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Timestamp: 2018-05-24 09:39:24+00:00

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Un letrado al teclado: 29 enero 2006
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Artículo públicado en el número 26 de la revista Hot Shareware (Editorial Hobby Press)
Una vez que tenemos nuestro producto shareware listo para distribuir, puede surgirnos la idea de adjuntar al mismo una licencia de usuario que recoja nuestro compromiso con el mismo, así como todos aquellos aspectos legales que incidan en la nueva relación contractual.
La redacción de la licencia de usuario no es algo que deba tomarse a la ligera. No en vano las grandes compañías de software cuentan con nutridos departamentos de asuntos legales que se encargan de redactar estos documentos de forma minuciosa, revisando cada punto y cada coma, de manera que el texto prevea todas las eventualidades posibles y conceda al fabricante del software una posición lo mas ventajosa posible dentro de la relación contractual. No obstante esto, no hay que caer en el error de distribuir nuestro producto con una cláusula general de exoneración que suponga que el distribuidor no se responsabiliza de ningún efecto, en ninguna circunstancia, del producto. Esta política, además de generar desconfianza en el usuario, cae dentro de lo que jurídicamente se denominan cláusulas abusivas, que resultan nulas de pleno derecho, provocando exactamente el efecto contrario al deseado.
Ya recogí en estas páginas en otra ocasión que nuestro producto ha de incluir una oferta, que supone una declaración de nuestra voluntad de contratar dirigida al usuario en general, y que esta ha de ser necesariamente precisa completa y definitiva revelando nuestro propósito de vincularnos contractualmente de acuerdo con las condiciones que recoge nuestra licencia. En síntesis, nosotros ofrecemos al usuario final un contrato o licencia de uso de nuestro software de manera unilateral. Esto se denomina técnicamente contrato de adhesión. Este contrato se caracteriza por que se propone a la aceptación de una gran masa de público, fijando la condiciones del mismo unilateralmente la parte proponente, mediante una formula única a imponer a los eventuales contratantes, de modo que a estos no les cabe sino aceptar o rechazar el modelo que se les propone.
Esta manera de contratar presenta indudables ventajas para la parte que impone su fórmula, sobre todo por que permite una cautelosa protección de sus intereses. Pero también resulta patente que conlleva desventajas para la masa anónima y dispersa de los usuarios finales, obligada a aceptar las cláusulas impuestas o a rechazarlas. No obstante es importante tener en cuenta que la legislación española en la actualidad ha limitado esta situación de desventaja con una regulación especial de las condiciones generales de contratación y de la defensa del consumidor y usuario.
De acuerdo con esta normativa, las cláusulas generales han de ser concretas, claras y sencillas en su redacción, haciendo posible su comprensión directa y quedando prohibida la remisión o reenvío a textos o documentos que no se faciliten. Es muy importante hacer hincapié en esto, ya que la ley de defensa del consumidor y usuario prevé expresamente que las cláusulas obscuras o que presenten dudas en su interpretación se resolverán contra quienes las hayan causado. También es requisito legal que las cláusulas, condiciones o estipulaciones deban ajustarse al requisito de la buena fe y no han de alterar el equilibrio de las prestaciones entre las partes. La ley entiende por cláusulas abusivas las que perjudican de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor o usuario final, o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor o usuario. La inclusión de este tipo de cláusulas abusivas, de acuerdo con el artículo 10.4 de la Ley 26/84 de Defensa del consumidor y usuario supone la nulidad de las mismas, que se tendrán como no puestas.
Supongo que muchos de vosotros, al llegar a este punto estaréis pensando que muchos de los programas shareware, o incluso comerciales incluyen cláusulas o condiciones de este tipo. Efectivamente, este error es muy común cuando no se cuenta con el asesoramiento profesional adecuado o simplemente cuando el producto se dirige a un mercado de usuarios poco informados. Ahora vosotros estáis en posesión de la información adecuada que os permitirá no solo licenciar vuestras creaciones de forma profesional, sino además, y desde vuestra posición de consumidores, conocer vuestros derechos y de que manera los ampara la ley en este loco mundo de la informática.
Una vez que hemos dejado claro que es lo que no tenemos que incluir en nuestra licencia, pasemos a ver lo que necesariamente debemos recoger en ella.
