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Timestamp: 2019-10-22 04:19:46+00:00

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﻿ SENTENCIA 16678 DE FEBRERO 14 DE 2000
SENTENCIA 16678 DE 14 DE FEBRERO DE 2000
CONTENIDO:FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO. ADICIÓN A LA ESCRITURA PÚBLICA DE RECIBOS DE PAGO QUE NO LE CORRESPONDEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A DOCUMENTO PÚBLICO, ESCRITURA PÚBLICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO, DELITO CONTRA EL DOCUMENTO PÚBLICO, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:340 DE ABRIL DE 2000, PÁG.559
Sentencia 16678 de febrero 14 de 2000
ADICIONA LA ESCRITURA PÚBLICA DE RECIBOS DE PAGO QUE NO LE CORRESPONDEN
EXTRACTOS:«Se pronuncia la Corte sobre el fondo de la demanda de casación presentada por el defensor de la señora Gloria Ortiz Robledo, condenada por falsedad material de particular en documento público, en concurso, y a quien se le impusieron 30 meses de prisión y de interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas, de acuerdo con la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 9 de agosto de 1999.
El hecho objeto de condena y sanción se puede sintetizar diciendo que la señora Ortiz Robledo, auxiliar de servicios generales de la oficina de registro de instrumentos públicos de Pitalito ( Huila ), en algunas oportunidades, previa solicitud de dos empleadas de la notaria única de la misma ciudad, recibía escrituras para que realizara las diligencias concernientes al pago del impuesto de registro y anotación ante la tesorería municipal y para que, después, las hiciera registrar. La señora, en vez de hacerlo encomendado, antes de entregar las escrituras a la registradora para el estudio correspondiente, desprendía y tomaba los recibos de pago pertenecientes a otras, y los adicionaba a las que portaba, fingiendo con ello que en relación con éstas realmente se habla cancelado el tributo. Luego, pasaba los escritos al despacho de la registradora y ésta, sin percatarse de la simulación, les otorgaba la correspondiente validez. Acto seguido, la señora Ortiz Robledo quitaba de las escrituras que se le habían entregado los recibos ajenos y los devolvía a aquellas de las que los habla desprendido. Concluida la tarea, las escrituras y todo su contenido, quedaban como si hubieran sido registradas cumpliendo con todos los requisitos legales. Por supuesto, doña Gloria se apoderaba del dinero que había recibido para la cancelación de los impuestos.
El 14 de diciembre de 1994, fue calificado el mérito del sumario, así: acusación para Gloria Ortiz Robledo por hurto agravado por la confianza, cohecho propio y falsedad material en documento público.
El 11 de mayo de 1999, Segundo Penal del Circuito de Pitalito (H) dictó sentencia, en los siguientes términos:
d) Condenar a Gloria Ortiz Robledo a 48 meses de prisión y multa de $ 10.000 por los delitos de falsedad material de particular en documento público, cohecho propio y hurto agravado, en concurso de hechos punibles.
El 9 de agosto de 1999, el Tribunal Superior de Neiva, al resolver el recurso de apelación interpuesto por las incriminadas y sus defensores, dispuso decretar la nulidad de la pena impuesta a Gloria Ortiz Robledo por el hurto agravado, pues se trataba de contravención; absolverla del cohecho en razón de la atipicidad de la conducta por ausencia de sujeto activo calificado; condenarla por concurso de falsedad material de particular en documento público, con reducción de la pena de prisión a 30 meses y con el reconocimiento de la condena de ejecución condicional, y confirmar la sentencia en todo lo demás.
El defensor de la señora Gloria Ortiz Robledo interpuso recurso de casación. Del fondo de este se ocupa la Sala en esta decisión.
