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Timestamp: 2019-06-24 15:52:57+00:00

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﻿ Una visión crítica a la Ley de Empleo Público y Carrera Administrativa
CONTENIDO:Análisis de la nueva ley de empleo público y su incidencia para los trabajadores del Estado.
AUTOR:Clara Cecilia Dueñas
REVISTA ACTUALIDAD LABORAL N°:127, ene.-feb./2005, págs. 10 a 15
Una visión crítica a la Ley de Empleo Público y Carrera Administrativa
Análisis de la nueva ley de empleo público y su incidencia para los trabajadores del Estado.
Asesora, litigante, profesora en las Universidades Nacional y del Rosario, conjuez del Tribunal Contencioso de Cundinamarca
En el campo del derecho administrativo laboral la carrera administrativa es uno de sus componentes más controvertidos, principalmente, porque su aplicación conlleva la estabilidad laboral, restando a los nominadores de turno la posibilidad de utilizar a su albedrío los diferentes empleos. Pero, a su vez, la garantía de estabilidad que ofrece ha sido utilizada por algunos empleados para anquilosarse en sus puestos de trabajo, ajenos a la demostración del mérito.
Ello conduce a un círculo vicioso que históricamente no ha permitido la implementación de la carrera administrativa, de tal manera que, al adolecer el Estado de una adecuada administración del personal a su servicio, es ineficiente la prestación de las funciones a su cargo y deficiente la realización de sus fines.
En nuestra historia más reciente, el congelamiento de la carrera se originó con la Sentencia C-372 de 1999, que dejó sin vigencia muchos de los artículos de la Ley 443 de 1998, entre otros los que constituían la base fundamental para su aplicación. En dicho proveído la Corte conminó al Congreso para que en desarrollo de la Constitución Política estableciera la estructura de la comisión nacional del servicio civil (CNSC), lo que tuvo lugar con la reciente expedición de la Ley 909 que consagra aspectos innovadores e importantes, los que, de ser bien implementados, redundarán en beneficio de la gestión pública, otros repetitivos y varios en nuestro concepto equivocados, algunos de los cuales, académicamente, serán aquí objeto de crítica y reflexión, con el debido respeto por quienes intervinieron en su elaboración.
Lo primero que hay que observar es que la Ley 909 no es la ley de carrera administrativa. Es, según su artículo primero, la ley que tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos de la gerencia pública, lo que por contera implica que la implementación del sistema de carrera administrativa de estirpe constitucional, lejos de ser su pilar fundamental, es tan sólo un accesorio accidental del empleo público de menor envergadura, que de entrada explica la mínima importancia que se le da a la carrera administrativa y al papel de la CNSC. Esto se refleja en su texto que, como se decía, tiene por objeto regular el sistema de empleo público al que le da el carácter de “núcleo básico de la estructura de la función pública (...)”(1).
Así, tenemos que, según la ley, lo fundamental de la función pública no son los sujetos llamados a ejercer las funciones y competencias del Estado, sino que lo básico, según la concepción del legislador, es el conjunto de empleos públicos sean estos de carrera, de libre nombramiento y remoción, de período fijo o temporales, de forma que, dentro de tal contexto, resulta lógico que no sea trascendente en la ley el sistema de carrera administrativa destinado a la mayoría de los sujetos encargados de la ejecución de las tareas y fines del Estado, puesto que, como lo consagra el artículo 125 superior, la regla general son los empleos de carrera y los demás constituyen la excepción.
En el mismo sentido, es también coherente que el legislador haya previsto los órganos de dirección y gestión del empleo público(2) y que dentro de los mismos no haya incluido a la CNSC, pese a que constitucionalmente es el ente rector de la carrera administrativa, es decir, de la mayoría de los empleos que integran la función pública.
Tan evidente es la concepción de la Ley 909, en los términos en comento, que en la exposición de motivos se expresó que desde el mismo enunciado el “proyecto de ley nos advierte de inmediato que nos encontramos ante algo distinto de lo que ha sido tradicionalmente la regulación normativa en Colombia de ‘la carrera administrativa’, pues no en vano sedenomina Ley del Empleo Público, de la Carrera Administrativa y de la Gerencia Pública”(3).
