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Timestamp: 2019-06-24 19:49:17+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 746, de 25/02/2019
cve: DSCD-12-CO-746
Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 746
- Del señor Casañas Rodríguez (portavoz del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos, SPPLB). (Número de expediente 219/001622) ... (Página2)
- Del señor Terrón Santos (profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo. Universidad de Salamanca. (Número de expediente 219/001623) ... (Página12)
- DEL SEÑOR CASAÑAS RODRÍGUEZ (PORTAVOZ DEL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS Y BOMBEROS, SPPLB). (Número de expediente 219/001622).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Damos comienzo a la sesión de esta Comisión. No quisiera ser reiterativo, pero quiero recordarles la facultad de ordenación que tiene el presidente, así como los acuerdos adoptados en la Mesa del último día.
Hoy tenemos el placer de recibir en esta tarde a dos comparecientes, el primero de los cuales ya está sentado entre nosotros, que es don Artemis Casañas Rodríguez, portavoz del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos. El señor Casañas dispone, como bien saben todos ustedes, de quince minutos; después, intervendrán los grupos parlamentarios de menor a mayor, por siete minutos; luego, el señor Casañas contestará y aunque no voy a precisar el plazo porque siempre nos extralimitamos, él ya sabe el tiempo del que dispone; y, finalmente, intervendrán los grupos parlamentarios por un tiempo aproximadamente de tres minutos.
Muchas gracias, don Artemis Casañas, tiene la palabra.
El señor CASAÑAS RODRÍGUEZ (portavoz del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos, SPPLB): En primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad que me han dado para poder estar aquí y expresar la voz de los miles de compañeros que desarrollamos esta profesión. Como muy bien ha dicho el señor presidente, me llamo Artamis Casañas y soy policía aeroportuario de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Trataré de ser lo más breve posible, aunque intentaré no dejarme cosas que consideramos bastante importantes y que me gustaría dejar constancia en esta Comisión.
Quisiera agradecer a los diferentes grupos parlamentarios la atención que amablemente me van a prestar y, en especial, al Grupo del Partido Popular y al Grupo Ciudadanos. Quería hacer un matiz con doña Ana Vázquez Blanco, por atender la legítima y antigua reivindicación del colectivo de Policía portuaria, que expresamos a través del sindicato al que represento, el cual ostenta una posición mayoritaria dentro de la representación de la Policía portuaria en toda España.
Para exponer la necesidad de legislar de una forma más completa, eficaz y eficiente, que redunde en una seguridad jurídica tanto para los agentes como para los ciudadanos o usuarios del puerto en general -en numerosas ocasiones me referiré al término usuario porque es el que usamos habitualmente en el puerto, aunque no dejan de ser ciudadanos- utilizaré en esta ponencia cuatro bloques diferenciados. Los dos primeros bloques titulados, De dónde venimos y Dónde nos encontramos, versan sobre la evolución de la Policía portuaria, mostrando una pincelada de nuestros orígenes y ahondando sobre la situación actual, legislación que nos afecta, las funciones públicas que realizamos y la problemática con la que nos encontramos y que, como veremos en los siguientes minutos, está en sus manos solucionar. En el tercer y cuarto bloque, denominados A dónde debemos ir y Conclusiones, esperamos que compartan nuestra visión y solución para la Policía portuaria del sigo XXI, que no es otra que la razón principal de nuestra comparecencia en esta Comisión, solicitarles que incluyan al colectivo al que representamos en la nueva Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o en modificación de la actual, si así lo deciden.
Quiero remarcar que cuando desde el sindicato al que represento se me propuso realizar esta exposición, se hizo pensando desde la perspectiva de un trabajador diario del puerto, policía portuario de base -como nos hacemos llamar-, conocedor de los puntos fuertes y los mejorables del colectivo, y no tanto de la alta política o del sindicalismo. Así que espero saber expresar todas nuestras reivindicaciones y me ofrezco a clarificar cualquier punto que crean necesario.
Si les parece bien, entremos en materia. El primer bloque lo he titulado De dónde venimos. Permítanme relatar un poco de historia. Nuestros primeros orígenes se remontan al reinado de Carlos III, allá por el año 1759, cuando se crea el Real Cuerpo de Celadores y Guardamuelles. La primera acción encaminada a abordar la organización de este personal tuvo lugar en 1869, a raíz de la promulgación de una real orden, que favorece la creación del cuerpo de celadores-guardamuelles o policía del puerto.
La Orden de 23 de julio de 1953, del extinto Ministerio de Obras Públicas, aprobó el Estatuto Reglamentario que en su artículo 12 incluía, entre otros, el personal auxiliar de los organismos portuarios, siendo el primero de estos el que contenía al personal investido de la condición de agente de la autoridad,
que mediante Orden de 24 de junio de 1962 se unificó en la categoría de celadores-guardamuelles. Posteriormente, la primera referencia al actual nombre Policía portuaria aparece en la disposición adicional decimotercera de la Ley 48/2003 de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.
Como vemos, cuando hablamos de legislar adecuadamente a la Policía portuaria -quiero enfatizar esto-, no nos referimos a la creación de un cuerpo nuevo, sino probablemente a uno de los más antiguos de España, ya antiguamente funcionarios investidos de autoridad pública y con permiso para el porte de armas cortas y largas.
El segundo bloque se titula Dónde nos encontramos. Una vez aportado un poco de contexto, adentrémonos en nuestra situación actual. La Policía portuaria, que cuenta con algo más de dos mil agentes, en torno a dos mil doscientos agentes, desempeña sus funciones en cada una de las veintiocho autoridades portuarias que gestionan los puertos de interés general, sobre los cuales el Estado tiene -en virtud de la Constitución- competencia exclusiva. Todo ello coordinado por el Organismo Público Puertos del Estado como, a su vez, el Ministerio de Fomento.
Con respecto a la normativa que nos afecta es muy diversa y dispersa. Como ejes fundamentales nos regimos por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y por el Reglamento de Servicio, Explotación y Policía, aprobado en el año 1976. La posterior modificación de la Ley de puertos en el año 1992 obligaba a la redacción de este reglamento, el cual llevamos esperando más de veinte años. Cuando hemos preguntado a los diferentes grupos, nos han contestado que aún se encuentra en fase de desarrollo, estudio o elaboración, algo que nos parece vital para nuestras funciones.
Una vez expuesto este pequeño esquema para saber quiénes somos y nuestra normativa básica, pretendo explicarles qué hacemos, a través de nuestras funciones principales y diarias. Hago un pequeño matiz aquí para explicar por qué entramos en nuestras funciones, porque hemos detectado que cuando nos reunimos con diferentes grupos siempre somos la gran desconocida. Nos preguntan a menudo qué somos y qué hacemos. Por eso, me gustaría hacer unas breves pinceladas para que tengan más conocimiento de nuestras funciones y para ello lo he separado en bloques.
¿Qué funciones realizamos? De entrada, vamos a calificarlo como policía de seguridad y protección. Esta es una de nuestras principales funciones. Además, hay que matizar que muchas instalaciones portuarias han ido adquiriendo la condición de infraestructuras críticas, debido a la importancia que estas tienen en referencia a los transportes, con condicionante de servicio público -como podrían ser la navegación de cabotaje, entre islas, etcétera-, por el interés estratégico y comercial o por el alto impacto en el aumento de los tráficos que afectan directamente al sector turístico, como son los buques de cruceros y pasaje, entre otros. Este tipo de protección añade un extra al concepto de seguridad que en su origen se basaba en el Safety, relacionado con la seguridad de la propia operativa portuaria y sus equipos de trabajo. Esto ha ido evolucionando al Security, más basado en un concepto de seguridad global. Se ha ido dotando, a las autoridades portuarias y al propio Ministerio de Fomento, atribuciones hasta la fecha desconocidas.
A raíz de los graves atentados terroristas sufridos el 11 de septiembre, se elaboran normativas que varían y afectan de forma directa a toda interfaz buque-puerto, así como sus instalaciones de atraque, instalaciones portuarias e inclusive zonas de fondeo. La Organización Marítima Internacional (OMI), mediante el Código PBIP, plan de protección de buques e instalaciones portuarias, establece una serie de medidas a adoptar por los Gobiernos contratantes para evitar dichos riesgos en dichas instalaciones y en toda la interfaz buque-puerto. En España se legisla a través del Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para la protección de los puertos y del transporte marítimo.
Sobre esta legislación cabe hacer referencia a una serie de conceptos, para aclarar la especial tarea que realiza la Policía portuaria, en relación con materias tan sensibles como la prevención de actos de naturaleza antisocial y terrorista -a la Policía aeroportuaria se nos ha puesto muchas veces los pelos de punta, debido a lo que implica esa palabra y la falta de medios que tenemos-, la piratería o la introducción de sustancias o materiales prohibidos a bordo de los buques. A las autoridades portuarias se les confiere la condición de autoridades de protección portuaria y a la Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento la condición de autoridad nacional competente en materia de protección portuaria, una serie de atribuciones que no recaen directamente en el Ministerio del Interior, como podría pensarse en primera instancia, sino que obliga a estos organismos a asumir funciones y un papel clave en la protección y seguridad marítima en un enfoque hasta ahora nunca visto. Así el Ministerio del Interior se reserva
funciones de aprobación final de los planes, establecimiento de los niveles de protección, coordinación de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de amenaza o incidente, así como establecer contenidos mínimos formativos.
En la práctica, y en aplicación de estos planes de protección y normativa donde centra su papel la Policía portuaria, nos encontramos con una serie de requisitos y funciones a desarrollar para la consecución de los fines de este plan internacional PBIP, los planes de protección. Por ejemplo, el nivel 1 de protección -el nivel mínimo, pero a la vez es la actividad normal del puerto- implica controles de identidad, registros de personas y equipajes -incluidos los de mano-, patrullas de zonas sensibles y aledañas a las zonas de atraque del buque, zonas de fondeo, patrullas marítima, porque no olvidemos que las autoridades portuarias tienen competencia en la lámina de agua que interfiere en su zona geográfica del puerto. Todas estas funciones están encaminadas a prevenir actos de naturaleza antisocial y terrorista y son desarrolladas en puertos de competencia estatal, considerados infraestructuras críticas con todo lo que ello conlleva. Recientemente hemos recibido en algunos de los puertos esta categoría de infraestructuras críticas.
