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Timestamp: 2017-07-27 02:33:33+00:00

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Vigencia desde 16 de Noviembre de 1999. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2008
Aprobación del Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios
Autorización excepcional de plazos para el trasvase de fondos de los planes de reequilibrio
Instrumentación de los compromisos por pensiones
Régimen de adaptación
Continuidad de los compromisos
Personal que puede acogerse
Derechos y obligaciones que pueden integrarse en un plan de pensiones acogido a este régimen
Condiciones generales para la financiación de los derechos por servicios pasados y obligaciones ante jubilados y beneficiarios
Transferencia de fondos constituidos
Amortización del déficit
Régimen de los derechos por servicios pasados
Modificación del plan de reequilibrio
Elementos patrimoniales a incorporar en el fondo de pensiones en concepto de trasvase de fondos constituidos o de amortización del déficit
Valoración de los derechos por servicios pasados y obligaciones ante jubilados y beneficiarios: criterios generales
Valoración de los derechos por servicios pasados máximos correspondientes a compromisos por pensiones de aportación definida
Valoración de los derechos por servicios pasados máximos correspondientes a compromisos de prestación definida
Valoración de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios
Ejecución y cumplimiento de los planes de reequilibrio
Aprobación administrativa de los planes de reequilibrio
Documentación sobre el plan de reequilibrio que debe presentarse en la Dirección General de Seguros
Instrumentación de los compromisos por pensiones mediante contratos de seguros
Formalización a través de póliza o de reglamento de prestaciones
Derechos económicos en caso de cese o extinción de la relación laboral y modificación o supresión del compromiso
Régimen financiero y actuarial de los contratos que instrumentan compromisos por pensiones
Régimen de información a asegurados y beneficiarios
Adaptación de los compromisos por pensiones instrumentados mediante contratos de seguro
Plan de financiación de las primas de contratos de seguro colectivo que instrumenten compromisos por pensiones
Adaptación de los contratos de seguros formalizados por mutualidades de previsión social mediante póliza de seguro o reglamento de prestaciones
Condiciones para acogerse a este régimen excepcional
Instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios a través de planes de previsión social empresarial previstos en el artículo 51.4 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la renta de no Residentes y sobre el Patrimonio
Real Decreto 1588/1999, 15 octubre, rectificado por corrección de errores («B.O.E.» 23 noviembre). R.D. 1588/1999, 15 octubre, declarado expresamente vigente por la letra b) del número 2 de la disposición derogatoria del R.D. 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones («B.O.E.» 25 febrero).
El apartado 19 de la disposición adicional undécima de la Ley 30/1995 da una nueva redacción a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, en adelante Ley 8/1987. En esta nueva redacción se establece el régimen de protección de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores, jubilados y beneficiarios, incluyendo las prestaciones causadas. Este régimen tiene carácter permanente, ya que establece que los compromisos de la empresa con los trabajadores, jubilados y beneficiarios deben instrumentarse mediante planes de pensiones o contratos de seguros, no resultando admisible la cobertura de tales compromisos mediante fondos internos o instrumentos similares, que supongan el mantenimiento, por parte de la empresa, de la titularidad de los recursos constituidos.Téngase en cuenta que la Ley 8/1987, 8 junio, ha sido derogada por la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («B.O.E.» 13 diciembre), el 14 de diciembre de 2002, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera del texto refundido, que establece que el régimen de integración voluntaria contenido en la disposición transitoria primera de la Ley y en las normas de desarrollo y complementarias, mantendrá su vigencia respecto de las empresas, trabajadores y beneficiarios, y planes de reequilibrio, que se acogieron a dicha disposición para la integración de los derechos reconocidos en planes de pensiones al amparo de la misma.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, y demás informes y trámites preceptivos, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre de 1999, DISPONGO:
Aprobación del Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios Se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, cuyo texto se inserta a continuación.
Derogación normativa Quedan derogadas cuantas normas o disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.
Carácter básico 1. El presente Real Decreto tiene carácter básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, excepto las materias reguladas en los siguientes preceptos que son competencia exclusiva del Estado:
Facultades de ejecución y desarrollo 1. Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones que fuesen necesarias para la mejor ejecución y desarrollo del Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
Autorización excepcional de plazos para el trasvase de fondos de los planes de reequilibrio 1. Para los planes de reequilibrio, excepcionalmente, el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar, por resolución motivada, unos plazos para el trasvase de fondos constituidos superiores al máximo previsto en el artículo 13 del Reglamento que se aprueba o a los acordados inicialmente, cuando concurran circunstancias que comprometan la solvencia o la capacidad financiera de la empresa y siempre que medie acuerdo favorable adoptado en negociación colectiva y la conformidad de la comisión de control del plan de pensiones.
