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Timestamp: 2016-10-25 05:06:19+00:00

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LEY 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo
LEY 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo	LEY 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo Mis Leyes
LEY 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo Estado	:
14/2004	Boletín Oficial	:
CAPÍTULO III. TASAS.
CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE LAS NOTARÍAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y MERCANTIL.
TÍTULO II. NORMAS DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO.
CAPÍTULO I. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.
CAPÍTULO II. CAJAS DE AHORRO.
CAPÍTULO III. COOPERATIVAS DE CRÉDITO.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Máquinas de juego tipo B.
En el título I de la Ley, referente a las normas tributarias, cabe destacarse el establecimiento de una serie de medidas de apoyo a políticas de diverso signo, en forma de deducciones sobre el impuesto de la renta de las personas físicas. En ocasiones, como en el caso de la política de fomento de la natalidad, no se trata realmente de medidas de nueva implantación, sino del refuerzo, a modo de aumento de la cuantía de las deducciones, de las existentes en años anteriores.
Más novedosas son en cambio las que afectan a las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, de asistencia a los mayores dependientes y de fomento del uso de nuevas tecnologías, que bajo la forma de incentivos fiscales aparecen recogidas por vez primera en el ordenamiento de la Comunidad Autónoma.
Artículo 1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 1. Se aprueban las siguientes deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta:
Por cada hijo nacido o adoptado en el periodo impositivo, que conviva con el contribuyente en la fecha de devengo del impuesto, 300 euros.
La deducción se extenderá a los dos periodos impositivos siguientes al nacimiento o adopción, siempre que el hijo nacido o adoptado conviva con el contribuyente en la fecha de devengo del impuesto que les corresponda a cada uno de ellos, según las siguientes cuantías y límites de renta:
300 euros, siempre que la base imponible total menos los mínimos personal y familiar a efectos del IRPF estuviera comprendida entre 22.001 y 31.000 euros.
360 euros, siempre que la base imponible total menos los mínimos personal y familiar a efectos del IRPF fuera menor o igual a 22.000 euros.
Cuando, en el periodo impositivo del nacimiento o adopción, o en los dos siguientes, los hijos convivan con ambos progenitores la deducción se practicará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
400 euros, cuando se trate de familias numerosas de categoría especial.
Esta deducción la practicará el contribuyente con el que convivan los restantes miembros de la familia numerosa. Cuando convivan con más de uno, el importe será rateado por partes iguales.
Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, tengan que dejar a sus hijos menores al cuidado de una persona empleada del hogar o en guarderías podrán deducir el 30% de las cantidades satisfechas en el periodo, con el límite máximo de 200 euros, siempre que concurran los siguientes requisitos:
Que en la fecha de devengo del impuesto los hijos tengan tres o menos años de edad.
Que ambos padres realicen una actividad por cuenta propia o ajena, por la que estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.
Que, en el supuesto de que la deducción sea aplicable por gastos de una persona empleada del hogar, ésta esté dada de alta en el régimen especial de empleadas del hogar de la Seguridad Social.
Que la base imponible total menos los mínimos personal y familiar a efectos del IRPF no exceda de 22.000 euros en tributación individual o de 31.000 euros en tributación conjunta.
Cuando más de un contribuyente tenga derecho a la aplicación de esa deducción respecto de los mismos descendientes, su importe será rateado entre ellos.
Por sujetos pasivos minusválidos, de edad igual o superior a sesenta y cinco años, que precisen ayuda de terceras personas.
Los contribuyentes de edad igual o superior a sesenta y cinco años afectados por un grado de minusvalía igual o superior al 65% y que precisen ayudas de terceras personas podrán aplicar una deducción del 10% de las cantidades satisfechas a los terceros, con un límite máximo de 600 euros, siempre que:
La base imponible total menos los mínimos personal y familiar a efectos del IRPF no exceda de 22.000 euros en tributación individual o de 31.000 euros en tributación conjunta.
Se acredite la necesidad de la ayuda de terceras personas.
El contribuyente no sea usuario de residencias públicas o concertadas de la Comunidad Autónoma de Galicia o beneficiario del cheque asistencial de la Xunta de Galicia.
Por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos.
Los contribuyentes que durante el ejercicio accedan a internet mediante la contratación de líneas de alta velocidad podrán deducir el 30% de las cantidades satisfechas en el concepto de cuota de alta y cuotas mensuales, con un límite máximo de 100 euros y según los siguientes requisitos:
Sólo podrá aplicarse en el ejercicio en que se suscribe el contrato de conexión a líneas de alta velocidad.
