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Timestamp: 2019-04-26 12:24:57+00:00

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﻿ Sentencia 2009-00066 de julio 11 de 2013
SENTENCIA 2009-00066 DE 11 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:TRABAJADOR OFICIAL – EMPLEADO PÚBLICO. AL MUTAR LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS TRABAJADORES A EMPLEADOS PÚBLICOS Y PASAR A SER PARTE DE LA PLANTA PERSONAL DE UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, NO LE SIGUEN SIENDO APLICABLES LAS DISPOSICIONES DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO, Y POR TANTO NO PUEDEN INVOCAR LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, QUE PREVÉ QUE SI DENTRO DE LOS 60 DÍAS ANTERIORES AL VENCIMIENTO DE SU TÉRMINO DE EXPIRACIÓN LAS PARTES O UNA DE ELLAS NO HUBIERE MANIFESTADO POR ESCRITO SÚ VOLUNTAD DE DARLA POR TERMINADA, LA CONVENCIÓN SE ENTIENDE PRORROGADA POR PERIODOS SUCESIVOS DE 6 MESES EN 6 MESESY TAMPOCO PUEDEN ACUDIR A LA DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN POR SER EMPLEADOS PÚBLICOS Y ESTAR VÍNCULADOS A UNA ENTIDAD PÚBLICA DIFERENTE A LA QUE SUSCRIBIÓ LA CONVENCIÓN COLECTIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, TRABAJADOR OFICIAL, EMPLEADO PÚBLICO, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, CONVENCIÓN COLECTIVA
Sentencia 2009-00066 de julio 11 de 2013
Ref.: Expediente 250002325000200900066 01
Nº Interno 2699-2012
Actor: Patricia Prieto Ramos
Consiste en determinar si la señora Patricia Prieto Ramos tiene derecho a que la empresa social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, le reliquide las prestaciones sociales e indemnización por supresión del cargo, con los beneficios dispuestos en la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridad Social en el año 2001.
Resolución 3002 de 24 de junio de 2008, en la cual la apoderada general del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, le reconoció a la señora Patricia Prieto Ramos la suma de $23.250.019 por concepto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización por supresión de cargo de que trata el artículo 14 del Decreto 3202 de 24 de agosto de 2007(fls. 442 a 445).
Resolución 3471 de 24 de julio de 2008, proferida por el apoderado especial del liquidador de la empresa social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, mediante la cual confirmó en todas sus partes la Resolución 3002 de 24 de junio de 2008 (fls. 5 a 20).
El jefe de la división de administración de personal del Instituto de Seguros Sociales, señaló que el 16 de marzo de 1987 la señora Patricia Prieto Ramos tomó posesión del cargo de auxiliar de servicios asistenciales (enfermera) clase II grado 13 (fl. 22).
A folios 147 y siguientes obra copia de la convención colectiva de trabajo suscrita el 31 de octubre de 2001, entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social - Sintraseguridad Social.
El 3 de octubre de 2007 la apoderada general del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, certificó que la señora Patricia Prieto prestó sus servicios en esa entidad desde el 26 de junio de 2003, en el cargo de auxiliar de servicio asistencial grado 20, con vinculación laboral de empleado público (fl. 39).
El 9 de octubre de 2007 la jefe del departamento de recursos humanos del Instituto de Seguros Sociales, certificó que de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1750 de 26 de junio de 2003, por el cual se escinde esa entidad y se crean unas empresas sociales del Estado, la actora quedó automáticamente incorporada, sin solución de continuidad, a la planta de personal de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento (fl. 40).
Mediante oficio de 10 de mayo de 2008, la apoderada especial del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento le informó a la demandante que el cargo que desempeñaba, esto es, auxiliar de servicios asistenciales código 4056 grado 20, fue suprimido mediante Decreto 1522 de 9 de mayo de 2008 (fl. 305).
Por medio de la Resolución 3002 de 24 de junio de 2008, la apoderada general del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, le reconoció a la señora Patricia Prieto Ramos la suma de $23.250.019, por concepto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización por supresión de cargo de que trata el artículo 14 del Decreto 3202 de 24 de agosto de 2007 (fls. 442 a 445).
El 4 de julio de 2008 la demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 3002 de 24 de junio de 2008, en el que solicitó el reconocimiento de la convención colectiva 2001-2004; el reajuste de la asignación básica de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; los derechos laborales generados desde el 26 de junio de 2003 hasta el 31 de octubre de 2004; y el pago de salarios y prestaciones ocasionados desde el 1º de noviembre de 2004 conforme a la referida convención, entre otros (fls. 367 a 373).
A través de la Resolución 3471 de 24 de julio de 2008, la apoderada especial del liquidador de la empresa social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, desató el mencionado recurso y confirmó en todas sus partes la Resolución 3002 de 24 de junio de 2008 (fls. 5 a 20).
