Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69375
Timestamp: 2017-11-20 07:53:10+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/2SPO-92/69375
SYNOPSIS: The initiative has the purpose of reforming the Federal Criminal Code, in order to effectively combat acts of corruption committed by legal persons, and therefore proposes that any representative, director, employee, agent, or any shareholder of a company commits the crime of bribery. Legal person, using any means of communication, oral, written and / or electronic, in order to promote an offer, payment, promise of payment or authorization of payment of any sum, offer, gift, promise to give or authorization of give any thing of value to any public servant in order to: influence any act or decision of said public servant acting on an official basis, induce said public servant to perform or omit any act in violation of his legitimate duty, obtain Some undue advantage; Or to induce such public servant to influence an law or decision of any order of government, in order to assist said legal person to obtain or retain a business for said person or for a third part.
Likewise, it proposes that the person who commits the crime of bribery shall be subject to the following sanctions, in the case of legal persons, in terms of the provisions of article 422 of the National Code of Criminal Procedure, the applicable legal consequences will be those provided in Article 11 bis of this Code, including the suspension or dissolution of the legal person, when the judge deems it necessary for public security. In terms of article 12 of this Code, there will be an attempt punishable when there is incitement, help, instigation or authorization of an act of bribery by the active subject of the crime to any of the persons mentioned in article 212 of this Code. For the purposes of the provisions of Title X, Chapter II, of the National Code of Criminal Procedures, the commission of the crime of bribery committed by legal persons, will be qualified when they originate by: Creation of accounts not seated in accounting books, Double counting or improperly identified transactions, recording non-existent expenses, recording liabilities with incorrect identification of their purpose, as well as the use of false documents by legal persons for the purpose of bribing foreign public servants or concealing said offense, And omit or falsify accounting books, records, accounts and financial statements of legal persons.
Los suscritos, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 222 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE COHECHO, al tenor de la siguiente:
Esta iniciativa aborda lo que se denomina en nuestro sistema jurídico como corrupción activa o ―cohecho activo, es decir que el delito es cometido por la persona que promete o da el soborno; a diferencia del ―cohecho pasivo, en que el delito es cometido por el servidor que recibe el soborno, incluso en el caso de que la persona que comete el delito se trate de una persona jurídica, ahora con responsabilidad penal, en términos del Capítulo II del Título X del Libro Segundo, el apartado relativo al procedimiento para personas jurídicas, del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y reformado mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2016.
De conformidad con el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas jurídicas son penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Entre las sanciones que se les pueden aplicar por la comisión de delitos se encuentran la suspensión de actividades o su disolución.
Por otra parte, la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA por su siglas en inglés) fue expedida en EE.UU. en 1977, pero en los últimos años ha adquirido especial importancia debido a la lucha contra la corrupción que vienen dando los diferentes países. [*]
Fue emitida por el Congreso de los Estados Unidos en 1977 como consecuencia del escándalo de Watergate. El objetivo principal de esta ley es fijar reglas para que los empresarios estadounidenses actúen de forma ética en la licitación de contratos en el extranjero.
En la mencionada ley se consagró el deber de abstenerse de hacer pagos a funcionarios públicos, partidos políticos, funcionarios de dichos partidos o candidatos a ocupar cargos públicos para que dichas personas tomen o se abstengan de tomar alguna decisión en relación con la adjudicación de un contrato.
Cualquier cosa de valor. La FCPA no establece un valor mínimo para lo que constituye un soborno, y el concepto de “cosa de valor” es interpretado de manera muy amplia. Los ejemplos incluyen regalos, comidas, entretenimiento, transporte, donaciones de caridad, descuentos, empleos o pasantías para familiares, y reembolso de los gastos de los funcionarios. Un área de alto riesgo para las compañías implica regalos, entretenimiento, comidas, viajes y hospedaje a funcionarios extranjeros, puesto que tales pagos pueden ser interpretados como (o pueden convertirse en) sobornos.
Directa o indirectamente. Los pagos, ofrecimientos y promesas están prohibidos, ya sea que los hagan directamente individuos o indirectamente terceros, por ejemplo, agentes locales, consultores, representantes, o subsidiarias. Las compañías o individuos podrán ser responsabilizados por los pagos indirectos si ellos autorizan los pagos o tienen conocimiento de que se hará un pago corrupto. Las compañías o individuos también podrán ser responsabilizados si deberían haberlo sabido – por ejemplo, si “ignoran conscientemente” una “alta probabilidad” de que un tercero hará un pago corrupto en su nombre. Un resultado de esta responsabilidad es que los programas de cumplimiento generalmente hacen énfasis en la debida diligencia de todos los representantes de terceros.
