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Timestamp: 2016-10-29 00:50:42+00:00

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LEY 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares
LEY 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares	LEY 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares Mis Leyes
LEY 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares Estado	:
TÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PUERTOS.
CAPÍTULO I. EL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO.
CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS PUERTOS.
SECCIÓN I. LOS PLANES DIRECTORES DE LOS PUERTOS.
SECCIÓN II. COORDINACIÓN CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
SECCIÓN III. PROMOCIÓN DE NUEVOS PUERTOS Y DE AMPLIACIONES SUSTANCIALES.
TÍTULO II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
CAPÍTULO I. LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA.
CAPÍTULO II. EL ENTE PÚBLICO PUERTOS DE LES ILLES BALEARS.
SECCIÓN I. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.
SECCIÓN III. RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS.
TÍTULO III. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS.
CAPÍTULO II. SERVICIOS PORTUARIOS.
SECCIÓN I. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA.
SECCIÓN II. LOS SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES.
SECCIÓN III. LOS SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS.
CAPÍTULO III. SERVICIOS COMERCIALES Y OTRAS ACTIVIDADES.
CAPÍTULO IV. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PUERTOS DEPORTIVOS.
TÍTULO IV. GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO.
CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN.
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS A CONCESIONES Y AUTORIZACIONES.
SECCIÓN II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EL USO DE PUESTOS DE AMARRE DE EMBARCACIONES DE RECREO.
CAPÍTULO IV. CONCESIONES.
SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO.
SECCIÓN III. RÉGIMEN ESPECÍFICO.
SECCIÓN IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CONCESIONES.
SECCIÓN V. MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES.
CAPÍTULO V. FIANZAS Y AVALES.
TÍTULO V. RÉGIMEN DE INFRACCIONES, SANCIONES Y POLICÍA.
SECCIÓN II. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.
CAPÍTULO IV. POLICÍA DE PUERTOS.
ANEXO. RED DE PUERTOS, DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS QUE SON COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE LAS ILLES BALEARS.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley 10/2005, de día 21 de junio de puertos de las Islas Baleares.
Esta Ley se dicta en desarrollo del artículo 10.5 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que confiere a las instituciones de la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de puertos no calificados de interés general por el Estado y de puertos de refugio y deportivos. No obstante, en consideraci ón a las ideas expuestas, este título de competencias es complementado, en aspectos determinados, por otros preceptos estatutarios. En este sentido, tienen que tenerse en cuenta cuando menos los apartados 3, 4, 6, 11, 12 y 18 del artículo 10 del Estatuto, cuya virtualidad se traduce en una ampliación del campo de innovación legislativa.
El capítulo II, que se titula -Planificación y ordenación de los puertos-, regula los planes directores como figuras de ordenación de los puertos y de otras instalaciones portuarias y marítimas, que principalmente han de contener los elementos propios de los antiguos planes de usos y sustituyen a los planes especiales como figuras de ordenación de los accesos, las edificaciones y los espacios de los puertos. Aunque el procedimiento especial de elaboración de estos instrumentos queda incluido en la esfera reglamentaria, la Ley garantiza una adecuada participación institucional y social, con la voluntad inequívoca de llevar a cabo una política portuaria atenta a los intereses de la ciudadanía.
El extenso título IV se refiere a la gestión del dominio público portuario. Se inicia con un capítulo dedicado al régimen de utilización, en el que destacan las prescripciones generales sobre usos permitidos y prohibidos y las reglas generales sobre autorizaciones y concesiones. En materia de autorizaciones se recoge una regulación que sintoniza claramente con la legislación comparada y se incorpora un conjunto de preceptos específicos para el uso de puestos de amarre de embarcaciones de recreo. Estos preceptos hacen posible un régimen temporal más amplio y un control más intenso de la administración portuaria sobre las transmisiones de derechos de uso en las dársenas y los puertos gestionados en régimen de concesión. A este efecto se crea el Registro General de usuarios de amarres en el cual tienen que inscribirse los titulares de los derechos mencionados.
La Ley se ocupa de las concesiones con un cierto detenimiento, adoptando soluciones extraídas del derecho autonómico comparado, simplificando el procedimiento de otorgamiento e incorporando la novedad que supone la concesión de obra pública portuaria. En relación con el procedimiento, se prevé la iniciación de oficio, mediante la convocatoria del concurso correspondiente, o a solicitud de cualquier persona interesada. Asimismo, la Ley trata con detalle la regulación de los trámites correspondientes a la tramitación y aprobación de los proyectos técnicos de ejecución y explotación. Finalmente, se incluyen reglas específicas para la prolongación de la explotación en las concesiones en las que ya hayan transcurrido dos terceras partes del plazo correspondiente. En el capítulo V, y principalmente en relación con las concesiones, se regulan los diversos tipos de fianzas con la finalidad de proporcionar las garantías más adecuadas para los intereses confiados a la tutela de la administración portuaria.
