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Timestamp: 2018-06-23 23:08:54+00:00

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Edición N° 1051
Magistrado alcanzó lista con 15 nombres al Ministerio del Interior al pedir garantías de seguridad.
El 27 de enero el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo llegó hasta la Reserva Ecológica de Chaparrí, donde constató el avance de los invasores de tierras sobre el área de conservación. Horas después sus familiares recibieron una amenaza directa, por lo que se ha visto obligado a pedir garantías al Ministerio del Interior.
Ese mismo día Rodríguez Tineo encabezó una audiencia pública en la Corte de Justicia de Lambayeque, solicitada por los comuneros de Chongoyape, en la que se dieron a conocer una serie de hechos irregulares en la actuación de fiscales, jueces, agentes de la Policía Nacional del Perú y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, frente a la invasión de la reserva y el asesinato del líder local Napoleón Tarrillo Astonitas, sucedido en el último día del 2017.
“Convoqué a la audiencia para conocer qué es lo que estaba pasando en Chaparrí y después realizamos la visita con el señor prefecto, Rafael Aita; la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez; el presidente de la Corte de Lambayeque, Aldo Zapata, y el congresista Marvin Palma. Verificamos que se habían producido dos incendios por mano dolosa, no por acción de la naturaleza, y constatamos que se tienen más de mil hectáreas lotizadas, prácticamente medidas”, comentó Rodríguez Tineo el fin de semana.
Según detalló, el trasfondo de la invasión es la posterior venta de las tierras. Chaparrí posee más de 34 mil hectáreas destinadas a la conservación natural.
Actualmente una hectárea de territorio sin irrigación tiene un valor de cinco mil dólares y lo particular a Chaparrí es que parte de la reserva sería afectada por la construcción de la represa La Montería, obra que promueve el Gobierno Regional de Lambayeque y que está considerada en el Plan Hidráulico, lo que pone a disposición el recurso hídrico para la irrigación, con lo que el valor por hectárea se incrementaría hasta los 30 mil dólares.
“Eso explica el porqué los traficantes de tierras han puesto los ojos en Chaparrpí, donde mataron al asesinato del teniente gobernador Napoleón Tarrillo y también en Salas, donde ha habido dos muertos”, señaló.
Según reveló el presidente del Poder Judicial, el sábado 27 de enero en horas de la noche, tres sujetos se constituyeron a bordo de una unidad móvil hasta la vivienda de su hermano, ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde dejaron una amenaza contra su integridad, mencionando directamente al caso Chaparrí.
“A eso de las 9:00 de la noche, a Moshoqueque, donde vive un hermano mío, quien tiene una pequeña tienda comercial, llegaron tres sujetos. Preguntaron por mi hermano y le dejaron expresamente una advertencia que más o menos diría lo siguiente: ‘Díganle al señor Duberlí Rodríguez que esto es una advertencia de Chaparrí’. Habían llegado en un vehículo motorizado, de esos antiguos que se usan para hacer colectivo. Han sido tres personas, obviamente desconocidas, y se han atrevido a amenazar de muerte al propio presidente del Poder Judicial”, aseveró.
Para el magistrado, “el crimen organizado no solo está en los asaltos de bancos y la corrupción, también en el tráfico de tierras por los intereses económicos”.
“He tenido que pedir garantías al Ministerio del Interior, tanto en Lima como aquí en Chiclayo, porque mi casa está acá. Tengo un hijo que vive acá. Estas garantías ya han sido concedidas y yo también le acabo de hacer entrega al Ministerio del Interior una relación de más o menos 15 personas que son las que han estado siendo investigadas por las invasiones de tierras, para que se les advierta que si algo le pasa a alguien de mi familia o a mí, ellos serán responsables de esa situación. No podemos permitir que el crimen organizado y los invasores de tierra que quieren desaparecer Chaparrí se atrevan a amenazar a la autoridad máxima de un poder del Estado. Si eso lo hacen conmigo mañana lo harán con el propio presidente de la República”, sostuvo.
Por otro lado, el presidente del Poder Judicial negó que desde su intervención en el caso Chaparrí haya recibido algún tipo de presiones de grupos económicos o políticas.
“Tengan en cuenta que los invasores de Chaparrí no están solamente ahí, están también en Salas y por qué en Salas, porque hay tierras que van a beneficiarse con el Proyecto de Irrigación Olmos. La comunidad lambayecana tiene que estar advertida de que tenemos una nueva modalidad de crimen organizado dedicado al tráfico de tierras”, acotó.
