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Timestamp: 2015-10-06 20:11:24+00:00

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La Fundación Iberá alertó acerca de las primeras habilitaciones para desmontes de fracciones del bosque nativo conocido como "Espinal Mesopotámico" en los departamentos Curuzú Cuatiá y Sauce de la Provincia de Corrientes, legalmente amparados en un Plan de Ordenamiento de Bosques Nativos que se halla cuestionado ante la justicia a la espera de pronta resolución y fue declarado ilegal por las máximas autoridades nacionales en materia de medio ambiente. Mercedes, Corrientes, 18 de Diciembre 2011: El Gobierno de Corrientes convocó a una Audiencia Pública para el día 21 de diciembre en la ciudad de Curuzú Cuatiá para dar cumplimiento a la habilitación de desmontes de unas 12 mil hectáreas de Espinal repartidas en siete establecimientos rurales. Según la organización ambientalista correntina el procedimiento está viciado de ilegalidad y resulta por lo menos imprudente, ya que expone a los productores rurales a situaciones jurídicamente comprometidas.La Fundación Iberá impugnó la constitucionalidad del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes (POTBN) por ser una mera reproducción del decreto 1439/9, mediante un Recurso de Amparo presentado en agosto de 2010. El POTBN correntino había sido manipulado en la legislatura por mandato del ejecutivo provincial de manera artificiosa para justamente dar vía libre a los desmontes en el tercio provincial sur conocido como "Espinal", un ecosistema típico y valioso de la naturaleza correntina. El pedido de inconstitucionalidad de la norma contó con el apoyo de legisladores provinciales, técnicos y científicos intervinientes en el desarrollo del plan (organismos dependientes del CONICET) y de las principales organizaciones conservacionistas del país, como Greenpeace, Fundación Biodiversidad, Aves Argentinas, Fundación Proteger y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Pese a ello y a más de un año de radicada la causa, el Juez interviniente no ha resuelto nada, dejando ver la pesada influencia de los sistemáticos, continuos e intimidantes mensajes emitidos por parte de las máximas esferas del Ejecutivo Provincial. Es que es justamente en esta área del Espinal donde las empresas COPRA y ADECO AGRO, pretenden la instalación de la Represa Ayuí Grande, afectando bosques ribereños del Espinal y fueron éstos intereses, con fuerte apoyo del Ejecutivo, los que impulsaron que todo el Espinal quedara pintado de verde y a merced de las topadoras. Una reciente resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación analizó el caso pormenorizadamente y sentenció concluyente: "El plan de ordenamiento de bosques correntinos es Ilegal" (Resolución 1238/2011). De esta forma, la provincia de Corrientes desafía y vulnera la implementación de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, la Ley Gral. del ambiente y cuanta norma jurídica se oponga a los intereses del ejecutivo provincial, ofreciendo un pésimo antecedente, que compromete incluso inversiones privadas de manera irresponsable, dejando expuestos a productores que podrían estar actuando de buena fe. La Fundación Iberá no pretende que el Espinal sea declarado "intocable", pero reclama que el Plan de Ordenamiento sea una herramienta técnica y legalmente válida que permita el uso sostenible de los recursos forestales. Este procedimiento es en cambio, abiertamente ilegal y se espera que sea anulado por las autoridades pertinentes.
El Estado Nacional resolvió que la Represa Ayuí Grande es legalmente incompatible
La Fundación Reserva del Iberá celebra la resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, emitida el día 24 de Agosto con el número 1238/2011, mediante la cual el Sr. Secretario Dr. Juan J. Mussi, ESTABLECE que el Proyecto Productivo Ayuí Grande resulta INCOMPATIBLE con el régimen legal vigente en la Républica Argentina.
La Resolución se funda en el trabajo colegiado de un grupo interdisciplinario de expertos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que analizó cientos de hojas de antecedentes aportados por la Provincia de Corrientes luego de que varias intimaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El documento establece la incompatibilidad del Proyecto Productivo Ayuí Grande luego de considerar las obligaciones argentinas en el ámbito del Tratado del Río Uruguay, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y la Ley Nacional de Conservación de los Bosques Nativos (Ley 26.331).
