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Timestamp: 2018-09-21 20:13:46+00:00

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﻿ SENTENCIA 2000-03449 DE FEBRERO 19 DE 2009 UNIFICACION
SENTENCIA 2000-03449 DE 19 DE FEBRERO DE 2009
CONTENIDO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE ENCUBRE RELACIÓN LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO. LA REPARACIÓN DEL DAÑO CONSISTE EN EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES SOCIALES QUE NUNCA FUERON SUFRAGADAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN LABORAL, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:450 DE JUNIO DE 2009, PÁG.932
Sentencia 2000-03449 de febrero 19 de 2009
Ref.: Expediente 730012331000200003449-01(3074-05)
Actora: Ana Reinalda Triana Viuchi
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 31 de agosto de 2004, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las súplicas de la demanda incoada por Ana Reinalda Triana Viuchi contra el Instituto de Seguros Sociales.
Estuvo encaminada a obtener la nulidad del Oficio 73.300 Nº 862 de 18 de septiembre de 2000, proferido por el director jurídico de la Seccional del Seguro Social del Tolima, que negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales adeudadas a la actora.
A título de restablecimiento del derecho, solicita el reconocimiento y pago de las acreencias laborales causadas entre el 12 de junio de 1995 hasta el 31 de mayo de 2000, incluyendo primas, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, aportes a salud, pensión, ARP, caja de compensación familiar; sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías y la indexación de las sumas dinerarias, dando aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
La actora celebró múltiples contratos con la entidad demandada, el primero de los cuales se suscribió el 12 de junio de 1995 y el último el 1º de febrero de 2000.
Dichos contratos fueron pactados conforme lo prevé la Ley 80 de 1993, para ejercer las funciones propias del cargo de Técnico Administrativo —Tesorero Pagador—, sin solución de continuidad.
Las labores desempeñadas tenían carácter exclusivo, pues la dedicación y jornada no le permitían desempeñar otro contrato.
Las funciones siempre las desempeñó bajo estrictas instrucciones, sin que existiera autonomía, sino total subordinación y dependencia de la institución.
El cargo que desempeñó como tesorera pagadora es de aquellos clasificados como de libre nombramiento y remoción, por lo que su desempeño no podía estar a cargo de una contratista.
Afirma que si en realidad estuviera vinculada por las normas de la Ley 80 de 1993, la Contraloría General de la República no hubiere iniciado una investigación en su contra, demostrándose así que estaba sujeta al régimen “disciplinario de los empleados del estado”.
La realidad contractual indica, que cumplió funciones como si se tratara de un funcionario de hecho, por lo que deben ser reconocidas sus garantías labores en igualdad de condiciones a un empleado público de libre nombramiento y remoción.
Artículos 2º, 4º, 6º, 13, 25, 28, 53, 90, 122, 123, 124 numeral 4º, 125, 209, 229, 2269 (sic), 300 numeral 7º y 305 de la Constitución.
Artículos 1º, 5º, 6º y 8º del Decreto 3135 de 1968.
Decreto 1848 de 1969.
Artículos 3º y 5º del Decreto 3130 de 1968.
El Tribunal Administrativo del Tolima, negó las pretensiones de la demanda (fls. 365-378), con fundamento en las siguientes razones:
Cita extensos apartes de la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado de 18 de noviembre de 2003, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, donde se trató el tema del contrato realidad, concluyendo que el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades no se presentó en el sub lite, pues las labores desempeñadas se cumplieron en coordinación sin que se demostraran los elementos propios de la relación laboral.
Advierte que antes de la Ley 80 de 1993, se propugnaba por el ensanchamiento del Estado siendo consecuente la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones permanentes, empero la Ley 80 de 1993, busco un efecto contrario, es decir, la disminución del tamaño del Estado que por principio, no recurre con frecuencia a la creación de empleos, sino por el contrario tiende cada vez más a que las funciones públicas se cumplan a través de particulares o mediante contratos de prestación de servicios.
Bajo estos lineamientos debe hacerse la lectura de la Ley 80 de 1993, en lo que tiene que ver con el contrato de prestación de servicios, siendo legítima su aplicación al sub-lite, dada la reducción del aparato estatal que pretende la citada ley.
