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Timestamp: 2020-01-27 17:14:32+00:00

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Análisis de la adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado (RD 67/2010, de 29 de enero). | Iberley
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, fundamentalmente a través de sus artículos 31.1, 34.3 y 35.4, y la disposición adicional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, previeron en su momento la necesidad de regular, a través de una normativa específica para las Administraciones Públicas, determinadas cuestiones tales como los derechos de participación y representación, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo y el establecimiento de adecuados instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorias, (Art. 29-33 ,Real Decreto 39/1997, de 17 de enero), que no son de aplicación a las Administraciones Públicas.
Para el cumplimiento de todo lo anterior se promulgó el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado que ha ido quedando obsoleto ante la aparición de distintas normativas preventivas como la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales; la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas; el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales referido a la coordinación de actividades empresariales; y el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el que se desarrollan las previsiones de la Ley 54/2003, antes citada, en cuestiones tales como el Plan de Prevención, la obligatoriedad de la presencia de recursos preventivos en determinados trabajos o las auditorias de prevención. Todas ellas afectan de manera directa a los contenidos del citado Real Decreto 1488/1998 y requerían, por tanto, una la adaptación realizada por el REAL DECRETO 67/2010, DE 29 DE ENERO, DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
En virtud de todo ello, se ha producido la adaptación a la Administración General del Estado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas de desarrollo, partiendo de la integración de la prevención en el conjunto de sus actividades y decisiones y la potenciación de sus recursos propios, y adecuando su contenido a sus peculiaridades organizativas y de participación del personal a su servicio.
El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, será de aplicación en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatutario a su servicio, ya tengan o no, además, personal laboral. En caso de que existan ambos tipos de personal, las previsiones serán igualmente aplicables a ambos (en los establecimientos penitenciarios también serán objeto de adaptación las actividades cuyas características justifiquen una regulación especial (art. 3.3, LPRL).
A las funciones que realicen los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que no presenten características exclusivas de las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios operativos de protección civil, les será de aplicación la normativa general sobre prevención de riesgos laborales, con las peculiaridades establecidas para la Administración General del Estado en este real decreto y las contenidas en los reales decretos 179/2005, de 18 de febrero, y 2/2006, de 16 de enero, respectivamente para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Así mismo, dicha normativa general sobre prevención de riesgos laborales será igualmente aplicable a los miembros del servicio de Vigilancia Aduanera, cuando realicen actividades cuyas peculiaridades no lo impidan.
4.- Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud (art. 22, LPRL), aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
1.- Con carácter general y sin menoscabo de lo establecido en la normativa específica aplicable a colectivos específicos (policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil), corresponden (Real Decreto 67/2010, de 29 de enero) la participación y representación en estas materias corresponde:
a) A las Juntas de Personal, Comités de Empresa, delegados de personal y representantes sindicales (art. 34.2, LPRL).
b) A los Delegados de Prevención (art. 36, LPRL).
c) A los Comités de Seguridad y Salud (art. 39, LPRL).
2.- La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, (art. 36.3, Ley 7/2007, de 12 de abril), será el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales (art. 37, Ley 7/2007, de 12 de abril).
Delegados de Prevención/ Comité de Seguridad y Salud
1.- Los Delegados de Prevención serán designados por los representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del personal y entre, por una parte, aquellos funcionarios que sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de Empresa o delegados de personal, pudiendo acordarse otro sistema de designación (art. 35.4, LPRL y 5, RD 67/2010, de 29 de enero).
2.- El número de los Delegados de Prevención que podrán ser designados para cada uno de ambos colectivos de personal, con arreglo a la siguiente escala (art. 35.2, LPRL):
3.- Cada Departamento u organismo público, así como las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno competentes, acreditarán de forma individualizada a los Delegados de Prevención, con la finalidad de facilitar el desempeño de sus tareas, una vez comunicado su nombramiento.
