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María del Carmen Prado Rivas
1 7 CONSULTAS RELEVANTES2 3 ÍNDICE 7.1 MEDIDAS DE AYUDA FINANCIERA APROBADAS POR EL GOBIERNO EL TIPO DE INTERÉS APLICABLE: LOS LÍMITES A SU VARIACIÓN Y LA REVISIÓN DE LOS TIPOS GASTOS FISCALES LIGADOS A LAS ESCRITURAS DE SUBROGACIÓN Y NOVACIÓN MODIFICATIVA EXIGENCIA DE ESCRITURA PÚBLICA EN NOVACIONES DE PRÉSTAMOS APERTURA DE CUENTAS O DEPÓSITOS BANCARIOS POR NO RESIDENTES CANCELACIÓN DE DEPÓSITOS INDISTINTOS VALORACIÓN DE ÓRDENES DE TRASPASO DE EFECTIVO Y DE APORTACIONES DE FONDOS 2904 5 7 Consultas relevantes De acuerdo con lo establecido en artículo 16.4 del Reglamento de los Comisionados para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros aprobado por el Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, las consultas que se presenten ante el Servicio de Reclamaciones deberán consistir en dudas sobre hechos genéricos sobre productos o servicios bancarios. Por lo tanto, no pueden resolverse las consultas que se refieran a operaciones concretas con una entidad determinada, sin perjuicio de poder plantearse la oportuna queja o reclamación si se considera oportuno, de acuerdo con la normativa reguladora del Servicio de Reclamaciones. A continuación se exponen algunos de los casos más frecuentes o curiosos que ha contestado el Servicio de Reclamaciones en el año Medidas de ayuda financiera aprobadas por el Gobierno Se han recibido, en especial durante el último trimestre de 2008, numerosas consultas relacionadas con la concesión de operaciones por parte de las entidades de crédito ligadas a las medidas de ayuda financiera aprobadas por el Gobierno, dirigidas tanto a particulares para el pago de hipotecas como a PYME de liquidez y de moratoria en los pagos. Lo más habitual en estas líneas de financiación, mediadas por el ICO a las que se puede acceder a través del siguiente enlace: es que se reconoce el derecho de las entidades adheridas a esas ofertas a seleccionar libremente a sus clientes de activo y, en general, a gestionar de manera autónoma la asunción de riesgos directos. En consecuencia, las decisiones que adopten las entidades de crédito respecto a la concesión o denegación de estas facilidades crediticias se incardinan en lo que viene a denominarse como su «política comercial y de asunción de riesgos», cuya fiscalización excede de las competencias del Banco de España que no interviene en dichas decisiones, al enmarcarse en el ámbito discrecional de actuación de las mismas. Únicamente cabría exigir a las entidades transparencia en sus decisiones y coherencia y diligencia en su actuación, en orden a evitar a la clientela afectada la creación de falsas expectativas, así como perjuicios y demoras innecesarios. En caso de duda acerca del alcance de las medidas aprobadas, puede plantearse directamente la consulta al ICO, que ha dispuesto un número de teléfono gratuito, así como un buzón de consultas, según se recoge en su página web: index. 7.2 El tipo de interés aplicable: los límites a su variación y la revisión de los tipos A consecuencia de la evolución bajista de los tipos de interés experimentada desde el cuarto trimestre del ejercicio, con reflejo directo en el de referencia más comúnmente empleado en los préstamos hipotecarios a tipo variable el EURIBOR a un año, han sido múltiples las consultas formuladas por los titulares de estas operaciones. Entre las más significativas, merece la pena destacar las siguientes: LÍMITES A SU VARIACIÓN Se consulta sobre la práctica de las entidades de fijar un suelo y/o un techo al tipo de interés aplicable a los préstamos hipotecarios a tipo variable y sobre su posible carácter abusivo. BANCO DE ESPAÑA 285 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 20086 En estos supuestos, el Servicio recuerda a los consultantes que la competencia para pronunciarse sobre el carácter abusivo 1 de las cláusulas contractuales y su posible nulidad por este motivo corresponde a los jueces y tribunales de justicia, que son los que igualmente tendrían la competencia para valorar, en su caso, si hubo algún vicio en el consentimiento otorgado por el prestatario al formalizar la operación. Al margen de lo anterior, se informa de que la posibilidad de pactar máximos y/o mínimos a la variación del tipo de interés aplicable a este tipo de préstamos hipotecarios está prevista expresamente en la normativa de transparencia exigible a las entidades de crédito apartado 3 del anexo II de la Orden de 5 de mayo de 1994, Transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (BOE del 11): que dispone que en esos casos deberán recogerse: a) En términos absolutos, expresándose en forma de tipo de interés porcentual los citados límites máximo y mínimo. Esta forma de expresión se utilizará obligatoriamente cuando puedan expresarse dichos límites en términos absolutos al tiempo del otorgamiento del documento del préstamo. b) De cualquier otro modo, siempre que resulte claro, concreto y comprensible por el prestatario, y sea conforme a Derecho. En todo caso, y con independencia del importe del préstamo, las buenas prácticas bancarias exigen a las entidades que informen previamente a sus clientes de la existencia y alcance de estas cláusulas en la medida en que vayan a incorporarse a sus contratos. INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS DE INTERÉS En estos casos, en los que el contrato presumiblemente suscrito fuera una permuta financiera, a modo de cobertura o minoración del riesgo de tipo de interés derivado de un préstamo hipotecario a tipo variable, se sugiere la lectura del criterio de este Servicio recogido en la página 116 de su Memoria referida al ejercicio merecla/2007msr.pdf, reproducido igualmente en la página 135 de la presente Memoria, ya que queda expresamente recogido que: «[ ] Este Servicio estima que las entidades financieras deben estar en condiciones de acreditar que, con anterioridad a la formalización de la operación, se ha facilitado al cliente un documento informativo sobre el instrumento de cobertura ofrecido en el que se indiquen sus características principales sin omisiones significativas, considerándose en caso contrario que su actuación sería contraria a los principios de claridad y transparencia que inspiran las buenas prácticas