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Timestamp: 2014-10-02 12:25:28+00:00

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INFORME DE JULIO DE 2010 PARA LA OFICINA NOTARIAL. Cargando�
www.notariosyregistradores.com INFORME DE JULIO DE 2010 PARA LA OFICINA NOTARIAL
�NDICE DEL INFORME DEL MES DE JULIO 2010
� Auditor�a de cuentas, Mercado de Valores y S.A.
� Sociedades de capital.
� Dcho Baleares, desaparici�n de censos y alodios.
� Ley de Morosidad.
� Catalu�a, Impto de Sucesiones y Donaciones.
� Impto sobre Sociedades.
� Cajas de Ahorros.
� Extremadura, ley de prevenci�n y calidad ambiental (suelos contaminados).
� Cesi�n de Tributos a distintas CCAA.
� Galicia, ley de Ordenaci�n Urban�stica.
� Andaluc�a, competencias en materia de aguas.
� Andaluc�a, ley de autonom�a local.
� Valencia, ley de r�gimen local.
� Senado, empleo lenguas oficiales.
RESOLUCIONES PROPIEDAD � Concepto de anotaci�n preventiva de cr�dito refaccionario.
� Reparcelaci�n autorizada que infringe el Plan General.
� Venta de incapacitado sin acreditar reinversi�n del dinero.
� Error material y de concepto.
� Diferencia en PH entre acuerdo colectivo y consentimiento individual.
� Venta con condici�n suspensiva a subrogaci�n u obtenci�n de pr�stamo.
� Novaci�n con modificaci�n de cr�dito en pr�stamo.
� Ejercicio explotaci�n agr�cola por comunero.
� Reducci�n Impto sucesiones en descendientes por afinidad.
� Obligado al pago en AJD en cancelaci�n condici�n resolutoria.
� Reducci�n por condonaci�n dividendos pasivos, no sujeto a OS.
� Fianza constituida en subrogaci�n pr�stamo, no est� sujeta.
� Declaraci�n ON equivale a adquisici�n vivienda en AJD.
� Ley 10/2010 de 28 abril, modelos de urgencia.
� Soledad Pu�rtolas �Con mi madre� La gallina Petirroja.
*AUDITOR�A DE CUENTAS, MERCADO DE VALORES Y LSA. Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas aprobado por el Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptaci�n a la normativa comunitaria.
I: Auditoria de cuentas. La mayor parte de esta Ley se dedica a su reforma, transponiendo a nuestro ordenamiento jur�dico la Directiva
2006/43/CE, que derog� la Directiva 84/253/CEE, de 10 de abril de 1984 en la que se bas� la redacci�n inicial de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas que regul� por primera vez en Espa�a, con car�cter general, la actividad. Se entender� por auditor�a de cuentas la actividad consistente en la revisi�n y verificaci�n de las cuentas anuales, as� como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de informaci�n financiera que resulte de aplicaci�n, siempre que aqu�lla tenga por objeto la emisi�n de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros.
As� pues, no se limita a la mera comprobaci�n de que los saldos que figuran en sus anotaciones contables concuerdan con los ofrecidos en el balance y en la cuenta de resultados, ya que las t�cnicas de revisi�n y verificaci�n aplicadas permiten, con un alto grado de certeza y sin la necesidad de rehacer el proceso contable en su totalidad, dar una opini�n t�cnica e independiente sobre la contabilidad en su conjunto y, adem�s, sobre otras circunstancias que, afectando a la vida de la empresa, no estuvieran recogidas en dicho proceso.
Se trata de un servicio que se presta a la entidad auditada y que afecta e interesa no s�lo a �sta, sino tambi�n a terceros que se relacionen o puedan relacionarse con la misma, porque as� todos ellos pueden conocer la calidad de la informaci�n econ�mico-contable sobre la cual versa la opini�n emitida por el auditor de cuentas. De ah� la importancia de su publicidad.
Registro Oficial de Auditores de Cuentas han de estar inscritos quienes est�n autorizados para el ejercicio de la actividad de auditor�a. Se detalla la informaci�n p�blica que ha de contener sobre los auditores de cuentas y sociedades de auditor�a y se prev� accesibilidad por medios electr�nicos. Podr�n inscribirse los auditores de cuentas autorizados en otros Estados miembros de
la Uni�n Europea y de terceros pa�ses, en condiciones de reciprocidad.
- Examen. El art�culo 7.4 prev� un examen de aptitud profesional, regulando la D. Tr. 3� una
dispensa para quienes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley posean los t�tulos de Licenciado, Ingeniero, Profesor Mercantil, Arquitecto o Diplomado universitario, los cuales la conservar�n, respecto de aquellas materias que hayan superado en los estudios requeridos para la obtenci�n de dichos t�tulos, seg�n dicte el Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas
- Independencia. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditor�a deber�n ser independientes, en el ejercicio de su funci�n, de las entidades auditadas, debiendo abstenerse de actuar cuando su independencia en relaci�n con la revisi�n y verificaci�n de los estados financieros u otros documentos contables pudiera verse comprometida. El Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas es el organismo encargado de velar por el adecuado cumplimiento del deber de independencia. Se fijan incompatibilidades y prohibiciones.
- Duraci�n del contrato. - Los auditores ser�n contratados por un per�odo de tiempo determinado inicial, que no podr� ser inferior a tres a�os ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados por periodos m�ximos sucesivos de tres a�os una vez que haya finalizado el periodo inicial. - El contrato quedar� t�citamente prorrogado por un plazo de tres a�os si a la finalizaci�n del periodo de contrataci�n inicial o de pr�rroga del mismo, ni el auditor de cuentas o la sociedad de auditor�a ni la entidad auditada manifestaren su voluntad en contrario. - Trat�ndose de
entidades de inter�s p�blico, o de sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 50.000.000 de euros, una vez transcurridos siete a�os desde el contrato inicial (aunque sea anterior a la entrada en vigor de esta Ley), ser� obligatoria la rotaci�n del auditor de cuentas, debiendo transcurrir en todo caso un plazo de dos a�os para que dicha persona pueda volver a auditar a la entidad correspondiente. - Cuando las auditor�as de cuentas no fueran obligatorias, no ser�n de aplicaci�n las limitaciones referidas.
- Honorarios. Se fijar�n, en todo caso, antes de que comience el desempe�o de sus funciones y para todo el periodo en que deban desempe�arlas. - Sociedades de auditor�a. Entre las reformas, sobresalen:
- La posibilidad de que puedan ser socios otras sociedades de auditor�a autorizados en cualquier Estado miembro. - Los titulares de la mayor�a de los derechos de voto (ya no de capital social) y de los miembros del �rgano de administraci�n o gesti�n (no de directores) han de ser sociedades de auditor�a o personas f�sicas auditores. - Las personas f�sicas que, sin ser socios, firmen informes de auditor�a en nombre de una sociedad de auditor�a han de estar autorizadas para ejercer la actividad de auditor�a de cuentas en Espa�a.
- Responsabilidad civil. Durar� cuatro a�os desde el informe, remiti�ndose al C�digo Civil, salvo especialidades del art. 11:
- Ser� exigible de forma proporcional a la responsabilidad directa por los da�os y perjuicios econ�micos que pudieran causar por su actuaci�n profesional. - Ser� exigible en forma personal e individualizada, con exclusi�n del da�o o perjuicio causado por la propia entidad auditada o por un tercero.
- Si el auditor obra en nombre de una sociedad de auditor�a, responder�n solidariamente.
- Ha de prestar
fianza proporcional a su volumen de negocio.
- Deber de conservaci�n. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditor�a de cuentas conservar�n y custodiar�n durante el plazo de
cinco a�os, a contar desde la fecha del informe de auditor�a, la documentaci�n referente a cada auditor�a de cuentas por ellos realizada, incluidos los papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones que consten en el informe. Se enumera qui�nes pueden acceder a la documentaci�n.
- Se modifica la regulaci�n de infracciones y sanciones.
II. Mercado de valores.
La disposici�n final cuarta modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
- Se prev�, para las sociedades cotizadas, la habilitaci�n en la p�gina web de la sociedad de un Foro Electr�nico de Accionistas, con el fin de facilitar su comunicaci�n con car�cter previo a la celebraci�n de las Juntas generales. En el Foro podr�n publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del d�a anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesi�n a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minor�a previsto en la ley, as� como ofertas o peticiones de representaci�n voluntaria (art. 116)
- Los accionistas de cada sociedad cotizada podr�n constituir Asociaciones espec�ficas y voluntarias para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes. Las Asociaciones de accionistas deber�n inscribirse en un Registro especial habilitado al efecto en la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores (art. 117). - Los miembros del Comit� de Auditor�a ser�n al menos en su mayor�a consejeros no ejecutivos del Consejo de Administraci�n o, en el caso de �rgano equivalente al anterior, miembros del mismo que no posean funciones directivas o ejecutivas en la entidad, ni mantengan relaci�n contractual distinta de la condici�n por la que se les nombre. Ser�n nombrados, en todo caso, por el Consejo de Administraci�n u �rgano equivalente. Al menos un miembro ser� independiente y se le designar� teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditor�a o en ambas. Se regular� estatutariamente y en la Ley se determinan sus competencias m�nimas (d. ad. 18�).
III Ley de Sociedades An�nimas.
Se modifica el Texto Refundido de 1989 (Texto que se deroga seg�n Ley publicada dos d�as despu�s, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio). Aunque este RDL retrasa su entrada en vigor hasta el 1� de septiembre, tambi�n la Ley que resumimos retrasa esta reforma de la LSA un a�o, por lo que, al entrar en vigor, ya estar� derogado el Texto Refundido de 1989 (D. final 5�) De todos modos, el contenido de las limitaciones de voto se traslada en el nuevo Texto Refundido, al art�culo 515 y se suspende su entrada en vigor hasta el 1� de julio de 2011.
Limitaci�n del derecho de voto. El art. 105.2 actual dice que los estatutos� 2. Tambi�n podr�n fijar con car�cter general el n�mero m�ximo de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo. Esta es la
nueva redacci�n. �2. Tambi�n podr�n fijar con car�cter general el n�mero m�ximo de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo, salvo en el caso de las sociedades cotizadas, en las que ser�n nulas de pleno derecho las cl�usulas estatutarias que, directa o indirectamente, establezcan dicha limitaci�n.
Cuando se produzca la admisi�n a negociaci�n en un mercado secundario oficial de valores de las acciones de una sociedad cuyos estatutos contengan cl�usulas limitativas del m�ximo de votos, la sociedad deber� proceder a la adaptaci�n de sus estatutos, eliminando dichas cl�usulas, en el plazo m�ximo de un a�o contado a partir de la fecha de admisi�n. Si transcurriere ese plazo sin que la sociedad hubiese presentado en el Registro Mercantil la escritura de modificaci�n de sus estatutos, las cl�usulas limitativas del m�ximo de voto se tendr�n por no puestas.�
Se trata de una reforma pactada entre el Gobierno y CIU, denominada �antiblindaje� y que afecta a grandes compa��as como Telef�nica, Repsol o Iberdrola que tendr�n hasta el 1� de julio de 2011 para adaptarse. Ver
Remuneraci�n de los auditores. El apartado 1 del art�culo 207 dice ahora: �1. La remuneraci�n de los auditores de cuentas se fijar� de acuerdo con lo establecido en la Ley de Auditor�a de Cuentas.�
Informe de Auditor�a. Dice ahora el art�culo 209: �Los auditores de cuentas emitir�n un informe detallado sobre el resultado de su actuaci�n de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditor�a de cuentas.�
Estos dos art�culos son actualmente de mera remisi�n cuando antes ten�an una m�nima regulaci�n. Pasar�n a ser los art�culos 267 y 269 en el nuevo Texto Refundido 1/2010, que entrar� en vigor el 1� de septiembre.
Entrada en vigor. El conjunto de la Ley entr� en vigor el 2 de julio de 2010, salvo la reforma antiblindaje indicada que entrar� el 1� de julio de 2011.
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***SOCIEDADES DE CAPITAL.
Ver rese�a de Albert Capell en el �ltimo informe sobre
Futuras Normas.
rese�a del Consejo de Ministros.
- El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas.
- La secci�n 4.� del t�tulo I del libro II (art�culos 151 a 157) del C�digo de Comercio de 1885, relativa a la sociedad en comandita por acciones.
- El t�tulo X (art�culos 111 a 117) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativo a las sociedades cotizadas, con excepci�n de los apartados 2 y 3 del art�culo 114 y los art�culos 116 y 116 bis.
Autorizaci�n: Se autoriza al Ministro de Justicia para la modificaci�n de las referencias a la numeraci�n contenida en el Reglamento del Registro Mercantil, de los art�culos de los textos de las disposiciones que se derogan por la que corresponde a los contenidos en el texto refundido de la Ley de sociedades de capital.
Entrada en vigor. El 1 de septiembre de 2010, excepto el art�culo 515 (nulidad de las cl�usulas limitativas del derecho de voto) que no ser� de aplicaci�n hasta el 1 de julio de 2011.
Ver comparativa de Marta Floriano.
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*DERECHO CIVIL DE BALEARES. Ley 3/2010, de 7 de junio, de constataci�n de censos y alodios y de extinci�n de los inactivos.
La exposici�n de motivos de la Ley
8/1990, de 28 de junio, sobre la Compilaci�n del derecho civil de las Illes Balears, consider� anacr�nicos los censos y alodios por lo que la Compilaci�n se abstuvo de reformarlos, remitiendo a una futura ley para tal labor.
Esta disposici�n legal pretende liberar el tr�fico inmobiliario de los obst�culos constituidos por censos o alodios inactivos o sin titular conocido, decretando la extinci�n de los censos y alodios por el incumplimiento del deber de acreditar la vigencia por medio de una solicitud dirigida al Registro de la Propiedad.
No se altera en nada el r�gimen de prescripci�n que establece la Compilaci�n.
Dice as� su art�culo �nico.
titulares de censos y alodios inscritos en el Registro de la Propiedad, cualquiera que sea su clase, comunicar�n a este �rgano aquellos que les pertenezcan, en el plazo de cinco a�os computables desde la entrada en vigor de esta Ley.
2. Esta comunicaci�n se realizar� mediante instancia dirigida al registro de la propiedad correspondiente, suscrita por el titular, en la que se identifiquen estos derechos y las fincas gravadas con los censos y alodios mencionados, y en la que se solicite la pr�ctica de la nota marginal correspondiente que exprese su vigencia. En caso de que el suscriptor de la instancia no sea el titular registral del censo o alodio de que se trate, deber� presentar los correspondientes t�tulos acreditativos de su derecho de inscripci�n del censo o alodio.
Para que el registrador practique la nota marginal expresiva de la vigencia del alodio o censo, ser� necesario que la instancia se�alada en el p�rrafo anterior se acompa�e de los documentos o elementos de prueba que acrediten fehacientemente que el promotor de la comunicaci�n de vigencia del alodio o censo ha puesto en conocimiento de los dem�s titulares de derechos inscritos sobre la finca gravada con el citado censo o alodio su intenci�n de declarar la vigencia del mismo.
