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Timestamp: 2019-10-18 13:25:16+00:00

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CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil seis (2006), Expediente No. 13414 (R-7186).- Sobre el particular, resulta necesario observar que conforme a lo dispuesto en el artículo 1609 del Código Civil, que consagra la exceptio non adimpleti contractus, es decir la excepción de contrato no cumplido, en los contratos bilaterales “ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”, figura sobre la cual la jurisprudencia de la Sala sostuvo que:
Respecto de esta condición la Sala explicó lo siguiente ():
‘La esencia de los contratos sinalagmáticos es la interdependencia de las obligaciones recíprocas. Esto es, ‘la obligación asumida por uno de los contratantes constituye la causa de la obligación impuesta al otro contratante, de donde se deduce que uno está obligado con el otro porque este está obligado con el primero’. Y es la existencia de obligaciones recíprocas e interdependientes las que permiten contemplar sanciones distintas de la condena a daños y perjuicios en caso de inejecución de sus obligaciones por uno de los contratantes. ‘Admitir que uno de los contratantes está obligado a ejecutar, mientras que el otro no ejecuta, sería romper la interdependencia de las obligaciones que es la esencia del contrato sinalagmático’ y por ello se autoriza la aplicación de prerrogativas como la de la resolución del contrato o la Exceptio non adimpleti contractus’ .
b) El no cumplimiento actual de obligaciones a cargo cada una de las partes contratantes; porque, indicó la Sala (): ‘A nadie le es permitido escudarse en la excepción de contrato no cumplido, con base en el supuesto de que la otra parte, posible o eventualmente, le va a incumplir en el futuro, porque esta forma de incumplimiento no podría producir sino un daño futuro meramente hipotético y por ende, no indemnizable.’
‘es legalmente procedente que el contratista alegue la excepción de contrato no cumplido y suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se configuren hechos graves imputables a la administración que le impidan razonablemente la ejecución del contrato. La doctrina ha considerado que estos casos pueden darse cuando no se paga oportunamente el anticipo al contratista para la iniciación de los trabajos, o se presenta un retardo injustificado y serio en el pago de las cuentas, o no se entregan los terrenos o materiales necesarios para ejecutar los trabajos. En cada caso concreto se deben valorar las circunstancias particulares para determinar si el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de su obligaciones y si su conducta se ajusta al principio general de la buena fe (art. 83 Constitución Política), atendiendo la naturaleza de las obligaciones recíprocas y la incidencia de la falta de la administración en la posibilidad de ejecutar el objeto contractual’ ().
La Sala, en la sentencia proferida el 16 de febrero de 1984 (), precisó además que a una parte contratante que incumple un deber que es primero en el tiempo, no se le puede conceder el medio defensivo de la excepción de incumplimiento, puesto que su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona fides in solvendo (art. 83 Constitución Política)”
De acuerdo con lo anterior y volviendo al caso sub examine, se advierte que si bien la contratista estaba en la posibilidad de alegar la exceptio non adimpleti contractus para justificar su propio incumplimiento, siendo ella la interesada en su aplicación, le correspondía probar no sólo que la entidad contratante incumplió el contrato, sino además, que esa circunstancia fue la causa inmediata y necesaria de su propio incumplimiento, puesto que no cualquier falta a sus obligaciones por parte de la entidad contratante se constituye en impedimento de ejecución para el contratista.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: ALIER E. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, BOGOTÁ D.C., PRIMERO (1) DE MARZO DE DOS MIL UNO 2001), RADICACIÓN NÚMERO: 11480.- En primer lugar, es oportuno precisar que si bien de conformidad con el art. 1546 del Código Civil, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, ante lo cual el contratante cumplido puede pedir la resolución o el cumplimiento contractual con indemnización de perjuicios, en materia de contratos estatales no es posible demandar que la entidad pública cumpla el contrato, puesto que el art. 87 precitado solamente prevé la posibilidad de que cualquiera de las partes pueda pedir que se declare su incumplimiento y se condene al responsable a indemnizar los perjuicios.
Debe tenerse en cuenta, además, conforme al art. 1546 del Código Civil, que sólo el contratante cumplido puede hacer uso de la acción derivada de la condición resolutoria tácita. No le es permitido su ejercicio al contratante que ha incurrido en incumplimiento del contrato.