4.- Los Delegados de Prevención, sea cual sea el sistema por el que hayan sido designados, tendrán las siguientes competencias, facultades y garantías (art. 36, LPRL):
4.a) Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
C) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, sobre la adopción de las decisiones relativas a: a) planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo; b) a organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo; c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia; d) los procedimientos de información y documentación (arts. 18.1, y 23, apartado 1, LPRL); e) el proyecto y la organización de la formación en materia preventiva; f) cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores (art. 33, LPRL)
D) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En las empresas que (art. 38.2, LGSS), no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
A) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, (art. 40, LPRL) a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
B) Tener acceso, con las limitaciones previstas legalmente (art. 22.4, LPRL), a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones (arts. 18 y 23, LPRL). Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
G) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades (art. 21.3, LPRL).
5.- El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de dichas competencias y facultades será considerado como de ejercicio de funciones de representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas artículo 68. d) Estatuto de los Trabajadores y el art. 41. d) de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, y artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales (art. 36.2 a) y c), LPRL).
6.- Los órganos competentes proporcionarán a los Delegados de Prevención los medios y formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, una vez consultados los representantes del personal.
7.- La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales podrá, en su caso, proponer otras figuras o ámbitos de representación para los Delegados de Prevención, en el marco de las estrategias española y europea vigentes en cada momento en esta materia.
1.- El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración General del Estado y de los organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto, en materia de prevención de riesgos laborales. El citado Comité estará formado por los Delegados de Prevención designados conforme se ha citado en el apartado anterior y por representantes de la Administración en número no superior al de delegados (art. 6, RD 67/2010, de 29 de enero).
2.- Con carácter general, en cada provincia se constituirá un Comité de Seguridad y Salud, que dependerá de la Subdelegación del Gobierno, debiendo los titulares de los servicios no integrados prestar toda la colaboración que precisen los Subdelegados del Gobierno para facilitar su constitución.
Sin embargo, se podrá constituir un Comité de Seguridad y Salud en un servicio no integrado o delegación de un organismo público, cuando cuente con 50 o más empleados públicos en la provincia (arts. 34.3 y 38.2, Ley 31/1995, de 8 de noviembre).
3.- Corresponde a la Dirección General de la Función Pública la elaboración de criterios aplicables a la constitución, modificación y funcionamiento de los distintos Comités existentes en una provincia; criterios que serán presentados a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales (art. 34.3.c), LPRL).
4.- En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin voto, los delegados sindicales, los asesores sindicales, en su caso, y los responsables técnicos de prevención en el ámbito correspondiente. Dichos responsables técnicos no podrán, en consecuencia, formar parte del Comité como representantes exclusivos de la Administración.
5.- El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité de Seguridad y Salud adoptará sus propias normas de funcionamiento.
6.- Los Departamentos y organismos públicos que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con su personal la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
Servicios de Prevención y cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales para la Administración General del Estado
1.- En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, los órganos competentes determinarán, previa consulta con los representantes del personal y en función de la estructura organizativa y territorial de sus organismos, así como del tipo de riesgos presentes en los mismos y su incidencia en los empleados públicos, la modalidad de organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas más ajustado a sus características, potenciando la utilización de los recursos propios existentes en la Administración General del Estado y en los organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto (art.7, RD 67/2010, de 29 de enero)
2.- La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por los órganos competentes con arreglo a alguna de las modalidades siguientes, o a cualquier combinación de las mismas, según se especifica en los puntos siguientes del presente artículo:
3.- Se deberá crear un servicio de prevención propio, con posibilidad de asunción parcial de la actividad preventiva por un servicio de prevención ajeno, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) En los servicios centrales de los Departamentos ministeriales que cuenten con más de 500 empleados públicos, y en aquellos que tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las siguientes actividades (anexo I, RD 39/1997, de 17 de enero):
a.1) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
a.2) Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, según Real Decreto 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos.
a.3) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.
a.4) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.
a.5) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
a.6) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en plataformas marinas.
a.7) Actividades en inmersión bajo el agua.
a.8) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento.
a.9) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.
a.10) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos.
a.11) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.
a.12) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
Dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas (art. 34, RD 39/1997, de 17 de enero), desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar.
