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Timestamp: 2019-03-20 23:35:12+00:00

Document:
as201312109
Auto Supremo Nº 109/2013-RRC Sucre, 22 de abril de 2013
Partes: Ministerio Público y Agencia Nacional de Hidrocarburos c/ Marcus Vinicius Back
Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2012, cursante de fs. 98 a 101, Nelson Andrés Lamas Rodríguez, en representación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 239 de 25 de octubre de 2012, de fs. 87 a 91, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Marcus Vinicius Back Ferreira por el delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel Oil, Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 bis del Código Penal (CP).
En mérito al requerimiento conclusivo para la aplicación de procedimiento abreviado de fs. 20 a 21 vta., por Sentencia de 16 de mayo de 2012 (fs. 57 a 62 vta.), la Jueza Primera de Instrucción Mixto de Puerto Suárez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró la autoría de Marcus Vinicius Back Ferreira en el delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel Oil, Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 bis del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más la imposición de trescientos días multa a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día, la confiscación de los medios e instrumentos del delito, así como el pago de costas y multas ejecutoriada la Sentencia.
Contra la citada Sentencia, el recurrente formuló recurso de apelación restringida (fs. 65 a 67), siendo resuelto por Auto de Vista 239 de 25 de octubre de 2012, que declaró admisible e improcedente el recurso, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación que cursa de fs. 98 a 101, interpuesto por el recurrente y del Auto Supremo 070/2013-RA de 18 de marzo, se extrae el único motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Denuncia el recurrente que el Auto de Vista impugnado vulneró el derecho al debido proceso por emitir una Resolución injusta y desproporcional a los antecedentes de hecho y de derecho; cuyo antecedente consistiría en que el Ministerio Público habría presentado un requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, sin previamente haber corrido su traslado a la víctima; dejándole en estado de indefensión en su condición de víctima, privándole también del derecho a oposición sobre aquel requerimiento.
Enunciando el art. 373 del CPP, manifiesta que no se consideraron aspectos de forma ni de fondo, pues el Juez cautelar dio curso a una salida alternativa, pese a la extemporaneidad de la solicitud pues la investigación no tenía “ni dos meses de duración” (sic), a la proposición de diligencias para dar con los demás autores del hecho antijurídico; y a su oposición fundada a la procedencia de aquel requerimiento.
Por lo expuesto, el recurrente solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se dicte doctrina legal aplicable.
Mediante Auto Supremo 070/2013-RA de 18 de marzo, cursante de fs. 207 a 209, este Tribunal determinó la admisión del recurso de casación, por la posible existencia de defectos procesales en la aplicación del procedimiento abreviado.
II.1. De la imputación formal.
Por requerimiento de 11 de marzo de 2012, el Ministerio Público imputó formalmente la comisión del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel, Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo, previsto en el art. 226 bis del CP, a Marcus Vinicius Back Ferreira, solicitando su detención preventiva.
II.2. De la solicitud de aplicación de procedimiento abreviado y requerimiento conclusivo.
Realizada la solicitud del imputado Marcus Vinicius Back Ferreira para la salida alternativa del procedimiento abreviado (fs. 18 a 19), el 2 de mayo de 2012, se presentó requerimiento conclusivo (fs. 20 a 21 vta.), solicitando al Juez Segundo de Instrucción Mixto en lo Penal de la localidad de Puerto Suárez, la aplicación de procedimiento abreviado, al haberse establecido por las pruebas recolectadas y los elementos de convicción, la participación y culpabilidad del imputado, quien habría incurrido en la comisión del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel Oil, Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo previsto y sancionado por el art. 226 bis del CP.
Con este antecedente, el representante del Ministerio Público, solicitó la condena del imputado a la pena de tres años de privación de libertad y la confiscación del vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo Land Cruiser, modelo 2012, con placa de control 2451-XCR, de dos tanques metálicos de almacenaje de combustible y del combustible consignado en el acta de secuestro.
II.3. Del señalamiento y notificación para la audiencia de procedimiento abreviado.
Presentado el requerimiento conclusivo, mediante decreto de 3 de mayo de 2012 (fs. 22), el Juez Segundo de Instrucción de Puerto Suárez, fijó audiencia pública para el 11 de mayo de 2012, a horas 15:00, procediéndose a notificar a las partes correspondientes (fs. 24 y vta.); así como al representante de Hidrocarburos Regional de Puerto Suarez en tablero judicial y en su domicilio real, dejando constancia en la diligencia que fue notificado con “resolución de fecha 30 de agosto, acuerdo y Proc. Abreviado 18 a 21 vta.; decreto de fecha 03 de mayo FS 22; decreto de fecha 08 de mayo de 2012 cursa a FS 23” (sic).
