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Timestamp: 2018-01-22 06:11:38+00:00

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AUTO nº 17 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA
Resolution: AUTO nº 17 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA
Subject: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 43/17, Actuaciones Previas nº 81/17. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalitat de Cataluña), CATALUÑA.
Doctrine summary: La Sala de Justicia desestima los recursos del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, interpuestos contra el Acta de Liquidación Provisional y la Providencia de requerimiento de pago, depósito o afianzamiento, así como la solicitud de suspensión formulada. Tras exponer las conclusiones del Acta de Liquidación Provisional recurrida (en la que se establecieron presuntas responsabilidades contables “por hechos derivados de la salida de determinados fondos del Erario de la Generalidad de Cataluña destinados a afrontar los gastos para la consulta o proceso de participación ciudadana, llevada a cabo el día 9 de noviembre de 2014”) así como el contenido de la Providencia de requerimiento, recoge la Sala la fundamentación jurídica aplicable, determinante de la desestimación de los recursos. Con carácter previo clarifica las fases procesales que conducen al enjuiciamiento de las acciones de responsabilidad contable por alcance y añade que el único recurso posible en la fase instructora es el del artículo 48 de la Ley 7/88, cuyos motivos de interposición no pueden ser otros que los establecidos por ley: que no se accediera a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren o que se causare indefensión. Aborda la resolución de los recursos señalando, de forma general, que ninguno de los recurrentes funda sus pretensiones estrictamente en la denegación de diligencias, sino en irregularidades de procedimiento cometidas, a su entender, en fase de Diligencias Preliminares y de Actuaciones Previas, generadoras de indefensión. Recoge la Sala el concepto de indefensión con relevancia constitucional y, dada la peculiar postura procesal de los Abogados de la Generalidad, el análisis de los argumentos de su recurso se trata de forma específica: 1) Rechaza, en primer lugar, la existencia de indefensión o de vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, basada en la falta de notificación o participación en las Diligencias Preliminares. 2) Frente a la alegación de falta de legitimación activa del Abogado del Estado, que los recurrentes consideran determinante de una irregularidad procedimental, recuerda la Sala los motivos del recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, sin que esta alegación de una excepción procesal encaje en los mismos. 3) Rechaza también la alegación que considera irregular la admisión, como parte, de los actores públicos, ex artículo 56 de la Ley 7/88, habiéndose resuelto ya la cuestión en fase de Diligencias Preliminares. 4) Descarta también la existencia de supuestas irregularidades en la tramitación de las Actuaciones Previas merecedoras de nulidad de lo actuado, por haberse adoptado la resolución de la Delegada Instructora sin la documentación completa requerida a la Generalidad, precisando la Sala que dicha documentación no fue solicitada por los recurrentes y que, además, devino menos relevante al remitirse la documentación necesaria por otros órganos jurisdiccionales cuya colaboración fue instada por la Instructora. 5) Rechaza las alegaciones de celeridad excesiva en el desarrollo de las distintas fases preparatorias (en concreto en ciertos actos de notificación y comunicación) recordando la Sala que el artículo 24 CE consagra el derecho a “un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías”, y que a ello se une la funcionalidad sumaria otorgada a las actividades preparatorias de los procedimientos jurisdiccionales contables. Rebate los argumentos referidos a la aplicabilidad del artículo 128 de la LJCA (considerando el recurrente que dicha norma referida a la habilitación de días inhábiles no contempla casos de habilitación del mes de agosto) en lugar del 131 de la LEC, repasando la Sala las normas de supletoriedad normativa en materia contable y considerando que no es posible aplicar dicho artículo 128 LJCA para resolver un recurso de reposición en fase de Diligencias Preliminares, y añade que respecto a las Actuaciones Previas la regla general es que el mes de agosto es hábil, por lo que se descarta la existencia de irregularidad procedimental alguna. 6) Rechaza la existencia de indefensión por falta de respuesta en el Acta de Liquidación Provisional a las alegaciones formuladas en su escrito de septiembre de 2017, indicando la Sala que en el Acta se recoge el análisis pormenorizado de las mismas, habiendo motivado la Instructora su resolución, y siendo dicha motivación conforme con la doctrina jurisprudencial al respecto. 7) Desestima igualmente otras alegaciones aducidas por los Abogados de la Generalidad, a propósito de la deficiente aplicación a la fase de Actuaciones Previas de los plazos para audiencia y puesta de manifiesto de documentación, apelando a los artículos 33 y 44 de la Ley 7/88, pues entiende la Sala que no cabe trasladar a esta fase previsiones pensadas para el desarrollo de la función de fiscalización, teniendo en cuenta, además, que el artículo 47 de la Ley 7/88 contiene el régimen de plazos de esta fase. Por otra parte, la Sala manifiesta su extrañeza ante la inclusión en este recurso de la interposición de un recurso de alzada contra la falta de notificación del Acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el que se designó a la Delegada Instructora. Se desestiman las restantes alegaciones de los Abogados de la Generalidad, referidas a la no concurrencia de los elementos configuradores de la responsabilidad contable, recordando la Sala que este recurso no se articula para analizar discrepancias jurídicas y fácticas de fondo. Se constata, pues, que no concurre irregularidad legal alguna en el desarrollo de la tramitación ante este órgano jurisdiccional contable, con respeto de las garantías procesales para todas las partes intervinientes. Advierte la Sala-sin sanción en este momento- a los Abogados de la Generalidad, conminándoles a abandonar y enmendar, en lo sucesivo, y para el caso de que se juzgue adecuada su futura intervención en el procedimiento que pudiera seguirse y que resulte procedente, la manifestación de alegaciones que no resultan pertinentes ni ajustadas al correcto ejercicio deontológico de su derecho de defensa. Aborda finalmente la petición de suspensión de la Providencia de requerimiento de pago, depósito o afianzamiento, teniendo en cuenta la Sala que dicho requerimiento y el embargo preventivo en fase de Actuaciones Previas tienen su propio régimen jurídico (47.1 f) y g) de la Ley 7/88), y que la interposición de este recurso no tiene carácter suspensivo, salvo circunstancias excepcionales, que no concurren en este caso.
