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﻿ SENTENCIA 1100111020002006002750145 DE FEBRERO 22 DE 2006
SENTENCIA 1100111020002006002750145 DE 22 DE FEBRERO DE 2006
CONTENIDO:ELECCIONES POPULARES. LA ANULACIÓN DE UN ACTO ELECTORAL, NO PUEDE DESCONOCER LOS DERECHOS DEL PARTIDO POLÍTICO COMO DE LOS ELECTORES QUE NO SÓLO VOTARON POR UN CANDIDATO SINO TAMBIÉN POR UN PARTIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A CONSTITUIR PARTIDO POLÍTICO, ELECCIÓN POPULAR, NULIDAD DEL ACTO ELECTORAL, RECHAZO DE LA INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO DEL PARTIDO POLÍTICO
REVISTA TUTELA N°:78 DE JUNIO DE 2006, PG.1018
Sentencia 275 de febrero 22 de 2006
Rad. 110011102000200600275 01 45, feb. 22/2006
Accionados: Presidencia de la República y Ministerio del Interior y de Justicia.
Accionante: Partido Liberal Colombiano.
Impugnación: Declara improcedente.
Decisión: Revoca y concede.
Registro: 22 de febrero de 2006
Aprobado según Acta 13 del 22 de febrero de 2006.
Procede la Sala a decidir la impugnación del fallo de tutela proferido el 7 de febrero de la anualidad en curso, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual declaró improcedente la acción de tutela invocada por el doctor José Noé Ríos Muñoz en calidad de representante legal del Partido Liberal Colombiano, contra la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia, por presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la conformación, ejercicio y control del poder político y a la igualdad.
Manifestó el accionante que el 5 de agosto de 2003 fue inscrito con el aval del Partido Liberal Colombiano el señor Libardo José López Cabrales como candidato a la Gobernación del departamento de Córdoba, para el período constitucional 2004-2007, resultando este ciudadano elegido, conforme lo declaró el Consejo Nacional Electoral mediante Acuerdo 3 con fecha 17 de diciembre de 2002.
Agrega que, más adelante, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del mencionado gobernador, ordenando la consecuente cancelación de la credencial, produciéndose así la falta absoluta en el cargo.
Señala el representante legal del Partido Liberal Colombiano que, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 303 de la Constitución Política, esa organización política le presentó al jefe del Estado siete (7) nombres, todos ellos pertenecientes a la colectividad, a efectos de que la designación de gobernador encargado (mientras se celebran nuevas elecciones) se produjera acatando la citada norma, en cuanto ella ordena que el nombramiento se efectúe respetando al “partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido” (destaca el accionante).
Afirma que no obstante lo anterior, “el Gobierno Nacional representado por el Presidente de la República y su Ministro del Interior y de Justicia, en forma evidentemente arbitraria, expidió el Decreto 53 de 2006 en el cual se apartó del citado mandato Constitucional designando como gobernador encargado del departamento de Córdoba al señor Honorio Miguel Henríquez Pinedo, quien no fue sugerido por el Partido Liberal Colombiano para tal efecto, ni es reconocido por esta colectividad como representante de su ideología”; agregando que para dicha designación, los accionados emplearon un procedimiento distinto al adelantado para la designación del gobernador del Tolima el 16 de septiembre de 2005, a pesar de ser un caso idéntico, como quiera que en este también se declaró la nulidad de la elección mediante sentencia judicial, y, en ambos casos, la falta absoluta se produjo faltando más de 18 meses para la culminación del período. En definitiva, según el actor, “… en forma extraña y abiertamente desigual y discriminatoria, y a sabiendas, en el caso del gobernador de Córdoba, quien fue avalado e inscrito por el Partido Liberal Colombiano, se cambió el procedimiento, pues en lugar de designar a un miembro de esta colectividad hasta tanto se realicen las nuevas elecciones, el Gobierno Nacional decidió nombrar a un ciudadano escogido a su arbitrio (Honorio Miguel Henríquez Pinedo) quien no es reconocido por el Partido Liberal Colombiano como representante del mismo” (resaltado original).
Concreta su petitum invocando la protección de los derechos fundamentales alegados y como consecuencia se ordene a los accionados “… designar como gobernador encargado del departamento de Córdoba a un ciudadano que pertenezca al Partido Liberal Colombiano, por ser esta la colectividad que avaló y por la cual se inscribió el gobernador elegido, conforme lo ordena el artículo 303 de la Carta”.
Concluye invocando la protección deprecada como mecanismo transitorio, “para evitar un perjuicio irremediable, consistente, tal como lo advirtió la Corte Constitucional en Sentencia T-116 de 2004, en ‘la no realización del programa de gobierno en manos de una persona que no pertenezca o no tenga identidad con el partido ganador en las elecciones’”.
Debe anotarse que el accionante solicita como medida cautelar se suspenda la aplicación del Decreto 53 de 2006, por considerar que el mismo afectaría la realización del programa de gobierno acogido por los ciudadanos que eligieron al señor López Cabrales como gobernador de Córdoba, amén de vulnerar los derechos fundamentales del Partido Liberal Colombiano, como que tal situación “… resulta perturbadora de la democracia y de la ejecución misma de la ley de garantías electorales, en cuanto el Partido Liberal Colombiano fue despojado de sus derechos políticos de participar en la designación de gobernador encargado al tenor del artículo 303 de la Constitución Nacional, razón por la cual corresponde a la justicia contener el desafuero jurídico y restablecer inmediatamente esos derechos fundamentales para evitar un perjuicio irremediable al Partido Liberal Colombiano y a los ciudadanos cordobeses que votaron el programa de gobierno que lideró el gobernador elegido” (resaltado original).
