Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0108_ES.html
Timestamp: 2019-08-26 07:55:37+00:00

Document:
Procedimiento : 2018/2167(DEC)
Ciclo relativo al documento : A8-0108/2019
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sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección I – Parlamento Europeo
Ponente: Claudia Schmidt
– Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2017 (COM(2018)0521 – C8-0319/2018)(2),
– Visto el Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera correspondiente al ejercicio 2017, sección I – Parlamento Europeo(3),
– Visto el Informe Anual del auditor interno para el ejercicio 2017,
– Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2017, acompañado de las respuestas de las instituciones(4),
– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(5), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2017 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vista la Decisión de la Mesa, de 16 de junio de 2014, sobre las normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo(8), y en particular su artículo 22,
– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0108/2019),
A. Considerando que el presidente aprobó las cuentas del Parlamento para el ejercicio 2017 el 4 de julio de 2018;
B. Considerando que el secretario general, como ordenador delegado principal, declaró el 6 de julio de 2018 que consideraba razonablemente garantizado que los recursos asignados al presupuesto del Parlamento se han utilizado para el objeto previsto, de conformidad con los principios de buena gestión financiera, y que los procedimientos de control establecidos ofrecen las garantías necesarias en relación con la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes;
C. Considerando que la auditoría del Tribunal de Cuentas concluye que, en la evaluación específica de los gastos administrativos y otros correspondiente a 2017, no se han detectado deficiencias significativas en los informes de actividad anual y sistemas de control interno de las instituciones y órganos examinados según lo exigido por el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046;
D. Considerando que el artículo 262, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 exige a todas las instituciones de la Unión que hagan todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión presupuestaria;
1. Aprueba la gestión de su presidente en la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo para el ejercicio 2017;
que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección I – Parlamento Europeo
– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección I – Parlamento Europeo,
A. Considerando que en su certificación de las cuentas definitivas, el contable del Parlamento Europeo (en lo sucesivo, el «Parlamento») declaró que tenía la seguridad razonable de que las cuentas presentan una imagen fiel, en todos los aspectos esenciales, de la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de tesorería del Parlamento;
B. Considerando que, de acuerdo con el procedimiento habitual, se remitió un cuestionario con 161 preguntas a la administración del Parlamento y las respuestas escritas recibidas fueron debatidas por la Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento en presencia del vicepresidente responsable del presupuesto, del secretario general y del auditor interno;
1. Observa que los créditos definitivos del Parlamento para 2017 ascendieron a 1 909 590 000 EUR, es decir, el 19,25 % de la rúbrica V del marco financiero plurianual(9) previsto para los gastos administrativos totales de las instituciones de la Unión en 2017, lo que supone un incremento del 3,9 % con respecto al presupuesto de 2016 (1 838 613 983 EUR); destaca que este incremento es sustancialmente superior a la tasa de inflación belga en 2017, de apenas el 2,65 %;
2. Observa que los ingresos totales contabilizados a 31 de diciembre de 2017 ascendieron a 206 991 865 EUR (frente a 183 381 513 EUR en 2016), incluidos 50 052 674 EUR en ingresos afectados (comparados con 30 589 787 EUR en 2016);
3. Pone de relieve que cuatro capítulos representan por sí solos el 69,5 % del total de los compromisos: se trata de los capítulos 10 (Miembros de la institución), 12 (Funcionarios y agentes temporales), 20 (Bienes inmuebles y gastos accesorios) y 42 (Gastos ligados a la asistencia parlamentaria), lo que indica un elevado nivel de rigidez con respecto a la mayor parte del gasto del Parlamento; subraya que la mayor parte del presupuesto del Parlamento es básicamente de carácter administrativo y no operativo, lo que debe tenerse en cuenta;
4. Toma nota de las cifras sobre cuya base se cerraron las cuentas del Parlamento correspondientes al ejercicio 2017:
Créditos para 2017:
Prórrogas no automáticas del ejercicio 2016:
Prórrogas automáticas del ejercicio 2016:
Créditos correspondientes a los ingresos afectados para el ejercicio 2017:
Prórrogas correspondientes a los ingresos afectados del ejercicio 2016:
b) Utilización de los créditos durante el ejercicio 2017 (EUR)
Recibidos en 2017:
d) Balance total a 31 de diciembre de 2017 (EUR)
5. Señala que el 99 % de los créditos consignados en el presupuesto del Parlamento, por un importe de 1 889 574 057 EUR, se comprometieron, con un porcentaje de anulación del 1 %; observa con satisfacción que, al igual que en ejercicios anteriores, se alcanzó un nivel de ejecución presupuestaria muy elevado; observa que los pagos ascendieron a un total de 1 599 788 767 EUR, dando lugar a una tasa de ejecución de los créditos de pago del 84,7 %, lo que supone un incremento del 0,3 % con respecto al ejercicio anterior;
6. Subraya que los créditos anulados correspondientes al ejercicio 2017, que ascendieron a 17 451 943 EUR, tenían que ver, en particular, con retribuciones y otros títulos de crédito, así como con el gasto inmobiliario;
7. Observa que en el ejercicio 2017 se aprobaron siete transferencias de conformidad con los artículos 27 y 46 del Reglamento Financiero, que ascendieron a 57 402 860 EUR, lo que equivale al 3,01 % de los créditos definitivos; observa que la mayoría de las transferencias estaban relacionadas con la política inmobiliaria del Parlamento y, en particular, para ayudar a financiar los cánones enfitéuticos del proyecto de construcción del edificio Konrad Adenauer;
8. Subraya que la práctica de la «recogida» constituye una relajación del principio de especialidad y, por lo tanto, infringe deliberadamente el principio de veracidad presupuestaria; pide que los créditos destinados a la financiación de los edificios, en particular el edificio Konrad Adenauer, se incluyan en el proyecto de presupuesto anual que se somete a la aprobación de las autoridades presupuestarias; considera que el nivel de las transferencias de remanentes continúa siendo muy elevado; está convencido de que una mejor gestión presupuestaria ha de poder reducir estas transferencias al mínimo necesario; insta a que la política inmobiliaria del Parlamento se establezca con suficiente claridad en el marco de la estrategia presupuestaria; condena enérgicamente las transferencias, con frecuencia a última hora, destinadas a financiar la política inmobiliaria del Parlamento; pide al secretario general y a la Mesa que faciliten a la Comisión de Presupuestos toda la documentación, los planes y los contratos relacionados con la política inmobiliaria;
9. Subraya la necesidad de prórrogas en relación con los grandes proyectos inmobiliarios o de infraestructura, a pesar de la naturaleza anual del presupuesto;
Opiniones del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la fiabilidad de las cuentas de 2017 y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas
10. Recuerda que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, el «Tribunal») lleva a cabo una evaluación específica de los gastos administrativos y de otro tipo como grupo único para todas las instituciones europeas; señala que el gasto administrativo y conexo comprende el gasto en recursos humanos (salarios, dietas y pensiones), que suponen el 60 % del gasto administrativo total, y el gasto en inmuebles, equipamiento, energía, comunicaciones y tecnología de la información;
11. Toma nota de que los datos generales de la auditoría indican que los gastos en «administración» no están afectados por un nivel de error material; observa, asimismo, que, sobre la base de los nueve errores cuantificados, el nivel de error estimado en la rúbrica 5 del marco financiero plurianual (administración) es del 0,5 % (un incremento respecto al 0,2 % de 2016);
12. Toma nota de las conclusiones específicas relacionadas con el Parlamento incluidas en el Informe Anual del Tribunal para 2017; observa con gran preocupación que, de las ocho operaciones del Parlamento examinadas, el Tribunal detectó insuficiencias en nada menos que tres relacionadas con los procedimientos de contratación, a saber, cumplimiento de los criterios de selección de contratos, pleno cumplimiento del contrato marco y el criterio de selección de una agencia de viajes, así como en una relativa al reembolso de los gastos de los grupos de visitantes;
13. Toma nota de las respuestas ofrecidas por el Parlamento en el procedimiento contradictorio con el Tribunal; pide al Tribunal que mantenga informada a la comisión competente sobre la aplicación de sus recomendaciones;
14. Observa que, en la reunión abierta de la comisión competente con el auditor interno celebrada el 26 de noviembre de 2018, este último presentó su informe anual y explicó que en 2017 había aprobado informes sobre los temas siguientes:
- seguimiento transversal de las acciones iniciadas a raíz de los informes de auditoría interna - Fases I y II de 2017;
- nomenclatura revisada del presupuesto para la Dirección General de Comunicación (DG COMM);
- organización de las invitaciones a periodistas por parte de la DG COMM;
- contratación y ejecución de contratos en el ámbito de la traducción externa;
- política de compra de suscripciones de la Biblioteca — Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (DG EPRS);
- derechos individuales en virtud del Estatuto de los funcionarios y del Régimen aplicable a los otros agentes;
- actividades descentralizadas de las tecnologías de la información (TI);
