Source: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/2017/cmrp20171124.aspx
Timestamp: 2018-04-20 12:40:55+00:00

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La Moncloa. 24/11/2017. Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, y del ministro de Justicia, después de la reunión del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Transcripción rueda de prensa]
Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, y del ministro de Justicia, después de la reunión del Consejo de Ministros
Sr. Catalá.- Son tres las cuestiones de las que quería informarles.
En primer lugar, y lo ha mencionado ya el ministro portavoz, el Consejo de Ministros ha aprobado, para enviarlo al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, un Proyecto de Ley por la que se modifica la ley vigente, la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea.
En esta Unión Europea, basada en la confianza y en la cooperación entre los Estados miembros, tal y como establece el artículo 82 del Tratado de la Unión, hay que crear instrumentos para que sean eficaces los mecanismos de cooperación entre los jueces y los fiscales de los distintos países de la Unión Europea.
La situación actual, como pasa tantas veces, es muy heterogénea entre todos los miembros de la Unión y la Directiva que se aprobó, y que ahora iniciamos su tramitación como Proyecto de Ley, depende normalizar, homogeneizar, de tal manera que, cuando un juez o un fiscal de cualquier Estado miembro solicite que se realice una prueba de investigación en otro Estado miembro --estamos pensando en pruebas tales como entradas domiciliarias, grabaciones, accesos a bases de datos, reconocimientos; en fin, las pruebas habituales, las medidas de investigación que solicitan los jueces y los fiscales--, eso se haga de manera coordinada mediante un sistema simplificado, un procedimiento que tiene un soporte documental que se transmite electrónicamente, y, además, se normalizan el envío y la recepción.
Hasta ahora cada juez se tenía que relacionar con el juez donde se tenía que llevar a cabo la actividad, y ya se pueden imaginar que eso es tremendamente complejo. Lo que hacemos ahora, a través de este Proyecto de Ley, que, además, hemos solicitado al Congreso de los Diputados que se tramite por trámite de urgencia para acortar los plazos, para hacerlo más rápido; está también dentro de este contexto que decía el ministro portavoz de las Directivas pendientes de transposición.
Además, en este momento recuerdo especialmente a don José Manuel Maza que trabajó muy intensamente en este Proyecto, porque le otorga al Ministerio Fiscal un protagonismo de coordinación, un protagonismo de eficacia, puesto que, como digo, será el Ministerio Fiscal quien reciba todas las órdenes europeas de investigación; así se llaman, las OEI, órdenes europeas de investigación. Las recibirá el Ministerio Fiscal que tiene una red de fiscales especializados en temas internacionales, que tiene un sistema de gestión, el sistema CRIS, que permite recoger toda esa información y dirigirla al juez y al fiscal competente. De esta manera, estaremos haciendo una Europa más fuerte, una Europa más coordinada y que la investigación transnacional del delito no se encuentre con problemas burocráticos para su desarrollo.
Por lo tanto, este Proyecto de Ley. que ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado, y que ha estado sometido a información pública, inicia su tramitación y confiamos en tenerlo aprobado en los próximos meses.
El segundo de los aspectos que quería mencionarles tiene que ver con el reconocimiento a un servidor público ejemplar, como lo hemos calificado todos en los últimos días, a don José Manuel Maza Martín, que falleció el sábado pasado en Buenos Aires, como es conocido por todos.
En el mundo del Derecho y de la Justicia existe una condecoración, la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que se otorga después de muchos años de servicios a la Justicia y al Derecho. El Consejo de Ministros ha querido otorgar a José Manuel Maza Martín la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort como un reconocimiento adicional a los que han tenido ya esta semana él mismo, su familia y sus allegados; agradeciéndole de esta manera más de cuarenta años de servicios a la Justicia y al Derecho. El último año, como fiscal general del Estado pero otros, como digo, casi 39 años anteriores como juez, como fiscal que fue de oposición y el último año, como es conocido por todos-, fiscal general del Estado en una etapa bien difícil para nuestra democracia y para nuestro Estado de Derecho, donde ha tenido un desempeño extraordinario.
Y, siendo conscientes de que la Fiscalía es una institución que tiene un procedimiento interno de funcionamiento consolidado y robusto, también somos conscientes de los asuntos tan importantes en que la Fiscalía General del Estado tiene que actuar cada día en todo el territorio nacional. Por eso, aún en estos días --ayer mismo se celebraba el funeral por don José Manuel Maza Martín--, el Consejo de Ministros ha promovido ya la designación de un nuevo fiscal general del Estado para que en el plazo más breve posible pueda llevarse a cabo su designación y su entrada en servicio.
