Source: https://es.scribd.com/document/87063591/INFORME-CEDAW-2011-Movimiento-Feminista-de-Nicaragua
Timestamp: 2018-07-16 12:17:55+00:00

Document:
Cargado por Oscar Acuña
Una publicación del Movimiento Feminista de Nicaragua 2011 Informe elaborado por: Chepita Rivera Ruiz
MU J ER E S
A LA VI V
R ID M AD U ENTR E A, X NI FA C
U JE RE S 2 49 17
SO L I
1. 2. Resumen Ejecutivo Contexto de País
Página 5 6
Ejes Temáticos I. II. III. IV. V. VI. VII. Mecanismos para el Adelanto de la Mujer (Artículos 1, 2, 3 y 4 CEDAW) Derechos Sexuales y Reproductivos (Artículos 5,10, 12,14, 15 CEDAW) Participación Pública y Política de las Mujeres (Artículos 1, 7 y 8 CEDAW) Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Artículos 1, 3, 6,15 CEDAW) Mujer Rural (Artículo 14 CEDAW) Mujer Afrodescendiente (Artículos 1,2 3, 5,6, 7, 10 y 15 CEDAW) Matrimonio y Relaciones Familiares (Artículo 16 CEDAW) 14 19 28 31 37 41 46
El Movimiento Feminista de Nicaragua (MF) es un espacio de concertación política para la defensa de los derechos de las mujeres, integrado por 17 organizaciones feministas y mujeres jóvenes y adultas que participan a título individual. Como parte de nuestras prioridades promovemos el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, defendemos el derecho a vivir libres de toda violencia, promovemos el derecho de las mujeres a participar en la toma de decisiones en el ámbito público; incidimos en la formulación de un nuevo marco jurídico que reconozca la igualdad de derechos y oportunidades; así como en la formulación y aplicación de políticas públicas que contribuyan a mejorar la vida de las mujeres. El Estado de Nicaragua a pesar de haber ﬁrmado y ratiﬁcado sin reservas la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Julio 1980 y Octubre de 1981 respectivamente, continúa sin ratiﬁcar el Protocolo Facultativo de la Convención. El Estado de Nicaragua ha presentado ante el Comité de la CEDAW seis informes; el último de ellos fue examinado en enero del 2007; si bien le correspondía presentar su VII informe en noviembre del 2006, en vista de que no lo hizo, le corresponde presentar el VII y VIII informe combinado en noviembre del 2010. El MF junto a otras expresiones del movimiento de mujeres nicaragüense ha realizado diversas gestiones en demanda al Estado para la ratiﬁcación del Protocolo Facultativo de la CEDAW que nos asegure mecanismos mínimos de exigibilidad en el cumplimiento de sus compromisos internacionales para la defensa de los derechos de las mujeres. En tal sentido hemos emitido comunicación expresa ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional y ante el Instituto Nicaragüense de la Mujer sin obtener hasta la fecha respuestas positivas. El presente Informe Alternativo elaborado por el Movimiento Feminista de Nicaragua ha sido elaborado en el marco de la presentación del sexto informe periódico de los Estados Partes (CEDAW/C/NIC/6) ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la 37º periodo de sesiones (15 de enero a 2 de febrero de 2007). El presente informe alternativo da cuenta del estado real de los derechos de las mujeres en el ámbito de los Derechos Sexuales y Reproductivos; Participación Pública y Política de las Mujeres; Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; Empleo y Seguridad Social para las Mujeres; Mujer Rural; Mujer Afrodescendiente; Mujeres e Igualdad ante la Ley; Matrimonio y Relaciones Familiares de las Mujeres.
Para la elaboración del presente informe se realizaron revisiones documentales, consultas a fuentes de información oﬁcial y no gubernamentales, entrevistas a profundidad con mujeres líderes del movimiento y especialistas en Derechos Humanos de las mujeres. También procuramos sostener entrevistas con mujeres que ocupan cargos de dirección en las instituciones del Estado pero nos encontramos una negativa generalizada por lo que la información oﬁcial se limita a los muy escasos datos colocados en las páginas web de dichas instituciones. Según fuentes oﬁciales, el Estado nicaragüense actualmente se encuentra preparando su VI y VIII informe combinado 2006 y 2010, en ese entendido el Movimiento Feminista espera aportar con este informe a la evaluación que sobre Nicaragua realizará próximamente el Comité de la CEDAW. 2. Contexto de País Pobreza y políticas de compensación:
Actualmente Nicaragua tiene una población de 5, 603, 241 habitantes, de las cuales 2, 736, 872 son mujeres. Del total de habitantes, 4 millones viven en condiciones de pobreza (62%) y 2,5 millones viven en la pobreza extrema. Vivimos en un país donde el 20% más rico de la población acumula el 47.2% del total del consumo, mientras que el 20% más pobre apenas alcanza el 6.2%. Nicaragua ocupa el 112 lugar de 177 países con respecto al índice de desarrollo humano relativo al género (IDG) lo que demuestra que a pesar de las medidas tomadas por el Estado, las brechas de género persisten sobre todo en los ámbitos productivo, el empleo, la salud sexual y reproductiva y la violencia. Nicaragua registra los mayores indicadores de pobreza en Centroamérica, la universalización del acceso a la educación y a los servicios básicos de salud, así como la protección contra el hambre y el derecho a un empleo digno, son retos importantes aún. El 44% de la población es rural y vive en comunidades pequeñas y dispersas con elevados índices de marginación y vulnerabilidad ambiental. El 90% de las viviendas rurales están deterioradas, en la mayoría de casos la población vive hacinada y está ubicada en zonas de alto riesgo. En el sector rural se concentra el 78% de la pobreza extrema. Las mujeres rurales representan el 22% del total de la población femenina del país (1.100,679). Según el Informe de Desarrollo Humano 2007-2008, de cada 100 adolescentes en edades de 15 a 19 años, 51 viven en condición de pobreza y 18 viven en pobreza extrema. Con referencia a las edades de 12 a 14 años, 54 viven en condición de pobreza y 20 viven en extrema pobreza indicando que es en el grupo de adolescentes donde se da la mayor incidencia de la pobreza. El balance acumulado durante las últimas dos décadas arroja cifras que hablan elocuentemente de la calidad del desempeño de los gobiernos:
En Nicaragua, cuatro de cada diez personas viven con menos de un dólar al día; las mujeres representan el 80% del total de la fuerza de trabajo del sector informal (87 de cada 100); más de medio millón de niños y niñas no asisten a la escuela; la tercera parte de la población está desnutrida y el 12% de niños y niñas menores de 5 años tiene un peso menor que el normal. Con el actual gobierno si bien la dimensión macroeconómica no ha sido modiﬁcada de manera sustancial (se mantienen marco de acuerdos con el FMI) algunas políticas sectoriales han dado un importante giro hacia estrategias de compensación de la pobreza. Aunque alguna cifras oﬁciales llegan a aﬁrmar una reducción de más del 10% en los niveles de pobreza, diversas fuentes no oﬁciales de información reconocen como problemas torales la prevalencia del subempleo y los bajos salarios, en relación con el costo de la canasta básica que crece año con año disminuyendo la capacidad de consumo de la población. El incremento sostenido en la tarifa de servicios de electricidad continúa siendo una de las principales presiones para las y los consumidores. Si bien el gobierno de Nicaragua ha suscrito acuerdos preferenciales con el gobierno de Venezuela para la compra de petróleo, el costo de la energía eléctrica y de los combustibles continúa siendo el más alto de Centroamérica. Programas como “Hambre Cero”, “Casas para el Pueblo”, “Plan Techo” y en menor medida, “Usura Cero”, se han mostrado por parte del gobierno como alternativa de mejoría para familias empobrecidas del campo y la ciudad; no obstante su cobertura es reducida y está contaminada con ﬁnes electorales clientelistas en la medida que solo beneﬁcian a simpatizantes del partido de gobierno. En cuanto a servicios públicos como salud y educación, por un lado el gobierno ha explicitado la voluntad de revertir el proceso de privatización desarrollada por los gobiernos anteriores, sin embargo, esta intención guarda una débil correspondencia con la asignación presupuestaria designada para la salud y educación la cual muestra una tendencia al estancamiento en relación con periodos anteriores de acuerdos con estudios recientes (IEEPP 2010). Según cifras del Banco Mundial en el 2008 de cada 100 niños y niñas que entran a la escuela, 25 no concluyen sus estudios primarios. Según la UNESCO en un estudio realizado en el 2010, solo 27 niños y niñas alcanzarán a concluir el nivel primario de enseñanza. De acuerdo con datos de la CEPAL (2008) el gasto que destina el gobierno para la educación primaria y secundaria es el más bajo de América Latina y el Caribe, llegando apenas a $ 62.00 por persona.
En estudios independientes como el realizado por el economista Adolfo Acevedo, el 79% de la población nicaragüense tiene niveles de escolaridad menores a los de hace 11 años. (Algunas notas sobre Nicaragua y las ODM-2010). La des-privatización de la salud y la educación no cuenta con un andamiaje institucional que asegure calidad, cobertura y sostenibilidad de dichos servicios. Producto del exceso de ideologización y centralización en ambas instituciones, no se ha logrado alcanzar niveles satisfactorios de eﬁciencia y eﬁcacia de la acción pública gubernamental. El servicio de agua potable en las comunidades urbanas y rurales representa uno de los problemas más acuciantes, que durante los últimos años se ha agravado producto de la falta de control por parte de las instituciones públicas sobre las empresas constructoras, así como, sobre el uso de este recurso vital por parte de las empresas privadas y extranjeras. Aunque aparentemente existe conciencia en el gobierno de la gravedad del problema, no se advierte una estrategia clara para enfrentar la crisis del agua. Lamentablemente, la empresa nacional de servicios de agua y alcantarillado (ENACAL) también ha sido objeto de tráﬁco de inﬂuencias y corrupción. Empleo y Economía: Las mujeres tienen una alta participación en la economía del país, constituyen el 42% de 1 la fuerza de trabajo, aportan el 40% al PIB, y son el 79.4% de la PEA en el sector informal. Sin embargo, la inserción ocupacional de las mujeres es precaria, ya que en su mayoría se emplean en servicios domésticos, maquilas y en las actividades menos rentables del sector informal. Sobre las mujeres recae un gran peso de la supervivencia familiar. De acuerdo con estudios del FIDEG , la inserción de las mujeres en el sector formal de la economía se da principalmente en las empresas de maquila. La mayoría de la población ocupada en estas empresas son mujeres entre los 18 y 39 años, percibiendo salarios inferiores al costo de la canasta básica. El empleo informal absorbió el 63.3% de la ocupación en el año 2005 y la participación de las mujeres ocupadas en este sector se ubicó en un 61%. El Estado de Nicaragua no cuenta con una estrategia de desarrollo rural que priorice a los segmentos empobrecidos de las mujeres en el campo. La migración es una situación que podría detenerse brindando mayores oportunidades y medidas que eviten que la gente se vaya de su comunidad en búsqueda de tener una vida mejor. Derechos Sexuales y Reproductivos La negativa de los gobiernos anteriores y el actual a desarrollar programas de educación sexual en los centros públicos de enseñanza, se debe principalmente a la violación del Estado laico consignado en la Constitución de la República.
1. 2. Mujeres nicaragüenses: cimiento económico familiar. FIDEG 2007. Idem. 2
El actual gobierno ha demostrado un marcado desinterés por la continuidad de las políticas y planes formulados con anterioridad, las que contaron con la activa participación de las organizaciones de mujeres. La justicia es el punto más débil de la institucionalidad democrática en Nicaragua, el Poder Judicial trabaja de acuerdo a los intereses de los sectores políticos, económicos y religiosos. La promulgación de algunas leyes no ha sido suﬁciente para disminuir en la práctica, las brechas en el acceso a la justicia, pues las normas constitucionales y los convenios internacionales a favor de los derechos de las mujeres no se aplican adecuadamente, a lo que se suma que estas leyes contienen en algunos casos, vacíos o contradicciones que impiden a las mujeres el acceso a una justicia ágil y oportuna. Prevalece el desconocimiento de buena parte de la ciudadanía en general y de las mujeres en particular sobre sus derechos, a lo que se suma la falta de recursos para enfrentar procesos judiciales. Modelo de gestión y participación ciudadana: El modelo de gestión instalado por el gobierno del FSLN ha profundizado la histórica tendencia hacia un marcado centralismo por parte del gobierno central en franco detrimento de la descentralización. Un problema de suma gravedad es la negación de información pública a la ciudadanía bajo el argumento de que los medios de comunicación manipulan la información para desacreditar al gobierno. En la práctica ello se expresa en una especie de “desierto” informativo tanto por parte del funcionariado público, como de los espacios electrónicos con que cuenta el gobierno y otros poderes del Estado como el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República (órgano de ﬁscalización) ambos poderes controlados por las cúpulas del FSLN y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El excesivo centralismo por parte del gobierno ha afectado severamente el incipiente proceso de descentralización municipal y el proceso de autonomía de las regiones de la Costa Caribe. Las alcaldías en su mayoría en manos del partido de gobierno (101) han perdido capacidad de autodeterminación, toda vez que el gobierno central decide prioridades y utilización de fondos públicos. A manera de ejemplo los gobiernos municipales se han visto obligados a destinar el 10% de los fondos descentralizados para cubrir gastos de educación que le corresponden al gobierno central. Participación de las mujeres en la toma de decisiones: La tendencia actual es de marcado retroceso. El partido de gobierno a pesar de haber prometido la conformación de un gobierno paritario, ha contribuido con la reducción de la presencia de mujeres en el espacio público.
