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Timestamp: 2019-05-21 15:00:04+00:00

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﻿ SENTENCIA C-554 DE MAYO 26 DE 2005
SENTENCIA C-554 DE 26 DE MAYO DE 2005
CONTENIDO:PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. OBJECIONES PRESIDENCIALES. SE DECLARA INFUNDADA LA OBJECIÓN FORMULADA POR EL GOBIERNO NACIONAL AL PROYECTO DE LEY 223 DE 2003, SENADO DE LA REPÚBLICA, 109 DE 2002, CÁMARA DE REPRESENTANTES, POR EL CUAL LA NACIÓN SE VINCULA A LA CELEBRACIÓN DE LOS 60 AÑOS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO RINDE TRIBUTO DE ADMIRACIÓN A SU FUNDADOR Y SE AUTORIZA EN SU HOMENAJE LA CONSTRUCCIÓN DE ALGUNAS OBRAS" EN CONSECUENCIA SE DECLARA EXEQUIBLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, FUNCIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, GASTO PÚBLICO SOCIAL
Sentencia C-554 de mayo 26 de 2005
Sentencia C-554 de 2005
Ref.: Expediente OP-079
Objeciones presidenciales al proyecto de ley Nº 223/03 Senado y 109/02 Cámara.
“Por el cual la Nación se vincula a la celebración de los sesenta (60) años del Instituto Caro y Cuervo, rinde tributo de admiración a su fundador y se autoriza en su homenaje la construcción de algunas obras”.
EXTRACTOS: «III. Texto del proyecto de ley objetado
El texto del proyecto de ley objetado es el siguiente (fl. 38 cdno.1):
Ley Nº .....
“Por el cual la Nación se vincula a la celebración de los 60 años del Instituto Caro y Cuervo. Rinde tributo de admiración a su fundador y se autoriza en su homenaje la construcción de algunas obras.
ART. 1º—La Nación se asocia a la celebración de los sesenta (60) años del Instituto Caro y Cuervo, establecimiento público del orden nacional, centro de investigación y de docencia, digno representante de la sensibilidad cultural colombiana e hispanoamericana, considerado universalmente por sus publicaciones, sin par en América y entre los más notables del mundo en su especialización. Así mismo, rinde especial tributo de admiración a su fundador, el doctor Alfonso López Pumarejo, a su primer director, el padre Félix Restrepo S.J., y a sus sucesores quienes han conservado la acertada filosofía del instituto adecuándola a los avances tecnológicos.
ART. 2º—De conformidad con el régimen legal vigente artículos 334,339 y 341 de la Constitución Nacional autorízase al Gobierno Nacional para incorporar dentro del presupuesto general de la Nación correspondiente a próximas vigencias, las apropiaciones destinadas a la construcción de obras, en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
a. Construcción de una edificación de dos plantas, en la sede de Yerbabuena, con destino a la biblioteca virtual de la institución, del mismo estilo arquitectónico de las edificaciones allí levantadas.
b. Construcción de las instalaciones para el seminario Andrés Bello, unidad docente del instituto, en el barrio la Candelaria de Bogotá.
c. Construcción de un panteón nacional, en la sede de Hierbabuena donde reposarán los restos de don Rufino José Cuervo, don Angel Cuervo, de Ezequiel Uricoechea y los otros egregios intelectuales y escritores colombianos.
d. Construcción de una nueva carretera de acceso a la sede de Yerbabuena, la cual debe quedar totalmente pavimentada.
e. En el edificio de la sede de Yerbabuena se colocará una placa conmemorativa de los 60 años del Instituto Caro y Cuervo.
ART. 3º—Autorízase la emisión de una estampilla conmemorativa de los 60 años del Instituto Caro y Cuervo y de los 45 años del seminario Andrés Bello, la unidad docente del instituto, fundado por acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) , el Gobierno Colombiano y el Instituto Caro y Cuervo.
ART. 4º—El Gobierno Nacional incorporará en la ley general del presupuesto de las vigencias que determine, las apropiaciones específicas según su disponibilidad financiera, factibilidad de ejecución de las obras y el previo cumplimiento de las normas respectivas vigentes.
IV. Objeciones formuladas por el Gobierno Nacional
Mediante comunicación de 23 de octubre de 2003 (fls. 33 cdno. 1) el Gobierno Nacional formuló las siguientes objeciones por razones de inconstitucionalidad contra el citado proyecto de ley:
Objeción: Vulneración del artículo 151 de la Constitución Política
Se señala específicamente el artículo 2º literal (d) del proyecto de ley referido. Dicha disposición determina:
d. Construcción de una nueva carretera de acceso a la sede de Yerbabuena , la cual debe quedar totalmente pavimentada.
2. Término para formular las objeciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Constitución, el Gobierno Nacional dispone del término de seis (6) días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte (20) artículos. Dicho término debe computarse en días hábiles, con base en la regla general contenida en el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913, que subrogó el artículo 70 del Código Civil, según la cual “en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario (...)”, y de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación.
En el presente caso dicho término fue respetado, pues el proyecto de ley se compone de cinco (5) artículos, fue remitido para sanción presidencial por el Presidente de la Cámara de Representantes y recibido por la Secretaría Jurídica de la Presidencia el 15 de Octubre de 2003 (fl. 41 cdno. 1) y fue devuelto a éste por el Gobierno Nacional el 23 de Octubre del mismo año (fl. 33 cdno.1).
