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⭐Personas Jurídicas sin Fines de Lucro en Nicaragua UNA GUÍA BÁSICA
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María Pilar Jiménez Arroyo
1 CENTRO DE DERECHOS CONSTITUCIONALES Carlos Núñez Téllez Personas Jurídicas sin Fines de Lucro en Nicaragua UNA GUÍA BÁSICA Managua, Nicaragua Marzo 20102 Índice de contenido Introducción 1) Qué es una persona jurídica sin fines de lucro? 2) Ventajas de la Personalidad Jurídica 3) El proceso de constitución y legalización 3.1) La escritura pública de constitución y Estatutos 3.1.a) Constitución y naturaleza 3.1.b) Denominación 3.1.c) Duración y domicilio 3.1.d) Fines y objetivos 3.1.e) Patrimonio 3.1.f) Órganos de gobierno y administración 3.1.g) Miembros. Derechos y deberes 3.1.h) Capacidad civil 3.1.i) Disolución y liquidación 3.2) Los trámites en la Asamblea Nacional y en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones 4) Funcionamiento organizativo y administrativo 4.1) Sesiones de los órganos de gobierno y elección de autoridades 4.2) Los Estatutos y los aspectos contables 4.2.a) Patrimonio social 4.2.b) Asambleas generales de miembros 4.2.c) Funciones de la Junta Directiva 4.2.d) Disposición de bienes muebles e inmuebles 4.2.e) Vigilancia o fiscalización 4.2.f) Acciones para mantener la regularización 4.3) Derechos y obligaciones de las PJSFL 4.4) Las reformas estatutarias 4.5) Estados contables básicos 4.5.a) Balance general mensual 4.5.b) Estado de resultado mensual 4.5.c) Balance de comprobación mensual 4.5.d) Estado de origen y aplicación de fondos al final del período 4.6) Las cuentas bancarias 4.7) Regularización en otras instancias del Estado 4.7.a) Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección General de Ingresos, DGI y Dirección de Contrataciones del Estado 4.7.b) Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 4.7.c) Instituto Nacional Tecnológico (INATEC)3 4.8) Régimen fiscal 4.9) Las sanciones y cancelaciones 4.9.a) Multas 4.9.b) Intervención 4.9.c) Cancelación de la Personalidad Jurídica A manera de conclusión Fuentes de información4 Introducción Los principios liberales de igualdad, libertad y fraternidad, enarbolados por las revoluciones y refrendados en declaraciones de derechos y cuerpos normativos, sintetizan el fundamento de los sistemas democráticos; y constituyen las bases de lo que hoy se denominan derechos humanos o derechos fundamentales. El derecho de asociación ha tenido una incorporación tardía a los catálogos de estos derechos, incluso estuvo ausente en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789); sin embargo, actualmente se consigna expresamente en la casi totalidad de las Constituciones occidentales, considerándose que constituye uno de los derechos fundamentales que más contribuye a la profundización del sistema democrático y a la participación ciudadana. En general, todos los ordenamientos constitucionales de Nicaragua, a partir de La Libérrima de 1893, garantizan la libertad y el derecho "de asociación para cualquier objeto lícito". Desde 1939 es un derecho considerado entre los derechos ciudadanos, dándose potestad al Estado para autorizar los organismos corporativos, morales, culturales, económicos, científicos y técnicos. La vigente Constitución Política de Nicaragua consagra el derecho de asociación en el Artículo 49, que dice textualmente: «En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las Comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines». Esta disposición garantiza el reconocimiento con carácter universal del derecho de asociación de todos los ciudadanos al hacer una enumeración bastante exhaustiva de distintas colectividades; y, al enunciar concretamente determinados sectores sociales, subraya la importancia que les concede al consagrar a nivel constitucional el derecho genérico a constituir organizaciones. Esto supone el reconocimiento de diversos intereses que lógicamente podrían entrar en contradicción sin que ello signifique fractura o crisis alguna en la estructura del Estado. Por el contrario, lejos de aspirar a la creación de colectividades homogéneas, los Estados de Derecho pretenden establecer los cauces pacíficos para la resolución de las diferencias mediante la articulación de normas jurídicas aplicables a todos los miembros de la sociedad. Por tanto, un Estado democrático considera el conflicto de intereses como algo inherente a la vida social y proporciona los medios necesarios para incorporarlo a la vida política. El derecho de asociación supone un instrumento de participación de la ciudadanía mediante la expresión de las diferencias que se desarrollan en la sociedad. Es importante 15 poner de manifiesto que éste es un derecho de carácter libre y voluntario, que, según el mismo Artículo 49 Cn., se ejercerá de acuerdo a "la voluntad participativa y electiva" de los ciudadanos, lo que reviste gran importancia ya que se rechaza todo encuadramiento de tipo coactivo. Además de esta norma expresa sobre este derecho, la Constitución Política reconoce en su Artículo 46 la plena vigencia de los derechos consignados en diferentes instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua, que a su vez se consagran el derecho de asociación. Por tanto, estos convenios son leyes de la República al estar incorporados con rango constitucional en el ordenamiento jurídico nacional, y dicen textualmente: Declaración Universal de los Derechos Humanos Arto. 20: Arto. 22: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a...obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Arto. 22: 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras,... ; 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Arto. 1: 2. Para el logro de sus fines todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, basada en el principio de beneficio recíproco... Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Arto. XXII: Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. Convención Americana sobre Derechos Humanos Arto. 16: Libertad de Asociación 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 26 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Sobre los dos últimos instrumentos referidos, también hay que señalar que el Artículo 5 de la Constitución Política consagra la adhesión a los principios del Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente; por tanto, todas las normas contenidas en la Declaración y la Convención Americanas, como parte de ese Derecho, tienen rango constitucional en el ordenamiento jurídico nacional. Estas son las normas constitucionales e internacionales que garantizan el derecho de asociación en Nicaragua. Identificar las formas de ejercicio de este derecho y los deberes derivados del mismo es la razón de ser de este documento, que se pone a disposición de las organizaciones de la sociedad civil, para conocer la legislación que lo regula y las vías institucionales que establecen procedimientos para que se cumpla de manera real y efectiva. 37 5) Qué es una persona jurídica sin fines de lucro? El marco jurídico que regula la vida de las organizaciones de sociedad civil (OSC) en Nicaragua tiene su fundamento constitucional en el Arto. 49 Cn., que consagra el derecho de organización basado en la voluntad participativa y electiva de quienes se organizan, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Específicamente, la legislación de desarrollo se materializa en la Ley No. 147, Ley General de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (1992), cuyo objeto es...regular la constitución, autorización, funcionamiento y extinción de las personas jurídicas civiles y religiosas que sin fines de lucro existen en el país. También hay disposiciones del Código Civil (1904) para las denominadas simples asociaciones civiles o comerciales, según el fin de su instituto. La aplicación y el cumplimiento de la Ley No. 147 se caracteriza por una amplia discrecionalidad, debida principalmente a sus vacíos y algunas contradicciones, además de la carencia de un reglamento o de disposiciones administrativas que regulen con claridad los procedimientos y los requisitos que las personas jurídicas sin fines de lucro están obligadas a cumplir para su constitución, autorización, funcionamiento y extinción. Esta situación afecta a las asociaciones y fundaciones en diversos ámbitos de su vida jurídica. El texto de la Ley No. 147 no define qué es una persona jurídica sin fines de lucro; su artículo 2 solamente enumera los tipos que pueden conformarse, una vez que llenen los requisitos establecidos, clasificándolas en asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones. Ni siquiera se define qué es una asociación, como tampoco lo hace el Código Civil ya mencionado. Hasta ahora, sigue siendo incluso una tarea pendiente en la legislación nicaragüense, la definición de los tipos de personas jurídicas sin fines de lucro que pueden conformarse, que permita a su vez distinguir entre una u otra, especialmente en el caso de las asociaciones y las fundaciones. El artículo 3 de la Ley No. 147 sólo establece el número y la capacidad de las personas, naturales o jurídicas, requeridas para constituir una asociación; mientras el artículo 4 dispone que las fundaciones no están ligadas a la existencia de socios y que sus elementos esenciales son un patrimonio destinado a un fin público y una administración reglamentada. En la práctica, tanto el órgano legislativo que otorga la Personalidad Jurídica, como el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación organismo encargado de la aplicación de la Ley, dan tratamiento similar e indistinto a fundaciones y asociaciones. Con fundamento en el derecho de organización consagrado en el texto constitucional, es posible afirmar que un grupo de individuos puede unirse según sus propios intereses, puede realizar actividades de cualquier naturaleza, siempre que sean lícitas, y regirse por las disposiciones civiles, como simples asociaciones civiles o comerciales. De otra parte, puede también organizarse un grupo de personas, naturales o jurídicas, de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley No. 147 y constituirse como Persona Jurídica sin Fines de Lucro, para lo cual es indispensable la debida autorización del Estado. 48 6) Ventajas de la Personalidad Jurídica Asociarse contribuye a fortalecer la organización: definir autoridades y funciones, precisar objetivos generales y específicos, establecer normas de funcionamiento, entre otras cosas. Además, un grupo de personas organizadas tiene mucha más fuerza y capacidad que cada una individualmente; y puede motivar a otras personas aumentando la participación, reforzando el compromiso de los integrantes y ampliando la solidaridad social. La personería jurídica es el certificado de nacimiento y la cédula de identidad de una organización. Otorga reconocimiento legal del Estado a una organización; facilita y mejora la consecución de sus objetivos. Permite distinguir claramente entre las personas que integran la organización y la propia organización, así como los actos que realizan. Proporciona la capacidad legal para realizar actos jurídicos como sujeto de derechos y obligaciones, en nombre y representación de la organización sin afectar la personalidad de sus miembros. Así, una persona jurídica actúa independientemente de quienes la integran y puede celebrar actos con el Estado y con terceros, ya se trate de otras instituciones de derecho privado como los bancos, las universidades u otras organizaciones, o de organizaciones internacionales, como las agencias de cooperación. Uno de los mayores retos de crear una organización civil está en la serie de trámites que tienes que completar, en los costos asociados a estos trámites y en la posibilidad de que tu nuevo estado legal te imponga ciertas obligaciones que antes no tenías. Sin embargo, si defines claramente el tipo de trabajo que quieres hacer y planeas bien las cosas, las ventajas de constituir tu organización legalmente serán mucho mayores que las desventajas 1. 