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Timestamp: 2019-01-17 11:15:40+00:00

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SELECCIÓN DE DISPOSICIONES AUTONÓMICAS PUBLICADAS EN EL BOE DURANTE 2009
PUBLICADAS EN EL BOE DURANTE 2009
* Alfonso de la Fuente Sancho, Notario de La Laguna (Tenerife).
INFORME Nº 172. (BOE de ENERO).
CASTILLA Y LEON. Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León.
Esta Ley, que sustituye a la Ley 2/1990, de 16 de marzo, regula la competencia exclusiva recogida en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad.
Concretamente, su objeto es la regulación de la planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación de las referidas carreteras, que pueden ser tanto titularidad de la Comunidad de Castilla y León, como de las provincias, los municipios o de las demás entidades locales.
El cambio de titularidad de estas carreteras podrá realizarse mediante acuerdo de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia, previo acuerdo de las administraciones interesadas e informe de la Comisión de Carreteras de Castilla y León. Hay especialidades para tramos urbanos.
Para su protección se fijan zonas de dominio público, de servidumbre y de afección, asi como líneas límite a las edificaciones (arts. 23 al 26).
Entre sus novedades están los preceptos introducidos en materia de financiación de carreteras, los cuales, además de la financiación tradicional, posibilitan legalmente los mecanismos concesionales con vistas a la construcción y explotación de carreteras por los particulares.
Las áreas de servicio de titularidad pública, que tienen la consideración de elementos funcionales de la carretera, se gestionarán por cualquiera de los sistemas de gestión de servicios públicos que establece la legislación vigente en materia de contratos del sector público. También podrá emplearse la concesión de obra pública, que podrá tener por objeto la construcción y la explotación o solamente la explotación.
PDF (BOE-A-2009-809 - 16 págs. - 299 KB)
EXTREMADURA. Ley 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2009.
Impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas. Con efectos exclusivos para las declaraciones correspondientes al ejercicio 2008, sobre la cuota íntegra del este impuesto, se aplicará una bonificación del 100 por cien a todos los sujetos pasivos. No hay obligación de presentar declaración de bienes. (Disposición adicional quinta).
AJD en vivienda habitual. Tipo de gravamen reducido en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados para adquisición y financiación de viviendas medias. Durante el año 2009 se aplicará el tipo de gravamen del 0,1 por 100 a las escrituras públicas que documenten las adquisiciones de inmuebles destinados a vivienda habitual del sujeto pasivo, así como la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su financiación, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1. Que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23 del Texto Refundido.
3. Que se trate de viviendas con protección pública y calificadas como viviendas medias. (D. Ad. 13ª).
PDF (BOE-A-2009-872 - 38 págs. - 708 KB)
EXTREMADURA. Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En el Impuesto sobre sucesiones se incrementa la base sobre la que se aplica el correspondiente porcentaje de reducción por la vivienda habitual dejada en herencia por el causante, que será del 100% hasta 122.000 euros.
En el Impuesto sobre las donaciones esta Ley contiene dos medidas para favorecer el acceso a la primera vivienda habitual:
- Una reducción propia de la Comunidad Autónoma del 99 por 100 sobre las cantidades de dinero que los hijos y descendientes perciban de sus padres y ascendientes, hasta 122.000 euros.
- Cuando los ascendientes donen directamente la que va a constituir la primera vivienda en propiedad a sus descendientes, éstos gozarán de una reducción propia de la Comunidad Autónoma del 99 por 100 sobre el valor neto del inmueble, con el límite también de 122.000 euros.
También en donaciones, se elevan al 99 por 100 las reducciones estatales en el caso de adquisiciones lucrativas «inter vivos» de empresas individuales, negocios profesionales, participaciones en entidades societarias y de explotaciones agrarias.
Se regulan los plazos de presentación de ISD y de ITPYAJD. Será, para donaciones y para ITPYAJD, de un mes a contar desde la fecha del acto o contrato. Cuando el último día del plazo coincidiese con sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Se aplica a hechos imponibles acaecidos a partir del 1º de enero de 2009.
Se modifica la regulación de la comprobación de valores para adaptarla a la Ley General Tributaria, previéndose la publicación de coeficientes multiplicadores.
En cuanto al Impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas se establece el tratamiento para el disfrute de los beneficios tributarios regulados en la Ley (que ya se aplicarán a las declaraciones formuladas en el ejercicio 2009) y fija las excepciones geográficas.
PDF (BOE-A-2009-873 - 22 págs. - 415 KB)
ANDALUCÍA. Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009.
Se prevé un ingreso por ITPYAJD de 1.979.824.602.000, y por ISD, de euros. 333.900.575.000 euros.
BALEARES. Decreto 138/2008, de 19 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2009 a efectos de plazos administrativos.
CANTABRIA. Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009.
Se prevé un ingreso por ITPYAJD de 195.000.000 euros, y por ISD, de 40.236.000 euros (siendo el conste de las reducciones fiscales en ISD muy superior: 103.556.000 euros)
CANTABRIA. Ley 9/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.
Las normas fiscales se centran fundamentalmente en la regulación de tasas y cánones.
CATALUÑA. Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2009.
Dice la Exposición de Motivos: En cuanto a los ingresos, el descenso del ritmo de la actividad económica se traduce en una previsión de caída de la recaudación. Esta tendencia, en algunos casos específicos, como el de los ingresos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, presenta tasas de variación negativas muy elevadas respecto de las previsiones del ejercicio anterior, como consecuencia de la fuerte contracción del mercado inmobiliario. Dada la importancia de este impuesto, este hecho tiene un impacto notable en los ingresos tributarios de la Generalidad.
Interés legal del dinero. Queda establecido en el 5,5 % hasta el 31 de diciembre del año 2009 por remisión a la Ley de presupuestos generales del Estado para 2009.
Interés de demora. Durante el mismo período, el interés de demora de aplicación a las cantidades debidas a las finanzas de la Generalidad es del 7% (igual al del Estado).
La única disposición transitoria regula la compensación fiscal por la deducción por inversión en la vivienda habitual.