De un total de 14 ministerios sólo 6 están dirigidos por mujeres (ambiente y recursos naturales, familia, trabajo, gobernación, salud y educación). Así mismo la Policía Nacional desde el año 2005, está dirigida por una mujer. En el poder legislativo de 92 diputaciones titulares, solo 17 son mujeres (18.47%) de las cuales una es Afrodescendiente y ninguna pertenece a los pueblos indígenas. De las 15 comisiones de trabajo creadas por la Asamblea Nacional, solo 2 son dirigidas por mujeres (Comisión de Probidad y Comisión de la Mujer, niñez, juventud y familia). En el Parlamento Centroamericano, (PARLACEN) se eligieron 21 representantes de los cuales sólo 9 son mujeres. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 16 magistraturas, cinco de las cuales son ejercidas por mujeres, incluyendo a la presidenta de este poder del estado. Ninguna de estas pertenece a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Hay presencia de mujeres afrodescendientes e indígenas en los tribunales de apelación y juzgados locales. Este poder del Estado cuenta con una Política de género creada en el año 2004, y como mecanismo crearon, a partir del 2006, la Secretaría Técnica de Género. En el Consejo Supremo Electoral las nueve magistraturas están ejercidas por hombres a excepción de una magistrada con cargo de suplente. No existe política de género dentro de la institución. La situación en los gobiernos locales no es muy diferente, pues sólo 18 alcaldías fueron ganadas por mujeres de un total de 153. Hubo un descenso importante ya que las mujeres en puestos de alcaldesas pasaron del 29% en el año 2004 a 19% en el año 2008. El panorama electoral en el presente año indica que habrá una reelección ilegítima del Presidente Ortega en las elecciones del 2011 y distintos análisis político coinciden en que es un hecho su triunfo de nuevo período en el poder. Durante el período 2006-2011 la posición del gobierno en cuanto a las mujeres ha sido de verlas no como merecedoras de derechos sino como población vulnerable a quienes puede manipular y chantajear de acuerdo a sus necesidades. La mayoría de alcaldesas en el actual periodo están al frente de municipios que presentan los mayores índices de pobreza. Los cuatro partidos con representación parlamentaria han establecido cuotas dentro de sus estatutos que oscilan entre el 30 y 40%. Sin embargo, la tendencia predominante en los partidos más grandes es a ubicar a las mujeres en posiciones subalternas. En el caso de las alianzas partidarias, la participación de mujeres es minoritaria. En general los partidos políticos no cuentan con programas y acciones aﬁrmativas encaminadas a promover los derechos y la participación de las mujeres, ni de las poblaciones afrodescendientes e indígenas. La participación de las mujeres en los gremios empresariales sigue siendo débil. Las cámaras empresariales que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), solo cuentan con dos mujeres al frente de las cámaras de turismo e industria respectivamente.
Participación Ciudadana: En cuanto a la participación ciudadana el partido oﬁcial con el apoyo de las instituciones de gobierno desde inicios del 2007 han desarrollado un modelo de participación ciudadana que promueve la participación de la gente en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria pero con poca o nula capacidad de inﬂuencia en la toma de decisiones en el ámbito público. Los llamados “gobiernos del poder ciudadano” (GPC) organizados en niveles comunitarios y barriales son los responsables de la identiﬁcación de demandas, brindar avales políticos a trabajadores locales y posibles “beneﬁciarios” de servicios públicos; asegurar la movilización popular en apoyo al partido de gobierno, distorsionando con ello el sentido democrático de la participación ciudadana. Aquellas organizaciones que como parte de sus objetivos intentan desarrollar una labor de auditoría social, han sido objeto de múltiples expresiones de hostilidad y descaliﬁcación tanto por parte de las estructuras de los dos partidos hegemónicos (FSLN/PLC) como del conjunto de poderes del Estado controlados por ambos partidos. En abierta violación a la Ley de Participación Ciudadana, los cuatro poderes del Estado rechazan cualquier iniciativa que parte de organizaciones de la sociedad civil, concentrando en los partidos hegemónicos el monopolio de la participación en los procesos de formulación de iniciativas de ley. Los esfuerzos realizados por diferentes expresiones del movimiento de mujeres y feminista en todo el territorio nacional chocan recurrentemente con la corrupción, el autoritarismo, el centralismo y la falta de voluntad política de los gobiernos para desarrollar estrategias encaminadas a reducir la pobreza y fomentar la igual de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Situación de la Mujer en la Educación:
En cuanto a educación se cuenta con un presupuesto sumamente bajo en relación a las necesidades imperantes y el mismo gobierno reconoce muy pocos esfuerzos en las áreas rurales. Nicaragua es el país centroamericano con la menor inversión en educación. En los años 2007 y 2008 el presupuesto para este sector alcanzó el 3.7% del producto interno bruto –PIB- y se sabe que para alcanzar las Metas del milenio debería llegar al 6% pero las proyecciones estatales aseguran únicamente el 3.9% Según la EMNV 2005, casi la mitad de la población entre 6 y 29 años no se matriculó en el sistema de educación regular (45.2%). En ese mismo año dentro del grupo que sí se matriculó existe una diferencia estadísticamente signiﬁcativa entre mujeres (52.9) y hombres (56.7%).
5. 6. Diana María Martínez, Coordinadora de la Fundación entre Mujeres, Estelí, Noviembre 2010. Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida. 6
Existe una drástica disminución entre la educación primaria y secundaria como resultado de los problemas que aquejan a la juventud, como el alto índice de deserción, el cual según el Ministerio de Educación, ocurre con mayor frecuencia en los primeros años del nivel secundario. La problemática descrita está asociada con las diferencias entre hombres y mujeres en relación con la maternidad y a la falta de corresponsabilidad de los hombres en el cuidado de los niños y las niñas. Las actividades ligadas a la maternidad, incluidos el embarazo y el cuidado de los niños y niñas, impidieron que se matriculara el 18% de las mujeres entre 6 y 29 años que reportaron no haberse matriculado. Los datos revelan que el 19% de la población no ha aprobado ningún nivel de educación, lo que se traduce en niveles similares de analfabetismo. Dos tercios de la población no ha superado la educación primaria y sólo el 6% reporta haber estudiado algún nivel superior. Por otro lado los libros de texto y los materiales didácticos suelen contener elementos sexistas que reaﬁrman la ﬁgura de los hombres en el rol tradicional y en un papel protagónico dentro de la sociedad, mientras que se continúa representando a las mujeres en el rol reproductivo. Medios de comunicación: El papel desempeñado por el conjunto de medios de comunicación es más bien reﬂejo de una sociedad que no ha logrado dar pasos signiﬁcativos hacia la democratización de la información. Prevalece una tendencia a la ideologización y politización excesiva, más que a contribuir en la formación de conciencia ciudadana para fortalecer los procesos de participación. Prevalecen al menos tres tipos de medios de comunicación; los cooptados por el gobierno en calidad de dueño o patrocinador principal; los adscritos a determinados partidos políticos que hacen “oposición” al gobierno; los que intentan manejar un cierto equilibrio en el ejercicio de la comunicación pública. La mayoría de estos coinciden en acudir al amarillismo y sensacionalismo para mantenerse en el mercado. Son muy pocos los espacios de comunicación social que coadyuvan con la defensa de los derechos de las mujeres. La Convención: El Estado de Nicaragua a pesar de haber ﬁrmado y ratiﬁcado sin reservas la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) en Julio 1980 y Octubre de 1981 respectivamente, continúa sin ﬁrmar, ni ratiﬁcar el Protocolo Facultativo de la CEDAW a pesar de las recurrentes demandas presentadas por el movimiento de mujeres. Se desconoce que el Estado de Nicaragua realice un examen amplio en la legislación, para detectar y eliminar leyes discriminatorias hacia las mujeres.
RECOMENDACIONES: El MF sugiere al Comité recomendar al Estado de Nicaragua: En el marco del respeto al Estado social de derecho, reclamamos el respeto al carácter laico del Estado; respeto irrestricto al marco legal vigente; fortalecimiento de la independencia de los poderes del Estado; realización de elecciones transparentes; promover la participación ciudadana plural y sin ningún tipo de discriminación. Mayor compromiso del Estado nicaragüense: Eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres y que impiden el ejercicio pleno de sus derechos a través de la ratiﬁcación del Protocolo Facultativo de la CEDAW; revisión y mejoramiento de la actual Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades; Aprobación de La Ley que sanciona la Violencia contra las Mujeres en consulta con las organizaciones de mujeres/feministas; aprobación de una política integral de educación sexual con enfoque de derechos humanos; restitución inmediata del aborto terapéutico y atención a las mujeres que recurren a los servicios públicos por complicaciones del aborto clandestino; asignación de recursos necesarios para la efectiva implementación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; aprobación de una Ley de Fondo de Tierra y su Reglamento que incluya las necesidades de la pequeñas productoras agropecuarias; aprobación de la reforma a la Ley General de Cooperativas con participación directa de las organizaciones de mujeres rurales; incremento sustantivo de las partidas presupuestarias para salud y educación; reformar la actual ley electoral para establecer la paridad en cargos de elección popular como obligación de los partidos políticos e instituciones del Estado. Efectiva aplicación de acuerdos internacionales: Mejorar la coordinación entre poderes del Estado para la efectiva aplicación de la CEDAW, la Plataforma de Acción Mundial de Beijing y el Programa de Acción de la CIPD, articulando dichos compromisos en el conjunto de políticas, programas y planes sectoriales. Fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer a ﬁn de dotarle de autoridad y capacidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de Estado en la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades.
Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer (Artículos 1, 2, 3 y 4 CEDAW)
Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (LIDO) Existencia formal del mecanismo: El Estado de Nicaragua no cuenta con un mecanismo nacional que vele por la formulación e implementación de políticas públicas para la igualdad de derechos y oportunidades.
A pesar de la aprobación y reglamentación de la Ley N° 648 ó Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (LIDO) en febrero 2008 y junio 2010 respectivamente, el Estado de Nicaragua no cuenta con el mecanismo necesario para articular los acuerdos internacionales con el conjunto de políticas públicas, evidenciándose la falta de voluntad política para la formulación e implementación de políticas públicas que favorezcan el adelanto de la mujer. La LIDO y su Reglamento en el Capítulo III, Art. 36 establece como de obligatorio cumplimiento la Creación del Consejo Nacional por la Igualdad coordinado por el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), y a la vez en su numeral 2, inciso i contempla la integración de dos delegadas de organizaciones de mujeres de carácter nacional. Este Consejo Nacional, en conjunto con instituciones del Estado serán las encargadas de coadyuvar al diseño, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política de Igualdad de Género y de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley, así como, deﬁnir responsabilidades compartidas en el cumplimiento de la presente Ley. Aunque en el art 45 de la LIDO se establece que el Consejo Nacional por la Igualdad debe ser instalado por el Presidente de la República en un plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la ley y que le corresponde al INIM convocar a sus integrantes, al momento de ﬁnalizar la elaboración del presente informe, no conocemos de ninguna convocatoria por parte del INIM para la conformación de dicho Consejo; no existe ningún mecanismo de interlocución entre las organizaciones de mujeres y el INIM, prevaleciendo una total negativa a brindar información y coordinar acciones con organizaciones de mujeres que no forman parte de las estructuras del partido de gobierno. Instituto Nicaragüense de la Mujer, sin autonomía, ni recursos: El INIM que fue creado por Decreto N° 293, el 22 de Diciembre de 1987 y deﬁnida su vida orgánica mediante el Decreto N° 36-93, el 6 de Julio de 1993, no ha logrado constituirse en actora beligerante del proceso de formulación de estrategias nacionales de desarrollo y políticas públicas que contemplen como objetivo principal la igualdad de derechos y oportunidades. El actual gobierno mediante la Ley N° 612, aprobada el 24 de enero del 2007 que Reforma y Adiciona la Ley N° 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, establece que el INIM como ente autónomo descentralizado estará bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República con las mismas facultades, competencias y recursos. Sin embargo, el mismo decreto de forma contradictoria también señala que le corresponde al Ministerio de Familia como parte de sus competencias, rectorear a través del INIM, el Programa Nacional de Equidad de Género. Lo anterior nos permite aﬁrmar que el INIM continúa siendo un ente carente de autonomía política y administrativa; que además, no dispone de recursos necesarios para cumplir la función de rectoría de políticas públicas en materia de igualdad y equidad; por el contrario la limitada acción pública del Instituto, lo ubica como mero ejecutor de proyectos de corto alcance que al privilegiar un enfoque familista, no abona al empoderamiento integral de las mujeres como sujetos de derechos.
El INIM a tono con el conjunto de instituciones del poder ejecutivo ha diseñado una página web como espacio de publicidad partidaria, uno de cuyos énfasis es el de relevar los méritos de la esposa del presidente y coordinadora del consejo de comunicación. Representación del INIM en el ámbito internacional: En cuanto a la representación del gobierno en las conferencias y eventos internacionales sobre los derechos de las mujeres, desde la asunción del nuevo gobierno el INIM ha reducido al máximo su participación en los conferencias convocadas por las Naciones Unidas para evaluar los avances de los gobiernos en el cumplimiento de convenciones y conferencias internacionales para el adelanto de las mujeres, por lo cual no existe ninguna garantía de que el actual gobierno asuma con responsabilidad las recomendaciones emitidas por la ONU en temas de alta sensibilidad para la vida de las mujeres . 7 En tal sentido vemos con preocupación la irregularidad de la participación del INIM en los procesos de evaluación de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo Cairo + 15, Presentación del Informe del Examen Periódico Universal (EPU) realizado a Nicaragua en febrero 2010 ante Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza; Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing +15) realizada en marzo del 2010 en Nueva York; el seguimiento a la CEDAW, las Conferencias Regionales convocadas por la CEPAL, la más reciente se efectuó en julio 2010 en Brasilia. La participación del INIM también ha sido marginal en la Red de Mecanismos de la Mujer de Centroamérica (COMCA) Por el contrario, la representación del INIM está siendo sustituida por funcionarias del gobierno que no están directamente involucradas con la protección de los derechos de las mujeres. Tal es el caso de la actual Ministra de Gobernación quien se ha destacado en sus discursos públicos por una grave insensibilidad y desconocimiento de problemas como la violencia contra las mujeres y la muerte materna como consecuencia de la penalización de todas las formas de aborto incluyendo el terapéutico. Recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU): El actual gobierno de Nicaragua presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su Informe del Examen Periódico Universal (EPU) en febrero del año 2010. De las 101 recomendaciones realizadas al EPU por la Oﬁcina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el gobierno aceptó solamente 64; de las cuales 22 están relacionadas con la violación a los derechos humanos de las mujeres. Entre las 64 recomendaciones que rechazó el Estado de Nicaragua, se encuentra la demanda de restituir el aborto terapéutico, haciendo caso omiso de las recomendaciones de cuatro Órganos de Tratados de la ONU y de las numerosas recomendaciones que sobre el tema han presentado Organismos Internacionales de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y la Organización Mundial contra la Tortura.