3. Transcurrido el plazo indicado de cinco a�os sin que conste la vigencia de los censos o alodios en los t�rminos expresados, quedar�n extinguidos y podr�n cancelarse a instancia del censatario o titular del dominio �til, de conformidad con la legislaci�n hipotecaria.
4. Todo lo dispuesto en los apartados anteriores no impide la aplicaci�n de las reglas que sobre la prescripci�n se establecen en la Compilaci�n del derecho civil de las Illes Balears.
Entrada en vigor: el 19 de julio de 2010. Por tanto, ser�n cancelables a partir del 19 de julio de 2015.
PDF (BOE-A-2010-10603 - 2 p�gs. - 162 KB) Otros formatos
*MOROSIDAD. Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaci�n de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Dentro del Derecho Comunitario la Directiva de referencia es la
2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, que fue objeto de transposici�n por la Ley
3/2004, de 29 de diciembre.
Ahora esta Ley se adapta al impacto que sobre las empresas produce la crisis econ�mica con su secuela de impagos, retrasos y pr�rrogas en la liquidaci�n de facturas vencidas. Reformas principales:
- Se suprime la posibilidad de �pacto entre las partes�, la cual a menudo permit�a alargar significativamente los plazos de pago, siendo generalmente las Pymes las empresas m�s perjudicadas.
- En cuanto a los plazos de pago del sector p�blico, se reduce a un m�ximo de treinta d�as el plazo de pago, que se aplicar� a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un per�odo transitorio para su entrada en vigor.
- Se regula un procedimiento para hacer efectivas las deudas de los poderes p�blicos. Se reclamar� por escrito a la Administraci�n contratante el cumplimiento de la obligaci�n de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administraci�n no hubiera contestado, se entender� reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podr�n formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administraci�n, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El �rgano judicial adoptar� la medida cautelar, salvo que la Administraci�n acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuant�a reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitar� a esta �ltima. La sentencia condenar� en costas a la Administraci�n demandada en el caso de estimaci�n total de la pretensi�n de cobro.
- En lo que se refiere a los plazos de pago entre empresas, se establece un plazo m�ximo de pago de 60 d�as por parte de empresas para los pagos a proveedores. Este plazo de pago no podr� ser ampliado por acuerdo entre las partes, con el fin de evitar posibles pr�cticas abusivas de grandes empresas. Tambi�n se fija un calendario transitorio que culminar� el 1 de enero de 2013.
- Se refuerza el derecho a percibir indemnizaci�n. El l�mite est� en el 15 por ciento de la cuant�a de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que podr� llegar a la deuda.
- Se ampl�a la posibilidad de que las asociaciones denuncien pr�cticas abusivas en nombre de sus asociados, ejercitando acciones de cesaci�n y de retracci�n. Ser�n nulas las cl�usulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y los requisitos o el tipo legal de inter�s de demora de las establecidos en esta Ley con car�cter subsidiario, cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso.
- Y se promueve la adopci�n de c�digos de buenas pr�cticas en materia de pagos y de sistemas de resoluci�n de conflictos a trav�s de la mediaci�n y el arbitraje, siendo de adscripci�n voluntaria por parte de los agentes econ�micos.
- Esta Ley se aplica a todos los pagos efectuados como contraprestaci�n en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administraci�n, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P�blico, as� como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.
- Esta Ley NO se aplica: a) Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores.
c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor.
Entrada en vigor: el 7 de julio de 2010.
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*CATALU�A. Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulaci�n del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Esta ley se centra en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, tributo estatal directo de car�cter personal que grava el incremento de patrimonio de las personas f�sicas derivado de la recepci�n de una herencia, de la aceptaci�n de una donaci�n o de la percepci�n de una cantidad proveniente de un seguro de vida.
Esta Ley tiene vocaci�n de abordar una regulaci�n completa del impuesto, dentro del marco de las competencias normativas que tiene hoy reconocidas la Generalidad a trav�s de la Leyes
3/2009, Org�nica y 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las comunidades aut�nomas de r�gimen com�n. Al mismo tiempo, re�ne en un solo texto, sistematiza y clarifica la normativa propia vigente.
La Ley contiene seis t�tulos:
El t�tulo I re�ne las disposiciones referidas a las adquisiciones por causa de muerte, y regula, concretamente, las reducciones aplicables a la base imponible del tributo. Son de destacar:
- los incrementos en la reducci�n por discapacidad y por seguros de vida, - la elevaci�n hasta el 97% en caso de adquisici�n de participaciones en sociedades laborales.
- la reducci�n llamada �de la empresa familiar�,
- se incorporan los conceptos de actividad empresarial o profesional y de bienes afectos que rigen en la Ley
- no se tratar� como empresa personal aquella estructura, con apariencia de empresa, pero que acoja en realidad meros patrimonios personales.
El t�tulo II regula las reducciones de la base imponible aplicables a las adquisiciones lucrativas. Se parte de la normativa estatal, complet�ndola y mejorando los beneficios, pues se crean tres nuevas reducciones: - por donaci�n de dinero a descendientes para constituir o adquirir una empresa individual o un negocio profesional o para adquirir participaciones en entidades; - por donaci�n a terceras personas sin v�nculo de parentesco con el donante de bienes y derechos afectos a una actividad econ�mica o de participaciones en entidades, y - por aportaciones a patrimonios protegidos.
El t�tulo III, dedicado a la deuda tributaria, regula la tarifa y la cuota tributaria de las dos modalidades del impuesto. Mantiene la tarifa para las donaciones entre las personas de los grupos I y II y la estructura y los importes de la tarifa general para el resto de hechos imponibles, y mantiene tambi�n la supresi�n de los coeficientes por patrimonio preexistente que hab�a aprobado la Ley 26/2009.
El t�tulo IV se ocupa del tratamiento fiscal de las parejas estables, de las relaciones paternofiliales de hecho y de los acuerdos de valoraci�n previa vinculantes.
El t�tulo V incorpora normas relativas a obligaciones formales. - Autoliquidaci�n. Seg�n el art. 63, los contribuyentes no s�lo est�n obligados a presentar y suscribir la declaraci�n del impuesto, sino que tambi�n deben determinar la deuda tributaria correspondiente, que deben ingresar en el lugar, la forma y los plazos que se determinen por reglamento.
- Plazo de presentaci�n. Mientras no se aprueben por reglamento los plazos de presentaci�n, se aplican los plazos que establece el art�culo 14 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras (d. tr. 1�). Dice dicho art. 14: �En el caso de adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguros de vida, el plazo de presentaci�n de la autoliquidaci�n o declaraci�n es de seis meses a contar de la fecha de la muerte del causante o desde la fecha en que la declaraci�n de muerte deviene firme. El mismo plazo es aplicable a las adquisiciones de usufructo que est�n pendientes de la muerte del usufructuario, aunque la desmembraci�n del dominio se haya realizado por actos entre vivos. En los dem�s supuestos sujetos al impuesto sobre sucesiones y donaciones, el plazo de presentaci�n de la autoliquidaci�n es de un mes a contar de la fecha del acto o del contrato.
- Art�culo 67. Obligaci�n de los notarios de remitir por v�a telem�tica los documentos que autoricen
1. En relaci�n con los documentos a que hace referencia el art�culo 32.3 de la Ley del Estado 29/1987, y con el fin de cumplir las obligaciones tributarias de los contribuyentes y facilitar la incorporaci�n telem�tica de los documentos a los registros p�blicos, los notarios que con destino en el territorio de Catalu�a deben remitir por v�a telem�tica, con la colaboraci�n del Consejo General del Notariado, junto con la copia de las escrituras que autoricen, una declaraci�n informativa notarial de los elementos b�sicos de las escrituras mencionadas, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci�n notarial.
2. Cualquier informaci�n de contenido tributario que deba facilitarse en cumplimiento de un mandato legal debe remitirse por v�a telem�tica o presentarse en un soporte directamente legible por ordenador, de acuerdo con las condiciones y el dise�o que apruebe una orden de la persona titular del departamento competente en materia de finanzas, la cual, adem�s, puede establecer las circunstancias y los plazos de presentaci�n obligatoria de esta informaci�n.
Al respecto, se transcribe el
art. 32.2 LIS al que se hace alusi�n:
3. Los Notarios est�n obligados a facilitar los datos que les reclamen los Organismos de
la Administraci�n Tributaria acerca de los actos en que hayan intervenido en el ejercicio de sus funciones, y a expedir gratuitamente en el plazo de quince d�as las copias que aqu�llos les pidan de los documentos que autoricen o tengan en su protocolo, salvo cuando se trate de los instrumentos p�blicos a que se refieren los art�culos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862 y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepci�n de los referentes al r�gimen econ�mico de la sociedad conyugal.
Es importante tener en cuenta el art. 63.3, porque la presentaci�n telem�tica de la autoliquidaci�n s�lo es posible si el notario autorizante ha remitido previamente, tambi�n por v�a telem�tica, la declaraci�n informativa de la escritura correspondiente.
El t�tulo VI trata de la aplicaci�n del tributo.
- Art�culo 68. Competencia.
La competencia en materia de gesti�n, liquidaci�n, inspecci�n y recaudaci�n del impuesto sobre sucesiones y donaciones corresponde a la Agencia Tributaria de Catalu�a y, en los t�rminos que se establezcan en la normativa vigente y en el convenio firmado a tal efecto, a las oficinas liquidadoras de los registros de distrito hipotecario.
- Plazo de resoluci�n. Ser� de doce meses para los procedimientos de gesti�n tributaria propios del impuesto sobre sucesiones y donaciones, ampliable a otros doce meses en determinadas circunstancias que se enumeran. - Aplazamiento y fraccionamiento. Hay reglas especiales en los art�culos 73 y 75, aplic�ndose supletoriamente la normativa general sobre recaudaci�n vigente en Catalu�a. Con car�cter excepcional, el aplazamiento que concedan los �rganos de gesti�n de la Administraci�n tributaria en virtud del art�culo 73.1 puede ser de hasta dos a�os en caso las cuotas del impuesto sobre sucesiones y donaciones correspondientes a hechos imponibles devengados en el periodo que va del 1 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2011 (d. tr. 2�).
IRPF. Se aprovecha esta Ley para modificar la escala auton�mica del impuesto y la deducci�n por vivienda habitual (d. ad. 3�).
Entrada en vigor. Es bastante compleja. Con car�cter general, fue el 12 de junio de 2010, con aplicaci�n a los hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero de 2010. Sin embargo, se hacen varias salvedades, por ejemplo, aplic�ndose gradualmente los importes de la reducci�n por parentesco y los importes m�ximos de la reducci�n adicional de la base imponible.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en materia de las obligaciones de documentaci�n de las operaciones vinculadas.
Se podr�an definir las
operaciones vinculadas como aquellas transacciones, acuerdos, cr�ditos, etc., que realizan dos partes que tienen alg�n tipo de participaci�n cruzada o mismo propietario directo
o indirecto. Por ejemplo, cuando una sociedad matriz concede un cr�dito a una filial.
La reforma de su r�gimen se inici� por la
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevenci�n del fraude fiscal, donde, entre otras materias, se regularon las obligaciones de documentaci�n que deben acompa�ar a aqu�llas.
La reforma tuvo su desarrollo reglamentario a trav�s de la
modificaci�n en 2008 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
El reciente Real Decreto-ley 6/2010 (Pacto de Zurbano) ha modificado el art�culo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en lo relativo a las obligaciones de documentaci�n, con el objeto de eximir de las mismas a aquellas empresas que cumplan dos requisitos:
- cifra de negocios del per�odo impositivo hasta 8 millones de euros y
- que el importe conjunto de dichas operaciones realizadas por el sujeto pasivo en ese per�odo no supere los 100.000 euros. Se fija una excepci�n: operaciones realizadas con personas o entidades residentes en un pa�s o territorio calificado como para�so fiscal. *CAJAS DE AHORROS. Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de �rganos de gobierno y otros aspectos del r�gimen jur�dico de las Cajas de Ahorros.
El objeto del Real Decreto-Ley es la reforma del r�gimen jur�dico de las cajas de ahorros: - Se modifica el r�gimen jur�dico de sus cuotas participativas; - se modifica la normativa b�sica relativa a los �rganos de gobierno de las cajas de ahorros;
- se adaptan determinados aspectos de los sistemas institucionales de protecci�n integrados por cajas;
- se dise�a un nuevo r�gimen de ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas, y - se incluyen algunas disposiciones para reforzar la solvencia de las entidades de cr�dito.
Cuotas participativas. A ellas se dedica el T�tulo I, siendo el veh�culo utilizado la modificaci�n de la Ley
13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversi�n, Recursos Propios y Obligaciones de Informaci�n de los Intermediarios Financieros. Se trata de conseguir que sean un instrumento eficaz de capitalizaci�n, m�s atractivo a los emisores y, sobre todo, para potenciales inversores y, afianzar su consideraci�n como recursos propios de m�xima calidad regulatoria, ganando las Cajas en transparencia. Destaquemos:
- Facultativamente se podr�n incorporar a las cuotas de derechos pol�ticos proporcionales al porcentaje que las mismas suponen sobre el patrimonio de la caja, con el l�mite m�ximo del 50% del citado patrimonio. Se consigue mediante la facultad de agregar a las cuotas derechos de representaci�n de los intereses de los cuota-part�cipes en los �rganos de gobierno de las cajas. - Se prev� la cotizaci�n en mercados secundarios como una obligaci�n para aquellas emisiones que se dirijan al p�blico en general. - Se suprime cualquier l�mite a la tenencia de cuotas por una �nica persona o grupo.
- Se reconoce el principio de libertad de emisi�n de las cuotas sin que deba mediar autorizaci�n administrativa previa.
- Se fija un mecanismo mediante el que una caja debe retornar al cumplimiento del l�mite del 5% de adquisici�n derivativa de sus propias cuotas, en caso de incumplimiento y cu�ndo este l�mite no se aplica.
- Se equipara su tratamiento en el caso de una fusi�n al que opera en los mismos casos para las acciones de las sociedades an�nimas, esto es, el canje por cuotas de la entidad resultante de la fusi�n sin alterar el valor econ�mico de las mismas.
- Y se garantiza que su retribuci�n no podr� estar sujeta a ninguna autorizaci�n administrativa, salvo la que le pueda corresponder al Banco de Espa�a en el ejercicio de sus funciones. �rganos de gobierno de las cajas de ahorros.
El T�tulo II contiene la modificaci�n de la Ley
31/1985, de 2 de agosto, de regulaci�n de las normas b�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorro para impulsar la profesionalizaci�n de los �rganos de gobierno e incluir los ajustes necesarios para incorporar los derechos pol�ticos de los cuotapart�cipes en los mismos. Destaquemos:
- Son �rganos de las cajas de ahorro, aparte de la Asamblea General, del Consejo de Administraci�n y de la Comisi�n de Control, el Director General y las Comisiones de Inversiones, Retribuciones y Nombramientos y Obra Ben�fico Social, que se crean. - Se hacen las previsiones necesarias para ajustar los �rganos de gobierno y los mecanismos de representaci�n de intereses, a los casos en que las cajas desarrollen su actividad de manera indirecta a trav�s de una entidad bancaria. - Se determina la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro del �rgano de gobierno de una caja con el de todo cargo pol�tico electo y con el de alto cargo de las administraciones p�blicas. - Se limita la representaci�n de las Administraciones P�blicas al 40% (desde el 50% anterior).
