Source: https://es.scribd.com/document/126262409/Libertad-de-pensamiento-y-expresion-asociacion-y-reunion-en-la-Convencion-Americana-de-DDHH-y-Jurisprudencia-de-la-Corte-IDH
Timestamp: 2017-05-29 22:54:26+00:00

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con lo cual. «La colegiación obligatoria de periodistas». En efecto. sino que comprende además. párrafo 30. por ejemplo. entre otros pronunciamientos de la Corte IDH. no sería admisible que «sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas. 6 de febrero de 2001. un límite al derecho de expresarse libremente»5. de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente. y una social. «La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29.Francisco José Eguiguren Praeli. párrafo 32. Opinión Consultiva OC-5/85. de asociación y reunión
de expresión de un individuo. no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado. Perú. que hace referencia al derecho que tiene la colectividad de recibir información y conocer la expresión del pensamiento ajeno. Sobre la dimensión individual de este derecho. de 13 de noviembre de 1985. que alude al derecho que tiene cada individuo de manifestar informaciones e ideas por cualquier medio que sea apropiado para su difusión. En ese sentido. Ivcher Bronstein vs. el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios»4. con relación a su dimensión social. Chile (caso «La última tentación de Cristo»). sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas»3. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia»7. párrafo 31. Las libertades de pensamiento y expresión. párrafo 147.
Véase también: Olmedo Bustos y otros vs. «La colegiación obligatoria de periodistas». se ha interpretado que la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una individual. Opinión Consultiva OC-5/85. se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de
Opinión Consultiva OC-5/85. apartado VIII. en más de una ocasión la Corte IDH ha manifestado que: «la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir. «La colegiación obligatoria de periodistas». Por este motivo. la Convención está subrayando que: «la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles. Corte IDH. De otro lado. Dada la importancia de estas dos dimensiones. inseparablemente. párrafo 32. Convención Americana sobre Derechos Humanos). párrafo 65. 5 de febrero de 2001. se ha afirmado que la libertad de expresión «es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos»6. apartado XIV. Corte IDH.
Opinión Consultiva OC-5/85.
. cuando se proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas por cualquier procedimiento. la libertad de expresión también comprende el derecho de todos «a conocer opiniones y noticias. la Corte IDH ha puesto especial énfasis en la necesidad de que sean garantizadas simultáneamente. y en la misma medida.
párrafo 33. En palabras de la Corte. Entonces. «La colegiación obligatoria de periodistas». «una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre»10. por el contrario. las cuales podrían verse limitadas de modo permanente en perjuicio de los no colegiados.90
comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista»8.. sociedades. Del mismo modo. de fecha 13 de noviembre de 1985. pues el artículo 13 de la Convención protege expresamente la libertad de buscar. etcétera. En este orden de ideas. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. la Corte IDH evidenció que una ley de colegiación obligatoria de los periodistas planteaba un problema fundamental. no ocurre lo mismo en el caso del periodismo. si bien en otras profesiones (como la abogacía y la medicina) la colegiación obligatoria podría justificarse por razones de orden público.. Opinión Consultiva OC-5/85. párrafo 33. pues este implica el desarrollo de actividades específicamente garantizadas por la Convención. «La colegiación obligatoria de periodistas». fue con motivo de la Opinión Consultiva OC-5/85. párrafo 70. Opinión Consultiva OC-5/85. «no puede ser diferenciado de la libertad de expresión. «no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor»9. Opinión Consultiva OC-5/85. ni puede ser. estable y remunerado»11. por tanto. ambas cosas están evidentemente imbricadas. El ejercicio profesional del periodismo. además de aludir a la doble dimensión (individual y social) de la libertad de expresión. En su pronunciamiento. por hacer posible la formación de la opinión pública y ser una condición indispensable para que los partidos políticos. la Corte se refirió a este derecho como un elemento central para la existencia de una sociedad democrática. puedan desarrollarse plenamente en la sociedad.
. pues el periodista profesional no es. párrafo 74. con relación a la colegiación obligatoria de los periodistas solicitada por el Gobierno de Costa Rica. La primera vez que la Corte IDH tuvo ocasión de pronunciarse sobre el contenido y alcance del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. y la profesión de periodista implica necesariamente el desarrollo de dichas actividades.] no es compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite
Opinión Consultiva OC-5/85. otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo. «La colegiación obligatoria de periodistas». El siguiente fragmento sintetiza la conclusión a la que arribó la Corte:
[. sindicatos. «La colegiación obligatoria de periodistas».
La Corte IDH precisó.] la Corte estima que el artículo 13 de la Convención. Consecuentemente. acceder a ella y valorarla»14. párrafo 77. si con ella se pretendía impedir que cualquier persona pudiera emplear los medios de comunicación social para expresarse o transmitir informaciones e ideas. Chile. párrafo 77. párrafo 81. Corte IDH. «La colegiación obligatoria de periodistas». resuelto el 19 de setiembre de 2006. de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto13.
Opinión Consultiva OC-5/85. con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.
Como puede apreciarse. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla. al estipular expresamente los derechos a «buscar» y a «recibir» «informaciones». fue el caso Claude Reyes y otros vs. Corte IDH. salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla. además. Claude Reyes y otros vs. la Corte reconoció que el acceso a la información pública es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión:
. Una ley semejante contendría restricciones a la libertad de expresión no autorizadas por el artículo 13. Las libertades de pensamiento y expresión. Otro pronunciamiento relevante.
Este pronunciamiento es importante porque se trata de la primera vez que un tribunal internacional reconoce el carácter fundamental del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado (véase CIDH 2007a: 31). apartado VII.2 de la Convención y sería. como del derecho de la colectividad en general a recibir información sin trabas12. violatoria tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de su elección. 19 de setiembre de 2006. En él.. protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado. de asociación y reunión
el acceso a éste a los graduados en una determinada carrera universitaria.Francisco José Eguiguren Praeli. 19 de setiembre de 2006. que la información debe ser entregada «sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal. la Corte IDH consideró que la colegiación obligatoria de los periodistas no era compatible con la Convención. Chile. desde el punto de vista del contenido y alcance de este derecho. apartado VII. Claude Reyes y otros vs. Chile. en consecuencia.
. es posible que el derecho se vea ilegítimamente restringido por acciones normativas o administrativas del Estado así como por el accionar de particulares. expresadas en ataques o puesta en riesgo de su integridad
. denunciaban haber sufrido reiteradamente agresiones de partidarios del gobierno. ello no justificaría el incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos.] el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie. Fue con ocasión del caso Ríos y otros contra Venezuela (sentencia de enero 2009).] el conjunto de hechos probados conformaron formas de obstrucción. en su caso. investigar hechos que los perjudiquen. cuando sea pertinente.. y manifestó que:
[. las cuales deben ser garantizadas por el Estado simultáneamente. una individual y una social. este último —al igual que el primero— contiene de manera clara dos dimensiones. lo que provocaban reacciones de personas particulares. obstaculización y amedrentamiento para el ejercicio de las labores periodísticas de las presuntas víctimas. Sin embargo. El Estado venezolano sostenía que eran las propias declaraciones y expresiones de los denunciantes las que los ponían en riesgo.. medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación. entidad que había apoyado el golpe de estado contra el presidente Chávez.. favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar.
La Corte señaló que a pesar de que las víctimas habían recibido medidas provisionales para su protección. Por tanto. El disenso y las diferencias de opinión e ideas son consustanciales al pluralismo que debe regir en una sociedad democrática. donde diversos trabajadores de la empresa Radio Caracas Televisión (RCTV). pues contenían ataques al gobierno y sus partidarios e incitaban al odio. así como.
