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Timestamp: 2018-02-23 13:56:33+00:00

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Reclamamos al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra que responda a la solicitud de una persona sobre la tasa de alcantarillado y depuración de vertidos | Defensor del Pueblo Andaluz
Reclamamos al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra que responda a la solicitud de una persona sobre la tasa de alcantarillado y depuración de vertidos
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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/6641 dirigida a Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Se formula Resolución al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, por la que recomienda de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al recurso de reposición presentado por la parte afectada con fecha 31 de marzo de 2016 y reiterado el 15 de junio de 2016.
I. Con fecha 28 de noviembre de 2016 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida D. (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:
Que con fecha con fecha 31 de marzo de 2016, el afectado había formulado recurso de reposición ante ese Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en relación con la exención de la tasa por Alcantarillado y Depuración de una parcela Rústica de su propiedad.
Que a pesar del tiempo transcurrido, y haber reiterado el mismo en fecha 15 de junio de 2016, aún no había recibido respuesta a sus escritos.
En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a ese Organismo las siguientes
Debemos aclarar que al recurso del interesado, presentado en fecha 31 de marzo de 2016 y reiterado el 15 de junio de 2016, le resulta de aplicación el régimen jurídico de procedimiento y obligación de responder determinado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ello, por expresa previsión contenida al efecto en la Disposición transitoria tercera, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Que establece:
«Régimen transitorio de los procedimientos:
a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.»
El artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), establece la obligación de la Administración de dictar en todos los procedimientos resolución expresa sobre el fondo del asunto y notificar la misma, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.
Debe añadirse que el apartado 7 del artículo 42 de la LRJPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.
Segunda.- Del silencio administrativo negativo. Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. En sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula a ese Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra la siguiente
RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al recurso de reposición presentado por la parte afectada con fecha 31 de marzo de 2016 y reiterado el 15 de junio de 2016.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 resolución 
 artículo 3
 artículo 29