VÍNCULOS A INVESTIGAR
En la lista alcanzada por el Rodríguez Tineo al Ministerio del Interior aparecen integrantes de la familia Cruzado Carranza, implicados en la invasión de tierras en Salas y quienes también estarían detrás de la muerte de Napoleón Tarrillo. Hasta el momento son los únicos acusados ante el Ministerio Público.
“Espero que la fiscalía pueda seguir investigando y dé con los integrantes de estas organizaciones. Obviamente no se trata de solo una familia, sino de un grupo de personas al que se debe identificar”, añadió.
Finalmente, el presidente del Poder Judicial salió en defensa de la expresidente de la Corte de Superior de Justicia de Lambayeque, Ana Salés del Castillo, quien según algunos comuneros tendría a familiares vinculados a la invasión de tierras en Chaparrí.
Duberlí Rodríguez negó de manera contundente que la magistrada tenga alguna relación con la usurpación de la propiedad comunal en Chongoyape.
“Descarto esa posibilidad porque conozco a la doctora Anita Salés del Castillo, conozco de su integridad y el hecho que un primo hermano de ella esté en una seudo directiva de la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape no la compromete a ella como se ha venido mencionando”, enfatizo.
Para la Defensoría del Pueblo, el caso de Chaparrí se ha convertido en un conflicto social.
Desde el 2014 los comuneros de Chongoyape denuncian atentados contra la reserva ecológica.
DUBERLÍ RODRÍGUEZ SE RATIFICA EN DEFENSA DE CHAPARRÍ: MAFIA DE TRÁFICO DE TIERRAS AMENAZA AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
El martes de esta semana el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, inauguró dos Juzgados Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque en medio de un clima de alta expectativa por los aportes que estos darán a la lucha contra el serio problema de la administración pública. Para el funcionamiento de los nuevos órganos jurisdiccionales semanas antes la Corte de Lambayeque convocó a un proceso de contratación de trabajadores, el mismo que se habría realizado – paradójicamente - incumpliendo lo normado a nivel nacional.
El funcionamiento de los nuevos juzgados empezó el 1 de marzo conforme a lo dispuesto por la Resolución Administrativa N° 001-2018-CE-PJ, emitida el 10 de enero pasado. Para tal efecto se resolvió la contratación de 12 trabajadores, lanzando una convocatoria a “estudiantes, egresados y abogados para que presenten su hoja de vida, debidamente documentada, a la oficina de Presidencia”, donde despacha el titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque Aldo Zapata López.
La recepción de los documentos de los postulantes estuvo vigente hasta el lunes 12 de febrero. Quienes quedaban seleccionados serían contratados bajo la modalidad CAS.
La Corte de Lambayeque requirió de abogados para el cargo de Especialista Judicial de Juzgado, quienes debían tener una experiencia no menor de dos años en labores similares, tener diplomados o cursos sobre el Nuevo Código Procesal Penal, haber asistido a cursos, seminarios, congresos, talleres u otras actividades referidas a la misma temática y contar con formación acreditada en ofimática. Cada especialista recibirá una remuneración de dos mil 972 soles mensuales.
Los mismos requisitos se pidieron para los interesados en trabajar como Especialistas de Audiencias.
En el caso del Asistente Jurisdiccional se requería de iguales condiciones a excepción de ser abogado titulado. Bastaba con que el postulante acreditara estudios de Derecho hasta el octavo ciclo. El sueldo ofertado fue de dos mil 572 soles.
Finalmente se convocó al puesto de Asistente de Comunicaciones (Notificador), para lo que se requería dos años de experiencia acreditada en labores de auxiliar de oficina y estudios de secundaria completa. El sueldo ofrecido fue de dos mil dos mil 212 soles.
Nada habría de extraño en el proceso de contratación convocado por la Corte de Lambayeque si no fuera por la Contratación Administrativa de Servicios – CAS, normada por el Decreto Legislativo N° 1057, tiene como característica fundamental la temporalidad, conforme se señala en el Artículo 5 del mencionado decreto, por lo que la modalidad no puede ser empleada en las contrataciones de labores cuya naturaleza es indeterminada y constante en el tiempo.
