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Timestamp: 2020-08-14 04:21:09+00:00

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C-112 de 1996
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020007989CC-SENTENCIAC112199621/03/1996CC-SENTENCIA_C_112__1996_21/03/1996200079891996Sentencia No. C-112/96 PRESUNCION DE RACIONALIDAD DEL LEGISLADOR Todo ordenamiento jurídico presupone una lógica interna que se soporta en el supuesto de la "racionalidad del legislador", supuesto que señala que aquel, en cuanto tal no se contradice, lo que implica que el intérprete debe asumir como "pauta o directriz interpretativa", el carácter sistemático y coherente que se presume del ordenamiento objeto de estudio. Sobre este presupuesto, el intérprete, y específicamente el Juez Constitucional, al analizar de manera sistemática un determinado ordenamiento jurídico, valga decir, al pretender desarrollar un ejercicio dirigido a entender correctamente un determinado precepto normativo, debe proceder a relacionarlo con todos los demás del ordenamiento, excluyendo aquella o aquellas interpretaciones de un enunciado normativo que den lugar a una proposición absurda. PRINCIPIO DE COHERENCIA INTERNA DEL ORDENAMIENTO/PRINCIPIO DE EFICACIA DEL TEXTO A INTERPRETAR/PRINCIPIO DE COHERENCIA INSTITUCIONAL/ACUERDO -Término para sanción Aplicando los principios que el Juez Constitucional acepta como necesarios para sustentar un determinado ordenamiento jurídico, entendido como sistema: el principio de coherencia interna del ordenamiento, el principio de eficacia del texto a interpretar y el principio de la coherencia institucional o programática, es viable concluir que la pretensión del legislador al redactar el artículo 79 de la ley 136 de 1994, fue establecer un término para que el Alcalde, una vez informado por el Concejo Municipal de que sus objeciones por inconveniencia respecto de un determinado proyecto de Acuerdo no han sido acogidas por dicha Corporación, proceda, en cumplimiento de las funciones que le son propias, específicamente de aquellas consignadas en los numerales 1 y 6 del artículo 315 de la Carta, a sancionar dicho Acuerdo; ese término, referido al lapso del que dispone el Alcalde para el ejercicio válido de la facultad que le es propia, ha de entenderse como el "límite o extremo en términos de tiempo", que el legislador quiso atribuirle para el efecto. Dado que la expresión "no menor de ocho días", que contiene la norma impugnada, torna el plazo que quiso establecer el legislador en un "término indefinido", ésta, además de atentar contra la armonía y coherencia del ordenamiento jurídico del que hace parte, contradice los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, por lo que ella será declarada inexequible. ERROR DE ESCRITURA EN NORMA -Inexistencia No existen objetivamente elementos que permitan concluir el error de escritura, pues al realizar un análisis detallado del proceso de tramitación del proyecto de ley que posteriormente se convirtió en la ley 136 de 1994, ejercicio esencial para determinar la existencia del "lapsus", se constata que dicho "error de escritura" no se dio. El error de escritura en un texto legal, no puede simplemente deducirse de una presunción, pues en tal caso éste como tal se desvirtúa dando paso al supuesto de racionalidad del legislador, que, como se ha dicho, impide interpretaciones absurdas como la que atribuye el actor a la norma que demanda. Ref.: Expediente No. D-927
PEDRO CAMARGO QUINTEROCONSTITUCIONALIDADFabio Morón DíazAcción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 79 de la Ley 136 de 1994, "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios" y contra el artículo 118 del Decreto 2626 de 1994.D927Identificadores20020007990true19022Versión original20007990Identificadores
Norma demandada: Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 79 de la Ley 136 de 1994, "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios" y contra el artículo 118 del Decreto 2626 de 1994.
