Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-819-11.htm
Timestamp: 2018-12-19 04:15:39+00:00

Document:
C-819-11
Sentencia C-819/11
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGADA-Procedencia por cuanto continúa produciendo efectos jurídicos
La jurisprudencia constitucional ha manifestado que sólo en la medida en que la norma enjuiciada haya desaparecido del ordenamiento jurídico y no se encuentre produciendo efectos jurídicos, puede la Corte acudir a la figura de la sustracción de materia y en consecuencia abstenerse de adelantar el respectivo juicio de inconstitucionalidad. En el presente caso, se solicita la declaratoria de inexequibilidad del numeral 4º del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971, cuyo texto consagra, como falta a la honradez del abogado, el utilizar los dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente, en provecho propio o de un tercero; precepto que fue derogado tácitamente por el artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, “por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”,, advirtiéndose que dicha preceptiva ha venido produciendo efectos jurídicos con posterioridad a su derogatoria, por lo que su contenido material debe ser objeto del respectivo estudio de fondo.
ABOGACIA-Su ejercicio implica el desarrollo de una función social que conlleva responsabilidades e impone comportamientos éticos
ABOGADO-Deberes que le competen
ABOGACIA-Criterios orientadores en la regulación de su ejercicio
DERECHO A ESCOGER PROFESION U OFICIO-Fundamental/DERECHO A ESCOGER PROFESION U OFICIO-No tiene carácter absoluto
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Aplicación frente a quien ejerce la profesión de abogado, en el Estado Social de Derecho
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda por incumplimiento de requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia
Encuentra la Corte que la demanda bajo estudio no cumple con los requisitos de procedibilidad, toda vez que el actor estructura la acusación a partir de una valoración subjetiva y personal de la norma, que en si misma, no se predica de su texto y que, por tanto, tampoco tiene la entidad suficiente para poner en duda la presunción de constitucionalidad que pesa sobre la misma, pues no basta con platear la existencia de una simple limitación o restricción del derecho al libre desarrollo de la personalidad del abogado, sino que es necesario mostrar cómo la aludida limitación resulta irrazonable, desproporcionada y arbitraria, resultando, en consecuencia, la demanda inepta
Expediente D-8477
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 54, numeral 4°, del Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”.
Luis Carlos Álvarez Machado
Bogotá D.C., primero (1°) de noviembre de dos mil once (2011).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Luis Carlos Álvarez Machado, demandó la inconstitucionalidad del numeral 4° del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”.
Mediante Auto del ocho (08) de abril de dos mil once (2011), el Magistrado Sustanciador decidió inadmitir la demanda presentada, por considerar que no se acreditó que la Corte fuera competente para conocer de la misma, teniendo en cuenta que la norma cuya validez se cuestiona, fue derogada por el artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
Dentro del término previsto en el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, para la corrección de la demanda, el trece (13) de abril de 2011, el demandante radicó en la Secretaría General de esta Corporación escrito de subsanación, en el que precisó que la norma acusada continúa produciendo efectos jurídicos pese a su aparente derogatoria, como quiera que, actualmente, el Consejo Superior de la Judicatura está imponiendo sanciones disciplinarias con base en la misma. Ello, en su sentir, hace necesario un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación que aclare o defina su verdadero alcance y aplicación.
Mediante Auto del seis (06) de mayo de dos mil once (2011), se resolvió admitir la demanda formulada contra el numeral 4° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, disponer su fijación en lista y, simultáneamente, correr traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto respectivo. Así mismo, se ordenó comunicar la demanda al Presidente de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacional, Libre, del Atlántico, del Norte y Externado de Colombia, para que, si lo estimaban conveniente intervinieran dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender la constitucionalidad de la norma acusada.
A continuación se transcribe el texto del artículo 54, numeral 4°, del Decreto 196 de 1971, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 33.255, de 1 de marzo de 1971, destacando en negrilla y con subraya el aparte demandado:
1a. Exigir u obtener remuneración o beneficios desproporcionados a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente.
2a. Cobrar gastos o expensas irreales.
3a. Retener dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente, o demorarle injustificadamente la comunicación de este recibo.
4a. Utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio o de un tercero.
5a. No rendir oportunamente al cliente las cuentas de su gestión y manejo de bienes, y
6a. Negarse a otorgar recibos de pago de honorarios o de gastos cuando le sean solicitados.
El demandante estima que la disposición objeto de censura constitucional, contenida en el Decreto 196 de 1971,“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”, contraviene lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 5° y 13 de la Constitución Política.