Categories: ACTUACIONES PREVIASCITACIONCOSTASCUESTIONES DE FONDODENEGACION DE DILIGENCIASDILIGENCIAS PRELIMINARESEFECTOS SUSPENSIVOSINDEFENSIONLEGITIMACION ACTIVALIQUIDACION PROVISIONALPRINCIPIO PRO ACTIONEPROVIDENCIA DE REQUERIMIENTORECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988RESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)SUPLETORIEDADSUSPENSIONTRAMITE DE AUDIENCIATUTELA JUDICIAL EFECTIVA
PRIMERO.- En las Actuaciones Previas nº 81/17, del ramo y lugar anteriormente señalados, la Delegada Instructora practicó Liquidación Provisional de presunto alcance, de fecha 25 de septiembre de 2017, formulándose las siguientes conclusiones en el Acta correspondiente, que, de modo literal, dice:
SEGUNDO.- Contra las ya citadas, Acta de Liquidación Provisional y Providencia de Requerimiento de pago, de fecha 25 de septiembre de 2017, se formularon los recursos que a continuación se expresan, todos ellos al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas:
Recurso planteado, con fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal de Cuentas, el día 29 de septiembre de 2017, por la representación procesal de DON A. M. G., DOÑA J. O. A., DON L. B. S. y DOÑA J. V. V.
Recurso planteado, con fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal de Cuentas, el día 2 de octubre de 2017, por la representación procesal de DON F. H. M.
Recurso planteado, con fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal de Cuentas, el día 2 de octubre de 2017, por la representación procesal de DOÑA I. R. O.
Recurso planteado, con fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal de Cuentas, el día 2 de octubre de 2017, por la representación Letrada de la Generalidad de Cataluña.
Escritos de alegaciones, con fecha de entrada, todos ellos, en el Registro General de este Tribunal de Cuentas, el día 6 de octubre de 2017, presentados por la representación procesal de DON J. D. P., DON I. G. A. y DON J. V. R., mediante los cuales, y, respectivamente, interpusieron recursos contra la providencia de requerimiento de pago, depósito o afianzamiento de 25 de septiembre de 2017.
TERCERO.- Por Diligencia de Ordenación de 2 de octubre de 2017, la Secretaría de esta Sala de Justicia acordó abrir el correspondiente rollo, con el nº 43/17, nombrar ponente al Consejero de Cuentas, Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano, y remitir oficio a la Delegada Instructora, en solicitud de los antecedentes necesarios para la tramitación del recurso.
CUARTO.- Con fecha 9 de octubre de 2017 se dictó Diligencia de Ordenación, en la que se informó de la recepción de los antecedentes necesarios para la tramitación del recurso, concediéndose un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a las representaciones procesales de los actores públicos, a fin de que formularan, en su caso, las alegaciones que estimaran pertinentes.
QUINTO.- El Ministerio Fiscal, mediante escrito de 16 de octubre de 2017, evacuó el traslado conferido en la anteriormente citada Diligencia de Ordenación impugnando los recursos interpuestos, al amparo del artículo 48.1 de la LFTCu, por las representaciones procesales de DON A. M. G., DOÑA J. O. A., DON L. B. S., DOÑA J. V. V., DON F. H. M., DON J. D. P., DON I. G. A. y DON J. V. R., DOÑA I. R. O., y los Abogados de la Generalidad de Cataluña, e interesó la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de las resoluciones recurridas.
SEXTO.- Por escritos, todos ellos, de fecha 17 de octubre de 2017, el Abogado del Estado impugnó, separadamente, cada uno de los recursos presentados por las representaciones procesales de los recurrentes, anteriormente citados.
SÉPTIMO.- En fecha 19 de octubre de 2017, tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal de Cuentas, escrito de impugnación de los recursos del artículo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, por parte del Procurador de los Tribunales Don Luis Delgado de Tena, como representación procesal de los actores públicos “A. C. por C.” y “S. C. C.”, oponiéndose, también, a las alegaciones realizadas por los recurrentes.
OCTAVO.- Concluso el presente recurso, mediante Diligencia de Ordenación de la Secretaria de esta Sala de 24 de octubre de 2017, se acordó que pasaran las actuaciones al Excmo. Sr. Consejero de Cuentas Ponente, a efectos de preparar la pertinente resolución.
NOVENO.- Mediante Providencia de fecha. 27 de octubre de 2017, se acordó señalar para votación y fallo del presente recurso el día 3 de noviembre de 2017, fecha en que tuvo lugar el citado acto.
DÉCIMO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las correspondientes prescripciones legales.
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.1 y 54.2.d) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, corresponde a la Sala de Justicia de este Tribunal el conocimiento y decisión de los recursos formulados contra las resoluciones dictadas en las Actuaciones Previas a la exigencia de responsabilidades contables en vía jurisdiccional.
SEGUNDO.- Como ya se ha puesto de manifiesto en los antecedentes de hecho de esta Resolución, el día 25 de septiembre de 2017 se levantó, por la Delegada Instructora de las Actuaciones Previas nº 81/17, Acta de Liquidación Provisional en la que se estableció que resultaban, de manera indiciaria, incursos en un presunto ilícito de alcance contable DON A. M. G., DOÑA J. O. A., DON L. B. S., DOÑA J. V. V., DON F. H. M., DOÑA I. R. O., DON J. D. P., DON I. G. A. y DON J. V. R., por hechos derivados de la salida de determinados fondos del Erario de la Generalidad de Cataluña, así como otros que afectaban a fondos de carácter estatal, destinados a afrontar los gastos para la realización de la consulta o proceso de participación ciudadana, llevada a cabo el día 9 de noviembre de 2014, en mérito a los datos que se desprendieron de la investigación desarrollada por la citada Delegada Instructora, en dichas actuaciones, dictándose, acto seguido, y en la misma fecha, para su cumplimiento, la oportuna Providencia de requerimiento de pago o, en su caso, de depósito o afianzamiento de las cantidades que fueron calculadas por la ya mencionada Delegada Instructora y a las que, de forma igualmente provisional, ascendería el presunto alcance. Todo ello, sin perjuicio de lo que, en su caso, se decidiera dentro de la fase jurisdiccional, en el procedimiento de reintegro por alcance que se pudiera incoar al efecto.
