Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510490.html
Timestamp: 2019-03-18 20:11:33+00:00

Document:
as201510490
AUTO SUPREMO Nº 490/2015-RRC
Sucre, 17 de julio de 2015
Expediente : Chuquisaca 24/2014
Parte Imputada : Abraham Vega Gonzales
Por memorial de 13 de agosto de 2014, de fs. 718 a 728, Abraham Vega Gonzales, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 278/2014 de 28 de julio, de fs. 683 a 694, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Martha Núñez Ampuero, contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).
Por Sentencia 03/2013 de 5 de noviembre (fs. 385 a 395 vta.), el Tribunal de Sentencia de Monteagudo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Abraham Vega Gonzales, autor de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado en el art. 308 del CP, con la agravante descrita en el numeral 4 del art. 310 del mismo cuerpo legal, imponiéndole la pena de diez años de presidio, con costas al Estado y de la acusadora particular.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 456 a 474), resuelto por Auto de Vista 56/2014 de 17 de febrero, que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 217/2014-RRC de 4 de junio, por el cual se determinó que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, sin espera de turno y previo sorteo dicte nuevo fallo, conforme a la doctrina legal establecida.
Por Auto de Vista 278/2014 de 28 de julio, la referida Sala declaró improcedente el recurso de apelación restringida formulado por el imputado y confirmó la Sentencia apelada; asimismo, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el mismo sujeto procesal, motivando la interposición del presente recurso.
I.1.1 De los motivos del recurso
Del memorial de casación y el Auto Supremo 437/2014-RA de 02 de septiembre, se tiene como motivos a ser analizados en el fondo los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, del citado recurso:
El recurrente alega que el Auto de Vista impugnado, en primer lugar declaró improcedente la apelación restringida que formuló y posteriormente inadmisible su apelación incidental, por lo que sostiene que se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica, el principio de tutela judicial, la imparcialidad de los administradores de justicia, en vista de que el art. 308 en coordinación con el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalan que los incidentes y excepciones son de previo y especial pronunciamiento, por lo que manifiesta que con carácter previo a la apelación restringida, debió ser resuelto el incidente o excepción; y, al no hacerlo, se contravino lo establecido en el Auto Supremo 220/2012 de 15 de agosto, que establece que primero tiene que resolverse la apelación incidental y luego la apelación restringida; asimismo, invocó los Autos Supremos 245/2012 de 11 de septiembre y 060/2007 de 27 de enero.
Expresa que el Tribunal de alzada al haber declarado inadmisible su recurso de apelación incidental sin resolverlo en el fondo, vulneró sus derechos al debido proceso y a recurrir, debido a que cumplió con las exigencias del art. 396 inc. 3) del CPP, al haber presentado dicho recurso dentro del plazo establecido por ley y demostrado de qué manera el Tribunal de mérito incurrió en error e inobservancia de la norma y el por qué las pruebas MP10 MP11, MP12 y MP16 debieron ser excluidas, por lo que dicho acto constituye un defecto absoluto, de conformidad a lo establecido en el art. 169 inc. 3) del CPP.
Arguye que en su recurso de apelación restringida, denunció defectuosa valoración de la prueba testifical de cargo de Martha Nuñez Ampuero, en vista de que dicho testigo presenció los alegatos iniciales, la declaración de la víctima y el juicio oral, por lo que reclamó que su declaración ya no era totalmente creíble; sin embargo, el Tribunal de Sentencia no fundamentó el por qué le asignó o no le asignó determinado valor, contraviniendo el Auto de Vista 220/06, referido a la obligación que tienen los Jueces y Tribunales al dictar una sentencia de otorgar un valor a cada prueba en que se funda la resolución y el Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, que menciona que el Tribunal de mérito debe analizar en su integridad los elementos probatorios introducidos legalmente al proceso con fundamento y límite en la sana crítica.
Asimismo, expresa que el Tribunal de alzada al señalar que de forma implícita se otorgó valor a dicha declaración testifical, por el hecho de que es un pariente cercano, contravino lo establecido en el Auto Supremo 229/2012 de 27 de septiembre, acerca de que los Tribunales de alzada al advertir de que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, deben anular total o parcialmente la Sentencia.
Sostiene que existe contradicción entre el Certificado Médico y el Certificado Médico Forense, ya que el primero indica que existe desgarro antiguo con lesiones pequeñas antiguas y el segundo manifiesta que no existe ninguna lesión y que no existe desgarro porque la víctima tiene un himen complaciente, en tanto que el Dictamen Pericial Médico Forense trata de conciliar la contradicción de los certificados médicos mencionados; sin embargo, su contenido también es contradictorio, ya que señala que ambos certificados médicos no afirman ni niegan que hubo acceso carnal, concluyendo que la víctima tuvo relaciones sexuales en un tiempo anterior a los exámenes médicos realizados. Con estos antecedentes, el recurrente expresa que existe duda razonable de su inocencia, toda vez que no se tiene certeza que la víctima haya tenido relaciones sexuales al ser contradictorios y confusos los certificados médicos, por lo que expresa que debió ser favorecido con el “IN DUBIO PRO REO y el PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD” (sic). Asimismo, refiere que en su apelación restringida, invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 014/2013-RRC de 6 de febrero y 308 de 25 de agosto de 2006, referidos al sistema de la sana crítica, que resultan aplicables al presente caso, en virtud a que existe un certificado médico forense que dice que hay desgarro y lesiones a diferencia de otro certificado forense que señala que no hay desgarro ni lesiones y que el himen es complaciente, siendo ambos contradictorios, donde sólo uno de ellos tendrá valor probatorio, ya que no pueden ingresar ambos porque vulneraría el principio del tercer excluido, pues ante la existencia de dos proposiciones de las cuales una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera. Agrega respecto al Dictamen Pericial, que no logró reconciliar ambos exámenes médicos forenses, porque contradice el principio de razón suficiente, toda vez que el himen complaciente no puede desgarrarse, conforme también enseña la experiencia común, por lo que las conclusiones del dictamen pericial no gozan de criterios de verdad, no siendo valoradas sus contradicciones conforme a derecho y la sana crítica.