Para no extenderme, y habiendo explicado el nivel mínimo de protección, solo quiero remarcar que hay dos niveles más donde estas medidas expuestas se incrementan según lo contemplado en el propio plan de protección y, por supuesto, en ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen un papel fundamental, con los cuales la Policía portuaria con la falta de medios y formación que tenemos, que ahora ahondaremos un poco más en ese tema, tiene que mantener una coordinación y colaboración permanente, pero no en igualdad de condiciones. Quiero hacer un pequeño matiz aquí, ya que aunque el nivel 2 y el nivel 3 se establecen en caso de amenaza real o atentado inminente, nosotros concebimos el nivel 1 como el principal, porque estamos hablando de la seguridad en su estadio más inicial que es la prevención. La Policía portuaria en ese momento podría ser capaz de prevenir que algo sucediera, y no solo esperar a que suceda y acudan otros; ese es objetivo que tenemos como sindicato en esta lucha.
Cuando nos referimos a la protección portuaria, englobamos tanto las zonas restringidas, como los espacios abiertos al público, denominados técnicamente interacción puerto-ciudad. Son zonas portuarias, no dejan de ser titularidad de las autoridades portuarias, pero afloran en ellos una serie de circunstancias y tareas que se centran más en la seguridad ciudadana que en la propia operativa del puerto, que creo que es el origen por el que nació este colectivo. No podemos olvidar que los agentes de la Policía portuaria tienen la consideración legal de agentes de la autoridad, según el artículo 296 de Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, con la obligación que esto conlleva en la intervención ante los actos ilícitos y delitos flagrantes, más allá de sus propias finalidades. Además, como ustedes saben, en la actual Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su artículo 7.4, se impone un deber de colaboración de las policías denominadas administrativas, donde estamos englobadas. Pero no solo tenemos el deber de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como anteriormente, sino que ahora se hace un pequeño matiz que dice "colaborar en la consecución de los fines propios de la ley en su artículo 3", aunque es verdad que no dejan de ser los fines de la ley.
En estos espacios se interviene en infinidad de materias, tales como el ya expuesto en esta Comisión por otros ponentes top manta del puerto de Barcelona -no sé si llamarlo famoso o infame-, conciertos y en general todo tipo de actividades lúdicas o sociales, como por ejemplo botellones, centros comerciales, discotecas, locales de ocio, carreras populares, eventos deportivos de todo tipo y un largo etcétera, lo cual redunda en que los agentes actúan al objeto de denunciar las actividades que están prohibidas por los propios reglamentos y ordenanzas y también a requerimiento de los ciudadanos u otros servicios de emergencia para que intervengan o medien en numerosos incidentes. Todo ello lo hacen sin estar en muchas ocasiones lo suficientemente formados, dotados, ni amparados por la jurisdicción de una forma clara. Y es aquí donde ustedes, señorías, tienen la capacidad de dotar de mecanismos jurídicos suficientes para, no solo ofrecer protección a los miembros de la Policía portuaria -que me preocupa enormemente como agente de este colectivo-, sino también, y como no puede ser de otra forma, a los ciudadanos y usuarios del puerto más allá de las empresas y los intereses económicos que hay en ello.
Analizada ya nuestra participación en funciones de protección, pasaremos a otra de las competencias que desde el Sindicato de Policías y Bomberos consideramos como clave: la policía de tráfico. En este apartado conviene aclarar que dentro de la ya mencionada Ley de Puertos del Estado en sus artículos 25 y 106, denominados competencias y concepto de servicios generales respectivamente, es donde se confiere en exclusiva a las autoridades portuarias y cito textualmente "el servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre". Además, y como no podía ser
de otra manera, en el mismo sentido se expresan los diferentes reglamentos de Policía de los puertos estatales, en especial sus artículos 14 y 16, que determinan la forma en la que los vehículos deben circular y estacionar en las zonas portuarias, tanto restringidas como abiertas a la ciudadanía. Como vemos, hay una posible dualidad normativa más allá de seguridad vial o de tráfico.
Si nos vamos al día a día, los puertos soportan un volumen de tráfico superior al de las pequeñas ciudades, agravado además por la variedad de tipos de vehículos, desde los pesados o maquinaria de gran tamaño, a turismos, motocicletas e incluso bicicletas, que es lo usan normalmente algunos barcos de pasaje o la propia tripulación del barco. Todo ello se traduce en multitud e infinitas intervenciones de la Policía portuaria, ya sea en materia de control y regulación, denuncia de las infracciones detectadas, accidentes de tráfico, etcétera.
En algunas autoridades portuarias, por ejemplo en Valencia o Las Palmas, se ha optado por la creación de unidades específicas de tráfico o grupos de seguridad vial; en otras, se han establecido convenios de colaboración con otras administraciones. Así pues, tenemos el convenio con la Dirección General de Tráfico de Algeciras, tenemos convenio con el Servei Catalá de Trànsit que tiene estas competencias transferidas en Barcelona o Tarragona, tenemos convenios con ayuntamientos como es el caso de Las Palmas o Lanzarote y tenemos puertos en los que básicamente no se hace nada en esta materia. Por tanto, un ciudadano no tiene la misma atención en este aspecto en un puerto que en otro, algo que nos parece grave y que es motivo de legislación. Me gustaría ahondar en que es bastante variopinto el panorama que tenemos.
La problemática surge cuando todas estas actuaciones se hacen al amparo de legislación y normativa portuaria, no estando reflejadas las autoridades portuarias dentro de la Ley de Seguridad Vial, como sí lo están los ayuntamientos. Esto ha provocado que sanciones impuestas por la autoridad portuaria, que habían sido recurridas, hayan tenido que ser refrendadas por diferentes sentencias judiciales, o incluso en una ocasión -me imagino que todos lo conocerán- hubo un conflicto entre Policía portuaria y la Policía local de Ceuta por una competencia en una vía titularidad de la autoridad portuaria. Finalmente se falló en este caso que la Autoridad Portuaria de Sevilla era la encargada de la competencia. Sin embargo, un compañero resultó detenido por lo que se consideró una obstrucción, aunque al final parece que fue una detención que no tuvo que realizarse jamás, a mi juicio.
Señorías, quiero recordarles otra vez que está en sus manos evitar este tipo de conflictos. Por ello, les solicitamos desde este sindicato, al cual humildemente represento, que incluyan la competencia de tráfico en zona portuaria a las autoridades portuarias, no solamente en la legislación portuaria, sino también en la legislación de tráfico y seguridad vial en los mismos términos que están reflejados en los ayuntamientos.
Pasemos a otra de nuestras funciones que está íntimamente ligada a las dos anteriores: policía marítima. Basada en la misma legislación que las dos anteriores, algunas autoridades portuarias han optado por la creación del servicio marítimo dentro de la Policía portuaria. En este se realizan funciones de seguridad y protección portuaria, control del tráfico marítimo y también otras funciones de policía administrativa, relacionadas con el siguiente punto, encaminadas a prevenir la contaminación, denuncia de ordenanzas y, en especial, tareas de colaboración con las capitanías marítimas. No quiero extenderme mucho más en este punto, pero quiero decir que desde el sindicato al que represento a nivel local en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, hemos solicitado en numerosas ocasiones que todos esos buques de pasaje, cruceros que entran y buques que portan mercancías milagrosas sean escoltados desde las zonas de fuera de las agua del puerto a dos millas náuticas, hasta el interior de las zonas de atraque para que la Policía Portuaria que sea capaz de dotarles de seguridad en ese trayecto; esto actualmente no se hace.
El último punto de este apartado es la policía administrativa. Muchas de las funciones que debieran estar contenidas en este punto ya las he mencionado anteriormente. A modo de resumen, controlamos y fiscalizamos todas las actividades que suceden en zona portuaria restringida y abierta, no solo las actividades netamente portuarias, sino también las lúdico-sociales y denunciamos como agentes de la autoridad las infracciones de las que tenemos conocimiento. Matizo lo de abierta porque a veces se ha creado un debate sobre si las zonas abiertas son competencia de los ayuntamientos, y no dejan de ser vías cuya titularidad es de las autoridades portuarias.
Llegados a este punto, y una vez analizado la situación actual del modelo de Policía portuaria, que pese a contar con una gran variedad de competencias adolece de una falta de legislación clara y de una grave carencia de medios -en especial de medios de protección- y formación, lo cual nos parece muy importante, quiero exponer a continuación -sería lo más importante de cara a ustedes en esta Comisión-
cuál es el modelo para una Policía portuaria moderna del siglo XXI. Sin duda, esta es la parte más importante de esta ponencia.
Esto lo desgranaré en varios bloques, comenzando con A dónde debemos ir. En este bloque desgranaré los puntos clave que creemos que deben fundamentar una modernización de la Policía Portuaria. En primer lugar, un amparo jurídico claro y definido. La Policía portuaria, aparte de sus funciones esenciales dedicadas a la operativa portuaria y control de los edictos emanados de su propia Administración, como hemos visto, realiza a diario multitud de tareas policiales. Por ello proponemos que la Policía portuaria se integre en la ley que vertebra el eje central de las policías en España, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o cualquier nueva denominación, mediante un título propio de características similares al que regula a las policías locales. En la documentación que adjuntamos no solo solicitamos esto, sino que hemos hecho una propuesta de cómo podría ser a nuestro entender este título de las policías portuarias.
Tampoco podemos dejar de exponer la clara necesidad de volver a funcionarizar al personal de este colectivo. Permítanme darles un dato: allá por el año 1986 se perdió esta condición de funcionarios. Nosotros entendemos que esto sucedió por afán de privatizar el colectivo. Si está mal entendido, es la percepción que nosotros hemos tenido siempre. Vuelvo a incidir en volver a funcionarizar al personal de este colectivo, que ya ostentaba esta condición y que fue cambiada a la figura de personal laboral, que es la que ostentamos actualmente. Este hecho ha supuesto que en la Ley de Puertos del Estado se haya tenido que incluir en su disposición adicional vigésimo tercera una salvaguarda para que el personal de los organismos portuarios no se vea afectado por el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público que indica "el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas corresponde exclusivamente a funcionarios públicos". Si como se ha demostrado, ejercemos potestades públicas, les solicitamos que no se siga solucionando este asunto mediante atajos o parches, sino que se regule de una vez y se acabe con este encaje normativo de una forma un poco compleja.