En dicho contexto, la ley se ocupa de todos los empleos que conforman el sistema pero con mayor énfasis y grado de importancia de los empleos directivos o de gerencia pública excluidos, dada su naturaleza, del régimen de carrera administrativa. Consagra respecto de los mismos “la implantación del principio de mérito en la selección de los gerentes públicos, con las modulaciones requeridas por la naturaleza de estos empleos, que redundará en una mayor eficacia y eficiencia del sistema, pero también en una mejora de su transparencia y en la erradicación de los focos de corrupción que se pudieran dar”(4).
La consagración del mérito para los empleos directivos es una importante innovación que redundará en beneficio de los asociados, lo que por supuesto es compartido por varias personas. Ello no es objeto de crítica alguna. ¡No! Lo que aquí se cuestiona es que al amparo de tan importantes principios se minimizan otros de raigambre constitucional, tales como la carrera administrativa y las funciones de su administración y vigilancia, aspectos de los que se ocupa la ley, pero restándoles la importancia constitucional que les pertenece.
En suma, nos encontramos ante la regulación del sistema del empleo público del que forma parte solo de manera accidental el régimen de carrera administrativa, de modo que el sistema técnico de administración del personal pasó a un segundo plano para priorizar aspectos objetivos (el empleo), lo que lleva a concluir que el legislador olvidó que, en cualquier organización pública o privada, los sujetos constituyen el baluarte a partir del cual se concibe el éxito de su gestión.
El empleo fue inicialmente definido por el artículo 2º del Decreto 1042 de 1978 como “el conjunto de funciones, deberes y responsabilidades que han de ser atendidos por una persona natural, para satisfacer necesidades permanentes de la administración pública”. Esta definición concebía que era connatural a la existencia del empleo la satisfacción de necesidades permanentes de la administración, denotando con ello que las necesidades o funciones de carácter temporal se atenderían bajo esquemas diferentes, más nunca mediante la creación de empleos temporales y la consecuente vinculación transitoria de quienes habrían de desempeñarlos.
Posteriormente, mediante la expedición de los decretos-leyes 1569 y 2503 de 1998(5), la definición cambió sustancialmente porque allí se eliminó el carácter permanente de las necesidades de la administración. Bajo el mismo criterio fue retomada por la Ley 909.
Bajo el amparo de la definición en comento, la ley clasificó los empleos en cargos de carrera, de libre nombramiento y remoción y de período fijo, y creó una nueva categoría que se denomina empleos temporales, que al estar contemplados de manera independiente y adicional significa que tienen su propia naturaleza y, en consecuencia, que no hacen parte de ninguna de las tres categorías antes mencionadas.
Ciertamente, no pertenecen al régimen de carrera puesto que su vinculación no se surte mediante la superación de todas las etapas del concurso y, en consecuencia, sus titulares no se encuentran amparados por el fuero de estabilidad. Tampoco pertenecen a los de libre nombramiento y remoción porque su designación no es de la discrecionalidad del nominador; no son de período fijo porque su duración no está determinada por la ley, debido a que su creación dependerá de necesidades específicas y excepcionales bajo las condiciones estipuladas en el artículo 21 de la ley.
Con respecto a este tema, contempla la exposición de motivos que “dentro de las novedades estructurales se incluye también la posibilidad de crear empleos públicos temporales, lo que representará un instrumento de gran importancia para flexibilizar las plantas de personal y poder hacer frente a programas coyunturales o necesidades transitorias de la administración, sin tener que acudir a la creación de nuevos empleos en la planta de personal”(6) (negrillas fuera del texto original).
El texto no solo incurre en evidente contradicción, además, en nuestra opinión, de lo que en verdad se trata es de permitir la creación de empleos que pese a la naturaleza de sus funciones no pertenecen al régimen de carrera. Esta es también una forma de superar la prohibición impuesta en la Ley 790 del 2002, cuyo artículo 17 establece que no se podrán celebrar contratos para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes. Veamos cómo se sustentan las afirmaciones precedentes:
Los empleos temporales no pertenecen al régimen de carrera
El numeral segundo del artículo 21 de la ley consagra que para proveer los empleos temporales se hará uso de las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, y que, de no ser posible su utilización, se hará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos. Algunos sectores de la academia han interpretado que, bajo tal esquema, quienes sean designados para el desempeño de empleos temporales son titulares de derechos de carrera y que, en consecuencia, gozan de sus prerrogativas.
