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Timestamp: 2018-12-13 18:12:15+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/3200/2007, 27-02-2008 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3200/2007 de 27 de Febrero de 2008
Núm. Resolución: 00/3200/2007
En la Villa de Madrid, en la fecha arriba señalada (27/02/2008) y en las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden de resolución de este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, presentadas por Doña ..., en representación de ..., S.A. con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra desestimación presunta y expresa mediante resolución del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), del Ministerio de Fomento, de 20 de julio de 2007, del recurso de reposición interpuesto contra liquidación nº ... de la Tasa 203 por dirección e inspección de obras, correspondiente a la certificación nº ... del mes de diciembre de 2006.
PRIMERO: Con fecha 16 de febrero de 2007 el Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) practicó a la reclamante liquidación nº ... de la Tasa 203 por dirección e inspección de obras, correspondiente a la certificación nº ... del mes de diciembre de 2006, de la obra denominada "... TRAMO ...", por importe de 12.504,08 euros, que fue notificada el día 19 siguiente; contra ella se formuló recurso de reposición el 14 de marzo de 2007 y, una vez transcurrido el plazo de un mes del artículo 225.3 de la Ley 58/2003 se interpuso el 26 de abril siguiente la reclamación R.G. 3210-07; no obstante, por resolución de 20 de julio de 2007, el Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) desestimó el recurso de reposición con base en informe de la Dirección General de Tributos de 18 de julio de 2007 que se trascribe en la misma; notificada el 16 de agosto siguiente, se interpuso contra ella el 5 de septiembre siguiente la reclamación R.G. 3200-07.
SEGUNDO: En ambas reclamaciones la interesada alegó, como ya lo hiciera ante el órgano gestor, su disconformidad con la liquidación practicada por haberse incluido en su base imponible el importe correspondiente a la revisión de precios cuando únicamente debe comprender, a su juicio, el presupuesto de ejecución material en aplicación del artículo 4º b) del Decreto 137/1960, de 4 de febrero, según el cual dicha base imponible se constituye con el importe líquido de las obras ejecutadas; por su parte, el apartado c) del mismo precepto se refiere a los expedientes de revisiones de precios, estableciendo una cuantía de 250 pesetas por la tramitación de cada uno de ellos y de 25 pesetas por cada precio unitario que haya sido revisado, lo que implica que las revisiones se contemplan en un apartado específico y no conjuntamente en el apartado b) del citado artículo 4º, es decir, se establece un procedimiento de determinación de la base imponible distinto según se trate de dirección e inspección de obras o de revisiones de precios; además, en caso contrario, se produciría una doble imposición pues se abonaría por las revisiones de precios la tasa por la cuantía determinada en el apartado b) y también por la señalada en su apartado c); en apoyo de su tesis cita las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1987, 30 de noviembre de 1990 y 14 de enero de 2003, y las de la Audiencia Nacional de 20 de mayo y 2 de diciembre de 2005; en base a todo ello, solicita se anule la liquidación impugnada y se sustituya por la que propone con devolución de lo que entiende abonado con exceso, 2.022,93 euros; y adjunta copia de la certificación 44, correspondiente al mes de diciembre de 2006, de la cual deriva la liquidación de la tasa cuestionada; en la liquidación girada, en el apartado "objeto tributario", se expresa el concepto: ... DIC 2006, la certificación de obra: ..., la fecha: 30/12/2006 y el Importe antes de IVA, 371.996,51 euros; y en el apartado "Tasa", la base imponible: 312.602,11 euros, el tipo de gravamen: 4%, y el importe: 12.504,08 euros.
QUINTO: Al importe líquido se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1990 (a la que se remite la también invocada Sentencia de 14 de enero de 2003), que declaró no haber lugar al recurso extraordinario de apelación en interés de ley promovido por la Abogacía del Estado, "Porque si el precepto, art. 4 b), del Decreto dicho, habla de obras ejecutadas, sin otras adiciones que las referentes aadquisiciones y suministros previstos en los proyectos, quiere ello decir que quedan al margen del concepto de base imponible cualquiera otros que no sean el propio importe de los ejecutados y el derivado de adquisiciones y suministros previstos en los proyectos respectivos, pero sin más adiciones. Por otra parte, es ajena a lo aquí discutido la posibilidad de una diferenciación entre la obra ejecutada y presupuestada, por lo que ambos términos, en este caso, se confunden. Asimismo, no pueden confundirse el concepto importe de la certificación, con importe de lo ejecutado, pues pueden no coincidir, como en este caso, en el que al precio ejecutado se unen otros posibles conceptos, generalmente de carácter tributario... La pretensión impugnatoria se basa, en lo esencial, en que la norma contenida en el art. 4 b) del Decreto 137/1960, de 4 de febrero, no precisa qué ha de entenderse por importe líquido las obras ejecutadas, así como tampoco se contiene definición alguna en la legislación de Contratos del Estado, si bien el art. 68 del Reglamento distingue dos tipos de presupuesto: El presupuesto de ejecución material (resultado de sumar los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas), y el de ejecución por contrata que se obtiene incrementando el de ejecución material en los gastos generales y beneficio industrial. Siendo éste -a su juicio- el presupuesto de la obra. Y por ello, el importe líquido está constituido por las cantidades satisfechas al contratista, periódicamente, en pago de la obra ejecutada, entre las que se encuentran, además del importe propiamente dicho de la obra ejecutada, los gastos generales y el beneficio industrial (excluidas las cargas fiscales de todo tipo). Con ello no se realiza una interpretación extensiva ajena a los propios términos literales del precepto sino que -al contrario- se entiende la norma conforme a su sentido jurídico, técnico o usual en armonía con lo dispuesto en el a 23.2 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963... El problema básico planteado se ciñe a determinar cuál sea el importe líquido de las obras ejecutadas y a tal efecto... dos son las opciones: Una, atender al presupuesto de ejecución material, esto es, el resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad y de las partidas alzadas (art. 68.1 del Reglamento de Contratos del Estado); y dos, el presupuesto de ejecución por contrata que se obtiene incrementando el de ejecución material con los porcentajes por gastos generales y beneficio industrial (excluidos cualquier tributo o carga fiscal). La Sentencia impugnada se atiene al primer criterio y no parece que incida en el error que se le imputa, dado que si se analizan los conceptos que integran porcentajes que incrementan, en el segundo supuesto, el presupuesto de ejecución material, son en cierta manera extraños a lo que supone la actividad de dirección e inspección (ratio de la tasa) por parte de los facultativos de la obra. Y en tal sentido, la base de la tasa para el cálculo del porcentaje deberá estar constituida tan sólo por el importe líquido de las obras ejecutadas y únicamente deberá ser incrementado por las adquisiciones y suministros previstos en los propios proyectos y certificaciones expedidas por los servicios competentes, con exclusión de cualquier tipo de gravamen fiscal".
Resolución de TEAC, 00/3202/2007, 12-03-2008
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 12/03/2008 Núm. Resolución: 00/3202/2007

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 225
 resolución 
 artículo 4
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Resolución