Source: https://registrocivildetodos.blogspot.com.es/2015/01/
Timestamp: 2017-08-21 12:04:49+00:00

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Pradas y Espadas han señalado la disposición adicional 12 del real decreto Ley 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, porque dicha regulación atribuye la competencia de los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles. Los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios, pero sus oficinas son empresas privadas y sus empleados no son funcionarios.
Antonio Pradas, en ese sentido, ha lamentado la "privatización de los registros civiles" con la que ha amenazado el Gobierno central del popular Mariano Rajoy. "Nos oponemos a que sean los registradores mercantiles quienes tramiten matrimonios, nacimientos y todas las responsabilidades de los registradores civiles", porque "es el momento de que la administración esté más cerca de la ciudadanía y no más lejos como pretende el PP", toda vez que según los socialistas esta remodelación implica la desaparición de los registros civiles de los municipios para centralizar esta actividad en las capitales de provincia.
Para Pradas, esta privatización supondría "la división entre ciudadanos de primera y de segunda categoría", puesto que eso supondría que los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos "tendrían que trasladarse a Sevilla capital para realizar tramitaciones como las partidas de nacimiento o defunción", una posibilidad que van a perder con el cierre de las sedes de sus localidades.
Juan Espadas, de su lado, ha criticado la "mercantilización" de los registros civiles y el "abandono del modelo histórico en favor de los registradores de la propiedad y mercantiles", unos agentes que "no funcionan gratis". En ese sentido, ha señalado la incertidumbre con la que viven los 39 funcionarios del registro civil de Sevilla capital.
Francisco León, funcionario del registro civil de Sevilla capital desde hace ya 23 años, ha avisado de su lado de que en esta vida "nada es gratis" y que para los ciudadanos "no va a ser gratuito" que los registros civiles caigan en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles. "Se llevan a manos privadas la historia de cada pueblo", ha dicho alertando además del "distanciamiento" de este servicio de los ciudadanos al desaparecer los registros civiles diseminados a lo largo y ancho de la provincia.
CCOO presentó la semana pasada en el Congreso de los Diputados una carta dirigida a los grupos parlamentarios por la que solicita que presenten las enmiendas propuestas por CCOO al Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, que se encuentra en fase de ampliación de enmiendas al articulado. Este proyecto de Ley establece que serán los Notarios quienes levanten acta de notoriedad de la condición de sefardí y el pago de una tasa para todo tipo de expediente de nacionalidad.
Con el proyecto de Ley se quiere introducir en la tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española de los sefardíes un nuevo instructor, como serían los Notarios, como puerta de acceso de la atribución futura a los mismos de todos los expedientes de nacionalidad española, que se tramitarían de igual forma y saldrían fuera del ámbito del Registro Civil, que únicamente intervendría para la práctica de la inscripción de nacimiento de los solicitantes. Así lo ha manifestado el actual Director General de los Registros y del Notariado, en un artículo aparecido en el Diario El Pais de 11 de enero de 2015, quien dice que lo prioritario en el sistema de adquisición de la nacionalidad española por residencia es que “sea completamente telemático y que los notarios se encarguen del trámite”.
Para CCOO la atribución a los Notarios de la tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia supondría la privatización de actuaciones que hoy realizan sin coste alguno para los solicitantes los Registros Civiles. Los extranjeros que quieran adquirir la nacionalidad española tendrían que acudir ante el Notario para tramitar el correspondiente expediente, previo pago del arancel correspondiente, lo que constituye claramente la privatización de un procedimiento cuya competencia corresponde al Ministerio de Justicia, tal y como establece el artículo 21 del Código Civil.
