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BOE i notícies de premsa del 6 al 9 de desembre de 2019
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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 6 AL 9 DE DESEMBRE DE 2019
Medidas en materia laboral y de Seguridad Social
Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre, por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas en materia laboral y de Seguridad Social contempladas en el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
(BOE, 06-12-2019)
Cajas pagadoras del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Resolución de 29 de noviembre de 2019, del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se crean cajas pagadoras del organismo.
Mercantil, Civil i Administratiu
Contratos de las Administraciones Públicas. Hacienda Pública
Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria.
Procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente
Real Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
Resolución de 4 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 4 de diciembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/09/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/09/index.php?s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/07/
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NOTÍCIES DE PREMSA DEL 6 AL 9 DE DESEMBRE DE 2019
Las empresas del Ibex tributaron un 28,7% de media hasta septiembre
Las empresas del Ibex tributaron un 28,7% de media hasta septiembre de 2019, con lo que pagarán 11.718 millones de euros sobre un beneficio de 40.763 millones de euros. Así se desprende de su resultado contable mundial, considerando tanto los resultados obtenidos en los países en los que operan como el gasto por impuestos sobre beneficios en el extranjero. Elabora el cálculo del tipo efectivo a partir de la información publicada por las compañías trimestralmente, datos que están disponibles en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en la sección de Inversores de las webs de las compañías.
Las que más han tributado en los primeros nueves meses del año son Santander, un 42,9% (ver información adjunta); Repsol, un 36,2%; Acciona, un 29,3%; Indra, un 28,4%; Mapfre, un 28,4%; y BBVA, un 27,3%. Estas cifras son de las más elevadas que este Observatorio ha medido, y se sitúan por encima de las obtenidas hasta junio, del 28,2%. El tipo elevado de estas empresas, casi cuatro puntos por encima del 25% de media y que rebasa el tipo nominal del impuesto en nueve de ellas, viene motivado porque parte de los beneficios se obtienen en países cuyo tipo de gravamen es superior al 25% vigente en España.
Estos tipos altos, además, pueden ser muestra de que se han obtenido beneficios, pero también de que el gasto recoge reversiones de ejercicios anteriores. Sobre el tipo medio, al situarse empresas grandes por encima del 25% y suponer un porcentaje muy alto del total de beneficios, dichas compañías arrastran a las demás. De esta forma, las compañías del selectivo están tributando casi cuatro puntos por encima del tipo nominal del impuesto, cuando el tipo medio en 2018 fue del 27,8%; en 2017, del 23,5%; y en 2016, del 25,6%. La bajada de 2017 se debió al efecto de la reforma fiscal de Estados Unidos en algunas empresas. Sigue impactando en las empresas la subida del Impuesto sobre Sociedades que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016, de los pagos fraccionados en octubre y de otros conceptos en diciembre.
El tipo efectivo de las multinacionales es materia de controversia entre Hacienda, que considera que tributan poco, y las compañías, que cuestionan las cifras del Fisco. En el cálculo que hizo CEOE sobre el ejercicio de 2014, obtuvo una cifra del 21%, dato similar al de 2015. El incremento que ha experimentado este porcentaje en 2018 supone un alza de cerca de diez puntos porcentuales.
Si se compara lo que tributaron las empresas en 2017 -13.290 millones de euros- y 2016 -13.598 millones de euros- con 2015 -6.710 millones-, la subida fiscal efectuada en 2016 es de más del 70%. Pero este cálculo no se corresponde de forma automática con lo que ha supuesto la subida del impuesto, ya que también influye el que haya crecido el beneficio de las empresas y qué deciden contabilizar vía impuestos. En las cifras que se obtienen en 2017, 2018 y 2019, el aumento de impuestos realizado en diciembre de 2016 tiene todos sus efectos, ya que, aunque algunas de las medidas fueron retroactivas y entraron en vigor desde enero de 2016, otras están vigentes desde enero de 2017.
El incremento de impuestos de 2016 incluyó una figura, la reversión de deterioros, que obliga a tributar por pérdidas. Algunas de las empresas que más pagan pueden tener que hacerlo porque, además de registrar beneficios, el criterio habitual, han revertido pérdidas. Las compañías que menos pagan, o que obtienen tributaciones negativas, lo hacen porque han generado un crédito fiscal que podrán recuperar. En las campañas de Sociedades de julio de 2017, 2018 y 2019 se han incluido las subidas que entraron en vigor en 2016, con lo que Hacienda ha tenido que devolver a las empresas importantes sumas ante el dinero que han adelantado al Estado por el incremento de los pagos fraccionados, casi del 50%.
