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4. Nuevas estrategias de control social
Está aquí: Home Año 2000 Número 6 / Octubre 4. Nuevas estrategias de control social
Políticas de seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Autoras: Gabriela Rodríguez, Mónica Escayola1
Seminario de Investigación Urbana: El Nuevo Milenio y lo Urbano
23 y 24 de Noviembre de 1998.
"El control nunca puede ser un medio para ningún fin práctico.
Nunca puede ser un medio para nada excepto para más control..."
La presente ponencia se inscribe en el marco del Programa de Estudios del Control Social. Nos proponemos identificar, describir y analizar las políticas de control social promovidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en torno a una cuestión socialmente problematizada 2: la seguridad urbana. Desde una perspectiva antropológica intentaremos dar cuenta de las transformaciones que operarían en las estrategias de control social urbano a partir de la instrumentalización de las nuevas políticas en materia de seguridad. Cabe aclarar que entenderemos por estrategias de control social una serie de mecanismos que no sólo pueden ser ponderados por lo que reprimen sino asimismo por lo que construyen. En este doble proceso es interesante marcar como relevante que al definir la figura de "delincuente, sospechoso, problemático..." se construye la del vecino.
En la medida que las nuevas políticas son presentadas como "democráticas" implican cambios en la relación Estado-Sociedad Civil, impulsando el primero la participación activa de la comunidad, propiciando la creación de los Consejos de Prevención del Delito y la Violencia. Desde ellos se incentiva la (co)participación vecinal, policial y gubernamental en la gestión de estrategias de prevención del delito.
Siguiendo a Oszlak y O'Donnell, entenderemos por políticas públicas al conjunto de tomas de posición por parte del Estado con relación a una cuestión que ingresa en la agenda pública a partir de un complejo proceso de problematización. De esta manera el Estado puede ser visualizado como una arena de disputa atravesado por conflictos intra e interagenciales y su entrecruzamiento con otras fuerzas sociales, es decir el Estado en acción. Es esta perspectiva la que posibilita observar, en un ámbito concreto, las múltiples interrelaciones y disputas sectoriales por hegemonizar la definición del problema y su probable resolución.
Una de las cristalizaciones, en la toma de posición del Gobierno de la Ciudad, es la creación de los Consejos de Prevención del Delito y la Violencia, son estos espacios de "participación ciudadana" los que constituirán el objeto privilegiado aunque no exclusivo de nuestro análisis. Para ello consideramos indispensable en su abordaje dar cuenta brevemente del proceso social del que son parte.
La problemática de la seguridad aparece como tema central a debatir al interior de la Convención Constituyente, encargada de sancionar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Las discusiones centradas en la formulación de políticas de seguridad, parten de reconocer un aumento del índice delictivo, como asimismo de su carácter violento. El Convencional Enríquez señalaba: "Hoy los vecinos de Buenos Aires no nos sentimos seguros. Los índices delictivos aumentan y, lo que es peor, los ilícitos vienen acompañados de un componente aún más destructor. La violencia, que aun cuando siempre estuvo instalada en nuestra sociedad de diversas formas, actualmente ha adquirido una faceta más cruel y más continua, que requiere pronta respuesta criminológica e institucional" (Diario de Sesiones Convención Constituyente 29 al 30 de septiembre de 1996, página 1292)
La preocupación giró en torno a lograr un delicado equilibrio - en el marco de un estado de derecho - entre la seguridad y la libertad. El eje de las discusiones se centró en la necesariedad de judicializar las contravenciones derogando la facultad de la Policía Federal de detener personas arbitrariamente. En tal sentido el debate se orientó hacia el problema de los Edictos Policiales, más precisamente hacia la derogación de normativas que impliquen "peligrosidad" sin delito en tanto atentatorio del principio de presunción de inocencia.