2. El tema central.
El casacionista ha planteado que la conducta de doña Gloria es atípica por cuanto no alteró, modificó ni cambió el contenido jurídico de un documento y que, además, porque lo que hizo fue agregar a un documento genuino y auténtico otro documento igualmente genuino y auténtico, previamente retirado de otra u otras escrituras. AI conjugarse dos·documentos con esas características, añade, no puede haber documento falsificado. Sobre esto, dígase:
a) Los artículos 231 y siguientes del Código Penal de 1936 regulaban lo concerniente a la falsedad en documentos. Aquél, casuístico por excelencia, mencionaba nueve formas de falsificar escrituras o documentos públicos, entre ellas las consistentes en hacer en un documento verdadero cualquier intercalación o alteración que variara su sentido (num. 6º) y en intercalar cualquier escritura en un protocolo, registro o libro oficial (num. 8º). Intercalar, con el lenguaje común de las palabras, es agregar una cosa entre otras, interpolar e introducir. De modo que cuando alguien añadía cualquier cosa en un documento verdadero o adicionaba cualquier escritura, incurría en delito de falsedad.
Llegados los momentos de las reformas, quiso ser eliminado el casuismo del estatuto de 1936. Así se expresó en el anteproyecto 1974 de Código Penal, precisamente en relación con el artículo 231 citado, según se percibe en el acta 80, de la sesión del 19 de octubre de 1973, opinión atendida y seguida por los proyectos de 1976 (arts. 272 ss) y de 1978 (arts. 287 ss.). Finalmente, para la comisión que elaboró el texto que básicamente hoy nos rige quedó clara la finalidad buscada. En efecto, en la relación explicativa del Código Penal de 1980, se dijo lo siguiente en materia de delitos contra la fe pública:
“Todos los tipos básicos se elaboran con una fórmula simple, omnicomprensiva y se eliminó el sistema casuista de enumeración de verbos rectores alternativos, engorrosa fuente de dudas y dificultades en la interpretación de las normas. En todas ellas se utilizó como verbo rector falsificar que comprende, sin duda alguna, la elaboración total, ex novo, de monedas, sellos, papel sellado, estampillas, marcas, registros técnicos y documentos, sino también cualquier alteración, o modificación de los mismos. Estima la comisión que la nueva técnica legislativa utilizada en la construcción de estos tipos penales facilitará en grado sumo la explicación de las normas”.
En la misma relación, más adelante, y en concreto, se lee:
“Como antes se dijo, en los tipos básicos se utilizó el verbo rector falsificar, en vez de la casuística, peligrosa y compleja enumeración del articulo 231 del código vigente, y se clarificaron técnicamente las diversas conductas punibles”.
Con este poco de historia reciente queda claro que cuando el actual Código Penal utiliza el verbo “falsificar” en su artículo 220 no excluye ninguna modalidad o manera de “falsificar” documentos y que, al contrario, más bien, con su amplitud incluye como una especie el agregar, adicionar o intercalar.
b) La misma historia reciente del estatuto punitivo sirve para demostrar que la falsedad documental puede ser total o parcial y no necesariamente la una o la otra. Así, en el artículo 238 del anteproyecto de 1974 se dijo:
d) Falsedad material de particular en documento público. El que elabore, en todo o en parte, un documento público falso o altere uno verdadero, que puedan servir de prueba, incurrirá en...”.
f) La fórmula del artículo 274 del proyecto de 1976 es similar, como también lo es la definición del artículo 289 del proyecto de 1978. Resulta nítido, entonces, que el querer del “legislador” era reducir la cantidad de las varias maneras de falsificar e incorporarlas en un verbo que las comprendiera a todas. De ahí que el artículo 267 del proyecto final, el de 1979, depurando las propuestas que le precedían, en aras de la síntesis, dejó el asunto así:
h) “Falsedad material de particular en documento público. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en...”.
Y esta descripción es exacta a la del actual artículo 220 del Código Penal.
Si se reúnen los dos literales anteriores, fácilmente se concluye que comete falsedad material tanto quien añade algo a un documento, como quien lo crea o altera total o parcialmente, sea que lo uno o lo otro se haga para confeccionar en todo o en parte un documento falso o para modificar uno ya existente.