Ventaja inapropiada. Ventaja inapropiada se refiere a obtener o retener negocios o garantizar alguna otra ventaja. Por ejemplo, podrían hacerse pagos inapropiados para obtener registros o aprobaciones gubernamentales, ganar un contrato con el gobierno, autorizar equipos en aduana, reducir los aranceles aduaneros, garantizarse impuestos y tasas más favorables, o perjudicar a un competidor.
Por otra parte, en el año 1997 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) expidió la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (en adelante Convención Anticohecho) [*] . Por medio de esta Convención la OCDE desarrolla medidas para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros.
Con la finalidad de alinear la FCPA con las disposiciones contenidas en la referenciada Convención, en 1998 el Congreso de los Estados Unidos le realizó una enmienda introduciendo la penalización de conductas y ampliando el ámbito de aplicación de la ley, entre otras modificaciones.
A raíz de la expedición de la ley Sarbanes Oxley en 2002, relacionada con la prevención del fraude y quiebra de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, la aplicación de la FCPA ha alcanzado una gran relevancia en los últimos años.
La Convención Anticohecho de la OCDE es un acuerdo internacional suscrito por países que establecen medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Fue firmada en 1997 y entró en vigor el 26 de julio de 1999. México ratificó esta Convención el 22 de abril de 1999 y entró en vigor el 26 de julio de 1999.
Antes de adoptar la Convención Anticorrupción de la OCDE, los Estados miembro de la OCDE prefirieron adoptar en mayo de 1997 un instrumento jurídico no vinculante, la Recomendación revisada por el Consejo sobre el combate al cohecho en las transacciones comerciales internacionales. La Convención nació a raíz de esta Recomendación. En mayo de 2009, se adoptó la Recomendación del Consejo de la OCDE en contra de la deducibilidad fiscal de los sobornos en las transacciones comerciales internacionales, que junto a la Recomendación para reforzar el combate al cohecho en las transacciones comerciales internacionales de noviembre de 2009 y a la Convención Anti-cohecho de la OCDE forman los tres instrumentos del dispositivo anticorrupción de la OCDE.
Este es el único instrumento internacional que centra sus preocupaciones en la oferta de la corrupción ya que sobornar a funcionarios públicos para obtener ventajas en el comercio internacional socava la gobernabilidad, el crecimiento económico y la competitividad en los mercados.
La Convención Anticohecho busca prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales internacionales de los países signatarios y promueve el establecimiento e imposición de sanciones a servidores públicos, personas, empresas y profesionistas que encubran o participen en un acto de esta naturaleza. A través de ella, se define el delito, la base jurisdiccional, las disposiciones secundarias y la organización de la cooperación mutua entre los estados miembros en asuntos de apoyo y extradición.
La Convención también exige eliminar la deducción fiscal de los pagos de soborno, incluir jurisdicción sobre actos de corrupción cometidos en el país y en el extranjero y tomar medidas para garantizar que las decisiones para investigar o juzgar los casos de cohecho no estén influenciadas por consideraciones de interés económico. En este sentido, se deben prohibir las prácticas de contabilidad y auditoría que facilitan el ocultamiento de prácticas corruptas. Al igual que las otras convenciones, la Convención de la OCDE insta a proporcionar asistencia técnica jurídica a los demás Estados parte para investigar y perseguir los actos de cohecho en el extranjero
La OCDE recomienda que los países miembros tomen las medidas necesarias, considerando cuando proceda las circunstancias individuales de una empresa; por ejemplo, su tamaño, tipo, estructura legal, así como el sector geográfico e industrial de operación; de manera que las leyes, normas o prácticas relacionadas con los requisitos contables, las auditorías externas, los controles internos, la ética y el cumplimiento estén a la par de los siguientes principios y se usen de manera plena para prevenir y descubrir el cohecho de servidores públicos extranjeros en negocios internacionales, de acuerdo con sus principios jurisdiccionales y otros principios jurídicos básicos. [*]
Conforme al Artículo 8 de la Convención Anticohecho de la OCDE, los países miembros deberán tomar las medidas necesarias, dentro del marco de sus leyes y reglamentos, respecto a mantener libros y registros contables, divulgar estados financieros, usar normas de contabilidad y auditoría, para prohibir la creación de cuentas no asentadas en libros, llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada, el registro de gastos inexistentes, el registro de pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por parte de las empresas sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito.
En este mismo sentido, la OCDE recomienda a sus países miembros que deben exigir a las empresas que divulguen en sus estados financieros toda la variedad de pasivos contingentes materiales. Conforme al mencionado Artículo 8, los países miembros deberán estipular sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter civil, administrativo o penal para tales omisiones y falsificaciones con respecto a los libros, los registros, las cuentas y los estados financieros de dichas empresas.
