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Timestamp: 2017-08-24 06:39:46+00:00

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Desarrollo y Defensa: Derechos humanos
Exhumaron los restos de 60 soldados argentinos enterrados en Malvinas
(La Nación) - El Equipo de Antropología Forense recibió en Córdoba el primer lote de muestras.
El Equipo Argentino de Antropología Forense recibió el primer lote de muestras tomadas en el cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, donde se realizan excavaciones para identificar a los soldados argentinos que luego de la guerra de 1982 fueron enterrados como NN.
Así se informó oficialmente, luego de una reunión entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Cancillería, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el equipo científico, para trazar un balance del trabajo realizado hasta ahora.
El CICR informó que se hicieron exhumaciones, análisis, obtenciones de muestras, a 60 cuerpos -casi la mitad de los 123 que se tiene previsto investigar-. Los restos fueron sepultados nuevamente en sus tumbas originales, el mismo día en que fueron exhumados.
El representante del CICR, Diego Rojas Coronel, informó que el trabajo forense se está llevando adelante según lo previsto y de acuerdo a los estándares científicos internacionales. El equipo de identificación forense tiene previsto finalizar el trabajo hacia fines de agosto.
Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense informó que recibió en su laboratorio de Córdoba el primer lote de muestras remitidas por el CICR, y que en los próximos meses realizará los análisis genéticos, con el propósito de concluir los informes de identificación a fines de año.
La Secretaría de Derechos Humanos, en tanto, instó al CICR a extremar las medidas de seguridad, ante la reciente difusión de imágenes no autorizadas de las tareas de identificación que se realizan en Darwin. Cuestionó a "quienes con actitud desaprensiva al debido respeto que merecen los familiares de nuestros héroes, pretendan enturbiar este programa humanitario".
Etiquetas: Conflicto, Derechos humanos
La Corte dijo que el derecho a un trato digno se extiende a los ex militares condenados
En un fallo que marca un cambio significativo en la jurisprudencia, la Corte Suprema revocó ayer un fallo que le negaba el arresto domiciliario a un militar condenado por delitos de lesa humanidad. Se trata del teniente coronel retirado Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, quien según acreditan los informes médicos sufre patologías cardíacas irreversibles, trastorno senil, hipoacusia y pérdida del 70% de la visión, con limitada capacidad de locomoción.
Alespeiti fue condenado a 22 años de prisión por privación ilegítima de libertad agravada, con violencia y amenazas reiteradas en 16 hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le había negado el arresto domiciliario pedido por su grave estado de salud.
La defensa del militar consideró arbitraria la resolución de Casación y recurrió a la Corte, que por mayoría -con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- ordenó revocar el pronunciamiento. Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, en cambio, consideraron inadmisible el recurso.
La decisión de conceder el arresto domiciliario a un condenado por delitos de lesa humanidad se dio cinco días después del deceso del coronel Hugo Jorge Delmé, de 80 años. Fallecido en su celda de la prisión de Campo de Mayo, tras una severa afección cardíaca, es el militar número 400 que muere en su lugar de detención desde que se reanudaron los juicios por delitos de lesa humanidad.
En la población carcelaria vinculada con las causas de la lucha contra el terrorismo de Estado hay 343 presos de entre 70 y 79 años, y 245 mayores de 80. La edad promedio es de 74 años y desde diciembre de 2015, fecha del cambio de gobierno, hubo 60 muertos.
La posición de la Corte
En el caso Alespeiti, cuya condena no está firme, la Corte ratificó que el Estado tiene "el imperativo impostergable de investigar y sancionar las gravísimas violaciones masivas de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar".
Sostuvo que el fallo de Casación revocó por mayoría la prisión domiciliaria de Alespeiti, "al considerar que incrementaba objetivamente el riesgo de fuga", pero aclaró que no ponderó si "la detención en un establecimiento carcelario podía agravar su estado y si éste resultaba efectivamente apto para resguardarlo". En ese sentido, recordó el "especial deber de cuidado que pesa sobre los magistrados para neutralizar toda posibilidad de fuga".
La Corte reafirmó que "el derecho a un trato digno y humano reconocido a las personas privadas de su libertad no sólo encuentra soporte en la Constitución desde 1853" y recordó que, tras la reforma de 1994, la Nación está obligada a ello por tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y recordó que recientemente se dictó en sede internacional "un pronunciamiento censurando al Estado argentino por no garantizar el acceso al máximo nivel de salud de un imputado de un delito de lesa humanidad privado de su libertad en un establecimiento carcelario".
En su voto, Maqueda explicó que "de ningún modo el dictado de este fallo puede implicar tolerar o fomentar que como un subterfugio brinde amparo a alguna forma de impunidad".
Rosatti reseñó en su voto las "notas distintivas" y la "matriz totalitaria" de la dictadura militar. Dijo que "la gravedad y atrocidad de los crímenes constituyen un factor de ponderación al momento de establecer la cuantía de la pena", pero "estos elementos no intervienen al momento de ordenar" la prisión domiciliaria.
Afirmó que el fallo de Casación "debería haber explicado concretamente cómo se conforma el riesgo de fuga de una persona de 85 años, que conserva un 30% de visión, sufre de una hipoacusia que compromete su desempeño social auditivo, es portador de patologías crónicas irreversibles y presenta trastorno senil con deterioro funcional".
Y dijo que "la alusión de que el encausado conserva capacidad de influencia sobre las estructuras de poder que integró y la mención de una red continental de represión son aseveraciones que en este caso no han sido razonablemente probadas".
Caso Alespeiti - Es el primer fallo de la Corte que concede la prisión domiciliaria a un condenado por delitos de lesa humanidad. La Sala IV de Casación Penal había denegado el pedido.
400 casos - El jueves murió el coronel Delmé, que había pedido la prisión domiciliaria por su grave estado de salud. Es el militar N° 400 que muere en prisión.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación: "8.500 son los desaparecidos"
Parece una provocación. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, volvió a emitir polémicas declaraciones en relación al número de desaparecidos durante la última dictadura, justo en el Día de la Memoria.
El funcionario nacional se refirió a la discusión generada el año pasado por la cifra de 30 mil desaparecidos, e indicó que "el tema de los números es una discusión académica".
“Hay símbolos, lugares comunes consagrados que uno tiene que respetar. 30 mil fue una construcción, de una búsqueda de verdad y justicia. Pero del otro lado, tenemos que saber cuáles son los datos reales", sostuvo Avruj. "El número no está determinado, pero el 'Nunca Más' indiscutible, marca 8.500 personas", agregó.
Fuente: http://diariohoy.net/politica/el-secretario-de-derechos-humanos-de-la-nacion-8500-son-los-desaparecidos-91816
Inició el Gobierno el plan para "deskirchnerizar" la ex ESMA
El secretario de Derechos Humanos, Avruj, mantiene a las organizaciones en el predio, pero ya hizo cambios; invitó a la Unicef y la ONU a llevar sus oficinas
La fachada sigue allí, intacta, como enorme e inamovible recuerdo de la etapa más trágica y sangrienta de la historia argentina reciente. Pero dentro del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y con el aval del presidente Mauricio Macri, ya se trabaja en cambios puntuales y concretos.
No sólo se trata sólo de "adueñarse" del edificio, en el que desde hace veinte días se instaló la Secretaría de Derechos Humanos de la nueva gestión, sino también de producir modificaciones de fondo que algunos, con osadía, denominan la "deskirchnerización" de los derechos humanos, más allá de las rejas y las pintadas que separan la veintena de edificios que esconden en sus paredes las páginas oscuras de la violencia de los años setenta, del tránsito de la Avenida Del Libertador.
"El mismo 10 de diciembre comenzamos a instalarnos acá, porque creemos que es un espacio que debemos hacer crecer y desarrollar", explica el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, mientras una veintena de colaboradores trae sus pertenencias a la plaza de Armas, donde funcionaba el comedor de la ESMA, y llegan los muebles de la vieja sede de la secretaría, en pleno microcentro porteño.
El 6 de diciembre, cuatro días antes de dejar el poder, Cristina Kirchner anunció la inauguración de la nueva sede de la secretaría, detrás del edificio principal de la ESMA. Avruj acordó con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y con el propio Presidente, comenzar a trabajar allí, en consonancia con los organismos de derechos humanos -muchos de ellos de indudable cercanía al gobierno saliente-, pero desde otra perspectiva.
"Más allá de la interpretación kirchnerista de los derechos humanos, buena parte de la cual la sociedad ya incorporó, queremos convertir a la ESMA en un verdadero campus de derechos humanos, y trabajar una agenda amplia en relación a esos derechos. Hay que democratizar el lugar en su relación con la gente", agrega Avruj, que combina una política de diálogo con los organismos con la visión que Macri busca imprimir en su gestión.