Alega que en su recurso de apelación restringida, denunció que la Sentencia se basa en hechos no acreditados, según el art. 370 inc. 6) del CPP, debido a que no existe ningún elemento probatorio que demuestre que amenazó a la víctima; sin embargo, el Tribunal de Sentencia y el de Alzada, vulneraron los arts. 173, 124 y 359 del CPP, contraviniendo el Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, que refiere que la valoración de la prueba por medio de la sana crítica, tiene que verter criterios de verdad, que deben ser otorgados a cada elemento de prueba, determinando los hechos probados por intermedio de pruebas.
El recurrente solicita que, declarada la admisibilidad de su recurso de “Casación y Nulidad” (sic), se ordene emitir nuevo fallo en base a los argumentos que se tenga como resultado del Auto Supremo dictado por este Tribunal Supremo.
Por Auto Supremo 437/2014-RA de 2 de septiembre, este Tribunal admitió el recurso interpuesto por Abraham Vega Gonzales, para el análisis de fondo de sus motivos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto.
Conforme consta de las acusaciones fiscal y particular, el 20 de agosto de 2010, la menor víctima de 16 años, luego de regresar a su domicilio, después de que sus clases de primera comunión fueran suspendidas por las fiestas de aniversario de Monteagudo, a horas 19:00, cuando se encontraba leyendo un libro, llega el imputado, ingresa al cuarto de la víctima, pregunta si sus hijos se encontraban en casa a lo que ella responde negativamente, posteriormente cierra la habitación, se acerca y se sienta en su cama, la toma de las manos, la abraza, la menor reacciona y logra zafarse, toma un silla para defenderse, pero el tío logra quitarle y la arroja a la cama, con una mano sostiene las dos manos de la menor y con la otra mano le quita el short de la menor y comete la violación y después del hecho le advierte: “no te vas a avisar, si no me la vas a pagar, no importa dónde te vayas, te voy a encontrar, vos vas a ser mía por siempre” (sic).
Con la base fáctica descrita y la prueba de cargo introducida a juicio, el Tribunal de Sentencia de las Provincias Hernando Siles y Luis Calvo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Sentencia 03/2013 de 5 de noviembre (fs. 385 a 395 vta.), declaró al imputado autor y culpable de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, con la agravante descrita en el art. 310 inc. 4) de la misma norma sustantiva, imponiendo la pena de diez años de presidio, con costas a favor del Estado y de la acusadora particular, con las siguientes conclusiones: i) Queda demostrado que la menor víctima vivía en la casa del imputado, bajo su custodia y que tenía un grado de parentesco de tía a sobrina con la madre de los hijos del imputado, ii) La menor a momento del hecho estudiaba en el colegio Lucio Siles de esa ciudad y contaba con 16 años de edad, iii) Respecto de las pruebas MP-5, MP-6 y MP-16, las dos primeras entrevistas informativas a la víctima que manifiesta que sufrió abuso sexual y el tercero informe pericial psicológico, se tiene que la víctima declaró que Abraham Vega Gonzales la violó y la amenazó con hacer daño a su familia si decía algo, por lo que la psicóloga y el Tribunal concluyen que el testimonio es creíble y que además corroboran lo manifestado por el testigo Rodney Santeyana y la declaración de la víctima en audiencia de juicio oral donde se la vio notoriamente afectada, expresando seguridad en sus declaraciones, iv) Por las declaraciones de la víctima y los testigos, se tiene demostrado que el imputado antes del hecho y posteriormente, ejercía intimidación y temor en la menor, ya que le iba a recoger del colegio no permitiéndole tener amigos, v) Quedó demostrado que la víctima fue objeto de violación por parte del imputado y que comunicó a su tía Martha Núñez quien puso la denuncia ante la defensoría, vi) Para la consumación del hecho en contra de la víctima el imputado aprovechando su condición de encargado de la custodia de la menor y de tener un grado de autoridad sobre la víctima que vivía en su casa la amenazó, razón más que suficiente para que la víctima calle hasta que fue llevada al hospital de Sucre, donde le contó a su tía Martha Núñez, aspecto demostrado por la declaración de ambas y de las pruebas documentales levantadas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sucre; así como, el dictamen pericial MP-16, y los certificados médicos MP-1 y MP-2, vii) La menor de acuerdo a lo manifestado por el perito tiene un trastorno depresivo grave; empero, respecto a la veracidad del testimonio, presenta una estructura lógica coherente, mantiene coordinación, recuerda todos los episodios, corrobora esta conclusión de manera objetiva y contundente el informe pericial psicológico MP-16, viii) La menor después de lo ocurrido tuvo un cambio total en su comportamiento, se volvió una persona callada, aislada y bajó su desempeño escolar, el Tribunal llegó a esta conclusión de las pruebas MP-10 y MP-11, ix) De la declaración de la profesora de catequesis y del certificado de confirmación prueba PQ-9, queda acreditado que el 20 de agosto se suspendieron las clases de confirmación, hecho ratificado con las pruebas MP-5 y MP-16, x) De la prueba MP-9 referente a la declaración del imputado, se abstuvo de declarar en la etapa preliminar; sin embargo, no puede ser utilizado en su contra; y, xi) En cuanto a la declaración de los testigos de descargo, así como la prueba documental de esa parte, se les otorga valor respecto a la conducta del imputado y de su declaración se evidencia que no tuvo otros procesos penales; sin embargo, después de lo sucedido y la acusación en su contra, quedó afectado de manera considerable, pues de la prueba PQ-1 su hijo en representación de sus hermanos le demanda asistencia familiar.