Si decíamos que el destinatario de nuestro producto shareware es el público en general y por lo tanto es una masa anónima, nosotros, como autores y distribuidores, si debemos de estar perfecta y legalmente identificados en nuestra licencia. Y no sólo eso, además debemos de contar con la capacidad legal necesaria para contratar. Si en el tráfico mercantil lo habitual es que un creador o fabricante cuente con la capacidad necesaria, en este mundo nuestro no resulta sorprendente encontrarnos con creadores menores de edad, que deben estar representados legalmente por sus padres o tutores. Otro fenómeno frecuente es el de las denominadas sociedades irregulares. Muchas distribuciones vienen con el sello de sociedades que no están legalmente constituidas, y que aparecen por motivos estéticos. Es frecuente que, por ejemplo, un autor hipotético llamado Carmelo Pérez prefiera distribuir su software bajo la firma de Carmel Soft, algo mas comercial y que da una imagen dinámica, pero que puede dejarnos en una situación de desventaja a la hora de reclamar la propiedad intelectual de nuestros productos, y que tampoco nos servirá para exonerarnos de posibles reclamaciones, pues de la sociedad civil irregular responden los particulares que se hallan tras de ella . No obstante si distribuimos nuestro software bajo nuestro nombre y somos mayores de edad, contamos con la capacidad legal y de obrar necesaria para entrar en el mercado, disfrutando de la correspondiente cobertura legal.
Una vez hemos constatado que contamos con la capacidad de obrar necesaria, pasamos a determinar los elementos que compondrán nuestro contrato de licencia. Es necesario destacar que el contenido del mismo será obligatorio para nosotros siempre que concurran en el las condiciones esenciales para su validez. De los tres elementos esenciales que conforman todo contrato, quizás el más interesante para nosotros sea el objeto. Los otros dos, consentimiento y causa no plantean en principio problemas desde el punto de vista que ahora nos interesa.
Es evidente que cuando nosotros ofertamos nuestro producto shareware no pretendemos vender nuestro ejecutable como tal, ni siquiera los archivos de instalación que hacemos llegar al usuario final. Lo que realmente estamos vendiendo es el derecho a usar nuestra creación dentro de los límites que estipulará nuestra licencia. Este derecho de uso ha de ser, por razones obvias, personal e intransferible, pues de otra manera estaríamos perjudicando nuestros intereses comerciales. Junto a este derecho de uso puede, en su caso, añadirse un soporte técnico más o menos amplio, manuales de usuario, derecho a una o varias actualizaciones futuras gratuitas o en condiciones especiales, etc, pero en ningún caso se trata de ceder nuestro derecho de propiedad sobre nuestra creación o su código, ya este compilado o no.
Este derecho de uso, como ya apuntábamos, corresponderá únicamente al usuario registrado con nombre y apellidos, siendo él, y solamente él, el legitimado para el uso. Este derecho a usar nuestro programa, y que es objeto de regulación en nuestra licencia, suele ser de carácter indefinido y no incluirá, salvo que el autor lo considere oportuno, derecho alguno sobre futuras versiones.
Una descripción minuciosa del objeto de licencia es fundamental para evitar futuras reclamaciones. Además de testear minuciosamente nuestros archivos para comprobar que no producen daños en la o las plataformas operativas en las que están destinados a funcionar y, como no, al cuidadoso chequeo en busca de posibles infecciones virales, es conveniente que la licencia recoja un listado de los archivos originales de instalación y los finales de ejecución, sus tamaños así como los de y la carpeta o directorio donde quedarán correctamente ubicados. Junto a esta información debemos incluir una invitación al usuario para que compruebe si estos datos coinciden con los que el recibe, en el caso de archivos de instalación, y con los que definitivamente quedan copiados en su disco duro, respecto a los de ejecución. Se ha de hacer constar en la licencia que se declinará toda responsabilidad sobre los posibles efectos negativos del programa si falta algún archivo o estos no coinciden con el tamaño original.
Es importante además incluir un archivo que explique minuciosamente los pasos de la instalación y el uso de la aplicación, incluso cuando esta sea muy intuitiva, pues este será nuestro descargo en caso de daños producidos por una mal uso del programa. La importancia de estas instrucciones aumenta progresivamente en proporción directa a la posibilidad de que el uso inadecuado de nuestro programa pueda causar daños en el sistema o en los datos: no es lo mismo una utilidad que, por ejemplo, calcule las amortizaciones de un préstamo, que otra que gestione la memoria, la BIOS o cualquier otro elemento delicado de los equipos donde esta destinada a funcionar.
Una vez aclarados todos los puntos más importantes podemos pasar ya a la redacción de nuestra licencia, pero sin olvidar una última importante referencia: todo aquello que en su día incluimos en la oferta que nuestro usuario, entonces potencial, ahora ya registrado, aceptó, es exigible por parte de este, aunque no incluyamos los datos de la oferta en la licencia.
