Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-715-10.htm
Timestamp: 2018-01-24 07:27:59+00:00

Document:
T-715-10
Sentencia T-715/10
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales genéricas y especiales de procedibilidad/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defectos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-Vulneración al debido proceso por decretar ilegalidad de auto que denegó por improcedente recurso de reposición y conceder y tramitar recurso de apelación contra sentencia en proceso ordinario laboral
En relación con las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela, y de acuerdo con los elementos fácticos, probatorios y jurisprudenciales ya señalados, encuentra la Corte que la Sala Cuarta de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería, incurrieron en vía de hecho por defecto procedimental, al haber actuado por fuera de las normas que rigen el procedimiento ordinario laboral, desviando el cumplimiento de las formas propias de cada juicio, con la consecuente violación del derecho al debido proceso del accionante, en tanto que, de una parte, el Juzgado accionado concedió mediante auto del 17 de abril de 2009 el recurso de apelación de la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el accionante en contra de su exempleador, por la vía de la declaratoria de ilegalidad del auto del 20 de marzo de 2009 que había rechazado por improcedente el recurso de reposición interpuesto por la apoderada judicial del demandado, desconociendo que la providencia se encontraba en firme y había hecho tránsito a cosa juzgada por no haberse interpuesto dentro del término legal los recursos que procedían. Por su parte, en tales condiciones, el Tribunal resolvió el recurso de apelación mediante sentencia proferida el 9 de septiembre de 2009, sin haber hecho mención alguna sobre el trámite procesal que se impartió en la concesión del recurso de apelación.
Referencia: expediente T-2651278
Acción de tutela instaurada por Rugero Segundo Castro Otero contra la Sala Cuarta Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería.
El señor Rugero Segundo Castro Otero, instauró, el 2 de febrero de 2010, acción de tutela contra la Sala Cuarta Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, por considerar que las autoridades judiciales incurrieron en una vía de hecho y en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del principio de favorabilidad laboral, al conceder y resolver como recurso de apelación la sustentación a un recurso de reposición interpuesto contra la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el accionante en contra de su exempleador, a pesar de que el juez de primera instancia había negado por improcedente dicho recurso de reposición, mediante auto que se encontraba en firme por la no interposición oportuna de recursos.
1.2. Advierte que el 5 de octubre de 2006 sufrió un accidente de trabajo ocasionado por culpa de la empresa demandada por incumplir las normas de salud ocupacional, pues al estar corroídos los guantes de protección que le fueron suministrados, recibió una descarga eléctrica que lo hizo caer de una altura de 6 metros cuando se encontraba instalando una línea telefónica. El accidente le ocasionó un trauma cráneo encefálico con secuelas permanentes de “Hipo acucia bilateral, síndrome vertiginoso periódico, trastorno de la memoria postraumático parálisis facial leve y disfunción del deseo anular de la mano izquierda”,[1] que lo incapacitó hasta el mes de abril de 2007. Por orden del médico especialista de salud ocupacional, en mayo de 2007, fue reubicado en el cargo de digitador hasta cuando fue despedido en forma unilateral y sin justa causa por el empleador el 31 de julio de 2007.
1.4. Mediante fallo proferido el 13 de marzo de 2009, el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería, declaró la existencia de los contratos de trabajo y condenó al empleador al pago de perjuicios morales en la suma de $50.000.000 debidamente indexados y una indemnización por despido injusto en la suma de $204.000, a partir de la fecha de terminación del contrato.
1.5. Sostiene que en razón a que la sentencia fue notificada en estrados el día viernes 13 de marzo de 2009, las partes disponían de los días lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de marzo de 2009, es decir, tres días hábiles para interponer el recurso de apelación, único recurso procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del C.P.T., modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007. No obstante lo anterior, la apoderada judicial de la parte demandada en el proceso ordinario laboral, interpuso recurso de reposición en memorial presentado ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería “el 16 de marzo de 2009 en Barranquilla y remitido el mismo día por intermedio de Transportes González S.C.A. y posiblemente entregado al día siguiente al juzgado”.[2]
1.6. Posteriormente la apoderada judicial, radicó otro memorial en el cual manifestó “…por medio del presente escrito presento los alegatos del recurso de apelación instaurado en contra de la sentencia dictada dentro del proceso de la referencia y lo hago en los siguientes términos”, que si bien fue presentado ante la Oficina Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla el 18 de marzo de 2009, tan sólo fue recibido en el juzgado el 19 de marzo de 2009 cuando ya era extemporáneo.[3] Ese mismo día, también presentó incidente de nulidad contra la sentencia por violación del artículo 140 del C.P.C., numerales 5 y 6.