¿En qué consisten esos cambios? Al margen de la continuidad del trabajo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y otras organizaciones a las que el kirchnerismo les asignó un predio especial, el Gobierno ya invitó a otras organizaciones (Unicef, la ONU, el propio Inadi) a que muden sus oficinas a la ex ESMA, al igual que las asociaciones que defienden el derecho a la diversidad sexual. Incorporó bajo su órbita al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Están planeadas cátedras en convenio con universidades estatales y privadas, y otras actividades relacionadas con la memoria en espacio desaprovechados del predio, como los asignados a la Universidad de Buenos Aires.
¿Cuál fue la reacción de los organismos, que integran el Ente Espacio para la Memora junto a la Nación y el gobierno porteño? Fuentes de la secretaría destacan el "espíritu de diálogo" de Estela de Carlotto, con quien Avruj ya se reunió tres veces en los últimos días. Y la contrastan con la "cero onda" de Hebe de Bonafini, quien calificó a Macri de "dictador" y convocó a la "resistencia" en su contra, desde horas después de haber asumido.
"Al margen de la buena o mala onda, hay que entender que la mayoría está haciendo un verdadero duelo: ninguno de ellos pensó que Daniel Scioli podía perder las elecciones", reflexionó en voz alta un joven funcionario.
De las entidades que trabajan en el predio, el Gobierno ya decidió sostener en sus puestos a Alejandra Naftal, a cargo del denominado Sitio de la Memoria, y a Claudia Carlotto (hija de Estela), al frente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), por el "trabajo profesional" que ambas desarrollan. No sería la misma situación la del intelectual Eduardo Jozami, a cargo del Centro Haroldo Conti y vinculado con Carta Abierta, y al ex diputado camporista Horacio Pietragalla, nombrado por Cristina Kirchner el 6 del mes pasado al frente del Archivo Nacional de la Memoria. En Cambiemos aseguran que Martín Fresneda, el anterior secretario de Derechos Humanos, se "portó bien", y que todos sus funcionarios políticos renunciaron y se fueron con él.
¿Y los más de 1200 empleados, si se cuenta la totalidad de los organismos? "Los que trabajan van a seguir", afirmó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, hace unos días, una máxima que también se aplicará en estos casos. Los contratos se renovaron, pero se revisarán, puntualizan desde la secretaría.
Avruj repite que la intención del Presidente es "trabajar con los organismos" y que los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura "no tienen retroceso". Entiende el rechazo visceral que Macri despierta en el núcelo duro de las organizaciones kirchneristas, pero insiste, debajo de un cuadro con la imagen de San Martín y siguiendo los esloganes de campaña de Cambiemos, que "los derechos humanos tienen que ayudarnos a unir a los argentinos".
Publicadas por Jorge Elias a la/s 2:04:00 a. m.
La falta del ombudsman: otra grave violación de derechos
Resulta inadmisible el nulo interés de nuestros legisladores en cumplir con la elección de una figura clave para la tutela de garantías y el control del Estado
La fragilidad institucional por la que atraviesa la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuya titularidad se encuentra vacante desde 2009, acaba de ser expuesta durante una audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, la semana última.
El encuentro había sido pedido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Poder Ciudadano para denunciar ante esa comisión la inadmisible tardanza en la elección del ombudsman nacional, figura clave para la protección y defensa de los derechos humanos y garantías constitucionales frente a actos u omisiones de la administración estatal, y para el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
De la audiencia también participó, por parte del Estado argentino, el director de Derechos Humanos en lo Contencioso Internacional de la Cancillería, Javier Salgado, quien minimizó esa falta de designación al decir que, en ausencia del defensor del pueblo, han venido trabajando los defensores adjuntos. Sin embargo, por el carácter unipersonal del ombudsman, muchas acciones de la Defensoría se encuentran acotadas, son protocolares y no se puede dar curso a nuevas causas en defensa de los derechos de los ciudadanos, además de incumplirse el mandato constitucional de la reforma de 1994, que dispuso la creación de esa institución como "un órgano independiente, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad".
Ante la falta de avances entre las partes, el relator de la CIDH para la Argentina, comisionado Paulo Vannuchi, expresó su voluntad de viajar antes de fines de este mes a nuestro país para facilitar un diálogo entre los actores involucrados, que permita arribar a un acuerdo para cubrir el cargo de defensor.
Desde que el ombudsman Eduardo Mondino renunció a su cargo, en 2009, para competir por una banca parlamentaria, su sucesión siempre fue provisional, a la espera de la elección de un reemplazante. Por mandato constitucional, el defensor del pueblo tiene legitimación procesal y es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. El Poder Ejecutivo intentó -como lo ha hecho con cada uno de los organismos de control- copar ese puesto imponiendo a sus bloques parlamentarios los nombres de dos ex funcionarios: Daniel Filmus y Juan Manuel Abal Medina, pero, afortunadamente, fracasó.
Es francamente lamentable que nuestros representantes en el Congreso sean incapaces de ponerse de acuerdo en elegir a un candidato para ocupar este cargo. Cualquier persona podría sugerir los nombres de tres postulantes intachables reconocidos por todos los partidos políticos. Llama poderosamente la atención, además, que quienes desde sus distintas corrientes políticas dicen privilegiar la defensa de los derechos humanos no se ocupen de llenar este vacío constitucional.
La actuación del ombudsman resultó clave en la causa por el saneamiento del Riachuelo, desde que la Corte le encomendó, junto a un grupo de organizaciones no gubernamentales que actúan en ese tema, conformar un cuerpo colegiado para controlar el plan de recuperación de la cuenca más contaminada del país. También, ha sido una figura definitoria en otros casos de vulneración de derechos humanos, como cuando el alto tribunal hizo lugar a la medida cautelar presentada por el ombudsman en favor de indígenas del Chaco.
Es falso el argumento de que las actividades del defensor son cumplidas por la actividad que realiza en nuestro país el vasto número de organismos creados para la tutela de los derechos humanos.
Como bien señala el grupo de asociaciones civiles antes mencionado, que viene bregando desde hace ya tiempo por la designación del defensor del pueblo, "los convencionales (reformadores de la Constitución) identificaron que los mecanismos administrativos, en tanto ubicados dentro de la propia administración, no ofrecen garantías de independencia a los administrados, los mecanismos judiciales son largos y costosos, y los controles parlamentarios están teñidos de intereses políticos". Frente a ello, el defensor del pueblo se creó como una figura distinta, novedosa, capaz de suplir esas fallas y, muy especialmente, para atender la necesidad de un gran porcentaje de la población que no tiene acceso al control ni a la defensa de sus derechos.
Como era de esperar, la actividad de la Defensoría del Pueblo se redujo considerablemente desde 2009, producto de la irregularidad de su vacancia indefinida. Su pasividad cómplice no puede ser entendida más que como una grave vulneración de los derechos humanos en nuestro país. Para citar sólo algunos ejemplos, la Defensoría del Pueblo de la Nación no intervino, lo hizo en forma defectuosa o ni siquiera se pronunció en los siguientes casos, registrados en el documento titulado "Impacto de la falta de nombramiento del defensor del pueblo sobre la vigencia de los derechos humanos en la Argentina", que las entidades citadas entregaron a la CIDH:
- El operativo policial, con tres muertos y 30 heridos, para desalojar una toma de tierras en Jujuy, en 2011.
- La tragedia ferroviaria en la estación Once, en 2012, con 51 muertos y más de 700 heridos.
- La suspensión del registro de asociaciones de defensa de los consumidores de varias entidades que relevaban precios y reclamaban información sobre consumo, durante 2012.
- Las políticas de identificación masiva del Gobierno lanzadas en los últimos años, que resultan violatorias de la privacidad e identidad de las personas.
- La aplicación de la ley antiterrorista hace pocos meses contra un periodista de Santiago del Estero.
Por cierto que la lista es mucho más larga y da cuenta del grado de desinterés de quienes nos representan por cumplir con los preceptos constitucionales.
Como ya hemos reiterado desde estas columnas, no alcanza con sumar a nuestra legislación nuevos modelos de participación democrática, sino que urge respetarlos y darles efectivo cumplimiento. Mientras tanto, el pueblo argentino no tiene defensor..
Ponen en marcha un plan para facilitar el ingreso al país de refugiados sirios
Está concebido como un plan enmarcado en las políticas de protección de derechos humanos que promueve Cristina Kirchner. Pero también expone las contradicciones del Gobierno en materia de atención a los extranjeros.
El Ministerio del Interior acaba de firmar el Programa Siria, que contempla facilidades de visado humanitario para todas aquellas personas afectadas por el conflicto armado sirio que quieran solicitar refugio en la Argentina.
