Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180919-II.html
Timestamp: 2019-08-25 04:39:03+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5117-II, miércoles 19 de septiembre de 2018
Con punto de acuerdo, relativo a las labores pendientes de reconstrucción y atención de damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a declarar zona de desastre Torreón, Coahuila, y los ejidos del norte y oriente de Matamoros para permitirles el acceso al Fonden, a cargo del diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita audiencia con el titular de la SHCP para que dé cuenta del estado de los convenios correspondientes al apoyo extraordinario, no regularizable, destinado a las universidades públicas estatales en situación de urgencia financiera, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas autoridades a modificar la NOM-016-CRE-2016, “Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, para que las especificaciones de clase de volatilidad de las gasolinas según las zonas geográficas y la época del año, y las adicionales sean homogéneas en las zonas metropolitanas de Monterrey y del Valle de México, a cargo del diputado Hernán Salinas Wolberg, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Juzgado Quinto de Distrito de Morelos a asumir el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la SCJN, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y la Segob a declarar zonas afectadas y de desastre natural por lluvias e inundaciones distintas colonias de Jojutla y Tlalquiltenango, Morelos, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar el procedimiento de remoción de los consejeros independientes de Pemex previsto en los artículos 37 a 39 de la Ley de Petróleos Mexicanos por haber incumplido las obligaciones de diligencia, lealtad y responsabilidades ahí establecidas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a la defensa del derecho colectivo de creadores y herederos del proceso prehispánico del mezcal de origen cultural y tradición artesanal de los pueblos indígenas zapotecas y chontales de Oaxaca, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a las denuncias de desvío de recursos y el destino de los 400 mdp etiquetados para obras de mitigación, y a la verificación y rectificación de las obras del Tren Interurbano a fin de no afectar los derechos de los vecinos de la colonia Belén de las Flores, a cargo de la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía desaprueba la reforma del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a cargo del diputado Héctor Jiménez y Meneses, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de mesas de diálogo para atender demandas de habitantes de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y 16 de febrero de 2018, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a conceder permisos de pesca comercial para camarón en embarcaciones menores, en favor de las cooperativas pesqueras chiapanecas, y asesoría a éstas a fin de permitirles el acceso a los apoyos otorgados mediante los programas federales de fomento de la actividad, a cargo del diputado José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando se considere de urgente resolución , al tenor de las siguientes
Ha transcurrido un año desde los sismos que el 7 y 19 de septiembre de 2017 dejaron alrededor de 12 millones de personas afectadas en los estados de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y en la Ciudad de México; esta tragedia dejó miles de personas sin hogar en esas entidades federativas, personas que siguen durmiendo en albergues e incluso en las calles. La tragedia humana se agrava por los daños a miles de edificaciones que necesitan ser reparadas o demolidas.
Según información que consta en el Portal de Trasparencia Presupuestaria del Gobierno Federal1 , para atender la catástrofe provocada por ambos sismos, las autoridades federales por conducto de la activación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), entregaron insumos o apoyos de emergencia a la población (agua, despensas, colchonetas, artículos de higiene personal, láminas, palas, cascos, impermeables, guantes cobertores, medicamentos), así como los denominados apoyos parciales que fueron destinados para que iniciaran acciones, trabajos y obras prioritarias para el restablecimiento de comunicaciones y de servicios básicos; por estos rubros se erogó la cantidad total de $6, 844, 389, 946.00 (seis mil ochocientos cuarenta y cuatro millones trecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y seis pesos) en apoyos parciales inmediatos, que fueron utilizados por la autoridad para dar respuesta inmediata y así evitar más víctimas fatales y que la ciudad se sumiera en un caos irreparable.
Lo cierto es que no se tiene certeza sobre el destino de muchos de los insumos que supuestamente fueron otorgados y puestos a disposición en las zonas afectadas, por el contrario, la mayor parte de los artículos manifestados en el portal de trasparencia fueron donados por la propia sociedad civil, la que incluso hizo labores de retiro de escombro y rescate de personas; ello en solidaria respuesta al llamado hecho a través de medios de comunicación y redes sociales, que fungieron como herramientas para canalizar los apoyos y donaciones que permitieron solventar la contingencia.
Es menester destacar que la proyección de los recursos se ha implementado para la ejecución de acciones en materia educativa, vivienda, hidráulico, naval, carretero, salud, monumentos históricos, deportivo y urbano; en los términos de la póliza del Fonden para cada sector y no deberían ser usados para otro concepto pues ello implicaría desviación de recursos públicos.
Aunado a lo anterior, se sabe que representantes de damnificados y ellos mismos, así como diversos legisladores, solicitaron en la Cámara de Diputados, que fueran aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 los recursos necesarios para lograr una reconstrucción plena de las zonas afectadas y regresar a los afectados al uso y disfrute de todos sus derechos, el monto que se había estimado fue de 50 millones de pesos, para hacer frente al gran trabajo de reconstrucción, demolición y construcción de viviendas.
Sin embargo, el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados fue inferior a lo solicitado por las personas que resultaron afectadas por los sismos; el presidente de la República en conferencia de prensa el 7 de noviembre de 2017, también refirió que era necesaria una inversión final de aproximadamente 48 mil millones de pesos, pero la referida aprobó sólo 28 mil 394 millones de pesos que serían destinados a los nueve estados afectados para la reparación y construcción de viviendas.
Cabe destacar que a los recursos mencionados también debe de sumársele lo captado a través de donativos provenientes de la población y de las personas morales, así como lo correspondiente al Fondo de Desastres Naturales, que al 14 de septiembre de este año corresponde a 38 mil 163 millones de pesos como monto aprobado y tan sólo 13 mil 363 millones de pesos como monto ejercido.
Desde que ocurrió la tragedia que hoy conmemoramos, diversos medios de comunicación y las personas damnificadas han cuestionado la adecuada administración de los recursos que fueron otorgados para el rescate y reconstrucción de zonas afectadas, denunciando desviós de recursos, robo de apoyos, clonación de tarjetas bancarias mediante las que se entregaron los apoyos individuales, la fabricación de damnificados, la falsa entrega de apoyos y el lento apoyo por parte de las autoridades federales y locales.
No es sino obvio el reclamo social ante la opacidad y discrecionalidad con el que se ha manejado el otorgamiento, la recepción y la verificación de los recursos, ya ha transcurrido un año y aún existen en todas las entidades federativas, personas pernoctando en las calles, comunidades sin servicios básicos, edificios apuntalados y en riesgo de desplome. Esta situación nos lleva a reclamar por qué miles de afectados aún no reciben apoyo alguno, se les trata con desdén o arrogancia en las oficinas gubernamentales y no como personas que deben ser una prioridad de atención para el Estado mexicano. El reclamo y la indignación obedece también a la corrupción que engrosa patrimonios malhabidos de funcionarios públicos en detrimento de la urgente ayuda por la que claman los damnificados.
Por eso lo más importante es la reconstrucción y garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos en beneficio de quienes se ha quedado con nada, a quienes han perdido el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Es fundamental no ver a los afectados como mera estadística, sino como realidad lacerante que es necesario remediar. Es necesario concluir la fase de reconstrucción y evitar nuevas vulneraciones a los derechos de los gobernados particularmente, en lo tocante a la vivienda digna, la educación y la integridad personal.
Por lo anterior, estamos ante la necesidad de exhortar al Ejecutivo federal a transparentar exhaustiva y detalladamente el estado de avance en las acciones de reconstrucción y atención a damnificados, así como en la remediación de los daños y la implementación de acciones puntuales de prevención. Es particularmente necesario tener certeza respecto de qué inmuebles siguen representando un riesgo de protección civil. Tenemos la obligación de concluir la reconstrucción y no hay mejor manera de hacerlo que obligando a los responsables a transparentar su actuar, proscribiendo la opacidad en la que se anida la negligencia, la corrupción e indolencia gubernamental.
Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal y a los ejecutivos locales de las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México; publiquen y publiciten exhaustiva y detalladamente, en apartado especial de sus portales de transparencia, la información relativa a la ayuda a damnificados y la remediación de los daños causados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, particularmente:
a) El monto ejercido de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, así como los otorgados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales y los transferidos por particulares, bajo cualquier modalidad legal;
b) El destino especifico de las partidas correspondientes;
c) El porcentaje de avance en los trabajos de reconstrucción, y
d) El porcentaje de damnificados a los no se les ha realizado un peritaje de daño estrctural.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y al jefe del gobierno de la Ciudad de México, a que por medio de los entes públicos competentes, concluyan la dictaminación de inmuebles, en las zonas afectadas y otorguen a la brevedad los apoyos a fin de que se concluya la reconstrucción y las personas damnificadas sean restituidas en su vida plena.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos superiores de fiscalización de las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México; que en el ámbito de sus competencias garanticen la adecuada fiscalización y total transparencia de los recursos para la reconstrucción y den curso a las denuncias por el mal empleo de los recursos del Presupuesto de Egresos y de los del Fondo Nacional de Desastres Naturales que fueron destinados para el mismo objeto.
Cuarto. La Cámara de Diputados solicita a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia y de manera conjunta y coordinada realicen las investigaciones tendientes a identificar, sancionar y evitar la repetición de las conductas derivadas de la probable comisión de delitos por el indebido ejercicio de los recursos públicos para los afectados por los sismos de septiembre de 2017, en concreto, si existe una desviación de recursos públicos.
Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar, con carácter de urgente, un programa especial para concluir las labores de reparación y reconstrucción de los planteles educativos que fueron dañados durante los sismos de septiembre de 2017 y dar atención a los estudiantes que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019, considerando en las acciones programadas el respeto al interes superior de la niñez.
1 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2018.
El que suscribe, diputado José Ángel Pérez Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en la fracción I, numeral 1, del artículo 6, fracción II, del numeral 1, fracción I, II, III, IV y VI del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación declare Zona de Desastre al municipio de Torreón, Coahuila, así como a los ejidos del norte y oriente de Matamoros, Coahuila, para acceder al Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) al tenor de las siguientes:
Del 6 al 9 de septiembre de 2018 se presentó en la región Lagunera un fenómeno meteorológico de lluvias atípicas, las cuales, debido al cambio climático, cada vez se vuelven más típicas.
Testimonio de lo argumentado se encuentra en los registros de Conagua. Se han presentado desde 2015 en los meses de junio y diciembre; agosto, septiembre y noviembre de 2016; mayo junio y octubre de 2017. Algunas ocasiones acompañadas con avenidas en el río Nazas en 2008, 2010, 2016 y 2017.
La precipitación pluvial acumulada en Torreón alcanzó los 220 milímetros, en tan solo cuatro días, ocurriendo el sábado 8 de septiembre de 2018 la mayor con 80 milímetros, de acuerdo con datos del Sistema Nacional Meteorológico.
Tal vez para otras regiones con mayor precipitación esto no sea de gravedad, pero para una ciudad con un promedio de 240 milímetros anuales, es todo un fenómeno.
Este meteoro se encuentra ampliamente documentado en los medios de comunicación, regionales y nacionales, así como en los portales oficiales de gobiernos municipal y estatal de Coahuila.
Cabe señalar que fue declarada Zona de Emergencia, por lo que a partir del domingo 9 de septiembre de 2018, se implementó el Plan DN-III-E por la Secretaría de Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como el artículo 21 y 73 de la Ley de Protección Civil, a través de la 11a. Región Militar.
Las inundaciones afectaron más de 50 colonias de la zona urbana de Torreón, dejando intransitables las principales 12 vías de comunicación del municipio, así lo reportó Protección Civil; esto equivale a más de 25 mil hogares afectados de manera directa y una población de 95 mil torreonenses.
También fueron afectados los ejidos conurbados al ejido San Antonio del Coyote, situados en la zona norte de Matamoros, Coahuila, así como el ejido Congregación Hidalgo, situado al oriente de este municipio, en estas comunidades rurales habitan más de 7 mil familias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, por mi conducto, nos permitimos poner a consideración de esta honorable LXIV Legislatura, el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución:
Único. Con pleno respeto al Poder Ejecutivo de la nación, esta honorable Sexagésima Cuarta Legislatura solicite a la Secretaría de Gobernación, se le otorgue sin dilación la petición de declaración de Zona de Desastre al municipio de Torreón, así como a los ejidos conurbados a San Antonio del Coyote, situados en la zona norte de Matamoros, Coahuila, así como, el ejido Congregación Hidalgo, situado al oriente de este último municipio, realizada por el Ejecutivo de Coahuila.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días de septiembre de 2018.
Diputado José Ángel Pérez Hernández (rúbrica)
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamentos en lo que se dispone en el artículo 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea considerada de urgente u obvia resolución , con base en las siguientes
“La concreción de la cuarta transformación de este país, pasa necesariamente por darle carta de la ciudadanía al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación.”
Habremos de coincidir en que el tema de la educación superior está planteado de manera permanente en la agenda mundial. Actualmente es innegable la influencia que ejerce en todos los ámbitos de la esfera social, a tal grado que las posibilidades reales de desarrollo que se fincan en las naciones tienen como referente a sus sistemas educativos.
Para el caso de la educación superior pública en México podemos observar que han crecido la cobertura y matrícula, se ha diversificado la oferta académica, y la evaluación de los programas académicos y procesos administrativos es una práctica recurrente, a fin de lograr una cada vez mayor calidad en la prestación de sus servicios.
Si bien muchos avances son notorios, habrá que tener en cuenta que las instituciones de educación superior públicas han estado haciendo cada vez más, con menos recursos financieros, han incrementado sus indicadores de calidad y competitividad académica, a costa de serios esfuerzos de ajusto de gasto, y programas de austeridad, a tal grado que sus funciones sustantivas han estado en permanente amenaza, por tanto, persisten lo los rezagos en inercias, mucho de los cuales se han derivado de compleja situación financiera que aqueja a estas instituciones educativas.
Deseo expresarles que sé que se avecina una situación de extrema urgencia, que las universidades públicas estatales de:
Presentan una insolvencia financiera que las tienen al bordo de un gran conflicto. Cabe señalar que su situación es recurrente, cada año han presentado la misma situación, resultado de que tiene un subsidio que no cubre, desde hace años, el total de las obligaciones contractuales con sus respectivos sindicatos, además de la falta de reconocimiento de sus plantillas laborales, mismas que han crecido debido al aumento de la cobertura.
Año tras año, al final del periodo fiscal, la Secretaría de Hacienda les ha otorgado apoyos con recursos extraordinarios no regularizables, sin embargo, en este momento, y a pesar de existir un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los trámites para su apoyo se han estancado.
Aprovecho el uso de la voz para comentar que de no atenderse esta situación, cada una de las universidades públicas estatales mencionadas, entrarán en un colapso financiero que les paralizará, dejando sin clases a 537 mil 616 jóvenes , que representan el 32 por ciento de total de la matrícula de las universidades públicas estatales.
Desgraciadamente se percibe la existencia de un gran valor vacío, en la administración federal, donde el gabinete que se va, ya no da respuesta, en tanto que los que llegaran, no tienen posibilidad, en este momento de atender y resolver.
Por último, si pretendemos desempeñar un papel decoroso, en el ámbito de la sociedad del conocimiento, debemos aspirar a contar con una educación superior pertinente y de calidad, debidamente financiada, toda vez que ésta represente un insumo fundamental para impulsar el desarrollo del país, favorecer el desarrollo de los ciudadanos íntegros y libres, y mejorar la competitividad.
¡Lo que hoy suceda en nuestro ámbito educativo, habrá de marcar el futuro de esta nación!
Por una transición pacífica y pactada
¡Todo el apoyo a la educación superior pública!
Por lo antes expuesto es que solicito a este pleno, de urgente y obvia resolución, apruebe la siguiente proposición con
Artículo Único: La Cámara de Diputados aprueba la conformación de una Comisión de Diputados, encabezados por los coordinadores de cada grupo parlamentario, más 1 o 2 diputados de cada estado mencionado, los rectores de cada universidad involucrada que así lo consideren, para:
1. Solicitar audiencia con el secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que dé cuenta del estado que guardan los convenios ya elaborados, correspondientes al apoyo extraordinario, no regularizable, destinado a las universidades públicas estatales en situación de emergencia financiera.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2018.
Diputados: María Roselia Jiménez Pérez (rúbrica), Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica), Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica), Claudia Lastra Muñoz (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica), Lizeth Sánchez García (rúbrica), Margarita García García (rúbrica), Hildelisa González Morales (rúbrica), Ana Ruth García Grande, Alfredo Porras Domínguez, Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica), Luis Enrique Martínez Ventura (rúbrica), Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica), Dionicia Vázquez García (rúbrica), María Teresa Marú Mejía (rúbrica), José Luis Montalvo Luna (rúbrica), Emilio Manzanilla Téllez (rúbrica), Francisco Favela Peñuñuri (rúbrica), Jesús Fernando García Hernández, Alfredo Femat Bañuelos (rúbrica), Armando Reyes Ledezma (rúbrica), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Óscar González Yáñez, Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica), Santiago González Soto (rúbrica), Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica), Maribel Martínez Ruiz (rúbrica), Ana Gabriela Guevara Espinoza, Claudia Elena Lastra Muñoz, Armando Zertuche Zuani (rúbrica).
Hernán Salinas Wolberg, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Energía, al Sistema de Reguladores del Sector Energético, a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, y demás autoridades federales competentes; a fin de que se modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, para que la Especificación de Clase de Volatilidad de las Gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año, y las especificaciones adicionales sean homogéneas en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) y la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) y se defina la ZMM en los términos del Consejo Nacional de Población.
1. El 9 de agosto de 2016, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos acordando su envío a la Comisión Reguladora de Energía para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).1
Por lo que el 29 de agosto de 20162 se publica el acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos, bajo la lógica de limitar la emisión y uso de precursores de ozono, toda vez que hay un problema de contaminación en las zonas metropolitanas que la norma oficial mexicana identifica.3
2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su análisis4 sobre la calidad del aire en distintas ciudades de la República, en la que Monterrey es la ciudad más contaminada con 86 PM10 (Partículas Menores a 10 Micrómetros) y 36 PM2.5 (Partículas Finas Menores a 2.5 Micrómetros).
3. Se calcula que la contaminación atmosférica cuesta al gobierno y a los particulares entre cuatro y ocho mil millones de dólares al año en Nuevo León, considerando los costos de salud, baja de productividad y ausentismo al año.5 y 6
4. En la misma línea, se estima que del total de la contaminación generada de PM2.5 en Nuevo León entre 37.38 y 53 por ciento7 es a causa de emisiones vehiculares, por lo que la salud de los ciudadanos neoleoneses se encuentra directamente expuesta por las emisiones contaminantes de los vehículos.