15. Recuerda que el informe anual de actividades es un componente de la estructura de gobernanza del Parlamento; acoge con satisfacción y apoya las acciones que figuran a continuación acordadas por el auditor interno con las DG competentes:
- en relación con la auditoría de la organización de invitaciones a periodistas por parte de la DG COMM: mejora del marco de gestión y control, garantizando que los reembolsos a los periodistas se ajusten a los costes reales incurridos (por ejemplo, los lugares de salida y de llegada de los desplazamientos); abordar las desviaciones sistémicas de las normas que rigen las invitaciones; conferir carácter obligatorio al pago mediante transferencia bancaria de los reembolsos a los periodistas, incluidos los viajes a Estrasburgo; y medidas para orientar el proceso de selección y evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia del proceso de invitación;
- en relación con las auditorías de los derechos individuales en virtud del Estatuto: mejora del entorno de control y de la metodología de los controles, de los procedimientos específicos de gestión y control relativo a la indemnización por expatriación y a la indemnización diaria (por ejemplo, la coherencia de la aplicación de las normas) y de los procedimientos específicos relativos a las dietas de viaje anual calculadas a tanto alzado;
- en relación con la auditoría de contratación y ejecución de contratos en el ámbito de la traducción externa: inclusión de las solicitudes de información adicional presentadas de manera más puntual y mejora de la evaluación en el marco de la organización del procedimiento de contratación, refuerzo del criterio de adjudicación relativo a la calidad en los procedimientos futuros de contratación, animar a las empresas externas a mejorar la calidad de la traducción mediante un aumento de la verificación ex post, entre otros, y mejora de la fiabilidad del cálculo de los costes reales totales de la traducción externa, en particular teniendo en cuenta que aproximadamente un tercio de las páginas traducidas las realizan traductores externos y es muy probable que esta proporción aumente;
- en relación con la auditoría de las actividades descentralizadas de las tecnologías de la información, y con el fin de beneficiarse al máximo de estas actividades, refuerzo del control del presupuesto destinado a las iniciativas en materia de tecnología de la información y de la comunicación (TIC) en el marco de los programas informáticos no solo mediante la presentación de informes sobre determinadas fases de un proyecto sino mediante la realización de un seguimiento completo del mismo; aumento de la garantía de que las iniciativas en materia de tecnología de la información y de la comunicación se llevan a cabo a tiempo, para el alcance acordado y la calidad requerida y dentro del presupuesto; mejora del control y de la validación por parte de las unidades descentralizadas de las nuevas versiones de software y de sus procesos de gestión de problemas; y una transición gradual desde los contratos en función del tiempo y los recursos para los expertos externos a contratos basados en resultados;
16. Observa que el proceso de seguimiento de 2017 tuvo como resultado el cierre de 34 de las 71 acciones abiertas, así como la reducción continua y progresiva en 2017 del perfil de riesgo de las acciones pendientes; observa, en particular, que el número de acciones abiertas relacionadas con riesgos significativos ha descendido de 26 a 11 y que no hay acciones abiertas en la categoría de riesgo más elevado («crítico»); subraya que las acciones abiertas recientemente añadidas para el ejercicio presupuestario 2017 no deben afectar negativamente a las mejoras realizadas en relación con el cierre de las acciones abiertas;
Seguimiento de la Resolución sobre la aprobación de la gestión 2016
17. Toma nota de las respuestas escritas a la Resolución sobre la aprobación de la gestión 2016 facilitadas a la Comisión de Control Presupuestario el 17 de septiembre de 2018, así como de la presentación por el secretario general sobre las diferentes preguntas y solicitudes de la Resolución del Parlamento sobre la aprobación de la gestión de 2016 y el intercambio de puntos de vista con los diputados que se celebró a continuación;
18. Lamenta que no se haya realizado el seguimiento de algunas recomendaciones de la Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2016 y que el documento de seguimiento de la aprobación de la gestión no recoja justificación alguna al respecto; insiste en la importancia de mantener más a menudo debates con el secretario general en la Comisión de Control Presupuestario sobre las cuestiones relativas al presupuesto del Parlamento y su ejecución;
Aprobación de la gestión del Parlamento en 2017
19. Toma nota del intercambio de puntos de vista entre el vicepresidente encargado del presupuesto, el secretario general y la Comisión de Control Presupuestario, celebrado en presencia del auditor interno el 26 de noviembre de 2018 en el contexto de la aprobación de la gestión del Parlamento en 2017;
20. Señala que la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea ha tenido un impacto considerable en los diferentes servicios del Parlamento, en particular en las comisiones, unidades de investigación y servicios horizontales; observa que los servicios del Parlamento prepararon material de análisis basado en un trabajo de investigación para tomar en consideración el impacto de la salida en las políticas y la legislación de sus respectivos ámbitos y que este material puede consultarse en la página web del Parlamento;
21. Observa que seis agentes temporales de la Secretaría General, 41 agentes temporales de los grupos políticos y de la secretaría de los diputados no inscritos, así como 30 agentes contractuales, están afectados por la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea; entiende que su situación se está evaluando caso por caso; celebra la garantía del secretario general de que no se denegará la prórroga de ningún contrato aduciendo como único motivo el de la nacionalidad; pide al secretario general que sopese cuidadosamente el posible papel de los conflictos de intereses durante el delicado momento del posible período de transición y la posible salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea;
22. Acoge con satisfacción el apoyo del Servicio Jurídico del Parlamento en la elaboración de orientaciones dirigidas a los agentes financieros que se ocupan de cuestiones contractuales relacionadas con la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea y de redactar cláusulas que deben incluirse en los documentos de licitación y contratos relacionados con la decisión del Reino Unido salir de la Unión Europea;
23. Hace referencia al objetivo de reducción anual del personal en un 5 %, que en 2017 supuso para el Parlamento la eliminación de 60 puestos de su plantilla; recuerda que el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento y el Consejo sobre el presupuesto de 2016, que establecía un nuevo parámetro para la reducción de la plantilla del Parlamento y prolongaba su período de aplicación hasta 2019, ha mantenido la exención aplicable a los grupos políticos en relación con esta medida; lamenta, no obstante, que las autoridades presupuestarias impusieran un recorte adicional de 76 puestos de la administración del Parlamento en 2017 como compensación por un aumento de la plantilla de los grupos políticos; manifiesta su preocupación por que esta reducción significativa pueda tener efectos negativos en el rendimiento del Parlamento y acarrear una sobrecarga de trabajo para los funcionarios que aún están en funciones y una transferencia de responsabilidades a los despachos de los diputados;
24. Pide al secretario general y a todas las DG competentes que colaboren para elaborar un cuadro completo de las reducciones de plantilla realizadas desde 2014, incluido el traslado de personal de la administración a los grupos políticos y entre instituciones; subraya que esta práctica de rotación del personal plantea la cuestión de si las descripciones de los puestos resultan pertinentes; expresa su profunda preocupación por que una reducción excesiva de la plantilla impone una carga administrativa adicional a los diputados y a los asistentes parlamentarios acreditados, lo que redunda en detrimento de las actividades legislativas reales que se supone deben realizar los diputados y los asistentes parlamentarios acreditados;
25. Subraya que un entorno de trabajo sin papel y el uso adecuado de la tecnología digital, como la firma digital, la verificación en dos etapas y los expedientes electrónicos, también para la sesión plenaria, reducirían la carga administrativa a todas las partes implicadas y contribuirían a la consecución de los objetivos de reducción del uso de papel del Parlamento Europeo; llama la atención sobre la realidad que supone el entorno de las comisiones parlamentarias sin papel, donde realmente la impresión de toda la documentación se ha trasladado del secretariado de las comisiones a los despachos de los diputados;
26. Observa que en algunas misiones los reembolsos sufren demoras muy prolongadas; recomienda que se exploren soluciones de modo que se abonen en un plazo razonable;
27. Reitera su petición a la Conferencia de Presidentes y a la Mesa de que revisen la posibilidad de que los asistentes parlamentarios acreditados acompañen a los diputados a las delegaciones y misiones oficiales del Parlamento, en determinadas condiciones que deberán determinarse, tal como ya han solicitado varios diputados; pide al secretario general que investigue las consecuencias presupuestarias, y la organización y logística de estas misiones;
28. Reitera su preocupación por la presunta práctica por la que los diputados obligan a los asistentes parlamentarios acreditados a llevar a cabo misiones, en particular a Estrasburgo, sin órdenes de misión, sin gastos de misión o incluso sin gastos de viaje; opina que dicha práctica se presta a abusos: si los asistentes parlamentarios acreditados viajan sin una orden de misión no solo deben pagar los gastos con sus propios recursos, sino que tampoco están cubiertos por el seguro del lugar de trabajo; pide al secretario general que investigue esta presunta práctica y que realice un informe al respecto antes de fin de año;
