Source: https://noticiasuruguayas.blogspot.com/2007/03/el-observador-pg_15.html
Timestamp: 2020-07-02 06:40:28+00:00

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El dengue acecha a Uruguay. LA LARVA DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI FUE ENCONTRADA EN EL BARRIO VILLA ESPAÑOLA DE MONTEVIDEO.
El MSP y la IMM coordinan acciones para evitar que se instale la enfermedad. Hoy se reunirá el comité de crisis del área metropolitana para analizar la situación.
Apareció. La tan temida larva del mosquito aedes aegypti que transmite el dengue fue encontrada por técnicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Montevideo, más precisamente en el barrio Villa Española, lo que desató una inmediata alarma en la población.
El MSP y la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) coordinan acciones para prevenir una propagación de la epidemia. El Director de Salud de la comuna capitalina, Pablo Anzalone, informó a El Observador que se realizará una campaña de información casa por casa y se solicitará el apoyo de los vecinos para colaborar con las medidas preventivas.
Entre tanto, manifestó Anzalone, se intensificarán las fumigaciones en los ámbitos de uso público como los parques. También, se procederá a la eliminación de “los puntos críticos”, que se encuentran en las chatarrerías y gomerías. Otra de las medidas preventivas que se adoptará es la colocación peces en lagos y lagunas porque se comen las larvas de mosquito.
Anzalone informó que hoy habrá una reunión de la comité de crisis del área metropolitana, que también integran las comunas de Canelones y San José. El Director de Salud de la IMM manifestó que se realizará un análisis de la situación en cada departamento y de los planes que tiene cada una de los gobiernos departamentales para evitar la aparición del dengue.
“La idea es ver como nos podemos apoyar mutuamente para formalizar un esquema de trabajo conjunto”, declaró Anzalone.
Alarma y preocupación. La noticia sobre la aparición de la larva fue divulgada a la hora 12.30 por el Director de Salud del MSP, Jorge Basso.
La conferencia de prensa fue transmitida en directo por los canales de televisión y varias radios, lo que motivó que buena parte de la ciudadanía se pusiera en alerta. Según un relevamiento efectuado por El Observador entre las emergencias médicas, fueron cientas las personas que llamaron a estas instituciones en pocas horas. La Directora técnica del SEMM, Mabel González, informó a El Observador que “la gente está alarmada”.
“Creo que es importante que se difundan las medidas preventivas como la eliminación de los recipientes que contienen agua”, sostuvo.
La médica manifestó que es necesario que las autoridades “tranquilicen” a la población porque en el Uruguay, por el momento, no hay dengue. Dijo que la gente se “asusta” porque el síntoma de la enfermedad es similar a un estado gripal.
“En estos momentos hay epidemias virales. Entonces a la gente le duele la cabeza o en tienen un poco de fiebre y llaman preocupados”, manifestó González.
Comentó que quienes más llaman a la emergencia médica son madres con hijos pequeños.
La Directora Técnica del SEMM aclaró, además, que la enfermedad sólo es mortal cuando aparece “en forma hemorrágica”.
Satisfacción y preocupación. Por su parte, Basso, en la conferencia de prensa, expresó que, por un lado, siente “satisfacción” porque “las medidas preventivas están funcionando y la vigilancia es positiva”, y por otro lado existe la preocupación “de que se deben extremar las medidas para tratar de evitar que el dengue llegue a Uruguay”.
El Director General de Salud manifestó que “todo el plan de contingencia está instalado y está funcionando”.
Nueva ley de Defensa acota la autonomía de las FF.AA. SUPRIME ESMACO Y JUNTA DE COMANDANTES; CREA NUEVO ÓRGANO ASESOR EN DEFENSA SIN PRESENCIA DE MILITARES.
El proyecto de ley sobre Defensa Nacional que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento prevé cambios sustanciales en la definición de Defensa y la organización de las Fuerza Armadas.
EL ANTEPROYECTO de ley que circula en un reducido número de parlamentarios del Frente Amplio consta de 31 artículos y será la base de la Ley de Defensa Nacional que con los insumos aportados por más de 150 organizaciones sociales, gremiales, políticas y estatales será enviado en las próximas semanas al Parlamento.