Pese a encontrarse situaciones coincidentes respecto de empleados públicos del seguro social, tales como lugar, tiempo y modo de la prestación del servicio, esas circunstancias fueron impuestas por las necesidades del servicio, sin que pueda desnaturalizarse su labor como contratista, ya que no podía ser prestada por el personal de planta, sin que pueda deprecarse la existencia de una relación legal y reglamentaria.
La actora interpuso recurso de apelación (fls. 390-397) contra el anterior proveído, indicando que:
El a quo desestimó únicamente las pretensiones iniciales de la demanda, sin estudiar las que se presentaron con posterioridad en la adición respectiva.
El Seguro Social jamás negó que la actora estuviera vinculada con dicha entidad, ni que desarrolló funciones relacionadas con su administración o funcionamiento, además en la contestación de la demanda afirmó que en efecto estaba obligada a cumplir órdenes.
Está plenamente probado que la actora prestó sus servicios como pagadora tesorera, cargo inexistente en la planta de personal, pese a que se trata de una función permanente que debe ser cumplida por un empleado público, y no por una contratista como sucedió en realidad.
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993, permite la celebración de este tipo de contratos siempre que se trate de una labor temporal o transitoria, que no pueda desempeñarse por personal de planta y amerite conocimientos especializados, conservando total autonomía sin subordinación alguna, situación no enmarcada en el presente caso, pues la demandante tuvo que cumplir un horario laboral, prestó personalmente el servicio y su trabajo se prolongó durante varios años.
Visto lo anterior, la relación laboral se encuadra en lo contemplado por el artículo 53 de la Carta, primando la realidad sobre los formalismos.
Cita la Ley 65 de 1967 y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, que clasifican como empleados públicos todos aquellos cargos de libre nombramiento y remoción, y como trabajadores oficiales los que desempeñan funciones de manteniendo y construcción. Del mismo modo, advierte que el artículo 7º del Decreto 1950 de 1973 prohíbe la celebración de contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente.
Respecto de la autonomía en el ejercicio de sus funciones, indica que como pagadora tesorera cumplía una labor totalmente subordinada y dependiente, sin que gozara de un nivel amplio de autonomía, demostrando así su evidente labor de manejo y confianza.
Afirma que el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, estipula que las empresas industriales y comerciales del Estado están conformadas por trabajadores oficiales, y excepcionalmente por empleados públicos cuando en sus estatutos se determine que la labor es de dirección o confianza, como el caso de la demandante.
Por su parte, el artículo 5º de la Ley 443 de 1998, consagra la clasificación de los empleos públicos, e indica que la generalidad es que sean de carrera administrativa, aunque exceptúa aquellos que implican la administración y manejo directo de bienes y/o valores, considerándos en[sic] como de libre nombramiento y remoción, y en consecuencia con los derechos propios de los empleados públicos.
Indica que los estatutos del Seguro Social se encuentran en el Acuerdo 003 de 1993, aprobado por el Decreto 461 de 1994, sin que contenga los cargos según sus funciones, situación que en criterio de la actora fue derogada por el artículo 5º de la Ley 443 de 1998.
Consiste en determinar si la actora tiene derecho a que el Instituto de Seguros Sociales le pague las prestaciones que le adeuda como consecuencia del contrato realidad, suscrito para el desempeño del cargo de técnico servicios administrativos I, desempeñado sin solución de continuidad a partir del 12 de junio de 1995 hasta el 31 de mayo de 2000, incluyendo primas, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, aportes a salud, pensión, ARP, caja de compensación, reajuste anual y sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, o si por el contrario se celebraron contratos de prestación de servicios sin que tenga derecho a prestación laboral alguna.
Oficio 73.300 Nº 862 de 18 de septiembre de 2000, proferido por el director jurídico de la seccional del Seguro Social del Tolima, que negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales adeudadas a la actora (fl. 8).
