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Timestamp: 2020-08-11 13:25:48+00:00

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La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en especial la prevista en el artículo 241, numerales 4 y 5, de la Constitución, y cumplidos los requisitos y el trámite establecidos en el Decretos 2067 de 1991, profiere la siguiente
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 40-6 de la Constitución, la ciudadana LAURA JULIANA SANTACOLOMA MENDEZ presentó demanda contra los artículos 248 (parcial), 252 (parcial) y 256, del Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, y los artículos 8º (parcial) y 30 (parcial) de la Ley 84 de 1989 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.
Mediante Auto del 31 de julio de 2017, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda por incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991. Dentro del término previsto, el 8 de agosto de 2017, la accionante radicó en la Secretaría General de esta Corporación escrito subsanando la demanda. A través de Auto del 24 agosto de 2017 se admitió la demanda, y se dispusieron las comunicaciones de ley, así como la invitación a algunas entidades a presentar concepto[1]. Igualmente, se suspendieron los términos procesales, de conformidad con lo establecido por la Sala Plena de esta Corporación mediante el Auto 305 de 2017[2], con fundamento en lo dispuesto por el Decreto 889 de 2017[3].
Mediante Auto del 13 de junio de 2018, la Sala Plena levantó la suspensión de términos del referente proceso y ordenó notificar a los interesados dicho proveído. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
b) Con fines científicos o investigativos, de control,deportivos, educativos, de fomento, pero con autorización previa, escrita, particular, expresa y determinada en cuanto a zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie de los ejemplares, duración del permiso y medios de captura, expedida por la entidad administradora de los recursos naturales.
A juicio de la accionante, las normas demandadas transgreden el Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 8, 9, 58, 79, 80, 95 (numerales 1, 2 y 8) y 333 de la Constitución Política[4].
Expuso la accionante que la cacería deportiva es una actividad recreativa que actualmente es objeto de cuestionamiento ético por el hecho de disponer de la vida de animales sin que medie una justificación racional, sólo por diversión o recreación humana; por eso muchas organizaciones y grupos han modificado sus prácticas de cacería. Además, desde el punto de vista ambiental, aun cuando se realice en cotos de caza, la cacería deportiva conlleva a la disminución de especies y a la contaminación ambiental causada por el plomo, “el cual al estar en contacto con el agua, aire y demás elementos, se oxida y su resultado contaminante se dispersa rápidamente e impacta negativamente los ecosistemas y sus especies”[5].
Explicó que posteriormente, con el Estatuto de Protección Animal (Ley 84 de 1989), se les otorgó especial protección a los animales silvestres, bravíos o salvajes y a los domésticos o domesticados, contra el sufrimiento y el dolor causado por las personas (artículo 1), por lo cual dicha norma significó “un avance sustancial en la relación animal humano-animal no humano, en tanto que este último ya no solo era un bien apropiable que generaba responsabilidades a sus propietarios, sino que su sufrimiento entró a ser una variable relevante para el ordenamiento jurídico tal que implicaba sanciones si se causaba injustificadamente”[6]. No obstante, en la protección de los animales contra el sufrimiento y el dolor se establecieron dos excepciones en los artículos 7[7] y 8[8] del Estatuto, cuya aplicación genera debates éticos, debido a que la obligación de evitar dañar a un animal no es absoluta, y profundos debates filosóficos la permisión del maltrato animal en los casos de manifestaciones culturales, como consta en los salvamentos de voto de la sentencia C-666 de 2010, y en la sentencia C-041 de 2017.
Manifestó que con la expedición de la Ley 1774 de 2016[9] se reconoció “la relevancia moral del sufrimiento y la existencia animal”, como consta en su artículo primero, norma que modificó el artículo 655 del Código Civil, y que reconoce que los animales no humanos son seres sintientes. Así las cosas, los animales adquieren un “tipo de subjetividad” al no reconocerles como bienes en el sentido estricto del derecho civil clásico, sino como seres con un valor intrínseco.