- La posible participaci�n de las comunidades aut�nomas en los �rganos de gobierno se llevar� a cabo a trav�s de miembros de reconocida profesionalidad designados exclusivamente por su C�mara legislativa.
- Se clarifican los requisitos exigibles para los Consejeros Generales elegidos en representaci�n del grupo de los impositores. - Se permite que los cargos en otras entidades de cr�dito, que act�en en representaci�n de la caja, puedan ser nombrados Consejeros Generales. - Se define con precisi�n el concepto de renovaci�n total de la Asamblea ampli�ndolo a aquellos supuestos en que, bajo la apariencia de renovaciones parciales, se articule una renovaci�n de tal magnitud que deba asimilarse a la total. - Se determinan las funciones de la Asamblea General que, por su especial trascendencia, requieren un qu�rum y mayor�a reforzados: los supuestos de integraci�n de cajas, su transformaci�n en una fundaci�n de car�cter especial y la decisi�n de desarrollar su actividad de manera indirecta.
- Entre las reformas que afectan al Consejo de Administraci�n, destaca la necesidad de incluir entre sus miembros a los representantes de los intereses de los cuotapart�cipes que correspondan. Se incrementa su n�mero hasta 20 (sin cuotas estar� entre 13 y 17), teniendo car�cter ilimitado el mandato de los citados representantes.
- Se refuerza el nivel de profesionalidad exigible a los miembros del Consejo de Administraci�n, de la Comisi�n de control y al Director General, que deber� de jubilarse a los 70 a�os.
- Para dotar de la m�xima seguridad jur�dica a los derechos de representaci�n de los cuotapart�cipes en los �rganos de gobierno de la caja, de modo paralelo a los derechos pol�ticos reconocidos por la legislaci�n com�n de sociedades de capital, se regulan los derechos de voto, la asistencia a la Asamblea, la representaci�n en el Consejo de Administraci�n y en la Comisi�n de Control, la impugnaci�n de acuerdos y el derecho general de informaci�n.
- En cuanto al Gobierno Corporativo de las cajas de ahorro, se impone la publicaci�n anual obligatoria del informe de gobierno corporativo para todas las cajas de ahorro al objeto de reforzar su transparencia y la disciplina de mercado. - Y se modifica la anterior regulaci�n relativa a las fusiones de cajas de ahorros con la finalidad de que �stas s�lo puedan ser denegadas mediante resoluci�n motivada y sobre la base de requisitos objetivos previstos en la normativa auton�mica.
Sistemas institucionales de protecci�n (SIP). Se regulan en el T�tulo III, que tambi�n reforma la referida Ley 13/1985, de 25 de mayo,
- Los SIP son uno de los casos en que un grupo de entidades financieras constituye un grupo consolidable de entidades de cr�dito. Se ha manifestado una herramienta eficaz para la agrupaci�n de entidades de cr�dito, en general, y de cajas de ahorro, en particular.
- Se refuerza el compromiso de permanencia y estabilidad de las entidades integradas. Con este prop�sito se faculta al Banco de Espa�a a realizar una valoraci�n previa al abandono de una entidad, referida tanto a la viabilidad individual de la misma, como al conjunto del sistema.
- Se mantiene la regulaci�n ya vigente para el conjunto de entidades de cr�dito, sobre la base de la s�lida mutualizaci�n de resultados y solvencia, y la articulaci�n del SIP en torno a una entidad de cr�dito central que constituye una unidad de decisi�n del conjunto.
- En los SIP compuestos por cajas de ahorros, la entidad central habr� de estar necesariamente participada por las cajas integrantes en al menos un 50% de su accionariado y tener naturaleza de sociedad an�nima.
- En aquellos casos en que las cajas integrantes del SIP pudieran perder el control reforzado de la entidad central, las cajas deber�n transformarse en fundaci�n de car�cter especial y ceder su negocio bancario.
Ejercicio indirecto de la actividad financiera. Regula el T�tulo IV un nuevo modelo organizativo de las Cajas de Ahorro basado en una doble alternativa: - El ejercicio indirecto de la actividad financiera de la caja a trav�s de una entidad bancaria. La caja mantiene su naturaleza jur�dica. La entidad bancaria, que podr� utilizar en su denominaci�n expresiones que la identifiquen con la caja de la que depende, habr� de estar controlada en al menos un 50% de los derechos de voto. Tambi�n se puede realizar el ejercicio de actividad indirecta a trav�s de la entidad central de un SIP.
- O la transformaci�n de la caja en una fundaci�n de car�cter especial traspasando su negocio a otra entidad de cr�dito. Se escindir�an sus actividades financiera y ben�fico-social, traspasando la primera a otra entidad de cr�dito a cambio de acciones y manteniendo la segunda como actividad central de la propia fundaci�n.
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Convalidaci�n
EXTREMADURA. Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevenci�n y calidad ambiental de la Comunidad Aut�noma de Extremadura.
El objeto de la ley es establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la pol�tica medioambiental de la Comunidad Aut�noma de Extremadura y su integraci�n en el resto de las pol�ticas auton�micas con el fin de obtener un alto nivel de protecci�n del medio ambiente, completando, clarificando y actualizando el marco normativo existente en materia de prevenci�n y calidad ambiental, al tiempo que se configuran nuevos instrumentos de protecci�n ambiental.
Suelos contaminados. (arts. 93 y ss):
- En aquellas fincas en las que se haya realizado alguna actividad potencialmente contaminante del suelo, de conformidad con la legislaci�n vigente, sus propietarios estar�n obligados, con motivo de su transmisi�n, a declararlo en escritura p�blica.
- La Consejer�a de la Comunidad Aut�noma de Extremadura con competencia en materia de medio ambiente proceder� a la declaraci�n, delimitaci�n e inventario de los suelos contaminados que existan, de acuerdo con los criterios y est�ndares que est�n aprobados en cada momento.
- Ver sobre la materia normativa estatal:
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero y
Resoluci�n de 20 de enero de 2009
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*CATALU�A. Ley 16/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma de Catalu�a y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
La normativa reguladora de la materia es fundamentalmente:
Constituci�n Espa�ola (arts. 156 y 157)
- La Ley Org�nica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas (en adelante, LOFCA) - La Ley Org�nica
3/2009, de 18 de diciembre, que modific� recientemente la LOFCA.
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n - Las leyes de cesi�n para cada Comunidad Aut�noma, como �sta y las siguientes.
Como consecuencia de la profundizaci�n en el principio de corresponsabilidad fiscal, el r�gimen de cesi�n de tributos se ve afectado de tal manera que se ampl�an los porcentajes de cesi�n y las competencias normativas de las Comunidades Aut�nomas en los tributos que son objeto de cesi�n parcial.
- En cuanto a porcentajes, el IRPF pasa del 33 por ciento al 50 por ciento; el IVA va del 35 por ciento al 50 por ciento, y en los Impuestos Especiales de Fabricaci�n sobre la Cerveza, el Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y Labores del Tabaco se sube del 40 por ciento al 58 por ciento.
- Se ampl�an las competencias en el IRPF, incorporando la posibilidad de modificaci�n de los m�nimos personales y familiares, as� como permitiendo mayores m�rgenes en la aprobaci�n de la escala auton�mica y deducciones de la cuota. - En el IVA, el Gobierno se ha comprometido a trabajar con las instituciones de la Uni�n Europea para que las normas comunitarias permitan el ejercicio de capacidad normativa de las Comunidades Aut�nomas en la fase minorista del impuesto con destino exclusivo a los consumidores finales.
Estatuto de Autonom�a de Catalu�a.
Se adecua el contenido de la disposici�n adicional s�ptima de la Ley Org�nica
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonom�a de Catalu�a al nuevo r�gimen de cesi�n de tributos; considerando que la misma dispone que su contenido se podr� modificar mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Aut�noma, que ser� tramitado como proyecto de ley, sin que tenga la consideraci�n de modificaci�n del Estatuto.
- IRPF, con car�cter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento.
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados.
- Los Tributos sobre el Juego.
- El IVA, con car�cter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento.
- El Impuesto Especial sobre la Cerveza, con car�cter parcial, en un 58 por ciento.
- El Impuesto Especial sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, en un 58 por ciento.
- El Impuesto Especial sobre Productos Intermedios, en un 58 por ciento.
- El Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, en un 58 por ciento.
- El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, en un 58 por ciento.
- El Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, en un 58 por ciento.
- El Impuesto Especial sobre la Electricidad.
- El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
- El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Alcance y condiciones de la cesi�n. - Con car�cter general, se hace remisi�n a la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n
- La Comunidad Aut�noma de Catalu�a asume la competencia para la resoluci�n de las reclamaciones econ�mico-administrativas. La asunci�n efectiva de la competencia se producir� con los traspasos de los servicios y funciones adscritos a dicha competencia, siendo ejercida por los �rganos que la tengan encomendada en la actualidad, en tanto no se produzca dicha asunci�n efectiva.
Atribuci�n de facultades normativas. Se atribuye a la Comunidad Aut�noma de Catalu�a la facultad de
dictar para s� misma normas legislativas, en los casos y condiciones previstos en la Ley
22/2009, de 18 de diciembre. La Comunidad Aut�noma de Catalu�a remitir� a la Comisi�n General de las Comunidades Aut�nomas del Senado los proyectos de normas elaborados como consecuencia de lo establecido en este apartado, antes de la aprobaci�n de las mismas.
IRPF 2010. Se aplicar�n las escalas y tipos de gravamen conforme a la Ley estatal del IRPF, que fue modificada por la Ley 22/2009 referida. Entrada en vigor. Fue el 18 de julio de 2010, si bien surtir� efectos desde el 1 de enero de 2009.
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*GALICIA. Ley 17/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma de Galicia y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
PDF (BOE-A-2010-11411 - 6 p�gs. - 194 KB) Otros formatos
*ANDALUC�A. Ley 18/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
PDF (BOE-A-2010-11412 - 6 p�gs. - 193 KB) Otros formatos
*ASTURIAS. Ley 19/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma del Principado de Asturias y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
PDF (BOE-A-2010-11413 - 6 p�gs. - 194 KB) Otros formatos
*CANTABRIA. Ley 20/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma de Cantabria y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
PDF (BOE-A-2010-11414 - 6 p�gs. - 195 KB) Otros formatos
*LA RIOJA. Ley 21/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a
la Comunidad Aut�noma de La Rioja y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
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*MURCIA. Ley 22/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma de la Regi�n de Murcia y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n. PDF (BOE-A-2010-11416 - 6 p�gs. - 193 KB) Otros formatos
*VALENCIA. Ley 23/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
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*ARAG�N. Ley 24/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma de Arag�n y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
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*CASTILLA-LA MANCHA. Ley 25/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma de Castilla-La Mancha y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
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*CANARIAS. Ley 26/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma de Canarias y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
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*EXTREMADURA. Ley 27/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma de Extremadura y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n. PDF (BOE-A-2010-11421 - 6 p�gs. - 193 KB) Otros formatos
*ILLES BALEARS. Ley 28/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad Aut�noma de las Illes Balears y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n. PDF (BOE-A-2010-11422 - 5 p�gs. - 190 KB) Otros formatos
*MADRID. Ley 29/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n.
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*CASTILLA Y LE�N. Ley 30/2010, de 16 de julio, del r�gimen de cesi�n de tributos del Estado a la Comunidad de Castilla y Le�n y de fijaci�n del alcance y condiciones de dicha cesi�n. PDF (BOE-A-2010-11424 - 5 p�gs. - 191 KB) Otros formatos
GALICIA. Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificaci�n de la Ley
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenaci�n urban�stica y protecci�n del medio rural de Galicia.
Se trata de una reforma acotada y limitada de la Ley
9/2002, de 30 de diciembre que se centra en una ordenaci�n del suelo r�stico m�s consecuente con la naturaleza del medio rural como medio productivo; una reconfiguraci�n del concepto legal b�sico del n�cleo rural, y un mayor reconocimiento de la funci�n y de la responsabilidad que corresponde a la Administraci�n local en la actividad urban�stica, aprobaci�n de los planes, aligerando sus plazos e insertando la evaluaci�n ambiental.
Estos son, pues, los ejes fundamentales de la modificaci�n de la Ley 9/2002:
1. La competencia de aprobaci�n de los planes es de titularidad compartida por la Administraci�n municipal y la auton�mica. - Ahora se reducen los plazos correspondientes a la tramitaci�n auton�mica; rebaj�ndolos de tres a dos meses, con excepci�n de lo previsto para la aprobaci�n definitiva de los planes generales de ordenaci�n municipal, que se mantienen en tres meses.
- Se refuerza el papel que corresponde a la iniciativa, a la participaci�n y a la responsabilidad municipal en la elaboraci�n y tramitaci�n de los instrumentos de planeamiento, y se profundiza en la cooperaci�n de los distintos departamentos auton�micos en el proceso de documentaci�n e informaci�n a aportar a los ayuntamientos para la redacci�n de sus instrumentos de ordenaci�n.
2. El procedimiento de evaluaci�n ambiental estrat�gica pasa a constituir parte del propio contenido de los instrumentos de ordenaci�n del territorio y del planeamiento urban�stico, de conformidad con lo previsto en la normativa comunitaria en materia de medio ambiente y en su norma de transposici�n al ordenamiento jur�dico del Estado.
3. En cuanto al suelo r�stico, se modifica parcialmente la casu�stica de usos permitidos seg�n las diferentes categor�as de sus protecciones especiales, ampli�ndose la competencia municipal para el otorgamiento de las licencias -sin necesidad de autorizaci�n auton�mica previa- para todos aquellos actos de edificaci�n o uso del suelo r�stico directamente vinculados con la explotaci�n racional de los recursos y el uso natural de los predios.
Respecto de las condiciones generales de las edificaciones en el suelo r�stico, que se recogen en el art. 42, se dice expresamente: e) Se har� constar obligatoriamente en el registro de la propiedad la vinculaci�n de la total superficie real de la finca a la construcci�n y uso autorizados, expresando la indivisibilidad y las concretas limitaciones al uso y edificabilidad impuestas por la autorizaci�n auton�mica.
4. En lo que afecta a los asentamientos rurales de poblaci�n:
- Se replantea el concepto legal del n�cleo rural a fin de abarcar con �l la multiplicidad de tipolog�as que ofrece la realidad y que, hasta este momento, carec�an de una regulaci�n espec�fica, lo que, en no pocos casos, hac�a inviable la adaptaci�n del planeamiento a la ley, que ahora se reforma.
- Se recupera el protagonismo del plan general de ordenaci�n municipal para delimitar y establecer el r�gimen urban�stico de los n�cleos rurales de su territorio, no s�lo para el establecimiento de su ordenaci�n detallada, sino tambi�n para concretar cu�les sean los n�cleos rurales m�s id�neos para los que el propio plan prevea la realizaci�n de actuaciones integrales, para las que tambi�n podr� determinar su r�gimen urban�stico.
