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abril 26, 2016 · 9:09 pm	Agenda pendiente: el objetivo de la política de drogas	Mira aquí un Resumen de la iniciativa sobre prevención de riesgos y daños
Si una política genera consecuencias no deseadas o “daños colaterales”, se revisa. Se revisan, además de estos daños, los objetivos y logros deseables de esta política, y las modificaciones que permitan alcanzar su cumplimiento sin las consecuencias negativas.
La política de prohibición de las drogas ha sido ampliamente cuestionada en el marco de UNGASS 2016. Sin embargo esta crítica no se ha centrado en cuestionar el alcance de sus objetivos, sino los daños colaterales. La crítica se ha centrado en los efectos negativos más resonantes de la prohibición: los mercados negros, el crimen organizado que incentivan, y la violencia y la corrupción propiciadas por este crimen organizado. También en la detención arbitraria y el encarcelamiento masivo por delitos no violentos. Todas estas representan importantes afectaciones a los derechos humanos, propiciadas por la falta de seguridad o por un clima de inseguridad atribuibles a la política de prohibición. Es decir, son denuncias legítimas de una seguridad afectada. Por otra parte, en materia de salud, se ha criticado la falta de acceso a opiáceos y a componentes del cannabis como medicamentos. Pero incluso en este caso, sigue siendo una crítica a los daños colaterales de la política de prohibición. No se han evaluado los resultados que podríamos suponer son la razón de ser de una política de drogas: reducir o eliminar el impacto negativo del consumo de drogas.
Falta atrevernos a revisar la razón de ser de nuestra política de drogas. Aunque parezcan dictarlo así las convenciones internacionales, el objetivo ya no puede ser reducir o eliminar la oferta, y acaso hacer lo mismo con la demanda. Primero, porque el objetivo no es en todos los casos reducir o eliminar oferta o demanda. En aplicaciones médicas o terapéuticas el objetivo es, muy al contrario, garantizar el acceso. Reducir daños sin necesariamente reducir consumo, es un objetivo prioritario diferente en otro tipo de casos (como el de los programas de intercambio de jeringas ante la aparición del VIH en los ochentas, el caso paradigmático en “harm reduction” ). En unos casos será salir de una farmacodependencia (por cierto, las farmacodependencias no se “combaten”), mientras que en otros, por ejemplo algunos de atención a la salud mental, la dependencia a un psicotrópico se asumirá como una consecuencia, no necesariamente negativa, de una terapia que es acompañada por el seguimiento adecuado. En el caso de los menores de edad procurará reducir o eliminar el acceso, y en el de los mayores de edad la política de drogas deberá considerar el respeto la libertad de ejercer decisiones mientras no se afecten los derechos de terceros [agregado 3-may].
Cada caso es diferente y amerita una atención particular. Pero ¿cuál es el común denominador? ¿Cuál es el objetivo común a todos los objetivos específicos?
En una frase, ¿cuál es el objetivo general de la política de drogas? ¿Reducir o eliminar su existencia? ¿Reducir o eliminar su consumo?
Poniéndolo en otras palabras. No queremos una política que contribuye a causar homicidios, desplazamiento interno, hogares violentados o abandonados, corrupción que debilita a las instituciones… ¿Cuál es la política que sí queremos?
Queremos una política de drogas que logre reducir el impacto negativo del consumo de drogas, sin propiciar daños colaterales o consecuencias no deseadas. Éste debe ser el objetivo de la política de drogas. El tema central es la realidad del consumo de drogas, y la prevención de riesgos y daños. La política actual de drogas no está claramente orientada hacia este objetivo. De hecho, la política actual propicia conceptos y objetivos que no contribuyen a garantizar la calidad de la atención recibida por quienes están en riesgo de usarlas, y por quienes ya las usan, en un marco de respeto a sus derechos humanos.
Ante esta carencia, la Gaceta del Senado publica hoy martes 26 de abril de 2016 una iniciativa presentada por la Senadora Martha Tagle,”con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas.”
Transcribo abajo un fragmento de la exposición de motivos, y algunos de las modificaciones propuestas para la Ley General de Salud. En negritas, los fragmentos de texto que se propone agregar o modificar a la redacción actual. Ojalá esta iniciativa contribuya a reflexionar sobre los objetivos de la política de drogas, y los mejores términos para alcanzarlos.
Cualquier modificación legal en materia de drogas requiere de construir una verdadera política de prevención, información y educación que permita a los potenciales usuarios de éstas, y a los que ya lo son, contar con un apoyo desde el Estado que respete sus derechos y los ayude a tomar decisiones informadas frente a este fenómeno. De este modo, es imprescindible transmitir a la sociedad el mensaje de que el fenómeno de las drogas no puede ser reducido a un problema de seguridad pública ni de efectividad policíaca o militar. Nadie puede pedir, de forma realista, que las corporaciones policíacas impidan con éxito que las personas consuman drogas. La sociedad y la ciudadanía deben hacerse responsables de sus propias decisiones como personas adultas, mientras que, desde el Estado debemos extremar las medidas preventivas e informativas entre todos, en particular entre la niñez y la juventud.
