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Timestamp: 2020-03-28 19:06:39+00:00

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Ciencia Política y Derecho – Blog de Juan Francisco Arana
La formación de la ley en el ámbito parlamentario Perú, el expediente digital como mecanismo de transparencia legislativa.
26 febrero, 2020 Juan Francisco Arana Chalco Deje un comentario
Es un hecho irrefutable, el Parlamento como primer poder del Estado, ha cedido su potestad normativa a órganos de especialidad cuando la naturaleza de las actividades así lo requiere, siendo reservado a ella la ley. Como máxima expresión de la función legislativa.
En la obra del maestro el Dr. Jose Elice Navarro, en su artículo intitulado ?El Procedimiento legislativo y la técnica legislativa en el Perú?. Señala que una de las funciones de importancia de nuestro parlamento es la aprobación de leyes, así como resoluciones legislativas que son de carácter especifico.
El denomina al ?procedimiento legislativo como conjunto de actos sucesivos e integrados regulados por la Constitución, la ley y reglamentos, cuyo fin es promover y poner en vigencia leyes y/o resoluciones legislativas?
Es decir se otorga discrecionalidad al ente burocrático legislativo que determina finalmente en el texto del dictamen, el análisis comprendiendo en menor o mayor medida una opinión, que bajo la mirado del legislador, constituyen elementos a considerar en el debate, finalmente la información es vital para la toma de decisiones.
¿El procedimiento legislativo puede estar sujeto al ámbito de la transparencia?, tomamos lo señalado por el profesor Juli Ponce Sole, en su obra intitulada, la prevención de la corrupción mediante la garantía del derecho a un buen gobierno y a una buena administración en el ámbito local. Comenta la toma en consideración de sus aportaciones y la exteriorización de las razones que conducen a elegir una alternativa en vez de otra? al referirnos a la motivación, contribuyen a que la decisión sea transparente, resultado de una buena administración y aceptada.
Cuyo comentario señala ?No se trata, con ello (debe precisarse), de que todos o una mayoría de los ciudadanos estén de acuerdo con la resolución adoptada. El servicio a los intereses generales corresponde a la Administración; esa es su responsabilidad, y, por tanto, debe cumplirla, a pesar de que una parte de ciudadanos rechacen la decisión, aunque esa porción sea considerable. La aceptación a la que aquí nos referimos
La sistematización de las opiniones, permiten al legislador obtener un panorama de la realidad de la iniciativa legislativa y su probable impacto en su posible implementación en caso de aprobarse.
El concepto de la democracia continua apela a la superación de un sistema de comunicación vertical y una interacción política intermitente entre ciudadanos y élites políticas . Ello lo ha posibilitado las Tecnologías de la información.
La computadora tal como la conocemos hoy en día, es un invento que no contando con 50 años de antigüedad ha ingresado a nuestras vidas en todos los campos, cada vez con aplicaciones de mejor nivel y en constantes evoluciones en la arquitectura física de la computadora y en las aplicaciones o también llamada arquitectura lógica .
Siendo que el presente artículo está centrado esencialmente en la transparencia, ella tiene una relación muy cercana a la participación, como así lo señala el Dr. Juli Ponce,? Asimismo la transparencia es un elemento preciso para lograr la aceptación en consecuencia la eficacia, otro principio constitucional de buena administración. La adecuada información a los ciudadanos, su participación, la toma en consideración de sus aportaciones y la exteriorización de las razones que conducen a elegir una alternativa en vez de otra, contribuyen a que la decisión sea transparente, resultada de la buena administración y aceptada.
El contexto político y la visión estratégica son elementos relevantes al momento de definir la mejor estrategia para hacer realidad una política pública.
10 agosto, 2014 Juan Francisco Arana Chalco Deje un comentario
Es importante el contexto político, y para ello requiere de un análisis concienzudo aplicando aspectos tan relevantes como el mapeo de actores, como señala Nash “el análisis de actores refiere a una gama de técnicas para trazar y entender el poder, las posiciones y las perspectivas de los jugadores”[1] .
Asimismo el contexto político se constituye en un elemento relevante a considerar en el momento de tomar la decisión para definir la mejor estrategia; y para ello debemos conceptualizar el termino contexto, porque cuando hablamos del contexto, requerimos necesariamente considerar la realidad, los valores imperantes, el escenario, los intervinientes, sean externos e internos.
El contexto si importa para la política a proponer. Por ello es importante realizar la pregunta como lo operacionalizamos. Ahí respondemos que en primer lugar debemos definir objetivos y metas, ello va a derivar en la acción futura de la organización pública. Quien a su vez implementará los objetivos y metas. Como consecuencia de ello se define la estrategia para hacer realidad la política pública.
Existe un elemento aun tan o más importante que el contexto y la visión estratégica, es la voluntad política. Por ello no es suficiente señalar tan solo al contexto político y la visión estratégica como elementos relevantes, constituye insuficiente para la definición de la estrategia. También se debe incorporar la voluntad política como un elemento muy relevante.
Matt Andrews en su articulo Impulsando políticas en un gobierno de reformas, indica, que
Hablar de impulsar una política de reformas requiere trabajar con líderes políticos que promuevan y faciliten necesario el espacio para la reforma, por ello también la voluntad política constituye un valor. Que incorporado en el diseño de la estrategia, que definirá quien es nuestro aliado, quien recibirá la información y quien asumirá el compromiso, de comprarse el pleito.
Hablar de visión estratégica, es tener que incorporar componentes propio de un proceso de planificación y ello refiere más a un aspecto de planeamiento, valdría señalar que en la escuela de planificación (Prescriptiva) si bien es cierto incorpora la visión estratégica como parte de la planificación, pero requiere de otros aspectos para darle coherencia y fortaleza a la propuesta de política pública.
Siendo una definición de estrategia tomada del profesor Flavio Ausejo, donde la estrategia se define en función del contexto y la realidad que proponemos.
Entender que la propuesta conlleva una política pública presupone que debe existir el apoyo político al más alto nivel que sea capaz de asumir con liderazgo y que sea incorporado en la planificación de la propuesta de política pública.
Cuando hablamos de visión estratégica, vemos una perspectiva a largo plazo, un ideal, como es que visualizamos la política pública, la resolución de la problemática planteada, la paradoja, la contradicción, la ausencia de autoridad o incumplimiento de la norma, en la búsqueda solución, o la mejora en la cobertura de un servicio, la atención de los beneficiarios, el cumplimiento de la ley, cumplimiento eficiente, enfoque de derechos.
Como cuando hablamos de contexto estamos hablando de la arena o escenario para la acción es decir realizando una adecuado análisis de los actores podemos hablar de un escenario, la realidad es entender los hechos y las tendencias principales y relevante en el proceso de implementación de la política pública.
Entender las realidades en su contexto, los asuntos previos que dan lugar al contexto en su dimensión. Para elegir la adecuada debemos desprendernos de analisis costo beneficio de las decisiones y analizar probables escenarios.
Cuando el diseño y la planificación de la propuesta se ha realizado y se pasa de la parte conceptual a las parte operativa.
