Source: http://www.fundacionalbertoadriani.com.ve/bloque_constitucional.htm
Timestamp: 2018-02-18 00:49:15+00:00

Document:
BCDV se compromete a luchar por la reinstitucionalización de la justicia
Defensa de la Constitución para la Unidad Nacional. Román J. Duque Corredor. Mayo 2017
Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia de Venezuela
Despotismo Constituyente. Humberto Briceño León. Septiembre 2017
Dr. Perkins Rocha, Secretario General del Bloque Constitucional.
El Bloque Constitucional de Venezuela (BCDV) expresó, a través de un comunicado, su compromiso a “luchar por la reinstitucionalización de la justicia” en Venezuela, la cual consideran que se ha visto opacada por “un régimen totalitario y rentista”.
Nosotros, integrantes del Bloque Constitucional de Venezuela, respaldamos firmemente la Exhortación de los Obispos venezolanos en ocasión de celebrar su CIX Asamblea Ordinaria Plenaria, en fecha 12 de enero de 2018, por considerar que el documento describe la realidad de la tragedia social que padece actualmente el pueblo venezolano y con verdadera sensibilidad pastoral, ilustra las tareas que debe asumir la población ante la emergencia económica de cara al cambio de rumbo que se necesita para recuperar la prosperidad de la Nación.
El llamado que nos hace la Iglesia a despertar y reaccionar, nos motiva civilmente a activarnos para enfrentar a un régimen totalitario y rentista, infectado por el morbo de la corrupción, que con su actitud indolente ha permitido la muerte por hambre y enfermedad de miles de venezolanos; que menosprecia la vida de quienes por culpa de sus ejecutorias públicas se arriesgan a huir del territorio en condiciones precarias; un régimen que se exhibe sin contención frente a acólitas instituciones que incumplen su deber de controlarlo; que viola los derechos humanos, haciendo uso desproporcionado de la fuerza en contra de civiles disidentes eirrespeta los pactos y tratados internacionales sobre el uso de las armas de guerra contra civiles, la fuerza pública y el tratamiento a personas en situación de entrega y rendición, llegando al extremo de ajusticiar a quienes lo adversen, desobedeciendo los mandatos constitucionales que establecen que “el derecho a la vida es inviolable”.
Requerimos de manera urgente transitar el camino de la recuperación socio-económica del país, y al mismo tiempo, el respeto de los entes públicos a los derechos fundamentales del ciudadano; por eso el Bloque Constitucional comparte la gran dosis de esperanza que poseen las acciones ciudadanas concretas que, inspiradas en las palabras de la Iglesia y en su doctrina católica, contribuyan con el cambio en la conducción político-institucional del país.
Estas tareas económicas garantizarían la recuperación inmediata de un nivel aceptable en los costos y beneficios propios de una anhelada convivencia colectiva de los ciudadanos de todos los sectores, hoy perdida en Venezuela a causa del desempeño de un régimen que permanentemente arremete contra la empresa privada y el emprendimiento económico de los particulares.
El Bloque Constitucional realizó grandes esfuerzos en enero de 2016 ante la Asamblea Nacional para que se designaran los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, dado que aquellos elegidos en diciembre de 2015 lo fueron de manera espuria; sólo fue el 21 de julio de 2017 cuando la Asamblea Nacional eligió y juramentó una renovación parcial de magistrados del Tribunal Supremo. A los 13 magistrados principales y 20 suplentes designados en este último proceso, con apego a las normas constitucionales, el régimen no les permito instalarse en sus respectivas Salas, y al ser perseguidos decidieron hacerlo en el exterior.
Por tanto, el Tribunal Supremo de Justicia tiene hoy en sus Salas personas que no son magistrados al haber sido sustituidos por los que legítimamente designó la Asamblea Nacional, y por tanto, son nulas de pleno derecho todas sus decisiones y sentencias en cualesquiera de sus Salas.
Es cierto, la democracia volverá a fortalecerse el día en que cada persona mayor de 18 años, venezolana, pueda volver a ejercer su voto libremente, sin coacción ni represalias de ningún tipo; pero al mismo tiempo, volveremos a ser República el día en que el valor político de esa voluntad individual manifestada en un voto, se respete y esté garantizada. Sin instituciones autónomas e independientes eso no es posible.
Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Rombet Campero (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilme Pereira (Falcón), Mary de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno(Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Mario Torres (Zulia). NP
El conflicto entre gobierno y oposición en Venezuela excede del concepto tradicional de conflicto político entre partidos, porque más que una lucha o disputa por el poder, se trata de la confrontación entre dos modelos ideológicos contradictorios del sistema de gobierno. Es decir, un enfrentamiento entre el sistema autoritario socialista-militarista y el sistema democrático social del Estado de Derecho. En efecto, el factor principal de la confrontación política en Venezuela, es la imposición desde el poder de la ideología de un socialismo totalitario con apoyo militar. En otras palabras, entre dictadura militarista o democracia.
El conflicto es no solo entre el partido del gobierno y los partidos de la oposición, contrarios a esa ideología, sino fundamentalmente entre el gobierno socio militarista y los sectores democráticos de la sociedad. Por ello, esto nos ha ha conducido a la violencia y la persecución de los sectores democráticos. El conflicto no se traduce solo en discusiones de las diferentes ideologías, sino en violencia física y en discriminación por parte del gobierno de los sectores que no comparten su ideología y hasta de sus disidentes. Y fundamentalmente en la destrucción del modelo jurídico político del Estado democrático y social de Derecho y Justicia que se contempla en la Constitución de 1999. Además, en este conflicto ideológico, el uso de la fuerza, inclusive de la justicia castrense, por el gobierno ha causado violaciones graves de derechos humanos y hasta crímenes de lesa humanidad, y en donde se distingue entre amigos y enemigos; lo cual dificulta su solución por medios democráticos de conciliación.
Si bien se trata de un asunto interno, sin embargo, una de sus causas es externa, por la influencia de gobiernos cuyos modelos ideológicos de poder son el del socialismo totalitario antidemocrático, por lo que en la práctica implica vulneraciones del orden constitucional vigente y de los valores morales del orden social. Dado su naturaleza ideológica el contrario no es aceptado y por eso es discriminado o excluido, y el gobierno actúa como una clase dominante para legitimar su poder con medidas arbitrarias y contrarias a los derechos humanos, para imponer su sistema ideológico del poder. Imposición que se manifiesta en las restricciones a derechos civiles y políticos como la libertad de pensamiento, de expresión, de información, de manifestación y de libre elección. Por ello, el conflicto ha llegado a manifestarse en forma de enfrentamientos violentos y hasta de grupos armados paramilitares. Por otro lado, el conflicto político venezolano ha trascendido de las personas e impactado la estructura social, por razones de una política económica que ha conducido a la escasez de alimentos y medicinas, que ha incrementado los índices de mortalidad y de desnutrición y ha ocasionado la mayor hiperinflación del mundo, por lo que además configura una grave situación social. Estas características dificultan la solución, que se califica de crisis humanitaria, por los perjuicios causados a la población respecto de su alimentación y salud: lo que dificulta salidas constructivas. Una característica del conflicto político venezolano es la utilización de la fuerza armada y del poder judicial como instrumentos de dominio y de persecución. Y un aspecto definitorio es la de distorsión del proceso constituyente para implantar un sistema ideológico, ante la pérdida electoral del poder legislativo y de los poderes municipales frente a la oposición democrática. Lo que podría llamarse crimen de lesa democracia, como lo es destruir el sistema de partidos y del sufragio libre, universal y directo, y la desmotivación electoral.
Desde otro orden de ideas, la persecución en gran escala, bajo un contexto sistemático organizado y programado de discriminación y de exclusión de los sectores de la población que no simpatizan con el gobierno, así como las desapariciones, las detenciones arbitrarias, los presos políticos, el juzgamiento de civiles por tribunales militares y las violaciones a derechos fundamentales en magnitudes crecientes, como parte de ese plan sistemático, permiten calificar el conflicto político en Venezuela, a la luz del derecho penal internacional, del crimen de lesa humanidad de persecución. Por eso, el proceso de negociación para la búsqueda de soluciones a estos crímenes es difícil, largo y de una gran exigencia de fortaleza moral y de formación política por parte de los negociadores, así como de una metodología de negociación clara, transparente y que garantice la participación de la sociedad civil en dicho proceso. Además de una probada experticia en procesos de conciliación y la presencia de observadores internacionales que velen por la irrenunciabilidad e inalienabilidad de los derechos fundamentales y de los elementos esenciales del sistema político democrático, porque de lo que se trata es del derecho del pueblo venezolano de vivir en democracia en libertad, justicia y con dignidad. Finalmente, la naturaleza dramática del momento obliga a la oposición no solo a mantener su unidad, sino que en la búsqueda de un gobierno de transición para el cambio político, los intereses particulares no deben privar sobre los principios, y sobre todo que en la escogencia del futuro gobernante se busque consensuadamente no un simple candidato, sino fundamentalmente un verdadero estadista.
El Bloque Constitucional de Venezuela ante la Persecución e Intimidación de Magistrados
y Suplentes y Miembros del Comité de Postulaciones Judiciales
El Bloque Constitucional de Venezuela ante la detención, persecución e intimidación de magistrados y suplentes y miembros del Comité de Postulaciones Judiciales ratifica su denuncia de que en Venezuela existe un atentado grave y continuado contra el orden constitucional que ha afectado el funcionamiento del Estado de Derecho de Venezuela como sistema de gobierno ideal y, en concreto, contra el elemento esencial de la democracia como lo es la separación de poderes y la autonomía del poder judicial y la independencia de los jueces y de sus derechos institucionales.
Así mismo, se compromete a elevar esta denuncia al Secretario General de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Judiciales de la OEA, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, a la Comisión Internacional de Juristas y a las Asociaciones Internacionales de Jueces. De igual manera, apoyará las denuncias que particularmente formulen los afectados por las violaciones de sus derechos fundamentales como ciudadanos y de sus derechos como jueces y coordinará con sus defensores su debida asistencia y defensa jurídica y judicial.
El Bloque Constitucional de Venezuela ante la Persecución e Intimidación de Magistrados y Suplentes y Miembros del Comité de Postulaciones Judiciales
El Bloque Constitucional de Venezuela, grupo de opinión de la sociedad civil y de la colectividad jurídica, constituido en diciembre del 2015, con ocasión del desconocimiento por el gobierno del resultado de las elecciones legislativas que otorgó a la oposición democrática la mayoría calificada en la Asamblea Nacional y en defensa de la autonomía del poder judicial y de la independencia de los jueces; en esta oportunidad, se dirige a la opinión nacional e internacional, para denunciar:
I. Que constituye un atentado a principios fundamentales del orden constitucional democrático y una violación grave de derechos humanos, la arbitraria e ilegitima detención el 22 de julio del presente año, por parte de la policía política, del Magistrado Ángel Zerpa, sin orden judicial, en ejecución de la amenaza proferida anticipadamente por Nicolás Maduro, en contra de los ciento cincuenta y nueve (159) abogados venezolanos postulados para la designación de trece (13) cargos de magistrados y veinte (20) suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.
II. Que tal atropello fue avalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 545 de fecha 20 del mes y año citados, y por su Presidente, al atribuir, de manera general y anticipada, a quienes fueran designados y juramentados para tales cargos, mediante el procedimiento constitucional y legalmente establecido en el artículo 253 de la Constitución que venía cumpliendo la Asamblea Nacional desde el 13 de junio del mismo año, los delitos contra la independencia y seguridad de la Nación, traición a la patria y usurpación de funciones, en “flagrancia permanente” y en forma de ”asociación para delinquir”, por el hecho haber sido designados por la Asamblea Nacional.
III. Que los supuestos delitos también han sido atribuidos a los miembros de la sociedad civil que integraron el Comité de Postulaciones Judiciales que cumplió con el procedimiento requerido para la elección de magistrados y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Tales órdenes y amenazas dieron lugar al enjuiciamiento y posterior privación de libertad por un tribunal militar del Magistrado Ángel Zerpa y al amedrentamiento policial del resto de los designados y de los integrantes del mencionado Comité.
IV. Que nuevamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, actuando ilegítimamente, en razón de la anulación de la elección de magistrados que la integran, violando principios básicos de los ordenamientos jurídicos de toda la sociedad occidental y de derechos humanos, reitera con su actuación su complicidad con el Poder Ejecutivo en el rompimiento del hilo constitucional y en la instauración de una tiranía en Venezuela.
El Bloque Constitucional de Venezuela, por los hechos anteriores, ratifica una vez más los pronunciamientos que ha venido expresando con anterioridad en el sentido de denunciar que en Venezuela existe un atentado grave y continuado contra el orden constitucional que ha afectado el funcionamiento del Estado de Derecho democrático de Venezuela como sistema de gobierno ideal. Y, en concreto, contra el elemento esencial de la democracia, sustento del Estado de Derecho, de la separación de poderes y de la autonomía del poder judicial e independencia de los jueces y de sus derechos institucionales. Atentado este del cual el Tribunal Supremo de Justicia, concretamente su Sala Constitucional, se ha constituido en un factor fundamental de la alteración de la institucionalidad democrática, convirtiéndose además en un órgano de persecución política de la disidencia.
En efecto, la arbitraria detención del Dr. Ángel Zerpa, por la policía política, su indebido enjuiciamiento por la justicia militar y la ilegitima privación de su libertad por un tribunal de dicha justicia, así como por el aislamiento a que ha sido sometido representan, a la luz del artículo 29 de la Constitución, violaciones graves de los derechos humanos; por tratarse de los derechos fundamentales de la libertad personal, de comunicación con familiares y abogados, de respeto a la integridad física, psíquica y moral, del ser juzgado por el juez natural y de no ser juzgado por la jurisdicción penal militar.
Además, tales violaciones han sido cometidas en su contra por el solo hecho de haber sido juramentado como Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el procedimiento cumplido ante el Comité de Postulaciones Judiciales, designado el 13 de junio de este año, previsto en los artículos 264 y 270, de la Constitución, en concordancia con los artículos 64 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; por cuanto en fecha 14 de julio de 2016 la Asamblea Nacional había anulado la selección de magistrados y suplentes hechas el 23 de diciembre de 2015, por la anterior Asamblea Nacional, cuyo periodo feneció en diciembre del citado año.
Las violaciones y amenazas denunciadas, contra magistrados y suplentes e integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, constituyen además el quebrantamiento, por parte del poder ejecutivo y por la Sala Constitucional, de las garantías democráticas institucionales de la autonomía del Poder Judicial, contempladas en los artículos 6º, 136, 137 y 254, de la misma Constitución.
Por otro lado, la detención del Magistrado Ángel Zerpa, así como la amenaza en contra del resto de los magistrados y suplentes juramentados por la Asamblea Nacional el 21 de julio de este año, para el Tribunal Supremo de Justicia, validados por la Sala Constitucional, son violaciones graves a los derechos que le corresponden como jueces según los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura aprobados por el 7º Congreso de la ONU, mediante Resoluciones 40/32, del 29.11.1985 y 40/146 del 13.12.1985, de respeto a su autonomía, de libertad de expresión y del debido proceso. Al igual que representan transgresiones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, a los Principios de Bangalore sobre protección de derechos humanos por una judicatura independiente y al Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado por la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de 2001.
Por lo expuesto, el Bloque Constitucional de Venezuela, se constituye con la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, y dichos Colegios y asociaciones de abogados, en Plataforma por el rescate de una Judicatura Independiente en Venezuela y de defensa de la institucionalidad del procedimiento de la designación de los Magistrados juramentados por la Asamblea Nacional en la Sesión Ordinaria del 21 de julio de este año, a cuya integración invita igualmente a las Facultades de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Políticas, de nuestras universidades y sus departamentos de cátedras de derecho constitucional, así como a las academias y asociaciones de ciudadanos y organizaciones de defensa de derechos humanos.
En tal virtud, el Bloque Constitucional de Venezuela, a través de sus coordinadores, hará presente las anteriores denuncias al Secretario General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Judiciales de la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, a la Comisión Internacional de Juristas y a las Asociaciones Internacionales de Jueces. Y, en razón del derecho y el deber de los individuos, grupos y las instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, como se establece en la Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General de la ONU, y como interlocutor válido, apoyará las denuncias que particularmente formulen los afectados por las violaciones de sus derechos fundamentales como ciudadanos y de sus derechos como jueces y coordinará con sus defensores su debida asistencia y defensa jurídica y judicial.