La Corte agregó que para el ejercicio de la libertad de expresión se necesita la existencia de condiciones jurídicas y sociales que lo favorezcan. la Corte señaló que:
Aún si fuese cierto que RCTV o su personal han cometido los actos que el Estado les imputa. estimule.92
Al establecerse que el derecho a la libertad de expresión comprende también la protección del derecho de acceso a la información pública.
[. el Estado no había hecho lo necesario para garantizar su situación. Por tanto. de proteger la integridad de quienes la ejercen y de investigar y sancionar los actos que se produzcan en su contra. La Corte ha resaltado también el deber que tiene un Estado de garantizar el libre ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión.
las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. que en los contextos de los referidos pronunciamientos de altos funcionarios públicos y de omisión de las autoridades estatales en su deber de debida diligencia en las investigaciones. no puede tener alcances absolutos. dependerá
Herrera Ulloa vs.. párrafo 120. la Corte ha señalado que esta responsabilidad no debe limitar el derecho a la libertad de expresión más allá de lo estrictamente necesario. para que dichas restricciones sean consideradas legítimas. de censura previa. constituyeron faltas a las obligaciones estatales de prevenir e investigar los hechos. apartado X. el orden público o la salud o la moral públicas.Francisco José Eguiguren Praeli. sentencia del 2 de julio de 2004.1] no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores.
. como cualquier otro derecho.2 de la Convención Americana. directos o indirectos. 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás.2. o la protección de la seguridad nacional. para poder determinar responsabilidades ulteriores se deben cumplir los siguientes tres requisitos: «1) deben estar expresamente fijadas por la ley. la Corte ha expresado lo siguiente: «[. o b) la protección de la seguridad nacional. por ende. Sobre la aplicación como regla de la responsabilidad ulterior. asumiendo luego la responsabilidad que de ello se derive. Corte IDH. y. que garantiza la libre expresión y difusión de las ideas e información sin interferencias. la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2 de la Convención.] la “necesidad” y. Sin embargo.
Por tanto. Entonces. de asociación y reunión
personal. La posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión y la regla de la responsabilidad ulterior: la proporcionalidad de la sanción
La Convención admite la posibilidad de establecer ciertas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues este. siempre bajo el principio de responsabilidades ulteriores y no a través de mecanismos. deberán insertarse dentro de los requerimientos del artículo 13. 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática»15. Las libertades de pensamiento y expresión. Costa Rica. la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión exige que estas estén previstas en la ley y solo se aplican por determinadas causales.. el orden público o la salud o moral pública. 1. Sobre los requisitos enunciados. que señala lo siguiente:
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente [se refiere al artículo 13.
que la ley cumple un propósito útil u oportuno. Corte IDH. interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión»18.
En suma. pues se imponía a un periodista la carga de probar la veracidad de informaciones difundidas por publicaciones extranjeras.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). por ejemplo. debe escogerse aquella que restrinja en menor medida el derecho protegido. Atendiendo a dicho estándar. Por tanto. sentencia del 2 de julio de 2004. Para la Corte.
Herrera Ulloa vs. Costa Rica.. Costa Rica. preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 1317. lo constituye el caso Herrera Ulloa vs. En opinión de la Corte. esta fue desechada por el juzgador porque no había logrado probar la veracidad de los hechos atribuidos al señor Przedborski por los medidos de prensa europeos. para que el derecho garantizado por el artículo 13 de la Convención pueda ser restringido de manera legítima. dicha exigencia —que se desprendía de la sentencia condenatoria— conllevaba una
Herrera Ulloa vs. párrafo 46. el señor Herrera fue sometido a un proceso penal que concluyó con una sentencia condenatoria. párrafo 123. esta exigencia entrañaba una limitación excesiva a la libertad de expresión. párrafo 46. Como consecuencia de dicha publicación. «la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. párrafo 121.94
de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo»16. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que.. apartado X. apartado X. Corte IDH. véase también: «La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). En este mismo sentido. 2 de julio de 2004. cuanto existan varias opciones para alcanzar dicho objetivo.] no es suficiente que se demuestre. por su importancia. Costa Rica (sentencia de fecha 2 de julio de 2004) que se originó debido a que el periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa reprodujo parcialmente información publicada en los medios de prensa belgas respecto del diplomático Félix Przedborski —representante del Estado de Costa Rica ante la Organización de Energía Atómica en Austria— por presuntas actividades ilícitas. Si bien durante el proceso el periodista invocó a su favor la exceptio veritatis.
[. Un ejemplo de aplicación de los criterios mencionados.
Otro pronunciamiento de la Corte que resulta relevante sobre las restricciones al derecho garantizado por el artículo 13 de la Convención. la Corte IDH detectó que esta medida no había sido justificada por el Estado. Corte IDH. la Corte concluyó que al prohibir al señor López Álvarez expresarse en el idioma de su elección. Honduras. lo que. en Honduras. sentencia del 1 de febrero de 2006. Las libertades de pensamiento y expresión. lo cual —en opinión de la Corte— constituía una restricción a la libertad de expresión.
Por tanto. López Álvarez vs. párrafo 168. en especial para evitar que esta se convierta en un mecanismo que
Herrera Ulloa vs. Honduras. quedó acreditado que el director del Centro Penal de Tela. la potestad de limitar de forma injustificada la libertad de las personas de expresarse por cualquier medio y en el idioma que elijan23. Honduras.] la observancia de reglas en el trato colectivo de los detenidos dentro de un centro penal. La Corte también se ha pronunciado. De acuerdo a la sentencia. no obedecía a condiciones de seguridad o a necesidades de tratamiento22. atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de periodista. sobre la proporcionalidad que debe tener la sanción judicial impuesta como responsabilidad ulterior. pues se impedía a los reclusos utilizar el idioma de su elección para expresar su pensamiento21. puesto que su idioma materno representaba un elemento de su identidad como miembro de la comunidad garífuna. y que además de lesionar la individualidad del detenido.
Véase López Álvarez vs. Honduras20. apartado X. sentencia del 1 de febrero de 2006. Corte IDH.
Cabe señalar que la Corte también consideró que se había practicado un acto discriminatorio en contra del señor López Álvarez. Honduras. Costa Rica.
. a su vez. no concede al Estado en el ejercicio de su facultad de punir. Esto es relevante porque. 2 de julio de 2004. sentencia del 1 de febrero de 2006.Francisco José Eguiguren Praeli. sentencia del 1 de febrero de 2006. Corte IDH. en otros casos más recientes. se había aplicado una restricción al ejercicio de su libertad de expresión incompatible con la Convención Americana24. es el caso López Álvarez vs. apartado XI. Corte IDH.
Véase López Álvarez vs. López Álvarez vs. No debe olvidarse que la información reproducida por el periodista Herrera Ulloa estaba vinculada directamente con la conducta de un funcionario público que representaba a su país en el extranjero. párrafo 166. impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad»19. párrafo 133..