4.- Podrá acordarse la constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellos Departamentos ministeriales y organismos públicos que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo edificio o en un área geográfica limitada, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio (art. 21, RD 39/1997, de 17 de enero), y de acuerdo a los criterios que la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales pueda establecer.
5.- En los casos en los que no proceda la constitución de servicios de prevención propios o mancomunados, o se necesite asegurar una cobertura suficiente y adecuada a la estructura y organización territorial, en su caso, del Departamento u organismo, se deberá designar a uno o varios empleados públicos para ocuparse de la actividad preventiva, que deberán tener también la capacitación requerida para las funciones a desarrollar (capítulo VI, RD 39/1997, de 17 de enero). Dichos empleados públicos designados podrían complementar al Servicio de Prevención en un ámbito determinado, en cuyo caso deberán actuar bajo la coordinación y con el apoyo efectivo de dicho Servicio de Prevención.
6.- La designación deberá expresar con claridad:
a) El ámbito de actuación del trabajador designado, indicando la organización o parte de la misma sobre la que deberá actuar, así como las funciones a realizar, concretando las establecidas, según el nivel, (arts. 35-37, RD 39/1997, de 17 de enero). Dichas funciones deberán formar parte de la relación general de tareas a desarrollar por cada Delegación o Subdelegación del Gobierno.
7.- En aquellos casos en que las peculiaridades de la organización lo requieran, se podrá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos que colaborarán entre sí cuando sea necesario, debiendo cumplir con lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención en materia de servicios de prevención ajenos, requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como servicios de prevención, recursos materiales y humanos de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención y funciones de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención (arts. 16 -19 RD 39/1997, de 17 de enero).
7.1.- Cuando el empresario opte por desarrollar la actividad preventiva a través de uno o varios servicios de prevención ajenos a la empresa (previa consulta a los Delegados de Prevención correspondientes o a la Comisión -art. 4.3, RD 67/2010, de 29 de enero-, si la hubiere, y posterior comunicación a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales), deberá concertar por escrito la prestación, debiéndose consignar, como mínimo, los siguientes aspectos:
7.2.- Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes una memoria anual en la que incluirán de forma separada las empresas o centros de trabajo a los que se ha prestado servicios durante dicho período, indicando en cada caso la naturaleza de éstos.
7.- Igualmente, deberán facilitar a las empresas para las que actúen como servicios de prevención la memoria y la programación anual (art. 39.2, LPRL), a fin de que pueda ser conocida por el Comité de Seguridad y Salud en los términos previstos en el artículo citado.
Funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales
1.- Las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento de los Servicios de Prevención (capítulo VI, RD 39/1997, de 17 de enero), clasificándose a estos efectos las funciones en los siguientes grupos:
Para desarrollar las FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO será necesario (art. 35.2 y 35.3 RD 39/1997, de 17 de enero)
2.a) Poseer una formación mínima con el contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel intermedio (anexo IV RD 39/1997, de 17 de enero) y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna de las siguientes actividades:
O de 30 horas en los demás casos, y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, --Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo (Total horas: 10) y Riesgos generales y su prevención (Total horas: 25)--, o
a. Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior, o
b. Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior.
3 La formación mínima prevista en el párrafo a del apartado anterior se acreditará mediante certificación de formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en esta materia.
Funciones de nivel intermedio y superior
a) Certificación acreditativa de que se ha superado un programa formativo con el contenido establecido en los anexos V o VI, respectivamente, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
b) Titulación académica o profesional específica, que oficialmente haya sido establecida al efecto. Las posibilidades previstas en los puntos a) y b) anteriores podrán ser aplicadas tanto a personal funcionario como laboral, así como al personal estatutario y militar.
c) Con carácter alternativo, en el caso de funcionarios, haber superado una oposición con un contenido equivalente al establecido para el programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel intermedio o para el desempeño de las funciones de nivel superior (anexos V o VI, RD 39/1997, de 17 de enero=. La certificación de tal equivalencia deberá ser efectuada por la Dirección General de la Función Pública.