Por ello hablar de ambos como elementos relevantes para definir la mejor estrategia, limita en el uso de la escuelas de la estrategias, cuando es muy sabido, que la más versátil de las escuelas es la escuela de configuración, porque toma lo mejor de diversas escuelas para incorporarlo a la realidad especifica de cada propuesta de política pública.
Es por ello que encasillar la política pública, y su creación a un ámbito de una sola escuela de estrategia, no correspondería, máxime si hablamos de elementos tan relevantes como el contexto.
Y hablar de contexto, necesariamente nos refiere a autores tan importante como Robert Nash, con su análisis de Stakeholders y su análisis de poder.
Ello conlleva a un entendimiento del poder, quien fija la agenda en política pública, quien determina la agenda, las ideas, escenarios y valores que promueven la política pública. El mapeo de actores a nivel de beneficiarios, es decir internos, así como también los actores externos. ¿Quien tiene que?, ¿Quién va a obtener que?, ¿Cuándo y como? ¿Cómo las instituciones formales le dan forma los costos y beneficios?, es por ello importante lo que señala Robert Nash, cuando refiere el artículo “Como hacen que las cosas sucedan. El análisis de poder de Tanzania “ de Goran Hyden[2]. Con un analisis del momento o llamada fotografia del instante, puedo entender el proceso e identificar los actores, ello me lleva a plantear las acciones en el marco de la estrategia de implementación de la política pública propuesta, con ello puede ir un paso mas alla y se puede obtener el poder para incidir sobre los actores en los cuales se quieren hacer incidencia; se logra hacer que los actores hagan lo que se desea. Aspectos tan importantes para la implementación de la estrategia de nueva política pública propuesta.
Para Bryson el acuerdo inicial, es decir la decisión que se mantiene en el tiempo es vital, para ello la voluntad política constituye un valor. Ello lleva ala planificación, lleva a la acción. Ello genera un espacio para hacer la reforma.
Entender el contexto es incorporar en el análisis aspectos tan relevantes como quien tiene el poder, hablar de ello es también hablar de poderes formales y poder informales o fácticos.
Siendo que en nuestra realidad política es más difícil, dado el grado de complejidad, aspectos como la predictibidad no es una característica propia de la institucionalidad peruana.
Considerando que nos encontramos en pleno proceso de descentralización ello hace más complejo la formulación y diseño de la nueva política pública, la cual debe tener una visión transversal a efectos de otorgar eficacia y por lo tanto ser objeto de rendición de cuentas en el contexto de la exigencias que requiere la nueva gestión pública.
Siendo que la propuesta de la nueva política pública debe esta adecuadamente diseñada, incorporando para ello lo mecanismos de rendición de cuentas por ejemplo. Aspectos tan relevantes como la implementación de la misma, ya que de no incorporarse estos aspectos, hablaríamos de Full Thinking; es decir buenas ideas, buenos deseos. Es decir debe incorporar el como se realiza es decir debe detallarse la parte operativa. Ello requiere ser tratado en la planificación de la política pública.
Es decir entender el estado de la cuestión, el problema, lo que busca resolver la política publica; el objetivo de la política pública. Si busca corregir una falla de gobierno o corregir externalidades que implican un perjuicio para el interés colectivo, función primordial del Estado. Para que exista dicha propuesta política pública. Entender ello es vital para la formulación y diseño de la política propuesta, entendiendo ello se sigue la etapa de implementación, ello con los elementos como el contexto, su análisis, el planeamiento estratégico que busca la implementación de la propuesta de política pública y el actor que asumirá con liderazgo y constituye en si la voluntad política.
En un escenario electoral la complejidad incorpora otros factores, ello esencialmente debiera incidir en la toma de decisiones para la implementación e incorporación en la agenda pública la propuesta de política pública.
Concluiremos que son importantes, el contexto y el planeamiento estratégico para definir la mejor estrategia para hacer realidad la política pública y requieren de la voluntad política.
[1] Traducción del documento denominado “Maping Political Context: a Toolkit for Civil Society Organitzations Robert Nash, op. cit 24.
[2] HYDEN GORAN, Why do things happen the way they do? A Power Analysis of Tanzania. url. http://hei.unige.ch/sections/sp/agenda/colloquium/Goran%20Hyden_Power%20analysis.pdf
Los Desafíos de los Cuerpos Legislativos Frente al Desarrollo del Derecho Administrativo Global: El Caso Del Congreso de la República del Perú
21 julio, 2014 Juan Francisco Arana Chalco Deje un comentario
El Parlamento siempre está presente en cuanta organización estadual existe. Lo que constituye un hecho irrefutable, es la universalización del parlamento y la identificación con la democracia, identificada en sus orígenes en los ideales liberales de la separación de poderes y su identificación con el pueblo. “Así la institución parlamentaria se encuentra presente en monarquías constitucionales, democracias liberales, cualquiera sea su forma política o en los sistemas políticos del marxismo-leninismo”[1]
Los procesos de modernización del Estado se han impulsado por los organismos multilaterales, como el BID, Banco Mundial, han desarrollado islas de eficiencia en diversas instituciones nacionales, el congreso de Peruano, no ha sido ajeno a ello, es así que los procesos de reforma impulsados en virtud a dicho proceso, ha desarrollado importantes avances en materia de seguimiento del proceso legislativo, otorgándose un grado de especialización en funcionarios de mando técnico que asisten el proceso legislativo del Congreso Peruano y contribuyen a la mejora de dicho proceso legislativo y la formación de la ley.
En materia legislativa el marco constitucional otorga al Congreso por excelencia dicha función, es el Congreso, quien aprueba los tratados suscritos por el gobierno, entendiéndose como buen gobierno, el adecuado y responsable ejercicio del poder y del cumplimiento de los deberes de la función estatal, garantizando la realización de los derechos humanos y la protección del interés público proveyendo marcos institucionales transparentes y participativos para el eficaz funcionamiento del aparato estatal en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, como medio para asegurar el desarrollo de todos los miembros de la sociedad en condiciones dignas de igualdad.
Siendo el titular el Primer Ministro, quien coordina las acciones del Poder Ejecutivo y el Presidente quien representa a la nación peruana.
El poder legislativo expresado en la figura del Parlamento, constituye una institución autónoma y titular de la función legislativa del Estado, que comparte otras funciones como la fiscalización y la representación.
El Congreso Peruano, se enmarco en un proceso de modernización impulsado por el BID, con apoyo de la Universidad de Suny, New York, iniciado en el año 1993. Con el Congreso Constituyente Democrático (CCD), este importante poder del Estado, ha tomado un protagonismo importante a partir del desarrollo una políticas de inversiones para lograr su fortalecimiento como es el diseño e implementación de una fibra óptica con línea dedicada, desarrollo de un soporte informacional e informático en la implementación de procesos, sus actividades administrativas, así como su fortalecimiento de su servicio parlamentario, finalmente en el desarrollo de su portal institucional web.
El concepto de soberanía se internacionaliza, en los procesos de integración que surgen a partir de la suscripción de los antecedentes al tratado de Maastricht, donde en principio se construyen tratados como el caso del acero. Asimismo, el denominado Plan Monnet, tratado de Niza y Maastricht.