Sin embargo, en relación con la exceptio non adimpleti contractus o excepción de contrato no cumplido, consagrada en el art. 1609 del Código Civil, la jurisprudencia de la Sala ha admitido su aplicación en las controversias surgidas en la contratación estatal, en aplicación del art. 13 de la ley 80 de 1993, con algunas reservas o exigencias.
En reciente pronunciamiento la Sala expresó: "En sentencia del 31 de enero de 1991, expediente 4739, la Sala hizo las siguientes apreciaciones sobre la exceptio non adimpleti contractus como un medio de defensa en la contratación administrativa: "No obstante la perspectiva jurídica anterior, la Sala se inclina por la tesis de quienes predican que la exceptio non adimpleti contractus sí tiene cabida en la contratación administrativa, pero no con la amplitud que es de recibo en el derecho civil, pues se impone dejar a salvo el principio de interés público que informa el contrato administrativo.
El contratista, en principio, está obligado a cumplir con su obligación, en los términos pactados, a no ser que por las consecuencias económicas que se desprenden del incumplimiento de la administración se genere una RAZONABLE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR para la parte que se allanare a cumplir, pues un principio universal de derecho enseña que a lo imposible nadie está obligado. No basta, pues, que se registre un incumplimiento cualquiera, para que la persona que ha contratado con la administración por sí y ante sí deje de cumplir con sus deberes jurídicos. Así, y por vía de ejemplo, si la administración está obligada a poner a disposición del contratista el terreno donde se ha de levantar la obra y no lo hace, o no paga el anticipo, cómo pretender obligar a la parte que con esa conducta se ve afectada a que cumpla, así sea pagando por anticipado el precio de su ruina?.
A estos extremos no se puede llegar, pues los principios generales que informan la contratación administrativa, tales como el de la buena fe, la justicia, etc., lo impiden. Será el juez, en cada caso concreto, el que valorará las circunstancias particulares del caso para definir si la parte que puso en marcha la exceptio non adimpleti contractus se movió dentro del marco de la lógica de lo razonable o no."
"De tal manera que en el ordenamiento jurídico colombiano con miras a conciliar la prevalencia del interés público o la continuidad del servicio público con el interés jurídico del particular, se admite la exceptio non adimpleti contractus en los contratos administrativos, pero no con el alcance general y absoluto que tiene en la contratación entre particulares, sino limitada exclusivamente a aquellos casos en que el incumplimiento imputable a la administración coloque al contratista en una RAZONABLE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES.
"En estas condiciones, es legalmente procedente que el contratista alegue la excepción de contrato no cumplido y suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se configuren hechos graves imputables a la administración que le impidan razonablemente la ejecución del contrato. La doctrina ha considerado que estos casos pueden darse cuando no se paga oportunamente el anticipo al contratista para la iniciación de los trabajos, o se presenta un retardo injustificado y serio en el pago de las cuentas, o no se entregan los terrenos o materiales necesarios para ejecutar los trabajos.
En cada caso concreto se deben valorar las circunstancias particulares para determinar si el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones y si su conducta se ajusta al principio general de la buena fe (art. 83 Constitución Política), atendiendo la naturaleza de las obligaciones recíprocas y la incidencia de la falta de la administración en la posibilidad de ejecutar el objeto contractual.”
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ, D.C., TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL UNO (2001). RADICACIÓN NÚMERO: 52001-23-31-000-1993-5282-01(12722).- La exceptio non adimpleti contractus es una regla legal y de equidad que orienta los contratos que son fuente de obligaciones correlativas o sinalagmáticas;…
…Por virtud de la excepción de contrato no cumplido la parte contratista está legitimada, legalmente, para no ejecutar sus obligaciones mientras su cocontratante no ejecute las propias.
La excepción de contrato no cumplido respecto de los contratos estatales desarrolla los principios de equidad y de buena fe que orientan las relaciones jurídicas que de estos se derivan; también se deduce que su aplicación está condicionada al cumplimiento de los siguientes supuestos:
Que exista un contrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas; condición esta que se justifica porque "La esencia de los contratos sinalagmáticos es la interdependencia de las obligaciones recíprocas.
Que el no cumplimiento sea cierto y real de obligaciones a cargo de las dos partes contratantes, porque a nadie le es permitido escudarse en la excepción de contrato no cumplido con base en el supuesto de que la otra parte, posible o eventualmente, le va a incumplir en el futuro, si se tiene en cuenta que esta forma de incumplimiento conduce a un daño futuro meramente hipotético y por ende, no indemnizable.
