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Timestamp: 2018-12-16 13:59:55+00:00

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﻿ AUTO 34599 DE MAYO 7 DE 2009
SENTENCIA 34599 DE 07 DE MAYO DE 2009
CONTENIDO:COMPETENCIA DE LOS JUECES. JUEZ ADMINISTRATIVO DE INFERIOR JERARQUÍA NO ES COMPETENTE PARA JUZGAR UNA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CON LLAMAMIENTO EN GARANTÍA POR PRESUNTO ERROR JUDICIAL DE UNA AUTORIDAD SUPERIOR
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, COMPETENCIA DEL JUEZ, JUEZ ADMINISTRATIVO
Auto 34599 de mayo 7 de 2009
Rad. 8500112331000200300107 (34.599)
Actor: Mirtho Gonzalo Vega Buitrago
Asunto: Acción de reparación directa - apelación sentencia
Como se advirtió, este despacho declarará la nulidad de lo actuado en este proceso, al encontrar configurada la causal de nulidad insaneable de falta de competencia funcional del juez que dictó la citada providencia en primera instancia (CPC, Nº 1, art. 140), por los siguientes motivos:
2. La nulidad por falta de competencia (CPC, Nº 2, art. 140).
“... al juez no le corresponde inferir y menos auto-atribuirse una competencia que no le hubiere sido asignada de manera previa y expresa, por lo cual sus actuaciones deben ajustarse, necesariamente, a los parámetros existentes en la legislación aplicable a la respectiva materia; proceder por fuera de ese cauce comprometería la validez de la actuación cumplida (nulidad por falta de competencia, CPC, art. 140-1), e incluso podría exponer la responsabilidad personal del respectivo servidor público (penal, disciplinaria, fiscal y patrimonialmente)...” (6) .
Igualmente, conviene advertir que, de conformidad con el artículo 145 del mismo código, en cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe; si la nulidad fuere saneable, ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se le notificará como se indica en los numerales 1º y 2º del artículo 320 ibídem, y si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; o, en caso contrario, el juez la declarará.
Sin embargo, no es procedente la aludida diligencia cuando la nulidad es insaneable, en cuyo caso una vez advertida se impone su declaratoria por el juez, como en los eventos indicados en el inciso final del artículo 144 ibídem dentro de los cuales se encuentra, precisamente, el de falta de competencia funcional (7) , competencia entendida como aquella que deriva de la clase o naturaleza especial de las funciones, poderes y atribuciones que un juez está llamado a ejercer en un determinado proceso, según la distribución u organización vertical establecida por el ordenamiento jurídico (8) : jueces de primera instancia (o a quo, es decir, hasta cierto momento), o jueces de segunda instancia (o ad quem, es decir, desde cierto momento en adelante), o jueces de recursos extraordinarios (como casación y revisión que se atribuyen a las altas cortes).
(...) esta Sala (...), con apoyo tanto en la mencionada regla general que contiene el artículo 31 de la Constitución Política [que establece el principio de la doble instancia] como en las directrices expresamente adoptadas por el artículo 73 de la Ley Estatutaria 270 en armonía con las reglas comunes de distribución de competencia consagradas actualmente en el Código Contencioso Administrativo, arriba a la conclusión de que el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida ley estatutaria de la administración de justicia corresponde, en primera instancia, a los tribunales administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 SMLMV...” (10) .
PAR. 3º—La acción de repetición también se ejercerá en contra de los funcionarios de la rama judicial y de la justicia penal militar, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en las normas que sobre la materia se contemplan en la ley estatutaria de la administración de justicia”.
Del texto de la anterior disposición se desprende con meridiana claridad que el legislador estableció, en razón de su investidura, un fuero de juzgamiento con fines de repetición a altos funcionarios del Estado (14) , lo cual, a la vez que constituye una garantía del debido proceso de los mismos (juez natural) en este ámbito, también privilegia la imparcialidad que debe imperar en el juicio que con tal objetivo se adelante por parte del Estado (C.P., arts. 29. 228 y 230), teniendo en cuenta que dicha figura del “fuero” parte de la base de que el juez de conocimiento debe estar por lo menos en la misma posición o calidad (paridad) del funcionario que juzga.
i. Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, conocerá privativamente y en única instancia, de la acción de repetición que se iniciare contra el Presidente o vicepresidente de la República, senadores y representantes, ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de los tribunales superiores del Distrito Judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Penal Militar (regla similar a la establecida en CCA, art. 128, num. 12, modificado por L. 446/98, art. 36).