5. El espíritu de la norma oficial en comento es establecer especificaciones de calidad de los petrolíferos, entre las que se incluye la “Especificación de Clase de Volatilidad de las Gasolinas de acuerdo con las Zonas Geográficas y a la Época del Año”, que en todo momento sostiene diferentes parámetros para las zonas metropolitanas del Valle de México y de Guadalajara; en relación con la de Monterrey.8
Resulta inverosímil que a la ZMM se le asigne un valor idéntico en la especificación que la correspondiente a la Zona Norte, que incluye a Nuevo León; mientras que la Zona Metropolitana de Guadalajara se le da una especificación diferente que la asignada al resto del estado de Jalisco. Por lo que no se actualiza un criterio técnico para que exista esa distinción con la ZMM, lo que resulta en perjuicio de la salud de nuestros ciudadanos, como se muestra a continuación:
Tabla 3. Zonas geográficas de distribución de gasolina del país 9
Tabla 4. Especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año 10
6. Adicionalmente, la norma oficial continúa generando diferencias injustificadas en las especificaciones adicionales, a saber:
7. Tabla 6. Especificaciones adicionales de gasolinas por región 11
Es clara la viabilidad para que exista homogeneidad en las especificaciones de las gasolinas, y que no hay justificación para que las mejoras en las especificaciones se demoren al año 2020.
8. Siguiendo esa misma lógica de reducción de emisiones contaminantes, la norma oficial prohíbe en las obligaciones adicionales estableciendo que “[s]e prohíbe el uso de etanol en la ZMVM, ZMG y ZMM. Se permite un contenido máximo de 5.8 por ciento en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas regular y premium, en el resto del territorio nacional [.]”; por lo que resulta evidente la intención de homologar las zonas metropolitanas en un régimen separado al del resto del país. Sin embargo, no mantiene esa equivalencia en las tres zonas metropolitanas en todos los rubros.
9. En la delimitación de zonas metropolitanas de México 2015 del Consejo Nacional de Población12 se publicó la delimitación de la Zona Metropolitana de Monterrey, a raíz de criterios técnicos que sustentan la integración exitosa de los municipios de Nuevo León, la cual es de mayor envergadura que la reconocida por la norma oficial, a saber:
I. Como diputado federal de Nuevo León, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, salud, y un medio ambiente sano.
II. El derecho humano al medio ambiente sano se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, en donde se establece lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 15
A pesar de que este derecho se encuentre consagrado en la Carta Magna y que el Estado, entendido como la federación, los estados y los municipios deben velar por el cumplimiento de este derecho, no se ha logrado garantizar para todos los grupos poblacionales, muestra de ello es la situación que de contaminación alarmante que se vive en Nuevo León.
III. La actividad económica y el simple traslado de personas en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) están íntimamente ligados a la existencia del parque vehicular, y los efectos de estos. La ZMM se encuentra en el quinto lugar nacional del parque vehicular con 2,129,72816 ; y en cuarto lugar nacional considerando automóviles exclusivamente con 1,593,335.17
La existencia de un parque vehicular de esas proporciones requiere que se tomen las consideraciones adecuadas para proteger la salud de los ciudadanos, sin demora alguna.
IV. No existe ninguna razón técnico-jurídica, ambiental o científica que permita discriminar entre las tres principales zonas metropolitanas de México en cuanto a la necesidad de contar con combustible más limpio que genere un menor impacto al ambiente y a la salud de los ciudadanos, máxime que como ya se ha dicho en líneas superiores los niveles de contaminación en la ZMM alcanzan ya niveles alarmantes.
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y demás autoridades competentes, a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos; para que las especificaciones de clase de volatilidad de las gasolinas en función de la zona geográfica y la época del año, así como el valor máximo de componentes de gasolinas en la zona metropolitana de Monterrey, sea homologado con la zona metropolitana del Valle de México y la zona metropolitana de Guadalajara. Igualmente se solicita se defina la zona metropolitana de Monterrey en los términos del Grupo Interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Considerando lo anterior, se insta a se modifiquen los puntos 3.36 y 4.2 en sus tablas 4 y 6 para quedar como sigue:
Además de las definiciones previstas en el marco jurídico aplicable, para efectos de la norma, se entenderá por:
3. 36. Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León: Abasolo Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, Ciénega de Flores, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, General Zuazua, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Hidalgo, Santa Catarina, y Santiago.”
“4. Especificaciones de calidad los petrolíferos.
4.1. Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13 de la Norma son obligatorias, por lo que deberán ser cumplidas por el productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y expendio al público, en lo conducente y, en general, por la persona que comercialice o enajene los petrolíferos.
Tabla 4. Especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año
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4 (Anguiano, 2018)
5 (Martínez & Valdez, 2016)
6 (Martínez-Cinco, Santos-Guzmán, & Mejía-Velázquez, 2016)
7 (Martínez & Valdez, 2016)
9 NOM-016-CRE-2016
12 Además de Conapo, en la delimitación de zonas metropolitanas, participan: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) formando un Grupo Interinstitucional.
14 (Consejo Nacional de Población, 2018)
15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
16 (Inegi, 2017)
Diputados: Hernán Salinas Wolberg, Isabel Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Raúl Gracia Guzmán, José Martín López Cisneros, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ricardo Flores Suárez, Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbricas).
La suscrita, Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
En sesión ordinaria del 13 de septiembre, diputados integrantes de la LIV Legislatura del estado de Morelos, revocaron con 16 votos a favor y tres abstenciones, la designación de la titular del Instituto de la Mujer en el Estado, Flor Dessiré León Hernández dejando sin efecto el decreto 3445 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con fecha del 31 de agosto dando cumplimiento a la suspensión definitiva por el juicio de amparo 1390-2018 promovido por Dagoberto Rivera Jaimez.
Dicho nombramiento se realizó por los diputados de la LIII legislatura conforme lo estipula el artículo 23-D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que dispone que es facultad del Congreso del Estado designar a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
Al tiempo de lo establecido en el artículo 50, fracción III, inciso “a”, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, establece que es atribución de la Junta Política y de Gobierno, proponer al Pleno del Congreso para su aprobación, la designación de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
Obteniéndose el siguiente resultado: 24 votos a favor de Flor Dessiré León Hernández, 1 voto nulo. En virtud de la votación, la Presidencia declaró a la ciudadana Flor Dessiré León Hernández, como titular del Organismo Público Autónomo denominado Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. En consecuencia, se procedió a la toma de protesta de ley a la Titular del Organismo Público Autónomo denominado Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que refiere el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ante el Pleno del Congreso del Estado.1
Lo anterior tiene como antecedente el juicio de amparo 1390/2018 promovido por Dagoberto Rivera Jaimez con fecha del 30 de agosto del agosto del año en curso del Juzgado Quinto de Distrito del Décimo Octavo Circuito Judicial con sede en Cuernavaca, Morelos.
En los que sustancialmente reclaman las convocatorias emitidas por la LIII Legislatura para la designación del Titular para el Instituto de la Mujer por el estado de Morelos, al respecto el Juez federal resolvió la suspensión definitiva y ordena a la LXIV Legislatura:
“Dejar sin efectos la sesión extraordinaria del 29 de agosto de 2018 así como el decreto 3445 por el que se designa a la titular del Instituto de la Mujer del estado de Morelos y, se abstendrá de designarlos hasta en tanto reciban la notificación por la cual quede firme la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva la presente incidencia”.
Al respecto esta resolución del Juez Federal carece del análisis desde el enfoque de derechos humanos de las mujeres y de la perspectiva de género pues sabido es que estos mecanismos fueron creados en el espíritu de avanzar en la igualdad sustantiva.
No obstante que ni el juez ni la legislatura hicieron un análisis de género, de haberlo hecho tendrían presente que el Estado de Morelos tiene emitida desde el 2015 la Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero; el juez hubiera reconocido que el Instituto es un mecanismo para el adelanto de las Mujer, que responde a un interés social y público. La convocatoria está escrita en un leguaje masculino lo cual no acota la participación de los Hombres y el quejoso nunca ha demostrado cumplir con los requisitos de la convocatoria, ni documento donde le hayan negado su inscripción.
Es menester señalar que, al día de hoy nadie, ni quejoso, ni juez federal, ni legislatura, han considerado como tercera perjudicada a la Titular del Organismos Público Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, no obstante, de que el 14 de septiembre compareció físicamente al Juzgado Quinto de Distrito a solicitar se le tomara dicha comparecencia a Flor Dessiré León Hernández, la cual fue indicada que se hiciera por escrito, documento que se presentó. Cabe señalar que la suspensión definitiva otorgada por el juzgado federal y ejecutada por el 54 Legislatura deja en total estado de indefensión a León Hernández, al no ejercer su derecho político para el cargo que fue designada, privándola del derecho al trabajo y poniendo en riesgo el derecho a la salud al estar con 7 meses de embarazo.
Recordemos que el principio de paridad es un término encaminado a reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, el cual se incorporó hasta el 2014 en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para lograr una participación en igualdad de condiciones y oportunidades para las mujeres en los cargos de elección.
Para el logro de lo anterior, las mujeres mexicanas tuvieron que enfrentar diversas luchas en búsqueda de la consolidación de sus derechos sociales y políticos. Baste recordar que en 1953 fueron reconocidas como ciudadanas y se les garantizó el derecho a participar y ser electas en procesos electorales.
Posteriormente nuestro país signo diversos tratados internacionales, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Cabe señalar que la CEDAW fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981 y es considerada la carta internacional de los derechos de la mujer. Además de ser el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembro de la ONU.
