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Timestamp: 2019-10-20 13:40:15+00:00

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Cordero Heredia - El Derecho a La Resistencia | Derecho Constitucional | Derechos humanos
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Jurisprudencia Pago de Incapacidades Por Multa Odontologica
Maestría Internacional en Derecho
CLAUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN DE TESIS
Yo, David Alberto Cordero Heredia, autor de la tesis intitulada Nosotros los terroristas. El derecho a la resistencia y la criminalización de la defensa de los
derechos humanos y la naturaleza mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir
con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador:
1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos
exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar
esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros
respecto de los derechos de autor de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus
anexos en formato impreso y digital o electrónico.
Tutor: Ramiro Ávila Santamaría
Mientras esperábamos y esperábamos, y no sabíamos que esperar, llegaste como un ente extraño y desconocido. Luego supimos de unas explosiones en la selva, de avaricia, de corrupción, de violencia y de cómo muchos Supay se fueron, quizás perdidos, quizá confundidos por el egoísmo y la maldad de los hombres. Entonces supimos lo que eras y con alegría decidimos darte un hogar y renovar nuestro compromiso de que vivas en un mundo con menos maldad, con más tolerancia, con más derechos y que tu selva no termine de desaparecer.
Dedicado a mi Supay, quien se resistió a la elaboración de esta tesis y a mi Lou Andreas-Salomé, por inspirarme, por apoyarme, por ser quien es y por acompañarme en las más locas aventuras. Para ustedes mi amor, mi trabajo y mi vida.
A mi Madre por su apoyo incondicional, confianza y compañía constante. A mis hermanos y sobrinas por creer en mí, sobre todo cuando yo dejo de hacerlo.
A mi maestro y amigo Ramiro Ávila Santamaría, por compartir tan generosamente sus conocimientos y por siempre impulsarme a alcanzar nuevos retos.
A los compañeros y compañeras activistas del INREDH, del Centro de Derechos Humanos de la PUCE y de la RAMA, por recordarme siempre la importancia del trabajo que hacemos.
Finalmente, a los compañeros y compañeras defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, por permitirme apoyarles en su trabajo, por dejarme compartir sus sueños, sus alegrías y su bronca. Gracias por luchar cada día por un mundo más justo.
Capítulo I: El derecho a resistir el Derecho
2. Los elementos del derecho a la resistencia
2.2. obligado .......................................................................................................
3. ¿Cuándo se resiste?
3.1. Cuando existe incertidumbre sobre lo que ordena el Derecho
3.2. Cuando se espera una resolución judicial o
3.3. Cuando toda respuesta se ha negado y la injusticia persiste. El derecho
extremadamente injusto no es
4.- La garantía del derecho a la resistencia
Capítulo II: Nosotros los terroristas. Criminalización de la
1. El enemigo en el
2. El enemigo en el contexto
3. Los defensores y defensoras de derechos humanos como enemigos de la sociedad
3.1. La construcción jurídica del enemigo: el
3.2. Las consecuencias de la criminalización de la defensa de los derechos
3.2.2. .......................................................................................
3.2.3. Impacto social y familiar
3.2.4. Desprestigio del discurso y del sujeto
Si no es ilegal, no es resistencia. El reconocimiento de la protesta como acto
Si es democrático, ¿para qué resistirse?
Si los derechos son tutelados, ¿para qué salir a las calles?
Si se opta por la resistencia, ¿se puede aún aplicar el Derecho de forma
democrática? ...........................................................................................................
Jurisprudencia e informes internacionales
Prensa ....................................................................................................................
Entrevistas, declaraciones y discursos
La Constitución de la República del Ecuador de 2008, como toda constitución, ley o norma, expresa un ideal de lo que debe ser la vida en una sociedad. Acortar la distancia entre el ideal y la realidad resulta una tarea a la que no todas las personas se sienten abocadas. Esa distancia entre la norma constitucional (donde se consagran los derechos humanos y sus garantías) y la realidad es la que permite la discriminación, la violencia, la inequidad, la pobreza; y, la acumulación de poder social, político y económico de elites que no dejarán que sus privilegios desaparezcan fácilmente. Son esas élites las que secuestran las instituciones y el Derecho, las que ponen las reglas de juego y las que no permiten que la Constitución logre tener el efecto emancipador que debería tener. En un panorama como este, las personas y colectivos cuyos derechos humanos son disminuidos o violados todos los días no pueden tener una actitud pasiva. La Constitución de 2008 les entrega cuatro tipos de garantías para que hagan efectivos esos derechos, las garantías normativas, las garantías de políticas públicas, las garantías jurisdiccionales y las garantías sociales. Dentro de este último grupo se encuentra el derecho a la resistencia, es decir aquel derecho que faculta a las personas y colectivos a resistirse a actos u omisiones del poder público cuando estos vulneran o arriesgan derechos fundamentales. La otra cara de la moneda es la práctica estatal de restringir la capacidad de las personas de interferir en los designios del poder. Para este fin el Derecho (en especial el Derecho Penal) ha demostrado ser útil, mediante el establecimiento de un orden social basado en la criminalización de ciertas acciones que resultan incómodos para las élites. Décadas atrás fueron los grupos anti-capitalistas, en la actualidad los derechos humanos, limitan significativamente al mercado y al poder político, por lo que la nueva actividad que incomoda es la defensa de derechos humanos.
Este trabajo busca encontrarle una salida a la creciente criminalización de la defensa de los derechos humanos, mediante su reconocimiento como actividad legítima dentro de la garantía social del derecho a la resistencia y los mecanismos que dicho derecho podría ofrecer a los cientos de personas que, en nuestro país y en todo el mundo, luchando por sociedades más justas. Con este fin se ha planteado la siguiente pregunta de investigación:
¿Puede ser el derecho a la resistencia una herramienta para combatir el fenómeno de la criminalización de las defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza?
Para responder esta pregunta, se plantearon como objetivos: (i) el comprender el alcance, características y presupuestos del derecho a la resistencia; y, (ii) describir el fenómeno de la criminalización de la defensa de los derechos humanos y su interacción con el derecho a la resistencia. Se utilizó el método cualitativo para comprender los efectos de la criminalización de la defensa de los derechos humanos, así como para dar voz a las víctimas de esta práctica. A lo largo del trabajo se escucharán las entrevistas a profundidad realizadas a tres defensores y una defensora de derechos humanos: José Gualinga, presidente del Pueblo Kichwa Sarayaku, acusado de terrorista; Carlos Pérez, dirigente del sistema de agua comunitaria de Azuay, actual presidente de la ECUARUNARI (Confederación Kichwa del Ecuador), acusado de terrorista; Marlon Santi, dirigente del Pueblo Kichwa Sarayaku y ex-Presidente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), acusado en dos ocasiones de terrorista; y, Mónica Chuji, vicepresidenta de la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), acusada por injurias calumniosas graves.
En el desarrollo del trabajo se ha visto la necesidad de delimitar el análisis del derecho fundamental a la resistencia. Tal y como está formulado en el artículo 98 de la Constitución, las personas y colectivos pueden resistirse a acciones u omisiones del poder público y también de particulares. La resistencia a actos de personas particulares es una categoría diferente, que no tiene que ver con la criminalización primaria o secundaria (que siempre está a cargo del Estado). Además, los particulares sólo podrían ejercer fuerza en contra de quien se resiste mediante la asistencia del Estado, por lo que finalmente es el Estado quien tomará la decisión sobre cómo responder a una situación de resistencia. Por lo anterior, en este trabajo no se abordará la resistencia a acciones u omisiones de entes privados. La resistencia al Derecho, y a las órdenes de las autoridades competentes, ha recibido diferentes nombres, desde la desobediencia civil, la objeción de conciencia, la protesta social e incluso la subversión o la rebelión. Todas estas manifestaciones se las entenderán como especies del género derecho a la resistencia, sin embargo para fines de precisión se excluirá del presente trabajo a la subversión, la rebelión o cualquier otra manifestación de resistencia que tenga como objeto deponer al estado por medios armados. El presente tema demostró ser muy amplio y con varias aristas que, por la extensión requerida para este tipo de trabajos, no se pudieron analizar. Un reto para futuros trabajo es profundizar en el análisis mismo de los tipos penales aplicados en la criminalización mediante el estudio de los procesos judiciales seguidos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Muchos de los casos citados y de los ejemplos presentados se refieren a pueblos y nacionalidades indígenas. Si bien se entiende que el derecho a la resistencia puede ser ejercido individualmente, y que su dimensión colectiva va más allá de estos grupos,
resultaba particularmente interesante analizar la resistencia y la sujeción a la ley de pueblos que han sido históricamente marginados de la sociedad, con los que la ficción del pacto social es imposible de aplicar y al ser quienes con mayor intensidad sufren en Ecuador de la criminalización de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Las implicaciones de la vigencia de su derecho propio, del principio de autodeterminación y de la sujeción al derecho es un tema que el autor espera abordar en un trabajo posterior. El presente trabajo está dividido en dos capítulos. El primer capítulo, titulado El derecho a resistir el Derecho, presenta los antecedentes históricos para el reconocimiento del derecho a la resistencia, desarrolla un análisis respecto a los elementos que tiene el derecho, los momentos de su ejercicio y su garantía. El segundo capítulo, titulado Nosotros los terroristas. Criminalización de la resistencia, desarrolla la noción del enemigo en el Derecho, el enemigo en el contexto latinoamericano, las defensoras y defensores de derechos humanos como enemigos de estado y, finalmente, se exponen algunas ideas de cómo evitar la criminalización. Una vez concluido el trabajo, se ha logrado demostrar que el derecho a la resistencia genera ciertas obligaciones al Estado de disminuir la intervención penal en la esfera de la defensa de los derechos humanos. El derecho a la resistencia, más que un derecho fundamental común, es una garantía social que permite el acceso al debate público a quienes tradicionalmente son excluidos. Es además un último recurso de protección de los derechos amenazados por alguna acción u omisión estatal. Con varios elementos subjetivos en su aplicación se concluye que este derecho no debe ser regulado mediante una ley, sino que su eventual aplicación dependerá del caso concreto y del momento político. Queda claro que la resistencia no es necesaria en una sociedad plural, respetuosa y democrática.
La concepción de nosotros por medio de la tradición oral los Yachas, nuestros padres, nuestras madres, de la gente mayor la selva es considerada viviente, tiene vida. Ahí están los seres, seres superiores el Asanga, el Sacharuna, el Yashingo, el Yakuruna, ahí están los Supays, cada pantanal, cada moretal los árboles tienen vida y la tierra igual. Las lagunas ahí está la fuerza de nuestros antepasados están ubicado en las lagunas. […] Usamos, aprovechamos ahí vivimos pero como podemos permitir que esta concepción de la noche a la mañana pueda ser atentada y esa concepción la defendemos, no por fanatismos sino porque es parte de nuestra vida y eso choca con proyectos como la explotación petrolera, minera o maderera. Muchas veces las comunidades han cedido. Ceden ante la fuerza poderosa ceden todo al principio y después están condenados a enfilar el corredor de la miseria, pierden su identidad la pobreza cultural y se integran, prácticamente. El pueblo ya desaparece y muere.
José Gualinga, Presidente del Pueblo Kichwa Sarayaku, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de la Pachamama, criminalizado.
El derecho a la resistencia es una de las novedades de la Constitución de la República del Ecuador de 2008. Fue incluido en el artículo 98 y formulado de la siguiente manera:
Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. 1
El reconocimiento del derecho a la resistencia cumple con las características para ser considerado un derecho fundamental, 2 desde la teoría de Ferrajoli sobre los derechos fundamentales, a saber: es un derecho subjetivo, atribuido de manera universal a todas las personas en razón de su estatus de persona (o como miembro de un
1 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de Octubre de 2008, artículo 98. 2 A lo largo del trabajo se utilizan indistintamente las categorías derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales como sinónimos, ya que para esta tesis no es útil tratarlos como diferentes. La utilidad de diferenciar estos conceptos viene de debates como su jerarquía (los derechos humanos serían parte del Derecho Internacional, los derechos fundamentales serían parte del Derecho Constitucional de cada Estado), su justiciabilidad (los derechos fundamentales serían susceptibles de tutela judicial, los derechos constitucionales serían programáticos), su fundamentación (los derechos humanos tendrían origen en el derecho natural, los derechos fundamentales y constitucionales en el derecho positivo), etc. En Ecuador todos los tratados de derechos humanos y los derechos que se deriven de la dignidad humana se entienden integrados a la Constitución y todos los derechos contenidos en la Constitución son justiciables, por lo que en Ecuador las tres categorías se sobreponen.
colectivo). 3 Lo que resulta problemático es el poder que adjudica a sus titulares este derecho subjetivo. De la lectura del propio texto constitucional parece ser que, bajo ciertas circunstancias, las personas podrían resistirse a cumplir las órdenes emanadas de la ley o de las autoridades estatales competentes, siempre y cuando se cumplan dos requisitos fundamentales: (i) que se haya vulnerado o se pueda vulnerar un derecho fundamental; y, (ii) que no exista una respuesta del estado para tutelar ese derecho. Este es un derecho anti-sistémico, 4 cuyo reconocimiento constitucional va en contra del presupuesto de la obligatoriedad del Derecho que sostiene su existencia. 5 Gargarella teoriza sobre la no existencia de una repuesta del Estado mediante su concepto de la alienación legal, "una situación en donde el derecho no representa una expresión más o menos fiel de nuestra voluntad como comunidad sino que se presenta como un conjunto de normas ajeno a nuestro designios y control, que afectan a los intereses más básicos de una mayoría de la población, pero frente a la cual la misma parece sometida." 6 Siguiendo a Locke y a Jefferson, el autor argentino sostiene que la última instancia de decisión debe ser de la sociedad, incluso frente al Derecho o a la autoridad, en este sentido plantea la idea de "el pueblo como última corte de
3 Cfr., Luigi Ferrajoli, Los Fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2005, 2a. ed., p.
4 Franco y Tarzia no coinciden con este punto, para ellos el derecho a la resistencia "tiene una función
intrasistémica ya que se puede entender como instrumento de corrección de la ruta hacia en el camino hacia la realización del Estado de derechos. Además, hipotéticamente podría resultar una carencia de tutela de un derecho constitucionalmente garantizado por causa de ausencia de protección o de déficit normativo o jurisprudencial" (Giuseppe Franco y Antonello Tarzia, "Derecho a la resistencia en el constitucionalismo moderno y contemporáneo. El particular caso ecuatoriano", en El derecho a la resistencia en el constitucionalismo moderno, Guayaquil, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 2011, p. 35). Si bien el derecho puede tener efectos en la institucionalidad, su ejercicio se encuentra fuera de ella y la falla de respuesta de la institucionalidad es prerrequisito para su ejercicio.
5 Cfr., Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, México, Grupo Editorial Éxodo, 2007, p. 109-117.
6 Roberto Gargarella, "La última carta. El derecho de resistencia en situaciones de alienación legal", en Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política, coord., Violencia y derecho, Buenos Aires, Edit. del Puerto, 2004, p. 295.
apelación". 7 A pesar de que en apariencia el derecho a la resistencia constituye una ruptura de la idea del Estado de Derecho, es el reconocimiento de una realidad que existía fuera del ámbito del derecho: la protesta social. 8 Las acciones de hecho han sido el mecanismo de quienes no tienen voz en el sistema de la democracia representativa para tratar de ser escuchados por quienes ostentan el poder. El Derecho es una herramienta represiva para quienes ostentan el poder político, social y económico de una sociedad. A pesar de todos los controles que se pretende implementar para que este poder no se aleje de los preceptos por los cuales fue establecido, la realidad es que los puestos de poder siguen siendo acaparados por élites que controlan la producción normativa de acuerdo con sus intereses y que deciden cuando el Derecho debe o no debe cumplirse. 9 La posibilidad de integrar este derecho sui generis en el sistema jurídico parte de la comprensión de qué obligaciones genera para el Estado y la sociedad, además de entender qué potestades le entrega a las personas y colectivos que podrían ejercerlo. Se puede empezar analizando tres facetas de este derecho que derivan de su condición de derecho subjetivo: 10 la primera es el titular del derecho o quien resiste; la segunda es el
7 Roberto Gargarella, "La última carta. El derecho de resistencia en situaciones de alienación legal", p.
8 Cfr, Rahul Rao, Third world protest. Between home and the world, New York, Oxford University Press, 2010, p. 139-172.
9 Existe una larga tradición crítica del Derecho como "voluntad del pueblo" y que busca develar su uso como legitimación de la fuerza represiva de los grupos de poder económico, social y político, que mediante éste garantizan que el poder se encuentre secuestrado dentro de este mismo grupo por generaciones. Destaca al inicio de esta tendencia crítica la crítica comunista al Derecho: "Vuestras ideas mismas son producto de las relaciones de producción y de propiedad burguesas, como vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra clase erigida en ley; voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones materiales de existencia de vuestra clase. La concepción interesada que os han hecho erigir en leyes eternas de la Naturaleza y de la Razón las relaciones sociales dimanadas de vuestro modo de producción y de propiedad—relaciones históricas que surgen y desaparecen en el curso de la producción—, la compartís con todas las clases dominantes hoy desaparecidas. Lo que concebís para la propiedad antigua, lo que concebís par la propiedad feudal, no os atrevéis a admitirlo para la propiedad burguesa." Karl Marx y Friedrich Engles, Manifiesto del Partido Comunista, Caracas, Monte Ávila, 2007, p. 28-29. 10 Para Canosa el derecho a la resistencia no podría ser considerado derecho subjetivo ya que se ejerce en el terreno de los hechos, ni tampoco de una garantía, sino de una "facultad" de participación política, cuyo efecto jurídico sería la solicitud de la suspensión cautelar del acto supuestamente lesivo de derechos. Cfr., Raúl Canosa, "Derecho a la resistencia. Evolución histórica, esbozo de una teoría constitucional y análisis
obligado o la autoridad que emitiría el acto o decisión frente al cual las personas se resisten; y, finalmente, el contenido o la prestación a la que estaría obligado el Estado en cuanto al derecho a la resistencia. En primer lugar, el derecho subjetivo significa que existe un titular del derecho que se encuentra en la posición jurídica de exigir cierto comportamiento o la abstención de cierto comportamiento por parte del Estado o de la sociedad. 11 Es decir que, a diferencia de las declaraciones constitutivas de los Estados Unidos de América 12 o del Estado Francés, 13 no se trata de una mera declaración en cuanto al derecho de los pueblos a autodeterminarse o resistir a la tiranía, sino de una institución que, en base al artículo 11.3 de la Constitución, 14 debe generar efectos jurídicos. Toda persona tiene, entonces, el derecho de resistirse a las órdenes de las autoridades públicas cuando sus derechos están siendo violados o puestos en peligro, pero además debería poder exigir a las autoridades públicas, cierto tipo de comportamiento. La definición de ese comportamiento es uno de los objetivos del presente estudio. El segundo lugar, las obligadas serían las autoridades que adoptan la decisión que genera la resistencia. Cabe en este punto hacer una distinción entre las autoridades que serían sujeto pasivo del derecho a la resistencia. Existe una posibilidad de que quien emita el acto sea una autoridad incompetente o que actúan fuera del Derecho, en cuyo
de su reconocimiento en la Constitución ecuatoriana", en El derecho a la resistencia en el constitucionalismo moderno, Guayaquil, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 2011, p. 67.