De acuerdo con la Certificación de 15 de septiembre de 2000 (fl. 10, cdno. principal), suscrita por la profesional universitaria del departamento de recursos humanos de la seccional del Seguro Social Ibagué, la actora suscribió contratos de prestación de servicios con dicha entidad para desempeñar el cargo de técnico servicios administrativos I, durante los siguientes periodos y asignaciones:
• Del 12 de junio al 11 de diciembre de 1995: $ 2.032.800
• Del 12 de diciembre de 1995 al 11 de febrero de 1996: $ 800.000
• Del 12 de febrero al 11 de abril de 1996:$ 800.000
• Del 12 de abril al 11 de mayo de 1996: $ 400.000
• Del 13 de mayo al 12 de julio de 1996: $ 948.000
• Del 15 de julio al 14 de septiembre de 1996: $ 948.000
• Del 16 de septiembre al 15 de noviembre de 1996: $ 948.000
• Del 18 de noviembre de 1996 al 28 de febrero de 1997: $ 1.627.400
• Del 7 de marzo al 6 de septiembre de 1997: $ 2.844.000
• Del 8 de septiembre de 1997 al 31 de marzo de 1998: $ 3.917.000
• Del 1 de abril al 30 de junio de 1998: $2.031.000
• Del 1 de julio al 11 de noviembre de 1998: $ 3.385.000
• Del 1 de diciembre de 1998 al 31 de marzo de 1999: $ 2.708.000
• Del 5 de abril al 30 de junio de 1999: $ 2.212.133
• Del 1 de julio al 30 de septiembre de 1999: $ 2.337.000
• Del 1 de noviembre de 1999 al 31 de enero de 2000: $ 2.337.000
• Del 1 de febrero al 31 de mayo de 2000. $ 3.116.000.
Terminación del vínculo contractual
Por Oficio 73.510/RHC Nº 028 de 3 de abril de 2000, suscrito por el gerente y la coordinadora del departamento de recursos humanos de la Clínica Manuel Elkin Patarroyo, se informó a la actora que su contrato de prestación de servicios 596-2000 estaba vigente hasta el 15 de mayo de 2000 (fl. 59, cdno. ppal.).
La subgerente administrativa IPS del Seguro Social Clínica Manuel Elkin Patarroyo (fl. 74 cdno. ppal.), mediante oficio sin fecha informó a la actora que las funciones como técnica servicios administrativos, son las siguientes:
“1. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos sobre los recaudos y pagos y demás reglamentos internos del ISS.
2. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata responsabilidad.
3. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas para el Nivel Nacional, Contraria (sic) General de la República, de acuerdo a requerimientos preestablecidos.
4. Distribución de giros de nómina.
5. Elaboración formato de retención en la fuente.
6. Coordinar las actividades a realizar de los giros de acuerdo a instrucciones del nivel nacional, jefes inmediatos.
7. Custodia de documentos de valor.
8. Revisión, firma de cheques.
9. Dar trámite a la correspondencia de y hacia las diferentes dependencias del nivel nacional y local.
10. Revisión y firma de boletines de caja de bancos.
11. Atención al público en lo referente a consultas sobre las modalidades de pago, deudas del instituto.
12. Realización de las demás funciones que sean asignadas por el superior inmediato”.
El señor Petter Polter Prada Oviedo, quien desempeñaba el cargo de coordinador de mantenimiento, respecto a la jornada de trabajo de la demandante afirmó en el testimonio obrante a folios 346 a 349 del cuaderno principal, que:
“El sitio era el designado por la Institución como lugar de la tesorería, en cumplimiento de un horario normal, permanente, el horario de oficina de 8 a 12:30 y de 2 a 6 p.m.”.
Con oficio de 30 de noviembre de 1999 (fl. 30, cdno. ppal.), el gerente y la subgerente administrativa IPS, Seguro Social, Clínica Manuel Elkin Patarroyo, informaron a los celadores lo siguiente:
“Nos permitimos informarles que durante los meses de diciembre de 1999 y enero de 2000, se autoriza a los funcionarios de la tesorería de la IPS a laborar en horario adicional y sábados de acuerdo a las necesidades, ellos son:
Ana R. Triana Viuche”.
La Corte Constitucional, en Sentencia C- 154 de 1997, con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, estableció las diferencias entre el contrato de carácter laboral y aquel de prestación de servicios, así:
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en decisión adoptada el 18 de noviembre de 2003, Radicación IJ-0039, consejero ponente doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, actora: María Zulay Ramírez Orozco, manifestó:
3. No existe violación del derecho de igualdad por el hecho de la suscripción de los contratos de prestación de servicios, puesto que la situación del empleado público, se estructura por la concurrencia de elementos sin los cuales dicha relación no tiene vida jurídica (C.P., art. 122), es distinta de la que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios. Esta última no genera una relación laboral ni prestacional.
Tal posición ha sido adoptada por la Sala en los siguientes términos (2) :
Para demostrar la relación laboral es necesario que la Sala analice los tres elementos existentes para este tipo de vinculación, como son: la prestación personal del servicio, una remuneración y la subordinación.
