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Timestamp: 2014-03-09 17:02:34+00:00

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SIC - Memoria Jur�dica [RESOLUCION_SUPERINDUSTRIA_7918_2004] Memoria Jur�dica
RESOLUCIÓN 7918 DE 2004
Ver Ficha:7918 de 2004
Convenciones: Color amarilloRatio decidendi EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
PRIMERO. Que mediante escrito radicado bajo número 02049452-10254, el doctor Alfonso Miranda Londoño, en su condición de apoderado de Almacenes Éxito S.A., Grandes Superficies de Colombia S.A. -Carrefour-, Carulla Vivero S.A. y Supertiendas Olímpica, y de sus respectivos representantes legales, solicitó la nulidad de la totalidad de las actuaciones en que ha intervenido la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, en lo sucesivo FENAVI, por considerar que su participación en la investigación que se adelanta, dio lugar a un vicio de procedimiento en los términos establecidos por el artículo 3o del Código Contencioso Administrativo.
SEGUNDO. Que por resolución No. 398 del 19 de enero de 2004, notificada por edicto a FENAVI,[1] el Superintendente de Industria y Comercio declaró la nulidad de las actuaciones en las que intervino FENAVI, dentro del expediente radicado bajo el No. 02049452.
TERCERO. Que la doctora María Clara Lozano, en su calidad de apoderada de FENAVI, interpuso recurso de reposición frente a la resolución No. 398 del 19 de enero de 2004, solicitando la revocatoria del mencionado acto.
CUARTO. Que el recurso a que se hace referencia en el considerando anterior, está fundamentado en los siguientes términos:
"MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
A continuación me permito presentar a esa Superintendencia los motivos que generan la inconformidad de FENAVI con el acto administrativo impugnado. Motivos que bien podrían calificarse dentro de las distintas causales de nulidad consagradas en el artículo 84 del C.C.A., cuya declaratoria no se pide a esa Superintendencia por cuanto tal función corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
1. La SIC no tiene la facultad legal de declarar nulidades.
Las facultades legales del Superintendente de Industria se encuentran consagradas en el decreto 2153 de 1992, decreto - ley expedido en virtud del artículo 20 transitorio de la Constitución Política.
Dicho decreto de ninguna manera consagra como facultad del Superintendente la de declarar la nulidad de sus propios actos administrativos.
Ahora bien, podría esa Superintendencia considerar que su conducta está resguardada por el artículo 3o del C.C.A,Veamos, qué dispone dicho artículo:
(...) Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado."
Debemos anotar que en el presente caso, como ya se mencionó en el traslado, el hecho de que no se haya notificado el acto administrativo no impidió de manera alguna que los investigados controvirtieran el acto administrativo expedido por la SIC, con lo cual se entiende saneado cualquier eventual vicio de procedimiento.
No podrá la SIC – por carecer de facultades para ello - declarar la nulidad de sus propios actos, tal declaración conlleva que el acto administrativo ha sido expedido por funcionarios que no tenían la competencia para hacerlo y, de hecho, viola el principio constitucional según el cual las entidades públicas solo podrán hacer aquello que expresamente les está permitido por ley.
Sobre este punto, expresamente adicionamos todos y cada uno de los argumentos presentados en el documento de respuesta al traslado del incidente de nulidad presentada por el apoderado de los hipermercados. Respetuosamente solicitamos a ese Despacho se sirva pronunciarse sobre todos y cada uno de los argumentos allí expuestos tal y como lo dispone el artículo 59 del C.C.A, ya que - contrario al mandato de la norma que cita como base de la Resolución impugnada (artículo 35[2] del C.C.A) -, no resuelve todas las cuestiones planteadas por FENAVI, en particular aquellas que figuran en el Capítulo I del documento de traslado bajo el título a) La SIC carece de las facultades para declarar nulidades, relativos a (a. 1.) La Posición Doctrinal, -(a. 2.) Las Facultades de la SIC figuran en el Decreto 2153 de 1992 y allí no consta la de declarar la nulidad de sus propios actos administrativos., (a. 4.) La solicitud misma de los hipermercados evidencia que la posibilidad de declarar una nulidad pertenece a la esfera de lo contencioso administrativo. Igualmente aquellas que figuran en el capítulo III, bajo los siguientes títulos Sobre los vicios de procedimiento y El alcance y ámbito de la expresión sanearse. -
Especialmente, nos permitimos reiterar el argumento presentado en el documento de traslado, que figura a aparte (a. 3.) del capítulo I relativo a que de declararse la nulidad, tal conducta equivaldría - en la práctica - a una revocatoria directa de un acto administrativo particular y concreto sin el lleno de los requisitos legales.
