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Timestamp: 2018-10-18 09:27:56+00:00

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Conflictos históricos y actuales derivados del agua (VI): los tratados por el agua. El derecho internacional
Nota del editor: Les ofrecemos el sexto capítulo, de ocho, del artículo "Conflictos históricos y actuales derivados del agua", escrito por Rafael Vidal Delgado que fue expuesto recientemente por el autor en el Curso "El territorio: el agua como fuente de vida y desarrollo" de la Universidad de Málaga . Podrán ir leyendo la totalidad de capítulos de este interesante artículo en sucesivas entregas.
Pinche aquí para ver el índice del artículo completo
* Conflictos históricos y actuales derivados del agua (V): el agua como elemento de conflicto, por Rafael Vidal (02/11/2006)
* Conflictos históricos y actuales derivados del agua (IV): situación actual del agua en el mundo, por Rafael Vidal (18/10/2006)
* Conflictos históricos y actuales derivados del agua (III): los conflictos por el agua en el pasado, por Rafael Vidal (10/10/2006)
* Conflictos históricos y actuales derivados del agua (II): amenazas a la paz mundial, por Rafael Vidal (03/10/2006)
* Conflictos históricos y actuales derivados del agua (I): Introducción, Por Rafael Vidal (30/08/2006)
6 LOS TRATADOS POR EL AGUA. EL DERECHO INTERNACIONAL 11
6.1 EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
Desde el punto de vista históricojurídico, el derecho internacional sobre aguas fluviales ha sido tratado desde el siglo XVIII, aunque el aumento de actividades en los ríos, la navegación, el número de industrias en sus riberas y la extracción de agua potable, ha obligado a diversificar este derecho con objeto de adecuarlo a las verdaderas necesidades de cada momento.
A lo largo de los siglos XIX y XX, la navegación fue considerada pieza clave de los tratados y para su libre uso fueron encaminados todos los esfuerzos de los organismos internacionales. Importantes en este sentido fueron los siguientes:
Congreso de Viena de 1815, que puso fin a las guerras napoleónicas y que estableció por primera vez la apertura de los ríos internacionales a la navegación comercial de los estados partes de la cuenca.
Congreso de Berlín de 1885, que extendió el acuerdo anterior a otros ríos internacionales, principalmente en África.
Tratado de paz de Versalles de 1919 y Estatuto de Barcelona de 1921, que internacionalizaron una serie de ríos, autorizando su uso para la navegación no sólo a países ribereños, sino a otros para utilización comercial
El Convenio de Ginebra de 1923, aunque se basó en las resoluciones del estatuto de Barcelona, empezó a regular la utilización de los cursos de agua para fines distintos a la navegación, aunque la verdad sea dicha con poca efectividad, dada las reticencias de los estados a aceptar un acuerdo internacional que recortara sus “intereses vitales” como podía ser el agua. Aunque no sirviera para fijar un derecho internacional, si lo hizo para concienciar a los estados de que tenían que regular este tema, lo que se empezó a efectuar mediante acuerdos bilaterales.
La primera doctrina respecto a la utilización de una cuenca para usos distintos de la navegación, la propuso el Procurador General de los Estados Unidos, Judson Harmon, en 1895, en la disputa con México sobre el Río Grande. Harmon marcaba un principio fundamental, el de la soberanía absoluta de cada nación, dentro de su propio territorio, respecto a otros países que pudieran quedar afectados por la cuenca. Este principio primaba las aguas arriba respecto a las de abajo y desembocadura. Esta doctrina ha sido rechazada tanto en las diversas discusiones internacionales sobre el tema, como por la jurisprudencia internacional.
Ya en el siglo XX surgió la teoría de la integridad territorial absoluta, por la cual un estado puede hacer uso de las aguas de una cuenca compartida entre varios estados siempre que no afectara ni al caudal, ni al volumen ni a la calidad de las aguas del estado aguas abajo. Es decir esta teoría dejaba la cuenca al albur de los estados últimos, ejerciendo una especie de derecho de veto sobre cualquier obra que pudieran hacer los países aguas arriba. Podría ocurrir, por ejemplo, que un estado aguas abajo, no hiciera en absoluto uso de dichas aguas, pero prohibiera hacer uso de las mismas al de aguas arriba. Esta teoría también ha sido rechazada en instancias internacionales, aunque en principio intentó aplicarse.
