Source: https://es.scribd.com/document/354676407/SENTENCIA-12-0418
Timestamp: 2019-04-22 20:09:31+00:00

Document:
El 25 de abril de 2012, el abogado Jesús C. Rangel Rachadell, titular de la cédula de
identidad núm. 6.520.332, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el
núm. 26.906, apoderado judicial de los ciudadanos Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente
José Quintero Rojo, titulares de las cédulas de identidad núms 3.078.756 y 2.501.122,
respectivamente, interpusieron solicitud de revisión constitucional contra la decisión núm.
01646 dictada el 30 de noviembre de 2011 por la Sala Político Administrativa del Tribunal
El 3 de mayo de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada
Doctora Carmen Zuleta de Merchán.
Los días 15 de octubre de 2012 y 13 de marzo de 2013, el abogado Jesús C. Rangel
Rachadell presentó diligencia por la cual solicitó pronunciamiento en el presente caso.
En reunión de Sala Plena del 8 de mayo de 2013, se eligió la Junta Directiva de este
Tribunal Supremo de Justicia, quedando la Sala Constitucional constituida de la siguiente
manera: Gladys M. Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio
Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella
Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio
Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover; ratificándose en la ponencia a la
Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a dictar decisión, previas
El abogado Jesús C. Rangel Rachadell esgrimió los siguientes argumentos como
fundamento de la solicitud de revisión:
1. Que “[e]l 8 de diciembre de 2004, se interpuso ante la Unidad de Recepción y
Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso
Administrativo, recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo
contenido en el acta N° 645, Resolución N° CD 2004/253 de fecha 2 de julio de 2004,
punto N° 3, dictado por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de
los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ); por el que se decidió –sin
procedimiento previo- que los ascensos a Profesor Titular de los profesores Osmar
Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo estaban viciados de nulidad absoluta,
se revocaron los ascensos de ambos profesores, y se ordenó el descuento de las
pensiones pagadas de la pensión de jubilación que les corresponde”.
2. Que “[l]a Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo decidió, mediante sentencia
N° 2009-1165, el 30 de junio de 2009, lo siguiente:
1. ´SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los
ciudadanos OSMAR BUITRAGO RODRIGUEZ (sic) Y CLEMENTE JOSÉ QUINTERO
ROJO, titulares de las cédula (sic) de identidad Nros. 3.078.756 y 2.501.122,
respectivamente, contra el acto administrativo contenido en el acta N° 645, Resolución N°
CD 2004/253 de fecha 2 de julio de 2004, punto N° 3, dictado por el CONSEJO
DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL ´EZEQUIEL ZAMORA´
(UNELLEZ).
2. ORDENA la realización de una experticia complementaria del fallo, en la cual se
determine lo percibido por los recurrentes desde el momento en que se otorgaron otros
ascensos, y lo que efectivamente se debió pagar por concepto de pensión de jubilación
como Profesores Asociados, tomando en consideración que cuando ejercieron cargos en
la Institución, a partir del (sic) abril de 1995, cuando entró en vigencia el Reglamento,
pese a que no les estuvo permitido el reingreso, pero en definitiva prestaron servicios,
podían cobrar un cuarenta por ciento (40%) adicional conforme al artículo 13 del
Reglamento de Pensionados y Jubilados de la UNELLEZ.
3. ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Contraloría General de la
República para que, de estimarlo pertinente, instruya el procedimiento a que hubiere
lugar, de conformidad con la Ley Orgánica de Contraloría y del Sistema Nacional de
Control Fiscal´”.
3. Que “[l]a Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo reconoce que no hubo
procedimiento administrativo previo en el que se resguardara el derecho a la defensa de
nuestros representados, cuando expuso lo siguiente:
´En este sentido, previa revisión de las actuaciones que cursan en autos no se desprende
que el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Occidentales Ezequiel Zamora ´UNELLEZ´, previo a la emisión de la Resolución
impugnada, haya sustanciado un procedimiento administrativo en el que haya brindado la
oportunidad a los ciudadanos Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo,
de participar en el mismo para conocer los cargos, exponer sus alegatos y aportar
cualquier tipo de elemento para su defensa, evidenciándose del texto del acto
administrativo impugnado –Acta N° 645, Resolución N° CD 2004/253 de fecha 2 de julio
de 2004- que se decidió declarar dicha nulidad sin la anuencia de ninguno de los
recurrentes, fundamentando su decisión exclusivamente en lo aportado y expuesto por las
mismas autoridades de la referida Universidad – entre los cuales destaca dictamen del
Consultor Jurídico de la UNELLEZ – lo cual permite a este órgano Jurisdiccional constatar
que existió una violación, en sede administrativa, al derecho a la defensa y al debido
proceso de los recurrentes. Así se declara. (Subrayado por quien transcribe)´.
4. Que “[d]espués de declarar la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo la
ausencia total y absoluta de procedimiento y que no se otorgó el derecho a la defensa,
procede a aplicar el criterio de un autor extranjero llamado César Cierco Seira, al exponer:
´Visto lo anterior, habiendo denunciado el recurrente ausencia de procedimiento
toda vez que se habría consumado la finalidad de la institución procedimental. el procedimiento administrativo carecería de objeto´. una vez que al recurrente se le ha permitido participar en defensa de sus derechos e intereses. a criterio de los Magistrados. ha admitido. como si de manera retroactiva se (sic) pudiera hacerla valer en el tiempo pasado.han podido exponer de manera suficiente su respectiva argumentación con respecto al problema de fondo debatido. no obstante. del contencioso administrativo. difícilmente la sustanciación de un procedimiento administrativo permite la aportación de nuevos elementos de juicio que fundamenten las posturas de las partes en cuanto al tema de fondo que se debate. aunque en casos muy especiales. lo siguiente: ´Atendiendo a lo antes expuesto y visto el caso de autos. donde tanto el recurrente como la Administración –a través de las instancias judiciales. En estos casos. que la indefensión desaparecía cuando en la instancia judicial se presentaban los fundamentos de la pretensión. Que “[l]a Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara en su sentencia – cuando la representación judicial no podía hacer nada en defensa de sus representados-. haciendo desparecer así la situación de indefensión originaria.los alegatos y argumentos en que funda su pretensión. y la hubiesen conocido los miembros del Consejo Directivo de la UNELLEZ. resultaría suficiente para declarar la nulidad del acto administrativo impugnado. la reposición al estado en que la Administración dé apertura al procedimiento originalmente omitido resultaría francamente inútil. en el presente caso. éste expuso de manera efectiva – a través del ejercicio oportuno de la presente querella. En criterio de esta Corte.administrativo previo a su destitución. debe señalarse que la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal. lo cual. la aplicación de tal teoría aparece aconsejable en supuestos como el que nos ocupa. pues no se estaría pronunciando este Órgano Jurisdiccional sobre el tema . una decisión que anule el acto administrativo impugnado basada en razones procesales o formales no solventaría en modo alguno la presente controversia. si bien la Administración no sustanció como es debido un procedimiento con miras a destituir al recurrente. la posibilidad de la subsanación de la indefensión en sede administrativa por medio de la intervención de los interesados en las sucesivas vías del recurso administrativo y. La sentencia expuso sobre este punto. Así se declara. Declarado lo anterior. …/… Más allá de que la tesis de la subsanación de la indefensión mediante el ejercicio de los recursos administrativos y/o judiciales haya sido acogida por nuestro Máximo Tribunal. aún. hacía desaparecer la indefensión originaria. estima esta Corte que. 5. En estos supuestos.
