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Timestamp: 2018-01-17 23:35:14+00:00

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DEFENSORES - Profesionales de la Justicia! - TRIBUNAL ORAL DE ANTOFAGASTA. ABSUELVE DEL CARGO DE DESACATO:
CONSIDERANDOS RELEVANTES. “Que tales hechos no permiten tener por configurado el delito de desacato, previsto en el artículo 240 del Código Procedimiento Civil, por cuanto, para que una resolución judicial -de cualquier naturaleza- produzca efectos legales debe encontrarse válidamente notificada, requisito que no se acreditó más allá de toda duda razonable por el ente persecutor. En efecto, de la documental aportada queda meridianamente establecido que el demandado en causa Rit F-541-2006 y acusado en este juicio, no compareció a la audiencia preparatoria de violencia intrafamiliar en el Juzgado de Familia de esta ciudad, verificada con fecha 20 de septiembre de 2006, misma en la que se decretaron las antes dichas medidas cautelares. También consta del acta pertinente, que se ordenó notificar a la denunciante mediante carta certificada y a los organismos encargados de ejecutarlas, esto es, Carabineros y Jefatura del hospital regional, a través de los oficios respectivos, más, ninguna forma de notificación se indicó para el denunciado” (considerando 6°). “Que con todo, si el Juzgado de Familia ¬facultado para notificar al denunciado por carta certificada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 19.968-así hubiese procedido, ninguna constancia obra en esos autos, pues la plantilla de acta de audiencia preparatoria de fecha 20 de septiembre de 2006 no consigna dicha circunstancia, salvo la certificación efectuada por la Ministro de Fe de ese Tribunal con fecha 20 de noviembre del mismo año, en que señala que el denunciado fue notificado de las medidas cautelares mediante carta certificada transcrita de fecha 22 de septiembre de 2006. Sin embargo, la misma Ministro de Fe en fecha posterior, esto es, cuatro días después, certificó que “no existe constancia en autos, que el denunciado se encuentre notificado de la medida cautelar”, certificación que se contrapone totalmente a la anterior desvirtuándola de manera absoluta, según se desprende de su tenor literal. Que la argumentación de la Fiscal en orden a que en octubre de 2006 el acusado solicitó al tribunal antecedentes para someterse a un tratamiento antialcohólico, lo que significa que tenía plenamente conocimiento de dichas medidas, se estrella irremisiblemente con esta última certificación, (la que por lo demás no hace referencia al tratamiento antialcohólico) no admitiendo mayor análisis dada la naturaleza propia de certeza que emana de la afirmación efectuada por un Ministro de Fe. Que así las cosas, se estima que la prueba rendida por el Ministerio Público es insuficiente y significativamente contradictoria respecto de un mismo hecho, cual es la comunicación al acusado de las cautelares decretadas en su contra, lo que es relevante, máxime si se trata de una medida coercitiva de tal entidad, que necesariamente exige un conocimiento cierto e indubitado de la misma por el afectado. En suma, sólo puede quebrantar lo ordenado cumplir quien tiene conocimiento de que es lo que debe cumplir, de modo que no habiéndose acreditado que el acusado fue noticiado de las medidas cautelares dictadas en su contra en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, la resolución judicial que las decretó, no ha producido efecto alguno a su respecto, no configurándose el tipo penal imputado” (considerando 7°).
Antofagasta, veintidós de mayo del año dos mil siete.
PRIMERO: Que con fecha diecisiete del presente mes y año, ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, constituido por el juez Presidente de sala don Jaime Medina Jara e integrado además por los jueces Luis Sarmiento Luarte y Jimena Pérez Pinto, se llevó a efecto la audiencia del juicio oral de la causa Rol Interno del tribunal N° 68-2007, seguida en contra de C.A.C.A., chileno, de 47 años de edad, cédula nacional de identidad N° 8.874.352-0, técnico mecánico, casado, domiciliado en calle Juan Guttemberg N° 793 de esta ciudad.
Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por la Fiscal Adjunto Lorena Rodríguez Gálvez domiciliada en calle Condell N° 2235, de esta ciudad.
La defensa del imputado estuvo a cargo del Defensor Penal Licitado señor Stephen Kendall Craig domiciliado en calle Latorre N° 2.631, quinto piso, Antofagasta.