3.2.1. A juicio del demandante, el numeral 4° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, al establecer como falta a la honradez del abogado, el utilizar dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o recibidos de otras personas por cuenta del cliente, en provecho propio o de un tercero, vulnera el derecho a la libertad, bajo la óptica del libre desarrollo de la personalidad. Ello, por cuanto considera que la citada norma sanciona la carencia de una cualidad en el abogado que hace parte de su libre autodeterminación y no propiamente el daño que con dicha conducta se pueda llegar a causar.
3.2.2. Concretamente expresa que, “lo que hace el legislador es gravar la libertad de la persona con base en la provisión de una cualidad que solo le atañe a ella, pues la persona solo es responsable por los resultados dañosos de sus actos, con independencia del concepto ético y/o moralista que de su actuar se predique. Es decir, no se puede sancionar a una persona con base en el concepto que desde la perspectiva ética y/o moralista se le pueda endilgar, sino por los resultados dañosos ciertos que el actuar de una determinada manera pueda ocasionar en derecho y libertades de otros”.
3.2.3. Para el libelista, “el tema de la honradez es asunto que solo incumbe asumir al abogado, pues es cada abogado el que toma esa decisión y la asume como autónoma, de ahí que algunas o muchas acciones del abogado puedan ser o no compartidas, pero la forma como esa libertad se ejerza no puede tener consecuencias heterónomas, y por tanto jurídicas, sino hasta tanto las acciones que de allí se determinen se traduzcan en ‘daño para otro’”.
3.2.4. Así las cosas, considera que usar dinero, bienes o documentos recibidos por cuenta del cliente solo puede ser establecido como sancionable, en la medida en que de ello se derive un daño al interesado, de ahí que la norma “se apresura a salvaguardar en forma abstracta las posibles consecuencias frente a otras personas”, sin consideración a la trascendencia material de la conducta.
El apoderado judicial del Ministerio del Interior y de Justicia, intervino en el trámite de la presente acción, con el fin de solicitarle a la Corte que se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, y, subsidiariamente, que declare la exequibilidad de la norma acusada.
A juicio de la autoridad interviniente, las razones de inconstitucionalidad planteadas por el actor en su demanda no son claras, específicas, suficientes y pertinentes, de ahí que la misma no cumpla con las exigencias establecidas por la jurisprudencia constitucional para que la Corte pueda proferir un fallo de fondo sobre la materia.
De manera particular, señala que “no solamente son insuficientes los cargos de inconstitucionalidad sino prácticamente inexistentes, pues no expone el actor argumento alguno sobre cómo la norma demandada vulnera la dignidad humana y la libertad, limitándose a exponer un argumento general, vago y abstracto, extractado de su propio parecer; es decir, meramente subjetivo, sin que se evidencie contrastación alguna entre el contenido de la norma acusada y las normas superiores invocadas”. En virtud de ello, sugiere a esta Corporación que profiera un fallo inhibitorio.
No obstante, advierte que en caso de que se considere que la norma sí cumple con todos los requisitos para realizar un juicio de constitucionalidad, se debe tener en cuenta que, en virtud de lo dispuesto por la Ley 1123 de 2007, que reguló nuevamente las conductas que constituyen faltas a la honradez del abogado, los procesos que se encuentren con auto de apertura de investigación a la entrada en vigencia de la norma, continuarán tramitándose de conformidad con el procedimiento anterior, es decir, conforme al Decreto 196 de 1971. Siendo así, puntualiza, que, desde la perspectiva material, la norma no ha desaparecido del ordenamiento jurídico, por cuanto sigue produciendo efectos en derecho y, en esa medida, es susceptible de que sobre ella recaiga un examen de constitucionalidad.
Adicionalmente, pone de presente que, contrario a lo expuesto por el actor, la honradez del abogado sí es un tema que trasciende el derecho, dada la importancia social que reviste el ejercicio de dicha profesión. Es por ello que el legislador puede establecer conductas prohibitivas con el fin de evitar comportamientos atípicos que desnaturalicen ese concepto.
4.2. Instituto de Derecho Procesal
En el término de fijación en lista, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a través de uno de sus miembros, intervino en el presente juicio, a fin de solicitarle a esta Corporación que se declare inhibida para decidir acerca de la constitucionalidad de la norma demandada, con base en las siguientes consideraciones.
Inicia por señalar, que el numeral 4° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971 fue derogado por la Ley 1123 de 2007, conforme a lo dispuesto por el artículo 112 de dicho ordenamiento. Concretamente, en lo relativo a las faltas a la honradez del abogado, el artículo acusado fue sustituido por el artículo 35 de de la ley en mención, que no contempló, como una conducta contraria a la honradez del abogado, la relativa a utilizar dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones profesionales en provecho propio o de un tercero, siendo evidente que la disposición demandada no se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico.