De esta manera la Convencional Constituyente señora Lubertino expresaba: "La pretendida confrontación entre seguridad y libertad es una doble falacia. En primer lugar, porque creemos que en una sociedad democrática es posible compatibilizar la protección con la seguridad general de las personas y con la garantía de sus derechos humanos básicos, en este caso la garantía de su libertad. En segundo lugar (...) la de sostener que un Código Contravencional es un elemento imprescindible para la prevención del delito. En todo caso, pueden ser necesarias reglas que hagan la convivencia pacífica, cuando no se considere que los hechos allí legislados alcancen la gravedad de un delito". (Diario de Sesiones 24 al 25 de Septiembre de 1996, página 918). Por su parte el Convencional Enríquez planteaba: "(...) es imperioso lograr una seguridad para la libertad, como valores complementarios, en el entendimiento de que la seguridad es el ámbito adecuado de crecimiento de la libertad y de que el ejercicio de la libertad proporciona, a su vez, un contenido ético a la seguridad". (Diario de Sesiones 29 al 39 de Septiembre de 1996, página 1291).
A partir del reconocimiento de la urgencia de abordar el tema de la seguridad como problema "a ser resuelto" y a su vez como problema complejo que amerita una respuesta integral, se proponen los criterios generales de futuras políticas a implementar, así se contempla la transformación de la agencia policial en "policía de la comunidad" asimismo la creación, en el marco de un programa de descentralización, de organismos barriales de prevención del delito y la violencia, y en el ámbito de los mismos una activa participación ciudadana y un abordaje multidisciplinario en la prevención y resolución de conflictos.
Con la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Octubre de 1996, quedan establecidos los objetivos políticos en materia de seguridad urbana. En el capítulo octavo, artículos 34 y 35, se establece que el servicio de seguridad se encontrará a cargo de una policía dependiente del Poder Ejecutivo Comunal. Esta institución deberá regirse por una serie de principios básicos establecidos por la Organización de Naciones Unidas, asimismo se contempla la jerarquización profesional y salarial de la función policial. Por su parte el Gobierno de la Ciudad se compromete a emprender estrategias y políticas de prevención del delito que contemplen una amplia y activa participación de los sectores comunitarios. Además se establecía 90 días de plazo para la sanción de un Código Contravencional una vez constituida la Legislatura Porteña.
La sanción de la Ley 10 Código Contravencional - 9 de Marzo de 1998 - derogó una de las más efectivas armas de control social con que contaba la agencia policial: los Edictos Policiales. Estos databan desde finales del siglo XVIII y en ellos se tipificaban una serie de conductas no contempladas en materia penal, las figuras descriptas en los mismos eran imprecisas y amplias, condiciones que propiciaban la construcción de peligrosidades sustentadas en una concepción de "orden y moral común a todos los ciudadanos" con la posterior criminalización del "disidente", es decir, aquel que será tipificado como delincuente, sospechoso, indeseable, violento, molesto, grupos percibidos como "riesgosos" por no ajustarse a las pautas establecidas por las "elites morales"3.
En lo referente al Código Contravencional fueron presentados diversos proyectos, los cuales pueden ser agrupados en torno a dos posiciones. Por un lado, el sector "duro" entre los que se cuentan las propuestas del Ejecutivo Comunal, del bloque Justicialista, Nueva Dirigencia, entre otros. Por el otro, el sector que podríamos denominar "garantista" conformado por algunos integrantes del Radicalismo y el FrePaSo. Si bien el Código Contravencional con sus modificaciones se encuentra en vigencia, la cuestión no se considera "resuelta": el Ejecutivo Comunal insiste en la conveniencia - tal como fue presentado en su anteproyecto - de incluir figuras predelictuales tales como el "acecho" o "merodeo". Es interesante realizar una breve exposición del mismo dado que en este puede visualizarse la posición que frente a la seguridad adopta el Gobierno de la Ciudad. En los capítulos III y IV - sentimientos individuales, propiedad - se incluyen tres artículos que, a nuestro entender, lejos de corresponderse con posturas democráticas rayan el autoritarismo y fomentan las prácticas de arbitrariedad y corrupción policial, nos estamos refiriendo a los artículos 52, 58 y 61 respectivamente.
