las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, Argentina tiene la obligación no solo de proteger sino también de regular el derecho en cuestión.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Urteaga, Facundo R. c. Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas48 confirmó el reconocimiento del derecho al acceso a la información, enfatizando que dicho derecho es inherente al sistema republicano. De la misma manera, la Corte reiteró la existencia del derecho al acceso a la información en su decisión Vago, Jorge Antonio c. Ediciones de La Urraca S.A. y otros49 cuando esta estableció que “dicho derecho, incluso si no es expresamente enumerado en la Constitución Nacional, ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema como un derecho de naturaleza social, la cual garantiza a toda persona –física o jurídica, pública o privada- el conocimiento y participación en todo lo relacionado con los procedimientos políticos, gubernamentales y administrativos”50.
En relación con la naturaleza constitucional de los tratados internacionales de los cuales el derecho al acceso a la información es parte, las cortes domésticas han reiterado el carácter de los tratados como una “fuente autónoma del ordenamiento jurídico interno”. Por otra parte, las cortes han establecido que siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho de acceso a la información es parte del derecho doméstico, de acuerdo con los artículos 14 y 32 de la Constitución51.
A pesar de que el Estado de Argentina no ha regulado de manera comprensiva el derecho al acceso a la información, el poder ejecutivo expidió el Decreto No. 1172/2003, sobre Acceso a la Información Pública, el cual contiene las reglas generales de acceso a la información pública para el poder ejecutivo nacional52.
El derecho a tener acceso a la información en poder del estado adquiere particular importancia cuando lo que está en juego es la obligación del estado de investigar, perseguir y sancionar a todos los responsables (intelectuales, materiales y cómplices) de graves violaciones de derechos humanos, tales como aquellas que tuvieron lugar en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
La obligación de llevar a cabo una investigación efectiva cuyo resultado es la persecución y castigo de los responsables se encuentra totalmente consolidada en el derecho internacional como se reconoce de manera explícita en tratados tales como la Convención Internacional sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (artículos IV, V y VI); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 12) y la Convención Internacional sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (artículo 3), todos ratificados por Argentina. Igualmente, la Corte IDH, intérprete autorizada de la CADH de acuerdo con el artículo 33, ha indicado consistentemente, desde sus primeras decisiones, que la obligación de asegurar los derechos establecidos en el artículo 1(1) de la CADH implica la obligación de “prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y además, […] la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”53.
La Corte Interamericana ha llegado a considerar que la obligación de investigar, perseguir y sancionar en relación con los crímenes en contra de la humanidad tiene status especial bajo el derecho internacional. En realidad, la Corte IDH ha establecido que la comisión de dichos crímenes está prohibida bajo el derecho internacional y “que dicha prohibición […] es una norma de ius cogens, y que la persecución de dichos crímenes es obligatoria de acuerdo a los principios de derecho internacional”54.
Dicha obligación ha sido igualmente sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual en su sentencia fundante en el caso Simón, Julio Héctor y otros55 reafirmó las consideraciones de la Corte Interamericana,56 y expresamente señaló que el deber de investigar tiene el estatus de ius congens57.
Como consecuencia del estado y la naturaleza vinculante de esta obligación en Argentina, este estado tiene la obligación ineludible de investigar apropiada y efectivamente todos los crímenes en contra de la humanidad que tuvieron lugar durante la dictadura. En consecuencia, el acceso a la información que esta en poder del estado no le puede ser negado a otras autoridades públicas, tales como los jueces y otros individuos, quienes tratan de satisfacer dicha obligación. De no ser así, la responsabilidad del estado estaría comprometida bajo el derecho internacional.
El derecho de acceso a la información es elemento esencial para garantizar un resultado justo e imparcial en el proceso judicial. Cuando se niega el acceso a la información, en relación con violaciones graves de derechos humanos, los individuos y la sociedad son privados del derecho de saber lo que paso y de identificar a los autores y cómplices de las violaciones.
El derecho a obtener claridad de los eventos que produjeron violaciones a los derechos humanos así como la correspondiente responsabilidad del estado de investigar, ha sido confirmada en varias ocasiones por la Corte IDH58. La jurisprudencia de la Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR) igualmente requiere, que frente a alegatos sobre violaciones al derecho a la vida y la prohibición contra la tortura, las víctimas deben tener acceso a los documentos relevantes y deben existir elementos para el escrutinio público sobre las acciones de las autoridades para investigar dichos eventos59. El grado de escrutinio público requerido puede variar de un caso al otro. De cualquier manera, los familiares de la víctima (o las víctimas) deben estar involucradas en el procedimiento en cuanto sea necesario para salvaguardar sus intereses legítimos60.