29. Señala que las normas revisadas que rigen el pago de las contribuciones financieras destinadas a los grupos de visitantes patrocinados entraron en vigor el 1 de enero de 2017; pide al secretario general que publique sin demora la evaluación de estas normas; reitera su petición de que se elimine la posibilidad de nombrar a los asistentes parlamentarios acreditados como cabezas de grupo;
30. Pide que se revise el sistema para calcular el reembolso de los gastos de viaje de los grupos de visitantes patrocinados por diputados europeos con el fin, por una parte, de garantizar la igualdad de trato de todos los ciudadanos de la Unión y, por otra, de fomentar el uso de medios de transporte más ecológicos, ya que el actual sistema basado en el cálculo del kilometraje no tiene en cuenta ni el aislamiento o las barreras naturales de algunas zonas geográficas de la Unión ni cubre los costes de los viajes a lugares donde se dispone de medios de transporte más rápidos y ecológicos;
31. Observa que los trabajadores en prácticas empleados por los diputados tienen un contrato con estos que se rige por el Derecho privado, lo que no les da derecho a disfrutar de la misma posición en el Parlamento que otras categorías de su personal ni a que el Parlamento les conceda una beca (becas Schuman); lamenta que no exista un instrumento o marco jurídico en la Dirección General de Finanzas (DG FINS) que disponga un sistema de pagos anticipados directos a dichos trabajadores en prácticas antes de las misiones, como es el caso del resto del personal, sobre todo teniendo en cuenta que el desembolso por anticipado de estos gastos de su propio bolsillo les supone, en general, un esfuerzo económico al que difícilmente pueden hacer frente por razones obvias;
32. Señala que la Mesa examinó una propuesta del secretario general de mejora del actual marco jurídico relativo a los trabajadores en prácticas empleados por los diputados que actualmente carece de determinadas salvaguardias, como también pedían más de 140 diputados en apoyo de la campaña del intergrupo sobre Juventud en favor de unas prácticas justas; subraya que es la obligación de cada diputado proporcionar una remuneración adecuada a los trabajadores en prácticas, en consonancia con el marco jurídico; apoya a la Mesa en su esfuerzo por elaborar una propuesta global y equilibrada que garantice las prerrogativas de los diputados, así como una remuneración adecuada y garantías jurídicas integrales para los trabajadores en prácticas; pide a la Mesa que adopte rápidamente las nuevas normas, que deberían entrar en vigor a principios de la nueva legislatura; espera que se envíe una propuesta lo antes posible;
33. Señala que la indisponibilidad de los servicios informáticos en octubre de 2017 provocó considerables perturbaciones en las actividades parlamentarias; observa que, entretanto, se ha puesto en marcha un plan de acción para garantizar una mayor continuidad operativa; subraya la importancia de una respuesta rápida a las perturbaciones y la resolución de las mismas, en particular cuando obstaculizan o limitan completamente el trabajo legislativo;
34. Toma nota de la publicación de dos informes sobre el «coste de la no Europa» así como la finalización de dos «evaluaciones del valor añadido europeo», en 2017;
35. Toma nota de que, a raíz de la solicitud del secretario general, todas las DG del Parlamento elaboraron instrumentos de gestión para cumplir el principio de presupuestación basada en el rendimiento; observa que algunos de los objetivos cuantitativos existentes podrían ser difíciles de aplicar en las DG, que trabajan sobre la base temporal del ciclo político; pide al secretario general que tenga en cuenta este hecho al evaluar la presupuestación basada en los resultados en todas las DG, sin perder de vista el valor añadido;
36. Toma nota con satisfacción de que se han encontrado soluciones técnicas para los diputados que desean utilizar su página individual en el sitio web del Parlamento para informar sobre reuniones con representantes de intereses; observa, asimismo, que la Mesa está examinando la posibilidad de ampliar esta solución para garantizar que la información esté directamente disponible en el sitio web del Parlamento;
37. Pide a la administración del Parlamento que elabore un informe que ofrezca una visión global de los representantes de intereses y de las demás organizaciones a los que se dio acceso a los locales del Parlamento en 2017; pide que este informe se elabore anualmente para garantizar un nivel máximo de transparencia;
38. Pide a la administración del Parlamento que facilite un resumen de los altos cargos nombrados en 2017; anima al secretario general a que emprenda medidas adicionales para mejorar la transparencia y la equidad de los procedimientos de nombramiento en el Parlamento, teniendo en cuenta las constataciones y recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo en los asuntos acumulados 488/2018/KR y 514/2018/KR;
Dispersión geográfica del Parlamento — Sede única
39. Sigue lamentando profundamente que, a pesar de las peticiones reiteradas del Parlamento de establecer una sola sede y del hecho de que la ciudadanía de la Unión no entiende por qué el Parlamento reparte sus actividades entre dos sedes, hasta la fecha el Consejo Europeo ni siquiera ha comenzado a debatir cómo atender a las peticiones del Parlamento al respecto; recuerda el análisis del Tribunal en 2014, que estimó unos ahorros de 114 millones de euros en caso de que el Parlamento centralizara sus operaciones; recuerda la Resolución de 2013 del Parlamento(10), en la que se estimaba que los costes de la dispersión geográfica del Parlamento oscilaban entre los 156 y los 204 millones de euros anuales;
40. Toma nota, además, de la constatación que figura en su Resolución, de 20 de noviembre de 2013, sobre la fijación de las sedes de las instituciones de la Unión Europea(11), según la cual el 78 % de todas las misiones del personal estatutario del Parlamento son consecuencia directa de su dispersión geográfica; hace hincapié en que en el informe también se calcula que el impacto ambiental de la dispersión geográfica se sitúa entre 11 000 y 19 000 toneladas de emisiones de CO2; reitera la negativa imagen pública que provoca esta dispersión; pide nuevamente al Consejo que desarrolle una estrategia global para alcanzar un acuerdo en cuanto a una sede única del Parlamento;
41. Subraya firmemente que este gasto adicional es contrario al principio de buena gestión financiera y contraviene el principio de disciplina presupuestaria; reconoce que solo se puede lograr una sede única mediante una modificación del Tratado acordada por unanimidad; pide al Consejo y a la Comisión que aborden este cambio de los Tratados sin más demora, y considera que esta modificación de los Tratados beneficiará a los contribuyentes europeos, tanto en términos económicos como desde el punto de vista de la calidad del trabajo de los diputados; pide, por tanto, que se fije una única sede para el Parlamento Europeo en un plazo rápido y mediante acciones concretas, para no incurrir en nuevos derroches de dinero público; lamenta que, en una sola legislatura, el coste derivado de la dispersión geográfica del Parlamento pueda ascender a 1 000 millones de euros; manifiesta su oposición a los proyectos inmobiliarios plurianuales destinados a ampliar el espacio de oficinas disponible para los diputados en Estrasburgo;
42. Toma nota de los costes adicionales relacionados con los doce desplazamientos anuales a Estrasburgo, relativos a los gastos de viaje de los diputados, que pueden desglosarse del siguiente modo para 2017:
PROMEDIO/MES
Dieta de distancia
Dieta de tiempo
43. Hace hincapié, asimismo, en que el coste del tren chárter Thalys ascendió a nada menos que 3 668 532 EUR en 2017;
44. Observa que la creación de un instituto dedicado a la formación de los futuros diplomáticos europeos en el seno del Servicio Europeo de Acción Exterior podría ser un ejemplo de reconversión de los locales del Parlamento en Estrasburgo para acoger este instituto de diplomacia;
45. Señala que el indicador principal de la DG COMM en 2017 fue el número de horas de atención del que fue objeto el Parlamento a través de todos los canales de comunicación; observa con satisfacción que, más allá de la atención prestada, la DG COMM está desarrollando una metodología para medir la economía, la eficiencia y la eficacia de sus actividades en todos los canales de comunicación; pide al director general que incluya los resultados de su primer año de aplicación en su informe anual de actividades;
46. Toma nota de que los proyectos a largo plazo definidos en el Marco Estratégico de Ejecución/ Cartera de Proyectos Parlamentarios 2017-2019 se encuentran en distintas fases de realización pero que todos se esfuerzan por respetar el objetivo de «producir menos, comunicar mejor»;
47. Toma nota de los importantes cambios de carácter técnico y editorial que se están introduciendo en el sitio web público del Parlamento, en particular en lo que se refiere a la optimización de la referenciación del sitio; felicita a la DG COMM por estos avances, pero manifiesta su inquietud ante el ritmo de estos, que sigue siendo lento, en particular teniendo en cuenta las próximas elecciones europeas de 2019 y el creciente interés por el trabajo del Parlamento; hace hincapié en que las mejoras adicionales son de la máxima prioridad y pide que el proceso se acelere urgentemente; hace hincapié en que una página web transparente y accesible es fundamental para la participación ciudadana;
48. Destaca que resulta difícil encontrar los resultados de las votaciones del Parlamento en su sitio web y que VoteWatch, un sitio web comercial, es mucho más práctico ya que es más fácil encontrar los resultados de las votaciones; pide al secretario general que desarrolle un sistema más avanzado para el sitio web del Parlamento, registrando las votaciones nominales en las sesiones plenarias con opciones de búsqueda sencillas para consultar el comportamiento de voto de diputados individuales y para compararlo con el de otros diputados de su grupo y de otros grupos;