Por medio de sentencia de 4 de marzo de 2009, el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Laboral, revocó la sentencia de tutela de 19 de diciembre de 2008, que profirió el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá, D. C., dentro de la acción que adelantó la señora Patricia Prieto Ramos contra la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento y en su lugar, ordenó a esa entidad reintegrar a la demandante al cargo que venía desempeñando y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde la fecha de su despido hasta el momento de su reintegro, por considerar que se encuentra dentro de la categoría de “prepensionados”, pues acreditó que para la fecha de su despido (sic) tenía 18 años, 3 meses y 8 días de servicio, y 50 años de edad, por ello señaló que le hacían falta 1 año, 8 meses y 22 días para adquirir el estatus pensional que le es aplicable, esto es, el previsto en la convención colectiva de trabajo (fls. 554 a 569).
El Instituto de Seguros Sociales fue creado mediante la Ley 90 de 26 de diciembre de 1946 como una entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio, con el objeto de dirigir y vigilar los seguros sociales(1), los cuales fueron señalados por el artículo 1º para cubrir los siguientes riesgos: enfermedades no profesionales y maternidad; invalidez y vejez; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y, muerte.
Dicho cambio de naturaleza generó, con la expedición del Decreto 1654 de 1977, la existencia en dicha institución de una categoría especial de empleados denominados “funcionarios de la seguridad social”, que correspondían a aquellos que desempeñaran cargos asistenciales y administrativos(4).
Fue por esta razón, que con la entrada en funcionamiento de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, la situación laboral de la accionante se modificó sustancialmente, pues a partir de allí pasó a ser considerada como empleada pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 1750 de 2003. Así mismo, la referida incorporación a la nueva planta de personal, fue automática y sin solución de continuidad, al tenor de lo estipulado en el artículo 17 ibídem.
Frente a este aspecto cabe resaltar que la consagración de dicha regla, esto es, que la naturaleza de la vinculación es la propia de un empleado público, es consonante con el régimen que a partir de la Ley 100 de 1993, concordante con las leyes 10 de 1990 y 489 de 1998, ya que reconoce que la asignación de trabajadores oficiales es excepcional y se reserva al personal encargado de desempeñar cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, siendo los demás servidores empleados públicos, pues éstos son los únicos que pueden ocupar un empleo de carrera o de libre nombramiento y remoción.
De los empleados públicos y trabajadores oficiales; consecuencias jurídicas por cambiar de régimen
Al definir su campo de aplicación, el precitado Decreto 1848 dispuso en el numeral 2º del artículo 7º lo siguiente:
En este orden de ideas los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son los trabajadores oficiales, razón por la cual se debe determinar si las cláusulas convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de dichos trabajadores se siguen aplicando aún cuando cambie su condición y pasen a ser empleados públicos.
Adicional a todo lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de derechos adquiridos establecido en el artículo 58 de la Constitución Nacional y la noción de la condición más beneficiosa que se desprende del artículo 53 ibídem, para precisar que son sólo los derechos adquiridos y no las meras expectativas los que no pueden modificarse por el legislador(6).
“La aludida convención colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (…) no es viable reconocerle (…) con fundamento en la convención colectiva reclama, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 416(7) del Código Sustantivo del Trabajo que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora.
De igual manera, no sobra advertir, que aún aceptándose el argumento de la “reincorporación al servicio de la actora”, ello no es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación, pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente lo contempla el artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución Política”(8).
En orden a desatar la controversia, lo primero que debe resaltarse es que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, desde el 26 de junio de 2003 la señora Patricia Prieto Ramos tuvo la condición de empleada pública y, en consecuencia, a partir de dicho momento no ostentaba el derecho a suscribir convenciones colectivas ni a beneficiarse de ellas.
Empero, el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 dispuso respecto de los derechos adquiridos de los trabajadores que ingresaron automáticamente a la ESE, lo siguiente:
La Corte Constitucional en Sentencia C-314 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra declaró la inexequibilidad del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, frente a la vulneración del derecho a la negociación colectiva(10) y de los derechos adquiridos. Luego de estudiar los artículos 53 y 58 de la Constitución, indicó que el aparte subrayado se encuentra viciado pues hace referencia solo a derechos prestacionales, cuando la protección debe abarcar los salariales; la definición contenida en dicha disposición es errática, pues deja por fuera los derechos derivados de la convención colectiva de trabajo durante el tiempo por el cual fue pactada. Al respecto, precisó:
“En primer lugar, la expresión señalada del artículo 18 es inconstitucional porque únicamente hace referencia a los derechos adquiridos en materia prestacional, dejando por fuera los derechos adquiridos en materia salarial. (…).