Las disposiciones adicionales incorporan a la Ley algunas decisiones fundamentales sobre la Red de Infraestructuras y de Instalaciones Portuarias, que es objeto del anexo, y sobre la modificación de la Ley 6/1999, de 3 de abril, sobre las Directrices de Ordenación Territorial.
Ordenar el sistema portuario de las Illes Balears, de acuerdo con los principios rectores de las políticas económicas y territoriales.
Establecer el régimen jurídico de los puertos y de las instalaciones portuarias y marítimas.
Organizar y regular la administración portuaria de la comunidad autónoma con criterios de eficacia y de eficiencia.
Armonizar el sistema portuario con la planificación territorial y urbanística y la preservación del litoral, en consonancia con sus valores culturales, patrimoniales, paisajísticos y medioambientales.
Asegurar la protección y la defensa del dominio público portuario de titularidad autonómica.
Regular las actividades que se desarrollan en el ámbito portuario, garantizando a los usuarios una prestación adecuada de los servicios portuarios de acuerdo con criterios de calidad.
Introducir un régimen específico de infracciones y sanciones en las materias reguladas en esta Ley.
Artículo 3. Puertos de competencia autonómica. 1. Son competencia de la Administración autonómica de las Illes Balears:
Litoral: Todas aquellas zonas comprendidas en los límites determinados por la legislación estatal de costas.
Puerto: El conjunto de infraestructuras, instalaciones, espacios terrestres y aguas marítimas adscritas, que permita la realización de las actividades de tráfico portuario y la prestación de los servicios correspondientes.
Zona de servicio del puerto: Zona formada por las superficies de tierra y agua, así como la de reserva necesarias para llevar a cabo las actividades propias y complementarias del puerto y delimitada como tal. La zona de servicio se divide en:
Dársena: El conjunto de superficies de tierra y agua incluidas en la zona de servicio de un puerto preexistente y destinadas preferentemente a dar servicio a la flota mercante, pesquera o deportiva o a las actividades turísticas o recreativas complementarias.
Instalación portuaria: Las obras civiles de infraestructura y las de edificación o superestructura, como también las instalaciones mecánicas y las redes técnicas de servicio, construidas o ubicadas en el ámbito portuario y destinadas a realizar o a facilitar el tráfico portuario.
Instalación marítima: Toda obra fija o instalación desmontable que, sin reunir los requisitos necesarios para ser considerada como puerto o dársena, ocupa espacios de dominio público marítimo-terrestre no incluidos en la zona de servicio del puerto, y se destina, exclusivamente o principalmente, al uso de embarcaciones de pesca, deportiva, de recreo o tráfico turístico.
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PUERTOS.
EL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO.
Artículo 5. Bienes demaniales. Integran el dominio público portuario de titularidad de la comunidad autónoma las superficies de tierra, las obras y las instalaciones que la consejería competente afecte a usos o servicios portuarios, así como las obras e instalaciones realizadas sobre el dominio público marítimo-terrestre adscrito para finalidades portuarias.
3. Antes de la aprobación de la delimitación de la zona de servicio será necesario contar con el informe favorable de adscripción previsto en la legislación de costas en el supuesto de afectación de nuevo dominio público marítimo- terrestre.
La utilización de los bienes se solicite para finalidades de interés general que sean compatibles con la exploración del puerto.
Se formalice el convenio correspondiente, en el cual se determinen las condiciones de utilización, así como las tasas y los gastos que debe asumir el organismo autorizado.
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS PUERTOS.
La delimitación de la zona de servicio, incluyendo las adscripciones demaniales correspondientes y dividiendo las aguas portuarias en Zona I y Zona II.
La asignación de usos en el ámbito portuario y la justificación de su necesidad o conveniencia, de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios; las medidas dirigidas a satisfacer adecuadamente la prestación de los servicios portuarios y a garantizar su seguridad.
Los criterios de ordenación de las edificaciones, las instalaciones y los espacios portuarios.
2. Aestos efectos, tendrá carácter de modificación sustancial la ampliación superior a un 30% de la superficie ocupada en el mar con obras de infraestructura o de la superficie terrestre de la zona de servicio.
Las que se realicen en la zona de servicio del puerto.
Las que sean necesarias para la conexión del puerto con la red viaria y con los sistemas generales y locales.
1. Si el proyecto básico se considera adecuado por Puertos de las Illes Balears, se someterá, antes de su aprobación, a informe del ministerio con competencia en materia de costas, a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley de costas, a informe del órgano competente del consejo insular respectivo, que tendrá carácter vinculante cuando se refiera a la promoción de nuevos puertos. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya remitido se considerará favorable. Asimismo se solicitará informe del ayuntamiento correspondiente, que no tendrá carácter vinculante, y que ha de emitirse en el plazo de un mes.
La utilización racional del litoral y de los recursos naturales.
La protección, el mantenimiento y la defensa del dominio público portuario.
El fomento de la participación de los agentes económicos y sociales en el diseño y la ejecución de la política portuaria.
La coordinación y la colaboración leal con el resto de administraciones públicas con competencias o intereses concurrentes en materia portuaria.
