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Timestamp: 2018-01-16 21:35:54+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1417/2011-R
Sucre, 10 de octubre de 2011
Expediente: 2009-20693-42-AAC
Magistrada Relatora: Dra. Eve Carmen Mamani Roldán
En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Manuel Félix Sangueza Guzmán, Gerente Regional de Oruro a.i de la Aduana Nacional contra Rosendo Gutiérrez Rojas, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Oruro.
Por memorial presentado el 3 de septiembre de 2009, cursante a fs. 31 a 36, y el de subsanación de 10 de ese mismo mes y año (fs. 42 y vta.), el accionante aseveró lo siguiente:
El 1 de abril de 2006, una patrulla del Control Operativo Aduanero (COA), intervino en un hecho, ya que un vehículo había sido reportado como volcado a la altura de "Cohuani", en el operativo se advirtió que no tenía ocupantes ni precintos bolivianos, sino sólo precintos de la Aduana de Chile, lo cual demostraba que se trataba de contrabando; de las pruebas aportadas durante la tramitación del proceso, quedó establecido que el camión no había generado transito aduanero y no se cumplió con los procedimientos establecidos al efecto y que permitan la lícita internación del medio de transporte, además, el Manifiesto Internacional de Carga y Declaración de Transito Aduanero (MIC/DTA) corresponde a otro vehículo y destino, no siendo posible que existan dos MICs con el mismo número. Por otra parte, en las pruebas aportadas por los supuestos contrabandistas, figura un supuesto aforo físico; sin embargo, las certificaciones del concesionario de recinto privado establecen que el camión no hizo aforo físico el día que figura en el MIC/DTA, además no cuenta con sello y firma de funcionarios de frontera de la Aduana Nacional, elementos de convicción que aseguran la comisión del ilícito de contrabando; sin embargo, el Ministerio Público el 31 de octubre de 2006, emite el requerimiento de rechazo "disponiendo la prosecución hasta la conclusión del Transito Aduanero", pese a que no existe inicio del transito aduanero, el Fiscal de Distrito ratificó dicha Resolución el 21 de noviembre del mismo año.
Señala, que dichas Resoluciones han quedado sin efecto legal alguno, como consecuencia de la Resolución de amparo emitida por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del "recurso" de amparo constitucional interpuesto por la Gerencia Regional de Oruro contra los Vocales, Zenobio Calizaya Velásquez y Teresa Severichz de Alessandri; y, Rosendo Gutiérrez Rojas, Juez de Instrucción en lo Penal, que declaró "con lugar a la tutela demandada (…)" y en su mérito se dejó sin efecto las Resoluciones emitidas por el Juez cautelar tercero, 311/2008 de 21 de mayo y el Auto de Vista confirmatorio 23/2008 de 14 de agosto, disponiendo igualmente la prosecución de la investigación pertinente, respecto al ilícito atribuido a Dominga Marca Quispe de Mamani; empero el Juez cautelar, pretende hacer cumplir esas resoluciones que se encuentran sin eficacia legal, mas aun cuando precisamente en observancia a dicho fallo, el Ministerio Publico se encuentra investigando el ilícito de contrabando.
Finalmente señaló que, el Juez cautelar, al pronunciar la Resolución 472/2009 de 21 de agosto, por la que dispuso se expida mandamiento de aprehensión contra el Gerente Regional Oruro de la Aduana Nacional y sea conducido ante la autoridad fiscal, actuación que denota un alarmante desconocimiento de las disposiciones legales, por cuanto dicha orden corresponde en caso de desobediencia o resistencia a órdenes judiciales y que sea dentro de una investigación penal; en el presente caso sin que exista denuncia o investigación alguna contra el Gerente de la Aduana, se expidió un mandamiento coercitivo e irregular, lo que derivó en la vulneración de las garantías constitucionales.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
Alega la vulneración de sus derechos a la "seguridad jurídica", a la defensa y a la garantía del debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23.III, 109.I, 115, 119, 120, 122, 128, 129 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita sea concedido el amparo impetrado, disponiéndose: a) La nulidad de las "Resoluciones Judiciales de 24 de junio de 2009; 455/2009 de 10 de agosto y 472/2009 de 21 de agosto"; y, b) Se conmine al Juez de la causa, que se abstenga de emitir Resoluciones que pretenden coartar la investigación que se encuentra en curso a cargo del Ministerio Público.