1.8. Con fecha 26 de marzo de 2009, la apoderada de la parte demandada presentó: (i) un primer memorial mediante el cual aclaró que el recurso presentado realmente fue de apelación y no de reposición tal como lo manifestó en el memorial de sustentación que hace parte del inicial y por tanto, el juez ha debido acudir a la facultad de interpretación para garantizar los derechos a las partes, estudiando tanto el escrito de interposición del recurso como el que lo sustenta, con lo cual habría podido establecer claramente que se trataba de un error de lenguaje;[4] (ii) un segundo memorial mediante el cual solicitó al juez se declare la ilegalidad del auto que resolvió el recurso interpuesto contra la sentencia, por haber dejado de lado su deber de interpretar y analizar de manera profunda los dos memoriales presentados por la apoderada;[5] (iii) un tercer memorial en el que interpuso “recurso de apelación contra el auto de fecha Marzo 24 (sic) de 2009, que resuelve el recurso de interposición (sic) interpuesto, y el cual sustentaré ante el superior”;[6] (iv) un cuarto memorial mediante el cual solicitó decretar la ilegalidad del auto que ordenó el cierre del período probatorio y además, del auto de fecha 15 de enero de 2009 que señala la primera fecha para la audiencia de juzgamiento y de la sentencia de primera instancia de fecha 13 de marzo de 2009.[7]
1.10. Mediante sentencia proferida el 9 de septiembre de 2009, la Sala Cuarta de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, revocó parcialmente el fallo apelado absolviendo a la empresa demandada de la condena por perjuicios morales cuantificada en la suma de $50.000.000.
1.12. De la misma forma considera violatoria de sus derechos fundamentales, la actuación adelantada por la Sala Cuarta de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería al tramitar el recurso de apelación omitiendo el deber de corregir los defectos o vicios del procedimiento que generen nulidades insaneables o en la interposición y concesión del recurso, en especial con la obligación de: “1- establecer si el recurso vertical fue interpuesto dentro de los términos establecidos por la ley; 2- Examinar la legitimación procesal para interponerlo (personería e interés); 3.-Comprobar la adecuación del recurso y la indicación del agravio, como también del vicio o error que lo motiva (sustentación); y 4.- Que la providencia apelada sea susceptible de ser atacada por este medio”.
1.13. También informa que, “encontrándome en la actual situación de incapacidad para trabajar y sin recursos de ninguna índole, no me fue posible obtener los servicios de un profesional del derecho suficientemente capacitado para llevar este asunto hasta la casación. Más sin embargo, a falta de apoderado interpuse el recurso de casación directamente, el cual fue rechazado por improcedente por la Sala Cuarta de Decisión Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.”
1.14. Por último, solicita se ordene que no existió recurso de apelación o en su defecto éste fue extemporáneo y por tanto, es nula toda la actuación posterior al auto del 20 de marzo de 2009, al quedar debidamente ejecutoriada la sentencia de primera instancia.
3.1. La acción de tutela contra providencias judiciales, tiene un claro fundamento normativo y jurisprudencial. Los artículos 2 y 86 de la Carta, reconocen su procedencia cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”
Una amplia línea jurisprudencial desarrollada por la Corte constitucional,[8] la concibe como una figura de carácter eminentemente subsidiario y excepcional. Sólo procede ante situaciones en las que no existe otro mecanismo judicial idóneo para salvaguardar un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando existiendo otro medio de defensa judicial, éste a) no resulta tan eficaz para la protección de los derechos de los asociados como la tutela, o, b) la persona afectada se encuentra ante un perjuicio irremediable.
