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Timestamp: 2019-01-19 02:56:49+00:00

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Rosario Velázquez Carrizo
1 MINISTERIO DE DEFENSA SUBSECRETARIA DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SDG.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MEMORIA DEL ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO PROYECTO DE ORDEN DEFENSA POR LA QUE SE REGULA EL REGISTRO ELECTRÓNICO CENTRAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, así como lo contemplado en su Guía Metodológica, aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de diciembre de Este informe sigue el formato de memoria abreviada y consta de los siguientes apartados: ficha del resumen ejecutivo, justificación de la memoria abreviada, base jurídica y rango del proyecto normativo, descripción del contenido, oportunidad de la norma, listado de las normas que quedan derogadas, impacto presupuestario e impacto por razón de género.
2 A) RESUMEN EJECUTIVO Ministerio/órgano proponente Ministerio de Defensa Dirección General de Infraestructura Subdirección General TIC. Fecha Título de la norma Orden Ministerial número DEF/XX/2012, de xx de xxxx, por la que se regula el Registro Electrónico Central del Ministerio de Defensa. Tipo de memoria Normal Abreviada OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA Situación que se regula El uso y la funcionalidad del Registro Electrónico Central del Ministerio de Defensa. Objetivos que se persiguen -Adaptar el Registro Electrónico Central del Departamento al Real Decreto 1671/ Facilitar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que ofrece el Departamento a través de sus Sedes Electrónicas. Principales alternativas consideradas -Adaptar el Registro Electrónico existente en el Departamento al Real Decreto 1671/ Crear un nuevo registro electrónico. Tipo de Norma CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO Orden Defensa Estructura de la Norma -Parte expositiva -Parte dispositiva: once artículos -Parte final: una disposición transitoria, una derogatoria, y. dos disposiciones finales 2
3 Informes recabados Trámite de audiencia -Informe de la Asesoría Jurídica General. -Informe de la Agencia Española de Protección de Datos. -Informe de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica. -Informe del Consejo Superior de Administración Electrónica. -Informe de la Dirección General de Armamento y Material Informe de la Dirección General de Asuntos Económicos.. -Informe del Ejército de Tierra. -Informe de la Armada. -Informe del Ejército del Aire. -Informe del Estado Mayor Conjunto. -Informe de la Inspección General de Sanidad. -Informe de la Secretaría General de Política de Defensa. -Informe de la Subsecretaría de Defensa. -Informe de la Unidad Militar de Emergencias. El procedimiento no requiere trámite de audiencia. ADECUACION AL ORDEN DE COMPETENCIAS IMPACTO ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO ANÁLISIS DE IMPACTOS El título competencial prevalente es el artículo ª de la CE, siendo por tanto una competencia exclusiva del Estado. Efectos sobre la economía en general En relación con la competencia Desde el punto de vista de las cargas administrativas ESTE PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL, NO TIENE EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA. la norma no tiene efectos significativos sobre la competencia la norma tiene efectos positivos sobre la competencia La norma tiene efectos negativos sobre la competencia Supone una reducción de cargas administrativas Cuantificación Estimada: Incorpora nuevas cargas administrativas Cuantificación Estimada: No afecta a las cargas administrativas. 3
4 Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma Implica un gasto IMPACTO DE GÉNERO OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS OTRAS CONSIDERACIONES Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado. Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales La norma tiene un impacto de género Implica un ingreso Negativo Nulo Positivo JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo recoge en su artículo 3 la posibilidad de realizar una memoria abreviada cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos apreciables en algunos de los ámbitos. La implantación de esta norma no implica, ni tiene relación, en los precios de los productos o servicios. No afectará a la productividad del personal del Ministerio, ni a las empresas que trabajan con el mismo. Tampoco tendrá una repercusión directa sobre la creación ni la destrucción de empleo. No incluye elementos que distorsionen la competencia en el mercado, ya que no supone restricciones al libre mercado ni a la competencia. 4
5 Si bien la implantación de la norma busca una reducción de las cargas administrativas imputables al ciudadano, no introduce nuevas cargas al mismo. Por último, no es previsible que suponga un aumento en los ingresos y gastos públicos, tanto financieros como no financieros. La norma no tendrá efectos, directos o indirectos, sobre las personas físicas, no teniendo efectos sobre los hombres y mujeres destinatarios de la misma. Por todo ello no corresponde la presentación de una Memoria completa, realizándose una Memoria abreviada. B) BASE JURÍDICA Y RANGO NORMATIVO La legalidad del proyecto está basada en los preceptos normativos que a continuación se citan. El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, insta a las Administraciones Públicas a que promuevan la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, así como en las modificaciones efectuadas a la misma a través de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El artículo 38.9 de la citada Ley 30/1992, introducido por el artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 5
