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﻿ Sentencia SL16218-2014 de noviembre 26 de 2014
SENTENCIA SL16218-2014 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:MODIFICAR PLANTAS DE PERSONAL NO ES SUFICIENTE PARA DECLARAR INTERÉS PÚBLICO QUE PRIME SOBRE GARANTÍAS CONVENCIONALES Y ESTABILIDAD LABORAL. ANTE CONFLICTO O CONTRADICCIÓN ENTRE ESTIPULACIONES CONVENCIONALES QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LAS NORMAS LEGALES O CONSTITUCIONALES QUE FACULTEN LA REESTRUCTURACIÓN EN ENTIDADES OFICIALES, PRIMA EL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR. SIN EMBARGO, ESE INTERÉS GENERAL NO PUEDE TENER AUTOMÁTICO ACOMODO FRENTE A CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO QUE PROVENGA DE UN ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN TERRITORIAL TENDIENTE A MODIFICAR, AJUSTAR O DISMINUIR LA PLANTA DE PERSONAL Y QUE TRAIGA CONSIGO LA SUPRESIÓN DE CARGOS, MÁXIME CUANDO NO ESTÁ ACREDITADO EL INTERÉS SUPERIOR, QUE PERMITA HACER PREVALECER LOS INTERESES PÚBLICOS SOBRE LOS DERECHOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SE ACLARA QUE UNA SIMPLE MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DISPUESTA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD CON LA QUE SE AJUSTA LA PLANTA DE PERSONAL Y SE SUPRIMEN CARGOS, NO ES SUFICIENTE PARA DECLARAR LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS PÚBLICO QUE TENGA PRIMACÍA SOBRE LAS GARANTÍAS CONVENCIONALES DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, CONVENCIÓN COLECTIVA, RECURSO DE CASACIÓN, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA, PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA
Sentencia SL16218-2014 de noviembre 26 de 2014
Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil catorce
Pretende el recurrente que la Corte CASE totalmente la sentencia recurrida y en sede de instancia revoque el fallo absolutorio de primer grado, para en su lugar se declare nulo el despido por violación del contrato de trabajo y la convención colectiva de trabajo, y como consecuencia de lo anterior, se condene a la entidad demandada a reintegrar al actor, sin solución de continuidad, al cargo que desempeñaba al momento del retiro, y a pagarle en forma indexada los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, legales y convencionales compatibles con el reintegro, o en subsidio al mayor valor adeudado por concepto de indemnización convencional por despido, la sanción moratoria o indemnización por perjuicios, lo que resulte ultra o extrapetita, y se provea lo que corresponda por costas.
Con tal propósito formuló tres cargos, por la causal primera de casación que serán estudiados en el orden propuesto, los cuales merecieron réplica.
Acusó por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, respecto del CST artículos. 467, 468, 469, 476, 478 y 479, en relación con los artículos 3º y 4º ibidem, ello dentro de la preceptiva del Decreto 2651/1991 artículo 51.
La recurrente, para sustentar el ataque, sostuvo que la interpretación del tribunal, según la cual debe primar el interés general para el caso la restructuración de la entidad demandada, sobre el interés particular que es la estabilidad convencional o reintegro, ello con base en el antecedente jurisprudencial sentencia de la CSJ SL, 22 agosto. 2001, Radicación. 16.165, y el concepto del Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil Nº. 1470 del 5 diciembre. 2002, resulta equivocada por las siguientes razones:
1. A diferencia del caso que allí decidió la Sala, en el proceso que ocupa hoy la atención de la Sala, la primacía del interés general sobre el particular no fue materia de litigio.
2. Tampoco se habló de régimen especial, ni de conflicto entre la norma convencional y los preceptos legales que por excepción permite la supresión de cargos, ni de reestructuración a la luz del artículo 20 transitorio de la CN.
3. El Tribunal convirtió en regla general lo que, para el Constituyente, es la excepción.
4. Extendió a las entidades territoriales, en este caso al distrito capital, la facultad de reestructuración contenida en el artículo 20 transitorio de la Carta Política, otorgada pro tempore (18 meses) al ejecutivo nacional, sin respaldo constitucional alguno.
5. Y, en el hipotético caso de que pudiese extender a los municipios el mencionado artículo 20 transitorio de la Carta Política, nótese que el término de vigencia venció hace varios años, razón por la cual también procede infirmación de la sentencia atacada.