7. Balance Alternativo Plataforma de Acción Mundial, Beijing+15, Movimiento Feminista Nicaragua, marzo 2010.
El gobierno de Nicaragua justiﬁcó el rechazo a 64 recomendaciones con el argumento que muchas de las recomendaciones ya estaban en proceso de cumplimiento, sin presentar evidencias de tal aseveración. Tal como lo expresa el Movimiento Feminista en su Informe Alternativo8 a Beijing +15 Las leyes que prohíben el aborto, incluyendo el terapéutico, afectan de manera drástica a las mujeres pobres y marginadas, puesto que ellas son las más afectadas y quienes deben recurrir a los centros públicos de salud. Tanto la negación de la educación sexual en la enseñanza pública como la penalización del aborto terapéutico, devienen obstáculos que impiden el disfrute de un conjunto de derechos individuales de las mujeres en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, supone la anulación de los derechos fundamentales de las mujeres. Las leyes que penalización del aborto, plantean la idea irracional de la existencia independiente de un embrión respecto de la vida de una mujer; exige a las mujeres embarazadas la aceptación de una especie de inmolación frente a la posibilidad de procrear un nuevo ser humano. El Programa Feminista Centroamericano La Corriente y otras organizaciones de sociedad civil presentaron informes alternativos al EPU con énfasis en la educación sexual y la penalización del aborto terapéutico. Las demandas presentadas por estas organizaciones no fueron tomadas en cuenta por el gobierno en la elaboración del informe oﬁcial. Como Movimiento Feminista reiteramos la validez de las recomendaciones dadas al Estado de 9 Nicaragua en el marco del EPU , por Órganos de Tratados de la ONU, para este efecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité de Derechos Humanos; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Comité contra la Tortura; mismas que fueron rechazadas por el Estado de Nicaragua y que continúan pendientes de cumplir: a. b. c. La pronta Ratiﬁcación del Protocolo Facultativo de la CEDAW. Cumplir con los objetivos señalados en la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades. Acelerar la mejora de las condiciones de vida de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes dados los altos niveles de discriminación que sufren. Se exhorta a Nicaragua a tipiﬁcar penalmente cada una de las conductas que promuevan la discriminación racial y recomienda se adopten medidas apropiadas para combatir los prejuicios raciales en los medios de comunicación, tanto en los canales públicos como privados, y se aplique efectivamente el estatuto jurídico de autonomía.
Balance Alternativo Plataforma de Acción Mundial, Beijing+15, Movimiento Feminista Nicaragua, marzo 2010. Recopilación preparada por la oﬁcina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos Ginebra, 8 a 19 de febrero de 2010.
Adoptar medidas inmediatas para poner ﬁn a los asesinatos de mujeres y en particular a que proceda a la investigación, castigo y no impunidad de los responsables. Aplicar plenamente la legislación sobre la violencia contra la mujer y se organicen actividades de capacitación permanente destinadas a las y los oﬁciales de policía. Permitir un acceso efectivo a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, otorgar protección policial y crear albergues para las víctimas Revisar su legislación en materia de aborto, y estudiar la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación sexual, incesto o embarazos que amenacen la vida de la mujer. No penalizar a los profesionales de la medicina que en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales pongan ﬁn a un embarazo que pone en riesgo la salud y la vida de la mujer. Acelerar el proceso de incrementar la participación plena y en condiciones de igualdad de la mujer en la vida pública. Más oportunidades de empleo para que las mujeres puedan pasar del sector no estructurado al sector estructurado; cumplir plenamente la legislación laboral vigente; evitar y sancionar la vulneración de los derechos de las mujeres que trabajaban en las industrias maquiladoras; hacer frente al incumplimiento de las normas de seguridad y salud en esas industrias; y mejorar el acceso de las trabajadoras a la justicia y la asistencia jurídica. Mejorar el acceso de la mujer a los servicios de atención médica y combatir la mortalidad materna particularmente en la Región Autónoma del Atlántico. Asegurar el acceso de las niñas y las jóvenes en condiciones de igualdad a todos los niveles de la educación, para que las niñas no abandonen la escuela y mejorar el nivel de alfabetización de las niñas y las mujeres. Eliminar las discrepancias en el acceso a la educación entre las zonas urbanas y rurales y se destinen más recursos a la educación en el presupuesto nacional. En el plazo de un año, proporcionar información sobre la aplicación de las recomendaciones relativas, entre otros temas a la administración de justicia, la corrupción, la violencia contra las mujeres, el asesinato de mujeres, los malos tratos a la niñez, la prohibición del aborto, etc.
RECOMENDACIONES: El MF sugiere al Comité que recomiende al Estado de Nicaragua: * * Retomar el compromiso de dar efectivo cumplimiento a todas las recomendaciones realizadas al Examen Periódico Universal EPU. Fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres dotándole de autoridad, capacidad decisoria y recursos ﬁnancieros y talentos humanos necesarios para promover con eﬁcacia la igualdad de derechos y el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Retomar los espacios de interlocución con el movimiento de mujeres/feminista, como actoras claves en el avance y desarrollo de las mujeres y el ejercicio pleno de su ciudadanía. Asegurar información pública transparente y continua que permita conocer la acción pública para reducir las brechas de desigualdad.
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Artículos 5, 10, 12, 14, 15)
El Estado de Nicaragua continúa sin dar cumplimiento a la recomendación número 18 hecha por el Comité de la CEDAW; por medio de la cual se le insta a adoptar medidas para mejorar el acceso a los servicios de atención médica en particular a servicios de salud sexual y reproductiva, acceso a educación sexual y a métodos de planiﬁcación familiar, principalmente para jóvenes y niñez, con énfasis en la prevención de embarazos precoces e ITS.
En Marzo del 2010 el Movimiento Feminista de Nicaragua en su balance11 de Beijing+15 da cuenta de que las mujeres entre 15-49 años representan el 26% del total de la población nacional. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada día una mujer enfrenta un embarazo ectópico, cada dos días un embarazo molar, y un embarazo 12 interferido por el cáncer. Por otra parte datos del Instituto Guttmacher en 2008, reportan que el 48% de las mujeres jóvenes dieron a luz antes de los 20 años y el 45% de los nacimientos recientes de mujeres adolescentes fue no planeado. La tasa de fecundidad en mujeres adolescentes nicaragüenses es la más alta en Centroamérica: 119 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años.13 Datos oﬁciales sobre mortalidad materna del Departamento de Atención Integral a la Mujer del Ministerio de Salud (MINSA), indican que durante el último quinquenio ocurrieron más de cien muertes maternas por año, de las cuales 119 sucedieron en el 2005; 115 ocurrieron en el 2007, 97 muertes en 2008 y al mes de julio del 2009 se reportaron 49 muertas, lo cual reﬂeja un incremento de 16 mujeres muertas más que el año anterior en ese mismo período.
10. 11. 12. 13. CEDAW/C/NIC/CO/6 Balance Alternativo Plataforma de Acción Mundial, Beijing+15, Movimiento Feminista Nicaragua, pág. 7, marzo 2010. Derogación del aborto terapéutico en Nicaragua; Impacto en la Salud. OMS Nicaragua, 2009. Datos sobre la salud sexual y reproductiva de la juventud nicaragüense, Instituto Guttmacher, 2008.
De las 97 mujeres muertas en 2008, 63 se registraron en zonas rurales donde las mujeres no acuden a las unidades de salud debido a la limitada capacidad de decisión de las mujeres sobre sus vidas, la falta de dinero, las largas distancias y la discriminación en todos los aspectos. Sin embargo, del total de muertes el 50% ocurrió en centros de atención médicas públicas; el 90% de estas muertas eran evitables considerando la condición clínica de la mujer al 14 momento de su ingreso a la unidad de salud. Lo anterior evidencia las carencias de profesionales caliﬁcados así como de recursos materiales necesarios para brindar atención de calidad. De acuerdo con datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) a mayo del 2009 la mortalidad materna se incrementó en un 20% (33 mujeres) en relación al 2007. Del 100% de muertes maternas el 20% corresponde a mujeres adolescentes. Entre los departamentos con mayor incidencia se destacan las regiones del Atlántico Norte y Sur -en donde se concentran las poblaciones indígenas y afrodescendientes- y Managua.15 El actual gobierno aﬁrma que en el 2007 se redujo la muerte materna gracias al trabajo de brigadas móviles de médicos generales, las cuales además de ser de corta duración, no tienen cobertura nacional; por ende, no representan una solución sostenida ante un problema de salud endémico como es la mortalidad materna. A partir del segundo semestre 2009 y durante el 2010 el MINSA ha mantenido un alto hermetismo con el manejo de las estadísticas relativas a la mortalidad materna dándoles un manejo que se asemeja a los secretos de Estado. Las evidencias y los datos proporcionados por fuentes personalizadas de información nos permiten aﬁrmar que el gobierno nicaragüense está lejos de aproximarse al cumplimiento de su compromiso con el objetivo de reducir la mortalidad materna en un cincuenta por cien. Métodos Anticonceptivos: Según ENDESA 2007, el 87% de las mujeres sexualmente activas de 15-24 años no desea tener un hijo o hija en los próximos dos años, independiente de su estado marital,16 Nicaragua es un país donde el uso de anticonceptivos no es ni negociable ni accesible para la mayoría de las mujeres. La esterilización femenina es el método más usado en el país 17 (24%), en segundo lugar está la inyección (23%) seguido por la píldora (14%) . Aún cuando en las unidades públicas de salud, el MINSA distribuye Métodos Anticonceptivos (MAC) frecuentemente hay desabastecimiento, la consejería que se brinda es limitada, la infraestructura de los centros de salud no cuenta con la privacidad que requieren las mujeres adolescentes para sus consultas y en el caso de las unidades de salud de las zonas rurales el acceso a los mismos se torna más difícil todavía. Por otro lado el uso del condón no solo se enfrenta a la resistencia por parte de los jóvenes a utilizarlo en todos sus encuentros sexuales, sino a la falta de consejería a jóvenes de ambos sexos para educarlos desde una perspectiva de corresponsabilidad.
14. 15. 16. 17. www.ops.org.ni/vigepi/ Citado por el Movimiento Feminista de Nicaragua en su Balance Alternativo Plataforma de Acción Mundial, Beijing+15, pág. 8, marzo 2010. Datos sobre la salud sexual y reproductiva de la juventud nicaragüense, Instituto Guttmacher, 2008. Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud, ENDESA 2006-2007.
Las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH: Según la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR) realizada en 2006, Nicaragua es el país de Latinoamérica con más prevalencia en mujeres por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y por el Virus de Papiloma Humano (VPH) que condiciona la mayor aparición del cáncer cérvico uterino, lamentablemente, del comportamiento epidemiológico del VPH en los años 2007 a 2010, no da cuenta el MINSA a pesar de las serias repercusiones que tiene en la salud sexual y reproductiva de la mujer. De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del MINSA el año 2007 hubo 3,902 personas detectadas con ITS y en 2010 la detección de 2,135 para una disminución en 1,767 casos. La tasa nacional de incidencia de ITS es de 37.2% siendo la RAAS la de mayor incidencia con 90 nuevas personas afectadas, seguida de la RAAN con 87 nuevos casos y Chinandega con 78. En cuanto al comportamiento de las ITS durante el año 2010 las de mayor incidencia son la gonorrea (840 casos/274 mujeres); el condiloma (896 casos/ 617 mujeres) y la síﬁlis adquirida (432 casos/ 269 mujeres). El nivel de afectación por ITS es mayor en las mujeres con 53% (1,160 afectadas) y 47% hombres (1,069 afectados). Con relación al Virus de Inmunodeﬁciencia Humana (VIH) en 2010 hubo una detección de 951 nuevas personas infectadas por VIH para un total de 5,693 personas detectadas desde 1987. De estos 951 nuevos casos de VIH la mayoría son mujeres (54%) y el 39 % son hombres. Los mayores niveles de incidencia corresponden a las personas en las edades comprendidas 15 a 39 años para un 84.7% de afectados. Es sumamente preocupante que para el año 2007 el comportamiento del VIH estaba en una relación hombre – mujer de 2.3 a 1 y ya en 2010 los datos epidemiológicos indican una relación hombre-mujer de 1.32 principalmente en la población joven y adolescente de entre los 15 a 24 años. El comportamiento del VIH ha ido modiﬁcándose aceleradamente presentándose principalmente la forma de transmisión en las relaciones de parejas heterosexuales (93%). En el caso de las mujeres embarazadas es importante llamar la atención en que el 42% (38 mujeres) de mujeres embarazadas infectadas con VIH pertenecen al grupo etáreo de 15 a 24 años. Esta alta incidencia tiene que ver con la ausencia de una política nacional de educación sexual pública que desarrolle una buena labor de prevención; así como la falta de coherencia entre la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva y la calidad de los servicios públicos de salud. La efectividad de los esfuerzos que se realizan para frenar la feminización de la pandemia en Nicaragua se ven limitados por la débil promoción del uso del condón, por la falta de educación sexual integral, y por la inﬂuencia de las iglesias tanto en las familias y comunidades, como en el sistema público de educación.
Situación ITS, VIH y sida, Datos preliminares Vigilancia Epidemiológica MINSA, Nicaragua, febrero 2010.
