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BOE.es - Documento BOE-A-2010-8489
Documento BOE-A-2010-8489
Sala Segunda. Sentencia 17/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de inconstitucionalidad 5784-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona, en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del Código penal. Extinción de cuestión de inconstitucionalidad: STC 6/2010.
«BOE» núm. 129, de 27 de mayo de 2010, páginas 86 a 91 (6 págs.)
BOE-A-2010-8489
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5784-2004, promovida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona, en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del Código penal, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1 y 25.1 CE. Han intervenido el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pascual Sala Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 24 de septiembre de 2004 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un testimonio de actuaciones remitido por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona correspondiente al rollo de apelación núm. 598-2004, del que forma parte el Auto de 15 de septiembre de 2004, por medio del cual el órgano judicial acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en relación su disposición transitoria primera, en la medida en que no contempla, como regla de derecho transitorio, la inmediata entrada en vigor del párrafo segundo (sic) del apartado 185 de su artículo único, por el que se modifica el art. 636 del Código penal, destipificándose la conducción de vehículos a motor y ciclomotores sin cobertura de seguro obligatorio de responsabilidad civil, por posible vulneración de los artículos 9, 24 y 25 CE.
a) Con motivo de la denuncia presentada por agentes de la guardia urbana de Reus, se celebró en el Juzgado de Instrucción núm. 1 de dicha localidad el juicio de faltas núm. 513-2003, recayendo Sentencia el 5 de febrero de 2004 en la que se declara probado que el 4 de septiembre de 2003 don Manuel Hernández Sánchez conducía el vehículo de su propiedad matrícula T-….–T careciendo de seguro obligatorio de responsabilidad civil, condenándose al denunciado, como autor de la falta prevista en el artículo 636 CP, a la pena de 360 euros de multa, así como al abono de las costas procesales.
b) Contra la referida Sentencia interpuso recurso de apelación el condenado, correspondiendo su conocimiento a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona, que, con arreglo al artículo 82.2 LOPJ, designó al Magistrado encargado de su resolución.
c) Antes de pronunciar sentencia resolviendo el recurso de apelación, el Magistrado dictó providencia el 9 de julio de 2004 acordando oír a las partes, a los efectos del art. 35 LOTC, acerca de la conveniencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en relación con su disposición transitoria primera, en la medida en que no se contempla, como regla de derecho transitorio, la inmediata entrada en vigor del párrafo segundo (sic) del apartado 185 del artículo único de la mencionada Ley. Se añade que el establecimiento de una vacatio legis de más de diez meses de la norma que destipifica la conducción de vehículos a motor sin la cobertura aseguraticia obligatoria podría entrar en colisión con el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9 CE), el principio de legalidad penal (art. 25 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
d) La apelante, en escrito presentado el 29 de julio de 2004, manifestó su plena conformidad con la promoción de la cuestión de inconstitucionalidad, mientras que el Ministerio Fiscal no efectuó alegaciones.
e) El 15 de septiembre de 2004 el Magistrado designado para la resolución del recurso de apelación dictó Auto planteando la cuestión de inconstitucionalidad.
3. En el Auto de planteamiento comienza poniéndose de relieve la amplia libertad configurativa de la que dispone el legislador para determinar los espacios de intervención penal y las consecuencias que se deriven de los mismos, razonándose seguidamente acerca de la incidencia de los principios de protección, responsabilidad y sanción, como condicionantes de la adecuación de la actividad legislativa al nivel de racionalidad ética exigible, alcanzando como conclusiones: que el legislador no puede utilizar cualquier procedimiento legislativo para castigar una conducta; que el legislador no puede castigar cualquier conducta desvinculándose de los fines de protección constitucionalmente legítimos; y que el legislador no puede castigar con cualquier pena o sanción, independizada de necesidades axiológicas de prevención especial o general y sin tomar en cuenta las exigencias de culpabilidad. El traslado de las anteriores consideraciones –que más extensamente se desarrollan en la resolución judicial– lleva al Magistrado proponente a concluir que el legislador penal no puede seguir castigando una conducta después de que la ley promulgada la destipifique; ni utilizar la transitoriedad de la norma posterior para mantener durante más de diez meses la sanción de una conducta a la que expresamente priva de valor penalmente antijurídico; ni retrasar las consecuencias derivadas de la publicación de una norma penal más favorable; ni, en fin, castigar durante el tiempo que quiera, y a término, una conducta.
4. Por providencia de 18 de enero de 2005 la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Al tiempo, se acordó publicar la incoación de la cuestión de inconstitucionalidad en el «Boletín Oficial del Estado», lo que tuvo lugar en el ejemplar publicado el 7 de febrero de 2005 (núm. 32 de ese año).
5. Por escrito registrado en este Tribunal el 8 de febrero de 2005, la Presidencia del Congreso de los Diputados comunicó que, aunque la Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, ponía a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar. El 10 de febrero del mismo año el Presidente del Senado comunicó el acuerdo, de la Mesa de la Cámara, de personación en el procedimiento y de ofrecimiento de colaboración a efectos del artículo 88.1 LOTC.
6. El Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, formuló sus alegaciones en escrito presentado el 15 de febrero de 2005, en el que propugna la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en la medida en que, a su juicio, el fallo que haya de recaer en el proceso judicial a quo no depende de la validez del precepto cuestionado. Entiende el Abogado del Estado que la conducta enjuiciada tuvo lugar mucho antes de la publicación de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de modo que resulta por completo indiferente que su disposición final quinta establezca una prolongada vacatio legis o que, tal como propugna el Auto de planteamiento, se hubiera dispuesto la inmediata entrada en vigor del nuevo párrafo segundo del artículo 636 CP, ya que en ambos casos la novedad legal resultaría aplicable exclusivamente en virtud de la retroactividad derivada del artículo 2.2 CP y de las disposiciones transitorias de la Ley. En todo caso, sólo el primer inciso de la disposición cuestionada resulta relevante para la resolución del proceso a quo.
