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Timestamp: 2019-02-22 12:13:14+00:00

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Ley de Mediación Familiar de Castilla y León (Ley 1/2006, de 6 de abril) - Normativa de Castilla y León - Legislación - VLEX 72832079
TÍTULO II. Derechos y deberes de las partes - arts. 6 y 7
TÍTULO III. Mediadores familiares y equipos de personas mediadoras - arts. 8 a 12
TÍTULO IV. Gratuidad de la mediación - arts. 13 y 14
TÍTULO V. Procedimiento de mediación familiar - arts. 15 a 17
TÍTULO VI. Del registro de mediadores familiares - arts. 18 a 20
CAPÍTULO I. Infracciones - arts. 22 a 25
CAPÍTULO II. Sanciones - arts. 26 y 27
CAPÍTULO III. Procedimiento sancionador - arts. 28 a 30
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Uniones de hecho
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Actualización de cuantías
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Registro de Mediadores Familiares
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Mediación en supuestos de adopción
Norma citada en: un artículo doctrinal, un tema práctico, una resolución administrativa
En el caso de España, cuya Constitución establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, se han venido produciendo diversas iniciativas públicas y privadas para favorecer la mediación familiar. A nivel estatal, el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001 -2004 estableció como una de sus líneas estratégicas la de desarrollar los servicios de orientación y/o mediación familiar. Por su parte, algunas Comunidades Autónomas han aprobado diversas normas reguladoras de la institución.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su artículo 8.2.º que corresponde a los poderes públicos de la Comunidad promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Asimismo, su artículo 32.1.19 recoge como competencias exclusivas de la Comunidad las relativas a asistencia social y servicios sociales.
La Ley 18/1988, de 23 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales de la Comunidad establece en su artículo 10.2.º como funciones a desarrollar por la Junta de Castilla y León las de protección y apoyo a la familia.
ARTÍCULO 2 Ámbito de aplicación y finalidad.
La actuación de mediación familiar sólo podrá realizarse respecto a los conflictos señalados en el siguiente artículo en aquellas materias sujetas a libre disposición de las partes, siempre que éstas no estén incapacitadas judicialmente y sean mayores de edad o estén emancipadas.
La finalidad de la mediación familiar regulada en la presente Ley es evitar la apertura de procesos judiciales de carácter contencioso, contribuir a poner fin a los ya iniciados o reducir su alcance, pudiendo tener lugar con carácter previo al proceso judicial, en el curso del mismo o una vez concluido éste.
ARTÍCULO 3 Conflictos objeto de mediación familiar.
Personas unidas por vínculo matrimonial:
En las rupturas surgidas en el ámbito de la pareja, para promover que los cónyuges busquen y acuerden las soluciones más satisfactorias para todos los miembros de la unidad familiar de convivencia, de forma especial, para los menores, para las personas con discapacidad y para las personas mayores dependientes, con carácter previo al proceso judicial o para facilitar la resolución de los conflictos planteados en vía judicial.
En las separaciones o divorcios contenciosos, con el fin de buscar los acuerdos más convenientes para todos los miembros de la unidad familiar de convivencia.
En las situaciones de conflicto derivadas de las sentencias recaídas en procedimientos de separación, divorcio o nulidad, para facilitar de forma consensuada su cumplimiento y ejecución.
En las situaciones de conflicto derivadas de la ejecución de las sentencias de nulidad, separación o divorcio, para facilitar el establecimiento de medidas y efectos.
En los casos de variación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta al adoptarse resoluciones judiciales firmes, para facilitar la modificación de las medidas establecidas en las mismas.
Personas que forman una unión de hecho:
En las cuestiones que hacen referencia a los hijos menores de edad o con discapacidad, para intentar que las partes encuentren las soluciones más satisfactorias para todos los miembros de la unidad familiar de convivencia.
En las situaciones de conflicto surgidas en la ejecución de sentencias relativas al pago de compensaciones económicas o pensiones periódicas, para el establecimiento de medidas.
En los casos de variación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta al adoptarse resoluciones judiciales firmes, para facilitar la modificación de las medidas aprobadas en las mismas.
Personas con hijos no incluidas en los apartados anteriores, para promover que encuentren soluciones satisfactorias a los conflictos familiares que surjan respecto a sus hijos.
