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Timestamp: 2018-06-21 13:46:33+00:00

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El extraño caso de la auditoría de cuentas del ICAM de 2013 | COLEGIO-ético
Por COLEGIO-etico el 03/02/2014 en Detalles, Noticias
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL ICAM DE 27 DE FEBRERO DE 2014,
La mañana del jueves, día 27 de febrero de 2014, hemos sido convocados todos los colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en nuestra sede, con el fin de nombrar el Auditor de las Cuentas Anuales del ICAM de 2013, hecho que ya se debería de haber producido hace un año en la Primera Junta General Ordinaria de 2013; y en su defecto, en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 19 de diciembre de 2013, pero debido a la forma de votación acordada, que permitía que no saliera elegida ninguna de las firmas propuestas, todas ellas fueron rechazadas, y en consecuencia seguimos sin tener nombrado un auditor de las Cuentas Anuales de 2013.
Sin duda este es un hecho atípico, siendo además los candidatos a auditar las cuentas de nuestro ICAM, cuestionados por un grupo de colegiados, según parece desprenderse de las informaciones reseñadas en el diario jurídico digital: informativojurídico.com (*) http://informativojuridico.com/los-auditores-seleccionados-por-el-colegio-de-abogados-de-madrid-para-ser-escogidos-por-la-junta.
Debido principalmente según se señala en la noticia, al posible conflicto de intereses de dos de las firmas que se someten a aprobación, lo cual sin entrar en mucho detalle, parece al menos desde fuera indiciariamente cierto, en tanto que una de ellas hizo un análisis a futuro de la viabilidad económica del servicio médico, y esa misma firma se podría encargar de verificar que su profecía se cumple.
Pero a parte de ese aspecto, hay otro que pudiera ser interesante al menos para la reflexión. Debemos partir de que la Auditoría de las Cuentas Anuales del ICAM es preceptiva; no resulta necesario abordar si además se trata de una obligación legal (lo cual sin duda se trataría de un debate interesante, como corporación de derecho público, receptora de subvenciones estatales) sino que se trata de una obligación estatutaria. Así el artículo 43.2 de los Estatutos del Colegio de Abogados de Madrid establece que “Las cuentas anuales se someterán a informe de auditores externos independientes, designados por la Junta General Ordinaria, prevista en el artículo 37.2 de los presentes Estatutos, a propuesta de la Junta de Gobierno.” Dicha redacción no permite otra interpretación que no sea que existe obligación de auditar las cuentas, y en este punto, ¿qué pasa si no ha sido nombrado auditor antes del cierre del ejercicio? A este respecto hay un vacío legal, pues ninguna previsión al respecto hay ni en los estatutos del ICAM, ni en el Estatuto General de la Abogacía Española, ni en los Estatutos del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, ni por supuesto en las actuales leyes de colegios profesionales (nacional y autonómica, no así en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que sí parece regularlo, en su Artículo 27, pero eso no es objeto del presente artículo, habiendo sido tratado este Anteproyecto brillantemente con anterioridad por el compañero D. Joaquín Ramón López Bravo en una serie de artículos publicados en la web de la Asociación Abogados por un Colegio ético (www.colegio-etico.es), tratándose este punto en el tercero de ellos http://colegio-etico.es/noticias/los-colegios-profesionales-y-las-organizaciones-colegiales-iii/ , cuya opinión suscribo.
A la vista del anterior vacío, debemos remitirnos allí donde sí está regulado, al menos por analogía, para completar la laguna legal existente en este punto, es decir el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, que en su artículo 350 regula el proceder cuando, al final del ejercicio, la Junta no ha nombrado auditor, “Una vez finalizado el ejercicio a auditar, la competencia para el nombramiento de auditores para la verificación de las cuentas anuales y del informe de gestión de sociedades obligadas a ello, corresponderá exclusivamente al Registrador Mercantil del domicilio social o, previa revocación del designado por el Registrador, al Juez de Primera Instancia del domicilio social.” Es decir se desposee a la Junta de la facultad para nombrar auditor y se le concede al Registro Mercantil, en exclusividad.
La presente aplicación analógica resulta apropiada, toda vez que ya está previsto en los Estatutos del ICAM (artículo 43.2 segundo párrafo) que el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, nombre un segundo auditor externo a petición de un 1% de los colegiados ejercientes. Por tanto, ya existe la previsión del nombramiento de un segundo auditor externo por parte de un órgano diferenciado de la Junta que ordinariamente debería nombrarlo, y que perfectamente podría asumir idéntica competencia en caso de no nombrarse el auditor antes del fin de ejercicio, cuando exista una obligación legal o estatutaria para ello, o bien delegarlo en el propio Registro Mercantil, por llevar este un control sobre las designaciones que despeja cualquier duda de parcialidad.