Asimismo, el Estado mexicano desde el año 1998 forma parte de la Convención “Belém do Pará”, instrumento internacional encaminado a defender y garantizar los derechos humanos de las mujeres y que está dirigido a aplicar una acción concertada para prevenir, sancionar y eliminar la violencia de género hacia las mujeres.
En este sentido, en México surge en 2001 el Instituto Nacional de las Mujeres con el objetivo de coordinar el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.
Como se puede observar, la lucha porque los derechos de las mujeres sean reconocidos ha sido una lucha constante.
Ante dicho acontecimiento trabajadoras del Instituto protestaron en el Congreso en reclamo a la anulación del nombramiento de Flor Dessiré León como directora del organismo.
“Las mujeres –que también son integrantes de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina– afirmaron que la dirección del organismo se encuentra acéfala, pues con la reforma constitucional aprobada por los exlegisladores para declarar organismo autónomo al IMEM era obligatorio designar a un nuevo titular.
De acuerdo con las trabajadoras, que estuvieron acompañadas por Flor Dessiré, existe el riesgo de que se pierdan recursos financieros de programas federales para atender problemas como violencia de género.
Lamentaron que el Juzgado Quinto de Distrito haya ordenado suspender el proceso y dejar “desprotegido” al organismo, encargado de implementar acciones a favor de derechos humanos de las mujeres.2
Por lo antes expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Juzgado Quinto de Distrito del estado de Morelos a asumir el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1 http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2018/5629.pdf
2 Mata, Ana Lilia. “Exigen reponer proceso de designación de la titular del IMEM” La Unión, en línea:
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/
130582-exigen-reponer-proceso-de-designacion-de-la-titular-del-imem.html
Dado en la honorable Cámara de Diputados, el día 19 de septiembre de 2018.
Jorge Arturo Argüelles Victorero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 79, numeral 1, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta al secretario de Gobernación, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua a ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos del Fondo de Desastres Naturales para mitigar los efectos ocasionados en 15 colonias de Jojutla y 2 de Tlaquiltenango, Morelos, por la ocurrencia de las intensas lluvias del 17 de septiembre de 2018, conforme a los siguientes
El 17 de septiembre del año en curso, alrededor de las 23:00 horas, se registró una fuerte lluvia en Morelos, la cual alcanzó hasta 1 metro de altura. Ello provocó el desbordamiento de 2 canales de riego del río Apatlaco, lo cual a su vez ocasionó la inundación de 15 colonias de Jojutla y 2 de Tlaquiltenango. Esas colonias ya habían resultado severamente dañadas desde el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Derivado de las afectaciones, el Gobernador Constitucional instruyó para que 20 brigadistas del Centro de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable acudieran a brindar el apoyo a las familias afectadas, retirando el agua que inundaba las calles y viviendas.
Sin embrago, y pese a las tareas realizadas, resulta insuficiente la labor del gobierno, ya que los daños son severos, la lluvia afectó a más de 336 viviendas conforme a los censos realizados hasta el momento por la Cruz Roja Mexicana, dejando daños en pertenencias personales y vehículos.
Por lo expuesto y en cumplimiento del artículo 11 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres naturales solicito
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua la corroboración del fenómeno natural perturbador descrito como lluvia severa e inundación fluvial y pluvial del 17 de septiembre de 2018, que afectó 15 colonias de Jojutla y 2 de Tlaquiltenango, Morelos, así como la emisión de la opinión técnica; ello, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de desastre natural en 15 colonias de Jojutla y 2 de Tlaquiltenango, Morelos, para poder acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.
La suscrita Dolores Padierna Luna , diputada federal a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79 numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar el procedimiento de remoción de los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos previsto en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de Petróleos Mexicanos por haber incumplido con las obligaciones de diligencia, lealtad y responsabilidades que establece dicha ley , al tenor de las siguientes:
Uno de los peores negocios de que se tenga memoria en historia reciente de Petróleos Mexicanos es la compra de dos empresas privadas de fertilizantes. Con el argumento de reactivar la producción en el país, Pemex compró Agro Nitrogenados en 2014 y Fertinal en 2016, a un costo de 475 millones de dólares la primera y 255 millones de dólares la segunda.
Agro Nitrogenados fue comprada a Altos Hornos de México, empresa propiedad de Alonso Ancira; y Fertinal, al empresario Fabio Covarrubias.
Ambas operaciones sólo han dejado pérdidas para la empresa productiva del Estado además de que nunca aumentó la producción. Ahora Pemex está buscando deshacerse de su filial de fertilizantes, incluyendo las plantas recién adquiridas. Hasta ahora no existen razones válidas que justifiquen el por qué Pemex invirtió en tan mal negocio.
La Secretaría de la Función Pública ya inició un procedimiento de responsabilidades a servidores públicos involucrados en ambas operaciones.
Desde que se anunció la compra surgieron serias dudas entre los especialistas por el estado de las plantas, y tratarse de negocios poco estratégico con sobreproducción y precios bajos en el mercado internacional
Las plantas de Agro Nitrogenados se encontraban en situación de chatarra por el abandono del que fueron objeto desde que Pemex las privatizó en la década de 1990. Sin embargo, se argumentó que se podrían remodelar las instalaciones para poner en marcha la producción de urea y disminuir la importación. Nada de eso ocurrió.
Por lo que toca a Fertinal, en diciembre de 2015 la Comisión Federal de Competencia Económica advirtió a las autoridades de Pemex que ya existía un número considerable de empresas nacionales y extranjeras en el negocio de los fertilizantes fosfatado, de ahí que la participación de mercado sería reducida y sujeta a fuerte competencia si llegara a adquirir la Fertinal. Sin embargo, se hizo caso omiso de la opinión del regulador económico y completó la transacción.
Los documentos que presentó Pemex para justificar la compra de ambas empresas están clasificados por 12 años bajo el argumento de que ambos son una operación de negocios
La Unidad de Responsabilidades de Pemex se ha visto obligada a abrir una carpeta de investigación a raíz de los análisis y acciones emprendidas por la Auditoría Superior de la Federación, a lo que se agregan las denuncias realizadas por ciudadanas y medios de comunicación, que tuvieron fuerte resonancia en la pasada legislatura tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
La compra en 2013 de la planta chatarra de Agro Nitrogenados fue aprobada por una junta directiva y dos consejos de administración de tres filiales de PMI Comercio Internacional, y el contrato fue firmado por su entonces director, José Manuel Carrera Panizzo. Según el contrato de compra-venta, Carrera ostenta la representación legal de Pro Agroindustria, SA de CV, una razón social creada ex profeso para esa transacción. La Auditoría Superior de la Federación reportó que la adquisición de la planta tuvo la aprobación de la Junta Directiva de PMI HBV y de los consejos de administración de PMI NASA y PMI ID, que eran filiales de PMI Comercio Internacional. Además, Pemex tomó conocimiento del proyecto en su acta del Consejo de Administración del 17 de diciembre de 2013.1
La responsabilidad alcanza a los actuales consejeros independientes, en virtud del artículo 35 de la Ley de Petróleos Mexicanos que a la letra dice:
Artículo 35. Los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren al Comité de Auditoría.
Nunca se presentó tal denuncia
Por otro lado, el VI Informe de Gobierno de la presente administración señala que Pemex, con el aval de los consejeros independientes, solicitó la migración de 19 asignaciones al sistema de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, con incorporación de socios privados. Tales farmouts no son otra cosa que asociaciones que dejan a Pemex en calidad de socio minoritario y sin actividades operativas. Uno de tales farmouts comprende el mega yacimiento Ku-Maloob-Zaap, que es el yacimiento de donde se obtiene la mayor parte de la producción nacional en estos momentos (40 por ciento). Otros grandes yacimientos están en la lista ya aprobada para dejar su operación en manos privadas. En otros términos, el Consejo de Administración de Pemex autorizó transferir los mejores yacimientos de la empresa pública al sector privado nacional y extranjero. Eso solo tiene un nombre: traición a Pemex y a México.
El artículo 37 establece que los consejeros podrán ser removidos de sus cargos por, cito, “Incumplir deliberadamente o sin causa justificada con las obligaciones, deberes de diligencia o lealtad o responsabilidades que establece esta Ley”, fin de la cita.
En razón del daño que los consejeros independientes le están causando a Petróleos Mexicanos, el Ejecutivo federal está obligado a iniciar el procedimiento de remoción establecido en artículo 38 de dicha ley
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente:
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a iniciar el procedimiento de remoción de los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos, procedimiento previsto en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de Petróleos Mexicanos, por haber incumplido con las obligaciones de diligencia, lealtad y responsabilidades que establece dicha ley.
1 http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/compendio/archivos/sep18/ si110918.pdf
Dado en el Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 19 de septiembre de 2018.
El suscrito, Azael Santiago Chepi, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor siguiente:
1. El 28 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre, la cual ha sido objeto de modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión el 29 de noviembre de 2001, 3 de marzo de 2003, 22 de noviembre de 2012, 2 de octubre de 2015 y 24 de diciembre de 2015.