En el artículo 52 se propone sancionar la Afectación al decoro, "será sancionado con arresto de hasta quince días (...) o multa de doscientos cincuenta pesos (...) a cinco mil pesos (...) el que mediante palabras, gestos, actitudes, sonidos, inscripciones o dibujos, soeces, indecentes o impúdicos, afecte el decoro, la dignidad o los sentimientos individuales de otro". El artículo 58, Oferta de comercio sexual, estipula que: "será sancionado con arresto de hasta quince días (...) o multa de doscientos cincuenta pesos (...) a cinco mil pesos (...) quien en lugar público ofrezca comercio sexual para sí u otra persona". Finalmente el artículo 61, Acecho, establece que: "será sancionado con arresto de hasta quince días (...) o multa de doscientos cincuenta pesos (...) a cinco mil pesos (...) el que se encontrare en actitud sospechosa de acecho a personas o bienes, sin razón que lo justifique".
La fundamentación del Ejecutivo Comunal se sustenta en una idea de "orden y moral" que requiere para el ejercicio preventivo de conductas anteriores a los delitos punir las formas de vida y las virtualidades. De esta manera se mantiene intacto el estado de peligrosidad y sospecha, es decir, se impone el criterio de delito de autor al principio democrático de delito de acto.
En lo concerniente al Código vigente podemos afirmar que éste refleja el criterio del sector "garantista" en el sentido que en su texto no se han incluido figuras predelictuales, razón por la cual suscitó las más variadas críticas de sectores estatales y civiles. El énfasis estuvo orientado a remarcar la existencia de un supuesto "vacío legal" que impediría el "normal" desempeño del accionar policial en sus tareas preventivas y en su "lucha contra el delito", discurso hábilmente mediatizado.
Las primeras reacciones fueron las vertidas desde el Ejecutivo Nacional. El Vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, intimó al Jefe del Ejecutivo Comunal, Fernando De la Rúa a que vetara el Código, el titular del Ministerio del Interior, Carlos Corach, lo tildó de permisivo. En concordancia con estas posturas los funcionarios de la Ciudad, con De la Rúa a la cabeza, instan a los vecinos a ejercer presión sobre los Legisladores para así obligarlos a incluir en el texto definitivo figuras predelictuales y punición de conductas y actitudes "antisociales".
La prensa escrita fue uno de los tantos medios a través de los cuales se refleja y expande la reacción, desde sus páginas los funcionarios nacionales y comunales expresaban su posicionamiento y apelaban a la opinión pública en un claro intento de cooptación: "no puede establecerse él ¡viva la pepa!", C. Ruckauf, Vicepresidente de la Nación. (La Nación 12.03.98). "(...) el nuevo Código está lleno de errores, de carencias y no tiene equilibrio entre la libertad y los derechos de los ciudadanos", C. Corach, Ministro del Interior: (La Nación 15.03.98). "Yo les pido a los vecinos que se expresen y demuestren su preocupación. El Código es incompleto. Al no sancionarse la oferta de sexo en la calle y el acecho la gente va a estar más insegura", Enrique Olivera, Vicejefe del Gobierno Comunal. (La Nación 12.03.98). "Es importante que la gente haga sentir su opinión (...) cuando se sancionan estas leyes es necesario el equilibrio en la libertad y la seguridad de las personas, (...)", F. De la Rúa, Jefe del Ejecutivo Comunal. (Ambito Financiero 11.03.98).
Hacia fines de septiembre un grupo de vecinos agrupados en la Interbarrial 4 convoca a una concentración en Plaza Italia para exigir "una política de seguridad de estado", y "el cambio de leyes que amparan a la delincuencia y modificación del actual Código de Convivencia Urbana". Si bien la convocatoria no tuvo la respuesta esperada por sus organizadores, dada la escasa concurrencia, al día siguiente los principales medios televisivos le dieron amplia difusión al acontecimiento.