Esta línea jurisprudencial que inicialmente se conoció bajo el concepto de “vía de hecho”, ha pasado a denominarse “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales,[9] con el propósito de superar una percepción restringida que había permitido su asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial.[10]
3.2. El primer requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistente en el agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios de defensa judicial,[11] responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador.[12] No es el camino para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas[13] en los procesos judiciales ordinarios.[14] Se trata de lograr una diligencia mínima de los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales,[15] salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración, la persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial,[16] circunstancia que deberá ser debidamente acreditada en la acción de tutela.
Así, puede proceder la acción de tutela contra una providencia judicial en dos eventos: (i) cuando ante la vulneración ostensible de derechos fundamentales mediante acciones u omisiones de los operadores jurídicos que desconozcan de manera grave o inminente tales derechos,[17] no exista otro medio de defensa judicial idóneo para proteger los derechos fundamentales invocados y la actuación judicial acusada constituya una vía de hecho o, (ii) cuando se emplee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en materia de derechos fundamentales.[18] Esta segunda hipótesis tiene lugar especialmente, cuando a la fecha de presentación de la tutela aún está pendiente alguna diligencia o instancia procesal, pero la protección constitucional provisional se requiere de manera urgente para evitar el perjuicio irremediable. En estos casos, naturalmente, la actuación constitucional resulta generalmente transitoria.
3.3. El segundo requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, el de inmediatez, reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por la vía de la acción de tutela.[19] Desde esta perspectiva, es necesario interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además la seguridad jurídica.
3.4. Por otra parte, frente a las causales específicas de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, se requiere que se consolide en la decisión judicial alguno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha considerado contrarios a la Carta. La lista que a continuación se presenta, si bien no es exhaustiva, sí registra algunos de los principales casos en los que esta Corporación ha encontrado “una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial”.[20] Tales defectos, en consecuencia, pueden ser descritos genéricamente de la siguiente forma:
(i) Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable,[21] ya sea porque[22] (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,[23] (b) es inconstitucional,[24] (c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso.[25] También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en la interpretación de la norma constitucional pertinente,[26] el cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución.[27]
Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación[28] que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[29] sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente[30] o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.[31]
(ii) Se produce un defecto fáctico en una providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió[32] la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.[33] En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”.[34] En una dimensión positiva, el defecto fáctico “abarca la valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución.”[35] Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.).[36] En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.[37]”[38]
(iv) El defecto procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al procedimiento establecido,[39] es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de cada juicio”,[40] con la consiguiente perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado.
Fuera de las causales anteriores, la jurisprudencia constitucional ha reconocido otra adicional, denominada[41] vía de hecho por consecuencia, que puede ser descrita de la siguiente forma:
(v) La vía de hecho por consecuencia se da cuando el defecto en la providencia judicial es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la causa.[42] En este caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la actuación final resulta equivocada.[43] En la sentencia T-705 de 2002,[44] la Corte precisó que la vía de hecho por consecuencia se configura especialmente, cuando la decisión judicial “(i) se bas[a] en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y (ii) tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental.”
En efecto, agotó los medios ordinarios de defensa judicial a su alcance, puesto que a través de apoderado judicial ante el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería dentro del término legal mediante memorial radicado el 21 de abril de 2009 (fl.344), presentó recurso de reposición contra la providencia judicial cuestionada de fecha 17 de abril de 2009 que concedió el recurso de apelación, el cual fue negado por el Juez al disponer la no reposición del auto atacado (fl.347). De la misma forma, en su afán de agotar los medios extraordinarios de que disponía para la defensa de sus derechos, por sí mismo y sin apoderado judicial por carecer de recursos para pagar un abogado, interpuso contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2009 por la Sala Cuarta de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería que resolvió la apelación, el recurso de casación, el cual fue negado por improcedente por el mismo Tribunal mediante providencia del 8 de octubre de 2009, “por no poseer el derecho de postulación.”(fl.47).
De conformidad con lo anterior, el accionante agotó tanto los recursos ordinarios como los extraordinarios para controvertir la decisión, aun cuando el recurso de casación interpuesto no hubiera prosperado por haberlo sustentado directamente y no a través de un apoderado judicial. Adicionalmente, existen elementos de juicio suficientes para concluir que el actor se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad que hace posible la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo de protección de sus derechos fundamentales:[45] (i) la condición de discapacidad que lo afecta producto del accidente de trabajo que le causó “lesiones de carácter progresivo,” (ii) el tiempo que ha transcurrido sin que haya podido trabajar y obtener otros recursos para su subsistencia, y (iii) el hecho de que aportó prueba sumaria sobre su precaria situación económica.
