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Timestamp: 2018-12-11 09:50:41+00:00

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﻿ Sentencia 32120 de febrero 23 de 2011
SENTENCIA 32120 DE 23 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:PRUEBA TESTIMONIAL. CON BASE EN EL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 600 DE 2000, SI DE LO QUE SE TRATA ES DE ANALIZAR LAS VIVENCIAS DE UN TESTIGO EN PARTICULAR, LE SERÁ SUFICIENTE AL JUEZ ASUMIR QUE SU CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN CORRESPONDE A LA DE UNA PERSONA PROMEDIO Y LUEGO VALORAR CADA ASERCIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA EX ANTE, ES DECIR, PONIÉNDOSE EN EL LUGAR DEL ESPECTADOR AL MOMENTO DEL HECHO PERCIBIDO Y ANALIZANDO SI CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS EN LA DECLARACIÓN NO ESTARÍA INCURRIENDO EN ERROR, ENGAÑO O FALSEDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, JUEZ, PRUEBA TESTIMONIAL, TESTIGO, SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA, MÁXIMAS DE EXPERIENCIA
Sentencia 32120 de febrero 23 de 2011
Dado que la demanda presentada por el apoderado de César Augusto Jaramillo Orozco fue declarada desde el punto de vista formal ajustada a derecho, la Corte tiene el deber de analizar de fondo los problemas jurídicos propuestos en ella, en armonía con los fines de la casación de garantizar la efectividad del derecho material, respetar las garantías mínimas de las personas que intervienen en la actuación, buscar la reparación de los agravios inferidos a los sujetos procesales y unificar la jurisprudencia, tal como lo establece el artículo 206 de la Ley 600 de 2000 (CPC vigente para este asunto).
En este sentido, la Sala resolverá los reproches planteados por el recurrente dividiéndolos en dos partes. En la primera, se ocupará del principal problema traído a colación en el escrito, atinente a los señalamientos que los jóvenes Katerine Liseth Cabrera Vallejo y Henry Dussán Aristizábal efectuaron en contra del procesado como el conductor de la moto Yamaha RX-115, vehículo en el que se movilizaban quienes con arma de fuego le quitaron la vida a Jorge Eliécer Hoyos y le arrebataron un maletín que contenía la suma de $20’000.000.
En la segunda, la Corte abordará la pretendida configuración de los otros errores, tanto fácticos como jurídicos, en que de acuerdo con el demandante incurrió el tribunal dentro de la valoración de la prueba allegada al expediente.
Por último, la Sala estudiará la posibilidad de casar de manera parcial y oficiosa el fallo impugnado, debido a la vulneración del principio de legalidad que advierte en la imposición de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
2. De los señalamientos realizados por Katerine Liseth Cabrera Vallejo y Henry Dussán Aristizábal.
2.1. Desde un punto de vista teórico, el problema puesto de relieve por el demandante está circunscrito al de la apreciación racional del testimonio, pero en especial a la forma de conocer el objeto percibido, lo que puede ser expresado en los siguientes términos:
El señalamiento que acerca de la identidad de una persona realiza otra debe tener como fuente la percepción que de primera mano experimenta el cognoscente respecto del conocido, siempre y cuando comprenda la observación directa del rostro de este último. De lo contrario, se trataría de una conjetura, de una deducción elaborada por el sujeto, en cuyo caso no habría certeza alguna de haber obtenido la verdad.
La Sala no comparte tal postura por motivos de orden epistemológico y jurídico.
En primer lugar, a partir de la conclusión kantiana de que el intelecto no extrae sus leyes de la naturaleza, sino que se las impone a ella, no ha sido contrario a la razón suponer que todo conocimiento, desde el de la experiencia cotidiana hasta el científico, es el producto de la interpretación de hechos susceptibles de ser percibidos, a la luz de ideas abstractas (como el principio de razón suficiente) e incluso de las teorías más elaboradas (como las relativas al origen del universo)(2).
De ahí que cualquier experiencia sensible no sólo está precedida de un mínimo nivel de atención, sino también incorpora cierto análisis conjetural o especulativo(3). Los órganos sensoriales, de esta manera, están condicionados por valoraciones de diversa índole en el sujeto, quien no actúa pasivamente ante el flujo informativo que recibe del mundo exterior(4), sino selecciona y a la vez descifra tales datos, por lo general enfatizando unos en detrimento de otros.
Por ello, la Sala ha señalado en pretérita oportunidad que en ejercicio de la actividad perceptiva el sujeto, mediante los órganos de los sentidos (y, por supuesto, el cerebro), organiza, integra y analiza los estímulos provenientes de las sensaciones. En otras palabras, la percepción es la interpretación de una vivencia inmediata(5).
En segundo lugar, si la experiencia obedece a un acontecimiento único, aislado e irrepetible, sería irrefutable. Sólo la observación (esto es, la percepción planeada y preparada de un hecho susceptible de ser contrastado por cualquier individuo(6)) constituye un método objetivo para aceptar la validez de las aserciones perceptivas, en la medida en que sean experimentadas y socializadas por varios sujetos(7).
