Source: http://leypenalinternacional.blogspot.com/2010/07/que-fue-realmente-acordado-en-kampala.html
Timestamp: 2017-12-18 10:51:26+00:00

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Derecho Penal Internacional: Qué fue realmente acordado en Kampala sobre el crimen de Agresión.
Por Astrid Reisinger Coracini
¿Qué es exactamente lo que se acordó en Kampala sobre el crimen de agresión? ", una cuestión que, efectivamente, requiere una reflexión. La Resolución sobre el crimen de agresión es un conglomerado de cuatro sofisticados documentos de valor jurídico divergentes: una Resolución con fuerza legal, modificaciones al Estatuto de la CPI que están sujetas a ratificación o aceptación, enmiendas a los Elementos de los Crímenes y los "entendimientos". Dejando a un lado la complejidad de estos textos, la interpretación jurídica se ve desafiada por el hecho de que no hubo debate en el Pleno sobre las últimas tres versiones del Presidente y del Proyecto de Resolución. Los trabajos preparatorios son por lo tanto de poca ayuda, en lo que respecta a la interpretación de algunas partes de la resolución.
Inspirada por la discusión en línea sobre el crimen de agresión, me gustaría aportar algunas ideas preliminares (que representan mis opiniones personales y no reflejan necesariamente la opinión de la delegación de Austria) con un enfoque particular en los aspectos de las condiciones bajo las cuales la CPI podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión y el procedimiento de enmienda.
1. Demora adicional para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión
En 1998, cuando el crimen de agresión fue catalogado como uno de los crímenes que más preocupan a la comunidad internacional en su conjunto y por lo cual la CPI tiene jurisdicción (art. 5 (1) Estatuto de la CPI), el ejercicio de la jurisdicción de la Corte se retrasó hasta un momento en que la Asamblea de los Estados Partes adoptaran una disposición que definiera el crimen y se enunciaran las condiciones para ejercer la jurisdicción de la Corte (art. 5 (2) Estatuto de la CPI). La disposición adoptada en 2010 posterga aún más el ejercicio de dicha jurisdicción. "La Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los delitos de agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de la enmienda por treinta estados partes" (párrafo común. (2) del art. 15bis y el art. 15ter). Además, el régimen jurisdiccional requiere la activación mediante una decisión que debe adoptar después del 1 de enero de 2017 (párrafo común. (3) del art. 15bis y el art. 15ter). Esta demora es lamentable, pero limitada por un lapso aceptable. Cualquier solución para adoptar la definición y aplazar las deliberaciones relativas a las condiciones (o parte de ellas) habría supuesto la amenaza potencial de negociaciones infinitas. En su forma final, el paquete aprobado en Kampala comprende todas las cuestiones sustantivas y de procedimiento pertinentes. La decisión de activar debe ser un acto meramente formal, si los Estados Partes están detrás de la aprobación por consenso y, sobre todo, si un número significativo de Estados partes han ratificado las enmiendas para entonces.
2. ¿Quién está obligado y quien está cubierto por el ejercicio de la competencia de la CPI respecto del crimen de agresión?
Entrada en vigor de conformidad con el art. 121 (5)
De acuerdo con el párrafo 1 del anexo I de la Resolución, esta entra en vigor de conformidad con el art. 121 (5), por lo que sólo los Estados Partes que ratifiquen las enmiendas están obligados por ellas, un año después del depósito de sus instrumentos de ratificación.