El Jurista Luis T. Diaz Muller. En su ponencia “Soberanía y Globalizacion: El Fantasma de la Libertad” desarrolló una interesante teoría donde se señala que la globalización adquiere un carácter relacional directamente imbriada al concepto de interdependencia, característico del proceso de la globalización=mundialización”[2].
Es así que el mencionado jurista, señala que el 11 de setiembre marco un antes y un después, en razón que la soberanía se retrotrae, recordemos que la aprobación de la Patriot Act. Lo que el mencionado autor denomina nuevo modelo unipolar-mundial. Es importante señalar que el análisis efectuado en ese instante no hacía preveer, lo que Openheimer discursabe sobre el gigante dormido, es decir China, por lo que se debe resaltar que dicha ponencia, se realizó en el año 2002, por lo cual en la actualidad ello ha transitado por la multipolaridad de las relaciones internacionales EEUU-CHINA-RUSIA.
Lo resaltante de dichas afirmaciones es que señala la existencia de un concepto de soberanía “interpenetrado” “por los procesos de transnacionalización (conglomerados transnacionales) y de mundialización de trabajadores migratorios, refugiados, justicia penal internacional”, señala que el sistema internacional se ha transformado en un sistema global hegemónico y unipolar, impacta sobre el núcleo duro de la soberanía Nacional-Estatal. A ello en mi modesta opinión debería hablar de un sistema global hegemonico multipolar.
Cabe mencionar que en la actualidad se habla de la globalización como un fenómeno que incorpora tres características, como son la promoción del comercio internacional hacia una liberalización con un tránsito de bienes, desarrollo de las TICs, interdependencia de los sistemas financieros.
Ha tomado importancia la transparencia como uno de los pilares de la gobernanza. En esa línea las Tecnologías de la información (TICs) se han constituido de una herramienta importante para el desarrollo de su plataforma tecnológica, asimismo el desarrollo de las comunicaciones, la convergencia tecnología, la globalización y los cambios en orden mundial ha contribuido a otorgar a los medios de comunicación convencionales y no convencionales en fuentes de información importante que contribuyen a la formación de la opinión publico, aunado a ello al desarrollo e impulso de los organismos internacionales a la formación y modelamiento de la denominada gobernanza, como la conocemos en la actualidad, es el caso del concepto de buen gobierno de las Naciones Unidas que define al buen gobierno como el ejercicio de la autoridad a través de procesos políticos e institucionales que son transparentes y fiscalizables, y alientan la participación pública.
Hyden ha definido la gobernanza como el proceso de formación de las reglas, formales e informales, evocando lo señalado por el maestro Alberto Castro, en su lectura “Legalidad, Buenas Prácticas Administrativas y eficacia en el sector público, un análisis desde la perspectiva jurídica del Buen Gobierno. “Cinco son los principios de buen gobierno: corrección, transparencia, participación, rendición de cuentas y eficacia. En tanto principios de raigambre constitucional vinculan a todos los poderes públicos. Su aplicación concretiza el principio de buen gobierno en cada uno de los poderes del Estado. De ellos derivan otras normas que en conjunto proveen los marcos regulatorios para el ejercicio de la función pública como parámetros de calidad.
El Congreso cada cinco años en el sistema de elección, a través del sufragio, le otorga el mandato a los señores congresistas, para que desde el Parlamento desarrollen sus funciones, siendo que dicha legitimidad de origen otorgado por el voto universal. Siendo que el Congreso como institución se encuentra bajo la mirada de la opinión pública, tiene una posición de desaprobación que se traduce en indicadores de opinión pública que son descendentes, confirmado ello en el porcentaje reducido y constante de aproximadamente 10% de reelección congresal, donde es la ley el producto principal del Congreso, donde son las leyes emanadas de dicho poder en el ámbito de lo señalado por la magna lex o carta fundamental que le otorga dichas prerrogativas y le otorga la legitimidad democrática de las reglas, por ello se entiende que al existir normas y regulaciones que controlan y racionalizan el poder político y estatal.
Considerando el reconocimiento de nuestra Magna Lex al sistema económico de mercado, y la preeminencia de la Democracia como el sistema de gobierno apropiado que garantiza el respeto a los derechos fundamentales, es un nuestro modelo económico denominado como primario exportador, donde es nuestra realidad económica, generosa en materias primas, con insuficiente presupuesto a la educación, por ello existen cuestionamiento de parte de la sociedad con ingresos menores, que constituye la mayoritaria en la sociedad peruana, un descontento social y evidente desaprobación de las principales instituciones estatales que tienen poder decisorio en las actividades del Estado, siendo el Congreso de la República del Perú una institución con una desaprobación ciudadana creciente.
Asimismo es importante que existen importantes avances en materia de instrumentación internacional de convenios, declaraciones como es el caso de la “Declaración de los objetivos de Desarrollo del milenio”(ODM), con una meta propuesta para el año 2015 , resume los objetivos del milenio, donde en nuestro país han constituido parte de la agenda del Estado, que trascienden los gobiernos, desarrollando un rol protagónico del gobierno que promueve la orientación de las políticas estatales de los estados en los componentes inclusivo y productivo, dicho documento internacional, es objeto de informes anuales ante el Congreso de la República, donde es el Presidente del Consejo de Ministros , quien informa sus avances en sus ocho objetivos como son la erradicación de la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Organismos como el Banco Mundial impulsan el cumplimiento de la “Declaración de los objetivos de Desarrollo del milenio”, a partir de mecanismos de alivio de la deuda, a partir de liberar partidas presupuestarias, donde los estados que aplican a ellas, destinan presupuestos para reasignar y cubrir los costos de la educación, por ejemplo, para apoyar la capacitación docente, construir escuelas y ofrecer mejores equipos y material de estudio a los estudiantes.
Asimismo en 1996, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pusieron en marcha la Iniciativa para los Países Pobres muy Endeudados (PPME); En 2006, se lanzó la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) con el propósito de entregar recursos adicionales para que los PPME alcanzaran los ODM.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE DERECHO GLOBAL ADMINISTRATIVO EN EL PERU
La Constitución Política del Perú, adopta la teoría del monismo que no considera a ambos ordenamientos, Constitución y Tratados internacionales como compartimientos estancos, donde cada uno de ellos establece su propia administración.
La globalización ha incidido en que de paso hacia la interdependencia como el Derecho Administrativo Global o la llamada teoría del gobierno de múltiples niveles, o también llamados multilateyered governance.
La Constitución Política del Perú habilita adicionalmente a los dos primeros artículos de la Constitución o Magna Lex, como derechos fundamentales se adhieren a otros reconocidos por tratados de derechos humanos, la forma como estos acuerdos son interpretados e instrumentalizado por el Código Procesal Constitucional.
No se encuentra en discusión de la defensa de los derechos fundamentales de la persona, pero debe precisar que la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, demostrando que ambas ramas del derecho son igualmente obligatorias y aplicables a nivel interno.
Nuestra Magna Lex promueve los derechos fundamentales, sustentado en ello en la Convención Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Siendo que los derechos de la persona inicialmente se desarrollan como una jurisdicción interna de los Estados, la Carta Magna de Inglaterra y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia.