Entrada en vigor El presente Real Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
CAPITULO IÀmbito de aplicación de la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas
Instrumentación de los compromisos por pensiones Los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, incluyendo las prestaciones causadas, deberán instrumentarse, desde el momento en que se inicie el devengo de su coste, mediante contratos de seguros, a través de la formalización de un plan de pensiones o de ambos.
Régimen de adaptación 1. Las empresas que mantengan compromisos por pensiones con sus trabajadores, incluyendo las prestaciones causadas, cuya materialización no se ajuste a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones, deberán proceder, antes del 1 de enero del año 2001, a adaptar dicha materialización a la citada disposición adicional.
Obligaciones y responsabilidades 1. Una vez instrumentados los compromisos por pensiones conforme a lo previsto en este Reglamento, la obligación y responsabilidad de las empresas por los referidos compromisos por pensiones se circunscribirán, exclusivamente, a los asumidos en dichos contratos de seguro y planes de pensiones.
Continuidad de los compromisos Para las empresas que mantengan o asuman en el futuro nuevos compromisos por pensiones con sus trabajadores, incluyendo las prestaciones causadas, cuya materialización no se ajuste a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones, hasta que los mencionados compromisos y prestaciones se integren plenamente en un plan de pensiones, en un contrato de seguro o en ambos, se mantendrá la efectividad de los compromisos por pensiones y el cobro de las prestaciones causadas en los términos estipulados entre la empresa y los trabajadores.
Empresas 1. A efectos de lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones, se considerará empresa a las personas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, que tengan nacionalidad española, domicilio en territorio nacional o cuyo principal establecimiento o explotación radique en el mismo, así como a las personas físicas, en cuanto asuman con sus trabajadores compromisos por pensiones, entendiéndose por tales los que se definen en el artículo 7 de este Reglamento. Tendrán igualmente esta consideración las comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, sean susceptibles de asumir con sus trabajadores compromisos por pensiones, así como, con idénticos requisitos, las entidades extranjeras con agencias, sucursales y establecimientos en territorio nacional.
Personal afectado 1. La instrumentación de los compromisos por pensiones, conforme a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones, afectará a los compromisos asumidos por la empresa con su personal activo. A efectos de este Reglamento tendrá la consideración de personal activo toda persona física que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta de la empresa en virtud de relación laboral comprendida en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, incluidas las relaciones de carácter especial, siempre que dicha relación laboral esté sometida a la legislación española. Asimismo, se incluirán dentro de este concepto de personal activo, a efectos de esta normativa:
Compromisos por pensiones 1. Tienen tal consideración los compromisos derivados de obligaciones legales o contractuales de la empresa con el personal de la misma, recogidas en convenio colectivo o disposición equivalente, que tengan por objeto realizar aportaciones u otorgar prestaciones vinculadas a las contingencias establecidas en el artículo 8.6 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones. Tales pensiones podrán revestir las formas establecidas en el artículo 8.5 de la citada Ley, y comprenderán toda prestación que se destine a la cobertura de tales compromisos cualquiera que sea su denominación.
CAPITULO IIRégimen transitorio de la adaptación de los compromisos por pensiones mediante planes de pensiones
Sección 1 Ámbito objetivo y subjetivo
Empresas que pueden acogerse 1. Las empresas que podrán acogerse al régimen transitorio contemplado en este capítulo serán las siguientes:
a) Las empresas que formalicen un plan de pensiones del sistema de empleo que incorpore un plan de reequilibrio que integre los derechos por servicios pasados correspondientes a compromisos por pensiones para su personal activo y, en su caso, las obligaciones ante jubilados y beneficiarios.La empresa que promueva dicho plan de pensiones instará la constitución de una comisión promotora, conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones. En este supuesto, los miembros de la comisión promotora, en representación de los partícipes y, en su caso, de los beneficiarios, podrán ser designados directamente por la mayoría de los representantes de los trabajadores en la empresa entre los potenciales partícipes y, en su caso, beneficiarios.
Se entenderá formalizado el plan de pensiones cuando la comisión promotora lo presente ante el fondo de pensiones en que pretenda integrarse y éste le comunique la admisión del mismo, por entender, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos por la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones; el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, y este Reglamento.Téngase en cuenta que el R.D. 1307/1988, de 30 de septiembre, ha sido derogado por el R.D. 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones («B.O.E.» 25 febrero), con excepción de los artículos 56.1, 60, 62, 63.2, 72, y 73.2, la disposición adicional única y las disposiciones transitorias que mantienen sus efectos respecto de los planes de reequilibrio que se acogieron a éstas.