Un cambio sustancial constituye la definición de Defensa Nacional expresada en el primer artículo, que se obtiene de lo resuelto en el 4o Congreso Extraordinario del Frente Amplio (diciembre de 2003) y fue propuesta por la Comisión Permanente de Defensa de la fuerza política.
"La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades - civiles y militares - dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad de nuestro territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes; generando las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población".
Pero además de lo ideológico, la ley, inspirada en la estructura jurídica de España, Argentina, Portugal, tendrá consecuencias prácticas importantes. En principio se suprimen por "obsoletos y carentes de competencia" órganos como la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto (ESMACO), éste último desempeñó un papel clave en tiempos de combate a la guerrilla.
Se crean, en el marco de un nuevo organigrama, el Consejo de Defensa Nacional y el Estado Mayor de la Defensa. Existirá un sistema de defensa nacional que determinará la política que mejor se ajuste a las necesidades del país. Lo integrarán Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Consejo de Defensa Nacional (CO.DE.NA.). Al presidente, actuando con el ministro del ramo o el Consejo de Ministros, le competerá: a) determinar la política de defensa y sus objetivos; b) dirigir la Defensa Nacional; c)
ejercer el mando superior de las Fuerzas Armadas; d) convocar y presidir el Consejo de Defensa Nacional; e) adoptar las medidas pertinentes para solucionar las situaciones de crisis que afecten a la defensa; f) tomar a su cargo la dirección político-estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza; g) establecer las directivas para las negociaciones exteriores que afecten la política de defensa.
Entre otras potestades, el Poder Legislativo deberá decretar la guerra, designar todos los años la Fuerza Añilada necesaria y autorizar o dejar sin efecto las medidas prontas de seguridad.
En tanto el nuevo órgano denominado Consejo de Defensa Nacional será meramente "asesor y consultivo" del Presidente de la República.
Estará integrado por el mandatario y los Ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Se eliminó expresamente la presencia de Comandantes en Jefe, Jefe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Jefe de Estado Mayor de la Defensa y legisladores.
Será convocado por el Presidente, quien a su vez podrá "invitar" a otras autoridades, legisladores, jueces y a quienes considere pertinente. Entre otros cometidos, el Consejo deberá analizar situaciones de riesgo que afecten la soberanía e independencia del país, proponer hipótesis de conflicto, sugerir la adopción de estrategias y preparación de planes y coordinación de acciones para la defensa.
En cuanto a la organización y competencias del Ministerio de Defensa también hay novedades. Su atribución y competencia básica será la conducción política de la defensa. Además preparará, dirigirá, ordenará y ejecutará la política de defensa nacional; y se encargará de la obtención y gestión de los recursos humanos y materiales. Bajo la órbita del Ministerio se creará el Estado Mayor de la Defensa. El nuevo órgano será de asesoramiento ministerial militar. Coordinará y supervisará las actividades de las Fuerzas Armadas, bajo las directivas de la política de defensa militar. Será encargado de elaboración doctrinaria y planificación del concepto de operación conjunta de las FF.AA.; análisis y elaboración de escenarios estratégicos futuros; planificación logística en cuanto a armas, comunicaciones, equipamiento y nuevas tecnologías, doctrina y reglas de enfrentamiento del instrumento militar; planificación, coordinación y supervisión de operaciones conjuntas y/o combinadas.
Se incluye como característica novedosa que al frente del Estado Mayor de la Defensa estará un Oficial General en actividad o retiro, quien será designado por el Ministerio de Defensa. Ese Oficial será quien transmitirá a los comandos correspondientes las directivas para orientar la preparación de las Fuerzas.
Fuentes políticas informaron a Ultimas Noticias que la ley supone cambios muy importantes y en gran medida acota la autonomía militar para dejar paso a una mayor intervención del poder civil en las materias más sensibles de la Defensa Nacional.
Se destaca que la Defensa Nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía. "Es una función esencial, permanente e indelegable del Estado y en su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad".
En este sentido se señala que el Poder Ejecutivo establecerá los criterios relativos a la preparación y disponibilidad de los recursos humanos y materiales no propiamente militares para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional en situaciones de amenaza o crisis, teniendo en cuenta la cooperación entre los poderes públicos.