El Tribunal de sentencia también vio necesario pronunciarse sobre algunos aspectos esgrimidos por la defensa: a) Tratándose de delitos contra la libertad sexual, no es posible la exigencia de otras pruebas, pues se producen en el marco de la clandestinidad, lo que impide disponer de otras pruebas, habiéndose presentado la víctima en audiencia de juicio oral identificando al imputado como autor y otros documentos que fueron valorados, que demuestran que los hechos sucedieron tal cual fueron esgrimidos por el fiscal, la acusación particular y la víctima; b) De la prueba del dictamen pericial psicológico que atendió a la víctima, se concluye que su declaración cuenta con credibilidad; c) El grado de convicción que cada testigo provoca en los miembros del Tribunal, configura una cuestión subjetiva, que por la inmediación frente a la prueba son los encargados de establecer la mayor o menor credibilidad de las declaraciones en base a la sana crítica; d) En este tipo de delitos, dada la naturaleza del hecho y las circunstancias en los que se producen estos atentados, se pueda recurrir a la actividad probatoria mínima, para desvirtuar la presunción de inocencia y lograr la condena del imputado, lo contrario representaría la impunidad del encausado, siendo la condición imprescindible la debida motivación del órgano jurisdiccional; e) Se ha llegado a la convicción plena sobre la culpabilidad del encausado, del conjunto de las pruebas valoradas de manera integral, que ha eliminado la posibilidad de duda, de acuerdo a la sana crítica y en medida suficiente para lograr el convencimiento del Tribunal de sentencia.
II.2.Apelación incidental.
El imputado interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 044/2013 de 31 de octubre (fs. 405 a 412 vta.), acusando: 1) Inobservancia y mala interpretación del Tribunal de Sentencia de los arts. 280 y 333 inc. 3) del CPP, respecto a las declaraciones informativas policiales codificadas como prueba documental (MP10, MP11 y MP12) y, 2) Inobservancia de los arts. 209, 329 y 333 inc. 2) del CPP, por introducción del dictamen pericial psicológico MP16, al margen de lo establecido en el citado Código e inobservancia del principio de contradicción.
II.3.Apelación Restringida.
Contra la Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 456 a 474), denunciando: i) Defecto en la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, por valoración defectuosa de la prueba en el sentido de que el Ministerio Público presentó como testigo de cargo a Martha Núñez Ampuero apoderada de la víctima, quien estuvo presente en todos los actos procesales acompañando a la víctima, no acatando lo establecido por el art. 350 del CPP, pues en la sentencia no se manifestó respecto a este aspecto, no realizando una fundamentación valorativa si esta situación hacía creíble o no la declaración de la testigo; ii) De los tres certificados médicos que certificaron la existencia de desgarros antiguos e himen complaciente, se concluiría que la víctima tuvo relaciones sexuales en tiempo anterior; empero, no se aclaró de manera objetiva y determinante la existencia de lesiones en el himen por lo que serían contradictorias; iii) El Tribunal de Sentencia no realizó una valoración justa y completa a los testigos de descargo; iv) La sentencia se basó en hechos no acreditados en cuanto a la amenaza que ejerció sobre la víctima, que no cuenta con soporte probatorio, puesto que ningún testigo, ni prueba documental acreditó este extremo; y, v) En cuanto a la declaración de la víctima, no existió la imprecisión a la que hizo referencia la sentencia, pues la víctima primero refiere que Martha Núñez es la primera persona a la que cuenta el hecho, pero en el devenir del juicio oral aparecen testigos que dicen tener conocimiento del hecho por referencia de la víctima, por lo que existió contradicción en su declaración.
Concluyó solicitando que el Tribunal de apelación ordene el juicio de reenvío para que se pueda tener una sentencia coherente y apegada a los hechos que se han determinado en la etapa probatoria.
El recurso de apelación ameritó el pronunciamiento del Auto de Vista 56/14 de 17 de febrero de 2014, que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 217/2014-RRC y en cumplimiento a éste, se emitió nueva Resolución que se pronunció en los siguientes términos:
Respecto al primer motivo, por el que se denunció que la testifical de cargo de Martha Nuñez Ampuero, apoderada de la víctima ALTN estuvo presente en todos los actos procesales durante los alegatos iniciales, lectura de las acusaciones y en la declaración testifical de la víctima acompañándola sentada a su lado por disposición expresa del Tribunal de sentencia, hecho que se hizo notar oportunamente y que sin embargo, sobre el tema no se efectuó fundamentación valorativa alguna; el Tribunal de alzada concluyó que al cuestionarse la valoración defectuosa de la prueba testifical, cuando se acusa la comisión de errores de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba, para obtener la censura de la decisión y su anulación o reposición del juicio a otro Tribunal, debe tenerse en cuenta que la prueba es apreciada y valorada por el juzgador, según su conciencia y con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia o de la sana crítica, como señala el art. 173 del CPP. Continúa señalando que la credibilidad de un testigo y todo el elenco probatorio desfilado en juicio, es apreciado por el Tribunal, por constituir actividades que le competen; en esa esfera, debe imprescindiblemente exponerse los hechos, realizar la fundamentación legal respeto de las pruebas, que conforme se tiene reclamado, si la querellante acusadora particular fue ofrecida como testigo del Ministerio Público, el Presidente del Tribunal de Sentencia en cumplimiento de la parte in fine del segundo parágrafo del art. 350 del CPP, a tiempo de iniciar el juicio debió disponer las mismas restricciones que a los demás testigos, ordenando que en tanto no sea convocada a declarar, asumiría su representación en juicio su abogado patrocinante; en este caso, el tribunal, el fiscal y los abogados deben asegurarse que los testigos sólo declaren sobre lo que conocen, su testimonio no debe estar contaminado ni influido por lo que otros dicen; ahora bien, resultaba también evidente que por disposición legal, la testigo puede estar presente, pero esas circunstancias deben ser consideradas a momento de valorarse la prueba, siendo así se tiene que el tribunal observó que: “no obstante a ser persona del entorno familiar ha conocido y promovido de cerca las emergencias del caso que se juzga, demostrando seguridad, convicción en sus afirmación”, entendiéndose de manera implícita lo extrañado por el apelante, que no conllevó a errónea valoración probatoria, ni afecta el derecho sustancial invocado por el recurrente, tomándose en cuenta la calidad de la información otorgada, su trascendencia y el riesgo mayor de acceso a la justicia en relación a otras del elenco probatorio; deviniendo por lo tanto el reclamo en improcedente.