Por último, y frente a la posibilidad de que pueda seguir produciendo efectos jurídicos a pesar de su derogatoria, considera que por tratarse de una norma de carácter disciplinario no puede ser aplicada ultractivamente en perjuicio del investigado, razón por la cual, es necesario acudir a la nueva disposición, incluso para conductas realizadas en vigencia del Decreto 196 de 1971, en virtud del principio de favorabilidad.
4.3. Universidad Nacional de Colombia
El Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, mediante escrito remitido a esta Corporación, el 31 de mayo de 2011, a fin de solicitarle a la Corte que se inhiba de hacer un pronunciamiento de fondo respecto a la norma acusada, sobre la base de estimar que la misma fue derogada en forma tácita por la Ley 1123 de 2007, que excluyó del ordenamiento jurídico la causal contenida en el numeral 4° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, no siendo susceptible de control constitucional.
Desde esa perspectiva, advierte que “de existir eventos en donde se esté investigando a un abogado por la causal del numeral 4° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, se le deberá aplicar la ley 1123 de 2007 por favorabilidad”.
4.2. Universidad del Norte
A través de una docente del Departamento de Derecho, la Universidad del Norte se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, con el propósito de defender la constitucionalidad de la disposición acusada.
De manera preliminar, sostuvo que la presente demanda no debió ser admitida, toda vez que el actor no logró explicar las razones por las cuales la norma acusada vulnera la Constitución Política. No obstante, advierte que de emitirse un juicio de constitucionalidad sobre la misma, habrá de tenerse en cuenta que, por disposición de la Ley 1123 de 2007, el Decreto 196 de 1971 quedó derogado por reglamentación integral de la materia.
A pesar de ello considera que, en la medida en que continúe produciendo efectos jurídicos, pues la ley aplicable a la comisión de una falta es aquella que se encontraba vigente al momento de la realización de la conducta, sí es posible entrar a valorar si se ajusta o no al texto constitucional.
Bajo esa óptica, señala que la norma acusada debe ser declarada exequible, toda vez que su contenido no puede entenderse como una indebida injerencia en el fuero interno de las personas, sino como una forma de mantener la interdependencia y la solidaridad social.
En su criterio, el ejercicio de la abogacía admite un mayor nivel de exigencia en cuanto hace al comportamiento etico de los profesionales que la ejercen, dada la misión que desempeñan como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia, de manera que ante el incumplimiento de lo que la ley dispone en dicho sentido, sea necesario el establecimiento de sanciones, lo cual se ajusta plenamente al principio de legalidad.
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5175, del veinticuatro (24) de junio de dos mil once (2011), al pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, solicitó a esta Corporación inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la inconstitucionalidad de la norma acusada, por sustracción de materia.
Para la Vista Fiscal, el numeral 4° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, se encuentra derogado tácitamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 1123 de 2007, “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”. En su criterio, dicha derogatoria se concreta en la circunstancia de que la nueva ley repite algunas de las conductas previstas en la norma anterior, pero no hace referencia a la conducta regulada en el numeral 4° en discusión, la cual no aparece señalada como falta disciplinaria en la nueva ley.
En ese orden de ideas, al haber sido retirada del ordenamiento jurídico la norma objeto de reproche, no es dable realizar algún juicio de constitucionalidad respecto de la misma, pues en ese evento la Corte Constitucional carece de competencia para emitir pronunciamiento alguno sobre el particular.
Finalmente, el representante del Ministerio Público señala que, si bien es cierto, la nueva ley dispuso que los procesos con auto de apertura de investigación para la fecha de su entrada en vigencia continuarían tramitándose de conformidad con el procedimiento anterior, ello no significa que la norma demandada siga produciendo efectos jurídicos, pues la misma no se refiere a un trámite de índole procesal, sino que simplemente tipifica una conducta constitutiva de falta a la honradez del abogado.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 241 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que se formula contra el numeral 4° del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971.
2.1. En el caso que se estudia, el actor le solicita a la Corte que declare inexequible el numeral 4° del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971, “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”, por considerar que dicho precepto vulnera los artículos 1°, 2°, 5°, 13 y 16 de la Constitución Política.
A juicio del libelista, la norma acusada, al establecer como falta a la honradez del abogado, el utilizar los dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente, en provecho propio o de un tercero, desconoce el derecho a la libertad -bajo la óptica del libre desarrollo de la personalidad- pues, por su intermedio, se está sancionando al profesional del derecho por la carencia de una cualidad -la honradez- que hace parte de su fuero interno y que sólo le incumbe a éste. Según su entender, el uso de bienes o documentos recibidos por cuenta del cliente solo puede constituir sanción si de ella se deriva un daño para el otro interesado, y no por el solo hecho de que la conducta tenga ocurrencia.