(Expansión, 08-12-2019)
Los contratos indefinidos a tiempo completo sufren su primera caída desde 2013
Los contratos indefinidos a tiempo completo, los más estables, llegaron hasta los 1.190.908 entre enero y noviembre de 2019, lo que supone un descenso del 4,72% respecto al mismo periodo del año anterior y su primera caída desde 2013. Así lo reflejan los datos de paro registrado correspondientes al mes de noviembre en los que se observa que los contratos fijos a tiempo completo registraron una caída en los once primeros meses del año, tras cinco años seguidos subiendo a un ritmo superior al 13%.
Hay que remontarse a 2013 para encontrar un descenso en este periodo de este tipo de contratación. En ese ejercicio se firmaron 577.029 fijos a tiempo completo, un 20,5% menos que en 2012. Tras esa caída, coincidiendo con la fase de recuperación de la economía y del empleo, los contratos fijos a tiempo completo empezaron a remontar, registrándose 703.758 de enero a noviembre de 2014 (+21,96%).
En 2015, en ese periodo se contabilizaron 802.866 contratos, con un ascenso del 14,08%; en 2016 fueron 915.119 (+13,98%); para 2017 se alcanzó el millón de contratos, tras subir un 14,71%, y en 2018 se superaron los 1,2 millones (+19,06%). En este año, se produjo un retroceso en 58.932 contratos, bajando a 1.190.908 contratos.
Esa cifra supone el 58,95% sobre el total de indefinidos registrados entre enero y noviembre de este año, que ascendió a 2.020.357. Hasta completar esa cifra, los 829.449 contratos restantes son fijos a tiempo parcial y suponen, por tanto, poco menos de la mitad.
Cabe destacar que, con respecto al mismo periodo del año anterior, el peso de los indefinidos a tiempo completo ha crecido ligeramente, puesto que el año pasado suponían el 58,4%. Si se compara con 2013, también se observa una ganancia de terreno por parte de estas contrataciones más estables, ya que en ese ejercicio suponían en 54,89% del total de indefinidos. De esta manera, los fijos a tiempo completo han ganado peso mientras los parciales lo han reducido.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha condenado a una compañía a indemnizar con 12.000 euros a un delegado sindical de UGT por instalarle, sin aviso, un dispositivo GPS en su coche de empresa. Según la sentencia, la posibilidad de tener al empleado geolocalizado de forma permanente vulnera su libertad de sindicación y su derecho a la intimidad.
El trabajador, que llevaba en la empresa 20 años y cinco como delegado sindical, estuvo de baja durante un año y medio y, tras denegársele la incapacidad permanente, regresó a su puesto habitual de inspector en una empresa de seguridad con un suelo de casi 2.700 euros. Días antes de su incorporación, la dirección de la misma instaló en su vehículo un geolocalizador que reportaba información a los servidores de la compañía las 24 horas del día. Esta acción no fue comunicada ni al trabajador, ni al comité de empresa ni al sindicato.
En el proceso judicial, la organización alegó que había instalado el GPS “sin tener conocimiento” de que el trabajador se reincorporaba y que, a pesar de tener los datos, “en ningún momento” había consultado sus movimientos. Por último, afirmó que, tras la creación de Madrid Central, había tenido que llevar a cabo una renovación de la flota de coches a híbridos o eléctricos para no contaminar, un argumento que, según el TSJ, “no tiene ninguna relación” con el hecho de geolocalizar a un trabajador.
Además, la empresa considera que la decisión de primera instancia (que también le condenó) se sustenta en una “arbitraria motivación”, al aceptar que, aun existiendo dispositivos de geolocalización instalados en más de 20 vehículos, “la realizada en un coche sí constituye una vulneración de su derecho a la libertad sindical”.
(Cinco Días, 06-12-2019)
Crecen los autónomos en noviembre, aunque a un ritmo más bajo
Es la principal conclusión del análisis del empleo sobre este colectivo, realizado por la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA). Tras conocer los datos de paro del mes de noviembre, destacan que entre noviembre y diciembre el RETA ha sumado 14.429 afiliados, a pesar de que en 2018 la cifra fue de 49.496 trabajadores, esto es, un 71% más que en la actualidad.
En ese sentido, el presidente de ATA, Lorenzo Amor advierte que esas cifras indican que se está continuando con una tendencia de desaceleración. Según apunta, el paro se reduce en 155.000 personas menos que el año anterior, se crean 132.000 empleos netos menos y el crecimiento de autónomos desciende en 35.000 personas con respecto a 2018.
