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Timestamp: 2020-05-26 20:48:09+00:00

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Publicado en BOE de 06 de Marzo de 1996
Vigencia desde 07 de Marzo de 1996. Revisi�n vigente desde 07 de Marzo de 1996
Primera �Ejercicio del Protectorado
Segunda �Dotaci�n de los Protectorados
DISPOSICION TRANSITORIA �Reordenaci�n del ejercicio del Protectorado
DISPOSICION DEROGATORIA �Derogaci�n normativa
Art�culo 2 �Fines y actividades fundacionales
Art�culo 3 �Dotaci�n fundacional
CAPITULO II.� Del patrimonio de la fundaci�n
Art�culo 4 �Enajenaci�n de bienes inmuebles
Art�culo 5 �Gravamen de bienes inmuebles
Art�culo 6 �Enajenaci�n y gravamen de establecimientos mercantiles o industriales
Art�culo 7 �Enajenaci�n y gravamen de bienes muebles
Art�culo 8 �Enajenaci�n y gravamen de valores
Art�culo 9 �Adquisici�n, enajenaci�n y gravamen de participaciones mayoritarias
Art�culo 10 �Enajenaciones y grav�menes defectuosos
Art�culo 11 �Herencias, legados y donaciones en favor de las fundaciones
CAPITULO III.� Del funcionamiento de la fundaci�n
Art�culo 12 �R�gimen presupuestario y contable
Art�culo 13 �Auditor�a externa
Art�culo 14 �Destino de rentas e ingresos. Gastos de administraci�n
Art�culo 15 �Autocontrataci�n
CAPITULO IV.� De la modificaci�n, fusi�n y extinci�n de las fundaciones
Art�culo 16 �Modificaci�n de los Estatutos
Art�culo 17 �Fusi�n de la fundaci�n
Art�culo 18 �Extinci�n de la fundaci�n
Art�culo 19 �Procedimiento de liquidaci�n
Art�culo 20 �Intervenci�n temporal
CAPITULO V.� Del Protectorado
Art�culo 21 �Organizaci�n general del Protectorado
Art�culo 22 �Atribuciones del Protectorado
CAPITULO VI.� Del Consejo Superior de Fundaciones
Art�culo 23 �Naturaleza y estructura
Art�culo 25 �Pleno del Consejo
Art�culo 27 �Funcionamiento
Primera �R�gimen de las cargas duraderas
Segunda �Procedimiento administrativo
Tercera �Fundaciones de entidades religiosas
R.D. 316/1996, de 23 de febrero, derogado por la letra a) del n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal (�B.O.E.� 22 noviembre) el 23 de noviembre de 2005. V�ase la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (�B.O.E.� 27 diciembre).
La aprobaci�n de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, ha significado un paso decisivo para la racionalizaci�n y clarificaci�n del marco jur�dico de las fundaciones. A la necesidad de poner fin a la dispersi�n e insuficiencia normativas, ya padecidas de antiguo, se un�a la conveniencia de adaptar su regulaci�n a los perfiles modernos de la actividad fundacional. La revisi�n y unificaci�n normativa era adem�s un imperativo constitucional, tanto desde el punto de vista de los principios y derechos fundamentales como en lo referido a la configuraci�n del Estado de las Autonom�as.
Uno de los caracteres definitorios del Reglamento que se aprueba mediante el presente Real Decreto procede, precisamente, de esa necesaria clarificaci�n competencial entre el Estado y las Comunidades Aut�nomas. Determinados en la disposici�n final primera de la Ley aqu�llos de sus preceptos que son de aplicaci�n general en todo el territorio nacional, en virtud de t�tulos competenciales que la Constituci�n reserva al Estado, queda a las Comunidades Aut�nomas la elaboraci�n del resto de la normativa fundacional, referida a las fundaciones que, seg�n lo dispuesto por el art�culo 2.f) de la Ley Org�nica 9/1992, de 22 de diciembre, desarrollan principalmente sus funciones en la Comunidad Aut�noma.
Como consecuencia de esta delimitaci�n competencial, corresponde ahora al Gobierno de la Naci�n, con base en la habilitaci�n legal contenida en la disposici�n final quinta de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, aprobar las normas reglamentarias precisas para el desarrollo del t�tulo I de dicha Ley, en lo que se refiere a las fundaciones de competencia estatal y a salvo, por razones de especialidad de la materia, de cuanto se refiere al Registro de Fundaciones.
El Reglamento pretende imprimir en su nivel normativo el mismo criterio de racionalidad y homogeneidad perseguido por la Ley que desarrolla. La diferente naturaleza del fin perseguido por la fundaci�n (asistencial, sanitario, docente, etc.) que en otro tiempo origin� la fragmentaci�n del r�gimen jur�dico de los entes fundacionales, pervive �nicamente como factor de asignaci�n del Protectorado dentro de la Administraci�n General del Estado. En lo dem�s, los seis cap�tulos de que se compone el Reglamento sistematizan un conjunto unitario de previsiones normativas en torno a los diferentes aspectos de la vida fundacional: dotaci�n, patrimonio, funcionamiento, modificaci�n estatutaria, fusi�n y extinci�n, todo ello en la medida en que venga reclamado por las necesidades de desarrollo de la Ley.
Por lo que se refiere a la actuaci�n de la Administraci�n con relaci�n con las fundaciones, se procede a una detallada enumeraci�n de las funciones del Protectorado, y se configuran la composici�n y funciones del Consejo Superior de Fundaciones, creado en el art�culo 28 de la Ley.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educaci�n y Ciencia, de Presidencia, de Cultura y de Asuntos Sociales, con la aprobaci�n del Ministro para las Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 23 de febrero de 1996,
Se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal que se incluye como anexo, en desarrollo del t�tulo I y disposiciones concordantes de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
El Registro de Fundaciones se rige por su normativa espec�fica.
Primera Ejercicio del Protectorado
Los Ministerios de Educaci�n y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, de Cultura y de Asuntos Sociales seguir�n ejerciendo el Protectorado de las fundaciones incluidas en el �mbito de aplicaci�n de este Reglamento, cuyos fines se vinculen m�s directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. El Ministerio de Asuntos Sociales seguir� ejerciendo, adem�s, el Protectorado de aquellas otras fundaciones cuyos fines no est�n directamente vinculados con las atribuciones de ninguno de los Ministerios citados.
Sin perjuicio de lo anterior, y a efectos de lo dispuesto en el art�culo 21.1 del Reglamento, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se podr� conferir a otros Departamentos ministeriales el ejercicio del Protectorado de aquellas fundaciones cuyos fines se vinculen con las atribuciones de los mismos.
Segunda Dotaci�n de los Protectorados
1. Los Protectorados que ejercen las funciones derivadas del Reglamento de Fundaciones estar�n dotados de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para el cumplimiento de las mismas.
2. Los Ministerios de Econom�a y Hacienda y para las Administraciones P�blicas aprobar�n, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, la relaci�n de puestos de trabajo de los Protectorados que, en todo caso, garantizar�n la asignaci�n de los correspondientes puestos para el desempe�o de la funci�n de seguimiento de las actividades fundacionales, as� como de las de apoyo jur�dico, econ�mico y administrativo necesarias.
A tales efectos, se integrar�n en la correspondiente unidad de Protectorado los recursos humanos y materiales actualmente existentes en los Ministerios de Educaci�n y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, de Cultura y de Asuntos Sociales. Asimismo, podr�n integrarse en el Protectorado cualesquiera otros servicios departamentales actualmente existentes que cumplan funciones an�logas relacionadas con entidades sin �nimo de lucro.