2.2. En relación con dicha acusación, un grupo de intervinientes, entre los que se cuenta el Ministerio Público, a la manera de petición principal, le solicitan a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo, en razón a que la norma acusada no se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico. Al respecto, sostienen que el inciso 4° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971 fue derogado tácitamente por la Ley 1123 de 2007, la cual reguló de manera integral lo referente al régimen disciplinario del abogado, excluyendo la falta referente al uso de dineros, bienes o documentos recibidos para las gestiones profesionales o por cuenta del cliente.
3. Asuntos previos que debe resolver la Corte
3.1. La vigencia de la norma acusada
3.1.1. Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporación, para que se pueda llevar a cabo el control de constitucionalidad de una ley sometida a juicio, a través de demanda ciudadana, se requiere que la misma se encuentre vigente. Si, por el contrario, la norma acusada ha perdido su vigor, lo procedente es, por regla general, proferir un fallo inhibitorio por sustracción de materia, toda vez que, en esos casos, se entiende que ha desaparecido el motivo que inspira el control de constitucionalidad, cual es el de “retirar del ordenamiento jurídico aquellos preceptos que tiendan a amenazar o desconocer los principios y valores que la Constitución Política proclama, hecho que, por supuesto, no tiene ocurrencia cuando la norma ha dejado de regir”[1].
3.1.2. No obstante lo dicho, también la jurisprudencia constitucional[2] ha aclarado que, dentro del propósito de cumplir fielmente con su función de garantizar la supremacía e integridad de la Constitución, si se advierte que un precepto derogado, sustituido o modificado por el legislador, continúa produciendo efectos ultractivamente, debe la Corte proferir decisión de fondo sobre su exequibilidad, pues de no hacerlo, se corre el riesgo de que normas contrarias al ordenamiento Superior se sigan aplicando, o lo que es igual, que disposiciones que se encuentran en abierta oposición con la Carta Política, continúen regulando situaciones jurídicas concretas.
3.1.3. De este modo, “sólo en la medida en que la norma enjuiciada haya desaparecido del ordenamiento jurídico y no se encuentre produciendo efectos jurídicos, puede la Corte acudir a la figura de la sustracción de materia y, en consecuencia, abstenerse de adelantar el respectivo juicio de inconstitucionalidad”[3]. Para los casos en que el precepto acusado ha sido derogado pero continúa produciendo efectos jurídicos, en virtud del fenómeno de ultractividad, lo que procede es que la Corte adelante el respectivo estudio de fondo, con el fin de evitar, como se ha explicado, la aplicación efectiva de normas contrarias a la Constitución.
3.1.4. En el presente caso, se solicita la declaratoria de inexequibilidad del numeral 4° del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971, “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”, cuyo texto consagra, como falta a la honradez del abogado, el utilizar los dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente, en provecho propio o de un tercero. Conforme lo señalaron algunos de los intervinientes y el propio Misterio Público, dicho precepto fue derogado tácitamente por el artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”, que reguló íntegramente la materia referente a las conductas que constituyen faltas a la honradez del abogado, y que excluyó aquella conducta contenida en la norma demandada.
6. No expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos.”
3.1.5. La circunstancia de que el numeral 4° del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971, haya sido derogado tácitamente por el artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, podría llevar a suponer, en una primera aproximación, que no le corresponde a la Corte adelantar el respectivo control de constitucionalidad sobre el mismo, debiendo entonces adoptar una decisión inhibitoria por sustracción de materia. Sin embargo, a partir de una interpretación sistemática de la citada Ley 1123 de 2007, es posible advertir que la preceptiva impugnada ha venido produciendo efectos jurídicos con posterioridad a su derogatoria, y, por tanto, que su contenido material debe ser objeto del respectivo estudio de fondo.
“ARTÍCULO 111. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los procesos que se encuentren con auto de apertura de investigación al entrar en vigencia este código, continuarán tramitándose de conformidad con el procedimiento anterior.”
3.1.7. De acuerdo con la norma en cita, el numeral 4° del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971, si bien no se encuentra formalmente vigente, desde el punto de vista material, el mismo no ha desaparecido del ordenamiento jurídico, pues continúa produciendo efectos jurídicos sobre los procesos disciplinarios que apenas habían iniciado su trámite al entrar en vigencia la Ley 1123 de 2007 (22 de mayo de 2007) y que, por distintas razones, todavía se encuentran en curso y no han concluido definitivamente.
3.2. Los requisitos de procedibilidad a que están sometidas las demandas de inconstitucionalidad
3.2.1. Como ya se ha mencionado, algunos intervinientes le han solicitado a la Corte que se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la norma acusada, tras considerar que el actor no formuló un verdadero cargo de inconstitucionalidad en su contra, pues, según su entender, éste se limitó a exponer argumentos generales, vagos y abstractos, producto de su propio parecer, que no permiten confrontación alguna entre el texto acusado y la Constitución Política.
