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Timestamp: 2020-08-06 15:30:18+00:00

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#ALERTA INFORMATIVA LABORAL Y CONCURSAL - B2B CORPORACIÓN
02 Abr #ALERTA INFORMATIVA LABORAL Y CONCURSAL
Posted at 08:35h in Sin categorizar	by	admin
Con fecha 1 de abril de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID 19 (en adelante “RDL11 2020”), en el que se incluye una auténtica amalgama de medidas complementarias, de muy diversa índole.
Por ser uno de los ámbitos con mayores cambios legislativos durante este estado de alarma, centraremos la presente Alerta informativa en las medidas laborales y concursales contempladas en el citado RDL 11 2020 y que procedemos a resumir a continuación:
AUTÓNOMOS COMO CONSUMIDORES VULNERABLES EN SU VIVIENDA HABITUAL, a efectos del bono social y otras medidas de protección.
El artículo 28 del RDL 11 2020 prevé que tendrán la consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual, a los efectos de acceder al bono social y otras medidas de protección social vigentes, el titular del punto de suministro o algún miembro de su unidad familiar, siempre que, además de cumplir el requisito de renta conjunta máxima anual reseñada en el propio precepto, se trate de trabajadores por cuenta propia o autónomos con derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto reducida su facturación en los términos del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo (reducción de, al menos, un 75% en relación al promedio de facturación del semestre anterior).
La condición de consumidor vulnerable definida en los términos anteriores, se extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia. En ningún caso, la consideración de consumidor vulnerable se extenderá más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
La documentación para la acreditación de la condición de consumidor vulnerable a remitir al comercializador se detalla en el propio artículo 28 y se acompaña un modelo de solicitud (anexo IV).
El artículo 33 del RDL 11 2020 reconoce un nuevo “subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato personal” del que resultarán beneficiarias aquellas personas trabajadoras cuyo contrato de duración determinada (incluyendo los contratos de interinidad, formativos y de relevo) de, al menos dos meses de duración, haya finalizado con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Para beneficiarse de este subsidio excepcional no será necesario contar con un periodo mínimo de cotización y resultará incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
La cantidad a percibir consistirá en una ayuda mensual del 80% del IPREM mensual vigente, lo que se traduce en una suma de, aproximadamente, 430,272 euros y tendrá una duración de UN MES, prorrogable mediante Real Decreto-Ley.
Esta medida se encuadra entre las destinadas, específicamente, a apoyar a los autónomos o trabajadores por cuenta propia y consiste el otorgamiento, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, de moratorias de 6 meses, sin interés, a empresas y trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen, previa solicitud del interesado y cumplimiento de los requisitos y condiciones que se mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
La moratoria, en los casos en que sea concedida, afectará a las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta del periodo abril, mayo y junio de 2020 en el caso de las empresas, y mayo, junio y julio de 2020 en el caso de trabajadores por cuenta propia, y siempre que las actividades que realicen NO hayan quedado suspendidas con ocasión del estado de alarma.
Las solicitudes de moratoria deberán presentarse telemáticamente a través del Sistema RED y, además y como alternativa para los trabajadores por cuenta, por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).
Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y deberá comunicarse dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos de ingreso, sin que en ningún caso proceda la moratoria retroactiva o de plazos de ingreso ya finalizados.
La concesión de moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud, si bien se entenderá concedida si comienzan a aplicarse las moratorias en las liquidaciones posteriores a la solicitud.
Quedan excluidos de esta moratoria los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones reguladas en el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020, como consecuencia de aplicar ERTES de fuerza mayor.
Tanto empresas como trabajadores por cuenta propia (siempre que no tengan aplazamientos ya en vigor) podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social, cuyo plazo de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020.
Estas solicitudes efectuarse dentro los diez primeros días naturales del plazo de ingreso y resultará de aplicación un interés del 0,5%.
MATIZACIONES RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO TRAS UN ERTE
La Disposición adicional decimocuarta del RDL 11 2020 viene a matizar lo preceptuado en la Disposición adicional sexta del RDL 8 2020 en relación al compromiso de mantenimiento del empleo tras un ERTE, al señalar se valorará en atención en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual.
En todo caso, las medidas previstas en los artículos 22 a 28 del RDL 8 2020 resultarán de aplicación a todas las personas trabajadoras, con independencia de la duración determinada o indefinida de sus contratos.
Durante un plazo de seis meses, a computar desde el 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, los partícipes de los planes de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados, con los límites cuantitativos fijados en la propia Disposición adicional vigésima del RDL 11 2020 y que se refieren, básicamente, a salarios o ingresos netos dejados de percibir, en los siguientes supuestos:
Los referidos ingresos o salarios dejados de percibir deberán ser acreditados por los solicitantes de la disposición de los derechos consolidados, cuyo reembolso deberá efectuarse en el plazo máximo de siete días hábiles desde la aportación de la referida documentación acreditativa correspondiente y quedará sujeto al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones.
Asimismo, esta previsión resultará de aplicación a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
INCAPACIDAD TEMPORAL EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO TOTAL.
Con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento y con carácter excepcional, se extenderá la protección de Incapacidad Temporal a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y que tengan obligación de prestar los SERVICIOS ESENCIALES a los que se refiere el RDL 10 2020, siempre que:
a) Se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada, de forma expresa, la posibilidad de desplazarse, que deberá acreditarse mediante la oportuna certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del Servicio Público de Salud;
b) No pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa o al propio trabajador, mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud; y
c) No tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública.
Durante la vigencia del estado de alarma el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos a fecha 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan su causa en un ERTE.