Sentencia No. C-112/96
PRESUNCION DE RACIONALIDAD DEL LEGISLADOR
Todo ordenamiento jurídico presupone una lógica interna que se soporta en el supuesto de la "racionalidad del legislador", supuesto que señala que aquel, en cuanto tal no se contradice, lo que implica que el intérprete debe asumir como "pauta o directriz interpretativa", el carácter sistemático y coherente que se presume del ordenamiento objeto de estudio. Sobre este presupuesto, el intérprete, y específicamente el Juez Constitucional, al analizar de manera sistemática un determinado ordenamiento jurídico, valga decir, al pretender desarrollar un ejercicio dirigido a entender correctamente un determinado precepto normativo, debe proceder a relacionarlo con todos los demás del ordenamiento, excluyendo aquella o aquellas interpretaciones de un enunciado normativo que den lugar a una proposición absurda.
PRINCIPIO DE COHERENCIA INTERNA DEL ORDENAMIENTO/PRINCIPIO DE EFICACIA DEL TEXTO A INTERPRETAR/PRINCIPIO DE COHERENCIA INSTITUCIONAL/ACUERDO-Término para sanción
Aplicando los principios que el Juez Constitucional acepta como necesarios para sustentar un determinado ordenamiento jurídico, entendido como sistema: el principio de coherencia interna del ordenamiento, el principio de eficacia del texto a interpretar y el principio de la coherencia institucional o programática, es viable concluir que la pretensión del legislador al redactar el artículo 79 de la ley 136 de 1994, fue establecer un término para que el Alcalde, una vez informado por el Concejo Municipal de que sus objeciones por inconveniencia respecto de un determinado proyecto de Acuerdo no han sido acogidas por dicha Corporación, proceda, en cumplimiento de las funciones que le son propias, específicamente de aquellas consignadas en los numerales 1 y 6 del artículo 315 de la Carta, a sancionar dicho Acuerdo; ese término, referido al lapso del que dispone el Alcalde para el ejercicio válido de la facultad que le es propia, ha de entenderse como el "límite o extremo en términos de tiempo", que el legislador quiso atribuirle para el efecto. Dado que la expresión "no menor de ocho días", que contiene la norma impugnada, torna el plazo que quiso establecer el legislador en un "término indefinido", ésta, además de atentar contra la armonía y coherencia del ordenamiento jurídico del que hace parte, contradice los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, por lo que ella será declarada inexequible.
ERROR DE ESCRITURA EN NORMA-Inexistencia
No existen objetivamente elementos que permitan concluir el error de escritura, pues al realizar un análisis detallado del proceso de tramitación del proyecto de ley que posteriormente se convirtió en la ley 136 de 1994, ejercicio esencial para determinar la existencia del "lapsus", se constata que dicho "error de escritura" no se dio. El error de escritura en un texto legal, no puede simplemente deducirse de una presunción, pues en tal caso éste como tal se desvirtúa dando paso al supuesto de racionalidad del legislador, que, como se ha dicho, impide interpretaciones absurdas como la que atribuye el actor a la norma que demanda.
Ref.: Expediente No. D-927
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 79 de la Ley 136 de 1994, "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios" y contra el artículo 118 del Decreto 2626 de 1994.
"EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
"Artículo 79.OBJECIONES POR INCONVENIENCIA. Si la plenaria del Concejo rechazare las objeciones por inconveniencia, el Alcalde deberá sancionar el proyecto en un término no menor de ocho (8) días. Si no lo sanciona, el Presidente de la Corporación procederá a sancionarlo y publicarlo."
- Manifiesta, que a través del artículo impugnado, tal como está redactado, el legislador autorizó a los Alcaldes para que éstos, en aquellos eventos en que sus objeciones por inconveniencia a los Acuerdos del Concejo Municipal no sean atendidas positivamente por la respectiva Corporación, puedan, por tiempo indefinido, abstenerse de sancionarlos, pues de acuerdo con el texto de la norma deberán hacerlo en un término "no menor a ocho (8) días".