Acerca de los antecedentes jurisprudenciales, mencionó que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la del Consejo de Estado “han ido perfilando el alcance ético práctico de las disposiciones jurídicas relativas a la naturaleza jurídica y alcance de los animales”. En relación con ello cita las sentencias C-1192 de 2005, T-760 de 2007, C-666 de 2010, T-608 de 2011, C-283 de 2014, T-436 de 2014, T-095 de 2016 y C-467 de 2016 de la Corte Constitucional; y la sentencia del 23 de mayo de 2012 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C[10] y la sentencia del 26 de noviembre de 2013 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C[11] del Consejo de Estado.
Mencionó que la Ley 1774 de 2016 y las sentencias T-095 de 2016 y C-476 de 2016, dan cuenta de la superación de la concepción cosificadora de los animales para terminar dándole el estatus de seres sintientes y sujetos de derecho. Siendo así, la propiedad privada sobre los animales no puede ir más allá de una transacción que está limitada no sólo por razones de protección a los recursos naturales en el marco del desarrollo sostenible, sino también por los derechos de los animales a existir y a no sufrir. Asimismo, la libertad económica deberá ser limitada “cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”[12].
(ii) Artículo 1: alegó que se vulnera este artículo porque la dignidad humana implica respeto y protección de otros seres sintientes, además del ser humano, y la caza deportiva al ser un acto cruel e injustificado que tiene como único fin la recreación, desconoce el deber de trato digno a los animales y el principio constitucional de protección animal, reiterado en distintos fallos de la Corte Constitucional[13].
(vi) Artículo 9: señaló que se transgrede este artículo, pues en él se establece que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Indicó que en la sentencia T-095 de 2016, la Corte hizo referencia a la importancia de instrumentos internacionales que, pese a no hacer parte del bloque de constitucionalidad, son documentos importantes dentro del ordenamiento jurídico, como es el caso de la Carta Mundial de la Naturaleza, según la cual “Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral”[14], y de la Declaración Universal de los Derechos los Animales de 1978, documento que consagra la obligación de cuidado y protección de los animales por parte de los hombres, quienes no pueden atribuirse el derecho de exterminarlos o explotarlos.
(vii) Artículo 58: expuso que las normas demandadas violan este artículo al desconocer la función ecológica de la propiedad y los límites que ello implica, ya que la biodiversidad sólo es posible si se mantiene el equilibro natural de las especies, lo cual implica que la fauna deba ser protegida de padecimientos y maltratos sin justificación legítima[15].
En cuanto a la Carta Mundial de la Naturaleza, indicó que el texto fue promovido por 34 países en vía de desarrollo[16] y fue adoptado mediante resolución del 29 de octubre de 1982 de la Asamblea General de la Naciones Unidas, resolución que no genera efectos “estrictamente” vinculantes sobre los miembros. Agregó que de la lectura integral y sistemática de dicho instrumento no se desprende que la caza deportiva entre en contradicción con su contenido, es más, en el Principio General número 4 de la Carta se establece el aprovechamiento sostenible y humano de los recursos fáunicos, lo cual se logra con la caza deportiva regulada y los cotos de caza.
Por otro lado, mencionó que la demandante alegó que la caza deportiva desconoce el principio de dignidad y solidaridad (artículo 1 C. Pol.), ello, sin tener en cuenta que la Constitución reserva el carácter de seres morales sólo a las personas, por lo cual la solidaridad y la dignidad se predica de los seres humanos y no de los animales; en similar sentido se deben interpretar los numerales 1 y 2 del artículo 95 superior, los cuales establecen deberes de las personas frente a otras personas y no frente animales, y respecto al deber de protección y conservación del medio ambiente sano contenido en el numeral 8 del artículo 95, este se refiere a los actos de las personas frente al medio ambiente, así, por ejemplo, muchas veces resulta necesario sacrificar algunos individuos de una especie para asegurar la sostenibilidad de la mayoría de los individuos que la componen[17].
Para sustentar su segunda petición, indicó que en la Ley 1774 de 2016 se estableció que el Estado, la sociedad y sus miembros, tienen la responsabilidad de participar activamente en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; asimismo, tienen el deber de abstenerse de causar daño injustificado y de denunciar los delitos contra animales de los que tengan conocimiento[18].