Instalada la audiencia pública el 5 de octubre de 2009, tal como consta en el acta cursante de fs. 194 a 203 vta., ocurrió lo siguiente:
El accionante a través de su abogado ratificó la demanda y haciendo puntualizaciones técnicas señaló: 1) Que realizada la investigación sobre la internación de la mercadería, se tiene que dicho camión ingresó de forma clandestina al país, cometiendo flagrante delito de contrabando, tipificado por el art. 181 incs. a) y b) del Código Tributario (CTB), con la agravante de falsificación de documentos aduaneros, tipificados en el art. 173 de la Ley General de Aduanas (LGA); 2) El Fiscal de Materia, si efectuar un análisis legal menos jurídico de la denuncia interpuesta por la Aduana, rechazó la denuncia mediante Resolución de 31 de octubre de 2006, disponiendo un supuesto tránsito hasta la ciudad de Santa Cruz, impugnada la misma, fue resuelta por el Fiscal de Distrito que con un "burdo" comentario de supuesta deficiencia de prueba, ratificó la Resolución; 3) Debido a la insistencia de la aduana, el Fiscal hizo una consideración de las pruebas y dispuso la apertura de la causa contra Dominga Marca Quispe y otros, posteriormente intervino otro Fiscal y el 5 de febrero de 2009, emitió Resolución de rechazo de imputación solicitado por la Aduana, Resolución que igualmente fue ratificada por el Fiscal de Distrito el 28 de abril de 2009; 4) Como consecuencia de todo ello, el 2 de abril de 2009. El Juez cautelar, Rosendo Gutiérrez Rojas, mediante Auto dispuso el cumplimiento de las Resoluciones fiscales de 31 de octubre y 21 de noviembre, ambas de 2006; 5) Ante esta situación se interpuso "recurso" de amparo constitucional que mediante Auto 009/2008, se concedió la tutela y dejó sin efecto la Resolución emitida por el Juez cautelar, 311/2008 de 21 de mayo, así como el Auto de Vista 23/08 de 14 de agosto de 2008, además se dispuso la prosecución de la investigación respecto al ilícito atribuido a Dominga Marca Quispe; y, 6) La Resolución de amparo es clara, porque dejó sin efecto, e invalidó las Resoluciones Fiscales, a las que el Juez cautelar quiere que se dé cumplimiento; empero, esta autoridad, inició una persecución penal contra el Gerente Regional de la Aduana de Oruro, emitiendo un mandamiento de apremio por incumplimiento a órdenes del Juez cautelar; es decir, que cometió un exabrupto, que no solo pretende privarle de su libertad; sino que se insiste y presiona para que se permita el tránsito aduanero de un vehículo totalmente indocumentado, de una mercadería de contrabando hacia la ciudad de Santa Cruz, ingresando a la competencia de la Ley General de Aduana y el Código Tributario.
Por su parte, Ángel Raúl Sandy Méndez, abogado copatrocinante, aclaró que: i) La Ley establece que la única autoridad competente para la permisibilidad del ingreso del tránsito son las Aduanas del Cono Sud, no así el Ministerio Público; ii) Es la Ley General de Aduanas y su Decreto Supremo Reglamentario que establecen los requisitos y condiciones para que las mercancías puedan ingresar a territorio aduanero nacional, con el correspondiente pago de tributos aduaneros de importación, extremo que en el caso nunca se realizó; es decir, que no nació ese tránsito aduanero; iii) La Aduana emitió la Resolución Administrativa (RA) 049/2009 de 25 de agosto, al encontrarse bajo presión de un mandamiento de aprehensión contra la el Gerente Regional de Oruro de la Aduana Nacional; empero, el 23 de septiembre pronunció la Resolución Administrativa 51/2009, que fue presentada a la autoridad jurisdiccional, haciéndole conocer que en cumplimiento del Código Tributario, dejó sin efecto esa Resolución, que era con el único objetivo de evitar la aprehensión de la primera autoridad de la Aduana de Oruro, y tome conocimiento de que estarán a las resultas del fallo de la presente acción de amparo; y, iv) Solicitó se declare la "procedencia" y se deje sin efecto que advierta a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de emitir resoluciones que no se encuentran dentro del marco de su competencia.