PAR. —La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor”.
Al respecto, cabe precisar que esta sección es del criterio según el cual no resulta procedente en los procesos de responsabilidad que se adelanten contra las entidades públicas el llamamiento en garantía con fines de repetición de los altos funcionarios del Estado que, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 678 de 2001, gozan de fuero de juzgamiento en este ámbito; de manera que, en respeto de dicho fuero y en cumplimiento de la citada norma legal, sobre esos dignatarios únicamente podrá ejercerse la acción de repetición en el evento en que el Estado haya sido condenado a la reparación patrimonial de un daño que hubiese sido consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, producido durante el tiempo en que ostenten esa calidad e independientemente de que para la fecha en que se interponga la acción la conserven o no, que conocerá privativamente y en única instancia esta corporación o la Corte Suprema de Justicia (16) , según el caso.
En el presente asunto, mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Casanare el 7 de marzo de 2003, en ejercicio de la acción de reparación directa, se pretende la declaración de responsabilidad de la Nación, rama judicial, dirección de administración judicial, por el error judicial que le sería presuntamente atribuible a las actuaciones cumplidas por la Sala Civil, Familia, Laboral, Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la sentencia de segunda instancia proferida por la misma el 7 de marzo de 2001, dentro del proceso adelantado por la ahora demandante en contra de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom).
No obstante en clara contradicción con lo anterior, se observa que en providencia de 13 de julio de 2006 dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare, se dispuso remitir el expediente a reparto de los jueces administrativos, correspondiendo al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito con sede en Yopal (Casanare), autoridad judicial que, careciendo de competencia funcional, profirió la sentencia de 27 de junio de 2007, en la que declaró la responsabilidad de la Nación - rama judicial y de los llamados en garantía, y los condenó solidariamente al pago de perjuicios a favor del demandante.
Además, se observa también que el 30 de octubre de 2003, el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante auto de ponente - Sala unitaria, decidió llamar en garantía a los doctores Pedro Julio González Rodríguez y Pedro Pablo Torres Beltrán, llamamiento que, conviene advertir, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 678 de 2001, no resulta jurídicamente procedente, por tener estos la condición de magistrados de Tribunal Superior del Distrito y, por consiguiente, fuero de juzgamiento ante esta corporación a través de la acción de repetición, en caso de que llegare a ser condenada la Nación por una conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos.
En este orden de ideas, dado que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito con sede en Yopal (Casanare), carece de competencia funcional para conocer de este proceso y dictar la providencia apelada, esto es, la sentencia de 27 de junio de 2007, y que el llamamiento en garantía también fue expedido sin competencia, es forzoso concluir que se incurrió en una causal de nulidad procesal insaneable, razón por la cual se declarará de oficio a partir del auto de 30 de octubre de 2003, auto de ponente (Sala unitaria) en el que se decidió llamar en garantía a los doctores Pedro Julio González Rodríguez y Pedro Pablo Torres Beltrán (C.P., arts. 140, num. 2º, 144 inc. final, 145, 357 inc. 2º).
Finalmente, habida cuenta de que la nulidad cobija la providencia impugnada no se admitirán los recursos de apelación propuestos contra ella; y, así mismo, dado que el competente para conocer de esta acción de reparación directa por error judicial, en primera instancia, es el Tribunal Administrativo de Casanare, el expediente del proceso será remitido a dicho tribunal para lo de su competencia.
1. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 30 de octubre de 2003, inclusive, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare (auto de ponente - Sala unitaria), en el que se decidió llamar en garantía a los doctores Pedro Julio González Rodríguez y Pedro Pablo Torres Beltrán, por los motivos expuestos en la presente providencia.