También, señaló que en dicha ley se tipifican los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, y se establece como excepciones a las penas previstas en esta ley “las prácticas, en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción de alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas”[19]. Con base en tales excepciones, la interviniente mencionó que la caza y la pesca deportiva referida en los artículos demandados no tiene como finalidad ninguna de los objetivos descritos en las excepciones a las penas por los delitos contra los animales, por lo tanto, la ejecución de caza deportiva configura la conducta tipificada en el artículo 339A del Código Penal.
Rubén Andrés Castillo Quevedo, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de COLDEPORTES, allegó respuesta a la invitación realizada para participar en el presente proceso. Manifestó que, de conformidad con el artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, correspondía emitir el concepto a la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva (FEDETIRO).
Para sustentar su petición, en un primer momento el interviniente se refirió al contexto normativo actual de la caza deportiva, para lo cual hizo alusión al Decreto 1076 de 2015, en el cual se define la caza deportiva[20], y se establece que el administrador de los recursos naturales debe realizar evaluaciones de existencia en fauna silvestre por especie en cada región para determinar, entre otras cosas, qué especies pueden ser objeto de caza deportiva, y así poder otorgar un permiso mediante resolución en la que se describa las especies que autoriza cazar y el tiempo, modo y lugar, en el que se debe realizar la caza deportiva.
En relación con el carácter deportivo de la caza, sostuvo que el deporte reviste tal importancia que se reconoce como un derecho en el artículo 52 de la Constitucional Política. En la Ley 181 de 1995 se define el deporte como “la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales”[21]; asimismo, se definen los conceptos de “recreación” y de “aprovechamiento del tiempo libre”.
En un tercer y último momento, el interviniente señaló que “los animales son agentes y sujetos de derecho, y así los plantea el ordenamiento jurídico colombiano, como seres sintientes, y, por lo tanto, se les debe respeto, en este caso porque tienen un valor y un fin en sí mismos”. En relación con esto, agregó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-041 de 2017, señaló que “aunque la Constitución no reconozca explícitamente a los animales como titulares de derechos, ello no debe entenderse como su negación, ni menos como una prohibición para su reconocimiento -innominados-”[22].
Expuso que la protección del ambiente, incluido los animales, se concibe desde dos perspectivas: primero, la protección de la fauna para el mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural, y segundo, la protección de la fauna de todo padecimiento y maltrato sin justificación alguna. En relación con esta última perspectiva, en Colombia existen tres excepciones al deber constitucional de protección animal, las cuales fueron establecidas en la sentencia C-666 de 2010, estas son: la libertad religiosa, los hábitos alimenticios, la investigación científica y la expresión cultural[23], y la actividad de caza deportiva no se encuadra en ninguna de las anteriores excepciones.
Los estudiantes Iván Darío Arévalo Rodríguez y Leandro Albeiro Sanabria Coronado, asesorados por el profesor Juan Manuel Sánchez Osorio, actuando en representación de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UIS, allegaron intervención en la que solicitan que se declaren inexequibles las normas demandadas.
En representación de la organización AnimaNaturalis Internacional intervino Andrea Padilla Villarraga, vocera en Colombia de la Organización, para solicitar que se declaren inexequibles las normas demandadas.
Indicaron que la Corte define dos perspectivas de la protección a los animales que resultan fundamentales para la construcción de la naciente “jurisprudencia animalista”, por una parte, la protección de la fauna en “virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies” , y por otra parte, la protección de la fauna como reflejo de un “contenido de moral pública y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres sintientes humanos respecto de los otros seres sintientes”[24]. Así, la Corte identificó un nuevo estatus moral -seres sintientes- para los animales no humanos.
Mencionaron que en virtud del concepto de sintiencia, la Corte reconoce la existencia de intereses en los animales y admite su protección dentro del alcance del concepto de dignidad humana, concepto que implica que la dignidad de las personas no sólo produce derechos, sino también deberes en relación con los otros seres vivos sintientes. Agregaron que de este concepto de dignidad humana, como fundamento de la relación que el ser humano sintiente tiene con otro ser sintiente animal, se deriva una doble consecuencia: primera consecuencia, que las personas humanas tienen el deber de incorporar los intereses de los animales en su “código de comportamiento y en los cálculos utilitaristas” para la satisfacción de sus propios intereses; y segunda consecuencia, el deber del Estado de proteger los intereses de los animales mediante un “sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los seres humanos en cuanto seres sintientes”[25], lo que implica que la autoridades estatales “no pueden apoyar, patrocinar, dirigir, ni, en general, tener una participación positiva en acciones que impliquen maltrato animal”[26].
