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Timestamp: 2020-05-28 22:04:51+00:00

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¿Es el Estado de Alarma un Estado de Excepcion encubierto? - KW77 COMUNICACIÓN
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¿Es el Estado de Alarma un Estado de Excepcion encubierto?
KW77 22:14 BUFETE DEL LETRADO,
¿Es el Estado de Alarma un Estado de Excepción encubierto?
Te lo contamos en un video.
(Edición de video Manuel Calero)
En estos días de confinamiento obligado como consecuencia de la declaración del “estado de alarma” son muchas las persona que se preguntan si esa situación real en la que nos encontramos de confinamiento total, sin posibilidad siquiera de salir a la calle, pues hay quien se pregunta si esto vulnera la constitución y nuestro derecho fundamental a la libre circulación y residencia que garantiza el artículo 19 de la CE. Y nos surge la duda de si en el estado de alarma se nos puede someter al confinamiento a que estamos sometidos ya casi un mes, y lo que queda.
Es decir, de lo que se trata, es de averiguar si nos encontramos ante un estado de excepción encubierto suspendiendo esos derechos fundamentales, que, desde mi punto de vista y desde la ley, solamente se pueden suspender mediante la declaración del estado de excepción, que requiere de otras garantías y otro control por el Parlamento. Así, el artículo 19 de la CE, establece:
“Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.” Ante esto cabe decir que ningún derecho es absoluto, y la CE prevé casos o situaciones extraordinarias en las que esos derechos fundamentales haya que restringirlos o, incluso, suspenderlos, pero con unas garantías. Así, el artículo 116 de la CE establece:
“ Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio , y las competencias y limitaciones correspondientes.
E l estado de alarma será declarad o por el Gobierno o mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados , reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo . El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del es tado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.” Dicho esto, vemos que para regular esos estados de alarma, excepción y de sitio debe hacerse mediante Ley Orgánica, y esa Ley O. no es otra que la nº 4/1981, de 1 de junio, que en su Artículo 11establece:
“ Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. “
Esto es, la Ley Orgánica que regula el estado de alarma, en su artículo 11, establece que en dicho estado solamente se podrá limitar esos derechos, pero no suspenderlos. ¿Qué hace el Gobierno? Pues el Gobierno dicta un Real Decreto, el 463/2020, de 14 de marzo, Este R. D. ha sido prorrogado por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, y en su artículo 7, fija el el contenido y condiciones de ejercicio de esos derechos fundamentales de libertad de circulación de las personas y de residencia recogidos en el artículo 19 de la CE. Y dice así: “Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas .
a) Adquisición de alimentos , productos farmacéuticos y de primera necesidad.
g ) P o r causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio .
3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. 4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.” Así, la cuestión fundamental es si ese R. D. 463/2020, simplemente limita o restringe, cuyo artículo 7 titulado “ Limitación de la libertad de circulación de las
personas ” , pero en su redactado impone unas condiciones de confinamiento durísimas. Porque si de hecho, supone una suspensión de esos derechos, el estado de alarma es un fraude de ley, una desviación de poder, y un estado de excepción encubierto y, por tanto, lo que el artículo 7 del R. D señala como limitaciones no son tales, sino suspensiones de derechos que vulneran la Constitución, al estar prohibido, (a contrario sensu), por el artículo 55.1, de la CE, que establece así:
“ Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19 , 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o d e sitio e n los términos previstos en la Constitución . Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.” Por tanto, para suspender los derechos del artículo 19 de la CE, únicamente puede procederse mediante la declaración del estado de excepción o de sitio, nunca mediante el estado de alarma.
