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Timestamp: 2019-09-19 09:01:39+00:00

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MATRIMONIO: los matrimonios forzados | Abogado en Oviedo
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MATRIMONIO: los matrimonios forzados. El objeto del presente trabajo es el análisis del fenómeno del matrimonio forzado desde una perspectiva jurídico-penal.
Resulta curioso y sorprendente el hecho de que el legislador español en la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo, por la que se modifica la ley Orgánica 1/1995 del Código Penal, haya optado por tipificar este fenómeno de los matrimonios forzados típico de otras culturas diferentes a la nuestra, pero presente en nuestra sociedad.
Por tanto, consideramos interesante investigar la tipificación de dicho fenómeno en el Código Penal.
Respecto de los objetivos de este trabajo son cinco.
En primer lugar, analizar el matrimonio forzado desde un punto de vista de los derechos humanos, con la finalidad de comprobar si son una vulneración o no de estos o si, por el contrario, pueden ser considerados una práctica cultural aceptada. En segundo lugar, hacer un análisis exhaustivo de la tipificación de los matrimonios forzados en el nuevo Código Penal español, estudiando en profundidad el artículo 172 bis CP, referente al delito de matrimonio forzado, así como también el artículo 177 bis CP, referente al delito de trata de seres humanos, en el cual se incluye como finalidad de explotación a los matrimonios forzados.
El análisis incluirá el estudio del ámbito de aplicación de dichos artículos, las conductas típicas, entre otros aspectos y se harán las críticas que se consideren convenientes al respecto.
El tercer objetivo es poner de manifiesto la posible problemática concursal que pueda haber entre los mencionados delitos y otros del Código Penal y exponer las diversas opiniones de la doctrina y la jurisprudencia al respecto.
Como cuarto objetivo, se analizará si la tipificación del matrimonio forzado tanto por la vía de coacciones (art. 172 bis CP) como por la vía de trata de seres humanos (art. 177 bis CP) era obligatoria o no y se valorará su necesidad, es decir, si realmente era necesaria esta tipificación, analizando sentencias que hayan abordado hechos que serían actualmente subsumibles en el delito del art. 172 bis CP, para conocer cómo se resolvían con anterioridad a la reforma y conocer si tales conductas eran o no atípicas o bien se resolvían aplicando otros delitos. Y, finalmente, se valorará si las vías por la que ha optado el legislador para tipificar este fenómeno son las más adecuadas o no, argumentando, en su caso, cual tendría que haber sido la respuesta penal del legislador español.
A pesar de la dificultad de alcanzar una definición objetiva de matrimonio forzado, se han formulado varias definiciones al respecto. En el seno de la ONU, según la división para el adelanto de la mujer, actualmente integrada dentro de la sección ONU-Mujeres, el matrimonio forzado se define como todo aquel contraído sin el libre y pleno consentimiento.[1] También la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), define el fenómeno como un matrimonio en el cual una de las dos partes se casa en contra de su voluntad o a la fuerza. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe del 2 de abril del 2014, establece que el matrimonio forzado es todo aquel que se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes y/o cuando uno de ellos o ambos carecen de la capacidad de separarse o de poner fin a la unión, entre otros motivos debido a coacciones o a una intensa presión social o familiar.
Por lo que respeta al “matrimonio infantil” es aquel en el que al menos uno de los contrayentes es un niño. De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
Según QUINTERO OLIVARES, “el bien jurídico debe ser analizado como un concepto de raíz sociológica o social, ubicado en el sistema social y confrontado dinámicamente con el mismo; pero, a su vez, la teoría del bien jurídico no debe obviar la escala de valores que ha sido recogida en la Constitución, porque la norma fundamental constituye una premisa político-criminal de gran transcendencia para la modelación del sistema penal”.
En efecto, el Informe del CGPJ afirma que el bien jurídico protegido en el nuevo delito de matrimonio forzado es el derecho a contraer libremente matrimonio reconocido en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.[5] Este argumento, sin embargo, ha sido objeto de crítica. DE LA CUESTA AGUADO, por ejemplo, establece que adolece de un error conceptual que es el de “nominar como bien jurídico protegido un derecho y no un valor que oriente teleológicamente la norma”.
La solución legal de incluir de manera expresa la intimidación y no establecer que la violencia sea el único medio compulsivo típico es adecuada a la naturaleza y dinámica comisiva de los matrimonios forzados, ya que en la mayoría de las ocasiones el sujeto activo será una persona del ámbito familiar próximo de la víctima, y con autoridad sobre ella, como, por ejemplo, el padre, la madre o un hermano. En consecuencia, el autor probablemente no precise, por ello, del empleo de la violencia para doblegar la voluntad de la víctima e imponerle el matrimonio, siendo suficiente la intimidación.
Cabe señalar que el límite máximo de la pena de prisión prevista resulta sensiblemente inferior al señalado para otras conductas comparables (amenazas condicionales, trata de seres humanos) y también la pena es de menor entidad si la comparamos con la prevista, para hechos similares, en otros ordenamientos de nuestro entorno, por ejemplo, prisión hasta cinco años en el parágrafo 237 del Código penal alemán.
Otro desacierto es la previsión expresa de los medios comisivos (intimidación grave y violencia), la cual es además de innecesaria, distorsionadora, ya que cuando la intimidación no sea grave a los efectos de este delito pero exista y sirva para compeler el matrimonio, se tendrá que acudir al artículo 172 CP que actuará como tipo de recogida con lo que, finalmente, la conducta intimidatoria no suficientemente grave para integrar el tipo del artículo 172 bis, será sancionada, con pena prácticamente idéntica, como coacción del artículo 172 CP.