A mediados del siglo XX surgen diversas teorías restrictivas de la soberanía nacional, por las cuales se fijan distintos tipos de restricciones en los estados ribereños en beneficio de los demás. Recurren a figuras de derecho privado e incluso a figuras de condominio o al derecho de vecindad. Se han aplicado estas teorías y de hecho se sigue haciendo.
Por último ha surgido la teoría o doctrina con más consistencia, la comunidad de intereses de los estados ribereños, que se inclina a atribuir todos los recursos naturales compartidos a todos los estados ribereños, poniendo énfasis en lo que los estados no pueden hacer. Exige una noción de comunidad entre estos estados, con una serie de organismos comunitarios de carácter casi permanentes. Esta doctrina es la impera en la actualidad, bien que en ocasiones no puede aplicarse por la enemistad manifiesta entre países pertenecientes a la misma cuenca.
Tres asociaciones internacionales contribuyen al desarrollo doctrina sobre los derechos del agua para usos distintos a la navegación:
Institut de Droit Internacional.
Internacional Law Association.
Harvard Research in Internacional Law.
Estas asociaciones tienen un carácter independiente y han constituido una “opinio gentium”, es decir aceptadas sus dictámenes en lo que respecta al uso y aprovechamiento de los cuerpos de aguas internacionales.
Estos dictámenes ponen su énfasis en la obligación de cada estado de no causar perjuicios graves a los demás estados ribereños y en la utilización equitativa y razonable de los cuerpos de agua y en el examen de las cuencas como unidades integradoras.
Tal como se ha podido observar, sin efectuar una relación cronológica de tratados, acuerdos, conferencias internacionales, etc., las doctrinas y teorías han evolucionado, desde un rechazo total a cualquier cooperación entre los estados ribereños a un concepto de comunidad entre ellos, sin que se pueda decir que no han surgido ni surgen controversias, precisamente debido al desarrollo y evolución de los estados, centrado en aquella premisa de que a mayor desarrollo mayo gasto y consumo de agua dulce/potable.
6.2 PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE AGUA
Tanto a nivel de NN.UU. como de los diferentes tratados se ha llegado a la conclusión general que es preciso suscribir tratados bilaterales o multilaterales para cada cuenca específica, porque no existe una igual a otra. Sin embargo y de forma general se expresan los siguientes principios:
a. Obligación de no causar un perjuicio apreciable, dado que tanto la calidad como la cantidad de las aguas pueden verse afectadas por las actividades de un estado. Este principio, aparte de referirse a la manipulación de las aguas, apresamiento, desvíos, etc., debe entenderse referido también a la contaminación. La Corte Internacional de Justicia en el asunto de la utilización de las aguas del Lago Lanós en 1957, expuso que las modificaciones que se efectúen en una cuenca no son ilícitas, siempre que no causen un perjuicio apreciable en otro estado ribereño. Evidentemente estas obligaciones solo cubren el factor humano y no los perjuicios que puede ocasionar a un estado ribereño, accidentes naturales, aunque sean de carácter periódico, que se produzcan en otro.
b. Otro de los principios que debe ser aceptado es la sujeción a la Corte Internacional de Justicia como forma de dirimir las diferencias entre los estados.
c. Existe un derecho de cada estado de hacer un uso equitativo y razonable de las aguas, con las siguientes condiciones:
Distribución razonable y equitativa de los beneficios, debiéndose tener en cuenta los siguientes factores:
Factores naturales: geografía del lugar, clima, etc.
Factores históricos: utilizaciones anteriores, etc.
Necesidades socioeconómicas de los estados interesados.
Explotación razonable. Esta condición se impuso a causa de la irracionalidad de la utilización de las cuencas que desembocaban en el mar de Aral.
Este principio, aunque aceptado, se encuentra permanentemente cuestionado, debido principalmente al desarrollo permanente de los estados ribereños, en el cual por consideraciones históricas no pueden ver condicionado la utilización de una cuenca.
d. Obligación de comunicar a otros estados los proyectos de obras o trabajos hidráulicos a ser realizados:
Dos aspectos tiene este principio:
La necesidad del consentimiento previo.
La comunicación previa.
