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Timestamp: 2020-08-05 01:59:38+00:00

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derecho a la defensa - 10 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
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ROJ: STS 813/2020 - ECLI:ES:TS:2020:813
Nº Recurso: 1158/2018
Resumen: Delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y contable, delito blanqueo y tráfico de influencias. El TS desestima en lo principal los recursos interpuestos y examina los diferentes tipos delictivos señalados. En concreto, en relación con el delito de tráfico de influencias afirma que existe prueba suficiente para tener por acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias; donde las comisiones a cambio de obra pública adjudicada, se pactaban con el tesorero de un partido político, quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba, incidiendo (prevaliéndose) de su posición en el partido, ya sobre responsables políticos (autoridades) ya sobre concretos funcionarios. Resultados que efectivamente se conseguían y que servían a su vez de sustento confirmatorio al dar contenido al concierto del ejercicio siguiente, como documentalmente obra.
ROJ: STS 822/2020 - ECLI:ES:TS:2020:822
Nº Recurso: 10583/2019
Resumen: El Tribunal de apelación examinó detallada y exhaustivamente la prueba que el de primera instancia tomó en consideración para emitir su pronunciamiento acerca del alcance de los hechos y la intervención en los mismos del acusado. Respaldó el juicio de credibilidad que éste emitió respecto a la declaración de las tres jóvenes víctimas de los acometimientos sexuales. Analizó sus declaraciones tomando en consideración el contexto en que se desarrollaron los hechos enjuiciados y las características psicológicas de las jóvenes, cuyo testimonio escrutó desde el triple prisma que sugiere la jurisprudencia: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, entendida como coherencia interna del relato y corroboración objetiva, y persistencia en la incriminación. Repasó la totalidad de la prueba practicada, las testificales, las periciales médico forenses, las que emitieron las distintas psicólogas intervinientes en las actuaciones, así como los datos que aportaron las trabajadoras sociales, y los que quedaron reflejados en el reportaje fotográfico de la vivienda donde los hechos se desarrollaron. Y profundizó expresamente en el análisis de la prueba de descargo. Descartó error o arbitrariedad en el proceso de valoración probatoria que sustentó la condena en la instancia, y la vulneración de la presunción de inocencia. Pronunciamiento que no puede ser considerado inmotivado, ni irracional o arbitrario, ni contrario a las máximas de experiencia.
ROJ: STS 811/2020 - ECLI:ES:TS:2020:811
Nº Recurso: 3576/2018
Resumen: La incongruencia omisiva es atendible en aquellos casos en que el tribunal no se pronuncie sobre el contenido de la pretensión, silenciando aspectos esenciales para la adecuada calificación de los hechos, sin perjuicio de la posibilidad de una desestimación implícita respecto de aquellas cuestiones que no han sido acogidas por el órgano decisorio. El control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.2 LECrim exige: 1) que se funde en verdadera prueba documental; 2) que evidencia error de algún dato o elemento fáctico o material; 3) que tal dato no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; 4) que el dato contradictorio así acreditado sea importante para alterar el fallo. En la medida en que se aleje del mínimo legal se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la corriente infracción de ley. En la coautoría existe una corresponsabilidad de los copartícipes respecto al resultado que finalmente se produzca en la ejecución del delito.
ROJ: ATS 2588/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2588A
Nº Recurso: 8314/2019
Resumen: En el presente caso la recurrente cursó de forma simultánea la formación exigida para la convalidación del título obtenido en el extranjero y los estudios de Máster para el ejercicio de la profesión de abogado, lo que motivó la resolución administrativa contraria a la obtención de dicho título profesional, anulada jurisdiccionalmente. Se interpone recurso de casación en el que suscita una cuestión que se considera reviste interés casacional objetivo y consiste en determinar si a los efectos de acceso a la profesión de abogado resulta exigible haber obtenido la convalidación del título habilitante obtenido en el extranjero para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster) o, por el contrario, resulta factible la realización simultánea de ambas formaciones.
ROJ: ATS 2589/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2589A
Nº Recurso: 8316/2019
Resumen: La sección de admisión considera que el escrito de preparación presentado cumple con las exigencias del art. 89.2 LJCA y que concurre el supuesto invocado del art. 88.3.a) LJCA, por lo que admite a trámite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a los efectos de acceso a la profesión de abogado resulta exigible haber obtenido la convalidación del título habilitante obtenido en el extranjero para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster) o, por el contrario, resulta factible la realización simultánea de ambas formaciones; siendo las normas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación en sentencia el art. 2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y el art. 2 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Sobre cuestión análoga constan como antecedentes de admisión los AATS de 23 de octubre de 2019, RCA 3352/2019, y 27 de enero de 2020, RCA 6903/2019.