Con relación al segundo motivo, en el que se denunció que los dos Certificados Médicos y el Dictamen Pericial resultaron ser tres exámenes médicos contradictorios entre sí, pues el primero refirió la existencia de lesión en el himen de la víctima, el segundo certificó que no puede haber lesiones por ser himen complaciente y el tercero reportó que no se podía afirmar ni negar la existencia de relaciones sexuales y corroboró ambos certificados médicos denotando la existencia de duda razonable; el Tribunal de alzada señaló que de la compulsa de los antecedentes y la Sentencia confutada, resultaba evidente que la prueba MP- 1 Certificado Médico fue realizado diez meses y trece días a la fecha de la agresión sexual, que la prueba MP-2 Certificado Médico Forense de 20 de julio de 2011 y la prueba MP-17 Dictamen Pericial de 18 de mayo de 2012, hicieron inferir en lo sustancial al tribunal, la afirmación de la existencia de himen dilatable y elástico, reconociendo que no obstante el tiempo transcurrido y la posición imprecisa que asumió, corroboró la afirmación de los certificados médicos que con sus limitaciones y aclaraciones efectuadas, certificaron la existencia de desgarros antiguos e himen complaciente, concluyendo así que la víctima tuvo relaciones sexuales en un tiempo anterior a los exámenes médicos. Asumió que esa conclusión fue adecuada y en correspondencia a lo extrañado, pues las pruebas de cargo atribuidas de contradictorias no reportaron tal contradicción, sino condiciones de términos que tienen valor análogo en el entorno médico, considerando que el primer certificado médico fue emitido por un profesional del Centro Hospitalario de Monteagudo, el segundo por una Médico Forense y el dictamen elaborado por un perito, pero que en definitiva reportaron conclusiones complementarias y conformes en relación al estado físico del examen médico genital verificado, que por el transcurso del tiempo no pueden afirmar un acceso carnal inédito, haciendo generar convicción en el tribunal que la víctima tuvo relaciones sexuales en tiempo anterior a los exámenes médicos, derivando ser objeto común; por lo que no sería evidente la existencia de contradicción que lleve a generar duda razonable sobre el certificado a través del examen objetivo por parte de los galenos, deviniendo el reclamo en improcedente.
Sobre el tercer motivo, en el que se denunció la defectuosa valoración de la prueba testifical de descargo, ya que en la conclusión 11 de la sentencia, sólo se hubiese establecido que la misma se refirió a aspectos personales del imputado, sin considerar que también narró hechos que debieron ser valorados respecto a la hipótesis de su defensa; el Tribunal de alzada concluyó que conforme a los antecedentes, la denuncia no era evidente, al existir la relación fáctica y probatoria que están referidas a la relación secuencial de lo acontecido, donde las apreciaciones del juzgador justificaron el hecho de que el incriminado adecuó su conducta al tipo delictivo por el que fue condenado, tomando en cuenta que lo que se acusa a una persona en un proceso penal son hechos y no figuras jurídicas abstractas y que tales hechos reciben una calificación provisional que se convierte en definitiva cuando la Sentencia adquiere su ejecutoria, conforme prescribe la normativa procesal, correspondiendo dictar Sentencia en base a los hechos y subsunción estricta de los mismos al tipo penal, ya que en base a la prueba, corresponde el tipo delictivo descrito en el art. 308 del CP, constando valoración impresa por el tribunal de manera razonada y que finalmente los testigos de parte ciertamente expresaron datos que se refirieron a su entorno y actividad familiar de padre y madre de sus hijos por la ausencia de su pareja que reside en España, a los que se encuentra naturalmente ligado; por lo que, los motivos de la conclusión arribada que extraña el recurrente, no se encuentran dirigidos a desvirtuar la probable comisión de violación, resultando improcedente el motivo.
En cuanto al cuarto motivo, referido a la existencia o no de amenazas para la perpetración del hecho punible en cuestión, expresó que debe ponderarse que el delito de violación sexual a menor de edad, no concibe factores como las que se hizo referencia a la comisión y consumación del acto, pues no importa la existencia o no de amenazas, si se doblegó su resistencia en base a su fuerza física como el móvil con el cual se pueda realizar la acción delictiva, sino la restricción a la libertad de opción sexual de la menor como tipo genérico sin que el supuesto empleo de la violencia psicológica o amenaza sea relevante vinculando al acto lesionante del bien jurídico protegido, siendo imperioso redundar que el aspecto anotado, no implica desconocimiento alguno del derecho fundamental a la defensa del imputado, si bien es cierto que supuestamente se vería afligido; sin embargo, la víctima se encuentra protegida por derechos previstos tanto en la Constitución Política del Estado como en la normas especiales que velan su entorno psico-emocional ante la violencia sexual a la que fue sometida, situación que se vio agravada por su minoridad o vulnerabilidad; en consecuencia, bajo los argumentos citados este motivo fue declarado improcedente.
Sobre el quinto motivo, relativo a la errónea valoración de la prueba ofrecida y producida en juicio oral, vinculada a quien fue la primera persona a quien la víctima avisó del hecho; el Tribunal de alzada asumió que la conclusión concuerda en la declaración de la víctima con la de Martha Núñez, a quien le contó del hecho cuando la llevó al hospital, siendo natural que en el transcurso del tiempo se sumaban personas que se enteraron del hecho, observando que el Tribunal de sentencia cumplió con la debida fundamentación y valoración impresa de manera razonada.
Finalmente respecto de la apelación incidental, contra el Auto 044/2013 de 31 de octubre, que rechazó el incidente de exclusión probatoria de las pruebas MP10, MP 11, MP 12, MP 13 y MP 16, con el argumento de que no podían ser introducidas al juicio por su lectura al ser simples entrevistas policiales y no encontrarse dentro del catálogo de prueba documental para el juicio conforme lo prevén los arts. 280 y 333 del CPP, el Tribunal de alzada previa referencia al art. 396 inc. 3) de la normativa procesal penal, señaló que la carga recursiva fue incumplida por el apelante, pues en ninguna de las cuestiones establecidas como motivos, identificó un acápite especifico de la Resolución impugnada, menos fundamentó el cómo y porqué el Tribunal de sentencia hubiere incurrido en error de hecho o derecho, cuáles las reglas de interpretación de las disposiciones normativas invocadas como contravenidas y que no fueron asumidas por el Tribunal y cómo en su caso debieron ser interpretadas, incurriendo en una omisión que impidió el cumplimiento del mandato del art. 398 del CPP, dado que ese tribunal de alzada una vez abierta su competencia, debe circunscribirse a los aspectos cuestionados de la Resolución que se impugna.