La Dirección Nacional de Migraciones dio a conocer los detalles de la disposición 3915/2014, por la cual se pondrá en práctica este programa, para recibir en el país "a personas de nacionalidad siria y sus familiares y a aquellas de nacionalidad palestina residentes habituales que hubieran residido en Siria".
La disposición que aprobó la Dirección de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, contrasta con la política de expulsión de extranjeros que delinquen que impulsa el secretario de Seguridad, Sergio Berni, por medio del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, en debate en el Senado.
Ante estas diferencias, la Dirección Nacional de Migraciones alertó en la disposición que impulsa el Programa Siria que "no puede desconocerse el actual contexto y matices en los que se discute la política migratoria y las propuestas de enmienda, con mucha presencia en la agenda mediática y política, con el resurgimiento en algunos sectores de discursos antiinmigratorios/xenofóbicos o al menos sugiriendo asociaciones estigmatizantes entre la migración y la problemática de seguridad y justicia".
Así, la disposición 3915/2014, a la que accedió LA NACION, sostiene en sus fundamentos que "aun con las bondades de este programa, en algunos sectores podría llegar a utilizarse esta iniciativa desconociendo su espíritu en línea con la política migratoria vigente, descontextualizando y desvirtuando el verdadero fin humanitario del Programa Siria".
El plan establece ciertas "salvaguardas" para preservar al plan de personas que hayan tomado parte en el conflicto de Siria. Así, se les exigirá a los que ingresen al país provenientes de Siria un certificado de carencia de antecedentes penales del país de origen o residencia habitual.
La cantidad exacta de sirios provenientes de la zona de conflicto que entraron en la Argentina en los últimos años es incierta: según expresó en su momento el ex embajador argentino en Damasco Roberto Ahuad, desde que estalló el conflicto interno en el régimen de Bashar Al-Assad llegaron al país unos 2000 sirios. A su vez, el Centro Isámico de la Argentina contabilizó en el último año unos 250 sirios que pidieron refugio en el país, y las últimas cifras oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones sostienen que entre 2012 y en lo que va de este año se les dio asilo a 184 sirios.
Desde lo conceptual, el Programa Siria, que lanzó el Ministerio del Interior, apunta a dar mayores facilidades a aquellas personas que quieran huir del conflicto armado en ese país para venir a la Argentina.
De esta manera, el plan de acción limita a la Cancillería en el pedido de solicitudes de visa al trámite que se realice en los consulados. Pero el resto de la tramitación del permiso de ingreso se realizará ante la Dirección de Migraciones. A su vez, se eliminan los pedidos de contratos de trabajo, el pago de apostillado y la intervención de un escribano.
Para obtener el "visado humanitario", los peticionantes deberán tener un permiso de ingreso; el pasaporte o "laissez passé o similar emitido por organizaciones internacionales"; una declaración jurada de carencia de antecedentes penales; una carta de invitación con "fundamento en su vínculo de parentesco familiar o de afectividad con los beneficiarios", y un documento que acredite los vínculos familiares cuando corresponda.
"Nadie duda de que en el Ministerio del Interior hemos mostrado un claro compromiso con los derechos humanos de los inmigrantes, tal como lo plantea la Presidenta", expresó a LA NACION un destacado funcionario de la cartera que conduce Florencio Randazzo. También esta política se ajusta, según dicen en la Dirección de Migraciones, a los reclamos que hicieron la comunidad internacional y el papa Francisco ante el conflicto de guerra civil en tierras de Al-Assad.
El Programa Siria prevé la conformación de una mesa de trabajo con organizaciones de la comunidad sirio-libanesa para "acompañar el proceso de recepción" de los desplazados. Esta mesa está conformada por el Centro Cultural Islámico de la Argentina, la Confederación de Entidades Argentino-Árabes y la Iglesia Ortodoxa San Jorge, entre otros.
Abdul Kader Baradei, del Centro Cultural Islámico, dijo a LA NACION que "la ventaja del Programa Siria es que se agilizarán los trámites para que los sirios que están en la zona de conflicto puedan reunirse más rápido con sus familiares o comunidades en la Argentina".
El apoyo que brindará la "mesa de trabajo" al Programa Siria contempla, entre otras cosas, compartir información sobre el proceso de solicitud de ingreso, realizar un seguimiento del plan y dar apoyo logístico y económico a los nuevos refugiados sirios.
Según confiaron a LA NACION fuentes de la Cancillería, en el último año la Argentina había limitado el ingreso de refugiados sirios y la tramitación de esos visados era "más complicada". Ahora el trámite será más sencillo y accesible.
No son pocos los que evalúan en el Gobierno que el Programa Siria también se lanzó para contrarrestar un plan similar que difundió el presidente de Uruguay, José Mujica, hace un mes, al recibir en Montevideo a más de 42 sirios provenientes de Medio Oriente. No obstante, el programa Siria expuso una vez más las diferencias que hay en la Casa Rosada respecto de las política migratorias en la Argentina.
DIFERENCIAS EN LA CASA ROSADA
El programa Siria: Contempla un esquema de facilidades para el trámite de los refugiados en la zona de conflicto en Siria
Los alcances: El plan contrasta con el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal, que prevé la expulsión de extranjeros que delinquen. Simplifica el trámite de los sirios que piden refugio
Contrapunto: Al cuestionar ese proyecto de ley, Arias Duval dijo que "hacer foco en la nacionalidad del delincuente es un error". Luego el secretario de Seguridad, Sergio Berni, destacó que el país "está infectado de delincuentes extranjeros".
Editorial del diario La Nación - La vergonzosa agresión a quienes disienten, fomentada o consentida por el Gobierno, busca acallar las voces críticas
La deplorable y perversa práctica de los llamados escraches o agresiones violentas e intimidatorias, conducta aberrante y condenable que fue utilizada con frecuencia e intensidad a lo largo de la gestión presidencial kirchnerista, no ha cesado.
Tiene lugar cuando quienes están en desacuerdo con los mensajes, concepciones o ideas que manifiestan algunas personas en actos, reuniones o conferencias, en vez de limitarse a la discusión pacífica y al sano disenso, se dedican a agredir con la palabra y físicamente a quien profesa ideas diferentes. La agresión física pone en peligro la integridad de las víctimas del escrache y de quienes los rodean.
La idea que obviamente subyace en esta indefendible conducta es la de tratar de acallar con golpes y gritos el disenso y la de atemorizar a quienes no comparten el discurso único que se difunde desde el poder político. Esto es, coartar la libertad de expresión.
En las últimas semanas, distintas figuras públicas acaban de ser objeto de escraches. Tanto Ricardo López Murphy como Domingo Cavallo y Vicente Massot han sido recientemente víctimas de esa repudiable manifestación de odios y resentimientos que también constituye una forma extrema de la intolerancia. Y, antes, los sufrieron el juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, y empresarios y periodistas críticos del Gobierno.
Se trata de una práctica hoy intensamente utilizada por el gobierno cubano contra, por ejemplo, las "damas de blanco", en oportunidad de sus protestas y manifestaciones contra los "prisioneros de conciencia"; esto es, contra miles de disidentes que el comunismo cubano mantiene encarcelados. Esta conducta salvaje ha sido adoptada por aquellos regímenes que, de alguna manera, comparten el sesgo autoritario cubano. Esto también sucede, entonces, con mayor o menor intensidad en Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador.
Los escraches reconocen antecedentes claros en las prácticas represivas del nazismo y del comunismo soviético, regímenes ambos que también recurrieron a organizar escraches con feroz intensidad.
La inaceptable práctica supone, en lo inmediato, la intención de silenciar al adversario, así como, en el mediano plazo, la de demonizarlo con el propósito de transformarlo y mostrarlo como una suerte de descastado o paria social librado a su suerte. Se basa en la idea de coartar la libertad de expresión, dejar de lado la libertad de información y amedrentar a quienes no comparten las ideas totalitarias que se propagan desde el poder.
Con frecuencia se utiliza a jóvenes radicalizados para materializar las agresiones a las que nos referimos, lo que es un abuso de poder que, además, genera daños profundos en quienes, por ideología o por dinero, se prestan a ser utilizados para llevar a cabo los escraches, iniciándose de esa manera en el campo delictivo.
Hay que agregar que para el gobierno nacional existen, por un lado, escraches "buenos" que son consentidos con el silencio cómplice y tienen por víctimas a quienes desde sectores del oficialismo identifican como sus "enemigos", y hay también, por el otro lado, escraches repudiables cuando quienes los sufren son los miembros del Gobierno, como ocurrió con el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando viajaba en ferry a la ciudad de Colonia, en Uruguay, y también al entonces diputado y hoy ministro de Defensa Agustín Rossi.
