Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Octubre/01393-261011-2011-2011-0304.html
Timestamp: 2016-12-08 16:03:30+00:00

Document:
Juzgado de Sustanciación adjunto a Oficio Nro. 000558 del 14 de abril de 2011,
remitió a esta Sala cuaderno separado relacionado con la medida cautelar de prohibición
marzo de 2011 por el abogado Ramón Huerta Giusti, INPREABOGADO 5.661, actuando
con el carácter de apoderado judicial de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos y la abogada Carolina Pirela Romero,
INPREABOGADO 56.336, en su condición de sustituta de la ciudadana Procuradora
General de la República, contra la sociedad mercantil FINANCIADORA DEL
TRABAJO C.A., inscrita ante la Oficina de Registro Público del Municipio Maneiro
del Estado Nueva Esparta, el 27 de noviembre de 2008, bajo el N° 2008.87 y la
empresa C.N.A. SEGUROS LA PREVISORA, C.A., por la “…NULIDAD DE LA VENTA del inmueble ubicado en la Urbanización Playa el Ángel Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta…”, realizada “…mediante documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, en fecha 27 de
noviembre de 2008, quedando asentado bajo el número 2008.87, Asiento Registral
1 del inmueble matriculado con el número 396.15.4.1.73; número 2008.88, Asiento
Registral 1 del inmueble matriculado con el número 396.15.4.1.74 y número
2008.89, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el número
396.15.4.1.1.75, correspondiente al Libro de Folio Real del citado año, así
ulterior….”. Dicha
remisión se efectuó, en virtud del auto dictado por el Juzgado de Sustanciación
de esta Sala en fecha 6 de abril de 2011, que admitió la demanda y acordó abrir
el presente cuaderno separado, de conformidad con lo establecido en el artículo
105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
de mayo de 2011, se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se designó
fecha 5 de mayo de 2011, la parte demandante reformó la demanda, a los fines de
incluir como codemandada a la sociedad anónima BOLIVARIANA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A. debido a que según Decreto N° 7.332, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395 de fecha 26.03.2010, se
autorizó la fusión por absorción de la empresa C.N.A Seguros La Previsora; C.A. con la referida sociedad anónima. Asimismo, se adicionó a la petición
fue admitida el 17 de mayo de 2011. I
Acuden a esta instancia judicial el ciudadano Ramón Huerta
Giusti y la ciudadana Carolina Pirela Romero, en su condición de apoderado
General de la República, respectivamente, a fin de demandar la nulidad de la
venta realizada sobre tres lotes de terreno ubicados en la Urbanización Playa el Ángel, Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta.
acción que por Decreto N° 422 del 25 de octubre de 1999, fue creada la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, cuya Comisión de Contratación Pública
inició varios procesos de enajenación de los terrenos ubicados en la citada
Urbanización Playa el Ángel, “…de los cuales dos (2) fueron declarados
desiertos y no avalados por la [citada] Comisión…”; mientras que en
un tercer proceso se habrían descalificado técnicamente dos ofertas recibidas,
situación que condujo a que las empresas afectadas interpusieran los
correspondientes recursos contenciosos administrativos de nulidad, por lo que la Comisión de Enajenación de Bienes del Sector Público no afectos a las Industrias Básicas
recomendó que no se dispusiera “…de los bienes en litigio…”.
aprobado por la Comisión de Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos
a las Industrias Básicas en reunión No. 299 de fecha 11 de julio de 2007 “…y
llevado a cabo por la Junta mediante proceso de licitación pública
E-JL-INH-002-2007, donde se recibieron dos (2) ofertas otorgándosele la buena
pro a la empresa PROMOBARNA…”, no obstante, advirtieron que
posteriormente fue “…declarado el decaimiento de la buena pro al no
formalizarse la oferta en los lapsos previstos…”.