ROJ: STS 918/2020 - ECLI:ES:TS:2020:918
Nº Recurso: 2089/2018
Resumen: El TS recuerda, de un lado, su doctrina sobre la necesidad de indicios objetivados para acordar una intervención telefónica y el criterio de que no es necesario aportar testimonios de precedentes cuando la intervención telefónica previa ha sido establecida por autoridades judiciales extranjeras; y, de otro lado, su doctrina sobre la conformidad encubierta. En cuanto a la estimación de los recursos interpuestos, afirma que, en e el caso concreto, a uno de los acusados se le aplica la tentativa porque tenía el encargo de trasportar la droga, pero no participó en la organización del viaje y no llegó a tener contacto directo o indirecto con la droga. A otro se le estima su recurso por vulneración del principio de igualdad por aplicar a un penado una pena superior frente otro con similares circunstancias. Y, finalmente, estima el recurso del Fiscal en lo relativo al comiso del camión del transportista condenado en tentativa ya que, partiendo del factum, no se comprende la conclusión de la sentencia relativa a que no se encontró vinculación entre el bien y el hecho ilícito. La propia sentencia establece dicha vinculación, razón por la que debió acordarse el comiso, en tanto que el camión era el instrumento con el que había de realizarse el delito.
ROJ: STS 828/2020 - ECLI:ES:TS:2020:828
Nº Recurso: 2976/2018
Resumen: La Constitución atribuye al Juez la responsabilidad de acordar la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas y exige que lo haga a través de una resolución suficientemente fundada. Tanto en el aspecto fáctico, respecto a los indicios de comisión de un delito y de la participación del sospechoso en él, como en relación a su necesidad en el caso. Al tiempo se exige que la restricción sea proporcional al fin perseguido, y que se contraiga a hechos concretos suficientemente identificados. La sospecha acerca de la comisión del delito o de la participación del sospechoso no puede ser considerada un indicio, por más contundente que sea su expresión, ni tampoco, consecuentemente, puede serlo la afirmación de la existencia del delito y de la participación; o de su posibilidad o probabilidad. Por el contrario, lo que se exige son datos o elementos, que, desde una perspectiva objetiva justifiquen la sospecha. Es decir, que para cualquiera sean indicativos de la comisión de un delito. Y ha exigido que se trate de datos objetivos, accesibles por terceros, verificables, seriamente sugestivos de la comisión del delito y de la participación del sospechoso, y que estén al alcance del Juez en el momento previo a su decisión, de modo que éste los conozca y los pueda valorar; y que se expresen de tal forma en su resolución que aquella valoración pueda luego ser controlada, en su racionalidad, por otro Tribunal.
ROJ: STS 945/2020 - ECLI:ES:TS:2020:945
Nº Recurso: 2594/2018
Resumen: Salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, el cauce casacional por infracción del derecho a la presunción de inocencia no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala. El delito societario de administración desleal está referido a la actuación de los administradores de hecho o de derecho o a los socios de cualquier sociedad constituida o en formación que realicen una serie de conductas causantes de perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación bastando el concierto y el previo reparto de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada. En los delitos de falsedad documental en fotocopia la naturaleza que era relevante era precisamente la del documento que se pretendía simular y no el medio utilizado para ello.
ROJ: STS 850/2020 - ECLI:ES:TS:2020:850
Nº Recurso: 2836/2018
Resumen: Recurso de casación frente a pronunciamientos absolutorios. El derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. La motivación de las resoluciones judiciales. El control casacional de la valoración de la prueba practicada en la instancia. Contenido y alcance del derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. La condena en costas: análisis del artículo 123 del Código Penal. Las costas generadas por la intervención de la acusación particular.
ROJ: STS 869/2020 - ECLI:ES:TS:2020:869
Nº Recurso: 2765/2018
Resumen: Si al tribunal de instancia le corresponde la valoración de la prueba en los términos que se derivan de la percepción inmediata de la prueba propuesta por las partes, al tribunal de la apelación le compete un análisis completo de la actividad probatoria, cuando se trata de sentencias condenatorias. Ante el Tribunal Supremo, tras la doble evaluación, la capacidad de revisión queda limitada a la comprobación de la racionalidad de los criterios de motivación expuestos en la sentencia. La eximente incompleta de enajenación mental se desestima por falta de prueba. La atenuante de dilaciones indebidas se desestima porque la jurisprudencia exige que quien la reclama, exponga y concrete los espacios temporales constitutivos de una demora y su carácter de indebido para que pueda valorarse su gravedad y su justificación.

References: artículo 849
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 123