Todos los escraches son inadmisibles e imperdonables sin importar el signo político de sus ejecutores o de sus víctimas pues, repetimos, se trata de agresiones cobardes que deben cesar. Las ideas no se combaten en la persona de quien las defiende y difunde. Las ideas se cuestionan, se desmenuzan, se analizan y se confrontan entre sí mediante el diálogo y la discusión civilizada. Quien arremete contra sus semejantes por el solo hecho de pensar diferente, además de cometer un delito, está confesando su impotencia intelectual ante la víctima de su agresión.
(Editorial I del Diario La Nación) - Nuestra jurisprudencia aún no recogió los estándares de los tribunales internacionales para juzgar y probar violaciones de derechos humanos
La Corte Penal Internacional, en lo que ha sido sólo su segunda decisión firme, acaba de absolver a Mathieu Ngudjolo de las horribles acusaciones que pesaban sobre él en relación con los crímenes de guerra, esto es, con delitos de lesa humanidad perpetrados en el transcurso de un conflicto armado interno, cometidos en el Congo, en 2003.
Se trata de asesinatos (con gente quemada viva o asesinada con machetes) y violaciones, de los que fueron víctimas unas 200 personas, incluyendo mujeres y niños, en un pueblito congolés llamado Bogoro, en una provincia rica en minerales preciosos.
¿Por qué fue absuelto el acusado? No porque los crímenes no existieron, sino porque, desde la fiscalía, no se pudo probar "más allá de toda duda razonable" su participación en ellos. Es decir que no se demostró que tuviera conocimiento pleno no sólo de lo sucedido, sino, además, que su conducta se hallara vinculada y atada a la intencionalidad y propósitos inhumanos de quienes, en los hechos, consumaron los aberrantes delitos dentro de un plan criminal común sistemático, exigencia ineludible en este tipo particular de delitos.
Ocurre que ésa, y no otra, es la pauta probatoria que hoy indiscutiblemente está vigente para este tipo de crímenes en todos y cada uno de los tribunales penales internacionales, sin excepción. Es, además, la expresamente reconocida en el propio Estatuto de Roma, en su articulado, y por el Reglamento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
Esa pauta es tan importante que, con razón, ese último tribunal tiene dicho que ella "tiene que ver con la garantía del Estado de Derecho". Esto garantiza que se haga justicia en lugar de revancha. Por esto, toda la doctrina internacional moderna es unánime en defender y aceptar esta misma pauta probatoria, que naturalmente impone a los acusadores el deber de probar sus acusaciones "más allá de toda duda razonable", como exigencia imperiosa que es para respetar la presunción de inocencia. Así, se actúa con seriedad y se puede hacer justicia con conciencia. Esa pauta es necesaria para evitar invertir ilegalmente la carga de la prueba y obligar a los acusados a tener que demostrar su inocencia, con prueba negativa, lo que naturalmente se tiene por contrario a derecho. Debe sumarse que en nuestro medio esto sucede, a veces, décadas después de la ocurrencia de los hechos investigados y con personas enfermas y de edad avanzada que bien pueden ser inocentes, pero que muchas veces quedan en una suerte de condenable indefensión.
Por esto, Patrick Kinch, en un trabajo muy reciente, concluye con absoluta razón que esa pauta, por exigente que pueda parecer, es nada menos que una garantía exigida por el debido proceso legal. En ella, por cierto, están comprometidos tanto el derecho al debido proceso legal, como la presunción de inocencia misma, ambos derechos humanos irrenunciables con protección explícita en el derecho internacional. El alto requerimiento probatorio es, por lo demás, propio de la magnitud y excepcionalidad de los delitos de lesa humanidad. Y es claramente imprescindible para poder desterrar las aventuras revanchistas que de otro modo se hacen posibles.
Lamentablemente, nuestra jurisprudencia aún no ha recogido formalmente esta pauta. Y a veces sigue aferrada a un precedente ya obsoleto, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988. Nos referimos al caso "Veláquez", al que además con alguna frecuencia se interpreta mal, por no decir torcidamente, como queriendo decir que, en casos de desapariciones, puede probarse el delito investigado mediante simples indicios, presunciones e inferencias. Pero omitiendo decir que en esa misma sentencia se aclara que, en todo caso, eso es de aplicación solamente para los tribunales internacionales y no lo es para los tribunales domésticos, agregando que, no obstante, los indicios, inferencias y presunciones deben siempre llevar a conclusiones claras y consistentes con los hechos. No a relatos sin el sustento adecuado..
Mientras dice que no tiene plata para los jubilados, la ANSeS gasta $ 80.000 millones con otros fines
Según el titular del organismo, no pueden actualizar haberes como dictaminó la Justicia porque entrarían en "déficit". Pero destina fondos para planes sociales y financia al Tesoro.
Mientras el titular de la ANSeS, Diego Bossio, insiste en que no hay fondos para cumplir con los fallos judiciales, los números oficiales marcan que de los $280.000 millones del presupuesto del organismo para 2013, unos $ 200.000 millones serán para pagar los beneficios del sistema -como jubilaciones y pensiones, seguros de desempleo y asignaciones familiares.
Pero el resto --$80.000 millones-- cubren prestaciones no contributivas que deberían tener un financiamiento propio porque no forman parte del régimen previsional, como la Asignación por Hijo, las pensiones no contributivas, los déficits de las cajas de Policía, FF.AA. y de Seguridad y Cajas provinciales no transferidas, diversos planes de empleo y el plan de computadoras Conectar para chicos en edad escolar.
Además a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -que maneja hoy $ 215.000 millones- y los excedentes de la ANSeS, el organismo previsional financia los déficits del Tesoro Nacional y otorga créditos a empresas públicas y privadas , y planes de vivienda, el PROCREAR.
Y en los últimos años se agrandaron las cargas que otros Ministerios y organismos que no tienen un financiamiento propio transfieren a la ANSeS. Por ejemplo, los más de $ 20.000 millones anuales de las pensiones no contributivas que otorga Desarrollo Social que en 2001 sumaban 300 mil y ahora totalizan 1,2 millón. O los $ 14.000 millones de la Asignación por Hijo, cuya legitimidad no se cuestiona, sino que deba ser afrontada por la ANSeS. O los $ 1.700 millones del plan de computadoras escolar, que tampoco se cuestiona, pero que debería ser financiado, como el resto de ese tipo de beneficios, con gravámenes a la renta financiera y no a costa de los jubilados y pensionados.
Etiquetas: Derechos humanos, Economía
Se encienden luces amarillas: la crispación social crece y las protestas "ganan la calle"
Por Mariano Jaimovich – iProfesional.com
Los reclamos de Prefectura y Gendarmería se extendieron a más de 20 localidades en 14 provincias. Fueron por salarios, pero evidencian un mayor clima de tensión. En apenas 20 días, tras el cacerolazo del "13 S", se sucedieron manifestaciones y escraches "impensados" tiempo atrás. Nuevo clima social
"La presidenta Cristina es la responsable". Esta no es la frase vertida por un cacerolero que "viaja a Miami" -como diría el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina-, sino por un integrante de las fuerzas de seguridad que se transformó en el vocero de los cuadros de Gendarmería, Prefectura y parte de la Armada que se manifestaron, primero para frenar un recorte salarial y -luego de la marcha atrás de la Casa Rosada-, para reclamar un sueldo básico de 7.000 pesos, entre otras condiciones.
Pese a la decisión del Gobierno de retrotraer la iniciativa y de relevar a la cúpula de las primeras dos fuerzas, las protestas se fueron extendiendo más allá de la Capital Federal y englobó a más de 20 localidades de 14 provincias.
El conflicto, que comenzó a raíz de un recorte salarial, derivó en un petitorio a las autoridades, cuyo punto central fue el pedido de un aumento para que el sueldo básico de un gendarme se eleve a los $7.000, desde los casi $2.700 actuales. "Para que el pueblo se quede tranquilo y entienda por qué su fuerza de seguridad esta acá, aclaramos que es porque queremos un sueldo digno", indicó Fernando Gabriel Parodi, Cabo Primero de Gendarmería. En tanto, el delegado de esa institución, Diego Jesús Solano, anunció el petitorio que luego fue elevado al Gobierno.
En la zona de Puerto Madero, un vocero de Prefectura aseguró que "el personal que está acá no porta su arma reglamentaria, esto no es un golpe militar". "Estamos acá por el cansancio indignante de todo el personal, porque tenemos un sueldo miserable", continuó. Y agregó: "Esto es el cansancio que tiene la Prefectura Naval Argentina". Tales afirmaciones se dieron en el marco de policías militarizados que custodian fronteras, rutas y zonas del país que denunciaron descuentos salariales de entre el 30% y 60%.