Por ello, tras hacer el recorrido de las legislaciones anteriores y explicar la actual terminología en materia de falsedad documental, el profesor Luis Carlos Pérez escribe:
“Se reitera: falsificar es crear algo mentiroso, inventar cosas o situaciones irreales, adulterar y contrahacer. A su vez, contrahacer es imitar y fingir, aparentar lo que no es cierto. Con lo cual se indica nuevamente que el verbo rector fue bien escogido, pues comprende todas las conductas enumeradas, de modo que tanto falsifica el que hace el documento total o parcialmente como quien lo imita del original, lo finge o lo alteran” (Derecho Penal. Partes General y Especial. Tomo IV. Bogotá, Temis, 1985, pág. 72).
c) La doctrina también se ha ocupado del tema. Así, por ejemplo, el profesor Giuseppe Maggiore expresa:
“Falsedad material. Se tiene esta forma de falsedad siempre que la inmutación de la verdad recae materialmente sobre la escritura. La inmutación de la verdad puede efectuarse, o mediante formación o contrahechura, o mediante alteración, o por medio de supresión. Formación es la creación de un acto. Contrahechura es la formación total o parcial de un acto falso, sea que se cree enteramente un documento falso (en el contenido o en la forma), sea que se cree parcialmente, por medio de adiciones, supresiones o modificaciones, distintas de la verdad (por ejemplo, agregándole al documento legítimo notas accesorias falsas, como registros, endosos, cancelaciones, etc). (Derecho Penal. Parte Especial. Volumen lIl. De los delitos en particular. Bogotá, Temis, 1972, T: José J. Ortega Torres, pág. 572) (subraya fuera del original).
El profesor Juan Ignacio Echano Basaldúa, analizando el artículo 390-2 del Código Penal español, que prevé como conducta delictiva la simulación de un documento, afirma que esta forma de falsedad material se presenta cuando, en todo o en parte, se atribuye el documento a quien no lo formó, es decir, se confecciona total o fragmentariamente un documento inauténtico. Y señala:
“Las falsedades materiales, por tanto, consisten en la creación de una prueba documental inauténtica de un hecho cierto o falso” (En, Miguel Bajo Fernández, director: Compendio de derecho penal —parte especial—, Volumen II. Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 1998, págs. 778/9).
Similar es el pensamiento del tratadista Silvio Ranieri:
“...se tiene falsedad material cuando se ha formado, en todo o en parte, un documento falso, o cuando ha sido alterado un documento verdadero. Sus formas de manifestación son, por lo tanto, la contrahechura y la alteración...”.
Luego, cuando alude a las clases de conducta, explica:
“En la hipótesis de la formación del documento, en todo o en parte, ... comprende aún la reproducción de un documento falso, ... la creación de un escrito anteriormente inexistente o en adiciones a un escrito genuino...”. ( Manual de derecho penal. Tomo IV. Parte Especial. De los delitos en particular. Bogotá, Temis, 1975, T: Jorge Guerrero, págs. 418 y 422) (resalta la Sala ).
d) De la compilación que pudiéramos denominar estatuto de notariado y registro, integrada esencialmente por los decretos 960 de 1970 (estatuto del notariado), 1250 del mismo año (estatuto del registro de instrumentos públicos), 2156 y 2163 de 1970, 2148 de 1983 y 231 de 1985, así como por la Ley 29 de 1973, podemos sintetizar en los siguientes puntos lo relacionado con el tema escritura pública, frente al asunto que se estudia y teniendo en cuenta que la normatividad básica referida era la vigente para la época de los hechos.
1. Una escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, emitidas ante notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. El Código de Procedimiento Civil más sintético, dice que cuando un documento público es otorgado por un notario o por quien haga sus veces y se ha incorporado al respectivo protocolo, se denomina escritura pública (art. 251-3).
2. Para el perfeccionamiento de la escritura se requieren cinco pasos: recepción, extensión, otorgamiento, autorización y protocolización.
2.1. La recepción es el acto por el cual el notario recibe, percibe o se entera de las declaraciones que los interesados quieren hacer.
2.2. La extensión consiste en redactar, elaborar y plasmar·materialmente el texto.
2.3. El otorgamiento es el asentimiento expreso que los declarantes dan al documento elaborado o extendido. Esta fase implica la comparecencia de las personas ante el notario, su identificación ante éste, la lectura del instrumento y la suscripción o firma del mismo.