Penalización del aborto terapéutico y su impacto en la vida de las mujeres pobres: El Estado de Nicaragua continúa sin atender las recomendaciones de revertir la penalización del aborto terapéutico, emitidas por cuatro Comités de la ONU y de otras organizaciones internacionales de derechos humanos. Sigue vigente la Ley N° 641-07, Código Penal reformado y aprobado en la Asamblea Nacional en Noviembre del 2007 que penaliza el aborto en todas sus formas, incluyendo el aborto terapéutico. En los artículos 143, 144 y 145 del nuevo Código Penal se disponen penas de cárcel para los profesionales de la salud que practiquen abortos y para las mujeres y las niñas que soliciten o consigan que se les practique un aborto. Estas sanciones se aplican incluso en los casos en los que continuar con el embarazo supone un peligro para la vida o la salud de la mujer. El Código Penal también incluye otras dos disposiciones dirigidas a los proveedores de servicios de salud, los artículos 148 y 149, que dejan a los médicos y médicas expuestos/as a ser procesados penalmente en cualquier caso en el que, con independencia de la intención, se produzca cualquier tipo de lesión o la muerte del feto a consecuencia de la atención médica prestada para preservar la vida o la salud de la mujer o el feto. En Nicaragua durante la campaña electoral del año 2006 para elegir nuevas autoridades nacionales, la jerarquía católica presionó de forma directa a los candidatos y diputados (as) de la Asamblea Nacional para concretar un antiguo proyecto de penalización del aborto terapéutico. La mayoría de candidatos se pronunciaron en contra de toda forma de aborto incluyendo el terapéutico y ﬁnalmente en octubre del 2006, la Asamblea Nacional derogó el artículo 165 del viejo Código Penal que reconoce el Aborto Terapéutico como una excepción de la penalización del aborto. Ello a pesar que durante el año 2001 la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Nicaragua (SONIGOB), habiendo realizado una consulta a 198 médicos y médicas gineco-obstetras de un total de 218 registrados en el Ministerio de Salud, ésta dio como resultado que el 95% de los profesionales de la salud consultados estuvo de acuerdo con que “se debe mantener la ﬁgura del aborto terapéutico en la legislación” 19, SONIGOB oportunamente presentó dicho resultado al poder legislativo junto a todo tipo de información cientíﬁca, sin que este poder del Estado se inmutara al respecto. Diversas organizaciones de la sociedad civil y el Movimiento Feminista hemos realizado ingentes esfuerzos para que la Asamblea Nacional se abstuviera de cometer un acto violatorio a la Constitución Política de la República. Para ello conformamos una amplia red nacional e internacional que se ocupó de brindar información pertinente a las y los legisladores, realizó una amplia campaña de sensibilización e información a la opinión pública y alentó la intervención de la comunidad internacional en la defensa del aborto terapéutico. Se destaca por la relevancia de sus aportes éticos, médicos y jurídicos la participación beligerante de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Nicaragua; la Asociación
19. Los médicos debemos decidir responsablemente. Oscar Flores, ginecólogo participante en la Consulta de SONIGOB, 2001.
de Médicos Generales y Enfermeras, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales tales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch . 20 Esta amplia movilización de diversos actores de la sociedad civil y del movimiento feminista mantenida desde 2006, ha incluido dentro de sus acciones, incidencia política ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Nacional (AN), haciendo entrega de varios recursos por inconstitucionalidad junto a Amicus Curie que aportan una sólida argumentación con bases cientíﬁcas y de derechos humanos para la restitución del aborto terapéutico. Hasta ahora todos nuestros esfuerzos han sido infructuosos ya que el poder judicial está controlado por el partido de gobierno (FSLN) y en el caso del poder legislativo, tanto el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) mantienen su compromiso con las iglesias católicas y evangélicas para mantener penalizado el aborto en todas sus formas. El 16 de marzo del 2010 un grupo de 20 diputadas y diputados introdujo la iniciativa de ley denominada Ley de Reforma y Adición a la Ley Nº 641 Código Penal –entre los cuales no cuenta ninguno de la bancada oﬁcialista. Esta iniciativa contempla la posibilidad de incorporar un eximente especíﬁco que permita a los médicos actuar en los casos extremos que pongan en peligro la vida de la mujer, pudiendo interrumpir el embarazo previa determinación cientíﬁca y mediante dictamen de tres facultativos con autorización de la mujer embarazada . 21 Como Movimiento Feminista consideramos que la iniciativa de ley que pretende restituir el aborto terapéutico (AT), restringe el derecho de las mujeres a decidir sobre su capacidad reproductiva dejando en manos de tres facultativos decidir sobre la vida de las mujeres. En deﬁnitiva el anteproyecto en mención no modiﬁca en nada la formulación que teníamos hace 137 años. Así mismo conocemos de un anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva en proceso de elaboración y cuya iniciativa recae en el grupo de diputadas autodenominadas Pro-ODM. Dicha iniciativa de ley no representa un avance sustantivo en materia de reconocimiento de derechos ya que no favorece la autonomía de las mujeres y de los hombres para decidir responsablemente sobre sus cuerpos en materia de sexualidad y reproducción. Además, se enfrenta a la falta de voluntad política de los dos partidos que tienen el control total de la Asamblea Nacional. En ambos casos el grupo de diputadas que encabezan esta iniciativa se han negado a consultarla con las organizaciones feministas no adscritas a ningún partido político. Situación de la Educación Sexual en la Enseñanza Pública :
La educación sexual pertinente y oportuna, así como la libertad de elegir sobre la maternidad/paternidad y la protección del proceso reproductivo están reconocidas
20. 21. 22. Por sobre sus cadáveres: derogación de acceso a la atención obstétrica (…), Human Rights Watch, 2007. Ley de Reforma y Adición a la Ley 641 Código Penal, versión electrónica . Balance Alternativo Plataforma de Acción Mundial, Beijing+15, pág. 10-13, marzo 2010.
como derechos en un conjunto de convenios internacionales, así como en la Constitución Política de la República de Nicaragua, la que en sus artículos 58, 116 y 124 señalan respectivamente: Arto. 58 Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura. Arto. 116 La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, cientíﬁca y humanista; desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad; y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad. Arto. 124 La educación en Nicaragua es laica. El Estado reconoce el derecho de los centros privados dedicados a la enseñanza y que sean de orientación religiosa, a impartir religión como materia extracurricular. En Nicaragua, la Educación Sexual continúa siendo un tema que incomoda al gobierno y autoridades del Ministerio de Educación (MINED). La información que se brinda a las/los adolescentes en las escuelas es fragmentada, con enfoque biologicista y vinculada con las Ciencias Naturales, Convivencia y Civismo; temas sustantivos como la integridad y seguridad sexual del cuerpo, el derecho a la privacidad, la libertad sobre las expresiones sexuales, la maternidad y la paternidad voluntaria y responsable entre otros, están ausentes de las débiles acciones de capacitación. El enfoque predominante es el de continuar limitando la educación sexual a la explicación de los cambios anatómicos y ﬁsiológicos en el cuerpo de la mujer y del hombre. Desde el año 2003 y en el contexto del debate sobre el aborto terapéutico se da la publicación del Manual “Educación para la Vida”, una guía para docentes sobre sexualidad, que contempla entre otros temas: comunicación en la familia; cambios en la pubertad y adolescencia, paternidad y maternidad responsables, infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA; prevención de la violencia y el abuso sexual. El mismo fue elaborado por un equipo interinstitucional conformado por representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El manual fue duramente criticado por la Asociación Nicaragüense Provida, grupo emblemático del fundamentalismo religioso en el país, la jerarquía de la iglesia católica y la Alianza Evangélica Nicaragüense; quienes además de acusar a UNFPA de promover relaciones sexuales tempranas y el aborto, ejercieron una fuerte presión para que el gobierno no incluyera dicha guía en la currícula educativa para los niveles de enseñanza básica y secundaria. A pesar de que el titular de turno de la cartera de educación reconoció públicamente la necesidad de impartir educación sexual “porque una cantidad de jóvenes en Nicaragua por falta de educación quedan embarazadas y terminan con sus vidas”; el presidente de
la república Enrique Bolaños ordenó la revisión inmediata del manual para que el mismo fuera el “reﬂejo de las costumbres, ﬁlosofía de la vida y naturaleza cristiana, principios 23 éticos y morales que se deben impulsar en la juventud” . En tal sentido, el gobierno orientó la conformación de un nuevo equipo de trabajo incluyendo a un representante de la curia arzobispal de la iglesia católica y excluyendo la representación del UNFPA al menos para la redacción de los primeros siete capítulos de la segunda versión de la guía. Posteriormente les permitieron participar en la elaboración de los capítulos ﬁnales, siempre y cuando se abstuvieran de comentar los primeros con ánimos de modiﬁcación. En septiembre del 2006 el entonces llamado Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) publica el documento “Educación para la Vida: Guía de Educación del Afecto y la Sexualidad”, que plantea como propósitos explícitos: “incentivar los cambios profundos de valores cívicos, actitudes morales, competencias cognitivas y afectivas, que estimulen el desarrollo personal y la integración social de los jóvenes y así evitar riesgos de inadaptación, la transmisión del VIH y sida, embarazos precoces y violencia sexual, fortaleciendo la autoestima y promoviendo la convivencia con los demás”. La guía fue circulada a través del Internet con el pedido de enviar aportes únicamente por esta vía. Diversas organizaciones del Movimiento Feminista de Nicaragua luego de hacer un exhaustivo análisis del documento hicimos llegar nuestros principales críticas y aportes pero ninguna de ellas fue reconocida como válida. Entre los principales planteamientos críticos hechos por organizaciones feministas a la guía se destacan la promoción de la abstinencia como el único método seguro de prevenir embarazos e ITS; la reaﬁrmación de la familia nuclear como el modelo universal al que todas las personas deben aspirar; el abordaje de la homosexualidad como una debilidad y/o enfermedad; las referencias al aborto como una ofensa a Dios, la masturbación como una posible patología mental, entre otras. Actualmente, aún cuando la nueva currícula educativa para la enseñanza básica y media considera como ejes transversales la educación de la sexualidad para la prevención de las ITS, el VIH y sida, la educación para la salud y la sanidad y la educación para la equidad de género y diversidad ; y la actual Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva considera que “la ausencia de un programa de educación sexual en el sector salud y de educación formal, contribuye a que prevalezca la inﬂuencia de valores y actitudes 24 sesgadas por conceptos derivados de juicios morales y religiosos” ; los esfuerzos continúan siendo dispersos y confusos, lo cual muestra que no responden a una política institucional del Ministerio de Educación y Deportes (MINED). El documento Educación de la Sexualidad desde la Consejería Escolar con fecha Noviembre-Diciembre 2008, menciona que “En el año 2008 en el marco del proyecto “Educación de la Sexualidad y Promoción de la Salud”, el Ministerio de Educación en el proceso de inserción de la educación de la sexualidad en la escuela, se propuso realizar una consultoría que integre las mejores partes de la Guía de educación de la sexualidad y la Guía del afecto y de la sexualidad en base a la consulta que se realizó en el 2006
23. 24. El Nuevo Diario, 02/09/2003 Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, p. 16; 2ª. Edición; Managua, agosto 2008.
y la que se realizará en el 2008”. Asimismo, aﬁrma que la educación de la sexualidad busca desarrollar las competencias para aprender a ser, a convivir, a ejercer los deberes y los derechos. Dicho documento le conﬁere a la Consejería Escolar una función de apoyo al proceso de transformación curricular del MINED. El Departamento de Consejería Escolar se propone una estrategia de prevención articulada con el Ministerio de Salud cuyo objetivo general es: “Promover estrategias de prevención institucionales dirigidas hacia la población en general con especial atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del sistema educativo nacional, que conlleve a cambio de actitudes hacia prácticas de estilos de vida saludables con énfasis en el VIH y sida y con un enfoque de derechos humanos”. Las deﬁniciones antes descritas no se corresponden con los programas y proyectos del Ministerio de Salud y de Educación, toda vez que dependen fundamentalmente de voluntades individuales, no son resultado de una política pública, son de proyección local en ciertos municipios del país en donde se han logrado realizar acciones conjuntas con alcaldías y organizaciones juveniles. Los limitados esfuerzos de formación a docentes en materia de sexualidad y reproducción incluyen únicamente a integrantes de la Red de Consejería. No se están invirtiendo esfuerzos para que el universo de docentes del ámbito de las ciencias sociales cuente con los conocimientos y herramientas metodológicas necesarias para impartir educación sexual en los niveles de enseñanza básica y media. Existen aproximadamente 21 Unidades de Consejería Escolar (UCE) que trabajan en coordinación con la Red de Consejería, ubicadas en las cabeceras departamentales, con presencia en la mayoría de las escuelas primarias y secundarias; sin embargo la mayoría de éstas no cuentan con el personal caliﬁcado ni recursos económicos para asegurar su funcionamiento. Entre las serias limitaciones que enfrentan las UCE en el ejercicio de sus funciones están la no existencia de tiempo especíﬁco para impartir charlas de educación sexual; las consejeras que en su mayoría son mujeres deben aportar “tiempo libre” para ejercer la función de consejería; se distorsionan las funciones de consejeras/os a quienes se les asignan tareas de regulación disciplinaria de los/as estudiantes; se han descontinuado la capacitación tanto a las consejeras como a las/os docentes en general; se continúa presentado la abstinencia, el auto control, la ﬁdelidad, las relaciones sexuales hasta el matrimonio como métodos para prevenir el VIH y Sida, las ITS, el embarazo adolescente. Así mismo los materiales utilizados durante la consejería son insuﬁcientes, parciales, desactualizados y están prioritariamente orientados a la prevención de ITS y VIH, todo esto como consecuencia de la ausencia de un programa integrado de educación sexual.
De forma explícita las autoridades del MINED han prohibido hablar de la diversidad sexual y del aborto terapéutico, así como de la distribución de preservativos. En los pocos centros de estudio donde existe alguna coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil, las autoridades educativas aceptan que se hable del condón y se instruya sobre las formas correctas de uso, pero no se acepta su distribución. Se conoce por fuentes extraoﬁciales que existe una tercera versión de la guía básica de educación sexual para docentes que integra aspectos de las dos guías anteriores, aprobada por las autoridades superiores del MINED. Dados los altos grados de secretismo con que trabajan las instituciones del Estado, no fue posible tener acceso a dicho documento ni conocer información actualizada. En entrevista concedida a un diario local por el ex titular de Educación, Miguel De Castilla aﬁrmo que “el nuevo manual fue consultado con la jerarquía católica, razón por la cual no temen presiones religiosas”, evidenciando una vez más la violación al carácter laico del Estado nicaragüense. Por otro lado tenemos información de que los gobiernos regionales de la Costa Caribe, especíﬁcamente el Sub-sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR), han aprobado y están en proceso de aplicación de la Guía de Educación Sexual de la cual se ha excluido el abordaje de la homosexualidad y el lesbianismo por considerar que atenta contra la cultura y las creencias religiosas de la región. RECOMENDACIONES: El MF sugiere al Comité que recomiende al Estado de Nicaragua: • Revierta de forma inmediata la penalización del aborto terapéutico, evitando cualquier injerencia que limite el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres nicaragüenses consignadas en la Constitución Política. Invierta mayores recursos y cree los mecanismos necesarios para la efectiva implementación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Apruebe e implemente un Manual de Educación Sexual que promueva los derechos de las y los adolescentes en el ámbito de la sexualidad. Desarrolle una estrategia integral de prevención de las ITS y del VIH y sida en coordinación con el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que han acumulado una vasta experiencia. Participación política y pública de las mujeres (Artículos 1, 7, 8 CEDAW)
Manual de Sexualidad para jóvenes precoces, El Nuevo Diario, 11/03/2008.