Con el derecho a la réplica, Reynaldo Gualberto Guzmán Amurrio, manifestó que el propio Fiscal de Distrito dijo que se trata de una resolución de rechazo a una imputación, no siendo una resolución conclusiva del proceso; por otra parte señaló que no se puede justificar la legalidad de una mercadería que tiene un ingreso ilegal; y por último aclara que ni el Fiscal de Materia, ni el Fiscal de Distrito así como el Juez cautelar tienen competencia para disponer la prosecución de un tránsito aduanero que además jamás fue iniciado.
Por su parte el abogado, Ángel Raúl Sandi Méndez, aclaró que la Resolución de amparo constitucional de 22 de septiembre, que da lugar a la prosecución de la investigación penal pública, de ese tránsito aduanero, que inclusive conmina a las autoridades del Ministerio Público al cumplimiento de una normativa legal aplicable.
El Juez cautelar demandado, brindó informe en audiencia (fs. 198) manifestando lo siguiente: a) El inicio de investigación se realizó a partir del 4 de abril de 2006, a instancias del Ministerio Público; b) El 27 de octubre de 2006, se hizo una conminatoria preliminar haciéndole conocer al Ministerio Público que debe emitir un requerimiento vinculado a los arts. 301, 302, y 323 del CPP, en consecuencia el 31 de ese mismo mes y año, el Fiscal y titular de la persecución penal, emitió Resolución de rechazo, impugnada la misma por la Aduana, esta se ratificó por el Fiscal de Distrito el 21 de noviembre del citado año; c) Como consecuencia de una presión efectuada por la Aduana, es que el 16 de enero de 2007, se realizó una reapertura de la investigación del ilícito contra Dominga Marca Quispe y otros, empero, el propio Fiscal, aclaró que la reapertura es con relación al camión con placa de circulación 819-RSY, entendiéndose que a partir de ese requerimiento fiscal no existe investigación alguna contra Dominga Marca Quispe; d) En ese ínterin antes de ser ratificada la resolución de rechazo, no se denuncia ante la autoridad judicial la vulneración de derecho o garantía constitucional vinculada a la actividad de la víctima; es decir, que no le hicieron conocer que el Ministerio Público no hizo una debida investigación; e) El 2 de abril, emitió una primera conminatoria a efectos de que se cumpla con las determinaciones fiscales; y es la propia Aduana que solicitó la suspensión de la conminatoria hasta en tanto se sustancie un "recurso" de amparo constitucional contra las resoluciones fiscales de primera y segunda instancia, interpuesto el 4 de abril de 2007; f) Mediante "SC 008/2007 de 26 de abril, se declaró la improcedencia del recurso de amparo constitucional", resultando extemporánea, fuera de cualquier plazo legal pretender nuevamente a través de esta acción cualquier cuestionamiento de aquellas "resoluciones judiciales o fiscales"; g) Existe otro "recurso" de amparo constitucional que versa sobre la extinción de la acción penal y que evidentemente la Sala Civil Primera de la Corte Superior declaró con lugar a la tutela demandada, disponiendo la nulidad de las resoluciones que declararon la extinción de la acción penal, tanto la emitida por su autoridad como el Auto de Vista confirmatorio; en ninguna parte de la Sentencia Constitucional señaló que se deje sin efecto las resoluciones fiscales impugnadas a través de la presente acción; h) Revisados los antecedentes, no existe una sola resolución fiscal que amerite la reapertura o continuidad de la investigación penal contra Dominga Marca Quispe; razón por la que su autoridad emitió las conminatorias a efectos de dar cumplimiento con aquellas resoluciones fiscales, que oportunamente no han sido cuestionadas por la victima; i) En cumplimiento del art. 129.2 del CPP, emitió una conminatoria el 24 de junio de 2009, bajo alternativa de ley, que no fue observada, razón por la que se ordenó se libre el mandamiento de aprehensión, el mismo que fue dejado sin efecto, en consideración a que se dio cumplimiento a la citada conminatoria, en virtud a la Resolución Administrativa emitida por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional; j) Precisa que el 5 de febrero de 2009, el Fiscal mediante requerimiento fundamentado de rechazo de imputación formal contra Dominga Marca Quispe, en el último parágrafo de la parte considerativa, señaló que dada la circunstancia de que no se ha procedido a reabrir una investigación contra la actora, esta se encuentra exenta de la persecución penal, entendido por el juzgador como la inexistencia de investigación, por tanto vigentes los requerimientos fiscales de rechazo de la denuncia y ratificada por el Fiscal de Distrito el 15 de abril de 2009, por tanto su autoridad no ha vulnerado ningún derecho o garantía constitucional del accionante.