Que el incumplimiento de la Administración sea grave, determinante y de gran significación; debe traducirse en una razonable imposibilidad de cumplir para el contratista.
Que quien invoca la excepción no haya tenido a su cargo el cumplimiento de una prestación que debió ejecutarse primero en el tiempo, puesto que no se le puede conceder el medio defensivo de la excepción de incumplimiento cuando su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona fides in solvendo.
En el evento de que se prueben las condiciones que configuran la excepción de contrato no cumplido a favor del contratista, se desdibuja el incumplimiento del contratista que justifica el ejercicio de algunos de los poderes exorbitantes, como lo son la declaratoria de incumplimiento, la caducidad del contrato, la imposición de multas, etc; toda vez que, conforme lo establece el artículo 1609 del C.C., el contratista no está obligado a ejecutar sus prestaciones cuando la otra parte incumplió las propias. Se tiene entonces que cuando se cumplen los supuestos de hecho que representan la existencia real de la excepción de contrato no cumplido, y se concluye que el contratista no estaba obligado a cumplir la prestación que pendía de un comportamiento contractual de la Administración, ésta pierde la facultad de declarar el incumplimiento del contrato o la caducidad del mismo, si el motivo determinante de esta decisión lo era precisamente el incumplimiento del contratista.
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO Y CADUCIDAD
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C., QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL UNO (2001), RADICACIÓN NÚMERO: 13415.- Excepción de contrato no cumplido
Como quiera que el demandante fundó la ilegalidad de los actos acusados en el hecho de que la entidad contratante estaba en la "imposibilidad jurídica" de declarar la caducidad del contrato porque incumplió primero con sus obligaciones contractuales, entiende la Sala que la parte actora invocó la excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus), contenida en el art. 1609 del Código Civil
La exceptio non adimpleti contractus, además de estar prevista en el ordenamiento jurídico (art. 1609 del C.C.), es una regla de equidad que orienta los contratos fuente de obligaciones correlativas, aplicable en el ámbito de la contratación estatal por remisión del art. 13 de la ley 80 de 1993.
Esta Corporación ha aceptado entonces la aplicación de la excepción de contrato no cumplido siempre condicionada a los siguientes supuestos:
a) La existencia de un contrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas. Respecto de esta condición la Sala explicó lo siguiente: "La esencia de los contratos sinalagmáticos es la interdependencia de las obligaciones recíprocas. Esto es, 'la obligación asumida por uno de los contratantes constituye la causa de la obligación impuesta al otro contratante, de donde se deduce que uno está obligado con el otro porque este está obligado con el primero'. Y es la existencia de obligaciones recíprocas e interdependientes las que permiten contemplar sanciones distintas de la condena a daños y perjuicios en caso de inejecución de sus obligaciones por uno de los contratantes. "Admitir que uno de los contratantes está obligado a ejecutar, mientras que el otro no ejecuta, sería romper la interdependencia de las obligaciones que es la esencia del contrato sinalagmático" y por ello se autoriza la aplicación de prerrogativas como la de la resolución del contrato o la Exceptio non adimpleti contractus.
b) El no cumplimiento actual de obligaciones a cargo cada una de las partes contratantes; porque, indicó la Sala: "A nadie le es permitido escudarse en la excepción de contrato no cumplido, con base en el supuesto de que la otra parte, posible o eventualmente, le va a incumplir en el futuro, porque esta forma de incumplimiento no podría producir sino un daño futuro meramente hipotético y por ende, no indemnizable."
c) Que el incumplimiento de la Administración sea grave, de entidad y gran significación, de manera tal que genere una razonable imposibilidad de cumplir en el contratista (sentencia del 17 de octubre de 1995, exp. 8790). Este presupuesto fue planteado por la Sala así: “es legalmente procedente que el contratista alegue la excepción de contrato no cumplido y suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se configuren hechos graves imputables a la administración que le impidan razonablemente la ejecución del contrato.
La doctrina ha considerado que estos casos pueden darse cuando no se paga oportunamente el anticipo al contratista para la iniciación de los trabajos, o se presenta un retardo injustificado y serio en el pago de las cuentas, o no se entregan los terrenos o materiales necesarios para ejecutar los trabajos.
En cada caso concreto se deben valorar las circunstancias particulares para determinar si el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de su obligaciones y si su conducta se ajusta al principio general de la buena fe (art. 83 Constitución Política), atendiendo la naturaleza de las obligaciones recíprocas y la incidencia de la falta de la administración en la posibilidad de ejecutar el objeto contractual.
