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Timestamp: 2019-10-17 06:36:01+00:00

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﻿ Sentencia 12825 de febrero 17 de 2000
SENTENCIA 12825 DE 17 DE FEBRERO DE 2000
CONTENIDO:DESPIDO NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA. CUANDO UN TRABAJADOR PRESTA SUS SERVICIOS A UN EMPLEADOR REGIDO POR LAS NORMAS DEL SECTOR PRIVADO, SE PRECISA QUE AL ESTUDIAR EL TEMA RELACIONADO CON LA OBLIGACIÓN QUE TIENE LA EMPLEADORA DE SEGUIR UN PROCEDIMIENTO PREVIO AL DESPIDO DEL TRABAJADOR, APOYADO EN LA JURISPRUDENCIA, QUE EL DESPIDO NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA FRENTE AL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLA COMO TALADEMÁS CUANDO LAS FALTAS ENUNCIADAS QUE DAN ORIGEN A LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL SE UBICAN EN LAS NORMAS APLICABLES A LOS TRABAJADORES PARTICULARESPOR SER LA EMPRESA UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, SUS RELACIONES LABORALES POR SER ÉSTA DEL ORDEN NACIONAL SE RIGEN POR EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, PUESTO QUE LA REGLA GENERAL TRATÁNDOSE DE TALES ENTIDADES ES QUE SE REGULAN POR LAS NORMAS DE DERECHO PRIVADO CUANDO LOS APORTES DE LA NACIÓN O DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ES INFERIOR AL 90%.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, SANCIÓN DISCIPLINARIA, ESTABLECIMIENTO BANCARIO, TRABAJADOR, REINTEGRO LABORAL, DESPIDO DEL TRABAJADOR
Sentencia 12825 de febrero 17 de 2000
Rad. 12825
Santafé de Bogotá, D.C., febrero diecisiete de dos mil.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor William Loaiza Piedrahita contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 28 de abril de 1999, en el juicio promovido por el recurrente contra el Banco Cafetero.
La demanda inicial fue promovida para que la sociedad llamada a juicio fuera condenada a reintegrar al demandante al cargo que desempeñaba cuando fue despedido, o a otro de igual o superior categoría, junto con el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la cancelación del contrato de trabajo y hasta cuando sea reincorporado efectivamente, tomando en cuenta la totalidad de los incrementos que se hicieren al mismo.
En subsidio solicitó que la entidad bancaria accionada fuera condenada a pagar al actor el valor de la indemnización convencional por despido sin justa causa y a cancelar al Instituto de Seguros Sociales “por el actor y en su nombre, el valor de sus cotizaciones o aportes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte mientras dicha institución asume la pensión correspondiente de manera definitiva”. Además solicitó la corrección monetaria de todas las condenas que sean impuestas.
Informan los hechos expuestos en sustento de las pretensiones referidas que el demandante nació el 23 de febrero de 1951 y que fue vinculado por el Banco Cafetero el 13 de noviembre de 1970, mediante contrato escrito de trabajo, para que desempeñara el cargo de mensajero. Además destacan que durante la relación laboral el trabajador siempre mantuvo inmejorables y destacadas relaciones con la entidad, sobresaliendo por su esmero y honradez que le permitieron desempeñar diferentes cargos, el último de ellos el de Gerente de la Oficina de la Merced de la ciudad de Cali.
Igualmente exponen que el último sueldo mensual devengado por el señor William Loaiza P. fue de $ 725.136.oo y su promedio por el mismo período de aproximadamente $ 1.160.217.oo, así mismo reseñan que el trabajador cotizó permanentemente a la organización sindical que existe legalmente constituida en el Banco, por lo cual es acreedor de los beneficios extralegales previstos en las convenciones colectivas suscritas por el sindicato.
Acerca del desempeño del accionante durante la existencia de la relación laboral destacan que este nunca fue sancionado, ni siquiera amonestado por razones disciplinarias y que por el contrario la entidad empleadora siempre le reconoció sus méritos, de allí que su hoja de vida quedara sin ningún antecedente en su contra.
En torno a los motivos aducidos por el Banco para dar por terminado el contrato de trabajo del señor William Loaiza Piedrahita anotan que este en su condición de director o administrador de la oficina cumplió los mecanismos de control propios de su cargo y señalan que las causales citadas por la entidad constituyen una serie de hechos incoherentes y sin la fuerza que deben tener las razones que sustenten el despido por justa causa de un trabajador, como en este caso, con más de 20 años de servicios.
El Banco a través de su apoderado judicial argumentó que las circunstancias que dieron lugar al despido del demandante se relacionan con las operaciones bancarias efectuadas sobre la cuenta suplantada de la señora María Moreno Ortiz, sin que aquel cumpliera lo establecido en el Decreto 1872 de 1992, en concordancia con lo estatuido por los artículos 102 y siguientes del Decreto 0663 de 1993, denominado estatuto orgánico del sistema financiero.
Omisión que menciona ocurrió también con la cuenta suplantada de la señora Arnobia Rentería de Góngora, en la que se permitieron operaciones bancarias desde el mes de junio de 1994 y resalta que en los dos casos la actividad comercial de ambas personas no guardaba relación en cuanto a economía se refiere con el monto de las operaciones bancarias que le fueron autorizadas por la Gerencia en cabeza del actor. Argumenta al respecto que desde el año de 1992 con la expedición del Decreto 0663 de 1993, el gobierno nacional había impartido pautas de la manera como debían manejar las operaciones bancarias con el fin de evitar que se presentaran actividades no legales en tales bancos.
En primera instancia el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali condenó al Banco Cafetero a pagar al demandante William Loaiza Piedrahita la suma de $ 40.304.484,oo por concepto de indemnización por despido injusto, indexado al momento de su cancelación, y absolvió a esa entidad de las restantes pretensiones. Providencia que revocó en segunda instancia el Tribunal de ese mismo distrito en cuanto a la condena impuesta, para en su lugar absolver a la demandada por tal concepto.
En la decisión acusada el sentenciador de segundo grado encontró acreditado que la entidad demandada al poner fin a la relación laboral informó al actor la causa de su decisión mediante comunicación del 29 de septiembre de 1995 y advirtió que no era procedente exigir al empleador el cumplimiento de los procedimientos legales o extralegales que existían como previos a la aplicación de sanciones, puesto que conforme lo tiene señalado la jurisprudencia el despido no puede considerarse como una sanción disciplinaria dado que el Código Sustantivo del Trabajo precisó cuáles eran las sanciones de este género distinguiéndolas del despido, correspondiendo en consecuencia solamente el examen al trámite seguido por el Banco para decidir el rompimiento de la relación laboral.
Respecto a las faltas atribuidas al demandante en la comunicación del despido el juzgador de segundo grado determinó que constituía una grave omisión y negligencia del señor William Loaiza Piedrahita, que a pesar de tener conocimiento relativo a que las cuentas de las señoras Sonia María Moreno Ortiz y Arnobia Rentería de Góngora presentaban movimiento, saldos y sobregiros considerables, no se hubiera preocupado por investigar directamente las cuentabientes, ni aún en los casos en que “autorizó por mayor valor con su firma distintos sobregiros, entre ellos uno por casi ocho millones de pesos, los que acumulados en el período de su gestión alcanzaron valores muy altos”.
En relación con esas mismas cuentas resaltó que el actor en su condición de Gerente no prestó la debida atención a las irregularidades que se presentaron entre ellas las relacionadas con el traslado de cantidades significativas de dineros de una a otra, desatendiendo las disposiciones de orden nacional previstas en el Decreto 1872 de 1991, que estaba en obligación de conocer y poner en práctica, pues conforme lo admitió el trabajador en la diligencia de descargos, las cuentas en cuestión movían transacciones en valores considerables que de acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia, exigían un tratamiento especial y directo, prevalente incluso sobre los intereses y metas económicas del Banco.
El Tribunal reseñó expresamente que llegó a las anteriores consideraciones respaldado en la abundante prueba documental obrante en el proceso, así como en las declaraciones del subgerente de la oficina de La Merced en el momento en que se abrieron las dos cuentas cuestionadas y quien intervino en su apertura, hecho que le significó su despido; esta persona, indica la sentencia de segunda instancia, aceptó la existencia de los hechos imputados al actor, aunque trató de justificar su conducta y la del accionante, al admitir que juntos conocían las reglas de control impuestas por el Banco para asegurar la licitud de los dineros de las cuentas que movían altas sumas, circunstancia de la cual se infiere que el actor actuó negligentemente al quedarse corto en la aplicación de las normas de seguridad aludidas y al no haber alertado a los organismos encargados de tomar otro tipo de medidas.
Persigue que se case totalmente la sentencia acusada a fin de que la Corte en sede de instancia confirme la decisión del juez del conocimiento.
Acusa la sentencia acusada de violar directamente, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 1º, 2º, 11, 36, 46 y 49 de la Ley 6ª de 1945, 1, 11, 19, 20 al 34, 37, 40, 43, 47, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945, 467 a 471 del C.S. del T, 3º del Decreto 3130 de 1968, 5º y 11 del Decreto 3135 de 1968 y 6º del Decreto 1050 de 1968, que condujo a aplicar indebidamente los numerales 5 y 6 del aparte A del Artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, en concordancia, entre otras normas, con los artículos 58 y 60 del C.S. del T.
Con el propósito enunciado en el alcance de la impugnación, el recurrente aduce que el juzgador de segundo grado desconoció la naturaleza de empresa industrial y comercial del Banco Cafetero, que implica la aplicación de normas especiales, tales como la Ley 6ª de 1945 y el Decreto Reglamentario 2127 del mismo año; normas que resalta no pueden ser sustituidas totalmente por disposiciones de otro orden, desconociendo el principio de favorabilidad que prevé el régimen de los trabajadores oficiales.
Al respecto sostiene que en la sentencia impugnada no se podía ignorar que el sistema particular hacía más gravosa la situación para el trabajador, en razón a que el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945 considera que la extinción del contrato de trabajo se asimila a una sanción y por ello debe seguirse el trámite para imponer sanciones. En sustento de esta posición transcribe apartes de la sentencia de esta Sala del 14 de diciembre de 1995, radicada con el número 7551.
Apunta que el cargo no debe prosperar porque presenta deficientemente su formulación al atacar contradictoriamente las normas citadas, a través de los conceptos de infracción directa y aplicación indebida, ya que la primera modalidad de violación tiene ocurrencia cuando el fallador ignora o se rebela contra el texto legal o aplica un texto derogado, en tanto que el segundo implica el conocimiento y aplicación del texto legal, solo que le restringe su alcance o le da uno mayor al que tiene, condición que no permite la ocurrencia simultánea de las dos modalidades de violación referidas.
Estudiada la sentencia acusada se advierte que en ella no aparece consideración alguna en la que se haga alusión a que la entidad bancaria demandada tenga la condición de empresa industrial y comercial del Estado, o al menos que permitiera hacer tal inferencia. En cambio se observa que el Tribunal entendió que en este asunto el trabajador prestó sus servicios a un empleador regido por las normas del sector privado, es así que al estudiar el tema relacionado con la supuesta obligación que tenía la empleadora de seguir un procedimiento previo al despido del actor resaltó, apoyado en la jurisprudencia, que el despido no puede considerarse como una sanción disciplinaria frente al Código Sustantivo del Trabajo debido a que este estatuto no lo contempla así; además que al establecer la existencia de las faltas enunciadas en la carta de la de terminación de la relación laboral las ubicó en las normas aplicables a los trabajadores particulares.
Es patente en consecuencia que la acusación se apartó en este caso de las reglas que rigen la casación laboral, específicamente la atinente a que el ataque por la vía directa supone necesariamente que el recurrente se muestre conforme con los hechos en que está soportada la decisión acusada, pues partió infundadamente del supuesto que el ad quem tuvo por demostrado, que la entidad ostentó la condición de empresa industrial y comercial del Estado.
Encuentra la Sala pertinente anotar que si por cualquier motivo se diera prosperidad al cargo, en sede de instancia se encontraría, después de realizar el examen probatorio, que el Tribunal no se equivocó al aplicar las normas del sector privado toda vez que conforme a la certificación expedida por la Superintendencia Bancaria el Banco Cafetero (ver folio 13) es una sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, regida por tanto en sus relaciones laborales por el Código Sustantivo del Trabajo, puesto que la regla general, tratándose de estas entidades, es que se rigen por las normas del derecho privado cuando los aportes de la Nación o de sus entidades descentralizadas es inferior al 90%.
El cargo, conforme a lo expuesto se desestima.
Orientado por la vía indirecta, acusa la aplicación indebida de los artículos 1º, 2º, 11, 36, 46 y 49 de la ley 6ª de 1945; 1º, 11, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 43, 47, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 3º del Decreto-Ley 3130 de 1968; 5 y 11 del Decreto 3135 de 1968, 6º del 1050 de 1968 en concordancia de los artículos 58 y 60 del C.S. del T, 6º del Decreto 1872 de 1992; 3º, 4º, 6º, 51, 60, 61 y 145 del C. de P.L; 174, 175, 176, 177, 183, 187, 194, 210, 213, 224, 248 a 258 y 279 del C. de P.C.
Quebrantamiento legal que señala el recurrente se debió a los siguientes errores de hecho en que incurrió el juzgador de segunda instancia:
“1º. No dar por demostrado, estándolo, que el actor como trabajador de una empresa industrial y comercial del Estado tenía el carácter de trabajador oficial.
“2º. Tener como presupuesto, en contra de la realidad procesal, que el actor se desempeñaba como trabajador particular.
“3º. No tener por demostrado, estándolo, que el actor en el desempeño de su cargo actuó dentro de la práctica comercial bancaria seguida en el Banco Cafetero.
“4º. No tener por demostrado, estándolo, que el control de los fólderes o carpetas de los clientes no correspondía al gerente de la sucursal bancaria”
“5º. Tener por demostrado, no estándolo, que el actor gozó de la suficiente garantía en la defensa de sus derechos.
“6º. No tener por demostrado, estándolo, que el actor durante 24 años , 10 meses y 7 días ejerció el cargo con honestidad y eficiencia, que había presentado renuncia del cargo para obtener la pensión de jubilación al cumplir 25 años de servicios”.
Aduce la acusación que los errores manifiestos de hecho citados se debieron a la falta de apreciación de la carta de renuncia del actor (fl. 214), las declaraciones de Jairo López (fl. 301) y Elizabeth Lewis (fl. 333), el interrogatorio de parte del representante legal del Banco Cafetero (fl. 485), los informes de las visitas efectuadas por la Contraloría Regional del Sur (fls. 621 y 633), el dictamen pericial que obra en el proceso (fls. 653 y 1018) y el agotamiento de la vía gubernativa (fls. 225 y 228); como también por la equivocada estimación de la carta de despido (fl. 162), la diligencia de descargos (fls. 144), la inspección judicial (fls. 647 a 651), la declaración de Carlos Humberto Ospina, los informes presentados por el actor (fls. 216 a 223), Convención Colectiva en compilación (fl. 61) y el informe de contraloría (fls. 128 y 347).
Sostiene la censura que en la decisión recurrida fue mal apreciada la carta de renuncia presentada por el demandante, el 19 de septiembre de 1995, con el propósito de obtener la pensión de jubilación al cumplir 25 años de servicio, por tener en ese momento 24 años, 10 meses y 7 días de servicios continuos al Banco con merecidos reconocimientos y sin que hubiese recibido sanción alguna. Situación que opina convierte en un clásico abuso del derecho la decisión de poner fin al contrato de trabajo, más tomando en cuenta que la investigación por suplantación de clientes surgió por la comunicación enviada por la señora Sonia María Moreno el 12 de diciembre de 1994, conforme lo señala el informe del contralor que fue ratificado en la inspección judicial.
Añade a lo anterior que el despido del trabajador fue extemporáneo conforme al desarrollo de la investigación y la oportunidad en la que el empleador tuvo conocimiento de la denuncia de la suplantación de la titular de una cuenta corriente. Igualmente alude a que no fue analizado el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal del Banco, quien aceptó que el señor William Loaiza nunca fue requerido por la Superintendencia Bancaria, la Fiscalía, ni la contraloría del Banco y se refiere concretamente a la respuesta dada a la pregunta 18 del mencionado interrogatorio para indicar la dificultad de establecer irregularidades en la apertura de las cuentas bancarias, mayor en este caso porque el actor no fue la persona que autorizó aquellas que dieron lugar a la investigación.
Posteriormente explica que el informe de contraloría visible a folio 621 deja en claro que no hubo observaciones sobre las cuentas que dieron origen a la investigación que terminó con el despido del demandante, ni reparos de ninguna clase en la concesión de créditos o sobregiros. Hace hincapié también en que hubo negligencia de parte de los sistemas de control del Banco para establecer las irregularidades que se presentaron, puesto que se realizaron varias visitas, por ello afirma que si hubo negligencia en la contraloría esta no puede ser atribuida al trabajador. Así mismo subraya la acusación que en el fondo falló el sistema de control porque de haberse investigado el movimiento de las cuentas suplantadas, que no fueron abiertas por el demandante con seguridad se habría evitado el problema que se presentó.
Más adelante reseña el recurrente en la demostración del cargo que la diligencia de descargos no fue apreciada en su totalidad; documental de la cual anota se desprenden varios aspectos que favorecen al actor, como son el que al momento de ser encargado de la oficina de La Merced ya hacía 6 meses se había abierto la cuenta corriente de la señora Sonia María Moreno y que el mismo actor fue quien ordenó la revisión de las carpetas de los clientes para obtener y actualizar los estados financieros para facilitar el plan de 1995.
Por otra parte, alega la impugnación que en el expediente se encuentra la comunicación enviada por el actor con los correspondientes informes sobre transacciones bancarias superiores a $ 7.5 millones, con las que se demuestra la utilización de los formularios exigidos para estos casos. Igualmente aduce la censura que a folio 61 obra la compilación de las convenciones que rigen las relaciones obrero-patronales del Banco, en las cuales se encuentra el procedimiento para imponer sanciones, ignorado por el empleador al despedir al actor que tenía la condición de trabajador oficial.
Reseña que el sentenciador de segundo grado no pudo haber incurrido en el primer error de hecho indicado porque no fue materia de discusión la condición de trabajador oficial del demandante. Además precisa que los restantes yerros fácticos no corresponden al entendimiento que el Tribunal asignó a las pruebas que tomó en cuenta para absolver a la demandada.
La réplica también resalta que el ataque cita varias pruebas que no son hábiles en casación laboral y dice en relación con el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal del Banco que no presenta ninguna confesión y que por ser solamente declarativo debe correr la misma suerte de las pruebas antes mencionadas.
Entre las razones que invocó el Banco para dar por terminado con justa causa el contrato del demandante William Loaiza Piedrahita se encuentra la referida a que este debió reportar a las autoridades competentes, en cumplimiento del Decreto 1872 de 1992, los movimientos registrados en la cuenta corriente abierta por una persona que suplantó a la señora Sonia María Moreno Ortiz, toda vez que esas operaciones alcanzaron en el período comprendido entre julio de 1994 y mayo de 1995 una cantidad superior a los $ 4.500.000.000.oo (cuatro mil quinientos millones de pesos m/cte.) sumados entre créditos y débitos. Transacciones que resaltó el Banco no guardan relación con la ocupación económica de la cliente, a lo que sumó la falta de información de su actividad pues se carecía de balances actualizados, certificaciones de ingresos, referencias bancarias y comerciales. En la comunicación del despido también se aduce un descuido semejante al anterior relacionado con el movimiento de sumas elevadas en una cuenta corriente en la que también se utilizó el nombre de una persona distinta a quien solicitó su apertura (ver folios 162 a 165).
Estos hechos expuestos por la entidad accionada los encontró debidamente acreditados el Tribunal, es así que al referirse a los mismos concluyó que constituía una grave omisión y negligencia del señor William Loaiza Piedrahita, que a pesar de tener conocimiento tocante a que las cuentas de las señoras Sonia María Moreno Ortiz y Arnobia Rentería de Góngora presentaban movimientos, saldos y sobregiros considerables, no se hubiera preocupado por investigar directamente las cuentabientes, ni aún en los casos en que “autorizó por mayor valor con su firma distintos sobregiros, entre ellos uno por casi ocho millones de pesos, los que acumulados en el período de su gestión alcanzaron valores muy altos”. Además estableció esa Corporación aludiendo a las cuentas mencionadas que el demandante en su condición de Gerente no prestó atención a las irregularidades que se presentaron entre aquellas relacionadas con el traslado de cantidades significativas de dinero de una a otra, desatendiendo las disposiciones de orden nacional previstas en el Decreto 1872 de 1992, que estaba en obligación de conocer y poner en práctica, pues conforme lo admitió él mismo en la diligencia de descargos, las cuentas en cuestión movían transacciones en valores considerables que de acuerdo a las exigencias legales sobre la materia, exigían un tratamiento especial y directo, prevalente incluso sobre los intereses y metas económicas del Banco. En torno a estas anomalías en que se vio involucrado el accionante indicó el juzgador ad quem que este actuó negligentemente al quedarse corto en la aplicación de las medidas de control y al no haber alertado a los organismos encargados de tomar otro tipo de medidas.
Acerca de estas consideraciones que constituyeron la base fáctica del ad quem para revocar la decisión condenatoria de primer grado y en su lugar absolver al Banco accionado de todas las pretensiones del actor, se advierte que no fueron atacadas por el recurrente. Omisión que lleva a fracasar este cargo puesto que la falta de impugnación de las apreciaciones anotadas determina que la sentencia recurrida permanezca inmodificable por conservar soporte suficiente en esas apreciaciones dejadas de atacar, respecto de las cuales opera la presunción de acierto y legalidad que obra en casación laboral con respecto a la decisión recurrida.
A pesar de lo advertido se observa que aún en el supuesto de que fuera procedente examinar el fondo del ataque se hallaría que el Tribunal no incurrió en ninguno de los errores de hecho que le son atribuidos, menos con el carácter de manifiestos que eventualmente permitieran casar la sentencia recurrida.
Justamente, es pertinente dejar en claro que el Tribunal no desconoció que en torno a las anomalías presentadas en el manejo de altas sumas de dinero en las dos cuentas corrientes abiertas con suplantación de personas también concurrió negligencia en el manejo de controles por parte de la contraloría del Banco, como lo sostiene la acusación, sino que pese a esta situación estimó que el señor William Loaiza Piedrahita no debió limitarse al envió de los informes en que se recogían las transacciones mayores de $ 7.500.000.oo en los que se relacionaban repetidamente movimientos de las dos cuentas cuestionadas, sino que tenía la obligación de investigarlas, tomando en consideración que repetidamente concedió sobregiros a sus titulares y traslados de dineros entre las mismas cuentas.
En estas condiciones resulta indiscutible que el juzgador de segundo grado no incurrió en una equivocación al establecer que el actor no procedió con la necesaria diligencia en la aplicación de los controles relacionados con las operaciones cuantiosas que le exigía su cargo de Gerente, particularmente con desconocimiento de las normas legales que pretenden evitar que a través de operaciones bancarias se puedan canalizar recursos o dineros que provengan de actividades delictivas o que mediante ellas se dé apariencia de legalidad a actuaciones ilícitas. Por tanto, no acredita la impugnación que el Banco haya incurrido en un abuso del derecho al despedir al trabajador por estar próximo a adquirir la pensión de jubilación convencional, por cuanto este con su comportamiento pudo provocar investigaciones y sanciones administrativas para el empleador.
Por otra parte, examinado el interrogatorio de parte respondido por el representante legal del Banco Cafetero se tiene que este no admitió que para el Gerente de la oficina fuese supremamente difícil detectar las irregularidades en las cuentas corrientes por el volumen de las operaciones bancarias, sino que aceptó tal obstáculo solamente para los organismos de control de la entidad (fl. 488 C. de I.).
También encuentra la Sala que el Tribunal entendió en este asunto, como se dijo al resolver el primer cargo, que el trabajador prestó sus servicios a un empleador regido por las normas del sector privado, es así que al estudiar el tema relacionado con la supuesta obligación que tenía la empleadora de seguir un procedimiento previo al despido del actor resaltó, apoyado en la jurisprudencia, que el despido no puede considerarse como una sanción disciplinaria frente al Código Sustantivo del Trabajo debido a que este estatuto no lo contempla así; además que al establecer la existencia de las faltas enunciadas en la carta de terminación de la relación laboral las ubicó en las normas aplicables a los trabajadores particulares; posición del juzgador ad quem que no aparece errada puesto que el mismo recurrente acepta que la entidad demandada es una sociedad de economía mixta (ver folio 13), por tanto sus relaciones laborales por ser esta del orden nacional se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, puesto que la regla general tratándose de tales entidades es que se regulan por las normas de derecho privado cuando los aportes de la Nación o de sus entidades descentralizadas es inferior al 90%. De manera que no era el procedimiento aplicable supuestamente a los trabajadores oficiales para el despido el que debía seguirse en este caso como lo sostiene la acusación.
Por último, no aparece que el tiempo transcurrido entre la fecha en que el Banco tuvo conocimiento de las irregularidades ocurridas respecto de las cuentas atrás mencionadas, 7 de junio de 1995 y el 30 de septiembre del mismo año, cuando se comunicó el despido al demandante, haga esta decisión extemporánea, puesto que ella estuvo precedida de una investigación y una diligencia de descargos del actor cumplida en acatamiento del Reglamento Interno de Trabajo, de las cuales como es apenas natural el trabajador tenía pleno conocimiento y le permitía suponer que el Banco tomaría una decisión al respecto.
Acusa por la vía indirecta la aplicación indebida del artículo 6º del Decreto 1872 de 1992, como consecuencia de haber incurrido el sentenciador de segundo grado en los siguientes yerros manifiestos de hecho:
“1. No dar por demostrado, estándolo, que el control de operaciones bancarias no correspondía directamente al Gerente de la Sucursal.
“2. No dar por demostrado, estándolo, que el control de las grandes operaciones financieras correspondía a la Contraloría Interna del Banco.
“3. No dar por demostrado, estándolo que si hubo control para las operaciones bancarias mayores a $ 7.500.000.oo”.
Errores estos de hecho que señala la acusación se originaron en la falta de apreciación de la visita de la Contraloría Regional (fls. 621 y 633), el interrogatorio respondido por el representante legal de la demandada (fl. 485), la declaración del señor Jairo López (fl. 301), el dictamen pericial (fl. 653) y la declaración de Elizabet Lewis (fl. 333); así como por la estimación equivocada de los informes enviados por el actor (fls. 216 a 223) y la declaración de Carlos Humberto Ospina (fl. 416).
Sucintamente anota el recurrente que el cargo acredita concretamente que la falta imputada al actor de no haber dado cumplimiento al artículo 6º del Decreto 1862 de 1992, en la cual se fundamenta el ad quem para considerar que hubo grave negligencia, no se dio en forma real y menos bajo la responsabilidad del señor William Loaiza.
Anota que este cargo por sus características se puede acumular con el anterior, por cuanto presenta las mismas deficiencias técnicas. Reseña que particularmente se omitió citar el testimonio del señor Carlos Alberto Falla García. También resalta que el ataque se limita a señalar unos errores de hecho y una relación de pruebas no apreciadas y otras mal apreciadas, pero no demuestra con cada una de ellas en qué consistieron dicho yerros y cómo se llegó a la violación de la ley sustancial.
Salta a primera vista que el cargo está propuesto deficientemente porque omitió integrar una proposición jurídica, pues se limitó a señalar como disposición violada el artículo 6º del Decreto 1872 de 1992 que se refiere a la obligación que tienen las entidades bancarias de reportar operaciones bancarias conforme a las sumas que fije la Superintendencia Bancaria, pero sin citar ninguna norma sustantiva del orden nacional que de soporte a los derechos convencionales reclamados. Omisión que es trascendente puesto que las disposiciones que orientan el recurso de casación laboral imponen el señalamiento de los preceptos de la naturaleza anotada que se estimen violados.
No obstante que el cargo está llamado a ser desestimado es oportuno repetir en este lo dicho al resolver el segundo, particularmente en lo atinente a que el Tribunal no desconoció que en torno a las anomalías presentadas en el manejo de altas sumas de dinero en las dos cuentas corrientes abiertas con suplantación de personas también concurrió negligencia en el manejo de controles por parte de la contraloría del Banco, como lo sostiene la acusación, sino que pese a esta situación estimó que el señor William Loaiza Piedrahita no debió limitarse al envió de los informes en que recogían las transacciones mayores de $ 7.500.000.oo en los que se relacionaban repetidamente movimientos de las dos cuentas cuestionadas sino que tenía la obligación de investigarlas, tomando en consideración que repetidamente concedió sobregiros a sus titulares y traslados de dineros entre las mismas cuentas. En rigor la falta del trabajador que encontró acreditada el sentenciador de segundo grado fue la relativa a que este se quedó corto en la aplicación de las medidas de control impuestas en el Decreto 1872 de 1991 y que no hubiese alertado a los organismos encargados de tomar otro tipo de acciones. Conclusiones estas que no fueron controvertidas en el ataque y que por consiguiente se mantienen incólumes pues sobre ellas obra la presunción de acierto y legalidad que en casación laboral opera respecto de la sentencia acusada.
En virtud a que la demanda de casación presentada no tuvo prosperidad las costas en el recurso son a cargo de la parte recurrente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 392 del C. de P.C.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 28 de abril de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el juicio seguido por William Loaiza Piedrahita contra el Banco Cafetero.
Magistrados: Francisco Escobar Henríquez—Carlos Isaac Nader—Rafael Méndez Arango—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero.

References: Artículo 7
 artículo 48
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 392