Sobre el primero, la prestación personal del servicio, observa la Sala que a folios 186 y siguientes del cuaderno principal reposan los contratos de prestación de servicio que la actora suscribió con la entidad demandada, cuyo objeto fue “prestar sus servicios como técnico servicios administrativos”, teniendo a cargo el contratista, entre otras, la obligación de “Prestar sus servicios personales de acuerdo con las normas propias de su profesión o actividad…”, con la característica intuito personae, prevista en la cláusula décimo segunda cuando establece: “Este contrato se celebra en consideración a las calidades personales de EL contratista, por consiguiente este no podrá ceder el presente contrato a persona alguna”.
En cuanto a la remuneración, es evidente que la actora la percibió, pues los honorarios se establecieron en cada uno de dichos contratos de prestación de servicio, siendo el primero (12 de junio de 1995) por valor de $ 2.032.800 (fl. 186, cdno. ppal.) y el último (feb. 1/2000) por la suma de $ 2.726.500 (fl. 292, cdno. ppal.).
En lo atinente a la subordinación, se destacan múltiples oficios que requieren la intervención de la actora para gestionar procedimientos propios de su cargo, que demuestran una total sujeción no solo al gerente de la IPS del Seguro Social Clínica Manuel Elkin Patarroyo, si no a otros funcionarios directivos del ente hospitalario, en los siguientes términos:
• Mediante Oficio 73.510 Nº 327 de 10 de marzo de 1997 (fl. 159 cdno. ppal.), el gerente de la IPS ISS, informa a la actora que:
“Me permito comunicarle que a partir de la fecha, ha sido encargada de la tesorería de la Clínica ISS Ibagué.
La gerencia y las directivas de la clínica, le desean éxitos en su nueva labor y estarán dispuestos a brindarle el apoyo correspondiente para su buen desempeño”.
• Mediante memorando IPS 005 de 6 de mayo de 1997 (fl. 144 cdno. ppal.), la jefe del departamento financiero, cita a la siguiente reunión, incluyendo a la actora:
“Atentamente me permito invitar a reunión de carácter urgente y obligatorio hoy a las 16:00 horas, en la oficina de este departamento, con el fin de coordinar presentación de informe trimestral”.
• A través del Oficio 73.510 Nº 438 de 1 de abril de 1997, suscrito por el gerente IPS ISS, seccional Tolima, se requiere a la demandante para:
“Me permito enviarle el Oficio PAC-190-A del 21 de marzo de 1997, suscrito por el jefe del depto. nacional de presupuesto, para conocimiento y correctivos respectivos.
Estamos incumpliendo los compromisos adquiridos con el Nivel Nacional”.
• A folios 132 y 135 del cuaderno principal, el Subgerente Administrativo de la seccional Tolima del Seguro Social, cita a los integrantes del comité técnico IPS, incluyendo la demandante, para que asistan a las respectivas reuniones que se llevarán a cabo el 17 de julio y 14 de agosto de 1997.
• La jefe del departamento financiero del ISS, seccional Tolima, dispuso el 24 de septiembre de 1997 (fl. 125 cdno. ppal.), que:
“Atentamente me permito (sic) en adelante se mantenga un estricto control en los pagos de cuentas con descuento por pronto pago. Estos se deben efectuar en la fecha acordada y no con 8 y 11 días anticipados causando con ello gastos financieros que en su defecto favorecen la Institución”.
• Por Oficio VF-GNT-DOB-959 de 10 de septiembre de 1997, la jefe departamento de operaciones bancarias, dispuso (fl. 128 cdno. ppal.):
“De conformidad con las instrucciones impartidas por la secretaria general y la vicepresidencia financiera, esa tesorería tiene la obligación de informar sobre el uso y racionalización de los celulares asignados a funcionarios de ese nivel administrativo.
Teniendo en cuenta que la oficina a su cargo no está cumpliendo con la obligación de informar, me permito solicitarle que a más tardar el día 17 de Septiembre de los corrientes, remita el informe correspondiente al mes de julio y continuar enviando el reporte oportunamente”.
• La jefe del departamento financiero del Instituto de Seguros Sociales, seccional Tolima, a través de Oficio 043 de 2 de octubre de 1997 (fl. 89 cdno. ppal.), expresa:
“Atentamente me permito solicitar especial atención en el giro de Proveedores referente a las fechas de vencimiento de la factura siempre y cuando tengan relación con el ingreso a (sic) almacén debiendo tener en cuenta este.