4.3. También encuentra la Sala que se cumple con el requisito referente a la inmediatez puesto que la acción se presentó en un plazo prudencial, si se tiene en cuenta que el auto cuestionado mediante el cual se concedió el recurso de apelación contra la sentencia, fue proferido por el Juez de primera instancia el 17 de abril de 2009, la sentencia de segunda instancia, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación, fue expedida el 9 de septiembre de 2009 y la presente acción de tutela fue interpuesta el 2 de febrero de 2010, es decir tan sólo un poco más de cuatro meses después de producida la última de las providencias cuestionadas.
5.2.1. El viernes 13 de marzo de 2009, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, profirió sentencia dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el accionante contra su empleador Francisco Stefano Callavini Rosin, mediante la cual declaró la existencia de dos contratos de trabajo, cuya terminación se realizó sin justa causa y además se señaló que el accidente de trabajo se produjo por culpa del empleador.[46] En tal medida, condenó al demandado a pagarle al actor, perjuicios morales y una indemnización por despido injusto,[47] a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo. La sentencia fue notificada por estrados.
5.2.2. Con nota de presentación personal del lunes 16 de marzo de 2009 ante la Oficina Judicial de Barranquilla, la apoderada judicial del demandado en el proceso ordinario laboral, presentó ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, memorial mediante el cual interpuso el recurso de reposición contra la sentencia, advirtiendo que posteriormente sería sustentado. (fl.319).
5.2.3. Con nota de presentación personal del 18 de marzo de 2009 ante la Oficina Judicial de Barranquilla, recibido con fecha 19 de marzo de 2009 en el Juzgado, la apoderada judicial también presentó escrito en el que indicó que “presento los alegatos del recurso de apelación instaurado contra la sentencia dictada dentro del proceso de la referencia…” (fl.320).
5.2.4. Con nota de presentación personal del 18 de marzo de 2009 ante la Oficina Judicial de Barranquilla, recibido con fecha 19 de marzo de 2009 en el Juzgado, la apoderada judicial presentó escrito en el que indicó que “presento INCIDENTE DE NULIDAD, por violaron (sic) al artículo 140 del CPC, numeral 4,6 y al debido proceso…” (fl.325).
5.2.5. Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2009, el Juzgado denegó por improcedente el recurso de reposición presentado por la apoderada del demandado contra la sentencia del 13 de marzo de 2009, argumentado, con base en lo dispuesto en los artículos 63 y 66 del C.P.T, lo siguiente:
“De conformidad con las normas en cita, observa el Despacho que la apoderada del demandado erró al interponer el recurso de reposición contra la sentencia adiada el 13 de marzo de 2009, pues está clase recurso (sic) no es de recibo para las sentencias, sino para los autos interlocutorios como bien lo dice el art. 63 en comento.-
Así las cosas, el Despacho atendiendo lo antes dicho, denegará el recurso de reposición impetrado por ser a todas luces improcedente.”
5.2.6. El 26 de marzo de 2009, la apoderada judicial del exempleador demandado, presentó ante el Juzgado los siguientes memoriales:
1. Memorial mediante el cual explica al Juez de primera instancia, que el recurso que se interpuso fue el de apelación y no el de reposición y por tanto ha debido el despacho estudiar no sólo el recurso interpuesto sino también el que lo sustenta, para establecer que se trataba de un error de lenguaje:
“El despacho en su sana crítica y al tener la facultad y el deber de interpretación que le otorga la ley, debió estudiar no solo el escrito de interposición del recurso sino el que lo sustenta y así de manera clara establecer que se trataba de un error de lenguaje y que el recurso interpuesto es de apelación, pues es evidente en los múltiples escritos la inconformidad contra la sentencia y es deber del juzgador utilizar la facultada (sic) de interpretación para garantizarle a las partes todos sus derechos.”
“El auto cuyo decreto de ilegalidad se solicita, viola los derechos del demandado, especialmente el de defensa, pues con ello se le cercena toda posibilidad de que la sentencia recurrida sea revisada por el superior y peor aún cuando en la dictada se dejaron de practicar pruebas, lo cual es una clara vía de hecho en su contra.”
