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Timestamp: 2019-09-17 23:08:52+00:00

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LEY Nº 4.956/13
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Artículo 1º.- Del objeto de la Ley.
Artículo 2°.- Principios.
1. Todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas en la Ley por razones de interés general.
2. Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones individuales o concertadas que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia existente o futura en el mercado relevante.
3. A efectos de valorar las prácticas, conductas o recomendaciones indicadas en el numeral anterior, el órgano de aplicación tomará en cuenta si estas prácticas, conductas o recomendaciones generan ganancias de eficiencia económica de los sujetos involucrados comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, la posibilidad de obtener las mismas a través de formas alternativas y el beneficio que se traslada a los consumidores.
4. El ejercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o reconocida por Ley, no se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de posición dominante.
Artículo 3º.- Ámbito de aplicación de la Ley.
1. La presente Ley es aplicable a todos los actos, prácticas o acuerdos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio legal en el país o en el extranjero, sean de derecho público o privado, o cualesquiera entidades que desarrollen actividades económicas, con o sin fines de lucro, y que produzcan efecto sobre la competencia, en todo o en parte del territorio nacional, excepto las limitaciones establecidas por Ley, debidamente justificadas por razones de interés general.
2. Asimismo, quedan sometidas a la presente Ley quienes desarrollen o realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan efectos de manera total o parcial en el mercado nacional.
3. La presente Ley es también aplicable a aquellas personas físicas que, ejerciendo la representación de las personas jurídicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la misma, hubieran intervenido en la realización de los actos sancionados por esta Ley.
Artículo 4º.- De la libre competencia.
2. Los precios de venta de bienes y servicios serán libremente determinados y ofertados de acuerdo con la presente Ley; salvo que existieren excepciones establecidas en Leyes y reglamentaciones especiales.
3. La simple conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor eficiencia de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley en relación con sus competidores, no constituye restricción de la competencia.
Artículo 5º.- Corresponsabilidad de quien ejerce influencia dominante.
Artículo 6º.- Definición de mercado relevante.
Artículo 7º.- Convenios Internacionales.
Artículo 8°.- Acuerdos restrictivos de la competencia.
a) Fijar o imponer, de forma directa o indirecta, o recomendar colectivamente, los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva;
b) Limitar, restringir o controlar de modo injustificado el mercado, la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones en perjuicio de competidores o consumidores;
c) Repartir los mercados, la clientela o las fuentes de aprovisionamiento;
d) Aplicar injustificadamente a terceros contratantes, condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen a estos una desventaja competitiva;
e) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación alguna con el objeto de tales contratos;
f) Licitaciones colusorias;
g) Las restricciones de la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas de mercado;
h) La negativa concertada de adquirir; y,
i) La denegación colectiva injustificada de participación en un acuerdo, o de admisión en una asociación, que sea decisiva para la competencia.
Artículo 9º.- Abuso de posición dominante.
Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias de las personas físicas o jurídicas contenidas en el Artículo 3º de esta Ley, de su posición de dominio en todo o en parte del mercado relevante.
a) El abuso podrá consistir, en:
1. La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales, o de servicios no equitativos;
2. La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de los competidores o de los consumidores;
3. La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios;
4. La aplicación injustificada, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros;
5. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos; y,
6. Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que se hayan pactado.
b) A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado, deberán considerarse las siguientes circunstancias:
1. El grado en que el bien o servicio de que se trate es sustituible por otros, ya sea de origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma;
2. El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate; y,
3. El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.
Artículo 10.- Abuso de posición dominante mediante la práctica de precios predatorios.
1. a bienes perecederos a partir del momento en que se encuentren amenazados de deterioro rápido;
2. a bienes cuyo valor comercial sea afectado, ya sea por haber transcurrido la situación que determinó su necesidad, ya sea por reducción de sus posibilidades de utilización, ya sea por superveniencia de una importante innovación técnica;
3. a bienes cuyo reaprovisionamiento se efectúe a precio inferior, siendo entonces el precio efectivo de compra sustituido por el precio resultante de la nueva factura de compra;
4. a bienes cuyo precio se encuentre alineado por el precio practicado para los mismos bienes por otro agente económico del mismo ramo de actividad que se encuentre temporal y espacialmente en situación de competencia con el autor de la alineación;
5. a bienes vendidos en saldo o liquidación efectiva de stocks.
