Source: https://es.scribd.com/document/2847301/REGIMEN-DE-PARTICIPACION-EN-LOS-GANANCIALES-2
Timestamp: 2017-11-21 18:01:12+00:00

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REGIMEN DE PARTICIPACION EN LOS GANANCIALES[2]
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Descripción: apuntes
REGIMEN DE PARTICIPACION EN LOS GANANCIALES La Ley número 19.
335, publicada en el Diario Oficial de fecha 23 de septiembre de 1994, y que entró en vigencia respecto a la materia que analizaremos el 24 de diciembre del mismo año, incorporó en nuestro Derecho de Familia un nuevo régimen patrimonial matrimonial, alternativo al de sociedad conyugal, denominado régimen de participación en los gananciales. Se encuentra normado en los artículos 1792-1 a 1792-27 del Código Civil. I.- Definición. Pablo Rodríguez Grez, lo define como “aquel en el cual ambos cónyuges conservan la facultad de administrar sus bienes, sin otras restricciones que aquellas consagradas expresamente en la ley, debiendo, al momento de su extinción, compensarse las utilidades que cada uno obtuvo a título oneroso, configurándose un crédito en numerario a favor de aquel que obtuvo menos gananciales, de modo que ambos participen por mitades en el excedente líquido.”1 En términos más sucintos, se define también como una combinación del régimen de sociedad conyugal y el de separación total de bienes y consiste en que durante el matrimonio los cónyuges se miran como separados de bienes, pero a la época de su disolución, las utilidades que cada uno produjo forman un fondo común que se divide entre ellos en partes iguales.2 Permite este régimen la plena capacidad de la mujer, con lo que se eliminan los inconvenientes de la comunidad. Asimismo, da participación a la mujer en las utilidades producidas por el marido. Con ello, se elimina el inconveniente más grave del régimen de separación, en el cual en ocasiones la mujer, por estar impedida de producir por sus afanes domésticos, pierde toda expectativa en participar en las utilidades obtenidas por el marido, las que no pocas veces la mujer contribuyó a formar. Existe en Suecia y Colombia y con carácter convencional, en Francia, Uruguay y Chile. Se afirma que si bien este régimen es el que más ventajas ofrece desde un punto de vista abstracto, en la práctica coloca en peor situación al cónyuge que trabaja, produce y ahorra, frente al que consume, mal o bien, el producto de su actividad. El primero deberá contribuir con la mitad de sus bienes a sustentar la vida del que nada tiene. Puede constituir por ende un seguro a favor de la desidia y de la imprevisión.3 II.- Oportunidad en que puede pactarse, mutabilidad y características. 1.- Oportunidad en que se puede pactar el régimen. Hernán Corral distingue entre un acceso ordinario y otro extraordinario4.
Rodríguez Grez, Pablo, “Regímenes Patrimoniales”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 1996, pág. 236. 2 Rossel Saavedra Enrique, “Manual de Derecho de Familia”, Editorial Jurídica de Chile, séptima edición, Santiago, año 1994, pág. 87. 3 Rossel Saavedra, Enrique, ob. cit., pág. 88. 4 Corral Talciani, Hernán, “Bienes familiares y participación en los gananciales. La reforma de la Ley N° 19.335, de 1994, a las relaciones personales y al régimen económico del matrimonio”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 1996, págs. 99 y siguientes.
Acceso ordinario. Establece el artículo 1792-1, que los esposos y los cónyuges podrán pactar el régimen: a) En las capitulaciones matrimoniales pactadas con anterioridad al matrimonio. b) En las capitulaciones matrimoniales pactadas al momento de contraer matrimonio (recordemos que este pacto, y aquél mediante el cual se estipula separación total de bienes, son los únicos susceptibles de acordar, en las capitulaciones coetáneas al matrimonio). c) Por escritura pública, de acuerdo al artículo 1723 del Código Civil, durante el matrimonio, sustituyendo el régimen de sociedad conyugal o el de separación total de bienes. Acceso extraordinario. Las personas casadas en el extranjero, pueden acceder al régimen de participación en los gananciales, mediante un pacto formalizado al momento de inscribir su matrimonio en la Primera Sección de la Comuna de Santiago del Registro Civil (artículo 135, inciso 2 del Código Civil). Esta norma debe armonizarse con la del artículo 1723, inciso 4, que permite pactar participación en los gananciales por escritura pública subinscrita al margen de la inscripción matrimonial, a matrimonios celebrados en el extranjero. Debemos entender, dice Hernán Corral, que esta última norma se refiere a aquellos matrimonios celebrados en el extranjero pero entre chilenos, a los cuales se les aplica la ley nacional, atenida la extraterritorialidad personal consagrada al respecto en el artículo 15 del Código Civil, chilenos que, si nada dicen, se entienden casados en sociedad conyugal, atendido lo dispuesto en el artículo 135, inciso 1, y en el artículo 1718. El artículo 135, inciso 2, se aplicaría entonces, a juicio de Corral, exclusivamente a los matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros o entre un chileno y un extranjero. Sólo con esta interpretación, agrega Corral, tendría sentido el inciso 4 del artículo 17355. 2.- Mutabilidad del régimen. Cabe plantearse si es posible mudar el régimen de participación en los gananciales por otro de los regímenes establecidos en la ley. Efectivamente, ello es posible, como lo admite el artículo 1792-1, pero sólo si se sustituye por el régimen de separación total de bienes. Para ello, debemos recurrir al pacto previsto en el artículo 1723, lo que implica que sólo podría sustituirse por una sola vez, atendido lo dispuesto en el mismo artículo, cuando señala su inciso 2º que el pacto “…una vez celebrado, no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges” En efecto, según veremos, lo anterior sólo podría operar respecto del régimen de participación en los gananciales pactado antes o en el acto del matrimonio, no aquél acordado durante su vigencia. Este último sería irrevocable, pues ya se habría utilizado el artículo 1723.
3.- Características del régimen.
Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 102, quien a su vez, cita a Guzmán Latorre, Diego, “Tratado de Derecho Internacional Privado”, Editorial Jurídica de Chile, Segunda Edición, Santiago, 1989, págs. 484 y siguientes.
Sus características fundamentales, son las siguientes, a juicio de Corral6: a) Es un régimen económico matrimonial de carácter legal o de regulación predeterminada: los cónyuges no pueden alterar las normas legales que regulan el régimen. b) Se trata de un régimen alternativo y subsidiario a la sociedad conyugal: c) Es un régimen de acceso convencional: requiere de pacto expresote los cónyuges. d) Su mutabilidad está prevista en la ley: mudará, por voluntad de los cónyuges, en los casos y con las limitaciones que indicaremos. e) Consiste en un régimen de participación restringida de ganancias y adquisiciones: por regla general, sólo son considerados como gananciales, los bienes muebles e inmuebles, adquiridos a título oneroso durante el matrimonio. f) Es un régimen de participación en su modalidad crediticia: al finalizar el régimen, no se forma comunidad de bienes entre los cónyuges, sino que la participación se traduce en el surgimiento de un crédito. g) Durante su vigencia, los cónyuges están separados de bienes: dispone el artículo 1792-2 que durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales, los patrimonios del marido y de la mujer se mantienen separados. En consecuencia, cada uno de los cónyuges administra libremente lo suyo (con la limitación que apuntaremos respecto al otorgamiento de cauciones personales y teniendo presente la institución de los bienes familiares). h) Al finalizar el régimen, se compensa el valor de los gananciales obtenidos por los cónyuges. Hecha la compensación, la mitad del excedente, se reparte en partes iguales. III.- De la administración del patrimonio de los cónyuges. 1.- Principio fundamental. En su funcionamiento, el régimen de participación en los gananciales se identifica con el de separación total de bienes. La administración, goce y disposición de los bienes corresponde al cónyuge propietario de dichos bienes. No es extraño por tanto que se haya modificado la Ley de la Renta, para disponer que los cónyuges casados en este régimen, deben declarar sus rentas en forma independiente (artículo 53º, inciso 1º de la Ley de la Renta, modificado por la Ley Nº 19.347). Las restricciones a la administración individual que contempla el régimen de participación en los gananciales son las que provienen de la existencia de bienes declarados familiares y de la limitación para otorgar cauciones personales, punto al que nos referimos a continuación. 2.- Limitación para otorgar cauciones personales. Establece el artículo 1792-3 una limitación a los cónyuges: ninguno podrá otorgar cauciones personales a obligaciones de terceros, sin el consentimiento del otro cónyuge. Según estudiaremos, la razón de esta limitación estriba en impedir que cualquiera de los
Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 98.
cónyuges abulte sus deudas indirectas, “licuando” o rebajando mañosamente su activo, lo que incidirá directamente en la existencia de gananciales y en la obligación de pagar al cónyuge más pobre, el crédito de gananciales. La autorización deberá otorgarse de conformidad a los artículos 142 a 144 del Código Civil, referidos a los bienes familiares (es posible por lo tanto, en caso de imposibilidad o negativa no fundada “en el interés de la familia”, que el juez supla la autorización). Si la autorización se otorga a través de mandatario, el mandato ha de ser especial y solemne, pues debe constar por escrito o por escritura pública, según lo requiera el acto que debe autorizarse (así, por ejemplo, basta que el mandato se otorgue por escrito, si se pretende autorizar una prenda mercantil; y debe otorgarse por escritura pública, si se pretende autorizar una prenda sin desplazamiento regulada en la Ley Nº 19.112). Dado que la limitación se refiere a las cauciones personales, los cónyuges pueden constituir cauciones reales sin restricciones, incluso para caucionar obligaciones de terceros. En este punto, encontramos una nueva diferencia entre el régimen de participación en los gananciales y la sociedad conyugal, pues en la última, la limitación también abarca la constitución de cauciones reales, cuando se garantizan deudas de terceros. 3.- Sanción por la infracción de la limitación de otorgar cauciones personales. En caso de otorgarse la caución personal infringiendo el artículo 1792-3, el acto adolecerá de nulidad relativa, a diferencia de lo dispuesto en los incisos 5º y 6º del artículo 1749 del Código Civil respecto de la sociedad conyugal, en los cuales la sanción es la inoponibilidad respecto a los bienes de la sociedad y de la mujer, obligando el marido sólo sus bienes propios (artículo 1792-4). Otra diferencia con la sociedad conyugal, consiste en que en ésta, la restricción sólo opera para las cauciones que constituye el marido, mientras que en régimen de participación en los gananciales, la limitación afecta a los dos cónyuges; finalmente, en la sociedad conyugal la restricción abarca toda clase de cauciones que el marido constituya para garantizar obligaciones de terceros, tanto personales (que obviamente siempre se otorgan para caucionar obligaciones de terceros) como reales (que pueden otorgarse para caucionar obligaciones propias o de terceros). El cuadrienio dentro del cual debe entablarse la acción rescisoria, se cuenta desde que el cónyuge que alega la nulidad, tuvo conocimiento del acto o contrato ejecutado o celebrado por el otro cónyuge (artículo 1792-4, inciso 2º). Esta fórmula para computar el plazo ha sido criticada por la doctrina, pues “introduce un nuevo factor de incertidumbre jurídica”7. Distinta es la solución, tratándose de la sociedad conyugal, pues en ella, la mujer o sus herederos deben accionar dentro del plazo de cuatro años, contado desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cesa la incapacidad que pueda afectar a la mujer o a sus herederos (artículo 1757, inciso 3º). En todo caso, igual que en la sociedad conyugal, pasados diez años desde la ejecución o celebración del acto o contrato, no podrá perseguirse la rescisión (artículo 1792-4, inciso 3º). 4.- Los patrimonios de los cónyuges se mantienen siempre separados. Ratifica el artículo 1792-5 que al término del régimen, los patrimonios se mantienen separados, determinándose a la misma fecha los gananciales. IV.- Mutabilidad del régimen de participación en los gananciales.