La Sala, en la sentencia proferida el 16 de febrero de 1984, precisó además que a una parte contratante que incumple un deber que es primero en el tiempo, no se le puede conceder el medio defensivo de la excepción de incumplimiento, puesto que su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona fides in solvendo (art. 83 Constitución Política)
CADUCIDAD Y EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C., QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL UNO (2001), RADICACIÓN NÚMERO: 13415.- c) La excepción de contrato no cumplido y la caducidad del contrato (…)
En el evento de que se prueben las condiciones que configuran la excepción de contrato no cumplido, se desdibuja el incumplimiento del contratista en que se funda la declaratoria de caducidad del contrato, pues conforme lo establece el artículo 1609 del C.C., el contratista no está obligado a cumplir sus obligaciones cuando su co - contratante incumplió las propias.
En otras palabras, dentro de los efectos que produce la presencia de la excepción de contrato no cumplido, está la imposibilidad para la administración de ejercitar los poderes exorbitantes que dependen del incumplimiento del contratista, cual es la de declarar la caducidad del mismo o imponer multas.
Así lo precisó la Sala en sentencia proferida el 6 de febrero de 1992, expediente 6030, cuando dijo: "Frente al incumplimiento bilateral, la administración no podía hacer uso ni de la cláusula de caducidad, ni de su facultad de sancionar con multas el incumplimiento del contratista, por prohibírselo el artículo 1609 del C. C., pues encontrándose ambas partes en incumplimiento, ninguna puede imputar mora al otro.
En el sub lite el Fondo no podía declarar el incumplimiento del contrato, ni hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada, porque en el momento en que lo hizo, había incumplido buena parte de sus deberes jurídicos, y había abonado, con su comportamiento, la conducta del contratista."
Ahora bien, si el contratista en verdad al momento de calcular el valor unitario correspondiente a ese ítem que incluyó en su propuesta, no tuvo en cuenta el valor correspondiente a los materiales y a la mano de obra del afirmado y la arenilla, debe asumir directamente las consecuencias de sus cálculos y los efectos positivos o negativos derivados de esa propuesta.
La negativa de la entidad contratante de acceder a la pretensión del contratista encaminada a que se le reconozca y pague el valor de los materiales y la mano de obra de afirmado y arenilla, utilizados en la ejecución de las obras correspondientes al ítem 3, no se traduce en un incumplimiento grave de la entidad contratante capaz de justificar la suspensión de la ejecución del contrato en que incurrió el contratista.
Se infiere de lo anterior que el contratista no acreditó los supuestos que prevé la ley y la jurisprudencia para que opere la excepción de contrato no cumplido que alegó; no demostró el incumplimiento grave de la contratante, menos aún que tal incumplimiento le hubiese generado una 'razonable imposibilidad de cumplir' sus propias obligaciones.
Contrario a lo manifestado por actor, en el proceso se acreditó que la empresa contratante fue diligente y oportuna en el pago del anticipo y de las cuentas parciales de obra correspondientes a las actas de obra y reajuste (fols. 193 a 333); que la empresa requirió al contratista para que firmara las actas de obra nos 14 y 15 (fols. 178 y 185); y que el contratista decidió suspender la ejecución de las obras contratadas (fols. 179 a 184)
De los anteriores argumentos fácticos y aplicados los razonamientos que se hicieron sobre la teoría de la excepción de contrato no cumplido que alega el apelante, la Sala concluye que los presupuestos para hacerla procedente no se dieron.
Ahora bien, en relación con los argumentos del contratista relacionados con la pretensión de restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, roto según afirmó, por el incumplimiento de la entidad demandada, cabe anotar que el fundamento previsto por la ley, la jurisprudencia y la doctrina para que proceda el restablecimiento, es que exista un detrimento económico del contratista ocasionado por la presencia de hechos o actos presentados en desarrollo del contrato, no imputables a él, que le impiden obtener la utilidad calculada al momento de suscribir el contrato.
En el caso concreto si bien se estableció que el contratista pudo soportar un detrimento económico durante la ejecución del contrato, no se demostró que el mismo tuviese su causa en alguno de los factores que se reconocen como causantes del desequilibrio financiero del contrato estatal; antes por el contrario, fue la propia conducta del contratista la que generó la aludida pérdida.
Por tanto, la pretensión que a este respecto formuló el contratista no tiene vocación de prosperidad.