11 Cfr., Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, trad. en verso castellano por Carlos Bernal Pulido, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, 2a. ed., p. 163-218.
12 Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, trad. en verso castellano de National Archives, 4 de julio de 1776, en <http://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de- independencia.html>.
13 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 26 de agosto de 1789, en
<http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-
Citoyen-de-1789>.
14 Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […]3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. […] Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. Constitución de la República del Ecuador, artículo 11.3.
caso el acto ilegal o violatorio de derechos humanos no genera una obligación de obediencia a quienes sufren sus consecuencias y, por tanto, la resistencia estaría plenamente justificada. Sin embargo, el derecho a la resistencia no está formulado de manera que pueda ejercerse únicamente en contra de actos ilegales, los actos violatorios de derechos o contrarios a la legislación podrían ser legales y emitidos por autoridades competentes. En casos como el anterior será más difícil establecer la obligación del estado frente a quienes ejercen el derecho a la resistencia, la justificación o no de la actuación de quienes se resisten a obedecer no se puede determinar prima facie, si no que se decidirá a posteriori por las autoridades del propio Estado mediante decisiones jurídicas o políticas (o ambas). Finalmente, los tipos de prestaciones o actitudes que se pueden exigir a las autoridades públicas que emiten los actos implica una infinidad de variantes, como la suspensión temporal o definitiva del acto, la no criminalización de quienes se resisten, la modificación de las normas que permitieron el acto, la apertura de canales de diálogo efectivo con la autoridad, entre otros. Los ejemplos presentados no son ajenos a las vías de desfogue de la presión social y política que se han utilizado al margen del Derecho. El reto de la Constitución de 2008 es darle soluciones jurídicas a estos conflictos, que eviten el sufrimiento de las personas cuyas vidas y derechos son lesionados por no tener el poder político para participar en el debate formal en el que se adoptan las decisiones de un estado. Ante la imposibilidad de institucionalizar la protesta social, inclusive por el peligro de desnaturalizar este recurso de hecho (o garantía social) de la población civil, 15 lo que cabe preguntar es cuál debe ser la respuesta del estado. La respuesta
15 La naturaleza no institucional de la organización social y la protesta social ha sido destacada por Gerardo Pisarello como un nuevo grupo de garantías de los derechos humanos llamadas "garantías sociales". Se desarrollará más esta teoría más adelante. Cfr., Gerardo Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, Madrid, Trotta, 2007, p. 123.
podría ser un factor para determinar el grado de democracia que tiene una sociedad, así en regímenes más democráticos la respuesta del estado debería ser la tolerancia, aún cuando estas manifestaciones sociales hayan sido consideradas por la legislación como contravenciones o delitos. En estados menos democráticos la consecuencia sería la represión y la criminalización. En el presente trabajo se adoptará la teoría de la democracia sustancial, es decir aquella que está compuesta por: (i) la participación de la sociedad en la toma de decisiones, mediante varios mecanismos entre los que se encuentra la elección de representantes; y, (ii) la limitación de lo que pueden decidir los órganos políticos del Estado por medio de los derechos humanos. El grado de democracia sería entonces la mayor o menor sujeción de un estado a estos principios. La criminalización, como acción por el cual se designan en la ley los actos que serán penalizados (criminalización primaria) y la forma en que efectivamente se aplica dicha ley (criminalización secundaria), 16 no es necesariamente negativa. La criminalización es una forma de proteger bienes jurídicos como los derechos humanos, incluso obligatoria en algunos casos en cumplimiento de convenios internacionales (p. ej. la tipificación de la tortura). Sin embargo, en el presente trabajo se utilizará el término criminalización en el sentido de la acción estatal de usar el derecho penal como herramienta para reprimir ciertas actividades legítimas como la protesta social, la resistencia y la defensa de los derechos humanos. La criminalización presenta una situación más compleja (aunque no necesariamente más grave) que la represión, ya que esta última es un hecho puntual que ocurre en el momento de la manifestación, mientras que la criminalización se proyecta en el tiempo en cuanto a los hechos que acarrea y sus consecuencias. La criminalización implica vincular a una persona que participa en la protesta social, generalmente los
16 Cfr., Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Derecho penal. Parte general, Buenos Aires, Ediar, 2002, 2a. ed., p.7.
líderes o dirigentes, a procesos penales largos, tortuosos y costosos. Sus efectos superan las afectaciones personales y familiares de la persona criminalizada, afectan también al grupo al que pertenece mediante la desmovilización y el amedrentamiento. Como sostiene Foucault, una de las demostraciones más efectivas del poder del estado sobre la sociedad es cuando se apodera del cuerpo de quien quiere desestabilizarle, ese dominio del cuerpo se manifiesta en la sociedad moderna con la privación de la libertad. 17 Es decir, la criminalización no sólo tiene un trasfondo económico y político, sino sobre todo simbólico. Representa el poder del estado y lo que puede hacer el poder con las personas que tratan de expresar su pensamiento mediante actos de resistencia, con el objeto de desincentivar ese tipo de manifestaciones sociales colocándolas fuera de la ley. La protesta social ha sido una forma de participación de los grupos más desposeídos en el transcurso de la historia. En Latinoamérica, la protesta social se ha convertido en el mecanismo más importante de participación para las minorías (no en el sentido de menos número, pero sí de menos representación en los estamentos de poder), debido a la falta de acceso a los espacios de toma de decisiones de la gran mayoría de su población, 18 así en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, México, Ecuador, entre otros, tenemos momentos históricos en que se puede registrar eventos en que la gente se ha salido del cauce legal, o constitucional, porque ha considerado que no existían garantías suficientes para que su opinión respecto del gobierno o el sistema económico sean realmente tomadas en cuenta. Es en éste momento donde grandes transformaciones políticas, sociales y económicas se han gestado mediante la protesta
17 Cfr. Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2002, p. 15-37. 18 Cfr., Gerardo Caetano, "Distancias críticas entre ciudadanía e instituciones. Desafíos y transformaciones en las democracias de la América Latina contemporánea", en Gerardo Caetano, comp., Buenos Aires, CLACSO, 2006, p. 243-265.
social en el marco de sistemas democráticos. 19 El nivel de represión o criminalización de estos movimientos sociales ha sido uno de los detonantes para que algunos grupos, que no se sienten respetados por el Estado, asuman posiciones más radicales como la creación de grupos armados irregulares.
En una sociedad que es sólo formalmente democrática, la opresión es, en gran medida, reforzada por las incapacidades de los mismos oprimidos: su impotencia económica, la falta de educación, la incapacidad de expresarse ellos mismo, el desprecio a sí mismos, y lo que es más importante, su dispersión política, la desunión, incompetencia y aislamiento. Toda la sociedad conspira en forma más o menos abierta para mantener esas incapacidades. Esta situación puede ser superada sólo mediante una lucha política abierta a todos. Si ésta se realiza en interés de los oprimidos, tiene que ampliarse eventualmente para incluirlos. […] Podemos afirmar lo mismo acerca de los grupos minoritarios. La piedra de toque para evaluar a los que pretenden trabajar por los oprimidos reside en que la acción que elijan motive, y no sólo beneficie, a éstos; y que la acción no disminuya su confianza (que ya es escasa) en la posibilidad de su propia participación democrática. 20
Lo que plantea Walzer es fundamental para la creación de una verdadera democracia. Los actos de resistencia tienen como fin una reacción social y del sistema que incluya los derechos de las minorías que han sido excluidas. La liberación de la opresión es un fin legítimo e íntimamente relacionado con la dignidad humana, si la institucionalidad no da espacio a las minorías, el derecho a la resistencia es una opción para exigir que el sistema sea modificado sin querer que el sistema desaparezca, pero la repuesta represiva le quita por completo a las personas la esperanza de que la democracia sea una opción real para alcanzar el respeto a su dignidad humana. En este primer capítulo se tratarán algunos antecedentes históricos del derecho a
19 El Movimiento Zapatista de Liberación Nacional ha cambiado el panorama político mexicano visibilizando realidades sociales olvidadas por siglos de homogeneización de una sociedad extremadamente diversa. El levantamiento en Chiapas cambió la imagen homopolar de la gran metrópoli que entra en el concierto mundial como impulsadora del neoliberalismo y el libre mercado, para posicionar la idea de que en México existen más miradas de cómo construir la sociedad. Este movimiento ha tenido gran repercusión incluso en la forma en que los mexicanos se ven a sí mismos. Un análisis sobre desde los efectos sociales, culturales y políticos se encuentra en: Jorge Fuentes Morúa, Guillermo Michel y Alberto Arroyo Picard, Chia-Paz 7 años: recuento, balance y perspectivas, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2000. 20 Michael Walzer, Obediencia y desobediencia civil en una democracia, Buenos Aires, EDISAR, 1976, p. 50-51.
la resistencia, una suerte de delimitación del derecho a la resistencia y las posibles formas de tutela del mismo.
El derecho a la resistencia al poder ilegítimo, como ruptura con los poderes constituidos, aparece en el pensamiento filosófico occidental desde su origen, Grecia. Platón y Aristóteles desarrollan en sus obras la noción de tiranía como contraria a la libertad de los hombres y a su idea de la república. El derecho a la resistencia recibe un gran aporte de Juan de Salisbury (S. XII) y Santo Tomás de Aquino (S. XIII), quienes desarrollaron en su obra la idea de la sujeción de los gobernantes al derecho natural, cuya consecuencia era que, en caso de desobedecer ese derecho, se convertiría en tirano. Para de Salisbury, esto incluso justificaría el tiranicidio. 21 Luego, en la Ilustración, aparecen las ideas contractualistas que inspirarían a los revolucionarios norteamericanos, franceses y latinoamericanos. Tomas Hobbes, en su obra de 1651, Leviatán, manifiesta que “el derecho natural, (…) jus naturale, es la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder según le plazca para la preservación de su naturaleza". 22 Para el autor, existe una renuncia de derechos para que sean administrados por el estado “[…] el motivo y el fin que hacen que un hombre renuncie y transfiera sus derechos no es otro que el de su seguridad personal en esta vida y el de poner los medios para conservarla y no hastiarse de ella”. 23 La idea de conservar el derecho a la autotutela no se perdería aún ante la idea del convenio social, “[u]n convenio que me obligue a no defenderme usando la fuerza cuando la fuerza es usada contra mí siempre será nulo. […] ningún hombre puede transferir o ceder su derecho de salvarse de la muerte, el daño físico o el encarcelamiento. El único fin de
21 Cfr., Dalmacio Negro Pavón, "Derecho de resistencia y tiranía", En Logos. Anales del seminario de metafísica, No. Extra, Madrid, Ed. Complutense, 1992, p. 683-707. 22 Thomas Hobbes, Leviatán, Madrid, Alianza Editorial, 2009, 11a. ed., p. 119. 23 Thomas Hobbes, Leviatán, p. 122.
ceder cualquier derecho suyo es precisamente evitar tales cosas.” 24 En el contrato social, las partes acuerdan la creación de un estado que administre sus derechos y libertades, las personas que integran la sociedad se obligan a respetar el derecho con el fin de instituir un gobierno que garantice estos derechos. Se entiende entonces que una de las partes contratantes, en este caso serían las personas que gobiernan, tiene la obligación de cumplir con ciertas obligaciones que son básicamente la de garantía y respeto de los derechos. Cuando una de las partes deja de cumplir las obligaciones del contrato, puede ser rescindido; es decir, la otra parte que venía cumpliendo sus obligaciones podría desconocer el contrato en base al incumplimiento de la otra parte. En la obra, Two treatises of government, de 1689, John Locke, habla no sólo del pacto social, sino de la posibilidad de revertirlo en caso de ser necesaria la defensa de los derechos, "[…] porque la ley que fue hecha para mi salvaguardia, me permite, cuando ella no pueda interponerse para proteger mi vida de una violencia actual, que me defienda por mí mismo y me otorga derecho a la guerra”. 25 En este contexto guerra significa el enfrentamiento al margen del derecho con quien irrespeta el Derecho, “al haber el rey quebrantado su mandato, al no haber salvaguardado la forma de gobierno prometida y al haberse apartado de la finalidad misma del gobierno que es el bien público y la conservación de la propiedad deja de ser rey. Y se coloca en estado de guerra con sus súbditos u otras personas” 26 Si el fin en sí mismo del contrato social es el respeto y garantía de los derechos fundamentales mediante el establecimiento de un gobierno, si ese gobierno no está cumpliendo con su fin, la sociedad tiene el derecho, entonces, de exigir el cumplimiento del contrato o de liberarse de las obligaciones contraídas mediantes este, es decir dejar
24 Thomas Hobbes, Leviatán, p. 127.
25 Jhon Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Edic. Aguilar, 1990, 3a. ed., p. 16.
26 Jhon Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, p. 18.
de obedecer el Derecho. Finalmente, en la obra de 1762 de Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, el autor defiende ideas que legitiman la constitución de un estado que defienda los derechos de los ciudadanos, critica el autoritarismo y sostiene la idea del pacto social como momento hipotético de fundación del estado y de su ordenamiento jurídico. 27 Rousseau argumenta en contra de la monarquía lo mismo que ahora se puede argumentar del estado: “Puesto que ningún hombre tiene autoridad natural sobre su semejante y puesto que la fuerza no produce ningún derecho, quedan pues las convenciones como base de autoridad legítima entre los hombres”. 28 La legitimidad es un concepto importante para las teorías revolucionarias o independentistas de la época, ya que trataban de contrastar la actuación de los gobernantes con sus obligaciones de respetar los derechos y no de la legalidad de su poder. Fueron estas ideas de la ilegitimidad en el ejercicio del poder y, sobre todo el darle al poder una finalidad específica de protección de los derechos de los ciudadanos, lo que dio paso a que varias naciones califiquen de ilegítimo al régimen que los oprimía y se declaren en resistencia. En consecuencia, varias cartas de independencia o constituciones hacen referencia al derecho que tuvieron esas sociedades de revelarse contra el poder establecido y la necesidad de ejercerlo frente a la arbitrariedad del uso de dicho poder. Los antecedentes más importantes coinciden con el nacimiento del estado de derecho moderno, esto es en la independencia de los Estados Unidos de América en 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Mediante la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América
27 Cfr., Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, 2a. ed., p. 159-163. 28 Jean-Jacques Rousseau, El Contrato Social, Ediciones Aguilar, España, Segunda Edición, 1970, p. 10.
los separatistas buscaron la legitimidad de sus acciones en el derecho natural 29 que facultaría a las personas a su vez a establecer gobiernos para la protección de sus derechos y a derrocarlos en el momento que dejen de cumplir su cometido:
Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. 30
En este texto histórico subyace la declaración de que los poderes deben legitimarse mediante un ejercicio respetuoso del pacto social, en especial de los derechos fundamentales, caso contrario no existiría un ejercicio legítimo del poder público y no existiría una obligación ciudadana de respetarlo. Así lo entendieron los próceres de la independencia de los Estados Unidos, cuyo ejercicio del derecho natural a la resistencia incluso llevó a justificar el levantamiento en armas en contra de la Corona Inglesa:
[A] Reverence for our great Creator, Principles of Humanity, and the Dictates of Common Sense, must convince all those who reflect upon the Subject, that Government was instituted to promote the Welfare of Mankind, and ought to be administered for the Attainment of that End. The Legislature of Great-Britain, however, stimulated by an inordinate Passion for a Power not only unjustifiable, but which they know to be
peculiarly reprobated by the very Constitution of that Kingdom, and desperate of Success in any Mode of Contest, where Regard should be had to Truth, Law, or Right, have at Length, deserting those, attempted to effect their cruel and impolitic Purpose of enslaving these Colonies by Violence, and have thereby rendered it necessary for us to
29 En el presente trabajo se entenderá el derecho natural como aquel que se reivindica como inherente a la dignidad humana, al que se puede llegar mediante la razón y la aceptación de que existen formas indignas de tratar a un ser humano, injustas y, por tanto, deberían estar prohibidas por el Derecho. Este derecho natural se entiende como previo al estado y al reconocimiento del mismo por el derecho positivo, para muchos grupos será motivo de lucha su reconocimiento. Para efectos de este trabajo se utilizarán los términos derecho natural o derecho moral como sinónimos y para referirse a derechos que aún no han sido reconocidos por el derecho positivo o interpretaciones de derechos fundamentales que aún no han sido aceptadas por los órganos estatales y que dan cuenta del alcance de dichos derechos.
30 Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.
close with their last Appeal from Reason to Arms. 31
En la carta fundacional de los Estados Unidos, los "Padres Fundadores" decidieron además mantener vivo el derecho a la resistencia en la sociedad norteamericana, es decir la posibilidad de revelarse contra la opresión de un gobierno que no cumpla con el pacto social, inclusive el gobierno que estaban constituyendo en ese momento. Este derecho a derrocar el sistema de gobierno tendrá una expresión menos radical en la denominada desobediencia civil, 32 mediante la cual las personas asumen una posición de incumplimiento de las normas o de inobservancia a los designios de la autoridad como una demostración política ante lo que consideran injusto. En Estados Unidos se puede identificar un debate sobre el derecho moral 33 de las personas a rechazar el derecho injusto mediante el ejercicio de la desobediencia civil que inicia con Henry David Thoreau 34 y que continúa con John Rawls, 35 Ronald Dworkin 36 entre otros. Por otra parte, respecto a la Revolución Francesa, los revolucionarios requerían legitimar su accionar que pretendía modificar las relaciones de poder entre la monarquía y la burguesía, para lo cual debían plantearse un nuevo origen de la legitimidad del poder que no sea la divina. La respuesta fue la atribución de la titularidad de la
31 Declaration of the Causes and Necessity of Taking Up Arms, adoptado por el Congreso Continental (Estados Unidos) el 6 de julio de 1776. Joyce Appleby y Terence Ball, edit., Jefferson: Political Writings, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 81.
32 Para efectos del presente trabajo se considera a la desobediencia civil como una especie del género resistencia.
33 Como ya se aclaró, derecho moral aquí se refiere a un derecho que no ha sido reconocido por el derecho positivo. En el caso ecuatoriano no sería un derecho moral, sino fundamental gracias a su inclusión en la norma constitucional.
34 Redacto sus razones en su ensayo de 1849, Civil disobedience. Ver, Henry David Thoreau, "La desobediencia civil", en Irving Louis Horowitz, comp., Los anarquistas I. La teoría, Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 367-378.
