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Segundo proyecto de constitución. Leído en la Sesión del Congreso del 3 de noviembre de 1842.
3 de noviembre de 1842
SALA DE COMISIONES DEL SOBERANO
Señor: (1)
La Comisión de Constitución ha vuelto a encargarse del arduo y difícil trabajo que el Congreso le encomendara, y presenta con desconfianza y respeto el resultado de sus tareas. (2)
Ilustrada la materia por la discusión luminosa que acabamos de presenciar en el seno del Congreso, y deseosos de complacer en todo sus deseos y demostrar nuestra deferencia ilimitada a ellos, no sólo hemos procurado aprovechar las observaciones hechas, sino que nos resolvimos al sacrificio de nuestras propias ideas, conviniendo todos en que el proyecto contendría únicamente lo que aprobase la mayoría de los individuos de la Comisión, y sujetándonos a que si alguno de nosotros disentía, no formaría por esto voto particular, sino que se reservaría el derecho de impugnar y de votar en el sentido de sus opiniones como un simple diputado. (3)
Con esta resignación creímos llenar del todo los deseos manifestados constantemente porque la Comisión no estuviera dividida, y el Congreso recibirá nuestra sumisión como una escasa compensación de la debilidad de nuestras luces y capacidad. Pero debemos decir, que si bien cada uno de los individuos que suscribimos, disiente en algunos artículos y desea algunas adiciones, todo sobre puntos de más o menos importancia, en cuanto a la gran mayoría de los artículos y a las ideas fundamentales, estamos completamente de acuerdo.
Muy profundo es en la Comisión el sentimiento de los defectos y de la imperfección de su obra: con un tiempo menos angustiado, ella misma habría procurado mejorar algunas de las partes que reconoce necesitan más detenimiento y estudio para ser debidamente trazadas.
Mas no es conveniente olvidar que sólo aspira a presentar un conjunto de ideas que puedan facilitar la discusión, y que únicamente de ésta o de la cooperación de todos los esfuerzos y de todas las luces de los señores diputados, podrá aguardarse la formación de un Código constitucional tan sabiamente combinado, como lo aguarda la Nación, cuyas nobles esperanzas por cierto no serán frustradas.
En cuanto a la exposición del sistema adoptado por la Comisión, y de sus más importantes desarrollos, no le fue dado hacerlo en los pocos días de que pudo disponer: a más, supuesta la discusión que antes pasara sobre la misma materia, muy fácil es conocer la naturaleza de los principios adoptados, y la Comisión lo hará muy ampliamente en los debates, cuyo día no quiere retardar con trabajo alguno. Por lo mismo presenta desde luego las bases que deben servir para la deliberación en general, y reservándose para después el despacho del expediente que el Gobierno le pasó, relativo a la condición de los extranjeros, concluye presentando al Congreso los principios y proyectos que siguen: (4)
BASES EN QUE DESCANSA LA CONSTITUCIÓN
1a. La forma de gobierno, que es la de República Mexicana, representativa popular.
2a. La organización política, que consiste en la distribución y división del Poder público.
3a. Efectos de la Constitución, designando como principales, la condición de los habitantes de la República: garantías individuales: amplitud la mayor respectiva de los Poderes generales y locales; un Poder regulador.
Los representantes de la Nación Mexicana, reunidos en Congreso extraordinario, la constituyen en una República representativa popular, bajo la forma que determina la siguiente
De la Nación mexicana y su territorio
Artículo lo. Son partes integrantes de la Nación, los Departamentos siguientes: Acapulco, Californias Alta y Baja, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo-León, Nuevo-México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas, Veracruz, Xalisco, Yucatán y Zacatecas con Aguascalientes, y ninguna extensión de este territorio podrá ser enajenada ni hipotecada.'
Artículo 2o. Los límites de estos Departamentos se arreglarán por convenios amistosos; mas si hubiere diferencia que se verse sobre un punto legislativo, decidirá el Congreso general, y si fuere contencioso, fallará la Suprema Corte de Justicia. (6)
De los habitantes de la República, sus derechos y obligaciones
Artículo 3o. Son habitantes de la República, todos los que estén en puntos que ella reconoce por de su territorio, y desde el momento en que lo pisan quedan sujetos a sus leyes, y gozan de los derechos que respectivamente se les concedan. (7)
Artículo 4o. Son mexicanos:
I. Los nacidos en el territorio de la Nación.
II. Los nacidos fuera de él, de padre o madre mexicanos.
III. Los no nacidos en el territorio de la Nación, que estaban avecindados en él en 1821 y que no han perdido la vecindad.
IV. Los que habiendo nacido en el territorio que fue parte de la Nación, han continuado en ésta su vecindad. (8)
V. Los extranjeros que obtengan la naturalización conforme a las leyes.
VI. Los que adquieran bienes raíces en la República.
Artículo 5o. La cualidad de mexicano se pierde por naturalización en país extranjero y por servir al gobierno de otra nación o admitir de él alguna condecoración o pensión. (9)
Artículo 6o. Una ley general arreglará la condición de los extranjeros. (10)
Artículo 7o. Todo mexicano que haya cumplido la edad de 18 años, siendo casado, o la de 21 si no lo ha sido, y que tenga ocupación y modo honesto de subsistir, está en ejercicio de los derechos de ciudadano. Desde el año de 1850 en adelante, además de dicho requisito es necesario que sepa leer y escribir. (11)
Artículo 8o. Este ejercicio se pierde por sentencia judicial que imponga pena infamante, y se suspende por el oficio de doméstico cerca de la persona, o ser ebrio consuetudinario o tahúr de profesión, vago o mal entretenido; por tener casas de juegos prohibidos; por el estado religioso o de interdicción legal; por no desempeñar los cargos de nombramiento popular, o aquellos que la ley declara no renunciables, careciendo de excusa legal calificada por la autoridad competente. La suspensión durará el duplo del tiempo que debía durar el cargo que no desempeñó. (12)
Artículo 9o. todo mexicano en ejercicio de sus derechos de ciudadano, tiene el de votar en las elecciones populares, el de ser votado en ellas y nombrado para todo otro empleo, siempre que reuniere las demás cualidades que la ley requiera, y el de ser excluido del servicio forzado en el Ejército permanente. (13)
Artículo 10. Es obligación de todo ciudadano, alistarse en la guardia nacional, adscribirse en el padrón de su municipalidad, votar en las elecciones populares, y desempeñar los cargos públicos de elección popular. (14)
Artículo 11. Tanto para privar, como para suspender a un ciudadano de sus derechos, se necesita declaración de la autoridad competente en las formas que prevenga la ley. Tampoco podrá ejercerlos, sin justificar la posesión de estado, con el documento que la ley establezca. (15)
Artículo 12. Ninguna ley podrá establecer empleos ni dignidades hereditarias, ni títulos de nobleza, ni alguna otra clase de privilegios en el orden político. (16)
Artículo 13. La Constitución reconoce en todos los hombres los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, otorgándoles en consecuencia, las siguientes garantías. (17)
I. La ley es una para todos, y de ella emanan la potestad de los que mandan y las obligaciones de los que obedecen. La autoridad pública no puede más que lo que la ley le concede, y el súbdito puede todo lo que ella no le prohíbe. (18)
II. Por ningún delito se perderá el fuero común. (19)
III. Las leyes, sea que manden, premien o castiguen, deben hacerlo con generalidad. (20)
IV. Queda prohibido todo privilegio para ejercer exclusivamente cualquiera género de industria o comercio, a excepción de los establecidos o que se establecieren en favor de los autores, introductores o perfeccionadores de algún arte u oficio. (21)
V. Quedan abolidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y ejercicio de las profesiones. (22)
VI. La enseñanza privada es libre, sin que el poder público pueda tener más intervención que la de cuidar no se ataque la moral ni se enseñen máximas contrarias a las leyes. (23)
VII. Jamás podrán establecerse tribunales especiales, ni procedimientos singulares, que quiten a los acusados las garantías de las formas comunes.(24)
VIII. Todos los habitantes de la República son libres, y los esclavos que pisen su territorio, quedan en libertad por el mismo hecho. (25)
IX. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones, y todos tienen derecho para publicarlas, imprimirlas y circularlas de la manera que mejor les convenga. (26)
X. Jamás podrá establecerse la censura o calificación previa de los escritos, ni exigirse fianza a los autores, editores o impresores, ni ponerse otras trabas que las estrictamente necesarias para asegurarse de la responsabilidad de los escritores. (27)
Solamente se abusa de la libertad de imprenta, atacando (directamente) el dogma religioso o la moral pública. Estos abusos serán juzgados y castigados por jurados de imprenta, conforme a lo que dispongan las leyes. (28)
XI. Cualquiera habitante de la República tiene derecho de viajar por su territorio, de mudar su residencia cuando le convenga, y transportar fuera de ella su persona y sus bienes, salvo en todo caso el derecho de tercero. (29)
XII. Ninguno será aprehendido, sino por los agentes o personas que la ley establezca y en virtud de orden escrita del juez de su propio fuero, o de la autoridad política respectiva y cuando contra él obren indicios por los cuales se presuma ser reo de un determinado delito que se ha cometido, y no podrá ser detenido más de ocho días por la autoridad judicial, sin proveer el auto de prisión, ni más de veinticuatro horas por la política, la cual lo entregará dentro de ellas a su juez con los datos que tuviere. (30)