Precisamente constancia en el tiempo es lo que tienen, en adelante, los juzgados recientemente creados y para los cuales han sido contratados los 12 servidores, debido a que su implementación no obedece a un Plan de Emergencia, que podría darles carácter transitorio. En consecuencia, el proceso de contratación no debió ejecutarse bajo la modalidad CAS, sino de acuerdo a lo enmarcado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
El criterio normativo que correspondía aplicar en la contratación reciente podría ser materia de debate, mas no la manera en la que se incumplió con una serie de requisitos establecidos por la legislación nacional para el desarrollo de un proceso CAS.
El Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del CAS, señala en su artículo 3 que el procedimiento de contratación debe seguir las siguientes etapas: Preparatoria, Convocatoria, Selección, Suscripción y registro de contrato. Cada una de estas fases señala con claridad qué pasos debe seguir la unidad contratante para el desarrollo del proceso.
En lo referido a etapa Preparatoria, la norma señala lo siguiente: “Comprende el requerimiento del órgano o unidad orgánica usuaria que incluye la descripción del servicio a realizar y los requisitos mínimos y las competencias que debe reunir el postulante, así como la descripción de las etapas del procedimiento, la justificación de la necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces de la entidad”.
Sin embargo, en la convocatoria que fue publicada en el portal institucional del Poder Judicial no se señala el objeto de la convocatoria y dependencia, la unidad orgánica y/o área solicitante, el órgano responsable de realizar el proceso de selección, los criterios de evaluación, el cronograma detallado y la base legal.
Tampoco se precisa el perfil detallado de los puestos concursados ni se describen las etapas del proceso.
Por estas consideraciones el proceso convocado por la Corte de Lambayeque para la contratación del personal de los juzgados especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios sería irregular.
EN LA CORTE DE LAMBAYEQUE: CONTRATACIÓN CAS PARA JUZGADOS ANTICORRUPCIÓN SERÍA IRREGULAR
Médico Juan Rodríguez Terrones fue suspendido por 21 días al corroborarse que realizó intervenciones quirúrgicas cuando se encontraba con descanso médico. Una de ellas se ejecutó en el hospital al que supuestamente no podía ir a trabajar.
Es sobrino del presidente de la Corte Suprema y busca anular por la vía judicial la sanción en su contra, la misma que fue ratificada por el Tribunal del Servicio Civil.
Hace poco más de dos semanas, el 13 de febrero, el presidente ejecutivo de EsSalud, Gabriel del Castillo Mory, firmó la Resolución N° 112 encargando como gerente del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo al médico cirujano Juan Rodríguez Terrones. La designación no llamaría la atención si es que se hubiera realizado respetando las disposiciones institucionales. El flamante funcionario no solo fue sancionado por cometer falta grave como servidor, sino que además mantiene un proceso judicial contra la entidad que ahora representa. Como dato adicional puede señalarse que es sobrino del actual presidente de la Corte Suprema de la República, Duberlí Rodríguez Tineo.
Con una resolución previa, Del Castillo Mory cesó en el cargo al médico Francisco Alvitez Izquierdo, quien había asumido la gerencia del nosocomio el 24 de enero pasado. Es decir; estuvo a la cabeza del hospital solo 20 días, hasta que se ordenó el ingreso de Rodríguez Terrones al cargo, equivalente al de un director.
De acuerdo a la Resolución N° 112, la encargatura dada a Juan Rodríguez se sustenta en un documento elevado por la Gerencia Central de Operaciones, área que propuso al médico cirujano para que ocupe el cargo administrativo. Esto hace suponer que la Gerencia Central de Operaciones revisó la foja de servicios del flamante director y lo halló hábil para asumir el puesto. Sin embargo, una paciente búsqueda ha permitido conocer que Rodríguez Terrones no cumple con los requisitos mínimos.
Una de las razones es que este fue sancionado por incurrir en falta grave a través de la Resolución N° 001, emitida el 19 de enero del año pasado por la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial de Lambayeque del Seguro Social de Salud, la misma que fue confirmada por la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil con la Resolución N° 00622, el 6 de abril del 2017, documento con el que se declaró infundado el recurso de reclamo que presentó el galeno contra el castigo impuesto por la instancia administrativa competente.
El Tribunal del Servicio Civil es la última instancia en un proceso administrativo para los servidores del Estado, por lo que la sanción disciplinaria que se impuso al cirujano se mantiene vigente.
¿POR QUÉ SE LE SANCIONÓ?