Por la Coordinación Nacional del Bloque Constitucional
Período de trabajo: Enero / Octubre de 2017
La coordinación académica del Proyecto ha estado a cargo de los Doctores Román J. Duque Corredor, como presidente de la Fundación Alberto Adriani, y Cecilia Sosa Gómez, como presidenta de la Asociación Civil “Venezuela Progresa en Libertad”, mientras que la coordinación administrativa y operativa correspondió al Licenciado Nilson Guerra Zambrano, Secretario General de la institución adrianista, y la Coordinación de la difusión y publicidad a cargo de la Licenciada Oriana Hernández.
La coordinación del Proyecto agradecen a los miembros del Bloque Constitucional de Venezuela (B.C.de Vla.), a la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, a todos los Colegios de Abogados y sus institutos de Estudios Jurídicos, a la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, a las organizaciones Talleres de Reconstrucción Nacional (TRen) del Estado Carabobo, Somos Abogados del Estado Aragua, Solidaridad Gremial del Estado
Anzoátegui Plural del Estado Anzoátegui, Centro de Estudios Jurídicos Procesales (Cejuprog) del Estado Guárico; y a las Facultades de Derecho y de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello, de Los Andes, de Carabobo, Monte Ávila y del Zulia, respectivamente, a la Asociación de Ganaderos Alberto Adriani, así como a cada uno de los ponentes y conferencistas que hicieron posible la realización de las Jornadas en distintas ciudades del país y la redacción del presente documento
BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA PROYECTO DE REINSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA VENEZOLANO
El Bloque Constitucional de Venezuela y
el Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia
Con la misión de rescatar la vigencia de la Constitución y el principio de la independencia y autonomía del Poder Judicial y con la visión de trabajar por el restablecimiento de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho, el Bloque Constitucional de Venezuela, constituido en diciembre de 2015, como un grupo de opinión de la sociedad civil, en razón del desconocimiento de la legitimidad de la representación popular de la Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo, con el concierto principalmente de la Sala Constitucional y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ha venido configurándose en un factor de desestabilización del Estado democrático de Derecho en Venezuela y por ende, en causa propia de la subordinación del Poder Judicial al gobierno; conformó, con el apoyo de la Asociación Civil Venezuela Progresa en Libertad y de la Fundación Alberto Adriani, el “Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia” con los propósitos de:
• Promover la Plataforma de Defensa de la Independencia del Poder Judicial entre abogados y sociedad civil (La Rebelión de las Togas).
• Fortalecer la abogacía como componente del Sistema de Justicia (Vanguardia de la independencia judicial)
• Elaborar la propuesta de un Plan de Reinstitucionalización Integral de la Administración de Justicia desde la Agenda Ciudadana para el Consenso (Justicia para el ciudadano)
Particularmente, el Bloque Constitucional de Venezuela, cuya propuesta originalmente partió de la Asociación Civil Talleres de Reconstrucción Nacional (TRen), de Valencia, en diciembre de 2015, se trazó como Misión rescatar la vigencia de la Constitución y el principio de la independencia de los poderes públicos, principalmente del Poder Judicial y definió como Visión el trabajar por el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Y, por ello, uno de sus objetivos fue el de proponer la reorganización y restructuración del Sistema de Justicia y la despolitización y despartidización de tribunales y Ministerio Público, entre otras instituciones que lo integran.
Para cumplir con su Misión el Bloque Constitucional de Venezuela analizó la situación socio-jurídica de Venezuela caracterizada por un elevado componente de ilegalidad y desprecio por el Estado de Derecho, por parte de las cuatro ramas del Poder controladas por el régimen y por
el Partido Socialista Unido de Venezuela (Ejecutiva, Judicial, Electoral y Ciudadana); lo que ha generado un estado de inseguridad general de las personas y de los bienes, arrastrando consigo las garantías constitucionales del derecho a la vida, a la libertad, la propiedad privada, los derechos políticos, el acceso a la Justicia y del derecho al libre desarrollo de la personalidad y ha dado origen a una grave crisis humanitaria.
Esto llevó a la necesidad de contar con actores y protagonistas que fueran los voceros autorizados, por sus propias trayectorias en el mismo Sistema de Justicia y en las universidades, para evitar la consolidación de un estado general de absoluto desprecio a las leyes y normas de convivencia social, en circunstancias tales como ya se observa en la comunidad nacional, donde las preocupaciones por los alimentos y la salud van dejado de lado la vigencia del imperio de las leyes y Constitución de la República.
Bienestar, de Paz y Desarrollo, mediante grupos o equipos anclados en las delegaciones de los colegios de abogados y organizaciones similares de carácter gremial, y estudiantiles para generar un estado de conciencia a favor de la civilidad y el orden social.
Estas consideraciones dieron motivo a la propuesta del Bloque Constitucional de Venezuela del Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, para el cual se trazó el siguiente Programa para el 2016 y 2017:
1.- Reuniones nacionales de la Coordinación del Bloque Constitucional, celebradas en la sede de la Fundación Alberto Adriani, entre sus integrantes fundadores.
2.- Visitas de miembros fundadores del Bloque Constitucional a Estados de la federación venezolana para activar los grupos de opinión (Mérida, Lara, Carabobo, Zulia y Anzoátegui).
3.- Conversaciones con las 24 delegaciones de los colegios de abogados para crear un estado de alerta ante la situación y disposición a la defensa de los postulados constitucionales.
4.- Pronunciamientos públicos del Bloque Constitucional sobre materias jurídicas del más alto interés nacional.
5.- Programación de ocho (8) jornadas nacionales en igual número de ciudades para estudiar, en reuniones abiertas, temas y elementos relacionados con la futura Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, en tiempos más favorables.
6.- concretas sobre la implementación para la reforma del Sistema de Justicia.
7.- Difusión de las reuniones a través de los medios de comunicación social.
8.- Acercamiento al sector estudiantil de la rama del Derecho para fortalecer su formación en base a los parámetros constitucionales.
9.- Relacionamiento con universidades, institutos y centros de estudio del exterior para conocer
experiencias, y mecanismos, que favorezcan en Venezuela la existencia del Sistema de Justicia basado en la defensa de la vida, de los derechos humanos, de la paz y el desarrollo.
10.- Presencia activa en los medios de comunicación social para evitar la hegemonía de los factores de poder que procuran la desaparición del Estado de Derecho.
• Defender activamente los valores constitucionales y de la permanencia de la sociedad venezolana dentro del concierto de las naciones democráticas.
para promover la cultura democrática.
• Motivar los gremios de abogados para mantener una presencia en cada entidad estadal en defensa del Estado de Derecho y de Justicia.
• Promover los derechos humanos y la necesidad de la organización de su defensa en la población como elemento inseparable del ejercicio de la democracia.
• Denunciar las abusivas interpretaciones de la Constitución por parte de las ramas del Poder Público, controladas por una ideología socialista totalitaria.
• Difundir los valores de la civilidad como elemento integrador de la sociedad venezolana.
• Colaborar con el Poder Legislativo y sectores democráticos en la elaboración de un programa de gobernabilidad.
• Promocionar el consenso democrático y la participación ciudadana como instrumento del cambio político y de la reforma del Sistema de Justicia.
• Facilitar el acceso a la Justicia y a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos.
Desarrollo de las Jornadas de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia
Dentro de la programación del Proyecto se celebraron Jornadas y Foros durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2017
La primera Jornada se efectuó en Caracas, en fecha siete (7) de abril en el Hotel Pestana. Los ponentes fueron los doctores Román J. Duque Corredor, Cecilia Sosa, Alberto Arteaga y Perkins
la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela y con la presencia de numeroso público. Hubo amplia difusión de medios de comunicación y plena receptividad en sectores profesionales y académicos y la consecución de nuevos aliados de la sociedad civil para la consolidación del nivel de conciencia crítica sobre el actual estado de cosas y sobre la necesidad de cohesionar la opinión en torno al establecimiento de un nuevo sistema de justicia.
La ciudad de Barcelona acogió la segunda jornada, el veintiocho (28) de abril, en la sede del gremio de abogados del Estado Anzoátegui, con la presencia nutrida de abogados, profesores de Derecho, estudiantes y dirigentes sociales que se contaron por más de dos centenares. Uno de los ponentes fue del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Dr. Salvador Yannuzzi Rodríguez, junto a los Dres. Cecilia Sosa, Román J. Duque Corredor, Luis Beltrán Calderón, presidente del Colegio de Abogados, el Dr. Carlos Camero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos Procesales del Estado Guárico (Cejuprog) y la abogada Mariana Camero. Esta última en representación de los jóvenes abogados de la región de los llanos orientales.
El día cuatro (4) de mayo se realizó la Tercera Jornada en Barquisimeto, Estado Lara, en la sede del Colegio de Abogados de dicho Estado, con presencia de ciento treinta y siete personas, con la intervención del presidente del gremio y cuatro ponentes, dos de ellos locales. Las ponencias estuvieron a cargo de los ex magistrados Cecilia Sosa y Jorge Rosell, del Secretario del Bloque Constitucional Dr. Perkins Rocha y del Ex Juez Superior de dicha entidad Dr. Joel Rodríguez Ramos. Fueron especialmente relevantes las experiencias de Rosell y Rodríguez sobre hechos e incidencias dentro de la judicatura que obligan a mejorar la formación de los jueces y la valoración ética de su desempeño. Destacó la intervención en el acto del Presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara Dr. Enrique Romero Perdomo, quien realizó un recuento de todas las solicitudes de cambios esenciales en el Poder Judicial y de las denuncias de irregularidades que no fueron tramitadas.
El doce (12) de mayo se llevó a cabo la Cuarta Jornada en Valle de La Pascua, Estado Guárico. Asistieron ciento sesenta y dos personas, cuatro ponentes y el Alcalde del Municipio Leonardo Infante Ingeniero Pedro Loreto. Intervinieron las jóvenes abogadas Mariana Camero y Vanessa Ochoa, nativas de la ciudad, el catedrático Carlos Camero Camero y el ex magistrado Román J. Duque Corredor. Cerró la sesión el alcalde Loreto. Se sumaron como aliados al proyecto el Centro de Estudios Jurídicos Procesales del Estado Guárico (Cejuprog) y la Alcaldía local. La Cámara de Comercio y Producción facilitó sus instalaciones. Hubo intervenciones radiales en la emisora Enlace 840 AM por parte del Secretario de la Fundación Alberto Adriani Licenciado Nilson Guerra Zambrano.
Bajo los auspicios del Bloque Constitucional y de la Asociación Somos Abogados, en la Cámara de Comercio del Estado Aragua, en Maracay, el veintitrés (23) de mayo, se realizó un Foro sobre el Sistema de Justicia. Asistieron doscientas veinte personas. Los ponentes fueron los Dres. Cecilia Sosa, Román J. Duque Corredor y Perkins Rocha. Se trató el tema: El cumplimiento de la Constitución para el cambio político.
El veintitrés (23) de mayo se realizó la Quinta Jornada en Valencia, Estado Carabobo, en la sede del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de dicho Estado. Acudieron ciento cincuenta y tres personas. La mayoría profesionales del Derecho y estudiantes. Presentó y moderó la sesión el Dr. Perkins Rocha, con ponencias de los Dres. Cecilia Sosa, Román J. Duque Corredor, Pedro Rondón Hazz (Ex Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia) y la Presidenta del Instituto de Estudios
Derecho Diego Pérez, miembro del equipo de dirección de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela. Asistió el Decano de Derecho de la Universidad de Carabobo, Dr. David Rutman y la Presidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Dra. Marlene Robles.
El veinticinco (25) de mayo tuvo lugar la Sexta Jornada en la Ciudad de Mérida, en Hotel Caribay. Acudieron doscientas cuarenta y seis personas. Destacó la presencia del Doctor Mario
Bonucci Rector de la Universidad de Los Andes (ULA, con doscientos treinta años de existencia) y la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Dra. Aura Morillo. Los ponentes fueron los Dres. Román J. Duque Corredor y Abdón Sánchez Noguera (Profesor Universitario y autor de obras jurídicas), y de los abogados Fernando Cermeño Zambrano (Presidente del Movimiento
numerosos profesores de Derecho de ULA. Llamó la atención la presencia de víctimas, y familiares, de atropellos cometidos por policía estadal y guardia nacional durante recientes protestas.
El mismo día veinticinco (25) de mayo, en horas de la noche, se llevó a cabo el Foro en la ciudad de Zea, en el mismo Estado Mérida. Acudieron abogados integrantes de la Asociación Civil de Juristas de Zea “José Román Duque Sánchez “y dirigentes sociales y funcionarios de los municipios Tovar y Zea del Estado Mérida, y Simón Rodríguez del Estado Táchira. Intervino la Presidenta del Concejo Municipal local Licenciada Nola Molina y expuso el Dr. Román J. Duque Corredor.
En la ciudad de Acarigua, Estado Portuguesa, junto con el Instituto de Estudios Jurídicos “Dr. Cipriano Heredia Angulo” de la Delegación Acarigua-Araure del Colegio de Abogados de dicho Estado, se celebró la Séptima Jornada, el dieciséis (16) de junio, en la Universidad Yacambú, donde intervinieron la Dra. Maibí Rondón, Presidente del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, el Dr. Eustoquio Martínez, Vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado Portuguesa, el Presidente de la Delegación, Dr. Nicolás Humberto Varela
Guerra Zambrano.
En fecha 30 de junio el Bloque Constitucional realizó en la ciudad de San Cristóbal la Octava Jornada, en el Colegio de Abogados del Estado Táchira, con participación del Presidente de dicho gremio, Dr. Henry Flores Alvarado, del Dr. Carlos Moros Puentes, del Dr. Román J. Duque Corredor
programa de TV y la abogada Génesis Dávila fue entrevistada por el Diario La Nación.
La programación continuó con el Foro realizado el jueves seis de julio, en Caracas en el Centro Cultural Chacao, sobre la Defensa de la Constitución y el poder constituyente y sus límites, con la participación de los Dres. Cecilia Sosa, Alberto Arteaga y Román J. Duque Corredor, y, por parte del Frente de la Defensa de la Democracia y de la Constitución, el Dr. Ricardo Combellas, profesor universitario, exconstituyentista y ex presidente de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE).
Presidenta de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela Paolimar Odreman.
El siete (7) de julio en Caracas, el Bloque Constitucional, participó en un Taller junto al Frente
con participación de la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Dra. Lourdes Wills; por vía Skype, de la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, y por las organizaciones no gubernamentales PROVEA, el Licenciado Rafael Uzcátegui y Visor 360 Consultores, el Licenciado Nicmar Evans.
En San Felipe, Estado Yaracuy, en fecha ocho (8) de julio se realizó un Foro sobre el mismo tema, junto con el Frente de Defensa de la Constitución, con participación del Dr. Rubén Pérez Silva, de la organización TRen, del Dr. Román J. Duque Corredor y de los diputados democráticos de dicho Estado.
Además de la anterior actividad, el Bloque Constitucional, promovió junto con asociaciones de abogados un Foro en Margarita (Estado Nueva Esparta), en fecha siete (7) de julio, con intervención de los profesores Ramsis Ghazzaoui y Alejandro Canónico; y con la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Criminológicas y Sociales de la Universidad del Zulia, en fecha 11, del mismo mes y año, un Foro sobre el tema de la asamblea nacional constituyente, con la intervención de la Decana Dra. Diana Romero La Roche, de los profesores Ramsis Ghazzaoui, Nicolás Badell Benítez, Humberto Ortiz y Juan Alberto Berríos, y del Dr. Román J. Duque Corredor.
Todos los eventos contaron con la presencia de televisión y radio nacionales y regionales y a los cuales se les dio divulgación y promoción, bajo la coordinación de la Licenciada Oriana Hernández.
Cumplido el cronograma planificado de Jornadas, con incorporación de otras actividades en Foros sobre el tema de Democracia y Justicia, el Bloque Constitucional es hoy una referencia nacional e internacional en materia jurídica, con prestigio y confianza de los ciudadanos con quienes se ha relacionado, especialmente con los profesionales del Derecho, profesores e investigadores en cada Estado y ciudad en que realizó actividades.