Sin embargo, sostuvieron que en fecha 17 de julio de 2007, la Comisión de Enajenación de Bienes del Sector Público No Afectos a las Industrias Básicas
autorizó mediante Oficio N° 0468 “…la venta dentro de un término de sesenta
(60) días continuos, prorrogables por treinta (30) días, lapso en el cual no se
llevó a cabo la celebración del contrato…”. En razón de ello afirmaron, que el entonces Presidente de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromo solicitó en fecha 3 de octubre de 2007,
autorización a la referida Comisión para otorgar la buena pro a la empresa
Posteriormente alegaron, que la señalada Junta Liquidadora
inició otro procedimiento de enajenación, respecto a lo cual la Comisión de Enajenación de Bienes del Sector Público No Afectos a las Industrias Básicas
realizó “…una serie de recomendaciones relativas al procedimiento aplicable
para la enajenación de los referidos activos…”, pero que es el caso que dichas
observaciones “…no fueron acatadas por la Junta Liquidadora, quien se limitó a enviar oficio de fecha 03 de Noviembre de 2008, suscrito
por el entonces Presidente de la Junta, ciudadano Luis Chacón, en donde
desestima las observaciones realizadas por la CENBISP…”.
En tal virtud agregaron, que en fecha 31 de octubre de 2008, “…a
través de punto de Cuenta N° 004, la Junta Liquidadora del INH aprueba la ‘Autorización para la apertura del proceso N°
E-JL-INH/001-2008, de enajenación mediante la modalidad de venta por oferta
pública de los activos no hípicos, ubicados en la Urbanización Playa El Ángel en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta…’ efectuando en
fecha dos (02) de noviembre de 2008, mediante publicación en los diarios ‘El
Nacional’ y ‘Últimas Noticias’, la invitación para participar en el concurso
abierto…”.
Respecto a tales publicaciones indicaron que en éstas se
cambió la palabra concurso por “concuerdo” y aun cuando el 4 de noviembre de
2008, se publicó la correspondiente fe de errata ello afectó, a su parecer, el
retiro del pliego y demás actuaciones atinentes al proceso de licitación. Habida cuenta de lo anterior, refirieron que el 13 de
noviembre de 2008, se llevó a cabo el acto de recepción y apertura de sobres
para las empresas interesadas “…presentándose únicamente dos (2)
representantes de empresas INSTAMANVE C.A. (…) y FINANCIADORA
DEL TRABAJO, C.A. …”. La primera de ellas, en su carácter de observador
“…por tener interés en el proceso al ser arrendatario de uno de los lotes de
terreno en venta…” y el segundo como participante de la licitación.
De esta forma agregaron, que la Comisión de Contratación se reunió el 14 de noviembre de 2008 para verificar, revisar y
evaluar los documentos presentados por la única empresa participante en la
licitación, cuya oferta, a juicio de la aludida Comisión, cumplió con la
calificación en cuanto a los requerimientos formales.
el entonces Presidente de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos celebró con la empresa Financiadora del Trabajo C.A., el contrato de
Bolívares (Bs. 160.000.000).
en contravención a lo previsto en el Decreto N° 422 que establecía la
participación de la Procuraduría General de la República en el proceso de transferencia de activos, lo cual a su juicio se agravaba, por los
siguientes aspectos: i. Existían otras empresas interesadas en adquirir el
inmueble, ii. Una de las empresas expresó la imposibilidad de presentar la
oferta en el lapso conferido, iii. El Presidente de la Junta Liquidadora dio en venta un inmueble sin la autorización del órgano competente y
adicionalmente sometió el pago del precio de la venta de forma fraccionada, iv.
El monto del avalúo fijado desde el año 2005 al 2008, fue disminuyendo
de Bs. 170.466.151.44 hasta situarse en Bs. 151.816.105,24, lo cual, a su
juicio, “…es contradictorio con el comportamiento en materia del precio de
los inmuebles…”, v. En fecha 28 de julio de 2009, la sociedad mercantil
Financiadora del Trabajo, C.A. vendió el inmueble a la empresa C.N.A de Seguros
La Previsora C.A., por la cantidad de Ochocientos Millones de Bolívares
(Bs. 800.000.000,00), es decir, a un precio 5 veces mayor al que fue fijado
en la venta que le realizó su causante y por último, vi. la segunda venta del
inmueble se realizó aun cuando pesaba sobre el mismo una garantía de hipoteca.
