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STC 139/1985, 18 de Octubre de 1985 - Jurisprudencia - VLEX 15034432
STC 139/1985, 18 de Octubre de 1985
Fecha de Resolución: 18 de Octubre de 1985
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 631/1984
1. El contenido del art. 24.1 de la C.E. establece el derecho de los ciudadanos a obtener de los Jueces y Tribunales la tutela judicial efectiva, entre otras manifestaciones, a través de la formulación de recursos ordinarios y extraordinarios; de acuerdo con la doctrina de este Tribunal respecto al recurso de casación penal, el órgano que conoce de él es el «Tribunal Superior» a que se refiere el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, que, a tenor del art. 10.2 de la C.E., debe tenerse en cuenta para la interpretación de dicho precepto constitucional; conforme a la misma, corresponde en esencia a tal recurso la depuración y control del Derecho en su aplicación por los Tribunales de Instancia, asegurando que sus decisiones sean conformes a la Ley, y unificando la interpretación jurisprudencial; como tal recurso, en su regulación por la leyes procesales, por su carácter limitado y especial naturaleza, está enmarcado con la presencia de ciertos formalismos que regulan su contenido, se exige que, para la debida efectividad de dicho derecho a la tutela judicial efectiva, la interpretación legal de las normas procesales se realice en el sentido más favorable a su efectividad no convirtiendo toda irregularidad procesal en un obstáculo insalvable y enervante para la prosecución del procedimiento, debiéndose favorecer la consecuencia de la finalidad prioritaria del proceso, que es la obtención de una resolución de fondo, y teniendo, por tanto, que evitarse las interpretaciones restrictivas que cercenen la admisión del recurso extraordinario, y eludir cualquier exceso formalista que actúe como mero obstáculo procesal. 2. Sólo el incumplimiento grave y cierto de ritos procesales esenciales, por atacar radicalmente y sin posibilidad de enmienda las normas imperativas que ordenan el procedimiento de casación, es el que puede determinar la declaración de su inadmisión, mientras que, si se trata de meras irregularidades instrumentales de contenido menor y de alcance limitado, no pueden determinar el rechazo de la admisibilidad, por ser actos imperfectos que no afectan al contenido esencial del recurso, y que, únicamente, en casos muy determinados, requieren si fuera preciso, según criterio judicial ponderado, de una subsanación convalidante de la referida irregularidad , que debe impulsar de oficio el Tribunal, con mayor razón aún en el ámbito de la casación penal interpuesta por un condenado por delito, en que han de adoptarse los criterios de la máxima amplitud.
En el recurso de amparo número 631/1984, promovido por la Procuradora de los Tribunales doña Mercedes B. F., en nombre y representación de don Juan M. P., bajo la dirección técnica del Abogado don Francisco J. M. Z., contra acuerdo del excelentísimo señor C. G. . P. R. M., de fecha 5 de julio de 1984, que aprobó la Sentencia del Consejo de Guerra de 21 de mayo de 1984; habiendo sido parte del Ministerio Fiscal, y actuando como Ponente el Magistrado don Angel E. C., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don Francisco J. M. y Z., Letrado del Colegio de Abogados de Madrid, que asistía a don Juan M. P., ya que por designación del turno de oficio le fue conferida la representación y defensa del recurrente ante el Consejo de Guerra en la causa núm. 221/1982, instruida por el Juzgado Togado Militar de Instrucción núm. 2, de la Capitanía General de la Primera Región Militar, interpuesto recurso de amparo por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal, el día 10 de agosto de 1984, contra el acuerdo del excelentísimo señor C. G. . P. R. M., de 5 de julio de 1984, notificado a la parte recurrente el día 18 de julio, que aprobó la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra ordinario, celebrado el día 21 de mayo de 1984 y desestimó el recurso de casación.
a) Don Juan M. P. se encontraba prestando el servicio militar en el Batallón Mixto de Ingenieros de la Brigada Paracaidista de Guarnición en Alcalá de Henares, cuando el 16 de octubre de 1982 se ausentó de su Unidad hasta el día 12 de noviembre del mismo año, en que fue detenido.
«Que debemos condenar y condenamos al C.L.P. Juan , como autor de un delito consumado de deserción simple en tiempo de paz, en el que concurre la circunstancia atenuante calificada antes citada, al correctivo de dos meses y un día de arresto militar y el efecto de pérdida de tiempo y antigüedad en el servicio, sin que haya responsabilidades civiles que exigir.
Y que debemos absolver y absolvemos al procesado C.L.P. Juan , del delito de fraude por el que viene siendo acusado.»
2. La Sección Segunda, de la Sala Primera de este Tribunal, en providencia de 26 de septiembre de 1984, acordó librar despacho al Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, a fin de que designase Procurador del turno de oficio al recurrente, señor M. P., y se le concedió un plazo de diez días para que formulase la demanda de amparo.
En providencia de 3 de octubre de 1984, la Sección acordó tener por designada a la Procuradora doña Mercedes B. F. en el turno de oficio para la representación del recurrente señor M. P., y se acordó conceder un plazo de diez días a la parte solicitante del amparo, para que formulase la demanda, que fue presentada en el Registro General el día 10 de octubre de 1984. En la demanda se hacían constar los mismos hechos que figuraban en el escrito inicial, cuando se interpuso el recurso de amparo, si bien, se ampliaba la argumentación jurídica a los siguientes razonamientos: a) La resolución del excelentísimo señor C. G. . P. R. M. infringe el art. 24.2 de la C.E., y la interpretación que del mismo efectuó el Tribunal Constitucional en la Sentencia núm. 76/1982, de 14 de diciembre, sobre inconstitucionalidad del art. 14 de la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre, ya que esta resolución declara inconstitucional este precepto y lo reforma en el sentido de posibilitar el acceso al recurso de casación de cualquier condenado en Consejo de Guerra, con independencia de la pena impuesta. La resolución recurrida restringe el derecho del recurrente a que se revise la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra. b) Subsidiariamente, la parte recurrente entiende que la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra, aprobada por la autoridad militar infringe el art. 25.1 de la C.E., por cuanto se condena al recurrente por un delito militar, cuyo tipo exige que el sujeto activo sea militar y dicho requisito no se cumple en el caso examinado, pues, se condena a un individuo por un delito inexistente y se recurre a un fictio, por considerar en situación militar a un individuo que nunca fue militar. A ello se une el error de la Administración Militar que da por apto a un individuo inutil, condenándose a una persona con base a un error exclusivamente imputable a la Administración.
La pretensión final que formula la parte recurrente contra el acuerdo del excelentísimo señor C. G. . P. R. M., de 5 de julio de 1984, tiene por objeto que se revoque el acuerdo citado, en cuanto deniega el recurso de casación interpuesto en tiempo y forma ante el Tribunal Supremo, y con carácter subsidiario solicita que se acuerde conceder el amparo, revocando la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra, celebrado el pasado día 21 de mayo de 1984, para que se declare la atipicidad de la conducta del recurrente y su inocencia respecto de los cargos que se le imputan.
3. La Sección Segunda de la Sala Primera de este Tribunal, en providencia de 7 de noviembre de 1984, acordó tener por recibo el escrito de la Procuradora señora B. F. y admitir a trámite el recurso. A tenor del art. 51 de la LOTC, la Sección acuerda requerir a la Capitanía General de la Primera Región Militar para que, en un plazo de 10 días, remita testimonio de las actuaciones relativa a la causa núm. 221/1982, instruidas por el Juzgado Togado Militar de Instrucción número 2 de dicha Capitanía, interesándose de dicho órgano judicial que emplazase a quienes fueren parte en dicha causa, para que en el plazo de 10 días pudieran comparecer en el proceso constitucional. Una vez remitidas las actuaciones, la Sección Segunda de la Sala Primera, en providencia de 5 de diciembre de 1984, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC, acordó dar vista de las mismas al Ministerio Fiscal y al solicitante del amparo, para que, dentro de dicho término, alegaran lo que estimasen procedente.
5. Doña Mercedes B. F., Procuradora de los Tribunales, y don Juan M. P., por escrito de 7 de enero de 1985, se limitó a reiterar los mismos hechos expuestos en el escrito inicial y demanda del proceso, y a alegar los propios fundamentos de derecho, sin ninguna variación, y terminó solicitando que se dictare Sentencia por la que se estimen las pretensiones deducidas, otorgando el amparo solicitado respecto del acuerdo del Excelentísimo señor C. G. . P. R. M., de 5 de julio de 1984, revocándolo y concediendo al recurrente la posibilidad de acceder al recurso de casación, enviando los autos, con testimonio de la Sentencia, a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
a) El Auto de procesamiento del solicitante del amparo fue dictado por la Autoridad Judicial Militar de Alcalá de Henares el día 10 de noviembre de 1982 por ausentarse de la Unidad, Juan , faltando a seis listas de Ordenanza consecutivas, siendo la primera de ellas la de retreta del día 16 de octubre de 1982 y la última la de diana del día 19 del mismo mes y año.