En nuestro parecer, no es ese el sentido de la ley por tres razones diferentes. En primer término, el artículo primero de la ley indica taxativamente cuáles son los empleos que conforman la función pública, y de manera independiente en el literal a) señala los de carrera administrativa, y en el d) los de carácter temporal, lo que de suyo implica que son empleos de naturaleza diferente que responden a regímenes también diferentes.
En segundo lugar, porque para proveer un empleo temporal no podrá hacerse uso del nombramiento en período de prueba, etapa que debe superarse satisfactoriamente para adquirir derechos de carrera, lo que se explica en tanto la duración del empleo temporal puede ser, en muchos casos, inferior al período de prueba establecido en seis meses; además, la transitoriedad del empleo lleva implícita la connatural característica de inestabilidad y la imposibilidad de hacer carrera en la administración. Cabe denotar que el reglamento no podrá regular un período de prueba inferior a seis meses, porque no puede exceder los campos limitados por el legislador ni los que son de su exclusiva reserva.
Por último, si el tenor literal de la ley ofrece dudas se impone entonces consultar su espíritu, y así encontramos que al respecto señalaron los ponentes que “se prevé la opción de (...) crear empleos temporales que apoyen a la administración en proyectos especiales y que estarán previstos en las plantas de personal y aun cuando quienes los desempeñen no serán de carrera sí deberán acreditar el mérito para su desempeño”(7).
En este orden de ideas, no queda duda entonces de que los empleos temporales no pertenecen al régimen de carrera administrativa, así como tampoco que quienes los lleguen a desempeñar no son titulares de las prerrogativas en ella consagradas. Esta conclusión nos conduce a un gran interrogante: ¿son los empleos temporales contrarios a la normativa constitucional? La respuesta no parece sencilla. De una parte, visto desde la óptica de los sujetos llamados a desempeñarlos, tal vez nos encontremos ante la violación de principios fundamentales tales como la igualdad y la estabilidad, pero, si tenemos en cuenta que son el instrumento para flexibilizar la administración pública y así suplir necesidades transitorias o coyunturales, su inclusión como una nueva categoría de empleos lejos de ser contraria al ordenamiento superior resulta acorde con los principios en ella establecidos. En su oportunidad la Corte lo decidirá.
Los empleos temporales y la Ley 790 del 2002
El artículo 17 de la Ley 790 establece que las entidades públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios para su funcionamiento. Por ello, prohibió la celebración de contratos de prestación de servicios, para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes. Por su parte, la Ley 909 previó la posibilidad de crear empleos temporales entre otras razones, para suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo(8), lo que indica que dichos empleos tendrán funciones propias de los cargos existentes en las respectivas plantas de cargos. De esta forma, en nuestro concepto, se supera así la prohibición comentada, con la que se pretendía no solo racionalizar el gasto público, sino también eliminar las plantas paralelas.
Y, si bien, como lo señala la exposición de motivos, la utilización de los empleos temporales puede “servir de estímulo para la erradicación definitiva del problema en nuestra administración de ‘las plantas paralelas’”(9). También es cierto que su utilización puede dar lugar a plantas en las que la mayoría de sus empleos sean de carácter temporal, debilitando el sistema de carrera, máxime si se tiene en cuenta que según el artículo 21 de la ley, solo las labores de consultoría y asesoría institucional tienen un tope máximo de 12 meses; las demás durarán tanto cuanto se prolonguen las actividades, programas o proyectos que bien podrán abarcar años en su ejecución. Así las cosas, es posible que en un futuro cercano sea mayor el número de empleados que ostenten nombramientos temporales que los que sean titulares de derechos de carrera.
No obstante, se subraya que a diferencia de los contratistas, los empleados temporales tendrán derecho al pago de salarios y prestaciones, pero no por ello su vinculación será menos precaria no solo por su transitoriedad, sino, además, porque la demostración del mérito únicamente servirá para el ingreso, mas no para su permanencia o ascenso puesto que, como antes se explicó, no pertenecen al régimen de carrera.
Finalmente, no se puede concluir sin hacer una breve referencia a los empleos de medio tiempo o de tiempo parcial, para recalcar que bien pueden pertenecer al régimen de carrera o encontrarse excluidos del mismo, en cuanto en palabras de la Corte Constitucional “la determinante para saber si un empleo es de libre nombramiento y remoción, no es el factor tiempo (...)”(10).