Señalaron que, a juicio de la Corte, existen dos parámetros constitucionales de interpretación de las normas infraconstitucionales que regulan la relación del ser humano con los animales, estos son: la garantía del bienestar animal y la protección contra su sufrimiento innecesario. Frente al bienestar animal, los intervinientes sostuvieron que este mandato se concretó en la Declaración Universal del Bienestar Animal, en el Ley 84 de 1989 en donde el legislador enumeró una serie deberes para con los animales, y en la Ley 1774 de 2016 en donde se estableció los “delitos contra la vida y la integridad física y emocional de los animales”, y se incorporó el bienestar animal como un principio, el cual establece que en el cuidado de los animales debe asegurarse que “1. Que no sufran hambre ni sed; 2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 5. Que puedan manifestar su comportamiento natural”[27].
En representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada intervino Gonzalo Guillermo Molano Salcedo, abogado y docente asesor de la Universidad, para solicitar que se declaren exequibles las normas demandadas.
Por último, el interviniente hizo referencia a muchos planteamientos, como: “¿La cacería deportiva implica un daño a la naturaleza?” “¿Puede llegar hacer necesaria la cacería deportiva en determinadas circunstancias (…)?” “¿Se le está causando un sufrimiento mayor al animal que muere de un tiro que al animal que nace y crece para ser “sacrificado” en un matadero (…)?” “¿La muerte de un animal en cacería es parte de la naturaleza?”, ello con el objetivo de generar inquietudes a la Corte para que tengan en cuenta que declarar la inexequibilidad de las normas demandas “podría ser una medida excesiva que subestime factores esenciales que justificaría en determinadas circunstancias su práctica”[28].
Finalmente, hizo alusión a los documentos con los que contó la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio para la construcción de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, la cual se encuentra regulada actualmente en el Decreto 1272 de 2016. Los documentos fueron anexados a la presente intervención[29].
Sobre el segundo tema, manifestaron que la Constitución Política en el artículo 52 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a practicar un deporte, derecho que ha sido delineado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha determinado que se trata de un derecho fundamental autónomo[30]. Sin embargo, la Corte también ha establecido “que en consideración a la innegable dimensión social que la práctica del deporte ostenta, este derecho está sujeto a regulaciones de diversos niveles: por una parte, la autorregulación de los particulares (…), pero también el Estado tiene la facultad, y el deber, de inspeccionar las instituciones deportivas y la actividad deportiva en sí misma”.
Manifestó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “el cazador aprecia más la recreación que el valor material de las piezas recobradas (…) El cazador se inclina por la cacería de especies que someten a prueba su destreza como tirador”[31]. Asimismo, expresó que la FAO ha determinado seis características de la caza deportiva, a saber: (i) Que por lo general el cazador está informado de la reglamentación vigente, procura cazar legalmente y portar la respectiva licencia (ii) Que el cazador deportivo generalmente debe trasladarse de zonas urbanas a áreas rurales de cacería (iii) Que la caza deportiva se ve limitada por las vedas, número de piezas y otras restricciones legales (iv) Que tal actividad se practica de manera intermitente y varían las áreas en las que se realiza (v) Que la caza deportiva genera ingreso por la compra de equipos y materiales y por otros conceptos en zonas de cacería, y (vi) Que a menudo quienes realizan esta actividad se organizan en clubes y federaciones de caza y tiro y propician la creación de cotos para el manejo y la producción sostenida de la fauna cinegética.
Indicó que el Decreto Ley 2811 de 1974 estableció que el tratamiento que se le dé a la fauna silvestre debe tener como fin la conservación, fomento y aprovechamiento racional para lograr su utilización continua, y una de las formas de aprovechamiento es la actividad de caza, la cual es definida por dicha norma como “todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos”[32].
Intervención del ciudadano Héctor Hernández Botero
En el presente proceso intervino el ciudadano Héctor Hernández Botero, miembro de FEDETIRO y de los Clubes de Tiro y Caza Deportiva Cazandes y Bogotá, para solicitar que se declaren exequibles las normas demandadas.