La organización y el funcionamiento de los servicios públicos de acuerdo con criterios de eficacia, eficiencia y buena administración.
La calidad en la prestación de servicios a los usuarios, garantizándoles un estatuto adecuado.
La eficiencia en la gestión económica, procurando la obtención de ingresos suficientes para financiar los gastos ordinarios y las inversiones propuestas.
La garantía de la seguridad de las empresas y los usuarios.
Facilitar el mantenimiento de las instalaciones portuarias de los bienes que tengan un valor patrimonial consolidado.
Aprobar definitivamente los planes directores de puertos.
Orientar y controlar la actuación de Puertos de las Illes Balears mediante la fijación de criterios y directrices de política portuaria.
EL ENTE PÚBLICO PUERTOS DE LES ILLES BALEARS.
1. Se crea el ente Puertos de las Illes Balears como ente de derecho público, de los previstos en el párrafo 1 del artículo 1.b de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines que la Ley atribuye. El ente se adscribe a la consejería competente en materia de puertos.
La gestión, la protección, el mantenimiento y la defensa del dominio público portuario que se le adscriba y el que pudiese afectar a la comunidad autónoma de las Illes Balears.
La participación en la planificación portuaria y en los procedimientos de elaboración de las disposiciones reglamentarias que tengan que dictarse en ejecución de esta Ley.
La aprobación de los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de ocupación del dominio público portuario así como de las ordenanzas reguladoras de los servicios portuarios.
La aprobación técnica de los proyectos para la construcción o modificación y de explotación de los puertos, las dársenas y el resto de instalaciones y obras portuarias que sean competencia de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como su proyección, construcción y explotación cuando sean de gestión directa.
La tramitación y la aprobación inicial de los planes directores de los puertos.
El fomento de la actividad económica de los puertos y la optimización de la gestión económica y rentabilización del patrimonio y de los recursos que tenga asignados.
La colaboración en la adopción de las medidas de preservación y mejora medioambiental del litoral, cuando así se le encomiende.
Las relativas a las autorizaciones, concesiones y licencias reguladas en esta Ley.
La gestión de los servicios portuarios, así como de las actividades complementarias o vinculadas.
La realización, la autorización, el fomento y el control de las operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico y el tránsito portuarios y de las destinadas a garantizar la seguridad de las empresas y los usuarios.
La gestión, la administración y el control de subvenciones y ayudas cuando, por razón de la materia, así lo decida la consejería competente en materia de puertos.
El establecimiento de las tarifas reguladas en esta Ley para la prestación de los servicios portuarios que corresponda aprobar en la administración portuaria.
La recaudación del canon establecido para la utilización del dominio público portuario, del resto de tasas previstas en esta Ley y de cualquier otro ingreso que le corresponda.
La policía portuaria.
La potestad sancionadora en los términos que prevé esta Ley.
La colaboración con la consejería a la que esté adscrito en las relaciones institucionales con otras administraciones y organismos que actúan en materia de puertos.
La propuesta de los bienes y derechos que tienen que ser objeto de expropiación forzosa.
La realización de planes de prevención, seguridad y emergencias en cada uno de los puertos, de acuerdo con la normativa vigente.
El resto de funciones que le asigna esta Ley y las que le atribuyan el Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma.
La colaboración con entidades que se dedican a la protección del patrimonio marítimo del ámbito de las Illes Balears.
Artículo 23. Derecho aplicable. 1. Puertos de las Illes Balears ha de someterse, en cuanto a su actividad, al ordenamiento jurídico privado. No obstante lo anterior, ha de someterse a las normas administrativas en los siguientes aspectos:
El presidente, el vicepresidente y el consejo de administración son los órganos de gobierno.
El director gerente, los delegados territoriales y el resto de órganos dependientes son los órganos de gestión.
El consejo asesor es el órgano de consulta y participación.
Aprobar el proyecto de estatutos y sus modificaciones.
Aprobar los anteproyectos de presupuestos y los planes de actuación de la entidad.
Aprobar las tarifas para la prestación de servicios y proponer la fijación y la revisión del canon para el aprovechamiento del dominio público y del resto de tasas en lo referente a esta Ley.
Organizar y dirigir la gestión y la recaudación de los tributos y del resto de ingresos públicos previstos en esta Ley.
Autorizar las inversiones y las operaciones financieras de la entidad, como también la constitución de sociedades o de otras entidades y la participaci ón en las constituidas.
Aprobar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria explicativa de la gestión anual y el plan de empresa.
Aprobar la plantilla laboral y las actuaciones relativas a su selección y retribución.
Aprobar los convenios y los contratos, cuando no corresponda a otros órganos.
Realizar los actos de gestión, disposición y administración del patrimonio de la entidad de acuerdo con los estatutos.
Decidir sobre el ejercicio de las acciones y los recursos que corresponden a la entidad para la defensa de sus intereses.
Ejercer el resto de funciones que le atribuyen esta Ley y sus estatutos.
En su caso, establecer los convenios de colaboración que correspondan con entidades relacionadas con la protección del patrimonio marítimo para la consecución de sus objetivos.
