Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0228_ES.html
Timestamp: 2019-08-25 07:21:44+00:00

Document:
Procedimiento : 2014/2239(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0228/2015
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sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water
Ponente: Lynn Boylan
– Vista la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (en lo sucesivo, «Directiva sobre agua potable»)(1),
– Vista la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (en lo sucesivo, «DMA»)(2),
– Visto el Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 sobre la iniciativa ciudadana(3),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, titulada «Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa» (COM(2012)0673),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de marzo de 2014, relativa a la Iniciativa Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!» (COM(2014)0177) (en lo sucesivo, «la Comunicación»),
– Visto el Informe de síntesis de la Comisión sobre la calidad del agua potable en la UE en el que se examinan los informes de los Estados miembros correspondientes al período 2008-2010 de conformidad con la Directiva 98/83/CE (COM(2014)0363),
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la mencionada Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2014(5),
– Visto el informe de síntesis de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) titulado «El medio ambiente europeo - Situación y perspectivas 2015»,
– Vista la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de julio de 2010, titulada «El derecho humano al agua y el saneamiento»(6), y la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2013, titulada «El derecho humano al agua potable y el saneamiento»(7),
– Vistas todas las resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento,
– Vista su Resolución de 9 de octubre de 2008, sobre «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea»(8),
– Vista su Resolución de 3 de julio de 2012 relativa a la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua antes de la adopción de un enfoque global de los retos europeos en materia de recursos hídricos(9),
– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015(10),
– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Peticiones (A8-0228/2015),
A. Considerando que «Right2Water» es la primera iniciativa ciudadana europea (ICE) que cumple los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) nº 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana y que ha sido oída por el Parlamento, tras recibir el apoyo de casi 1,9 millones de ciudadanos;
B. Considerando que el derecho humano al agua y al saneamiento abarca las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y calidad;
C. Considerando que la plena realización del derecho humano al agua y el saneamiento, reconocido por las Naciones Unidas y apoyado por los Estados miembros de la UE, es esencial para la vida, y que la adecuada gestión de los recursos hídricos desempeña un papel crucial a la hora de garantizar el uso del agua y salvaguardar el capital natural del mundo; que los efectos combinados de la actividad humana y del cambio climático hacen que toda la región mediterránea de la UE y algunas regiones de Europa Central se clasifiquen actualmente como regiones semidesérticas con escasez de agua;
D. Considerando que, como recoge el informe de la AEMA de 2015 sobre el estado del medio ambiente, las tasas de pérdidas por fugas de conducciones de agua en Europa es actualmente de entre el 10 % y el 40 %;
E. Considerando que el acceso al agua es una de las claves para conseguir un desarrollo sostenible; que centrar la ayuda al desarrollo en mejorar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento es una manera eficaz de perseguir los objetivos fundamentales de erradicación de la pobreza así como de fomentar la igualdad social, la salud pública, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico;
F. Considerando que al menos 748 millones de personas carecen de acceso sostenible a agua potable salubre, y que un tercio de la población mundial no dispone del saneamiento básico; que, en consecuencia, el derecho a la salud corre peligro y se propagan las enfermedades, provocando dolor y muerte y obstaculizando sobremanera el desarrollo; que cada día mueren unos cuatro mil niños por enfermedades que se contagian por el agua o que se deben a una calidad del agua, un saneamiento y una higiene insuficientes; que la falta de acceso al agua potable mata a más niños que el sida, la malaria y la viruela sumados; que, no obstante, estas cifras muestran una clara tendencia a la baja y que se puede y se debe acelerar este descenso;
G. Considerando que el acceso al agua también tiene una dimensión de seguridad que requiere una mejor cooperación regional;
H. Considerando que la falta de acceso al agua y al saneamiento tiene consecuencias para la realización de otros derechos humanos; que los problemas relacionados con el agua afectan desproporcionadamente a las mujeres, ya que en muchos países en desarrollo son ellas las que tradicionalmente se encargan del suministro doméstico de agua; que las mujeres y las niñas son quienes más sufren la falta de acceso a un saneamiento adecuado y decente, lo cual suele limitar su acceso a la educación y las hace más vulnerables ante las enfermedades;
I. Considerando que cada año tres millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por el agua;
J. Considerando que el Protocolo Opcional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en 2013, creó un mecanismo de denuncia que permite a las personas o a grupos de personas presentar denuncias formales sobre violaciones del derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros derechos;
K. Considerando que, en los países en desarrollo y en las economías emergentes, la demanda de agua está aumentando en todos los sectores y, en especial, en el sector de la energía y la agricultura; que el cambio climático, la urbanización y la evolución demográfica pueden suponer una grave amenaza para la disponibilidad de agua en muchos países en desarrollo, y que se calcula que unos dos tercios de la población mundial vivirán en países con escasez de agua en 2025;
L. Considerando que la UE es el mayor donante en el sector del agua, el saneamiento y la higiene, con un 25 % de su financiación anual global humanitaria dedicada exclusivamente a apoyar a socios de desarrollo en este ámbito; que, no obstante, un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo de 2012 sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea para el suministro de agua potable y el saneamiento básico en los países subsaharianos señalaba la necesidad de mejorar la eficacia de la ayuda y la sostenibilidad de los proyectos apoyados por la UE;
M. Considerando que, a nivel europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declaró que el acceso al agua debe ser reconocido como un derecho humano fundamental porque es esencial para la vida en el planeta y es un recurso que debe ser compartido por la humanidad;
N. Considerando que la privatización de los servicios básicos en el África subsahariana en la década de 1990 ha obstaculizado, entre otras cosas, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento, pues la importancia dada por los inversores a la recuperación de los costes ha aumentado, entre otras consecuencias, las desigualdades en la prestación de dichos servicios en detrimento de los hogares con menos ingresos; que, en vista del fracaso de la privatización del agua, la transferencia de los servicios de agua de empresas privadas a las autoridades locales es una tendencia creciente en el sector del agua en todo el mundo;
O. Considerando que el suministro de agua es un monopolio natural y que los ingresos producidos por el ciclo del agua deben cubrir los costes y la protección de los servicios de aguas, así como su mejora, y que en todo momento deben destinarse cumpliendo la condición de que se garantice el interés público;
P. Considerando que la ausencia de agua y saneamiento adecuados tiene una grave repercusión en la salud y en el desarrollo social, en especial para los niños; que la contaminación de los recursos hídricos es la principal causa de diarrea, la segunda mayor causa de mortalidad infantil en los países en desarrollo y conduce a otras enfermedades importantes como el cólera, la esquistosomiasis y la tracoma;
Q. Considerando que el agua tiene funciones sociales, económicas y ecológicas y que una gestión correcta y solidaria del ciclo del agua garantizará su disponibilidad continua y estable en el contexto actual de cambio climático;
R. Considerando que Europa es especialmente sensible al cambio climático y que el agua es uno de los primeros sectores en los que repercute;
S. Considerando que la ICE se estableció como mecanismo de democracia participativa con el propósito de fomentar la intervención directa de los ciudadanos en la toma de decisiones de la UE, y ofrece una excelente oportunidad para que las instituciones de la UE recuperen el apego de los ciudadanos;
T. Considerando que las encuestas Eurobarómetro han mostrado sistemáticamente en los últimos años unos niveles de confianza bajísimos de los ciudadanos en la UE;
La ICE como instrumento de democracia participativa
1. Considera que la ICE es un mecanismo democrático único con un potencial considerable para contribuir a salvar la brecha entre los movimientos sociales y de la sociedad civil europeos y nacionales y para promover la democracia participativa al nivel de la UE; opina, no obstante, para poder aprovechar aún mejor el mecanismo democrático es imprescindible evaluar las experiencias hasta la fecha y reformar la Iniciativa Ciudadana, y que las acciones de la Comisión —que pueden consistir, cuando resulte conveniente, en la introducción de elementos adecuados en las revisiones legislativas o en nuevas propuestas legislativas— deben responder mejor a las exigencias de las ICE cuando estas incidan en su ámbito de competencias, especialmente cuando afecten a cuestiones de derechos humanos;
2. Hace hincapié en que una ICE admisible y correcta debería, en principio, dar lugar a una nueva propuesta legislativa de la Comisión que atienda a las exigencias presentadas en la ICE, al menos cuando la Comisión se haya comprometido a presentar dicha propuesta, como ocurre en el caso de la ICE Right2Water; destaca que la Comisión debe garantizar la máxima transparencia durante los dos meses de la fase de análisis, que una ICE satisfactoria debe recibir una asistencia y un asesoramiento jurídicos adecuados por parte de la Comisión y gozar de una difusión apropiada, y que debe facilitarse información completa y actualizada a los promotores y partidarios de la ICE a lo largo de todo el proceso;
3. Insiste en que la Comisión aplique eficazmente el Reglamento sobre la ICE y proceda a eliminar todas las trabas burocráticas a las que se enfrentan los ciudadanos al presentar o al respaldar una iniciativa, e insta a la Comisión a considerar la implantación de un sistema de registro de iniciativas común para todos los Estados miembros;
4. Celebra que el apoyo dado por casi 1,9 millones de ciudadanos de la UE de todos los Estados miembros a esta ICE concuerde con la decisión de la Comisión de excluir el agua y los servicios de saneamiento de la Directiva sobre concesiones;
5 Pide a la Comisión que mantenga y confirme la exclusión de los servicios de aguas y saneamiento de la Directiva sobre concesiones en cualquier posible revisión de dicha Directiva;
6. Juzga lamentable que la Comunicación carezca de ambición real, no responda a las demandas concretas expresadas en la ICE y se limite a reiterar compromisos existentes; destaca que la respuesta dada por la Comisión a la ICE Right2Water es insuficiente, pues no aporta ninguna contribución nueva ni introduce, como debería, todas las medidas que podrían contribuir a alcanzar los objetivos; pide a la Comisión Europea, en relación con esta ICE en particular, que ponga en marcha una campaña informativa exhaustiva sobre las medidas ya adoptadas en el ámbito del agua y sobre cómo podrían contribuir estas medidas a la consecución de los objetivos de la ICE Right2Water;
7. Considera que muchas de las peticiones relacionadas con la calidad y la gestión del agua proceden de Estados miembros que no están bien representados en la consulta pública a escala europea puesta en marcha en junio de 2014, y hace hincapié, por tanto, en que podría existir una incoherencia entre los resultados de la consulta pública y la situación denunciada en las peticiones;
8. espera un compromiso político explícito de la Comisión y del vicepresidente responsable de la sostenibilidad para garantizar que se toman las medidas adecuadas en respuesta a las preocupaciones expresadas mediante esta ICE;
9. Reitera el compromiso de su Comisión de Peticiones de dar voz a los peticionarios por lo que respecta a cuestiones relativas a los derechos fundamentales y recuerda que los peticionarios de la ICE Right2Water se han manifestado a favor de declarar el agua como derecho humano garantizado en toda la UE;