LIBERTAD PARA SUSCRIBIR ADICIÓN DEL CONTRATO
CULPA DEL CONTRATISTA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, BOGOTÁ, D. C., DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS (2002), RADICACIÓN NÚMERO: 05001-23-26-000-1991-6485-01(12726).- La Sala encuentra que el contratista y la aseguradora proponen la excepción de contrato no cumplido cuando afirman que fue el incumplimiento del departamento el que determinó la inejecución de la totalidad de la obra contratada y motivó el acto demandado.
De otra parte, la Sala precisa que los efectos de los mentados incumplimientos del departamento que, como se dijo, no alcanzaron a justificar, a su vez, los incumplimientos del contratista, fueron parcialmente subsanados con medidas tales como la suspensión del plazo, la prórroga del mismo, el reconocimiento de algunos sobrecostos que hizo el departamento y la reprogramación de la obra, que según consta en el acta suscrita por las partes el 10 de febrero de 1989, conforme la cual aquella se terminaría en abril de 1989 (fol. 40 c. 8).
Los otros efectos negativos que tales circunstancias hubiesen podido producir habrían podido ser superados oportunamente, si el contratista hubiese estado dispuesto a terminar las obras contratadas dentro del plazo que la entidad le ofreció prorrogar y aceptando la adición del valor del contrato que le ofreció pagar; todo ello sin perder su derecho legal a demandar el reconocimiento y pago de cualquier otro valor que hubiere considerado a su favor.
Sobre este último punto, la Sala advierte que la sola abstención del contratista respecto de la firma de las adiciones de plazo y valor del contrato, no se traduce en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, porque el contratista es libre de elegir si firma o no convenciones relacionadas con el contrato.
Esa actitud del contratista debe considerarse simplemente como la renuncia a la posibilidad de ejecutar la totalidad de la obra, en las condiciones que le ofreció la Administración.
Conviene aclarar cómo las concesiones que hizo el departamento en ejecución del contrato y frente al vencimiento del plazo contractual, no pueden entenderse como el reconocimiento de su incumplimiento, según lo quiere hacer ver la actora; por el contrario, sólo son demostrativas de que hizo todo lo posible para facilitar al contratista el cumplimiento del contrato, en desarrollo precisamente de los principios de lealtad y buena fe que deben caracterizar los comportamientos de las partes del contrato estatal.
De igual manera considera la Sala, que el acto demandado no se produjo en “represalia” por la negativa del contratista a convenir la prórroga del plazo y la adición del contrato; sino que fue la consecuencia del estado de indefinición en que quedó el contrato, cuando el plazo se cumplió sin que el contratista hubiese culminado la obra y sin que existieran mecanismos consensuados para salvar esa situación.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: CARLOS BETANCUR JARAMILLO, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., MAYO TRECE (13) DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). Estima la Sala que el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad demandada sí aparece demostrado en el expediente. Y que dicho incumplimiento efectivamente justifica la mora en que incurrió el contratista, haciendo ilegal la decisión administrativa impugnada por el consorcio demandante. No puede afirmarse, como lo hace el Tribunal, que la mora en el pago de las cuentas no tenga nada que ver con el retraso en las obras. Obviamente si el contratista no recibe el pago de las cuentas que ha presentado, afrontará problemas para continuar el desarrollo de las obras que está ejecutando: igual acontece si no recibe el pago de los reajustes tal y como fue pactado; y si se le aumenta considerablemente la cantidad de obra inicial sin aumentarle el plazo para tal fin, lógico que ella le acarreará como consecuencia no poder entregar a tiempo las obras.
Estima la Sala que la entidad contratante no estaba en condiciones de decretar, el 30 de enero de 1989, transcurridos sólo 24 días luego de vencido el término para la entrega de las obras, el incumplimiento del contrato e imponer al contratista el pago de la cláusula penal, cuando ella misma había incurrido en los incumplimientos contractuales antes referidos y especialmente cuando había pagado todas las cuentas con un retardo mínimo de dos meses y medio. Tal resolución viola el artículo 1609 del Código Civil que dispone que “en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en forma y tiempo debidos.
(…) En el sub judice, estima la Sala, entonces, que teniendo en cuenta los incumplimientos de la contratante, era justificable la mora en que incurrió el contratista, sin que pudiera por tal razón decretarse legalmente en su contra el pago de la cláusula penal estipulada en el contrato.

References: artículo 1609
 resolución 
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