2. INADMITIR los recursos de apelación propuestos por la entidad pública demandada y los llamados en garantía, en contra la sentencia de 27 de junio de 2007, de acuerdo con lo señalado en este auto.
(1) Cfr. Rocco, Ugo, Derecho procesal civil, volumen I. Editorial Jurídica Universitaria, México, 2001, pág. 394.
(2) La Corte Constitucional al estudiar la inexequibilidad de la expresión “solamente” de que trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la declaró ajustada a los preceptos superiores, por cuanto consideró que es al legislador a quien le compete establecer los motivos de nulidad en forma razonable, lógica y proporcionada, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, razón por la cual excepcionalmente los actos del proceso pueden invalidarse, pues “... de este modo se evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas...”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 2 de noviembre de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(4) La misma Corte Constitucional al dejar en claro que no se opone a la norma del artículo 29 de la Constitución Política la circunstancia de que el legislador señale taxativamente las causales y motivos de nulidad, también advirtió que en esa disposición superior se consagró una causal específica que opera de pleno derecho, referente a la “... prueba obtenida con violación al debido proceso” , “esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone esta...” , la cual resulta viable de invocar, pero que en términos de esa misma corporación judicial, no conlleva la nulidad del proceso en sí, sino de la prueba producida en tales condiciones. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 13 de agosto de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
(5) Sobre esta noción y su diferencia con la de jurisdicción ver: Morales, Molina, Hernando, Curso de derecho procesal civil, undécima edición, Editorial ABC, 1991, pág. 35. Y Devis, Echandía Hernando, Compendio de derecho procesal, teoría general del proceso, tomo I, Editorial Dike, duodécima edición, 1987, pág. 133 y ss. Explica este último autor: “Si bien la jurisdicción, como facultad de administrar justicia, incumbe a todos los jueces y magistrados, es indispensable reglamentar su ejercicio para distribuirla, en cada rama jurisdiccional, entre los diversos jueces. Y es esta la función que desempeña la competencia. (...) la jurisdicción es el género y la competencia es la especie, ya que por esta se le otorga a cada juez el poder de conocer de determinada porción de asuntos, mientras que la jurisdicción corresponde a todos los jueces de la respectiva rama...”.
(7) También se contemplan como insaneables las situaciones en el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, o revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. Por lo demás, la falta de competencia distinta de la funcional debe proponerse como excepción previa so pena de considerarse saneada en los términos del inciso 5º del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil y el numeral 5º del artículo 144 de esta misma obra, al igual que cuando se produce con posterioridad debe ser alegada en la primera oportunidad a que se tenga. Dicho de otra forma, las nulidades derivadas de la falta de competencia se sanean si no se alegan como excepción previa, salvo la de incompetencia funcional.
(9) Corte Constitucional, Sentencia C- 037 de 19 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.
(15) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1320 de 10 diciembre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(16) Mediante Sentencia C-484 de 25 de junio de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierrra, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión del artículo 7º, parágrafo 1º, inciso primero, las expresiones “magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura”; y “conocerá privativamente y en única instancia”, así como del artículo 7º, parágrafo 1º, su inciso segundo, para lo cual consideró, entre otros aspecto última que: “por lo que hace a la disposición de que el proceso respectivo cuando se trata de mgistrados de las corporaciones de orden nacional, sea de única instancia, en manera alguna se quebranta la Constitución, comoquiera que solo en dos casos se prevé por la Carta como obligatoria la doble instancia, a saber: en la acción de tutela, que por ministerio del artículo 86 de la Constitución puede ser impugnada ante el superior funcional; y, en las sentencias condenatorias penales conforme al artículo 31 de la Constitución, salvo el caso de los altos funcionarios del Estado cuyo juzgamiento corresponda a la Corte Suprema de Justicia, según lo establecido en el artículo 235 de la Constitución. Siendo ello así, queda entonces dentro de la competencia propia del legislador el establecimiento de algunos procesos de única instancia en las demás materias, como lo hizo en este caso, sin que por ello se viole la Constitución Política”.

References: artículo 145
 artículo 320
 artículo 144
 artículo 31
 artículo 73
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 140
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 143
 artículo 144
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 86
 artículo 31
 artículo 235