La Resolución expresa que dicho proyecto, aunque impulsado en el ámbito de la provincia de Corrientes, excede dicho territorio provincial y avanza sobre jurisdicciones de otra competencia, a través del eje fluvial Ayuí-Miriñay-Uruguay.
La resolución no omite referencia directa a errores y omisiones severas en la Evaluación de Impacto Ambiental encomendada por las empresas impulsoras del proyecto al Ing. Agr. Jorge Adámoli de la Universidad de Buenos Aires.
Finalmente –hecho que la Fundación Iberá interpreta fundamental para el alcance de una política ambiental madura en la provincia de Corrientes– la resolución pone en tela de juicio a la propia Ley de Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes, al señalar que: “Resulta evidente que la Ley Provincial de Corrientes Nº 5974 del 2010 no se ajusta a la Ley Nº 26.331, en virtud de haber clasificado en la Categoría III (verde), de manera uniforme y desmontable, el 94% de los Bosques Nativos contenidos en la Región del Espinal”.
Cabe recordar que la Fundación Reserva del Iberá demandó a la Provincia de Corrientes ante la Justicia ordinaria provincial mediante un Recurso de Amparo para que dicha Ley de Bosques Nativos de Corrientes sea declarada nula, cuestión en la que entiende el Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Mercedes a cargo del reconocido Juez Dr. René Buffil.
El Proyecto de Represa Ayuí Grande y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN RESERVA DEL IBERÁ MERCEDES – CORRIENTES – 22 de Junio de 2011La Fundación Reserva del Iberá analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que levanta la prohibición a la provincia de Corrientes para autorizar obras de la Represa del Arroyo Ayuí Grande y espera definiciones por parte del Estado Nacional. Mediante un fallo emitido el día 14 de Junio de 2011 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por agotado el proceso mediante el cual había prohibido a la provincia de Corrientes autorizar obras para la construcción de la Represa del Arroyo Ayuí Grande. Lo hizo al considerar cumplido el cometido de dicho proceso, que había sido solicitado por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Dr. Aníbal Fernández, bajo los supuestos de un posible impacto ambiental que trascendiera los límites de la provincia de Corrientes. El objeto de la medida de “no innovar” había sido que la Provincia de Corrientes entregue a la Nación la documentación necesaria para que pueda evaluar el caso, ya que dicha información no era remitida luego de recurrentes solicitudes por vía formal. Es importante destacar que con esta medida (trasmitida en un fallo del 12 de Noviembre de 2010), la Corte Suprema reconoció la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en la materia. El fallo mediante el cual da por extinguido el proceso, rechaza el aporte voluntario de terceros a la causa (por considerarlo excesivo a los objetivos planteados en la misma) e indica que el Poder Ejecutivo nacional no registró movimientos en el expediente, motivo por el cual una vez transcurrido el plazo de 90 días para la medida de no innovar, se entiende que su objeto había sido cumplido. La Corte Suprema no resuelve el fondo de la cuestión. Pero sí reconoce la ingerencia de la parte demandante (Poder Ejecutivo Nacional) y exige la entrega de información a la parte demandada (Provincia de Corrientes). La extinción del procedimiento no quita la competencia reconocida en favor del Estado Nacional, ni expresa juicio de valor alguno sobre los impactos del proyecto de Represa. Por lo tanto resultan falsas las expresiones emitidas en un comunicado oficial del gobierno correntino, que expresan textualmente: “La Corte Suprema rechazó intervenir en la cuestión Ayuí y falló a favor de la Provincia”, “Rechazó el recurso de amparo interpuesto por Nación y da la razón a la postura del Gobierno provincial”, “Aceptó los argumentos del gobierno de Corrientes, sustentados en factores generadores de progreso que no dañan la fauna ni la flora del ecosistema de este afluente del río Miriñay”.Esta actitud resulta, además de engañosa, claramente imprudente, toda vez que el Estado Nacional conserva la posibilidad de ejercer su –ahora reconocida por el máximo órgano de Justicia de la Nación– injerencia en la materia. El Estado Nacional tiene más de un motivo para intervenir en el caso, sea en resguardo de las relaciones bilaterales con la República Oriental del Uruguay, como en custodia del buen ejercicio de la Ley Nacional 26.331 de Conservación de los Bosques Nativos, ya que la misma fue implementada en la Provincia de Corrientes de una forma que la Fundación Iberá considera irregular y anticonstitucional. Primero, a través de un Decreto del Poder Ejecutivo que fue anulado por la Justicia Provincial a instancias de un Recurso de Amparo presentado por la fundación, y luego a través de la sanción de una Ley (Nro. 5974), que traslada los mismos vicios y se encuentra actualmente procesada en un nuevo Recurso de Amparo. Información de Contactos para la Prensa Dra. María Belén Blanco: 03774 15463401Sr. Enrique Lacour: 03773 15400769Lic. Aníbal Parera: 03773-15466969
GOBERNADOR COLOMBI Y EL CASO AYUÍ: “MIENTE, MIENTE… QUE AL FINAL ¿ALGO QUEDARÁ?”