Son miembros natos el presidente, que también lo es del consejo de administración, el vicepresidente y el director gerente de Puertos de las Illes Balears.
Los miembros designados, en número no inferior a 12 ni superiores a 18, son nombrados por acuerdo del Consejo de Gobierno por un periodo de cuatro años.
Al menos la mitad de los miembros designados tienen que serlo de acuerdo con criterios de competencia profesional.
Los consejos insulares y los municipios donde se ubiquen instalaciones portuarias.
La administración portuaria del Estado.
Las organizaciones empresariales y sindicales representativas en el ámbito portuario.
Las asociaciones de puertos deportivos y los clubes náuticos deportivos.
Las entidades dedicadas al fomento y a la promoción del turismo.
La Federación Balear de Vela.
Las asignaciones establecidas en las leyes de presupuestos generales.
Los productos, las rentas o los incrementos derivados de la gestión patrimonial.
Los ingresos de las tasas y las tarifas que se establezcan por la ocupación y aprovechamiento del dominio público portuario y por la prestación de servicios en los puertos.
Las participaciones o los ingresos que provengan de convenios o contratos suscritos por cualquier otro organismo, empresa o persona física o jurídica.
El producto de las multas impuestas de acuerdo con esta Ley.
Cualquier otro admitido por el ordenamiento jurídico.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS.
Servicios portuarios, que pueden ser generales y básicos.
Servicios comerciales y otras actividades.
El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios básicos, a los comerciales y a otras actividades.
Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras administraciones.
Los servicios de prevención, vigilancia, seguridad y policía, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras administraciones.
La colaboración con las administraciones competentes en la prevención y el control de emergencias, incluidos los servicios de protección civil, prevención y extinción de incendios y lucha contra la contaminación.
El amarre, el desamarre y la botadura de embarcaciones.
El embarque y desembarque de pasajeros.
La carga y la descarga de equipajes y vehículos en régimen de pasaje.
El depósito y el transporte horizontal de mercancías.
El suministro de agua y de energía eléctrica a las embarcaciones.
La recepción de residuos generados por las embarcaciones.
El muelle de espera y la superficie de amarre para embarcaciones transeúntes.
El balizamiento.
Los medios de izada de embarcaciones y de reparación.
El equipo de intervención rápida de extinción de incendios y de control de vertidos.
La recogida y el tratamiento de basuras y sistemas de depuración de aguas residuales.
El sistema higiénico sanitario.
El sistema de gestión de calidad ambiental.
El plan de emergencias y seguridad.
Servicio de radio-comunicación y los servicios telefónicos, telemático y de VHF, así como el de información meteorológica.
El sistema de bombeo y almacenaje que permita la extracción de las aguas aceitosas de las sentinas de las embarcaciones y el sistema de filtración y decantación de las aguas procedentes de las áreas donde se realizan actividades potencialmente contaminantes.
El resto de servicios no incluidos en los apartados anteriores cuando así lo dispongan las ordenanzas correspondientes.
Mantener la continuidad y la regularidad de los servicios en función de las características de la demanda, excepto causa de fuerza mayor, haciendo frente a las circunstancias adversas que puedan producirse con las medidas exigibles a un empresario diligente. Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, Puertos de las Illes Balears podrá establecer servicios mínimos de carácter obligatorio.
Cooperar en los trabajos de salvamento, extinción de incendios y lucha contra la contaminación, así como en la prevención y el control de las emergencias, tal como indique su plan de autoprotección. Asimismo, informar de aquellas incidencias que puedan afectar a cualquiera de estas materias o a la seguridad marítima en general.
Someterse, cuando proceda, a la potestad tarifaria en las condiciones establecidas en las prescripciones particulares por las cuales se rige el título habilitante.
Tasa por aprovechamiento especial del dominio público en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios.
Condiciones y medios para garantizar la seguridad y la calidad ambiental del servicio o de la actividad.
Otras condiciones que se consideren pertinentes y estén justificadas por razones imperiosas de interés general.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PUERTOS DEPORTIVOS.
Amarre, desamarre y botadura de embarcaciones.
Muelle de espera y superficie de amarre para embarcaciones transeúntes.
Medios de izada de las embarcaciones y de reparación.
Servicio de radio-comunicación y servicios telefónico, telemático y de VHF, como también de información meteorológica.
Equipo de intervención rápida de extinción de incendios y de control de vertidos.
Recogida y tratamiento de basuras y sistemas de depuración de aguas residuales.
Sistema de bombeo y almacenaje que permita la extracción de las aguas aceitosas de las sentinas de las embarcaciones y sistema de filtrado y decantación de las aguas procedentes de las áreas donde se realizan actividades potencialmente contaminantes.
Sistema de bombeo, tratamiento y/o evacuación de las aguas grises y residuales de las embarcaciones.
Sistema de almacenaje cubierto.
Superficies para aparcamiento de vehículos y remolques.
Edificio social y cantina.
Instalaciones aptas para la enseñanza náutica y la realización de prácticas de actividades vinculadas a los puertos.