Rodríguez Grez, Pablo, ob. cit., pág. 278, quien cita a su vez a César Parada Guzmán, quien expuso la crítica en un Seminario organizado por el Colegio de Abogados de Chile, el 13 de octubre de 1994.
Debemos distinguir entre aquellas mutaciones admisibles y aquellas inadmisibles. 1.- Mutaciones admisibles. Las variaciones del régimen de participación en los gananciales, son las siguientes: a) La sociedad conyugal puede ser sustituida por un pacto de separación total o de participación en los gananciales (artículo 1723, inciso 1º y artículo 1792-1; artículo 1764 Nº 5); b) La separación total pactada antes o en el acto del matrimonio puede ser sustituida por el régimen de participación en los gananciales pactado durante el matrimonio (artículo 1723, inciso 1º y artículo 1792-1); c) El régimen de participación en los gananciales pactado antes o en el acto del matrimonio puede ser sustituido por un pacto de separación total de bienes acordado durante el matrimonio (artículo 1792-1, inciso 3º y artículo 1792-27). 2.- Mutaciones inadmisibles. No se admiten por la ley las siguientes mutaciones: a) No puede sustituirse el régimen de separación total por el de sociedad conyugal; b) No puede sustituirse el régimen de participación en los gananciales por el de sociedad conyugal; c) No puede sustituirse por ningún otro el régimen de separación total pactado durante el matrimonio, salvo si se trata de pactar el régimen de participación en los gananciales, por una sola vez; d) No puede sustituirse por ningún otro el régimen de participación en los gananciales pactado durante el matrimonio. Los casos señalados en las letras a) y b), responden al principio de que la sociedad conyugal, sólo es un régimen de inicio, o sea, o existe desde un comienzo, o ya no puede existir. Los casos señalados en las letras c) y d), responden al principio de que el régimen que se estipule durante el matrimonio, en ejercicio del artículo 1723, ya no puede alterarse, por regla general. Esta conclusión, como admite Hernán Corral, podría discutirse sobre la base del artículo 1792-1, que faculta para sustituir la separación total de bienes por participación en los gananciales y viceversa, sin entrar en mayores distinciones. Pero agrega Corral –en lo que concordamos- que debe considerarse que la sustitución se permite “...con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1723”, norma que perentoriamente establece que este pacto “una vez celebrado, no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges”. Por ello, una vez celebrada la convención a que alude el artículo 1723, que debe estar destinada a pactar cualquiera de los regímenes alternativos mencionados, su contenido queda irrevocablemente fijo, sin que se permita un nuevo pacto entre los cónyuges para transitar de la separación total de bienes a la participación en los gananciales o de ésta a aquella8. En otras palabras, empleado que sea el artículo 1723 por los cónyuges, se agotan las posibilidades de recurrir a él nuevamente. Distinta es la opinión de René Ramos Pazos. Al plantear la hipótesis de los cónyuges casados en régimen de sociedad conyugal y posteriormente hubieren hecho separación de bienes (se entiende durante el matrimonio, a través del pacto previsto en el artículo 1723), se pregunta a continuación: “¿podrían sustituir esa separación por el régimen de participación en los gananciales? (se entiende, recurriendo ahora por segunda vez al pacto consagrado en el artículo 1723) Hay dos soluciones posibles al problema:
Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 105.
a) Una primera, según la cual ello no se puede hacer en razón de que el artículo 1723 inciso 2º prescribe que este pacto ‘no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges’. Abona esta tesis el principio de la inmutabilidad del régimen matrimonial consagrado en el artículo 1716 inciso final. b) Pero también puede estimarse que ello sería factible, en razón de que para la recta interpretación de la frase final del inciso 2º del artículo 1723 –‘no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges- debe tenerse presente que ella ya se encontraba en el artículo 1723 con anterioridad a la Ley 19.335, siendo entonces su significación muy clara en orden a que si los cónyuges habían sustituido la sociedad conyugal por el pacto de separación total de bienes, les estaba vedado volver al régimen de sociedad conyugal. Pero en el caso que nos ocupa el problema es distinto: los cónyuges se casaron en régimen de sociedad conyugal, hicieron uso del artículo 1723 y sustituyeron ese régimen por el de separación de bienes. Ahora, encontrándose casados en separación de bienes, desean sustituirlo por el de participación en los gananciales. Como se ve, no se trata de dejar sin efecto el pacto anterior volviendo al régimen de sociedad conyugal, sino de celebrar un nuevo pacto en conformidad al artículo 1723 para reemplazar el régimen de separación de bienes por el de participación en los gananciales. Y esta situación no está prohibida por la ley.”9 Pablo Rodríguez Grez, por su parte, concluye en iguales términos que Ramos Pazos, aunque reconociendo que ello podría perjudicar a los terceros. Afirma al efecto: “…es posible que los cónyuges hayan hecho uso de la facultad conferida en el artículo -se refiere al 1723- (…) y hayan sustituido el régimen de sociedad conyugal por el de separación total de bienes. ¿Pueden posteriormente ejercer esta facultad para pactar ‘participación en los gananciales’? Parece evidente que ello puede ocurrir sin obstáculo alguno, no obstante el hecho de que se afecta gravemente la inmutabilidad del régimen patrimonial, lo cual está consagrado en beneficio de los terceros que hayan contratado con el marido o con la mujer.”10 Acerca del mismo punto, Francisco Merino indicaba las ventajas y los inconvenientes de adoptar la tesis contraria a Corral y favorable a Ramos y a Rodríguez Grez: “posee la ventaja que hace accesible al nuevo régimen de participación en los gananciales a los actuales matrimonios que hoy se encuentran casados bajo el régimen de separación total como consecuencia de haber ya optado por él luego de haberse casado en sociedad de bienes, lo que sería imposible si damos a la oración ‘no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges’ un alcance más amplio que el señalado”. En cuanto a las desventajas, agrega Merino que dicha interpretación “presenta como contrapartida que atentaría contra el principio de la estabilidad conveniente en todo régimen matrimonial, en cuya virtud se debe propender a otorgar al sistema adoptado por los cónyuges la mayor fijeza posible, en atención a los múltiples intereses que en ellos se conjugan y que trascienden a los particulares del marido y de la mujer”11. Hay sin embargo, dos excepciones al principio en virtud del cual los cónyuges sólo pueden recurrir por una sola vez al artículo 1723. Son los casos contemplados en el artículo 165 del Código Civil y en el artículo 40 de la Ley de Matrimonio Civil, que estudiamos a propósito de la Separación de Bienes, de manera que nos remitimos a lo allí consignado.
Ramos Pazos, René, Derecho de Familia, Tomo I, Tercera Edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 2000, pág. 294. 10 Rodríguez Grez, Pablo, ob. cit., pág. 242. 11 Ramos Pazos, René, ob. cit., págs. 294 y 295, quien a su vez cita a Merino Scheihing, Francisco, “Consideraciones en torno al régimen de participación en los gananciales en el derecho chileno”, contenido en el libro de homenaje a Fernando Fueyo Laneri, “Instituciones Modernas del Derecho Civil”, Editorial Jurídica ConoSur, año 1996.
Ciertamente, el pacto de participación en los gananciales, aún el realizado durante el matrimonio, será sustituido por la separación total de bienes, en el caso de dictarse una sentencia de separación de bienes o de separación judicial de los cónyuges (artículo 1792-27 números 4 y 5). Pero en estos supuestos, la sustitución no opera por voluntad de los cónyuges, sino por mandato de la ley, a consecuencia de una resolución judicial. V.- Determinación y cálculo de los gananciales. 1.- Concepto de gananciales, en el marco de este régimen matrimonial. El artículo 1792-6, inciso 1º, define que se entiende por gananciales. Establece que consisten en la diferencia neta entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge. Dada esta definición, resulta imprescindible determinar qué se entiende por patrimonio originario y qué por patrimonio final. 2.- Determinación del patrimonio originario. El artículo 1792-6, inciso 2º, define el patrimonio originario. Los artículos 1792-7 al 1792-10, se refieren a la determinación del patrimonio originario. a) Concepto de patrimonio originario. Se entiende por patrimonio originario de cada cónyuge, el existente al momento de optar por el régimen de participación en los gananciales (artículo 1792-6, inciso 2º). b) Bienes que lo integran. Todos los bienes que integran el patrimonio de cada uno de los cónyuges al momento de iniciarse el régimen, integran el patrimonio originario (artículo 1792-7). Se excluyen, en principio, todos los bienes o derechos cuya adquisición es posterior al inicio del régimen. Precisó la ley que los frutos, incluso los que provengan de bienes originarios, no se incorporarán al patrimonio originario (artículo 1792-9). La solución no podía ser distinta, ya que los frutos son ganancias producidas durante la vigencia del régimen. Se entiende que se trata de los frutos percibidos durante la vigencia del régimen. Destaca también la ley que no se incorporan al patrimonio originario, las minas denunciadas por uno de los cónyuges (artículo 1792-9). Se entiende que se trata de las minas denunciadas durante la vigencia del régimen y no antes de su inicio, ya que estas últimas se incorporarán en el patrimonio originario. c) Agregaciones. Al patrimonio originario, deben agregarse algunos bienes que, aunque adquiridos después del inicio del régimen, no son propiamente ganancias obtenidas durante su vigencia. Tales son: c.1) Bienes adquiridos a título gratuito.