La CNSC
El artículo 130 superior concibió la CNSC como el ente encargado de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con excepción de las que tengan carácter especial. En desarrollo de dicho mandato, fue inicialmente regulada por la Ley 27 de 1992 y posteriormente, con algunas variaciones, en la Ley 443 de 1998.
Esta última fue declarada inexequible al considerar la Corte Constitucional que, en la forma en que fue plasmada, parecía una dependencia del DAFP, cuando en verdad, de acuerdo con el querer del constituyente, de lo que se trata es de “un ente autónomo, de carácter permanente y de nivel nacional, de la más alta jerarquía en lo referente al manejo y control del sistema de carrera de los servidores públicos, (...). No hace parte del Ejecutivo ni de otras ramas u órganos del poder público y debe ser dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, para que pueda cumplir con eficiencia los cometidos constitucionales que le corresponden”(11).
Con base en dichos lineamientos, la Ley 909 estructuró la CNSC, pero con un ingrediente adicional que le era implícito y no era necesario hacerlo explícito porque esto acarrea graves consecuencias. Una vez catalogada como “órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público”, se creó un ente autónomo, con personería jurídica, patrimonio propio y funciones limitadas únicamente a garantizar el cumplimiento del mérito en los procesos de selección. Ello se deduce al analizar en su conjunto el enunciado del artículo 7º y las funciones de administración y vigilancia taxativamente contempladas en el artículo 11 referidas, en su mayoría, a los procesos de selección.
De manera que, a partir de la ley, las funciones del ente rector “de la más alta jerarquía en lo referente al manejo y control del sistema de carrera de los servidores públicos” quedaron reducidas a la vigilancia y administración de los concursos para ingreso y ascenso y a otras pocas(12), que bien podrían ser y de hecho son, suplidas por otras entidades.
En otras palabras, con la nueva ley, la CNSC perdió su nivel de importancia y ello es coherente con los esfuerzos que se han adelantado en procura de su eliminación. En efecto, al tiempo que se tramitaba en el Congreso el proyecto de ley de carrera administrativa, se tramitaba también el proyecto de Acto Legislativo 3, a través del cual se proponía la modificación del artículo 130 superior. La propuesta consistía en que las funciones de administración y vigilancia de la carrera quedarían a cargo, en su orden, de las autoridades nominadoras y de la Procuraduría General de la Nación eliminando la CNSC; por suerte, el proyecto no prosperó, pero nada indica que hayan culminado las gestiones para lograr su cometido, de hecho la forma como fue legalmente concebida es la antesala de su desaparición.
Confirma lo anterior que la ley haya concebido los órganos de dirección y gestión del empleo público(13) y que dentro de los mismos no haya incluido a la CNSC. La excluyó así de la importante función de formular y planificar políticas para la administración del recurso humano de los empleados de carrera, pese a que ellos componen la mayor fuerza de trabajo al servicio del Estado, como lo señala la Constitución y lo ha reiterado la jurisprudencia: los empleos de carrera son la regla general en tanto que los demás constituyen la excepción.
Señaló también la citada sentencia que las funciones de la CNSC no pueden asignarse a otros organismos, pues ella es la única autoridad encargada de la administración y vigilancia de la carrera administrativa, no obstante lo cual, contra el principio de la cosa juzgada constitucional, la ley asignó competencias de tal naturaleza, en materia de concursos, a las comisiones de personal(14), entre otras, las que velan porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas previstas en la ley. Es decir, las dotó del poder de vigilar a la CNSC, a la que, de conformidad con el artículo 30 de la misma ley, le compete adelantar los concursos o procesos de selección. Tal despropósito, lejos de constituir un error, es la consecuencia lógica del bajo perfil que le otorga la ley al ente rector de la carrera administrativa.
Por último, no puede pasar desapercibido el procedimiento que se consagró para la designación de los tres primeros miembros de la CNSC. Si bien, resulta adecuado el trámite previsto para la conformación de tres listas de aspirantes a través de entidades que escapan al control de la CNSC, en el mismo sentido, no es adecuado ni razonable que se hubiera previsto que el concurso de méritos podía ser adelantado por la ESAP, como de hecho ocurrió, puesto que lo que aquí se presentó es que la entidad vigilada seleccionó a sus vigilantes.