Participación política y pública de las mujeres (Artículos 1, 7, 8 CEDAW)
El Estado de Nicaragua en su conjunto esta partidarizado, lo cual signiﬁca que los poderes del Estado están bajo el control de los dos partidos hegemónicos. La selección de cargos de dirección en el Estado está determinada por intereses partidarias más que por criterios de idoneidad. Las mujeres nicaragüenses legalmente tenemos el mismo derecho que los hombres a votar en todas las elecciones a partir de 1,955. Podemos ser candidatas para altas posiciones políticas en los mismos términos que los hombres. No obstante, en la práctica se enfrentan otras barreras, tanto socioeconómicas como de discriminación dentro de sus partidos tales como el difícil acceso a la lista de propietarias en lugares ganadores. Los poderes del Estado: En el caso del Poder Legislativo, entre 1996 y 2006, sólo aproximadamente un 20% de 26 los candidatos a diputados/as han sido mujeres y según una fuente de la División de Estadística de las Naciones Unidas en el año 2009, la proporción de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento nacional descendió del 20,7% en 2006 al 18,5%. Actualmente en el poder legislativo de 92 diputaciones titulares, solo 17 son mujeres (18.47%) de las cuales una es Afrodescendiente y ninguna pertenece a los pueblos indígenas. De las 15 comisiones de trabajo creadas por la Asamblea Nacional, solo 2 son dirigidas por mujeres (Comisión de Probidad y Comisión de la Mujer, niñez, juventud y familia). Con relación a la participación de las mujeres, el actual gobierno durante su campaña electoral se comprometió a garantizar paridad de mujeres y hombres en su gabinete, sin embargo actualmente de un total de 14 ministerios, sólo 6, el 29% está dirigido por mujeres (medio ambiente y recursos naturales, familia, trabajo, salud, educación y gobernación). Así mismo la Policía Nacional desde el año 2005, está dirigida por una mujer. Un análisis de las tres últimas elecciones nacionales realizado en el año 2010, encontró que en promedio, los partidos políticos nicaragüenses nominan 1 mujer por cada 4 hombres como candidatas a diputadas. En ambas listas de propietarios y suplentes los hombres tienen más probabilidades de ser nominados en posiciones altas y las mujeres 27 encuentran una doble discriminación por ser minorías dentro de sus partidos y porque las ubican en puestos perdedores. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está integrada por 16 magistraturas, incluyendo a las conjueces, cinco de las cuales son ejercidas por mujeres, incluyendo a la presidenta de este poder del estado. Ninguna de estas pertenece a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Hay presencia de mujeres afrodescendientes e indígenas en los tribunales de apelación y juzgados locales. Este poder del Estado cuenta con una unidad de género creada en el año 2004, no así con una política de género.
26. 27. A/HRC/WG.6/7/NIC/2. Noviembre 2009. Acerca del efecto del sistema de suplentes en la representación legislativa de la mujer: el caso de Nicaragua, Ana Margarita Vijil, Abril 2010.
Actualmente la CSJ es sumamente cuestionada por la población debido a la ilegitimidad al ser constituida por magistrados de facto a quienes se les ha vencido el plazo de sus magistraturas, mismas que son producto del pacto entre los partidos FSLN Y FSLN. En el poder electoral, las nueve magistraturas están ejercidas por hombres a excepción de una magistrada con cargo de suplente. No existe política de género dentro de la institución. En la mayoría de las instituciones del estado existen unidades de género, pero no en todas existe política de género. Procuramos precisar este dato importante con el INIM, pero no nos proporcionaron la información. Participación en formulación de políticas públicas: A pesar de la existencia de un amplio número de organizaciones y redes de mujeres se evidencia una marcada tendencia hacia la exclusión de dichas organizaciones en el proceso de formulación e implementación de políticas públicas por parte del actual gobierno de Nicaragua y de los partidos con mayoría parlamentaria. Durante los últimos cuatro años las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos hemos enfrentado una férrea campaña de desprestigio y hostilidad por parte del gobierno. Advertimos una clara animadversión por parte de funcionarios públicos a establecer cualquier tipo de coordinación con las organizaciones de mujeres y feministas; la tendencia generalizada es a negarnos información y excluirnos de la toma de decisiones en materia de políticas públicas tanto a nivel nacional como local. Participación en los Partidos políticos: Las mujeres enfrentan múltiples y variados obstáculos para participar en los partidos políticos dada la prevalencia de mecanismos explícitos e implícitos de exclusión y marginación. De acuerdo con un estudio acera de la exclusión política de jóvenes, mujeres y pueblos indígenas en Nicaragua, no existe registro de la participación de las mujeres como aﬁliadas o militantes en los partidos políticos. 28 La participación de las mujeres en cargos de elección popular continúa siendo muy inferior a la de los hombres aún cuando en el artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 648 ó Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (LIDO) establece claramente que “se garantiza la igualdad de derecho a optar a cargos de elección popular, estableciéndose un porcentaje proporcional del 50% para hombres y 50% para mujeres a las elecciones nacionales, regionales, municipales y del parlamento centroamericano, la participación, el progreso social y elevación del nivel de vida dentro de un concepto más amplio de igualdad y oportunidad”
La exclusión política de jóvenes, mujeres y pueblos indígenas en Nicaragua, Dora María Téllez, pág.21, Abril 2009.
Como muestra el estudio (Téllez 2009), el partido de gobierno estableció en sus estatutos una cuota mínima del 30% de mujeres para los órganos de dirección y en las listas de candidaturas a cargos de elección popular y otros cargos públicos, ubicándolas de tal forma que se garantice tal proporción entre los electos. Posteriormente hizo pública su intención de promover que un 50% de los cargos de dirección fuesen ocupados por mujeres. En el caso del PLC plantea un mínimo de 40% para las mujeres y jóvenes en los cargos partidarios y de elección popular, sin especiﬁcar la proporción en cada caso. Por su parte la ALN establece una cuota de tres mujeres para la Convención Nacional (8.8%) y dos para la Junta directiva ((4.76%). Todo lo anterior tiene su principal obstáculo en la Ley Electoral vigente la cual posee serios vacíos en materia de paridad que vuelven incongruente la declaración de intención, las disposiciones generales, los conceptos y medidas contenidos en la LIDO y su Reglamento. En término del registro y desagregación de las estadísticas de participación política de las mujeres nicaragüenses por sexo, etnia, raza, etc., el Estado de Nicaragua y sus instituciones o bien no llevan dichos registros o no los dan a conocer en ﬂagrante violación al derecho a la información de las/os nicaragüenses. RECOMENDACIONES: El MF sugiere al Comité que recomiende al Estado de Nicaragua: • Promover una institucionalidad fuerte y libre de compromisos partidarios. • Modiﬁcar la Ley Electoral para incluir todo lo relativo a las cuotas que favorezcan la participación de las mujeres en cargos de elección popular. • Crear un sistema de información que permita conocer la participación de hombres y mujeres en los partidos políticos, en los comicios nacionales, regionales y municipales; y en cargos de elección popular desagregados por sexo, etnia y edad. • Establecer cuotas de obligatorio cumplimiento para los partidos políticos como lo mandata la LIDO y establecer sanciones para los partidos que incumplan esta disposición. • Crear el Consejo Nacional de la Igualdad con participación de organizaciones feministas para dar seguimiento a la aplicación de la LIDO. • Establecer cuotas paritarias de participación de mujeres y hombres en todas las instancias de interlocución entre la sociedad civil y el Estado. • Propiciar el diálogo entre el las organizaciones feministas y las unidades de género de las instituciones públicas.
Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Artículos 1, 3, 6 CEDAW)
Situación de la violencia contra las mujeres El informe ENDESA (2006/07) revela que la Violencia contra la Mujer en Nicaragua, es una epidemia que se mantiene intacta. En tal sentido señala que el 48 por ciento de las mujeres casadas o unidas reportó que alguna vez había recibido maltratos verbales o psicológicos, el 27% reporta violencia física, y el 13% violencia sexual por parte de alguna pareja o ex-pareja. En total, una de cada tres mujeres indica que han experimentado violencia física o sexual en su vida (29%). La Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia en el período de enero a septiembre del 2010 registró 25,741 denuncias por Violencia Intrafamiliar y Sexual, reportando un 14% de incremento en relación al período homólogo 2009, (año que reportó 23,395 denuncias). Las faltas contra las personas (agresiones) reportadas con el 61% (15,605), reﬂejan un incremento del 15% (2,037) comparado con el periodo homólogo; los delitos de violencia intrafamiliar (2,889) con el 11% de incidencia y con un incremento del 1% (37) y se registraron delitos sexuales con el 11% de incidencia. Las lesiones leves con el 83% reﬂejan un aumento del 6% (131) en relación al período comparado 2009 y las lesiones graves un 14%, reﬂejando un ligero descenso del 15% (70), comparado con el homólogo 2009. Del total de denuncias registradas en todo el país, los departamentos con mayor incidencia son Managua con el 42% y un incremento del 8% (881) en relación al período anterior; Matagalpa, con el 7% de incidencia y un incremento del 12% (177) en comparación con el período anterior; León, con el 6% y un incremento del 40% (429) en relación al período anterior. La mayoría de denuncias provienen de zonas urbanas, puesto que las Comisarías están ubicadas en las cabeceras departamentales y prácticamente no tienen cobertura rural. Estos datos oﬁciales proporcionados por la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia contrasta con el registro de femicidio/feminicidio de la Red de Mujeres contra la Violencia quien en su informe del año 2010 reporta el asesinato atroz de 89 mujeres de las cuales 9 son niñas entre 1 y 10 años de edad. La Comisaría reporta únicamente 35 homicidios apegándose a la tipiﬁcación establecida en el Código Penal Vigente, el cual no contempla el femicidio/feminicidio dentro de los tipos penales, sumado al interés de reducir la gravedad del problema. Según el monitoreo de medios de comunicación que realiza la Red de Mujeres contra la 30 Violencia (2010) , las nueve niñas fueron asesinadas con saña en venganza contra sus madres; el 67% de las asesinadas son adolescentes y jóvenes y el 23 % fue a mujeres mayores de 40 años. En cuanto a las características que presentan estos 89 asesinatos de mujeres destaca el hecho de que el 58% (52 mujeres) fueron asesinadas en su domicilio; 39 % (35 mujeres) fueron asesinadas en espacios públicos; y el 74% de los asesinatos fueron cometidos por personas conocidas de la víctima (esposo, padre, ex esposo, novio, tío, enamorado, abuelo, etc.).
29. 30. Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud, ENDESA 2006-2007. Informe anual de femicidios Red de Mujeres contra la Violencia, Nicaragua, 2010.
Por otro lado según el informe anual de Derechos Humanos en Nicaragua elaborado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH- 2009), del total de las 134.635 víctimas de violencia intrafamiliar reportadas por la Comisarias de la Mujer, Niñez y Adolescencia, el 48.21% fueron mujeres; y el 74.73 % de los delitos denunciados corresponde a violación contra mujeres y niñas. Estos datos no incluyen las violaciones frustradas, el abuso sexual, el estupro e incesto todos tipiﬁcados como delitos sexuales en el Código Penal vigente. Así mismo dicho informe señala que según reporte de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, del total de denuncias por violencia contra las mujeres, solo el 46% fueron aceptadas por el Ministerio Público, rechazando la acción penal en el 54% de las denuncias. El Estado de Nicaragua todavía no reconoce la gravedad del problema y por el contrario lo minimiza comparándolo con otros tipos de delitos que no están directamente relacionados con la misoginia y el machismo. Peor aun, hay casos en que algunos operadores de justicia aparecen coludidos con los asesinos generando mayor impunidad. Acción del Estado Como ya se ha señalado el Estado de Nicaragua continúa pendiente de la ﬁrma y ratiﬁcación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, si bien conocemos que ha respondido a preguntas durante el examen de los Estados parte durante la sesión del 17 enero 2007 (CEDAW/C/SR.761 y 762), mucha de la información brindada por funcionarias del INIM, no se corresponden con la realidad de las mujeres que viven situaciones de violencia. Durante el gobierno de Enrique Bolaños se formuló un Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (2003 – 2008) y en febrero del 2004 se conformó la Coalición Nacional contra la Trata de Personas en la cual participan instituciones de gobierno, algunas organizaciones de la sociedad civil y ONG internacionales. El 27 de agosto del 2007 cinco instituciones de gobierno (Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Familia, Ministerio Público y el INIM) ﬁrmaron el Protocolo de procedimientos para la repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas y aunque se han ido creando el marco jurídico nacional para asegurar la protección de la niñez y adolescencia en riesgo, todavía los mecanismos de aplicación no son efectivos dado el alto nivel de impunidad que existe en la administración de justicia y por no contar con los recursos ni presupuesto necesarios. Por otro lado algunas instituciones del poder ejecutivo y judicial cuentan con instrumentos especíﬁcos para mejorar su actuación en el ámbito de la violencia contra las mujeres. En tal sentido el Ministerio de Salud cuenta con el Protocolo de Normas de Atención y Procedimiento para la Violencia Intrafamiliar, el sistema de justicia cuenta con un Protocolo de Actuación en Agresiones Sexuales y Violencia Intrafamiliar; la Jefatura de la Policía Nacional cuenta con la Disposición No. 022-2008 para la aplicación de medidas especíﬁcas en relación a denuncias por hechos de violencia.