Queda prohibida la subordinación de la celebración de contratos a la acepción de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto del contrato, y que por su naturaleza c con arreglo a los usos de comercio, tengan por objeto o produzcan efectos de explotación o de exclusión.
1. A los efectos previstos en la presente Ley, se considera que tiene lugar una operación de concentración:
a) cuando dos o más de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley anteriormente independientes se fusionen;
b) cuando una o más personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, controlen al menos una o más personas jurídicas, mediante la toma de participaciones en el capital, o la compra de elementos del activo, o contrato o por cualquier otro medio, adquiera, directa o indirectamente, el control sobre la totalidad coparte de una o de otras personas jurídicas.
2. La creación de una persona jurídica común que desempeñe con carácter permanente las funciones de una entidad económica independiente constituirá una operación de concentración según lo dispuesto en el numeral 1 inciso b) del Artículo 12.
3. A efectos del presente artículo, el control resulta de los derechos, contratos u otros medios que, por sí mismos o en conjunto, y teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confieren la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las actividades de un sujeto comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley, en particular:
a) Derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de una parte de los activosde una persona jurídica;
b) Derechos o contratos que permitan influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos de una persona jurídica.
4. Se entenderá que han adquirido el control las personas físicas o jurídicas:
a) Que sean titulares de dichos derechos o beneficiarios de dichos contratos, o
5. No se produce operación de concentración:
6. Cuando dos o más transacciones de las contempladas en el Artículo 12, hayan tenido lugar durante un período de 2 (dos) años entre las mismas personas físicas o jurídicas participantes, se considerarán como una sola operación de concentración realizada en la fecha de la última transacción.
La Autoridad de Aplicación podrá rechazar las operaciones de concentración que supongan un oostáculo significativo para una competencia efectiva, al crear o reforzar una posición dominante en el mercado nacional o en una parte substancial del mismo, ordenar las medidas apropiadas para el establecimiento de una competencia efectiva, incluida la desconcentración, o subordinarlas a la observancia de condiciones que aporten al progreso económico y social, una contribución suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia.
A los efectos de precautelar el deber de secreto y el tratamiento de la información confidencial previstos en los Artículos 41 y 42 de esta Ley, no serán aplicables a la Autoridad de Aplicación las obligaciones insertas en el Capítulo III de la Ley N° 1015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES". En consecuencia, la Autoridad de Aplicación solamente se encontrará obligada a dar cumplimiento, al deber de informar a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero, conforme al Artículo 28, numeral 2) de dicha Ley, respecto de las operaciones de concentración evaluadas cuando las mismas hayan sido resueltas o perfeccionadas, de conformidad a cualquiera de las modalidades previstas en los numerales 2 y 4 del Artículo 14 de la presente Ley.
Artículo 14.- Notificación y registro de las operaciones de concentración
1. Las operaciones de concentración deberán ser notificadas y registradas en el Registro de Concentraciones de Defensa de la Competencia a la Autoridad de Aplicación, dentro de los 10 (diez) días de su celebración contados a partir del día siguiente de la fecha de conclusión escrita del acuerdo o de la publicación de la oferta de compra, de canje o de la adquisición de una participación de control cuando concurra al menos una de las dos circunstancias siguientes:
a) Como consecuencia de la operación se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 45% (cuarenta y cinco por ciento) del mercado nacional de un determinado producto o servicio, o de un mercado geográfico definido dentro del mismo; o
b) La facturación bruta global en la República del Paraguay del conjunto de los sujetos participantes de una concentración, en los términos del artículo anterior, supere en el último ejercicio contable la cantidad de 100000 (cien mil) salarios mínimos mensuales.
2. La Autoridad de Aplicación determinará con carácter general la información y antecedentes que las personas físicas o jurídicas deberán proporcionar a la misma, y los plazos en que dicha información y antecedentes deberán ser provistos.
