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Timestamp: 2020-07-13 11:06:12+00:00

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Consejos para mejorar la actividad de blogueo de los abogados - SEO y Marketing Online | SEO y Marketing Online
En referencia al mundo jurídico español cabe apuntalar que siempre se ha mostrado muy reacio a la concebir la red como un espacio de difusión de la cultura jurídica. No obstante, a pesar del escaso grado de influencia que posee la blogosfera jurídica española en relación con la dedicada al Derecho Anglosajón, en la actualidad, se encuentra disfrutando de una cierta tendencia alcista de la mano de determinados despachos de abogados, que han sabido darse cuenta de las oportunidades que brindan las Tics y de los beneficios resultantes de su presencia en la blogosfera.
Sin embargo, en términos comparativos la presencia en la blogosfera jurídica española de la administración de justicia es paupérrima; contrarrestándose con el incipiente protagonismo de la administración pública online – un análisis sobre el uso de los blogs por la administración pública puede consultarse en «Conclusiones del Primer Encuentro Nacional de la Blogosfera Pública», que tuvo lugar el pasado 27 de junio de 2013, trasmitido en directo por Internet y promovido por el «Club de Innovadores Públicos».
Por supuesto, las motivaciones que pueden inspirar a un abogado a abrir una bitácora jurídica son tan extensas como complejas las ciencias jurídicas. En primer lugar, los tradicionales blogs jurídicos se han caracterizado por ser plataformas de intercambio de información jurídica, convirtiéndose en espacios de debate aptos para la valoración de opiniones y asentamiento de posiciones jurídicas. En segundo lugar, no siendo criticable, tampoco puede silenciarse el hecho incuestionable que los grandes despachos de abogados conciben los blogs como una oportunidad aprovechable para ampliar su clientela y como un instrumento para potenciar su reputación.
De todas formas, el creciente interés del legislador por la creación de una normativa reguladora de los usos de internet hacen aconsejable catalogar a los blogs como una fuente originaria de riesgos que conlleva la consiguiente posibilidad de causación de un daño y de la asunción de la correspondiente responsabilidad – v. gr. entre otras, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, DF 43ª y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual y en fase de desarrollo parlamentario la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual que modifica el vigente Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
En este sentido, en lo relativo al uso de los blogs por los Abogados, cabe recordar que, hace unos años, en el Estado de Illinois, en los Estados Unidos, a un abogado en ejercicio le incoaron un expediente disciplinario, supuestamente, por identificar datos de sus clientes y revelar información confidencial acerca de ellos en su blog. Aunque no se mencionó los apellidos de los mismos, parece ser que se refirió a los clientes por sus nombres o por los números de identificación que facilitan los centros penitenciarios a efectos de registro. Evidentemente, parece extraño que un caso similar pueda ocurrir en la blogosfera jurídica hispana, dado el escaso número de bitácoras gestionadas por abogados.
Los abogados tienen la obligación de respetar el secreto profesional. Es decir, que les está vetado dar a conocer ningún dato o hecho (datos personales, conversaciones o confidencias que les haya revelado sus clientes) o transcribir o subir cualquier documento que pueda perjudicar o afectar a sus clientes y que hubiese podido conocer a través de su ejercicio profesional, bien directamente o por colaboración. Este deber permanece incluso después de que los servicios hubieren acabado.
El abogado tan sólo podrá liberarse de esta obligación cuando se aprecie suma gravedad en los que, la obligada preservación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias, el Decano del Colegio aconsejará al Abogado con la finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos alternativos de solución del problema planteado ponderando los bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, no sujeto al secreto profesional, pero cuyo consentimiento no excusa al Abogado de la preservación del mismo (vid. artículo 5.8 del Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado en el Pleno de 27 de noviembre de 2002, adaptado al nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio).
El Código De Deontología de los Abogados en la Unión Europea (adoptado en la Sesión Plenaria del CCBE de 28 de octubre de 1988 y modificado en las Sesiones Plenarias de 28 de noviembre de 1998 y de 6 de diciembre de 2002) configura el secreto profesional como un derecho y un deber del abogado y sirve al interés de la Administración de Justicia y de sus clientes. En su apartado 2.3.2 (en idéntico sentido el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía Española) señala que: “Un Abogado debe respetar el secreto de toda información de la que tuviera conocimiento en el marco de su actividad profesional.”
Y el apartado 2.3.4 extiende la obligación del abogado respecto de la confidencialidad con el cliente a: (…) la observancia de la misma obligación de secreto profesional a sus socios, empleados y a cualquier persona que colabore con él en su actividad profesional.
Por otra parte, el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española en el artículo 31, letra a) señala que es un deber general del abogado: “Cumplir las normas legales, estatutarias y deontológicas, así como los acuerdos de los diferentes órganos corporativos.” Y el artículo 32.1 que: “(…) los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.”
En idéntico sentido el artículo 542.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por L.O. 19/2003, de 23 de diciembre): “Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.”
En referencia a la publicación de datos de clientes a través de los blogs, resulta especialmente interesante el apartado 4 del artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía Española al señalar que: “Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o sus abogados, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y en todo caso quedarán amparadas por el secreto profesional”. Y en apartado 2 del citado precepto que: “El deber y derecho al secreto profesional del abogado comprende las confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.”
En conclusión, que la actividad desplegada en un blog jurídico y realizada por profesionales habilitados para el ejercicio de la abogacía debe ser concebida con cierta cautela y prudencia y calificarla como una actividad de riesgo sujeta a la asunción de potenciales responsabilidades. En este sentido, el abogado que toma la decisión de publicar contenido en su blog debe ser especialmente cuidadoso de no revelar públicamente datos de los clientes que pudieran causar un daño o perjuicio a los mismos.
En líneas generales, soy de la opinión de nunca se debe publicar en un blog jurídico, gestionado por un abogado o despacho de abogados, cualquier información, dato o comentario referente a un cliente cuyo caso se encuentre sub iúdice. Evidentemente, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Autor: IurisCivilis

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 542
 artículo 5