“(…)por medio del presente escrito manifiesto al Despacho que interpongo recurso de apelación contra el auto de fecha marzo 24 de 2009, que resuelve el recurso de interposición interpuesto, y el cual sustentaré ante el superior.”
4. Memorial mediante el cual solicita se decrete “la ilegalidad del auto que ordenó el cierre del periodo probatorio, del auto de fecha enero 15/ 2009 que señala la primera fecha para llevar a cabo audiencia de juzgamiento y la sentencia de primera instancia fechada el 13 de marzo de 2009…”
Respecto del memorial mediante el cual formuló recurso de apelación contra el auto del 20 de marzo, precisó que se abstiene de concederlo “ya que no se encuentra en listado (sic) en el artículo 65 del C.S.T., para atacar dicho auto de (sic) ha debido hacer de acuerdo al artículo 68 del C.P.T.”. Negó la nulidad propuesta, en razón a que los hechos en que se fundamenta son anteriores a la sentencia, lo que va en contravía de lo dispuesto en el artículo 142 inciso 1° del C.P.C., que determina que las únicas nulidades alegables después de proferida la sentencia son las que hayan ocurrido en ella. En relación con los escritos en los que solicita la ilegalidad del auto que resuelve el recurso interpuesto con fundamento en el error cometido, explicó que “le asiste razón a la memorialista en cuanto a sus escritos, sin embargo considera el despacho que el auto atacado, no se hizo bajo los parámetros legales, es decir solicitando la reposición del mismo y en defecto se expedirán las copias pertinentes para el recurso de queja ante el Superior.[48]
“Pero no puede pasar por alto el despacho, que en efecto no tuvo en cuenta el escrito fechado 19 de marzo y sustentó el recurso interpuesto oportunamente, el motivo del mismo obedeció a la ubicación de dicho escrito en cuaderno diferente al principal; ya que si se hubiera examinado oportunamente por este operador jurídico, le hubiera dado el alcance merecido ya que por desconocer el intereses (sic) de la parte demandada el recurso de la parte demandada, hubiera sido una interpretación exegética. Por lo expuesto y atendiendo que con lo sucedido, en efecto se niega el derecho a la doble instancia y el de defensa contemplada en la Constitución Nacional, decreta la ilegalidad del auto de fecha 20 de marzo de 2009 y procede a conceder el recurso de apelación de la sentencia en el efecto sustantivo.”
5.2.9. Mediante auto del 28 de abril de 2009, el juzgado resolvió no reponer el auto del 17 de abril de 2009, argumentando que “por un error de interpretación no puede el Despacho mantener una decisión que es a todas luces violatoria del derecho de defensa a la parte demandada y el de la doble instancia, pues el yerro cometido por dicha apoderada el momento de recurrir el fallo en mención, es un lapso que cualquier togado puede cometer, pero que en el fondo lo que quiso decir la apoderada era que presentaba recurso de apelación y no de reposición y así lo entendió el Despacho, hasta el punto de que el recurso debidamente sustentado dentro del término que nos indica la Ley 8ª de 1984.”
En efecto, el auto interlocutorio de fecha 20 de marzo de 2009 se encontraba ejecutoriado para el 17 de abril de 2009, fecha en que se profirió su declaratoria de ilegalidad, si se tiene en cuenta que dentro de los dos días siguientes a la notificación por estado del auto ‑ notificación que se surtió el 24 de marzo de 2009, fijándose por un día ‑[49] transcurrieron los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2009, sin que se interpusiera el recurso de reposición para obtener la revocatoria del mismo según lo previsto en el artículo 63 del C.P.T.[50]
Según las pruebas obrantes en el expediente, si bien la apoderada judicial del demandado en el proceso ordinario laboral, presentó el día 26 de marzo de 2009 cuatro memoriales, dentro del término de ejecutoria, en dicho término, no instauró en debida forma el recurso de reposición que era el medio de impugnación procedente tratándose de autos interlocutorios. La profesional se limitó a solicitar la declaratoria de ilegalidad de los autos del 15 de enero de 2009, mediante el cual se ordenó el cierre del período probatorio dentro del proceso ordinario laboral y del proferido el 20 de marzo de 2009 que declaró improcedente la reposición contra la sentencia, precisando respecto de éste último que se trató de un error de transcripción, pues lo que verdaderamente interpuso fue el recurso de apelación y no el de reposición. En el tercero de los memoriales, interpuso recurso de apelación contra el auto del 20 de marzo, el cual fue rechazado por improcedente, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del C.P.T.,[51] que hace una enunciación taxativa de los autos que son apelables, el auto interlocutorio que deniega por improcedente el recurso de reposición contra una sentencia, no se encuentra expresamente contemplado.