Lo anterior, sin embargo, no deviene en la imposibilidad de criticar racionalmente cualquier aserción, pues bastará con tener en cuenta el vínculo existente entre la vivencia inmediata y la teoría (o, lo que es lo mismo, la propuesta de solución –o explicación– a un problema específico dado) para que sea comprensible abordarlas y, mediante la argumentación, concluir si adolecen de error o falsedad(8).
En tercer lugar, dado que el testimonio es toda declaración producida en el proceso por la cual una persona denominada testigo transmite un conocimiento adquirido por los órganos sensoriales que es estimado relevante para los fines de la actuación(9), su enfoque crítico debe ejercerse en función de la teoría del caso que pretenda apoyar, sin importar que la veracidad de las aserciones perceptivas allí contenidas no sean siempre refutables por medios empíricos, ni puedan en principio decidirse.
En este sentido, es primordial el papel que cumplen las reglas de la sana crítica (o las leyes científicas, los principios de la lógica y las máximas de la experiencia), que constituyen el método racional y argumentativo por excelencia para evidenciar yerros y falsedades en las hipótesis fácticas que se derivan de las fuentes de conocimiento usadas en el proceso penal.
Por eso mismo, el artículo 277 de la Ley 600 de 2000 prevé que para apreciar el testimonio el juez considerará (i) las reglas de la sana crítica, (ii) la naturaleza del objeto percibido, (iii) el estado de sanidad del sentido o los sentidos por los cuales se tuvo la percepción, (iv) las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el testigo percibió, (v) la personalidad del declarante, (vi) la forma como hubiere declarado y (vi) las otras particularidades que hayan sido observadas durante el testimonio.
Con base en la norma en comento, si de lo que se trata es de analizar las vivencias de un testigo en particular, le será suficiente al juez asumir que su capacidad de percepción corresponde a la de una persona promedio (a menos que dentro de la actuación haya prueba de lo contrario) y luego valorar cada aserción desde una perspectiva ex ante, es decir, poniéndose en el lugar del espectador al momento del hecho percibido y analizando si conforme a las circunstancias descritas en la declaración no estaría incurriendo en error, engaño o falsedad.
Adviértase que el legislador no asoció el examen del testimonio a la conveniencia o necesidad por parte del testigo de brindar información emanada de un determinado órgano sensorial. Y de ninguna manera podía hacerlo, pues no sólo se tarifaría la prueba al consagrar como válida una única fuente de percepción en perjuicio de las otras, sino que además el enfoque crítico no depende tanto de los factores intrínsecos o extrínsecos a la validez de las aserciones perceptivas como de una evaluación de aquéllos en función de la teoría o explicación que intenta respaldar(10).
Por último, sería una ilusión metafísica esperar la certeza absoluta de la prueba testimonial (y en especial del conjunto de aserciones que la integran, pero en general de cualquier medio probatorio incorporado al proceso), pues los criterios de aceptación de la verdad (o credibilidad) conducen a decisiones que implican en menor o mayor medida focos de discreción incontrovertibles desde un ámbito racional.
Tal aseveración no es de manera alguna novedosa, ya que en la doctrina se ha dicho lo siguiente:
“La ‘verdad’ de una teoría científica y, más en general, de cualquier argumentación o proposición empírica es siempre, en suma, una verdad no definitiva sino contingente, no absoluta sino relativa al estado de los conocimientos y experiencias llevados a cabo en orden a las cosas de que se habla: de modo que, siempre, cuando se afirma la ‘verdad’ de una o varias proposiciones, lo único que se dice es que estas son (plausiblemente) verdaderas por lo que sabemos, o sea, respecto del conjunto de los conocimientos confirmados que poseemos (...)
Todo esto vale con mayor razón para la verdad procesal, que también puede ser concebida como una verdad aproximativa respecto del ideal ilustrado de la perfecta correspondencia (...)
Ninguna prueba, indicio o conjunto de pruebas y de indicios garantiza inopugnablemente la verdad de la conclusión fáctica. No existen, en rigor, pruebas suficientes”(11) (destacados en el texto original).
La Corte, por su parte, ha sostenido que “la certeza absoluta resulta imposible desde la perspectiva de la gnoseología en el ámbito de las humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende y objeto aprehendido”(12).
El proceso penal, entonces, no puede garantizar de manera completa la justicia material del caso concreto (aunque lo busca), sino se satisface con reducir al mínimo (y no con eliminar, pues ello sería inalcanzable) los momentos potestativos y las posibilidades de arbitrio en la actuación mediante un modelo que dé cabida a la refutación de las teorías e hipótesis en pugna(13).
2.2. En el asunto que concita el interés de la Sala, el demandante cuestionó la credibilidad otorgada por el Tribunal a los señalamientos de Katerine Liseth Cabrera Vallejo y Henry Dussán Aristizábal, pues en su opinión ninguno de ellos observó el rostro del conductor de la moto empleada en el crimen que le costó la vida a Jorge Eliécer Hoyos y, no obstante, dedujeron que se trataba de César Augusto Jaramillo Orozco a partir de datos que no les brindaban seguridad alguna para tal identificación.