Otros conflictos familiares surgidos entre las personas incluidas en los apartados anteriores o entre cualesquiera otras personas con capacidad de obrar que tengan entre sí cualquier relación de parentesco, en los que el procedimiento de mediación sirva para prevenir, simplificar o poner fin a un litigio judicial.
Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto y de la persona profesional de la mediación para participar en los procedimientos de mediación.
Igualdad de las partes en los procedimientos de mediación.
Consideración especial de los intereses de los menores, personas con discapacidad y personas mayores dependientes.
Confidencialidad y secreto profesional respecto a los datos conocidos en el procedimiento de mediación.
Competencia profesional, ética, imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora.
Intervención cooperativa.
Buena fe de las partes en conflicto y de la persona mediadora.
Carácter personalísimo del procedimiento, debiendo la persona mediadora y las partes asistir personalmente a las sesiones.
Sencillez y celeridad del procedimiento de mediación.
ARTÍCULO 5 Competencias de la Administración autonómica.
Garantizar, en el ámbito de sus competencias, las previsiones contenidas en la presente Ley.
Investigar, divulgar, facilitar y promover, en colaboración con otras Administraciones públicas y con Entidades privadas, la mediación familiar.
Colaborar con la autoridad judicial para facilitar y potenciar las actividades de mediación familiar.
Gestionar el Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad de Castilla y León.
Organizar y financiar los procedimientos de mediación familiar gratuita, estableciendo en estos supuestos los honorarios y gastos de las personas mediadoras.
Informar y asesorar a las personas mediadoras sobre cuantas cuestiones se deriven de sus competencias en materia de mediación familiar.
Acreditar la formación en materia de mediación familiar.
Elaborar cuantos informes, propuestas, disposiciones y resoluciones sean precisos para desarrollar la mediación familiar prevista en la presente Ley.
Realizar la inspección y seguimiento de las actividades de mediación familiar.
Ejercer la potestad sancionadora en los supuestos previstos en la presente Ley.
Elaborar una Memoria anual de las actividades de mediación familiar realizadas en la Comunidad.
Cualquier otra que pueda derivarse de lo dispuesto en la presente Ley o de su desarrollo reglamentario.
TÍTULO II Derechos y deberes de las partes Artículos 6 y 7
ARTÍCULO 6 Derechos de las partes.
Serán consideradas partes en los procedimientos de mediación regulados en la presente Ley las personas que planteen cualquiera de los conflictos previstos en el artículo tercero de la presente Ley.
Las partes dispondrán, en el ámbito de la presente Ley, de los siguientes derechos:
Iniciar de común acuerdo un procedimiento de mediación familiar conforme a lo dispuesto en la presente Ley, así como desistir individualmente del mismo en cualquier momento.
Recibir, en su caso, la prestación del servicio de mediación de forma gratuita.
Solicitar a la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares copia del listado de mediadores familiares inscritos y de los equipos existentes.
Elegir de común acuerdo, salvo en los supuestos de mediación familiar gratuita, un concreto profesional mediador inscrito, o uno nuevo, también de común acuerdo, en el caso de falta de conformidad de alguna de las partes con las actuaciones del inicialmente elegido.
Ser tratados con la adecuada consideración durante el procedimiento de mediación.
Tener garantizado el derecho al secreto profesional y a la confidencialidad en los términos establecidos legalmente.
Conocer con carácter previo a la mediación el coste de la misma y las características y finalidad del procedimiento.
Recibir de la persona mediadora una copia del compromiso de sometimiento expreso a la mediación, de los justificantes de celebración de las sesiones y del acta de la sesión final, en la que constarán en su caso los acuerdos alcanzados.
Cualquier otro derecho establecido en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.
ARTÍCULO 7 Deberes de las partes en conflicto.
Cumplir las condiciones de la mediación familiar.
Actuar de buena fe en el procedimiento de mediación, proporcionando al mediador información veraz y completa sobre el conflicto.
Tener en cuenta los intereses de los menores, de las personas con discapacidad y de las personas mayores dependientes.
Asistir personalmente a las sesiones de la mediación.
Satisfacer los honorarios y gastos de la persona mediadora, excepto para los supuestos de reconocimiento de la mediación gratuita en los que la Administración de la Comunidad de Castilla y León sufragará al profesional interviniente el coste de la mediación, en las condiciones y términos que se establezcan reglamentariamente.
Firmar el compromiso de sometimiento expreso a la mediación y el acta de la sesión final.