En tal sentido, ejecutoriado el auto que denegó por improcedente el recurso de reposición contra la sentencia, el juez no podía decretar de oficio su ilegalidad como sucedió, ni mucho menos a petición de parte, pues la oportunidad procesal para hacerlo era a través de la interposición oportuna del recurso de reposición contra el auto interlocutorio, lo que nunca sucedió. No tuvo en cuenta el juez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 309[52] y 311[53] del C.P.C., que los autos interlocutorios sólo pueden ser aclarados o adicionados por el mismo juez dentro del término de ejecutoria y revocados o reformados mediante la interposición de los recursos de reposición y de apelación y por tanto, no pueden ser declarados ilegales en cualquier etapa del proceso.
Sobre el particular en sentencia T-519 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) la Corte afirmó que: “un auto ejecutoriado no puede ser revocado por el juez, ya que la ley procesal no establece la revocación ni de oficio ni a petición de parte después de que se produzca la ejecutoria. Tampoco puede declararse la nulidad de un acto después de ejecutoriado, ya que la parte lo consintió si no interpuso recurso o éste se resolvió, quedando ejecutoriado el proveído, y a menos que se dé una causal de nulidad que no haya sido saneada.”
A pesar de estas irregularidades, la Sala Cuarta Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, resolvió el supuesto recurso de apelación, como si hubiera sido interpuesto y sustentado en debida forma[54] y modificó el numeral primero del fallo apelado, exonerando de responsabilidad al empleador Collavini Rosin y revocó parcialmente el numeral segundo en el sentido de absolver al demandado de la condena en perjuicios morales cuantificada en $50.000.000 y confirmándola en lo demás.[55]
Primero.- REVOCAR el fallo del 15 de abril de 2010 proferido por la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el proferido el 16 de febrero de 2010 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela instaurado por Rugero Segundo Castro Otero contra la Sala Cuarta Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería. CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso solicitado por el accionante.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 9 de septiembre de 2009, proferida en segunda instancia por la Sala Cuarta de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Rugero Segundo Castro Otero contra Francisco Collavini Rosin.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTO el auto del 17 de abril de 2009, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Rugero Segundo Castro Otero contra Francisco Collavini Rosin mediante el cual decretó la ilegalidad del auto de fecha 20 de marzo de 2009 y concedió el recurso de apelación de la sentencia en el efecto suspensivo.
Cuarto.- DEJAR EN FIRME el auto del 20 de marzo de 2009, proferido por el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Rugero Segundo Castro Otero contra Francisco Collavini Rosin mediante el cual se denegó el recurso de reposición impetrado por la apoderada judicial del demandado contra la sentencia del 13 de marzo de 2009, por ser improcedente. Tal sentencia quedó ejecutoriada y constituye el título jurídico de los derechos que contiene.
[1] Folios 176 al 177 del cuaderno principal.
[2] Folio 296, Cuaderno 4 de pruebas.
[3] Folio 297, Cuaderno 4 de pruebas.
[4] Folio 307, Cuaderno 4 de pruebas.
[5] Folio 308, Cuaderno 4 de pruebas.
[6] Folio 309, Cuaderno 4 de pruebas.
[7] Folios 310-312, Cuaderno 4 de pruebas.
[8] Consultar al respecto, entre otras, las sentencias C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-079 de 1993(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-329 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-483 de 1997 (MP: Vladimiro Naranjo Mesa); T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-458 de 1998 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SU-047 de 1999 (MPs. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz); SU-622 de 2001 (MP. Jaime Araújo Rentería); SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra); T-441 de 2003 (MP: Eduardo Montealegre Lynett); T-029 de 2004 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); T-1157 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-778 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-237 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-448 de 2006 (MP. Jaime Araújo Rentería); T-510 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-953 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-104 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-387 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-446 de 2007 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-825 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-1066 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-243 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-266 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil); y T-423 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[9] Ver las sentencias T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas); y T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), entre otras.