Por comunidades autónomas, el ligero crecimiento en el número de autónomos “ha sido desigual”. Así, únicamente siete comunidades autónomas logran sumar autónomos en lo que va de año. Estas son Andalucía, con más de 11.015 autónomos, la Comunidad de Madrid, con un incremento de 5.520, la Comunidad Valenciana, con un aumento de 3.591, las Islas Canarias, con más de 3.330, las Islas Baleares, con más de 2.570 y Murcia, con 1.144 autónomos más que al empezar el año.
Por el contrario, se ha producido una pérdida de trabajadores autónomos en comunidades autónomas como Aragón, con 2.982 autónomos menos, Castilla y León, con 2.126 autónomos menos, Galicia, con 1.725 autónomos menos y Cataluña, con una pérdida de 1.594 autónomos en 2019, frente al aumento registrado el año pasado en el mismo periodo, cuando ganaba 4.456 autónomos.
Desde ATA su presidente pide estabilidad, moderación, certidumbre y seguridad jurídica para la economía española. Según ha dicho, “es fundamental la confianza para la generación de empleo y llevar a cabo políticas adecuadas que fomenten el emprendimiento y que no penalicen a los generadores de empleo”.
En general, el número de parados registrados ha descendido en 4.113 personas en los once meses de 2019, con lo que la cifra total de desempleados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo se sitúa en 3.177.659 personas.
(Expansión, 06-12-2019)
Los soplones y los que denuncien infracciones del mercado de valores contarán con escudos para evitar represalias
La CNMV tiene abierto desde enero del año pasado un canal de denuncias para posibles infracciones en los mercados de valores. El gran enemigo del supervisor es el abuso de mercado en cualquiera de sus dos modalidades: el uso de información privilegiada y la manipulación de precios. La herramienta responde a un reglamento europeo en vigor desde julio de 2016. Pero la UE ha dado una vuelta de tuerca a la regulación para que las denuncias puedan hacerse en las propias empresas, que deberán disponer de canales para reportar conductas sospechosas en cualquier ámbito.
Los denunciantes en lo relativo a servicios, productos y mercados financieros, que ya tenían un blindaje dispondrán de una protección adicional gracias a la directiva, que entrará en vigor el lunes 16 de diciembre. Cierto que pueden pasar años hasta que esté adaptada a las respectivas normativas nacionales. La fecha límite está fijada a finales de 2023. La regulación respecto al abuso de mercado especifica que “la necesidad de establecer tales canales en los términos de la presente directiva debe partir [...], en los canales existentes ya previstos en actos específicos de la Unión”.
Habrá que hacer cambios. En concreto, concretar más el diseño de los canales de denuncia, las obligaciones de las autoridades competentes –por ejemplo, la CNMV en cuanto a las infracciones de la Ley del Mercado de Valores– y las formas de protección específicas que hayan de establecerse en el ámbito nacional contra las represalias.
Se prohíben expresamente castigos entendidos como acciones u omisiones motivadas por una denuncia o por una revelación pública y que causen o puedan causar perjuicios injustificados al denunciante. Así, queda negro sobre blanco la exención de cualquier tipo de responsabilidad del denunciante por el acceso a la información denunciada, siempre que el acceso en sí no constituya un delito. Incluso se incorporan medidas correctoras, como la reintegración al puesto de trabajo y la puesta al servicio del denunciante de “asistencia jurídica, financiera y psicológica”.
La directiva (conocida en la jerga como whistleblowers, literalmente el “soplador del silbato”) protegerá a los denunciantes que tengan motivos razonables para pensar que la información sobre infracciones denunciadas es veraz en el momento de la denuncia y hayan comunicado esas potenciales infracciones por canales internos o externos o mediante una revelación pública, según explica finReg, la boutique de asesoramiento regulatorio en el ámbito financiero.
Los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa quedarán protegidos. También los voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración quedarán bajo el escudo una vez que la nueva regulación comunitaria esté plenamente vigente.
(Cinco Días, 09-12-2019)
El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca aprobar un régimen transitorio para congelar de forma casi inmediata las cuentas bancarias de los sospechosos de blanqueo de capitales y terrorismo que localice la ONU y aportar mayor seguridad jurídica a las entidades de cara a los bloqueos de cuentas bancarias y fondos.
