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17 agosto 2012 16:48
A) El Ministerio Público Fiscal HA PROMOVIDO la acción penal; B) HA RESULTADO HABILITADO para EJERCER EL CONTROL DE LEGALIDAD en el marco de un proceso penal promovido por él y C) HA RESULTADO HABILITADO para ejercer el CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD y se expidió a partir de la intervención dada para tal menester.
En conclusión, la actuación del Ministerio Fiscal, aún a partir de las circunstancias procesales derivadas de la aplicación del artículo 313 in fine del C.P.P. y C. por parte del magistrado instructor, no sólo no han sido contrarias a la competencia establecida en el artículo 120 de la Constitución Nacional sino que han sido afines.
Al amparo de lo anterior, va de suyo que si no existe una marcada incompatibilidad entre el artículo 120 de la Constitución Nacional y el artículo 313, parte final, del C.P.P. y C. (extremo que tampoco ha demostrado, más allá de su invocación), mal podría proceder esta Sala a declarar la inconstitucionalidad de esta última norma.
En torno a la inconstitucionalidad postulada, va de suyo que un planteo semejante tiende a evitar su aplicación inmediata o bien los efectos perjudiciales directos e inmediatos una vez operada; sin embargo la Defensa consintió la remisión de las actuaciones a juicio por parte del magistrado instructor y se afligió de ese proceder recién varios meses después. Específicamente, un día antes de la audiencia preliminar fijada por el a-quo.
Son algunos párrafos de la resolución de hoy de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (aquí completa en word), que rechazó una batería de recursos del ex gobernador Jorge Sobisch, imputado en la causa de la zona liberada.
De esta manera, quedó firme la resolución del juez Alejandro Cabral, quien había reconocido la autonomía de la querella para acusar.
Etiquetas: sala penal del TSJ, Sobisch, zona liberada
Hector Luis Manchini	17 agosto 2012 18:01 en 18:01	Responder	Con fecha 7/8/2012, puse de manifiesto en la nota que sigue que la actuación solitaria de la querella era suficiente para concretar el juicio y obviamente me satisface que tal interpretación, que contempla plenamente los derechos del debido proceso respecto de la víctima, haya sido decretada por el T.S.J neuquino. El artículo que escribí decía:
En el día de la fecha 07/08/2012, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén deberá resolver si se lleva a cabo o no la realización de juicio oral al ex gobernador Jorge Omar Sobisch por la causa caratulada “Sobisch, Jorge Omar s/ Infracción art. 248″ (Expte. N° 104/11)[i] luego que la parte querellante amplíe sus argumentos.
Cabe destacar que el trámite está para resolver en el TSJ desde el mes e abril del 2011 y que en caso de no realizarse el juicio antes del mes de Noviembre del 2012 la causa prescribirá.
Por otro lado el Ministerio Público Fiscal como suele suceder habitualmente en la Provincia de Neuquén, cuando esta imputado el dueño del poder o algunos de sus amigos, parientes o afines, pidió el sobreseimiento de Jorge Omar Sobisch.
A raíz de lo expuesto en el párrafo precedente el T.S.J debe decidir si la acusación solitaria de la parte querellante – esto es la persona que directamente es afectada por un delito que le acarrea un perjuicio directo y real – es suficiente para la realización del juicio.
La Corte Suprema de Justicia de la nación ha marcado el camino en este punto a partir del caso Santillán donde dijo: “La exigencia de acusación, como forma sustancial en todo proceso penal salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito tenga otro alcance que el expuesto, contenga distintivo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula”.
A ello debe sumarse que todo aquel al que la ley le reconoce capacidad para actuar en juicio (sea acusador o acusado, demandante o demandado – Corte Suprema , Fallos 268:266) está amparado por las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional y con las disposiciones del art. 8º, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Considerando 11), queda en claro que la celebración del debate oral y público puede ser instada con la acusación solitaria del querellante.
Esta Jurisprudencia es seguida invariablemente por todos los tribunales del país así p.ej. la Cámara Nacional de Casación Penal sostiene “…en los procesos por delitos de acción pública el requerimiento de elevación a juicio del querellante basta como acusación apta para producir la apertura del juicio propiamente dicho (CN Casación Penal, Sala I, “Bernesteinm Jorge H., y otros s/ rec. de Casación”, del 16/11/2006).
Así conforme lo expuesto en este caso de la zona liberada y en todos los casos, el querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en solitario desde el comienzo de la causa penal o en la etapa del juicio, sin que sea necesario a tal efecto el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal. (CN Casación Penal, “Soldán William Silvio s/ rec de casación” del 16/06/2006).
Por lo dicho concluimos afirmando que en la causa de la zona liberada sin duda el T.S.J, luego de realizada la audiencia ampliatoria, dispondrá la realización del juicio al ex gobernador Jorge Sobisch decretando que es suficiente para ello la acusación únicamente de la parte querellante, no obstante la habitual abstención fiscal a la que nos hemos referido más arriba, por ser la única decisión posible que se ajusta al derecho vigente.(www.derechodelavictima.com.ar)
bocon	18 agosto 2012 12:49 en 12:49	Responder	O sea que yo puedo denunciar a cualquier persona de lo que sea, constituirme en parte querellante, y elevar la causa a juicio? Eso es justicia?
juan	18 agosto 2012 19:40 en 19:40	Responder	bocón, no hagas tanto honor a tu seudónimo. Como en cualquier causa, con fiscal o querella, el mérito de la instrucción puede ser controlado por el juez. Además, no cualquiera puede ser querellante contra cualquiera.
bocon	22 agosto 2012 8:12 en 8:12	Responder	Por supuesto que no cualquiera puede ser querellante. Obviamente que yo denuncio como damnificado y a partir de allí me constituyo en querellante. Pasa que el querellante y el fiscal no es lo mismo. El Querellante es justamente el damnificado, y el Fiscal es el representante del Estado, por eso es que este último es quien debe decidir si se eleva o no la causa a juicio. El apoderado del querellante no es más que un mercenario pagado por alquien que tiene interés en el resultado de la causa y por eso su requerimiento de elevación a juicio no es objetivo y hay que “tomarlo con pinzas”. Es más, el C. Procesal establece que solo el Fiscal, en el requerimiento de elevación a juicio, deberá indicar si pretende una pena mayor o menor a los tres años de prisión. Además, si el Fiscal pide el sobreseimiento y el juez no está de acuerdo, debe elevar las actuaciones al juez de cámara para que dictamine, es decir, el C. Procesal ni siquiera tiene en cuenta al querellante en esta situación.
Fernando	18 agosto 2012 22:57 en 22:57	Responder	La causa la eleva a juicio el Juez, el querellante puede pedir la elevacion a juicio y el juez decide, Lo que esta en discusión es si con el solo pedido de la parte querellante el Juez puede elevar la causa, no si el querellante por si solo lo puede hacer
Lorenza	19 agosto 2012 10:20 en 10:20	Responder	Es verdad Fernando, pero lo que no tenemos que perder de vista es el fondo de la cuestión, más allá de lo netamente técnico o procesal, no hay que dejar de ver el trasfondo político que tiene esta causa. Deberíamos preguntarnos si en cualquier causa el Tribunal opinará de la misma manera; o depende de los actores involucrados. Ojalá se respete la garantía de igualdad ante la ley.
“El gran desafío es que los fiscales no sean burócratas”. Entrevista a Leticia Lorenzo

References: artículo 313
in fine
 artículo 120
 artículo 120
 artículo 313
 resolución 
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 artículo 18