La línea de alta velocidad contratada estará destinada al uso exclusivo del hogar y no estará vinculada al ejercicio de cualquier actividad empresarial o profesional.
No resultará aplicable si el contrato de conexión supone simplemente un cambio de compañía prestadora del servicio y el contrato con la compañía anterior se realizó en otro ejercicio. Tampoco resultará aplicable cuando se contrate la conexión a una línea de alta velocidad y el contribuyente mantenga, al mismo tiempo, otras líneas contratadas en ejercicios anteriores.
El límite máximo de la deducción se aplica respecto a todas las cantidades satisfechas durante el ejercicio, bien correspondan a un solo contrato de conexión o bien a varios que se mantengan simultáneamente.
2. La práctica de las deducciones a que se refiere el punto anterior quedará condicionada a la justificación documental adecuada y suficiente del supuesto de hecho y los requisitos que determinen su aplicabilidad.
Artículo 3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. CAPÍTULO II.
Cuota anual: 3.448 euros.
Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo B, en los cuales puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre y cuando el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo con lo previsto en la letra a.
En caso de modificación del precio máximo de 0,20 euros autorizado para la partida en máquinas de tipo B o recreativas con premio, las cuotas tributarias establecidas en la letra B anterior se incrementarán en 17,36 euros por cada céntimo de euro en que se incremente el nuevo precio máximo autorizado.
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE LAS NOTARÍAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y MERCANTIL.
Artículo 7. Obligaciones formales de los notarios. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y el acceso telemático de los documentos a los registros públicos, los notarios destinados en la Comunidad Autónoma de Galicia, en colaboración con el Consejo General del Notariado, remitirán por vía telemática a la Consellería de Hacienda una declaración informativa notarial comprensiva de los elementos básicos de la escritura y confeccionada con los datos existentes en el índice único informatizado notarial al que se refiere el artículo 17 de la Ley, de 28 de mayo de 1862, del notariado. La declaración informativa notarial o ficha notarial deberá reproducir fielmente los elementos básicos de la escritura, sobre todo aquellos que tengan relevancia a efectos tributarios, y el notario velará por la más estricta veracidad de la ficha, así como por su correspondencia con los documentos públicos autorizados e intervenidos, y será responsable de cualquier discrepancia que exista entre aquella y estos. También deberán remitir, por solicitud de la Consellería de Hacienda, copia electrónica de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación notarial.
La ficha resumen notarial sustituirá al documento notarial en los supuestos que determine por orden la Consellería de Hacienda, que, además, establecerá los procedimientos, estructura y plazos en que debe ser remitida la información.
NORMAS DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO.
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.
2. Las providencias de apremio acreditativas del descubierto ante la Hacienda de la Comunidad de las deudas por tributos y demás ingresos de derecho público, expedidas por los funcionarios competentes según los reglamentos, serán títulos suficientes para iniciar su cobro por vía de apremio, y teniendo la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los deudores.
Se modifica la letra a del apartado 3 del artículo 23 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, que quedando redactada de la siguiente manera:
Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del beneficiario o entidad colaboradora en el curso de dichos recursos.
Artículo 78. Régimen general de ayudas y subvenciones.
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o a desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.
Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de financiación de los partidos políticos.
Las subvenciones a los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia en los términos previstos en su normativa específica.
Acreditar ante de la entidad concedente o, en su caso, ante de la entidad colaboradora la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos o condiciones que determinan la concesión o disfrute de la ayuda. El cumplimiento de esta obligación de justificación se realizará en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en la normativa reglamentaria de desarrollo y de lo dispuesto en las bases reguladoras o instrumentos de concesión.
Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y de la Seguridad Social, así como que no tiene pendiente de pago ninguna otra deuda, por concepto alguno, con la Administración pública de la Comunidad Autónoma, en la forma en que se determine reglamentariamente y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, así como cualquier otra comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, y aportar cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Comunicar a la entidad concedente o, en su caso, a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación habrá de efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 8 de este artículo.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el apartado 10 de este artículo.
Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos conforme a los criterios establecidos en las normas reguladoras de la subvención o de la ayuda y en el convenio celebrado con la entidad concedente.
Verificar, en su caso, el cumplimiento y la efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto a la gestión de dichos fondos puede efectuar la entidad concedente así como cualquier otra de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Colaborar en la restitución de las subvenciones otorgadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro.