Anexó al escrito de amparo, entre otros, los siguientes documentos:
Copia del formulario en el cual consta que el ciudadano Libardo José López Cabrales fue avalado e inscrito por el Partido Liberal Colombiano para la Gobernación de Córdoba.
Copia de la comunicación al Presidente de la República con la constancia de notificación y ejecutoria de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, declarando la nulidad de la elección de López Cabrales como gobernador de Córdoba.
Copias de las comunicaciones mediante las cuales el Partido Liberal Colombiano le presentó al Gobierno Nacional la lista de siete (7) candidatos para ser tenidos en cuenta al momento de designar gobernador encargado para el departamento de Córdoba.
Copia del Decreto 53, con fecha 12 de enero de 2006, “por el cual se encarga un servidor público de las funciones de gobernador del departamento de Córdoba”.
Copia del Decreto 3242, con fecha 16 de septiembre de 2005, “por el cual se designa gobernador encargado y se convoca la elección de gobernador del departamento del Tolima”.
Certificado en el que consta que el señor Honorio Miguel Henríquez Pinedo no se encuentra afiliado al Partido Liberal Colombiano.
La magistrada ponente de la Sala de instancia, a través de auto calendado el 26 de enero de 2006, avocó conocimiento de la presente acción de amparo, ordenando la integración del contradictorio, vinculando de manera oficiosa a la Registraduría Nacional del Estado Civil; a los doctores Libardo José López Cabrales y Honorio Miguel Henríquez Pinedo; a las personas que fueron incluidas por el partido accionante en la lista de candidatos remitida al Gobierno Nacional para ser tenidos en cuenta en la designación de gobernador encargado del departamento de Córdoba; y al presidente de la dirección departamental de Córdoba del Partido Liberal Colombiano.
Posteriormente, con proveído calendado el 27 de enero del año que trascurre, la magistrada sustanciadora resolvió la medida provisional deprecada, no decretando la suspensión de la aplicación del Decreto 53 de 2006, al considerar que no se presentaba la hipótesis prevista en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. Dicha decisión le fue notificada a todos los intervinientes en el trámite tutelar.
El Presidente de la República, por conducto de apoderado especial, intervino en esta acción constitucional, deprecando la improcedencia de la tutela, por considerar que el accionante cuenta con otros medios de defensa o controversia del acto administrativo aquí cuestionado, sin que se evidencie prueba siquiera sumaria sobre la existencia de un perjuicio irremediable. En efecto, destaca el interviniente que la jurisdicción contencioso administrativa tiene prevista la “acción electoral” como mecanismo idóneo para controvertir actos como el que ataca el actor en sede constitucional.
Afirma no ser cierto que se esté causando un perjuicio irremediable al partido político accionante, el cual se hace consistir en impedir la realización del programa de gobierno aprobado por los electores, puesto que al declararse la nulidad de la elección del señor López Cabrales y, en general, del proceso eleccionario para gobernador de Córdoba “no es válido exigir la pertenencia o identidad con el partido ganador en las elecciones para continuar con un programa de gobierno que se torna inexistente al desaparecer su causa inmediata”.
Resalta que el actor no aportó evidencia fáctica que permitiera plantear la existencia de un daño inminente, de tal manera que “La sola suposición de que la persona encargada no cumplirá el mandato no es suficiente para argumentar la inminencia de un perjuicio irremediable”.
Asevera que el Decreto 53 de 2006, mediante el cual se designó gobernador encargado para el departamento de Córdoba, se ajustó a la preceptiva superior aplicable, como quiera que, por faltar más de 18 meses para la culminación del período constitucional, se hace necesario convocar a nuevas elecciones, y para la designación de gobernador encargado la Constitución no previó un procedimiento. Considera que el caso presente no es asimilable al del departamento del Tolima “… por cuanto si bien en aquel evento, al igual que ahora, el Gobierno Nacional buscó un acuerdo al interior de la coalición que inscribió al mandatario ganador en la citada entidad territorial, obtuvo una respuesta de los diferentes partidos y movimientos y estudió las comunicaciones recibidas por parte del Movimiento Somos Colombia, del Partido Conservador Colombiano, del Movimiento Equipo Colombia y del Partido Cambio Radical, encontrando que tres de los cuatro partidos y/o movimientos pertenecientes a la alianza o coalición que inscribieron al doctor García Orjuela, a excepción del movimiento ‘Somos Colombia’ manifestaron su apoyo al señor Carlos Guillermo Aragón Farkas, para ser designado como gobernador encargado del departamento del Tolima”. Y continúa explicando que al igual que en ese caso, “... ha buscado que el partido por el cual fue inscrito el gobernador de Córdoba cuya elección fue declarada nula llegue a un acuerdo en su interior para que proponga el o los nombres de las personas que se pueden encargar”; pero que mientras se logra ese acuerdo, ante la necesidad de acatar lo dispuesto en la sentencia que anuló la elección del titular, se vio precisado a encargar provisionalmente de las funciones a un servidor público, mientras se realiza la designación de gobernador encargado.
Destaca, en consecuencia, que “… el encargo que se hizo mediante el Decreto 53 de 2006 es provisional mientras se designa gobernador encargado, designación esta que se hará respetando el partido, grupo o coalición por el cual fue inscrito el gobernador cuya elección fue declarada nula y para lo cual se vienen realizando las consultas políticas con el Partido Liberal Colombiano” (negrillas originales).