II. La SIC desatendió las normas aplicables al incidente de nulidad presentado por los investigados.
Determina la SIC que la cuerda procesal bajo la cual adelantará el trámite correspondiente será el Código Contencioso Administrativo, pero no haciendo uso del artículo 84 del C.C.A., que determina las taxativas causales de nulidad de los actos administrativos, sino el artículo 35 del mismo cuerpo normativo, disposición de procedimiento general frente a las solicitudes presentadas antes las autoridades administrativas. Lo anterior, toda vez que acepta que el artículo 165 del C.P.C solo es del resorte del procedimiento adelantado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, más no en vía gubernativa, y que – en su sentir – el artículo 267 C.C.A. no es aplicable al caso, por cuanto, según la doctrina citada a pie de página, "basta decir que la remisión autorizada en el artículo 267 es tan solo para la segunda parte del Código Contencioso Administrativo, es decir la estrictamente jurisdiccional."
La posición planteada por la SIC en la resolución impugnada es contraria a derecho, toda vez que: (i) la remisión del artículo 267 C.C.A. se refiere a todo el Código Contencioso Administrativo, tal y como su texto literal lo expresa; (b) pero tal remisión no es la sustancial en el presente caso, toda vez que ésta solo aplica cuando el tema no se encuentra regulado en el C.C.A. y en el caso bajo análisis, las solicitudes de nulidad se encuentran reguladas, específicamente en el artículo 84 de dicho Código; y (c) no obstante lo anterior, prefiere la SIC acudir a una norma general e indeterminada como lo es el artículo 35 del C.C.A. que a la norma específica de declaratoria de nulidades (artículo 84 del C.C.A.) atribuyéndose una facultad que no le corresponde y violando así los principios de hermenéutica jurídica.
Adicionalmente debemos llamar la atención de la SIC sobre que tal argumentación va en contravía de la posición que ha asumido la SIC al utilizar la remisión del 267 C.C.A. para aceptar recursos contra los actos administrativos de pruebas expedidos en el curso de sus investigaciones de carácter administrativo.
Igualmente, si el artículo 35 C.C.A. fuera el aplicable – que no lo es – también lo sería el 32 del C.C.A. que establece como un deber de las entidades públicas reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver. ¿Dónde está entonces la reglamentación relativa al trámite de nulidades, cuya competencia ostenta, en su sentir, la SIC?
En este aparte, expresamente adiciono el presente recurso con todos los argumentos presentados en el Capítulo II del documento presentado como respuesta al traslado del segundo incidente de nulidad presentado por los investigados. Respetuosamente solicito a ese Despacho se sirva pronunciarse sobre todos y cada uno de los argumentos allí expuestos, tal y como lo dispone el artículo 59 del C.C.A, ya que - contrario al mandato de la norma que cita como base de la Resolución impugnada (artículo 35 del C.C.A) -, no resolvió todas las cuestiones allí planteadas por FENAVI.
III. Como consecuencia de aplicar indebidamente la norma general y no la especial, además de utilizar facultades que no se le han atribuido, la SIC impone una sanción legal – la nulidad – sin tener como base una tipificación en el C.C.A.
Tal hecho constituye sin duda, no solo una violación al derecho al debido proceso de FENAVI, sino que olvida que las causales de nulidad son taxativas, en tanto se tratan de sanciones de naturaleza legal. La SIC no puede desconocer dicha taxatividad discrecionalmente y declarar una nulidad, como lo hizo, sin la facultad legal para ello y sin contar con el fundamento que brinda una disposición legal que consagre como consecuencia jurídica de una conducta concreta la sanción de nulidad para el acto administrativo.