3. En todos los casos sometidos a la notificación prevista en el presente artículo, la Autoridad de Aplicación por resolución fundada, deberá decidir dentro de los 90 (noventa) días de presentada la solicitud y documentación respectiva:
b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que la misma Autoridad de Aplicación establezca;
c) Denegar la autorización, mediante resolución fundada. Están obligados a notificar:
4. En el caso de que una concentración sujeta a control según lo previsto en la presente Ley lo hubiese sido notificada a la Autoridad de Aplicación, esta de oficio requerirá a las partes obligadas a notificar para que efectúen la correspondiente notificación en un plazo no superior a 20 (veinte) días a contar desde la recepción del requerimiento.
5. Transcurrido el plazo de 90 (noventa) días para que la Autoridad de Aplicación se expida sobre la viabilidad, rechazo o aprobación condicionada de la operación de concentración, la misma se tendrá por autorizada tácitamente en caso de no mediar resolución en el citado término.
Artículo 15.- Naturaleza y Régimen Jurídico.
Créase la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), como Autoridad de
La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), es una entidad de Derecho
Público con personalidad jurídica propia con capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del Derecho Público y Privado, que se regirá por esta Ley y sus resoluciones. La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) actuará en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, patrimonio propio y plena independencia.
La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) tiene su sede en Asunción y su competencia, se extiende a todo el territorio de la República del Paraguay.
Artículo 16.- De la estructura administrativa básica.
La estructura organizacional y administrativa de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) será establecida en el Decreto reglamentario de la presente Ley y comprenderá cuanto menos los siguientes Órganos:
Artículo 17.- Composición e integración.
En caso de incapacidad permanente, renuncia, remoción o fallecimiento, el suplente sustituirá al titular hasta completar el período correspondiente; en los otros supuestos, durante el térm no que dure la ausencia del titular.
La Junte de Calificaciones funcionará Ad Honorem y estará integrada por 4 (cuatro) representantes del sector privado provenientes de la producción, industria, comercio y servicios y 4 (cuatro) representantes del sector público. Para la integración de las ternas, los candidatos deberán contar con los votos de la mayoría simple de la Junta. Se entiende por mayoría simple, 5 (cinco) de 8 (ocho) votos.
Los miembros de la Junta Calificadora representantes del sector privado serán designados por la Federación de la Producción, Industria y el Comercio (FEPRINCO) en representación de los gremios de la producción, industria, comercio y servicios legalmente reconocidos como personas jurídicas y en actividad. Los 2 (dos) miembros representantes del sector público serán designados por el Poder Ejecutivo, 1 (uno) en representación de la Presidencia de la República y otro por el Ministerio de Industria y Comercio que será seleccionado da dentro de la Dirección General de Defensa del Consumidor, y los otros 2 (dos) por el Congreso, 1 (uno) por la Cámara de Diputados y otro por la Cámara de Senadores. Le Presidencia recaerá sobre el representante de la Presidencia de la República, quien tendrá a su cargo la convocatoria y organización de la Junta. La Junta de Calificaciones dictará su propio reglamento.
Artículo 18.- Requisitos para ser miembros del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).
Para ser miembro del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia
(CONACOM), se requerirá:
b) Haber cumplido 35 años de edad;
c) Condiciones probadas de idoneidad, capacidad y experiencia en la materia, que aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño;
d) Contar con título universitario de abogado, economista, contador o administrador de empresas;
e) Contar con más de 10 (diez) años de experiencia profesional o probada trayectoria de trabajo en cualquier actividad económica en los sectores públicos o privados;
f) Dedicarse con exclusividad a la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), durante su mandato, con excepción de la actividad docente e investigativa a tiempo parcial.
Artículo 19.- Régimen de incompatibilidades para los miembros del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM)
a) Las personas suspendidas en el ejercicio de la ciudadanía;
b) Las personas que sean entre sí parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
c) Los inhibidos de bienes, los concursados y los fallidos no rehabilitados;
e) Los condenados por la comisión de un hecho punible; y,
Artículo 20.- Duración y Presidencia del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).