6 Orden Social, presenta la posibilidad de creación de registros telemáticos, para que el ciudadano pueda comunicarse con la administración dentro del ámbito de los trámites y procedimientos definidos en la norma de creación de dicho registro. Posteriormente el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro, deja definidas las características y funcionalidades que deben cumplir los mismos. En consecuencia el Ministerio de Defensa por Orden Ministerial DEF/2416/2005, de 18 de julio, crea el registro telemático con el objeto de permitir tramitar todos aquellos escritos y solicitudes que forman parte de alguno de los procedimientos que se detallan en el anexo de la citada orden. Un punto de inflexión lo marca la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), ya que lo que hasta ese momento era reconocido como una posibilidad, el poder comunicarse con la administración utilizando medios electrónicos, pasa a ser reconocido como un derecho. En concreto en los artículos 24, 25 y 26 se describe lo relacionado con las funciones, el funcionamiento, la creación y el cómputo de plazos en los registros. Además, los registros telemáticos existentes hasta ese momento pasan a denominarse registros electrónicos según el punto 2 de la Disposición transitoria única. Posteriormente se aprueba el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la LAECSP; en el Título IV, de Registros Electrónicos, se detalla lo previsto en la Ley en los aspectos de creación, 6
7 funciones, recepción y rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones, así como la creación por parte del Ministerio de la Presidencia de un Registro Electrónico Común. La disposición final tercera contempla que la adaptación de los registros electrónicos existentes en ese momento a lo definido en este real decreto deberá hacerse por orden ministerial, tal y como recoge el artículo 27. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, en su artículo 38, hace referencia a los registros electrónicos en el sentido de que la seguridad de éstos se regirá por dicho RD. De la misma manera, la interoperabilidad de los registros electrónicos se regirá por lo establecido en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, tal y como se define en el artículo 25 del propio real decreto. C) BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA. La Orden Ministerial número 105/2002, de 22 de mayo, por la que se regula la producción normativa en el ámbito del Ministerio de Defensa y la Instrucción 116/2002, de 31 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las Normas para la Producción Normativa en el Ámbito del Ministerio de Defensa, regulan los procedimientos relativos a la iniciación, elaboración y tramitación de los expedientes normativos. La Dirección General de Infraestructura, que actúa como órgano originador del proyecto, siguiendo el cauce establecido en la normativa de referencia para 7
8 la aprobación de la presente disposición normativa, ha solicitado al Secretario de Estado de Defensa la correspondiente Orden de Proceder. Una vez concedida, se ha procedido a la apertura del expediente normativo emitiendo la correspondiente Comunicación de Apertura de Expediente Normativo a la Secretaría General Técnica de la Subsecretaria de Defensa. El expediente normativo del presente proyecto de Orden Ministerial contiene la conformidad de la Secretaría de Estado de Defensa, la comunicación de apertura del expediente normativo a la Secretaria General Técnica, el texto final de la disposición proyectada, la presente memoria abreviada del análisis de impacto normativo y los informes de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica, del Consejo Superior de Administración Electrónica, de la Dirección General de Armamento y Material, de la Dirección General de Asuntos Económicos, del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, del Estado Mayor Conjunto, de la Inspección General de Sanidad, de la Secretaría General de Política de Defensa, de la Subsecretaría de Defensa y de la Unidad Militar de Emergencias.. A su vez, el texto final de la disposición proyectada está compuesto por un preámbulo, el cuerpo normativo articulado en once artículos, una disposición transitoria, una derogatoria, dos disposiciones finales, y un anexo. En su preámbulo se analizan los antecedentes legales y la normativa en la que se sustenta la adaptación del Registro Electrónico al RD 1671/
9 En los apartados del cuerpo normativo se desarrolla el objeto y ámbito de aplicación de la norma, definiendo además las funciones, órganos competentes, el punto de acceso de los interesados al Registro Electrónico, las condiciones generales para presentación de escritos, así como un anexo donde se relacionan todos los procedimientos que pueden hacer uso del citado Registro. En la parte dispositiva son de reseñar la disposición derogatoria única por la que se deroga la Orden DEF/2416/2005 de 18 de Julio por la que se crea un registro telemático para la presentación de escritos y solicitudes. D) OPORTUNIDAD DE LA NORMA. La oportunidad de promover el proyecto de Orden Ministerial por el que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Defensa viene justificada por el mandato del RD 1671/2009 en el que su artículo 26 determina que todos los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado dispondrán de un servicio de registro electrónico. Por otra parte el artículo 27 del citado Real Decreto dispone que la creación de registros electrónicos se efectúe mediante orden del Ministro respectivo previa aprobación del Ministro de la Presidencia, dando un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor del citado Real Decreto, para la adaptación de los registros telemáticos, existentes a la entrada en vigor de la Ley 11/2007, a lo establecido en el mencionado Real Decreto. E) LISTADO DE LAS NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS. La presente Orden Ministerial supone la derogación de la Orden DEF/2416/2005, de 18 de julio, por la que se establecen los criterios generales 9
10 de tramitación telemática de determinados procedimientos por el Ministerio de Defensa y los organismos públicos adscritos al departamento y se crea un registro telemático para la presentación de escritos y solicitudes. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden. F) IMPACTO PRESUPUESTARIO. Las acciones contenidas en la presente Orden Ministerial derivadas de la adaptación y regulación del Registro Electrónico del Ministerio de Defensa no suponen en ningún modo incremento alguno del gasto ni disminución de los ingresos públicos y serán atendidas con los recursos existentes en el Departamento. G) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al precepto por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe reseñarse que el tratamiento de género es correcto en este texto normativo, ya que en ninguno de sus preceptos, ni en el fondo ni en la forma, se prevén medidas o consecuencias que puedan suponer discriminación alguna entre hombres y mujeres. Por ello, se considera que el impacto del proyecto es nulo por razón de género. 10

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 45
 artículo 38
 artículo 68
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 22