La nulidad procesal es "la sanción que ocasiona la ineficacia del acto a consecuencia de yerros en que se incurre en un proceso...". Como sanción que es, solo tiene efecto de anular la actuación cumplida en un procedimiento, aquella taxativamente señalada como causa de nulidad en la ley. Se excluye entonces la posibilidad de aplicar la analogía para buscar la ineficacia de lo actuado.
Como bien lo expresa Fernando Canosa Torrado en su libro Las Nulidades, (Págs. 23 y 24): "....no hay defecto capaz de estructurar una nulidad sin que la ley taxativamente lo señale. Se excluye entonces la analogía para declarar nulidades, lo cual nos indica que no es posible extenderlas a irregularidades diferentes no previstas en dicha categoría por el legislador".
No obstante lo anterior, así procedió la SIC incurriendo en violación del derecho constitucional al debido proceso de mi representado, falsa motivación, expedición irregular y desviación de las atribuciones propias de la SIC.
Si bien los procesos deben cumplir su finalidad, conforme lo dispone el artículo 3o, tal hecho no puede ser interpretado en el sentido de que amplía la discrecionalidad de la SIC hasta el punto de aplicar sanciones que no se encuentran tipificadas en la ley en abierta violación del derecho de defensa de mi representado ni el hecho de que la SIC incurra en las causales de nulidad antes mencionadas.
En este aparte, expresamente adiciono el presente recurso con todos los argumentos presentados en los Capítulos III y IV del documento presentado como respuesta al traslado del segundo incidente de nulidad presentado por los investigados. Respetuosamente solicito a ese Despacho se sirva pronunciarse sobre todos y cada uno de los argumentos allí expuestos, tal y como lo dispone el artículo 59 del C.C.A, ya que - contrario al mandato de la norma que cita como base de la Resolución impugnada (artículo 35 del C.C.A) - no resolvió todas las cuestiones allí planteadas por FENAVI.
IV. La SIC indica que el interés de FENAVI no es directo sin motivar su acto administrativo.
La SIC simplemente manifestó que el interés de FENAVI no era directo toda vez que la decisión final no podría generarle, ni siquiera parcialmente, una obligación o una situación jurídica en beneficio propio.
Nada dice la SIC sobre todos los argumentos presentados ante ella a lo largo del procedimiento administrativo indicando el interés directo de FENAVI y que fueron integrados y adicionados por otros en el documento presentado como respuesta al traslado del incidente de nulidad.
En este aparte, expresamente adiciono el presente recurso con todos los argumentos presentados en los Capítulos IV y V del documento presentado como respuesta al traslado del segundo incidente de nulidad presentado por los investigados. Respetuosamente solicitamos a ese Despacho se sirva pronunciarse sobre todos y cada uno de los argumentos allí expuestos, tal y como lo dispone el artículo 59 del C.C.A, ya que -contrario al mandato de la norma que cita como base de la Resolución impugnada (artículo 35 del C.C.A) -, no resolvió todas las cuestiones allí planteadas por FENAVI.
En particular - más no exclusivamente - quiero llamar la atención de esa Superintendencia sobre el hecho de que los gremios tienen legitimación activa en la causa, en el marco de la ley de competencia desleal cuyos criterios de legitimación activa son más exigentes que los consagrados en el Código Contencioso Administrativo. Si se va a determinar qué es un interés directo, porqué no se hace uso de lo que otra ley relacionada con el tema establece?
En este aparte, expresamente adiciono el presente recurso con todos los argumentos presentados en los Capítulos IV y V del documento presentado como respuesta al traslado del segundo incidente de nulidad presentado por los investigados. Respetuosamente solicito a ese Despacho se sirva pronunciarse sobre todos y cada uno de los argumentos allí expuestos, tal y como lo dispone el artículo 59 del C.C.A, ya que - contrario al mandato de la norma que cita como base de la Resolución impugnada (artículo 35 del C.C.A) -, no resolvió todas las cuestiones allí planteadas por FENAVI."