En octubre del 2016 se inició el proceso administrativo disciplinario contra Juan Rodríguez Terrones por haber trasgredido la Directiva N° 015-GG-ESSALUD-2011, referida a las Normas para el Control de Absentismo Laboral por causa médica.
Para la Secretaria Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador del Seguro Social de Salud quedó debidamente acreditado que el médico realizó procedimiento quirúrgicos en la Clínica del Pacífico y en el Almanzor Aguinaga Asenjo a los pacientes Orlando Romero Gonzales y Rosa Severino Ñañez cuando se encontraba de descanso médico, entre el 29 de julio y el 4 de agosto del 2015 y el 7 de agosto y el 27 de agosto de ese mismo año, pese a que supuestamente se encontraba incapacitado para desarrollar sus actividades laborales habituales dentro de su centro de trabajo; es decir, en el hospital donde ahora es director.
Rodríguez Terrones vulneró lo señalado por la Directiva N° 015-GG-ESSALUD-2011, donde se indica que “todo trabajador que cuente con un Certificado de Descanso Médico debe hacer uso del descanso físico en su domicilio mientras dure este”.
“La actitud y conducta en los considerandos precedentes constituyen faltas graves cometidas por el referido galeno, ya que con ello ha quedado demostrado que dicho profesional no presentaba limitaciones funcionales que afecten su desempeño en su trabajo habitual; todo ello ha llevado a un perjuicio económico a nuestra institución como es el pago de subsidios, descanso remunerado y además causó un trastocamiento en la reprogramación del rol del servicio médico especializado, lo que generó también el consecuente pago de horas extras a los médicos reemplazantes”, señala la resolución de sanción.
Rodríguez Terrones en su descargo no solo admitió haber realizado las operaciones, sino que además pidió que se archive el proceso disciplinario en su contra argumentando que este se sustentaba en pruebas obtenidas ilícitamente (historias clínicas de los pacientes). Desestimados sus descargos, se le impuso la suspensión por 21 días sin goce de remuneraciones.
DECISIÓN DEL SERVICIO CIVIL
El médico apeló a la instancia superior, es decir ante el Tribunal del Servicio Civil y este, con Resolución N° 00622, emitida por la Primera Sala, el 6 de abril del año pasado, declaró infundado su recurso, ratificando la decisión sancionadora adoptada por la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial de Lambayeque del Seguro Social de Salud.
En su defensa, Juan Rodríguez señalaba que no se debía aplicar para la revisión de su caso la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, y que se había vulnerado la reserva de la historia clínica de los pacientes que fueron atendidos por él cuando se encontraba con descanso médico.
Asimismo señaló que no hubo imparcialidad en el procedimiento disciplinario al que fue sometido y que las intervenciones quirúrgicas que realizó fueron “sin fines de lucro”, “con un fin altruista”.
En septiembre del 2016, ya el Tribunal del Servicio Civil había amparado un recurso presentado por Rodríguez Terrores disponiendo que se retrotraiga el proceso disciplinario iniciado en su contra a fin de garantizar el debido procedimiento, lo que originó una nueva investigación a la conducta del galeno, concluyéndose que sí se justificaba la sanción.
Al revisar el caso, el Tribunal del Servicio Civil no solo determinó que sí era competente la aplicación de la Ley N° 30057, sino que la suspensión de 21 días contra el médico se ajustaba a la legalidad, por lo que procedió a confirmarla.
No conforme con la sanción y agotada la vía administrativa, Rodríguez Terrones acudió al Poder Judicial el 21 de septiembre del año pasado iniciando un proceso contencioso administrativo para anular la resolución que en enero del 2017 dispuso la sanción en su contra, generando el Expediente N° 03302-2017-0-1706-JR-LA-04.
La acción contenciosa administrativa fue admitida por el Cuarto Juzgado Laboral de Chiclayo, que despacha el juez Ricardo Núñez Larreategui y actualmente se encuentra en trámite.
La demanda interpuesta por Rodríguez Terrones es en contra de la Red Asistencial de Lambayeque “Juan Aita Valle” de EsSalud, de la que depende el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, y tiene como propósito impugnar la resolución administrativa que lo sancionó.
A fines de enero pasado la red contestó la demanda a través de su apoderado judicial.
CONTRA EL LINEAMIENTO
Lo irregular de la designación se desprende porque en abril del 2017, con Resolución de Gerencia Central N° 395, EsSalud aprobó el Lineamiento N° 001-GCGP, “Lineamiento que regula el procedimiento de revisión de propuestas para puestos ejecutivos en el Seguro Social de Salud”, documento que actualmente se encuentra vigente.