- Los planes generales podr�n recoger tres tipos b�sicos de n�cleo rural: - el n�cleo rural hist�rico tradicional, para el que se mantienen todas las caracter�sticas que ya se recog�an en la ley vigente; - el n�cleo rural com�n, en el que se incluir�n todos aquellos asentamientos reconocibles como suelo de n�cleo rural que presenten un grado de consolidaci�n por la edificaci�n igual o superior a un tercio de su superficie, pero no incluidos en el anterior; - y el n�cleo rural complejo, referido a aquellos asentamientos de poblaci�n que sean resultado de la concurrencia y compatibilidad en el seno de un mismo asentamiento rural de los dos tipos b�sicos anteriores.
- Se retoma la figura del plan especial de ordenaci�n de n�cleo rural, para cuya formulaci�n y aprobaci�n ser�n competentes los ayuntamientos respectivos. 5. Se trata de dotar de mayor estabilidad al tr�fico inmobiliario con medidas espec�ficas. En concreto, se modula el r�gimen jur�dico vigente para los
edificios fuera de ordenaci�n, as� como el previsto en la actualidad respecto a las edificaciones y construcciones realizadas sin licencia en cualquier tipo de suelo, existentes con anterioridad al 1 de enero de 2003 y que a la entrada en vigor de esta reforma hayan transcurrido -sin haberla llevado a cabo- los plazos de caducidad para la restauraci�n de la legalidad urban�stica, que quedar�n incorporados al patrimonio de su titular. Se transcribe el nuevo art�culo 103:
1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobaci�n definitiva del planeamiento urban�stico que resultaran disconformes con el mismo quedar�n sometidos al r�gimen de fuera de ordenaci�n.
2. En las construcciones y edificaciones que queden en situaci�n de fuera de ordenaci�n por total incompatibilidad con las determinaciones del nuevo planeamiento s�lo se podr�n autorizar obras de mera conservaci�n y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente. Salvo que en el planeamiento se disponga justificadamente lo contrario, en ning�n caso se entender�n incluidas en la situaci�n prevista en este apartado las edificaciones o instalaciones en suelo r�stico que hubieran obtenido legalmente la preceptiva licencia urban�stica y que se hubieran ejecutado de conformidad con la misma.
3. En las construcciones s�lo parcialmente incompatibles con el nuevo planeamiento se podr�n autorizar, asimismo, obras parciales y circunstanciales de consolidaci�n, as� como las de mejora, reforma y, en casos justificados, ampliaci�n de la superficie construida que se determinen por el plan general respectivo.
4. El ayuntamiento comunicar� al registro de la propiedad, a efectos de su constancia, las limitaciones y condiciones especiales en la concesi�n de licencias en edificaciones fuera de ordenaci�n.�
PDF (BOE-A-2010-11486 - 43 p�gs. - 667 KB) Otros formatos
ANDALUC�A. Ley 4/2010, de 8 de junio, de aguas de la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a.
Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias de la Comunidad Aut�noma y de las entidades locales andaluzas en materia de agua, con el fin de lograr su protecci�n y uso sostenible.PDF (BOE-A-2010-11490 - 69 p�gs. - 1240 KB) Otros formatos
ANDALUC�A. Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonom�a local de Andaluc�a.
Esta Ley, dictada en desarrollo de la reforma del Estatuto de Andaluc�a, define la autonom�a local como el derecho y la capacidad para la ordenaci�n y gesti�n de una parte importante de los asuntos p�blicos bajo la propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
- Se determinan las competencias y las potestades de los municipios y de los dem�s entes locales como expresi�n propia de la autonom�a local y las reglas por las que hayan de regirse las eventuales transferencias y delegaciones a estos de competencias de la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a.
- Se regulan las relaciones entre las entidades locales de Andaluc�a y las instituciones de la Junta de Andaluc�a.
- Se contiene el r�gimen de los bienes de las entidades locales y las modalidades de prestaci�n de los servicios locales de inter�s general y la iniciativa econ�mica de aquellas.
- Y la regulaci�n de la demarcaci�n territorial municipal y de la organizaci�n administrativa de su territorio.
- Las competencias de municipios y provincias se determinar�n por ley.
- Las competencias locales que fija la presente ley tienen la consideraci�n de propias y m�nimas, y podr�n ser ampliadas por las leyes sectoriales.
- La determinaci�n de competencias locales se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadan�a. - Las competencias locales facultan para la regulaci�n, dentro de su potestad normativa, de las correspondientes materias.
- Corresponder� a la entidad local, en el �mbito de sus competencias propias, la ejecuci�n administrativa, incluyendo la incoaci�n y la resoluci�n final de los procedimientos, de acuerdo con las leyes.
-. Las competencias de la Comunidad Aut�noma podr�n transferirse o delegarse a las entidades locales.
- Los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenaci�n y ejecuci�n de cualesquiera actividades y servicios p�blicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no est�n atribuidas a otros niveles de gobierno.
- Los elementos del patrimonio de las entidades locales, en atenci�n al uso o servicio destinado, se clasifican en demaniales y patrimoniales. - Los bienes comunales, que son aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al com�n de los vecinos, tienen la consideraci�n de dominio p�blico.
- Los bienes y derechos se entienden adquiridos con el car�cter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectaci�n al uso o servicio de inter�s general.
- Los bienes y derechos de dominio p�blico o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
- Las entidades locales podr�n
disponer de sus bienes y derechos de car�cter patrimonial mediante subasta p�blica, concurso o adjudicaci�n directa, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, sin necesidad de autorizaci�n previa de la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a, cualquiera que sea su importe.
- No podr�n imponerse cargas o grav�menes sobre los bienes o derechos patrimoniales de las entidades locales sino con los requisitos exigidos para su enajenaci�n.
- Los contratos, convenios y dem�s negocios jur�dicos sobre los bienes y derechos patrimoniales est�n sujetos al principio de libertad de pactos. Las entidades locales podr�n, para la consecuci�n del inter�s p�blico, concertar las cl�usulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jur�dico o a los principios de buena administraci�n.
Sociedades mercantiles locales.
- Tendr�n por objeto la realizaci�n de actividades o la gesti�n de servicios de competencia de la entidad local.
- Se regir�n, cualquiera que sea la forma jur�dica que adopten, por el ordenamiento jur�dico privado, salvo en las materias en las que sea de aplicaci�n la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contrataci�n.
- Deber�n adoptar alguna de las formas de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital social ser� �ntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local.
- Los estatutos deber�n ser aprobados por el pleno de la entidad local, que se constituir� como junta general de la sociedad, y publicados con car�cter previo a la entrada en funcionamiento de la sociedad. En ellos se determinar� la forma de designaci�n y funcionamiento del consejo de administraci�n, los dem�s �rganos de direcci�n de la misma y los mecanismos de control que, en su caso, correspondan a los �rganos de la entidad local.
Fundaci�n p�blica local.
- Las fundaciones p�blicas locales no podr�n ejercer potestades p�blicas. Solo podr�n realizar actividades relacionadas con el �mbito competencial de las entidades locales fundadoras, debiendo contribuir a la consecuci�n de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunci�n de la titularidad de las competencias de estas.
- Corresponde a las entidades locales la designaci�n de la mayor�a de los miembros del patronato.
- En los aspectos no regulados espec�ficamente en este cap�tulo (arts. 26 al 44), las fundaciones p�blicas locales se regir�n, con car�cter general, por la legislaci�n sobre fundaciones, contratos del sector p�blico, patrimonio, haciendas locales u otra que resulte de aplicaci�n.
de Bienes de las Entidades Locales de Andaluc�a.
- Art�culo 6. Desafectaci�n de bienes comunales. Los bienes comunales solo podr�n desafectarse cuando no hayan sido objeto de disfrute de esta �ndole por un tiempo superior a los �ltimos diez a�os continuados, aunque en alguno de ellos se hayan producido actos aislados de aprovechamiento, mediante acuerdo de la entidad local adoptado con el voto favorable de la mayor�a absoluta del n�mero legal de miembros de la corporaci�n, previa informaci�n p�blica por plazo de un mes.
- Art�culo 21. Procedimiento de adjudicaci�n directa. Se enumeran los casos en los que se aplicar� este procedimiento:
a) Parcelas que queden
sobrantes en virtud de la aprobaci�n de planes o instrumentos urban�sticos, de conformidad con la normativa urban�stica.
b) En las enajenaciones tramitadas por el procedimiento de subasta o concurso que no se adjudicasen por falta de licitadores, porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles o, habiendo sido adjudicadas, el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalizaci�n del contrato, siempre que no se modifiquen sus condiciones originales y que el procedimiento se culmine en el plazo de un a�o, computado a partir del acuerdo adoptado declarando tales circunstancias.
c) Cuando el precio del bien inmueble objeto de enajenaci�n sea inferior a 18.000 euros.
d) En caso de bienes calificados como no utilizables, una vez valorados t�cnicamente.
e) Cuando la enajenaci�n responda al ejercicio de un derecho reconocido en una norma de Derecho p�blico o privado que as� lo permita.
f) Cuando se trate de actos de disposici�n de bienes entre las administraciones p�blicas entre s� y entre estas y las entidades p�blicas dependientes o vinculadas.
g) Cuando el adquirente sea sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participaci�n directa o indirecta de una o varias administraciones p�blicas o personas jur�dicas de Derecho P�blico.
h) Cuando el adquirente sea una entidad sin �nimo de lucro declarada de utilidad p�blica.
i) Cuando se trate de fincas r�sticas que no lleguen a constituir una superficie econ�micamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efect�e a un propietario colindante.
j) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o m�s propietarios y la venta se efect�e a favor de uno o m�s copropietarios.
- Art�culo 7 bis. Mutaci�n demanial externa. Las entidades locales de Andaluc�a podr�n afectar bienes y derechos demaniales de su patrimonio a la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a y a otras administraciones p�blicas para destinarlos a un uso o servicio p�blico de su competencia. Este supuesto de mutaci�n no alterar� la titularidad de los bienes ni su car�cter demanial y ser� aplicable a las citadas administraciones cuando estas prevean en su legislaci�n la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a las entidades locales de Andaluc�a para su destino a un uso o servicio p�blico de su competencia.
Ley de Patrimonio de la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a. Se a�ade un art�culo 57 : La Administraci�n de la Junta de Andaluc�a podr� afectar bienes y derechos demaniales del patrimonio de la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a a las entidades locales de Andaluc�a y a otras Administraciones P�blicas para destinarlos a un uso o servicio p�blico de su competencia. Este supuesto de mutaci�n, que deber� acordar el Consejo de Gobierno, no alterar� la titularidad de los bienes ni su car�cter demanial, y ser� aplicable a las citadas administraciones cuando estas prevean en su legislaci�n la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administraci�n de la Junta de Andaluc�a y a sus entidades instrumentales p�blicas para su destino a un uso o servicio p�blico de su competencia.
Entrada en vigor. La Ley entr� en vigor el 23 de julio de 2010.
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VALENCIA. Ley 8/2010, de 23 de junio, de r�gimen local de la Comunitat Valenciana.
La Constituci�n Espa�ola de 1978 regula el marco competencial en materia de r�gimen local desde una perspectiva
bifronte: - Por un lado, el art�culo 149.1.18.� atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del r�gimen jur�dico de las administraciones p�blicas y del r�gimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, deben garantizar a los administrados un tratamiento com�n ante ellas. Destaca en su desarrollo la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local.
- Por otro lado, el art�culo 148.1.2.� afirma que las comunidades aut�nomas podr�n asumir competencias en las alteraciones de los t�rminos municipales comprendidos en su territorio, as� como, en general, las funciones que correspondan a la administraci�n del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislaci�n sobre r�gimen local.
El reformado Estatuto de Autonom�a atribuye a la Generalitat amplias competencias en materia de R�gimen local, incluso con la creaci�n de un t�tulo,
el VIII, dedicado �ntegramente a la administraci�n local. De hecho, cuenta con
competencia exclusiva en r�gimen local en el marco del imprescindible respeto a las normas b�sicas dictadas por el Estado.
El modelo de administraci�n local se basa, entre otros, en los principios de autonom�a local, de descentralizaci�n administrativa y de suficiencia financiera de los Entes Locales, Entidades locales. - La Comunitat Valenciana se organiza en municipios, comarcas y provincias.
- Tambi�n son entidades locales, las entidades locales menores, �reas metropolitanas y mancomunidades de municipios. Todas ellas disfrutar�n de personalidad y capacidad jur�dica plena para el ejercicio de sus competencias.
Consorcios. El consorcio es una entidad p�blica de car�cter voluntario y asociativo, con personalidad jur�dica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de inter�s local o com�n. Legislaci�n sobre r�gimen local.
- Las entidades locales valencianas se regir�n por lo dispuesto en la presente ley y en la normativa que la desarrolle, sin perjuicio de lo establecido en la normativa b�sica estatal.
- Los reglamentos org�nicos de cada entidad local ser�n de aplicaci�n en todo lo no previsto por la legislaci�n b�sica, por la presente ley y, en su caso, por los reglamentos que la desarrollen.
Registro de Entidades Locales. Se crea el Registro de Entidades Locales de la Comunitat Valenciana, que estar� adscrito a la Conseller�a competente en materia de r�gimen local. En �l se inscribir�n todas las entidades locales de la Comunitat Valenciana. Sus datos ser�n p�blicos. Competencias
- Los municipios, para la gesti�n de sus intereses y en el �mbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios p�blicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos.
- Las competencias de los municipios pueden ser propias o delegadas.
- Se hace una enumeraci�n de las competencias propias de los municipios valencianos.
Protecci�n y defensa del patrimonio.
- Las entidades locales y los titulares de derechos sobre bienes de dominio p�blico procurar�n la inscripci�n registral de su patrimonio y ejercer�n las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para protegerlo. Cualquier vecino podr� requerir ese ejercicio a la entidad local interesada.
- Las entidades locales no podr�n allanarse a las demandas judiciales que afectaren al dominio y dem�s derechos reales integrantes de su patrimonio.
Alteraci�n en la calificaci�n jur�dica de los bienes. - Su
alteraci�n requiere la instrucci�n de un procedimiento que habr� de ser resuelto por el Pleno de la corporaci�n, previa informaci�n p�blica por plazo de un mes. Si afecta a bienes de dominio p�blico o comunales, se precisa mayor�a absoluta.
- Son casos de alteraci�n autom�tica y afectaci�n de los bienes al dominio p�blico los siguientes:
1. Aprobaci�n definitiva del planeamiento urban�stico y de los proyectos de obras y servicios.
2. Adscripci�n de bienes patrimoniales por m�s de veinticinco a�os a un uso o servicio p�blico, o al aprovechamiento comunal.
3. Adquisici�n por cesi�n obligatoria con el fin de ser destinados al uso p�blico o a la prestaci�n de un servicio p�blico determinado.
4. Usucapi�n de bienes destinados al uso o servicio p�blico o al aprovechamiento comunal.
- Los bienes comunales que por su naturaleza intr�nseca o por otras causas no hubieren sido objeto de disfrute de esta �ndole durante m�s de diez a�os, podr�n ser desprovistos de su car�cter comunal y calificados como patrimoniales mediante acuerdo de la entidad local respectiva. Este acuerdo requerir�, previa informaci�n p�blica, mayor�a absoluta y posterior aprobaci�n de la conseller�a competente en materia de administraci�n local.
