Source: https://www.otrosi.net/administrativo/jurisprudencia/2019-725641
Timestamp: 2020-01-20 03:11:39+00:00

Document:
Tribunal Supremo 3, 11-11-2019 , nº 164/2018, rec.1555/2019,
Pte: Espín Templado, Eduardo
ECLI: ES:TS:2019:3540
En fecha 17 de abril de 2018 la representación procesal del demandante ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ordinario contra la resolución del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 22 de febrero de 2018 -notificada el 7 de marzo del mismo año-, por la que se desestima el recurso de reposición 464/17 que había interpuesto el demandante contra la anterior resolución del mismo órgano administrativo de 28 de septiembre de 2017, y contra ésta última (recaída en el expediente de revisión de oficio 265/17 y que declaraba inadmitir a trámite el mismo, instado a solicitud de D. Ceferino).
Se ha tenido por interpuesto el dicho recurso por diligencia de ordenación de 19 de abril de 2018.
Recibido el expediente administrativo completo, se ha entregado el mismo a la parte actora para formular la correspondiente demanda, lo que ha verificado mediante escrito en el que, previa alegación de las alegaciones que considera oportunas, suplica que se dicte sentencia en virtud de la cual se declare la nulidad o, en su caso, la anulabilidad de la resolución del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 22 de febrero de 2018, con los efectos de reincorporación del recurrente en su plaza de presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de San Sebastián, de reconocimiento de la antigüedad, recuperación de su puesto en el escalafón y percepción de las diferencias salariales devengadas a fecha de ejecución de la sentencia, de incorporación a la XXIV promoción y de abono de sus emolumentos correspondientes a los dos años en que estuvo suspendido, más el interés legal correspondiente; o, subsidiariamente, con retroacción de actuaciones al momento procesal oportuno, se ordene al Consejo General del Poder Judicial que dicte una resolución de admisión a trámite de la solicitud inicial para que resuelva sobre el fondo de la misma. Mediante los correspondientes otrosíes solicita que se acuerde el recibimiento a prueba del recurso, expresando los puntos de hecho sobre los que la misma debería versar y proponiendo los medios probatorios de los que intenta valerse, así como la realización del trámite de conclusiones escritas.
De dicha demanda se ha dado traslado a la Administración demandada, habiendo presentado el Sr. Abogado del Estado escrito contestándola, en el que, tras las alegaciones oportunas, suplica que tras la tramitación pertinente se dicte sentencia plenamente desestimatoria del recurso interpuesto.
Mediante decreto de 31 de octubre de 2018 la Letrada de la Administración de Justicia ha fijado la cuantía del recurso como indeterminada, dictándose seguidamente auto de 20 de diciembre del mismo año acordando el recibimiento a prueba del mismo y la admisión de los medios propuestos considerados pertinentes.
Finalizada la fase probatoria se ha concedido plazo a las partes por el orden establecido en la Ley jurisdiccional para formular conclusiones, que han evacuado, declarándose posteriormente conclusas las actuaciones.
Tras rechazarse la solicitud formulada por la parte actora de celebración de vista, por providencia de fecha 30 de septiembre de 2019 se ha señalado para la votación y fallo del presente recurso el día 17 de octubre de dicho año, en que han tenido lugar dichos actos.
Don Ceferino interpone el presente recurso contencioso administrativo contra la inadmisión de su solicitud de revisión de oficio de la resolución del Consejo General del Poder Judicial de 10 de abril de 2002, por la que se le sancionó con dos años de suspensión de funciones. El Pleno, por resolución de 28 de septiembre de 2017 justificó la inadmisión de la solicitud de revisión de oficio en que el acto administrativo había sido ya objeto de revisión jurisdiccional. El citado órgano desestimó asimismo el recurso de reposición por acuerdo de 22 de febrero de 2018, rechazando el precedente judicial que aducía el actor y la relevancia del acta de manifestaciones que aportaba.
Sostiene el recurrente en su demanda que resulta procedente la incoación de un expediente de revisión de oficio debido a las siguientes razones: la resolución sancionadora ignoró el contexto fáctico existente en el momento de los hechos; no se tuvieron en cuanta determinadas circunstancias y alegaciones (como la referida a la caducidad del procedimiento sancionador); en fin, la existencia de un hecho nuevo, como lo es el acta de manifestaciones otorgada ante notario por don Antonio Martín Ortíz de Zárate, que muestra que el testimonio que sirvió de fundamento a la resolución sancionadora cuya revisión se pretende no fue interpretado correctamente.
Sobre la existencia de sentencia firme sobre los mismos hechos.
En el primer fundamento de derecho de la demanda y frente a la afirmación del Consejo General del Poder Judicial de que no cabe la revisión de oficio frente a una resolución que ya ha sido revisada judicialmente, opone el actor el precedente de la sentencia de esta Sala de 27 de junio de 2008, en la que se dijo que cabía la revisión de oficio cuando una sentencia firme no hubiera abordado directamente la cuestión de la nulidad de pleno derecho del acto revisado. Como el propio recurrente manifiesta, no cabe efectuar afirmaciones terminantes sobre el alcance de la cosa juzgada, sino que es preciso "acometer caso por caso un examen analítico de las cuestiones jurídicas realmente tratadas en la sentencia firme originaria para verificar si se alza en obstáculo para la revisión de oficio de un acto administrativo allí enjuiciado". Pero ello no es sino afirmar que lo que quedó fuera del alcance de una sentencia firme no resulta afectado por ella, lo que constituye, en puridad, una tautología. Pero en línea de principio, no cabe sino reconocer, junto con el Consejo General del Poder Judicial, que habiendo sido un acto administrativo revisado jurisdiccionalmente, la conformidad a derecho o no de dicho acto es cosa juzgada material que resulta intangible salvo por la vía del recurso de revisión de sentencias firmes contemplado en el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción.
