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Timestamp: 2019-01-23 13:47:01+00:00

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20181217
AGLI Recortes de Prensa Lunes 17 Diciembre 2018
Grave irresponsabilidad autonómica
ABC 17 Diciembre 2018
La proximidad de una cita con las urnas es la excusa perfecta que emplean los gobernantes más ineficientes y manirrotos para disparar el gasto público con el único fin de ganar votos, sin tener en cuenta los negativos efectos que tales prácticas acaban infligiendo al conjunto de la economía, la solvencia de las cuentas públicas y el bolsillo de los contribuyentes. Organismos de la talla del FMI y el Banco de España ya han advertido en diversas ocasiones que las comunidades autónomas se desbocan en el gasto cada vez que hay elecciones, y en esta ocasión, por desgracia, no será diferente. Los gobiernos regionales incumplirán la regla de gasto en 2018, a pocos meses de que se celebren los comicios autonómicos de mayo. Este tope, fijado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, limita a un máximo del 2,4 por ciento el crecimiento del gasto público este año para prevenir la repetición de grandes desequilibrios fiscales, pero un total de siete autonomías, casi todas gobernadas por o con apoyo del PSOE, ya sobrepasaban este umbral el pasado septiembre.
Superar el techo de gasto no solo implica un quebranto explícito de la ley, con el daño que ello supone para la seguridad jurídica y la calidad institucional, sino que constituye una grave irresponsabilidad por parte de estos gobiernos autonómicos, ya que lo único que persigue esta estrategia es alentar el despilfarro y el clientelismo mediante la compra de votos. Además, estos excesos contribuirán al aumento del déficit y la deuda pública, en un momento en el que España todavía registra el mayor descuadre fiscal de la UE, con un agujero del 3,1 por ciento del PIB en 2017, y un endeudamiento próximo al cien por cien. Urge que tales desvíos sean corregidos mediante los mecanismos que establece la ley.
Sánchez seguirá haciendo daño hasta el final
EDITORIAL Libertad Digital 17 Diciembre 2018
Desde las infaustas elecciones autonómicas del año pasado, convocadas por el nefasto Mariano Rajoy, la ya muy maltrecha vida política y social catalana se ha degradado a ojos vistas. Doce meses después de aquel 21-D que quizá sólo tuvo de bueno el triunfo en votos de una fuerza netamente españolista como Ciudadanos, la situación es pésima y no se vislumbra una salida a corto plazo para una crisis que compromete radicalmente no solo el futuro de Cataluña, sino el de la propia Nación.
Pedro Sánchez, el indigno presidente del Gobierno que trata de mantenerse en el poder a cualquier precio, incluido el de llevar a su partido al descalabro en las próximas citas electorales (europeas, autonómicas y municipales y generales), tiene una responsabilidad tremenda en el actual estado de cosas, con los golpistas que le auparon tratando de nuevo de consumar su desafío al Estado de Derecho y amenazando con incendiar la calle con motivo de la celebración del Consejo de Ministros del próximo día 21 en Barcelona.
Sánchez es un presidente por accidente que no deja de dar muestras de incompetencia tanto en la confección de equipos (qué Consejo de Ministros... ¡que tantos saludaron como prueba definitiva de que otra política, muy profesional y desideologizada, era posible!) como en la forja de acuerdos (especialmente sangrante en alguien que gobierna con el apoyo directo de una sonrojante minoría parlamentaria) y en la gestión de la política cotidiana y de la de altos vuelos (obviese su bochornosa obsesión por el Falcon). Cualquier gobernante democrático medianamente sensato –para qué hablar de un auténtico hombre de Estado– hubiera aceptado hace ya tiempo la insostenibilidad de la situación. Pero el oportunista Sánchez es de otra pasta, de tan escasa calidad como su escandaloso doctorado, y está dispuesto a pasar por encima de todo, empezando por su propio partido y por la Nación, con de tal de seguir aferrado a un cargo que sabe que le viene grande y que no merece desempeñar.
El secretario de Organización del PSOE se ha encargado de remacharlo con una frivolidad impropia de un momento político tan tenso como el actual, para que a nadie le quepa duda de que el plan de Sánchez es permanecer en la Moncloa hasta el final.
En esas elecciones cruciales que se avecinan, tanto él como su partido merecen un castigo acorde con el enorme daño que están causando a España.
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 17 Diciembre 2018
Todos huyen del nacional-populismo
Pepe Fernández. vozpopuli 17 Diciembre 2018
Aparentemente la pasada semana fue cuando comenzaron las negociaciones entre PP y Cs para intentar cumplir con el mandato de las urnas del día dos y desalojar al PSOE andaluz del gobierno autonómico después de 36 años ininterrumpidos de permanencia. En realidad, antes de la foto oficial del martes 11 en el Parlamento de Andalucía, en Madrid las cúpulas dirigentes de ambos partidos a nivel estatal ya habían pergeñado las líneas generales del terreno de juego donde los capitanes Moreno Bonilla y Marín Lozano deberían desarrollar la táctica de un partido que, aunque parezca sencillo, no lo es. Y no lo es porque en pocas horas se iba a comprobar cuanto tenía de paripé teatral el intento imposible de construir un banco con solo dos patas. La tercera, la del populismo de la derecha más extrema de Vox, necesaria para la estabilidad de quienes se sentarán en el gobierno, no era ni siquiera mencionada por ninguno de los negociadores. Todos huyen, de puertas afuera, del nacional populismo de Vox como de la peste. Pero sus 12 escaños les son necesarios.
Luego se supo que uno de ellos, Juanma Moreno del PP, había sido visto el miércoles 12 de diciembre en la cafetería del concurrido y elitista Hotel Alfonso XIII tomando un café con el juez en excedencia Paco Serrano, máximo dirigente de Vox y ejecutor –en primer tiempo de saludo– de las órdenes de Santiago Abascal. La filtración del encuentro entre ambos dirigentes puso de los nervios a los de Ciudadanos y en especial a su líder Juan Marín quien se apresuró a recordar una condición que se habían autoimpuesto las dos formaciones y que no era otra que no hablar (negociar) con ninguna otra fuerza política –Vox o Psoe– en paralelo a sus negociaciones. Moreno Bonilla, que no tuvo más remedio que reconocer que había existido dicha reunión, se apresuró a proclamar que él y su partido tomaban café con quien les apetecía, sin reconocer en ningún momento que en el encuentro hubiesen hablado de reparto de poder en esta nueva etapa de la política andaluza. ‘Se querían conocer’ aclararon fuentes del PP. Unas explicaciones públicas que encabritaron aún más a los de Ciudadanos que dieron a entender que Bonilla les tomaba por niños de párvulos con sus apresuradas explicaciones.
En realidad, aquella reunión a la vista de la gente, lo que dejaba claro es que cualquier acuerdo en esta nueva etapa de cambio pasa, necesariamente, por un tripartito si la derecha quiere protagonizar el relevo y hacerse con las riendas de la Junta de Andalucía.
Fallido intento de ocultar a Vox
El propio Santiago Abascal, que junto a Pablo Casado y Albert Rivera desde Madrid marcan el paso a sus delegados en Andalucía, ya había empezado a llamar la atención sobre el respeto que, democráticamente, deben merecer los 400.000 electores de su formación. Y ese respeto pasaba, entre otras cosas, por tener Vox presencia en la Mesa del Parlamento, el órgano encargado de marcar los tiempos en la legislatura y donde deberían estar representadas las cinco fuerzas políticas parlamentarias. Todo ello sin olvidar aspectos claves de su programa electoral.
Así, el primer intento por apartar a la contaminada derecha extrema del escenario político ocupado por PP y Cs, fracasaba a las pocas horas de levantarse el telón. Y es que nadie quiere aparecer del brazo de los ultras españoles, especialmente los de Ciudadanos que ven peligrar su homologación centrista europea si se comprueba que participan en una cama redonda con los amigos en España de Marine Le Pen, Matteo Salvini o David Duke del Ku Klux Klan. Desde luego todo muy alejado de la problemática y las necesidades reales de los andaluces en lo que parece una prolongación del modus operandi de la pasada campaña.
El espectáculo mediático montado el viernes por Cs, a cuenta de la infidelidad de su socio el PP con Vox, quizás ha sido uno los pocos momentos de estos últimos quince días en los que a los socialistas de Susana Díaz se les ha podido ver una expresión más relajada en sus semblantes. Saben que ese intento por desmarcarse de la derecha extrema es una de las debilidades del bipartito que quiere hacerse con el gobierno de Andalucía, circunstancia que están explotando convenientemente los socialistas.
La procesión socialista va por dentro
Pese a estas pequeñas alegrías la procesión de los socialistas va por dentro y algunos con cara de penitentes. Es el caso por ejemplo de cargos públicos en funciones que, de materializarse un ejecutivo de otro signo político, no saben que será de sus vidas laborales a partir del mes de enero. Sus CV y las incompatibilidades les atormentan. También se habla de los funcionarios, en concreto de los jefes de servicio que, según algunas leyendas circulantes, podrían plantarse y no estar dispuestos a seguir en las respectivas jefaturas con una nueva administración. En el PP desmienten que esto sea así e incluso señalan a situaciones totalmente contrarias: “Son muchos los jefes de servicio puestos por el PSOE -dicen-que ya nos están mandando recado de su disposición a seguir trabajando con absoluta normalidad con nosotros”.
Donde sí parece que han entrado en situación de pánico es en la cúpula del sindicato UGT de Andalucía, donde a la mínima significados dirigentes se dedican a desbarrar con insultos y descalificaciones a periodistas en las redes sociales. El sindicato socialista, que llegó a organizar un acto de homenaje a afiliados en la recta final de la campaña electoral con Susana Díaz como estrella invitada, mantiene sobre la mesa serias amenazas derivadas de las investigaciones judiciales sobre el uso de facturas falsas y que podría suponer la devolución a la Junta de importantes partidas de dinero público – 5,3 millones según el primer peritaje conocido en septiembre– presuntamente malversados por dirigentes y cuadros del sindicato. Un proceso que con la derecha en el gobierno no parece que sea un camino de rosas para el sindicato. La UGT Andalucía en el contexto actual de negociaciones políticas han criticado ‘las injerencias’ de los líderes políticos nacionales -Casado y Rivera- en el debate político andaluz, “un golpe certero al estado de las autonomías” han llegado a definirlo.
La aporía constituyente
Amando de Miguel Libertad Digital 17 Diciembre 2018
Ante las inminentes elecciones generales de 2019 –que prometen ser históricas–, se plantea la ardua tarea de reformar la Constitución vigente. La llamada pomposamente "Carta Magna" resulta bastante pequeña para acomodar tantas exigencias como ahora se presentan. Entramos, pues, en una nueva etapa constituyente. Es algo que a los españoles nos encandila.