mencionados contratos de venta y se proceda a la reivindicación del inmueble,
autorización legal para la enajenación y no se siguieron las recomendaciones de
la Comisión Nacional para la Enajenación de Bienes del Sector Público no afectos a las Industrias Básicas, así como la supuesta ilicitud del objeto de la
venta fundamentada en el artículo 4 del Decreto 422, que establece la
competencia de la Junta Liquidadora, específicamente la facultad de liquidar
los activos no hípicos del Instituto Nacional de Hipódromos
A tal efecto estimaron la demanda en la cantidad de Ciento
Sesenta Millones de Bolívares con 00/100 (Bs. 160.000.000,00), determinado por
escrito de reforma a la demanda, la parte actora solicitó tanto medida
preventiva de prohibición de enajenar o gravar, como medida innominada
cuanto a la medida de prohibición de enajenar y gravar el inmueble objeto de la
venta, señalaron que, en el caso analizado se verificaba el requisito del periculum
in mora, toda vez que, a su parecer, existía el riesgo manifiesto de que el
terreno sobre el cual se pretende recaiga la medida preventiva sea sometido “…a
Hipódromos…”.
respaldo de lo anterior, afirmaron que el inmueble fue “…primeramente
vendido a la sociedad mercantil FINANCIADORA DEL TRABAJO, C.A. y ésta, a
su vez, lo enajenó a C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA C.A., y en fecha 03 de Diciembre del año 2009, fue protocolizado ante el Registro
Público del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, un Documento de
Parcelamiento del LOTE N° 1, donde se establece la voluntad de realizar la
construcción de una Urbanización denominada ‘ISLA BELLA’, quedando anotado bajo
el N° 19, Folio 114 del Tomo 24…”. Paralelamente
refiere, en lo atinente al requisito del fumus boni iuris que éste se
derivaba de la normativa legal invocada y de los recaudos acompañados a la
presente demanda, “….verbigracia, el Oficio N° 336 y de la copia del
expediente administrativo que se acompaña, de los cuales se evidencia la
totalmente transgredida en el proceso de venta del inmueble, lo cual impidió –
como se expuso – la real conformación de la voluntad de la Administración Pública para la realización de la venta, argumento o valoración que es
ratificado por el dictamen citado de la Contraloría General de la República, que como máximo órgano en materia de control fiscal
demanda…”.
otro lado, en cuanto a la medida innominada solicitada “…a los fines de que
se prohíba realizar cualquier tipo de modificación u obra que se pretenda hacer
mantenimiento sobre las estructuras [del inmueble]…”, los demandantes
indicaron en cuanto al periculum in mora, que en el caso concreto éste
estado de deterioro de la estructura del canódromo, que de mantenerse puede
resultar en algún momento inviable o demasiado costosa su reconstrucción.
modificación de las estructuras o de la realización de obras que afecten el
destino y uso del bien, obstaculizando lo dispuesto en el Decreto – Ley 422,
que ordena la reversión de los activos no hípicos a la República.
realización de obras, como las proyectadas en el documento de parcelamiento
protocolizado en el 2009, que pudieran derivar en la celebración de contratos
que, a su juicio, “…generarían expectativas de derechos en terceros, y que
pudieran causar una conflictividad dificultando la ejecución de un fallo favorable…”.
