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Timestamp: 2017-05-27 19:25:15+00:00

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Tratados que vulneran el sistema internacional de los Derechos Humanos | AMAS15m
Tratados que vulneran el sistema internacional de los Derechos Humanos
Publicado en enero 28, 2016 por AMAS 15m medioambientesol15m	👌 Publicado en la red de difusión @sostenible2010 el 18/01/2016
Servindi, 18 de enero, 2016.- Las autoridades encargadas de negociar los nuevos tratados internacionales como el TPP, el TTIP, el TISA o el CETA no solo ignoran el sistema internacional de los derechos humanos sino que están profundizando la fragmentación del Derecho Internacional.
Así lo sostuvo Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina en un exhausto alegato publicado por la Agencia Latinoamericana de Información ALAI.
El citado autor argumenta que dichos tratados privilegian los acuerdos de comercio e inversiones y los intereses privados corporativos sobre el interés público trasgrediendo los Principios Generales del Derecho. Los tratados de comercio e inversiones son jerárquicamente inferiores y deben respetar y someterse a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Carta de Naciones Unidas y a los tratados de Naciones Unidas.
Tomando como sustento los informes elaborados por expertos independientes del sistema de las Naciones Unidas afirma que “la opacidad y el secreto en las negociaciones de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no se ajustan al orden internacional”.
“La elaboración, negociación y aprobación de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no puede realizarse de espaldas a la ciudadanía y a los representantes democráticos tal y como obliga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cita a la relatora de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz que en un infiorme sobre el tema concluye que “Los regímenes internacionales de inversión y de libre comercio se han desarrollado como una vertiente del derecho internacional independiente de las normas de derechos humanos y de derechos indígenas.”
“A pesar de las importantes cuestiones de interés público que están en juego en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y del carácter consuetudinario de muchos principios de derechos humanos, no existen mecanismos formales para exigir que los acuerdos de inversión y libre comercio respeten los derechos humanos” prosigue la relatora.
“Existen muchos mecanismos, reglamentos y acuerdos de arbitraje diferentes, y una falta general de transparencia. Ello impide a los legisladores y a los responsables de la formulación de las políticas tener una visión sistémica de los regímenes internacionales de inversión y de libre comercio y de su efecto sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y poder así tomar decisiones para una reforma eficaz” concluye Tauli-Corpuz.
Por Juan Hernández Zubizarreta*
Para ello, vamos a tener en cuenta los informes elaborados –en julio y agosto de 2015- por el experto independiente -Alfred-Maurice de Zayas- sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo(1). También vamos a analizar el informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos -Sra. Victoria Tauli-Corpuz- de los derechos de los pueblos indígenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Una primera cuestión de procedimiento, un experto independiente o una Relatora de la ONU no son personas expertas sin más, ya que forman parte del Procedimiento Especial y son nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) – compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas- para examinar e informar sobre un tema o cuestión específica de derechos humanos.
El 29 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 18/6 sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo(2).
La resolución también creó el mandato del Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo por un periodo inicial de tres años. El mandato fue porrogado por un periodo de tres años, hasta el 30 de abril de 2018(3).
Uno de los informes aborda los efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional democrático y equitativo(4) y el otro informe hace hincapié en los efectos de la solución de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democrático y equitativo(5).
Para la elaboración de los mismos, se han tenido en cuenta los informes de ocho titulares de mandatos de procedimientos especiales y las observaciones generales y finales pertinentes de los órganos de tratados como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño(6).
El Experto independiente considera que
“los tratados y acuerdos de comercio e inversiones conllevan una regresión en la protección de derechos como el derecho a la vida, a la alimentación (A/HRC/25/57), al agua y el saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, al mejoramiento de las normas laborales, a un poder judicial independiente, a un medio ambiente inocuo y a no ser sometido a reasentamiento forzoso. Por otra parte, existe una legítima preocupación por la posibilidad de que los acuerdos internacionales de inversión agraven el problema de la pobreza extrema, la renegociación de la deuda externa, la regulación financiera y los derechos de los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidad y las personas de edad y otros grupos vulnerables”.