- Tal disposición, señala, es contraria a las disposiciones del artículo 209 de la Carta, que consagra los principios de moralidad, celeridad, economía eficacia y eficiencia de la Administración Pública; así mismo, restringe las funciones que la Constitución Nacional le otorgó a los Concejos Municipales, contrariando también las disposiciones del artículo 313 de la misma.
- Anota, que tal facultad puede acarrear incluso la parálisis de una determinada administración municipal, pues ella le permite al alcalde intervenir directamente en las atribuciones del Concejo, menoscabándolas y supeditándolas a su voluntad; señala, que aunque no sea lo frecuente, en el evento de que existan "enfrentamientos o desaveniencias de origen político", entre los miembros del Concejo y el Alcalde, el ejercicio de dicha facultad por parte de éste último, en los términos de la norma impugnada, puede ocasionar graves perjuicios a la comunidad.
- Para el Señor Viceprocurador basta una simple lectura del texto acusado, para concluir que al redactarlo el legislador incurrió en un "lapsus cálami", pues, señala, cuando debió utilizar la expresión "no mayor a ocho (8) días, optó por la contraria "no menor a ocho (8) días", error que modifica sustancialmente el sentido del texto, dando origen a interpretaciones como la efectuada por el actor.
- Tal como está redactada la norma, dice, el alcalde puede, según su criterio, manejar el término establecido para proceder a sancionar un proyecto, al cual por lo demás se ha opuesto argumentando razones de incoveniencia, que en su oportunidad no han sido acogidas por el Concejo Municipal, pudiendo, si lo desea, dilatar el trámite regular que debe seguir cada uno de ellos.
- En opinión del Ministerio Público, siguiendo el tenor literal de la norma acusada, sería viable concluir que se trata de un término indefinido, contrario en todo a los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y economía que consagra el artículo 209 de la C.P.; sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en la misma norma se establece que de no hacerlo el Alcalde, le corresponderá al Presidente del Concejo sancionarlo y publicarlo, lo que permite pensar que no era ese el objetivo del legislador.
- La interpretación de la ley, expresa el concepto fiscal, de acuerdo con los preceptos de la misma Carta, ha de ser sistemática e integral, lo que en el caso analizado conduce al interprete a concluir que el objetivo del legislador fue "...fijar un término preciso dentro del cual el alcalde ha de cumplir la función prevista en el numeral 6o. del artículo 315 constitucional, de "sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo'."
- Destaca el Ministerio Público, que corresponde a los alcaldes, en desarrollo de una de sus principales funciones, colaborar con los Concejos Municipales en un escenario cuyas características están definidas en el artículo 209 de la Constitución, esto es, coordinando sus actuaciones y dando estricto cumplimiento a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, todo lo cual se vería desvirtuado, en el caso en cuestión, si se pretende dar una interpretación literal a la norma impugnada.
- Manifiesta, que si se analiza la norma acusada incursa en el "paquete de normas que la acompañan" como parte de la ley 136 de 1994, se hace evidente la intención del legislador de señalar plazos "perentorios y obligatorios" para los diversos trámites de que trata la ley, y especialmente para aquellos relacionados con la presentación y expedición de los Acuerdos por parte del Concejo Municipal; así, a manera de ejemplo, se refiere al término que consagra la citada ley para que el alcalde presente objeciones por inconveniencia; igualmente, al procedimiento en ella establecido para el trámite de objeciones de derecho, las cuales, al igual que las anteriores están sujetas a términos precisos, uno de ellos el que se aplica cuando el respectivo Tribunal, al cual ha sido remitido el proyecto las considere infundadas, caso en el cual el alcalde dispone de tres días para sancionarlo.