XIII. La detención y prisión se verificarán en edificios distintos; y una y otra son arbitrarias desde el momento que excedan los términos prescritos en la Constitución. Ni el detenido, ni el preso deben ser custodiados fuera de la residencia del juez que ha de juzgarlos, ni preso en otro edificio que el que señalare su juez, conservándose allí a su absoluta disposición. (31)
XIV. Son responsables de detención arbitraria, las autoridades que la ejecutan y las que dejan este delito sin castigo. (32)
XV. Nadie puede ser declarado bien preso, sino por un auto motivado, del que se dará copia al reo y a su custodio, y después de practicada una información sumaria, en la que se haya oído al primero y se le haya instruido de la causa de su prisión y del nombre de su acusador, si lo hay, y de la que resulte que se cometió un delito determinado, y que haya al menos una semiplena prueba para creer que el acusado lo cometió. (33)
XVI. Nunca se podrá usar de tormento para el castigo de los delitos, ni de alguna otra especie de apremio para su averiguación. Ninguno podrá ser declarado confeso de un delito, sino cuando él lo confesare libre y paladinamente en la forma legal. (34)
XVII. Ni a los detenidos, ni a los presos, puede sujetarse a tratamiento alguno que importe una pena. La ley especificará los trabajos útiles a que los jueces pueden sujetar a los formalmente presos para su ocupación y los medios estrictamente necesarios para la seguridad de las prisiones. (35)
XVIII. En los procesos criminales ninguna constancia será secreta para el reo: ninguna ley quitará a los acusados el derecho de defensa ni lo restringirá a ciertas pruebas, a determinados alegatos, ni a la elección de tales personas.(36)
XIX. Todos los procedimientos serán públicos después de la sumaria, a excepción de los casos en que lo impidan la decencia o la moral, y todos los jueces de derecho serán responsables. (37)
XX. La aplicación de las penas es propia de la autoridad judicial, y la política sólo podrá imponer en el castigo de las faltas de su resorte, las pecuniarias y de reclusión para que expresamente la faculte la ley, y en los casos y modo que ella determine. (38)
XXI. Quedan prohibidas la confiscación, la infamia trascendental, la marca, los azotes y la mutilación. (39)
XXII. Para la abolición de la pena de muerte, se establecerá a la mayor brevedad el régimen penitenciario; y entretanto queda abolida para los delitos puramente políticos, y no podrá extenderse a otros casos, que al salteador, al incendiario, al parricida y al homicida con alevosía o premeditación. (40)
XXIII. Ninguna casa puede ser cateada sino por los funcionarios a quienes la ley cometa esa atribución, y previa la orden por escrito del juez competente, dada en virtud de una información de que resulte semiplena prueba de que en ella se comete algún delito, o se ocultan las pruebas de él o la persona del delincuente. (41)
XXIV. La propiedad queda afianzada por esta Constitución: en consecuencia, a ninguna persona ni corporación eclesiástica o secular, que exista legalmente, puede privársele de la suya, ni turbársele en el libre uso y aprovechamiento de ella, ya consista en cosas, en acciones, en derechos o en el ejercicio de alguna profesión o industria. Cuando algún objeto de utilidad pública exigiere su ocupación, el interesado será previamente indemnizado. Una ley constitucional dispondrá el modo de proceder en tales casos. (42)
Artículo 14. Las garantías establecidas por esta Constitución son inviolables: cualquiera atentado cometido contra ellas, hace responsable a la autoridad que lo ordena y al que lo ejecuta: debe ser castigado como un delito común cometido con abuso de la fuerza. Esta responsabilidad podrá exigirse en todo tiempo y a toda clase de personas, y no podrá recaer sobre los culpados ni indulto ni amnistía, ni cualquiera otra disposición, aunque sea del Poder Legislativo, que lo sustraiga de los tribunales o impida que se haga efectiva la pena. (43)
Artículo 15. Dichas garantías alcanzan a todos y cada uno de los habitantes de la República, y su observancia obliga a todas y cada una de las autoridades de ella. (44)
Del poder electoral y sus atribuciones
Artículo 16. Los ciudadanos mexicanos ejercen de derecho en las elecciones primarias el poder electoral. (45)
La ley dividirá las poblaciones de la República en secciones de doscientos a mil habitantes, y en ellas los ciudadanos, por medio de boletas, nombrarán a los electores secundarios: los individuos de las milicias sobre las armas votarán en la sección de su cuartel, y no se presentarán armados ni formando cuerpo.
Artículo 17. Por cada doscientos habitantes, se nombrará un elector secundario; y para serlo se requiere saber leer y escribir, tener veinticinco años de edad y las demás cualidades que establezcan sus respectivos Departamentos. (46)
Artículo 18. Los electores secundarios reunidos, forman las juntas secundarias. Cada Departamento por una ley fijará su número y los lugares de su celebración. (47)
Artículo 19. Las juntas secundarias nombrarán sus electores para el colegio electoral de Departamento, y en ellas los electores secundarios emitirán su voto para el nombramiento de los funcionarios que deben ser electos directamente. Por cada diez mil habitantes se nombrará un elector para el colegio electoral; mas en los que conforme a esta base debiera tener el colegio menos de veinticinco electores, se alterará la base, de suerte que nunca tenga el colegio menos de ese número. (48)
Para ser elector en el colegio departamental, se necesita saber leer y escribir, tener treinta años, y las demás cualidades que exijan los Departamentos,
Artículo 20. Toca a este colegio nombrar los funcionarios que determine la Constitución, computar los votos directos emitidos por los electores secundarios, declarar la elección, si recayó en alguno la mayoría absoluta, y elegir, si ninguno la reunió, entre los que la tengan relativa. (49)
Artículo 21. Las elecciones se celebrarán en los días designados por la ley, y llegados éstos, las autoridades políticas de cada población, las mandarán hacer en ella bajo su más estrecha responsabilidad, sin esperar orden de su respectivo superior. (50)
Artículo 22. El poder electoral en todos sus grados es independiente de todo otro poder político, y a él sólo pertenece la calificación y revisión de todos sus actos. Cada reunión electoral resuelve las dudas que ocurran sobre las cualidades de sus propios miembros, y sobre la validez de las elecciones de la que precedió. (51)
Artículo 23. Ninguna elección puede considerarse nula, sino por alguno de los motivos siguientes: Primero. Falta de cualidades en el electo: Segundo. Atentado de la fuerza contra la reunión electoral. Tercero. Falta de la mayoría absoluta de los que tienen derecho de votar. Cuarto. Error o fraude en la computación de los votos. (52)
Artículo 24. Tanto las asambleas, como los demás cuerpos que desempeñen funciones electorales, observarán las siguientes reglas: cuando el elegido sea uno solo, lo nombrarán a mayoría absoluta de votos, y en caso de empate decidirá la suerte, si no se previene otra medida: cuando se proceda a segundo escrutinio, o se tenga que decidir la elección de otros cuerpos, la votación rolará entre los que tengan mayor número relativo, y si hubiere más de dos que lo tengan igual, se escogerá primero el que, o los que hayan de competir: cuando haya dos eligendos, en caso de empate, quedarán electos ambos contendientes: en el caso de que sean más de uno los eligendos, no podrá negarse a ninguna sección de electores, antes del primer nombramiento, el derecho de reunirse para nombrar a unanimidad tal número de eligendos, cual le corresponda, según la proporción en que estén el número de electores presentes y el total de los eligendos. Los electores que usaren de este derecho, quedan excluidos de votar en las elecciones de las otras partes. (53)
Artículo 25. Una ley constitucional reglamentará todos los demás puntos relativos a las elecciones de los Supremos Poderes de la Nación, con absoluta sujeción a las bases y principios consignados en este título. En las Constituciones de los Departamentos se hará el mismo arreglo, por lo que respecta a sus autoridades particulares. (54)
Artículo 26. Las elecciones de senadores se harán directamente por los electores secundarios, el primer domingo de septiembre del año anterior a la renovación, y la computación o nombramiento se hará por el colegio electoral del Departamento el último domingo de dicho mes, en cuyo día nombrará el mismo colegio los diputados. (55)
Artículo 27. El primer domingo de enero del año en que deba hacerse la renovación, los electores secundarios en las juntas secundarias, emitirán por escrito y en duplicado, sus votos para la presidencia de la República.
El tercer domingo de dicho mes, el colegio electoral del Departamento, computará los votos y hará la declaración de haber la mayoría absoluta en tal persona, o procederá a elegir según el artículo 20, y remitirá su acta y un tanto de cada voto a la capital de la República para antes del 20 de febrero.
El día 25 de ese mes, el Senado abrirá los expedientes, si hubiese al menos las tres cuartas del total, y declarará en quién recayó la elección, si alguno hubiere reunido mayoría absoluta de votos de los Departamentos; pasándolos en caso contrario a la Cámara de diputados para que elija, votando por Departamentos, entre los que tengan la mayoría relativa: en caso de empate, decidirá la misma Cámara votando por personas.
En caso de disputa sobre la elección, la que únicamente puede ofrecerse sobre la nulidad de los actos de algún colegio de Departamento y por los motivos que señala esta constitución en el artículo 23, podrá anularse el voto, si así lo acordaren los dos tercios de ambas Cámaras.
Artículo 28. El día lo. de abril tomará posesión el electo, cesando en todo caso el mismo día el que concluye. Cuando el Presidente no pudiere entrar en ese día, o si falta después temporal o perpetuamente, la Cámara de diputados, votando por Departamentos, elegirá un interino entre los senadores. En el intermedio que haya entre la falta y el nombramiento, se encargará del gobierno el presidente de la Suprema Corte.