35 John Rawls realiza un análisis sobre la desobediencia civil y el deber de respetar el derecho en el capítulo VI (El deber y la obligación) de su obra de 1971, A theory of justicie. Cfr., John Rawls, Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, 2a. ed., p. 320-355.
36 Ronald Dworkin dedica un capítulo de su obra de 1977, Taking rights seriously, a la desobediencia civil, sobre el que se volverá más adelante. Cfr., Ronald Dworkin, Los derechos en serio, Barcelona, Edit. Ariel, 2002, p. 304-326.
soberanía al pueblo, quien funda el estado con el fin específico obtener la protección de sus derechos. Al igual que en Estados Unidos, la declaración de la Asamblea Nacional de Francia mantiene como derecho fundamental la resistencia a la opresión:
Artículo 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 37
Lo más interesante de estos documentos del siglo XVIII no es la formulación misma de un derecho a resistir el derecho, sino que no fueron formulados dentro de las constituciones de ninguno de los dos Estados. Si bien es cierto que para algunos fines declarativos sus declaraciones de independencia y de derechos, respectivamente, se entienden integradas a sus constituciones, la fuerza del derecho a la resistencia sirvió para fundamentar la ruptura institucional, pero se cerró su práctica a futuro. En estas sociedades la legitimidad del poder nace del reconocimiento de la obligatoriedad del Derecho. En el Derecho Internacional, el derecho a la resistencia ha sido reconocido en situaciones en donde los poderes fácticos no respetan el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El derecho a la autodeterminación o libre determinación se reconoce en el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas (1945) como uno de los principios que promueve la organización. 38 En la misma línea, el artículo 1.1 común a los Pactos Internacionales de Derechos Civiles (1976) 39 y Políticos y de Derechos Económicos,
37 Consejo Constitucional de Francia, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, París, en <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf>.
38 Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, en:
<http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm>.
39 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, en <http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm>.
Sociales y Culturales (1976). 40 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) va más allá de la autodeterminación y reconoce el derecho a la rebelión cuando un estado no respeta los derechos humanos: "Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". 41 Finalmente, en el campo del Derecho Internacional Humanitario, para el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1977), los conflictos armados internacionales "comprenden los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación." 42 Lo que significa que la comunidad internacional está dispuesta a reconocer como estado legítimo al surgido mediante rebelión en contra de un régimen opresor o que viola derechos humanos. El estado moderno ha sido un espacio unificador y represivo, en donde poco espacio se ha dado al pensamiento periférico o anti-hegemónico. En países como Ecuador, las organizaciones sociales, mediante acciones de resistencia, han procurado hacer escuchar su voz fuera de los canales institucionales. Mientras algunas experiencias han sido exitosas, otras han acarreado criminalización e incluso muerte. No son pocos los ejemplos de cómo en Ecuador las calles han sido el espacio para las
40 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 3 de enero de 1976, en < http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm>.
41 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada mediante resolución 217A(III) del 10 de diciembre de 1948, en: <http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml>.
42 Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
<http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm>.
conquistas sociales o la defensa de la democracia sustancial. 43 La huelga de los trabajadores de Aztra en 1977, el levantamiento indígena de 1990 o las movilizaciones sociales que terminaron con la destitución de los presidentes Bucaram en 1997, 44 Mahuad en 2000 45 y Gutiérrez en 2005 46 son ejemplos de acciones de hecho que han impactado la historia nacional, sin embargo con diferentes respuestas desde el poder político. En el caso de Aztra, la represión en contra de la huelga de los trabajadores del ingenio azucarero dejo un número aún no determinado de muertos (oficialmente 23, extraoficialmente más de 100). 47 En cuanto al levantamiento de 1990, existieron intentos de criminalización de los dirigentes que no se materializaron, sin embargo la protesta llevó al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1998, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, pero lo más importante la consolidación del movimiento indígena como una fuerza política a ser tenida en cuenta, no por su poder en las urnas, sino su capacidad de movilización social. 48 En el caso de los movimientos que llevaron a la destitución de los tres presidentes, a pesar de que desestabilizaron el sistema democrático al punto de legitimar al Congreso Nacional para que los destituya de forma inconstitucional, los golpistas no
43 En el sentido de exigir que los derechos fundamentales de las minorías constituyan límites efectivos a lo que puedan decidir las mayorías. 44 Cfr., Diego Cornejo Menacho, ¡Que se vaya! Crónica del bucaramato, Quito, Edimpres, 1997.
45 Cfr., Pedro Saad Herrería, La caída de Mahuad, Quito, El Conejo, 2000.
46 Cfr., Carlos de la Torre, "Protesta y democracia en Ecuador: la caída de Lucio Gutiérrez", en Margarita
López Maya, Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina, Quito, CLACSO, 2008.
47 Cfr., Laura Buitrón et al., Aztra: perdón y olvido de una masacre, Quito, Centro de Educación Popular,
48 Cabe anotar que además de la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de
1998, en dicho documento se incluyó también una prohibición expresa de paralización de los servicios básicos que significaba darle una característica de antijuridicidad a un importante número de actos de
protesta social. Cfr. Holger Díaz Salazar, El movimiento indígena como actor social a partir del levantamiento de 1990 en el Ecuador: emergencia de una nueva institucionalidad entre los indígenas y el
Estado entre 1990-1998, Quito, Repositorio Digital Universidad Andina Simón Bolívar, 2001, en:
<http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2750/1/T0146-MRI-D%c3%adaz-
El%20movimiento.pdf>.
fueron perseguidos e incluso contaron con gran apoyo popular, incluso consiguieron ganar protagonismo político. 49 El fenómeno de movilización social (llamado "el movimiento de los forajidos"), que terminó con la destitución de Lucio Gutiérrez, creó un clima de desconfianza en los políticos tradicionales que ayudó al movimiento "Alianza País" (que reclamaba ser la continuación del movimiento de los forajidos) 50 a llegar al poder. Alianza País tuvo entre sus propuestas de campaña la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual, luego de una consulta popular sobre la materia, se instaló en Montecristi en 2007. Mientras se desarrollaba la Asamblea Nacional Constituyente, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de amnistía para más de quinientos defensores y defensoras de derechos humanos, de la naturaleza que estaban sometidos a alguna clase de proceso. 51 Las organizaciones presentaron un informe sobre los procesos de exigibilidad de derechos a las cuales estas personas habían estado vinculadas y la información de los juicios mediante los cuales se trataba de detener su actividad organizativa. Este hecho político es relevante debido a que las acciones por las que eran perseguidos, en un gran número de casos, estaban relacionadas su resistencia a decisiones estatales.
[V]arios hombres y mujeres de nuestro país, se han movilizado en defensa de la
49 P. ej., Lucio Gutiérrez saltó a la vida pública gracias a su participación en la destitución del ex presidente Jamil Mahuad, luego fue electo Presidente de la República. Francisco Velasco tuvo una participación activa en el "movimiento forajido" desde sus trasmisiones radiales desde Radio La Luna, luego de la destitución de Gutiérrez ha ocupado importantes cargos públicos.
50 La identificación del "movimiento forajido" con el movimiento Alianza País estaba en el imaginario social, aunque no era real. Nunca existió un movimiento organizado detrás de las protestas de los forajidos, quienes participaron pertenecían a diferentes ideologías, muchos de ellos incluso afiliados a partidos políticos tradicionales, otros iniciaron otros movimientos políticos. Cfr. "Forajidos tardaron un año para enrumbar sus planes", en El Telégrafo, Guayaquil, 3 de febrero de 2013, en
<http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/los-forajidos-definen-la-eleccion-presidencial-mas-
ideologizada.html>.
51 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, Washington DC, 31 diciembre 2011, párr. 84.
vida, de los recursos naturales y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el ecosistema, movidos por la desatención y el abandono; los afectados han realizado varias acciones de resistencia y protesta. 52
La práctica de criminalización de la defensa de derechos humanos consistía en encasillar actos de protesta en tipos penales comunes como las injurias, la paralización de servicios públicos o el delito de sabotaje y terrorismo. En este último caso, a su vez, las acusaciones se enfocaban en contra de los defensores y defensoras que eran líderes o liderezas de la comunidad y no en contra de las personas que habían participado directamente en las manifestaciones. En la decisión de la Asamblea Constituyente de conceder la amnistía se reconoció a la resistencia como acto legítimo:
Artículo 1.- Conceder amnistía general para los procesos penales enumerados en esta resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de los recursos naturales, y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal. 53
reconocimiento del derecho a la resistencia, daba una posible vía política de ejercicio del mismo, es decir la amnistía emitida por un órgano político a favor de quienes mediante acciones de hecho desobedecieron el Derecho en defensa de sus derechos como último recurso:
[L]as personas enjuiciadas se han visto en la necesidad de ejercer el derecho al reclamo en defensa de los recursos naturales y por alcanzar una vida digna dentro de un ambiente ecológicamente sano y libre de contaminación. 54
52 Asamblea Nacional Constituyente, Resolución. Concédase amnistía general para los procesos penales enumerados en esta resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de los recursos naturales, y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal, Montecristi, 14 de marzo de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 343, del 22 de mayo de 2008, p. 7.
53 Asamblea Nacional Constituyente, Resolución. Concédase amnistía general…, p. 8.
54 Asamblea Nacional Constituyente, Resolución. Concédase amnistía general…, p. 7.
En la resolución se reconoce la existencia de una práctica sistemática de criminalización hacia las personas que ejercen la defensa de derechos humanos y de la naturaleza. Para los asambleístas que apoyaron la iniciativa de la amnistía esta criminalización no era legítima, al punto que le dieron a las amnistías el propósito de "subsanar errores judiciales y sanciones injustas a perseguidos políticos y personas inocentes, justificables en este momento de la vida política del país, que exige el restablecimiento de la calma y la concordia social". 55 Esta amnistía no sólo ayudó a personas que venían siendo por años intimidadas mediante procesos judiciales, sino que además develó una práctica que incluso se planteó que sea combatida dentro de la Constitución mediante una disposición que prohíba la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, la cual no prosperó. Sin embargo, sí se reconoció el derecho a la resistencia en el texto constitucional. El resultado fue el reconocimiento de un derecho humano fundamental a participar en la vida política por vías no institucionalizadas, es decir el derecho a la resistencia en contra de decisiones de autoridades públicas o actos de privados que puedan vulnerar derechos constitucionales. El derecho a la resistencia fue introducido en el proyecto de nueva Constitución, aprobado por la mayoría de la población ecuatoriana y publicada en el registro oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. La denominada Constitución de 2008 trae un extenso catálogo de derechos que pueden ejercerse de forma individual o colectiva, de aplicación inmediata, de igual jerarquía y justiciables. 56 En términos de complejidad del sistema jurídico, cada derecho reconocido ofrece infinidad de posibilidades de interacción y colisión con los demás derechos,
55 Asamblea Nacional Constituyente, Resolución. Concédase amnistía general…, p. 8.
56 Constitución de la República del Ecuador, artículo 11.
además de constituir límites a los poderes públicos y privados. 57 En cada interacción con otros derechos, las personas y colectivos se verán en la posición de ofrecer una interpretación razonable de la Constitución por la que los derechos oponibles o los propios intereses del Estado deberían ceder y, al no conseguir canalizar sus aspiraciones por las vías institucionales, tendrán el recurso a la resistencia, como derecho y como garantía.
En el presente acápite se presentará una propuesta de análisis de los diferentes elementos del derecho a la resistencia en cuanto derecho subjetivo. Antes de analizar los componentes del derecho, cabe hacer un breve análisis respecto a su naturaleza. El derecho a la resistencia permitiría la desobediencia del ordenamiento jurídico; sin embargo, lejos de ser una forma de violar la Constitución o de atentar contra el estado de Derecho, puede verse como complementario al sistema, ya que permite la expresión de quienes en circunstancias normales estarían excluidos del debate político. 58 El Constitucionalismo Contemporáneo reconoce la posibilidad de que la interpretación y aplicación de la Constitución rompa el monopolio de las instituciones estatales y que vuelva al pueblo cuyos derechos legitiman la existencia de dicho cuerpo normativo. Así Gargarella defiende el rol que puede tener la sociedad en la interpretación constitucional, contra la tendencia que observa de delegar a los jueces esta función:
Vivimos en democracia, entre otras razones, porque asumimos que todos, aun los jueces, pueden equivocarse. Y, asumiendo este dato, no hay buenos argumentos para
privar a la ciudadanía de su derecho final a decidir: sus errores, como los de cualquier otro individuo, grupo u órgano, pueden ser muy graves, pero nada nos dice que haya razones para pensar que corremos mayores riesgos dejando la "última palabra" legal
57 Cfr., Robert Alexy, "Los derechos fundamentales en el estado constitucional democrático", en Miguel Carbonell, edit., Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Trotta, 2005, 2a. ed., 2005, p. 38.
58 A los largo del trabajo se afirma que el derecho a la resistencia sería un recurso de los excluidos del debate político. Aquí excluido se debe entender como la condición de no estar en la capacidad de intervenir en el debate político con la misma efectividad que quienes ostentan el poder político. Si una persona o colectivo está en la posibilidad de colocar en la agenda pública su discurso y de canalizar sus pretensiones por vías institucionales, entonces no se trataría de un grupo excluido.
en manos de la ciudadanía. 59
El debate detrás consiste en la manera en que las personas participan del proceso de interpretación y aplicación de la norma constitucional. Cuando las personas se sienten investidas de un derecho humano de manera que una acción pública o privada pueda violentarlo aporta con dicha interpretación al debate sobre el alcance de las normas constitucionales. Dicho debate puede tomar formas diversas, como una demanda judicial que lo lleve a las cortes o una medida de hecho que lo lleve a las calles. Esta última no sólo es una manera de interpretar la constitución, sino de defenderla. Larry Kramer desarrolla estas ideas al proponer la noción del "Constitucionalismo Popular" como aquel en que la gente común recobra el poder que tiene sobre el Estado y participa en la interpretación constitucional:
The point, finally, is this: to control the Supreme Court, we must first lay claim to the Constitution ourselves. That means publicly repudiating Justices who say that they, not we, possess ultimate authority to say what the Constitution means. It means publicly reprimanding politicians who insist that “as Americans” we should submissively yield to whatever the Supreme Court decides. It means refusing to be deflected by arguments that constitutional law is too complex or difficult for ordinary citizens. […] The Supreme Court is not the highest authority in the land on constitutional law. We are.
Las ideas de Gargarella, Kramer y Balkin no desconocen la autoridad del órgano encargado constitucionalmente de interpretar la constitución con efectos generales, sino que reivindican el rol de la ciudadanía en el proceso de formulación de la decisión judicial de estos órganos en sus distintas fases. Es la ciudadanía la que lleva los temas sobre derechos a las cortes, las que se asumen una posición activa respecto al resultado de la controversia y la que persuade a los tribunales sobre la necesidad de que se acoja su interpretación de la constitución. La idea común en estos autores de devolver la
59 Roberto Gargarella, "La dificultosa tarea de la interpretación constitucional", en Teoría y crítica del Derecho Constitucional, Roberto Gargarella, coord., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2008, p. 145-148.
60 Larry Kramer, The People Themselves. Popular constitutionalism and judicial review. New York, Oxford University Press, 2004, p. 147 - 148.
constitución a la gente, es tanto un llamado a las cortes a escuchar las voces y las necesidades de la ciudadanía al momento de ejercer sus funciones, como a la propia ciudadanía sobre el papel activo que debe tener en el debate constitucional. Uno de los presupuestos establecidos en el artículo 98 es el derecho a la resistencia se puede ejercer contra actos que "vulneren o puedan vulnerar derechos constitucionales". 61 Resulta absurdo pensar que exista una declaración judicial que tutele efectivamente esos derechos, ya que de ser así no tendría sentido el ejercicio de la resistencia. Los actos podrían no estar sometidos aún a control judicial, hallarse en proceso de revisión judicial o tener la conformidad del órgano judicial en contra de la persona o colectivo que resiste el acto. En todo caso, la interpretación de lo que dice la Constitución, que procura defenderse mediante medidas de hecho, proviene de quien se resiste.
Pero el derecho a la resistencia puede ser, además, parte de procesos de creación o reconocimiento de nuevos derechos humanos. Así el propio artículo 98 habla de que la resistencia se puede dar contra actos u omisiones de derechos constitucionales o de derechos de los cuales la persona o colectivo cree que le asisten e incluso "demandar el reconocimiento de [estos] nuevos derechos". 62 El principio de la dignidad humana que consagra la fórmula abierta de la Constitución ecuatoriana respalda esta afirmación:
Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […] 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 63
Desde una perspectiva inclusiva, en donde las opiniones de todas las personas que integran la sociedad son valiosas, aún de las que no ostentan el poder político,
61 Constitución de la República del Ecuador, artículo 98.
63 Constitución de la República del Ecuador, artículo 11.7.
social o económico, las interpretaciones que se dan fuera del ámbito institucional son de al menos de igual valor y deben ser tenidas en cuenta por los órganos que administran el estado. La disposición, por ejemplo, que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al derecho a la propiedad en cuanto a su aplicación a pueblos indígenas, en donde debe respetarse la especial relación que tienen los pueblos indígenas con su territorio, 64 es una interpretación que la Corte Interamericana hace sobre la Convención Americana en base a la interpretación que el pueblo indígena tenía respecto a su relación con su territorio y que fue ofrecida a la Corte mediante la presentación del caso ante el Sistema Interamericano. En muchos casos, la falta de poder económico y político de las personas o colectivos que tratan de reivindicar sus derechos hará que esperar a una decisión judicial o legislativa al respecto haga que ese derecho desaparezca o sea violado. Entonces el derecho a la resistencia se convierte en una garantía más de la Constitución, una garantía de los derechos humanos consagrados, así como de la posibilidad de participación de las personas y colectivos excluidos de los órganos de decisión políticos. En este sentido coincide con lo que Pissarello denomina una garantía social:
[S]on aquellos instrumentos de tutela o de defensa de los derechos que, sin perjuicio de las mediaciones institucionales que puedan instaurarse, dependen fundamentalmente de la actuación de sus propios titulares. Aunque, normalmente, consisten en el ejercicio de derechos civiles y de participación dirigidos a reclamar la satisfacción de aquellas necesidades e intereses básicos tutelados por los derechos, también pueden asumir, como se dirá, formas más intensas de autotutela. 65
Es precisamente a esta doctrina a la que se adscribe el presente trabajo para la interpretación del derecho a la resistencia y su vinculación con la no criminalización de la defensa de los derechos humanos. A continuación se analizarán los elementos que
64 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C No. 79, párr. 149.
65 Gerardo Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, p. 123.
componen el derecho a la resistencia como derecho subjetivo: el titular, el obligado y el contenido.