Referencia del Consejo de Seguridad
Con respecto a las remisiones del Consejo de Seguridad, el Entendimiento 2 precisa que la Corte podrá ejercer su jurisdicción "con independencia de si el Estado afectado ha aceptado la jurisdicción de la Corte a este respecto" y por lo tanto abarca los estados partes y los estados no partes. Esta interpretación no parece derivarse directamente del art. 121 (5) del Estatuto de la CPIM; sin embargo, está en consonancia con la comprensión general del papel del Consejo de Seguridad en virtud del Estatuto de la CPI. (Art. 13 (b) del Estatuto de la CPI), que tampoco resalta explícitamente sus implicaciones para los Estados no partes además de no estar cubiertos por el artículo 12 (2) del Estatuto de la CPI. Lo que resulta en un mero reconocimiento de las competencias del Consejo de Seguridad (Capítulo VII) para establecer tribunales ad hoc para el enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional consuetudinario y abre la opción de mantener el carácter permanente de la Corte Penal Internacional para tratar situaciones relativas a delitos que caen por igual bajo su jurisdicción.
A diferencia de proyectos anteriores, el art. 15 no requiere una determinación previa de un acto de agresión por el Consejo de Seguridad. Ciertamente, el Consejo de Seguridad podrá formular tal determinación, en cuyo caso el Art. 15 (4) se aplicaría, pero no es un requisito previo para ejercer la competencia de la Corte respecto del crimen de agresión. El Consejo de Seguridad sigue teniendo la capacidad de remitir casos a la Corte, dentro de los cuales el Fiscal tiene libertad para determinar la dirección de la investigación sobre los crímenes y las personas involucradas.
Referencia por un Estado parte e Investigación motu proprio.
Cuando se trata de una remisión de un Estado Parte o una investigación por iniciativa propia, la ratificación (igual a aceptación o presentación de una declaración de conformidad con el art. 12 (3) del Estatuto de la CPI) constituye una condición previa. Pero las enmiendas que generen efectos se deben distinguir de los efectos del ejercicio de la jurisdicción de la Corte. Puesto que las modificaciones sólo serán vinculantes para los Estados Partes que los han ratificado, la Corte podrá "ejercer jurisdicción sobre un delito de agresión, derivada de un acto de agresión cometido por un Estado Parte" (Art. 15bis (4)), solamente si “el Estado en el territorio en el cual la conducta en cuestión ocurrió" o el "Estado del que el acusado del crimen sea nacional" ha ratificado las enmiendas (artículo 12 (2) Estatuto de la CPI). La referencia al art. 12 del Estatuto de la CPI que se hace en el art. 15bis (4) permite la competencia basada en cada uno de los dos enlaces alternativos, y por lo tanto puede tener efectos sobre los actos cometidos por nacionales o en el territorio de un Estado que no esté obligado por las enmiendas (Los Estados Partes que no han ratificado las enmiendas así como los Estados no- partes). Por lo tanto, el art. 15bis (4) anula la última frase del art. 121 (5) del Estatuto de la CPI, si un "entendimiento negativo" (véase más adelante) de dicha disposición es adoptado. Esto puede ser considerado como un reconocimiento de que el efecto limitante de la competencia de la Corte (en el art. 121 (5)) no es aplicable al delito de agresión debido a su inclusión previa en el art. 5 Estatuto de la CPI o no aplicable en virtud del principio lex posterior/lex specialis.
Es con relación a este alcance jurisdiccional, que el art. 15bis formula excepciones de largo alcance. El ejercicio de la jurisdicción sobre los crímenes de agresión cometidos por nacionales o en el territorio de Estados no partes están categóricamente exentos de la jurisdicción de la Corte (art. 15bis párr. 5). Por otra parte, la Corte no puede ejercer su jurisdicción sobre un delito de agresión derivado de un acto de agresión realizado por un Estado Parte que previamente ha declarado no aceptar dicha competencia (Art. 15bis párr. 4). Esto se debe a que las modificaciones contemplan la posibilidad de optar por no acogerse al art. 12 Estatuto de la CPI en relación con el crimen de agresión.