Desde que la Corte Suprema de la Nación dio por "agotado" el amparo que prohibía a la Provincia de Corrientes avanzar con los permisos de obra para que los empresarios arroceros vinculados a Soros y Clarín puedan represar el Ayuí, empresarios y autoridades del ejecutivo provincial emiten comunicados que tergiversan la decisión de la justicia...No estoy citando a ese detestable personaje en la historia de la humanidad llamado Goebbels, sino a Voltaire, a quien realmente pertenece la frase, que figura en una carta de 1736 recopilada en sus obras completas. Pero fue el ministro de propaganda del Tercer Reich quien perfeccionó el «concepto». Lo que jamás habrá sospechado es que tendría sus más conspicuos discípulos en Corrientes.Corrientes: Diputada Provincial María Inés FagettiA raíz del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso “Ayuí”, el Gobernador sostuvo que ese Alto Tribunal reconoce “la autonomía provincial” y que “se trata de una cuestión que compete claramente a la órbita de Corrientes”.El comunicado oficial emitido por el Gobierno provincial –que parece escrito por Goebbels- se titula: “La Corte Suprema rechazó intervenir en la “Cuestión Ayuí” y falló a favor de la Provincia”, para luego reseñar farsantemente que el máximo tribunal “aceptó los argumentos presentados por la provincia de Corrientes”, que “rechazó el recurso de amparo interpuesto por Nación y da la razón a la postura del Gobierno provincial”, que “aceptó los argumentos del gobierno de Corrientes, sustentados en factores generadores de progreso que no dañan la fauna ni la flora del ecosistema de este afluente del río Miriñay”.¡Nada de eso ha dicho la Corte Suprema..!¿Como se puede mentir tanto y tan descaradamente?Basta una simple lectura de los tres pronunciamientos que la Corte dictó en la causa “Estado Nacional c/ Corrientes, Provincia de s/ amparo” para que hasta el más desprevenido advierta la deliberada tergiversación del tema que hizo el Gobierno correntino.El 14 de septiembre de 2010 la Corte se declaró competente para conocer en la causa iniciada por el Estado Nacional contra la Provincia de Corrientes, a fin de que cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos losestudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto de construcción de la represa sobre el Arroyo Ayuí, a los efectos de que las áreas competentes del Estado Nacional puedan expedirse acerca de su viabilidad, en virtud del eventual incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay que podría implicar. En base a ello dió curso a la acción de amparo y, para mejor proveer, requirió a la Provincia de Corrientes que informe si habían comenzado las obras y, en tal caso, su estado de avance; o, en su defecto, para qué fecha estaba programado el inicio de las tareas de construcción pertinentes.Posteriormente, en su fallo del 12 de noviembre de 2010, la Corte dispuso hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el Estado Nacional y, en consecuencia, entregar a las autoridades nacionales la documentación presentada por la Provincia de Corrientes a los efectos de que, en el plazo de noventa (90) días corridos, valore si las obras concernientes al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” se encontrarían alcanzadas por las previsiones del Estatuto del Río Uruguay, suspendiendo por dicho plazo las obras proyectadas.Lo destacable de este último pronunciamiento es que la Corte dejó en claro dos cuestiones: Ante el planteo de la Provincia de rechazar la intervención del Estado Nacional invocando el derecho a poder explotar sus recursos naturales (lo que Colombi llama “autonomía provincial”), la Corte dio la razón al Gobierno Nacional citando un fallo precedente en el que se sostuvo que no puede pensarse que “los jueces nacionales careciesen de jurisdicción para amparar a los agentes del Presidente de la República en el desempeño de sus comisiones, pues quedaría desarmado el poder nacional para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. Se tuvo por probada la reticencia y ocultamiento por parte de la Provincia de la información referida al proyecto Ayuí Grande que le fuera requerida reiteradamente por la Cancillería Argentina, sosteniendo la Corte que “las excusas invocadas por el señor gobernador para no remitir a las autoridades