sobre la legitimidad de los ascensos otorgados a los recurrentes luego de haber obtenido el beneficio de la jubilación. la justicia material. al menos en los términos en los cuales nuestro máximo intérprete de la Constitución concibe este derecho fundamental dentro del marco del Estado Social de Derecho y de Justicia que preconiza nuestra Constitución de 1999”.de fondo. dirigidos por Evelio Verdera y Tulles. de la fuerza de la cosa juzgada de la sentencia. Caso: Ircia Meradri Milano Rodríguez vs la Alcaldía Del Municipio Juan Gernán Roscio Del Estado Guárico. y es éste un postulado generalmente admitido.-. En tal caso. Pág. 409). Porque si bien es cierto que como regla general la anulación judicial del acto impugnado impide a la Administración. (Vid Sentencia de fecha 8 de octubre de 2007. la cual está dirigida a satisfacer jurídicamente las pretensiones que planteen las partes en un conflicto sometido al conocimiento del Juez. que resultaron excluidas del control del juez. ´La Participación de los Interesados en el Procedimiento Administrativo´. En el presente caso. como acertadamente señala César Cierco Sierra ´la anulación de un acto por razón de indefensión – al igual que cualquier suerte de anulación por vicios formales – posee una importante particularidad en lo que hace a la eventual adopción de una nueva resolución en sustitución de la originariamente anulada. Expuestas los anteriores fundamentos. ni los recurrentes ni la recurrida habrán obtenido decisión acerca de la legitimidad de los ascensos otorgados a los profesores luego de haber obtenido la jubilación. En ese sentido. los defectos formales sancionados en nuestro caso por los vicios participativos (Vid CIERCO SIERRA. real y objetiva. …/… De acuerdo con la doctrina transcrita. dicha regla sufre una notable excepción cuando se trata de una invalidez de origen formal. naturalmente. en línea de principio. Sostener lo contrario podría conducir a convalidar situaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico sustantivo. la fuerza de la cosa juzgada sólo ampararía la nulidad de la Resolución impugnada en lo que respecta a la existencia del vicio formal relativo a la ausencia absoluta de procedimiento administrativo. este órgano Judicial considera necesario a fin de garantizar el cumplimiento de derechos y principios fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico. lo cual implicaría que el derecho constitucional a la tutela judicial no quedaría reguardado. si este Órgano concluyera que la emisión de una decisión de contenido formal. la Administración podrá adoptar una nueva resolución. sacrificándose con ello en criterio de esta Corte. rehacer nuevamente dicho acto –lo que trae causa. esto es. mas (sic) no ampararía la situación jurídica material sobre la cual realmente recae la controversia. Publicaciones del Real Colegio de España. Studia Albornotiana. Bolonia 2002. como se sabe. dictada por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo). proceder a la revisión de las demás circunstancias del caso que . César. en el caso que nos ocupa. que se limitó a declarar la nulidad de un acto por motivos formales. una vez subsanados.
en todo caso la Sala Político Administrativa expone lo siguiente sobre la potestad revocatoria: ´En efecto. dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. se aprecia que la controversia se centra en lo siguiente: a. evitando así un nuevo juicio sobre el mismo tema de fondo. como lo son la posible convalidación de los actos . lo que se expuso fue que la ´revocatoria del ascenso a Profesor Titular de nuestros representados fue dictado con prescindencia total y absoluta de procedimiento´. por cuanto en la formalización de la apelación nunca se argumentó sobre la ´potestad revocatoria´. para satisfacer el derecho esencial a la tutela judicial efectiva. esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Si el ejercicio de la potestad revocatoria de la Administración y en concreto la revisión de los ascensos otorgados a los accionantes requería la sustanciación de un procedimiento administrativo previo. Que “[e]n contra de la anterior sentencia se interpuso apelación ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. no habiendo sido objeto de apelación los restantes planteamientos realizados en la sentencia de fecha 30 de junio de 2009. lo cual condujo a una violación al derecho a la defensa y debido proceso de los recurrentes y c. Así se declara´”.nos ocupa. por cuanto la Sala Político Administrativa razonó lo siguiente: ´De manera que.´” 7. Que “[q]ueremos llamar la atención en cuanto al primer punto. a fin de determinar si puede esta Corte resolver sobre el fondo del asunto. y en fecha 30 de noviembre de 2011. declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por los ciudadanos Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo contra la sentencia N° 2009-01165 del 30 de junio de 2011. valor supremo del orden jurídico venezolano. el 29 de julio de 2011. Si tales violaciones son subsanables y con ello se encontraba el A-quo habilitado para entrar a conocer los restantes vicios invocados en el marco del recurso de nulidad intentado ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo´. la Sala Político Administrativa dictó sentencia definitiva bajo el N° 01646. b. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. consagrado en el artículo 2 de la Carta Magna vigente. esta potestad o poder de la Administración se ve materializada a través del ejercicio de diversas facultades. 8. Que “[l]os argumentos para dictar el fallo fueron los mismos de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Si en el presente caso hubo prescindencia total y absoluta del referido procedimiento. en la búsqueda de la justicia material. 6. En consecuencia se confirma el fallo apelado. y dar así cabal cumplimiento al mandato contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. por la cual decidió lo siguiente: ´Por las razones antes indicadas. emanada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.