La desaparecida Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resolución 2004/16 decidió prorrogar por otros tres años su mandato y tomó el acuerdo en la resolución 2005/6, de ocho de agosto, de profundizar en los efectos de los métodos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales y de analizar los medios y formas de proteger a las personas o grupos frente a los daños causados por la actividad comercial(7). A su vez se designó a la Sra. Chin Sung Chung y a la Sra. Florizelle O´Connor para que elaboraran un documento sobre “Acuerdos económicos bilaterales y multilaterales y sus repercusión sobre los derechos humanos de los beneficiarios” y otro titulado “La función de los Estados en la garantía de los derechos humanos, con referencia a las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales,” encargado al Sr. Gaspar Biró.
En la 21ª sesión de la Subcomisión, del 24 de agosto de 2006, se presentaron ambos documentos. El documento de trabajo sobre los acuerdos económicos bilaterales y multilaterales y su repercusión sobre los derechos humanos de los beneficiarios(8) se centró en cuatro ideas. La primera, en cómo el papel de las transnacionales en los acuerdos económicos es fundamental y cómo la red económica tejida en torno a los acuerdos multilaterales y regionales se complementa con la proliferación de los tratados bilaterales. La preocupación deviene de la falta de transparencia y cauces democráticos en su negociación, de la necesidad de atraer inversiones sin condiciones por los países pobres y de las dificultades jurídicas de aplicar la extraterritorialidad de las normas. La segunda analizó los efectos directos e indirectos sobre los derechos humanos. La tercera incidió en la responsabilidad, en grados diferentes, de los Estados y de las empresas transnacionales. La cuarta estableció diversas fórmulas para promover la responsabilidad: invocar la responsabilidad derivada de los instrumentos internacionales de derechos humanos, preparar evaluaciones que delimiten los impactos de los acuerdos económicos, aplicar la cláusula de excepción general de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el Sistema Generalizado de Preferencias en las negociaciones comerciales, incorporar en los acuerdos comerciales la responsabilidad de las multinacionales, y volver a la “doctrina Calvo” respecto a la competencia de los tribunales nacionales de justicia.
El documento relativo a la responsabilidad de los Estados en la garantía de los derechos humanos(9) se centró en lo que denominó la “renuencia” de los Estados a cumplir sus obligaciones de derechos humanos en relación con las actividades de las empresas transnacionales. Esto implica describir los efectos de las privatizaciones de sectores básicos y la coincidencia de funciones esenciales de los Estados con las funciones públicas. Los Estados deben obligar a las multinacionales a cumplir la ley pero, a su vez, éstas tienen obligaciones y responsabilidades en sus esferas de interés.
En primer lugar, la elaboración, negociación y aprobación de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no puede realizarse de espaldas a la ciudadanía y a los representantes democráticos tal y como obliga el artículo 25 a) en concordancia con el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(10) La opacidad y el secreto en las negociaciones de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no se ajustan al orden internacional(11).
En el informe titulado “La Defensora del Pueblo Europeo apoya el carácter secreto de las negociaciones del TTIP” y publicado en la página web de economía CIUDADANA(12), se recoge como “la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha decidido que en la reclamación 1777/2014/PHP contra la Comisión Europea sobre la solicitud de acceso a 20 documentos originales relativos al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), realizada por el ciudadano Gregorio Abascal a través de su blog Economía Ciudadana, lo siguiente: “No ha habido mala administración por parte de la Comisión Europea”, procediendo al cierre de la investigación”. El informe añade “con esta decisión, O’Reilly consolida la posición de la Comisión Europea y del Consejo Europeo sobre la absoluta prioridad de mantener en secreto los documentos del TTIP, ignorando no sólo a la ciudadanía y su derecho a la información, sino también al Tribunal Europeo de Justicia, único órgano legitimado para la interpretación de la legislación de la Unión Europea, y la interpretación del mismo Reglamento 1049/2001 de la sentencia C‐ 350/12 P en casación”.
En las negociaciones del TTIP entre la UE y EEUU se está produciendo un incumplimiento sistemático de la legislación internacional y de la legislación comunitaria. Incumplimiento que explica el Europarlamentario Konstantinos Chrysogonos en su informe sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en la Comisión de Asuntos jurídicos del Parlamento Europeo(13).