TERCERO.- Contra tales Acta de Liquidación Provisional y subsiguiente Providencia, se han alzado los ya señalados, DON A. M. G., DOÑA J. O. A., DON L. B. S., DOÑA J. V. V., DON F. H. M., DOÑA I. R. O., DON J. D. P., DON I. G. A. y DON J. V. R., a través de sus respectivas representaciones procesales, y, asimismo, la representación Letrada de la Generalidad de Cataluña, al amparo de lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, interponiendo los correspondientes recursos, cuyas alegaciones y pretensiones se pueden resumir de la forma que sigue:
La representación procesal de DON A. M. G., DOÑA J. O. A., DON L. B. S. y DOÑA J. V. V., alegó indefensión de sus patrocinados, con vulneración de lo establecido en el artículo 24 de la vigente Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978 (con su última modificación de 27 de septiembre de 2011) [en adelante, “CE”], por cuanto, hasta la citación de aquéllos, para la práctica de la liquidación provisional, no se les había notificado, ni uno solo de los múltiples trámites adoptados, ni en las Diligencias Preliminares, ni en las Actuaciones Previas nº 81/17. Mantiene que, a pesar de que nada diga, expresamente, el tenor de los artículos 46 y 47 de la LFTCu, la interpretación de dichos preceptos debía adecuarse al artículo 24 de la CE, garantizándose el principio de audiencia desde el inicio de las actuaciones para mejor defensa de sus intereses.
La representación procesal de DON F. H. M., por su parte, formuló su recurso, comenzando con una alegación previa, en la que realizó resumen de antecedentes y expuso que la finalidad de su interposición tenía como finalidad poner de manifiesto lo que consideraba graves irregularidades en la tramitación de las Actuaciones Previas, de fondo y de forma, que habían ocasionado grave indefensión a su representado.
Los principios de seguridad jurídica y de presunción de inocencia siempre deben primar sobre cualquier otra consideración.
Dentro de la función jurisdiccional de responsabilidad contable es obligada la citación y, en su caso, intervención del presunto responsable.
La práctica de las diligencias oportunas de averiguación de los hechos y de los presuntos responsables, así como la liquidación provisional del alcance, debe hacerse, previa citación de los presuntos responsables.
La falta de citación invalida el procedimiento, por clara y evidente indefensión.
La representación procesal de DOÑA I. R. O. interpuso, asimismo, el recurso previsto en el artículo 48.1 de la LFTCu, apreciando existencia de indefensión, por falta de respuesta, en el Acta de Liquidación Provisional, a las alegaciones formuladas por su representada, tanto en su escrito de 20 de septiembre de 2017, como en el propio acto de la comparecencia de la liquidación provisional, lo que produciría la consiguiente nulidad del Acta y de la Providencia de requerimiento de pago y afianzamiento.
En cuanto al recurso planteado por los Abogados de la Generalidad de Cataluña, mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal de Cuentas, el día 2 de octubre de 2017, comenzó realizando unas previas consideraciones generales, acerca de las irregularidades que apreciaban en la tramitación de las actuaciones que se habían venido practicando, y que partieron de la afirmación de que la consideración de la Generalidad de Cataluña, como Administración perjudicada, no había sido respetada por la -a su criterio- indebida presencia y legitimación reconocida a la Administración General del Estado. La representación Letrada de la ya aludida Administración autonómica continuó afirmando que, mediante su interpretación de lo dispuesto en el artículo 103 de la CE, correspondía que la defensa estricta de la legalidad, por parte del Gobierno y la Administración de la Generalidad, se extendiera a la de los actos realizados por altos cargos y empleados públicos de la misma, en el ejercicio de sus funciones, en los casos en que no exista conflicto de intereses con los que le son propios a la Administración. De la misma manera, entendió esa representación Letrada que le correspondía valorar si, a su juicio, existía responsabilidad contable y, en caso de que la respuesta fuera negativa, defender esa circunstancia. Según criterio de la expresada representación en el marco de las actuaciones que se habían desarrollado, se estimaba que los hechos enjuiciados y los preceptos que pretendían amparar la valoración de la responsabilidad contable no tenían engarce alguno en vulneraciones contables o presupuestarias.
En primer lugar, la apreciación de que entendían que no concurrían los requisitos objetivos y subjetivos que configuraban la responsabilidad contable.
En segundo lugar lo que habían considerado inusual tramitación llevada a cabo que afectaba a la invalidez de todo lo actuado cuando, por el contrario, si se hubieran cumplido las mínimas garantías procedimentales, los resultados a los que se hubiera llegado en las actuaciones, -y se cita textualmente- “…no se encontrarían ensombrecidos por la duda de cuál ha sido la motivación o justificación de la instrucción en los términos en que se ha llevado a efecto…”.
Indebida articulación de la acción pública.
Indebida intervención de la Abogacía del Estado por el presunto quebranto de fondos públicos estatales.
Irregularidades procedimentales. Dentro de éstas, señalaron las siguientes:
Extraordinaria habilitación del mes de agosto.
Denegación de la ampliación del plazo para cumplir el requerimiento de documentación e información
Inadmisión de un recurso de alzada, interpuesto contra la falta de notificación del Acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el que se designó a la Sra. Delegada Instructora.