QUINTO: Que en los términos del artículo 56 del Código Contencioso Administrativo, procede este Despacho a resolver el recurso interpuesto, de la siguiente manera:
1 Integración de normas
Por mandato constitucional las actuaciones judiciales y administrativas deben surtirse bajo las formas propias de cada juicio,[3] presupuesto que conlleva una garantía procesal para los administrados, al permitirles saber con antelación las formalidades y ritualidades de la actuación que se adelanta, constituyendo además un deber para el funcionario respectivo, llámese juez o autoridad administrativa, quien deberá ceñirse a los lineamientos procesales que la ley ha preestablecido en cada caso.
De esta forma, las investigaciones por infracción a las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, que por su esencia corresponden a una actuación de naturaleza administrativa, están sujetas a la prescripción general establecida en el artículo 1o del Código Contencioso Administrativo, conforme al cual "...los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles...". (Subrayado nuestro)
Conforme con lo anterior, el Decreto 2153 de 1992 definió en su artículo 52, un procedimiento especial para adelantar las investigaciones por violación a las normas sobre libre competencia y, anticipándose a situaciones procesales que pudieran suscitarse, dispuso en su inciso final que "en lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo", aspecto este último que a su vez, guarda coherencia con lo consagrado en el artículo 54 del mismo Decreto 2153, cuando define que "sin perjuicio de las disposiciones especiales en materia de propiedad industrial y lo previsto en el presente decreto -refiriéndose al artículo 52- las actuaciones que adelante la Superintendencia de Industria y Comercio se tramitarán de acuerdo con los principios y el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo".
Lo anterior nos lleva a confirmar lo manifestado en la resolución 398 de 2004, en cuanto a que el procedimiento en investigaciones por prácticas comerciales restrictivas debe surtirse bajo la cuerda procesal establecida en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, y que en aquellos aspectos no previstos, deberá darse aplicación a las normas pertinentes de la parte primera del C.C.A. En otras palabras, los vacíos y lagunas del procedimiento especial deben, en lo que sea posible, colmarse con las disposiciones del procedimiento general; siendo esta última fuente la llamada en primer orden a solucionar aquellos aspectos que adolezcan de reglamentación expresa en el procedimiento del Decreto 2153 de 1992.
2 El trámite de las nulidades procesales en la actuación administrativa
2.1 Atribución legal
Planteado el trámite por el apoderado de los investigados y tras constatar que el procedimiento especial (art. 52) no hace referencia a nulidades de carácter procesal, lo acertado conforme a lo dicho, era acudir en primera instancia a las prescripciones generales de la parte primera del C.C.A., en búsqueda de una solución aplicable para el caso concreto.
Dentro de esta secuencia, encontramos que el C.C.A. aborda el tema de nulidades procesales al referirse al principio de eficacia. Efectivamente, este principio de estirpe constitucional,[4] <sic< señala que "[s]e <sic> tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado. (...)"
Sobre este particular, se ha dicho:
"En cuanto instrumento para la celeridad, la eficacia comporta para la Administración Pública la posibilidad de dar efectiva aplicación a las normas, principios y valores, establecidos en el texto constitucional. Desde esta perspectiva, se traduce en la más importante vía para consolidar los contenidos del artículo 4o constitucional, produciendo al interior de las actuaciones administrativas las nulidades, anulaciones, revocaciones, o dejando sin efecto todas aquellas actuaciones procesales con las cuales eventualmente se hubiere podido desconocer el bloque de constitucionalidad. Consideramos que a través de la eficacia, no sólo se pueden remover los obstáculos puramente formales, sino también todos aquellos que se traduzcan en un desconocimiento de la Carta Fundamental. (...)".[5]
Es así como, en desarrollo de este principio, la Administración entra a depurar los vicios procesales que tienen lugar en sede administrativa, permitiendo con ello que el procedimiento logre su finalidad. Negar esta posibilidad, llevaría al absurdo de tener que proseguir inerme una actuación que se sabe viciada y que habrá de culminar en un fallo inhibitorio, con el desgaste obvio de tiempo y de recursos para el Estado y los administrados.
