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Timestamp: 2019-09-16 12:50:57+00:00

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Resolución de TEAF Navarra, 990693, 01-07-2003 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990693 de 01 de Julio de 2003
Núm. Resolución: 990693
Prescripción: diligencias realizadas con la mera finalidad de interrumpir la prescripción. Subrogación en las deudas y responsabilidades tributarias en caso de escisión. Gastos deducibles: liberalidades, activos (turismos) no afectos, provisión por depreciación de valores, remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración. Operaciones vinculadas: préstamos a socios sin interés. Sanciones. SE ESTIMA EN PARTE.
Cuestiones derivadas de Actas de Inspección por el Impuesto sobre Sociedades.
Examinado escrito presentado por don AAA en representación de la sociedad "EEE" como absorbente de la sociedad "CCC", con C.I.F. número A-ZZ-ZZZZZZ, en relación con liquidaciones derivadas de Actas de Inspección levantadas por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1992, 31 de diciembre de 1993 y 21 de julio de 1994.
SEGUNDO.- A la vista de dicha propuesta, del informe ampliatorio de la Inspección y de las alegaciones de la interesada, vino a dictarse por el Jefe de la Sección gestora acto administrativo confirmatorio de dicha propuesta, girándose a continuación las oportunas liquidaciones. Y contra dichos actos administrativos viene ahora la entidad interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Foral mediante escrito remitido por correo certificado el día (...) de septiembre de 1999, solicitando la anulación de las liquidaciones practicadas aduciendo para ello las razones que entiende convenir al logro de su propósito.
SEGUNDO.- Se alega por la recurrente una serie de defectos formales cuya estimación llevaría a la anulación del procedimiento seguido, por lo que procede iniciar este Acuerdo con el análisis de los mismos. Así, se solicita en primer lugar que sea declarada la prescripción con respecto del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1992 y ello por cuanto, iniciado el procedimiento inspector mediante comunicación-citación de fecha (...) de junio de 1998, notificada el (...) de junio, en la que se señalaba como fecha de comienzo de las actuaciones el día (...) de julio de 1998, tal inicio se demoró hasta el mes de septiembre de 1998, fecha en la que habría prescrito el derecho de la Administración para la determinación de la deuda tributaria. Pero, frente a tal alegación, hemos de señalar que no nos encontramos en el presente caso ante una actuación realizada con la mera finalidad de interrumpir la posible prescripción del citado derecho, sino en una mera demora en el inicio de las actuaciones de investigación que no superó los dos meses, y sin que tal demora haya supuesto una ampliación de los periodos inspeccionados, que quedaron claramente marcados en la citación remitida. Así pues, hemos de considerar que la comunicación-citación remitida sí es un acto (el primer acto) tendente a la liquidación del Impuesto y, por tanto, con plena eficacia interruptiva de la prescripción.