49. Señala que, en el ámbito de los medios de comunicación, en 2017 se llevaron a cabo numerosos proyectos y que la presencia del Parlamento en línea se ha consolidado aún más con la aplicación de un enfoque multiplataforma y con un nuevo portal del PE y una plataforma de noticias; constata, por otra parte, la importante mejora del uso por parte del Parlamento de los medios sociales de comunicación, así como de las acciones relativas al aumento del conocimiento, por parte de los jóvenes, de la acción de la Unión; toma nota, asimismo, de los esfuerzos significativos que se han realizado en relación con una estrategia global para los visitantes y, teniendo en cuenta a los jóvenes en particular, la aplicación del Programa Escuela Embajadora; subraya que el Centro Europeo de Medios Científicos debe desarrollarse en mayor medida y que se le debe conferir carácter plenamente operativo sin más dilación para permitir un incremento de la información basada en datos científicos;
50. Observa que en 2017 se organizaron en los Estados miembros 223 seminarios dirigidos a la prensa en los que participaron 3 076 periodistas; Acoge con satisfacción que, además, se invitó a 1 905 periodistas a participar en sesiones plenarias, seminarios para la prensa y conferencias de alto nivel organizados a nivel central; felicita a la DG COMM por la utilización de todos los canales de comunicación posibles para la difusión de la labor y los logros del Parlamento; anima a la DG a que preste la debida atención a la importancia de las redes sociales y a su potencial significativo y cada vez mayor para llegar a los ciudadanos;
51. Reconoce los esfuerzos de la DG COMM por llegar también a los ciudadanos que no se interesan automáticamente por el trabajo del Parlamento; anima al secretario general a que desarrolle una estrategia de comunicación verdaderamente interactiva que vaya más allá de grupos destinatarios como periodistas y estudiantes, y que incluya un «modo escucha» para recopilar y responder a posibles voces críticas;
52. Toma nota de la reorganización de la DG COMM, que incluye la creación de dos nuevas direcciones dedicadas, respectivamente, a la organización de campañas y a los visitantes, para garantizar el pleno cumplimiento de la estrategia con vistas a las elecciones europeas de 2019; pide a la DG COMM que continúe su trabajo sobre una estrategia global para contrarrestar las campañas de desinformación específicas destinadas a influir en las elecciones europeas de 2019; manifiesta su profunda preocupación por que la influencia extranjera pueda causar trastornos y socavar las elecciones mediante la difusión deliberada de información ilícita e influir así en el comportamiento electoral;
53. Señala que, en 2017, la Unidad de Solicitudes de Información de los Ciudadanos (AskEP) trató más de 9 200 consultas individuales y 42 900 consultas de campañas aparentemente coordinadas para enviar escritos sobre cuestiones de actualidad; propone que las respuestas del Parlamento se publiquen en su portal;
54. Acoge con satisfacción la apertura de la Casa de la Historia Europea en mayo de 2017 y el Parlamentarium Simone Veil en Estrasburgo en julio de 2017; observa que, entre mayo y diciembre, la Casa de la Historia Europea acogió a 99 344 visitantes; lamenta que su apertura se retrasara más de un año; expresa su preocupación por que 99 344 visitantes parecen pocos en relación con el importe de 4,4 millones de euros al que ascienden los costes de personal: 2,7 millones de euros en el caso del personal permanente y 1,7 millones de euros en el de agentes contractuales (incluido el coste de los agentes de seguridad); pide a la Mesa que lleve a cabo un análisis sobre los costes y beneficios;
55. Manifiesta su profunda preocupación por que, a pesar de todas las actividades organizadas por la DG COMM, los ciudadanos europeos siguen sintiendo que existe una falta de información sobre la Unión y sobre los logros y las labores del Parlamento; pide a la DG COMM que no ceje en su esfuerzo por generar ideas innovadoras para contrarrestar esta distancia entre la Unión y sus ciudadanos, y toma nota del innovador enfoque planteado para la campaña de comunicación institucional que se propuso con vistas a las elecciones europeas de 2019;
56. Pide a la DG COMM que vele por que, en vísperas de las elecciones europeas de 2019, los medios de comunicación públicos y privados difundan los puntos de vista de los diputados y de los grupos políticos del Parlamento en un modo que garantice la objetividad y el pluralismo;
57. Toma nota de la reforma de las oficinas de enlace del Parlamento, aprobada por la Mesa en noviembre de 2017, cuyo mandato revisado consiste en comunicarse con los ciudadanos, los medios de comunicación y las partes interesadas para llegar a los ciudadanos; pide a las oficinas de enlace que garanticen que los ciudadanos son conscientes del trabajo realizado por las instituciones europeas y que tienen constancia de la existencia de las oficinas de enlace;
58. Toma nota de las distintas partidas de gastos del ejercicio 2017, desglosadas del siguiente modo:
Actividades generales de comunicación
Gastos vinculados a actividades específicas
Costes totales de los edificios
59. Costes totales de los edificios desglosados como sigue:
Costes específicos de gestión de los edificios
Suministros y gastos de servicio
60. Toma nota del incremento de las actividades de comunicación realizadas por las oficinas de enlace en 2017, entre las que se incluyen relaciones diarias con los medios de comunicación regionales y locales, presencia selectiva en redes sociales y gestión de la comunidad local, celebración de actos locales, relaciones con autoridades locales, escuelas y partes interesadas; lamenta que partidas de gastos como los salarios y los costes de las misiones no se hayan comunicado en respuesta al cuestionario; toma nota de la información facilitada durante el procedimiento de aprobación de la gestión de 2016, según la cual los salarios pagados al personal de las oficinas de enlace del Parlamento ascendieron a 23 058 210 EUR y los costes de misión, a 1 383 843 EUR; parte de la base de que estos importes no han cambiado significativamente en el ejercicio 2017;
61. Reconoce la importancia de una comunicación eficaz en los Estados miembros, pero subraya la necesidad de una relación coste-eficacia y confía en que el mandato revisado contribuirá a ello; pide a todas las partes implicadas en la toma de decisiones que se esfuercen por aumentar el valor añadido, en particular en lo que se refiere a los gastos de funcionamiento;
62. Subraya la necesidad de modernizar la misión de las oficinas de enlace del Parlamento mediante la optimización del uso de nuevas tecnologías de comunicación, debido a que su tarea consiste en informar mejor a los ciudadanos;
63. Señala que el principal indicador de la DG PERS en 2017 fue el tiempo de realización; observa con satisfacción que se han afinado los objetivos y los métodos de recogida de datos con una evaluación general positiva de los resultados; toma nota con preocupación de que no se han alcanzado los objetivos de mejora de los procedimientos de contratación de asistentes parlamentarios acreditados y de admisión de niños en la guardería del Parlamento, pero las dificultades encontradas se resolvieron en 2018;
64. Destaca que el procedimiento de contratación de asistentes parlamentarios acreditados puede plantear problemas al principio de la próxima legislatura; pide, por tanto, al secretario general que en interés de los diputados y los asistentes, se pongan todos los medios, técnicos y de personal, necesarios con el fin de evitar problemas y retrasos, poniendo especial hincapié en evitar los problemas que se plantearon en 2009 y 2014;
65. Señala que el número de miembros del personal en el Parlamento en diciembre de 2017 ascendía a 9 682 agentes en activo, lo que incluye el personal permanente y temporal, los agentes contractuales y los asistentes parlamentarios acreditados (frente a 9 643 en 2016); recuerda que tras el acuerdo de conciliación sobre el presupuesto 2017 se suprimieron 136 puestos en total;
66. Está al corriente de la delicada situación de los asistentes parlamentarios acreditados que, pese a haber trabajado durante dos legislaturas sin interrupción, al no alcanzar los diez años de servicio necesarios debido al adelanto de las elecciones de 2014 y a los retrasos en las primeras contrataciones en 2009 con la entrada en vigor del estatuto, les faltarán entre uno y dos meses para tener derecho a acceder al régimen de derechos de pensiones europeo; toma nota con satisfacción de que la Mesa ha debatido la cuestión y está tratando junto con la DG PERS y los representantes de los asistentes parlamentarios acreditados hallar soluciones; ruega que estas soluciones eviten en la medida de lo posible un cambio del régimen de contratación que les haría perder los derechos adquiridos en su contratación en 2009;
67. Pide a la administración que, lo antes posible al inicio de la próxima legislatura, organice formaciones o publicaciones destinadas especialmente a los nuevos asistentes parlamentarios acreditados también en asuntos de carácter práctico y administrativo (órdenes de misión, revisiones médicas, acreditaciones, viñetas de aparcamiento, grupos de visita, exposiciones, etc.) con el fin de evitar errores sistemáticos que perjudican al buen desarrollo de los procedimientos administrativos que les afectan;
68. Reconoce que el Parlamento ha optado por la externalización de determinadas actividades, como la restauración o la limpieza, y que, como consecuencia, en determinadas DG el personal externo que trabaja en los locales del Parlamento puede superar en número a los funcionarios;
69. Observa, no obstante, que tales decisiones de externalización no sirven para explicar la contratación de todo el personal externo;
70. Muestra su preocupación por el impacto en el personal actual de los servicios de restauración del Parlamento de la puesta en marcha de la diversificación en este sector para la continuidad de su empleo; pide que se tomen las medidas oportunas para garantizar el mantenimiento del empleo del personal actual;