Debemos reconocer que los integrantes del Bloque Constitucional contribuyeron a consolidar en el gremio, la motivación y deseos de participar en el adecentamiento del Poder Judicial y en proponer los cambios necesarios. Igualmente se debe reconocer la importancia de las intervenciones en todas las Jornadas y Foros de los participantes que hicieron análisis y formularon propuestas para el Sistema de Justicia de las cuales muchas de ellas se recogen en este Informe; así como de los sectores estudiantiles y de los ciudadanos presentes.
El impacto de las Jornadas realizadas activó a otros Colegios de Abogados y seccionales en ciudades del país a solicitar al Bloque Constitucional y en particular a este Proyecto, que se repitieran las Jornadas en ciudades como Cumaná, Maturín, El Tigre, Ciudad Bolívar y San Fernando de Apure; lo cual sería una segunda parte del Proyecto a llevar a cabo con posterioridad. Puede decirse que hoy día, el Bloque Constitucional es una referencia nacional e internacional en materia jurídica, con prestigio y confianza de los ciudadanos con quienes se ha relacionado, especialmente con la élite de los profesionales del Derecho, profesores e investigadores en cada lugar. Y que se activó una motivación y deseos de cambio en las intervenciones de las personas que han tenido a bien hablar sobre temas relacionados con el Sistema de Justicia, hasta el punto que colegios de abogados e instituciones y personalidades relevantes de varias entidades han solicitado, como se señaló, la celebración de nuevas jornadas y que la evaluación del Sistema de Justicia se constituya en una actividad permanente de estudio e investigación de dichos colegios. Las actividades realizadas permiten concluir que ha aumentado en el ciudadano el compromiso con la democracia y el convencimiento de que no se puede sostener sin la promoción y defensa de los derechos humanos, a través de un idóneo Sistema de Justicia y que, por lo tanto, su reinstitucionalización es una prioridad dentro de las políticas públicas.
Labor Editorial y de Opinión Pública del Proyecto
Como parte del Proyecto se procedió a editar el trabajo de la Asociación Civil “Venezuela Progresa en Libertad”, de la Dra. Cecilia Sosa Gómez, denominado “Agenda Ciudadana para el Consenso” (Producciones Karol C.A., Mérida Octubre 2016, 24 págs.): y tres ensayos, por la Fundación Alberto Adriani: 1) “Consenso Democrático” (Producciones Karol C. A., Mérida Octubre 2016, 20 págs.). 2) “Defensa de la Constitución para la Unidad Nacional” (Producciones Karol C. A., Mérida Julio 2017, 10 págs.), de la autoría del Dr. Román J. Duque Corredor. Y 3) “Despotismo Constituyente Venezuela 2017” (Producciones Karol C. A., Mérida agosto 2017, 10 págs.), de la autoría del Dr. Humberto Briceño León.
El material impreso de estos documentos se distribuyó en las Jornadas y permitieron afianzar la necesidad de un Poder Judicial para el ciudadano y la democracia, así como ampliar el enfoque que muchas veces tiene la Justicia como si fuera un coto cerrado para abogados y actores del sistema judicial. Y se programó para el último trimestre del 2017 un acto público para la presentación de las anteriores publicaciones.
Además, en razón de los diferentes atentados en contra del orden democrático, la coordinación académica del Proyecto ha elaborado declaraciones y pronunciamientos principalmente sobre las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que han cercado el funcionamiento de la Asamblea Nacional eliminando sus competencias o subrogándose en ellas. Asimismo, la coordinación académica del Proyecto preparó una carta del Bloque Constitucional de Venezuela para el Secretario General de la OEA sobre la inconstitucionalidad del retiro de Venezuela de dicha Organización Regional, la cual le fue entregada personalmente por el Dr. Román J. Duque Corredor, Coordinador del Proyecto, en una entrevista que sostuvieron en la sede de la OEA, en mayo de este año.
En los meses de mayo a julio, de este año, sobre la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro la coordinación académica del Proyecto ha elaborado pronunciamientos sobre su ilegitimidad, la violación de los derechos políticos por las bases comiciales, los límites de la constituyente, el referendo popular, el enjuiciamiento de civiles por la justicia militar y la persecución política de magistrados designados para el Tribunal Supremo de Justicia y la prisión del Alcalde del Municipio Iribarren del Estado Lara Alfredo Ramos y de otros Alcaldes, por parte de la Sala Constitucional por un supuesto desacato a un mandato de amparo, violando la garantía del juez natural, al atribuirse una competencia penal que ni constitucional, ni legalmente le corresponde y que contraría los tratados internacionales que contemplan esta garantía como un derecho fundamental.
La realidad del Sistema Judicial en el que se desarrolla el Proyecto
El Proyecto aprecia que la realidad judicial del país justifica las bases y fundamentos para cambiar el Poder Judicial, por cuanto atendiendo a los datos que se señalan a continuación el Sistema de Justicia exige su reinstitucionalización.
Los datos de que se dispone muestran que:
• El índice de independencia del Poder Judicial coloca a Venezuela en los últimos lugares, por debajo de Nicaragua y Paraguay, con un 1,4%.
• En el índice de percepción sobre el Estado de Derecho, donde el nivel más alto es el segmento entre 90 al 100%, Venezuela está en el nivel más bajo de este indicador, junto con Ecuador y Haití, que no superan el 10%.
• En Venezuela para el 2013 existen solo 6.89 jueces por 100.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano se ubica en 11 jueces por cada cien mil habitantes.
• En Venezuela existen 2.149 tribunales y 2.162 jueces (839 penales y 1310 no penales).
• Aproximadamente el 73% de los jueces no son titulares (“Jueces desechables”) (596 titulares, 1184 provisionales. 243 temporales, 90 suplentes, 11 itinerantes y 15 accidentales).
• Desde 2005 ha descendido el número de casos por ante el Tribunal Supremo de Justicia a pesar del aumento de magistrados1, además que de los magistrados electos, para julio de 2017, un 50% no cuentan con los requisitos exigidos constitucionalmente y tan sólo un 31,25% de ellos cumple con los requisitos de idoneidad y de capacitación para ostentar el cargo, e inclusive, uno de ellos presenta un prontuario penal2.
• Durante 6 años el Tribunal Supremo de Justicia no presenta informe anual.
• Ocupa el último lugar (puesto 32/32) por falta de información en su página web, según el Centro de Estudios de Justicia de las Americas.
• En materia penal más del 40% de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia tienen un retraso en su publicación de 5 años o más
• La tasa de resolución de los tribunales de instancia en 2001 fue de 78,9%, en 2011 de 66,3%, por lo que bajó un 12,6%. Entre 2004 y 2001 la tasa de sentencia se mantuvo en alrededor de 22% y en materia penal la tasa de desempeño es de las peores. Entre 2012 y 2015 no hay cifras3.
• El 74% cree que el Poder Judicial es uno de los sectores extremadamente corruptos, junto con los de la administración pública y los militares.
1 Entre 2001 y 2005 ingresaron 8732 asuntos. En el 2006 y el 2016 ingresaron 6467 casos, es decir, una disminución de 26%. Entre 2001 y 2006 el promedio de decisiones por año era de 10263, y entre 2007 y 2016, fue de 6467, lo que representa una disminución de un 30%. Por tanto, en 2006 desciende el número de asuntos ingresados, llegando a ser en 2016 de un 51% menos. En 2007 comienza a descender llegando en el 2016 de un 53% menos que en 2007.
2 Desde 2000, 84 magistrados han pasado por el Tribunal Supremo de Justicia, 32 de ellos ocupan actualmente sus cargos, 16 no cumplen los requisitos constitucionales y legales, y de 6 de ellos no hay seguridad si los cumplen, o no los cumplen. 52 de esos magistrados han salido de sus cargos, 7
fallecimiento y 3 por destitución.
3 Información extraída por Acceso a la Justicia de Informes Anuales del Tribunal Supremo de Justicia 2001-2001, página web del TSJ, discursos de apertura del año judicial 2012-2015 e Informe Anual del Ministerio Público 2001-2015 ( El Poder Judicial venezolano en cifras)
• No existe una carrera del funcionariado judicial.
• La monopolización y concentración de todos los poderes en manos de la Asamblea Nacional Constituyente, al servicio de un presidente y de un partido, como involución del constitucionalismo hacia un absolutismo tiránico que recuerda el terror francés, el dominio dictatorial del imperio napoleónico y el cruento blindaje estalinista a la libertad y a la democracia venezolana y que ha excluido todo posible control sobre sus actos y voluntad (tomado de Briceño León, “Despotismo Constituyente Venezuela 2017”, obra citada, p. 19).
• La opinión pública nacional e internacional, en materia de garantías jurisdiccionales, da cuenta de la constante violación de estas garantías fundamentalmente por los jueces penales, que desconocen o descartan el derecho del enjuiciamiento en libertad y del derecho de sustitución de la detención preventiva por medidas cautelares4.
• Los organismos internacionales han dado cuenta de la detención judicial por delitos de opinión política, de medidas de aislamiento de los detenidos, de torturas y de la no excarcelación de quienes han sido favorecidos con esta medida.5
• A pesar del aumento de los casos de violaciones graves de derechos humanos, sin embargo, por falta de información y de facilidades, las denuncias por ante los organismos internacionales de protección de dichos derechos son escasas. En efecto, según el último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la organización recibió en el 2016, 847 denuncias por violaciones de derechos humanos en contra de México, 512 en contra de Colombia, 92 en contra de Chile y tan sólo 43 en contra de Venezuela, a pesar de que es el país de la región que atraviesa la peor crisis de derechos humanos y que cuenta con el mayor número de presos políticos6.
• En cuanto a la violencia de género, los datos de la ONU indican que mientras la media mundial de casos de actos de violencia es de 3 por cada 10 mujeres, en el país la proporción está 10% por encima.7
Igualmente, se ha tenido muy en cuenta los Informes Anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente el de 2015, en los cuales se vuelve a incluir a Venezuela
grave de violación de los derechos humanos, fundamentalmente respecto de las garantías para la independencia judicial, el debido proceso legal y el acceso efectivo a la justicia y en donde se destaca la falta de independencia del Sistema de Justicia, entre otras razones, por, situaciones
cual conlleva a la fragilidad del Poder Judicial y a su falta de independencia e imparcialidad, que impacta de manera negativa en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
poderes-y-el-menoscabo-de-la-institucionalidad-democratica-en Venezuela/
para-evitar-deterioro-de-la-libertad/
7 http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/venezuela-supera-promedio-mundial-violencia-genero_664
Por otra parte, en el informe referido se denuncia el uso abusivo del derecho penal, los obstáculos para los defensores de derechos humanos en el ejercicio de su labor, a la vez que se deja constancia de las graves situaciones de inseguridad ciudadana, de detenciones arbitrarias y de violencia en los centros penitenciarios, las cuales implican una afectación al ejercicio de los derechos humanos a la vida, a la libertad y a la integridad personal de los venezolanos. En el Capítulo IV, se afirma: “ La Comisión ha considerado que esta falla estructural impacta de manera negativa en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, por lo que constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”.
Así mismo el Proyecto presta atención a lo afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que ha dedicado especial interés a la situación de la administración de justicia en Venezuela, particularmente a través del Informe sobre Democracia y Derechos Humanos en Venezuela de 2009, de sus relaciones de seguimiento de los informes particulares sobre Venezuela desde el año 2003 y del Capítulo IV de sus diferentes informes Anuales, así como mediante las audiencias celebradas durante los periodos de sesiones y de los casos elevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de estos mecanismos e instrumentos, expresa la Comisión que ha manifestado su preocupación por aspectos que afectan la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, en particular por los altos porcentajes de jueces y fiscales en situación de provisionalidad y por el incumplimiento de algunos de los procedimientos legales y constitucionales en el proceso para su designación y destitución.
Desde el año 2012 la Comisión Interamericana ha continuado recibiendo información sobre la situación del Poder Judicial en Venezuela y su falta de independencia y autonomía frente al poder político, así como sobre presuntas injerencias del Poder Ejecutivo en las decisiones judiciales.
Un aspecto que ha sido objeto de planteamientos en los foros y talleres realizados por el Proyecto se refiere a la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política, al que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Capítulo IV, de sus informes anuales, ha señalado como factor negativo determinante del sometimiento de dicho Poder al gobierno, cuando expresa: “En la misma línea, ha señalado que esa falta de independencia ha permitido, a su vez, que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta pacífica, perseguir penalmente a los disidentes políticos e imponer inhabilitaciones administrativas para el ejercicio de funciones públicas a opositores políticos”.
En ese orden de ideas, el Proyecto ha tomado también en cuenta el “Informe sobre la Discriminación Política en Venezuela (2003 - 2007) Estudios de Casos”, especialmente el Capítulo IV, sobre “Algunas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y la Discriminación Política en Venezuela” (Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional”. El Observatorio Venezolano de la Justicia (www.accesoala justicia.org). Amnistía Internacional, por su parte, resalta el uso de tipos penales como “traición a la patria”, “terrorismo” o “rebelión”, que son considerados ambiguos y discrecionales, lo que aumenta el riesgo de que los acusados no puedan recibir un juicio justo que observe el debido proceso. Y, que además estos delitos facilitan el procesamiento de civiles en juzgados militares8.
8 https://www.nytimes.com/es/2017/04/26/el-gobierno-de-nicolas-maduro-detiene-de-forma-arbitraria-a-los-disidentes-politicos-denuncia-amnistia-internacional/
Particular importancia le ha dado a los informes sobre la situación carcelaria del Observatorio Venezolano de Prisiones, según el cual si bien se ha reducido la cantidad de muertes por año en las cárceles del país, el nivel de hacinamiento supera el 190 %, principalmente por la lentitud del Sistema de Justicia, lo cual entre las causas de esta situación se encuentran el retardo procesal por parte de los órganos de justicia, la falta de construcción de nuevos centros de reclusión y el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva, a lo cual se agrega que el Ministerio del Servicio Penitenciario ha clausurado cárceles de manera improvisada. Al igual que desde 1999 han fallecido 6.500 personas dentro de las cárceles de Venezuela y 16.000 han resultado heridas, siendo el año 2012 el más trágico con 591 muertos y 1.132 heridos. Y que en el primer semestre de 2015 se han registrado 109 fallecidos y 30 lesionados. El referido Observatorio concluye en que “la situación de degradación que se percibe en el sistema penitenciario venezolano no se ajusta únicamente a la violencia derivada del uso de armas y los enfrentamientos en los que viven los reclusos, sino también a las precarias condiciones de las instalaciones”9. Un caso emblemático de esta situación lo es el Centro Penitenciario de Aragua o Cárcel de Tocorón, donde según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se crean, propician y mantiene un ambiente de extrema violencia y existe un hacinamiento, maltrato físico y psicológico y donde se trafica internamente con armas10.
En el mismo orden de ideas, se han valorado los informes de Foro Penal Venezolano del 1° de octubre de 2107, sobre las personas detenidas arbitrariamente y enjuiciadas por motivos políticos, sin el debido proceso y su distribución en Centros de Reclusión, que para el día dos (2) de ese mismo mes y año alcanzaba el numero de 439 reclusos. Así como que 415 civiles fueron procesados por la jurisdicción militar en los meses de abril, mayo y junio de 2017, de los cuales 245 de ellos fueron privados formalmente de su libertad, por decisiones emitidas por estos tribunales y que el 59% de estos civiles procesados arbitrariamente por fiscales y jueces militares quedaron tras las rejas, evadiéndose así, abusivamente la justicia civil.11 12
En materia de violencia de género Venezuela es uno de los países con la mayor tasa anual de femicidios y que en cuanto a la brecha de desigualdad de género global, aún no llega a la media13 14
Se ha considerado igualmente el estudio Evaluación del Desempeño del Sistema de Justicia Venezolano (2001-2015), realizada por la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, en el cual se pone de manifiesto la opacidad informativa del Sistema de Justicia, la falta de coordinación entre los órganos que lo integran y el déficit presupuestario y de personal judicial de que adolece el referido Sistema, del cual merece destacarse la insuficiencia de este personal, ya que para 2016 de 2.139 jueces activos, de los que el 73% no son titulares. Ello, como se destaca en la referida Evaluación, afecta su imparcialidad e independencia por el riesgo de ser removidos en el caso de que tomen una decisión que no obedezca a los intereses políticos del Gobierno, y por ello, se les ha denominado “jueces desechables”. Asimismo, el mencionado Estudio señala que en cuanto a los defensores públicos, si bien hubo un importante aumento de 147% entre los años 2003 (607 defensores) y 2015 (1.500 funcionarios), tampoco este incremento ha sido cónsono con una
9 https://informe21.com/actualidad/ovp-hay-mas-de-190-de-hacinamiento-en-las-carceles-venezolanas
10 Corte IDH, Resolución de 24.11.2010, Medidas provisionales respecto de Venezuela. Asunto Centro Penitenciario de Aragua, Cárcel de Tocorón (Ver, “Compendio de Normas y Estándares Nacionales e Internacionales sobre Personas Privadas de Libertad”. Observatorio Venezolano de Prisiones, Talleres Gráficas LAUKI, Caracas abril 2007, Pág. 459).