Con esta afirmación no pretende ponerse en duda la objetividad con la que debió adelantarse el concurso, pero sí constituye una crítica el porqué el legislador omitió tener en cuenta que en procesos de tan delicada naturaleza debe garantizarse la total imparcialidad en su desarrollo. Por ello, más sano hubiera sido si la función del concurso se hubiera asignado únicamente a la Universidad Nacional y esta lo hubiera ejecutado, pues, en razón de la autonomía constitucional que le es propia, escapa del control que en su momento ejercerá la CNSC sobre las entidades sometidas a su vigilancia.
Las formas de vinculación a la administración pública que consagra la Ley 909 son las que tradicionalmente hemos conocido, razón por la que no nos detenemos en su análisis. Sin embargo, cabe destacar que el nombramiento provisional únicamente subsistió para proveer vacantes temporales en caso de que las mismas no puedan suplirse mediante el cargo, lo que de alguna manera fortalece el sistema de carrera. Otra modificación fue la establecida en relación con la duración del período de prueba, el cual se extendió a seis meses conforme se contemplaba en normas anteriores a la Constitución de 1991.
Por su parte, los procesos de selección comprenden las mismas etapas que se han venido reiterando históricamente y, en tal sentido, son innecesarios análisis adicionales, lo cual no obsta para reparar en el instrumento de evaluación de antecedentes previsto en el artículo 56 de la ley.
Pues bien, una de las etapas del proceso de selección consiste en la aplicación de pruebas, a partir de las cuales se aprecia el mérito de los aspirantes, que conforme a principios constitucionales y legales deben aplicarse en igualdad de condiciones.
Consideramos que el principio a la igualdad se lesiona con el mandato contenido en el artículo 56, según el cual “A los empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando cargos de carrera, sin estar inscritos en ella, y se presenten a los concursos (...) para proveer dichos cargos, (...), se les evaluará y reconocerá la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en su ejercicio”.
Lo anterior significa que los empleados provisionales participarán en condiciones privilegiadas frente a los demás aspirantes a quienes no se les podrá evaluar ni reconocer la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en un empleo que no ejercen, de tal manera, que se les pone en situación de desventaja, porque en la aplicación del instrumento no obtendrán puntaje alguno, mientras que quien lo desempeña provisionalmente obtendrá una calificación que sumada a los demás instrumentos matemáticamente lo ubicará con mejores resultados. En nuestro criterio, no existe ni se evidencia en la norma razón alguna que justifique el trato diferencial entre unos y otros aspirantes, y por eso consideramos que se vulnera el derecho a la igualdad.
Las causales de retiro del servicio, previstas en el artículo 41 de la ley, son las mismas que se contemplaron en legislaciones anteriores, salvo la contenida en el literal c) según el cual también procede “Por razones de buen servicio (...)”. Inicialmente fue concebida bajo el amplio y subjetivo concepto de las necesidades del servicio, pero la intervención de conocedores del tema permitió que se condicionará al incumplimiento grave de funciones que afecten la prestación del mismo, previa la demostración del nexo causal entre una y otra.
Pese a ello, la norma ofrece serias dudas de constitucionalidad, tanto que al tiempo que se tramitaba el proyecto de ley, se tramitaba también el proyecto de Acto Legislativo 3, a partir del cual se pretendía modificar el artículo 125 superior con un inciso que textualmente consagraba que “El retiro de los empleados será flexible de conformidad con las necesidades del servicio (...)”.
Como ya se mencionó, el proyecto no salió avante, pero nada indica que se haya desistido del propósito que cuenta a su favor con el antecedente del Acto Legislativo 1 del 2003, a través del cual se consagró para los empleados de carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil “el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio”. Situación que marca el derrotero de lo que, a corto plazo, constitucionalmente podrá ser establecido para los demás regímenes de carrera administrativa.
Ahora bien, dado que fue establecida como una causal más de retiro, es diferente, autónoma e independiente de las establecidas por violación del régimen disciplinario y por evaluación insatisfactoria del desempeño; sin embargo, en nuestro concepto el lindero entre una y otras es imperceptible.