2.1. El titular
Como desarrolla Robert Alexy, todo derecho humano tiene un alto grado de indeterminación 66 de manera que su acción pueda expandirse sobre cada aspecto de la vida de la sociedad, inclusive los que eran desconocidos al momento de la elaboración
del texto constitucional. 67 La indeterminación a nivel constitucional no es una falla de técnica normativa, sino una potencialidad deseable que permite, mediante la legislación secundaria y la interpretación constitucional, que el Derecho se adapte a las necesidades actuales de una sociedad en constante desarrollo:
Fidelity to the Constitution means applying its text and its principles to our present circumstances and making use of the entire tradition of opinions and precedents that have sought to vindicate and implement the Constitution. […] We decide these questions by reference to text and principle, applying them to our own time and our own situation and, in this way, making the Constitution our own. The conversation between past commitments and present generations is at the heart of constitutional interpretation. 68
El constitucionalismo vivo, sobre el que teoriza Balkin, 69 se desarrolla en una sociedad con una Constitución de más de doscientos años de antigüedad, en donde la pugna se da entre quienes quieren conservar los valores de los fundadores del país y quienes quieren que se adapte a la realidad actual. Sin embargo en las sociedades latinoamericanas cobra connotaciones distintas, ya que la desigualdad social, la pobreza y la explotación han hecho que el constitucionalismo actual deba adaptarse a realidades sociales cambiantes en donde los actores se mantienen en un constante conflicto entre el sostenimiento de privilegios de grupos de poder y la demanda de justicia de colectivos
66 Cfr., Robert Alexy, "Los derechos fundamentales en el estado constitucional democrático", p. 35.
67 Cfr., Roberto Gargarella, "La dificultosa tarea de la interpretación constitucional", p. 145-148.
68 Jack Balkin, "Fidelity to text and principle", en Jack Balkin y Reva Siegel, edit., The Constitution 2020, New York, Oxford Press, 2009, p.23.
69 Cfr., Jack Balkin, "The roots of living constitution", en Boston University Law Review, vol. 92, No. 4, julio de 2012, p.1129-1160.
históricamente excluidos. El alto grado de indeterminación de un derecho permite generarle límites en base a los otros derechos que coexisten en el sistema. Es obligación del legislativo (de forma general) y de la judicatura (de forma particular) fijar algunos límites para la coexistencia pacífica de los derechos e intereses sociales, siempre y cuando estos límites se encuentren fundamentados en el respeto y garantía de otros derechos. Sin embargo, esto no es posible con el derecho a la resistencia. Como está formulado el derecho a la resistencia, no podría estar limitado por la acción legislativa, al ser anti-sistémico la norma no podría indicar cuándo se puede y ejercer y cuándo no. Por principio, si una actividad es legal y autorizada no es un acto de resistencia. 70 Con estos elementos se puede entonces establecer quién es titular del derecho a la resistencia. Como ya se presentó antes, la resistencia parte de dos condiciones fundamentales: (i) que se haya vulnerado o se pueda vulnerar un derecho fundamental; y, (ii) que no exista una respuesta del estado para tutelar ese derecho. Sin embargo, la vulneración o el peligro de vulneración del derecho no está, y quizá nunca llegue a estar, delimitado por un juez. Las nociones de vulneración o riesgo obedecen a la interpretación que la persona o el colectivo hagan de sus derechos, por lo que resulta ser una práctica eminentemente subjetiva. En el texto ya mencionado, "La desobediencia civil" de Henry David Thoreau, por ejemplo, el autor defiende su postura de negarse a pagar sus impuestos en vista de que no quería aportar dinero a un Estado que llevaría adelante una guerra "inmoral" contra México. Para Thoreau la inmoralidad radicaba en invadir a un país vecino y
70 Esta característica se refuerza al comparar el derecho a la resistencia (art. 98 de la Constitución) con la acción ciudadana (art. 99 de la Constitución). En ambos casos opera una facultad de las personas o los colectivos de reaccionar frente a una violación o amenaza, sin embargo, en el caso de la acción ciudadana la situación se coloca ante la autoridad competente para tutelar el derecho por lo que su naturaleza es sistémica. Mientras que, en el derecho a la resistencia se dejan de obedecer las normas u órdenes de autoridades competentes, lo que le da su característica de anti-sistémico.
tratar de apoderarse de su territorio, lo que él consideraba opuesto a sus valores, por lo que en base a su conciencia y a las disposiciones de la Declaración de Independencia, él podía resistirse a un gobierno inmoral. 71 Quien en este caso hizo la calificación de inmoral a la guerra contra México fue Thoreau y su postura nunca fue compartida por una autoridad competente. Otros ejemplos pueden encontrarse en la objeción de conciencia de grupos pacifistas y religiosos para participar en la conscripción militar obligatoria de varios países por considerar que la guerra iba en contra de sus principios morales. 72 En este mismo sentido los movimientos liderados por Gandhi y por Martin Luther King realizaron varios actos de resistencia pacífica no violenta en los que desafiaron a la autoridad por la defensa de ideales de libertad e igualdad, sus actos de resistencia lograron importantes cambios políticos en sus respectivos países. 73 2.2. El obligado
Existen dos tipos de sujetos pasivos del derecho a la resistencia según el artículo 98 de la Constitución, que establece que los actos u omisiones podrían provenir "del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales". 74 Ahora bien, dentro del poder público existirán distintos obligados de acuerdo a su función en el Estado, quien por acción u omisión pone en riesgo o viola un derecho humano, quien desde la función judicial puede tutelar el derecho antes de que sea necesaria la resistencia y, finalmente,
71 Cfr., Henry David Thoreau, "La desobediencia civil", p. 367-378.
72 Existen varios casos en Europa al respecto, que tuvieron el efecto de generar precedente y ahora muchos países deben tener modificar su legislación para permitir que quienes se declaren objetores de conciencia no se les obligue a hacer el servicio militar. Cfr., Corte Europea de Derechos Humanos, Erçep
v. Turquía, No. 43965/04, 22 de noviembre de 2011.
73 La filosofía de Gandhi sobre la no violencia y la desobediencia civil fueron vitales para conseguir la independencia de la India de Gran Bretaña. Las acciones de desobediencia civil de Martin Luther King Jr.
pusieron en la mesa de discusión los derechos civiles, en especial los derechos de las personas negras en Estados Unidos, los derechos reclamados por su "movimiento de los derechos civiles" fueron integrados mediante reformas legislativas al derecho norteamericano, como el derecho al voto y la eliminación de la segregación racial. Cfr. Eduardo Mora Altamirano, Desobediencia civil: de Thoreau a Gandhi y Martin Luther King, Jr., Quito, Universidad de los Hemisferios/Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009,
p. 277-306.
74 Constitución de la República del Ecuador, artículo 98.
la función judicial que decidirá cuál es la consecuencia (generalmente penal) por haber participado en las actividades de resistencia.
2.3. El contenido.
Algunas conclusiones sobre el contenido del derecho a la resistencia pueden deducirse de forma lógica mediante la aplicación de la teoría de los derechos humanos de Robert Alexy, según la cual el análisis de las normas en forma de principio requiere su uso a la
luz de las modalidades deónticas propias de las normas jurídicas. “La lógica deóntica es la lógica de los conceptos y enunciados deónticos. Los conceptos deónticos básicos son los de mandato, prohibición y permisión. Los enunciados deónticos son los enunciados formados con la ayuda de estos conceptos.” 75 Desde estos enunciados deónticos se pueden establecer algunas deducciones lógicas sobre las obligaciones, prohibiciones y permisiones que son consecuencia de la formulación de un derecho formulado como principio. Tal es el caso del derecho a la resistencia que podría estar formulado de la siguiente manera:
(1) Está permitido que a se resista a una orden de autoridad que vulnere o pueda vulnerar derechos.
De este postulado de permisión se pueden inferir los demás postulados deónticos, “para la teoría de los derechos fundamentales, tiene especial interés el concepto de permiso. Si se siguen las definiciones presentadas, que corresponden al sistema estándar de la lógica deóntica, entonces el permiso consiste en la negación de la prohibición”. 76 Tomando en cuenta esta significa que de un postulado de permisión, como el del artículo 98 de la Constitución, se podrá inferir una obligación de no prohibición:
75 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 173-174.
76 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 175.
(2) No está prohibido que a se resista a una orden de autoridad que vulnere o pueda vulnerar derechos.
Los postulados deónticos dan lugar a posiciones jurídicas. Mientras los derechos fundamentales, por efecto de su adjudicación universal, lo tienen prima facie todas las personas, la delimitación de esos derechos por los supuestos jurídicos y fácticos hace que finalmente el titular se encuentre en un lugar en donde queden plenamente establecidas las prestaciones que puede exigir del obligado. Este lugar es la posición jurídica, la que permite establecer derechos y obligaciones que se derivan del derecho, el cual estaría inmerso en “una relación tríadica cuyo primer elemento es el portador o titular del derecho, su segundo elemento, el destinatario del derecho y su tercer elemento, el objeto del derecho”. 77 Para Alexy, esas posiciones jurídicas serán derechos a acciones negativas o derechos de defensa, derechos a acciones positivas, libertades y competencias. Esto constituye una división estructural de los efectos del derecho, es decir coexisten dentro de un mismo derecho. Para el caso del derecho a la resistencia, tenemos los postulados (1) y (2) que permiten la resistencia y que no la prohíben, de lo cual se pueden deducir algunas consecuencias:
Respecto a los derechos de libertad o de expectativas negativas, (3) a tiene frente al Estado un derecho a que éste no le dificulte a llevar a cabo la acción h. 78
Siendo en este caso h las acciones que decidan tomar los titulares del derecho a la resistencia para defender sus derechos de una actual o posible vulneración. Estos actos podrían ser plantones, cierre de vías, marchas, desacato de órdenes judiciales, etc.
77 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 163-164.
78 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 168.
(4) a tiene frente al Estado un derecho a que éste no afecte la propiedad A (la situación B) de a. 79
Entiéndase A, como la posibilidad de ejercicio del derecho como por ejemplo, la posibilidad de los funcionarios públicos de asistir a manifestaciones; o, B como impedir que se ocupe un espacio público para realizar la acción h.
(5) a tiene frente al Estado un derecho a que éste no elimine la posición jurídica PJ de a. 80
Entendiendo PJ como, el reconocimiento del derecho a la resistencia en la Constitución y su regulación posterior, lo que no podría el Estado es eliminar el derecho de la Constitución o limitarlo de manera regresiva. El derecho a la resistencia también puede ser considerado como derecho a acciones positivas. “Los derechos que tiene el ciudadano a acciones positivas del Estado, y que pude ejercer contra éste, pueden dividirse en dos grupos, el de aquellos cuyo objeto es una acción fáctica y el de aquellos cuyo objeto es una acción normativa.” 81 Así respecto al derecho a la resistencia:
(6) a tiene frente al Estado un derecho a que éste lleve a cabo la acción positiva fáctica h. 82
En donde h podría ser, dado el caso, la protección de los manifestantes respecto a retaliaciones de grupos rivales, la concesión de permisos en espacios controlados para minimizar el impacto a personas ajenas a la protesta y proteger a los manifestantes,
79 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 169.
80 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 168.
81 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 171.
82 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 172.
prevenir que las acciones represivas de la fuerza pública dañen a los manifestantes, etc.
(7) a tiene frente al Estado un derecho a que éste lleve a cabo la acción positiva normativa h. 83
Donde h puede ser desde condiciones para establecer que reconozca como legítimo el ejercicio del derecho a la resistencia, reformas al Código Penal para descriminalizar algunas acciones relacionadas con la protesta social o la creación de causas de justificación, así como de atenuantes, cuando el acto típico corresponde al ejercicio del derecho a la resistencia. La otra estructura importante de los derechos es la libertad jurídica. “Se hablará de libertad jurídica sólo si el objeto de la libertad es una alternativa de acción. Cuando el objeto de la libertad es una alternativa de acción. […] El concepto de libertad negativa no dice nada acerca de qué debe hacer una persona libre en sentido negativo o qué hará bajo determinadas condiciones; tan sólo dice algo acerca de sus posibilidades para hacer algo.” 84 Esta sería por excelencia la fórmula del derecho a la resistencia:
(8) x es libre (no libre) con respecto a y para hacer z o no hacer z. 85
Donde el titular del derecho a la resistencia es x, y sería el obligado a no impedir las acciones (podría ser el estado o un particular) y z (en caso de hacer) serían las acciones por las cuales se ejerce el derecho a la resistencia o (en caso de no hacer) la orden de autoridad (norma o acto jurídico) que se desobedece por ser contrario a los derechos fundamentales de x. Finalmente, los derecho pueden tener la forma de competencias, para Alexy la competencia es la posibilidad de alterar una posición jurídica.
83 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 172.
84 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 189.
85 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 189.
Una competencia es una posición conferida por una norma de competencia. Aquí se considerará tan sólo la posición que tiene un sujeto jurídico cuando, sin que sean necesarias al respecto acciones de otros sujetos jurídicos, puede modificar la posición jurídica de otro sujeto. Que a puede modificar la posición jurídica de b significa que a, por medio de su acción, puede crear una posición jurídica de b que, en circunstancias similares, no existiría sin esa acción. 86
El derecho a la resistencia como competencia quedaría formulado de la siguiente manera:
(9) a tiene frente a b la competencia para crear una posición jurídica PJ de b. 87
Donde a es quien, o quienes, ejercen el derecho a la resistencia, b es el obligado (Estado o particular), la competencia podría ser la posibilidad de esgrimir en un juicio penal como causa de justificación el ejercicio del derecho a la resistencia y la PJ básica que se alteraría podría ser la posición jurídica de b de exigir una condena penal en contra de a por su ejercicio del derecho a la resistencia. Si bien las formulaciones de Alexy permiten entender algunas obligaciones que generaría el derecho a la resistencia al Estado, no soluciona la coexistencia de este derecho con los demás derechos fundamentales. Tomando en cuenta que la resistencia implica la violación del Derecho (sea de normas o de órdenes de autoridades legitimadas por el Derecho), necesariamente su ejercicio va a colisionar con alguna norma del sistema, incluso quizá con un principio de la misma jerarquía (es decir otro derecho humano). Sin embargo, el derecho a la resistencia resulta funcional al ejercicio y tutela de los demás derechos fundamentales, en particular del que está siendo violado o está en peligro. En un análisis de ponderación, las acciones de resistencia serían, en todo caso, la medida adoptada que implica la satisfacción del derecho de la persona o colectivo que se resiste, versus el derecho que juegue en sentido contrario, muchas
86 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 209.
87 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 209.
veces será únicamente el de obediencia a la autoridad.
Se debe establecer, además, cuales son los momentos del ejercicio del derecho a la resistencia y las consecuencias de esta temporalidad. Siguiendo a Ronald Dworkin, 88 al analizar el fenómeno de la desobediencia civil, existen tres momentos fundamentales que serían aplicables en el caso ecuatoriano al derecho a la resistencia. Estos momentos son, cuanto existe incertidumbre sobre lo que ordena el Derecho, cuando se espera una resolución judicial definitiva o cuando existe una resolución desfavorable a la persona o colectivo que ejerce el derecho a la resistencia.
El primero momento es cuando existe la incertidumbre sobre lo que ordena el Derecho, 89 es decir cuando se confrontan la interpretación de lo que dice la Constitución de la persona o colectivo que resiste y la de la autoridad que podría, por acción u omisión, violar derechos constitucionales; y que aún no han sido resueltos por la
autoridad judicial competente. Un ejemplo de ello puede ser el derecho a la consulta previa a pueblos y nacionalidades indígenas y el debate alrededor de la necesidad de alcanzar el consentimiento de la comunidad. La Corte Constitucional aún no ha conocido un caso en el cual haya tenido que determinar si la formulación de dicho derecho implica que el pronunciamiento de la comunidad sea vinculante para el Estado. El gobierno actual de Ecuador ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que ese derecho al veto de las comunidades indígenas no existe, y que es una mala interpretación de la Constitución. Mientras tanto, la posición de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador ha sido que el Estado necesita su consentimiento para realizar cualquier actividad dentro de sus territorios, para lo cual se basan en su
88 Cfr., Ronald Dworkin, Los derechos en serio, p. 310. 89 Cfr., Ronald Dworkin, Los derechos en serio, p. 310.
derecho propio, en la jurisprudencia del Sistema Interamericano, de la Organización Internacional de Trabajo, del Sistema Universal y en tratados y declaraciones internacionales. Siendo que la existencia del derecho a la consulta debería tener
consecuencias jurídicas, ambas interpretaciones serán igualmente válidas hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie al respecto. Mientras la Corte Constitucional no delimite el alcance de este derecho se debería respetar las posiciones de las partes, lo que significaría no imponer por la fuerza la posición de la parte que tiene el poder político y económico. Ante la imposición represiva de la posición estatal, el derecho a la resistencia estaría justificado. En esta posición de indeterminación del Derecho, propia de los principios constitucionales, va a ser común que se produzcan interpretaciones contradictorias y por tanto posiciones jurídicas igualmente válidas. En este caso, lógicamente, la persona o colectivo más débil carece de los medios para imponer su visión por medio de la fuerza pública, o mediantes los canales democráticos, como lo hacen las personas o grupos que ostentan el poder público. Los actos encaminados a impedir que se consume la acción estatal serían el resultado de la falta de diálogo en un foro que garantice la representación argumentativa, 90 por encima de la representación electoral y, constituirían actos de defensa de bienes jurídicos constitucionales y, por tanto, atípicos.