Esta es una de las mejoras que espera poder acometer el Ejecutivo una vez se forme Gobierno y arranque la legislatura, a pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sitúa a España como el mejor país en el componente normativo y técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y en el 'top 5' en cuanto a la efectividad de las medidas implementadas, y constata una mejora de sus recomendaciones.
Así se desprende de los resultados de la evaluación de seguimiento del quinto año realizada por GAFI sobre el sistema español de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que constatan una mejora por parte de España en dos de las recomendaciones, por lo que cumple 38 del total de 40 que realiza el ente intergubernamental.
El análisis subraya que España es un país de referencia y sigue mejorando en prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y lo sitúa entre los mejores países del mundo por su sistema de prevención y la efectividad en la lucha contra esas amenazas.
Entre las fortalezas destacan el esquema de coordinación institucional, configurado a través de la comisión de blanqueo de capitales y en la que participan comunidades autónomas y distintos ministerios con competencias en áreas económicas, así como por el esquema de unidad de inteligencia financiera enmarcado en la autoridad supervisora en materia de prevención el blanqueo de capitales (Sepblac) y por el sistema de investigación y supervisión que surge del entramado institucional.
El informe de GAFI ha analizado tres resultados inmediatos, de los que eleva de "moderado" a "sustancial" dos de las recomendaciones, si bien mantiene en moderado la calificación de una de ellas. Este reconocimiento refleja que España goza de un sistema institucional y financiero "atractivo y seguro" para los inversores y repercute en las relaciones financieras y comerciales con el resto del mundo, al abaratar costes, según han destacado fuentes del Ministerio de Economía.
El sistema de resolución de disputas de la OMC está en crisis
Es la conclusión de un grupo de expertos de distintas universidades en un informe de reciente publicación elaborado para la Fundación Bertelsmann. Se trata, parafraseando a Gabriel García Márquez, de una muerte anunciada porque desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos se ha negado a renovar los puestos de quienes se iban jubilando y el tribunal que inicialmente tenía siete miembros ya solo está formado por tres jueces, el mínimo establecido en la norma. Dos de ellos terminan mandato este martes.
Sin ese órgano en funcionamiento, la autoridad indiscutida de la OMC desaparece. “El 80% del trabajo que hace la OMC es evaluar las políticas comerciales de los distintos países para asegurarse de que cumplan con las reglas de la OMC”, explica Arancha González, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. “Otro 15% se dedica a crear nuevas normas comerciales y el 5% a la resolución de conflictos”, aclara González, que estuvo en la OMC ocho años como jefa de gabinete del entonces director Pascal Lamy.
Es en la resolución de conflictos donde hoy en día reside el gran poder de la OMC, ya que los Estados miembros se comprometen a acatar las resoluciones de su órgano de apelación. “Eso tiene consecuencias muy serias. Habrá una tendencia creciente, aunque no inmediata, a saltarse las normas comerciales porque las resoluciones del tribunal ya no serán de obligado cumplimiento”, advierte un experto negociador europeo.
El tribunal de arbitraje y el órgano de apelación fueron la gran aportación de la Organización Mundial de Comercio —que el año que viene cumplirá 25 años— frente al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en sus siglas en inglés), que regía hasta 1995 las relaciones comerciales de sus miembros. Un país puede acudir al tribunal si considera que otro ha incumplido las reglas comerciales, esa decisión puede ser después recurrida ante el órgano de apelación, contra cuya decisión no caben más recursos y es de obligado cumplimiento para las partes. Como explica Chad P. Bown, del Peterson Institute en Washington, ese sistema ofreció a Estados Unidos una apertura regulada de los mercados internacionales y garantías al resto del mundo de que Washington no podía adoptar medidas unilaterales en su contra. Es decir, se pasó del imperio del poder, el que imponían las grandes potencias, al imperio de la ley.
Desde hace unos años, independientemente de la Administración que ocupase la Casa Blanca, Estados Unidos entiende que ha habido una serie de decisiones de ese tribunal que le perjudican, especialmente las relacionadas con las prácticas antidumping—las que permiten exigir compensaciones a terceros países si venden más barato fuera que dentro de su país— y con las subvenciones ilegales, sobre todo las aplicadas por países que se consideran emergentes.
Lo cierto es que hay un consenso bastante generalizado entre las principales potencias sobre la necesidad de reformar este órgano de la OMC, sobre todo porque entienden que las normas actuales no sirven para responder a prácticas de capitalismo de Estado de China. Las decisiones, es otra de las críticas, tardan mucho en adoptarse: 153 días de media frente a los 90 días que marca el reglamento. “Pero muchas de esas quejas se podrían resolver si hubiera una voluntad política de preservarlo”, apuntaba Bown en una conferencia esta misma semana.