¿Y qué dice el TC? la STC nº 83/2016 que se dictó como consecuencia de la huelga de controladores aéreos de 2010, en su FJ 8º último párrafo dice así:
“ A diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio . En este sentido, se prevé, entre otras, como medidas que pueden ser adoptadas, la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos ; …” Esto no nos dice mucho, ya lo sabíamos porque lo recoge el artículo 55.1 de la CE, pero lo esencial, como ya he dicho, es diferenciar entre suspensión y limitación del derecho. Para distinguir entre limitación y suspensión del derecho a la libertad, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sobre la detención en el contexto del artículo 5.1.f del Convenio Europeo de Derechos Humanos en algunos casos se ha pronunciado sobre “la diferencia entre una privación y una restricción a la libertad y ha dicho que es meramente de grado o intensidad
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de junio de 1996 Caso Amur contra Francia, Proceso nº 19776/92 El Tribunal examinó si la retención de extranjeros en la zona de tránsito del aeropuerto de Orly-París podría considerarse como una privación de libertad.
Señaló que “la situación concreta [del individuo] debe constituir el punto de partida y debe tomarse en consideración una amplia gama de criteriosa tales como el tipo de la duración a los efectos y la forma de implementar la medida en cuestión.
La diferencia entre una privación y una restricción de la libertad es tan sólo una cuestión de grado o intensidad y no una de naturaleza o sustancian” (párr. 42)
Y añade, en el siguiente párrafo: “Tal retención no debe prolongarse excesivamente pues la misma corre el riesgo de pasar de una restricción de la libertad –inevitable con miras a la organización de detalles prácticos de la repatriación de un extranjero o a cuando éste ya ha planteado la solicitud de asilo mientras su petición sobre el permiso para ingresar al territorio con ese propósito es considerada- a una privación de la libertad” (párr. 43).
En otro caso, Guzzardi contra Italia, el Tribunal Europeo en Sentencia de 6 de noviembre de 1980, demanda nº 7367/1976, en el que se trataba de una persona obligada a estar en una isla obligatoriamente, señaló que: “para determinar si una persona ha sido “privada de su libertad” en el sentido del artículo 5, el punto de partida debe ser la situación concreta, y se debe prestar atención a una serie de criterios tales como el tipo , la duración , los efectos y la manera de implementación de la medida en cuestión ” (párr. 92)
Aquí el TEDH hace la distinción entre el concepto de simple limitación y el de suspensión, en función del grado de confinamiento o la intensidad del mismo. Para averiguar qué grado de intensidad debe darse para saber si se suspende el derecho a la libertad de circulación de las personas o simplemente se limita ese derecho, el Artículo 53 CE 1. “ Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, q u e e n t o d o c a s o d e b e r á respetar su contenido esencial , p o d r á regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).” Sobre el contenido esencial de derechos fundamentales el TC, aplica el principio por el que no se justifica cualquier limitación del derecho que introduzca el legislador que lo desconozca o desnaturalice (es decir que lo vacíe de contenido).
Y sobre ello, la STC 11/1981, de 8 de abril, dictada como consecuencia del Recurso de inconstitucionalidad de algunos preceptos del R. D. Ley 17/1977, regulador del derecho de huelga y conflictos colectivos de trabajo, pues bien, señala el TC que para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de contenido esencial, que en el art. 53 CE se refiere a la totalidad de los derechos fundamentales, cabe seguir dos pasos:
1.- Según la naturaleza jurídica de cada derecho. Esto es, las facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como tal. Ese derecho y no otro, porque de convertirse en otro se desnaturalizaría.
2.- tratar de buscar los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos.
Según este criterio se vulneraría el contenido esencial de un derecho cuando queda sometido a limitaciones excesivas que lo hacen impracticable. (Por ejemplo: Una persona que está cumpliendo condena privado de libertad, no deja de estar privado de libertad porque vaya a dormir un día a su casa)
Nos preguntamos: - ¿Se ha desnaturalizado nuestro derecho a la libertad de circulación confinándonos 24 horas durante semanas, excepto unos espacios de tiempo escaso para efectuar esas urgencias? - ¿Se ha vulnerado el contenido esencial de nuestro derecho a la libertad de circulación sometiéndolo a una intensidad en la limitación del tal grado que lo hacen impracticable, esto es, se suspende?