[10] Da cuenta de esta evolución la Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[11] Ver las sentencias T-441 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-742 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas) y T-606 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.
[12] Sentencia SU-622 de 2001 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[13] Sentencias C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández); T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-511 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); SU-622 de 2001 (MP. Jaime Araujo Rentería) y T-108 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
[14] Sentencia T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[15] Sentencia T-116 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[16] Sentencias T-440 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda), T-329 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo) y T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[17] Sentencia T-1009 de 2000 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[18] Sentencias SU-1159 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis) y T-578 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[19] Sentencia T-578 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[20] Sentencia T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[21] Sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[22] Sentencia SU-120 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[23] Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
[24] Sentencia T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[25] Sentencia SU-1185 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández).
[26] Ver las sentencias T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) y T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[27] Ver las sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynnet); T-1625 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[28] Sentencias T-114 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y T- 1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas).
[29] Sentencias T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); SU-640 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-462 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[30] Sentencias T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-193 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz) y T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[31] Sobre el tema pueden consultarse además, las sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-1625 de 2000 (Martha Victoria Sáchica Méndez), T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[32] Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
[33] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[34] Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
[36] Ver la sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
[37] Cfr., sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[38] Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
[39] Sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[40] Sentencia SU-1185 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández).
[41] Sentencias T-462 de 2003 y T-441 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y T-047 de 2005. (MP. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.
[42] Ver, entre otras, las Sentencias SU-014 de 2001 (MP. Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-1180 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[43] Sentencia T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[44] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[45] Ver entre otras las sentencias T-799 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño); T-580 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-619 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[46] Folios 282 a 294 del cuaderno principal.
[47] Por valor de $50.000.000 y $204.000 respectivamente.
[48] No consta en el expediente de tutela, información sobre si el recurso de queja fue tramitado ni la forma como fuera resuelto, en el evento en que hubiera sido efectivamente tramitado.
[49] El día lunes 23 de marzo de 2009, era un día feriado y por tanto no hábil para la contabilización de los términos.
[50] La citada disposición estipula: “ART. 63.- Procedencia del recurso de reposición. El recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estados y se decidirá a más tardar tres días después. Si se interpusiese en audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el juez decretar un receso de media hora”.
[51] El mencionado artículo dispone: “ART. 65.—Modificado. L. 712/2001, art. 29.Procedencia del recurso de apelación. Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: /1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada./2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros./3. El que decida sobre excepciones previas./4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba./5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida./6. El que decida sobre nulidades procesales./7. El que decida sobre medidas cautelares./8. El que decida sobre el mandamiento de pago./9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo./10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo./11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho./12. Los demás que señale la ley. /El recurso de apelación se interpondrá: /1. Oralmente, en la audiencia en que fue proferido el auto y allí mismo se concederá si es procedente./2. Por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. El juez resolverá dentro de los dos (2) días siguientes./Este recurso se concederá en el efecto devolutivo enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, salvo que la providencia recurrida impida la continuación del proceso o implique su terminación, caso en el cual se concederá en el efecto suspensivo./El recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención de las copias dentro de los cinco (5) días siguientes al auto que concedió el recurso. En caso contrario se declarará desierto./Las copias se autenticarán gratuitamente por el secretario. Cumplido lo anterior deberán enviarse al superior dentro de los tres (3) días siguientes./La sentencia definitiva no se pronunciará mientras esté pendiente la decisión del superior, cuando ésta pueda influir en el resultado de aquella.”
[52] La citada disposición establece: “ART. 309 .—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 139. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. /La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término./El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.” (Subrayado fuera del texto).
[53] La norma estipula: “ART. 311.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 141. Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término. /El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. /Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismos término.” (Subrayado fuera del texto).
[54] Folio 36, Cuaderno 4 de pruebas.
[55] Folios 36 a 43, Cuaderno 4 de pruebas.

References: artículo 66
 artículo 10
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 65
 artículo 68
 artículo 142
 artículo 63
 artículo 65
 resolución