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Timestamp: 2019-10-21 10:20:46+00:00

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﻿ Sentencia 2006-01185 de abril 10 de 2014
SENTENCIA 2006-01185 DE 10 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL Y PROCESO SANCIONATORIO. AUNQUE EL PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL Y EL PROCESO SANCIONATORIO SON AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES, LOS RESULTADOS DEL PRIMERO INCIDEN EN EL SEGUNDO, YA QUE PARA QUE PROCEDA LA SANCIÓN ES NECESARIO QUE LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN HAYA SIDO NOTIFICADA AL CONTRIBUYENTE, PERO SI LA LIQUIDACIÓN ES DEMANDADA ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA SENTENCIA DEFINITIVA SERÁ LA QUE EL ULTIMAS DEFINA SI LOS ACTOS SANCIONATORIOS MANTIENEN O NO LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL, CONTRIBUYENTE, LIQUIDACIÓN OFICIAL, PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NOTIFICACIÓN AL CONTRIBUYENTE, PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Sentencia 2006-01185 de abril 10 de 2014
Rad.: 25000 23 27 000 2006 01185 01 [18927]
Actor: Accenture Ltda. (NIT 800110980-7)
Sanción por imputación improcedente
La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales la DIAN impuso a la demandante sanción por imputación improcedente del saldo a favor liquidado en la declaración de renta del año gravable 2000.
En los términos del recurso de apelación, establece si la sentencia de primera instancia es nula por haberse dictado a pesar de que el proceso se hallaba suspendido por prejudicialidad. Además, determina si debe suspenderse ahora el proceso hasta cuando se decida, con carácter definitivo, si son legales los actos que modificaron la declaración de renta de la actora por el año gravable 2000.
En caso de que no procedan los argumentos anteriores, analiza si procede la sanción por imputación improcedente impuesta en los actos acusados.
• El 9 de abril de 2001, la actora declaró renta por el año gravable 2000 en la que determinó un saldo a favor de $644.678.000(11) que fue imputado en la declaración de renta del año 2001(12) para generar un nuevo saldo a favor de $1.209.969.000.
• Por liquidación de revisión 310642003000160 de 25 de noviembre de 2003(13), confirmada por Resolución 310662004000033 de 15 de julio de 2004(14), la DIAN modificó la declaración de renta del año 2000, pues rechazó el saldo a favor declarado y determinó un saldo a pagar de $491.231.000.
• El 1º de diciembre de 2004, la actora solicitó la nulidad de los actos que modificaron la declaración de renta del año 2000(15). La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el Nº 250002327000200402271-01(16).
• Con fundamento en los actos de determinación oficial del impuesto de renta del año 2000, que se reitera, rechazaron el saldo a favor declarado por la actora, la DIAN sancionó a la demandante por imputación improcedente, mediante Resolución 310642005000002 de 13 de mayo de 2005, confirmada en reconsideración por Resolución 310662006000002 de 28 de febrero de 2006.
• El 7 de julio de 2006, la actora demandó los actos que impusieron la sanción por imputación improcedente, cuya legalidad se estudia en esta oportunidad(17).
• El 26 de julio de 2007, la demandante solicitó la suspensión de este proceso por prejudicialidad hasta tanto se decidiera en forma definitiva el proceso contra la liquidación de revisión y la resolución que la confirmó(18).
• El 16 de mayo de 2007, el tribunal profirió sentencia de primera instancia en el Expediente 250002327000200402271-01, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda(19).
• Mediante auto de 20 de septiembre de 2007, notificado el 27 del mismo mes, el tribunal ordenó la suspensión de este proceso, porque la decisión definitiva que debe proferirse en el Expediente 250002327000200402271-01 incide en el fallo que debe dictarse en este asunto(20).
• Por auto de 28 de enero de 2011, el tribunal ordenó la reanudación de este proceso, con fundamento en el artículo 172 del Código de Procedimiento Civil, porque transcurrieron más de tres años desde cuando se decretó la suspensión(21). Esta providencia quedó ejecutoriada porque no fue recurrida.