Además, resulta criticable y discutible exigir como medio típico la intimidación que pueda ser calificada de grave. ¿Qué se debe entender por “grave”? La respuesta no es nada fácil ya que hay una dificultad intrínseca de interpretar un elemento puramente valorativo. En cuanto a este aspecto, el Informe del CGPJ al Anteproyecto establece que en exigirse que la intimidación sea grave queda, en consecuencia, fuera aquélla que no revista tal carácter, lo que “puede provoca unas parcelas de impunidad”. Como también aconseja el CGPJ en el informe que se suprima la nota de “grave” respecto de la intimidación como así sucede en otros delitos como el de agresión sexual (art. 178 CP) o el robo con violencia o intimidación (art. 242 CP). Además, existe una consolidada jurisprudencia en torno al concepto de intimidación, que exige que se trate de una intimidación seria, inmediata y suficientemente grave. [13] También el Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto pone de manifiesto esta inoportunidad del concepto “grave” junto a la intimidación. Se establece en dicho Informe que “basta con que exista tal violencia o intimidación siempre y cuando sea de intensidad suficiente para condicionar la voluntad del sujeto pasivo que las sufre y menoscabar la libertad de decisión”.
1.1.2.2. La modalidad típica de forzar a otra persona al abandono del territorio nacional o impedirle el regreso al mismo con la finalidad de compelerla a contraer matrimonio.
Respecto del verbo “forzar”, significa hacer fuerza o violencia para conseguir algo que habitualmente no debe ser conseguido por la fuerza, u obligar a que se ejecute algo, en este caso que se abandone el territorio español o no se regrese al mismo.
En cuanto a la consumación de esta segunda modalidad típica, ésta se producirá cuando, por el uso de los medios comisivos típicos, se haya conseguido (forzado) que la persona abandone el territorio nacional o no haya conseguido, habiéndolo pretendido, regresar a él, sin exigirse que llegue a contraerse el matrimonio en el lugar de destino.
Además, cabe matizar que el precepto en cuanto a la descripción de la conducta típica es poco preciso, lo que puede dar lugar a que un acto de violencia, con la finalidad típica, merezca la misma respuesta penal que varios actos de violencia. Lo normal será el ejercicio continuado de la violencia, la creación de una situación gravemente intimidatoria o la intimidación que permanece en el tiempo.
En cuanto a su entrada en vigor, el artículo 75 del Convenio establece que lo estará “(…) a partir de la fecha en que diez signatarios, al menos ocho de los cuales sean Estados miembros del Consejo de Europa, hubieran expresado su consentimiento en quedar vinculados por el Convenio”. Así pues, el 10º país que ratificó fue Andorra y entró en vigor el día 1 de agosto de 2014, más de tres años después de ser acordado. Respecto de España, el Convenio fue publicado en el BOE el 6 de junio también de 2014 y, finalmente, entró en vigor el día 1 de agosto de 2014.
En cuanto al delito de amenazas, el TS tiene asentado que este delito se comete “por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo (STS 16.4.2003 RJ 2003)96 ),[25] siendo el bien jurídico protegido la libertad y la seguridad, es decir, el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida ( STS 17.6.1998 RJ 1998 5801] ).
Cabe hacer hincapié en la gran dificultad de la realización de este trabajo ya que la tipificación del fenómeno de los matrimonios forzados como delito en el Código Penal español es muy reciente. Concretamente, la Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica el Código Penal entró en vigor el día 1 de julio de 2015 y, en consecuencia, el delito del matrimonio forzado. Por tanto, los autores que hayan analizado dicha tipificación son escasos y no hay hasta el día de hoy jurisprudencia al respecto, con lo que analizar en profundidad un aspecto tan nuevo resulta complicado. Así pues, en el presente trabajo se ha sido crítico, se han puesto de manifiesto las argumentaciones de los diversos autores, muchas contradictorias, y se ha valorado la posible solución más correcta en los diversos aspectos abarcados.
Los matrimonios forzados son reconocidos como una violación de los derechos humanos en numerosos tratados internacionales y en otros documentos supranacionales. La vulneración del derecho a contraer matrimonio con libre y pleno consentimiento es el más claro ejemplo, aunque se vulneran otros muchos más, como son, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por tanto, aunque en muchos casos lo que alienta a que se contraigan estos matrimonios es la práctica cultural aceptada, por formar parte de la tradición y la cultura de determinados países, no es justificación para que se realicen este tipo de conductas, ya que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos y siempre deben ser respetados.
En cuanto a la obligatoriedad de la tipificación del fenómeno de los matrimonios forzados como delito, se extrae que el Convenio de Estambul de 2011 obliga a los Estados a tipificar el delito de matrimonio forzado, tal como establece su artículo 37, y como que España es un Estado que se vinculó a dicho convenio, le es de aplicación y, en consecuencia, está obligado a tipificarlo. Efectivamente ha cumplido con dicha obligación en introducir en la última reforma del Código Penal el delito de matrimonio forzado (art. 172 bis CP).
Consideramos que el legislador español, si bien ha acertado en tipificar el delito de matrimonio forzado dentro del ámbito de los delitos contra la libertad, la vía que ha optado, es decir, introducirlo como delito específico de coacciones no es la más adecuada por toda la problemática que conlleva. En consecuencia, se debería haber explorado la posibilidad de mantener su ubicación entre los delitos contra la libertad si bien, en el ámbito de las amenazas, por ser más acorde con su naturaleza y con el bien jurídico que consideramos que protege, eso es, la capacidad de decidir libremente contraer matrimonio con alguien.
. El objeto del presente trabajo es el análisis del fenómeno del matrimonio forzado desde una perspectiva jurídico-penal.
MATRIMONIO los matrimonios forzados
20 marzo, 2018	por Alfredo García López en Matrimonios Sin Comentarios

References: artículo 172
 artículo 177
 artículo 16
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 75
 artículo 37