El Ministerio Público cuenta con su protocolo de actuación y creó una unidad especializada de delitos contra la violencia de género en el año 2007. Sin embargo la misma no cuenta con el estatus necesario para incidir de manera efectiva en el quehacer institucional y a pesar de los esfuerzos por estructurar un modelo de atención integral para las mujeres que sufren violencia, todavía la atención brindada por los operadores de justicia continúa dispersa y revictimizante. Desde inicios del año 2007 las instituciones del Estado que forman parte de la ruta de acceso a la justicia, suspendieron manera unilateral los mecanismos de coordinación con organizaciones de mujeres que han jugado un papel relevante en la prevención de la violencia y acompañamiento de las víctimas. El Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual formulado para el periodo 2001-2006, no ha sido evaluado ni reformulado por el INIM, en conjunto con las instituciones del Estado involucradas y las organizaciones de mujeres, a pesar de las reiteradas solicitudes hechas por la Red de Mujeres contra la Violencia para lograr la reactivación de la Comisión Nacional de lucha contra la Violencia y la formulación de un nuevo plan. Con el actual gobierno y contrario al mandato con la que fueron creadas, las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia han tomado la decisión de incluir dentro de su quehacer la atención a hombres agresores, utilizando para ellos el mismo personal y los mismos locales en donde se atiende a las víctimas (mujeres de todas las edades), situación que hemos criticado con ﬁrmeza sin que haya receptividad a nuestros planteamientos. La ausencia de un sistema único de información sobre violencia contra las mujeres y la poca conﬁabilidad de los datos que registran las instituciones del Estado, no permite tener una perspectiva real de la gravedad de la violencia contra las mujeres, limitando la planiﬁcación de acciones estatales con un impacto sostenido en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Acceso a la Justicia para las mujeres: Entre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia se destaca la parcialización de la justicia, el tráﬁco de inﬂuencias, el nepotismo, mal uso del principio de oportunidad contemplado en el Código Penal y la negociación de la pena con el acusado, la prolongación de los procesos judiciales por la reiterada reprogramación de audiencias y juicios; el desgaste emocional y económico de las mujeres que se ven obligadas a abandonar el proceso; serias deﬁciencias en el proceso de investigación, desaparición de pruebas para debilitar el peso de las condenas, confusión de expedientes, utilización de inﬂuencias para distorsionar las investigaciones, entre otras. A lo anterior se suma la parcialización de la justicia, inobservancia de los debidos procesos, falta de cumplimiento de los protocolos establecidos para la atención a víctima de violencia intrafamiliar y sexual, falta de programas estatales que faciliten la atención, acompañamiento y movilización de las mujeres víctimas y sobrevivientes.
La falta de sensibilización, capacitación y vigilancia al desempeño de los operadores de justicia; la insuﬁciencia de recursos humanos y económicos; la rotación de personal capacitado; la inexistencia de ﬁscales especiales en violencia contra las mujeres forman parte de la larga lista de deﬁciencias que presenta el poder judicial. Las instalaciones donde son atendidas las mujeres en algunos lugares no prestan las condiciones necesarias de privacidad. Según estudio comparativo del funcionamiento de las Comisarías de la Mujer, Niñez y 31 Adolescencia realizado en Nicaragua, Perú, Ecuador y Brasil durante el 2008, uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia es la concepción familista expresada por algunos actores en la ruta crítica, la cual limita el acceso de las mujeres a la justicia. Muchas veces las/los operadores de justicia no tratan a las mujeres como sujetas de derecho y no le explican sus derechos y los procedimientos; las medidas de protección no son aplicadas en la mayoría de los casos; la cobertura institucional es insuﬁciente; no se aborda la gravedad de la violencia psicológica. Muchas mujeres se retractan ante el desgaste que les signiﬁca la constante revictimización ejercida por las instituciones del Estado. El Código Penal vigente en Nicaragua no reconoce el tipo penal del femicidio/feminicidio por lo que las autoridades lo reportan como delito de homicidio, parricidio, homicidio imprudente y asesinato; lo cual impide clasiﬁcar y cuantiﬁcar los crímenes de odio contra las mujeres. Según la Red de Mujeres contra la Violencia entre 2004 - 2010 se han asesinado de forma atroz a 429 mujeres, reportándose en el 2010 un incremento de 10 mujeres asesinadas en relación al año anterior; más de la tercera parte de los femicidios fueron cometidos 32 con armas de fuego y cortopunzantes (71%). Todo esto a pesar de la existencia de una ley que regula el uso de armas de fuego y de la disposición 022-2008 de la Policía Nacional que autoriza el decomiso de estas armas a hombres agresores. Iniciativas de Ley contra la violencia hacia la Mujer: El Estado de Nicaragua, tiene incorporado en la legislación el delito de violencia intrafamiliar. La ley 641Código Penal tipiﬁca algunos delitos de violencia contra las mujeres, incluyendo el abuso sexual, la trata de personas, la violencia física y la violencia psicológica. En noviembre del año pasado 18 organizaciones de mujeres conscientes de los vacíos que presenta el Código Penal vigente y ante la no existencia de una ley especíﬁca que contemple la violencia hacia las mujeres en todas sus expresiones, incluyendo el femicidio y/o feminicidio, introdujeron un anteproyecto de ley “Ley contra la violencia 33 hacia las mujeres” la cual no ha sido llevada al plenario de la Asamblea Nacional a pesar de las promesas del primer secretario de la junta directiva del poder legislativo.
Estudio comparativo de Comisarias de la Mujer en América Latina y ruta de acceso a la justicia para las mujeres, Intercambios PATH y CEPLAES, Ecuador, 2009. Informe anual de femicidios Red de Mujeres contra la Violencia, Nicaragua, 2010. Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, Corte Suprema de Justicia, Nicaragua, febrero 2011.
En diciembre del 2010 el Estado nicaragüense conformó un equipo interinstitucional coordinado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para elaborar otro anteproyecto de ley 34 llamado “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres”, que fue presentado por la actual magistrada presidenta del poder legislativo, Alba Luz Ramos, ante el presidente de la Asamblea Nacional en maniﬁesta descaliﬁcación a la iniciativa de ley introducida anteriormente por las organizaciones de mujeres. Esta iniciativa de ley en su exposición de motivos releva la existencia de 25,000 denuncias de violencia intrafamiliar recibidas por la Policía Nacional durante el año 2010 y propone la aprobación de una ley que regule de manera adecuada la protección, reparación y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres. En tal sentido propone que la nueva ley: 1) incorpore todas las manifestaciones de violencia; 2) mejore y amplíe los tipos penales; 3) establezca procedimientos céleres para otorgar medidas de protección; 4) considere la apertura de juzgados especializados y 5) una política de prevención, atención y sanción de la violencia hacia la mujer. Entre sus principios rectores incluye: La No Discriminación, No Violencia, Acceso a la Justicia, Debida Diligencia del Estado, Celeridad, Resarcimiento, No Victimización Secundaria, Protección a las víctimas, Concentración, Publicidad, Integralidad y el Principio de Coordinación Interinstitucional. El anteproyecto de ley deﬁne que el objeto de la ley es prevenir, atender, sancionar, y erradicar la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas y ámbito, con la ﬁnalidad de proteger los derechos humanos de las mujeres; sus considerandos apelan al orden jurídico nacional e internacional, la Constitución Política, la CEDAW y Belém do Pará. En su artículo 23, la iniciativa deﬁne que “comete Femicidio el hombre que diere muerte a una mujer como resultado extremo de la violencia contra la mujer, que ocurra tanto en el ámbito privado como público, comprende: aquellas muertes de mujeres a manos de persona a quien se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad; aﬁnidad, sujetos a tutela o guarda, cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, novios, ex novios, relación de afectividad, desconocidos, así como cualquier otra relación interpersonal que pueda generar este tipo de violencia.” Así mismo, establece la improcedencia de la mediación en los delitos tipiﬁcados en el anteproyecto. Es del conocimiento público que la mayoría de las denuncias que reporta la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional, terminan en mediaciones y/o cierres administrativos, incluyendo delitos de extrema gravedad tales como el abuso sexual contra niñas y niños. Las organizaciones de mujeres de forma permanente hemos demandado a las instituciones del Estado encargadas de la administración de la justicia, que se evite la mediación en casos de delitos de violencia contra las mujeres, denunciado esta práctica como revictimización secundaria y uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia.
Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, Corte Suprema de Justicia, Nicaragua, febrero 2011.
Diversas investigaciones realizadas en los últimos cinco años, incluyendo un estudio sobre el acceso de las mujeres a la justicia ﬁnanciado por la Cooperación Española (2006), señala la utilización arbitraria de la aplicación del Principio de Oportunidad contemplado en el art. 55 del Código Procesal Penal, referido al Trámite de Mediación para resolver de manera expedita faltas de diversa índole. Se ha constatado que algunos jueces y funcionarios de las Comisarías de la mujer, niñez y adolescencia de la Policía nacional están utilizando de forma abusiva y arbitraria dicho recurso en abierta violación a los derechos de las víctimas al colocarlas en situación de mayor vulnerabilidad frente a su agresor. Esta práctica ilegal y nociva hace caso omiso del hecho constatado por la Red de Mujeres contra la Violencia que la mayoría de mujeres asesinadas (más de 400 de las asesinadas en los últimos cinco años, incluyendo 24 víctimas mortales durante el 35 primer trimestre del 2011) interpusieron denuncias y fueron presionadas a recurrir al trámite de mediación por parte de los operadores de justicia. Este anteproyecto de ley faculta al Sistema Penitenciario para desarrollar programas de orientación y tratamiento a los agresores sin hacer ninguna alusión a la falta de preparación del personal de dicha institución, y lo que es más grave aún, a la extrema precariedad de recursos que en muchos casos constituye un factor de violación a los derechos de las personas privadas de libertad tal como la atención a problemas de salud. Otra de las debilidades de esta iniciativa de ley acerca de las medidas de protección, es que debilitan el tipo penal del femicidio, mezclando conceptos que restringen la violencia contra las mujeres al ámbito de la violencia intrafamiliar y en abierta contradicción con la tipiﬁcación que la misma iniciativa hace de los diferentes tipos de violencia. La versión original del anteproyecto en su artículo 35 contemplaba sanciones para dueños de medios y profesionales de la comunicación que ejercieran “violencia mediática” contra las mujeres. Frente a las reacciones del gremio periodístico que consideró que dicho artículo atentaba contra la libertad de expresión, sin mayor debate la presidenta de la Corte Suprema de Justicia anunció el retiro de dicho artículo, con el argumento de no poner en riesgo la aprobación de la ley, perdiendo de vista que en nuestro país los medios de comunicación hacen uso de imágenes degradantes de las mujeres. Resulta de extrema gravedad que la CSJ haya utilizado este anteproyecto de ley sobre violencia contra las mujeres, para incluir en el artículo 17, relativo a las competencia de las instancias judiciales de tipo penal para conocer y resolver en primera instancia los procesos relacionados con los delitos creados en la ley el “aborto sin consentimiento, aborto imprudente”; evidenciando la expresa voluntad del Estado de Nicaragua de tratar el aborto clandestino como delito y no como problema de salud pública. A diferencia del anteproyecto de ley presentado por algunas organizaciones de mujeres, el de la Corte Suprema de Justicia no hace ninguna referencia a los recursos ﬁnancieros necesarios para asegurar la efectiva aplicación de la ley.
35. Informe Anual Feminicidios/Femicidios 2010, RMCV de Nicaragua.
Por otro lado, habiendo sido las organizaciones de mujeres las primeras en introducir una iniciativa de ley en la Asamblea Nacional, tienen derecho a que esta iniciativa fuese considerada como base para la formulación de la nueva ley; sin embargo, fue abiertamente desestimada por la directiva del Parlamento, para darle un trato preferencial al anteproyecto presentado por la Corte Suprema de Justicia el cual no fue consultado con el movimiento de mujeres/feminista. RECOMENDACIONES: El MF sugiere al Comité recomiende al Estado de Nicaragua: • Cumplir con los compromisos establecidos tanto en la legislación nacional como internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, sobre todo el derecho a vivir libre de todas las formas de violencia. Pronta aprobación de una ley contra la violencia hacia la mujer en consulta con todas las organizaciones de mujeres sin discriminación. Capacitar en derechos humanos a todo el personal de las instituciones del Estado directamente vinculadas con la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Asignar los recursos materiales y ﬁnancieros necesarios para su efectiva aplicación. Reactivar la Comisión Nacional de lucha contra la Violencia. Elaboración e implementación de un plan nacional de prevención de la violencia contra las mujeres que involucre a las instituciones del estado, organizaciones de mujeres/feminista y otros actores de la sociedad civil.
Mujer Rural (Artículo 14 CEDAW)
Situación de la mujer rural nicaragüense en el contexto actual:
Nicaragua ocupa el lugar 112, de un total de 177 países con respecto al Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG), evidenciando la persistencia de las brechas de género sobre todo en los ámbitos del empleo, acceso a recursos productivos, la salud sexual y reproductiva y la violencia. Su población de 5.142,098 personas (2.534.491 hombres y 2.607.607 mujeres ) registra los mayores indicadores de pobreza en Centroamérica. La universalización del acceso a la educación y a los servicios básicos de salud, así como la protección contra el hambre y el derecho a un empleo digno son parte de los retos que enfrentamos como país. El 44% de la población es rural y vive en comunidades pequeñas y dispersas con elevados índices de marginación y vulnerabilidad ambiental. El 90% de las viviendas rurales están deterioradas, en la mayoría de casos la población vive hacinada y está ubicada en zonas de alto riesgo.
36. 37. Diana Martínez, Coordinadora de la Fundación entre Mujeres, Estelí, Noviembre 2010. Informe de desarrollo humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007. 37
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Medición del Nivel de Vida 2005, el 31.4% de los hogares están sostenidos por mujeres, habiéndose aumentado en relación al 2001, en un 3.1%. En las áreas urbanas esta proporción llegó al 39.3% de los hogares frente al 20.4% del área rural. Acceso a la tierra y propiedad:
Persiste la falta de reconocimiento por parte del Estado y las instituciones privadas a la contribución económica que brindan las mujeres; de ahí que quienes deﬁnen políticas económicas muchas veces dichas políticas mantienen y refuerzan la desigualdad estructural de oportunidades que tienen las mujeres para acceder a los recursos productivos: tierra, crédito, capacitación y asistencia técnica, entre otros. Por lo tanto, los recursos, conocimientos y saberes han sido distribuidos y asumidos mayormente por los hombres. Las mujeres han sido invisibilizadas por los proyectos de desarrollo y por el Estado y se les ha hado el papel de gestoras comunales asignándoles tareas que aseguren la provisión de recursos escasos como el agua, los alimentos, la salud, a través de un trabajo voluntario o escasamente remunerado, para el cual son convocadas por el Estado. Sin embargo, el trabajo que las mujeres realizan en la comunidad es trabajo económico, ya que si este trabajo fuese realizado por personal del Estado o de organismos nacionales e internacionales, estas personas recibirían un salario. Sin embargo, las mujeres se involucran de manera voluntaria en los mismos, siendo la comunidad la que recibe los beneﬁcios de este trabajo, así como el Estado y los organismos nacionales e internacionales que ahorran recursos por el involucramiento activo e intensivo de las mujeres en dichas actividades. Por otra parte, el hecho que la mujer sea dueña de un recurso, no garantiza de forma automática, que ella tome mayor conciencia o alcance una mayor participación en la toma de decisiones en su hogar, en la empresa o negocio donde trabaja o en la comunidad donde aporta su trabajo. Algunas mujeres dueñas de tierra teniendo en sus manos este escaso y valioso recurso como es la tierra, acuden a otros a la hora de tomar decisiones importantes para hacerla producir. Enfrentando frecuentes dudas acerca de que productos sembrar, que insumos comprar, a quien vender los productos, a que precio venderlos, como gastar el dinero que genera la venta de los productos, la solicitud del crédito, asistencia técnica e información sobre los precios de los productos que se sembraron. Estas son decisiones que solamente en parte, hacen a la mujer dueña de la tierra. La otra parte de las 40 decisiones las hace su cónyuge, su hijo, su suegro, o cualquier hombre que esté a su lado. Muchas son las mujeres que han logrado tener acceso a la tierra y la trabajan de forma eﬁciente. Sin embargo, al momento de la toma de decisiones, ya sea al interior de la unidad de producción como fuera de ella, es un paso que algunas mujeres quieren obviar.
