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Timestamp: 2018-10-20 08:55:22+00:00

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CAPITULO II. De las empresas públicas constituidas como sociedades anónimas
Letra d) del número 2 del artículo 20 redactada por el número 1 del artículo 9 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2008, 29 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre). Artículo 59 redactado por el número 2 del artículo 9 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2008, 29 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre). Artículo 63 redactado por el número 3 del artículo 9 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2008, 29 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre).
Número 5 del artículo 48 suprimido por el artículo 5 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2007, 26 julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 30 julio).
Letra k) del número 1 del artículo 10 suprimida por el artículo 11.1 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 13/2002, 20 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 23 diciembre). Letra l) del número 1 del artículo 10 suprimida por el artículo 11.1 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 13/2002, 20 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 23 diciembre). Letra g) del número 2 del artículo 13 redactada por el artículo 11.2 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 13/2002, 20 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 23 diciembre). Artículo 19 redactado por el artículo 11.3 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 13/2002, 20 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 23 diciembre). Artículo 20 redactado por el artículo 11.4 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 13/2002, 20 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 23 diciembre). Artículo 23 redactado por el artículo 11.5 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 13/2002, 20 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 23 diciembre).
Artículo 20 redactado por el artículo 9.uno de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 14/2001, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 28 diciembre). Artículo 21 redactado por el artículo 9.dos de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 14/2001, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 28 diciembre). Artículo 22 redactado por el artículo 9.tres de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 14/2001, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 28 diciembre).
Apartado 1 de la letra c) del número 2 del artículo 2 redactado por la disposición adicional 7ª.uno de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2001, 21 junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 3 julio). Letra a) del número 1 del artículo 15 redactada por la disposición adicional 7ª.dos de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2001, 21 junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 3 julio). Letra b) del número 1 del artículo 15 redactada por la disposición adicional 7ª.dos de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2001, 21 junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 3 julio). Título del Capítulo II del Título III redactado por la disposición adicional 7ª.tres de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2001, 21 junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 3 julio). Artículo 64 redactado por la disposición adicional 7ª.cuatro de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2001, 21 junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 3 julio). Artículo 65 redactado por la disposición adicional 7ª.cinco de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2001, 21 junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 3 julio). Artículo 66 redactado por la disposición adicional 7ª.seis de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2001, 21 junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 3 julio). Artículo 67 redactado por la disposición adicional 7ª.siete de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2001, 21 junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 3 julio).
L 7/1986 de 23 Jul. CA Madrid (patrimonio de la Comunidad de Madrid)
Artículo 65 redactado por Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 7/1986, 23 julio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 30 julio).
La Administración pública de la Comunidad, con el fin de lograr la mejor forma de prestar servicio al pueblo de Madrid, requiere adecuar su estructura para determinadas actuaciones, cuya realización resultaría poco ágil y más cara, sin cierta autonomía funcional, muy limitada en una organización jerárquicamente ordenada.
La transformación de la Administración institucional existente y la creación de la nueva que resulte necesaria se debe efectuar bajo los principios de eficacia, economía y participación. No se va a buscar, en consecuencia, una multiplicación de organismos y entes, sino que la creación de los mismos únicamente se realizará cuando los fines específicos que se pretendan conseguir, o la necesaria participación de los administrados en la gestión de diversos servicios o actividades, hagan necesario un determinado nivel de autonomía funcional. En cualquier caso rige el llamado «principio de especialidad»: los entes actuarán en consecuencia al servicio de los fines para los que sean creados.