Justicia Militar pasará al Poder Judicial.
Entre los aspectos más novedosos de lo que será la ley de Defensa surge el pasaje de la Justicia Militar a la órbita civil.
Según el artículo 27 del anteproyecto "la Jurisdicción Militar es competencia del Poder Judicial, cometiéndose al Ministerio de Defensa la instrumentación del pasaje de la Unidad Ejecutora "Justicia Militar" a la órbita del citado Poder".
Se precisa que la Justicia Militar "debe mantener su esfera de competencia exclusivamente a los delitos militares y al caso de estado de guerra". "Se dispone que el delito militar puede ser cometido solamente por militares y que los delitos comunes cometidos por militares en tiempos de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la justicia ordinaria".
Este nuevo aspecto fue acordado de una de las mesas de debate convocadas por el Ministerio de Defensa para obtener insumos para elaborar la nueva ley y constituye un ejemplo claro de las limitaciones que se aplicarán a las Fuerzas Armadas en la nueva organización.
LA REPUBLICA PÁG. 7
Contactos entre Ministerios de Defensa de Argentina y Uruguay.
EL MINISTERIO de Defensa argentino se comunicó con su similar uruguayo luego de que trascendiera el polémico documento del Ejército del vecino país sobre recursos naturales, para restar trascendencia a los informes de prensa y desmentir la posibilidad de movimientos de tropas en la frontera con Uruguay.
Fuentes de la Secretaría de Estado uruguaya indicaron a LA REPÚBLICA que las autoridades Ministeriales del gobierno de Néstor Kirchner explicaron que el documento del Ejército es un material de debate sobre estrategias de defensa hacia el año 2025 y que informes similares realizarán la Marina y la Fuerza Aérea.
Los voceros del gobierno argentino habrían sido explícitos al tratar de disminuir cualquier nuevo elemento de tensión entre ambos países, que mantienen un diferendo por la instalación de una planta procesadora de pulpa de celulosa en Fray Bentos y ante los cortes de ruta por piqueteros de Gualeguaychú.
El tema de los recursos naturales y en particular la importancia estratégica del Acuífero Guaraní en la región, ya había sido tratado en un documento que el Ejército uruguayo elaboró en el marco de un Debate sobre Defensa Nacional propiciado por el gobierno de Tabaré Vázquez.
Las fuentes del Ministerio de Defensa subrayaron que también en la discusión de los militares uruguayos sobre los recursos naturales se trazaron hipótesis de defensa que incluían la guerra de guerrillas entre otros recursos no convencionales.
BÚSQUEDA PÁG. 5
Una avioneta provoco alerta de peligro sobre zona de exclusión de Anchorena y disparó plan de contingencia de la Fuerza Aérea.
El sábado 10 sobre el mediodía, cuando los Pre­sidentes George W. Bush y Tabaré Vázquez se dirigían a la prensa nacional e internacional, un piloto des­aprensivo provocó una si­tuación de "alerta" y se puso en marcha un plan de con­tingencia, dijeron a Bús­queda fuentes de la Fuer­za Aérea Uruguaya (FAU) que participaron en el ope­rativo.
La situación se precipitó cuando en el Centro de Ope­raciones Aéreas (COA), ubi­cado en Boisso Lanza, que en ese momento era operado por un comando "combi­nado" de altos Oficiales uru­guayos y norteamericanos, se detectó que una avione­ta Piper - sin identificarse previamente con el control aéreo de la zona - ingresó en el primer anillo de exclu­sión decretado en torno a la estancia presidencial de An­chorena que abarcaba un radio de 60 millas (unos 96,5 kilómetros).
Al progresar en su tra­yectoria, ambos comandos comenzaron a desplegar sus sistemas de alerta. El comando norteamericano había comunicado a la Fuerza Aérea que en caso de que un "intruso" amenazara desde el aire la segu­ridad de George Bush, se pondría en marcha una estrategia defensiva, que con­sistía en evacuar al Presi­dente en cinco minutos.