Igualmente dicha información debe estar disponible al público sobre el fundamento que diferentes instrumentos internacionales reconocen el derecho a saber la verdad como complemento de la obligación de investigar, perseguir y sancionar. Por ejemplo, el Conjunto de Principios para la Lucha contra la Impunidad (Principios sobre Impunidad)61 sitúa el tema del acceso a la información dentro del contexto del “derecho a saber” y la posibilidad de las víctimas para reclamar este derecho inalienable. De acuerdo a estos principios, cortes y comisiones de investigación (Comisiones de verdad y reconciliación) deben tener acceso a cualquier archivo con el fin de saber que sucedió. En consecuencia, en el acceso a la información “no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad nacional, excepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción haya sido prescrita por ley; que el Gobierno haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de examen judicial independiente”62.
Adicionalmente, el tema del acceso a la información es también personificado en el contexto de las reparaciones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones63 indican que el acceso a información relevante concerniente a violaciones de derechos humanos constituye una forma de remedio64. Las víctimas tienen derecho a buscar y recibir información relacionada con “las causas y condiciones de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos […] asi como a conocer la verdad en relación con esas violaciones”65.
Como consecuencia, mientras que el derecho a la información puede aceptar algunas limitaciones en algunas situaciones excepcionales, es claro que en casos de violaciones graves de derechos humanos, el equilibrio tiene que ser puesto en favor del derecho a acceder a la información en poder del estado. Cuando las restricciones son aplicadas, las autoridades deben seguir la aplicación un examen estricto, un procedimiento estándar establecido por ley, y deben existir recursos para impugnar cualquier restricción. Fallas en el cumplimiento de estos requerimientos podrían comprometer la responsabilidad internacional del estado.
Tal como fue establecido en el artículo 15(b) del Proyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública66 ninguna información puede ser clasificada como confidencial por más de 30 años, a menos que haya provenido de una fuente diplomática. El Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública67, que actualmente esta siendo discutido en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, establece en su artículo 13 una limitación máxima de 10 años para desclasificar información que ha sido catalogada como reservada. Esta limitación puede ser prolongada por 10 años más cuando la información proviene de una fuente diplomática. A pesar de que solo es un proyecto de ley, 30 años de limitación parecen ser el umbral más alto para mantener la información fuera del público. En consecuencia, dado que más de 30 años han pasado desde que los hechos que dieron lugar al presente caso tuvieron lugar, restricción a información relacionada con dicho hechos no debería seguir siendo aplicada. Adicionalmente, el proyecto de ley68 explícitamente establece en su Artículo 15 que la información no puede ser clasificada como secreta cuando violaciones a los derechos civiles y políticos, tales como los contenidos en la CADH y en el PIDCP, son investigados en un proceso judicial. Dado que violaciones de derechos civiles y políticos son alegados en el presente caso, el artículo 15 ciertamente aplicaría, reduciendo todavía más la posibilidad de aplicar una restricción a dichas situaciones. Aunque este proyecto de ley no es aún una ley de la nación, el proyecto ilustra la naturaleza de la deliberación política actual en Argentina y debe ser tenido en cuenta como un indicador importante de las limitaciones que se enfrentan cuando restricciones de tiempo a la información quieren ser establecidas.
Igualmente, los órganos estatales tienen un deber de actuar frente a las solicitudes de información de los individuos y de activamente proteger sus derechos. Por tanto, el establecimiento de la llamada información confidencial impone sobre el estado un deber de proactivamente revisar dicha información y reclasificarla constantemente. Si la información clasificada no cumple más con las condiciones legales para su restricción esta debe ser de inmediato acceso al público69.
En el presente caso, aunque más de 30 años han pasado, ninguna investigación de la presunta complicidad de los bancos internaciones ha tenido lugar y la información en poder del estado en relación con dichas transacciones permanece confidencial. Dicha omisión, es decir, la falta de acceso a dicha información por parte de argentina, viola el deber de investigar efectivamente a todos los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y el consecuente derecho de las víctimas a saber lo que sucedió.