Si subsumimos nuestra situación actual de confinamiento que nos han impuesto en esa doctrinal de los tribunales, vemos que, al final, nos hacen impracticable nuestro derecho a circular libremente por el territorio nacional o a desplazarnos a una segunda residencia o a la montaña donde no hay nadie, para aislarnos de la ciudad, por lo que no tenemos más remedio que concluir, que nos hacen impracticables esos derechos. A mi no me cabe ninguna duda. Por tanto, recapitulando, sabemos: - Que los españoles tenemos unos derechos fundamentales (reconocidos en el art. 19 de la CE), y que nos permiten la libre residencia y la libre circulación por todo el territorio nacional. - Que esos derechos, al ser fundamentales, su desarrollo está reservado a aprobación mediante una Ley Orgánica, que exige la mayoría absoluta del Parlamento (artículo 81 de la CE). - Que esos derechos, aunque sean fundamentales, no son absolutos y pueden limitarse o restringirse, e incluso, suspenderse, mediante Ley Orgánica y los procedimiento legales establecidos. - Que esa L. O. es la nº 4/1981, de 1 de junio, - . Que el estado de alarma solamente puede limitar los derechos de circulación y de residencia de las personas en el territorio nacional, pero nunca suspenderlos.
- - Que para suspender esos derechos fundamentales del artículo 19 de la CE debe declararse previamente el estado de excepción o de sitio, por tener mayores garantías de control al Gobierno por parte del Parlamento.
- Que el contenido esencial de esos derechos no puede desnaturalizarse y quedar desprotegidos o vacíos de contenido.
- Que se vulnera el contenido esencial de un derecho cuando queda sometido a limitaciones excesivas que lo hacen impracticable.
Y esto, amigos, es lo que está ocurriendo en España; que nuestro derecho fundamental a la libertad de circulación y residencia es impracticable, porque estamos confinados más del 98 por ciento de nuestro tiempo diario, y ni tampoco nos podemos trasladar a otro lugar a residir en el que podríamos estar más cómodos, o aislados, porque a esos derechos, con el R. D. 463/2020, prorrogado por el 476/2020, de 27 de marzo, más las prórrogas que les den, nos imponen tales limitaciones que, de hecho, están suspendidos. Y para suspenderlos se debe
declarar el estado de excepción y aprobarlo el Parlamento con todas las garantías, y no mediante el estado de alarma.
Esto supone, nada más y nada menos, que se está utilizando una norma (el R. D.) para una finalidad distinta de la que establece la ley, por lo que se está cometiendo claramente un fraude de ley y una desviación de poder.
Nada nuevo en gobiernos de corte marxista, acostumbrados al llamado uso alternativo del derecho, que no es otra cosa que retorcer la ley para que diga una cosa distinta a laque dice o quiere decir.
Y he de decirles que, por ahí, por este camino, se llega al marxismo judicial, donde los jueces dejan de ser jueces, y dejan de interpretar el derecho con mayúsculas, que es la ratio escript a (la razón puesta por escrito) para convertirse en meros funcionarios al servicio del poder.
Recuerden: las palabras de Jesús cuando dijo “La verdad os hará libres.” Y yo les digo, que todos tenemos la obligación moral de buscarla. Después, que cada cual elija el camino que quiera o pueda, pero la verdad ha de saberse siempre, por amarga que sea, porque eso permite anticiparnos y protegernos, a nosotros y a nuestras familias, sobre todo del relativismo moral que nos invade, y que es, precisamente, lo que no han hecho nuestros gobernantes, protegernos.
Saludos y fuerza amigos. Y ¡VIVA ESPAÑA!
Juan Manzanares. Abogado. KW 77 05 de abril de 2020
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 artículo 55
 artículo 37
 artículo 17
 artículo 19
E contrario
 artículo 55
 artículo 5
 artículo 5
 Artículo 53
 artículo 161
 artículo 19