El punto más conflictivo en la disputa interagencial entre el Gobierno Nacional y el Comunal se encuentra vinculado a la competencia, es decir, atribución de autoridad y responsabilidad, que le correspondería a cada una en la asignación de recursos y personal policial. Originalmente el proyecto de traspaso del Ejecutivo Nacional contemplaba a las 52 comisarías, los cuerpos de Infantería, Tránsito, Policía Montada y el Comando Radioeléctrico, ello representaría aproximadamente unos 10.000 efectivos. El Gobierno Comunal exige "para garantizar la seguridad de los ciudadanos" 20.000 agentes que estarían a cargo del Jefe de Seguridad Metropolitana, es decir, F. De la Rúa.
A estas disputas se suma el malestar en la institución policial, éste se relaciona con la estabilidad laboral y profesional, como asimismo con las transformaciones que operarían al nivel de las funciones y competencias de esta institución una vez concretado el traspaso 5.
Estos conflictos entre los diversos sectores burocráticos dan cuenta de la complejidad de esta área problemática, el Gobierno Nacional no resignaría el manejo directo de la estructura burocrática más importante de control y represión con que cuenta el Estado.
Retomando la cuestión en el ámbito de la Ciudad uno de los objetivos políticos en materia de seguridad, establecidos en la Constitución, es la creación del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito 6, a cargo del Poder Ejecutivo. El mismo se integraría con representantes de los Poderes de la Ciudad y los organismos que establezca la normativa que sancione el Legislativo. Actualmente se discuten en la Junta de Seguridad de la Legislatura los diferentes anteproyectos de Ley que darían el marco legal al Consejo. La creación de este organismo es en función de cumplimentar las políticas señaladas en al artículo 34 de la Constitución de la Ciudad. En las reuniones de la Junta, anteriormente mencionada, los temas preeminentes refieren a la composición y funciones del futuro organismo, no queda claro si el Programa de Seguridad Ciudadana y los Consejos de Prevención del Delito y la Violencia quedarían sujetos a la futura normativa, o si por el contrario seguirán estos últimos sin regulación como hasta el momento.
En el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad se explicita que el Gobierno de la misma "coadyuva a la seguridad ciudadana (...) diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria", es de acuerdo a ello que en el ámbito de los Centros de Gestión y Participación (CGP) se instrumenta, en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana a partir de una convocatoria a las "fuerzas vivas" del barrio, los Consejos de Prevención del Delito y la Violencia.
En estos ámbitos se intenta incentivar la participación ciudadana mediante una propuesta de cogestión de la seguridad, teniendo como objetivo el diseño de acciones concretas por parte de la comunidad (vecinos), Gobierno, fuerzas de seguridad. Hasta la fecha se han concretado nueve Consejos. La misión de los mismos se orienta hacia la contención y prevención "dentro del marco de la participación democrática" de los hechos delictivos en el ámbito geográfico zonal. Las funciones manifiestas consisten entre otras en:
· Aumentar el nivel de conciencia social acerca de la necesidad de prevenir el delito y la violencia.
· Promover el mejoramiento y aumento de las medidas de seguridad existentes, desde una perspectiva multidisciplinaria.
· Colaborar en la difusión de medidas preventivas que elabora el Gobierno de la Ciudad y/o las que surjan del trabajo de cada Consejo.
· Contribuir al diseño de las bases para la optimización del servicio de seguridad que brinden las Comisarías de la zona.
· Confeccionar el "mapa del delito" con la información proveniente de los miembros del Consejo y de las denuncias que se reciban en las comisarías de la zona.
· Desarrollar acciones tendientes al mejoramiento de los vínculos entre el ciudadano y la policía.
En cuanto a la integración de los Consejos esta supone la concurrencia del Director General del CGP, un representante del Programa de Seguridad, funcionarios policiales y un amplio espectro de sectores que van desde ONG's hasta representantes estudiantiles 7.