Es precisamente este lineamiento el que se ha infringido con la designación de Rodríguez Terrones como gerente del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.
En el Título del Procedimiento de Revisión para Puesto de Ejecutivos (cargo que ostenta ahora Juan Rodríguez), numeral 8.15 se señala textualmente que “la Sub Gerencia de Gestión de Personal, revisa la veracidad de las declaraciones juradas, solicita los informes de carrera administrativa en caso de los propuestos para encargatura y solicita reporte de SISPROJ en caso que el propuesto tenga un litigio con EsSalud u otra entidad del Estado Peruano, consignando los resultados en una carta que eleva a la Gerencia Central de Gestión de las Personas…”.
Asimismo, en el Formato 2: Ejecutivo - “Declaración Jurada Sobre Impedimento y Nepotismo”, el servidor a ser designado debe precisar si tiene o no antecedentes penales y/o judiciales, si está incurso en procesos judiciales y si se encuentra o no incurso en un Proceso Administrativo Disciplinario o con Pre Aviso de Despido.
Dicha declaración debió presentar Rodríguez Terrones al asumir el cargo de gerente del Hospital Almanzor Aguinaga.
FUE SANCIONADO POR FALTA GRAVE Y TIENE UN PROCESO JUDICIAL CONTRA LA RED ASISTENCIAL: DESIGNACIÓN DEL GERENTE DEL ALMANZOR AGUINAGA ES IRREGULAR
Cual mecedora, la ARCC sostiene que a fines de este año se tendrá plan maestro para definir qué hacer respecto al ansiado proyecto sobre el Valle La Leche.
La ocurrencia de El Niño Costero en el verano pasado puso una vez más sobre el tapete otro de los viejos anhelos de los lambayecanos, principalmente de los pobladores ubicados a lo largo del tantas veces golpeado Valle La Leche, donde el río del mismo nombre genera en cada incremento del caudal considerables daños. El Niño no es la única razón por la que en el valle se demanda la construcción de la represa La Calzada. La falta de agua para garantizar la campaña agrícola y que hoy por hoy impide ampliar el suministro para consumo poblacional es también una razón por la que el esperado proyecto se hace urgente.
Recogiendo esa inquietud el gobierno nacional, a través de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios – ARCC, confirmó en agosto del 2017 que de los tres mil 115 millones de soles destinados para rehabilitar y mejorar la infraestructura dañada por el fenómeno climático en Lambayeque, una buena parte se destinaría para financiar La Calzada.
De inmediato surgió la interrogante de cuánto se había avanzado hasta antes de El Niño Costero para que el proyecto se haga realidad.
Lo cierto es que en torno a la obra se ha tejido una verdadera red de imprecisiones que incluso han motivados reinterpretaciones, carentes de criterio técnico, de lo que se necesita para mitigar los impactos y asegurar la disponibilidad de recurso hídrico en el Valle La Leche.
En la última década mucho se ha dicho sobre el proyecto y se ha omitido quizá lo más importante: que desde el 2008 existe el Estudio de Factibilidad, elaborado por una reconocida firma de ingeniería con financiamiento de la cooperación norteamericana y que hoy duerme el sueño de los (in)justos en algún escritorio de la administración pública. Si tan solo se tomara en cuenta el valioso documento que consta de más de 10 tomos, la ARCC no andaría – como lo está hasta ahora – dando largas para emprender la gestión de La Calzada.
En enero de este año Expresión le preguntó directamente al director ejecutivo de la ARCC, Edgar Quispe Remón, qué avances entre agosto (cuando se elaboró el plan de reconstrucción para Lambayeque) y diciembre del año pasado se habían dado en aras de concretar La Calzada. La respuesta del funcionario (Expresión 1046) fue que en el tercer trimestre del 2018 se debería tener el plan maestro para saber las características de la obra y las posibilidades de su ejecución. Evidentemente el funcionario desconoce los estudios existentes.
“Una vez que se haya identificado el conjunto de intervenciones que se señalen en los planes maestros veremos quiénes y bajo qué mecanismos se desarrollan las inversiones de cada una de estas obras”, precisó Quispe Remón.