10. Pide a la Comisión, de acuerdo con el objetivo primordial de la ICE Right2Water, que presente propuestas legislativas, si procede una para la revisión de la DMA, que reconozcan el acceso universal y el derecho humano al agua, y considera lamentable que no lo haya hecho hasta ahora; opina que si la Comisión no lo hace, la ICE perderá credibilidad; defiende, por otra parte que se reconozca el acceso universal a agua potable salubre y saneamiento en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE;
11. destaca que si la Comisión desatiende ICE exitosas y ampliamente respaldadas en el marco del mecanismo democrático establecido por el Tratado de Lisboa, la UE como tal perderá credibilidad a ojos de los ciudadanos;
12. Pide a la Comisión que adopte acciones de información y educación a escala europea para fomentar la cultura del agua como bien común, acciones de sensibilización y fomento de un comportamiento personal más consciente (para ahorrar agua), acciones para el desarrollo reflexivo de políticas de gestión de los recursos naturales y acciones de apoyo a una gestión pública participativa y transparente;
13. Considera necesario elaborar unas políticas del agua que alienten el uso racional, el reciclaje y la reutilización de los recursos hídricos, que son elementos esenciales para una gestión integrada; opina que ello permitirá reducir costes, ahorrar recursos naturales y garantizar una gestión medioambiental correcta;
14. Pide a la Comisión que desincentive las prácticas de acaparamiento de agua y fracturación hidráulica y las someta a estudios de impacto ambiental;
15. Recuerda que las Naciones Unidas afirman que el derecho humano al agua y al saneamiento es el derecho de todos a disponer para el uso personal y doméstico de agua de calidad, salubre, físicamente accesible, asequible, en cantidad suficiente y aceptable; resalta que las Naciones Unidas recomiendan asimismo que el 3 % de la renta del hogar sea considerado como lo máximo que puede dedicarse a pagar el agua, allí donde deba pagarse;
16. Apoya al relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a agua potable salubre y saneamiento y subraya la importancia de su trabajo y el de su predecesora en el reconocimiento de dicho derecho;
17. Lamenta que en la UE-28 todavía más de un millón de personas siga sin tener acceso a agua potable salubre y limpia, y que casi un 2 % de la población carezca de acceso a instalaciones de saneamiento, según el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, y, por consiguiente, insta a la Comisión a que actúe de inmediato;
18. Pide a la Comisión que reconozca la importancia del derecho humano al agua y al saneamiento y el agua como bien público y valor fundamental para todos los ciudadanos de la UE y que no constituye un producto comercial; expresa su preocupación al constatar que, desde 2008, debido a políticas de austeridad excesivas, que han aumentado la pobreza en Europa y el número de hogares con rentas bajas, son cada vez más las personas con dificultades para pagar la factura del agua, e indica que la asequibilidad está convirtiéndose en objeto de preocupación creciente; rechaza los cortes de agua y la suspensión forzosa del suministro de agua por constituir una violación de los derechos humanos, y pide a los Estados Miembros que pongan fin con carácter inmediato a estas situaciones cuando se deban a factores socioeconómicos en hogares de bajos ingresos; celebra que en algunos Estados miembros se utilicen «bancos de agua» o cuotas mínimas de agua en un intento de ayudar a los grupos más vulnerables con los costes de los servicios y como garantía de que el agua es un componente inalienable de los derechos fundamentales;
19. Pide a la Comisión que, en vista de los efectos de la reciente crisis económica, realice un estudio, en colaboración con los Estados Miembros, sobre cuestiones de la pobreza relacionada con el agua, como el acceso y la asequibilidad; Insta a la Comisión a que siga apoyando y facilitando la cooperación sin ánimo de lucro entre los operadores de aguas para ayudar a quienes viven en regiones menos desarrolladas y en zonas rurales, a fin de apoyar el acceso a agua de buena calidad por todos los ciudadanos de esas zonas;
20. Pide a la Comisión que determine qué áreas sufren o pueden sufrir escasez de agua, y que ayude a los Estados miembros, regiones y zonas afectados, en especial a las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, a abordar de manera adecuada este problema;
21. Destaca que la supuesta neutralidad de la Comisión en lo que respecta a la propiedad y la gestión del agua está en contradicción con los programas de privatización impuestos a ciertos Estados miembros por la troika;
22. Reconoce que, como se afirma en la DMA, el agua no es un producto comercial sino un bien público imprescindible para la vida y la dignidad humanas, y recuerda a la Comisión que las normas del Tratado exigen la neutralidad de la UE en relación con las decisiones nacionales que regulan el régimen de propiedad de las empresas del agua, por lo que no debe de ningún modo promover la privatización de las empresas del agua en el contexto de programas de ajuste económico o cualquier otro procedimiento de coordinación de política económica de la UE; pide a la Comisión, habida cuenta de que se trata de servicios de interés general y por tanto principalmente de interés público, que excluya permanentemente el agua y los saneamientos y tratamientos de aguas residuales de las normas del mercado interior y de cualquier acuerdo comercial, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por una gestión técnica, financiera y administrativa que sea eficiente, eficaz y transparente;
23. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que revisen la gobernanza de la política de aguas y que la restablezcan sobre la base de una participación activa, entendida como transparencia del proceso de toma de decisiones y apertura ante los ciudadanos;
24. Opina que, en cuestiones de regulación y control, es necesario proteger la titularidad pública del agua impulsando modelos de gestión pública, transparente y participativa en los que, solo en determinados casos, la autoridad de titularidad pública podría conceder algunos cometidos de gestión a la iniciativa privada, siempre en términos estrictamente regulados y garantizando permanentemente el derecho al recurso y a un adecuado saneamiento;
25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un suministro generalizado de agua a precios asequibles, de calidad elevada y con unas condiciones laborales justas y sujeto a controles democráticos;
26. Pide a los Estados miembros que apoyen la promoción de campañas educativas y de concienciación para los ciudadanos con el fin de preservar y economizar los recursos hídricos y garantizar una mayor participación cívica;
27. Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso no discriminatorio a los servicios de aguas, garantizando su suministro a todos, incluidos los grupos de usuarios marginados;
28. Pide a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a los Estados miembros que apoyen a los municipios de la Unión que carecen del capital necesario para acceder a asistencia técnica, a la financiación de la UE disponible y a préstamos a largo plazo con tipos de interés preferentes, especialmente para fines de mantenimiento y mejora de las infraestructuras de aguas para garantizar el suministro de agua de calidad elevada y extender los servicios de aguas y saneamiento a los grupos de población más vulnerables, en especial los pobres y los habitantes de las regiones ultraperiféricas y remotas; subraya la importancia de disponer de una gobernanza abierta, democrática y participativa para garantizar que se adopten las soluciones más eficientes en función del coste con respecto a la gestión de los recursos hídricos en beneficio de toda la sociedad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la plena transparencia con respecto al uso y el destino de los recursos económicos generados por el ciclo del agua;
29. Reconoce que los servicios de aguas y saneamientos son servicios de interés general y que el agua no es un producto comercial sino un bien público, por lo que deben ofrecerse a precios asequibles que respeten el derecho de las personas a agua de una calidad mínima y que prevea la aplicación de una tarifa progresiva ; solicita a los Estados Miembros que garanticen la aplicación a los servicios de aguas y saneamiento de un sistema tarifario justo, equitativo, transparente y adecuado, de manera que se garantice a todos los ciudadanos igualdad de acceso a servicios de alta calidad, con independencia de los recursos de que dispongan;
30. Observa que es necesario comprender el agua como un activo ecosocial en lugar de como un mero elemento de producción;
31. Recuerda que el acceso al agua es esencial para la agricultura a fin de materializar el derecho a una alimentación adecuada;
32. Pide a la Comisión que apoye decididamente los esfuerzos de los Estados miembros para desarrollar y mejorar la infraestructura que proporciona acceso a servicios de riego, alcantarillado y abastecimiento de agua potable;
33. Considera que la Directiva sobre agua potable ha contribuido en gran medida a la disponibilidad de agua potable de gran calidad en toda la UE y pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen con decisión para hacer realidad los beneficios que aporta el fomento del consumo de agua corriente al medio ambiente y a la salud;
34. Recuerda a los Estados miembros su responsabilidad de aplicar el Derecho de la UE; insta a los Estados miembros a que apliquen cabalmente la Directiva sobre el agua potable y toda la legislación afín; recuerda a los Estados miembros que deberían determinar sus prioridades de gasto y aprovechar plenamente las posibilidades de apoyo financiero de la UE en el sector del agua previstas en el nuevo periodo de programación financiera (2014-2020), en particular en virtud de la prioridad de inversión centrada específicamente en la gestión del agua;
35. Recuerda las conclusiones del Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la integración de los objetivos de la política del agua de la UE con la PAC, en el que se afirma que «para responder a los problemas relativos al agua la PAC emplea instrumentos que hasta ahora no han conseguido avanzar lo suficiente para alcanzar las ambiciosas metas fijadas en este ámbito»; cree que una mejor integración de la política de aguas con otras políticas, por ejemplo las de la agricultura, es esencial para mejorar la calidad del agua en toda Europa;
36. Destaca la importancia de aplicar cabalmente y con eficacia la DMA, la Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas, la Directiva sobre agua potable y la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y considera imprescindible coordinar mejor su aplicación con las directivas relativas al medio marítimo, a la biodiversidad y a las inundaciones; expresa su preocupación al observar que los instrumentos de política sectorial de la Unión no contribuyen lo suficiente a la realización de normas de calidad ambiental para sustancias prioritarias y al objetivo de suprimir gradualmente las emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), y el artículo 16, apartado 6, de la DMA; Pide a la Comisión y a los Estados Miembros que tengan en cuenta que la gestión del agua debe integrarse como elemento transversal en la elaboración de legislación sobre otros aspectos esenciales para este recurso como la energía, la agricultura, la pesca, el turismo, etc., a fin de impedir su contaminación a causa, por ejemplo, de los vertederos de residuos peligrosos ilegales y no regulados; o de la extracción y la prospección de hidrocarburos; recuerda que la condicionalidad en virtud de la PAC establece requisitos legales de gestión basados en la legislación vigente de la UE aplicable a los agricultores y las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales, incluida la relativa al agua; recuerda que los agricultores deben regirse por estas normas para recibir la totalidad de los pagos de la PAC;
37. Pide a los Estados miembros que:
- obliguen a los proveedores de agua a indicar las características fisicoquímicas del agua en la factura;
- elaboren planes urbanísticos en función de la disponibilidad de recursos hídricos;
- aumenten los controles y el seguimiento de sustancias contaminantes y planifiquen acciones inmediatas para eliminar sustancias tóxicas y desinfectar;
- tomen medidas para reducir las considerables fugas de las conducciones de agua en Europa renovando las redes de suministro de agua inadecuadas;
38. Considera necesario establecer un orden prioritario o una jerarquización para el uso sostenible del agua; pide a la Comisión que presente un análisis y las propuestas pertinentes;
39. Destaca que todos los Estados miembros se han comprometido con la defensa del derecho humano al agua a través de su respaldo a la Declaración de las Naciones Unidas, y que este derecho cuenta con el apoyo de un gran número de ciudadanos y de operadores de la Unión Europa.