7) El proceso de constitución y legalización El denominado acto de constitución o acto constitutivo según el artículo 7 de la Ley No. 147 es la culminación del proceso de constitución de una Persona Jurídica sin Fines de Lucro (PJSFL). Una vez finalizado ese proceso, puede dar inicio o no el proceso de legalización. La constitución es cuando un grupo de personas con intereses comunes se reúne para crear una PJSFL, de carácter civil o religioso, con arreglo a la Ley No. 147; y la legalización es el cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma ley para formalizar, dar vida legal a la organización constituida, la cual trasciende la voluntad de sus miembros. Un grupo de personas podrían constituir una organización y no legalizarla, pero sólo podrían legalizarla después de haberla constituido. Por lo general, el proceso de constitución comienza a iniciativa de una o más personas que van dando forma a la idea de una PJSFL. Es recomendable que estas mismas personas, y también con algunas otras que se vayan interesando, preparen un documento sencillo que contenga los aspectos esenciales que guiarán a la organización 1 Construyendo tu organización en 16 pasos: Manual de Constitución Legal de Asociaciones Civiles. Patricia Carrillo Collard, Gisela Robles Aguilar, Mónica Tapia Álvarez, Andrea Tapia Álvarez. Alternativas y Capacidades, A. C. México, D. F. Octubre9 y a sus miembros. Este documento servirá de base para el Notario que habrá de elaborar y autorizar la escritura de constitución y los Estatutos, documentos que serán posteriormente aprobados y firmados por todas las personas que fundarán la organización, en un solo acto que se denomina asamblea constitutiva. Ahora bien, es oportuno aclarar que de la lectura de la Ley No. 147 (Artículos 7 y 13 literal b) se entiende que ante la Asamblea Nacional se presenta la escritura de constitución al solicitar la personalidad jurídica, y una vez que la asociación tiene personalidad jurídica, tiene la obligación de presentar también sus Estatutos; es decir que son dos momentos distintos. No obstante, la Secretaría de la Asamblea Nacional ha establecido que la escritura de constitución y la aprobación de Estatutos se realizan en un solo acto notarial; y especifica lo que deben contener: La escritura constitutiva: Constitución y naturaleza Denominación Duración y domicilio Fines y objetivos Patrimonio Integración y composición de la Junta Directiva Representación legal y período de permanencia en los cargos directivos Disolución y liquidación Órganos de gobierno y administración Y los Estatutos: Capítulo primero: naturaleza, denominación, domicilio y duración Capítulo segundo: fines y objetivos Capítulo tercero: de los miembros, derechos y deberes Capítulo cuarto: organiz. de gobierno y dirección Capítulo quinto: funciones de los órganos de gobierno y dirección Capítulo sexto: integración y composición de la Junta directiva, período de permanencia en el cargo directivo y la representación legal de la misma Capítulo séptimo: patrimonio Capítulo octavo: disolución y liquidación Capítulo noveno: capacidad civil de la asociación Capítulo décimo: disposiciones generales Capítulo décimo primero: cuerpo legal supletorio Cualquier otro capítulo que contenga aspectos que sean de interés de los solicitantes de la Personalidad Jurídica 3.1) La escritura pública de constitución y Estatutos Este documento fundacional es elaborado y autorizado por un Notario Público, otorgado y firmado por los miembros fundadores de la PJSFL, después de haberse acordado las bases inaugurales de la organización. El Estatuto es el primer instrumento legal de la organización, la ley específica interna, el contrato social que rige su vida y todos sus miembros tienen la obligación de aceptar, respetar y cumplir todas sus disposiciones. No existe regla superior al 610 Estatuto dentro de una organización, fuera de ella hay leyes públicas y leyes que rigen la sociedad en general, y también deben ser observadas por las entidades. El Estatuto fija las bases fundamentales de la organización: fines y objetivos; reglas de funcionamiento interno; clases de miembros y sus derechos y obligaciones; forma de designación, funciones, atribuciones y responsabilidades de las autoridades; convocatoria y quórum, resoluciones y reglas de las sesiones de los órganos sociales; extinción, disolución y liquidación de la entidad, así como el destino de sus bienes remanentes, para mencionar los aspectos más importantes. A continuación se ilustra en forma general los aspectos imprescindibles que debe contener la escritura de constitución y estatutos: 3.1.a) Constitución y naturaleza De acuerdo con el artículo 3 de la Ley No. 147, es necesario el concurso mínimo de cinco personas capaces de obligarse para constituir una asociación, fundación, federación o confederación. Debe entenderse que estas personas pueden ser naturales o jurídicas; esto queda expresamente dicho en este mismo artículo cuando se refiere a las fundaciones, las cuales tendrán origen en un acto auténtico de liberalidad de su fundador o fundadores y según la finalidad por ellos asignada. Al respecto de éstas, también dispone que no requieran la existencia de socios, siendo esencial un patrimonio destinado a servir una finalidad de bien público y una administración reglamentada. El rasgo fundamental de la naturaleza de las PJSFL está claro en el artículo 1 de la Ley No. 147: no tienen ánimo de lucro. No obstante, esto no implica funcionar con ánimo de pérdida 2, sino que estas organizaciones se caracterizan y se diferencian de las mercantiles porque no hay distribución de utilidades entre sus miembros; toda utilidad de su ejercicio financiero se destina al logro de sus fines y objetivos, que no podrán exceder el bien común o perseguir un interés personal. Más allá de esta evidente particularidad, conviene profundizar un poco sobre la naturaleza jurídica de una organización sin fines de lucro, cuya finalidad casi siempre es una contribución de la sociedad al bien común. Para ello, sirve como material base la definición de sociedad civil del Banco Mundial: Aparte de erguirse como actor fundamental en muchas partes del mundo, la sociedad civil se caracteriza por la variedad de su naturaleza y composición. Por ello, las definiciones de sociedad civil varían considerablemente según distintos modelos conceptuales, el origen histórico y el contexto del país donde se encuentran. El Banco Mundial utiliza el término sociedad civil para referirse a una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil abarca una gran variedad de organizaciones: grupos 2 Análisis de la Ley 147 Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro y propuesta de reformas. Mauricio Zúñiga García. Coordinadora Civil y Centro de Derechos Constitucionales. Proyecto Fortalecimiento Institucional de organizaciones de la sociedad civil que integran la Coordinadora Civil. Managua, diciembre11 comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, organizaciones de caridad, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones. 3 Es aceptado que todo lo que concierne al interés general de la sociedad está comprendido dentro de lo público, hace parte del Derecho Público, mientras lo que atañe a intereses individuales corresponde al Derecho Privado. No abunda recordar que el Código Civil nicaragüense dispone que las personas jurídicas son asociaciones o corporaciones fundadas con algún fin o por algún motivo de utilidad pública, o de utilidad pública y particular conjuntamente que en sus relaciones civiles representen una individualidad jurídica (Artículo 3 C.). Teniendo en cuenta las transformaciones sociales de los últimos decenios, lo público ha dejado de ser patrimonio exclusivo del Estado y hoy, y cada vez más, se mezcla entre otros actores sociales, de manera tal que lo público se define con amplitud como todo lo que concierne a los intereses de la sociedad en su conjunto y a la satisfacción y desarrollo de las necesidades sociales. Y precisamente allí se ubica el ámbito de acción de las organizaciones sin fines de lucro, objeto de este trabajo. 3.1.b) Denominación El nombre o denominación es la carta de presentación de la PJSFL y también representa un elemento de identidad organizativa entre sus miembros; por eso es importante seleccionar un nombre apropiado. El nombre puede estar determinado por diferentes criterios 4 : Objeto social: Es un criterio moderno que permite distinguir claramente a las organizaciones entre sí y que personas ajenas a PJSFL puedan identificar su objeto a partir del nombre. Reconocimiento de una persona: Es un criterio poco usual y debe tener una causa justificada. Es recomendable procurar obtener la autorización expresa y por escrito de la persona, o en su caso, de sus herederos. Fantasía: Puede referirse a un elemento, a un personaje, o a una acción, expresiones de deseo, valores o mensajes positivos, entre otros. En este caso, se recomienda que tenga relación con los fines y objetivos, a fin de darle identidad propia al nombre. Sigla: Persigue generar una marca o imagen organizacional, refleja las palabras integrantes del nombre seleccionado. La sigla puede generar difusión, conocimiento masivo de la organización, mas no es recomendable seleccionarla como nombre de la PJSFL para gestionar la Personalidad Jurídica y su debido registro. Es importante evitar el uso del concepto sociedad ; aunque no está prohibido, es un concepto utilizado por las formas organizativas mercantiles, como la sociedad anónima, que son entidades de comercio, con fines de lucro, de naturaleza muy 3 4 El Banco Mundial y la sociedad civil. Sitio web del Banco Mundial. Clasificación adaptada del Cuadernillo teórico-práctico. Aspectos legales de las OSC. Argentina, junio Ministerio de Coordinación de Gabinete MCG, Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Provincia del Chubut. Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 812 distinta a las PJSFL. También es necesario asegurarse de que no exista otra PJSFL con el mismo nombre. A tal efecto, el Ministerio de Gobernación extiende una Constancia de No Inscripción, la cual es uno de los requisitos que exige la Asamblea Nacional al momento de solicitar la Personalidad Jurídica. 3.1.c) Duración y domicilio La costumbre jurídica es fijar una duración indefinida para una organización sin fines de lucro, pero nada impide establecer un plazo. Especificar la duración está en relación directa con los fines y objetivos de la organización; si estos pueden ser alcanzados en un determinado período de tiempo, o si se trata de propósitos cuyo plazo de cumplimiento es indefinible. La duración también está en conexión con la disolución de la organización, sobre lo cual se profundizará más adelante. En todo caso, y aun cuando se establezca una duración determinada, ésta puede prorrogarse; en cuyo caso la PJSFL no entraría automáticamente en liquidación. Lógicamente, la prórroga del plazo implicará en todo caso una reforma al documento constitutivo. El domicilio no es la dirección exacta donde va a funcionar la sede social principal, sino la jurisdicción territorial donde la PJSFL va a funcionar. Dice el Código Civil que el domicilio de una persona es donde tiene su residencia habitual (Artículo 25 C.), y para el caso de las corporaciones, asociaciones, establecimientos bancarios y demás reconocidos por la ley, es el lugar donde esta situada su dirección o administración, salvo lo que dispusieren sus estatutos o leyes especiales (Artículo 34 C.). En su domicilio, la PJSFL tiene su oficina central, sus autoridades, sus documentos; es el lugar donde se cursa la correspondencia, las notificaciones y se usa en los contratos o convenios que firma. De hecho, es el domicilio formal, legal, y generalmente coincide con el lugar donde se realizan las actividades de la PJSFL conocido también como domicilio o sede social. Es importante considerar que pueden establecerse diferentes sedes, dentro y fuera del territorio nacional, por lo que se recomienda dejar prevista esta posibilidad. Además cabe hacer notar que el domicilio debe ser el lugar donde resulte más fácil que todo lo que allí se reciba llegue con rapidez a las autoridades y/o miembros de la organización. 3.1.d) Fines y objetivos Los fines y objetivos de una PJSFL deben establecerse con precisión; es su objeto social, su razón de ser, de donde pueden formularse su misión y visión. La organización solamente podrá actuar en el ámbito que ellos definan: alrededor de los valores reflejados en ellos se aglutinan y se mueven sus miembros. Es recomendable una redacción exacta, amplia y clara, que cualquiera pueda comprenderlos de su simple lectura y que no deje lugar a interpretaciones erradas. 