Personal que puede acogerse El personal que podrá acogerse a este régimen será el siguiente:
Derechos y obligaciones que pueden integrarse en un plan de pensiones acogido a este régimen 1. Los derechos y obligaciones que pueden integrarse en un plan de pensiones acogidos a este régimen podrán ser:
Sección 2 Condiciones mínimas del plan de reequilibrio
Plan de reequilibrio 1. A los efectos de este Reglamento, se considerará reequilibrio la integración en un plan de pensiones del sistema de empleo de los derechos por servicios pasados y obligaciones ante jubilados y beneficiarios correspondientes a compromisos por pensiones de las empresas con su personal al amparo de lo establecido en la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados.
A efectos de calcular el precio de mercado se aplicarán las normas previstas en el Reglamento de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones. No obstante, la valoración de los inmuebles se regirá por lo dispuesto en la Orden de 30 de noviembre de 1994, de valoración de bienes inmuebles de las entidades financieras, siéndole de aplicación a estos efectos lo indicado en el apartado 1.b) de su artículo primero y en su anexo 5.Téngase en cuenta que la O.M. 30 noviembre 1994, ha sido derogada por la disposición derogatoria única de la O.M. ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras («B.O.E.» 9 abril).
Condiciones generales para la financiación de los derechos por servicios pasados y obligaciones ante jubilados y beneficiarios 1. La cuantía reconocida en concepto de derechos por servicios pasados y, en su caso, de obligaciones ante jubilados o beneficiarios que se corresponda con fondos constituidos se imputará individualmente a cada partícipe y beneficiario.
Transferencia de fondos constituidos 1. Con carácter general, el trasvase de los fondos constituidos se efectuará en un plazo máximo de diez años desde la formalización o modificación de las especificaciones del plan de pensiones, según corresponda, para incorporar los compromisos integrados en el plan de reequilibrio.
Amortización del déficit 1. La amortización del déficit deberá efectuarse en un plazo máximo de quince años contados desde la formalización del plan de pensiones o, en su caso, desde la modificación del mismo para incorporar el plan de reequilibrio.
Régimen de los derechos por servicios pasados 1. En caso de extinción de la relación laboral, no podrá minorarse el importe ni restringirse la movilidad de los derechos consolidados de los trabajadores, derivados de las aportaciones correspondientes a derechos por servicios pasados efectivamente incorporados al plan de pensiones.
Modificación del plan de reequilibrio 1. El plan de reequilibrio y, en particular, la cuantificación de los derechos por servicios pasados, plazos, cuantías y condiciones de trasvase o amortización del déficit no será modificable salvo en los siguientes casos:
Elementos patrimoniales a incorporar en el fondo de pensiones en concepto de trasvase de fondos constituidos o de amortización del déficit Los elementos patrimoniales que se vayan a incorporar en el plan de pensiones en concepto de trasvase de fondos constituidos o amortización de déficit, deberán ajustarse a las reglas de valoración e inversión exigidas en la normativa general de los fondos de pensiones en el momento en el que se efectúe la transferencia efectiva al plan de pensiones.
Sección 3 Valoración de los derechos por servicios pasados y de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios
Valoración de los derechos por servicios pasados y obligaciones ante jubilados y beneficiarios: criterios generales 1. La cuantificación de los derechos por servicios pasados se realizará individualmente tomando como fecha de referencia la establecida en el plan de reequilibrio. Esta fecha no podrá ser posterior a la de formalización o modificación del plan de pensiones para incorporar los derechos por servicios pasados correspondientes a compromisos por pensiones.
Valoración de los derechos por servicios pasados máximos correspondientes a compromisos por pensiones de aportación definida 1. Los derechos por servicios pasados máximos a reconocer individualmente a cada trabajador vendrán determinados por la cuantía resultante de capitalizar, hasta la fecha de referencia del plan de reequilibrio, las aportaciones asignadas al empleado en cada uno de los años computables, según lo acordado en el compromiso.
Valoración de los derechos por servicios pasados máximos correspondientes a compromisos de prestación definida 1. El valor del servicio pasado será igual a la provisión matemática a la fecha de referencia del plan de reequilibrio. Además, el plan de reequilibrio deberá incluir el importe del margen de solvencia mínimo legalmente exigible que resulte necesario cuando de los servicios pasados a reconocer se derive que el plan de pensiones asume riesgos por sí mismo.