Con estos argumentos, el Tribunal de alzada declaró improcedentes los motivos relativos al recurso de apelación restringida e inadmisible el recurso de apelación incidental.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS Y DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Establecido el ámbito de análisis en el Auto de admisión y considerando que la parte imputada plantea cinco problemáticas distintas en su recurso de casación, se ingresa a resolver cada una de ellas por separado, previa referencia a la labor que cumple esta sala en la resolución de los recursos de casación.
III.1.La labor de contraste en el recurso de casación.
Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3 de la Ley del Órgano Judicial y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por uno de los Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por los otros Tribunales Departamentales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.
La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.
III.2.Sobre el orden de resolución de las apelaciones incidental y restringida.
El recurrente alegó que el Auto de Vista impugnado, en primer lugar declaró improcedente su apelación restringida y posteriormente inadmisible su apelación incidental, sosteniendo que se vulneraron sus derechos al debido proceso, defensa, seguridad jurídica, principio de tutela judicial y la imparcialidad de los administradores de justicia, en vista de que conforme el art. 308 en coordinación con el art. 314 del CPP, con carácter previo a la apelación restringida, el Tribunal de alzada debió haber resuelto el incidente o excepción; y, al no hacerlo, contravino lo establecido en los Autos Supremos 220/2012 de 15 de agosto, 245/212 de 11 de septiembre y 060/2007 de 27 de enero.
El Auto Supremo 220/2014 de 15 agosto, fue dictado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, emergente de un proceso penal por el delito de Hurto en el que tuvo como antecedente generador que el Tribunal de Alzada si bien consideró una excepción dentro de la competencia del Recurso de Apelación Incidental, al haber advertido el error del Juez de Sentencia en la tramitación de la excepción de prejudicialidad, por su carácter suspensivo debió corregir directamente la parte dispositiva de la Sentencia, señalando que previamente se dilucide la prejudicialidad para recién pronunciarse sobre la responsabilidad o no de los acusados, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable:
“…teniendo en cuenta que el Recurso de Apelación Restringida es el medio legal para impugnar la errónea aplicación o interpretación de la Ley sustantiva o adjetiva pues, así lo establece el art. 407 Código de Procedimiento Penal en consecuencia los Tribunales de Alzada deberán enmarcarse en el procedimiento establecido, ahora bien en los casos en los que las partes planteen alternativamente Apelación sobres Incidentes o Excepciones dentro de un Recurso de Apelación Restringida, los Tribunales deberán pronunciare previamente sobre la Apelación Incidental y dependiendo la resolución dictada recién considerar los puntos apelados contra la Sentencia, con la aclaración de que el Auto de Vista que resuelva la Apelación Incidental por mandato legal no podrá ser recurrida de Casación”.
Respecto del Auto Supremo 245/2012 de 11 de septiembre, se tiene que fue dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un proceso seguido por el delito de Apropiación Indebida y otros, en el que se tiene como antecedentes generadores de la doctrina legal aplicable, la denuncia referente a que el Auto de Vista omitió pronunciarse sobre las excepciones de prejudicialidad y falta de acción oportunamente invocados, existiendo ausencia de fundamentación con relación a este punto acusado, pese a ser de previo y especial pronunciamiento:
“En lo que concierne a la resolución de excepciones, de conformidad al precepto contenido en el art. 308 del Código de Procedimiento Penal estas son de previo y especial pronunciamiento al condicionar la emisión de una decisión sobre el fondo del asunto en proceso, en ese marco formulada la apelación contra la resolución que rechace la excepción en el juicio oral, que es reservada para su resolución en la apelación restringida, el Tribunal de Alzada debe resolver estas excepciones con carácter previo, puesto que de acuerdo a los resultados se determinará si corresponde resolver el recurso de apelación restringida, o la devolución del proceso al Juez o Tribunal de origen”.
Sobre el Auto Supremo 060/2007 de 27 de enero, este contiene similitud de criterios a los ya señalados en los Autos Supremos 22/2012 y 245/2012, tanto en la doctrina legal aplicable y resolución de la problemática planteada.
Establecido el fundamento del agravio y el contenido de los Autos Supremos citados como precedentes contradictorios y la doctrina legal aplicable invocada, se evidencia que la misma orienta a que el Tribunal de alzada resuelva las excepciones antes que los agravios contra la Sentencia; sin embargo, dicho entendimiento no es inmutable, pues la resolución de la problemática como la planteada por el recurrente, no puede estar supeditada al excesivo formalismo, sino existe vulneración de derecho alguno, motivo por el cual este Tribunal Supremo conforme a los principios de la verdad material y la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, en real concordancia a la Constitución en busca del cumplimiento de sus valores, también emitió el Auto Supremo 004/2014-RRC de 10 de febrero, que si bien declaró infundado el recurso, su entendimiento está orientado a que la resolución no prioritaria de la apelación incidental, no vulnera derecho alguno del imputado. Este nuevo paradigma constitucional tiene vital importancia, que se encuentra precisado en el art. 180.I de la CPE relativo a la verdad material, entonces para que pueda anularse una determinación como la solicitada, debe existir alguna afectación de contenido a un derecho.
Asimismo, se debe tener presente los lineamientos desarrollados sobre esta problemática en el Auto Supremo 342/2014-RRC, que en lo principal señaló que: “…si no existe algún derecho vulnerado, en este caso, ante la negativa o rechazo de la apelación incidental de parte del Tribunal de apelación, no puede sostenerse la existencia de un resultado dañoso; lo contrario significaría que el mero formalismo esté por encima de lo sustancial, en contraposición a la verdad material enarbolada por la Constitución en su art. 180.I., entonces, cuando el Tribunal de alzada al considerar la apelación de una resolución relativa a una excepción o incidente, y los reclamos a la Sentencia, resuelva primero los agravios contra la Sentencia y posteriormente los alegados respecto a las excepciones e incidentes, declarando improcedentes ambas apelaciones, no concurrirá una vulneración de derecho alguno, al no afectar el desarrollo del proceso penal, manteniéndose en esa línea, la verdad real o material sobre los meros formalismos a la luz del nuevo paradigma constitucional ya explicado”.