Como consecuencia de lo señalado, el recurrente en su condición de representante de la ANH, presentó memorial de oposición a la salida alternativa de procedimiento abreviado (fs. 25 a 26 vta.), esgrimiendo argumentos contrarios a la solicitud realizada en el requerimiento conclusivo.
La audiencia fijada para el 11 de mayo de 2012 (fs. 32), no se llevó a cabo por solicitud expresa del representante del Ministerio Público, señalándose nuevo día y hora de audiencia para el 16 del mismo mes y año, a horas 09:00; con dicha disposición se realizaron las notificaciones correspondientes al imputado, acusador particular y al fiscal de Materia (fs. 33 y vta.).
II.4. De la audiencia de procedimiento abreviado y Sentencia.
Instalada y desarrollada la audiencia de procedimiento abreviado (fs. 53 a 56), con la participación del imputado, del representante del Ministerio Público y del abogado de la ANH, este último señaló que el acusado fue sorprendido en flagrancia en la comisión del delito de almacenamiento y compra ilegal, siendo identificado como autor del hecho, realizado de manera conjunta con la participación de otras personas, debiendo la investigación proseguir respecto de los otros posibles autores que hayan participado, sean funcionarios públicos o personas particulares; consecuentemente, conforme el art. 373 del CPP, se opuso al acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, respecto al procedimiento abreviado “para que se identifique los siguientes a los siguientes coautores que sean partícipes de este ilícito penal, en este sentido sin objetar en absoluto la solicitud del MP”. (sic) (las negrillas son nuestras).
Así, se dictó la Sentencia de 16 de mayo de 2012 (fs. 57 a 62 vta.), refiriendo que el representante del Ministerio Público, presentó requerimiento conclusivo en razón a la autoría del imputado en el hecho delictivo, solicitando la aplicación de la pena de tres años, la confiscación de los objetos utilizados para la comisión del hecho delictivo y se deje abierta la investigación por el plazo de seis meses, ante la existencia de otros partícipes del hecho. Además, destacó la manifestación de la parte querellante en sentido de que existían otros partícipes en el hecho ilícito, que impetró la continuación de la investigación y presentó oposición al acuerdo realizado, sin objetar la confiscación de los elementos de prueba secuestrados.
En consecuencia, realizada la valoración de la prueba presentada, consistente en testificales, documentales, y efectuada la fundamentación de derecho en razón del cumplimiento de los requisitos legales, la referida Resolución judicial, determinó declarar a Marcus Vinicius Back Ferreira, autor del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel Oil, Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 bis del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión; más el pago de costas y multas a favor del Estado de trescientos días multa a razón de Bs. 3.- por día, a efectivizarse una vez ejecutoriada la Sentencia. Asimismo, dispuso la confiscación a favor del Estado el vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo Land Cruiser, modelo 2012, con placa de control 2451-XCR, todo el combustible secuestrado y los dos tanques que se utilizaron para el almacenaje.
Además, ante la solicitud del Ministerio Público, la Sentencia aceptó la continuación de las investigaciones en relación con otros co-autores por el término de seis meses establecido en el art. 134 del CPP; finalmente, referente a la oposición de la ANH, concluyó: “se tiene que la oposición en la audiencia no ha sido debidamente fundamentada, tal como lo establece el art. 373 tercer párrafo del CPP, en consecuencia se rechaza la misma” (sic).
II.5. De la apelación restringida y del Auto de Vista.
Notificadas las partes con la Sentencia, el recurrente en representación de la ANH, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 65 a 67) denunciando: i) La vulneración del debido proceso, toda vez que al haberse presentado el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado no se corrió en traslado al querellante, lo que dejó en indefensión a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sin tomarse en cuenta la gravedad de los hechos y las circunstancias en que se produjo el delito como dispone el art. 373 del CPP, por lo que el Juez a quo debió denegar la solicitud. ii) La inexistencia de fundamentación de la Sentencia, defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP; sin expresar conforme refiere el art. 124 de la norma adjetiva penal, aspectos de hecho y derecho.
Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pasó a resolver el recurso mediante Auto de Vista 239 de 25 de octubre de 2012, de la siguiente manera:
En relación a la primera denuncia de que no se le hubo corrido en traslado el procedimiento abreviado, en el quinto considerando penúltimo párrafo, refirió el Tribunal de alzada que se notificó al apelante con el procedimiento abreviado, por lo que presentó memorial de oposición, demostrándose que el querellante tenía pleno conocimiento del requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado.
Con referencia a la segunda denuncia de defecto absoluto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, señaló el Tribunal de apelación que se llevó a cabo la audiencia de fundamentación oral y audiencia conclusiva de procedimiento abreviado en la que participaron las partes, habiéndose introducido las pruebas de manera legal, siendo la Sentencia debidamente fundamentada y motivada conforme el art. 124 del CPP; determinando declarar admisible e improcedente el recurso de apelación restringida planteado.
Notificado con tal determinación la Agencia Nacional de Hidrocarburos, planteó el recurso de casación (fs. 98 a 101), que es objeto del presente análisis.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO
Previo a desarrollar el análisis del caso es preciso establecer en el ámbito Constitucional, doctrinal y legal, sobre la temática del debido proceso vinculado a la tramitación del procedimiento abreviado.
En el ordenamiento jurídico nacional, el debido proceso se encuentra reconocido en la Constitución Política del Estado en una triple dimensión tanto como derecho, garantía y principio. El debido proceso como derecho se encuentra establecido en el art. 115.II de la CPE, señalando que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; por otro lado como garantía, dispone el art. 117.I de la referida Ley fundamental, en sentido que “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”; finalmente conocida como un principio procesal en el art. 180.I de la CPE, estableciendo que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.
Sobre esta temática, el profesor Durán expresó que el debido proceso es el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley. (Durán Ribera, Willman Ruperto. Principios, derechos y garantías constitucionales. Editorial el País. Año 2005. Pág. 134)
Asimismo, el debido proceso es entendido como “el derecho a la justicia lograda en un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaron a una simple cobertura del derecho de defensa en juicio. No estaremos hablando más de reglas, sino de principios”. (Gozaíni, Osvaldo Alfredo. El debido proceso en la actualidad Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Año 2004 Nº 2. Pág. 67). En este contexto, el debido proceso se proyecta en bloque en todo el ámbito procesal penal, al resultar una garantía expansiva y polivalente, pues se encuentra presente en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación inicial ante la comisión de un hecho ilícito hasta la propia ejecutoria de la Sentencia.
Precisamente una de la formas de finalizar un conflicto penal es conocida como el procedimiento abreviado; que como la doctrina ha expuesto a diferencia de otras salidas alternativas, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino la abrevia y provoca la solución inmediata a la litis; ahora bien, su objetivo tiene que ver con políticas de administración de justicia que permitan el máximo aprovechamiento de los recursos, el descongestionamiento y la oxigenación del sistema penal, la concentración del Estado en la persecución de los ilícitos penales más graves y la permisión de acuerdos que generen una solución rápida y eficiente del conflicto.
En Bolivia, el procedimiento abreviado fue incorporado al sistema procesal penal con el vigente Código de Procedimiento Penal (Ley 1970 de 25 de marzo 1999), “Cuya aplicación sólo puede ser solicitada por los acusadores, constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado”. (Comisión Redactora, exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal. http://www.procedimientopenal.com.bo/).
En estas condiciones, el procedimiento abreviado coadyuva en el descongestionamiento y oxigenación del sistema penal; asimismo, es una opción legal “…que tiene el MP para evitar el juicio oral por motivos de utilidad social o por razones político criminales”, fundamentándose en los principios de objetividad y probidad que deben presidir las actuaciones y decisiones del Ministerio Público establecidos en el art. 72 del CPP. (Herrera Añez, William. El proceso penal boliviano. Editorial Kipus. Año 2007. Pág. 372).
Para que se sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva dependerá del juez de instrucción que conoce la causa y en audiencia pública.
En estas circunstancias, el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por el representante del Ministerio Público en dos momentos procesales: a) al finalizar la investigación preliminar conforme el art. 301 inc. 4) del CPP; b) a la conclusión de la etapa preparatoria de acuerdo al art. 323 inc. 2) del citado Código; sin perjuicio, de que las partes puedan proponer su aplicación, en ejercicio de la facultad que el art. 326.7) del CPP, reconoce a las partes.