Con el derecho a la dúplica, el Juez demandado, aclaró que ninguna de las Resoluciones emitidas por su autoridad ordenó la prosecución del tránsito aduanero, lo único que se dispuso fue el cumplimiento de las resoluciones fiscales de 31 de octubre y de 21 de "octubre", ambas de 2006. Por otra parte hace hincapié en el art. 96.2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), cuando expresamente señala "cuando se hubiese interpuesto anteriormente un recurso constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa, y contra los actos consentidos libre y expresamente o cuando hubiesen cesado los efectos del acto reclamado", haciendo notar que ya se han interpuesto otros "recursos" de amparo constitucional respecto al fondo de la presente acción.
I.2.3. Intervención del Fiscal de Distrito de Oruro
Rodolfo Fuentes Borda, Fiscal de Distrito de Oruro, en audiencia manifestó que: i) El 3 de abril de 2009, Ramiro Angulo Roca, presentó un memorial a la Fiscalía de Distrito con la suma "objeta resolución fiscal", al haber sido notificado con el requerimiento fundamentado de rechazo de solicitud de imputación formal, su autoridad denegó otorgar esa objeción, al amparo del art. 305 del CPP, que se dan tres casos en lo que procede la impugnación de un rechazo, en el no se contempla la impugnación contra un requerimiento fundamentado de rechazo de solicitud de imputación formal; ii) En el petitorio de dicha impugnación señalan el art. 306.II del CPP, y solicitan se ordene la ampliación de la imputación contra Dominga Marca Quispe, por ser la autora intelectual y material del delito, eso es lo que se pide en el memorial de objeción de 3 de abril de 2009; iii) El 7 de abril de 2009, pidió informe al Fiscal de Materia, Lindon Requena Jonson, el mismo que señala: "fue de su conocimiento desde octubre de la pasada gestión, cuando ya habían transcurrido más de un año desde el requerimiento de rechazo evacuado por el Fiscal, José Calle, en consecuencia no se encuentra en vigencia la etapa preparatoria contra Dominga Marca Quispe, por haber transcurrido superabundantemente el tiempo para reabrir el caso"; iv) Aclara que no es un rechazo de denuncia, de querella, o de actuados de diligencia policiales, sino es un rechazo de solicitud de imputación formal; v) Debido a los persistentes memoriales presentados por la Aduana, el Fiscal, José Calle; dispuso la reapertura de la investigación por el delito de contrabando contra Dominga Marca Quispe y otros; empero, en vía de rectificación el Fiscal, mediante requerimiento fundamentado de 2 de febrero de 2007, modificó su anterior requerimiento, indicando que la reapertura es con relación al vehículo con placa de circulación 819-RSY; y, vi) Conforme al art. 302 del CPP, la imputación formal es consecuencia de que el Fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado; es decir, que la imputación es atribución exclusiva del Fiscal en su calidad de director funcional de la investigación de acuerdo a lo previsto por el art. 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico (LOMP), por lo que no se puede confundir con una diligencia como erróneamente se manifiesta en el memorial de objeción, ese es el fundamento primordial por, el que se rechaza el memorial de objeción.
