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Hacia el mandato participativo | Sistema en Crisis
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El mandato participativo →
Publicado el enero 20, 2014	por Badayork
Encontramos en la web del Congreso de los Diputados una sinopsis del artículo 67 de la Constitución Española de 1978 realizada por Manuel Alba Navarro, Letrado de las Cortes Generales, en diciembre de 2003. Reproducimos parte de la sinopsis para analizarla:
“III. La prohibición del mandato imperativo
1. La regla contenida en el art. 67.2, por la cual se prohíbe el mandato imperativo para los miembros de las Cortes Generales, es, sin duda, la más trascendente de las contenidas en el art. 67.
Se trata de la respuesta a una de las exigencias estructurales vinculadas al corazón mismo de los Estados constitucionales tal y como estos surgen frente al Estado absoluto que les precedió. En el régimen preconstitucional la relación representativa estaba fundamentada en el modelo de base iusprivatista por el cual el representante recibía un mandato cerrado, lo cual hacía del mismo más un apoderado con instrucciones tasadas y no interpretables que un auténtico representante.”
Análisis de la cuestión coyuntural previa
En la actualidad, la prohibición del mandato imperativo parece inexplicable para muchos sin su encaje histórico: el poder del absolutismo terminó parcialmente desconcentrado, dando lugar a cámaras formadas por un grupo de individuos facultados para tomar las decisiones, ejerciendo de forma colectiva lo que le correspondía hasta entonces a los reyes: la soberanía. Esa transición no hubiera tenido éxito sin un momento intermedio crucial, en el que los individuos de las cámaras basaron su legitimidad en el conjunto de individuos que componían aquella sociedad, participando todos en la toma de decisiones en práctica igualdad durante un breve espacio de tiempo (como señalan las teorías clásicas del poder constituyente, analizadas las revoluciones).
Se produjo momentáneamente una desconcentración casi total del poder seguida, inmediatamente, de un repliegue o concentración parcial del mismo en los representantes. La sociedad fue el legislador primigenio inicialmente, pasando más tarde a ostentar la soberanía, convertida ésta en una capacidad abstracta que se traduce en la práctica en designar a representantes que tomen las decisiones en base a la figura del mandato que devino en representativo.
Francisco Jurado (@sunotissima) reflexiona sobre cómo fueron transformando el mandato en el ámbito político y su significado actual:
“El monopolio de la acción política institucional ha provocado una anomalía irritante de la lógica jurídica de la representación. En derecho, el mandato (también el político) se compone de dos partes: el mandante, que encarga un trabajo o servicio al mandatario, que debe realizarlo en los términos previstos en el contrato por el que se vinculan. Cuando en televisión escuchamos hablar de tal o cual mandatario, tenemos la sensación de que es una persona con poder, que manda, pero ese error es consecuencia de este monopolio, no de su configuración jurídica. Los mandatarios (cargos electos) deben someterse a los mandantes (electores) en los términos del contrato por el que se vinculan (legislación más programa electoral).
Pero el mandato representativo ha dejado de tener el sentido por el que se creó. Ha pasado a ser la excusa formal para el ejercicio del poder y la supremacía de aquéllos que detentan la Soberanía en beneficio propio, ignorando las obligaciones del contrato que asumen como representantes de los ciudadanos de un estado.”
Como consecuencia de este devenir, cabe destacar que la configuración del poder liberado inicialmente a toda la sociedad de forma revolucionaria y concentrado más tarde en cámaras ocupadas por individuos elegidos, encontraba su fundamento además en cuestiones pragmáticas y de eficiencia que pueden resumirse en imposibilidades de espacio físico que dé cabida a toda la sociedad y a tantas opiniones como individuos la componen e imposibilidades de tiempo material para tomar todas las decisiones entre todos. Tales fundamentos, basados en impedimentos de aquella época (solventados hoy en su mayor parte gracias a internet y a los avances tecnológicos dentro de la red), también fueron utilizados por los habitantes de aquellas cámaras para completar el proceso de transición del absolutismo hacia el constitucionalismo, consolidando al parlamento como cámara de representación legítima de la sociedad y de sus intereses. Finalmente viciaron aquellos fundamentos, cerrando el poder dentro de las cámaras y blindándolo a cambio de los consensos de mínimos: constituciones que con las décadas se convierten, a causa de la rigidez de sus mecanismos de reforma, en auténticos obstáculos evolutivos en lugar de elementos facilitadores de un incremento progresivo de la participación ciudadana en busca de consensos sociales siguientes.