En mayo del 2009, por iniciativa del entonces congresista por Lambayeque, Franco Carpio Guerrero, se promulgó la Ley N° 29359, “Ley que declara de interés y necesidad pública la construcción de la Presa La Calzada – Valle La Leche, en el departamento de Lambayeque”.
La norma, al igual que otras tantas dadas a favor de proyectos para el departamento, se convirtió en letra muerta (Expresión 1015), toda vez que no surtió ningún efecto para hacer realidad la ejecución de la obra.
Casi en paralelo los alcaldes agrupados en la Mancomunidad del Valle La Leche lograron que el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL, apruebe la asignación de aproximadamente 800 mil soles para la continuidad de los estudios de La Calzada, pero el dinero fue considerado insuficiente.
Como salida, tras la entrega formal del Plan Hidráulico de Lambayeque al Ministerio de Agricultura, en octubre del 2011, el entonces titular de esta cartera ejecutiva, Milton Von Hesse, anunció que el sector asignaría 15 millones de soles para que se formulen los estudios definitivos de La Calzada. La contratación de dichos trabajos estaría a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI. La transferencia nunca se concretó.
Tiempo después se convocó a la formulación de un estudio de factibilidad por cuatro millones de soles y el proceso fue declarado desierto.
GESTIONES PARA ESTUDIO
En los últimos años, en las tantas veces que este medio ha tratado el asunto de La Calzada, ni las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque ni los técnicos del Proyectos Especial Olmos Tinajones – PEOT, unidad que vela por la ejecución del Plan Hidráulico, han mencionado el estudio que un equipo de reconocidos expertos formularon en relación al proyecto y que define no solo las características, sino también aspectos tan minuciosos como las tasas de retorno y el impacto económico que con la incorporación de nuevas tierras agrícolas permitirá la realización de la obra.
La historia es la siguiente. En el 2004, el ingeniero lambayecano Domingo León Ezcurra, residente en los Estados Unidos de América, informó al entonces alcalde de Lambayeque, Percy Ramos Puelles, de la existencia de la Agencia de Comercio y Desarrollo, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno americano, cuya naturaleza permitía el financiamiento de proyectos con fondos no reembolsables para países emergentes.
El objetivo desde el principio fue que se solicite a la USTDA (por sus siglas en inglés) apoyo para financiar los estudios de La Calzada. Dada la magnitud de la gestión esta se trasladó al Gobierno Regional de Lambayeque, presidido en ese momento por Yehude Simon Munaro.
En mayo del 2004 Simon Munaro fue recibido por el embajador de Estados Unidos en el Perú, James Curtis Strubble, y se coordinó para que el PEOT solicité la donación a la USTDA de los fondos para los estudios. Así, el gobierno americano lanzó una convocatoria para contratar a la consultora que se encargaría de elaborar el documento de prefactibilidad de La Calzada.
Tras la evaluación resultó ganadora la firma D’Leon Consulting Engineers, con sede en California, que presentó a un equipo técnico de primer nivel. Entre ellos figuró el ingeniero Domingo León Ezcurra, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y con estudios de maestría y doctorado en Estados Unidos, España y Francia; el ingeniero español Francisco Sánchez Carol, integrante del Comité Internacional de Grandes Presas, uno de los más connotados expertos en la materia a nivel mundial, y el ingeniero Jack Ferguson, integrante del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Ejército de los Estados Unidos.
Junto a ellos participó también el ingeniero Juan Alfaro, quien fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, durante 25 años y además es uno de los fundadores de SEDAPAL; el ingeniero Víctor Miguel Ponce, docente de Hidrología y Medio Ambiente de la Universidad de San Diego California, y reconocidos profesionales peruanos como Pastor Espinoza Chilón, Manuel Suárez Collazos y Enrique Varías Ramos.
El 11 de diciembre del 2007, el presidente regional Yehude Simon y el embajador de los Estados Unidos en el Perú, en representación de la USTDA, firmaron el Lima el contrato para la ejecución del estudio denominado: “Estudio de Factibilidad de Control de Inundaciones en la Región Lambayeque”.
El equipo técnico que encabezó León Ezcurra abordó el control de inundaciones en la cuenca del río La Leche, entregando 10 volúmenes, con un total de mil páginas, divididas en la revisión de la información existente y visitas de campo que permitieron evaluar las ubicaciones físicas propuestas de las represas incluidas en las diferentes alternativas, analizando al detalle aspectos geológicos, morfológicos y de naturaleza estructural de la cuenca y sus afluentes.