Continúa el interviniente en esta acción constitucional haciendo la siguiente exposición:
“De igual manera es de conocimiento público que el Gobierno Nacional hizo ingentes esfuerzos de concertación entre las distintas fuerzas políticas y sociales del departamento de Córdoba, para lograr que quien fuere designado como gobernador encargado contribuyere a la normal administración del departamento, en tanto se realizan las elecciones, y bajo la convicción de que la anulación de todo el acto eleccionario impedía considerar a uno u otro partido político como ‘ganador’ o como ‘perdedor’ en ese proceso electoral, ya que el efecto natural y obvio de la anulación era volver las cosas a su estado anterior, sin ‘ganadores’ ni ‘perdedores’, de forma que ninguna de esas fuerzas ostentaba mejor o mayor derecho para exigir que uno de sus miembros fuere designado como gobernador encargado.
Al no darse tal consenso interpartidista, la opción última adoptada por el gobierno fue designar como gobernador encargado a un funcionario del más alto nivel del Ministerio del Interior y de Justicia, que reuniendo los requisitos y calidades para desempeñarse como tal, le garantice a todos los actores políticos y sociales de ese departamento su participación en las nuevas elecciones, bajo condiciones de transparencia, imparcialidad y equidad.
En este orden de ideas, la actuación del Gobierno Nacional resulta razonable en la medida en que, por una parte, asegura el cumplimiento del fallo que declaró nula la elección del gobernador de Córdoba y, a la vez, lo armoniza con las el —sic— respeto a los partidos, cuya relevancia no desconoce, buscando que el Partido Liberal proponga personas que, como bien lo subraya el actor al mencionar la Sentencia T-116-04, mantengan la relación de fuerzas dentro del mismo al momento de las elecciones del gobernador cuya elección se declaró nula, cosa que en ningún momento ha sido manifestada en forma evidente para el gobierno por la citada organización política”.
Por último, informa el apoderado de la Presidencia de la República que el señor Honorio Miguel Henríquez Pinedo asumió las funciones como gobernador encargado del departamento de Córdoba el pasado 13 de enero; y que, conforme se concertó con la Registraduría Nacional del Estado Civil, las nuevas elecciones para mandatario seccional en ese departamento se programaron para el día 2 de abril de 2006 (fls. 78 al 84).
Por su parte, el Ministerio del Interior y de Justicia, también a través de apoderado, intervino en el trámite de esta acción de amparo, deprecando su negativa por no encontrarse vulnerado derecho fundamental alguno.
Sostiene el memorialista que al haberse declarado la nulidad de todo el proceso eleccionario para gobernador de Córdoba, no es válido exigir que quien sea designado pertenezca al partido ganador, como quiera que el programa de gobierno del candidato vencedor deviene inexistente “al desaparecer su causa inmediata”.
Reitera lo dicho por el anterior interviniente en punto a la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de la acción pública de “nulidad electoral”, como mecanismo idóneo y eficaz para controvertir la designación de gobernador encargado del departamento de Córdoba, trascribiendo algunos apartes de sentencias de la Corte Constitucional (sin identificarlas), sobre el tema del carácter residual de la acción de amparo y sobre las circunstancias que la jurisprudencia del alto tribunal ha señalado como suficientes para predicar la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, coincidiendo con lo dicho por el representante de la Presidencia de la República, en cuanto que en el caso presente no se dan los supuestos para ello, “dado que el accionante no demostró la existencia o la necesidad de precaver un perjuicio irremediable”.
Considera que el accionante plantea por esta vía excepcional una discusión acerca de la aplicación de una norma legal, lo cual implica hacer un debate jurídico que escapa al examen constitucional sobre la vulneración de un derecho fundamental, siendo el asunto del resorte de la jurisdicción contencioso administrativa.
En efecto, razona el libelista que el artículo 303 de la Carta Política, en su inciso final, al referirse a los casos en que faltan más de 18 meses para la culminación del período, no trae una expresa exigencia para que quien sea designado gobernador encargado mientras se realizan las nuevas elecciones tenga que pertenecer al partido, grupo político o coalición por la cual fue inscrito el mandatario elegido, siendo ello razonable por cuanto “La transición no puede menoscabar el necesario equilibrio político que debe garantizarse para la nueva elección. Por el contrario, la persona designada debe garantizar que durante el período de transición, previo a la nueva elección, exista igualdad de oportunidades entre todas las fuerzas políticas”.
En criterio del apoderado especial del Ministerio del Interior y de Justicia, el citado precepto constitucional contempla dos hipótesis diferentes: la primera de ellas, consistente en disponer que cuando se presente falta absoluta a más de 18 meses de la terminación del período, debe hacerse una nueva elección; y, la segunda, referida a las faltas absolutas faltando menos de 18 meses, en cuyo caso el Presidente de la República procede a la designación de un gobernador para lo que reste del período, siendo este el único evento en que se deba respetar la filiación política del gobernador elegido.
Así las cosas —siempre en sentir del interviniente— “… resulta claro que el artículo 303 de la Constitución —respecto a gobernadores—, así como el artículo 314 superior sobre alcaldes, ha de interpretarse de manera sistemática junto a las disposiciones sobre el voto programático y el mandato contenido en el programa de gobierno adoptado por el pueblo. Las dos hipótesis contenidas en la disposición, entonces, adquieren un sentido más amplio”; de donde concluye que no le asiste razón al actor al pretender aplicar a ambos supuestos la misma consecuencia, toda vez que la obligación de respetar en la designación de gobernador encargado la filiación política de quien ganó la elección, solo tiene razón de ser en el último supuesto normativo, esto es, cuando, faltando menos de 18 meses para la conclusión del período, se hace necesario el nombramiento de quien habrá de concluir el mismo, quedando atado al programa de gobierno del elegido popularmente.
