Source: https://revista.economistjurist.es/actualidad-juridica/al-dia/al-dia-legislacion-y-jurisprudencia-3/
Timestamp: 2019-04-26 06:03:55+00:00

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Al Día - | E&J
Orden JUS/464/2018, de 24 de abril, por el que se regula la base de cotización, la determinación de la cuota y el procedimiento de ingreso de las cotizaciones de los mutualistas a la Mutualidad General Judicial. (BOE núm. 111, de 8 de mayo de 2018)
Mediante la presente orden se desarrolla lo dispuesto en el Reglamento del Mutualismo Judicial en materia de cotizaciones y específicamente el procedimiento para la recaudación e ingreso de la cuota en virtud de la habilitación dada en este sentido al Ministro de Justicia por la disposición final segunda del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Mutualismo Judicial para dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mismo.
La presente orden contribuirá, sin duda, a promover otro principio de rango constitucional e imprescindible en el buen gobierno de las instituciones, el de seguridad jurídica. Las disposiciones que contiene esta norma pretenden completar el marco que organiza y ordena la materia relativa a las cotizaciones a la MUGEJU, dotándolo de las ineludibles notas de estabilidad y previsibilidad en su aplicación e interpretación, así como de facilidad de conocimiento y de comprensión a través de su lenguaje accesible a todos sus eventuales destinatarios.
El plazo de tramitación del expediente sancionador no puede superar en ningún caso 18 meses
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 23/04/2018
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha establecido que el plazo de tramitación real y funcional del expediente sancionador, globalmente considerado, no puede superar en ningún caso los 18 meses que la LDC y su reglamento de desarrollo establecen.
En este sentido, se concluye que aun sumando a la fecha inicialmente establecida como de término de esos 18 meses, los periodos temporales de suspensión del trámite procedimental, el plazo resultante, íntegra y globalmente contemplado, no puede superar 18 meses.
Sin embargo, no se rechaza ni desautoriza la posibilidad de acordar una segunda suspensión, o sucesivas suspensiones, dentro del plazo global máximo de tramitación de 18 meses, incluido dentro de dicho plazo la que pueda sobrevenir resultante de una suspensión precedente.
En el caso enjuiciado, a lo largo de la tramitación del expediente sancionador se acordaron sucesivas suspensiones del plazo y lo que es relevante resaltar es que todas esas suspensiones se acordaron dentro del plazo de 18 meses, computado este con arreglo a las pautas que se acaban de expresar.
Esto quiere decir que todas las sucesivas suspensiones se adoptaron, bien dentro del plazo primero de 18 meses medidos a partir de la fecha de incoación del procedimiento, bien dentro del plazo ampliado resultante de la adición, al término final de ese plazo primero.
El hecho de que se acordase alguna suspensión del plazo para resolver dentro del llamado “plazo ampliado” no implicó que se sobrepasaran realmente los 18 meses que la Ley fija como plazo de tramitación máximo.
Como consecuencia de todo lo anterior, si cualquier medida de suspensión de la tramitación tiene que adoptarse, dentro de los 18 meses computados a partir de la fecha del acuerdo de iniciación, eso supondrá que la Administración dispondrá de tanto menos tiempo útil para valorar la posible realización de trámites añadidos que impliquen la suspensión, cuanto más tiempo haya durado la suspensión.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal: 70537250
Incapacidad por causa de indignidad de un padre para heredar a su hijo
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 23/04/2018
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en una reciente sentencia ha confirmado la incapacidad por causa de indignidad de un padre de heredar a su hijo con parálisis cerebral ya fallecido.
Esta impactante sentencia, ha fundamentado su fallo al haberse acreditado “el abandono grave y absoluto” del menor por parte del progenitor, que, además, incumplió sus obligaciones de pasar pensión de alimentos mientras estaba con vida.
Así pues, el Alto Tribunal considera que el incumplimiento de los deberes familiares personales del padre hacia el hijo no merece otra calificación que la de graves y absolutos, y otro tanto cabría decir de los patrimoniales, pues, aunque hayan mediado algunos pagos de la obligación alimenticia convenida, sustancialmente no se ha cumplido ésta, y como se razona no se valora como involuntario tal incumplimiento.
En este sentido, ha quedado acreditado que el menor, desde el año 2007 hasta su fallecimiento en el año 2013 careció de una referencia paterna, de un padre que se comunicase con él, que le visitase y que le proporcionarse el más mínimo cariño o afecto
Por todo lo anterior, la madre presentó una demanda en la que solicitaba que se declarase la incapacidad por causa de indignidad del padre para heredar al hijo de ambos por haberse desatendido de él.