bancarias.» No obstante, se informa igualmente de que, para poder emitir una opinión sobre la cuestión que se somete a nuestra consideración, sería necesario el estudio de los contratos firmados y de la evolución de las operaciones formalizadas, así como conocer las razones de la entidad en las que basa su actuación, aspectos estos que solo pueden conocerse en el curso de un procedimiento de reclamación. A estos efectos: Se advierte que este Servicio solo podrá valorar la actuación de la entidad, en relación con la permuta financiera controvertida, si esta expresa y formal- 1. Véanse los artículos 82 (concepto de cláusulas abusivas) y 83 (nulidad de las cláusulas abusivas e integración del contrato) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias: jsp?id=74219&tipoent=0. BANCO DE ESPAÑA 286 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 20087 mente se contrató como de cobertura de un préstamo hipotecario o ambas partes reconocen ese carácter de cobertura. En caso contrario, la competencia para conocerlo recaería en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se sugiere completar la lectura del criterio citado con el recogido igualmente en la pág. 48 del segundo informe trimestral de este Servicio correspondiente al ejercicio 2007 al que puede acceder a través del siguiente enlace REVISIÓN DE TIPOS DE INTERÉS Han sido habituales las consultas en las que se solicitaba a este Servicio la comprobación de los nuevos tipos de interés aplicables a sus préstamos hipotecarios. Al tiempo de recordar en todos los casos que no es este tipo de consultas el que se ha definido normativamente para ser contestado por este Servicio, se orienta a los consultantes sobre cómo deben proceder para poder determinar la corrección del nuevo tipo aplicado a su préstamo hipotecario. Así, se les indica que habrán de estar, en primer lugar, al contenido de la cláusula de revisión de tipo de interés que tenga pactada en la escritura, a efectos de fijar el momento en el que se debe efectuar dicha revisión (que, si no se dice otra cosa, será a partir de la fecha del pago del último recibo liquidado con el tipo de interés anterior), y a la fecha de publicación del tipo de referencia aplicable que debe utilizar su entidad. Si el tipo aplicable en cuestión es uno de los de referencia oficiales publicados mensualmente en el Boletín Oficial del Estado, puede conocerse el mismo a través de cualquiera de las dos siguientes páginas de Internet del Banco de España: bde.es/infoest/a1901.pdf o htm. A este respecto, el Banco de España decidió a principios de 2009 adelantar al comienzo de cada mes la publicación de los índices EURIBOR, MIBOR y del tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de deuda pública de plazo entre dos y seis años, ya que es perfectamente posible conocerlos en cuanto finaliza el mes. Los restantes índices de referencia se seguirán publicando en las fechas de siempre a partir de mediados de mes, pues los datos se obtienen de los declarados por las entidades de crédito al Banco de España en los 15 primeros días del mes siguiente. Por ello, hasta el día 16 (o más tarde, si el último día del plazo es inhábil en Madrid) algunos de los índices oficiales no se conocen, porque pueden faltar declaraciones de entidades. 7.3 Gastos fiscales ligados a las escrituras de subrogación y novación modificativa La Ley 2/1994, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios (BOE de 4 de abril), señala que estarán exentas en la modalidad gradual de «Actos Jurídicos Documentados» las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios pactados de común acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que el acreedor sea una de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito y la modificación se refiera a las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente, a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas. En consecuencia, la Agencia Tributaria viene entendiendo, y así lo ha plasmado en consulta vinculante número V , de , que, si la modificación de las cuotas de amortización se debe únicamente al cambio del método o sistema de amortización, no resultará aplicable la exención, lo que deberá ser tenido en cuenta por los clientes y advertido por las entidades de crédito. BANCO DE ESPAÑA 287 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 20088 7.4 Exigencia de escritura pública en novaciones de préstamos Para llevar a cabo una novación modificativa de un préstamo hipotecario, la entidad puede exigir su formalización notarial, dado que para cualquier modificación de las condiciones contractuales inscritas en el Registro de la Propiedad y que afectan a terceros de buena fe es necesaria su instrumentalización en escritura pública, lo que conllevaría los correspondientes gastos notariales, registrales y fiscales. En caso de modificación en escritura pública del diferencial sobre el tipo de interés, estos gastos están limitados por la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, como se puede consultar en el sitio web del Banco de España, a través del enlace htm, cuyo cuadro se reproduce en la página 129 de esta Memoria. No obstante, la entidad podría admitir la novación en documento privado, pero los pactos recogidos en él solo vincularían al prestatario y a la entidad, no a terceros (por ejemplo, adquirentes de la finca hipotecada que se subrogaran en el préstamo hipotecario inscrito), y, además, cualquiera de las partes contratantes podría exigir posteriormente la formalización notarial del acuerdo de novación, de acuerdo con el artículo 1279 del Código Civil, que establece que «Si la Ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez». En cualquier caso incluso si se formalizara la novación en documento privado, la entidad podría cobrar la comisión que se hubiera pactado para «novaciones» o «modificación de condiciones y garantías». 