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Timestamp: 2020-07-04 02:39:31+00:00

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Jueves, 18 de Noviembre de 2010 13:40
El Saneamiento rural y sus aristas.
En una exclusiva entrevista con nuestro equipo, el Dr. Walter Folch del Departamento de de Salud Ambiental, se refiere a los nuevos alcances que tendrá el Proyecto de Ley para los Servicios Sanitarios Rurales y señala; “Conforme lo ha señalado la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Dra. Margaret Chang, “el saneamiento es una de las piedras angulares de la salud pública” y “la mejora del saneamiento supone una enorme contribución a la salud y el bienestar humanos”. Así, este proyecto de ley, que regula la prestación del servicio sanitario rural, llenará un vacío importante en el país y contribuirá a reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, lo que además coincide con uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
En lo general se entiende que si bien serán las organizaciones de la propia comunidad las responsables de velar por la calidad de los servicios sanitarios prestados, el proyecto de ley mantiene las atribuciones del Ministerio de Salud, aunque en definitiva sus alcances dependerán del reglamento que dicte el Ministerio de Obras Públicas para su aplicación.
En la actualidad, la autoridad sanitaria se ve enfrentada a servicios de agua potable rural que, debido a la insuficiencia de la capacidad económica de la comunidad, no pueden cumplir con normas de calidad, continuidad, o con requisitos mínimos como puede ser la cloración del agua. En ocasiones, algunas Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural sólo captan el agua, sin posibilidad de proporcionar el tratamiento adecuado necesario para que sea considerada apta para el consumo humano, porque carecen de capacidad de pago, con lo cual se corren riesgos mayores al hecho de no tener agua porque cuando se suministra un agua contaminada se puede enfermar a toda una población. Al respecto, se espera que la regulación del régimen tarifario de los servicios sanitarios rurales, conforme a las disposiciones que establece el proyecto de ley y en particular a la obligación de que las tarifas permitan recuperar “los costos indispensables de operación y mantenimiento”, permita subsanar algunas de las deficiencias observadas, si bien se considera fundamental que el sistema tarifario sea complementado eficazmente por subsidios a la inversión y al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado.
Por otra parte, se estima que el proyecto de ley no considera adecuadamente los problemas sanitarios que pueden enfrentar los habitantes del área rural que residen más allá del área de servicio de los operadores de las localidades concentradas, en tanto el sector rural disperso requiera de soluciones sanitarias especiales tanto de abastecimiento de agua potable como de eliminación de excretas, así como las comunidades que no pueden acceder a fuentes de agua susceptibles de ser utilizadas para la provisión de agua potable precisen de sistemas de abastecimiento alternativos”.
Hoy en día son muchas las dificultades que se presentan para los comités y cooperativas de agua potable, en muchas regiones enfrentan el tema de la regularización de sus sistemas para obtener la resolución sanitaria y seguir operando, siendo uno de los aspectos donde hay una mayor discrepancia entre los distintos servicios del país, ya que se aplican criterios muy opuestos entre una región y otra, vale decir que en una región cobran por efectuar dicho trámite y en otras no, se debe considerar que éstas organizaciones comunitarias son sin fines de lucro por lo que existen algunas resoluciones en contraloría que hablan de la exención de éste cobro, según esto se deberían regularizar los procedimientos a la hora de realizar la solicitud de dicha documentación y unificar el mismo criterio en todas las regiones de nuestro país, referente a lo expuesto el Dr. Folch índica; “La Resolución Exenta Nº473 de 2008, modificada por la Resolución Exenta Nº 80 de 2010, ambas del Ministerio de Salud, que aprueba los aranceles de prestaciones de salud ambiental en el país, en sus normas generales sólo contempla que el Secretario Regional Ministerial de Salud respectivo pueda rebajar los aranceles o eximir de su pago, en casos excepcionales y por resolución fundada, a “determinadas personas naturales o jurídicas que ejecuten actividades de asistencia social, docencia o investigación científica”.
Sin perjuicio de lo anterior, a los comités constituidos como juntas de vecinos u otra forma de organización comunitaria les es aplicable la ley Nº19.418, que en su artículo 29 establece que “las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias estarán exentas de todas las contribuciones, impuestos y derechos fiscales y municipales (…)”, lo que comprende el arancel que cobra la autoridad sanitaria por sus actuaciones.
Considerando que las exenciones se encuentran establecidas en las normas legales antes mencionadas, no se estima necesario la elaboración de un instructivo especial al respecto”.