Subsidiariamente, solicita la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad. Tras exponer diversos problemas que se generarían de estimarse la cuestión de inconstitucionalidad en sus propios términos, pone en duda que la reforma del art. 636 CP deba calificarse como una simple destipificación, pues, en adelante, los propietarios de vehículos que no aseguren la responsabilidad civil del conductor –siempre y cuando un tercero interesado no haya procedido a hacerlo– serán multados en vía administrativa con importes superiores a los que venían imponiéndose cuando se les castigaba penalmente.
7. El Fiscal General del Estado, en su escrito presentado el 15 de febrero de 2005, comienza señalando la posible carencia sobrevenida de objeto del presente proceso constitucional tras la entrada en vigor –el 1 de octubre de 2004– de la efectiva despenalización de algunas de las conductas que se tipificaban hasta ese momento en el artículo 636 CP, puesto que dicha despenalización no sólo alcanzará a los hechos cometidos a partir de su vigencia sino que tendrá eficacia retroactiva respecto a los hechos juzgados, e incluso sobre las condenas no ejecutadas. En este sentido, la propia disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, –en cuanto norma de derecho transitorio– nació con un plazo de vigencia coincidente con el de la vacatio legis, de modo que la misma tampoco será aplicable ni resultará relevante para el fallo, desde el 1 de octubre de 2004. Sólo en la medida en que, por aplicación del art. 40 LOTC, la posible inconstitucionalidad del precepto cuestionado pudiese dar lugar a la devolución de cantidades abonadas por multas impuestas en el periodo comprendido entre la fecha de publicación y la de entrada en vigor de la disposición legal, pudiera entenderse, a juicio del Ministerio Fiscal, que subsiste el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
En relación con el fondo, señala el Fiscal General del Estado que la única objeción que en esencia se sustenta en el Auto de planteamiento es la oposición del precepto cuestionado con el artículo 9.3 CE (interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos) ya que el órgano judicial no explica en absoluto la manera en la que pudieran resultar comprometidos los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal sancionadora (arts. 24.1 y 25.1 CE). Así las cosas, para el Ministerio Fiscal la decisión del legislador está amparada por una justificación absolutamente razonable: a) En primer lugar, porque lo que el legislador aprueba no es exclusivamente la destipificación de una conducta sino su despenalización al tiempo de la concurrencia de unas circunstancias específicas y determinadas. b) La reforma del art. 636 CP se enmarca en una más importante reforma del Código penal, que afecta a más de cien artículos y que, dada su trascendencia, el legislador juzga necesario que entren en vigor de manera conjunta tras un determinado plazo, con la excepción de un muy reducido número de preceptos a los que las disposiciones transitorias de la Ley dotan de eficacia inmediata. c) La despenalización de la conducta de circulación de vehículos a motor sin seguro obligatorio ha precisado un posterior desarrollo normativo, en concreto la promulgación de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que modifica el art. 89 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, así como del Real Decreto 299/2004, de 20 de febrero, que afecta a diversos aspectos de la aludida materia.
8. Mediante providencia de 18 de febrero de 2010 el Pleno del Tribunal acordó, de conformidad con el artículo 84 LOTC, oír a las partes personadas, en el plazo común de diez días, en relación con la incidencia que sobre la presente cuestión de inconstitucionalidad pudiera haber tenido el transcurso del periodo de vacatio legis fijado en el primer inciso de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
9. El 26 de febrero de 2010 presentó escrito el Abogado del Estado, en el cual pide que se dicte sentencia declarando inadmisible la cuestión de inconstitucionalidad, o auto declarándola extinguida, puesto que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, lleva consigo la sobrevenida falta de relevancia del precepto cuestionado, al ser indiferente para la sentencia que haya de dictarse en el proceso a quo que el referido precepto sea conforme o contrario a la Constitución, puesto que el órgano judicial ya sólo podrá aplicar la nueva redacción del artículo 636 CP, en virtud de las disposiciones transitorias de la indicada Ley.
10. El Fiscal General del Estado, en escrito presentado el 24 de marzo de 2010, solicita que se declare la carencia sobrevenida de objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, como consecuencia de que, desde la plena entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, ha quedado despenalizada, con efectos retroactivos, la conducta enjuiciada en el proceso a quo.
11. Por providencia de 14 de abril de 2010 el Pleno acordó deferir la resolución de la presente cuestión de inconstitucionalidad a la Sala Segunda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.c) LOTC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.
1. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona –actuando como tribunal unipersonal, conforme al art. 82.2 LOPJ– promueve cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del Código penal, en la medida en que impide la inmediata entrada en vigor del apartado 185 de su artículo único, por el que, modificándose el art. 636 del Código penal, se destipifica la conducción de vehículos a motor y ciclomotores sin cobertura de seguro obligatorio de responsabilidad civil.
1.º Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5784-2004 planteada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona sobre la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en lo que excede de su primer inciso.
Dada en Madrid, a veintisiete de abril de dos mil diez.–Guillermo Jiménez Sánchez.Vicente Conde Martín de Hijas.–Elisa Pérez Vera.–Eugeni Gay Montalvo.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pascual Sala Sánchez.–Firmado y rubricado.
DICTADA en la CUESTIÓN 5784/2004 (Ref. BOE-A-2005-1917).

References: artículo 636
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 artículo 88
 artículo 636
 artículo 2
 resolución 
 artículo 636
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 84
 artículo 636
 resolución 
 artículo 10