a la Sala pronunciarse respecto a la solicitud de medida preventiva de prohibición
con ocasión a la reforma del libelo. A tal efecto, se observa:
apoderado judicial de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos
y la abogada Carolina Pirela Romero, actuando con el carácter de sustituta de
la entonces Procuradora General de la República solicitaron medida de prohibición de enajenar y gravar de tres lotes de terreno objeto de la venta y cuyos linderos
y medidas son los siguientes: “…LOTE DE TERRENO NÚMERO 1: Con área
metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados (498.574, 41 M2), identificado con el N° de Catastro 170602B, Ficha de Inscripción Catastral N° PA2.265, con
Sesenta y Cuatro Centímetros (745,64 mts) con carretera que conduce de Porlamar
a Pampatar, franja de protección de por medio, desde el punto identificado
‘PT19’ hasta punto identificado como PT0; SUR: Seiscientos Cincuenta y
Un Metros con Setenta y Ocho Centímetros (651,78 Mts) con terrenos propiedad de
la Urbanización futuras parcelas del Sector ´N´ y futura calle ‘El Atún’,
según plano de Urbanismo desde punto identificado como N° 29, hasta el punto
identificado como N° 20, ESTE: En Un Mil Cuatrocientos Dieciseis Metros
con Catorce Centímetros (1.416,14 Mts) con terrenos propiedad de la Urbanización futuras avenidas ‘María Guevara’, Elvira García, parcelas del sector ‘Q’, del
sector ‘R’ y zona verde, desde el punto identificado como N° 20 hasta el
identificado como ‘PT0’; y OESTE: En Un Mil Cincuenta y Cuatro Metros
con Veinticuatros Centímetros (1.054,24 Mts.) con terrenos propiedad de la Urbanización, futuras parcelas del sector ‘L’, parcela educacional, parcelas del sector ‘E-1’ y la Avenida ‘La Anchoa’ desde el punto identificado como N° 29 hasta el identificado como ‘Pto. 19’ Y todas las bienhechurías sobre él edificadas. LOTE N° 2: Con una superficie
CUARENTA Y UN CENTÍMETROS CUADRADOS (32.329,41 M2), identificado con el N° de Catastro 170602B, ficha de inscripción catastral N° PA
Cuatros Metros con Setenta y Seis Centímetros (294,76 Mts) con terrenos
propiedad de la Urbanización, futuras avenidas ‘María Guevara’ y ‘Rosalía Mata’
y desde el punto identificado como M9, hasta el punto identificado
como M4; SUR-OESTE: Doscientos Ochenta y Un Metros con Sesenta y Cinco
Centímetros (281,65 Mts) con terrenos propiedad de la Urbanización, futuras parcelas del Sector O, desde el punto marcado como M9 hasta el
Veinticinco Centímetros (218,25 mts) con terrenos propiedad de la urbanización,
identificado como M4. Y todas las bienhechurías en él construídas. LOTE N°
3: Con superficie aproximada de Treinta y Seis Mil Quinientos Veintiún
Metros Cuadrados con Sesenta y Cinco Centímetros Cuadrados (36.521,65 M2), identificado con el N° de Catastro 170602B, Ficha de Inscripción Catastral N° PA
Metro con Setenta y Cinco Centímetros (139,75 mts) con terrenos propiedad de la
urbanización, futuro paseo peatonal, desde el punto identificado como ‘LO’
hasta el identificado como ‘LA’; ESTE: En Doscientos Cincuenta y Un
Metros con Seis Centímetros (251,06 mts) con riberas del mar, línea de alta
marea, desde el punto identificado como ‘LA’ hasta el identificado como ‘LB’; SUR:
En Ciento Cincuenta y Cuatro Metros con Seis Centímetros (154,06), con
terrenos propiedad de la urbanización, futura zona hotelera, desde el punto
identificado como ‘LB’ hasta el identificado como ‘L4’ y OESTE: En
Doscientos Cincuenta y Cuatro Metros con Veintiseis Centímetros (254,26 mts)
con terrenos propiedad de la urbanización , futura avenida Aldonza Manrrique,
desde el punto identificado como ‘L4’ hasta el identificado como ‘Lo’. Y todas
las bienhechurías sobre él edificadas…”.
solicitaron se decrete medida innominada consistente en que se otorgue a la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromo la custodia del inmueble y por
consiguiente, se prohíba cautelarmente cualquier trabajo de construcción que
pudiera entorpecer su futura reivindicación. Dicho planteamiento lo basaron en
Canódromo de Margarita, se encontraban en claro estado de deterioro y debido a
la falta de vigilancia había sido objeto de invasiones parciales.