A continuación os presento una especie de plantilla de licencia que podréis utilizar para incluir junto a vuestros productos, una vez que la adaptéis convenientemente y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto. Lo mas normal es que acompañe siempre a nuestro producto en forma de archivo de texto junto a los de instalación y, cuando sea posible, impreso en papel, a veces en forma de sobre, junto con el soporte de la instalación. Es frecuente también hacer aparecer la licencia en pantalla previamente a la instalación o al final de la misma. De lo que se trata es de que, en un momento u otro, el usuario lea la licencia o que si no la lee, sea por voluntad propia.
El propietario del software que se licencia en este documento, cede en favor del usuario final registrado una licencia de uso de su producto denominado comercialmente .
Esta licencia de uso es personal e intransferible, y referida únicamente a la versión actual del software cuyo uso se cede, sin que otorgue ningún derecho sobre futuras versiones.
El usuario final reconoce que el programa informático al que se refiere esta licencia es de exclusiva propiedad de y que el tan sólo adquiere el derecho de uso personal e intransferible, en una sola máquina o equipo informático, comprometiéndose a no cederlo a terceros, gratuitamente o no, a no modificarlo o descompilarlo de forma conocida o no, y a no hacer uso de el en red sin la expresa autorización del propietario.
El programa al que hace referencia la presente licencia se hace llegar al usuario final registrado en forma de archivos de instalación, junto con dos archivos de texto, uno de ellos conteniendo esta licencia y otro las instrucciones necesarias para una correcta instalación y uso. Estos archivos no contienen virus en origen y su nombre y tamaño son los siguientes.
NOMBRE TAMAÑO DESCRIPCION
Setup.exe 1.234 Kb Archivo de instalación.
…. ….. ……………..
Licencia.doc 32 Kb Licencia de usuario
Instalar.doc 134 Kb Manual instalación y uso
Una vez ejecutados los archivos de instalación y descomprimidos para su operatividad, el programa quedara conformado por defecto de la siguiente manera, salvo que el usuario cambie manualmente la configuración, en cuyo caso los nombres de las carpetas o directorios de destino pueden variar.
CARPETA NOMBRE TAMAÑO DESCRIPCION
C:\utilidad
programa.exe 1345 kb Ejecutable
datos.dbf 409 kb Base de datos
instalar.doc 134 kb Manual de instalación y uso
vbrun400.dll 3456 kb DLL
El propietario del software objeto de esta licencia no responderá de ningún efecto negativo del programa en caso de que los archivos de instalación o de ejecución no coincidan en su nombre, tamaño y número con los anteriormente expuestos.
Esta licencia se concede por tiempo indefinido, no obstante el incumplimiento del usuario final registrado de alguna de las condiciones de la misma supondrá su extinción.
El usuario se compromete a seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación y uso que el distribuidor recoge en el archivo instalar.doc, donde se encuentran las peculiaridades de la instalación y del uso en condiciones normales, y la resolución a posibles problemas.
El uso del software amparado por esta licencia por el usuario final implica la aceptación tácita e incondicional de este del contenido de esta licencia.
Las partes en esta licencia, con expresa renuncia del fuero que pudiere corresponderles, acuerdan someter las controversias que potencialmente puedan surgir a los juzgados y tribunales de .
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Del factoring al denominado "crédito rápido" o "crédito inmediato"
Otras formas de financiación del consumo: la venta de mercaderías en entidades de crédito
Este mecanismo, muy simple en su base, pero que requiere para su éxito un abrumador apoyo tecnológico y el estudio de unos métodos estandarizados de análisis de riesgo, se basa en recuperar la tradicional figura civil y mercantil de la cesión de créditos, actualizada y puesta al día y poniendo a su servicio las más recientes técnicas comerciales, redes informáticas, sistemas de medios de pago...etc.
El artículo 1.112 de nuestro Código Civil es claro: "Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario." Lo que supone, como antes ya veíamos en el derecho comparado, que los derechos de crédito son transmisibles sin que pierda identidad la relación obligatoria, subsistiendo las relaciones accesorias a este. El problema, como señala Sancho Rebullida, es que el artículo 1.112 del Código Civil permite la transmisión de las obligaciones, pero no hace referencia a un determinado mecanismo de transmisión, que tendremos que buscar en la generalidad de los artículos 1.209 y siguientes del Código Civil, que hace referencia a los casos que expresamente recoja el texto de la ley o al pacto. Dejando a un lado el número tasado de supuestos en el que la ley va a permitir la subrogación legal del crédito, que no es el objetivo de este estudio, nos vamos a centrar en el pacto.