Artículo 29. Si el Presidente faltare en el primer bienio, se hará nueva elección. En este caso, y en el de que algún trastorno impida la elección en el periodo ordinario, el Congreso fijará los días de las elecciones.
Artículo 30. Los ministros de la Suprema Corte, tanto propietarios como suplentes, serán nombrados por los colegios electorales el mismo día que se nombren los diputados, y la computación de votos y decisión en caso que ninguno hubiere reunido mayoría absoluta, se verificarán en los términos mismos prescritos para el Presidente de la República.
55 Al margen: Se reservó la discusión de este artículo y los demás del título 4 por haberlo pedido así la mayoría de la Comisión.
Religión, distribución y división de los poderes
Artículo 31. La Nación profesa la religión católica, apostólica, romana y no admite el ejercicio público de otra alguna. (56)
Artículo 32. Todos los Poderes públicos emanan de la Constitución; y su ejercicio no puede obtenerse, conservarse ni perderse sino por los medios, formas y condiciones que ella misma establece en sus respectivos casos. Ninguna autoridad, inclusa la del Poder legislativo, puede en manera alguna dispensar su observancia, ni conceder impunidad a sus violaciones para que deje de ser efectiva la responsabilidad de los infractores. (57)
Artículo 33. El Poder público se distribuye en general y departamental, en la manera que establezca esta Constitución; y tanto el uno como el otro se dividen para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y judicial; sin que jamás se puedan reunir dos o más de estos Poderes, en uno, ni delegar alguno de ellos al otro sus facultades. (58)
Organización del poder legislativo general
Diciembre 5 de 1842
Artículo 34. El ejercicio del Poder legislativo general se deposita en un Congreso nacional dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. (59)
DIVIDIDO EN TRES PARTES
Artículo 35. Cada Departamento nombrará un diputado por cada setenta mil almas, o por una fracción de treinta y cinco mil: el número de los suplentes será igual al de los propietarios. (60)
Para ser diputado se requiere: ser natural o vecino con residencia por lo menos de cuatro años, del Departamento que lo elige, haber cumplido veinticinco años y tener una renta anual efectiva que no baje de mil doscientos pesos procedente de capital físico o moral. (61)
No pueden ser electos diputados, el Presidente de la República, los secretarios del despacho y oficiales de sus secretarías, los individuos de la Suprema Corte de justicia y de la marcial, los muy reverendos arzobispos y obispos y los empleados generales de hacienda. Los Gobernadores de los Departamentos, sus secretarios, los gobernadores de mitras, provisores, vicarios generales; tampoco pueden serlo por los Departamentos a que se extienda su jurisdicción, encargo o ministerio, entendiéndose que todos los comprendidos en esta restricción pueden ser electos, pasados seis meses de haber cesado en sus funciones. (62)
Artículo 36. No se requiere el capital prefijado para que puedan ser diputados los profesores de alguna ciencia, que por espacio de cinco años hayan dado lecciones de ella en algún establecimiento público aprobado por el Gobierno, siempre que reúnan las otras cualidades. (63)
Artículo 37. Los Departamentos que nombraren menos de tres diputados, los escogerán todos de entre sus vecinos. (64)
Artículo 38. Cada Departamento elegirá dos senadores propietarios y dos suplentes. (65)
Artículo 39. Para ser senador se necesitan las mismas cualidades que para ser diputado, con la diferencia de que la edad ha de ser de treinta y cinco años, y la renta de tres mil pesos, procedente de capital físico o moral. Las personas que hubieren desempeñado alguno de los cargos siguientes: Presidente de la República, secretario del despacho del gobierno, ministro de la Suprema Corte o de la marcial, senador o diputado al Congreso general, ministro diplomático, Gobernador de Departamento o antiguo Estado, y general efectivo de brigada o división, no necesitan más renta que la de mil doscientos pesos anuales. No pueden ser senadores los que no pueden ser diputados, a excepción de los M. RR. arzobispos y RR. obispos, que pueden serlo por los Departamentos a que no se extienda su diócesis. (66)
DISPOSICIONES SOBRE AMBAS CÁMARAS
Artículo 40. La Cámara de diputados se renovará totalmente, y la de senadores por mitad cada dos años. En el primer bienio saldrán los últimos nombrados. (67)
Artículo 41. Ningún diputado ni senador puede renunciar su encargo sino por causa justa calificada por el Congreso, ni ser destituido más que en el caso de que perdiere la cualidad de ciudadano, o de que falte sin licencia tres meses consecutivos a las sesiones, ni obtener del gobierno durante su misión, condecoración, empleo, o cualquiera gracia, a excepción de los ascensos de rigurosa escala.
Sólo podrán ser empleados en comisión por el Gobierno con permiso del Congreso, suspendiéndose el ejercicio de su encargo mientras durare aquélla. Tampoco pueden funcionar en ningún otro empleo público. (68)
Artículo 42. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones y votos que emitan y publiquen en desempeño de su encargo: de suerte que en ningún tiempo, ni por autoridad alguna sea cual fuere, pueden ser reconvenidos ni molestados por ellas, bajo la pena de ser castigados los infractores como si atentaran contra el Poder Legislativo.
No pueden ser juzgados civil ni criminalmente por ninguna especie de delito, desde el día de su elección hasta dos meses después de terminadas sus funciones, sino por la Corte Suprema de Justicia, y previa, en el último caso la declaración del gran jurado. (69)
Artículo 43. Los diputados y senadores que no se presentaren a desempeñar su encargo en el término que la respectiva Cámara les señale, no gozarán de las prerrogativas que les concede esta Constitución, y quedarán además sujetos a las penas que les impongan las leyes. (70)
Artículo 44. Las sesiones ordinarias se abrirán todos los años el lo. de enero y el lo. de junio, y se cerrarán el último de marzo y de septiembre, pudiéndose prorrogar las del último periodo, por todo el tiempo necesario para concluir el arreglo de los presupuestos, las contribuciones y la revisión de las cuentas. (71)
Artículo 45. Durante el receso de las Cámaras, podrán ser convocadas a sesiones extraordinarias siempre que ocurra algún negocio urgente e imprevisto, que así lo exija a juicio del gobierno o de la comisión permanente, la que expedirá la convocatoria determinando específicamente los negocios de aquella clase que deban tratarse. Si el negocio ocurriere durante las sesiones extraordinarias, o en la prórroga del segundo periodo de las ordinarias, la declaración de urgente e imprevisto la harán ambas Cámaras. (72)
Artículo 46. En la prórroga y durante las sesiones extraordinarias, no podrán tratarse más que los asuntos para que se decretó la prórroga o la convocación; mas en todo periodo pueden ejercer, el Congreso o las Cámaras, sus funciones económicas, electorales y de jurado. (73)
Artículo 47. Durante el receso de las Cámaras habrá una comisión permanente, compuesta de cuatro diputados y tres senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras, en los últimos días de sus sesiones. (74)
Artículo 48. Corresponde a esta comisión: desempeñar la atribución de que habla el artículo 45: y las demás económicas que se fijen en el reglamento. (75)
Artículo 49. Aunque el Congreso cierre sus sesiones, continuará las suyas el Senado, ocupándose en ellas de los acuerdos que tuviere en revisión, y de los demás asuntos que pertenecieren a su conocimiento. (76)
Artículo 50. Las Cámaras residirán en un mismo lugar, y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo de verificarla." Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al lugar y al tiempo, el Presidente de la República terminará la diferencia, eligiendo precisamente uno de los dos puntos en cuestión. (78)
Artículo 51. A las resoluciones que tome el Congreso sobre su traslación o prórroga de sesiones, no podrá hacerles observaciones el Presidente. (79)
Artículo 52. La apertura y clausura de cada periodo de sesiones, se verificará con las solemnidades que prescriba el Reglamento del Congreso. (80)
Artículo 53. Corresponde la iniciativa de las leyes: al Presidente de la República, y a las Asambleas departamentales en todas materias; y a la Suprema Corte de justicia y marcial en lo relativo a la administración de su ramo. (81)
Artículo 54. No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y Judicial generales, las que se presenten firmadas por cinco diputados, las que dirigiere una Asamblea departamental sobre asuntos privativos a su Departamento, y aquellas en que estuviere de acuerdo la mayoría de las Asambleas. (82)
Artículo 55. Toda ley o decreto se iniciará precisamente en la Cámara de diputados, y a la de senadores corresponde la revisión. En ella podrá reprobar el acuerdo o reformarlo en su redacción para salvar los inconvenientes que presente; pero no podrá hacerle adiciones. (83)
Artículo 56. Para la discusión de cualquiera ley o decreto, se necesita en cada Cámara la presencia de las dos terceras partes del total de sus individuos, y el voto de la mayoría de los presentes, para su aprobación. En la segunda revisión, se requieren los dos tercios de la Cámara iniciadora, para ser reproducida y de la revisión para ser desechada. (84)
Artículo 57. Cuando el Senado apruebe o reforme una parte del proyecto, la Cámara de diputados se ocupará solamente de lo reprobado o reformado, sin poder alterar los artículos aprobados por el Senado. (85)
Artículo 58. La presentación de todo dictamen de ley en la Cámara de diputados y su discusión, deberán hacerse en dos distintos periodos de sesiones; mas en los casos de una urgencia que no admita dilación, declarándolo así previamente las dos Cámaras por dos tercios de sus individuos presentes, se podrá tomar cualquiera resolución en clase de provisional, y ésta cesará por el mismo hecho de no ser confirmada en el siguiente periodo. (86)
Artículo 59. Aprobado un proyecto y autorizado por los presidentes y secretarios de cada Cámara, se pasará al Presidente de la República para su publicación: si éste de acuerdo con el Consejo, lo devolviere dentro de diez días con observaciones, volverá a ser examinado; y aprobado de nuevo, si lo fuere, con dos tercios presentes de ambas Cámaras, pasará al Presidente de la República, quien lo publicará sin demora: pasados los días concedidos para hacer observaciones se tendrá por sancionada la ley. Los decretos del Congreso o de alguna de las Cámaras en uso de sus facultades electorales, económicas o de jurado, no están sujetos a observaciones. (87)
Artículo 60. Todo proyecto desechado o reprobado, no podrá volverse a presentar sino pasado un periodo de sesiones. (88)
Artículo 61. Se necesita el consentimiento de la mayoría de las Asambleas, para toda ley que imponga prohibiciones al comercio o a la industria, o que derogue o dispense las que existan, o que acuerde el arrendamiento de una renta general. (89)
Artículo 62. En la interpretación, modificación o revocación de las leyes o decretos, se guardarán los mismos requisitos que se observaron en su formación. (90)
Artículo 63. Cuando el Presidente disponga reglamentar a la ley, lo avisará a las Cámaras y tendrá nueve días para aquel objeto.