6. El régimen especial aquí es absolutamente inexistente ya que en los considerandos de la parte motiva de la Resolución administrativa 3 de 2001, por la cual la junta directiva de la demandada “(…) modifica la planta semiglobal de personal” no se mencionan normas constitucionales, ni legales, luego claramente se tiene que mal hizo el ad quem al poner a privar normas constitucionales inexistentes sobre las convencionales que estatuyen la estabilidad laboral. Se trata, si se quiere, de una simple modificación de la planta de personal dispuesta por el propio empleador sin intervención siquiera del Concejo de Bogotá D.C. o del Alcalde Mayor quienes, en su orden, crearon al IDRD y/o ejercen la tutela gubernamental.
7. Por lo demás, a pesar de la modificación de la planta de personal, la empresa subsiste.
Síguese entonces que el Tribunal, al no aplicar la convención colectiva apoyado en las sentencias en cuestión, interpretó erróneamente las normas enlistadas en la enunciación del cargo y, en tales condiciones, fuerza colegir que el cargo ha de prosperar no sin antes agregar que, como lo sostiene la Corte en la sentencia de septiembre 13 de 2006 (Rad. 26539), no se puede afectar el derecho del trabajador a la estabilidad laboral y que, la modificación de la planta de personal, no impide la aplicación de la convención, amen que, conforme a ley (art. 72 del D.L. 1042/1978 y 7º del D. 1950/1973), el patrono oficial, coetánea o sucedáneamente con la modificación de la planta, está en la obligación de determinar los cargos de trabajadores oficiales y crear los empleos necesarios para el cumplimiento de las funciones para las cuales fue creado, funciones que, como el mantenimiento de parques, escenarios deportivos, atracciones mecánicas, así como la construcción de nuevos escenarios, no pueden prestarse con los empleados públicos como los que fueron incorporados a raíz de la modificación de la planta.
Además, la tesis expuesta por la Honorable Corte en la sentencia en que se apoya el tribunal tampoco resulta aplicable al caso del censor -trabajador oficial del Distrito Capital en el instituto accionado- habida consideración que, como lo dejó adoctrinado la Sala de Casación Laboral en la sentencia de septiembre 16 de 2008 (Rad. 33.004), tal postura jurisprudencial no puede hallar automático acomodo frente a cualesquier acto administrativo tendiente a ajustar o disminuir la planta de personal porque ningún sistema de derechos está garantizado si su disfrute pende del que el deudor ejercite o no acciones. Y, continúa, porque:
“(…) el mero acto administrativo de la entidad demandada por la que se auto-autorizó para ajustar su planta de personal y suprimir cargos, no es suficiente para declarar la existencia de un interés público que tenga primacía sobre la eficacia de las garantías convencionales de estabilidad de empleo a las necesidades de la administración (…)”.
Lo anterior fue reiterado por la Sala de Casación Laboral en los fallos de septiembre 30 de 2008 (Rad.34187), octubre 17 de 2008 (Rad. 30.105), abril 28 de 2009 (Rad. 35252) y, recientemente, en octubre 14 de 2009, ocasión esta última en la cual precisó que, en tratándose de “simples modificaciones de la planta de personal”; como es en caso que hoy ocupa su atención “desaparece el conflicto entre la satisfacción del interés general y el individual” (Rad. 35.635. MP. Dr. Camilo Tarquino Gallego), pronunciamientos estos en los que teniendo como accionado el IDRD, la Honorable Corte Suprema, al casar las sentencias de segundo grado, declaró nulo los despidos y decretó el reintegro convencional con el consecuente pago indexado de lo dejado de percibir.
Remató diciendo que si el tribunal no hubiera incurrido en ese yerro hermenéutico, no habría confirmado el fallo de primera instancia y en su lugar hubiera ordenado el reintegro convencional, lo que lleva a que se case la sentencia impugnada y en sede de instancia se acceda a las súplicas principales de la demanda inicial, tal como se solicitó en el alcance de la impugnación.
Al confutar los cargos, la oposición presenta una réplica conjunta de los cargos primero y segundo, para lo cual sostiene que adolecen de la falencia técnica consiste en que frente a unas misma normas, se están acusando dos conceptos de violación diferentes, esto es, en el primer cargo la interpretación errónea y en el segundo cargo la aplicación indebida, lo que resulta inadmisible. Dijo en cuanto al fondo del asunto, que el tribunal no se equivocó al confirmar la absolución de primer grado, porque se amparó en lo señalado en el Decreto 2127/1945 artículos 47 literal g) y 51, que faculta al empleador oficial a dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, para el caso con el pago de la correspondiente indemnización convencional consagrada en el artículo 30 de la CCT literal c), estipulación extralegal que no prevé una situación de inamovilidad de los trabajadores oficiales, sino el reconocimiento de una indemnización de perjuicios por la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, lo que significa que ninguna norma ampara el reintegro al cargo del demandante y por el contrario el IDRD tenía la potestad de poner fin a la relación laboral por supresión del cargo por reestructuración administrativa, y por ende no hay violación alguna de la ley sustancial.