I.2.4. Intervención de la tercera interesada
Rosario Quispe Bustamante, abogada apoderado de la tercera interesada Dominga Marca Quispe, brindó informe en audiencia señalando que: 1) La Gerencia Regional de Oruro de la Aduana Nacional, vulneró los derechos de su defendida por cuanto desde la gestión 2006, ya transcurrieron casi cuatro de años de proceso que se encuentra en etapa preliminar, donde afirman que es contrabandista que cuentan con suficiente prueba; sin embargo, al no establecer tal aseveración el Fiscal de ese entonces José Calle López, dictó resolución fundamentada de rechazo a favor de su defendida, y se dispuso que se realice la continuación de un tránsito aduanero que se inició en territorio extranjero; 2) El Fiscal de Distrito, luego de compulsar las pruebas no encontró responsabilidad penal contra Dominga Marca Quispe, ratificando la Resolución del inferior; 3) Refiere que la Aduana ha interpuesto en tres oportunidades "recurso" de amparo constitucional con los mismos argumentos, el primero y segundo contra los fiscales de materia y de distrito, que fueron rechazados in limine, por tercera vez en el mismo se presentó contra las mismas autoridades porque dispusieron la continuación de un tránsito aduanero y por que el Juez cautelar habría conminado a ello, existiendo identidad de sujeto y causa, que conforme a los arts. 94 y 96.2 de la LTC, se debe declara la improcedencia; 4) Las resoluciones donde se dispuso la prosecución de un tránsito aduanero, datan de 31 de octubre de 2006 y ratificada el 21 de noviembre del mismo año, luego de la solicitud de reapertura, que también fue rechazada es de 16 de enero de 2007 y su consiguiente aclaración es de 2 de febrero del mismo año, y que al presente ha transcurrido superabundantemente el tiempo; y pese a existir otro "recurso" de amparo que declaró la procedencia, se refiere a la extinción de la acción penal y no así sobre la prosecución de un tránsito aduanero, y que en esta audiencia ha sido confundida por la Aduana; 5) Este es el quinto "recurso" de amparo constitucional que la Aduana plantea similar a los otros, con el único objetivo de hacerles perder el tiempo, y advirtiéndose que cursa una Resolución de 23 de septiembre que deja sin efecto la Resolución Administrativa de 25 de agosto de 2009, por la que se autorizaba la prosecución del tránsito aduanero y se ordenaba a la zona franca la salida de la mercadería; es decir, que no hay seriedad en la Aduana que en menos de un mes cambian la Resolución; y, 6) Solicita se deniegue la acción impetrada, porque no se puede indefinidamente realizar una persecución penal, cuando no existe fundamento, y existen resoluciones dictadas que tienen la calidad de autoridad de cosa juzgada.
I.2.5. Resolución
La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 11/2009 de 5 de octubre, cursante de fs. 204 a 209, por la que concedió la tutela impetrada, disponiendo la nulidad de la Resolución de 21 de agosto de 2009, vinculada a la orden de expedirse mandamiento de aprehensión contra el Gerente Regional de Oruro de la Aduana Nacional, y en vía de complementación anuló la Resolución de 24 de julio y el Auto complementario de 10 de agosto, ambos de 2009. Fundando su resolución en lo siguiente: a) Es evidente que la Gerencia Regional de Oruro, interpuso diferentes acciones de amparo constitucional, en principio contra la autoridad jurisdiccional, se adviertió también que las mismas han sido declaradas improcedentes in limine; b) Con posterioridad a ello se advierte que Dominga Marca Quispe, solicitó la extinción de la acción penal, lo que llevó al Juez cautelar a emitir la Resolución 311/2008 de 21 de mayo, que declara la extinción de la acción penal, siendo apelada por el Gerente Regional de la Aduana, se revivió por la Sala Penal Primera de la Corte Superior, confirmando el Auto apelado, lo que motivó que se interpusiera una nueva acción de amparo constitucional contra el Juez cautelar y lo Vocales firmantes del fallo, que dio lugar a que se conceda la tutela y se deje sin efecto las Resolución 311/2008 y el Auto de Vista de 14 de agosto de 2008, además dispuso la prosecución de la investigación pertinente respecto al ilícito atribuido a Dominga Marca Quispe, con carácter de conminatoria de ley y bajo responsabilidad de los funcionarios correspondientes, ordenando también que se haga conocer a la Dirección Nacional de la Aduana así como al Fiscal General de la República; c) Por un lado existe una Resolución que dispone el rechazo de la denuncia y en una de ellas se ordenó de manera expresa la continuidad del tránsito aduanero hasta la ciudad de Santa Cruz, que fue ratificado por el Fiscal de Distrito, con posterioridad a ello, la misma autoridad Fiscal, ordenó la reapertura de la investigación, y no es verdad que esta no alcanzo a Dominga Marca Quispe; d) Con relación a los reiterados pedidos de la Aduana Regional para ampliar la imputación formal contra Dominga Marca Quispe, esta mereció una Resolución de rechazo del Fiscal de Materia; empero, esto no constituye un rechazo de denuncia, de querella o de actuaciones policiales, se trata simplemente de un pronunciamiento del Ministerio Público, que deniega un acto de postulación; consecuentemente, la Resolución dictada por el Fiscal de Distrito en torno a una objeción interpuesta por la Gerencia Regional de la Aduana, se ajusta a derecho, por cuanto ese tipo de resoluciones no son susceptibles de impugnación a través de la objeción que está prevista por el art. 303 y ss del CPP; e) Con referencia al objeto de la acción, se advierte que la autoridad jurisdiccional obró con exceso de poder, vulnerando la garantía del debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en virtud a que se habría expedido un mandamiento de aprehensión contra el titular de la Gerencia Regional de la Aduana, amparándose en una norma no aplicable al caso, porque no dio cumplimiento estricto a las resoluciones fiscales de "31 y 29 de octubre de 2006" (sic), desconociendo el fallo emitido por Tribunal de garantías de 22 de septiembre de 2008, que ordenó la continuidad de la investigación, porque ordenar la continuación del tránsito aduanero, seria arrebatar el objeto de la investigación; f) Aparentemente existe una contradicción, en lo que ha sido ordenado por una parte por el Ministerio Público a tiempo de rechazar la denuncia y la posterior decisión del Tribunal Constitucional, estas últimas que tienen carácter vinculante y obligan a todos los estantes y habitantes y particularmente funcionarios públicos a su observancia; y, g) Lo evidente es que se mantiene un estado de inseguridad jurídica que afecta no solamente a la Gerencia Regional de Aduana sino que también a Dominga Marca Quispe, por la excesiva demora en la tramitación de la investigación; llama la atención la falta de diligencia por parte de la Aduana, así como llamar la atención al Ministerio Público a efectos de concluir la presente causa en una de las formas previstas por ley.