Así, las constituciones aparecen pervertidas por quienes detentan el poder, convertidas en cartas de concesiones públicas susceptibles de vicios y aplicaciones restrictivas en lugar de extensivas de derechos. Se pasó de la situación revolucionaria inicial, en la que todos los individuos eran ciudadanos empoderados en práctica igualdad política, a un trueque entre los ciudadanos y los representantes. Este trueque supuso la cesión del poder de la ciudadanía a cambio de unos mínimos a garantizar por los representantes (los contenidos en las constituciones) que lleva a la configuración sociopolítica actual, en la que los ciudadanos inicialmente empoderados que se convirtieron en representantes pasan a ser apoderados y los ciudadanos inicialmente empoderados que se convirtieron en representados pasan a ser desapoderados.
La sinopsis del artículo 67 en la web del Congreso continúa:
“Este modelo del mandato imperativo instrumentado por ejemplo en los célebres cáhiers doleance franceses, impedía claramente el ejercicio de una acción representativa digna de tal nombre y llevaba a que las reuniones de las Asambleas absolutas (estamentales, además) fuesen más una reunión inconexa de delegados, que la auténtica sesión de un órgano unitario. Por otra parte, el conocimiento previo del mandato otorgado a los procuradores permitía a monarcas poco escrupulosos la compulsión (incluso física) sobre el representante.
Por ello los teóricos liberales y los revolucionarios que ponen en práctica aquellas doctrinas convierten la supresión del mandato imperativo en auténtico banderín de enganche de los nuevos tiempos. La explicación es lógica. Ya no hay un mero agregado de delegados inconexos. Ha surgido un nuevo sujeto: la Nación y es ésta quien, como titular de la soberanía dicta la verdadera voluntad del Estado. Siendo así, no hay una voluntad previa preconstituida o preexistente a la propia de la Nación. Los representantes con su debate, deliberación y votación, contribuyen a configurar la voluntad nacional, pero no en función de los concretos intereses de sus electores y, menos aún, en calidad de mandatarios, sino como miembros del Parlamento Nacional, auténtica expresión de la nueva soberanía.”
La nación como abstracción disociable de la sociedad
Queda reflejada la prohibición del mandato imperativo como consecuencia del nacionalismo conceptual, que detrae el poder de la unión de todas las personas físicas que componen la sociedad para concedérselo a una personalidad jurídica nueva, abstracta y disociada: la nación. Es entonces cuando aparece el gran problema que nos lleva a la actual suplantación de la voluntad popular por los intereses particulares de grupos que detentan el poder; la aplicación restrictiva de las concesiones públicas otorgadas a la sociedad unida al ente político ficticio “nación” atenaza a la ciudadanía: de un lado, con el voto cada cuatro años como carta blanca legitimadora incluso de intervenciones armadas en el extranjero y depauperación de lo público y de los derechos sociales y, de otro, con un tratamiento deliberadamente impreciso del interés general.
Cuando el modelo representativo busca determinar el interés general con respecto de cualquier tema, realiza tal cálculo bien en base a estimaciones y a sondeos parciales (que por aproximación pueden llegar a coincidir en ocasiones con el interés general real) o bien en base a suposiciones, suplantaciones de éste por el interés del partido o de su cúpula y haciendo cábalas electorales.
En realidad, el interés general es la cristalización de la voluntad general con respecto a una materia concreta, siendo interés general y voluntad general conceptos jurídicos indeterminados cuyo mecanismo empírico de determinación es el voto. Una vez la comunidad manifiesta la voluntad general votando, queda claro qué es de interés general y qué no lo es. No sólo es la mejor manera de conocer estos extremos, también es la máxima expresión de igualdad política real. Sustituirla por mecanismos de representación supone una distorsión de ambos conceptos, de su método científico de cálculo y de los resultados, que chocarán con la realidad al pasar por alto buena parte de ella o de sus matices.
El voto define los intereses en conflicto, al quedar confrontados y las fuerzas en tensión calibradas. En la situación actual, participar en las medidas para salir de la crisis votándolas no serviría sólo para evitar que muchas salieran adelante, sino también para aceptar aquellas que salieran adelante como decididas entre todos. En estos temas, es mejor guisarnos lo que nos estamos comiendo a que nos lo guise gente que ni siquiera se lo va a comer. Como esto no lo ha votado nadie, estamos indignados.
El hecho de poder participar en la toma de decisiones en igualdad es lo que legitima todo el modelo y las opciones tomadas finalmente ya que, aunque uno difiera de ellas, las reconocerá como justas por eso mismo.