Como viene denunciando CCOO los Notarios no forman parte de la Administración General del Estado, ni están integrados en las Administraciones Públicas. Además, el personal que trabaja en las Notarías no son funcionarias/os públicos, y en la tramitación electrónica de los expedientes de adquisición de nacionalidad española por residencia que quiere aprobar el Gobierno, quien tramite dichos expedientes tendrá acceso a bases de datos muy sensibles ( Registro Central de Penados y Rebeldes, Dirección General de la Policía, etc), por lo que en aras de la protección de datos de carácter personal, el derecho a la intimidad personal y familiar, y el procedimiento administrativo y por tanto público de adquisición de la nacionalidad española resulta obligatorio y forzado que su tramitación sea encomendada completamente a funcionarias/os públicos.
El proyecto de Ley establece asimismo la introducción de una tasa de 75 € para todos los procedimientos de obtención de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza o dispensa. CCOO rechaza de plano esta tasa cuya introducción pone de manifiesto que lo dispuesto sobre la gratuidad de los servicios del Registro Civil en la D.A. 22 de la Ley 18/2014 no supone realmente ninguna garantía al respecto. Además con este proyecto se pretende entregar a los Notarios la tramitación de la nacionalidad, los cuales, como hemos denunciado, cobran el correspondiente arancel por sus servicios profesionales por ser la forma de retribución de sus servicios.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en su Disposición Adicional 91, establece que “los miembros del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como los del Cuerpo de Aspirantes, que ingresen en tales Cuerpos a partir de 1 de enero de 2015, quedarán integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.”
Los Registradores se han venido rigiendo por la normativa reguladora del Régimen de Clases Pasivas del Estado como los funcionarios públicos porque así lo establece el artículo 291 de la Ley Hipotecaria, no porque lo diga la Ley de Clases Pasivas, en una prueba más de la amalgama de privilegios otorgados a este colectivo a través de la Ley Hipotecaria mediante la atribución de condición de “funcionarios públicos”, cuando realmente no lo son.
Dado que desde enero 2011 el Régimen de Clases Pasivas se encuentra en extinción por decisión del Gobierno, desde que acordó que las nuevas incorporaciones de empleados públicos a partir del 1 de enero de 2011 se produjeran en el Régimen General de la Seguridad Social, el Gobierno tenía que encuadrar a los nuevos Registradores en el régimen de Seguridad Social que resultara más idóneo dadas sus peculiares características, y éste no puede ser otro que en el régimen de autónomos, lo que demuestra que no forman parte de la Administración Pública y que no son funcionarios públicos. Conforme la normativa general de la Seguridad Social, a los efectos del Régimen Especial de Autónomos se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar.
Que los Registradores no son funcionarios también lo dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año 2009, para el que los registradores actúan y ejercen una actividad profesional, una actividad económica, al organizar de modo autónomo e independiente los medios materiales y humanos de sus oficinas liquidadoras, por lo que, con independencia de su carácter de “funcionarios” de una Administración Pública “ex lege”, deben cobrar el IVA e ingresar el mismo por todas las actividades que desarrollen en su registro (ningún funcionario en España cobra el IVA por sus servicios). Según la Comisión Europea, si el registrador fuera un funcionario, sería sin duda el único funcionario de la Administración en España que declararía los ingresos por su trabajo en la función pública como rendimientos de actividades económicas y que deduciría los correspondientes gastos en concepto de gastos derivados de una actividad económica, cosa que no pueden hacer las rentas procedentes del trabajo.
Igualmente CCOO estima que esto afectará "gravemente" al empleo en la Administración de Justicia ya que "si se tienen que atender menos funciones, hacen falta menos trabajadores. Pura matemética", señalan.
En la concentración celebrada hoy se han exhibido también carteles alusivos a otros problemas como la recuperación de los derechos y contra los recortes.
