Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20024135
Timestamp: 2019-07-21 06:57:52+00:00

Document:
C-384 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020024135CC-SENTENCIAC384200823/04/2008CC-SENTENCIA_C_384__2008_23/04/2008200241352008Sentencia C-384/08 SOCIEDAD COMERCIAL- Administración y representación/ SOCIEDAD COMERCIAL- Elección de los administradores por la asamblea o junta de socios/ SOCIEDAD COMERCIAL -Delegación de la elección de administradores La administración y representación de las sociedades puede operar a través de diversos esquemas, que dependen del tipo de sociedad y de las decisiones que adopten al respecto los órganos de deliberación, deduciéndose los siguientes modelos: (i) Mediante la administración ejercida por todos los socios, prevista en la ley para las sociedades colectivas y de responsabilidad limitada, con la posibilidad de delegarla en otras personas, que pueden ser socios o terceros; (ii) Asignando la administración a una sola categoría de socios, como ocurre en el caso de la sociedad en comandita, en la cual corresponde a los socios colectivos o gestores está función, que podrá ser directamente ejercida por éstos o por sus delegados; (iii) La administración por medio de gestores temporales y revocables, elegidos directa o indirectamente por los socios; este último esquema que es propio de las sociedades anónimas, es también adoptado en la práctica por los otros tipos de sociedades, cuando los socios que por ley tienen el derecho de administrar, delegan esta función. Salvo en los casos en que la administración de la sociedad corresponde por ley a determinada clase de socios, los encargados de la administración son elegidos por la asamblea o por la junta de socios, con sujeción a lo prescrito en la ley o en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos en la junta directiva elegida por la asamblea general de accionistas (Art. 198, inc. 1° Código de Comercio). ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDAD COMERCIAL- Comprenden facultades diferentes/ ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDAD COMERCIAL- Alcance y limitaciones de sus potestades deben constar en el contrato social e inscribirse en registro mercantil Las facultades de administración y de representación son distintas, puesto que mientras las primeras comportan obligaciones respecto de la sociedad, las segundas constituyen poderes facultativos para actuar en su nombre. Estas dos funciones (administrar y representar a la sociedad) en ocasiones concurren en una misma persona, mientras que en otras está adscrita a diferentes agentes: los administradores que se ocupan de la vida interna de la compañía, y el representante legal que actúa externamente, relacionándose con terceras personas. El alcance de la potestad de representación y de gestión está demarcado por el objeto social, y cualquier limitación o restricción que se quiera imponer deberá constar explícitamente en el contrato social e inscribirse en el registro mercantil para que sea imponible a terceros. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDAD COMERCIAL- Régimen jurídico ajustado al contrato social y la tipo societario La ley mercantil no prevé de manera explícita y generalizada las funciones que corresponden a un administrador, en razón a que ellas dependen de la naturaleza del objeto social y de lo que prevean los estatutos al respecto, lo que quiere decir que en principio, el legislador dejó en libertad a las sociedades para definir cuál es el régimen jurídico que regirá la relación que se establece entre la compañía y su administrador o su representante legal, respetando obviamente, la configuración de los tipos societarios. ADMINISTRADOR DE SOCIEDAD COMERCIAL- Vínculo jurídico basado en especial relación de confianza Del catálogo de facultades y deberes de los administradores se infiere que la naturaleza de la vinculación jurídica que se establece entre la sociedad y sus administradores, comporta un amplio poder de disposición y manejo sobre los bienes e intereses de la sociedad, que genera a su vez una especial relación de confianza que ha sido destacada por la jurisprudencia de esta Corporación. ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDAD COMERCIAL- Revocabilidad de nombramiento/ LIBRE REMOCION -Administradores y representantes legales El régimen flexible establecido por el legislador, que posibilita la libre remoción de los administradores y representantes legales de las sociedades comerciales, se contempla como una garantía para los propios asociados, que aparece reforzada con la previsión de la ineficacia de las cláusulas que tiendan a establecer la inamovilidad, y las que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes, toda vez que la ley mercantil reconoce autonomía a las sociedades para estipular en el contrato social el régimen que adoptará para la administración y representación de la sociedad y a falta de estipulación, reconoce unas amplias facultades de gestión y representación a los administradores, además que la designación de estas personas está fundada en la confianza depositada no solamente en razón a las calidades profesionales y gerenciales del elegido, sino que reposa de manera prevalente, en las condiciones éticas del mismo, que garanticen la lealtad en el manejo de los intereses de los asociados. Referencia: expediente D-6974
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑOD6974CONSTITUCIONALIDADJosé Héctor Colorado ColoradoDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 198 y 440 (parciales) del Decreto 410 de 1971, "[p]or el cual se expide el Código de Comercio".Identificadores20020024136true39971Versión original20024136Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 198 y 440 (parciales) del Decreto 410 de 1971, "[p]or el cual se expide el Código de Comercio".