Dicho criterio es tan absurdo como inocuo. Por un lado, si lo que los jóvenes comunicaron fue su propia experiencia sensible e inmediata (en el sentido de que quien conducía no era otro sino el procesado), es imposible sostener que en ejercicio de sus respectivas actividades mentales no medió en ellos algún tipo de conjetura, especulación o interpretación (y por tanto de deducción) con base en las ideas, pensamientos, comprensión del mundo, etc., que tenían al momento de percibir el hecho, independientemente de que hayan podido verle la cara o no.
Y, por el otro, los motivos dados por el censor para sostener que la testigo Katerine Liseth Cabrera Vallejo quedó paralizada y no pudo mirarle el rostro al motociclista (relacionados con la velocidad del vehículo, posición de la cognoscente y uso de un casco) también le hubieran servido para aducir que, aun en el evento contrario, le era predicable haber incurrido en error.
El problema, sin embargo, no consiste en valorar si las explicaciones dadas por el profesional del derecho a lo sucedido son plausibles o no, sino establecer si el razonamiento del tribunal para concluir que tanto el conductor como el procesado eran la misma persona resiste un análisis crítico. Y, al respecto, la Sala comparte el criterio del Ministerio Público, según el cual el demandante jamás desvirtuó la máxima empírica traída a colación en el fallo de segunda instancia, que fue explicada de la siguiente manera:
“(...) la regla de experiencia enseña que cuando una persona conoce a otra (porque la ha visto con suma frecuencia en el sector, ya que visita a una vecina cercana y, más aún, cuando es un experto corredor de motos, con reconocimiento de cierta fama en la localidad), al ser vista, se le identifica sin dificultad.
”Esta circunstancia tiene además una explicación científica simple. Un sujeto se familiariza con las personas que habitualmente observa, aun sin entrar en estrecha relación con estas, de tal manera que el acto sincrónico de ‘identificar’ de manera correcta e inequívoca obra en todos los casos como reacciones mecánicas que se dan de la acción ‘observar con frecuencia’”(14).
En términos lógicos, la máxima de la que se valió el ad quem puede ser traducida de esta forma: “siempre o casi siempre que una persona está habituada a ver a otra, es capaz de reconocerla con facilidad”.
El demandante, por su parte, antepuso su propia teoría:
“A ello habría que decir, con carácter de regla de la experiencia, esa sí, que, precisamente, en cuanto se mecaniza la acción de ‘observar con frecuencia’, con muy alta frecuencia (...) se cae en la generalización, evidentemente mecánica, de deducir a partir del primer dato aprehendido una identidad no percibida sino imaginada. Es eso lo que dimana de la condición humana –por eso por lo general confundimos a alguien con otro o inferimos, por cualquier rasgo, que quien lo posee es, en un todo, aquel al cual corresponde esa individualidad”(15).
En otras palabras, lo que planteó el recurrente a modo de máxima de la experiencia fue simplemente la negación de la anterior: “siempre o casi siempre que alguien está habituado a ver a una persona, con frecuencia la confunde con otras”.
Más allá de la dudosa consistencia o de la total falta de sensatez de esta última aseveración, lo que debió haber intentado el censor fue refutar críticamente la explicación o propuesta de solución a la situación problemática debatida, es decir, exponer de forma argumentada que la regla empírica en la que se apoyó el tribunal no era aplicable frente a los hechos, también aceptados en la decisión, a partir de los cuales se extrajo que César Augusto Jaramillo Orozco era el conductor de la moto Yamaha RX-115.
El demandante, sin embargo, tan sólo le reprochó al juez plural no haber llegado a la misma conclusión del a quo, ni haber emprendido un idéntico análisis probatorio a fin de desestimar el alcance de los señalamientos de los testigos de cargo.
No obstante, lo que se desprende de la lectura del fallo de segunda instancia es que los jóvenes (y en particular Katerine Liseth Cabrera Vallejo) sí pudieron reconocer con facilidad al procesado, motivo por el cual el ad quem concluyó que la funcionaria “se apartó caprichosa e inexplicablemente de las reglas de la sana crítica, declarando entonces una verdad fáctica distinta de la que revela el proceso o de lo que se encuentra en él”(16).