Además, considerando el estatus de normas de ius cogens que tienen la prohibición de crímenes de lesa humanidad y la obligación de investigar dichos crímenes, resulta irrelevante si la información requerida involucra acciones u omisiones del estado o de actores no estatales70. En el presente caso, la información solicitada involucra instituciones financieras que prestaron grandes sumas de dinero al Estado argentino durante la dictadura. Ningún estado, incluyendo Argentina, está exento de sus obligaciones para cumplir con normas de ius cogens mientras contrata con terceras partes.
Argentina está obligada por el derecho internacional y doméstico a respetar y asegurar el derecho a acceso a la información. Aunque, en principio, este derecho admite limitaciones, dichas restricciones son “excepcionales”, por lo que cualquier autoridad enfrenta una mayor responsabilidad legal al intentar restringir el contenido de dicho derecho para que la misma sea considerada como legítima.
La obligación de investigar, perseguir y sancionar graves violaciones a los derechos humanos es, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una obligación ius cogens. Adicionalmente, el derecho a conocer la verdad también ha sido reconocido en algunos instrumentos internacionales y por la misma Corte71.
En consecuencia, dado el estatus de estas obligaciones bajo el derecho internacional y doméstico, restricciones al derecho de información no deberían ser permitidas cuando lo que está en juego es la investigación de graves violaciones de derechos humanos y la identificación de todos los perpetradores (intelectuales, materiales y cómplices) de dichos crímenes, o la clarificación de la verdad. En tales situaciones, cualquier ejercicio de ponderación debería priorizar la obligación de investigar (y lo que dicha obligación implica) sobre otros posibles alegatos.
Como consecuencia, el juicio en el presente caso debe conceder el requerimiento de medidas preliminares de manera que el sistema judicial y las víctimas puedan tener acceso a los archivos históricos que permanecen confidenciales y los cuales contienen información relevante para identificar todas las partes responsables de dichos crímenes, incluyendo la posible complicidad de entidades financieras.
La discusión sobre la parte substancial de la demanda que se hará a continuación, se basa en una interpretación del Código Civil Argentino el cual hace uso de principios del derecho internacional y en analogías de autoridades de otras jurisdicciones. Estas autoridades han conocido situaciones similares a las que presenta este caso, y proporcionan un fundamento para que la Corte considere los méritos de las soluciones ofrecidas dentro de los términos de su propio sistema.
Se encuentra claramente establecido que la junta militar que gobernó Argentina durante el periodo de marzo de 1976 a diciembre de 1983 cometió violaciones manifiestas al derecho internacional en la forma de tortura, ejecuciones extra-judiciales, desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad72. A pesar de que los bancos defendidos no participaron directamente en la comisión de estos crímenes, que causaron daño a los demandantes, es muy probable que la información solicitada por los demandantes dentro de esta causa demuestre que los bancos son responsables en calidad de cómplices conjunta y solidariamente por los crímenes cometidos por el régimen (artículos 1109 y 1081 del Código Civil Argentino). Los bancos cumplen los diferentes requisitos de responsabilidad. Ellos participaron como cómplices en el delito cometido por el régimen y esta acción que tenía mens rea le causó daño a las víctimas/demandantes; y por otra parte, la participación no fue demasiado remota como para excusarlos de responsabilidad.
De acuerdo con el derecho internacional, las corporaciones, incluyendo los bancos, pueden incurrir en responsabilidad civil como cómplices. Esta afirmación se deduce del derecho de los tratados73, es un principio general del derecho reconocido por las naciones civilizadas en el entendido del artículo 38(1)(d) del estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)74, y ha sido ampliamente reconocido por las cortes de los Estados Unidos en el contexto de casos de derecho civil interpuestos en contra de corporaciones por complicidad en violaciones manifiestas a los derechos humanos75. Adicionalmente, los estados están “obligados a tomar medidas apropiadas para investigar, castigar y reparar abusos de las corporaciones a los derechos de los individuos dentro del territorio y/o jurisdicción […] a través de medidas judiciales, administrativas, legislativas o cualquier otra medida apropiada”76.
El derecho argentino establece los medios para implementar estos principios en el artículo 43 del Código Civil, leído en conjunto con el artículo 1081 del Código Civil.