7.5 Apertura de cuentas o depósitos bancarios por no residentes La apertura de cuentas corrientes bancarias en nuestro país está sujeta a distintas exigencias documentales, según el interesado ostente o no la condición legal de residente en España, lo que, a su vez, dependerá de que aquel goce de la correspondiente autorización de residencia emitida por el Ministerio del Interior. En síntesis, la legislación en materia de transacciones exteriores, legislación fiscal y legislación sobre extranjeros determina que: 1 Es exigible la presentación del NIF/NIE para la apertura de cuentas o depósitos bancarios por parte de «residentes» esto es, aquellos extranjeros que dispongan de la correspondiente autorización oficial de residencia, bien en el mismo día de la constitución del depósito o de la apertura de la cuenta, o dentro del plazo de 15 días, sin poder realizarse movimiento alguno hasta que se aporte. En este sentido, el artículo 28 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE del 5 de septiembre), indica que «las personas o entidades que realicen operaciones con entidades de crédito españolas o que operen en España mediante sucursal o en régimen de libre prestación de servicios, deberán comunicarles su número de identificación fiscal de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este artículo. Podrá constituirse un depósito o abrirse una cuenta en una entidad de crédito sin acreditar el número de identificación fiscal en el momento de la constitución. La comunicación del número de identificación fiscal deberá efectuarse en el plazo de 15 días, sin que pueda realizarse ningún movimiento hasta que se aporte. La entidad de crédito podrá BANCO DE ESPAÑA 288 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 20089 iniciar los cargos o abonos en las cuentas o depósitos afectados o cancelarlos desde el momento en que todos los titulares de aquellos faciliten su número de identificación fiscal». 2 Tratándose de cuentas de no residentes, estas quedan exceptuadas del régimen de identificación previsto en el artículo 28 antes citado, tanto si son en euros como en divisas, pero siempre que se trate de cuentas abiertas a nombre de personas físicas o entidades que hayan acreditado la condición de no residentes en España. Las «entidades registradas» deberán hacer constar la condición de no residente del titular de la cuenta o depósito abierto, y consignar, a efectos de identificación de la cuenta, el número de pasaporte o número de identidad válido en su país de origen. La «entidad registrada» queda, además, obligada a requerir del titular de la cuenta de que se trate a que, en el plazo de 15 días desde su apertura, le haga entrega de la documentación acreditativa de la no residencia (en concreto, las personas físicas extranjeras deben aportar «certificación negativa de residencia expedida por el Ministerio de Interior con antelación máxima de dos meses»). Esta exigencia de acreditación de la condición de no residente se debe confirmar por el titular de la cuenta con carácter periódico (cada dos años debe ser requerido por la «entidad registrada» para que aporte la certificación oportuna en el plazo máximo de tres meses). En cualquier caso, el control de la aplicación de la normativa antes citada sobre la obligación de los clientes de aportar el NIF/NIE corresponde única y exclusivamente a la Administración Tributaria, y se lleva a cabo principalmente mediante el análisis de la información que están obligadas a remitir las entidades de crédito a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 7.6 Cancelación de depósitos indistintos Con frecuencia, se nos consulta sobre cómo proceder cuando uno de los cotitulares de una cuenta indistinta quiere dejar de figurar como tal en la cuenta. En esos casos, es criterio reiterado del Servicio entender, conforme a las buenas prácticas y usos financieros, que las entidades deben acceder a esta petición, siempre y cuando no concurriera justa causa que justificara una negativa (por ejemplo, la existencia de descubiertos, de deudas pendientes o de otros productos vinculados que no se hubieran cancelado y cuyo mantenimiento exigiera la titularidad de una cuenta por la persona que solicitase la baja). Asimismo, entendemos que resultaría acorde con las buenas prácticas bancarias que las entidades pusieran tal circunstancia en conocimiento de los restantes cotitulares indistintos, ya que se trata, en definitiva, de una modificación contractual que debe ser conocida por estos. Cuestión distinta se plantea cuando lo que se pretende es cancelar la cuenta. En esos supuestos, el Servicio considera imprescindible el consentimiento de todos aquellos que lo prestaron para abrirla y a esa fecha figuren todavía como cotitulares. A este respecto, alguna entidad ha planteado la posibilidad de recoger en el contrato ese consentimiento a futuro, facultando desde su apertura a cualquiera de los titulares a cancelar el depósito. En relación con esta propuesta, si bien este Servicio considera positivas las iniciativas de las entidades que anticipen la solución a problemas ya detectados y este lo es, entiende que las previsiones contractuales que contemplaran esas medidas, amén de suficientemente flexibles para poder aplicarse a cuantos supuestos se planteen, no deberían dar posibilidad a que se plan- BANCO DE ESPAÑA 289 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 200810 teasen situaciones de desequilibrio entre personas que con anterioridad actuaban concertadamente. 7.7 Valoración de órdenes de traspaso de efectivo y de aportaciones de fondos Una duda habitual entre los usuarios de servicios financieros, ya sean demandantes de productos de activo o de pasivo, es saber cuándo su dinero empieza a devengar intereses. Al margen de lo señalado en el tercer informe trimestral de este Servicio correspondiente al ejercicio 2008, relativo a las fechas de valoración, lo cierto es que hay que saber diferenciar entre «fecha de valor» y «fecha de operación». Así, mientras que la «fecha de valor» de una operación es un concepto financiero que hace referencia al momento en que el apunte contable inicia o finaliza el devengo de intereses, la «fecha de operación» se corresponde con el momento en que se efectúa o asienta dicho apunte en los registros contables de la entidad. En consecuencia, la existencia de discrepancias entre estas fechas no implica, por sí sola, que la entidad esté actuando de manera irregular, siempre y cuando no excedan los limites que a tales efectos tiene establecida la normativa de disciplina, recogidos concretamente en el anexo IV, de la Circular del Banco de España 8/1990. En el caso de las órdenes de traspaso o movimientos de fondos, nos encontramos ante