En efecto, cuando el tribunal le otorgó credibilidad a Katerine Liseth Cabrera Vallejo lo hizo en el entendido de que ella sí pudo ver a escasa distancia tanto el rostro como otros rasgos morfológicos del ocupante de la moto, según se aprecia en el siguiente apartado de la diligencia de 12 de diciembre de 2006, que fue transcrito en la providencia objeto del extraordinario recurso(17):
“Ese día yo estaba sentada en la puerta de mi casa con una amiga que se llama Leidy, eran como las tres y media de la tarde, incluso estaba terminando de escampar, en esas vi que César Jaramillo, a quien yo distingo hace un año (él fue novio de una niña que vive en la parte de arriba de mi casa, ahí en el barrio San Francisco), Jaramillo pasó en una moto color roja, era una RX-115, él iba solo, iba en bermudas con flores rojas me parece, llevaba un buzo color azul oscuro, y en la parte de abajo como volteando para bomberos se devolvió en dos ocasiones, es decir, iba y se devolvía, y como a los quince o veinte minutos bajó con otro muchacho, el cual iba de parrillero, este muchacho tenía un jean y un bucito oscuro, Jaramillo ya se había cambiado de ropa y tenía puesto un blue jean y un buzo blanco, me parece que tenía como pintitas rojas, en el momento en que bajó con el muchacho de parrillero yo estaba comprando un helado, incluso con la moto me alcanzó a chispiar [sic], yo lo miré bien porque me había chispiado [sic], yo lo miré a menos de un metro de distancia y como a los treinta segundos fue cuando escuché tres detonaciones, eso fue algo muy rápido, incluso el muchacho repartidor de cerveza que andaba en una moto dijo que los tipos que iban en la moto roja (o sea, refiriéndose a César Jaramillo) eran los que habían disparado y habían matado al señor”(18).
Por su parte, las circunstancias relativas a la velocidad de la moto y a la posición de la testigo las extrajo la juez de primera instancia de la diligencia de 13 de diciembre del referido año, en la cual la defensa interrogó a la joven de la siguiente forma:
“Preguntado. Cuando según su versión pasó César Jaramillo con el parrillero, ¿lo hizo por delante o por detrás suyo [sic]? Contestó. Lo hizo por detrás, pero yo lo vi porque él me mojó con un carquito [sic] de agua cuando pasó con la moto (...) Preguntado. ¿A qué velocidad aproximada pasó por segunda vez César Jaramillo por el lado suyo el día 3 de diciembre? Contestó. No sabría calcularle, pues él pasó muy rápido. Preguntado. ¿Está segura que la persona que pasó por detrás suyo [sic] en la moto fue César Jaramillo, teniendo en cuenta que en esta ciudad hay una cantidad de motocicletas de esa misma marca Yamaha RX y color rojo? Contestó. Estoy completamente segura no por la moto, sino porque yo le vi la cara. Preguntado. ¿Cómo explica que le haya visto la cara a César Jaramillo si de acuerdo con su versión este pasó por detrás a mucha velocidad? Contestó. Vuelvo y le digo, porque con el charco con el que él nos mojó a mí y a mi amiga Leidy estaba antes del sitio donde yo me encontraba, cuando él me mojó yo volteé a mirar y fue cuando lo miré bien. Preguntado. ¿A qué distancia estaba el charco? Contestó. Más o menos a medio metro”(19).
En cuanto al casco que llevaba puesto el conductor (del cual afirmó en entrevista ante funcionarios de policía judicial que se trataba de “un casco abierto de color negro”(20), Katerine Liseth Cabrera Vallejo fue interrogada tanto por la Fiscal como por el Procurador durante la audiencia pública:
“Preguntado por la Fiscalía: Doña Katerine, establézcame más o menos a esa hora, cuando pasó el señor César Jaramillo la primera vez (...), ¿cómo era su casco? Respondió. El casco de El Chavo, le dicen. (...) Preguntado por el Ministerio Público. ¿Volvió usted a ver al señor César Augusto Jaramillo? Respondió. Sí. Preguntado. ¿Y lo vio con la misma ropa o con distinta ropa? Contestó. Distinta ropa. Preguntado. ¿El mismo casco? Contestó. El mismo”(21).
En este orden de ideas, la regla de la experiencia formulada por el Tribunal (según la cual cuando una persona conoce a otra, puede identificarla sin mayor dificultad) le fue útil para valorar en el fallo impugnado, desde una perspectiva ex ante, que las condiciones narradas por la testigo (esto es, en un breve instante, pero a escasa distancia del objeto, con un elevado grado de atención debido al incidente de la charca y sin que el casco fuera un impedimento físico que obstruyera la visión del rostro) bastaban para descartar, con los elementos de juicio conocidos, la posibilidad razonable de un error.
De ahí que el ad quem a su vez resaltara la afirmación de Katerine Liseth Cabrera Vallejo (también transcrita en el fallo recurrido(22) y reiterada por la testigo en todas sus intervenciones procesales), concerniente al convencimiento que tenía de no haberse confundido ni equivocado al reconocer al procesado como el conductor del vehículo:
“Preguntado. Díganos si usted está completamente segura de que la persona que se movilizaba en una moto RX-115 color roja, junto con un sujeto que llevaba de parrillero, era César Jaramillo, quienes al parecer fueron los autores del homicidio del señor Jorge Eliécer Hoyos. Contestó. Sí, era César Jaramillo, de eso estoy completamente segura”(23).