3.1.e) Patrimonio Entre los elementos que definen la personalidad de una PJSFL se encuentra su patrimonio, el cual hace posible alcanzar los fines y objetivos propuestos. Los aspectos principales a dejar sentados al momento de su constitución son: el monto inicial, su 913 composición y modo de incrementarlo. Por lo general el patrimonio inicial se compone de bienes muebles o inmuebles; dinero en efectivo, títulos o acciones; y en general, cualquier aporte de los miembros fundadores. La Ley No. 147 no exige una suma como patrimonio inicial; aunque en el caso de las fundaciones, el Departamento de Registro y Control de Asociaciones ha establecido el requisito de presentar un balance inicial, no así para las otras formas organizativas previstas en dicha Ley. El patrimonio de una organización puede verse acrecentado por donaciones, legados, herencias, transferencias, subsidios estatales, cuotas sociales; y en fin, cualquier ingreso lícito y encaminado a la consecución de los fines y objetivos de la PJSFL. En el caso de establecerse cuotas de los miembros, es recomendable dejarlas previstas también al momento de constituirse la organización; o en todo caso, facultar a uno de sus órganos de preferencia la Asamblea General para establecerlas y normarlas. 3.1.f) Órganos de gobierno y administración Los órganos sociales denominados también órganos de gobierno, de administración o de dirección son los espacios institucionales donde se definen los asuntos más importantes de una PJSFL. Habitualmente se crean dos órganos primordiales: la Asamblea General y la Junta Directiva, que puede adoptar otros nombres como Consejo Directivo o Consejo de Dirección. Los Estatutos deben establecer las reglas que rigen dichos órganos, al menos: integración, requisitos y atribuciones de sus miembros, periodicidad y naturaleza de sus sesiones, convocatoria, quórum y votación. La Asamblea General está conformada por los miembros con voz y voto, aunque pueden participar miembros que sólo tengan derecho a voz. Es el órgano soberano, la máxima autoridad de la organización; el espacio que sintetiza las ideas, la historia, los objetivos y la voluntad de los miembros, donde se toman las decisiones más trascendentes. Usualmente hay dos tipos de sesiones de Asamblea General ordinarias y extraordinarias, según los asuntos que se decidan. Las de carácter ordinario eligen los integrantes de los órganos sociales, aprueban informes de actividades o financieros, aprueban el ingreso y la sanción o salida de miembros y establecen las cuotas o contribuciones, entre otras atribuciones. Mientras, las sesiones extraordinarias se celebran para conocer de las reformas estatutarias o en caso de liquidación y disolución de la organización, por ejemplo, y en general para decidir grandes líneas de trabajo o temas puntuales de gran trascendencia para la vida interna de la organización. Los Estatutos deben reglar claramente la convocatoria: que sean convocados todos los miembros con derecho a voz, a voto, o a ambos; que se remita la convocatoria y la agenda a discutir en un plazo previo a la fecha de celebración, por determinados medios (correo postal o electrónico, fax u otros). Además, se considera de cardinal valor la determinación del quórum y la mayoría requerida para la votación. Para dar inicio a una sesión, se estila establecer el quórum básico en la mayoría absoluta esto es, más de la mitad de todos los miembros de la PJSFL con derecho a voto, o mayorías especiales en dependencia del tema a tratar. 1014 La mayoría absoluta también es un criterio que prima al momento de normar el mínimo de votos requerido para tomar decisiones, entendida dicha mayoría como más de la mitad de los miembros presentes al momento de la votación; igualmente, pueden establecerse mayorías calificadas para aprobar ciertas significativas decisiones. En algunos casos, previendo empates, se concede el privilegio del doble voto a quien ejerce la presidencia. La Junta Directiva tiene bajo su responsabilidad dirigir y administrar la institución; entre otras funciones, vela por la buena marcha de la administración, las finanzas y las actividades sociales; asegura la preparación de informes; y convoca a la Asamblea General, órgano encargado de elegir a sus miembros, que por lo general desempeñan sus cargos sin recibir remuneración económica, condición que es aconsejable incluir en los Estatutos. El documento estatutario también debe establecer el número y requisito para los miembros de la Junta Directiva y sus atribuciones, el período de gestión y la posibilidad o no de ser reelectos, además de la periodicidad y naturaleza de sus sesiones, y lo relativo al quórum y la toma de decisiones, sin olvida las provisiones respecto a la representación legal de la organización y las facultades que se otorgan en virtud de ella. Es recomendable que este órgano cuente, al menos, con los siguientes cargos: presidencia, secretaría, tesorería y dos vocalías; otros cargos pueden aprobarse según las necesidades y la dinámica de funcionamiento interno de la organización. Se aconseja también incluir las funciones de cada uno de los cargos que se creen en la Junta Directiva; así como también lo relativo a los procedimientos a utilizar en casos de vacantes. Es factible, también, crear comisiones de trabajo específicas, temporales o permanentes, cuyos miembros pueden ser llamados a participar en sesiones de Asamblea General o de Junta Directiva. Una de las instancias más comunes es la encargada de la vigilancia o fiscalización, que bien puede constituirse por una persona o un grupo de personas, sean o no miembros de la PJSFL. Las funciones de vigilancia incluyen supervisar el funcionamiento de la organización, sus órganos y funcionarios; velar por la legalidad administrativa y financiera; dictaminar sobre los informes; y hasta convocar a Asamblea General en caso de necesidad o urgencia, o asumir la dirección de la organización en casos extremos. En este acto de fundación, y previo a la aprobación de los Estatutos, se acostumbra elegir una Junta Directiva Provisional que dirija el proceso de legalización ante la Asamblea Nacional y el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. También se designa una persona como representante para hacerse cargo de las gestiones requeridas en ese proceso. 