La cesión de créditos será entonces "el acuerdo de voluntades procedentes del antiguo y nuevo acreedor, articulado conforme al tipo negocial de compraventa, permuta, aportación social, cesión fiduciaria en función de garantía, pago, atribución gratuita o, simplemente, conforme a un esquema negocial atípico.". Este negocio jurídico se va a caracterizar especialmente por que el deudor no es parte en el contrato de cesión, ni puede evitarla, y así lo ha venido reconociendo la jurisprudencia: "la cesión de créditos puede hacerse validamente sin conocimiento previo del deudor y aun contra su voluntad, sin que la notificación a éste tenga otro alcance, que el obligarle con el nuevo acreedor, no reputándose pago legítimo desde aquel momento, el hecho en favor del cedente". Claro que, hemos de tener en cuanta que esta posición, a primera vista debilitada del deudor, se ve reforzada por la circunstancia de que el crédito se transmite en su integridad, pasando al nuevo acreedor con todas sus garantías, pero también con todas sus ventajas. Es decir, ya que el deudor no ha consentido expresamente podrá oponer al nuevo acreedor las mismas excepciones y tachas que al acreedor cedente, siempre que sean previas al conocimiento de la cesión y que no sean personalísimas.
En el ámbito mercantil, la regulación es mucho más escasa, y en referencia a la transferencia de créditos no endosables ni al portador. Tan sólo dos artículos del Código de Comercio : el 347 "Los créditos mercantiles no endosables ni al portador, se podrán transferir por el acreedor sin necesidad del consentimiento del deudor, bastando poner en su conocimiento la transferencia. El deudor quedará obligado para con el nuevo acreedor en virtud de la notificación, y desde que tenga lugar no se reputará pago legítimo sino el que se hiciere a éste.", y el 348, "El cedente responderá de la legitimidad del crédito y de la personalidad con que hizo la cesión; pero no de la solvencia del deudor, a no mediar pacto expreso que así lo declare." . Es decir, la naturaleza de la cesión mercantil, será la siguiente "el acreedor puede transmitir a otra persona créditos no incorporados a documentos a la orden o al portador sin sumisión a forma o solemnidad alguna y sin contar con el consentimiento del deudor, bastando poner en su conocimiento la transferencia"
Claro que, no podemos olvidar algo que va a ser fundamental en el desarrollo posterior de nuestro estudio, que es lo que recoge el artículo 1198 del Código Civil en referencia al consentimiento del deudor en la cesión: "El deudor que hubiere consentido en la cesión de derechos hecha por un acreedor a favor de un tercero, no podrá oponer al cesionario la compensación que le correspondería contra el cedente. Si el acreedor le hizo saber la cesión y el deudor no la consintió, puede oponer la compensación de las deudas anteriores a ella, pero no la de las posteriores. Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores a ella y de los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de la cesión."
La manera de hacer frente a los compromisos de pago que originaron este fuerte consumo fue tradicionalmente mediante letras de cambio. La "letra" se convierte en un compromiso mensual, muchas veces múltiple, que queda unida a la del cobrador de la entidad bancaria tenedora de la letra.
Es decir, la nueva coyuntura económica, provoca una cambio en las dos funciones tradicionales de la letra de cambio, inicialmente instrumento del contrato de cambio trayecticio para luego pasar a servir de medio de pago exclusivamente entre comerciantes. Ahora la letra de cambio tiene también una función crediticia en la que intervienen las entidades de crédito mediante los contratos de descuento, haciéndose con las letras que circulaban en el mercado para luego hacerlas efectivas ante el consumidor, permitiendo a las entidades de crédito hacerse con el "descuento" o diferencia entre el dinero que adelantaban al comerciante a cambio de la letra de cambio y el que realmente luego cobraban al consumidor al vencimiento de la cambial. Este mecanismo provoco muchos beneficios a los Bancos, tantos, que durante mucho tiempo, las letras de cambio se denominaron en el argot profesional el "pan de los bancos".
Algunos grandes comerciante, intentan paliar este efecto mediante la creación de financieras propias, fundamentalmente en el sector del automóvil, grandes almacenes, de manera que, al mismo tiempo que venden el vehículo o amueblan la casa, conceden ellos mismos el crédito o bien intermedian con la entidad de crédito.