a) Hipótesis demográficas: las tablas de supervivencia, mortalidad e invalidez que se apliquen podrán basarse en la propia experiencia del colectivo, siempre que el período de observación de dichas tablas no sea anterior en más de veinte años a la fecha de cálculo de la provisión. Las tablas de experiencia propia deberán ser contrastadas con el comportamiento real del colectivo durante un período no inferior a los cuatro últimos años ni superior a los últimos diez años. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá exigir que los contrastes efectuados satisfagan determinados límites mínimos como condición necesaria para la aplicación de las tablas de referencia contrastadas.Cuando el contraste no sea posible o fiable, se considerarán aplicables las tablas de experiencia nacional o extranjera no particulares, ajustadas según tratamientos estadísticos de general aceptación, siempre que el final del período de observación de las tablas no sea anterior en más de veinte años a la fecha de cálculo de la provisión. No obstante, hasta tanto así se declare por la Dirección General de Seguros por haberse contrastado la validez de nuevas tablas de final de período de observación más reciente, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto podrán utilizarse las tablas de supervivencia GRM80 y GRF80 con dos años menos de edad actuarial, y para fallecimiento, las tablas GKM80 y GKF80.
b) Hipótesis económico-financieras: cuando las prestaciones del plan de pensiones se determinen en régimen de prestación definida, el tipo de interés técnico aplicable no podrá ser superior al 4 por 100.Cuando los compromisos por pensiones asumidos originariamente en régimen de prestación definida se instrumenten mediante un plan de pensiones de aportación definida, se podrá acordar el cálculo de los derechos por servicios pasados en régimen de prestación definida.
d) Los métodos de financiación y valoración actuarial aplicables podrán basarse en la asignación de beneficios a cada año o en la asignación de costes, teniendo en cuenta los límites previstos en el apartado 3 del artículo 18.El método de asignación de beneficios asigna a cada año el coste preciso para acumular un determinado porcentaje de la prestación total a reconocer en la fecha en que se presente la contingencia. La aplicación de este método implicará que el porcentaje de prestación acumulado cada año no puede ser inferior al del año anterior.
Valoración de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios Cuando el plan de reequilibrio integre a jubilados o beneficiarios, el valor actual actuarial de todas las prestaciones futuras se cuantificará individualmente a la fecha de formalización o modificación del plan de pensiones, aplicando las hipótesis demográficas y, en su caso, las económico-financieras recogidas en el artículo 20.
Sección 4 Supervisión y aprobación administrativa por la dirección general de seguros
Ejecución y cumplimiento de los planes de reequilibrio 1. En el plazo máximo de cuatro meses desde la conclusión del período de adhesión previsto en el artículo 9, la comisión promotora o, en su caso, la comisión de control del mismo, deberá presentar en la Dirección General de Seguros la documentación a que se refiere el artículo 25 de este Reglamento con el plan de reequilibrio resultante del proceso de adhesión de los trabajadores con derechos por servicios pasados y, en su caso, de los jubilados o beneficiarios.
Aprobación administrativa de los planes de reequilibrio 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior, será necesaria la aprobación administrativa de los planes de reequilibrio que tengan alguna de las siguientes características:
Verificación administrativa En el caso de planes de reequilibrio en los que no se exija aprobación administrativa, la Dirección General de Seguros podrá requerir a la comisión promotora o de control del plan de pensiones la corrección de todos aquellos extremos subsanables que no se ajusten a lo dispuesto en este Reglamento o a la normativa de los planes y fondos de pensiones.
Documentación sobre el plan de reequilibrio que debe presentarse en la Dirección General de Seguros A efectos de lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 anteriores, la comisión promotora o, en su caso, la comisión de control del plan de pensiones, deberá presentar ante la Dirección General de Seguros, dentro del plazo previsto en el artículo 22 de este Reglamento, la documentación siguiente:
d) La cuantificación global de los derechos por servicios pasados a reconocer dentro del plan de reequilibrio, y el importe global de las provisiones matemáticas correspondientes a los jubilados o beneficiarios.Cuando de los servicios pasados o de las obligaciones con jubilados o beneficiarios incluidos en el plan de reequilibrio se derive que el plan de pensiones asume riesgos por sí mismo, el informe actuarial deberá incluir la valoración global del margen de solvencia mínimo legalmente exigible por tales riesgos.
CAPITULO IIIRégimen de los contratos de seguro que pueden instrumentar compromisos por pensiones
Sección 1 Contratos de seguro que instrumentan compromisos por pensiones, formalizados mediante pólizas de seguro o reglamento de prestaciones
Instrumentación de los compromisos por pensiones mediante contratos de seguros 1. Los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, incluyendo las prestaciones causadas, podrán instrumentarse, desde el momento en que se inicie el devengo de su coste, mediante uno o varios contratos de seguro.
Formalización a través de póliza o de reglamento de prestaciones 1. El contrato de seguro deberá formalizarse a través de la correspondiente póliza de seguro colectivo sobre la vida, en cuyo condicionado se hará constar expresamente y de forma destacada que el contrato instrumenta compromisos por pensiones y, por tanto, queda sujeto al régimen previsto en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio.
