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Timestamp: 2020-06-05 07:22:19+00:00

Document:
Vía de Hecho en el Derecho Administrativo - Abogado administrativo
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la vía de hecho?
Vía de hecho es la actuación de la Administración fuera de su ámbito de competencia (órgano manifiestamente incompetente) o realizada al margen del procedimiento establecido (prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido).
Lo cierto y verdad, es que ni se observa ni se contempla en la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) una definición del significado y extensión de la vía de hecho. Ni siquiera hace uso de esta expresión, aunque, eso sí, prohíbe a las Administraciones iniciar actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico (artículo 97.1).
Del artículo 51.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) se vislumbra que hay vía de hecho:
“Cuando la actuación administrativa se ha producido al margen de la competencia y prescindiendo de las reglas del procedimiento legalmente establecido”.
Asimismo, el procedimiento a seguir para el restablecimiento de tal situación se encuentra expresamente consignado en el artículo 46.3 LJCA, que establece:
“Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho”.
Por alusiones, el artículo 30 del mismo cuerpo normativo establece:
“En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo”.
¿Procede indemnización en caso de que se estime una vía de hecho?
Normalmente, la apreciación de una vía de hecho conlleva inevitablemente y de forma indisoluble la reparación de los daños y perjuicios causados al ciudadano. Importante tener presente, que nuestros Tribunales han considerado que dicha indemnización no forma parte del instituto de la responsabilidad patrimonial, sino de una petición de resarcimiento que puede ser solicitada en el mismo procedimiento en que se insta la cesación de la vía de hecho.
Es más, dicha indemnización podría directamente ser solicitada en sede judicial, sin que exista temor de incurrir en desviación procesal.
Criterio de observancia general con relación a la vía de hecho
A los efectos de materializar las consideraciones expuestas sobre el instituto de la vía de hecho, convendría traer a colación lo resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, a fecha 16 de diciembre de 2008 (EDJ 2008/354611):
“1º) El cese de las actuaciones realizadas en vía de hecho restableciendo la situación jurídica perturbada devolviéndole la superficie objeto de la expropiación en vía de hecho en el mismo ser y estado en el que se encontraba antes de la expropiación en vía de hecho , tal y como se recoge en el informe realizado por Dº Esteban y si no se hiciere a abonar a la actora el coste de reconstrucción y ello en la cuantía que se establece en el informe pericial reseñado que asciende a la cantidad de 25.474,57 €, y esto sin óbice de la devolución a la empresa Fonsagrada SL. de la superficie de terreno de la que ha sido desposeída ilegítimamente para que esta Entidad pueda restablecer el terreno afectado al estado en que se encuentra con anterioridad a las actuaciones descritas y 2º) Se condene a indemnizar al actor por los daños causados en la superficie de la parcela que no ha sido objeto de expropiación ni en vía de hecho ni siguiendo los trámites expropiatorios pero que se derivan de la actuación en vía de hecho , en la cuantía de 90.918,78 €, que se determinan en el informe pericial aportado”.
El Tribunal, tras valorar lo alegado por el Sr. Abogado del Estado, dispone:
No podemos compartir la tesis de la Administración ya que nuestro Tribunal Supremo ha dicho que «Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, con carácter general, sobre la imposibilidad de introducir en la demanda pretensiones nuevas y distintas a las formuladas en vía administrativa. Ahora bien, de lo que aquí se trata es de la concreta posibilidad de solicitar en el proceso la indemnización de los daños y perjuicios aparejados a una actuación material de la Administración Pública constitutiva de vía de hecho. Y en tal concreto supuesto el principio general a que alude el motivo no puede ser acogido por dos razones.
En primer lugar, porque si fuera preciso formular la reclamación previa ante la Administración para solicitar procesalmente la indemnización de los daños y perjuicios, se verían sustancialmente mermadas las posibilidades de la impugnación jurisdiccional directa de las vías de hechos ya que sólo sería posible solicitar el cese de las vías de hecho con lo que no se lograría el pleno restablecimiento de la situación jurídica anterior a la producción de tales vías, y así dicha impugnación jurisdiccional directa sería imperfecta y consustancialmente insatisfactoria para cumplir con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva.