Establece el artículo 1792-7, inciso 2º, que se agregarán al patrimonio originario las adquisiciones a título gratuito efectuadas durante la vigencia del régimen. Si se trata de liberalidades con gravámenes (una donación con cargas o un legado con un modo, por ejemplo), la agregación debe hacerse deduciendo el valor de las cargas con que estuvieren gravadas (artículo 1792-7, inciso 2º). Por ende, sólo se considerará el valor de aquello que es propiamente una liberalidad. Dentro de la expresión “cargas”, entendemos las cargas modales propiamente tales, las deudas hereditarias o testamentarias, los impuestos, y en general, todo otro valor que debe pagar el cónyuge beneficiado con la liberalidad. A su vez, si la adquisición a título gratuito hubiere sido hecha por ambos cónyuges, los derechos se agregarán a los respectivos patrimonios originarios en la proporción que establezca el título respectivo, o en partes iguales, si el título nada estableció al respecto (artículo 1792-10). Excepcionalmente, las donaciones remuneratorias por servicios que hubieren dado acción contra la persona servida, no se agregan al patrimonio originario (artículo 1792-9). La ley debió precisar que no se agregan hasta concurrencia del valor efectivo de los servicios, pues en el exceso hay una verdadera liberalidad (artículo 1738)12. c.2) Bienes cuya causa de adquisición es anterior al inicio del régimen. Dispone el artículo 1792-8 que los bienes adquiridos durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales se agregarán al activo del patrimonio originario del respectivo cónyuge, aunque la adquisición hubiere sido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición sea anterior al inicio del citado régimen de bienes. Señala el precepto que se agregarán en consecuencia al activo del patrimonio originario, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, los siguientes bienes (se trata de una enumeración similar a la del artículo 1736, en la sociedad conyugal): 1º Los bienes que estaban en posesión de un cónyuge antes del régimen, adquiridos durante su vigencia por prescripción o transacción (artículo 1792-8 Nº 1, que reproduce el artículo 1736 Nº 1). La norma se explica, porque tanto la prescripción como la transacción que recaen en la cosa de la que se estaba en posesión, operan con efecto retroactivo, pues la sentencia que declara la primera, se retrotrae al momento en que se inició la posesión (este efecto retroactivo no está expresamente enunciado por la ley, pero se deduce, por ejemplo, del mismo artículo 1736 número uno, según ha señalado nuestra doctrina), mientras que la transacción, cuando recae en el objeto disputado, constituye un título declarativo (artículo 703, parte final). 2º Los bienes que se poseían antes del régimen de bienes por un título vicioso, cuando el vicio se ha purgado durante la vigencia del régimen por la ratificación o por otro medio legal (artículo 1792-8 Nº 2, norma idéntica a la del artículo 1736 Nº 2, respecto de la sociedad conyugal). La ratificación, que como sabemos opera tratándose de la nulidad relativa, sanea el contrato, entendiéndose que éste nunca adoleció de vicio alguno. La expresión “…o por otro medio legal”, la entendemos referida a la prescripción de las acciones de nulidad, tanto absoluta como relativa, que “purgan” el vicio que afectaba al contrato o título respectivo. 3º Los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por la nulidad o resolución de un contrato o por haberse revocado una donación (artículo 1792-8 Nº 3, norma idéntica a la del artículo 1736 Nº 3, respecto de la sociedad conyugal). Sabemos que decretada que sea la nulidad o la resolución del contrato, el actual poseedor debe restituir la cosa al demandante, retrotrayéndose las partes al estado previo al del contrato (artículo 1687, respecto de la nulidad y artículo 1487, respecto de la resolución). La revocación es un medio en virtud del
Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 122.
cual excepcionalmente, una de las partes puede dejar sin efecto un contrato, en este caso el donante, recuperando entonces el dominio de la especie que había sido objeto de la gratuidad. 4º Los bienes litigiosos, cuya posesión pacífica haya adquirido cualquiera de los cónyuges durante la vigencia del régimen (artículo 1792-8 Nº 4, norma idéntica a la del artículo 1736 Nº 4, respecto de la sociedad conyugal). Se entiende por “bienes litigiosos”, para estos efectos, aquellos cuya propiedad era objeto de un juicio, que ha sido ganado en definitiva por uno de los cónyuges. 5º El derecho de usufructo que se haya consolidado con la nuda propiedad que pertenece al mismo cónyuge (artículo 1792-8 Nº 5, norma idéntica a la del artículo 1736 Nº 5, respecto de la sociedad conyugal). Extinguido el usufructo, el uso y goce se radican ahora en el patrimonio del cónyuge nudo propietario, quien pasa a ser pleno propietario. 6º Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos constituidos antes de la vigencia del régimen. Lo mismo se aplicará a los intereses devengados antes y pagados después (artículo 1792-8 Nº 6, norma idéntica a la del artículo 1736 Nº 6, respecto de la sociedad conyugal). El pago que recibe el cónyuge debe ser: Por concepto de capital, y no de intereses, por regla general; Excepcionalmente lo será a título de intereses, pero siempre y cuando se trate de intereses que se devengaron antes del inicio del régimen (o sea, que se hicieron exigibles) pero que se pagan después de iniciado éste; si se trata de intereses devengados después de comenzado el régimen, deben incorporarse al patrimonio final, según ya lo expresamos (artículo 1792-9). 7º La proporción del precio pagado con anterioridad al inicio del régimen, por los bienes adquiridos de resultas de contratos de promesa (artículo 1792-8 Nº 7, norma similar a la del artículo 1736 Nº 7, respecto de la sociedad conyugal). Como bien señala Hernán Corral, la redacción de este numeral es poco feliz. Es obvio que con el se pretende que se computen en el patrimonio originario los bienes adquiridos durante el régimen en virtud de contratos de promesa de compraventa suscritos con anterioridad a él. Pero la norma resulta de difícil interpretación, pues habla de agregar “la proporción del precio” y no especifica a qué proporción se refiere. Lo más simple hubiera sido –concluye Corralacumular el valor de la parte del precio pagada con anterioridad, pero la ley habla de “proporción” y no de “porción”. Una interpretación que a juicio de Corral pueda respetar esta exigencia, y que parece razonable, sería entender que lo que se acumula no es el valor total del bien adquirido, sino el valor proporcional de éste en relación con la parte del precio que hubiere sido pagada con anterioridad al inicio del régimen. Es decir, si se pagó anticipadamente un tercio del precio, al patrimonio originario deberá acumularse un tercio, pero no del precio, sino del valor del bien a la fecha de su adquisición efectiva13. Cabe indicar que la ley no exige, como en el artículo 1736 Nº 7 respecto de la sociedad conyugal, que la promesa conste de instrumento público o privado cuya fecha sea oponible a terceros, pero ello debe entenderse implícito, a juicio de Hernán Corral, atendido el requisito general de toda promesa de constar por escrito (artículo 1554 Nº 1) y la norma probatoria general del artículo 1703, en cuanto a la fecha cierta de los instrumentos privados14. René Ramos Pazos no concluye en términos tan categóricos, limitándose a advertir que “llama la atención, sin embargo, que el número 7 (del artículo 1792-8) no haya adoptado en el caso de las promesas, la precaución –que sí tomó el artículo 1736 número 7de que tuvieran que constar en un instrumento público o en un instrumento privado cuya fecha sea oponible a terceros.”15 Personalmente, no creemos posible exigir estos requisitos, en el caso del régimen de participación en los gananciales, pues se trata de formalidades, y estas son de derecho estricto, no admiten interpretación y aplicación por analogía. Por lo demás, el artículo 1792-8
Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 123. Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 124. 15 Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 301.
es posterior al artículo 1736, y si en el primero el legislador optó por no insistir en los requisitos contenidos en el segundo, debe entenderse que la voluntad de aquél fue descargar la promesa de las aludidas formalidades. Por ende, tratándose del régimen de participación en los gananciales, no nos parece razonable excluir las promesas que consten por instrumento privado, cuya fecha no sea oponible a terceros en los términos del artículo 1703 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio de considerar que dicho instrumento privado, en principio, carecerá de mérito probatorio, de acuerdo a las reglas generales estudiadas en la teoría de la Prueba, mientras no sea reconocido o se mande tener por reconocido. d) Deducciones. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1792-7, para determinar el patrimonio originario debemos deducir, del valor total de los bienes de que el cónyuge sea titular al momento de iniciarse el régimen, el valor total de las obligaciones de que el cónyuge sea deudor, en la misma fecha. Cabe precisar que dentro del “valor total” de los bienes de que era titular el cónyuge, se entienden incorporados los bienes que deben agregarse a los bienes iniciales, conforme a lo referido. No detalló la ley si las obligaciones debían ser civiles o también naturales, líquidas e ilíquidas, directas e indirectas, puras y simples y sujetas a modalidades, etc. Estima Hernán Corral que podría inferirse que la norma se refiere sólo a deudas líquidas, actualmente exigibles y avaluables en dinero. De lo contrario, no podría efectuarse la deducción ordenada por la ley. Pero el mismo autor agrega que también debe tenerse en cuenta que una deuda que al momento de iniciarse el régimen era ilíquida o no exigible, puede llegar a serlo durante la vigencia de él y tal determinación operar con efecto retroactivo. De este modo, si se cumple la condición suspensiva, la obligación nacerá con efecto retroactivo y se reputará existente al momento de celebrarse el contrato. Lo mismo acontece con una deuda ilíquida que posteriormente es liquidada16. También se deducen del activo, como se indicó, las deudas que constituyen cargas de las adquisiciones a título gratuito realizadas durante la vigencia del régimen (artículo 1792-7, inciso 2º). Deducidas las obligaciones, el monto que resulte será el valor del patrimonio originario. Si el valor de las obligaciones excede al valor de los bienes, el patrimonio originario se estimará carente de valor. e) Prueba del patrimonio originario. Establece el artículo 1792-11 la obligación de cada cónyuge, de hacer inventario simple de los bienes que componen el patrimonio originario. Tal inventario será el medio normal de probar la composición del patrimonio originario. Aunque la ley no lo dice expresamente, se entiende que cada inventario será suscrito por ambos cónyuges; también podría tratarse de un solo instrumento para ambos, desglosando el inventario de cada uno17. A falta de inventario, el patrimonio originario puede probarse por otros instrumentos, como registros, facturas, títulos de créditos, etc. Subsidiariamente, a falta de otros instrumentos y si se acredita que atendidas las circunstancias, el esposo o cónyuge no estuvo en situación de procurarse un instrumento, serán admitidos otros medios de prueba.
Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 125. Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 126.
Observamos entonces, como señala René Ramos Pazos, una jerarquía de pruebas, que operan conforme al siguiente orden: 1º El inventario; 2º A falta de inventario, otros instrumentos; 3º Si se prueba que no fue posible procurarse un instrumento, por cualquier medio de prueba, sin limitaciones.18 Como es obvio, el inventario no podrá servir de prueba, tratándose de aquellos bienes adquiridos durante la vigencia del régimen y que no obstante se incorporan al patrimonio originario (por ejemplo, según veíamos, los adquiridos a título gratuito). En este caso, para probar su adquisición, se deberán ocupar las pruebas supletorias que acabamos de mencionar. Las normas probatorias, que afectan sin duda a los cónyuges, parecieran no ser oponibles a terceros. Desde ya, consignemos que el inventario sólo sería oponible a los terceros que lo hayan aprobado y firmado (aplicando el mismo principio que para la liquidación de la sociedad conyugal, consagra el artículo 1766). En cuanto a la confesión del otro cónyuge, advierte Hernán Corral que la ley no la excluye expresamente, de manera que, en su opinión, sería procedente entre cónyuges (se aplicaría por ende un criterio diverso al de la sociedad conyugal: artículo 1739, inciso 2º). En cambio, la confesión no sería plena prueba, contra los eventuales acreedores, por aplicación del artículo 2485, que establece, en cuanto al privilegio de cuarta clase reconocido al crédito de gananciales, que la confesión de alguno de los cónyuges no hará prueba por sí sola contra los acreedores19. 3.- Determinación del patrimonio final. a) Concepto. Se entiende por patrimonio final, el que exista al término del régimen de participación en los gananciales (artículo 1792-6, inciso 2º). b) Bienes que lo componen. Integran el patrimonio final, en principio, todos los bienes de que el cónyuge sea dueño al momento de terminar el régimen (artículo 1792-14). La ley se preocupa de disponer que las comunidades entre los cónyuges sobre ciertos bienes deben ser consideradas para establecer el patrimonio final. En una norma de redacción defectuosa (artículo 1792-10), dispone la ley que los cónyuges son comuneros, según las reglas generales, de los bienes adquiridos en conjunto, a título oneroso. Como señala Hernán Corral, la norma es inútil y perturbadora, ya que da pie para preguntarse, a contrario sensu, si los bienes adquiridos en comunidad a título gratuito, no se rigen por las reglas generales. Como la conclusión anterior sería absurda, debe concluirse que toda comunidad, cualquiera sea el título de adquisición, gratuito u oneroso, se computará también, si subsiste al término del régimen en el patrimonio final de cada cónyuge en la parte que de derecho corresponda20. Dado que el mismo artículo 1792-10 ordena computar la parte adquirida gratuitamente en el patrimonio originario, el cónyuge no presentará gananciales por este concepto. c) Agregaciones.
Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 303. Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 127. 20 Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 129.
El Código Civil, en su artículo 1792-15, ordena acumular imaginariamente al patrimonio final de cada cónyuge, el valor de ciertos bienes enajenados por éste y que por lo tanto ya no subsisten a la fecha del término del régimen. Esta acumulación en valor tiene por objeto precaver que un cónyuge distorsione voluntariamente su patrimonio final para eludir el pago de gananciales, enajenando bienes con ese fin, así como considerar gananciales gastos que hayan sido realizados en utilidad exclusiva de uno de los cónyuges y no de la familia común. c.1) Montos que deberán agregarse imaginariamente. 1º Los montos de las donaciones irrevocables que no correspondan al cumplimiento proporcionado de deberes morales o de usos sociales, en consideración a la persona del donatario. Se exceptúan sólo las liberalidades de uso (por ejemplo, regalos de cumpleaños, matrimonio, etc.) y las que tuvieron por objeto el cumplimiento de deberes morales (la norma es muy amplia, abarcando desde una donación efectuada a una institución de caridad, hasta aquella que se realiza a quien en el pasado, ayudó significativamente al donante, cuando se encontraba desprovisto de fortuna). De todas formas, la ley se refiere “al cumplimiento proporcionado” de los deberes morales o de los usos sociales, de manera que, según el caso, habrá que considerar la fuerza del patrimonio del donante y las circunstancias que expliquen el acto de liberalidad. 2º Los montos correspondientes a cualquier especie de actos fraudulentos o de dilapidación en perjuicio del otro cónyuge. Conforme a las reglas generales, será necesario probar el fraude, pues el dolo no se presume (artículo 1459). Lo mismo acontecerá con la ocurrencia de perjuicios. En cuanto a los actos de dilapidación, es decir de administración imprudente o irracional, corresponderá al juez determinar si estamos o no ante tal hipótesis. El juez podrá utilizar los criterios que el artículo 445 establece en relación con la interdicción del pródigo. 3º Los montos correspondientes al pago de precios de rentas vitalicias u otros gastos que persigan asegurar una renta futura al cónyuge que haya incurrido en ellos. Hace excepción a lo anterior, las rentas vitalicias convenidas al amparo del Decreto Ley Nº 3.500, salvo la cotización adicional voluntaria en la cuenta de capitalización individual y los depósitos en cuentas de ahorro voluntario, los que deberán agregarse imaginariamente conforme a la regla general. No habrá lugar a la agregación imaginaria, si el acto hubiere sido autorizado por el otro cónyuge. Como indica René Ramos Pazos, “La explicación de agregar cada uno de estos valores es proteger al otro cónyuge de actos que impliquen indebida generosidad (artículo 1792-15 número 1), fraude (artículo 1792-15 número 2) o que persiguen sólo la utilidad del cónyuge que los hace (artículo 1792-15 número 3). Y por esta misma razón, no se siguen estas reglas si el otro cónyuge los autoriza.”21 c.2) Requisitos de la agregación. Para que proceda la agregación imaginaria de valores, es necesario: 1º Que se produzca una disminución del activo del patrimonio final de uno de los cónyuges, como consecuencia de alguno de los actos precedentemente indicados; 2º Que el acto haya sido ejecutado durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales;
Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 304.
3º Que el acto no haya sido autorizado por el otro cónyuge, expresa o tácitamente. c.3) Valor acumulable. Las agregaciones serán efectuadas considerando el estado que tenían las cosas al momento de su enajenación. En otras palabras, el importe acumulable será el valor en dinero que tendrían las cosas al momento del término del régimen, pero considerando su estado en la época en que fueron enajenadas. d) Sanción por la distracción u ocultación de bienes o por la simulación de obligaciones. Establece el artículo 1792-18 una sanción, para el cónyuge que intenta hacer aparecer sus gananciales como de menor valor que el real. Tres son las conductas sancionadas por la ley: Distraer bienes; Ocultar bienes; Simular obligaciones. La ocultación consiste en hacer desaparecer un bien del patrimonio propio. La distracción, en términos estrictos, consiste en la desviación de bienes que corresponden a otra persona hacia el propio patrimonio22, situación que no parece corresponder a la palabra empleada en el artículo 1792-18, pues resultaría absurdo que uno de los cónyuges aumente artificialmente su patrimonio y con ello sus gananciales, pues en tal caso, se verá perjudicado, frente al otro cónyuge. Por ende, parece lógico concluir que en este caso, la expresión “distraer” no es más que un sinónimo de “ocultar”. La simulación de obligaciones no es más que la creación ficticia de una deuda, a fin de disminuir el activo del patrimonio. En los dos primeros casos, se pretende exhibir un activo menor al que en realidad existe. En el tercer caso, se pretende abultar el pasivo, para que de esta forma, disminuya el activo neto, es decir, los gananciales. La sanción prevista por la ley para el cónyuge infractor, consiste en obligarlo a sumar, a su patrimonio final, el doble del valor de los bienes que se distraen u ocultan o de las supuestas deudas. Se trata de una norma similar a la del artículo 1768, respecto de la sociedad conyugal, aunque en este último caso, la sanción es más rigurosa, pues además de la restitución doblada, dispone la pérdida de los derechos que correspondían al culpable en la cosa distraída u ocultada. Aunque el artículo 1792-18 se refiere sólo a los cónyuges y no menciona a los herederos (a diferencia del artículo 1768), es razonable estimar que la sanción también procederá si son éstos los que intentan disminuir los gananciales del difunto en perjuicio del cónyuge sobreviviente. En cuanto la prescripción de la acción destinada a hacer efectiva la sanción, Ramos Pazos opina que debiera aplicarse el artículo 2332, esto es, la regla concerniente a la responsabilidad extracontractual, pues estaríamos ante un hecho ilícito23. Por ende, prescribiría la acción en cuatro años, contados desde el acto que supuso la distracción, ocultación o simulación. e) Deducciones.
Arturo Alessandri Rodríguez, señala que “Hay distracción cuando alguno de los cónyuges o de sus herederos sustrae un bien social para apropiárselo o exclusivamente en perjuicio del otro, de sus herederos o de los acreedores sociales”: “Tratado Práctico de las Capitulaciones Matrimoniales, de la Sociedad Conyugal y de los Bienes Reservados de la Mujer Casada”, citado a su vez por Ramos Pazos René, ob. Cit., pág. 255. 23 Ramos Pazos, René, ob. Cit., pág. 306.
Del valor del activo del patrimonio final, debemos deducir el valor de todas las obligaciones que el cónyuge tenga a la fecha de terminación del régimen (artículo 1792-14). Puesto que la ley no distingue, debemos deducir tanto las obligaciones directas como las indirectas (respecto a éstas últimas, cobra importancia lo que expresamos, en cuanto a la limitación para constituir cauciones personales, que pesa sobre los cónyuges, sin autorización del otro). Siguiendo el mismo criterio aplicado respecto del patrimonio originario, Hernán Corral estima que se deducirán las obligaciones avaluables en dinero que sean líquidas y actualmente exigibles al momento de la finalización del régimen. Las obligaciones que sean liquidadas o se hagan exigibles con posterioridad a esa fecha podrán ser computadas sólo si existían al término del régimen, y siempre que ello ocurra antes de su liquidación y la determinación del crédito de participación. Se deducen incluso las obligaciones que un cónyuge tenga respecto del otro, ya que conforme al artículo 1792-19, inciso final, la existencia del crédito de participación “será sin perjuicio de otros créditos y obligaciones entre los cónyuges”. f) Prueba del patrimonio final. f.1) Obligación de hacer inventario. El artículo 1792-16 establece la obligación de cada cónyuge, de proporcionar, al término del régimen de participación en los gananciales, un inventario simple valorado de su patrimonio final, esto es, de sus bienes y obligaciones. Tal será el medio de prueba primordial de la composición del patrimonio final. Si el régimen termina por muerte de uno de los cónyuges, la obligación pesará sobre sus herederos o causahabientes. f.2) Plazo para la facción de inventario. Para cumplir esta obligación, los cónyuges tienen un plazo de tres meses, siguientes al término del régimen. Este plazo podrá ser ampliado por el juez, por una sola vez y hasta tres veces más. f.3) Valor probatorio del inventario. El inventario simple, firmado por el cónyuge, hace prueba a favor del otro en cuanto al patrimonio final del primero. En todo caso, de conformidad a las normas generales acerca del valor probatorio de los instrumentos privados en juicio, el inventario deberá estar reconocido o mandado tener por reconocido (artículo 1702 del Código Civil y artículo 346 del Código de Procedimiento Civil). f.4) Objeción del valor probatorio del inventario. El cónyuge que recibe el inventario puede objetarlo, alegando que no es fidedigno. Aunque la ley se refiere sólo a esta hipótesis (“no es fidedigno”), no habría inconveniente, aplicando reglas generales, para objetar el inventario por falta de autenticidad o por defectos de confección (por ejemplo, si no estuviere firmado). Objetado que sea el inventario, total o parcialmente, la composición o valoración efectiva del patrimonio final podrá probarse con todos los medios de prueba admisibles.