Por el lado uruguayo, la FAU había establecido una estrategia ofensiva, debi­do a que disponía de aviones Pucará con poder de fuego apostados en las in­mediaciones de Colonia y dos aviones a reacción A 37 "Dragonf ly" prontos para despegar de la base aérea de Durazno. "Se estimó que si el presidente norteame­ricano era evacuado, nosotros debíamos proteger a nuestro presidente y su comitiva de un ataque que podía afectarlo, aun cuan­do no estuviera dirigido a él", explicó una fuente. Los norteamericanos no pusie­ron reparos.
"Alerta 2 minutos". En base a ese plan, cuan­do el avión no identificado - que volaba a 500 metros de altura y a escasa veloci­dad - se acercó al segun­do anillo de protección, la FAU comenzó a desplegar su sistema de alertas. Pri­mero se emitió un "alerta 15 minutos", que implica poner en funcionamiento las rutinas para el despe­gue de un avión de comba­te; a los pocos minutos se dio un "alerta cinco minu­tos", que supone poner en marcha motores, y final­mente se lanzó el "alerta dos minutos" que habilita el despegue de un avión y la interceptación con fines de reconocimiento y disuasión en primera instancia.
En efecto, un Pucará de la FAU despego. En medio de una tensa situación y cuando el Pucará se dirigía hacia la nave "intrusa", ésta se identificó con el control aéreo de Carmelo, desde donde le informaron el ries­go en el que se encontraba.
Paralelamente la Fuerza Aérea de EE.UU. y el servi­cio secreto que acompaña al presidente, estaban al tanto de la situación, pero no informaron al comando uruguayo qué clases de precauciones pusieron en marcha. Las fuentes con­sultadas indicaron que el comando norteamericano había comunicado al uruguayo que no había un por­taaviones frente a las aguas territoriales de Uruguay y que, por lo tanto, era impo­sible poner en pocos minu­tos un caza norteamerica­no sobre un posible avión piloteado por un suicida. Por eso la estrategia norte­americana era evacuar a Bush en caso de peligro de ataque.
El Piper que produjo el incidente había despega­do de la ciudad de Merce­des y se dirigía al aeródro­mo de San Fernando en las afueras de Buenos Ai­res. Los informantes con­sultados por Búsqueda in­dicaron que su piloto ha­bía reportado un plan de vuelo que incluía atrave­sar parte de la zona de exclusión - podían volar por la zona aquellos avio­nes que reportaran previamente un plan de vuelo con una ruta precisa -. Sin embargo, el aparato partió una hora después de lo previsto en el plan de vue­lo y el piloto se reportó recién cuando había avan­zado 15 millas dentro de la zona de exclusión.
"Nosotros teníamos la impresión de que se trata­ba de esa avioneta, pero al salir tarde y no reportarse despertó dudas. Había que estar alerta porque podía tratarse de una maniobra de un posible agresor para hacer caer al control aéreo en el error de que era un vuelo autorizado", explica­ron los informantes.
Un comando de la Fuer­za Aérea de EE.UU. operó en combinación con perso­nal uruguayo en Boisso Lanza desde cinco días antes de la llegada de Bush, hasta el momento de su partida. La operación inclu­yó cuatro aviones AWAC norteamericanos equipa­dos con radar que se turna­ron en la custodia del espa­cio aéreo uruguayo, a diez mil metros de altura, las 24 horas durante todos los días que duró la misión. La tripulación incluyó un Ofi­cial uruguayo que trabajó como enlace entre la tripu­lación norteamericana y el control aéreo de la FAU.
Al igual que en Ancho­rena, cuando Bush perma­neció en Montevideo, estu­vo vigente una zona de ex­clusión con un radio de 60 millas.
A cargo del Comando Aéreo de la FAU que inter­vino en la misión estuvo el Brigadier Carlos Pena y como segundo, y a cargo del Centro de Operaciones Aéreo, el Coronel aviador Hugo Jackson.
Al finalizar los más de seis días de operaciones conjuntas, el Brigadier Ge­neral norteamericano a car­go de las Fuerzas de su país, felicitó al Comandan­te de la FAU, Tenientes General Enrique Bonelli, por la buena disposición de los Oficiales uruguayos para desarrollar un trabajo combinado.