Artículo 64. Sancionada la ley, el Presidente la hará publicar inmediatamente en la Capital, y la circulará a los Gobernadores de los Departamentos para que se publique en las capitales y en todas las ciudades, villas, pueblos y parroquias rurales de su territorio. (91)
Artículo 65. Los decretos, cuya resolución sólo interese a personas o corporaciones determinadas, se tendrán por publicados con su inserción en los periódicos oficiales. (92)
Artículo 66. En cada paraje obliga la ley desde la fecha de su publicación en él, a no ser que ella misma prefije plazo ulterior para su observancia . (93)
Artículo 67. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. (94)
Artículo 68. Todo lo relativo a juntas preparatorias, solemnidad de la clausura o apertura de las sesiones, orden de los debates, organización de las oficinas, y a todo lo demás que toca al régimen y gobierno interior del Congreso y de cada una de las Cámaras, se fijará por el reglamento. (95)
Artículo 69. Las leyes y decretos se publicarán en la forma siguiente:
"El C.N.N. Presidente de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: que el Congreso nacional ha decretado lo siguiente: (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el cumplimiento debido." (96)
Artículo 70. Corresponde exclusivamente al Congreso nacional : (97)
I. Reprobar los estatutos de los Departamentos en la parte que pugnen con esta Constitución, o con alguna ley general. En los decretos que con tal motivo se expidan, deberá citarse el artículo constitucional, o la ley en cuya virtud se repruebe el estatuto del Departamento, e insertarse el texto del que fuere reprobado.
II. Decretar en el segundo periodo de sesiones de cada año, los gastos generales de la Nación que se han de hacer en el siguiente.
III. Decretar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el contingente de hombres respectivo a cada Departamento, y dar reglamentos y ordenanzas para su alistamiento, organización y servicio.
IV. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, prefijándole cuotas, designándole garantías para cubrirlas y dándole las bases para la celebración del contrato, quedando éste sujeto a la aprobación del Congreso, antes de ponerlo en ejecución. En casos muy urgentes lo podrá autorizar definitivamente para su celebración, bajo las condiciones expresadas, si así lo acordaren las dos terceras partes de los individuos presentes en ambas Cámaras, y en revisión las tres cuartas.
V. Reconocer la deuda nacional y decretar el modo y medios de amortizarla, sin que jamás puedan comprenderse en ella los créditos contraídos sin la debida autorización, ni aquellos que procedan de hechos contrarios a las leyes.
VI. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes Departamentos de la Nación y tribus de los indios.
VII. Aprobar o reprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con las potencias extranjeras, y señalar para ellos anticipadamente las bases, cuando fuere conveniente, por calificación del mismo Congreso.
VIII. Dar instrucciones al gobierno cuando llegue el caso de celebrar concordatos con la Silla Apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Nación.
IX. Dar el pase o retener los decretos conciliares, bulas y rescriptos pontificios, que contengan disposiciones generales o trascendentales a la Nación.
X. Decretar la guerra, aprobar o reprobar los convenios de paz, y dar reglas para conceder las patentes de corso.
XI. Habilitar puertos y establecer aduanas marítimas y fronterizas.
XII. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y decretar un sistema general de pesos y medidas.
XIII. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, y la salida fuera de ella a las tropas nacionales.
XIV. Permitir o no la estación de escuadras de otras potencias por más de un mes en los puertos mexicanos.
XV. Formar bases para la organización, equipo y disciplina de la Guardia Nacional de los Departamentos, con arreglo a los principios de su institución.
XVI. Conceder o negar la licencia al gobierno para que pueda llamar al servicio a la milicia activa.
XVII. Conceder indultos generales y amnistías, cuando no lo prohíbala Constitución.
XVIII. Crear los empleos públicos que fueren necesarios para el desempeño de las funciones cometidas a los poderes generales, suprimirlos, y aumentar o disminuir sus dotaciones.
XIX. Dar reglas generales para la concesión de cartas de naturaleza y de ciudadanía.
XX. Conceder conforme a las leyes, privilegios exclusivos por un tiempo que no exceda de 10 años, a inventores, introductores o perfeccionadores de alguna industria útil a toda la Nación, oyendo previamente a la mayoría de las asambleas de los Departamentos, y tomando en consideración el prejuicio que pueda resultar a algunos.
XXI. Admitir nuevos Departamentos incorporándolos a la Nación.
XXII. Mantener la independencia de los Departamentos por lo que respecta a su Gobierno interior, y la paz y la armonía que deben guardar entre sí.
XXIII. Fomentar la prosperidad nacional, decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora sin impedir a los Departamentos la apertura de los suyos, y establecer postas y correos.
XXIV. Fomentar y proteger la industria nacional, concediendo exenciones, o prohibiendo la importación de los artículos y efectos que la perjudiquen.
XXV. Proteger la libertad política de imprenta, bajo las bases generales establecidas en esta Constitución, de manera que jamás pueda impedirse su ejercicio.
XXVI. Proteger la educación y la ilustración, creando establecimientos de utilidad común para toda la Nación, sin perjudicar el derecho que tienen los Departamentos para el arreglo de la educación pública en su territorio, y decretar los requisitos para obtener el título de profesores en las ciencias.
XXVII. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes servicios a la República, y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes hombres.
XXVIII. Dar leyes uniformes en todos los Departamentos sobre bancarrotas.
XXIX. Hacer la reglamentación de votos en las elecciones de Presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de justicia y Marcial.
XXX. Rehabilitar a los que hayan perdido los derechos de ciudadano; mas sin que por la rehabilitación pueda restituir el derecho de obtener ningún empleo ni cargo público a los que hayan sido condenados judicialmente y en la forma legal por algunos de los delitos siguientes: por traición contra la independencia de la patria, conspiración contra el Poder Legislativo, o contra la vida del Presidente de la República, por incendiario, envenenador, asesino o alevoso; por quiebra fraudulenta, robo, prevaricación o cohecho.
XXXI. Dictar las leyes sobre negocios eclesiásticos.
XXXII. Arreglar la adquisición y conservación de la propiedad literaria.
XXXIII. Dictar las leyes y decretos que sean conducentes o necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, sin que jamás pueda traspasarlas para mezclarse en la administración y régimen interior de los Departamentos, ni atentar a las que por esta Constitución les pertenecen; ni proscribir a nadie, imponerle pena de ninguna especie directa o indirectamente, ni suspender el goce de los derechos que garantiza esta Constitución.
XXXIV. Fijar el valor y uso del papel sellado.
XXXV. Decretar lo conveniente sobre préstamo extranjero, con arreglo al artículo 61.
XXXVI. Decretar bases para la adquisición de bienes raíces por extranjeros, y arreglar en general todo lo concerniente a la colonización.
Artículo 71. Todas las atribuciones y facultades que no se otorguen específicamente al Congreso Nacional, Poder Ejecutivo y Suprema Corte de justicia, se entenderá que quedan reservadas a los Departamentos.
Artículo 72. Sólo en el caso de que la seguridad y conservación de la República lo exija imperiosamente, podrá el Congreso conceder facultades extraordinarias al Presidente, esto no lo hará sino en los casos, con los requisitos y restricciones siguientes que sean acordadas por el voto de las dos terceras partes de los individuos de ambas Cámaras, y en revisión las tres cuartas: que se concedan por tiempo limitado, a reserva de prorrogarse si conviniere, y que sólo se extienda su ejecución a determinados territorios: que sean las muy precisas para llenar su objeto, especificándose las únicas facultades legislativas que se conceden: que sólo se concedan en los casos de invasión extranjera, para cuya repulsión no basten las facultades ordinarias: que las que se concedan al Presidente, relativas a las garantías individuales, no pueden extenderse a más que a detener a las personas por el tiempo necesario para asegurar el orden público, considerándose en cuanto al tratamiento y local rigurosamente detenidas: que las autoridades o funcionarios a quienes el gobierno cometa la ejecución, sean directamente responsables por el abuso que de ellas hicieren, y por la ejecución misma de las órdenes que diere el Gobierno, excediéndose de sus facultades, si en tales casos el ejecutor de ellas no cumpliere con lo prevenido en los artículos 143 y 144: que el Gobierno responda de sus actos y del uso que hubiere hecho de las facultades extraordinarias, dando cuenta al Congreso cuando éste lo disponga.