Los comités y cooperativas al no estar regulados por la ley de las empresas sanitarias, buscan una institucionalidad para desarrollarse de mejor forma y a la vez modernizarse, esto exigiría ciertas normas que deberán cumplir, una de ellas es la cantidad de muestras bacteriológicas que deberán realizar en el mes lo que variará según la cantidad de familias que compongan el comité: “El Reglamento de los Servicios de Agua Destinados al Consumo Humano (decreto Nº735 de 1969, actualizado por los decretos Nº131 de 2006 y Nº76 de 2009, todos del Ministerio de Salud), establece los criterios para parámetros bacteriológicos que debe cumplir todo servicio de agua potable para evitar la transmisión de enfermedades por el agua. El garantizar la inocuidad microbiana del agua de consumo necesariamente conlleva el análisis de microorganismos indicadores de contaminación fecal (además de la medición de la concentración residual de cloro libre), y para asegurar que los resultados de los análisis sean confiables es preciso, entre otros, que un número suficiente de muestras sean examinadas mensualmente. Al respecto, se recomienda que la cantidad mínima de muestras varíe de acuerdo al número de habitantes de la población abastecida. Así, si el número de habitantes es superior a 7.600 personas, el número mínimo de muestras mensuales se determina de acuerdo a la norma NCh.409/2.Of2004 (declarada normal oficial por decreto exento Nº446 de 2006, del Ministerio de Salud). Para el caso en que el número de habitantes sea igual o inferior a 7.600, el Departamento de Salud Ambiental de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de este Ministerio de Salud, ha elaborado unas guías referenciales para el desarrollo de programas regionales de vigilancia y control de calidad del agua potable donde se establecen recomendaciones que varían desde 1 muestra mensual, si la población abastecida es igual o inferior a 500 habitantes, hasta 8 muestras por mes si el número de habitantes abastecidos está en el rango de 5.000 a 7.600 habitantes.
Por otra parte, además de la población abastecida, para determinar el número mínimo de muestras se debe tener en cuenta las características del sistema de abastecimiento, incluyendo la calidad de la fuente de agua, el proceso de tratamiento adoptado y la posibilidad de contaminación o alteración del agua en las tuberías de la red de distribución. Es decir, el número de muestras debe finalmente adaptarse a realidades locales específicas, teniendo en cuenta el potencial riesgo sanitario de cada servicio.
En materia de aguas servidas, el escenario es similar por cuanto tampoco se puede perseguir igualar la cantidad mensual de muestras a realizar ya que ello también depende de factores locales como por ejemplo el tamaño de la planta de tratamiento, el lugar de descarga del efluente y, en caso de descarga a un curso superficial, el uso sanitario que éste tenga aguas abajo de la descarga”.
La falta de conocimientos, capacitación y junto a una gran brecha digital, son factores en contra para el desarrollo de estos organismos debido a que aumentan las faltas y fallas en el proceso de potabilización, según esto y una posible política nacional de entregar capacitación para los dirigentes y trabajadores y así prevenir situaciones lamentables el Dr. Walter apunta a que, “La vigilancia de la calidad del agua de consumo humano, es decir la evaluación e inspección desde el punto de vista de la salud pública de los servicios de agua potable para la prevención de la transmisión de enfermedades de origen hídrico, comprende acciones para lograr, entre otros, que los servicios cumplan con la normativa vigente y que elaboren y ejecuten programas de control de calidad. Se sabe que el éxito de los programas de vigilancia y control de la calidad del agua depende de la cantidad y calidad de recursos humanos disponibles; siendo uno de los factores que afectan negativamente la calidad del agua, la insuficiente capacitación en operación y mantenimiento de los sistemas. Por esta razón, se han incorporado a las actividades tradicionales de vigilancia, la educación en materia de higiene ambiental y, en coordinación con otras instituciones, capacitaciones tanto a los operadores de servicios de agua potable del sector rural concentrado como a representantes de la comunidad rural dispersa, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas en materias relacionadas con la operación segura de los sistemas y el uso adecuado del agua para consumo doméstico. Es de interés de este Ministerio de Salud continuar proporcionando orientación específica a los operadores de estos servicios en la medida que existen abastos con parámetros que sobrepasan los valores estipulados por el Reglamento de los Servicios de Agua Destinados al Consumo Humano.
Por último, cabe recordar que forma parte de la ley que regulará la prestación del servicio sanitario rural la definición, por el Ministerio de Obras Públicas, de una “política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales”, y la creación de un Consejo Consultivo para la orientación de dicha política, en el que participará un representante de este Ministerio”.
Por último el Dr. Folch, se refiere a la función que tendrá el Ministerio en la búsqueda de la solución frente a la construcción de plantas de tratamientos de aguas servidas sin haber buscado la opción más sencilla y simple para su operación, debido a esto recalca que, “La decisión del tipo de solución a implementar para las aguas servidas no corresponde a este Ministerio de Salud y hasta la fecha no ha sido consultado al respecto. Para efectos de la implementación de la ley que sea finalmente aprobada, se desconoce cuál será el mecanismo de decisión respecto del tipo de soluciones a implementar”.
ENTREVISTA REALIZADA POR: Andrea Cárdenas Matus, APR Chile, andrea@aprchile.cl

References: resolución 
in fine
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 29