La aprobaci�n de los puestos de trabajo de los Protectorados y las integraciones de recursos humanos y materiales no producir�n incremento del gasto p�blico.
3. El Ministerio de Econom�a y Hacienda efectuar� las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento del presente Real Decreto.
DISPOSICION TRANSITORIA Reordenaci�n del ejercicio del Protectorado
1. Los Protectorados de los Ministerios de Educaci�n y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, de Cultura y de Asuntos Sociales proceder�n, en el plazo de un a�o, a revisar los Estatutos de las fundaciones que se encuentran bajo su Protectorado a la entrada en vigor del presente Real Decreto, a efectos de determinar si los fines de aqu�llas se corresponden con las actuales atribuciones de los mismos.
2. En el caso de que no se d� dicha correspondencia, se transferir� la tutela de las fundaciones al Ministerio que resulte competente de acuerdo con lo dispuesto en la disposici�n adicional primera de este Real Decreto.
3. Se except�a de lo dispuesto en el apartado anterior a las fundaciones que, debiendo cambiar de Protectorado, opten, en el plazo de un a�o a partir de la oportuna notificaci�n, por permanecer bajo el Protectorado del Departamento al que se hallaban vinculadas a la entrada en vigor de este Real Decreto.
DISPOSICION DEROGATORIA Derogaci�n normativa
1. El Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, por el que se delimitan las competencias de los Ministerios de Educaci�n y de Universidades e Investigaci�n y de Cultura en materia de fundaciones culturales privadas y entidades an�logas.
2. Las dem�s disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y Reglamento anexo.
1. El presente Reglamento es de aplicaci�n a las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en el territorio de m�s de una Comunidad Aut�noma. Asimismo, el presente Reglamento ser� de aplicaci�n a las Delegaciones de las fundaciones extranjeras que act�en principalmente en territorio de m�s de una Comunidad Aut�noma respecto a los bienes situados en Espa�a y a las actividades que realicen en territorio nacional.
2. Quedan excluidas de la aplicaci�n de este Reglamento:
a) Las fundaciones a que se refiere la Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimonio Nacional, de conformidad con la disposici�n adicional segunda de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
b) Las entidades constituidas en virtud de Convenio Colectivo entre las organizaciones empresariales y sindicales que, a la entrada en vigor de la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, hayan adoptado la forma de fundaci�n laboral.
Art�culo 2 Fines y actividades fundacionales
La fundaci�n ha de constituirse para los fines de inter�s general establecidos en el art�culo 2.1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
Art�culo 3 Dotaci�n fundacional
1. El Protectorado comprobar� que la dotaci�n sea adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el Patronato identificar� con precisi�n los bienes y derechos integrantes de la dotaci�n fundacional. Si la dotaci�n consistiera en dinero, su cuant�a se fijar� en pesetas. Las aportaciones no dinerarias se cuantificar�n de igual forma y se valorar�n por el Protectorado con arreglo a las normas reguladoras de dichas aportaciones a sociedades de responsabilidad limitada.
3. El Protectorado velar� en todo momento por la integridad y suficiencia de la dotaci�n de acuerdo con las atribuciones que le confiere la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, y el presente Reglamento.
4. Los compromisos de aportaciones de terceros en favor de una fundaci�n s�lo tendr�n la consideraci�n de dotaci�n si est�n garantizados formalmente por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. Las garant�as habr�n de quedar descritas en la escritura fundacional.
5. En el supuesto de enajenaci�n de bienes o derechos que formen parte de la dotaci�n fundacional, el valor de la contraprestaci�n habr� de integrarse en aqu�lla.
Del patrimonio de la fundaci�n
Art�culo 4 Enajenaci�n de bienes inmuebles
1. La enajenaci�n de los bienes inmuebles que formen parte de la dotaci�n o est�n directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o representen un valor superior al 20 por 100 del activo de la fundaci�n que resulte del �ltimo balance anual a los que se refiere el art�culo 19.1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, requiere autorizaci�n previa del Protectorado.
A los efectos previstos en el p�rrafo anterior, as� como a los de los art�culos 5.1, 7.1 y 8.1 del presente Reglamento, se entiende que los bienes y derechos de la fundaci�n est�n directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, cuando dicha vinculaci�n est� contenida en una declaraci�n de voluntad expresa, ya sea del fundador, del Patronato de la fundaci�n o de la persona f�sica o jur�dica, p�blica o privada que realice una aportaci�n voluntaria a la fundaci�n, y siempre respecto de los bienes y derechos aportados.
2. La solicitud de autorizaci�n que formule el Patronato ha de ir acompa�ada de la siguiente documentaci�n:
a) Certificaci�n del Patronato de la fundaci�n del acuerdo de enajenaci�n.
b) Memoria acreditativa de las caracter�sticas del bien o derecho objeto de la enajenaci�n y de los elementos y condiciones del negocio jur�dico, con exposici�n de las razones en que se fundamenta la enajenaci�n e indicaci�n del destino del importe.
c) Una valoraci�n de los bienes o derechos con arreglo a criterios de mercado.
3. La solicitud que formule el Patronato de la fundaci�n ser� informada por el Protectorado, que podr� exigir una valoraci�n pericial. Si el informe fuera contrario a la autorizaci�n se dar� traslado al Patronato para que alegue lo que corresponda en un plazo de quince d�as.
4. La autorizaci�n para enajenar habr� de otorgarla o denegarla el Protectorado en el plazo m�ximo de tres meses, contados a partir de la recepci�n de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que haya reca�do resoluci�n, podr� entenderse estimada la solicitud.
El plazo para resolver se interrumpir� cuando la solicitud no re�na los requisitos necesarios o no se presente debidamente documentada, y el Protectorado as� lo estime mediante acto motivado que notificar� al Patronato. El c�mputo del plazo se reanudar�, por el tiempo que reste, desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado. Las resoluciones han de ser siempre motivadas.
5. De realizarse la enajenaci�n previamente autorizada, en el plazo de un mes, se remitir� al Protectorado en ejemplar duplicado el t�tulo de enajenaci�n, a efectos de su oportuna constancia en el Protectorado e inscripci�n en el Registro de Fundaciones.
6. La enajenaci�n de inmuebles no comprendidos en el primer p�rrafo del apartado 1 de este art�culo no requiere autorizaci�n previa del Protectorado, bastando la comunicaci�n a �ste de dicha enajenaci�n en el plazo de diez d�as.
Dicha comunicaci�n se acompa�ar� de una exposici�n de las circunstancias concurrentes en el negocio jur�dico.
7. Excepcionalmente, y cuando el fin o la actividad fundacional as� lo aconsejen, el Protectorado, a solicitud de la fundaci�n interesada, podr� otorgar una autorizaci�n anual para enajenar en cualquier momento los bienes inmuebles que se relacionen en la solicitud o los que vengan a sustituir a aqu�llos.
El Patronato comunicar� trimestralmente al Protectorado los negocios jur�dicos efectuados, quien podr� revocar la autorizaci�n cuando �stos sean lesivos para los intereses de la fundaci�n sin perjuicio de la eficacia de los negocios jur�dicos ya efectuados.
Art�culo 5 Gravamen de bienes inmuebles
1. El gravamen de los bienes inmuebles a que se refiere el art�culo 4.1 del presente Reglamento requiere autorizaci�n previa del Protectorado.
2. La solicitud de autorizaci�n deber� contener expresi�n de las circunstancias siguientes:
a) Cuando se trate de pr�stamos hipotecarios, se ha de determinar expresamente la cuant�a y el destino del principal, la valoraci�n del bien de conformidad con los criterios utilizados habitualmente por las entidades de cr�dito, los intereses pactados y el plazo para el cumplimiento de la obligaci�n garantizada.
b) Cuando se trate de usufructos, derechos de superficie u otra clase de grav�menes sobre tales bienes se ha de expresar el valor de los derechos reales que se pretende constituir, su duraci�n y los elementos y condiciones esenciales del gravamen.