2. Conforme a dicha resolución y sus posteriores modificaciones, actualmente se encuentran comprendidos en la región geográfica protegida los municipios de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en Oaxaca, la zona denominada “región del mezcal”, que comprende Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán; San Felipe y San Luis de la Paz, Guanajuato; San Carlos, San Nicolás, Burgos, Miquihuana, Bustamante, Palmillas Jaumave, Tula, Cruillas, Jiménez y Méndez, Tamaulipas; Acuitzio, Aguililla, Ario, Buenavista, Charo, Chinicuila, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, Cojumatlán de Régules, Erongarícuaro, La Huacana, Tacámbaro, Turicato, Tzitzio, Hidalgo, Salvador Escalante, Morelia, Madero, Queréndaro, Indaparapeo, Tarímbaro, Tancítaro, Los Reyes, Tepalcatepec, Sahuayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Vista Hermosa, Michoacán; Acajete, Acatlán de Osorio, Acatzingo, Acteopan, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Ajalpan, Albino Zertuche, Altepexi, Amozoc, Aquixtla, Atexcal, Atlixco, Atoyatempan, Atzala, Axutla, Caltepec, Coatzingo, Cohetzala, Cohuecán, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchan, Cuayuca de Andrade, Cuyoaco, Chapulco, Chiautla, Chietla, Chigmecatitlán, Chignahuapan, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Eloxochitlán, Epatlán, General Felipe Ángeles, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Huehuetlán el Grande, Huitziltepec, Ixcamilpa, Guerrero; e Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Izúcar de Matamoros, Jolalpan, Juan N. Méndez, La Magdalena Tlatlauquitepec, Libres, Los Reyes de Juárez, Mixtla, Molcaxac, Nicolás Bravo, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Petlalcingo, Piaxtla, Quecholac, Rafael Lara Grajales, San Antonio Cañada, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Gabriel Chilac, San Jerónimo Xayacatlán, San José Chiapa, San José Miahuatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, San Salvador Huixcolotla, San Sebastián Tlacotepec, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Santiago Miahuatlán, Santo Tomás Hueyotlipan, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tecomatlán, Tehuacán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepexco, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tilapa, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlanepantla, Tlapanalá, Tochimilco, Tochtepec, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Vicente Guerrero, Xayacatlán de Bravo, Xicotlan, Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán Salinas, Zautla, Zinacatepec y Zoquitlán, Puebla.
1. El 8 y 9 de agosto de 2018, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió, por conducto del director adjunto de la Propiedad Industrial, sendas resoluciones que modifican la resolución general mencionada que protege la denominación de origen de la bebida mezcal mencionada, incluyendo nuevos municipios de Aguascalientes, Puebla, Morelos y estado de México que se dicen productores de mezcal, sin que respetara la consulta a los pueblos indígenas que representamos.
2 . Las resoluciones que modifican la declaración general de protección de la denominación de origen del mezcal, materia de la presente controversia constitucional, violan los derechos humanos y sociales de los pueblos indígenas de Oaxaca, productores de mezcal, debido a que en el proceso para determinar la inclusión en la denominación de origen, de diversos municipios de Aguascalientes, estado de México, Morelos y Puebla, no consideraron la consulta previa a los pueblos indígenas reconocidos como productores de mezcal en la modificación de la declaratoria general o resolución, conforme a lo que disponen los artículos 1o., 2o. y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, apartado 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como es de explorado derecho, el derecho indígena es el conjunto de concepciones y prácticas consuetudinarias, orales, que organizan la vida interna de los pueblos originarios; es decir, los que padecieron un proceso de conquista, cuya existencia es anterior a la del Estado mexicano, surgido en el siglo XIX, y conservan total o parcialmente sus instituciones políticas, sociales, jurídicas, culturales y prácticas económicas.
Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas de México son individuales y colectivos.
• Los derechos individuales corresponden a los derechos humanos reconocidos a todo mexicano, considerando su especificidad cultural para ejercerlos respetando, sobre todo, su libertad de expresión, reunión y manifestación, en sus propios idiomas.
• Los derechos colectivos corresponden al libre ejercicio de su autonomía política para decidir su desarrollo humano, sustentable, social, económico, jurídico, político y cultural.
Así, tenemos que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas de México está reconocido en el Apartado B del artículo 2o. de la Constitución federal, que establece la obligación del Estado de consultarlos, por ser entidades de interés público, en el diseño, aprobación y aplicación de las políticas públicas relacionadas con su desarrollo, como en el caso es la producción del mezcal como práctica social, cultural y económica de los pueblos zapotecas y chontales que representamos.
El derecho a la participación ciudadana o política de los indígenas para elegir a sus representantes y tomar decisiones públicas, está reconocido a título individual, como todo ciudadano mexicano, para ser ejercido dentro y fuera de sus comunidades; y también a título colectivo como entidades de derecho público para formar parte de los órganos del poder político del Estado mexicano; por lo que es innegable su inclusión en los ámbitos políticos y económicos de México, como el caso del aporte cultural y económico que los pueblos indígenas zapotecas y chontales de Oaxaca han hecho con el mezcal, lo que motivó en un principio la Declaratoria General de Protección de Nominación de origen, que sin fundamentos sociales y antropológicos, ahora se ha modificado en favor de intereses económicos en áreas no productoras de la bebida.
Tenemos pues que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas deriva del Convenio 169 de la OIT en 1989, y desde 1992 con las reformas constitucionales, es obligatorio en México. Se reconoció constitucionalmente en el artículo 2o. desde 2001 y consiste en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a formar parte de las decisiones de Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de políticas públicas sobre su desarrollo, lo que obliga a las autoridades a implantar protocolos de consulta efectivos a los pueblos indígenas, sin que la ponderación del resultado de la consulta, signifique violaciones a los procedimientos administrativos considerando las facultades discrecionales que la autoridad emisora tiene para allegarse de la información que derive en resoluciones ajustadas al respeto irrestricto de los derechos humanos y colectivos de los auténticos creadores y herederos de los procesos de producción artesanal del mezcal, que han sido reconocidos en la denominación de origen para proteger la bebida de su degradación y comercialización sin calificar su calidad y origen cultural.
Los derechos a la tierra y sus recursos naturales, así como los derechos al desarrollo económico son el objeto principal a considerar en la consulta, debido a la depredación que persiguen los intereses empresariales nacionales e internacionales.
La OIT considera que para garantizar el desarrollo pleno de los pueblos indígenas, la consulta debe abarcar a todos los derechos reconocidos por lo que la convencionalidad obliga al estado mexicano y sus representantes a la consulta, antes de emitir resoluciones que dañen, en el caso del mezcal, el producto y por ende la integridad social, cultural y económica de los productores que en su mayoría en los estados que abarca la declaratoria general, son indígenas.
Ahora bien, del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial no se desprende facultad alguna que impida a la emisora, la consulta a los pueblos indígenas cuando deba ponderar la modificación de una declaratoria de protección a la denominación de origen, y en cambio el IMPI si está obligado conforme lo hemos expuesto en la Constitución federal y en los tratados internacionales a implantar la consulta a los pueblos indígenas, si se considera que sus resoluciones puedan afectar su desarrollo económico y destruir su acervo cultural, como en el caso las resoluciones modificatorias afectan al producto mezcal y sus productores zapotecas y chontales oaxaqueños.
Por igual y en perjuicio de los pueblos indígenas de Oaxaca que represento, es menester la revocación de la resolución respecto a la ampliación de la denominación de origen mezcal, considerando que violan los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas zapotecos y chontales productores de la bebida mezcal, si consideramos que es obligación del estado mexicano y sus representantes la protección y preservación de los pueblos indígenas y el fomento de su economía, por lo que se debió considerar que los fundamentos de la solicitud, no justifican la inclusión de los municipios de esos estados de la república en la denominación de origen mezcal, toda vez que los resoluciones modificatorias carecen de sustento antropológico, histórico, cultural, características químicas y organolépticas y procedimientos artesanales para la obtención de la bebida, que se dice se produce en esos territorios, que sin duda no se trata de mezcal, pasado por alto las normas oficiales para la producción de la bebida e inclinándose al interés comercial del centro del país, en detrimento de los auténticos productores (85 por ciento de la producción de mezcal procede de Oaxaca, en su mayoría por indígenas zapotecos y chontales).
Las resoluciones impugnadas de la emisora solo tiene sustento en la opinión técnica (cuestionable y no contrastada por otro medio especializado) de un entidad ajena a la bebida, como es el Centro de Investigaciones y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco; por tanto, el sustento es endeble por no considerar el valor antropológico de la bebida y su auténtico origen e influencia territorial para su producción. La práctica sistemática del IMPI de solo conceder valor a esa asociación civil, es por tanto parcial y sesgada, y por ello carece de fundamentación y motivación suficiente, en perjuicio inmediato de los pueblos que representamos.
La única entidad legítima para calificar la bebida y determinar si puede o no considerarse mezcal es sin duda el Consejo Regulador del Mezcal, y según ese organismo certificador sólo se puede producir mezcal en nueve estados: Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Oaxaca, 2 municipios de Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y Puebla.
Los mezcales son parte de la cultura mexicana, su historia está llena de vivencias creadas por las comunidades que los usan y conlleva un vasto conocimiento tradicional sobre el manejo de las plantas. El producto final es el resultado de la especie utilizada, el clima, el proceso de fermentación, la técnica de destilación y el recipiente en el cual es reposado. De tal forma que en cada botella van partes de una antigua tradición, de la tierra que vio crecer la planta y del saber de cada productor. La interrelación hombre-planta abarca desde la recolección y el aprovechamiento de ejemplares silvestres hasta el cultivo de variedades domesticadas. Ninguna bebida destilada del mundo procede de tal diversidad natural y cultural como el mezcal.