“sobre la base de que el respeto de los derechos humanos es objeto del interés de la comunidad internacional y ha dejado de ser jurisdicción exclusiva de los Estados , “se ha establecido órganos encargados de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los Estados en relación con la protección, respeto y desarrollo de los derechos humanos”[3]
El derecho administrativo global, surge a partir del desarrollo del derecho internacional, el fortalecimiento del orden internacional, suscripción de convenios, declaraciones y convenciones de orden internacional.
La concretización de los derechos fundamentales en las cartas fundamentales de los estados con sistemas democráticos, la instrumentalización internacional de mecanismos de cumplimiento, a partir de la institucionalización de la justicia supranacional, le otorga un desarrollo del derecho internacional humanitario.
Las personas naturales, nacionales o extranjeros cuentan con derechos fundamentales, a nivel interno y externo.
[1] Enciclopedia Jurídica Omeba. Driskill 1979. Op.cit 730.
[2] Curso de Derecho Internacional XXIX. 2002. Secretaría General. OEA. Comité Jurídico Interamericano. Río de Janeiro. Brasil. 09 de agosto de 2002.
[3] Comité Jurídico Interamericano. Curso de Derecho Internacional XXVIII. 2001. Secretaría General. OEA.op.cit.261. Acceso de los Individuos a los Tribunales y Organismos Internacionales. Felipe H. Paolillo.
Las Politicas Publicas y el Desafio de la Instituciones públicas en el Perú
7 julio, 2013 Juan Francisco Arana Chalco Deje un comentario
La trascendencia de lo que hoy se denomina políticas públicas ha superado el propio concepto, relacionado a la política propiamente dicha, constituyendo en un término propio de los denominados tecnócratas o funcionarios técnicos, es evidente la trascendencia de las políticas públicas en nuestros días.
Ya que en un inicio el término políticas públicas se relacionó a las grandes escuelas de la denominada nueva administración pública, que no están nueva en el continente de América, específicamente los Estados Unidos.
Las políticas públicas tiene una primacía en los Estados Unidos, ya que desde la década del 60 se hablan de políticas, la concepción de política en nuestra idioma español, difiere sustancialmente en lo señalado en la lengua de habla inglesa, que en sus variantes se distingue los términos politic and policy.
Es interesante los señalado por DYE respecto a la definición de política y particularmente lo que el Estado hace y no hace en el marco de las mismas, per se dejar de hacer de parte del Estado constituye una política como tal, es decir no intervenir cuando dicha intervención puede causar un perjuicio al Estado, o a la economía de un país, ejemplo el caso Repsol, la pretendida compra de la refinería de la pampilla.
Es clave la intervención del estado en ciertas áreas, estratégicas o no, es claro que el Estado ha dejado de participar en diversos ámbitos, constituyendo por ejemplo ello una oportunidad para las inversiones y la promoción de las mismas, cuando ello sucede, a veces debe omitir su presencia y actuar como un árbitro, incluso un supervisor o finalmente un regulador, papel propio del estado que existe en nuestro ámbito nacional peruano.
En lo que respecta a los estudios de implementación de políticas públicas, es muy resaltante y actual, la complejidad de una política pública en cuanto a su implementación, por ello coincido plenamente con lo señalado por Wildasky en cuanto a mayores son los problemas que se intenta resolver, mayores son las probabilidades de que la solución acabe interfiriendo con otras políticas.
El estudio de las políticas públicas implica que hacen los gobiernos porque y como, pero sobretodo conocer que consecuencias o que impactos van a tener. En ello finalmente es lo que se conoce como producto va a determinar la calidad de la política es por ella su medición y evaluación es un desafío
Los indicadores en su diversa gama de modalidades consecuentemente determinarán que impactos se dan, siendo su interpretación adecuada una aspiración de los que no son tan entendidos en la materia.
La comprensión de dichas cifras expresadas en los indicadores, pueden dar elementos de juicio para validar o no a profundidad, el avance en la implementación respecto de las políticas pública, ya que su implementación perse constituye un proceso cuya modulación y ciclo de vida se da finalmente con una línea de base cuyo resultado constituyen sus indicadores.
Los actores es la parte determinante que van a posibilitar la formalización e implementación como tal de la política pública, se va amalgamando en el avance de un consenso, cuando un partido de gobierno no ha logrado imponer la política propuesta por el buro gubernamental, dígase los funcionarios del poder ejecutivo por decirlo en nuestra realidad.
Es interesante como es que entre los actores visibles se evidencian intervención de terceros, como es el caso en nuestra realidad cuando hablamos de los denominados grupos de interés y los lobbies.
Es correcto decir que alrededor de los determinantes de las políticas se entrelazan una seria de redes que, relacionadas entre sí y con terceros, constituye lo que un importante sociólogo y maestro, Sinesio López los denomina los poderes facticos.
Los sectores, instrumentos expresados en documentos de trabajo, asociaciones corporativas, negociación política gubernamental. Es decir hablamos de relaciones intersociales.
Como es el caso de la implementación de La Carrera Pública Magisterial, en su momento, La Ley del Servicio Civil más adelante la Ley Universitaria, que requerirá de esfuerzos puntuales en el Presupuesto Público, es decir mayores asignaciones presupuestarias, políticas de corte transversal que interseca otras políticas.
En nuestro país se ve frecuentemente las interacciones es decir las imágenes policéntricas, este modelo de la Policy Making, ha devenido en la actualidad, ya que en nuestra legislación existe la denominada gestión de intereses, y esa metáfora denominada como triangulo de hierro, en relación al policy making americana, donde por ejemplo los comité de los empresarios, desarrollan una relación donde determinar cuotas para los políticos a favor que se direccione su apoyo a una determinada decisión como consecuencia de un acuerdo para determinar unas asignaciones en dinero para financiar sus campañas o determinadas acciones que deseen financiar., donde existe beneficios comunes, y obviamente una gestión de intereses a todo nivel y de todo tipo.
Evidentemente en realidades como la norteamericana, es visto con naturalidad en razón que la institucionalidad de los partidos se centra esencialmente a dos partidos fuertes, como son los demócratas y los republicanos y porque no existe el modelo democrático de sistema de gobierno de corte semipresidencial atenuado con incrustaciones de parlamentarismo europeo.
A diferencia de sociedades como la Peruana, donde el sistema de partidos se encuentra en construcción.
Es así que la política pública como tal tiene un ciclo de vida y ahí se puede diseñar incrustaciones a una política publica hasta desvirtuarla y degenerarla.
En conclusión es de mucha responsabilidad el implementar políticas públicas, donde el policy análysis es fundamental, donde los actores y en el marco de la policy making y en este caso el legislador o Congresista tiene un papel determinante en el proceso de implementación, es decir otorgar la formalidad necesaria o en otros casos proponerla, siendo que se advierte de parte de los entes proponentes, no existe una apertura de información, que posibilitaría que el legislador comprenda la metodología a implementarse en esa política propuesta. Como es y como se va a implementar, que adaptaciones requiere, su determinación
También hay que considerar que la potestad legislativa ya no descansa esencialmente en el Congreso, sino también en el Poder Ejecutivo, como apreciamos día a día, en el Diario Oficial El Peruano, una gama de instituciones públicas, emiten normas, que son vigentes y tienen un cumplimiento de acuerdo a sus competencias en sus diversos niveles de gobierno.