Como se mencionara. la cual puede convalidar. salvo que éstos se encuentren viciados de nulidad absoluta. a la vez. como pretenden los recurrentes. es que el mismo sea un acto administrativo viciado de nulidad absoluta. el cual. siempre que no se originen derechos subjetivos. en lo que se refiere a la revisión de actos administrativos. confirmar o revocar el acto. números 00/1460 y 00/1793). culmina con la decisión definitiva por parte de la Administración. lo cual permite garantizar el derecho a la defensa y debido proceso de los administrados”. tres elementos adicionales como son la potestad confirmatoria. precisó lo siguiente: ´…La potestad de autotutela administrativa efectivamente involucra.viciados de nulidad relativa mediante la subsanación de éstos. si éste crea o declara derechos a favor de particulares´ Bajo esa misma línea de pensamiento. tiene entre otras limitantes la imposibilidad de extinguir actos que hayan otorgado derechos a los particulares.la imposibilidad de extinguir un acto que haya otorgado derechos subjetivos. Así. 9. a través del reconocimiento de nulidad absoluta y por último. declarativo de derechos (véase sentencias de la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal. sea. pero solamente el proveimiento administrativo con carácter definitivo puede cumplir con los efectos de la potestad revocatoria. la cual obedece a que la Administración puede extinguir el acto administrativo cuando constate vicios que lo revistan de nulidad absoluta. que comprende aquellos supuestos en que el ente u órgano subsana vicios de nulidad relativa. cuando la Administración reitera el contenido del acto previo. luego de sustanciado. la revocatoria del acto por razones de oportunidad e ilegalidad. por lo que los demás actos que sustancien el procedimiento de primer grado no pueden tener tal carácter…´”. la potestad convalidatoria. Que “[n]o obstante. sino en el . o cuando por razones de mérito o conveniencia de la Administración o por interés público necesiten dejar sin efecto el acto revisado. pues en este caso mal puede sostenerse que un acto nulo de nulidad absoluta. salvo que el mismo adolezca de vicios que lo invistan de nulidad absoluta. pues de lo contrario si se tratase de un acto anulable infectado de nulidad relativa sería irrevocable. la corrección de errores materiales. cabe acotar que el uso de la mencionada potestad no se traduce. se considera que la única posibilidad que tiene una autoridad administrativa para revocar un acto administrativo creador o declarativo de derechos a favor de particulares. Asimismo se desprende de la referida decisión que la posibilidad de revisar la validez de un acto conlleva al inicio de un procedimiento administrativo. El ejercicio de estas potestades supone la emisión de un nuevo acto que deje sin efecto el anterior y que pase a ocupar su lugar en condición igualmente definitiva. la Sala Constitucional en sentencia N° 360 del 24 de marzo de 2011. La potestad revocatoria tiene por limitante -tal como lo ha delineado la jurisprudencia en materia contencioso administrativa. Que “[d]e lo anterior se deduce. una vez firme. la potestad revocatoria. 10. en la imposición de una sanción. para lo que. que la potestad revocatoria de la Administración Pública. estima la Sala. resulta necesaria la apertura de un procedimiento administrativo que garantice la participación del interesado. el ejercicio de la potestad revisora conlleva el inicio de un procedimiento administrativo.
11. 12. 15. y que la aplicación de la potestad revocatoria de la Administración Pública ´no se traduce. Que “[e]sta sentencia que solicitamos se Revise (sic) incurre en un grotesco error de interpretación de la norma constitucional. Que “[l]a Sala Constitucional ha exigido a la administración el respeto al derecho a la defensa. con lo cual resulta inapropiado referirse como sustento de la apelación al criterio establecido por la Sala Constitucional en su sentencia N° 1. por cuanto se anularon los respectivos ascensos a Profesor Titular de los profesores Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo.073 del 31 de julio de 2009 y el cual se vincula con el ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración Pública”. la Sala Constitucional le ordenó dictar nuevo pronunciamiento acogiendo los criterios de respeto al fundamental derecho a la defensa (…)”. Continúa la Sala Político Administrativa exponiendo que el ´criterio establecido por la Sala Constitucional en su sentencia N° 1. y al no haberse procedido asó (sic) se le violenta su derecho a la defensa y al debido proceso”. por cuanto quebranta el artículo 49 de la Constitución de . en la imposición de una sanción”. y particularmente en la sentencia N°1073 de fecha 31 de julio de 2009. en la imposición de una sanción. sino en el reconocimiento de un acto ilegal que debe ser anulado´. sobre el que la Sala Constitucional ya se ha pronunciado en las sentencias citadas. para la revocatoria de los derechos de los administrados. como pretenden los recurrentes. revocando la fundamentación basada en el criterio del autor César Cierco Seira”.reconocimiento de un acto ilegal que debe ser anulado. por cuanto la parte a la cual se le afectará sus derechos debe tener conocimiento de la existencia de un procedimiento administrativo abierto en su contra. de fecha 30 de noviembre de 2011. 14. y se está ejecutando el descuento de las pensiones pagadas de la pensión de jubilación que les corresponde”. Que “[e]s necesario detenernos en este punto. o cualquier otra denominación que la Sala Político Administrativa haga. indistintamente de si este mal infligido es consecuencia del ejercicio de una potestad sancionaría (sic) o de una potestad revocatoria. de la Sala Político Administrativa de fecha 30 de noviembre de 2011. y notificar a los interesados. así lo declaró en la sentencia N°431. con suficiente tiempo para ser reconocida por esa Corte a la que. por cuanto la Sala Político Administrativa asevera que la potestad revocatoria ´no se traduce. en consecuencia. Que “[e]sta sentencia citada arriba. entre otras manifestaciones del mismo el hacer el procedimiento administrativo previo. de fecha 22 de marzo de 2004. como pretenden los recurrentes. 13. declaró inconstitucional otra sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo basada en el criterio del autor César Cierco Seira. anulen la aludida sentencia N° 01646. que recoge el criterio del autor César Cierco Seira que le reprochó esa sentencia. 16 Finalmente solicitó “que declaren con lugar el recurso de revisión interpuesto y que. la cual fue dictada cuatro meses antes de la sentencia de la Corte Segunda. los cuales son males provocados a nuestros representados sin un procedimiento previo.073 del 31 de julio de 2009… se vincula con el ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración Pública´ y da a entender que si se trata de la aplicación de una potestad revocatoria el criterio citado no es vinculante. Que “[r]ecordemos que estamos en presencia de la privación de un derecho como es el escalafón de un profesor y la privación de beneficios económicos por parte de la Administración Pública. en definitiva.
PUNTO N° 3. analizó los restantes vicios y desestimó la acción con apoyo en el criterio de que una sentencia ´… que anule el acto administrativo impugnado basado en razones procesales o formales no solventaría en modo alguno la presente controversia. a través de la decisión objeto del recurso de apelación. de sus derechos a la defensa. estimó el apoderado judicial de los apelantes que el Tribunal A-quo incurrió en un error de apreciación cuando consideró que las violaciones a los derechos a la defensa y el debido proceso de los accionantes podían ser subsanadas u obviadas. II DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN Mediante decisión del 30 de noviembre de 2011. y permitir que sin procedimiento previo – cualquier denominación que se le quiera atribuir. Por lo tanto. señaló lo siguiente: “Pasa esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2009 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Resolución N° CD 2004/253 de fecha 2 de julio de 2004. dictada por la Sala Constitucional. contra ´…el Acta N° 645. lo cual se hace a través de la notificación del acto que ordena el comienzo de la averiguación…´ y cuya omisión. no puede ser subsanada o convalidada. en lugar de declarar la nulidad del acto administrativo impugnado. En respaldo de sus argumentos. y los condena a sufrir perjuicios económicos mediante descuentos a sus pensiones”. en criterio de la referida Sala.073 del 31 de julio de 2009. (Sic) El fundamento central de la apelación consistió en que aun cuando el Tribunal A-quo determinó que en el caso analizado se violó el derecho a la defensa de los accionantes. que declaró sin lugar el recurso de nulidad intentado por los ciudadanos Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo. siendo la principal garantía de estos derechos ´…la puesta en conocimiento del inicio del procedimiento administrativo.la República Bolivariana de Venezuela al ratificar la sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. la representación judicial de los apelantes invocó la Sentencia N° 1. dictado por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales ‘Ezequiel Zamora’ – UNELLEZ…´. pues no se estaría pronunciando este Órgano Jurisdiccional sobre el tema de fondo…´. no habiendo sido objeto de apelación los restantes planteamientos . la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. De manera que.que garantice el derecho a la defensa de nuestros representados mediante su convocatoria al proceso en el que se revocó su derecho al Escalafón como Profesor Universitario. la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. debido proceso y presunción de inocencia…´. mediante la cual se ´…REVOCÓ los Ascensos de Profesores Titulares de los ciudadanos OSMAR BUITRAGO y CLEMENTE QUINTERO ROJO…´. ya que se revocaron sus ascensos como profesores titulares de la mencionada Casa de Estudios sin que se abriera el procedimiento administrativo correspondiente. por parte del destinatario del procedimiento. sea sancionatorio o revocatorio. en la cual se estableció que la Administración Pública ´…no puede imponer ninguna sanción a particular alguno. si antes no sustancia un procedimiento o trámite que garantice el pleno ejercicio.