3.1.g) Miembros. Derechos y deberes Asunto básico a especificar son las diferentes clases de miembros que tendrá la PJSFL, así como los requisitos, los derechos y las obligaciones correspondientes a cada categoría; esto dependerá de las características de la organización y la decisión de los miembros fundadores. Entre las variedades más comunes se encuentran: 1115 Fundadores: son los que suscriben la escritura de constitución y por lo general, son, a su vez, activos o plenos. Activos o plenos: se distinguen del resto de las categorías por su pleno derecho en materia política: tienen voz y voto y capacidad para elegir y ser elegidos. La asamblea se constituye con los miembros activos; y se acostumbra también que el órgano ejecutivo sólo pueda ser integrado por miembros plenos. Es deseable prever las pautas para incorporar nuevos miembros: el órgano competente usualmente lo hace la Asamblea General ; el procedimiento a seguir; y los requisitos para optar a esta categoría, como la adhesión a los fines y objetivos de la organización y la participación en sus actividades durante un período determinado, a veces también se requiere ser propuesto por un número de miembros, además de ser aprobada su incorporación por el órgano competente dentro de la PJSFL. El mismo órgano designado para la incorporación sería responsable de la sanción, separación, expulsión u otro tipo de medidas a tomar respecto a los miembros; en cuyo caso, también resulta sano proveer las causales y el procedimiento. Honorarios: son elegidos usualmente como agradecimiento o distinción a las personas miembros o no que hayan brindado importantes servicios o aportes a la organización. Se acostumbra concederles el derecho a voz, pero no a voto. Otras clases de miembros que pueden crearse son los vitalicios, que normalmente se designan después de alcanzar una determinada antigüedad como miembros activos y se les reconocen los mismos derechos, pero se les disminuyen las obligaciones (como la cuota social, si existiera); o los benefactores, cuya colaboración con la organización es a partir de aportes económicos voluntarios y extraordinarios. El catálogo de deberes y derechos de los miembros que decida aprobar la asamblea fundacional va a depender de las características propias de la organización que están estableciendo. A manera de ejemplo se enumeran algunos: Deberes Cumplir y observar los Estatutos que rigen la organización y acatar las enmiendas que fueren hechas y las resoluciones tomadas por la Asamblea General Fomentar el desarrollo de la PJSFL y velar por los intereses de la misma. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General y cualquiera otra sesión de trabajo para la que hubiese sido designado. Colaborar en la consecución de los objetivos de la asociación. Participar en las actividades de la PJSFL. Cooperar en la conservación de los bienes y en el buen desarrollo de las actividades de la organización. Pagar las cuotas sociales en las fechas establecidas, si fuesen acordadas por la Asamblea General. Cumplir con todos lo demás deberes que establezcan las leyes y los estatutos de la asociación. Hacer debido uso de la información reflejada en los proyectos en cuya realización participen. Proceder con la mayor lealtad y moralidad en sus actividades profesionales. 1216 Derechos Asistir y participar con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General. Participar en todas las actividades que organice o promueva la PJSFL. Elegir y ser electos en los cargos de dirección y otros de la organización. Presentar mociones, sugerencias, propuestas, proyectos a la Asamblea General, así como cualquier otro asunto de interés a las autoridades de la organización. Recibir información y acceder a la documentación disponible para la ejecución de las tareas que le corresponda realizar. Representar a la asociación cuando sea designado por la Asamblea General o la Junta Directiva. Proponer a la junta Directiva los temas que consideren interesantes de ser tratados en Asamblea General. Ser informados en cualquier momento de la situación económica y financiera de la Asociación, en la forma y condiciones que establezca la junta Directiva. Intervenir conforme a las normas legales, estatutarias o reglamentarias, en la gestión administrativa de la asociación. 3.1.h) Capacidad civil La capacidad civil de una organización sin fines de lucro está en relación directa con lo que el Código Civil denomina gozar de entidad judicial, al decir el Artículo 77 C.: Las asociaciones o corporaciones que gozan de entidad judicial pueden ejercer todos los derechos civiles relativos a los intereses legítimos de su instituto. Esa organización, en tanto persona jurídica, requiere una condición indispensable para ser titular de derecho, que es la personalidad, que no es más que la aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Y esa personalidad jurídica se adquiere a través del reconocimiento por el ordenamiento jurídico para ser titular de derechos y de obligaciones. Cuando se habla de capacidad se hace referencia a la aptitud o cualidad inherente para iniciar relaciones jurídicas concretas. No es derecho en sí; es condición y presupuesto de todos los derechos, porque está vinculada a relaciones jurídicas concretas. Esta capacidad se analiza en dos vertientes: capacidad de derecho, la mera tenencia y goce de dichos derechos; y capacidad de obrar, la posibilidad de realizar actos con valor y eficacia jurídica. 3.1.i) Disolución y liquidación La disolución de una PJSFL es acordada por su órgano de máxima autoridad, generalmente por votación de mayoría calificada. Entre las causas más comunes están: el fin del objeto social por incumplimiento o incapacidad; las desavenencias, escisiones internas; los problemas económicos irresolubles; la ausencia de voluntad de los asociados para continuar; o el retiro de personalidad por parte de la autoridad competente. Decidida la disolución, se establece un procedimiento determinado a cargo de una comisión liquidadora, la cual tiene bajo su responsabilidad, en especial, dirigir el proceso de disolución, liquidar los bienes existentes y entregarlos a quien corresponda, 1317 de conformidad con los Estatutos de la organización y las leyes. Es usual designar a otra organización de la misma naturaleza para recibir los bienes remanentes después de liquidar y pagar las deudas de la PJSFL; de lo contrario, el artículo 25 de la Ley No. 147 establece que dichos bienes pasan a ser propiedad del Estado. También establece la Ley los casos en que la Asamblea Nacional puede cancelar la Personalidad Jurídica de una PJSFL 5, previa consulta con el Ministerio de Gobernación: a) Cuando fuere utilizada para la comisión de actos ilícitos; b) Cuando fuere utilizada para violentar el orden público; c) Por la disminución de los miembros de la Asociación a menos del mínimo fijado por ésta Ley; d) Por realizar actividades que no correspondan a los fines para que fueron constituidas; e) Por obstaculizar el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones, habiéndosele aplicado de previo las medidas establecidas en el Artículo 22; f) Cuando sea acordado por su órgano máximo de acuerdo con sus Estatutos. 