nacionales la documentación que le fue requerida, no constituyen razones suficientes para justificar esa negativa”.Es así que en su último fallo del 14 de junio pasado, la Corte declaró extinguido el proceso por haberse agotado el objeto del mismo, que era únicamente lograr que la Provincia de Corrientes entregara a las autoridades nacionales la información y documentación referida al proyecto Ayuí, que pretendió ocultar obstinadamente (más seguramente por las irregularidades e ilegalidades de dicho proyecto que por la supuesta defensa de la autonomía provincial).Queda claro entonces que no hay ni una sola palabra, ni un solo argumento del más alto Tribunal de la Nación que permita siquiera interpretar que el fallo “da vía libre al aprovechamiento del arroyo Ayuí” como lo sostienen las usinas goebbelianas colombistas.La del megaproyecto Ayuí es una triste historia para los correntinos, pero felizmente aún con final abierto.Ojalá que en ese final no sean las mentiras las que queden.Que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones. MARIA INES FAGETTIDiputada ProvincialPresidente de la Comisión de Ecología y Ambiente
“Queremos un país donde impere la ley por sobre todas las cosas”
Así lo manifestó Andrés Bosso, Director Ejecutivo de Aves Argentinas, frente a la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación. Representantes de diferentes ONG´s expusieron su preocupación en referencia al proyecto de construcción de una represa en el Arroyo Ayuí Grande de la provincia de Corrientes, que amenaza seriamente el ecosistema del lugar.Durante la última reunión de comisión de Recursos Naturales que se desarrolló en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, diferentes organizaciones ambientalistas acudieron a la misma, para exponer y argumentar las irregularidades existentes y las graves consecuencias venideras, de concretarse el proyecto de construcción de una represa en el Arroyo Ayuí Grande en la provincia de Corrientes. El mismo, representa una amenaza para la preservación de la biodiversidad regional, por tratarse de un área donde habitan gran cantidad de especies poseedoras de un alto valor para la conservación nacional e internacional.La reunión, encabezada por el presidente de la comisión de RRNN, el Diputado Nacional Miguel Bonasso, tuvo como orador al biólogo Aníbal Parera, quien acompaña a la correntina Fundación Reserva del Iberá en la campaña en defensa del Ayuí desde hace cinco años: “Está muy bien que en Corrientes se desarrolle el cultivo de arroz, nadie está en contra de eso, pero los productores que quieren hacer represas para irrigar deben utilizar los pequeños cursos de agua que caben en sus propiedades para lograrlas, y no como en este caso, que pretenden dejar bajo el agua a un arroyo que tienen al lado, pero no les pertenece”, señaló Parera, que a su vez trasladó la preocupación a la forma en que el irregular procedimiento de habilitación terminó torciendo la implementación de la Ley de Bosques en la provincia de Corrientes. Por su parte, Andrés Bosso, director ejecutivo de Aves Argentinas, expresó que dentro de las 15 mil Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS) identificadas en el mundo, 273 pertenecen a la Argentina, y 16 de ellas están en la provincia de Corrientes, incluyendo el Espinal de Mercedes: “El corazón de esta AICA es ni más ni menos que el Arroyo Ayuí Grande, habitado por especies como el Águila Coronada, Corbatitas o el Cardenal Amarillo”, reflexionó Bosso para enfatizar: “De entregar las 8500 hectáreas que se tiene pensado para llevar adelante este proyecto trasnochado, profundizará la situación de riesgo ya existente”.También se hizo presente en la reunión Ana di Pangracio, Coordinadora de Conservación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que brindó un marco jurídico a la temática presentada, y argumentó que se trata de un curso de agua que pertenece a todos y que quiere ser afectado, cuando Argentina se comprometió internacionalmente a conservar y utilizar responsablemente sus recursos naturales. Señaló además que “este proyecto vulnera la constitución provincial, y se están burlando de la ley de bosques buscando la vuelta para poder hacer lo que quieren”.Entre las voces de los legisladores resulta para destacar el testimonio