De las atribuciones de las Cámaras
Artículo 73. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra: compeler a sus miembros respectivos al desempeño de sus deberes: calificar las elecciones de sus respectivos miembros, limitándose a examinar si en los electos concurren los requisitos constitucionales, con vista de sus credenciales y demás documentos que deben acompañar; admitir las renuncias y erigirse en gran jurado, para decretar las destituciones y declarar con lugar a la formación de causa a los individuos de la otra Cámara.
Artículo 74. Toca exclusivamente a la Cámara de diputados:
Vigilar por medio de una comisión inspectora de su seno el exacto desempeño de la Contaduría Mayor y de las oficinas generales de Hacienda: nombrar los jefes y empleados de la Contaduría Mayor: confirmar los nombramientos que haya hecho el Gobierno para primeros jefes de las oficinas generales de hacienda y de las aduanas marítimas, y erigirse en gran jurado para declarar si hay o no lugar a la formación de causa en las que se instruyan sobre delitos comunes y oficiales del Presidente de la República, de los secretarios del despacho, ministros de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial, y contadores mayores de hacienda y de los delitos oficiales que cometan los ministros y enviados diplomáticos, los gobernadores de los Departamentos por infracción de la Constitución o leyes generales, y ministros del tribunal que ha de juzgar a la Corte de Justicia.
Artículo 75. Toca a la Cámara de senadores exclusivamente: aprobar los nombramientos que haga el Poder Ejecutivo, para ministros y enviados diplomáticos, cónsules, coroneles y demás oficiales superiores del ejército permanente, de la armada y de la milicia activa: transferir la instalación del Congreso, en el único caso de que no se encuentre la mayoría de los individuos que la componen en el día en que debe verificarse: esta declaración se hará por formal decreto que se pasará al Presidente para su publicación: ejercer durante los recesos del Congreso y sólo cuando la urgencia del caso no dé lugar para reunirlo, las facultades que a éste se conceden por las fracciones IV y XXVI del artículo 70, limitándose en el ejercicio de ellas a lo muy estrictamente necesario para proveer a la necesidad del momento.
Las resoluciones que dictare el Senado, ejerciendo las facultades reservadas al Congreso, deben aprobarse por las dos terceras partes de sus individuos presentes, expedirse y publicarse por formal decreto, y convocarse en el mismo al Cuerpo Legislativo a sesiones extraordinarias, sujetándose lo decretado a su aprobación.
Artículo 76. La misma Cámara se erige en gran jurado de hecho, para declarar en los delitos oficiales del Presidente, los ministros y los gobernadores de los Departamentos si son o no reos de los delitos por que fueron declarados con lugar a formación de causa.
Poder Ejecutivo General
Artículo 77. El ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un Magistrado que se denominará Presidente de la República. Durará cinco años el primero y en lo sucesivo cuatro.
Para ser Presidente se requiere: ser mexicano por nacimiento, y tener cuarenta años cumplidos de edad al tiempo de la elección: pertenecer al estado secular y no haber sido condenado en proceso según la forma legal a una pena corporal, aunque no la haya sufrido.
Artículo 78. Son obligaciones del Presidente: guardar la Constitución y las leyes de la República, y hacerlas guardar por toda clase de personas sin distinción alguna.
Artículo 79. corresponde al Presidente de la República:
I. Publicar y circular las leyes y decretos del Congreso Nacional y del Senado en su caso.
II. Dar, con sujeción a las leyes, órdenes, decretos y reglamentos, para el mejor cumplimiento de las leyes generales.
III. Pedir a la comisión permanente que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias.
IV. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho.
V. Nombrar a los empleados y funcionarios públicos del resorte de los Poderes generales, cuyo nombramiento le corresponda por la Constitución y las leyes, con sujeción a lo que ellas mismas establezcan.
VI. Suspender de sus empleos y privar de la mitad de su sueldo hasta por tres meses, a los empleados de su nombramiento que falten al desempeño de sus obligaciones, sin perjuicio de ponerlos a disposición de los tribunales competentes con los datos necesarios, cuando éstos presenten mérito para un proceso, o en el caso de reincidencia.
VII. Dar jubilaciones y retiros y conceder licencias y pensiones, con arreglo a lo que dispongan las leyes.
VIII. Imponer multas a los que desobedezcan sus órdenes o le faltaren al respeto debido, arreglándose a lo que dispongan las leyes.
IX. Cuidar de la exactitud legal en la fabricación de la moneda.
X. Recibir ministros y demás enviados extranjeros.
XI. Cuidar de la recaudación y de que la inversión de las contribuciones generales se haga conforme a ésta Constitución y a las leyes.
XII. Dirigir en los mismos términos las negociaciones diplomáticas y las relaciones de la República con las naciones extranjeras y con la Santa Sede.
XIII. Conceder con acuerdo del Senado, el pase, o retener los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios que no se versen sobre materias generales; disentir de la opinión del Senado, para negarlo. Cuando se versen sobre asuntos contenciosos, se verá previamente a la Corte de Justicia.
XIV. Declarar la guerra en nombre de la Nación y conceder patentes de corso.
XV. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra conforme a los objetos de su institución.
XVI. Conceder cartas de naturalización.
XVII. Conceder indultos particulares en las causas que no pertenezcan a la jurisdicción de los Departamentos y conforme a las leyes.
Artículo 80. No puede el Presidente:
I. Disponer si no conforme a esta Constitución, de la fuerza armada y de la Guardia Nacional, en el interior de la República, ni mandarlas en persona.
II. Ejercer ninguna de las atribuciones sin la autorización del Secretario del despacho del ramo respectivo.
III. Hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, que se versen sobre reformas constitucionales. Tampoco puede hacerlas a los decretos que el Senado le remita para su publicación.
Artículo 81. Son prerrogativas del Presidente:
I. No poder ser juzgado civil o criminalmente durante su Presidencia, ni un año después, sino por la Suprema Corte de justicia.
II. No poder ser procesado criminalmente por delitos oficiales, cuando el hecho por el cual se le acuse, ha sido autorizado con la firma de uno de sus ministros.
Primero, los casos de infracción del artículo 80.
Segundo, los delitos de traición contra la independencia nacional, forma de gobierno establecida, y los de cohecho y soborno.
Tercero: los actos suyos encaminados manifiestamente a impedir que se hagan las elecciones de Presidente, diputados y senadores, a que éstos se presenten a servir sus destinos en las épocas señaladas en esta Constitución, a impedir a las Cámaras el uso de cualquiera de las facultades que tiene por la misma, o a coartar la libertad que ellas y sus individuos deben tener en sus deliberaciones.
Artículo 82. El Presidente interino gozará de las mismas prerrogativas, honores y consideraciones que el propietario, sin otra limitación que reducirse a dos meses el año de que habla el artículo anterior.
Artículo 83. El despacho de todos los negocios del gobierno, girará al cargo de cinco Ministros secretarios, cuya denominación y funciones se designarán por una ley.
Para ser Ministro se requiere, ser mexicano por nacimiento.
Artículo 84. Es obligación de cada uno de los ministros: presentar anualmente a las Cámaras, antes del 15 de enero, una Memoria especificativa del estado en que se hallen los ramos de la administración pública, correspondientes a su Ministerio.
El Ministro de Hacienda, presentará con ella la cuenta general de gastos del año penúltimo, el presupuesto general de los del siguiente y la iniciativa de los medios con que debe contribuirse.
Artículo 85. Ningún acto del Presidente será válido y obedecido, si no va autorizado por el ministro del ramo respectivo.
Artículo 86. Los ministros serán responsables de los actos del Presidente que autoricen con su firma contra la Constitución, las leyes generales y las Constituciones y estatutos de los Departamentos.
Artículo 87. Los ministros no pueden ser demandados civilmente, ni juzgados por sus delitos comunes desde el día de su elección, hasta dos meses después de haber cesado en sus funciones sino ante la Suprema Corte de justicia y previa, en el último caso la declaración del gran jurado. Respecto de sus delitos oficiales, se observará lo prevenido en la Constitución.
Artículo 88. El Consejo de Gobierno se compone de los mismos secretarios del despacho, reunidos en junta y deliberando a mayoría absoluta de votos. Celebrarán consejo: Primero, cuando el Presidente lo disponga. Segundo, en los negocios graves en que así lo pidiere el Ministro del ramo respectivo. Tercero, en todos los casos en que esta Constitución manda al Presidente obrar con su acuerdo y entonces estará obligado éste a sujetarse a su parecer.
De las resoluciones que se tomaren en junta de ministros, serán responsables los que las acordaren y en todos casos lo será el Ministro que las autorice.
Artículo 89. El Poder Judicial se deposita en una Corte Suprema de justicia, en los tribunales de los Departamentos y en los demás que establezcan las leyes.
Artículo 90. La Corte Suprema de justicia se compondrá de diez ministros y un fiscal propietario y seis suplentes, debiendo ser, estos últimos, vecinos del lugar en donde resida este tribunal. Para ser ministro propietario o suplente de la Corte, se requiere: ser mexicano: ser abogado recibido, y haber ejercido su profesión por espacio de diez años en la judicatura, o en el foro con estudio abierto: tener la cualidad tercera que para ser diputado exige el artículo 35, y no haber sido condenado judicialmente por algún crimen en proceso legal.