Entremos en algo que nos parece muy importante, como es la homogeneización. En un país moderno cuando se trata de seguridad no es posible que, según las zonas geográficas donde nos encontremos, podamos estar más o menos protegido o encontrarnos con una misma policía con más o menos capacidad. Si usted se encuentra en Madrid y requiere la intervención de la Policía Nacional, obtendrá el mismo servicio que si la requiere -permítanme el detalle- en la hermosa ciudad de donde vengo que es Las Palmas de Gran Canaria. Esto no sucede con la Policía portuaria, la cual actúa de una forma totalmente distinta en Barcelona que en Tarragona, Ceuta, Vigo, Valencia y un largo etcétera. Así pues, podemos encontrarnos con situaciones tan diferentes como policías portuarias que se forman en las comunidades autónomas, en las escuelas de seguridad públicas, junto con otras policías. Hay un caso que no sabíamos si exponer o no, porque nos daba hasta cierta vergüenza ajena. La Autoridad Portuaria de Marín ha cogido a personal del servicio eléctrico, les ha colocado un chaleco de policía y les ha puesto a controlar -¡ahí es nada!- los accesos a los puertos, con la delicada tarea que esto supone. Pero como no estaban contentos con esto, los dejan vestidos de electricistas de cintura para abajo, por si hay alguna avería en alguna barrera para que puedan acudir a repararla. Nos parece grave y, tal vez por la gravedad que tiene, era importante nombrarlo. Gracias a Dios, este ejemplo es aislado, no es lo que abunda en las autoridades portuarias, pero creíamos necesario remarcarlo.
Pasaría al siguiente punto que es la colaboración y optimización de recursos, que es muy importante para cualquier policía. Este punto es clave en el proceso y veo que el mismo, a través de preguntas formuladas a otros ponentes, se convierte en una alternativa eficaz y de una cierta sencillez en su consecución, a la vez que parece que es una inquietud de todos los grupos ya que preguntan sobre la colaboración. Algo tan básico como una correcta legislación desarrollada con los adecuados protocolos de colaboración podría, de un lado, optimizar los recursos tanto económicos como materiales y humanos, y de otro, garantizar una correcta, moderna y eficaz colaboración entre los diferentes cuerpos policiales que tienen competencias en los mismo espacios.
En la actualidad hay unos dos mil doscientos agentes desplegados por todo el territorio de los diferentes puertos estatales, pero los incidentes acaecidos siguen día a día sustrayendo recursos estatales, autonómicos y municipales. Todo ello por una falta de capacidad en formación, medios y coordinación por parte de los agentes de la Policía portuaria. Queremos remarcar de forma enérgica -quiero hacer énfasis aquí- que no se trata de solapar o asumir o funciones de otros cuerpos, en especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Creemos que cada cuerpo tiene bien
delimitada sus competencias, más allá de que se modernicen y estructuren de una forma eficaz, como bien demandan muchos de nuestros compañeros de otras organizaciones. Se trata de acometer las funciones que tenemos asignadas en la normativa de la forma más eficaz y eficiente posible y prestando un auxilio adecuado.
Voy a tratar de acortar lo más posible mi intervención, para no alargarme demasiado. Sobre la formación y medios simplemente quiero decir que les hemos entregado un dosier donde pueden ver reportajes fotográficos en los que un ciudadano, o usuario, más todavía si es extranjero, no va a saber diferenciar si un policía es de un cuerpo o de otro, y no viéndolo como un aspecto negativo, lo vemos como un punto positivo. Es decir, deberíamos tener una policía que en una primera intervención, aunque no sea una competencia propia, sea capaz de actuar y de intervenir hasta que el cuerpo competente se haga cargo de esas diligencias.
Voy a cerrar ya con una consideración final: desde el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos, como han notado, vemos un gran potencial en la mejora de la Policía portuaria. Creemos que debe evolucionar hacia un cuerpo homogéneo en igualdad de condiciones con otros cuerpos. Esto debe hacerse a través de la formación en academias públicas de seguridad, ya sean nacionales o autonómicas, más allá de que la formación específica de las propias autoridades portuarias pueda ser netamente diseñada en sus planes interiores.
Lamento si me he extendido demasiado, pero no han venido muchas personas al Congreso a hablarles de la Policía portuaria, y hemos intentado no perder la oportunidad de expresar lo máximo posible. Finalizo la exposición disculpándome por la extensión, y agradeciendo nuevamente a sus señorías la atención prestada y que nos hayan permitido trasladar la voz de los miles de agentes que conforman este conjunto de la comunidad portuaria. Yo soy un agente de este cuerpo, no soy un jurista, pero en la medida de lo posible intentaré solventar las dudas que tengamos. En cualquier caso, les hemos enviado una documentación que espero que sea de su interés.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Casañas, por la intensidad y la profusión de su intervención. Ya le digo que nosotros estamos aquí para escucharle; no obstante, le he comentado el tiempo que había consumido para mantener el orden del debate.
Ahora pasamos al turno de los grupos parlamentarios, por tiempo de siete minutos cada uno. Como veo que en la sala no se encuentra ningún diputado de los Grupos Mixto, Vasco y de Esquerra Republicana, procede la intervención del señor Ramírez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles que hayan esperado unos minutos; estaba en otra Comisión y, por desgracia, no tengo el don de la ubicuidad. Como saben sus señorías, sería muy útil muchas veces, pero por desgracia Dios no nos ha concedido ese don.
Señor Casañas, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Yo también provengo de Las Palmas, con lo cual conozco perfectamente la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Policía portuaria y el gran trabajo que realizan. Vaya por delante que ya conocía las reivindicaciones de su cuerpo por la relación con otros compañeros del sindicato que ya me habían transmitido esta problemática, que conocemos y en gran parte compartimos. Como esta Comisión realmente pretende analizar un modelo policial de forma holística, global, integrativa, y ver claramente cómo eliminar las duplicidades, la repetición de competencias y su solapamiento, quería decirle claramente, primero, que estamos muy de acuerdo con parte del argumentario que nos ha expuesto en el día de hoy. Y como se trata de enriquecernos con su experiencia porque el texto ya lo tenemos y lo vamos a estudiar en profundidad y con rigurosidad, quería preguntarle cómo se podría eliminar, desde su punto de vista, ese solapamiento de competencias entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Usted es policía portuario en Las Palmas y sabe tan bien como yo, que cuando entramos por el control al puerto en la parte de Belén María, lógicamente está la Guardia Civil. También me gustaría saber si, por su experiencia, el reparto competencial está bien diseñado. En segundo lugar, quería preguntarle si usted cree que la formación que se está impartiendo a las distintas Policías portuarias de las veintiocho autoridades portuarias del país se realiza de manera homogénea, y si no sería más lógico tener una especie de escuela centralizada, dependiente del Ministerio de Fomento o del Ministerio del Interior, donde se pudiesen desarrollar, primero, los conceptos generales globales, y luego se hiciese una adaptación más específica en cada una de las autoridades portuarias. Obviamente, como usted y yo sabemos perfectamente, no es lo mismo la Autoridad Portuaria de Las Palmas que la de Barcelona o la de Marín, está claro.
Por otra parte, quería saber si con la introducción de ese cuerpo legislativo que nos han traído como modelo dentro de una futurible reforma de la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cree que se solventarían todos los problemas que tiene la autoridad portuaria o si, por el contrario, actuando sobre los reales decretos actualmente vigentes se podría desarrollar el famoso reglamento de servicio, que llevamos años y años esperando para dar solución a los posibles problemas que puedan encontrarse. No quiero extenderme mucho más, la verdad es que me interesa sobre todo escuchar su opinión al respecto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez. Se ha ajustado muy bien al tiempo, se lo agradezco.
A continuación, siguiendo el orden establecido tiene la palabra el señor Monereo, en representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Señor compareciente, bienvenido a su casa. Con mi intervención y las preguntas que le haré voy a intentar entenderle en un tema siempre comprometido desde el momento en que estamos analizando los modelos policiales, donde siempre encontramos multiplicidad de organismos y, por lo tanto, la dificultad de coordinación y otras dificultades más amplias que tienen que ver con el solapamiento entre funciones, etcétera. Entonces, más bien intentaré que usted me convenza de por qué es interesante que haya una Policía portuaria, ya que muchas veces tengo la sensación de que primero es el órgano y luego la función y no al revés. Es decir, ¿necesitamos realmente una Policía portuaria? ¿Qué temas específicos podría hacer una Policía portuaria que no haga, por ejemplo, la Guardia Civil o la Policía municipal? Además, en todo este contexto aparecen nuevos fenómenos que usted conoce muy bien, como es la privatización de la propia seguridad, las Policías privadas que también circundan y funcionan.
En definitiva, la primera pregunta es sobre la especificidad: ¿por qué cree usted que debería existir una Policía portuaria y qué funciones debería cumplir? Si estuviéramos de acuerdo en eso, habría una segunda cuestión que es cómo coordinar esa Policía con las otras para propiciar mayor seguridad a las personas, que al fin y al cabo es lo que nos ocupa y nos preocupa. Y en tercer lugar, un tema que me interesa particularmente, seguramente por mi falta de conocimientos que es amplísima, y es ¿cómo se ingresa en la Policía portuaria, qué mecanismos, qué instrucciones? También me interesa mucho conocer la promoción interna de la Policía portuaria, sus cargos, sus responsables, cómo se eligen y cómo se articulan, porque creo que esto tiene mucho que ver con su especificidad. Si al final lo que usted plantea, que me parece muy razonable, es ser incluidos en la ley que regula la Policía y los cuerpos de seguridad, tendrá que ser a partir de sus propias necesidades y no de adaptarse a las necesidades de los demás.
Por lo demás, le doy las gracias por su presencia aquí, que espero que le sea grata.