Volviendo al lejano primer momento revolucionario, en él la voluntad general revelaba su verdadera naturaleza de concepto jurídico indeterminado, noción desconocida empíricamente a priori, pero determinable por votación. Después pierde su consideración, peso y tratamiento iniciales; se elimina su naturaleza concreta y puntual y se da lugar, primero, a una concepción “delegante” de la voluntad general para perfeccionar, finalmente, la extracción a la sociedad de su soberanía, reduciéndola a un acto cada X años.
En la actualidad, la voluntad popular queda suplantada a través de un programa electoral que los ciudadanos votan por proximidad con la opinión de cada votante y del que luego se darán por sobreentendidas, hasta el punto de no necesitar consulta, cuestiones de toda índole. La quiebra total de la legitimación del modelo reside en la naturaleza no vinculante del programa electoral, cuyo cumplimiento o incumplimiento no está tasado, de modo que puedan derivarse consecuencias y responsabilidades no sólo políticas, sino penales y civiles por alejarse de su contenido de forma deliberada y no guardando la responsabilidad y diligencia presumible y exigible a quien desempeña un cargo público. El mandato representativo se ha convertido a la práctica en un “todo vale” durante la legislatura, desprovisto de mecanismos de fiscalización, control, rendición de cuentas o depuración de responsabilidades derivadas de la gestión por parte de la ciudadanía ni durante ni después de la legislatura (salvo flagrante delito y mediante suplicatorio a la cámara).
La sinopsis del artículo 67 en la web del Congreso prosigue:
“La consecuencia lógica no se hace esperar: La prohibición del mandato imperativo va acompañada de la configuración de los votantes como cuerpo electoral cuya tarea es elegir a la Cámara pero cuya voluntad no puede predeterminar en modo alguno la libre voluntad del representante. Aún más, la firme convicción del liberalismo de que el libre debate en el Parlamento es la conditio sine qua non para la adopción de una decisión coherente con el interés nacional exige la más absoluta libertad del representante, que en modo alguno puede verse coartada por aprioris o mandatos esencialmente perturbadores.”
Queda patente la diferencia entre la “voluntad de la gente” y la “voluntad de la cámara”, con mecanismos que actualmente permiten la suplantación de la voluntad general por ésta última y, en muy pocos casos, la identificación fáctica con la primera. Se completa así la extracción de poder a los ciudadanos por parte de los representantes, dando lugar a la “clase política”: un estrato diferenciado de la gente, capaz de gobernarla en favor de sus propios intereses particulares y con la facultad de identificarlos con los de la sociedad, suplantándolos y resolviendo la ecuación “gobernar en beneficio propio y haciendo que parezca en beneficio de todos”, a la que el absolutismo fue incapaz de dar respuesta.
Igualmente, se ponen de manifiesto las fallas del mandato imperativo en favor del representativo, siendo ambos incapaces de llegar a una correcta conjunción entre el necesario debate parlamentario con un margen de discrecionalidad y que la voluntad popular (los intereses y las opiniones de la gente) no se quede por el camino en ese debate. Cabe destacar la ausencia de garantías para la subsistencia de la voluntad popular en el parlamento, siendo ésta sistemáticamente pervertida, intuida o ilegítimamente descartada.
A continuación, en la sinopsis del artículo 67 de la web del Congreso se indica:
“2. Esta concepción, que en buena parte llega hasta nuestros días (bien que sometida a profundas críticas como luego se verá), tiene en nuestro sistema constitucional tres claros elementos de referencia:
2.1. El pueblo español es el titular de la soberanía nacional y de él emanan todos los poderes (art. 1.2)
2.2. Son las Cortes Generales quienes representan al pueblo español (art. 66.1) y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
2.3. Como consecuencia de lo anterior, la relación representativa que cada diputado o senador como miembros de las Cortes Generales tiene, proviene de sus electores, pero en el ejercicio de su función representativa no cabe la imposición de ninguna mediación ni de carácter territorial ni de carácter partidario. De ahí la prohibición del mandato imperativo.
2.4. Además el ejercicio de esta función representativa pone en juego en última instancia y tal como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional (STC 24/1990), el desempeño del derecho de sufragio pasivo contemplado en el artículo 23.2 de la Constitución e, incluso, de manera refleja el propio sufragio activo del art. 23.1.”