reconozca la nulidad absoluta de los actos por ella dictados. la facultad para extinguir sus actos administrativos en vía administrativa. la revocatoria del acto por razones de oportunidad e ilegalidad. siempre y cuando no originaren derechos subjetivos o intereses legítimos. Por otro lado. en el sentido de que los actos administrativos pueden ser revocados en cualquier momento. caso: Ángel Domingo Utrera. En cuanto al alcance de la potestad de autotutela de la Administración Pública. Si tales violaciones son subsanables y con ello se encontraba el A-quo habilitado para entrar a conocer los restantes vicios invocados en el marco del recurso de nulidad intentado ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. pues de lo contrario si se tratase de un acto anulable infectado de nulidad relativa sería irrevocable. autoriza a la Administración para que en cualquier momento. sentencia N° 01107 del 19 de junio de 2001. Esta potestad se encuentra regulada. Si en el presente caso hubo prescindencia total y absoluta del referido procedimiento. en todo o en parte. se considera que la única posibilidad que tiene una autoridad administrativa para revocar un acto administrativo creador o declarativo de derechos a favor de particulares. lo siguiente: ´…una de sus manifestaciones más importantes es la potestad revocatoria. es que el mismo sea un acto administrativo viciado de nulidad absoluta. (Vid. si éste crea o declara derechos a favor de particulares. se aprecia que la controversia se centra en lo siguiente: a. Así las cosas. Así. Si el ejercicio de la potestad revocatoria de la Administración y en concreto la revisión de los ascensos otorgados a los accionantes requería la sustanciación de un procedimiento administrativo previo. observa esta Sala que si bien la norma antes referida consagra la posibilidad de la Administración de revisar en cualquier momento de oficio o incluso a solicitud de particulares los actos por ella dictados. caso: Virgilio Elías Velásquez. esta potestad o poder de la Administración se ve materializada a través del ejercicio de diversas facultades. que no es más que la posibilidad de poder revisar y corregir sus actuaciones administrativas y. de oficio o a instancia del particular. así como sentencia SPA N° 581 del 17-6-10)´. personales y directos para un particular. como lo son la posible convalidación de los actos viciados de nulidad relativa mediante la subsanación de éstos. en consecuencia. En efecto. b. la corrección de errores materiales. en primer lugar. siempre que no se originen derechos subjetivos. una vez firme. emanada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.´. lo cual condujo a una violación al derecho a la defensa y debido proceso de los recurrentes y c. esa facultad debe ejercerse siempre y cuando se detecte alguno de los vicios de nulidad absoluta señalado taxativamente en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. en la norma prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos antes transcrito. reiterada en decisión N° 00687 del 18 de junio de 2008. sea por la misma autoridad que dictó el acto o su superior jerarca. . la potestad declaratoria de nulidad que está prevista en el artículo 83 eiusdem.realizados en la sentencia de fecha 30 de junio de 2009. a través del reconocimiento de nulidad absoluta y por último. esta Sala ha precisado en reiteradas oportunidades.
en lo sucesivo UNELLEZ. cuando la Administración reitera el contenido del acto previo. No obstante. precisó lo siguiente: ´…La potestad de autotutela administrativa efectivamente involucra. estima la Sala. números 00/1460 y 00/1793). por lo que los demás actos que sustancien el procedimiento de primer grado no pueden tener tal carácter…´. que la potestad revocatoria de la Administración Pública. para lo que. sino en el reconocimiento de un acto ilegal que debe ser anulado. luego de sustanciado. mediante la cual el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. en la imposición de una sanción. referida al ascenso a categoría de Profesor Titular de Osmar Buitrago y la Resolución CD . la cual puede convalidar. salvo que el mismo adolezca de vicios que lo invistan de nulidad absoluta. Asimismo se desprende de la referida decisión que la posibilidad de revisar la validez de un acto conlleva al inicio de un procedimiento administrativo.Bajo esa misma línea de pensamiento. el ejercicio de la potestad revisora conlleva el inicio de un procedimiento administrativo. la Sala Constitucional en sentencia N° 360 del 24 de marzo de 2011. realizadas las precisiones anteriores se aprecia. a la vez. tres elementos adicionales como son la potestad confirmatoria.la imposibilidad de extinguir un acto que haya otorgado derechos subjetivos. con lo cual resulta inapropiado referirse como sustento de la apelación al criterio establecido por la Sala Constitucional en su sentencia N° 1. la potestad revocatoria. pues en este caso mal puede sostenerse que un acto nulo de nulidad absoluta. De lo anterior se deduce. culmina con la decisión definitiva por parte de la Administración. sea. tiene entre otras limitantes la imposibilidad de extinguir actos que hayan otorgado derechos a los particulares. Acta Nº 457 Ordinaria. lo cual permite garantizar el derecho a la defensa y debido proceso de los administrados. resulta necesaria la apertura de un procedimiento administrativo que garantice la participación del interesado. como pretenden los recurrentes. Resolución N° CD 2004/253 de fecha 2 de julio de 2004. confirmar o revocar el acto.073 del 31 de julio de 2009 y el cual se vincula con el ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración Pública. que comprende aquellos supuestos en que el ente u órgano subsana vicios de nulidad relativa. que en el caso analizado. cabe acotar que el uso de la mencionada potestad no se traduce. declarativo de derechos (véase sentencias de la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal. pero solamente el proveimiento administrativo con carácter definitivo puede cumplir con los efectos de la potestad revocatoria. La potestad revocatoria tiene por limitante -tal como lo ha delineado la jurisprudencia en materia contencioso administrativa. declaró ´NULO DE NULIDAD ABSOLUTA´ los actos administrativos contenidos en la Resolución CD 95/538 de fecha 05/10/1995. o cuando por razones de mérito o conveniencia de la Administración o por interés público necesiten dejar sin efecto el acto revisado. Ahora bien. Como se mencionara. Punto Nº 36. se impugnó el acto administrativo contenido en el Acta N° 645. en lo que se refiere a la revisión de actos administrativos. la cual obedece a que la Administración puede extinguir el acto administrativo cuando constate vicios que lo revistan de nulidad absoluta. El ejercicio de estas potestades supone la emisión de un nuevo acto que deje sin efecto el anterior y que pase a ocupar su lugar en condición igualmente definitiva. el cual. salvo que éstos se encuentren viciados de nulidad absoluta. la potestad convalidatoria.