operaciones que permiten el traspaso de fondos entre dos cuentas bancarias con el mismo titular, situadas en dos entidades distintas. La diferencia con una transferencia es que el ordenante (titular de ambas cuentas ) da la orden de envío de dinero a la entidad de destino de los fondos (entidad del ordenante) y no a la entidad de origen (entidad pagadora); y la diferencia entre ambas figuras la da el límite de dinero que en cada caso se puede transferir. Las entidades tramitan estas órdenes a través de las instrucciones operativas del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), que determinan las valoraciones aplicables a estas operaciones. Así, dado que los traspasos de efectivo se canalizan a través del subsistema de transferencias, recibirán fecha de valor dos días hábiles siguientes a la fecha de su adeudo en la cuenta de origen de los fondos. Por el contrario, las aportaciones de fondos, al tramitarse a través del subsistema de adeudo por domiciliaciones, tendrán como fecha de valor el mismo día del adeudo en la cuenta de origen de los fondos. BANCO DE ESPAÑA 290 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 200811 8 NOVEDADES JURISPRUDENCIALES DEL AÑO 200812 13 ÍNDICE 8.1 CONTRATO DE DESCUENTO BANCARIO/GESTIÓN DE COBRO CONTRATO DE ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD CONTRATO DE CRÉDITO CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE CONTRATO DE PRÉSTAMO CONTRATO DE IMPOSICIÓN A PLAZO FIJO EMISIÓN DE CONFORMIDAD SOBRE CHEQUE OTROS CONTRATOS 30314 15 8 Novedades jurisprudenciales del año 2008 Como en Memorias de años anteriores, en esta sección se recoge una breve reseña de las sentencias dictadas en el año 2008 por la Sala Primera o de lo Civil del Tribunal Supremo, en pleitos en los que se planteaban cuestiones de interpretación y aplicación de la normativa civil o mercantil que recae sobre la operativa bancaria, que por este Servicio se han estimado de mayor interés o relevancia. Se incluye en la mención de las sentencias el identificativo del Centro de Documentación Judicial (Id Cendoj), al objeto de que cualquier persona que quiera consultar el texto completo de la sentencia pueda acceder al mismo a través del Portal del Tribunal Supremo, en la siguiente dirección de Internet: Debemos comenzar destacando, de forma especial, la STS de (Id Cendoj: ), por tratarse de un proceso en el que se ejerció una acción colectiva de cesación del uso de una condición general. En esta sentencia se descarta que una cláusula por la que el prestamista declara el vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario por incumplimiento de las obligaciones del prestatario (bastando con el impago de una sola cuota de amortización, de un recibo de contribución o impuesto que grave la finca, o de una prima de seguro de incendios o de todo riesgo a la construcción) tenga carácter abusivo. La asociación de consumidores demandante había invocado la STS de , pero el Tribunal Supremo entendió que, sobre la base del artículo 1.6 del Código Civil 2, esta resolución no podía ser considerada como jurisprudencia reiterada, ya que contenía un criterio aislado e insuficiente para ser considerada como jurisprudencia reiterada y con valor para los tribunales. El Tribunal Supremo también consideró que determinados preceptos (como los artículos 1125, 1127 y 1129 del Código Civil) no impiden la inclusión de pactos que regulen el vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios, por tratarse de preceptos dispositivos (esto es, que admiten pacto en contrario). A continuación expondremos las sentencias que se han estimado más relevantes, diferenciando el tipo de producto bancario al que van referidas. 8.1 Contrato de descuento bancario/ gestión de cobro Un contrato en el que suelen producirse muchos litigios que terminan ante el Tribunal Supremo es el contrato de descuento bancario. Este contrato no está regulado en ninguna norma, por lo que su definición y la delimitación de su contenido se han llevado a cabo mediante la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El descuento bancario se caracteriza por el hecho de que la entidad de crédito anticipa al cliente el importe del crédito que este tiene con un tercero, previa deducción de los intereses correspondientes por el tiempo que falta para su vencimiento, mediante la adquisición por la entidad de crédito de la titularidad del crédito cedido. Esta cesión se produce pro solvendo (es decir, para pago una vez se satisfaga por el deudor el crédito cedido) y con la cláusula «salvo 1. En esta sentencia se consideraron abusivas y, por consiguiente, nulas las cláusulas de vencimiento anticipado cuando las deudas estuvieran suficientemente garantizadas. 2. El artículo 1.6 del Código Civil indica que «La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho». BANCO DE ESPAÑA 295 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 200816 buen fin» (esto es, la entidad de crédito tiene derecho de reintegro en caso de fracaso del crédito). Ese doble mecanismo (anticipo del crédito con el descuento y derecho de reintegro en el supuesto de fracaso del crédito) constituye el aspecto más característico de la operación de descuento. El anticipo puede tener lugar de varias formas; entre ellas, el ingreso en una cuenta corriente o de crédito. Por su parte, el derecho de reintegro puede ejercerse judicialmente a través de diversas acciones, o hacerse efectivo extrajudicialmente mediante el contra-asiento que, como modalidad del derecho de reintegro consistente en la operación de cargar al cliente descontatario los efectos que resultaron impagados, se reconoce en numerosas sentencias. En el año 2008 se han dictado varias sentencias que tienen por objeto el contrato de descuento bancario. Así: En la STS de (Id Cendoj: ) se desestima una petición de reintegro de las comisiones por devolución cobradas al cliente durante varios años, basándose el demandante en la inexistencia de pacto expreso relativo a tales comisiones. El Tribunal Supremo apreció la existencia de un pacto tácito sobre la exigibilidad de las comisiones, en tanto que, una vez conocido por la actora su pago, las aceptó y continuó pagándolas, consintiéndolas, lo que determinaba la improcedencia de la devolución. Frente a la pretensión de que se declarasen indebidos los pagos a que se refería la demanda, como sanción vinculada a la infracción, durante el funcionamiento de la relación jurídica contractual, de diversas normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito (entre ellas, las circulares aprobadas por el Banco de España o el artículo 1.