(El País, 08-12-2019)
El periodo medio de pago entre empresas ha subido 12 días en los últimos tres años
El periodo medio de pago entre empresas privadas ha llegado en España a los 89 días, doce más que los 77 que se registraron en 2016, y 29 días más de los 60 que establece la Ley de Morosidad. Así lo refleja un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), del que también se desprende que son los autónomos sin trabajadores y las micropymes las que antes pagan a sus proveedores.
Según va escalando el tamaño de empresa, empeoran los periodos medios de pago, de forma que son las grandes empresas las que más tardan en pagar las facturas pendientes (122 días de media). Los autónomos en noviembre de 2019 han pagado sus deudas con otros autónomos en una media de 61 días de plazo, es decir, un día más tarde de lo que se establece como fecha máxima en la Ley de Morosidad. Por primera vez incumplen los plazos máximos establecidos por la Ley de Morosidad, aunque son los que antes pagan ya que son los más conscientes de lo que supone un retraso en los cobros de factura con otros autónomos.
Las micropymes pagan sus facturas en 70 días. Las pymes o pequeñas empresas pagan de media en 76 días y a partir ahí es cuando se dispara la espera de las empresas para cobrar de otras empresas. Las medianas empresas tardan de media unos 116 días en pagar y las grandes, 130 días, más de cuatro meses, cuando la Ley establece como máximo dos.
Por comunidades autónomas, son las empresas de Extremadura las que más tardan, de media, en pagar a otras empresas y suman un retraso medio de 98 días, es decir, tres meses y una semana. Le siguen liderando esta lista de las que más tarde pagan a sus proveedores las empresas afincadas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha con 97 días de media de espera y Murcia con 96.
Sin embargo, las empresas afincadas en Canarias y Asturias son las que más han incrementado los periodos medios de pago en los últimos tres años, pasando de 68 a 89 días en el caso de Castilla-La Mancha y de 67 a 88 en el de Canarias en tres años. Ambas han sumado 21 días al periodo medio de pago, 21 días más tarde que en 2016 y pasando de estar muy cerca de cumplir la ley a pagar en tres meses las facturas a sus proveedores.
Las empresas de Navarra son las que antes pagan de media, aunque tardan 78 días, lo que incumple la Ley de Morosidad y las de Islas Baleares, que lo hacen en 79. Esta última comunidad autónoma paga sus facturas sólo dos días después que en 2016. La única comunidad autónoma cuyas empresas no han incrementado sus periodos medios de pago es Cataluña.
(El Mundo, 08-12-2019)
El Supremo declara nulo el límite de 75 años para ejercer como abogado de oficio
El Tribunal Supremo ha declarado nula la decisión del Colegio de Abogados de Madrid de establecer un límite de 75 años para ejercer como abogado de oficio al considerar que constituye una discriminación por razón de edad. "No hay un solo dato que evidencia la defectuosa asistencia de los abogados de más edad", manifiesta la Sala de lo contencioso administrativo en una sentencia hecha pública este jueves y que da la razón a la asociación Abogados y Juristas Pro Estado de Derecho.
El Supremo considera que fijar un máximo de edad, "aunque ésta sea elevada", por la disminución de las condiciones físicas que van aparejadas a los años, "se compadece mal -aunque se trata de la prestación de un servicio público financiado con fondos públicos- con la inexistencia de límite de clase alguna para el ejercicio de la abogacía".
Tras recordar que la actuación del abogado, sea en el ejercicio privado de la profesión o en el turno de oficio, "lo que exige, básicamente, son facultades intelectuales y, en mucho menos medida, física", destaca que "no puede predicarse de la generalidad de los mayores de 75 años ese menoscabo físico o intelectual que haga necesaria y razonable la medida".
Si así fuera, continúa el tribunal, el máximo de edad debería fijarse también para el ejercicio privado de la profesión. Según la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Inés Huerta, el Colegio de Madrid no ha justificado su decisión ni la finalidad que persigue. El Colegio es competente para regular y organizar el turno de oficio y para establecer requisitos, pero siempre que el objetivo sea legítimo y el límite proporcionado, señala.
Anula así el artículo 1.4.d de las Normas reguladoras del turno de oficio aprobadas en 2016, según el cual no podían pertenecer ejercer la asistencia jurídica gratuita "los abogados mayores de 75 años, con excepción de los turnos especiales de casación y amparo".
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