Dispositivos de se­guridad. En Uruguay hubo un inédito despliegue de fuerzas de seguridad nor­teamericanas, especial­mente en Montevideo y Colonia, durante la visita del presidente estadouni­dense. En torno a Bush se movilizaron unos 1.200 funcionarios norteamerica­nos. Además de personal cumpliendo esa tarea, la Administración estadouni­dense trajo perros amaes­trados para detectar bom­bas, cuatro aviones AWAG encargados de vigilar el espacio aéreo y terrestre, seis naves Galaxy que transportaron los vehícu­los en los que se movió la comitiva, así como helicóp­teros Sikorsky que custodiaron a Bush.
Un grupo de legisladores del Partido Nacional se que­jó ante la Ministra de De­fensa, Azucena Berrutti, porque la delegación mili­tar ingresó al país sin la autorización del Poder Legislativo como establece el artículo 85 numeral 11 de la Constitución que faculta a la Asamblea General "per­mitir o prohibir que entren tropas extranjeras" al país.
Durante el encuentro, realizado el jueves 8, los Senadores Gustavo Pena­dos y Carlos Moreira y el diputado Javier García plantearon especialmente su inquietud por el material bélico que ingresó al país.
Según algunos de esos dirigentes blancos, la Mi­nistra reconoció en el en­cuentro que se debió pe­dir autorización al Parla­mento.
Goyo suelto, Cordero atado. Se aceleran las investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos en la dictadura.
El ex dictador y el ex prófugo prometen ser protagonistas de los próximos meses. El Goyo Alvarez deberá comparecer en varias causas que se están indagando o se denunciarán ante la Justicia penal. Otras causas judiciales harán desfilar por los juzgados a otros conocidos represores y a desconocidos civiles y policías. El Coronel Manuel Cordero, mientras tanto, esperará en su celda de Porto Alegre su extradición a Argentina, donde le esperan otros ex represores de Automotores Orletti que están detenidos en la cárcel de Marcos Paz.
rogerrodriguez@hotmail.com.uy
EL EX DICTADOR Gregorio Alvarez y el ex prófugo Manuel Cordero aparecen como dos de los principales protagonistas de las investigaciones para el esclarecimiento de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en los años de la dictadura, a partir de una serie de causas judiciales abiertas en Uruguay y frente a los trámites de extradición en Brasil.
El Tenientes General retirado Alvarez se encuentra comprometido en las denuncias judiciales contra los mandos de la dictadura, los cuales no están amparados por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y en el caso de la muerte del tupamaro Roberto
Luzardo el 16 de agosto de 1972, antes del golpe de Estado. El Coronel retirado Cordero, detenido en la Superintendencia de la Policía Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, aguarda una resolución del Supremo Tribunal Federal para su extradición a Argentina, desde donde fue requerido por el juez Guillermo Montenegro, o eventualmente su traslado a Uruguay a pedido del juez Luis Charles.
Los dos militares estuvieron implicados personalmente en el proceso político y represivo sufrido por Uruguay entre 1973 y 1985, y centran hoy la mirada de la ciudadanía luego del procesamiento del ex dictador Juan María Bordaberry, su Canciller Juan Carlos Blanco y un grupo de ocho militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad.
Alvarez y Cordero tendrán un singular protagonismo mediático en los próximos meses a partir de la desclasificación de una serie de documentos secretos del Estado y por testimonios de causas en las que también están comprometidos otros militares como Eduardo Ferro, Carlos Calcagno y los marinos Luis Troccoli y Juan Carlos Larcebeau.
1 - Goyo Suelto
El General Gregorio Alvarez concurrió la semana pasada al Juzgado penal a cargo del juez Sergio Torres para nombrar al abogado Carlos Curbelo Tammaro su defensor en la causa referida a la muerte en el Penal de Libertad en 1981 del preso político Horacio Ramos, quien ya había cumplido nueve años de prisión cuando fue "suicidado".
Alvarez también fue denunciado en el caso del asesinato del estudiante Hugo Leonardo de los Santos, muerto por torturas a sólo tres meses de instaurada la dictadura y, también en su condición de ex comandante del Ejército, será convocado oportunamente en la causa sobre el segundo vuelo de Orletti y la ejecución de sus pasajeros en 1976.