6.3 DECLARACIÓN DE PETERSBERG
En la Conferencia Internacional de Petersberg, celebrada del 3 al 5 de marzo de 1998, en Alemania, se alcanzaron los siguientes puntos esenciales:
El agua es un catalizador de cooperación.
El agua es un bien económico y social. Su uso debe llevarse a cabo sobre la base de estudios de impacto ambiental y de costos/beneficios.
El aprovechamiento debe realizarse en el marco de la cooperación política regional, también con la participación del sector privado y ONG,s.
Un instrumento para la cooperación pueden ser comisiones internacionales de cuenca, cuya creación debe ser básicamente fomentada.
Las medidas generadoras de confianza y el fortalecimiento de los instrumentos legales en la política hidrológica crean un clima propicio a la cooperación.
Debe realizarse estudios sobre ejemplos de gestión de aguas trasnacionales.
Debe fomentarse la transmisión y propagación.
6.4 RESOLUCIONES DE NACIONES UNIDAS
El 8 de julio de 1997 se aprobó la resolución A/RES/51/229 de las Naciones Unidas, haciendo referencia a todo el proceso anterior sobre las aguas, como las Resoluciones 2669, de 8 de diciembre de 1970, la 49/52, de 9 de diciembre de 1994 y la 51/206, de 17 de diciembre de 1996.
La Resolución lleva por título “Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para uso distintos de la navegación”.
Es un documento largo y prolijo en el que se recogen las actuaciones de los estados en una cuenca, las prohibiciones y obligaciones y la solución de controversias.
El ámbito de aplicación de la Convención es para “los usos de los cursos de agua internacionales y de sus aguas para fines distintos de la navegación y a las medidas de protección, preservación y ordenación relacionadas con los usos de esos cursos de agua y de sus aguas” 12.
La resolución define una serie de términos, algunos de ellos novedosos, como el de considerar curso de agua no sólo a los sistemas de agua superficiales, sino también a las subterráneas, con lo que el mayor acuífero, el de Guaraní, estaría dentro de la Convención. Estado del curso de agua: lo entiende la Convención no sólo el que una parte de su territorio se encuentre en un curso de agua internacional, sino también se entenderá como tal, si forma parte de una organización de integración económica regional en el que el territorio de uno o más estados de ella se encuentren en parte del curso internacional, es decir que España sería un “estado del curso de agua del Danubio”, dado que forma parte de la Unión Europea, algunos de cuyos estados pertenecen a los países ribereños del anteriormente citado río.
Algo más oscuro presenta el término Organización de integración económica regional.
Define, la Convención, en sus artículos 3 y 4 los “Acuerdos de curso de agua”, que es como en adelante se deben denominar este tipo de tratados internacionales que afecten a varios estados, indicando expresamente cuál es el concepto de “Partes de acuerdo de curso de agua”, porque podría ocurrir y así lo contempla la Convención, que dos estados suscribieran un acuerdo para un asunto concreto de un curso de agua, pero cualquier otro estado ribereño, tiene el derecho de participar, negociar, que se le consulte, etc.
Los puntos más importantes, dentro de la Parte I: Introducción, son:
Necesidad de que los estados lleven a cabo acuerdos bilaterales.
Todo estado tiene el derecho a participar en cualquier acuerdo de curso de agua que le afecte a él.
Dentro de la Parte II: Principios generales, nos encontramos
Utilización y participación equitativa y razonable (art. 5.1.).
Protección del curso de agua (art. 5.2.).
Factores pertinentes en una utilización equitativa y razonable del curso de agua (art. 6).
Obligación de no causar daños sensibles (art. 7).
Obligación general de cooperar (art. 8).
Intercambio regular de datos e información (art. 9).
Todos los usos de un curso de agua tendrán la misma prioridad, aunque si existiera conflicto entre ellos, se resolvería teniéndose en cuenta la satisfacción de las necesidades humanas vitales (art. 10).
Dentro de la Parte III: Medidas Proyectadas, son:
Intercambio de información y consulta sobre medidas proyectadas (art. 11).
Notificación de las medidas proyectadas que pueden tener efecto perjudicial (art. 12).
Plazos para notificar y plazos para responder, estableciéndose como intervalo el de seis meses, prorrogable por otro período no superior a esos mismo meses, a petición de uno de los estados (art. 13).