Pero este mecanismo no esta al alcance del pequeño y mediano comerciante, que se ve obligado a continuar con el método poco seguro de las letras de cambio, o a perder clientes sin liquidez que no desean pedir en crédito a un banco. Los grandes empresarios comienzan a hacer uso de una nueva figura de carácter atípico, de origen norteamericano, denominado factoring, del que hablaré después. Pero este nuevo contrato atípico no llega aún a incidir directamente en el consumidor
El factoring, "es una operación que consiste en la cesión de la cartera de cobro a clientes (facturas, recibos, letras... sin embolsar) de un titular a una firma especializada en este tipo de transacciones (Sociedad Factor), convirtiendo las ventas a corto plazo en ventas al contado, asumiendo el riesgo de insolvencia del titular y encargándose de su contabilización y cobro." Uria entiende que se trata de un contrato de colaboración de origen norteamericano que "tiene por finalidad auxiliar a los fabricantes y comerciantes en la organización y llevanza de su contabilidad y en la facturación de los productos o servicios que lanzan al mercado... además, el factor, a cambio de una comisión o precio se subroga en el cobro de facturas, anticipando su importe antes del vencimiento con deducción de los correspondientes intereses.".
Sus ventajas fundamentales son: supone un ahorro de tiempo, ahorro de gastos, y precisión de la obtención de informes, permite la máxima movilización de la cartera de deudores y garantiza el cobro de todos ellos, simplifica la contabilidad, ya que mediante el contrato de factoring el usuario pasa a tener un solo cliente, que paga al contado; supone el saneamiento de la cartera de clientes, permite recibir anticipos de los créditos cedidos, evita el endeudamiento: compra en firme y sin recurso; para el personal directivo, ahorro de tiempo empleado en supervisar y dirigir la organización de una contabilidad de ventas, puede ser utilizado como una fuente de financiación y obtención de recursos circulantes...etc.
Además, cabría diferenciar diferentes modalidades de factoring. En una primera modalidad, el comerciante o fabricante transfiere los créditos que tiene frente a sus clientes a la sociedad de factoring, para que esta se los abone anticipadamente deduciendo una cantidad, en concepto de comisión. El factor a partir de esta transferencia soporta directamente los riesgos del impago, por tanto si la factura resulta impagada no puede reclamar al comerciante o fabricante.
A estas dos modalidades principales, se les puede añadir otras secundarias, como por ejemplo aquella en la que el factor lleva la contabilidad de los clientes y la gestión para el cobro de impagados, o la modalidad en la que el factor presta el servicio contable y de gestión de cobro sin soportar el riesgo del impago, pero concediendo opcionalmente anticipos sobre los créditos transferidos para el cobro.
Esta figura se traspasó al ámbito del pequeño y mediano comercio como un nuevo método de financiación del consumo, que ha supuesto una pequeña revolución en el sector. De hecho, han sido varios los comerciantes que me han confesado que esta modalidad de pago ha supuesto incluso una tabla de salvación para sus negocios, llegando a facturar por esta vía más del 65% de sus ventas, fundamentalmente en el sector de mobiliario doméstico, informática y electrodomésticos, aunque ya empieza a ser frecuente el uso de este medio de pago ya no en compraventa de bienes muebles, sino incluso en prestaciones de servicios, fundamentalmente academias para obtener el permiso de conducir, y otro tipo de enseñanzas no oficiales, con los problemas que esto va a plantear y que luego analizaré.
El mecanismo no por el hecho de ser simple resulta menos efectivo. La entidad de a la que el comerciante cede su crédito, pone al servicio del comerciante su potente base de datos, que incluye todo tipo de informaciones de carácter económico (nóminas, pensiones, deudas, garantías, prestamos cancelados y pendientes de pago, ratios de pago y de solvencia...etc.) que le permite evaluar de forma inmediata la solvencia, capacidad de pago y de endeudamiento del potencial cliente. El comerciante, una vez que acuerda la compraventa con su cliente, accediendo este al pago aplazado mediante la entidad de crédito, en la que como es lógico dispone de cuenta de ahorro; no tiene más que recoger la firma de su cliente en el contrato simultáneo de cesión de crédito y compraventa, y contactar telefónicamente con una central de créditos que trabaja en horario comercial, a la que comunica la venta, los datos del propio comerciante y el importe y plazo de la operación. En la central de créditos introducen los datos, y el sistema comprueba que el comprador esta clasificado con el riesgo suficiente para afrontar la compraventa. Si es así, comunica una clave que el comprador anota en el contrato. A partir de ese momento, el comprador ya puede llevarse la mercancía y el vendedor, cuando entrega el contrato en su entidad de crédito, recibe automáticamente el importe de la operación en su cuenta, descontada la comisión correspondiente. A partir de entonces, el comprador hará frente a los pagos en su cuenta con la entidad y frente a esta. Esta operación, que se realiza en unos pocos minutos, supone ventajas para todas las partes. El comprador ve aplazado el pago de la compraventa y recibe la mercancía en el acto mismo de formalización. El vendedor recibe el importe de la misma, menos la comisión, y la entidad de crédito otorga un crédito a su cliente sin necesidad de que este haya siquiera acudido a una sucursal de la misma a solicitarlo.