En segundo lugar, porque la solicitud de indemnización de los daños y perjuicios constituye una pretensión singularizada en la LJCA por un régimen especial, conforme al cual puede interesarse, desde el principio, en vía administrativa, o puede también acumularse en la vía jurisdiccional tanto a una pretensión de anulación de un acto administrativo como a una pretensión de cese de una actuación administrativa material constitutiva de vía de hecho. Y ello no sólo en la demanda, como medida adecuada para el restablecimiento de una situación jurídica individualizada, conforme a los artículos 41, 42 y 44 de la Ley de la Jurisdicción de 1956(arts. 31.2 y 34 LJCA EDL 1998/44323 de 1998), sino incluso incorporando la petición en el momento de la vista o de las conclusiones, según el artículo 79.3 LJ de 1956 (art. 65.3 LJCA de 1998). Posibilidad esta que responde a la concepción que tiene la Ley de la petición de indemnización de daños y perjuicios como una petición adicional de la pretensión de anulación del acto o de cese de la actuación constitutiva de vía de hecho, siempre claro está que los daños consten probados en autos.
En definitiva, la indemnización de daños y perjuicios puede constituir la pretensión principal deducida en un proceso, para lo cual es necesaria la previa formulación de la petición en vía administrativa, pero puede constituir también una de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada cuyo reconocimiento se pretende. Y en este caso tiene todo su sentido la norma que habilita el planteamiento del pronunciamiento judicial sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios, como cuestión nueva, incluso en el trámite de conclusiones. O, dicho en otros términos, la pretensión de indemnización de daños y perjuicios puede hacerse directamente ante el Tribunal Contencioso, en aquellos casos en que ésta es el único medio de restablecer plenamente la situación jurídica que el acto administrativo o la actuación material administrativa, constitutiva de vía de hecho , perturbó. En este sentido se viene pronunciando de antiguo esta Sala, como lo acreditan ya remotas sentencias de 14 de noviembre de 1989 o 18 de diciembre de 1990 EDJ 1990/11622 ; doctrina especialmente acogida en supuestos en que se aprecia la imposibilidad práctica de restablecer la realidad fáctica anterior, en los que la determinación de la cantidad sustitutoria de la ejecución «in natura» debe ser integrada por la compensación económica correspondiente tanto a los terrenos ocupados, con arreglo a los elementos de juicios obrantes en las actuaciones como a los perjuicios que se han causado por la actuación de la Administración constitutiva de vía de hecho (Cfr. STS 27 de abril de 1999 EDJ 1999/17317).
Pues, desde luego, que frente a una vía de hecho se opte por formular una pretensión solicitando la aplicación de la normativa expropiatoria resulta posible; pero es sólo una posibilidad ya que, desde luego, en el proceso contencioso cabe la reivindicación mediante una solicitud de recuperación o de restitución in natura de los de los bienes o derechos objeto de la indebida ocupación o desposesión en que se materializa dicha vía de hecho y una indemnización sustitutoria que tenga en cuenta el precio justo de dichos bienes o derechos buscando, además, la plena indemnidad frente a los daños y perjuicios derivados de la ilegal ocupación.
La Jurisprudencia de esta Sala no asimila la ocupación por la vía de hecho a un expediente expropiatorio formalmente tramitado (Cfr. STS 17 de septiembre de 2002 EDJ 2002/37293 ), como tampoco identifica las acciones de responsabilidad patrimonial con las que derivan de supuestos contemplados en la expropiación forzosa , aunque tengan una similitud básica derivada de su finalidad resarcitoria. Y, desde luego, en los supuestos de nulidad absoluta del expediente de expropiación por omisión de las garantías esenciales o, más aún, de mera inexistencia de tal expediente, esta Sala admite, especialmente cuando resulta imposible la restitución in natura de los bienes expropiados , la directa fijación de una indemnización en la propia sentencia, acudiendo, incluso, para cuantificarla a criterios que rebasan los establecidos en la LEF para la fijación del justiprecio, con lo que reconociendo implícitamente la existencia de una responsabilidad patrimonial de la Administración, se trata de evitar, por razones de economía procesal, la tramitación de un incidente de imposibilidad de ejecución o, todavía más, una retroacción para la sustanciación de un procedimiento administrativo que la propia Administración ha omitido (Cfr. SSTS de 19 de diciembre de 1996 EDJ 1996/9180 y 11 de noviembre de 1997 EDJ 1997/9007).» (STS de 19 de abril de 2007, ponente Margarita Robles EDJ 2007/33116)”.
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References: resolución 
 artículo 51
 artículo 46
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 79