El procedimiento que ahora se inicia con esta propuesta del Consejo de Ministros es el envío al Consejo General del Poder Judicial para que en el pleno que celebrará el jueves que viene emita un informe; informe que consiste, básicamente, en acreditar que el candidato que propone el Gobierno tiene los requisitos exigidos de más de quince años de servicios prestados y de ser un jurista de reconocido prestigio. Ese informe, como digo, lo emitirá el Consejo General del Poder Judicial el jueves que viene y eso permitirá que el viernes que viene el Consejo de Ministros, otra vez, conozca este informe y envíe comunicación al Congreso de los Diputados, tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que en la Comisión de Justicia comparezca el candidato a ser designado fiscal general del Estado.
En esa comparecencia tiene que presentar una memoria de actividad y, por lo tanto, ahí hacer esa presentación, como digo, de su proyecto de actividad al frente de la Fiscalía General del Estado. Considerando que esa comparecencia se realizará con normalidad, el jueves día 7 el Consejo de Ministros podría, hipotéticamente, proceder al nombramiento como fiscal general del Estado de la persona de la que ahora les haré la mención y podría tomar posesión en los primeros días de la semana siguiente. Por lo tanto, en un plazo razonablemente corto procederíamos a la sustitución con ocasión del fallecimiento de don José Manuel Maza.
A la hora de valorar la persona que puede desempeñar, que creemos que puede tener las capacidades personales y profesionales para el desempeño de una función tan compleja como la del fiscal general del Estado, el Consejo de Ministros ha propuesto a don Julián Sánchez Melgar para iniciar este procedimiento de designación al que me he referido.
Don Julián Sánchez Melgar nació en Palencia en el año 1955, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y Doctor en Derecho con categoría de premio extraordinario en la Universidad de La Coruña. El señor Sánchez Melgar ingresó en la carrera judicial en el año 1983; ha tenido sucesivos destinos como juez en Reinosa, en Miranda de Ebro y en Mataró; hizo oposiciones para ascender a la categoría de magistrado, donde ascendió en el año 1987, fue destinado en la Audiencia Territorial --ahora TSJ-- de Barcelona y, posteriormente, pasó a servir el Juzgado número 2 de Primera Instancia e Instrucción de Santander, donde fue elegido por sus compañeros, porque así se elige a los decanos, decano de los Juzgados de Santander. Posteriormente, fue Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y, además, en el año 1993 fue designado presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, hasta que en el año 2000 fue designado magistrado de la Sala Segunda, de la Sala de lo Penal, del Tribunal Supremo de España.
Por lo tanto, como ven, una carrera profesional intensa en puestos jurisdiccionales y en puestos también de gobierno, como decano de los Juzgados de Santander y como presidente de una Audiencia Provincial, y, luego, ya magistrado del Tribunal Supremo desde hace nada más y nada menos que diecisiete años, donde ha desempeñado una brillante labor como magistrado de la Sala Segunda.
Además, también el señor Sánchez Melgar, como tantas veces los juristas prestigiosos, tiene una labor de investigación. Ha dirigido obras colectivas de revisión y análisis del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su propia tesis doctoral fue también publicada en materia de inviolabilidad e inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, es una persona que también a la reflexión y al análisis doctrinal y jurídico le dedica su tiempo.
Por todo ello, por sus capacidades personales y profesionales más que acreditadas durante tantos años de carrera profesional, el Gobierno ha considerado que es la persona adecuada para proceder a este sistema que les he descrito anteriormente que nos llevará, confiamos, a su próximo nombramiento y, por lo tanto, que la institución tan importante en nuestro sistema jurídico que es la Fiscalía General del Estado tenga pronto al frente a una persona de las capacidades y las cualificaciones de don Julián Sánchez Melgar.
Portavoz.- Muchas gracias, señor ministro de Justicia. Como siempre, por favor, identifican ustedes el medio al que pertenecen y a quién va dirigida la pregunta.
P.- Teresa Fernández-Cuesta, de Informativos Telecinco. Al ministro portavoz quería preguntarle o pedirle una valoración, porque el señor Puigdemont esta mañana, a través de una entrevista, ha pedido un debate con el presidente del Gobierno sobre el futuro de Cataluña. Quería saber cuál es la valoración del Gobierno.
Al ministro de Justicia quería preguntarle si han consensuado, por ejemplo, con el Partido Socialista o con Ciudadanos el nombre de don Julián Sánchez Melgar.
Portavoz.- Comenzaré yo. Yo creo que el señor Puigdemont con quien debe debatir es con el señor García Albiol, que es con quien se va a enfrentar en las urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer es debatir con aquellos con los que se va a enfrentar directamente y no pretender evitar el debate, que es lo que está haciendo siempre desde que evitó a la Justicia en España refugiándose en Bélgica: está echando balones fuera para no debatir con quien en realidad tiene que debatir. Y, sobre todo, tiene que explicarle cuáles han sido todas las acciones que han llevado a Cataluña, como he dicho antes, a esa pérdida de prestigio y de reputación a través de unas políticas secesionistas que han encontrado en Europa cero apoyo.