La mujer explicaba que, pese a la enfermedad y los reiterados ingresos del niño en el hospital, su padre lo ignoró y no volvió a verlo, abonando únicamente 5000 euros de alimentos que le fueron impuestos por sentencia y sin comparecer en el proceso iniciado para privarle de la patria potestad, que no terminó porque el niño falleció.
En primera instancia, se desestimó la demanda por entender que la madre no consiguió probar la causa de indignidad por abandono, ya que el padre había cumplido parcialmente la obligación de pagar alimentos acordados en el convenio regulador y que, además de abonar ciertas deudas comunes, no hubo reclamación por impago de pensión alimenticia.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Oviedo revocó esa sentencia y declaró al demandado incapaz por indignidad para suceder a su hijo fallecido.
Contra esta sentencia, el padre presentó recurso de casación, que ahora ha sido desestimado por la Sala de lo Civil.
A juicio de la sentencia recurrida el concepto legal de abandono va más allá de la simple exposición, incluyendo también “el rompimiento absoluto, por toda la vida, de la relación paternofilial desde la infancia del hijo, desentendiéndose de las obligaciones de alimentarle y representarle en el ejercicio de las acciones para él provechosas.
En palabras del Tribunal Supremo, es llamativo que el demandado, recurrente, ante una demanda en su contra de pérdida de patria potestad, con la gravedad que ello supone en las relaciones paternofiliales, no se personase y fuese declarado en rebeldía, pues si la demanda hubiese prosperado, lo que no sucedió por fallecer el menor en el curso del proceso, la causa de indignidad no ofrecería duda.
Por todo ello, y fruto de la gravedad de todas estas conductas paternas, es que la reprochabilidad de estas tenga suficiente entidad, para acarrear, como sanción civil, la incapacidad del progenitor por indignidad para suceder al menor.
Puede consultar el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal nº 70537219
Se aprueban los modelos de declaración del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes de establecimientos con rentas constituidas en el extranjero con presencia en España
Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 “Impuesto sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado” aprobado por la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo. (BOE núm. 106, de 2 de mayo de 2018)
No son deducibles los intereses de un préstamo participativo que cubre el patrimonio neto negativo generado por una compra de acciones
Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 26/03/2018
En una reciente sentencia, la Audiencia Nacional, concluye que en el caso de una entidad que compró acciones propias a los accionistas por importe superior a sus aportaciones, de manera que se genera un patrimonio neto negativo que supone el registro de una reserva negativa, déficit de recursos propios que se cubren con un préstamo participativo de una vinculada radicada en Luxemburgo, los intereses de ese préstamo, en la parte que cubre el déficit de patrimonio neto no se consideran fiscalmente deducibles.
Se determina que para alcanzar esta conclusión no es necesario acudir al conflicto en la aplicación de la norma, es procedente la utilización de la facultad de calificación del artículo 13 de la LGT.
En el presente caso, la parte actora afirma que, encontrándonos ante una desinversión, difícilmente se puede admitir, ni jurídica ni económicamente, la existencia de una retribución no deducible de los fondos propios adicional al importe desinvertido. Pero, sin embargo, si la desinversión supera el patrimonio neto de la entidad y el valor nominal de las acciones, es evidente que la diferencia entre la cantidad abonada, en lo que excede de los fondos propios y que se ha financiado con un préstamo participativo, no responde a una desinversión (retirar un capital invertido), sino que excede de la retirada de ese capital, porque lo supera, y, necesariamente, debe responder a distribución entre los socios de resultados futuros, como afirma la Administración.
Asimismo, cita doctrina, según la cual “contablemente, la operación conlleva que se reduzca capital por el valor nominal de los títulos y la diferencia entre el valor nominal y el precio de adquisición de las acciones se cargará o abonará a cuentas de reservas.
Si la diferencia entre el importe de adquisición de las acciones y su valor nominal fuese mayor que el total de las reservas susceptibles de aplicación de acuerdo con la legislación mercantil, la sociedad deberá proceder a la creación de una partida de reservas con denominación adecuada cuya naturaleza contable determina su inclusión en el pasivo del balance con signo negativo minorando los fondos propios, ya que en el fondo dicho importe se identifica, en general, con resultados a generar en el futuro que hoy se abonan por la sociedad “, viene a confirmar la postura sostenida por la Administración, que considera que la operación de compra de acciones a los socios implica un reparto de beneficios con cargo a reservas futuras, y que el préstamo con el que se financia, tiene la calificación de patrimonio neto (aunque deba contabilizase como pasivo porque es un préstamo), en cuanto integra, jurídica y económicamente, el patrimonio de la entidad.