A lo anterior debe sumársele otros aspectos que también estimó el Tribunal para concluir que lo señalado por Katerine Liseth Cabrera Vallejo era lo más ajustado a la verdad, como la ausencia de animadversión, interés o enemistad de la testigo frente al procesado, la manera en que declaró, o que lo dicho por ella hallaba respaldo en otros medios probatorios, como la declaración de Luis Fernando Lizcano Granados (a quien la joven se refirió como “el muchacho repartidor de cerveza que andaba en una moto”(24). En palabras de este deponente:
“(...) ese día como a las tres de la tarde o cuatro, me encontraba por detrás de bomberos entregando un domicilio de cerveza, yo iba en moto, ya había terminado el domicilio y cuando iba a salir de la casa donde entregué el domicilio venían unos tipos en una moto a toda velocidad, venían dos tipos, incluso casi se tropiezan conmigo como también casi se llevan a una sardina por delante, esta sardina dijo algo como tratando de reconocer a los muchachos de la moto RX-115, mencionó a un tal Jaramillo, yo salí a la esquina donde quedaba antiguamente el Femenino cuando escuché los disparos, escuché tres disparos, yo iba como a cinco pasos de la esquina del Femenino, yo iba volteando hacia la derecha, observé que los manes que habían pasado en la moto roja apuntaban hacia la gente que había por ahí, yo estaba como a una cuadra de distancia, yo vi cuando ellos voltearon en contravía hacia el lado del Curiplaya, cuando llegué a la esquina de bomberos observé que la gente corría hacia donde había quedado el señor fallecido, yo me acerqué y dijeron que eran los de la moto roja los que le habían disparado, me dirigí hacia la muchacha que casi atropellan y le pregunté si ella conocía a los de la moto roja, ella me dijo que era Jaramillo”(25).
De esta manera, si bien Luis Fernando Lizcano Granados no se dio cuenta de quiénes eran los ocupantes de la motocicleta, si percibió que Katerine Liseth Cabrera Vallejo había identificado de manera inmediata a uno de ellos.
Es en este punto en donde también entra en juego el señalamiento realizado por Henry Dussán Aristizábal (de cuya validez se tratará infra 3.1), de acuerdo con el cual tanto el estilo como la figura del conductor del vehículo en el que iban los homicidas correspondía a los del procesado. Así lo sostuvo bajo la gravedad juramento Adriana Aristizábal Castaño, la madre del entonces menor, quien no permitió que este último declarara debido al miedo que sentía por la vida de su hijo:
“El temor como madre es porque mi hijo vio cuando le dispararon al señor y el momento en que los tipos arrancaron en la moto, mi hijo me dijo que conocía a la persona que manejaba la moto, que era de apellido Jaramillo, me dijo que era hijo del señor Carlos Jaramillo, él lo reconoció por la contextura de su cuerpo, el tipo llevaba casco, eso fue algo muy rápido, por la cara no, y todo el mundo decía que era el joven Jaramillo, ese día había llovido, pero alguien lo vio bien, yo le dije a mi hijo que no quería escuchar comentarios por parte de él (...) él lo conoció por su cuerpo, mas no por su rostro, y también porque le ha visto la forma de manejar siempre, él lo sacó por su contextura y por su forma de manejar la moto”(26).
Respecto del contenido, dicho relato no podía ser analizado por fuera de su contexto, es decir, en función de la aislada posibilidad que tenía el sujeto de equivocarse en su percepción, sino a la luz de la vivencia inmediata experimentada de forma independiente, pero concordante, a la de la testigo Katerine Liseth Cabrera Vallejo.
En este orden de ideas, como el demandante no refutó racionalmente la credibilidad otorgada por el tribunal a la prueba de cargo, y como la Sala no advierte error alguno en los razonamientos expuestos en la sentencia condenatoria, el reproche está destinado a fracasar.
3. De los otros yerros propuestos por el demandante.
3.1. Según el profesional del derecho, el ad quem cometió un error de derecho por falso juicio de legalidad al valorar como prueba la entrevista efectuada por miembros de policía judicial al joven Henry Dussán Aristizábal.
Tal postura riñe con la realidad de lo actuado. En primer lugar, el tribunal no extrajo la versión de Henry Dussán Aristizábal (en el sentido de que tanto el procesado como el conductor de la moto eran la misma persona) de lo dicho por él en la aludida entrevista, sino de lo afirmado por Adriana Aristizábal Castaño(27), tal como se expuso con antelación (supra 2.2).
En segundo lugar, lo que sostuvo el joven ante los funcionarios de policía judicial carecía de incidencia para efectos de determinar la responsabilidad de César Augusto Jaramillo Orozco, pues tal como lo indicó la deponente en la declaración, además del miedo que sentía su hijo, ella a su vez le pidió abstenerse de realizar incriminación alguna durante tal diligencia:
“Preguntado. ¿Cuál sería la razón para que su hijo H., en la entrevista, nunca mencionara a César Augusto Jaramillo como participante en el crimen que nos ocupa en esta investigación? Contestó. Por temor, yo tampoco le permití que él nombrara a Jaramillo porque ellos se conocen y yo sé que en una audiencia lo nombran y él sabe quién es mi hijo, el día de la fiesta que mencioné apenas llegó Jaramillo mi hijo me dijo que había salido inmediatamente, mi hijo sintió temor al verlo”(28).
