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Timestamp: 2020-07-05 01:43:48+00:00

Document:
31 / 07 / 15 Doctrina 1651
N° de Comunicado: 29.
Tema: Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías inmobiliarias.
Ley Número 1676 de 20- 09-2013. Congreso de la República.
Sentencia C-447 de 15-06-15.
CORTE CONSTITUCIONAL COMUNICADO No. 29
Julio 15 y 16 de 2015
LA FALTA DE CERTEZA Y SUFICIENCIA DE LOS CARGOS FORMULADOS POR OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA DE LA NORMA QUE ESTABLECE UNAS REGLAS PARA LAS GARANTÍAS REALES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, CONDUJERON A UN FALLO INHIBITORIO
I. EXPEDIENTE D-10487 – SENTENCIA C-447/15 (Julio 15)
LEY 1676 DE 2013 (julio 11)
Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías inmobiliarias
INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión “En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de derechos pensionales” contenida en el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por ineptitud
Los demandantes solicitaron a la Corte declarar inexequible la expresión acusada del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por considerar que se configuraba una omisión legislativa relativa violatoria de la prevalencia de los derechos de los niños (art. 44 C.Po.) y de las garantías laborales mínimas que consagra el estatuto del trabajo (art. 53 C.Po.).
Al entrar a establecer el problema jurídico a dilucidar, la Sala Plena encontró que la demanda no cumplía con los requisitos establecidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, para asumir un estudio y decisión de fondo, por un cargo de omisión legislativa relativa.
Al respecto, el Tribunal constitucional reiteró, que cuando se plantea una demanda de inconstitucionalidad que se fundamenta en una pretendida omisión legislativa, para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo es necesario que se trate de una omisión relativa, no absoluta, y que la demanda se dirija contra las normas de las cuales se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador. La jurisprudencia ha señalado que cuando se trate de una demanda por omisión legislativa, como presupuesto para el ejercicio del control de constitucionalidad, es necesario el cumplimiento de cinco condiciones, la primera de las cuales es la de que (i) exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo y (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta.
En el caso concreto, la Corte constató que los demandantes no cumplieron con esas exigencias argumentativas para predicar la existencia de una omisión legislativa relativa, toda vez que no identificaron con claridad el contenido normativo vinculado con la omisión que alegan y no precisaron con suficiencia en qué consiste esa deficiencia normativa, su alcance y consecuencias inconstitucionales. En particular, el demandante asume que la disposición legal acusada ha cambiado la prelación legal de créditos regulada en el Código Civil sin que explique de manera pertinente y suficiente las razones para llegar a esa conclusión, razones por las cuales lo que procede es la inhibición para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la presunta omisión legislativa relativa aducida por los demandantes.
2. Salvamentos de voto
Los magistrados Myriam Ávila Roldán y Alberto Rojas Ríos se apartaron de la decisión inhibitoria de la mayoría. En su concepto, los demandantes aportaron unos elementos básicos que permitían a la Corte pronunciarse de fondo en relación con la existencia de una presunta omisión legislativa relativa tanto frente a la prelación de los derechos de los niños, como de las garantías mínimas laborales irrenunciables consagradas en el artículo 53 de la Carta Política.
En concepto de la magistrada Ávila Roldán, la demanda reunía los presupuestos argumentativos suficientes para provocar un pronunciamiento de mérito, conforme a la jurisprudencia de esta Corte. Incluso, más allá de generar un duda sobre la constitucionalidad del precepto acusado, suministraba buenas razones para considerar que efectivamente la omisión advertida por los ciudadanos configuraba una vulneración a los derechos prevalentes de los niños en materia de acreencias alimentarias (art. 44), así como a las garantías mínimas de los trabajadores (art. 53). A su juicio, resulta desproporcionado y contrario al carácter público de la acción de inconstitucionalidad, exigir a los ciudadanos demandantes la construcción de un test de omisión legislativa relativa para estudiar unos cargos que fueron formulados a través de una metodología distinta, pero igualmente plausible.
Para el magistrado Alberto Rojas Ríos, en la valoración de los requisitos de una demanda de inconstitucionalidad debe orientarse por el principio pro actione en la medida que se trata de un derecho ciudadano que contribuye a la participación en el control del ejercicio del poder legislativo y en la defensa de la supremacía constitucional. En su criterio, no se le puede exigir al ciudadano más allá de los requisitos mínimos que establece la ley, en cuanto permitan identificar la norma legal acusada, los preceptos constitucionales vulnerados y el concepto de la violación, sin que se requiera de una técnica más compleja de argumentación propia de expertos en derecho constitucional. En el presente caso, consideró que la demanda si cumplía con esos requerimientos mínimos que permitían adoptar una decisión de mérito sobre la constitucionalidad de la disposición legal impugnada.