• El 15 de marzo de 2011, la actora solicitó al a quo que se abstuviera de proferir sentencia en el presente asunto, por cuanto aun no existía decisión definitiva sobre la demanda interpuesta contra los actos de determinación oficial del impuesto de renta del año gravable 2000(22).
• Por auto de 6 de mayo de 2011, el tribunal negó la solicitud, pues la reanudación del proceso se produjo porque se cumplieron los requisitos del artículo 172 ibídem y porque el auto que ordenó la reanudación había quedado ejecutoriado.
• El 1º de junio de 2011, el tribunal profirió sentencia en el presente proceso y negó las pretensiones de la demanda.
• En sentencia de 15 de marzo de 2012, dictada dentro del proceso 250002327000200402271-01(23), la Sala anuló los actos que modificaron la declaración de renta que la actora presentó por el año 2000.
• El fallo de la Sala quedó ejecutoriado el 22 de mayo de 2012(24).
Con base en los hechos que se encuentran probados, la Sala precisa lo siguiente:
• Solicitudes de nulidad de la sentencia y de suspensión del proceso por prejudicialidad
Según el demandante, la sentencia apelada es nula, porque se profirió a pesar de que el proceso debía suspenderse hasta cuando se dictara el fallo definitivo dentro del expediente contra los actos de determinación oficial del tributo, por lo cual el tribunal perdió temporalmente la competencia para fallar.
El artículo 140 numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, establece que el proceso es nulo en todo o en parte “cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida”.
El artículo 170 numeral 2º ibídem ordena al juez decretar la suspensión del proceso cuando la sentencia que deba dictarse dependa de lo que deba decidirse en un proceso adelantado contra un acto administrativo de carácter particular(25).
A su vez, el artículo 172 ibídem, dispone:
“ART. 172.—Reanudación del proceso. La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de los tres años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de parte decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por estado y mediante telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales.
Cuando la suspensión recaiga únicamente sobre el trámite principal, se tendrán en cuenta las disposiciones especiales contenidas en este código” (resalta la Sala).
Así pues, si dentro de los tres años siguientes al decreto de la suspensión del proceso por prejudicialidad no se aporta copia de la providencia ejecutoriada que ponga fin al proceso que motivó la suspensión, el juez debe decretar la reanudación del proceso.
En el asunto en estudio, el tribunal ordenó la suspensión del proceso por prejudicialidad, debido a que la decisión que debía dictarse en el expediente 250002327000200402271-01, en el que se debatía la legalidad de los actos de determinación oficial del impuesto de renta del año 2000, influía directamente en el fallo que debe proferirse en esta oportunidad, ya que la DIAN impuso la sanción que se discute con fundamento en dichos actos.
Sin embargo, con fundamento en el artículo 172 del Código de Procedimiento Civil, en providencia de 28 de enero de 2011, notificada por estado el 3 de febrero y por telegrama, el 14 de febrero de 2011, el a quo reanudó el proceso y esta decisión quedó en firme(26).
En consecuencia, la sentencia de primera instancia, proferida el 1º de junio de 2011, es válida, dado que el proceso ya no se encontraba suspendido y, por lo mismo, el tribunal tenía plena competencia para dictarla. Por tanto, no es nula la referida sentencia.
De otra parte, comoquiera que el 15 de marzo de 2012, la Sala profirió sentencia definitiva en el proceso en el que se discutía la legalidad de los actos que modificaron la declaración de renta por el año 2000, en esta oportunidad la Sala debe tener en cuenta los alcances de esta providencia, ya que incide directamente en la sanción por imputación improcedente que se discute en este proceso. Por lo anterior, no es del caso ordenar la suspensión del proceso solicitada por el Ministerio Público.