resta determinar si consecuencia de dicha afirmación. a juicio del Tribunal A-quo. Tal revocatoria obedeció a que para la fecha de dichos ascensos. Asimismo se aprecia que. en el presente caso no se desprende de los elementos traídos a juicio que el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora “UNELLEZ”. a juicio del A-quo. sobre la legitimidad de los . se evidencia del texto del acto administrativo impugnado (Acta N° 645. previo a la emisión de la Resolución impugnada. En efecto. los recurrentes se encontraban jubilados. de participar en el mismo para conocer los cargos. Al respecto se constató de la revisión del expediente que. con relación a que existió una violación al derecho a la defensa y al debido proceso de los recurrentes. lo procedente era declarar la nulidad del acto recurrido. crearon derechos subjetivos a favor de los ciudadanos Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo. relacionada con el ascenso a la categoría de Profesor Titular de Clemente Quintero Rojo. Por el contrario. pues no se estaría pronunciando este Órgano Jurisdiccional sobre el tema de fondo. esto es. con lo cual no resultaba procedente. es menester destacar que. Resolución N° CD 2004/253 de fecha 2 de julio de 2004) que se decidió declarar dicha nulidad sin la presencia de ninguno de los recurrentes. el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora “UNELLEZ” procedió a la sustanciación de un procedimiento administrativo previo a su revocatoria y en el marco del cual se les permitiera a los querellantes ejercer de manera oportuna su derecho a la defensa. De ahí que coincide esta Sala con la interpretación realizada en la sentencia objeto del presente recurso de apelación. ya que –se reitera. haya sustanciado un procedimiento administrativo en el que se haya brindado la oportunidad a los ciudadanos Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo. Punto Nº 49.con dichos actos administrativos les fue otorgado un ascenso a los recurrentes. tal como lo indicó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. resultaba necesario determinar si como garantía concreta aplicable al caso de autos. a los fines de desvirtuar el posible vicio de nulidad que se le atribuyó a los actos administrativos antes mencionados. De manera que habiendo establecido estos actos (ascensos) derechos subjetivos a favor de los accionantes. entre los cuales destaca dictamen del Consultor Jurídico de la UNELLEZ. tal como lo señaló la decisión recurrida. exponer sus alegatos y aportar cualquier tipo de elemento para su defensa.95/0284 de fecha 24/05/1995. fundamentándose la decisión administrativa exclusivamente en lo aportado y expuesto por las mismas autoridades de la referida Universidad. Acta Nº 452 Ordinaria. en lugar de entrar a decidir sobre los restantes vicios que sustentaron el recurso de nulidad planteado por los apelantes ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. No obstante. Acta Nº 457 Ordinaria. los actos administrativos contenidos en la Resolución CD 95/538 de fecha 05/10/1995. Punto Nº 49. Punto Nº 36 y en la Resolución CD 95/0284 de fecha 24/05/1995. el otorgamiento de los mencionados ascensos. una ´…decisión que anule el acto administrativo impugnado basada en razones procesales o formales no solventaría en modo alguno la presente controversia. Acta Nº 452 Ordinaria.
no debe perderse de vista que el fondo de la controversia involucra. pero sí de ponderar si dicha situación amerita la reposición del procedimiento administrativo o por el contrario. la controversia se centra en establecer la finalidad del proceso contencioso administrativo. debe conducir al estudio de todos los aspectos formulados en la instancia. o por el contrario de carácter subjetivo y con ello garante de una pretensión en concreto. y sin que sea óbice la inexistencia de medios procesales especiales respecto a determinada actuación. reconociéndose así un sistema abierto de pretensiones a proponerse ante la referida jurisdicción. la posible existencia de un daño patrimonial a los intereses . como meramente objetivo o revisor de la legalidad de un acto. con lo cual estimó inútil la reposición del procedimiento administrativo. Asimismo se advierte. en sentencia N° 93 del 1° de febrero de 2006. entre otros elementos a ser sopesados. En otras palabras. independientemente de que la ilegalidad derive de un acto. a fin de determinar si la inobservancia de tales garantías procesales justifica la reposición del procedimiento administrativo o incluso la nulidad del acto. donde adicionalmente se interpretó que los tribunales con competencia contencioso-administrativa deben dar cabida a todo tipo de pretensión que tenga como origen una relación jurídico- administrativa. conforme a lo establecido en el artículo 259 del Texto Constitucional…´. esto es. en las cuales la pretensión de los accionantes no se limita a solicitar la nulidad del acto administrativo por razones formales o procesales. Lo anterior resulta relevante ya que en situaciones como la presente.ascensos otorgados a los recurrentes luego de haber obtenido el beneficio de la jubilación…´. pudiendo citarse al efecto la sentencia N° 2106 del 27 de septiembre de 2006. En otras palabras. ya que ello no conduciría a un análisis distinto al previamente emitido por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora ´UNELLEZ´. siendo por tanto evidente ´…su carácter subjetivo derivado del principio de la universalidad del control y de integralidad de la tutela judicial efectiva…´. en la cual se estableció que la mencionada finalidad consiste en ´…el restablecimiento de situaciones jurídicas-subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Tal interrogante ha sido abordada en precedentes oportunidades por esta Sala. no se trata de entender subsanada o convalidada una posible violación al derecho a la defensa o debido proceso de los recurrentes. este Órgano Jurisdiccional considera que una verdadera tutela de la pretensión subjetiva involucrada. hecho u omisión. entre otras decisiones. Tal ponderación resulta obligatoria en situaciones como la analizada donde más allá del derecho subjetivo de los accionantes existe un interés colectivo perseguido por la actividad administrativa y el cual no está exento de protección. sino que paralelamente se apoya en razones de mérito que redundan en su ilegalidad. es decir. que la decisión recurrida después de examinar los alegatos y defensas expuestos por los accionantes concluyó que su pretensión de fondo (nulidad de la revocatoria de los ascensos por su supuesta ilegalidad) era improcedente. existen elementos que justifican proceder a la tutela judicial de la pretensión subjetiva de fondo que subyace de la interposición del recurso contencioso administrativo. lo cual además ha sido precisado por la Sala Constitucional. En efecto.