40. Destaca que el apoyo a la ICE Right2Water y sus objetivos ha quedado demostrado una vez más por el gran número de ciudadanos de países como Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Finlandia, España, Luxemburgo, Italia e Irlanda que se han pronunciado sobre la cuestión del agua y su propiedad y abastecimiento;
41. Señala que, desde 1988, su Comisión de Peticiones ha recibido un número significativo de peticiones de ciudadanos de la UE de muchos Estados miembros que expresan su preocupación acerca de la calidad y el abastecimiento del agua, así como por la gestión de las aguas residuales; llama la atención sobre una serie de factores negativos denunciados por los peticionarios —como los vertederos, la falta de control eficaz de la calidad del agua por las autoridades y las prácticas agrícolas e industriales irregulares o ilegales—, que provocan la baja calidad del agua y, por tanto, afectan al medio ambiente y a la salud humana y animal; considera que estas peticiones son prueba del interés genuino de los ciudadanos en que se imponga cabalmente el cumplimiento de una normativa de la UE sostenible en materia de aguas y en su desarrollo;
42. Insta enérgicamente a la Comisión a que se tome en serio las preocupaciones y las advertencias que los ciudadanos reflejan en dichas peticiones y a que les dé curso, en especial habida cuenta de la urgente necesidad de abordar la pérdida de recursos hídricos debida al uso excesivo y al cambio climático mientras aún estemos a tiempo de evitar la contaminación y la mala gestión; expresa su preocupación ante el número de procedimientos de infracción iniciados en relación con la calidad y la gestión del agua;
43. Pide a los Estados miembros que concluyan, con carácter urgente, los planes hidrológicos de cuenca, que constituyen un elemento clave para la aplicación de la Directiva marco sobre el agua, y que los apliquen correctamente respetando plenamente los criterios ecológicos primordiales; pone de relieve que ciertos Estados miembros se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a graves inundaciones que afectan seriamente a la población local; señala que los planes hidrológicos de cuenca previstos en la Directiva marco sobre el agua y los planes de gestión de riesgo de inundación previstos en la Directiva sobre inundaciones ofrecen una oportunidad inmejorable para aprovechar sinergias entre estos instrumentos, contribuyendo así a la provisión de agua limpia en cantidades suficientes y reduciendo al mismo tiempo el riesgo de inundaciones; recuerda, además, que cada Estado miembro debe contar con una página web central en la que se facilite información sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua a fin de ofrecer una visión general de la gestión y la calidad de las aguas;
Los servicios de aguas y el mercado interior
44. Observa que en países de toda la UE, como España, Portugal, Grecia, Irlanda, Alemania e Italia, la posible o efectiva pérdida de la titularidad pública de los servicios de aguas se ha convertido en motivo de gran preocupación para los ciudadanos; recuerda que la elección del método de gestión del agua se basa en el principio de subsidiariedad, tal como se contempla en el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Protocolo (nº 26) sobre los servicios de interés general, lo que pone de relieve la especial importancia de los servicios públicos para la cohesión social y territorial en la Unión,; recuerda que las empresas públicas del sector del abastecimiento de agua y del saneamiento de aguas son servicios de interés general y tienen la misión general de garantizar que se suministre a toda la población agua de alta calidad a precios aceptables socialmente y de reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente;
45. Destaca que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la Comisión debe mantenerse neutral en relación con las decisiones nacionales sobre el régimen de propiedad de los servicios de aguas, por lo que no debe de ningún modo promover la privatización de estos servicios ni por vía legislativa ni de ningún otro modo;
46. Observa la creciente tendencia hacia la remunicipalización de los servicios de aguas en varios Estados miembros de la UE, como Francia y Alemania; recuerda que la posibilidad de remunicipalización de los servicios agua debe seguir garantizada sin limitaciones y que estos servicios deben seguir siendo de gestión pública si así lo ha decidido la autoridad local responsable; recuerda que el agua es un derecho humano básico que debe ser accesible y asequible para todos; destaca que los Estados miembros tienen el deber de velar por que el agua está garantizada para todos, con independencia del operador, y asegurarse al mismo tiempo de que los operadores proporcionen agua potable salubre y mejoren el saneamiento;
47. Destaca que el carácter especial de los servicios de aguas y saneamiento, es decir, la producción, la distribución y el tratamiento, impone que queden excluidos de todo acuerdo comercial que la UE negocie o considere; insta a la Comisión a que excluya de manera vinculante jurídicamente los servicios de aguas de las negociaciones en curso sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios; hace hincapié en que todos los futuros acuerdos de comercio e inversión deben incluir cláusulas sobre el acceso a agua potable por parte de la población del país al que se refiera el acuerdo, conforme al ya antiguo compromiso de la Unión con el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y en que un acceso real al agua potable por parte de la población del tercer país al que se refiera el acuerdo debe ser una condición previa para cualquier futuro acuerdo de libre comercio;
48. Recuerda el importante número de peticiones de ciudadanos que se oponen a la inclusión de servicios públicos básicos, como los de aguas y saneamiento, en las negociaciones de la ATCI; pide a la Comisión que exija una mayor responsabilidad a los proveedores de agua;
49. Pide a la Comisión que actúe como facilitador para promover la cooperación entre los operadores de aguas a través de la puesta en común de mejores prácticas de regulación y de otras prácticas e iniciativas, aprendizaje recíproco y experiencias comunes, y apoyando la evaluación comparativa voluntaria; Acoge con satisfacción la petición expresada en la Comunicación de la Comisión de una mayor transparencia en el sector de aguas y reconoce los esfuerzos hechos hasta ahora, señalando al mismo tiempo que todo ejercicio de evaluación debe ser voluntario, habida cuenta de la gran variedad de servicios de aguas y de las especificidades regionales y locales en toda Europa; señala asimismo que un ejercicio de evaluación que se base exclusivamente en indicadores financieros no debe considerarse equivalente a las medidas de transparencia, y que deben emplearse otros criterios de importancia crucial para los ciudadanos, como la calidad del agua, las medidas para mitigar los problemas de asequibilidad, la información sobre el porcentaje de la población que tiene acceso a suministros de agua adecuados y los niveles de participación pública en relación con la gobernanza del agua, expresado todo ello de manera comprensible para ciudadanos y reguladores;
50. Destaca la importancia de las autoridades reguladoras nacionales para garantizar una competencia leal y abierta entre prestadores de servicios, facilitar una aplicación más rápida de soluciones innovadoras y del progreso técnico, promover la eficiencia y calidad de los servicios de aguas y garantizar la protección de los intereses de los consumidores; pide a la Comisión que apoye iniciativas de cooperación de reguladores en la UE a fin de acelerar la evaluación comparativa, el aprendizaje mutuo y el intercambio de mejores prácticas de regulación;
51. Considera que debe llevarse a cabo una evaluación de los proyectos y programas europeos en materia de aguas y saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos, a fin de desarrollar las políticas, directrices y prácticas adecuadas; invita a la Comisión a que establezca un sistema de criterios de referencia (para calidad del agua, asequibilidad, sostenibilidad, cobertura, etc.) a fin de mejorar la calidad de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento en toda la Unión Europea, y como medio para empoderar a los ciudadanos;
52. Recuerda que las concesiones relacionadas con los servicios de aguas y saneamiento están sometidas a los principios del Tratado y, por lo tanto, deben adjudicarse respetando los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación;
53. Destaca que los servicios de producción, distribución y tratamiento de aguas y saneamiento deben quedar excluidos de la Directiva sobre concesiones y de cualquier futura revisión a que se la someta
54. Recuerda que la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior concitó un fuerte rechazo de la sociedad civil en muchos aspectos, como las cuestiones relacionadas con los servicios de interés económico general como los servicios de distribución y abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales; recuerda que, en último extremo, las instituciones de la UE se vieron obligadas a incluir estos sectores entre los servicios que no pueden ser liberalizados;
55. Destaca la importancia de que las asociaciones público-públicas intercambien mejores prácticas sobre la base de la cooperación sin ánimo de lucro entre operadores de aguas, y se congratula de que la Comisión haya reconocido por primera vez en la Comunicación la importancia de las asociaciones público-públicas;
56. Celebra el éxito de los esfuerzos de algunos municipios por potenciar la participación pública en la mejora de la prestación de servicios de aguas y la protección de los recursos hídricos, y recuerda que las entidades locales desempeñan un papel importante en el proceso de toma de decisiones sobre gestión del agua;
57. Pide al Comité de las Regiones que participe más activamente en esta ICE a fin de fomentar una mayor implicación de las autoridades regionales en este asunto;
58. Recuerda la obligación de garantizar el acceso a la justicia y a la información en materia de medio ambiente, así como la participación pública en la toma de decisiones, de conformidad con el Convenio de Aarhus; pide, por tanto, a la Comisión, los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales que cumplan con los principios y los derechos consagrados en el Convenio de Aarhus; recuerda que es fundamental que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos a fin de lograr la más amplia participación posible en el procedimiento de toma de decisiones; insta, por consiguiente, a la Comisión a que ponga en marcha de forma proactiva una campaña para informar a los ciudadanos de la UE de los logros del Convenio de Aarhus en materia de transparencia y de los instrumentos efectivos ya disponibles, y a que cumpla las disposiciones relativas a las instituciones de la UE; pide a la Comisión que elabore criterios de transparencia, responsabilidad y participación como método para mejorar el rendimiento, la sostenibilidad y la eficacia de costes de los servicios del agua;