El enfoque de reducción de daños se entiende como un conjunto de intervenciones preventivas, sanitarias y sociales, que tienen por finalidad minimizar los riesgos por el uso sustancias psicoactivas, fármacos, o psicotrópicos, así como reducir los daños que se puedan derivar del uso nocivo o problemático. Estas intervenciones acercan recursos necesarios para generar entornos apropiados que fortalecen los factores de protección y reducen los riesgos y daños asociados al uso.
La presente iniciativa pretende por un lado proponer nuevos términos para el acercamiento al tema de los usos, los usos nocivos o problemáticos y la dependencia a sustancias, centrando la atención en la persona; agrega definiciones que buscan coadyuvar a desestigmatizar a las personas que usan drogas, aclarando que no todo uso es problemático o nocivo, no todo uso implica dependencia a sustancias y de igual manera, puede haber uso problemático o nocivo sin que haya dependencia.
Modifica el nombre del Capítulo IV Programa contra la Farmacodependencia, a Programa para la prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas. Una denominación alternativa podría derivarse del nombre del Capítulo II correspondiente al alcohol, para quedar como sigue: Programa para la Prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo de sustancias psicoactivas y de la atención a la farmacodependencia.
Otro cambio consiste en tipificar en el artículo 192 bis conductas y circunstancias, en lugar de personas, para evitar la discriminación y la estigmatización de las personas que usan drogas o sustancias psicoactivas, y para facilitar entre las partes involucradas el acuerdo de los objetivos a alcanzar de la atención brindada tanto a la usuaria o el usuario, como a las personas que le rodean.
Además el término “Detección temprana” es ampliado en su definición, para incluir la detección de una multiplicidad de factores de riesgo, tales como la exclusión social, la presencia de conductas antisociales, o la presencia previa de padecimientos en la salud mental, y no solamente la detección de un primer consumo. El uso de sustancias psicoactivas es un riesgo de abuso, especialmente en población menor de edad, pero detectarlo sin atentar contra los derechos a la vida privada puede representar un riesgo de abuso a los derechos humanos de quien usa. Hay procedimientos menos intrusivos para detectar el posible uso de drogas, que es solo uno de varios factores de riesgo detectables para lograr intervenciones más efectivas de prevención, tratamiento e inclusión social.
La propuesta elimina de este apartado el término “narcóticos”, ya que considera que el termino más adecuado de acuerdo a la terminología de salud es sustancias psicoactivas, además de contribuir a reforzar el abordaje de la prevención reducción y tratamiento desde el enfoque de salud.
Por último modifica el artículo 199 del Código Penal Federal, para armonizar lo que a términos de la ley general de salud refiere en materia de uso de sustancias.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS ANTE EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma la fracción XXI del artículo 3; el párrafo C del artículo 13, la fracción III del artículo 112; la denominación del Capítulo IV del Título Décimo Primero; los artículos 191; 192, 192 Bis, 192 ter, 192 quater, 192 quintus, 192 sextus, 193 Bis; la fracción II, III, IV, VIII del artículo 473, el artículo 478 y 481, se deroga el segundo párrafo del artículo 193 bis.; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
I a XX…
XXI. La prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas y la atención integral del uso, abuso, y dependencia a dichas sustancias;
Programa para la prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas
Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas, a través de las siguientes acciones:
La información que reciba la población deberá estar basada en estudios científicos, ética y derechos humanos y alertar de manera clara sobre los efectos, riesgos y daños físicos y psicológicos del consumo de éstas, pero además alentar un trato digno y respetuoso hacia las personas que usan sustancias psicoactivas.
Artículo 192. – La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la atención integral de la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reducción de riesgos y daños ante el uso, el abuso, y la dependencia de sustancias psicoactivas, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.
Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, reducción de riesgos y daños, tratamiento y en su caso rehabilitación de uso nocivo de sustancias psicoactivas; será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia.
I. Dependencia: presentación de signos o síntomas de dependencia a sustancias psicoactivas, estupefacientes, psicotrópicos o fármacos;
II. Uso: Consumo o utilización de sustancias psicoactivas, estupefacientes o psicotrópicos, haya o no dependencia, haya o no uso nocivo;
III. Uso nocivo, abuso o uso problemático: Uso que causa o contribuye a causar daños en la salud de quien usa o de quienes le rodean.