Sr. Catalá.- El procedimiento para el nombramiento del fiscal general del Estado, como les he expuesto, tiene unos sistemas tasados, que son los que siempre se han utilizado tradicionalmente, que están en la normativa. Es una responsabilidad del Gobierno; una responsabilidad, y, por lo tanto, el Gobierno ha ejercido esa responsabilidad, asumiendo sus competencias, y ha propuesto a la persona cuya referencia ha hecho: un magistrado de larguísima carrera, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde hace diecisiete años.
Yo estoy convencido de que el señor Sánchez Melgar va a concitar el apoyo unánime del mundo del Derecho y de la Justicia. En este caso, estoy seguro de que los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y del PSOE conocen al señor Sánchez Melgar; por circunstancias personales, en el caso de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y del portavoz de Justicia, también magistrado de lo Penal. Estoy convencido de que va a tener el máximo apoyo y reconocimiento.
No es necesario ni está en el procedimiento que los nombramientos que corresponden al Consejo de Ministros hayan de consensuarse. Lógicamente, en estos días hemos llevado a cabo un proceso de análisis de posibles candidatos y ha sido en horas en que la decisión se ha tomado. Por lo tanto, ni en términos de tiempo había oportunidad de hacer esos comentarios que, insisto, no han sido nunca habituales y corresponden a una competencia del Gobierno, que creemos firmemente que el candidato es una persona destacada del mundo del Derecho, un juez de reconocido prestigio, magistrado del Tribunal Supremo, y, por lo tanto, va a tener, estoy convencido, el reconocimiento y el apoyo de todos para que desempeñe sus funciones.
P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Para el ministro portavoz. ¿Al Gobierno le preocupa la reacción que han tenido varias Comunidades Autónomas, incluidas algunas del Partido Popular, a la aprobación del Cupo vasco? ¿Confía en que ese malestar pudiera amortiguarse una vez que se aprobare el nuevo sistema de financiación autonómica?
Por otro lado, aunque el Gobierno desliga el Cupo vasco de la aprobación de los Presupuestos, ¿cree que puede ayudar a esa aprobación y confía en que incluso el PSOE pudiera apoyarlos si incluyeran un acuerdo sobre esa nueva financiación autonómica?
Portavoz.- Yo creo que el Cupo vasco, resultante del Concierto, en su cuantía debía haberse fijado hace mucho tiempo. No fue posible. Creo que es bueno que se haga con independencia de las circunstancias políticas de cada momento.
El paralelismo con la financiación de las Comunidades Autónomas es un paralelismo erróneo. Nunca ha sido así. Son dos cosas totalmente distintas y, por lo tanto, no tienen nada que ver. Uno tenía un procedimiento, había que hacerlo; se llegó a un acuerdo, si no recuerdo mal, el pasado mes de julio y ahora se pone en marcha.
Respecto a la financiación de las Comunidades Autónomas, como saben ustedes, es un acuerdo resultante de la Conferencia de Presidentes que se celebró en el Senado en el mes de enero. Ha habido un grupo de expertos que se ha ocupado de este tema. Yo creo que hoy era el día en que vencían las propuestas que tenían que provenir de las Comunidades Autónomas y en eso estamos. Por tanto, creemos que ese es un tema enormemente importante también, pero son dos temas que van por separado.
Respecto a los Presupuestos del año 2018, me han oído decir ustedes, ya con los de 2017, que eran una prioridad del Gobierno y eran una prioridad del Gobierno porque eran buenos para España, porque es bueno que en la estabilidad y en la seguridad política haya Presupuestos, porque los Presupuestos, además, tienen un fortísimo componente social.
Por lo tanto, cumpliendo con Europa, como la Comisión nos ha dicho que cumplimos, es bueno que esos Presupuestos se aprueben. Pero, como saben ustedes, el Gobierno dispone de 135 diputados, los Presupuestos requieren de una mayoría que está muy alejada de esos 135 y, por lo tanto, el Gobierno tiene que negociar, como negoció en el año 2017, para aprobar esos Presupuestos Generales del Estado. Es algo que el Gobierno tiene en cartera. Ha prorrogado, por razones que ustedes conocen, los actuales, pero el Gobierno tiene pensado y quiere aprobar esos Presupuestos Generales del Estado, insisto, por una razón: porque cree que son buenos para España. Por tanto, le gustaría que todos los Grupos Parlamentarios estuvieran también en esa negociación y en esa posible aprobación, y no entiende cómo algunos Grupos Parlamentarios ponen el "no" como una condición previa antes de la negociación.