El Programa asimismo contempla la implementación de un conjunto de Políticas Sociales en sectores vulnerados - violencia familiar, casas tomadas, drogadicción, alcoholismo - dirigidas a disminuir el nivel de conflictividad entre los vecinos. El conjunto de estas políticas se inspiran en experiencias internacionales que indican que la cuestión seguridad requiere de acciones que apunten a las causas de la violencia y no solamente a sus manifestaciones, en este sentido se pretende "dotar de instrumentos y recursos a quienes se encuentran postergados para su efectiva inclusión en el sistema"8.
Entendiendo los Consejos como una cristalización de las políticas públicas de seguridad del Gobierno de la Ciudad, nos encontramos actualmente realizando una experiencia de campo en diversos Consejos de Prevención, espacios estos donde se manifiestan las dispuestas entre los diferentes sectores involucrados.
De esta manera pudimos identificar los temas en torno a los cuales se expresa la cuestión seguridad. Por una parte, los representantes del Ejecutivo Comunal adoptan la estrategia de centrar el tema sobre dos ejes: prevención y denuncia. Con relación a la prevención se propone la adopción de pautas y hábitos, que de manera sencilla tengan por objeto reducir la posibilidad de la comisión de un probable delito. En este sentido se incentiva a los vecinos a confeccionar gacetillas con "consejos prácticos" acerca de la prevención; para ello el Gobierno de la Ciudad se compromete a destinar los recursos necesarios tanto en el asesoramiento como en la impresión. Por su parte los vecinos se comprometerían a su distribución en función de difundir la cuestión para concientizar al barrio y en consecuencia ampliar la convocatoria a otros sectores. Los representantes del Gobierno en aquellos Consejos, donde los vecinos no se hacen eco de la propuesta, presentan un modelo de Boletín que enumera una serie de medidas preventivas. En cuanto a la denuncia la primer medida a adoptar consiste en el diseño del "mapa del delito", es decir, identificación de casas tomadas, baldíos, negocios expendedores de bebidas alcohólicas, lugares de reunión de jóvenes: esquinas, plazas, escuelas, maxikioscos, pubs, etcétera. Por otro lado y ante la falta de denuncias en sede policial se implementarían una serie de acciones tendientes a acercar la comunidad a la comisaría, para el cumplimiento de tal objetivo se crearían talleres instructivos para abordar la problemática de las denuncias.
En términos generales hemos podido observar variadas situaciones respecto a quejas o denuncias que vecinos preocupados comparten al interior del grupo. Cuentan su experiencia en búsqueda ya sea de apoyo, asesoramiento o bien elaborar estrategias grupales que les permitieran encontrar una rápida respuesta.
En la medida que las denuncias se refieran a pequeños ilegalismos o cuestiones de convivencia, tal como los ruidos a altas horas de la noche, etcétera, el grupo incluida las autoridades comunales reacciona favorablemente proponiendo al respecto medidas de acción concreta como ser recolectar firmas en la cuadra afectada, conversar con los responsables de negocios expendedores de bebidas, directores de escuelas secundarias, dueños de boliches y pubs, o bien presionar colectivamente en el caso de no obtener respuestas a los reclamos.
Sin embargo llegado el caso, casi excepcional, de una denuncia que conlleve un mayor grado de compromiso dado que involucra delitos de mayor cuantía, el denunciante no encuentra eco entre los vecinos ni en las autoridades y en general es ignorado. Una interesante experiencia al respecto tuvo lugar en un Consejo barrial donde una vecina relató, indignada, como casualmente fue testigo de la participación de la "Brigada" de una de las comisarías de su barrio, en la distribución callejera de drogas con menores. No obstante la gravedad del hecho, lo que más había indignado a la señora fue la actitud "desentendida" de aquellos que como ella presenciaron la situación. La mayor paradoja se produce cuando en el ámbito del mismo Consejo de "Prevención del Delito y la Violencia" su denuncia es absolutamente ignorada inclusive por las autoridades comunales; retomándose la discusión en torno a los problemas relacionados con la "peligrosidad de siempre": jóvenes, inmigrantes de países limítrofes, trabajadores del sexo, chicos en la calle, vendedores callejeros ...