Se concluye que la propuesta de la Inspección, que cuantifica los gastos imputables a los fondos propios negativos resultantes de la operación de compra y amortización de las participaciones sociales en función del coste medio de la financiación obtenida, resulta sumamente ponderada y proporcionada, toda vez que, de los préstamos financieros suscritos, queda claro que los intereses son más altos a medida que aumenta el importe del préstamo.
Puede consultar el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal 70536739
Relación de causalidad como requisito para apreciar el miedo insuperable como eximente o atenuante
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 3-05-2018
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha establecido que tal y como se configura la eximente de miedo insuperable, ya sea completa o incompleta, resulta necesaria la existencia de una relación de causalidad -causa efecto- entre el estímulo tan poderoso que genera el terror y la reacción delictiva de la persona afectada por dicho estímulo.
En el caso enjuiciado, la situación vivida por la acusada, siendo menor de edad, fue especialmente difícil, sometida a diferentes presiones, situaciones o expresiones amenazantes, a conductas coercitivas, a maltrato físico, a consideraciones despectivas, que generaron en la misma una situación de miedo y sometimiento hacia otra persona.
El miedo, que sin duda permaneció de forma sostenida en el tiempo, y que ayudó a la misma a mantener una relación afectiva de difícil calificación, desconociéndose su duración, la habitualidad de la misma, y la existencia de terceras personas, de la que llegó a quedarse embarazada.
El Tribunal considera que tal circunstancia pudo afectar a su capacidad de decisión y a su voluntad de forma ligera, por lo que procede estimar la apreciación de la misma como circunstancia atenuante de naturaleza analógica del artículo 21.7° del C.P
El miedo debe ser tal que la inmensa mayoría de las personas hubieran reaccionado de igual forma que la acusada. La sala de instancia, en cualquier caso, no desconoce la personalidad de los implicados, que le permite desestimar una situación de miedo insuperable si bien considera que pudo afectar a su capacidad de decisión y a su voluntad de forma ligera, por lo que procede estimar la apreciación de la misma como circunstancia atenuante de naturaleza analógica.
Respecto al delito de falso testimonio, ha tenido consecuencias muy graves para tres perjudicados ya que han sufrido, como consecuencia de dicho delito, la detención, la privación de libertad provisional, la expulsión del territorio nacional-en uno de los casos y la posterior condena de la misma. A ello se debe sumar el daño emocional que puede derivarse del sometimiento injusto a un proceso judicial penal, hasta la llegada a juicio en otro caso y hasta la finalización del mismo, habiéndose agotado los recursos ordinarios por lo que procede indemnizar en la cantidad de 100 euros por día de privación de libertad.
La tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado en la instancia y como única excepción que se trate de una exclusiva cuestión jurídica que, respetando escrupulosamente los hechos probados no precisa de una revaloración de las pruebas ni de las personales estrictu sensu ni de otras en las que la audiencia del concernido aparezca como necesaria.
Puede consultar el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal nº 70537533
Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. (BOE núm. 109, de 5 de mayo de 2018)
El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, contiene el cuadro de enfermedades profesionales actualmente vigente en el sistema de la Seguridad Social. Desde esa fecha se han producido importantes avances en las investigaciones y en el progreso en el ámbito científico y en el de la medicina que han permitido un mejor conocimiento de los mecanismos de aparición de algunas enfermedades profesionales y de su vinculación con el trabajo.
Se publican las tablas salariales para 2018 del V Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del V Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. (BOE núm. 123, de 21 de mayo de 2018)
Visto el texto de las tablas salariales para el año 2018 del V Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (código de Convenio: 99012405011999), que fue suscrito, con fecha 22 de marzo de 2018, de una parte, por la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF), en representación de las empresas del sector, y de otra, por los sindicatos CC.OO.-Servicios y FeSMC-UGT, en representación de los trabajadores, la Dirección General de Empleo resuelve ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Paritaria; así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Validez de la cláusula de delimitación temporal en contrato de seguro. Cláusula “claid made”
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 26/04/2018
En el presente caso, se presenta recurso de casación por un arquitecto técnico cuya responsabilidad civil profesional venía siendo asegurada desde su colegiación por la mutua demandada.