De manera particular, la víctima o el querellante, conforme el tercer párrafo del art. 373 del CPP, podrá plantear su oposición fundada a la aplicación del procedimiento abreviado, derecho que debe ser respetado y garantizado durante la tramitación del referido mecanismo de descongestionamiento procesal; pues la víctima o querellante puede ejercerlo por todos los medios legales previstos, una vez tenga conocimiento de la pretensión del imputado a la aplicación de la salida alternativa y del contenido del requerimiento conclusivo formulado por parte del Fiscal; además del derecho de participar en la audiencia a ser señalada por el Juez cautelar para el trámite y resolución de procedimiento abreviado. De modo que establecer limitaciones a este derecho de oposición, significaría vulnerar el derecho que tiene la víctima de oponerse a tal pretensión; entendido como la posibilidad a expresar su disconformidad con una petición, la que puede ser aceptada o no por el juzgador.
Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, corresponde a este Tribunal analizar su contenido y establecer, si existe la vulneración de derechos constitucionales denunciada por la ANH, representada por el recurrente.
Así, del contenido del recurso de casación, se llega a evidenciar que el motivo alegado se halla directamente vinculado a la denuncia de que el Auto de Vista impugnado vulneró el derecho al debido proceso, al emitirse una Resolución injusta y desproporcional a los antecedentes del hecho, toda vez que se formuló un procedimiento abreviado sin haberse corrido su traslado a la víctima, provocando indefensión y privándole del derecho a la oposición; más aún cuando se dio curso a esta salida alternativa pese a la extemporaneidad en su planteamiento, teniendo en cuenta que la investigación no tenía ni dos meses y que se trataba de un caso relevante y complejo.
Ahora bien, para el análisis y resolución del presente recurso, será preciso partir de las respuestas otorgadas por el Tribunal de alzada a los motivos invocados por el recurrente en la apelación restringida, a efectos de establecer si existió o no la vulneración del derecho al debido proceso, generada por la emisión de una resolución injusta y desproporcional, como denuncia el recurrente; además, de confrontar con los antecedentes relacionados a la tramitación del procedimiento abreviado.
El Tribunal de alzada, considerando los motivos alegados por el recurrente en la apelación restringida, estableció respecto a la denuncia de vulneración del debido proceso, porque el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado no hubiese sido corrido en traslado provocando indefensión y que no se tomó en cuenta la gravedad de los hechos y las circunstancias en que se produjo el delito; que, el acusador particular fue notificado con el procedimiento abreviado y presentó un memorial de oposición, en consecuencia tuvo pleno conocimiento del requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado. En cuanto a la denuncia de inexistencia de fundamentación de la Sentencia, defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP; determinó que la Sentencia estuvo debidamente fundamentada y motivada conforme dispone el art. 124 del CPP.
De esta manera, para verificar la denuncia formulada por el recurrente en el recurso de casación sujeto a análisis, se hace necesario acudir a los antecedentes, trámite y resolución del procedimiento abreviado en el presente proceso; en ese sentido, se verifica que presentada la imputación formal de 11 de marzo de 2012 por el Ministerio Público contra Marcus Vinicius Back Ferreira, por el delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel, Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo, previsto en el art. 226 bis del CP; el imputado solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, motivando la presentación del requerimiento conclusivo el 2 de mayo de 2012 y a su vez a la convocatoria de audiencia para la consideración y resolución de la petición por parte del Juez Cautelar de Puerto Suarez; es decir, al cabo de un mes y diecinueve días de iniciado el desarrollo de la etapa preparatoria.
También se verifica que el requerimiento conclusivo y el decreto de señalamiento de audiencia fueron notificados a las partes, incluido el representante de Hidrocarburos Regional Puerto Suarez, quien fue notificado no solamente en tablero judicial sino también en su propio domicilio real.
A esta altura del análisis se tiene, que la anterior relación de antecedentes, demuestran que la entidad representada por el recurrente, asumió conocimiento de la petición fiscal para la aplicación de procedimiento abreviado, no siendo evidente la primera parte de su denuncia en sentido de que se formuló la citada salida alternativa sin correr su traslado a la víctima, por ende, menos resulta sostenible señalar que en su tramitación se hubiese provocado indefensión.