Visto lo anterior, esperemos que esta vez los servicios jurídicos del ICAM y su Junta de Gobierno estén más acertados que con las proposiciones hechas a la anterior Junta General del pasado mes de diciembre, con objeto de la cual se publicaron durante varios días, archivos digitales que contenían los datos personales de unos centenares de colegiados en la Web del ICAM sin su preciso consentimiento, y que finalmente trascurrida una semana tuvieron que retirar. Pues se puede dar la situación, conforme informa el artículo de informativo jurídico precitado (*), que ese grupo de abogados solicitara vía Artículo 350 y ss. del Reglamento del Registro Mercantil el nombramiento de un Auditor de Cuentas de 2013, y que además en paralelo se aprobara el nombramiento de una de las firmas propuestas, mediante la Junta General Extraordinaria que ha sido convocada para el 27 de febrero de 2014. Dándose la circunstancia de que si aceptara el encargo el Registro Mercantil, quedase a su vez paralelamente implicada la obligación de asumir el coste por parte del ICAM y que este fuera previsiblemente aprobado en la Junta General Extraordinaria referida. Lo cual, no sólo supondría un sobrecoste importante, pues es de imaginar que la firma que salga nombrada el día 27, no aceptará pacíficamente la resolución de su contrato aún cuando la causa sea evidentemente fuerza mayor, sino que debido a las elevadas cuantías de este tipo de servicios, probablemente trastoquen sensiblemente un presupuesto de 2014 que ya se encuentra aprobado.
Otra breve reflexión sobre esta peculiar “Junta”, es, que en esencia se repiten “las ofertas” de las empresas auditoras que ya fueron rechazadas, no hace ni dos meses. Es verdad que nunca se debió producir la situación de haber transcurrido todo el ejercicio del año de 2013 sin auditor, a causa del despropósito de que no se propusiera nombramiento de auditor por parte la Junta de Gobierno en el orden del día de la Primera Junta General Ordinaria de marzo 2013, desatendido la clara regulación estatutaria al respecto, y para mayor abundamiento se termine la segunda Junta General Ordinaria de 2013, del día 19 de diciembre sin auditor de cuentas para 2013. Pero no pudiendo cambiar lo acontecido, no parece muy razonable que se vuelvan a someter a votación “otras desconocidas ofertas” de ciertos auditores propuestos que ya fueron rechazados por amplia mayoría por la Junta General. Dicha actuación si bien aparentemente democrática, en tanto que se somete a votación, no es más que una forma de violentar aquellas decisiones que fueron tomadas en su día por la misma Junta General, no habiéndose producido circunstancia alguna más allá de la posibilidad de una afluencia de colegiados no tan masiva, dado que la convocatoria se data inexplicablemente para un jueves por la mañana, en lugar de hacerlo como siempre es habitual en jornada de tarde, lo cual nos impide disfrutar del principio rector de la participación colegial, que se regula el art. 24 de los Estatutos de nuestra corporación; y conculca una precisa transparencia informativa, dada la falta de información al respecto de las nuevas ofertas, que permita pensar en un cambio en la voluntad informada, fundamentada y expresada de pasado día 19 de diciembre.
Con todo ello, y contando con la información que se nos ha aportado a los colegiados, elegir entre una u otra oferta es más cuestión de simpatías que de un análisis riguroso, pues la información facilitada no sólo en cuanto a las ofertas, sino en cuanto a la metodología a emplear, horas de trabajo, etc. es, en el mejor de los casos, insuficiente, cuando no inexistente, y reiteradamente como ya ocurriera en la anterior Junta.
Así por ejemplo, y sin dudar de la calidad profesional de los Auditores del ejercicio 2012, los cuales por cierto repiten en su oferta de auditar las cuentas de 2013, se echa de menos una explicación más detallada de la razón o motivo por el cual en el punto o nota 2 de la memoria del ejercicio 2012, Bases de presentación de las Cuentas Anuales, se señala que han sido formuladas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, pues existe una consulta del ICAC (BOICAC Nº 84/2010 Consulta 4) que precisamente en relación a los colegios profesionales señala: “Teniendo en cuenta lo anterior, si de la normativa que resulte de aplicación a los Colegios Profesionales se deduce que deben rendir cuentas, o si vinieran obligados a ello por una normativa específica, podrían resultar de aplicación las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
En este sentido, en la Introducción de las Normas se señala que si bien resultan de aplicación obligatoria a las fundaciones de competencia estatal y a las asociaciones declaradas de utilidad pública, también deberán aplicarlas todas aquellas entidades que desarrollen actividades de análoga naturaleza si su normativa específica lo impone.”