Estoy de acuerdo con la tabla de jurisdicción prevista por Kevin Heller, pero me gustaría introducir nuevas categorías de Estados basados en la ratificación. Tras una evaluación preliminar, la CPI podría ejercer su jurisdicción sobre el crimen de agresión derivado de:
a) un acto de agresión por un Estado Parte que haya aceptado las enmiendas, en contra de un Estado Parte que haya aceptado las enmiendas
b) un acto de agresión por un Estado Parte que haya aceptado las enmiendas, en contra de un Estado parte que ha declarado no aceptar la competencia de la CPI
c) un acto de agresión por un Estado Parte que haya aceptado las enmiendas, en contra de un Estado que no ha ratificado las enmiendas
d) un acto de agresión por un Estado Parte que no ha ratificado las enmiendas, en contra de un Estado Parte que ha aceptado las enmiendas
e) un acto de agresión por un Estado Parte que no ha ratificado las enmiendas, en contra de un Estado Parte que ha declarado no aceptar la competencia de la CPI
La presentación de una declaración de no aceptación
El Art. 15bis (4) prevé que la Corte no puede ejercer su jurisdicción sobre un delito de agresión derivado de un acto de agresión, si el Estado en cuestión "ha declarado previamente que no acepta dicha jurisdicción". Se abre una oportunidad para que los Estados Parte opten por no ejercer la competencia de la Corte respecto del crimen de agresión, de conformidad con el art. 12 del Estatuto de la CPI. Por ejemplo, cuando la Corte pudiera basar su jurisdicción en un vínculo territorial proporcionado por el Estado atacado. Desde que la declaración sólo afecta los posibles actos de agresión realizados por el Estado Parte que haya presentado una declaración de no aceptación, el ejercicio de la competencia de la CPI si tal Estado se convierte en víctima de un acto de agresión permanece inalterado. Un efecto secundario interesante de esta constelación es que siempre que un crimen de agresión presuntamente ocurra entre un Estado Parte que ha depositado una declaración y un Estado Parte que haya aceptado las enmiendas, la Corte, a fin de establecer si una conducta cae bajo su jurisdicción, tiene que evaluar si un acto de agresión ha tenido lugar y por parte de qué Estado.
Tengo la tendencia a ver el compromiso de Kampala como el reconocimiento de la situación particular del crimen de agresión dentro de la jurisdicción de la Corte, el cual las partes han aceptado mediante la ratificación del Estatuto y para los cuales el marco legal es en principio aplicable siempre y cuando las condiciones en virtud de las cuales la Corte podrá ejercer su jurisdicción sobre el crimen de agresión no dispongan otra cosa. En este contexto, es mi entendimiento de que sólo los Estados partes que ratifiquen las enmiendas podrán presentar una declaración de no aceptación. El fundamento jurídico de la declaración de no acogerse, se establece en las enmiendas, que sólo entrarán en vigor para aquellos Estados que las han ratificado. Una declaración de no aceptación por parte de un Estado que no ratifique las enmiendas y sigue siendo parte en el tratado no enmendado sería difícil de justificar a la luz de la prohibición de las reservas de acuerdo con el art. 120 Estatuto de la CPI.
El Art. 15bis (4) se refiere a una declaración anterior. La formulación parece tener la intención de excluir la presentación de una declaración ad hoc sobre la comisión de un acto de agresión. Esto no sólo incluye las declaraciones presentadas en el contexto inmediato de un acto de agresión. Teniendo en cuenta que la definición de un crimen de agresión cubre la planificación y la preparación de un acto de agresión (artículo 8bis (1)), se puede suponer que una declaración anterior presentada con el fin de evitar el ejercicio de la jurisdicción de la Corte podrá formar parte de la planificación y preparación del crimen de agresión, por lo que podría ser considerada nula. Una referencia más detallada figura en la Resolución de habilitación, párr. 1: la declaración podrá ser presentada "antes de la ratificación o aceptación". Si, tal como se describe atrás, antes de su ratificación, un Estado Parte no puede presentar una declaración, una lectura sensible de las disposiciones, en mi opinión sugieren que un Estado debe presentar su declaración de no aceptación en el contexto de la ratificación y entrará en vigor con la entrada en vigor de las modificaciones de acuerdo con el art. 121 (5) del Estatuto de la CPI