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 198 y 440 (parciales) del Decreto 410 de 1971, "[p]or el cual se expide el Código de Comercio".
"Cuando las funciones indicadas en el artículo 196 no correspondan por ley a determinada clase de socios, los encargados de las mismas serán elegidos por asamblea o por la junta de socios, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos en juntas directivas elegidas por asamblea general.
Las elecciones se harán para los periodos determinados en los estatutos,sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.
Se tendrán por no escrita las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la asamblea general, junta de socios o por las juntas directivas, o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes."
"La sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal, con uno o más suplentes, designados por la junta directiva para períodos determinados, quienes podrán ser reelegidos indefinidamenteo removidos en cualquier tiempo. Los estatutos podrán deferir esta designación a la asamblea"
2.1. Considera que los apartados subrayados de los artículos demandados vulneran el artículo 53 constitucional "en el entendido que los elegidos o designados, hayan sido elegidos o designados (sic) para un período determinado previamente y tengan la calidad de trabajadores o empleados", motivo por el cual estima el demandante que "deben gozar del principio de estabilidad en el empleo consagrado en el artículo 53 de la Constitución". Específicamente, sostiene que la vulneración de la norma superior se presenta, en tanto, las disposiciones cuestionadas permiten "remover a los elegidos o nombrados antes de que venza un período legal o estatutario, sin que medie una causa que justifique esa decisión".
2.2. Adicionalmente, a juicio del actor, las disposiciones demandadas son contradictorias entre sí. Según él, por un lado, definen la preexistencia de unos períodos determinados o fijos, y por otro, establecen la posibilidad "de que estos sean rotos intempestivamente". Por este motivo, en tratándose de trabajadores o empleados, las disposiciones bajo estudio resultan contrarias al artículo 53 superior. En este sentido argumenta que "[l]a estabilidad en el empleo consagrada en el artículo 53 de la constitución es un principio a favor de los trabajadores y por lo tanto si una norma legal prevé la posibilidad de romper esa estabilidad, no es otra cosa que una autorización legal para violar la norma constitucional", como ocurre con los artículos 198 y 440 que establecen que los "nombramientos se harán para períodos fijos y al mismo tiempo consagran la posibilidad de ser interrumpidos (…) antes de vencerse los períodos."
3.1.1. Precisa el interviniente que la legislación mercantil ha dispuesto, para unos casos específicos, la posibilidad de que los asociados representen y administren determinadas compañías. Este es el caso de las sociedades colectivas, de las sociedades de responsabilidad limitada y de las sociedades en comandita. Esta situación no está permitida para las sociedades anónimas, dado que la legislación ha dispuesto que "quienes ejercen tales funciones son aquellas personas designadas por la asamblea o junta de socios, o incluso por la junta directiva".
3.1.2. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la representación legal de una sociedad hace referencia estrictamente a un encargo de confianza "el sistema de representación de las sociedades mercantiles está estructurado sobre la base de que en cualquier tiempo puedan ser revocados los nombramientos o removidos los representantes legales, pues de no ser ello posible se verían los asociados obligados a mantener en ejercicio de la representación de los negocios sociales a personas en las que ya no confían o con las que sencillamente ya no desean continuar porque no han producido los resultados esperados".