[. párrafo 164. de asociación y reunión
restricción incompatible con el artículo 13 de la Convención porque producía «un efecto disuasivo. Corte IDH.. Al momento de evaluar la legitimidad de dicha restricción. prohibió a la población garífuna de dicho penal hablar en su idioma materno.
desaliente o limite gravemente la labor informativa o de crítica a la actuación de funcionarios públicos. A raíz de ello. A propósito de los hechos del caso. obteniendo una condena penal contra el periodista. un juez querelló a Kimel por calumnia. la normativa penal vigente. envían un mensaje negativo que desalienta su libre ejercicio. La Corte IDH también expresó que. y la imposición de sanciones desproporcionadas. En este sentido. los funcionarios públicos y autoridades se encuentran sometidos a un mayor grado de escrutinio y vigilancia de su actuación por parte de la opinión pública. lo que resulta fundamental para la transparencia y el control de la opinión pública en una sociedad democrática. más aún cuando está dirigida a la conducta de funcionarios en asuntos de interés nacional. aspecto esencial en una sociedad libre y democrática. sobre calumnia e injuria. donde afirma que los jueces actuaron con complacencia y hasta complicidad al no sancionar tales delitos. la penalización de esta crítica. deben cumplir rigurosamente en su formulación los requisitos de precisa tipificación de las conductas calificadas como ilícitas. En el caso Eduardo Kimel contra Argentina (sentencia de mayo 2008). Por ello. en relación al asesinato de un grupo de religiosos. lo que los enfrenta a un mayor nivel de crítica que debe ser aceptada en forma tolerante. la aplicación de una sanción penal debe reservarse para conductas particularmente graves de quien emite una opinión o crítica. que le impuso la pena de un año de prisión y el pago de una indemnización pecuniaria. por lo que recomendó su modificación legislativa para adecuarse a la Convención. adolecía de serias vaguedades e imprecisiones. en una sociedad democrática. en este caso concreto. aplicada a un periodista e historiador por lo expresado en su libro. en casos de interés público. más aún si se ha expresado en términos razonables. la Corte señaló que las normas penales que sancionan la infracción del honor. conforme había reconocido el propio Estado argentino. dictada en enero de 2009. el abogado Tristán Donoso fue objeto de una interceptación y grabación de la conversación telefónica que sostuvo con un patrocinado. De lo contrario. la Corte afirmó que si bien el derecho al honor debe ser protegido. En la sentencia del caso Santander Tristán Donoso contra Panamá. de prisión y pago de indemnización. donde investiga y critica la actuación de la judicatura argentina en el esclarecimiento de crímenes cometidos durante la dictadura militar. una copia del contenido de la misma fue remitida por la dependencia de prensa y
. la Corte analizó la condena penal. en ejercicio de la libertad de expresión. que debían subsanarse. por el temor a sufrir sanciones que afectan la libertad personal o de índole patrimonial.
señalando además que si la hipótesis de la periodista fuera cierta. debía tenerse en cuenta el interés público de sus afirmaciones debido a que la atribución del Procurador para disponer estas interceptaciones era objeto de debate en el país y la gestión de dicho funcionario objeto de cuestionamiento por diversas altas autoridades estatales. asimismo. De allí que la Corte consideró que la sanción de condena penal resultaba manifiestamente innecesaria para la protección del honor y violatoria de la libertad de pensamiento y expresión. el señor Usón Ramírez explicó cómo funcionaba un lanzallamas y los procedimientos que se necesitaban en la Fuerza Armada para utilizarlo. A raíz de una conferencia de prensa del abogado Tristán Donoso. las cuales injuriaban y ofendían a la Fuerza Armada Nacional. el señor Usón Ramírez fue juzgado y condenado a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de injuria contra la Fuerza Armada Nacional pues —de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Militar— habría usado expresiones abusivas. En el programa. que una reparación civil muy elevada podía propiciar la autocensura de los críticos a la actuación de un servidor público. Las libertades de pensamiento y expresión. La sentencia penal definitiva condenó a Tristán Donoso a 18 meses de prisión y de inhabilitación para el desempeño de función pública. Al analizar la necesidad de las medidas impuestas como sanción por responsabilidad ulterior. de asociación y reunión
divulgación el Ministerio Público al Arzobispo de Panamá (con quien el letrado tenía vinculación) y a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. el Procurador interpuso en su contra una denuncia penal por calumnia e injuria. Asimismo. donde responsabilizaba al Procurador General de haber ordenado la ilegal interceptación y grabación de la comunicación telefónica.Francisco José Eguiguren Praeli. un general en situación de retiro y exministro de Finanzas.
. la situación sería muy grave. en el caso Francisco Usón Ramírez contra Venezuela. la Corte IDH señaló que si bien el abogado querellado no había probado que la interceptación y grabación de su comunicación telefónica hubiera sido ordenada por el Procurador General. la Corte se pronunció sobre la proporcionalidad de la sanción penal impuesta a la víctima. que luego se apartó del gobierno por discrepancias. así como al pago de una indemnización civil por daño material y moral. en donde ocurrió un incendio en una celda. sosteniendo que la grabación evidenciaba una confabulación destinada a desestabilizar a la Procuradoría General de la Nación. Como consecuencia de las declaraciones emitidas en dicho programa de televisión. En mayo de 2004 el señor Usón Ramírez fue invitado a participar en un programa de televisión en el que se abordó la hipótesis planteada por una periodista sobre la supuesta utilización de un «lanzallamas» como medio de castigo en contra de unos soldados en el Fuerte Mara.
al no haberse establecido claramente qué conductas implicaban una grave lesión al derecho al honor de las Fuerzas Armadas. Las acciones judiciales impugnatorias contra esta condena fueron desestimadas. Respecto de la necesidad de la medida. Finalmente. La prohibición de toda censura previa
La Corte IDH ha establecido que la censura previa es incompatible con la Convención. las Fuerzas Armadas tenían o no un «derecho» al honor o reputación.
1.3. sobre todo teniendo en consideración que el señor Usón Ramírez se había limitado a expresar una opinión. «incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de la libertad de expresión. sin embargo. la Corte consideró que. como ya se ha mencionado. en términos generales. Para la Corte. la Convención Americana reconocía a las personas naturales. la finalidad de la restricción sí era legítima pues pretendía proteger un derecho que la normativa venezolana reconocía a las Fuerzas Armadas y que. sujeta a abstenerse de dar declaraciones a medios de comunicación o de participar en manifestaciones. En esta materia toda medida
. en este caso. el Tribunal Militar señaló que este delito atentaba contra la seguridad de la Nación. los abogados de la víctima consiguieron que el tribunal militar sustituya la condena de prisión por libertad condicional.2 de la Convención. pues se trataba de un tipo penal vago y ambiguo en su formulación. el ejercicio del poder punitivo del Estado resultaba ser abusivo e innecesario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante. al margen de ello. dos años después. no se trataba de una medida idónea puesto que. una opinión condicionada de esa manera no podía ser sometida a requisitos de veracidad. la Corte analizó la proporcionalidad de la medida y señaló que si bien no era su objetivo determinar si. la norma penal militar era excesivamente vaga y ambigua. en sentencia de noviembre de 2009. Seguidamente. la Corte evaluó la estricta proporcionalidad de la medida y estimó que la restricción a la libertad de expresión en este caso resultaba exagerada o desmedida. evaluó la necesidad de asegurar la protección del derecho al honor y reputación de las Fuerzas Armadas mediante la determinación de responsabilidades ulteriores al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Advirtió que el tipo penal correspondiente al delito de injuria contras las Fuerzas Armadas no se correspondía con las exigencias de legalidad contenidas en el artículo 9 y 13.98
Asimismo. sino que se habría cometido tal delito en el caso que resultara cierta la hipótesis sobre el uso de un lanzallamas. en el año 2007. efectivamente. pues no afirmó que se hubiera cometido un delito premeditado.