Lo anterior con el fin de dar un manejo adecuado a los recaudos de la Institución, procurando una mejor rentabilidad de los mismos.
Igualmente, solicito conocer con anterioridad al traslado de fondos, las cuentas que se van a girar”.
• Mediante Oficio 046 de 28 de octubre de 1997 (fl. 117 cdno. ppal.), la jefe del departamento financiero, solicita los saldos de caja, con el siguiente tenor literal:
“Atentamente me permito solicitar se reporte diariamente a esta dependencia los saldos diarios de caja y bancos”.
• La coordinadora de auditoria interna, por Oficio 73.CAI.0030, de 14 de enero de 1998 (fl. 108 cdno. ppal.), requirió a la actora en el siguiente sentido:
“Comedidamente solicito a usted información sobre el pago por servicio de celular de los meses de noviembre y diciembre de 1997, con sus respectivos soportes”.
• En similar memorando, el gerente IPS ISS, por Oficio 73.510 Nº 58 de 20 de enero de 1998 (fl. 107 cdno. ppal.), indicó:
“Comedidamente solicito plan de desarrollo - mejoramiento del área y/o servicio a su cargo, para el año 1998. Determinando los objetivos, metas y actividades cualitativas-cuantitativas y el tiempo a desarrollar.
Este plan será evaluado en forma trimestral y tendrá un seguimiento en forma permanente. Fecha de entrega 03 de febrero de 1998”.
• A través de memorando 73.510 Nº 101 de 21 de enero de 1998, el gerente IPS ISS, seccional Tolima (fl. 106 cdno. ppal.), solicita a la actora lo siguiente:
“Comedidamente solicito entregar informe sobre Logros cualitativos-cuantitativos 1997, el cual fue solicitado con Oficio 73.51001488”.
• El jefe del departamento financiero seccional Tolima, por Oficio 014 de 20 de febrero de 1998 (fl. 104 cdno. ppal.), ordenó:
“Adjunto devuelvo la cuenta OP. Nº 000085 y cheque Nº 478408 a nombre de Abott Laboratories de Colombia S.A., por valor de 21´295.463.oo, en razón a que el descuento otorgado y la fecha límite de pago en la factura es el 21.03.98.
Agradezco su colaboración (sic) tener en cuenta estas fechas en los futuros giros, toda vez que los rendimientos financieros de estas cantidades son significativas para la Institución”.
• La subgerencia administrativa por Oficio 73-Sa Nº 111 de 30 de septiembre de 1998 (fl. 91 cdno. ppal.), indicó:
“Me permito recordarle que esta subgerencia tiene la autonomía suficiente para impartir órdenes tanto de forma verbal como escrita, las cuales están dentro del marco legal y de las normas que rigen en el ISS.
El hecho de solicitar se agilice un procedimiento cuando se ha acordado que es necesario su celeridad debido a los compromisos adquiridos por este despacho, que no va ni en contra del detrimento de nuestra institución, ni en beneficio personal.
Por lo anterior le reitero que es su obligación acatar órdenes de sus superiores” (se subraya y resalta).
• El gerente IPS ISS, seccional Tolima, en Oficio sin fecha, Nº 73.510 Nº 1398 (fl. 120, cdno. ppal.), requiere que:
“me permito informar que de acuerdo con el ejercicio de las funciones propias del cargo de tesorera es su responsabilidad pagar y consignar oportunamente las deducciones de: retención en la fuente, IVA y timbre.
Por lo anterior solicito por escrito constancia de su aceptación, para informar a la DIAN y nivel nacional el responsable de este encargo.
El no cumplimiento de estas obligaciones conllevará sanciones que recaerá sobre el representante legal de la entidad”.
Además de las órdenes que muestran los anteriores memorandos, obran en el plenario pruebas documentales que advierten que la actora ostentaba la condición de jefe del área de tesorería, lo que a juicio de la Sala, equivale a que no solo le correspondía cumplir con su trabajo subordinadamente, sino que a su vez tenía personal a su cargo, sin que exista duda de la configuración de dicho elemento en la relación laboral en el sub-lite, así:
• Por oficio de 16 de julio de 1998 (fl. 94 cdno. ppal.), el “auxiliar de tesorería ISS”, solicita a la actora:
“Cordialmente me permito solicitarle, me sea concedido el día compensatorio, por haber sido elector, el día 31 de mayo y el 21 de junio del presente año…”.