71. Señala que el servicio de conductores se internalizó en 2017 con el objetivo principal de aumentar la seguridad de los diputados; observa que ello ha permitido al Parlamento llevar a cabo controles de seguridad de los conductores antes de contratarlos, así como proporcionar una formación permanente a su personal y ejercer una supervisión continua del mismo; observa con satisfacción que en 2017 se contrató a 116 conductores y distribuidores; solicita que se envíe un resumen de los costes relativos a la internalización del servicio de conductores;
72. Apoya la labor de internalización del servicio de conductores y los progresos realizados hasta la fecha; observa que el procedimiento para la internalización del servicio de conductores propició un aumento cualitativo y cuantitativo de los servicios prestados a los diputados, así como una respuesta eficaz y eficiente a las situaciones de emergencia imprevistas o a los aumentos repentinos de la demanda;
73. Celebra la aplicación de un régimen de teletrabajo ocasional para la Secretaría General del Parlamento; apoya la realización de una encuesta sobre el primer año de aplicación del teletrabajo y pide que los resultados de la evaluación se comuniquen a los diputados y a todos los servicios parlamentarios; opina que si la evaluación es positiva se abra esta posibilidad a todo el personal, incluidos los asistentes parlamentarios acreditados y el personal que trabaja para los grupos políticos;
74. Acoge con satisfacción el hecho de que la promoción de la igualdad de oportunidades siga siendo un componente clave de la política de gestión de recursos humanos del Parlamento; lamenta profundamente que la hoja de ruta para la igualdad de género siga sin aplicarse plenamente, especialmente por lo que respecta a la representación de las mujeres en puestos directivos intermedios y superiores (40 %) de aquí a 2020;
75. Lamenta que el número de mujeres que ocupan puestos de nivel de director general haya descendido y pasado del 25 % (tres puestos) en 2016 al 17 % (dos puestos) en 2017; señala que la situación general no ha cambiado en comparación con 2006, año en el que el número de mujeres que ocupaban puestos de nivel de director general era de apenas el 11,1 %; destaca que el objetivo general para 2019 se fijó en el 30 % de mujeres que ocupan puestos de nivel de director general; lamenta, asimismo, que el número de mujeres directoras se haya mantenido estable entre 2006 (29,6 %) y 2017 (30 %, 14 puestos);
76. Destaca que el objetivo general para 2019 se fijó en el 35 % de mujeres que ocupan puestos de nivel de director; hace hincapié en que estas cifras se alejan mucho de la hoja de ruta para la igualdad de género y la diversidad; considera que esta tendencia va en contra de la hoja de ruta del Parlamento para la igualdad de género; exige al secretario general que informe inmediatamente a las Comisiones BUDG, CONT y FEMM de las razones por las que no se ha respetado la hoja de ruta; pide a la Mesa que aplique ella misma el aumento del porcentaje de mujeres en puestos directivos que el Parlamento solicita constantemente;
77. Acoge con satisfacción que el secretario general haya dado prioridad al nombramiento de mujeres como jefas de unidad, cuyo resultado ha sido que las cifras prácticamente se hayan duplicado, pasando de un 21 % en 2006 a cerca del 40 % en 2018;
78. Acoge con satisfacción la política de tolerancia cero del Parlamento ante el acoso sexual, adoptada en 2017; observa, asimismo, que se han puesto y siguen poniéndose en marcha varias iniciativas para hacer frente a las prácticas de acoso, en particular un plan de trabajo actualizado para la adaptación de las medidas preventivas y de ayuda rápida para tratar los conflictos y el acoso entre diputados y asistentes parlamentarios acreditados, becarios u otros miembros del personal, una auditoría externa de las prácticas y procedimientos internos del Parlamento, la creación de una red de asesores confidenciales y la organización de una audiencia pública con expertos en acoso en el lugar de trabajo; señala que los resultados de la auditoría externa estaban previstos para principios de noviembre de 2018 y pide que, una vez disponibles, se comuniquen sin demora; espera, por otro lado, que la hoja de ruta se aplique de manera plena y transparente de acuerdo con la resolución parlamentaria aprobada, comenzando o avanzando todo lo que sea posible antes de que termine la presente legislatura;
79. Señala que la DG INLO tenía en 2017 un nivel de créditos comprometidos por valor de 267 588 704 EUR, lo que corresponde a un aumento del 6 % en relación con 2016 (251 599 697 EUR); está al corriente de que el edificio Martens de Bruselas ha sido finalizado y sometido a una serie de obras de acondicionamiento y adaptación, de que la Casa de la Historia Europea ha abierto sus puertas y de que se adquirió el edificio Trèves I y se reconstruyeron y ampliaron otros dos emplazamientos; toma nota de que, en Luxemburgo, el proyecto KAD avanza, y de que, en Estrasburgo, se empezó a utilizar el edificio Havel en abril de 2017, seguido del Parlamentarium Simone Veil en julio del mismo año;
80. Observa que la Mesa ha aprobado la creación de una Casa de Europa en varias oficinas de enlace, decisión que se irá aplicando a lo largo de los próximos años; pide al secretario general que vele por que las nuevas ubicaciones para las oficinas de enlace se seleccionen a partir de análisis de costes-beneficios detallados y lamenta que en determinadas ciudades, como es el caso de París, se eligiesen ubicaciones en las calles más caras sin una justificación adecuada; pide que el informe anual de actividades de la DG presente información detallada sobre el progreso de las obras; pide al secretario general que presente a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Control Presupuestario los distintos proyectos aprobados por la Mesa, su justificación y sus presupuestos antes de las próximas elecciones europeas;
81. Toma nota de la importante infraestructura del Parlamento, que puede desglosarse del siguiente modo:
82. Recuerda que la mayoría de los edificios del Parlamento no se diseñaron ni construyeron teniendo en cuenta los requisitos de los Eurocódigos para la integridad estructural, ya que dichas normas no existían en el momento de su construcción; reconoce que ello implica que la política inmobiliaria irá alejándose gradualmente de la adquisición para orientarse hacia la renovación y el mantenimiento;
83. Recuerda la declaración del Parlamento Europeo sobre el papel ejemplarizante de sus edificios en el contexto de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE («Directiva sobre eficiencia energética») para que sus edificios cumplan los niveles más elevados de eficiencia energética(12); pide que se elabore una estrategia de renovación en profundidad coherente y a largo plazo para todos los edificios del Parlamento y que se incluyan especificaciones normalizadas sobre la extracción de materiales de construcción reutilizables en los contratos para la renovación de edificios;
84. Destaca que la Mesa dio instrucciones al secretario general para que encargara a la DG INLO organizar un concurso de arquitectura para el reacondicionamiento del edificio Paul-Henri Spaak teniendo en cuenta únicamente las opciones B (actualización técnica) y C (rediseño del edificio) seleccionadas; señala que los resultados del proceso se conocerán en 2019; pide al secretario general que desarrolle un plan integral sobre las garantías que se incorporarán para prevenir los costes que excedan de las estimaciones y para garantizar que los contratos prevean que el Parlamento no asumirá el riesgo de ninguno de estos contratiempos; pide al secretario general, asimismo, que facilite al Parlamento un plan claro que incluya los costes indirectos asociados a cada una de las hipótesis de trabajo, en particular, cuando parte de las actividades tenga que desarrollarse en otro lugar durante el proceso de renovación y construcción, y que especifique las opciones para abordar los riesgos de seguridad sin tener que construir un edificio totalmente nuevo;
85. Lamenta que en 2017 se comprometieran 75 000 euros para la instalación piloto de modelos innovadores de mobiliario y equipo de oficinas para los diputados; constata con pesar que la renovación de las oficinas de los diputados y los pasillos en el edificio Louise Weiss, el único edificio del Parlamento en el que se realizaron obras en 2016 y 2017, ascendió en total a nada menos que 1 1157 975 EUR, lo que representa un aumento considerable con respecto al año anterior (840 260 EUR en 2016);
86. Reitera su profundo pesar por la decisión de cambiar los muebles de los despachos de los diputados y sus asistentes en Bruselas; toma nota de que la mayoría de estos muebles son perfectamente utilizables y presentables y que, por consiguiente, no existe razón alguna para cambiarlos; considera que unas meras comunicaciones de algunos diputados —y no una encuesta general— no son por sí mismas una justificación suficiente para el cambio, y que los argumentos de la administración sobre cuestiones de gusto, moda o antigüedad son asimismo insuficientes; hace hincapié en que un mueble solo debe sustituirse cuando haya señales manifiestas de deterioro, un fuerte desgaste o un riesgo para la salud en el lugar de trabajo de carácter específico o general (como la posible producción de sillas o escritorios de oficina más ergonómicos);
87. Pide al secretario general que informe a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Control Presupuestario antes de finales de abril de 2019 cómo y en qué plazo va a acometer el acondicionamiento (nueva distribución) de los despachos de los diputados y de sus asistentes tanto en Bruselas como en Estrasburgo, así como el coste de las obras previstas;
88. Insiste en la importancia de que cualquier cambio en el mobiliario de los despachos de los diputados tiene que estar debidamente justificado y explicado a los diputados que tendrán la opción de adoptar o no dichos cambios;