En el presente caso, al haberse rechazado la pretensión incidental del recurrente y declarado inadmisible la respectiva apelación incidental en forma posterior al análisis y resolución de los argumentos invocados en la apelación restringida, no se puede evidenciar ninguna vulneración a derecho o garantía constitucional, por lo considerando el contenido del reclamo que se aboca a un cuestionamiento de orden estrictamente formal, no puede deferirse en forma favorable la pretensión del recurrente, pues ello implicaría otorgarse prevalencia de lo formal sobre la norma sustancial en detrimento de principios como el de verdad material, eficacia y eficiencia, entre otros que fundamentan la jurisdicción ordinaria, por lo que el presente motivo deviene en infundado.
III.3.Sobre la inadmisibilidad de su apelación incidental.
El recurrente expresa que el Tribunal de alzada al haber declarado inadmisible su recurso de apelación incidental sin resolverlo en el fondo, vulneró sus derechos al debido proceso y a recurrir, debido a que cumplió con las exigencias del art. 396 inc. 3) del CPP, al haber presentado dicho recurso dentro del plazo establecido por ley y demostrado de qué manera el Tribunal de mérito incurrió en error e inobservancia de la norma y el por qué las pruebas MP10 MP11, MP12 y MP16 debieron ser excluidas, por lo que según afirma dicho acto constituye un defecto absoluto, de conformidad a lo establecido en el art. 169 inc. 3) del CPP.
A efectos de resolver sobre la problemática planteada, debe precisarse que en el nuevo sistema procesal, la tercera etapa del proceso se halla destinada al uso de los medios de impugnación, entre los que destaca el recurso de apelación que se estructura como un mecanismo para revisar decisiones judiciales probablemente erróneas, en tanto que el recurso de casación está destinado en su regulación a uniformar criterios interpretativos y ha sido instituido bajo la idea de que la ausencia de un mecanismo que uniformice los criterios jurisprudenciales de las distintas cortes del País, provocaría una dispersión jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad jurídica colectiva, con las consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la seguridad jurídica.
En ese contexto, de acuerdo a la regulación normativa del recurso de casación establecida en los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004 señaló que: "De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia", entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: "...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción".
En esa lógica, el recurso de casación no procede contra otro tipo de resolución judicial pronunciada por los Tribunales Departamentales de Justicia en el ámbito de su competencia y de manera específica respecto a aquellas que resuelven los recursos de apelación incidental conforme las previsiones del art. 403 del CPP, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir, toda vez que éste solamente puede ser ejercido en los casos que la ley ha previsto expresamente como manda el art. 394 del citado cuerpo legal.
En el caso de autos, se constata que el recurrente Abraham Vega Gonzales, en su recurso de casación pretende se reconsidere o pronuncie sobre los argumentos asumidos por el Tribunal de alzada para declarar la inadmisibilidad de su apelación incidental; en consecuencia, la petición del recurrente está orientada a que este Tribunal, se pronuncie sobre la decisión asumida en el Auto de Vista 278/14, que resolvió también su recurso de apelación incidental, situación no atendible en casación, pues este Tribunal carece de competencia para pronunciarse al respecto, por cuanto las resoluciones que resuelven las cuestiones enumeradas en el art. 403 del CPP, entre ellas las descritas en el inc. 2) relativas a cuestiones accesorias a lo principal de la causa, sólo son susceptibles de recurso de apelación incidental, sin que se les reconozca ulterior recurso; máxime si se tiene presente que el art. 394 del citado Código, dispone que: "Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo en los casos expresamente establecidos por este Código".
III.4.Sobre la defectuosa valoración probatoria de la testigo de cargo.
Arguye que en su recurso de apelación restringida, denunció defectuosa valoración de la prueba testifical de cargo de Martha Nuñez Ampuero, en vista de que dicho testigo presenció los alegatos iniciales, la declaración de la víctima y el juicio oral, por lo que reclamó que su declaración ya no era totalmente creíble; sin embargo, el Tribunal de Sentencia no fundamentó el por qué le asignó o no le asignó determinado valor, contraviniendo el Auto de Vista 220/06, referido a la obligación que tienen los Jueces y Tribunales al dictar una sentencia de otorgar un valor a cada prueba en que se funda la resolución y el Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, que menciona que el Tribunal de mérito debe analizar en su integridad los elementos probatorios introducidos legalmente al proceso con fundamento y límite en la sana crítica. Asimismo, expresa que el Tribunal de alzada al señalar que de forma implícita se otorgó valor a dicha declaración testifical, por el hecho de que es un pariente cercano, contravino lo establecido en el Auto Supremo 229/2012 de 27 de septiembre, acerca de que los Tribunales de alzada al advertir de que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, deben anular total o parcialmente la Sentencia.
Respecto al Auto de Vista 220/06, se evidencia que fue invocado de manera imprecisa por la falta de datos del distrito en el que se hubiese emitido, además no fue adjuntado al recurso, no existiendo la posibilidad material de verificarlo y menos existe la constancia de que la resolución invocada se encuentre ejecutoriada, por consiguiente susceptible de modificación, razones por las cuales este Tribunal se halla imposibilitado de realizar la labor de contraste solicitada en cuanto a este precedente.
En cuanto a los otros dos precedentes, consistentes en los Autos Supremos 308 de 25 de agosto de 2006 y 229/2012-RRC de 27 de septiembre, este Tribunal no puede soslayar que la problemática planteada por el recurrente ya fue considerada en un anterior recurso de casación resuelto a través del Auto Supremo 217/2014-RRC de 4 de junio, en el que se efectuó la respectiva la labor de contraste siendo declarado infundado el motivo.