Insisto, desde aquí, estamos abiertos y creemos que es bueno. Creemos que estas cifras de crecimiento y de creación de empleo merecen que estos Presupuestos de crecimiento inclusivo sigan desarrollando toda esa vertiente social que desarrollan y sería bueno que se hicieran. Pero, insisto, son temas diferentes. Como he dicho antes, la negociación del Cupo se aprobó, si no recuerdo mal, el pasado mes de junio.
P.- Marta Gómez Montero. Para el ministro Catalá. Yo quería preguntarle sobre el nombramiento del nuevo fiscal, el día que se produzca. Se está hablando de si va a tener una línea continuista con el anterior fiscal general del Estado, con el señor Maza, sobre todo en relación con el "procès". ¿Qué nos podría comentar?
¿Por qué vuelven a elegir a una persona que es magistrado en vez de un miembro de la Carrera Fiscal? ¿Hay alguna motivación?
Luego, le quería preguntar por la campaña contra jueces en Cataluña: ¿estamos hablando de casos concretos o es una campaña más generalizada de acoso, de escraches? Como esto ya se ha vivido en circunstancias diferentes en otras Comunidades Autónomas, ¿se va a adoptar algún tipo de actuación por parte del Gobierno para que no tengan que abandonar la Comunidad Autónoma?
Sr. Catalá.- El fiscal general del Estado dirige una organización de 2.500 fiscales en toda España y, por lo tanto, tiene una labor de liderazgo y de coordinación. Pero es una labor de equipos y, por lo tanto, la acción que adopta la Fiscalía General del Estado, en cualquier asunto, y en el caso de las demandas con ocasión del secesionismo en Cataluña, ha estado, sin duda, inspirada por la acción del fiscal Maza y por todo el equipo de la Fiscalía.
En ese sentido un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que será designado fiscal general del Estado, tendrá, lógicamente, la legitimidad de trabajar con sus equipos y, en su caso, aportar sus visiones y sus reflexiones. Eso es lo razonable y lo legítimo en términos organizativos. Por lo tanto, ésa es una labor que le corresponderá al propio fiscal general del Estado y al equipo de colaboradores con los que se incorpora a trabajar. Veremos en breve cuáles son las decisiones que toma la Fiscalía en esta materia porque, en cualquier caso, el fin último de la Fiscalía es la defensa del interés general, la defensa de los derechos de los ciudadanos.
El marco --me refiero al de actuación-- está muy tasado y muy establecido. Las querellas que presentó la Fiscalía no son obras de una persona sino, insisto, de un trabajo colectivo y, por lo tanto, esas son las querellas que han marcado y seguirán marcando, doy por supuesto, la acción de la Fiscalía, sin perjuicio de las actuaciones que puedan llevarse a cabo.
En cuanto a la campaña, por calificarlo de alguna manera, de acosos y de presión que están sufriendo servidores públicos, en general, y jueces y fiscales, en particular --también los letrados de la Administración de Justicia--, para el desempeño de su labor ordinaria, que no es otra que la de garantizar que en España se cumplen las leyes y se aplican las sentencias de los jueces; lo cierto es que algunos casos puntuales, con nombre y apellidos, han sido ya conocidos, porque así han querido las personas que han sufrido esa circunstancia hacerlo público o, incluso, denunciarlo en algún caso. Otros casos son públicos y notorios: las concentraciones tumultuarias ante las sedes de los órganos jurisdiccionales en un ejercicio que indirectamente está generando, sin duda, una presión importante. Yo creo que eso es lo que está sucediendo, lamentablemente, en algunos casos en Cataluña.
Estas semanas últimas yo he tenido la oportunidad de asistir a diversos congresos que se han celebrado de asociaciones de jueces o de fiscales, y ellos, los jueces y los fiscales, están haciendo otorgamiento de premios, como hizo la Asociación Francisco de Vitoria hace unos días en Alicante o como han hecho otras asociaciones, a sus compañeros, a los compañeros que prestan servicios en Cataluña, porque saben la presión que están teniendo. Y también sabemos que hay jueces que han manifestado su voluntad de pedir el traslado, porque consideran que la situación en la que tienen que ejercer su actividad les genera una presión de muy diversa índole; son muchas las anécdotas o los casos que se cuentan.
Por lo tanto, eso está pasando muy lamentablemente en Cataluña. Lo que nosotros creemos es que debería restablecerse la convivencia natural y respetar el trabajo de los poderes del Estado; en este caso del Poder Judicial, del que todos reivindicamos su independencia y su autonomía para el ejercicio de sus funciones. Y, sin duda, una de las responsabilidades de todos los gobernantes es fomentar la convivencia, el respeto y el mantenimiento de las reglas de la democracia, y ojalá cuanto antes dejen de suceder esos hechos que están provocando estas circunstancias en Cataluña.