6 Un modelo de escritura de constitución y estatutos puede verse en el Anexo ) Los trámites en la Asamblea Nacional y en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Una vez concluida la escritura de constitución y estatutos, se inicia el proceso de legalización de la PJSFL, con la entrega en Primera Secretaría en original y tres copias de los siguientes documentos: Escritura de constitución y aprobación del Estatuto, en papel de ley, en un solo acto notarial. Exposición de motivos firmada por un diputado. Basta con la firma de un diputado; pero nada impide que puedan ser más. Carta de solicitud de la personalidad jurídica firmada por el representante legal de la asociación. Formato del decreto. Constancia de no inscripción de la entidad emitida por el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación Un modelo de estos documentos se encuentra en el Anexo 2 de este documento. La Ley No. 147 manda que la exposición de motivos debe expresar la fundamentación de la persona jurídica que se desea constituir, su importancia y efectos de su existencia para la vida civil o religiosa del país (Artículo 9). La constancia de no inscripción se solicita por escrito 7, previo pago de un arancel En consonancia con el Artículo 138 numeral 5 Cn., que establece como atribución de la Asamblea Nacional: Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles. Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, Ley No Publicada en La Gaceta No. 102 de 29 de mayo de Toda comunicación relacionada con Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro debe ser dirigidas al Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. Todo pago de aranceles en cualquier concepto debe hacerse mediante depósito en la cuenta bancaria que sea indicada por el personal del Departamento de Registro y Control de Asociaciones. A la fecha, el arancel es de Cien Córdobas Netos (C$100,00) y se deposita en la cuenta número , de BANCENTRO. 1418 Este trámite sirve para verificar que no haya otra entidad con el mismo nombre y es conveniente hacerlo antes de otorgamiento de la escritura de constitución y estatutos. Resulta conveniente señalar que al recibir los documentos en Primera Secretaría, se requiere a la organización solicitante, en formato digital: la escritura de constitución y estatutos; la exposición de motivos; la carta de solicitud y el formato del decreto. La Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL) establece que el otorgamiento y cancelación de personalidades jurídicas a las asociaciones civiles sin fines de lucro es materia de la competencia de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos (Artículo 62 LOPL); y que tanto el otorgamiento como la cancelación de la personalidad jurídica a las asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones sin fines de lucro, civiles o religiosas son materia de decretos legislativos, a los cuales define como acuerdos que contienen disposiciones de carácter particular y su vigencia está limitada en espacio, tiempo, lugares, asociaciones, establecimientos y personas y que no requieren sanción del Poder Ejecutivo, por lo que se envían directamente a La Gaceta, Diario Oficial, para su publicación (Artículo 89 LOPL). Tanto en la Primera Secretaría donde se entrega la documentación antes referida como en la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos encargada del proceso de consulta y dictamen, los documentos son revisados minuciosamente, y con frecuencia suelen devolverlos para que sean corregidos o incluso para que se vuelvan a elaborar, lo cual ocasiona serios atrasos y gastos no previstos a las organizaciones que tramitan su personalidad jurídica. El procedimiento especial para el otorgamiento de la Personalidad Jurídica por la Asamblea Nacional y lo relacionado con su cancelación están contenidos en los artículos 152 al 155 (Capítulo X) de la LOPL. Dicho procedimiento se resumen así: se presentan las solicitudes en grupo ante el plenario, se lee la primera y el Presidente las pasa en conjunto a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, para el proceso de dictamen y consulta; los directivos de la organización solicitante comparecen ante la comisión para exponer sobre los objetivos, el patrimonio, el ámbito de actuación y la importancia y efectos de su existencia para la vida civil o religiosa; y presentan la constancia del Ministerio de Gobernación donde conste que no existe otra persona jurídica con el mismo nombre. Por lo general no se produce esta comparecencia; usualmente la comisión, a través de su asesoría, llama a la persona encargada por la misma organización para gestionar la Personalidad Jurídica y de manera bilateral se van llenando las omisiones o realizando los ajustes necesario. Y por lo que hace a la constancia de Gobernación, ésta ya es parte del listado de documentos requeridos por Primera Secretaría al momento de presentar la solicitud; la comisión constata que la escritura de constitución contenga: naturaleza, objeto, finalidad y denominaciones, nombre, domicilio y demás generales de ley de asociados y fundadores; sede y lugares donde desarrollará su actividad; nombre de su(s) representante(s); plazo de duración. En caso comparezcan personas jurídicas, comprueba su capacidad y representación. los dictámenes se presentan también en grupo al plenario, donde se lee el 1519 primero de la lista y se somete a discusión y aprobación; si se aprueban, se consideran