En los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19, se establecen las pautas como respuestas a las notificaciones, o ante las faltas de dichas respuestas; las consultas y negociaciones; los procedimientos aplicables a falta de notificación; y la ejecución urgente de medidas proyectadas. Es decir, la Resolución, de forma clara y prolija, detalla cómo se ha de actuar en este tipo de casos.
La Parte IV está dedicada a la protección, preservación y gestión de los ecosistemas:
Protección y preservación de los ecosistemas (art. 20).
Prevención, reducción y control de la contaminación (art. 21).
Prohibición de introducir especies extrañas y raras (art. 22).
Protección y preservación del medio marino (art. 23).
Ordenación y regulación de los cursos de agua, entendiéndose por ordenación la planificación del aprovechamiento sostenible, la adopción de medidas y la protección y control del curso de agua; y por regulación la cooperación entre los estados ribereños en la utilización de obras hidráulicas o cualquier otra medida para alterar, modificar o controlar el caudal de las aguas de un curso de agua internacional (arts. 24 y 25).
Mantenimiento en buen uso de las instalaciones existentes en el curso de agua (art. 26).
También regula la Resolución, en este caso en su Parte V, todo lo relacionado con las condiciones perjudiciales y las situaciones de emergencia:
Medidas para prevenir y mitigar las condiciones perjudiciales (art. 27).
Situaciones de emergencia. Se define esta situación como la “que cause graves daños a los Estados del curso de agua o a otros Estados, o cree un peligro inminente de causarlos, y que resulte súbitamente de causas naturales, como las crecidas, el deshielo, los desprendimientos de tierras o los terremotos, o de un comportamiento humano, como los accidentes industriales”. No solamente los estados partes tienen obligación de notificar este tipo de situaciones de emergencia, sino que también la tienen en cooperar para superarla (art. 28).
Como Parte VI se relacionan una serie de disposiciones diversas, como:
Cursos de agua internacionales e instalaciones en tiempo de conflictos armados (art. 29).
Contactos indirectos cuando no sean posible los directos (falta de intercambio diplomático entre dos países) (art. 30).
La existencia de un curso de agua compartido, no obliga a un estado a hacer partícipe a los demás, aspectos, relacionados con el mismo, pero que sean vitales para la defensa y seguridad nacional, aunque la Resolución estima que se debe cooperar de “buena fe” (Art. 31).
Solución de controversias en la Corte Internacional de Justicia. En este artículo 33, se detalla todo el procedimiento para solucionar las controversias que se presenten.
Existe otra VII Parte referente a la ratificación y aprobación por los países miembros de la Resolución, apareciendo también como apéndice una serie de artículos adicionales referentes a “arbitraje”.
En definitiva, la Resolución de la ONU no es la panacea universal que resuelva los litigios que puedan presentarse, pero son el primer paso, y la primera disposición de ámbito mundial, que puede servir como referencia.
Nueve años han transcurrido desde que se aprobó la Resolución, evidentemente no son muchos para que empiecen a notarse sus efectos, y más si tenemos en cuenta que, desde tiempos prehistóricos existen contenciosos internacionales respecto al uso de cuencas compartidas.
6.5 CONCLUSIONES AL DERECHO INTERNACIONAL
Muchos escollos se presentan al derecho internacional sobre aguas, siendo los más importantes:
No existe un derecho internacional aceptado por todas las naciones.
Las Naciones Unidas han dictado una resolución de mínimos. Ha sido ratificada por pocas naciones. No asegura la ausencia de conflictos bélicos.
EE.UU., por ejemplo no acepta instancias internacionales de justicia. Lo mismo ocurre con otros estados.
El agua ha llegado a ser un “interés vital” para un estado. Ejemplos: Oriente Medio; cuenca del Nilo; cono sur de América.
Existencia de acuerdos bilaterales entre estados. Hay estados fronterizos que se encuentran en período de hostilidad permanente.
[11] QUEROL, María. Estudio sobre los convenios y acuerdos de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, en relación con sistemas hídricos y cuerpos de agua transfronterizos. Publicación de las Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2003. Prácticamente la evolución del derecho internacional ha sido extraído de esta publicación
[12] RES. 51/229, art. 1.1.
Experto: Protecting our water systems in the age of terror, por Frank Pisciotta (21/06/2007)
Fecha: 28/07/06
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References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 33
 Resolución 
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