Por otra parte, resalta que al haberse decretado la nulidad de la elección del gobernador de Córdoba, quedando el acto que declaró elegido al mandatario seccional excluido del ordenamiento jurídico, el mismo carece de efectos vinculantes para electores y elegidos, concluyéndose de ello que “No habiendo acto eleccionario válido, no hay gobernador elegido, y no habiendo gobernador elegido, no hay obligación de respetar —al designar gobernador encargado—, al partido, grupo político o coalición de tal elegido”.
Finalmente, en relación con la alegada vulneración del derecho a la igualdad, afirma el interviniente que en el caso de la designación de gobernador encargado para el departamento del Tolima, los esfuerzos del gobierno por llegar a un consenso entre las diversas fuerzas políticas fueron exitosos, mientras que en el caso presente ello no fue posible; continuando con los siguientes razonamientos:
“Ahora bien, el hecho de que en el decreto de designación de gobernador encargado para el Tolima la parte motiva difiera de las consideraciones hechas en el decreto mediante el cual se designó gobernador encargado para Córdoba, obedece de manera única y expresa a que en este último era la oportunidad para corregir la interpretación que se estaba dando al artículo 303 superior, habida cuenta que los efectos propios de la anulación del acto electoral tenían como consecuencia el no poder predicarse que subsistiera a tal nulidad, derecho alguno a favor de los elegidos.
Así las cosas, es claro colegir que el asunto sub examine no tiene la naturaleza constitucional que debe rodear el debate en sede de amparo. En efecto, debe señalarse que la causa de la falta absoluta del gobernador de Córdoba proviene de la anulación en sede judicial del acto que declaró la elección del señor Libardo José López Cabrales como gobernador del departamento de Córdoba, ordenándose también la cancelación de la respectiva credencial”.
De tal razonamiento concluye el señor apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia que la declaratoria de nulidad de la elección implica “una posición original de igualdad de los candidatos que participaron en la contienda electoral en su momento. Así, a ninguno le asistiría un mejor derecho para reclamar una posición de privilegio” (fls. 89 al 105).
La corporación de instancia, en providencia calendada el 7 de febrero de la presente anualidad, declaró improcedente la acción de tutela, tras hacer un recuento de los hechos que le sirvieron de sustento a la acción de amparo, así como una valoración del material probatorio arrimado al expediente y de los pronunciamientos hechos por los intervinientes en el trámite de la tutela. Consideró el a quo que la interpretación dada por los funcionarios accionados al artículo 303 de la Constitución Política “… además de no ir contra ninguna norma constitucional, no se advierte como arbitraria ni vulneradora de ningún derecho fundamental del Partido Liberal Colombiano porque, efectivamente, la norma invocada por esa colectividad como sustento de su demanda de tutela consagra dos hipótesis diferentes y en la primera, cuando debe convocarse a nuevas elecciones, nada dice acerca de la forma como debe designarse en el entretanto por parte del Presidente de la República al gobernador encargado”.
Consideró el juez constitucional colegiado de primer grado que no puede desconocerse la designación realizada por medio del Decreto 53 de 2006, la cual se hizo como encargo provisional de las funciones, mientras se realiza el encargo, lo cual “… según lo expresó el primero, se hará respetando el partido, grupo o coalición por el fue inscrito el gobernador cuya elección fue declarada nula y para lo cual se viene realizando las consultas políticas con el partido Liberal Colombiano” (sic para lo trascrito).
En escrito recibido por la Sala a quo el 6 de febrero de la presente anualidad, el señor representante legal del Partido Liberal Colombiano, impugnó el fallo así proferido, expresando su inconformidad al señalar que, aún si se aceptara que la designación no se hizo como encargo, tal acto no está previsto en la Carta Política, reiterando que el encargo mientras se realizan las nuevas elecciones debe recaer en una persona integrante de la lista suministrada por la organización política que representa el impugnante, conforme a lo indicado en el artículo 303 superior.
Expone su desacuerdo con los razonamientos efectuados por el apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, señalando que “… es verdad averiguada que existe el procedimiento unificado para encargar alcalde o gobernador cuando se produce vacancia absoluta faltando mas de diez y ocho meses para la terminación del período Constitucional”, lo cual hace con sustento en la trascripción de los criterios esbozados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 17 de marzo de 2005, expediente 3490, con ponencia del magistrado Darío Quiñónez Pinilla, sobre la interpretación del artículo 314 constitucional, conforme fue modificado por el Acto Legislativo 2 de 2002.
El razonamiento del apelante concluye expresando su discrepancia con los argumentos expuestos por el señor apoderado especial de la Presidencia de la República, en cuanto este manifiesta que el gobierno sí acatará lo ordenado en el artículo 303 constitucional, pero concertando o buscando consenso al interior de los partidos, como quiera que la Constitución Política nada dice al respecto. Así mismo, expresa que dilatar la solución al caso que nos ocupa “… no deja de perturbar las costumbres políticas de los ciudadanos de ese departamento que aún no conocen fecha cierta de la elección de su primera autoridad departamental, porque lo legal es que en el Decreto de designación de un gobernador encargado se convoque a elecciones para elegir a quien va a terminar el período constitucional”.
De conformidad con lo previsto en los artículos 86, 116 inciso 1º y 256.7 de la Constitución Política, artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000, esta superioridad es competente para resolver la impugnación deprecada dentro de la presente acción de tutela, toda vez que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca era competente para conocer en primera instancia.