Lógicamente, este esquema puede verse complicado por circunstancias diferentes, como por ejemplo que el cliente no este clasificado a un nivel lo suficientemente alto, es decir, que la entidad de crédito entienda que no tiene la suficiente capacidad de endeudamiento para considerar segura la operación, o que ni siquiera este clasificado en un determinado nivel de riesgo. En estos casos, mediante correo electrónico, la central de créditos se pone en contacto con la oficina que decide sobre la clasificación en espera de un "apto" o no "apto", algo que puede demorar la operación unos minutos más en caso de que la llamada se realice en horario de la oficina de la entidad de crédito, o hasta el día siguiente si es fuera de este horario.
Como antes decía, el mecanismo es a la vez simple y efectivo. Pero esto no supone, como veremos a continuación, que el mecanismo sea perfecto. La práctica esta demostrando que con cierta frecuencia surgen cierto tipo de problemas jurídicos entre las partes que no siempre están previstos, y que vamos a analizar en el punto siguiente.
Es muy frecuente en este tipo de contratos tengan como referencia la compraventa de bienes muebles de cierto precio, que no pueden ser transportados directamente por el consumidor, y que por lo tanto requieren de una entrega posterior a la compraventa; o que se trate de bienes muebles por encargo, que requieren un tiempo para su puesta a disposición del consumidor.
Imaginemos ahora, que por los motivos que sean, el vendedor no hace entrega de la mercancía. En la práctica el consumidor tiende a no pagar el precio "aplazado" de la compraventa entendiendo que de esta forma va a ejercer una presión sobre el vendedor para que cumpla con su parte en el contrato. Pero ante esta situación, el consumidor se encuentra que la entidad de crédito le informa de que no le son oponibles las excepciones que pueda tener con el vendedor, quien por cierto ya ha cobrado la totalidad del precio, y que debe atender al pago del crédito que en su día le fue cedido.
Esta situación es bastante frecuente, a pesar de que las entidades de crédito sólo celebran sus contratos marco de cesión con comerciantes de cierta honorabilidad, la expansión del sistema ha hecho que a veces operen con este mecanismo comerciantes que no puede decirse sean especialmente buenos cumplidores de sus obligaciones.
La solución entiendo que pasa por que el consumidor exija al vendedor el cumplimiento de la obligación, y en su caso la rescisión de la compraventa por incumplimiento, con la eventual indemnización de daños y perjuicios. Ante la rescisión de la obligación principal, la indemnización por daños y perjuicios incluiría en todo caso las cantidades necesarias para cancelar la deuda con la entidad de crédito, ya que al vendedor responde ante la entidad de crédito de la veritas nominis o existencia y legitimidad del crédito cedido. Cabría también a mi juicio aplicar a este supuesto el artículo 15 de la Ley 7/1995 de 23 de marzo de Crédito al Consumo, pero esta posibilidad esta fuertemente condicionada a la existencia de un acuerdo en exclusiva entre cedente y cesionario, lo que no es habitual en los supuestos objeto de este estudio.
No obstante, la Ley 28/1988 de 13 de julio de Venta a Plazos de Bienes Muebles ha venido a paliar un poco esta situación, al introducir en su artículo 9, especialmente apartados 1 y 2, el derecho de desistimiento en un plazo de siete días que también afecta a la financiación accesoria a la compraventa cumpliendo con determinados requisitos. De esta manera, prácticamente se ha equiparado el régimen de la compraventa de bienes muebles a plazos con la venta a distancia, que ya reconocía un derecho de desistimiento similar en el artículo 44 de la Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista. De hecho, los contratos tipo de cesión de las entidades de crédito han debido ser modificados para introducir esta nueva regulación, aunque me consta que al día de hoy, casi nueve meses después de que se publicó la ley, aún circulan por los comercios contratos de cesión que no hacen referencia a esta facultad.
