Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2019/acuerdos_y_sentencias/ays_756_19.php
Timestamp: 2019-11-16 01:24:50+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 756/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 756/19
EXPEDIENTE: “FINANCENTRO S.A. DE FINANZAS C/ RES. C.T. N.° 11/03 DE FECHA 15/10/03 DICT. POR EL CONSEJO DE TRIBUTACIÓN".
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintidós del mes de octubre del año dos mil diecinueve, estando reunidos en la Sala Penal, los señores Ministros MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente: “FINANCENTRO S.A. DE FINANZAS C/ RES. C.T. N.° 11/03 DE FECHA 15/10/03 DICT. POR EL CONSEJO DE TRIBUTACIÓN”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad, interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 403 de fecha 31 de julio de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Antes del análisis de las cuestiones planteadas, EL SEÑOR MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, DIJO: Considero pertinente señalar que el presente expediente ha quedado en autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2015, ingresando a gabinete para su estudio y resolución en fecha 17 de diciembre de 2015, posteriormente al Gabinete a mi cargo en fecha 10 de octubre de 2018, por lo que el exceso temporal para la resolución de los recursos interpuestos no es de mi responsabilidad.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, DIJO: El recurrente no fundamento expresamente el recurso de nulidad contra la citada resolución, pero la misma al ser de carácter público, hace viable su estudio de oficio. En ese sentido podemos notar que del fallo recurrido no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que se debe desestimar el presente recurso.
A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, DIJERON: Que se adhieren al voto del ministro preopinante, Manuel Dejesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, PROSIGUIÓ DICIENDO: Por medio del Acuerdo y Sentencia N° 403 de fecha 31 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se resolvió: ”1) HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, instaurada en estos autos por la firma FINANCENTRO S.A. DE FINANZAS, contra la Resolución C.T. N.° 11/03 de fecha 15 de octubre de 2003, dictada por el Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda, y en consecuencia; 2) REVOCAR, en todos sus términos el citado acto administrativo, de conformidad y de acuerdo con los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución; 3) IMPONER, las costas a la parte vencida; 4) ANOTAR, registrar...’’. El fundamento del Tribunal para hacer lugar a la acción se basó en que el procedimiento administrativo del que fue objeto el actor no fue el adecuado o idóneo para el caso planteado, habida cuenta que la determinación tributaria de las obligaciones impositivas del contribuyente fue elaborado y dictado por una institución (Banco Central del Paraguay), que de ningún modo cuenta con dichas atribuciones conforme a su Ley Orgánica N.° 489/96. La facultad concedida al B.C.P. se refiere a la fiscalización del cumplimiento impositivo de las entidades del sistema financiero a través de la Superintendencia de Bancos, y no a la determinación de la obligación tributaria, por tanto, no se puede confirmar, vía recurso de apelación, la Nota S.B. S.G. N.° 00714/2003 de fecha 13 de mayo de 2003, emitida por la Superintendencia de Bancos.
El Abg. Fiscal Marcos Morínigo expresó agravios a fs. 152/159 manifestando en apretada síntesis que mal podría el actor impugnar un acto administrativo que el mismo consintió plenamente; que en su actuación procesal no se encuentra disconformidad con el procedimiento adoptado, por tanto, los actos quedaron consentidos por dicha parte. Continúa manifestando que no se ha violado el debido proceso, en el sentido de que el procedimiento ha sido sustanciado en averiguación y comprobación del informe de denuncia de la Superintendencia de Bancos, otorgándole a la firma verificada el derecho a la defensa y en debido proceso consagrado en la carta magna. Termina cuestionando las costas, las cuales considera que deben ser impuestas a la parte actora por la teoría del riesgo asumido, o en el orden causado en virtud a lo dispuesto en el Art. 193 del Código Procesal Civil.
El acto administrativo impugnado es la Resolución C.T. N.° 11/03 de fecha 15 de octubre de 2003 dictada por el Consejo de Tributación, la cual dispuso no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la firma Financentro S.A. de Finanzas, contra la Nota SB. SG. N.° 00714/2003 de la Superintendencia de Bancos, y en consecuencia, confirmar el acto administrativo recurrido.