Lo sorprendente es que hoy nos encontramos en los antípodas del famoso consenso de hace 40 años. Es decir, cada partido o ideología percibe una necesidad de reformar algún aspecto de la Constitución, pero no hay un acuerdo mínimo entre todos ellos.
Se me perdonará el latín macarrónico como remedo de los recuerdos escolares. A saber, Omnia Hispania divisa est in partes sex. Los seis aspectos no se refieren a espacios geográficos, sino a las ideologías que acompañan a otros tantos partidos. Veamos el abanico que resulta de forma esquemática:
1. Los separatistas, principalmente catalanes, se proponen levantar una nueva Constitución solo para Cataluña en la forma de República identitaria. Lo extraño es que les interese tanto la organización política del resto de los españoles, pero así es.
2. La nebulosa de Podemos se propone la utopía de constituir una República española de carácter populista, pareja quizá con Cuba, Venezuela, China o vaya usted a saber. Es decir, sueñan con un partido único, el de "la gente", con ínfulas totalitarias o anticapitalistas.
3. El viejo PSOE parece que apuesta por una República federal, feminista y progresista. No se percibe ningún modelo en el mundo para tal ensoñación.
4. Ciudadanos, a ratos liberal y otras veces socialdemócrata, se conformaría con la eliminación del Senado y el fin de los dichosos aforamientos.
5. El PP es el más conservador, pues solo alteraría algunos puntos formales del texto constitucional.
6. Vox se propone suprimir el "Estado de las Autonomías", que es la médula de la Constitución de 1978.
Como puede verse, ante planteamientos tan dispares, va a ser difícil, por no decir imposible, lograr el consenso necesario para adoptar un mismo texto constitucional. De ahí que, de momento, los padres de la patria solo se pongan de acuerdo en alterar ciertos aspectos cosméticos del texto actual. Por ejemplo, se eliminaría la palabra disminuidos (los antiguos subnormales o inválidos) para sustituirla por "personas con discapacidad". No sería de extrañar que ese último circunloquio pasara a ser también despreciativo y se propusiera sustituirlo por "personas con capacidades diferentes". Así mismo se prevé que, junto a la tabla de derechos humanos, se incorpore el complemento de la de derechos de los animales. ¿Y por qué no los de las plantas?
Puestos a buscar acuerdos, se impone continuar con el sello laico o secularizado del texto de 1978, en el que no se menciona a Dios. Es un rasgo negativo que lo distingue, por ejemplo, de la Constitución de 1812, tenida por modélica.
Me llama la atención el estupefaciente hecho de que ningún partido se haya propuesto la reforma fundamental. A saber, los partidos con representación parlamentaria tendrán que representar a todos los españoles, no solo a una parte territorial de los mismos.
Presidente, ¿por qué miente con su tesis?
EDITORIAL esdiario 17 Diciembre 2018
Más grave aún que el plagio de su tesis es la mentira que ha utilizado, desde Moncloa, para concederse una coartada. Sánchez debe responder con urgencia a varias preguntas.
El presidente del Gobierno lleva meses escondiendo su tesis doctoral, objeto de algo más que una sospecha de plagio: las pruebas publicadas por varios medios de comunicación -Abc, Okdiario o El Mundo- contra los que anunció acciones legales que nunca inició son, simplemente, incontestables.
No existe ninguna duda de que el trabajo con el que Pedro Sánchez logró la habilitación para ser doctor y poder desarrollar con ello una carrera universitaria de enjundia está plagado de copias, esfuerzos ajenos y ayudas de terceros, en un nivel incompatible con la vida académica y, desde luego, con la pública.
Y de que el propio Sánchez es consciente de ello da cuenta la estrategia que adoptó para huir del incendio: desmentir el plagio, que era visible, dando jerarquía institucional a través de La Moncloa de un supuesto que estudio que certificaba la idoneidad de su tesis.
Es decir, el presidente que llegó al puesto apelando a la regeneración, respondió a las revelaciones periodísticas documentadas utilizando las instituciones para darle la máxima jerarquía y autoridad a un supuesto test antiplagio que, como destapó ESdiario, La Moncloa nunca encargó ni posee.
Pedro Sánchez nunca llegó a enseñar el test antiplagio que La Moncloa publicitó a ciegas
En sí misma, esa mentira ya incontestable y reconocida oficialmente, es de una gravedad incompatible con el ejercicio del máximo poder ejecutivo de España, especialmente en el caso de un dirigente político que justificó su acceso a la presidencia apelando a la indecencia de su rival, Mariano Rajoy: si a éste se le relevó por un testimonio que a un juez le pareció poco creíble, ¿qué tendría que pasar con alguien que mintió o hizo mentir a La Moncloa utilizando sus canales institucionales para proyectar una falacia?
Tan grave o más que el propio plagio es la mentira que la rodea, agravada por una nueva revelación de este periódico que evidencia cómo, tras ser sorprendido manipulando a la opinión pública, la nueva huida hacia adelante ha consistido en intentar conferir categoría de "asunto privado" a un escándalo que no lo es ni por la categoría institucional del afectado ni por el empleo de las propias instituciones para taparlo.
La Moncloa mintió para tapar el plagio de la tesis Pedro Sánchez
Que La Moncloa difundiera una coartada y que ahora se sepa que ni siquiera llegó a conocer lo que sin embargo propagó a los cuatro vientos es un escándalo insoportable que en un país normal provocaría la misma reacción reprobatoria que hace meses, por bastante menos, recibió el predecesor de Sánchez.
Porque el presidente no puede sortear este episodio ni apelando a su privacidad ni, desde luego, a un supuesto estudio antiplagio que o bien no existe o no lo hizo La Moncloa ni se sabe quién lo encargó y por qué lo pudo utilizar Sánchez de tan espuria manera. ¿Existe de verdad ese estudio, presidente? ¿Quién lo encargó y pagó? ¿Por qué implicó a las instituciones en su difusión? Y sobre todo, señor Sánchez, ¿por qué no lo enseña? Son respuestas que urge ofrecer a la opinión pública, señor presidente.
Pedro Sánchez nunca llegó a enseñar el test antiplagio que La Moncloa publicitó
Antonio R. Naranjo esdiario 17 Diciembre 2018
(II PARTE) La propia Moncloa, que mintió difundiendo como propio un test antiplagio que ahora considera "privado", reconoce en otro documento que Sánchez nunca enseñó esa supuesta prueba.
Pedro Sánchez nunca llegó a entregar siquiera una copia del supuesto test antiplagio que La Moncloa, sin embargo, difundió por los canales institucionales del Gobierno el pasado 14 de septiembre para proteger al presidente del Gobierno.
Así lo atestigua un segundo documento rubricado por la Secretaría General de la Presidencia que reconoce que jamás tuvo en su poder ese presunto estudio que nadie conoce. Con el mismo, que obra en posesión de ESdiario, se completan las dudas que ya generó un primer documento en el que Moncloa reconocía que nunca encargó ni conoció ni posee el test antiplagio que sin embargo propagó a bombo y platillo como coartada, dando a entender que al menos conocía de su existencia.
En ese primer documento, se apelaba a la supuesta "privacidad" del test para justificar que no se hiciera público, pese a que su contenido se difundió a ciegas y sin conocerlo ni poder entregarlo a ningún solicitante. Ahora, se da un paso más, pues si en el anterior caso se sugería que el desconocimiento obedecía al imposible carácter privado del test, ahora se viene a confesar que nunca se llegó a tener en propiedad, siquiera temporal, el mismo.
"No hay otra información adicional a la ya solicitada", responde la Secretaría General de la Presidencia a una segunda petición de información que reclamaba conocer el procedimiento seguido por el presidente Sánchez para entregar el supuesto test antiplagio "privado" en La Moncloa para que éste se encargara de enviarlo a los medios de comunicación al objeto de frenar el tsunami informativo que arreciaba en esos momentos.
Moncloa mintió al difundir el test antiplagio de Sánchez como propio. Y ahora reconoce que jamás el presidente llegó a enseñar esa prueba
Es decir, Moncloa reconoció en un primer documento que no encargó ni tenía en propiedad el test antiplagio, revelando que fue un asunto personal del presidente; y en este segundo lo que viene a revelar es que jamás llegó a verlo, poniendo incluso en duda su existencia.
Tanto Sánchez como Moncloa se introducen así en un callejón de difícil salida, al encadenarse una larga lista de mentiras, inexactitudes y contradicciones que han derribado ya por completo la estrategia de defensa en plena Comisión de Investigación del plagio en el Senado.
DOCUMENTO. Una vez reconoció La Moncloa que había mentido al difundir como propio un test antiplagio que no había encargado, este nuevo documento rechaza dar más información sobre cómo lo entregó Sánchez, pero reconoce algo crucial: "No hay información adicional". Es decir, ni siquiera llegó a ver el informe, que el presidente no ha enseñado a nadie
Si las revelaciones de hace una semana en ESdiario permitieron conocer la sorprendente mentira que Moncloa lanzó a la opinión pública, presentando como propio un test antiplagio que no encargó, este segundo documento mete a Sánchez en un lío político de envergadura.
La respuesta con la que se pilla las manos La Moncloa, curiosamente, ha llegado al intentar no dar ninguna información, negando la posibilidad de conocer el mecanismo exacto que se siguió en la Presidencia antes de lanzar el test antiplagio: para no tener que darlo, la Secretaría General primero apeló a la "privacidad" del mismo y ahora reconoce que ni lo ha visto al afirmar que no existe información adicional sobre cómo y cuándo lo conoció.
Básicamente, porque tendrá que explicar en primer lugar por qué utilizó a La Moncloa como herramienta de comunicación de un documento que nadie externo ha visto y el propio Sánchez se niega a enseñar hasta ahora.
Elevan el plagio de la tesis de Sánchez a 44 documentos y varias manos ayudando
Y, a continuación, cómo hizo el presidente para conseguir en tiempo récord una costosa licencia de programas como Turnitin o Plagscan -entre 5.000 y 100.000 euros de coste- cuya instalación lleva por lo general varios días pero en su caso se hubiera tenido que lograr en unas horas.
El País sí hizo uno un día después
Las otras dos opciones, ninguna de las cuales aclararon nunca ni La Moncloa cuando salió en defensa de Sánchez ni el propio presidente cuando fue interpelado, son que un tercero sin identificar hiciera ese supuesto estudio antiplagio -El País publicó el día 15 de septiembre sus propias conclusiones- o que simplemente ni exista.
Por resumirlo, Moncloa mintió al vender como propia una prueba que demostraría la “inocencia” de Sánchez en la acusación de haber plagiado su tesis doctoral y, ahora, trasciende que no sólo no la hace pública por su carácter “privado”, sino que jamás el presidente llegó a mostrársela antes de ser difundidas por sus canales de información.
VOX se revuelve contra Ciudadanos
Agencias Libertad Digital 17 Diciembre 2018
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las pasadas elecciones autonómicas, Francisco Serrano, ha criticado, en un mensaje dirigido a Ciudadanos (Cs), que quepa "plantear alianzas con los exsocios corruptos y cómplices de quienes odian a España" antes que "con quienes la defienden sin fisuras".