un interés superior involucrado justificaba que se evitara la reposición del procedimiento administrativo y con ello se procediera a determinar si la pretensión de fondo de los recurrentes era procedente. esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Tal planteamiento. como se destacó en las líneas que anteceden. es por lo que esta Sala declara sin lugar la misma y en tal virtud confirma el citado fallo en los términos expuestos en la presente decisión. Así se decide. Por último. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. es lo que conduce a establecer que resulta inútil la señalada reposición y más aún la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado y en consecuencia. si la inobservancia del procedimiento legalmente establecido justificaba la revocatoria del acto recurrido o si por el contrario. dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se circunscribió al punto antes analizado. IV DECISIÓN Por las razones antes indicadas. De manera que lo anterior aunado a la circunstancia de que los accionantes pudieron invocar en el marco del presente recurso contencioso administrativo de nulidad los mismos alegatos que serían reproducidos en sede administrativa. como se indicó antes. Así finalmente se declara. considera la Sala que resultaba obligatorio plantearse. visto que la apelación de la sentencia de fecha 30 de junio de 2009. Por lo tanto. ya que. declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por los ciudadanos Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo contra la sentencia N° 2009-01165 del 30 de junio de 2011. debía resolverse en sentido afirmativo. la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “revisar las sentencias . conforme lo establece el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución. En consecuencia se confirma el fallo apelado”. a juicio de esta Alzada. de ser repuesto el procedimiento administrativo. la nulidad del acto impugnado podía traducirse en un daño patrimonial para la Universidad autora de la decisión recurrida. como en efecto lo realizó el A-quo. la revocatoria impugnada se basó en la existencia de unos ascensos otorgados ilegalmente a profesores jubilados de la mencionada Casa de Estudios. dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. debido a que. se confirma el pronunciamiento que a ese respecto realizó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. la cual es un ente prestador de un servicio público como es la educación.de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora ´UNELLEZ´ y con ello la exposición de bienes afectos a un servicio público como lo es la educación. entre otras razones. III DE LA COMPETENCIA Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que.
ratificó sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Para ello. En tal sentido. o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales…”. que revocó una decisión anterior que les confería el rango de Profesores Titulares y ordenaba calificarlos nuevamente como Profesores Asociados. actuando en segunda instancia. efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional. la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo ejercido por quienes ahora solicitan la revisión constitucional. la Sala Político Administrativa. luego de dictada la decisión que le afecta. así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República. tratados. al señalarse que el mencionado fallo considera ajustado a derecho la convalidación de aquellos actos administrativos que se hayan dictado sin procedimiento previo y en ausencia del administrado. Visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. cardinales 10 y 11. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Esta Sala para decidir observa: Se solicita la nulidad de la sentencia 01646 dictada el 30 de noviembre de 2011 por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República. pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República. la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone en el artículo 25. en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”. o producido un error grave en su interpretación. cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional.definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República. la Sala Político Administrativa se apoya en el siguiente criterio: el vicio de nulidad de un acto administrativo dictado en ausencia de procedimiento es convalidable desde la perspectiva del derecho a la defensa si se comprueba que el particular. con respecto a un acto administrativo dictado por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. 11. Asimismo. El fundamento de la pretensión se encuentra comprendido en la alegada violación del derecho a la defensa y al debido proceso. por falta de aplicación de algún principio o nomas constitucionales. toda vez que el ascenso supuestamente les fue conferido una vez que ya se encontraban jubilados. pudo ejercer posteriormente los recursos administrativos . Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos señalados en el numeral anterior. Así se declara. esta Sala Constitucional declara su competencia. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 10. lo siguiente: “Artículo 25.
de sus derechos a la defensa. mal puede un órgano jurisdiccional que controla la legalidad de la actividad administrativa decidir que la ausencia total de notificación de quien resulte sancionado en . En dicha decisión. que terminó con una orden de demolición y sanción de multa. como fue el caso de autos. La Sala reitera que la Administración Pública. de manera clara y sin ambigüedades. Esta Sala Constitucional rechaza categóricamente semejante argumentación.y contenciosos administrativos. quienes ahora solicitan la revisión. la consecuencia jurídica de encontrarse que la persona que se somete a la investigación resulta el autor del hecho que se averigua y la oportunidad para la presentación de pruebas y alegatos. se asentó el veredicto de que los actos administrativos que afectan derechos fundamentales no pueden ser dictados sin haberse realizado el respectivo procedimiento que permita la participación del afectado. Por su parte. En efecto. denuncian que el criterio adoptado tanto por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo como por la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal contraría lo dispuesto en la sentencia núm. En efecto. Todas estas menciones deben plasmarse en el acto que se notifica. por último. en cualquiera de sus manifestaciones. por parte del destinatario del procedimiento. subsanando así cualquier vulneración vinculada a las fallas cometidas por la Administración sobre este aspecto. y garantiza a la vez. los hechos que dan lugar al procedimiento. toda vez que el derecho a la defensa y debido procedimiento son inviolables. respecto que se intensifica ante la sustanciación de procedimientos de naturaleza sancionatoria. así como la indicación precisa de las normas que supuestamente han sido infringidas y. La principal garantía de estos derechos lo constituye la puesta en conocimiento del inicio del procedimiento administrativo. lo cual se hace a través de la notificación del acto que ordena el comienzo de la averiguación. una correcta defensa. si bien el particular que fue sancionado en sede administrativa no fue debidamente notificado. esa deficiencia la subsanó y convalidó el mismo perjudicado con su participación en sede judicial. no puede imponer ninguna sanción a particular alguno. sin que ese daño constitucional pueda considerarse posteriormente reparado por los recursos administrativos ni contenciosos administrativos. La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo juzgó que. la decisión invocada por la parte solicitante establece lo siguiente: “Esta Sala Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre el respeto que la Administración debe tener para con los derechos constitucionales de los administrados. si antes no sustancia un procedimiento trámite que garantice el pleno ejercicio. pues es lo que permite. Este acto de inicio debe contener. los ciudadanos Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo. debido proceso y presunción de inocencia. 1073 dictada el 31 de julio de 2009 por esta Sala Constitucional (caso: José Manuel Argiz Riocabo y Hjalmar Jesús Gibelli Gómez).