Tanto en el Estado como en las Administraciones locales han existido diversos supuestos de entes institucionales. Unos pese a carecer de personificación, tienen una determinada autonomía funcional que sirve a la mejor consecución de sus fines, otros, con personalidad distinta de la Administración matriz que los crea, adoptan una forma pública de personificación con las prerrogativas y, por otra parte, los controles que ello conlleva Finalmente, y para el cumplimiento de determinadas actuaciones públicas en el mundo económico de la producción y de los servicios, se han ido creando entidades de naturaleza mercantil y propiedad pública o mixta que actúan en el tráfico en régimen de Derecho privado, recogiendo aspectos de los dos últimos tipos se encuentran los entes con personalidad pública y régimen de actuación de Derecho privado.
Si bien la Ley establece que la personalidad jurídica de los organismos autónomos es distinta de la de la Comunidad, y en consecuencia dichas entidades gozan, junto al aspecto público de la competencia que se les atribuye, de una existencia, de una realidad jurídica general en el mundo del Derecho (también en el mundo del Derecho privado), que no tienen los órganos de gestión, también señala con claridad que no se trata de personas independientes de la Comunidad.
La Ley regula la creación y extinción de las diversas entidades públicas de carácter institucional, exigiendo rango de Ley o de Decreto, según tengan o no los referidos entes personalidad jurídica distinta de la de la Comunidad.
Con independencia de la remisión a la Ley de Sociedades Anónimas y a sus estatutos respectivos de la regulación de los órganos de gobierno de las empresas públicas constituidas como Sociedades Anónimas, la Ley establece una estructura de los referidos órganos de gobierno de los organismos autónomos y órganos de gestión, dando amplias facultades al Consejo da Administración, que en cualquier caso podrá recabar las del Gerente, determinadas también en el texto legal, y que deberán ser ejercidas conforme a las directrices que fije el Consejo. Este podrá delegar parcialmente sus facultades en un Consejero-Delegado previa autorización del Consejo de Gobierno.
En las materias presupuestaria y contable la Ley, sobre la base del equilibrio entre el principio de unidad del presupuesto de la Comunidad de Madrid y la necesaria autonomía de los entes de su Administración institucional, hace una remisión a la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad, en cuanto regule estos aspectos y a la legislación básica del Estado, fundamentalmente la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, aplicable a las entidades de análoga naturaleza de la Administración del Estado.
La Ley determina que la contratación de los organismos autónomos se regirá por la legislación del Estado con las particularidades derivadas de la organización propia de los mismos y de su dependencia de la Comunidad Autónoma. En este sentido, adapta los preceptos contenidos en la Ley de Contratos del Estado y en el Reglamento General de Contratación del Estado que la desarrolla.
La Ley regula el régimen jurídico de los entes institucionales desarrollando los principios básicos y remitiendo expresamente para todo lo no previsto a la legislación estatal que integrará el ordenamiento autonómico, bien por la vía de supletoriedad bien por analogía.
La doctrina es casi unánime al señalar que las competencias respecto a las actividades y servicios que desarrollan, aunque localizadas en el ente institucional, siguen perteneciendo a la Administración pública de la que depende aquél, pertenencia que explica el hecho de que la responsabilidad política derivada del ejercicio de la competencia corresponde a la administración matriz. De esta especial situación surge la necesidad de fiscalización, control y tutela de los entes institucionales por parte de la Comunidad, siendo regulada ampliamente por la Ley la forma en que se desarrollan aquéllos.
La Ley regula, de forma acorde con los preceptos de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, los supuestos de adscripción de un ente institucional a varias Consejerías, en previsión de que la naturaleza interdisciplinar de los fines de creación, exija la superación de la exclusiva dependencia de un solo departamento.
La transformación de una Administración institucional regida por la legislación local en una dependencia y al servicio de una Comunidad Autónoma y, por otra parte, la transferencia de organismos autónomos dependientes del Estado, hacían urgente el que la Ley regulase el régimen jurídico del personal al servicio de los organismos autónomos.
La Ley regula las empresas públicas de la Comunidad, cuya creación suele ser especialmente necesaria en la actividad económica por la utilidad que supone en la misma, acogerse a un régimen de actuaciones de Derecho privado Pero si su actuación escapa a una determinada rigidez pública, no se puede olvidar que, por una parte, son fondos públicos los que sirven de base a esas empresas y, por otra, y de acuerdo con el artículo 63.2 del Estatuto de Autonomía, que las líneas generales de actuación del sector público económico deben ir coordinadas con la actividad presupuestaria anual. En consecuencia, la Ley establece las líneas de dicha coordinación con remisión a la Ley General Presupuestaria y, por otra parte, el sometimiento de las antedichas empresas al régimen de la contabilidad pública y al control parlamentario.
Las disposiciones adicionales de la Ley contemplan la regulación de la necesaria transformación de la Administración institucional de la extinguida Diputación Provincial de Madrid en la propia de la Comunidad, siguiendo, en general, el paralelismo que indica la doctrina entre organismos autónomos y fundaciones públicas del servicio y el de empresas públicas y sociedades privadas.

References: artículo 20
 artículo 9
 Artículo 59
 artículo 9
 Artículo 63
 artículo 9
 artículo 48
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 11
 Artículo 19
 artículo 11
 Artículo 20
 artículo 11
 Artículo 23
 artículo 11

Artículo 20
 artículo 9
 Artículo 21
 artículo 9
 Artículo 22
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 15
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 67

Artículo 65
 artículo 63