No obstante, del análisis de la norma se desprende que el motivo por el cual los vicios de procedimiento invalidan las actuaciones administrativas, no está dado como un juicio de reproche por la vulneración de la ley, sino atendiendo a la finalidad de remover o corregir las irregularidades procesales, como una forma de prevenir decisiones inhibitorias. Por ello y dado que las nulidades procesales han sido previstas para corregir y no para sancionar, ratificamos lo manifestado en el acto objeto de impugnación, en el sentido que su configuración no proviene de un listado taxativo, sino de la inferencia lógica que resulta de comparar la actuación adelantada con las formalidades y exigencias previstas por la Constitución y la ley.
2.2 El tramite pertinente
Existiendo en las prescripciones generales un trámite establecido para la adopción de decisiones (art. 35 C.C.A), que por sus características y naturaleza resulta compatible con el asunto pendiente de resolución, debía, sin más miramientos, ser aplicado al caso concreto, en tanto así lo dispuso la propia ley al hacer la remisión expresa a la parte primera del C.C.A. De modo, pues, que al dar aplicación al artículo 35 del C.C.A. para resolver la solicitud de nulidad propuesta, lejos de desconocerse el Ordenamiento Legal, se dio aplicación plena a los principios constitucionales y legales del debido proceso y las formas propias de cada juicio.
Fundado en lo anterior, este Despacho considera que no le asiste razón a la recurrente, cuando afirma que esta Superintendencia no ostenta facultades legales para resolver solicitudes de nulidad procesal pues, como se ha visto, la Constitución y la ley han previsto esta posibilidad. Es de anotar en este punto, que la recurrente no solo yerra, sino que entra en contradicción con sus propios argumentos, pues al mismo tiempo que argumenta la falta de competencia de esta Entidad para declarar la nulidad, mas adelante aduce que las causales de nulidad para este tipo de trámite son las que están contenidas en el artículo 84 del C.C.A. Nuevamente en este punto la recurrente cae en error, toda vez que la nulidad a que se refiere el artículo 84 del C.C.A. hace referencia a un tipo de acción de carácter jurisdiccional y, en esa medida, corresponde a los jueces y no a la SIC decidir su procedencia.
En este estado de cosas, resulta irrelevante entrar a discutir si la remisión hecha por el artículo 267 del C.C.A al Código de Procedimiento Civil, es solo en lo relacionado con las actuaciones judiciales o si comprende también la parte primera del C.C.A., pues lo cierto es que dicha remisión únicamente tiene lugar frente a aquellos aspectos que no estén contemplados en el Estatuto Administrativo, lo cual no acontece en el caso que se revisa pues, como se ha dicho, el artículo 35 del C.C.A. presenta un procedimiento específico aplicable al supuesto analizado, con lo cual resulta innecesario acudir a otros ordenamientos, siendo que la parte primera del C.C.A. ya presenta una solución.
2.3 El incidente de nulidad procesal frente a la figura de la revocatoria directa.
Jurídicamente la forma como puede corregirse un vicio de procedimiento, es removiendo las actuaciones que le dieron origen, al igual que las que resulten afectadas por su existencia. En este sentido, conviene resaltar que mientras la revocatoria directa ataca un acto administrativo de carácter particular, por las causales previstas en el artículo 69 del C.C.A., la nulidad procesal prevista en el artículo 3o ibídem, confiere la potestad de corregir los vicios en el procedimiento que pudieren afectar la actuación administrativa, entendida como la sucesión de actos dentro de un proceso. De suerte, pues, que se trata de figuras independientes y para supuestos específicos, con lo cual no hay lugar a su equiparación como menciona la apoderada de FENAVI.
Por último, reiteramos que la petición de nulidad procesal a que hace referencia el art. 3 del C.C.A. corresponde a un incidente procesal que se enmarca dentro de un procedimiento específico, y por lo mismo, constituye una circunstancia accesoria a él. Así las cosas, no es necesario, como aduce la impugnante, entrar a reglamentar este tema por la vía del art. 32 del C.C.A., en tanto la propia ley procesal se ha encargado de hacerlo.