Equipo de apoyo para salvamento marítimo.
Accesos aptos para discapacitados.
Sistema de gestión de calidad ambiental.
Plan de emergencias y seguridad.
Servicio de rampa para embarcaciones a remolque.
GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO.
RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN.
Las que tengan por objeto atender las funciones y los usos propios de cada puerto, como también las que sean instrumentales o complementarias de las actividades anteriores.
Las de carácter comercial, cultural, deportivo, recreativo o similar que sean necesariamente complementarias de la actividad portuaria o marítima, y que favorezcan el equilibrio económico y social del puerto.
La realización y la difusión de publicidad por cualquier medio, siempre que sean autorizadas de acuerdo con lo que se establece en el plan director respectivo.
El tendido aéreo de líneas eléctricas y telefónicas.
Los vertidos contaminantes y aquéllos que no sean autorizados.
DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS A CONCESIONES Y AUTORIZACIONES.
El objeto y el alcance de la ocupación o la utilización del dominio público portuario.
Las obras o las instalaciones que, si procede, tiene que ejecutar el adjudicatario, de acuerdo con el proyecto constructivo, como también los plazos de comienzo y de finalización de las obras.
El plazo de duración y, si procede, la posibilidad de prórroga.
Las fianzas que deban constituirse.
El canon de aprovechamiento del dominio público portuario.
Las condiciones, si procede, de prestación de los servicios, así como las tarifas o los precios máximos que deben percibirse de los usuarios, en los que serán repercutibles los gastos de mantenimiento y conservación así como los gastos generales necesarios, con el detalle de los factores constitutivos como base de futuras revisiones.
La obligación del adjudicatario de facilitar la información que le solicite la administración en relación a los resultados económicos de la explotación.
Las facultades de auxilio y cooperación que asume el concesionario en materia de policía portuaria.
La declaración de que la administración portuaria no asume ninguna obligación laboral o económica del titular de la concesión o autorización en caso de extinción.
Las actividades que se desarrollen en el espacio portuario que no requieran la ejecución de obras, como también la ocupación del dominio público portuario con instalaciones desmontables o bienes muebles por un periodo inferior a tres años.
La utilización de instalaciones portuarias fijas para los buques, el pasaje y las mercancías.
El desarrollo en el ámbito portuario de actividades industriales, comerciales o de servicios, de acuerdo con el título III de esta Ley.
2. En los casos previstos en el punto c del apartado anterior, la autorización incluirá los aspectos relativos al aprovechamiento del dominio público.
Cuando sean incompatibles con obras, normativas o planes aprobados con posterioridad al otorgamiento.
Cuando sean un obstáculo para la explotación portuaria.
Cuando impidan la utilización del espacio portuario para actividades de más interés público.
Cuando en el título de otorgamiento se haya previsto expresamente la posibilidad de prórroga y discrecionalmente la conceda Puertos de las Illes Balears.
Cuando el título de otorgamiento no prevea la posibilidad de prórroga, pero el concesionario se comprometa a llevar a cabo una inversión relevante no prevista que, a juicio de Puertos de las Illes Balears, sea de interés para la explotación portuaria.
Puertos de las Illes Balears procederá a la confrontación del proyecto sobre el terreno y los espacios de agua correspondientes con el fin de determinar su adecuación técnica.
Debe abrirse un trámite de información pública por un plazo no inferior a veinte días. No se exige este trámite cuando la concesión tenga por objeto la utilización de edificios y construcciones existentes sin modificación de la estructura exterior.
Tiene que solicitarse un informe a los organismos que reglamentariamente se determinen. Los informes tienen que emitirse en un plazo de un mes.
El proyecto tiene que someterse a los controles adecuados de impacto ambiental.
La inclusión del ámbito del proyecto como sistema general portuario en el planeamiento general y territorial.
La declaración de utilidad pública a los efectos de expropiación de los bienes de propiedad privada y el rescate de las concesiones que sean necesarias para la ejecución del proyecto, así como la afectación al uso portuario de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales incluidos en la zona de servicio.
El inicio de las actuaciones para obtener la adscripción demanial que corresponda.
2. Si las condiciones son aceptadas en el plazo concedido, Puertos de las Illes Balears resolverá discrecionalmente sobre el otorgamiento de la concesión. La resolución de otorgamiento, que permite la formalización del título concesional, tiene que publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
1. En el supuesto de que el ganador del concurso renuncie a la adjudicación de la concesión, la administración puede optar discrecionalmente entre declarar desierto el concurso o adjudicar el concurso al licitante siguiente en la valoraci ón.
Un puerto existente, un nuevo puerto o la ampliación de un puerto existente que sea susceptible de explotación totalmente independiente.
Infraestructuras portuarias e instalaciones náuticas deportivas.
Concreción de los terrenos, las obras o las instalaciones sujetas a reversión.
Estudio acreditativo del equilibrio económico y financiero de la concesión.
Fianzas que tiene que constituir y mantener el adjudicatario.
La ampliación de la superficie de la concesión en más de un 30% respecto a la fijada en el acta de reconocimiento.