El mezcal y sus magueyes, resultan importantemente prehispánicos y dignos del reconocimiento milenario, fuertemente arraigado a los nativos americanos, principalmente a los pueblos indígenas de Oaxaca que representamos, y que ahora son violados en sus derechos humanos individuales y colectivos al privarles de una mejor condición económica ampliando sin razón ni fundamento legal e histórico los municipios que productores de la bebida, en entidades que tradicionalmente no cultivan el maguey, ni destilan la bebida.
La conservación de los procesos artesanales y ancestrales del mezcal ha sido la apuesta más audaz que en su momento hicieron los mezcaleros modernos, lo que apartó el mezcal del camino de otras bebidas y lo diferenció de las mismas, consecuencia de que hoy el mezcal sea reconocido como la cultura líquida de México, y tenga otras expectativas que le han abierto mercados inimaginables para los pequeños productores indígenas.
El mezcal en los últimos años ha sido fuente de empleo directo para más de 17 mil hombres y mujeres en los 9 estados con denominación de origen y de empleo indirecto para otras 75 mil personas. A finales de 2017, las cifras del mezcal fueron alentadoras, logrando colocar en el mercado nacional 2.1 millones de litros, y exportar 2.8 millones a más de 60 países.
Una denominación de origen no puede convertirse en un genérico y los derechos derivados de registros o solicitudes de registro de marcas o avisos comerciales a todas luces, significan un desconocimiento de los derechos de las prácticas ancestrales en el cultivo o recolección del maguey, así como de los procedimientos de producción del mezcal, que los pueblos indígenas de Oaxaca poseen y son orgullo de México.
Es por demás estudiado que el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desdeñó la consulta a los pueblos indígenas, con independencia de que el IMPI, no cumplió a todas luces, el debido proceso. Según el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, la mayoría de municipios incluidos en la ampliación de la norma, a la que se refiere este pronunciamiento, no cumplen con las más importantes características para ser incluidas en la ampliación de la DOM, como ancestralidad, continuidad y artesanalidad.
De acuerdo con el artículo 159 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, cuando se recibieron las solicitudes de ampliación, las denominaciones de origen resultan ser producto de una determinada región que debe protegerse, pues están vinculados a los factores humanos y naturales de la región en comento. Las últimas tres solicitudes de ampliación, no cumplen y son inexactas con la existencia del producto (persistencia cultural), no presentan factores humanos (ancestralidad) y con mínima proporción cumplen los factores naturales (materia prima silvestre), pero ello no culmina el círculo virtuoso para reconocer y proteger una denominación de origen, y nos referimos a Aguascalientes, estado de México y Morelos.
Ampliar la denominación de origen mezcal por la mera coincidencia de la existencia de factores naturales, sin tomar en cuenta los culturales y la existencia del producto, pondría en riesgo la legitimidad de la denominación de origen, ya que Estados Unidos, Cuba, Haití, El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Colombia, entre otros países, también podrían solicitar denominación de origen mezcalero, por el simple hecho de contar con diversos magueyes, pero nunca con mezcal , al faltarle los factores humanos, naturales y permanentes, que en su conjunto forman los elementos de los que se apartó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al ampliar la denominación origen mezcal.
Por ello proponemos a esta soberanía la siguiente proposición con
Tercero. Se exhorta a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que den entrada y trámite a la controversia constitucional que han presentado los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca en defensa de su derecho colectivo creadores y herederos del proceso artesanal y prehispánico del mezcal, para el caso de que el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no revoque, en los términos exhortados, la ampliación a la denominación de origen mezcal, en su momento procesal declaren la procedencia de la acción de controversia constitucional, declarando la nulidad o inexistencia de lo publicado el 8 y 9 de agosto de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la ampliación de denominación origen mezcal”.
La que suscribe, diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía las siguientes
El 3 de septiembre el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, señaló que si bien se continuarán con las obras del tren México-Toluca, se espera hacer una revisión general de las mismas .1
El 23 de agosto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció que el Tren Interurbano podría operar hasta 2020 y no en 2019 como lo había afirmado el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, además, dijo que varios grupos de “coyotes” han ocasionado el retraso de la obra y, han buscado extorsionar al gobierno federal para continuar los trabajos.2
El 11 de julio de este año el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó una sentencia contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por autorizar modificaciones en la obra del Tren Interurbano México-Toluca .
Derivado de esta sentencia el tribunal confirmó que “el director general de Impacto y Riesgo Ambiental actuó ilegalmente, ya que se limitó a autorizar las obras solicitadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuando expresamente el Programa de Ordenamiento Ecológico prohíbe el desmonte del suelo de conservación, motivo porque las cuatro obras del proyecto deben suspenderse” (Sierra de las Cruces).3 Pese a ello, las obras han continuado operando.4
El 6 de junio la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que revisaría el proyecto del tren Interurbano México-Toluca (TIMT) para garantizar el acceso a zonas populares y no sólo para la zona corporativa de Santa Fe, además de que prometió cumplir con todas las medidas de mitigación y compensación.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en marzo de este año, advirtió sobre la deficiente planeación del proyecto, destacando lo siguiente:
• Sobrecosto. En 2014, el TIMT fue presupuestado en 38 mil millones de pesos, para 2018 el costo total asciende a 59 mil millones de pesos, más de 50 por ciento del monto original.
• No es rentable. De acuerdo al análisis de costo-beneficio del TIMT, presentado por la SCT, la obra deja de ser socialmente rentable si su costo aumenta 25 por ciento, el TIMT ha incrementado más de 50 por ciento.
• Retraso. La obra debió terminar en diciembre de 2017, sin embargo, la SCT aún no ha establecido una fecha de entrega de la obra completa.
• Opacidad. No hay ningún mapa público georreferenciado que muestre el trazo final que seguirá la obra.
• Continúan litigios, lo que da poca certidumbre jurídica al proyecto. Para agosto de 2017 no se contaba con la totalidad de los derechos de vía asegurados para el tramo tres del proyecto.5
Dimensión de afectaciones
Algunas de las poblaciones afectadas por el TIMT son localidades de San Pedro Toltepec en Lerma, algunos ejidos de San Mateo Atenco, pobladores comunales de Coapanoaya en Ocoyoacac y San Pedro Acuzalco. Vecinos de Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
Caso específico de la colonia de Belén de las Flores
El 3 de septiembre de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó a través de un comunicado sobre la transferencia de 920 millones de pesos (mdp) al gobierno de la Ciudad de México para la construcción del TIMT, de los cuales, 400 millones serían canalizados a través de la secretaría de obras local para la ejecución de acciones de mitigación en colonias afectadas de Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
De octubre de 2015 a julio del presente año, integrantes del Comité Vecinal de Belén de las Flores sostuvieron diversas reuniones de trabajo con representantes del gobierno federal; gobierno de la Ciudad de México y contratistas a cargo del tren, a fin de acordar las obras de mitigación necesarias en dicha comunidad, sin que hasta la fecha se haya realizado alguna de ellas.
Asimismo, ante el avance que presenta el proyecto, vecinos de dicha colonia y otras colonias aledañas, han denunciado el posible desvío de los recursos orientados a la mitigación de afectaciones derivadas de la cimentación del TIMT.
A pesar de que en los medios no han destacado recientemente dichas inconformidades de la comunidad, debido a las diferentes quejas por parte de varios municipios, los vecinos podrían optar por radicalizar sus denuncias en contra de la próxima administración y demandar soluciones efectivas en unión con más grupos, como ya lo han anticipado en su comunicación con autoridades locales y federales.
Por lo anterior, y considerando la propia atención hacia este proyecto que han mostrado el próximo gabinete federal de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, es urgente que se dé cause a las demandas de los vecinos de Belén de la Flores mediante la proposición de punto de acuerdo, y se exhorte a las autoridades competentes, a reserva de las diferentes medidas que más adelante Morena pueda impulsar para el resto de los afectados, en sus diferentes ámbitos de responsabilidad.
El Tren Interurbano México-Toluca es el ejemplo de la deficiente planeación gubernamental, por lo que es fundamental que esta legislatura empiece a reconducir esta problemática a partir de las evidencias que han proporcionado diferentes organizaciones ciudadanas y sociales, medios de comunicación y especialistas.
Hasta el momento sabemos que se ha dañado de manera irreversible el sistema hidrológico-ambiental y urbano de la cuenca del Valle de México con la construcción de zapatas y columnas de concreto en las presas Totoloapan; también conocemos los sobrecostos de 50 por ciento de acuerdo a estudios del IMCO y la poca rentabilidad del proyecto, de la que también se presume posible corrupción, y además se han hecho notorias las denuncias por pagos injustos a comuneros de Ocoyoacac aunado a denuncias por daño ambiental.
Aunado a todo este panorama, la obra sigue dañando a la ciudadanía, incluso a pueblos que han respaldado el proyecto, como es el caso de los vecinos de la colonia Belén de las Flores, en la delegación Álvaro Obregón, quienes se han pronunciado en diferentes ocasiones sobre los problemas viales derivados de la obra del Tren Interurbano y en particular desde julio de este año.
Frente a ello destacan, entre otras acciones, dos demandas puntuales:
- Reparación al acceso para discapacitados en el paso Belén de las Flores y garantizar las condiciones para el libre tránsito peatonal en este mismo acceso.
- Reparación de las averías y desperfectos del drenaje de la colonia Liberales de 1857 y que actualmente ocasiona afectaciones permanentes y pone en riesgo la salud de los pobladores.