89. Toma nota de las constataciones del Tribunal en relación con la gestión inmobiliaria de las instituciones de la Unión y señala que el Parlamento utiliza el 55 % para oficinas y el 45 % para salas de reuniones y otros usos; observa que el Parlamento es propietario del 84 % de sus edificios y subraya que este porcentaje aumentará cuando se termine el edificio KAD en Luxemburgo;
90. Muestra gran preocupación por el hecho de que la fecha inicial prevista para la entrega del edificio KAD II era 2013 pero los cálculos actuales apuntan a finales de 2019 en el caso del emplazamiento este de las obras y 2022 para las obras del emplazamiento oeste; hace hincapié en que este retraso considerable es fruto de la falta de experiencia del promotor y del fracaso de la primera licitación de las obras de construcción; se muestra consternado por que el consiguiente incremento de la necesidad de arrendamiento se tradujo en unos costes adicionales de 14,4 millones de euros por año, es decir, 86 millones de euros en todo el período de seis años;
91. Observa que el presupuesto estimado original de 317,5 millones de euros se revisó al alza en 2009 hasta los 363 millones de euros (precios de 2005) debido a cambios de concepto; se muestra muy preocupado por que el proyecto aún no haya sido finalizado, aunque se prevea que esté listo a finales de 2019, y, por tanto, se desconozca el coste final, a pesar de que el Parlamento pretende mantener los costes dentro del presupuesto actual de 432 millones de euros (precios de 2012); señala que está previsto que el edificio se complete con seis años de retraso y 115 millones de euros fuera del presupuesto; pide que se le facilite el informe de situación sobre la finalización del edificio KAD II a más tardar el 30 de junio de 2019;
92. Muestra su preocupación por el aumento del 8 % en el índice de precios de las obras de construcción entre 2012 y 2017, lo que podría incrementar aún más los costes de construcción;
93. Destaca la aplicación de la hoja de ruta de la movilidad electrónica, con vistas a la diversificación, la ecologización y la electrificación de la flota; recuerda la Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2016, sometida a votación en abril de 2018, en la que se indica que la Mesa no debe limitarse a los vehículos eléctricos como solución más respetuosa con el medio ambiente, puesto que existen dudas en torno a su producción (incluida la disponibilidad suficiente de los recursos necesarios) y a la eliminación de las baterías al fin de su ciclo de vida; sigue lamentando que no se informase a los diputados sobre un análisis en materia de combustibles alternativos como los biocombustibles, los combustibles sintéticos o las pilas de hidrógeno; subraya que una diversificación de la flota de vehículos respetuosos con el medio ambiente disminuiría la dependencia de un proveedor y podría contrarrestar una posible escasez de suministro futura;
94. Manifiesta su preocupación por la gran cantidad de plásticos de un solo uso y residuos de plásticos que generan los comedores y cafeterías del Parlamento e insta a la administración a que elimine explícitamente la posibilidad de ofrecer productos envueltos en plástico y de plástico de un solo uso en la próxima licitación de los servicios de restauración;
95. Observa la diferencia en la calidad entre distintos comedores administrados por el mismo proveedor de servicios; opina que este aspecto requiere un seguimiento más estrecho y pide, por lo tanto, que se realice una encuesta sobre la satisfacción de los usuarios; celebra que los servicios de restauración en Estrasburgo han empezado ya a facilitar comida adaptada para el personal con problemas de tolerancia al gluten, pide que esta oferta se consolide, y sea adoptada y se generalice lo antes posible por los proveedores de los otros lugares de trabajo;
96. Toma nota de que los becarios tienen descuentos de 0,50 EUR en los platos principales en todos los restaurantes de autoservicio en Bruselas y Luxemburgo y de 0,90 EUR en Estrasburgo; considera, sin embargo, que teniendo en cuenta el nivel medio de las remuneraciones percibidas por los mismos y el alto precio aplicado en los tres últimos años, dichos descuentos no son suficientes para que tengan una incidencia mínimamente significativa en las economías de los becarios; reitera una vez más al secretario general que se les aplique una reducción de precios consecuente con sus ingresos;
97. Acoge con satisfacción la creación en 2017 de la Unidad de Verificación Ex Ante y Coordinación de la Contratación Pública y de un servicio de contratación pública en cada dirección; pide que en el informe anual de actividades se dedique una sección específica a las actividades de la nueva unidad;
Dirección General de Interpretación y Conferencias, convertida en Dirección General de Logística e Interpretación de Conferencias
98. Observa que el promedio total de horas semanales que pasaron los funcionarios intérpretes prestando servicios de interpretación en sus cabinas aumentó hasta las 14 horas en 2017; acoge con satisfacción este aumento en comparación con las 13 horas y 25 minutos dedicadas a prestar servicios de interpretación en cabina en 2016; lamenta que el cambio de las pautas de trabajo, iniciado con el nuevo Estatuto, diese lugar a una huelga que provocó perturbaciones en la prestación de los servicios de interpretación a los diputados; elogia la labor realizada para mantener los servicios de interpretación básicos con el fin de proseguir el trabajo legislativo;
99. Condena enérgicamente el agravamiento de las tensiones, que culminó en una interrupción de 45 minutos de los trabajos de la sesión plenaria en Estrasburgo, así como la ausencia de esfuerzos perceptibles para reducir la tensión; celebra el acuerdo propuesto por el secretario general, que ha llevado al restablecimiento de los servicios regulares de interpretación;
100. Observa que la aplicación de la Estrategia para la modernización de la gestión de conferencias en el Parlamento ha dado lugar a la transferencia de la Unidad de Ujieres de Conferencia y a la creación de una nueva Dirección de Organización de Conferencias en la DG; pide que en el informe anual de actividades se dedique una sección específica a la nueva unidad, que incluya una evaluación de las actividades con indicadores de rendimiento concluyentes, además de las actividades regulares de la DG;
101. Toma nota de que el secretario general decidió transferir varias funciones relativas a los servicios prestados a los asistentes parlamentarios acreditados y el Servicio de Formación Profesional de los Diputados de la DG FINS a la DG PERS; lamenta que estas transferencias no fueran suficientes para superar el impacto negativo que la reducción de personal de 2017 tuvo en la DG FINS; pide que se simplifiquen los reembolsos de los gastos de viaje de los diputados, el personal y los asistentes parlamentarios acreditados, aprovechando sistemas como la función de firma electrónica y la verificación en dos fases; reconoce que las verificaciones son necesarias, pero subraya que pueden realizarse de una manera más eficiente y sin papel;
102. Recomienda que se revisen exhaustivamente las normas internas por las que se rigen las misiones y desplazamientos de los funcionarios y otros agentes del Parlamento Europeo, así como las medidas de aplicación del título VII del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, en particular con vistas a armonizar el trato de los asistentes parlamentarios acreditados con el de los funcionarios;
103. Toma nota de que el nuevo servicio de viajes del Parlamento, con el que este ya había trabajado, empezará a funcionar el 1 de enero de 2019; celebra que el nuevo contrato incluya condiciones más estrictas, en particular con respecto a los precios de los billetes y a la disponibilidad permanente del centro de atención telefónica del servicio de viajes, incluidos los fines de semana; subraya de nuevo la importancia de un mecanismo de quejas sencillo y fácil de utilizar a fin de señalar rápidamente las deficiencias, que permita la resolución rápida de cualquier problema; destaca que es necesario prestar atención a los requisitos específicos de los diputados y a su necesidad de servicios a medida;
104. Anima a la nueva agencia de viajes a que se esfuerce por conseguir los precios más competitivos para los viajes de trabajo del Parlamento;
105. Pide una simplificación de los procedimientos para la contratación de personal y el reembolso de los gastos de misión y de viaje de los asistentes locales; lamenta que estos procedimientos sean, a menudo, complejos y prolongados, lo que ocasiona demoras importantes; pide a la DG FINS que aborde este tema de manera prioritaria;
106. Observa que los pagadores delegados con los que trabajan los diputados en sus países de elección no están suficientemente familiarizados con los procedimientos internos del Parlamento; señala que la complejidad de estas normas les lleva a menudo a cometer errores que perjudican a los diputados; considera que debería desarrollarse un vademécum o impartir una formación para los pagadores delegados;
107. Toma nota de las actividades de la Mesa en relación con las dietas para gastos generales, en particular la creación de un grupo de trabajo ad hoc para definir y publicar las normas que rigen el uso de estas dietas; lamenta, no obstante, que la única decisión adoptada por la Mesa se refiera a una lista no exhaustiva de gastos subvencionables; observa además que el grupo de trabajo de la Mesa solo pudo ponerse de acuerdo sobre la necesidad de que cada diputado disponga de una cuenta bancaria independiente para los fondos recibidos en concepto de dietas para gastos generales; toma nota de la decisión de la Mesa de aplicar las modificaciones acordadas en relación con las dietas para gastos generales solo después de las elecciones de 2019; pide que los diputados presenten informes completos de tales gastos; señala que en anteriores resoluciones de aprobación de la gestión se abogaba por:
– la necesidad de definir, ampliar y publicar las normas relativas al uso de las dietas para gastos generales (lo que exige, entre otras cosas, una lista exhaustiva de gastos subvencionables);
– que los diputados conserven todos los recibos relacionados con las dietas para gastos generales;