LA EXIGENCIA DE REVALIDACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL MATRIMONIO CELEBRADO EN INMINENTE RIESGO DE MUERTE DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN PARA QUE PRODUZCA EFECTOS, NO CONFIGURA UNA VULNERACIÓN DEL
II. EXPEDIENTE D-10537 – SENTENCIA C-448/15 (Julio 15)
ARTICULO 136. Cuando alguno de los contrayentes o ambos estuvieren en inminente peligro de muerte, y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130, podrá procederse a la celebración del matrimonio sin tales formalidades, siempre que los contrayentes justifiquen que no se hallan en ninguno de los casos del artículo 140. Pero si pasados cuarenta días no hubiere acontecido la muerte que se temía, el matrimonio no surtirá efectos, si no se revalida observándose las formalidades legales.
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “Pero si pasados cuarenta días no hubiere acontecido la muerte que se temía, el matrimonio no surtirá efectos, si no se revalida observándose las formalidades legales”, contenida en el artículo 136 del Código
La Corte determinó que el matrimonio in extremis no supone una forma de cesación de los efectos civiles del matrimonio cuando no se revalida transcurridos cuarenta días desde su celebración sin que haya ocurrido la muerte de uno o ambos cónyuges, sino que esta circunstancia conduce a la ineficacia de pleno derecho del mismo y por ende, a la no producción de efectos civiles. En todo caso, advirtió, que de conformidad con el artículo 42 de la Constitución, el margen de configuración del legislador en esta materia es amplio y observó que el divorcio no es la única forma de hacer cesar los efectos civiles del matrimonio.
Para la Corte, el cargo por violación del derecho a la igualdad no estaba llamado a prosperar, toda vez que resulta razonable que el legislador exija a quienes otorgan su consentimiento al borde la muerte para contraer matrimonio, la revalidación de su voluntad con las formalidades legales y la conformación del compromiso para cumplir los fines enunciados en el artículo 113 del Código Civil y permitir la oposición de terceros. Se trata de una situación extraordinaria que al no ocurrir, justifica plenamente la exigencia de ratificación del consentimiento expresado en circunstancias excepcionales, que no pueden asimilarse al matrimonio celebrado en condiciones normales.
La magistrada María Victoria Calle Correa manifestó su salvamento de voto, por cuanto si bien comparte las consideraciones iniciales de la sentencia sobre la ineptitud del primer cargo, pues solo a partir de apreciaciones subjetivas puede el demandante (i) afirmar que el cónyuge muerto no cumple con sus obligaciones; y (ii) pretender construir un cargo por falta de razonabilidad, sin explicar en torno a qué principios se juzga la medida; o (iii) sostener que la norma podría usarse con fines patrimoniales, es decir o (iv) basar su argumentación en problemas de “formalismo excesivo”. Esos cargos son impertinentes,
inespecíficos, insuficientes e incluso carecen de claridad.
Sin embargo, no comparte las consideraciones relacionadas con el estudio de fondo del segundo cargo. Aunque según la sentencia de la que se aparta, de ese cuestionamiento se desprenden dos acusaciones distintas, en concepto de la magistrada Calle Correa, la demanda carecía de suficiencia en ese acápite. En efecto, la acusación por violación al inciso 12 del artículo 42 Superior no es capaz de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad de la norma demandada, pues supone que no existe la libertad de configuración del legislador en una materia contractual. En ese sentido, hizo énfasis en que correspondía al demandante asumir la carga mínima de explicar por qué estima que el Congreso no puede regular el matrimonio.
De igual manera sostuvo que el análisis del cargo por supuesta violación al principio de igualdad resultaba innecesario, pues el actor nunca explicó por qué quien se casa al borde de la muerte está en la misma situación de hecho (o en una situación similar en lo jurídicamente relevante) que quien lo hace en condiciones de normalidad. Como la Corte ha establecido que para construir un cargo por desconocimiento del principio de igualdad el actor debe asumir una carga más estricta de suficiencia, indicando los grupos a evaluar, el término o criterio de comparación, y la ausencia de una razón suficiente para el trato diferenciado; y en esta oportunidad el accionante no lo hizo, la demanda resultaba inepta.
El magistrado Alberto Rojas Ríos se reservó la presentación de una aclaración de voto sobre el test de igualdad.
LA CORTE AVALÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA FACULTAD CONFERIDA AL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA DEFINIR LAS BASES DE DEPRECIACIÓN Y LOS COSTOS SOBRE CUYA BASE SE FIJA EL MONTO DE LAS TARIFAS DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS Y
COMPENSATORIAS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
III. EXPEDIENTE D-10547 – SENTENCIA C-449/15 (Julio 16) M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones
Artículo 42º.- Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o indirecta de la atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas.
Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2o. del artículo 338 de la Constitución Nacional, sobre cuya base hayan de calcularse las tasas retributivas y compensatorias a las que se refiere el presente artículo, creadas de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, se aplicará el sistema establecido por el conjunto de las siguientes reglas: a) La tasa incluirá el valor de depreciación del recurso afectado; b) El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales del daño, y los costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación; c) El cálculo de la depreciación incluirá la evaluación económica de los daños sociales y ambientales causados por la respectiva actividad. Se entiende por daños sociales, entre otros, los ocasionados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad pública, los bienes públicos y privados y demás bienes con valor económico directamente afectados por la actividad contaminante. Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes; d) El cálculo de costos así obtenido, será la base para la definición del monto tarifario de las tasas.
Parágrafo 1°. Las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de esta tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento.
Parágrafo 2°. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso respectivo. Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados.
Parágrafo 3°. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas compensatorias se destinarán a la protección y renovación del recurso natural respectivo, teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces. Para cubrir gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos».
Declarar EXEQUIBLES, por el cargo examinado, las expresiones: “Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2o. del artículo 338 de la Constitución Nacional”; “El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales del daño, y los costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación”; y “el Ministerio del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en la definición de los costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y compensatorias”, contenidas en los incisos tercero y cuarto del artículo 42 de la Ley 99 de 1993.
De conformidad con el artículo 338 de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que puede delegarse excepcionalmente a una autoridad administrativa, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la fijación de la tarifa de las tasas, siempre que las corporaciones de representación popular fijen de manera previa el sistema y el método para determinarla. Recordó que esta concesión, parte de la premisa de que tanto el sistema como el método deben ser lo suficientemente claros y precisos para evitar que los órganos de representación popular desatiendan un expreso mandato superior, más no por ello tienen que hacer una descripción detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener en cuenta para fijar la tarifa, puesto que en tal caso la facultad constitucional de las autoridades administrativas perdería su razón de ser. Se trata de competencias compartidas, donde el Congreso, las asambleas y los concejos señalan los elementos estructurales del sistema y el método tarifario del tributo, mientras que las autoridades administrativas desarrollan los parámetros previamente dispuestos. Al mismo tiempo, reafirmó que el Estado puede trasladar a las personas el costo de la prestación de determinados servicios mediante la imposición de tasas (arts. 95.5 y 338 de la C.Po.).
Para la Corte, el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, en lo acusado, reúne los elementos de predeterminación del tributo denominado como tasas de contaminación ambiental, como quiera que estableció directamente la base gravable (depreciación de los recursos naturales ocurrida por una determinada actividad, que incluye daños sociales y ambientales) y el sistema y método para la fijación de la tarifa de la tasa. Precisó, que el demandante confunde la base gravable con la base sobre la cual se hará el cálculo de la depreciación, por lo que no está difiriendo al Ministerio del Ambiente la definición de la base gravable de las tasas retributivas y compensatorias. Al Ministerio le corresponde articular los criterios previamente establecidos en la ley para efectos de fijar el valor a cobrar según lo distinto factores y las variables de cada caso, los cuales varían con el transcurso del tiempo y por razón de la ubicación geográfica de los ecosistemas.
Por consiguiente, la Corte encontró ajustado a la Constitución la definición que anualmente hace el Ministerio del Ambiente de las bases del cálculo de los costos de depreciación de os recursos naturales por contaminación y la correspondiente fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y compensatorias.
El magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, se reservó la eventual presentación de una aclaración de voto.
LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA NO GENERA POR ESE SOLO HECHO UNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA DECISIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISIÓN. PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, ESTO NO IMPLICA RIESGO PARA LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL, PUESTO QUE ESTE RECURSO EXTRAORDINARIO DA LUGAR A UN
PROCESO NUEVO DEL CUAL SE CONOCE POR PRIMERA VEZ
IV. EXPEDIENTE D-10539 – SENTENCIA C-450/15 (Julio 16) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
1.	Conocer de todos los procesos contenciosos administrativos cuyo juzgamiento atribuya la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se hayan asignado a las secciones.
2.	Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia.
3.	Dictar sentencia, cuando asuma la competencia, en los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Esta competencia será asumida a petición de parte o a solicitud del Ministerio Público o de oficio cuando así lo decida la Sala Plena.
4.	Requerir a los tribunales el envío de determinados asuntos que estén conociendo en segunda instancia, que se encuentren para fallo, y que, por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de unificar jurisprudencia, deban ser resueltos por el Consejo de Estado a través de sus secciones o subsecciones.