Esta consideración resultó particularmente importante en el presente caso. párrafo 75. «sin que esto signifique per se un abuso al ejercicio de su libertad de pensamiento y de expresión. era razonable que la formación y experiencia profesional y militar del señor Palamara lo ayudaran a escribir el libro. Convención Americana sobre Derechos Humanos).
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. que ingresó a la Armada de Chile en el año 1972 y se retiró el 1 de enero de 1993. de asociación y reunión
preventiva significa. El señor Palamara era un ingeniero naval mecánico. comenzó a laborar como asesor técnico de las Fuerzas Armadas. Chile. Convención Americana sobre Derechos Humanos).. párrafo 38 (énfasis añadido). este libro no pudo ser difundido porque las autoridades militares realizaron una serie de actos de control orientados a impedir su publicación y comercialización26.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. Una interpretación contraria impediría a las personas utilizar su formación profesional o intelectual para enriquecer la expresión de sus ideas y opiniones»27. Convención Americana sobre Derechos Humanos). Convención Americana sobre Derechos Humanos). el menoscabo de la libertad garantizada por la Convención»25. y si bien al año siguiente ya contaba con casi mil ejemplares y con panfletos para su promoción.
. párrafo 76. el señor Palamara escribió el libro titulado «Ética y Servicios de Inteligencia». Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. inevitablemente. bajo la figura de «empleado civil de contrata». d) la prohibición al señor Palamara de hacer comentarios críticos sobre el proceso al cual estaba siendo sometido o sobre la imagen de la Armada. párrafo 75. de modo que se realizaron incautaciones tanto en la imprenta como en el domicilio de Palamara. A fines del año 1992.. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. porque los expertos consultados por el Fiscal Naval concluyeron que el libro escrito por el señor Palamara «no vulnera[ba] la reserva y la seguridad de la Armada de Chile»28 y que la información contenida en él «puede obtenerse de fuentes abiertas y que queda[ba] implícito que la formación [del señor Palamara Iribarne] como especialista en inteligencia [. c) las diligencias realizadas con el objeto de recuperar los ejemplares del libro que se encontraban en poder de terceras personas. Para la Corte IDH.] es lo que lo capacita[ba] a escribir sobre el tema»29. Las libertades de pensamiento y expresión. es la del caso Palamara Iribarne vs. b) la orden de retirar todos sus antecedentes. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. A partir de entonces.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29.Francisco José Eguiguren Praeli.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. c) la supresión de la información electrónica de las computadoras de la imprenta y del señor Palamara. Una sentencia relevante en que la Corte detectó la existencia de censura previa.
protegido en el artículo 13 de la Convención»30.100
Por consiguiente. En el caso Olmedo Bustos y otros vs. los cuales «pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia» (artículo 13. La Corte realizó esta precisión porque se había probado que en Chile existía un sistema de censura previa para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica.4 de la Convención). En todos los demás casos. atendiendo a las circunstancias del caso. permitiera que se afectara el referido derecho a difundir abiertamente su obra.
. la Corte consideró que. párrafo 70. Chile (caso «La última tentación de Cristo»).
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. a la luz de dicho tratado. apartado VIII. que contaba incluso con sustento constitucional expreso en el numeral 12 del artículo 19 entonces vigente. el Consejo de Calificación Cinematográfica había prohibido la exhibición de la película «La última tentación de Cristo». que impida la libre difusión de opiniones e informaciones. tras mencionar el contenido y alcance del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. cuando se trate de la limitación del acceso a espectáculos públicos.4 de la Convención
Aunque la Convención prohíbe expresamente la utilización de la censura previa.
1. constituyeron «actos de censura previa no compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención. Pues bien. puntualizó lo siguiente: «Es importante mencionar que el artículo 13. Esta decisión fue confirmada por un tribunal de apelación el 14 de marzo de 1989. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. dado que no existía ningún elemento que.
Olmedo Bustos y otros vs. para la protección moral de la infancia y la adolescencia. ya que la permite en el caso de los espectáculos públicos pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos. Convención Americana sobre Derechos Humanos). contiene también una excepción expresa a esta regla.4. cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión»31. 5 de febrero de 2001. en el año 1988. Corte IDH. Chile (también conocido como el caso «La última tentación de Cristo») la Corte. La prohibición de censura previa y la excepción contemplada en el artículo 13. las medidas adoptadas por las autoridades estatales para impedir la difusión del libro del señor Palamara.4 de la Convención establece una excepción a la censura previa. párrafo 78 (énfasis añadido).
Años después. Asimismo. tiene como racionalidad que al no permitírseles ingresar al espectáculo se evita que lo presencien. Es decir. independientemente de su jerarquía. En el presente caso esta se generó en virtud de que el artículo 19 número 12 de la Constitución establece la censura previa en la producción cinematográfica y. en 1996. La sentencia señala: Esta Corte entiende que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste. como la radio o la televisión. cabe preguntarse si dentro del concepto «espectáculos públicos» podría incluirse también. un grupo de ciudadanos. invocando su propio derecho y en nombre de Jesucristo y la Iglesia Católica.Francisco José Eguiguren Praeli. párrafo 71. con el fin de que se dejara sin efecto la decisión del Consejo de Calificación Cinematográfica que autorizaba la exhibición de la película. constituyó «una censura previa impuesta en violación al artículo 13 de la Convención»32. Chile (caso «La última tentación de Cristo»). que esta vez arribó a una conclusión distinta. Lo dicho por la Corte implica que la censura judicial previa es contraria a la Convención. compromete la responsabilidad internacional del Estado. como la implantación de un horario especial de protección al menor. Ante esto. por lo tanto. tratándose de medios de comunicación de acceso público. la película fue calificada nuevamente por el mismo Consejo. la Corte entendió que cualquier violación de la Convención por parte de los órganos estatales configura una responsabilidad internacional del Estado. pues la autorización de la Convención a la censura previa como medio para impedir el acceso de niños y adolescentes a ciertos espectáculos públicos para preservar su formación moral.4. Consideramos que ello es posible. en violación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. y autorizar la adopción de ciertas medidas de protección. salvo que esta se encuadre dentro de la excepción prevista en su artículo 13. los programas de televisión o radio. pues permitió su exhibición para mayores de 18 años. donde no se puede impedir físicamente el acceso de los niños o adolescentes a los programas
Olmedo Bustos y otros vs. imputable al Estado. Legislativo y Judicial (párrafo 72). todo acto u omisión. la decisión de la Corte Suprema de Chile de dejar sin efecto la autorización para la exhibición de la película La última tentación de Cristo. Este pedido fue acogido por la Corte de apelaciones de Santiago. incluso si proviene de un mandato del Poder Judicial33. Las libertades de pensamiento y expresión. determina los actos de los Poderes Ejecutivo. en el cual no se puedan exhibir y difundir cierto tipo de contenidos. que violen la Convención Americana. interpuso un recurso de protección ante los tribunales chilenos. Pues bien. cuya decisión fue luego confirmada por la Corte Suprema en junio de 1997. Para la Corte Interamericana. por ejemplo. Sobre los alcances de esta excepción.
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. del 6 de febrero de 2001. la Corte enfatizó que el artículo 13.102
que se difunden. la Corte manifestó que el artículo mencionado debe leerse junto con el artículo 1.3 de la Convención prohíbe que el derecho a la libertad de expresión sea restringido por vías o medios indirectos. que era el presidente del directorio de dicha compañía y estaba facultado para tomar decisiones editoriales respecto a la programación. párrafo 48. es la del caso Ivcher Bronstein vs.. Perú.] tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos.. o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. En ella. evitando que en dicho horario se transmitan contenidos o imágenes inapropiados para los menores. empresa operadora de un canal de la televisión peruana. En abril de 1997. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.5. En consecuencia. La prohibición de la censura indirecta
El artículo 13. solicitada por el Gobierno de Costa Rica. el establecimiento de un horario de protección al menor responde a un objetivo similar.