El informe final fue redactado en inglés y traducido al castellano y entregado a la sede de la USTDA y a la Embajada de los Estados Unidos en Lima en el 2008.
“Llegamos hasta la naciente del río La Leche, sobre los cuatro mil metros de altura y ese trabajo nos permitió definir que la presa La Calzada es la solución definitiva para el problema de inundaciones y regulación del recurso hídrico en el valle”, comenta desde Estado Unidos a Expresión Domingo León Ezcurra.
El especialista refiere que para determinar los volúmenes de agua que pueden presentarse de ocurrir el Fenómeno El Niño, el equipo técnico realizó proyecciones de mil, dos mil y hasta 10 mil años, superiores a los que manejaba en ese momento el PEOT que eran de solo 500 años.
Esto permitió concluir, por ejemplo, que las pirámides truncas que se extienden en Valle La Leche no solo tenían fines religiosos o de élite para las culturas mochica y sicán, sino que también servían como refugios frente a las inundaciones.
“Ni en el emplazamiento de La Calzada ni en Calicantro existe la posibilidad de realizar una presa de gravedad ni una presa de hormigón compactado. En estos emplazamientos solo es posible ejecutar, por razones geotécnicas, presas de materiales sueltos, debido a que son cerradas”, refiere Domingo León.
En virtud de ello, los especialistas propusieron en su estudio tres alternativas: construir una presa de escollera con núcleo central de arcilla y pantalla de impermeabilización del cimiento de bentonita-cemento bajo el núcleo o una presa de escollera con núcleo central de arcilla y tapiz arcilloso de enlace con la ataguía y pantalla de impermeabilización del cimiento de bentonita-cemento, bajo el núcleo de la ataguía aguas arriba.
“Las estimaciones de los estudios anteriores no son nada realistas. De hecho una de las riadas reales superó claramente la avenida de 100 años que ellos (PEOT) proponían. Las pendientes andinas son brutales y los tiempos de concentración muy rápidos. Incahuasi, donde se sitúan las lagunas que forman el río La Leche está a unos 80 kilómetros del Océano Pacífico y a cuatro mil metros de altura”, detalla el experto.
Sin considerar la contundencia del estudio elaborado por D’Leon Consulting Engineers, en el 2013 el PEOT anunció que se trabajaba en una nueva propuesta para la construcción de La Calzada (Expresión 844).
Con el argumento de que los comuneros de Pítipo rechazaban la construcción de la presa, el PEOT planteó otros componentes estructurales para suplir la capacidad de almacenamiento.
Esa alternativa consta de construir una bocatoma en La Calzada para captar aguas y llevarlas a una presa lateral, Calicantro, y la diferencia cubrirla con otros tres embalses: Yavis, Laquipampa y Chaparrí.
“Hacer una presa alta significa afectar (inundar) aproximadamente 300 hectáreas, mientras que una bocatoma puede ocupar de seis a diez hectáreas nada más. Esta segunda alternativa es la más sencilla, porque se indemniza a los afectados y ya no hay necesidad de reubicar o crear una nueva ciudad ni nada de eso”, explicó Francisco Gayoso Zevallos, en ese momento gerente general del PEOT y hoy gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque.
“Nunca se ha realizado un estudio definitivo de La Calzada. Lo que se hizo en la década pasada fueron investigaciones y los pobladores de la parte alta no permitieron que se continúe con la topografía ni la geología. Lo que se contiene en el Plan Hídrico Regional es también una idea, más no datos específicos y ese es el caso de las otras 19 presas que se consideran ahí”, declaró a Expresión. Hoy se conoce que aquello no era cierto.
Al cierre de este informe nuestro medio buscó comunicarse con el actual gerente del PEOT, Juan Saavedra Jiménez, sin tener mayor éxito. Lo mismo sucedió con Gayoso Zevallos.
La Calzada permitiría la incorporación de 18 mil nuevas hectáreas a la frontera agrícola regional.
En costos actuales, la ejecución de la obra, según Domingo León, se estima en 125 millones de dólares. En el 2008 se proyectó el costo en 77 millones de dólares.
El estudio completo se encuentra en la Embajada de los Estados Unidos, en Lima.
DIEZ AÑOS DE TIEMPO PERDIDO:FACTIBILIDAD DE LA CALZADA EXISTE DESDE EL 2008 Y LAS AUTORIDADES DESCONOCEN ESTUDIO
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