En un comentario en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, el representante de Vox reflexiona al respecto al comentar otro tuit que se hace eco de "los insultos y casi las agresiones" soportadas por "compañeros" del partido en Barcelona "al querer montar una carpa informativa".
"Pero eso sí, a los agredidos e insultados es a quienes hay que imponer cordones sanitarios. Pero antes cabe plantear alianzas con los exsocios corruptos y cómplices de quienes odian a España que sentarse a dialogar con quienes la defienden sin fisuras, ¿verdad @CiudadanosCs?", escribe Francisco Serrano al comentar dicho tuit sobre lo ocurrido en Barcelona.
El parlamentario electo de Vox por Sevilla coincide con estas palabras con el cruce de declaraciones que esta semana se ha producido por parte de dirigentes de su partido y de Cs en relación a la conformación del próximo Gobierno andaluz, en el que el partido naranja mantiene una negociación abierta con el PP-A para alcanzar el Ejecutivo autonómico.
Así, el presidente de Cs, Albert Rivera, aseguraba el pasado jueves desde Bruselas que la formación naranja no va a "ir de la mano" de otra que recibe el apoyo de la líder del ultraderechista francés Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, en alusión a Vox, partido al que tachó de "populista", y cuyos votos son necesarios para que el candidato que puedan acordar PP-A y Cs acceda a la Presidencia de la Junta si no media en una sesión de investidura una abstención o un voto afirmativo del PSOE-A o Adelante Andalucía.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, replicó a Rivera acusándole de estar poniendo "en grave riesgo el cambio" y la "alternativa política" en Andalucía, así como de estar "insultando" a los cerca de 400.000 andaluces que votaron la candidatura de Vox en las recientes elecciones autonómicas.
Por su parte, el secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, subrayaba este sábado que la "línea roja" de Cs en Andalucía de cara a formar Gobierno en esta comunidad es un frente constitucionalista en Andalucía. "No contemplamos que entren en el gobierno partidos extremistas", aseveró.
El análisis: El «efecto Andalucía» se propaga
Vox canaliza una movilización histórica de la derecha que sumaría más de 12 millones de votos mientas la izquierda se tambalea: los votantes socialistas se quedan en casa y Podemos se desinfla
Lorente Ferrer. larazon 17 Diciembre 2018
El 2-D significó el triunfo de una estrategia que llevaría hoy mismo al centro-derecha español a conquistar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Denunciar la colaboración del Gobierno Central con los que quieren romper España ha permitido derribar las murallas del más importante bastión socialista, contando con la colaboración de parte de sus defensores; 400.000 votantes socialistas se han abstenido abriendo la puerta a Juanma Moreno, y por otra parte 350.000 votantes desde el centro a la derecha han reforzado con su voto a las tres candidaturas del centro-derecha.
En cinco meses estaremos en plena campaña electoral para las elecciones locales y europeas, y además autonómicas en trece de las diecisiete autonomías españolas. La fórmula exitosa en Andalucía es de aplicación en el resto del territorio nacional, por lo que es de prever que la mayoría de ayuntamientos y comunidades autónomas cambien su orientación política hacia el centro-derecha y que la mayoría de parlamentarios europeos también sean de estos colores.
En la encuesta de NC Report para LA RAZÓN se constata que estamos ante la mayor movilización del voto del centro-derecha de la historia de España, hoy sumarían 12.2 millones de votantes, el 51,1% del voto válido y podrían llegar a conseguir, entre los tres partidos, 181 escaños y la mayoría absoluta.
Las dos mayorías absolutas anteriores se cimentaron en 10,3 millones (Aznar, 2000) y 10,9 millones (Rajoy, 2011).
Una de las razones por las que el PP sigue siendo una de las dos principales fuerzas políticas nacionales, en la práctica empatado con el PSOE, y no se desploma a la tercera posición, es porque el electorado que le abandona desde 2016, no se ha incrementado de forma importante. De hecho en los últimos meses de crecimiento de Vox, una parte importante de los que se pasaban a Ciudadanos, ahora cambian su destino por Vox. Así mismo, parte de los que elegían la abstención ahora se van a Vox.
Hace un mes, el PP trasvasaba a Ciudadanos 1,336 millones de votantes, hoy rebaja la cantidad a 1,054 millones. En noviembre el PP enviaba a la abstención a 602.000 votantes, hoy se reduce a 527.000. Pero frente a estos recortes aumenta la transferencia de votos del 2016 a Vox; que han pasado en este mes de 351.000 a 971.000 votantes. Lo que representa en 46,7% del voto de Vox, que totaliza 2,079 millones de votos.
Por lo tanto la mayoría del voto que obtiene Vox no procede de los que votaron a Rajoy en 2016. El otro 53,3% le llega de los que se abstuvieron en las elecciones generales de 2016; 548.000 votos, otros 302.000 de los que votaron a Ciudadanos y 258.000 del resto de partidos. Es decir, que el 26,4% de los votantes de Vox procedían de la abstención de 2016.
Entre las elecciones generales de 2011 y las de 2016, el PP perdió 3 millones de votantes. Fue el precio que pagó por el desgaste que supuso gobernar el país con la mayor crisis económica y territorial que hemos sufrido. Los liberales marcharon al proyecto de Rivera, mientras que los más conservadores optaron por la abstención. Ahora estos votantes más a la derecha del electorado del PP comienzan a salir de la abstención «despertados» por Vox.
Esta reubicación entre los votantes del centro- derecha no hunde al PP, tampoco a Cs. Ambas formaciones ceden 3,6 puntos entre las dos en el últimos mes, porcentaje que es ampliamente compensado por el crecimiento en este periodo de 6,6 puntos de Vox, con lo que el centro-derecha pasa de contar con el 48,3% del voto válido en noviembre al 51,3% en diciembre. Al tiempo que el centro-izquierda baja del 43,5% al 42,0%.
Ciudadanos también aporta votos a Vox, de hecho le transfiere 302.000 votantes, es decir, el 9,6% del voto obtenido por los naranjas en 2016.
En el terreno del centro-izquierda se acrecienta la fuga de votos del PSOE hacia Cs y la abstención, prácticamente a partes iguales. En el último mes el total de estas deserciones ha pasado de 604.000 a 707.000 votantes socialistas. De representar el 10,9%, al ser el 12,8% del voto del PSOE de 2016.
En Unidos Podemos la transferencia de voto hacia el PSOE se reduce de nuevo por tercer mes consecutivo. Tras alcanzar su máximo en los meses de julio y septiembre con cerca de 900.000 votantes, ha ido descendiendo mensualmente hasta quedarse en 645.000 votantes en diciembre. Otra prueba de la decepción que finalmente ha supuesto entre el votante morado la actuación del Gobierno y un duro revés en las expectativas creadas entre el PSOE de ir recuperando voto socialista que captó Podemos en 2016.
España, de la mentira a la violencia
Pedro de Tena Libertad Digital 17 Diciembre 2018
Se reviven estos días los emocionantes momentos en los que Aleksandr Solzhenitsyn desvelaba la gran verdad del comunismo soviético. Como dice un proverbio ruso, "la gran verdad es mentira", y, como apuntala otro, "una palabra de verdad pesa más que todo el universo". Pues sí, a veces sí. La palabra de aquel preso político de un gulag habitó libremente en el mundo desde entonces –en España íbamos camino de una transición a la democracia–, y, a pesar de la desesperación de muchos comunistas que lo desprestigiaron y calumniaron, la verdad se abrió pasó. Se recuerda ahora mismo en Libertad Digital cómo fue aquella operación anti Solzhenitsyn urdida por ese mandarinato izquierdista que siempre ha dominado la intelectualidad española desde hace más de 40 años, incluso con Franco vivo.
Contrasta, y de qué modo, el amor a la verdad del ruso con la aceptación de mentira y el enturbiamiento de la verdad que sufrimos en España. Alicia Delibes ha señalado la importancia de vivir sin mentir en el ideario del escritor, o, al menos, de no ser cómplice de las mentiras. Pero para lograr ese fin hay que saber distinguir la verdad de la mentira, hay que preferir la veracidad a la falsedad y hay que tener la disposición de examinar la propia conciencia y decidirse por un comportamiento íntegro contra la mendacidad y el error. En España se vive hoy, no una decadencia de la mentira, sino una apoteosis del fraude, del embuste, de la patraña y de la paparrucha. Los políticos tienen una grave responsabilidad en lo ocurrido por sus continuas chapucerías y falacias. Pero los demás grupos que componen la sociedad española, desde los universitarios a los jueces, desde los sindicalistas a los banqueros, desde los artistas a los empresarios, se han acostumbrado a la mentira como manera útil de estar en la vida.
Tengo para mí los que menos mienten son los periodistas, un grupo de ellos al menos, los vocacionales, que no mercantiles, que hacen que la verdad salga a la luz. No siempre toda, no siempre exacta, pero verdad al fin. Por eso, la libertad de expresión molesta a los poderosos y quieren limitarla, cuando no anularla.
Desde la gran mentira urdida sobre el terrorismo –que es el acto dictatorial y arbitrario mediante el cual unos seres humanos asesinan a otros, despojándolos de toda libertad y oportunidad, y no una opción política o religiosa–, a las primeras simulaciones groseras de la democracia –OTAN de entrada no, pero luego que sí–, pasando por los sucesivos entramados de falserías y corrupción descubiertos que encubren mentiras despiadadas y disfraces del aniquilamiento del derecho, la mentira está instalada en España. Lamentablemente, quienes deben combatirla, arrinconarla e impedir que sea la argamasa de una ficticia convivencia no actúan. De hecho, la mentira es enemiga mortal de la democracia, pues el voto libre exige información veraz para ser emitido de manera consciente.
Pero en la sociedad española no hay clamor por la verdad, no hay exigencia de veracidad, no hay premio a la autenticidad ni respeto por la sinceridad. Es más, puede defenderse una cosa y la contraria sin coste alguno. Véase Pablo Iglesias y Venezuela. Incluso las confesiones religiosas, que afean el mentir, no ejercen con pulcritud su misión cuando atisban peligros para la supervivencia. Eso es, se trata de sobrevivir como sea, muy por encima de convivir con dignidad y respeto a los demás. Se dirá que en la libertad individual cabe la mentira. Cierto. Los humanos somos los únicos animales dotados para la mentira. Pero desde hace mucho se sabe que una convivencia libre debe excluirla, muy especialmente de la vida pública.
En España, el triunfo de la mentira es alarmante y es síntoma de violencia latente. Pero más inquietante aún es la ausencia de la sensibilidad moral e intelectual para detectarla, denunciarla y desmontarla. La opinión sin fundamento, la propaganda y las ideologías baratas están usurpando el lugar de la verdad y los hechos y contribuyendo al desastre de la democracia. No, no estamos tan lejos del gulag.