– que los diputados devuelvan la parte no gastada de las dietas para gastos generales al término de su mandato;
108. Recuerda que, el 23 de octubre de 1997, el Parlamento pidió a su Mesa que solicitara al Tribunal de Cuentas que investigara el régimen voluntario de pensiones del Parlamento, lo cual dio lugar a la emisión del dictamen del Tribunal de Cuentas n.º 5/99 relativo al fondo y régimen de pensiones de los diputados al Parlamento Europeo; pide a la Mesa que solicite al Tribunal de Cuentas que elabore un nuevo dictamen sobre el fondo y régimen de pensiones en 2019;
109. Recuerda que, en una nota a la Mesa, de 8 de marzo de 2018, el secretario general del Parlamento reconoció que el fondo de pensiones vinculado al régimen voluntario de pensiones de los diputados «habrá agotado su capital mucho antes de que concluyan las obligaciones en materia de pensiones y, posiblemente, ya en 2024»; insta, por tanto, al secretario general y a la Mesa, respetando al mismo tiempo plenamente el Estatuto de los diputados, a que establezcan urgentemente un plan claro para que el Parlamento asuma sus obligaciones y responsabilidades en lo relativo al régimen voluntario de pensiones de los diputados inmediatamente después de las elecciones de 2019;
110. Toma nota de que el déficit actuarial estimado del régimen voluntario de pensiones fue de 305,4 millones de euros a finales de 2017; toma nota, además, de que, a finales de 2017, el importe de los activos netos que debían tenerse en cuenta y el compromiso actuarial ascendían a 137 millones de euros y 442,4 millones de euros, respectivamente; observa, habida cuenta de la situación, que los activos apenas cubren el 30 % de los compromisos del régimen voluntario de pensiones;
111. Recuerda que estos pasivos futuros previstos se reparten en varias décadas pero exceden de los activos disponibles actualmente y toma nota de que el importe total abonado en 2017 por el fondo voluntario de pensiones asciende a 17,2 millones de euros; observa que a finales de 2017 el fondo contaba con 661 pensionistas y 99 dependientes;
112. Observa que esto suscita preocupación por el probable agotamiento temprano del fondo, ya que este ha vendido activos inmovilizados durante varios años para cumplir sus obligaciones de pago ante los pensionistas porque los ingresos del fondo no bastan para cubrir el incremento de los pagos de las pensiones; recuerda que las provisiones para pensiones y obligaciones similares se han calculado a partir de una rentabilidad anual del 6,5 %, insostenible ya desde un principio;
113. Acoge con satisfacción las propuestas del secretario general y el acuerdo de que este volverá a examinar la situación en 2020 para valorar si las medidas han reducido el déficit actuarial lo suficiente; se congratula de que el secretario general haya consultado al Servicio Jurídico;
114. Observa que, a raíz de la propuesta del secretario general de 10 de diciembre de 2018, la Mesa adoptó dos modificaciones de las normas que regulan el régimen voluntario de pensiones que respaldan el aumento de la edad de jubilación de los 63 a los 65 años y la introducción de una exacción del 5 % sobre los pagos de las pensiones para los futuros pensionistas; pide al secretario general que vele por que la Mesa adopte sin demora todas las medidas posibles desde el punto de vista jurídico para mejorar la sostenibilidad del fondo y evitar su insolvencia prematura; pide al secretario general que vele por que la Mesa adopte una decisión antes de finalizar la legislatura en curso;
115. Pide al secretario general que investigue la base jurídica y las posibles ramificaciones del fondo voluntario de pensiones y, en particular, si el Parlamento Europeo es sostenible jurídica y financieramente en cuanto garante, ya que el fondo voluntario de pensiones es un fondo de inversiones luxemburgués en lugar de un fondo de pensiones ordinario; destaca que esta investigación debería realizarla un tercero independiente;
116. Pide al secretario general y a la Mesa que exploten todas las vías posibles para reducir al mínimo la responsabilidad del Parlamento, puesto que está en juego el dinero de los contribuyentes; recuerda que el fondo se creó en 1990 para ofrecer un régimen de pensiones adicional a los diputados con carácter voluntario; recuerda que antes de la introducción del Estatuto de los diputados en 2009, los diputados ya podían optar a recibir una pensión equivalente a la de sus homólogos en los Parlamentos nacionales, salvo los diputados italianos, franceses y luxemburgueses, que por ello podían contribuir a un régimen especial de pensiones del Parlamento Europeo creado en 1981 para atender exclusivamente a las necesidades de estas tres nacionalidades; recuerda, por consiguiente, que el fondo voluntario de pensiones siempre ha constituido una pensión meramente complementaria;
117. Señala que dos tercios de la contribución mensual de los diputados al fondo voluntario de pensiones, que en 2006 ascendía a 2 236 EUR, ya eran desembolsados con cargo al presupuesto del Parlamento para cada miembro del fondo; recuerda que con solo dos años de contribución al fondo se genera un derecho de pensión vitalicita una vez alcanzada la edad de jubilación; señala que la pensión más elevada que se pagó en 2018 desde el fondo voluntario de pensiones ascendió a 6 262 EUR y que el importe medio de las pensiones era de 1 934 EUR; toma nota de que actualmente (a fecha de octubre de 2018) 71 diputados en activo forman parte del fondo voluntario de pensiones; apela a la conciencia ética y económica y al sentido común del consejo de administración, la Mesa y los miembros del fondo para que apoyen todas las medidas destinadas a limitar el déficit del fondo;
118. Señala que el indicador principal de la DG ITEC en 2017 fue su capacidad de respuesta a las demandas de los usuarios y socios en todos los ámbitos de actividad de forma oportuna y eficiente; observa que, en términos generales, los resultados relativos a la proximidad de la asistencia, el servicio de recepción informático y el servicio de asistencia telefónica son satisfactorios, pero es necesario un esfuerzo adicional por lo que respecta al servicio de acceso a distancia seguro, que es el segundo aspecto más importante para los usuarios; subraya que la capacidad de respuesta no equivale a una resolución rápida de los problemas; señala que los problemas relacionados con sistemas informáticos como AT4AM deben clasificarse como «prioridad 1», si todavía no es el caso;
119. Recuerda que un pilar estratégico fundamental para el Parlamento en un mundo de comunicaciones abiertas es el refuerzo de la seguridad de las TIC, sin obstaculizar por ello el trabajo parlamentario de los diputados, el personal y los asistentes parlamentarios acreditados con normas y requisitos aparentemente arbitrarios; subraya que las medidas de seguridad deben ajustarse para abarcar todos los sistemas operativos (tanto iOS como Windows), sin obstaculizar el trabajo de ninguno; subraya que la DG ITEC debe tener en cuenta el mayor uso de iOS y que todos los servicios remotos para dispositivos de Windows deben adaptarse a iOS sin más demora; acoge con satisfacción, a este respecto, la creación de la Unidad de Seguridad de las TIC en enero de 2017; lamenta la escasez de expertos de alto nivel en ciberseguridad interesados en trabajar para la administración del Parlamento, debido principalmente a la competitividad del mercado;
120. Acoge con satisfacción los dos nuevos proyectos iniciados en 2017 «From tablet to hybrid» y «Mainstreaming innovation», que reforzarán el entorno de trabajo innovador y digital del Parlamento; pide que se planifique y se imparta pronto una formación en materia de seguridad informática para los diputados, los asistentes parlamentarios acreditados y el personal, centrada en sus respectivas necesidades;
121. Pide a todas las DG pertinentes que implanten un entorno de trabajo sin papel recurriendo a todos los servicios digitales, como la firma electrónica y las verificaciones en dos fases; subraya que los formularios electrónicos solo ahorran tiempo y recursos cuando no tienen que imprimirse, firmarse y enviarse a otra oficina o incluso a otro país, como ocurre con los formularios de reembolso de las misiones;
122. Subraya los costes, las emisiones y los problemas de salud y seguridad que plantean las cajas de transporte de Estrasburgo («contenedores») y sugiere que se retiren inmediatamente a la luz de las soluciones informáticas disponibles, como la impresión bajo demanda, enfoques sistemáticos como las oficinas sin papel, y equipos informáticos como las tabletas y los ordenadores portátiles;
123. Destaca la conclusión de la Mesa de que es necesario un planteamiento integrado en materia de seguridad para garantizar una coordinación óptima de todos los servicios pertinentes a la hora de responder a las emergencias, lo cual hace que la estrecha cooperación entre la DG ITEC y la Dirección General de Seguridad y Protección (DG SAFE) revista la máxima importancia; anima a las DG a que planifiquen actividades comunes a medio y largo plazo;
124. Invita a la Mesa, en cooperación con DG ITEC, a proponer medidas de mitigación del riesgo que garanticen el funcionamiento correcto del trabajo parlamentario en caso de que se produzcan daños o apagones en el sistema; subraya la importancia de una lista de servicios prioritarios con la que se determine el orden en que se deben restablecer los servicios a la mayor brevedad posible de modo que un servicio reducido siga funcionando en caso de ciberataque; pide a la Mesa que desarrolle un plan de contingencia para apagones prolongados del sistema; recomienda que los centros de datos diversifiquen las sedes donde se ubican sus servidores para mejorar la seguridad y la continuidad de los sistemas informáticos del Parlamento;
125. Reitera la petición de que se cree un sistema de alerta rápida de emergencia que permita a la DG ITEC, en colaboración con la DG SAFE, enviar comunicaciones urgentes por SMS a los diputados y miembros del personal que quieran formar parte de una lista de distribución que se utilice en situaciones de emergencia concretas;