*CATALUÑA. Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Reforma del Libro Tercero del Código Civil. Es la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas. Es en materia de fundaciones.
1. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 331-2, que queda redactado del siguiente modo:
2. Se modifica la letra a del artículo 331-9, que queda redactada así:
«a) La denominación, que debe contener la palabra fundación.»
3. Se añade una nueva disposición adicional, la tercera, a la Ley 4/2008, con el siguiente texto:
«Tercera. Efectos de la financiación pública de las fundaciones.
2. Lo establecido por el apartado 1 se entiende sin perjuicio de la obligación de información que se deriva de la normativa europea en materia de cuentas.»
4. Se modifica la disposición transitoria tercera de la Ley 4/2008 que queda redactada del siguiente modo:
«Tercera. Cuentas anuales de las fundaciones.
Se deben formular, aprobar y presentar, de acuerdo con el libro tercero del Código civil, las cuentas anuales de las fundaciones correspondientes al primer ejercicio económico iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicho libro.»
- En cuanto al régimen de tasas, se crean, en el ámbito de la sociedad de la información tres nuevas tasas, otra por el certificado de aptitud profesional (CAP) y otra por la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias.
- Se modifica la contribución especial para los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos.
IRPF. Se modifican aspectos formales en las reducciones ya existentes de la cuota y se incrementa hasta el 25% la deducción por donativos que se hagan a favor de centros de investigación adscritos a universidades catalanas que tengan por objeto el fomento de la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológicos.
ISD. Se modifica la reducción por adquisición por causa de muerte de la vivienda habitual del causante, en la cual se amplía, en determinadas circunstancias, el concepto de vivienda habitual con el objetivo de considerar como tal la que lo había sido hasta los dos años anteriores a la defunción del causante a pesar de que no residiese en ella en este momento.
ITPYAJD. Se amplía de tres a cinco años el plazo de que disponen las empresas para transmitir el inmueble y poder disfrutar, con carácter definitivo, de la bonificación de la cuota. Se modifica, en tal sentido, el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda así redactado:
«2. La aplicación de esta bonificación es provisional, por lo que solamente hay que hacer constar en la escritura pública que la adquisición de la finca se efectúa con el fin de venderla a un particular para su uso como vivienda. Para la elevación a definitiva, el sujeto pasivo debe justificar la venta posterior de la totalidad de la vivienda y sus anexos a una empresa que cumpla los mismos requisitos del apartado 1 o a una persona física para cubrir sus necesidades de alojamiento, en el plazo de cinco años a contar desde la adquisición.»
Por la disposición transitoria tercera, se determina que el plazo de cinco años establecido por la presente ley para el disfrute definitivo de la bonificación en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas es también aplicable en lo que se refiere a los hechos imponibles que, habiendo sido acreditados antes del 31 de diciembre de 2008, no hayan agotado en esta fecha el plazo de tres años señalado por la normativa anterior.
Contratación pública. El capítulo V regula varios aspectos de la contratación pública. Contiene tres medidas relativas a los órganos de contratación de la Generalidad, a los contratos menores y a los expedientes de contratación de tramitación anticipada.
ASTURIAS. Ley 4/2008, de 24 de noviembre, de segunda modificación de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración.
Según su artículo único, la creación, modificación y supresión de las Consejerías se establecerán por Decreto del Presidente del Principado de Asturias.
LA RIOJA. Ley 4/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2009.
En el Título V, «Normas tributarias», se hace referencia a la actualización de las tasas en un 4,2% para el año 2009, excepto las de aquéllas que por disposición legal específica se hayan actualizado o creado durante el ejercicio 2008 y entren en vigor en el año 2009.
Se prevé un ingreso por ITPYAJD de 110.250.000 euros, y por ISD, de 17.500.000 euros.
LA RIOJA. Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009.
IRPF. Se recoge la escala autonómica y la regulación de las deducciones autonómicas sobre la cuota íntegra con sus requisitos.
Las modificaciones en tributos cedidos (ITPYAJD e ISD) las valora el legislador como de tipo técnico, para clarificar el verdadero alcance de determinados preceptos, haciéndose también constar por escrito algunos criterios que se desprendían de la propia redacción de la Ley y de sus sucesivas exposiciones de motivos y memorias y que la Administración tributaria ya estaba utilizando en la aplicación de las normas.
Anotación preventiva. Dice el art. 22: Documentos presentados a liquidación por Actos Jurídicos Documentados a los que sea de aplicación el artículo 20.Uno.22.c) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El Título II contiene algunas modificaciones de la Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El capítulo VI del Título III avanza en las políticas de simplificación administrativa, transformando algunos trámites preceptivos en facultativos, disminuyendo la documentación que han de presentar los ciudadanos ante la Administración y creando una nueva herramienta, el tablón de anuncios virtual, que sustituirá a los tablones de anuncios de cada centro y unificará las publicaciones de todos ellos.
También se modifica la Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja.
BALEARES. Ley 9/2008, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2009.
Recoge por primera vez los estados de gastos e ingresos de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
Se vinculan entre sí los créditos del subconcepto 227.08, correspondientes a remuneraciones de agentes recaudadores y de registradores de la propiedad (art. 4).
Se prevé un ingreso por ITPYAJD de 459.281.840 euros, y por ISD, de 48.162.000 euros.
ARAGÓN. Ley 10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2009.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos de la Comunidad Autónoma de Aragón se estiman en ciento sesenta millones de euros. Corresponden al ISD por importe de ochenta y ocho millones y al ITPYAJD por importe de setenta y dos millones.
ARAGÓN. Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Se prevé una bonificación del 90 por 100 de la cuota tributaria para los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda del sujeto pasivo.
- Determinación del concepto de vivienda habitual y de familia numerosa.
- Se bonifica en el 100 por 100 la cuota para las primeras copias de escrituras que documenten la modificación del método o sistema de amortización u otras condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.
- Se fija un tipo reducido del 0,5 por 100 para las primeras copias de escrituras otorgadas para formalizar la constitución de préstamos hipotecarios cuyo objeto sea la financiación de actuaciones protegidas de rehabilitación.
- Reducciones del 100% previstas para las adquisiciones hereditarias por hijos del causante menores de edad o personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
- Reducción del 100% de la base imponible en la adquisición mortis causa por el cónyuge y los descendientes del causante, que ahora se amplía también para beneficiar a sus ascendientes.
- Una nueva reducción del 100 por 100 en el impuesto por el concepto de donaciones a favor del donatario hasta un límite de 300.000 euros, siempre que la donación se efectúe en favor del cónyuge o de los hijos del donante.
- Reducción del 97 por 100 en las adquisiciones mortis causa de la vivienda habitual de la persona fallecida para equipararla con la reducción de que gozan las adquisiciones de empresas, negocios o participaciones, porcentaje que se incrementará progresivamente con periodicidad anual hasta alcanzar el 99 por 100 en 2011, al tiempo que se adopta también el plazo de mantenimiento de cinco años para este tipo de transmisiones.
Se publican los textos actualizados de las disposiciones tributarias que son objeto de alguna novación o modificación en su contenido. Con carácter exclusivamente informativo, la Ley incorpora el Texto Actualizado de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos (Anexo I), el Texto Actualizado de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón (Anexo II) y el Texto Actualizado de la Legislación sobre los Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón (Anexo III).
VALENCIA. Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
En el Capítulo I se incluyen las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero.
El Capítulo III de esta Ley contiene las modificaciones de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, del tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos, incluyendo las siguientes:
a) Se deflactan, en un 2 por 100, los tramos de la escala autonómica de tipos de gravamen aplicable a la base liquidable general.
b) Se efectúa un incremento general de la cuantía de los importes fijos y de los límites de renta máxima para la aplicación de diversas deducciones.
c) Se establece una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF, para compensar el mayor coste por intereses de préstamos hipotecarios a interés variable relacionados con la adquisición, rehabilitación y adecuación de la vivienda habitual, derivado de la subida del EURIBOR. La deducción, que resultará aplicable a las adquisiciones y rehabilitaciones anteriores al inicio del periodo impositivo, llevadas a cabo por los contribuyentes que perciban rentas por debajo de determinados límites, tiene en cuenta la diferencia existente entre el EURIBOR medio del periodo impositivo y el de 2007, y se aplicará al total de los intereses pagados por el contribuyente en el periodo impositivo, a cuyos efectos la Ley establece el procedimiento para el cálculo de los porcentajes de deducción, remitiendo a la norma reglamentaria para la concreción de los mismos en función del EURIBOR medio para el periodo impositivo, a partir del momento en que éste se publique por el Banco de España.
ISD. Se establecen las siguientes modificaciones en relación con los beneficios fiscales autonómicos por parentesco aplicables a las adquisiciones inter vivos sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:
a) por un lado, se prevé un nuevo supuesto antielusión, aplicable a los casos de renuncia pura y simple a una adquisición mortis causa anterior de los mismos bienes que se reciben por donación o de otros hasta un valor equivalente;
b) por otro lado, se modifica el requisito de la exigencia del documento público para el disfrute de las citados beneficios fiscales, permitiendo la aplicación de los respectivos beneficios no sólo en los supuestos en los que tales adquisiciones se efectúen en documento público, sino también en aquellos otros en los que la adquisición se formalice en dicho modo, dentro del plazo de declaración del impuesto. Además, cuando los bienes consistan en metálico o en cualquiera de los bienes o derechos contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se establece la obligación de justificar en el documento público el origen de tales bienes para el donante y los medios efectivos en virtud de los cuales se produzca la entrega de los bienes al donatario.
Ver artículo de Jorge López Navarro sobre la fiscalidad de las donaciones en Valencia.
ITPYAJD. Se incrementa la cuantía de los límites de renta máxima para la aplicación de los tipos reducidos establecidos en favor de las familias numerosas.
Por la nueva Disposición Adicional Octava, se aplica al ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la suspensión del ingreso por interposición o reserva del procedimiento de tasación pericial contradictoria en corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores por cualquiera de los medios previstos en la Ley General Tributaria
El Capítulo XXI trata de la duración máxima del régimen del silencio administrativo de diversos procedimientos (temas de personal y personas dependientes).
El Capítulo XXVI trata de la modificación de la Ley 10/2004, de 8 de diciembre, de suelo no urbanizable en materia de instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica
VALENCIA. Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2009.
El Título VI, «De las normas tributarias», se compone de dos capítulos. El primero incluye la adaptación anual de la tarifa aplicable al Canon de Saneamiento, y el segundo, actualiza en un 2 por ciento los tipos aplicables a las tasas propias y otros ingresos de la Generalitat.
Se prevé un ingreso por ITP de 720.378.970 euros, por AJD de 795.195.550 euros, y por ISD, de 52.051.520 euros.
INFORME Nº 175. (BOE de ABRIL de 2009)
BALEARES. Ley 1/2009, de 25 de febrero, de medidas tributarias para impulsar la actividad económica en las Illes Balears.
Los beneficios fiscales que se establecen en la presente ley se articulan en tres grandes ámbitos de actuación: la dinamización de la actividad productiva y la ocupación; el impulso de la actividad inmobiliaria, favoreciendo el acceso a la vivienda a los jóvenes, las personas con discapacidad y las familias numerosas; y la racionalización y adaptación de los beneficios fiscales existentes relativos al acceso a la vivienda y a la creación de empresas.
Como medida innovadora, se permite que las cuotas satisfechas por los colectivos referidos en concepto de ITPYAJD se puedan deducir, en un porcentaje muy importante, de la cuota íntegra autonómica del IRPF, manteniendo, además, el tipo reducido.
Se incrementa el beneficio fiscal correspondiente a la deducción por inversión en vivienda habitual en lo referente a las obras de adecuación que sean necesarias para las personas con discapacidad.
Se aumentan el porcentaje y el límite de la deducción por alquiler de la vivienda habitual, la cual, por otra parte, se hace extensiva a las personas con discapacidad y a las familias numerosas, y no tan sólo a los jóvenes residentes en las Illes Balears.
Se garantiza la compatibilidad de las reducciones estatales por donación de la empresa familiar o de participaciones en sociedades familiares con la deducción autonómica relativa a este tipo de adquisiciones por parte de hijos o cónyuges.
Se fijan tipos reducidos en ITP para determinadas concesiones administrativas y ciertos casos de transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial en empresas individuales o negocios profesionales.
PDF (BOE-A-2009-5756 - 9 págs. - 235 KB)
CATALUÑA. Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficit urbanísticos.
Esta ley tiene por objeto establecer las medidas y los instrumentos para posibilitar la regularización de las urbanizaciones que presentan déficit de servicios y urbanización. A estos efectos, se entiende por urbanización el ámbito de suelo donde se ha iniciado un proceso de transformación con el objetivo de implantar en él un área o zona residencial de baja densidad.
Se trata de conseguir la finalización de las obras de urbanización y el establecimiento de servicios en las urbanizaciones.
El art. 7 recoge unos deberes de cesión, por los que los propietarios de suelo integrado en urbanizaciones objeto de regularización y clasificado como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable delimitado han de ceder al ayuntamiento, obligatoria y gratuitamente, el suelo reservado por el planeamiento urbanístico para los sistemas urbanísticos, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
En las urbanizaciones con cesiones para sistemas urbanísticos pendientes de ser efectuadas, y establecidas en el instrumento de planeamiento a cuyo amparo se llevó a cabo la operación de transformación del suelo o en el planeamiento aprobado para regularizar ámbitos urbanizados, el deber de cesión se materializa en el correspondiente proyecto de reparcelación, el cual es título suficiente para inscribir el suelo a favor de la administración actuante en el Registro de la Propiedad, sin necesidad de consentimiento del titular registral, mediante la documentación que exige la legislación hipotecaria.
Los propietarios de suelo integrado en urbanizaciones objeto de regularización, clasificado como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable delimitado, tienen el deber de ceder a la administración actuante, gratuitamente, el suelo urbanizado correspondiente al porcentaje del aprovechamiento urbanístico del sector o del polígono de actuación que establece la legislación urbanística.
PDF (BOE-A-2009-5850 - 10 págs. - 249 KB)
INFORME Nº 176. (BOE de MAYO).
INFORME Nº 177. (BOE de JUNIO).
INFORME Nº 178. (BOE de JULIO).
NAVARRA. Ley Foral 9/2009, de 18 de junio, por la que se modifica el artículo 103 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra.
A través de esta Ley Foral se modifica el concepto de sociedad pública recogido en el artículo 103 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra:
Se entenderá por tales aquellas sociedades en las que la Administración de la Comunidad Foral o sus Organismos públicos participen en su capital social, directa o indirectamente, en más de un 50 por 100.
PDF (BOE-A-2009-11418 - 1 pág. - 167 KB)
GALICIA. Ley 2/2009, de 23 de junio, de modificación del texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, de 13 de marzo.
Se modifica el artículo 35 de la Ley de la Función Pública, relativa a la convivencia entre los dos idiomas cooficiales:
La Administración garantizará los derechos constitucionales y lingüísticos de las ciudadanas y de los ciudadanos gallegos, tanto respecto del gallego, como lengua propia de Galicia, como del castellano, lengua oficial en Galicia.
Todo esto sin perjuicio de aquellas pruebas que tengan que realizarse en gallego para aquellas plazas que requieran un especial conocimiento de la lengua gallega.
PDF (BOE-A-2009-11563 - 2 págs. - 172 KB)
LA RIOJA. Ley 2/2009, de 23 de junio, de medidas urgentes de impulso a la actividad económica.
En el IRPF se incrementa la deducción general prevista para la rehabilitación de vivienda habitual para jóvenes de un 3% a un 5%. La deducción prevista para jóvenes con menores rentas se incrementa del 5 al 7%. Y se establece ex novo una deducción del 2% de las cantidades invertidas en rehabilitación de la vivienda habitual para todos los contribuyentes que no se encuentren en los supuestos anteriores.
PDF (BOE-A-2009-11564 - 4 págs. - 186 KB)
ARAGÓN. Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
Con esta Ley se establece un nuevo marco normativo para la actividad urbanística de la Administración autonómica, las comarcas y los municipios de Aragón, que viene a sustituir a la Ley 5/1999, de 25 de marzo, una vez aprobado el Texto Refundido de la nueva Ley del Suelo, en la que el propietario es ahora, junto a la Administración y los empresarios urbanizadores, un agente más de la actividad urbanística, pero ni es el llamado especialmente a protagonizarla -aunque su participación resulte aconsejable-, ni el obligado a ello.
Pero la legislación estatal sólo de manera incidental alude a técnicas urbanísticas que recaen ahora por completo, de conformidad con la jurisprudencia constitucional y el Estatuto de Autonomía, en el ámbito competencial de Aragón, por lo que se procede a una profunda reforma legal de dichas técnicas urbanísticas, redefiniendo el papel que corresponde a los diversos agentes en la actividad urbanística.
La actividad urbanística aparece configurada como función pública que se proyecta sobre el régimen urbanístico de la propiedad del suelo, el vuelo y el subsuelo, pero también sobre la libertad de empresa en su proyección sobre el urbanismo, el estatuto de ciudadanía y el conjunto de principios constitucionales, especialmente el desarrollo sostenible, que giran en torno a ella. A la Administración autonómica y municipal- se atribuye la potestad de planeamiento y la responsabilidad fundamental en su ejecución, que ha de dirigir, junto a otras potestades y funciones.
Se incorpora el estatuto urbanístico del ciudadano como elemento esencial para diseñar el nuevo marco de relaciones entre los operadores urbanísticos.
La regulación autonómica de la clasificación y del régimen urbanístico de la propiedad del suelo tiene ahora mayor trascendencia, pues la actual Ley del Suelo ha prescindido de la clasificación de suelo como concepto relevante para el establecimiento de las condiciones básicas de igualdad y, en general, para el ejercicio de las competencias que en estas materias corresponden al Estado. Se mantienen las tres clases de suelo que puede establecer el planeamiento -suelo urbano, urbanizable y no urbanizable-, distinguiendo, no obstante, diferentes categorías en cada una de ellas.
El régimen del suelo urbano mantiene en lo fundamental los criterios tradicionales determinantes de su clasificación, precisando el criterio de integración en malla urbana. Sobre tal base se distinguen las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado, no tanto en función de la integración en núcleo de población y dotación de servicios, cuanto del tipo de ordenación y de los objetivos y determinaciones del planeamiento.
El suelo urbanizable será aquel que el plan general adscriba a esta clase legal de suelo, mediante su clasificación, para poder ser objeto de transformación mediante su urbanización. La clasificación como urbanizable implica el potencial desarrollo urbanístico del suelo, pero la legitimación de la transformación requerirá la aprobación del programa de compensación o del programa de urbanización correspondiente. Dentro del suelo urbanizable se distinguen, en función de su grado de ordenación, el suelo urbanizable delimitado, prioritario, y el suelo urbanizable no delimitado, que podrá delimitarse posteriormente mediante los correspondientes planes parciales.
La clasificación del suelo no urbanizable, excluido del desarrollo urbano, responde de nuevo a la tradición anterior a la Ley 6/1998, de 13 de abril. En esta Ley se consolidan dos categorías, el suelo no urbanizable especial y el genérico: el primero, merecedor de una protección más intensa en función de los valores que en él concurren, y el segundo, clase y categoría residual. Se regulan los posibles usos y los diferentes procedimientos para autorizarlos.
En cuanto a la ordenación urbanística, el plan general de ordenación urbana constituye el instrumento fundamental de ordenación urbanística del que habrán de dotarse todos los municipios aragoneses, con niveles de exigencia diversos en cuanto a determinaciones y documentación en función de sus características. El plan general establece la ordenación estructural para todo el territorio que ordene y la ordenación pormenorizada del suelo urbano consolidado y, potestativamente, del suelo urbano no consolidado o de sectores concretos del suelo urbanizable delimitado.
El instrumento de planeamiento de desarrollo general es el plan parcial, si bien se mantiene la figura del plan especial y del estudio de detalle.
Se perfeccionan los procedimientos de aprobación del planeamiento, integrándolos con los ambientales, reduciéndose plazos, se corrigen diferentes disfunciones técnicas, se potencian las exigencias de publicidad y se regula un sistema de información urbanística con vocación integradora de toda la información urbanística generada en Aragón.
Se recoge la directriz especial de urbanismo que aparece configurada como un instrumento construido desde la voluntariedad, al que podrán incorporarse los municipios. Constituye un marco general que, en unión de la documentación gráfica pertinente, de incumbencia municipal, completaría la ordenación urbanística precisa en un municipio.
El sistema de información urbanística de Aragón aspira a promover la más completa publicidad y transparencia en esta materia, facilitando el acceso público a la ordenación urbanística, coordinando los diferentes sistemas de información urbanística de las Administraciones con competencias en la materia y con vocación de acceso telemático.
Respect5o de los convenios urbanísticos se indica que, aunque es deseable la colaboración entre los poderes públicos y la iniciativa privada, no es el convenio urbanístico un instrumento alternativo a la Ley para regir la actividad urbanística. Por ello, en esta Ley, al tiempo que se mantienen los límites al contenido de los convenios urbanísticos de planeamiento, se exige a todo convenio urbanístico, como condición esencial para su validez, una valoración económica.
En relación con los patrimonios públicos de suelo, se mantiene la afectación a los fines legalmente establecidos de los suelos que en ellos se integran, tal y como ha establecido el legislador estatal, impidiendo la realización de subastas de suelos residenciales libres e imponiendo el concurso como forma ordinaria de enajenación. Se potencia el régimen de las reservas de terrenos para su constitución o ampliación y se introduce una regulación precisa de las áreas y los derechos de tanteo y retracto.
Se introducen muchas novedades en materia de gestión urbanística, concentradas en el título IV, regulando las actuaciones aisladas, las actuaciones integradas (principales novedades), la obtención de terrenos dotacionales, la expropiación forzosa y los sectores de urbanización prioritaria.
Aporta importantes novedades la regulación del régimen de edificación forzosa y del deber de conservación y la ruina en el título V de esta Ley. El alcance del deber de conservación de los propietarios se fija en la mitad del valor de una construcción de nueva planta con similares características. Se establece la procedencia de la declaración de la situación legal de ruina cuando el coste de las reparaciones necesarias supere el límite del deber normal de conservación.
En materia de disciplina urbanística, se introducen mecanismos que tienden a fomentar el cumplimiento voluntario de las medidas de protección y restablecimiento de la legalidad acordadas por la Administración.
El régimen urbanístico simplificado, pensado para los pequeños municipios, aparece conformado en el último título de la Ley como una oferta a los municipios para que se doten de un sistema de ordenación y gestión urbanística adecuado a sus necesidades y características.
Esta Ley entrará en vigor el 30 de septiembre de 2009.
PDF (BOE-A-2009-11680 - 160 págs. - 4555 KB)
ARAGÓN. Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
El artículo 71.8.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón considera la ordenación del territorio como materia de exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma. A través de esa función pública, se pretende hacer realidad los principios de equilibrio territorial, demográfico, socioeconómico y ambiental, tal y como se prevé en la citada norma estatutaria
Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la función pública de la ordenación del territorio por la Comunidad Autónoma, estableciendo a tal fin medidas de organización e instrumentos de planeamiento, gestión, información y de tipo complementario.
PDF (BOE-A-2009-11681 - 28 págs. - 465 KB)
INFORME Nº 179. (BOE de AGOSTO).
CATALUÑA. Ley 13/2009, de 22 de julio, de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
Se crea la Agencia de la Vivienda de Cataluña con el objeto de ejecutar y gestionar las políticas de vivienda que son competencia de la Generalidad y, especialmente, ejecutar las actuaciones públicas de la Generalidad con relación al crecimiento de la población satisfaciendo sus necesidades en materia de vivienda y garantizando la proximidad al territorio.
Se trata de una entidad de derecho público de la Generalidad, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio para alcanzar sus objetivos.
Se adscribe al departamento competente en materia de vivienda y actúa bajo sus directrices, debiéndose de formalizar entre ambas un contrato-programa.
Entre las funciones que señala el art. 3 destacamos:
- Gestionar ayudas a la vivienda.
- Administrar el parque de viviendas de titularidad de la Generalidad; de otros promotores públicos y las dedicadas al alquiler social.
- Seguimiento y control de rehabilitación de viviendas.
- Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial y adjudicaciones.
- Construir viviendas de protección oficial y participar en los procesos urbanísticos.
- Gestionar y ejecutar el programa de inspección técnica de edificios.
- Tramitación, inspección y control de las cédulas de habitabilidad que otorga directamente la Generalidad, y coordinar las informaciones sobre las cédulas que otorgan los ayuntamientos.
- Registros administrativos de los agentes vinculados con la vivienda.
- Funciones de inspección y sanción en materia de vivienda
- Asegurar y garantizar la protección de los consumidores y usuarios de viviendas y la transparencia del mercado inmobiliario.
- Arbitrar criterios que han de ser respetados en ejercicio de las actividades de promoción, construcción, transacción y administración de viviendas.
En cuanto a su régimen jurídico, la Agencia de la Vivienda de Cataluña se rige por lo que determinan la presente ley y sus estatutos, por la normativa reguladora de la empresa pública catalana y por el ordenamiento jurídico privado, con las excepciones que establece la presente ley. Somete su actividad en sus relaciones externas a las normas de derecho civil, mercantil y laboral de aplicación, salvo los actos y funciones que implican el ejercicio de potestades públicas y las relaciones con el departamento de adscripción, que quedan sometidos al derecho público.
La Agencia asume la posición del Instituto Catalán del Suelo con relación a los bienes que le sean transferidos y, a partir del momento de la transferencia, queda automáticamente subrogada en las deudas que eventualmente el Instituto hubiese contraído por la adquisición, urbanización, construcción, mantenimiento o conservación de viviendas.
Entra en vigor el 27 de agosto de 2009.
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CANTABRIA. Ley 2/2009, de 3 de julio, de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Esta reforma de la Ley 2/2001, afecta a los regímenes de suelo rústico (tanto de especial protección como el ordinario) y a las construcciones en suelo rústico.
Se pretende potenciar en primer lugar la rehabilitación y reforma de las edificaciones al objeto de conseguir un uso más eficiente y sostenible del suelo y, en segundo lugar, se busca que en los ámbitos próximos a los núcleos urbanos y tradicionales, donde existen infraestructuras de servicios, tales como agua, luz y alcantarillado, y siempre a costa del promotor, puedan autorizarse nuevas construcciones que se integren en el entorno.
PDF (BOE-A-2009-13569 - 7 págs. - 218 KB)
MADRID. Ley 2/2009, de 23 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de la Nación interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 28 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (que modificaba el articulado de la Ley 4/2003, de Cajas de Ahorros madrileñas), lo que produjo la suspensión automática de la vigencia y la aplicación de la ley impugnada.
El reproche de inconstitucionalidad se circunscribe a los apartados 2 y 3 del artículo 29 y al apartado 2 del artículo 30 de la Ley de Cajas regional. Dichos preceptos se refieren a las fórmulas de elección de los Consejeros Generales por los sectores de impositores y Corporaciones Municipales y al límite de representantes impuesto a los ayuntamientos (con especial incidencia en el de Madrid). En el fondo late una lucha por el control de Caja Madrid.
Ahora se procede a modificar las fórmulas que han de utilizarse para distribuir territorialmente a los Consejeros Generales por los sectores de Corporaciones Municipales e impositores y, como consecuencia de ello, a la regulación del periodo transitorio mediante el establecimiento del calendario electoral y a la prescripción de un nuevo proceso de adaptación estatutario que deje sin efectos el proceso anterior. Estas modificaciones serán de aplicación a los procesos electorales que, a la entrada en vigor de la misma (25 de junio de 2009), no hubieran concluido plenamente mediante el nombramiento correspondiente.
Se aprovecha para dar nueva redacción a diversos preceptos de la Ley, modificar la estructura, facilitar la interpretación e intentar adecuarla de manera estricta a la legislación básica.
PDF (BOE-A-2009-13863 - 10 págs. - 244 KB)
INFORME Nº 180. (BOE de SEPTIEMBRE).
ANDALUCÍA. Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
Este Decreto Legislativo, dado su contenido de texto refundido, no incorpora novedad normativa alguna. Tan sólo se introducen normas adicionales y complementarias a las que son estrictamente objeto de refundición, con el objetivo básico de lograr la coherencia y sistemática del texto refundido.
Se refunden artículos de las siguientes leyes:
- Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos.
- Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras.
- Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales.
INFORME Nº 181. (BOE de OCTUBRE).
MADRID. Ley 4/2009, de 20 de julio, de medidas fiscales contra la crisis económica.
IRPF. Se establecen dos nuevas deducciones autonómicas.
- Por la adquisición de vivienda habitual de nueva construcción.
- Una deducción complementaria al tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual, que asegura el disfrute de esta deducción en los mismos términos en que aparece regulada en la actualidad en la normativa estatal del impuesto.
IAE. Se reduce el recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas establecido por la Ley 16/1991, de 18 de diciembre, de Establecimiento del Recargo de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Pasa del 20% al 0%.
ITPYAJD. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota resultante por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados en la formalización de escrituras que documenten determinadas modificaciones en las condiciones de préstamos y créditos con garantía hipotecaria, para posibilitar el acceso a una financiación más adecuada para la adquisición de la vivienda habitual. Se transcribe el precepto:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, se aplicará una bonificación del 100 por 100 de la cuota tributaria gradual en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados prevista en el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre a:
A efectos de lo dispuesto en este apartado, se considerará vivienda habitual e inversión en la misma a las así definidas por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.»
Entrada en vigor: el 28 de julio de 2009.
PDF (BOE-A-2009-15779 - 4 págs. - 181 KB)
CASTILLA LA MANCHA. Ley 2/2009, de 14 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Tras once años de vigencia de la actual Ley, se publica esta modificación, fruto del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha
Modificaciones para la producción de suelo destinado a viviendas de protección pública:
- El 30% de reserva mínima de edificabilidad que establece la Ley del Suelo estatal se eleva al cincuenta por ciento para el suelo urbanizable de los Municipios que tengan más de 10.000 habitantes,
- Se perfecciona el régimen de la figura de las áreas de tanteo y retracto, ampliando el abanico de supuestos en los que se delimitan automáticamente estas áreas, con referencia a aquellos terrenos integrados en ámbitos de actuaciones urbanizadoras localizadas en aquellos Municipios con más demanda de vivienda protegida, aquellos que superan los 20.000 habitantes, y regulando un plazo para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, lo que no se precisaba con anterioridad en la norma.
- Se crean los Planes de Singular Interés supramunicipales, los cuales tienen por objeto la ordenación y transformación del suelo en actuaciones de iniciativa pública de relevante interés social, por la magnitud, importancia o las especiales características que presenten.
- Se modifica el régimen de los patrimonios públicos de suelo.
- Las empresas públicas de gestión de suelo podrán ser adjudicatarias directas de suelos en los procesos de equidistribución.
- Se prevé la posibilidad de reducir las garantías para los casos de simultaneidad en la ejecución de las obras de urbanización y de edificación,
Medidas para la agilización de procedimientos relativos a instrumentos Urbanísticos:
- Se reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener de la Administración competente información sobre el planeamiento urbanístico vigente
- Se mejora en las reglas de comunicaciones y reflejo en el Registro de la Propiedad de la formulación de los Programas de Actuación Urbanizadora. Concretamente, la afección de una finca a los fines y obligaciones de una agrupación de interés urbanístico podrá ser inscrita en el Registro de la Propiedad. También, el promotor de la actuación deberá formular solicitud al Registro de la Propiedad en la que consten las fincas, porciones o derechos de aprovechamiento afectados, al objeto de la práctica de nota al margen de cada finca afectada por la actuación que exprese la iniciación del procedimiento.
- Se reconoce de modo expreso que, durante el trámite de información pública de los instrumentos de equidistribución, los propietarios y el agente urbanizador puedan alcanzar acuerdos para la retribución en terrenos de las indemnizaciones.
- Se simplificación y agiliza la aprobación de los distintos instrumentos urbanísticos.
- Se prevé en la norma la concurrencia y armonización de los distintos procedimientos de aprobación de instrumentos urbanísticos que deben de coordinar su tramitación con la propia de los instrumentos ambientales.
- Se sustituye el concepto de densidad residencial por el de densidad poblacional.
Terrenos al borde de caminos: Se modifica la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos, para considerar los terrenos incluidos dentro de la zona de servidumbre de estas vías que además formen parte de los desarrollos previstos por el planeamiento, como sistema general de infraestructuras adscritos a dichos desarrollos.
Por influencia de la Ley del Suelo, la presente Ley introduce cambios legislativos tales como el reconocimiento de los Informes de Sostenibilidad o la ampliación de plazos de información pública, entre otras cuestiones.
- El art. 79.4 determina las condiciones de las enajenaciones de bienes del patrimonio público de suelo, tales como:
a) El sometimiento al derecho de tanteo y retracto
b) La vinculación, si su destino es residencial, a la construcción de viviendas de protección pública.
c) Su enajenación deberá asegurar los plazos máximos de urbanización y edificación y los precios finales. d) No podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual del Municipio.
e) Las condiciones a), b) y c) se harán constar en el Registro de la Propiedad.
- El art. 85 sobre derechos de tanteo y retracto.
a. Los propietarios de terrenos o edificaciones sujetos a los derechos de tanteo y retracto que pretendan transmitir onerosamente dichos bienes, deberán notificar al registro administrativo de la Administración titular de los derechos de tanteo y retracto, en debida forma, su propósito de efectuar aquella transmisión.
b. Cuando no se hubiera efectuado la comunicación, o fuese incompleta, o el precio hubiese sido inferior o sus condiciones menos onerosas, la Administración correspondiente podrá ejercitar el derecho de retracto dentro del plazo de los dos meses siguientes al día en que haya tenido conocimiento íntegro de la enajenación.
c. La falta de acreditación de haberse notificado la enajenación con los requisitos exigidos, producirá los efectos obstativos de la inscripción en el Registro de la Propiedad.
Entró en vigor el 26 de mayo de 2009.
INFORME Nº 182. (BOE de NOVIEMBRE).
CATALUÑA. Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de carreteras.
Mediante este Decreto Legislativo, se refunde en un texto único la Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de Carreteras y las disposiciones que la modifican.
CANARIAS. Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, sobre ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Teide, Timanfaya, Caldera de Taburiente y Garajonay).
El traspaso de funciones afecta a los cuatro parques nacionales canarios.
A partir del 1º de enero de 2010, la Comunidad Autónoma de Canarias asumirá la administración y gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales , así como la aprobación y ejecución de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los cuatro Parques.
INFORME Nº 183. (BOE de DICIEMBRE).
*VALENCIA. Ley 8/2009, de 4 de noviembre, de modificación de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano.
La Ley Valenciana 10/2007 de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano establecía en su disposición final 4ª, que entraría en vigor el 25 de abril de 2008.
Sin embargo a través del Recurso de inconstitucionalidad 9888-2007, promovido por el Presidente del Gobierno, en base al art 161,2 de la CE, y publicado en el BOE de 22 abril de 2008, el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite dicho recurso y suspendió su aplicación de dicha Ley Valenciana, conforme al art 30 de la LOTC. Si bien en principio el recurso solicitó la aplicación de la suspensión a toda la ley, luego se limitó a los arts 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48.
Más tarde, el Pleno del TC por Auto de 12 de junio de 2008, levanta la suspensión de la aplicación de la Ley, que finalmente entra en vigor y con vigencia a partir de 1 de julio de 2008, pendiente de la resolución del recurso.
Tras de varias reuniones entre los dos Partidos políticos mayoritarios, finalmente el Consell en una sesión de hace unos meses (no recuerdo con exactitud la fecha) acuerda modificar determinados precepto de la ley referida (precisamente los impugnados) y por ley 8/2009 de 4 de noviembre de 2009, la Generalitat publica en el DOCV una modificación de los citados arts, con lo que parece que el problema de la inconstitucionalidad debe darse por concluido. En la presente voy a hacer una breve referencia a tales arts modificados o suprimidos y a su redacción actual y anterior (en rojo la anterior; en azul la actual).
Artículos modificados o suprimidos de la LRMV. La exposición de motivos de la Ley de Reforma de la LRMV insiste, una vez más, siguiendo el ejemplo de Cataluña, en la redacción de un Código Civil Valenciano, que englobe las distintas leyes sectoriales que se promulguen. Y aunque la ley LRMV es adecuada para instaurar determinadas novedades en la regulación del régimen económico matrimonial valenciano, se ha constatado la conveniencia de reconsiderar determinados aspectos puntuales (los arts impugnados) que son merecedores de una regulación diferenciada (que se producirá en breve, asi la Ley de Sucesiones), mientras que en otros se produce una remisión al contenido de la legislación estatal. Por tanto la ley 8/2009 reforma cuatro grandes bloques:
Primer bloque de la reforma: Se refiere a los arts 15.2, 17.2, 27.2 y 46, que hacen ahora una remisión al c.c. o a la legislación estatal, en cuanto al plazo de prescripción de la acción para reclamar el pago de la compensación por el trabajo doméstico; el régimen de caducidad de la acción para instar la anulabilidad del acto dispositivo sobre la vivienda habitual de la familia efectuado por el cónyuge titular sin consentimiento del otro o sin autorización judicial; el régimen de oponibilidad de la carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales frente a terceros; y la atribución de los bienes poseídos por los cónyuges cuando no se pueda acreditar a cuál de ellos pertenecen:
Segundo bloque de la reforma: Se refiere a los arts 39 y 42.2.
- Se suprime en el art 39, dentro de la regulación de la germanía, la mención que se realizaba a que el cambio de régimen jco de un bien no perjudicaría los dchos adquiridos por terceros antes de la publicidad registral de aquel o antes de que tuviese conocimiento del mismo el tercero;
- y en cuanto al artículo 42.2 se suprime, en el marco de la regulación de la extinción y disolución de la germanía, la mención a la posibilidad de que el acreedor solicite el embargo de los bienes agermanados, cuando los bienes propios de un cónyuge, no sean suficientes para responder de sus deudas particulares, en cuyo caso, se concedía al otro cónyuge la opción de solicitar que en la traba se sustituyeran aquellos bienes por la parte que, en ellos, ostentara el cónyuge deudor, de forma que el embargo comportara la disolución de la germanía sobre el bien o bienes trabados.
Tercer bloque de la reforma: En este tercer bloque se incluye la derogación de los arts 30 y 37 y la disposición transitoria segunda del texto original, así como la supresión del art 33.1, a la espera de la futura promulgación de otras leyes de la Generalitat, que puedan incidir sobre estas cuestiones.
Tales preceptos se referían a determinados aspectos vinculados con las consecuencias jcas del régimen económico en el ámbito sucesorio:
- El art 30 aludía a la eficacia de la carta de nupcias tras de la muerte de un cónyuge;
- el art 37 regulaba la colación de las donaciones propter nupcias, estableciendo la obligación del donatario de traer a colación los bienes donados a la herencia del donante, conforme al dcho sucesorio valenciano
- la transitoria 2ª establecía que hasta que se aprobara el dcho sucesorio valenciano, la referencia se entendería hecha al c.c,
- y el art 33.1 se refería a la posibilidad de realizar donaciones propter nupcias con carácter sucesivo a los hijos e hijas con ocasión del matrimonio, para el caso de defunción de uno de ellos.
Cuarto bloque de la reforma: En este cuarto bloque se derogan los arts 47 y 48, por razones puramente sistemáticas, suprimiendo dos preceptos en los que se indicaban que los bienes de los cónyuges estaban prioritariamente afectos al levantamiento de las cargas del matrimonio y por otro se regulaba el régimen aplicable a los gastos realizados y a las obligaciones contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica.
Finalmente se retoca el preámbulo de la ley, ya que los preceptos pasan a ser 44 y no 48 como antes, y las dos disposiciones transitorias se convierten en sólo una disp. Transitoria.
Ver resumen completo de Jorge López Navarro.
Entrada en vigor: el 11 de noviembre de 2009.
PDF (BOE-A-2009-20071 - 4 págs. - 180 KB)
GALICIA. Ley 4/2009, de 20 de octubre, de medidas tributarias relativas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para el fomento del acceso a la vivienda y a la sucesión empresarial.
Se reducen los tipos de gravamen del ITP (al 4%) y de AJD (al 0,30%) en la adquisición de vivienda habitual para las familias numerosas y los menores de treinta y seis años, hasta determinados límites de patrimonio.
En la adquisición de inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, se aplicará también el tipo del 4% si se solicita y se cumplen determinados requisitos.
Aspectos temporales. Se aplicará a los hechos imponibles acaecidos entre el 1º de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. Para las familias numerosas no hay fecha de caducidad.
BALEARES. Ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears.
Esta Ley persigue establecer medidas para agilizar y simplificar trámites de carácter ambiental.
Afecta, entre otras, a las normativas reguladoras de las evaluaciones de impacto ambiental, residuos, ruido, espacios de relevancia ambiental o responsabilidad con el medio ambiente.
Visita nº desde el 17 de febrero de 2009

References: artículo 23
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 13
 artículo 20
 artículo 12
 artículo 44
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 35
 artículo 71
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 41
 artículo 31
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 42