El Ministro de Justicia Rafael Catalá ha entrado en la campaña electoral para las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo de este año. Ante la lógica preocupación de los representantes de los municipios españoles, agrupados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre el posible desmantelamiento de la justicia municipal, la pérdida de competencias de los partidos judiciales y la privatización del Registro Civil, el Ministro, acompañado por la Secretaria de Estado de Justicia y el Director General de Registros y del Notariado, mantuvo el pasado día 12 de enero una reunión con los responsables de la FEMP en que afirmó, según nota de prensa del propio Ministerio de Justicia, que “en cuanto al Registro Civil, el compromiso del Ministerio pasará por mantener su tejido actual, al establecerse que los juzgados de paz actúen como oficinas del Registro Civil”.
El Ministro de Justicia trató de engañar a los representantes de la FEMP con estas declaraciones, y con ello desmovilizar lo que podría ser una fuente de enfrentamiento y debate durante la campaña electoral, como es la desaparición de un servicio público básico, el Registro Civil, que desde 1871 ha tenido una fuerte implantación municipal.
En las informaciones publicadas hasta ahora relativas a la privatización del Registro Civil, el Ministerio de Justicia ha avanzado que “allá donde no exista un registro mercantil, las notarías o las oficinas de los juzgados de paz que con la modificación de la LOPJ quedarán integradas en los ayuntamientos desarrollarán labores del Registro” (nota de prensa de 24.06.2014) y que “también habrá colaboración con las oficinas consulares y con las oficinas colaboradoras, que pueden ser los registros de la propiedad o los juzgados de paz” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11/12/2014), pero esta colaboración, a la espera de la nueva modificación de la Ley 20/2011 de Registro Civil que tendrá que realizarse, se limitará a la presentación de escritos dirigidos a las futuras Oficinas Generales de Registro Civil. La pérdida de competencias de los Juzgados de Paz en materia de Registro Civil será evidente, lo que comportará pérdida de un servicio público hoy y siempre muy cercano a los ciudadanos, tal y como resulta del siguiente cuadro:
COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL
Práctica de nacimientos, matrimonios y defunciones acaecidas en el municipio
Práctica de inscripciones marginales respecto de los hechos anteriores
Expedición de certificados de las anteriores inscripciones
Tramitación de expedientes de matrimonio
Presentación de escritos dirigidos a otros Registros Civiles
Adjuntamos enlace y extracto de un post publicado en el blog "Privatización de los Registros Civiles", que con el título de este post explica pormenorizadamente todo el proceso de concesión de la nacionalidad española implantado con el Plan Intensivo de Nacionalidad, que funcionó entre los años 2012 y 2013, y acredita una vez más que la culpa del retraso en la resolución de los expedientes de nacionalidad, que el Gobierno, Ministerio de Justicia y Colegio de Registradores utilizan como excusa de la privatización del Registro Civil, es y fue del propio Ministerio de Justicia y no de los Registros Civiles.
Las conclusiones de este post son las siguientes:
Por otra parte, también nos ha explicado cómo se va a producir el desmantelamiento de las oficinas de los registros civiles, reubicando en otros juzgados al personal —me ha parecido entenderle— que tiene la plaza en propiedad y a los interinos. No sabemos en qué juzgados, con qué especialidad, con qué mecanismos de readaptación profesional a esos nuevos juzgados —si son juzgados de lo Penal o de lo Civil o si son juzgados mixtos o de otra naturaleza, o mercantiles— que realizan funciones muy diferentes a las vinculadas al acto registral o al Registro Civil en las que ellos están especializados. Son cuestiones que no están en el proyecto de ley que usted nos ha presentado y que nosotros estaríamos en condiciones de aceptar pacíficamente, pero no así las que le estoy comentando, que parece que van a dimanar de enmiendas presentadas por su grupo parlamentario. Yo no conozco muchos precedentes de una forma de legislar de estas características, de esta naturaleza. En todo caso, ante la inevitabilidad de lo que va a ocurrir, analizaremos las enmiendas que ustedes nos presenten..."
§ - El Ministerio trabaja en un expediente digital de nacionalidad, que excluirá de su tramitación a los Registros Civiles y que dejará de ser gratuito.