2.4. La autorización se cumple con la firma del notario en muestra de la fe que le imprime al instrumento con base en que se llenan los requisitos legales. No obstante, el notario se puede abstener de firmar, por ejemplo cuando observa que el instrumento es nulo o cuando no se pagan los derechos notariales o los impuestos, en los casos en que la normatividad permite a la notaría el recaudo directo. En este momento de la confección de la escritura pública es imprescindible la presentación de los denominados comprobantes fiscales, cuando se trata de bienes inmuebles y que comprende el pago oportuno de impuestos municipales o distritales, para lo cual basta con la entrega del “recibo de pago”.
2.5. La protocolización es la anotación o radicación del instrumento en el libro de relación.
3. Para el acto de otorgamiento y firma del instrumento, los interesados deben presentar los comprobantes fiscales, al punto que si no se hace, se prohíbe al notario aceptar tal otorgamiento. Por lo tanto, ante el impago es imposible la autorización. Tales comprobantes fiscales, como ordena expresamente el artículo 44 del Decreto 960 de 1970, se deben agregar las escrituras a que correspondan, en forma original o en fotocopia autenticada.
4. La escritura pública es un documento complejo, simbiótico, en cuanto se compone, de una parte, de las declaraciones de los interesados y, de la otra, de las que hace el notario. El notario, así, es el autor del instrumento, y los otorgantes, los autores del negocio jurídico, partes que conforman la unidad estructural conocida como escritura pública. Provienen de los interesados todas las declaraciones relacionadas con el inmueble, y del notario todas aquellas relacionadas con la identificación de la escritura, la comparecencia e identificación de los otorgantes, la protocolización de todos los documentos que se insertan junto a la declaración de voluntad de los otorgantes, la autorización de la escritura, etc. Por eso, insístese, la escritura pública constituye una unidad estructural.
Si comparamos lo anteriormente expuesto con la conducta realizada por la señora Gloria Ortiz Robledo, fácilmente se concluye que ella, al insertar en un instrumento un “recibo de pago” perteneciente a otro instrumento, parcialmente realizaba una de las fases de la creación de la escritura apócrifa porque colocaba uno de los eslabones de su falsedad, es decir, desplegaba uno de los actos que configuraban su comportamiento finalmente falsario.
Pero allí no se acababa el proceso de elaboración de la escritura falsa. Luego de agregar el recibo, debía lograr, con otro acto, que la registradora signara las hojas, dando con ello fe de la legalidad de los componentes de la escritura, dentro de ellos lo relacionado con el “recibo” que demostraba el pago de los tributos. Para esto, gracias a sus conocimientos sobre el trámite de la escrituración en razón de su tiempo de trabajo en la registraduría, así como sobre el sistema de trabajo de la registradora, obtuvo que esta, sin percatarse de lo sucedido, impartiera fe pública a la declaración de voluntad, concretamente respecto de la cancelación de los impuestos.
Y seguía otro paso: entregarle a los interesados el documento para que, por último, sin inconvenientes, lo llevaran a la notaría, ésta procediera a la autorización y, después, la depositara en el protocolo. De manera que la señora Ortiz, para desarrollar una conducta final que sabia constaba de varias partes, en primer lugar le adicionó a la escritura un recibo que se entiende falso pues no pertenecía al escrito inicial sino a otro; en segundo término, hizo que la registradora, utilizada como simple medio o instrumento, hiciera constar la veracidad del pago de impuestos; en tercer lugar, recogido el escrito por los interesados, prosiguió con el engaño; y, por último, la fase culminante, la escritura, que seguía portando la prueba falsa del pago del impuesto de registro y anotación ante la tesorería municipal, pasaba a engrosar el protocolo, así la señora Ortiz, luego de la firma de la registradora, desprendiera el recibo y lo tornara al sitio del cual lo había tomado. La falsedad, en síntesis, implicaba varios pasos, continuos, y todos los dio doña Gloria.