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio) y de las reglas sobre transparencia bancaria, el Tribunal Supremo consideró que «la pretensión carece del necesario apoyo en un precepto que vincule dicha sanción al defecto de que se trata». También se denunciaba por el demandante la infracción de los artículos 6.3, y 1275 del Código Civil, en relación con la regla quinta de la Orden de , según la que «en ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente. Las comisiones o gastos repercutidos deberán responder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos». Alegaba la mercantil recurrente que la comisión, pagada por ella durante años, carecía de causa, ya que no respondía a servicio alguno prestado por la demandada, y que los gastos que por las devoluciones tuvo la entidad de crédito estaban ya incluidos en la comisión por gestión de cobro, inicialmente convenida, dado que el impago de los efectos descontados no era más que una de las posibles consecuencias del descuento. Finalmente, sostenía que dichos servicios no los había encomendado a la entidad de crédito. El motivo quedó desestimado, indicando el Tribunal lo siguiente: «La realidad de las actividades específicas desplegadas por la descontante como consecuencia de la devolución de efectos ha sido afirmada en la sentencia recurrida con las consecuencias que ello tiene en casación. Además, se muestra evidente, ya que de esa contingencia se deriva normalmente la práctica de apuntes contables y de comunicaciones, así como la devolución de documentos, con sus correspondientes gastos. El derecho de la descontante a lo que constituye propiamente una repercusión de gastos deriva de la fuerza vinculante del contrato que, como se dijo, es fuente válida de una reglamentación o lex privata vinculante para las partes ar- BANCO DE ESPAÑA 296 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 200817 tículo1091 del Código Civil, que se integra también por el uso o práctica habitual en este tipo de operaciones artículos 1258 y 1287 del Código Civil. Por último, considerar incluidos los gastos derivados de la devolución de efectos en las comisiones previstas inicialmente en el contrato, prescindiendo de que se hayan o no generado, sería, además de una cuestión que debería haberse planteado como de interpretación del contrato, una solución contraria a las normas de disciplina en las que se apoya, conforme a las cuales no cabe reclamar comisiones por servicios no prestados efectivamente ni repercutir gastos que no hayan sido habidos.» En la STS de (Id Cendoj: ), el objeto del proceso versa sobre el alcance de un contrato de descuento de efectos comerciales, y en particular sobre si la responsabilidad de los avalistas se extiende a los efectos descontados con anterioridad a la suscripción de la póliza (como sostenía la entidad de crédito demandante), o solamente a los descontados e impagados, total o parcialmente, a partir de la fecha de dicha suscripción (como afirmaba el demandado). El Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial estimaron la demanda presentada por la entidad de crédito. Frente a esto, el avalista demandado interpuso recurso de casación, que se formuló incorrectamente, entre otras razones, porque «siendo el tema central del litigio un problema de interpretación contractual (documental), no es correcto invocar en bloque la infracción de los arts a 1289 del Código Civil, pues en los mismos se contienen preceptos de contenido vario e incluso incompatible, no siendo función del Tribunal determinar cuál podría ser aplicable; a lo que finalmente se debe añadir, por un lado, que el contrato de garantía litigioso no es de adhesión porque las cláusulas discutidas fueron negociables, y, por otro lado, no se aprecia en la hermenéutica realizada en las sentencias de instancia que se haya incurrido en ilegalidad, arbitrariedad o apreciación contraria al criterio del buen sentido o raciocinio lógico». En la STS de (Id Cendoj: ) se analiza la obligación de la entidad descontante de devolver los efectos al descontatario con la misma eficacia jurídica que tenían cuando le fueron entregadas en virtud del contrato de descuento. Estos efectos fueron retenidos por la entidad descontante sobre la base de una cláusula de la póliza de descuento en la que se facultaba al banco para adeudar en la cuenta el nominal de los giros y documentos negociados o descontados o de los cuales el banco hubiera anticipado el valor, antes de sus respectivos vencimientos, especificando que «quedarán en poder del Banco pignorados en garantía de pago del saldo deudor que presente esta cuenta». El Tribunal Supremo entendió que no había vulneración del artículo 1170 del Código Civil, porque, para que exista la obligación de evitar el perjuicio de las cambiales al descontante, es preciso que intervenga culpa del acreedor que haga que la entrega «pro solvendo» se convierta en «pro soluto». No son de aplicación al caso las obligaciones derivadas del contrato de depósito, puesto que nos hallamos ante un descuento de efectos, en el que el depósito es meramente instrumental. El perjuicio de las letras se produjo cuando las mismas estaban en poder de la entidad descontante, que estaba reclamando judicialmente su importe, sin que los descontatarios solicitaran la entrega de las cambiales, ni las abonaran. Cuando finalmente se realizó el pago y la reclamación de los efectos, ya se había producido el perjuicio, por culpa de la pasividad de los descontatarios. A diferencia del contrato de descuento bancario (en el que, como veíamos, hay un anticipo del importe de un crédito que se cede, con el correspondiente descuento o deducción de intereses), en la gestión de cobro o comisión de cobranza de efectos la entidad recibe el mandato (o comisión) de realizar cuantos trámites sean precisos para el cobro del efecto cedido, inclu- BANCO DE ESPAÑA 297 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 200818 yendo la presentación del efecto al cobro, así como la devolución