Artículo 91. Los ministros que han de asociarse a la Corte de justicia para erigirse en Corte Marcial, deberán ser generales efectivos que tengan las cualidades prescritas en el artículo anterior, excepto la segunda, y serán electos de la misma manera que los de la Corte y en número de siete propietarios y cuatro suplentes.
Artículo 92. Los ministros propietarios serán perpetuos, y los suplentes se renovarán por tercios cada dos años.
Artículo 93. Los ministros de la Suprema Corte no pueden ser juzgados por sus delitos oficiales y comunes de que sean acusados, desde el día de su nombramiento hasta seis meses después de haber cesado en sus funciones, ni en sus negocios civiles durante el mismo tiempo, sino ante el tribunal que se les designa.
Artículo 94. Son atribuciones de la Corte de justicia:
1. Conocer en todas las instancias de las causas criminales que se promuevan contra los funcionarios públicos a quienes las Cámaras declaren con lugar a formación de causa, limitándose a imponer la pena en los casos en que el Senado haga de gran jurado de hecho.
II. De los negocios civiles en que fueren demandadas las personas a quienes la Constitución concede esta prerrogativa y de aquellas en que las mismas fueren actores si el reo se lo pidiere.
III. Conocer en todas las instancias de las disputas que se promuevan y que se propongan en tela de juicio sobre contratos o negociaciones celebradas por el Gobierno Supremo o por su orden.
IV. Conocer de la misma manera de las demandas judiciales, que un Departamento intentare contra otro, o los particulares contra un Departamento, cuando se reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso.
V. Conocer de las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, crímenes cometidos en alta mar y ofensas contra la Nación; de las de los empleados generales de la Nación y de las infracciones de la Constitución y leyes según se prevenga por una ley.
VI. Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato en la Nación.
VII. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales y juzgados de diversos Departamentos o fueros.
VIII. Oír las dudas de los tribunales sobre la inteligencia de alguna ley general, y juzgándolas fundadas consultar sobre ellas al Congreso iniciando la declaración conveniente.
IX. Nombrar todos los dependientes y subalternos de la misma Corte y conocer de sus delitos oficiales.
Artículo 95. La Corte de Justicia asociándose con oficiales generales, se erigirá en Corte Marcial.
En ésta habrá siete ministros militares y un fiscal y conocerá de las causas del fuero de guerra, bajo las bases siguientes:
Primera, que los ministros militares conocerán de las causas puramente militares.
Segunda, que los ministros letrados conocerán de las civiles.
Tercera, que en las mixtas y de responsabilidad, conocerán interpolados. Una ley prescribirá la forma y modo de proceder de la Corte Marcial.
Artículo 96. No puede la Corte de Justicia:
I. Hacer por sí reglamento alguno, ni aun sobre materias pertenecientes a la administración de justicia, ni dictar providencias que contengan disposiciones generales que alteren o declaren las leyes.
II. Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de la Nación o de los Departamentos.
Artículo 97. La Cámara de diputados en la primera semana de sus sesiones ordinarias nombrará cada dos años veinticuatro individuos que tengan los mismos requisitos que se necesitan para ser ministros suplentes de la Suprema Corte, y cuando fuere necesario de entre ellos se sacarán por suerte los jueces y fiscal de dicho tribunal, cuya organización y modo de proceder fijará la ley.
Artículo 98. No pueden los ministros:
I. Tener comisión alguna del Gobierno sin permiso del Congreso.
II. Ser apoderados, asesores, árbitros o arbitradores, ni ejercer la abogacía.
De la administración interior de los Departamentos
Artículo 99. La administración interior de los Departamentos estará al cargo de sus asambleas, gobernadores y tribunales, sin que en caso alguno puedan reunirse las atribuciones que peculiarmente corresponden a cada uno según esta Constitución.
Artículo 100. Son obligaciones comunes a cada uno de los Departamentos: organizar su administración interior, sin oponerse a esta Constitución ni a las leyes que diere el Congreso nacional; cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución y las leyes, decretos y disposiciones que los Poderes Supremos dictaren en virtud de sus facultades, y hacer efectivas las garantías individuales otorgadas a los habitantes de la República; remitir al Congreso y al Gobierno copia autorizada de sus Constituciones y estatutos; observar estrictamente el principio de que en cada Departamento debe prestarse entera fe y crédito a todos los actos públicos de las autoridades de los demás; de que exceptuando la opción de los empleos que exijan vecindad anterior, no hay diferencia alguna entre los ciudadanos de los diversos Departamentos, y que ninguna disposición puede evitar se realice la responsabilidad que hubiere contraído en alguno de ellos.
Artículo 101. Se prohíbe a los Departamentos: tener en ningún tiempo tropa permanente, ni buques de guerra sin consentimiento del Congreso; entrar en transacciones o contratos con alguno de los otros Departamentos, sin el consentimiento del mismo, ni llevarlo a efecto sin su aprobación, cuando la transacción fuere sobre límites.
Artículo 102. Todos los funcionarios públicos y empleados del orden político, civil y común judicial de los Departamentos, estarán subordinados inmediatamente a las autoridades respectivas de los mismos.
Artículo 103. En cada Departamento habrá una asamblea elegida popularmente y renovada en los periodos que fije su Constitución. El número de sus individuos no podrá exceder de quince, y deberán tener como requisito para ser electos una renta anual al menos de mil pesos.
Artículo 104. La primera asamblea constitucional de los Departamentos formará su respectiva Constitución y reglamento de debates dentro del término de un año.
Artículo 105. Se prohíbe a las asambleas departamentales lo que está prohibido al Congreso nacional, así como también conceder en caso alguno facultades extraordinarias.
Artículo 106. En cada Departamento habrá un gobierno electo del modo que determine la Constitución.
Artículo 107. Toca a los gobernadores de los Departamentos: publicar las leyes y decretos del Congreso nacional, los decretos y órdenes del Presidente de la República, los estatutos de los Departamentos, y hacerlos cumplir dentro de su territorio; hacer observaciones a los estatutos de la Asamblea dentro del término legal: cuando en su juicio aquéllos fueren contrarios a la Constitución o a las leyes generales, los devolverá a la Asamblea con sus observaciones; mas si aquélla insistiere en su acuerdo, el gobernador suspenderá absolutamente su publicación, y dará cuenta inmediatamente al Senado para que ejerza la facultad que le concede esta Constitución.
Artículo 108. Los gobernadores de los Departamentos serán el conducto necesario de comunicación con los Poderes generales de la República, en cuanto pueda pertenecer al régimen interior del Departamento, y ninguna orden que se diere salvando su conducto, será obedecida ni cumplida.
Exceptúase la correspondencia oficial de las Asambleas departamentales entre sí, la de éstas para con el Gobierno Supremo, y la de los Tribunales superiores para con la Corte de Justicia en materias judiciales.
Artículo 109. El Poder Judicial de los Departamentos residirá en los tribunales que establezcan su respectiva Constitución.
Artículo 110. Todos los negocios civiles y criminales que esta Constitución no reserva al conocimiento de la Suprema Corte, y que no estén comprendidos en los fueros eclesiásticos y militar pertenecen a estos tribunales, y serán fenecidos en ellos hasta la última instancia y ejecución de la última sentencia.
Disposiciones generales sobre la administración de justicia
Artículo 111. La aprehensión de los delincuentes se hará por los funcionarios a quienes la ley cometa este encargo, o por las personas que reciban una misión especial y por escrito de las autoridades competentes.
Exceptúanse de la disposición anterior los casos de delito in fraganti y de fuga, en los cuales cualquiera del pueblo puede aprehender a un delincuente, aunque con la obligación de ponerlo inmediatamente a disposición del juez o de la autoridad política del lugar.
Artículo 112. A los reos se les recibirá su declaración preparatoria sin juramento ni promesa de decir verdad, dentro de las veinticuatro horas siguientes al auto de prisión.
Artículo 113. En ninguna causa podrá haber más de tres instancias.
Artículo 114. Los magistrados y jueces que hubieren fallado en alguna instancia, no podrán hacerlo en otra.
Artículo 115. Toda falta de observancia en los trámites esenciales que arreglan los procesos en lo civil y criminal, produce su nulidad y hace personalmente responsables a los jueces que la cometieron. Una ley general fijará los trámites que como esenciales no pueden omitirse.
Artículo 116. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado civil ni criminalmente, sino por las leyes y en las formas establecidas con anterioridad al hecho que se juzga, quedando en consecuencia prohibida toda ley que produzca efectos retroactivos aun cuando sea con el carácter de aclaratoria.
Artículo 117. Todos los jueces están en obligación de consultar por los conductos respectivos, sobre las dudas de la ley que les ofrezcan los casos ocurrentes; pero fallando éstos antes por las reglas comunes, sin demorar la sentencia hasta obtener la aclaración.
Artículo 118. En los delitos de imprenta no hay complicidad y la responsabilidad es individual del escritor o del editor, si no exhibieren la responsabilidad.
Artículo 119. Toda prevaricación por cohecho, soborno o baratería, y las infracciones de la Constitución, producen acción popular contra los funcionarios públicos que las cometieren.
Artículo 120. La Constitución procederá a las demandas civiles y de injurias puramente personales. Los Departamentos fijarán los casos de excepción y la forma de intentarla.
Artículo 121. Los eclesiásticos y militares serán juzgados por los jueces de su fuero, en la manera que dispongan las leyes.
Artículo 122. Todos los tratados de la República, sin excepción alguna, se sujetarán a las reglas prescritas en esta Constitución para la administración de justicia, y todos motivarán sus sentencias en los diversos miembros que contengan, citando la ley, canon o autoridad en que las funden.