- Teniendo como base los anteriores argumentos, para el Ministerio Público no hay duda de que se trata de un "error de escritura" o "lapsus cálami", a cuya definición se remite: "Error de pluma. Se refiere a un error inconsciente e involuntario en la escritura", por lo que solicita a esta Corporación, previa la definición del alcance que se le debe dar a la misma, e impartida la orden a quien corresponda para q ue se corrija el término equivocado, declare la constitucionalidad de la disposición acusada, pues, anota, lo contrario generaría graves traumatismos.
Primera. La competencia y objeto de control
Segunda. La materia demandada.
Todo ordenamiento jurídico presupone una lógica interna que se soporta en el supuesto de la "racionalidad del legislador", supuesto que señala que aquel, en cuanto tal no se contradice, lo que implica que el intérprete debe asumir como "pauta o directriz interpretativa", el carácter sistemático y coherente que se presume del ordenamiento objeto de estudio.
En el caso propuesto, lo que señala el actor es precisamente la absurda interpretación a la que conduce el texto de la norma impugnada, la cual, además de generar unos efectos que contrarían el ordenamiento superior, específicamente el artículo 209 de la C.P., establece un "término indefinido", incurriendo en lo que la filosofía analítica denomina una "paradoja semántica", que se da cuando el sujeto, en este caso el legislador, define él mismo contradictoriamente los términos del enunciado; así, si lo que se proponía el legislador era establecer un plazo, entendido éste como el término o tiempo señalado para una determinada acción, es de plano contradictorio que dicho plazo no fije un límite conocido.
Aplicando los principios que el Juez Constitucional acepta como necesarios para sustentar un determinado ordenamiento jurídico, entendido como sistema: el principio de coherencia interna del ordenamiento; el principio de eficacia del texto a interpretar y el principio de la coherencia institucional o programática, es viable concluir que la pretensión del legislador al redactar el artículo 79 de la ley 136 de 1994, fue establecer un término para que el Alcalde, una vez informado por el Concejo Municipal de que sus objeciones por inconveniencia respecto de un determinado proyecto de Acuerdo no han sido acogidas por dicha Corporación, proceda, en cumplimiento de las funciones que le son propias, específicamente de aquellas consignadas en los numerales 1 y 6 del artículo 315 de la Carta, a sancionar dicho Acuerdo; ese término, referido al lapso del que dispone el Alcalde para el ejercicio válido de la facultad que le es propia, ha de entenderse como el "límite o extremo en términos de tiempo", que el legislador quiso atribuirle para el efecto.
El Ministerio Público basa su defensa de la norma impugnada en la presunción de que en el caso analizado el legislador incurrió en un error de escritura o "lapsus cálami"; sobre tal presunción solicita a esta Corporación declarar exequible dicha norma "...sólo en el entendido de que el término "no menor de ocho días" se lea "no mayor de ocho días"...y ordene a quien corresponda, la corrección del término equivocado".
Tal argumentación es inaceptable para esta Sala, puesto que su función se centra en el análisis objetivo de las normas, de frente al ordenamiento superior, con el objeto de verificar si ellas lo vulneran o no. De otra parte, no existen objetivamente elementos que permitan concluir el error de escritura a que se refiere el concepto del Señor Viceprocurador, pues al realizar un análisis detallado del proceso de tramitación del proyecto de ley que posteriormente se convirtió en la ley 136 de 1994, ejercicio esencial para determinar la existencia del "lapsus", al cual hace referencia el Ministerio Público, se constata que dicho "error de escritura" no se dio.
En efecto, en el proyecto inicial, que se radicó en la Cámara de Representantes con el No. 065 y que se público en la Gaceta del Congreso No. 66 del 15 de septiembre de 1992, no se establecía ningún término específico para que el Alcalde procediera a la sanción de aquellos acuerdos que hubiere objetado por razones de inconveniencia, cuando éstas no fueran acogidas por el Concejo; así el artículo 23 se refería de manera general a las objeciones en los siguientes términos:
"Artículo 23. Objeciones. El alcalde puede objetar los proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley o las ordenanzas, dentro de los términos que se señalan a continuación.