38. 39. 40. Encuesta Nacional de Medición del Nivel de Vida, (EMNV) 2005. EMNV 2005. FIDEG 2005.
Pensamientos como “soy ruda”, “me da miedo”, “me pueden ver como mujer fácil”, “qué va a decir la gente”, “lo hace mejor el hombre”, son barreras que construyen muchas mujeres y cuya base real es el estado de sumisión y subordinación en el que han 41 estado sometidas. Sin embargo, se viene gestando un movimiento de mujeres campesinas que trabajan de forma individual y en colectivo la tierra, que han logrado derribar muchas barreras culturales y son eﬁcientes productoras agropecuarias, con unidades de producción modelos. La ventaja de estas mujeres ha sido que el acceso a la tierra, ha ido acompañado de capacitación, crédito, renovación tecnológica y gestión, lo que las ha llevado a una situación de empoderamiento.42 Las brechas en el acceso al crédito Investigaciones de FIDEG muestran la existencia de brechas de género en el acceso al crédito tanto en el número de beneﬁciarios de crédito como en la masa de crédito entregada a hombres y mujeres, siendo las mujeres las que muestran mayores desventajas con relación a los hombres. Sin embargo, las investigaciones tipo panel de FIDEG permiten evidenciar ciertos cambios que han experimentado las mujeres en el acceso al crédito. Un ejemplo de ello lo constituyen las mujeres que habitan en las zonas urbanas, cuyos créditos suelen ser mayores a los que reciben las mujeres de las zonas rurales. El gobierno actual ha carecido de la implementación de una reforma agraria que dé respuesta a las demandas que en este orden prevalecen en el campesinado, en particular para las mujeres sigue pendiente una política que cambie radicalmente la falta de acceso a la propiedad y titulación de la tierra. El gobierno priorizó a través del programa “Hambre Cero” la entrega de recursos productivos: vaca, bolsa avícola, cerda reproductiva y diversos materiales, asistencia técnica a nombre de las mujeres. De acuerdo con la valoración de la Fundación Entre Mujeres, organización feminista que trabaja con mujeres rurales “Los programas Hambre Cero y Usura Cero que desarrolla el actual gobierno privilegia un enfoque de familia que invisibiliza a las mujeres en su rol de productoras”. Además, ambos programas tienen una proyección dispersa y fragmentada que no logra dar respuesta a problemas estructurales tales como el acceso, titulación y legalización de la tierra a nombre de las mujeres, acceso efectivo al crédito acompañado de otros beneﬁcios sociales como condición básica para avanzar en el logro de la igualdad y la equidad”.43 Por las características de su inserción en el mercado de trabajo, las mujeres rurales tienen menor acceso a la seguridad social. En 2005, la proporción de hombres asegurados en el área urbana era del 20.1% y la de las mujeres el 17.3%. En el área rural la proporción de personas aseguradas apenas llegaba al 4% y la proporción de hogares sostenidos por mujeres que recibe ingresos por jubilación es menor que para los hombres, en similar situación. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) no da cobertura a las mujeres trabajadoras del campo, incluyendo asalariadas y campesinas, afectando de manera severa la calidad de vida de las mujeres que viven en las zonas rurales.
41. 42. 43. Informe de Sistematización Programa de Educación Fundación entre Mujeres, 2010. Idem. Entrevista a Diana Martínez, Directora de la FEM, Estelí Diciembre 2010.
En cuanto al acceso a la tierra del total de jefes de hogar con acceso a la tierra, el 84.3% son hombres y sólo el 15.7% son mujeres. Mientras la mayoría de los hombres ha adquirido su propiedad a través de transacciones comerciales (49.6%), un 46.5% de mujeres lo ha hecho a través de la herencia; un 29% por compra venta y, un 13% a través de la reforma agraria, si bien representan menos del 10% del total de personas beneﬁciadas por la acción redistributiva del Estado. Las condiciones de legalidad de la posesión de las propiedades de las mujeres rurales son más precarias que la de los hombres. El 26.1% de las mujeres que poseen propiedades carecen de documentos legales tales como el acta de nacimiento lo cual diﬁculta el proceso de legalización. Las propiedades de mayor tamaño la poseen los hombres, la proporción de quienes poseían ﬁncas de menos de 5 manzanas ascendió al 32.5%, entre 5 y 40 manzanas llegó al 43.1%, los que poseían más de 40 manzanas de tierra es del 24.3%. Las propiedades de las mujeres rurales tienden a ubicarse principalmente en el estrato de menor tamaño. La proporción de mujeres que poseían ﬁncas de menos de 5 manzanas ascendió al 45.9%; entre 5 y 40 manzanas llegó al 41.3%; más de 40 manzanas, fue del 12.7%. La Ley General de Cooperativas no contiene disposiciones que favorezcan la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres; el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) promueve la organización de cooperativas mixtas que refuerzan modelos tradicionales de control masculino. Por parte del Estado no existen acciones aﬁrmativas para fomentar la organización cooperativa de las mujeres. La recién aprobada ley de creación del fondo de tierras no es del conocimiento de todas las organizaciones de mujeres rurales, las cuales no fueron consultadas para su aprobación. En cuanto a las políticas de salud, el Ministerio de Salud continúa privilegiando el binomio madre-hijo, descuidando la consejería y abastecimiento de métodos anticonceptivos, la prevención de ITS y el uso del condón, la prevención de embarazos en adolescentes; todo lo cual repercute en un sostenido índice de muerte materna. RECOMENDACIONES: El MF sugiere al Comité que recomiende al Estado de Nicaragua: • Diseño e implementación de una estrategia integral de desarrollo rural incorporando las necesidades especíﬁcas de las mujeres, incluyendo el acceso de las mujeres a la tierra, acceso a recursos productivos en general y acceso al crédito. Diseñar y desarrollar una política de seguridad social dirigida al campo. Incrementar el presupuesto de salud y educación para el campo.
Reforzar la inversión en salud integral y salud sexual y productiva para el desarrollo de intervenciones integrales, sostenidas y con enfoque de derechos. Capacitaciones con enfoque de género, derechos humanos, desarrollo de la ciudadanía, etc., que permitan desarrollar una vida digna para las mujeres.
Mujeres Afrodescendientes, (Artículos 1 y 2 CEDAW)
Contexto de las mujeres en la Costa Caribe Nicaragüense44 La Costa Caribe de Nicaragua con su diversidad étnica y riqueza cultural ocupa aproximadamente el 46% del territorio nacional y contienen el 60% de los recursos naturales. La totalidad de municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) vive en extrema pobreza y la mayoría de los pueblos indígenas, afrocaribeños y comunidades étnicas de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) viven en condiciones de pobreza como consecuencia de la exclusión. La Costa Caribe tiene el Índice de Desarrollo Humano más bajo del país con 0.455; el desempleo alcanza el 90%, la tasa de analfabetismo supera el 50%; solo el 20.1% de la población tiene acceso al agua potable. (Informe IDH-PNUD, 2009) La Costa Caribe está integrada por diferentes etnias originarias, donde los mestizos representa el 61.78%; los misquitos el 25.46%; los mayagnas el 3.05%; los ramas el 0.29%,; y los afrodescendientes divididos en dos comunidades diferenciadas, los garífunas que representan el 0.59% de los habitantes de la región, y los kriols de habla inglesa que representan el 8.83% de la población costeña. Los hogares encabezados por mujeres tienen mayor peso entre los kriol/negros (35,3%) y los Rama (50%). Entre los kriol/negros se da la mayor proporción de familias extensas (61,4%) y con mayor número de miembros del hogar (6,5 miembros, versus 5,5 miembros como promedio en la RAAS, región en la cual se concentra esta población). Desigualdades de Género: Las mujeres afrodescendientes que viven en las comunidades rurales participan en el sector de la pesca y el pequeño comercio; entre las mestizas destaca el comercio en sus casas o en mercados locales; las miskitas urbanas participan en el sector servicios en zonas costeras, otras hacia actividades de acopio y comercialización de recursos marinos. La tasa de inactividad económica de las mujeres rurales en esta macro región es 4.6 veces mayor que la de los hombres. El subempleo afecta a casi el 60% de las mujeres rurales ocupadas y al 44% de las mujeres urbanas ocupadas (versus el 32% de los hombres rurales y el 24% de hombres urbanos ocupados).
44. Presentación “Una Reﬂexión Feminista Necesaria de las Mujeres Caribeñas”. Dorotea Wilson Tathum, Coordinadora General de la Red Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y Coordinadora Nacional de Voces Caribeñas, Nicaragua, 28 de Enero del 2001.
Solamente el 15,4% de la propiedad debidamente registrada está a nombre de mujeres y 1,7% a nombre de la pareja. El 94,3% de las mujeres propietarias tiene menos de 20 manzanas de tierra versus el 33,7% de los hombres. El grupo con menor acceso a crédito en el país lo constituyen las mujeres rurales de la Costa Caribe, quienes obtienen solamente el 18% de los préstamos otorgados y el 6,5% de la masa crediticia total correspondiente. Salud Sexual y Reproductiva: Las mujeres costeñas tienen hijos e hijas a muy temprana edad; el porcentaje de adolescentes madres está por encima de los promedios nacionales; tienen en promedio de 3,5 hijos/as por mujer, con lo que se evidencia el escaso control sobre sus cuerpos y su salud reproductiva. La mayor fecundidad de las mujeres costeñas se corresponde con las altas tasas de mortalidad materna: 265,7 en la RAAN (114 puntos por encima de la nacional) y 166,4 en la RAAS. Las tasas son signiﬁcativamente más altas en las comunidades indígenas alejadas de centros urbanos, que registran incrementos cada año a pesar de las acciones que se impulsan para reducirlas, el 86% de las muertes ocurren especialmente durante o después del parto debido a la baja cobertura institucional de los servicios de salud. Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) constituyen otro de los grandes problemas de salud en las Regiones Autónomas. Según registro epidemiológico del MINSA 2010, la tasa nacional de incidencia es de 37.2%, siendo la RAAS la de mayor incidencia con 90 nuevas personas afectadas, seguida de la RAAN con 87 nuevos casos, siendo las mujeres las más afectadas. El 96% de las consultas médicas de las mujeres son por problemas relacionados con las ITS; sin embargo no existe una estrategia de atención a los hombres para detectar a tiempo problemas de esta índole. Esta situación contribuye a perpetuar la cadena de transmisión ya que solo el 43% de las parejas son tratadas pero pidiendo a la propia mujer que se haga cargo de llevar el tratamiento a las parejas. Los pueblos más afectados por las ITS son kriol, garífuna y miskito, en la RAAS y particularmente en Blueﬁelds. El factor que contribuye a esta alta incidencia de ITS es el fenómeno de la migración laboral y la vigencia de mitos y creencias sobre el origen de las ITS. Las acciones de los gobiernos regionales se focalizan en prevenir la transmisión vertical (de madre a hijo), favoreciendo así la instrumentalización de la función reproductiva de las mujeres en detrimento del abordaje desde los derechos humanos. Violencia contra las mujeres: La violencia contra las mujeres es un problema serio en la Costa Caribe. La RAAN y la RAAS ocupan el tercer y quinto lugar, respectivamente, entre los departamentos con mayor prevalencia, donde más de 3 mujeres de cada 10 han sufrido violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
La RAAN presenta la prevalencia más alta de violencia física del país con 31,6 % y de acuerdo al Informe anual RMCV, en el año 2010 ocupó el segundo lugar de ocurrencia de feminicidio. Existe poco acceso de las mujeres rurales e indígenas a los servicios de las Comisarías de la Mujer, ya que sólo hay tres en ambas regiones (Puerto Cabezas, Blueﬁelds y Siuna); esto limita su acceso a la justicia. Según los registros de la Comisaría de Blueﬁelds, un 17% de las víctimas atendidas entre 2005 y 2006, eran rurales. Se estima que más de la mitad de las mujeres agredidas que acuden a las comisarías continúa sufriendo violencia por la falta de aplicación de medidas legales (e inclusive de protección), lo que a su vez contribuye a minar la conﬁanza de las víctimas en el sistema. La falta de preparación del personal de las instituciones de justicia claves para atender adecuadamente este tipo de problemas, como el Ministerio Público, se convierte en un obstáculo adicional para las mujeres en el desarrollo del proceso judicial. Los delitos sexuales contra niñas y niños son un problema grave en la región, aunque los niveles de denuncia son muy bajos, especialmente en el caso del incesto. Esa baja denuncia tiene que ver con los obstáculos de acceso a la justicia ya señalados en el eje temático de la violencia contra la mujer, mismos que se agravan en la Costa Caribe debido a la discriminación histórica que han vivido las mujeres afrodescendientes e indígenas de estas dos Regiones. Educación: Hace nueve años los Consejos Regionales Autónomos aprobaron el Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR), ratiﬁcado en 2006 por las autoridades nacionales. El mismo incluye referencia al racismo, etnocentrismo, androcentrismo y adultismo como dimensiones de la discriminación. Además, incluye, entre otros, un objetivo 45 relativo a la equidad de género (IPILC, 2003). Sin embargo, está pendiente poner en marcha los enfoques educativos contenidos en dicha propuesta. Avance en la Legislación: La legislación para proteger los derechos de la población afrodescendiente e indígena de Nicaragua se ha venido construyendo desde 1987, año en que se promulgó la Ley N° 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. En 1996, se promulgó la Ley No.162, Ley de Uso Oﬁcial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua que sentó las bases de la educación bilingüe e intercultural, aún en proceso de implementación. Para avanzar en el tema de la demarcación y la titulación de las tierras indígenas, su régimen de administración y el sistema de organización y autogobierno de los pueblos indígenas se promulgó la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
45. Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y Rescate Cultural adscrito a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN.
