Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632260.html
Timestamp: 2019-03-19 19:40:08+00:00

Document:
as201632260
Auto Supremo Nº 260/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-TJA.388/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 86 a 88 vta., interpuesto por Roger Antonio Almazán Farfán, en representación legal de la Empresa Tarijeña de Gas (EMTAGAS), contra el Auto de Vista Nº 206/2015 de 9 de octubre de fs. 77 a 81 y vta., pronunciado en la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso social de reliquidación de derechos laborales y beneficios sociales, seguido por Isabel Shara Fernández Galarza de Domínguez, contra la empresa recurrente, el Auto a fs. 90 y vta. que concedió del recurso; los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Bermejo Tarija, emitió la Sentencia Nº 70/11 de 5 de diciembre de 2011 que discurre de fs. 50 a 52, declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 17 a 20, disponiendo que la empresa demandada cancele a la actora la suma de Bs.9.927,63.- (nueve mil novecientos veinte y siete, 63/100 Bolivianos), por concepto de subsidio de frontera y refrigerio correspondiente al mes de enero del año 2011, más la multa del 30% conforme a Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.
En grado de apelación (recurso formulado por la empresa demandada de fs. 54 a 55 y por la actora de fs. 58 a 60 vta.), y por el Auto de Vista Nº 206/2015, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, CONFIRMÓ PARCIALMENTE la sentencia apelada, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y “deliberando en el fondo Falla declarando probada en parte la demanda de fs. 17 a 20, disponiendo que la parte demandada cancele a favor de la actora la suma de Bs.11.173,69 (Bolivianos once mil ciento setenta y tres, 69/100) por concepto de desahucio, indemnización, subsidio de frontera, aguinaldo de enero/2011, bono de antigüedad, vacación y refrigerio” (sic), más la multa del 30% sobre el saldo deudor a determinarse en ejecución de sentencia en aplicación del DS Nº 28699.
Que, contra el referido auto de vista, Roger Antonio Almazán Farfán, en su condición de Gerente y Representante Legal de EMTAGAS, interpuso recurso de casación en el fondo cursante de fs. 86 a 88 vta., expresando en lo principal lo siguiente:
Citando los arts. 250 y 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC), acusó interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley con relación a: 1.- Bono o Subsidio de Frontera, manifestando que el auto de vista impugnado señala erróneamente como hecho probado que no se incluyó el bono de frontera, cuando en la cláusula tercera de los contratos suscritos entre EMTAGAS y la demandante, consta que EMTAGAS reconocerá al contratado por sus servicios prestados una remuneración mensual del Bs.1.300.- “donde se encuentra incluidos el bono de frontera, categoría, otros bonos y beneficios mensuales que por ley le corresponden” (sic), contrato que a decir del recurrente, tiene fuerza de ley entre las partes contratantes conforme al art. 519 del Código Civil (CC) y de ninguna manera “ha sido de nulo por la actora ni ha manifestado que ha sido presionada a suscribir el mismo” (sic), siendo de conocimiento de la demandante que en su salario ya estaba incluido el bono de frontera, por lo que no se podía incluir nuevamente este aspecto en el salario indemnizable conforme lo hizo el auto de vista recurrido.
2.- Al bono de antigüedad, teniendo en cuenta que la Resolución Ministerial Nº 632 de 7 de diciembre de 2007 establece que el único documento oficial válido para la cancelación de este bono, es el Certificado de Calificación de Años de Servicio (CAS) que no fue presentado por la demandante, mal podía exigirse que la empresa cancele este bono, más aún si se tiene en cuenta que EMTAGAS ostenta la calidad de empresa pública de servicios descentralizada, integrada por tres entidades del Estado como son la Gobernación Autónoma del Departamento de Tarija, la Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), existiendo por tanto una errónea interpretación y aplicación indebida de la ley, al disponer que la empresa demandada cancele el bono de antigüedad, no pudiendo aplicarse el art. 4 del DS Nº 28699 que establece el Principio in dubio pro operario (aplicación de la norma más favorable al trabajador en caso de existir duda sobre una norma), pues en este caso no existe duda alguna sobre una norma, lo que existió fue negligencia de la trabajadora para presentar el documento que haga posible el pago del derecho a antigüedad, por lo que no corresponde que el auto de vista realice una re liquidación de los beneficios sociales.