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional, [*] en 2015, México se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados.
El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior.
México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos. Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.
Como parte de la Fase III de la evaluación sobre la de la implementación de la Convención Anti-cohecho de la OCDE, en mayo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales (GTC) realizó la visita in-situ a México y genero un Informe Final de evaluación [*] . El objetivo de la misión fue conocer, monitorear y evaluar el grado cumplimiento de la Convención por parte de las autoridades responsables de su aplicación (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como conocer el grado de conocimiento de la misma y la percepción que diversos sectores (privado, social y académico) tienen sobre la efectividad del combate a la corrupción y el cohecho internacional.
Es importante destacar los avances que México ha realizado en el combate a la corrupción en todos los órdenes de gobierno. Como primer paso, es relevante mencionar la labor legislativa que ha realizado el Congreso de la Unión en conjunto con la sociedad civil, bajo la novedosa modalidad del Parlamento Abierto, para la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, que dio como resultado la expedición de un Sistema integrado por siete leyes:
Reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
A este esfuerzo legislativo se ha sumado diversos actores, entre los que destacan, el titular del Ejecutivo Federal, implementando las medidas administrativas necesarias conducentes para que la Administración Pública Federal, coadyuve de manera plena con el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción.
En este sentido, otro avance importante es la próxima instalación del Comité de Participación Ciudadana de dicho Sistema, como órgano rector ciudadano con capacidad de proponer políticas anticorrupción y vigilar el funcionamiento del Sistema.
Esta elección sienta un precedente pues es la primera vez que un órgano colegiado integrado por ciudadanos – elegidos en un proceso no partidizado y transparente dirigido por otros ciudadanos – tendrá funciones públicas
En este sentido, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la mencionada Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo de la OCDE el 26 de noviembre de 2009, [*] armonizándolas con las disposiciones de responsabilidad penal de las personas jurídicas del Código Nacional de Procedimientos Penales, se propone el siguiente texto de reforma al Código Penal Federal, con la finalidad de combatir eficazmente los actos de corrupción cometidos por las personas jurídicas:
IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público con el fin de:
influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial,
inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,
obtener alguna ventaja indebida; o
inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona o para un tercero;
En el caso de las personas jurídicas, en términos de lo dispuesto en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las consecuencias jurídicas aplicables serán las dispuestas en el artículo 11 Bis de este Código, incluida la suspensión o disolución de la persona jurídica, cuando el juez lo estime necesario para la seguridad pública.
En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista incitación, ayuda, instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código.
Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la comisión del delito de cohecho cometido por personas jurídicas, serán calificados cuando se originen por:
Creación de cuentas no asentadas en libros contables,
Llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada,
Registrar gastos inexistentes,
Registrar pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por parte de las personas jurídicas con el propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito,
Omitir o falsificar libros contables, registros, cuentas y estados financieros de las personas jurídicas.
IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público extranjero con el fin de:
En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista incitación, ayuda, instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código y será calificado de conformidad con las disposiciones del artículo 222 Bis
Aunado a lo anterior, con el objeto de fortalecer la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de julio de 2016, la presente iniciativa tipifica las conductas realizadas por las personas jurídicas relativas al cohecho y establece los estándares probatorios suficientes para acreditar dichas conductas, adoptando para tal fin los criterios establecidos en el artículo 8 de la mencionada Convención Anticohecho de la OCDE sobre las prácticas contables irregulares utilizadas por las personas jurídicas para cometer el delito de cohecho tanto en su modalidad genérica como el cometido con servidores públicos extranjeros.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 222 Y 222 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE COHECHO, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDÉZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV y tres párrafos in fine al artículo 222 y una fracción IV al 222 BIS, ambas disposiciones del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:
II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o,
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 28 de febrero del 2017.
[*] Consultable en el sitio de internet del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, sección Foreign Corrupt Practices Act of 1977 en el siguiente vínculo: https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-spanish.pdf
[*] Consultable en el sitio de internet de la OCDE en el vínculo: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
[*] Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros
en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo el 26 de noviembre de 2009
[*] Consultable en el sitio de internet de Transparencia Internacional en el siguiente vínculo: http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
[*] El informe “PHASE 3 REPORT ON IMPLEMENTING THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN MEXICO” de octubre de 2011, se puede consultar en el sitio de internet de la Secretaría de la Función Pública en el siguiente vínculo: http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/cooperacion/convenciones/ocde/Informe_Final_Fase_III.pdf
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69375

References: ARTÍCULO 222
 artículo 421
 Artículo 8
 Artículo 8
 artículo 422
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 212
 artículo 12
 artículo 212
 artículo 222
 artículo 8
in fine
 artículo 222
 resolución