No solicitar que la persona mediadora sea llamada a declarar como perito ni como testigo en cualquier procedimiento judicial relacionado con el conflicto familiar objeto de la mediación practicada.
Tratar con la debida consideración al profesional de la mediación.
Cualquier otro establecido en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.
TÍTULO III Mediadores familiares y equipos de personas mediadoras Artículos 8 a 12
ARTÍCULO 8 Ejercicio de la mediación.
Podrán ejercer la mediación familiar en los términos establecidos en esta Ley, las personas que cumplan los siguientes requisitos:
Tener la condición de titulado universitario o titulación equivalente en Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social, y en cualquier otra Licenciatura o Diplomatura o titulaciones equivalentes de carácter social, educativo, psicológico, jurídico o sanitario.
Acreditar la formación en mediación familiar, organizada o tutelada por Instituciones Universitarias o Colegios Profesionales, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Presentar con carácter previo al inicio de la actividad de mediación familiar declaración responsable al Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad de Castilla y León.
En la declaración responsable, a la que se acompañarán o incorporarán los documentos que se determinen reglamentariamente, los interesados que desean iniciar una actividad mediadora en Castilla y León, mediante establecimiento, manifestarán, bajo su responsabilidad, que cumplen los requisitos exigidos, que disponen de los documentos que así lo acreditan, que se comprometen a mantener su cumplimiento durante el tiempo de ejercicio de la actividad, así como, en su caso, lo relativo a su establecimiento en otro lugar del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea. Del mismo modo deberá procederse en el caso de llevarse a cabo la actividad de mediación familiar en régimen de libre prestación de servicios, en cuyo caso, la declaración responsable deberá además incluir la referencia a la concreta actividad mediadora a llevar a cabo y su duración.
La modificación o alteración sustancial que pueda afectar al ejercicio de la actividad mediadora, así como su finalización, deberá de igual forma ponerse en conocimiento del Registro de Mediadores Familiares mediante declaración responsable.
La comprobación por la Consejería competente en materia de mediación familiar de la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o la comunicación a que se refiere el artículo 12.3, o su no presentación determinará la imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, y ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Artículo 8, modificado por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 26 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 9 Derechos de la persona mediadora familiar.
A participar, si se solicita su intervención, en un procedimiento de mediación familiar.
A percibir los honorarios y gastos que correspondan por su actuación profesional.
A actuar con libertad e independencia en el ejercicio de su actividad profesional.
A obtener de las partes el oportuno respeto a sus actuaciones.
A recibir de las partes en conflicto una información veraz y completa.
A dar por finalizada la mediación cuando considere por causa justificada que la continuación de la misma no cumplirá sus objetivos.
A recibir asesoramiento del profesional que libremente designe la persona mediadora, respetando sus obligaciones legales de confidencialidad, y de común acuerdo con las partes.
A cualquier otro derecho establecido en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.
ARTÍCULO 10 Deberes del mediador familiar.
Actuar de forma neutral e imparcial, evitando intervenir cuando concurra alguna causa de abstención o tomar parte por una solución o medida concreta.
Garantizar los derechos de las partes en conflicto en los términos previstos en esta Ley.
Informar a las partes, previamente a la intervención en mediación, del coste, características y finalidad del procedimiento de mediación.
Entregar a las partes para su firma, antes de realizar la intervención en mediación, el compromiso de sometimiento expreso a la mediación. Una vez firmado, facilitarles un duplicado del mismo.
Promover que las partes tengan en cuenta, en el ámbito de la mediación, la protección de los intereses de los menores, de las personas con discapacidad y de las personas mayores dependientes, así como el bienestar de los mismos en general.
Realizar personalmente la actividad mediadora.
Facilitar la comunicación entre las partes y promover el entendimiento entre ellas.
Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones libremente, disponiendo de la información suficiente.
Advertir a las partes de la posibilidad de asesorarse jurídicamente para decidir válidamente y en términos que se amparen sus respectivos derechos sobre aquellas cuestiones cuya regulación legal requiera previa y suficiente información especializada.
Informar a las partes, cuando éstas no han tomado una decisión definitiva sobre la ruptura entre las mismas, de las posibilidades de recurrir a otro tipo de servicios como pueden ser los de orientación o terapia familiar; absteniéndose de intervenir como mediador y derivando a las partes a los profesionales competentes.
Ejercer la actividad mediadora conforme a la buena fe y a la adecuada práctica profesional.
Tratar con el debido respeto a las partes sometidas a mediación.