El Goyo Alvarez firmó junto a otros ex comandantes del Ejército una carta en la que se hacían responsables de los eventuales "actos de servicio" de sus subalternos, y la Ley N° 15.848 expresamente lo excluye de la caducidad otorgada durante el gobierno del ex Presidente colorado Julio María Sanguinetti.
Sin embargo, Alvarez aparece mucho más comprometido en forma personal en la indagación judicial sobre la muerte por omisión de asistencia en el hospital militar, en 1972, del tupamaro Roberto Luzardo, a quien habían acusado de participar en el operativo que provocó la muerte del Coronel Artigas Alvarez, hermano del Goyo.
En la causa que lleva adelante el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, existiría un testimonio en el que se habría afirmado que el propio Goyo Alvarez y otros altos Oficiales fueron al hospital militar para ver agonizar a Luzardo días antes de su muerte por "caquexia", consecuencia de la orden de no prestarle más atención sanitaria.
Secundaria suspendió a docentes que invitaron a ex guerrilleros tupamaros a liceos sin el consentimiento de las autoridades.
El Consejo de Educación Secundaría sancionó a una profesora de historia y a una Directora de liceo por­que invitaron a dos dirigen­tes políticos y ex guerrille­ros del Movimiento de Li­beración Nacional (MLN-Tupamaros) a disertar ante sus alumnos sobre acontecimientos ocurridos antes y durante la dictadura, sin el consentimiento de las autoridades.
No obstante, Secundaria evaluó que en ninguno de los casos la presencia de los dirigentes de izquierda en las aulas significó une violación al principio de lai­cidad que rige la enseñanza pública.
A fines de febrero, las autoridades de Secunda­ria resolvieron sancionar con una suspensión de 9C días y retención total de si salario a la docente de ter­cer año de liceo Gabriela Sarasúa, porque invitó a dar una charla en su clase al tupamaro Julio Marañales, sin la autorización correspondiente.
Además suspendieron por dos días a Ana Falero, Directora del liceo público de Nueva Helvecia (Colo­nia), luego que confirmara que el Diputado Homero Viera (Movimiento de Par­ticipación Popular) había dictado una charla en el local de estudio que dirigen sobre el asalto perpetrado por miembros del MLN al Club de Tiro Suizo, ocurri­do en 1963.
"Falta grave". El jue­ves 23 de febrero, el Departamento Jurídico de Se­cundaria notificó a la profe­sora de historia del liceo N° 22 Gabriela Sarasúa la re­solución del Consejo de sancionarla con 90 días de suspensión y con la reten­ción total de sus haberes. La resolución, transcripta en el boletín de la Asocia­ción de Docentes de Ense­ñanza Secundaria (ADES-Montevideo) de marzo, se­ñala que luego de un año y medio de investigación, Secundaria confirmó que Marenales, ex guerrillero y líder del sector mayoritario dentro del MPP, "concurrió al Liceo N° 22 (sin autoriza­ción de la Dirección)".
Sostiene también que Marenales "entabló diálo­go con los alumnos" y que fue Sarasúa "quien le per­mitió el ingreso al local liceal y al aula". Según Jurídica, "la presencia del señor Ma­renales alteró el clima insti­tucional del centro educati­vo". No obstante esas constataciones, la resolución afirma que la docente "no actuó con premeditación". "El actuar de la docente, si bien constituye falta gra­ve, (...) no importó la con­junción de los extremos que configuraron violación del principio de laicidad", con­cluye.
En ese documento, Se­cundaria explica que la vio­lación a la laicidad existe cuando hay "subjetividad de la docente en su actuar con la intención de impo­ner sus ideas a los educandos, sin respetar su dere­cho de decidir".
"Excesiva". Consul­tada por Búsqueda, Sarasúa, una docente de histo­ria con 18 años de expe­riencia y ex dirigente de ADES, consideró "excesi­va" la resolución de Secundaria, y adelantó que ape­lará el fallo.
Alegó que la responsabi­lidad de que Marenales haya ingresado al liceo es de las autoridades del establecimiento y no suya.
Además negó que la pre­sencia de Marenales hu­biera causado un "revuelo a nivel institucional", como establece la resolución y que eso fue constatado por el entonces consejero Al­fredo Guido.