Municipalidades, Gobiernos Regionales, Ministerios, Poder Judicial.
Los clásicos de las políticas públicas trascienden hasta nuestros días, por ello es importante apreciar el papel de los actores y su prevalencia que van a determinar la calidad de las políticas públicas propuestas.
Siendo las actores institucionales quienes implementaran dichas políticas.
Por ende sus impactos y su análisis o seguimiento es de suma importancia para monitorear las políticas y en un proceso de feedback o retroalimentación que ayudan corregir y modelar las mismas.
La cultura de la legalidad y los desafíos del cumplimiento de la ley
27 abril, 2013 Juan Francisco Arana Chalco Deje un comentario
El común de las personas señala que no hay justicia, ello se atribuye a un menosprecio de interponer las acciones que permitan hacer justicia a partir de accionar legalmente cuando nos vemos afectados, el cálculo de la pérdida de un tiempo vital, concluye en la cifra negra de la criminalidad como señalaba Cesar Lombroso, el cual tiene un componente social importante, la desconfianza en instituciones del estado que se encarga de la seguridad pública, el ministerio público, el poder judicial y porque no admitirlo los abogados, dentro del cual me incluyo.
Pero para ello debemos ir mas allá, sin temor a equivocarnos afirmare, que son todos los habitantes, desde aquella persona que prefiere pagar una coima para obtener una copia certificada de una denuncia policial, donde los burócratas te hacen difícil la obtención de un procedimiento, llevando ineludiblemente hacia ofrecimientos de agilización de documentos.
Es evidente el desarrollar una iniciativa legislativa que tenga el componente de efectividad de la ley, es decir aterrizar la propuestas a nuestra realidad.
Recordemos que no solo el parlamento tiene iniciativa legislativa, también los organismos constitucionalmente autónomos, además del Poder Ejecutivo, cuya figura máxima es el Presidente del Consejo de Ministros.
“Debemos hacer la ley que nos manda “.
Vivimos en la antipoda de la “cultura de la legalidad” que se constituye por la aceptación y el respeto de las normas jurídicas en forma generalizada por la población:
el Derecho se cumple mayoritariamente en forma espontánea, sin necesidad de recurrir a la fuerza de la coactividad. No creo que la vigencia sociológica de las normas dependa únicamente de los jueces sino de todos los habitantes, aunque, claro está, que de los magistrados judiciales dependa la “aplicación” al caso concreto.
En el ámbito penal, podemos llegar a hablar de los derechos humanos, que, limitando y exigiendo determinadas actuaciones por los jueces, los lleven a liberar los presuntos culpables cuando no tienen plena convicción de la culpabilidad.
Es claro que para los que han sido liberados de la responsabilidad penal en virtud de la actuación judicial, difiere esencialmente contra quienes denunciaron, creyendo en la legalidad y en la justicia, donde no se satisfacen con los resultados de la sentencia.
Es cierto que esto genera en el común de las personas la creencia de que “no hay justicia”.
Los derechos humanos imponen al Estado determinada forma de actuar. Porque también los infractores de la ley penal, tienen derechos humanos.
Recordemos que un sistema u ordenamiento jurídico es la constitución la ley de leyes, que delimita el poder y determina los axiomas básicos sobre los que se fundamentan las leyes.
El proceso de implementación de la ley va por señalar dentro de la propia ley mecanismos a fin de otorgarle legitimidad, como por ejemplo la publicación en los lugares apropiados donde se va a dar cumplimiento a la norma, creación de portales de transparencia, observatorios, disposiciones transitorias que viabilicen la transición a un nuevo marco regulatorio, evaluaciones de cumplimiento legal, con el fin de hacer participes a los ciudadanos de la implementación de la ley.
El respeto a la constitución y la ley corresponde a todas las personas, también al Estado, esto incluye al órgano ejecutivo y legislativo a favor de la institucionalidad constitucional.
Ello no quita que las decisiones de estos órganos muchas veces están condicionadas por factores de presión de los más diversos sectores de la sociedad, el cual que se definen como actores, lo cual comprende a sindicatos, partidos políticos, ONG, grupos de interés, redes sociales, medios de comunicación, etc. Que van a tener una influencia mayor o menor sobre las decisiones.
Hablar de cumplimiento de la ley es hablar que se deben incorporar en la formación de las leyes disposiciones de implementación determinadas y delimitadas a efectos de darle la fuerza, el seguimiento de su cumplimiento a partir de una legitimidad de resultado, que se dará con la evaluación del impacto normativo, como una acción ex post, ello se da necesaria con la participación política de la ciudadanía, estamos ante un nuevo espacio creado por las redes sociales, hablamos de un activismo digital.
Aproximaciones a la problematica del Bullying / Hacia una iniciativa legislativa
18 abril, 2013 Juan Francisco Arana Chalco Deje un comentario
Ciencias como el psicoanálisis y la psicología, proponen que lo que necesita un niño para ser feliz: es conocerse a sí mismo, desarrollar su creatividad, tener autoestima y acceder al amor incondicional, expresarse libremente, experimentar la libertad y comprender sus límites.
El Bullying se constituye una amenaza explícita, es una conducta de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal y/o físico que recibe un estudiante en forma reiterada por parte de otros estudiantes con el fin de someterlo, intimidarlo y/o excluirlo, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia[1].
Entorno que tolera el maltrato.
Cabe mencionar que existen diversos factores entre ellos los factores sociales, como es el caso de la impunidad y permisividad de estos hechos de parte de la sociedad, así como los factores familiares, que deviene de la educación familiar que reciben los niños y jóvenes en sus hogares, permisividad de las conductas agresivas, componentes de orden psicológico que deben ser tratados por un profesional de la especialidad, que en su conjunto producen aspectos negativos que inciden en el niño y joven estudiante que es acosado o agredido. Así como en el estudiante agresor, así como los factores escolares en los que una inadecuada tutoría y seguimiento de los actos de violencia, generan una sensación de impunidad y desborde de estas prácticas veladas.
La ausencia de estudios realizados en torno a esta problemática en el Perú, de esta mala práctica que crece en diversas partes del mundo, denominado Bullying, requiere la construcción de un observatorio nacional a cargo del Ministerio de Educación como parte de la presente iniciativa legislativa.
Ello es importante a fin de encontrar estrategias y/o medidas para atacar la problemática del Bullying, también desde la instrucción que brindan los profesores hacia los alumnos, la calidad de instrucción, la ausencia de comprensión de parte del alumno y/o estudiante, hace que exista un desinterés y ausencia de enfoque en la educación recibida, ello tiene consecuencia también en la relación que existe entre padres e hijos, cuando el estudiante no tiene la aprobación del padre respecto a los resultados en las evaluaciones que se dan en la institución educativa, justamente porque no hay mecanismos adecuados de enseñanza que comprenda el interés de los estudiantes, cuando se ven superados por la incomprensión de los tópicos y/o seguramente muchas razones que deben ser objeto de análisis y/o investigaciones a fin de mejorar la calidad educativa.