Como se puede observar el cargo propone a la Corte, el tema relativo a la estabilidad de los trabajadores oficiales del IDRD, para lo cual le atribuye al tribunal el yerro jurídico al darle prelación al interés general sobre el particular a la luz de la C.N artículo 20 transitorio, cuando ese mandato constitucional no resulta dable extenderlo de manera general a las entidades territoriales, además que una simple modificación de la planta de personal dispuesta por la Junta Directiva de la entidad con la que se ajusta la planta de personal y se suprimen cargos, no es suficiente para declarar la existencia de un interés público que tenga primacía sobre las garantías convencionales de estabilidad en el empleo, y en tales circunstancias desaparece el conflicto entre la satisfacción del interés general y el individual que alude el antecedente jurisprudencial en que se apoyó el juez de apelaciones, procediendo en consecuencia el reintegro impetrado.
Vista la motivación de la sentencia impugnada, la colegiatura en el punto relativo al reintegro deprecado, argumentó con base en un antecedente jurisprudencial de la Sala (Rad. 16165 del 22 agosto 2001), que en este asunto a juzgar se presentaba un conflicto o contradicción entre estipulaciones convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo y las normas legales o constitucionales que faculten la reestructuración en entidades oficiales, primando el interés general sobre el particular, y que en tales condiciones no hay lugar al reintegro convencional del accionante.
Pues bien, planteadas así las cosas, la razón está de parte del recurrente y no del tribunal. En efecto, la postura jurisprudencial en que está soportada la decisión de segunda instancia, según la cual las normas de carácter general dictadas en relación con la estructura, organización y desarrollo de las funciones de las entidades públicas, que persigan una finalidad como la plasmada en el artículo 20 transitorio de la Carta Política, que están revestidas de un rango de prelación sobre aquellas que consagran derechos laborales individuales y aún colectivos de trabajo; no puede tener automático acomodo frente a cualquier acto administrativo que provenga de un ente descentralizado del orden territorial tendiente a modificar, ajustar o disminuir la planta de personal y que traiga consigo la supresión de cargos, máxime cuando no está acreditado el interés superior, que permita hacer prevalecer los intereses públicos sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores.
Ciertamente la Sala tuvo la oportunidad de estudiar el tema con relación a la entidad demandada Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte- IDRD, y en sentencia de la CSJ SL 576-2013, 21 agosto. 2013, Radicación. 42766, proferida en un proceso adelantado contra esa entidad territorial que comparte características similares al presente caso, al respecto puntualizó:
(…) la Sala encuentra oportuno anotar que fue acertada la apreciación del juzgador de segundo grado referente a que, si bien es cierto que esta corporación tiene sentado que en los casos en los que se enfrentan disposiciones promulgadas en el ámbito de reestructuración del Estado, que comportan la obligada supresión de cargos, frente a normas laborales o convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo, se debe dar predominio a las primeras, por garantizar un bien superior frente a intereses particulares; también es verdad que este criterio no opera en casos semejantes al que se estudia, en los que no aparece que sea objetivo el acto administrativo de modificación o ajuste de la planta de personal, de la cual deriva la obligada supresión de cargos, pues la autonomía administrativa con que cuentan las entidades descentralizadas del orden territorial no puede entenderse ilimitada, por cuanto que tal determinación debe estar precedida de estudios especializados que aconsejen el reordenamiento administrativo, justificando con ello la realización de un interés superior, que permita hacer prevalecer los intereses públicos sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, supuestos que, se advierte, no se cumplieron en este asunto. Esto por cuanto que en este caso resultaría suficiente que en la comunicación del despido dirigida al demandante se aduzca que esa decisión obedece a la supresión legal del cargo en la planta de personal de la entidad, pues por tratarse de una entidad del orden territorial se requería además la demostración relativa a que ese acto administrativo estuvo precedido de estudios serios que aconsejaran el reordenamiento administrativo, para con ello desvanecer cualquier duda en torno a un actuar de la administración que oculte un interés de desvincular trabajadores amparados con estabilidad convencional; circunstancia de la que no se ocupa la acusación pues no acomete en ninguno de los cargos el propósito de probar que la supresión de cargos en la entidad, y entre ellos el del actor, fue el resultado de un análisis ponderado de las razones que sugerían una restructuración de la planta de personal del IDRD.