3.2.3. Atendiendo al contenido del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, este Tribunal ha considerado que, para que exista demanda en forma y la Corte pueda adoptar una decisión de fondo, además de indicarse en la demanda las normas que se acusan como inconstitucionales y las disposiciones superiores que se estiman violadas, es imprescindible que el actor formule por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad, el cual, a su vez, debe estar respaldado en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.
3.2.4. La jurisprudencia constitucional ha explicado que existen razones “(i) claras, cuando la acusación formulada por el actor es comprensible y de fácil entendimiento, (ii) ciertas, si la acusación recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor, (iii) específicas, en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política, (iv) pertinentes, cuando se utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia, y (v) suficientes, en la medida en que contengan todos los elementos fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado”[4].
3.2.6. En ese contexto, lo ha dicho la Corte, el cumplimiento de los requisitos mínimos de procedibilidad le fija al demandante una carga mínima de comunicación y argumentación, en torno a aspectos claves relacionados con la preceptiva legal que acusa, las disposiciones superiores que considera violadas y las razones de dicha violación, buscando con ello no solo garantizar un debido proceso constitucional, sino también, que se respete la presunción de constitucionalidad que ampara las leyes, en el sentido de permitir que sólo haya lugar a un pronunciamiento de fondo sobre la validez o invalidez de las mismas, cuando existan verdaderas razones de inconstitucionalidad.
3.2.9. Se recuerda una vez más que, en el asunto sometido a examen, el actor acusa la inconstitucionalidad del numeral 4° del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971, por considerar que dicho precepto, al establecer como falta a la honradez del abogado, el utilizar los dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente, en provecho propio o de un tercero, desconoce el derecho a la libertad, bajo la óptica del libre desarrollo de la personalidad, pues, por su intermedio, se sanciona al abogado por carecer de una cualidad -la honradez- que hace parte de su fuero interno y que sólo le incumbe a éste. Destaca que, al tenor del citado derecho, el uso de bienes o documentos recibidos por cuenta del cliente solo puede constituir sanción si de ella se deriva un daño para el otro interesado, y no por el solo hecho de que la conducta tenga ocurrencia.
4. El ejercicio de la abogacía en la jurisprudencia constitucional y las reglas que aplican en el campo del derecho sancionador
4.2. Ha iniciado la Corte por señalar que la abogacía está amparada en la libertad de escoger y ejercer profesión u oficio, reconocida por el artículo 26 de la Constitución Política como un derecho fundamental, con el que se busca permitirle al individuo “diseñar en forma autónoma su proyecto de vida en una de las facetas más importantes de la actividad humana”[5].
En relación con el ejercicio de tal derecho, la jurisprudencia ha precisado que el mismo, tal como ocurre con los demás derechos, no tiene un carácter absoluto, “no solo por el hecho de que a su ejercicio concurren distintas variables de naturaleza política y social, sino además, porque la Constitución no patrocina ni incentiva un desempeño de las profesiones y oficios despojados de toda vinculación o nexo con los deberes y obligaciones que su ejercicio comporta”[6]. Ha expresado la Corte, que la libertad de escoger profesión u oficio “cuentan con límites intrínsecos, que son los que se derivan de los confines del derecho y hacen parte integral de su propio alcance y definición, y con límites extrínsecos, siendo ellos los impuestos expresa o implícitamente por la Constitución y por la ley para garantizar la vigencia de otros valores e intereses igualmente relevantes, como pueden ser los derechos ajenos, el orden público, el bien común y el deber correlativo al ejercicio de cada derecho”
Los límites extrínsecos del derecho a la libertad de escoger profesión u oficio, se fijan en el propio artículo 26 de la Carta, en el que se faculta al legislador para intervenir en su ejercicio y se les asigna a las autoridades competentes la función de inspección y vigilancia sobre tales actividades. Respecto de la competencia otorgada al Congreso, ésta se concreta en la posibilidad de expedir las normas sobre: (i) la identificación y reconocimiento de las profesiones; (ii) la exigencia de títulos de idoneidad; (iii) los requisitos de formación académica; (iv) la definición de las ocupaciones y oficios que -aun sin necesitar de formación académica- generan riesgo social y requieren un mayor grado de ingerencia estatal; y, en general, (v) el régimen jurídico que aplica al desempeño de las profesiones, dentro del cual deben incluirse, además de los principios y pautas generales y específicas, las faltas contra la ética en que puedan incurrir sus destinatarios y, correlativamente, las sanciones que cabe imponer.