En consecuencia, los fundamentos de la recurrente que apuntan a una presunta vulneración al debido proceso, falsa motivación, expedición irregular y desviación de atribuciones propias,[6] están llamados a no prosperar.
3 La ausencia de calidad procesal
No obstante lo manifestado en los acápites precedentes, debemos enfatizar que el punto medular de la cuestión estriba en determinar si FENAVI tenía, en los términos del artículo 14 del C.C.A., un interés directo en las resultas de la decisión, que le confiriera la calidad procesal de tercero interesado.
A este respecto, debemos señalar que la decisión contenida en la resolución 398 de 2004, obedeció a un riguroso análisis del artículo 14 del C.C.A., el cual puso en evidencia que FENAVI, pese a carecer de interés directo en la actuación, fue reconocido y habría actuado como tercero interesado dentro de la misma.
Efectivamente, analizado el artículo 14 del C.C.A. con el auxilio de la jurisprudencia y la doctrina, pudo establecerse que para vincular a un tercero dentro de una actuación administrativa, es imprescindible que cuente con un interés directo en las resultas de la decisión, "entendido éste como la posibilidad de derivar algún tipo de afectación en la esfera jurídica propia de quien dice tener interés, bien sea porque genera alguna obligación para sí, o bien porque crea una situación jurídica particular en beneficio propio”.[7]
Sin embargo, dado que la agremiación aludida carece de vinculación con el espectro fáctico de esta investigación, enmarcado en las relaciones comerciales de las cadenas y sus proveedores, ninguna afectación para sí puede derivarle la decisión final que en este caso se adopte, en el entendido que no puede irrogarle una obligación ni tampoco un derecho. Así las cosas, para este Despacho no es de recibo el argumento de la recurrente en el cual indica que la Superintendencia simplemente manifestó dicha conclusión,[8] por cuanto para llegar a la misma la Entidad analizó previamente la posición de la asociación dentro del mercado, con los investigados, y en cotejo con la normatividad, lo cual quedó expresamente establecido en la decisión.
Lo que si se echa de menos en el escrito presentado, son los argumentos por los cuales la apoderada de FENAVI considera que dicha agremiación sí tiene un interés directo en las resultas de la decisión y la manera en que la misma podría llegar a afectar su esfera particular. No olvidemos que es el interesado quien tiene la carga de demostrar su legitimación, a través de un interés directo en las resultas de la decisión, aspecto éste que en ningún momento ha acreditado la referida corporación, pese a que tenía el deber de hacerlo.
En cuanto hace al argumento de la recurrente en que enfatiza que a la actuación administrativa no puede denominársele con el calificativo "sancionatoria"[9] este Despacho no se pronuncia, en la medida que en la resolución impugnada no se acuñó tal expresión, sino simplemente se hizo alusión a la actuación administrativa sin entrar a calificarla en uno u otro sentido.
Ahora bien, este Despacho comparte lo manifestado por la recurrente, en el sentido que la calificación de tercero interesado no puede depender, en función exclusiva, de la existencia o no de un ánimo resarcitorio;[10] aspecto que, por cierto, fue reconocido en el acto impugnado, al señalar que "[e]l interés que asiste al perjudicado puede llegar a trascender de lo puramente económico y consistir en que se llegue a la verdad de los hechos (...)". Con todo, el propósito de velar por la tutela de los intereses del derecho colectivo de la competencia aducido por FENAVI, aunque loable, no constituye un "interés directo" en los términos ya expuestos. Así mismo, cabe mencionar que la salvaguarda del interés colectivo del mercado, no es algo distinto a lo que por mandato de la Constitución y la ley, le corresponde velar a esta Entidad.
Igualmente, se reafirma lo señalado en la resolución impugnada, en cuanto hace a la legitimación activa regulada por el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, para los procesos jurisdiccionales de competencia desleal, puesto que son dos disciplinas jurídicas que difieren entre sí por estar impregnadas de principios propios que las distancian, y diversos procedimientos aplicables, donde la legitimación en una investigación administrativa por prácticas comerciales restrictivas, depende exclusivamente de la demostración del interés directo para poder intervenir.