del terreno que viciarían el contrato celebrado por las partes, aunado a la
circunstancia de que existiría el peligro de que se produzcan posteriores
enajenaciones que dificultarían la reivindicación del inmueble, así como el
riesgo manifiesto de que se desarrolle un complejo urbanístico que
imposibilitaría la ejecución de la pretensión de los accionantes.
este contexto refirieron que Financiadora del Trabajo, C.A. (empresa a la que
se le adjudicó la buena pro) ya había vendido el inmueble a C.N.A de Seguros La Previsora, C.A, la cual, a su vez, protocolizó en fecha 3 de diciembre de 2009 un documento
de Parcelamiento del Lote N° 1, donde, a su juicio, se evidencia “…la
voluntad de realizar la construcción de una Urbanización denominada ‘ISLA
BELLA’…”. De
señalado la Sala acerca de que la garantía de la tutela judicial efectiva,
prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de
hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección
anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando éstos se encuentren
apegados a la legalidad. Por tal razón, el ordenamiento jurídico coloca a disposición
a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser
titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser
tiene la razón. (Vid. Sentencias Nros. 05653, 00203 y 00739, del 21 de
este orden de ideas, debe aludirse al contenido de los artículos 585 y 588 del
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el
artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece:
“Artículo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas
públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en
El tribunal contará con los más amplios poderes
cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el
restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá
exigir garantías suficientes al solicitante”.
los artículos 585 y 588 del mencionado Código disponen lo siguiente:
585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el
Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución
del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya
presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”.
588. En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede
también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para
Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta
sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá
difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño,
el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar
las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuación de la
lesión.” Es criterio de este Alto Tribunal que
el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones
legales que lo confieren, por tal razón en el caso de autos, resulta
indispensable analizar el contenido del artículo 92 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.892, Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, cuyo tenor es el
92. Cuando la Procuraduría General de la República solicite medidas preventivas o ejecutivas, el Juez para decretarlas, deberá examinar si existe un
peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, o si del examen
del caso, emerge una presunción de buen derecho a favor de la pretensión,
dos requisitos mencionados. Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando
hubiese caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren, aceptada por el Procurador o
Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, en resguardo de
los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República”.
a la disposición transcrita, cuando la Procuraduría General de la República solicite el otorgamiento de medidas cautelares, no se
requiere la comprobación concurrente de los requisitos del fumus boni iuris
(presunción
partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra), sino que la medida procederá con la
constatación en autos de uno cualquiera de ellos. En este
principal, la Comunicación N° 0336 del 29 de octubre de 2008, emanada de la Comisión Nacional para la Enajenación de Bienes del Sector Público No Afectos a las
Industrias Básicas, de cuya lectura se evidencia que en el marco de la venta de
los tres lotes de terrenos ubicados en la Urbanización Playa El Ángel, Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, se realizó una serie
de procesos licitatorios los cuales no culminaron con éxito, por diversas
licitatorio, el decaimiento de la oferta de la empresa que resultó adjudicada e
incluso la descalificación técnica de dos de las empresas participantes.
precitada Comisión, previo al requerimiento de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, procedió a formular algunas
“…1. Que la Junta Liquidadora del INH considere anular el acto administrativo por el cual se descalificó
vía jurisdiccional contra la decisión que produjo su descalificación dentro del
empresa TAHEM S.A., se notifique a la empresa DESARROLLOS TURÍSTICOS CARIBE 2006 C.A. del decaimiento de la Buena Pro dada a PROMOBARNA dentro del proceso de licitación E-JL-INH- 002-2007, a los fines de que dicha empresa materialice o no la oferta
empresa DESARROLLOS TURÍSTICOS CARIBE 2006 C.A., se llame a un nuevo proceso de Oferta Pública para la venta de los bienes que en este se refieren, por el
DEL TRABAJO C.A, pues comprende la oferta válida de mayor monto con data más
4. Las notificaciones arriba señaladas,
deberán hacerse constar mediante firma autógrafa de la máxima autoridad y sello
húmedo del respectivo destinatario.”. (Sic) No
obstante, esta Sala de la revisión del expediente no evidencia, al menos en
el contrario, llama la atención de este Órgano Jurisdiccional que el contrato
objeto del presente juicio, refiere el Oficio N° 0336 de fecha 29 de octubre
de 2008 (antes transcrito) como el instrumento del cual se derivaría la supuesta
autorización otorgada por la Comisión Nacional para la Enajenación de Bienes del Sector Público No Afectos a las Industrias Básicas, a fin de proceder a la
enajenación del inmueble, cuando en realidad, según lo observado del extracto
procesal y de un estudio prima fase de su contenido, la formulación de
se advierte, que mediante documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta el 3 de agosto de
2009, bajo el N° 2008.87, asiento registral 3, la sociedad mercantil
Financiadora del Trabajo C.A. transfirió la propiedad del referido inmueble a
de Seguros y Reaseguros S.A., según Decreto N° 7.332, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395 del 26 de marzo de 2010.