Decía el Nobel ruso: "La violencia no vive en soledad y no es capaz de vivir sola: necesita estar entremezclada con la mentira. Entre ambas existe el más íntimo y el más profundo de los vínculos naturales. La violencia halla su único resguardo en la mentira y el único soporte de la mentira es la violencia. Cualquier persona que ha hecho de la violencia su método, inexorablemente debe elegir la mentira como su principio. En sus inicios, la violencia actúa abiertamente y hasta con orgullo. Pero, ni bien se vuelve fuerte y firmemente establecida, siente la rarefacción del aire que la circunda y no puede seguir existiendo si no es en una neblina de mentiras revestidas de demagogia".
Y viceversa, diría yo. La generalización de la mentira conduce a la violencia.
Mientras financia a organizaciones terroristas islamistas de Siria y Libia
Islamización de la ONU: Qatar inyecta 500 millones y se convierte en "socio estructural"
www.latribunadelpaisvasco.com 17 Diciembre 2018
Qatar ha anunciado una serie de acuerdos con la ONU que suponen una inyección de 500 millones de dólares en diversos organismos del sistema en los próximos años, y que en palabras del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, convierten al país árabe en "socio estructural". Tras la firma de los acuerdos por parte de Guterres y el ministro de Asuntos Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Zani, el secretario general de la ONU ha afirmado que la aportación supone un "cambio cualitativo" en la relación de Qatar con Naciones Unidas.
El pequeño emirato de Qatar, uno de los países más ricos del mundo, ha sido acusado reiteradamente de financiar a grupos islamistas extremistas en Libia o Siria. En Libia, Qatar, que se jacta de tener "magníficas relaciones con Occidente", habría estado alimentando económicamente al movimiento yihadista Ansar al Sharia, mientras que en Siria habría hecho lo mismo con Ahrar al Sham, los Hombres Libres de Siria, en su momento una organización terrorista clave en la transformación de las revueltas contra el régimen del presidente Bashar al Assad en sublevaciones islamistas.
El islam político toma cuerpo en España
www.latribunadelpaisvasco.com 15 Diciembre 2018
PRUNE, el primer partido musulmán a escala nacional, se presentará a las alcaldías de Granada, Zaragoza, Murcia, Alicante y Gerona.
España cuenta ya con un partido musulmán implantado a escala nacional. Se trata del Partido Renacimiento y Unión de España (PRUNE) y pretende concurrir a las elecciones de 2019 en decenas de municipios con una importante presencia de musulmanes. Según informa AD, las posibilidades electorales de PRUNE son proporcionales al número de electores de confesión islámica que existen en nuestro país. Cuenta España con casi dos millones millones de musulmanes y es seguro que esta comunidad crecerá muy por encima de la media autóctona española.
PRUNE eligió la localidad catalana de Mollet del Vallès para presentarse en sociedad. Su presidente local es Mohamed Amine Balghouch el Gourari, que será, con toda probabilidad, el candidato a la Alcaldía. Se espera que esta nueva formación política presente candidaturas en capitales tan emblemáticas como Granada, Zaragoza, Murcia, Gerona y Alicante.
Se destaca que PRUNE constituye un salto cualitativo en lo que respecta a las modalidades de organización sociopolítica de los musulmanes en España y la primera piedra de la construcción del Islam político a nivel estatal, concretamente a través de partidos políticos islámicos, tal y como ya ocurre en la mayor parte de los países europeos. El PRUNE rechaza autoubicarse en el eje ideológico izquierda-derecha. No obstante, sus dirigentes han mostrado sus preferencias por entenderse con partidos de izquierda. Ismael Cuellar de la Torre, tesorero del partido, ha recalcado que lo que buscan es “una sociedad donde la riqueza de los principios islámicos sea la directriz”.
PRUNE fue fundado por el marroquí Mustafá Bakkach, que ya ha fallecido, y hasta ahora no se había presentado a ningunos comicios.
El mensaje difundido asegura que este partido PRUNE tendrá que “conseguir apoyos no sólo entre los musulmanes residentes en España, sino también entre el conjunto de los demás inmigrantes que se sientan desamparados. Se gestó en Granada, con una vocación claramente de ámbito nacional y no para afianzarse solamente en una localidad o región autónoma”, se afirma en su boletín interno “Ruta”.
La formación quedó inscrita en el registro del Ministerio del Interior el 23 de julio de 2016. La primera en la frente que quieren dar es en Asturias, cuna de la Reconquista. Y allí han abierto una sede para que no haya duda de cuáles son sus intenciones. La segunda sede es la de Granada. Luego serán en el resto de Andalucía y de allí irradiarán hacia las demás regiones donde exista una sólida comunidad musulmana.
En toda Europa no se ha constituido nunca un partido musulmán. De ahí la importancia de esta iniciativa política. De controlar algunos ayuntamientos, las costumbres podrían adquirir entonces el rango de normativa municipal. La preocupación se acrecienta ante la sospecha de que detrás del partido esté Marruecos, un país con intereses contrapuestos a los españoles.
Dialogar con quienes quieren dar un golpe
EDITORIAL El Mundo 17 Diciembre 2018
No hay más ciego que el no quiere ver, y Zapatero prefiere enmascarar la realidad de Cataluña, como demuestran afirmaciones como la de que los políticos acusados de rebelión -o fugados- "no son golpistas". La repercusión de la entrevista con el ex presidente que publicamos ayer ha tenido una extraordinaria repercusión, entre otras razones porque da la impresión de que su percepción del problema catalán está hoy tan distorsionada como cuando en 2003, como candidato a la Presidencia, prometió apoyar cualquier reforma del Estatut que aprobara el Parlament. De aquello se tuvo que desdecir no mucho después, aunque ya no evitó dar alas al independentismo. Si entonces demostró una gran irresponsabilidad, como el tiempo ha demostrado, preocupa que en la actualidad sus diagnósticos sean los que le sirven al presidente Sánchez para encarar el mayor desafío al que España se enfrenta desde la recuperación de la democracia. De ser así, mal vamos, desde luego.
La Justicia dictaminará si los políticos hoy en prisión provisional cometieron delitos y cuáles. Pero por lo pronto de lo que no hay duda alguna es de que en Cataluña se intentó subvertir el orden constitucional, acabar con el Estado de derecho y con la unidad nacional, y se llegó tan lejos como a la misma proclamación de la independencia catalana. Durante mucho tiempo se ha vivido, en plena efervescencia insurreccional, un proceso golpista continuado. Y de esos objetivos no han abjurado los actuales responsables políticos de la Generalitat, instalados en un perpetuo desacato y en el enfrentamiento puro y duro con los poderes del Estado. Zapatero exhorta a Sánchez a que siga con "el diálogo" y vemos cómo en esa línea el Gobierno lleva días mendigando una audiencia al presidente Torra el próximo viernes.
Lo peor a estas alturas es que se abracen análisis maniqueos y equidistantes entre quienes sólo tienen como hoja de ruta derribar el Estado y el conjunto de los demócratas. En ese sentido, el líder del PP, Pablo Casado, recriminó ayer a Sánchez que siga apostando por un diálogo con quienes buscan romper la ley. Sólo en el marco del ordenamiento constitucional, y cumpliendo las reglas de juego, se puede hablar de todo. Pero es el independentismo el que debe moverse en esa dirección, no al revés. Y las declaraciones del Govern no apuntan hacia ahí. Hoy mismo en nuestras páginas el vicepresidente Pere Aragonès insiste en que no se van a desviar "ni un solo milímetro" de sus planteamientos, a la vez que denuncia "represión judicial", salva la cara a los CDR y asegura que el diálogo político debe dirigirse al "reconocimiento de la autodeterminación", algo que no contempla nuestra Ley Fundamental. Así las cosas, ¿qué quieren Zapatero y Sánchez dialogar?
La coartada
Luis Herrero Libertad Digital 17 Diciembre 2018
Si la lógica y la política tuvieran algo que ver me apostaría el bigote a que Torra —veneno para la taquilla, lo sé— no se entrevistará con Sánchez el día 21. Y luego me apostaría el jamón de la cesta de Navidad a que Sánchez, cuando nadie le vea, dará botes de alegría por el desencuentro. A ninguno de los dos le conviene la escena del sofá. ¿Por qué deberían perjudicar sus respectivos intereses haciendo algo que ambos deploran? La respuesta no es lógica, es empírica: porque son políticos. O sea, raros. Perros verdes. Sus circuitos cerebrales son tan intrincados como el laberinto del Minotauro.
Los barras bravas de la bandera estelada quieren recibir al Gobierno de España con un multitudinario corte de mangas. Su apuesta por el lío incluye colapsos circulatorios, alzamiento de barricadas, concentraciones masivas, paralización de trenes y megafonía independentista. Y todo ello, naturalmente, con el adorno de un gran lazo amarillo. Si ese es el plan, alentado bajo cuerda desde las zahúrdas de la Generalitat, ¿cómo encaja que el autor intelectual del pitote se convierta en amable anfitrión del carcelero de sus héroes?
Por el otro lado, las huestes socialistas, visto el río de sangre que se ha abierto paso en la garganta de Despeñaperros tras las elecciones del día 2, tiemblan de pánico ante la posibilidad de que el fenómeno sanguinario se extienda por el resto de los sistemas montañosos donde aún ondea en pendón del PSOE. El galanteo de Sánchez con los separatistas catalanes ha desalojado a la izquierda de su fortaleza inexpugnable. Ya no hay feudos a salvo de la indignación popular por una política territorial —no escrito nacional porque no lo es— que la mayoría de los españoles deplora.
Según nos explica la encuesta de ABC de este domingo, casi ocho de cada diez ciudadanos desaprueba la política de Sánchez con Cataluña. Gad 3 no explica cuál es el porcentaje específico entre los ciudadanos que votan al PSOE, pero basta escuchar los mensajes de García Page o de Lambán para darse cuenta de que, en todo caso, es muy elevado. El runrún de cabreo creciente entre los cuadros socialistas empieza a convertirse en una sección fija de los diarios. Solo Rodríguez Zapatero es partidario del más de lo mismo. Una razón muy poderosa para hacer justo lo contrario.
Salvo que sea un marciano ciego y sordo —mudo no es, desde luego—, Sánchez sabe que seguir con el cortejo a los independentistas perjudica gravemente la salud electoral de su partido. La política de mano tendida, si la mano no sostiene lo que demandan el President y sus corifeos, es una incitación al mordisco. Si es un marciano, estamos perdidos. Y si no lo es y hace el canelo a sabiendas, también. Las elecciones de mayo apestan tanto a cadaverina que los diputados socialistas que apoyaron la investidura de Frankenstein ya empiezan a decir que lo hicieron engañados. Sálvese quien pueda.