A efectos de valoraci�n del derecho real que se pretenda constituir se estar� a lo prevenido en las normas reguladoras del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales relativas a la constituci�n de derechos reales.
3. EI procedimiento y la documentaci�n necesarias para autorizar el establecimiento del gravamen son los que establece el art�culo 4 de este Reglamento.
4. El gravamen de inmuebles no comprendidos en el primer p�rrafo del art�culo 4.1 de este Reglamento no requiere autorizaci�n previa del Protectorado, bastando en estos supuestos la comunicaci�n del establecimiento de dicho gravamen en el plazo de diez d�as. En esta comunicaci�n habr�n de detallarse todas las circunstancias concurrentes conforme establece el apartado 2 de este art�culo.
Art�culo 6 Enajenaci�n y gravamen de establecimientos mercantiles o industriales
Para enajenar establecimientos mercantiles o industriales, as� como para establecer grav�menes sobre los mismos, son de aplicaci�n las previsiones contenidas en los art�culos 4 y 5 de este Reglamento.
Art�culo 7 Enajenaci�n y gravamen de bienes muebles
1. La enajenaci�n o gravamen de bienes muebles que formen parte de la dotaci�n fundacional o est�n directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o representen un valor superior al 20 por 100 del activo de la fundaci�n que resulte del �ltimo balance anual requiere autorizaci�n previa del Protectorado.
A los efectos previstos en el p�rrafo anterior, y por lo que se refiere a la determinaci�n de la vinculaci�n directa de los bienes y derechos de la fundaci�n al cumplimiento de los fines fundacionales, se estar� a lo dispuesto en el segundo p�rrafo del apartado 1 del art�culo 4 de este Reglamento.
La solicitud de autorizaci�n para establecer el gravamen deber� contener expresi�n de las circunstancias a que se refiere el art�culo 5.2 de este Reglamento de conformidad con el tipo de gravamen que se desee establecer.
La documentaci�n que debe acompa�ar a la solicitud de autorizaci�n de enajenaci�n o gravamen es la que se establece en el apartado 2, a) y b) del art�culo 4 de este Reglamento.
El procedimiento para autorizar la enajenaci�n o gravamen es el que establecen los apartados 3, 4 y 5 del citado art�culo 4.
2. Si no concurrieran las circunstancias que exigen autorizaci�n previa del Protectorado pero se tratase de enajenar o gravar un objeto de extraordinario valor de aquellos a los que se refiere el art�culo 19.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, el Patronato dar� cuenta al Protectorado de la enajenaci�n o gravamen en el plazo de diez d�as h�biles desde su formalizaci�n, procedi�ndose conforme a lo establecido en el segundo p�rrafo del art�culo 4.6 de este Reglamento.
A los efectos de lo previsto en este apartado se considerar�n objetos de extraordinario valor aquellos bienes muebles que hayan sido declarados bien de inter�s cultural o est�n incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles o que posean relevancia para el Patrimonio Hist�rico Espa�ol conforme al art�culo 1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, as� como aquellos otros en los que concurran caracter�sticas �nicas o excepcionales en cuanto a su autor�a, procedencia, dise�o, forma o composici�n material.
Art�culo 8 Enajenaci�n y gravamen de valores
1. La enajenaci�n o gravamen de valores que formen parte de la dotaci�n o est�n directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o representen un valor superior al 20 por 100 del activo de la fundaci�n que resulte del �ltimo balance aprobado, requerir� la previa autorizaci�n del Protectorado quien podr� exigir que se le acrediten las condiciones y circunstancias concurrentes.
A efectos de determinar el porcentaje del 20 por 100 a que se refiere el p�rrafo anterior, se acumular�n las enajenaciones de los valores efectuadas desde la aprobaci�n del �ltimo balance anual hasta la aprobaci�n del siguiente.
La documentaci�n que debe acompa�ar a la solicitud de autorizaci�n es la que se establece en el apartado 2, a) y b) del art�culo 4 de este Reglamento.
El procedimiento para autorizar es el que establecen los apartados 3, 4 y 5 del citado art�culo 4.
2. Se dar� cuenta inmediatamente al Protectorado de la enajenaci�n o gravamen de valores mobiliarios que representen participaciones significativas en el capital de entidades mercantiles o industriales o de tenencia de bienes inmuebles, respecto de los que no sea precisa la autorizaci�n previa a que se refiere el apartado 1 de este art�culo. Dicha comunicaci�n se acompa�ar� de una exposici�n de las circunstancias concurrentes en el negocio jur�dico.
Se entender� que son participaciones significativas aquellas que representen m�s del 25 por 100 del capital social o de los derechos de voto, comput�ndose a estos efectos tanto las participaciones directas como las indirectas.
3. Si los valores cotizaran en Bolsa, al formular la comunicaci�n inmediata al Protectorado se deber� acreditar el importe de la cotizaci�n del d�a anterior al de la venta, cuya fecha deber� hacerse constar. En caso de ser necesaria autorizaci�n previa, a la solicitud se acompa�ar� valoraci�n de dichos valores de acuerdo con la cotizaci�n media del �ltimo trimestre.
Si los valores no cotizaran en Bolsa tanto en la comunicaci�n inmediata como en la solicitud de autorizaci�n previa, se acreditar� su valor por certificaci�n de Perito. Trat�ndose de valores negociables, el valor ser� el te�rico al tiempo del �ltimo balance aprobado.
4. En el caso de valores que coticen en Bolsa, la fundaci�n podr� solicitar al comienzo del ejercicio autorizaci�n para enajenar en cualquier momento a lo largo del ejercicio los valores que se detallen en la solicitud de autorizaci�n o los que vengan a sustituirlos. El Protectorado, si las circunstancias del caso lo hicieran aconsejable, podr� conceder dicha autorizaci�n siempre que los valores se enajenen por un precio superior al de adquisici�n, salvo que circunstancias de mercado aconsejen lo contrario, en cuyo caso se har� menci�n expresa de este extremo tanto en la solicitud de autorizaci�n como en el escrito de concesi�n de la misma.
El Patronato comunicar� trimestralmente al Protectorado las enajenaciones o grav�menes efectuados, quien podr� revocar la autorizaci�n si considera perjudiciales aqu�llos para los intereses de la fundaci�n, sin perjuicio de la eficacia de las operaciones ya efectuadas.
Art�culo 9 Adquisici�n, enajenaci�n y gravamen de participaciones mayoritarias
1. Precisa autorizaci�n previa del Protectorado la enajenaci�n y gravamen de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles no personalistas, siempre y cuando estas participaciones formen parte de la dotaci�n o est�n directamente vinculadas al cumplimiento de los fines fundacionales o representen un valor superior al 20 por 100 del activo de la fundaci�n que resulte del �ltimo balance anual.
2. La adquisici�n de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles no personalistas, as� como la enajenaci�n y gravamen de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles no incluidas en el apartado anterior no necesitar�n autorizaci�n previa pero deber�n ser puestos en conocimiento del Protectorado en cuanto se produzcan. Dicha comunicaci�n se acompa�ar� de una exposici�n de las circunstancias concurrentes en el negocio jur�dico, as� como cualesquiera otros extremos relevantes que el Patronato estime necesarios para una adecuada informaci�n.
