Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A277-01.htm
Timestamp: 2017-11-20 22:40:44+00:00

Document:
A277-01
Auto 277/01
Referencia: expediente T-458477.
Acción de tutela instaurada por la Sociedad Urbanización Santa Barbara Central LTDA, a través de apoderado, contra el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ha proferido el siguiente
1. La sociedad Urbanización Santa Barbara Central LTDA, mediante apoderado, promovió acción de tutela ante la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, con el objeto de que fuera protegido su derecho de petición, en razón de la negativa del demandado en contestar oportunamente la solicitud del accionante.
2. Mediante sentencia del once (11) de abril de 2000, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió la tutela incoada. Al respecto, la Corporación manifestó lo siguiente: "La Sala accederá a la tutela impetrada por considerar vulnerado el derecho fundamental de petición, puesto que si bien el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante oficio 021205 DTC-3000-013 del 6 marzo del 2000, informa a la sociedad actora, que dio traslado de la petición a la Dirección Técnica Legal de la misma entidad, también es cierto que el derecho de petición ha sido instaurado para acudir ante las autoridades en los términos que defina la Ley, con el fin de obtener una pronta resolución a las solicitudes que se hayan presentado y en el presente caso como la entidad demandada no ha hecho ninguna manifestación que resuelva de fondo la petición elevada por la accionante se ha venido vulnerando su derecho de petición. Así las cosas, encontrándose probado que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU no ha expedido ninguna manifestación de fondo que resuelva la petición de la sociedad Urbanización Santa Barbara Central Ltda, se tiene que con esta conducta omisiva se ha conculcado su derecho fundamental de petición, por lo que habrá de ordenarse lo pertinente al respecto, es decir, que la entidad mencionada resuelva expresamente las peticiones de la sociedad actora" (fl. 29 y 30).
3. Posteriormente, el demandado por intermedio de su apoderado impugnó la decisión del once (11) de abril de 2000 y, en consecuencia, la Sección Primera del Consejo de Estado, por sentencia del primero (1) de junio de 2000 confirmó la providencia impugnada y manifestó lo siguiente: "Hay en este escrito una solicitud concreta que no había sido formulada antes, como se ha señalado. A ella no le dio oportuna respuesta el IDU, como lo admite implícitamente el Director Técnico Legal al indicar que al apoderado de la accionante se le hizo saber que su petición había sido trasladada a la Dirección Técnica legal, pero sin aportar prueba de la respuesta definitiva. Por esta sola circunstancia, hay lugar a conceder la tutela impetrada, dado que esta última solicitud no fue respondida en el plazo señalado por la ley. Es cierto que el artículo 33 del C.C.A permite al funcionario incompetente enviar el escrito al competente, pero en tal caso el término para responder solo se amplía en diez (10) más, y éste, para cuando se presentó la solicitud de tutela, ya se había excedido. Además, no se trataba de que hubiera un funcionario incompetente, puesto que la Dirección Técnico Legal forma parte de la entidad a la cual se dirigió la petición. En consecuencia, se confirmará la providencia impugnada" (fl. 42 y 43).
4. Por otra parte, el apoderado del accionante promovió el incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y, por ende, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto del dieciocho (18) de julio de 2000, negó el incidente y consideró que "de conformidad con lo manifestado por el Director Técnico legal y representante judicial del Instituto de Desarrollo Urbano, mediante oficio No.849591, se observa que el Instituto de Desarrollo Urbano dio cumplimiento a lo ordenado en providencia de abril 11 del 2000 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada por el H. Consejo de Estado mediante sentencia del junio 1 del 2000, en el sentido de dar respuesta a la petición presentada por la urbanización Santa Barbara Central Ltda, toda vez que fue resuelta mediante el oficio No. DTL-6000-215 de fecha 14 de abril del 2000, expedido por el Director Técnico legal del Instituto de Desarrollo Urbano, que se aporta al expediente" (fl.46).
5. El accionante, por intermedio de su apoderado, con base en el numeral segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, interpuso acción de tutela ante la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, contra la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a fin de que fuera protegido su derecho de petición, en razón de que la autoridad demandada al resolver el incidente de desacato incurrió en una vía de hecho, pues "dicha providencia manifestó que el IDU dio respuesta a las peticiones de la actora, lo cual no es cierto y con dicha decisión, que constituye vía de hecho, se está vulnerando el derecho de petición ya reconocido a favor de la actora" (fl.92). La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado a través de auto del veintisiete (27) de febrero de 2001 admitió la solicitud de tutela.
6. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por sentencia del ocho (8) de marzo de 2001, negó la tutela incoada por el accionante, por cuanto "analizadas las probanzas que obran en el informativo dirá la Sala que en el Sub lite no se presentó una vía de hecho puesto que el auto se dictó de conformidad con las normas procesales, y obedeció a la valoración que hizo el Tribunal de las documentales aportadas al informativo, correspondiendo su decisión a un punto de derecho sin que pueda decirse que se violó el debido proceso o algún otro derecho fundamental de la actora" (fl.99).
7. Por consiguiente, el demandante por intermedio de su apoderado impugnó la decisión del ocho (8) de marzo de 2001 y, en consecuencia, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por auto del cinco (5) de abril de 2001, consideró que carecía de competencia para resolver sobre el asunto referido, en virtud de que "el Decreto [1382 de 2000] que facultaba a esta Corporación para conocer de la impugnación fue suspendido, la Sala carece actualmente de competencia para seguir conociendo el proceso y por ello dispone dar por terminado el trámite de la acción de tutela instaurada por la Urbanización Santa Bárbara Central Ltda. En consecuencia, envíese a la Corte Constitucional para lo de su cargo" (fl.119).
En el presente caso se procede a reiterar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la inaplicabilidad del Decreto 1382 de 2000[1], por cuanto su artículo 1 vulnera la Constitución Política. Al respecto, la Corporación, en auto ICC-118 de veintiséis (26) de septiembre de 2000, manifestó lo siguiente:
Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)”[2].
Con posterioridad, el Gobierno Nacional a través del Decreto 404 del catorce (14) de marzo de 2001 determinó suspender la vigencia del Decreto 1382 de 2000, mientras el Consejo de Estado resuelve en forma definitiva sobre la legalidad del mismo. En tal sentido, en el artículo 1 dispuso: ”Suspéndase por un año la vigencia del Decreto No.1382 del 12 de julio de 2000, Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela, en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”.
3. En el asunto objeto de estudio, el Consejo de Estado con base en el numeral segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, se declaró competente para conocer de la tutela incoada por el accionante, contra la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en razón a que dicha Corporación es el superior funcional del demandado. No obstante lo anterior, la Sala considera que el Consejo de Estado debió inaplicar el mencionado decreto, en virtud de la supremacía de la Constitución sobre las demás fuentes formales del derecho. Por lo tanto, la Sala declarará la nulidad de lo actuado en la presente acción de tutela, a partir del auto del veintisiete (27) de febrero de 2001 proferido por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, con el objeto de garantizar la primacía de la Constitución (art. 4 C.P) y el derecho al debido proceso (art. 29 C.P)[3]. Por consiguiente, el accionante de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 del decreto 2591 de 1991, según el cual “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (Subraya la Sala), podrá intentar nuevamente la acción de tutela ante la autoridad judicial donde tuvo lugar la presunta violación de los derechos invocados. De esta manera, la Sala ordenará al Consejo de Estado dar a esta petición de tutela, el trámite señalado en la parte motiva de esta decisión.
Primero: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto del veintisiete (27) de febrero de 2001, proferido por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela instaurada por la Sociedad Urbanización Santa Barbara Central LTDA, a través de apoderado, contra el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.
Segundo: REMÍTASE el expediente por Secretaria General a la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, para que se le imprima a esta acción de tutela el trámite señalado en la parte motiva de esta decisión.
[1] Sobre el tema, ver lo autos: 087 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; 087A de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; 087B de 2000, M.P. Martha Victoria Sachica; 096 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández; 098 de 2000, M.P. Alvaro Tafur Galvis; 100 de 2000, M.P. Martha Victoria Sachica; 101 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; 103 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 104 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; 112 de 2000, M.P: Martha Victoria Sachica; 122 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández; 125 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; 133 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz y 163 de 2000, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[2] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[3] Sobre el tema, véase los siguientes autos: 124 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 125 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 126 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 127 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 129 de 2001, M.P. Jaime Araujo Renteria; 130 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; 132 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; 134 de 2001; M.P. Jaime Araujo Renteria; 135 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; 136 de 2001, M.P. Jaime Araujo Renteria; 139 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis; 140 de 2001; M.P. Rodrigo Escobar Gil; 180 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 181 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 195 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño y 207 de 2001, M.P. Jaime Araujo Renteria.

References: resolución 
 artículo 33
 artículo 52
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 1