Y, por último, no es cierto que un testimonio de oídas como el de Adriana Aristizábal Castaño carezca de valor probatorio por el solo hecho de ser tal (como lo sugirió la juez de primera instancia(29), ni que tenga un alcance muy relativo (en palabras del demandante(30).
Por el contrario, la Corte ha señalado que en la Ley 600 de 2000 lo dicho en la prueba indirecta se constituye en un medio idóneo, serio y creíble cuando (i) la referencia es de primer grado, es decir, proviene de “quien sostiene en su declaración que lo narrado lo escuchó directamente de una persona que tuvo conocimiento inmediato de los hechos”(31); (ii) el testigo de oídas identifica la fuente de conocimiento, esto es, “al testigo directo de quien recibió o escuchó la respectiva información”(32), y (iii) su contenido “aparece corroborado y respaldado por otros elementos de convicción que no permiten dudar de la veracidad del relato hecho por otras personas al testigo”(33).
No sobra añadir que los anteriores presupuestos concurrieron en el caso de Adriana Aristizábal Castaño.
3.2. También formuló el demandante un error de hecho por falso raciocinio, debido a que el tribunal descartó las declaraciones de quienes situaron al procesado en otro lugar al momento de los hechos con fundamento en contradicciones no relevantes para el núcleo esencial de lo por ellos dicho.
Tal postura es falsa, toda vez que en el fallo materia del recurso el cuerpo colegiado refutó de manera crítica y pormenorizada la hipótesis defensiva según la cual “Jaramillo Orozco, para esa tarde y hora del crimen, se encontraba con su ex novia Clara Dussán en el establecimiento campestre Coacrefal”(34).
Para tal efecto, el ad quem analizó las declaraciones en las que se apoyaba tal supuesto fáctico y encontró que no podía creerles a esos testigos, debido entre otras razones a la forma en que narraban los sucesos de trascendencia para la teoría del caso (que obedece a uno de los factores de apreciación racional del testimonio, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Penal). Así fue explicado en la providencia impugnada:
“Visto en conjunto lo anterior, (...) toda la uniformidad que encaja cada uno de los testimonios sobre los tres aspectos fundamentales (hora, vestimenta, presencia en Coacrefal) deviene naturalmente sospechoso y esto hace concluir que se trata de una coartada articulada con esfuerzo pero quebradiza a la hora de confrontarse exhaustiva y críticamente.
Y esto por cuanto, cuando se retrata o se reproducen lingüísticamente aspectos en un testimonio, queda develado una forma de ‘hiperamplificación’ que suele ser tendencia unilateral, es decir, el testigo únicamente recuerda con gran profusión de detalles los hechos y peculiaridades favorables a la parte que los invita a testificar, circunstancia que algunas veces contrasta con la falta de memoria frente a los aspectos que están dentro de su situación de vida, dentro de sus cercanías personales, pero que, como cosa rara, no ganaron su interés”(35).
Un ejemplo de esto último lo constituye el caso, puesto de relieve por el tribunal(36), de Agustín Dussán Saavedra, persona invidente y padre de Clara Isabel Dussán Acosta, quien acerca de lo sucedido en la fecha de los hechos sostuvo lo siguiente:
“El último día que [Clara] me pidió permiso para ir a Coacrefal fue el día domingo tres de diciembre, eso fue como a las dos o dos y media de la tarde, iba con un muchacho de nombre César Jaramillo, él es un muchacho que es novio de mi hija, yo estaba en la casa, me parece que estaba sentado en el comedor, ellos fueron a comprar una gaseosa a la tienda, incluso hizo un trueno duro y nos quedamos asustados, ellos iban para Coacrefal, ellos regresaron entre las cinco y las seis de la tarde, yo tengo un reloj en la mente”(37).
No obstante, al ser interrogado por la Fiscalía se expresó en los siguientes términos:
“Preguntado. ¿Por qué motivos recuerda usted con tanta precisión que el día 3 de diciembre del año en curso, en horas de la tarde, su hija salió hacia Coacrefal en compañía de César Jaramillo? Contestó. Pues mi mente es muy despejada y yo tengo en cuenta eso, la fecha. (...) Preguntado. Dígale a la Fiscalía si usted recuerda qué hizo Clara Isabel el domingo 10 de los corrientes. Contestó. El domingo 10… el domingo 10… el domingo 10... el domingo 10… no recuerdo qué actividades… (...) Preguntado. Como usted lo ha manifestado, se da cuenta aproximadamente de la hora, distingue la mañana, la tarde y la noche, explíquele a la Fiscalía cómo fue el tiempo durante el día 3 de diciembre del año 2006, ¿a qué horas hizo sol y empezó a llover? Contestó. El día 3 de diciembre la mañana fue soleada, hizo sol, a eso de las dos y treinta o dos y treinta de la tarde se formaron nubes e hizo truenos, quince minutos después se vino la lluvia. Preguntado. En este momento, ¿cómo está el tiempo?, ¿está lloviendo o haciendo sol? Contestó. En este momento, me parece que está el día toldoso [sic], como querer olvidar, como entre querer y olvidar, es decir, como querer hacer sol y llover (...) El despacho deja constancia de que el día en el interior del recinto donde nos encontramos está fresco, observando por el ventanal que el día está claro, soleado, cielo despejado”(38).