DON I. G. A., DON J. V. R. y DON J. D. P., a través de su representación procesal, remitieron, cada uno, idénticos escritos de recurso del artículo del 48.1 de la LFTCu, el 5 de octubre del presente año, en los que hicieron referencia a los recursos contra el Acta de Liquidación Provisional, recaída en las Actuaciones Previas nº 81/17, centrándose sus alegaciones en la pretensión de que se procediera a la suspensión de la providencia de requerimiento de pago y depósito o afianzamiento de las cantidades, provisionalmente calculadas en fase de Actuaciones Previas, solicitando la aplicación del principio de “fomus boni iuris o apariencia de buen derecho ”, citando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 1149/2010, de 3 de diciembre (rec. Nº 508/2007) y, en un segundo motivo, razonaron la pertinencia de la aplicación del artículo 62.2.b) de la LGT, destacando que, solicitada la misma ante la Sra. Delegada Instructora, ésta no dio argumentación alguna para desatender dicha petición, siendo desestimada tácitamente, sin haber motivado esa decisión. Mediante escrito posterior, dichos recurrentes se adhirieron a los argumentos esgrimidos por el resto de los recurrentes, en lo referido al Acta de Liquidación Provisional de 25 de septiembre de 2017, haciéndolos suyos y plasmándolo así, en toda su integridad.
CUARTO.- Como se ha señalado anteriormente, a los recursos interpuestos al amparo del artículo 48.1 de la LFTCu, contra el Acta de Liquidación y la Providencia de requerimiento de pago y garantías, ambas de fecha 25 de septiembre de 2017, se han opuesto, solicitando su desestimación, el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado y la representación procesal de los actores públicos, “A. C. por C.” y “S. C. C.”.
Recurso de DOÑA I. R. O.
Recursos de DON F. H. M.
El proceso contable no es un procedimiento sancionador, sino de naturaleza reparadora.
La citación del presunto responsable contable se había verificado conforme a lo establecido en el artículo 47.1 e) de la LFTCu, remitiéndose a lo manifestado en el recurso anterior, sobre esta cuestión.
La comparecencia del Abogado del Estado en el Acta de Liquidación Provisional no podía ser discutida en el presente recurso, por cuanto excedía de su objeto, de acuerdo con el artículo 48.1 de la LFTCu. Además, el resultado de la liquidación practicada en el día 25 de septiembre de 2017, acreditaba unas cantidades que correspondían a facturas abonadas con cargo a fondos estatales.
La defensa de los intereses patrimoniales del Estado correspondía a la Abogacía del Estado.
Con apoyo en el tenor literal del artículo 124.1 de la CE, aclaró que la misión del Ministerio Fiscal era distinta de la del Abogado del Estado.
La tramitación de las Diligencias Preliminares se había llevado a cabo, con pleno respeto de los plazos procesales
El Ministerio Fiscal, haciendo exégesis del contenido del Auto de esta Sala de Justicia nº 10/2013, de 11 de abril, y aplicando el criterio doctrinal en él contenido, vino a concluir que, en el presente caso, la Sra. Delegada Instructora había practicado las pertinentes y necesarias diligencias, que habían conllevado la incorporación de abundante y significativa documentación, en orden a concretar los hechos investigados y sus autores. Por otra parte, en la comparecencia celebrada el 25 de septiembre de 2017, dicha Sra. Delegada Instructora había dado respuesta a cada una de las alegaciones formuladas por los presuntos responsables. Por tanto, la labor investigadora se había desarrollado adecuadamente, sin que se produjera vulneración alguna de la tutela judicial efectiva.
En cuanto a la materia de “Adquisición de ordenadores para ser utilizados en las mesas de votación y otros centros públicos”, el Fiscal se remitió a lo señalado en el recurso anterior.
Respecto del plazo de requerimiento de pago, apuntó que nada se decía en el artículo 47.1 f) de la LFTCu. Sin embargo, de acuerdo con lo indicado en el artículo 47.3 de dicha norma, podía deducirse que el requerimiento de pago equivalía a la providencia de apremio del artículo 70 del Reglamento General de Recaudación de 29 de julio de 2005, que remitía a los plazos del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, de 17 de diciembre de 2003. Según dicho precepto, el plazo para pagar por un apremio notificado entre el 16 y el último día de mes (supuesto de autos), terminaría el día cinco del mes siguiente. Toda vez que el recurrente manifestó que el requerimiento se le notificó el día 28 de septiembre de 2017, por lo que el plazo de quince días hábiles concedido por la Sra. Delegada Instructora, contados desde la notificación de su Providencia, superaba el plazo establecido en el artículo 62.2 de la LGT, que hubiera finalizado el día 5 de octubre siguiente. De esta manera, no se apreciaba ningún perjuicio para el recurrente, sino todo lo contrario.
Según el Ministerio Público, no procedía la suspensión de la ejecución del requerimiento de pago. En primer lugar, por cuanto no existía indefensión, de acuerdo con lo precedentemente argumentado. Y en segundo lugar, dicha pretensión resultaba contraria al criterio doctrinal de esta Sala de Justicia, según lo reflejado en el Auto nº 34/2015, de 15 de diciembre.
Recurso de la GENERALIDAD DE CATALUÑA.
La Excma. Sra. Consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, había resuelto, con la correspondiente argumentación fáctica y jurídica, las cuestiones que afectaban al ejercicio de la acción pública y a la intervención de la Abogacía del Estado, por lo que se atenía al contenido de las Resoluciones de 19 de julio y 8 de agosto de 2017.
La habilitación del mes de agosto de 2017 y el plazo otorgado por la Sra. Delegada Instructora, a fin de aportar los documentos interesados, no habían supuesto indefensión alguna para la Generalidad, por lo que carecía de fundamento la protesta.