El Gobierno se había hecho eco de la protesta y el propio jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, salió al ruedo a anunciar que el personal de Gendarmería cobrará "exactamente el mismo salario que el mes pasado". Y aseguró que, en el caso de Prefectura, se realizará "por única vez un pago compensatorio de los agentes que cobren $12.500 o menos para que reciban exactamente lo mismo que el mes anterior".
Mientras se hacían estos anuncios oficiales, la presidenta Cristina Kirchner permanecía en la residencia de Olivos siguiendo de cerca los detalles del encuentro del cual también participaron el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
Día tenso en un entorno poco propicio
Más allá de ser un conflicto por remuneraciones, éste se da en un contexto muy particular, si se tiene en cuenta el popular cacerolazo ocurrido el 13 de septiembre pasado y las protestas que tomaron por sorpresa al Gobierno en menos de un mes, como los escraches al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y también al juez Norberto Oyarbide. Y, como si fuera poco, esto tiene lugar cuando aún resuenan las polémicas declaraciones de la Presidenta tanto en su viaje a Estados Unidos como en su regreso al país, cuando hizo referencia a que no corresponde hablar de "cepo cambiario".
En resumen, en tan sólo 20 días se dieron una serie de hechos "impensados" tiempo atrás, que tuvieron como protagonistas a manifestantes y a grupos de la sociedad saliendo a las calles a protestar. Asimismo, el conflicto con las fuerzas de seguridad generó una situación poco usual en el estilo de conducción K: el de tener que dar una rápida marcha atrás con una medida, como el Decreto 1307/12, que recortaba hasta 60% los salarios de varios cuadros de gendarmes y prefectos. Pese a las aclaraciones de los funcionarios, los manifestantes redoblaron la apuesta y se mantuvieron firmes con sus reclamos.
"La acción de las fuerzas de seguridad va tomando un tono político inconveniente", expresó el consultor Ricardo Rouvier. Por su parte, el economista José Luis Espert fue más contundente respecto a las acciones del Gobierno: "A la hora de ajustar hacen el peor ajuste, a la seguridad". El gremialista Facundo Moyano, también se sumó a la ola de críticas: "Realmente duele que el Gobierno haya abierto tantos frentes y divida al campo Nacional y Popular".
Mayor crispación política
En definitiva, lo ocurrido en estas últimas horas muestra un cambio en el clima político, en relación al imperante tiempo atrás, que empezó a ganar protagonismo desde el cacerolazo del "13 S". "Todo esto no hace más que confirmar que existe una mayor crispación política", afirma a este medio el analista Diego Dillenberger. En su visión, "parte de la sociedad claramente le perdió la paciencia al Gobierno". Para el experto, detrás de todas estas protestas "se encuentran la inflación" y un cierto "grado de cansancio hacia el discurso oficial".
La mayoría de los analistas entrevistados por iProfesional.com coinciden justamente en destacar esos factores como los "responsables directos" de un mayor malestar social, que comenzó a hacerse notar. "La gente ahora está sensible y más proclive a manifestarse. Se observa un mayor grado de crispación", apunta un empresario que pidió el off the record.
Los analistas consultados señalan que estas reacciones de protesta se deben a un conjunto multicausal de situaciones. Pero, en particular, destacan la conjunción de dos cuestiones: las medidas "antipáticas" que ha venido tomando el Ejecutivo en estos meses que se combinan con una economía más fría, que repercute en los salarios y en el mayor temor a la pérdida del empleo. "Hubo un primer semestre complicado en el plano económico y a ello se han sumado medidas de fuerte impacto en la clase media", destaca Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica.
En cuanto al caso concreto del conflicto de Prefectura y Gendarmería, Alejandro Corbacho, director del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del CEMA, argumenta que "el Gobierno está aplicando recortes y ajustes donde no debería hacerlo". "Estos errores de cálculo le están costando un precio alto", porque las fuerzas que se manifestaron este miércoles "son el soporte del modelo. Y afecta justamente a quienes recurre la Casa Rosada cada vez que requiere el control de la seguridad en barrios o en conflictos suscitados en las provincias".
Corbacho coincide en que se observa un profundo cambio en el humor social y que el cacerolazo fue el principio de toda esta serie de manifestaciones. "Hay mucho descontento. Los reclamos de las fuerzas de seguridad llegaron en un momento en el que la gente muestra cierto grado de hartazgo en la forma de comunicar y en la manera en que se niegan algunos hechos", afirma el experto. Y sumó otro factor determinante en este nuevo escenario: "Ahora no puede seguir arreglando las cosas con plata para tapar la falta de gestión, porque no hay tanta caja. Por eso afloran los problemas y se hacen notar más que antes".
¿Cómo puede reaccionar el Gobierno?
En este contexto, signado por una mayor crispación y menor paciencia de la sociedad, la gran pregunta es si el Gobierno redoblará su apuesta y continuará con su estilo confrontativo frente a los conflictos.
"Es muy difícil que se rectifique el camino y se cambie el rumbo. Porque se acentúa un entorno presidencial que tiene dificultades para escuchar voces disonantes. Por el momento, el Ejecutivo espera a ver qué ocurrirá con las manifestaciones, es decir, si se tranquilizan o si van en crecimiento", reflexiona Guido Donaire, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador.
En la misma línea el analista Julio Burdman señala: "Mientras que el público sea el mismo, la protesta no le va a hacer torcer el rumbo ni el discurso. Pero si el malhumor se empieza a extender a otros sectores, más afines al electorado oficialista, la preocupación irá en aumento".
Por lo pronto, que se hayan sumado fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas -con sostenidos reclamos salariales- demuestra que hay un entorno cada vez más complejo para el Gobierno, que deberá decidir si sigue redoblando la apuesta discursiva o si buscará bajar el tono de crispación.
Corbacho observa que "el oficialismo quedó sorprendido tras el cambio de clima que se dio en buena parte de la sociedad, si bien no lo va a reconocer públicamente. Le haría bien suavizar su discurso, pero le cuesta apartarse de su estilo confrontativo". Lo cierto es que en este momento "el relato", esa poderosa arma que tantas veces le permitió a la Presidenta transformar los defectos en virtudes, ahora se encuentra en crisis, según la opinión de varios analistas
Estos intentos de volver a articular el discurso llevan a los analistas a creer que los ideólogos del Gobierno, lejos de buscar una suavización o una versión "light" del cristinismo, no verán otra salida que duplicar la apuesta. "Mientras las encuestas demuestren que su propia tropa sigue apoyando, no habrá un cambio significativo del discurso", observa Burdman. Algunos plantean que, aun si quisiera, la Presidenta encontraría dificultades en modificar su "relato" sin que ello fuese percibido como una señal de debilidad.
Hay quienes opinan que, como tantas veces, la palabra final la tendrá la economía. Y que si el 2013 muestra cierta distensión, gracias a la gran cosecha de soja que se espera, las protestas terminarán diluyéndose.
"El Gobierno sabe que enfrenta una situación de malhumor, pero apuesta a que no será algo que vaya a cambiar la situación general", enfatiza Carlos Fara. Lo cierto es que el escenario político argentino ya no es el de antes.
Al Gobierno le juega a favor el hecho de que aun falta tiempo para las elecciones y que podrá verse beneficiado con algún repunte económico.En contra, que el "relato" ya no ayuda tanto como antes y reconquistar a buena parte de la clase media no será una tarea fácil.
Etiquetas: Derechos humanos, Trabajo
Viáticos oficiales: funcionarios pueden comprar hasta u$s 600 diarios, diez veces más que los turistas
Por MARIANO GORODISCH - Cronista.com
Los miembros de la Administración Pública Nacional que realizan misiones o comisiones oficiales en Japón podrán comprar hasta u$s 622 por día, mientras a un particular le están autorizando un promedio de u$s 60, alrededor de la mitad de lo que se validaba a comienzos de año. Si el viaje es a EE.UU., el funcionario se asegura hasta u$s 283 diarios
Trabajar en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene sus privilegios. En estos momentos, a más de un funcionario no le disgustaría viajar con alguna misión oficial a Japón, ya que estarán autorizados a comprar, de acuerdo a la categoría que ocupe en la administración, desde u$s 488 hasta u$s 622 diarios, aunque en realidad ya tengan todo pagado de antemano.
El resto, podrán comprarlo con tarjeta, ya que luego podrán deducir el 15% del impuesto a las ganancias, pues los sueldos en la Administración Pública son altos, por lo cual no tendrán problemas en pasarlo.