El ciudadano como pródigo político necesitado de tutela representativa
Aparece el concepto de “soberanía nacional”, que sería para la ciudadanía la capacidad jurídica-política (ser sujeto de derechos y obligaciones políticas de forma total, igual e inmutable), mientras la “voluntad popular” (general) sería la capacidad de obrar-política (poder colectivo para realizar actos jurídicos-políticos civiles eficaces y constituir, modificar, o extinguir relaciones públicas), adquiriendo la primera al nacer y obteniendo la segunda plenamente con la mayoría de edad (derecho de sufragio).
Pues bien, aplicando la analogía con respecto a lo que sería la capacidad de obrar-política, actualmente los ciudadanos son tratados por los representantes como si fueran incapacitados o pródigos políticos, como individuos no preparados para expresar la voluntad general más que una vez cada cuatro años y de forma mediata, necesitados de grupos políticos que decidan por ellos. De ese trato deriva que los representantes serían curadores que tutelan políticamente a los ciudadanos, que les guían y deciden por ellos. Este argumento inspira de forma más expresa y activa a los partidos de la derecha y de forma más tácita y pasiva a los de la izquierda, pero todo el espectro coincide en que los ciudadanos no pueden hacer efectiva la concreción de la voluntad general mucho más allá de lo ilegítimamente tasado. Todos los partidos del arco parlamentario actual buscan perpetuar la representación política (de acuerdo con los fundamentos esgrimidos muchas veces sobre estos extremos por parte de quienes ocupan escaños) para poder guiar a lo que parecen considerar una muchedumbre lega, maleable, presa fácil del populismo y de la decisión visceral, susceptible de llevar al país a la hecatombe política, a la anarquía destructiva o al totalitarismo si el sistema incorporara más participación ciudadana.
Ningún partido político rompe una lanza en favor de la gente y de su madurez política; todos piden el voto del ciudadano para terceros instalados en la clase política, ninguno pide el voto del ciudadano para la ciudadanía. Pero lo cierto es que los ciudadanos son los únicos realmente legitimados para tomar muchas de las decisiones de Estado; por un lado, negarles la posibilidad de participar en política y en la vida pública es inconstitucional y, por otro, entender la política y la vida pública desde el punto de vista del derecho de sufragio activo como una ocasión cada cuatro años no sólo constituye una interpretación extremadamente restrictiva, sino que es un secuestro político (artículos 9.2 y 23 de la Constitución).
Ningún partido político en el Congreso de los Diputados parece considerar a los ciudadanos actualmente como sujetos con capacidad de obrar-política plena; si lo hicieran no apostarían por modelos de gobierno representativo sino por la democracia participativa, método de concreción de la voluntad general. Hacerlo supondría admitir que, si alguien tiene derecho a equivocarse, es la gente, al ser quienes detentan la soberanía nacional y los únicos capaces de expresar la voluntad popular, conjuntamente. Y admitirlo supondría, además de admitir la posibilidad de errar a la sociedad, la posibilidad de rectificar de la sociedad, en lugar de apostar por una tutela política en la que unos cuantos, que dicen saber qué es lo mejor para todos, cometen errores que repercuten sobre el resto.
No se entienda la frase anterior como una petición de perfección política, no dando margen de error a los representantes (ya que se aplica también a aquellos representantes intachables cuya vida política ha sido un triunfo continuo y una apuesta por lo social), sino como un ejercicio de responsabilidad ciudadana: es deber de los ciudadanos tomar muchas de las decisiones que, a día de hoy, están siendo tomadas por los representantes. No les corresponde a unos pocos, por muy “buenas personas” o muy buenos políticos que sean (o por mucho que sepan), decidir por los demás en temas en los que la voluntad popular no es intuible ni presumible sin comprobación empírica; es a los ciudadanos de forma colectiva a quienes les corresponde determinar el destino de sí mismos en muchos asuntos concretos. Los ciudadanos tienen capacidad de obrar plena y no necesitan ningún tutor ni curador en política.
La sinopsis en la web del Congreso, tras apuntar que la titularidad del poder reside en la ciudadanía, abre juego a la representación y, una vez más, alude al debate entre mandatos representativo e imperativo, del que derivan restricciones que convierten a los ciudadanos en consumidores políticos, destinatarios finales del producto ideológico que venden las empresas políticas (que son los partidos). Se hace referencia a Jurisprudencia del Tribunal Constitucional para interpretar esa dicotomía entre mandatos representativo e imperativo, profundizando en el juego de pros y contras que parece sustentar el binomio cerrado sin considerar posiciones intermedias. A continuación, en la sinopsis, se realiza una crítica al sistema de partidos actual:
“3. El esquema constitucional así configurado parece coherente. Y de hecho lo sería si las circunstancias ambientales y sociales a las que se aplica fuesen las de dos siglos atrás. Sin embargo, si esto fue cierto en algún momento del liberalismo más clásico e incipiente es evidente que ha dejado de serlo no ya en los albores del siglo XXI sino bastante antes.