El Ministerio Público, ante la afirmación de la representación Letrada de la GENERALIDAD DE CATALUÑA de que actuaba “en defensa estricta de la legalidad”, estimó que, según la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 28 de septiembre de 2017, el interés abstracto por el cumplimiento de la Ley, institucionalmente no le correspondía más que al Ministerio Fiscal, salvo los supuestos en que el ordenamiento jurídico reconocía la acción pública. Además, con apoyo en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2002 (RJ 2003/1266), destacó que no bastaba como título legitimador un puro y simple interés por el respeto de la legalidad, añadiendo que, por otra parte, el resultado de la liquidación provisional evidenciaba que existía un conflicto de intereses entre la Generalidad y los presuntos responsables contables. Afirmó que convenía destacar que la legitimación de la Generalidad de Cataluña existía, en cuanto tratara de ejercer la acción contable contra los presuntos responsables que pudieran haber ocasionado el menoscabo en los fondos de dicha Comunidad Autónoma. Consecuentemente, siguió razonando el Fiscal, carecía de interés legítimo dicha parte para tratar de impedir el ejercicio de las pretensiones que otros legitimados activamente pudieran formular (actor público, Abogado del Estado o Ministerio Fiscal). Continuó haciendo exégesis del contenido del artículo 55 de la LFTCu, puesto en relación con el artículo 24 de la CE y se apoyó en la Sentencia de la Sección 6ª, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2015, en relación con la legitimación activa, deduciendo que la resolución adoptada por la Sra. Delegada Instructora, recogida en el Acta de Liquidación Provisional recurrida, objetivamente, no causaba perjuicio alguno a los fondos de la Generalidad, sino todo lo contrario. Por tanto, concluyó el Ministerio Público, la Generalidad de Cataluña carecía de legitimación para recurrir el Acta de Liquidación Provisional.
En cuanto a la inadmisión del recurso de alzada, interpuesto por la ya mencionada representación Letrada de la Administración Autonómica, contra la falta de notificación del Acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el que se designó a la Sra. Delegada Instructora, según Resolución del Pleno del Tribunal de Cuentas, de fecha 24 de agosto de 2017, tal actuación no constituía objeto del recurso previsto en el artículo 48.1 de la LFTCu.
Respecto a la alegación, reiteradamente señalada por la parte recurrente, de que se había limitado su derecho a la defensa, al no haber podido aportar, según ella, toda la documentación que acreditaba la inexistencia de alcance o responsabilidad contable, el Ministerio Fiscal destacó que la anómala posición procesal de la Generalidad llegaba, así, a su máxima expresión, cuando pretendía probar un hecho negativo para evitar que los responsables contables fueran demandados. Siguió argumentando que al hallarnos ante una acción dirigida a la exigencia de responsabilidad contable, subespecie de la responsabilidad civil, corresponde al actor, única y exclusivamente, demostrar en el correspondiente proceso jurisdiccional –que todavía no se había iniciado-, los elementos que acreditaran la existencia de la citada responsabilidad. Por tanto, no correspondía a los demandados acreditar su inexistencia. Se trataría de aplicar los principios que rigen la carga procesal.
En cuanto a los requisitos exigidos por la Legislación y la jurisprudencia, en orden a determinar la referida responsabilidad, el Fiscal consideró que tal materia debía ser examinada por el Órgano jurisdiccional competente.
Añadió el Ministerio Fiscal la alegación de que la responsabilidad contable podía y debía extenderse a los comportamientos de dicha naturaleza, que se hubieran puesto de manifiesto en las Actuaciones Previas, en relación con la acción pública ejercitada. La narración histórica de las Sentencias penales, que indudablemente se aceptaba, no constituía obstáculo alguno a las consideraciones de la Sra. Delegada Instructora, pues tales valoraciones se efectuaron desde la perspectiva contable y daban lugar a un objeto procesal distinto del penal. Según el Fiscal, ninguna dificultad existía a que el ámbito temporal y subjetivo difiriera en uno y otro procedimiento, pues la acción contable estaba imprejuzgada. Y ese era el fundamento de la existencia de ambas jurisdicciones, pues cada una tiene su propio ámbito de competencia. No resultaba una cuestión de prevalencia, sino de reparto competencial. Por ello destacó la especial incidencia que, a juicio del Ministerio Fiscal, tenía, en el ámbito de la responsabilidad contable, la afirmación contenida en el Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 22 de marzo de 2017, poniéndolo en relación con el contenido fáctico del Hecho 9º de la citada Resolución del Alto Tribunal, por lo que le pareció evidente que el perjuicio económico, ocasionado por los hechos allí recogidos, debían ser objeto de enjuiciamiento, y esa competencia correspondía al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con los artículos 18.2 de la LOTCu y 49.3 de la LFTCu. Ello, toda vez que en la Jurisdicción Contable no se iba a dilucidar la culpabilidad de los posibles responsables contables bajo fundamentos extraídos del Derecho Penal, ni se iban a analizar los problemas que planteaba la tipicidad de dicho ordenamiento, sino que se seguían los criterios establecidos por la jurisdicción Contable.
Recursos de DON I. G. A., DON J. V. R. y DON J. D. P.
Recurso de DON A. M. G., DOÑA J. O. A., DON L. B. S. y DOÑA J. V. V.
En cuanto a las alegaciones de indefensión por falta de notificación de las diligencias practicadas por la Sra. Delegada Instructora, señaló el criterio doctrinal mantenido por esta Sala de Justicia, concluyendo que no procedía aceptar las pretensiones de los recurrentes, por cuanto, antes de dictarse el Acta de Liquidación Provisional, habían tenido oportunidad de conocer la totalidad de las diligencias de averiguación practicadas, efectuar alegaciones, presentar e interesar documentación y diligencias, máxime teniendo en cuenta que la Generalidad de Cataluña había estado comparecida desde un principio, ejerciendo, “de facto”, el derecho de defensa de todos los presuntos responsables contables, hoy recurrentes.