La docente explicó que antes de que sucediera el hecho había estado inten­tando organizar "un panel", que tendría lugar el 24 de junio, para discutir sobre la dictadura y los Derechos Humanos. Además de Marenales, la profesora de his­toria pretendía invitar a al­gún miembro de Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y a Oscar Destout, historiador y especialista en Derechos Humanos, entre otros.
Sarasúa dijo que pese a sus intentos, tuvo que can­celar la actividad porque no pudo tramitar la autori­zación correspondiente de las autoridades de Secun­daria. "Por un tema de con­fusión, el señor Marenales se hizo presente en el liceo", señaló, y agregó que por eso lo hizo pasar a la clase "a saludar a los alum­nos".
Según la profesora, du­rante los 10 minutos que el dirigente tupamaro estuvo en clase "contó alguna anécdota y recibió algunas preguntas" de los alumnos, "pero como es un hombre muy parco, no habló prácti­camente de nada".
"Comenzaron acusándo­me de violar la Constitu­ción, violación de la laici­dad, violación de la libertad de expresión y terminaron diciendo que la falta que cometí fue haber permitido el ingreso de Marenales al aula y nada más", criticó.
En su boletín, la comi­sión directiva de ADES cuestionó la decisión de Se­cundaria y la consideró "una sanción excesiva e injus­ta".
"Imprescindible". A diferencia del caso de Sarasúa, la presencia del Diputado Homero Viera (MPP) en un liceo de Colo­nia el 2 de octubre había tomado estado público y había generado las denuncias de la oposición acerca de una posible violación a la laicidad.
Luego de la investiga­ción, Secundaria suspendió por dos días a la Direc­tora del liceo porque "omi­tió la normativa vigente" al haber organizado esa acti­vidad sin consentimiento de las autoridades.
La resolución afirma que Falero no cumplió con la circular 2218 del Consejo de Secundaria, por la que se establece que es "im­prescindible" solicitar auto­rización a ese organismo ante la visita de un legisla­dor.
Viera había sido invitado para hablar del asalto de los tupamaros al Club de Tiro Suizo en Colonia, en el marco de una actividad relacionada con el día del Patrimonio.
En ninguna parte de la resolución de Secundaria se hace referencia a una posible violación de laici­dad, porque la investiga­ción se abocó a determinar si la invitación al Diputado había cumplido los requeri­mientos de la normativa.
“No se persiguió así ni en tiempos de dictadura”.
La Directora General del Consejo de Educación Secundaria, Alex Mazzei, acusó al gremio de profe­sores y a la Asamblea Técnico Docente (ATD) de llevar adelante una persecución peor a la que se registró "en tiempos de dictadura" contra el nuevo consejero de Secundaria, Martín Pasturino.
Los docentes rechazaron la decisión del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de elegirá Pasturino para desempeñarse en ese cargo, por su activa participación en la reforma educativa implementada por Germán Rama durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000).
"No creo que haber participado en la reforma de Germán Rama sea un argumento para descalificar a Pasturino. La administración de Rama gobernó para todos los trabajadores de la ANEP, cualquiera sea el puesto, desde dar clase a un cargo directriz. No se persiguió así ni en tiempos de dictadura", sostuvo Mazzei durante una entrevista publicada por "Últimas Noticias" el lunes 12.
De esta manera, Mazzei salió al cruce de las declaraciones de la Federación Nacional de Profe­sores de Educación Secundaria (Fenapes) y de la A TD, en las que afirmaron que dada su participación en la reforma de Rama al frente de la creación de los bachilleratos tecnológicos del Consejo de Educa­ción Técnico Profesional (ex UTU), la designación de Pasturino "constituye un irritante obstáculo para la construcción de la nueva educación".
Consultado por Búsqueda, el dirigente de Fenapes José Olivera dijo que las declaraciones de Mazzei generaron "malestar" en el gremio y que serán analizadas el próximo sábado 17 en la reunión de su Comité Ejecutivo.
"Estamos convencidos que este CODICEN va a contrapelo de lo que dice en el discurso acerca de facilitar la participación de los trabajadores, de fo­mentar la participación civil", sostuvo.