A continuación, tiene el turno de palabra la diputada señora Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, doy la bienvenida a don Artemis a esta Comisión y agradezco su intervención que nos ha dotado de ideas con un fondo que, evidentemente, este grupo también comparte. Creo que lo importante de esta Comisión es su finalidad, la misión que tiene, es una Comisión de estudio; aquí la idea es elaborar una nueva ley que derogue o sustituya la actual Ley Orgánica 2/1986. Es cierto que esta ley orgánica ha venido dando soluciones a los problemas que con la complejidad territorial que tiene nuestro Estado español se han suscitado hasta ahora, porque existen Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como es vuestro caso, que no solamente son estatales o pertenecen al Estado, sino que tienen un componente territorial unido a los municipios y, también, un componente autonómico unido a las Policías autonómicas. El sindicato al que usted representa ha solicitado una modificación de esta Ley Orgánica 2/1986 para incluir los cuerpos de Policía portuaria de las autoridades del sistema portuario estatal. Quería preguntarle cuándo se ha instado la modificación de esta ley. Por otro lado, respecto a los cuerpos de Policía portuaria y de las Policías autonómicas y locales, ¿hacia dónde cree que debería ir la ley marco para armonizar la labor de coordinación que contemplan las legislaciones autonómicas? Y respecto a la mujer, ¿qué porcentaje de mujeres accede al Cuerpo de Policía portuaria?
A continuación, y para cerrar este turno, tiene la palabra el señor Pérez Aras.
Muchas gracias, señor Casañas, creo que su intervención ha sido clarificadora, y vamos a intentar ser escuetos para que nos pueda desarrollar en su segunda intervención aquellos aspectos que se han quedado un poco en el aire, y que a lo largo de mi exposición voy a intentar que me clarifique.
A partir de ese Real Cuerpo de Celadores y Guardamuelles, que viene nada menos que del siglo XVIII, creo que ha dejado patente la existencia de esos cuerpos que están ahí subyacentes en nuestro complejo mundo de la seguridad, y que se encuentran frente a los retos de un siglo XXI que avanza a marchas forzadas. Creo que esta Comisión viene a recoger ese espíritu inclusivo de ir hacia esa modernización y la necesaria generación de un ecosistema de seguridad acorde con los nuevos retos del siglo XXI. Es una cuestión que afecta directamente en este caso a ustedes como Policía portuaria, pero también a agentes forestales y al Servicio de Vigilancia Aduanera, como Policías administrativas especiales que se quedan fuera de ese marco normativo de la Ley de 1986. Como usted bien ha dicho, es una realidad que pasa primero por la adecuación de ese marco normativo -creo que es una realidad en nuestras sociedades cada vez más complejas- y por una perfecta y eficaz delimitación de competencias de los distintos cuerpos que realizan sus funciones en nuestros espacios comunes. En ese sentido, usted nos ha hablado de duplicidad y situaciones diferentes según qué puertos. A la vista de lo manifestado, considero que el voluntarismo y la profesionalidad muchas veces, por no decir siempre, nos están salvando de situaciones complicadas y más en los recintos portuarios. ¿En qué medida afecta esa duplicidad y esa falta de colaboración efectiva entre los cuerpos a la seguridad no ya de los recintos, sino de las personas o de los usuarios? También nos ha comentado que actualmente son unos 2200 efectivos en la Policía portuaria, y en relación con la pregunta anterior, ¿considera ese número de efectivos suficiente para atender las competencias asignadas?
Por otra parte, ha insistido en la necesidad de diversificar y optimizar todos los efectivos de los diferentes cuerpos, Guardia Civil, Policía Nacional, Policías locales, Policía portuaria, agentes forestales, vigilancia aduanera, y todos somos conscientes de la complejidad del reto. Por ello me gustaría que me diese su visión desde la Policía portuaria sobre el anclaje normativo en este nuevo marco que queremos aquí dimensionar, para ver si realmente es más importante de quién es la competencia o lo que buscamos es ser operativos y eficaces a la hora de ejercer nuestras funciones. ¿Considera la especialización como una barrera a la hora de la imprescindible colaboración entre los distintos cuerpos y fuerzas que actúan en nuestros espacios públicos?
Nos ha hablado también del nivel de seguridad al desarrollar su trabajo. En este caso a raíz de nuestra visita al puerto de Valencia, conocimos de primera mano una acción importante como es su inclusión, hace dos años ya, en la Operación Paso del Estrecho. ¿En qué medida afecta este tipo de movimientos migratorios masivos a la operatividad de su función? También me ha llamado la atención particularmente su inclusión dentro de los operativos de seguridad de las infraestructuras críticas; nuestros puertos, varios de ellos, estarían dentro de esa denominación. Me ha parecido ver entre líneas que esto genera inseguridad jurídica a la hora de su acción dentro del anclaje de estas operaciones especiales. Precisamente ante la falta de ese marco legislativo clarificador, ¿considera prioritaria la unidad de acción de todas y cada una de las veintiocho infraestructuras que conforman la red de Puertos de Interés General del Estado? Veo que cada uno funciona de forma autónoma y ahí su visión nos aportará un poco de claridad.
Además, ha hecho una referencia importante a la formación. Veo que hay veintiocho maneras diferentes de formar al agente, y estamos hablando de un marco normativo legislativo, pero también considero importante su visión sobre la generación de un marco formativo unitario para todo el cuerpo dentro de esa maraña normativa en la que ustedes se mueven. Quería preguntarle si existen realmente protocolos de acción, actuación o de colaboración con los diferentes cuerpos a la hora de ejercer sus funciones en los recintos portuarios. Algún compañero le ha hecho ya preguntas respecto a los criterios de acceso al cuerpo y la tasa de reposición. Me gustaría que clarificase cómo está la entrada de personal en su organización, es decir, el acceso al Cuerpo de Policía portuaria; cómo está la movilidad funcional; y qué valoración tienen de la cada vez más compleja actividad lúdica que se realiza en los recintos portuarios, que va en aumento porque se está desplazando de las zonas urbanas a las zonas portuarias; cómo se llega a equilibrar la acción de control del recinto portuario para compaginarla con la actividad
lúdica de las personas. Por último, como personal laboral dependiente de cada autoridad portuaria, ¿genera esto algún tipo de problemática a la hora de ejercer sus funciones? Lo digo porque ahí puede haber una dicotomía importante al ser personal laboral ejerciendo funciones de autoridad.
No quiero restarle más tiempo, espero sus contestaciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Aras.
A continuación, conforme a lo comentado al principio, dispone usted de un tiempo de cinco minutos, un poquito más se puede extender. No obstante, lo que usted considere muy importante y que por su extensión no pueda contestar ahora mismo en este breve periodo de tiempo, nos lo puede hacer llegar a través de la Secretaría de la Comisión, en cuyo caso le estaríamos muy agradecidos.
El señor CASAÑAS RODRÍGUEZ (portavoz del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos, SPPLB): Perfecto. Por un lado, me comprometo a responder por escrito todas aquellas cuestiones que puedan ser un poquito técnicas o sobre las que ustedes puedan necesitar algo más de información y, por otro, me facilita un poco la tarea el que muchas de las preguntas sean similares o puedan enlazarse unas con otras. Entonces, con una exposición intentaré solventar lo máximo posible.
Sobre el solapamiento de competencias, hemos hecho hincapié en que no venimos a que se modifiquen competencias; nosotros tenemos una ley o un marco normativo donde se regulan las competencias de la autoridad portuaria, las capacidades de su consejo de administración que, por extensión, aplica la Policía portuaria. Dentro de esto ha habido modificaciones a raíz de la evolución social. Ahí enlazaría un poco con la pregunta que me comentaba sobre si es necesaria la Policía portuaria, no ir a remolque de lo que suceda, sino si de verdad es necesaria. Siempre se va a remolque de lo que sucede, normalmente sucede algo y luego se legisla. La Policía portuaria, como hemos visto, si no es el cuerpo policial más antiguo, está entre los más antiguos; por lo tanto, no se trata de crearlo, sino de ver qué encaje tiene actualmente. Nosotros creemos firmemente que con las competencias que tiene y las actuaciones que realiza día a día, el encaje es regularlas. ¿Por qué? Porque las intervenciones ya se están haciendo; es decir, el papel recoge mucha cantidad de información, pero la práctica no es igual. Si tenemos un puerto donde la Guardia Civil tiene un destacamento de resguardo fiscal -no un destacamento de seguridad ciudadana-, en el que tiene dos agentes que están en una puerta, cuando tienes un problema, la Guardia Civil no acude; pero no solo no acude, es que no patrulla. Nosotros estamos patrullando las veinticuatro horas, por lo tanto, estamos desperdiciando en muchas ocasiones una tarea como la prevención que es lo más importante. Al ciudadano no le interesa que cuando tenga un problema, tú vengas y se lo soluciones; le interesa no tener el problema. Creo que ese es el papel que juega la Policía portuaria y no solo por vacíos legales, sino porque ya estamos ahí.
En cuanto a la colaboración, en unos sitios sí se realizan tareas de colaboración y en otros no. Barcelona tiene unos protocolos de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía portuaria y entre la Policía portuaria y los Mossos d'Esquadra, según la zona sea abierta o cerrada y según se haya segregado la competencia de seguridad ciudadana. La Policía portuaria interviene y entrega las actas a ese cuerpo, que luego las envía a la Delegación del Gobierno o a la Administración competente. Ese cuerpo cumple con todas sus funciones de estadística y sigue con una competencia exclusiva, que no excluyente, y la Policía portuaria denuncia las infracciones de las que tiene conocimiento como agente de la autoridad. La Ley de Puertos del Estado ya establece que la propia autoridad portuaria sancionará las infracciones de las que tenga conocimiento y competencia, y las que no las derivará a la Administración competente. Por lo tanto, ya hay ese hilito de colaboración, pero debería cerrarse. ¿Cómo? A nuestro juicio, de una forma clara para que no haya tanto libre albedrío. En Las Palmas hacemos controles conjuntos por orden de la Delegación del Gobierno en los buques de crucero -no se pueden dar muchos detalles- con la Policía Nacional; ellos van armados, nosotros no. Entonces, nosotros siempre nos preguntamos: ¿Y si aquí pasa algo, qué hago yo? ¿Corro, me escondo, soy el escudo del otro? No lo sabemos. Por tanto, queremos una colaboración de tú a tú que ya se nos está demandando.