Sobre lo manifestado en los recursos, respecto a la insuficiencia de la información con la que había contado la Sra. Delegada Instructora para practicar la liquidación provisional, la representación de los actores públicos consideró, con apoyo en un pronunciamiento de esta Sala de Justicia, que bastaba con leer atentamente la extensa y absolutamente fundada Acta de Liquidación, a lo largo de sus 79 páginas, para constatar el carácter extraordinariamente exhaustivo y pormenorizado de la motivación probatoria, con que dicha Sra. Instructora había respaldado su juicio indiciario y provisional sobre los hechos, autores y cuantías, con arreglo al artículo 47 de la LFTCu. También rechazó las alegaciones de excesiva celeridad del procedimiento, afirmando que se habían cumplido los plazos señalados por la propia Ley. Asimismo, consideró legítimo el hecho de haber obtenido la documentación contable valorada, acudiendo a la fuente fiable de las actuaciones penales, ya tramitadas sobre los mismos hechos, destacando la falta de colaboración procesal de la Generalidad de Cataluña, en cuyo poder obraban los originales de dicha documentación. La representación procesal de la acción pública ejercitada no entró en lo que consideró improcedentes acusaciones directas de motivaciones políticas, que habrían movido, tanto a la actuación de las entidades denunciantes, como al propio Tribunal, que, según afirmaron, igualmente, podrían predicarse de la propia Generalidad de Cataluña, respecto a lo que consideraron un deliberado y premeditado intento de entorpecer la actividad del Tribunal, sustrayendo la información que le fue requerida.
También, impugnó la representación de la acción pública, los argumentos de los recurrentes, respecto a la intervención procesal del Abogado del Estado, cuestión que ya había sido planteada, tanto en fase de Diligencias Preliminares, como en las Actuaciones Previas nº 81/17. Entendió dicha parte procesal que la cuestión de legitimación “ad causam” era una cuestión que no podía ser dirimida a través de este cauce del artículo 48.1 de la LFTCu, pues, en modo alguno, afectaba, impedía o minoraba, la defensa de los hoy recurrentes.
La representación procesal de “A. C. por C.” y “S. C. C.” negó, asimismo, que hubiera, por parte de la Sra. Delegada Instructora, una falta de respuesta a las alegaciones efectuadas sobre la partida de gasto de los ordenadores, como se comprobaba de la exhaustiva motivación que se hacía en el Acta de Liquidación Provisional, en sus páginas 24 a 26, sobre las razones que le llevaban a concluir, de forma indiciaria y provisional, acerca del carácter irregular del gasto producido, lo que debería llevar a rechazar, sin mayores razonamientos el reproche que hacían los recurrentes. Y destacó, también, que no era cierto que se hubieran obviado las alegaciones formuladas por la SRA. R. O., en su escrito de 20 de septiembre de 2017 pues quedó acreditado con el hecho de su inclusión dentro de la propia liquidación provisional recurrida, en sus páginas 60 y 61. Siguió razonando que otra cosa distinta era la disconformidad con la valoración de las pruebas, por parte de la Sra. Delegada Instructora, pero ello no constituía indefensión, según el Auto de esta Sala de Justicia nº 27/2015, de 11 de noviembre.
QUINTO.- Resumidos, de la manera que antecede, los argumentos jurídicos mantenidos por todas las partes en el presente trámite de sustanciación del recurso previsto en el artículo 48.1 de la LFTCu, la Sala considera que, ante muchos de los razonamientos desarrollados, sobre todo, por los recurrentes, se hace precisa una exposición jurídica, tendente a clarificar las fases procesales que conducen al enjuiciamiento de las acciones de responsabilidad contable por alcance, cuyo conocimiento compete a este Tribunal de Cuentas, en ejercicio de su función jurisdiccional..
En primer término, las Diligencias Preliminares, constituyen una fase de actuaciones jurisdiccionales orientada, únicamente, a decidir si, a la vista de las alegaciones y documentos aportados –si así se hace-, por el Ministerio Fiscal, Abogado del Estado (“Letrado del Estado”, en su la antigua denominación que emplea la LFTCu) y, en su caso, si estuviere comparecido en forma, el representante de la Administración o Entidad pública perjudicada que tuviere legitimación para deducir la pretensión de responsabilidad contable (aplicación conjunta del artículo 46 con el 55, ambos, de la LFTCu), así como, caso de que intervenga, la persona que ostente la acción pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, debe procederse a proponer el nombramiento de un Delegado Instructor para que investigue los hechos o si, por no revertir éstos, indicios racionales de responsabilidad contable, lo que se decreta es el archivo de las actuaciones.
O bien dictar Auto que ordene trasladar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento, a fin de que, si procediere, se proponga a la Comisión de Gobierno –en lo que constituye un mero acto de trámite, sin posibilidad de recurso alguno, dada esta intrínseca característica- el nombramiento de un Delegado Instructor, quien dentro del marco impuesto por el art. 47 de la Ley de Funcionamiento, practique las diligencias oportunas en averiguación de los hechos y culmine la instrucción con la pertinente liquidación provisional.
O bien, decretar, igualmente, mediante Auto, el archivo de las actuaciones si, de manera manifiesta, es decir, palmaria, patente y clara, las cuestiones planteadas o denunciadas, no revistan los caracteres de alcance.
Contra el Auto que aprecia indicios racionales de alcance en fondos públicos, declarándose la necesidad de propuesta de nombramiento de Delegada/o-Instructor/a, sólo cabe, únicamente, recurso de reposición (antes de la reforma procesal operada en el año 2000, denominado “recurso de súplica”), ante la/el Consejera/o que sustanció las Diligencias Preliminares, sin efecto suspensivo alguno, satisfaciendo el objetivo de agilidad y celeridad que las informa y, a la vez, seguridad jurídica. Respecto a este extremo, hay que diferenciar y recalcar que el acto de la propuesta de dicho nombramiento, por parte de la/el Consejera/o de Cuentas, en sede de enjuiciamiento, nada tiene que ver con el acto de nombramiento de la/el Delegado Instructor/a, por parte de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, que, como tiene establecido el Pleno de este Tribunal, está configurado dentro de los denominados actos de mero trámite y, por consiguiente, una inveterada tradición en la doctrina procesal, administrativista y jurisprudencial veda, en nuestro Derecho, la interposición de recursos contra tales actos administrativos, entendidos como declaraciones o manifestaciones de algún órgano administrativo que, no creando o modificando una situación jurídica , y, por tanto, careciendo de efectos imperativos o decisorios, no pueden calificarse de actos administrativos
Por el contrario, contra el Auto que decreta el archivo de las Diligencias, el artículo 46.2 de la LFTCu prevé un recurso específico, cuyo conocimiento recae en esta Sala de Justicia, contra cuya decisión, a su vez, no cabe recurso posterior alguno, sin perjuicio, no obstante, de lo que procediere en punto al recurso de casación, en el procedimiento jurisdiccional correspondiente.