§ - CCOO rechaza de nuevo la externalización de los expedientes de nacionalidad y exige la modificación del art. 222 del Reglamento del Registro Civil y permitir que sean los Registros Civiles los encargados de su tramitación.
CCOO acusa al Ministerio de Justicia de que, en una clara dejación de sus funciones, tiene sin registrar y digitalizar, y por tanto sin tramitar, todos los expedientes de nacionalidad remitidos desde los Registros Civiles para su resolución desde noviembre de 2013, y dota de insuficientes medios personales y materiales a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia que desde el 1.1.2014 están tramitando los expedientes de nacionalidad, creando de nuevo un injustificable atasco en su resolución.
Desde la encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad, mediante la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (en adelante PIN) en junio de 2012, que empezó a estar operativo a finales de ese año, todos los Registros Civiles remiten los expedientes de nacionalidad, una vez finalizada la fase de instrucción, al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad en Madrid. En este centro se registraba el expediente, se digitalizaban los documentos y comenzaba la tramitación encomendada a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con la petición de informes y propuesta de resolución de concesión o denegación al Ministerio de Justicia, que simplemente tenía que firmar digitalmente y se notificaba a los Registros Civiles para la jura de nacionalidad o, en su caso, notificación de la denegación.
El PIN acabó el 31 de diciembre de 2013, con los resultados de todos conocidos (unos 400.000 expedientes resueltos, incremento de denegaciones muchas de ellas de difícil justificación, requerimiento de trámites absurdos, muchos expedientes pendientes de resolver, fallos en las juras ante notarios, etc). Desde entonces, y aunque los expedientes se siguen remitiendo al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de Propiedad en Madrid, el personal de dicho Colegio ya no es responsable ni de la digitalización ni de la tramitación de los expedientes, en contra de lo afirmado por otro sindicato, que no echa la culpa de la paralización actual de los expedientes al verdadero responsable, el Ministerio de Justicia.
Desde el 1.1.2014 es de nuevo el personal del Ministerio de Justicia, compuesto por unas 70 personas, la que ha de tramitar y resolver todos los expedientes, es decir, los expedientes de 2010, 2011 y 2012 que no se repartieron para tramitarse durante el PIN, 20.000 recursos de reposición, un alto porcentaje de expedientes de 2013, la totalidad de los expedientes de 2014 (que aún están todos ellos sin número de expediente)... así que a día de hoy puede haber acumulados ya otra vez una cifra cercana a 200.000 expedientes y alrededor de 20.000 recursos. La dotación de personal del Ministerio resulta claramente insuficiente, haciendo una clara dejación de sus funciones el Ministerio de Justicia de no dotarse con los medios personales y materiales necesarios para resolver en un plazo razonable las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española, lo que abre la puerta a la justificación para su externalización y, por tanto, para su privatización.
El problema además se ve agravado porque el registro y digitalización de los expedientes de nacionalidad, proceso que permite la petición de los informes y propuesta de resolución del expediente, va tremendamente lento, y en la actualidad se están registrando los expedientes remitidos en noviembre de 2013 al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad en Madrid. Además, CCOO ha podido constatar que desde hace unos 4 meses se ha paralizado la digitalización de los expedientes, y desde entonces la Policía Nacional no recibe peticiones de informes sobre la conducta y antecedentes de los solicitantes de la nacionalidad española. Los solicitantes de nacionalidad, que al tiempo de registrarse su expediente en Madrid tienen que recibir una carta informando sobre su número de expediente, lo que permite su seguimiento telemático, han dejado de recibir dichas cartas, y llaman al teléfono de información del Ministerio de Justicia donde les dicen que tienen que seguir esperando, y que llamen de vez en cuando. Antes de la implantación del PIN esta carta se recibía al mes de enviar el expediente a Madrid, hoy llevan un año de retraso.

References: real decreto 
 artículo 21
 artículo 291
 resolución 
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