del título al cedente, en caso de impago. Tres sentencias del Tribunal Supremo se han referido a este contrato. Así: La STS de (Id Cendoj: ) analiza un supuesto en que una empresa entregó a una entidad de crédito unas letras de cambio en gestión de cobro, llevándose a cabo, el día de su vencimiento, el abono de su nominal, que fue retrocedido unos días después, aunque sin retornar físicamente las letras de cambio, que habían sido extraviadas. En primera instancia, el juez condenó a la entidad de crédito al abono del importe total de los efectos reseñados, así como de los daños y perjuicios ocasionados por su negligente actuación, al apreciar un descuido y mala práctica de dicha entidad al remitir al librador descontatario unos efectos, con importantes derechos económicos anejos, por correo ordinario. El juez entendió que la entidad de crédito debía resultar responsable del transitorio extravío (en tanto prescribía la acción cambiaria dimanante de los mismos). La Audiencia Provincial, al tiempo de concretar los perjuicios derivados del extravío de las cambiales, no concedió el importe nominal de las mismas, por cuanto «si, como ya explicamos, las letras carecían de valor económico («simple papel»), si no eran cobrables en absoluto frente a la librada, no puede entonces afirmarse que el extravío causase la pérdida dineraria del nominal expresado en los títulos». Consideró, por tanto, que su impago por extravío no había perjudicado a la demandante más que en los gastos de devolución que se le cargaron en cuenta ( pesetas), a lo que añadió los intereses moratorios al tipo que habría aplicado la propia caja por descubiertos en cuenta corriente desde el momento del cargo ( ) hasta el completo pago. Frente a esto, la empresa recurrente invocó que «en vía declarativa al acreedor le bastaría con la aportación de los efectos cambiarios, en cuanto comportan un reconocimiento de deuda o una promesa de pago, para probar la deuda, y ello en virtud de la denominada abstracción procesal de la deuda». El Tribunal Supremo indicó que el planteamiento de la parte recurrente comportaba, como presupuesto ineludible, el ejercicio por la parte actora de una acción cambiaria, para la que bastaba con la corrección formal del título cambiario. Sin embargo, en el caso analizado la acción ejercida no fue la cambiaria, por lo que correspondería al demandante la carga de acreditar, como hecho principal, constitutivo de su pretensión, la existencia misma del negocio causal subyacente. Al no haberlo hecho, el Tribunal consideró ajustada a Derecho la solución que al litigio se dio en la instancia. En la STS de (Id Cendoj: ), la demandante hizo entrega al banco de una letra en gestión de cobro, que resultó impagada a su vencimiento. Tras el impago, el banco retuvo la letra en su poder, no siendo sino hasta que aquella interpuso reclamación ante el Banco de España cuando la cambial resultó devuelta. La reclamante demandó al banco por considerar que en la gestión del cobro de la letra encomendada al banco este había incurrido en dos irregularidades: a) no presentar la letra al cobro en el momento del vencimiento, y b) no devolverla a la endosataria. Esta actuación había propiciado la pérdida de las acciones cambiarias y la imposibilidad de cobrar el importe de la letra, porque, en el momento de la demanda, librador y aceptante eran insolventes. La parte demandante centró su demanda en el incumplimiento del artículo 1170 BANCO DE ESPAÑA 298 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 200819 del Código Civil, y reclamó el pago de la suma de la letra, más los intereses que correspondieran como indemnización. El banco demandado contestó alegando, entro otros extremos, que presentó la letra al cobro, que esta no tenía tomador, que existía un defecto de timbre y que había retenido la letra en virtud del contrato de crédito que tenía con la demandante (que le permitía su retención). Alegó, además, que no podía aplicarse el artículo 1170 del Código Civil (porque no se trataba de un contrato de descuento) y que la gestión fue correcta (porque se presentó la letra al cobro, resultando impagada). El Juez de Primera Instancia y la Audiencia Provincial desestimaron la demanda. La Audiencia Provincial consideró que «lo verdaderamente determinante en este recurso es saber si la retención de la letra privó a la actora de su posibilidad de cobrar su importe por haber variado posteriormente las circunstancias económicas de los deudores». La Sala no consideró acreditada esta relación de causalidad, porque la actora y recurrente no probó la existencia de daños y perjuicios, de modo que «la conducta del Banco no privó al acreedor de recibir la satisfacción del derecho de crédito o, cuando menos, no ha sido acreditado, pues este se hubiera podido ejercitar por otra vía distinta a la de su incorporación al título ejecutivo, incluso en el seno de una reclamación judicial ordinaria que probara, por cualquier medio, el nacimiento, vigencia y exigibilidad de la deuda». En ningún caso podría atribuirse al banco un perjuicio equivalente al de la deuda. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación, por alegar motivos de infracción distintos de los invocados en la primera y segunda instancia, y por entender que no cabía aplicar por analogía la doctrina jurisprudencial relacionada con el contrato de descuento, ya que se trataba de contratos diferentes. En la STS de (Id Cendoj: ), el demandante procede contra el banco al que se encargó el cobro de un cheque, por su falta de devolución, con solicitud de condena a pagar el importe del cheque extraviado. Debemos resaltar que el demandante de este pleito, previamente a la vía judicial, había acudido al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que consideró que el banco «había quebrantado las buenas prácticas bancarias al no emplear la diligencia exigible en la remisión a su cliente del cheque impagado, al no adoptar prontamente las medidas que limitaran en lo posible las consecuencias que ello acarreaba al titular, y, finalmente, al percibir de su cliente una cantidad enteramente injustificada y a todas luces improcedente». Sin embargo, el informe no se pronunciaba sobre la valoración de los perjuicios que hubieran podido ocasionarse al reclamante. Este acudió a la vía