3. Examen del contenido de las objeciones.
Para realizar un análisis de fondo sobre el tema planteado en la presente objeción presidencial, entrará esta Corporación a estudiar en un primer término (I) si el Congreso de la República tenía la facultad para establecer un gasto público, en este caso la construcción de una nueva carretera y su pavimentación , para en un segundo término (II) determinar si la autorización para construir la mencionada carretera vulnera la Ley 715 de 2001 y en consecuencia el artículo 151 de la Constitución Nacional.
I. Principio de legalidad del gasto público
Este principio está establecido en los artículos 345 y 346 de la Constitución Política, relativos al presupuesto, según los cuales “corresponde al Congreso, como órgano de representación plural, decretar y autorizar los gastos del Estado, pues ello se considera un mecanismo necesario de control al ejecutivo y una expresión inevitable del principio democrático” (1) .
Así las cosas, el Congreso puede determinar y autorizar gastos que deba realizar el Estado, no solo por cuanto es el órgano de representación popular sino igualmente por cuanto es un mecanismo de control del ejecutivo.
Esta posibilidad encuentra sustento en el numeral 11 del artículo 150 Constitucional que establece que al Congreso corresponde “establecer las rentas nacionales y los gastos de la administración”, esto en concordancia con el segundo inciso del artículo 345 ibídem, el cual indica que no se podrá hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluido en el presupuesto de gastos, y el 346, inmediatamente siguiente, que afirma que no podrá hacerse ningún gasto público “que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los consejos distritales o municipales...”.
En el constitucionalismo colombiano, la legalidad del gasto opera en dos momentos diferenciados, pues en general las erogaciones no solo deben ser previamente decretadas por la ley (C.P., art. 346) sino que, además, deben ser apropiadas por la ley de presupuesto (C.P., art. 345) para poder ser efectivamente realizadas.
La regla general en nuestro sistema constitucional es que el Congreso es quien tiene la iniciativa en materia de gasto público y excepcionalmente el Gobierno Nacional. En efecto, la leyes obligan y las que ordenan gastos públicos también, de lo contrario quedaría su cumplimiento supeditado a la voluntad del gobernante de turno. En una democracia quien tiene la primacía es el órgano legislativo y así lo quiso el constituyente de 1991 en materia de gasto público. Así las cosas, la generalidad es que el Gobierno Nacional dé comienzo a la ejecución del gasto en el presupuesto inmediatamente siguiente.
Por consiguiente, y en el presente caso, esta Corte encuentra que la ley “autoriza al Gobierno Nacional para incorporar dentro del presupuesto general de la Nación correspondiente a próximas vigencias, las apropiaciones destinadas a la construcción de obras, en las sedes del Instituto Caro y Cuervo “(fl. 38), dentro de dichas obras encontramos la señalada por el literal (d) del artículo 2º objetada por el gobierno.
En conclusión, el Congreso estaba facultado para decretar dicho gasto, con base en el principio de legalidad del gasto público (2) ; gasto este que debe incorporarse al presupuesto general de la Nación como lo determina el proyecto de ley, esto es entendida como autorización al gobierno.
II. Posible vulneración del artículo 151 de la Constitución Política, si se presentare la violación de la Ley 715 de 2001
Afirma el gobierno, se vulneran las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, al decretar el Congreso un gasto público que corresponde al municipio en el cual se localiza Yerbabuena, y en consecuencia, se produciría una doble asignación presupuestal, no prevista en la ley ni en la Constitución.
Así las cosas, entra esta corporación a establecer en primer lugar la naturaleza jurídica del Instituto Caro y Cuervo (A) y en segundo lugar, la competencia municipal en materia de trasporte (B)
A. Naturaleza Jurídica del Instituto Caro y Cuervo.
El Instituto Caro y Cuervo fue creado por la Ley 5ª de 1942. Dicho instituto fue reorganizado por el Decreto 1993 de 1954 y adscrito como un establecimiento público del orden nacional al Ministerio de Cultura, a través del Decreto 1746 de 2003, artículo 23.
Así las cosas, el instituto aludido es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Cultura.
B. Competencia municipal en materia de transporte.
Según la Ley 715 de 2001, artículo 76 numeral 4.1, los municipios son competentes en materia de transporte para “Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos directa o indirectamente.
En este orden de ideas, siendo el Instituto Caro y Cuervo un establecimiento público del orden Nacional, no es competente el municipio para efectuar las labores de construcción y pavimentación de la referida carretera, por tanto dicha competencia recae sobre la Nación.
En conclusión, al no vulnerarse la Ley 715 de 2001 y en consecuencia tampoco el artículo 151 de la Constitución Política, encuentra esta Corte infundadas las objeciones realizadas por el Gobierno Nacional en relación al proyecto de ley 223 de 2003 Senado y 109 de 2002 Cámara de Representantes; razón por la cual declarará exequible el mencionado proyecto.
1. Declarar INFUNDADA la objeción formulada por el Gobierno Nacional al proyecto de ley 223/03 Senado - 109/02 Cámara “Por el cual la Nación se vincula a la celebración de los 60 años del Instituto Caro y Cuervo. Rinde tributo de admiración a su fundador y se autoriza en su homenaje la construcción de algunas obras en consecuencia, se declara su EXEQUIBILIDAD.
(1) Sentencia C- 442 de 2001.
(2) Véase la Sentencia C- 307 de 2004, A.V. y S.V. Magistrados Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán S. y Clara Inés Vargas H.

References: artículo 151
 artículo 2
 artículo 166
 artículo 62
 artículo 70
 artículo 151
 artículo 150
 artículo 345
 artículo 2
 artículo 151
 artículo 23
 artículo 76
 artículo 151