Solo hay una razón que se me alcance por la que Torra pueda avenirse al encuentro personal con el presidente del Gobierno: que quiera desvincularse de los disturbios que el día 21, a lo peor, obligan al consejo de ministros a tomar decisiones drásticas para garantizar el respeto a la ley si Cataluña vuelve a convertirse en un pandemónium de autopistas cortadas y calles tomadas por los CDR. Hay quien interpreta los últimos gestos de cortesía de los políticos independentistas como una forma de evitarlo. Yo, humildemente, discrepo.
No creo que el lunático de Waterloo y sus títeres de Barcelona estén tratando de evitar que vuelva a aplicarse el 155. No tratan de desinflamar nada. Al contrario. Creo que mientras se disfrazan de bomberos están echándole al fuego toda la leña que pueden. Después de todo, un 155 que les convierta en víctimas y justifique su incapacidad para avanzar en el procés —si no les conduce la cárcel o les obliga a escapar— es lo mejor que podría sucederles. Poner cara de bueno entrevistándose con Sánchez mientras Cataluña arde es la coartada que Torra necesita para que el plan funcione.
Anatomía del antifascismo (también en Cataluña)
El autor analiza las características del movimiento antifascista, un aliado del separatismo, con el que comparte el objetivo de destruir las instituciones.
Jorge Vilches vozpopuli.es 17 Diciembre 2018
Un programa de TV investiga para descubrir quiénes votaron a un partido de “extrema derecha” en Marinaleda, violar su intimidad y sus derechos ciudadanos, y denunciarlos para escarnio público. Un dirigente político de la izquierda populista sale en pantalla tras una jornada electoral y hace una “alerta antifascista”. A continuación, grupos de jóvenes toman las calles para insultar, amenazar e intentar deslegitimar las urnas. Después, un diputado golpista llama “fascista” al líder de un partido constitucionalista, y las sedes de esa organización son atacadas.
Son tres elementos del movimiento antifascista: la identificación personal, el llamamiento a la unidad y a la acción, y la demostración de músculo.
¿Y qué es el antifascismo? La definición no es fácil, ni siquiera para Mark Bray, autor de Antifa. El manual antifascista (Capitán Swing, 2018), militante de Occupy Wall Street en Nueva York, y hagiógrafo del antifascismo. Este movimiento internacional se alimenta de ideas marxistas, anarquistas y antiautoritarias; una especie de unión de izquierdas revolucionarias, al modo frentepopulista. De hecho, han resucitado las consignas y la estética de comienzos del siglo XX, totalitaria y violenta, y se aprovechan de la acogida amable de la mayoría de medios y de la tolerancia de nuestras democracias.
Se creen continuadores de la “resistencia” al fascismo, y sienten la necesidad, real o impostada, de preservar su legado. De ahí la proliferación de banderas rojas y negras, las apelaciones históricas -siempre sesgadas y mitificadas-, o la recuperación de himnos como Bella Ciao, cantado por los partisanos comunistas en la Italia fascista, y presente en algo tan aparentemente inocuo como la serie televisiva La casa de papel.
La idea, dice Mark Bray, es crear un movimiento de defensa que evite el ascenso de la “extrema derecha” a través del activismo, ya sea con plataformas antidesahucios, con okupaciones, denuncias ecologistas, reivindicaciones feministas, fraternidad con los inmigrantes ilegales, o apoyo a los movimientos de “liberación nacional”.
Los grandes enemigos en su imaginario son el patriarcado, el racismo y la xenofobia, tras los cuales, sostienen los antifascistas, está el orden capitalista internacional. Por eso, ante la aparición de Vox en Andalucía salieron Pablo Iglesias y Alberto Garzón para convocar a feministas y antirracistas a una “alerta antifascista”.
La lucha contra el racismo debe servir, dicen, para mostrar que el enemigo de la “clase obrera” no es el inmigrante, sino el capitalismo. Del mismo modo, combatir el patriarcado es una forma de derribar lo que consideran pilares morales del orden burgués. No hay nada dejado al azar.
Al conjunto se le suman los “movimientos de liberación nacional”, no solo porque del caos, del derrumbe del Estado, puede surgir su paraíso, sino por lo que supone de rechazo a las instituciones “neoliberales” internacionales. De aquí los vínculos tan fuertes del antifascismo con el separatismo catalán y vasco. Esto no es nuevo. Ya se articuló en la década de 1960 fusionando las variantes leninistas con el nacionalismo, cuando la violencia, incluido el terrorismo, era vista como una manifestación política más. Los actos violentos en Cataluña en el último quinquenio, y especialmente en estos dos años, tienen esta naturaleza.
El objetivo, sin embargo, no solo es la defensa, sino la imposición de su verdad, por lo que mientras sus colaboradores institucionales regulan y subvencionan -como hacen Podemos y sus confluencias, o la Generalitat de Torra y la CUP con los CDR-, ellos ejercen la violencia. Se trata de dar visibilidad a un conflicto y generar una violencia preventiva y estructural.
Por eso, y Mark Bray lo cuenta bien en su libro, se dedican a identificar a las personas y a sus colaboradores, saber dónde viven y a qué se dedican, como pasa en Cataluña, donde Torra ha pasado a los CDR un registro de “fascistas” que se han significado contra el procés.
El objetivo es intimidar, estigmatizar, amenazar con el pogromo, y que la comunidad los repudie e incluso pierdan su trabajo. Esto lo hacen los colectivos antifascistas, pero es necesario que trascienda a las redes o a los medios, como ha hecho La Sexta buscando a los votantes de Vox en Marinaleda, un enclave podemita.
Los antifascistas, cuyo desarrollo en Estados Unidos y Europa es considerable, decidieron hace años la conveniencia de dejar “sin tribunas” al enemigo; esto es, a todo aquel que no comulga con su verdad. Por eso quieren abortar las conferencias -como la de Rosa Díez en la UCM al grito de “Fascistas, fuera de la Universidad”-, o boicotear reuniones o manifestaciones de otros, tal y como ha pasado en Barcelona, Tarrasa y Gerona estos últimos días. Igualmente han de impedir la formación de organizaciones. Esto explica que no fue espontánea la paliza al estudiante alavés que quería fundar una asociación por la unidad de España.
El libro de Mark Bray es claro en este aspecto: los antifascistas creen que la violencia es necesaria porque obliga a tomar partido y politiza. Por eso adoptan todas las variantes físicas violentas con técnicas estudiadas para enfrentarse a la Policía, quema de vehículos y mobiliario urbano, corte de carreteras, toma de plazas y edificios públicos, y el saqueo de comercios. Saben cómo es el protocolo policial, y actúan en consecuencia. Eso es lo que están preparando los CDR en Cataluña para el 21-D.
La pregunta llegados aquí es evidente: ¿Quién es fascista para esta gente? Hoy hablan de “nazis de corbata”, de esos que están instalados en las instituciones, sin organizaciones de masas, que perpetúan el patriarcado, el capitalismo (ahora neoliberal), la xenofobia y el racismo. El fascismo se manifiesta como “extrema derecha” en toda Europa, sostienen, y en Estados Unidos con Trump, al que demonizan. Fascista es todo aquel que pone en duda su verdad: la maldad del capitalismo, el feminismo antipatriarcal, la democracia asamblearia o la migración sin control.
Los antifascistas no creen en la democracia pluralista, liberal y parlamentaria como fundamento de la convivencia. Piensan que el Estado democrático de Derecho tiene menos legitimidad que una aspiración colectivista o nacionalista. Creen, siguiendo a Bray, que la única solución es la oposición frontal, “minar los pilares sobre los que se cimenta la sociedad”, y sobre las ruinas del viejo, construir un mundo nuevo. Solo para ellos, claro.
*** Jorge Vilches es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense.
El bluff catalán consigue que Sánchez se arrodille ante Torra
Sánchez se ha convertido en un maniquí fácilmente manejable por unos nacionalistas catalanes, que amagan y retroceden según su conveniencia.
Miguel Massanet diariosigloxxi 17 Diciembre 2018
El encargado por Sánchez de intentar contrarrestar a los partidos constitucionalistas, el PP y Ciudadanos, que se vienen mostrando como enemigos acérrimos a la política del señor Sánchez y del PSOE, de continuar negociando con los separatistas catalanes pese a que, el señor Torra ha declarado, a diestro y siniestro, que cualquier reunión con el Ejecutivo del gobierno de España tiene que ser “ de gobierno a gobierno”, como si Cataluña estuviera a la misma altura del Estado español cuando, en la realidad no es más que, una parte de la autonomía catalana que no alcanza el 50%, la que quiere la plena autonomía y el reconocimiento como nación, frente a la otra mitad que no comparte semejante proyecto y que se manifiesta contenta y a gusto perteneciendo, como una autonomía más, a la nación española. El señor Abalos, ministro de Fomento y encargado por Pedro Sánchez, juntamente con la señora portavoz del gobierno y ministra de Cultura, Isabel Celaá, un personaje retorcido, experta en demagogia que, a pesar de sus apariencia de monja ursulina tiene una carga preocupante de comunismo latente y un interés poco entendible de otorgarles a los soberanistas catalanes facultades inaceptables, para que puedan ser ellos los que directamente sean capaces de decidir la cantidad de tiempo que los alumnos catalanes deberán dedicar al idioma castellano, a pesar de que cualquiera que viva en esta autonomía del Este de España conoce perfectamente el hecho de que es imposible estudiar, ni parcialmente, ninguna asignatura en idioma castellano y que, el trato que los profesores y catedráticos de las escuelas públicas y universidades catalanas dan al idioma de Cervantes, no puede ser peor, más escaso y menos protegido en todos y cada uno de los centros educativos públicos de la región catalana.
Ha sido el propio Consejo Escolar del Estado quien ha tenido que salir al paso de semejante desafuero, confirmado que, en el proyecto de sistema educativo presentado por la propia ministra es preciso hacer cambios y, en consecuencia, pedir que la Administración del Estado “fije una porción mínima del uso de la lengua castellana en toda España, como lengua oficial que es”. Este máximo organismo consultivo del Gobierno en materia educativa, ha decidido advertir en el informe preceptivo que ha realizado sobre el proyecto de la Celaá, el mismo que tiene como finalidad sustituir a la Lomce, y por lo que respeta al contenido del apartado 60, dedicado a la enseñanza de la lengua española, añade este comentario: ”Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado, y se incumple el artículo 3 de la Constitución cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. En realidad, lo que resulta incomprensible, merecedor de sanciones de suma gravedad para los causantes de semejante incumplimiento constitucional y de expedientar a todos aquellos que, por negligencia en su deber de vigilancia, in observando, pertenecientes a las autoridades catalanas, especialmente de las responsables de la educación pública en toda Cataluña, por no haber cumplido con su obligación de velar por qué, en las escuelas y universidades públicas de toda Cataluña, se haya cumplido con la citada norma constitucional, obligatoria para toda España y los españoles.