no subsanan ni convalidan las faltas cometidas que hagan nulos o anulables los actos dictados con prescindencia de procedimiento. que en un procedimiento administrativo que se inicie contra un particular. porque se le impide al presunto infractor demostrar sus razones y también se viola el debido proceso. no implica que el vicio de nulidad absoluta por la ausencia de notificación haya sido subsanado. sin ser oído. se pronunció de la siguiente manera: ‘Luego del examen de los recaudos existentes en el expediente remitido a esta Sala.A. El hecho de que. que para tomar tal decisión que además conlleva una sanción. para que las partes. y que. se observa que el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) en sus actuaciones no parece tener claro. la autoridad administrativa ordenará la apertura del expediente y notificará a los particulares cuyos derechos subjetivos. el hecho de que el ciudadano Manuel Argiz Riocabo haya actuado durante las dos instancias del juicio de nulidad. Este parece ser el caso en estudio. concediéndoles un plazo de diez días para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones. debe desarrollarse previamente a la decisión que se tome. por cuanto el particular afectado –que no fue convocado al trámite. los hechos que deben . poder tomar una decisión conforme a derecho. En tal sentido. al ser notificado pueda recurrir ante las autoridades competentes. en veredicto n. En caso de que se abra de oficio. se haya oído y notificado debidamente a la parte afectada.° 431/04 que se reitera. no tenga consecuencias jurídicas y no declare la nulidad del procedimiento. Debe tenerse presente que los vicios que suponen la nulidad absoluta de los actos administrativos no puede ser objeto de convalidación. otro proceder ocasiona la violación del derecho a la defensa. o intereses legítimos. hoy contenido en el artículo 49 de la Constitución de 1999. el mismo debe hacerse conforme a la ley. para que pueda tener plena validez las decisiones que allí se tomen. en el que no participó. porque se alteran las reglas procedimentales establecidas legalmente sin conocimiento del interesado. Es evidente que esta actividad. señala que el procedimiento se inicia a instancias de parte o de oficio. para permitir al particular. sin que aparezca en autos. una vez sancionado el particular. personales y directos pudieran resultar afectados.sede administrativa por un procedimiento en su contra. es garantía aplicable en cualquier procedimiento. a PROCONCE DOS C. indicar y probar a la administración sus razones y sus defensas. se le ha rescindido un convenio suscrito por ella con INPARQUES. y una vez oído y revisado sus argumentos así como las pruebas por él aportadas. En el caso de autos. El derecho establecido en el artículo 68 de la Constitución de 1961. Sobre la convalidación en sede judicial de los vicios acaecidos en sede administrativa la Sala. puedan demostrar las razones que tengan. la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 48.impugnó el acto lesivo por ante el tribunal contencioso administrativo y con esa actuación se haya subsanado la omisión de notificación.
se configuró una violación a sus derechos a la defensa y debido procedimiento que no resulta convalidada con su actuación en sede judicial”. ante los tribunales de la jurisdicción contencioso de la materia. omisión que determina la nulidad absoluta y reputa su inexistencia conforme lo dispone el artículo 19. elementos relevantes en contra de la decisión. De lo precedente. pues no solo se hacen nugatorias las primeras oportunidades de defensa –que no pueden ser saneadas mediante una intervención posterior por cuanto se le ha anulado de por sí la primera oportunidad para la defensa-. la Sala concluye que por cuanto quedó comprobado que el ciudadano Manuel Argiz Riocabo. esta Sala ha considerado que el derecho a la defensa y al debido proceso tienen plena prevalencia en todo procedimiento administrativo. en ausencia de procedimiento. el cual se encuentra viciado de nulidad absoluta desde un principio debido a que el afectado no pudo presentar. sin que la otra parte del convenio tuviera conocimiento de que existía un procedimiento administrativo abierto en su contra. no se comparecen de modo alguno con los principios fundamentales que condicionan el derecho a la defensa y al debido proceso. con la cual se decidió la rescisión del convenio suscrito el 4 de octubre de 1996. razón por la cual la Sala comparte totalmente el criterio de la Corte Primera de lo Contencioso. propietario del 75% del inmueble sobre el cual recayó una orden de demolición y multa.sobre las cuales se conoce la causa que fundamenta el por qué se justifica la alteración de la situación jurídica del particular. puedan solventarse con la intervención posterior del particular.desvirtuar y todos los elementos probatorios a que hubiere lugar. Sobre este punto. Al tomarse una decisión. que prevé dentro de esa causal. para permitir ejercer el derecho a la defensa consagrado en la Constitución como un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. y menos. dictar actos en ausencia total de procedimiento. No puede entenderse por subsanado un daño constitucional por el solo hecho de realizarse una posterior participación del administrado si la Administración in audita altera pars dicta un acto que de por sí ya es generador de gravamen. precisamente. En ese caso. o con plena negación de la intervención del interesado. que la teoría de la “convalidación” de los actos administrativos dictados sin mediación del procedimiento administrativo exigido por la ley.Administrativo. Este elemento (la motivación) también forma parte de los derechos analizados. no le fue notificado el procedimiento administrativo que terminó con la orden de demolición y sanción de multa. Aclarado lo anterior. sin que pueda entenderse de modo alguno que el retiro de las posibilidades para ejercer esa defensa. el derecho a la defensa de la accionante y así lo decide’. de considerar violado con la Resolución Nº 002. en su debido momento. aquellos proveimientos dictados. el daño se hace aún más notable cuando se profiere la decisión administrativa sin haberse llevado la tramitación procedimental correspondiente. evidentemente que se le ha violentado su derecho a la defensa y al debido proceso. por cuanto es inherente al debido proceso que toda decisión – .4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. la Sala debe señalar con base en sus principios jurisprudenciales. sino que se conforma un acto en el cual no se encuentra antecedido por las razones y las pruebas -los motivos del acto.
generando. Por tanto. al momento de ejercer el recurso de apelación ante la Sala Político Administrativa invocó el criterio de esta Sala Constitucional como único alegato para la impugnación del fallo ante la segunda instancia. Por ende. Aunado a lo anterior. adicionalmente. sino anular éstas cuando se ha generado un daño a los derechos de los administrados. determinando una inmediata contravención a la norma fundamental que no puede ser reparada mediante intervenciones posteriores del propio afectado. la nulidad de ese fallo por el vicio de incongruencia negativa como motivo por el cual opera la nulidad de una decisión declarada así por el control que se ejerce mediante la revisión constitucional. ha reiterado el deber de los jueces de que motiven adecuadamente sus decisiones. debidamente constatables en su procedimiento correspondiente. esta Sala Constitucional concluye que el criterio de la “subsanación” del vicio de ausencia absoluta de procedimiento por el ejercicio posterior de la vía administrativa y de los recursos contenciosos administrativos no tiene asidero en los principios procesales previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. genera una vulneración constitucional del derecho a la defensa y al debido proceso en los términos establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. es de señalar que la parte solicitante de la solicitud de revisión denunció el vicio de ausencia de procedimiento ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (tribunal que conoció en primera instancia de la causa) cuando recurrió del acto. ya que lo contrario -la inmotivación y la . ese daño que previamente se le ha ocasionado. por cuanto no está dentro de sus potestades subsanar las fallas cometidas por la Administración.debe estar precedida de las razones de hecho y derecho.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por tanto. de modo alguno. tanto por la ausencia forzada de defensa como por la consecuencia derivada de los efectos perniciosos de un acto administrativo dotado de ejecutividad y ejecutoriedad desde el primer momento de su promulgación cuya nulidad absoluta se encuentra prevista en el referido artículo 19. a partir del momento en que se dicta un acto administrativo írrito en ausencia absoluta de procedimiento y sin la participación del administrado cuando a éste no se le ha emplazado. esta Sala. sino que debe proceder a declarar la nulidad del acto en sí sin mayores consideraciones por así requerirlo el artículo 19. éste no puede reponer el procedimiento nuevamente a la vía administrativa.judicial o administrativa. que permitan conocer las causas que dieron origen al acto administrativo o a la conclusión arrojada en la sentencia judicial. incluso. el cual fue obviado por la sentencia del tribunal superior cuando dicho alegato era un aspecto de análisis obligatorio por parte de esa Sala. y así se declara. En efecto. debe señalarse que de encontrarse el acto administrativo sometido al control del juez contencioso administrativo. en varias sentencias. En lo que concierne al criterio señalado por la Sala Político Administrativa del cual afirma que no resulta válido anular el acto administrativo por ausencia de procedimiento si se han ejercido las vías procesales consecuentes por ser una reposición inútil. Su obligatoria y tardía intervención por razones ajenas a su voluntad no pueden modificar. le está vedado emitir órdenes para el reinicio de la vía administrativa.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