4.3. En el contexto de la competencia asignada al legislador -ordinario y extraordinario- para fijar el régimen jurídico de las profesiones, se han expedido diversos estatutos que regulan el ejercicio de la abogacía. Así, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, el Presidente de la República, en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 16 de 1968[7], expidió el Decreto 196 de 1971, “por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”. En el citado estatuto, a través de siete títulos, se regularon aspectos relacionados con la función de la abogacía y la misión del profesional del derecho, los requisitos para adquirir la calidad de abogado y para ejercer la profesión, la función de inspección y vigilancia sobre esa actividad y, en particular, en el título VI, todo lo relacionado con su régimen disciplinario.
Posteriormente, bajo la actual Carta Política, el Congreso de la República expidió la Ley 1123 de 2007 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”. En relación con esta nueva ley, en reciente pronunciamiento, indicó la Corte que la misma “se centra en el establecimiento de un régimen disciplinario, renunciando a regular integralmente todos los aspectos de la profesión”[8], razón por la cual, “no se produce una derogatoria general del decreto 196 de 1971, sino una derogatoria parcial de las normas que sean contrarias a la nueva ley”.
4.4. Pues bien, dentro del marco legal que regula la profesión de abogado, este Tribunal viene sosteniendo que su ejercicio implica el desarrollo de una función social que conlleva responsabilidades, lo cual, a su vez, justifica plenamente la atribución otorgada al legislador para crear instrumentos y diseñar mecanismos, entre otros de control disciplinario, que le permitan al Estado encausar dicha actividad y conseguir las finalidades que ella persigue, impidiendo el ejercicio indebido de la correspondiente actividad profesional[9].
4.5. La función social, que resulta ser consustancial a la actividad del abogado, se concreta, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1° y 2° del decreto 196 de 1971, en los siguientes deberes: (i) colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia; (ii) defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares; y (iii) asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. Los citados deberes, se ven complementados con otros establecidos en los artículos 1°, 2°, 13 y 16 de la Ley 1123 de 2007, como son los de: (iv) observar la Constitución y la ley, (v) defender y promocionar los derechos humanos, (vi) prevenir litigios “innecesarios, innocuos o fraudulentos”, (vii) facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos, y (viii) abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias.
4.6. Cabe destacar, como ya lo ha hecho la Corte en anteriores pronunciamientos, que el abogado lleva a cabo su actividad profesional, principalmente, en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, prestando asesoría y consulta a quienes así lo soliciten, y (ii) dentro del proceso o juicio, representando legalmente a las personas -naturales o jurídicas- que deban concurrir a la administración de justicia en procura de resolver sus controversias.[10]
4.7. Conforme con ello, también ha destacado la jurisprudencia que, en el desarrollo de sus actividades profesionales, y en razón a los importantes fines constitucionales que persiguen, los abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas, “que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico”[11], y cuyo incumplimiento implica riesgos sociales. En esa dirección, sostuvo la Corte “que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe”[12].
4.8. Al respecto, en la Sentencia C-190 de 1996, esta Corporación tuvo oportunidad de aclarar, que el hecho de que la profesión de abogado se regule por normas éticas, no conlleva “una indebida intromisión en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal”, pues, ha de tenerse en cuenta que el ejercicio de la profesión se soporta asimismo en “la conducta individual, la cual a su vez se vincula a la protección del interés comunitario.” Se precisó igualmente en el citado fallo, que los fines que se busca cumplir con el ejercicio del derecho, a diferencia de lo que sucede con otras profesiones, admiten incluso un mayor nivel de exigencia en lo que hace al comportamiento ético de los abogados, precisamente, teniendo en cuenta la misión que ellos desarrollan “como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia, lo cual conlleva que, ante el incumplimiento de estos deberes, sea necesaria la consagración de sanciones, ya sean de carácter penal, civil o disciplinario.”
4.9. En punto a este último aspecto, ha reiterado este Tribunal que “la tarea que cumplen los abogados no es eminentemente técnica, sino que suele desarrollarse en el campo de la moral y de la ética, siendo ese su escenario natural y, por ende, donde radica su poca estimación y su honra o nobleza”[13]. Por ello, la imposición de ciertos comportamientos éticos no puede implicar, por sí mismo, una intromisión indebida en el ejercicio de los derechos del abogado, sino una limitación razonable y proporcional, fundada en la función social que está llamado a cumplir.