Agregó que la caza en general y específicamente la caza deportiva se encuentra regulada en el Decreto Ley 2811 de 1974, el cual dispone en su artículo 2 que “el ambiente es (...) necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos”[33] y con base en ese principio se establece como uno de los objetivos del Código, “regular la conducta humana (…) y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente”[34]. También, resaltó que el objetivo del Título l “De la fauna silvestre y de la caza” del Decreto es “asegurar la conservación, fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre, como fundamento indispensable para su utilización continuada”[35], por lo tanto, según la ley, la caza es una actividad legítima.
Intervención del ciudadano Ricardo Urdaneta Holguín
En el presente proceso intervino el ciudadano Ricardo Urdaneta Holguín para solicitar que se declaren exequibles las normas demandadas. Para sustentar su solicitud hizo referencia a los siguientes temas: (i) La ecología y la doctrina de los derechos de los animales; (ii) el concepto de seres sintientes; (iii) el contexto de la cacería deportiva y el papel que juega en la ecología; (iv) el modelo de conservación colombiano; y, por último (v) evaluó los argumentos de la demanda.
(i) La ecología y la doctrina de los derechos de los animales: el interviniente consideró necesario aclarar la diferencia que existe entre la ecología y la doctrina de los derechos de los animales. Sostuvo que la Ecología es la “ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio”[36], la cual se rige por parámetros cuantificables y metodologías rigurosas y sus premisas y conclusiones son verificables.
En relación con la doctrina de los derechos de los animales, manifestó que es una teoría filosófica que le permite a quienes la acogen entender su entorno de forma particular, no es una ciencia y su naturaleza teórica les permite proponer ideas sin tener que soportarlas con evidencia[37].
(ii) El concepto de los seres sintientes: al respecto señaló que la doctrina de los derechos de los animales ha adoptado el concepto de seres sintientes a través del filósofo Peter Singer. Dicho concepto ha sido adoptado en algunos ordenamientos jurídicos como el de Nueva Zelanda y el de los miembros de la Unión Europea, y tanto en el país como en el territorio de la organización se colocó límites relacionados con las consecuencias de este reconocimiento, además, se permite la práctica la caza deportiva como herramienta de conservación ambiental.
Señaló como modelos exitosos de conservación los desarrollados en Europa y en Estados Unidos. Con respecto al modelo de Europa, sostuvo que a pesar de que cada país miembro de la Unión Europea tiene sus propias reglas, poseen unas reglas comunes, por ejemplo, la cacería es privada, es decir, se realiza en terrenos privados y la fauna silvestre es propiedad de la persona en cuyo terreno se encuentre[38], y los cotos de caza pueden tener simultáneamente producción agrícola o pecuaria.
En relación con el modelo de conservación de Estado Unidos y Canadá, mencionó que en “este modelo la fauna es propiedad pública (…) hay que hacer énfasis en que no es propiedad del Estado, es propiedad de cada individuo, y es administrado por el Estado en fiducia”, ello significa que el Estado administra la fauna silvestre y tiene la responsabilidad de mantener las especies; un particular no puede cobrar por la caza, sino por entrar a su predio para cazar; las cantidades y las especies objetos de caza son reguladas por las autoridades de cada Estado federado, y existen gran cantidad de cotos de caza que también han servido como refugio de especies extintas[39].
- No existe relación de causalidad entre el reconocimiento de los animales como seres sintientes y entre los animales como sujetos de derecho. Resaltó que no es necesario reconocerles derechos a los animales, pues el mismo objetivo que se espera conseguir con ello se puede lograr a través del establecimiento de unos deberes en cabeza de los seres humanos para con los animales.
Intervención del ciudadano Luis Bernardo José Sánchez Herrera
Mediante escrito de 28 de septiembre de 2018, por fuera del término, el abogado Luis Bernardo José Sánchez Herrera intervino como apoderado de la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca, representada legalmente por Jorge Ramírez Díaz, para presentar las razones por las cuales considera que las normas demandadas se ajustan al marco constitucional. En su intervención, la entidad presentó tres argumentos: (i) argumento antropológico, (ii) argumento constitucional de desarrollo sostenible, normas jurídicas y contexto internacional que reglamentan la caza deportiva y; (iii) sentimiento de los animales y la dignidad humana.