1. que establece que los Estados partes «se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos [en la Convención].3 no trata solo de las restricciones gubernamentales indirectas... asimismo. con relación a la colegiación obligatoria de los periodistas.».
[. el programa «Contrapunto» del Canal 2 difundió reportajes con denuncias sobre posibles torturas y asesinatos cometidos por el Servicio de Inteligencia del Ejército. de frecuencias radioeléctricas.. Para complementar esta aseveración. «sino que también prohíbe expresamente «controles particulares» que produzcan el mismo resultado»34. así como sobre los supuestos ingresos millonarios del
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. Convención Americana sobre Derechos Humanos).1 de la Convención.. todo Estado parte está obligado a garantizar que la comunicación y circulación de ideas y opiniones no se vea restringida por medios indirectos. Una sentencia en que la Corte determinó que la libertad de expresión había sido restringida por medios indirectos. ya sea que estos provengan del Estado o de los particulares. la Corte señaló que había quedado acreditado que en el año 1997 el señor Ivcher Bronstein era el accionista mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S..
En la Opinión Consultiva OC-5/85. A.
la Corte concluyó que: «la resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión. que incluyeron el dejar sin efecto el título que le confirió la nacionalidad peruana por naturalización.
1. párrafo 163. a raíz de las declaraciones de autoridades estatales acerca de que podrían cancelar o no renovar la licencia de la emisora Radio Caracas Televisión.
Ivcher Bronstein vs. consideramos que esta práctica también resulta contraria al ejercicio de la libertad de expresión e información.]»35. 6 de febrero de 2001. la Corte determinó que se había afectado el derecho de todos los peruanos a recibir información. asimismo. así como la de los periodistas que laboraban e investigaban para el programa Contrapunto [. Atendiendo al contexto descrito.6.. apartado XIV. se retiró al señor Ivcher el control del Canal 2 de la televisión peruana y se modificó la línea editorial del programa «Contrapunto».Francisco José Eguiguren Praeli.. La existencia de una norma que impedía a un extranjero ser titular de licencias para explotar medios de comunicación. e incluso autocensura. Aunque el tema de la licencia no formaba parte del caso. se revocó su nombramiento como director y se encargó la administración provisional de la compañía a los accionistas minoritarios. que difundía declaraciones e informaciones explícitamente contrarias al gobierno. También es interesante lo dicho por la Corte en el caso Ríos y otros contra Venezuela. la Corte pudo indicar que las declaraciones de autoridades podían suponer una amenaza indirecta para impedir la libre circulación de ideas y opiniones. Entendemos por autocensura la decisión de quienes
Ivcher Bronstein vs. por su relación con el medio de comunicación aludido». párrafo 162.
. Luego de ello. Perú. hecho que limitó su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática36. Adicionalmente. de asociación y reunión
señor Vladimiro Montesinos Torres. Corte Interamericana de Derechos Humanos. el señor Ivcher fue objeto de acciones intimidatorias. La «autocensura»
Si bien la Convención Americana no hace referencia expresa a la «autocensura». formalmente asesor del Servicio de Inteligencia del Perú pero jefe real del mismo. Perú. Las libertades de pensamiento y expresión. ya que «pudieron ser percibidas como amenazas y provocar un efecto amedrentador. en las presuntas víctimas. De esta forma. fue utilizada por otros accionistas de la empresa (concertados con autoridades gubernamentales) para conseguir una decisión judicial que suspendió a Ivcher en sus derechos como accionista mayoritario y presidente del directorio de la empresa.
Ciertamente las empresas que realizan actividades vinculadas a la comunicación social e información tienen un conjunto de derechos. tales como verse sometido a persecución política. la exclusión de un periodista. a priori. o la omisión de informaciones u opiniones que no coinciden con su opción política o con los intereses económicos de los
Así. como la cancelación de un programa de televisión. por ejemplo) y otros vinculados al ejercicio de la libertad de expresión e información. o a hacerlo a cambio de recibir contraprestaciones económicas. También es de gran importancia la labor que cumplen los periodistas. entregó a los propietarios y directivos de los principales canales de televisión grandes sumas de dinero o favores judiciales. En cualquier caso. favores políticas o judiciales37. a fin de mantener informada a la sociedad. a la par de vulnerar el derecho de la sociedad a recibir información veraz. párrafo 34. como lo ha hecho la Corte. que les permite adoptar libremente su línea editorial u opción ideológica. Si se admite. judicial o tributaria. Pero ello no puede significar el justificar cualquier acto o decisión de los propietarios o de quienes dirigen una empresa dedicada a la información y comunicación social. No faltan quienes sostienen que la autocensura es una posibilidad que asiste válidamente a un medio de comunicación. algunos de ellos propios de su condición de empresas (propiedad de sus bienes. o a la pérdida de publicidad (prevenir una suerte de censura indirecta). Esta conducta puede motivarse sea por el temor a sufrir represalias de autoridades estatales o de grupos privados.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. a pesar de conocer de su existencia o veracidad.104
dirigen un medio de comunicación. que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación estén abiertos a todos sin discriminación y que no haya individuos o grupos que. en una sociedad políticamente pluralista. o de sus periodistas. la autocensura supone una conducta incompatible con la ética de la información. a cambio de controlar su línea informativa y de que esta se oriente según los intereses políticos del régimen. en la práctica. será importante que dichos medios reúnan ciertas condiciones que les permitan. Vladimiro Montesinos. en nombre de la indebida identificación entre la libertad de expresión e información y la libertad de empresa de dichos medios. quienes deben gozar de una especial protección que les permita desempeñar su labor con independencia. durante el gobierno de Fujimori en el Perú. el conductor del Servicio de Inteligencia Nacional. Convención Americana sobre Derechos Humanos). estén excluidos de acceder a ellos.
. ser verdaderos instrumentos para la libertad de expresión y no vehículos para restringirla38. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. de abstenerse deliberadamente de informar sobre determinados hechos o asuntos. por ejemplo.
La prohibición del discurso del odio y la incitación o la apología de la violencia
El discurso del odio puede definirse como aquel «concebido para promover el odio sobre la base de cuestiones raciales. veracidad y pluralismo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores. pero ello no lo debe facultar a excluir deliberadamente a otros sectores de opinión política. un fenómeno posterior a la Segunda Guerra
. vulnerando la ética y veracidad informativa.Francisco José Eguiguren Praeli. Sobre la importancia de la libertad de pensamiento y expresión en el marco de una campaña electoral. en virtud de una licencia o permiso estatal utilizan un espacio no solo de dimensión limitada. étnicas o de origen nacional» (Rosenfeld 2005: 153). El afecto pernicioso de la autocensura resulta mucho más grave para la libertad de información y su veracidad cuando proviene de medios de comunicación como la televisión o la radio que. Su regulación es. lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión. fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos. en gran medida. Prácticas de este tipo resultan más graves y contrarias a la democracia durante los procesos electorales. Paraguay que:
[. religiosas. o a silenciar o desvirtuar la información que no convenga a sus intereses. su admisión o proscripción plantea interesantes problemas que se vinculan estrechamente con el derecho a la libertad de expresión. a diferencia de los diarios o revistas. 1. Las libertades de pensamiento y expresión. sino que constituye un recurso natural que pertenece a la colectividad. Esta necesidad técnica de autorizar o dar en concesión a un número limitado de empresas la utilización del espectro radioeléctrico debería sujetarlas a algunas obligaciones adicionales con respecto a la sociedad. como el espectro radioeléctrico. de asociación y reunión
titulares de la organización. en aras de garantizar una amplia y genuina libertad.. Consideramos legítimo que un medio de comunicación privado de radio o televisión exprese sus opiniones políticas o defienda sus intereses utilizando su espacio editorial o mediante pronunciamientos.. Peor aún si esta «autocensura» obedece a la percepción irregular y camuflada de beneficios políticos o económicos.7. la Corte ha señalado en el caso Ricardo Canese vs.] la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral.