Este tipo de problemas es aún más espinoso cuando se aplica el contrato de cesión ya no a un contrato de compraventa de bienes muebles, sino a prestaciones de servicios lo que complica bastante la situación. Es evidente que a la firma del contrato no se recibe mercancía alguna, y que no se va a recibir, ya que hablamos de una prestación de servicios que se va a dilatar más o menos en el tiempo. Un caso típico son las autoescuelas o las academias privadas de idiomas, que recurren con mucha frecuencia a este mecanismo de financiación. En estos casos no cabe la aplicación del derecho de desistimiento de la Ley 28/1998 por que es evidente que el objeto de la compraventa con financiación aplazada no es un bien mueble, sino un servicio, por lo que a mi entender resulta dudoso aplicar este tipo de contratos de adhesión a estas relaciones jurídicas, debido a la manifiesta falta de protección del consumidor frente al incumplimiento por parte de quien ha de prestar los servicios, salvo que la aplicación analógica por parte de cedente y cesionario supusiera también aceptar por esta misma vía de aplicación los mecanismos de protección al consumidor antes señalados, lo que hace que a mi entender esta posibilidad carezca de base jurídica.
Resulta muy frecuente que el consumidor se enfrente al contrato de cesión de crédito simultáneo a la compraventa desde un prisma erróneo. Es habitual que el consumidor, al formalizar este tipo de contratos, además de no estudiar minuciosamente su contenido, llegue a la falsa convicción de que este realizando una venta a plazos de bienes muebles domiciliando el pago de estos plazos en su cuanta de ahorro o de crédito en determinada entidad bancaria. Habitualmente, no capta el contenido de la institución de la cesión de crédito y entiende que el vendedor irá recibiendo el pago mensualmente, o en el plazo que se establezca. Esta visión errónea provoca el problema que antes analizábamos al comentar las excepciones oponibles al vendedor ante el incumplimiento. El consumidor no es consciente de que es tercera parte en una cesión de crédito que a la que ha accedido mediante su firma en el contrato correspondiente.
Esta situación de la que entiendo son responsables tanto la entidad de crédito, como el propio comerciante que en muchos casos no facilitan la información necesaria, lo que está en clara contradicción con el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: "Los bienes, productos y, en su caso, los servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales y, al menos, sobre las siguientes: d) Precio completo o presupuesto, en su caso, y condiciones jurídicas y económicas de adquisición o utilización, indicando con claridad y de manera diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los incrementos o descuentos, en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, financiación, aplazamiento o similares."
El error del consumidor de que está ante una compraventa de bienes muebles a plazos es abonada por un aspecto especialmente sorprendente. El consumidor tiende a creer esto, además por la falta de información antes reseñada, por que le ha sido incrementado el precio del bien que ha comprado en un importe que se incrementa o disminuye en relación al tiempo de aplazamiento. Decía que este aspecto es especialmente sorprendente por que el contrato de cesión, en su cláusula cuarta recoge expresamente que: "asimismo (el consumidor) reconoce no haber sufrido discriminación alguna y que el precio de esta compraventa no se ha visto incrementado con respecto a su precio normal.". A este respecto, he podido comprobar en varias ocasiones, solicitando información en establecimientos de venta de electrodomésticos, ordenadores y mobiliario de hogar, que el precio de la compraventa aumenta, si se opta por esta forma de financiación, proporcionalmente al tiempo de aplazamiento, y que los comerciantes utilizan las tablas que las entidades les facilitan para informarles del descuento según los plazos para incrementar en esas mismas cantidades los precios, lo que choca con el contenido del contrato, ley entre las partes, y que en ningún caso ha de ser admitido por el consumidor que ha de exigir el precio de venta al público sin incremento de ningún tipo tal y como se recoge en el contrato.
Con la Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista se vino a poner algo de orden en esta situación, ante las lógicas protestas del los comerciantes por lo que entendían una actividad que pudiera calificarse como de competencia desleal. En efecto, el artículo 8.2 de la citada norma señala que: "Se prohibe expresamente la exposición y venta de mercancías al comprador cuando éstas procedan de personas cuya actividad sea distinta a la comercial y, como consecuencia de la actividad que les es propia tengan como finalidad principal la realización de préstamos, depósitos u operaciones de análoga naturaleza adheridas a la oferta comercial de la mercancía, de tal forma que una no se pudiera hacer efectiva sin la otra. En todo caso, se presumirá la existencia de estas actuaciones en el supuesto de que el comprador pudiera realizar pedidos o adquirir mercancías en los establecimientos de aquellas."
CONTRATO DE COMPRAVENTA Y DE CESION DEL CREDITO RESULTANTE DE ESTA
De una parte, como VENDEDOR, el Comerciante D. , con domicilio en , con N.I.F. , y con cuenta corriente o de ahorro en la oficina .
Y de otra, como COMPRADOR, D. , con domicilio en , con N.I.F. , y con cuenta corriente o de ahorro en la oficina
Otorgan el presente contrato con arreglo a las siguientes
Cláusulas de compraventa
Comprador y Vendedor quedan enterados de que la financiación otorgada por el cesionario es totalmente gratuita para el Comprador, por tal motivo en el supuesto de que este anticipara los pagos del crédito no se beneficiara de descuento de ninguna clase.