El demandante interesó esencialmente que se declarase ineficaz la resolución unilateral del contrato por la aseguradora y que se declarase injustificada e inaplicable, por contraria a Derecho, la cláusula de delimitación temporal de cobertura incluida en la póliza, cuestión esta última a la que se redujo la segunda instancia.
En las condiciones especiales se establecía que el seguro cubría las reclamaciones efectuadas durante la vigencia de la póliza, entendiéndose por «las obras realizadas con anterioridad o durante la vigencia del contrato».
La sala considera que la cláusula de delimitación temporal controvertida cumplía con lo exigido para la modalidad del inciso segundo del párrafo segundo del art. 73 LCS, pues la limitación temporal consistente en que la reclamación al asegurado se formulara «durante la vigencia de la póliza» se compensaba con una falta de límite temporal alguno respecto del hecho origen de la reclamación (obras realizadas con anterioridad o durante la vigencia de este contrato); es decir, cualquiera que fuese el tiempo del nacimiento de la obligación.
En consecuencia, la sentencia recurrida, al declarar nula la cláusula en cuestión por no incluir una cobertura, además, de las reclamaciones posteriores en, al menos, un año a contar desde la fecha de finalización del contrato, infringió el párrafo segundo del art. 73 LCS, pues vino a sumar un requisito exigido únicamente para las limitaciones temporales de la modalidad del inciso primero (cobertura posterior de futuro), que pone el acento en la reclamación y no en el nacimiento de la obligación resarcitoria del asegurado frente a terceros.
Puede consultar el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal nº 70537570
Una vez transcurrido el tiempo previsto para la prescripción del delito medio no cabe que este reviva cuando, una vez consolidada la prescripción, se materialice el delito fin
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 11/04/2018
El delito de falsedad en documento privado del artículo 395 CP, al igual que su precedente legislativo (artículo 306 CP del 73) es una infracción tendencial, para cuya consumación no se hace necesario que la alteración documental cause un perjuicio a tercero o que el documento falsificado se utilice para obtener un lucro efectivo o dañar el patrimonio de otro, sino que es suficiente el propósito o ánimo de causarlo, elemento finalista cuya presencia produce ya la perfección delictiva, anticipando así a efectos de pena la consumación al equiparar la intención de causar el perjuicio con su existencia real.
No obstante, en las ocasiones en que no consta el momento en el que documento mendaz ha sido confeccionado, o aquellas en que la vocación de perjuicio surge en su autor con posterioridad, el dies a quo para el cómputo de la prescripción se ha concretado en aquel en que el documento mendaz ha sido introducido al tráfico jurídico.
En el caso planteado, el plus de antijuridicidad de la estafa procesal, ante la aplicación de la excusa absolutoria del artículo 268 CP, queda cubierto a través de la figura de presentación en juicio de documento falso.
Se trata de una infracción de la que el recurrente no fue acusado. Ciertamente es un delito homogéneo con su precedente ordinal, que lleva aparejada pena inferior, y cuyos elementos sustanciales aparecen descritos en el relato de hechos probados que nos vincula. Desde esa óptica, se puede afirmar que la condena por el mismo no vulneraría el principio acusatorio. Ahora bien, el novedoso planteamiento, cercenando la posibilidad de que las partes, y especialmente el recurrente, hayan podido argumentar en relación a los matices apuntados, que no tienen una solución lineal, supone un peligroso ensanchamiento del debate susceptible de provocar indefensión, por lo que el Alto Tribunal plantea la cuestión sin pronunciarse al respecto.
Ciertamente un documento falsificado puede ser utilizado con reiteración, al hilo de lo cual algunas sentencias de esta Sala han considerado que se trata de un delito permanente, en cuanto que la ofensa al bien jurídico no cesa inmediatamente después de consumada la conducta típica, sino que permanece latente en tanto el documento en cuestión permanezca en el tráfico jurídico en condiciones de ser utilizado, y perdura en el tiempo mientras siga siéndolo.
En consecuencia, han diferido el dies a quo del cómputo de la prescripción hasta que conste la no utilización del documento falso conforme al destino para el que fue concebida la falsificación. Sin embargo, mayoritariamente la jurisprudencia se ha decantado por entender que se trata de un delito instantáneo de efectos permanentes, postura que toma esta sentencia y por ello, el momento consumativo, y con él el dies a quo para el cómputo de la prescripción, debe residencia en aquel en el que se colman todos los presupuestos de tipicidad, aunque pueda producir efectos posteriores que no pasan de ser mero agotamiento del delito.