Los miembros del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), durarán en el ejercicio de sus funciones 6 (seis) años. La renovación se realizará de un miembro cada 2 (dos) años, a efectos de hacer posible dicho sistema de renovación, los 3 (tres) primeros miembros que se designen tendrán respectivamente, mandatos de 2(dos), 4 cuatro) y 6 (seis) años de duración. Los miembros podrán ser reelectos en el cargo.
Artículo 21.- Finalización del mandato de los miembros de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).
a) Expiración del término de su designación;
b) Renuncia presentada a la Comisión;
c) Destitución por Decreto del Poder Ejecutivo, por mal desempeño en sus funciones;
d) Incompatibilidad sobrevenida;
Artículo 22.- Remoción de los miembros de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).
El sumario administrativo para comprobar las causales de remoción de los miembros del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), será tramitado ante la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. Se aplicarán supletoriamente as normas del procedimiento del sumario administrativo prescripto en la Ley N° 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA" y supletoriamente, en el Código Procesal Civil.
Artículo 23.- Retribución de los miembros de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).
El Presidente y los miembros titulares de la Comisión Nacional de la Competencia [CONACOM), gozarán de una dieta equivalente a la de los Ministros del Poder Ejecutivo que estará contemplada en el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 24.- Reglamento del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).
Artículo 25.- Personal de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).
El personal permanente al servicio de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), será funcionario público en los términos establecidos en la Ley N° 1626/00 DE LA FUNCIÓN PUBLICA". La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) podrá además, contratar personal de libre nombramiento y remoción conforme a la legislación civil y laboral para prestar servicios en forma transitoria o temporal, como técnicos y asesores, a quienes se les harán extensivas las incompatibilidades dispuestas a los miembros de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) en el Artículo 19 de esta Ley. Esta limitación no será aplicable para el personal que sea contratado en forma transitoria por no más de 1 (un) año y que haya declarado bajo fe de juramento no estar afectado por conflicto de interés en los temas que le toque intervenir.
Artículo 26.- Recursos económicos de la Comisión Nacional de la Competencia.
a) Las asignaciones que se le establezcan anualmente en el Presupuesto General de la Nación;
b) Los créditos, legados y donaciones;
c) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo;
d) Los ingresos obtenidos por la realización de actividades de prestación de servicios derivados del ejercicio de las competencias y funciones atribuidas por esta Ley y sus reglamentaciones;
e) Lo percibido en concepto de la tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentraciones;
f) Las multas aplicadas a los infractores de esta Ley;
g) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.
Artículo 27.- Análisis y estudio de las operaciones de concentración:
Deberá abonar la tasa las personas que resulten obligadas a notificar y las que soliciten la autorización previa de operación de concentración.
Artículo 28.- Control de gestión de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).
El Presidente del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia
(CONACOM), con periodicidad al menos anual, deberá comparecer ante las Comisiones de Economía y Hacienda de las Cámaras de Senadores y Diputados para exponer sobre sus actuaciones, sus planes y prioridades para el futuro.
Artículo 29.- Facultades y atribuciones de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).