Cesi�n de bienes.
- Demaniales. Las entidades locales podr�n afectar bienes y derechos demaniales a un uso o servicio p�blico competencia de otra administraci�n y transmitirle la titularidad de los mismos cuando no resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. La administraci�n adquirente mantendr� la titularidad del bien mientras contin�e afectado al uso o servicio p�blico que motiv� la mutaci�n y por tanto, conserve su car�cter demanial. Si el bien o derecho no fuera destinado al uso o servicio p�blico o dejara de destinarse posteriormente, revertir� a la administraci�n transmitente, integr�ndose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones.
- Patrimoniales. Los bienes inmuebles patrimoniales no podr�n cederse gratuitamente, salvo a entidades o instituciones p�blicas o sociedades con capital mayoritario p�blico e instituciones privadas de inter�s p�blico sin �nimo de lucro, siempre que los fines que justifiquen la cesi�n redunden en beneficio de los habitantes del t�rmino municipal. De estas cesiones se dar� cuenta a la conselleria competente en materia de administraci�n local. El procedimiento ser� el previsto en el Reglamento de Bienes de las entidades locales y para una finalidad concreta que se justifique, con fijaci�n del plazo para llevarla a cabo, produci�ndose la reversi�n autom�tica en caso de incumplimiento o falta de uso del mismo.
- Adscripci�n. Las entidades locales podr�n adscribir directamente a sus organismos aut�nomos los bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Los bienes y derechos adscritos conservar�n la calificaci�n jur�dica originaria que les corresponda como bienes del patrimonio de la entidad local, sin que los organismos que los reciban adquieran su propiedad, atribuy�ndoseles �nicamente facultades en orden a su conservaci�n y utilizaci�n para el cumplimiento de los fines que se determinen en la adscripci�n. - Aportaci�n. Las entidades locales podr�n aportar directamente bienes patrimoniales, derechos concesionales y otros derechos reales, previa su valoraci�n t�cnica, a las sociedades creadas por ellas o en las que tengan participaci�n, para la prestaci�n de servicios y ejercicio de actividades econ�micas.
- Cesi�n de uso de bienes patrimoniales. Las entidades locales pueden ceder el uso de bienes patrimoniales directamente o por concurso, de forma gratuita o con la prestaci�n que pueda acordarse, a otras administraciones p�blicas o entidades privadas sin animo de lucro para su destino a fines de utilidad p�blica e inter�s social, relacionados con la prestaci�n de servicios sociales, sanitarios, actividades educativas, culturales deportivas u otras an�logas que redunden en beneficio de los vecinos. El acuerdo deber� determinar la finalidad concreta a que debe destinarse los bienes, la duraci�n (hasta 30 a�os) o el car�cter de la cesi�n en precario.
Concesiones y autorizaciones demaniales.
- El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio p�blico se efectuar� en r�gimen de concurrencia. No obstante, podr� acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en la ley.
- Una vez otorgada la concesi�n, deber� procederse a su formalizaci�n en documento administrativo. Este documento ser� t�tulo suficiente para inscribir la concesi�n en el Registro de la Propiedad.
- Las concesiones se otorgar�n por tiempo determinado, siendo su plazo m�ximo de duraci�n, incluidas las pr�rrogas, el de 75 a�os, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicaci�n.
- Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio p�blico podr�n ser gratuitas, otorgarse con contraprestaci�n o condici�n o estar sujetas tasa.
Enajenaci�n de bienes patrimoniales a t�tulo oneroso.
- Deber� de ser, como
regla general, por subasta p�blica, salvo que se trate de una permuta. - Podr� utilizarse el
concurso cuando el precio no sea el �nico criterio determinante para la enajenaci�n.
- Las parcelas sobrantes y los bienes no utilizables ser�n enajenados por venta directa.
- La cesi�n de bienes del patrimonio municipal del suelo se ajustar� a su normativa espec�fica.
- Las viviendas de promoci�n p�blica municipal se adjudicar�n con arreglo a su normativa espec�fica.
Permutas. - Requerir� expediente en que se acredite la necesidad o conveniencia de efectuarla y la equivalencia de valores entre los bienes. - La diferencia de valores entre los bienes no ha de ser superior al 50 % del que tenga el valor m�s alto.
- Cabe permutar bienes inmuebles patrimoniales a cambio de otros futuros, siempre que dichos bienes sean determinados o susceptibles de determinaci�n, sin necesidad de nuevo convenio entre las partes y conste racionalmente que llegar�n a tener existencia. Se deber� prestar aval. Enajenaci�n de bienes hist�ricos o art�sticos.
- Los monumentos, edificios u objetos de �ndole art�stica o hist�rica, incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, son imprescriptibles e inalienables, salvo las trasmisiones que puedan acordarse entre las administraciones p�blicas.
- Cabe la permuta otros bienes de particulares, de, al menos, igual valor cultural, siempre que no est�n declarados de inter�s cultural.
Intervenci�n de la Generalitat.
- Toda enajenaci�n, gravamen o permuta de bienes inmuebles habr� de comunicarse a la conselleria competente en materia de administraci�n local. - Si su valor excediera el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporaci�n requerir�, adem�s, la autorizaci�n de aqu�lla, en procedimiento que durar� un m�ximo de seis meses, teniendo el silencio car�cter negativo.
Entr� en vigor el 14 de julio de 2010.
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SENADO. Reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas oficiales en las Comunidades Aut�nomas en la actividad de la c�mara.
Esta reforma es ejecuci�n de la moci�n aprobada por el Pleno del Senado, en su sesi�n celebrada el d�a 27 de mayo de 2008, por la que se obligaba a promover la reforma del Reglamento de la C�mara con el objeto de reconocer y amparar, en el conjunto de la actividad ordinaria del Pleno y de las Comisiones, el uso oral y escrito de cualquiera de las lenguas que tengan el car�cter de oficiales en alguna Comunidad Aut�noma, con efectos a partir de la presente Legislatura.
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74. CU�NDO CABE ANOTACI�N PREVENTIVA DE CR�DITO REFACCIONARIO. Resoluci�n de 17 de mayo de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad n� 39 de Madrid, a practicar una anotaci�n preventiva de cr�dito refaccionario.
Hechos: Una cooperativista de una Cooperativa de viviendas, que se ha dado de baja voluntaria en la misma, pretende (por s� sola) una Anotaci�n Preventiva de Cr�dito Refaccionario, que derivar�a de la aportaci�n que aqu�lla hizo a
la Cooperativa para la adquisici�n y construcci�n de dos viviendas, en suelo r�stico pendiente de Reparcelaci�n Urban�stica, estando ambas parcelas hipotecadas, y sin que sobre ninguna de ellas se haya declarado ninguna obra nueva (en construcci�n).
La registradora, tras un detallado an�lisis, deniega la pretensi�n por diversos motivos:
- Los documentos privados presentados no tienen las firmas legitimadas (art�culo 155 RH);
- Falta el concurso de todos los implicados, especialmente sobre el acuerdo de valoraci�n de las fincas (art�culo 155 RH);
- Estando adem�s gravadas con hipoteca es precisa escritura p�blica o resoluci�n judicial (art�culo 61 LH)
- Pero sobre todo, porque no se trata de un cr�dito reaccionario, que a�n careciendo de concepto legal ha sido perfilado por la jurisprudencia, ya que el desembolso en met�lico a la Cooperativa, no puede reputarse como un anticipo de la refacci�n, habida cuenta de que ni siquiera se ha realizado obra alguna, ni incrementado su valor (ni hay participaci�n personal alguna de la Cooperativista en la ejecuci�n de las obras) ni puede acreditarse una relaci�n directa o indirecta entre la aportaci�n social por la cooperativista y la adquisici�n de las fincas por la Cooperativa (que tiene personalidad jur�dica propia y distinta de sus miembros).
- Y aunque fuera un cr�dito refaccionario, de la Legislaci�n estatal y auton�mica de Cooperativas resulta la responsabilidad personal por deudas, durante 5 a�os, del cooperativista que cause baja en la misma, lo que choca con la concepci�n del propio cr�dito refaccionario, que es privilegiado y no parece l�gico dar m�s preferencia al antiguo cooperativista que a los terceros acreedores.
La DGRN confirma la calificaci�n y asume todos los argumentos de la registradora, poniendo de relieve, en base a las Sts TS de 21 mayo 1987 y de 21 julio 2000 que cr�dito reaccionario es el �contra�do en la construcci�n, conservaci�n, reparaci�n o mejora de una cosa, generalmente un inmueble. Tradicionalmente se ha exigido a la figura del acreedor refaccionario una colaboraci�n personal en las tareas vinculadas a la cosa refaccionada. Y, seg�n la evoluci�n jurisprudencial, el cr�dito deriva de la anticipaci�n de dinero, material o trabajo con dicha finalidad�; y a�ade que �no nace necesariamente de un pr�stamo, en el sentido t�cnico-jur�dico que ha de darse a dicho contrato, sino tambi�n de aquellos otros contratos que hayan contribuido, de modo directo, al resultado de una construcci�n, reparaci�n, conservaci�n o mejora de un inmueble, refiri�ndolo a toda relaci�n jur�dica que implique un adelanto por el contratista al propietario�.
Ahora bien, el TS y la DGRN matizan que tal �concepto amplio de cr�dito refaccionario no autoriza, empero, su extensi�n indiscriminada a todo el que tenga su origen en el suministro de bienes o servicios que guarden cualquier tipo de relaci�n con bienes inmuebles�. Y es que, en aquellos casos tambi�n calificados como cr�dito refaccionario por el TS se desprend�a que el acreedor hab�a ejecutado la propia obra del edificio o bien hab�a suministrado elementos, integrados de forma fija en el inmueble en cuesti�n., ya que � es la incorporaci�n del valor en el bien objeto de refacci�n �y no en el patrimonio del deudor� lo que tradicionalmente ha venido a justificar la preferencia reconocida en favor del cr�dito refaccionario y, por ende, la posibilidad de practicar la anotaci�n preventiva del mismo.� (Recordemos que en el caso se trata todav�a de una finca r�stica sobre la que nada se ha construido ni declarado obra nueva alguna).
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*75. REPARCELACI�N QUE INFRINGE EL PLAN GENERAL. Resoluci�n de 19 de mayo de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Villaricos, S.L. contra la negativa del registrador de la propiedad de Cuevas del Almanzora, a la inscripci�n de una reparcelaci�n urban�stica. Hechos: Se presenta certificaci�n administrativa aprobatoria de un Proyecto de Reparcelaci�n basado en un Plan parcial, que a su vez vulnera 3 normas: el Plan General Municipal, la Ley �de acompa�amiento� (LMFAOS) de 2003, y el Decreto 26/2009 de la Junta de Andaluc�a, los cuales hab�an declarado parte de la zona reparcelada como suelo no urbanizable de especial protecci�n por contaminaci�n radiol�gica (a ra�z del accidente que tuvo lugar en Palomares en 1966).
El registrador, aplicando los Principios de Legalidad y Jerarqu�a normativa, deniega la inscripci�n.
La S.L. recurrente impugna alegando extralimitaci�n en la calificaci�n Registral, por entender que s�lo puede fundarse en los documentos presentados y en los asientos del registro, y que dicha circunstancia (condici�n de no urbanizable del suelo) no resulta ni de unos ni de otros.
L�gicamente
la DGRN confirma la calificaci�n y desestima el recurso se�alando que calificar supone contrastar si el hecho cuya inscripci�n se solicita se adecua a la legalidad aplicable, entre la cual, por supuesto, deben incluirse los Planes de Ordenaci�n, sujetos, claro est�, al Principio de Jerarqu�a Normativa.
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76. VENTA DE FINCA DE INCAPACITADO SIN ACREDITAR LA REINVERSI�N DEL DINERO. Resoluci�n de 8 de mayo de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Castell� de Rugat, don Rub�n Jim�nez Toro, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Albaida, a inscribir una escritura de compraventa. Se vende una cuota indivisa de una finca en nombre de un incapacitado representado por la madre, con patria potestad prorrogada, con autorizaci�n judicial en la que se se�alaba que el importe obtenido deb�a de reinvertirse en beneficio del menor. Se otorga la escritura. Considera la
registradora defecto el hecho de que no se haya acreditado a�n dicha reinversi�n en el momento de solicitar la inscripci�n. El notario recurre dicha calificaci�n.
Resuelve la DGRN revocando el defecto, pues considera que dicha obligaci�n de reinversi�n no afecta a la validez de la venta ni por tanto a la inscripci�n, sino que es una
obligaci�n que habr� de cumplirse despu�s de consumada la venta. Distinto es el caso de que se hubieran impuesto determinadas obligaciones para la propia venta (subasta, etc, ..).
Por otro lado la DGRN reprocha a la registradora, como pide el recurrente, que no haya especificado si se suspende o deniega la inscripci�n. Sin embargo, entra a resolver el fondo del asunto, pues, aunque la motivaci�n del defecto haya sido escueta, ha sido suficiente para que el interesado pueda recurrir y argumentar contra el defecto alegado. (AFS)
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78. CAMBIO DE PARCELA DE ANEJO A ELEMENTO COM�N. ERROR MATERIAL Y DE CONCEPTO.
Resoluci�n de 13 de mayo de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por "S. C. P. Valle Residencial los Monasterios", contra la calificaci�n del registrador de la propiedad de Sagunto n.� 1, a rectificar una determinada inscripci�n. En una propiedad horizontal (se supone que tumbada) existen determinadas parcelas (de uso deportivo) que aparecen como de titularidad del propietario �nico inicial, aunque por otro lado se dice en el cuerpo de la inscripci�n que pertenecen a todos los propietarios de los elementos privativos como anejo de los mismos. Una sociedad civil, que se dice administradora del complejo en propiedad horizontal, solicita la rectificaci�n del Registro y la inscripci�n de las parcelas como elemento com�n, pues a su juicio hay un error material en la inscripci�n, por cuanto refleja un titular que no lo es.
El registrador considera que no existe tal error material en la inscripci�n, aunque s� en la nota informativa simple expedida, y que lo que hay es un error de concepto en la inscripci�n que necesitar�a resoluci�n judicial o consentimiento del titular.
la DGRN que no hay ning�n error material de inscripci�n, ni siquiera de concepto, por cuanto el titular que aparece es el inicial, el constituyente de la propiedad horizontal, que era el correcto en su momento, pero luego ha habido cambios, al variar los titulares de los elementos privativos, cuyos asientos determinan el nuevo titular en cada momento. Por otro lado rechaza tambi�n la pretensi�n de cambiar su car�cter o naturaleza v�a error convirti�ndole en elemento com�n, pues ello supondr�a modificar su naturaleza y ser�a necesario el consentimiento un�nime de los copropietarios. (AFS)
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*79. MODIFICACI�N DE PROPIEDAD HORIZONTAL INTERVINIENDO S�LO UN C�NYUGE. Resoluci�n de 1 de junio de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de A Coru�a, don Enrique-Santiago Rajoy Feijoo, contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Corcubi�n, por la que se suspende una escritura en la que se modifica el t�tulo constitutivo de una propiedad horizontal. Se formaliza una venta ante notario de una finca en propiedad horizontal, y en el mismo acto los comparecientes, dando al acto el car�cter de Junta de Propietarios, con el car�cter de universal, acuerdan introducir una nueva Norma de Comunidad en los Estatutos relativa a la autorizaci�n al titular de la planta baja para instalar un extractor de humo. Hay que se�alar que uno de los elementos privativos de la propiedad horizontal aparece inscrito a favor de dos c�nyuges, con car�cter ganancial, y en la escritura solo comparece uno de ellos, que adem�s declara estar viuda.