Asimismo algunos especialistas señalan que la ayuda de los padres en las tareas escolares influye negativamente en la enseñanza. Como es el caso del artículo “Cuando la Ayuda en la Tarea afecta la Enseñanza”[2], por Garth Sudden, quien señala que los padres deben impulsar la autonomía de los hijos y cuando ellos pidan ayudan para realizar sus tareas, sean los padres quienes acudan en su ayuda. Asimismo dicho artículo refiera una investigación aplicada denominada “Participación de los Padres en la Tarea: Una Síntesis de Investigación”. En el cual refiere una fuerte asociación con un mayor rendimiento para los padres el establecimiento de reglas en comparación con otras estrategias de participación que se encuentra que la participación de los padres con la tarea, había una asociación negativa para el
rendimiento en matemáticas, pero una asociación positiva para los resultados de logro verbales.
Para ello es vital obtener información estadística, en relación a las muestras de violencia entre estudiantes o bullying a fin de realizar investigaciones aplicadas sobre esta problemática y con ello desarrollar fundamentadas estrategias y medidas de parte de las autoridades educativas, así como los actores que participan en el escenario, donde la política pública a diseñar intervenga.
En el Perú existen estudios generales en materia de salud mental que produce cifras al 2011 que se consideran preocupantes, siendo que en el año 2011 se han registrado 76 mil 668 casos de violencia familiar y maltrato infantil… informaron especialistas del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa).[3]
Sin embargo nuestro país no cuenta con estadísticas que sean útiles para investigar las problemáticas y/o desordenes en la personalidad, aspectos propios de tratamiento de parte de las ciencias de la psicología y psicoanálisis.
Los aspectos de la salud mental no son objeto de una política pública en el Perú, por ello debemos iniciar estrategias para efectuar un seguimiento de los desórdenes en la personalidad como es el caso del Bullying, sobre todo cuando son menores, ello a fin de prevenir futuros y potenciales problemas a la sociedad.
En el artículo “Los derechos del niño en un mundo de adultos”. Por el Dr. Fernando del Mastro, afirma “Pese a la gran diferencia entre las necesidades de los niños y los adultos, los derechos mencionados son los mismos para ambos. Fueron creados hace centenares de años como reivindicaciones políticas, cuando los niños eran, literalmente, pequeños adultos sin identidad propia. Nada se sabía en ese entonces sobre las necesidades del niño. Aun así, pese a todo lo que sabemos hoy, los derechos siguen siendo pensados por adultos para adultos. Difícil recordar a algún padre de la patria que se haya preocupado por conocer las necesidades auténticas de sus hijos más pequeños.
Si es tan claro lo que los niños necesitan para ser felices por qué andar con rodeos reconociendo un conjunto de derechos incompletos e imprecisos, en los que hay que buscar la parte de la parte de un rubro de un derecho para encontrar algo importante. Por qué no reconocer un conjunto de derechos claros que toquen lo central en la vida del niño: el derecho a conocerse, el derecho a expresarse, el derecho al desarrollo de la creatividad, el derecho al amor incondicional, el derecho a la autoestima y la identidad, el derecho a la naturaleza. Hay tantas acciones que podrían seguirse para garantizar estos derechos claros, auténticos, útiles.”[4]
El desinterés del Estado, debe llevarnos a un cambio, a fin de evitar que sea un caldo de cultivo de futuros problemas, por ello, responde la proposición de creación de un observatorio nacional que cumplirá una función de obtener información útil, que permitirá el diseño de estrategias, acciones del Ministerio de Educación y del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial así como una efectiva fiscalización por las autoridades competentes.
En el ámbito de las políticas comparadas, en el caso de México, existe una preocupación respecto al bullying, siendo que la Secretaria de Seguridad Pública de México, a través de la Sub Secretaria de Prevención y participación ciudadana, han elaborado una Guía del Taller Prevención del Acoso Escolar (Bullying), documento importante que vislumbran desafíos a la intervención del Estado frente a nuevas formas de acoso escolar, como es el caso de cyberbullying[5]. Es decir con el uso de la TICs pero de una forma perjudicial.
Pero esta problemática propone aspectos estructurales que deben ser vistos y tratados desde un enfoque multidisciplinario en lo que respecta a la intervención de los profesionales de la salud mental, así como de parte del Estado desde una perspectiva multisectorial, ya que no comprende tan solo al sector educación, sino también el sector salud y Mujer y poblaciones vulnerables.
Asimismo la obligatoriedad de publicar en los portales web de cada institución educativa, la Ley N.º29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, así como algunos indicadores que permitan levantar líneas de bases para un análisis de los niveles de convivencia escolar que se desarrollan en dicha institución.
La composición multiétnica de nuestra sociedad hace importante la intervención de profesionales, de manera multidisciplinaria que efectúen estudios, a efectos de formular estrategias acertadas traducidas en acciones del estado que mejoren el tratamiento en la salud mental tanto a los menores agresores como los menores agredidos.
Nuestro país, es una nación pluricultural, multiétnica, existe migración de poblaciones de diversas zonas geográficas, hacia las ciudades, donde se concentran la población urbana y donde se evidencia que la normatividad no comprende una visión pluricultural y multiétnica, en las costumbre de los estudiantes escolares, que son objeto de exclusión y acoso escolar con impactos en el desarrollo emocional con consecuencias psicológicas, que son difíciles de detectar, en razón que muchas veces es efectuada fuera de las aulas escolares, en los horarios de salida de los locales escolares e instituciones educativas; horarios de descanso o recreo escolares, que existen estudios que comprende investigación descriptiva y que otorgan elementos muy importante para considerar e incorporar en las medidas y estrategias implementadas por el Ministerio de Educación que comprendan dichas peculiaridades en el ámbito de acción legal que promueve la presente iniciativa legislativa, como es el caso en la zona de nuestro país, la nación Awajun, Entre los awajún el concepto de adolescencia no es reconocible como una etapa hacia la madurez[6],
La Ley N.º29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia, o denominada Ley Anti Bullying. Así como su respectivo Reglamento el D.S. N.º010-2012-ED, constituye el marco legal que tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso considerando como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas.
Del cual corresponde efectuar un análisis del impacto de dicha normatividad en la realidad nacional.
Siendo que es necesario mantener la integridad y coherencia normativa a efectos de salvar algunos vacíos legales que se generan la Ley N.º29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y que requiere importantes y urgentes modificaciones objeto de la presente iniciativa.
En el objeto de la ley se precisa el término de diagnosticar, erradicar acciones que la presente ley no realiza en razón a lo siguiente:
La Ley N.º29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, señala en su artículo 3º que el plazo para implementar al profesional de psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos concluye en Diciembre de 2012. Es decir en la actualidad la implementación de la obligatoriedad de contar con un profesional en psicología no se ha materializado.
Por lo tanto si no existe un diagnóstico de parte del profesional en psicología, no habrá el tratamiento y erradicación de la violencia y por tanto la norma deviene en inaplicable en dicho sentido.
Asimismo ello no es verificable en razón que no existe mecanismos de seguimiento y cumplimiento de la ley.
El reglamento de dicha ley es el Decreto Supremo N.º D.S. N.º010-2012-ED.
La Ley General de Educación Ley Nº 28044 en su artículo 53º señala que contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación.
La Resolución Directoral Nº 343-2010-ED “Normas para el desarrollo de las acciones de Tutoría y Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, e Instituciones Educativas.” Señala las estrategias a ser implementadas por los docentes.