Además, como en los viajes gubernamentales tienen todo incluido, y no tienen que gastar ni siquiera en transporte, quien se vaya diez días a Japón podrá traer devuelta los u$s 6.220 que le haya autorizado la AFIP.
Según la pizarra del Banco Nación, donde el dólar para la venta tiene un valor de $ 4,68, adquirir esas divisas les hubiera costado $ 29.110. Ahora, si vendieran esos u$s 6.220 en el mercado paralelo, a $ 6,27 que estaba ayer la cotización para la compra, podían recibir $ 39.000.
En consecuencia, se hacían una diferencia de casi $ 10.000 gracias a ser funcionario público, lo que representa una ganancia del 34% sobre el capital invertido. En cambio, si un ciudadano común se va de viaje a Japón, la AFIP le autorizará alrededor de u$s 60 diarios, con la salvedad de que no tiene nada incluido, como en el caso de los miembros gubernamentales, con lo cual el dinero quizás ni siquiera le alcance para pagar el transporte, que no puede abonarlo con la tarjeta de crédito. Por lo tanto, quizás no le quede otra alternativa que ir a cambiar más dólares al blue.
Ahora, si el funcionario se va a una misión oficial en las Islas Caimán, está autorizado a comprar entre u$s 360 y u$s 458, de acuerdo al rango que ocupe en el gobierno. El tercer país donde se puede obtener mayor cantidad de billetes es Rusia, donde el funcionario podrá adquirir entre u$s 341 y u$s 434.En el caso de una misión a los Estados Unidos, el empleado gubernamental podróa obtener entre u$s 222 y u$s 283.
La semana pasada, en el Boletín Oficial se publicó que los funcionarios del gobierno nacional estarán regidos bajo los mismos parámetros que los turistas que quieren acceder al mercado de cambio: se les dará la moneda de curso legal del país de destino al que vaya cada misión oficial, siempre cuando se trate de países limítrofes y de Europa.
En el mercado financiero, se comenta que la AFIP tendría un cupo de u$s 12 millones diarios para la venta de divisas. Una vez que se agota, el sistema deja de funcionar. Por lo tanto, las casas de cambio les aconsejan a los clientes que vayan a primera hora, apenas abren, a las diez de la mañana.
Ultimátum de la Corte Suprema a la ANSES: le dio un mes para que diga cómo le pagará a los jubilados
La decisión del máximo tribunal surge en el marco del pedido realizado por la Defensoría para que, en una sentencia única, se puedan resolver los reclamos de todos los jubilados que estarían en una situación similar a Adolfo Badaro, un jubilado que fue beneficiado en 2006 por una sentenciaEn lo que podría ser un importante antecedente jurídico en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia analiza aplicar a todos los jubilados el ajuste producido en la causa Adolfo Badaro.
El máximo tribunal requirió a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que informe, en el plazo de 30 días, cuántos reclamos de jubilados y pensionados tiene pendientes, qué cantidad de sentencias no está cumpliendo y con qué recursos cuenta para hacer frente a esos juicios.
Además le pidió que informe la cantidad de reclamos administrativos pendientes de resolución relacionados con el cálculo de haber inicial y con la movilidad de jubilaciones y pensiones, y reclamó que se precise la cantidad de recursos extraordinarios deducidos en los tres últimos años por la ANSES contra las sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
"La Corte está evaluando qué impacto podría tener aceptar el planteo de la Defensoría de representar a todos los jubilados y pensionados para que se les aplique el fallo Badaro", disparó en diálogo con Infobae.com Anselmo Sella, uno de los funcionarios que promovió la acción. Justamente, la decisión del máximo tribunal surge en el marco del pedido realizado por la Defensoría del Pueblo para que, en una sentencia única, se puedan resolver los reclamos de todos aquellos que estarían en una situación similar a la de Badaro, un jubilado que fue beneficiado en 2006 por una sentencia del máximo tribunal.
De esta manera, en caso de que la Corte acepte el pedido de la Defensoría, el fallo será aplicable a todos aquellos jubilados que iniciaron el trámite administrativo o judicial para el ajuste y también a quienes nunca hicieron nada. "Nosotros pretendemos que con una sola sentencia se puedan resolver los problemas de cientos de miles de jubilados, sobre lo que tenemos fundada expectativa. De lo contrario esto será de nunca acabar y cada persona que esté en la misma situación tendrá que ir a juicio, esperar la apelación de la ANSES, luego ir a la Cámara y finalmente llegar a la Corte", explicó Sella.
La resolución del máximo tribunal también hace mención a que se deberá informar la cantidad de sentencias que han sido íntegramente cumplidas en cada uno de los últimos cinco ejercicios fiscales, con indicación de los importes en efectivo y títulos de deuda que resultaron necesarios para su cancelación. También deberán ser informados el número de causas en las que los actores han promovido procesos de ejecución y la cantidad de beneficiarios del sistema previsional, detallando su composición según tramos de haberes. Además, se deberá dar cuenta de los fondos presupuestarios destinados al pago de sentencias en el corriente año, proporción sobre el total de erogaciones y proyección de casos a liquidar.
La Corte también se refirió a las medidas adicionales que se hayan adoptado para resolver las peticiones de los interesados de un modo acorde a los lineamientos fijados por el tribunal "a fin de evitar conflictos innecesarios o prolongar los existentes".
Las claves del fallo Badaro
En el año 2006, la Corte Suprema benefició a un jubilado que reclamó por la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. Se trata de Adolfo Badaro, un ex conductor de buques que percibía más de $1000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un sólo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2%, y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.
El máximo tribunal reconoció su derecho a una actualización de haberes que guarde relación con la evolución de los precios y de los sueldos de los trabajadores activos. En aquella oportunidad, ordenó el ajuste de la jubilación al 82% de la movilidad salarial. Pero como esa resolución solo se aplica al jubilado Adolfo Badaro, cada persona debe iniciar una causa en forma personal para que su haber sea actualizado según el fallo de la Corte y poder correr con la misma suerte.
El Congreso Nacional aprobó el año pasado una ley por la cual se restablecía el 82% móvil, pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la norma bajo el argumento oficial de la incidencia negativa que podría tener en las arcas públicas el hacer frente al incremento que implicaba la medida. Igualmente, la Justicia viene reclamando insistentemente a los otros poderes que adopten las medidas para reconocer ese derecho de los jubilados.
En los últimos tres meses, la justicia federal de la Seguridad Social recibió más de 8.500 causas por reclamos de actualización de haberes jubilatorios, mientras en ese período el Gobierno apeló casi 8.500 de los más de 11 mil juicios (un 76%) que ganaron jubilados de todo el país. Se trata de estadísticas de la Cámara de la Seguridad Social, que da cuenta de que en cada mes del trimestre febrero/abril cada uno de los 10 juzgados de primera instancia recibió un promedio de 851 causas, informaron a DyN fuentes judiciales.
En tanto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) apeló en el mismo período el 76% de los 11.162 juicios que ganaron jubilados en todo el país, o sea unos 8.480. La cantidad de causas apeladas es superior a la registrada en el mismo período de años anteriores, ya que en 2010 ingresaron a la Cámara 9.609 expedientes y en 2009, 7.028, de las cuales cerca del 80% fueron recurridas por la ANSES. "La Justicia está liquidando los haberes de los jubilados en lugar de la ANSES", criticó un juez consultado por DyN.
Un ejemplo de esto es que en los 10 juzgados de primera instancia del fuero de la Seguridad Social se dictaron en el primer trimestre del año 8.659 sentencias, de las cuales el 81,33% corresponden a reajuste de haberes jubilatorios.
Fue en 2008, en una visita a Libia; "Ambos hemos abrazado convicciones con un sesgo fuertemente cuestionador del status quo que siempre se quiere imponer para que nada cambie", dijo entonces.
Foto: La Presidenta y Khadafy juntos en Tripoli en 2008. (Télam)
Noviembre de 2008. Cristina Kirchner llevaba casi un año en el poder. Realizaba una gira por países árabes y del norte de Africa. Visitó Argelia, Túnez, Egipto y Libia, que fue la última escala. Además de entrevistarse con Muammar Khadafy, la Presidenta participó de un seminario titulado "Oportunidades de comercio, negocios e inversiones entre Argentina y Libia". Fue en ese marco que se comparó con el líder libio, hoy envuelto en una crisis política que amenaza con poner fin a 42 años de ejercicio ininterrumpido del poder.
Las palabras de Cristina Kirchner, pronunciadas en 2008 como ya se dijo, cobran hoy un peso nuevo a la luz de las horas de máxima tensión que se viven en Libia, donde la presión para que Khadafy abandone el poder amenaza con desatar una guerra civil. No es menor que la Presidenta haya elogiado la capacidad de "cuestionar el status quo" de un hombre que está al frente de su país desde 1969 sin haber sido elegido nunca por la vía democrática.