Cuando las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho privado, se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante convenio, salvo que por objeto de la colaboración resulte de aplicación plena el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de juniio. El contrato, que incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en este artículo para los convenios de colaboración, así como lo que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos administrativos, habrá de hacer mención expresa al sometimiento del contratista al resto de las obligaciones mínimas impuestas a las entidades colaboradoras por la presente Ley.
Las citadas bases serán objeto de publicación en el "Diario Oficial de Galicia" y contendrán, como mínimo, los siguientes extremos:
Requisitos que habrán de reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención o ayuda pública, y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en los párrafos segundo y cuarto del apartado 4 de este artículo, plazo y forma de acreditarlos y plazo y forma en que han de presentarse las solicitudes.
Criterios objetivos de adjudicación de la subvención o ayuda pública y, en su caso, ponderación de los mismos.
Crédito presupuestario a que han de imputarse e importe global máximo que se destina, posibilidad de concurrencia con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos y, en su caso, incompatibilidad con su percepción.
Órganos competentes para la gestión de la subvención o ayuda pública y la resolución de la concesión y plazo en el que será notificada la resolución.
Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención o ayuda pública y de la aplicación de los fondos percibidos.
En el supuesto de contemplar la posibilidad de realizar abonos a cuenta y pagos anticipados, plazos, forma de pago y régimen particular de garantías que habrán de aportar los beneficiarios, así como aquellas otras medidas de garantía a favor de los intereses públicos que puedan considerarse precisas.
Obligación del reintegro, total o parcial, de la subvención o de ayuda pública percibida en el supuesto de incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión.
Obligación del beneficiario de facilitar toda la información que le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las ayudas.
En su caso, las condiciones de solvencia y eficacia que tengan que reunir las entidades colaboradoras.
Mención expresa de lo dispuesto en el apartado 9 de este artículo.
Expresión de los recursos que procedan contra la resolución de la concesión, indicando el órgano administrativo o judicial ante el que tengan que presentarse, plazo para interponerlos y demás requisitos exigidos por la normativa de aplicación general.
Los órganos administrativos concedentes publicarán en el "Diario Oficial de Galicia", y en los términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas expresando la convocatoria, programa y crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Cuando tengan asignación nominativa en los presupuestos, en los términos recogidos en los convenios y normativa reguladora de estas subvenciones.
Aquellas cuyo otorgamiento y cuantía vengan impuestos a la administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que resulte de aplicación según su propia normativa.
Excepcionalmente, cuando no sea posible promover la concurrencia por acreditarse razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
No será necesaria la publicación en el "Diario Oficial de Galicia" de la concesión de las subvenciones en los siguientes supuestos:
Aquellos a que se refieren las letras a y b del párrafo anterior.
Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. En este supuesto, las bases reguladoras habrán de contemplar la utilización de otros procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía y número, aseguren la publicidad de sus beneficiarios.
Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón al objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguardia del honor, a intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a intimidad personal y familiar y a propia imagen, y hubiera sido contemplado en su normativa reguladora.
Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y, en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
Obtención de la subvención sin reunir los requisitos exigidos para su concesión con falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo impidieran.
Incumplimiento total o parcial del objetivo, actividad, proyecto o no adopción del comportamiento que fundamentó la concesión de la subvención.
Incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención o ayuda pública así como de los compromisos por los mismos asumidos, siempre y cuando afecten o se refieran al modo en que han de alcanzarse los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de la subvención, o de aquellos distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o ente público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 8 de este artículo.
Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los apartados 4 y 6 de este artículo, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos, cando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el incumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o ente público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual derive una necesidad de reintegro.
Procederá gualmente el reintegro del exceso percibido en los supuestos previstos en el apartado 9 de este artículo sobre el coste de la actividad desarrollada.
El libre acceso a los locales de negocio y a demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
La obtención de copia o retención de las facturas, de los documentos equivalentes o substitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
El libre acceso a la información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde pueda efectuarse el cobro de las subvenciones o con cargo a las que puedan realizarse en las disposiciones de los fondos.
13. Los órganos de control de las administraciones públicas, en aplicación de la normativa comunitaria, podrán llevar a cabo, además, controles y verificaciones de los procedimientos de gestión de los distintos órganos gestores que intervengan en la concesión y gestión y el pago de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios que permitan garantizar la correcta gestión financiera de los fondos comunitarios.