3.- A la multa del 30%, pues no corresponde por que el finiquito de 10 de febrero de 2011, porque fue cancelado dentro del término de 15 días señalado por el DS Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992 cuyo art. 1 establece dicho término para la cancelación de beneficios sociales que no incluyan subsidios adicionales, aclarando que estos beneficios sociales ya fueron cancelados y que a la trabajadora no le correspondería el pago del subsidio adicional.
Con los fundamentos anotados solicita que previo el cumplimiento de los arts. 259 y siguientes del CPC, este Tribunal Supremo de Justicia emita Auto Supremo casando el auto de vista recurrido conforme dispone el art. 271.4 de la ley adjetiva.
CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 86 a 88 vta., para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:
El representante de la entidad recurrente acusa “interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley con relación al bono o subsidio de frontera, bono de antigüedad y la mula de 30%”(sic). Sin embargo, teniendo en cuenta que la interpretación errónea y la aplicación indebida que se encuentra prevista en el art. 253.1 del CPC y que está presente cuando se infringen normas sustantivas por haber interpretado erróneamente sus preceptos y aplicado a hechos no regulados por ellas; lo correcto sería que el recurrente haya manifestado que existió interpretación errónea y aplicación indebida sobre la normas sustantivas que regulan el pago del bono de frontera, bono de antigüedad y la multa del 30% sobre el monto que debe ser cancelado al trabajador.
No obstante la deficiencia en la técnica recursiva del recurso en estudio, se observa en aplicación del art 180.I de la CPE, y se ingresa al fondo a efecto de resolver la causa y brindar una respuesta razonada al recurrente.
Al efecto antes indicado, se tiene que el DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, instituyó el subsidio de frontera a ser pagado a los funcionarios y trabajadores del sector público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los 50 kilómetros lineales de la frontera internacional, disponiendo el art. 12: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un subsidio de frontera cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual”. (Negrillas han sido añadidas). La norma glosada entonces establece que sobre el salario mensual, existirá un incremento del 20% para aquellos trabajadores que desempeñen su labor dentro de los 50 kilómetros lineales de la frontera internacional.
En autos, conforme consta en el contrato de trabajo que discurre a fs. 3 y vta., suscrito entre la demandante y la empresa hoy recurrente, en su cláusula tercera consta: “(REMUNERACION).- EMTAGAS reconocerá a la CONTRATADA por sus servicios prestados, una remuneración mensual de UN MIL TRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs.1.300) donde se encuentran incluidos el bono de frontera, categoría, otros bonos y beneficios mensuales que por ley le corresponde”(sic), cláusula que en virtud a la disposición del art. 4º de la LGT que señala: “Los derechos que esta Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en contrario”(sic), resulta nula de pleno derecho, habida cuenta que, no puede pactarse que dentro del salario mensual establecido se incluya el bono de frontera y otros bonos y beneficios mensuales, pues los derechos del trabajador no pueden estar librados a la voluntad de las partes, no siendo evidente lo manifestado en el recurso en sentido de que el contrato de trabajo tiene fuerza de ley entre las partes contratantes conforme al art. 519 del Código Civil (CC), teniendo en cuenta que el contrato de trabajo se encuentra amparado por la LGT y de ninguna manera pueden aplicarse a él las normas del CC, es así que el art. 6 de la ley señalada prevé: “El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito, y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba. Constituye la ley de las partes siempre que haya sido legalmente constituido, y a falta de estipulación expresa, será interpretado por los usos y costumbres de la localidad” (Las negrillas son añadidas), dentro de este mismo marco legal, el art. 5 del DS Nº N° 28699 de 1 de mayo de 2006 estipula: “Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente” (Las negrillas fueron añadidas). Al haberse pactado que dentro del salario se incluía el subsidio de frontera y de admitir tal situación, se estaría atentando contra lo establecido en el DS Nº 21137.
Consiguientemente, cuando el auto de vista recurrido dispuso el recalculo del sueldo promedio indemnizable, lo hizo en una correcta y legal interpretación del tantas veces citado DS 21137, así se concluye de la revisión de las últimas tres boletas de pago cursantes de fs. 9 a 11, en las que se consigna como salario básico el monto de Bs.1456 (Bolivianos mil cuatrocientos cincuenta y seis) y Bs.0.00 como bono de frontera, entendiéndose entonces que sobre el salario básico debía establecerse el bono de frontera en el monto equivalente al 20%, monto que sumado al salario mensual, arrojaría una suma promedio indemnizable diferente a la calculada en el finiquito a fs. 16 y que incidiría sobre el monto calculado para el desahucio, indemnización por tiempo de trabajo, agüinado y vacación. De esa manera obró el tribunal ad quem, por lo que no se encuentra en la resolución recurrida en casación interpretación errónea o aplicación indebida de la norma sustantiva constituida en este caso por el DS que regula el pago del subsidio o bono de frontera.