3.2. Cuando se espera una resolución judicial o administrativa.
El segundo caso es cuando las interpretaciones contrapuestas de lo que dice la Constitución se encuentran en conocimiento de una autoridad judicial, administrativa o legislativa con competencia para resolver en la materia. 91 Se debe tomar en cuenta que independientemente de la autoridad que tome la decisión, por principio constitucional su accionar está sometido a control constitucional, lo que significa que la última palabra en
90 Cfr., Robert Alexy, "Los derechos fundamentales en el estado constitucional democrático", p. 40. 91 Cfr., Ronald Dworkin, Los derechos en serio, p. 310.
un conflicto de esta clase lo tendrá la Corte Constitucional. De tomarse las previsiones adecuadas para tutelar los derechos en peligro (con una medida cautelar) el hecho de que las acciones que puedan violar derechos no se vayan a ejecutar debería evitar el conflicto entre los y las titulares del derecho y el Estado, por tanto sería innecesario acudir al derecho a la resistencia. Si la sentencia de la Corte Constitucional toma en cuenta la representación argumentativa y está construida de forma lógica, persuasiva y alcanza una resolución justa, podría eliminar el problema sin necesidad de conflicto. Sin embargo, en la realidad ecuatoriana un caso podría pasar varios años en esta situación. En cuanto a las decisiones administrativas no existen plazos de respuesta, un proyecto de ley sin apoyo podría pasar varios años sin una decisión del legislativo y una resolución de la Corte Constitucional puede tardar varios años, en especial si antes se iniciaron acciones ordinarias o si se impugna la inconstitucionalidad de una norma. En caso de que la autoridad que deba decidir sobre el conflicto de interpretaciones no busque la manera de detener el acto u omisión que lesionaría los derechos de la persona o colectivo, la resistencia se convierte en una medida cautelar extraordinaria que, de no adoptarse, podría provocar un daño irreparable. Esta medida cautelar extraordinaria 92 buscaría la protección de bienes jurídicos constitucionales, por lo que los actos de resistencia en este caso tampoco serían antijurídicos. Se podría suponer que los casos de conflictos de interpretación se irán solucionando conforme la Corte Constitucional se pronuncie y que cada vez sería menor la necesidad del uso derecho a la resistencia. Sin embargo esto no es así, porque el hecho de que exista delimitación del derecho no significa necesariamente que se hayan
92 A pesar de las discrepancias en otros puntos fundamentales, varios autores ecuatorianos consultados coinciden con éste planteamiento (de la resistencia como medida cautelar) en la obra El derecho a la resistencia en el constitucionalismo moderno, cuyos artículos se encuentran citados en este trabajo. Ver por ejemplo, Jaime Rodríguez-Arana, "El derecho a la resistencia en la Constitución ecuatoriana: notas sobre la efectividad de la protección de los derechos constitucionales", en El derecho a la resistencia en el constitucionalismo moderno, Guayaquil, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 2011, p. 99-100.
llenado todos los vacíos o posibilidades de interpretación que se podrían dar y, por otro lado, no garantiza que esta interpretación vaya a ser respetada. Siguiendo el ejemplo del derecho a la consulta, de existir una ley que regule posteriormente la consulta previa y que afirme que es vinculante, o una decisión de la Corte Constitucional en el mismo sentido, un intento del gobierno de impulsar un proyecto sin el consentimiento de la comunidad sería contrario a la interpretación ya realizada. En este caso no existe una laguna interpretativa, sí no que el gobierno estaría desacatando la posición del intérprete calificado de la Constitución al pretenden impulsar el proyecto extractivo. La comunidad que se resiste en este caso hace, además de una defensa de sus derechos, una defensa del Derecho, la resistencia además de estar justificada debería recibir un reconocimiento posterior mediante una orden de investigación y sanción de quienes ordenaron el acto u omisión contrario a la Constitución. Un caso paradigmático, en este sentido, sería la sentencia de la ley de minería de la Corte Constitucional Ecuatoriana en la cual determinó que por esa ocasión permitiría que el congreso nacional realice una consulta pre-legislativa a los pueblos y nacionalidades indígenas sin seguir los estándares internacionales debido a la falta de normativa. 93 Pero en cambio, la nueva legislación que pueda afectar a pueblos indígenas debería seguir los lineamientos que la propia Corte determinó, lo cual fue una interpretación del alcance al derecho a la consulta pre-legislativa. La Corte además determinó que sus lineamientos estarían vigentes hasta que la Asamblea dicte la ley correspondiente. 94 Sin embargo, el legislativo en vez de empezar la discusión para la aprobación de una ley de consulta previa lo que hizo fue emitir un instructivo por parte
93 Cfr., Corte Constitucional, 001-10-SIN-CC, MP: Patricio Pazmiño, 18 de marzo del 2010, publicado en el Registro Oficial 176, del 21 de abril de 2010, p. 15.
94 Cfr., Corte Constitucional, 001-10-SIN-CC, p. 17.
del Consejo de Administración de la Asamblea. 95 Además en el proceso de aprobación de nuevas leyes no se siguieron los lineamientos de la sentencia, ni los del instructivo. Por lo que los pueblos y nacionalidades indígenas que no fueron consultados podrían iniciar nuevas manifestaciones (como las que siguieron a la aprobación a la Ley de Minería precisamente y que terminaron con varios líderes criminalizados). 96 En caso de ejercer su derecho a la resistencia las comunidades estarían defendiendo, además de sus derechos, la interpretación calificada de la Constitución.
3.3. Cuando toda respuesta se ha negado y la injusticia persiste. El derecho extremadamente injusto no es Derecho.
En tercer caso tiene lugar cuando ya existe un pronunciamiento judicial de última instancia, contrario a la posición de la persona o colectivo que, a pesar de ello, ejerce el
derecho a la resistencia. Se pueden encontrar hitos históricos de como las luchas por el reconocimiento del voto a las mujeres o la eliminación de la segregación racial, que las conquistas en cuanto al alcance de los derechos no siempre es apoyada inicialmente por la función judicial y que no es si no después de varios procesos judiciales y décadas de movilización social que esos cambios se alcanzan, ya que incluso la interpretación de la Corte Constitucional puede ser injusta. Este es el presupuesto más problemático y en donde se verá la verdadera vocación democrática de quienes detentan el poder en el sentido de donde trazará la línea entre la tolerancia a las manifestaciones sociales y la criminalización. La noción del derecho injusto como no-Derecho viene desde la edad media, Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica decía que "[l]a ley tiránica, por lo mismo que no se conforma a la razón, no es propiamente ley, sino más bien una
95 Cfr., Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. "Instructivo para la aplicación de la consulta prelegislativa". Publicado en el Registro Oficial 733, del 27 de junio de 2012. Considerandos, p.2
96 Cfr., "Pepe Acacho conocerá hoy la sentencia", en El Comercio, versión digital, 8 de julio de 2013, en:
<http://www.elcomercio.com/politica/PepeAcacho-Pachakutik-terrorismo-sabotaje_0_952104852.html>.
perversión de la ley". 97 Una formulación contemporánea de este postulado la encontramos en la obra del filósofo alemán Gustav Radbruch, conocida como la Radbruchsche Formel (Formula Radbruch) que ha sido utilizada por el Tribunal Constitucional Alemán para desconocer las leyes de régimen Nazi y de la República Democrática Alemana:
El conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica debería poder solucionarse en el sentido de que el Derecho positivo asegurado por el estatuto y el poder tenga también preferencia cuando sea injusto e inadecuado en cuanto al contenido, a no ser que la contradicción entre la ley positiva y la justicia alcance una medida tan insoportable que la ley deba ceder como "Derecho injusto" ante la justicia. Es imposible trazar una línea más nítida entre los casos de la injusticia legal y las leyes válidas a pesar de su contenido injusto; pero puede establecerse otra línea divisoria con total precisión: donde ni siquiera se pretende la justicia, donde la igualdad, que constituye el núcleo de la justicia, es negada conscientemente en el establecimiento del Derecho positivo, ahí la ley no es sólo "Derecho injusto", sino que más bien carece totalmente de naturaleza jurídica. 98
Varias razones podrían llevar a la Corte Constitucional a adoptar una postura interpretativa contraria a la protección de los derechos humanos. La falta de independencia, la parcialidad o la corrupción pueden ser algunos factores. Ante una decisión política, carente de argumentación y que incluso va en contra de la Constitución, no se puede esperar que las personas perjudicadas por estas irregularidades adopten una posición pasiva respecto a la injusticia. Incluso en sistemas jurídicos del common law, en donde la regla del precedente (stare decisis) está totalmente afianzada, existe la posibilidad de modificar las decisiones judiciales (overruling) si el precedente anterior ya no respondía a los valores o la realidad de sociedades cambiantes. La posición de la Corte Suprema de los Estados Unidos, por ejemplo, en materia de segregación racial sufrió un cambio a favor de las
97 Santo Tomás de Aquino, Suma de teología, t. II, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1989, p.
98 Gustav Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, 1990, p. 89, citado por Robert Alexy, "Una defensa de la fórmula de Radbruch", en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, No. 5, La Coruña, Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 2001, 75-76.
personas afrodescendientes en dicho país, de la doctrina de separados pero iguales a la eliminación de la segregación. 99 Por lo anterior, resulta posible que una persona o colectivo cuyos derechos no hayan sido tutelados espere que una nueva Corte Constitucional, que supere los problemas de falta de independencia, ineficiencia, corrupción y falta de preparación, dicte una sentencia en un sentido más fiel a los principios constitucionales y a los derechos humanos. Sin embargo, no en todos los casos se podría hablar de una juridicidad, tomando en cuenta que pueden existir casos extremos como los que señala Roberto Gargarella, en cuanto a las condiciones de vida de las personas. 100 En muchas legislaciones existe, por ejemplo, la excepción del estado de necesidad como una justificación de lo antijurídico del acto. En la sociedad ecuatoriana, la resistencia a las actividades petroleras y mineras, en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas es un acto de resistencia a las actividades que pueden destruir su forma de supervivencia cultural y física. Su cosmovisión los vincula a su territorio no sólo por la necesidad de subsistencia, si no de una forma espiritual con un espacio en el que existen ellos, sus ancestros y las generaciones futuras. 101 La defensa de su territorio es la defensa de la existencia misma de su cultura, lo cual no podría ser considerado un acto típico. El autor ecuatoriano Miguel Hernández Terán no comparte estas tesis, en su obra El derecho constitucional a la resistencia afirma que no se podría alegar resistencia sobre un tema que ha sido sentenciado en cuanto al fondo de la causa:
99 Sobre el avance de la tutela de la igualdad en la Corte Suprema de los Estados Unidos, del caso Plessy v. Ferguson (1896) al caso Brown v. Board of Education, se puede consultar: Edward Knappman, edit., Great American Trials, Detroit, Visible Ink, 2003, p. 218-220 y 466-470.
100 Cfr., Roberto Gargarella, "El derecho a la resistencia en situaciones de carencia extrema", en Roberto Gargarella, edit., El derecho a resistir el derecho, Buenos Aires, Miño y Dávila Edit., 2005, p. 12-48.
101 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones, sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 148.
La institucionalidad democrática se resentiría gravemente si institucionalmente el Derecho admite su incumplimiento. Sería sencillamente una burla al Derecho. De ahí que estimamos que en ningún caso el derecho a la resistencia instituido en el artículo 98 de la Constitución pueda, ni deba, incluir a las decisiones judiciales de fondo ni en general a ninguna providencia judicial, cualquiera fuera la naturaleza, materia o vía. 102
La posición del autor contiene dos posiciones inaceptables. Primero, coloca el ejercicio al derecho a la resistencia como subsidiario de la decisión judicial, como ya se ha argumentado es perfectamente posible que la injusticia que viola o desconoce la violación del derecho fundamental provenga de la función judicial. Segundo, el derecho a la resistencia es anti-sistémico y tiene un carácter autotutelar y, como tal, está fuera del Derecho. Si las controversias se ventilan dentro de la función judicial no se puede hablar de un derecho a la resistencia. Reducir de esta manera el derecho a la resistencia equivale a suprimirlo.
El derecho a la resistencia, de la forma en que está formulado en la Constitución Ecuatoriana, implica un derecho subjetivo a resistir al Derecho, entendiéndose este Derecho como toda decisión de la autoridad competente, norma jurídica escrita o norma jurídica de carácter particular, como una sentencia. Sin embargo, no es un derecho absoluto. Como todos los demás derechos constitucionales coexisten en un plano en el que gozan de igual jerarquía y cuyas esferas colisionan frecuentemente cuando se aplican en casos concretos. Cada vez que aparece una colisión de derechos al menos uno deberá ceder y, por tanto, será limitado. Así, el límite del derecho a la resistencia son los demás derechos fundamentales. En base a este derecho subjetivo, como ya se mencionó, sus titulares estarían en la posición jurídica que exigirle al Estado la abstención del uso de su potestad del uso de la fuerza para hacer cumplir el Derecho. Dos consecuencias jurídicas de que los
102 Miguel Hernández, El derecho constitucional a la resistencia. ¿Realidad o utopía?, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, p. 204.
derechos fundamentales sean derechos subjetivos es la facultad de las personas de exigir su cumplimiento, sin embargo, la forma y los momentos de exigir el cumplimiento de los derechos difieren entre uno y otro. Mientras algunos derechos se exigen a los órganos judiciales por las violaciones cometidas por las autoridades no judiciales, otros son intrínsecos a la labor de la judicatura. Estos últimos son imperativos sobre la forma en que la función judicial debe realizar su labor y la violación de los mismos implica el control de la labor judicial por parte de otros jueces. Respecto a la primer tipo de actividad de la función judicial, implicaría que las personas podrían presentar acciones para pedir la tutela del derecho a la resistencia, es decir de forma autónoma y no como parte de un proceso en el que se está discutiendo el derecho que las personas defienden mediante los actos de resistencia. Estos casos serían poco comunes, tomando en cuenta que la aplicación del derecho a la resistencia implica que ya existe la violación o el peligro de violación de una norma jurídica o una orden que podría generar de por sí un proceso judicial independiente. Por ejemplo, en un caso de despido intempestivo de trabajadores públicos en que las personas deciden manifestarse ocupando un edificio público, si bien es cierto que los manifestantes podrían presentar una acción para defender su derecho a resistirse a la decisión judicial y a las normas que les prohíben su manifestación, lo más lógico será iniciar una acción en contra del despido intempestivo. En su artículo sobre el tema Elizalde y Flores plantean que esta tutela debería realizarse mediante la presentación de medidas cautelares y que el derecho a la resistencia en si mismo sería una medida cautelar hasta que el asunto se resuelva por el fondo. 103 Sin embargo, como ya se anotó, de presentarse una medida cautelar debería
103 Cfr., Marco Elizalde y Xavier Flores, "El derecho constitucional a la resistencia en el constitucionalismo ecuatoriano. Análisis jurídico para una interpretación integral de este derecho- garantía", en El derecho a la resistencia en el constitucionalismo moderno, Guayaquil, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 2011, p. 123.
ser con el objeto de tutelar el derecho fundamental que está siendo violado, no el de la resistencia que actúa como garantía. Y, en segundo lugar, si bien el derecho a la resistencia es una garantía excepcional, es anti-sistémica, por lo que su aplicación responde a la autotutela del derecho y no podría, por tanto, depender de la decisión de fondo que sobre el tema adopte la función judicial. Por otra parte, podría resultar más común que el derecho a la resistencia sea invocado dentro de procesos judiciales en donde, a causa de su ejercicio, una persona corra el riesgo de ser sancionada civil, administrativa o penalmente. En el mismo ejemplo, un trabajador que pliega a la manifestación de sus compañeros y a quien, por este hecho, se le inicia un sumario administrativo, podría alegar que el despido injusto le daba el derecho de manifestar su inconformidad y que lo hizo así amparado en el derecho a la resistencia. En supuestos en que se deba evaluar la proporcionalidad de los actos de resistencia. Se deben tomar en cuenta los tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 104 Sin embargo, al no tratarse de limitación de derechos o de interdicción del exceso estatal, los sub principios no deberían tomarse en sentido estricto. La idoneidad debería ser tomada como el vínculo entre el derecho que se pretende proteger y la acción tomada, así por ejemplo el cierre de vías podría ser parte de una manifestación social, pero no así ataques a la integridad física de los transeúntes. Sobre la necesidad, de las acciones se debería mirar desde la óptica desde la comunidad, es decir no podría exigirse a las personas que antes de realizar acciones de hecho presenten un reclamo judicial, pero si se podrían evaluar los contactos previos con las autoridades para presentar sus objeciones. Finalmente, respecto a la proporcionalidad en sentido estricto se tiene que
104 Cfr., Carlos Bernal Pulido, El derecho de los derechos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 66-68.
analizar que el uso de los medios de hecho haya sido racional en el sentido que los manifestantes tienen la obligación de minimizar los daños que su protesta pueda provocar. Ahí donde se ha excedido la racionalidad cabría la acción sancionatoria del Estado, siempre y cuando esta se enmarque en los principios del derecho penal de acto y no como excusa para la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos, como se analizará en el siguiente capítulo.
Capítulo II: Nosotros los terroristas. Criminalización de la resistencia.
"[U]n terrorista no es solamente alguien con un arma o una bomba, también es alguien que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristina" Declaración de Jorge Rafael Videla, recogida por Peter Straffor, "Argentina: back on the rails, but at what cost?", en The Times, London, 3 de enero de 1978, p.12, issue 60201. Traducción del autor.
1. El enemigo en el derecho.
La antítesis de la resistencia es la criminalización. La criminalización es el acto mediante el cual, se establecen en una sociedad que actos serán tipificados y la forma en que se dirigirá la aplicación de esa norma penal. 105 La criminalización históricamente es el mecanismo de control social por excelencia. Su uso se identifica con el mantenimiento del estatus quo del poder económico social o político dentro de la sociedad, disfrazado de la idea de proteger a la sociedad de los riesgos que podrían generar los individuos más peligrosos de ésta. La criminalización moldea a la sociedad bajo normas de comportamiento o estereotipos de las personas que son deseables dentro de la sociedad y cuáles deben ser excluidas. 106 Mediante el Derecho en general y el derecho penal en particular, se ha creado un sistema que sostiene el modelo de sociedad del grupo hegemónico, práctica que puede ser identificada en todas las sociedades, sea cual sea la bandera ideológica que enarbolen. Esta normatividad trasciende el campo de lo cultural al campo represivo, mediante ésta se crean ideas de lo bueno o decente en una sociedad. Con el sistema penal se consigue reprimir a un reducido número de personas, sin embargo con los estereotipos se consigue multiplicar la capacidad represiva ya que cada miembro de la
105 Cfr., Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Derecho penal. Parte general, p.7. 106 Cfr., Boaventura de Sousa Santos, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política, Madrid, Trotta, 2005, p. 195-197.
sociedad se convierte en un agente que defiende la normalidad. Mediante la normalidad se definen quienes son aptos para ser reconocidos como parte del "pacto social" y quienes deben der expulsados hacia adentro (cárceles y manicomios), quienes deben ser expulsados hacia afuera (deportaciones o extradiciones) e incluso quienes deben ser eliminados (pena de muerte). Si bien algunas normas penales sancionan atentados a bienes jurídicos como los derechos humanos, el aparato penal se dirige a neutralizar a los enemigos del sistema. El poder que le da a los estados el derecho penal sobre el cuerpo de otros ha generado varios intentos para racionalizar su uso 107 y reducirlo a su mínima expresión (derecho penal mínimo); 108 o, su supresión (abolicionismo penal). 109 En un sistema totalitario el derecho penal estará diseñado para limitar sin control las libertades. Por ejemplo, gran parte del trabajo de los servicios de inteligencia del régimen nazi (la Schutzstaffel o SS) lo hacían los propios ciudadanos que denunciaban a sus vecinos y familiares por actos que consideraban contrarios al régimen nazi en busca de recompensa o simplemente de no ser denunciados a su vez. 110 Las sociedades que heredaron el modelo del estado de derecho, a pesar de adscribir a la teórica contractualista, conforme más tiempo pasa del momento hipotético de la firma del contrato social más se alejan de la idea del estado como garante del derecho y adoptan la postura de la razón de estado. Basados en las ideas de Thomas Hobbes, 111 se desarrolla otra línea de pensamiento respecto al fin del estado como vehículo del ejercicio de poder, la necesidad de su existencia y de su protección. Desde la perspectiva hobbesiana el estado es el salto cualitativo del estado de naturaleza a la
107 Uno de los intentos más tempranos es el Beccaria con su obra de 1764 "De los delitos y las penas". Cfr., Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas, Bogotá, Temis, 3a. ed., 2000.