En ese sentido, es preciso referir con carácter previo dos argumentos esenciales para resolver la problemática planteada: i) Referido a los postulados del art. 173 del CPP, que establece el sistema de valoración probatoria dentro del sistema procesal penal adoptado por el Estado, asumiendo para tal fin el de la sana crítica, dónde el juez o tribunal debe por un lado y en un primer momento valorar la prueba producida durante el juicio de manera individual, para luego ofrecer la justificación y fundamentación de la misma de un modo armónico y conjunto. Este último elemento no debe ser entendido bajo el argumento falaz de a mayor número de pruebas mayor culpabilidad o mayor inocencia; sino que la equivalencia de culpabilidad o inocencia, debe ser comprendida en relación a la convicción asumida en el Juez o Tribunal sobre el conjunto probatorio, al ser aquél la más próxima a la producción probatoria, siempre claro, bajo el sistema de la sana crítica, entendida como el cúmulo de criterios relativos a las reglas formales de la lógica, a la experiencia y la psicología. El juzgador, con base a estas reglas, debe apreciar todos los elementos de prueba incorporados al proceso, ya de manera individual, pero en conjunto; esto es; una vez admitidos, forman el todo o hacen unidad entre sí para producir certeza o convicción, significa que el elemento de prueba conserva su valor individual, pero que una vez reconocido el valor individual del elemento de prueba este debe ser apreciado en concordancia y convergencia con los demás elementos de prueba; y, ii)El límite de análisis de los Tribunales de alzada en la resolución de los recursos de apelación restringida está circunscrito al principio de inmediación que ordena el sistema penal acusatorio, no pudiendo entonces esos Tribunales enfocar su análisis a realizar una valoración o revalorización de la prueba, o bien aducir, incluir, modificar o restar, los hechos debatidos en juicio oral.
De la revisión de antecedentes y la conclusión arribada por el Tribunal de alzada se tiene que, habiendo sido ofrecida la apoderada de la víctima y acusadora particular como testigo de cargo por el Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia refirió que sobre la declaración de Martha Núñez Ampuero “La atestación que precede corresponde a la tutora y madre adoptiva de la víctima, una persona que por ser del entorno familiar de NN, contaba con la confianza de aquella, siendo una persona muy próxima a la menor quien le conto lo ocurrido, sus declaraciones, no obstante de ser la parte querellante y testigo a la vez por mandato de la ley, también ha conocido y promovido de cerca las emergencias del caso que se juzga, al demostrar seguridad y convicción en sus afirmaciones de juicio oral, coincidente con su declaración informativa, estas tienen la suficiente credibilidad”.
De lo anterior, se establece que si bien el juez de sentencia debió disponer las mismas restricciones que a los demás testigos, en sentido de que en tanto no sea convocada a declarar, asumirá su representación en juicio su abogado patrocinante conforme lo expresado también por el Tribunal de alzada; no carece de relevancia su declaración, pues al sentir del art. 350 segundo párrafo del CPP: “…El incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero el juez o tribunal apreciará esta circunstancia al valorar la prueba”.
Por otra parte es de resaltar la afirmación realizada por el Tribunal de alzada sobre este motivo, al referir que el Tribunal de Sentencia observo que “no obstante de ser persona del entorno familiar ha conocido y promovido de cerca las emergencias del caso que se juzga, demostrando seguridad y convicción en sus afirmaciones” (sic) por lo que consideró que este motivo no conlleva errónea valoración probatoria ni afecta el derecho sustancial invocado por el recurrente.
En el marco de lo anterior, no se advierte quebrantamiento del art. 370 inc. 6) del CPP, con relación a que el Tribunal de Sentencia, no hubiere mencionado, menos fundamentado e incumplido las reglas de la sana crítica en el entendido del por qué le asignó o no valor en cuanto a la presencia en el desarrollo del juicio oral de la testigo Martha Núñez Ampuero, como tampoco que el Auto de Vista impugnado haya asumido una dirección contraria a los Autos Supremos 308 del 25 de agosto de 2006 y 229/2012-RRC de 27 de septiembre, citados como precedentes, al no evidenciarse la existencia de ambigüedad en la valoración de la referida prueba y porque la situación de hecho que motivó el pronunciamiento del segundo precedente no resulta similar a la planteada por el imputado en este recurso, deviniendo en esa dirección el presente motivo en infundado.
III.5.En referencia al reclamo de valoración defectuosa de la prueba (contradicción de Certificados Medico-legales).
El recurrente denuncia la contradicción existente entre el Certificado Médico y el Certificado Médico Forense, ya que el primero indica que existe desgarro antiguo con lesiones pequeñas antiguas y el segundo manifiesta que no existe ninguna lesión y que no existe desgarro porque la víctima tiene un himen complaciente, en tanto que el Dictamen Pericial Médico Forense trato de conciliar la contradicción de los certificados médicos mencionados; Asimismo, refiere que en su apelación restringida, invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 014/2013-RRC de 6 de febrero y 308 de 25 de agosto de 2006, referidos al sistema de la sana crítica, que resultan aplicables a su caso.
De igual forma al motivo anterior, esta problemática fue considerada y resuelta por este Tribunal a través del Auto Supremo 217/2014-RRC de 4 de junio, con base a los mismos precedentes invocados por el recurrente, motivo por el cual corresponde señalar que mejor argumentación de este motivo, debe tomarse en cuenta que bajo una lectura integral de la Sentencia en su acápite 4.5, el Tribunal de Sentencia en cuanto al certificado médico signado como prueba MP-1 emitido por Enrique Castello Zurita Génico, Obstetra del Hospital San Antonio de los Sauces de Monteagudo refirió: “De esta prueba se tiene que el examen efectuado a la víctima del hecho fue realizado después de diez meses y trece días de la fecha en que se señala haber ocurrido el hecho de agresión sexual acusado al imputado: 22 de agosto de 2010. De su contenido se desprende que NN ya había tenido relaciones sexuales anteriormente y no se detectaron a su examen lesiones que pudieran establecer una relación sexual reciente, sino lesiones antiguas sin precisarse la data de las mismas”; ahora bien, del Certificado médico emitido por Ana Rosario Peducasse signada como prueba “MP-2”, señala: “La prueba en cuestión certifica el carácter innato, amplio y elástico del himen y la vagina, extrayéndose de su contenido que la menor NN ha tenido relaciones sexuales antes del hecho motivo del juzgamiento y que los rastros de un coito vaginal eran ausentes por el tiempo considerable que paso desde su producción hasta el examen médico-legal, más aún si la flexibilidad del conducto vaginal y el himen pudieran permitir la penetración sin desgarros, siendo en ese contexto de relevancia la prueba descrita”; del dictamen pericial médico forense signado como prueba “MP-17”, el Tribunal de sentencia establece: “Refiriéndose a los dos anteriores certificados emitidos para el presente caso, señala este dictamen que aquellos no afirman ni niegan que hubo acceso carnal a causa del tiempo transcurrido de más de diez meses al momento de atención a la paciente.