La ampliación de la superficie o del volumen construidos autorizados en más de un 30%.
El rescate de la concesión por parte de la administración.
La declaración de quiebra o la extinción de la persona jurídica concesionaria.
La declaración de un concurso de acreedores del concesionario, cuando ello imposibilite la realización de las obras previstas o la prestación de los servicios portuarios. No obstante, Puertos de las Illes Balears puede autorizar el mantenimiento de la concesión si considera que el concesionario ofrece las garantías suficientes, salvo que se reserve su gestión directa.
El mutuo acuerdo entre la administración portuaria y el concesionario.
La revocación de la concesión por incumplimiento imputable al concesionario de las cláusulas establecidas en el pliego de condiciones.
Cualquier otra que se establezca en el pliego de condiciones, de acuerdo con la legislación vigente.
Cuando ninguna de las ofertas presentadas reúna las condiciones mínimas establecidas en el concurso.
Discrecionalmente, cuando el ganador del concurso renuncie al otorgamiento de la concesión y el antiguo concesionario no ejerza el derecho de tanteo.
Siempre, en su caso, cuando el segundo clasificado en el concurso no acepte las condiciones ofrecidas y el antiguo concesionario no ejerza el derecho de tanteo.
El transcurso de un año desde el vencimiento de la concesión, siempre que el titular haya manifestado con una antelación de 4 meses su intención de abandonar los espacios afectos a la concesión.
RÉGIMEN DE INFRACCIONES, SANCIONES Y POLICÍA.
Adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del régimen jurídico infringido en función de la naturaleza de los hechos.
Imponer sanciones a los responsables, previa tramitación de un procedimiento sancionador.
Exigir la reparación de los daños y perjuicios causados al dominio público y a otros bienes y derechos de la administración.
El uso de un amarre sin autorización.
El aparcamiento de vehículos fuera de los espacios destinados para este uso o con infracción de las condiciones o de la señalización que lo regula.
El incumplimiento de las disposiciones establecidas en los reglamentos dictados en despliegue o aplicación de esta Ley, como también el de las órdenes e instrucciones que emita Puertos de las Illes Balears en el ejercicio de sus competencias.
La ejecución en la zona de servicio del puerto de acciones que pongan en peligro las obras, las instalaciones portuarias, las embarcaciones, las mercancías, los contenedores o las personas, siempre que no se impida la normal prestación del servicio.
La utilización indebida, inadecuada o sin las condiciones de seguridad suficientes, de las instalaciones reguladas en esta Ley.
El incumplimiento no sustancial de las condiciones del título otorgado, sin perjuicio de su revocación o rescisión, si es el caso.
La percepción, por parte del concesionario, de retribuciones o comisiones por la cesión de derechos sobre amarres de embarcaciones de recreo infringiendo lo que establece esta Ley, siempre que la cantidad percibida sea inferior a 6.000 euros.
La omisión o la aportación de forma defectuosa, voluntariamente o por negligencia inexcusable, de cualquier información que se tenga que suministrar a la administración portuaria por prescripción legal o reglamentaria.
El incumplimiento de las prescripciones sobre limpieza de la zona de servicio del puerto.
Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas directamente por esta Ley y por las disposiciones que la desarrollen, siempre que no estén tipificadas como infracción grave o muy grave.
La transmisión parcial o total de concesiones, o la constitución de gravámenes sobre éstas, sin la autorización de la administración portuaria.
La transmisión o cesión de derechos sobre los amarres sin cumplir los requisitos establecidos en esta Ley.
La percepción, por parte del concesionario, de retribuciones o comisiones por la cesión de derechos sobre amarres de embarcaciones de recreo infringiendo lo que establece esta Ley, cuando no sea constitutivo de infracción leve.
La omisión o aportación de forma defectuosa, voluntaria o por negligencia inexcusable, prevista en el apartado h del artículo 92, cuando se haya hecho caso omiso al requerimiento de la administración. Asimismo, el falseamiento de cualquier información aportada a la administración portuaria en cumplimiento de una obligación legal o de un requerimiento de ésta.
La obstrucción de las funciones de control y de policía de la administraci ón portuaria o la negativa a colaborar.
El vertido no autorizado de sustancias y de residuos en la zona de servicio del puerto.
Cualquier otro tipo de actuación que perjudique el entorno terrestre o marino o el medio ambiente.
El incumplimiento de la obligación de estar inscrito en el Registro General de usuarios de amarres.
El vertido de sustancias y residuos contaminantes en las aguas del puerto.
Las acciones u omisiones con repercusiones especialmente relevantes para el entorno terrestre o marino o para el medio ambiente, como consecuencia de la trascendencia económica de los daños y perjuicios producidos o porque lesionan de forma irreversible el equilibrio del medio natural.
Las acciones u omisiones que causen un daño importante o impliquen un riesgo muy grande para la salud o la seguridad de las personas.