Lo previsto en este apartado ser� de aplicaci�n tanto a las adquisiciones de participaciones mayoritarias que se efect�en en un solo acto como a la adquisici�n de participaciones minoritarias que, acumulada a adquisiciones anteriores, d� lugar a que la fundaci�n ostente una participaci�n mayoritaria en una sociedad mercantil no personalista.
3. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entender� por participaci�n mayoritaria aquella que represente m�s del 50 por 100 del capital social o de los derechos de voto, comput�ndose a todos los efectos tanto las participaciones directas como las indirectas.
4. En el supuesto de que formen parte de la dotaci�n fundacional participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles personalistas, el Protectorado requerir� a la fundaci�n para que promueva su transformaci�n con el fin de que adopte una forma jur�dica en que quede limitada su responsabilidad en el plazo que se�ale y que no podr� ser inferior a dos meses.
En el supuesto de que el Patronato no pudiera efectuar tal transformaci�n en el plazo fijado por el Protectorado, �ste le requerir� para que ponga en venta las participaciones fijando a tal efecto un plazo.
Cuando la participaci�n a que se refiere este apartado fuera minoritaria, el Protectorado requerir� la enajenaci�n en los mismos t�rminos que se se�alan en el p�rrafo anterior.
En la fijaci�n del plazo de venta, el Protectorado debe considerar que se no se produzca quebranto patrimonial a la fundaci�n.
Si, no obstante ser requerido para ello, el Patronato no pusiera en venta dichas participaciones, el Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes y especialmente de la existencia de buena fe por parte de la fundaci�n, podr� ejercitar la acci�n de responsabilidad establecida en el art�culo 15 da la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
Art�culo 10 Enajenaciones y grav�menes defectuosos
1. El Protectorado, cuando tenga conocimiento de que se han realizado enajenaciones y grav�menes sin la preceptiva autorizaci�n, requerir� al Patronato cuanta informaci�n considere conveniente. El Patronato dispondr� de un plazo de quince d�as para suministrar dicha informaci�n.
2. El Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, y ponderando especialmente la existencia de buena fe por parte de la fundaci�n, resolver� sobre la procedencia de subsanar el defecto otorgando la pertinente autorizaci�n o de entablar la acci�n de responsabilidad a que se refiere el art�culo 15.3, b), de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
3. En caso de que las enajenaciones y grav�menes a que se refiere el presente art�culo pretendan formalizarse en documento p�blico el fedatario otorgar� el acto someti�ndolo a la condici�n suspensiva de obtenci�n de la autorizaci�n correspondiente.
Art�culo 11 Herencias, legados y donaciones en favor de las fundaciones
1. La aceptaci�n de herencias por las fundaciones se entender� hecha siempre a beneficio de inventario (art�culo 20.1 de la Ley).
2. La aceptaci�n de legados o donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional requerir� la previa autorizaci�n del Protectorado (art�culo 20.2 de la Ley).
La documentaci�n que deba acompa�ar a la solicitud ser� la prevista en los art�culos 4 � 5 de este Reglamento seg�n que la carga consista en una enajenaci�n o gravamen. Si consistiere en la prestaci�n de un servicio por parte de la fundaci�n, �sta informar� de las condiciones de las cargas y de los medios que exija su cumplimiento.
El procedimiento para el otorgamiento de la autorizaci�n se ajustar� a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del art�culo 4 de este Reglamento. Para otorgar esta autorizaci�n, el Protectorado ponderar� si dicha aceptaci�n modifica la voluntad expresa del fundador o los fines fundacionales.
3. Al ponderar las circunstancias se�aladas en el apartado anterior, el Protectorado puede condicionar la concesi�n de la autorizaci�n a la modificaci�n de los Estatutos. La resoluci�n del Protectorado contendr� una relaci�n de las causas y de los preceptos que impiden la aceptaci�n pura y simple, y una redacci�n alternativa para los art�culos que deban ser modificados.
4. En los supuestos de aceptaci�n de legados o donaciones con cargas sin autorizaci�n del Protectorado o sin atender a las condiciones impuestas por �ste, el Protectorado actuar� conforme a lo previsto en el art�culo 10 del presente Reglamento.
5. Lo dispuesto en el apartado anterior ser� de aplicaci�n en los casos en que el Patronato repudiara una herencia o legado o no aceptase una donaci�n sin estar previamente autorizado para ello por el Protectorado.
Del funcionamiento de la fundaci�n
Art�culo 12 R�gimen presupuestario y contable
1. El Patronato remitir� al Protectorado en los �ltimos tres meses de cada ejercicio el presupuesto correspondiente al a�o siguiente acompa�ado de una Memoria explicativa de los distintos extremos contenidos en aqu�l. Asimismo, el Patronato presentar� al Protectorado, dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente, el inventario, balance de situaci�n, cuenta de resultados, memoria de las actividades fundacionales y de la gesti�n econ�mica, y liquidaci�n del presupuesto correspondiente al ejercicio anterior, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 23 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
La elaboraci�n del presupuesto de las fundaciones referido al ejercicio siguiente, del balance de situaci�n, de la cuenta de resultados, de la parte de la memoria relativa a la gesti�n econ�mica y de la liquidaci�n del presupuesto correspondiente al ejercicio anterior, se realizar� de acuerdo con lo previsto en la adaptaci�n del Plan General de Contabilidad a las entidades no lucrativas y las normas de informaci�n presupuestarias aplicables a estas entidades.
2. La parte de la memoria relativa a las actividades fundacionales deber� contener informaci�n identificativa de la fundaci�n y de cada una de las actividades realizadas en cumplimiento de los fines fundacionales e informaci�n sobre usuarios o beneficiarios, personal, ingresos, gastos y patrimonio de la fundaci�n, adem�s de los cambios en los �rganos de gobierno, direcci�n y representaci�n.
3. Los documentos a que se refiere el apartado 1 de este art�culo ser�n examinados por el Protectorado para verificar la adecuaci�n de sus aspectos tanto formales como materiales a la normativa vigente. A tal efecto, el Protectorado podr� recabar la informaci�n necesaria para completar las exigencias del presente art�culo.
4. Si en el examen y comprobaci�n de dicha documentaci�n se apreciasen errores materiales o de hecho subsanables, el Protectorado lo notificar� al Patronato para que proceda a su subsanaci�n en el plazo que se se�ale, no inferior a diez d�as. Lo mismo har� si se apreciasen defectos de otro tipo para que subsane o rectifique lo que resultara necesario.
5. Si el Patronato no atendiera a la petici�n de subsanaci�n o rectificaci�n prevista en el apartado anterior, as� como si, tras el oportuno requerimiento, no presentara la documentaci�n a que se refieren los apartados 1 y 2 de este art�culo, el Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes y especialmente de la existencia de buena fe por parte de la fundaci�n, podr� ejercer las facultades que le confiere el art�culo 15.3, b), en relaci�n con el 32.2, b) de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
6. El Protectorado, examinados los documentos a que se refieren los apartados 1 y 2 de este art�culo y comprobada la adecuaci�n de los mismos a la normativa vigente, proceder� a depositarlos en el Registro de Fundaciones.
7. La contabilidad de las fundaciones se ajustar� a lo dispuesto en el C�digo de Comercio cuando realicen directamente actividades mercantiles o industriales.
8. Corresponde al Protectorado la legalizaci�n de los libros de las fundaciones, salvo cuando �stas realicen actividades mercantiles o industriales, en cuyo caso la legalizaci�n corresponde al Registro Mercantil.
Art�culo 13 Auditor�a externa
1. A los efectos de fijar la concurrencia de los requisitos que dan lugar a la obligaci�n de someter las cuentas a auditor�a externa que se�ala el art�culo 23.3 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, se entiende por patrimonio la cifra del total Activo que figure en el balance de situaci�n de la fundaci�n, referido siempre a la fecha de cierre del ejercicio.