P.- Susana Camacho, de Noticias Cuatro. Tengo también una pregunta para el ministro Catalá, en el mismo sentido que mi compañera Teresa Fernández-Cuesta. Teniendo claro que es exclusiva del Gobierno la potestad del nombramiento del fiscal general del Estado, pero también teniendo claro que es una pieza clave en la crisis catalana, ¿no habría sido conveniente contar, al menos llamar, a los partidos constitucionalistas en estas circunstancias? Se lo digo también porque el Partido Socialista no está demasiado contento; les acusa de oscurantismo.
Sr. Catalá.- Yo he tratado en mis intervenciones anteriores de poner de manifiesto dos ideas: una, que la Fiscalía General del Estado es una institución y, por lo tanto, las personas somos muy importantes, pero las instituciones lo son más todavía. Por tanto, la persona que esté al frente de la institución tendrá una legitimidad de dirección; pero las actuaciones de la Fiscalía General del Estado, en este asunto del secesionismo en Cataluña y cualquier otro, en la defensa del interés general y en la defensa de los derechos de los ciudadanos, las va na hacer la institución en su conjunto. No es una persona que llegue y cambie la manera de actuar, máxime cuando hay tradición histórica, hay reglas internas, hay circulares y hay instrucciones. Esto funciona.
Aunque algunos a veces quieren dar a entender como que se presiona o se dan instrucciones, la Fiscalía tiene un procedimiento absolutamente consolidado de actuación; sometido, como digo, a reglas, a instrucciones y a pautas generales. Por lo tanto, en ese sentido, esa es la confianza que tenemos que tener todos los españoles. 2.500 fiscales, con absoluta autonomía, cada día defienden los derechos de todos nosotros y las personas que se incorporan a los puestos de dirección empujan, coordinan, pero no hacen que la nave cambie el rumbo sustancialmente.
En cuanto al procedimiento formal de designación, de la propuesta del fiscal general del Estado, yo creo simplemente que hay que recordar cuál es el que formalmente está establecido y la tradición y la costumbre. No recuerdo ningún procedimiento anterior en el que el Gobierno legítimamente haya puesto en marcha la designación de un fiscal general del Estado y alguien se haya sentido molesto porque no haya sido consultado. No entiendo en este momento por qué parecería que era más necesario cuando anteriormente nunca lo fue y el procedimiento establecido es el que es.
El señor Sánchez Melgar comparecerá en unos días en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y presentará su plan de actuación, su memoria. Ahí los Grupos tendrán la oportunidad de preguntarle, de hacer valer su criterio. Insisto, un magistrado de treinta y tantos años de carrera, diecisiete de ellos en el Tribunal Supremo, compañero de órgano jurisdiccional de la señora Robles, bien conocido, prestigioso; tendrá, yo confío, el apoyo de todos para que pueda seguir desempeñando una labor tan brillante como la que don José Manuel Maza llevó a cabo durante el último año.
P.- Marisa Piqueras, de Europa Press. Ministro, el partido catalán anunció ayer que llevará en su programa electoral incentivos fiscales para las empresas que se han marchado de Cataluña con el objetivo de que regresen. Quería saber si desde el Gobierno también se plantea algún plan de choque en este sentido, teniendo en cuenta que el presidente de la patronal catalana hizo una demanda en este sentido el pasado miércoles en un acto con el presidente del Gobierno.
Portavoz.- Yo creo que ahora entramos en un período electoral y creo que los que tienen que hacer propuestas de cara a la sociedad catalana, que va a pronunciarse en las urnas en una consulta con todas las garantías legales, deben ser los partidos políticos.
Yo creo que es el momento en que los partidos políticos tienen que hacer su programa y tienen que ocuparse de los problemas que afectan a la gente, como usted ha dicho. No tienen que estar en místicas que, al final, ya sabemos a dónde llevan: a la pérdida de credibilidad, de reputación y demás. Y creo que este tipo de cuestiones, ésas y muchas otras --las que afectan a la educación, las que afectan a la sanidad, a la dependencia, a la financiación, a infraestructuras--, ése es el verdadero debate electoral y yo espero que ése sea el verdadero debate electoral, porque son los temas que preocupan a la gente.
Usted ha recordado muy bien que el presidente del Gobierno recientemente en Barcelona hizo un llamamiento doble: un llamamiento a las empresas catalanas para que se quedaran ahí, porque las causas que habían provocado esa inseguridad, una vez que el Gobierno ha aplicado el artículo 155, ya no existen, no deben existir; y también, importante, para que no se boicoteen los productos catalanes.
Por tanto, creo que esas son dos buenas líneas de actuación para la campaña electoral.
P.- Pablo Montesinos, de Libertad Digital. Acabamos de saber que el Tribunal Supremo ha asumido las causas contra el ex Gobierno catalán. A mí me gustaría saber, partiendo de la base del respeto a las decisiones judiciales, si el Gobierno contemplaría con buenos ojos que, si estos miembros del ex Gobierno catalán utilizan la vía de Carmen Forcadell y de los miembros de la Mesa de la Cámara autonómica… Si ven con buenos ojos que pudieran salir de prisión.