5.	Conocer de la nulidad por inconstitucionalidad que se promueva contra los decretos cuyo control no corresponda a la Corte Constitucional.
6.	Conocer de la pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley.
7.	Conocer del recurso extraordinario especial de revisión de las sentencias de pérdida de investidura de los congresistas. En estos casos, los Magistrados del Consejo de Estado que participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho.
8.	Ejercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción.
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, las expresiones “En estos casos, los Magistrados del Consejo de Estado que participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho”, contenidas en el numeral 7 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011 y “sin exclusión de la sección que profirió la decisión” del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011.
Habida cuenta de que el recurso extraordinario especial de revisión de las sentencias de pérdida de investidura constituye un nuevo proceso del que se tiene conocimiento por primera vez, la Corte determinó que la previsión que no permite a los magistrados del Consejo de Estado que participaron en la decisión impugnada separarse por impedimento o recusación fundada por este solo hecho, no se encuentra en riesgo el principio de imparcialidad judicial.
Observó que esa circunstancia está presente en todos los Consejeros de Estado, toda vez que se trata de un proceso de competencia está adscrita a la Sala Plena en única instancia y la naturaleza del recurso y sus causales son ajenas a lo ya debatido y decidido por la Sala. Además, para asegurar el principio de imparcialidad tienen vigencia las demás causales de impedimento y recusación y en esa medida, no puede entenderse que el haber actuado en el proceso en sede de instancia, pueda eximir a los jueces de su función de administrar justicia, cuando el asunto puesto a su consideración mediante el recurso extraordinario tarta del planteamiento de circunstancias ajenas al fondo del asunto. La Corte no comparte la lectura hecha por el demandante de la expresión acusada del artículo 249 del CPACA, ene le sentido de que el legislador eximió a los Consejeros de Estado de declararse impedidos, o ser recusados por las partes. Lo que establece la disposición es que el hecho de haber conocido en Sala Plena del proceso de pérdida de investidura no lleva consigo de manera automática que los magistrados deban declararse impedidos por ese solo hecho, puesto que se está frente a un recurso extraordinario especial.
El magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub anunció la presentación de una aclaración de voto sobre un aspecto que consideraba debía haberse hecho un exhorto al legislador y la magistrada Marìa Victoria Calle Correa se reservó la posibilidad de aclarar el voto.
LA PROHIBICIÒN DE SUSPENSIÒN PROVISIONAL DE LAS CARTAS DE NATURALEZA O
RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÒN RESULTA ACORDE CON LA CONSTITUCIÒN
V. EXPEDIENTE D-10563 – SENTENCIA C-451/15 (Julio 16) M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
a.	Si se han expedido en virtud de pruebas o documentos viciados de falsedad.
b.	Si el extranjero nacionalizado hubiese cometido algún delito en otro país antes de radicarse en Colombia y que éste de lugar a la extradición.
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, el parágrafo 1º del artículo 20 de la Ley 43 de 1990 de la Ley 43 de 1993 “Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
La Corte Constitucional concluyó que la suspensión provisional respecto de las cartas de naturaleza o resoluciones de autorización implicaría una grave limitación al derecho a la nacionalidad, así como las garantías y otros derechos que de este se derivan. En esa medida, es razonable que el legislador haya excluido su utilización, precisamente con el objeto de proteger los derechos constitucionales involucrados. Así, teniendo en cuenta que la suspensión provisional de las Cartas de Naturaleza y Resoluciones de Autorización no representa una garantía para el administrado, sino por el contrario compromete gravemente el ejercicio de sus derechos, debe concluirse que el legislador estaba constitucionalmente habilitado para prohibirla en el marco de los procesos que se ventilan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
De igual modo, la Corte consideró que la norma acusada es también coherente con las obligaciones asumidas por el Estado colombiano. Recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el derecho a la nacionalidad no puede ser suspendido ni siquiera en los estados de excepción. Además, el artículo 8º de la Convención para reducir los casos de apátridas, impone al Estado el deber de evitar, en tanto sea posible, que una persona pierda su condición de nacional y adquiera la de apátrida.
Los magistrados Marìa Victoria Calle Correa y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo se reservaron la eventual presentación de aclaraciones de voto sobre alguna de las consideraciones de esta sentencia.
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References: artículo 52
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 130
 artículo 140
 artículo 136
 artículo 42
 artículo 113
 artículo 42

Artículo 42
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 42
 artículo 338
 artículo 42
 artículo 111
 artículo 249
 artículo 249
 artículo 20
 artículo 40
 artículo 8