Se entiende, a los mismos efectos por importe neto del volumen anual de ingresos el del total de los ingresos de la fundaci�n que figuren en el Haber de la Cuenta de Resultados, como consecuencia de las actividades ordinarias de aqu�lla.
Para determinar el n�mero medio de trabajadores se han de considerar todas aquellas personas que tengan o hayan tenido alguna relaci�n laboral con la fundaci�n a lo largo del ejercicio haciendo el promedio seg�n el tiempo durante el cual hayan prestado esta clase de servicios.
2. Cuando las cuentas de la fundaci�n referentes al patrimonio y al volumen de gesti�n, determinadas en la forma expresada en los anteriores apartados, presenten especiales circunstancias como pueden ser variaciones sustanciales en el patrimonio y en el volumen de gesti�n, ausencia no adecuadamente justificada de datos, aportaci�n de datos contradictorios o supuestos similares a juicio del Protectorado, el Patronato por propia iniciativa o a petici�n de aqu�l, ordenar� la realizaci�n de una auditor�a externa acordando en su caso con el Protectorado la forma de su realizaci�n. En todo caso, la auditor�a deber� ser emitida en el plazo de tres meses desde que haya sido ordenada.
3. El Patronato presentar� al Protectorado el informe de auditor�a externa en el plazo de tres meses desde su emisi�n.
4. El Protectorado, examinado el informe de auditor�a externa y comprobada la adecuaci�n del mismo a la normativa vigente, proceder� a depositarlo en el Registro de Fundaciones.
Art�culo 14 Destino de rentas e ingresos. Gastos de administraci�n
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del art�culo 25 de la Ley 30/1994 se consideran rentas o cualesquiera otros ingresos netos, el resultado de deducir de los ingresos brutos obtenidos en el ejercicio por la fundaci�n los gastos necesarios para su obtenci�n, con excepci�n de aquellos a que se refiere el apartado 4 del presente art�culo.
2. Deber� destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales al menos el 70 por 100 de los ingresos o rentas determinados con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior y una vez que hayan sido deducidos los impuestos correspondientes a los mismos. Dicho destino deber� hacerse efectivo en el plazo m�ximo de tres a�os a partir del momento de la obtenci�n de las rentas o ingresos. Este plazo se computar� por ejercicios, inici�ndose desde el siguiente en que se hayan obtenido los ingresos o rentas. A los solos efectos de determinar los ingresos o rentas a los que se refiere este apartado, y sin que ello incida en el c�lculo de los impuestos correspondientes a los mismos, tales ingresos o rentas se entender�n obtenidos en el momento de su cobro efectivo por la fundaci�n.
3. El resto de los ingresos o rentas netas se destinar� a incrementar la dotaci�n fundacional, una vez deducidos los gastos de administraci�n.
4. Son gastos de administraci�n aquellos directamente ocasionados a los �rganos de gobierno por la administraci�n de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundaci�n. En particular, tendr�n esa consideraci�n los gastos debidamente justificados de los que los patronos tienen derechos a ser resarcidos.
5. El importe de los gastos de administraci�n no podr� ser superior al 10 por 100 de los ingresos o rentas netos obtenidos en el ejercicio. No obstante, previa solicitud debidamente justificada del Patronato, el Protectorado podr� autorizar, para cada ejercicio, la elevaci�n de dicho importe hasta un m�ximo del 20 por 100.
En el caso de que la aplicaci�n de las reglas anteriores impidiera a la fundaci�n la adecuada gesti�n de su patrimonio, el Protectorado podr� autorizar, con car�cter excepcional, para un ejercicio determinado, que el importe de los gastos de administraci�n se calcule en funci�n del importe del patrimonio neto de la fundaci�n, con el l�mite m�ximo del 5 por 100, siempre que con ello no se disminuya la dotaci�n fundacional.
Art�culo 15 Autocontrataci�n
1. Los Patronos podr�n contratar con la fundaci�n, ya sea en nombre propio o de un tercero, previa autorizaci�n del Protectorado y de acuerdo con lo previsto en el presente art�culo.
2. La solicitud de autorizaci�n para autocontratar ser� cursada al Protectorado por el Patronato, y habr� de ir acompa�ada por la siguiente documentaci�n:
a) Copia del documento en que se pretende formalizar el negocio jur�dico de autocontrataci�n.
b) Certificaci�n del acuerdo del Patronato por el que se dispone la realizaci�n de la autocontrataci�n.
c) Documento acreditativo de los recursos econ�micos destinados al negocio jur�dico, as� como justificaci�n del valor actual del bien o servicio que se desea contratar con el Patrono.
3. El Protectorado resolver� la solicitud en el plazo de tres meses, y podr� entenderse estimada la solicitud si, transcurrido dicho plazo, no hubiere reca�do resoluci�n expresa.
El plazo para resolver quedar� interrumpido cuando la solicitud no re�na los requisitos necesarios o no se presente debidamente documentada y el Protectorado as� lo estime mediante acto motivado que notificar� al Patronato. El plazo se reanudar� por el tiempo que reste, desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado. Las resoluciones han de ser siempre motivadas.
4. El Protectorado denegar� la autorizaci�n para autocontratar en los siguientes supuestos:
a) Cuando el negocio jur�dico encubra una remuneraci�n por el ejercicio del Patronato.
b) Cuando el valor de la contraprestaci�n que deba recibir la fundaci�n sea inferior al valor de la prestaci�n que deba realizar la misma.
5. La autocontrataci�n de los apoderados generales o especiales con la fundaci�n, en el �mbito de su respectivo apoderamiento, requerir� la autorizaci�n previa, expresa y especial del Patronato.
De la modificaci�n, fusi�n y extinci�n de las fundaciones
Art�culo 16 Modificaci�n de los Estatutos
1. El Patronato podr� acordar la modificaci�n de los Estatutos de la fundaci�n siempre que resulte conveniente en inter�s de la misma y no lo haya prohibido el fundador en cuyo caso requerir� la autorizaci�n previa del Protectorado (art�culo 27.1 de la Ley).
2. En el supuesto de que, por haberlo prohibido el fundador, resultara necesaria la autorizaci�n previa del Protectorado para la modificaci�n de Estatutos, la solicitud que presente el Patronato habr� de ir acompa�ada de la siguiente documentaci�n:
a) Texto de la modificaci�n propuesta.
b) Certificaci�n del acuerdo de modificaci�n adoptada por el Patronato.
c) Exposici�n razonada del inter�s que para la fundaci�n reviste la modificaci�n de los Estatutos as� como justificaci�n de que el nuevo texto de los mismos contribuye, no obstante la prohibici�n del fundador, al mejor cumplimiento de los fines fundacionales.
La solicitud ser� resuelta en el plazo de tres meses y podr� entenderse estimada de no resolverse en este t�rmino.
El plazo para resolver quedar� interrumpido cuando la solicitud no re�na los requisitos necesarios o no se presente debidamente documentada y el Protectorado as� lo estime mediante acto motivado que notificar� al Patronato. El plazo se reanudar� por el tiempo que reste desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado. Las resoluciones han de ser siempre motivadas.
Una vez autorizada la modificaci�n de los Estatutos, el Patronato elevar� a escritura p�blica el nuevo texto para su inscripci�n en el Registro de Fundaciones.
3. Cuando las circunstancias que presidieron la constituci�n de la fundaci�n hayan variado de manera que �sta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos, el Patronato deber� acordar la modificaci�n de los mismos, salvo que para el supuesto de que se trate el fundador haya previsto la extinci�n de la fundaci�n (art�culo 27.2 de la Ley).