59. Insta a los Estados miembros y a las entidades regionales y locales a que avancen hacia un auténtico acuerdo social por el agua con objeto de garantizar la disponibilidad, la estabilidad y la gestión segura del recurso, en especial, adoptando medidas como el establecimiento de fondos de solidaridad u otros mecanismos de acción social para las aguas con el fin de apoyar a las personas que no puedan permitirse el acceso a los servicios de aguas y saneamiento, a fin de cumplir las obligaciones en materia de seguridad del abastecimiento y de no poner en peligro el derecho humano al agua; alienta a todos los Estados miembros a que establezcan mecanismos de acción social como los ya existentes en algunos países de la UE para asegurar el suministro de agua potable a los ciudadanos cuyas condiciones de vida son especialmente difíciles;
60. Pide a la Comisión Europea que organice un intercambio de experiencias entre Estados miembros sobre el aspecto social de la política de aguas;
61. Expresa su rechazo ante el recurso como medida coercitiva en algunos Estados miembros a la denegación del suministro de aguas y el saneamiento a comunidades desfavorecidas y vulnerables; reitera que el hecho de que en algunos Estados miembros las autoridades hayan cerrado pozos públicos ha dificultado el acceso de los grupos más vulnerables al agua;
62. Señala que los Estados miembros deben prestar especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables de la sociedad y asimismo garantizar que las personas necesitadas tengan acceso a agua de calidad asequible;
63. Pide a los Estados miembros que introduzcan la figura del defensor del pueblo en materia de servicios de aguas para garantizar que todas las cuestiones relativas al agua, como las quejas y sugerencias sobre la calidad y el acceso a los servicios de aguas, puedan ser tramitadas por un organismo independiente;
64. Anima a las empresas de aguas a que reinviertan los ingresos económicos producidos por la gestión del ciclo del agua en el mantenimiento y la mejora de los servicios de aguas y la protección de los recursos hídricos; recuerda que el principio de recuperación de los costes de los servicios de aguas incluye los costes medioambientales y los costes de los recursos, respetando los principios de equidad y transparencia y el derecho humano al agua, así como las obligaciones de los Estados miembros de cumplir el requisito de la recuperación de costes del mejor modo posible, siempre que ello no comprometa la finalidad y la consecución de los objetivos de la DMA; recomienda que se ponga fin a las prácticas por las que se desvían recursos económicos del sector del agua para financiar otras políticas, como la inclusión en la factura del agua de cánones de concesión no reservados para infraestructuras hidráulicas; recuerda el preocupante estado de las infraestructuras en algunos Estados miembros en los que se derrocha agua por fugas debidas a las canalizaciones inadecuadas y anticuadas, e insta a los Estados miembros a que refuercen la inversión en mejora de la infraestructura y de otros servicios de aguas como premisa para garantizar el derecho humano al agua en el futuro;
65. Pide a la Comisión que elabore legislación vinculante para garantizar que las autoridades competentes pongan a disposición de los ciudadanos interesados toda la información relativa a la calidad y la gestión del agua de manera fácilmente accesible y comprensible, y que se informe y se consulte plenamente y a tiempo a los ciudadanos sobre todos los proyectos de gestión del agua; observa, asimismo, que, en la consulta pública realizada por la Comisión, el 80 % de los participantes afirmaron que resulta esencial aumentar la transparencia del control de la calidad del agua;
66. Pide a la Comisión que supervise atentamente el uso de financiación directa o indirecta de la UE destinada a proyectos de gestión del agua y que garantice que dichos fondos se utilicen exclusivamente para los proyectos a que estaban destinados, teniendo presente que el acceso al agua es fundamental para reducir las disparidades entre los ciudadanos de la UE y mejorar la cohesión económica, social y territorial de la UE; pide, a este respecto, al Tribunal de Cuentas que verifique que se cumplen satisfactoriamente los criterios de eficiencia y sostenibilidad;
67. Pide a la Comisión que tome en consideración la actual falta de inversión en la gestión equilibrada del agua, teniendo en cuenta que el agua es uno de los activos comunes de los ciudadanos de la UE;
68. Pide, por consiguiente, que aumente la transparencia entre los operadores de aguas, en particular mediante el desarrollo de un código de gobernanza privado y público para las empresas de aguas de la UE; opina que este código deberá basarse en el principio de eficiencia y estar supeditado siempre a las disposiciones medioambientales, económicas, infraestructurales y de participación pública de la DMA; insta asimismo a la creación de la figura de un regulador nacional;
69. Pide a la Comisión que respete el principio de subsidiariedad y los poderes y responsabilidades en materia de aguas tanto en relación con los diferentes niveles de gobierno como con las comunidades locales de aguas que gestionan el servicio de aguas (manantiales y mantenimiento);
70. Lamenta que la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas todavía no se aplique plenamente en los Estados miembros; pide que los recursos financieros de la Unión se utilicen de manera prioritaria en zonas donde no se respete la legislación medioambiental de la UE, incluido el tratamiento de aguas residuales; señala que los índices de cumplimiento han resultado mayores donde se recuperan los costes y donde se aplica el principio de que «quien contamina, paga», y pide a la Comisión que examine si los instrumentos actuales son adecuados para ofrecer un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente;
71. Destaca que, en el caso del agua, el sector servicios tiene un enorme potencial de creación de empleo a través de la integración medioambiental y de fomento de la innovación a través de la transferencia de tecnología entre sectores y de la I+D+i aplicada al ciclo integral del agua; solicita, por ello, que se dedique una atención especial a impulsar el uso sostenible del agua como energía renovable;
72. Insta a la Comisión a que en cualquier revisión de la DMA garantice que las evaluaciones cuantitativas de los problemas de asequibilidad del agua se conviertan en un elemento obligatorio de los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de la DMA;
73. Pide a la Comisión que explore la posibilidad de que la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) observe los problemas de asequibilidad del agua en los veintiocho Estados miembros e informe al respecto;
74. Señala que la buena gestión del agua se está convirtiendo en una prioridad para las próximas décadas, tanto en términos ecológicos como ambientales, ya que responde a exigencias en el ámbito de la energía y la agricultura y a imperativos económicos y sociales;
Internalización de los costes de la contaminación
75. Recuerda que, a través de las facturas del agua, los ciudadanos de la UE corren con los costes de purificación y tratamiento del agua, y hace hincapié en que adoptar medidas que combinen y concilien de forma eficaz los objetivos de protección de los recursos hídricos con el ahorro de costes, como los planteamientos de «control en la fuente», es más eficiente y preferible económicamente; recuerda que, según el informe de la AEMA de 2015 sobre el estado del medio ambiente, más del 40 % de los ríos y las aguas costeras se ven afectados por una contaminación difusa causada por la agricultura, mientras que entre el 20 % y el 25 % están expuestos a la contaminación resultante de fuentes puntuales como estructuras industriales, redes de alcantarillado y redes de gestión de las aguas residuales; Destaca la importancia de aplicar efectivamente la DMA y la Directiva sobre agua potable, de mejor coordinación por lo que se refiere a su aplicación, de más coherencia al elaborar legislación y de más medidas proactivas para ahorrar recursos hídricos y aumentar sustancialmente la eficiencia en el uso del agua en todos los sectores (industrias, hogares, agricultura y redes de distribución); recuerda que garantizar una protección sostenible de áreas naturales como los ecosistemas de agua dulce también es clave para el desarrollo y decisivo para ofrecer suministros de agua potable, además de reducir los costes para ciudadanos y operadores;
Política exterior y de desarrollo de la UE en materia de aguas
76. Destaca que las políticas de desarrollo de la UE deben integrar plenamente el acceso universal al agua y el saneamiento mediante la promoción de asociaciones público-públicas basadas en los principios de la ausencia de fines de lucro y solidaridad entre operadores y trabajadores del sector de las aguas de diferentes países, y utilizar una amplia gama de instrumentos, desde las asociaciones público-públicas hasta la promoción de mejores prácticas mediante la puesta en común de conocimientos, así como de programas de desarrollo y cooperación en este sector; reitera que las políticas de desarrollo de los Estados miembros deben reconocer la dimensión de derechos humanos del acceso a agua potable segura y al saneamiento, y que un enfoque basado en los derechos requiere que se potencien los marcos legislativos, financiación y que se refuerce la voz de la sociedad civil para poder llevar a la práctica estos derechos;
77. Reitera que el acceso a agua potable en cantidad suficiente y de calidad suficiente es un derecho humano fundamental y considera que los Gobiernos nacionales tienen el deber de cumplir esta obligación;
78. Destaca, de conformidad con la legislación vigente de la UE y sus requisitos, la importancia de evaluar periódicamente la calidad, la pureza y la seguridad del agua y de los recursos hídricos en la UE y fuera de sus fronteras;
79. Subraya que se debe conceder una elevada prioridad a la ayuda para el agua potable segura y el saneamiento al asignar fondos de la UE y programar ayudas; pide a la Comisión Europea que garantice un apoyo financiero adecuado a las acciones para el desarrollo de capacidades en el sector del agua, contando y cooperando con las plataformas e iniciativas internacionales existentes;