En segundo lugar, en cuanto a las alegaciones presentadas relativas a la posición de la sociedad recurrente, "EEE", en relación con las actuaciones de inspección y la falta de personación de terceros interesados, ha de tenerse presente que el artículo 11.1 de la Ley Foral 8/1992, de 3 de junio, por la que se regula el régimen fiscal de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes de valores y relaciones sociedades matriz-filial establecía que "cuando las operaciones mencionadas en el artículo 1º determinen una sucesión a título universal, se transmitirán a la entidad adquirente los derechos y las obligaciones tributarias de la entidad transmitente que se encontrasen pendientes en el momento de adoptarse el correspondiente acuerdo". En relación con el citado artículo ha de señalarse que, en primer lugar, la sucesión producida como consecuencia de una escisión ha sido tradicionalmente calificada como sucesión a título universal, por ejemplo en Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2002 o en Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de noviembre de 2002. Por otra parte, también el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de septiembre de 1999 (que vino a anular la Sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de abril de 1994 alegada por la recurrente) y en relación con la sucesión en la deudas y responsabilidades tributarias prevista en el artículo 72 de la Ley General Tributaria "entiende que la expresión «deudas y responsabilidades tributarias derivadas ...» comprende todas las obligaciones tributarias devengadas ex lege, con anterioridad al cambio de titularidad, aunque, por supuesto, algunas de ellas sean liquidadas con posterioridad". Y, por otra parte, no se observa tampoco la concurrencia de posible indefensión por la no citación de la sociedad "DDD" resultante de la escisión de la sociedad inspeccionada, al ser la actuante la única sucesora en la actividad industrial y empresarial de la "BBB"
Por último, en cuanto a la existencia de un supuesto de derivación de responsabilidad en relación con la entidad recurrente, habrá de tenerse en cuenta que, tratándose como ya se ha señalado, de un supuesto de sucesión a título universal no estamos ante una derivación de responsabilidad por deudas anteriores de la sociedad extinguida, sino en un caso de subrogación en la posición de la citada sociedad. En relación con lo dicho podemos traer a colación lo establecido por el Tribunal Supremo en su Sentencia ya citada de 24 de septiembre de 1999 cuando hace referencia a "la doctrina mantenida en nuestra Sentencia de 26 de mayo de 1994, que sostiene que en los supuestos de sucesión a título universal, el adquirente sucede directamente en todas las obligaciones, incluidas las tributarias, sucesión evidentemente más amplia que la responsabilidad especial del artículo 72 de la Ley General Tributaria, por cuanto no se limita a las obligaciones tributarias derivadas de explotaciones económicas, y sobre todo no queda condicionada a la declaración de responsabilidad subsidiaria, previa falencia del sujeto pasivo transmitente".
Así pues, no procederá anular el procedimiento inspector desarrollado ni declarar la prescripción del derecho de la Administración a la práctica de la correspondiente liquidación en relación con el ejercicio 1992 como solicita la recurrente.
TERCERO.- Entrando ya en el análisis de las alegaciones realizadas sobre el fondo del asunto, las mismas se concretan en la oposición de la recurrente a las regularizaciones propuestas en relación con amortizaciones de vehículos de turismo, partidas calificadas como liberalidades, retribuciones satisfechas a los miembros del Consejo de Administración, presunción de intereses por préstamos a socios y deducibilidad de provisiones dotadas por depreciación de valores.
En cuanto a la deducción de gastos relacionados con vehículos de turismo de titularidad de la entidad interesada, los inspectores actuantes excluyen la deducibilidad de los gastos relacionados con los mismos al entender que no se trataba de elementos necesarios para el ejercicio de la actividad desarrollada por la entidad inspeccionada y, en consecuencia, los gastos relacionados con tales vehículos tampoco eran gastos necesarios para la obtención de sus ingresos. La entidad recurrente, por su parte, alega que los gastos referidos a los citados vehículos corresponden a cuotas derivadas del arrendamiento financiero de los vehículos y mantiene el carácter deducible de los citados gastos.
En relación con esta cuestión ha de señalarse que el artículo 9 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades establece, con carácter general, que "para la determinación de los rendimientos netos se deducirán, en su caso, de los rendimientos íntegros obtenidos por el sujeto pasivo los gastos necesarios para la obtención de aquéllos y el importe del deterioro sufrido por los bienes de que los ingresos procedan". Así pues, para que los gastos contabilizados tengan el carácter de fiscalmente deducibles se precisa una vinculación directa con los ingresos que obtenga la entidad, y, en el presente caso, no se aprecia tal vinculación. En efecto, téngase presente que de las características objetivas del vehículo no se revela la afección del mismo a la actividad empresarial de la entidad, señalando además el informe ampliatorio realizado que los vehículos fueron dados de baja con ocasión de la escisión de la entidad sin ser reemplazados por otros distintos, y frente a tal afirmación la misma no ha realizado actividad probatoria alguna en relación con la pretendida necesidad de los vehículos, sin llegar siquiera a indicarse cual pudiera haber sido el uso dado a los mismos. Y tal actividad probatoria por parte del sujeto pasivo ha venido siendo exigida reiteradamente por la jurisprudencia, pudiendo citar en tal sentido las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 22 de marzo y 30 de abril de 1999, o las Sentencias de la Audiencia Nacional de 6 de julio de 2000, 24 de mayo de 2001 y 3 de mayo de 2002. En consecuencia, procederá confirmar la exclusión de la deducibilidad de los referidos gastos tal y como se hace en la propuesta inspectora y consiguientes liquidaciones.