Garantizar el deber de secreto profesional y confidencialidad, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. En ningún caso estará sujeta al deber de secreto la información que no sea personalizada y se utilice para fines de formación, investigación o estadística, la referente a una amenaza para la vida o integridad física o psíquica de una persona. A los efectos de lo previsto en este apartado, se considera información no personalizada aquélla que no pueda asociarse a una persona identificada o identificable.
En cualquier caso, la persona mediadora está obligada a informar a las autoridades competentes de los datos que puedan revelar la existencia de una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona.
No realizar posteriormente con cualquiera de las partes respecto a cuestiones derivadas del conflicto sometido a mediación familiar, funciones atribuidas a profesiones distintas a la de mediación, salvo que todas las partes estén de acuerdo y otorguen su consentimiento por escrito, y la persona mediadora disponga de la correspondiente habilitación profesional para ello.
Renunciar a intervenir como testigo o perito a propuesta o solicitud de cualquiera de las partes en todo tipo de procedimiento o litigio que afecte al objeto de la mediación.
Justificar por escrito, ante la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares los supuestos en que no considere conveniente asumir un procedimiento de mediación gratuita o continuar uno ya iniciado.
No abandonar, una vez iniciada, la mediación familiar sin causa justificada.
Remitir al Registro de Mediadores Familiares la información correspondiente, en la forma que se determine reglamentariamente, teniendo en cuenta los deberes de secreto y confidencialidad.
Redactar, firmar y entregar a las partes los justificantes de celebración de las sesiones.
Redactar el acta de la sesión final, firmarla, recabar la firma de las partes y entregarles un ejemplar, conservando otro en su poder.
ARTÍCULO 11 Causas de abstención.
Las personas mediadoras deberán declinar su intervención en el supuesto en que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
Tener interés personal en el asunto objeto de mediación o estar afectado directamente por el asunto objeto de mediación.
Tener o haber tenido cuestión litigiosa con alguna de las partes intervinientes en la mediación.
Tener vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con alguna de las partes intervinientes en la mediación, con sus asesores, representantes legales o mandatarios, salvo que todas las partes en conflicto, teniendo conocimiento de la existencia de la causa de abstención, estén de acuerdo en elegir a la persona incursa en dicha causa de abstención como mediadora y lo manifiesten por escrito ante la misma.
Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas citadas en el apartado anterior, salvo que todas las partes en conflicto, teniendo conocimiento de la existencia de la causa de abstención, estén de acuerdo en elegir a la persona incursa en dicha causa de abstención como mediadora y lo manifiesten por escrito ante la misma.
Haber intervenido como perito o testigo en procesos judiciales en los que las partes tuvieran intereses diversos.
Tener relación de servicio con alguna de las partes intervinientes en la mediación o haberles prestado o haber recibido de ellos servicios profesionales derivados de la titulación universitaria que dio lugar a la adquisición de la condición de mediador. Se excluye de lo dispuesto en este apartado la prestación de servicios de mediación familiar en el ámbito de la presente norma o el hecho de que todas las partes en conflicto, teniendo conocimiento de la existencia de la causa de abstención, estén de acuerdo en elegir a la persona incursa en dicha causa de abstención como mediadora y lo manifiesten por escrito ante la misma.
Si concurre cualquiera de las circunstancias señaladas en el apartado anterior y la persona mediadora no declina su intervención en el procedimiento de mediación, cualquiera de las partes podrá comunicarlo a la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares a los efectos de la iniciación, por quien corresponda, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador.
ARTÍCULO 12 Equipos de personas mediadoras.
Las personas mediadoras que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8 podrán agruparse entre sí, a través de las fórmulas que estimen más convenientes, para formar equipos, con el fin de fomentar la colaboración interdisciplinar entre los profesionales, sin perjuicio de la necesaria actuación individual de éstos en cada procedimiento concreto de mediación.
Para poder constituir un equipo de personas mediadoras será requisito imprescindible que al menos tres de las personas integrantes del equipo tengan titulaciones distintas, dentro de las exigidas en el artículo 8.a) de la presente Ley.
Los equipos de personas mediadores comunicarán su creación al Registro de Mediadores Familiares de Castilla y León con carácter previo al inicio de sus actividades, indicando los datos de sus miembros que deberán cumplir individualmente los requisitos exigidos en este artículo y ser previamente mediadores en ejercicio.