En efecto, la superposición de este modelo teórico y constitucional a una realidad política que tiene su manifestación más evidente en la muy acuñada expresión de “Estado de Partidos” obliga a una reflexión mucho más honda y delicada que la que podría desprenderse de un superficial análisis lingüístico.
Si en un primer momento del constitucionalismo la prohibición del mandato imperativo libraba o desvinculaba al representante de sus votantes o electores, está claro que el problema hoy no se produce respecto de éstos sino respecto de los partidos políticos a los que no sólo pertenecen normalmente los electos sino a través de los cuales deben encauzar sus pretensiones si quieren resultar efectivamente electos. En un mundo donde los partidos políticos están directamente constitucionalizados (art. 6 CE), discutir su existencia y funcionalidad parece banal e incluso contradictorio con el propio principio del pluralismo político (art. 1.1), base del sistema democrático.
La presencia ubicua de los partidos políticos alcanza rango de primer orden en la normativa electoral. Son los partidos quienes seleccionan y presentan a los candidatos, quienes los representan ante la autoridad electoral, quienes financian las campañas electorales, quienes vigilan la limpieza del proceso y, también, quienes deciden el relevante dato del orden de las listas, aspecto trascendente cuando el sistema electoral es, (como el español) cerrado y bloqueado.
Esta posición tan evidente, y predominante de los partidos políticos lleva siempre a éstos a tener una cierta concepción de mandato imperativo respecto de sus electos. El Tribunal Constitucional español tuvo que intervenir desde un primer momento recordando la prohibición del mandato imperativo contenida en el artículo 67 y, por ende, que el art. 23.2 garantizaba que “…el cese en el cargo público representativo al que se accede en virtud de sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores, y eventualmente a la del elegido” (STC 5/1983, reiterada entre otras en SSTTCC 20/1983; 28/1983; 29/1983 y 167/1991).
Esta aseveración se complementa con el hecho de que el derecho contenido en el art. 23.2 CE “…garantiza, no sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas y los ejerciten de conformidad con lo que la ley disponga” (STC 32/1985).
Así las cosas y por la vía indirecta del art. 23.2 la prohibición contenida en el art. 67.2 queda garantizada respecto de los partidos políticos.
Sucede, sin embargo, que ni los partidos políticos son una realidad extra o anticonstitucional (más bien todo lo contrario), ni es fácil explicar en términos de lógica y de opinión pública que la pertenencia de los candidatos y electos a los partidos políticos esté excluida de cualquier tipo de efectos.
Para que la representación exista, para que funcione, el ciudadano tiene que verse “representado”, o “reconocerse” en la acción del representante públicamente percibido. Ello origina una relación de confianza que puede quebrarse cuando la actuación del representante rompe esta “representación” o confianza. Señalando ejemplo de esta posibilidad es el fenómeno denominado como “transfuguismo”-
Esta realidad ha originado una matización evidente en la línea general de la jurisprudencia constitucional. De esta manera: “pocas dudas pueden albergarse respecto de la necesidad de que los gestores públicos gocen de la confianza y del respeto de la gente” (STC 151/1999).
El propio Tribunal Constitucional, que recoge la supremacía en nuestro texto constitucional del mandato representativo, recuerda que: “… no es teóricamente inimaginable un sistema de democracia mediática o indirecta en la que los representantes están vinculados al mandato imperativo de los representados…” (STC 10/1983). Es cierto que esta jurisprudencia es interpretable, más que nada en términos de constitutione ferenda, pero sirve para poner de relieve que existe algo más entre el elector y el electo: el partido o formación política.
No parece ocioso a estos efectos recordar que la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de Partidos Políticos recoge en su art. 8 como obligación de los afiliados la de aceptar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido.