CUARTO.- En relación con la exclusión de la deducibilidad de gastos calificados en el informe ampliatorio como liberalidades, se opone la entidad recurrente al considerar, en esencia, que en tales gastos no existe un "animus donandi", sino que se trata de gastos relacionados con atenciones a clientes y proveedores respecto de los cuales debe admitirse su necesidad, entendida como utilidad o conveniencia, para la obtención de ingresos.
Pues bien, respecto de tales gastos, consistentes fundamentalmente en pagos a restaurantes u hoteles, así como compras de lotería, abonos para corridas de toros y otras compras no especificadas, nada viene a acreditarse por la recurrente con relación a su pretendida finalidad de gastos de atención a clientes y proveedores. Asimismo, no se viene a justificar la inclusión en la misma cuenta de "Atenciones" de ciertas partidas que, según alega la recurrente, corresponderían a otros conceptos distintos, tales como seguros, papelería, ferretería, transportes, telegramas, de modo que, con el fin de dotar a la referida cuenta de una cierta homogeneidad, habrá que concluir que los citados gastos no lo eran por actos de gestión corriente de la entidad, los cuales tendrían su específico acomodo en otras cuentas de la sociedad; y en cuanto a los asientos reflejados como "pagos" a Cruz Roja, tampoco viene a aclararse el sentido que pudiera tener la inclusión de estos pretendidos donativos en una cuenta correspondiente a gastos de representación de la sociedad. En consecuencia, ante la falta de acreditación de la vinculación de los gastos con la obtención de ingresos por parte de la recurrente, habrá de mantenerse la no deducibilidad de los mismos en los términos establecidos en las actas y posteriores liquidaciones practicadas.
QUINTO.- Entre los gastos cuya deducibilidad no fue admitida por los inspectores actuantes se encuentran también los referentes a remuneraciones satisfechas a los miembros del consejo de administración. En relación con tales gastos, se señala en el informe ampliatorio que "la empresa fija en sus estatutos una retribución mínima a sus consejeros de acuerdo con un criterio ajeno a los resultados de la propia entidad", siendo tal retribución "de naturaleza única, ya que no prestan a la empresa, (?), servicios distintos que los propios de su condición de administradores de la compañía, por lo que en cualquier caso está sometida al límite del 10% establecido y regulado en el artículo 9-n del D.F.L. 153/1986, de 13 de junio". La entidad recurrente se opone, por su parte, a la aplicación del citado límite al no consistir la retribución en una participación en beneficios de la entidad.