Es incuestionable el deber de rendir cuentas del ICAM, que establece el ICAC como requisito, visto el artículo 11.1.a de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. De lo cual, por tanto, pudiera desprenderse que quizás se debieran formular las cuentas de acuerdo a la adaptación sectorial, más aún cuando en el siguiente párrafo señala la consulta “Los Colegios Profesionales que apliquen las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos deberán tener en cuenta la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (PGC), que establece que las Adaptaciones sectoriales en vigor a la fecha de publicación del citado real decreto seguirán aplicándose en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el nuevo PGC.” Es decir indudablemente, antes de esta consulta y del Nuevo PGC, los Colegios Profesionales o alguno de ellos, venían aplicando las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
Siendo al menos este punto necesario que se explicara y argumentara más detalladamente, máxime cuando somos todos abogados y no siendo lo suficientemente clara la norma, es una cuestión de interpretaciones, aunque particularmente piense que aciertan.
Finalmente, a modo de conclusión, sobre esta nueva Junta a celebrar, vuelve a sobrevolar la sospecha de la nulidad, en cuanto a los acuerdos que se adopten, y la falta absoluta de transparencia en la información que se nos ha transmitido, auspiciada con la petición del voto delegado con limitación de tres, que impide formar opinión fundamentada sobre el sentido mismo del voto, al desconocerse la información necesaria para motivar el sentido del voto delegable y que en consecuencia permitiera un análisis riguroso de las ofertas presentadas para, valga la analogía médica, poder dar un “consentimiento informado” a alguna de ellas.
Vocal de la Asociación Abogados por un Colegio- Ético [www.colegio-etico.es]
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4 Respuestas a El extraño caso de la auditoría de cuentas del ICAM de 2013
Joaquín Ramón López Bravo 03/02/2014 en 1:21 pm #
Excelente artículo de Alfonso con el que no cabe sino mostrar absoluta adhesión. Y aportar la reflexión oportuna. Si un compañero sólo, desde su despacho profesional, puede ver con tanta claridad una situación cuanto menos incómoda, ¿cómo es que la Junta del ICAM, compuesta por eminentes juristas, no ha sido capaz de verlo? Es más, ¿cómo es posible que se nos someta a votación unas propuestas cuya literalidad desconocemos? ¿Con qué criterio elegir una u otra? La mera simpatía personal no parece que deba ser el criterio para la elección. Entonces, ¿cual? ¿Quizá sólo el coste? ¿No tendremos una descripción del servicio, personal adscrito al mismo, plazos de entrega de los informes, etc., etc., etc.? No es serio. Y sí que es muy serio que sea necesario convocar una Junta Extraordinaria, con los costes que plantea, económicos y personales, por la absoluta incapacidad para plantear adecuadamente una votación, y que esta Junta Extraordinaria nazca ya con la amenaza de impugnación por ausencia de información sobre el contenido efectivo de los puntos a tratar. La deriva que va tomando la Junta Directiva del ICAM hace que muchos de los que votamos con ilusión y esperanza el necesario cambio en las estructuras anquilosadas del ICAM, veamos desencantados que el cambio no ha llegado y si acaso se ha empeorado en aspectos tan básicos como la transparencia y la información.
Alfonso Vega 04/02/2014 en 3:20 pm #
No puedo estar mas de acuerdo Joaquín, y ello lo la dudosa legitimidad democrática de volver a someter a votación propuestas que hace ni dos meses fueron ampliamente rechazadas, como comento en el artículo. ¿Qué pasará si por ejemplo sale elegida una de ellas con menos diferencia de votos a favor en la actual Junta que la diferencia de votos en contra de la pasada votación?
Como comentas no es serio la poca información de la que disponemos para poder formar nuestra opinión, en un tema tan sensible, no se puede tomar una decisión consciente con estos datos, pero claro así se evitan preguntas incomodas como ¿por que entre dos de los firmas cuyas propuestas fueron rechazadas existía tanta diferencia en cuanto a estimación de horas de trabajo…?
Muchas preguntas y muy pocas respuestas por parte de la actual Junta de Gobierno.
Javier 11/02/2014 en 9:30 am #
Un brillante artículo, Alfonso.
Tras mi asistencia a la Junta de diciembre en la que se presentaron 3 ofertas, todas las cuales fueron rechazadas por la torpeza de la Secretaria a la hora de plantear la votación, me han surgido serias dudas sobre el sistema de contratación por parte del ICAM o, mejor dicho, de la Junta del Gobierno del ICAM.
¿Qué criterio se tiene a la hora de pedir ofertas?
¿Se han pedido ofertas sólo a firmas internacionales? Si es así, me faltan algunas. No sé si es que no han ofertado o no se les ha preguntado
¿Se han contrastado estas ofertas con otras posibles de firmas medianas?
No sería más transparente convocar un concurso, que no subasta, con unas bases sencillas pero públicas para que todos los colegiados pudiésemos ver los criterios de elección?
Tras un año cumplido de mandato de la actual Junta de Gobierno, hay pocas luces y muchas sombras en la gestión. Falta transparencia e información.
En aras de la #Transparencia | COLEGIO-ético - 20/02/2014
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 artículo 37
 Artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 350
 Artículo 350
 resolución 
 Real Decreto 
in fine
 artículo 11
in fine
 Real Decreto 
 real decreto 
in fine