Del estudio del caso en cuestión surge que la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas es correcta, por los siguientes fundamentos, en primer lugar, debido a que, de la resolución impugnada, resulta que se confirma un acto administrativo emitido por la Superintendencia de Bancos (S.B.). Dicho acto es en realidad una Nota emitida por la S.B., en la cual se concluyó que la firma auditada debía rectificar los formularios 819 del impuesto a los actos y documentos de los periodos que presentaban diferencias y los formularios de declaración jurada 805 del impuesto a la renta de los ejercicios auditados, de acuerdo al cálculo establecido por la S.B.
Entonces, el acto administrativo emitido por el Consejo de Tributación confirma una determinación tributaria emitida por una institución que no es competente para el efecto. Esta atribución es concebida únicamente a la Sub Secretaría de Estado de Tributación, que es el órgano recaudador del cual emerge la potestad constitucional de determinación de tributos.
El acto administrativo de determinación de la obligación tributaria, surge como consecuencia y culminación en sede administrativa, de un procedimiento o de una serie de etapas procedimentales que culminará en un acto que afirmará la voluntad definitiva y conclusiva de la Administración Tributaria frente al caso en particular. (ELIZECHE, Marco Antonio. “Las instituciones tributarias, el sistema legal vigente y el régimen procesal tributario". Tercera edición. Editorial Litocolor SRL. Asunción-Paraguay. 2011. Pp. 102/103).
En el presente proceso, las actuaciones previas a la resolución recurrida, no se dieron en el margen del procedimiento establecido en la Ley N° 125/92, Art. 212, referente a la determinación tributaria. Por otro lado, la determinación de los tributos es una manifestación propia de la competencia de la S.E.T., y no puede la parte demandada pretender que, debido a que la parte actora no se opuso al procedimiento administrativo en su momento, se cubra una ilegalidad manifiesta al procedimiento establecido en la ley tributaria.
Por consiguiente, en atención a todo lo descripto anteriormente, concluyo que corresponde RECHAZAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y en consecuencia CONFIRMAR encuerdo y Sentencia N.° 403 de fecha 31 de julio de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
En relación a las costas del juicio, las mismas deben ser impuestas al funcionario emisor del acto administrativo declarado irregular por el órgano judicial competente.
En el presente proceso, el acto administrativo impugnado fue declarado nulo por el Tribunal de Cuentas y confirmado por esta instancia, por lo que se configura su carácter de acto administrativo irregular y el Art. 106 de la Constitución Nacional, en lo pertinente, dispone que “Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad, en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables...”.
En efecto, cuando el acto administrativo se declara nulo por la autoridad competente, es porque se ha dictado en transgresión a los requisitos de regularidad del acto administrativo, por lo que corresponde imponer las costas al funcionario emisor del acto administrativo anulado.
En ese sentido, el autor Rafael Bielsa, ha expresado: “Si se hace responsable al Estado y no a los funcionarios culpables, éstos seguirán gozando de la impunidad de sus actos irregulares, y el Estado, es decir, el tesoro público, cargará con las consecuencias de esos hechos. Con hacer responsable al Estado, lo que resulta es una incidencia injusta de esa responsabilidad en los administrados o contribuyentes, pues toda indemnización que el Estado paga, se resuelve en una carga para los contribuyentes honestos o no culpables de las faltas de los funcionarios''. (BIELSA, RAFAEL; Estudios de Derecho Público, Tomo IV, Ed. Depalma, Buenos Aires. 1962. pp. 309/310).
A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, DIJERON: Nos adherimos al voto del ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia en el sentido de RECHAZAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada en contra del Acuerdo y Sentencia N° 403 de fecha 31 de julio de 2012. Ahora bien, en lo que respecta a la imposición de las costas en el presente juicio, somos de la opinión que no se puede condenar al funcionario emisor del acto administrativo irregular, dado que no tuvo intervención en esta causa. Si así lo hiciéramos, estaríamos violando el artículo 16 de la Constitución Nacional que dispone: "La defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable...". El procedimiento adecuado si la entidad perdidosa tuviera que abonar una suma de dinero como en este caso, es repetir mediante un procedimiento judicial el pago de lo que llegase a abonar en ese concepto, con intervención del afectado, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Constitución Nacional.
En ese sentido, somos del parecer que corresponde imponer las costas a la parte perdidosa en ambas instancias, en virtud al principio establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es nuestro voto.
2.- RECHAZAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 403 de fecha 31 de julio de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
3.- IMPONER LAS COSTAS de conformidad al exordio de la presente Resolución.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 106
in fine
 artículo 192