En primer lugar, se hace necesario resolver el tema de la procedibilidad de la acción de tutela, como quiera que los planteamientos hechos por las autoridades accionadas y acogidos por la corporación a quo, se fundan en la improcedencia de la acción de amparo ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, cual es la acción de “nulidad electoral”. Por tanto, entiende esta colegiatura que el estudio previo de la procedencia o no de la acción constitucional que nos ocupa tienen por finalidad, de un lado, preservar el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo, que resultaría desvirtuado si ante ella se plantearan cuestiones sobre las que previamente, a través de las vías procesales oportunas, no se ha dado ocasión de pronunciarse a los órganos de la jurisdicción ordinaria correspondiente, y, de otro, que los órganos judiciales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre la violación constitucional, haciendo posible el respeto y restablecimiento del derecho constitucional en sede jurisdiccional ordinaria.
A este respecto, ha de señalarse que si bien es cierto el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ordinario, consistente en la acción pública de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual haría improcedente la acción de amparo conforme a lo previsto en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991, también lo es que con lo que tardaría en resolverse dicha acción contencioso administrativa, el mismo deviene ineficaz ante la urgencia de una definición jurídica sobre la presunta vulneración a los derechos fundamentales alegados por el partido político accionante.
En efecto, advierte la Sala que someter a la organización política actora a la espera de las resultas de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tornaría en ineficaz este mecanismo de protección, puesto que el problema planteado solo vendría a resolverse con posterioridad, incluso, a la celebración de las elecciones para gobernador del departamento de Córdoba para la culminación del período institucional del mandatario seccional, circunstancia excepcional que habilita a la corporación, para adentrarse en el estudio de fondo del asunto. A este respecto, es importante resaltar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, desde comienzos de la vigencia de la actual Carta Política, en el siguiente sentido:
La Corte, empero, encuentra necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluídos todos los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y completa del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango meramente legal, entonces, no solo procede la acción de tutela, sino que ha de tramitarse como la vía procesal prevalente. Así como la Constitución no permite que se subplante al juez ordinario con el de tutela, para la protección de los derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, sea impedida o recortada por las reglas de competencia de las jurisdicciones ordinarias.
En los casos en los que, aún existiendo otro mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela, por las razones anotadas, resulte prevalente, el juez de tutela podrá señalar en su fallo, la libertad del actor para acudir al otro medio de defensa del derecho, a fin de reclamar la responsabilidad en que ya haya incurrido quien lo violó o amenazó” (1) (negrilla no original).
Adicionalmente, es importante destacar que siendo la acción de nulidad de carácter público cuya finalidad es la preservación de la integridad del ordenamiento jurídico, en el caso particular planteado por el Partido Liberal Colombiano existe, además, un interés directo y particular como persona jurídica del accionante de reclamar el derecho fundamental a la igualdad, de tal manera que el asunto a considerar, relativo a si esa persona jurídica de derecho público es titular del derecho fundamental a la igualdad, y si, en consecuencia, está legitimada para procurar su protección en sede de tutela, conforme ha tenido oportunidad de indicarlo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es un tema frente al cual “solo se puede pronunciar el juez constitucional a través del proceso en el que decide si otorga o no amparo judicial a los derechos fundamentales aducidos como conculcados o gravemente amenazados” (2) por la parte actora. Para definir este tema específico, es claro, entonces, que la organización política accionante no dispone de otro medio de defensa eficaz.
Tampoco puede echarse de menos que si bien el accionante acude ante el juez constitucional en procura de la efectividad del derecho colectivo de los electores cordobeses a que se continúe ejecutando el programa de gobierno acogido por ellos en las urnas, también reclama para sí como persona jurídica el restablecimiento de su derecho fundamental a la igualdad, el cual estima vulnerado por una actuación administrativa que, en su sentir, resultó discriminatoria, en comparación con la solución dada al caso de la designación de gobernador encargado para el departamento del Tolima.
Descartada la concurrencia del óbice procesal señalado, podemos ya proceder al examen de la vulneración de los derechos fundamentales que constituyen el fundamento de la acción de amparo que nos ocupa, no sin antes hacer algunas consideraciones sobre los partidos políticos como titulares de derechos fundamentales y su relación con el principio democrático consagrado en el estatuto superior con carácter de fundamental.
En el marco del primer motivo de amparo, sitúa el accionante la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, en dos aspectos distintos: el primero de ellos, por cuanto las autoridades accionadas arbitrariamente expidieron el Decreto 53 de 2006 apartándose del mandato contenido en el artículo 303 constitucional, designando como gobernador encargado del departamento de Córdoba al señor Honorio Miguel Henríquez Pinedo, quien no fue sugerido por el Partido Liberal Colombiano para tal efecto, ni es reconocido por esa colectividad como representante de su ideología; y, el segundo, como quiera que para dicha designación, se empleó un procedimiento distinto al adelantado para la designación del gobernador del Tolima el 16 de septiembre de 2005, a pesar de ser un caso idéntico, pues en este también se declaró la nulidad de la elección mediante sentencia judicial, y, en ambos casos, la falta absoluta se produjo faltando más de 18 meses para la culminación del período.
Antes de entrar a analizar esas dos acusaciones, considera la Sala importante señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 29 constitucional, el debido proceso no solamente es exigible respecto de las actuaciones judiciales, sino también frente a las administrativas. En relación con estas, este derecho constitucional genera exigencias fundamentales respecto de todo procedimiento, especialmente en tratándose de los sancionadores en general, y aun de aquellos que —como en el presente caso— desembocan en una denegación, restricción o supresión de derechos de las personas naturales o jurídicas, y aún de las públicas en cuanto que terceros frente a la que actúa.
Para el caso que nos ocupa, no se precisa hacer una amplia disertación sobre la naturaleza, los fines y alcances de este derecho constitucional fundamental en sede administrativa. Basta decir que, a pesar de no ser este un concepto absoluto, para el caso que interesa a los efectos de esta acción constitucional, la motivación del acto administrativo, en tanto en ella se consignan las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión adoptada por la administración, constituye para los administrados el principal instrumento de control sobre la legalidad de tales actos.