Es claro que el régimen militar argentino recibió grandes sumas de dinero extranjero en forma de préstamos de bancos privados durante varios años77. Este fue un periodo durante el cual aumentó sustancialmente el ámbito de su control sobre la sociedad civil. Al mismo tiempo, está claramente establecido que la dictadura militar cometió serias violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, las cuales han sido caracterizadas como crímenes de lesa humanidad llevadas a cabo en el contexto de un plan sistemático de terrorismo de estado78.
Cuando la solicitud de los demandantes al acceso a la información relevante en el caso en cuestión sea otorgada, será posible especificar la suma de dinero que fue prestada por los diferentes bancos. Una vez estos hechos sean establecidos, los cuales complementarán aquellos ya conocidos, será factible que los mismos permitan inferir responsabilidad de acuerdo con el artículo 1081 en conjunto con el artículo 1109 del Código Civil. Esto es, los bancos, una vez identificados, serán probablemente encontrados responsables por el daño causado a las víctimas dado que participaron en los delitos del agente principal, el régimen militar argentino, proveyéndolos con préstamos financieros.
Sobre la base de los hechos ya establecidos, la demanda ha distinguido prima facie un caso de efecto sustancial de las contribuciones de los bancos en la comisión de los crímenes, además de un vínculo causal suficiente entre los crímenes cometidos por el gobierno y los préstamos bancarios recibidos de los bancos defendidos que aun necesitan ser identificados. La demanda justifica este vínculo en varios alegatos de hecho:
Que la importancia de la suma de dinero prestada al régimen evidencia en si misma el gran impacto de estos préstamos en la manera en la cual el gobierno militar ejerció y abusó de su poder durante el periodo en cuestión.
A través del apoyo que estos préstamos proveyeron a la economía argentina, al presupuesto del estado, y al mantenimiento de las instituciones estatales, el capital disponible al gobierno militar le permitió incrementar sus gastos en actividades que conllevaron directamente al daño causado a a víctimas/demandantes. Los gastos militares se incrementaron consistentemente a través del periodo 1975-1982, tanto en términos absolutos como relativos, pasando de US$1.278 millones en 1975 a US$2.300 millones en 1982. Al mismo tiempo, el gasto en equipo militar pesado usado en el contexto de guerra realmente decreció. De esto puede concluirse que los recursos financieros fueron dirigidos en gran medida hacia el apoyo de las luchas internas en contra de los oponentes el cual fue el marco dentro del cual los crímenes cometidos por el estado fueron perpetrados.
En este aspecto, el caso prima facie descansa en varios principios legales. No es relevante que, sobre la base de la información actualmente disponible, no sea posible demostrar el vínculo directo entre los préstamos bancarios específicos, de un lado, y las violaciones específicas cometidas por el régimen militar, del otro y aun menos de mostrar un vínculo directo entre los préstamos específicos y el daño sufrido por las víctimas/demandantes en este litigio. Establecer dicho vínculo no es necesario.
El estándar internacional para definir el actus reus de responsabilidad en derecho internacional79, el cual es consistentemente aplicado por las cortes de Estados Unidos en el contexto de responsabilidad corporativa por complicidad80 y ampliamente aceptado en la literatura académica relevante81, es el de “asistencia práctica, promoción, o apoyo moral el cual tiene un efecto substancial en la realización del crimen”82. La asistencia “no necesita constituir un elemento indispensable, que es, una conditio sine que non para el acto del agente principal”83. En vez de eso, es suficiente que los actos del cómplice tengan una diferencia significativa en la comisión del acto criminal por el agente principal. Este es, por ejemplo, el caso “si el acto criminal muy probablemente no hubiera ocurrido en la misma medida si alguien no hubiera actuado en el rol que el acusado asumió de hecho”84. Sin embargo, “la relación entre los actos del cómplice y los del agente principal debe ser tal que los actos del cómplice tengan una diferencia significativa en la comisión del acto criminal del agente principal. Tener un rol en un sistema sin influencia no sería suficiente para generar la responsabilidad criminal”85.
De esta manera, no es necesario que sin la asistencia o contribución de los bancos, el régimen no hubiese o no pudiese haber cometido las violaciones, en vez de eso, es simplemente necesario que, tal como las víctimas/demandantes alegan, los bancos hayan jugado un rol influyente y que sin los préstamos, el régimen militar no hubiera sido capaz de llevar a cabo las violaciones de derechos humanos en la misma medida, por ejemplo, en la misma intensidad y en el mismo periodo de tiempo.