Superado el anterior filtro procedimental, sumario e interlocutorio, respecto a los hechos que, de forma indiciaria, pudieran llegar a generar la existencia de una responsabilidad contable por alcance, en los términos recién descritos, comienza la fase de investigación, mediante la tramitación de las denominadas Actuaciones Previas. Para conocer la naturaleza, finalidad jurídicas y el fundamento legal de este instituto, resulta en extremo ilustrativo atender a lo señalado en la Exposición de Motivos de la repetida Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas: “…ante la imposibilidad de atribuir naturaleza estrictamente jurisdiccional a la inicialmente prevista fase instructora de los procedimientos para la exigencia de responsabilidades contables, conforme fue puesto de relieve en el antecitado informe del Consejo General del Poder Judicial [de 29 de enero de 1986], se contemplan también las Actuaciones Previas a la iniciación de la vía jurisdiccional, de tal manera que puedan servir de necesario soporte de la misma, tal y como sucede con el expediente administrativo respecto del proceso contencioso-administrativo…”. De lo que claramente se infiere la naturaleza administrativa y no estrictamente jurisdiccional de esta concreta fase pre-procesal.
Por fin, debe añadirse que el único recurso posible en esta fase instructora es el previsto en el artículo 48 de la LFTCu, cuyo tenor literal es el siguiente:
2. Contra las resoluciones de la Sala resolviendo los recursos prevenidos en el párrafo anterior, no se dará recurso alguno, sin perjuicio de lo que se acordare, al respecto, en el procedimiento jurisdiccional y de lo que, en su día, procediere en punto al recurso de casación.”
SEXTO.- Teniendo muy en cuenta estas premisas, se puede proceder ya a la resolución de los recursos planteados. De modo general, cabe decir que ninguno de los recurrentes funda sus respectivas pretensiones estrictamente, en que se les haya denegado, por parte de la Sra. Delegada Instructora de las Actuaciones Previas nº 81/17, completar las diligencias con los extremos que los comparecidos en la liquidación provisional hubieran señalado. Todas sus argumentaciones giran sobre las denuncias de lo que ellos consideran irregularidades de procedimiento, cometidas, según afirman, tanto en fase de Diligencias Preliminares, como de Actuaciones Previas, que les ha generado, supuestamente, indefensión, vulnerándose lo prevenido en el artículo 24 de la CE.
En lo que atañe a la indefensión que han denunciado los recurrentes DON A. M. G., DOÑA J. O. A., DON L. B. S. , DOÑA J. V. V., DON F. H. y DOÑA I. R. O., a través de sus representaciones procesales, a las que se han sumado el resto de presuntos responsables DON J. D. P., DON I. G. A. y DON J. V. R., al entender vulnerado el artículo 24 de la CE, por no habérseles notificado, ni asegurado su participación en las Diligencias Preliminares con Acción Pública, hasta el momento de la citación, por parte de la Sra. Delegada Instructora a la liquidación provisional, la Sala debe desestimar sus alegaciones, atendiendo a la configuración legal de la fase de Diligencias Preliminares, en los términos que han quedado establecidos en el Fundamento Jurídico Quinto de esta Resolución, ya que la norma establecida en el artículo 46 de la LFTCu (conjugado, en este caso, con lo dispuesto en el artículo 56 del mismo Texto legal) prevé las partes a las que se debe conceder trámite de audiencia, con el fin de que la persona titular del Órgano jurisdiccional Contable pueda determinar si los hechos revelan indicios de existencia de responsabilidad contable por alcance, determinando la necesidad de nombrar un Delegado Instructor al objeto de investigar, adecuadamente, los mismos e identificar, en su caso, a los presuntos responsables, o bien, si de manera manifiesta, es decir, clara y patente los hechos no reúnen los requisitos legal y reglamentariamente exigidos para que surja esa misma responsabilidad por alcance, proceda a su archivo. Esas partes no pueden ser otras que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado (en todo caso), así como, si estuvieran debidamente comparecidas en forma, la representación procesal de la Administración o Entidad pública perjudicada y, como es en este supuesto, la representación de los que ostentaran la acción pública.
Los recurrentes DON A. M. G., DOÑA J. O. A., DON L. B. S., DOÑA J. V. V., y DON F. H. M., han invocado, asimismo, la concurrencia de falta de legitimación activa del Abogado del Estado, suponiendo la participación de dicho representante procesal de la Administración del Estado, para ellos, una irregularidad del procedimiento, y, una vez más, en completa sintonía con la alegación, en el mismo sentido, de los Abogados representantes de la Generalidad de Cataluña.
Al hilo de lo anterior, también, ha sido denunciada, como una irregularidad, la admisión como parte, de los actores públicos “S. C. C.”, “A. C. y C.” y “A. C. por C.”, ex artículo 56 de la LFTCu. Por tanto, en parecidos términos a la argumentación expresada en el apartado precedente, cabe declarar que tal alegación no resulta acogible.
En cuanto a las irregularidades apreciadas por los recurrentes, dentro de la tramitación de las Actuaciones Previas nº 81/17, merecedoras, a su juicio de nulidad de lo actuado, se ha señalado que la resolución de la Sra. Delegada Instructora resultaría viciada de nulidad, a causa de indefensión a los recurrentes, por haberse adoptado sin obtener la documentación completa que élla misma había requerido a la Generalidad de Cataluña. Dicha Administración autonómica solicitó, en su momento, una ampliación del plazo de aportación de dicha documentación que comprendía expedientes tramitados durante el año 2014, sin que dicha petición fuera atendida.