Los equipos de personas mediadoras no tendrán ningún tipo de relación con las partes durante el procedimiento de mediación, prestando únicamente apoyo, si es preciso, al profesional mediador interviniente en la mediación. Los miembros del equipo podrán prestar apoyo, si es preciso, al profesional mediador interviniente en la mediación. Los miembros de cada equipo que presten apoyo a la persona mediadora del proceso no podrán exigir a las partes del procedimiento de mediación, emolumento o percepción alguna.
Artículo 12, apartado 3, modificado por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 26 de Diciembre de 2009.
TÍTULO IV Gratuidad de la mediación Artículos 13 y 14
Título IV desarrollado por Orden 1495/2007, de 14 septiembre, Reglamento de Ley de Mediación Familiar de Mediación Familiar Gratuita de Castilla y León, publicado en BO. Castilla y León el 26 de septiembre de 2007.
Título IV desarrollado por Capítulo III del Decreto 50/2007, de 17 mayo, Reglamento de Mediación Familiar, publicado en BO. Castilla y León el 23 de mayo de 2007.
ARTÍCULO 13 Supuestos de gratuidad.
La prestación del servicio de mediación será gratuita para aquellas personas físicas que acrediten disponer de recursos económicos escasos, con arreglo a los criterios y condiciones que se establezcan reglamentariamente, no pudiendo ser nunca estos requisitos menos favorables a los que se exigen para la condición de beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el beneficio de mediación familiar gratuita solo le fuera reconocido a alguna de las partes en conflicto, la otra parte o partes tendrán que abonar el coste u honorarios de la mediación que proporcionalmente les corresponda.
ARTÍCULO 14 Procedimiento de mediación en los supuestos de gratuidad.
La iniciación del procedimiento de mediación gratuita deberá efectuarse, en todo caso, a instancia de las personas en conflicto ante la persona titular del Registro de Mediadores Familiares. Los solicitantes deberán acompañar su solicitud de la documentación necesaria para acreditar las circunstancias económicas que hagan posible el acceso al procedimiento de mediación en los supuestos de gratuidad.
La persona encargada del Registro de Mediadores Familiares comprobará si las partes solicitantes tienen derecho a este procedimiento, así como la legitimación y capacidad de las mismas para solicitar su iniciación. Comprobada la viabilidad de la solicitud presentada, la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares promoverá las actuaciones que reglamentariamente se determinen para hacer efectivo el derecho a la gratuidad de la mediación.
Cuando del análisis de la solicitud presentada y, en su caso, de la documentación complementaria, se concluya que debe inadmitirse o desestimarse, la persona encargada del Registro comunicará por escrito dicha circunstancia de forma motivada a los interesados, quienes podrán recurrirla conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La falta de resolución expresa de la solicitud producirá efectos desestimatorios conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La persona encargada del Registro designará a la persona mediadora interviniente en el proceso, por riguroso orden de turno de oficio entre las personas mediadoras inscritas.
El desarrollo y finalización del procedimiento de mediación en los supuestos de gratuidad se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la presente Ley. No obstante lo anterior, en cualquier momento del procedimiento la persona mediadora, por causas justificadas, o cualquiera de las partes, podrán dar por terminado el mismo sin llegar a un acuerdo, debiendo la persona mediadora comunicar dichas circunstancias a la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares para su conocimiento, a todos los efectos.
TÍTULO V Procedimiento de mediación familiar Artículos 15 a 17
Título V desarrollado por Capítulo V del Decreto 50/2007, de 17 mayo, publicado en BO. Castilla y León el 23 de mayo de 2007.
ARTÍCULO 15 Iniciación.
ARTÍCULO 16 Desarrollo del procedimiento.
La persona mediadora convocará a las partes a una primera reunión, en la que se analizará la pertinencia o no de la mediación familiar, y, si lo estima oportuno, enseñará a las partes el documento de compromiso de sometimiento a la mediación familiar, en el que deberán constar los derechos y deberes de las partes y de la persona mediadora así como aquellas otras cuestiones que se determinen reglamentariamente. Resueltas por la persona profesional de la mediación las dudas que sobre la mediación se les planteen a las partes y comprobada su plena capacidad de obrar, recabará de ellas la firma voluntaria del compromiso y, en caso afirmativo, se iniciará el correspondiente procedimiento de mediación.