11 http://www.caraotadigital.net/nacionales/en-la-actualidad-son-439-los-presos-politicos-en-venezuela-segun-el-foro-penal/
12 https://foropenal.com/2017/08/11/junio-2017/
13 https://www.datosmacro.com/demografia/indice-brecha-generoglobal/venezuela
14 http://uma.edu.ve/periodico/2017/04/25/desigualdad-genero-venezuela-problema-educativo-cultura
eficiente defensa de los derechos de los ciudadanos, además que la Defensoría Pública actúa como un apéndice del Poder Judicial, el cual a su vez, como ya se ha expuesto, está subordinado al Poder Ejecutivo.
En materia presupuestaria del sistema de justicia, la explicación al creciente déficit de personal, de infraestructura y la falta de modernización de sus procesos en el ámbito nacional, se debe a que los recursos asignados a la totalidad del Sistema de Justicia representaron solamente el 2,6% del presupuesto nacional en 2005. E igualmente, que para 2015 la situación había empeorado con una asignación de apenas 1,6% con respecto al balance nacional de ingresos y egresos, aunque la Constitución exige un mínimo de 2%. En dicho estudio se observa que el órgano que menos dinero recibe es la Defensoría del Pueblo, con apenas 0,00001% (2015) con respecto al presupuesto de la Nación, mientras que el Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Cortes de Apelaciones y Tribunales) está a la cabeza con 0,8%, habiendo representado su presupuesto 1,8% en el año 2001 y llegando a un máximo de 2.2% en 200715.
El estudio “Notas sobre el Sistema de Justicia y del Poder Judicial de Venezuela”, elaborado por la abogado Laura Louza, Directora de Acceso a la Justicia, como esquema para el tratamiento sistemático de los componentes del referido Sistema y del régimen constitucional y legal del Poder Judicial, ha sido una fuente de información importante para el Proyecto16.
Y respecto de la violencia y de la igualdad de género, se ha considerado la información suministrada por la Asociación Civil “Mujer y Ciudadanía17 y por el Equipo periodístico PLUMA de la Universidad Monte Ávila. 18
Igualmente, lo relativo a las denuncias por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se tuvo en cuenta las estadísticas comparativas por países de la propia Comisión, que la organización no gubernamental Defiende Venezuela reporta en su página web19. Se tomó en cuenta igualmente, la situación penitenciaria, lo referente a los datos aportados por el Observatorio Venezolano de Prisiones20.
En el proceso de ejecución del Proyecto se constató la ausencia de un enfoque sistémico del tema, una falta de información sobre el Sistema de Justicia, que también ha disminuido el acceso a la justicia y que no hay un interés por la materia, hasta el punto, por ejemplo, que desde la Constitución de 1999 no se cuenta con una ley del Poder Judicial y de la carrera judicial y que la defensa pública es débil e insuficiente, así como que el Poder Ciudadano no cumple ni con su función del control moral y social de la gestión pública, ni de defensa de los derechos humanos. Igualmente, con la cooperación de la organización Defiende Venezuela ha constatado que a pesar de las constantes violaciones de derechos humanos, los ciudadanos no cuentan con un sistema de información e informático que le permita acudir a presentar sus denuncias ante los organismos internacionales.
15 http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/informe-del-sistema-judicial-2001-2015/
16 www.accesoalajusticia.org/documentos/getbindata.php?dcfid=201
17 https://www.datosmacro.com/demografia/indice-brecha-genero-global/venezuela
18 http://uma.edu.ve/periodico/2017/04/25/desigualdad-genero-venezuela-problema-educativo-cultura
19 https://www.defiendevenezuela.org/
20 https://informe21.com/actualidad/ovp-hay-mas-de-190-de-hacinamiento-en-las-carceles-venezolanas
En el aspecto normativo es preciso señalar la inaplicación de la Ley del Sistema de Justicia, vigente desde el 2009, donde no se da representación a los abogados en la Comisión Nacional de dicho Sistema. Por otro lado, todo lo relativo a la carrera judicial no se regula por ley sino mediante el reglamento del Tribunal Supremo de Justicia denominado “Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial de junio de 2016” y es la Comisión Judicial de dicho Tribunal la que designa y remueve a los jueces provisorios y cubre las vacantes
concursos de oposición para asignar tribunales.
Esta normativa legal colide con lo establecido constitucionalmente, donde se exige de manera determinante que sólo se puede ser juez si se ingresa por concurso, es decir, mediante pruebas de credenciales y de conocimientos teóricos y prácticos; por eso exige que el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces corresponde a los jurados de los circuitos judiciales y no al Tribunal Supremo de Justicia, al cual solo le compete otorgar los nombramientos y juramentar a los jueces, cuyo ingreso o ascenso hubiere sido aprobado por los mencionados jurados, como se desprende del artículo 255, de la Constitución.
En lo que respecta a la protección de los derechos de los jueces debe señalarse, como un atentado a la garantía de la independencia del Poder Judicial, que la Sala Constitucional, en sentencia N° 516, del 07.05.2013, excluyó a los jueces provisorios, temporales, accidentales y ocasionales, de la aplicación de la jurisdicción disciplinaria, para atribuirle a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia competencia para sancionarlos y excluirlos del Poder Judicial, contrariando lo dispuesto en el citado artículo 255, que comprende en la garantía de inamovilidad a todos los jueces, sin distinguir su condición, así como la garantía del debido proceso, conforme el artículo 49 constitucional.
A todo lo anterior, se puede agregar la inaplicación de la Ley del Sistema de Justicia, vigente desde el 2009, donde no se da representación a los abogados en la Comisión Nacional de dicho Sistema aun cuando la Constitución los incorpora expresamente, conforme su artículo 253. Por otro lado, se indicó con anterioridad, que todo lo relativo a la carrera judicial se regula mediante las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial de junio de 2016 y es la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia quien designa y remueve a los jueces provisorios y cubre las vacantes en los tribunales del país y quien tiene atribuida
oposición para asignar tribunales. Por el contrario, como se señaló anteriormente, la selección para el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces corresponde a los jurados de los circuitos judiciales y no al Tribunal Supremo de Justicia, al cual solo le compete otorgar los nombramientos y juramentar a los jueces, como se desprende del artículo 255, de la Constitución. Asimismo, no se llevan a cabo concursos para el nombramiento de los defensores públicos como lo exige la Ley Orgánica de la Defensa Pública, por lo que no disfrutan de estabilidad.
En lo que respecta a la protección de los derechos de los jueces debe señalarse, como un atentado a la garantía de la independencia del Poder Judicial, que la Sala Constitucional, en sentencia N° 516, del 07.05.2013, excluyó a los jueces provisorios, temporales, accidentales y ocasionales, de la aplicación de la jurisdicción disciplinaria, para atribuirle a la Comisión Judicial del Tribunal
Supremo de Justicia potestad para sancionarlos y excluirlos del Poder Judicial, que como se señaló anteriormente, contraría lo dispuesto en el citado artículo 255, que comprende en la garantía de inamovilidad a todos los jueces, sin distinguir su condición y en la garantía del debido proceso, conforme al artículo 49, de la Constitución.
Por otro lado, entre los factores resaltantes de la desinstitucionalización del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en Venezuela, puede señalarse la decisión permanente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de querer deslegitimar a la Asamblea Nacional y de usurparle sus competencias, asumiendo, de este modo, la cabeza del Poder Judicial las funciones de la Asamblea, para impedir el ejercicio de sus funciones de control político y administrativo, lo que demuestra la subordinación del Poder Judicial y su ideologización y politización y el abandono de su función de garante de los derechos humanos.
Por otra parte, es un hecho ostensible de la desinstitucionalización del Sistema de Justicia, la existencia de una magistratura completamente sometida a la discrecionalidad del Tribunal Supremo y compuesta por jueces sin carrera judicial y en manos de jueces provisorios, los cuales están sujetos a una brutal intimidación. La anterior situación se hace más patente por el juzgamiento de ciudadanos por los tribunales militares, en franca violación del artículo 329 de la Constitución, y en desconocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que considera que dichos tribunales solo pueden juzgar los militares por delitos de naturaleza militar, puesto que su competencia se limita a delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Armada Nacional
desprende de varias de sus sentencias.21
La ausencia, después de dieciocho (18) años de promulgada la Constitución, de una Ley Orgánica del Poder Judicial, es una evidencia más de la crisis institucional del Sistema de Justicia, que afecta su estructura y aumenta la inseguridad jurídica, porque su organización queda librada a la
excluye la participación ciudadana en la política judicial, en violación de la Ley del Sistema de
la administración del Poder Judicial y de la Inspectoría de Tribunales, en el control de actividad jurisdiccional, especialmente de su corrupción y de la interferencia externa en su ejercicio, al igual que la inconsistencia de la jurisdicción disciplinaria judicial respecto de la responsabilidad de los jueces y de su imparcialidad.
tanto en su organización, porque no se ha creado el Instituto Penitenciario, como lo ordena la Constitución, como en las funciones que le corresponderían puesto que han sido centralizadas en un
de los llamados pranes en las cárceles nacionales, que no cuenta con un personal adecuado que carece de la carrera penitenciaria y que tampoco ha llevado a cabo planes de descongestión de las prisiones y que no ha programado la resocialización de la población penitenciaria, ni planes de reeducación y que mantiene en pésimas condiciones de salud y alimentación a los internos.
21 Sobre esta jurisprudencia, ver http://www.franciscosantana.net/2017/05/sentencias-sobre-la-prohibicion-del.html
En ese mismo orden de ideas, el Sistema de Justicia no ha impedido la corrupción como un fenómeno sistémico en el Estado, que incluso ha padecido el Poder Judicial, que se agudiza con la intervención del gobierno en la función jurisdiccional o de factores del poder, hasta el punto que
Estado, que determina incluso las decisiones judiciales y la parcialización de los jueces. Tal estado de cosas, ha llevado a que la impunidad alcance el 98% de crímenes contra los derechos humanos, según la Organización COFAVIC.22
Se observa con preocupación que no existe una participación ciudadana en el Sistema de Justicia, a pesar de que la Ley que lo rige contempla esta participación como un enlace con la sociedad civil. En este contexto, fue particularmente ostensible la falta de esta participación en la designación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes por parte de la Asamblea Nacional que feneció en diciembre de 2015, puesto que no existió en el Comité de Postulaciones Judiciales una verdadera
A toda la situación descrita se agrega la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, realizada fraudulentamente por Nicolás Maduro, mediante Decreto N° 2830 del 1° de mayo de 2017, donde se establece entre los objetivos programáticos, uno referido al Sistema de Justicia. Se señala que corresponderá a dicha Asamblea la ampliación de las competencias judiciales para erradicar la impunidad de los delitos, especialmente aquellos que se cometen contra las personas (homicidios, secuestros, extorsión, violaciones, violencia de género y contra niños y niñas), e igualmente incorpora los delitos contra la Patria y la sociedad tales como la corrupción;
odio social y la injerencia extranjera. Es decir, incrementar la pena de los delitos relacionados en materia de opinión pública y en materia de libertad económica. De ello es un ejemplo ostensible la Ley Constitucional (sic) contra la intolerancia y el odio”, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, el 7 de noviembre de este año, denominada “Ley del odio”, que prevé penas de 10 a 20 años para quienes promuevan mensajes de intolerancia y sanciones para los medios de comunicación social que impulsen la violencia. Prueba de la intencionalidad persecutoria por motivos políticos e ideológicos, de la citada Ley, propio de gobiernos totalitarios, es la declaración
pero nunca seremos iguales, debemos luchar contra quienes promueven un pensamiento único como el fascismo”23.
Es el caso que a partir de la instalación de la sedicente Asamblea Nacional Constituyente, arrecio la persecución política de Magistrados designados por la Asamblea Nacional para el Tribunal Supremo de Justicia, como el caso del magistrado Ángel Zerpa y del resto de magistrados que se encuentran en el exilio o que buscaron la protección de las embajadas de México, Panamá y Chile, sin que el gobierno les hubiere otorgado salvoconducto hasta la presente fecha. Por esa persecución los magistrados legítimamente elegidos por la Asamblea Nacional se han visto impedidos de asumir sus cargos y de ejercer sus funciones en Venezuela.
22 http://observatoriodeviolencia.org.ve/tag/impunidad/
23 ://globovision.com/article/anc-discute-proyecto-de-ley-constitucional-contra-el-odio
La deslegitimación del Poder Judicial como criterio de justificación del Proyecto de
Reinstitucionalización del Sistema de Justicia
De acuerdo con las conclusiones obtenidas de las Jornadas y los diferentes Foros-Talleres realizados por el Proyecto, la institucionalidad democrática del Estado de Derecho en Venezuela está resquebrajada, principalmente por lo siguiente:
• El Poder Judicial hoy es un órgano político al servicio del Poder Ejecutivo y de persecución contra la oposición o disidencia política.
• El Poder Judicial no es un poder libre, autónomo y despolitizado, sino un poder subordinado y partidizado.
• Los concursos de oposición para la elección de jueces han sido suprimidos o son clandestinos.
• La Dirección Ejecutiva de la Magistratura no tiene autonomía funcional, sino subordinación y no cumple con su función de la profesionalización de los jueces.
• La Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, que no se contempla en la Constitución, designa y suspende jueces sin procedimiento alguno.
• El Ministerio Público y la Defensoría Pública no actúan profesionalmente y con plena autonomía.
• La Defensa Pública es ineficiente y es demeritada, sin que se garantice como carrera profesional.
• El proceso penal se utiliza como instrumento de persecución y se lleva a cabo mediante la justicia del banquillo.
• Los ciudadanos son recluidos en prisiones militares por órdenes de jueces civiles y muchos procesados por la justicia militar siendo civiles.
• Desde 2007 no se han realizado concursos para designar jueces titulares.
• Según el propio Tribunal Supremo de Justicia para el 2015 el 66% de los 2.231 jueces del país son provisorios, puesto que admite que solo el 34 % son titulares por concursos de oposición pública realizados en los años 2002, 2005 y 2006 (De acuerdo con otras informaciones los jueces provisorios pasan del 80%).
• Los jueces son destituidos por motivos políticos e intimidados (Caso paradigmático el de la jueza María Affiuni).
• Los jueces de la jurisdicción disciplinaria no son elegidos por los colegios electorales, como lo establece la Constitución en su artículo 270.
• Los tribunales penales son utilizados como instrumentos de persecución en contra de las manifestaciones y protestas públicas. Según Foro Penal para el 2 de octubre de 2017 son 439 los presos políticos en Venezuela, principalmente por representar individualmente una
amenaza política para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o por ser parte de un grupo social al cual es necesario intimidar, entre los cuales se destacan estudiantes, defensores de derechos humanos, comunicadores, jueces, militares, activistas sociales y políticos, entre otros; y sin que el gobierno los considere una amenaza política de forma individual o parte de un grupo social enemigo24.
• Los civiles son procesados por la Justicia Militar y muchos de ellos permanecen detenidos a pesar de que se les ha expedido órdenes de excarcelación.
• El Poder Judicial es hoy un poder corrompido y corruptor e ideologizado.