Las Naciones Unidas han elaborado un cuerpo normativo -tal y como afirma el Experto independiente- que ha puesto en el escenario mundial no solo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, sino también instrumentos jurídicamente vinculantes, entre ellos diez tratados fundamentales de derechos humanos(14) e innumerables declaraciones y resoluciones de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos, los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo –Convenios 14, 29, 77, 78, 87, 95, 98, 102, 105, 138, 169 y 182- y la Organización Mundial de la Salud y otros tratados internacionales como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como la Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Hay que tener en cuenta el carácter dinámico del Derecho Internacional, ya que éste es un Derecho universal vinculado a las personas cuyas fuentes normativas no son sólo los tratados o acuerdos entre Estados sino la propia Carta de Naciones Unidas, las Declaraciones, otros instrumentos al margen de la ratificación de los Estados, la costumbre y los principios generales del Derecho. La construcción del ius cogens o normas de orden público internacional se regula en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados(15). El ius cogens integra un nuevo orden público internacional investido de imperium al margen de los Estados. Tiene, a su vez, eficacia erga omnes y múltiples fuentes normativas. Barbagaleta (1999)(16) ha ratificado las características descritas del ius cogens incidiendo en su universalidad e imperatividad al margen de los Estados, aunque requiere una aceptación mayoritaria de la comunidad internacional. En esta línea de interpretación expansiva y progresista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aunque minoritaria doctrinalmente, Alberto Galinsoga afirma que,
“Los instrumentos normativos universales de protección de los derechos humanos tienen un carácter polifuncional, en el sentido de que proclaman los valores éticos-políticos relevantes, reconocen los principios jurídicos rectores en la materia, establecen un estándar minimum normativo de carácter subsidiario, en defecto de norma nacional o internacional más favorable, y marcan los objetivos hacia los que los Estados deben dirigir sus políticas, medidas legislativas y administrativas”. “Los principios reconocidos en las grandes Convenciones Internacionales de derechos humanos se imponen como rectores de las normas aplicables en este ámbito y vertebran toda la normativa internacional general, regional y nacional. Como principios jurídicos vinculantes se imponen a todas las normas que contravengan su contenido, y como tales, pueden y deben ser aplicados por las legislaciones nacionales” (Galinsoga, 2002: 353 y 356)(17).
Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos es vinculante y no una mera recomendación ética. En el Derecho Internacional el sistema de fuentes viene recogido en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia y forman parte del mismo, las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del Derecho y las decisiones judiciales; la costumbre tiene el mismo valor jurídico que los tratados internacionales y el Derecho Internacional consuetudinario está en vigor y es obligatorio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos forma parte del mismo y es una verdadera norma imperativa o de ius cogens que encarna y protege intereses esenciales de la comunidad internacional y que según el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que una norma imperativa no puede derogarse y ni cabe acuerdo en contrario por otra norma que no sea imperativa(18).
La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 103 establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. Es decir, las normas de comercio e inversiones están subordinadas a las nomas sobre derechos humanos(19). En esta dirección el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 1989 en el caso Soering c. el Reino Unido, establece que las obligaciones existentes en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevalecen sobre las de los tratados de extradición y, por extensión, sobre los tratados y acuerdos de comercio e inversiones (Teitelbaum, 2004)[20].
El Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una declaración en la que se dice:
“Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duración limitados y susceptibles de transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresión de una reivindicación fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tienen por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los regímenes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan protección a los autores y creadores individuales – se centran cada vez más en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales”.
Por su parte, en la resolución 2000/7 del 17/08/2000, la Subcomisión de derechos humanos de la ONU ha dicho:
“Afirma que la protección de los intereses morales y materiales que resultan de toda producción científica, literaria o artística de que una persona es autora es, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos y el inciso c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un derecho humano, en los límites del interés general; declara, sin embargo, que dada que la aplicación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio (ADPIC), no tiene en cuenta como debería la naturaleza fundamental de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, en particular el derecho de cada persona a disfrutar de las ventajas de los progresos científicos y de sus aplicaciones, del derecho a la salud, a la alimentación y del derecho a la autodeterminación, hay conflictos visibles entre el régimen relativo a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el Acuerdo, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por la otra; recuerda a todos los gobiernos la primacía de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las políticas y los acuerdos económicos”.
“los tratados modernos sobre derechos humanos en general, y en particular la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a otros contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”.
