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Timestamp: 2020-01-29 07:27:41+00:00

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CFF: oficinas virtuales, ¿cuál es su domicilio fiscal? – Veritas Online
CFF: oficinas virtuales, ¿cuál es su domicilio fiscal?
Que los contribuyentes recurran cada vez más a esta nueva modalidad de negocio obliga a la autoridad fiscal a revisar el concepto de domicilio fiscal
El aumento en el número de empresas con oficinas virtuales durante los últimos años ha originado un nuevo sector de negocios, que ofrece tanto la renta de un espacio físico como la de un servicio integral que incluye domicilio fiscal y virtual, salas de junta, oficinas privadas, coworking o cotrabajo, servicio de café, asistente virtual y recepcionista, entre otras cosas. Esto ha permitido a algunos contribuyentes —personas morales y físicas— desarrollar su actividad de manera ejecutiva a menor costo.
Las autoridades fiscales se encargan de verificar el domicilio fiscal de los tributarios. Conforme con su facultad discrecional, esta comprobación y validación queda a arbitrio del verificador para confirmar su existencia física o establecer una simulación o naturaleza ficticia en caso de que no cuente con activos ni empleados propios.
Esta nueva modalidad de negocio requiere un análisis particular del concepto domicilio fiscal, contenido en el Código Fiscal de la Federación (CFF). Quizá valdría la pena que el legislador modernice el derecho con las nuevas figuras que no alcanzan a ser conceptualizadas y están expuestas a la incertidumbre jurídica, debido al crecimiento de las empresas fantasma y la simulación de operaciones mediante la compraventa de facturas.
De acuerdo con el artículo 10 del CFF, se considera como domicilio fiscal para las personas físicas y morales lo siguiente.
Con actividades empresariales, es el local en el que se encuentra el principal asiento de sus negocios.
Sin actividades empresariales, se trata del local que usan para sus actividades.
Cuando las personas físicas no cuentan con un local para realizar sus actividades empresariales, será su casa habitación.
En el caso de los contribuyentes que no hayan manifestado ninguno de los anteriores o no sean localizados en ellos, se considerará como tal el que hayan proporcionado a entidades financieras o Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap).
Los freelancers o trabajadores independientes, que no requieren un espacio físico fijo, activos ni personal —pues se caracterizan por trabajar de manera autónoma— optan por hacer su trabajo en casa o por acudir a las oficinas virtuales. En esta situación no parece haber problema, pues bastaría que acreditaran que la oficina virtual es donde desempeñan sus actividades, aunque fueran cuestionados sobre la contabilidad en dicho lugar.
Cuando sean residentes del país, será el local donde se localice la administración principal del negocio.
Establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, en caso de contar con sucursales, será donde se establezca la administración central del negocio en su país o en el que designen.
Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal, aunque estén obligados, y en su lugar hayan indicado un lugar distinto al que les corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo precepto, o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio. Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar.
De la interpretación de las hipótesis anteriores deriva una facultad discrecional de las autoridades, pues el verificador valida la materialidad del sitio con los supuestos relacionados con la administración principal. Es por eso que se necesita aclarar que el concepto administración principal del negocio está en el artículo 6 del Reglamento del CFF y es el lugar en que se encuentran las personas que toman o ejecutan decisiones, el control, dirección u operación de la persona moral y de sus actividades.
Es común que las autoridades fiscales se apoyen en un cuestionario interno del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para declarar que:
Allí no se encuentra la administración principal del negocio, real o material.
No se localizan las personas que toman o ejecutan las decisiones de control, dirección, operación o administración del contribuyente.
No cuenta con la contabilidad que está obligada a llevar.
No cuenta con activos ni empleados propios.
Con estos argumentos, la autoridad fiscal determina que el domicilio fiscal se tiene como no localizado y emite una resolución en la que sanciona al tributario y notifica que se dejan sin efectos los certificados de sello digital para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), que utiliza el contribuyente con base en lo establecido en el CFF en los artículos 17-H, fracción X, inciso d; 17-J; 29, fracción II; y 63, en relación con la regla 2.2.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).
En efecto, puede observarse que las hipótesis van más allá de lo que puede cumplir un contribuyente con actividades empresariales o administración principal en una oficina virtual, pues este modelo permite tener costos menores al no contar con un espacio fijo ni activos propios. Además, las personas que toman decisiones no tienen que estar presentes, debido a que la tecnología ha rebasado los alcances para el desempeño de las actividades, por lo que pueden ejercerlas desde aparatos, herramientas y plataformas virtuales, como correo electrónico, mensajes de texto y videollamadas.
Por otra parte, en lo que se refiere a que el contribuyente no cuenta con evidencia física de la contabilidad obligatoria, conforme con el artículo 28, fracción III del CFF y la fracción IV del mismo ordenamiento, sí se encuentra obligado al envío mensual de información contable a través de la página del SAT. Aunque esto se considera una obligación, no es condicionante para calificar al domicilio como real. En consecuencia, mediante la regla 2.12.1, para los efectos de los artículos 10 y 27 del CFF, el SAT podrá actualizar en el RFC el domicilio fiscal de los contribuyentes cuando:
No hayan manifestado un domicilio fiscal y estén obligados a ello.
Hubieran proporcionado como domicilio fiscal un lugar distinto al que corresponda según lo establecido en el artículo 10 del CFF.
No sean localizados en la dirección manifestada.
Hubieran dado un domicilio fiscal ficticio.
La determinación del domicilio correcto se hará con base en la información proporcionada por las entidades financieras o Socap, la obtenida en la verificación o en el ejercicio de facultades de comprobación. Una vez efectuada la actualización, la autoridad deberá notificar a los contribuyentes.
Puede darse el caso de que, a arbitrio de las autoridades fiscales y basándose en sus estrategias relacionadas con el domicilio, se determine que el domicilio es ficticio y el proceder no sea actualizarlo con la información recabada, sino cancelar los certificados de sellos digitales, situación con otras consecuencias, no sólo en el tiempo y desempeño de la actividad, sino en los flujos del contribuyente y demás gastos administrativos para desvirtuar la resolución.
Es evidente que la definición de domicilio fiscal, aunado a las estrategias del SAT relacionadas, no alcanza para determinar si corresponde, en atención al esquema de negocios de oficinas virtuales y coworking. Es necesario que tanto la definición como las estrategias se actualicen para dar certeza a los contribuyentes que recurren al modelo que ofrece este tipo de oficinas, sin dejar de lado los candados necesarios para los contribuyentes evasores.
Es evidente que admitir que un funcionario del SAT sin fe pública determine y asegure con base en un cuestionario que el domicilio fiscal tiene el estatus de no localizado por no calificar como tal va más allá de lo establecido en la propia disposición fiscal, pues implica un desconocimiento del domicilio y otras consecuencias, como la cancelación de los certificados de sellos digitales para la emisión de comprobantes fiscales y eso significa desatar otras problemáticas para los contribuyentes.
L.C y L.D Angélica Leticia Valladares López
Integrante de la comisión de desarrollo profesional Fiscal 2 del Colegio
avalladarestaxlegal@gmail.com
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References: artículo 10
 artículo 6
 resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 10