A estos efectos, el citado artículo 9.n) del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades establecía entre los gastos deducibles para la determinación de los rendimientos netos "las participaciones de los administradores en los beneficios de la Entidad, siempre que sean obligatorias por precepto estatutario, o estén acordadas por el órgano competente, y no excedan del 10 por 100 de los mismos". En este sentido ha de tenerse presente lo establecido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1996 según la cual "si estos servicios (tales servicios, según el párrafo anterior del mismo Fundamento de Derecho Segundo, eran en el caso en cuestión tanto los "actos fundamentales de gestión y administración", como "la prestación de servicios profesionales") estuviesen remunerados de modo fijo, con independencia de si existen o no beneficios, serían deducibles como gasto fiscal, sin aplicación del límite máximo del 10 por 100, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas, aprobado por Decreto 3359/1967, de 23 diciembre, respecto del ejercicio 1978, y en el artículo 13, apartado d), de la Ley 61/1978, de 27 diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, respecto del ejercicio 1979, pues en ambos textos legales, el límite del 10 por 100 sólo se refiere a los supuestos en que los consejeros, gestores, o administradores son retribuidos por su trabajo, como tales, por medio de participaciones en beneficios e incluso en el Texto Refundido de 23 diciembre 1967, (art. 17.22) cuando la retribución fuese mediante participaciones «en ingresos, gastos, producción o en cualquier otro concepto análogo...» (en igual sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de 29 octubre 1998)." En efecto, ha de tenerse en cuenta que la limitación establecida en el artículo 9, apartado n), en relación con la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores de la sociedad sólo hace referencia a aquellos supuestos en que tal retribución consista en una participación en los beneficios de la entidad (supuesto en el que el gasto no sería contabilizado como tal en la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad) pero no en los demás supuestos de retribución de las funciones de administrador de la sociedad, sin que resulte exigido por la norma que los administradores, para que sus retribuciones sean deducibles, deban desempeñar otros trabajos o prestar otros servicios a la entidad (señala la Sentencia citada que "esta naturaleza dual de la retribución de los socios gestores se justifica por la peculiaridad del trabajo que prestan en la Sociedad, pues no se limitan a la dirección y gestión de la misma, sino que son ellos los que realizan la actividad que constituye su objeto social, que es el ejercicio profesional de Agente de Aduanas, por ello es perfectamente lógico que los socios sean retribuidos mediante una participación en los beneficios, en su condición de socios, y, a la vez, como actúan y ejercen una actividad profesional, sean retribuidos sus servicios como honorarios o mediante una cantidad previamente establecida", de donde podemos deducir que las actividades de gestión y dirección son también una prestación de servicios hacia la sociedad). Y debe observarse además, que, en el presente caso, las remuneraciones satisfechas a tales administradores no guardan relación alguna con una posible participación en el capital social de la entidad pagadora, por lo que resulta evidente que la remuneración lo es por la prestación de servicios a la misma, aun cuando lo sean únicamente de dirección y gestión de la misma. Así pues, procederá admitir la deducibilidad de los referidos gastos.
SEXTO.- En cuanto a la imputación de intereses derivados de préstamos otorgados a socios de la entidad como consecuencia de atribuir a los mismos el carácter de operación vinculada, la recurrente señala en su escrito de recurso que "nada tiene que objetar esta parte al principio de valoración de las operaciones entre una sociedad y sus socios en condiciones de mercado entre partes independientes", si bien se opone, por una parte, a la aplicación a las operaciones del interés legal del dinero, al considerar que el mismo no se corresponde con un interés de mercado, y, por otro lado, a la aplicación del tipo de interés a los saldos existentes a fecha de inicio de cada ejercicio, al no tenerse en consideración la existencia de devoluciones parciales efectuadas por los socios.
A) En cuanto a la aplicación a las operaciones vinculadas del interés legal del dinero como interés de mercado, no parece descabellada la actuación de los inspectores, al amparo de lo establecido en la jurisprudencia habida en relación con el tema, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1992 cuando establece: "Sabido es que, con arreglo al art. 16-1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 27-12-1978, «los ingresos y gastos se computarán por sus valores contables, siempre que la contabilidad refleje en todo momento la verdadera situación patrimonial de la Sociedad» regla que tiene su excepción en el ap. 3 del propio artículo al disponer que «cuando se trate de operaciones entre sociedades vinculadas, su valoración a efectos de este Impuesto se realizará de conformidad con los precios que serían acordados en condiciones normales de mercado entre sociedades independientes», y esta misma regla se aplica a «las operaciones entre una Sociedad y sus socios» (art. 16-4-b). De esta forma es claro que, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, el préstamo concedido por el señor M. a la sociedad en régimen de transparencia fiscal -de que es socio (...), habría de ser estimado «en condiciones normales de mercado» que, ciertamente, no pueden ser otras sino retribuido y, a falta de pacto, devengando el interés legal del dinero". Idéntico criterio ha sido mantenido por el propio Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de abril de 2000 o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla, en Sentencia de 23 de abril de 2002.