Elementos personales del contrato 1. Como tomador del seguro figurará exclusivamente la empresa que tenga asumidos compromisos por pensiones con su personal y se obligue al pago de las primas. No será admisible la cobertura de compromisos por pensiones de distintas empresas a través de un mismo contrato de seguro.
Derecho de rescate 1. El derecho de rescate sólo podrá ejercerse en los siguientes supuestos:
a) Para mantener en la póliza la adecuada cobertura de los compromisos por pensiones vigentes en cada momento.En el caso de rescate por variación de los compromisos, el ejercicio del derecho de rescate por el tomador requerirá que tal variación conste en convenio colectivo o disposición equivalente o que se derive de lo dispuesto en los mismos.
d) En los casos de desempleo de larga duración y enfermedad grave en los términos establecidos en la regulación de planes y fondos de pensiones.El ejercicio del derecho de rescate en los supuestos previstos en los párrafos a) y b) anteriores corresponderá a la empresa tomadora, sin perjuicio de los derechos que pudiesen corresponder a los trabajadores, mientras que, cuando así estuviese previsto en el compromiso, el derecho de rescate en los supuestos establecidos en los párrafos c) y d) anteriores se podrá realizar a favor del trabajador en los términos regulados en el apartado 3, párrafos b) y c) de este artículo.
2. A efectos de la cuantificación del derecho de rescate de los contratos regulados en este capítulo, se aplicarán las siguientes normas: a)
Cuando para un determinado contrato el asegurador garantice un tipo de interés técnico basado en lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, la cuantía del derecho de rescate no podrá ser inferior al valor de realización de los activos que representen la inversión de las provisiones de seguros de vida correspondientes. A estos efectos, se entenderá por valor de realización de los activos su valor de mercado, definido como tal en el plan de contabilidad de las entidades aseguradoras. En los contratos distintos de los anteriores, el valor de rescate no podrá ser inferior al valor de las provisiones de seguros de vida correspondientes a la póliza. b)
Si existiese déficit en la cobertura de las provisiones correspondientes, tal déficit no será repercutible en el derecho de rescate. c)
A la cuantía del derecho de rescate no se le podrá aplicar ningún tipo de penalizaciones o descuentos. En el caso del derecho de rescate del trabajador asegurado, cuando las condiciones contractuales refieran el valor de rescate al valor de realización de los activos correspondientes a la póliza, deberá preverse en el contrato la facultad del asegurado de permanecer en el seguro colectivo en caso de cese de la relación laboral con el tomador.
Número 2 del artículo 29 redactado por el número uno del artículo segundo del R.D. 1684/2007, de 14 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de planes y fondos de pensiones aprobado por el R.D. 304/2004, de 20 de febrero y el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por R.D. 1588/1999, de 15 de octubre («B.O.E.» 15 diciembre).Vigencia: 1 enero 2008 3. El pago del derecho de rescate se regirá por las siguientes normas:
c) En todos los demás casos, el importe del derecho de rescate deberá ser abonado directamente a la nueva aseguradora o al fondo de pensiones en el que se integre el nuevo plan de pensiones, en los términos y con los límites establecidos en la normativa aplicable.En el caso de movilización de este importe, en base a los supuestos contemplados en el párrafo c) del apartado 1 anterior, a otro contrato de seguro de los regulados en el presente capítulo, no le será de aplicación la limitación establecida en el apartado 2 del artículo 28.
Derecho de reducción 1. El tomador del seguro podrá ejercer el derecho de reducción de la suma asegurada y, por tanto, podrá suprimir las primas futuras, algunas de ellas o parte de su importe, siempre que quede garantizada la adecuada cobertura de los compromisos por pensiones vigentes en cada momento integrados en la póliza.
Participación en beneficios 1. La participación en beneficios técnicos y financieros de los contratos de seguro regulados en este capítulo sólo podrá destinarse al aumento de las prestaciones aseguradas de la póliza, al pago de las primas futuras o, por la parte correspondiente a las primas a cargo de la empresa no imputadas fiscalmente, abonarse en efectivo al tomador, si bien en todo momento será condición necesaria que el contrato de seguro garantice la total cobertura de los compromisos integrados en el mismo devengados hasta ese momento.
Derechos económicos en caso de cese o extinción de la relación laboral y modificación o supresión del compromiso Los contratos de seguro contemplados en este capítulo deberán, en todo caso, especificar la existencia o no de derechos económicos derivados del mismo y reconocidos en favor de los trabajadores, en el supuesto de que se produzca el cese de la relación laboral previa al acaecimiento de las contingencias previstas, o se modifique o suprima el compromiso por pensiones vinculado a dichos sujetos.
Régimen financiero y actuarial de los contratos que instrumentan compromisos por pensiones 1. Las entidades aseguradoras deberán mantener identificadas en el conjunto de sus activos las inversiones correspondientes a cada una de las pólizas que instrumenten compromisos por pensiones. No obstante, será admisible la agrupación de carteras de inversiones para pólizas que cubran contingencias homogéneas con una duración similar.