3.1.3. Manifiesta que "el hecho de que los artículos 198 y 440 (…) prevean que el período de los administradores deba ser determinado en los estatutos no se opone (…) a la posibilidad de que la compañía en cualquier tiempo revoque las designaciones de los representantes legales o que opte por su remoción (…) si se tiene en cuenta que la designación o renovación de administradores se consideran como simple desarrollo o ejecución del contrato de sociedad (…) contrato que debe atender la dinámica y agilidad propia del tráfico mercantil" . En ese sentido, sostiene que darle la razón al actor, implicaría vulnerar preceptos constitucionales como la libertad económica, la libre iniciativa privada y la libertad de empresa.
La ciudadana Consuelo García Tautiva, apoderada especial del Ministerio de la Protección Especial, solicitó a esta Corporación la declaratoria de exequibilidad de los preceptos demandados, por considerar que en el presente asunto, el cargo propuesto por el actor no reúne siquiera los requisitos definidos por la jurisprudencia constitucional para que proceda su estudio por parte de ésta Corporación. En concreto, refiere que "el actor erróneamente ha entendido que el nombramiento de los administradores y demás miembros de las sociedades comerciales es mediante un contrato de trabajo, regido por las normas laborales lo cual no se ajusta al texto ahora impugnado. Basta con una simple lectura del mismo para concluir que tales nombramientos son contratos de mandato, cuya normatividad aplicable son las dispuestas en el Código de Comercio y en el Código Civil dada la naturaleza del contrato". Por este motivo, "no puede afirmarse que la norma atacada vulnere garantías laborales pues estas no le son aplicables al contrato de mandato, el cual no se asimila al contrato laboral".
4.1. En primera lugar, y teniendo en cuenta que el inciso final del artículo 198 del Código de Comercio "produce el mismo efecto jurídico" del aparte demandado, el Ministerio Público considera necesario, como paso previo, la realización de una integración normativa entre estos enunciados normativos para el análisis de constitucionalidad.
4.2. El Ministerio Público manifestó que "los representantes legales o administradores de las sociedades mercantiles son funcionarios de libre nombramiento y remoción y, en tal virtud, las asambleas o juntas de socios pueden separarlos de sus funciones sin que ello implique la vulneración de protección constitucional (sic)". Para justificar esta afirmación expuso lo siguiente:
4.2.1. "Tratándose de una sociedad mercantil, cuya finalidad es el desarrollo de la empresa con fines patrimoniales, no resulta lógico que por el hecho de haberse establecido un período para el ejercicio de los cargos de representante legal y de los administradores, sus socios - o propietarios- permitan que la empresa esté mal administrada o permanezca en la situación de incumplimiento de sus obligaciones de carácter contractual o fiscal, o más aún, no arroje los resultados esperados con el consecuente riesgo que ello entraña para los aportantes del capital o del trabajo, según la especie de sociedad de que se trate."
4.2.2. Indica que en materia de sociedades comerciales, "prima el factor de confianza entre los socios o accionistas y los representantes y administradores elegidos en las asambleas o juntas respectivas, razón por la cual, la pérdida de aquella constituye razón suficiente para la remoción de éstos". En ese sentido, reseña la sentencia C-434 de 1996, en la que esta Corporación se refirió, sin reproche alguno, al trato diferenciado contemplado por la ley para con las personas encargadas de la administración de una sociedad mercantil, en razón a la mencionada relación de confianza.
4.2.3. Estima que la regla general es que los administradores de las sociedades mercantiles sean vinculados por contratos de prestación de servicios. Sin embargo, incluso en el evento en que sean vinculados por medio de un contrato laboral "existen las acciones pertinentes consagradas en la legislación laboral ordinaria". Agrega que a pesar de ello, "procediendo el reintegro por vía judicial, tampoco se impone poner a éstos en cargos de administración si se ha perdido la confianza en su gestión".