Esta práctica, que fomenta la delación, no está aún generalizada, los temas que mayormente convocan la atención de los asistentes a las reuniones se centran en la iluminación de las calles, el estado de las veredas y el derramado de la arboleda. Cuestiones que se plantean en carácter de reclamo insistente a las autoridades intentando que éstas se comprometan en dar respuestas y soluciones rápidas.
Los Consejos, en tanto espacio donde se intentan implementar nuevas prácticas sociales, se presentan como una arena de disputa en donde los distintos sectores implicados procuran imponer su visión de los factores de inseguridad, y por tanto de cómo darle respuesta. El Gobierno Comunal en primer lugar delimita el campo de la (in)seguridad - delitos de menor cuantía, comportamiento "ofensivos" - y desde esta estrategia bloquea la posibilidad de instalar en la discusión temáticas que para la comunidad hacen a la seguridad ciudadana. A la mesa de discusión los vecinos llevan los más variados temas, desde problemas de inundación en algunas arterias del barrio, hasta la concesión de predios polideportivos antes destinados al uso de la comunidad. Son estas disputas las que al interior de los Consejos, dan cuenta de las tensiones entre el Gobierno y la comunidad. El primero no logra legitimar, por el momento, su política de seguridad en la medida en que no puede dar respuestas a los reclamos vecinales. El espacio del Consejo de Prevención del Delito y la Violencia destinado a diseñar acciones conjuntas entre el Estado y la comunidad, es resignificado por los vecinos asistentes como un lugar privilegiado de reclamo cara a cara con el funcionario. Esta situación, preocupante para el Gobierno, ha llevado al Director del Programa de Seguridad Ciudadana a expresar en reiteradas ocasiones y en distintos Consejos que "el Consejo no debe ser la yuxtaposición de reclamos individuales", expresiones que provocaron el enojo de algunos participantes.
Dos de los temas centrales en el enfrentamiento entre el Ejecutivo Nacional, el Comunal y la Legislatura Porteña, es decir el traspaso policial y el Código Contravencional, son instalados en las discusiones de los Consejos. Si bien la iniciativa generalmente está en manos de los representantes del Gobierno de la Ciudad, a ello se suma el interés de sectores de vecinos preocupados por la cuestión hasta el punto de presentar sus propios proyectos en la Legislatura. Son estos sectores los que se hacen eco de las propuestas del Comunal y del Nacional, como asimismo de la agencia policial en materia de modelos de seguridad y prevención del delito. Así, proponen entre otras cosas disminuir la edad de imputabilidad a 16 años, punir la oferta y demanda de sexo en la vía pública, incluir la figura de merodeo y acecho, establecer un registro de antecedentes, entre otros. Esto traduce el descontento con el Código vigente y la consecuente propuesta de un endurecimiento del mismo. Sin embargo no todos los asistentes acuerdan en este punto, manifestándose algunos contrarios a un mayor endurecimiento legal, sustentando como argumento que la mayor punición nunca ha demostrado ser efectiva en la disminución de los delitos, considerando que lo más efectivo es una disuasión planificada y una presencia estatal en la puesta en marcha de políticas sociales que "ataquen el mal desde su raíz".
El punto que genera mayores controversias es el vinculado al traspaso de la fuerza policial. El tema intenta ser puesto por los representantes del Programa de Seguridad Ciudadana en carácter de justificación ante la presión de los reclamos vecinales, con relación a la presencia policial en las calles sobre todo en horarios nocturnos y en zonas señaladas como "riesgosas". La respuesta vecinal se orienta a señalar que la cuestión es un problema que le compete a "los representantes gubernamentales", asimismo enfatizan que "el lugar del ciudadano no es el del diseño y discusión de políticas sino el de hacer valer sus derechos", de esta manera se reclama la presencia y participación de los comisarios zonales en las reuniones del Consejo a los efectos de encontrar soluciones concretas e inmediatas a sus problemas.