El primer pronunciamiento político del gobierno argentino se conoció esta tarde. A través de un comunicado, la Cancillería anunció que "copatrocina" la convocatoria de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos prevista para pasado mañana en la ciudad de Ginebra. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Héctor Timerman, expresó su "profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en Libia".
- Otros gobiernos de la región, como los de Brasil, Perú y Chile, en cambio, condenaron abiertamente la violenta represión contra los manifestantes libios
- Cuba, Venezuela y Nicaragua, por su parte, respaldaron a Khadafy. Fidel Castro denunció que Estados Unidos y la OTAN planean una invasión "inminente" a Libia.
- Chávez manifestó preocupación "por la situación en el país hermano". Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó sin ambigüedades su solidaridad con el dictador libio.
- En el otro extremo, el gobierno peruano, que encabeza Alan García, suspendió toda relación diplomática con Libia, "en tanto no cese la violencia" contra los manifestantes que protestan contra el régimen.
Cuando el Estado viola derechos
Por Roberto Gargarella, PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UBA, DI TELLA) - Diario Clarín
Es un error objetar la protesta que deriva en cortes de calles como si se tratara de un conflicto entre reclamantes y transeúntes. Parece imprescindible partir de un diagnóstico que ubique las responsabilidades mayores en los gobernantes.
De manera oportuna, en una nota publicada en esta sección el 26 de enero, Alicia Pierini –actual Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires– reabre un debate importante, relacionado con los límites de la protesta social y, más particularmente, con el derecho a cortar las calles en señal de protesta .
En su texto, la funcionaria plantea una serie de preguntas con las que abordar la cuestión. Todas ellas, según entiendo, están mal dirigidas, por lo que quisiera, en lo que sigue, repasarlas, aunque más no sea de modo breve. En primer lugar, ella sugiere que nos preguntemos si la protesta del caso es idónea para obtener o promover el fin alegado (i.e., un aumento de salarios o la reincorporación de los despedidos). Su respuesta es que no, porque lo que persiguen quienes cortan una calle es, sobre todo, hacerse escuchar, y no garantizar un derecho.
Por ello, concluye, los cortes no resultan métodos idóneos.
Ocurre, sin embargo, que su pregunta es por completo engañosa. En una mayoría de casos (e insisto, no en todos), el recurso a formas de protesta molestas para los demás no se debe a un ánimo agresivo por parte de quienes protestan , sino a su razonable certeza de que los medios institucionales disponibles para interpelar a los representantes, y recibir soluciones frente a legítimos reclamos, resultan totalmente ineptos para garantizar los derechos constitucionales agraviados . El punto de partida del análisis, entonces, no debe ser el que ella sugiere, sino la doble –y gravísima– falta que comúnmente comete el Estado: primero, al violar masivamente, por acción y por omisión, derechos constitucionales que tiene la obligación de asegurar. Segundo, al inutilizar o tornar directamente ridículos los instrumentos institucionales destinados el reproche cívico.
(¿Alguien puede creer que el Estado va a ejecutar los planes de vivienda que adeuda, o asegurar la educación digna que no asegura, luego de una petición vecinal o una reunión ciudadana con el representante del distrito?)
En segundo lugar, quien fuera Subsecretaria de Derechos Humanos durante el gobierno de Carlos Menem sugiere que nos preguntemos si el instrumento elegido –un corte de calles– es “el único medio disponible” en manos de quienes protestan; y también, si no existen formas de protesta menos lesivas que la utilizada. La primera de estas dos preguntas resulta más bien absurda: todo dilema angustioso nos habla de al menos dos cursos de acción posibles. Se trata, entonces, de una nueva pregunta formulada por la autora para direccionar a su gusto la respuesta, razón por la cual no tiene sentido contestarla.
La segunda pregunta, en cambio, es más interesante, pero en todo caso igualmente inaceptable. Por dar un ejemplo: un grupo de obreros de la construcción, en huelga frente a condiciones de trabajo abusivas, tiene numerosas alternativas a su alcance, menos lesivas para los intereses del patrón. Entre varios cursos de acción posible, ellos pueden redactar un manuscrito de protesta y aun abandonar su empleo. Pero no son estas preguntas decentes para hacer frente a quienes son objeto de abuso reiterado . Las preguntas, otra vez, se las debemos formular, primero, al empleador o al Estado que ofende : ¿cómo es que ustedes permiten o respaldan, sistemáticamente, violaciones de derechos semejantes? El artículo, en cambio, aparece escrito para negar o desplazar la responsabilidad esencial, primera, y gravísima, que es de los últimos, y no de quienes se quejan frente a ellos .
Finalmente, la funcionaria presenta un interrogante más importante, referido a los derechos de terceros. La cuestión es si el daño que ocasionan quienes protestan sobre los derechos de terceros es proporcional a la dimensión de su reclamo. Esta pregunta es fundamental, porque muy habitualmente las protestas acarrean molestias que todos queremos evitar.
Es necesario, sin dudas, pensar alternativas que permitan acomodar los derechos de todos . Sin embargo, no hay que aceptar la trampa que la última pregunta encierra. Es tendencioso presentar el conflicto como uno entre pobres manifestantes y pobres transeúntes -maniobra que nos exige una toma de posición siempre injusta.
El conflicto central en juego es el que origina el Estado, cuando insiste en violar los derechos de los cuales es garante.
En definitiva, le damos la bienvenida al debate sobre la protesta, pero sin aceptar planteos distorsivos, ni olvidarnos de que, habitualmente, y contra lo que sostiene la funcionaria, los “reclamantes” no “desatan el conflicto”, sino que lo padecen , a partir de las ofensas y omisiones de los gobernantes.
Un nicho de impunidad
Los delitos de lesa humanidad cometidos por la guerrilla durante los años 70 permanecen arbitrariamente impunes
Luis Moreno Ocampo, conocido penalista argentino que se desempeña como fiscal del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, en oportunidad de su reciente visita a nuestro país hizo algunas declaraciones valiosas en materia de delitos de lesa humanidad. Por su innegable trascendencia, no pueden pasar inadvertidas ni caer en saco roto.
Se refieren a una lamentable y torcida anomalía en el capítulo del Derecho Humanitario Internacional que aún perdura en nuestro país. Es aquella que tiene que ver con quienes, desde la guerrilla, pudieron haber cometido crímenes de guerra considerados como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, de los que fueron víctimas civiles inocentes a lo largo de la década de los 70. Sus autores y responsables gozan todavía de una inaceptable impunidad.
Ocurre que nuestro país no ha investigado los delitos de lesa humanidad perpetrados por la guerrilla en aquella década, en violación de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que es derecho interno en nuestro país desde que fuera ratificada por el decreto-ley 14.442/56, norma que la puso en vigencia efectiva desde el 17 de marzo de 1957.
La protección a los civiles inocentes allí dispuesta está considerada -en el mundo entero- como derecho internacional obligatorio emanado de la costumbre internacionalmente aceptada que todos los Estados deben respetar por igual. El nicho de impunidad perdura pese a que, en su momento, la propia Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en su informe conocido como "Nunca Más", nos advirtiera expresamente que "durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como desde la extrema izquierda".
Aquel informe agrega que "se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra Nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976 y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas."
Aclaró el informe que la misión de la Conadep no era la de investigar los crímenes de la guerrilla, sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueren, provinieran de uno u otro lado de la violencia. Y agregó que "los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertos, no desaparecidos".
Ocurre que esos muertos a los que se refería la Conadep y que perdieran la vida asesinados por la guerrilla fueron también víctimas de delitos de lesa humanidad que aún no han sido investigados en nuestro país. Por eso, Moreno Ocampo advirtió que "cualquier grupo, inclusive guerrillero, puede cometer crímenes de lesa humanidad". Explicó que, con razón y coraje, "un crimen de lesa humanidad es un ataque masivo y sistemático a la población civil. Y la Argentina -agregó- fue eso. Podemos decir que la guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos a la población civil porque mataban en forma masiva tanto a sindicalistas, empresarios o policías". Para Moreno Ocampo queda claro que no hay duda alguna de que en los 70 vivimos un conflicto armado interno. Para el derecho internacional tampoco hay dudas.
Mientras tanto, la resolución 158/07 del procurador general de la Nación no permite a nuestros fiscales investigar los delitos de lesa humanidad a los que se refiere Moreno Ocampo, y esa directiva constituye una violación flagrante de la obligación internacional que tiene el Estado argentino de hacerlo, cercenando, sin pudor alguno, el derecho a la verdad de algunos de nuestros compatriotas. Cuando se acerca muy rápidamente el fin de un ciclo político histórico más, esta grave asignatura queda pendiente. El nicho de impunidad al que nos referimos debería cerrarse porque así lo exigen la Justicia y el derecho.