(i) Frente al argumento antropológico, la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca expone, por un lado, el concepto de “desarrollo sostenible” y su evolución, el cual ha avanzado de una visión economicista que se ocupaba de la conservación del ambiente y la utilización debida de los recursos, como un medio para lograr un desarrollo sostenible. Por otro lado, expone el progreso y evolución de la pesca y caza deportiva, su carácter ancestral y antropológico, sus antecedentes en épocas prehistóricas, así como la importancia de estas prácticas desde el punto de vista sociológico y de subsistencia. Así mismo, afirma que la pesca y la caza sostenible tienen como finalidad la conservación de las especies y los recursos naturales, ajustándose a los requerimientos de conservación. Por último, la intervención desarrolla los diferentes instrumentos internaciones que buscan proteger y conservar el medio ambiente, así como las especies de fauna y flora, y que, a su vez, permiten la caza y la pesca de una manera responsable, en donde se garantice la conservación y gestión efectiva de los recursos.
(ii) Frente al segundo argumento constitucional de desarrollo sostenible, la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca hace un recuento de la evolución del medio ambiente en la legislación colombiana, su reconocimiento en la Constitución Política de 1991, los desarrollos jurisprudenciales y los instrumentos internacionales que han determinado las obligaciones del Estado frente a los recursos culturales y naturales. De igual manera, la Asociación afirma que estas normas permiten y regulan la pesca y caza deportiva en Colombia y establecen obligaciones para la conservación de un medio ambiente sano. A su vez, la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca manifiesta que las normas nacionales e internacionales reconocen la caza deportiva, como un instrumento adicional de conservación y protección del ecosistema. Frente a la caza, en todas sus modalidades, alegan que esta práctica busca servir como instrumento de conservación y que la pesca deportiva debidamente regulada no pone en riesgo ni amenaza el medio ambiente y, por el contrario, permite lograr los objetivos de conservación y sostenibilidad de la fauna silvestre.
(iii) Con respecto al sentimiento de los animales y la dignidad humana, la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca considera que la defensa de los animales es un principio de dignidad humana. Sin embargo, considera que pretender otorgar una calidad moral a los animales atenta con la misma Constitución Política, que reserva el carácter de seres morales a las personas. De igual manera, añade que la Constitución hace referencia a acciones de solidaridad social, que se circunscriben a “acciones humanitarias” y no sobre acciones de animales. Por último, la Asociación manifiesta que la caza y la pesca son herramientas legítimas para el manejo ambiental y considera que una debida regulación y educación frente al tema, permitirá garantizar una interrelación adecuada entre los seres humanos y los animales.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, intervino para solicitar la inexequibilidad de los apartes normativos acusados por la accionante por considerarlos contrarios a la dimensión ecológica de la Constitución Política.
Sin embargo, esta Corte no encuentra sustento en el planteamiento de la interviniente por dos razones. En primer lugar, no fue esa la intención del legislador al debatir el proyecto que se convertiría en la Ley 1774 de 2016. En efecto, al revisar los antecedentes de dicha ley, se encuentra que el parágrafo 3º del artículo 339B que se incorpora al Código Penal mediante el artículo 5º de la Ley 1774, se incluyó en el debate en la Plenaria del Senado. Durante el debate se manifestó la importancia de excluir las actividades que menciona el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, en atención a las decisiones de la Corte Constitucional. Sin embargo, el Senado no debatió las implicaciones que tendría la inclusión de este parágrafo sobre otras actividades no mencionadas allí[40]. En la medida en que el Senado no debatió el asunto de si penalizar o no la caza deportiva, no se puede deducir la derogatoria del artículo 8o de la Ley 84 de 1989, y la consecuente penalización de todas las conductas que no se encuentran en el artículo 7º.

References: artículo 241
 artículo 40
 artículo 2
 artículo 242
 artículo 655
 Artículo 1
 Artículo 9
 Artículo 58
 resolución 
 resolución 
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 339
 artículo 11
 resolución 
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 2
 artículo 339
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 7