B) Y, en relación con la segunda alegación que realiza la entidad recurrente, a saber, que se tengan en cuenta a efectos de determinación de los intereses imputables las devoluciones realizadas por los socios a lo largo de los diversos periodos impositivos, ha de tenerse presente que las citadas devoluciones, a la vista de los datos obrantes en el expediente y derivados de la contabilidad de la inspeccionada, se produjeron en los diversos ejercicio con fecha 30 de diciembre del año en cuestión, de modo que deben entenderse correctamente realizados los cálculos que figuran en el informe ampliatorio dado que los saldos iniciales se mantuvieron fijos en todos los casos hasta el final del ejercicio.
SÉPTIMO.- En relación con la regularización de las cantidades deducidas en concepto de "provisión por depreciación de valores", a falta de otra norma reglamentaria, se acude a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, según el cual: "1. Para determinar la provisión por depreciación de valores mobiliarios deducibles, se operará como sigue:
a) Se tomará el valor de realización, al cierre del ejercicio, de los valores de que se trate, salvo que el precio de adquisición fuese menor, en cuyo caso se tomará éste.
b) De dicho valor se restará el menor del precio de adquisición o del valor de realización al inicio del ejercicio minorado a su vez por el importe de los derechos de suscripción enajenados en el ejercicio, de acuerdo con las normas del artículo 75 de este Reglamento.
En relación con dicha provisión, la propuesta inspectora vino a admitir la deducción declarada por la entidad en relación con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1992, por importe de 22.779.667 pesetas, pero no así la aplicada en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1993, reduciendo la misma de 169.982.551 pesetas a 8.571.480 pesetas.
Del precepto transcrito se deduce, en primer lugar, que la regulación de la provisión que nos ocupa está dominada por el principio de independencia de ejercicios, y, por consiguiente, la dotación deducible fiscalmente será, exclusivamente, aquella que recoja la depreciación del ejercicio (de ahí que el apartado 3 del mismo artículo 72 del Reglamento considere saneamiento del activo a la dotación que exceda de la depreciación sufrida en el ejercicio); en segundo lugar, que el valor de realización de los valores mobiliarios se toma al cierre del ejercicio; y, por último, que cuando las acciones no coticen en bolsa, a los efectos de la provisión hay que tomar en cuenta el valor según libros o valor teórico (vid Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 4 de abril de 1995). Así pues, en relación con la regularización correspondiente al año 1993 habremos de estar de acuerdo con la propuesta inspectora no pudiendo exceder la dotación deducible en el ejercicio de la depreciación correspondiente a dicho año resultante de los valores teóricos de la sociedad participada.
Por otra parte, en relación con el ejercicio 1992 pretende la entidad recurrente que se incremente el importe de la dotación deducible, amparándose para ello en que, habiéndose adquirido parte de las acciones durante el propio ejercicio 1992, concretamente el día 10 de enero, no podría aplicarse a las mismas, a efectos de determinar su depreciación, el valor de realización a 31 de diciembre de 1991, al no ser poseídas las acciones en dicha fecha, por lo que habrá de estarse a su valor de adquisición. Pues bien, frente a tal pretensión habrá de tenerse presente lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1988, aportada al expediente, así como en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de julio de 2001. En la primera de las Sentencias citadas se viene a reconocer que la Hacienda Pública no se halla obligada a admitir, para los valores cotizados en Bolsa, un valor superior al de dicha cotización que hubiera sido pactado por los interesados. Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Nacional citada excluye también la aplicación de una pretendida dotación por depreciación de valores en el caso de participaciones que, no cotizando en mercado secundario, fueron adquiridas por sociedad vinculada por precio notablemente superior al teórico de la sociedad, estableciendo que "en consecuencia, y dada la evidencia del exceso del precio pagado por (...) respecto de la compra de acciones de (...), sobreprecio respecto de los valores teóricos de tales acciones cuya razón exclusiva era la de obtener un ilícito beneficio fiscal, la conclusión de todo lo anterior es que procede confirmar la regularización que de la dotación para la provisión de la depreciación de la cartera de valores, como saneamiento del activo no deducible fiscalmente, se lleva a cabo por la Inspección (y se confirma en vía económico-administrativa), por lo que el segundo motivo del recurso asimismo ha de decaer". En el presente caso podemos apreciar, asimismo, que con fecha 10 de enero de 1992 se adquirieron por la entidad inspeccionada 39.717 acciones por un importe de 333.871.997 pesetas, a razón de 8.406,27 pesetas por acción, cuando su valor teórico a 31 de diciembre de 1991 ascendía a 7.197,73. Así pues, habrá también de mantenerse el importe de la deducción admitida para el ejercicio 1992.