Artículo 123. Ninguno podrá ser destituido ni suspenso de su empleo sin ser oído, ni las formalidades que dispongan las leyes.
Artículo 124. Las rentas que forman la Hacienda pública, se dividen en generales de la Nación y particulares de los Departamentos.
Artículo 125. Son rentas generales, los derechos que el Congreso puede imponer sobre aduanas marítimas y fronterizas, correos, papel sellado y lotería; los impuestos sobre caminos y canales que son de su inspección; los bienes nacionales que no se hallen consignados al sostén de algún establecimiento público en los Departamentos; el estanco del tabaco mientras subsista, y las demás contribuciones que con el carácter de generales establezca la ley.
Al Congreso general toca decretar la inversión y contabilidad de todas las rentas generales, y organizar la recaudación de las especificadas en la fracción anterior; designando con respecto a la renta del tabaco, la intervención que deben tener en ella los Departamentos, y la parte de utilidades que debe aplicárseles.
La recaudación de las demás contribuciones para gastos generales, se hará por los Departamentos con obligación de entregar sus productos a disposición del Poder general. La ley dispondrá lo conveniente para la seguridad del entero de esos productos, pero sin mezclarse en el método que los Departamentos establezcan, para la recaudación.
Artículo 126. Las rentas particulares se forman de las contribuciones que para los gastos de su administración interior decreten las Asambleas departamentales, a quienes pertenece arreglar su recaudación, inversión y contabilidad.
La ley puede disminuir estas contribuciones cuando perjudiquen notoriamente la riqueza pública de los Departamentos; pero para este caso se necesita el voto de los dos tercios de los miembros del Congreso.
Artículo 127. Los gastos generales de la Nación y particulares de los Departamentos con las contribuciones para cubrirlos, deben incluirse todos los años en los presupuestos y cuentas respectivos; debiendo cesar al fin de cada año las contribuciones si no se renuevan.
Artículo 128. Las contribuciones deben decretarse con generalidad y sin otras excepciones que las que designe la ley o estatuto que las imponga: para su exacción no se reconoce fuero o privilegio personal.
Artículo 129. En ningún caso podrán establecerse contribuciones de las que se conocen con el nombre de préstamos forzosos, ni gravarse en lo sucesivo a los efectos nacionales y extranjeros en su circulación interior. Una ley señalará el tiempo en que deben cesarlas que existan de esta clase.
Artículo 130. De las rentas generales se formará un ramo separado, destinado exclusivamente a cubrir las indemnizaciones que la ley señale a los Poderes Legislativo y judicial de la Nación, y será privativo del Senado el arreglo de su inversión.
Artículo 131. El ejército de la República se compone de la milicia permanente y activa de mar y tierra, bajo la organización que le dieren las leyes.
Artículo 132. La milicia activa de mar y tierra permanecerá en asamblea, y no se pondrá sobre las armas sino en virtud de una ley que fijará su número, la clase y tiempo del servicio que deba prestar, según su instituto.
Artículo 133. La guardia nacional de los Departamentos quedará destinada exclusivamente a defender dentro de su respectivo territorio la independencia nacional, en caso de invasión extranjera. Esta guardia no hará otro servicio ordinario que el de asamblea, y no gozará fuero.
Artículo 134. Los cuerpos de una clase no pueden convertirse en la de otra, y los de la milicia activa no permanecerán sobre las armas, ni percibirán pago sino mientras llenaren el deber para que fueron llamados.
Artículo 135. Las bajas de la milicia permanente se cubrirán por medio de reemplazos sacados proporcionalmente de los Departamentos. A sus Asambleas respectivas corresponde exclusivamente arreglar el sistema de reemplazos, observando como reglas invariables, que jamás se recluten por medio de levas, y que se otorguen justas excepciones.
Artículo 136. Para la orden de policía y recta ejecución de justicia, habrá en las poblaciones de cada Departamento el número de gendarmes que establezcan sus respectivas Asambleas, en cuanto basten para el objeto de su institución, quedando al Congreso general la facultad de disminuir el número, cuando algún Departamento se exceda, aplicándola a otros objetos; y también estarán los gendarmes inmediata y exclusivamente subordinados a las autoridades policíacas o judiciales de su Departamento.
De la Constitución De su observancia
Artículo 137. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y será responsable de las infracciones que cometa o que no impida, pudiendo y debiendo hacerlo. El Presidente de la República jurará ante el Congreso.
Artículo 138. Todo funcionario publico tiene responsabilidad sobre sus faltas contra la Constitución y queda sujeto a la residencia y visita en los casos y forma que dispongan las leyes.
De su conservación
Artículo 139. La conservación de la Constitución pertenece a los Supremos Poderes de la Nación y a los Departamentos.
Artículo 140. Corresponde a la Cámara de Diputados declarar la nulidad de los actos de la Corte Suprema de justicia o de sus salas, en el único caso de que usurpe las atribuciones de otros Poderes, o invada las facultades expresamente cometidas a tribunales departamentales o a otras autoridades.
Artículo 141. Corresponde al senado: declarar la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo cuando sean contrarios a la Constitución general, particular de los Departamentos, o a las leyes generales: declarar a petición de la mayoría de las Asambleas departamentales, que el Presidente se encuentra en el caso de renovar del todo o parte del ministerio según fuesen los términos de la petición: resolver definitivamente las dudas que les propongan los gobernadores en el caso del artículo 107, precisamente dentro de los quince días de su recibo.
Artículo 142. Corresponde al Presidente de la República, estando en el ejercicio legal de sus funciones, restablecer el orden constitucional cuando hubiere sido disuelto el Poder Legislativo, para cuyo efecto podrá dictar todas las providencias que fueren conducentes.
En tal evento, quedará la omnímoda administración interior de los Departamentos exclusivamente al cargo de sus autoridades respectivas, aunque con la estrecha obligación de facilitar los recursos, auxilios y cooperación que sean necesarios y conducentes para el restablecimiento del orden.
Artículo 143. Corresponde a la Suprema Corte de justicia y a los funcionarios públicos con quienes el Gobierno Supremo puede entenderse directamente, suspender por una sola vez, la ejecución de las órdenes que les dirija, cuando ellas sean contrarias a la Constitución o leyes generales.
Los gobernadores ejercerán además aquel derecho, cuando las órdenes fueren contrarias a la Constitución de su Departamento, y los tribunales superiores la ejercerán en los mismos casos respecto del Gobierno y de la Suprema Corte de justicia.
Artículo 144. Las autoridades y funcionarios que se encuentren en alguno de los casos del artículo anterior, deberán hacer inmediatamente sus observaciones al Gobierno o Corte de justicia, según convenga, y al mismo tiempo darán cuenta al senado con todos los antecedentes, bajo su más estrecha responsabilidad.
Artículo 145. Las declaraciones que hicieren las Cámaras en su caso, usando de las facultades que se les conceden, deben acordarse por el voto de las dos terceras partes de sus individuos, darse dentro de seis meses contados desde el día en que se comunique a las autoridades respectivas la resolución de que se trate, y publicarse por formal decreto conforme a las reglas prescritas.
Artículo 146. Las declaraciones de nulidad que hiciere el senado conforme al artículo 141, se publicarán y circularán por su presidente, y las de la Cámara de diputados, lo serán por el Presidente de la República.
Artículo 147. Declarada la nulidad de algún acto del Poder Ejecutivo o judicial, se mandarán los datos consiguientes a la autoridad que corresponda para los efectos a que hubiere lugar.
Artículo 148. Las declaraciones que hicieren las Cámaras en los casos y formas prevenidas, serán obedecidas y cumplidas por las autoridades de la República a quienes toque su observancia, bajo su más estrecha responsabilidad; y los Departamentos dictarán todas las providencias, y facilitarán los auxilios que se les exijan para que aquellas tengan su más puntual y cumplida ejecución.
Artículo 149. Para la conservación de las instituciones, la Nación declara: que el ejercicio de sus derechos soberanos no existe en otra forma que en la del sistema representativo republicano popular, adoptado por ella y consignado en su pacto fundamental: y que todo acto atentatorio contra las disposiciones constitucionales es nulo, y lo son también todos los que los Poderes hagan, aun dentro de la órbita de sus funciones, accediendo a peticiones tumultuarias.
Artículo 150. Todo acto de los Poderes Legislativo o Ejecutivo de alguno de los Departamentos que se dirijan a privar a una persona determinada de alguna de las garantías que otorga esta Constitución, puede ser reclamado por el ofendido ante la Suprema Corte de justicia, la que deliberando a mayoría absoluta de votos, decidirá definitivamente de la reclamación.
Interpuesto el recurso, pueden suspender la ejecución los tribunales superiores respectivos, y tal reclamación deberá hacerse dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley u orden en el lugar de la residencia del ofendido.
Artículo 151. Si el Congreso general, en uso de su atribución, declara anticonstitucional algún estatuto de Departamento, éste obedecerá dicha disposición: si alguna de las autoridades departamentales se resiste a cumplir las disposiciones del Poder general, que debe obedecer, el Ejecutivo requerirá a las autoridades, dando parte al Congreso nacional.
Éste, por formal decreto, prevendrá a la asamblea o al gobernador, la obediencia dentro de un término perentorio, y si no se lograre, resolverá sobre el modo con que el Ejecutivo ha de proceder al restablecimiento del orden.