En cuanto al bono de antigüedad se refiere, es menester mencionar que el Artículo 60 del DS N° 21060 de 29 de agosto de 1985, establece la escala porcentual de aplicación del bono de antigüedad aplicable a todos los sectores laborales. Por su parte el DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985 determinó que el bono de antigüedad a que se refiere el art. 60 antes citado, se aplicará sobre el salario mínimo nacional. En consecuencia el “bono de antigüedad”, que a decir del tratadista Jorge Machicado, en su libro Beneficios sociales del trabajo, es una “Remuneración extraordinaria por haber cumplido un determinado número de años de trabajo continuo y que se plasma en un aumento de sueldo…”(sic).
Este bono entonces resulta ser una remuneración adicional lograda por el trabajador por la antigüedad y experiencia que el mismo adquiere en beneficio de la empresa, derecho comprendido y regulado –como se tiene dicho-, por el DS Nº 21060. Otro concepto a decir de Machicado, es que, “La antigüedad laboral es el conjunto de derechos y beneficios que el trabajador tiene en la medida de la prestación cronológica de sus servicios en relación con determinado empleador, cuya permanencia y continuidad se determina a partir del instante en que el obrero comienza a prestar el servicio”(sic).
Establecida entonces la naturaleza jurídica del bono de antigüedad, sin duda, se afirma que este derecho no puede ser soslayado por el empleador EMTAGAS, so pretexto que la trabajadora no presentó el CAS instituido por la Resolución Ministerial Nº 632 de 7 de diciembre de 2007 como el único documento oficial válido para la cancelación de este bono, pues, la trabajadora desarrolló sus funciones desde el 5 de enero de 2008 hasta el 31 de enero de 2011 según consta en el finiquito elaborado por la propia empresa empleadora cursante a fs. 16, no siendo desconocido para EMTAGAS el tiempo de trabajo desarrollado por la demandante. Este derecho no fue reconocido por el juez a quo a momento de dictar la sentencia de fs. 50 a 52, por lo que en alzada el tribunal de apelación remedió este yerro aplicando de manera correcta la ley citada en este acápite, no correspondiendo otorgar la razón al recurrente en su impugnación.
Sobre el reclamo en sentido de que EMTAGAS ostenta la calidad de Empresa Pública de Servicios descentralizada, integrada por tres entidades del Estado como son la Gobernación Autónoma del Departamento de Tarija, la Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija y YPFB existiendo por tanto una errónea interpretación y aplicación indebida de la ley, al disponer que la empresa demandada cancele el bono de antigüedad, no corresponde resolver nada al respecto, ello debido a que fue la propia empresa quién finiquitó a la trabajadora demandante y sobre todo porque este aspecto no fue objeto de agravio en el recurso de apelación formulado de fs. 54 a 55, por lo que en aplicación del art. 258.2 del CPC, no le es permitido al recurrente alegar este extremo.
Finalmente, a cerca de la multa del 30%, que, conforme el art 1 del DS Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992, debe ser cancelada sí es que el pago de beneficios sociales no se efectúa en el término de 15 días, el tribunal ad quem, determinó en su resolución “la multa del 30% sobre el saldo deudor, a determinarse en ejecución de sentencia”, hecho que importa este pago únicamente sobre el monto que resulte de la diferencia entre el monto cancelado conforme al finiquito de fs. 16 y el monto reliquidado en el auto de vista impugnado.
Por lo anteriormente expresado y al no haberse determinado la aplicación de la multa sobre el monto total que corresponde cancelar a EMTAGAS a favor de la trabajadora, no ha existido interpretación errónea, menos aplicación indebida del DS Nº 23381
Se concluye entonces que resultan no ser evidentes las transgresiones denunciadas por el representante de la entidad demandada, hoy recurrente, pues el tribunal de alzada al confirmar parcialmente la sentencia de fs. 50 a 52 del expediente, pronunciada por el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Bermejo, aplicó correctamente las normas en las que basa su resolución, deviniendo el recurso en Infundado.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025, declara INFUNDADO el recurso deducido por Roger Antonio Almazán Farfán, en representación legal de EMTAGAS, cursante de fs. 86 a 88 vta.

References: Resolución 
in dubio
 resolución 
 resolución 
 Artículo 60
 Resolución 
 resolución