Las formaciones políticas concurren a los comicios con un programa electoral, una oferta a los ciudadanos. Hasta qué punto esta oferta vincula a los electos es algo que la jurisprudencia ha tenido que plantearse ya desde la STC 10/1983. Como se ha ocupado de señalar la STC 119/1990: “…quienes han sido elegidos para el desempeño de funciones representativas (…) han solicitado y obtenido el voto de los electores para orientar su actuación pública dentro del marco constitucional en un sentido determinado (…) Los Diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito (…) La fidelidad a este compromiso político, que ninguna relación quarda con la obligación derivada de un supuesto mandato imperativo, ni excluye, obviamente el deber de sujeción a la Constitución que ésta misma impone en su art. 9.1, ni puede ser desconocida ni obstaculizada”.
En resumen, también en la STC 27/2000, el Tribunal Constitucional ha admitido que la voluntad de los electores nucleada en torno a un programa electoral afectado por una fuerza política durante unos comicios tiene y debe tener relevancia constitucional.
Esta reflexión debe ser extraída también del papel condicionante que supone la existencia de un determinado sistema electoral, lo que ha llevado al Alto Tribunal a indicar que: “…en un sistema de listas como el vigente en nuestro ordenamiento electoral, no cabe hablar de votos recibidos por candidatos singularmente considerados, sino, con relación a éstos, de cocientes…” (STC 75/1985). Más tajantemente la STC 31/1993 señala que “…los votos de los ciudadanos en las elecciones municipales son a listas presentadas por partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de lectores …”
En resumidos términos, la clara opción del constituyente por prohibir el mandato imperativo, con todo lo que de positivo tiene, requiere hoy en día una reconstrucción teórica que sirva para integrar en la relación representativa aquellas realidades que operan indudablemente en la misma y cuyo olvido o abstracción comportan el serio peligro de alejar a los ciudadanos y, en definitiva, al pueblo de la propia participación democrática.”
Mandato imperativo tácito: disciplina de voto y compromisos adquiridos con cúpula y bases
En la crítica a los partidos políticos como agentes capaces de influir de manera imperativa mediata o remota en los representantes y su blindaje a través de la interpretación constitucional que da la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, encontramos incongruencias en la práctica como la disciplina de voto o de partido, la configuración de las listas cerradas, el transfuguismo y toda una retahíla de argumentos que nos llevan a la conclusión de que los partidos políticos, actualmente, son entes sin necesidad de una democratización interna que les obligue a apostar por la participación progresiva de la ciudadanía en la política de forma amplia y en igualdad de condiciones, constituyéndose más bien en barreras de entrada que en catalizadores de la acción política de la ciudadanía. Así, se han convertido en los protagonistas de la privatización de la actividad política, dirigida a través de cúpulas que ejercen presión sobre representantes, militantes y opinión pública, al igual que se alude a la posibilidad del representante vinculado imperativamentea sus electores o a los militantes de su partido, no a toda la sociedad.
En la actualidad, el transfuguismo político es un fenómeno que se reinventa constantemente. Entendido como la “acción de los representantes que, traicionando a sus compañeros de lista o de grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política bajo la que concurrieron en las correspondientes elecciones-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad. A menudo el transfuguismo tiene lugar por motivos ilegales, inconfesables y socialmente inaceptables, más que ideológicos”, encontramos actualmente notorios ejercicios de transfuguismo en la actividad de todo el Gobierno del Partido Popular, que incumple el programa electoral del PP, habiendo sido éste el manifiesto en el que la ciudadanía vio reflejados sus intereses y por lo que la voluntad popular se decantó a favor en las elecciones. El Gobierno del PP obedece a intereses distintos del PP y de la ciudadanía, siendo tránsfugas que parecen haber pasado a seguir la disciplina de voto impuesta por control remoto por el partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania o de grupos financieros internacionales, a juzgar por las agendas y programas que sí están cumpliendo.
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=67&tipo=2
http://senti2comunes.wordpress.com/
http://wiki.15m.cc/wiki/Reforma13
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsfuga
7 respuestas a Hacia el mandato participativo
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enero 20, 2014 en 3:52 pm
Bueno eso de que el poder constituyente se liberó en las ”revoluciones liberales” da para mucho debate. A los Sans-Cullotes, los pobres y demócratas que eran mayoría y que apostaban por el mandato imperativo los vencieron los Girondinos, por lo que se implantó el mandato representativo.
jlmurillop dijo:
enero 20, 2014 en 10:16 pm
Cierto. Si me hubiera extendido en el análisis de las revoluciones, habría entrado a matizar varios temas fuera del principal… pero ya me estaba extendiendo demasiado.
hackbogado dijo:
enero 21, 2014 en 3:35 am
Yo lo he entendido como esos momentos minúsculos y maravillosos en que en el caos de una revolución no manda nadie y mandan todos.
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