En relación con lo anterior, la mayor parte de los recurrentes han señalado una supuesta celeridad excesiva en el desarrollo de las distintas fases preparatorias, señaladamente en algunos actos de notificación y de comunicación. Estas alegaciones -ciertamente poco frecuentes en las consideraciones que, en general, suelen hacer los justiciables-, han sido elevadas a la categoría de irregularidad procedimental por parte de aquéllos. Al respecto, cabe establecer, en primer término, como ya se ha apuntado en un apartado anterior, que la propia Constitución de 1978 consagra, en su artículo 24, el derecho de los justiciables a ver satisfechas sus respectivas pretensiones a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, objetivo que debe ser observado, con diligencia, por los distintos Órganos decisorios -muy especialmente aquellos a los que la Ley dota de funciones jurisdiccionales-, dentro de los márgenes impuestos por las particularidades y vicisitudes fácticas y jurídicas de cada caso. Si a ello unimos la ya establecida funcionalidad sumaria, con que el Ordenamiento Jurídico procesal, en materia Contable, otorga a las actividades preparatorias de los procedimientos jurisdiccionales de la misma índole, difícilmente se podrá reprochar que se hayan removido, siempre con arreglo a Derecho y con observancia de todas las garantías, tal y como se ha venido razonando y puesto de manifiesto hasta ahora, los obstáculos que pudieran impedir o retrasar la debida agilidad del proceso, favoreciendo el marco procesal adecuado para que, en su día, igualmente de la forma más ágil posible, se proceda al debido enjuiciamiento de los hechos y recaigan, con arreglo a Derecho, unos pronunciamientos que resuelvan la cuestión debatida, en cuanto al fondo.
Las representaciones procesales de DON A. M. G., DOÑA J. O. A., DON L. B. S., DOÑA J. V. V., DON F. H. M. y DOÑA I. R. O., alegan haber sufrido indefensión por falta de respuesta en el Acta de Liquidación Provisional a las alegaciones formuladas en su escrito de 20 de septiembre de 2017, señalando, en concreto, el expediente referido a la adquisición de ordenadores y su ulterior distribución a los centros de enseñanza, entendiendo que la documentación obrante en las actuaciones evidenciaba que no se había producido daño a los fondos públicos.
Dentro del análisis de las alegaciones realizadas por los recurrentes contra el Acta de Liquidación Provisional de 25 de septiembre de 2017, la Sala debe analizar otros motivos aducidos por los Abogados representantes de la Generalidad de Cataluña.
SÉPTIMO.- En resumen, y cono colofón a todas las alegaciones de las partes recurrentes, respecto a la adecuación, o no, a Derecho del Acta de Liquidación Provisional de fecha 25 de septiembre de 2017 impugnada, esta Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, examinados los antecedentes de la pieza de Diligencias Preliminares, con acción pública B-4/17 y del expediente de Actuaciones Previas nº 81/17, atendidas las alegaciones de las partes intervinientes, dictamina que no se han producido, en modo alguno, irregularidades o quiebra de las normas aplicables que hayan podido producir indefensión material, en el sentido que señala la doctrina del Tribunal Constitucional, a ninguna de dichas partes.
OCTAVO.- Restaría conocer, por último, de las peticiones de suspensión del acto de requerimiento de pago, afianzamiento y garantías, contenido en la Providencia dictada por la Sra. Delegada Instructora, el 25 de septiembre de 2017, hasta la resolución de este trámite de recurso y, en todo caso, hasta la finalización del procedimiento, que han realizado las partes recurrentes DON A. M. G., DOÑA J. O. A., DON L. B. S., DOÑA J. V. V., DON F. H. M. (que reiteró su petición de suspensión de la resolución citada, con ampliación de fundamentos jurídicos en escrito posterior), y DOÑA I. R. O., mediante “OTROSÍES”, en sus respectivos escritos de recurso del artículo 48.1 de la LFTCu, y DON J. D. P., DON I. G. A. y DON J. V. R., en sus respectivos escritos en los que impugnaron la meritada Providencia.
Si, en consideración a las averiguaciones realizadas, el Delegado Instructor estima, haciendo uso de las facultades legales a él conferidas, que concurren causas para apreciar la existencia de un presunto alcance de caudales públicos, el mismo procederá, imperativamente, a tenor de los ordenado en el artículo 47.1,f) de la Ley 7/1988, a requerir a los presuntos responsables contables, el depósito o afianzamiento, conforme a Derecho, de las cantidades a que se contrae el alcance, incluidos los intereses correspondientes, adoptándose, así, las debidas medidas de aseguramiento que sean necesarias para garantizar los derechos de la Hacienda Pública.
El requerimiento de pago, depósito o afianzamiento y el embargo preventivo, en fase de Actuaciones Previas, tienen su propio régimen jurídico, esto es, el contemplado en los apartados f) y g) del artículo 47.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril. El último de los citados apartados, remite a las normas del Reglamento General de Recaudación.
Esta Sala de Justicia (por todos, Auto de 23 de julio de 2003), ha venido sosteniendo que “la interposición del recurso al que se refiere el artículo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas no tiene carácter suspensivo… salvo que concurran circunstancias excepcionales”.
NOVENO.- En cuanto a las costas, tal y como tiene reiteradamente declarado esta Sala de Justicia, no cabe imponerlas a ninguna de las partes intervinientes, dada la naturaleza especial y sumaria que caracteriza a este recurso innominado del artículo 48.1 de la LFTCu.

References: artículo 48
 artículo 48
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 resolución 
 artículo 24
 artículo 48
 artículo 56
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 artículo 24
 artículo 128
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 artículo 47
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 artículo 24
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 artículo 62
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 artículo 46
 artículo 56
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 artículo 24
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 artículo 56
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 artículo 24
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 artículo 47
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