El otro motor del crecimiento
Por Marcelo M. Giugale (*)
América Latina ha progresado mucho en liberar la energía de las mujeres como agentes del desarrollo: hoy hay mucho por celebrar. En educación, empleo, crédito, propiedad y justicia, las latinoamericanas han logrado más acceso que sus pares del resto del mundo en desarrollo. Sin embargo, las inequidades de género aún le cuestan a la región miles de millones de dólares en productividad perdida. Si esas inequidades no existieran, nuestra tasa de crecimiento anual sería por lo menos dos puntos porcentuales más alta.
¿Dónde debe enfocarse la política pública de ahora en adelante?
Primero, en las habilidades transferibles. Nuestras mujeres ya participan en el mercado laboral, pero lo hacen en forma segmentada, sobrerrepresentadas en ciertas profesiones (educación) y ausentes en otras (biotecnología). Sólo en Medio Oriente se observa una peor segregación ocupacional por género. Nuestros sistemas de formación profesional están todavía centrados en transferir conocimientos específicos, más que en desarrollar capacidades de pensamiento crítico y razonamiento matemático.
Segundo, en la atención preescolar. La mayoría de nuestros sistemas de educación pública comienzan con la escuela primaria. Esto causa enormes diferencias de desempeño profesional entre las mujeres que tienen empleo e hijos menores de cinco años y las que no los tienen.
Tercero, en desarrollar las microempresas. América latina ha tenido éxito en crear oportunidades de empleo independiente. Con poca inversión inicial y un mínimo de tecnología, miles de microempresarias entraron a nuestras economías. Pocas, sin embargo, dejaron de ser "micro".
Cuarto, en la formalización. Las empresarias latinoamericanas no son más informales que los empresarios latinoamericanos. El problema está en el mercado laboral. Más de la mitad de nuestras trabajadoras operan fuera del marco legal. Para ellas, a los factores que causan informalidad en general (como impuestos al salario) se suman leyes y prácticas laborales anticuadas, que no reconocen formas modernas de empleo, como el trabajo compartido, con horarios flexibles o a distancia.
Quinto, en el financiamiento. Las mujeres suelen tener su patrimonio en activos movibles, lo que los hace más difíciles de dar como garantía de préstamos. También son más adversas a hipotecar su propiedad inmobiliaria. El resultado es menos crédito para la empresaria promedio.
Sexto, en certificar equidad de género. Las empresas latinoamericanas van mostrando creciente interés en certificarse como organizaciones que valoran las diferencias de género. ¿Razón? Las que lo hicieron han logrado incrementos significativos en productividad. Es de esperar que el Estado publicite los beneficios de certificaciones de este tipo.
Séptimo, en el acceso a la información. La información que todavía no llega a las mujeres tiene que ver con tecnologías industriales, técnicas de gerenciamiento, derechos de propiedad y avances científicos. Esto atenta contra su capacidad para innovar y para ganar nuevos mercados.
Octavo, en la seguridad social. La acumulación de derechos jubilatorios es peligrosamente baja entre las mujeres latinoamericanas.
Noveno, en hacer cumplir la ley. Todos los países latinoamericanos han ratificado las convenciones internacionales sobre derechos de la mujer. El obstáculo está en la aplicación práctica de las leyes. Esto es tan cierto con respecto a la violencia familiar como a contratos comerciales de pequeño monto.
Finalmente, en el cambio de nuestros currículos educativos. La enseñanza de modelos de comportamiento, técnicas de resolución de conflictos y renuncia a estereotipos apenas comienza en la región. Muchos de los cambios que exige esta nueva agenda de género para América latina tomarán años y, en algunos casos, generaciones. Pero deben comenzar ya mismo. No sólo están en juego los derechos de nuestras mujeres, sino el potencial económico de todos.
(*)El autor es director de dos programas del Banco Mundial para América latina.
Fuente : © LA NACION
Etiquetas: Derechos humanos, Desarrollo
El macrismo propone una amnistía para los represores de la última dictadura militar en la Argentina
Diego Guelar, secretario de Relaciones Internacionales del PRO, consideró que hay que "saldar nuestro pasado trágico con una amplia ley de amnistía, después que la Justicia termine los juzgamientos en curso". Dijo que servirá para "la construcción de un futuro mejor" Crédito: Télam
El secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Diego Guelar, se pronunció a favor de una "ley amnistía" para los represores de la última dictadura militar en la Argentina, cuando el kirchnerismo ya no esté en el Gobierno. En un largo comunicado con su firma, Guelar pidió "saldar nuestro pasado trágico con una amplia ley de amnistía después que la Justicia termine los juzgamientos en curso", porque, según entendió, "el perdonar no es anular la memoria". El referente para la política exterior del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y ex embajador argentino en Washington durante el menemismo se pronunció de esta manera al enumerar las características que debe tener el "PRO-peronismo" en el marco de su construcción de cara a 2011. Luego de la victoria de Francisco de Narváez con Unión PRO en la provincia de Buenos Aires sobre el kirchnerismo y del triunfo del PRO en la Ciudad, Guelar emitió un documento en el que habló de "la construcción de un "PRO- peronismo" por fuera de la disputa interna del justicialismo.
El ex embajador del gobierno de Carlos Menem elaboró cinco puntos principales que deberían caracterizar al "PRO-peronismo", entre ellos, su consolidación como "continuidad histórica del proceso Federal - Irigoyenista - Peronista - Integracionista - Humanista que transitó 200 años de historia". Entre esas características, figura la de "definir los derechos humanos como el acceso y las garantías para el ejercicio pleno de las condiciones esenciales de bienestar para todos los habitantes de la patria y saldar nuestro pasado trágico con una amplia ley de amnistía después que la Justicia termine los juzgamientos en curso".
"El perdonar no es anular la memoria ni evitar el juicio de la historia. Es aplicar los valores de nuestra civilización judeo-cristiana al servicio de la reconciliación y la construcción de un futuro mejor", concluyó el último punto del listado. El documento forma parte de una serie de cartas que comenzaron a ser escritas y difundidas por Guelar en el seno del PRO antes de las elecciones legislativas del 28 de junio. En ellas, elaboró varias recomendaciones para el partido, como la necesidad de mantener "la unidad del discurso Macri-De Narváez tanto para el reclutamiento -afiliación- como para la concreción de alianzas".
Demasiado tarde: El Gobierno admite que tendrá que "poner las cosas en caja" ante las protestas piqueteras
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reconoció en Radio 10 que los últimos cortes fueron "hechos netamente políticos". Afirmó que hay sectores que intentan tener "ejércitos privados" y advirtió que recibió denuncias de que se "cobró dinero" para tener planes sociales
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reconoció hoy que el Gobierno tendrá que "poner las cosas en caja", ante la serie de manifestaciones y cortes de tránsito de organizaciones piqueteras, a los que calificó como "hechos netamente políticos" que "poco tenían que ver con reclamos reales". "Vamos a tener que poner las cosas en caja", reconoció el funcionario, al ser consultado por el periodista Marcelo Longobardi, en el programa Cada Mañana de Radio 10, sobre su opinión frente a los últimos episodios que trastornaron el tránsito en Buenos Aires.
Aníbal Fernández afirmó que los dirigentes de los piquetes buscaban "tener licencia para formar ejércitos privados" y aclaró que "eso no va a suceder nunca más" en el país. El jefe de Gabinete afirmó que recibieron "denuncias de haber cobrado dinero" para intermediar entre el Gobierno y la gente que necesita ayuda social. "Ahora no se necesita de nadie en el medio", concluyó el funcionario nacional.
Este señor, parece ser un funcionario muy "inocente", acaso lo desconocía...cuando fue ministro de Justicia con acceso a la Inteligencia Criminal, siendo tan inteligente. Además, empleando el "método del pensamiento lateral", no tendría que ver todas estas actitudes que tuvimos que soportar los argentinos, con la justificación de respetar la "voluntad ciudadana" que permitiría el ilegal bloque de un puente internacional al Uruguay, en Gualeguaychu.
No se el resultado de la resolución del Tribunal de la Haya sobre el conflicto de las pasteras, pero si sabemos, que el ex-presidente Kirschner firmó un documento aprobando la iniciativa del Uruguay. Así que a quejarse al "psicoanalista".
Además, el señor Fernandez -gran estudioso de la Constitución Nacional-, se olvida del derecho del resto de los argentinos de transitar libremente por su país, implicito en ella.
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