• El Tribunal Supremo de Justicia es un factor de desestabilización del orden democrático y un elemento de la estrategia de persecución política del gobierno, de lo cual son ejemplos patentes las sentencias de su Sala Constitucional Nos. 155 y 156, de fechas 28 y 29, de marzo de 2017, respectivamente, que se vio obligada a aclarar en sus sentencias del 1° de abril del mismo año.
• El incumplimiento de la Propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019 y la no incorporación a este Plan de las obligaciones del Estado en el ámbito del sistema regional de protección de derechos humanos y la insistencia contenida en el mismo Plan, de que los tratados internacionales de derechos humanos deben ser aplicados con base en la Constitución vigente, cuando lo cierto es que el derecho internacional de tratados indica claramente que la ejecución de las obligaciones internacionales no están sujetas al derecho interno25; lo que se ratifica en el artículo 23 de la Constitución de 1999.
• El desconocimiento del carácter obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la ausencia del diálogo Interjurisdiccional con esta Corte, al ignorar la Sala Constitucional en sus decisiones judiciales los estándares mínimos del derecho interamericano en materia de protección y respecto de los derechos humanos derivado de las interpretaciones jurisprudenciales de la referida Corte y del orden universal en esta materia.
Merece atención especial, considerar la designación de Magistrados por parte de la Asamblea Nacional realizada el 21 de junio pasado, nombrados en sustitución de los trece magistrados y veinte suplentes designados inconstitucional e ilegalmente en diciembre de 2015 por la anterior Asamblea Nacional, que ante la imposibilidad de asumir sus cargos y ejercer su funciones en Venezuela, se instalaron como “tribunal legítimo en exilio” en una ceremonia celebrada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). La designación del Poder Legislativo, soportada en los preceptos constitucionales, fue declarada nula por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia N 545, con la advertencia, a todas luces ultrapetita e ilegitima, que los magistrados aún no juramentados incurrían en el delito de “usurpación de funciones” previsto en el artículo 213 del Código Penal.
A la vez, el Presidente de la República amenazó a los Magistrados designados y juramentados ante la Asamblea Nacional con detenerlos. Así fue detenido de manera arbitraria el magistrado Ángel Zerpa por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y retenido en
24 http://www.caraotadigital.net/nacionales/en-la-actualidad-son-439-los-presos-politicos-en-venezuela-segun-el-foro-penal/
25 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23.05.1969, Parte III, Sección Primera, artículo 27.
calabozo de ese organismo, y luego de muchos días le fue otorgada la detención domiciliaria, quedando sometido a un proceso penal por la Justicia Militar por el supuesto delito de usurpación de funciones y de traición a la patria26.
Independientemente de las cuestiones relativas a la extraterritorialidad de la constitución de los magistrados legítimos en el exterior como Tribunal Supremo de Justicia y de la eficacia de sus sentencias en Venezuela, lo cierto es que por la persecución política en su contra se vieron impedidos de tomar posesión de sus cargos en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en su sede de Caracas, lo cual pudieron hacer mediante un acto en la OEA, lo que le da un reconocimiento internacional de la legitimidad de estos magistrados, como la que se le otorga en la práctica internacional a los gobiernos democráticos del exilio. .
Su importancia, sin embargo consiste en los pronunciamientos o acuerdos que pueda adoptar para recuperar la vigencia de la Constitución de la República y el control constitucional de las violaciones directas de la Constitución, que se funda en la obligación que tienen como autoridad por el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, conforme el artículo 333, de la Constitución, y particularmente para la reinstitucionalización del Estado de derecho y en concreto del Sistema de Justicia. Funcionará, por tanto, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo como uno mecanismos de control institucional, de interpretación constitucional y en garantía del ejercicio de los derechos humanos. Sus decisiones o acuerdos podrán ser tomados en cuenta por los organismos internacionales y por los diferentes gobiernos que an reconocido su legitimidad.
En el acto de la constitución de los magistrados como Tribunal Supremo de Justicia ante la OEA el magistrado Miguel Ángel Martí Tortabu, actuando como su Presidente, expresó en su discurso que su instalación lo hacían en virtud del mandato popular del 16 de julio que avaló su designación, y como manifestación del derecho del pueblo de tener representación ante los organismos internacionales, conforme se deriva de la Carta Interamericana. Y, que en esa condición su funcionamiento estaría dirigido a la defensa del sistema democrático de la República de Venezuela.
En ese orden ideas, no cabe duda que los magistrados constituidos en Tribunal Supremo de Justicia, en la OEA, dada su legitimidad democrática serán una referencia de la ilegitimidad del Tribunal Supremo de Justicia que funciona en Venezuela y un vocero legítimo sobre el estado de cosas en Venezuela.
Al respecto, el Dr. Asdrúbal Aguiar, ha señalado sobre la instalación del Tribunal Supremo de Justicia en la OEA que: “La democracia en las Américas, a la luz de la citada Carta, se explica y justifica como algo más que un régimen político territorial o procedimental bajo prisión de un Estado y reducido a comicios anclados dentro de su localidad. Al ser “derecho de los pueblos”, incluso por obra de la referida liquidez que éstos experimentan y hasta les permite votar desde lejanas residencias como viajar junto a sus demás derechos fundamentales, implica su preservación
26 Al día siguiente de su nombramiento al TSJ, el 24 de julio de 2017, Zerpa Aponte es arrestado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, relacionado la sentencia Nº 545 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 20 de julio de este mismo año, que no obstante de tratarse de un juicio de nulidad de las designaciones de los magistrados efectuadas en fecha 21 de julio por la Asamblea Nacional, sin embrago, advirtió que cualquier ciudadano o ciudadana que se pretenda investir del cargo de Magistrado o Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, en abierta violación a las normas constitucionales y legales, que incurriría en la usurpación de funciones , prevista como delito en el artículo 213 del Código Penal. Zerpa Aponte fue sometido a una audiencia por ante un Tribunal Militar que le dictó medida de privación de libertad por el delito de traición a la patria. Posteriormente, el 25 de agosto, le es otorgada una medida cautelar que le otorga libertad bajo régimen de presentación cada ocho días. Posteriormente, la Sala Penal del TSJ, en sentencia Nº 363 del 23 de octubre de este año, decide avocarse en su caso, por la comisión de los delitos de usurpación de funciones y de traición a la patria, suspendiendo el proceso que se le seguía por ante la justicia militar.
– a la manera del Arca de Alianza – por sus primeros garantes, los jueces. La experiencia del Tribunal Supremo recién instalado, lo repito, es inédita”.27
Por tanto, las opiniones, acuerdos y pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, habrán de ser tenidas en cuenta para el Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia.
Bases, Fundamentos y Principios del Proyecto
para la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia
Para la organización y desarrollo del Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, hemos partido de las bases y fundamentos constitucionales que legitiman la administración de Justicia como jurisdicción. Se resumen en las siguientes bases:
A. La Institucionalidad democrática, es decir, el orden constitucional, como estructura del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. Es decir, el respeto a la soberanía popular, las libertades democráticas, la separación de los poderes y la autonomía e independencia del Poder Judicial.
B. El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia como diseño y esencia del orden constitucional. Es decir, las reglas de la representación popular como fuente del poder del Estado y el valor de la Justicia, o de un orden justo, como la axiología que resume todos los valores superiores de ese Estado.
C. Los elementos esenciales de la institucionalidad del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia de:
• La separación e independencia de los poderes públicos
• La legitimidad de origen y de ejercicio del poder público
• La supremacía y la integridad de la Constitución
• El respeto a las garantías de los derechos humanos y de su orden internacional.
• La ética pública
D. Los principios de la vigencia y efectividad del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia de:
• Un Poder Legislativo democrático que controle la administración pública y que sirva de escenario a los consensos nacionales.
• Un Poder Judicial independiente y autónomo con jueces idóneos que controle la arbitrariedad, garantice la supremacía de la Constitución y los derechos humanos.
E. Los factores de la desinstitucionalización del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia
• La deslegitimación del Poder Legislativo.
27 Versión tomada de su email correoaustral@gmail.com de fecha 13.10.2017.
• La subordinación del Poder Judicial y su ideologización y politización.
• La violación de los derechos humanos y el desconocimiento del derecho interamericano e internacional de protección y respeto de estos derechos.
• La persecución en gran escala en contra de los sectores opositores considerados como enemigos o amenaza contra el Estado
• La existencia de un despotismo constituyente que cercena los elementos esenciales del orden constitucional e internacional democrático.
Principios Fundamentales para la Gobernabilidad del Sistema de Justicia
Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, de su estructura y
la legitimidad de su gobernabilidad
Para la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia el Proyecto ha tenido en cuenta los siguientes principios:
• La jurisdicción en el Estado de Derecho como la garantía de la integridad de la Constitución y del respeto de los derechos humanos.
• La jurisdicción como el fundamento de la garantía de la legitimidad de la gobernabilidad.
• La estabilidad de los jueces como principio básico para garantizar la autonomía e independencia del Sistema de Justicia
• Los abogados y ciudadanos como parte del Sistema de Justicia.
• La Justicia como función jurisdiccional oportuna y debida.
• La Justicia Militar como jurisdicción exclusivamente para los militares y por delitos militares.
• La Justicia Civil como jurisdicción para los civiles por los delitos comunes, por violaciones de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad.
• La descentralización municipal de la Justicia de Paz como juzgados de las pequeñas causas y de medios de conciliación y mediación.
• La existencia de un sistema penitenciario y de su administración descentralizada.
• La vigencia y efectividad del Código de Ética Judicial.
• La participación ciudadana en el Sistema de Justicia.
• La eliminación del despotismo constituyente.
Respecto de la estructura de un Sistema de Justicia el Proyecto considera que los elementos que permiten su funcionamiento con eficacia son:
• La existencia de una jurisdicción constitucional que ejerza el control del cumplimiento de la Constitución por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Ciudadano y no como superioridad jerárquica, sino como garantía de la integridad de la Constitución y del respeto de los derechos humanos y del derecho internacional sobre esta materia.
• La existencia de una jurisdicción constitucional que no monopolice la totalidad de la función judicial y que no convierta sus decisiones en una dictadura judicial.
• La existencia de una magistratura idónea.
• La responsabilidad ética y jurídica de los jueces.
• La existencia de un sistema de concursos que garantice la selección objetiva de jueces, fiscales y defensores públicos, capaces y honestos.
• La participación ciudadana en los comités de selección de los jueces y magistrados y la veeduría social de la gestión de la administración de Justicia.
• La existencia de un órgano de gobierno del Poder Judicial con autonomía funcional.
• La existencia de colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria.
En cuanto a la garantía de legitimidad para la gobernabilidad judicial, el Proyecto considera como exigencias las siguientes:
• El control constitucional de los actos constituyentes ilegítimos por contrariar el poder constituyente originario, la tradición republicana, los valores, las garantías democráticas y la primacía de los derechos humanos.
• La estabilidad de los jueces como principio básico para garantizar la autonomía e independencia del sistema de justicia.
• Los abogados y ciudadanos como componentes del Sistema de Justicia.
• La Justicia como valor y como función jurisdiccional oportuna y debida.
• La Justicia militar como jurisdicción exclusiva para los militares y por delitos militares.
• La no utilización de la administración y gobierno del Poder Judicial como control jurisdiccional.
• La existencia de una jurisdicción disciplinaria judicial autónoma con garantías del debido proceso.
• La idoneidad de los jueces como justificación de su estabilidad.
En concreto, tal como se planteó por ante la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, en la oportunidad en que se discutía sobre la reforma judicial para fortalecer la democracia, esta reforma ha de abarcar la idoneidad de los jueces, la estructura del Sistema Judicial, la honestidad de los funcionarios judiciales y la imparcialidad de los jueces28
El cambio necesario del Sistema de Justicia
De una Justicia Ideologizada a una Justicia Democrática
El desafío es pasar de un modelo de Sistema de Justicia ideologizado por el proyecto político del régimen, apartado del orden constitucional, y reinsertar el modelo de Sistema de Justicia en el Estado democrático de Derecho.
En el Estado democrático de Derecho establecido en la Constitución de la República, el Sistema de
Justicia se caracteriza constitucionalmente por:
• Un Poder Judicial independiente y un Tribunal Supremo con independencia y autonomía funcional.
• Una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
• El ingreso a la carrera judicial, al ministerio público, a la defensa pública y el funcionariado judicial, mediante concursos de oposición públicos seleccionados por jurados de los circuitos judiciales o jurados independientes.
• La elección de magistrados con la reconocida honorabilidad y juristas de reconocida competencia que gocen de buena reputación.
• La elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional con la participación del Comité de Postulaciones Judiciales integrado por representantes de la sociedad civil.
• Un Código de Conducta de Ética Judicial aplicable a magistrados y jueces distinto al régimen de faltas disciplinarias.
• La profesionalización de los jueces con la colaboración de las universidades.
• La imparcialidad y la independencia de jueces y magistrados.
• La prohibición a los jueces de activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante.
28 Fernández, Eduardo, “Una reforma judicial para fortalecer la Democracia”, ponencia presentada ante la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, el día
24 de abril de 1985, Reedición Estudio V.E.M, S. A., Pág. 12.
• Las garantías de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura aprobados por el 7º Congreso de la ONU, mediante Resoluciones 40/32, del 29.11.1985 y 40/146 del 13.12.1985, de respeto a su autonomía, de libertad de expresión y del debido proceso.
• La prohibición de que militares activos puedan ser jueces de la Justicia Militar.
• La carrera del funcionariado judicial
El modelo constitucional para el Poder Judicial tal como lo consagra la Constitución es completamente opuesto y contrario al que rige actualmente, que se basa en un Modelo de justicia ideológica, caracterizado por:
• Favorecer y defender el poder político, y un pensamiento único.
• Aplicar cánones ideológicos o partidistas.
• Considerar ajenos a la Justicia los principios que no pertenezcan a la ideología dominante.
• Proceso direccionado hacia resultados políticos o ideológicos y controlado por autoridades políticas.
• Jueces que cumplen funciones ideológicas y que son controlados por el partido oficial.
• Justicia Militar que se emplea como parte de la persecución política.
• Justicia como instrumento de aplicación del derecho penal al enemigo.
• La Justicia sigue los modelos de los regímenes totalitarios o autoritarios (nazista, soviética, norcoreana y cubana).
• Existencia de comisariatos políticos que controlan el Poder Judicial.
Para que en el Estado de Derecho democrático el Sistema de Justicia sea un modelo de un
Sistema de Justicia Democrática debe caracterizarse por:
• El derecho de acceso a la jurisdicción para obtener la tutela efectiva de los derechos e intereses y de obtener con prontitud la decisión correspondiente.
• La garantía de la libertad, del juez natural y del debido proceso.
• La responsabilidad personal de jueces y magistrados.
• La garantía del amparo del goce y ejercicio de los derechos humanos y del amparo a la libertad y seguridad.
• La garantía del acceso a instancias internacionales y del respeto de sus decisiones.
• La garantía del no juzgamiento de los ciudadanos por los tribunales militares.
• La garantía de la carrera judicial, de la estabilidad de los jueces, de fiscales y defensores y del debido proceso para establecer sus responsabilidades.
Una Justicia Democrática debe ofrecer a los ciudadanos un servicio de administración de justicia
de calidad, moderno, eficaz, eficiente, despolitizado y adecuado a las necesidades de la sociedad real, que constituya el factor fundamental de la seguridad jurídica en desarrollo del régimen socio económico consagrado en la Constitución y para la defensa del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En resumen y atendiendo a los elementos descritos en el artículo 253, aparte último de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el Sistema de Justicia está integrado por instituciones y personas que, en un sistema democrático busca contribuir a la vigencia de la Constitución, al logro de la seguridad jurídica, la protección de los derechos fundamentales y la paz social, a través de procesos, decisiones y acciones coherentes con los fines involucrados al servicio de todos los que se encuentran sujetos a las normas del país. Su concepción es la de un Sistema de Justicia integrado sobre la base de la autonomía de las instituciones que lo conforman, que sea accesible y confiable para el usuario, independiente y eficiente y garante de la primacía constitucional, de la dignidad de la persona y de sus derechos humanos.