En cuanto a la confesión de uno de los cónyuges, habría que aplicar la misma fórmula que respecto a la prueba del patrimonio originario. f.5) Petición de facción de inventario solemne. Dispone el artículo 1792-16, inciso 3º, que cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la facción de inventario de conformidad con las reglas del Código de Procedimiento Civil (vale decir, aquellas contenidas en los artículos 858 a 865 del citado Código). En este caso, el inventario constituirá plena prueba, por tratarse de un instrumento público. Se trata de un inventario solemne. 4.- Avaluación de los patrimonios originario y final. a) Criterios de valoración del patrimonio originario. Se valoran los bienes que lo integran según su estado al momento de la entrada en vigencia del régimen de bienes (artículo 1792-13, inciso 1º). A su vez, los bienes que se adquieren durante el régimen pero que se agregan al patrimonio originario (los adquiridos a título gratuito y los que tienen una causa de adquisición anterior al inicio del régimen), se valoran según el estado en que se encontraban al momento de su adquisición. El precio (en realidad “el valor”) que tenían los bienes al momento de incorporarse al patrimonio originario, será prudencialmente actualizado a la fecha de terminación del régimen (artículo 1792-13, inciso 2º). La valoración podrá ser hecha: por los cónyuges, lo que por cierto constituye la hipótesis usual; por un tercero designado por ellos (norma similar a la determinación del precio, en la compraventa); o por el juez, en subsidio. En este último caso, debemos entender que la valoración judicial se efectuará en el juicio incoado para la determinación del crédito de participación en los gananciales, de acuerdo al artículo 1792-26. Las mismas reglas rigen para la valoración del pasivo. b) Criterios de valoración del patrimonio final. La avaluación de los bienes y las deudas que componen el patrimonio final, se realiza con similares criterios a los indicados respecto del patrimonio originario (artículo 1792-17). 5.- Comparación de los patrimonios originario y final. Valorados los patrimonios originario y final, pueden darse dos eventos: el valor del patrimonio originario es igual o superior al valor del patrimonio final, en cuyo caso el cónyuge no habrá logrado ganancias; o el valor del patrimonio final es superior al del patrimonio originario, en cuyo caso este excedente será reputado gananciales. Determinada la situación de cada cónyuge (de ganancia o pérdida), la ley ordena comparar estas dos situaciones, produciéndose distintos efectos. Las hipótesis que pueden presentarse, son tres: a) Ambos cónyuges presentan pérdidas.
Ejemplo: el cónyuge A tiene un patrimonio originario avaluado en $ 15.000.000.- y un patrimonio final de $ 13.000.000.- El cónyuge B tiene un patrimonio originario avaluado en $ 14.000.000.- y un patrimonio final de $ 10.000.000.- En este caso, las pérdidas no se comparten; cada cónyuge deberá enfrentar separadamente las obligaciones que contrajo durante la vigencia del régimen. En este aspecto, el régimen parece menos solidario que el de la sociedad conyugal, en el cual, sin perjuicio del beneficio de emolumento de que goza la mujer, el pasivo social es soportado por ambos cónyuges. b) Uno de los cónyuges presenta ganancias y el otro pérdidas. En este caso, aquél de los cónyuges que obtuvo ganancias, deberá compartir con el otro la mitad de las mismas. Así, por ejemplo, el cónyuge A tiene un patrimonio originario de $ 15.000.000.- y un patrimonio final de $ 10.000.000.-; y el cónyuge B tiene un patrimonio originario de $ 20.000.000.- y un patrimonio final de $ 40.000.000.- Las ganancias obtenidas por el cónyuge B, ascendentes a $ 20.000.000.-, deberán compartirse con el cónyuge A, quien tiene un crédito de $ 10.000.000.- contra el cónyuge B. c) Ambos cónyuges presentan ganancias. En este caso, compensamos las ganancias obtenidas por los cónyuges, y la diferencia, correspondiente al cónyuge que obtuvo mayores utilidades, se reparte por mitades. Ejemplo: el cónyuge A tiene un patrimonio originario de $ 20.000.000.- y un patrimonio final de $ 80.000.000.- El cónyuge B tiene un patrimonio originario de $ 10.000.000.- y un patrimonio final de $ 30.000.000.- Para determinar a cuanto asciende el crédito de participación en los gananciales, ejecutamos la siguiente operación: Sumamos los gananciales obtenidos por cada cónyuge, de manera que obtenemos $ 80.000.000.- Debemos compensar primero los gananciales obtenidos por ambos, es decir, la suma de $ 60.000.000.- obtenidos por el cónyuge A con la suma de $ 20.000.000.- obtenidos por el cónyuge B. Efectuada la compensación, surge una diferencia de $ 40.000.000.-, que corresponde a las mayores ganancias obtenidas por el cónyuge A; El cónyuge B, entonces, tiene derecho a la mitad de esta diferencia, esto es, tiene derecho a $ 20.000.000.De esta forma, ambos cónyuges obtienen, en definitiva, gananciales por $ 40.000.000.- El cónyuge A había ganado $ 60.000.000.-, pero baja a $ 40.000.000.-, pues debió entregar $ 20.000.000.- al cónyuge B. Este, a su vez, había ganado $ 20.000.000.-, pero obtiene otros $ 20.000.000.- del cónyuge A. Se pregunta Hernán Corral si es o no posible que los cónyuges, de común acuerdo, puedan alterar la participación por iguales partes, al momento de pactar el régimen. Del tenor imperativo de los artículos 1792-2 y 1792-19, pareciera, dice este autor, que la respuesta ha de ser negativa24. Parece razonable tal conclusión, considerando además que prohibió el artículo 1792-20 la renuncia anticipada por alguno de los cónyuges a su crédito de participación, renuncia que total o parcialmente podría operar de manera anticipada, si los cónyuges tuvieren la libertad para alterar la regla de distribución de los gananciales prevista en el Código Civil. Se trataría entonces de una norma de orden público. Pablo Rodríguez Grez concuerda con Corral, señalando al efecto: “¿Pueden los cónyuges, en este caso (se refiere al caso en que se celebra por los cónyuges el pacto consagrado en el artículo 1723) alterar la participación paritaria dispuesta en la ley? Es indudable que ello no es posible, atendido el inciso final del artículo 1723 (que reza: “Los pactos a que se refiere este artículo y el inciso 2º del artículo 1715, no son susceptibles de condición, plazo o modo alguno”). En
Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 147.
consecuencia, los pactos que se celebren entre los cónyuges que sustituyen la sociedad conyugal o la separación de bienes por la participación en los gananciales deben ser puros y simples y no afectar las bases del sistema.”25 Recordemos que distinta es la solución en el ámbito de la sociedad conyugal, en la que la mujer puede renunciar a los gananciales al pactar capitulaciones matrimoniales. VI.- Del crédito de participación en los gananciales. 1.- Concepto. Ramos Pazos lo define en los siguientes términos: “es el que la ley otorga al cónyuge que a la expiración del régimen de participación en los gananciales ha obtenido gananciales por monto inferior a los del otro cónyuge, con el objeto de que este último le pague, en dinero efectivo, a título de participación, la mitad del exceso.”26 2.- Cuando se origina el crédito. Dispone el artículo 1792-20 que el crédito de participación en los gananciales se origina al término del régimen. Estamos ante un derecho cuya fuente es la ley. Durante el régimen, el crédito no existe (la ley lo califica de “eventual”, expresión que en estricto rigor no es correcta, estima Hernán Corral, pues no cabe impetrar medidas conservativas, como las que se permite invocar a todo acreedor condicional).27 En todo caso, si podrían solicitarse medidas conservativas, cuando el régimen de participación en los gananciales esté llegando a su término en virtud de un juicio de separación de bienes (artículos 156 y 158). No se admite por la ley convención alguna respecto de este crédito “eventual”, antes del término del régimen. La infracción a esta prohibición, conforme a las normas generales (artículos 10, 1466 y 1682) ocasionará nulidad absoluta. Después de terminado el régimen, es posible cederlo, renunciarlo, etc. 3.- Características del crédito de participación. a) Se trata de un crédito ilíquido, que deberá determinarse por los procedimientos establecidos por la ley. b) Es un derecho renunciable y transferible: lo anterior, siempre y cuando hubiere finalizado el régimen. c) Es un derecho transmisible: y lo es, aún cuando sea la muerte del titular la que produzca la disolución del régimen. d) El crédito es susceptible de extinguirse por prescripción: operarán las normas generales. e) Es un crédito puro y simple, en principio. Excepcionalmente, puede someterse a un plazo, por resolución judicial. f) Por regla general, sólo puede pagarse en dinero. Excepcionalmente, podrá pagarse en especie.
Rodríguez Grez, Pablo, ob. cit., pág. 243. Ramos Pazos, René, ob. Cit., pág. 307. 27 Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 148.
g) Es un crédito independiente de otros créditos u obligaciones existentes entre los cónyuges. h) Goza de una preferencia de cuarta clase. i) No constituye renta, para los efectos de la Ley de Impuesto a la Renta (artículo 17 Nº 30 de la Ley de la Renta). 4.- Liquidación del crédito. Se efectuará, en primer lugar, por acuerdo entre los cónyuges. Si el régimen termina en virtud de un pacto de separación total de bienes, de conformidad al artículo 1723, los cónyuges podrán determinar el crédito de participación en la misma escritura pública en la que se pacte la separación total. En caso de no haber acuerdo, la liquidación se efectuará por el juez, en juicio sumario (artículo 1792-26). ¿Puede someterse la liquidación del crédito al conocimiento de jueces árbitros? Nada dijo la ley al respecto. En verdad, nada impediría que los cónyuges se acojan a un arbitraje voluntario, ya que no se trata de una materia incluida entre aquellas de arbitraje prohibido (artículo 230 del Código Orgánico de Tribunales). Cabe indicar que encontramos aquí una nueva diferencia con la sociedad conyugal, pues en éste, la liquidación es materia de arbitraje forzoso (artículo 227 Nº 1 del Código Orgánico de Tribunales28. El juez determinará y valorará los patrimonios originales y finales de cada cónyuge y fijará la existencia y cuantía del crédito de participación. Establece la ley que si se hubieren constituido derechos reales sobre bienes familiares en conformidad al artículo 147 (derechos de usufructo, uso o habitación), ellos serán valorados prudencialmente por el juez (artículo 1792-23). Esto se verificará en la medida en que los derechos reales constituidos se mantengan después de la expiración del régimen de participación. 5.- Prescripción de la acción para pedir la liquidación del crédito de participación en los gananciales. La acción para pedir la liquidación del crédito prescribe en el plazo de cinco años, contados desde la terminación del régimen. En cuanto a la eventual suspensión del plazo de prescripción extintiva antes señalado, cabe distinguir: No se suspende entre cónyuges (con todo, la doctrina se ha preguntado si opera la suspensión, cuando se trata de un cónyuge menor de edad; en principio, la respuesta debiera ser negativa, considerando que la ley no distingue. Con todo, tampoco es razonable concluir que la prescripción corra contra un incapaz, pues ello contraviene el principio fundamental que se desprende del artículo 2509, en cuanto a que “al impedido o incapaz no le corre plazo”. Por ello, César Frigerio afirma que “si puede suspenderse a favor de los herederos menores del cónyuge fallecido, con mayor razón debiera suspenderse también a favor del cónyuge menor de edad, lo cual es perfectamente posible, atendida la edad mínima exigible para contraer matrimonio. En tal caso, el cónyuge menor deberá estar bajo curaduría y entonces cabría a su respecto la suspensión de la prescripción, conforme lo dispuesto en el artículo 2520 en relación con el Nº 1 del artículo 2509.”29
Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 151. Frigerio, César, “Regímenes Matrimoniales”, Editorial ConoSur, año 1995, pág. 142, citado a su vez por Ramos Pazos, ob. cit., pág. 307.