Sin embargo corresponde realizar modificaciones en sus diversos artículos, con ello se modifique el reglamento y finalmente se incorporen cambios y obtención de resultados que disminuyan la ocurrencia de estos hechos
En un enfoque de política pública denominada enfoque de derechos, existen aquellos ciudadanos que tienen la necesidad de acceder a un servicio de calidad que le garantice a la persona sus derechos fundamentales o libertades, siendo deber del Estado de garantizar el cumplimiento de la ley en particular a los requisitos, condiciones y deberes de las entidades educativas que prestan dicho servicio público y establecer las responsabilidades pertinentes a favor de las personas afectadas por la violencia a los escolares en las instituciones educativas.
“El papel instrumental de la libertad se refiere a la forma en que contribuyen los diferentes tipos de derechos y oportunidades a expandir la libertad del hombre en general y, por lo tanto, a fomentar el desarrollo. La eficacia instrumental de la libertad se basa en el hecho de que los diferentes tipos de libertad están interrelacionados; de ese modo un tipo de libertad puede contribuir a aumentar otras. Entre éstas se encuentran por ejemplo, las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora…”[7]
[1] Concepto tomado de la presentación de la presentación acoso y agresión entre estudiantes (bullying), ver en la dirección url http://ditoe.minedu.gob.pe/NORMATIVAS/ppt/BULLYING_DICIEMBRE_DITOE.pdf en fecha 22 de marzo de 2013.
[2] Ver http://www.psychologytoday.com/blog/brain-trust/201202/homework-help-hurts-learning. Fecha de Acceso 15 de abril de 2013.
[3] Ver http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=11501. Fecha de acceso 22 de marzo de 2013.
[4] Ver http://enfoquederecho.com/los-derechos-del-nino-en-un-mundo-de-adultos/. Fecha de acceso 15 de abril de 2013.
[5] Ver http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214151//archivo fecha de acceso 22 de marzo de 2013.
[6] Ver Url http://www.unicef.org/peru/spanish/SuicidioAdolescentePueblosIndigenas.pdf. Fecha de acceso 15 de abril de 2013, Op. cit. 26.
[7]Sen Amartya (2003) Desarrollo y Libertad. Bogota. Editorial Planeta. Op cit.57.
21 septiembre, 2010 Juan Francisco Arana Chalco Deje un comentario
Por Juan Francisco Arana Chalco,
El Parlamento, siempre está presente en cuanta organización estadual existe. Lo que “constituye un hecho irrefutable, es la universalización del Parlamento y su identificación con la democracia, identificada en sus orígenes en los ideales liberales de la separación de poderes y su identificación con el pueblo. Así la institución del Parlamento se encuentra presente en monarquías constitucionales, democracias liberales cualquiera sea su forma política o en los sistemas políticos del marxismo – leninismo”([i]).
Siendo el Parlamento símbolo de la democracia y la máxima expresión del ejercicio del poder constituyente derivado del ejercicio de la democracia directa por los electores.
Representantes que tienen como prerrogativa principal la de legislar, por lo que asistido en la técnica legislativa y complementado con el razonamiento jurídico dígase la teoría legislativa, plasman en una iniciativa legislativa o proyecto de ley los enunciados lógicos teóricos capaces de modificar el marco legal y regular la conducta de los ciudadanos, justamente estas iniciativas de ley discurren a través del procedimiento parlamentario([ii]) hacia las respectivas comisiones ordinarias, en un concienzudo debate y posterior aprobación en el Pleno del Congreso([iii]) en el mejor de los casos.
La técnica legislativa, o la metodología de formulación de las iniciativas legislativas se define como el arte de formular las leyes; de acuerdo a Alberto Castells, asimismo se puede definir como el arte para llegar a una correcta y eficaz elaboración de la ley. Por lo tanto la misma se conforma por los procedimientos, formulaciones, reglas, estilos ordenados y sistematizados que tratan a la ley durante su proceso.
La técnica legislativa soporta a la teoría legislativa a fin de conformar una propuesta legislativa, consistente y acorde con la realidad que se pretende regular.
Las conductas de los hombres que conviven en sociedad son reguladas en su mayoría por reglas de conducta, es decir por leyes, un país que se preocupa por mejorar la calidad de sus leyes es un país que avanza en todos los aspectos…([iv])
El desarrollo de las TICs([v]), han posibilitado la convergencia tecnológica, haciendo que herramientas como las computadoras sean indispensables en todos los procesos existentes en el comportamiento humano, educativo, social y económico. Siendo que la computadora tal como la conocemos hoy en día, es un invento que no contando con mas de 50 años, ha ingresado a nuestras vidas en todos los campos, cada vez con mejores aplicaciones lógicas[vi] y mejoras en soporte físico[vii].
El impacto de estos cambios tecnológicos coloca en la agenda de los debates la subsistencia del libro. Como un código legal es un libro, la aplicación de dichas tecnologías pondría en duda su propia subsistencia, situando el paradigma de la modernidad jurídica en el umbral mismo de la desaparición.([viii])
La incorporación de las costumbres y actividades relacionadas con las TICs en nuestro ordenamiento legal de forma correcta, nos convertirán en estado elegibles y participantes de las bondades de la llamada Sociedad de la Información.
Pero ¿Que es la Sociedad de la Información?
El Libro Verde sobre la Sociedad de la Información en Portugal (1997)([ix]), señala respecto a la Sociedad de la Información que “se refiere a una forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información con vistas a la creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas y de las organizaciones, juega un papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos”.
Cuando llegamos a la automatización de los servicios respecto de un bien inmaterial e ilimitado el sistema económico vuelve a reorganizarse y, por ende, el modelo social sufre una profunda transformación y es el inicio de la sociedad de la información.([x]); es por ello que el Estado debe asimilar las bondades que brindan el acceso a la sociedad de la información, incorporarlas en sus procesos internos y premunir al ciudadano común de las bondades del desarrollo las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs).
El concepto de la riqueza como elemento generador ha cambiado es así que el concepto de riqueza que se asocio con la acumulación de bienes y trabajo han sido desplazado hoy en día, por la información que se considera como el elemento generador de la riqueza.
Ello nos hace reflexionar que efectivamente las nuevas tecnologías están revolucionando nuestra sociedad en todas sus manifestaciones.
La sociedad de la información plantea una serie de desafíos y solo los que estén preparados podrán discurrir en el proceso de la ruptura de la brecha digital y eventualmente salir airosos del mismo.
Los países a la vanguardia de las nuevas tecnologías han discurrido en un proceso hasta llegar al liderazgo en materia tecnológica y en el uso de nuevas tecnologías en favor del desarrollo de la sociedad de la información, por tanto es necesidad la adecuación de los marcos regulatorios a la realidad tecnológica existente. Es deber del Estado el preparar a nuestra sociedad para este proceso.
A fin de acortar la brecha digital existente, y con una cosmovisión particular plantear las soluciones y articularlas en la reforma estatal([xi]) a fin asimilar las bondades que deriven de la sociedad de la información para el desarrollo de nuestros países.