En estos casos, el ERTE que tramite el empresario, ya sea por suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de trabajo, sólo afectara al trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor.
Será, por tanto, compatible el percibo del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, con la percepción de la prestación por desempleo que, consecuencia de la reducción de la jornada en un ERTE, se pudiera tener derecho a percibir.
A tal efecto, la empresa al tiempo de presentar la solicitud del expediente, indicará las personas que tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de ser titular del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, señalando la parte de la jornada que se ve afectada por el expediente de regulación temporal de empleo.
DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICAR PRESTACIÓN EXTRAORDINARIAS POR CESE DE ACTIVIDAD.
En relación al requisito para acceder a la PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD que exige al autónomo la acreditación de una reducción de su facturación del 75% en el último mes en relación con el promedio de los seis meses anteriores para aquellas actividades no directamente suspendidas por la declaración del estado de alarma (artículo 17.1 del RDL 8 2020), se introducen algunas correcciones:
a) Para los trabajadores por cuenta propia o autónomos pertenecientes a actividades de las artes escénicas, de creación artística y literaria o de gestión de salas de espectáculos (CNAE 2009 entre 9001 y 9004), la comparación de la reducción de facturación se realizará en relación con los 12 meses anteriores.
b) Alternativamente y en el caso de las producciones agrarias estacionales, la comparación se realizará entre la facturación de los meses de campaña anteriores a la solicitud de la prestación y el promedio de los mismos meses de la campaña del año anterior.
a) No serán objeto de recargo, las cotizaciones de los días del mes de marzo no cubiertos por la prestación extraordinaria y que no se hayan abonado en plazo.
b) El plazo para solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad se extenderá hasta el último día del mes siguiente a la finalización de estado de alarma.
c) Se concreta la documentación justificativa, de orden contable, con la que se ha de aportar para acreditar la reducción de la facturación:
copia del libro diario de ingresos y gastos;
copia del libro registro de ventas e ingresos; o
copia del libro de compras y gastos.
Los trabajadores autónomos no obligados a llevar libros que acreditan el volumen de actividad, podrán aportar cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Toda solicitud deberá ir acompañada, en cualquier caso, de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a la prestación
El RDL 11 2020 introduce una nueva Disposición Adicional Décima en el RDL 8 2020, denominada “Especialidades en aplicación del Capítulo II a las empresas concursadas” y que prevé:
a) La posibilidad de aplicar las medidas contenidas en sus artículos 22 y 23 relativos a la regulación de los ERTEs a las empresas en concurso, siempre que concurra los requisitos allí recogidos.
b) La normativa reguladora aplicable será el Estatutos de los trabajadores y las especialidades previstas en el RDL 8 2020, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Concursal, resultando de aplicación las siguientes especialidades:
Las solicitudes o comunicaciones de los expedientes deberán ser formuladas por la empresa concursada con la autorización de la administración concursal, o por la administración concursal directamente, según el régimen de intervención o suspensión de facultades patrimoniales, al igual que la decisión de las medidas sobre la suspensión de los contratos o reducción de jornada, en el caso de que no se alcance acuerdo al respecto en el periodo de consultas.
La administración concursal será parte necesaria en el período de consultas previsto en el artículo 23 del RDL 8 2020;
En los supuestos del apartado 1 del artículo 47.1 párrafos 10, 15 y 16 del Estatuto de los Trabajadores y del apartado 6 del artículo 33 del Reglamento regulador de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, será el juez del concurso el que conozca de las impugnaciones a que los mismos se refieren. Estas impugnaciones se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en materia laboral y la sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.
En los supuestos del apartado 5 del artículo 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, la impugnación de la resolución de la autoridad laboral se realizará ante la jurisdicción social.
Por otro lado y como disposición transitoria cuarta, el Gobierno ha contemplado las siguientes previsiones en materia de concurso de acreedores:
a) Plenitud de efectos de las resoluciones adoptadas por el Juez del concurso en materia de ERTE: Si a la entrada en vigor del RDL 11 2020, esto es, el 1 de abril de 2020, el juez del concurso ya hubiera acordado la aplicación de las medidas contenidas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020 en relación a un ERTE, la resolución judicial tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones que correspondan, según el referido Real Decreto Ley.
b) Remisión a la autoridad laboral de las solicitudes de ERTEs por parte del Juez del concurso: Las solicitudes presentadas en las que no se haya dictado resolución por el juez del concurso se remitirán a la autoridad laboral y continuarán su tramitación y cumpliendo los dispuesto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020.
c) Validez de actuaciones previas a efectos del nuevo procedimiento: Las actuaciones previamente practicadas y el periodo de consultas que estuviera en curso o ya celebrado conservarán su validez en el nuevo procedimiento, a seguir ante la autoridad laboral.
EXTENSIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE MEDIDAS EXCEPCIONALES: HASTA UN MES DESPUÉS DEL FIN DEL ESTADO DE ALARMA.
La Disposición final primera, en su apartado diecisiete y con carácter general, dispone la prórroga de la vigencia de todas las medidas adoptadas en el RDL 8 2020 hasta un mes después del fin del estado de alarma, salvo aquellas medidas previstas que tengan un plazo determinado. Establece, asimismo, la posibilidad de que el Gobierno prorrogue la vigencia de cualquiera de las medidas previstas, mediante Real Decreto-Ley.

References: artículo 28
 Real Decreto 
 artículo 28
 artículo 33
 Real Decreto 
 artículo 24
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 51
 artículo 64
 artículo 23
 artículo 47
 artículo 33
 artículo 33
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto