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NeoLOCE
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El Movimiento Estudiantil de Chile 2006, ya ha dejado su huella a nivel social. Sus demandas han sido escuchadas y las voces son respetadas. Este es el momento preciso en que todos los agentes involucrados en la Educación se hagan partícipes en la creación de una Nueva Ley que estará destinada a reemplazar a la actual LOCE (cuya derogación es parte del petitorio de los estudiantes movilizados).
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) El problema de la Educaciòn en Chile
Humberto Maturana y el Conflicto Estudiantil:
“Los jóvenes buscan darle sentido a sus vidas”.
Diario La Nación (www.lanacion.cl), Viernes 9 de Junio de 2006 La rebelión de los pingüinos “tiene que ver con un dolor espiritual por la falta de sentido que la educación formal otorga al vivir de los jóvenes”. Eso piensa el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana, quien agrega: “El vivir sin sentido, sin el amparo de una comunidad, es una cosa muy dolorosa. Y eso es lo que le está pasando a los estudiantes chilenos. Es por eso que salen a protestar”. Francisco Marín
En entrevista con La Nación, el filósofo y biólogo, creador de textos como “El árbol del conocimiento”, -reconocido en el mundo entero- expone sus visiones acerca de los problemas que afectan a la educación chilena y que quedaron en evidencia con los recientes levantamientos estudiantiles, que han dado origen a la más importante protesta secundaria que se haya registrado en Chile en democracia. “Cuando alguien pide ser escuchado, como hacen los estudiantes, uno se pregunta: ¿Qué es lo que quieren decir y no pueden? Yo creo que este movimiento estudiantil refleja una sensación de no sentirse respetados, de no sentirse invitados a un futuro que les haga sentido en sus vidas”. -¿Qué le parece que después de tanto tiempo en que una inmensa maquinaria simbólica ha construido estereotipos de la juventud, en los que se realza su carácter superficial e incluso antisocial, sean adolescentes quienes estén promoviendo cambios a la educación?
-Yo creo que la Presidenta Bachelet está un poco atrapada por su entorno que trata el problema de la educación como un tema económico, como un tema de inversión y producto. Siento que ella no ha podido abrir un espacio donde sea posible abordar lo fundamental, que es el sentido de la educación, el proyecto de país. Y lo que ahora tenemos que hacer es regresar a lo fundamental que es justamente el sentido de la educación y el proyecto de país. Tenemos que construir un proyecto donde todos se sientan partícipes de la creación de un país donde sea deseable, digno y creativo vivir. El orden tras el golpe
Maturana no sólo busca en la actualidad una respuesta al momento social que vive Chile: “Yo pienso que una de las orientaciones principales de la dictadura militar fue reducir al mínimo el espacio reflexivo del país de modo de destruir los movimientos políticos que tenían como propuesta fundamental el desarrollo de la nación. Las ideologías políticas tienen sus dificultades, sus trampas. Pero esa era una época –la anterior a 1973- en que ser comunista, socialista, democratacristiano o liberal, constituían visiones inspiradoras. Y para acabar con los sueños colectivos, lo que se hizo fue romper las redes de conexiones y conversaciones. ¿Y dónde?: En la juventud, en la educación”. A partir de este análisis, Maturana infiere que la privatización de la educación “no sólo tuvo un objetivo mercantil, sino que fundamentalmente pretendió romper las tramas de unidad que la educación generaba en el país”. Este sueño compartido se habría perdido con la dictadura y no se ha vuelto a recuperar -estima- “principalmente porque en el proceso de recuperación de la democracia “no hubo suficiente claridad con respecto a la necesidad de construcción de un proyecto nacional”. Consultado respecto de la importancia que la derecha chilena y la mayor parte de los dueños de colegios otorgan a la “libertad de enseñanza”, Maturana dice que este concepto se utiliza con el objetivo de definir prácticas “que apuntan a disolver todo rastro de proyecto nacional”. Y fundamenta: “Se plantea que tenemos que respetar el espacio que cada colegio debe tener para construir su proyecto educativo. Pero al defender eso, lo que se sostiene en el fondo es que tiene que haber tanta diversidad en la educación como para que no haya espacio para una unidad política fundamental, para un proyecto de país. Porque si cada cual se educa de manera distinta: ¿En qué espacio simbólico se pueden encontrar los estudiantes y demás miembros de la sociedad? Ahí está el meollo de la cuestión: La idea es que no se puedan encontrar. Lo que se está haciendo en el fondo es enfatizar el espacio de lo mercantil y competitivo que te dice: Tu tienes que defender tus intereses. Es un discurso de contradicción entre lo individual y lo social que fomenta la fragmentación”.
Maturana sostiene que éste pensamiento pedagógico y económico es muy distinto al de quienes consiguieron instaurar en Chile la educación laica obligatoria -última parte del siglo XIX-. “Ésta, señala el biólogo, se creó para dar un trasfondo de unidad de pensamiento y reflexión en el lenguaje, en todos los estratos sociales, que tenía como fin dar forma y vida a un país”. -Y esta disolución del proyecto nacional ¿Es decisiva en la existencia de emprendimientos como Pascua Lama y tantos otros que destruyen y contaminan el mar, ríos y montañas?
Maturana cree que la participación de los alumnos en el Consejo Asesor Presidencial es legítimo, necesario, “puesto que hay que abrir el espacio de la conversación”. Sin embargo, expresa el temor de que algunos estudiantes pretendan cruzar esa frontera y convertir las diferencias con el Gobierno en una lucha por saber quien gana. Si eso fuera lo que estuviera ocurriendo, estima que la situación no tendría salida. “Si tu miras, todos los conflictos en último término se resuelven en la mesa de conversaciones”. Agrega: “Lo terrible, por ejemplo, que pasa en Irak, es que esta invasión norteamericana no dejó un espacio para encontrarse con los otros en una mesa de conversación porque lo dominó todo”. Los secundarios -piensa- tienen que ser muy claros en aceptar una reflexión filosófica sobre lo que se trata el intercambio con el Gobierno: “No estamos luchando con el Gobierno, estamos invitándolo a generar una apertura que transforme el sistema educacional el cual no tiene sentido para nosotros. No queremos ser elementos mercantiles, queremos un sentido nacional, queremos que lo que estudiamos nos haga sentido para la vida futura porque queremos contribuir al mundo en el cual vamos a estar viviendo que es en el fondo el país. Así es como pienso que deberían realizar sus propuestas”. Argumentos de los estudiantes para derogar la actual LOCE: Es antidemocrática, dado que fue creada bajo un gobierno dictatorial.
El Estado se desliga de su responsabilidad social en la educación. Mercantiliza la educación; la hace un bien transable. No garantiza la igualdad de oportunidades. Es elemento discriminatorio, que funda el elitismo y la enajenación social. No asume la diversidad étnico-cultural, fomentando el nacionalismo. Promueve la cantidad, pero no la calidad de los establecimientos. No potencia la totalidad de las habilidades educables. En su forma es estática y cliché. No otorga herramientas concretas que ayuden a sobrellevar las dificultades sociales actuales.
Análisis de la actual LOCE (ley 18.962)
Patricia Vera Inostroza. Académica Universidad de Playa Ancha.
En primer término, es necesario señalar que esta ley tiene su antecedente en el sistema político que la crea; en efecto, en la constitución de 1980, se replantean los preceptos de libertad de enseñanza, así como el rol en la educación, que le correspondería cumplir al estado. Por otra parte es una ley que corona el diseño político que da flexibilidad y autonomía al sector privado, para ingresar al mercado a través de la educación.
Hacia fines del Gobierno Militar, se preparó una ley orgánica constitucional, que definiría los requisitos mínimos a exigir en cada nivel de enseñanza y las normas que permitirían que el estado, ya desvinculado de la conducción directa de la educación, asuma un rol indirecto como garante de la prestación de los servicios educacionales.
En sus diferentes títulos, la LOCE se estructura de la siguiente forma:
En su título preliminar, se establecen Normas Generales y Conceptos, con lo cual, proporciona los grandes lineamientos en los aspectos referidos al rol del estado, a la definición de la educación desde el punto de vista formal e informal, a la declaración de la libertad de enseñanza, la gratuidad de la enseñanza básica, el marco doctrinario filosófico y define los objetivos de niveles de enseñanza parvularia, básica y media.
En el título primero la ley establece la estructura del sistema educativo en Chile, los objetivos y requisitos de cada una de sus modalidades, los aspectos propiamente curriculares de la educación básica y media, aprobando objetivos generales para cada uno de ambos ciclos, muy similares a los adoptados en 1980 y 1981.Se establece además que el Ministerio de Educación fijaría los Objetivos fundamentales para año de estudio y media, así como los contenidos mínimos obligatorios. Se establece además la libertad de los establecimientos para fijar planes y programas de estudios conducentes al cumplimiento de los objetivos y contenidos
Esta ley fija en el Título Segundo, la forma en que se reconocería oficialmente a los centros educativos de todo el país, acotando limitaciones a este ejercicio, especialmente en razones de moral, orden público y seguridad nacional. Asimismo, se refiere a las condiciones que debe cumplir un sostenedor de establecimiento educacional que podrá ser una persona natural o jurídica que deberá a lo menos, contar con licencia de educación media.
En un tercer título, de refiere al reconocimiento de la educación superior, a los aspectos formales de tal autorización, a la creación de las instancias de acreditación y a las formas en que se pierde la calidad de persona jurídica, aplicando a todos los niveles las mismas razones de moral, orden público y seguridad nacional. Se distinguen acá los diferentes títulos de la educación superior: El título de técnico de nivel superior, el título profesional, el grado de licenciado, el grado de magíster y el grado de doctor.
Se refiere en un cuarto título a la autonomía y plena libertad de los establecimientos de enseñanza superior, con total libertad para abrir, organizar y mantenerlos.
En lo transitorio, esta ley de refiere a la posibilidad de transferencia de dineros desde el Ministerio hacia el Consejo Superior de Educación, a la obligación del Estado a través del Ministerio de mantener sistemas de evaluación de la calidad de la enseñanza.
Puntos críticos de la Ley
Artículo 2°.- (Párrafo 2)
La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde, preferentemente, a los padres de familia el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho: y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. La crítica a este artículo se basa en que es consecuente con la constitución, política de 1980 en Chile, para modificar este principio fundamental, sería necesario introducir modificaciones a la Constitución. Consagra a la vez el Rol garante del estado respecto de la educación.
Es también deber del Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles, en especial la educación parvularia, y estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Se amplía el rol del estado en cuanto a promover el desarrollo de la educación.
El Estado tiene, asimismo, el deber de resguardar especialmente la libertad de enseñanza. Se enfatiza en la necesidad de facilitar la libertad de enseñanza
Es deber del Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso de la población a la enseñanza básica. En la última modificación de la LOCE, se agrega el nivel secundario.
La educación se manifiesta a través de la enseñanza formal y de la enseñanza informal. La enseñanza formal es aquella que, estructurada científicamente, se entrega de manera sistemática. Está constituida por niveles que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas. Educación es acá sinónimo de escolarización; su sentido es más restringido que lo que comúnmente se entiende.
La enseñanza formal se denomina regular cuando sus niveles se imparten a educandos que cumplen los requisitos establecidos de ingreso y de progreso en ella. Artículo 6°.-
La enseñanza que se imparta en los establecimientos o instituciones educacionales no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Surge acá un elemento de marco doctrinario, filosófico, como es el conductismo y la doctrina de la seguridad nacional, doctrinas nazis, podrían perfectamente desarrollarse bajo estos conceptos filosóficos.
Los establecimientos o instituciones educacionales, cuya enseñanza sea reconocida oficialmente, no podrán orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Se enfatiza el rol “aséptico” en materia ideológica del sistema educativo.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores se podrá, en virtud de la libertad de enseñanza, impartir cualquiera otra clase de enseñanza que no aspire al reconocimiento oficial. Es otro modo de asegurar la liberalización de la Educación
Corresponderá al Presidente de la República, por decreto supremo, dictado a través del Ministerio de Educación Pública, previo informe favorable del Consejo Superior de Educación a que se refiere el artículo 32, establecer los objetivos fundamentales para cada uno de los años de estudio de las enseñanzas básica y media, como asimismo de los contenidos mínimos obligatorios que facilitarán el logro de los objetivos formulados, los que deberán publicarse íntegramente en el Diario Oficial. Los establecimientos educacionales tendrán libertad para fijar planes y programas de estudios que consideren adecuados para el cumplimiento de los referidos objetivos y contenidos mínimos obligatorios por año y los complementarios que cada uno de ellos fije. No se ha entregado sistemáticamente a los establecimientos los elementos de formación técnica en planificación para poder autónomamente fijar sus propios planes.
a) Tener un sostenedor, que podrá ser una persona natural o jurídica, que será responsable del funcionamiento del establecimiento educacional. Dicho sostenedor o representante legal, en su caso, deberá a lo menos, contar con licencia de educación media; No es requisito ser profesional, esto refleja la facilidad con la que se puede iniciar un establecimiento, por lo tanto da cuenta de lo débil que se considera la formación del estudiantado.
d) Funcionar en un local que cumpla con las normas de general aplicación previamente establecidas, y En el caso de construcción y/o ampliación por JECD, al cabo de cinco años, el aporte pasa a ser propiedad del sostenedor.
a) Universidades; b) Institutos profesionales; c) Centros de formación técnica, y d) Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos; Academias de Guerra y Politécnicas; Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas; Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil; Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile; Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas; Escuela de Carabineros y Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, y Escuela de Investigaciones Policiales e Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile.
Este artículo sirve como base a la Ley 20.027, que define los beneficiarios del Crédito con aval del estado, en el año 2005, en las letras a, b y c.
Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial. No está tan claro que sea así, pues ellos reciben aporte estatal y además cobran matrícula y mensualidad a las familias, no están sometidos a control financiero alguno respecto de su capital o instrumentos financieros de rentabilidad fija o variable, hecho que sí está limitado en el caso del público.
Los institutos profesionales y centros de formación técnica de carácter privado podrán ser creados por cualquier persona natural o jurídica en conformidad a esta ley, debiendo organizarse siempre como personas jurídicas de derecho privado para el efecto de tener reconocimiento oficial. Estas entidades no podrán tener otro objeto que la creación, organización y mantención de un instituto profesional o un centro de formación técnica según el caso: todo ello sin perjuicio de la realización de otras actividades que contribuyan a la consecución de su objeto. Se reitera la libertad para crear organizar y mantener centros educativos.
Del reconocimiento oficial de las universidades
Las universidades que no sean creadas por ley, deberán constituirse por escritura pública o por instrumento privado reducido a escritura pública, la que debe contener el acta de constitución de la entidad y los estatutos por los cuales han de regirse. ¡Tan fácil es crear una universidad?.
El Ministerio de Educación Pública no podrá negar el registro de una universidad. Sin embargo dentro del plazo de noventa días contado desde la fecha del depósito, el Ministerio podrá objetar la constitución de la universidad si no se da cumplimiento a algún requisito exigido para su constitución o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito en la ley. "Extremadamente fácil"
La universidad deberá subsanar los defectos de constitución o conformar sus estatutos a las observaciones formuladas por el Ministerio de Educación Pública dentro del plazo de sesenta días, contado desde la fecha en que le fueron notificadas las objeciones. Artículo 53.-
Por decreto supremo fundado del Ministerio de Educación Pública, previo informe del Consejo Superior de Educación, y escuchada la entidad afectada, se cancelará la personalidad jurídica y revocará el reconocimiento oficial a una universidad, en los siguientes casos: a) Si ella no cumple con sus objetivos estatutarios; b) Si realizare actividades contrarias a la moral, al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; Se supone la doctrina de la seguridad nacional, por encima de todas las demás, por ejemplo de los derechos humanos.
El Ministerio no podrá negar el registro de un instituto profesional. Se repite la tendencia a facilitar el inicio de sus actividades, sin mediar, por ejemplo un estudio de mercado, para ver viabilidad de empleo de los futuros egresados. Sin embargo, dentro del plazo de noventa días, contado desde la fecha del registro, el Ministerio podrá objetar el instrumento constitutivo si no se ajustare a lo prescrito por la ley. Artículo 63.-
Por decreto supremo fundado del Ministerio de Educación Pública previo informe del Consejo Superior de Educación y escuchada la entidad afectada, se podrá revocar el reconocimiento oficial en los siguientes casos: a) Si la institución no cumple sus fines; b) Si realizare actividades contrarias a la moral, al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; Se repite la doctrina de la seguridad nacional
c) Si incurriere en infracciones graves a lo establecido en su escritura social o en su reglamento académico, y d) Si dejare de otorgar títulos profesionales. Artículo 66.-
El Ministerio no podrá negar el registro de un centro de formación técnica. Se repite el exceso de facilidades. Sin embargo, dentro del plazo de noventa días contado desde la fecha del registro, el Ministerio podrá objetar el instrumento constitutivo si éste no se ajustare a lo prescrito por la ley, y como asimismo formular observaciones al proyecto institucional. Artículo 70.-
Por decreto supremo fundado del Ministerio de Educación Pública, escuchada la entidad afectada, se podrá revocar el reconocimiento oficial en los siguientes casos: a) Si la institución no cumple sus fines; b) Si el Ministerio de Educación Pública así lo dispone de acuerdo al artículo anterior; c) Si realizare actividades contrarias a la moral, al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; Se reitera la doctrina de la seguridad nacional.
Artículo 76 y 77.-
La libertad académica incluye la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley, y la de buscar y enseñar la verdad conforme con los cánones de la razón y los métodos de la ciencia. La verdad, entendida como única, es acientífica)
Es necesario contextualizar esta ley, señalando que es una de las leyes que consolidan un conjunto de modificaciones que se venían dando desde 1980, partiendo con la Constitución política y el Rol que le asigna al estado en la Educación y siguiendo con otras aspectos tales como la municipalización y la Subvención estatal como instrumento de promoción de la participación del privado en la educación.
Con el gobierno de la Junta Militar y del General Augusto Pinochet (1973-1990), se producen significativos cambios en el señalado esquema de gestión de la educación. En una primera etapa, se produjo una intervención militar y gubernamental sin precedentes en el funcionamiento del sistema escolar y universitario. A pretexto de una necesaria despolitización y reordenación de las instituciones y de la gestión, se impuso una práctica autoritaria y de fuerte control oficial sobre la cotidianeidad de los procesos educativos (PIIE, 1984)
La LOCE posee aspectos que permiten una mayor regulación del sistema educativo, en materia curricular y en materia de acreditación de instituciones de educación superior, las cuales venían desarrollándose indiscriminadamente, desde 1980.
Por otra parte se aprueban objetivos generales por ciclos, los que claramente responden a criterios reduccionistas, criterio contrario al espíritu de la actual reforma, que pretende el desarrollo del constructivismo.
Otro aspecto de esta ley con incidencia en materias curriculares fue la norma que obliga al Ministerio de Educación a mantener sistemas de evaluación de la calidad de la enseñanza. (Schiefelbein, E. 1991)
Participaron en la elaboración de esta Ley: René Salamé Vicerrector, académico de la Universidad Mayor.
Juan Enrique Froemel (fue Subsecretario de Educación de Mónica Madariaga).
Alicia Romo, rectora de la Universidad Gabriela Mistral.
Javier Leturia, dirigente UDI.
Carlos Ávalos, ex asesor de José Toribio Merino en temas Educacionales.
Este trabajo ha sido preparado a fin que en el grupo de trabajo conformado por académicos de nuestra universidad desarrollemos en conjunto las conclusiones que sean posibles extraer a partir del análisis.
Se sugiere analizar los actuales escenarios de los alumnos de todos los niveles, de los docentes, de las familias y de la comunidad, en relación con lo que este diseño de sistema educacional, concibe y promueve.
Se ha planteado que son las políticas las que producen la desigualdad educacional, otros plantean que es cada comunidad la llamada a promover una educación de calidad, mientras otros intentan describir y replicar las 'claves' de las llamadas escuelas efectivas.
Es importante abrir este debate, de manera tal que permita a todos los actores, tener claridad acerca de que aspectos estructurales se puede y debe intervenir, para corregir los actuales vicios estructurales del sistema, y cuáles aspectos deben tratarse a nivel de la escuela como unidad local básica.
De igual forma llama la atención en esta Ley el que en ninguna de sus partes se mencione la palabra democracia, ni pluralismo, ni derechos humanos.
Ernesto Schiefelbein y Joaquín Morales, Revista de Educación No.189, Agosto, 1991.
La Tercera de fecha 04 de junio 2006, pág. 23
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), de marzo de 1990
PIIE, “Transformaciones educacionales bajo el régimen militar”, Santiago, 1984; volumen II, anexos, en Compendio sobre políticas Educacionales dela OEI,
Propuestas para la Nueva Ley
Véanse las críticas, declaraciones públicas y aportes varios, en Discusión .
1.- El concepto Educación hace alusión al crecimiento de la persona para lograr en éste un desarrollo integral. De donde le compete al Estado fomentar y dar énfasis en el conocimiento de los Derechos Humanos, las artes, las ciencias, las humanidades, el deporte, la vida en comunidad; en síntesis, lo físico y lo espiritual.
2.- La Educación es un derecho de todas las personas, y no debe ser considerada como un instrumento para conseguir un tipo determinado de ciudadano funcional a un sistema económico determinado; sino que, como derecho, respeta la libertad de la persona haciendo que la educación sea un fin en sí misma.
3.- El rol del Estado para-con la educación debe considerar que ésta última está enmarcada en un ámbito multicultural. Debe existir una tolerancia hacia las creencias y costumbres de las distintas etnias y/o zonas geográficas, lo que implica que los objetivos de la educación no pueden tener tendencia a la homogeneización de la ciudadanía, sino que más bien a la preservación de la diversidad del tesoro patrimonial y cultural.
3b.- El Estado, también debe considerar la situación de nuestra sociedad como agente activo de lo que es el acontecer mundial; lo que implica una participación crítica de la persona en cuanto a la identidad latinoamericana.
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References: Artículo 2
 Artículo 6
 artículo 32
in fine
 Artículo 53
 Artículo 63
 Artículo 66
 Artículo 70

Artículo 76