Todos los cuerpos policiales tienen falta de efectivos. En la Policía portuaria somos unos 2200 agentes. ¿Tenemos falta de efectivos? Mucha, hemos sufrido una tasa de reposición cero durante muchos años, ahora está empezando a invertirse. En Las Palmas se solicitan unas 40 plazas porque es necesario cubrir unos planes PBIP del año 2004. Se están pagando sanciones por no cumplir, ya que hay que cerrar unos muelles y no hay personal. Y enlazo con lo que me decía usted sobre la seguridad privada. Como sindicato
nos posicionamos totalmente en contra de ese concepto. Nosotros venimos a defender que la Policía portuaria siempre ha estado en los puertos, tiene esa competencia, y no concebimos lo que ha estado sucediendo, que es la privatización y la muerte de un cuerpo. Entonces, nuestra lucha va en el sentido contrario, sin menospreciar la tarea que realizan los vigilantes de seguridad en todas sus competencias plenamente. Y continuando con la falta de personal, ¿cómo se podría solucionar? Por ejemplo, integrando a las autoridades portuarias en las juntas locales de seguridad. En la Operación Paso del Estrecho, como comentaba -en un puerto ya se lleva muchos años trabajando y en otro se está empezando de nuevo-, surgen todo tipo de problemas de introducción de armas, vehículos sustraídos, casos con menores, personas indocumentadas; es decir, desbordamiento general y falta de plazas.
¿Cómo se accede al cuerpo? Por concurso-oposición, luego ahí cada autoridad portuaria ha ido haciendo y deshaciendo como ha creído conveniente. Los sindicatos han ido denunciando o no, pero lo ideal es el concurso-oposición. ¿Cómo lo tratamos nosotros o cómo creemos que se podría solventar? Con una proposición o propuesta de ley coordinadora de Policía portuaria similar a la que tiene incluso la seguridad privada; ellos tienen una ley coordinadora y nosotros no. Por lo tanto, no nos preocupa tanto la modificación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si desaparece y se convierte en otra cosa, pero sí que la Policía portuaria quede englobada en ese modelo de ley y tenga normativa propia que obligue a todas las autoridades portuarias a pasar por un aro lo más estrecho posible: formación, medios y criterios de acceso. Lo más básico que solicitamos como reivindicación es volver a ser funcionarios. Hay colectivos que ya han vuelto a esta condición, no nos parece algo descabellado. Creo que esto solucionaría el resto de los problemas prácticamente, ya se podría colaborar de tú a tú.
En cuanto al resto de las preguntas, como no sé si me habré pasado en el tiempo, para no repetir lo mismo, a menos que quieran algún matiz en concreto, gustosamente les haremos llegar la información que necesiten. Disculpe, olvidaba una cosa que me parece importante: el acceso de las mujeres. No tenemos estadísticas. Venimos de un cuerpo puramente masculino y la evolución es que están accediendo mujeres en igualdad de condiciones. En la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la última promoción hemos pasado de no acceder ninguna mujer a, de repente, entrar cuatro en una promoción de ocho plazas. ¿Por qué? Porque superan las pruebas exactamente igual que los hombres. Por tanto, no tenemos estadísticas e intentaremos tener alguna, pero si se cumple de una forma ética con los criterios que se establezcan de acceso, las mujeres tienen exactamente la misma capacidad e igualdad para acceder al cuerpo, no hay ningún requisito que lo impida y no debería haberlo.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Casañas. Como presidente de esta Comisión, esa última puntualización me ha gustado mucho.
Por último, con este turno cerramos las intervenciones de los grupos parlamentarios por tiempo de tres minutos cada uno. Insistimos en la no presencia en la sala de los tres grupos parlamentarios antes mencionados, con lo cual tiene la palabra el señor Ramírez, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
De nuevo doy las gracias al señor Casañas por su contestación y explicación a las preguntas que le hemos formulado los distintos grupos. Creo que nos ha quedado claro cuáles son sus requerimientos, su visión acerca de las competencias que debe tener la autoridad portuaria, y la posible solución a los problemas que nos están relatando en el día de hoy. Insisto en que esta es una Comisión de estudio del modelo policial de forma global y, por lo tanto, todos los grupos tendremos muy en cuenta tanto la información que nos ha aportado en su comparecencia como la que nos ha hecho llegar por escrito, y esperemos que entre todos podamos llegar a conclusiones. A pesar de que queda muy poco tiempo y de que, por desgracia, esta Comisión decae, espero que en la próxima legislatura las personas que tengan la responsabilidad puedan sacar adelante este nuevo modelo policial, que considero muy necesario para este país. Estoy seguro de que a todos los grupos -por lo menos aquí- nos preocupa cuál es la situación de la seguridad, de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, también de la Policía portuaria y de otro tipo de cuerpos que están dentro de esto que llamamos seguridad en sentido amplio. Y estoy seguro de que mis compañeros, los que tengan la responsabilidad de llevarlo a cabo, lo harán con el mayor de los rigores.
A continuación, el señor Monereo tiene la palabra.
El señor MONEREO PÉREZ: No voy a cansarle más. Espero sus respuestas por escrito en dos temas básicamente: la promoción interna y los criterios de acceso. Con cinco minutos no ha tenido tiempo prácticamente para nada y, por tanto, le agradezco mucho su intervención. Espero tranquilamente sus respuestas cuando usted considere oportuno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Monereo.
A continuación, tiene la palabra la señora Sierra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora SIERRA ROJAS: Le agradezco de nuevo su intervención, gracias por contestar a estas preguntas. La información se nos ha entregado hace un momentito y me estoy dando cuenta de que la verdad es que está bastante detallada. No obstante, me sumo a la petición de mis compañeros para en caso de requerir algún tipo de información, también me sea entregada.
Y ya terminamos la comparecencia de don Artemis con la intervención del señor Pérez Aras.
Señor Casañas, reitero nuestro agradecimiento por su comparecencia y también por la documentación que nos ha aportado, que sin duda va a enriquecer los trabajos de esta Comisión. Como bien han dicho otros compañeros, la legislatura decae, pero esperemos que la nueva legislatura ponga en valor el trabajo de esta Comisión por el bien de la seguridad de todos. Creo que estamos comprometidos, y así lo hemos demostrado, con un trabajo serio y concienzudo, sobre todo, con las aportaciones que ustedes nos han ido haciendo.
Creo que no podría finalizar esta penúltima Comisión de esta extinta XII Legislatura sin el reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todas las Policías administrativas que día a día ejercen su labor, y en el compromiso del Grupo Parlamentario Popular de seguir trabajando junto a todos ustedes, junto a todas ellas, por mejorar nuestro modelo policial para el siglo XXI. Creo que esa es mi recomendación y la esperanza de que vayamos en esa línea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Aras.
Por tanto, despedimos a nuestro primer compareciente invitado en la tarde de hoy agradeciéndole su presencia, su clara exposición y, desde luego, esa disposición que ha tenido con todos nosotros para seguir facilitando información en aras de lo que pretende esta Comisión, que es hacer un estudio profundo que garantice la seguridad como base de la convivencia de todos los españoles.
Muchas gracias. Suspendemos la sesión un minuto para despedir al señor Casañas. (Pausa).
- DEL SEÑOR TERRÓN SANTOS (PROFESOR AYUDANTE DOCTOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA). (Número de expediente 219/001623).
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la comparecencia de don Daniel Terrón Santos, profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.
Creo que ya ha escuchado cómo es la ordenación de las comparecencias. Tiene la palabra.
El señor TERRÓN SANTOS (profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muchas gracias por la oportunidad que me dan de intervenir ante una Comisión tan importante. Habida cuenta de la finalización de la presente legislatura, desde la Universidad de Salamanca rogaríamos encarecidamente que si en la siguiente no se mantiene esta Comisión, creen una que la sustituya, dada la importancia del tema que la misma aborda.
Cuando se dirigieron a mí para intervenir hoy aquí, la verdad es que lo agradecí -de bien nacidos es ser agradecidos-, sobre todo por la importancia que tiene poder trasladar un punto de vista, probablemente distinto, ya que yo represento a una entidad pública como es la universidad, que, en
principio, pudiera no tener nada que ver con la cuestión que aquí se está debatiendo, estudiando, analizando. Provengo de una institución, conocida por alguna de sus señorías perfectamente, donde este tema se ha abordado desde muy temprano. Los primeros estudios posconstitucionales que aparecieron en España sobre Constitución, Policía, Fuerzas Armadas son de la casa, del área del Derecho Administrativo -en concreto, el primer análisis sobre la posible sindicación de la Guardia Civil corresponde a nuestra área de conocimiento-, y desde hace más de veinte años hay un estudio propio, dentro de la Facultad de Derecho, que es de Ciencias de la Seguridad, amén de que la Universidad de Salamanca, entre otras cuestiones, lleva más de veinte años formando al Cuerpo Nacional de Policía en las escalas ejecutivas a través de la Escuela de Formación de Policías que se encuentra en Ávila. Por tanto, es mucha la vinculación que tenemos a nivel institucional. A nivel personal, llevo más de diecisiete años ejerciendo la docencia en la materia; soy director de máster de Experto en Seguridad Pública y, sobre todo, formador de múltiples promociones de Policía Nacional, algunas menos de Guardia Civil, con la que hemos colaborado, y de policías locales. Es un foro idóneo.
No puedo dejar pasar la oportunidad de manifestar que, evidentemente, tal y como se ha planteado, por lo que he podido colegir de intervenciones anteriores, el cambio del modelo de seguridad, en el que todos estamos de acuerdo, es un concepto evolutivo que probablemente demanda una reflexión en profundidad sobre la ley orgánica del año 1986. Es una ley que regula buena parte del funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y digo buena parte porque se deja muchas cosas en el tintero, como corresponde a un texto que fue redactado en el año 1986, de edad provecta, que quizá necesita una revisión en profundidad, no sé si una nueva ley orgánica, que probablemente sería más adecuado por la edad de la anterior, dado que la reforma tiene una entidad suficiente como para justificar esta medida legislativa.
Quisiera centrar mi intervención en dos cuestiones fundamentales. La primera es una cuestión de base, y es que en el modelo policial hay que tener en cuenta todo aquello que es susceptible de privatización, que es o debiera ser más bien poco. Yo conocía la actividad de la Policía portuaria, pero no su régimen jurídico, y me ha llamado poderosamente la atención enterarme de que no son funcionarios. A mi modesto entender, como profesor doctor de Derecho Administrativo desde hace veinte años, alguien que no es funcionario no puede ejercer funciones policiales, ni poco ni mucho ni nada; es decir, tal y como está no debiera realizar ese tipo de funciones, porque no están pensados para eso. De hecho, el contratado laboral se diferencia del empleado público, del funcionario, entre otras muchas cuestiones, pero fundamentalmente, en la ausencia de la realización de funciones que implican el ejercicio de autoridad pública. Evidentemente, si no son funcionarios no deberían nunca ejercer ese tipo de funciones.
