Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/638838-r-inss-18-feb-2019-delegacion-de-competencias.html
Timestamp: 2019-08-18 11:16:43+00:00

Document:
Resolución de 18 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias
La Resolución de 22 de diciembre de 2017, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias, contempla la delegación en los órganos provinciales y centrales de dicha entidad del ejercicio de diversas competencias de la Dirección General referidas a materias de gestión de personal, gestión presupuestaria, contratación administrativa y gestión de prestaciones.
En materia de contratación administrativa, la citada resolución, siguiendo la senda iniciada por la Resolución de 9 de abril de 2013, que modificaba la de 20 de marzo de 2012, también sobre delegación de competencias, contempla de forma específica y sin límite de cuantía, la delegación en los titulares de determinadas direcciones provinciales de la facultad para contratar los servicios de limpieza, vigilancia y/o seguridad cuyo ámbito geográfico de prestación de servicio exceda del territorio de una dirección provincial, mediante agrupaciones territoriales que se establecen al efecto.
Tal y como recogía el preámbulo de la Resolución de 9 de abril de 2013, el referido sistema de contratación por agrupaciones territoriales se orientó a la consecución de objetivos de racionalización y homogeneización de determinados ámbitos de la contratación. No obstante, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, introduce importantes novedades que no pueden desconocerse. Entre tales novedades está la configuración, como regla general, de la división de los contratos en lotes y la consecuente obligación de justificar debidamente la no división. Dicha regulación, que responde a los objetivos de fomentar la participación de las PYMES en la contratación pública y de favorecer la competencia, se plasma en el artículo 99 de la citada ley.
Lo anterior supone que tenga mejor acomodo en la norma que los contratos de servicios de limpieza, los de vigilancia y/o seguridad den lugar a un contrato por cada una de las direcciones provinciales, lo que podría llevarse a cabo dividiendo en lotes, uno por cada provincia, el contrato correspondiente a cada agrupación. Llegados a ese punto se considera más oportuno y operativo prescindir del sistema de contratación por agrupaciones territoriales. Con tal fin se dicta esta resolución, que sustituye la de 22 de diciembre de 2017 y en la que se incluyen además otras modificaciones en materia de contratación administrativa como es la de igualar el límite del valor estimado de los contratos de obras, respecto de los cuales se delega la competencia en los directores provinciales, con el del resto de los contratos, al haber revelado la práctica que dicha distinción resulta poco adecuada a la gestión.
Primero. Delegar el ejercicio de competencias de esta Dirección General en los órganos que a continuación se señalan, y con el contenido que, asimismo, se indica:.
1. En la persona titular de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica, la autorización para sustituir la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual por una indemnización a tanto alzado en los términos previstos en la normativa vigente.
2. En la persona titular de la Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales:
2.4 Respecto a las actividades de formación y perfeccionamiento del personal organizadas por los servicios centrales para el personal destinado tanto en dichos servicios como en las direcciones provinciales, la facultad para aprobar, comprometer el gasto, reconocer la obligación y realizar la propuesta de pago de los gastos relacionados con la gestión ordinaria de éstas y la autorización de los documentos contables presupuestarios y no presupuestarios derivados de dichas actividades, salvo que el pago se efectúe a través del fondo de maniobra.
3. En la persona titular de la Subdirección General de Gestión Económico-Presupuestaria y Estudios Económicos:
i) Las facultades que, respecto al Fondo de Maniobra de los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social le atribuye la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 22 de febrero de 1996, en la redacción dada por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 12 de julio de 2001, y su normativa de desarrollo.
Las facultades que, respecto al Fondo de Maniobra de los restantes centros de gasto del Instituto Nacional de la Seguridad Social, le atribuye la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 22 de febrero de 1996, en la redacción dada por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 12 de julio de 2001, y su normativa de desarrollo, respecto de la constitución y modificación del fondo de maniobra, así como de la designación de los funcionarios integrantes de las unidades de gestión del fondo de maniobra.
4. En la persona titular de la Subdirección General de Gestión de Prestaciones, se delega:
5. En la persona titular de la Subdirección General de Gestión de Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones a Corto Plazo, se delega:
6. En los directores y directoras provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social:
a) Con carácter general, la facultad para celebrar contratos administrativos y contratos privados –cualquiera que fuese el procedimiento de adjudicación– siempre que el valor estimado del contrato no supere la cuantía de 900.000 euros, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos indirectos.
De forma específica, y sin límite de cuantía, se delega en la persona titular de la Dirección Provincial la facultad para celebrar contratos cuyo objeto principal lo constituya la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las dependencias adscritas al ámbito ordinario de la respectiva dirección provincial, de los servicios de limpieza de las mismas así como de sus servicios de vigilancia y/o seguridad, sin perjuicio de formular la oportuna solicitud ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para su preceptiva autorización, si el valor estimado del contrato excede de la cantidad fijada en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público o en la que se fije por dicho departamento ministerial.
Asimismo, se delega la facultad para el reconocimiento de las obligaciones y propuestas de pago en relación con los gastos derivados de expedientes de contratación centralizada de bienes y servicios con imputación al centro de gasto específico creado para la gestión presupuestaria de los mismos, así como la autorización de los documentos contables derivados del ejercicio de dichas facultades en estos procedimientos
a) La facultad para suscribir, modificar, prorrogar y acordar la extinción de convenios de colaboración con otras organizaciones e instituciones de carácter público o privado, así como la memoria justificativa que deba acompañar a aquellos, siempre que los efectos de dichos convenios se circunscriban al ámbito territorial de la dirección provincial, que la contraprestación económica, si la hubiere, no supere la cantidad de 450.000,00 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y que se imputen a los créditos presupuestarios que se habiliten a la dirección provincial.
6.4 En materia de otorgamiento de poderes para pleitos.
a) La facultad de otorgar poderes generales para pleitos confiriendo la representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social a favor de los abogados contratados excepcionalmente por la entidad gestora en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.4 del Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, con la vigencia temporal del contrato administrativo suscrito.
b) La facultad para aprobar y comprometer los gastos, reconocer y liquidar la obligación y efectuar la propuesta de pago de los expedientes relativos a los aranceles que deban satisfacerse por el otorgamiento de poderes generales para pleitos.
Cuarto. Los procedimientos y expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución se regirán por la Resolución de 22 de diciembre de 2017 del Instituto Nacional de la Seguridad Social y no les será aplicable la presente Resolución.
Quinto. Queda sin efecto la Resolución de 22 de diciembre de 2017, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y cuantas resoluciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta resolución.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 99
 artículo 12
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución