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Timestamp: 2018-09-21 04:52:18+00:00

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﻿ SENTENCIA 2015-00049/22655 DE NOVIEMBRE 29 DE 2017
SENTENCIA 2015-00049 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:COSTOS RECUPERABLES EN LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 142 DE 1994, QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TIENE COMO FINALIDAD RECUPERAR LOS COSTOS DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA QUE PRESTA LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. PARA DEFINIR LOS COSTOS RECUPERABLES VÍA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EL LEGISLADOR ORDENA TOMAR COMO BASE DE LIQUIDACIÓN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LA DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN U OBSOLESCENCIA DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD VIGILADA EN EL PERIODO ANUAL RESPECTIVO. PARA EL CÁLCULO DE DICHO TRIBUTO, LA TARIFA MÁXIMA DE CADA CONTRIBUCIÓN NO PODRÁ SER SUPERIOR AL 1 % DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS AL SERVICIO SOMETIDO A REGULACIÓNDEBE SER DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR OBJETO DE COBRO Y, ADEMÁS, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE TOMARÁN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DERECHO TRIBUTARIO, CLASES DE CONTRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
Sentencia 2015-00049/22655 de noviembre 29 de 2017
Rad.: 25000-23-37-000-2015-00049-01 (22655)
Demandante: Isagen S.A. ESP
Se discute la legalidad de los actos administrativos que determinaron la contribución especial a cargo de Isagen S.A. ESP, para el año 2014.
Sobre el tema, esta corporación se ha pronunciado, entre otras, en las sentencias de 29 de septiembre (Exp. 20874) y 12 de noviembre de 2015 (Exp. 21714), 25 de abril de 2016 (Exp. 21246), 11 de mayo (Exp. 20179), 29 de junio (Exp. 21724) y 20 de octubre de 2017 (Exp. 22067), por lo cual se reitera, en lo pertinente, el criterio jurisprudencial expuesto en las citadas providencias(11):
“PAR. 1º—Las comisiones y la superintendencia se financiarán exclusivamente con las contribuciones a las que se refiere este artículo y con la venta de sus publicaciones. Sin embargo, el gobierno incluirá en el presupuesto de la Nación apropiaciones suficientes para el funcionamiento de las Comisiones y de la Superintendencia durante los dos primeros años.
Al adoptar el plan de contabilidad para prestadores de servicios públicos domiciliarios, mediante la Resolución 20051300033635 de 2005, el ente demandado, en el inciso sexto de la descripción de la clase 5 - Gastos, indicó:
Dentro de esa clasificación, el grupo 75 - Costos de Producción, incluía las cuentas 7505: Servicios personales, 7510: Generales, 7515: Depreciaciones, 7517: Arrendamientos, 7520: Amortizaciones, 7525: Agotamiento, 7530: Costo de bienes y servicios públicos para la venta, 7535: Licencias, contribuciones y regalías, 7536: Consumo de insumos indirectos, 7540: Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, 7542: Honorarios, 7545: Servicios públicos, 7550: Materiales y otros costos de operación, 7555: Costo de pérdidas en prestación del servicio de acueducto, 7560: Seguros, 7565: Impuestos y tasas, 7570: Órdenes y contratos por otros servicios, 7595: Transferencia mensual de costos por clase de servicio.
Por todo lo anterior, el aparte demandado de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo señalado en el artículo 85.1 inciso 2º de la Ley 142 de 1994, al incluir dentro de la base gravable de las contribuciones a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las comisiones de regulación, todas las cuentas de la clase 5 - Gastos, así como las cuentas del grupo 75 - Costos de Producción, pues, como se explicó, no todas las cuentas de gastos allí previstas encuadran dentro del concepto “gastos de funcionamiento” que expresamente señaló el legislador”(14).
Teniendo en cuenta los anteriores criterios jurisprudenciales, la sentencia del 20 de octubre de 2017, Exp. 22067(15), anuló parcialmente el artículo 2º de la Resolución SSPD-20141300018055 de 29 de mayo de 2014, en cuanto adicionó a la base de liquidación de la contribución especial por el año 2014, las cuentas 7505 “servicios personales”, 7517 “arrendamientos”, 7540 “órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones”, 7550 “materiales y costos de operación” y 7570 “órdenes y contratos por otros servicios”(16), con base en las cuales se liquidó la contribución discutida por la demandante.
En dicha providencia, con fundamento el reiterado precedente jurisprudencial, se concluyó que:
“(…) es claro que la inclusión de los costos de producción (grupo 75 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios) dentro de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio regulado que hizo la Resolución SSPD-20141300018055 de 29 de mayo de 2014, es contraria al artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, dado que amplía la base gravable del tributo con erogaciones que hacen parte de los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas”.
Y la sentencia del 8 de noviembre de 2017, Exp. 21885(17), anuló las restantes cuentas enunciadas en el precitado artículo 2º de la Resolución SSPD-20141300018055 de 29 de mayo de 2014, con base en las cuales se liquidó la contribución discutida por la demandante, es decir, las cuentas 7510 (generales), 753508 (licencia de operación del servicio), 753513 (comité de estratificación), 7542 (honorarios), 7545 (servicios públicos) y 7560 (seguros).
La Resolución 20145340018966 del 9 de junio de 2014, por su parte, liquidó la contribución con base en la sumatoria de cada una de las cuentas mencionadas, la cual arrojó una base gravable de $ 286.805.818.829.
No obstante, ante la nulidad parcial del artículo 2º de la Resolución 20141300018055 del 29 de mayo de 2014, declarada por las sentencias del 20 de octubre de 2017, Exp. 22067(18), y 8 de noviembre del mismo año, Exp. 21885(19), y teniendo en cuenta que al momento de expedirse dichos fallos no se encontraba consolidada la actuación discutida, las cuentas 7505, 7510, 7517, 753508, 753513, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560 y 7570 deben excluirse de la base gravable de la contribución especial del año 2014.
Bajo los anteriores parámetros, como lo indicó el tribunal con base en lo señalado por la actora, la contribución a cargo de la demandante por el año 2014 es la siguiente:
Cuenta Descripción Liquidación SSPD Liquidación jurisdicción
51 Gastos de administración 103.118.487.826 103.118.487.826
5120 Menos impuestos, tasas y contribuciones 14.570.066.962 14.570.066.962
7505 Servicios personales 65.586.185.624 0
7510 Generales 52.882.343.227 0
7517 Arrendamientos 3.135.129.359 0
7540 Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones 25.311.529.928 0
7542 Honorarios 3.515.423.704 0
7545 Servicios públicos 506.295.333 0
7550 Materiales y otros costos de operación 6.229.582.381 0
7560 Seguros 15.794.693.803 0
7570 Órdenes y contratos por otros servicios 25.296.214.606 0
Total base 286.805.818.829 88.548.420.864
Contribución a cargo 2014 2.667.007.000 823.411.766
Valor pagado anticipo 1.289.362.000 1.289.362.000
Valor pagado el 25 de septiembre de 2014 1.377.645.000 1.377.645.000
Diferencia a devolver 1.843.595.234
En consecuencia, como la demandante pagó $ 2.667.007.000(20) y la contribución a cargo es de $ 823.411.766, se generó una diferencia a su favor de $ 1.843.595.234, que debe devolvérsele, como lo ordenó el tribunal, con la precisión en cuanto a la indexación y los intereses procedentes.
En efecto, la suma que se ordena devolver, esto es, $ 1.843.595.234, debe ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA(21). Asimismo, respecto de la suma actualizada proceden intereses moratorios, en los términos de los artículos 192 y 195 ibídem.
Finalmente, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num. 8) del CGP, estima la Sala que la decisión anulatoria no amerita condenar en costas a la parte vencida en esta instancia, porque en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen(22). También, por falta de prueba, se confirma la negativa de condena en costas en primera instancia. Por tanto, se niega la condena en costas en las dos instancias.
1. MODIFÍCASE la sentencia del 5 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, por las razones expuestas en esta providencia, la cual quedará así:
2. DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial 20145340018966 del 9 de junio de 2014 y de las resoluciones SSPD-20145300025525 del 17 de julio de 2014 y SSPD-20145000036865 del 22 de agosto del mismo año, por las cuales la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fijó a la actora la contribución especial por el año 2014.
3. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la contribución especial a cargo de la demandante por el año 2014, corresponde a la suma de ochocientos veintitrés millones cuatrocientos once mil setecientos sesenta y seis pesos ($ 823.411.766)
4. Se ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos DEVOLVER a Isagen S.A. ESP la suma de mil ochocientos cuarenta y tres millones quinientos noventa y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos $ 1.843.595.234, ajustada con base en el IPC, junto con los intereses moratorios, conforme con lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA”.
11 Expedientes 20874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 21714, Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 21246, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 20179, C.P. Milton Chaves García; 21724 y 22067 (en audiencia), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12 Nota de la cita jurisprudencial. El numeral 4.2.7.2 de la Resolución 20051300033635 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contenido dentro de las normas técnicas generales establece la “contabilidad de causación o por acumulación” según el cual “los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios deben reconocer en el período en el cual se realizan los hechos financieros y económicos, y no cuando se pague o se reciba el efectivo o su equivalencia”.
13 Bajo este criterio la Sala, en sentencias del 17 de abril de 2008, Exp. 15771, M.P. María Inés Ortiz Barbosa y del 4 de febrero de 2010, Exp. 17206, M.P. William Giraldo Giraldo, ha analizado si los gastos de pensiones, como gastos de funcionamiento, son inherentes al servicio prestado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios obligada al pago de la contribución especial y ha señalado que “aunque el gasto de pensiones no tenga una relación directa con el cometido estatal de prestación del servicio público, si sirve de apoyo para el cumplimiento de la misión y por tal razón es un gasto de funcionamiento”.
14 Reiterada entre otras, en las sentencias del 12 de noviembre de 2015, Exp. 21737, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de 11 de mayo de 2017, Exp. 20179, C.P. Milton Chaves García y de 20 de octubre de 2017, Exp. 22067, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, según las cuales los costos de producción y los gastos de funcionamiento no asociados al servicio sometido a vigilancia de la Superintendencia, no hacen parte de la base gravable de la contribución especial.
15 M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16 De acuerdo con ello, el texto del artículo parcialmente anulado quedó así: “Artículo 2º—Base para la liquidación de la contribución especial. Las erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2014, una vez aplicado el test de validación, se encuentran contenidas en las siguientes cuentas:
51 - Gastos de administración (menos la 5120)
753508 - Licencias de operación del servicio
7560 - Seguros”.
17 M.P. Milton Chaves García.
18 M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
19 M.P. Milton Chaves García.
20 De los cuales $ 1.289.362.000 se pagaron de manera anticipada, según lo anota la propia liquidación oficial demandada y $ 1.377.645.000 se pagaron el 25 de septiembre de 2014, según se observa en el folio 64 c.p.
21 Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor.
22 En el mismo sentido, sentencias del 6 de julio de 2016, Exp. 21601, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, 1º de febrero de 2017, Exp. 21179, 1º de junio de 2017, Exp. 20882 y 13 de septiembre de 2017, Exp. 20646, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

References: ARTÍCULO 85
 Resolución 
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 artículo 85
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 187
 Resolución