judicial, obteniendo sentencia favorable en primera instancia y desfavorable en la segunda. El Juez de Primera Instancia entendió que no quedaba acreditado que el perjuicio económico fuera irreversible, ya que el extravío no determinaba la imposibilidad de cobrar. En consecuencia, al no conocerse la solvencia y efectividad de cobro y poder constituir la satisfacción íntegra un enriquecimiento injusto, condenó al banco al pago del 60% del importe reclamado. Por el contrario, la Audiencia Provincial revocó la sentencia anterior por varios motivos; entre otros, porque la gestión encomendada de cobro del cheque fue cumplida, resultando el cheque impagado. Precisó que, aunque posteriormente el banco incurrió en la negligencia de perder el cheque, de ello no podía inferirse un daño equivalente a la falta de cobro de la obligación de pago contenida en el referido cheque. Además, precisó que el cheque perdido, después de resultar impagado tras su presentación al cobro, pudo ser BANCO DE ESPAÑA 299 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 200820 rehabilitado con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque pudiendo haber sido ejercida, además, y en su caso, la acción causal. Por último, concluyó que «no puede entenderse la existencia de responsabilidad contractual o extracontractual al no existir relación causal alguna entre la pérdida del cheque posterior al impago y la falta de cobro por el demandante del importe». El Tribunal Supremo, por su parte, entendió que los daños alegados no derivaban de la pérdida del talón, sino del impago del cheque y que este no fue propiciado por el banco gestor, sino por el deudor, al no hacerlo efectivo. El acreedor, aún sin documento mercantil, era titular de las acciones causales correspondientes al crédito (sin olvidar que podía haber instado el procedimiento previsto en los artículos 154 y 155 de la Ley 19/1985), por lo que se seguían pudiendo ejercitar las acciones causales inherentes a la deuda asumida por el librador del cheque. En consecuencia, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada en segunda instancia. 8.2 Contrato de alquiler de cajas de seguridad En la STS de (Id Cendoj: ), el demandante fue víctima de un butrón practicado en el Banco Zaragozano, SA (en la actualidad, Barclays Bank, SA). Acudió en casación al Tribunal Supremo por inaplicación del artículo 1769 del Código Civil, que establece lo siguiente: «Cuando la cosa depositada se entrega cerrada y sellada, debe restituirla el depositario en la misma forma, y responderá de los daños y perjuicios si hubiese sido forzado el sello o cerradura por su culpa. Se presume la culpa en el depositario, salva la prueba en contrario. En cuanto al valor de lo depositado, cuando la fuerza sea imputable al depositario, se estará a la declaración del depositante, a no resultar prueba en contrario.» Este motivo fue estimado por el Tribunal Supremo, que formuló unas interesantes reflexiones sobre la naturaleza jurídica de este contrato. Así, matizó que su naturaleza no es la de depósito en su variedad de depósito cerrado, sino la de un contrato atípico, surgido de la conjunción de prestaciones del arriendo de cosas y de depósito, en el que la finalidad pretendida por el cliente no es el mero goce de la cosa arrendada, sino la custodia y seguridad de lo que se guarda en la caja, que se consigue, de una forma indirecta, a través del cumplimiento por el banco de una prestación consistente en la vigilancia de la misma y de su integridad a cambio de una remuneración. La entidad bancaria no asume la custodia de ese contenido, sino la reparación del daño que la ruptura, sustracción o pérdida de la caja puedan ocasionar al cliente. Es claro que la situación más análoga a la descrita es la determinada por la existencia de un depósito cerrado y sellado, contemplada en el artículo 1769 del Código Civil. El contrato litigioso, en suma, tiene una causa mixta. En cuanto a su régimen jurídico, debe ser el resultante de la aplicación ante todo de las reglas imperativas de la normativa sobre obligaciones y contratos en general; subsidiariamente, el de las estipulaciones de las partes en lo que no traspasen los límites de la autonomía de la voluntad; y, finalmente, se han de aplicar las normas del contrato típico que forma parte del contenido del atípico en cuestión, siempre que no pugne con la finalidad perseguida mediante la celebración de este último contrato. En el contrato examinado existe, a cargo del banco, un deber de vigilancia y conservación de lo que se entrega por el cliente, a través de la caja que la entidad bancaria pone a su BANCO DE ESPAÑA 300 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 200821 disposición, que no es propio de las obligaciones del arrendador. El incumplimiento imputable al banco de su prestación es evidente que desencadena la obligación de reparar el daño si desaparece el contenido de la caja total o parcialmente. No hay inconveniente en aplicar a la situación creada las normas del depósito, en este caso, del cerrado, por su analogía clara. En realidad, en el llamado alquiler de la caja de seguridad se entrega al banco, para su custodia, la caja, con todo lo que contiene. No existe depósito de cosas porque al banco no se le entregan las mismas para su depósito. Sin embargo, la entidad ha de conservar y custodiar la caja que usa y entrega el cliente, del mismo modo que, por imperativo del artículo 1769 del Código Civil, el depositario ha de conservar el sobre cerrado y sellado en que se contienen las cosas, no estas mismas. Su custodia y conservación se efectúan, tanto en un caso como en el otro, de una forma indirecta, a través de la caja de seguridad o del sobre cerrado y sellado. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el Tribunal Supremo, pese a estimar el motivo del recurso, no casó la sentencia recurrida. Su fallo coincidió con el de la sentencia objeto de recurso, al aportar el banco indicios que se consideraron sólidos para dejar de dar credibilidad a la declaración por la actora del valor de lo depositado. No obstante lo anterior, no se condenó en costas a la recurrente, «dada la naturaleza de la cuestión discutida, que ha ocasionado en la doctrina y jurisprudencia múltiples opiniones y declaraciones en absoluto coincidentes». 