En este caso por tanto el delito estaría prescrito, no obstante, se podría plantear si pese a tal prescripción del delito de falsedad en documento privado, el acusado, al presentar el documento falso en juicio, cometió un nuevo delito de presentación en juicio de documento falso del 396 CP, que adquiriría virtualidad al haberse extinguido por el paso del tiempo la posibilidad de castigarle como falsificador.
Confirmaría este planteamiento el entender que, en caso contrario, una vez prescrito el delito de falsedad, de permanecer en su poder el documento mendaz, podría hacer uso de él con total impunidad.
Así pues, la doctrina jurisprudencial sobre el cómputo de la prescripción de los delitos integrantes de un concurso medial ha de aplicarse partiendo siempre de la premisa de que el delito fin se cometa antes de que prescriba el delito medio.
En caso contrario, que es justamente lo que sucede en este caso, el delito medio ha de considerarse prescrito una vez que transcurra el plazo previsto en el artículo 131 del C. Penal.
En consecuencia, una vez transcurrido el tiempo previsto para la prescripción del delito medio no cabe que este reviva cuando, una vez consolidada la prescripción, se materialice el delito fin.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70535713
Las mutualidades carecen de competencia exclusiva para calificar unas dolencias como constitutivas o no de accidente
Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 21/03/2018
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha establecido que una mutualidad no puede formular su reclamación frente al Sergas sin previamente haber sometido el conocimiento de la naturaleza de la contingencia al INSS, ya que la entidad colaboradora no puede asumir de manera definitiva una facultad que solamente tiene carácter provisional mientras dura la prestación de la asistencia sanitaria.
Así pues, las mutuas no pueden fijar con sus propias atribuciones el criterio definidor que corresponde al INSS, con lo que su pretensión se halla huérfana de título suficiente con el que formular la petición de reintegro.
Se concluye que negar al INSS la facultad de calificar unas dolencias como constitutivas de accidente, reservando estas facultades a la Mutuas Patronales, implica otorgar la Entidad Gestora, Mutuas Patronales y empresas colaboradoras una posición de total igualdad, susceptible de producir situaciones de desprotección total del beneficiario, cuando todas ellas se negaran a asumir -aunque sea de manera no definitiva- la responsabilidad por una contingencia.
Cabe incidir en que por el RD 428/2004, vigente en la fecha del supuesto debatido, se procede a reformar el Reglamento de Colaboración de las Mutuas, RD 1993/1995, de 7/Diciembre, y se atribuye a la MATEP la declaración del derecho a la prestación «previa determinación de la contingencia causante».
La declaración del derecho a la prestación y su mantenimiento se efectuará previa determinación de la contingencia por la Mutua»; y se da nueva redacción al art. 87.2, para contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta propia, en el sentido de que «Corresponde a la Mutua de que se trate la declaración del derecho al subsidio, su denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción, previa determinación de la contingencia causante».
En cualquier caso, concluye el Alto Tribunal, que esa posibilidad, transitoriamente conferida a la mutua, en forma alguna significaba que con ella se privase al INSS de sus facultades de superior decisión y su primacía como EG para resolver una posible discrepancia en orden a la naturaleza de la contingencia de IT.
Buena prueba de ello es que el art. 5 del RD 1041/05 nuevamente modificó los arts. 61.2, 80.1 y 87.2 del RCM, suprimiendo al efecto las referencias que los mismos hacían a la « determinación de la contingencia causante », pero justificándolo precisamente la Exposición de Motivos con la afirmación de que «es necesario proceder a la reforma de determinados artículos del Reglamento, al objeto de adecuar su redacción a la competencia de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social para la determinación de la contingencia causante de la referida situación de incapacidad temporal, confirmada mediante reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo».
Al formular la demandante su reclamación frente al SERGAS sin que se haya sometido al conocimiento de la naturaleza de la contingencia al INSS, la parte actora asume una facultad que solamente puede tener una carácter provisional, momento de la prestación de la asistencia pero no definitiva hasta el punto de fijar con sus propias atribuciones el criterio definidor que corresponde al INSS con lo cual su pretensión se halla huérfana del elemento esencial para dotar a la Mutua del título suficiente con el que formular la petición del reintegro frente al SERGAS.
De acuerdo con lo expuesto fue la sentencia recurrida la que aplicó la buena doctrina por lo que el recurso deberá ser desestimado de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, con imposición de las costas a la recurrente a tenor de lo preceptuado en el artículo 235 de la LJS.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70535698
Final de la convocatoria: El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la correspondiente convocatoria

References: Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 21

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución 
 resolución 
 artículo 395
 artículo 268
 artículo 131
 artículo 235