Artículo 79. Infracciones, sanciones y régimen de responsabilidades.
La obtención de una ayuda o subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando de las que la impidieran o limitaran.
La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades o bienes recibidos para los fines para los cuales la ayuda o subvención fue concedida, siempre y cuando no se hubiera procedido a su devolución sin previo requerimiento.
La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas, respectivamente, en los apartados 4 y 6 del artículo 78 de la presente Ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier otra administración o ente público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios contemplados en las bases reguladoras de la subvención.
El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere la letra e del párrafo cuatro del artículo 78 de la presente Ley.
El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando substancialmente los fines para los cuales la subvención fue concedida.
La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando de los que la impidieran.
El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o de los requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones cuando de ello se derive la obligación de reintegro.
El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando contempladas de forma expresa en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas a consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.
El incumplimiento de las obligaciones de índole contable o registral, particularmente:
Llevar contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la entidad.
El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en el apartado 6 del artículo 78 de la presente Ley que no estén contempladas de forma expresa en el resto de apartados de este artículo.
No aportar o non facilitar el examen de documentos, informes antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato objeto de comprobación.
No atender a ningún requerimiento.
Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta justificación de los fondos percibidos por el beneficiario o entidad colaboradora o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada.
El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o entidades a que se refiere el apartado 11 del artículo 78 de la presente Ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o entidad colaboradora.
Las demás conductas tipificadas como infracción leve en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.
Las infracciones administrativas serán sancionadas de forma acumulativa con arreglo a siguiente escala:
Multa del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida o, en caso de entidad colaboradora, de los fondos recibidos.
La pérdida, tanto en el supuesto de beneficiario como de entidad colaboradora, durante el plazo de tres a cinco años, del derecho a obtener ayudas o subvenciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia o a ser designados como entidad colaboradora.
Prohibición, durante un plazo de tres a cinco años, de firmar contratos con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Multa del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida o, en caso de entidad colaboradora, de los fondos recibidos.
La pérdida, tanto en el supuesto de beneficiario como de entidad colaboradora, durante el plazo de uno a tres años, del derecho a obtener ayudas o subvenciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia o a ser designados como entidad colaboradora.
Prohibición, durante un plazo de uno a tres años, de firmar contratos con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Multa fija entre 75 y 6.000 euros.
Multa de hasta el tanto de la cantidad indebidamente obtenida o del importe de la cantidad no justificada o, en caso de entidad colaboradora, de los fondos recibidos.
Las sanciones de las infracciones administrativas previstas en este artículo se graduarán en atención a la existencia de intencionalidad, participación y beneficio obtenido, la trascendencia social y naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia en la comisión de infracciones.
Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior se entienden sin perjuicio de la obligación de reintegro prevista en el artículo 78.10 de la presente Ley, así como de las indemnizaciones de daños y perjuicios que pudieran exigirse y, en su caso, de la responsabilidad penal.
Serán responsables de la obligación de reintegro los beneficiarios o, en su caso, las entidades colaboradoras en los términos y casos previstos en el apartado 10 del artículo 78 de la presente Ley.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes sin personalidad a que se refiere el párrafo cuarto del apartado 4 del artículo 78 de la presente Ley, que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la presente Ley, y, particularmente, las siguientes:
Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades contempladas en los párrafos segundo y cuarto del apartado 4 del artículo 78 de la presente Ley, con relación a las actividades subvencionadas que se comprometieran a realizar.
Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación les sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 78 de presente Ley.
Serán responsables subsidiariamente de la obligación de reintegro y de las sanciones pecuniarias los administradores o aquellos que ostenten la representación legal de las personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que no realizaran los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptaran acuerdos que hiciesen posibles los incumplimientos o consintieran los de quienes dependan de ellos.
En caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones de reintegro y sanciones pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de las mismas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado o debiera adjudicar.
En caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a estos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.
Las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley no darán lugar a la responsabilidad por infracción administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos:
Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad para obrar.
Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes salvaran su voto o no asistieran a la reunión en la que se tomó la misma.
La responsabilidad derivada de las infracciones se extinguen por el pago o cumplimiento de sanción, por prescripción o por fallecimiento.