El registrador suspende la inscripci�n, pues cree necesario el consentimiento individualizado de todos y cada uno de los copropietarios titulares registrales, y en el caso de que haya fallecido uno de los dos c�nyuges cotitulares de una finca, que presten consentimiento los herederos, previa liquidaci�n de los gananciales.
El notario recurrente alega que la nueva norma es un acto colectivo, competencia de la Junta General de Propietarios, y por ello que no afecta al derecho individual de ninguno de los propietarios y no es necesario el consentimiento individual de todos y cada uno de los mismos. Adem�s, en el caso de c�nyuges, cualquiera de los dos puede actuar en beneficio de la comunidad.
la DGRN revocando el defecto, recordando que existen dos tipos de acuerdos de las Comunidades de Propietarios: los colectivos, como en el presente caso, que son competencia de la Junta general, y los que afectan al contenido esencial del dominio en los que ser�a necesario adem�s el consentimiento individualizado de los afectados en documento p�blico, por aplicaci�n del principio de tracto sucesivo.
En el presente caso la DGRN considera que estamos ante un acto colectivo, que es competencia de la Junta de Propietarios de la Comunidad y por tanto no es aplicable del principio de tracto sucesivo y consentimiento en documento p�blico de todos los propietarios titulares registrales, como exige el registrador. Sin embargo, entrando a analizar los requisitos formales de la Junta de Propietarios, considera que no se han cumplido estrictamente las normas de representaci�n en dicha Junta, pues el c�nyuge viudo no ha probado, ni siquiera alegado, ostentar la representaci�n de los dem�s copropietarios (herederos de su esposo) de la finca. Sin embargo, como el registrador no lo ha se�alado como defecto, revoca la calificaci�n. (AFS)
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*80. VENTA BAJO CONDICI�N SUSPENSIVA DEL CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR HIPOTECARIO. Resoluci�n de 12 de mayo de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Cuenca, don Jes�s Dom�nguez Rubira, contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad n.� 1 de Denia, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de compraventa sujeta a condici�n suspensiva. Hechos: Se presenta escritura de compraventa con precio aplazado sujeta a la condici�n suspensiva de que el matrimonio comprador obtenga el consentimiento de la entidad acreedora la subrogaci�n de la hipoteca preexistente; o, alternativamente, obtenga financiaci�n de cualquier otra entidad de cr�dito, en ambos casos en el plazo m�ximo de 18 meses.
El registrador, deniega la cancelaci�n por 4 causas:
- No generarse ning�n Derecho Real (inscribible) al no existir propia transmisi�n de la propiedad a favor de la compradora;
- Tratarse de una condici�n puramente potestativa pues su cumplimiento o incumplimiento depende de la voluntad del deudor, lo que determina la nulidad de la obligaci�n (arts. 1115 y 1256 CC);
- Entra�ar un pacto comisorio, prohibido por el art. 1859 CC;
- Y, eludir la interpretaci�n jurisprudencial del art.1504 CC, que impide que la resoluci�n por incumplimiento de un contrato sea totalmente autom�tica y exige consignar las cantidades recibidas a cuenta del precio aplazado.
El. Notario recurrente impugna alegando:
- El art. 9-2 LH admite la condici�n suspensiva, durante la pendencia de la cual el Registro refleja 2 titularidades diferenciadas y contrapuestas, actual una y expectante la otra, pero complementarias, por cuanto su reuni�n agota la plena titularidad del derecho condicionalmente transmitido. Cumplida o incumplida la condici�n, se produce la extinci�n de una de dichas 2 titularidades y la consolidaci�n de la otra aunque resulte indeterminado a favor de cual de los dos sujetos de la transmisi�n se produjo la consolidaci�n.
- Se trata de una condici�n potestativa �simple�, no �pura�, pues su cumplimiento NO depende exclusivamente de la voluntad del deudor, sino de otros factores externos y de terceros;
- NO entra�a un pacto comisorio, pues no tiene una funci�n de garant�a, ni de recuperaci�n inmediata de la finca, sino al contrario, se funda en una causa l�cita de facilitar la operaci�n, la b�squeda de financiaci�n, especialmente ante la actual crisis econ�mica, y dar mayor seguridad jur�dica tanto en el vendedor (interesado en que tras la subrogaci�n se extinga su responsabilidad personal por la hipoteca), como a los compradores (evitan incumplimientos del comprador, ventas a terceros, o que en el �nterin se inscriban o anoten cargas sobre la finca). Podr�a haberse empleado otras figuras afines, como el arrendamiento con opci�n de compra; de cuya licitud nadie duda, pero menos ventajosas fiscalmente en el caso.
La DGRN revoca la calificaci�n y estima el recurso y los argumentos del notario recurrente, a�adiendo adem�s:
- El Sistema �numerus apertus� en la creaci�n de Derechos reales at�picos o con contenidos distintos de los tipificados (arts. 2-2 LH y 7� RH).
- La coexistencia, durante la pendencia de la condici�n suspensiva, de 2 titularidades diferenciadas y contrapuestas �actual una, expectante la otra� y la circunstancia de haberse fijado un plazo m�ximo que impida que la situaci�n permanezca indefinidamente incierta.
- Y la admisi�n jurisprudencial del Pacto de Reserva de Dominio, pues aunque la condici�n suspensiva estipulada no constituye propiamente tal pacto, s� presenta algunas analog�as. Y as� apunta la DGRN algunas de las tesis formuladas sobre su naturaleza jur�dica: la tradicional, como condici�n suspensiva para la adquisici�n del dominio por el comprador; la de la condici�n resolutoria; la del condominio temporal entre comprador y vendedor; la de la titularidad fiduciaria o con funci�n de garant�a; o la del desdoblamiento dominical (atribuyendo el dominio directo y �til para comprador y vendedor). Pero sin que el T.S. haya cuestionado en ning�n caso la validez y licitud del pacto, ni negado todo efecto de mutaci�n jur�dico-real al mismo, y ello sin perjuicio del car�cter limitado, temporal o condicional del derecho del comprador sujeto a tal pacto.
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N� de consulta: V1233-10.
Fecha: 02/06/2010.
Materia: �Si la subrogaci�n o la novaci�n modificativa de un cr�dito hipotecario ser�an equiparables a las de pr�stamos hipotecarios y, en consecuencia, podr�an beneficiarse de la exenci�n del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados regulada en el art�culo 7 de la tambi�n citada Ley 2/1994.�
Las conclusiones de la Direcci�n General de Tributos son las siguientes: �Primera: El �mbito de aplicaci�n de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogaci�n y modificaci�n de pr�stamos hipotecarios, se extiende a la subrogaci�n y novaci�n de pr�stamos hipotecarios en los t�rminos y con las condiciones en ella regulados, pero no a la subrogaci�n o novaci�n de cr�ditos hipotecarios, sin perjuicio de lo que se indica en la siguiente conclusi�n. Segunda: No obstante lo anterior, en el caso de que una entidad financiera desee subrogarse en un pr�stamo hipotecario, si existe m�s de un cr�dito o pr�stamo hipotecario inscrito sobre la finca en cuesti�n y a favor de la misma entidad acreedora, la nueva entidad deber� subrogarse respecto de todos ellos, con independencia de que sean pr�stamos hipotecarios o cr�ditos hipotecarios. Tercera: Por lo expuesto en las dos conclusiones anteriores, al instrumentar la subrogaci�n conforme a la Ley 2/1994, no es posible que la entidad financiera, adem�s de modificar el tipo de inter�s y el plazo, realice la novaci�n de un cr�dito hipotecario en pr�stamo hipotecario, precisamente porque la Ley 2/1994 no ampara la subrogaci�n de cr�ditos hipotecarios de forma aut�noma.�
N� de consulta: V1315-10.
Fecha: 11/06/2010.
Materia: �Sociedad civil para la explotaci�n de fincas r�sticas, formada por madre y tres hijos, siendo la primera la que ejerce la actividad agr�cola de manera personal.� Se pregunta sobre la procedencia de la reducci�n prevista en el art�culo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para el caso de fallecimiento de la madre agricultora.
Se responde que: �en los t�rminos que detalla el escrito de consulta, existe una sociedad civil dedicada a la explotaci�n de fincas r�sticas, correspondiendo a la madre de la consultante, en cuanto agricultora y dada de alta como tal en la Seguridad Social, la explotaci�n de la actividad. En la hip�tesis de fallecimiento de la misma, debe tenerse presente que, tal y como ha mantenido esta Direcci�n General en contestaci�n a diversas consultas y en el ep�grafe 1.2.a) de la Resoluci�n 2/1999, de 23 de marzo (B.O.E. del 10 de abril de 1999) en los supuestos de comunidades de bienes, sociedades sin personalidad jur�dica o sociedades civiles, es cada comunero, individualmente considerado, el que desarrolla la actividad y quien, para acceder a la exenci�n en el impuesto patrimonial, ha de ejercer la actividad de forma habitual, personal y directa con arreglo a lo previsto en el art�culo 4.Ocho. Uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio, reguladora del Impuesto sobre el Patrimonio. Si estas circunstancias concurren, adem�s de que la totalidad de los ingresos obtenidos por dicha persona proceden del ejercicio de la explotaci�n, tal y como se�ala el escrito de consulta, proceder� la exenci�n y, consiguientemente, la reducci�n en el impuesto sucesorio siempre que, como es obvio, se cumplan los restantes requisitos que se detallan en la norma antes reproducida.
N� de consulta: V1375-10.
Fecha: 18/06/2010.
Materia: �Si la reducci�n prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por adquisici�n mortis causa de vivienda habitual alcanza a los descendientes por afinidad.�
Se responde que: � habida cuenta que la afinidad es un v�nculo que surge como consecuencia del matrimonio entre uno de los c�nyuges y los consangu�neos del otro, si ese v�nculo subsist�a en el momento del fallecimiento del causante, el descendiente por afinidad tendr�a derecho a la reducci�n del art�culo 20.2.c); en caso contrario, es decir, si ese v�nculo hab�a desaparecido, ya no exist�a descendencia por afinidad y, por lo tanto, tampoco habr�a derecho a la reducci�n en el impuesto. Aplicando ese criterio al concreto caso que plantea el escrito de consulta, si al fallecer el padrastro subsist�a su matrimonio con la madre del hijastro, este �ltimo era descendiente por afinidad de aquel y tendr�a derecho a la reducci�n sucesoria a que nos referimos. Si, por el contrario, no exist�a ya matrimonio por cualquier causa extintiva del mismo, el hijo del c�nyuge superviviente ya no ser�a descendiente por afinidad del antes padrastro y, en consecuencia, no tendr�a derecho a la mencionada reducci�n.�
N� de consulta: V1467-10.
Materia: Sujeto pasivo del Impuesto sobre AJD en la cancelaci�n de condici�n resolutoria expresa.
Se responde que �respecto al sujeto pasivo del impuesto el art�culo 29 del texto refundido establece que ser� sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo inter�s se expidan. Por lo tanto ser� sujeto pasivo del Impuesto la persona que inste la escritura de cancelaci�n de la condici�n resolutoria. Como puede deducirse de lo anterior, en una escritura de cancelaci�n de una condici�n resolutoria expresa o expl�cita ser� sujeto pasivo la persona que inste o solicite el documento notarial o aqu�lla en cuyo inter�s se expida. As� como en la constituci�n de la condici�n resolutoria es sujeto pasivo aqu�lla a cuyo favor se constituye, en este caso ha sido el que transmiti� el solar, al cancelarse, quien ostenta un inter�s indudable es quien estaba afectado por la condici�n resolutoria, es decir quien recibi� en cesi�n el solar, aunque, tambi�n quien recibe las unidades de obra pactadas, puesto que se liberan de la carga registral que supone la mencionada condici�n.
A la vista de lo anterior, si ambas partes pueden tener inter�s en su expedici�n, cabe considerar como sujeto pasivo a quien haya solicitado o instado los documentos notariales y si hubieran sido ambas partes, asimismo, ambas partes ser�n considerados como sujetos pasivos.�
Para la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 12 de febrero de 2010, sujeto pasivo de la cancelaci�n es el adquirente del bien o derecho, es decir, el beneficiario del negocio jur�dico principal y no del negocio accesorio de garant�a constituido. En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 29 de mayo de 2009, estim� el recurso interpuesto por la parte vendedora que hab�a cancelado la condici�n resolutoria que gravaba la finca y a la que se le exig�a el pago del Impuesto, entendiendo que dicho adquirente solo es el propietario. El criterio que establece estas sentencias, a nuestro juicio, es el m�s conforme con la interpretaci�n del precepto con arreglo al principio constitucional de la capacidad econ�mica, que se manifiesta en el due�o de la finca gravada que queda liberada. En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados no es preciso siempre que el otorgante de la escritura sea el sujeto pasivo del Impuesto: pensemos en el caso del usufructuario cuya renuncia unilateral determina la tributaci�n del nudo propietario.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 22 de enero de 2010, Recurso 31187/2010. La reducci�n del capital social debida a la condonaci�n de dividendos pasivos no est� sujeta a Operaciones Societarias. En este caso no existe ning�n desplazamiento patrimonial susceptible de ser gravado.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 2010, Recurso 371/2006. No sujeci�n a ITP de la fianza constituida simult�neamente al tiempo de la subrogaci�n del comprador de una vivienda en el pr�stamo hipotecario que la grava. En sentido contrario podemos citar la Sentencia del Tribunal Superior de La Rioja de 23 de abril de 2010, Recurso 469/2009. El Tribunal Riojano en esta Sentencia y otras posteriores de los meses de abril y mayo del presente a�o mantiene la doctrina de la sujeci�n de la fianza en este caso a ITP, al contrario que los Tribunales Superiores de Madrid, Valencia y Extremadura que recientemente sostienen una doctrina favorable a la no sujeci�n de la fianza. Legalmente no es correcta la afirmaci�n, que a veces se escucha, de que la fianza constituida en p�liza no est� sujeta a ITP, dicha sujeci�n tiene lugar aunque dicha fianza se constituya en documento privado, siempre que no sea simult�neo al pr�stamo y que, a nuestro juicio, no haya existido una novaci�n objetiva o subjetiva del mismo. La Sentencia del Tribunal valenciano ha sido reiterada el 9 de abril del presente a�o, Recurso 691/2008.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 31 de marzo de 2010, Recurso 511/2008. Reitera el Tribunal su doctrina de que la aplicaci�n del tipo reducido por adquisici�n de vivienda habitual tiene lugar tambi�n en las declaraciones de obra nueva de una construcci�n que va a ser dedicada a dicha finalidad. La declaraci�n de obra nueva es una forma de adquisici�n de la vivienda. NOTICIAS DE INTER�S PARA LA OFICINA NOTARIAL:
LEY 10/2010 DE 28 DE ABRIL. MODELOS DE URGENCIA.