Como corolario de lo anterior, podemos decir que la admisión de FENAVI como tercero interesado se produjo de manera irregular, al haber sido desatendidas las prescripciones contenidas en el art. 14 del C.C.A, que para el caso constituían las formas propias de la actuación. En tal virtud, se tiene que todas las actuaciones suscitadas con ocasión de la solicitud de tercería interesada por parte de FENAVI, deben ser removidas de la presente actuación administrativa.
Finalmente, en el escrito de respuesta del traslado de la solicitud de nulidad de los investigados, la apoderada de FENAVI argumentó algunos aspectos frente a los cual este Despacho procede a indicar lo siguiente:
En cuanto al argumento de la impugnante consistente en afirmar que no procedía la causal de nulidad del numeral 4o del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la no alteración del tipo de proceso,[11] debemos señalar que esta Superintendencia no se pronunció, como tampoco lo hará ahora, toda vez que en la resolución recurrida no se hizo remisión al Código de Procedimiento Civil en lo concerniente a las causales de nulidades, sino que la decisión se basó integralmente en las previsiones establecidas en la parte general del Código Contencioso Administrativo, motivo por el cual las consideraciones frente a este punto pierden su razón de ser.
Lo mismo puede decirse respecto al supuesto saneamiento del vicio procesal contenido en el numeral 9o del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil,[12] por cuanto dicha argumentación de los investigados, así como el alegato de FENAVI, no sirvió de fundamento jurídico para determinar la existencia de vicios procedimentales generadores de la nulidad declarada en la resolución recurrida.
ARTÍCULO 1o. Confirmar en todas sus partes la resolución No. 398 proferida el 19 de enero de 2004.
ARTÍCULO 2o. Notificar personalmente al doctor ALFONSO MIRANDA LONDOÑO, en su condición de apoderado de Almacenes Éxito S.A.; Grandes Superficies de Colombia S.A. -Carrefour-; Carulla Vivero S.A. y Supertiendas Olímpica, y de sus respectivos representantes legales, así como a la doctora MARÍA CLARA LOZANO, en su calidad de apoderada de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, o a quienes hagan sus veces, del contenido del presente acto, informándoles que contra la misma no procede recurso alguno, y que la vía gubernativa quedó agotada.
Dada en Bogotá, D.C., a los 14 ABR. 2004
1. La resolución No. 398 del 19 de enero de 2004 fue notificada por edicto No. 1520 el cual fue fijado el 30 de enero de 2004 en lugar visible de la Superintendencia de Industria y Comercio y desfijado el12 de febrero de 2004.
2. “(….)
En la decisión de resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite. (...)"
3. De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
4. "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente v con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (...)." (Subrayado nuestro)
De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". (Subrayado nuestro)
5. Jaime Orlando Santofimio G., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 98 6. Este alegato se efectuó en el recurso de reposición, a folio 2852 del expediente.
7. Resolución No. 398 del 19 de enero de 2004, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio.
8. Este alegato se efectuó en el recurso de reposición a folio No. 2851 del expediente.
9. Este alegato se formuló por la recurrente en el escrito de respuesta al traslado de la solicitud de nulidad en el Capítulo IV a folios Nos. 2822 y 2823 del expediente.
10. Este alegato se formuló por la recurrente en el escrito de respuesta al traslado de la solicitud de nulidad en el Capítulo IV a folios Nos. 2823 y 2809 a 2818 del expediente.
11. Este alegato se efectuó en el escrito de respuesta al traslado de la solicitud del incidente de nulidad, capítulo II, a folios Nos. 2834 y 2835 del expediente.
12. Este alegato se efectuó en el escrito de respuesta al traslado de la solicitud de nulidad, Capítulo III, a folios Nos. 2832 a 2834, 2829 a 2830 y Capítulo IV a folios Nos. 2818 a 2821 del expediente.

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 artículo 3
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 artículo 84
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 artículo 59
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 artículo 35
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ARTÍCULO 2
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