Régimen de información a asegurados y beneficiarios 1. Además de las normas de información aplicables con carácter general a los contratos de seguro de vida contenidas en el artículo 106 del Reglamento de Ordenación y supervisión de los seguros privados, al menos anualmente el trabajador adherido al contrato de seguro y los beneficiarios que ya perciban sus prestaciones con cargo al contrato deberán recibir una certificación de la entidad aseguradora sobre el número de póliza, situación individualizada del pago de primas, sobre los rescates y reducciones efectuados en el año y que le afecten, y sobre las coberturas concretas que tiene individualmente garantizadas el trabajador o las prestaciones del beneficiario.
Sección 2 Adaptación transitoria de los contratos de seguros
Adaptación de los compromisos por pensiones instrumentados mediante contratos de seguro 1. Los contratos de seguros formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento y que instrumenten compromisos por pensiones asumidos por las empresas deberán adaptarse a las condiciones establecidas en este Reglamento antes del 1 de enero del año 2001.
Plan de financiación de las primas de contratos de seguro colectivo que instrumenten compromisos por pensiones 1. Los compromisos por pensiones de las empresas instrumentados a través de contrato de seguro formalizados mediante póliza de seguro o, en su caso, mediante reglamento de prestaciones de una mutualidad de previsión social, podrán ser objeto de un plan de financiación en los términos establecidos en el presente artículo. Los contratos de seguro correspondientes deberán haberse formalizado antes del plazo establecido en el artículo 2 de este Reglamento.
a) Los términos anuales necesarios para financiar la prima señalada en el párrafo anterior, que serán constantes o decrecientes.La financiación de aquella prima deberá estar recargada financieramente con un tipo de interés, al menos, igual al utilizado para el cálculo de la prima durante la duración del plan de financiación.
Adaptación de los contratos de seguros formalizados por mutualidades de previsión social mediante póliza de seguro o reglamento de prestaciones Antes del 1 de enero del año 2001, las mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social empresarial podrán incorporar derechos por servicios pasados reconocidos por las empresas para el personal activo y obligaciones ante jubilados y beneficiarios conforme a lo previsto en el artículo 6, a la fecha de formalización del contrato, y que se deriven exclusivamente de compromisos no instrumentados previamente a través de la mutualidad. Su cuantificación se realizará en los mismos términos y con los mismos límites que para los planes de pensiones se recoge en la sección 3.ª del capítulo II del presente Reglamento, salvo lo relativo al interés técnico que se estará a lo previsto en el Reglamento de Ordenación y supervisión de los seguros privados aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, entendiéndose que la referencia a la fecha de valoración de los mismos ha de ser la de la fecha de integración del compromiso en la mutualidad.
CAPITULO IVRégimen excepcional de las entidades de crédito, entidades aseguradoras y de las sociedades y agencias de valores
Àmbito de aplicación 1. Las entidades de crédito, entidades aseguradoras y las sociedades y agencias de valores podrán mantener en fondo interno sus compromisos por pensiones asumidos con anterioridad a 10 de mayo de 1996.
a) Los nuevos compromisos por pensiones asumidos con posterioridad a 9 de mayo de 1996.A estos efectos se considera nuevo compromiso el establecido en convenio o disposición equivalente posterior a 9 de mayo de 1996, que tenga por objeto la cobertura de una o varias contingencias del artículo 8, apartado 6, de la Ley 8/1987, no previstas a dicha fecha.
b) Los compromisos por pensiones correspondientes al personal que ingrese en la empresa con posterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, cualquiera que sea la fecha del convenio o disposición equivalente en que se hayan establecido.No obstante, podrá extenderse el régimen de mantenimiento de fondos internos previsto en este capítulo al personal procedente de otras entidades de crédito, aseguradoras o sociedades y agencias de valores, con el que éstas tuviesen asumidos compromisos por pensiones autorizados a mantenerse en fondo interno. En estos casos, si la entidad se subroga o asume dichos compromisos, podrá a su vez mantenerlos en fondo interno, siempre que ésta tenga concedida la autorización para mantener sus compromisos en fondo interno.
Condiciones para acogerse a este régimen excepcional 1. La entidad que pretenda acogerse a este régimen transitorio deberá solicitar la autorización al Ministro de Economía y Hacienda antes del 1 de enero del año 2001.
Autorización administrativa 1. La entidad que desee mantener sus fondos internos en los términos previstos en este Reglamento, deberá solicitar autorización al Ministro de Economía y Hacienda a través del correspondiente órgano o ente de control de la entidad. La presentación de la solicitud de autorización suspenderá el plazo legal para cumplir la obligación de adaptar sus compromisos por pensiones a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987.