Ante la renuncia de todos los Magistrados, no se emitió Resolución, una vez designadas las nuevas autoridades, en el marco de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, dispuso la reanudación de las labores jurisdiccionales, habiéndose procedido al sorteo de la presente causa, el 19 de octubre de 2010; en consecuencia la presente Sentencia se pronuncia dentro de plazo.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:
II.1.Mediante Auto de 2 de abril de 2007, Rosendo Gutiérrez Rojas, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, del Distrito Judicial de Oruro, en virtud a la solicitud de Dominga Marca Quispe de Mamani que solicitó el cumplimiento de las Resoluciones fiscales y la emisión de conminatoria a la Gerencia de la Aduana Regional Oruro, en observancia de los arts. 54 y 279 del CPP, conmina al Gerente de la Aduana Regional de Oruro, a dar estricto cumplimiento a las Resoluciones de 31 de octubre y 21 de noviembre, ambas de 2006, bajo alternativa de ley (fs. 16).
II.2. El Juez cautelar, mediante Auto de 24 de junio de 2009, conminó por última vez al Gerente Regional de la Aduana Nacional de Bolivia a los fines del cumplimiento estricto de las resoluciones fiscales de 31 de octubre y 21 de octubre de 2006" (sic), en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación y bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de darse aplicación a los dispuesto por el art. 129.2 del CPP, y alternativamente disponerse la remisión de antecedentes al Ministerio Publico (fs. 26). mediante Auto complementario de 10 de agosto de 2009, declaró sin lugar a la complementación, aclaración y enmienda incoada por la Gerencia de la Aduana Nacional Regional Oruro (fs. 27 y vta.).
II.3.Por Auto de 21 de agosto, el Juez demandado, declaróa con lugar la solicitud procesal incoada por Dominga Marca Quispe de Mamani, disponiendo en consecuencia "expedir mandamiento de aprehensión contra Ramiro Angulo Roca, Gerente de la Aduana Regional Oruro, a efectos de ser conducido ante la autoridad fiscal y con su resultado procederse conforme a derecho, asimismo remitirse antecedentes al Ministerio Público mediante testimonio de fotocopias debidamente legalizadas con cargo la parte impetrante" (fs. 28 y vta. ).
El accionante, en su condición de Gerente Regional de la Aduana de Oruro, denuncia la vulneración de sus derechos, a la "seguridad jurídica", al debido proceso y el principio de legalidad, aduciendo resoluciones ilegales; toda vez que, el Juez demandado, emitió conminatorias para que de cumplimiento a las resoluciones fiscales de 31 de octubre y 21 de noviembre, ambos de 2006, las que se encuentran sin eficacia legal, como resultado de la Resolución de amparo, y ante el incumplimiento a las órdenes impartidas por su autoridad, Mediante Auto de 21 de agosto de 2009, dispuso se expida mandamiento de aprehensión, lo que denota un total desconocimiento de las disposiciones legales en vigencia, más aun cuando en el presente caso no existía denuncia o investigación penal iniciada en su contra; que por ello la conducta del Juez ingresa en la comisión de un flagrante delito de prevaricato. Corresponde analizar en revisión, si en el presente caso se debe conceder o no la tutela solicitada.