Sí se suspende respecto de los herederos menores de edad (artículo 1792-26). En este último caso, no aclara la ley si la suspensión será indefinida, de manera que pareciera procedente aplicar las reglas generales, no extendiéndose más allá de los diez años, contados desde el término del régimen (artículo 2520). Nada dijo la ley respecto de la prescripción del crédito ya determinado convencional o judicialmente, pero aplicando las reglas generales de la prescripción, se concluye que el plazo será de cinco años. El plazo se contará: En el caso de liquidación judicial, desde que quede a firme la sentencia que liquidó el crédito; En el caso de liquidación convencional, desde el vencimiento del plazo que se haya fijado para su pago. En otras palabras, desde que la deuda se haya hecho exigible. 6.- Cumplimiento de la obligación de pago del crédito de participación. a) Forma de pago. El pago del crédito debe hacerse en dinero (artículo 1792-21, inciso 1º). Excepcionalmente, dispone el artículo 1792-22 que para solucionar la deuda, el cónyuge deudor podrá convenir con el cónyuge acreedor o con sus herederos, daciones en pago. Si la cosa dada en pago fuere evicta, renacerá el crédito, salvo que el cónyuge acreedor hubiere tomado sobre sí el riesgo de la evicción, especificándolo (norma similar al artículo 1852, en la compraventa). Al decir la ley expresamente que renace el crédito en caso de evicción de la cosa que se dio en pago, se zanja, para los efectos de esta institución, la duda planteada por la doctrina en esta hipótesis. Recordemos que aquellos que ven en la dación en pago una novación por cambio de objeto, concluyen que la evicción sobreviviente no puede hacer renacer el primitivo derecho, irrevocablemente extinguido. En cambio, para los efectos de la institución en estudio, se ve en la dación en pago una modalidad del pago, de manera que si la cosa con que se pagó no pertenecía al deudor y fue evicta estando en manos del acreedor, el crédito sigue vigente, para todos los efectos legales. b) Oportunidad del pago. Establece el artículo 1792-21 que el crédito de participación en los gananciales es puro y simple. Por ende, ha de pagarse inmediatamente, una vez determinado, culminada que sea la liquidación. Excepcionalmente, el juez podrá fijar un plazo no superior a un año para el pago del crédito, cumpliendo los siguientes requisitos: 1º Si se probare que el pago inmediato causa grave perjuicio al cónyuge deudor o a los hijos comunes; 2º Que el crédito se exprese en unidades tributarias mensuales; 3º Que se asegure por el deudor o un tercero, que el crédito del cónyuge acreedor quedará indemne. Tocará el juez determinar la caución que deberá rendirse; y 4º Que el plazo no sea superior a un año. El término se contará desde que quede firme la resolución judicial que liquida el crédito. c) Ejecución del crédito. Se realizará conforme a las reglas generales. Establece el artículo 1792-24 un orden de prelación para perseguir bienes del cónyuge deudor: 1º En el dinero del deudor;
2º En los muebles; 3º En los bienes inmuebles; y 4º En los bienes donados entre vivos (donaciones irrevocables) sin consentimiento del cónyuge acreedor o en los bienes enajenados en fraude de sus derechos. Nos referiremos a este caso en la letra siguiente. En los tres primeros casos, la norma es similar a la del artículo 1773, en la sociedad conyugal. Si se ejerciere la acción sobre un bien que tuviere la calidad de familiar, se plantea la duda de si el cónyuge deudor puede oponer el beneficio de excusión (artículo 148). Este beneficio no pareciera aplicable a los créditos entre cónyuges, por lo que no procedería invocarlo en la demanda que persigue el pago del crédito de participación. d) Acción revocatoria especial (Corral) o acciones de inoficiosa donación y pauliana (Ramos Pazos y Rodríguez Grez). Además de los derechos auxiliares que competen a todo acreedor, dispone el artículo 1792-24, inciso 2º, una acción, que Corral llama revocatoria especial30, o dos acciones, la de inoficiosa donación y la pauliana, a juicio de Ramos Pazos31 y de Rodríguez Grez32, todas ellas para obtener el pago del crédito de participación en los gananciales. Establece la ley que a falta de otros bienes, podrá el cónyuge acreedor perseguir su crédito en los bienes donados entre vivos, o enajenados en fraude de sus derechos. Si se persiguen bienes donados, debe procederse contra los donatarios en un orden inverso al de las fechas de las donaciones, o sea, primero accionando para revocar las donaciones más recientes. La acción presenta semejanzas con la pauliana (artículo 2468) y con la de inoficiosa donación (artículo 1187). Aunque la ley nada dijo, es razonable estimar que los terceros adquirentes en virtud de actos onerosos, sólo resultarán afectados cuando se compruebe su mala fe (aplicando por analogía el artículo 2468 Nº 1). En cuanto a las donaciones, debería aplicarse también por analogía el artículo 1187, inciso 2º, que establece que la insolvencia de un donatario no gravará a los otros. Armonizando los artículos 1792-24 y 1792-15, debe concluirse que la revocación que permite el primer precepto, sólo procederá para obtener la acumulación real de lo que ya fue computado imaginariamente en virtud del artículo 1792-15. La acción revocatoria especial del artículo 1792-24, señala Hernán Corral, prescribe siempre en cuatro años, contados desde la fecha del acto que se pretende revocar. No se suspende el plazo, atendido a que se trata de una prescripción de corto tiempo (artículo 2524). Ramos Pazos, por su parte, coincide con Corral en cuanto al plazo de prescripción de la acción de inoficiosa donación –cuatro años contados desde la fecha del contrato de donación- pero no en cuanto al plazo de prescripción de la acción pauliana, pues ella, conforme a la regla general del artículo 2468 Nº 3, prescribiría en un año, contado desde la fecha del acto o contrato. 7.- Concurrencia con otros acreedores. a) Acreedores anteriores al término del régimen. El artículo 1792-25 constituye una norma destinada a proteger a los terceros acreedores. Establece que los créditos contra el cónyuge deudor, anteriores al término del
Corral Talciani, Hernán, ob. cit., pág. 156. Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 310. 32 Rodríguez Grez, Pablo, ob. vit., pág. 246.
régimen, prefieren a los generados por éste. Esta preferencia general viene a complementar la enunciación del artículo 1723, en cuanto a que no se perjudicará los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto de uno de los cónyuges. Para que opere la preferencia, basta que la causa del crédito anteceda a la fecha de término del régimen. También se aplicaría a los créditos que posea un cónyuge en contra del otro, ya que el artículo 1792-19, inciso final, dispone que el crédito de participación será sin perjuicio de otros créditos entre los cónyuges. b) Acreedores posteriores al término del régimen. El cónyuge acreedor del crédito de participación, es protegido por la ley frente a aquellos acreedores cuyos créditos tengan una causa posterior al término del régimen (a contrario sensu, el privilegio será inoponible a los créditos cuyas causas sean anteriores al término del régimen). Se previene así que el cónyuge acreedor no vea perjudicado su derecho por las deudas que pueda contraer el cónyuge deudor, después de la terminación del régimen y la determinación del crédito de participación. En este caso, dispone el artículo 2481 Nº 3 que el crédito de participación en los gananciales tendrá una preferencia de cuarta clase. Cabe notar que aquí, la preferencia no corresponderá sólo a la mujer, como acontece en la sociedad conyugal, sino a cualquiera de los cónyuges. VII.- Pactos lícitos y pactos prohibidos, en el régimen de participación en los gananciales. A juicio de Pablo Rodríguez Grez33, los siguientes serían pactos lícitos y pactos prohibidos, en relación al régimen de participación en los gananciales. 1.- Pactos lícitos. a) Los cónyuges pueden convenir que un determinado bien, que por disposición de la ley, debe incorporarse al patrimonio originario, sea, sin embargo, considerado ganancial. Así, por ejemplo, cualquiera de los bienes a que se refiere el artículo 1792-8, que se incorporan, conforme a dicho precepto, al patrimonio originario, por ser la causa o título de la adquisición anterior al inicio del régimen, podrían incorporarse al patrimonio final del cónyuge respectivo. De igual forma, podrían convenir los cónyuges que un bien adquirido a título gratuito, durante la vigencia del régimen, se incorpore al patrimonio final del cónyuge adquirente, en lugar de ingresar al patrimonio originario, como lo establece el artículo 17927, inciso 2º. Tres razones da Rodríguez Grez, para reconocer la legitimidad de este pacto: * No está prohibido por la ley; * No afecta derechos de terceros; y * No altera el régimen de dominio, durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales. b) Los esposos o cónyuges pueden establecer el patrimonio originario de cada uno, mediante la facción de un inventario realizado de consuno. Nada impide hacerlo, habida cuenta del tenor del artículo 1792-11. c) Los cónyuges pueden pactar que alguno de los actos a que se refiere el artículo 1792-15, -casos de inoponibilidad-, no tengan este carácter. El inciso final del precepto, señala, en
Rodríguez Grez, Pablo, ob. cit., 271 y siguientes.
efecto, que “Lo dispuesto en este artículo no rige si el acto hubiese sido autorizado por el otro cónyuge.” Un pacto de esta naturaleza, supondría entonces que el acto quedaría a firme, y que los bienes enajenados no se agregarían imaginariamente al patrimonio final del cónyuge que los hubiere enajenado. Con todo, hay una importante limitación en esta materia: ninguno de los cónyuges puede renunciar anticipadamente –antes de la celebración del contrato- a pedir la declaración de nulidad de que pueda adolecer la respectiva enajenación. d) Pueden los esposos o cónyuges pactar que la valoración del patrimonio originario y del patrimonio final, sea hecha por una determinada persona, o siguiendo un determinado procedimiento (artículos 1792-13 inciso 2º y 1792-17 inciso 3º). e) Pueden los esposos o los cónyuges pactar que al término del régimen de participación en los gananciales, se levantará inventario solemne o simple por un tercero, quien podrá haberse designado previamente o al momento de concluir el régimen. f) Pueden los esposos o cónyuges someter a arbitraje toda cuestión que se promueva durante la vigencia del régimen o a su terminación, sin limitación alguna. El pacto podría celebrarse antes o después del término del régimen. 2.- Pactos nulos. a) Aquellos en que los esposos o los cónyuges convengan en que la participación sea anterior al matrimonio o se extienda más allá del matrimonio. Dicho pacto sería ilícito, por dos razones: * Tratándose de un régimen patrimonial, éste sólo puede tener fuerza vinculante a condición que los afectados estén ligados por el vínculo matrimonial; y * La misma consecuencia se establece en el artículo 1721, inciso final, respecto a las capitulaciones matrimoniales previas al matrimonio, cuando su régimen patrimonial es la sociedad conyugal. Aunque no lo dice Pablo Rodríguez, entendemos que aquí se aplica el aforismo “donde existe la misma razón, rige la misma disposición”, operando una interpretación por analogía. b) No pueden los esposos o cónyuges, alterar el porcentaje de participación en los gananciales, esto es, la mitad del excedente para cada uno. El artículo 1792-19 es de orden público, a diferencia de lo que acontece en la sociedad conyugal, donde nada impide que los esposos convengan, en las capitulaciones previas al matrimonio, que la mujer renuncia a los gananciales (artículo 1719). c) No pueden los esposos o cónyuges convenir que quedan autorizados para otorgar cauciones personales, sin que sea necesario el consentimiento del otro cónyuge. Ello, porque esta autorización está sometida a los artículos 142, inciso 2º y 144, normas correspondientes a “Los Bienes Familiares”, de orden público. d) No puede convenirse que el patrimonio originario sea diverso del configurado en los artículos 1792-7, 1792-8, 1792-9 y 1792-10. Así, por ejemplo, es ilícito estipular que los frutos de los bienes que componen el patrimonio originario se incorporen a éste y no al activo final. A propósito de este pacto, Rodríguez Grez, según entendemos, pareciera decir que no puede aumentarse, por voluntad de los esposos o cónyuges, el patrimonio originario, en desmedro del patrimonio final, pero sí podría ocurrir lo contrario, esto es, que a consecuencia de un pacto, disminuya el patrimonio originario y aumente el patrimonio final, según se desprende del primer caso de pacto lícito, señalado en la letra a) del Nº 1 precedente.