108 Cfr., Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 2004, 6a. ed., p.
109 Cfr., Raúl Eugenio Zaffaroni, En busca de las penas perdidas, Buenos Aires, Ediar, 2003, p. 101-117.
110 Cfr., Elizabeth Roudinesco, Nuestro lado oscuro. Una historia de los perversos, Barcelona, Edit. Anagrama, 2009, p. 139-181.
111 Cfr., Thomas Hobbes, Leviatán, p. 119-127.
civilización, mientras en uno los derechos están en constante riesgo, en el otro el estado protege esos derechos a un costo: la obediencia a la razón de estado. La idea misma de la razón de estado implica que existe una sola voluntad detrás del poder, y por tanto de la Ley. Las visiones diferentes chocan con el deseo de imponer esa visión única de la sociedad, los derechos y el desarrollo. Un estado autoritario en el que las personas y los colectivos deciden resistirse a sus órdenes o a una ley expedida dentro de los cánones de la institucionalidad democrática, no sólo desconocen la autoridad de las personas o instituciones que emiten dichas disposiciones, sino que enfrentan el postulado de la visión única, del bien común y ponen a tambalear el sistema autoritario. A pesar de que el poder de quienes dirigen el estado se debería basar en un consenso de lo que es el bien común, la idea se debilita ante la imposibilidad fáctica de participación en la toma de decisiones de ciertos grupos dentro de la sociedad. Para Celso Lafer, analizando la obra de Hannah Arendt Crisis of the Republic, la idea del consensus universalis del contractualismo se rompe ante la constatación de que en el pacto fundacional de la sociedad existieron personas que no fueron tomadas en cuenta, 112 en el caso ecuatoriano los pueblos y nacionalidades indígenas, muchos de ellos integrados a la fuerza a la vida nacional hace menos de 30 años. Es por eso que el derecho a la resistencia ha sido históricamente el más poderoso y, al mismo tiempo, el más temido de los derechos por parte de quienes ostentan los poderes del Estado. La resistencia social confronta la ilusión de la obligatoriedad de la Ley y recuerda a los grupos de poder que sus privilegios se sostienen en una ficción (el Derecho) y en una realidad (el poder) que es puesta en tela de juicio cada vez que la sociedad desafía a la autoridad. La posibilidad de la resistencia no sólo significa que eventualmente, mediante el uso de la resistencia social se pueda cambiar las decisiones
112 Cfr., Celso Lafer, La reconstrucción de los derechos humanos. Un dialogo con el pensamiento de Hannah Arendt, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 259.
que van en contra de los derechos de las personas, sino que a la vez mina la autoridad de los gobernantes y las instituciones lo cual conlleva la disminución del poder de control social que las élites. Es entonces connatural que ante la posibilidad del ejercicio de la resistencia los estados pretendan reprimirlo de la forma más agresiva posible. En Latinoamérica encontramos algunas muestras de esta aseveración, la necesidad de eliminar los grupos políticos de izquierda, que empezaban a ganar espacio político, en los países del Cono Sur llevó a la instauración de dictaduras para reprimir cualquier intento de desviar dichos estados de la senda capitalista (neoliberal) que sus élites habían trazado. 113 Dichos estados instauraron la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de personas como la política de control social. 114 Los estados legitiman estas acciones violentas, que conllevan graves violaciones de derechos humanos, con el discurso de la protección de la sociedad y del estado. Venden la idea de que quienes se oponen al gobierno son personas que quieren desestabilizar la sociedad, destruirla o implantar formas de vida ajenas a la cultura. Identificar a un grupo social como "enemigo" de la sociedad es una herramienta poderosa para empobrecer el debate sobre los temas nacionales y distraer la atención del accionar de gobiernos corruptos o ineficientes. Implantar en el imaginario social la idea de que un grupo es el enemigo permite destruir toda posibilidad de solidaridad entre el pueblo en general y el grupo estigmatizado, sobre el cual puede caer impunemente todo el poder del estado.
La esencia del trato diferencial que se depara al enemigo consiste en que el derecho le niega su condición de persona y sólo lo considera bajo el aspecto de ente peligroso o dañino. Por mucho que se matice la idea, cuando se propone distinguir entre ciudadanos (personas) y enemigos (no personas), se hace referencia a humanos que son privados de ciertos derechos individuales en razón de que se dejó de considerarlos personas. 115
113 Cfr., Naomi Klein, The shock doctrine, New York, Picador, 2007, p. 25-74.
114 Cfr., Baltasar Garzón y Vicente Romero, El alma de los verdugos, Barcelona, RBA Libros, 2008.
115 Eugenio Raúl Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, Buenos Aires, EDIAR, 2006, p. 18.
Entre los años cincuenta y noventa Latinoamérica sufrió innumerables conflictos armados internos gracias a que las elites gobernantes no permitieron salidas democráticas a las propuestas ideológicas que trataban de cambiar la inequidad social y la pobreza de sus sociedades. El acelerado avance de las ideas de izquierda y el aparecimiento de grupos armados subversivos generó la implantación de dictaduras militares coordinadas y apoyadas por la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA). 116 El gran logro de estos gobiernos fue implantar la idea de que estos grupos subversivos eran enemigos de la sociedad y que, por tanto, debían ser eliminados a toda costa. Sin embargo, una vez abierta la puerta para que los estados desplieguen toda su fuerza, otras personas fueron también incluidas en el grupo, aun cuando no tenían que ver con la lucha armada, pero que estaban en contra del paradigma capitalista. 117 Las políticas de seguridad hemisférica ya no apuntaban a la defensa de las invasiones externas, sino a atacar a las amenazas internas, los militares que unos años atrás habían combatido entre sí por rencillas territoriales ahora estaban coordinados en contra del avance comunista gracias a iniciativas como la Escuela de las Américas:
The correlation between domestic militarization and foreign “activism” held in the three periods of military expansion mentioned earlier, notably the latter two. Consider just Latin America. In 1951, “in a historic turn,” Congress passed the Military Defense Assistance Act “that created new ties between Washington and Latin American armed forces,” and the US undertook training of Latin American officers at the School of the Americas in the Panama Canal Zone. “By the end of 1954,” not merely coincidentally, “military dictators ruled thirteen of the twenty Latin American nations,” “a new high for the twentieth century,” including all Central American nations except Costa Rica. The Kennedy Administration changed the emphasis of the military assistance program from “hemispheric defense” to “internal security”—meaning war
116 Cfr., Patrice McSherry, "Operation Condor as a hemispheric counterterror Origanization", en: When states kill: Latin America, the U.S., and technologies of terror, Cecilia Menjivar y Nestor Rodriguez, edit., Austin, University of Texas Press, 2005, p. 28 - 56. 117 Noam Chomsky ilustra cómo se logró que los medios den poca importancia a las atrocidades comeditas en El Salvador y Nicaragua, bajo el auspicio de los Estados Unidos, al vender la idea de que se estaban defendiendo la libertad. Incluso la muerte de Monseñor Romero no fue digna de reseña, quizá por su colaboración con grupos de derechos humanos que documentaban los excesos de la derecha en El Salvador. Noam Chomsky, Turning the tide. US intervention in Central America and the struggle for peace, Boston, South End Press, 1985, p. 162-173.
against their own populations. 118
Este modo de manejar la divergencia política tuvo también mecanismos más sutiles como la instauración de sistemas penales que permitan reprimir en primera instancia los intentos de realizar activismo de izquierda. Estos esfuerzos quedaron consagrados en normas penales que aún siguen vigentes en varios países de Latinoamérica. 119 En el presente capítulo se sostendrá que esta misma identificación del enemigo dentro del derecho penal ahora se ha movido a quienes defienden los derechos humanos. Los defensores y defensoras de derechos humanos, entendidos como tales desde la definición que hace Naciones Unidas, son todas las personas que, individual o colectivamente, promueven y procuran la protección y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. 120 Estos defensores y defensoras de derechos humanos, gracias a sus luchas de reivindicación de derechos, han conseguido incomodar a más de un gobierno y se han convertido en el nuevo enemigo perseguido y criminalizado, 121 al punto que los sistemas regional americano 122 y universal 123 han establecido relatorías especiales para documentar las violaciones contra estas personas. En años recientes han tomado importancia los movimientos que buscan proteger
118 Noam Chomsky, Turning the tide. US intervention in Central America and the struggle for peace, p.
119 Una muestra es el tipo penal de terrorismo en Ecuador que se analiza más adelante.
120 Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos, Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/53/625/Add.2) en la 85a. sesión plenaria del 9 de diciembre de 1998, Art. 1.
121 Cfr., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev.1, 7 marzo 2006, p.
122 Decisión de crear la Relatoría de Defensores y defensoras de derechos humanos, en el marco del
<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2011/028A.asp>.
123 Decisión de establecer un relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2000/61, aprobado el 65° período de sesiones, 26 de april de 2000, en: <http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx>.
los derechos de quienes serán perjudicados por las políticas neoliberales del capitalismo radical. Tal es el caso de los grupos sindicales, de campesinos, los "sin tierra" en Brasil, trabajadores, los pueblos y nacionalidades indígenas en Latinoamérica o "los indignados" en Europa. Las armas y el discurso comunista han dado paso a nuevas reivindicaciones desde un nuevo frente, el de los derechos humanos. Si bien los derechos humanos nacieron desde un discurso liberal que procuraba crear categorías para frenar ciertos abusos extremos por parte de los Estados. Fenómenos como la globalización, la concentración de la riqueza, la destrucción de la naturaleza y la necesidad de expansión de las fronteras extractivas han llevado a la humanidad a un extremo en que simplemente los derechos humanos no pueden coexistir con el sistema capitalista, al menos como se está imponiendo actualmente. En un contexto como éste es especialmente importante para los Estados mantener las instituciones que años atrás crearon para luchar en contra de grupos subversivos, ahora ya no en contra de grupos armados sino en contra de cualquier grupo que busque reivindicar sus derechos. El terrorismo aparece en este contexto internacional como un concepto que engloba una serie de actividades violentas que tienen como fin generar terror en la sociedad. No existe un acuerdo sobre el significado del término, lo cual resulta muy conveniente para las personas que tratan de justificar sus actos en la "lucha contra el terrorismo". El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, usa el término terrorista para calificar a quienes participaron en los ataques a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2011, pero también a quienes resistían la invasión norteamericana a Irak. El terrorismo ha pasados de sustantivo (como acto) a adjetivo (como autor). La CIDH en su informe sobre terrorismo y derechos humanos del 2002 indica que “son los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar
un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas [que] son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos.” 124 La ambigüedad de esta definición se repite en varios convenios para la prevención de ciertos actos terroristas, pero, más grave aún, se traslada con ese grado de imprecisión a tipos penales, a veces acompañados de leyes que flexibilizan la vigencia de los derechos humanos para los sospechosos de cometer estos actos. Ese es el caso de las leyes que se han dictado, por ejemplo, en Estados Unidos de América a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas, y que han llevado a cientos de personas, sujetas a investigación por terrorismo, a centros de detención ilegales fuera del territorio de Estados Unidos, sin control judicial, para someterlos a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, 125 tal es el caso de la cárcel de Guantánamo en territorio Cubano donde se han demostrado hasta la saciedad estas prácticas. 126 A pesar de la evidente arbitrariedad de estos actos, pocos miembros de la sociedad se atreven a protestar abiertamente bajo el miedo de que se le identifique como defensores de terroristas o cómplices de los mismos. 127 El 11 de septiembre no sólo cambió el panorama en el mundo político sino en el mundo del derecho. Nuevas teorías penales o el reciclaje de antiguas teorías decimonónicas fueron necesarias para justificar la existencia de un nuevo tipo penal que
124 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr., 22 octubre 2002, párr. 17.
125 Amnistía Internacional, Guantanamo, Bagram and Illegal U.S. Detentions, en:
<http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/security-and-human-rights/guantanamo>.
126 Cfr., Amnistía Internacional, Guantánamo: 10 años de derechos pisoteados, 1 noviembre 2012, en:
<http://www.amnesty.org/es/news/guantanamo-10-anos-derechos-pisoteados-2012-11-01>.
127 Noam Chomsky elabora un análisis de cómo el miedo lleva a justificar la tortura en Guantánamo y en Bagram, Cfr., Noam Chomsky, "Nothing Can Justify Torture": An Interview With Noam Chomsky on Obama's Human Rights Record, en Counterpunch diario digital, 12 de diciembre de 2012, en: <
http://www.counterpunch.org/2012/12/12/an-interview-with-noam-chomsky-on-obamas-human-rights-
record/>.
vaya acorde a los excesos que ahora eran permitidos en la lucha contra el terrorismo. En este contexto toma actualidad la teoría del “derecho penal del enemigo”. Para el autor alemán Günther Jakobs, "en Derecho, todo ser humano tiene derecho a ser tratado como persona es incompleta; […] la formulación correcta de la proposición es la siguiente: todo aquel que presta fidelidad al ordenamiento jurídico con cierta fiabilidad tiene derecho a ser tratado como persona, y quien no lleve a cabo esta prestación, pues será heteroadministrado, lo que significa que no será tratado como persona". 128 Entonces una vez ubicada la persona peligrosa o la persona que podría cometer un acto en este sentido es la obligación del estado prevenir estos daños actuando de inmediato sin necesidad que medie el cometimiento de un acto ilícito como en el derecho penal del acto. Toma el nombre de derecho penal del enemigo o derecho penal de autor en el sentido de lo que se busca hacer con el derecho penal es proteger a la sociedad de personas que el sistema califica como peligrosas o enemigas de la sociedad:
[E]ste fenómeno llamado Derecho Penal del Enemigo representa un claro retroceso en la defensa de los derechos y garantías de la persona, cuya aparición y posterior desarrollo se compadece con una política criminal guiada ya no por la racionalidad, necesidad y proporcionalidad, sino por la idea de pseudo peligrosidad permanente que resulta operativa para una democracia populista, cuya legitimación se procura en la búsqueda del favor segmentario, sin atender a los verdaderos orígenes de este estado de excepción que pretende imponerse en un Estado social y democrático de Derecho. 129
El derecho penal del enemigo sirve de justificación a los Estados para crear perfiles de personas que pueden ser consideradas peligrosas para la sociedad y en virtud de dicho sistema penal relativizar los principios del debido proceso que tenían la función de proteger a la gente inocente que podía ser acusada del cometimiento del
128 Günther Jakobs, "¿Terroristas como personas en Derecho?", en Cancio Meliá y Gómez-Jara Díez, coord., Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión, Buenos Aires, B de F, 2006, t. II, P. 83. 129 Gustavo Eduardo Aboso, “El llamado 'Derecho Penal del Enemigo' y el ocaso de la política criminal racional: El caso argentino”, en Manuel Cancio Meliá y Carlos Gómez-Jara Díez, coord., Derecho Penal del Enemigo, Buenos Aires, Editorial B de f, 2006, p. 78.
delito. La vinculación a ciertos grupos denominados terroristas, la simpatía hacia ellos o incluso compartir su ideología hacen que una persona deba ser observada y, eventualmente, pueda ser procesada por delitos como del de terrorismo. Para este fin los tipos abiertos son especialmente útiles. Considerar a una persona como enemigo de la sociedad en base a esta doctrina, como ya se manifestó, es considerar a esa persona como alguien que no ha firmado el pacto social. Sin embargo, el enemigo no es solamente quien no ha firmado el pacto social, se convierte en una persona que trata de destruir la sociedad que se funda con ese pacto. Al ser una persona aislada de la sociedad, a veces en cárceles en países extranjeros, es fácilmente colocada en un limbo jurídico o en una burbuja en donde el Derecho que se aplica al resto de la población, no le es aplicable. En el momento en que se le niegan las garantías básicas empiezan a aparecer los excesos.
2. El enemigo en el contexto latinoamericano.
En los años setenta, en los que se dicta la ley que instaura el tipo penal de sabotaje y
terrorismo en Ecuador, Latinoamérica pasaba por momentos agitados. Luego del triunfo de la revolución Cubana, varios movimientos de izquierda empiezan a tener cada vez más espacio e influencia en la sociedades latinoamericanas. Algunos grupos optan por la lucha armada, otros fundan partidos y procuran mediante las vías democráticas alcanzar el poder e instaurar el socialismo. 130 En ambos casos, los grupos históricos de poder rechazaban la posibilidad de reformas en el sentido de permitir la reivindicación de derechos sociales de trabajadores y campesinos. La forma de frenar estas propuestas de cambio fue la instauración de dictaduras militares, tanto en los estados con grupos subversivos armados, cuanto en los que los partidos socialistas ganaban terreno en el campo político.
130 Cfr., Francisco Martorell, Operación Cóndor. El vuelo de la muerte, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 1999, p. 36-70.
La clase militar fue consecuente con los deseos de protección de los beneficios económicos de las élites, conseguidos mediante décadas de explotación a las clases campesinas y obreras. Siendo estos grupos económicos los que habían conseguido el poder dentro del Estado no iban a perderlo a manos de grupos subversivos o de partidos políticos que buscaban precisamente destruir las bases y los privilegios que sostenían inmensas fortunas. Es en este contexto que, bajo el auspicio de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, se gestó un plan de coordinación internacional para la lucha "anti-subversiva" denominado "Operación Cóndor". 131 La Operación Cóndor fue diseñada para combatir el "enemigo interno" representado en quienes sostenían tesis que, para Estados Unidos, er an contrarias a la democracia. Sus estrategias consistían en la acción combinada y coordinada de actividades militares y de inteligencia. Con estos fines, Estados Unidos aportó con recursos técnicos e incluso con una escuela de formación militar, la U.S. Army School of the Americas (SOA) en donde el entrenamiento incluía técnicas de interrogatorio y tortura. De entre los graduados de la SOA se destacan algunos de los más sanguinarios criminales que asolaron Latinoamérica. 132 Inspirados por las teorías económicas neoliberales de la Escuela de Chicago, cuyos miembros asesoraron a los dictadores del cono sur para implantar políticas de apertura para las empresas norteamericanas, las dictaduras buscaron eliminar a la oposición política e instaurar regímenes de terror en los cuales las personas carezcan de toda posibilidad de reacción social, y, por tanto, las políticas económicas pudiesen implantarse con facilidad. 133 A la par de la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de
131 Cfr., Patrice McSherry. "Operation Condor …", p. 28 - 56.
132 Cfr., Katherine E. McCoy, "Trained to torture? The human rights effects of military training at the School of the Americas", en Latin American Perspectives, Vol. 32, No. 6, noviembre 2005, p. 47-64.