Al respecto, el 17 de julio vecinos de la colonia Belén de las Flores, acudieron ante la Dirección de Transporte Ferroviario y Multimodal, instancia que por conducto del director general adjunto, Juan Manuel Anaya Medina, reconoció las demandas de los colonos. Además, instruyó al director de Obra Civil, Jorge Eduardo Herrera González (el 26 de julio) para que garantice que las empresas (CAABSA, González Soto y Asociados, Omega Constructores Industriales, Cargo Crane, Grupo Corporativo Amodher, y Prefabricados y Transportes) procedan a la verificación y solución de las afectaciones.
Sin embargo, hasta la fecha no se han atendido las peticiones legítimas de los pobladores. Por lo que en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México a dar cuenta de los recursos del Tren Interurbano México-Toluca ejercidos en obras de mitigación, además de exigir al director de Obra Civil, Jorge Eduardo Herrera González, para que cumpla con lo delineado por la Dirección de Transporte Ferroviario y Multimodal en respuesta a inconformes de Belén de las Flores y atienda las afectaciones de su comunidad.
1 https://goo.gl/QjVHjm
2 http://planamayor.com.mx/hasta-2020-podria-entrar-en-operacion-el-tren- interurbano-mexico-toluca-admite-pena-nieto/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-inaugurare-el-t ren-mexico-toluca-pena-nieto/1260279
3 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/peligra-tren-interurbano-p or-violar-ley-ambiental
4 http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/23/avanzan-obras-de-tren-inte rurbano-pese-a-prohibicion-de-paot-7722.html
5 https://imco.org.mx/temas/ineficiencia-riesgos-corrupcion-obra-publica- caso-estudio-del-tren-interurbano-mexico-toluca/
En su carácter de diputado federal por el distrito 13, con cabecera en Atlixco, Puebla; integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados desaprueba la reforma del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Puebla; al tenor de las siguientes
En las entidades federativas es esencial de cualquier gobierno, la seguridad jurídica que radica fundamentalmente, en la fiscalía general del estado.
Los poblanos nos damos cuenta que por la corrupción existente, encontramos escandalosos niveles de impunidad; incapacidad de autoridades para atender los reclamos más· apremiantes de la población; robo de hidrocarburos siempre en aumento, cobijado por elementos gubernamentales nocivos; delitos que el poder político deja de atender.
Además a estas alturas de la terminación del gobierno actuante; la venta o permuta de cuarenta y dos hectáreas del parque ecológico flor del bosque; el retiro del patronato del Teatro Principal el más antiguo de América; el nombramiento de abogados sin oficio dentro del Poder Judicial, como magistrados del Tribunal Superior de Justicia; la venta del antiguo hospicio, edificio considerado como patrimonio cultural de la humanidad; todas expresiones de la grave situación de ingobernabilidad por las que atraviesa actualmente nuestra entidad federativa.
Adicionalmente el crecimiento de un ilícito federal, se ha convertido en infortunado distintivo de nuestro estado; me refiero al robo de hidrocarburos mediante la ordeña de duetos de Pemex, conocido popularmente como “huachicoleo”.
De esta manera se convino un acuerdo de protección para la salida del fiscal, con la aprobación de una reforma legal para permitirle colocar como sucesor a un incondicional, como lo es el desconocido Gilberto Higuera, sin la ciudadanía poblana.
Una sucesión pactada al frente de una autoridad tan esencial para todo estado; una intervención directa de personas ajenas en una institución que debe ser autónoma, conforme dicta la constitución local.
Así el pasado 6 de septiembre y a sólo tres días de haberse presentado la iniciativa de decreto ante la comisión permanente del honorable Congreso de Puebla, se aprobó la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado, señalando que si la ausencia del fiscal fuera mayor a treinta días, este nombraría a su sucesor como encargado del despacho.
Esta reforma a la fiscalía por la que se aniquila su autonomía, será revocada ya sea por la nueva mayoría democrática en el congreso local de Puebla o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad.
El retroceso y autoritarismo que está incurriendo el gobierno del estado, debe ser públicamente denunciado y condenado desde la más alta tribuna de la nación.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del honorable pleno, el siguiente
Segundo. Se exhorta al gobierno del estado al restablecimiento de la vida democrática, para que en cumplimiento a su mandato legal, conserven y protejan la legalidad, revertiendo este procedimiento de reforma.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2018.
Diputado Héctor Jiménez y Meneses (rúbrica)
María del Carmen Bautista Peláez, diputada a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la instalación de mesas de diálogo para la atención de demandas de habitantes del estado de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y19 de septiembre de 2017 y del 16 de febrero de 2018 al tenor de las siguientes
Después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la aplicación de ayuda de reconstrucción de viviendas para los estados afectados ha pasado por distintas fases a través de fondos como el de desastres para invertir en las reparaciones de las afectaciones totales y parciales que permitan la rehabilitación de los hogares de los miles de damnificados particularmente en los Estados de Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el estado de Chiapas se registraron 58 mil 366 viviendas con daños parciales o totales, mientras que en Oaxaca, sumaron 63 mil 335 casas con algún nivel de afectación, dando como resultado un total de 121 mil 701 viviendas que resultaron afectadas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de año anterior.
Otros datos de la presidencia de la República, publicados el 18 de septiembre de 2018, indican cuáles han sido los daños a viviendas a un año de los sismos:1
El censo de daños tiene el registro de más de 169 mil viviendas afectadas (59 mil con daño total y casi 110 mil con daños parciales). Hasta septiembre de 2018, más de 166 mil titulares (98 por ciento) de estas viviendas han recibido el apoyo correspondiente a través de las tarjetas Bansefi. Existen 2 mil 800 casos especiales de familias que aún no han recogido sus tarjetas por distintos motivos (salieron de la localidad donde residían, hay algún litigio familiar o fallecieron las personas a cuyo nombre estaba el trámite, entre otros). Esas tarjetas pueden aún ser recogidas en las sucursales de Bansefi. En total, se han distribuido 8 mil millones de pesos en apoyos para la reconstrucción de vivienda a través de las tarjetas Bansefi.
En Oaxaca, un esquema de reconstrucción asistida se echó a andar a fin de acelerar el proceso de reconstrucción de viviendas. Según la Sedatu, seis de cada diez casas se autoconstruyen bajo esquemas de financiamiento. Así lo dejó asentado en el siguiente comunicado de prensa publicado el 16 de noviembre de 2017:
El esquema de reconstrucción asistida elegido por el gobierno de la república y la participación de la sociedad civil ha permitido que a poco más de dos meses de los sismos miles de viviendas en Oaxaca y Chiapas estén en proceso de construcción, y que incluso muchos mexicanos ya habiten sus nuevos hogares .
De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), al 12 de noviembre en Oaxaca 3 mil 594 casas están en proceso de construcción, mientras que en Chiapas el número alcanza las mil 255 viviendas .
Luego de los sismos ocurridos el 7 de septiembre, el gobierno de la república tomó la decisión de que fuera la misma población, con el acompañamiento técnico, la que construyera su vivienda, ya que seis de cada diez casas se autoconstruyen en el país.
Con la asistencia técnica gratuita que se otorga en los módulos de atención Puertas Abiertas que están instalados en cada uno de los municipios que se vieron afectados por los sismos, la población lleva a cabo este proceso de autoconstrucción de sus viviendas.
Otro aspecto fundamental en el proceso de autoconstrucción es el esquema de Mujeres Vigilantes, ya que serán ellas las que garanticen que los recursos disponibles lleguen a donde realmente se necesitan.
Sin embargo, a pesar de los argumentos optimistas de las autoridades, la situación en Oaxaca llega a tal nivel que se han registrado movilizaciones hacia la Ciudad de México de pobladores, particularmente de la región del Istmo, para la reconsideración de recursos y apoyos.
Las demandas exigían nuevos censos para la reevaluación de las afectaciones, la reclasificación de daños por los eventos sísmicos, la entrega de tarjetas debidamente foliadas y protegidas para evitar fraudes, el aumento de apoyos únicos de 15 mil pesos y de 120 mil pesos en parcialidades y la extensión de los Programas de Empleo Temporal para la generación de ingresos en las regiones afectadas.
Las movilizaciones han hecho que los pobladores de estas regiones hayan optado por los plantones y la huelga de hambre en las sedes del Senado de la República y llevar sus demandas al Palacio Legislativo de San Lázaro además de los bloqueos carreteros en el estado de Oaxaca. Según mujeres de diversas organizaciones, “no se contempló a 5 mil personas damnificadas, tampoco se hizo una reclasificación de daños a pesar a que fueron tres sismos de gran magnitud en el mes de septiembre y se han detectado por lo menos mil tarjetas sin fondo”, se habrían detectado, por lo menos, sesenta tarjetas clonadas.
La realidad es que en los meses posteriores al sismo hubo movilizaciones e inconformidades de cientos de habitantes de diferentes zonas del estado de Oaxaca, reclamando, además, ajustes en las ayudas nuevos censos y la valoración de daños que han perjudicado a cientos en su patrimonio. Posterior a los sismos de septiembre, el viernes 16 de febrero de 2018, un sismo de magnitud 7,2 sacudió la zona de Pinotepa Nacional; en el proceso de reconocimiento de los daños, un comunicado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publicado el 22 de marzo de 20182 señaló cuáles eran los supuestos avances para resolver las afectaciones provocada por el sismo de febrero de 2018:
Boletín 058 /18.
