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Timestamp: 2019-04-23 12:28:36+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00085 de julio 4 de 2013
SENTENCIA 2008-00085 DE 04 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 478 Y 479 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, CUANDO NO EXISTE DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, ÉSTA SE ENTIENDE PRORROGADA POR LOS PERIODOS SUCESIVOS DE 6 EN 6 MESES QUE SE CONTARÁN DESDE LA FECHA SEÑALADA PARA SU TERMINACIÓN. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, TENEMOS QUE LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA, NO ENCUADRA DENTRO DEL CONCEPTO DE DERECHO ADQUIRIDO, PUES ELLA ES UNA MERA POSIBILIDAD QUE ANTE LA ACTITUD PASIVA DE LAS PARTES EL INSTRUMENTO CONVENCIONAL SIGUE VIGENTE. DE ESTA MANERA, NO PUEDE ARGUMENTARSE QUE ALGÚN TRABAJADOR OBTENGA UN DERECHO ADQUIRIDO A QUE SE PRORROGUE EL TÉRMINO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE TRABAJO, CONVENCIÓN COLECTIVA, PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Sentencia 2008-00085 de julio 4 de 2013
Ref.: Expediente 050012331000200800085 01
Número interno: 0110-2013
Actor: Hugo Alberto Munera Gaviria
Debe la Sala determinar si el señor Hugo Alberto Munera Gaviria tiene derecho a que la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe en liquidación, le reliquide las prestaciones sociales e indemnización por supresión del cargo, con los beneficios dispuestos en la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridad Social en el año 2001.
La Resolución 529 del 24 de septiembre de 2007, por medio de la cual se establece el monto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización de un servidor público de la ESE Rafael Uribe Uribe, expedida por el apoderado general liquidador representante legal de la ESE en liquidación.
De conformidad con la certificación laboral suscrita por la coordinadora de talento humano de la ESE Rafael Uribe Uribe, el actor laboró al Instituto de Seguros Sociales - ISS desde el 16 de septiembre de 1993 hasta el 25 de junio de 2003; a partir del 26 de junio de 2003, y hasta el 14 de agosto de 2007 estuvo vinculado en la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, en liquidación con una asignación básica mensual de $1.205.085 m/cte. Su último cargo desempeñado fue el de auxiliar de servicios asistenciales, código 4056, grado 21, jornada laboral 8 horas. Motivo del retiro, supresión del cargo (fl. 31).
Mediante Oficio D-1697 del 13 de agosto de 2007, suscrito por el apoderado general liquidador de la ESE Rafael Uribe Uribe, se le comunicó al actor que por Decreto 3041 del 10 de agosto de 2007, el Gobierno Nacional aprobó la modificación de la planta de personal de la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación, y suprimió el cargo de auxiliar de servicios asistenciales 4056, grado 21, que desempeñaba, razón por la cual quedaba desvinculado de la entidad. Y que conforme al Decreto 405 del 14 de febrero de 2007, tendría derecho al pago de la liquidación de prestaciones sociales e indemnización a que haya lugar (fl. 33).
El apoderado general liquidador y representante legal de la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación, mediante Resolución 529 del 24 de septiembre de 2007, estableció el monto de liquidación de las prestaciones sociales definitivas e indemnización del actor (fls. 62-66), así:
16/12/2006 a 14/08/2007 $387.100
Total días 0 $0
16/12/2006 a 14/08/2007 $267.027
16/12/2006 a 14/08/2007 $33.251
01/01/2007 a 14/08/2007 $336.024
Cesantías $82.513
Total $1.105.915
Por concepto de indemnización:
retiro Días no
laborados Total tiempo a indemnizar Valor
16/09/1993 14/08/2007 181 Años – meses
13 – 4 $31.314.426
De la naturaleza de la vinculación del accionante
Dicho cambio de naturaleza generó, con la expedición del Decreto 1654 de 1977, la existencia en la institución de una categoría especial de empleados denominados “funcionarios de la seguridad social”, que correspondían a aquellos que desempeñaran cargos asistenciales y administrativos(5).
En el año 1992 se dio otro cambio fundamental en la naturaleza del instituto, pues de conformidad con lo ordenado por el Decreto 2148 del mismo año, se convirtió en una empresa industrial y comercial del Estado.
Fue por esta razón, que con la entrada en funcionamiento de la ESE Rafael Uribe Uribe, la situación laboral del demandante se modificó sustancialmente, pues a partir de allí pasó a ser considerado como empleado público, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 1750 de 2003. Así mismo, la referida incorporación a la nueva planta de personal fue automática y sin solución de continuidad, al tenor de lo estipulado en el artículo 17 ibídem.
Frente a este aspecto cabe resaltar que la exigencia de dicha regla, esto es, que la naturaleza de la vinculación es la propia de un empleado público, es consonante con el régimen establecido a partir de la Ley 100 de 1993, concordante con las Leyes 10 de 1990 y 489 de 1998, ya que reconoce que la asignación de trabajadores oficiales es excepcional y se reserva al personal encargado de desempeñar cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, siendo los demás servidores empleados públicos, pues estos son los únicos que pueden ocupar un empleo de carrera o de libre nombramiento y remoción.
La distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales tuvo su origen legal en la Ley 4ª de 1913(6) que definió a los primeros como “todos los individuos que desempeñan destinos creados o reconocidos por las leyes. Lo son igualmente los que desempeñan destinos creados por ordenanzas, decretos y acuerdos válidos”.
Al definir su campo de aplicación, el Decreto 1848 dispuso en el numeral 2 del artículo 7º lo siguiente:
2) Se aplicarán igualmente, con carácter de garantías mínimas, a los trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se establecen en los decretos mencionados, y sin perjuicio de lo que solamente para ellos establezcan las convenciones colectivas o laudos arbitrales, celebradas o proferidas de conformidad con las disposiciones legales que regulan en Derecho Colectivo del Trabajo.
(…)” (lo resaltado es de la Sala).
El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos —los que antes han sido trabajadores oficiales— tendrían derecho a presentar convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de negociación colectiva las condiciones laborales de sus cargos.
La aludida convención colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (…) no es viable reconocerle (…) con fundamento en la convención colectiva reclama, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 416(8) del CST que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora.
Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador-trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador-trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la convención colectiva vigente. No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos. (…)”(10)(lo resaltado es de la Sala).
En orden a desatar la controversia, lo primero que debe resaltarse es que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, desde el 26 de junio de 2003, fecha de la escisión del ISS, el señor Hugo Alberto Munera Gaviria tuvo la condición de empleado público y, en consecuencia, a partir de dicho momento no ostentaba el derecho a suscribir convenciones colectivas ni a beneficiarse de ellas.
Del régimen de salarios y prestaciones. El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las empresas sociales del estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos. Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas (…)” (negrilla fuera de texto y el aparte subrayado declarado inexequible mediante la Sentencia C-314 de 2004).
Mediante Sentencia C-314 de 2004(11) la Corte Constitucional analizó el referido artículo, frente a la posible vulneración del derecho a la negociación colectiva(12) y de los derechos adquiridos. En este sentido, luego de efectuar un amplio análisis de lo que debe considerarse, al amparo de los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, como derecho adquirido, concluyó que el aparte subrayado se encuentra viciado por los siguientes motivos: hace referencia solo a derechos prestacionales, cuando la protección debe abarcar los salariales también; la definición contenida en dicha disposición es errática; y, deja por fuera los derechos derivados de la convención colectiva de trabajo durante el tiempo por el cual fue pactada. Al respecto, precisó:
No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos, conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-314 de 2004 (…)”.
La prórroga automática contenida en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social(13), no encuadra dentro de dicho concepto de derecho adquirido pues ella es una mera posibilidad que ante la actitud pasiva de las partes el instrumento convencional sigue vigente y, en consecuencia, no puede sostenerse que los trabajadores oficiales a 25 de junio de 2003 tenían un verdadero derecho adquirido a que se prorrogara el término de la convención.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que para el 31 de octubre de 2004 la mayoría de trabajadores de la ESE Rafael Uribe Uribe, dentro de los cuales se encontraba el accionante, ostentaban la condición de empleados públicos y por lo tanto no podían denunciar la convención colectiva, ni suscribir una nueva o convocar un tribunal de arbitramento.
En el mismo sentido, en la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1º de octubre de 2009, C. P. Gerardo Arenas Monsalve; radicado interno Nº 0212-2008, se sostuvo:
Posteriormente, la Corte Constitucional, a través de Sentencia SU-897 de 2012(14), unificó su jurisprudencia en el sentido de indicar que “la convención colectiva celebrada entre Sintraseguridad Social y el ISS, estuvo vigente por el plazo inicialmente pactado, esto es, del 1º de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004”, conclusión a la que arribó con fundamento en los siguientes razonamientos:
De lo expuesto se concluye que los derechos salariales y prestacionales que el actor pretende reliquidar se causaron desde el año 2006 y la indemnización por supresión en el año 2007, es decir, con posterioridad a la fecha de expiración de la convención colectiva ocurrida el 31 de octubre de 2004; en consecuencia no hay lugar a acceder a las pretensiones, pues la liquidación de sus prestaciones sociales se ajustó a la normatividad legal aplicable.
Por las razones previamente señaladas la Sala confirmará la sentencia recurrida mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda.
Confírmase la Sentencia de 15 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda incoada por Hugo Alberto Munera Gaviria contra la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación, y otros.
(6) Código de Régimen Político y Municipal.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-453 de 2002, M. P. Álvaro Tafur Gálvis.
(8) La citada norma establece: “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga”. Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
(9) Consejo de Estado, Sentencia del 1º de julio de 2009. Rad. 2007-1355, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, demandado: Hospital de Caldas.
(10) Referencia: expediente D-4844 Actores: Saúl Peña Sánchez y otros. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(11) De 1º de abril de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(12) Frente a este aspecto concluyó que el derecho a la negociación colectiva no es absoluto y que está inescindiblemente ligado a la naturaleza de la vinculación; la cual, a su turno. No puede considerarse tampoco como un derecho adquirido del trabajador. Al respecto, consideró:
(14) M. P. Alexei Julio Estrada.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 416
 artículo 478