Pero en Cataluña, debido a la mojigatería de los ejecutivos que han gobernado España los últimos años y a causa de compartir la misma doctrina que sigue manteniendo el señor Pedro Sánchez respecto a que no se debe de actuar, sino negociar, dialogar y consensuar; una doctrina en la que ya fracasó el anterior jefe del gobierno, en este caso del PP, el señor Mariano Rajoy, que erró creyéndose que dándoles tiempo a los catalanes para que sopesaran los inconvenientes de una separación de Cataluña de España, les harían reflexionar sobre la locura que implicaba, para la propia tierra catalana, abandonar la protección del gobierno de la nación española. Claro que lo que en Rajoy fue motivado por una falta de visión de la realidad que se escondía detrás de las continuas demandas de la Generalitat Catalana, en el del señor Pedro Sánchez no existe este mismo error de apreciación, sino que, aun admitiendo que las pretensiones catalanas siguen siendo las mismas de siempre: libertad de los presos, tratar de la independencia y del procedimiento para llegar a ellas, sin que les preocupe lo que le pudiera pasar al resto del Estado español ni, tan siquiera, las cantidades que pudieran perder en la puesta en marcha del plan secesionista que tienen planeado. Lo que de verdad pretende este peligroso sujeto, lo que oculta pronunciando frases vagas, repetidas, carentes de otra consistencia que la de la intención de adormecer a los españoles haciéndoles creer que no les va a ceder nada a los catalanes que “ no esté dentro de la legalidad” cuando lo que verdaderamente pretende es que, a través de pactos secretos, de concederles mayores facultades, de modificar el Estatuto Catalán para concederles mayores libertades de acción, otorgarles mayores transferencias ( como la Justicia) o, incluso, modificando la Constitución española para facilitar el cambio de las condiciones para que una autonomía española pudiera, en determinadas circunstancias, salirse de España y establecerse como una nación independiente sin las salvaguardas que la actual Constitución establece.
Sin embargo, es evidente que Sánchez se encuentra en un aprieto. No ha conseguido aprobar los presupuestos para el 2019, lo que le impide llevar a cabo los proyectos que tiene en mente para conseguir crear un ambiente que le sea propicio a su partido. En primer lugar observen ustedes la astucia de volcarse en sus apoyos económicos al Ejército ¡Ellos, los socialistas, siempre contrarios a los uniformes, los que en Barcelona siempre han apoyado que los militares no transiten con sus armas por dentro de las poblaciones, que los aviones de combate no sobrevuelen sus ciudades o que las naves de la armada no atraquen en sus puertos, por considerarlo una provocación en contra de los catalanes! ¿Pero por qué, cuando esta situación no se da en ninguna otra nación civilizada del mundo y, menos, dentro de la UE? Pues, porque han visto siempre, en el Ejército, una amenaza para los planes de un golpe de Estado contra la Constitución, como les ocurrió a los señores Tejero, Armada y Milán del Bosch cuando, en el 1981, quisieron llevar a cabo un golpe de Estado contra al gobierno de Suárez, un intento que, por cierto, fue desmontado por don Juan Carlos I y no por las fuerzas de izquierdas, ocupadas en hacer las maletas para huir lo más rápidamente posible de España. ¡Y es que son unos valientes! Ahora, con las mejoras que prometen a los militares, pretenden comprarlos para que, en caso de aumento de la tensión nacionalista, no tuvieran la tentación de cumplir con lo previsto en el Artº8 de la Carta Magna que los obliga a intervenir para mantener la unidad de la nación española.
Al respeto, nos extraña la gran oposición de los socialistas a que se aplique, de nuevo, el artículo 155 de la Constitución española, en unos momentos en los que se ve con suma claridad la necesidad de establecerlo de nuevo sobre la autonomía catalana, a la vista del comportamiento abiertamente revolucionario de sus políticos. Es evidente que, como ya se predijo desde hace meses, los contactos existente entre el actual gobierno socialista y los secesionistas catalanes siguen a pesar de que, externamente y a nivel de la información de los medios de comunicación (la mayoría de ellos adictos a las izquierdas) sigan dando la sensación de que entre ambos, el Gobierno español y la Generalitat catalana, la tirantez amenaza con acabar a golpes los unos con los otros. Vean ustedes lo que sucede: cuando hace unos días el señor Torra lanzaba una catilinaria contra Sánchez, amenazando con ejecutar el anunciado rompimiento con la nación española si, el Ejecutivo, no retiraba sus advertencias sobre sus anunciados propósitos de prescindir de cualquier normativa española que consideraran que les perjudicaría y de cualquier sentencia de los Tribunales que los pudiera afectar negativamente. Reclamando, insistentemente, la puesta en libertad de aquellos separatistas que siguen encerrado en Lladoneres; la iniciación de conversaciones para el referéndum acordado y la aceptación de sus resultados y no se comenzaban conversaciones para determinar las condiciones del Ejecutivo español para tramitar la separación de Cataluña de España. Ahora, cuando se acerca el día en el que va a tener lugar el Consejo de Ministros en Barcelona ya se han rebajado las exigencias y parece que se curan en salud, advirtiendo que los partidos políticos catalanistas ni la propia Generalitat, ya no tienen fuerza suficiente para controlar a todos aquellos a los que se los llamó a la acción directa, incluidos los CDR, y ahora no pueden entender cómo, a última hora, se pretende rebajar la tensión para que no pudieran darse situaciones que comportaran peligro o situaciones de secuestro para las autoridades nacionales que acudieran al anunciado Consejo de Ministros. Sin embargo ¿ qué pasaría si, a pesar de las llamadas de los presos, de las rectificaciones de Torra y de la bajada de pantalones de Sánchez, resultara que se presentan unos cuantos miles de exaltados dispuestos a crear conflictos y enfrentarse a las fuerzas de orden público ( los Mossos evidentemente no en su mejor momento de ánimo cuando hace dos días seguían reclamando de la Administración catalana una serie de mejoras que, a pesar de habérselas prometido hacía años, no se les habían dado) y, de ello, resulta que se producen bajas y heridos?
Pero ¿De qué tiene miedo el señor Sánchez? Cuando el PP, de acuerdo con socialistas y Ciudadanos decidió implantar un 155, evidentemente descafeinado, en Cataluña; pese a las amenazas de los separatistas, anunciadas con anterioridad a su aplicación, nadie movió un dedo, se tomaron las medidas que las autoridades de Madrid ordenaron y todo se desarrolló en la autonomía catalana con normalidad, pese a que una parte de las funciones correspondientes a la Administración catalana y a la Generalitat, fueron asumidas desde las Administración madrileña, incluido la dirección de los mossos de escuadra. A Sánchez le interesa, ante todo y con urgencia, solucionar el problema catalán, llegando a acuerdos, sea como sea, con los políticos catalanes porque, dentro de su plan, se cuenta con el apoyo de los nacionalistas para poder sostener su gobierno hasta finales del 2019, cuando se convocarían las legislativas del 2020. Entre tanto, no le importa ir dándoles carnaza a los soberanistas aunque ello signifique que el resto de autonomías españolas deban perder ayudas y, como planea la señora Celaá, cambiar la Ley de Educación para que puedan seguir con su inmersión lingüística, lo que les permitiría eliminar los restos de castellano que todavía subsisten.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, seguimos pensando que estamos ante una situación muy peligrosa, pese a la aparente normalidad de la ciudadanía. Sin embargo, no olvidemos los movimientos que tienen lugar en naciones amigas como es el caso de los chalecos amarillos franceses, los atentados en Bruselas, los movimientos de los pensionistas, el anuncio de la ministra de Trabajo de que se están revisando los acuerdos laborales que el PP, siguiendo las directrices de la UE, puso en marcha y que consiguieron, por encima de todo, que los sindicatos, estos sindicatos completamente atrasados respecto al resto de fuerzas sindicales de Europa, dejaran de manejar los convenios colectivos de las empresas que, en virtud de la nueva normativa, tenían preferencia sobre los sectoriales, lo que permitía que la negociación fuera entre los comités o sindicalistas de la propia empresa y los representantes de las dirección de la misma. Ahora vuelven a concederles a los sindicatos que los convenios sectoriales tengan preferencia a la hora de ser aplicados, sobre los de empresa. Un error doble: el prescindir de las recomendaciones de la UE, algo que ya veremos cómo se lo toman, y otro, que siempre ha sido más fácil y más interesante el convenio de empresa que puede contemplar particularidades que en los sectoriales es imposible tomar en cuenta.
El Gobierno y Torra entierran 2.890 archivos que delatan a mossos desleales a la Constitución
Carlos Cuesta okdiario 17 Diciembre 2018
No fue sólo el 1-O. El mecanismo de control de las distintas instancias de la Generalitat implantado durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno del PP, permitió acumular información de los mossos que han desarrollado comportamientos contrarios al sentido de la Constitución y favorables al separatismo golpista.
Hasta 3.240 archivos fueron realizados con pruebas o indicios que debían ser comprobados y controlados. Casi 350 de ellos alcanzaron de inmediato tal magnitud que forman ya parte de procesos judiciales o administrativos abiertos en la época de aplicación del 155. Pero el resto -nada menos que 2.890 archivos personalizados- han muerto de la noche al día. Y lo han hecho justo tras la recuperación del mando de los Mossos por la Generalitat de Quim Torra y ante los ojos del actual Gobierno de Pedro Sánchez.
Los 2.890 archivos no habían llegado a convertirse en expedientes, pero fuentes policiales han confirmado a OKDIARIO el número de agentes que se encontraban en fase de chequeo por sus comportamientos delatores de actuaciones partidistas y parciales a favor del golpe separatista.
Entre esos archivos se encontraban comportamientos de inacción frente a los CDR, omisiones del deber de identificar a los agresores en los disturbios y ataques callejeros, actuaciones parciales a favor de los lazos amarillos y contrarias a quienes los quitan o manifestaciones en redes en favor del golpe del 1-O.
Toda esa información debía ser tramitada y dar lugar a un proceso de confirmación de datos para poder proceder a judicializar los casos o tramitarlos como expedientes administrativos para dar paso a su correspondiente castigo o sanción. Pero eso ya no podrá realizarse porque se ha paralizado el control desde la finalización del 155 y la llegada de Torra. Y todo ello ha ocurrido ante la mirada del Gobierno de Sánchez.
Es más, al tratarse de datos que aún no habían pasado a convertirse en, al menos, expedientes administrativos abiertos oficialmente, su eliminación es simplemente cuestión de que sean olvidados o archivados en la papelera. Y ello supone que los comportamientos delatados ya no serán controlados.
La comprobación de los 2.890 archivos, de hecho, formaba parte de la segunda parte del control del Cuerpo de los Mossos: el mismo que dejó claro su incumplimiento generalizado del deber el día del referéndum ilegal del 1-O. De hecho, la primera fase de esa criba ya se había realizado: la que afectaba a los comportamientos más obscenos e ilegales.