La duración de la mediación dependerá de la naturaleza y complejidad de los asuntos a tratar, no pudiendo exceder de tres meses contados desde el día siguiente al de la celebración de la sesión inicial. En casos excepcionales y debidamente justificados, a juicio de la persona mediadora, la duración podrá ser prorrogada por otros tres meses más.
Al finalizar cada una de las sesiones la persona mediadora elaborará y firmará un justificante de la celebración de cada sesión, en el que hará constar la fecha, duración, lugar y personas participantes. Entregará una copia del justificante a cada una de las partes, conservando el original en sus archivos.
ARTÍCULO 17 Finalización del procedimiento.
En cualquier momento del procedimiento, la persona mediadora, por causas justificadas, o cualquiera de las partes podrán dar por terminado el mismo sin llegar a un acuerdo, debiendo comunicar la persona mediadora dichas circunstancias a la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares.
La persona mediadora levantará un acta de la sesión final del procedimiento de mediación, en el que constarán en su caso los acuerdos alcanzados, debiendo requerir la firma de todos los intervinientes así como facilitarles posteriormente una copia.
Finalizado el procedimiento de mediación, si las partes decidieran iniciar o continuar el correspondiente procedimiento jurisdiccional y persistieran en los acuerdos alcanzados en aquélla, entregarán la copia de su acta final al abogado o abogados a quienes encarguen o tengan encargado su trámite, a fin de que pueda hacerlos valer procesalmente.
La persona mediadora comunicará al Registro los datos de cada mediación en la forma que se determine reglamentariamente, que tendrá en cuenta los deberes legales de confidencialidad y secreto profesional.
TÍTULO VI Del registro de mediadores familiares Artículos 18 a 20
Título VI desarrollado por Capítulo IV del Decreto 50/2007, de 17 mayo, publicado en BO. Castilla y León el 23 de mayo de 2007.
ARTÍCULO 18 El Registro.
La Consejería competente en materia de mediación familiar tendrá a su cargo el Registro de Mediadores Familiares de Castilla y León, cuyo funcionamiento se establecerá reglamentariamente.
La inscripción en el citado Registro de los mediadores, y en su caso de sus equipos, se realizará de oficio por la Administración en diferentes secciones. No obstante, tanto la declaración responsable por las personas mediadoras, como la comunicación de constitución de equipo, habilitan desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad mediadora con una duración indefinida, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones exigidas.
ARTÍCULO 19 Sección de personas mediadoras familiares.
ARTÍCULO 20 Sección de equipos de personas mediadoras familiares.
TÍTULO VII Régimen sancionador Artículos 21 a 30
Título VII desarrollado por Capítulo VII del Decreto 50/2007, de 17 mayo, publicado en BO. Castilla y León el 23 de mayo de 2007.
ARTÍCULO 21 Responsabilidad de las personas mediadoras.
CAPÍTULO I Infracciones Artículos 22 a 25
ARTÍCULO 22 Tipos de infracciones.
ARTÍCULO 23 Infracciones muy graves.
Participar en procedimientos de mediación estando suspendidos para ello.
Incumplir el deber de abstenerse de intervenir cuando concurra causa de abstención o el de tomar parte por una solución o medida concreta, en ambos casos de forma que cause perjuicio constatable y objetivo a cualquiera de las partes.
Incumplir la obligación de no realizar posteriormente con las mismas partes respecto al conflicto sometido a mediación familiar funciones atribuidas a profesiones distintas a la de la mediación, salvo que ambas partes otorguen su consentimiento por escrito.
Valerse de representantes o intermediarios para asistir a las sesiones de mediación, en lugar de hacerlo personalmente.
Quebrantar el deber de secreto profesional y confidencialidad establecido en la presente Ley.
Impedir que las partes tengan en cuenta, en el ámbito de la mediación, los intereses de los menores, de las personas con discapacidad y de las personas mayores dependientes.
Ejercer la mediación familiar incumpliendo los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad.
Recibir cualquier tipo de retribución, compensación económica o cantidad por la actividad mediadora de las partes que tengan reconocida la gratuidad de la misma.
Recibir cualquier tipo de retribución, compensación económica o cantidad de las partes por haber prestado apoyo al miembro interviniente del equipo.
Obstaculizar la actuación inspectora o de seguimiento de la Administración.
Cometer hechos constitutivos de una tercera infracción grave cuando se hubiese sido sancionado mediante resolución firme en vía administrativa, por la comisión de dos infracciones graves en el plazo de dos años a contar desde el día siguiente al de la notificación de la primera infracción.