e) No puede estipularse válidamente, en forma anticipada, que los actos a que se refiere el artículo 1792-15 serán considerados oponibles y/o no estarán afectos a nulidad. Ello implicaría, además, en el caso del Nº 2 del artículo 1792-15, una condonación anticipada del dolo futuro, lo que, bien sabemos, constituye un caso de objeto ilícito. Pero nada impide que la estipulación sea posterior a la celebración del acto o contrato, pacto lícito, según lo expresado en la letra c) del Nº 1. f) No puede convenirse que se deja a una de las partes: * La facultad de establecer los bienes que componen el patrimonio originario; * La facultad de establecer los bienes que componen el patrimonio final; * La valoración de los patrimonios originario y final; * La determinación de los gananciales; o * La determinación del crédito de participación. g) No puede pactarse que se renuncia anticipadamente a la facción de inventario solemne al terminar el régimen de participación en los gananciales (artículo 1792-16, inciso 3º). Se trata del cónyuge que no está conforme con el inventario simple presentado por el otro de los cónyuges. Nada dice Rodríguez Grez acerca del eventual pacto, en virtud del cual se renuncia anticipadamente a impetrar medidas precautorias, según lo indicado en el mismo inciso recién citado, pero nos parece que también sería ilícito, pues dichas medidas precautorias, al igual que el inventario solemne, apuntan a asegurar la integridad del patrimonio final del cónyuge de quien se duda acerca de la información que ha proporcionado. h) No puede pactarse que se renuncia anticipadamente a la presunción consagrada en el artículo 1792-12, concerniente a que se presumen comunes, los bienes muebles adquiridos durante el régimen. i) No puede estipularse válidamente y en forma anticipada que se renuncia a la sanción consagrada en el artículo 1792-18, cuando uno de los cónyuges ocultó o distrajo bienes o simuló obligaciones, porque ello implicaría la condonación del dolo futuro. j) No puede celebrarse pacto alguno, durante la vigencia del régimen, concerniente al crédito de participación en los gananciales (artículo 1792-20, inciso 2º). k) No puede estipularse modalidad alguna respecto del crédito de participación en los gananciales, antes de su determinación (artículo 1792-21, inciso 1º). l) Aunque no lo señala Rodríguez Grez, tampoco sería lícito el pacto en virtud del cual se estipule, anticipadamente, que el crédito no se pagará en dinero. m) No se puede pactar que el cónyuge deudor, renuncia anticipadamente a su derecho a pedir un plazo –no superior a un año y cuando se cumplan las circunstancias previstas en el artículo 1792-21-, para el pago del crédito de participación en los gananciales. n) No puede convenirse que no serán valoradas las atribuciones de derechos sobre bienes familiares (artículo 1792-23). ñ) No puede renunciarse anticipadamente la acción de inoficiosa donación (artículo 1792-24, inciso 2º).
o) No pueden los esposos ni los cónyuges alterar los plazos de prescripción establecidos en la ley. VIII.- Término del régimen de participación en los gananciales. 1.- Causales de disolución. Están establecidas en el artículo 1792-27. Algunas ponen término al régimen a consecuencia de la extinción del matrimonio (muerte de uno o ambos cónyuges y declaración de nulidad). Otras suponen la subsistencia del matrimonio, pero bajo otro régimen patrimonial matrimonial: el de separación total de bienes (y no otro). Son pues tales causales: a) Muerte de uno de los cónyuges (artículo 1792-27 Nº 1). Se refiere a la muerte natural. b) Presunción de muerte de uno de los cónyuges (artículo 1792-27 Nº 2). En virtud del decreto de posesión provisoria, terminará el régimen de participación en los gananciales (artículo 84). Se discute en la doctrina (igual que acontece respecto de la sociedad conyugal) cual es el momento exacto en que debe liquidarse el régimen patrimonial matrimonial: si a la fecha del decreto que otorga la posesión provisoria o a la fecha presuntiva de muerte fijada por la sentencia que declara el fallecimiento presunto. c) Declaración de nulidad del matrimonio (artículo 1792-27 Nº 3). Cabe señalar (al igual que respecto de la sociedad conyugal) que esta causal de término sólo puede operar cuando el matrimonio que se declara como nulo haya producido efectos civiles por considerársele putativo, en los términos del artículo 122. Si el matrimonio no produjo efectos civiles, no nació régimen patrimonial alguno y por ende nada se disuelve. En todo caso, considerando la presunción general de buena fe en el Código Civil (artículo 707), en principio, se entiende que el matrimonio declarado nulo, sería “putativo” (aunque a juicio de un sector minoritario de la doctrina, la “putatividad” debiera declararse explícitamente en la sentencia de nulidad, conclusión con la que no concordamos, pues en parte alguna lo exige el artículo 122). d) Sentencia de separación judicial de los cónyuges (artículo 1792-27 Nº 4). La terminación tendrá lugar cuando quede ejecutoriada la sentencia. Los cónyuges separados judicialmente se considerarán separados totalmente de bienes. Tal régimen será irrevocable, en principio (según hemos estudiado, excepcionalmente podrán volver a pactar el régimen de participación en los gananciales, artículo 165 del Código Civil y artículo 40 de la Ley de Matrimonio Civil) y no se alterará aunque medie reanudación de la vida en común que extinga el estado de separación judicial (artículos 40 de la Ley de Matrimonio Civil y 178 y 165 del Código Civil). e) Sentencia que declara la separación de bienes (artículo 1792-27 Nº 5). Tratándose del régimen de participación en los gananciales, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la separación judicial (a diferencia de lo que acontece con la sociedad conyugal, donde sólo puede solicitarla la mujer), aplicándose las mismas causales que rigen para la sociedad conyugal (artículo 158, inciso 1º). f) Pacto de separación total de bienes (artículo 1792-27 Nº 6). Nos remitimos a lo expuesto con anterioridad, al estudiar el artículo 1723 del Código Civil. 2.- Efectos del término del régimen. Se producen las siguientes consecuencias jurídicas:
a) Continuación de la separación patrimonial. Los cónyuges o sus causahabientes conservarán plenas facultades de administración y disposición de sus bienes. Lo anterior, sin perjuicio de las restricciones derivadas de la existencia de bienes familiares, los que mantienen su calidad aunque se sustituya un régimen patrimonial por otro (artículo 141 del Código Civil) e incluso aunque el matrimonio se haya disuelto (artículo 145, inciso 3º). b) Comunidad sobre bienes muebles. Al término del régimen, se presumen comunes los bienes muebles adquiridos durante él, salvo los que son de uso personal de los cónyuges (artículo 1792-12). Recordemos que en la sociedad conyugal, existe una norma parecida, pues el artículo 1739, inciso 1º, establece que “Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera de los cónyuges durante la sociedad o al tiempo de su disolución, se presumirán pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario”. Se aplica la presunción de comunidad a los bienes muebles adquiridos durante la vigencia del régimen y que existan al momento de su terminación en poder de cualquiera de los cónyuges. Se trata de una presunción simplemente legal, pero la prueba en contrario debe fundarse en antecedentes escritos (artículo 1792-12), por lo que no bastará ni la prueba testifical ni la confesión. La prueba contraria debe ser producida por el cónyuge (o sus causahabientes) que aleguen dominio exclusivo o por los terceros que invoquen derechos sobre dichos bienes derivados de actos del cónyuge que suponían propietario. Si la presunción no es destruida, se formará un cuasicontrato de comunidad, que deberá liquidarse de conformidad a las reglas generales. c) Fijación de los gananciales de cada cónyuge. Así lo dispone el artículo 1792-5, inciso 2º. Los bienes que componen el patrimonio de los cónyuges a la fecha de disolución del régimen, deducidas las deudas existentes, constituyen el patrimonio final que se comparará con el originario, para determinar entonces el monto de los gananciales. Los bienes adquiridos y las deudas contraídas con posterioridad, no se tomarán en cuenta para la determinación de dichos gananciales. d) Compensación del valor de los gananciales. Artículo 1792-2. Nos remitimos a lo expuesto. e) Crédito de participación. Puede surgir un crédito a favor de uno de los cónyuges que obtuvo menos ganancias (artículo 1792-20, inciso 1º). Una parte de la doctrina critica esta “salida” del régimen, señalando que habría sido más adecuado y conforme con nuestra tradición jurídica, que el régimen de participación diere origen a una comunidad de bienes. Habría una mayor protección al cónyuge que tiene menos bienes, si fuere copropietario de los bienes finales, en lugar de ser un simple acreedor.
En efecto, en la doctrina y en el derecho comparado, los regímenes de participación en los gananciales suelen tener dos “salidas”: Una salida, concebida como una comunidad de bienes que se forma al momento de disolverse el régimen. Se entiende que los cónyuges (o los causahabientes) son comuneros en todos los gananciales obtenidos por uno y otro. Ramos Pazos hable de un sistema de comunidad diferida, pues la comunidad se posterga hasta la extinción del régimen34. Sobre tal comunidad se efectúa luego la pertinente atribución en el dominio, en términos igualitarios. La Ley Nº 19.335 no optó por esta vía, especialmente por los problemas que se habrían originado en relación a los derechos de los terceros sobre los bienes que cada cónyuge obtuvo durante la vigencia del régimen (en cierta medida, como compensación por no haber optado por la comunidad, se creó la institución de los bienes familiares, estatuto comunitario en la práctica). Otra salida, concebida como un mero crédito o derecho personal que tiene el cónyuge más pobre contra el más rico. Tal es la salida por la que opta nuestro Código Civil (artículos 179220 a 26). Esta salida del régimen ha sido criticada por parte de nuestra doctrina. En ese sentido, César Parada ha señalado que ella adolece de tres defectos: “a) Se aparta de nuestras tradiciones jurídicas, ya que para mantenerlas tal como hoy se concibe, al disolverse la sociedad conyugal, era preferible establecer un régimen de comunidad y no de compensación y de crédito de gananciales (...); b) Que (...) al momento de terminar el régimen, los cónyuges o sus herederos no tendrán ningún derecho real sobre los bienes objeto de la ganancia, sino que sólo tendrán un derecho personal o de crédito, que, a nuestro juicio, es notoriamente más débil que tener un derecho real; y c) Además el régimen de comunidad final parece más acorde con lo que es el matrimonio, que constituye una comunidad espiritual y sólo por consecuencia, una comunidad patrimonial...”35 Otros autores, disienten de las conclusiones de Parada. Así, Carlos Peña afirma que “desde el punto de vista del derecho común y constitucional, tanto los derechos reales como los personales están igualmente garantidos”. No cree tampoco peña que exista una tradición de comunidad fuertemente arraigada, como afirma Parada. Ramos Pazos, igual que peña y en contra de Parada, se pronuncia también por la variante crediticia, señalando al efecto que “si los cónyuges adoptaron el régimen de participación en los gananciales y no el de sociedad conyugal, es porque desean que los bienes que cada uno adquiera sean de su dominio exclusivo y ello en forma definitiva, idea que se desvirtúa en la alternativa de la comunidad diferida.”36 IX.- Algunas críticas formuladas al régimen. Algunos autores han formulado críticas al régimen de participación en los gananciales, poniendo énfasis en el hecho que no se obtiene con su normativa, la finalidad que tuvo en cuenta el legislador, al promulgarla: mejorar la situación de la mujer casada, desde un punto de vista patrimonial o al menos maximizar el principio de igualdad entre los cónyuges. En efecto, frente a la interrogante acerca de si el régimen en comento beneficia realmente a la mujer casada, se ha sostenido: a) El régimen beneficiaría sólo a la mujer casada que posee bienes al momento de contraer matrimonio o que durante el matrimonio los adquiera, especialmente por un título lucrativo. Dichos bienes, propios, podrán ser administrados y enajenados libremente por la mujer que se
Ramos Pazos, René, ob. cit., págs. 295 y 296. Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 297, quien a su vez cita a Parada César, Conferencia dictada en el Colegio de Abogados de Chile. 36 Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 298.