Por eso 350 mossos han sido ya citados por la Justicia o las instancias administrativas para investigar su actuación y proceder, en caso de confirmarse, a su correspondiente sanción o expulsión del cuerpo.
El primer paso por parte de la Guardia Civil fue elaborar un listado con hasta 3.250 mossos identificados en actitudes contrarias al deber y las exigencias del Cuerpo. En algunas ocasiones, por haber actuado con evidente omisión de su deber de control de los delitos el día del referéndum ilegal, en otras, y según consta en las pruebas remitidas a la Justicia, directamente por haber impedido o intentado impedir a los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional la retirada de las urnas, por ejemplo.
El resultado de ello fue la elaboración de un listado de 350 agentes de la policía autonómica con comportamientos presuntamente ilegales o inadmisibles. Agentes, todos ellos, que están teniendo que dar explicaciones particulares al juez o superiores jerárquicos de la razón de su actuación. Pero partiendo de la base de que el cumplimiento de órdenes ilegales no exime de la pena.
La interventora del Govern mintió a Montoro, al juez y a la Guardia Civil para tapar los gastos del 1-O
M.A. Ruiz Coll okdiario 17 Diciembre 2018
La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, no sólo ha engañado al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que instruye la causa sobre los preparativos del referéndum del 1-O y la creación de “estructuras de Estado”.
También engañó durante meses al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para ocultar que el Govern presidido por Carles Puigdemont gastó más de 4 millones de euros públicos en la consulta ilegal de independencia. La interventora Rosa Vidal sólo dejó de mentir tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que sirvió para destituir a todo el Govern que se había puesto al margen de la Ley.
Tras intervenir las cuentas de la Generalitat para evitar que el gobierno de Puigdemont gastara ni un euro en el referéndum ilegal, el Ministerio de Hacienda envió seis requerimientos de información a la interventora Rosa Vidal, entre el 18 de julio y el 24 de octubre de 2017, ante la sospecha de que algunas partidas presupuestarias podían haberse destinado a este fin.
En los seis casos, la interventora Rosa Vidal –que actualmente está imputada por este motivo– mintió en sus respuestas. Hacienda pidió a la interventora el 18 de julio de 2017 que aclarara cual era la finalidad de la partida de 6,2 millones de euros que el Govern había reservado en sus presupuestos de ese año para “organización, gestión y seguimiento de procesos electorales”.
Mintió seis veces a Montoro
El propio vicepresidente Oriol Junqueras había anunciado en rueda de prensa que este dinero serviría para organizar el referéndum ilegal. Sin embargo, la interventora Rosa Vidal aseguró a Hacienda que se trataba de una partida destinada a la convocatoria de elecciones autonómicas al Parlament (que no estaban previstas en 2017).
De nuevo, el 27 de julio, Hacienda pidió a la interventora que aclarara la finalidad del concurso que la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, había convocado en mayo para comprar 12.000 urnas y material electoral, por importe de 897.000 euros. El concurso finalmente quedó declarado desierto. Toda la prensa independentista había anunciado que este material serviría para celebrar el referéndum ilegal, pero de nuevo la interventora engañó a Hacienda diciendo que era material para las elecciones autonómicas.
El Ministerio de Hacienda insistió el 8 de septiembre. Pidió a la interventora que aclarara cómo se había pagado el anuncio de promoción del referéndum ilegal que emitía TV3. La interventora contestó que no le constaba ninguna orden de pago, y que se trataba en realidad de una campaña institucional “para potenciar el civismo, promover los valores de la democracia, el valor social, la cultura de la paz y la solidaridad“.
Como ha informado OKDIARIO, el director de TV3, Vicent Sanchis, ha intentado, hasta ahora sin éxito, cobrar a la Generalitat dos facturas que suman 277.800 euros por la emisión de este anuncio que animaba a los catalanes a votar en el referéndum.
La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, siguió mintiendo una y otra vez al Ministerio de Hacienda. El departamento que dirigía Cristóbal Montoro se dirigió de nuevo a ella el 27 de septiembre para reclamarle el expediente de otra campaña de publicidad institucional que el Govern había convocado por importe de 3,4 millones de euros.
Esta vez, Hacienda optó por remitir a la Fiscalía toda la documentación, al constatar que la campaña publicitaria tenía por objeto promocionar el referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.
De hecho, una de las empresas a las que el Govern había pedido que presentara una oferta desistió con el siguiente mensaje: “Teniendo en cuenta la creatividad de la campaña de la que hemos tenido conocimiento, y siguiendo directrices legales de la asesoría jurídica de nuestra compañía, les informamos que no podemos cursar la campaña Civismo a causa de los riesgos para nuestra reputación y, eventualmente, legales en los que podríamos incurrir”.
El Ministerio de Hacienda se dirigió una vez más el 29 de septiembre a la interventora de la Generalitat, para reclamarle la documentación de todos los gastos que había comprometido el Diplocat en concepto de “misiones de observadores electorales“. Rosa Vidal le contestó que el Consorcio de Diplomacia Exterior no tenía previsto gastar ni un sólo euro en dicho concepto. La Guardia Civil ha acreditado ahora que el Diplocat, que en aquel momento dependía del conseller Raül Romeva (hoy en prisión) gastó 305.000 euros públicos para comprar tres grupos de observadores internacionales”, con el fin de que avalaran el resultado del referéndum ilegal.
La interventora de la Generalitat Rosa Vidal, mintió por sexta vez al Ministerio de Hacienda el 13 de noviembre de 2017, ya con el artículo 155 de la Constitución en vigor. Hacienda le había pedido que aclarara a qué gasto correspondían las facturas que la empresa postal Unipost (dirigida por el independentista Pablo Raventós) reclamaba a varias Consellerias por importe de 979.661 euros.
No era ningún secreto: dos meses antes, la Guardia Civil había intervenido en la sede de Unipost 45.000 tarjetas censales que la Generalitat pretendía hacer llegar a los miembros de las mesas del referéndum ilegal. Y pese a ello, la interventora volvió a mentir y aseguró a Hacienda que este gasto de 979.661 euros correspondía a servicios postales ordinarios de la Generalitat que nada tenían que ver con el 1-O.
Pese a todas estas mentiras, el Gobierno de Rajoy no consideró conveniente destituir a Rosa Vidal como interventora general de la Generalitat mediante la aplicación del 155. A lo largo del año 2018, el Ministerio de Hacienda remitió a Vidal otros ocho requerimientos de información y, esta vez, contestó puntualmente a todos sin evasivas.
Rosa Vidal se encuentra imputada ahora ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por estos hechos y por haber intentado engañar, también, al juez instructor y a la Guardia Civil.
Las percepciones y Andalucía
Daniel García-Pita Pemán ABC 17 Diciembre 2018
La sociedad española está convirtiendo la vida política en una experiencia virtual, en un conjunto de percepciones superficiales y al mismo tiempo distorsionadas de la realidad. Según proclaman los más sesudos politólogos, las percepciones que tiene la ciudadanía de lo que sucede, corresponda o no a la verdad, es lo único que importa. Muchos ciudadanos huyen del esfuerzo que suponen la reflexión y el análisis riguroso de los hechos y, sin más cavilación, hacen suyas las conclusiones y los juicios que, como dogma de fe, se proclaman por los «opinión makers» en las redes sociales y en las tertulias políticas, supuestamente serias, de radio y televisión. Allí la realidad es triturada, mixtificada, adulterada, empaquetada, envuelta y etiquetada de forma atractiva para inmediato consumo popular. De esta forma los ciudadanos obtienen en muchas ocasiones una percepción deformada de la realidad, dramáticamente deformada a veces, a través de los cristales amarillos que les facilitan esos mecanismos formadores de opinión. Dicha percepción es decisiva en su toma de decisiones.
Hoy en día, una columna periodística seria, informada y rigurosa en el análisis -este periódico es diariamente coleccionista de ellas- raro es que sea tema de comentario en las redes sociales. No interesa. No se ajusta al contenido fácil de digerir que hay que ofrecer a los «followers». Por el contrario, el más absurdo de los rumores, el más ridículo de los juicios, esparcido «viralmente» por las redes sociales se convierte inmediatamente en verdad revelada, en argumento incontestable.
La manipulación de las masas por el lenguaje no es algo novedoso. Decía el gran Tayllerand que la palabra es un don que se nos ha dado para poder disimular la verdad. Jonathan Swift alabó el engaño en su «Arte de la mentira política». La demagogia es venerablemente antigua. Pero el arte de la convicción, o engaño, por la palabra siempre había requerido capacitación para el oficio. Bien el lenguaje rotundo de un predicador apasionado; el razonamiento cautivador de un buen sofista, que oscurece la verdad ante una masa de enfervorizados seguidores, como un mago hace desaparecer un objeto ante el público entregado; o un caudillo dotado de una retórica tan brillante que consigue exaltar las emociones de los oyentes para arrastrarlos a un destino incierto y arriesgado sin darles la oportunidad de enjuiciar serenamente los peligros de su decisión: Lenin sobre un vagón de tren en la estación de Finlandia, con aspecto de burgués austero, trajeado y encorbatado, con la gorra en una mano y con la otra señalando, sin posibilidad de error, el camino de la redención de los proletarios del mundo; Napoleón mostrando la fama y la gloria al alcance de sus soldados, con el majestuoso trasfondo de las pirámides; Hernán Cortes impulsando a un puñado de españoles a la conquista de un nuevo imperio lleno de riquezas (aunque, previsoramente, como es sabido, por si la arenga no producía los efectos deseados, eliminó la posibilidad de cualquier plan «B» quemando las naves).
Con elegante cinismo confiesa Lope de Vega en su discurso en la Academia de Madrid sobre «El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo» que, aunque conoce bien los principios y reglas clásicas del teatro, se ve abocado a ignorarlas para poder complacer al público. Reconoce que, para que «no le den voces», saca a Terencio y a Plauto de su estudio y escribe sus comedias:
…por el arte nuevo que inventaron,
los que el vulgar aplauso pretendieron,
porque como las paga el vulgo, es justo,
hablarle en necio para darle gusto
Se ve que los «influencers» que operan en las redes sociales y en las tertulias políticas, han estudiado a fondo los pensamientos del Fénix de los Ingenios y los aplican concienzudamente en perjuicio de la capacidad de discernimiento de los ciudadanos. En los nuevos mecanismos de formación de opinión, se ha ido reduciendo progresivamente la calidad del lenguaje y la fuerza del razonamiento hasta convertirlos en una proclamación de sofismas vulgares y de medias verdades, cuando no de plenas falsedades. A partir de ellas se cristalizan todo tipo de falacias y de distorsiones de la verdad que, repetidas una y otra vez en twitter, en facebook o en chats de wapp, facilitan la percepción deformada que los seguidores adictos a las redes adquieren de las personas y los asuntos públicos.