La Carta de las Naciones Unidas establece una orden internacional de Estados soberanos, que no puede ser sustituido por un nuevo orden internacional articulado sobre las normas de comercio e inversiones. Todos los Estados están obligados por la Carta de las Naciones Unidas y todos los tratados deben ser conformes con ella, en particular con sus artículos 1, 2, 55 y 56(21).
A modo de conclusión, afirma el Experto independiente,
“sería apropiado reafirmar que, si bien los acuerdos de libre comercio y de inversión tienen su razón de ser, la función principal del Estado es actuar en interés del público. Existen muchas oportunidades para que las empresas y los inversores obtengan beneficios legítimos y establezcan auténticas colaboraciones con los Estados en vez de mantener relaciones asimétricas. La norma básica debería consistir en: a) dar a las empresas lo que les pertenece, es decir, un medio en el cual competir limpiamente; b) restituir a los Estados lo que les pertenece de manera fundamental e inalienable, es decir, la soberanía y el espacio normativo; c) reconocer a los parlamentos lo que les pertenece, es decir, la facultad de examinar todos los aspectos de los tratados sin métodos no democráticos como el secreto y la aprobación mediante procedimientos de urgencia; y d) dar al pueblo lo que le pertenece, es decir, los derechos a la participación pública, el debido proceso y la democracia”.
“Los últimos 25 años han dado numerosos ejemplos de violaciones de derechos por los inversionistas y sentencias arbitrales sin escrúpulos que no solo han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, sino que han generado una “parálisis normativa” o incluso una “congelación”, impidiendo a los Estados adoptar reglamentos sobre la eliminación de los desechos o el control del tabaco por temor a ser demandados ante los tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados”. El Experto independiente declaraba en el periódico theguardian -el 16 de noviembre de 2015- que un solo mecanismo – el sistema de resolución de controversias inversionista-Estado (ISDS) – pone en peligro el actual sistema de justicia, el concepto de equilibrio de poderes y la esencia del Estado de Derecho. Sus implicaciones para el respeto de los derechos humanos en todo el mundo pueden ser devastadoras(22).
En una dirección opuesta, destacan las declaraciones a favor de los tribunales arbitrales que realizaba el vicepresidente de Philip Morris, Marc Firistone, en el marco del contencioso que mantiene con Uruguay: “no hay una tensión inherente en proteger los derechos fundamentales del sector privado al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos. No hay nada que amenace al orden mundial. Por contraste, lo que sería ‘devastador’ para el orden público es si la legitimidad y la ecuanimidad se aplicaran en forma selectiva”(23). Es decir, según el alto responsable de Philip Morris, hay que tratar igual a los desiguales y las transnacionales deben ser tratadas igual que los hombres y mujeres de Uruguay; la salud de la población debe situarse en el mismo plano que los intereses económicos de los dueños de la multinacional. El sistema internacional de los derechos humanos es atacado frontalmente por el capital.
La Relatora, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, ha elaborado el informe(24) relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas(25) y presentado a la Asamblea General de conformidad con el mandato que le confirió el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones 15/14 y 24/9(26).
(1) Este trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta los informes mencionados. En muchas ocasiones se reproducen apartados literales de los mismos.
(2) Principales instrumentos internacionales relevantes para el mandato
Carta de Naciones Unidas – http://www.un.org/es/documents/charter/
Declaración universal de los derechos humanos – http://www.un.org/es/documents/udhr/
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales – http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –http://www2.ohchr.org/spanish/law/docs/A.RES.63.117_sp.pdf
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-one.htm
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte –http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-death.htm
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial –http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/57/199&Lang=S
Convención sobre los Derechos del Niño – http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados – http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía – http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares –http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas –http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad –http://www2.ohchr.org/spanish/law/disabilities-convention.htm
(3) A/HRC/RES/27/9 http://www.ohchr.org/SP/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex&#8230;.
(4) A/HRC/30/44 Asamblea General de Naciones Unidas.
(5) A/70/285 Asamblea General de Naciones Unidas.