a) Resolver y dictaminar sobre los asuntos que tiene atribuidos por esta Ley;
b) Prohibir y sancionar las conductas restrictivas de competencia que sean incompatibles con las obligaciones que resulten de los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados o ratificados por la República del Paraguay;
c) Proponer las directrices de política de defensa de la competencia en el marco de la política económica;
d) Elaborar resoluciones por las cuales se regulen los procedimientos administrativos contemplados en la presente Ley;
e) Instruir los sumarios de investigación referidos a las conductas sancionables previstas y tipificadas en la presente Ley;
f) Vigilar la ejecución y el cumplimiento de las decisiones y resoluciones que se adopten en aplicación de la presente Ley;
g) Llevar el Registro de Concentraciones de Defensa de la Competencia;
h) Estudiar e investigar los sectores económicos, analizando la situación y grado de competencia de cada uno de ellos, así como la de posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia;
i) Proponer la adopción de medidas conducentes a la remoción de los obstáculos en que se ampare la restricción de competencia;
j) Informar, asesorar y proponer a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de acuerdos y prácticas restrictivas, concentración y asociación, el grado de competencia en el mercado interior y exterior en relación con el mercado nacional, y sobre las demás cuestiones relativas a la defensa de la competencia;
k) Cooperar, en materia de competencia, con organismos extranjeros e instituciones internacionales en concordancia con el Artículo 42 de la presente Ley;
I) Ejercitar las competencias que se le atribuyen en esta Ley en materia de control de concentraciones;
II) Acordar y homologar la terminación convencional de los procedimientos tramitados como consecuencia de la presente Ley;
m) Aprobar el compromiso de cese;
n) Emitir opinión sobre los anteproyectos de normas que afecten a la competencia;
ñ) Proponer informes, recomendaciones o proyectos sobre materia de defensa de la competencia;
o) Representar a la República del Paraguay en los foros internacionales y regionales relativos a las políticas de competencia;
p) Evacuar consultas en materia de su competencia. Los dictámenes de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) no serán vinculantes;
r) Elaborar un programa anual de evaluación de las consecuencias de la aplicación de las reglas de competencia que permita orientar la dedicación de medios, la evolución de la doctrina y las medidas adoptadas; emitir comunicados, avisos públicos, instructivos y cualquier otro instrumento dirigido a aclarar y orientar acerca del alcance y aplicación de las normas contenidas en la presente Ley y sus reglamentos;
u) Contar con un portal electrónico oficial;
v) Las demás atribuciones otorgadas por la presente Ley y sus reglamentaciones.
Artículo 30.- De la Dirección de Investigación.
a) Solicitar a la Comisión la apertura de un procedimiento de investigación;
c) Las demás atribuciones otorgadas por la presente Ley y sus reglamentaciones.
DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN
Artículo 31.- Principios jurídicos.
En toda actuación de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), incluyendo en aquellas derivadas de sus atribuciones sancionatorias, se observarán los principios del cebido proceso, oficialidad, celeridad y economía procesal, imparcialidad e igualdad, informalismo a favor del administrado y verdad material, sin perjuicio de aquellos citados en los artículos siguientes.
Artículo 32.- Principio de gratuidad.
Artículo 33.- Principio de transparencia y de publicidad.
Artículo 34.- Utilización de medios electrónicos.
DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES
Artículo 35.- Aplicación extensiva.
Artículo 36.- Reglamentación del Procedimiento.
Artículo 37.- Normativa supletoria.
Artículo 38.- Plazos.
Artículo 39.- Excusación de Funcionarios.
Artículo 40.- Acceso al expediente.
El denunciante tendrá acceso al expediente durante todo el procedimiento prescrito en el presente Título y podrá presentar las documentaciones y manifestaciones que considere pertinentes. En dicho caso, le serán aplicables al denunciante las prescripciones referidas al deber de secrete y tratamiento de información confidencial contenidos en la presente Ley.
Artículo 41.- Deber de secreto.
Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder a los infractores del deber de secreto, la violación de este se considerará falta grave para los funcionarios públicos en los términos de la Ley N° 1626/00 "DE LA FUNCIÓN PUBLICA".
Artículo 42.- Tratamiento de información confidencial.
La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) reglamentará el procedimiento para la declaración de confidencialidad de todos los documentos a ser presentados arte la misma.
Artículo 43.- Auxiliares de instrucción.
Son auxiliares de instrucción, los actuarios y ujieres, funcionarios de la Comisión y Nacional de la Competencia (CONACOM), quienes serán designados por el funcionario responsable para cada caso sin mayores formalidades.
Artículo 45.- Modos de inicio de procedimiento.
Artículo 46.- De la denuncia.
Artículo 47.- Contenido de la denuncia.
a) Nombre completo, número de Cédula de Identidad, y domicilio del denunciante;
b) Instrumento suficiente de mandato o poder en caso de que la denuncia sea realizada por un representante;
c) Identificación precisa del denunciado;
d) Relación sucinta de los hechos o actos considerados en contravención a los principios y normas de la presente Ley;
e) Dirección de correo electrónico y teléfono del denunciante;
f) Los demás datos que prescriba la reglamentación de la presente Ley.