Supervisión administrativa 1. El órgano o ente a quien corresponda el control de la entidad supervisará el funcionamiento de los fondos internos y podrá proponer al Ministro de Economía y Hacienda la adopción, en su caso, de las medidas correctoras pertinentes, conforme a la normativa específica que corresponda a cada entidad, e incluso la revocación de la autorización administrativa concedida.
1. En ningún caso podrá simultanearse la condición de promotor de un plan de pensiones del sistema de empleo y la condición de tomador de un plan de previsión social empresarial. Las empresas podrán ser tomadoras de un único plan de previsión social empresarial o promotoras de un único plan de pensiones del sistema de empleo. 2. Sin perjuicio de las obligaciones de información previstas en los artículos 105 y 106 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, las entidades aseguradoras, respecto de los planes de previsión social empresarial contratados, deberán facilitar a la empresa tomadora del plan, junto con la póliza, condiciones generales, especiales y particulares, anexos y suplementos, la siguiente información: a)
Bases técnicas y descripción de la política de inversión que pretende aplicarse en el caso que la póliza prevea participación en beneficios a favor de los asegurados. b)
En el primer trimestre de cada año deberá facilitarse un estado resumen sobre la situación del plan de previsión social empresarial a 31 de diciembre del año anterior que contenga al menos los siguientes apartados: 1.º
Relación de trabajadores asegurados y, en su caso, beneficiarios perceptores de prestación. 2.º
Valor de las provisiones técnicas y su adecuación a los compromisos cubiertos por la póliza. 3.º
Importe de las primas, prestaciones y rescates por movilización efectuados en el año. 4.º
Interés garantizado en cada ejercicio. 5.º
Desglose de costes y gastos soportados. 6.º
Política de inversión aplicada si se prevé participación en beneficios a favor de los asegurados, con indicación del cálculo, resultados obtenidos y asignación de la citada participación. 7.º
Valor de rescate de la póliza. 8.º
Modificaciones normativas, cambios en las condiciones generales, especiales y particulares de la póliza y en su base técnica. 3. La empresa tomadora del plan de previsión social empresarial deberá entregar a los representantes legales de los trabajadores-asegurados la información prevista en el apartado anterior. En defecto de representación legal de los trabajadores esta información deberá ser entregada a cada trabajador. 4. La entidad aseguradora vendrá obligada a entregar a los trabajadores asegurados la siguiente información: a)
Un certificado de seguro con motivo de su incorporación al colectivo asegurado o de renovación de la póliza en seguros temporales. Asimismo se les hará entrega de las condiciones generales, especiales y particulares de la póliza, y de la descripción de la política de inversión si se prevé participación en beneficios a favor de los asegurados o bien, se les indicará el lugar y forma en que tendrán a su disposición en todo momento dicha información. En todo caso se facilitará a los asegurados la información a la que se refiere el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. b)
Con periodicidad al menos anual, la entidad aseguradora remitirá a cada asegurado del plan de previsión social empresarial: 1.º
Certificado individual de seguro en el que conste su pertenencia al plan de previsión social empresarial, indicando el número de póliza, sus datos personales, las contingencias cubiertas y las prestaciones individualmente garantizadas por la aseguradora. 2.º
Certificación a efectos fiscales del valor de las primas imputadas que, en cumplimiento del plan, haya satisfecho el tomador en el ejercicio anterior. 3.º
Valor de la provisión matemática a 31 de diciembre del ejercicio anterior. 4.º
Valor de rescate en caso de cese de la relación laboral y condiciones en las que se permite la movilización a otro instrumento de previsión social. c)
Una vez producida y comunicada la contingencia el beneficiario del plan de previsión social empresarial deberá recibir información apropiada sobre la prestación y sus posibles reversiones, sobre las opciones de cobro correspondientes, en su caso, y respecto del grado de garantía o del riesgo de cuenta del beneficiario. En su caso se le hará entrega al beneficiario del certificado de seguro o garantía de su prestación emitido por la entidad aseguradora. Con periodicidad al menos anual, la entidad aseguradora remitirá a los beneficiarios una certificación sobre el valor de sus derechos económicos al final de cada año natural. d)
Con periodicidad semestral, las entidades aseguradoras deberán remitir a los asegurados y beneficiarios de los planes de previsión social empresarial información sobre la evolución y situación de sus provisiones matemáticas, así como otros extremos que pudieran afectarles, especialmente las modificaciones normativas, cambios en las condiciones generales, especiales o particulares de la póliza, cambios en la base técnica o en la política de inversiones si se prevé participación en beneficios a favor de los asegurados. La información semestral contendrá un estado-resumen de los gastos, costes, interés garantizado y, en su caso, resultados obtenidos por la participación en beneficios, y deberá incluir necesariamente la cuantificación de los derechos económicos de los asegurados en caso de cese o extinción de la relación laboral. e)