Será competente para la resolución del procedimiento sancionador, en las infracciones leves y graves, el titular del departamento que hubiera concedido la ayuda o subvención o al que estuviera adscrito el órgano concedente. La resolución de las infracciones muy graves, así como la de aquellas subvenciones hubiera autorizado cualquiera que fuera la calificación jurídica de la infracción, es competencia del Consejo de la Xunta.
La imposición de las sanciones se efectuará mediante expediente administrativo, en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictar el acuerdo correspondiente, siendo tramitado conforme a lo dispuesto en la legislación de carácter general que regule el procedimiento sancionador. Los acuerdos de imposiciones de sanciones pondrán fin a la vía administrativa.
El expediente se iniciará de oficio, a consecuencia de la actuación investigadora desarrollada por el órgano concedente o entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero efectuadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma y de los procedimientos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Cuentas.
En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y acordará la suspensión del procedimiento sancionador hasta que recaiga resolución judicial firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa si se ha impuesto al mismo sujeto por los mismos hechos e idéntico fundamento a los considerados en el procedimiento sancionador. Si no estimara la existencia de delito, la administración iniciará o continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hubieran considerado probados.
En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo establecido en la legislación general sobre potestad sancionadora vigente en cada momento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Fundaciones del sector público.
Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las administraciones públicas, sus organismos públicos o demás entidades del sector público.
Que el patrimonio fundacional de las mismas, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
Artículo 48. Dotaciones.
4. La Consellería de Economía y Hacienda y las cajas podrán acordar el porcentaje de sus excedentes que estas últimas dedicarán, anualmente, a obras benéfico-sociales. En el caso contrario, podrán establecerse por vía reglamentaria, después de oída la Federación Gallega de Cajas de Ahorros.
Se modifica la letra f del apartado 2 del artículo 68 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, que quedando redactada en los siguientes términos:
Las cooperativas de crédito podrán destinar este fondo a la promoción cultural, profesional y social de la comunidad en general. Las restantes cooperativas precisarán la autorización previa del Consejo Gallego de Cooperativas.
1. La cooperativa podrá contratar trabajadores por cuenta ajena. El número de horas/año realizadas por los mismos no podrá ser superior al 30% del total de horas/año realizadas por los socios trabajadores. No se computarán en este porcentaje:
Los trabajadores integrados en la cooperativa por subrogación legal así como aquellos que se incorporen en actividades sometidas a esta subrogación.
Los trabajadores que sustituyan a socios trabajadores o asalariados en situación de excedencia o incapacidad temporal, baja por maternidad, adopción o acogimiento.
Los trabajadores con contratos de trabajo en prácticas y para la formación.
Los trabajadores contratados en virtud de cualquier disposición de fomento del empleo de disminuidos físicos o psíquicos.
Los trabajadores que se negasen explícitamente a ser socios trabajadores.
5. El número de horas/año realizadas por trabajadores asalariados no podrá superar los límites establecidos en el artículo 110.1 de la presente Ley para las cooperativas de trabajo asociado.
Aquellas personas que a fecha de entrada en vigor de la presente Ley, tengan a su cargo hijos menores de tres años tendrán derecho a percibir una prestación de 360 euros por cada uno de ellos cuando, en razón a los ingresos obtenidos durante el año 2003, ni ellos ni ninguno de los miembros de la unidad familiar estuvieran obligados a presentar la declaración por el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a ese período.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Vacaciones. Modificación de la Ley de la función pública de Galicia. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Red de albergues para peregrinos. Modificación de la Ley de protección de los caminos de Santiago.
Se modifica la letra c del artículo 29 de la Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los caminos de Santiago, que quedando redactada como sigue:
El establecimiento, organización y gestión de una red de albergues destinados a la peregrinación. Podrá igualmente establecerse un sistema de apoyo a albergues y hospederías que tengan carácter privado.
Artículo 9. Principios.
A las fundaciones y sociedades públicas a que se refiere el artículo 1.b y c de la presente Ley les será de aplicación directa la legislación de contratos de las administraciones públicas en los mismos términos que se establecen en esta para las sociedades de derecho privado creadas para satisfacer necesidades de interés general.
Las entidades a que se refiere el artículo 1, cuando no les resulte de aplicación directa la legislación de contratos de las administraciones públicas, ajustarán su actividad contractual a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios.