Si el Concejo entrare en receso dentro de esos términos, el alcalde está en la obligación de convocarlo dentro de la semana siguiente a la fecha de las objeciones para que conozca de las mismas. Este período de sesiones no podrá ser superior a cinco días."
El 12 de noviembre de 1992, se publicó en la Gaceta del Congreso No. 154 la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes y el respectivo pliego de modificaciones al proyecto de ley No.065; en dicho pliego, en lo relativo al artículo 23 del proyecto, el ponente tan sólo introduce dos modificaciones: la sustitución de un término por otro sinónimo y la inversión de dos términos en la construcción de una frase, que en nada afectan la propuesta inicial.
El 15 de marzo de 1993, en la Gaceta del Congreso No.35, se publicó el texto definitivo del proyecto 065 de 1992, aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, cuyo artículo 63 reproduce el texto aprobado en primer debate en dicha Corporación.
El 26 de mayo de 1993, en la Gaceta del Congreso No. 154, se publica el texto definitivo aprobado por la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 065, Cámara; el artículo 66 de dicho texto, relativo a las objeciones, mantiene la redacción aprobada en la Comisión Primera y agrega lo relacionado con el procedimiento a seguir cuando las objeciones de derecho hayan sido rechazadas por el Concejo Municipal.
El 16 de noviembre de 1993 en la Gaceta del Congreso No. 396, se publicó la ponencia para primer debate en el Senado "al Proyecto de Ley No. 065/92, Cámara y 331/93, Senado", y el correspondiente pliego de modificaciones, el cual introduce como un artículo nuevo el siguiente:
"Artículo nuevo. Objeciones por inconveniencia. Si la plenaria del Concejo rechazare las objeciones por inconveniencia, el alcalde deberá sancionar el proyecto en un término no menor de ocho (8) días. Si no lo sanciona el presidente de la Corporación procederá a sancionarlo y publicarlo."
Declarar EXEQUIBLE el artículo 79 de la ley 136 de 1994, salvo la expresión "no menor" que se declara inexequible.
Exequible salvo la expresión ... Artículo 79 LEY_136_1994_02/06/1994
Aclaración De Voto a la Sentencia No. C-112/96
PRESUNCION DE RACIONALIDAD DEL LEGISLADOR-Improcedencia/ACUERDO-Indeterminación de fecha para sanción (Aclaración de voto)
Comparto plenamente la decisión adoptada por la Corte, pero estimo innecesaria y muy discutible la referencia que se hace en el fallo a la presunción de "racionalidad del legislador". La inexequibilidad provino no de la presunción de racionalidad del legislador sino -por el contrario- de la verificación inmediata y directa de su palmario error, que en este caso, en cuanto hizo indefinido un término que a la luz de la Carta ha debido ser legalmente fijado como máximo, vulneró sus principios.
Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996).
Comparto plenamente la decisión adoptada por la Corte, pero estimo innecesaria y muy discutible la referencia que se hace en el fallo a la presunción de "racionalidad del legislador".
Según el texto de la sentencia, tal presunción implica que el intérprete "debe asumir como pauta o directriz interpretativa" el carácter sistemático y coherente del ordenamiento objeto de estudio, pues el legislador, en cuanto tal, "no se contradice".
La inexequibilidad provino no de la presunción de racionalidad del legislador sino -por el contrario- de la verificación inmediata y directa de su palmario error, que en este caso, en cuanto hizo indefinido un término que a la luz de la Carta ha debido ser legalmente fijado como máximo, vulneró sus principios.

References: artículo 79
 artículo 315
 artículo 209
 artículo 79
 artículo 118
 artículo 79
 artículo 118
 artículo 79
 artículo 315
 artículo 209
 artículo 79
 artículo 118
 artículo 209
 artículo 313
 artículo 209
 artículo 315
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 79
 artículo 315
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 63
 artículo 66
 artículo 79
 Artículo 79