Si el Patronato no diera cumplimiento a lo dispuesto en el p�rrafo anterior, el Protectorado, de oficio o a instancia de quien tenga inter�s leg�timo en ello, requerir� a aqu�l para que proceda a la modificaci�n de los Estatutos en el plazo perentorio que el mismo fije atendiendo a las circunstancias que concurran. En el caso de que el Patronato no atienda el requerimiento efectuado por el Protectorado, �ste podr� acordar la modificaci�n de los Estatutos que proceda sin perjuicio de ejercitar las atribuciones previstas en el art�culo 22.7 de este Reglamento.
4. Salvo en el supuesto a que se refiere el apartado 2 de este art�culo, toda modificaci�n de los Estatutos acordada por el Patronato debe ser comunicada por �ste al Protectorado. La comunicaci�n ha de ir acompa�ada del texto de la modificaci�n, de la certificaci�n del acuerdo de modificaci�n adoptado por el Patronato y de una exposici�n razonada del inter�s que reviste para la fundaci�n la modificaci�n estatutaria.
Si en el plazo de tres meses el Protectorado no se opusiera por razones de legalidad a la modificaci�n estatutaria o no formulara objeciones a la misma, el Patronato elevar� a escritura p�blica la modificaci�n de los Estatutos para su ulterior inscripci�n en el Registro de Fundaciones.
Art�culo 17 Fusi�n de la fundaci�n
1. La fusi�n de la fundaci�n podr� ser acordada a instancia del Patronato de la fundaci�n que se fusione o por resoluci�n judicial instada por el Protectorado.
2. El Patronato de la fundaci�n podr� acordar la fusi�n con otra fundaci�n siempre que resulte conveniente en inter�s de ambas y no lo haya prohibido el fundador, debiendo ser comunicada al Protectorado. La comunicaci�n habr� de ir acompa�ada de los acuerdos de fusi�n adoptados por los Patronatos interesados y de una exposici�n razonada del inter�s que reviste la fusi�n para ambas fundaciones.
En el supuesto de que, por haberlo prohibido el fundador, resultara necesaria la autorizaci�n previa del Protectorado, la solicitud que presente el Patronato habr� de contener la siguiente documentaci�n:
a) Certificaci�n de los acuerdos de fusi�n de las fundaciones interesadas.
b) Exposici�n razonada del inter�s que para ambas fundaciones reviste la fusi�n as� como justificaci�n de que contribuye, no obstante la prohibici�n del fundador, al mejor cumplimiento de los fines fundacionales.
3. Podr� el Protectorado solicitar de la autoridad judicial la fusi�n de aquellas fundaciones que no puedan cumplir sus fines por s� mismas cuando �stos sean an�logos y exista oposici�n de sus �rganos de gobierno y no lo haya prohibido el fundador (art�culo 28.2 de la Ley).
A los efectos de lo previsto en el p�rrafo anterior, cuando el Protectorado constate, respecto a determinadas fundaciones, la imposibilidad del cumplimiento de los fines por s� mismas, comunicar� a los Patronatos la necesidad de proceder a la fusi�n, en el plazo que se indique, con aquellas fundaciones que posean fines an�logos. En caso de que el requerimiento fuese aceptado por el Patronato, �ste proceder� en la forma se�alada en el p�rrafo primero del apartado 2 de este art�culo.
En caso de que el Patronato se oponga al requerimiento efectuado por el Protectorado, �ste podr� solicitar de la autoridad judicial la fusi�n de las fundaciones.
4. A los efectos previstos en el presente Reglamento, la fusi�n de fundaciones no requiere declaraci�n independiente de extinci�n de las fundaciones fusionadas.
Art�culo 18 Extinci�n de la fundaci�n
1. En los supuestos en que se hubiere realizado �ntegramente el fin fundacional fuera imposible su realizaci�n o concurriera cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos, excepto la de expiraci�n del plazo por el que fue constituida, la extinci�n de la fundaci�n requerir� acuerdo del Patronato ratificado por el Protectorado.
En tales supuestos, el Patronato ha de remitir al Protectorado la siguiente documentaci�n:
a) Certificaci�n del acuerdo de extinci�n adoptado por el Patronato.
b) Memoria justificativa de la concurrencia de la causa de extinci�n espec�fica de las previstas en el primer p�rrafo de este apartado. En el supuesto de que la causa de extinci�n sea la imposibilidad de realizar el fin fundacional habr� que justificar adem�s la improcedencia o la imposibilidad de modificar los Estatutos o de fusionarse con otra fundaci�n, como prev�n los art�culos 27 y 28 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
c) Balance de la entidad a la fecha en que se adopt� el acuerdo de extinci�n.
d) Propuesta de designaci�n de liquidadores, proyecto de actuaci�n de los mismos as� como proyecto de distribuci�n de los bienes y derechos resultantes de la liquidaci�n.
El Protectorado, una vez examinada la documentaci�n aportada por el Patronato y en el plazo de tres meses, ratificar� o denegar� la ratificaci�n de acuerdo de extinci�n.
A falta de resoluci�n expresa en el plazo citado, el acuerdo de extinci�n podr� entenderse ratificado.
El plazo para resolver quedar� interrumpido cuando el acuerdo de extinci�n no re�na los requisitos necesarios o no se presente debidamente documentado y el Protectorado as� lo estime mediante acto motivado que notificar� al Patronato. El c�mputo del plazo se reanudar� por el tiempo que reste desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado. Las resoluciones han de ser siempre motivadas. Si la resoluci�n fuese denegatoria de la ratificaci�n, el Patronato podr� instar ante los Tribunales la declaraci�n de extinci�n de la fundaci�n.
2. Si el Protectorado apreciara de oficio la concurrencia de alguno de los supuestos de extinci�n contemplados en el apartado anterior, comunicar� al Patronato la necesidad de proceder a la adopci�n del acuerdo de extinci�n en el plazo que se se�ale. Al t�rmino de este plazo, si el Patronato no hubiera acordado la extinci�n, el Protectorado podr� instar ante los Tribunales la declaraci�n de extinci�n de la fundaci�n.
3. La extinci�n de la fundaci�n requiere resoluci�n judicial motivada cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes y que no est� recogida en los p�rrafos a) a e) del art�culo 29 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
Art�culo 19 Procedimiento de liquidaci�n
1. La extinci�n de la fundaci�n, salvo en el supuesto de fusi�n establecido en el art�culo 29.d) de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, determinar� la apertura del procedimiento de liquidaci�n que se realizar� por el �rgano de gobierno de la fundaci�n bajo el control del Protectorado (art�culo 31.1 de la Ley).
2. El Protectorado, a efectos de lo previsto en el apartado anterior, exigir� a los liquidadores informaci�n peri�dica acerca del desarrollo del proceso de liquidaci�n. Asimismo, podr� recabar de los mismos la informaci�n adicional que estime oportuna.
Los liquidadores deber�n cumplir las obligaciones de comunicaci�n y, asimismo, habr�n de solicitar autorizaci�n previa en los casos en que vengan exigidas por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
El Protectorado impugnar� ante la autoridad judicial los actos de los liquidadores que sean contrarios a las normas del ordenamiento o a los Estatutos de la fundaci�n.
3. Los bienes y derechos resultantes de la liquidaci�n se destinar�n a las fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de inter�s general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disoluci�n, a la consecuci�n de aqu�llos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en el Estatuto de la fundaci�n extinguida. En su defecto este destino podr� ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponder� al Protectorado cumplir ese cometido (art�culo 31.2 de la Ley).