80. Insiste en que el sector del agua, el saneamiento y la higiene en los países en desarrollo debe recibir una prioridad elevada tanto en la ayuda oficial al desarrollo (AOD) como en los presupuestos nacionales; recuerda que la gestión del agua es una responsabilidad colectiva; aboga por la amplitud de miras en cuanto a las diversas modalidades de ayuda y por la escrupulosa observancia de los principios de eficacia del desarrollo, de coherencia política para el desarrollo y de dedicación constante a la erradicación de la pobreza y la maximización del impacto del desarrollo; apoya, en este sentido, la participación de las comunidades locales en la realización de proyectos en los países en desarrollo, así como el principio de la responsabilización de la comunidad local;
81. Destaca que, si bien se registran avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por lo que se refiere al agua potable segura, 748 millones de personas carecen en el mundo de acceso a un mejor suministro de agua y se calcula que al menos 1 800 millones de personas beben agua que presenta contaminación fecal, y el objetivo en materia de saneamiento dista mucho de cumplirse;
82. Recuerda que velar por una gestión sostenible del agua subterránea es indispensable para reducir la pobreza y conseguir una mayor prosperidad común, ya que el agua subterránea podría proporcionar una fuente mejor de agua potable para millones de personas con pocos medios en entornos urbanos y rurales;
83. Pide a la Comisión que incluya el agua en su Programa para el Cambio, al igual que la agricultura sostenible;
84. Considera que el agua debe encontrarse en el centro de los trabajos de preparación de los dos actos internacionales más importantes de 2015, es decir, la cumbre sobre la Agenda para el desarrollo después de 2015 y la COP 21 sobre el cambio climático; apoya firmemente, en este contexto, que se incluyan objetivos ambiciosos y de gran alcance para el agua y el saneamiento, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 6 propuesto para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos en 2030, cuya adopción debe tener lugar en 2015; reitera que solo se podrá acabar con la pobreza a través del proceso para el periodo posterior a 2015 si garantizamos que todo el mundo en todas partes tenga acceso a agua potable, saneamiento básico e higiene; subraya que la consecución de la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible exige que se movilice una financiación del desarrollo mucho mayor que la actual, procedente tanto de países desarrollados como de países en desarrollo; pide que se establezca un mecanismo de vigilancia mundial para seguir el progreso hacia la consecución del acceso universal al agua potable, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos hídricos, y el fortalecimiento de una gobernanza del agua equitativa, participativa y responsable en todos los países; insta a la Comisión a que vele por que las ayudas se gasten eficazmente y se asignen más específicamente al sector del agua, el saneamiento y la higiene en la perspectiva de la Agenda de desarrollo después de 2015;
85. Subraya el mayor riesgo de escasez de agua debido al cambio climático; insta a la Comisión a que incluya entre los temas de la COP21 la gestión estratégica de los recursos hídricos y planes de adaptación a largo plazo, a fin de incorporar al futuro acuerdo mundial sobre el clima un enfoque de resiliencia ante el cambio climático por lo que se refiere al agua; hace hincapié en que disponer de infraestructuras hidráulicas resilientes ante el cambio climático es clave para el desarrollo y la reducción de la pobreza; reitera que, sin esfuerzos continuados por mitigar las consecuencias del cambio climático y sin una mejor gestión de los recursos hídricos, podría ponerse en peligro el progreso logrado con respecto a los objetivos de reducción de la pobreza, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones: económica, social y medioambiental;
86. Observa con preocupación que la falta de acceso al agua y al saneamiento en los países en desarrollo puede afectar de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, en especial a las de edad escolar, y que se considera que los índices de absentismo y abandono escolar guardan relación con la falta de acceso a saneamientos limpios, seguros y accesibles;
87. Pide que la asignación de fondos de la Unión y de los Estados miembros refleje las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable salubre y el saneamiento, en particular para favorecer infraestructuras de pequeña escala y para destinar más fondos a funcionamiento y mantenimiento, creación de capacidades y sensibilización;
88. Observa con preocupación que, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable salubre y al saneamiento, las personas que viven en barrios de chabolas suelen pagar más que quienes viven en asentamientos formales por unos servicios que además son de mala calidad y no están regulados; insta a los países en desarrollo a que den prioridad a las asignaciones presupuestarias destinadas a los servicios a personas desfavorecidas y aisladas;
89. Recuerda que la OMS afirma que, en la situación de partida, sin las tecnologías innovadoras más recientes de depuración y ahorro de agua, la cantidad óptima de agua por persona al día se sitúa entre 100 y 200 litros, y señala que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud; indica que, de conformidad con los derechos humanos fundamentales reconocidos, establecer una cuota mínima por persona es indispensable para satisfacer las necesidades básicas de agua de las poblaciones;
90. Subraya que el acceso a la cantidad de agua necesaria para cubrir las necesidades básicas debería ser un derecho humano fundamental no discutible y defendido implícita y explícitamente por el Derecho internacional y por declaraciones y prácticas del Estado;
91. Pide a los Gobiernos, las agencias de ayuda internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales que trabajen para cubrir las necesidades básicas de agua de todos los seres humanos y garantizar que el agua es un derecho humano;
92. Pide a los Estados miembros que introduzcan, de conformidad con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, una política de precios que respete el derecho de las personas a la cantidad de agua mínima para vivir y que grave el despilfarro, y que dispongan la aplicación de una tarifa progresiva proporcional a la cantidad de agua consumida;
93. Anima a que se tomen medidas para garantizar el consumo racional de agua a fin de evitar el despilfarro;
94. Alaba a ciertos operadores de aguas que dedican un porcentaje de su volumen de negocios anual a asociaciones dedicadas a las aguas en países de desarrollo, y anima a los Estados miembros y a la UE a que creen el marco jurídico necesario para establecer tales asociaciones;
95. Pide un control eficaz de los proyectos llevados a cabo mediante ayuda exterior; subraya la necesidad de supervisar las estrategias de financiación y los presupuestos para asegurar que los fondos asignados se empleen para combatir disparidades y desigualdades existentes en el acceso al agua y que respeten los principios de los derechos humanos de no discriminación, acceso a la información y participación;
96. Pide a la Comisión que conceda prioridad a la renovación de las redes de agua potable anticuadas el Plan de Inversiones para Europa consignando estos proyectos en el directorio de proyectos de la Unión, respetando el principio de que la financiación de proyectos por la UE no deben crear beneficios para sus beneficiarios, sino ayudarles a alcanzar el equilibrio financiero; hace hincapié en el efecto multiplicador que ofrecen estos proyectos para el empleo no deslocalizable, lo que contribuye a estimular la economía verde en Europa;
97. Pide a la Comisión que favorezca el intercambio de conocimientos para que los Estados miembros puedan diagnosticar el estado de las redes, lo que debe permitir dar comienzo a las tareas de renovación para poner fin al despilfarro;
98. Pide más transparencia para informar a los consumidores de manera más completa sobre el agua y para contribuir a una gestión más económica de los recursos hídricos; anima a la Comisión, con este fin, a que continúe trabajando con los Estados miembros para poner en común las experiencias nacionales sobre la implantación de sistemas de información sobre el agua;
99. Pide a la Comisión que evalúe la conveniencia de extender al nivel europeo los instrumentos de apoyo financiero en el sector de la cooperación internacional en materia de agua y saneamiento;
100. Subraya que una gestión eficiente y equitativa de los recursos hídricos depende de la capacidad de los Gobiernos locales para prestar servicios; insta, por lo tanto, a la UE a que siga apoyando el fortalecimiento de la gobernanza del agua y la infraestructura en los países en desarrollo y a que al mismo tiempo aborde en particular las necesidades de las poblaciones rurales vulnerables;
101. Apoya la Plataforma de Solidaridad Mundial para el Agua, creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para involucrar a las autoridades locales en la búsqueda de soluciones para los desafíos del agua; también acoge con satisfacción el 1 % solidario para el agua y el saneamiento y las otras iniciativas emprendidas por los ciudadanos y las autoridades de algunos Estados miembros al objeto de apoyar proyectos en los países en desarrollo con fondos provenientes del canon de consumo; señala que varias compañías de suministro de aguas han puesto en práctica iniciativas de este tipo; reitera su petición a la Comisión para que fomente acuerdos de solidaridad en este y otros ámbitos, por ejemplo difundiendo información y facilitando el establecimiento de asociaciones y el intercambio de experiencia, entre otras vías, a través de una posible asociación entre la Comisión y los Estados miembros, con la aportación de fondos adicionales de la UE a proyectos realizados mediante esta iniciativa; alienta en particular la promoción de asociaciones público-públicas en compañías de suministro de aguas en países en desarrollo, en consonancia con la Alianza Mundial de Colaboración entre Empresas de Abastecimiento de Agua (GWOPA), coordinada por ONU-Hábitat;
102. Pide a la Comisión que vuelva a introducir el instrumento del Fondo para el Agua, que resultó eficaz para fomentar un mejor acceso a los servicios de aguas en los países en desarrollo mediante la promoción de medidas de creación de capacidades en las comunidades locales;
103. Celebra el considerable apoyo en toda Europa a la Resolución de las Naciones Unidas por la que se reconoce como un derecho humano el derecho a agua potable y saneamiento;
DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.
DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.
DO L 94 de 28.3.2014, p. 1;
Resolución A/RES/64/292.
Resolución A/RES/68/157.
DO C 9 E de 15.1.2010, p. 33.
DO C 349 E de 29.11.2013, p. 9.
Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059.
Desde el 1 de abril de 2012 existe la Iniciativa Ciudadana Europea, nuevo mecanismo de democracia participativa. La Comisión Europea ha declarado su deseo de que los ciudadanos tengan un papel más activo en el proceso político europeo y este instrumento singular se concibió como medio para que los ciudadanos de la UE pudieran influir directamente en la configuración de la agenda política europea.
Las normas de la ICE establecen que, para ser admitida, una ICE requiere como mínimo un millón de firmas de al menos 7 Estados miembros. La ICE «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!», conocida como Right2Water, fue admitida con más de 1,6 millones de firmas verificadas en el momento de su presentación, desde el que ha recibido otras 300 000. Logró firmas en todos los Estados miembros (superando la cuota en 13 de ellos), convirtiéndose en la primera Iniciativa Ciudadana Europea con éxito.
Los objetivos principales de la ICE Right2Water consistían en pedir:
- que, por obligación, las instituciones comunitarias y los Estados miembros velen por que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y el saneamiento;
- que el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior y que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización;
- que la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.
En un signo claro del poder de convocatoria y la importancia del derecho humano al agua, en el camino hacia las elecciones europeas de mayo de 2014, cuatro de los cinco candidatos a la presidencia de la Comisión expresaron su apoyo a la ICE Right2Water, incluido el que resultaría elegido, Jean-Claude Juncker.
La Comisión Europea publicó su respuesta oficial a la primera ICE con éxito en marzo de 2014.
En esta Comunicación hay varias afirmaciones positivas merecedoras de una acogida favorable, como las siguientes:
• el agua no es un bien comercial,
• la prestación de servicios relacionados con el agua es, por lo general, responsabilidad de las autoridades locales, que son las más cercanas a los ciudadanos,
• y, lo más importante, que el agua y los servicios de saneamiento quedarían fuera de la Directiva sobre concesiones.
No obstante, los organizadores de la ICE Right2Water consideraron muy decepcionante la vaga respuesta de la Comisión. La Comisión no atendió la petición fundamental de los firmantes de que se consagrara legislativamente el derecho humano al agua, lo que resulta preocupante no solo respecto del derecho humano al agua, sino también de la integridad del propio mecanismo de la ICE.
Otros motivos de decepción de la respuesta de la Comisión son los siguientes:
• la Comisión no garantiza que vaya a excluir los servicios de aguas y saneamiento de acuerdos comerciales como la ATCI;
• la Comisión no garantiza que se vaya a impedir la ulterior liberalización de los servicios de aguas y saneamiento.
Las Naciones Unidas, en su Observación general nº 15, delimitan el alcance del derecho al agua y aclaran el significado de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Uno de estos aspectos clave, la asequibilidad, significa que ninguna persona o grupo debe verse privado de acceso a agua potable segura por no poder pagarla. Estos criterios subrayan también que la recuperación de costes no debe convertirse en una barrera al acceso a agua potable segura y al saneamiento, en particular para los pobres. Se recomienda asimismo que el 3 % de la renta del hogar sea considerado como lo máximo que puede dedicarse a pagar el agua, allí donde deba pagarse.
La Organización Mundial de la Salud afirma que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud. Aunque el acceso a entre 20 y 25 litros al día por persona representa un mínimo, esta cantidad no despeja todas las preocupaciones a nivel sanitario, ya que no es suficiente para cubrir necesidades de higiene básicas y garantizar los consumos recomendados. Además, también la cantidad recomendada de entre 50 y 100 litros puede resultar insuficiente en el caso de diferentes grupos de personas, como embarazadas, personas con HIV/sida o madres lactantes.
Aunque la Comisión Europea ha afirmado que se mantendrá neutral con respecto a las decisiones nacionales sobre la propiedad del agua, forma parte de la Troika, que persigue la privatización de los servicios de aguas en los países sujetos a un programa.
Habida cuenta de la singularidad del agua y del monopolio natural constituido por el suministro de agua y su necesidad para la vida y la salud humanas, la Comisión Europea debe reconocer la profunda preocupación que suscita entre los ciudadanos europeos el modo en que trata el agua y los servicios de aguas. Hasta ahora, la Comisión ha privilegiado un enfoque basado en la competencia y un enfoque de mercado tendente a la liberalización de los servicios de aguas y saneamiento, en lugar de un enfoque de derechos que reconozca el papel de los servicios públicos.
La movilización masiva de ciudadanos de la UE en torno a la campaña Right2Water refleja los movimientos registrados en distintos Estados miembros. Países como Irlanda, Grecia, Italia, Alemania y España han experimentado cómo la propiedad y la gestión se han convertido en importantes motivos de preocupación para los ciudadanos en los últimos años. Simultáneamente con esta creciente sensibilización y movilización, Europa ha experimentado una tendencia al aumento de la remunicipalización de los servicios de aguas, por lo general por insatisfacción y malas experiencias con modelos privados y liberalizados de gestión de aguas. Aunque es raro, el modelo privado de suministro de aguas no contempla precios bajos, mayores inversiones o una rendición de cuentas adecuada. La creciente oposición pública a este modelo ha dado lugar a la remunicipalización en ciudades como Berlín, siguiendo el ejemplo de París y la empresa pública Eau de Paris.
Habida cuenta del monopolio natural creado por el suministro de agua, la abrumadora mayoría de los operadores de aguas de Europa y del mundo son operadores de aguas públicos, lo que significa que hay una amplísima reserva de conocimientos especializados y de experiencia a la que recurrir. Un número creciente de empresas de aguas del sector público han establecido asociaciones público-públicas (APP), acuerdos de colaboración baratos entre dos o tres autoridades públicas con el objetivo de mejorar la capacidad compartiendo conocimientos y mejores prácticas en los ámbitos de la asistencia técnica, la formación y el desarrollo de los recursos humanos, la financiación de los servicios de aguas, la eficiencia y la participación de la población. Resulta alentador que, en su respuesta oficial a la ICE Rights2Water, la Comisión Europea reconozca por vez primera las APP.
OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo (12.5.2015)
Ponente: Cristian Dan Preda
A. Considerando que la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce explícitamente que el derecho al agua potable limpia y segura y al saneamiento es un derecho humano y que este derecho también está contemplado en otros instrumentos y acuerdos internacionales; que el acceso a un agua potable segura y al saneamiento está inextricablemente ligado al derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana, así como a la necesidad de garantizar un nivel de vida adecuado;
B. Considerando que hay por lo menos 748 millones de personas sin acceso sostenible al agua potable segura, y que un tercio de la población mundial no dispone de saneamiento básico; que, en consecuencia, el derecho a la salud corre peligro y se propagan las enfermedades, provocando dolor y muerte a su paso y obstaculizando sobremanera el desarrollo; que cada día mueren unos cuatro mil niños por enfermedades que se contagian por el agua o que se deben a una calidad del agua, un saneamiento y una higiene insuficientes; que la falta de acceso al agua potable mata a más niños que el sida, la malaria y la viruela sumados; que, no obstante, estas cifras muestran una clara tendencia a la baja y que este descenso se puede y se debe acelerar;
C. Considerando que el acceso al agua también tiene una dimensión de seguridad que requiere una mayor cooperación regional;
D. Considerando que la falta de acceso al agua y al saneamiento tiene consecuencias para la consecución de otros derechos humanos; que los problemas relacionados con el agua afectan desproporcionadamente a las mujeres, ya que en muchos países en desarrollo son ellas las que tradicionalmente se encargan del suministro doméstico de agua; que las mujeres y las niñas son quienes más sufren la falta de acceso a un saneamiento adecuado y decente, lo cual suele limitar su acceso a la educación y las hace más vulnerables ante las enfermedades;
E. Considerando que cada año tres millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por el agua;
F. Considerando que el acceso al agua es una de las claves para conseguir un desarrollo sostenible; que centrar la ayuda al desarrollo en las mejoras al abastecimiento de agua potable y al saneamiento es una manera eficaz de alcanzar los objetivos de erradicación de la pobreza fundamentales, así como de fomentar la igualdad social, la salud pública, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico;
G. Considerando que el Protocolo Opcional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en 2013, creó un mecanismo de denuncia que permite a las personas o a grupos de personas presentar denuncias formales sobre violaciones del derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros derechos;
H. Considerando que en los países en desarrollo y en las economías emergentes la demanda de agua está aumentando en todos los sectores y, en especial, en el sector de la energía y la agricultura; que el cambio climático, la urbanización y el desarrollo demográfico pueden suponer una grave amenaza para la disponibilidad de agua en muchos países en desarrollo y que se calcula que unos dos tercios de la población mundial vivirán en países con escasez de agua en 2025;