En efecto, son los argumentos expuestos en la parte motiva de los actos administrativos, los que le permitirán al ciudadano tener, cuando menos, noticia sucinta sobre las razones que invoca la administración, a efectos de confrontar las decisiones administrativas con el ordenamiento jurídico y decidir si ellas lo convencen desde el punto de vista de su legalidad, o si, por el contrario, no comparte tales argumentos y, en consecuencia, opta por acudir a la jurisdicción en demanda de su expulsión del ordenamiento.
La primera vertiente de la acusación debe ser estimada por cuanto resulta acreditada la base fáctica en que se sustenta, toda vez que encuentra la Sala en el Decreto 53 de 2006, por medio del cual se encargó de las funciones de gobernador de Córdoba al señor secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia, que si bien es verdad, se consignaron en la parte motiva los fundamentos fácticos y jurídicos para adoptar la decisión, esta fue adoptada haciendo caso omiso de la lista de candidatos propuestos por el Partido Liberal Colombiano para ser considerados al momento de designar gobernador encargado para el departamento de Córdoba, sin exponerle a la organización política interesada —como tampoco lo consignó en la motivación del acto administrativo aquí cuestionado— las razones por las cuales se abstendría de designar gobernador encargado, procediendo a hacer un “encargo provisional”. Ello se hace aún más evidente cuando el Representante del Presidente de la República en esta actuación expone que “… el encargo que se hizo mediante el Decreto 53 de 2006 es provisional mientras se designa gobernador encargado, designación esta que se hará respetando el partido, grupo o coalición por el cual fue inscrito el gobernador cuya elección fue declarada nula y para lo cual se vienen realizando las consultas políticas con el Partido Liberal Colombiano”, pero de estas circunstancias nada se le informó a esa organización política, como tampoco se dejó constancia de ello en la parte considerativa del Decreto 53 de 2006.
Esta sola consideración, unida al hecho de que este último argumento solo vino a ser expuesto en el trámite de la acción de tutela y que, por lo mismo, nunca fue conocido ni por el partido político accionante ni por ningún ciudadano, sería suficiente para que la Sala llegue a la conclusión de que en el procedimiento administrativo cuestionado, se dio al traste con el derecho fundamental al debido proceso de la organización política petente.
Sin embargo, debe resaltar la corporación que también se aprecia la vulneración al citado derecho fundamental, cuando ninguna referencia se hizo ni al artículo 303 de la Constitución Política —conforme lo había hecho al expedir el Decreto 3242 de 2005 en el análogo caso del departamento del Tolima—, ni mucho menos a las razones expuestas por el apoderado del Ministerio del Interior, en el sentido de que en ese acto administrativo se estaba corrigiendo “... la interpretación que se estaba dando al artículo 303 superior, habida cuenta que los efectos propios de la anulación del acto electoral tenían como consecuencia el no poder predicarse que subsistiera a tal nulidad, derecho alguno a favor de los elegidos”.
Así las cosas, encuentra la Sala que, efectivamente, las autoridades accionadas al proceder conforme se acaba de anotar, vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del Partido Liberal Colombiano, deviniendo de ello la necesidad de que esta jurisdicción proceda de conformidad con sus facultades constitucionales a conceder el amparo deprecado, adoptando las decisiones que más adelante se indicarán.
Por otra parte, a la vista del término de comparación que ante esta jurisdicción constitucional propone el demandante de amparo, resulta preciso señalar, en primer lugar, que las situaciones de vacancia absoluta en el cargo de gobernador del departamento, tanto en el caso del Tolima como en el de Córdoba, fueron las mismas: En ambos, se produjo la falta definitiva por declaratoria de nulidad de la elección del gobernador; y, en los dos, dicha nulidad se declaró faltando más de 18 meses para la culminación del período constitucional, haciéndose necesario nombrar gobernador encargado y convocar a nuevos comicios, acorde a lo establecido en el artículo 303 constitucional, conforme fue modificado por el Acto Legislativo 2 de 2002; y, en segundo lugar, tal como se aprecia en los dos actos administrativos; a saber, el Decreto 3242, con fecha 16 de septiembre de 2005, “por el cual se designa gobernador encargado y se convoca la elección de gobernador del departamento del Tolima”, y el Decreto 53, con fecha 12 de enero de 2006, “por el cual se encarga un servidor público de las funciones de gobernador del departamento de Córdoba”, es evidente que, no obstante la identidad en los supuestos fácticos presentados en los dos casos, se dio una solución diversa.
En efecto, en el primero se designó gobernador encargado y se convocó a la nueva elección de gobernador del Tolima, consignando en la parte considerativa del Decreto 3242 de 2005 lo siguiente:
Que el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2002 —inciso tercero—, modificatorio del artículo 303 de la Constitución Política, señala que al presentarse falta absoluta a menos de dieciocho (18) meses de la terminación del período, el Presidente de la República designará un gobernador para lo que reste del mismo ‘respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido’, norma aplicable por analogía para designar mediante decreto a un gobernador en encargo mientras se realiza la elección de mandatario seccional.
Que una coalición integrada por el movimiento ‘Somos Colombia’ —quien otorgó aval—, el partido Conservador, el Partido Cambio Radical y el Movimiento Equipo Colombia participó en la inscripción del señor Jorge Enrique García Orjuela como candidato a la Gobernación del Tolima para la elección de octubre de 2003, según certificación expedida por los delegados de la Registradora Nacional del Estado Civil para la Circunscripción Electoral del Tolima, revisados los archivos electorales que reposan en esa delegación formulario E6,
Que según lo dispuesto en el artículo 303 superior (modificado por el A.L. 2/2002, art. 1º y aplicable por analogía para la designación del gobernador encargado del Tolima), la facultad de designación por encargo de gobernador debe ejercerse ‘respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido’, y que tres de las organizaciones políticas mencionadas en el párrafo anterior reconocieron para el citado cargo al señor Carlos Guillermo Aragón Farkas, identificado con la cedula de ciudadanía 14.201.498 de Ibagué.