• Sanción por imputación improcedente
El artículo 670 del Estatuto Tributario establece que las devoluciones o compensaciones de saldos a favor liquidados en las declaraciones de renta e IVA no constituyen reconocimiento definitivo, pues, si el saldo a favor se modifica o rechaza mediante liquidación de revisión, el contribuyente debe reintegrar las sumas devueltas o compensadas en exceso.
A su vez, el inciso cuarto de este precepto dispone que cuando mediante proceso de determinación del impuesto, se modifique o rechace el saldo a favor imputado por el contribuyente en la declaración del periodo siguiente, la administración debe exigir su reintegro, incrementado en los intereses moratorios correspondientes.
Sobre el particular, la Sala ha dicho que aunque el proceso de determinación oficial y el proceso sancionatorio son autónomos e independientes, los resultados del primero inciden en el segundo, ya que para que proceda la sanción es necesario que la liquidación de revisión haya sido notificada al contribuyente, pero si la liquidación es demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la sentencia definitiva será la que en últimas defina si los actos sancionatorios mantienen o no la presunción de legalidad(27).
En efecto, la anulación de los actos de determinación oficial implica que el contribuyente tenía derecho a imputar en la declaración del periodo siguiente el saldo a favor que liquidó, de modo que no existiría el supuesto de hecho de la sanción. Por su parte, la confirmación o la anulación parcial de la liquidación de revisión significa que el contribuyente utilizó dineros que pertenecían a la administración y que debe reintegrarlos en los términos del artículo 670 inciso 4º del Estatuto Tributario.
En los actos demandados, la DIAN impuso a la actora la sanción por imputación improcedente a que se refiere el inciso cuarto del artículo 670 del Estatuto Tributario, porque en la declaración de renta del año gravable 2001 imputó el saldo a favor que había declarado en el año 2000 y mediante liquidación de revisión la DIAN rechazó el saldo a favor imputado.
Comoquiera que en sentencia de 15 de marzo de 2012, Expediente 16660, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, la Sala revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, anuló los actos de determinación oficial del impuesto y declaró la firmeza de la declaración presentada por la actora por el año 2000, la sanción por imputación improcedente determinada con base en los citados actos carece de fundamento.
Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia apelada. En su lugar, se anulan los actos sancionatorios y como consecuencia se declara que la sociedad no está obligada a pagar la sanción por imputación improcedente determinada por la DIAN en dichos actos.
DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 310642005000002 de 13 de mayo de 2005 y 310662006000002 de 28 de febrero de 2006, por las cuales la DIAN impuso a la actora sanción por imputación improcedente respecto del saldo a favor liquidado en la declaración de renta del año 2000.
A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la demandante no está obligada a pagar suma alguna por concepto de la sanción impuesta en los actos que se anulan.
(11) Folios 32 a 35 c. a.
(12) Folios 43 a 46 c. a.
(13) Folios 94 a 118 c. a.
(14) Folios 78 a 92 c. a.
(15) Folios 125 a 155 c. a.
(16) Folio 177 c. p.
(17) Folio 3 c. p.
(18) Folios 163 a 172 c. p.
(19) Folios 177 a 201 c. p.
(20) Folios 203 a 205 c. p.
(21) Folios 217 y 218 c. p.
(22) Folios 221 a 223 c. p.
(23) Número interno 16660, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(24) En el sistema de información judicial consta que la sentencia se notificó por edicto desfijado el 16 de mayo de 2012.
(25) Código de Procedimiento Civil. Artículo 170. Suspensión del proceso. “El juez decretará la suspensión del proceso: […].
2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de carácter particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley.
No obstante, el proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso ordinario iniciado antes o después de aquel que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en éste es procedente alegar los mismos hechos como excepción”.
(26) Folios 217 y 218 c. p.
(27) Entre otras, ver sentencias del 12 de mayo de 2010, Expediente 17601, C. P. William Giraldo Giraldo, y del 27 de enero de 2011, Expediente 18262, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 140
 artículo 165
 artículo 170
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 670
 artículo 670
 artículo 670
 Artículo 170