3. Ha sido modificado el artículo 121 (5) del Estatuto de la CPI?
Un análisis de si los Estados partes están autorizados a modificar el procedimiento de enmienda de un tratado por consenso iría más allá del marco de esta contribución. Sin embargo, una cuestión preliminar al respecto sería, si el art. 121 (5) del Estatuto de la CPI ha sido alterado por completo. La primera frase del art. 121 (5) del Estatuto de la CPI regula la entrada en vigor de enmiendas a los artículos 5, 6, 7 y 8 del Estatuto de la CPI. El Párr. 1 de la resolución se refiere en particular al mecanismo de entrada en vigor sin modificaciones. Las enmiendas contenidas en el anexo I entrarán en vigor para aquellos Estados partes que lo ratifiquen, un año después del depósito de su instrumento de ratificación. El ejercicio tardío de la jurisdicción de la Corte especificado por un número mínimo de ratificación y una decisión de activación puede ser considerada como una condición para el ejercicio de su jurisdicción de conformidad con el art. 5 (2) Estatuto de la CPI, no como una condición para la entrada en vigor de conformidad con el art. 121 (5) Estatuto de la CPI.
La segunda frase del art. 121 (5) del Estatuto de la CPI se refiere al ejercicio de la jurisdicción de la Corte con respecto a los Estados Partes. Se puede entender como una confirmación de la primera frase, en que los Estados Partes que no ratifiquen las enmiendas no están vinculados por ella ("entendimiento positivo") o como aniquilando el art. 12 con respecto a los delitos cubiertos por una enmienda ("la comprensión negativa"). Si uno adopta una comprensión positiva del Art. 121 (5) del Estatuto de la CPI, esas modificaciones en principio, no han cambiado esa disposición. La posibilidad de los Estados Partes de presentar una declaración de no aceptación constituiría un requisito adicional para el ejercicio de la competencia que limita la aplicación del art. 12 del Estatuto de la CPI. Bajo una comprensión negativa del art. 121 (5), las disposiciones que limitan el efecto de alcanzar la jurisdicción de la Corte han sido alteradas, ya que el art. 15bis , en principio, vuelve a confirmar la aplicación del art. 12 del Estatuto de la CPI (incluso bajo un entendimiento negativo de que esto podría quizá justificarse por el hecho de que el crimen de agresión ya estaba incluido, como delito, en el art. 5 del Estatuto de la CPI). La declaración de no aceptación no restablece plenamente los efectos limitantes de la última frase del art. 121 (5) del Estatuto de la CPI. Significativamente, un delito de agresión derivado de un acto de agresión cometido por un Estado Parte en contra de un Estado Parte que ha presentado una declaración de no aceptación, está cubierto por el ejercicio de la jurisdicción de la Corte, mientras que estaría exento en virtud del art. 121 (5) del Estatuto de la CPI. El Art. 15bis por lo tanto proporciona un beneficio para los Estados Partes que aceptan las enmiendas no previstas en el art. 121 (5) del Estatuto de la CPI. Además (aunque bastante improbable), un nacional de un Estado Parte que haya presentado una declaración de no aceptación, que participe en un acto de agresión cometido por otro Estado Parte, también estaría sujeto a la jurisdicción de la Corte como que un nacional de Estado Parte declarante no está generalmente exento del ejercicio de la jurisdicción con arreglo al art. 15bis.
El Art. 121 (5) del Estatuto de la CPI no establece un régimen de competencia específica en lo que respecta a los Estados no parte, pero deja el Art. 12 del Estatuto de la CPI intacto (bajo cualquier entendimiento). En sentido estricto, por lo tanto, la excepción general frente a la competencia de la Corte por crímenes de agresión cometidos por nacionales o en el territorio de un estado no parte, acorde con el Art. 15bis, no modifica esta disposición. Sólo en el caso de que el art. 121 (5) del Estatuto de la CPI se entendiera como sustituto del régimen jurisdiccional del Estatuto establecido en la Parte 2 del Estatuto de la CPI por crímenes cubiertos por una enmienda, la modificación del alcance jurisdiccional equivaldría a una modificación implícita del art. 121 (5) del Estatuto de la CPI.