Eso conecta directamente con el tema de las empresas que prestan servicios privados de seguridad. Recalco lo de servicios privados de seguridad, ya que la seguridad privada no existe. La seguridad es un concepto que por definición y por regulación constitucional solamente puede ser de carácter público. Siempre existe una mala definición del concepto de seguridad privada, ya que parece que hay dos seguridades, una privada y una pública. La seguridad privada no existe. Hay servicios privados de seguridad que, en cierto modo, son compatibles y, en todo caso, subordinados y en régimen de coordinación con los públicos, y nuevamente volvemos a conectarlo. Allá donde deban ser ejercidas potestades que impliquen el ejercicio de autoridad no se podrá privatizar jamás esa actividad, por lo menos mientras no se modifique la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Me da igual que sea una ley orgánica, que evidentemente tiene rango superior a una ley ordinaria, puesto que tenemos que plantearnos los funcionamientos y contenidos en los artículos 103 y 106 de la propia Constitución. La seguridad es un concepto que abarca a todos, que está encomendado en exclusiva al Estado en la Constitución, y solamente por la atribución constitucional de la posibilidad de crear policías por las comunidades autónomas se ha manifestado en la ley de 1986 reconociendo competencias a estas, además de, posteriormente, a los entes locales.
Es aquí donde se produce otra de las cuestiones que también se ha soslayado -en este caso centrado- en esa Policía portuaria, que es el tema de la coordinación y de la cooperación. La cooperación parece que es algo un poco más superado, pero la coordinación sí que plantea problemas, por lo menos a pie de calle. Es cierto que con la configuración legal de los distintos órganos de coordinación que tenemos, tanto a nivel estatal como autonómico y local, llama la atención -al menos a este profesor- que no sean ni uno ni dos ni tres los agentes en ejercicio que después de sus años de universidad han pasado a engrosar las filas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que con el tiempo han venido otra vez a la facultad y han estado comentando que el problema no es de coordinación legal, no es de
atribuciones competenciales -en parte puede serlo y lo veremos más adelante-, sino de coordinación en el día a día. Es ahí donde tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el órgano de coordinación por antonomasia -no el único, evidentemente-, por ámbito territorial, el más práctico, por la incidencia directa, es la Junta Local de Seguridad. Pero ese órgano tiene un pequeño gran defecto, y es que no tiene potestad decisoria a la hora de determinar quién tiene competencias sobre una determinada materia; algo que, por ejemplo, de manera tangencial se subsana en lo que hace referencia a la Policía judicial, porque en este caso las comisiones provinciales de coordinación de la Policía judicial tienen potestad decisoria para decir, en caso de conflicto competencial, quién tiene la competencia concreta. En todo caso, estamos hablando de órganos previo procedimiento administrativo, duración en el tiempo, hasta que llegamos a una resolución.
En definitiva, los órganos son buenos. No estamos diciendo que no sea así ni que haya que crear más órganos, porque ya tenemos una amalgama de órganos importantes -no hay que complicar la estructura administrativa, que ya es compleja de por sí en el ámbito de la seguridad, sobre todo en aquellas comunidades autónomas que cuentan con cuerpos policiales autonómicos y con ayuntamientos importantes que, a su vez, tienen cuerpos de ámbito local de bastante envergadura-, sino que se trata, sobre todo, de reconfigurar las atribuciones competenciales de estos entes. En el caso concreto de la junta de coordinación en el ámbito local, habría que dotarla de facultad decisoria a efectos de determinar quién tiene competencia en estos casos. ¿Por qué incentivo este órgano? Sobre todo, porque aúna Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicas, allí donde existan, y Policía local. Hay que tener en cuenta que ciudades como Madrid y Barcelona tienen cuerpos policiales locales muy desarrollados que no podemos dejar en el olvido, porque son fuerzas y cuerpos de seguridad a todos los efectos. Es cierto que la Policía local tiene un marcado carácter de policía administrativa, pero también lo tiene la Guardia Civil y en ningún momento cabe pensar que se le pueda excluir de esa coordinación. A mi modo de entender, debería replantearse una reforma importante en el tema de la coordinación, sobre todo para darle un carácter práctico. Lo que no es de recibo es que la solución sea pasar por una junta donde llevará su tramitación interna, un procedimiento, porque al final eso es tiempo y mientras ese tiempo exista está claro que la coordinación no se está llevando a buen puerto.
Por otro lado, también tenemos un problema importante, en este caso detectado como consecuencia de la actividad docente, de la actividad formativa en este caso en el Cuerpo Nacional de Policía. Creo que cualquier pilar de cualquier materia en el ámbito de lo público pasa por la base, y la base en este caso es la formación. Es muy importante la distribución competencial, pero es muy complicado, como todos sabemos, meterla en un texto legal cerrado, porque si es amplio, va a pecar de ser excesivamente amplio y si es excesivamente cerrado va a pecar de ser excesivamente cerrado. Nunca va a ser un plato cocinado a gusto de todos los comensales. En cambio la formación sí. La formación, por lo menos en lo que respecta en este caso al Cuerpo Nacional de Policía, se me antoja excesivamente débil, carente de muchos contenidos muy importantes. El ejemplo es muy sencillo. No podemos formar a inspectores de policía que pueden estar presentes en organizaciones que investiguen actividades económicas delictivas cuando no ven ninguna materia de contratación pública. Si en un procedimiento para licitar por la Administración no sabes qué es lícito o no contratar por el sector público, no ves subvenciones ni ninguna de estas materias que implican la salida de fondos del erario público, difícilmente vas a saber en un momento determinado si el expediente que tienes delante cumple o no la legislación vigente. Es cierto que hay maneras de tapar esas brechas con formación adicional y demás, pero creo que la formación de base debe ser cuidada con especial mimo cuando hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad; en este caso nos referimos a las del Estado, pero si hiciéramos un análisis detallado -en particular en algunas ocasiones me he molestado en ver los planes de estudio- se siguen echando en falta muchas materias.
Esto conecta con lo que quiero que sea la última parte de mi intervención, que es el tema competencial. Cuando tenemos, como es el caso de España, distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, cerrar un catálogo competencial se antoja una materia difícil de abordar por el legislador. ¿Por qué? Es una cuestión muy sencilla. La seguridad es un concepto que no admite compartimentos estancos, todo está interrelacionado. No se puede fraccionar y decir: Esta materia de seguridad solo puede corresponder a esta fuerza de seguridad. Es algo muy complicado. En mayor o menor medida va a haber una interoperabilidad entre las distintas competencias y antes o después van a confrontarse. Por eso, la distribución de competencias tiene que tender no a máximos sino a mínimos. Es cierto que eso plantea un problema, lo planteaba -valga la redundancia- el compañero con anterioridad, que es esa cláusula residual que se atribuye a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. En la última letra del epígrafe del artículo correspondiente que
regula sus funciones dice: ... y todas aquellas que le atribuya la legislación vigente. Esa puerta abierta tiene que cerrarse de una manera definitiva, porque es a lo que se acogen, en algunos casos comunidades autónomas y otros entes locales, para incrementar, no fuera del marco en este caso de la ley de 1986, pero sí haciendo una interpretación demasiado extensiva del mismo, ese criterio de reparto competencial. De ahí devienen muchos problemas, porque el ejercicio de esas competencias que la legislación -no sabemos qué legislación- puede atribuir, es el que luego tiene consecuencias de carácter práctico por entrar en confrontación con competencias que son ejercidas por otras fuerzas y cuerpos de seguridad, que -dicho de paso- ya son bastantes. Creo que crear más fuerzas de las que existen es un error, sobre todo teniendo en cuenta la alta especialización que se puede dar a cualquiera de ellas desde la perspectiva estatal; el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil tienen capacidad más que suficiente para admitir cualquier tipo de formación, de especialización sobre cualquier materia. La Guardia Civil es una policía administrativa en toda regla, amén de realizar funciones de seguridad día sí y día también. También la Policía Nacional. El ejemplo más sencillo es que tiene la competencia para controlar a los propios servicios privados de seguridad, y expedir el DNI evidentemente es una actuación meramente administrativa carente de un contenido policial puro, por decirlo así. Complicar todavía más el esquema de distribución competencial no solo no es algo positivo, sino que sería algo francamente negativo.
Esta es una visión rápida dado el tiempo que se nos ha dado. En la Universidad de Salamanca, dada la especialización, ya que llevamos muchos años, podríamos proponer más actuaciones en este sentido, pero en el plazo que tenemos creo que el resumen debería limitarse a estos aspectos. La evolución del concepto de seguridad es mucho más amplio, mucho más abierto, e implica, a mi modo de ver, un cambio necesario de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, implica estudiar con mucho detalle la posible atribución de funciones que pudieran ser entendidas como policiales a sujetos privados. No estamos hablando de que no se hagan vía contratación pública, con toda la transparencia debida, sino que es un concepto que quedaría fuera de atribución a sujetos privados. Creo que incluso sería conveniente introducir en la propia ley orgánica cuestiones relativas a la formación, por lo menos de mínimos, de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo en determinados niveles en los que su capacitación deviene precisamente de ese conocimiento que adquieren. Dos años de formación específica en un centro no son pocos y debería dar para mucho más que para reiterar lo que ya han visto en ocasiones a lo largo de la propia oposición, que si la han superado se supone que lo conocen.