“Por esta razón el mero acto administrativo de la entidad demandada por la que se auto - autorizo para ajustar su planta de personal y suprimir cargos, no es suficiente para declarar la existencia de un interés público que tenga primacía sobre la eficacia de las garantías convencionales de estabilidad de empleo a las necesidades de la administración; esta debe resultar de estudios que aconsejen el reordenamiento administrativo, y que persuadan de cómo el sacrificio de los trabajadores que pierden su empleo, se justifica por la realización de un interés superior, como el de hacer más eficaz, o menos superflua la administración, o para propender al nivel de gasto que le permite su situación financiera.”
Así las cosas, como las anteriores directrices encajan perfectamente en el sub lite, se concluye que el tribunal al aplicar automáticamente la postura jurisprudencial en que se apoyó, sin entrar a analizar si estaba o no acreditado ese interés superior o general derivado de la restructuración de la planta de personal del IDRD, incurrió en el yerro jurídico endilgado y, por ende, se casará la sentencia impugnada, sin que sea necesario el estudio de los dos restantes cargos por cuanto los mismos persiguen igual cometido.
Como consideraciones de instancia además de las expresas al resolver el cargo, debe agregarse que en esta litis está por fuera de debate la existencia del contrato de trabajo del demandante y su calidad de trabajador oficial.
Del mismo modo, es incuestionable que la desvinculación del actor, según lo muestra la carta de despido fechada 30 de abril de 2001, obedeció a la “supresión legal de su cargo en la planta de personal de la Entidad, hemos decidido dar por terminado unilateralmente, a partir del día de hoy, el contrato de trabajo que está vigente con usted desde el 16 de Enero de 1973, de acuerdo con lo establecido en las normas legales” (fl. 13 del cuaderno del Juzgado).
Dicha restructuración se produjo por decisión de la junta directiva del IDRD, quien expidió la Resolución 3º del 26 de abril de 2001, con la cual modificó la planta semiglobal de empleos públicos y trabajadores oficiales, suprimiendo el cargo que venía desempeñando el actor, como da cuenta la Resolución 258 de 16 mayo de 2001 (fls. 46 y 47 ibidem).
La citada resolución de la junta directiva 3º del 26 de abril de 2001 obra a folios 181 a 186 idem y si bien allí se alude a las facultades de la junta directiva y que se adelantó un estudio técnico para modificar la planta de personal, la verdad es que no se acompañaron los respectivos estudios especializados y serios que aconsejen el reordenamiento administrativo de la entidad demandada, que de alguna manera justifiquen la supresión de cargos, entre ellos el del demandante, así como que acrediten la existencia de un interés superior que deba primar sobre los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
De suerte que, como se puso de presente en el antecedente jurisprudencial que rememora la Sentencia SL 576 -2013, esto es, la Sentencia CSJ SL, 16 sep. 2008, Radicación. 33004, el ejercicio de la autonomía administrativa de la que gozan las entidades descentralizadas territoriales o distritales, no es garantía per se de tratarse de actuaciones que estén revestidas de la excepcionalidad y racionalidad que se exige para que prevalezca el interés público, sobre derechos convencionales, sin que el mero acto administrativo de la junta directiva del IDRD es suficiente para demostrar ese “interés público”.
Conviene traer a colación lo enseñado en la Sentencia de la CSJ SL, 22 jul. 2008, Rad. 31061, sobre el interés público superior, en la que se precisó:
Importa precisar que si bien la jurisprudencia ha aceptado de tiempo atrás la imposibilidad del reintegro del trabajador en frente de la supresión de cargos originada en medidas de reestructuración de los entes públicos, tal postura ha sido asumida sobre el supuesto de que dichas medidas no sean producto del sucesivo arbitrio del administrador público, sino que lo sean del plegamiento del interés particular ante intereses superiores.
Tales intereses superiores en el sector público, entiende la Corte, deben estar enmarcados en políticas oportunas y necesarias, pero siempre excepcionales, de modernización de los entes del Estado e, inclusive, de racionalización del gasto público, las cuales de ninguna manera pueden reflejarse en prácticas rutinarias o repetitivas, pues en este último caso, sin duda, se estará frente a situaciones que atentan contra el principio rector de la continuidad en el trabajo y estabilidad en el empleo.