Al hilo de una pregunta sobre la financiación autonómica, a mí me gustaría saber --al ministro portavoz, en concreto-- en qué punto están las negociaciones de la financiación autonómica y cuáles son en estos momentos los escollos para que esa financiación autonómica no se apruebe antes de que concluya el año, como ha pedido, por ejemplo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Sr. Catalá.- La tramitación procesal de las diversas causas judiciales que en este momento están en marcha con ocasión del proceso secesionista en Cataluña tenía ubicación en distintos órganos jurisdiccionales: en un Juzgado de Instrucción, ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, por razones básicamente de las personas afectadas por esas causas. Lo que ha considerado el juez instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es que era conveniente integrar el proceso en una sola actividad y, además, hecho por el órgano superior de nuestra estructura jurisdiccional, por el Tribunal Supremo, lo cual, en términos procesales y en términos legales, tiene todo el sentido, en mi opinión, y es lo que establecen la norma y los precedentes. Por lo tanto, de esa manera se está fortaleciendo la unidad de actuación y se está fortaleciendo la seguridad jurídica para el proceso y para todas las partes afectadas.
En ese sentido, yo creo que es una decisión que tiene, como digo, amparo legal, es razonable y se responde a los precedentes en casos, no equivalentes en cuanto al fondo, pero sí en cuanto a la organización de las causas.
A partir de ahí, el juez instructor del Tribunal Supremo podrá adoptar las decisiones en términos provisionales que considere y, en particular, las que tienen que ver con las medidas cautelares en relación con las personas que son objeto del procesamiento. Es inimaginable… Porque son situaciones distintas: hay personas que han declarado ante el juez, otras que no quisieron declarar y otras incluso que han huido de la acción de la justicia. Por lo tanto, parece razonable pensar que las decisiones puedan ser diferentes pero, en todo caso, le corresponderá al juez instructor. Con la cualificación, una vez más, que corresponde a un magistrado del Tribunal Supremo y que tiene todas las garantías de defensa, por otra parte, por los investigados, con toda seguridad esas decisiones estarán fundadas en Derecho y estarán afectas a la realidad de las circunstancias de cada una de las personas que hoy están en estos procesos.
P.- Quería preguntarle, ministro, si cambian de criterio y utilizan el de Carmen Forcadell y los miembros de la Mesa lo que hicieron en la Audiencia Nacional los miembros del antiguo Gobierno catalán. Si utilizan la estrategia de Carmen Forcadell, entiendo, estaríamos en un peor escenario, ¿o no?
Sr. Catalá.- El auto que dictó el juez magistrado del Tribunal Supremo consideraba --ustedes recordarán-- tres aspectos para adoptar la decisión que adoptó: el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración delictiva y también la posibilidad de destrucción de pruebas. Son, además, los elementos que establece nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal para tomar una medida tan relevante como es la de la prisión provisional. En el caso que él conoció, consideró que podía dictar una prisión eludible con fianza. Si ahora personas que han sido privadas de libertad con carácter provisional solicitasen o el propio magistrado pidiese su comparecencia y hubiese un cambio de circunstancias, en esos términos, siempre con fundamento objetivo, el juez lo podrá considerar.
Por tanto, como digo, hay unas causas que motivan o no a adoptar medidas cautelares. Los jueces hace unas semanas consideraron lo que consideraron y, si las circunstancias se modifican, evidentemente se puede modificar la consecuencia también.
Portavoz.- Respecto a la cuestión de la financiación autonómica, hoy vencía el plazo --lo he recordado antes-- para que las Comunidades Autónomas enviaran sus propuestas y, luego, tiene que reunirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Son trámites procedimentales que no son fáciles y todo esto tiene, al final, que concluir en una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. El Gobierno tiene la mayoría que tiene en las Cámaras y, por tanto, eso requiere de acuerdos con los Grupos Parlamentarios y también las Comunidades Autónomas, como es lógico, tienen mucho que decir.
Nosotros pensamos que esa modificación de la Ley, y, por tanto, de alumbrar un modelo de financiación autonómica, es hoy posible gracias a que ha variado a mejor la situación económica, gracias a la recuperación. Esto hubiera sido imposible hacerlo en el año 2013. Por lo tanto, creemos que se reúnen las condiciones económicas para llevarlo a cabo y la voluntad del Gobierno es hacerlo así. Pero el Gobierno no tiene mayoría, como he dicho; el Gobierno tiene que contar con un consenso para llevar a cabo la modificación de esa Ley y lo que vamos a ver, vamos a pulsar, es si ese consenso existe. Evidentemente, a mí me parece que de aquí a finales de año es imposible, no hay tiempo material para hacerlo; pero sí creemos que sería bueno hacerlo el año que viene.