De la prueba descrita se puede inferir en lo sustancial la afirmación de la existencia de `hímenes dilatables y elásticos’, que no obstante el tiempo transcurrido y la posición imprecisa que sume, corrobora la afirmación de los dos certificados médicos que con sus limitaciones y aclaraciones efectuadas, certifican la existencia de ‘desgarros antiguos’ e ‘himen complaciente’ de los que se concluye que la víctima si tuvo relaciones sexuales en un tipo anterior a los exámenes médicos”.
Ahora bien, de la revisión del Auto Vista, el Tribunal de alzada centró su fallo, realizando una compulsa de los antecedentes refiriendo que los certificados médicos y dictamen pericial médico, pruebas signadas como “MP-1, MP-2 y MP-17”, hacen inferir en lo sustancial al Tribunal, la afirmación de la existencia de himen dilatable y elástico, reconociendo que no obstante el tiempo transcurrido y la posición impresa que asume, corrobora la afirmación de los certificados médicos, que certifican la existencia de desgarros antiguos e himen complaciente, concluyendo que la víctima tuvo relaciones sexuales en un tiempo anterior a los exámenes médicos, resultando lógico y jurídico que las pruebas de cargo no reportan contradicciones sino condiciones de términos que tienen valor análogo en el entorno médico, considerando que el primer certificado médico fue emitido por un médico del Centro hospitalario de Monteagudo, el segundo por una médico forense y el último elaborado por un perito, pero que en definitiva reportan conclusiones complementarias y conformes en relación al estado físico, haciendo generar en el tribunal que la víctima tuvo relaciones sexuales en tiempo anterior derivando ser el objetivo común.
De ello se colige, que la labor del Tribunal de sentencia, en cuanto a la valoración de la prueba consistentes en los certificados médicos fueron correctos, toda vez que se demostró que hubo relaciones sexuales anteriores, situación que fue controlada por el Tribunal de alzada, ofreciendo una razonable exposición sobre el particular, tal cual se evidencia del considerando tercero punto SEGUNDO del Auto de Vista impugnado por lo que éste cumplió con su deber de control y fundamentación; no siendo en consecuencia evidente la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados: Autos Supremos 014/2013-RRC de 6 de febrero y 308 de 25 de agosto de 2006.
III.6.En lo referente a que la Sentencia se basó en hechos no acreditados (presunta amenaza).
El recurrente señala que, en su recurso de apelación restringida denunció que la Sentencia se basó en hechos no acreditados, según el art. 370 inc. 6) del CPP, debido a que no existió ningún elemento probatorio que demuestre que amenazó a la víctima; sin embargo, el Tribunal de Sentencia y el de Alzada, vulneraron los arts. 173, 124 y 359 del CPP, contraviniendo el Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, que refiere que la valoración de la prueba por medio de la sana crítica, tiene que verter criterios de verdad, que deben ser otorgados a cada elemento de prueba, determinando los hechos probados por intermedio de pruebas.
Como se puede advertir, el planteamiento que hace el recurrente es el mismo formulado en el anterior recurso de casación, resuelto por el Auto Supremo 217/2014-RRC de 4 de junio, que declaró infundado el motivo. Al respecto y a partir del criterio básico de que la amenaza tiene la finalidad de causar inquietud en el amenazado en este caso en la víctima, se evidencia que este extremo fue constatado por el Tribunal de Sentencia, que siguiendo su sana crítica explicó que sus contenidos y fines son el sometimiento de la prueba a las leyes, pues, de la declaración de la víctima manifiesta que: “tiene particular relevancia por la notoria afección emocional”, por lo que no se advierte quebrantamiento al art. 370 inc. 6) del CPP, pues no le restan credibilidad ni valor probatorio a su declaración, porque en estos delitos de carácter sexual la declaración de la víctima resulta relevante ya que la sana crítica enseña que por lo general en este tipo de conductas delictivas no existen testigos presenciales; en consecuencia, el Tribunal actuó con base en los criterios de verdad otorgados a cada elemento de prueba, dentro de las reglas de la lógica y la experiencia, postulados que rigen el razonamiento.
A partir de la conclusión anterior, se establece que carece de sustento el planteamiento del recurrente en sentido de que el Tribunal de apelación no efectuó ninguna acción para corregir el supuesto defecto, más cuando al resolverse la apelación restringida, sobre esta particular temática, el Auto de Vista impugnado estableció: “En relación a que hubo o no amenazas para la perpetración del hecho punible en cuestión, debemos ponderar que el delito de violación sexual a menores de edad, no concibe factores como las que se hace referencia a la comisión y consumación del acto, no importando la existencia o no de amenazas, si se doblegó su resistencia en base a su fuerza física, (…), sino la restricción a la libertad de opción sexual de la menor como tipo genérico sin que el supuesto empleo de violencia psicológica o amenaza sea relevante vinculado al acto lesionante del bien jurídico protegido, es imperioso redundar que el aspecto anotado, no implica desconocimiento alguno del derecho fundamental a la defensa del imputado, si bien es cierto que supuestamente se vería afligido, sin embargo, ésta se encuentra protegida por derechos previstos tanto en la Constitución Política del Estado como en normas especiales que velan su entorno psico-emocional, ante la violencia sexual a la que fue sometida, situación que se ve agravada por su minoridad y vulnerabilidad…”, estos elementos considerados en principio por el Tribunal de Sentencia a tiempo de emitir la sentencia y por el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, determinan la inexistencia de contradicción del Auto de Vista recurrido con el precedente invocado, por lo que este motivo también deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Abraham Vega Gonzales.

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IN DUBIO
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