b) Que según consta en el acta de declaración de exclusión del servicio militar, de 5 de enero de 1983, se comprobó que Juan padecía una debilidad mental con trastornos del carácter por lo que se acordó excluirlo totalmente del servicio militar, haciendo constar que la causa de inutilidad era anterior a su ingreso en el servicio y no contraída durante su permanencia en filas.
d) Que por resolución de 26 de septiembre de 1983 se eleva a plenario la causa núm. 221/1982, en la que, por escrito del Fiscal Jurídico Militar, de 3 de octubre de 1983, se solicita para el señor M. P. la imposición de la pena de cuatro meses de arresto militar como autor de un delito de deserción simple, previsto en el núm. 1 del art. 370 y penado en el art. 372, y de un delito de fraude del art. 403, apartado 4.° párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, para el que solicitaba la imposición de la pena de dos meses y un día de arresto militar.
El Abogado don Francisco J. M. y Z., por escrito de 31 de octubre de 1983, hizo constar ante el Juzgado Togado de Instrucción Militar núm. 2 que Juan sufría una patología mental con episodios de anulación de la libertad volitiva, que convertían al sujeto en inimputable de la comisión delictiva, por lo que procedía la libre absolución del acusado.
3. Es muy abundante la doctrina de este Tribunal en relación con el contenido del art. 24.1 de la C.E., en cuanto establece el derecho de los ciudadanos a obtener de los Jueces y Tribunales la tutela judicial efectiva, entre otras manifestaciones, a través de la formulación de recursos ordinarios y extraordinarios; exponiéndose en ella y en orden al recurso de casación penal, que el órgano que conoce de él es el «Tribunal Superior» a que se refiere el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, que, a tenor del art. 10.2 de la C. E, debe tenerse en cuenta para la interpretación de dicho precepto constitucional, y que corresponde en esencia a tal recurso, la depuración y control del Derecho en su aplicación por los Tribunales de instancia, asegurando que sus decisiones sean conformes a la Ley, y unificando la interpretación jurisprudencial, y que, como tal recurso, en su regulación por las leyes procesales, por su carácter limitado y especial naturaleza, está enmarcado con la presencia de ciertos formalismos que regulan su contenido, exige que para la debida efectividad de dicho derecho a la tutela judicial efectiva, la interpretación legal de las normas procesales se realice en el sentido más favorable a su efectividad, no convirtiendo toda irregularidad procesal en un obstáculo insalvable y enervante para la prosecución del procedimiento debiéndose de favorecer la consecuencia de la finalidad prioritaria del proceso, que es la obtención de una resolución de fondo, y teniendo, por tanto, que evitarse las interpretaciones restrictivas que cercenen la admisión del recurso extraordinario, y eludir cualquier exceso formalista que actúe como mero obstáculo procesal; por lo que, en definitiva, sólo el incumplimiento grave y cierto de ritos procesales esenciales, por atacar radicalmente y sin posibilidad de enmienda las normas imperativas que ordenan el procedimiento de casación, es el que puede determinar la declaración de su inadmisión, mientras que si se trata de meras irregularidades instrumentales de contenido menor y de alcance limitado, no pueden determinar el rechazo de la admisibilidad, por ser actos imperfectos que no afectan al contenido esencial del recurso, y que, únicamente, en casos muy determinados requieren si fuera preciso, según criterio judicial ponderado, de una subsanación convalidante de la referida irregularidad, que debe impulsar de oficio el Tribunal, con mayor razón aún, en el ámbito de la casación penal interpuesta por un condenado por delito, en que han de adoptarse los criterios de la máxima amplitud, porque se dirige al buen fin de evitar la definitiva imposición de penas o sanciones penales, que limitan esenciales derechos humanos (doctrina, la expuesta, coincidente con la formulada de manera general en las Sentencias de este Tribunal 65/1983, de 14 de marzo; 57/1984, de 10 de mayo; 69/1984, de 11 de junio, y, especialmente, para la casación penal, en los núms. 17/1985, de 9 de febrero; 60/1985, de 6 de mayo, y la de 8 de octubre de 1985).
1.° Anular el acuerdo dictado el 5 de julio de 1984 por el excelentísimo señor C. G. . P. R. M., en cuanto privó al recurrente en amparo de la posibilidad de interponer recurso de casación contra la Sentencia dictada por un Consejo de Guerra en Alcalá de Henares, el 21 de mayo anterior, condenándole como autor de un delito de deserción militar.
2.° Reconocer el derecho del recurrente a tener por preparado dicho recurso de casación, y a que le sea admitido, para posteriormente poder interponerlo ante el Consejo Supremo de Justicia Militar.
3.° Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse dicho acuerdo de 5 de julio de 1984.
ATS 1192/2016, 30 de Junio de 2016

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