laborales. inclusive los de raza. Este hecho llevó a que en algunos países se excluyera el discurso del odio y de incentivo a la violencia del contenido de la libertad de expresión protegida constitucionalmente (Rosenfeld 2005: 153). consideremos que si sería compatible con la Convención que se adoptara hasta la censura previa para evitar la publicación o difusión de mensajes que correspondan al discurso del odio o incentiven la violencia. culturales. El artículo citado contiene una prohibición que cada Estado parte de la Convención está obligado a plasmar en una ley. La ubicación del inciso que contempla esta prohibición. la Corte Interamericana de Derechos
Artículo 16: 1. inmediatamente después del numeral 4 del artículo 13 de la Convención. la guerra o la violencia. que establece una excepción a la prohibición de censura previa. al odio o la violencia. políticos. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos. Pero no queda del todo claro si ello también facultaría a recurrir válidamente a la «censura previa» para impedir la publicación o difusión de mensajes con contenido que incita al odio. la proscripción de toda forma de incentivo a la discriminación.106
Mundial. racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. religión. como la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. color. Así. sociales. Sin embargo. nos encontraríamos ante otro supuesto excepcional frente a la regla general. en su artículo 13. La Convención aborda esta cuestión y opta explícitamente por la prohibición del discurso que incentive o promueve el odio y la violencia.
2. o la discriminación contra personas de raza negra en los Estados Unidos de Norteamérica. pues fue a partir de ese momento que se evidenció la existencia de vínculos entre la propaganda racista y el Holocausto en Europa.
. aunque la norma no lo diga expresamente. La libertad de asociación
La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la libertad de asociación en su artículo 1639. donde la censura previa también estaría justificada para proteger derechos y valores superiores. nos permite inferir que. Si bien este delicado tema no ha tenido aún ocasión de ser analizado por la Corte Interamericana. económicos. idioma u origen nacional». religiosos.5 estableciendo que: «Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional. deportivos o de cualquiera otra índole. por ningún motivo.
Caso Manuel Cepeda Vargas. por estimar que el Senador Cepeda Vargas ejercía estos derechos de manera continua. por lo que la vulneración de estos derechos representa un ataque a los valores de un sistema democrático. por lo general. de asociación y reunión
Humanos solo ha conocido aún de muy pocos casos referidos a la vulneración de este derecho. sin perjuicio de la especificidad y autonomía de cada derecho protegido en la Convención. ante el notorio patrón de violencia contra los miembros de la UP. social o política. y en ellos. Sentencia de 26 de mayo de 2010. la ausencia de medidas efectivas de prevención y la falta de esclarecimiento integral de los crímenes perpetrados. en ciertas ocasiones. la Comisión consideró que la ejecución del Senador Cepeda «dejó al descubierto el incumplimiento del derecho de asociación [. o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3.Respecto del artículo 16 de la Convención. Es así que en los párrafos 169 y 171 de la sentencia del caso Manuel Cepeda contra Colombia la Corte señala:
169. se trataba de integrantes de una asociación u organización sindical.. Jeannete Kawas (Honduras). párrafo 172. en interés de la seguridad nacional.]. de la directora de la fundación ecológica PROLANSATE. sentido y alcance propios. Puede así mencionarse los casos de los asesinatos de los dirigentes sindicales Pedro Huilca y Saúl Cantoral (Perú). porque fue ejecutado para silenciar su voz y su actividad política.
.. víctimas de alguna grave violación de derechos fundamentales. cuando la misma haya sido motivada en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de asociación de la víctima»40. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales.] sin temor». 16 y 23 de la Convención de forma conjunta.. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. y porque con su muerte se vio impedido de pertenecer a la UP y se le truncó la oportunidad de seguir aportando en la consecución de los objetivos políticos de ese partido [. una violación del artículo 16. a su vez. el tema de la libertad de asociación ha aparecido en forma colateral.. de la seguridad o del orden públicos..1 de la Convención. Los representantes alegaron la violación de los artículos 13. a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. y del político y senador Manuel Cepeda (Colombia). Si bien cada uno de los derechos contenidos en la Convención tiene su ámbito. 171. y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación. «una afectación al derecho a la vida o a la integridad personal atribuible al Estado podría generar. Las libertades de pensamiento y expresión. por las circunstancias particulares
2. simultánea e interrelacionada. En tales casos. Es por esta razón que la Corte IDH ha establecido que.Francisco José Eguiguren Praeli.
Aunque resultaría de mucho interés conocer la evaluación e interpretación de la Corte acerca de la razonabilidad y compatibilidad convencional de las restricciones a la libertad de asociación contempladas en la legislación nacional de algunos países de la región. tomo XXII. en prerrequisito de los derechos de participación política». laborales. supra nota 28. las causales de estas restricciones deben obedecer únicamente a razones de seguridad nacional. México. P. En el presente caso. En el numeral 16. folio 9145). Alejandro Martínez Caballero de 2 de junio de 1994 (expediente de prueba. contexto y situación de desprotección ya señalada. el juego democrático41. Sentencia C-265 de la Corte Constitucional. el Senador Cepeda Vargas era.
Véase Caso Castañeda Gutman vs. en conjunto. pero se imponen dos límites: En primer lugar. anexo 9 a los alegatos finales de los representantes. se hace necesario analizarlos en conjunto para dimensionar apropiadamente las posibles violaciones y sus consecuencias. la libertad de expresión y la libertad de asociación conjuntamente. salud y moral públicas. políticos. En similar sentido. «en el constitucionalismo y en la doctrina de los derechos humanos. En el numeral 16. Además. económicos. dirigente de la UP y del PCC. párrafo 140. seguridad y orden público.
Ahora bien.3 se autoriza a imponer restricciones legales y hasta la privación del derecho de asociación a los miembros de las fuerzas armadas o policiales. en el entendido que estos derechos son de importancia fundamental dentro del Sistema Interamericano por estar estrechamente interrelacionados para posibilitar. comunicador social y parlamentario. estableciendo que el ejercicio de esta puede responder a fines ideológicos. culturales. ello no es posible ante la ausencia de casos donde se haya tratado esta problemática. la Corte analizará la controversia subsistente por las alegadas violaciones de los derechos políticos. en el numeral 16.108
del caso o por la necesaria interrelación que guardan. De allí que a continuación nos centraremos en lo expuesto por la Corte en las materias que ha tenido ocasión de analizar respecto al ejercicio y protección de este derecho. pues ejercía esos derechos en un mismo período. la Corte Constitucional de Colombia. M. o la protección de los derechos de los demás. por lo que no es necesario escindir sus actividades para determinar cuál de ellas fue origen o causa de cada una de estas violaciones alegadas.2 se autoriza expresamente a que la ley nacional pueda establecer restricciones al ejercicio de esta libertad.