126. Acoge con satisfacción los avances significativos realizados en 2017 para reforzar la seguridad y la protección del Parlamento; observa que se han establecido perímetros en torno a los edificios de Estrasburgo y Bruselas, que las autoridades belgas someten a un examen de seguridad a todos los empleados de empresas externas que trabajan en el Parlamento y que se ha puesto en marcha un proyecto interinstitucional de almacén común con el Consejo y la Comisión; acoge con satisfacción la iniciativa de un almacén común para permitir una realización adecuada de exploraciones de seguridad e inspecciones de objetos antes de su llegada a los edificios del Parlamento;
127. Recuerda que su apertura al público es una seña de identidad del Parlamento y que conviene preservar un equilibrio adecuado con las mejoras necesarias en materia de seguridad;
128. Reconoce que los ejercicios de seguridad, como la evacuación del hemiciclo de Estrasburgo en 2018, son necesarios para prepararse adecuadamente con vistas a las emergencias; subraya la necesidad de adoptar un enfoque claro sobre la base de la experiencia adquirida para evitar situaciones que pueden resultar peligrosas, como el hecho de que los diputados, el personal y los asistentes parlamentarios acreditados pasen sus tarjetas de acceso por el lector durante una evacuación;
129. Pide al personal de seguridad de la DG SAFE que, en caso de evacuación, compruebe cuidadosamente el edificio completo del que son responsables, que garantice que ha sido evacuado y que ofrezca asistencia a personas con deficiencias auditivas o de otro tipo, cuando deba procederse a la evacuación; subraya que cuando se trata de seguridad y de emergencias, no se debe dispensar un trato privilegiado a los diputados ni hacer distinciones entre las distintas categorías de personal del Parlamento;
130. Observa la falta de comunicación en situaciones de emergencia como la que tuvo lugar en el hemiciclo de Estrasburgo en diciembre de 2018; constata que los procedimientos se pueden y se deben mejorar; pide que en casos de emergencia se apliquen las reglas de seguridad vigentes lo más rigurosamente posible para evitar que en caso de futuras emergencias se vuelvan a repetir situaciones de incertidumbre;
131. Pide que se aclare que todo el personal que ocupa un puesto directivo en la Dirección General de Seguridad y Protección ha superado un procedimiento de habilitación de seguridad;
132. Reconoce que la denuncia de irregularidades es fundamental para prevenir las actividades ilícitas y las irregularidades; observa que en 2017 no se registraron casos de denunciantes de irregularidades parlamentarios y que, de los tres registrados en 2016, todos ellos eran asistentes parlamentarios acreditados y fueron despedidos por sus respectivos diputados al Parlamento Europeo; cree que, a ojos de las personas que desean comunicar irregularidades, es posible que, en general, el Parlamento no inspire confianza en su personal ni conceda, en particular, la protección jurídica preceptiva a los asistentes parlamentarios acreditados; pide al secretario general que ponga remedio inmediatamente a esta situación;
133. Resalta la posición vulnerable en que se encuentran los asistentes parlamentarios acreditados y el personal en prácticas empleados por los diputados en cuanto a las normas internas de protección de los denunciantes de irregularidades; toma nota con gran consternación del reconocimiento por parte del secretario general de que las normas relativas a los denunciantes de irregularidades son aplicables a los asistentes parlamentarios acreditados, pero que el Parlamento no puede ofrecer la protección del empleo; insta al secretario general a que aplique a los asistentes parlamentarios acreditados que denuncien irregularidades soluciones comparables a las de los asistentes víctimas de acoso, como la transferencia del puesto y el pago del sueldo hasta el fin de su contrato; insta al secretario general a que resuelva esta situación inmediatamente y dé cumplimiento a las obligaciones jurídicas del Parlamento en virtud del Estatuto de los funcionarios de proteger a los denunciantes de irregularidades para todas las categorías del personal de la Unión;
134. Acoge con satisfacción la contribución positiva del Parlamento al desarrollo sostenible mediante su función política y su papel en los procedimientos legislativos; es consciente de su propio impacto ambiental, que la institución monitoriza y mejora constantemente a través de la certificación del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y su política ambiental;
135. Acoge con satisfacción, en el contexto de la política energética y climática de la Unión para 2030 y en adelante, las medidas adicionales para compensar emisiones inevitables; pide al Parlamento que desarrolle más políticas de compensación para las emisiones de CO2;
136. Alaba el compromiso del Parlamento con la contratación pública ecológica; observa que, en 2017, el 40,71 % de los contratos fueron clasificados como ecológicos, el 10,96 %, como poco ecológicos, y el 48,33 %, como no ecológicos; anima al Parlamento a que siga aumentando en términos porcentuales su compromiso con la contratación pública ecológica;
137. Acoge con satisfacción el proyecto piloto de escúteres eléctricos para los desplazamientos de trabajo entre los edificios de las instituciones de la Unión, pero también para los desplazamientos entre el domicilio y el trabajo; observa, no obstante, que el rendimiento de los vehículos es menor de lo esperado; anima al Parlamento a asegurarse de que el contratista mejorará las capacidades de los vehículos, en particular por lo que respecta a la batería;
138. Acoge con satisfacción, en el contexto de la política energética y climática de la Unión para 2030 y más allá, las medidas adicionales para reducir las emisiones y compensar las emisiones inevitables a fin de ser una institución totalmente neutra en carbono; pide al Parlamento Europeo que predique con el ejemplo y desarrolle políticas adicionales de compensación de las emisiones de CO2 para sus edificios;
139. Recuerda que el Reglamento Financiero y sus normas de desarrollo(13) establecen la información que debe facilitarse a la Autoridad Presupuestaria y al público en relación con la adjudicación de contratos por parte de la institución; señala que el Reglamento Financiero exige la publicación de los contratos adjudicados por un valor superior a 15 000 EUR, valor que se corresponde con el umbral por encima del cual se debe llevar a cabo obligatoriamente una licitación;
140. Observa que, de un total de 224 contratos adjudicados en 2017, 79 se basaban en procedimientos abiertos o restringidos, por un valor de 517 millones de euros, y 145 en procedimientos negociados, por un valor total de 70 millones de euros; constata que el número total de contratos adjudicados mediante procedimientos negociados disminuyó ligeramente en términos de valor como porcentaje del valor total de los contratos adjudicados, pasando del 14 % en 2016 al 12 % en 2017, aunque en términos de volumen se produjo un aumento de casi el 10 % entre 2016 y 2017 (70,5 millones de euros en 2017 frente a 64,28 millones de euros en 2016);
141. Toma nota del siguiente desglose de los contratos adjudicados en 2017 y en 2016 por tipo de contrato, incluidos los contratos inmobiliarios:
(Informe anual sobre los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo, 2017, p. 6).
142. Constata el siguiente desglose de los contratos adjudicados en 2017 y 2016 por tipo de procedimiento utilizado, por lo que respecta al número y al valor:
587070184
501542793
(Informe anual sobre los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo, 2017, p. 8).
143. Observa que en 2017 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 0, asignados a los grupos políticos y los diputados no inscritos, se utilizaron como sigue:
144. Celebra que el auditor externo independiente para los grupos políticos emitiera únicamente dictámenes sin reservas; destaca que se trata de una evolución positiva en contraste con el procedimiento de aprobación de la gestión del Parlamento del ejercicio 2016, en el que el auditor externo independiente emitió un dictamen de auditoría con reservas en el caso de un grupo político;
145. Observa que en 2016 se creó la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, con la misión de evaluar las solicitudes de registro, registrar nuevos partidos y fundaciones de la Unión, supervisar su financiación e imponer sanciones en caso de incumplimiento de sus obligaciones; indica que empezó a ser plenamente operativa en 2017;
146. Señala que, en 2017, dicha Autoridad carecía de recursos, en particular recursos humanos, para llevar a cabo las tareas que se le habían encomendado; apunta que la Comisión, el Consejo y el Parlamento acordaron aportar recursos adicionales para la Autoridad en el presupuesto de 2019; subraya que se deberían haber proporcionado recursos humanos adecuados desde el principio, habida cuenta de la importancia del trabajo de la Autoridad;
147. Muestra su preocupación por el hecho de que, en siete casos, la Mesa se vio obligada a optar por introducir medidas de mitigación de riesgos a fin de proteger los intereses financieros de la Unión a causa de inestabilidad financiera y administrativa o sospecha de irregularidades graves, o de un procedimiento en curso relativo al incumplimiento de los principios en que se sustenta la Unión;
148. Observa que en 2017 los créditos consignados en la partida presupuestaria 4 0 2 se utilizaron como sigue(16):
Subvención del Parlamento
Total de los ingresos(17)
Subvención del PE en porcentaje del gasto admisible (85 % como máximo)
Europa de las Libertades
Coalición por la Vida y la Familia
149. Observa que en 2017 los créditos consignados en la partida presupuestaria 4 0 3 se utilizaron como sigue(18):
Afiliada alpartido
Votación nominal de la enmienda 88
DO C 411 de 13.11.2018, p. 1.
DO L 193 de 30.7.2018, p.1.
DO C 436 de 24.11.2016, p. 2.
Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
Incluidas las concesiones adjudicadas en 2016 en ausencia de marco jurídico.

References: artículo 287
 artículo 22
 artículo 262
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