La realización de obras, instalaciones o actividades en el dominio público portuario o de otras instalaciones sin el correspondiente título administrativo o sin ajustarse a sus condiciones, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la administración portuaria de cese de la actuación o cuando se persista en esta conducta una vez notificada la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
Los autores de los hechos o las omisiones, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de la empresa con la cual éstos tengan una relación de dependencia, si la infracción se ha cometido en el ámbito propio de la actividad de la empresa.
En caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo o de un contrato con la administración portuaria, el adjudicatario del título o del contrato.
En caso de infracciones relacionadas con las embarcaciones, los propietarios, los armadores y los consignatarios, con carácter solidario, y los patrones o los capitanes, con carácter subsidiario.
En caso de infracciones relacionadas con obras, instalaciones y actividades no amparadas suficientemente por el título correspondiente, el promotor de la actividad, el empresario que las lleva a cabo y el director técnico, según corresponda.
Artículo 98. Tipología de sanciones. Las infracciones se sancionan en los siguientes términos:
Suspensión del ejercicio de las actividades empresariales o profesionales en la zona de servicio del puerto por un plazo no superior a dos años.
Revocación de los títulos relativos al uso o al aprovechamiento del dominio público portuario.
Inhabilitación del infractor para ser titular de autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, o de contratos de gestión de servicios, por un plazo no superior a dos años en el caso de infracciones graves, o no superior a cuatro años en el caso de infracciones muy graves.
Suspensión del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materias relacionadas con el objeto de esta Ley, por un plazo no superior a dos años en el caso de infracciones graves, o no superior a cuatro años en el caso de infracciones muy graves.
El lucro ilegal obtenido por el infractor y su capacidad económica.
La enmienda voluntaria durante la tramitación del procedimiento de las irregularidades que originaron la actuación sancionadora.
Artículo 104. Órganos competentes. La competencia para la imposición de las multas reguladas en la presente Ley corresponderá a los siguientes órganos:
POLICÍA DE PUERTOS.
La inspección y vigilancia.
La adopción de las medidas dirigidas a garantizar el desarrollo de las actividades portuarias y la integridad del dominio público portuario.
El control de las actuaciones que pueden afectar a los valores culturales, patrimoniales, paisajísticos y medioambientales de los espacios portuarios.
La recuperación del dominio público portuario, particularmente en los casos de ocupación del dominio público por embarcaciones, vehículos, mercancías y cualquier otro elemento sin título suficiente o sin ajustarse a las normas sobre usos y servicios.
La declaración de la situación de abandono de embarcaciones, vehículos y otros objetos.
Las medidas de seguridad exigibles cuando una embarcación presente peligro de hundirse en el puerto, y el naviero o el consignatario no proceda a su reparación o a su traslado.
Las embarcaciones, los vehículos y cualquier otro artefacto, mercancía u objeto que no tengan matrícula o los datos suficientes para la identificación de su propietario o consignatario, que se encuentren en zona de servicio portuario sin la preceptiva autorización.
Las embarcaciones y los vehículos que estén más de seis meses dentro de la zona de servicio del puerto sin ninguna actividad apreciable exteriormente y sin que sus titulares hayan abonado las tasas correspondientes.
Primero. Se suprime el punto 1 del artículo 57, titulado Plan director sectorial de puertos deportivos e instalaciones náuticas, y el artículo 66.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, la ordenación del sistema portuario se lleva a cabo a través de los instrumentos que establece la Ley de puertos de las Illes Balears.
Mantener su situación de origen y, en consecuencia, seguir ocupando el mismo puesto de trabajo conforme al sistema de provisión por el cual lo ocupó.Si se produce este supuesto, las características y el régimen del puesto de trabajo funcionarial se mantendrán mientras que el funcionario titular continúe en servicio activo o hasta que, mediante el sistema de provisión que corresponda, pase a ocupar un nuevo puesto de trabajo en la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o en cualquiera de sus organismos públicos dependientes o vinculados o, simplemente, se desvincule, de manera efectiva, de su relación de servicio público.
Los puestos de trabajo que en la nueva relación de puestos de trabajo del ente público correspondan a las funciones o especialidades efectivamente ejercidas por los funcionarios a los que se refiere el presente apartado, no serán dotados ni ocupados en el ámbito del ente mientras se mantenga la situación de origen.
Solicitar la integración, a partir de la aprobación y entrada en vigor de la relación de puestos de trabajo propia del ente público Puertos de las Illes Balears, en los lugares de trabajo de dicho ente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Planes de utilización de espacios portuarios y proyectos de construcción o ampliación en tramitación. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Delimitaciones de la zona de servicio portuaria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Obras. Mientras no entren en vigor los planes directores de los puertos, Puertos de las Illes Balears puede autorizar en la zona de servicio portuaria las obras y los actos de edificación y uso del suelo en los mismos términos previstos en esta Ley.
Si no se solicita la adaptación en el plazo indicado, o si, una vez solicitada, no se aceptan las condiciones de adaptación fijadas por Puertos de las Illes Balears, el concesionario mantendrá la situación a que hace referencia el apartado 1.