No obstante la dimensión étnico-racial en intersección con el género está lejos del contenido de los instrumentos jurídicos e institucionales que beneﬁcian a la población afrodescendientes de Nicaragua, lo cual agravan las múltiples formas de discriminación e imposibilitan el ejercicio pleno de sus derechos. En este sentido la organización Voces Caribeñas integrada por mujeres feministas afrodescendientes de la Costa Caribe en el año 2008 propuso reformas sustantivas a la Ley 28 que contempla entre otros aspectos: “incluir objetivos y compromiso concreto para avanzar en el desarrollo de las regiones autónomas desde una perspectiva que garantice el respeto irrestricto a la igualdad de oportunidades y derechos para mujeres y hombres tal como lo establece la Constitución Política; establecimiento de lineamientos que permitan el avance en el rescate y preservación de las culturas autóctonas, así como en la transformación de aspectos de la cultura que sostienen la subordinación y discriminación hacia las mujeres, lo cual requiere del desarrollo de acciones educativas e todos los niveles y en todos los ámbitos; superar en el contenido de la Ley 28 el uso de lenguaje sexista, nombrar y visibilizar todos los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas que conviven en ambas regiones autónomas y actualizar todo su articulado en base a lo 46 establecido en la LIDO”. Estas propuestas de reformas presentadas al poder legislativo continúan siendo un tema pendiente del Estado de Nicaragua. Durban:
A 10 años de adoptada la Declaración y el Programa de Acción de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Sudáfrica, Durban; que 2011 haya sido declarado por la ONU y por la OEA como el Año Internacional de la Población Afrodescendiente, el Estado de Nicaragua no da cuenta de avances ante la violencia y discriminación que enfrentan las mujeres afrodescendientes a razón de su orientación sexual e identidad y/o expresión de género. Si bien el Estado de Nicaragua reconoce que deben proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y las mujeres de descendencia africana, en la lucha contra las manifestaciones del racismo y la discriminación presentes, esto no se ha traducido en un compromiso real y sostenido. Los resultados de las evaluaciones de progreso en la implementación del Programa de Acción realizadas por los Estados si bien muestran avances en varios aspectos, también ponen en evidencia inaceptables retrasos, obstáculos y retrocesos, que imponen el desafío de priorizar e intensiﬁcar los esfuerzos para cumplir con los objetivos propuestos en el Programa de Acción. Aún no existe la institucionalidad ni los recursos presupuestarios necesarios para implementar los compromisos establecidos, y no se han creado las condiciones para una participación efectiva y paritaria de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas. Igualmente se observa un incremento de los fundamentalismos de índole religioso, económico e ideológico, que niegan la diversidad cultural y los derechos humanos para las víctimas del racismo. Los pueblos de la Costa Caribe enfrentan un modelo de desarrollo, deshumanizado, sexista, que tiene como consecuencias múltiples formas de exclusión, pobreza, incremento de la desigualdad, racismo y discriminación.
46. 47. Boletín Informativo N°2, Red Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Nicaragua, 2008. Durban, una mirada de las mujeres afrodescendientes de las Américas, Red Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, 2009.
Participación Política: Según un estudio realizado acerca de la exclusión política de jóvenes, mujeres y pueblos indígenas en Nicaragua48 en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y de acuerdo a la Constitución y a la Ley de Autonomía se eligen autoridades regionales cada cuatro años. El órgano de decisión más importante es el Consejo Regional integrado por 45 concejales, tres por cada una de las 15 circunscripciones deﬁnidas para cada Región. Este estudio encontró que en la RAAN durante las elecciones de 2005, tres fuerzas lograron la elección de concejales (FSLN, PLC y YATAMA). Solamente dos mujeres resultaron electas, un 4.4% del total, todas pertenecientes a la lista de candidatos de YATAMA, en las circunscripciones de Río Coco Llano y Puerto Cabezas, sector 3. Las mujeres han tenido una presencia mínima entre los electos, y la situación ha empeorado entre una elección y otra. Solamente se han elegido mujeres en 3 de sus 15 circunscripciones. La declaración de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora ante la XI reunión sobre la Mujer – CEPAL, Brasilia, en su declaración hace una completa valoración del estado actual de las mujeres afrodescendientes, y hace recomendaciones al Estado de Nicaragua el que continúa pendiente de cumplir con las observaciones ﬁnales numerales 14, 18, 20, 26 y 32 realizadas por el Comité de la CEDAW al examinar el sexto informe periódico en Enero del 2007. Dichas observaciones son relativas a evaluar el avance de la efectiva igualdad de la mujer tanto urbana como rural; a la salud sexual y reproductiva y en particular a la despenalización del aborto terapéutico; a la violencia en todas sus manifestaciones contra las afrodescendientes y e indígenas; a la obligación de desarrollar programas de alfabetización dirigido a las niñas, adolescentes y jóvenes de zona rural y particularmente afrodescendientes e indígenas; a las múltiples formas de discriminación que sufren e impiden el disfrute efectivo de sus derechos humanos y su plena participación en todos los ámbitos de su vida, las mujeres indígenas y de ascendencia africana. RECOMENDACIONES: El MF sugiere al Comité que recomiende al Estado de Nicaragua: • Dar cumplimiento al Plan de Acción de Durban para avanzar en la erradicación de todas las formas de discriminación sustentadas en el racismo, la discriminación racial y el sexismo. Incorporar la dimensión étnico-racial en intersección con el género en el conjunto de las políticas públicas para asegurar la participación de hombres y mujeres afrodescendientes e indígenas. Dar trámite a la propuesta de Reformas a la Ley N° 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua presentada por Voces Caribeñas en Octubre 2008. Asegurar a las mujeres indígenas y afrodescendientes el acceso universal a los servicios de salud integral e intercultural, en todas las etapas de su ciclo de vida, incorporando y valorizando los saberes y prácticas de la medicina ancestral.
La exclusión política de jóvenes, mujeres y pueblos indígenas en Nicaragua, Dora María Téllez, Abril 2010.
Garantizar la reducción de la mortalidad materna en coherencia con las ODM. Implementar políticas efectivas para la prevención, diagnóstico y tratamiento para el VIH y sida. Incorporar las variables: sexo, etnia y raza, considerando la auto-identiﬁcación como criterio básico para el registro de la información en los censos de población y vivienda, encuestas de hogares, encuestas rurales, registros vitales, entre otros. Diseñar e implementar políticas públicas con la participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes a ﬁn de asegurar el acceso de las mujeres a los recursos económicos y naturales. Que el Estado de Nicaragua garantice la implementación de políticas socioeconómicas que tomen en cuenta las necesidades especíﬁcas de jóvenes afrodescendientes e indígenas. Promover espacios públicos de comunicación que incorporen las lenguas e identidades culturales. Así mismo, exigir la eliminación de mensajes e imágenes racistas y estereotipadas que degradan las identidades de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Asumir un compromiso efectivo con la defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas y afrodescendientes, incluyendo las dimensiones de desarrollo y medio ambiente.
Igualdad ante la ley, Matrimonio y Relaciones Familiares (Artículo 16 CEDAW)
Con relación a la Igualdad ante la ley, Matrimonio y Relaciones Familiares, el Estado de Nicaragua mantiene vigente el Código Civil de 1904. El Código Civil de Nicaragua contiene una gran inﬂuencia de la cultura machista, sin embargo ha superado algunas desigualdades tales como la mayoría de edad a los 21 años sin distinción de sexo. Por su parte el Código de Familia cuya versión inicial fue introducida en 1995, actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. De acuerdo con declaraciones públicas dadas por el presidente de dicha comisión, será debatido en la actual legislatura, asegurando la articulación del conjunto de leyes que en materia de familia existe, dando solución al problema de la dispersión que actualmente enfrentan estas normas jurídicas. La Unión de Hecho tiene reconocimiento legal en nuestra Constitución Política, sin embargo la mayoría de las mujeres que viven bajo esa condición, enfrentan serias diﬁcultades porque la ley no cuenta con un reglamento especíﬁco que asegure su efectiva aplicación.
49. Entrevista a Auxiliadora Meza abogada especialista en Derecho de Familia y Máster en Género y Desarrollo, Nicaragua, Diciembre 2010.
Existe una contradicción entre la Constitución Política y el Código Civil ya que la primera solamente reconoce dos estados civiles: soltera y casada. Las mujeres en unión de hecho están desprotegidas en aquellos casos en que los jueces desestiman petición de herencia para mujeres que han enviudado, por considerar que esta unión de hecho está fuera de regulación, a pesar de haber construido un patrimonio común durante dicha unión. Aunque la legislación deja en manos de las personas en unión de hecho la prerrogativa de inscribir o no el vínculo conyugal, ello no es garantía de que se respeten los derechos de las mujeres, reaﬁrmando la necesidad de mejorar el ordenamiento y aplicación de la norma jurídica. Las irregularidades y vacíos legales afecta sobre manera a las mujeres rurales, donde la mayoría viven en unión de hecho. Esto se expresa principalmente en la violencia patrimonial de parte de los hombres, ocurriendo con frecuencia despojos de sus propiedades, diﬁcultades para acceder a la propiedad; reclamos de pensión alimenticia para hijos e hijas. Igual sucede con gestiones de adquisición de propiedades, herencia, tutela de hijos, etc., ya que no hay un servicio público que se aproxime a las comunidades para el ejercicio formal de ciudadanía de las mujeres. Con relación a los bienes para hijas e hijos en Nicaragua prevalece el interés superior de la niña y el niño, quienes no están en indefensión ni desprotegidos siempre y cuando esté evidenciado en su acta de nacimiento el reconocimiento paterno. El agravante de esta situación es que todavía no se superan las diﬁcultades del registro oportuno y adecuado debido a que la Ley de Responsabilidad Paterna y Materna aprobada en el año 2007 se ve limitada en su aplicación entre otras cosas por la falta de habilitación y acceso gratuito a las pruebas de ADN. Un pequeño avance es que en la actualidad la conﬁrmación de la paternidad de hijos o hijas es obligación del padre mediante requerimientos de las autoridades judiciales. La Ley de Responsabilidad Paterna y Materna asigna al Ministerio de la Familia (MIFAMILIA) la función de resolver administrativamente los trámites de paternidad y proceder con las pensiones alimenticias; pero debido a la insuﬁciente cobertura de esta institución y lo prolongado de los procedimientos, muchas mujeres se ven inhibidas de la realización de dichos trámites; agravado con el peso de los patrones culturales y la presión social hacia las mujeres separadas o divorciadas. La ley de disolución del vínculo matrimonial establece que con independencia de quien sea el propietario de la vivienda, ésta será asignada a la persona encargada de la crianza de las y los niños. Algunos hombres al momento de la disputa legal solicitan la custodia de los hijos/as para ejercer control sobre las vidas de las mujeres o bien para quedarse viviendo en el inmueble. La tutela puede ser solicitada por el padre y la madre, sin embargo las mujeres frecuentemente enfrentan desventajas por la falta de posesión de bienes y tal condición pesa sobremanera en el fallo de los jueces de familia. La sucesión intestada está regulada por el Código Civil, mismo que establece los descendientes en primer lugar son los hijos e hijas, en segundo lugar los ascendientes madre
y padre, en tercer lugar los colaterales que son los primos y primas, y se mantiene una porción del 25 % de las propiedades para el o la conyugue sobreviviente. La adopción, establecida en el decreto número 865 habilita para ejercer este derecho a quienes tienen una relación de pareja. En 2007 se hizo una reforma que establece el rango de edad de 40 a 55 años siempre y cuando haya parentesco entre 4° o 5° grado de consanguinidad con el niño/a en proceso de adopción. La legislación actual no contempla el matrimonio entre homosexuales y lesbianas, sin embargo la reforma en mención fue tomada para poner un candado que resulta discriminatorio para las parejas lésbicas y homosexuales que deseen adoptar. Existe la libertad para la posesión de propiedades sin embargo existen brechas estructurales que privilegian a los hombres en la posesión de bienes de toda índole y restringen el derecho de las mujeres. En cuanto a la posesión de propiedades después del divorcio ésta se respeta y la ley no ordena que se distribuya de acuerdo a la posesión legal de dichas propiedades; se respeta la propiedad mancomunada. En la práctica la mayoría de los hombres recurren a múltiples estrategias para despojar a la mujer de los bienes construidos durante la duración del vínculo. Para la mayoría de mujeres sigue siendo una diﬁcultad asumir la defensa de los derechos de sus hijos/as en esta materia, lo viven con muchas humillaciones de parte de autoridades judiciales y enfrentan la presión social y familiar. RECOMENDACIONES: El MF sugiere al Comité que recomiende al Estado de Nicaragua: • Reformas legislativas que garanticen la propiedad de las mujeres sobre sus bienes, protejan sus derechos en casos de separación y les de seguridad jurídica en casos de bienes mancomunados. Se erradique el incumplimiento de la pensión alimenticia agravado por la retardación de justicia. Acelerar procedimientos para que las madres reclamen pensiones alimenticias sin dilación. Ordenar y agilizar trámites para las adopciones, incluyendo a parejas del mismo sexo. Cumplir con la observación número 8 del Comité CEDAW al Informe de 50 Estado Parte relativa a “acelerar la promulgación de legislación pendiente que incluya la aprobación de un Código de Familia y que éste sea producto de un examen amplio de la legislación… para detectar y eliminar sin dilación leyes discriminatorias para las mujeres”. Formular políticas, crear mecanismos, asignar recursos, delimitar responsabilidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y la niñez.
CEDAW/C/NIC/CO/6
Documents Similar To INFORME CEDAW 2011-Movimiento Feminista de Nicaragua
Gisell del Carmen
Planificación Mensual 7 Abril
Enfermedades Sexuales Antonio
AntonioChinhotSantamaria
Carlos A Atencio G
LDTDraft3MV-Herramientas 5.11.10 AA (2)[1]
Traduccion de Hc Portugues Ape

References: resolución 
 artículo 165
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 35
 artículo 17