El avance de la tecnología afrenta, ávida de nuevos escenarios y plantea nuevos desafíos; el derecho nos ajeno a ello. Per se la sociedad de la información plantea una serie de desafíos en la técnica de crear y hacer leyes que a continuación se detallan:
La técnica legislativa debe considerar la realidad social, cultural, jurídica y económica que plantea la Sociedad de Información como etapa histórica.
El desconocimiento de la realidad socio-jurídica que se pretende regular, por ser especializada.
El desconocimiento de los avances en tecnologías de la información y los efectos mediatos e inmediatos en materia de la sociedad información.
Aparición de nuevas formas de criminalidad y presión del legislador por emitir iniciativas legislativas que resuelvan problemas inmediatos derivados del avance de las TICs..
Nuevos formas de comercio e intermediación con asistencia de las tecnologías de la información.
Legislación ambigua y confusa que favorece a sectores con fines de lucro quebrando la relación Gobierno – Ciudadano.
Falta de asistencia de investigación jurídica especializada a favor de un ejercicio legislativo responsable.
La norma debe ser general y prescindir de calificativos.
Debe evitar las ambigüedades y ser precisa en cuanto utilización de terminología, considerando que las nuevas tecnologías, conllevan nuevas costumbres, actividades, realidades por lo que el uso de los términos debe ser preciso.
Formulas adecuadas que faciliten la interpretación.
Respeto del principio de unidad, respecto a cohesionar y fortalecer la constitución, para lo que se debe desarrollar la legislación de manera precisa y concisa por lo que en cada articulo no debe tratar mas de un tema o idea.
Cuidado en establecer excepciones a normas generales, porque provocaría una controversia legislativa.
Participación de los actores de la sociedad civil , instituciones académicas, y la empresa como entes cooperantes en materia practica y de investigación a favor del desarrollo de una legislación coherente con el avance de las TICs.
Implicancia del Decreto Legislativo N°1097
20 septiembre, 2010 Juan Francisco Arana Chalco Deje un comentario
Incidencia del Decreto Legislativo 1097
Contenido del Decreto Legislativo 1097 : aspectos relevantes para los procesados militares y policías por delitos de violación de derechos humanos
8 septiembre, 2010 Juan Francisco Arana Chalco Un comentario
La Ley N°29548 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre ellas normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos.
El objeto del presente Decreto Legislativo es establecer un marco regulatorio uniforme respecto de delitos que implican violación a los derechos humanos. El alcance de aplicación de esta norma está dirigida a los procesos por los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud previstos en el Código Penal de 1924 y el Código Penal de 1991, considerados como violaciones a los derechos humanos, así como los delitos contra la humanidad previstos en el Código Penal de 1991.
Para ello implementa la vigencia de algunos artículos del Nuevo
Código Procesal Penal (NCPP) en cuanto a comparecencia, caución económica e impedimento de salida del país y sobreseimiento por exceso de plazo de instrucción para dichos delitos.
Comparecencia, para aquellos distritos judiciales donde no se hayan implementado el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), el Juez podrá establecer medidas restrictivas, como la de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados.
En los procesos para los delitos señalados deben observarse las siguientes normas:
En aquellos distritos judiciales donde si se hayan implementado el Nuevo Código Procesal Penal (NCCP).Se le otorga la prerrogativa al Juez de variar el mandato de detención preliminar o el de prisión preventiva por el de comparecencia, con la restricción del sometimiento y vigilancia a la instituto militar o policial donde pertenece. En los procesos bajo el Código de Procedimientos Penales, el Juez dictara orden de detención mediante resolución y motivado en los antecedentes del procesado. Dictado el mandato de comparecencia, el Juez podrá imponer la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución. Si el imputado es personal militar o policial en cualquier situación, el cuidado y vigilancia estará a cargo de la institución policial o militar a la que pertenece. Hay que mencionar que para efectos del tratamiento procesal de los incorporados en los procesos por violación a los derechos humanos, y delitos de lesa humanidad solo serán aquellas que hayan excedido el plazo en la etapa de investigación; sea en el Sistema Procesal Penal Actual ( Código Procesal y Código de Procedimientos Penales) o Sistema Procesal Penal ( implementado en el Nuevo Código Procesal Penal)
En el caso de caución económica, al permitir que se adelante la vigencia del inciso 4 del artículo 288 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), permite la fianza personal en caso de que la caución económica no sea posible. En caso que el procesado declarado ausento o contumaz, se podrá variar la orden de detención para resolver su condición, imponiendo para ello la caución económica, o la fianza personal, asumidas por un familiar, tercero, sea persona natural o jurídica o la institución militar o policial a la que pertenece.
En el caso de impedimento de salida del país al adelantar la vigencia del inciso 2 del artículo 296 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Las resoluciones deben ser fundamentadas, indispensables para la indagación , el Juez de la investigación fiscal citara a una audiencia, y decidirá en el plazo de 48 horas de realizado. Procede recurso de apelación, que se concederá con efecto devolutivo. Aquellos impedimentos de salida que hayan superado los 8 meses al momento de la vigencia de la presente norma son levantadas de oficio. Los procesados que se pongan a derecho con domicilio legal en el exterior y hayan sufragado su caución económica, el juez puede dictar orden de impedimento de salida del país por un periodo de hasta 4 meses cuando resulte indispensable para la indagación de la verdad. Pueden ser ampliadas 4 meses adicionales, motivada en antecedentes del procesado y en circunstancias particulares. Ambas resoluciones son apelables para su confirmación o revocatoria por el superior en grado.
En el caso de sobreseimiento por exceso de plazo de instrucción. Donde no se encuentra en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), respecto del sobreseimiento. Concluida la investigación preparatoria, El Fiscal decidirá en un plazo de 15 días si acusa o si requiere el sobreseimiento , con los requisitos del mismo, se eleva al Juez de Investigación Preliminar, quien correrá traslado a las partes con un plazo de 10 días, convocará a una audiencia a las partes y resolverá en 15 días, si es fundado lo declara sobreseído y si lo deniega sube al Fiscal Superior, si no estuviera de acuerdo remite a otro fiscal para que formule acusación.
Para el caso de los procesos que se encuentra en el ámbito del Código de Procedimientos Penales y de haberse excedido en todos los plazos establecidos en el artículo 202 del mismo (el órgano jurisdiccional que tenga en su poder el expediente principal dicta la correspondiente resolución de sobreseimiento parcial a favor de todos los encausados que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación.
En aquellos casos que no se haya verificado el exceso de plazo de la investigación, se aplicara un control de sobreseimiento con los requisitos y formalidad que requiera el sobreseimiento de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).
El Decreto Legislativo N°1097 desarrollo procedimientos de excepción para el tratamiento del sobreseimiento ya que incorpora mecanismos procesales propios del Nuevo Código Procesal del Sistema Acusatorio en el modelo mixto conformado por el Código de Procedimientos Penales (CdePP) y el Código Procesal Penal (CPP).
Le otorga facilidades a través de la fianza personal, cuando el imputado o procesado se le exija una caución económica.
Establece aspecto mandatarios al Juez para resolver el sobreseimiento e incorpora el control de sobreseimiento cuando no exceden los plazos en la etapa de investigación.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 53
 Resolución 
 resolución 
 artículo 288
 artículo 296
 artículo 202
 resolución