Sin embargo, constitucionalmente la jurisdicción puede dispensarse también a través de los medios alternos de resolución de conflictos, como la conciliación, mediación y arbitraje, los cuales deben ser promovidos por el Estado, como lo establece el artículo 258 de la Constitución, porque como dicen los Jueces Decanos de España “Ningún modelo de Administración de Justicia, ni siquiera el más y mejor dotado, puede absorber y resolver toda la conflictividad que generan las complejas sociedades modernas. La sociedad civil debe ser preparada y aprender a resolver parte de sus conflictos de intereses, especialmente los de menor entidad, en otros ámbitos distintos a la Administración de Justicia, por la vía de la autocomposición, la mediación o el arbitraje, de los que existen ya probadas y exitosas experiencias. Los responsables políticos deberían promover la creación de dichos espacios de resolución alterna de conflictos, modulando y condicionando el acceso a la Jurisdicción y/o a los recursos en vía jurisdiccional, así como la utilización abusiva y gratuita de este servicio público. Debería abrirse un debate sobre la desjudicialización de ciertos trámites o procesos como la fase inicial del procedimiento monitorio o de la jurisdicción voluntaria29.
Por otra parte, los principios de la vigencia y efectividad del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia pasan por un Poder Legislativo que sancione leyes que hagan realidad la garantía y ejercicio de los derechos humanos, controle la administración pública y que sirva de escenario a los consensos nacionales; y para ello es necesario disponer de un Poder Judicial independiente y autónomo, que lo garantice, con jueces idóneos y justos, que controlen la arbitrariedad, garanticen la supremacía de la Constitución y hagan respetar el ejercicio de los derechos humanos.
29 “Medidas urgentes para la reforma de la Justicia"; en XXI Reunión Nacional de Jueces Decanos de España, Vitoria-Gasteiz, 28 a 30 de Noviembre de 2011. (file:///E:/Conclusiones%20Vitoria%20prensa%20(reforma%20del%20poder%20judicial).pdf
Planteamiento Ciudadano, la Realidad Judicial y la Idoneidad de los Jueces
El cambio del Poder Judicial debe tener en consideración las demandas de la Agenda Ciudadana para el Consenso , y a tales fines tomamos los requerimientos hechos en dicha Agenda a los administradores de justicia:
• “Los ciudadanos necesitamos administradores de justicia, defensores de la integridad de la Constitución, garantes de la verdad y la libertad, protectores de la dignidad humana en cualquier situación en la que esté comprometida o afectada, y ello conlleva a cuatro requisitos para ser juez de la República, además del conocimiento y la ética; prudencia, justicia, fortaleza y templanza”.30
• “Así un juez que abandona su independencia y autonomía o no garantiza a toda persona-conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna- el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos y respeto a las garantías constitucionales y legales, no puede ser nuestro representante para impartir justicia”.31
En base a estas consideraciones, el Proyecto tiene en cuenta para el planteamiento de la reinstitucionalización del Sistema de Justicia, los siguientes requerimientos:
• Las exigencias de una justicia que cumpla su función institucional de garantizar los derechos humanos y la integridad de la Constitución, mediante el control del sometimiento de los poderes públicos a los principios constitucionales, como fundamento de la gobernabilidad, que constituye una cuestión de Estado, por lo que se requiere con urgencia reformular el modelo actual que prevea una estructura coherente con la independencia que el Poder Judicial requiere para que ejerza la función jurisdiccional como un verdadero poder independiente.
• Dicha reestructuración debe prever consultas populares que sirvan de fundamento para la reforma judicial que exige el dinamismo de la sociedad venezolana y como justificación de las modificaciones constitucionales que permitan que la administración de justicia funcione con rapidez, eficacia y calidad y con procedimientos menos complejos y que asegure la estabilidad de todos los jueces que actúen con idoneidad e imparcialidad. Y que, por tanto, el correcto funcionamiento del sistema de justicia constituye un elemento esencial del Estado social y democrático de Derecho.
• La reestructuración del Sistema de Justicia ha de poner énfasis en la selección de jueces, su capacitación, su evaluación, así como en los cambios estructurales para la eficacia de los tribunales, la prevención y la represión de la corrupción judicial y la despolitización, despartidización y desideologización del Tribunal Supremo de Justicia y de los tribunales.
30 .Op, cit. pág. 7
31 .Op, cit. pág. 8
Igualmente, en el Estado democrático de Derecho el Sistema de Justicia ha de tener en cuenta como exigencias ineludibles que definen su legitimidad las siguientes:
• Que sin Justicia no hay Estado de Derecho.
• Que no hay democracia posible sin Estado de Derecho.
• Que sin Justicia independiente no hay control de la arbitrariedad y de la corrupción.
• Que con una Justicia sin credibilidad no se garantiza la supremacía de la Constitución, ni el respeto por los derechos humanos.
• Que la Justicia no sirve a un gobierno, a un Presidente, a una revolución o a un partido.
• Que la Justicia debe ser democrática y no ideológica.
• Que la Justicia debe ser para el ciudadano.
• El Proyecto aprecia que la realidad judicial del país, previamente descrita, justifica los anteriores planteamientos y exigencias para el cambio del Sistema de Justicia.
Perfil del Juez en un Sistema de Justicia de un Estado democrático y social
Los factores anteriores y la realidad descrita, permite concluir que Venezuela necesita un Sistema de Justicia, cuyos jueces presenten las características que según la doctrina más acreditada deben distinguir a los jueces de un Estado democrático y social de derecho.32
• Jueces de ley: los de la Constitución y no del Plan de la Patria
• Jueces para la ley: que con la ley hacen justicia.
• Jueces de la ley: que vigilan la constitucionalidad.
• Jueces para la República: defensores de la democracia.
• Jueces del Estado de Derecho: que con la ley hacen Justicia.
• Jueces garantes de los derechos humanos.
• Jueces sin temor: que se hagan sentir como poder.
En el Estado democrático de Derecho, el Sistema de Justicia se caracteriza por:
• Un Poder Judicial independiente y un Tribunal Supremo con autonomía funcional.
32 "Los Jueces. ¿Es la Justicia un tercio del Poder?", Roberto Dromi, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires 1992.
• El ingreso a la carrera judicial mediante concursos de oposición públicos seleccionados por jurados de los circuitos judiciales.
• La elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional mediante el asesoramiento del Comité de Postulaciones Judiciales integrado por representantes de la sociedad civil.
• Un Código de Conducta de Ética Judicial aplicable a magistrados y jueces.
• La elección de magistrados de reconocida honorabilidad y juristas de reconocida competencia que gocen de buena reputación.
• La prohibición de que militares activos puedan ser jueces de la Justicia Militar
El anterior modelo es contrario al Modelo de Justicia ideologizada, al cual se hizo referencia anteriormente.
En atención a los elementos descritos en el artículo 253, aparte último, de la Constitución vigente de 1999, el Sistema de Justicia está integrado por instituciones y personas que, en un régimen democrático, buscan contribuir a la vigencia de la Constitución, al logro de la seguridad jurídica, la protección de los derechos fundamentales y la paz social, a través de procesos, decisiones y acciones coherentes con los fines involucrados al servicio de todos los que se encuentran sujetos a las normas del país. Su concepción es el de un Sistema de Justicia integrado sobre la base de la autonomía de las instituciones que lo conforman, y sea accesible y confiable para el usuario, independiente, eficiente y garante de los Derechos Humanos.
Los propósitos u objetivos anteriores, así como los planteamientos ciudadanos y los requerimientos respecto de la idoneidad de los jueces, y su deslegitimación por un modelo de justicia ideológica, comprobados durante la ejecución del Proyecto, justifican la reforma del Sistema de Justicia, que para que sea tal, ha de comprender aspectos referentes al Tribunal Supremo de Justicia, a
su Sala Constitucional, la organización y dirección del Sistema de Justicia, la carrera judicial, la organización de jurados por circuitos judiciales, la jurisdicción disciplinaria judicial, los derechos de los ciudadanos ante la justicia, el sistema penitenciario, la defensa pública y la modernización de las leyes procesales, principalmente del proceso penal; y la consolidación de las jurisdicciones de los sectores más vulnerables, como el de las mujeres, niños y adolescentes.
Tal reforma se justifica, dada la realidad del país, para garantizar la vigencia y efectividad del Sistema de Justicia conforme el Estado democrático de Derecho y de Justicia, que la Constitución considera como el orden constitucional pertinente de modelo de justicia conforme a los valores superiores del ordenamiento jurídico de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo, que se proclaman en su artículo 2°. Y, es el modelo de justicia que garantiza que el Estado cumpla con los fines esenciales que se le imponen en el artículo 3°, de la misma Constitución, de la defensa y el desarrollo de la personas y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, y, principalmente, de la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la misma Constitución.
Plan de Reforma Integral para la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia
II.1. Finalidad y fundamento del Sistema de Justicia
Teniendo presente los artículos 2°, 3°, 253, 254 y 334, de la Constitución, el Sistema de Justicia ha de integrarse por instituciones y personas cuya finalidad es contribuir con la vigencia de la Constitución, al logro de la seguridad jurídica, la protección de los derechos fundamentales y la paz social. Dicho Sistema, también tiene como fundamento la autonomía de las instituciones que lo conforman, que sea accesible y confiable para el usuario, independiente, eficiente y garante de los derechos humanos. Una Asamblea Nacional democrática puede dictar ley para acordar la reorganización del Sistema de Justicia y del Poder Judicial mediante el Plan de Reforma Integral de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, conforme los artículos 156, Nº 32, y 187, Nº 1, de la Constitución.
Para la elaboración de dicho Plan puede servir de precedentes el Plan de Reforma Integral de la Administración de la Justicia Peruana (CERIAJUS) de 200433 . Y como referencias la Reforma Judicial de Méjico de 199934; el Informe del PNUD “Bases para una Reforma Auténtica de la Justicia”35; “Medidas urgentes para la reforma de la Justicia”, de la XXI Reunión de Jueces Decanos de España (Vitoria-Gasteiz, España, 28 a 30 de Noviembre de 2011) y los proyectos de reforma de la Justicia Penal, de la Justicia Civil y de la gestión de sistemas judiciales del Centro de Justicia de Las Américas de la OEA36. Asimismo, respecto de nuestro país sirven también como referencia, entre otras, el Informe preparado por PROVEA “La reforma judicial:
33 "La reforma de la justicia en el Perú: entre la Constitución y las demandas de la realidad", de Gorki Gonzales Mantilla y "Plan de Reforma de la Administración de Justicia de la Ceriajus: El acuerdo por la Justicia que debemos respetar", de Justicia Viva, Instituto de Defensa Legal Pontificia Universidad Católica del Perú Facultad y Departamento de Derecho, Jueces para la Justicia y Democracia.
34 “Poder Judicial y Transición a la Democracia; La Reforma de 1999”, de Miguel Carbonell.
35 http://www.justiciaviva.org.pe/informes/151c.pdf
36 http://www.cejamericas.org/
una década de intentos inconclusos”, en diciembre de 201537; “Consideraciones sobre la Reforma Judicial en Venezuela”, de Marie Piccard38; “el Programa de Reforma Integral del Estado COPRE, Líneas de Política, Área Judicial y de Acción Legislativa, Reformas del Poder Judicial y de la Administración de Justicia. Propuestas”39; y “Una reforma judicial para fortalecer la Democracia”40.
II.2. Propuestas para un Poder Judicial Autónomo e Independiente
Los propósitos u objetivos anteriores, así como los planteamientos ciudadanos y los requerimientos respecto de la falta de idoneidad de los jueces y su deslegitimación por formar parte de un modelo de justicia ideológica, justifican el cambio del Sistema de Justicia. Para que eso se haga realidad este cambio debe comprender aspectos referentes al Tribunal Supremo de Justicia, a las competencias del Pleno del Alto Tribunal en lo referente al gobierno y administración del Poder Judicial, las competencias de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la inspección y vigilancia que debe realizar sobre los tribunales de la República, las defensorías públicas, la descentralización, la organización de los jurados de los circuitos judiciales, la participación de los ciudadanos en el Sistema de Justicia y el tema presupuestario de todo el Poder Judicial.
Habrá que reorganizar también las relaciones entre los distintos órganos y personas que integran el Sistema de Justicia y su coordinación necesaria y una red de gestión eficiente para alcanzar la justicia. Es decir, revisar la Ley de este Sistema (G. O. 39276 del 01.10.2009) de manera de garantizar la participación de sus componentes y su integración en la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, así como prever una veeduría judicial que garantice la efectividad de la participación protagónica del pueblo en la selección de los funcionarios judiciales, en la rendición de cuentas, en los procesos de consultas y del derecho de acceso a la información. Al igual que retomar la carrera judicial, la organización de jurados por circuitos judiciales, la jurisdicción disciplinaria judicial y los derechos de los ciudadanos de acceso a la Justicia y de información sobre la organización, funcionamiento y actividades del Sistema de Justicia, el sistema penitenciario y la revisión de las leyes procesales que requieran su adaptación a los principios constitucionales, para garantizar los derechos humanos en todos los procesos y por supuesto, la participación ciudadana cuando esté de por medio el interés público y precisar el ámbito de este concepto para evitar interferencias externas en los procesos judiciales.
Desde que se instauró el presente régimen en 1999, y aún antes de promulgarse la Constitución, mediante actos constituyentes, mediante jurisprudencia, se estructuró la jurisdicción constitucional, a cargo de una Sala creada previamente por uno de esos actos, con magistrados designados también previa a la aprobación refrendaría de la Constitución. Hasta el presente dicha Sala se ha regido por sus propias sentencias y por las diferentes leyes del Tribunal Supremo de Justicia, sin que se hubiera dictado la ley de jurisdicción constitucional que debió dictarse a los dos años de la promulgación de la Constitución, según su Disposición Transitoria Cuarta numeral 5.
El régimen político se ha servido de la Sala Constitucional, a lo largo de estos dieciocho (18) años para apuntalar un régimen autoritario, cada vez más absolutista y dictatorial, a partir del 2015, con la pérdida por el gobierno de su mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, cuya independencia
37 https://issuu.com/proveaong/docs/la_reforma_judicial
38 http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc20/20-2.pdf
39 http://siare.clad.org/siare/bgeneral/php/buscar.php?Opcion=detalle&tag5099=S&base=innova&cipar=innova.par&Formato=b&Expresion=0.G.3.1/
40 Fernández, Eduardo, ponencia presentada ante la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, el día 24 de abril de 1985, Reedición Estudio V.E.M, S. A.
ha sido paulatinamente cercada por la Sala Constitucional integrada por los magistrados designados en contra de las normas constitucionales y legales por la Asamblea Nacional cuyo período feneció en diciembre de 2015.
Este modelo de jurisdicción constitucional ha funcionado hasta el presente, cuya Sala ha sido últimamente factor determinante de la consolidación de un gobierno despótico. Por ello, la reinstitucionalización del Sistema de Justicia, al lograrse un cambio de régimen, ha de contemplar la urgencia de una Ley de Jurisdicción Constitucional, que acabe con el presente régimen jurisprudencial y legal que rige en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que garanticen que dicha Sala si se llega a la conclusión de no sustituirla por un Tribunal Constitucional, fuera del Tribunal Supremo de Justicia, o, por una composición distinta, sea en verdad el intérprete supremo de la Constitución, que garantice su funcionamiento como garante de la integridad de los valores y principios constitucionales.
Tal cambio de raíz en el Sistema de Justicia se justifica, dada la realidad del país, para garantizar su vigencia y efectividad conforme al Estado democrático de Derecho y de Justicia, que la vigente Constitución de 1999, considera como el orden constitucional pertinente de modelo de Justicia conforme a los valores superiores del ordenamiento jurídico de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo, que se proclaman en su artículo 2°; cuya integridad han de garantizar todos los jueces de la República, como su principal obligación de asegurar la integridad de la Constitución, como lo demanda su artículo 334.
En efecto, el modelo de Justicia no puede ser una declaración, sino una garantía efectiva para que el Estado cumpla con los fines esenciales que se le imponen en el artículo 3° constitucional, de la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad bienestar del pueblo, y, principalmente, de la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la misma Constitución.
II.3. ¿Qué debe lograrse con el cambio en el Sistema de Justicia?