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones podr�n prever en sus Estatutos o cl�usulas fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidaci�n sean destinados a entidades p�blicas, de naturaleza no fundacional, que persigan fines de inter�s general (art�culo 31.3 de la Ley).
Art�culo 20 Intervenci�n temporal
1. Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gesti�n econ�mica que ponga en peligro la subsistencia de la fundaci�n o una desviaci�n grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, actuar� de acuerdo con el procedimiento establecido en este art�culo.
2. Una vez conocidos los hechos a que se refiere el apartado anterior, el Protectorado comunicar� los mismos al Patronato as� como a los dem�s interesados en el procedimiento a efectos de que, en el plazo de quince d�as, formulen las alegaciones correspondientes.
3. Cumplimentado dicho tr�mite, el Protectorado requerir�, en su caso, del Patronato, en el plazo m�ximo de dos meses desde la incoaci�n del procedimiento, la adopci�n de las medidas que estime pertinentes para la correcci�n de la irregularidad advertida, fijando, a tal efecto, un plazo no superior a dos meses.
4. Si el requerimiento no fuera atendido en el plazo indicado, el Protectorado podr� solicitar de la autoridad judicial que se autorice la intervenci�n temporal de la fundaci�n.
5. La solicitud de intervenci�n temporal se formular� ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la fundaci�n y se sustanciar� seg�n lo dispuesto para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art�culo 34.3 de la Ley).
6. Una vez autorizada judicialmente la intervenci�n de la fundaci�n e inscrita la resoluci�n judicial en el Registro de Fundaciones, el Protectorado asumir� todas las atribuciones que otorgan al Patronato el ordenamiento jur�dico y los Estatutos durante el tiempo que determine la autoridad judicial. La intervenci�n quedar� alzada por el transcurso de dicho plazo, salvo que se prorrogue mediante una nueva resoluci�n judicial. El Patronato, en estos supuestos, estar� integrado por un m�nimo de tres personas.
7. El Protectorado podr� solicitar la colaboraci�n de organismos p�blicos y privados para asegurar un adecuado ejercicio de las atribuciones que se derivan de la intervenci�n acordada por la autoridad judicial.
Art�culo 21 Organizaci�n general del Protectorado
1. El Protectorado es ejercido por la Administraci�n General del Estado a trav�s de los Departamentos ministeriales que posean atribuciones vinculadas con los fines fundacionales.
2. En el �mbito de cada Departamento ministerial la titularidad del Protectorado corresponde al Ministro, sin perjuicio de la posibilidad de su delegaci�n o desconcentraci�n. Las resoluciones del titular del Protectorado ponen fin a la v�a administrativa.
Art�culo 22 Atribuciones del Protectorado
1. El Protectorado se ejerce con respeto a la autonom�a de funcionamiento de las fundaciones y con el objetivo del cumplimiento de la legalidad y de los fines establecidos por la voluntad fundacional.
2. Sin perjuicio de cualesquiera otras que pueda otorgarle la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, el Protectorado desempe�ar� las funciones que se enumeran en los apartados siguientes de este art�culo.
3. Son funciones en relaci�n con la constituci�n de la fundaci�n:
a) Asegurar la legalidad en la constituci�n de la fundaci�n.
b) Asesorar a las fundaciones ya inscritas y a las que se encuentren en per�odo de constituci�n sobre aquellos asuntos que afecten a su r�gimen jur�dico y econ�mico, as� como sobre las cuestiones que se refieran a las actividades desarrolladas por aqu�llas en el cumplimiento de sus fines, prest�ndoles a tal efecto el apoyo necesario.
c) Otorgar escritura p�blica de constituci�n de la fundaci�n, a trav�s de la persona que designe el propio Protectorado, en los supuestos de fundaciones constituidas por acto �mortis causa� que prev� el art�culo 7.4 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
d) Elaborar el informe previo a la inscripci�n de la fundaci�n en el Registro en relaci�n a los fines y suficiencia de la dotaci�n conforme a lo previsto en el art�culo 36.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
4. Son funciones en relaci�n con el Patronato:
a) Designar a la persona o personas que integran provisionalmente el �rgano de gobierno y representaci�n de la fundaci�n en los supuestos de modificaci�n estatutaria previstos en el art�culo 16.1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
c) Asumir todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que determine la autorizaci�n judicial de intervenci�n temporal de la fundaci�n.
5. Son funciones en relaci�n con el patrimonio de la fundaci�n:
a) Autorizar la enajenaci�n o gravamen de los bienes y derechos de la fundaci�n cuando formen parte de la dotaci�n o est�n directamente vinculados al cumplimiento de los fines o representen un valor superior al 20 por 100 del activo de la fundaci�n que resulte del �ltimo balance anual.
b) Tener conocimiento formal de la realizaci�n de los negocios jur�dicos contemplados en los art�culos 4.6, 5.4, 6, 7.2, 8.2 y 4, y 9.2 de este Reglamento.
c) Autorizar transacciones y compromisos en �rbitros de equidad en los supuestos previstos en la letra anterior.
d) Autorizar la aceptaci�n de legados y donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional.
e) Otorgar autorizaci�n para repudiar herencias o legados o para dejar de aceptar donaciones.
f) Velar por la integridad y suficiencia de la dotaci�n fundacional.
g) Conocer y supervisar el r�gimen presupuestario y contable y acordar, en su caso, la realizaci�n de auditor�as externas.
h) Emitir informe y realizar cuantas actuaciones sean precisas de acuerdo con lo establecido en el t�tulo II de la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General y, en su desarrollo por el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, en orden al disfrute por las fundaciones de los beneficios fiscales previstos en dichas normas.
i) Autorizar a los Patronos para que puedan contratar con la fundaci�n ya sea en nombre propio o de un tercero.
6. Son funciones en relaci�n con la modificaci�n fusi�n y extinci�n de las fundaciones:
b) Acordar, de oficio o a instancia de quien tenga inter�s leg�timo, la modificaci�n de los Estatutos en los casos en que, por variaci�n de las circunstancias, la fundaci�n no pudiera actuar satisfactoriamente con arreglo a los mismos y a falta de acuerdo al efecto por parte del Patronato.
c) Tener conocimiento y, en su caso, oponerse al acuerdo de fusi�n adoptado por el Patronato.
d) Solicitar de la autoridad judicial la fusi�n de fundaciones cuando no puedan cumplir sus fines por s� mismas, siempre que tales fines sean an�logos, exista oposici�n a la fusi�n por los �rganos de gobierno y no resulte �sta prohibida por el fundador.
e) Ratificar el acuerdo del Patronato sobre extinci�n de la fundaci�n cuando se hubiese realizado �ntegramente el fin, sea imposible su realizaci�n o concurra otra causa prevista en los Estatutos.
f) Controlar el proceso de liquidaci�n en caso de extinci�n de la fundaci�n.
7. Son funciones en relaci�n con el ejercicio de acciones legalmente previstas:
a) Ejercitar las acciones de responsabilidad que procedan en favor de la fundaci�n frente a los Patronos.
b) Instar judicialmente el cese de los Patronos por desempe�o del cargo sin la diligencia prevista por la Ley.
d) Instar de la autoridad judicial la intervenci�n de la fundaci�n cuando concurran las circunstancias previstas en el art�culo 34 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de inter�s General.
a) Asesorar a las fundaciones ya inscritas y a las que se encuentren en per�odo de constituci�n sobre aquellos asuntos que afecten a su r�gimen jur�dico y econ�mico, as� como sobre las cuestiones que se refieran a las actividades desarrolladas por aqu�llas en el cumplimiento de sus fines, prest�ndoles a tal efecto el apoyo necesario.
b) Dar publicidad a la existencia y actividades de la fundaci�n.