Siendo el trabajo elemento fundante del Estado Social de Derecho —C.P., art. 1º.—; uno de sus principios fundamentales el de la estabilidad en el empleo —art. 53 ibídem--; y directriz del papel del Estado como interventor en la economía la promoción de políticas de pleno empleo —art. 334 ibídem—, no resulta concebible ni aceptable que se utilicen arbitrariamente mecanismos que por su particular naturaleza sólo están llamados a conjurar situaciones especialísimas que afectan el soporte financiero y fiscal de los entes públicos, o a generar un mejor estar social al modernizar las estructuras orgánicas del Estado, como ocurrió con el artículo 20 transitorio de la Constitución Política de 1991, para citar un ejemplo.
Por ello, precisa la Corte, no es regla inflexible el que la mera invocación de la supresión del cargo por razón de políticas de reestructuración administrativa en el sector público sirva de acicate a la imposibilidad del reintegro del trabajador, cuando quiera que en los actos jurídicos que regulan su relación laboral aparezca establecida dicha prerrogativa cuando esta se termina sin justa causa por parte de su empleador, pues ante tal previsión se debe advertir si tales procedimientos se corresponden de manera idónea con el interés superior que se predica en ellas.
Dicha situación se hace más patente en frente de intereses de similar o superior rango a los que se pretenden proteger con las mentadas medidas, como lo son los que corresponden al derecho de asociación sindical y a la negociación colectiva —arts. 39 y 55 ibidem—, pues, en tales casos, tanto la supervivencia de la agremiación sindical, como el mismo derecho colectivo de los trabajadores a la negociación de unas mejores condiciones de trabajo, pueden verse injustamente frustrados.
De suerte que si ante la arbitrariedad de las medidas adoptadas por el empleador oficial, la protección foral que el legislador ha diseñado en pro de la defensa y aseguramiento del instrumento de la negociación colectiva como vía expedita e idónea en la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo, pierde su razón de ser, lesionando así esos caros postulados del Estado Social de Derecho, no es aplicable la tesis de la improcedencia del reintegro o de la nulidad del despido, pues, sin duda, los que proceden son estos.
De suerte que, la supresión del cargo del demandante por la restructuración administrativa del IDRD, mediante un acto administrativo emanado de su junta directiva, no cumple con los cometidos o criterios para la aplicación del artículo 20 transitorio de la Carta Política, en los que de manera realmente excepcional o urgente y con apoyo en estudios financieros y administrativos que así lo indiquen, se requiera de modificación a la planta de personal de la citada entidad oficial, que implique la necesidad de suprimir empleos para racionalizar el gasto público y hacer más eficiente la gestión administrativa.
De modo que, el discernimiento jurisprudencial que permite la supresión de cargos con aplicación del artículo 20 transitorio de la C.N, no puede tener cabida en el caso específico de la mera decisión de la junta directiva que optó por suprimir la planta semiglobal de personal del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
En tratándose de trabajadores oficiales, como lo ha explicado reiteradamente esta Sala, la extinción de los contratos de trabajo de los trabajadores afectados con la supresión de puestos de trabajo con características como la que acá se estudia, no podrá ser considerada como un despido con justa causa y en tal caso no perderán eficacia las normas contractuales o convencionales que garanticen la estabilidad en el empleo.
No es materia de discusión que el accionante es afiliado a la organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del IDRD.-“Sintraired”, firmante de la convención colectiva de trabajo, al igual que beneficiario de la convención colectiva de trabajo, pues ello fue aceptado como cierto desde la contestación a la demanda inaugural y se ratifica con las certificaciones de folios 293 a 319.
El texto de la convención colectiva de trabajo que aparece con constancia de depósito de la Dirección Regional de Bogotá-Cundinamarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y una vigencia de cuatro años comprendida, artículo 3º, entre el 1º de enero de 1999 y 31 de diciembre de 2002, obra a folios 407 a 431 del cuaderno principal, en el capítulo quinto de estabilidad artículo 30, reza:
a) Todos los contratos de trabajo que celebre el Instituto, serán a término indefinido con excepción de aquellos que sean necesarios para ejecutar un trabajo ocasional y transitorio.
b) El Instituto para la Recreación y el Deporte, sólo podrá dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo, cuando se presente una de las justas causas previstas en la legislación laboral, el mismo contrato individual y el reglamento interno de trabajo del Instituto o el estatuto que haga sus veces.
c) El IDRD para dar por terminado un contrato de trabajo sin justa causa en forma unilateral, no hará uso del plazo presuntivo, y en su lugar aplicará la tabla indemnizatoria que a continuación se señala para los contratos a término indefinido
Para efectos de liquidación de la presente tabla de indemnización, se tendrá en cuenta como factor salarial el último quinquenio pagado al trabajador (a) oficial además de los factores salariales ya establecidos para la liquidación de cesantías, en la normativa vigente.