Además, Mastafa v. Australian Wheat Board Limited and Banque Nationale De Paris Paribas, un caso de complicidad corporativa discutido bajo el US Alien Torts Claims Act (la ley estadounidense según la cual extranjeros pueden iniciar demandas en los Estados Unidos por delitos civiles que involucran una violación del derecho de las naciones), describe el estándar relevante como sigue:
“No es suficiente con que un acusado provea asistencia substancial a una persona que comete un delito; la ‘asistencia substancial’ debe también ‘promover la comisión [del agravio]’. […] proveer al régimen de Hussein con fondos -inclusive fondos substanciales- no auxilia ni incita sus abusos de derechos humanos si el dinero no promovió la comisión de los presuntos abusos de derechos humanos. Esto no significa que los demandantes deben alegar que los fondos particulares proveídos fueron usados para cometer los abusos, o que sin los fondos el régimen de Hussein no hubiera sido capaz de cometer tales abusos, sino mas bien que la asistencia fue ‘un factor substancial en la causa del agravio resultante’”86.
El principio que subyace a esta afirmación y refleja el estándar de “efecto substancial” establecido en derecho internacional, apoya el caso de las víctimas/demandantes en este aspecto. En primer lugar, la demanda no alega simplemente que los bancos apoyaron el régimen, sino que a través del otorgamiento de préstamos al mismo, estos aumentaron el presupuesto militar del país y a su vez hicieron posible el incremento en el gasto militar, facilitando así los crímenes cometidos por el régimen. Con base en la evidencia presentada en la demanda, el incremento en préstamos de dinero extranjero estuvo acompañado de un lado por un aumento significativo en los gastos militares y de otro por una caída en el gasto social87, lo cual contribuye al supuesto de que más que una parte trivial de los préstamos fue destinada al financiamiento de equipo militar. Está bien documentado que tanto los militares como el equipo militar fueron cruciales para llevar a cabo la represión88. Puede inferirse que los préstamos que facilitaron este incremento en el gasto militar tuvieron un efecto substancial en los crímenes cometidos por el régimen.
En el contexto de los préstamos, la exigencia de que los acusados debieron haber jugado un rol lo suficientemente amplio para posibilitar la ofensa principal significa que los préstamos hechos por los bancos en cuestión debieron haber sido de suficiente importancia financiera para haber tenido un impacto en la comisión de las violaciones cometidas por el régimen. Aunque en este momento del litigio no es posible determinar la contribución exacta de los bancos individuales, el incremento en el gasto militar durante la época de la dictadura militar fue de suficiente importancia, visto en el contexto económico y financiero general en el cual el régimen operaba de acuerdo con la demanda, como para concluir que los préstamos fueron un factor substancial que le permitieron al régimen materializar la represión interna y los crímenes resultantes de ella.
A pesar de que difícilmente habrá alguna vez un vínculo directo entre un préstamo y una violación de derechos humanos, y de que tampoco los préstamos pueden ser los medios directos por los cuales las violaciones son llevadas a cabo, eso no significa que los préstamos no puedan jugar un rol lo suficientemente importante para el facilitamiento de un crimen. Debe tenerse en cuenta que incluso en contextos de litigio doméstico, no es inusual partir desde un análisis del vínculo causal normal a favor de una aproximación que evite resultados injustos. En casos donde, dada la particular naturaleza de la contribución, es extremadamente difícil determinar un vínculo directo entre los préstamos y el daño, se establece un vínculo substancial donde es posible demostrar que en un balance de probabilidades, la contribución materialmente incrementó el riesgo a una fuente conocida de daño a la cual el demandante había sido expuesto89. Aplicar un umbral más alto respecto de la prueba de un vínculo substancial en dichos casos sería extremadamente oneroso. Este principio es pertinente en el contexto de préstamos de dinero pues el carácter fungible del mismo hace en muchos casos imposible rastrear el daño causado por una contribución específica de un prestamista. Aún más, es precisamente esta calidad del dinero la que lo convierte en una comodidad altamente peligrosa90.

References: artículo 1
 artículo 33
 artículo 75
 artículo 33
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 13
 Artículo 15
 artículo 15
 artículo 38
 artículo 43
 artículo 1081
 artículo 1081
 artículo 1109