Este campo de tensiones encuentra también su expresión en relación a la convocatoria a las reuniones, si bien la propuesta de cogestión de la seguridad reconoce tres ejes fundamentales, comunidad, Gobierno y policía, ésta última no participa en la medida de lo esperado. En aquellos Consejos donde están ausentes se desarrolla una disputa en torno a quién tiene la responsabilidad de la convocatoria. Los representantes del Gobierno instan a los vecinos a realizar la invitación a los comisarios del barrio, por su parte los vecinos consideran que la convocatoria debe ser realizada, nota mediante, por el Gobierno de la Ciudad. Más allá de la presencia policial, la cuestión de la convocatoria al Consejo es una arena de tensión permanente en tanto involucra la definición de quien es vecino y por tanto quien debiera participar. Ambos sectores confluyen en la necesidad de ampliar la representación mediante la incorporación de sectores juveniles, cooperadoras escolares, universidades, ONG's. Esta confluencia obedece al reconocimiento de la grave dificultad de atraer a sectores representativos de la comunidad, sobre todo a jóvenes. Ahora bien la tarea, afirman los funcionarios, corresponde al "Consejo", es decir a los vecinos ya que el "Consejo son ustedes".
Son estas actitudes las que permiten visualizar la estrategia gubernamental en la toma de posición en estos ámbitos. El Programa de Seguridad Ciudadana cuenta con un plantel de profesionales que tienen como objetivo el asesoramiento y mediación en estos espacios. La participación de estos funcionarios se desarrolla conforme a una agenda preestablecida para los Consejos desde el interior del Programa. No obstante, ante los vecinos intentan presentar el Consejo como una agenda abierta a construir donde los protagonistas y reales actores son los propios vecinos, ello se manifiesta en el bloqueo sistemático de reclamos y propuestas que no se ajusten a la agenda pública, es decir, el bloqueo a instalar en la discusión otras inseguridades, aquellas que se vinculan a entender la seguridad en términos sociales - trabajo, salud, vivienda, educación y previsión social -.
Estas situaciones se expresan acorde a la composición social de los participantes de los distintos Consejos en la medida que éstos sean sectores más o menos afectados por las consecuencias del modelo neoliberal. Aquellos barrios en donde la problemática social es más visible, la seguridad se plantea en términos amplios, es así que se expresa la necesidad de desarrollar políticas tendientes a resolver el problema de la desocupación, la gestión de documentación para inmigrantes "ilegales", la atención de los chicos en la calle, etcétera.
La cuestión presenta características diferentes en los barrios más selectos de la Ciudad, la seguridad es entendida en términos de alarma social y moral, por lo tanto las soluciones se plantean desde una única respuesta: la represiva.
En la medida que nuestra investigación en curso no ha agotado todas aquellas áreas involucradas en la cuestión seguridad 9 de la Ciudad de Buenos Aires, consideramos que no sería prudente arribar a conclusiones. No obstante ello estamos en condiciones de anticipar tendencias generales, siempre en un plano hipotético en cuanto a las transformaciones que estarían operando en las estrategias de control social urbano.
La cuestión de la seguridad es una compleja arena de disputas que encontrará resolución acorde a la correlación de fuerzas, actualmente la clave represiva es la que hegemoniza el discurso que delimita el área de probable solución. De allí y partir de las nuevas prácticas, en donde la comunidad asume una activa participación, las estrategias implican una extensión de las redes de vigilancia y denuncia, es decir la comunidad al servicio de la agencia policial en primera instancia y del sistema penal en general. La incorporación "democrática" en la gestión de la seguridad de representantes de la sociedad civil, en la medida que reproduce las prácticas de las agencias del sistema penal no trastocaría la selectividad y arbitrariedad de las mismas, por el contrario encontrarían una base de consenso que permita sortear la actual crisis de legitimidad de las instituciones del Estado.