133 Naomi Klein, The shock doctrine, p. 75-130.
personas, se expidieron leyes con tipos penales abiertos y penas elevadas. El fin fue estigmatizar a los acusados como enemigos de la sociedad, no solo investigar a los presuntamente terroristas sino además sacarlos del sistema jurídico a un espacio donde los derechos y las garantías no existen. La apertura de los tipos de terrorismo es parte de la teoría del derecho penal del enemigo:
[L]a heterogeneidad de los supuestos y los ejemplos que Jakobs maneja, así como la diversidad de caracteres con que trata de caracterizar al enemigo, por contraste con el ciudadano, sólo se puede explicar desde la siguiente interpretación: enemigo es todo aquel que en sus comportamientos y/o en sus actitudes diverge de la propensión a la obediencia con que se delimita al ciudadano. 134
Aún superados estos regímenes, la estructura se mantiene en muchos países, los nuevos enemigos son las organizaciones y personas que procuran defender los derechos humanos y de la naturaleza, y una de las estrategias es la criminalización. La seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos ha decrecido de forma alarmante en los últimos años. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de Naciones Unidas han elaborado preocupantes informes sobre la situación de este grupo y las estrategias que usan los estados en su contra que van desde las ejecuciones extrajudiciales, tortura, amenazas, hostigamiento y criminalización. 135 Los atentados en contra de los defensores y defensoras de los derechos humanos
134 Juan Antonio García Amado, "El obediente, el enemigo, el derecho penal y Jakobs". En Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión. Cancio Meliá y Gómez-Jara Díez, coord. Buenos Aires, B de F, 2006, Tomo I, p. 907. 135 La CIDH presenta la tipología de las amenazas a defensores y defensoras de los derechos humanos en su informe de 2007 en donde establece que los problemas que enfrentan son: A. Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, B. Agresiones, amenazas y hostigamientos, C. Campañas de desprestigio e iniciación de acciones penales que menoscaban el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, D. Violación de domicilio y otras injerencias arbitrarias o abusivas en instalaciones de organizaciones de derechos humanos, en la correspondencia y las comunicaciones telefónicas y electrónicas, E. Actividades de inteligencia dirigidas contra las defensoras y defensores de derechos humanos, F. Restricciones al acceso a la información en poder del Estado y a las acciones de hábeas data, G. Controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos, H. Impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensoras y defensores de derechos humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas.
se vuelven cada vez más frecuentes. En países como México 136 o Colombia, 137 la constante crítica a los estados sobre su inacción para proteger a las personas de los grupos armados irregulares, de la violencia generalizada o a las políticas extractivas, han convertido a estas personas en escollos a salvar para la consecución de sus actividades económicas y se los empieza a ver como bajas en un conflicto en el cual deberían abstenerse de participar. En su segundo informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró 68 asesinatos entre 2006 y 2010 en Colombia, 138 3 asesinatos en 2009 en El Salvador por actividades de resistencia a la minería, 139 59 asesinatos desde 2006 en Guatemala, 140 56 asesinatos desde 2008 en Honduras 141 y 27 asesinatos entre 2005 y 2011 en México. 142 Si bien en Ecuador no se encuentra una práctica de asesinatos a defensores de derecho humanos (salvo el caso de Juan Bravo en Shushufindi, beneficiario de medidas cautelares de la CIDH en 2008 y Marlo Lozano Yulan en Guayaquil en 2011), existen
136 Los datos sobre defensores y defensoras de derechos humanos no son oficiales, la prensa recoge datos de las organizaciones no gubernamentales sobre la materia en artículos como: "63 defensores de derechos humanos asesinados", en Contralínea. Periodismo de investigación, 7 de diciembre de 2011, diario digital, en < http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/07/63-defensores-de-dh-asesinados/ >. "Defensor de Derechos Humanos: profesión de alto riesgo en México", en TlapehualagroGro, diario digital, en <http://tlapehualagro.com/defensor-de-derechos-humanos-profesion-de-alto-riesgo-en- mexico/sin-censura/>. "27 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 6 años: CNDH", en CNN México, 7 de julio de 2011, en <http://mexico.cnn.com/nacional/2011/07/07/27-defensores-de-
derechos-humanos-fueron-asesinados-en-5-anos-cndh>.
137 En Colombia la situación es similar: "Cada semana es asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia", en Semana, 5 de marzo de 2012, en <http://www.semana.com/nacion/articulo/cada-semana- asesinado-defensor-derechos-humanos-colombia/254284-3>. "Asesinados dos defensores de derechos humanos en Colombia", en Centro de Noticias ONU, 27 de marzo de 2013, en:
<http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=26050#.UdnF3kFkMSM>. "Unos 15 defensores de DD.HH. han sido asesinados en Colombia en 2013", en El Espectador, edición digital, 23 de abril de 2013, en <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-417871-unos-15-defensores-de-ddhh-
han-sido-asesinados-colombia-2013>.
138 Cfr., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, párr. 32.
139 Cfr., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, párr. 33.
140 Cfr., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, párr. 34.
141 Cfr., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, párr. 35.
142 Cfr., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, párr. 36.
otras formas menos violentas de frenar la tarea de las defensoras y defensores de derechos humanos. La Criminalización se convierte en una forma refinada de persecución en la que se funden la legalidad y la propaganda que logran estigmatizar a quienes defienden derechos humanos al grado de colocarles la etiqueta de enemigos del desarrollo y, por tanto, de la sociedad. Para la CIDH:
La criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos constituye por tanto, un obstáculo complejo que incide de varias maneras en el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos. [L]a Comisión observa que la iniciación de acciones penales sin fundamento puede violar los derechos a la integridad personal, protección judicial y garantías judiciales así como de la honra y dignidad de las defensoras y los defensores de derechos humanos; sin perjuicio de las afectaciones al ejercicio legítimo del derecho que sea restringido indebidamente mediante el uso inapropiado del sistema penal, tales como la libertad personal, libertad de pensamiento y expresión o el derecho de reunión. Asimismo, la Comisión advierte que el uso de un tipo penal ambiguo o contrario con los estándares democráticos para criminalizarlas acciones legítimamente desarrolladas por los defensores comprometería adicionalmente una violación al principio de legalidad. 143
En cuanto a la criminalización, la CIDH establece que uno de los problemas que enfrentan las defensoras y defensores es la instauración de procesos penales, en algunos casos usando tipos penales que impiden las actividades que realizan y en otros iniciando procesos manifiestamente infundados. 144 En el informe citado la CIDH reconoce que Ecuador asumió su responsabilidad por la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos y que procuró resolverlos con dos amnistías en 2008. 145 Sin embargo apunta que a raíz de este hecho se han dado nuevos casos de criminalización de la defensa de los derechos humanos. 146 Estos nuevos hechos han sido recogidos por la sociedad civil y presentados a la propia CIDH y a instancias nacionales e internacionales. En el año 2011, la
143 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, párr. 80-81. 144 Cfr., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, Parr. 179. 145 Cfr., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, párr. 84. 146 Cfr., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, párr. 87.
Defensoría del Pueblo de Ecuador emitió un informe sobre criminalización denominado "Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un estado constitucional de derechos" 147 en el que se adjunta una matriz de nuevos casos de criminalización posteriores a la amnistía actualizado a junio de 2011, en el que se presentan 21 nuevos casos y aproximadamente 60 defensoras y defensores criminalizados.
3. Los defensores y defensoras de derechos humanos como enemigos de la sociedad ecuatoriana.
¿Por qué los defensores de derechos humanos en contextos como el ecuatoriano se pueden convertir en los nuevos enemigos de la sociedad ecuatoriana? En los discursos del Presidente de la República se puede distinguir claramente su idea de desarrollo planteada como razón de Estado: alta inversión en política social gracias a una alta actividad extractivista en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, de campesinos o sitios de alta diversidad biológica. Dado que el gobierno presenta estas dos actividades como interconectadas, es fácil convencer al público que quienes se opongan a la extracción de minerales o de petróleo, son personas que se están oponiendo a un plan de gobierno social, por tanto se convierten en entes que ponen en peligro las nuevas prestaciones sociales que recibe la sociedad:
[H]ay excesos y fundamentalismos que harían fracasar cualquier proyecto político. Dogmáticamente se ha pasado de un extremo a otro, de considerar al ser humano como lo único importante en la naturaleza […] a considerarlo ahora un poco menos que un estorbo para la naturaleza […]. El imperativo moral es sacar a ese ser humano de la pobreza para lo cual necesitamos un uso responsable y total de los recursos naturales […]. Sobre la participación social, algunos pretenden, no la consulta previa, sino el consentimiento previo, que en la práctica nos lleva de la democracia de las mayorías a la democracia "restringida" donde ciertos grupos tienen capacidad de veto, lo cual desarrolla corrupción, además de hacer a nuestros países ingobernables […]. Nadie puede negar la legitimidad democrática de nuestra propuesta, […] pero
147 Defensoría del Pueblo, Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un estado constitucional de derechos, p.93, en:
<http://www.dpe.gob.ec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=82&view=finish&cid=54&catid=1
siempre queda el recurso de declararse dirigente social, invocar el derecho a la resistencia y tratar de imponer su agenda política, aún cuando han sido derrotados en las urnas, ser demócratas a conveniencia. No permitiremos que el derecho a la resistencia, consagrado en nuestra Constitución, se convierta en patente de corso para que los perdedores de las elecciones impongan su agenda a la fuerza. 148
Dado que en Ecuador la inversión social ha sido históricamente dejada de lado, los derechos sociales han sido los últimos en garantizarse, generando altos grados de pobreza, desnutrición y analfabetismo. Un estado dedicado a la tarea de incrementar la inversión en estos campos es fácilmente aceptado, seguido y defendido por la mayor parte de la población nacional a quienes resulta extraña e incluso etérea la idea de que existan personas que puedan oponerse o estar siendo afectadas por este tipo de actividades. El discurso inicial de Rafael Correa atrajo adeptos de todas las latitudes, Naomi Klein en su obra The shock doctrine hablaba del presidente en estos términos:
In November 2006, Ecuador's presidential elections turned into a similar ideological battleground. Rafael Correa, a forty-three-year-old left-wing economist, won the vote against Alvaro Noboa, a banana tycoon and one of the richest men in the country. With Twisted Sister's "We're Not Going to Take It" as his official campaign song, Correa called for the country "to over-come all the fallacies of neo-liberalism." When he won, the new president of Ecuador declared himself "no fan of Milton Friedman." 149
La misma autora, dos años más tarde, le dirigía una carta de preocupación al Presidente Correa por el cierre de la organización de derechos humanos "Acción Ecológica", en ella expresa su confusión por lo que había visto al principio de su gobierno y lo que entonces ocurría:
En mi libro The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, escribo con gran admiración sobre como de muchas maneras usted se ha mantenido firme frente al imperialismo de los EE.UU, […] [e]ntonces fue con genuina confusión y conmoción que me enteré de la gestión del Ministerio de Salud para cerrar Acción Ecológica retirando su estatus legal. Qué lástima es que en lugar de ver lo que yo vi, estos
148 Rafael Correa Delgado, "Discurso Inaugural de su Tercer Mandato", discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional de Ecuador el 24 de mayo de 2013, audio en: <http://www.ivoox.com/24-05-2013-
discurso-del-presidente-rafael-correa-la-audios-mp3_rf_2072830_1.html>.
149 Naomi Klein, The shock doctrine, p. 452
activistas están viendo en su lugar algo muy familiar: un estado aparentemente usando su poder para debilitar el disentimiento. 150
El cambio de una posición abierta al diálogo, la diversidad y la construcción colectiva que tuvo el movimiento Alianza País, en los primeros años de gobierno, se vieron enfrentados a la realidad de que una alta inversión social requería recursos económicos. Los pueblos y nacionalidades indígenas son, en principio los más afectados por las actividades extractivas petrolera y minera; y, al ser un grupo históricamente marginado por la sociedad, difícilmente generan simpatías respecto a las afectaciones a sus territorios, a sus culturas producto de las actividades económicas que el gobierno necesita impulsar para financiar su agenda social. En este camino, los grupos de ecologistas y defensores de los derechos humanos vinculados a los pueblos y nacionalidades indígenas se convierten en un obstáculo para el desarrollo. Entonces toma sentido la definición de criminalización como la actividad que establece ciertas actividades como antijurídicas y por las cuales se activa el uso del derecho penal. Se puede mirar la criminalización desde dos perspectivas: una jurídica enmarcada en el análisis de las normas del derecho penal o lo que supuestamente está prohibido o criminalizado dentro de la sociedad; y, una segunda sociológica que permite identificar que es lo que realmente se está castigando o criminalizando dentro de la sociedad 151 e incluso quien se beneficia de la existencia de la norma. Un ejemplo en Ecuador son los tipos penales asociados con el tráfico de sustancias estupefacientes, desde la perspectiva jurídica la norma busca proteger el bien jurídico salud pública. Desde la perspectiva sociológica se encuentra que lo que se acaba por criminalizar son actos de supervivencia de personas socialmente excluidas. Tal es el caso de las mujeres de la Cárcel del Inca en Quito, quienes se encuentran
150 Carta de Naomi Klein a Rafael Correa. 151 Cfr., Raúl Eugenio Zaffaroni, En busca de las penas perdidas, p.137-138.
detenidas por esta clase de delitos en un 95%, la mayoría por servir como mulas o por vender pequeñas cantidades en las calles. 152 La norma genera además un gran beneficio para los productores de los estupefacientes que pueden vender a elevados precios estas sustancias gracias a la prohibición de su comercialización, además de todos los funcionarios que reciben parte de las ganancias para permitir que la actividad continúe. 153 En el ámbito de la defensa de los derechos humanos, las leyes heredadas de la dictadura hacen que cada acto de protesta social pueda ser criminalizado y, por tanto, hace que cada acción de hecho se convierta en ejercicio del derecho a la resistencia. Así en estados como Ecuador donde la opinión negativa de la gestión de un funcionario público es un delito, cualquier ejercicio público de la libertad de expresión en materia de asuntos públicos es ejercicio del derecho a la resistencia. Las garantías sociales, como son definidas por Pissarello, 154 constituyen la forma de defensa de los derechos humanos fuera de los canales institucionales (garantías políticas y jurisdiccionales) mediante la movilización y sobre todo la organización social. Penalizar estos actos constituye no sólo la criminalización de la protesta social, sino de la defensa de los derechos fundamentales. En el Ecuador son innumerables las ocasiones en que las medidas de hecho han sido la forma de la sociedad civil para exigir cambios políticos que no pueden alcanzarse por la vía de las urnas. Quienes las ejercen pertenecen generalmente a grupos históricamente excluidos que procuran defender sus derechos sociales y colectivos. Si bien estos actos constituyen violaciones al sistema jurídico (representado en tipos
152 Cfr, David Cordero Heredia, "La ley de drogas como sistema jurídico paralelo", en Juan Pablo Morales Viteri y Jorge Paladines, edit., Entre el control social y los derechos humanos. Los retos de la política y la legislación de drogas, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 187-215.
153 Cfr, Coletta Youngers y Eileen Rosin, Drugs and democracy in Latin America: the impact of U.S. policy, Washington DC, Washington Office on Latin America (WOLA), noviembre 2004, p. 1-9.
154 Cfr., Gerardo Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, p.
penales, contravenciones y ordenanzas), la costumbre dentro del Ecuador ha sido considerar este tipo de manifestaciones como actos propios de la actividad política del Estado. Dependiendo del momento político del país han sido más o menos tolerados en aras de permitir que los grupos protestantes puedan sentarse en una mesa de negociaciones con el Estado y así conseguir que se escuchen sus reivindicaciones y, en algunos casos, adoptar algunas de ellas. Sin embargo en los últimos años la doctrina de la posición única correcta rige la política estatal. La razón de estado juega en Ecuador un papel central en las relaciones del gobierno con quienes disienten en algún grado con su visión. No sólo ocurre la aplicación selectiva del derecho penal en contra de actos de resistencia, sino también es
selectivo en cuanto a las personas que se aplica. La criminalización de la defensa de los derechos humanos tiene una connotación diferente cuando se encarcela a un manifestante o a un dirigente, en ambos casos se obtiene un efecto desalentador, pero en el segundo caso se afecta además el funcionamiento mismo de la organización social. En las siguientes líneas se desarrollarán el proceso de la criminalización de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: la construcción jurídica del enemigo de la sociedad y las consecuencias de la criminalización.
3.1. La construcción jurídica del enemigo: el terrorismo.
Si bien es cierto que la criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos
se realiza mediante varios tipos penales, en el caso ecuatoriano resulta particularmente paradigmático el uso del tipo penal del terrorismo. El tipo penal de terrorismo en Ecuador revierte características particulares tanto en la criminalización primaria como en la secundaria y en los efectos simbólicos que tiene en la cultura. En cuanto a la criminalización primaria, es un tipo abierto que puede moldearse a prácticamente cualquier acción organizada de protección de derechos. En cuanto a la
criminalización secundaria, a pesar del uso potencial que podría tener, sólo se usa de forma selectiva en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Y, finalmente, su efecto simbólico al estigmatizar a quien es acusado de este delito como enemigo de la sociedad. En contextos de permanente intercambio cultural a nivel internacional, las palabras se convierten en símbolos que trascienden el imaginario local. El concepto terrorista no puede ser entendido como el tipo penal anti técnico contenido en el Código Penal, sino que es un concepto adscrito a la cultura y sólo en ésta se puede comprender el verdadero impacto que genera llamar a una persona terrorista. El tipo penal de terrorismo en el Ecuador nace de una ley de la época de la dictadura militar del General Guillermo Rodríguez Lara, ex estudiante de la Escuela de las Américas, 155 emitida mediante Decreto Supremo No. 1273, publicado en Registro Oficial 705 de 19 de Diciembre de 1974: 156
Artículo innumerado siguiente al 160 del Código Penal.- Los que, individualmente o formando asociaciones, como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios, proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos, almacenes, bodegas, mercados, oficinas, etc, ora allanando o invadiendo domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas, conventos, instalaciones de la fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc., ora sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía; ora secuestrando personas, vehículos, barcos o aviones para reclamar rescate, presionar y demandar el cambio de leyes o de órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir a las autoridades competentes poner en libertad a procesados o sentenciados por delitos comunes o políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de cualquiera naturaleza y tipo; ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc. con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora atentando, en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de mil
155 Según la organización norteamericana SOA Watch, Guillermo Rodríguez Lara tomó tres cursos en la Escuela de la Américas en 1961, 1966 y 1967. SOA Watch, "SOA grads", en:
<http://www.soaw.org/soaw/media/soawgrads.xls.zip>.