III.1. El proceso penal boliviano
A efectos de resolver la problemática planteada es preciso referirnos al proceso penal boliviano que por regla general supone la persecución de oficio (art. 21 del CPP), esta se debe desarrollar con una división y distribución de roles y funciones; así, por una parte la persecución del delito, o sea la investigación, imputación y acusación, se encuentran a cargo del Ministerio Público, que es una entidad autónoma e independiente del órgano judicial, regida por su propia ley; y por otra, el conocimiento, análisis y valoración de la acusación y la defensa corresponde al juez, que es parte del Órgano Judicial, lo que hace que sea un tercero imparcial que fallará en base a las pruebas aportadas.
En el proceso penal boliviano, este principio se concretiza normativamente en la segunda parte del art. 279 del CPP, que dispone: "Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad"; asimismo, en el hecho de que la etapa preparatoria, que tiene por objeto la investigación del delito, se encuentra bajo la dirección funcional del Ministerio Público, que ejerce la titularidad de la acción penal pública y el control funcional de la investigación (arts. 70 y 297 del CPP), pero bajo estricto control y supervisión del órgano judicial, a través del juez de instrucción que desarrolla las funciones de contralor de garantías constitucionales, derechos fundamentales y derechos humanos del imputado, para evitar su vulneración en el desarrollo de la coerción penal por parte del Estado (arts. 54.1, 279 primera parte y 297 del CPP).
Según precisa el art. 70 del CPP, concordante con el art. 14.2 de la LOMP, "Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en su Ley Orgánica".
Ese criterio ha sido reiterado por este Tribunal a través de su jurisprudencia, así en la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, señaló "que si bien el juez cautelar en virtud al art. 54 inc.1) del CPP, es la autoridad competente para realizar el control de la investigación, debe ejercer las facultades y atribuciones inherentes a esa función"… en el marco del Código de Procedimiento Penal, adscrito al sistema acusatorio y la delimitación de funciones y competencias del acusador y juzgador; en tal virtud, se debe diferenciar la función que tiene el juez de juzgar y no realizar actos investigativos y la función que tiene el fiscal de investigar, imputar y en su caso concluir en una de las formas previstas en el art. 301 inc. 2) y 3) y 323 del CPP" (entendimiento asumido por la SC 1208/2010 de 6 de septiembre).
III.2.Marco legal del mandamiento de aprehensión y su finalidad
Es importante hacer mención a lo preceptuado por el art. 224 del CPP, que dispone: "Si el imputado citado no se presentara en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente
librará mandamiento de aprehensión". Esta norma guarda plena concordancia con lo previsto por el art. 129.2 del mismo cuerpo legal (Clases de mandamientos). El juez o tribunal podrá expedir los siguientes mandamientos: "De aprehensión, en caso de desobediencia o resistencia a órdenes judiciales"; a su vez el art. 89 (Declaratoria de rebeldía), señaló: "El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido", norma que es concordante con el art. 91 de la misma norma adjetiva penal.
Establecido el marco legal del mandamiento de aprehensión y su finalidad, este Tribunal razonó a través de la SC 1768/2004-R de 11 de noviembre, refiriéndose a la facultad que tiene la autoridad judicial para la emisión del mandamiento de aprehensión puntualizó como objetivo: "…que el desobediente a la resolución judicial sea presentado para realizar el acto para el que fue inicialmente citado"; del mismo modo, siguiendo este entendimiento en la SC 0204/2007-R de 29 de marzo, se agregó que: "…la autoridad competente, puede emitir un mandamiento de aprehensión cuando el imputado no se presente dentro del término fijado ni justifique debidamente un impedimento legítimo; con el único propósito de ser conducido ante el tribunal de justicia que tramita el proceso penal".