Artículo 152. Solamente las asambleas departamentales tienen la prerrogativa de iniciar reformas constitucionales y la Corte Suprema de justicia la tendrá en lo relativo al Poder Judicial. Nunca se podrá proponer la abolición de esta Constitución, ni variar la forma de gobierno.
Artículo 153. Las reformas se iniciarán en el segundo año de cada bienio constitucional, y el Congreso se limitará a sólo calificar las que son de tomarse en consideración. Las que fueren calificadas de este modo, se remitirán al Presidente para el solo efecto de su manifestación.
Artículo 154. Las iniciativas de reforma, así calificadas, se discutirán en el primer año del bienio inmediato; mas no serán publicadas como ley constitucional, sino hasta el fin del bienio mismo, en el cual nuevamente serán discutidas. Este orden se observará invariablemente en todas las reformas que sucesivamente se iniciaren.
Artículo 155. En la calificación y ulteriores discusiones de las iniciativas de reforma, se observarán los trámites establecidos para la formación de las leyes. El Congreso que ha de decretarlas podrá variar la redacción de las iniciativas para darle mayor claridad y perfección al proyecto; mas no podrá alterar en su sustancia.
Artículo 156. Para el aumento o disminución por agregación o división de los Departamentos que forman la República, se observará estrictamente el orden prevenido para decretar las reformas constitucionales.
Artículo 157. Los Departamentos que por la escasez de sus recursos no pudieren plantear su administración bajo el pie y forma establecidos por esta Constitución, podrán reducirla en todos sus ramos, salvando solamente los principios que el Congreso determine. Esta reducción y organización deberán fijarla en su Constitución respectiva.
Artículo 158. El Departamento de Yucatán, el de Texas, y todos los de la línea limítrofe del Norte, podrán ser regidos por leyes excepcionales, decretadas por el Congreso nacional, salvando siempre las garantías individuales y forma de gobierno.
México, noviembre 2 de 1842.
Muñoz Ledo.
(1) Al margen: Noviembre 3 de 1842. Primera lectura y se mandó imprimir.
(2) Al margen: Noviembre 7 de 1842. Se repartió a los señores diputados y se señaló el día 14 para su discusión.
(3) Al margen: Noviembre 14 de 1842. Segunda lectura y se puso a discusión en lo general.
(4) Al margen: Noviembre 15 de 1842. Continuó la discusión en lo general, y declarado suficientemente discutido, hubo lugar a votar.
(5) Al margen: Noviembre 15 de 1842. Retirado.
(6) Al margen: Noviembre 15 de 1842. Retirado.
(7) Al margen: Aprobado.
(8) Al margen: Dividido en seis partes, se aprobó la primera. Noviembre 16 de 1842. Aprobada la segunda, y en lugar de la tercera, cuarta y quinta, ésta que presentó la Comisión: "Los que hubieren adquirido o adquiriesen la naturalización." La parte sexta no hubo lugar a votar, y se acordó volviese a la Comisión.
(9) Al margen: Dividido en dos partes, se aprobaron sucesivamente con la adición al fin de "sin licencia del mexicano".
(10) Al margen: Noviembre 17 de 1842. Retirado.
(11) Al margen: Dividido en dos partes, se aprobó la primera hasta ciudadano, y la segunda no hubo lugar a votar y vuelve a la Comisión.
(12) Al margen: Noviembre 18 de 1842. Dividido en dos partes, se aprobó, excepto lo subrayado, que retiró la Comisión.
(13) Al margen: Noviembre 18 de 1842. Puesto a discusión, la Comisión lo presentó con otra redacción, y se tuvo por de primera lectura.
(14) Al margen: Reformado. Véase el segundo cuaderno, en donde consta la nueva redacción que se le dio y su aprobación.
(15) Al margen: Aprobado.
(16) Al margen: Dividido en dos partes, se aprobó la primera hasta la nobleza; y se reprobó la segunda.
(17) Al margen: Reprobado.
(18) Al margen: Dividido en partes, se aprobó hasta la palabra concede, excepto lo subrayado, que no hubo lugar a votar, y volvió a la Comisión. Noviembre 21 de 1842. Aprobado el resto.
(19) Al margen: Noviembre 22 de 1842. Aprobada.
(20) Al margen: Retirada.
(21) Al margen: Noviembre 23 de 1842. Aprobada.
(22) Al margen: Retirada.
(23) A1 margen: Dividida en dos partes, la primera no hubo lugar a votar, y vuelve a la Comisión, la cual retiró la segunda.
(24) Al margen: Noviembre 24 de 1842. Retirada.
(25) A1 margen: Aprobada.
(26) Al margen: Reformado.
(27) Al margen: Aprobada esta parte como primera de la fracción X.
(28) A1 margen: Noviembre 26 de 1842. Dividida en partes, se reprobó la primera hasta la palabra religioso: la segunda no hubo lugar a votar; y se acordó vuelva a la Comisión, cuya mayoría retiró la tercera.
(29) Al margen: Aprobada.
(30) Al margen: Aprobada.
(31) Al margen: Noviembre 28 de 1842. Reformada.
(32) Al margen: Reformada.
(33) Al margen: Noviembre 29 de 1842. Aprobada.
(34) Al margen: Retirada.
(35) Al margen: Aprobada.
(36) Al margen: Noviembre 29 de 1842. Reformada.
(37) Al margen: Noviembre 21 de 1842. Reformada.
(38) Al margen: Aprobada.
(39) Al margen: Aprobada.
(40) Al margen: Diciembre lo. de 1842. Reformada.
(41) Al margen: Aprobada.
(42) Al margen: Diciembre 2 de 1842. Retirada.
(43) Al margen: Diciembre 2 de 1842. Aprobada.
(44) Al margen: Retirado
(45) Al margen: Aprobado.
(46) Al margen: Diciembre 3 de 1842. Aprobado.
(47) Al margen: Aprobado.
(48) Al margen: Diciembre 3 de 1842. Aprobado, suprimiéndose la parte subrayada, que se reserva para tratarse al tiempo de discutir los artículos 25 y 26.
(49) Al margen: Reservado.
(50) Al margen: Aprobado.
(51) Al margen: Aprobado.
(52) Al margen: Aprobado.
(53) Al margen: Diciembre 3 de 1842. Aprobado.
(54) Al margen: Diciembre 5 de 1842. Reformado.
(55) Al margen: Se reservó la discusión de este artículo y los demás del título 4 por haberlo pedido así la mayoría de la Comisión.
(56) Al margen: Diciembre 5 de 1842. Aprobado.
(57) Al margen: Aprobado hasta la palabra casos y el resto retirado al ponerse a discusión
(58) Al margen: Aprobado.
(59) Al margen: Aprobado.
(60) Al margen: Dividido en tres partes: primera parte, aprobada.
(61) Al margen: Segunda parte, aprobada.
(62) Al margen: Tercera parte, hasta el fin, aprobada.
(63) Al margen: Diciembre 6 de 1842. Aprobado.
(64) Al margen: Reprobado.
(65) Al margen: Reprobado.
(66) Al margen: Reformado según las correcciones que en él aparecen, se aprobó.
(67) Al margen: Aprobado.
(68) Al margen: Diciembre 7 de 1842. Dividido en cuatro partes, se aprobó.
(69) Al margen: Aprobado.
(70) Al margen: Retirado.
(71) Al margen: Diciembre 7 de 1842. Aprobado.
(72) Al margen: Aprobado.
(73) Al margen: Aprobado.
(74) Al margen: Diciembre 7 de 1842. Aprobado.
(75) Al margen: Aprobado.
(76) Al margen: Retirada por la mayoría de la Comisión.
(77) Al margen: Dividida en partes se aprobó la primera.
(78) Al margen: Retirada la segunda.
(79) Al margen: Aprobado.
(80) Al margen: Diciembre 9 de 1842. Lo suprimió la Comisión.
(81) A1 margen: Aprobado.
(82) Al margen: Reformado.
(83) Al margen: Diciembre 9 de 1842. No hubo lugar a votar y vuelve a la Comisión. Diciembre 14 de 1842. Presentado de nuevo y aprobado.
(84) Al margen: Retirado. Diciembre 14 de 1842. Presentado de nuevo y aprobado.
(85) Al margen: Retirado. Diciembre 14 de 1842. Presentado de nuevo y aprobado.
(86) Al margen: Reprobado.
(87) Al margen: Diciembre 13 de 1842. Aprobado.
(88) Al margen: Diciembre 14 de 1842. Aprobado.
(89) Al margen: Diciembre 14 de 1842. Reformado y se aprobó.
(90) Al margen: ídem. Aprobado.
(91) Al margen: Refundidos estos dos artículos 63 y 64 en uno que presentó de nuevo la Comisión. Se aprobó.
(92) Al margen: Refundidos en dos artículos 63 y 64 en uno que presentó de nuevo la Comisión. Se aprobó.
(93) Al margen: Idem. Aprobado.
(94) Al margen: Idem. Aprobado.
(95) Al margen: Idem. Aprobado.
(96) Al margen: Idem. Aprobado.
(97) Al margen: Idem. Aprobado. Nota: A consecuencia del pronunciamiento de Huexotcingo fue disuelto el Congreso el 19 de diciembre de 1842 y por lo mismo no fueron discutidos los demás artículos.
De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal. Gloria Villegas Moreno y Miguel Angel Porrúa Venero (Coordinadores) Margarita Moreno Bonett. Enciclopedia Parlamentaria de México, del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. México. Primera edición, 1997. Serie III. Documentos. Volumen I. Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana. Tomo II. p. 322.

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