Artículo 48.- Trámite inicial de la denuncia.
Artículo 49.- Del inicio del sumario de oficio.
Ante conocimiento de situaciones que podrían constituir incumplimientos de las normas establecidas en el Capítulo II (De los Acuerdos Prohibidos), Capítulo III (De las Conductas Abusivas) y Capítulo IV (De las Concentraciones) del Título I de la presente Ley, la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), podrá iniciar de oficio el procedimiento sumario prescripto en el presente Título.
El inicio del procedimiento se ordenará por resolución del Directorio.
Artículo 50.- Del inicio de la etapa investigativa.
Dispuesta la apertura de la investigación, la Dirección de Investigación dispondrá de un plazo de 90 (noventa) días para realizar las diligencias, a efectos de verificar los extremos alegados en la denuncia o los indicados en el Auto de apertura y si existiere incumplimiento de las normas establecidas en los Capítulos II (De los Acuerdos Prohibidas), III 'De las Conductas Abusivas) y IV (De las Concentraciones) del Título I. Este plazo podrá ser prorrogado por el Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), a pedido de la Dirección de Investigación por una sola vez, por igual término y por causas fundadas.
Artículo 51.- De la intervención del investigado.
Artículo 52.- Terminación convencional.
Artículo 53.- Del compromiso de cese.
En cualquier etapa del procedimiento, el Directorio, previo dictamen de la Dirección de Investigación, podrá aprobar el compromiso de cese de la práctica sometida a investigación, el que no importará confesión, en cuanto al hecho ni reconocimiento de la ilioitud de la conducta analizada.
c) La obligación del denunciado de presentar informes periódicos sobre su actuación en el mercado, manteniendo informado al órgano de aplicación sobre eventuales modificaciones en su estructura societaria, control, actividades y localización.
Artículo 54.- De las actuaciones de la Dirección de Investigación en la etapa investigativa.
a) Citar a testigos;
b) Requerir informes y documentos a otras instituciones públicas;
c) Fequerir documentos a particulares, sean estos personas físicas o jurídicas;
d) Solicitar informes a consultoras especializadas para la determinación técnica del mercado relevante, la composición del mercado, el flujo histórico de precios y el análisis económico y legal del acto, práctica o acuerdo que pudiese configurar uno de los actos, prácticas o acuerdos prohibidos por esta Ley o constituya un abuso de posición dominante en el mercado;
e) Cualquier otra actuación que sea necesaria para el esclarecimiento de los elementos objetivos del procedimiento; y,
f) Remitir copia de las actuaciones y formular la denuncia pertinente ante el Ministerio Público, en caso de detección de la posible comisión de hecho punible.
Artículo 55.- Del Informe del Director de la Investigación.
Dentro cel plazo de 90 (noventa) días, la Dirección de Investigación deberá elevar al
Directorio un informe técnico en el cual podrá solicitar:
a) La desestimación de la denuncia; o,
b) La formulación de la acusación respectiva.
Artículo 56.- Del escrito de acusación.
Artículo 57.- Del descargo y de las pruebas.
Artículo 58.- Autos para resolver y dictamen.
Artículo 59.- Autos para resolver y dictamen.
a) La absolución del acusado por no resultar acreditada la existencia de acuerdos o prácticas prohibidos por la presente; o,
b) Hacer lugar a la acusación, por resultar acreditada la existencia de acuerdos u otras prácticas prohibidos por la presente Ley, en cuyo caso la resolución contendrá:
1. La indicación precisa de la falta cometida;
2. La identificación precisa del sujeto sancionado;
3. La orden de cese de las prácticas prohibidas en un plazo determinado;
4. La imposición de condiciones u obligaciones determinadas;
5. La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés público;
6. La imposición de multas;
7. La imposición de cualesquiera otras medidas a cuya adopción le autoriza la presente Ley.
Artículo 60.- Aplicación de medidas cautelares
RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y LOS ENTES REGULADORES
Artículo 61.- Colaboración e Información.
Todas las instituciones públicas y entes reguladores están obligadas a suministrar información o emitir los informes que se les soliciten. En caso de incumplimiento a esta obligación, serán sancionados con multas aplicadas a los funcionarios responsables y al titularde la inst tución pública o ente regulador, conforme a las Leyes y reglamentos.
Cuando en una instancia administrativa o judicial se tuviera que resolver un litigio en los que alguno de sus factores pueda accesoriamente afectar de manera sustancial y significativa un determinado mercado en detrimento del consumidor, de servicios de interés público declarados por Ley o de bienes y/o servicios destinados a mercados de exportación, la autoridad respectiva solicitará un dictamen no vinculante a la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) y, al Ministerio de Industria y Comercio o a la Autoridad de Aplicación del sector involucrado, a fin de determinar la existencia de dicha circunstancia, y en consecuencia dictar resoluciones que precautelen las condiciones del mercado y los derechos de terceros afectados en el Ínterin se resuelve la cuestión principal.
Artículo 62.- De las faltas.
Serán consideradas faltas a los efectos de la presente Ley, el incumplimiento en tiempo y forma, de las normas contenidas en los Capítulos II, III y IV del Título I de la presente Ley y el incumplimiento del compromiso de cese previsto en el Artículo 53.
Artículo 63.- De las sanciones a las faltas.
a) Apercibimiento e intimación de cese de los actos contrarios a las normas de la presente Ley;
b) La declaración de nulidad;
c) La aplicación de multas de hasta el equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) de los lucros obtenidos con la práctica infractora o hasta el 20% (veinte por ciento) de la facturación bruta por la venta de los productos objeto de la práctica infractora en el mercado relevante afectado en los últimos 12 (doce) meses, contados desde el inicio del sumario administrativo, excluidos los impuestos. Estas multas no podrán ser inferiores a la ventaja obtenida, cuando esta sea cuantificable.
a) La modalidad y alcance de la restricción de la competencia;
b) La dimensión del mercado afectado;
c) La cuota de mercado del sujeto participante;
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios;
e) La duración de la restricción de la competencia;
f) Los indicios de intencionalidad;
g) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas;
h) El incumplimiento del compromiso de cese.
Artículo 64.- Nulidades, responsabilidades y resarcimiento de daños y perjuicios:
Las acciones de nulidad y de resarcimiento de daños y perjuicios, fundadas en la ilicitud de los actos prohibidos por esta Ley, podrán ser ejercidas ante el Poder Judicial por quienes se consideren perjudicados por los mismos, cuando ellos hubiesen sido declarados como tales por resolución firme y ejecutoriada por la Comisión Nacional de la Competencia(CONACOM).
La Autoridad de Aplicación podrá, cuando le sea requerido por órgano judicial competente, emitir un informe sobre los acuerdos, decisiones y prácticas a que se refiere el Artículo 8o, y sobre la procedencia y cuantía de las indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en los Artículos 8°, 9o, 10 y 11 de la presente Ley deban satisfacer a los denunciantes y terceros interesados que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquellas.
Artículo 65.- Prescripción de las infracciones y acciones.
Artículo 66.- Recaudación y destino de las multas.
Artículo 67.- Recurso admisible.
Artículo 68.- Acción contencioso administrativa.
Artículo 69.- Desarrollo reglamentario de la Ley.
Artículo 70.- Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigencia en 180 (ciento ochenta) días de su publicación, a excepción del Capítulo IV "DE LAS CONCENTRACIONES" del Título I, el que entrará en vigencia a 1 (un) año de su publicación.
Artículo 71.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veintiún días del mes de marzo del año dos mil trece, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados a veintinueve días del mes de mayo del año dos mil trece, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 1) de la Constitución Nacional.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
in fine

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 Artículo 3

Artículo 10
 Artículo 12
 Artículo 12
 Artículo 28
 Artículo 14

Artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
 Artículo 19

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 Artículo 42

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49
 resolución 

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59
 resolución 

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62
 Artículo 53

Artículo 63

Artículo 64
 resolución 
 Artículo 8

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71
 Artículo 207