Tal es lo que sucede en el presente supuesto sin ningún atisbo de duda. Tras dedicar el primer fundamento de la demanda a la incoación del precedente que ya se ha comentado, toda la argumentación del recurrente a lo largo de los fundamentos segundo a sexto versa -al margen de sus consideraciones sobre la regulación de la revisión de actos firmes en el fundamento cuarto- sobre cuestiones procesales referidas al procedimiento judicial de revisión de la sanción que culminó en la sentencia de 13 de junio de 2005, o sobre circunstancias de hecho relativas a la actuación que dio lugar a la sanción que fue declarada conforme a derecho por esta Sala en dicha sentencia y que quedan afectadas de manera clara e indubitada por la firmeza de la cosa juzgada.
Por lo que respecta a las cuestiones del pasado proceso judicial, quedan por completo fuera de toda posible consideración ahora por no constituir el objeto del presente recurso, en el que se impugna la inadmisión a trámite de una revisión de oficio de un acto administrativo. No es posible entrar a enjuiciar, por tanto, lo relativo a la denegada recusación del ponente (fundamento segundo), a la carga probatoria (fundamento quinto) y a otras circunstancias procesales mencionadas en el fundamento séptimo.
En cuanto a las alusiones y consideraciones referidas a los hechos determinantes de la sanción que se efectúan en los fundamentos sexto y séptimo, tampoco pueden ahora ser objeto de enjuiciamiento, pues fueron examinadas plenamente en la revisión que se hizo del acto sancionador en el proceso que culminó con la sentencia de 13 de junio de 2005. Constituyen plenamente el mismo objeto material y les afecta la cosa juzgada, pues fueron directamente enjuiciadas en dicho proceso.
Merecen una consideración específica las alegaciones formuladas en los fundamentos octavo y noveno. Comenzando por éste último fundamento, el recurrente aduce en él la caducidad del expediente sancionador. Se trata de un óbice que debió oponerse en el proceso en que se juzgó la legalidad de la sanción, resultando ahora irrevisable por ser una cuestión plenamente precluida. Si no se planteó en dicho proceso, su formulación ahora es totalmente improcedente, no ya tanto por extemporánea, que también, sino por no referirse al objeto del presente procedimiento, que es, conviene insistir, la inadmisión a trámite de la revisión de oficio de un acto que fue declarado conforme a derecho por una sentencia firme.
Finalmente, procede responder a lo aducido en el fundamento octavo, en el que se alega la existencia de un acta notarial de manifestaciones en la que uno de los miembros del tribunal que fue objeto de las injerencias por parte del recurrente -hecho determinante de la sanción-, en la cual dicho magistrado habría precisado el sentido de su testimonio en el que se apoyó la resolución sancionadora. Pues bien, tampoco tal acta de manifestaciones hace pertinente la revisión de oficio del acto administrativo, al haber sido éste judicialmente revisado por la sentencia firme de 13 de junio de 2005, ni tampoco procede, obviamente, que esta Sala entre a valorar de nuevo las circunstancias fácticas que ya fueron objeto de revisión en dicha sentencia. El recurrente debía ser conocedor de que la única manera de combatir una sentencia firme que ha declarado conforme a derecho un acto administrativo no es pretender invalidar dicho acto por una revisión administrativa, impotente ante la cosa juzgada, sino revisar dicha sentencia por la única vía posible, que es el recurso de revisión contemplado en el artículo 102 de la Ley jurisdiccional. Sólo por dicho remedio procesal, podría el actor, en caso de que resultare procedente, revisar la legalidad de la sanción que se le impuso, pues el acto administrativo sancionador resulta ya inatacable de forma directa, al haber sido declarado conforme a derecho por una sentencia firme. Sólo pues la revisión de la misma podría, en su caso, llegar a producir finalmente dicho efecto rectificador del juicio de legalidad efectuado por la sentencia en el supuesto en que fuere revisada.
De conformidad con las razones expuestas en el anterior fundamento de derecho se desestima el recurso contencioso administrativo entablado por D. Ceferino contra las resoluciones del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 22 de febrero de 2018 -dictada en el recurso de reposición 464/17- y de 28 de noviembre de 2017 - recaída en el expediente de revisión de oficio 265/17-.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional, se imponen las costas a la parte actora, hasta un máximo de 3.000 euros por todos los conceptos legales, más el IVA que corresponda a la cantidad reclamada.
1. Desestimar el recurso contencioso-administrativo ordinario interpuesto por D. Ceferino contra las resoluciones del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 22 de febrero de 2018 y de 28 de noviembre de 2017.
2. Confirmar las resoluciones administrativas objeto del recurso.
3. Imponer las costas procesales a la parte demandante conforme a lo expresado en el fundamento de derecho tercero.
Luis Maria Diez-Picazo Gimenez Jorge Rodriguez-Zapata Perez Jose Manuel Sieira Miguez
Nicolas Maurandi Guillen Eduardo Espin Templado
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 102
 resolución 
 artículo 102
 artículo 139