Precisando aún más la finalidad del mandamiento de aprehensión, debe enfatizarse que: "…este tipo de orden judicial es expedida como consecuencia de la declaratoria de rebeldía del imputado y tiene como finalidad que sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, lo que implica que cumplido ese propósito o ante la comparecencia voluntaria del rebelde, no existe razón procesal para que se mantenga vigente. En ese sentido la SC 0170/2006-R, de 13 de febrero, señaló:´(…) de la interpretación armónica de las disposiciones contenidas en los arts. 89 y 91 del CPP, se tiene que la emisión del mandamiento de aprehensión librado por la autoridad recurrida respecto a un imputado declarado rebelde, tiene por única finalidad que el mismo una vez ejecutado permita que el imputado sea aprehendido a efecto de ser conducido ante la autoridad que lo requiera, lo que implica que dicho mandamiento, obviamente por orden de la autoridad judicial, deja de surtir sus efectos en dos situaciones: a) cuando el imputado rebelde comparezca; b) cuando sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera; pues no existe razón de que el mandamiento de aprehensión subsista en sus efectos cuando cumplió con su finalidad o resulte innecesario por la comparecencia del imputado´" (SC 1097/2006-R de 1 de noviembre). (SC 2264/2010-R de 19 de noviembre), (las negrillas son agregadas).
Por previsión del art. 4 de la LTC se efectúa una interpretación armónica de las disposiciones penales glosadas precedentemente, de donde se tiene que, el art. 129.2 del CPP, faculta al Juez o Tribunal expedir mandamiento de aprehensión en casos de desobediencia o resistencia a órdenes judiciales; sin embargo, no es menos evidente que este tipo de orden judicial está destinada a compeler al imputado o procesado que tienen el deber inexcusable de presentarse ante la autoridad que dirija una investigación penal, la que ejerza el control jurisdiccional de la misma o que tenga la competencia de juzgar, cuando éstas lo citen o lo emplacen ante su autoridad, salvo un impedimento debidamente justificado, pues de no ser así la autoridad está facultada para emitir mandamiento de aprehensión a fin de que el desobediente a la resolución judicial sea presentado para realizar el acto para el que fue inicialmente citado (las negrillas nos corresponden).
III.3. Análisis del caso denunciado
Efectuadas las precisiones anteriormente expuestas, corresponde a este Tribunal analizar y resolver la problemática planteada, a ese efecto es necesario expresar lo siguiente:
El accionante, en representación de la Gerencia Regional de la Aduana de Oruro, cuestiona la actuación ilegal del Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Oruro, ahora demandado, por cuanto emitió resoluciones de conminatoria y orden para que se expida mandamiento de aprehensión contra la primera autoridad de la Aduana Regional de Oruro, ante la desobediencia de cumplir las resoluciones fiscales de 31 de octubre y 21 de noviembre de 2006, dictadas dentro de la investigación penal que se sigue a denuncia de la Aduna Nacional contra Dominga Marca Quispe de Mamani, lo que derivó en la vulneración de sus derechos a la "seguridad jurídica", el debido proceso y el principio de legalidad.
Establecido el contenido y alcances del art. 129.2 del CPP, en la que basa su decisión la autoridad jurisdiccional para emitir el mandamiento de aprehensión, ante el incumplimiento a resoluciones fiscales, se advierte que esta norma procesal, no faculta al juez o tribunal emitir mandamiento de aprehensión contra una autoridad administrativa constituida en víctima, dentro de un proceso penal, si bien prevé se pueda librar esta clase de mandamiento, ello es emergente de desobediencia o resistencia a órdenes judiciales, circunstancia que no se dio en el caso de autos.
En consecuencia, el Juez cautelar demandado, no actuó conforme lo dispone el ordenamiento jurídico, siendo de aplicación el razonamiento asumido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, resultando evidente la vulneración al debido proceso de la entidad accionante, derecho y garantía respecto a lo cual la SC 0655/2010-R de 19 de julio, citando otros fallos señaló que: "Está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía a la vez, el art. 115.II de la CPE establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, y el art. 117.I del mismo cuerpo legal, complementa en sentido de que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso", y en cuanto a sus alcances también citando otra Sentencia de este Tribunal agregó que: "…la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, reiterando la jurisprudencia, señaló que:"…ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales". En cuanto a la obligatoriedad de su respeto, este Tribunal a través de la SC 0119/2003-R de 28 de enero, sostuvo que: "…el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…". Por lo que corresponde conceder la tutela solicitada únicamente con relación al debido proceso.
Por lo expuesto, se concluye que el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, realizó una adecuada compulsa de los antecedentes del caso.
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución de 11/2009 de 5 de octubre, cursante de fs. 204 a 209, dictada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro; y, en consecuencia CONCEDER la tutela.
No interviene el Magistrado, Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés por no haber conocido el presente asunto.
Fdo. Dra. Eve Carmen Mamani Roldán
Fdo. Dra. Lily Marciana Tarquino López

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