8.3 Contrato de crédito En la STS de (Id Cendoj: ) se discutía por los fiadores solidarios de una póliza de crédito la existencia o no de una prórroga tácita del contrato. La Audiencia Provincial había estimado dicha prórroga por haberse practicado, con posterioridad al vencimiento de la póliza, operaciones en la cuenta asociada. Para la Audiencia dichas operaciones implicaban una prórroga tácita o presunta del plazo según la condición general 7.ª de la póliza. Estas operaciones, reflejadas en la liquidación aportada por la propia parte actora con su demanda, consistían en dos cargos, por gastos de teléfono, por importe de y pesetas, respectivamente, y una anotación de «excedido» por importe de pesetas. Sin embargo, el Tribunal Supremo entendió que la interpretación de la cláusula contractual por la Audiencia Provincial era excesivamente rígida, por lo que, en su lugar, aplicó la jurisprudencia de esa Sala, que excepcionalmente permite revisar la interpretación contractual del juzgador de instancia si esta fuera irrazonable. El Tribunal Supremo explicó que la condición general 3.ª del contrato facultaba a la entidad de crédito para abonar o adeudar en la cuenta «cualesquiera otros saldos acreedores y deudores provenientes de otras posiciones u operaciones mantenidas por la Caja con la parte acreditada o con cualquier fiador ahora o en el futuro» y que la flexibilidad que otorgaba esa condición era incompatible con la extrema rigidez de la sentencia impugnada si se atendía al dato primordial de que lo reclamado en la demanda no fue el saldo de la cuenta después de las tres anotaciones señaladas, sino el que presentaba precisamente el día del vencimiento. 8.4 Contrato de cuenta corriente En la STS de (Id Cendoj: ), la litigante era titular de un préstamo hipotecario con Banco Hipotecario de España, SA, cuyas cuotas estaban domiciliadas en Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (en adelante, Bancaja). Las cuotas del préstamo se habían pagado en diferentes cuentas, incluso en una en la que no era titular la litigante, sino su marido, que no era prestatario. A partir de febrero de 1996 dejaron de pagarse los recibos del préstamo hipotecario por falta de fondos en la cuenta BANCO DE ESPAÑA 301 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 200822 donde estaban domiciliados. El 1 de julio de 1997 el banco acreedor ejerció la acción hipotecaria por incumplimiento del contrato de préstamo. Se procedió a la venta en pública subasta del bien hipotecado. La deudora demandó a Bancaja por considerar que había actuado negligentemente, al no cargar los recibos en la cuenta del esposo, que sí tenía saldo positivo, como había hecho en otras ocasiones, alegando la existencia de una práctica bancaria en ese mismo sentido. El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso de casación, desestimando los argumentos de la deudora. En la STS de (Id Cendoj: ), los demandantes habían abierto distintas cuentas corrientes en la Caja Rural de Valencia, con depósito en ellas de diversas cantidades que habían desaparecido de las cuentas, existiendo un procedimiento penal en el que se investigaba la actuación del director bancario. La entidad demandada, aunque reconocía la apertura de las libretas, negaba en cambio que se hubiera depositado dinero en ellas y alegaba que el depósito solo quedaba perfeccionado con la entrega de dinero. La sentencia de primera instancia estimó la demanda de todos los demandantes menos de uno (por falta de prueba de la aportación del dinero en la cuenta), considerando probado, de la documental aportada, que el dinero reclamado había estado en las cuentas de la entidad demandada. El Juez entendió que la entidad debía responder de su devolución de las cantidades depositadas en las libretas, sobre la base del artículo º del Código Civil (que recoge el deber de vigilancia del empresario en la conducta de sus empleados) y del hecho de que el director de la sucursal bancaria había actuado en la esfera de la actividad empresarial. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de la hoy recurrente, considerando responsable a Caja Rural de Valencia. En primer lugar, le atribuyó una responsabilidad contractual en atención a los depósitos, considerando que estaba obligada a devolver el dinero probado como ingresado. En segundo lugar, declaró su responsabilidad extracontractual por su culpa in vigilando en relación con la actuación llevada a cabo por el director de la sucursal bancaria en la esfera de la empresa. Tras obtener sentencia desfavorable en primera y segunda instancia, la cooperativa de crédito acudió en casación al Tribunal Supremo, que rechazó sus argumentos. 8.5 Contrato de préstamo En la STS de (Id Cendoj: ), el objeto del proceso versa sobre el deber bancario de información a un cliente en relación con el estado de los préstamos concertados. Se analiza, además, si se ha cumplido la obligación satisfactoriamente para el titular del derecho con la documentación aportada por el banco con el escrito de contestación a la demanda, sin necesidad de aportar ninguna documentación más. En primera instancia, el demandante obtuvo sentencia favorable, que fue revocada por la Audiencia Provincial, al entender cumplida la obligación relativa a la información que se debía suministrar. El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación en parte. Por un lado, anuló el pronunciamiento absolutorio dictado por la Audiencia Provincial, al basarse este en que el hecho que determinaba el efecto extintivo de la obligación de la demandada, y por consiguiente de la pretensión actora, se produjo durante el proceso; es decir, después de haberse constituido la litis, por lo que la resolución de la Audiencia había vulnerado el principio de la «perpetuatio actionis» (recogido en profusa jurisprudencia y actualmente en los artículos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000), con arreglo al que los pleitos deben resolverse conforme al estado de cosas existente al tiempo de producirse la litispen- BANCO DE ESPAÑA 302 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 2008 Mostrar más
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 artículo 1170
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 artículo 1769
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