• A folio 141 del cuaderno principal reposa una solicitud de permiso dirigida a la actora, suscrita por la señora Percy Triana Sánchez, con el siguiente tenor literal:
“Atentamente me dirijo a usted para solicitarle me conceda permiso por el día de la referencia, con el fin de desplazarme fuera de la ciudad a hacer diligencia de carácter personal”.
La Sala observa que la demandante al desempeñarse como técnico administrativo servicios administrativos con funciones de tesorera, cumplía labores ordinarias al servicio de la seccional Tolima del Seguro Social, estando sujeta a un tratamiento de índole laboral, pues durante el ejercicio de su cargo le dieron órdenes o directrices que solo un empleado de planta debía cumplir.
Las pruebas obrantes demuestran que su labor no era independiente y autónoma, sino gobernada por el superior jerárquico y demás funcionarios directivos pertenecientes a la entidad demandada, consolidándose no una relación de coordinación sino de subordinación, prestada personalmente, cumpliendo una jornada laboral y percibiendo a cambio de sus servicios una remuneración.
A juicio de la Sala, la labor desarrollada por la actora durante varios años, advierte la necesidad de sus servicios y la vulneración del artículo 53 de la Constitución que establece una “estabilidad en el empleo”, que jamás pudo ostentar en igualdad de condiciones a los empleados públicos del establecimiento demandado, configurándose la existencia del contrato realidad, pues se dieron los tres elementos que tipifican la relación laboral como son la subordinación, el salario como retribución y la actividad personal del funcionario.
Mediante providencia de 16 de febrero de 2005, magistrado ponente Tarsicio Cáceres Toro, Expediente 3130-04, reconoció el pago de una indemnización equivalente a las prestaciones sociales ordinarias liquidadas, de la siguiente manera:
“En esas condiciones, aunque realmente no se trata de una relación legal y reglamentaria, no es menos cierto que la persona que labora en esas condiciones lo hace en forma similar al empleado público con funciones administrativas de apoyo para el personal de salud, que si es esencial para el objeto del ente. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta los principios de equidad e igualdad, hasta donde es posible admitir, la jurisdicción ha aceptado que es procedente reconocer al contratista unos derechos consistentes en el reconocimiento y pago de indemnización por lo que ha dejado de percibir en forma equivalente a las prestaciones sociales ordinarias que reciben esa clase de empleados de la entidad pero liquidables teniendo en cuenta los “honorarios” pactados en los contratos” (negrilla del texto).
En sentencia de 15 de junio de 2006, magistrado ponente doctor Jesús María Lemos Bustamante, la Sala sostuvo:
Sin embargo, como se dijo anteriormente, la administración desconoció el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, y con ello ocasionó unos perjuicios que deben ser resarcidos a la luz del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (…)”.
Y para tal efecto, se deben determinar inicialmente cuáles son esas prestaciones ordinarias a que tienen derecho los educadores oficiales (v. gr. prima de navidad, cesantía, etc.) y la forma de su liquidación (v. gr. número de días y valores, etc.), para después calcular, teniendo en cuenta esos parámetros y el valor de esas prestaciones que no pudieron devengar, conforme a los honorarios pactados” (3) (negrilla del texto).
La controversia gira en torno a las razones que expone la Jurisprudencia actual para acceder a una condena parcial en el sentido de ordenar el pago de prestaciones “ordinarias”, olvidándose de la indemnización integral de los perjuicios sufridos por el daño, tal como lo establece el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, cuyo tenor literal es el siguiente:
En la salvedad de voto frente a la sentencia de 18 de noviembre de 2003, Expediente 17001-23-31-000-1999-0039-01(IJ), se advirtió una inconsistencia de la jurisprudencia, porque a pesar de considerar desvirtuado el contrato de prestación de servicios y aceptar la relación laboral se ha negado a hacerle producir las consecuencias pertinentes.