Agréguese que como la señora Ortiz desplegó la misma conducta plural respecto de varios instrumentos, su falsedad es múltiple. Por consiguiente, incurrió en concurso homogéneo de falsedades.
e) Sobre el punto de la falsedad material en documento público, los juzgadores, con razón, no abrigaron dudas. Así, por ejemplo, el funcionario de primera instancia expresó esto en su sentencia:
“Para darle a las mismas (escrituras) apariencia de legalidad, y sobre todo para no despertar sospechas en su jefe, quien debía calificarlas, les anexaba un recibo perteneciente a otra escritura, y cuando volvía a sus manos retiraba la copia, y en la constancia que a ella le correspondía dejar en el ejemplar para el archivo de la oficina, consignaba datos ficticios, algunos, o el mismo número de recibo con un valor muy superior al realmente pagado... Estos aconteceres configuran falsedad material de particular en documento público (art. 220), conducta que se deriva del hecho de anexar a una escritura para que sirviera que prueba, un documento que no le correspondía, convirtiéndolo a partir de allí, en documento falso” (fls. 20/1) (subraya la Sala).
A su turno, la colegiatura de segunda instancia manifestó lo siguiente en su fallo:
“Ahora bien, la ausencia de cualificación en las funciones de la Ortiz Robledo, que no su ajenidad a la confección del documento como se estimó por la fiscalía en el calificatorio, legítima la consideración como particular a efectos de la imputación del punible de falsedad del artículo 220 del Código Penal, que no requiere que el falsario cometa el hecho en ejercicio de sus funciones como si lo exige la falsedad material de empleado oficial en documento público que consagra la norma del 218 ibídem”.
De otra parte, para la Sala la materialidad de éste ilícito se encuentra cabalmente acreditada, pues el haberse aparentado legalidad en varias escrituras trasladándoseles el recibo que no les correspondía, haciendo aparecer como pago el impuesto de registro de cuyo importe se había apropiado, constituye conducta falsaria al simular como verdaderos hechos ficticios”. (fl. 17).
a) Del expediente emana, tal como lo reconocieron las instancias, que la señora Ortiz Robledo realizó la misma conducta respecto de, por lo menos, 25 instrumentos, con el fin de lograr en relación con ellos una calificación benéfica. Se alude a los instrumentos 2.038, 387, 1.603, 1.316, 1.446, 921, 1.430, 1343, 1.113, 1.641, 906, 1.034, 1.057,1.396, 708, 1.822, 1.621, 1.024, 1.323, 653, 1.321 y 1.331, de 1990, así como a las escrituras 513 y 1.331 de 1988. De allí que se hable de concurso de delitos.
b) En relación con la mayoría de las escrituras, Gloria no pagó los derechos de anotación y registro; respecto de otras, pagó un menor valor y dejó constancia de haberlo hecho correctamente, cambiando datos, tanto de los recibos como de los instrumentos. Por estos comportamientos, entendidos como falsedad ideológica, la justicia compulsó copias para efectos de investigación separada.
4.1. Como el cargo esgrimido por el casacionista no fue claro y precisamente presentado y desarrollado, ello sería suficiente para afirmar que el recurso no podía prosperar.
4.2. Como la conducta desplegada por la señora Ortiz Robledo si fue la de “falsificar” documento que podía servir de prueba, hizo bien la justicia al adecuarla al artículo 220 del Código Penal comprender dentro de un documento genuino y auténtico otro también genuino y auténtico, pero conformar con los dos una unidad falsa, implica la creación de un documento final espurio. Por este aspecto, el cargo no prospera pues que la sentencia recurrida no aparece afectada de violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 220 del Código Penal.
1. No casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Neiva,conforme con la motivación expuesta.
2. Regresar el expediente al tribunal de origen.
(Sentencia de Casación, febrero 14 de 2000. Radicación 16.678. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

References: artículo 231
 artículo 220
 artículo 238
 artículo 274
 artículo 289
 artículo 267
 artículo 220
 artículo 390
 artículo 44
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 220