BÚSQUEDA PÁG. 33
Tribunal entendió que si un medio acepta hacer una aclaración no cabe el derecho de respuesta.
Un Tribunal de Apela­ciones rechazó el pedido de tres militares urugua­yos extraditados a Chile para que el semanario "Voces del Frente" publi­cara un derecho de res­puesta a una columna del Diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) so­bre la desaparición y el asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos. Los magistrados, que de­jaron firme la sentencia del juez Rolando Vomero (Búsqueda N° 1.394), en­tendieron que dado que el semanario accedió a publicar una aclaración y, con esto, "la pretensión fue satisfecha", el "juicio se tor­nó vacío de contenido".
"Si lo que se pretende no es resistido, no hay ra­zón para exigir una deci­sión judicial en ese senti­do, ni la ley puede avalar un tratamiento de tal mag­nitud. El Poder Judicial debe resolver los conflic­tos que no tienen solución privada, y no responder a un mero planteamiento que no ofrece oposición", entendió el Tribunal de Ape­laciones en lo Penal de Primer Turno, integrado por los magistrados Jorge Ruibal, Milka Núñez y Ángel Cal, en un fallo emitido el 27 de febrero.
La columna, publicada por el semanario el 1o de noviembre, se tituló "¿No será aquel chileno, cómo se llamaba?". Allí, Orrico escribió una reseña de la desaparición de Berríos, ocurrida en 1993, y la apa­rición de su cadáver en 1995, semienterrado en la playa de El Pinar.
Por esos hechos fueron investigados en Uruguay el Coronel (R) Tomás Casella, el Coronel Wellington Sarli y el Capitán Eduardo Radaelli. El pedido de extradición fue por los de­litos de "asociación ilícita" y "secuestro".
Tras relatar varios suce­sos históricos sobre la muerte de Berríos, Orrico afirmó: "Lo demás es más conocido. La Justicia chi­lena solicita la extradición de tres militares uruguayos gravemente involucra­dos en el asesinato de Eugenio Berríos".
El 18 de diciembre el abogado Daniel Arocha solicitó el derecho de res­puesta según lo establece la "ley de prensa" y el 8 de febrero el juez Vomero desestimó el pedido luego de que el redactor respon­sable del semanario, Alfredo García, dijo que el medio estaba dispuesto a publicar una aclaración.
Luego de consultar a sus clientes, Arocha señaló que no aceptaba la publi­cación voluntaria y recla­maba una orden judicial por lo que apeló el fallo.
"Vacío de conteni­do". Los magistrados del tribunal de alzada enten­dieron que no es de recibo el pedido de los militares en razón de que el "plan­teo judicial, es la última solución cuando no existe composición privada del conflicto" ya que "para ha­cer valer un derecho, aun cuando no esté controver­tido, debe existir al menos una oposición de un tercero" .
"El derecho a respuesta no es una excepción a este razonamiento. En cual­quier sociedad civilizada la decisión judicial se re­quiere únicamente cuan­do el derecho es controvertido o no es reconocido por un tercero. La preten­sión se dirige a la Justicia, cuando no puede actuarse el derecho que se invoca de la manera ordinaria", afirman Ruibal, Núñez y Cal.
Agregan que la ley de prensa "indica claramen­te que el afectado podrá reclamar al medio de co­municación la difusión de su respuesta" como una "excepción" por lo que la "regla general, como lo es para todo el sistema de convivencia pacífica, es el requerimiento privado. Y mediando negativa, tiene el interesado la opción del procedimiento judicial".
"La pretensión (la publi­cación de su respuesta)", señalan, "fue satisfecha en la primera oportunidad que la exigió (en la audiencia judicial). Por tanto los re­clamantes vieron contemplado y reconocido su de­recho totalmente y sin con­dicionamientos, por lo que (...) el juicio se tornó vacío de contenido".
"La sola mención a que se les despoja del dere­cho a defender su honor, cuando el medio presun­tamente ofensor admite la respuesta, es adjudicar una intención a la deci­sión que excede justamen­te los límites exigidos por la pureza y mesura del debate", concluyen.

References: artículo 27
 artículo 85
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