considera la Sala. De allí. que debe examinar la sentencia para calificar si realmente hay falta de motivación. menos o cosa distinta de lo pedido” (Sent. el cual corresponde a los jueces. ante la resolución de la pretensión por parte del juez. al conceder más. debe contener una motivación. caso: José Gustavo Di Mase Urbaneja). Así las cosas. la incongruencia activa se presenta. del Tribunal Constitucional Español N. que es la que caracteriza el juzgar. todo acto de juzgamiento. generando con su pronunciamiento . Fallos judiciales sin juzgamientos (motivación) atentan contra el orden público. Es la falta de motivación de la sentencia. y.° 172/1994). ya que todo el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo.atenta contra el orden público. a juicio de esta Sala. el cual no comporta la exigencia de un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide. la Sala concretó aspectos sobre la inmotivación e incongruencia de las decisiones judiciales en los términos que siguen: Ahora bien. puede determinarse si a la persona se le sanciona por actos u omisiones. y es más.° 150/2000. de la razonabilidad. que todo fallo debe ser motivado.incongruencia. es decir. un vicio que afecta el orden público. Solo así. puede calificarse el error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49. (sentencia de esta Sala n. en criterio de esta Sala. pero sí tiene que ser razonable. Esta exigencia de motivación deviene. y siendo éste el vicio que se denuncia en la solicitud de amparo. además. es de la esencia de dicha norma. la motivación no tiene que ser exhaustiva. de manera que las partes conozcan los motivos de la absolución o de la condena. En el mismo sentido. que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo. Al respecto. en primer lugar. puede tener lugar el acto de juzgamiento. pero en reciente veredicto. del por qué se declara con o sin lugar una demanda. como lo establece el numeral 6 del mencionado artículo. se aparta de los criterios que ha establecido la Sala sobre el particular. sino que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión. incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión. sólo así. en segundo término de la congruencia. sólo así. por lo cual surgiría un caos social. como por la fundamentación. según el numeral 4 del mismo artículo. que dicha exigencia se vulnera cuando se produce “un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones. hace nulo el acto jurisdiccional que adolece del vicio y. esta Juzgadora señaló: Aunque no lo dice expresamente el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión. la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada es un derecho que tienen las partes en el proceso. y principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían.
Por tanto. (resaltado de esta Sala Constitucional) Se hace referencia a la disposición normativa por cuanto esta Sala encuentra suficientemente cumplidos los supuestos de hecho de la norma. la Sala Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá reenviar la controversia a la Sala o tribunal respectivo o conocer la causa. siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. esta Sala considera necesario anular la sentencia 01646 dictada el 30 de noviembre de 2011 por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.594/2005. Así finalmente . 2009-01165 dictada el 30 de junio de 2011 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Finalmente. por cuanto. Resolución N° CD 2004/253 de fecha 2 de julio de 2004. se anula dicho acto administrativo. los mismos habrían sido considerados caducos de conformidad con el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Siendo así. la inmotivación deviene por incongruencia omisiva. (sentencia de esta Sala n. dispone: Efectos de la revisión Artículo 35. cuando se trate de un vicio que pueda subsanarse con la sola decisión que sea dictada. Asimismo. razón por la cual.desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate. de ser reclamados en la actualidad en sede judicial. caso: José Gregorio Díaz Valera). y dejar por ende. se ordena a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que realice las gestiones necesarias para que se hagan efectivos los reintegros de los montos descontados por las pensiones de jubilación de los solicitantes la cual deberá fijarse mediante una experticia complementaria al fallo. con su pronunciamiento. Así se decide. se ordena a dicha Universidad que asigne nuevamente a los mencionados ciudadanos el grado de Profesor Titular dentro del escalafón universitario. por el incumplimiento total de la obligación de motivar.° 4.mediante la cual revocó los ascensos al grado del escalafón de Profesor Titular a los ciudadanos Osmar Buitrago y Clemente Quintero Rojo. Finalmente. en cambio. determinado como ha sido el reconocimiento por parte de los tribunales que conforman la jurisdicción contencioso administrativa que dicho proveimiento fue dictado en ausencia absoluta de procedimiento. Así se decide. o que la Sala pondere que el reenvío pueda significar una dilación inútil o indebida. situación en la que se encontraban al momento en que se dictó el acto administrativo impugnado. PUNTO N° 3…” dictado por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora –UNELLEZ. el cual. incontestada dicha pretensión. por razones de seguridad jurídica. toda vez que lo expuesto en el presente fallo hace operativa de pleno derecho declarar la nulidad del acto administrativo contenido en “…el Acta N° 645. esta Sala también anula la sentencia núm. esta Sala debe establecer una consideración adicional atendiendo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. siempre que el motivo que haya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una nueva actividad probatoria. Cuando ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes. lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial.
Cúmplase con la notificación de la presente decisión a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁN . SEGUNDO: ANULA la sentencia núm. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. GLADYS M. La Presidenta. TERCERO: ANULA la sentencia núm. firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. a los fines de su publicitación. CUARTO: ANULA el acto administrativo contenido en el Acta núm. Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación. GUTIÉRREZ ALVARADO Vicepresidente. Publíquese y regístrese. Se ordena la referencia del presente fallo en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia. declara: PRIMERO: HA LUGAR la revisión constitucional interpuesta por los ciudadanos Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo. 2009-01165 dictada el 30 de junio de 2011 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Así se establece.se decide. en Caracas. FRANCISCO A. SEXTO: ORDENA realizar la referencia correspondiente a este fallo en la página de este Tribunal Supremo de Justicia a los fines de su publicitación. Resolución CD 2004/253 del 2 de julio de 2004 dictado por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ). CARRASQUERO LÓPEZ Los Magistrados. a los 08 días del mes de octubre de dos mil trece (2013). 01646 dictada el 30 de noviembre de 2011 por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado. Dada. QUINTO: ORDENA a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que realice las gestiones necesarias para que se hagan efectivos los reintegros de los montos descontados por las pensiones de jubilación de los solicitantes la cual deberá fijarse mediante una experticia complementaria al fallo. 645. a la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) y a la representación judicial de los solicitantes de la revisión. V DECISIÓN Por las razones expuestas esta Sala Constitucional.
.Ponente ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER El Secretario. 12-0481 CZdM/ Próximo Tema de Estudio: Diferencias entre Contrato Bilateral y Contrato de Adhesión.. JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO Exp.
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