Dichas funciones podrán ser desempeñadas indistintamente por personal funcionario o laboral (art. 15.1, Ley 30/1984, de 2 de agosto).
1.- Sin perjuicio de la regulación específica que a este respecto se establece en los reales decretos 179/2005, de 18 de febrero, 2/2006, de 16 de enero y 1755/2007, de 28 de diciembre, en el ámbito de la Administración General del Estado cada sistema de prevención deberá someterse a un control periódico mediante auditorías o evaluaciones externas. Su realización corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como organismo científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Esta competencia se entenderá sin perjuicio de las que corresponden al Consejo de Seguridad Nuclear de acuerdo con su legislación específica.
2.- La auditoría, como instrumento de gestión que ha de incluir una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevención, deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que puedan establecerse y teniendo en cuenta la información recibida de los empleados públicos, y tendrá como objetivos:
3.- Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, la metodología o procedimiento mínimo de referencia deberá incluir, al menos:
4.- Los resultados de la auditoría se reflejarán en un informe con el contenido especificado en el artículo 31 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
5.- Para el desarrollo de esta función de control, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo contará con la colaboración de la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de la Presidencia y de las Inspecciones de Servicios de cada Departamento u organismo público. En las instituciones sanitarias públicas, dicha colaboración podrá ser realizada por la Inspección Sanitaria.
6.- Sin perjuicio de todo lo anterior, la Administración General del Estado fomentará el que cada Departamento u organismo público pueda someter, con carácter voluntario, su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación, externa o interna, para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.
a) Ejercer la presidencia del órgano de negociación y participación de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales (art. 4.2, RD 67/2010, de 29 de enero).
b) Desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva de la Administración General del Estado. Para lo cual, los órganos competentes en materia de prevención de riesgos en cada Departamento u organismo público informarán periódicamente a la Dirección General de la Función Pública del estado de situación en cuanto a la prevención de riesgos laborales y, en particular, sobre los recursos disponibles y su organización, el funcionamiento de los mecanismos de consulta y participación, la implantación y funcionamiento de los planes y sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, así como sobre las actividades realizadas y resultados obtenidos en materia de siniestralidad laboral y mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dicha información se facilitará en los soportes que se establezcan al efecto. Así mismo, los citados órganos competentes en materia de prevención de riesgos en cada Departamento u organismo público, deberán remitir a la Dirección General de la Función Pública copia de todas las auditorías de prevención externas que se realicen en los mismos.
- Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
Sentencia Social TS, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 81/2008, 31-03-2009
Orden: Social Fecha: 31/03/2009 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Sampedro Corral, Mariano Num. Recurso: 81/2008
Sentencia SOCIAL Nº 240/2019, JSO Palma de Mallorca, Sec. 5, Rec 955/2018, 28-06-2019
Orden: Social Fecha: 28/06/2019 Tribunal: Juzgado De Lo Social - Palma De Mallorca Ponente: Martin Martin, Ricardo Num. Sentencia: 240/2019 Num. Recurso: 955/2018
La Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado se regula por el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero.La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, fundamentalmente a través de sus artículos 31...
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de constituir en las empresas o en los centros de trabajo de 50 o más trabajadores el Comité de Seguridad y Salud, como órgano paritario y colegiado de participación en materia ...
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 35 LPRL) define a los delegados de prevención como los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Los Delegados de Prevención s...
Formulario genérico de comunicación a Delegados de Prevención de la contratación/subcontratación de trabajos (Coordinadores de Actividades)
COMUNICACIÓN A LOS DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOSEn [LOCALIDAD], a [FECHA][DATOS_EMPRESA]A/A: Delegados/as de prevención de [NOMBRE_EMPRESA] (1)Conforme a lo establecido en el artículo 15 de Real Decreto 171/2004, de 3...

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 24
 Real Decreto 
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 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
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 artículo 68
 artículo 10
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 artículo 31
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 15
 Real Decreto