En dicho proveído se advirtió:
“Puede, incluso, afirmarse que la jurisprudencia no ha sido consistente porque, a pesar de considerar desvirtuado el contrato de prestación de servicios y de aceptar la existencia de una verdadera relación laboral, se ha negado a hacerle producir las consecuencias que de ella se derivan, entre ellas, reconocer el tiempo de servicio laborado como útil para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación. Si el contrato de prestación de servicios es supuesto y la verdadera relación es laboral debe concluirse que la persona natural tiene las prerrogativas propias del empleado público, así sea como funcionario de hecho, porque no puede aceptarse que el particular deba, se reitera, asumir los errores de la administración ni sacrificar sus derechos fundamentales en aras del bien social público sin incurrir, en últimas, en lo que se critica: hacer prevalecer lo formal sobre lo sustancial y más en materia laboral dada la característica irrenunciable de sus derechos y su estrecha vinculación con la dignidad humana” (negrillas fuera del texto).
La Sala prohíja en esta oportunidad la tesis allí expuesta, porque si se desvirtúa el contrato de prestación de servicios, y se acepta la existencia de una verdadera relación laboral es apenas lógico que produzcan plenos efectos, ello es, que el tiempo laborado sea útil para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación.
Sobre el tema de las prestaciones sociales, han sido clasificadas, en general, dependiendo a cargo de quien está la obligación de efectuar el aporte, así, unas son a cargo del empleador (v. gr. prestaciones comunes u ordinarias como primas, cesantías, riesgos profesionales, caja de compensación etc.) y otras compartidas con el trabajador (v. gr. pensión y salud). Las vacaciones en cambio, no tienen la connotación de prestación salarial porque son un descanso remunerado que tiene el trabajador por cada año de servicios.
En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico las prestaciones sociales referentes a pensión y salud son cubiertas por las partes que integran la relación laboral, así por ejemplo, en materia pensional durante la ejecución del último contrato de la actora, se destinaba el equivalente al 10% de la tasa de cotización, monto cubierto por el empleador con un 75% y el trabajador con un 25% (Ley 100/93, art. 20 sin sus modificaciones posteriores), y en materia de salud la base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al sistema general de seguridad social en Salud, es la misma contemplada en el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 (Ley 100/93, art. 204, par. 1º).
Por tanto, la reparación del daño en el sub lite no podrá ser la totalidad de dichos montos, sino la cuota parte que la entidad demandada no trasladó al respectivo fondo de pensiones o empresa prestadora de salud, debiéndose pagar a la actora quien finalmente tenía la obligación de efectuar dichos aportes como contratista o trabajadora independiente (L. 11/93, arts. 15 y 157).
Por lo anterior, los derechos que por este fallo habrán de reconocerse, se ordenarán no a título de indemnización, como ha venido otorgándose de tiempo atrás, sino como lo que son: el conjunto de prestaciones generadas con ocasión de la prestación del servicio y el consecuente cómputo de ese tiempo para efectos pensionales junto con el pago de las cotizaciones correspondientes, aspectos estos que no requieren de petición específica, pues constituyen una consecuencia obligada de la declaración de la existencia de tal relación...” (4) .
En cuanto a los riesgos profesionales el Decreto-Ley 1295 de 1994, establece que dicha obligación está a cargo del empleador (art. 21), sin embargo, como en el presente asunto la contratista, que fungió como empleada, no probó que hubiese sufragado esta especie de seguro que cubre los siniestros derivados de accidentes de trabajo, se infiere que jamás disfrutó de este beneficio, siendo inexistente el daño antijurídico.
De conformidad con esta normativa la demandante no disfrutó, mientras duró su relación contractual desnaturalizada, de los beneficios que otorgan las cajas de compensación como son, percibir el subsidio familiar y acceder a los centros de recreación, educación y cultura, entre otros, presentándose la imposibilidad de percibirlos por el transcurso del tiempo, por lo que los dineros que la administración debió sufragar a ese ente deben ser pagados, a título de indemnización, para que la actora los disfrute, debiéndose ordenar su reconocimiento.
En cuanto al subsidio familiar, este rubro no aparece solicitado dentro de las pretensiones de la demanda, y además la parte demandante no demostró estar dentro de los presupuestos para ser beneficiaria de la prestación.
“Tampoco opera el fenómeno de la prescripción, ya que se trata de una sentencia constitutiva, en la medida en que el derecho surge a partir de ella y, por la misma razón, no hay lugar a aplicar la Ley 244 de 1995, pues la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia” (5) .