A su turno, el artículo 55 de la CCT–Procedimiento Disciplinario, es del siguiente tenor:
“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. En relación con la aplicación del régimen disciplinario; no producirá efecto alguno la sanción disciplinaria o la terminación unilateral del contrato de trabajo por causas disciplinarias, por violación del contrato, o el reglamento interno o al estatuto que haga sus veces, cuando el despido sea sin justa causa, o cuando aduciendo esta se pretermita el trámite previsto en la ley. En consecuencia, el trabajador tendrá derecho a que se anule la sanción o el despido y a que se restablezca en su derecho, mediante el pago de lo dejado de percibir por causa de la sanción, o se le reintegre en caso de despido; se le pagarán los salarios y prestaciones sociales, legales y convencionales, con los incrementos causados dejados de percibir y a que se tengan para todos los efectos laborales como sin solución de continuidad en la relación contractual.” (El texto resaltado y subrayado es de la Sala).
Las anteriores cláusulas convencionales han tenido diversas y razonadas interpretaciones por parte de los diferentes juzgadores de instancia, las cuales la Corte actuando como Tribunal de casación ha venido respetando, pues ante diferentes entendimientos no puede configurarse un error de hecho con el carácter de ostensible.
Sin embargo, como en esta oportunidad el análisis de las citadas estipulaciones convencionales corresponde hacerlo a la Corte como Tribunal de instancia, para estos precisos efectos se acoge la intelección que la Sala le dio a tal prueba en la sentencia CSJ SL-576-2013 proferida en un proceso anterior contra el mismo IDRD en el que se declaró la nulidad del despido y se ordenó el reintegro de un trabajador oficial que se le canceló su contrato de trabajo por “supresión legal del cargo en la planta de personal de la entidad”, con fundamento en la resolución de marras expedida por la junta directiva de dicha entidad, en la que se precisó:
“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. En relación con la aplicación del régimen disciplinario; no producirá efecto alguno la sanción disciplinaria o la terminación unilateral del contrato de trabajo por causas disciplinarias, por violación del contrato, o el reglamento interno o al estatuto que haga sus veces, cuando el despido sea sin justa causa, o cuando aduciendo esta se pretermita el trámite previsto en la ley. En consecuencia, el trabajador tendrá derecho a que se anule la sanción o el despido y a que se restablezca en su derecho, mediante el pago de lo dejado de percibir por causa de la sanción, o se le reintegre en caso de despido; se le pagarán los salarios y prestaciones sociales, legales y convencionales, con los incrementos causados dejados de percibir y a que se tengan para todos los efectos laborales como sin solución de continuidad en la relación contractual.” (El texto resaltado es de la Sala)
‘“El texto convencional contempla dos hipótesis generadoras del reintegro originado en la ineficacia de la decisión del empleador: una, que no haya justa causa para el despido; y otra, que se invoque la justa causa pero se pretermita el trámite convencional previo al despido. La primera hipótesis es genérica, nada la limita, y por fuerza de la redacción debe comprender la no invocación de una justa causa y la invocación de un motivo que no tenga esa entidad. Invocar la insubsistencia del cargo de un trabajador sometido a un contrato de trabajo en el que es extraña tal figura corresponde en términos de la norma convencional, a que “el despido sea sin justa causa”, porque si el patrono acude ilegalmente a la insubsistencia con ello adopta una decisión unilateral y esta decisión, por sí sola, no es una justa causa. Además, dentro de las situaciones que la ley prevé como justa causa de despido, no se incluye la insubsistencia, lo cual es natural dado que corresponde, como se dijo, a una figura ajena a una relación de carácter contractual.,”(Rad. 9097-6 de diciembre de 1996).
Así las cosas, procede declarar nulo el despido del demandante y ordenar su reintegro, con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
En cuanto a la indexación de lo dejado de percibir, con sentencia complementaria de la CSJ SL, 2 agosto 2011, Rad. 36745, la Sala rectificó el criterio anterior según el cual se estimaba que no era procedente la indexación de los salarios dejados de percibir, cuyo pago es consecuencia de un reintegro, para en su lugar fijar la nueva postura que actualmente impera y se reitera, consistente que en relación con este concepto también cabe la actualización para evitar una pérdida del poder adquisitivo de las sumas adeudadas. En esa oportunidad se adoctrinó:
(…) ese discernimiento ha sido revisado, pues el criterio jurídico que ahora orienta las decisiones de la Sala indica que, si a pesar de que se ordene su reajuste de conformidad con la ley o la convención colectiva, si sobre esos salarios dejados de percibir se presenta una pérdida del poder adquisitivo, tal situación debe ser judicialmente corregida, para actualizar su valor.