SEGUNDO: Que el Ministerio Público fundó su acusación según consta en el auto de apertura remitido, en que el día 19 de noviembre del año 2006, en horas de la madrugada, en circunstancias que Carabineros realizaba un patrullaje preventivo en la población, recibieron un llamado de CENCO de que se acercaran al inmueble ubicado en calle Clodomiro Rozas N° 11XX de esta ciudad, toda vez que había un individuo escalando el inmueble. Al llegar al lugar, se percataron de esta situación encontrándose con el imputado en dicho inmueble, sobre quién pesa en causa rol F-541 –2006 sobre violencia intrafamiliar de Antofagasta, la medida cautelar de hacer abandono del inmueble antes indicado y de prohibición de acercarse a la víctima, a su persona y domicilio hasta con fecha 15 de enero del 2007, quién tenia conocimiento de dicha resolución.
A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos precedentemente son constitutivos del delito de desacato previsto y sancionado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, ilícito que se encuentra consumado, atribuyéndole al acusado participación en calidad de autor, según lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal.
Según la Fiscalía, al acusado le favorece la atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal y no le perjudican agravantes.
Solicitó se impusiera al imputado la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, accesorias legales de la Ley 20.066, en su artículo 9° letra b) y se le condene al pago de las costas de la causa.
TERCERO: Que la defensa del acusado, en su alegato de clausura, sostuvo que correspondía al Ministerio Público acreditar todos los elementos del tipo penal del desacato, pero ello no se logró porque su representado no tuvo conocimiento de la resolución dictada en su contra, ya que no fue debidamente notificado.
CUARTO: Que para acreditar los fundamentos de su pretensión punitiva el Ministerio Público rindió la siguiente prueba:
Declaración de Wilson Godoy Rojas, Sargento Primero de Carabineros, quien señaló que estaba de servicio en la población y recibió un comunicado de Cenco que hizo la cónyuge de un individuo, el que intentaba ingresar al inmueble ubicado en calle Clodomiro Rozas N° 1XX. Sostuvo que sabía que se mantenía una medida de protección en contra del sujeto ya que tienen una carpeta con todas las órdenes y siempre visitaba a la víctima en ese domicilio. Le hicieron un control, se encontraba en estado de ebriedad, luego salió la señora y dijo que era su marido y que ella tenía una medida de protección, comprobaron que estaba vigente y lo subieron al carro.
La orden de prohibición de acercarse al inmueble y a la víctima había sido expedida por el Juzgado de Familia de esta ciudad.
Reconoció al acusado como el sujeto que intentó escalar la reja de la casa a que hizo referencia, el día de los hechos.
El Carabinero Rodrigo Otth Espinoza, asimismo indicó que participaba en servicios de patrullaje desde las 20:00 horas a las 08:00 horas del día siguiente y cerca de las 03:00 horas del día 19 de noviembre del año pasado, por un llamado de Cenco concurrieron a calle Clodomiro Rozas y sorprendieron a un individuo que intentaba ingresar a un domicilio, escalando una reja. Lo bajaron; salió su cónyuge quien les dijo que el individuo era su marido y que ella tenía una medida de protección en su contra. Lo detuvieron y subieron al carro policial, ya que estaba en estado de ebriedad.
Agregó que el jefe del cuadrante Wilson Godoy verificó la carpeta y corroboró que la orden decía que no se podía acercar a ese domicilio, no sabe de que Tribunal emanaba.
Doña M.C.Q., cónyuge del imputado, por su parte, en uso de las facultades conferidas por el artículo 302 del Código procesal Penal, se abstuvo de prestar declaración en juicio.