1. La relación jurídica del personal al servicio de las fundaciones públicas sanitarias podrá ser de naturaleza laboral, siéndole aplicable lo dispuesto en la Ley 10/1996, de 5 de noviembre, de actuación de entes y empresas en las que tiene participación mayoritaria la Xunta de Galicia, o estatutaria, sin perjuicio de la eventual adscripción de personal funcionario o estatutario del Servicio Gallego de Salud, cuando las necesidades del servicio público sanitario así lo requieran.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Integración, en el régimen estatutario, del personal de fundaciones públicas y sociedades públicas autonómicas del sector sanitario.
Mientras no se planifique la oferta de máquinas de juego tipo B, a que hace referencia la Ley 14/1985, de 23 de octubre, el otorgamiento de autorizaciones de explotación para máquinas recreativas de este tipo se limitará al parque de máquinas existente en la actualidad, sin que se otorguen nuevas autorizaciones, sin perjuicio de la modificación de las existentes por el procedimiento de cambio previsto en el artículo 57 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 106/1998, de 12 de febrero, o el cambio de titularidad de la máquina previsto en el artículo 60 del mismo.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá, mediante decreto, a la aprobación de la planificación de la oferta de máquinas de juego tipo B en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Redacción según Ley 14/2006, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2007. Disposición adicional segunda:
Derogado por Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia.
Derogado por Ley 9/2008, de 28 de julio, gallega de medidas tributarias en relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Artículo 7:
Orden de 26 de junio de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para programas de calidad desarrollados por consejos reguladores de denominaciones de calidad agroalimentarios, y se convocan para el año 2007Orden de 9 de agosto de 2007 por la que se convocan para el año 2007 las ayudas y subvenciones para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local en el ámbito de la colaboración con las entidades localesOrden de 23 de julio de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a pequeñas y medianas empresas (Pymes) para la realización de programas o acciones a favor de la conciliación de la vida personal, familiar y laboralOrden de 28 de mayo de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a los artesanos titulares de talleres artesanales para actuaciones de fomento y desarrollo del sector artesanal gallego, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria (IN201G)Orden de 25 de mayo de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación indefinida de las mujeres como medida para lograr un mercado de trabajo igualitario, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2007Orden de 25 de mayo de 2007 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las asociaciones profesionales de artesanos cuyo ámbito de actuación se desarrolle en la Comunidad Autónoma de Galicia, para el fomento del sector artesanal gallego, y se procede a su convocatoria (IN-201F)Orden de 24 de mayo de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones a proyectos de acciones de investigación-acción que tengan relación con el esfuerzo global anti VIH/SidaOrden de 14 de mayo de 2007 por la que se establecen ayudas para la realización de actividades de educación para la sostenibilidadOrden de 29 de mayo de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de los programas de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida para favorecer la inserción de los jóvenes, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2007Orden de 29 de mayo de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2007 los incentivos a la contratación dirigidos a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiarOrden de 13 de junio de 2007 por la que se determinan las bases reguladoras y se convocan plazas de colaboradores-becarios para residencias juveniles dependientes de la Vicepresidencia de la Igualdad y del BienestarOrden de 26 de junio de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2007 ayudas a la financiación de acciones de asesoramiento para la mejora y el afianzamiento de la calidad de la leche producida y recogida en las explotacionesDECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de GaliciaOrden de 27 de abril de 2010 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las asociaciones profesionales y empresariales de artesanos/as cuyo ámbito de actuación se desarrolle en la Comunidad Autónoma de Galicia, para el fomento del sector artesanal gallego, y se procede a su convocatoria para el año 2010. (Código de procedimiento IN201F presentación telemática)Orden de 3 de mayo de 2010 por la que se establecen las bases por las que se regirá la concesión de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres años para el año 2010Orden de 26 de julio de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a los/as titulares de talleres artesanales para actuaciones de fomento y desarrollo del sector artesanal gallego, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2010. (Código de procedimiento IN201G)LEY 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativasOrden de 30 de diciembre de 2010 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres años para el año 2011Orden de 10 de marzo de 2011 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las asociaciones profesionales y empresariales de artesanos y artesanas cuyo ámbito de actuación se desarrolle en la Comunidad Autónoma de Galicia, para el fomento del sector artesanal gallego, y se procede a la convocatoria para el año 2011. Código de procedimiento IN201F, presentación telemáticaDECRETO Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado	Cerrar PDF
LEY 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo	Trámites

References: Artículo 1

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Artículo 7
 artículo 17
 artículo 23

Artículo 78
 artículo 30
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 Real Decreto 
 resolución 
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 artículo 30

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