4.10. No obstante lo dicho, con un criterio de ponderación en torno a los intereses que se encuentran en juego, esta Corporación también ha precisado que las regulaciones que se adopten para controlar el comportamiento de los abogados, deben ser razonables, proporcionadas y no pueden ser arbitrarias ni discriminatorias. En torno a este aspecto, en la misma Sentencia C-619 de 1996, resaltó la Corte que el derecho a ejercer libremente profesión u oficio abarcaba la posibilidad “de ejercer la actividad que se ha escogido, sin más restricciones que aquellas que legítimamente imponga el legislador, -para minimizar el riesgo social que puede implicar el ejercicio irresponsable de una profesión u oficio o para proteger derechos de terceras personas- y que ha de hacer cumplir la administración, en ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia.” Señaló, además, que el ejercicio de las profesiones u oficios se acoge, en consecuencia, a las limitaciones que imponga la ley basada en criterios de idoneidad y en supuestos orientados a evitar el abuso del derecho, pero recalcó que esas limitaciones no pueden hacerse equivalentes a un trato que se torne en discriminatorio.
4.12. En plena armonía con lo dicho, también la jurisprudencia ha dejado sentado que “el régimen disciplinario de los abogados está llamado a desarrollarse con arreglo al derecho fundamental del debido proceso (C.P. art. 29), de manera que se le asegure al sujeto investigado la plena observancia de las garantías que lo rigen, como lo son, entre otros, los principios de legalidad, de presunción de inocencia, de defensa, de contradicción, de publicidad, de imparcialidad, de favorabilidad y del juez natural”[14]. Ha expresado sobre este particular, que en el campo del derecho disciplinario sancionador, al que se integra el regimen previsto para los abogados, también se aplican las garantías que hacen parte del derecho al debido proceso, buscando con ello, “asegurar el respeto a los derechos fundamentales del disciplinado, de proteger la libertad individual, de garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley y, en particular, de controlar la facultad sancionadora del Estado en ese campo de la función pública, evitando el autoritarismo y la arbitrariedad judicial y administrativa”[15].
5. Contexto de la norma acusada y análisis sobre la improcedencia de la demanda
5.1. La preceptiva acusada, el numeral 4° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, consagra como falta a la honradez del abogado, la conducta de éste, consistente en utilizar, en provecho propio o de un tercero, los dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente.
5.2. Con respecto a dicha falta, pone de presente el actor que la misma viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad del abogado, pues lo sanciona por el solo hecho de carecer de una cualidad -la honradez- que hace parte de su fuero interno y que sólo le incumbe a él. Por su parte, los intervinientes que llevaron a cabo un análisis de fondo de la norma acusada no compartieron la posición de la demanda, por considerar que la conducta en ella inmersa si trasciende el derecho, dada la importancia social que se reconoce a la profesión de abogado.
5.3. En relación con la norma acusada y la acusación que pesa en su contra, debe iniciar la Corte por señalar que la misma se inscribe en el contexto de lo que es el código de ética del abogado. Por su intermedio, se exige a los profesionales del derecho un proceder diligente, transparente, recto e íntegro, en lo que tiene que ver con el uso de dineros, bienes y documento que reciben en el desarrollo de la gestión encomendada. En los dos supuestos que prevé la conducta, esto es, cuando los dineros, bienes y documentos se reciben del cliente, como cuando se reciben de un tercero por cuenta de aquél, los abogados quedan obligados a emplear tales elementos en los fines para los cuales fueron previstos, es decir, en beneficio del propio cliente, de manera que serán objeto de la consecuente sanción si deciden darle una destinación diferente en provecho propio o de un tercero.
5.4. Atendiendo a los elementos del tipo disciplinario, advierte la Corte que el bien jurídicamente tutelado es la “honradez del abogado”, y la conducta antijurídica está en el aprovechamiento que éste pueda hacer, en su favor o de terceros, de los dineros, bienes o documentos que le son suministrados en virtud de su encargo, lo cual significa que la falta se consuma por el solo uso indebido de tales elementos, siendo ello lo que produce un detrimento al bien jurídico objeto de protección legal, sin perjuicio de que con tal proceder se pueda causar o no un daño objetivamente verificable al verdadero titular de los dineros, bienes o documentos, los clientes.
5.5. De acuerdo con su génesis, el propósito de la falta no es otro que el de asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y una actuación responsable del abogado frente a los clientes, la comunidad y el ordenamiento jurídico, como depositario de la confianza que éstos le han entregado y como defensores del derecho y la justicia. Conforme lo ha dicho ya la Corte y ahora se reitera, el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento de una función social que implica responsabilidades, lo cual le reconoce al legislador un amplio margen de configuración para exigir ciertos comportamientos éticos e imponer sanciones en caso de su incumplimiento, de manera que se le permitan al Estado encauzar dicha función y conseguir las finalidades propias de la profesión del derecho, impidiendo el ejercicio indebido de la misma.