Finalmente, el Ministerio Público incorporó, mediante lectura resumida, la copia autorizada de los siguientes documentos: a) Oficio de fecha 19 de noviembre de 2006 remitido por la Fiscalía local de Antofagasta al Juez Presidente del Juzgado de Familia de esta ciudad, en la que solicita la certificación de todas las circunstancias relativas a la medida de protección dictada en causa Rit F-541-2006, sobre violencia intrafamiliar en contra del acusado C.A.C.A., como asimismo el envío del requerimiento exigido por la Ley de Violencia Intrafamiliar. b) Copias autorizadas de la plantilla de demanda de violencia intrafamiliar, de su proveído y notificación personal del demandado. c) Solicitud al Juez de Familia de medidas cautelares, suscrita por doña M.C., con fecha 22 de agosto de 2006 y su proveído. d) Plantilla de acta de audiencia preparatoria en violencia intrafamiliar, en la que se consiga en lo atingente a este juicio, la orden de salida del denunciado C.A.C.A. del hogar común, ubicado en calle Clodomiro Rozas 1XXX, la prohibición de acercarse al domicilio y la orden de someterse a un tratamiento alcohólico en el hospital regional; cautelares que se mantendrían vigentes hasta la audiencia del juicio en que iban a ser evaluadas. e) Oficio N° 14781 de fecha 20 de septiembre de 2006 enviado al Comisario de la Subcomisaría norte de Carabineros de esta ciudad, mediante el cual se le comunica las medidas cautelares decretadas en contra del acusado. f) Oficio N° 14777 de fecha 20 de septiembre de 2006, remitido al médico jefe del hospital regional de esta ciudad en que solicita hora de atención para el acusado a fin que inicie tratamiento por alcoholismo. g) Solicitud de fecha 4 de octubre de 2006, en la que el acusado solicita al Juez de Familia documentación para su tratamiento de alcoholismo, y resolución de la misma. h) Comunicación del Servicio de Salud de Antofagasta a la Juez de Familia relativa a la medida de protección, y su respectivo proveído. i) Solicitud de ampliación de medidas cautelares, formulada por la denunciante, con fecha 8 de noviembre de 2006, con su respectivo proveído. j) Certificación de fecha 20 de noviembre de 2006 suscrita por la Ministro de Fe del Juzgado de Familia de Antofagasta, en la que consta que se notificó de las medidas cautelares al acusado mediante carta certificada transcrita de fecha 22 de septiembre de 2006. k) Certificación de fecha 24 de noviembre de 2006 emitida por la misma Ministro de Fe que señala: “no existe constancia en autos, que el denunciado se encuentre notificado de la medida cautelar”. Por último fue incorporado certificado de matrimonio celebrado entre doña M.C.Q.y C.A.C.A. con fecha 14 de agosto de 1984.
QUINTO: Que la prueba de cargo consistente en las declaraciones de los funcionarios aprehensores y documentos incorporados, apreciada libremente por estos sentenciadores, sólo ha permitido establecer los siguientes hechos:
A.- Que el día 19 de noviembre del año 2006, en horas de la madrugada, Carabineros ¬alertado por una llamada de Cenco-, sorprendió al acusado intentando ingresar al inmueble ubicado en calle Clodomiro Rozas N° 1XXX de esta ciudad.
B.- Que en causa sobre violencia intrafamiliar Rit F-541-2006 del Juzgado de Familia de Antofagasta, se decretó con fecha 29 de septiembre de 2006 una medida cautelar en contra del acusado, de hacer abandono del inmueble antes indicado y la prohibición de acercarse a la víctima, la que tenía vigencia hasta el día 15 de enero de 2007 y respecto de la cual Carabineros y la víctima tenían conocimiento.
C.- Que consta de los antecedentes vertidos en la audiencia que existen dos certificaciones, la primera de fecha 20 de noviembre de 2006, que da cuenta que se remitió al denunciado carta certificada que contenía la medida cautelar, y una segunda, de fecha 24 de noviembre de 2006, en que señala que no existe constancia en autos, que el denunciado, C.A.C.A., se encuentre notificado de dicha cautelar.
SEXTO: Que tales hechos no permiten tener por configurado el delito de desacato, previsto en el artículo 240 del Código Procedimiento Civil, por cuanto, para que una resolución judicial -de cualquier naturaleza- produzca efectos legales debe encontrarse válidamente notificada, requisito que no se acreditó más allá de toda duda razonable por el ente persecutor. En efecto, de la documental aportada queda meridianamente establecido que el demandado en causa Rit F-541-2006 y acusado en este juicio, no compareció a la audiencia preparatoria de violencia intrafamiliar en el Juzgado de Familia de esta ciudad, verificada con fecha 20 de septiembre de 2006, misma en la que se decretaron las antes dichas medidas cautelares. También consta del acta pertinente, que se ordenó notificar a la denunciante mediante carta certificada y a los organismos encargados de ejecutarlas, esto es, Carabineros y Jefatura del hospital regional, a través de los oficios respectivos, más, ninguna forma de notificación se indicó para el denunciado.