La discusión es sobre si la disposición adoptada en Kampala contiene una modificación inherente del Art. 121 (5) del Estatuto de la CPI, y en tal caso, sobre qué base legal, ha de considerarse el procedimiento de modificación aplicable para el delito de agresión. Los Estados estaban no solamente divididos en relación con la aplicación de los Art. 121 (4) o el art. 121 (5) del Estatuto de la CPI, sino que la última frase del art. 121 (5) del Estatuto de la CPI se supeditó a la interpretación desviada. Junto a los problemas legales, la discusión estuvo influenciada tanto por consideraciones políticas, como por las implicaciones de los diferentes mecanismos de enmienda en relación con el marco temporal de una entrada en vigor, el avance jurisdiccional y las constelaciones opt-in-/opt-out. Dados los fuertes argumentos en contra de cada opción, una impresión incluso se ha transmitido de que el Estatuto no prevé ningún procedimiento aplicable para la activación de la jurisdicción de la Corte respecto del crimen de agresión. Sin embargo, dada la situación particular del crimen de agresión en el Estatuto de la CPI y la interacción del art. 5 y 121 del Estatuto de la CPI, las opciones no pueden verse como mutuamente excluyentes. La elección de una opción legalmente razonada no se convierte en ilegal.
El establecimiento de un procedimiento especial para el ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión no fue ordenado por razones jurídicas, sino por consideraciones políticas. Su base jurídica es el referente a las condiciones para el ejercicio de la competencia en el art. 5 (2) del Estatuto de la CPI, que brindó a los redactores una gran flexibilidad. Sin embargo, la apertura de excepciones sustanciales para el alcance de la Corte sobre perpetradores del crimen de Agresión es altanamente lamentable. Fue finalmente el precio de poner en práctica este delito dentro de un marco judicial independiente. La Resolución confirma varios principios importantes del Estatuto de la CPI y en este sentido es claramente superior a las expectativas de muchos en cuanto a lo que podría lograrse en Kampala. Todos los mecanismos de activación previstos en el Estatuto se aplican al crimen de agresión. La independencia de la Corte y sus órganos se garantiza, no sólo con respecto al establecimiento de la responsabilidad penal individual, sino también con vista a la determinación de un acto de agresión por un Estado. La responsabilidad para hacer frente a deficiencias en el contexto de las remisiones de un Estado parte y las investigaciones de oficio corresponde ahora a los Estados Parte. El alcance jurisdiccional de la Corte crece con cada ratificación incondicional de las reformas. Una vez que el régimen es bien aceptado, un examen de art. 15bis a la luz de un régimen jurisdiccional uniforme para todos los crímenes básicos no está excluido.
Reisinger Coracini Astrid es profesora en el Instituto de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Graz y Director Ejecutivo de la Facultad de Derecho de Salzburgo sobre Derecho Penal Internacional, Derecho Humanitario y Derecho de los Derechos Humanos. Estuvo en Kampala como parte de la delegación de Austria. Sus publicaciones incluyen: 'Los crímenes más graves modificados: Una nueva categoría de crímenes de la competencia, pero fuera del alcance de la Corte Penal Internacional?", Leiden Diario del Derecho Internacional 2008, 699-718; «Definiendo el Delito de agresión para el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ", en: Stahn y van den Herik (eds.), Perspectivas futuras sobre Justicia Penal Internacional (2010) 425-49.
http://www.ejiltalk.org/more-thoughts-on-what-exactly-was-agreed-in-kampala-on-the-crime-of-aggression/
Etiquetas: Agresion, CPI, Estatuto de Roma, Kampala

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 121
 resolución 
 Resolución