• El proyecto ha precisado hacia donde debe dirigirse la reinstitucionalización del Sistema de Justicia, y que se lograría si se logra su funcionamiento acorde con los criterios constitucionales:
• La reconstrucción de la institucionalidad del Estado de Derecho para garantía de la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
• Establecer la carrera judicial y las garantías procedimentales de la estabilidad de los jueces.
• Participación efectiva del gremio de los abogados y de los ciudadanos en el Sistema de Justicia.
• Otorgar seguridad jurídica para la protección de las libertades y derechos humanos.
• Realización de procesos judiciales transparentes.
• Eliminación del terrorismo judicial y de un Ministerio Público partidizado siguiendo la política del gobierno.
• Desmilitarización de la administración pública.
• Eficacia de la función legislativa de control político del gobierno.
• Respeto de los derechos humanos de reunión y manifestación, de libertad de información, de libertad económica y de propiedad privada.
• Liberación de los presos de conciencia.
• Reingreso al sistema interamericano de los derechos humanos.
• Despolitización de las fuerzas armadas y sujeción al poder civil.
• Integración de la jurisdicción militar al sistema de justicia.
• Deslinde claro entre la función jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia y la función de gobierno y administración del Poder Judicial.
II.4. Fundamento de la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia
La Reinstitucionalización tiene como fundamento la autonomía de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia y que sea accesible y confiable para el usuario, independiente y eficiente y garante de los derechos humanos. Una Asamblea Nacional democrática podría mediante ley acordar la reorganización del Poder Judicial mediante el Plan de su Reforma Integral para la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, conforme los artículos 156, Nº 32, y 187, Nº 1, de la Constitución. El punto de partida ha de ser: la disciplina, la racionalización de la burocracia administrativa y la asignación de recursos, que permitan agilizar tanto el proceso de depuración como la efectividad de las medidas que se adopten, a fin de combatir la incompetencia, la corrupción, la lentitud y la politización.
El consenso para el cambio propuesto debe partir también de que hay que invertir en la administración de Justicia y para ello debe diseñarse un programa de acciones destinado a establecer la eficacia del Sistema y su finalidad y estimar los recursos. En efecto, las medidas que se proponen requieren de recursos extraordinarios, y constituyen la preparación, elaboración o reformas de leyes, que permitirán la transformación estructural del Poder Judicial, siempre ajustado al orden constitucional, pretendiendo que los valores fundamentales del Estado de Derecho, como el acceso a la justicia y el respeto al debido proceso sean una realidad.
En efecto, no basta decretar ejecutorias, sino emprenderlas asumiendo que los logros se obtendrán de manera progresiva, y que la constancia en su cumplimiento garantizará el éxito definitivo. Las ejecutorias, sean económicas, legislativas, gubernamentales o de carácter judicial son los medios para poder acceder a la paz y la justicia social como objetivos fundamentales de toda sociedad organizada. Para impulsar un Plan como el indicado se impone organizar las propuestas, atendiendo a los componentes del Sistema de Administración de Justicia, a través de un ente que sirva de coordinador y de dirección del proyecto de reforma, con participación de esos componentes y de los poderes del Estado.
Por ello, la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia ha de ser una cuestión de Estado, que impone a los sectores políticos la necesidad de un Acuerdo Nacional de Reforma Integral que comprenda sus bases orgánicas, procedimentales y organizativas, como parte de un consenso que
precise sus etapas de corto, mediano y mayor plazo, al margen de la partidización política, en el entendido que no es posible modificar todo el Sistema al mismo tiempo.
II.5. Componentes a ponderar para la reinstitucionalización del Sistema de Justicia
Los componentes del Sistema de Justicia que permitirían abordar su
Reinstitucionalización son fundamentalmente:
• COMPONENTE ORGANIZATIVO: constituye el aspecto funcional y operativo del Sistema, atendiendo a las áreas de supervisión, dirección y control de la organización de los
Tribunales y la gestión administrativa de los mecanismos de justicia.
• COMPONENTE HUMANO: comprende la actitud y la conducta de los sujetos que obran
internamente en el Sistema: los jueces, los funcionarios judiciales, los defensores públicos, los asistentes judiciales, abogados y responsables por su funcionamiento y los ciudadanos.
Pero también la remuneración, asistencia, prevención y seguridad del personal.
• COMPONENTE MATERIAL: referido a la economía del sistema (recursos presupuestarios, ordinarios y extraordinarios). Comprende la infraestructura e las instalaciones o la planta judicial, el soporte logístico y de informática para su modernización. Es decir, la existencia de un verdadero presupuesto.
• COMPONENTE NORMATIVO: integrado por el conjunto de leyes sustantivas y procesales, e incluso de reformas constitucionales. En particular resulta urgente la reforma y dictación de las leyes que se refieren a la administración de Justicia. Una Carta de los Derechos de los
Ciudadanos ante el Sistema de Justicia sería un elemento básico para garantía del derecho de acceso a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, como lo exige el artículo 26, constitucional. Y para el derecho a la información sobre la organización, funcionamiento y servicios del Sistema de Justicia.
• COMPONENTE DE COORDINACIÓN: Que si bien es externo, sin embargo es necesario, un ente coordinador puesto que el Sistema lo constituyen órganos diversos cuyas actividades surten efectos sobre aquél, tales como: el Ministerio Público (Fiscalía General de la República), el Sistema Penitenciario, cuerpos de policía científica, penal y criminológica, notarías y registros, medios alternos de resolución de conflictos, descentralización municipal,
Universidades ( Facultades de Derecho), Colegios de Abogados y los ciudadanos.
Contenido fundamental del proyecto de Reinstitucionalización
Las áreas de trabajo para implantar el plan de reinstitucionalización comprenden:
• Al Tribunal Supremo de Justicia y Sala Constitucional.
• Carrera Judicial y gobierno judicial (concursos y evaluación por jurados independientes)
• Procesos penales y Sistema Penitenciario.
• Ministerio Público y Defensa Pública.
• Justicia Militar sin dependencia del Ministerio de la Defensa y con jueces profesionales.
• Protección de Derechos Humanos y respeto del derecho internacional en esta materia.
• Reinserción de Venezuela en la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Municipalización de la Justicia.
• Universidad de la Magistratura.
• Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia. Veeduría Judicial.
• Acceso a las instancias internacionales de protección de derechos humanos.
III.1. Concreción de las Reformas del Plan por Áreas Temáticas
Las tareas primordiales se enumeran a continuación:
• Revisión de su integración, duración del período de los Magistrados y del procedimiento de su elección y remoción, y reformas del Comité de Postulaciones Judiciales.
• Revisión de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, y de la autonomía funcional de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en lo relativo al gobierno y administración del Poder Judicial.
• Ley del Gobierno y Administración del Poder Judicial o Ley del Sistema de Justicia para
• Sala Constitucional. Dado que, conforme el artículo 335, de la Constitución, su máximo intérprete es el Tribunal Supremo de Justicia y no exclusivamente la Sala Constitucional, es necesario revisar la conveniencia o no de la creación de un Tribunal Constitucional fuera
mixto de una Sala Constitucional dentro del Tribunal Supremo de Justicia para determinados procesos constitucionales, con menor número de magistrados y de una Sala Constitucional Especial, compuesta por los magistrados de la Sala Constitucional y de un número de
magistrados de las otras Salas, para los casos de demandas de inconstitucionalidad y recursos de interpretación constitucional.
• Procesos constitucionales. Ley Orgánica de Jurisdiccional Constitucional; Límites del recurso de interpretación y reconocimiento de la legitimación de terceros y garantía del debido proceso en este recurso. Límites a la potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes.
• Particular interés ha de tener en la reforma del Tribunal Supremo de Justicia los siguientes aspectos: objeto, finalidad fundamental y composición de la Sala Constitucional; requisitos estrictos de elegibilidad; quórum necesario para que sus sentencias sean precedentes judiciales obligatorios y poderes de oficio.
B. Sistema de Justicia
Las tareas para establecer el Sistema de Justicia consagrado constitucionalmente son:
1. Revisión del diseño e integración de sus componentes.
2. Profesionalización de la Defensa Pública y del Ministerio Público.
3. Fortalecimiento de la Escuela Judicial como universidad autónoma de postgrado para jueces, fiscales y defensores.
4. Régimen especial de remuneraciones judiciales.
5. Sistema de contratación colectiva.
6. Consagración de los derechos de los ciudadanos ante la justicia.
7. Situado judicial y elaboración de un Plan (a mediano plazo) de financiamiento e inversión para la reestructuración del Poder Judicial, elaboración de un Mapa judicial y de un Plan de
Infraestructuras Judiciales.
8. Regulación legal de las responsabilidades por el anormal funcionamiento del Poder Judicial.
9. Creación de la veeduría judicial ciudadana.
C. Carrera Judicial
Las actividades fundamentales para abordar la adecuación del Poder Judicial, en particular de los jueces son:
1. Revisión del Comité de Postulaciones Judiciales.
2. Elección de jueces titulares mediante procedimientos objetivos e imparciales de oposición y de evaluación de rendimiento y capacidad de aspirantes al ingreso a la carrera judicial o a la titularidad judicial, mediante los jurados de circuitos judiciales; y de los jueces de la jurisdicción disciplinaria por los colegios electorales judiciales.
3. Restricción de las figuras excepcionales de jueces provisorios, temporales e interinos.
4. Ingreso excepcional a la carrera judicial o de acceso a la titularidad por méritos relevantes de capacidad y experiencia y de comprobación del rendimiento de formación y calidad del trabajo valorados por jurados imparciales.
5. Ingreso excepcional a la carrera judicial por grados superiores de la Judicatura.
6. Sistema de promociones o de ascenso que supere el estricto criterio de antigüedad, incorporando rendimiento, especialización y calidad del trabajo.
7. Plan de mejoramiento socioeconómico de jueces y funcionarios judiciales.
8. Formación continua y especialización para ascensos o promociones.
9. Revisión del régimen y de la organización de la jurisdicción disciplinaria.
10. Creación de los jurados de los circuitos judiciales para los concursos de oposición públicos para el ingreso y el ascenso de los jueces.
11. Promulgación de la ley de seguridad social para jueces y servidores de la administración de justicia.
12. Creación de la Universidad de Estudios Judiciales.
13. Régimen transitorio en la Ley de Carrera Judicial que prevea un sistema de evaluación de todo juez, incluso titular, ya que la idoneidad y excelencia que exige el artículo 255, de la Constitución, es la condición de su estabilidad, para que no pueda ser removido legalmente de su cargo. Al igual para que los jueces que no son titulares, sino provisorios, que se someterían a concursos de oposición de acuerdo con el mencionado artículo, para determinar su idoneidad. Concursos que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2003. Para ello podrían servir de guía “Las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Carrera Judicial”, publicadas por el
Tribunal Supremo de Justicia el 6 de junio de 2005, que dictó en desarrollo del artículo 255 de la Constitución.
D. Procesos Penales y Sistema Penitenciario
1. Procedimientos expeditos para delitos menores y simplificación del proceso penal.
2. Reforma de la prisión provisional y de preferencia del cumplimiento de penas no privativas de libertad frente a medidas reclusorias.
3. Delimitación precisa de los derechos de los enjuiciados según su condición de investigados, imputados, acusados y condenados.
4. Revisión del procedimiento de investigación previa al proceso penal y de las medidas coercitivas.
5. Regulación de las funciones del Juez para no afectar derechos fundamentales.
6. Elaboración de una Ley de Beneficios Procesales y Penitenciarios en proporción a la duración
de los procesos de los reclusos y de beneficios para la rehabilitación de los internos.
7. Ley de la Carrera de Penitenciaristas.
8. Ley de creación del ente autónomo y técnico del Sistema Penitenciario y de su descentralización.
9. Medidas de descongestión de los establecimientos penitenciarios.
10. Judicialización del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
11. Bases de una justicia de transición dentro del proceso de resolución de conflictos derivados de la violación grave de derechos humanos, la violencia y la crisis política y humanitaria que sufre Venezuela.
12. Incorporación de los jueces militares al Poder Judicial.
E. Defensa Pública
Para abordar la re institucionalidad de la defensa pública las actividades a emprender se concentran en agrupar la reforma de su estructura funcional y prever su descentralización mediante un sistema que promueva sostener una asistencia jurídica gratuita, no solo mediante la defensa pública, sino también a través de un servicio que podrían prestar abogados en ejercicio que se inscriban en tal servicio y de subsidios a las clínicas jurídicas de las universidades o de asistencia jurídica de los Colegios de Abogados.
F. Atasco Judicial
Resulta importante atender al proceso de poner al día procesos acumulados pendientes, para ello se deberá activar:
1. La promoción de los medios alternos de resolución de conflictos por el Estado en los diferentes sectores económicos y sociales.
2. Inventario de procesos pendientes para su distribución entre los nuevos tribunales creados para tal fin.
3. Revisión de la Justicia de Paz para preverla como un medio de municipalización de la justicia para las pequeñas causas mediante una administración de justicia municipal con jueces togados elegidos mediante concursos de oposición por los jurados de los circuitos judiciales.
Es el caso que la jurisdicción militar, requiere de una adecuación a los términos de la Constitución de la República en los siguientes aspectos fundamentales:
1. En el Estado Democrático de Derecho la Justicia Militar forma parte del Poder Judicial y no del Ministerio de la Defensa.
2. La Justicia Militar no es un fuero sino una justicia a cargo de jueces especializados en derecho militar.
3. La Justicia Militar solo debe conocer de las faltas de los deberes de la función militar, pero no de delitos comunes o políticos.
4. Los jueces militares deben ser elegidos mediante concursos públicos antes jurados independientes.
5. El proceso de las faltas a los deberes militares debe ser el previsto en el Código Orgánico Procesal.
6. La Fiscalía Militar debe formar parte del Ministerio Público y no del Ministerio de Defensa.
7. La Defensa Pública Militar debe formar parte del Sistema de Defensa Pública.
8. Los tribunales militares deben funcionar en las instalaciones del Poder Judicial y no del Ministerio de la Defensa.
9. La Justicia Militar no puede ser un componente de los planes estratégicos operativos de seguridad y defensa.
H. Sistema de Protección de los Derechos Humanos
En materia de derechos humanos el balance de la actual administración es altamente negativo. Venezuela se ha colocado al margen del sistema internacional de protección de estos derechos y ha desconocido los respectivos principios constitucionales.
Para superar el enorme déficit, es preciso adoptar decisiones drásticas y visibles, que apuntalen el cambio de rumbo. En este sentido se propone:
1. Reintegración de Venezuela al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
2. Promulgación de una ley para la ejecución del compromiso de estricto acatamiento de las decisiones o sentencias de los organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos.
3. Definición del derecho internacional de protección y respecto de los derechos humanos como fuente del derecho constitucional nacional, para facilitar el diálogo Interjurisdiccional en esta materia.
4. Promulgación de la ley sobre la reparación de las violaciones a los derechos humanos prevista en el artículo 30 de la Constitución.
5. Promover una reforma de la Defensoría del Pueblo cónsona con su misión constitucional de proteger los derechos ciudadanos.
6. Proponer una reforma de la Constitución para darle jerarquía constitucional a una Comisión
Nacional de Derechos Humanos, con competencia para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos.
7. Organizar un sistema de información e informático de denuncias y defensa ante los organismos del sistema interamericano e internacional de protección de derechos humanos.
8. El cambio político supone también, la determinación de la responsabilidad por la violación de los derechos humanos, así como el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas; por lo que habría que contemplar la instauración de medios propios de la justicia de transición o transicional para garantizar la no impunidad por los delitos de lesa humanidad, la no repetición de tales delitos y las alternativas de penalidad para los casos de reconocimiento de esos delitos, para garantizar que la justicia sea un instrumento de la paz.
III.2. Proposiciones del Plan para cada componente del Sistema de Justicia Comprende los siguientes aspectos:
A. Componente organizativo
levantamiento de la hoja de vida de cada Juez, cumpliendo la necesaria y estricta evaluación en un período de tres (3) meses.
Designar Jueces itinerantes que se requieran para aquellos tribunales cuyo atraso o número de causas lo ameriten, atendiendo en primer lugar a los expedientes penales con personas detenidas.