embargo, con anterioridad a dicha fusión, consta en autos (folios 147 al 160)
que la compañía de Seguros adquiriente del inmueble presentó el 29 de
septiembre de 2009 ante el Notario Público Primero del Municipio Baruta del
estado Miranda un documento de parcelamiento del señalado terreno, de cuya
lectura puede apreciarse prima face la intención de llevar a cabo un
proyecto de desarrollo urbanístico denominado “Isla Bella Convention Center”.
otro lado, constituye, a juicio de esta Sala, una presunción de buen derecho de
posible existencia de irregularidades que afectarían los intereses de la República, la referida a que el precio de la venta realizada a Financiadora del Trabajo C.A.
de Bolívares (Bs.160.000.000,00), mientras que el fijado en la venta efectuada,
primero a través de documento notariado el 30 de julio de 2009 por la referida
protocolizado el 3 de agosto de 2009, fue por la cantidad de “…Ochocientos
Millones de Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs. 800.000.000,00)…”, el cual
escasos siete meses. Adicionalmente
se desprende de las resultas de la inspección ocular practicada el 21 de junio
de 2011, por el Juzgado del Municipio Maneiro de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta en las instalaciones del denominado Canódromo
habitado por un grupo de personas en el módulo situado frente a la atracción “La Gallera”.
solicitadas, principalmente si se toma en consideración que a tenor de lo
establecido en el artículo 92 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del
Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tales proveimientos pueden ser acordados con uno
consecuencia, se acuerda la prohibición de enajenar y gravar el inmueble objeto
identificado en este fallo, y en tal virtud se ordena oficiar a la Oficina de Registro Público del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta. Asimismo, se
concede la custodia y vigilancia de dicho bien a la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, prohibiéndose la construcción,
modificación y alteración de la edificaciones existentes sobre el referido
fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTES las medidas preventivas solicitadas. En consecuencia, se
Medida de Prohibición
construidas, ubicados en la Urbanización Playa el Ángel Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, propiedad de C.N.A. de Seguros La Previsora (fusionada a Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A.) según documento notariado
presentado para su protocolización el 3 de agosto de 2009, ante la Oficina de Registro Público del Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, quedando anotado “…bajo
el N° 2008.87, Asiento registral 3 del inmueble Matriculado con el N°
396.15.4.1.73, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2008, Número
correspondiente al Libro de Folio Real del año 2008, Número 2008.89, Asiento
al Libro de Folio real del año 2008…”. Por lo tanto, cumplidas las
formalidades a que se refiere el artículo 62 de la Ley de la Actividad Aseguradora, se acuerda oficiar a la referida Oficina de Registro, a fin
consistente en otorgar a la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, la custodia y vigilancia del inmueble objeto del contrato de venta
cuya nulidad se pretende, así como la prohibición de cualquier acto de
construcción, modificación o alteración del señalado inmueble que pudiera
dificultar la ejecución de las resultas del presente juicio.
regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente decisión a
la pieza principal. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada
y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticinco
(25) días del mes de octubre del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
En veintiséis (26) de octubre del año dos mil once, se
publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01393, la cual no está

References: artículo
105
 artículo 4
 artículo 26

artículo 104
 Artículo 585
 Artículo 585
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 62