OCTAVO.- En relación con la imposición de las correspondientes sanciones por entender los inspectores actuantes que en el caso se habían cometido infracciones calificadas como de omisión se opone la entidad recurrente al considerar que, por una parte, nos hallamos ante un supuesto de derivación de responsabilidad en el que no cabe la transmisión de dichas sanciones, y, por otro lado, la inexistencia de culpabilidad en la entidad declarante. Pues bien, respecto de la primera cuestión ya se hace referencia a ella en el Fundamento de Derecho Segundo de este mismo Acuerdo rechazándose la existencia de tal derivación de responsabilidad, por lo que nos remitimos a lo allí expuesto. Y, en cuanto a la existencia o no de culpabilidad por parte del sujeto pasivo, no podemos admitir que en el caso se hayan producido meras diferencias interpretativas, sino una auténtica actuación tendente a la ocultación del valor real de la base imponible correspondiente, siendo, en consecuencia, procedente la imposición de las oportunas sanciones.
NOVENO.- En consecuencia, a la vista de lo establecido en los Fundamentos de Derecho anteriores, procederá anular las liquidaciones giradas por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1993 y el 21 de julio de 1994 y sustituirlas por otras que minoren el importe de la base imponible descubierta en las cantidades correspondientes a las retribuciones a los administradores no admitidas como gastos deducibles por la propuesta inspectora (cuyos importes ascienden a 22.592.727 pesetas en el ejercicio 1993 y 10.997.867 pesetas para el año 1994), con la consiguiente reducción de la sanción e intereses de demora girados, y, por el contrario, procederá mantener la liquidación girada por el ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1992 en sus propios términos.
Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de la sociedad "EEE" como absorbente de la sociedad "CCC" en relación con liquidaciones derivadas de Actas de Inspección levantadas por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1992, 31 de diciembre de 1993 y 21 de julio de 1994, debiendo actuarse conforme resulta de lo señalado en el Fundamento de Derecho Noveno anterior.
Sentencia Administrativo Nº 586/2008, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 583/2003, 16-04-2008
Orden: Administrativo Fecha: 16/04/2008 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Zatarain Valdemoro, Francisco Javier Num. Sentencia: 586/2008 Num. Recurso: 583/2003
Sentencia Administrativo Nº 568/2008, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 582/2003, 16-04-2008
Orden: Administrativo Fecha: 16/04/2008 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Zatarain Valdemoro, Francisco Javier Num. Sentencia: 568/2008 Num. Recurso: 582/2003
Sentencia Administrativo Nº 1664/2003, TSJ Galicia, Rec 7169/2000, 09-12-2003
Orden: Administrativo Fecha: 09/12/2003 Tribunal: Tsj Galicia Ponente: D Amorin Vieitez, Francisco Javier Num. Sentencia: 1664/2003 Num. Recurso: 7169/2000
Sentencia Administrativo Nº 562/2006, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 569/1999, 20-03-2006
Orden: Administrativo Fecha: 20/03/2006 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Pardo Muñoz, Francisco Javier Num. Sentencia: 562/2006 Num. Recurso: 569/1999
Sentencia Administrativo Nº S/S, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1084/2002, 14-07-2005
Orden: Administrativo Fecha: 14/07/2005 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Navarro Sanchis, Francisco Jose Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 1084/2002
Resolución de TEAC, 00/1127/1998, 03-12-1998
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 03/12/1998 Núm. Resolución: 00/1127/1998

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 artículo 72
 artículo 9
 artículo 9
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 artículo 72
 Real Decreto 
 artículo 75
 artículo 72
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