Finalmente, se debería establecer un sistema de coordinación que sea realmente eficaz, no tanto en la forma, porque probablemente la forma que existe hoy en día sea la adecuada -ya hay un nivel estatal, un nivel autonómico, un nivel provincial, incluso un nivel local-, como dándole un contenido real. La manera de solventar un conflicto día a día lo hemos visto hace un momento cuando se nos comentaba que la Guardia Civil había detenido a un miembro de la Policía portuaria porque no estaba claro quién tenía la atribución competencial. No es un ejemplo que haya que buscar fuera, que los hay, sino que en este mismo foro se ha puesto sobre la mesa. Está claro que la coordinación falla, al menos en algún punto. El problema no es esa actuación, sino que la solución se antoja normalmente larga, porque en ocasiones hay una lucha de egos por mantener la competencia en lugar de buscar la salvaguarda de un concepto mucho más amplio, como es el concepto de seguridad que todos teníamos que tener interiorizado. Yo sé que esto puede no gustar a algunos de los que hace referencia el comentario, pero lo cierto es que casualmente en la inmensa mayoría de los casos los problemas competenciales devienen de las comunidades autónomas, porque todavía no han acabado de asimilar que la Constitución en modo alguno prevé la atribución de competencias en materia de seguridad de forma directa a las comunidades autónomas y que únicamente es el texto del año 1986 el que lo hace. La Constitución prevé crear policía autonómica, pero dadas las competencias que el propio constituyente determinó en su momento otorgar a las comunidades autónomas, se antoja que el modelo policial en el que se estaba pensando podía estar mucho más próximo a una policía administrativa que no a la figura que han acabado por adoptar en el ámbito de las policías autonómicas. No vamos a entrar en ese debate, que creo que ya está superado, porque evidentemente desde el año 1986 en adelante las cosas están como están, y probablemente no sea ni el momento ni el lugar para cambiarlo, pero lo cierto es que deberíamos apuntar más hacia el nosotros de la seguridad y menos hacia el yo de la atribución competencial que, por desgracia, en muchas ocasiones, lo único que hace es crear problemas e inseguridades, sobre todo en este caso, que el ciudadano no tiene ningún tipo de deber ni obligación de soportar.
Con esto pongo fin a mi intervención. Espero haber cumplido los tiempos. Agradezco la oportunidad que se nos ha dado de trasladar la posición de la Universidad de Salamanca a este órgano, que evidentemente es el ideal para ello.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Terrón. Ha sido una intervención muy interesante.
A continuación, abrimos el turno de los portavoces. Viendo que los tres grupos citados anteriormente no se encuentran en la sala y que el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos se habrá tenido que ausentar porque, como nos ha dicho antes, no tiene el don de la ubicuidad, damos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Serrada Pariente.
El señor SERRADA PARIENTE: Gracias, señor presidente.
Agradezco al profesor Terrón la exposición que ha realizado, porque en mi grupo consideramos que contar en esta Comisión con alguien procedente de la Universidad de Salamanca es fundamental para que nos ofrezca su visión. Si vamos a hablar de estudio del modelo policial, consideramos que es necesario establecer al menos el marco conceptual en el que nos vamos a mover, porque podemos contar con muchos casos prácticos, pero quizá primero deberíamos buscar ese molde sobre el que tendríamos que construir, que creo que es -lo ha explicado muy bien el profesor Terrón- entender la seguridad pública como un todo y, fundamentalmente, como cualquier otro bien público, como la sanidad, como la educación, etcétera, porque la seguridad es algo a lo que tienen derecho todos los ciudadanos, es un bien que está protegido por la Constitución y probablemente en la actualidad sea la única competencia visible que tiene el Estado en cualquier territorio. Cuando uno ve un cuartel de la Guardia Civil en su provincia entiende que es una competencia directa del Estado, y para un ciudadano quizá sea la única competencia visible.
El profesor Terrón representa a una entidad que tiene ochocientos años de historia, ligada al ámbito de la seguridad desde hace muchos años, como bien ha expuesto, y que sigue trabajando en mejorar la formación de nuestros policías y de nuestros guardias civiles, en definitiva, vinculada estrechamente a la seguridad pública en nuestro país.
Quiero comentar algunas cuestiones que el profesor Terrón ha puesto sobre la mesa. Una de ellas tiene que ver con la coordinación, y me gustaría que profundizara en esto todo lo que pudiera en el breve tiempo del que disponemos. Ha hecho referencia a esa coordinación necesaria en las juntas locales de seguridad, en las que tienen representación las policías locales, pero quizá, también por el ámbito de esta Comisión, sería interesante conocer su opinión sobre qué mejoras se podrían introducir en la coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad, me refiero en concreto a Policía y Guardia Civil, o incluso entre Policía, Guardia Civil y policías autonómicas. Esta es una cuestión que se ha traído a debate no solo en esta Comisión, sino también en la Comisión de Interior, y creo que sería interesante conocer su opinión, más allá de lo que nos ha comentado, sobre las juntas locales de seguridad.
Hay otra cuestión interesante que tiene que ver con la formación. Usted ha apuntado la necesidad de encontrar esos vehículos formativos comunes para que todo el mundo pueda tener una formación igual, una especialización para mejorar la formación de nuestros policías y de nuestros guardias civiles. Nos gustaría que profundizara sobre esta cuestión.
Por último, para mi grupo parlamentario la coordinación es necesaria, pero también lo es esa consideración del modelo público de seguridad. Como usted ha indicado, hay una necesidad de coordinación, que está muy bien delimitada en los diferentes textos legales, entre la seguridad pública y la seguridad privada. Pensamos que se deberían buscar esos nuevos mecanismos de coordinación por arriba -por decirlo en un lenguaje más llano- que permitieran mejorar la eficacia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que realizan una labor encomiable, lo que no nos cansamos de repetir en esta Comisión o en otras, porque creemos que es algo fundamental y necesario para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y de sus libertades, tan necesario en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrada.
Para cerrar este turno de intervención de los portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Vázquez.
Damos la bienvenida a esta Comisión al profesor Terrón. Ha sido un gusto poder escucharle. Le pido disculpas porque, ante el precipitado final de esta legislatura, hoy solo estemos aquí dos grupos parlamentarios para poder atenderle. Esto me produce cierta tristeza, porque creo que hasta el último minuto estamos aquí elegidos por los ciudadanos españoles, y aunque sea en tiempo de descuento debemos cumplir con nuestras obligaciones. Sé que hoy es un día complicado, es lunes, y nosotros llevábamos cierto retraso en esta Comisión en cuanto a actividad parlamentaria. Tengo que agradecer todos los esfuerzos que han hecho el propio presidente y la letrada, doña Rosa Ripollés, a lo largo de estos meses para habilitar salas y para compaginar horarios. Precisamente ahora que se iba a incrementar la actividad de esta Comisión, tenemos que finalizar. En esta que será mi última intervención en esta legislatura en esta Comisión para el Estudio del Modelo Policial, también me gustaría dar las gracias a los taquígrafos aquí presentes, que sé que hacen un esfuerzo para atender todas las comisiones, y más en esta legislatura.
He atendido atentamente todas sus explicaciones. Aquí tiene hoy a dos compatriotas salmantinos que me han hablado muy bien de usted. Efectivamente, para este grupo no es desconocido el trabajo que realiza la Universidad de Salamanca con la escuela de Ávila. Yo pertenezco a la escala ejecutiva de la Policía Nacional y conozco bien el trabajo, el esfuerzo que esa universidad hace año tras año para formar a los mejores profesionales de la Policía y de la Guardia Civil, incluso ahora también de la Policía local, porque a Ávila van a formarse policías locales.
No podría estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho. Este es un problema competencial, de coordinar toda la formación, de muchos egos, y yo que pertenezco al cuerpo lo sé. Tenemos muchos agentes -siempre digo que tenemos una de las ratios más alta de Europa, con quinientos agentes por cien mil habitantes-, pero posiblemente los tengamos descoordinados. Siempre pongo el ejemplo de mi tierra, Galicia, donde cuando hay un incendio tenemos allí investigando al Seprona, a los agentes forestales y a la Policía autonómica, porque tenemos Policía autonómica con competencia medioambiental. Esto es una barbaridad. Este es el modelo que no quiero para este país.
Hoy comparecían los portuarios y el mes que viene habíamos propuesto a los agentes forestales. Habíamos considerado empezar a meter en esta Comisión a las policías administrativas especiales para comprobar lo que se ha escuchado hoy, es decir, que dependen de cada autoridad portuaria. Nosotros hicimos una visita a Valencia, y los de allí tienen unos uniformes distintos de los de Castellón; a su vez, a los de Valencia les exigen una formación y a los de Algeciras otra. Es una barbaridad. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que tener unos criterios mínimos de formación para todos.
Vamos a seguir defendiendo la reforma del modelo policial. Le anuncio que en el programa electoral que estamos terminando de confeccionar -lo finalizaremos esta semana- se incluye continuar los trabajos de la Comisión para el Estudio del Modelo Policial del Siglo XXI.
Quiero dar las gracias a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las policías locales, a la Policía Foral de Navarra, a la Policía de Canarias, a los Mossos, a la Ertzaintza, y a las policías administrativas, porque hasta el momento solo ha podido comparecer la Policía portuaria, pero nos comprometemos a que en la próxima legislatura estén los agentes forestales y los representantes de la vigilancia aduanera. Necesitamos hacer el nuevo modelo policial con todos ellos. ¿Por qué? Porque este está obsoleto. Estamos hablando de una ley de 1986. Hoy me preguntaba un periodista qué creía que se debía hacer, si reformarla o hacer una nueva. Personalmente abogaría -y creo que usted ha dicho lo mismo- por hacer una nueva, porque es tanto lo que tenemos que reformar que no podemos poner solo un remiendo, y la ley de 1986 ya no está para remiendos. Tenemos los mejores profesionales del mundo en todos los aspectos, tanto en la policía administrativa como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y debemos coordinarlos a todos para que den lo mejor de sí mismos. Ellos quieren dar lo mejor, quieren trabajar, quieren colaborar unos con los otros, y como legisladores tenemos que darles esa plataforma, ese soporte.
Pedimos a la letrada que no tire el material que ha llegado hasta este momento, porque el Grupo Popular, y me imagino que también el Grupo Socialista aquí presente, en la siguiente legislatura continuaremos con esta Comisión, porque creo que es de las mejores que ha habido en esta legislatura. Estamos siendo valientes a la hora de analizar un problema de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto era muy necesario, tanto por los propios agentes como por la propia sociedad. En esta Comisión se iba a estudiar no cerrar cuarteles, porque yo, que vivo en el rural, según la Constitución tengo el mismo derecho a la seguridad que cualquier ciudadano. Esto hay que hacerlo en esta Comisión. Es una pena que finalicemos así, drásticamente.