IV. Suspensión del abuso de sustancias psicoactivas: Proceso mediante el cual la persona con uso nocivo o problemático de sustancias participa en forma voluntaria en la superación de su uso nocivo o problemático con el apoyo del entorno comunitario en la identificación y solución de problemas comunes que lo provocaron.
V. Atención médica: Al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud;
VI. Detección temprana: Corresponde a una estrategia de prevención primaria y secundaria que tiene como propósito identificar el riesgo de uso nocivo de sustancias psicoactivas a fin de aplicar medidas preventivas y terapéuticas de carácter médico, psicológico y social lo más temprano posible;
VII. Prevención: El conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el uso o el uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, así como los riesgos sanitarios, sus consecuencias físicas, psíquicas, económicas, familiares y sociales;
VIII. Atención a factores de riesgo y de protección: El conjunto de acciones dirigidas a identificar y reducir, en las poblaciones y en las personas, los factores que incrementan el riesgo de uso y dependencia problemáticos, tales como la exclusión social, así como a identificar y fortalecer los factores de protección que reducen este riesgo, tales como la promoción de la salud y el fortalecimiento del tejido social.
IX. Reducción de daños: conjunto de políticas, programas y prácticas no coercitivas e incrementales, orientadas a evitar o reducir situaciones de riesgo, mejorar o limitar los riesgos y daños asociados al uso de sustancias psicoactivas.
X. Tratamiento: El conjunto de acciones que tienen por objeto eliminar el uso o reducir los riesgos y daños que implican el uso y abuso de sustancias, abatir los padecimientos asociados al consumo, e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social, tanto del que usa, abusa o depende de esas sustancias, como de su familia;
XI. Investigación en materia de uso, dependencia, uso nocivo o problemático de sustancias, tiene por objeto determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y colectivo; construyendo las bases científicas para la construcción de políticas públicas y los tratamientos adecuados para los diversos tipos y niveles de usos de sustancias; respetando los derechos humanos y su integridad, y
XII. Sustancias psicoactivas o que alteran la conciencia: Son aquellas sustancias de origen natural o sintético que cuando se consumen por cualquier vía, tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, ocasionando cambios específicos a sus funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones.
Iniciativa presentada por la Senadora Martha Tagle “con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas.”
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septiembre 15, 2015 · 4:45 pm	Presentación en el IAPA del libro “El drama social y familiar de las adicciones” de Rogelio Araujo Monroy	Gracias al Dr. Rogelio Araujo por la invitación, y al Dr Rafael Camacho y IAPA por el espacio, el interés y la apertura.
La violencia a través del sacrificio de uno [el drogadicto] congrega y promueve la cohesión de la mayoría; organiza y favorece la continuidad y permanencia de la comunidad. (…) Es de veras un reto organizarnos como comunidades. Esto lo sabe cualquiera que viva en un condominio. Uno donde, digamos, viven cinco o veinte o más vecinos, que tienen que ponerse de acuerdo para el pago cuotas de mantenimiento, para decidir cómo y en qué se van a ejercer los recursos, y para establecer y hacer cumplir reglas mínimas. Ni siquiera tiene que haber historias dramáticas de drogas ni de adictos. En ese intento por organizar a la comunidad a través de los meses y los años, van surgiendo una o varias “ovejas negras”, vecinos que no se asumen como parte de, vecinos que no quieren trabajar con otros vecinos, grupos antagónicos claramente identificables.
mayo 25, 2015 · 4:45 pm	Preguntas sobre políticas de drogas para candidatxs 2015	¿Cuáles deben ser las prioridades de las políticas de drogas?
¿Cómo destinaría usted el presupuesto para políticas de drogas, a grandes rasgos?
¿Dónde quedan los derechos de la juventud?
¿Debemos seguir deteniendo, extorsionando, y encarcelando a los jóvenes, solo por ser usuarios, solo por ser jóvenes?
¿Cómo puede un muchacho optar por contribuir a la salud de su comunidad y de su entorno, en una población coptada por el criminal pero redituable negocio del mercado ilegal de drogas?
¿Dónde queda la investigación de los daños reales y objetivos?
¿Dónde la investigación de medicamentos “controlados” pero esenciales según la Organización Mundial de la Salud?
¿Dónde el comprobado beneficio del uso legal de psiquedélicos para asistir en contextos terapéuticos?
¿Dónde quedan los derechos humanos y la justicia?
¿Cuánto presupuesto debemos asignar a la represión para reducir la oferta, y cuánto a prevención y salud?
La regulación del acceso a las drogas, ¿debe estar en manos de las bandas delincuenciales, de las fuerzas de seguridad del estado, o de las instituciones y la sociedad?

References: artículo 192
 artículo 199
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 112
 artículo 473
 artículo 478
 artículo 193

Artículo 191

Artículo 192