Las campañas de "ley y orden", ponen en primer plano la cuestión de los pequeños ilegalismos como factores determinantes del estado de inseguridad 10, que más allá de sus aspectos objetivos, no conducen jamás al debate ni a la participación como componentes indispensables de reales prácticas democráticas, en realidad a lo que ellas conducen es a crear pánico social con la consecuente ampliación del aparato represivo. Este último no tiene por objeto "la lucha contra el crimen" de ello da cuenta el grado de impunidad con que cuentan los "delitos de autoridad" 11.
Estas nuevas prácticas deben ser inscriptas en una transformación más amplia: el lugar del Estado en las sociedades posmodernas y su relación con la sociedad civil. A decir de Foucault el Estado no es capaz de gestionar, dominar y controlar toda la serie de problemas y conflictos que se le presenten, es decir ya no puede ejercer un poder omnipresente. De allí la necesidad de economizar la práctica del ejercicio de poder, hacerlo más efectivo y eficaz, un Estado mínimo complementado por alternativas comunitarias mediante lo cual logra una intervención intensificada y un control extendido, al mismo tiempo que su invisibilidad, el poder en apariencia se repliega.
Como afirma Foucault "Ironía del dispositivo: nos hace creer que en ello reside nuestra liberación".
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Centro de Documentación Municipal.
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente.
1 Estudiantes avanzadas de la carrera de Antropología Social. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Integrantes del Proyecto acreditado UBACYT TS30: "Las nuevas formas del control social-penal en la argentina de los finales del siglo "
2 Tomamos la expresión de Oszlak, O'Donnell.
3 La expresión elites morales hace referencia "a aquellos grupos o individuos que, dentro de pautas dadas tienen éxito en expresar las posiciones morales que eventualmente se transformarán en hegemónicas frecuentemente a través del conflicto. Más específicamente, (...) tienen éxito en reclamar su 'propiedad', (...) sobre áreas específicas de la vida social, entre las que están aquellas que tienen que ver con una política criminal". (MELOSSI, 1992:43)
4 La Interbarrial está compuesta por Asociaciones Vecinales de aproximadamente veinte barrios de la Ciudad. En el afiche se invitaba a participar del reclamo de "Seguridad Orden Urbano y Moral Pública".
5 El Gobierno de la Ciudad prevé una serie de medidas a implementarse una vez adquirida la competencia de la gestión policial: control estricto de la gestión, acción de cooperación interpolicial, transferencia de tareas administrativas policiales a empleados de la Ciudad a fin de destinar más agentes en acciones de prevención.
6 Su articulación provisoria fue determinada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 1640/97 aunque aún no se implementó.
7 Fuente Nota Nº 340 del Gobierno de la Ciudad en respuesta a un pedido de informes de la Legislatura Porteña -17 de Junio de 1998-.
8 Material de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad.
9 Resta aclarar que el presente proyecto contempla abordar complementariamente otras fuerzas sociales que por fuera de los Consejos implementan diversas formas de organización vecinal en torno a la cuestión de la seguridad. Asimismo todas aquellas reformas legislativas que completan el paquete de medidas de seguridad.
10 Consideramos que a partir de la implementación del modelo neoliberal se vive un real estado de inseguridad. La incertidumbre en el ámbito del trabajo, salud, educación, justicia ... han devenido en norma. Un Estado mínimo en estas áreas pero que no resigna ni puede resignar el control social punitivo.
11 Entendemos por éstos a "las actuales formas que los grupos de poder de la sociedad dirimen sus enfrentamientos" (Pegoraro J., 1998)

References: resolución 
 artículo 52
 artículo 58
 artículo 61
 artículo 34
 artículo 34
 resolución