aprobados todos. Cualquier Diputado puede objetar alguna de las solicitudes, haciéndolo saber al plenario y sometiéndose a discusión el caso particular. Aprobado el otorgamiento de Personalidad Jurídica, se emite el autógrafo del decreto legislativo y se manda a publicar a La Gaceta, Diario Oficial. Ya introducida la solicitud en la Asamblea Nacional, es posible y deseable darle seguimiento a través de su sitio web (http://www.asamblea.gob.ni/); pues ya aprobado el correspondiente decreto legislativo se ordena su publicación en La Gaceta. La duración del trámite de aprobación en la Asamblea Nacional puede agilizarse, en muchas ocasiones, según el apoyo que se obtenga en su gestión por parte de uno o varios Diputados firmantes de la solicitud. La publicación en La Gaceta da por terminado el proceso de aprobación de la Personalidad Jurídica de una PJSFL. A partir de la fecha de dicha publicación, la Ley No. 147 establece un plazo de treinta (30) días para presentar los Estatutos al Departamento de Registro y Control de Asociaciones; así lo dispone el Artículo 13 literal a). Este plazo debe contarse como 30 días calendario, o naturales, pues no especifica que se trate de días hábiles o laborales. Aquí empieza el trámite de registro ante el Ministerio de Gobernación. No obstante lo anterior, cabe destacar una aparente contradicción en el mismo artículo 13, cuando su literal c) establece un plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha de publicación del decreto, para inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación. Igual que en el caso anterior, estos días deben considerarse calendario, no hábiles ni laborales. Tal parece que este artículo 13 establece plazos distintos para lo que se presume es un solo trámite ante el Ministerio de Gobernación: presentar el Estatuto e inscribirse. Pero más allá de este examen de la norma jurídica, el Ministerio de Gobernación incluye en su hoja de requisitos la siguiente nota: Según la ley N º 147, el plazo para presentar los requisitos antes referidos es de 15 días hábiles a partir de la fecha de la publicación en la Gaceta, el retraso significa incurrir en multas que van desde C$ 1,000-C$ 2,500- C$ 5,000. Habrá de tenerse en cuenta, entonces, una posible multa, si no se presenta la solicitud de inscripción y registro en el término de quince (15) días hábiles, como ellos lo señalan, y acompañando todos los documentos que requieren y que se detallarán más adelante. Por otra parte, se destaca aquí una sensible diferencia entre dos artículos de la Ley No. 147 (14 y 17): el primero otorga facultades amplias al Ministerio de Gobernación para la aplicación de la Ley en general, pero el segundo limita su competencia a registrar a las Personas Jurídicas sin fines de lucro. De manera complementaria, se estima oportuno citar la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290, Artículo 18 literal 3), que define entre las funciones del Ministerio de Gobernación: Inscribir los Estatutos de las Personas Jurídicas sin fines de Lucro, administrar su registro y supervisar su funcionamiento. En la práctica, se aplica el Artículo 14 de la Ley, en forma discrecional, y el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación cuenta con un listado de requisitos de inscripción, dependiendo si la asociación es 1620 nacional o extranjera. En este caso del registro y la inscripción, no existe suficiente claridad ni coherencia entre las distintas disposiciones de la Ley, que además no se corresponden con lo que en la práctica se hace, en dependencia de las diferentes administraciones del Ministerio de Gobernación. Se explica a continuación el listado de requisitos referidos en el párrafo anterior, en lo que compete a personas jurídicas nacionales: Carta solicitando la inscripción y la asignación del número perpetuo, dirigida al Director del departamento Dr. Gustavo Adolfo Sirias, que muestre la dirección, número de teléfono, y fax de la entidad. Es importante ser cuidadosos en el cumplimiento de todos los requisitos que establece Gobernación, hasta en sus más mínimos detalles. En Anexo 3 se puede ver un modelo que incluye la carta de solicitud y un listado de los documentos que se adjuntan. Ejemplar de La Gaceta donde se publicó el decreto de personalidad jurídica otorgado por la Asamblea Nacional (original y dos copias). Identificado el número del decreto legislativo mediante el cual se aprobó el otorgamiento de Personalidad Jurídica, también es posible dar seguimiento a su publicación en La Gaceta; de ahí la importancia de seguir de cerca el proceso en el Parlamento. Una vez determinada la fecha de publicación, se procede a la compra del ejemplar que requiere Gobernación, aunque es recomendable comprar varios ejemplares, que serán útiles para variados fines a lo largo de la vida de la PJSFL 9. Es muy importante guardar bien este documento legal, y para cualquier gestión futura es conveniente utilizar fotocopias certificadas. Escritura de constitución de la entidad (Tres copias debidamente autenticadas por un Notario Público) rubricadas y selladas ambos lado de la hoja. Estatutos (Tres copias debidamente autenticadas por un Notario Público) omitir si se encuentran insertos en la escritura de constitución. Se dejó dicho que la Asamblea Nacional requiere que el acto constitutivo y los Estatutos de la PJSFL sean otorgados en un solo acto notarial, o sea en una misma escritura. Por ello, este requisito del Ministerio de Gobernación prevé el hecho de que pueda ser otorgado en la forma que lo pide la Asamblea Nacional, o que sean actos autorizados en distintos instrumentos públicos, toda vez que la lectura de la Ley No. 147 da lugar a esta última interpretación. Se insiste en tener el cuidado de que las copias autenticadas lleven la rúbrica y el sello del Notario a ambos lados de cada hoja. Fotocopia de la exposición de motivos o una breve reseña histórica de la entidad. Es conveniente acompañar alguna reseña histórica, lo que permitiría tener una referencia un poco más amplia de la organización en el expediente del 9 Actualmente (enero 2010), el precio de cada ejemplar de La Gaceta es de Cuarenta y Cinco Córdobas (C$45.00). 17 Mostrar más
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