(...)” (negrilla no original).
En cambio, el caso de la falta absoluta presentada en el departamento de Córdoba, el Gobierno Nacional lo resolvió de diversa manera, en primer lugar, no designando gobernador encargado ni convocando a elecciones, limitándose a “Encargar de las funciones de gobernador del departamento de Córdoba al... actual secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia, mientras se realiza la designación de gobernador encargado”; y, en segundo lugar, haciendo caso omiso al procedimiento fijado en el artículo 303 de la Carta Política y, en consecuencia, sin tener en cuenta la lista de candidatos que le presentara el Partido Liberal Colombiano, en su calidad de organización política que avaló e inscribió la candidatura del señor Libardo López Cabrales, quien fuera elegido gobernador del departamento de Córdoba y cuya falta absoluta se produjo en virtud de sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Pues bien, en el presente caso, la diferenciación efectuada por el Gobierno Nacional para resolver el tema de la falta absoluta en el cargo de gobernador en los departamentos del Tolima y de Córdoba a efectos de lo previsto en el artículo 303 constitucional no aparece justificada, resultando así vulnerado el derecho fundamental a la igualdad y, por lo tanto, se impone la intervención del juez constitucional en procura de su restablecimiento.
No cabe argumentar en contrario, como pretenden los accionados, a partir del hecho de haber buscado “... que el partido por el cual fue inscrito el gobernador de Córdoba cuya elección fue declarada nula llegue a un acuerdo en su interior para que proponga el o los nombres de las personas que se pueden encargar”, o que el encargo efectuado es apenas provisional mientras se efectúa la designación de gobernador encargado “…respetando el partido, grupo o coalición por el cual fue inscrito el gobernador cuya elección fue declarada nula y para lo cual se vienen realizando las consultas políticas con el Partido Liberal Colombiano”, tal como lo afirma la Presidencia de la República y lo ratifica el interviniente a nombre del Ministerio del Interior y de Justicia; o, peor aún, a partir de la consideración de que la solución en este caso resulta razonable al asegurar el acatamiento del fallo que anuló la elección del gobernador de Córdoba, al tiempo que armoniza con el respeto a los partidos “... buscando que el Partido Liberal proponga personas que (...) mantengan la relación de fuerzas dentro del mismo al momento de las elecciones del gobernador cuya elección se declaró nula”.
Tales argumentos no pueden ser atendidos, no solo porque la realidad probatoria demuestra que ningún desacuerdo existe al interior del Partido Liberal Colombiano sobre el punto (para ello, basta mirar las comunicaciones calendadas el 14 de octubre y el 27 de diciembre de 2005, con las listas de candidatos presentadas a la consideración del señor Presidente y del Ministro del Interior y de Justicia, respectivamente), sino también porque la pretensión de que el partido político accionante proponga personas que mantengan la relación de fuerzas dentro del mismo al momento de las elecciones del gobernador cuya elección se declaró nula, fractura el principio de autonomía que constituye garantía esencial para cualquier partido, grupo o movimiento político en una democracia constitucional sustentada en el pluralismo político.
Tampoco pueden ser acogidos los argumentos de los accionados, consistentes en que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las elecciones para gobernador de Córdoba, no se podía “... considerar a uno u otro partido político como ‘ganador’ o como ‘perdedor’ en ese proceso electoral, ya que el efecto natural y obvio de la anulación era volver las cosas a su estado anterior, sin ‘ganadores’ ni ‘perdedores’”. Bien es verdad que la declaratoria de nulidad de un acto como el electoral desde el punto de vista jurídico, reviste efectos ex tunc, es decir, que expulsa el acto del ordenamiento jurídico desde su expedición. Sin embargo, no puede desconocerse que el acto electoral es también —y, fundamentalmente— un acto político de expresión de la soberanía popular que, como tal, constituye auténtica forma de concretización de un principio fundamental (pues es un fin esencial del Estado el “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”, C.P., art. 2º) y de un derecho también fundamental (“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político...”, C.P., art. 40), lo cual implica que, así desaparezca del ordenamiento jurídico el acto que declaró la elección de un ciudadano como gobernador de un departamento, ello no puede significar el desconocimiento de los efectos del acto político mediante el cual el electorado acogió no solo a un candidato, sino un programa de gobierno.
Por tanto, esos efectos políticos del voto no pueden llevar al absurdo de predicar que en la contienda electoral no hubo ganadores ni perdedores, máxime si se considera que en el caso que ocupa la atención de la Sala, la anulación no obedeció a una perversión del proceso electoral mismo, sino a una circunstancia personal del elegido, en quien recaía una condición de inelegibilidad, aspecto que no puede significar la anulación de los efectos políticos tanto del acto de inscripción de una candidatura, como de los votos depositados en las urnas, como expresión auténtica de soberanía del pueblo, al hacer uso del derecho al sufragio.
En este orden de ideas, siendo los partidos, grupos y movimientos políticos promotores y mediadores legítimos para encauzar la participación de los ciudadanos y la formación y manifestación de la voluntad popular, no solo para influir en las decisiones políticas sino también para acceder a los cargos de elección en los niveles local, regional y nacional, no pueden ser desconocidos o afectados por las autoridades administrativas cuando actúan como “operadores directos” de una norma Constitucional, invocando al albur de las circunstancias interpretaciones dispares, de un mismo precepto superior.