I. Considerando que la UE es el mayor donante en el sector del agua, el saneamiento y la higiene, con un 25 % de su financiación anual global humanitaria dedicada solo a apoyar a socios de desarrollo en este ámbito; que, no obstante, un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo de 2012 sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea para el suministro de agua potable y el saneamiento básico en los países subsaharianos señalaba la necesidad de mejorar la eficacia de la ayuda y la sostenibilidad de los proyectos apoyados por la UE;
J. Considerando que, a nivel europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declaró que el acceso al agua debe ser reconocido como un derecho humano fundamental porque es esencial para la vida en el planeta y es un recurso que debe ser compartido por la humanidad;
K. Considerando que la Directiva Marco del Agua de la UE reconoce que «el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal»;
L. Considerando que la privatización de los servicios básicos en el África subsahariana en la década de 1990 ha obstaculizado, entre otras cosas, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento, debido a la importancia que dieron los inversores a la recuperación de los costes que, entre otras consecuencias, ha aumentado las desigualdades en la prestación de dichos servicios, en detrimento de los hogares con menos ingresos; que, en vista del fracaso de la privatización del agua, la transferencia de los servicios de agua de empresas privadas a las autoridades locales es una tendencia creciente en el sector del agua en todo el mundo;
M. Considerando que la UE y los Estados miembros respetarán los compromisos y tendrán en cuenta los objetivos que han acordado en el marco de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales competentes;
N. Considerando que el acceso al agua es básico para la vida, la salud, la alimentación, el bienestar y el desarrollo, y que el agua no se puede considerar, por lo tanto, un mero bien comercial;
1. Acoge con satisfacción el compromiso asumido por la Comisión de garantizar que la dimensión de derechos humanos por lo que se refiere al acceso al agua potable segura y al saneamiento siga estando en el centro de su política de desarrollo(1); Se congratula por la importancia del instrumento de la Iniciativa Ciudadana Europea y espera que en el futuro esta herramienta aumente la eficiencia, especialmente en la mejora de la salida legislativa;
2. Destaca que el derecho humano al agua y al saneamiento está estrechamente vinculado a varios de los principales retos a escala mundial, como la salud, la energía, la alimentación, el empleo, la igualdad de género y la sostenibilidad del medio ambiente; apoya firmemente que el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 6 propuesto para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos en 2030 se incluya en el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015, abarcando el objetivo de consecución del acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos; subraya que, para la consecución de la totalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace falta movilizar una financiación al desarrollo mucho mayor que la actual, tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo, que puede asimismo provenir de otras nuevas fuentes y de instrumentos de financiación innovadores; pide a la UE y a los Estados miembros que velen por que el acceso al agua potable y al saneamiento se encuentran entre los temas prioritarios durante la próxima Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21);
3. Recuerda que el acceso al agua es esencial para la agricultura, y con ello para proporcionar el derecho a una alimentación adecuada;
4. Subraya que el acceso para cubrir una necesidad básica de agua debería ser un derecho humano fundamental no discutible defendido implícita y explícitamente por el derecho internacional, las declaraciones y la práctica del Estado;
5. Pide a los gobiernos, las agencias de ayuda internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales que trabajen para cubrir la necesidad básica de agua de todos los seres humanos y garantizar que el agua es un derecho humano;
6. Insta a que se incluya el «derecho humano al agua» en la lista de los derechos humanos fundamentales universales, incluyendo el derecho a agua suficiente y de una calidad adecuada para satisfacer el derecho explícito a la vida y los derechos más amplios a la salud y el bienestar;
7. Insiste en que se debe conceder una elevada prioridad al sector del agua, el saneamiento y la higiene en los países en desarrollo, tanto en la ayuda oficial al desarrollo (AOD) como en los presupuestos nacionales; recuerda que la gestión del agua es una responsabilidad colectiva; aboga por la amplitud de miras en cuanto a las diversas modalidades de ayuda y por la escrupulosa observancia de los principios de eficacia del desarrollo, de una coherencia política para el desarrollo y del empeño incondicional en erradicar la pobreza y maximizar las repercusiones para el desarrollo; apoya, en este sentido, la participación de las comunidades locales en la realización de proyectos en los países en desarrollo, así como el principio de la propiedad comunitaria;
8. Recuerda que asegurar una gestión sostenible del agua subterránea es indispensable para reducir la pobreza y conseguir una mayor prosperidad común, ya que el agua subterránea podría convertirse en una mejor fuente de agua potable para millones de personas con pocos medios en entornos urbanos y rurales;
9. Pide un control eficaz de los proyectos llevados a cabo mediante ayuda exterior; subraya la necesidad de supervisar las estrategias de financiación y los presupuestos para asegurar que los fondos asignados se empleen para combatir las disparidades y desigualdades existentes en el acceso al agua y respetar los principios de los derechos humanos de no discriminación, acceso a la información y participación;
10. Pide a la UE que centre su ayuda al desarrollo en la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de infraestructura a pequeña escala, la capacitación y la sensibilización;
11. Observa con preocupación que, según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable segura y al saneamiento, las personas que viven en barrios marginales suelen tener que pagar más que los que viven en asentamientos formales para recibir servicios de mala calidad no regulados; insta a los países en desarrollo a dar prioridad a las asignaciones presupuestarias destinadas a los servicios para las personas desfavorecidas y las personas aisladas;
12. Subraya que una gestión eficiente y equitativa de los recursos hídricos se basa en la capacidad de los gobiernos locales para prestar servicios; insta por lo tanto a la UE a que siga apoyando el fortalecimiento de la gobernanza del agua y la infraestructura en los países en desarrollo y, al mismo tiempo, aborde en particular las necesidades de las poblaciones rurales vulnerables;
13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten una política para la implementación del derecho humano al agua y el saneamiento reconocido por las Naciones Unidas y para el fomento del suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos;
14. Apoya la Plataforma de Solidaridad Mundial para el Agua, creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de involucrar a las autoridades locales en la búsqueda de soluciones para los desafíos del agua; también acoge con satisfacción el 1 % solidario para el agua y el saneamiento y las otras iniciativas emprendidas por los ciudadanos y las autoridades de algunos Estados miembros al objeto de apoyar proyectos en los países en desarrollo con fondos provenientes del canon de consumo; señala que varias empresas proveedoras de agua han puesto en práctica estas iniciativas; reitera su petición a la Comisión para que fomente acuerdos de solidaridad en este y otros ámbitos, por ejemplo mediante la difusión de información, la facilitación de asociaciones y el intercambio de experiencia, incluso a través una posible cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, con la complementariedad de fondos de la UE para proyectos realizados mediante esta iniciativa; alienta en particular la promoción de asociaciones público-públicas en instalaciones de agua en los países en desarrollo, en consonancia con la Alianza Mundial de Asociaciones de Operadores de Agua (GWOPA), coordinada por ONU-Hábitat;
15. Insta a la Comisión a asegurarse de que las ayudas se gasten eficazmente y se destinen con mayor precisión al sector del agua, el saneamiento y la higiene en la perspectiva de la agenda de desarrollo posterior a 2015; pide que se cree un mecanismo de vigilancia mundial para seguir el progreso en la consecución del acceso universal al agua potable, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos hídricos, así como el fortalecimiento de una gobernanza del agua equitativa, participativa y responsable en todos los países;
16. Anima a las empresas públicas y de participación pública de distribución de agua que operen en los países en desarrollo que reinviertan todos los ingresos económicos producidos por la gestión del ciclo del agua en el mantenimiento y la mejora de los servicios de agua y la protección de los recursos hídricos; pide a la UE y a los Estados miembros que, con este fin, favorezcan un intercambio de mejores prácticas entre empresas europeas y empresas que operen en países en desarrollo sobre cuestiones como la gestión del agua, el tratamiento de las aguas y el ahorro de agua;
17. Pide a la Comisión que vuelva a introducir el instrumento del Fondo para el Agua, que resultó eficaz para mejorar el acceso a los servicios de agua en los países en desarrollo mediante la promoción de acciones que refuercen la capacidad de las poblaciones locales;
18. Reafirma que el acceso al agua potable en cantidad suficiente y de calidad suficiente es un derecho humano fundamental y considera que los gobiernos nacionales tienen el deber de realizar esta obligación;
19. Insiste en la necesidad de que las autoridades públicas locales reciban apoyo en sus esfuerzos para establecer un sistema innovador, participativo y democrático de gestión pública del agua que sea eficiente, transparente y regulado y que respete los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
20. Hace hincapié en que se debe considerar que la distribución del agua es básicamente un servicio público y, por tanto, se debe organizar de manera que garantice un acceso asequible para todos.
Comunicación de la Comisión relativa a la Iniciativa Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!» (COM (2014)0177), p. 10.