Y ello es así porque, desde antaño, se ha enfatizado sobre la procedencia de la indexación de las obligaciones laborales cuando estas resultan reducidas por la pérdida del poder adquisitivo del dinero durante el transcurso del tiempo, como lo asentó en la sentencia de 31 de julio de 1991, Radicación 4180, Gaceta Judicial, Tomo CCXIV, páginas 171 y 172, cuya parte pertinente es del siguiente tenor:
“Ha sido posición asumida por esta Sección de la Sala Laboral desde la sentencia del 18 de agosto de 1982, y últimamente, y por mayoría de sus miembros, también por la Sección Segunda, a partir de suya del 8 de abril próximo pasado, la de que por imperio de la justicia y la equidad debe reconocerse, en el campo del derecho laboral, la operancia del fenómeno jurídico conocido como corrección monetaria o indexación.
“Acerca del fundamento mismo de este fenómeno expresó esta corporación el 31 de mayo de 1988 (Rad. 2031):
“En conclusión, con base en los principios filosóficos del derecho que consagran los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, los postulados que se han dejado analizados son aplicables al presente asunto, toda vez que no es justo que el trabajador soporte sobre sí todo el riesgo de la depreciación monetaria y que se le obligue a recibir un pago con moneda que evidentemente tiene un poder adquisitivo menor...” (G.J. CXCIV, 1º parte, pág. 569).
“Y la Sección Segunda de esta Sala, en la sentencia a que arriba se hizo referencia, expresó sobre el particular:
“Sin lugar a dudas los textos legales mencionados (se refiere al art. 8º de la Ley 153 de 1887 y al 19 del Código Sustantivo del Trabajo), señalan las pautas para que frente a una situación concreta y objetiva y ante la ausencia de la norma exacta aplicable, se pueda acudir a otras disposiciones que regulen materias semejantes y a falta de ellas a las reglas generales del derecho.(...) De vieja data, la jurisprudencia de esta Sala ha preceptuado que es factible acudir por recepción a las normas del derecho común, si el punto no ha podido ser resuelto por analogía con las propias disposiciones laborales y se han agotado las demás fuentes del derecho del trabajo (casación, 25 de mayo de 1963, D. Del T., Vol. XXXVIII –números 223-223-, pág. 55). De aceptarse la posición contraria, o sea la propuesta por la censura, que las disposiciones acusadas sólo contienen declaraciones de carácter general y abstracto, sin ninguna otra posibilidad y que no sirven de soporte para resolver el caso litigioso, llegaríase a la conclusión simple de que frente a una controversia laboral y ante la ausencia de norma expresa no es procedente buscar su solución a través de otras u otras fuentes del derecho del trabajo. Si la ley laboral no consagra una norma positiva que regule el punto controvertido, el artículo 19 del código le enseña que debe hacerlo adoptando otras semejantes o similares dentro de las propias leyes sociales y si ello no es posible, ir más allá hasta los principios generales del derecho, que no se opongan a las primeras, respetando siempre el principio de equidad” (sentencia del 8 de abril de 1991, Rad. 4087, aún no publicada en Gaceta Judicial. El primer paréntesis no es del texto)”.
Por manera que cuando ha transcurrido un tiempo más o menos prolongado que produzca el efecto de disminuir el valor real de las acreencias laborales insolutas, de tal suerte que no tengan ellas, al momento de ser solucionadas, el mismo valor intrínseco que tenían cuando debió ser cumplida la obligación, resulta procedente su indexación.
Es por ello por lo que ese reajuste no implica variación de la moneda con que debe ser cubierta la respectiva obligación, sino la actualización de su valor, en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las acreencias del trabajador en los mismos términos que cuando debieron pagarse.
La evolución del mecanismo de la indexación laboral ha permitido aplicarlo cuando se trata de acreencias laborales insatisfechas exigibles con anterioridad a la fecha de su solución, por ser indiscutible que si la justicia no acude a restablecer ese derecho, las consecuencias de la depreciación monetaria actúan de forma demoledora sobre la obligación social, permitiendo un enriquecimiento sin causa en el deudor.