Así mismo se ha indicado:
“Como se observa, el término de prescripción de tres años se cuenta desde que la obligación se hace exigible, pero debe tenerse en cuenta que en el contrato de prestación de servicios, el derecho surge desde el momento en que la sentencia lo constituye a favor del contratista junto al restablecimiento traducido en el pago de la suma indemnizatoria, porque previo a la expedición de la sentencia que declara la primacía de la realidad laboral sobre la contractual, no existe ningún derecho a favor del contratista de prestación de servicios emanado de un vínculo laboral, con lo que resulta, que es imposible que se pueda predicar la prescripción de un derecho que no ha nacido a la vida jurídica. No resulta razonable aplicar la prescripción trienal a la indemnización que se reconoce al contratista en la sentencia, si se tiene en cuenta que como se advirtió, dicha figura es una sanción al titular del derecho por no ejercerlo dentro de los plazos que la ley le otorga, derecho que solo se constituye en la sentencia que determina la existencia de la relación laboral” (6) .
Por lo tanto, entendiendo que el término trienal de prescripción se cuenta a partir del momento en que la obligación se hizo exigible en la sentencia ejecutoriada, es justamente a partir de este momento que se contarían los tres (3) años de prescripción de los derechos de la relación laboral hacía el futuro, situación que operaría en caso de que continuara la relación laboral, empero como el sub lite se contrae al reconocimiento de una situación anterior no existe prescripción pues la obligación, como se dijo, surge con la presente sentencia, tesis que la Sala en esta oportunidad acoge en su integridad.
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada, declarando la nulidad del Oficio 73.300 Nº 862 de 18 de septiembre de 2000, proferido por el director jurídico de la seccional del seguro social del Tolima, condenando a título de reparación del daño, al pago de las prestaciones sociales que devengue un empleado público en el mismo o similar cargo desempeñado por la actora, liquidada con base en los honorarios contractuales, pagando a título de indemnización las cotizaciones por concepto de caja de compensación.
Al liquidar las sumas dinerarias en favor de la demandante, los valores serán ajustados en los términos del artículo 178 del CCA, utilizando la siguiente fórmula:
Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el último inciso del artículo 177 del CCA, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.
REVÓCASE la sentencia de 31 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por Ana Reinalda Triana Viuchi contra el Instituto de Seguros Sociales.
DECLÁRASE la nulidad del Oficio 73.300 Nº 862 de 18 de septiembre de 2000, proferido por el Director Jurídico de la Seccional del Seguro Social del Tolima, que negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales adeudadas a la actora.
CONDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales a pagar a la actora, a título de reparación del daño, el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes devengadas por los empleados vinculados a dicha entidad, durante el periodo que prestó sus servicios, liquidadas conforme al valor pactado en el contrato de prestación de servicios, sumas que serán ajustadas conforme quedó expuesto en la motiva de la presente providencia.
CONDÉNASE a la entidad demandada a pagar a la demandante a título de reparación del daño, los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los Fondos correspondientes durante el periodo acreditado que prestó sus servicios, dichas sumas serán ajustadas conforme quedó expuesto.
DECLÁRASE que el tiempo laborado por la señora Ana Reinalda Triana Viuchi, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios durante los años 1995 a 2000, se debe computar para efectos pensionales.
CONDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales a pagar a la actora a título de indemnización, las cotizaciones de caja de compensación durante el periodo acreditado que prestó sus servicios conforme a la parte motiva, dichas sumas igualmente serán ajustadas conforme quedó descrito.
Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Bertha Lucía Ramírez de Páez—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.
(1) Sentencia del 25 de enero de 2001, expediente No. 1654-2000, Magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda
(2) Expedientes 0245 y 2161 de 2005, M.P. Jesús María Lemos Bustamante
(3) Sentencia de 28 de junio de 2001, M.P. Tarsicio Cáceres Toro, Expediente 2324-00, actora: María Bertha Díaz Correa.
(4) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, había ordenado el reconocimiento de estos efectos, en sentencia del 17 de abril de 2008, Radicación 54001-23-31-000-2000-00020-01(2776-05), actor: José Nelson Sandoval Cárdenas, demandado: Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander - Ifinorte, M.P. Jaime Moreno García.
(5) Sentencia de 17 de abril de 2008, M.P. Jaime Moreno García, Expediente (2776-05), actor: José Nelson Sandoval Cárdenas.
(6) Sentencia 6 de marzo de 2008, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Expediente 2152-06, actor: Roberto Urango Cordero.

References: artículo 32
 artículo 53
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 13
 artículo 85
 artículo 16
 artículo 178
 artículo 177
 artículo 60