Le agradezco que haya estado aquí. También doy las gracias a todos los comparecientes que han venido a lo largo de estos meses, a todos los grupos parlamentarios, a la letrada especialmente que, repito, ha hecho un esfuerzo titánico para que pudiéramos reunirnos casi todos los meses. Estemos o no estemos aquí, deseo que los que vengan cojan el testigo y continúen con esta Comisión, que es muy necesaria porque ese cambio del modelo nos lo exigen la sociedad, las policías administrativas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Me despido hasta la siguiente legislatura o hasta cuando sea. Ha sido un placer trabajar en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez, gracias por sus palabras. Si me permiten, guardaré las mías para la última sesión, que serán extensivas, y no generosas sino merecidas por ustedes por todo lo que han realizado.
Señor Terrón, dispone del tiempo que considere oportuno para contestar a las cuestiones planteadas.
De la manera más breve posible, contestando por orden, primero al representante del Grupo Socialista, evidentemente la coordinación es algo no necesario sino imprescindible; sin una buena coordinación queda vacío de contenido todo lo que se pueda plasmar sobre el papel. Creo que la solución adoptada en su momento sobre las juntas locales no es mala, simplemente se trata de reajustar el mecanismo, que probablemente en el año 1986 era eficaz y suficiente pero que la nueva demanda social ha venido a demostrar que se ha quedado obsoleto por el camino. En ocasiones no se trata de buscar nuevas fórmulas, soluciones raras, anómalas o desconocidas o de importar algo que no se adapte bien al modelo policial que tenemos, que, por otro lado, es altamente eficaz -sin lugar a dudas, creo que podemos presumir de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, pero sí necesitan un cierto retoque en cuanto a la coordinación. Echo en falta que en la junta de ámbito local no exista un órgano con capacidad de decisión para poder resolver en un momento determinado un conflicto de atribución competencial, que además va a ser puntual y va estar circunscrito a ese espacio. No estamos hablando de que una junta de ámbito local vaya a resolver cuestiones de atribuciones competenciales en el ámbito provincial ni en el ámbito estatal, sino el día a día del funcionamiento en cuanto a coordinación se refiere de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que pueden ser no pocas las que coincidan en un momento determinado. Es cierto que en el ámbito estatal la cosa queda un poco más liviana con la figura del subdelegado del Gobierno, que, al fin y al cabo, tiene capacidad para ello en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es cierto que, tal y como le atribuye la ley, tiene una capacidad de coordinación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, pero no tiene facultad de decisión sobre la materia. Si el problema competencial fuera entre la Policía y la Guardia Civil, evidentemente podría decidir quién, aunque solamente a efectos puntuales y dentro del ámbito que territorialmente le corresponda, pero nada más allá. Por eso, creo que hay reconsiderar la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que esperemos que no aumente en número, porque, si no, todavía se complicará más.
El tema de los vehículos formativos es esencial. Como decía la portavoz del Grupo Popular, no es posible que la formación sea diferente en función de los cuerpos, cuando en el caso de la Guardia Civil y la Policía Nacional en ocasiones es el ámbito territorial lo que determina la atribución competencial, si bien el trasfondo puede ser, si no el mismo, muy parecido. Uno de los problemas que tiene la Ley de 1986 es que a la misma competencia se la rotula con distinto nombre, aunque en la práctica la competencia es la misma o, al menos, coincidente, por lo que no se pueden tener formaciones distintas -o, al menos, no se debería-, más allá de las que puedan ser específicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejemplo, respecto a la forma de acceso, y, en cuanto al régimen jurídico, todo el mundo conoce la diferencia y la base militar que tiene la Guardia Civil.
Echo en falta -como decía antes, es una cuestión de egos- una suficiente presencia de expertos externos para la formación a nivel estatal. Desconozco en parte la autonómica, y la local, que conozco bastante, es más proclive. Pero en el ámbito nacional les cuesta mucho interiorizar que hay expertos fuera que les pueden aportar mucho, que saben más. Si quieren les pongo un ejemplo, por conocimiento directo, y es que en la Escuela de Policía de Ávila en muchas ocasiones por necesidad docente se tira de miembros propios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con titulación, pero es gente que ha estudiado
la carrera hace tiempo y van a dar una materia de la que no tienen formación; me refiero a Contratación Pública. Humildemente, yo soy formador para el propio INAP en dicha materia y sé de qué les hablo porque estoy impartiendo formación específica a directores generales que no saben en materia de contratación, y en este caso hemos hecho una propuesta a la Junta de Castilla y León para que todo funcionario que entre a formar parte de un órgano de contratación necesariamente tenga que haber superado una formación específica en materia de contratación pública, por lo menos para que sepa sobre qué va a conocer en su ámbito profesional. Y esto, a mi modo de ver, hay que llevarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí o sí. El sistema americano, que para muchas cosas es nocivo, en esto, sin embargo, es francamente positivo. Nosotros tenemos un recurso público estupendo que son las universidades, con personal formado de manera más que cualificada, muchos de ellos trabajando de manera próxima desde hace mucho tiempo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que debería ser tenido en cuenta no solo para dar formación, sino incluso para proponer los contenidos de los planes de estudio, para ayudar, en definitiva, a que la seguridad sea lo más completa posible, pero desde el punto de partida, que es la formación de aquellos que tienen que contribuir a prestar, mantener o garantizar ese bien público que es la seguridad.
En cuanto a ese binomio seguridad pública-servicios privados, me niego a utilizar el término seguridad privada, porque entiendo que no existe, y algo que no existe no debe ser utilizado. Cuando un sujeto privado presta servicios de seguridad a otro sujeto privado no hay ningún problema, siempre tenemos la coordinación en la subordinación, es decir, la regulación que impera es la Ley de Seguridad Privada de 2014 y el Reglamento de Seguridad Privada de 1994. Dicho sea de paso a quien corresponda, debería actualizarse, porque desde 1994 hasta 2019 ya está bien, sobre todo cuando en 2014 hubo una nueva ley. El problema deviene cuando un sujeto privado presta servicio para una Administración pública. Más allá de la aplicación o no de la legislación de contratos, dejar en manos del sector privado ejercicio de funciones públicas ya no es que se me antoje algo éticamente cuestionable, sino difícilmente compatible con la legalidad vigente. O reformamos la ley o no permitimos ese tipo de comportamientos. Que un sujeto privado realice funciones de policía creo que es contrario a cualquier espíritu reconocido en la propia Constitución. Considero que la Constitución no ha pensado nunca en atribuir a sujetos privados el ejercicio de funciones públicas.
Para finalizar y solamente por hacer referencia a la despoblación y el ámbito rural, una cuestión que preocupa mucho en una comunidad autónoma como es la de donde vengo, Castilla y León, es que, lógicamente, la seguridad resulta una competencia fundamental para evitar precisamente la despoblación. En muchas localidades la desaparición del cuartel de la Guardia Civil ha supuesto la desaparición de la población, ha sido sinónimo. Sin el cuartel, desaparece la seguridad. ¿Por qué? Zona rural, pueblo aislado, Castilla y León, distancias largas constituyen el ámbito idóneo para determinado tipo de actividades delictivas contra los bienes y las propiedades de quienes allí residen. Sin embargo, su seguridad debe estar al mismo nivel que la que puede tener un ciudadano en un núcleo urbano más grande, porque es un derecho constitucional. No puede haber diferencias en cuanto al nivel de seguridad entre ciudadanos por residir en una zona u otra, y probablemente implica un mayor arraigo -así lo indican los estudios sobre esta cuestión, no solo sobre seguridad, sino también sobre despoblación, que son muchos y variados-, de modo que debe ser una cuestión muy a tener en cuenta. Es cierto que en este caso al Estado le toca hacer un esfuerzo, qué duda cabe. Las comunidades autónomas con competencias en el ámbito de la seguridad y creación de policías autonómicas o la tienen ciertamente limitada a determinadas cuestiones, como puede ser el caso de Galicia, o tienen competencia global, como son el País Vasco y Cataluña, pero, aunque no la tienen abandonada, es menor, en un caso por el espacio territorial, que es muy pequeño, el País Vasco, y en el otro caso, Cataluña, donde los núcleos de población se concentran, allá donde no hay esa concentración no es la primera ni la segunda vez que se tiene que pedir auxilio a la Guardia Civil para que incremente sus dotaciones por lo menos en periodos estivales para garantizar la seguridad en las zonas rurales, es decir, el problema está ahí. Al fin y al cabo, la seguridad no se puede descuidar ni tan siquiera en el ámbito rural.
Creo que he contestado sobre todas las cuestiones planteadas. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, profesor Terrón.
Para finalizar, los portavoces disponen del tiempo que deseen.
El señor SERRADA PARIENTE: Muy brevemente, porque creo que la exposición ha sido muy clara y ha atendido a las peticiones que hemos realizado por parte de los dos grupos presentes, simplemente quiero agradecerle la visión que nos ha dado sobre el modelo público de seguridad y las aportaciones que ha realizado, sobre todo en lo que tiene que ver con los dos ámbitos sobre los que mi grupo estaba interesado en contar con la opinión de un experto como usted, que son los ámbitos de la coordinación y la formación, y, por último, sumarme también a todos los agradecimientos que ha trasladado la portavoz del Grupo Popular. Creo que refleja bien el que debe ser el espíritu no solo de esta Comisión, sino el de esta Cámara, que es el hecho de intentar llegar a acuerdos y formular las mejores políticas que tengan repercusión directa en los ciudadanos. Desde mi grupo parlamentario creemos que la seguridad es uno de esos ámbitos en los que debería haber un amplio consenso, porque, al final, redunda en el beneficio de todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Serrada.
Tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchísimas gracias, señor Terrón, y me alegro de que también tenga esa idea de defensa de lo rural y de la seguridad en la zona rural. Es un punto de encuentro y me alegra conocerlo, porque aquí hemos escuchado a algunas asociaciones de guardias civiles decir que hay que cerrar cuarteles, y, cada vez que escucho a alguien que dice que hay mantenerlos abiertos, la verdad es que no sabe usted la alegría que me da, tratándose de gente que vivimos en el ámbito rural. En nombre del Grupo Popular y de los diputados que estamos aquí, muchísimas gracias por su comparecencia.
Aprovechamos nuevamente la oportunidad para darle las gracias al profesor Terrón, deseándole que en el futuro siga colaborando a requerimiento de los grupos parlamentarios.
Señorías, buenas tardes. Se levanta la sesión.

References: artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 296
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 9