Exigir a todos los jueces del país la presentación, dentro del período de un mes el inventario de las causas pendientes por sentenciar, con indicación expresa de aquellas que presentan retardos
originados por ellas.
facilitar el traslado de los detenidos, mejorando otros procedimientos administrativos relacionados con los traslados a los Tribunales.
Crear nuevos tribunales en aquellas circunscripciones judiciales que así lo requieran por el número de causas existentes.
sus aspectos procesales y legales, por ejemplo, la regulación de los precedentes vinculantes como
manera reiterada y uniforme, así como el derecho de los jueces de apartarse de esos precedentes mediante su debida motivación racional y progresiva, de modo de no impedir la libre apreciación del Derecho por los jueces.
Un aspecto importante de la reestructuración del Sistema de Justicia, en concreto respecto de la
de promover la descentralización administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial. Al igual que el artículo 255, ibidem, contempla jurados en dichos circuitos para el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces. En otras palabras, que las Circunscripciones Judiciales han de ser sustituidas por los Circuitos Judiciales, que son demarcaciones territoriales que agruparían Cortes Regionales y tribunales de instancia, en polos de desarrollo, y, que a su vez, se formarían por Distritos Judiciales, de ámbitos locales, de varios municipios o de varios Estados, sobre los cuales se distribuirían las diferentes instancias, procurando que los procesos acaben en donde se originaron.
En este Plan organizativo del Sistema de Justicia quedan comprometidos:
• Tribunal Supremo de Justicia y Sala Constitucional
• Demás órganos del Sistema de Justicia
• Carrera Judicial y gobierno judicial (concursos y evaluación por jurados independientes).
• Protección de Derechos Humanos.
• Reinserción de Venezuela en la jurisdicción de la CIDH
• Descentralización de la Justicia
• Universidad de la Magistratura, o carrera de derecho con título de abogado especialista en magistratura.
• Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia
• Garantía de Acceso a las instancias internacionales de protección de derechos humanos.
B. Componente humano
Revisar la estructura burocrática de la organización administrativa del Poder Judicial lo cual permitirá reforzar las dependencias tribunalicias, utilizando la comisión de servicios y declarando las insubsistencias presupuestarias a que hubiera lugar.
Se debe prever que las remuneraciones de los jueces y funcionarios judiciales estén acorde con las funciones que tenga asignado el cargo, y mejorarlos así como el sistema de seguridad social, de modo de eliminar las diferencias salariales con el resto del funcionariado público y las brechas entre las diferentes escalas de salario, previniendo ayudas de carácter familiar y de viviendas. Por ello, la consagración de un régimen especial de la función pública especial es un aspecto que contribuiría a mejorar las condiciones económicas de los jueces.
Para facilitar la reestructuración del Poder Judicial se establecerá un sistema de retiro voluntario y de jubilación anticipada, previo cumplimiento de determinados requisitos que se establezcan por ley.
Ingreso a la carrera judicial sólo mediante concurso de oposición, público y abierto; en el cual se evaluará, además del conocimiento jurídico, los aspectos éticos, gerenciales y psicológicos. Ningún Juez podrá ascender si no ha realizado los estudios que periódicamente se programen. Los cursos para ingresar o ascender a la carrera judicial, serán obligatorios y en ellos pueden participar los abogados que reúnan las condiciones exigidas por la ley. Los jueces que, una vez evaluados o verificado el concurso no puedan ascender, serán retirados de la carrera judicial.
Los jurados de los circuitos judiciales para el concurso de ingreso o ascenso en la carrera judicial, deben estar constituidos por miembros debidamente calificados, como los profesores titulados, asociados o agregados de las asignaturas afines a la materia de la competencia del Tribunal, designados por los Consejos de las Facultades de las Escuelas de Derecho, a requerimiento de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, órgano del Tribunal Supremo de Justicia para la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, y con la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces, debidamente organizada. (Artículos 255 y 267, constitucionales).
De modo que el acceso a la carrera judicial solo debe hacerse mediante la oposición como principal sistema de ingreso, por su objetividad para garantizar la independencia del juez y su idoneidad, y como límites a la politización de la carrera judicial.
Asimismo, ha de preverse en la Ley de Carrera Judicial la figura del año sabático a los fines de la capacitación de los jueces mediante cursos de especialización y maestría en la Universidad de Estudios Judiciales. Al igual que la capacitación del funcionariado del Poder Judicial.
En el componente humano, por lo que respecta al acceso a la Justicia, la evaluación de las jurisdicciones especiales de sectores vulnerables, como la penal, la de menores y de la violencia de género, deben evaluarse y reforzarse con unidades de valoración forense integral y la formación especializada en igualdad entre mujeres y hombres de todos los operadores jurídicos, así como la elaboración de una estadística judicial no solo de las materias y procedimientos relativos a la violencia de género, sino de discriminación de la mujer y de los menores, en general, y mejorar la especialización en el derecho de igualdad de género y en los derechos de los menores y adolescentes, considerándola un requisito indispensable para el acceso a una plaza en los juzgados especializados.
En efecto, por ejemplo, el tema de la desigualdad femenina y la violencia contra las mujeres es hoy una realidad de gran injusticia social, por lo que ha de tener consideración especial en la formación y capacitación de los jueces de esta jurisdicción, tanto por el compromiso de los Estados en cumplir los tratados internacionales en esta materia, como por la violación de los derechos de las mujeres que representa la violencia y desigualdad en su contra.41
41 En este orden de ideas, según la diputada al Parlamento venezolano, Delsa Solórzano, Venezuela es uno de los países con la mayor tasa anual de femicidios. Para enero de 2017, según cifras extraoficiales, el índice de homicidios registró aproximadamente 504 muertes en la capital. Un aumento considerable en relación al año anterior, que cerró en 474 muertes. De acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de homicidios fue de 91,8 por cada 100.000 habitantes, lo que ubica al país como el segundo más violento del mundo. Y en cuanto a la brecha de desigualdad de género global, según información suministrada por la Asociación Civil "Mujer y Ciudadanía", el World Economic Forum señala que Venezuela para 2016 se encuentra en el puesto 74 entre 144 países, con un porcentaje de 69,37%, y aunque subió de ranking con respecto los años anteriores, aún no llega a la media.
Sin embargo, según la misma información, en materia política y social, la brecha es bastante amplia, puesto que la participación de la mujer en la toma de decisiones de la vida pública es mínima En este contexto, organizaciones especializadas han propuesto la ejecución de programas de capacitación y prevención para funcionarios, autoridades locales y la conformación de agendas de trabajo en contra de la violencia de género.
En la Universidad de Estudios Judiciales se contemplaría la carrera de técnico del servicio judicial.
La carrera del funcionariado judicial comprendería la selección de secretarios y de auxiliares de justicia o relatores, mediante concursos de oposición, lo que impediría su libre nombramiento y remoción
C. Componente material
las asignaciones al Poder Judicial, en los términos establecidos en la Constitución de la República,
El presupuesto del Poder Judicial, conforme el artículo 254 de la Constitución, deberá ser presentado
de garantizar que la asignación presupuestaria del Sistema de Justicia no sea menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional para su efectivo funcionamiento, mediante la elaboración
Defensoría Pública ), los cuales permitirán la apreciación concreta de gastos que genere cada ente, para sí obtener la racionalización en los aportes presupuestarios y su modernización.
Revisión de las instalaciones físicas donde operan los tribunales de la República, con las proposiciones que permitan modernizar el funcionamiento administrativo de los mismos en los distintos servicios que presta y así disponer de los servicios esenciales para una buena administración de justicia,
D. Componente normativo
Evaluar, reformar y elaborar las leyes que rigen el Sistema de Justicia y el Poder Judicial en particular, en concordancia estricta con el principio de jerarquía normativa de la Constitución.
Presentar a la Asamblea Nacional, con urgencia de discusión las leyes a que se ha hecho referencia a lo largo de este Informe. Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Reforma de la Ley Orgánica de Amparo, nueva ley del Sistema de Justicia, nueva Ley del Poder Judicial (incluye carrera judicial), nuevo Código de Ética del Juez, Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley de la Jurisdicción Indígena y la de la Jurisdicción Militar.
Crear el Servicio Autónomo de Jurisprudencia.
Para lo anterior se contrataría con las universidades los estudios de los diferentes aspectos señalados anteriormente.
E. Componente de control social
La participación ciudadana no se limita a los medios enumerados en el artículo 70, de la Constitución, puesto que este derecho es de interpretación progresiva y no se circunscribe solo a los espacios de gobierno o de la administración pública, sino también a los legislativos y judiciales, como se desprende de los artículos 211 y 253, constitucionales, respectivamente, Por tanto, se propone la creación de una veeduría judicial para la gestión y funcionamiento del Sistema de Justicia integrada
por representantes de organizaciones no gubernamentales relacionadas con este Sistema y de los colegios de abogados.
F. Componente de coordinación
Solicitar de las Facultades con Escuelas de Derecho de las Universidades, así como de los Colegios de Abogados del país, la colaboración para la ejecución de las medidas propuestas, concretamente
Creación de especialidades en la carrera de abogado para ser jueces u operadores de justicia, en concordancia con lo previsto en el texto de la Constitución (artículo 225), sobre los estudios especiales de derecho acorde con su especialización. Igualmente el apoyo para postular profesores universitarios como Jueces itinerantes, así como comprometer a los estudiantes de derecho para desempeñarse como auxiliares de Justicia, constituyendo unidades de apoyo que temporalmente
Exhortar a los gobiernos estadales y municipales, así como a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil en general, a colaborar activamente en los compromisos y acciones que se proponen, para el rescate de la credibilidad y la conciencia jurídica en el sector judicial, a través de programas que los vinculen directamente en este proceso de reinstitucionalización del Sistema de Justicia. Uno de estos programas ha de ser el de descentralización de la administración de justicia mediante la readaptación de la justicia de paz como jurisdicción de las pequeñas causas, a nivel municipal, como parte del Sistema de justicia.
Revisión de la Ley del Sistema de Justicia para precisar las funciones de coordinación de la Comisión Nacional de dicho Sistema.
G. Participación ciudadana en la formulación del Plan de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia. Veeduría judicial.
La legitimidad democrática de un Plan integral como el propuesto, requiere de un proceso
ciudadanía, componentes todos del Sistema de Justicia, como modo de expresión de sus experiencias y necesidades respecto de la administración de justicia, de cuyas políticas han estado excluidos; al igual que de materialización de la garantía de la participación ciudadana como derecho y como un espacio público igualitario para la debida información sobre la situación de la justicia y sus requerimientos y para la movilización social a favor de la reforma del Sistema de Justicia, necesaria para la promoción de consensos sobre esta reforma.
Por otro lado, el Proyecto considera que en el Plan habría de contemplar una instancia propia de participación ciudadana en la administración de Justicia, es decir, de la ¨veeduría judicial”, a nivel nacional y estadal, como parte del control social sobre su gestión, sus resultados y trasparencia, integrada por representantes de las organizaciones no gubernamentales vinculadas y de los colegios de abogados. Con ello se les garantizaría a los ciudadanos el derecho de ser oídos y de opinar sobre
el funcionamiento operativo de la administración de justicia. Tal veeduría cabe entre los medios de participación a que se contrae el artículo 70, de la Constitución, puesto que éstos no se limitan a lo electoral y político; y su configuración como un ente con autonomía funcional dentro de la estructura del Sistema de Justicia es cónsono y coherente con el principio del pluralismo como valor superior del ordenamiento jurídico nacional, según el artículo 2º, de la misma Constitución, del protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía.
Asimismo, la veeduría judicial resulta coherente con el proceso de consulta en la formación de las leyes, previsto en el artículo 212, constitucional; y con la integración de los ciudadanos al Sistema de Justicia como uno de sus componentes a que hace referencia el artículo 253, también constitucional.
La Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, ha de comprender, entre sus temas fundamentales, el acceso a la justicia, la ética y trasparencia judicial, la modernización de los despachos y servicios tribunalicios, la informática judicial, la carrera judicial y del funcionariado de los servicios de administración de justicia, el gobierno, administración y presupuesto del Poder Judicial, los medios alternos de resolución de conflictos, la participación ciudadana o veeduría judicial y la descentralización de la administración de la justicia.
Tal plan, debe ser el fruto de un acuerdo nacional y de un proceso participativo, que correspondería a una Comisión de la Reforma Integral del Sistema de Justicia, creada mediante ley por la Asamblea Nacional, conforme su competencia de legislar sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder público, que se le atribuye en el numeral 1 del artículo 187, de la Constitución vigente. Igualmente, la elaboración del referido Plan podría contar con el asesoramiento del Centro de Estudios Judiciales de las Américas de la OEA, el cual ha asesorado y asistido a varios Estados en sus reformas judiciales.42
Por supuesto, que el Proyecto está consciente de lo grave de la situación política de Venezuela, con un gobierno dictatorial, que cuenta con el sustento del Tribunal Supremo de Justicia, y en el presente con el respaldo de una Asamblea Constituyente, que no solo ha asumido funciones que corresponden al Poder Legislativo, sino incluso, a través de una Comisión de la Verdad y de leyes discriminatorias de la población disidentes, como la llamada ley del odio con el propósito de establecer un sistema de justicia propio de una Justicia ideológica.
Tal situación evidentemente hace ver la propuesta de este Proyecto de Reinstitucionalización es idílica y utópica, pero, los venezolanos sabemos que el camino a la libertad es largo, en palabras de Nelson Mandela, pero que llega; por lo que para cuando se recobre la libertad, en la reconstrucción de la Venezuela perdida, se cuente con propuestas que permitan ir consolidando los valores democráticos que esa meta libertaria representa, uno de las cuales, sin duda es tener una República con un verdadero Sistema de Justicia independiente y democrático, que sustituya el ideológico.
42 http://www.cejamericas.org/
Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia venezolano
El Bloque Constitucional de Venezuela y el Proyecto
de Reinstitucionalización de la Justicia 3
Desarrollo de las Jornadas de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia 5
Labor Editorial y de Opinión Pública del Proyecto 9
La realidad del Sistema Judicial en el que se desarrolla el Proyecto 9
Reinstitucionalización del Sistema de Justicia 18
Bases, Fundamentos y Principios del Proyecto para Reinstitucionalizar el Sistema de
Principios Fundamentales, Estructura y legitimidad para la Gobernabilidad
del Sistema de Justicia 22
De una Justicia ideologizada a una Justicia Democrática 24
Planteamiento Ciudadano, la Realidad Judicial y la Idoneidad de los Jueces 27
Social de Derecho y de Justicia 28
El Sistema de Justicia 29
Plan de Reforma Integral para la Reestructuración del Sistema de Justicia 30
II.1. Finalidad y Fundamento del Sistema de Justicia 30
II.2. Propuestas para un Poder Judicial Autónomo e Independiente . 31
II.3. ¿Qué debe lograrse con el cambio en el Sistema de Justicia? 32
II.4. Fundamento de la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia 33
II.5. Componentes a ponderar en la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia 34
Contenido Fundamental del Plan de Reinstitucionalización 35
II.1. Concreción de las Reformas del Plan por Áreas Temáticas 35
A. Tribunal Supremo de Justicia 35
B. Sistema de Justicia 36
C. Carrera Judicial 36
D. Procesos Penales y Sistema Penitenciario 37
E. Defensa Pública 38
F. Atasco Judicial 38
G. Justicia Militar 38
H. Sistema de Protección de los Derechos Humanos . 39
III.2. Proposiciones del Plan para cada componente del Sistema de Justicia . 40
A. Componente organizativo 40
B. Componente humano 41
C. Componente material . 43
D. Componente normativo 43
E. Componente de control Social 43
F. Componente de coordinación 44
G. Componente de participación ciudadana. Veeduria Judicial 44

References: artículo 253
 artículo 29
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 49
 artículo 253
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 49
 artículo 329
 artículo 270
 artículo 23
 artículo 213
 artículo 27
 artículo 333
 artículo 213
 artículo 253
 resolución 
 artículo 258
 resolución 
 artículo 253
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 334
 artículo 3
 artículo 26
 resolución 
 artículo 335
 artículo 255
 artículo 255
 resolución 
 resolución 
 artículo 30
 artículo 255
 artículo 254
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 2
 artículo 212
 artículo 253
 resolución 
 artículo 187