. deportivos. a la vez. o de cualquier otra índole. religiosos. las libertades de expresión. sociales.1 se otorga una dimensión bastante amplia e integral a los alcances y aplicación de la libertad de asociación. reunión y asociación forman una trilogía de libertades personales que se constituye además. tales restricciones deben responder a los fines y necesidades de una sociedad democrática.
en el caso Ricardo Baena y otros contra Panamá. Así. de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 16 tiene un alcance y un carácter especial. ello resulta correcto.
2. sino también el derecho y la libertad de determinado grupo a asociarse libremente. de asociación y reunión
2. censura o veto a la conformación y organización de sindicatos. ya que si bien la decisión de asociarse debe ser libre e individual. en un contexto como el del presente caso. tales como huelgas o paralizaciones. Así. sin que quepa limitarlas arbitrariamente por la ley o en supuestos distintos a los contemplados en esta. por ejemplo) no pueda suponer una forma de calificación. actividades y programas de acción. La libertad sindical
La Corte IDH. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Caso Huilca Tecse. sin miedo o temor.] la ejecución de un líder sindical. incluyendo el caso de los sindicatos. «en su dimensión social la libertad de asociación es un medio que permite a los integrantes de un grupo o colectividad laboral alcanzar determinados
Véase Caso Baena Ricardo y otros. Las libertades de pensamiento y expresión. garantizaría que la actuación de las autoridades (encargadas del registro. no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo. Sentencia de 3 de marzo de 2005.2..
. párrafo 156.
Por tanto. sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho»42. ha precisado que la protección de la libertad de asociación prevista en la Convención permite accionar en caso de violación de la libertad sindical. en materia sindical. la Corte Interamericana así lo reconoce. la Corte establece que: «La libertad de asociación.. Atendiendo a ello. consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna. En la sentencia del caso Huilca Tecse contra el Perú. pues la norma convencional contempla la garantía del derecho de asociación en los ámbitos laboral y social. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de asociación43. los Estados deben garantizar que las organizaciones sindicales puedan tomar las medidas que necesiten para su funcionamiento.1. párrafo 69.Francisco José Eguiguren Praeli. su materialización supone la interrelación y articulación con otras personas. señalando:
[. consideramos que el derecho de libertad de asociación. El carácter individual de la vulneración del derecho de la víctima
Resulta evidente que el ejercicio del derecho de asociación se concretiza en forma colectiva o grupal.
párrafo 72. Por ello la Corte considera que la víctima solo puede ser una persona humana. La Corte ha establecido en esa misma sentencia que ambas dimensiones (la individual y la social) deben ser garantizadas simultáneamente.
3. ya que conduce a una insuficiente y muy limitada protección del derecho de asociación. pese que la Corte ha reafirmado la dimensión social de este derecho y su incidencia en el ejercicio de las libertades democráticas y los derechos políticos. Si bien debe reconocerse que existe una limitación en el texto literal de la norma convencional. por lo que no faltan gobiernos interesados en contar con leyes que limiten severamente la conformación y funcionamiento de asociaciones y organizaciones de tipo político o social (ONG. párrafo 71. sindicatos. empresas. La libertad de reunión
La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce y protege la libertad de reunión en su artículo 1546. Lamentablemente. sindicatos u otras personas jurídicas u organizaciones sociales. existe así una proscripción del uso de
Caso Huilca Tecse. La norma establece que este derecho debe ejercerse en forma pacífica y sin armas. con las restricciones del inciso 2 del artículo 16 de la Convención45. cabe plantearse que la Corte pudiera superar esta interpretación literal. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Sabemos que en América Latina la institucionalidad democrática carece aún de solidez y estabilidad. Artículo 15: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Este criterio de la Corte se sustentaría en lo dispuesto en el artículo 1. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley.110
fines en conjunto y beneficiarse de los mismos»44. más no las asociaciones. obviamente. que señala que se entenderá como persona a todo ser humano. pero no a las organizaciones a que estas pertenecían y que también pueden haberse visto afectadas por tal vulneración. Caso Huilca Tecse.2 de la Convención. De allí la necesidad de contemplar también alguna forma de protección y reparación a estas instituciones de la sociedad civil. partidos políticos). fundaciones. Sentencia de 3 de marzo de 2005. sea en el ámbito de los derechos asociativos del colectivo como de sus demás integrantes individuales. a pesar que en esta sentencia (y otras similares) se reconoce la dimensión social del derecho de asociación. solo se ha considerado el otorgamiento de reparaciones a las víctimas individuales. que sean necesarias en una sociedad
. Hasta el momento.. la Comisión ha establecido que «la exigencia de una notificación previa a la manifestación no vulnera ni el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a la libertad de reunión» (p. V). deben servir un interés público y dejar otras vías alternativas de comunicación» (CIDH 2005: 150). de asociación y reunión
medios violentos y de armas en las reuniones.] no deben depender del contenido de lo que se vaya a expresar a través de la manifestación. en interés de la seguridad nacional. 150). sin embargo. por lo que no profundizó en el tema y desestimo este extremo de la petición. Dada su importancia en la configuración de un sistema democrático. queda claro que para la Comisión esta notificación es un mecanismo que busca evitar que el ejercicio del derecho de reunión pueda afectar gravemente el derecho de libre tránsito así como el desarrollo más normal posible de las actividades de la
democrática. los principales rasgos que analiza la Comisión respecto al derecho de reunión es su colisión aparente con otros derechos y valores jurídicos. en forma central. dentro de los derechos vulnerados a los trabajadores se incluía también el de reunión. Establece que para que dichas limitaciones «respeten los estándares [.Francisco José Eguiguren Praeli. las causales para estas restricciones son también las mismas. Por tanto. Sin embargo. La Comisión ha reconocido que las manifestaciones públicas son una «herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre abusos y violaciones de derechos humanos» (CIDH 2005: cap. la Corte consideró que el acervo probatorio no acreditaba suficientemente esta vulneración. se sigue un tratamiento similar al del derecho de asociación. Las libertades de pensamiento y expresión. la Comisión expone qué mecanismos pueden y no pueden utilizar los Estados para regular las manifestaciones. ha enfatizado claramente que este requerimiento no puede convertirse. «en la exigencia de un permiso previo otorgado por un agente de facultades ilimitadamente discrecionales» (p. En cuanto a las restricciones que cabe imponerle por el Estado.