Por otra parte, se constata que el día fijado para la audiencia que finalmente fue suspendida ante la solicitud del representante del Ministerio Público, el recurrente en su calidad de representante Regional de Santa Cruz de la ANH, producto del conocimiento cierto del requerimiento conclusivo, a través de memorial, formuló su oposición a la salida alternativa de procedimiento abreviado con base a varios argumentos relativos a la duración de la etapa preparatoria, a la gravedad del hecho, a la falta de colaboración del imputado, a la participación de otras personas que deben ser investigadas, a la inexistencia de reparación del daño causado y a la inadecuada calificación y fundamentación del quantum de la pena solicitada por el fiscal.
Ahora bien, en la audiencia celebrada ante el Juez Cautelar el 16 de mayo de 2012, previa fundamentación oral del requerimiento conclusivo por parte del representante del Ministerio Público, el abogado de la ANH, enfatizando la participación conjunta del imputado con otras personas, motivo por el cual debía proseguir la investigación de otros posibles autores que hayan participado en el ilícito, formuló oposición al acuerdo establecido entre el Ministerio Público y el imputado, a fin de que se identifique a los coautores.
Estos datos demuestran de que la denuncia del recurrente en sentido de haberse privado el derecho a la oposición, también carece de sustento, pues en el presente caso la ANH tuvo dos momentos para oponerse a la aplicabilidad del procedimiento abreviado, el primero a través de un memorial y por distintas razones; y, el segundo momento, en la audiencia de consideración de procedimiento abreviado en la que la oposición se fundó únicamente en la necesidad de proseguir con la investigación por la participación conjunta del imputado con otros posibles autores; debiendo reiterarse que esta oposición, no conlleva la obligación del juzgador de aceptarla, y en consecuencia rechazar la aplicación del procedimiento abreviado.
En cuanto a la denuncia de que la salida alternativa fue solicitada en menos de dos meses de iniciada la investigación y de tratarse de un caso relevante y complejo; de la revisión de antecedentes, se constata que la solicitud del procedimiento abreviado se presentó al cabo de un mes y veintiún días, de presentado el requerimiento de imputación formal cuya notificación marca el inicio del cómputo del plazo previsto por el art. 134 del CPP para la duración de la etapa preparatoria; por lo que no puede alegarse que su presentación resultó extemporánea como erradamente sostiene el recurrente, considerando los momentos procesales en los que el representante del Ministerio Público puede solicitar la aplicación de las salidas alternativas; más como sucede en el presente caso, cuando fue plenamente identificado el responsable del hecho ilícito, se obtuvo su reconocimiento de culpabilidad y se secuestraron los instrumentos del ilícito, concurriendo los requisitos previstos por los arts. 373 y 374 del CPP.
Además, no puede soslayarse que la oposición al procedimiento abreviado formulada por el representante de la ANH, conforme se desprende del acta de audiencia, se fundó en la existencia de otros partícipes del hecho, motivo por el cual el Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo para la investigación contra otros posibles co-participes del hecho delictivo, otorgando en consecuencia el juzgador el plazo de seis meses para ese fin conforme dispone el art. 134 del CPP; consiguientemente, no existía motivo fundado para no aplicarse la salida alternativa al haberse dispuesto la continuación de la investigación en relación a otras personas que tuvieren participación en el delito ocurrido.
Por último, debe tomarse en cuenta que a solicitud del fiscal, el juzgador emitió Sentencia de 16 de mayo de 2012, disponiendo la confiscación a favor del Estado de los instrumentos utilizados en el hecho ilícito, consistentes en: Vehículo clase Camioneta, marca Toyota, Tipo Land Cruiser, modelo 2012, motor 1HZ0634017, chasis JTELB71J007085531, con placa de control 2451-XCR, todo el combustible secuestrado y de los dos tanques utilizados para el almacenaje del combustible, además de costas y multas que se hará efectivo al ejecutoriarse la Sentencia.
Del análisis efectuado, este Tribunal concluye que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió la resolución impugnada conforme los datos del proceso, sin incurrir en vulneración al debido proceso, pues se observaron las disposiciones legales que regulan la tramitación del procedimiento abreviado, sin causar indefensión a la entidad representada por el recurrente y sin infringirse su derecho a la oposición; consecuentemente, el presente recurso de casación deviene en infundado.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Agencia Nacional de Hidrocarburos representada por Nelson Andrés Lamas Rodríguez, cursante de fs. 98 a 101.

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