Y en el caso de salarios y prestaciones sociales dejados de pagar entre la fecha de la desvinculación del trabajador y la de su reinstalación en el empleo, por decisión judicial, esto dijo la Corte en la sentencia de 23 de noviembre de 2010, Radicación 33677, a la que pertenecen los siguientes párrafos:
“Esta corporación en providencia de 5 de octubre de 1998, Radicación 11017, definió el tema que aquí se examina en los siguientes términos:
“Nuestro ordenamiento jurídico laboral, aún en vigencia de la Constitución de 1991, consagra la posibilidad del despido sin justa causa con el pago de la indemnización contemplada en el artículo 6° de la Ley 50 de 1990 que subrogó el artículo 8° del Decreto 2351 de 1965. Por eso cuando el artículo 25 establece la prohibición legal expresa de despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores, desde que presentaron el pliego hasta que se resuelva el conflicto, el efecto no puede ser la indemnización, pues se estaría frente a la repetición del resultado previsto en la disposición consagrada en el artículo 8°, lo que resulta a todas luces impropio, por lo que debe interpretarse la norma de manera que produzca un resultado diferente, que corresponde al expresado anteriormente de no producir la decisión patronal el efecto natural de todo despido, aun injusto, que es la terminación del contrato. Esa situación, que bien puede entenderse originada en la nulidad absoluta o en la ineficacia, que es la figura jurídica que se encuentra plasmada específicamente en diversas disposiciones de naturaleza laboral, supone la continuidad del vínculo contractual con todas sus consecuencias, lo que apareja el pago de los salarios dejados de percibir con fundamento en el artículo 140 CST, debido a que la ausencia del servicio se origina en una determinación del empleador, con los aumentos y reajustes que se produzcan en el interregno, pago de salarios que se proyectará hasta que se presente la reinstalación física del trabajador a su cargo. También, consecuencialmente y por la misma razón, se generarán los derechos prestaciones que la ley señala a cargo directamente del empleador y las obligaciones de este frente a la seguridad social en relación con el trabajador correspondiente” (lo resaltado no pertenece al texto).
“Son suficientes las anteriores argumentaciones como consideraciones de instancia, por lo que habrá de revocarse la sentencia del a quo, en cuanto condenó a la demandada por la pretensión subsidiaria de la indemnización por despido sin justa causa, y en su lugar se ordenará la reinstalación del trabajador recurrente al cargo que desempeñaba al momento del retiro, con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales causados entre la fecha del despido y del reintegro, debidamente indexados de conformidad con la siguiente fórmula:
IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador.”
Con lo dicho quedan resueltas las informidades del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el fallo de primera instancia, que en cuanto a la súplica principal del reintegro impetrado, giró en torno a la supresión del cargo, el despido injusto y la consagración de un reintegro convencional.
En cuanto a las excepciones propuestas y por el resultado de la litis, se declara no probada la excepción de inexistencia de la obligación.
En consecuencia, se revocará el fallo del juzgado y en su lugar, se declarará que el despido de que fue objeto el demandante es nulo y, en consecuencia se ordenará el reintegro del actor al mismo cargo que desempeñaba al momento de su despido, o a otro de igual categoría y remuneración, y se le paguen indexados los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales con sus respectivos incrementos, que sean compatibles con el reintegro, dejados de percibir desde el momento del despido hasta cuando se efectúe el reintegro. A su vez se autorizará al demandado para que descuente las sumas que le fueron canceladas al trabajador con ocasión del fenecimiento del contrato de trabajo, incluyendo la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo.
De las costas del recurso extraordinario no hay lugar a ellas por cuanto la acusación salió triunfante, no se causan en la alzada y las de primera instancia serán a cargo de la parte vencida que lo fue la demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 31 de enero de 2007, en el proceso que Luis Hernán Pachón Bernal instauró en contra del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte-IDRD.
En sede de instancia, se REVOCA el fallo de primer grado y en su lugar se DECLARA que el despido de que fue objeto el trabajador demandante es nulo, y en consecuencia se CONDENA a la entidad demandada a reintegrar al actor al mismo cargo que desempeñaba al momento de su despido, o a otro de igual categoría y remuneración, y a pagar indexados los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales, con sus respectivos incrementos, que sean compatibles con el reintegro, dejados de percibir desde el momento del despido hasta cuando se efectúe el reintegro. A su vez se autoriza al demandado para que descuente las sumas que le fueron canceladas al trabajador con ocasión del fenecimiento del contrato de trabajo, incluyendo la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo. Se DECLARA no probada la excepción de inexistencia de la obligación.

References: artículo 51
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 Resolución 
 artículo 30
 artículo 20
 artículo 20
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 30
 artículo 55
 resolución 
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 140