de la Diputada Nacional por Corrientes Maria Josefa Aretta, quién es oriunda de la localidad de Monte Caseros, emplazada en la desembocadura del Río Miriñay sobre el Uruguay… “Hace muchos años que nuestro Río Uruguay no es el mismo, si hasta el agua que tomamos tiene olor a insecticida; y este proyecto no hace más que aumentar nuestro temor por la calidad de las aguas que necesitamos para vivir”. El presidente de la comisión, Diputado Nacional Miguel Bonasso, expresó su máximo agradecimiento por las exposiciones indubitables y aseguró que “el del Ayuí es uno de los grandes temas ambientales del país”. Al mismo tiempo, se sumó el Vicepresidente del la Comisión, Diputado Jorge Cejas, quien destacó que “es importante que los legisladores demostremos que este no es un tema teñido por la política, y que quienes integramos esta comisión demostremos que podemos estar todos juntos emitiendo nuestro rechazo a este proyecto de represa”.Los asesores de los diputados presentes, tomaron nota de los testimonios presentados para encausar el desarrollo de una declaración conjunta de rechazo a este proyecto, que ya se encuentra cuestionado en el ámbito de los tres poderes del Estado Nacional.
Visión siete: Luis Picolini un productor que ya fue afectado por una represa
Informe TV Pública - Represa sobre el Aº Ayuí Grande y la violación de Normas Fundamentales
Desde hace más de cinco años un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alterando el régimen de este importante curso de agua y eliminando valiosos bosques nativos. Dicho proyecto fue duramente cuestionado por Greenpeace y varias organizaciones ambientalistas desde su inicio. [1]Para que el proyecto de la Represa del Ayuí Grande sea factible se necesita que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes clasifique a los bosques ribereños que quedarían inundados en la Categoría III (verde), la cual permite su desmonte total o parcial. El artículo 9º de la Ley 26.331 establece en forma precisa que se deberán incluir en la Categoría I (rojo) a las “áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”. Resulta sorprendente entonces que gran parte de los bosques del Espinal cercanos a sistemas hídricos (incluyendo a los linderos con el arroyo Ayuí Grande) no fueran incorporados en el Ordenamiento Territorial de la provincia en la Categoría I (rojo), entendidos como “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”. Por otra parte el Ordenamiento Territorial de Corrientes, tampoco cumple con los “Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, del Anexo de la Ley que en su punto 9 establece: “Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al (5%), etc.”. Frente a ello, organizaciones ambientalistas de todo el país presentaron sus objeciones a dicho Ordenamiento, mediante un documento conjunto. Pse a las críticas, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió su sanción, sin ningún cambio, mediante el Decreto 1439/09, y el 9 de diciembre de 2009 aprobó el proyecto Represa del Ayuí Grande mediante el decreto 2353/09. En diciembre de 2009, la Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Reserva del Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que establecía el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia. Sin embargo, en lugar de modificarlo para que el mismo cumpla con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió enviar a la legislatura un proyecto de ley exactamente igual al decreto rechazado por la Justicia. Así, en mayo de 2010, la legislatura correntina sancionó la Ley Provincial Nº 5.974 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, cuyo mapa de zonificación es idéntico al anulado en su momento por la Justicia. Consideramos que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes se opone a los objetivos y criterios de conservación establecidos en la Ley de Bosques, ya que no protege importantes zonas boscosas continuas del Espinal y no le pone freno al avance de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de sus bosques. Teniendo en cuenta el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según el cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, entendemos que esta norma resulta inconstitucional al no cumplir con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 41