acoja al régimen de participación en los gananciales. En cambio, en el ámbito de la sociedad conyugal, dichos bienes son administrados por el marido (artículo 1754). b) ¿Beneficia el régimen a la mujer casada que se dedica exclusivamente a las labores del hogar común? Sí, porque al término del régimen, tendrá derecho a la mitad de las ganancias que obtenga el marido. No, a juicio de algunos, porque al término del régimen, sólo tendrá contra su marido un crédito o derecho personal, las más de las veces ilusorio. c) ¿Beneficia al régimen a la mujer que realiza una actividad remunerada separada de su marido? No, porque si actúa en el ámbito del artículo 150, puede renunciar a los gananciales y optar por conservar para su exclusivo peculio los bienes que hubiere adquirido por su trabajo. En el régimen de participación en los gananciales, en cambio, los bienes que hubiere adquirido a título oneroso integrarán su patrimonio final, sin posibilidad de sustraerlos a dicha determinación. En otras palabras, no puede renunciar a los gananciales. d) Se enfatiza que el régimen adolece de poco sentido de solidaridad patrimonial, al estar ausentes las recompensas. Además, a su término transforma a un cónyuge en acreedor del otro, lo que no se condice con la naturaleza de la institución matrimonial, en la que se genera una comunidad de bienes y de vida. Asimismo, se hace presente la inconveniencia de haber permitido que el crédito del cónyuge por la parte no compensada de gananciales, pueda cederse, lo que implica admitir a un tercero como eventual acreedor, en un ajuste patrimonial que sólo debería involucrar a los cónyuges. e) ¿Protege el régimen a los terceros acreedores? No, puesto que el artículo 1792-12, al término del régimen, presume comunes los bienes muebles adquiridos durante él, salvo aquellos de uso personal de los cónyuges. Para romper la presunción, los terceros deberán acreditar, en base a un antecedente escrito, que el bien mueble de que se trate es de uno u otro cónyuge, exclusivamente. Se visualiza la dificultad probatoria. f) Para quienes creen que el artículo 1723 puede utilizarse más de una vez –opinión que no compartimos-, la instauración del régimen de participación en los gananciales “ha alterado gravemente el principio fundamental, que exige que en materia de regímenes patrimoniales exista inmutabilidad de los mismos. Al permitirse que los cónyuges sustituyan la sociedad conyugal por el régimen de separación de bienes y éste por el de participación, se ha afectado la certidumbre que requieren las relaciones con los terceros acreedores;”37 X.- Diferencias entre el régimen de participación en los gananciales y el régimen de sociedad conyugal. Conviene, para concluir este capítulo, revisar las diferencias más notorias, entre ambos regímenes: a) El régimen de participación en los gananciales puede adoptarse al inicio del matrimonio o con posterioridad; la sociedad conyugal, sólo al inicio del matrimonio. b) Durante el régimen de participación en los gananciales, los cónyuges están separados de bienes. Cada cónyuge, por regla general, administra su patrimonio con plena libertad. Durante la sociedad conyugal, se forma un haber común, que impone restricciones a la administración de los bienes que lo integran.
Rodríguez Grez, Pablo, ob. cit., pág. 277, quien recoge una opinión de César Parada Guzmán.
c) Distinto es el concepto de gananciales en uno y otro régimen. En el régimen de participación en los gananciales, vimos que lo son la diferencia entre el patrimonio originario y el patrimonio final; en la sociedad conyugal, de conformidad a los artículos 1770 a 1774, se entiende por gananciales, el acervo líquido o partible, conformado por los bienes ingresados al haber social, y habiendo retirado previamente del acervo bruto los bienes propios de los cónyuges, pagado las recompensas que la sociedad adeudaba a los cónyuges y el pasivo común38. d) Distinta es la sanción en uno y otro régimen, para el caso de que se constituyan cauciones personales, sin autorización del otro cónyuge. En el régimen de participación en los gananciales, la sanción será la nulidad relativa; en la sociedad conyugal, será la inoponibilidad. e) En el régimen de participación en los gananciales, los cónyuges no tienen restricciones para constituir cauciones reales, incluso para caucionar obligaciones de terceros. En la sociedad conyugal, se requiere autorización del otro cónyuge, si la caución se constituye para garantizar deudas de terceros. f) En el régimen de participación en los gananciales, para probar la composición del patrimonio originario, la ley no excluye expresamente la confesión del otro cónyuge, de manera que sería procedente entre cónyuges. En cambio, se aplica un criterio diverso en la sociedad conyugal, pues el artículo 1739, inciso 2º, excluye explícitamente esta prueba, para acreditar la composición de los patrimonios de cada cónyuge. En todo caso, según lo estudiamos, en el régimen de participación en los gananciales la confesión no sería plena prueba, contra los eventuales acreedores, por aplicación del artículo 2485, que establece, en cuanto al privilegio de cuarta clase reconocido al crédito de gananciales, que la confesión de alguno de los cónyuges no hará prueba por sí sola contra los acreedores. g) En el régimen de participación en los gananciales, la sanción prevista por la ley para el cónyuge que intenta hacer aparecer sus gananciales como de menos mediante la distracción u ocultación de bienes o la simulación de deudas, consiste en obligarlo a sumar, a su patrimonio final, el doble del valor de los bienes que se distraen u ocultan o de las supuestas deudas. Si bien se trata de una norma similar a la del artículo 1768, respecto de la sociedad conyugal, en este último caso, la sanción es más rigurosa, pues además de la restitución doblada, dispone la pérdida de los derechos que correspondían al culpable en la cosa distraída u ocultada. h) Según lo estudiamos, pareciera que del tenor imperativo de los artículos 1792-2 y 1792-19, los cónyuges no pueden, de común acuerdo, alterar la participación en los gananciales por iguales partes, una vez efectuada la compensación. Conclusión que se refuerza, afirmábamos, considerando además que prohibió el artículo 1792-20 la renuncia anticipada por alguno de los cónyuges a su crédito de participación, renuncia que total o parcialmente podría operar de manera anticipada, si los cónyuges tuvieren la libertad para alterar la regla de distribución de los gananciales prevista en el Código Civil. Se trataría entonces de una norma de orden público. Distinta es la solución en el ámbito de la sociedad conyugal, en la cual la mujer puede renunciar a los gananciales al pactar capitulaciones matrimoniales.
Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 299, quien cita a Schmidt Hot, Claudia, “Nuevo Régimen Matrimonial”, Editorial ConoSur, año 1995, pág. 31.
i) En el régimen de participación en los gananciales, el artículo 1792-24, inciso 2º, otorga al cónyuge pobre una acción revocatoria especial, semejante a la acción pauliana o a la acción de inoficiosa donación, mediante la cual pueden dejarse sin efecto las donaciones efectuadas por el cónyuge deudor o los bienes enajenados en fraude de los derechos del cónyuge pobre. En la sociedad conyugal, el artículo 1773 no confiere una acción semejante a la mujer, para obtener el pago de los créditos que tenga en contra del marido. j) Como lo señalamos, el cónyuge acreedor del crédito de participación, es protegido por la ley frente a aquellos acreedores cuyos créditos tengan una causa posterior al término del régimen. En este caso, vimos que el artículo 2481 Nº 3 establece que el crédito de participación en los gananciales tendrá una preferencia de cuarta clase. Esta preferencia, tratándose del régimen de participación en los gananciales, no corresponderá sólo a la mujer, como acontece en la sociedad conyugal, sino a cualquiera de los cónyuges. k) Tratándose del régimen de participación en los gananciales, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la separación judicial, a diferencia de lo que acontece con la sociedad conyugal, donde sólo puede solicitarla la mujer. En todo caso, según lo expresamos, al régimen de participación en los gananciales se aplicarán las mismas causales que rigen para la sociedad conyugal (artículo 158, inciso 1º). l) En el régimen de participación en los gananciales, no operan las recompensas, que sí pueden presentarse en la sociedad conyugal. m) El régimen de participación en los gananciales parece menos solidario que el de la sociedad conyugal, en el cual, sin perjuicio del beneficio de emolumento de que goza la mujer, el pasivo social es soportado por ambos cónyuges. n) En lo concerniente a las agregaciones que deben hacerse al patrimonio originario, cuando la causa o título de la adquisición es anterior al inicio del régimen, cabe indicar que el artículo 1792-8 número 7, no exige, tratándose del régimen de participación en los gananciales, como en el artículo 1736 Nº 7 respecto de la sociedad conyugal, que la promesa conste de instrumento público o privado cuya fecha sea oponible a terceros. ñ) En la sociedad conyugal, la acción de nulidad que la ley franquea en algunos casos a la mujer o a sus herederos, prescribe en cuatro años, contados desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cesa la incapacidad que pueda afectar a la mujer o a sus herederos (artículo 1757). En el régimen de participación en los gananciales, la acción de nulidad que puede deducir cualquiera de los cónyuges cuando el otro constituyó cauciones personales sin la autorización del demandante, prescribe en cuatro años, contados desde el día en que el cónyuge que alega la nulidad, tuvo conocimiento del acto (artículo 1792-4). En todo caso, en ambos regímenes, la acción no prosperará, transcurrido que sean diez años, contados desde la ejecución o celebración del acto o contrato.
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 artículo 165
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 resolución 
 artículo 1792
 artículo 1792
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 artículo 1736
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 resolución 
 artículo 1736
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 artículo 1487
 artículo 1736
 artículo 1736
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 artículo 1736
 artículo 1703
 artículo 1792
 artículo 1736
 artículo 1792
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 artículo 1792
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 artículo 1792
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