Si bien, es claro que existe diferencia entre las causales de retiro por razón disciplinaria y evaluación no satisfactoria, pues en el primer caso se trata de una sanción, y en el segundo, de una medida administrativa tendiente a garantizar la adecuada prestación del servicio, no es clara la diferencia respecto de la nueva causal que se configura “cuando el incumplimiento grave de una o unas funciones asignadas al funcionario afecten directamente la prestación de los servicios”.
En este caso, necesariamente se estará ante el incumplimiento de deberes y responsabilidades que darán lugar a las sanciones disciplinarias pertinentes y conducirá también, por lógica consecuencia, a una evaluación no satisfactoria del desempeño, de la que incluso puede hacerse uso en forma extraordinaria para tomar oportunamente las medidas administrativas tendientes a restablecer el servicio afectado por el indebido desempeño de las funciones del cargo.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otras? La respuesta de los autores y gestores de la ley se ha limitado a señalar que es una causal de retiro autónoma e independiente y que fue consagrada por el legislador en uso de las facultades otorgadas en el artículo 125 de la Constitución, según el cual el retiro podrá tener lugar, entre otras razones, por las demás causales previstas en la ley.
Solo resta señalar que esta causal de retiro constituye la innovación de mayor importancia en la ley, de hecho así fue corroborado por el director del DAFP, en el acto especial ofrecido con ocasión de su sanción, quien afirmó que “ese fue el punto fundamental de la ley y de lo que se trata es que sea difícil el acceso y flexible la salida”(15).
No destacamos las bondades que trae la ley porque por sí mismas sobresalen y sus resultados se verán en un futuro cercano. Con las críticas expuestas simplemente pretendemos crear un espacio de reflexión que bien puede servir de punto de partida para corregir lo que pudo ser mejor y aún puede serlo, si en ello nos empeñamos legisladores, gobernadores, jueces, operadores administrativos y academia. Colombia será mejor si contamos con un sistema técnico de administración de personal que beneficie tanto al Estado empleador como a sus servidores.
(1) Véase artículo 19 Ley 909.
(2) El capítulo II de la Ley 909 en sus artículos 14 a 16 se encarga de señalar taxativamente que los órganos de dirección y gestión en materia de empleo público son el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), las unidades de personal y las comisiones de personal de las diferentes entidades destinatarias de la ley.
(3) Exposición de motivos del Proyecto de Ley 262 del 2003, suscrita por el Ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos y por el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo Rubiano.
(5) El primero de los citados aplicable en las entidades del nivel territorial; el segundo, en el orden nacional.
(6) Exposición de motivos del Proyecto de Ley 262 del 2003, suscrita por el Ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos y por el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo Rubiano.
(7) Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 233 del 2004 Senado, 216 y su acumulado 262 del 2003 Cámara, (fdo.) Óscar Iván Zuluaga Escobar, Jesús Antonio Bernal Amorocho, Dieb Maloof Cuse, Luis Carlos Avellaneda Tarazona, senadores ponentes, mayo 31 del 2004.
(8) Literal c) del artículo 21 de la Ley 909 del 2004.
(9) Exposición de motivos del Proyecto de Ley 262 del 2003, suscrita por el Ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos y por el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo Rubiano.
(10) Corte Constitucional, Sentencia C-195, expediente D-421, actor: Arturo Besada Lombana, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, abril 21 de 1994.
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-372, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, actor: Jairo Villegas Arbeláez y otra, expedientes acumulados D-2246 y D-2252 26 de mayo de 1999.
(12) Administración y manejo del registro público de carrera, expedición de circulares instructivas; elaboración de estudios sobre empleo público; imposición de sanciones; presentación de informes al Congreso de la República.
(13) El capítulo II del título II de la Ley 909 en sus artículos 14 a 16 se encarga de señalar taxativamente que los órganos de dirección y gestión en materia de empleo público son el Departamento Administrativo de la Función Pública, las unidades de personal y las comisiones de personal de las diferentes entidades destinatarias de la ley.
(14) Numeral 2º del artículo 16 de la Ley 909.
(15) Tomado de la página web de la Presidencia de la República, 23 de septiembre del 2003 (SNE).

References: artículo 125
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 17
 artículo 21
 artículo 17
 artículo 21
 artículo 130
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 130
 artículo 30
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 41
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 16