• Estamos terminando de evaluar los daños en más de 4 mil 500 viviendas que resultaron afectadas, informó el director general de Ordenamiento Territorial y Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores
• Para el gobierno de la república es una prioridad concluir este proceso como lo señala el Fondo Nacional de Desastres Naturales, señaló
• La instrucción de la secretaria Rosario Robles fue atender a quienes verdaderamente lo necesitan, y que nadie lucrara con la tragedia de familias humildes que desafortunadamente perdieron sus viviendas, afirmó
Será el viernes 22 de marzo cuando concluya el levantamiento del censo de viviendas afectadas en 50 municipios de Oaxaca por el sismo del pasado 16 de febrero, informó el director general de Ordenamiento Territorial y Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores.
Saldaña Flores, informó que para el gobierno de la república es una prioridad concluir en la región de la costa en donde se han redoblado los esfuerzos para finalizar este proceso como lo señala el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
“Para hoy estaremos finalizando los trabajos aquí en Juchitán y se espera que para el día de mañana viernes redoblaremos esfuerzos en Tehuantepec, y cerrar en los términos que señala el Fonden”.
El funcionario federal señaló que desde un principio la instrucción de la secretaria Rosario Robles fue atender a quienes verdaderamente lo necesitan, y que nadie lucrara con la tragedia de familias humildes que desafortunadamente perdieron sus viviendas.
Tehuantepec, Oaxaca, a jueves 22 de marzo de 2018.
Sin embargo, aún cientos de ciudadanos exigen y demandan la justa ayuda, han optado por la resistencia a fin de que las autoridades den respuesta a sus demandas puesto que sus casas y ayudas económicas no han sido suficientes en la reconstrucción mientras el tiempo avanza y la situación continúa agravándose. A un año de los sismos de septiembre de 2017, y desde el sismo de febrero de 2018, la ayuda no ha sido como debería, muchos aún siguen viviendo en albergues o campamentos, mientras que el patrimonio del Estado de Oaxaca está en ruinas debido a la naturaleza y a la negligencia de las autoridades que no han aplicado con eficiencia los recursos para la reconstrucción.
Es por eso que se considera pertinente dirigir un exhorto a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que considere la instalación de mesas de diálogo con los habitantes del Istmo de Tehuantepec a fin de resolver las demandas de nuevos censos de viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre y del 16 de febrero de 2018 así como la adecuada canalización y aumento de recursos para la reconstrucción.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que considere la instalación de mesas de diálogo con habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec a fin de resolver las demandas de actualización de los censos de viviendas dañadas en el estado de Oaxaca por los sismos del 7, y 9 de septiembre y 16 de febrero de 2018.
Segundo . Se exhorta a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el ámbito de su competencia, realice acciones oportunas para la adecuada canalización, aumento de recursos y la evaluación de los montos para el apoyo en la reconstrucción de las viviendas afectadas de manera parcial o total por los sismos del 7,19 de septiembre en el estado de Oaxaca.
1 En: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/avances-en-la-reconstruccion-a-un -ano-de-los-sismos-de-septiembre-de-2017
2 En: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/concluye-en-oaxaca-censo-a-viviendas-a fectadas-por-el-sismo-del-16-de-febrero-pasado-sedatu?idiom=es
El que suscribe, José Luis Elorza Flores, diputado federal a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
La pobreza y rezago económico que presenta el sureste del país con respecto al norte no es producto de la casualidad ni la mala suerte, se debe a diversos factores históricos, entre ellos, a la aplicación de políticas públicas que han favorecido al norte por su cercanía a los Estados Unidos, de tal forma que por décadas los apoyos otorgados por el gobierno federal para la creación de infraestructura e insumos productivos han sido destinados en su mayor parte a la zona norteña, y si bien, esta desafortunadamente no ha alcanzado los niveles de desarrollo y bienestar que se goza en los países desarrollados, su situación es mejor a la que presentan los estados sureños.
En el caso de la pesca, fue a los estados norteños a los que la federación dotó de embarcaciones de altura para la pesca del camarón, de tal forma que esta flota aumentó de 1,375 embarcaciones en 1970, a 2,836 en 1982, lo cual fue un gran apoyo, ya que el camarón por su valor comercial es de los principales productos del mar a los que tienen acceso nuestros pescadores.
Al día de hoy, de las pesquerías mexicanas la del camarón aporta la mayor cantidad de recursos económicos, siendo el valor de la producción en el año 2014 de 9 mil millones de pesos, y en cuanto a volumen ocupa el tercer lugar, con 158 mil toneladas para el mismo año. A la vez, en las exportaciones se encuentra en el lugar número uno de las especies pesqueras, siendo Estados Unidos de América, Japón e Italia sus principales destinos.
De esta producción, son los estados del noroeste, Sinaloa y Sonora, los que aportan la mayor cantidad, con 67 mil y 39 mil toneladas respectivamente. En contraparte, el estado de Chiapas en las estadísticas oficiales aporta tan solo 6 mil 800 toneladas, aunque este dato es engañoso, ya que en las costas chiapanecas se encuentra este recurso en abundantes cantidades.
El que la producción camaronera de Chiapas estadísticamente sea tan pequeña se debe a que es la flota de otros estados la que efectúa las capturas en los litorales chiapanecos, es decir, son los barcos de otros estados los que pescan el camarón y lo descargan en sus respectivos puertos base, de tal forma que en el registro oficial la producción obtenida en costas chiapanecas se anota como producción de otros estados.
Actualmente la flota mayor camaronera en el Pacífico consta de 834 embarcaciones, de estas, el 90 por ciento se concentra en los estados de Sonora y Sinaloa, en contraparte, tan solo 2 embarcaciones camaroneras están registradas en puertos del estado de Chiapas. De tal forma que son 832 las embarcaciones posibilitadas para efectuar capturas de camarón enfrente de las costas chiapanecas que provienen de otros estados, y si bien, no todas ejercen este derecho, cálculos conservadores mencionan que son alrededor de 250 embarcaciones las que se desplazan del norte al sur para pescar el camarón en los últimos meses de la temporada.
Por su parte, las capturas chiapanecas del mencionado crustáceo se llevan a cabo por medio de embarcaciones menores, es decir, pangas, que trabajan bajo el amparo de permisos para la captura de camarón de esteros, de tal forma que el camarón que se encuentra enfrente de la mayor parte de la costa del estado está “vedado” para los pescadores chapanecos.
Son decenas los pescadores chiapanecos que desean participar en la pesca ribereña de camarón, con embarcación menor, en aguas marinas aledañas al litoral, con red de arreste, como se lleva a cabo en otros estados del país, pero, no cuentan con el permiso respectivo para llevar a cabo esta actividad. Además de la negativa de la autoridad pesquera para otorgarles los permisos, su precaria situación económica también constituye un obstáculo insalvable. Recordemos que la población de Chiapas presenta el mayor rezago socioeconómico con respecto del resto del país, de la población chapaneca mayor de 15 años, el 15 por ciento es analfabeta, 31.7 por ciento no ha concluido los estudios de primaria; 13.45 por ciento de los ocupantes de las viviendas habitadas carecen de agua entubada; 44.4 por ciento vive hacinado; 11.8 por ciento habita en viviendas con piso de tierra; y 62.5 por ciento de su población ocupada gana dos o menos salarios mínimos al día.
Uno de los argumentos por los que no se otorgan permisos de pesca comercial a los pescadores de Chiapas es el de que la pesquería Camarón del Pacífico está aprovechada al máximo rendimiento sustentable, como lo señala la última actualización de la Carta Nacional Pesquera, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 11 de junio del presente año, pero, el que se otorguen permisos de pesca de camarón a los pescadores ribereños chapanecos, en nada afecta a las poblaciones de este crustáceo de los estados de Sinaloa hasta Oaxaca, si bien, pueden ser las mismas especies sobre las que la flota mayor llevan a cabo sus capturas, no son las mismas poblaciones, por lo que la mortalidad por pesca en el sur no afecta a las poblaciones de camarones del norte, y viceversa.
Si bien, el camarón, como todos los demás recursos marinos que se encuentran dentro del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva son propiedad de la nación, y esta, por efectos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede otorgar concesiones para su explotación, como es el caso de los pescadores ajenos al estado de Chiapas, que al amparo de una concesión llegan a las costas chiapanecas a extraer camarón, pero, lo que la autoridad pesquera no está tomando en cuenta es que las concesiones en materia de recursos pesqueros deben de responder al beneficio social y tener por objeto el de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, como también lo señala el artículo 27 de nuestra carta magna.
Por lo anterior, no vemos como justo que se les niegue a los pescadores chiapanecos la posibilidad de pescar camarón en las costas de su estado, y se les excluya de los apoyos que la federación destina para el fomento de la pesca de estas especies, actividad que contribuiría a abatir los rezagos socioeconómicos de la población rural chapaneca.
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que, por medio de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, conceda permisos de pesca comercial de camarón en embarcaciones menores, por medio de redes de arrastre, operando en aguas marinas de jurisdicción federal adyacentes al litoral del estado de Chiapas, en favor de las cooperativas pesqueras chiapanecas que así lo soliciten, y asesore a estas cooperativas con la finalidad de que puedan acceder a los apoyos que se otorgan a través de los programas federales de fomento a la actividad pesquera.
Diputado José Luis Elorza Flores (rúbrica)

References: artículo 16
 resolución 
 artículo 6
 artículo 79
 resolución 
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 79
 resolución 
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 50
 artículo 133
 resolución 
 artículo 41
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 35

Artículo 35
 artículo 37
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 resolución 
 artículo 159
 artículo 6
 artículo 79
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 79
 artículo 27
 artículo 27