Una vez solicitada la adaptación, la aceptación de las condiciones mencionadas en el apartado anterior supondrá el otorgamiento de un nuevo título concesional, que, en ningún caso, podrá prever un plazo superior a los treinta años fijado por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. El otorgamiento quedará condicionado a que la adaptación se realice en el plazo establecido por Puertos de las Illes Balears.
La adaptación implicará necesariamente la modificación de las estipulaciones económicas de la concesión.
RED DE PUERTOS, DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS QUE SON COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE LAS ILLES BALEARS.
Port d'Andratx (TM Andratx)
Instal·lació portuària de Sant Elm (TM Andratx)
Instal·lació portuària de Cala Lledó (sa Dragonera) (TM Andratx)
Instal·lació portuària d'Estellencs (TM Estellencs)
Instal·lació portuària de Banyalbufar (TM Banyalbufar)
Port de Sóller (TM Sóller)
Instal·lació portuària de Valldemossa (TM Valldemossa)
Instal·lació portuària de sa Calobra (TM Escorca)
Port de Pollença (TM Pollença)
Instal·lació Portuària de Formentor (TM Pollença)
Instal·lació portuària des Barcarès (TM Alcúdia)
Instal·lació portuària de Cala Moltío (cap de Ferrutx) (TM Artà)
Port de Cala Rajada (TM Capdepera)
Instal·lació portuària Canyamel (TM Capdepera)
Port de Cala Bona (TM Son Servera)
Port de PortoCristo (TM Manacor)
Port de Portocolom (TM Felanitx)
Port de Portopetro (TM Santanyí)
Port de Cala Figuera (TM Santanyí)
Port de sa Colònia de Sant Jordi (TM Ses Salines)
Instal·lació portuària des Coto (TM Ses Salines)
Instal·lació portuària de sa Ràpita (TM Campos)
Instal·lació portuària de s'Estanyol (TM Llucmajor)
Instal·lació portuària de Cabrera (Cabrera) (TM Palma)
Instal·lació portuària de s'Estanyol (Punta Plana) (TM Llucmajor)
Port de Sant Antoni de Portmany (TM Sant Antoni de Portmany) (Eivissa)
Instal·lació portuària d'es Caló (Formentera)
Port de Ciutadella (TM Ciutadella) (Menorca)
Port de Fornells (TM Fornells) (Menorca)
Port esportiu del Cocodril (Bonaire) (TM Alcúdia)
Port esportiu de Can Picafort (TM Santa Margalida)
Club Nàutic de Serra Nova (TM Santa Margalida)
Club Nàutic de sa Colònia de Sant Pere (TM Artà)
Marina de Cala Llonga (Cala d'Or) (TM Santanyí)
Club Nàutic de sa Ràpita (TM Campos)
Club Nàutic de s'Estanyol (TM Llucmajor)
Club Nàutic de s'Arenal (TM Llucmajor)
Club Marítim de Sant Antoni de sa Platja (Can Pastilla) (TM Palma)
Club Nàutic de Cala Gamba (TM Palma)
Escola Nacional de Vela de Cala Nova (TM Palma)
Port esportiu Punta Portals (TM Calvià)
Club Nàutic de Palma Nova (TM Calvià)
Port esportiu de Portals Vells (TM Calvià)
Port esportiu d'el Toro (T; Calvià)
Club Nàutic de Santa Ponça (TM Calvià)
Port esportiu de Santa Eulàlia (TM Santa Eulàlia) (Eivissa)
Marina de Cala'n Bosch (TM Ciutadella) (Menorca)
Port d'Addaia (TM Es Mercadal) (Menorca)
Artículos 3 y 5:
Redacción según Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículo 11 (apdo. 4):
Añadido por Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículos 28 (apdo. 1.d), 30 (apdo. 2), 93 (apdos. 1 y 2.a), 94 (apdo. 1), 98 y 104; Disposiciones transitoria segunda y transitoria cuarta (apdo. 2.c):
Redacción según Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículo 93 (apdo. 2.k):
Añadido por Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Disposición adicional séptima:
Derogada por Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículo 23; Disposición final primera (apdo. 2):
Redacción según Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas. Artículos 8 (apdo. 3.b), 46 (apdo. 2), 47 (apdos. 3 y 4.d y .f), 70 (apdo. 1):
Redacción según Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Artículo 60 (apdo. 2 párrafo):
Añadido por Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Planos omitidos. Pueden consultarse en el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 100, de 2 de julio de 2005.
Publicación de las bases específicas para la provisión en propiedad de una plaza de ingeniro/a de caminos, canales y puertos, personal funcionario, del ajuntament de sant antoni de portmanyAcuerdo de aprobación definitiva con prescripciones de la revisión y adaptación al Plan Territorial Insular de Mallorca de las Normas Subsidiarias de planeamiento del municipio de Artà	Cerrar PDF
LEY 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares	Trámites

References: artículo 27
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 3

Artículo 5
 artículo 49
 artículo 1

Artículo 23
 resolución 
 artículo 92

Artículo 98

Artículo 104
 artículo 57
 artículo 66
 Artículo 11
 Artículo 93
 Artículo 23
 Artículo 60