Por tanto, desde aquí, desde el Gobierno, hacemos un llamamiento para que los Grupos Parlamentarios acudan a esa negociación con voluntad de llegar a un acuerdo. Nos parece, insisto, que sería una buena señal en esta Legislatura que hemos denominado "del diálogo y del acuerdo", cuando hay muestras de insatisfacción por parte de diferentes Comunidades Autónomas sobre el modelo de financiación, hablarlo e intentar llegar a un acuerdo. En eso está el Gobierno y esa es la voluntad que tiene, y en ese procedimiento que he mencionado antes --comisión que se constituyó, propuestas de las Comunidades Autónomas y Consejo de Política Fiscal y Financiera-- es en el que estamos.
P.- Carmen Del Riego, del diario "La Vanguardia". Por un lado, ¿ha habido hoy Consejo de Ministros derivado de la aplicación del artículo 155?
Por otro lado, ¿el Consejo de Ministros ordinario ha hecho alguna evaluación del mes de aplicación del artículo 155, que se cumple el lunes?
Portavoz.- Respecto al primero, sí, lo ha habido y don Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, va a dar o está dando una rueda de prensa para hablar del contenido de ese Consejo de Ministros dedicado a la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Respecto al segundo, no, el Gobierno no ha hecho hoy… No ha habido ningún apartado dedicado a una evaluación de este mes del artículo 155. Lo hemos hecho en otras ocasiones para resaltar cómo la aplicación está funcionando correctamente y creo que la mejor prueba de ello es la situación en Cataluña, la situación de las distintas Consejerías en Cataluña, donde la situación es de normalidad, como pueden comprobarlo todos los ciudadanos.
P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". Una pregunta para el ministro portavoz. Quería saber qué le parece al Gobierno que PDeCAT y Esquerra Republicana estos últimos días estén diciendo que van a abandonar la vía unilateral la próxima Legislatura, si es que logran entrar en la Generalitat.
Otra pregunta más: sobre las injerencias rusa, que varios ministros y el propio presidente denunciaron estos días atrás, ¿cree el Gobierno necesario abrir una investigación gubernamental o parlamentaria, dado que hay socios, como Estados Unidos y Reino Unido, que lo han hecho después del "Brexit" y las presidenciales? Digo más allá de que vaya la vicepresidenta, como tiene previsto, a la Comisión de Secretos Oficiales.
Portavoz.- Respecto a la primera, al Gobierno no le corresponde juzgar sobre los programas o las declaraciones de los grupos políticos. Yo creo que estamos viendo en esos grupos políticos en Cataluña declaraciones en uno y otro sentido que revelan, sobre todo, un gran desconcierto y revelan una notable improvisación. Aquellos que durante meses han contado en Cataluña y al resto de los españoles que la proclamación de la República era algo que se hacía con total naturalidad, que no iba a ver más que beneficios y que todo iba a ser la arcadia feliz, se han dado de bruces con la realidad. Aquellos que decían que iban a tener un apoyo enorme fuera de nuestras fronteras y que iba a haber un reconocimiento inmediato de esa República de Cataluña, se han dado cuenta de que el apoyo es cero. Por tanto, lo que estamos viendo, con muchas voces y muchos ecos también, son críticas, autocríticas y declaraciones en un sentido o en otro.
Nosotros, desde el Gobierno, lo que pedimos a los ciudadanos catalanes es que analicen lo que ha pasado en estos últimos años; que vean si todo ese proceso secesionista, que era un proceso en contra del orden constitucional y en contra de la convivencia, ha traído algún beneficio para los catalanes; que piensen en eso a la hora de votar y que piensen en quién les ha estado engañando todo este tiempo. Esa es la valoración que quiere hacer el Gobierno.
A la segunda pregunta que me ha hecho usted, yo creo que el Gobierno en este tema ha sido medianamente claro desde el principio. No solamente lo ha puesto de manifiesto aquí, sino que el ministro de Asuntos Exteriores ha acudido a la reunión de la Unión Europea y lo ha puesto en conocimiento de la Alta Representante, la señora Mogherini. El Gobierno está a disposición de las Cámaras para, cuando éstas lo soliciten, dar la información que obre en su poder. Nos parece que no cabe mayor ejercicio de claridad ni de transparencia. Serán las Cámaras las que tomen alguna decisión.
Pero creo que hemos sido claros, creo que hemos sido terminantes y creo también que este es un tema que no afecta solamente a España, sino afecta a otros países, como han tenido ustedes ocasiones de ver, y, por tanto, creemos que la solución, que está muy motivada por este nuevo mundo digital en el que nos movemos, tiene que ser en el caso de España también una solución europea.