La ley 28/2010 denominada Ley de Prevenci�n del blanqueo de capitales y de la financiaci�n del terrorismo, y sobre todo la interpretaci�n que podemos considerar cuasi aut�ntica por parte de la OCP (�rgano creado por el Consejo General del Notariado y conectado con la Comisi�n de Blanqueo de Capitales), ha venido a echar sobre las espaldas de los notarios una nueva carga (aunque hay que reconocer que algunas de las obligaciones que ahora recoge la nueva ley, ya ven�an establecidas, en gran medida, por la Orden del M� de Econom�a 114/2008 de 29 de enero, art 3, aunque no se llegaba a la soluci�n final de impedir el otorgamiento de determinadas escrituras, y adem�s establec�a la obligaci�n notarial de llevar a cabo determinadas preguntas e investigaciones, pero sin indicar a los comparecientes cual era la finalidad de las mismas) Sin ser el mejor momento de entrar en cr�ticas m�s a fondo en cuanto a la redacci�n de la ley (que ya se han iniciado, en base a que la interpretaci�n dada se excede de lo que se est� haciendo en los pa�ses de nuestro entorno) que emplea conceptos demasiado ambiguos y gen�ricos (qu� sea �mantener relaci�n de negocios� o realmente qui�n es �titular real�, en base a qu� �indicios� el notario puede negarse a autorizar un documento) me voy a tratar de centrar en presentar la situaci�n en el Dcho Comparado, el Sistema Espa�ol y unos modelos de urgencia para, al menos, inicialmente, dar respuesta a esta nueva exigencia.
DERECHO COMPARADO: La nueva ley viene a trasponer al Dcho Espa�ol la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que tambi�n ha comenzado a aplicarse en otros Ordenamientos europeos. La situaci�n actual de los mismos, es la siguiente, seg�n la Revista El Notario del siglo XXI:
1).- En Francia, los Notarios tienen una obligaci�n gen�rica de vigilancia y control que implica la obligaci�n de identificar a las partes, obligaci�n de identificar al beneficiario efectivo de la operaci�n y obligaci�n de recabar informaci�n sobre el objeto, la naturaleza de la operaci�n y la situaci�n del cliente. Deben conservar los documentos recabados para el cumplimiento de estas obligaciones pero lo que verdaderamente supone una novedad, es la obligaci�n de actualizaci�n de esta informaci�n (as� en personas f�sicas se impone un seguimiento de las variaciones del estado civil y en las personas jur�dicas de cualquier modificaci�n de status) y la obligaci�n de realizar un seguimiento de las operaciones realizadas por los clientes. En Francia no es la Chambre de Notaires la que comunica al TRACFIN la existencia de operaciones de riesgo sino que la declaraci�n se hace individualmente por cada Notario cuando este tiene alguna �sospecha� de la existencia de blanqueo; a la Chambre de Notaires le corresponde velar que los Notarios cumplan con sus obligaciones de identificaci�n, conservaci�n....etc. Se establece una lista de �indicadores oficiales de riesgo� que obligan al Notario a notificar al TRACFIN sin perjuicio de que pueda comunicar cualquier otra operaci�n que a su juicio revista riesgo. El Notario en el caso de �sospecha� debe tambi�n abstenerse de autorizar la operaci�n hasta que haya una respuesta explicita o impl�cita de TRACFIN. TRANCFIN debe notificar por escrito al autor de la declaraci�n su oposici�n a la autorizaci�n y si no lo hace en el plazo de un d�a el Notario puede proceder al otorgamiento del acto.
2).- En Alemania la transposici�n de la tercera directiva se realizo en el a�o 2.008. Se destac� especialmente la importancia del papel de los bancos en materia de prevenci�n del blanqueo de capitales, pues entiende el legislador, que al tener mayor conocimiento de las transacciones econ�micas su papel en la prevenci�n es mucho m�s �til que el de otros sujetos obligados.
Se impone para ciertas transacciones la obligaci�n de una identificaci�n de los intervinientes. Respecto de las personas f�sicas esta identificaci�n ser� puramente formal (D.N.I), en cuanto a las personas jur�dicas la identificaci�n ser� tanto formal como material (en caso de que alguna persona ostente el 25% o m�s del capital social). Si existe alg�n indicio de fraude se debe realizar una comunicaci�n por parte del Notario al Consejo Superior del Notariado quien, a su vez, dar� comunicaci�n a la Autoridad competente. El notario no podr� autorizar el acto mientras no reciba la pertinente autorizaci�n.
3).- En B�lgica, la trasposici�n de la Tercera Directiva ha tenido lugar de forma relativamente reciente, mediante la Ley de 18 de enero de 2.010 que modific� la ley de 11 de enero de 1.993.
El papel central en la lucha contra el blanqueo lo desempe�a la CTIF ( �C�lula de Tratamiento de las informaciones Financieras�), organismo publico independiente encargado de la b�squeda y recepci�n de informaci�n, de su tratamiento y comunicaci�n, tras su filtro, a las autoridades judiciales.
En su exposici�n la delegaci�n belga hay cuatro tipos de obligaciones a cumplimentar por los notarios:
- Obligaciones de vigilancia. Se incluyen entre otras, la obligaci�n de informar a la CTIF y paralizar la operaci�n si el cliente figura en la lista oficial de terroristas; si no existe transparencia el fedatario debe abstenerse de realizar cualquier tipo de intervenci�n incluso debe denegar su labor de asesoramiento�
- Obligaciones administrativas: Existe, como en el resto de los pa�ses, una obligaci�n de identificar tanto al cliente como al destinatario real de las operaciones. La delegaci�n belga expuso las dificultades pr�cticas que supone esta obligaci�n en los casos de intervenci�n de sociedades cotizadas y en las ONG de car�cter mixto. Tambi�n se imponen obligaciones de archivo y custodia de documentaci�n por plazo de cinco a�os de forma an�loga a lo que ocurre en otros pa�ses�
- Obligaciones objetivas de denuncia a la CTIF y prohibici�n de autorizar el acto: Por ejemplo si m�s del 10% del precio o m�s de 15.000 euros son pagados en efectivo; si existe un vinculo con alguno de los pa�ses que figuran en la lista de la CTIF; si existe fraude fiscal grave y organizado� Es de resaltar que Ante cualquier indicio de fraude existe una obligaci�n de comunicaci�n aunque la operaci�n no llegue a formalizarse.
- Obligaciones subjetivas de denuncia a la CTIF; El notario deber� informar bajo su criterio si existe un m�nimo de duda y siempre respetando en la medida de lo posible su deber de secreto profesional atendiendo al principio de proporcionalidad. Se destaco especialmente que la intervenci�n de otro profesional obligado no exime al notario de su deber de informar a la CTIF en estos casos.
DERECHO ESPA�OL: La ley 10/2010, establece sint�ticamente estas normas:
1).- Sujetos obligados: Art 2.n, entre ellos se encuentran los notarios, y registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
2).- Obligaciones: Sus obligaciones: Art 3. La primera identificar a las personas f�sicas y jcas, que pretendan realizar en �cualesquiera operaciones� y tal identificaci�n debe realizarse por �medios fehacientes� (reglamentariamente se determinar�n estos medios) 3).- Titular Real: Este es un concepto muy vago y ambiguo y que, en cierto modo queda a la apreciaci�n del notario y a las manifestaciones del compareciente qui�n sea este titular real:
Art 4 El titular real, ser�:
En cuanto a las personas f�sicas, aquella o aquellas por cuya cuenta se pretenda intervenir en cualesquiera operaciones.
Y en cuanto a las personas jcas, aqu� se establecen una serie de controles que el notario no puede llevar a cabo, muchas veces, si no es a trav�s de las manifestaciones de los comparecientes. Sin embargo, la sanci�n es, en su caso, la negativa, por el notario a otorgar la escritura (en otros pa�ses la sanci�n no es tan dura, sino que se exige una notificaci�n a la Comisi�n de Blanqueo y es �sta la que decide si se debe o no formalizar la misma).
Dice as� el art 4, a efecto de determinar quien sea
el titular real: Lo ser�
..- La persona o personas f�sicas que en �ltimo t�rmino posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jur�dica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gesti�n de una persona jur�dica. (los t�rminos empleados no son jcos, �qu� es poseer o controlar, incluso de forma indirecta, el voto o la gesti�n?).
..- La persona o personas f�sicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento o m�s de los bienes de un instrumento o persona jur�dica que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios est�n a�n por designar, la categor�a de personas en beneficio de la cual se ha creado o act�a principalmente la persona o instrumento jur�dicos (frente al caso anterior en que se habla de un porcentaje superior al 25% del capital, ahora se habla de un 25% o m�s del capital �cuales son las personas por designar en beneficio de la cual se ha creado la persona jca?)
Los sujetos obligados recabar�n informaci�n de los clientes para determinar si �stos act�an por cuenta propia o de terceros (qu� es recabar informaci�n y c�mo se hace, qu� documentos deben aportar o qu� manifestaciones deben hacer, acusando a otros?). Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no act�an por cuenta propia, los sujetos obligados recabar�n la informaci�n precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales act�an aqu�llos. (qu� indicios debe tomar en cuenta el notario; es todo puro subjetivismo). Los sujetos obligados adoptar�n medidas adecuadas al efecto de determinar la estructura de propiedad o de control de las personas jur�dicas.
4).- Abstenci�n del notario a la autorizaci�n o intervenci�n del documento: Art 4.- Los sujetos obligados no establecer�n o mantendr�n relaciones de negocio con personas jur�dicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas acciones est�n representadas mediante t�tulos al portador, se aplicar� la prohibici�n anterior salvo que el sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad o de control. Esta prohibici�n no ser� aplicable a la conversi�n de los t�tulos al portador en t�tulos nominativos o en anotaciones en cuenta Y ya al final, la sanci�n es muy dura: no debe formalizar el documento. No le cabe ninguna otra soluci�n. En base a unos indicios que cada notario puede apreciar de una forma u otra, al final debe abstenerse de intervenir el documento. �Puede el notario incurrir en responsabilidad por no otorgar el documento? T�ngase en cuenta que la �nica negativa que la ley considera justificada �art 19- y por tanto el notario no incurre en responsabilidad, es aquella en la que existen indicadores de riesgo.
Finalmente el art 18, en base a las contradicciones que ya he indicado, trata de establecer las �comunicaciones por indicio� y as� dice: Que los sujetos obligados comunicar�n, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de Blanqueo, cualquier hecho u operaci�n,
incluso la mera tentativa, respecto de la que exista indicio o certeza de que est� relacionado con el blanqueo o terrorismo.
Y el art 19 es el �nico que viene a justificar la abstenci�n del notario. El problema es que no se sabe si este art es complementario o no del art 4. Da la impresi�n de que no es as�, ya que el primero parece ser un art general y �ste lo es espec�fico para el caso de que aparezcan indicadores de riesgo. Pero si no es as�, este precepto es reiterativo, aunque aqu� si est� clara la protecci�n legal al notario, dado que existen claramente indicadores de riesgo. Dice as�:
A efectos de esta Ley se entender� por justa causa que motive la negativa a la autorizaci�n del notario o su deber de abstenci�n la presencia en la operaci�n bien de varios indicadores de riesgo de los se�alados por el �rgano centralizado de prevenci�n o bien de indicio manifiesto de simulaci�n o fraude de ley. Para ello, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 24, el notario recabar� del cliente los datos precisos para valorar la concurrencia de tales indicadores o circunstancias en la operaci�n. Respecto de los registradores, la obligaci�n de abstenci�n a que se refiere este art�culo en ning�n caso impedir� la inscripci�n del acto o negocio jur�dico en los registros de la propiedad, mercantil o de bienes muebles.
El final no acabo de comprenderlo. Hay un notario que a la vista de los indicadores de riesgo se abstiene justificadamente de formalizar el documento, pero parece que otro notario, finalmente lo ha otorgado, puede ser porque no ha apreciado tales indicadores y el documento ha llegado el Registro, y el Registrador pese a que pueda conocer los indicadores de riesgo, tiene la obligaci�n de inscribir.
MODELOS DE DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR POR EL NOTARIO:
Pus bien a la vista de todo lo anterior, y en base a la interpretaci�n cuasi aut�ntica a que me he referido al principio (la que realiza la OCP), y pienso que para dar salida a todas las contradicciones expuestas, la situaci�n del notario es la siguiente:
1).- El notario espa�ol debe hacer una investigaci�n, respecto de toda persona f�sica o jur�dica que intente formalizar cualquier documento, sea escritura, p�liza, o incluso parece que legitimaci�n de firmas (aunque este �ltimo ya me parece excesivo), y tanto respecto de personas f�sicas o jur�dicas extra�as a su despacho, como habituales del mismo.
Caben dos tipos de documentos: Bien lo que se denomina una actuaci�n extraprotocolar, consistente en un mero documento privado de manifestaciones por el compareciente, cuya firma es conveniente legitimar por el notario, por haber sido puesta en su presencia o conocerla, y que debe guardar, a mi juicio, en un archivo especial, que puede ser el propio Libro Indicador, durante el plazo que fija la ley (nada menos que diez a�os).
O bien un acta (documento �ste m�s recomendable), y que va a servir a la persona f�sica o sociedad para exhibirlo en cualquier otro Despacho Notarial en que pretenda actuar.
Los dos modelos que he hecho, manifiestamente mejorables, y que presento como un elemento inmediato para cumplir las obligaciones anteriores, que, pese a todo, insisto, DEBEMOS DE CUMPLIR, a la espera de c�mo acaba la situaci�n, dadas las cr�ticas que se han levantado y la existencia de alg�n recurso, son �stos:
Ante todo hay que partir de que para la OCP las soluciones dadas son tres, y el apoyo en base al cual se formaliza en cada momento el documento llam�mosle de �chequeo� de las personas f�sicas y jur�dicas de todo tipo (asociaciones, cooperativas, ONG, fundaciones, sociedades civiles etc.. salvo las excluidas expresamente por la ley) es la manifestaci�n del representante de la persona jca, a la que el notario debe preguntar si existe alguna persona f�sica que tenga la condici�n de titular real de la misma:
1).- Puede ocurrir que dicho representante manifieste que no existe titular real, y entonces el notario dejar� constancia en el documento de la inexistencia del mismo en esa persona jca.
2) Puede ocurrir que dicho representante manifieste que s� existe un titular real, y entonces el notario debe recabar los datos identificativos de esa persona, nombre, apellidos, nacionalidad y n�mero identificativo. 3).- O puede suceder que dicho representante (imaginemos un simple apoderado de una gran Mercantil para un caso concreto) indique que desconoce si existe o no titular real o sabiendo que existe, no lo identifique. En este caso como no es posible determinar la estructura de propiedad de la persona jca, el notario debe rechazar la autorizaci�n del documento.