El CIS había venido constatando los últimos meses que Andalucía se mantendría fiel a la izquierda, de acuerdo con la percepción casi unánime de redes sociales y de las más destacadas tertulias. Con aplicación de sus novedosas tecnologías, el CIS transformó la percepción en un pronóstico de votación muy favorable para PSOE y Podemos, malo para PP y Ciudadanos y triturador para Vox.
Pero los nuevos mecanismos de formación de opinión no han sido en Andalucía una caverna platónica: los andaluces no estaban encadenados de espaldas a la salida de la cueva, sin otra posibilidad que ver las sombras deformes de lo que en verdad sucede en el exterior; han mirado al exterior de la caverna para ver la realidad y no sus sombras. Y han descubierto que PP no es sinónimo de corrupción, la hubo bajo todos los gobiernos, y a los culpables se les castiga; que la gestión de los intereses públicos ha sido más eficaz con los gobiernos de derecha que con los de izquierda; que no es legítimo convertir a la derecha en abstracción absoluta del mal para así justificar un gobierno de izquierda con apoyo de Bildu y separatistas; que no es fascista pretender corregir el adoctrinamiento educativo antiespañol de algunas autonomías y otras disfuncionalidades del sistema autonómico; que el principal problema de los españoles no es la opresión que sufren «todos y todas» por un lenguaje machista del que la izquierda progresista nos liberará; que el drama de la emigración descontrolada no se arregla llamándola migración, haciéndola motivo de lucimiento en televisión un día y naufragio y muerte el siguiente, etcétera.
Es una buena noticia que esas hayan sido las percepciones de una mayoría de votantes andaluces.
Daniel García-Pita Pemán es abogado y miembro correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia
Pánico en el PSOE
Isabel San Sebastián ABC 17 Diciembre 2018
Acreditada la indignidad en la que ha caído el PSOE arrastrado por Pedro Sánchez, cunde en sus filas el pánico a que sobrevenga también la derrota. Pero no una derrota al uso, sino un hundimiento en toda regla; un descalabro municipal y autonómico de proporciones históricas, que deje a millares de cargos electos en el paro y amenace la supervivencia del partido.
No es casualidad que sea José Luis Rodríguez Zapatero quien anime en solitario a su discípulo a perseverar en la vía suicida del diálogo con golpistas y separatistas. Él fue el primero en recorrer, orgulloso, esa senda de autodestrucción que ha conducido al socialismo al pozo en el que se encuentra ahora, perdido incluso el feudo andaluz que parecía inexpugnable a la alternancia. Él eliminó en la práctica la E de «español» de las siglas, para transformar una gran organización política nacional en diecisiete pequeñas taifas ávidas por suscribir pactos con cualquier agrupación local, incluídas las que rechazan abiertamente la Constitución, con tal de ocupar temporalmente el poder territorial a costa de renunciar a los principios. Él proclamó que la Nación era «un concepto discutido y discutible». Sánchez no ha hecho más que seguir sus pasos y elevar el tiro, aupándose hasta La Moncloa con la ayuda de unos socios a quienes se le enseñó a no hacer ascos, por repugnantes que fueran en términos democráticos. Sánchez ha resultado ser un alumno aventajado y, como no podía ser de otro modo, el maestro le impulsa a continuar, hasta el batacazo final. Al fin y al cabo, uno y otro tienen ya asegurada una jubilación dorada en el Consejo de Estado a cargo del contribuyente. ¿Qué más les da lo que pase?
Zapatero cuenta nubes, entre traición y traición a la oposición venezolana, mientras Sánchez disfruta del falcon, el coche oficial y el helicóptero. Si para ello hay que bailar el agua a quienes sacuden el árbol catalán recurriendo a la violencia urbana y a quienes recogen las nueces de esas algaradas desde el Palau de la Generalitat, se les baila. Y el que venga detrás, que arree. En eso consiste la filosofía presidencial. Claro que quienes vienen, o más bien ven venir el castigo electoral, perciben las cosas de otro modo. Presidentes autonómicos, alcaldes, concejales y demás prebostes atónitos ante el afeitado de la todopoderosa Susana Díaz ponen sus barbas a remojar, a la vez que tratan de eludir el golpe desviándolo hacia el que consideran culpable de sus desgracias; es decir, Pedro Sánchez. A medida que crece la expectativa de voto de la derecha, como reacción lógica a los abusos y ofensas del independentismo, sumados a la parálisis cómplice de la izquierda, sube el nerviosismo de los primeros en la línea de fuego, que son los candidatos a las municipales y autonómicas. Saben que alguien ha de cargar con el enfado de la ciudadanía y que, a falta de otro mejor, ellos serán los perfectos chivos expiatorios. De ahí que empiecen a surgir voces entre los del puño y la rosa pidiendo un adelanto de las generales. «Pase de nosotros este cáliz», claman. «Apúrelo el que lo mezcló, en las urnas nacionales» Si a Pedro Sánchez le importara su partido, si pensara en el bien del PSOE o el de España, escucharía esos ruegos y convocaría. Dado que a Sánchez solo le interesa Sánchez, lo más probable es que los desoiga, salvo que sea su propia gente la que le doble el brazo, movida por el terror a recibir la patada. Lo que mal empieza, peor acaba.
Sánchez no está muerto
José García Domínguez Libertad Digital 17 Diciembre 2018
Un día de hace ya muchos, demasiados años, de repente, el Estado español desapareció de la vista en Cataluña y ya nunca nadie más lo volvió a ver por aquí hasta las vísperas mismas del 1 de Octubre. Yo recuerdo muy bien aquel día. Lo recuerdo tan bien porque, casualidades de la vida, en la que iba a ser su última aparición pública en Cataluña me crucé con él, con el Estado, en una calle de Barcelona. Corrían los tiempos ya agónicos de la difunta UCD y la entonces ministra de Cultura, Soledad Becerril, decidió incurrir en la afrenta de recorrer Barcelona de un lado para otro con un nutrido séquito de coches oficiales, sirenas en ristre, recién llegados todos de Madrit. Como si estuviera en su casa, vaya. El consiguiente escándalo de las fuerzas vivas de la plaza, con los hipoglucémicos editorialistas de La Vanguardia a la cabeza, duraría varias semanas. Hasta que Pujol prometió solemne ante las cámaras de TV3 que algo así nunca más volvería a ocurrir. Y, en efecto, no ocurrió. Desde entonces, el Estado, e igual bajo los Gobiernos del PSOE que en tiempos del PP, en las muy esporádicas ocasiones en que haría presencia en la demarcación se conduciría siempre con arreglo al más estricto respeto a las normas de la clandestinidad.
Nada, pues, de séquitos ostentóreos ni tampoco la menor imagen o escenografía formal que recordase, siquiera lejanamente, que el titular de la soberanía sobre el territorio de las cuatro provincias era un poder ajeno al que tenía su sede en la Plaza de San Jaime. Al punto de que incluso las dotaciones de furgonetas de la Policía Nacional llamadas a hacer guardia en la famosa comisaría de la Vía Layetana se han estado ocultando durante lustros en un angosto callejón de la parte posterior del edificio. Y todo para que los viandantes no las vieran al pasar. En Cataluña, y desde hace más de tres décadas, el Estado es tan invisible como la legendaria mano de Adam Smith. Y entonces se nos aparece Sánchez con mil maderos como para rememorar al cardenal Cisneros cuando dijo aquello tan bonito desde el balcón de sus aposentos: "Señores, estos son mis poderes". Todos los catalanistas –bueno, menos Manuel Valls– andan estos días de los nervios y subiéndose por las paredes como monos. Lo del Consejo de Ministros en casa nostra se les antoja una provocación en toda regla. Y, por una vez, no se equivocan.
Porque, efectivamente, es una provocación. Y sí, en toda regla. En la derecha, a Sánchez se le desprecia demasiado. Y quizá no habría que despreciarlo tanto porque el presidente, aunque a veces lo recuerde, no es Zapatero. Entre otras cosas porque, a diferencia de aquel errático desastre provinciano, Sánchez tiene reflejos. Lo acaba de demostrar tras lo de Andalucía. El gesto audaz de plantarse en Barcelona con una bandera de España y un tintero para firmar decretos es, sobre todo, eso: audaz. Audaz y propagandísticamente brillante. De ahí que nadie antes se hubiese atrevido a hacerlo. Por lo demás obvia, la intención de ese movimiento es doble. Por un lado, desarbolar el discurso de la derecha que trata de identificarlo con poco más que un tonto útil de los separatistas; por otro, ahondar la discordia interna entre esos mismos separatistas, forzando la confrontación abierta de Esquerra con la facción iluminada y maximalista del PDeCAT que se mantiene fiel a Puigdemont. Y es harto probable que lo consiga. Lo dicho: cuidado con Sánchez.
Magistrados europeos condenan el acoso a jueces en Cataluña
Uno de los magistrados que ha sufrido el acoso de grupos independentistas ha sido el instructor del procés, Pablo Llarena
Redacción Crónica Global 17 Diciembre 2018
El presidente de la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ), Kees Sterk, ha mostrado hoy su apoyo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "en su llamamiento a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de todos los jueces, tribunales y funcionarios en las sedes judiciales".
Un apoyo que ha recibido por carta el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, después de haber reclamado al ministro del Interior y al consejero de Interior de la Generalitat un plan integral de protección para los jueces que trabajan en Cataluña. También para las sedes judiciales del territorio ante los ataques sufridos.
Acoso a Llarena
Uno de los magistrados que ha sufrido el acoso de grupos independentistas ha sido el instructor del procés, Pablo Llarena. De hecho, los miembros de Arran, los cachorros de la CUP, localizaron la casa que el magistrado tiene Girona y pintaron delante de ella "Llarena fascista", al tiempo que le invitaban a marcharse del pueblo.El pasado julio, mientras cenaba en Mont-ras, fue identificado por un grupo de individuos que decidió seguirlo con gritos como "hijo de puta" mientras golpeaban su coche y le decían "adiós, majo, bienvenido al Empordà".
Llarena no es el único que sufre el acoso del independentismo más radical. Así, hasta diciembre de este año, casi medio centenar de jueces se han trasladado fuera de Cataluña este año. Una cifra que supone casi el doble que en 2017, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Agresiones a jueces
En su carta Sterk apunta que el comité ejecutivo este organismo, que agrupa a una veintena de consejos del poder judicial e instituciones similares, ha tenido conocimiento "con gran pesar" de las "continuas" agresiones a jueces y sedes judiciales en España. “La principal responsabilidad de los Consejos de Justicia es apoyar al Poder Judicial y a sus jueces en su tarea de impartir Justicia de forma independiente”, recuerda este miembro del Consejo del Poder Judicial Holandés.
Esta red fue creada en 2004 y forman parte de ella los consejos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Italia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria, Letonia, Lituania, Croacia, Hungría, Malta y Polonia.

References: artículo 3
e contrario
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155