Dicho sea de paso, no es coherente que el demandante cuestione la credibilidad otorgada a ciertos testigos, aduciendo que ninguno de ellos pudo ver el rostro del conductor del vehículo, y, en el mismo cargo (aunque en capítulo separado), reclame por la validez de las aserciones perceptivas de quien carece del sentido de la visión desde 1981, tal como lo sostuvo Agustín Dussán Saavedra en la diligencia(39).
3.3. En cuanto al falso juicio de legalidad por valorar documentos allegados cuando la actuación se encontraba pendiente del fallo de segunda instancia, le asiste la razón al representante del Ministerio Público al indicar en el concepto que el ad quem sólo los tuvo en cuenta a fin de disponer la remisión de copias para investigar a los testigos Camilo Montero Calderón y Jorge Enrique Hoyos Barreiro (hijo de la víctima)(40), y de ninguna manera para concluir algo acerca de la responsabilidad del procesado, razón por la cual carecieron de importancia alguna frente a la decisión adoptada.
De esta manera, el cuerpo colegiado obró en atención del deber funcional, inherente a todo servidor público, de “denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de las cuales tuviere conocimiento”, tal como está previsto en el numeral 24 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).
Fueron otros los elementos de persuasión, concernientes a la prueba legalmente incorporada al proceso, los valorados por el ad quem para descartar otra de las tesis esgrimidas por la defensa (la de que personas diferentes al procesado fueron quienes le dispararon y le sustrajeron sus pertenencias al sujeto pasivo): por ejemplo, las distintas y contradictorias versiones de Camilo Montero Calderón, de quien se señaló en la sentencia impugnada que ostentaba una “desmentida, extraña y extravagante postura declarativa”(41).
3.4. Acerca de los falsos juicios de identidad en los testimonios de Duberney Bríñez Valderrama, Luis Fernando Lizcano Granados y Jhonatan Romero Buelvas, la Sala también comparte el criterio de la Procuradora Delegada, en el sentido de que, por un lado, no se advierte cómo la contradicción entre los dos primeros y los testigos de descargo Jorge Armando Clavijo Díaz y Cristian Mauricio Duque González puede tener alguna trascendencia, cuando el valor demostrativo de estos últimos fue descartado por completo en la providencia del tribunal(42).
Y, por otro lado, tampoco se aprecia de qué forma podría haberse alterado el fallo de condena si el juez plural hubiese declarado como realidad fáctica que César Augusto Jaramillo Orozco no evidenció un comportamiento nervioso ante las autoridades, máxime cuando podría respondérsele, siguiendo el sentido común, que quien no ha mostrado inhibición alguna para matar a una persona a fin de hurtarle su dinero tampoco tendría escrúpulos a la hora de mentir con ánimo sereno a los investigadores.
3.5. Finalmente, el demandante propuso un falso juicio de existencia por omisión de la prueba atinente al comportamiento moral y social del procesado.
Al respecto, la Corte ya ha precisado que para los fines de discutir la responsabilidad penal no les es posible a los sujetos procesales, ni a los operadores de la norma, plantear argumentos relacionados con la persona, incluso si están dirigidos a favorecer los intereses del procesado, pues en cualquier caso implicarían una vulneración al llamado derecho penal de acto:
“(...) si es contrario al contenido del artículo 29 de la Constitución Política condenar una persona con base en lo que es, y no en lo que hizo (...), y si también desconoce el principio del hecho fundamentar la responsabilidad o gravedad del injusto en la existencia de antecedentes penales, es obvio que plantear una estrategia defensiva fundada en que los procesados no sólo son ‘buenos’ individuos, sino que además carecen de antecedentes penales, o tan sólo presentan anotaciones que en el sentido del artículo 248 de la Carta no ostentan la calidad de tal, de ninguna manera puede incidir frente a la valoración de la veracidad o falsedad de la imputación fáctica formulada en la resolución acusatoria”(43).
En consecuencia, como la Sala no advierte error probatorio alguno en la decisión adoptada por el tribunal, no casará la sentencia proferida por el cuerpo colegiado en razón del único cargo propuesto en el escrito.
Al reconocer la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en contra del procesado, la Corte encuentra que el tribunal le dio aplicación al inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000, Código Penal vigente, según el cual dicha sanción debe ascender a “un tiempo igual al de la pena que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley”.
Por ello, el juez plural le impuso a César Augusto Jaramillo Orozco la accesoria en comento “por un tiempo igual al de la pena principal”, es decir, trescientos quince meses (o, lo que es lo mismo, veintiséis años y tres meses).