La verdad es que esta �ltima salida es, a mi juicio, rechazable: primero porque el representante puede no actuar de mala fe, sino simplemente desconocer lo que se puede mover en �las alturas�. Segundo, porque no se da una salida al problema como en otros pa�ses en los que se env�a una comunicaci�n a la Comisi�n de Blanqueo y �sta autoriza o no, de forma inmediata, (en el caso franc�s en el plazo de un d�a) la formalizaci�n del documento. Pero sobre todo imaginemos el perjuicio que se puede ocasionar y la posible responsabilidad en que puede incurrir el notario por no firmar el documento, salvo el caso legal se�alado de existencia de indicadores de riesgo (un caso extremo: un poder para pleitos en que un simple apoderado de la persona jca, manifiesta que ignora �como por otra parte es l�gico- la estructura de la sociedad, se deniega el otorgamiento por el notario y dicha negativa causa un da�o irreparable a �sta �se podr�a exigir responsabilidad al notario por su negativa?; la �nica abstenci�n justificada la da el art 19 de la Ley 10/2010 para los casos de indicadores de riesgo, pero la OCP la ha extendido a todos los supuestos existan o no estos indicadores, sin admitir ninguna salida que no sea la negativa. DECLARACI�N PRIVADA ART 4 LEY 10/2010 N�MERO: _________
LUGAR Y FECHA: ____________________
ENTIDAD Y CIF: __________________________________________
DON *** en mi calidad de (Administrador, Consejero Delegado, Apoderado etc.. de la entidad anterior, seg�n escritura **), Entidad que tiene su domicilio en ** y cuyo objeto es *** habiendo sido debidamente constituida y figurando inscrita en el Registro Mercantil de ** .
Hago constar: Que preguntado por el Notario Don **, acerca de la existencia o no, de titular real en la Mercantil que represento, y con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril y debidamente informado de las consecuencias y alcance de la norma citada y de la trascendencia jur�dica de mis manifestaciones.
I.- Que, por raz�n de mi cargo (o de mi apoderamiento), conozco debidamente la estructura social de la Mercantil anterior.---------------------------------------------------------------------------------
II. Que estoy interesado en cumplir con lo prevenido en el art�culo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, en relaci�n a la identificaci�n, en su caso, del titular real de la mercantil que represento, entendiendo por titular real la persona f�sica que tiene, de forma directa o indirecta, la propiedad o control de m�s del 25% del capital o de los derechos de voto, o de la gesti�n efectiva de la persona jur�dica a la que se refieren estas manifestaciones.-- *POSIBILIDADES*
*III. Que no existe persona f�sica que cumpla dichos requisitos y que por lo tanto, no existe titular real de la mercantil "*".----------------------------------------------------------------------------
*III. Que la/s persona/s f�sica/s que cumplen dichos requisitos, y por tanto, el/los titular/es real/es de la mercantil "*" es/son :-------------------------------------------------------------------------
DON/DO�A *, de nacionalidad *, con domicilio en * de profesi�n *, con D.N.I-N.I.F. n�mero *. Me exhibe el compareciente ----------------------------------------------------
*el original del documento de identidad referido,--------------------------------- *testimonio notarial del documento de identidad referido, librado por * el d�a *,-- *simple copia del documento de identidad referido, manifestando expresamente ante m� que dicha fotocopia coincide con su original, para que, a su requerimiento, deduzca del mismo testimonio y quede incorporado a la presente acta. He le�do por m� mismo este documento y lo ratifico y firmo.
Sigue la firma
LEGITIMACI�N DE LA FIRMA: Yo, ** Notario de ** legitimo, por haber sido puesta a mi presencia (o por serme conocida) la firma que antecede, propia de Don ****
En *** a *** doy fe.
TEXTO QUE SE A�ADE EN LA ESCRITURA, ACTA O P�LIZA:-- �Hago constar que he cumplido la obligaci�n establecida por el art�culo 4 de la ley 10/2010, recogida en declaraci�n privada de fecha (o en acta ***) n�mero de registro especial *** del a�o en curso� .
El acta, para no ocupar m�s espacio, puede ser similar a lo anterior.
Las presentes notas son de mi exclusiva responsabilidad. Se han tomado notas de la Revista El Notario del Siglo XXI en cuanto a Dcho comparado, y de determinadas comunicaciones y reuniones. En cuanto al modelo aportado, he tomado tambi�n notas del acta redactada y enviada por mi Compa�ero de La Uni�n Carmelo Llopis Benlloch. Ver modelo de Juan Luis Millet
SOLEDAD PU�RTOLAS: �CON MI MADRE� (EL CUENTO DE LA GALLINA PETIRROJA)�
Soledad Pu�rtolas: Nace en Zaragoza el 3 de febrero de 1947. A los 14 a�os se traslada con su familia a Madrid. Estudi� Periodismo y Ciencias Pol�ticas. Despu�s de casarse, pasa una temporada en Tronheim (Noruega) y unos a�os en Santa B�rbara (California). De regreso a Madrid, empieza a darse a conocer como escritora en 1979, cuando obtiene el premio S�samo con �El bandido doblemente armado�. En 1989 gana el premio Planeta con �Queda la noche�, el 1993 fue recompensada con el premio Anagrama de Ensayo con �La vida oculta� etc. A partir de 2006 forma parte del Patronato del Instituto Cervantes.
La obra de la que recojo algunos p�rrafos pretende explorar la forma en que Soledad Pu�rtolas establece un di�logo con su/la madre en su obra Con mi madre, a trav�s de las memorias que la escritora conserva. As�, se analiza, a partir de una visi�n irigariana (de Luce Irigaray, que habla de las relaciones �ticas entre los sexos), c�mo este di�logo se convierte en la representaci�n de la identidad de ambas, puesto que la mujer, al colocarse frente a frente con un interlocutor �femenino,� permite que la identidad de ambas se vaya construyendo y reconstruyendo en un espacio temporal espec�fico.(Monserrat Bores Mart�nez).
Es bueno recordar c�mo era nuestra vida en aquellos dif�ciles a�os de nuestra infancia, en que los cuentos relatados por nuestros mayores, muchas veces alrededor del fuego, en aquellas largas noches de invierno, nos ayudaban a formarnos en el respeto y ayuda a los dem�s y nos alentaban a superar los problemas futuros, al tiempo que nos llenaban el alma de ilusiones (todav�a cre�amos en los Reyes Magos). Todo eran historias de peque�os h�roes que luchaban contra la desgracia y lograban vencerla o de animales que luchaban igualmente contra la adversidad. Hoy quiz� les hemos construido a nuestros hijos un mundo demasiado amable (aunque la actual crisis nos demuestra, cada d�a, nuestra equivocaci�n), que no acaban de comprender c�mo teni�ndolo todo, no saben o no pueden, a veces, plantar cara al infortunio. Tal es el ejemplo del cuento que nos trae Soledad Pu�rtolas en este libro que, realmente, es una meditaci�n sobre la vida junto a su madre y una lucha contra la desesperanza (recalcando la ayuda que, para su vida posterior, supuso el cuento de la famosa gallina petirroja).
�Desde que muri� mi madre, por necesidad y para no sentirme desbordada por el dolor, he ido escribiendo sobre ella, sobre lo que ha significado su vida y su muerte. No es en absoluto f�cil vivir en su ausencia, sin escuchar esa voz, cada vez m�s enronquecida, que irrump�a en casa, a trav�s del hilo telef�nico y que, despu�s de preguntar indefectiblemente, sin fallar ni una sola vez, c�mo se encontraban mi marido y mis hijos, se explayaba en quejas. Mi madre que, durante la mayor parte de su vida, jam�s se hab�a quejado de nada, al final se quej�. El dolor se impuso y la sobrepas�. Todo le dol�a. El cuerpo y tambi�n el alma. Se sent�a terriblemente desanimada. Yo colgaba el tel�fono con su desconsuelo dentro de m�, pero bien sab�a yo que mi pesadumbre no pod�a compararse con la suya. Mi madre sufr�a y se estaba extinguiendo�
Cuando a mis tres a�os, la enfermedad del tifus se apoder� de m� y tambi�n de mi madre, pas� un largo mes recluida con ella en uno de los cuartos de la casa de mi abuela en Pamplona. Lo llam�bamos el cuarto rojo, porque predominaba el color rojo; los muebles, unas sillas muy rectas y unos sillones de brazos y un sof�. Era un cuarto destinado a recibir a las visitas �si bien yo no recuerdo ninguna- y en alg�n momento tambi�n alberg� la mesa de despacho de mi t�o Pedro, el �nico hijo que todav�a viv�a en casa de la abuela. Era un eterno opositor a notar�as�
Fue en ese cuarto rojo donde me contaron el cuento que me aprend� de memoria y que tambi�n marc� mi vida, porque luego, vencida la enfermedad, cog� entre las manos el libro en el que se encontraba el relato y reconoc� una a una todas las palabras. Fue as� de golpe como aprend� a leer, y sobre todo, me qued� para siempre seducida por la vida que se contiene en los relatos, esa otra vida que te ayuda en la vida que t�, esa enferma de tres a�os, est�s viviendo.
La protagonista del cuento era una gallina, no tengo la menor duda, una �gallina petirroja�, adjetivo cuyo verdadero significado desconoc�a, pero que para m� siempre tuvo un sentido de desdicha. La gallina petirroja era una pobre y desgraciada gallina a quien nadie quer�a. Imagino que si nadie me explic� lo que significaba el adjetivo de petirroja fue porque nunca lo pregunt�, segura como estaba de mi interpretaci�n. Incorporada en la cama supletoria que pusieron para m�, al lado de la cama turca que ocupaba mi madre, una y otra vez, ped�a, exig�a, con impertinente obstinaci�n, que me leyeran el cuento. En alguna parte perdida de mi memoria se habr� quedado grabado si, como sostienen algunos neur�logos, todo lo que vivimos es archivado en el cerebro, si bien no todo aflora en los recuerdos.
Creo recordar que la gallina viv�a en una granja poblada por otros muchos animales. Supongo que los granjeros se dedicaban a la cr�a de animales y que de eso viv�an. Los animales de la granja eran su sustento. No me ha quedado en la memoria ninguna corriente de simpat�a hacia esos granjeros. Es de suponer que eran totalmente indiferentes a la suerte que corr�an finalmente sus animales y que no les trataban con excesiva delicadeza. Eran bruscos, seguro, incluso algo crueles y me parece que a la pobre gallina petirroja le ten�an una man�a especial. Me parece tambi�n que esos granjeros ten�an muchos hijos y que esos ni�os iban siempre muy sucios y desarrapados. Los granjeros tampoco les hac�an mucho caso. Andaban por la granja, cada uno por su cuenta, mezclados con los animales, haciendo lo que les ven�a en gana. Y desde luego, esos ni�os no sent�an ninguna piedad hacia los animales que pr�cticamente conviv�an con ellos. Hasta creo que les ten�an un poco de envidia, porque a fin de cuentas, los granjeros sab�an que los animales eran su sustento y, en cambio, los hijos eran bocas que alimentar, y es de suponer que cuidaban m�s a los animales que a los hijos que hab�an tenido en com�n. En todo caso, estoy completamente segura de que los hijos de los granjeros trataban mal a los animales de la granja. En eso consist�an sus diversiones y entretenimientos, en re�rse de los pobres animales, a los que pon�an trampas y dificultades. Y por supuesto, la pobre gallina petirroja era el blanco m�s frecuente de sus burlas. Esta pobre gallina petirroja cuya historia tanto me interesaba �me obsesionaba- era extremadamente sensible. Y eso, sin duda, era lo que yo quer�a saber una y otra vez; c�mo pod�a resolverse el destino de un ser sensible y delicado en medio de la mayor brutalidad. La naturaleza no hab�a sido pr�diga con ella en lo que hac�a a su aspecto. Era una gallina fea, no exist�a en ella la menor armon�a, andaba cojeando y a veces perd�a el equilibrio y se ca�a, por lo que estaba m�s sucia que todas las otras gallinas y todos los otros animales, incluidos los cerdos. Tambi�n creo recordar que la sensible y pobre gallina petirroja, que durante el d�a prefer�a pasar del todo inadvertida, no fuera a ser que a los hijos de los granjeros, tan despiadados, se les ocurriera una fechor�a nada m�s verla, por la noche, cuando los granjeros, sus hijos y todos los otros animales dorm�an, sal�a de su rinc�n y paseaba un poco porque, de tanto estarse quieta, ten�a el cuerpo entumecido. �se deb�a de ser para m� un momento muy emocionante: ver a mi pobre y desgraciada gallina disfrutar de un rato de libertad. Nadie la amenazaba por la noche. Y, como era una gallina muy po�tica, hasta alcanzaba algunos instantes de felicidad, porque algunas noches son m�gicas.
Luego ven�a otro momento m�s emocionante a�n, la noche en que la gallina petirroja descubri� que en la valla del corral hab�a un agujero por el que ella pod�a pasar perfectamente. �Pod�a escaparse!. Naturalmente le cost� alg�n tiempo decidirse. Toda una vida de desgracias y humillaciones no facilitan un acto heroico. La pobre gallina ten�a miedo, miedo de lo desconocido. Pero un d�a ocurri� algo que le hizo tomar la decisi�n... uno de los hijos del granjero se acerc� de pronto al rinc�n donde se escond�a la desgraciada gallina y sin m�s ni m�s, sin que la pobre gallina hubiera hecho el menor gesto de provocaci�n �se qued� m�s quieta que nunca, mientras respiraba- le propin� una bestial patada que hizo que la gallina se alzara sobre la tierra y cayera luego maltrecha, como si le hubiera roto el esqueleto. Entonces la gallina comprendi� que su destino ya estaba resuelto, porque sab�a lo que les suced�a a los animales que sufr�an alg�n accidente: desaparec�an de inmediato y al d�a siguiente, de la casa de los granjeros emanaba ese olor de la comida que a los humanos les parece m�s sabrosa. Esa misma noche, la gallina petirroja atraves� el agujero de la valla, su vida ya no pod�a empeorar. Al otro lado de la valla comprendi� que estaba herida, pero �qu� pod�a importar una herida m�s?, ech� a andar y poco a poco, fue conociendo un sentimiento nuevo: el orgullo. Al orgullo le sigui� la felicidad, que tampoco hab�a experimentado nunca. La gallina llor� de emoci�n y las lagrimas le dieron un gran consuelo. Su vida anterior, la vida en el corral, hab�a concluido. Fuera lo que fuese lo que ahora le esperaba, ya ser�a otra cosa, ya ser�a algo que depend�a de una decisi�n que ella hab�a tomado: atravesar el agujero de la valla. �Lo he hecho, lo he hecho, se dec�a, incr�dula, he sido capaz!. Ahora andaba y se sent�a ligera, segura de encontrar un lugar donde cobijarse para pasar la noche, porque el orgullo que hab�a dado paso a la felicidad ahora se transformaba en seguridad, en optimismo y valor. Si estaba dentro de un sue�o o no, no le importaba. Estaba viviendo la �nica aventura de su vida y nunca hubiese podido imaginar que fuera tan magn�fica. Estaba en el n�cleo de una historia feliz...
Alicante agosto 2010 (JLN)
Visita n� desde el 12 de agosto de 2010.

References: Real Decreto 
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