OPINIÓN de la Comisión de Peticiones (13.5.2015)
sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea «Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano» (Right2Water)
Ponente de opinión: Margrete Auken
1. Considera que el seguimiento de la Comisión de la Iniciativa Ciudadana Europea «Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano» (Right2Water) propuesto en su comunicación no ha cumplido las expectativas de los ciudadanos, que esperaban medidas y propuestas legislativas concretas, dado que la Comisión ya había anunciado que intensificaría sus esfuerzos con el fin de garantizar la plena aplicación de la legislación de la UE sobre el agua por parte de los Estados miembros, revisar la Directiva sobre el agua potable y proponer modificaciones a esta; espera un compromiso político explícito de la Comisión y del vicepresidente responsable de la sostenibilidad para garantizar que se toman las medidas adecuadas en respuesta a las preocupaciones expresadas mediante esta Iniciativa Ciudadana Europea;
2. Reconoce el derecho humano internacional al agua y el saneamiento como derecho humano básico, tal como confirma la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; cree que el derecho al agua debe garantizar a todos una cantidad de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico, de una manera justa y equitativa; insta a la Comisión a que se implique en el proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el programa de desarrollo posterior a 2015 con vistas a garantizar que en los objetivos y metas futuros se tengan en cuenta los derechos, incluido el respeto del derecho al agua;
3. Reitera el compromiso de su Comisión de Peticiones de dar voz a los peticionarios por lo que respecta a cuestiones relativas a los derechos fundamentales y recuerda que los peticionarios de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water se han manifestado a favor de declarar el agua como derecho humano garantizado en toda la UE;
4. Destaca que la supuesta neutralidad de la Comisión en lo que respecta a la propiedad y la gestión del agua parece estar en contradicción con los programas de privatización impuestos a ciertos Estados miembros por la troika;
5. Pide a la Comisión que incluya el agua en su Programa para el Cambio, al igual que la agricultura sostenible;
6. Hace hincapié en que la Iniciativa Ciudadana Europea es un instrumento importante de la democracia participativa, que permite a los ciudadanos influir en el procedimiento legislativo, y recalca que una iniciativa admisible y adecuada debería, en principio, dar lugar a una nueva propuesta legislativa de la Comisión que dé respuesta a las exigencias presentadas en la Iniciativa Ciudadana Europea, al menos cuando la Comisión se haya comprometido a presentar dicha propuesta, como en el caso de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water; destaca que la Comisión debe garantizar la máxima transparencia durante los dos meses de la fase de análisis, que una Iniciativa Ciudadana Europea satisfactoria debe recibir una asistencia y un asesoramiento jurídicos adecuados por parte de la Comisión y gozar de una difusión apropiada, y que debe facilitarse información completa y actualizada a los promotores y partidarios de la iniciativa a lo largo de todo el proceso;
7. Destaca que dar una respuesta insuficiente a la primera iniciativa que ha prosperado podría contribuir al descrédito de la Iniciativa Ciudadana Europea como instrumento de democracia entre los ciudadanos de la UE;
8. Insiste en que la Comisión aplique eficazmente el Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea y proceda a eliminar todas las trabas burocráticas a las que se enfrentan los ciudadanos al presentar o al respaldar una iniciativa, e insta a la Comisión a considerar la implantación de un sistema de registro de iniciativas común para todos los Estados miembros;
9. Pide a la Comisión que apoye decididamente los esfuerzos de los Estados miembros para desarrollar y mejorar la infraestructura que proporciona acceso a los servicios de riego, alcantarillado y abastecimiento de agua potable;
10. Considera que debe mejorarse la cantidad y calidad de la información a disposición de los ciudadanos sobre la calidad y los servicios del agua; insiste en que la respuesta de la Comisión a la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water es insuficiente; pide a la Comisión, en relación con esta Iniciativa Ciudadana Europea en particular, que ponga en marcha una campaña informativa seria sobre las medidas ya adoptadas en el ámbito del agua y sobre cómo estas medidas pueden contribuir a lograr los objetivos de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water;
11. Recuerda que la responsabilidad de aplicar el Derecho de la UE recae en los Estados miembros; insta a los Estados miembros a aplicar plenamente la Directiva sobre el agua potable y toda la legislación relacionada; recuerda a los Estados miembros que deberían determinar sus prioridades de gasto y aprovechar plenamente las posibilidades de apoyo financiero de la UE en el sector del agua previstas en el nuevo periodo de programación financiera (2014-2020), en particular en virtud de la prioridad de inversión centrada específicamente en la gestión del agua;
12. Recuerda la obligación de los Estados miembros de garantizar que el derecho al agua y el saneamiento pueda ejercerse de forma justa y sin discriminación; apunta que los Estados miembros tienen el deber de garantizar que el acceso al agua de calidad para las personas necesitadas esté garantizado y sea asequible para todos, velando al mismo tiempo por que los operadores proporcionen agua potable en condiciones de salubridad y un saneamiento mejorado; pide a los Estados miembros que adopten la legislación adecuada y que desarrollen y apliquen programas concretos que cuenten con suficientes recursos y estén sometidos a controles apropiados; toma nota de que los Estados miembros deben prestar especial atención a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, como aquellos de áreas de bajos niveles de ingresos y regiones geográficas que tienen una gran acumulación de pobreza; pide a la Comisión que determine qué áreas sufren o pueden sufrir escasez de agua, y que ayude a los Estados miembros, regiones y zonas afectados, en especial a las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, a abordar de manera adecuada este problema;
13. Reconoce que los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad, tienen derecho a elegir entre distintos sistemas de distribución de agua; declara que el agua no debe ser una fuente de beneficios ilegítimos ni para los operadores públicos ni para los privados; pide una mayor transparencia y más información sobre la gestión y los sistemas de fijación del precio del agua en los Estados miembros;
14. Recuerda la obligación de garantizar el acceso a la justicia y a la información en materia de medio ambiente, así como la participación pública en la toma de decisiones, de conformidad con el Convenio de Aarhus; pide, por tanto, a la Comisión, los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales que cumplan con los principios y los derechos consagrados en el Convenio de Aarhus; recuerda que es fundamental que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos a fin de lograr la más amplia participación posible en el procedimiento de toma de decisiones; insta, por consiguiente, a la Comisión a que ponga en marcha de forma proactiva una campaña para informar a los ciudadanos de la UE de los logros del Convenio de Aarhus en materia de transparencia y de los instrumentos efectivos de que ya disponen, y a que cumpla las disposiciones relativas a las instituciones de la UE; pide a la Comisión que elabore criterios de transparencia, responsabilidad y participación como método para mejorar el rendimiento, la sostenibilidad y la rentabilidad de los servicios del agua;
15. Recuerda que muchos aspectos de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior suscitaron un fuerte rechazo en la sociedad civil, incluidas las cuestiones relacionadas con los servicios de interés económico general, como los servicios de distribución y abastecimiento de agua, así como la gestión de aguas residuales; recuerda que, finalmente, las instituciones de la UE se vieron obligadas a incluir estos sectores entre los servicios que no pueden ser liberalizados;
16. Señala que, desde 1988, su Comisión de Peticiones recibe todos los años un importante número de peticiones de ciudadanos de la UE de muchos Estados miembros que expresan su preocupación por la calidad y el abastecimiento del agua, así como por la gestión de las aguas residuales; llama la atención sobre una serie de factores negativos denunciados por los peticionarios —como vertederos de residuos, la falta de control de la calidad del agua por las autoridades y las prácticas agrícolas e industriales irregulares o ilegales—, que son responsables de la baja calidad del agua y, por tanto, afectan al medio ambiente y a la salud humana y animal; considera que estas peticiones demuestran que los ciudadanos tienen un verdadero interés por el cumplimiento pleno y el desarrollo ulterior de una normativa de la UE sostenible en materia de agua;
17. Considera que muchas de las peticiones relacionadas con la calidad y la gestión del agua proceden de Estados miembros que no están bien representados en la consulta pública a escala europea puesta en marcha en junio de 2014, y hace hincapié, por tanto, en que podría existir una incoherencia entre el resultado de la consulta pública y la situación denunciada en las peticiones;
18. Lamenta que en la Europa de los Veintiocho todavía más de un millón de personas siga sin tener acceso a un agua potable, salubre y limpia, y que casi un 2 % de la población carezca de acceso a instalaciones de saneamiento, según el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, y, por consiguiente, insta a la Comisión a que actúe de inmediato;
19. Considera que debe llevarse a cabo una evaluación de los proyectos y programas europeos en materia de agua y saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos, a fin de desarrollar las políticas, directrices y prácticas adecuadas; invita a la Comisión a que establezca un sistema de valores de referencia (para la calidad del agua, su carácter asequible, sostenibilidad, cobertura, etc.) a fin de mejorar la calidad de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento en toda la Unión Europea, y como manera de dotar a los ciudadanos de una mayor capacidad;
20. Insta enérgicamente a la Comisión a que se tome en serio las preocupaciones y las advertencias que los ciudadanos reflejan en dichas peticiones y a que actúe en consecuencia, en especial dada la urgente necesidad de abordar la pérdida de recursos hídricos debida al uso excesivo y al cambio climático, mientras estemos todavía a tiempo para impedir la contaminación y la gestión incorrecta; expresa su preocupación ante el número de procedimientos de infracción iniciados en relación con la calidad y la gestión del agua; recuerda el importante número de peticiones de ciudadanos que se oponen a la inclusión de los servicios públicos básicos, como el agua y el saneamiento, en las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI); pide a la Comisión que exija una mayor responsabilidad a los proveedores de agua;
21. Pide a la Comisión que elabore legislación vinculante para garantizar que las autoridades competentes ponen a disposición de los ciudadanos toda la información relativa a la calidad y la gestión del agua de manera accesible y comprensible y que se informa y se consulta plenamente y a tiempo a los ciudadanos sobre todos los proyectos de gestión del agua; observa, asimismo, que, en la consulta pública realizada por la Comisión, el 80 % de los participantes afirmaron que resulta esencial aumentar la transparencia del control de la calidad del agua;
22. Pide a los Estados miembros que concluyan, con carácter urgente, los planes hidrológicos de cuenca, que constituyen un elemento clave para la aplicación de la Directiva marco sobre el agua, y que los apliquen correctamente respetando plenamente los criterios ecológicos primordiales; pone de relieve que ciertos Estados miembros se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a graves inundaciones que afectan seriamente a la población local; señala que los planes hidrológicos de cuenca previstos en la Directiva marco sobre el agua y los planes de gestión de riesgo de inundación previstos en la Directiva sobre inundaciones ofrecen una oportunidad inmejorable para aprovechar sinergias entre estos instrumentos, por lo que contribuyen a la provisión de agua limpia en cantidades suficientes y a reducir al mismo tiempo el riesgo de inundaciones; recuerda, además, que cada Estado miembro debe contar con una página web central en la que se facilite información sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua a fin de ofrecer una visión general de la gestión y la calidad de las aguas;
23. Pide al Comité de las Regiones que participe más activamente en esta Iniciativa Ciudadana Europea a fin de fomentar una mayor implicación de las autoridades regionales en este asunto;
24. Pide a la Comisión que supervise de cerca el uso de fondos directos o indirectos de la UE destinados a proyectos de gestión del agua y que garantice que dichos fondos se utilizan exclusivamente para los proyectos a que estaban destinados, teniendo presente que el acceso al agua es fundamental para reducir las disparidades entre los ciudadanos de la UE y mejorar la cohesión económica, social y territorial de la UE; pide, a este respecto, al Tribunal de Cuentas que verifique que se cumplen satisfactoriamente los criterios de eficiencia y sostenibilidad;
25. Pide a la Comisión que tome en consideración la actual falta de inversión en la gestión equilibrada del agua, teniendo en cuenta que el agua es uno de los activos en común de los ciudadanos de la UE;
26. Señala que la buena gestión del agua se está convirtiendo en una prioridad para las próximas décadas, tanto en términos ecológicos como ambientales, ya que responde a exigencias en el ámbito de la energía y la agricultura y a imperativos económicos y sociales.

References: Resolución 
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 artículo 4
 artículo 16
 artículo 14
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