El cuerpo colegiado no tuvo en cuenta que aquella norma debía ser interpretada de manera armónica con lo señalado en los incisos 1º y 2º del artículo 51 del ordenamiento sustantivo, de acuerdo con los cuales el máximo previsto por la ley en lo que a la inhabilitación concierne corresponde a veinte años, salvo lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política (esto es, en los eventos en que los servidores públicos son condenados por delitos contra el patrimonio del Estado).
Por lo tanto, la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que impuso el tribunal por un término de veintiséis años y tres meses desborda el límite establecido por el legislador.
Como dicho yerro fue cometido en el fallo objeto de impugnación, la Sala casará oficiosa y parcialmente la providencia, en el sentido de declarar que la pena accesoria de ley proferida en contra de César Augusto Jaramillo Orozco tendrá un término no superior a los veinte años. Así mismo, precisará que la sentencia del ad quem permanecerá incólume en todo lo demás que no fue objeto de modificación.
1. NO CASAR el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia en razón del único cargo planteado por el demandante.
2. CASAR oficiosa y parcialmente la decisión objeto del extraordinario recurso, en el sentido de reducir la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas al término máximo de veinte años contemplado en la ley.
3. PRECISAR que la sentencia del tribunal permanecerá incólume en todo lo demás que no fue materia de modificación.
(2) Cf. Popper, Karl R., Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico, Paidós, Barcelona, 1967, págs. 46, 236-237.
(3) Cf. Popper, Conocimiento objetivo, Tecnos, Madrid, 2006, págs. 96, 131 y 401.
(4) Cf. Popper, Escritos selectos, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, pág. 91.
(5) Sentencia de 1º de julio de 2009, radicación 28935, en referencia a www.adrilli.wordpress.com: “La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados simples (Martin y Foley 1996) (…) / La percepción es la interpretación de esas sensaciones, dándole significado y organización (Martin y Foley 1996). La organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos es la actividad de nuestros órganos sensoriales y también de nuestro cerebro”.
(6) Cf. Popper, Los dos problemas fundamentales de la epistemología, Tecnos, Madrid, 2007, pág. 180.
(7) De la misma manera, sólo la valoración del hecho intersubjetivamente contrastable es capaz de decidir acerca de la falsedad de una teoría, explicación o enunciado universal de carácter científico (cf. Ibídem).
(8) Cf. Popper, Conjeturas y refutaciones, Op. cit., pág. 239 y ss.
(9) Cf. Clariá Olmedo, Jorge A., Derecho procesal penal, Tomo II, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2004, § 578.
(10) Cf. Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, Trotta, Madrid, 2002, pág. 259: “(...) el valor del elemento de prueba concreto no es en absoluto una característica intrínseca del hecho o de la cosa que se sume como elemento de prueba, sino que es relativo a la vinculación que se instaura entre ese hecho o esa cosa y la hipótesis que se refiere al hecho a probar”.
(11) Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 2001, págs. 50 y 135.
(12) Sentencia de 5 de diciembre de 2007, radicación 28432. En el mismo sentido, fallo de 3 de febrero de 2010, radicación 32863.
(13) Ferrajoli, Op. cit., págs. 168-169.
(14) Folio 94 del cuaderno de segunda instancia.
(15) Folio 150 ibídem.
(16) Folio 99 ibídem.
(17) Folios 79-80 ibídem.
(18) Folio 37 del cuaderno I de la actuación principal.
(19) Folios 45-46 ibídem.
(20) Folio 15 del cuaderno I de la actuación principal.
(21) Registro de la actuación, archivo 180013104002200761, 1:44 y 1:49, respectivamente.
(22) Folio 80 del cuaderno de segunda instancia.
(23) Folio 38 del cuaderno I de la actuación principal.
(24) Folio 37 ibídem.
(25) Folio 47 ibídem.
(26) Folios 137-138 ibídem.
(27) Cfr. folio 96 del cuaderno de segunda instancia.
(28) Folio 140 del cuaderno I de la actuación.
(29) Folio 110 del cuaderno II de la actuación principal.
(30) Folio 152 del cuaderno de segunda instancia.
(31) Sentencia de 21 de mayo de 2009, radicación 22825.
(33) Ibídem, citando a los fallos de 18 de octubre de 1995, radicación 9226; 2 de octubre de 2001, radicación 15286, y 5 de octubre de 2006, radicación 23960.
(34) Folio 88 ibídem.
(35) Folio 92 del cuaderno de segunda instancia.
(36) Folios 89-90 ibídem.
(37) Folio 66 del cuaderno I de la actuación principal.
(38) Folios 66-67 ibídem.
(39) Folio 65 ibídem.
(40) Folios 86-87 del cuaderno de segunda instancia.
(41) Folio 86 ibídem.
(42) Folio 90 ibídem.
(43) Sentencia de 15 de julio de 2008, radicación 28362.

References: ARTÍCULO 277
 artículo 206
 artículo 277
 artículo 277
 artículo 34
 artículo 29
 artículo 248
 resolución 
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 122