Y es que, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores sobre el rol que cumplen los partidos, grupos y movimientos políticos en nuestra democracia y sobre la importancia del sufragio no solo en su dimensión jurídica sino también en su esencia política, la acertada interpretación del artículo 303 constitucional realizada por el Gobierno Nacional para designar gobernador encargado en el departamento del Tolima, no podía abandonarse arbitrariamente al momento de resolver el asunto en el departamento de Córdoba. A este respecto, debe anotarse que la Sala desestimará la explicación dada por el apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, cuando pretende justificar el cambio en la interpretación del referido precepto superior diciendo que dicha mutación “... obedece de manera única y expresa a que en este último era la oportunidad para corregir la interpretación que se estaba dando al artículo 303 superior, habida cuenta que los efectos propios de la anulación del acto electoral tenían como consecuencia el no poder predicarse que subsistiera a tal nulidad, derecho alguno a favor de los elegidos”.
Sobre este particular aspecto, debe resaltar este juez constitucional que si bien la anulación del acto electoral tiene por consecuencia el no poder predicarse derecho alguno a favor del elegido, ello no puede significar el desconocimiento de los derechos tanto del partido político al que este pertenece, como de los electores que —se reitera— no solo votaron por un candidato sino también por un partido y —principalmente— por un programa de gobierno. No debe olvidarse que una democracia de partidos, como la que aspira a realizar el Constituyente derivado, principalmente con la reforma introducida al texto constitucional a través del Acto Legislativo 1 de 2003, se estructura y sustenta sobre la tríada elector —candidato— partido político, por manera que la interpretación y aplicación de las normas del ordenamiento —tanto de las contenidas en la Constitución como de todas las demás que integran el resto del sistema jurídico constitucional colombiano— debe hacerse conforme a los valores y principios fundamentales, haciendo prevalecer las opciones hermenéuticas que más armonicen —para el caso concreto que nos ocupa— con el principio democrático y con el respeto de la decisión mayoritaria tomada por el pueblo, que hacen posible el pluralismo político y la democracia sustancial.
Todavía es importante señalar que, aún si —en gracia de discusión— aceptáramos como válidos los argumentos expuestos por el Ministerio del Interior y de Justicia en punto a la “corrección” de la interpretación dada al artículo 303 de la Carta Política, ese argumento ha debido consignarse en el acto administrativo cuestionado ante esta jurisdicción constitucional, tal como se expuso en el apartado anterior sobre el derecho al debido proceso, y no reservarlo para esgrimirlo como defensa en el trámite de esta acción de amparo.
En consecuencia, es función del juez constitucional proteger los derechos fundamentales del actor al debido proceso y a la igualdad, en tanto con la actuación demandada estos le fueron vulnerados, al desconocerse el procedimiento que las mismas autoridades accionadas habían adoptado precedentemente —conforme al artículo 303 de la Constitución Política— para la designación de gobernador encargado en el departamento del Tolima, optando por una interpretación diversa de la mentada norma superior, para la provisión temporal del cargo vacante en la Gobernación de Córdoba, en perjuicio de los intereses del partido político accionante.
Es por todo lo anterior, que se revocará el fallo de instancia, y como consecuencia de ello se tutelarán a favor del accionante Partido Liberal Colombiano, los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y como consecuencia de ello, dejar sin efectos el Decreto 53, con fecha 12 de enero de 2006, “por el cual se encarga un servidor público de las funciones de gobernador del departamento de Córdoba”, y, en su lugar, ordenar al señor Presidente de la República y al señor Ministro del Interior y de Justicia que dentro del término de 48 horas contados a partir de la notificación de esta decisión, proceda a nombrar gobernador encargado para el departamento de Córdoba, mientras se realiza la elección de mandatario seccional, teniendo en cuenta para ello la lista de candidatos presentada por el Partido Liberal Colombiano en las comunicaciones datadas el 14 de octubre y el 27 de diciembre de 2005.
1. REVOCAR el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 7 de febrero de 2006, que declaró improcedente la tutela invocada por el doctor José Noé Ríos Muñoz en calidad de representante legal del Partido Liberal Colombiano, conforme lo expuesto en esta providencia.
2. TUTELAR a favor del accionante Partido Liberal Colombiano, los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y como consecuencia de ello, dejar sin efectos el Decreto 53, con fecha 12 de enero de 2006, “por el cual se encarga un servidor público de las funciones de gobernador del departamento de Córdoba”, y, en su lugar, ordenar al señor Presidente de la República y al señor Ministro del Interior y de Justicia que dentro del término de 48 horas contados a partir de la notificación de esta decisión, proceda a nombrar gobernador encargado para el departamento de Córdoba, mientras se realiza la elección de mandatario seccional, teniendo en cuenta para ello la lista de candidatos presentada por el Partido Liberal Colombiano en las comunicaciones datadas el 14 de octubre y el 27 de diciembre de 2005.
3. Oportunamente, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Magistrados: Fernando Coral Villota—Eduardo Campo Soto—Guillermo Bueno Miranda—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Temistocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.
(1) Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 1994, expediente T-23544, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, 9 de marzo de 1994; criterio reiterado, entre otras, en la Sentencia SU-182 de 1998, expedientes acumulados T-141334, T-141745, T-141785, T-142430, T-143410 y T-143426; MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, 6 de mayo de 1998.
(2) Corte Constitucional, Sentencia SU-182 de 1998, expedientes acumulados T-141334, T-141745, T-141785, T-142430, T-143410 y T-143426; MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, 6 de mayo de 1998.

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 artículo 314
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