Art�culo 23 Naturaleza y estructura
1. El Consejo Superior de Fundaciones es un �rgano colegiado de car�cter consultivo, adscrito al Ministerio de la Presidencia, e integrado por representantes de la Administraci�n General del Estado, de las Comunidades Aut�nomas y de las fundaciones, que se constituye para la realizaci�n de las funciones previstas en el art�culo siguiente.
2. El Consejo Superior de Fundaciones funcionar� en Pleno y en Comisi�n Permanente.
El Consejo Superior de Fundaciones tendr� las siguientes funciones:
a) Asesorar, informar y dictaminar, cuando as� se le solicite, sobre cualquier disposici�n legal o reglamentaria que afecte directamente a las fundaciones, as� como formular propuestas.
c) Recopilar, para su intercambio y difusi�n, todo tipo de informaci�n relativa a las fundaciones.
Art�culo 25 Pleno del Consejo
1. El Pleno del Consejo Superior de Fundaciones estar� constituido por el Presidente, tres Vicepresidentes, un Secretario y los Vocales que se determinan en el apartado 4 de este art�culo.
2. Ser� Presidente el Ministro de la Presidencia.
3. Ser� Vicepresidente primero el Subsecretario del Ministerio de la Presidencia.
Ser� Vicepresidente segundo un representante de las Comunidades Aut�nomas elegido por y entre los Vocales del Consejo representantes de las mismas.
Ser� Vicepresidente tercero un representante de las fundaciones elegido por y entre los Vocales del Consejo representantes de las mismas.
4. Ser�n Vocales del Pleno del Consejo:
a) Dos representantes, con categor�a al menos de Director general, de cada uno de los Ministerios de Justicia e Interior, de Econom�a y Hacienda, de Educaci�n y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, de Cultura y de Asuntos Sociales, nombrados por los titulares de dichos Departamentos.
b) Doce representantes de las Comunidades Aut�nomas designados por el Presidente del Consejo, a propuesta de aqu�llas, conforme a los criterios de representaci�n que las mismas acuerden.
c) Doce representantes de las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, designados por el Presidente del Consejo, para un per�odo de cuatro a�os a propuesta, ocho de ellos, de las agrupaciones de fundaciones legalmente constituidas y los otros cuatro a propuesta de las fundaciones no integradas en las citadas agrupaciones seleccionados en virtud de criterios objetivos establecidos en convocatoria p�blica.
5. Podr�n asistir con voz y sin voto, hasta un m�ximo de seis expertos. Cada grupo del apartado anterior designar� dos de los expertos.
6. Actuar� como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del Ministerio de la Presidencia que desempe�e un puesto de trabajo de Subdirector general o asimilado.
1. Son funciones de la Comisi�n Permanente:
b) Resolver las cuestiones que, con car�cter de urgencia, se planteen al Consejo, dando cuenta al Pleno de las actuaciones llevadas a cabo.
c) Proponer asuntos a debatir y elevar propuestas de resoluci�n al Pleno del Consejo.
d) Constituir ponencias y grupos de trabajo para la elaboraci�n de informes y propuestas acordadas en el Pleno relacionadas con los cometidos del Consejo.
2. La Comisi�n Permanente estar� compuesta por el Vicepresidente primero del Consejo, que actuar� como Presidente de la misma, y los siguientes Vocales:
a) Cuatro Vocales elegidos por los representantes de la Administraci�n General del Estado en el Pleno entre los mismos.
b) Cuatro Vocales elegidos por los representantes de las Comunidades Aut�nomas en el Pleno entre los mismos.
3. Ser� Secretario de la Comisi�n Permanente el del Pleno.
Art�culo 27 Funcionamiento
1. El Pleno se reunir� como m�nimo dos veces al a�o y, en todo caso, cuando lo convoque el Presidente o lo solicite al menos un tercio de sus miembros.
2. La Comisi�n Permanente se reunir� al menos cuatro veces al a�o y, en todo caso, cuando la convoque el Presidente o lo solicite al menos un tercio de sus miembros.
3. Por acuerdo del Pleno o de la Comisi�n Permanente podr�n constituirse ponencias, grupos de trabajo o comit�s especializados para el mejor cumplimiento de sus fines.
4. Sin perjuicio de las peculiaridades del presente Reglamento, el funcionamiento del Consejo se regir� por sus propias normas de funcionamiento y por lo dispuesto en el cap�tulo II del t�tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Primera R�gimen de las cargas duraderas
1. El Protectorado exige y controla el cumplimiento de las cargas duraderas impuestas sobre bienes para la realizaci�n de fines de inter�s general, cuando �ste afecte al �mbito territorial de dos o m�s Comunidades Aut�nomas. Tales cargas deben inscribirse en el Registro de Fundaciones y, en su caso, en el de la Propiedad. Las restantes cargas deben ser puestas en conocimiento del Protectorado.
2. Los adquirentes de bienes con cargas duraderas pueden, a su elecci�n, bien constituir con �stos una fundaci�n, bien integrarlos en una ya constituida cuyos fines sean similares a los de la fundaci�n a cuyos bienes est� afectada la carga.
3. Los adquirentes de las cargas duraderas que no hubieran optado por ejercitar las alternativas previstas en el apartado anterior, as� como en su caso los albaceas o ejecutores testamentarios, deber�n:
a) Remitir al Protectorado en el plazo de un mes copia autorizada del t�tulo de adquisici�n y manifestaci�n de la forma en que se proponen cumplir las cargas duraderas mediante un plan de actuaci�n, acompa��ndolo de un estudio econ�mico.
b) Aportar en el plazo de seis meses, si el cumplimiento de la carga exigiera la construcci�n de instalaciones, los estudios t�cnicos oportunos con indicaci�n del coste de las obras y el plazo de realizaci�n, as� como un estudio sobre su sostenimiento.
c) Aportar la documentaci�n complementaria as� como las modificaciones del plan de actuaci�n cuando el Protectorado lo exija.
4. Los titulares de los bienes gravados con las cargas a que se refiere este art�culo est�n obligados a cumplirlas con diligencia. El Protectorado puede ejercer la acci�n de responsabilidad en caso de incumplimiento doloso, negligencia grave o abuso de facultades.
6. Los responsables de cumplir la carga pueden proponer al Protectorado la reducci�n o redenci�n de la misma cuando concurran causas graves que lo hagan necesario.
Si se solicita la reducci�n deben los responsables del cumplimiento de la carga presentar al Protectorado una propuesta razonada acompa�ada de valoraciones periciales, con indicaci�n del destino que pretende darse al importe de la reducci�n.
7. Si la carga afectara a la totalidad de las rentas o ingresos de los bienes y se pretendiera la liberaci�n de �stos mediante garant�a, para calcular �sta debe tenerse en cuenta el valor de los bienes y no las rentas o productos que aventualmente estuvieren produciendo, salvo que se causara perjuicio econ�mico a la fundaci�n.
Segunda Procedimiento administrativo
Las autorizaciones que hayan de solicitarse del Protectorado se otorgar�n o denegar�n de acuerdo con el procedimiento establecido para cada caso por este Reglamento. Supletoriamente ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificaci�n y extinci�n de autorizaciones.
De conformidad con la disposici�n adicional tercera de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, lo dispuesto en este Reglamento se entiende sin perjuicio de lo establecido en los Acuerdos con la Iglesia Cat�lica y en los Acuerdos y Convenios de cooperaci�n suscritos por el Estado con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, as� como en las normas dictadas para su aplicaci�n, para las fundaciones creadas o fomentadas por las mismas.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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