156 Este artículo fue reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422 de 28 de Septiembre del 2001 y por el Art. 20 de Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
setecientos sesenta y siete a cuatro mil cuatrocientos dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norte América.
Esta norma contiene cinco etcéteras dentro de la formulación del tipo penal. Esto significa que es un tipo penal abierto donde el juez puede llenar el contenido del tipo penal de acuerdo a su interpretación, tanto en su objeto, verbo rector y elementos subjetivos y objetivos. Tipos penales como los del terrorismo, sabotaje, subversión, traición a la patria, atentando a la seguridad interna, responden a la tendencia dominante de la época, esto es la Operación Cóndor y de la Doctrina de Seguridad Hemisférica, no sólo para legitimar el poder de los estados sobre el cuerpo del delincuente, sino para justificar sus excesos ante la sociedad. En la actualidad se estima que hay más de ciento sesenta y tres personas, entre ellos líderes sindicales, líderes campesinos, líderes indígenas que están siendo sometidas a distintos procesos, 157 entre ellos procesos penales por sabotaje y terrorismo en el Estado Ecuatoriano. 158 Algunos casos se han archivado, avanzaron hasta la condena como en los casos de Carlos Pérez o de los 10 de Luluncoto. 159
En [1987], la época de Febres Cordero, en un evento que se organizó desde la CONAIE con la organización CRIC de Colombia para un evento sobre la educación bilingüe y las experiencias organizativas de organizaciones indígenas de Popayan. Nosotros de una manera confusa fuimos apresados por el servicio de inteligencia colombiana donde fuimos torturados, estuvimos incomunicados luego fuimos entregados en Rumichaca. Pasamos 12 días incomunicados, luego fuimos torturados. Nos acusaban de [guerrilleros] fue una experiencia muy dura en la juventud. […] Tuve que refugiarme tres años en Sarayaku, porque nos buscaban acusándonos, teníamos miedo aunque no teníamos nada que ver con estos movimientos […] Fuimos trasladados
157 Cfr, Rodrigo Trujillo y Mélida Pumalpa, Criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Ecuador, Quito, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), 2011, p. 159.
158 El informe del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sostiene que serían más de doscientas las personas acusadas por sabotaje y terrorismo, sin embargo el autor no pudo verificar este número. Cfr., Programa Andino de Derechos Humanos, "Balance de la situación de derechos humanos 2011", en Programa Andino de Derechos Humanos, comp., Informe sobre derechos humanos Ecuador 2011. Versión ampliada, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2012, p. 13-14.
159 Si bien este caso no se tratará aquí, un resumen del caso puede encontrarse en el especial elaborado por Diario el Comercio al respecto: "Caso 10 de Luluncoto", en Diario El Comercio versión digital, en:
<http://especiales.elcomercio.com/2013/01/10_de_luluncoto/>.
al penal García Moreno amarrados, vendados los ojos esos doce días incomunicado prácticamente. Posteriormente cuando ya asumí la dirigencia de la OPIP volvimos a salir pero ese antecedente hacía que el ejército en Shell controlara todo. Toda persona ecuatoriana o extranjera que pensaban que no era parte de Sarayaku tenía que pasar por el servicio militar en Shell. Tenía que ser investigada. Cuál es el objetivo de su visita, cuál es la razón de su viaje. […] Estábamos en el mapa considerado Sarayaku como zona roja, […] consideraban a la OPIP y a nosotros como dirigencia como una amenaza que estábamos ligados con las guerrillas, con las FARC, sendero luminoso y todas estas. 160
A pesar de que el Estado ha manifestado en foros internacionales, como ante la CIDH en dos ocasiones, 161 que modificaría el tipo penal de terrorismo por ser anti- técnico esto no ha pasado durante los ya más de siete años de gobierno del Presidente Rafael Correa, esto debido a la utilidad que representa para este gobierno poder perseguir penalmente prácticamente cualquier actividad organizativa.
El derecho es un concepto de embrague para la política de nuestro siglo: el rastro de una violencia que se quiere razón, y que tiene en la – más que dudosa – hipótesis de su neutralidad, un aval cotidiano casi imperceptible. La legalidad aporta las formas de lo político, dispone los procedimientos y supone los principios que sostienen el ejercicio de un poder concreto: la política, por necesidad, ha de extender siempre su marco, la política como campo semántico y como juego de fuerzas que dan (o restan) sentido a la propia ley. 162
Los casos analizados para el presente estudio son muestras claras de este manejo político del Derecho. El dirigente indígena Carlos Pérez, condenado finalmente por obstaculizar vías públicas, fue inicialmente perseguido como terrorista por parte del Estado. A pesar de la arbitrariedad y de lo abusivo que fue su enjuiciamiento (al tratar de calificar el cierre de una carretera como acto terrorista), Carlos Pérez no logró levantar simpatía en la sociedad. El discurso del Presidente logró convencer a las
160 José Gualinga, "Entrevista concedida al autor", Quito, 22 de junio de 2011.
161 Cfr., Estado Ecuatoriano, "Audiencia sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Ecuador", Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevada a cabo en el período 137° de sesiones, Washington DC, del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009, en:
<http://www.cidh.org/audiencias/137/21.mp3>; y, estado Ecuatoriano, "Audiencia sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y defensores del medio ambiente en Ecuador", Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevada a cabo en el período 146° de sesiones, Washington DC, del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2012, en: <http://www.cidh.org/audiencias/146/15.mp3>.
162 Fernando Escalante Gonzalo, La política del terror. Apuntes para una teoría del Terrorismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 116.
grandes mayorías (habitantes de las ciudades) que aquellos que se oponían a la minería se oponían al avance social y que ponía en riesgos las prestaciones sociales que brinda el Estado.
[Para la sociedad] soy un delincuente, soy un reo común y corriente. De manera directa no nos han dicho. Pero si nos han dicho que somos delincuentes nacionales por ser procesados penalmente. La mayoría de la provincia me conoce como defensor del agua y saben que por defender al agua me estaba yendo a la cárcel. 163
El juicio denominado “Los diez de Luluncoto”, en el 2012, es un ejemplo claro de cómo se puede utilizar este tipo penal. En ese caso, diez jóvenes reunidos en la ciudad de Quito para discutir las reformas constitucionales y el buen vivir fueron capturados por la policía y acusados de ser los autores de la colocación de cuatro bombas panfletarias en las tres principales ciudades de Ecuador. Esos chicos a pesar de ser estudiantes de clase media, que podían haber ganado fácilmente el apoyo de la mayor parte de estudiantes del país tomando en cuenta sus edades y que sus actividades no fueron delictivas, desde ningún punto de vista. El sólo hecho de que el Presidente de la República y el Ministro del Interior realizasen declaraciones a favor de la condena por terrorismo habla de la falta de respeto a la independencia judicial. El miedo llegó a la justicia que condenó sin criterios jurídicos y a la Defensoría del Pueblo, que ante el abuso de la autoridad en el caso sólo tuvo un tibio pronunciamiento. 164 La teoría del caso del fiscal consistió en demostrar que existía un grupo terrorista denominado Grupo de Combatientes Populares, que al ser el único grupo de esta clase en el país y por antecedentes de uso de explosivos este grupo debía ser el responsable por la detonación de explosivos, luego si demostraba que los acusados eran
163 Carlos Pérez, "Entrevista concedida al autor", Kimsacocha, 28 de abril de 2013.
164 Cfr., "Defensoría del pueblo vigila caso Luluncoto; se pronunciará si detecta violaciones", en Ecuador
<http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=187257&umt=de
fensoria_del_pueblo_vigila_caso_luluncoto_se_pronunciara_si_detecta_violaciones>.
parte de este grupo habrían cometido delito de sabotaje y terrorismo. 165 El tribunal acogió el argumento de la fiscalía y resolvió:
Por lo tanto, el tipo penal se encuentra justificado con la acción emprendida, existiendo varios sujetos activos del delito […], quienes han concordado en sus voluntades, de pertenencia a un grupo de corte subversivo como es el GCP o Grupo de Combatientes Populares, que en forma material y directa cometieron la infracción, pues son quienes en base a su liderazgo y dirección pretendían y fueron sorprendidos con evidencias materiales destinadas a cometer delitos contra la seguridad común de bienes y personas, como se refleja de las evidencias, consistentes en apuntes, documentos de discusión consistentes en estatutos del Grupo aludido, planificación de actividades, documentos de adiestramiento y aprendizaje, como el referido manual de química que no sino una guía de confección y elaboración de diversos tipos de bombas de uso casero, artesanal o hecho, […] 166
Los jóvenes fueron sentenciados a un año de prisión por presuntamente militar en un grupo que antes de este proceso no había sido calificado como terrorista. Nunca se trató siquiera de probar que las personas habían cometido algún "acto terrorista", sin embargo eran peligrosos. Un factor común de los procesos judiciales que han llegado a tener sentencia es la mala calidad de la fundamentación jurídica, hecho que puede tener varias explicaciones como la ineptitud del juez o juez, la falta de separación de poderes y la politización de estos procesos. Todas estas explicaciones confluyen en la finalidad de estos procesos: la persecución del enemigo ideológico del Estado. Ser terrorista es una idea que se encuentra en las propias personas criminalizadas y que corresponde a la idea que subyace en la cultura:
De acuerdo a las informaciones que existen de lo que pasa en medio oriente, lo que pasó en Estados Unidos, conozco que el terrorismo es atentar contra la vida de gente inocente, la vida de un pueblo: aterrorizar, dinamitar, explotar. Eso es lo que conozco por medios de comunicación que es el terrorismo asustar, impedir la vida de la gente inocente de cualquier tipo de raza o civilización que exista. 167
Terrorismo es todo acto que siembra pánico que siembra desazón que siembra terror, es decir que convulsiona que puede traer estragos incluso no solo con fines patrimoniales sino que con la vida misma de las personas, por ejemplo lanzar bombas
165 Cfr., Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, Sentencia del juicio por Sabotaje y Terrorismo No. 17243-2012-0124. Quito, 13 de mayo de 2013.
166 Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, Sentencia del juicio por Sabotaje y Terrorismo.
167 José Gualinga, "Entrevista concedida al autor", Quito, 22 de junio de 2011.
de gas para hacer explotar vehículos automotores, secuestrar a personas, asesinar a personas, eso es acto de terrorismo. 168
Pero no sólo es el miedo a lo que pueden hacer las personas llamadas terroristas, sino lo que podrían llegar a conseguir si triunfan en sus supuestos fines. Para el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos, vinculados en especial a la defensa del ambiente o de los pueblos y nacionalidades indígenas, sería el respeto al territorio y a la naturaleza mediante la no autorización al Estado para que explote los recursos naturales de su territorio o en áreas protegidas. Las personas que reciben algún tipo de subsidio, por ejemplo el bono del desarrollo humano, aquellas personas que han recibido alguna beca del gobierno, aquellas personas que se benefician del mejoramiento de salud, de educación pública y todos los demás beneficios que ha traído al país el Estado de bienestar. Estás son personas que temen retroceder en sus estándares de vida al anterior estado de ineficiencia del Estado o a la carencia total de servicios públicos que además son derechos fundamentales de las personas. Este miedo es, quizá, tanto o más fuerte del que pueden llegar a sentir las personas por el hecho de que las personas acusadas de ser terroristas realmente lleguen a cometer actos de violencia.
3.2. Las consecuencias de la criminalización de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza
La criminalización de la actividad de defensores y defensoras de derechos humanos constituye una práctica encaminada a impedir su labor y restarles credibilidad en la sociedad. En su informe sobre defensoras y defensores de derechos humanos de 2006, la
CIDH expresa su preocupación por la práctica de campañas de desprestigio e iniciación de acciones penales que menoscaban el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos, la cual describe de la siguiente manera:
168 Carlos Pérez, "Entrevista concedida al autor", Kimsacocha, 28 de abril de 2013.
Otro aspecto de la mayor preocupación es la utilización de acciones legales contra las defensoras y defensores, tales como investigaciones o acciones penales o administrativas, cuando son instruidas con el objeto de acosarlos y desprestigiarlos. En algunos casos, los Estados utilizan tipos penales que restringen, limitan o coartan los medios utilizados por las defensoras y defensores para realizar sus actividades. La Comisión nota que algunos países de la región han promulgado leyes o han recuperado tipos penales ya en desuso, como los delitos que atentan contra la forma de gobierno o los delitos de desacato, tipificación penal cuya eliminación la Comisión reiteradas veces ha sugerido a los Estados. 169
En su segundo informe, de 2011, la CIDH acoge la denominación con que la sociedad civil de varios países americanos había catalogado esta práctica, "la criminalización de defensores y defensores de derechos humanos" 170 . Esto implica un salto importante, de considerar que los estados tienen la práctica de iniciar juicios penales en contra de defensas y defensores, a decir que la actividad "defensa de los derechos humanos" es una actividad perseguida por el estado. Las defensoras y los defensores de derechos humanos procuran conseguir el mayor impacto mediante sus acciones, de manera que los derechos de las personas o colectivos que defienden sean tomadas en cuenta en los ámbitos de toma de decisiones. Su trabajo es importante para las personas cuyos derechos defienden, ya que son grupos que no tienen peso político en una democracia electoral. Las medidas judiciales, los reclamos administrativos y, finalmente, las medidas de hecho son los mecanismos con los que cuentan para ser tomados en cuenta e influir en el diseño de la política estatal. Los actos de protesta muchas veces van en contra de las disposiciones legales y reglamentarias como la prohibición del uso de espacios públicos, la prohibición del cierre de vías y carreteras o la suspensión de actividades que son consideradas estratégicas a nivel nacional. Sin embargo para muchas víctimas de violaciones de derechos humanos, son la última opción de ser escuchados dentro de un ámbito nacional
169 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, p. 51. 170 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, p. 30.
que cada vez más les cierra más las puertas. 171 Como ya se dejó de manifiesto, el discurso del gobierno ecuatoriano es que quienes perdieron las elecciones no pueden imponer su punto de vista a la sociedad. 172
Se ha tratado de evitar la movilización es así que se realizaron trámites administrativos solicitando documentación pero lastimosamente nunca nos dieron. La documentación que debe ser información pública nunca ha sido otorgada, se ha logrado obtener a través de la Defensoría del Pueblo. Y solo cuando el presidente Correa conformó una comisión por dos grandes paros que hicimos bloqueo de vías de 8 días cada uno de ellos decide conformar la comisión tripartita pero dichos datos son secreto de estado. Además los compañeros de Girón presentaron un amparo constitucional pero no es posible batallar con las multinacionales que dominan a los estados nacionales y a la justicia. El único camino, y que se ha demostrado a nivel mundial las luchas históricas en los países es la movilización. Estado en la vía judicial es desperdiciar energías de lo que se ha hecho. […] Es nuestro derecho a ejercer la resistencia y defender el derecho a la agüita. La población estaba consciente que la única forma de exigir el respeto de nuestra Pachamamita es a través de la resistencia. 173
Quizá en este sentido, el caso más dramático es el de los pueblos y nacionalidades indígenas, cuyos derechos recogidos en la Constitución y en tratados internacionales incluyen el principio de autodeterminación. 174 Este principio da cuenta del derecho que tienen estos colectivos de escoger su modelo de desarrollo, de que se respete su derecho al territorio y a mantener su cultura, pero sobre todo implica que debe existir una conexión entre el gobierno central y los pueblos y nacionalidades indígenas que permita un dialogo legítimo entre las dos partes con el fin, sobre todo, de proteger esta autodeterminación. Este espacio es la consulta previa libre e informada contenida en el Convenio 169 de la OIT, 175 la Constitución de 1998 176 y la actual
En su obra de 1994, Civil resistance, Michael Randle desarrolla la idea de la resistencia civil estrategia de acción política colectiva de resistencia activa no violenta por la cual el autor está convencido (y argumenta desde un recuento histórico), se puede incidir en la política aún de los regímenes más extremos como las dictaduras militares. Cfr., Michael Randle, Resistencia Civil, Buenos Aires, Paidos, 1998, p. 65-
Cfr., Rafael Correa Delgado, "Discurso Inaugural de su Tercer Mandato".
Carlos Pérez, "Entrevista concedida al autor", Kimsacocha, 28 de abril de 2013.
Cfr., James Anaya, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Madrid, Trotta, 2005, p. 135-
Cfr., Organización Internacional del Trabajo, Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado en el marco de la 76° Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989, ratificado el 30 de abril de 1998 mediante decreto ejecutivo No. 1387 (Presidencia de la
Constitución del 2008. 177 Para estos pueblos la no existencia de la consulta previa constituye una violación a sus derechos y al pacto social sui generis que se firma entre las nacionalidades que conforman el Estado Plurinacional y que hace que las nacionalidades indígenas reconozcan la autoridad del Estado sobre sus territorios. Los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía, tienen una idea de pertenencia de un territorio que han ocupado ancestralmente, en el cual a pesar de que existan órdenes judiciales o administrativas que permitan el ingreso a personas ajenas a la comunidad en base a sus costumbres y derecho propio. Este ejercicio del derecho a la resistencia se basa en su convicción de que su territorio no puede ser tocado sin causar un daño irreparable a su cultura, a su supervivencia y a su vida espiritual. La criminalización de la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas es la más intensa en el contexto actual. Esto debido a los plantes de implementar proyectos extractivos en sus territorios, situación que no ha sido, ni será, tolerada por gran parte de estos colectivos. La identificación de estas defensoras y defensores como enemigos de la sociedad se basa no sólo en el desafío a la autoridad, sino porque en el discurso gubernamental las prestaciones sociales de la población en general dependerían de que se pueda explotar minerales e hidrocarburos de estas zonas. 178 La pena en el derecho penal tiene una función simbólica. Ninguna sociedad puede pretender que la aplicación del derecho penal sea absoluta, de manera que toda persona que viole una norma penal vaya a sufrir el castigo que se le adjudica en el tipo
República del Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1387, publicado en el Registro Oficial No. 311 del miércoles 6 de mayo de 1998, p .3.), previa la aprobación del Congreso Nacional (Congreso Nacional del Ecuador, Resolución s/n, publicada en el Registro Oficial No. 304 del viernes 24 de abril de 1998, p. 2.), art. 6(1)(a), 6(2), 15, 17, 22(3), 27(3) y 28(1).
176 Cfr., Constitución de la República del Ecuador, art. 84(5).
177 Cfr., Constitución de la República del Ecuador, art. 57(7) y 57(17).
178 Información conseguida en la entrevista realizada a Fernando Santi, presidente de la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador, sobre la consulta previa realizada por la Secretaría de Hidrocarburos con ocasión de la Ronda Suroriente. Fernando Santi, "Entrevista concedida al autor", Puyo, 1 de mayo de 2013.

References: resolución 
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 98
sui generis
 artículo 11
 artículo 11

Artículo 2
 artículo 55
 artículo 1
 resolución 
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Artículo 1
 resolución 
 artículo 11
 artículo 98
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 artículo 11
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sui generis
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