Además de las obligaciones establecidas en el apartado anterior, las entidades aseguradoras deberán poner a disposición de los asegurados y beneficiarios del plan de previsión social empresarial, al menos con carácter trimestral, la información periódica prevista en el apartado anterior. Para ello las entidades aseguradoras deberán articular las medidas necesarias y utilizar los medios precisos para garantizar el acceso de cualquier asegurado a dicha información. En todo caso las entidades aseguradoras remitirán la información periódica de carácter trimestral a los asegurados que expresamente la soliciten. 5. El tomador de un plan de previsión social empresarial únicamente podrá ejercer el derecho de rescate para integrar todos los compromisos instrumentados en el plan de previsión social empresarial en otro plan de previsión social empresarial o en un plan de pensiones promovido por la empresa. En ambos casos la nueva aseguradora o el plan de pensiones asumirá la cobertura total de los compromisos por pensiones transferidos. El importe el derecho de rescate deberá ser abonado directamente a la nueva aseguradora del nuevo plan de previsión social empresarial o al fondo de pensiones en el que se integre el plan de pensiones. Será admisible que el pago del valor de rescate se realice mediante el traspaso de los activos, neto de los gastos precisos para efectuar los correspondientes cambios de titularidad. 6. Los asegurados de los planes de previsión social empresarial únicamente podrán ejercer el derecho de rescate en el supuesto de extinción de la relación laboral y sólo si estuviese previsto en las condiciones generales, especiales o particulares de la póliza, pudiendo integrar sus derechos económicos en otros planes de previsión social empresarial, en planes de previsión asegurados o en planes de pensiones. Para la movilización, el asegurado deberá dirigirse a la entidad aseguradora o gestora de destino, para iniciar su traspaso. A tal fin, el asegurado deberá acompañar a su solicitud la identificación del plan de previsión social asegurado y entidad aseguradora de origen desde el que se realizará la movilización, así como, en su caso, el importe a movilizar. La solicitud incorporará una comunicación dirigida a la entidad aseguradora de origen para ordenar el traspaso que incluya una autorización del asegurado a la aseguradora o entidad gestora de destino para que, en su nombre, pueda solicitar a la aseguradora del plan de previsión social empresarial de origen la movilización de los derechos económicos, así como toda la información financiera y fiscal necesaria para realizarlo. En el plazo máximo de dos días hábiles desde que la entidad aseguradora o entidad gestora de destino disponga de la totalidad de la documentación necesaria, ésta deberá, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos reglamentariamente para la movilización de tales derechos, comunicar la solicitud a la entidad aseguradora del plan de previsión social empresarial de origen, con indicación, al menos, del plan de previsión asegurado o plan de previsión social empresarial, entidad aseguradora de destino y los datos de la cuenta de destino a la que debe efectuarse la transferencia, o, en el caso de movilización a un plan de pensiones el plan y fondo de pensiones de destino, el depositario de éste y los datos de la cuenta del fondo de pensiones de destino a la que debe efectuarse la transferencia. En un plazo máximo de 20 días hábiles a contar desde la recepción por parte de la entidad aseguradora de origen de la solicitud con la documentación correspondiente, ésta entidad deberá ordenar la transferencia bancaria y remitir a la aseguradora o a la gestora de destino toda la información relevante del asegurado, debiendo comunicar a éste el contenido de dicha información. No se podrán movilizar los derechos económicos cuando, en orden a instrumentar compromisos por pensiones del tomador referidos a asegurados que hubieran extinguido su relación laboral con aquel, las condiciones de la póliza prevean la continuidad de las aportaciones del tomador a su favor y, en su caso, las del asegurado que tuvieren carácter obligatorio. Asimismo, los asegurados podrán ejercer su derecho de rescate en los casos de desempleo de larga duración y enfermedad grave en los términos y condiciones previstas para los planes de pensiones. 7. En todo lo que no contradiga esta disposición adicional resultará aplicable a los planes de previsión social empresarial el contenido de los artículos 26.1, 27.1, 27.3, 28.1, 28.3. 28.4, 29.2, 30, 31 y 33 de este Reglamento.
Disposición adicional única introducida por el número dos del artículo segundo del R.D. 1684/2007, de 14 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de planes y fondos de pensiones aprobado por el R.D. 304/2004, de 20 de febrero y el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por R.D. 1588/1999, de 15 de octubre («B.O.E.» 15 diciembre).Vigencia: 1 enero 2008 ');

References: artículo 51

Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 resolución 
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 9
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 33
 Real Decreto 
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 106
 artículo 2
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 5