(6) El Experto Independiente ha recurrido al asesoramiento de economistas y ha prestado atención a los informes de otros titulares de mandatos de procedimientos especiales, entre ellos el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (A/HRC/19/59/Add.5 y A/HRC/10/5/Add.2); el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación (A/HRC/29/25); el ex Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (A/HRC/29/28, párrs. 30 y 31), apoya firmemente los artículos 1 a 10 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011 (A/HRC/17/31, anexo) y el marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Se basa en las observaciones generales y las observaciones finales pertinentes de los órganos de tratados como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño. Acoge con beneplácito la actuación de la UNCTAD, plasmada en sus diagnósticos perceptivos, sus conferencias recientes y sus iniciativas de reforma pertinentes.
(7) En el mismo año, unos meses antes Cetim y la Asociación Americana de Juristas presentaron por escrito a la Subcomisión una iniciativa en la dirección de los objetivos de la resolución referida. ONU E/CN.4/Sub.2/2005/NGO/22.
(8) De conformidad con la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”, todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos, incluida la Subcomisión, fueron asumidos a partir del 19 de junio de 2006 por el Consejo de Derechos Humanos. En consecuencia, desde la misma fecha, la signatura E/ CN.4/Sub.2/… de la serie documentos de la Subcomisión ha sido sustituida por A/ HRC/ Sub.1/
(9) ONU A/HRC/Sub.1/CRPÁG.12
(10) Artículo 25 a) Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades
(11) Destaca en este sentido, la declaración del Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, que afirma “… que el desarrollo sostenible y los derechos humanos están relacionados entre sí” y “los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia conforman una parte central de esta relación”. “Cuando las personas más afectadas por las políticas de desarrollo y medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas y las mujeres que a menudo son las principales cuidadoras de la familia, pueden ejercer sus derechos a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia, las políticas son más justas y efectivas”. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33670#.VkoH_b8-P78
(12) Economía CIUDADANA http://www.economiaciudadana.org/2015/11/la-defensora-del-pueblo-europeo&#8230;
(13) Sobre los informes anuales trigésimo y trigésimo primero sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2014/2253(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+&#8230;
(14) Los tratados universales y regionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, deben prevalecer necesariamente sobre otros tratados.
(15) Oscar Ermida considera que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reguló el ius cogens como “la Norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general, que tenga el mismo carácter” Ermida Uriate, Oscar: “Derechos laborales y comercio internacional”, en Globalización económica y Relaciones Laborales, (editores Wilfredo Sanguinetti y Agustín García), ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003.
(16) Barbagaleta, Hector Hugo: “Hablemos de flexibilidad y globalización”, Derecho Laboral, núm. 194, 1999.
(17) Galinsoga, Albert: “Las Transformaciones de la Sociedad Internacional y los derechos humanos”, El vuelo del ICARO, núm.2-3, 2001-2002.
(18) La posición oficial y ortodoxa de la academia entiende que “los redactores no consideraron la Declaración como legalmente vinculante y esperaban que la obligaciones jurídicas correspondientes a esos derechos serían más tarde impuestas a los Estados…” (Zambrana, 2013: 49). Zambrana, Nicolás: “Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en (Francisco J. Zamora et al) La responsabilidad de las multinacionales por violaciones de derechos humanos, Universidad de Alcalá, 2013.
(19) La Carta de Naciones Unidas es considerada por sectores de la doctrina, y de acuerdo con su artículo 103 que establece la preeminencia de las obligaciones establecidas frente a cualquier otra, como la matriz legal y ética de todas las normas ius cogens y obligaciones erga omnes.
(20) Teitelbaum, Alejandro: “Los tratados bilaterales de libre comercio”, Rebelión, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4218.
(21) Artículo 1: Los propósitos de las Naciones Unidas son:
(22) How can Philip Morris sue Uruguay over its tobacco laws? http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/philip-morris-urugu&#8230;
(23) Declaraciones recogidas en el periódico theguardian http://www.theguardian.com/business/2015/nov/19/philip-morris-we-are-def&#8230;
(24) Las ideas transcritas son textos literales del informe mencionado.
(25) Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de los derechos de los pueblos indígenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/informes-anual&#8230;
(26) Mandato de la Relatora Especial http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/biblioteca/un-docs/12-hrc&#8230;
*Juan Hernández Zubizarreta es Profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina.
Fuente: Agencia Latinoamericana de Información (ALAI): http://www.alainet.org/es/articulo/174502
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 artículo 53
 artículo 38
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 artículo 103
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 artículo 27
 artículo 15
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 Artículo 25
 artículo 2
 artículo 103
 Artículo 1