En el Caso Baena Ricardo contra Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001). el derecho de reunión ni la compatibilidad convencional de las restricciones impuestas a su ejercicio en legislaciones nacionales47. en ningún momento.. 151). Respecto a la regulación de las reuniones. o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. debiendo tales restricciones estar previstas en la ley y responder a los principios de una sociedad democrática. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sí se ha pronunciado sobre diversos aspectos que deben tener en cuenta los Estados para garantizar este derecho. A partir de esto. de la seguridad o del orden públicos. no existen sentencias donde la Corte IDH haya abordado. No obstante.
la Comisión también advierte sobre lo que se ha comenzado a denominar la «criminalización de la protesta social» (CIDH 2009: 91). Las limitaciones deben basarse en amenazas «serias e inminentes» (p. Sentencia de 5 de julio de 2006. Vale aclarar que en esta sentencia no se discutía el derecho de reunión. Así pues. El Estado puede así «imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas. la notificación debe contribuir a la protección de la integridad de los manifestantes y del resto de la comunidad. la Comisión ha determinado que no se puede limitar el derecho de reunión porque un agente estatal considera probable que se vaya a poner en peligro la paz. y no a la protección y control de civiles. Asimismo. donde la discrecionalidad de los funcionarios o autoridades del Estado resulte mínima. la Comisión ha establecido que «el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo» (CIDH 2005: 152). donde conviven intereses diversos. iv. Así pues. párrafo 78. siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad» (CIDH 2007b: cap. la Corte sí se ha pronunciado sobre la participación de las Fuerzas Armadas y agentes de control. deberán probar que satisfacen «un interés público imperativo necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática» (CIDH 2005: 152). De la misma forma. 152). se debe entender que «este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural. puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo. Únicamente se discutía
comunidad. 260). Al confrontar este derecho con otros. En el plano de las restricciones legislativas. 151). Sobre la labor de policía del Estado. Las limitaciones que se establezcan al ejercicio del derecho de reunión. Por otra parte. solo se podría prohibir una manifestación pública en caso de situaciones de inminente peligro. las acciones que realicen las fuerzas de control del orden. deben proteger tanto a los manifestantes como a quienes no participan de la manifestación. entrenamiento que es propio de los entes policiales»48. muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse» (CIDH 2009: 91). la Comisión rechaza «la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión» (p.
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Ha determinado que los Estados «deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos. Por tanto. así como dispersar aquellas que se tornan violentas u obstructivas. la seguridad o el orden público. párr. por ejemplo el derecho a la libre circulación.
se constituyen en conjunto como pilares fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático. sea directa o indirecta. Sentencia de 4 de julio de 2007. Cada uno de estos derechos tiene también una especificidad.Francisco José Eguiguren Praeli. 3.
. En cambio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las libertades de pensamiento y expresión. La Corte ha considerado que no resulta compatible con la Convención una ley que pretenda imponer la colegiación obligatoria de periodistas para poder ejercer la libertad de expresión e información en medios de comunicación. que la prohibición judicial de difundir una opinión o información también constituye una forma de censura previa. párrafo 51. la autocensura no está prevista en la Convención. Las libertades de pensamiento y expresión. a pesar de lo cual consideramos que resulta contraria a los derechos y obligaciones que impone
el derecho a la vida y a la integridad personal puesto que se refería a la ejecución extrajudicial de reclusos. de asociación y de reunión. 2. pero si a responsabilidad ulterior por los excesos o vulneración de derechos de terceros en que se incurra al ejercerla. incompatible con la Convención. así como el ejercicio de los derechos políticos. La libertad de expresión no se limita a la emisión y comunicación de las propias ideas. no estando sujeto a ninguna forma de autorización ni censura previa.
Véase Caso Zambrano Vélez y otros. de asociación y reunión
No obstante. pensamientos o informaciones. recibir y difundir información. lo que puede propiciar la adopción de decisiones estatales excesivas o arbitrarias respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden público y de las manifestaciones. comprendiendo simultáneamente una dimensión individual y otra social. El ejercicio de este derecho puede realizarse utilizando cualquier medio que permita la comunicación y difusión. y el de buscar. La discrecionalidad del Estado en este campo queda así significativamente amplia.
1. La Corte ha señalado que el derecho de acceso a información pública forma parte de la libertad de expresión e información. no termina de prohibir esta participación ni de formular con claridad en qué situaciones esta sería posible49. pues permiten la participación pluralista de los distintos grupos e intereses sociales. asimismo. comprende también el derecho a recibir las opiniones o informaciones que otros emiten.
si bien la Convención autoriza expresamente a que la ley puede imponer similares restricciones al ejercicio de ambos derechos. de las restricciones contempladas en la legislación nacional de determinados países. consideramos que la expresión «espectáculos públicos» podría extenderse a la programación de televisión y radio. que disponen penas privativas de la libertad o el pago de elevadas indemnizaciones. se utilice como factor de intimidación para desalentar la difusión de opiniones discrepantes frente a un régimen político. mediante una ley. La Corte no ha tenido aún mayor oportunidad de conocer casos referidos específica o centralmente a las libertades de asociación o de reunión. en los cuales no pueda difundirse determinados contenidos A su vez. en los pocos casos tratados. la prohibición que establece la Convención a la difusión de todo discurso que fomente o incentive la guerra. 4. Con ello se pretende evitar que la imposición de sentencias. haciendo compatible con la Convención la imposición de horarios de protección familiar o infantil. Una excepción expresa a la regla de prohibición de toda censura previa. solo ha concedido reparaciones a las víctimas individuales pero no a las organizaciones a que estas podían pertenecer. sindicales. consideramos que autorizaría también a poder imponerle. así como al respeto del derecho de cualquier persona y la sociedad de recibir información veraz. en salvaguarda de su protección y formación moral. la Corte tampoco ha podido pronunciarse sobre la compatibilidad con la Convención y los principios democráticos. a pesar del daño que tales entidades (políticas. en diversos casos. 5. la Corte ha evaluado la proporcionalidad de la sanción judicial impuesta como responsabilidad ulterior por el ejercicio indebido de la libertad de expresión. Con esta misma finalidad. la censura previa. Por ello. sociales) también puedan haber sufrido a sus derechos. su vulneración ha sido colateral a violaciones más graves de otros derechos (asesinato de dirigentes sindicales o políticos). pero con el único propósito de impedir el acceso a estos de niños y adolescentes. de crítica a la actuación de funcionarios públicos. el odio o la violencia de cualquier índole. su razonabilidad o proporcionalidad. o la adopción de la autocensura. A pesar que la Corte reconoce que las libertades de asociación y de reunión concretizan su ejercicio en forma social o grupal. Aunque es cierto que la Convención circunscribe expresamente la condición de persona o víctima a la persona
. es su admisión tratándose de la limitación del acceso a espectáculos públicos. por motivos expuestos en forma taxativa.114
la libertad informativa. 6. Es importante señalar que.
señala que si bien se puede exigir un aviso previo o notificación a la autoridad para reuniones o manifestaciones en lugares públicos. La Corte IDH sí ha puntualizado. (2005).htm CIDH. En el caso del derecho de reunión. También que la actuación policial debe estar dirigida a proteger a los manifestantes y a la sociedad.cidh.oas. como medio para desalentar el ejercicio de este derecho. aunque sin suficiente profundización ni detalle. Capítulo IV: Venezuela. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. cuestionando la legislación que tienda a la criminalización de la protesta social. de asociación y reunión
humana.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURIDAD%20CIUDADANA %202009%20ESP.org/ annualrep/2007sp/cap4Venezuela. Capítulo V: Las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión. (2007a). ha sido más bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ha establecido algunos estándares. Michael. Disponible en http://www. consideramos que la Corte podría superar esta interpretación literal de la norma. ello no puede suponer la necesidad de obtener un permiso o autorización estatal. Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información. Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2005. Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2007.
CIDH. asp?artID=662&lID=2 CIDH.oas. Disponible en http://www. XI(11): 153-198.cidh.Francisco José Eguiguren Praeli. la inconveniencia de utilizar a la Fuerza Armada en el control o represión de las manifestaciones y protestas sociales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.org/relatoria/showarticle.
. ni posibilitar la calificación discrecional para su realización.pdf Rosenfeld. (2005). Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Así. a fin de otorgar una protección más amplia y efectiva a estos derechos. Las libertades de pensamiento y expresión. Disponible en http://www. Pensamiento Constitucional. (2009).sp. 7. (2007b). CIDH. El discurso del odio en la jurisprudencia constitucional: análisis comparativo.
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 resolución 

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 artículo 1639
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