Asimismo las partes aceptan que el Cesionario podrá rechazar cualquier alegación del Comprador por la que este incumpla los pagos pactados basándose en sus relaciones con el Vendedor, o en discrepancias acerca de los bienes y servicios comprados. En tales casos el Comprador deberá dirigir sus acciones contra el Vendedor.
Oficina _____________________ Fecha ______________ Firma:
Comprador y Vendedor quedan enterados de que la financiación otorgada por el cesionario es totalmente gratuita para el comprador, por tal motivo en el supuesto de que este anticipara los pagos del crédito no se beneficiaría de descuento de ninguna clase.
Asimismo las partes aceptan que el Cesionario podrá rechazar cualquier alegación del Comprador por la que este incumpla los pagos pactados basándose en sus relaciones con el Vendedor, o en sus discrepancias acerca de los bienes y servicios comprados, en tales casos el Comprador deberá dirigir sus acciones contra el Vendedor.
Sexta.- Facultad de desistimiento (Ley 28/1998 de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, BOE 14/7/98): El comprador podrá desistir de esta compraventa si el objeto del contrato es un bien mueble corporal no consumible e identificable (considerándose bien identificable todo aquel en el que conste la marca y número de serie o fabricación de forma indeleble o inseparable en un o varias de sus partes fundamentales, o que tenga alguna característica distintiva que excluya razonablemente su confusión con otros bienes), el tiempo de aplazamiento es superior a tres meses y la cuantía del contrato no es inferior a la determinada por la legislación vigente.
TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS (Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre de 1992, BOE de 31). Los intervinientes declaran conocer la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal los cuales han sido recogidos para poder concertar y desarrollar la relación contractual con LA ENTIDAD, destinataria de la información. Los intervinientes declaran conocer los derechos que le asisten de acceso, rectificación y cancelación de los datos del fichero, ubicado en
En fe de todo lo cual firman este contrato por cuadruplicado, reconociendo todas las partes recibir uno de los ejemplares
CARACTERISTICAS DE LA OPERACIÓN
IMPORTE MAXIMO POR OPERACIÓN: 1.000.000 DE PESETAS.
Séptima.- LA ENTIDAD es tercera ajena en las relaciones entabladas entre EL COMERCIO y sus clientes. Las expresiones "aprobación", "conformidad", "aceptación", "visado" u otras semejantes que figuren en este contrato o en los que del mismo traen causa, no implican bajo ningún concepto la asunción de obligaciones por parte de LA ENTIDAD, salvo las previstas en este contrato.
Los que ofrezcan dudas acerca de su perfecta regularidad.
Aquello cuya aprobación supusiera rebasar los límites pactados en la cláusula 4ª.
Novena.- EL COMERCIO responderá en todo caso de la legitimidad del crédito. Igualmente, EL COMERCIO responderá siempre en supuestos de saneamiento por vicios ocultos o evicción.
Aquellas cuya legitimidad o plena regularidad no fueran reconocidas, de ser discutidas, mediante resolución jurisdiccional firme, desde el mismo momento en que adquiera firmeza la resolución.
Aquellas que sean resueltas, desde el instante de su resolución.
En los supuestos anteriores, así como en cualquier otro de inexistencia, nulidad o ineficacia de las compraventas o de las cesiones de sus créditos, la cesión se reputará nula.
ADRIANA DE RUITER, La transmisión de créditos. Revista IURIS, Noviembre de 1998, nº22 (Supl.), Editor La Ley-Actualidad S.A., Madrid, 1998
FRANCISCO DE ASIS SANCHO REBULLIDA, Elementos de Derecho Civil II (Tomo II, Volumen 1º), Barcelona, José María Bosch Editor S.A., 1.99
RODRIGO URIA, Derecho Mercantil, Madrid, Marcial Pons Editor, 24ª Edición, 1.997
Dirección General de Política de la Pyme http://www.ipyme.org/
INJEF Información Jurídica, Económica y Fiscal http://www.injef.com/
FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ, Elementos de Derecho Civil II (Tomo II, Volumen 1º), Barcelona, José María Bosch Editor S.A., 1.995
JESUS DELGADO ECHEVERRIA, Elementos de Derecho Civil II (Tomo II, Volumen 1º), Barcelona, José María Bosch Editor S.A., 1.995
Publicado por Antonio José Muñoz González en 5:32 p. m. 2 comentarios:

References: artículo 10
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1198
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 44
 artículo 13
 artículo 8
 resolución