Realizar cualquier actuación que suponga una discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las partes sometidas a mediación.
Abandonar la actividad de mediación sin causa justificada, siempre que comporte un grave perjuicio manifiesto para los menores, personas con discapacidad o personas mayores dependientes afectados por el proceso.
Artículo 23, letra g), modificado por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 26 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 24 Infracciones graves.
Incumplir el deber de abstenerse de intervenir cuando concurra causa de abstención o el de tomar parte por una solución o medida concreta, en ambos casos sin causar perjuicio a cualquiera de las partes.
Realizar la actividad mediadora faltando a la buena fe o adecuada práctica profesional.
Faltar al respeto debido a las partes sometidas a mediación.
Negarse a facilitar información a los usuarios en los supuestos legal y reglamentariamente previstos.
Abandonar una vez iniciada la actividad mediadora sin causa justificada.
Solicitar cualquier tipo de retribución, compensación económica o cantidad por la actividad mediadora a las partes que tengan reconocida la gratuidad de la misma.
Solicitar cualquier tipo de retribución, compensación económica o cantidad a las partes por haber prestado apoyo al miembro interviniente del equipo.
Cometer hechos constitutivos de una tercera infracción leve cuando se hubiese sido sancionado mediante resolución firme, en vía administrativa, por la comisión de dos infracciones leves en el plazo de dos años a contar desde el día siguiente al de la notificación de la primera infracción.
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o a la comunicación relativa a la creación de equipos.
Artículo 24, letra i), añadida por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 26 de Diciembre de 2009.
Incumplir los deberes de facilitar la comunicación entre las partes y promover el entendimiento entre las mismas.
Incumplir la obligación de remitir al Registro de Mediadores Familiares la información correspondiente en la forma que se determine reglamentariamente.
No comunicar a la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares las causas justificadas por las que no inicia un procedimiento de mediación gratuita, o lo abandona una vez iniciado.
No facilitar a las partes una copia del compromiso de mediación, de los justificantes de las sesiones o del acta final de la mediación.
Cualquier otro incumplimiento de sus deberes que no esté calificado como infracción grave o muy grave.
CAPÍTULO II Sanciones Artículos 26 y 27
ARTÍCULO 26 Tipos de sanciones.
Por razón de las infracciones previstas en la presente Ley, podrán imponerse las siguientes sanciones:
En los casos de infracciones muy graves, suspensión temporal, con baja en el Registro de Mediadores Familiares de Castilla y León, para poder actuar como profesional de la mediación por un período de uno a quince años.
En los casos de infracciones graves, suspensión temporal, con baja en el Registro de Mediadores Familiares de Castilla y León, para poder actuar como profesional de la mediación por un período de hasta un año
Si se trata de infracciones leves, amonestación por escrito.
Todas las sanciones que adquieran firmeza en vía administrativa se consignarán en el Registro de Mediadores Familiares.
Artículo 26, apartado 1, letras a) y b), modificados por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 26 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 27 Graduación de las sanciones.
El grado de intencionalidad de la acción.
La medida en que el incumplimiento haya afectado a los intereses de menores, personas con discapacidad o personas mayores dependientes.
El número de personas afectadas por la infracción.
CAPÍTULO III Procedimiento sancionador Artículos 28 a 30
ARTÍCULO 30 Resolución.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Uniones de hecho
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Registro de Mediadores Familiares
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Mediación en supuestos de adopción
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Régimen transitorio para el ejercicio de la mediación familiar
Orden HAP/1033/2014, de 5 de junio, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de condiciones de expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears.
Decreto 16/1981, de 20 de abril, por el que se otorga la calificación de 'Territorios de Preferente Uso Turístico' a determinados municipios andaluces.
DECRETO 428/2013, de 16 de octubre, por el que se aprueba la relación de los directivos de las Sociedades Públicas, Entes Públicos de Derecho Privado y Fundaciones del Sector Público adscritos al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.
RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 5 de mayo de 2004, por la que se delegaban competencias en el Delegado Provincial de Granada para la firma de un Convenio de Colaboración.

References: resolución 
 artículo 8
 artículo 32
 artículo 10

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
 resolución 

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8
 artículo 12

Artículo 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12
 artículo 8
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Artículo 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14
 resolución 

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23
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Artículo 23

ARTÍCULO 24
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Artículo 24

ARTÍCULO 26

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ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 30

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