P.- Mariano Calleja, de "ABC". Mi pregunta es para el ministro portavoz, también. Quería saber qué evaluación hace el Gobierno del veto que el líder del Partido Socialista ha anunciado respecto a Ciudadanos, a la candidata de Ciudadanos, después de las elecciones del 21 de diciembre; si eso afecta a los constitucionalistas, al bloque constitucionalista, y si le inquieta que les pueda hacer más débiles después de ese 21 de diciembre.
Portavoz.- Me hace usted una pregunta sobre las elecciones autonómicas en Cataluña y yo creo que a quienes tendrá que dar cuentas el secretario general del PSOE es a sus hipotéticos votantes, y tendrá que explicarles por qué lleva a cabo ese tipo de iniciativas.
A nosotros no nos gustan los vetos. Nosotros creemos que lo importante es construir, ser positivo. Creemos que Cataluña en estos momentos necesita mucha política con inteligencia, con moderación y con cabeza. Por lo tanto, ni la constitución de frentes de un lado, ni vetos de otro, nos parece que sea lo adecuado. Y, como he dicho antes, contarles a los catalanes quiénes tienen un proyecto para Cataluña, para España y para Europa, quiénes tienen soluciones a sus problemas y quiénes, en lugar de pensar en cosas que luego no se producen en la realidad, sí quieren solucionar los problemas que tienen diariamente los catalanes.
P.- Josep Capella, de Televisión de Cataluña. Una para el ministro, en este caso, de Cultura; se me han acabo las demás como portavoz. Nos dijo que estudiaría con diligencia y con calma el tema de Sijena y quería saber si ha tomado alguna decisión, si tiene algún plazo y si el hecho de que falte una sentencia firme está retrasando un poco su decisión.
Por otra parte --y ahora ya se lo leo, porque es de mis compañeros--, dicen que la juez le pedía que pidiera a la Guardia Civil un cronograma de la actuación para diseñar un dispositivo de seguridad para el traslado de las piezas. ¿Ha hecho, al menos, este trámite también su Departamento?
Portavoz.- Yo dije "diligencia y detenimiento", que iba a estudiar con diligencia y detenimiento.
En esta cuestión, y probablemente éste sea el mundo en el que vivimos, las providencias de los jueces llegan antes a los medios de comunicación que al destinatario; por tanto, yo no he recibido todavía, no lo he recibido todavía. En el Registro del Ministerio, pese a que me han dicho que me lo han enviado, no he recibido todavía la providencia del juez, la primera. La primera no la he recibido. Y es importante porque la providencia del juez, que se ha publicado en la prensa, apunta a que hay una serie de documentación anexa que constituye también parte de la providencia. Pero yo no la he recibido, no la he visto en ningún lado. Por lo tanto, estoy esperándola e insisto que actuaré con diligencia y con detenimiento; pero tengo que tener la documentación para hacerlo. Si no, caería en frivolidad o superficialidad.
Lo que sí he hecho, porque la Generalitat de Cataluña sí ha sido notificada, y lo que sí les he dicho es que no recurran esa providencia del juez, porque creo que, desde ese punto de vista de recursos y demás, ya ha habido muchos recursos en este caso y creo que es bueno proceder. Pero, insisto, lo haré con detenimiento y usaré la diligencia cuando reciba la providencia, que todavía no… Yo creo que el ministro de Justicia no es el encargado de venir a traérmela.
Por lo tanto, que me la envíen, que llegue pronto, porque ahora me he enterado de que hay otra a la que usted ha hecho referencia; pero tampoco me ha llegado.
Yo creo que tenemos que ser, en esto como en todo, serios. Yo creo que es bueno plantear las cosas en los términos en que hay que plantearlas. Insisto, cuando uno estudia las cosas con detenimiento es porque lo hace con conocimiento de causa, y en estos momentos es difícil hacerlo cuando uno no ha recibido la documentación.
El Museo del Prado está de estreno con Fortuny, un gran pintor de Reus, como el general Prim o como don Antonio Pedrol. No dejen de ver la exposición "169 obras". Realmente, merece la pena. El catálogo es espectacular.
En Barcelona, "Total Records", un recorrido por 250 portadas de discos de vinilo, con fotografías realmente icónicas, que incluyen desde los Rolling Stones, a U2, Serrat o Radio Futura.
En Valladolid tenemos zarzuela: "Agua, azucarillo y aguardiente". Y en el Festival de Lliria, en Valencia, novecientos alumnos de escuelas de música intentarán mañana batir el récord Guinness de intérpretes de cuerda actuando conjuntamente, y será también con los acordes de la "Novena Sinfonía", de Beethoven, con lo cual los europeístas estamos de enhorabuena.
Disfruten del fin de semana. Nos veremos la semana que viene.

References: artículo 82
 artículo 155
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