El carácter restrictivo de la expresión acusada no proviene únicamente de los dos criterios vistos. Al definir los derechos adquiridos como aquellos que han ingresado al patrimonio del servidor o que han sido causados, el legislador deja por fuera de dicha definición los derechos obtenidos mediante convenciones colectivas de trabajo celebradas por los trabajadores oficiales cuyo régimen fue transformado por el de empleados públicos. (…).
Esta tesis, fue reiterada en la Sentencia C-349 de 20 de abril de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, con ocasión del análisis de constitucionalidad de las expresiones “automáticamente” y “sin solución de continuidad” contenidas en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, en los siguientes términos:
Posteriormente, la Corte Constitucional, a través de Sentencia SU-897 de 2012(11), unificó su jurisprudencia en el sentido de indicar que “la convención colectiva celebrada entre Sintraseguridad Social y el ISS, estuvo vigente por el plazo inicialmente pactado, esto es, del 1º de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004”, conclusión a la que arribó con fundamento en los siguientes razonamientos:
“En resumen, no puede entenderse que, una vez cumplido el término por el que fue pactada, una convención colectiva se prorroga indefinidamente, con base en los términos del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, incluso cuando:
La convención colectiva se revisará de conformidad con lo establecido en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. (...)”.
Según la normativa y pronunciamientos judiciales, observa la Sala que la convención colectiva del ISS rigió hasta el 31 de octubre de 2004, tal como se deriva de la misma convención, en consecuencia, los beneficios convencionales se les reconocieron a los empleados públicos hasta el 31 de octubre de 2004.
La prórroga automática contenida en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social(12), no encuadra dentro de dicho concepto de derecho adquirido pues ella es una mera posibilidad que ante la actitud pasiva de las partes el instrumento convencional sigue vigente y, en consecuencia, no puede sostenerse que los trabajadores oficiales al 25 de junio de 2003 tenían un verdadero derecho adquirido a que se prorrogara el término de la convención.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que para el 31 de octubre de 2004 la mayoría de trabajadores de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, dentro de los cuales se encontraba la accionante, ostentaban la condición de empleados públicos y por lo tanto no podían denunciar la convención, suscribir una nueva o convocar un tribunal de arbitramento.
En el mismo sentido, en la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1º de octubre de 2009, C. P. Gerardo Arenas Monsalve; Radicado Interno 0212-2008, se sostuvo:
De lo expuesto fluye, sin equívoco alguno, que los derechos salariales y prestacionales reclamados a partir del 1º de noviembre de 2004, no tienen sustento alguno; y, en consecuencia no hay lugar a acceder a las pretensiones de la accionante, pues la liquidación de sus prestaciones sociales debió sujetarse, como en efecto se hizo, a la normativa legal aplicable.
Así las cosas, el proveído impugnado que negó las súplicas de la demanda será confirmado atendiendo lo anteriormente expuesto.
Finalmente, se observa que al plenario se allegó copia de la sentencia de 4 de marzo de 2009(13), en la que el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Laboral, ordenó a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, reintegrar a la demandante al cargo que venía desempeñando y ordenó pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde la fecha de su despido hasta el momento de su reintegro, por considerar que se encuentra dentro de la categoría de “prepensionados”.
A pesar de lo anterior, la Sala no se pronunciará sobre el contenido de la referida sentencia de tutela, por cuanto su propósito fue la inclusión de la señora Patricia Prieto Ramos en el retén social, mientras que el asunto que aquí se debate, está relacionado con la legalidad de los actos administrativos que ordenaron el pago de sus prestaciones sociales definitivas, así como la indemnización por la supresión del cargo que desempeñó, las cuales, como ya se dijo, se encuentran ajustadas a la normativa aplicable al caso concreto.
Confírmase la Sentencia de 28 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, en cuanto negó las pretensiones de la demanda incoada por Patricia Prieto Ramos contra la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación.
(6) Corte Constitucional, Sentencia C-453 de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
(7) La citada norma establece: “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga”. Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
(8) Consejo de Estado, Sentencia del 1º de julio de 2009. Radicado 2007-1355, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, demandado: Hospital de Caldas.
(9) Referencia: Expediente D-4844. Actores: Saúl Peña Sánchez y otros. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(10) Frente a este aspecto concluyó que el derecho a la negociación colectiva no es absoluto y que está inescindiblemente ligado a la naturaleza de la vinculación; la cual, a su turno. No puede considerarse tampoco como un derecho adquirido del trabajador. Al respecto, consideró:
(11) M. P. Dr. Alexei Julio Estrada.
(13) Folios 554 a 569.

References: Resolución 
 artículo 14

Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 14
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 58
 artículo 53
 artículo 416
 artículo 150
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 478
 artículo 480
 artículo 478