4.2.4. El Ministerio Público argumenta la necesidad de seguir el precedente jurisprudencial fijado en la sentencia C-512 de 1996, en la que esta Corporación se pronunció, sobre la relación entre los administradores y revisores fiscales de las sociedades comerciales, señalando que "las funciones propias de los administradores y revisores fiscales, explican que la ley comercial haya consagrado la libre remoción de unos y otros como norma inderogable por quienes celebran el contrato social".
Como en esta ocasión el objeto de la acción pública recae sobre los artículos 198 y 440 (parciales) del Decreto 410 de 1971, "[p]or el cual se expide el Código de Comercio", en razón a la presunta existencia de vicios de fondo, la Corte es competente para adelantar el correspondiente examen de constitucionalidad.
De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a la Corte responder el siguiente interrogante: ¿La posibilidad de remover libremente de sus funciones a un representante legal, en los términos dispuestos por las disposiciones demandadas, vulnera el principio de estabilidad laboral establecido en el artículo 53 de la Constitución Política .
"La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustará a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad.
Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil serán oponibles a terceros[4]"
Como deberes específicos de observancia en el desempeño de sus funciones de administración prevé los de: (i) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social; (ii) velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias; (iii) velar por que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal; (iv) guardar y proteger la reserva industrial y comercial de la sociedad; (v) abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada; (vi) dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos; (vi) abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses (…)[6]"
"No es necesario recalcar la especial relación de confianza que surge entre el ente asociativo y tales funcionarios, por lo cual no es extraño que la ley haya resuelto dar a su nexo jurídico con la sociedad un trato diferente del que la liga con el resto de sus trabajadores.
Lo que se excluye en esta norma especial no es la indemnización a la que tendrá derecho el trabajador ni las prestaciones laborales que le correspondan, todo lo cual habrá de regirse por la legislación correspondiente, sino la posibilidad de un nuevo vínculo, forzada por decisión judicial, con el administrador o revisor fiscal despedidos o removidos, pues ello implicaría que la sociedad se viera obligada a confiar la administración o la revisoría fiscal de su patrimonio e intereses, con la más amplia capacidad de decisión y manejo, a personas en las cuales no se tiene la indispensable confianza"[7]. (Se destaca)
Este criterio de la confianza como justificación de un régimen especial para los administradores ha sido adoptado por la jurisprudencia en precedente que aquí se reitera. En efecto la Corte recalcó "la especialrelación de confianza que surge entre el ente asociativo y tales funcionarios (los administradores y revisores fiscales), por lo cual no es extraño que la ley haya resuelto dar a su nexo jurídico con la sociedad un trato diferente del que la liga con el resto de sus trabajadores" (C-434/96 Original sin subrayas).
Por las anteriores consideraciones la Corte declarará la exequibilidad de la expresión "sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo" contenida en el inciso 2° del artículo 198 de Decreto 410 de 1971 [Código de Comercio], y la expresión "...o removidos en cualquier tiempo" contenida en el artículo 440 del mismo Decreto.
PRIMERO: Declarar exequible, por el cargo analizado, la expresión "sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo" contenida en el inciso 2° del artículo 198 de Decreto 410 de 1971 [Código de Comercio], y la expresión "...o removidos en cualquier tiempo" contenida en el artículo 440 del mismo Decreto.
Exequible (aparte ) Artículo 440 DECRETO_410_1971_27/03/1971
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 198 DECRETO_410_1971_27/03/1971
[2]Artículo 22 de la Ley 222 de 1995.
[3] De conformidad con el artículo 1332 del Código de Comercio se da el nombre de "factor" a la persona que toma a su cargo la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. Este contrato se denomina de preposición.
[6]Ibídem

References: artículo 196
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 198
 artículo 53
 artículo 198
 artículo 440
 artículo 198
 artículo 440
 Artículo 440
 Artículo 198
 artículo 1332