5.6. Concretamente, la medida que impone a los abogados un determinado código de conducta frente al uso de los distintos elementos que reciben con ocasión de la gestión profesional, se sustenta en uno de los deberes a ellos impuestos por el artículo 47 del Decreto-Ley 196 de 1971, como es el de “obrar con absoluta lealtad y honradez en sus relaciones con los clientes”. El mencionado deber, lo ha dicho ya la Corte[16], encuentra a su vez fundamento constitucional en el artículo 95 de la Carta, que le impone a todas las personas, incluyendo a los abogados, los deberes de "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" y de "colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia". En ese orden de ideas, faltas como la que es objeto de cuestionamiento en esta causa, viene a constituirse, dada la alta misión social que cumplen los abogados, en una retribución que éstos deben a la sociedad por el incumplimiento del deber de honradez y de lealtad en las relaciones con sus clientes.
5.8. En consecuencia, sancionar a los abogados por utilizar los dineros, bienes y documento que reciben en el desarrollo de la gestión profesional encomendada, en provecho propio o de un tercero, en principio, persigue un fin legítimo y constitucionalmente admisible, como es precisamente el de evitar un ejercicio inadecuado e irresponsable de la profesión, impidiendo que a través de dicha conducta se ponga en riesgo la efectividad de ciertos derechos fundamentales como la honra, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, así como también principios de gran entidad para el Estado Social de Derecho como la dignidad humana, la solidaridad y la buena fe.
5.9. De este modo, en contraposición al alcance que le atribuye el actor, la medida cuestionada no se dirige a promover e imponer un modelo de conducta perfeccionista que desconozca la autonomía personal del abogado. En realidad, el objetivo de la misma se concreta en sancionar un comportamiento del citado profesional -el aprovechamiento en su favor o de terceros de los dineros, bienes o documentos que le son suministrados en virtud de su encargo-, que trasciende la esfera de su intimidad, en cuanto puede causar desmedro a la idoneidad esperada de él y, además, afectar a las personas con que se relaciona en virtud de su gestión profesional.
5.10. Así las cosas, encuentra la Corte que la demanda bajo estudio no cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad, toda vez que el actor estructura la acusación a partir de una valoración subjetiva y personal de la norma, que, por sí misma, no se predica de su texto y que, por tanto, tampoco tiene la entidad suficiente para poner en duda la presunción de constitucionalidad que pesa sobre la misma. Como ya se explicó, la preceptiva acusada, antes que pretender definir un determinado modelo de conducta personal, lo que objetivamente persigue es garantizar el ejercicio adecuado de la profesión de abogado, en beneficio de los intereses de la comunidad y de los propios usuarios del servicio, propósito éste que no se opone a la Constitución.
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto del numeral 4° del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971, por haberse presentado el fenómeno de la ineptitud sustancial de la demanda.
[1][1] Sentencia C-1144 de 2000.
[2] Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-1144 de 2000, C-623 de 2003, C-104 de 2005, C-180 de 2005, C-110 de 2006, C-862 de 2006 y C-212 de 2007.
[3] Sentencia C-1144 de 2000.
[4] Sentencia C-929 de 2007. En la Sentencia C-1052 de 2001, recogiendo los lineamientos fijados por la jurisprudencia, la Corte definió las circunstancias a partir de las cuales un cargo se entiende debidamente estructurado. La citada sentencia, ha venido siendo reiterada por la Corte en innumerables pronunciamientos.
[5] Sentencia C-788 de 2009.
[6] Sentencia C-196 de 1999.
[7] En punto a la expedición del Decreto 196 de 1971, debe precisar la Corte, conforme lo ha hecho en anteriores oportunidades, que para la época en que éste fue expedido, no existía la cláusula de reserva de ley estatutaria, actualmente prevista para aquellas materias relativas a los derechos fundamentales. Sobre el tema, se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-416 de 1992, C-467 de 1993, C-177 y 546 de 1994, C-176 de 1996 y C-507 de 2001.
[8] Sentencia C-290 de 2008.
[9] Cfr. Las Sentencias C-002 de 1993, C-064 de 1994, C-196 de 1999, C-393 de 2006, C-212 de 2007, C-290 de 2008 y C-819 de 2010.
[10] Sentencia C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[11] Sentencia C-393 de 2006.
[12] Sentencia C-290 de 2008. Sobre la función social y los riesgos de la profesión de abogado, también se puede consultar la Sentencia C-540 de 1993.
[13] Sentencia C-393 de 2006.
[14] Sentencia C-393 de 2006.
[15] Sentencia ibídem.
[16] Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-540 de 1993, C-290 de 2008 y C-819 de 2010.

References: artículo 54
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 artículo 6
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 artículo 112
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 artículo 241
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 artículo 35
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 artículo 2
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 artículo 26
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 artículo 47
 artículo 95
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