SÉPTIMO: Que con todo, si el Juzgado de Familia - facultado para notificar al denunciado por carta certificada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 19.968- así hubiese procedido, ninguna constancia obra en esos autos, pues la plantilla de acta de audiencia preparatoria de fecha 20 de septiembre de 2006 no consigna dicha circunstancia, salvo la certificación efectuada por la Ministro de Fe de ese Tribunal con fecha 20 de noviembre del mismo año, en que señala que el denunciado fue notificado de las medidas cautelares mediante carta certificada transcrita de fecha 22 de septiembre de 2006.
Sin embargo, la misma Ministro de Fe en fecha posterior, esto es, cuatro días después, certificó que “no existe constancia en autos, que el denunciado se encuentre notificado de la medida cautelar”, certificación que se contrapone totalmente a la anterior desvirtuándola de manera absoluta, según se desprende de su tenor literal.
Que la argumentación de la Fiscal en orden a que en octubre de 2006 el acusado solicitó al tribunal antecedentes para someterse a un tratamiento antialcohólico, lo que significa que tenía plenamente conocimiento de dichas medidas, se estrella irremisiblemente con esta última certificación, (la que por lo demás no hace referencia al tratamiento antialcohólico) no admitiendo mayor análisis dada la naturaleza propia de certeza que emana de la afirmación efectuada por un Ministro de Fe.
Que así las cosas, se estima que la prueba rendida por el Ministerio Público es insuficiente y significativamente contradictoria respecto de un mismo hecho, cual es la comunicación al acusado de las cautelares decretadas en su contra, lo que es relevante, máxime si se trata de una medida coercitiva de tal entidad, que necesariamente exige un conocimiento cierto e indubitado de la misma por el afectado.
En suma, sólo puede quebrantar lo ordenado cumplir quien tiene conocimiento de que es lo que debe cumplir, de modo que no habiéndose acreditado que el acusado fue noticiado de las medidas cautelares dictadas en su contra en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, la resolución judicial que las decretó, no ha producido efecto alguno a su respecto, no configurándose el tipo penal imputado.
OCTAVO: Que estos sentenciadores, como se ha expresado, no han adquirido la convicción positiva de la existencia del ilícito, razón por la cual no se ha quebrantado la presunción de inocencia que ampara al acusado y ha permitido acoger lo sustentado por la defensa de C.A.C.A., en el sentido de absolverlo de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público.
NOVENO: Que no obstante no fue objeto de discusión, se debe hacer presente que según aparece de los antecedentes, la Fiscalía el mismo día de los hechos y después de haber procedido a la formalización del imputado por el delito de desacato, solicitó no sólo las certificaciones relativas a las medidas cautelares ya referidas, sino que además el requerimiento exigido por la Ley de Violencia Intrafamiliar como requisito de procesabilidad, circunstancia que le permitió iniciar la persecución penal en la especie y que llama poderosamente la atención toda vez que de la lectura de las disposiciones legales pertinentes, se desprende que en caso de incumplimiento de las medidas cautelares, es el Juez de Familia quien pondrá ese hecho en conocimiento del Ministerio Público para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la iniciativa siempre le corresponderá a los Tribunales. A mayor abundamiento, como ya se ha dicho, la Ministro de fe del Juzgado de Familia afirmó que no hubo constancia que el denunciado haya sido notificado de la medida cautelar, por lo que en caso alguno la decisión pudo haberse gestado en el órgano jurisdiccional.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1 del Código Penal y 240 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil y, artículos 47, 141, 155, 259, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 344 y 346 del Código Procesal Penal; Ley 20.066, se declara:
I.- Que se absuelve a C.A.C.A., ya individualizado, de la acusación formulada en su
contra como autor del delito de desacato.
II.- Se condena en costas al Ministerio Público.
Devuélvanse al Ministerio Público los documentos incorporados al juicio.
Ofíciese, en su oportunidad, al Juez de Garantía de esta ciudad, para los fines pertinentes.
Redactada por la Juez Jimena Pérez Pinto.
RIT N° 68-2007.
PRONUNCIADA POR LAS JUECES DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ANTOFAGASTA, JAIME MEDINA JARA, LUIS SARMIENTO LUARTE Y JIMENA PÉREZ PINTO.

References: artículo 240
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 artículo 240
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 9
 resolución 
 artículo 302
 resolución 
 artículo 240
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 artículo 240