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Timestamp: 2019-07-21 06:34:48+00:00

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C-617 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020047349CC-SENTENCIAC617200825/06/2008CC-SENTENCIA_C_617__2008_25/06/2008200473492008Sentencia C-617/08 PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Aplicación BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD- Convenios de la OIT/ BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO Y EN SENTIDO LATO De conformidad con el artículo 53 superior, de acuerdo con cuyas voces "los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna", la Corte Constitucional ha estimado que los convenios de la OIT hacen parte de la legislación interna, que algunos de ellos integran el bloque de constitucionalidad entendido en sentido estricto, por cuanto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución prohíben la limitación de un derecho humano durante los estados de excepción, mientras que otros convenios de la OIT forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido amplio o lato, pues sirven como referente para interpretar los derechos de los trabajadores y para darle plena efectividad al principio de protección del trabajador y al derecho al trabajo. CONVENIO 87 DE LA OIT SOBRE LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCION DEL DERECHO DE SINDICALIZACION- Hace parte del bloque de constitucionalidad Respecto del convenio 87 de la OIT, la Corte expresamente ha señalado que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y, por hallarse integrado a la Constitución, es parámetro para adelantar el juicio de constitucionalidad de preceptos legales. El Convenio 87 de la OIT, en cuanto parámetro de constitucionalidad, es complementario del artículo 39 de la Carta. Este Convenio establece en su artículo 2º que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de la misma DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL- Contenido y alcance/ AUTONOMIA SINDICAL- Alcance El artículo 39 de la Constitución de 1991 establece el derecho a la asociación sindical y de acuerdo con su tenor literal, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. La jurisprudencia constitucional ha puntualizado que el derecho de asociación sindical comprende la libertad individual de organizar sindicatos, así como la libertad de sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse y la autonomía sindical que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno. Así en lo atinente a la autonomía sindical el artículo 3º del Convenio 87 de la OIT enuncia distintos aspectos en los cuales se concreta, al indicar que las organizaciones de empleadores y trabajadores tienen derecho a elegir libremente sus representantes, a organizar su administración y sus actividades, a formular su programa de acción y a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. LIBERTAD SINDICAL Y AUTONOMIA SINDICAL- No tienen carácter absoluto Tanto del Convenio 87 de la OIT, como del artículo 39 de la Constitución se desprende que el funcionamiento de las organizaciones sindicales ha de ajustarse a la legalidad y, en consecuencia, por vía legislativa pueden imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicas, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. AUTONOMIA SINDICAL- Contenido de los estatutos/ AUTONOMIA SINDICAL- No se vulnera por la enumeración del contenido mínimo de los estatutos de las organizaciones sindicales La Corte considera que exigir que en los estatutos de las organizaciones sindicales se contemplen aspectos tales como la denominación del sindicato, su domicilio, su objeto, las condiciones de admisión, las obligaciones y derechos de los asociados, la denominación, período y funciones de los miembros de la junta directiva central y de las seccionales, la organización de las comisiones reglamentarias o accidentales, la cuantía y la periodicidad de las cuotas ordinarias, el procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias, las sanciones disciplinarias y los procedimientos de expulsión, las épocas de celebración de las asambleas, las reglas para la administración de los bienes o las normas para la liquidación del sindicato, no resulta desproporcionado o irrazonable y tampoco desnaturalizan el derecho a dictar los estatutos, ni impiden su normal y adecuado ejercicio. Algunos de los aspectos que deben formar parte del contenido mínimo de los estatutos, son tan obvios que resulta difícil pensar que su inclusión en la disposición examinada comporte un decisivo y grave quebrantamiento de la autonomía sindical, puesto que el sindicato podría considerar otras e incorporarlas a sus estatutos con el respeto debido a la legalidad vigente. COSA JUZGADA MATERIAL- Configuración Referencia: expedientes acumulados D- 7051, D-7032, D-7054 y D-7056
RODRIGO ESCOBAR GILD7051CONSTITUCIONALIDADCindy Cárdenas Gómez, Leidy Patricia Iza Albarracín, José David Murillo Garcés, Laura Peñaloza Prieto | Amparo Solano VegaDemandas de inconstitucionalidad en contra los artículos 362 (parcial) y 432, numeral 2º, del Código Sustantivo del TrabajoIdentificadores20020047350true53097Versión original20047350Identificadores
Norma demandada: Demandas de inconstitucionalidad en contra los artículos 362 (parcial) y 432, numeral 2º, del Código Sustantivo del Trabajo
De conformidad con el artículo 53 superior, de acuerdo con cuyas voces "los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna", la Corte Constitucional ha estimado que los convenios de la OIT hacen parte de la legislación interna, que algunos de ellos integran el bloque de constitucionalidad entendido en sentido estricto, por cuanto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución prohíben la limitación de un derecho humano durante los estados de excepción, mientras que otros convenios de la OIT forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido amplio o lato, pues sirven como referente para interpretar los derechos de los trabajadores y para darle plena efectividad al principio de protección del trabajador y al derecho al trabajo.
"CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO"
2. Numeral modificado por el artículo 16 de la Ley 584 de 2000.Tales delegados deben ser mayores de edad, trabajadores actuales de la empresa o establecimiento, y que hayan estado al servicio de éste por más de seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere funcionado el establecimiento cuando fuere menor de seis (6) meses, tratándose de negociaciones colectivas de sindicatos de empresa. En los demás casos el delegado deberá ser trabajador del gremio o de la industria o rama de actividad económica respectivamente según sea el caso.
1. La ciudadana Cindy Cárdenas Roa demandó la inconstitucionalidad de la expresión "Dichos estatutos contendrán, por lo menos" que hace parte del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo.
La demandante considera que el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo, en la parte demandada quebranta el preámbulo de la Constitución, porque coarta la libertad de acción de las personas y limita la autonomía de los individuos y de los sindicatos al enumerar de forma taxativa el contenido mínimo de los estatutos de toda organización sindical, pues a una organización que no acepte tal enumeración se le impide participar "en la exigencia de las garantías" que el ordenamiento jurídico contempla para la protección de los derechos.
Según la actora, la referida disposición es contraria al artículo segundo de la Carta Política que impone a las autoridades el deber de velar por la efectiva realización de los derechos y libertades consagradas en el ordenamiento jurídico, por cuanto la libertad y la autonomía sindical son derechos reconocidos por la Constitución que, además, hacen parte del bloque de constitucionalidad y deben ser protegidos por las autoridades, mientras que la enumeración contenida en el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo establece un "conjunto de condiciones estructurales obligatorias para la aceptación de los estatutos sindicales", en contra del numeral 2º del artículo 3º del Convenio 87 de la OIT, que ordena a las autoridades públicas "abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal".
En la misma línea, la demandante considera que las condiciones estructurales mínimas establecidas en el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo impiden "a los asociados sindicales estipular lo que crean conveniente en sus propios estatutos", lo cual contraviene lo establecido en el Convenio 87 de la OIT que prohíbe limitar el derecho de libre asociación y que encuadra con lo señalado en el artículo 39 de la Constitución de 1991, de acuerdo con cuyo texto los trabajadores y los empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado.
A continuación la demandante reitera que el numeral demandado vulnera el convenio 87 de la OIT y también el artículo 53 de la Constitución, pues no tiene en cuenta que "por mandato constitucional todo convenio debidamente ratificado por Colombia debe ser tenido como parte de la legislación interna", fuera de lo cual propicia el desconocimiento de las garantías que la normatividad internacional le otorga a los representantes sindicales y de la autonomía de las organizaciones sindicales para elegir libremente a sus representantes.
2. Los ciudadanos Leidy Patricia Iza Albarracín y José David Murillo Garcés demandan las expresiones "Tales delegados deben ser mayores de edad" y "que hayan estado al servicio de este por más de seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere funcionado el establecimiento cuando fuere menor de seis (6) meses", contenidas en el numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo.
Aducen los actores que los segmentos acusados vulneran el derecho a la igualdad, pues no permite "a los miembros menores de edad del sindicato ser delegados, siendo la edad de 14 años la mínima para poder ser miembro de un sindicato", de conformidad con el artículo 383 del Código, lo que genera una contradicción, "ya que se les está permitiendo el ingreso al sindicato pero sin el derecho a ser delegados que equivaldría a no tener ni voz ni voto".
Agregan los ciudadanos demandantes que los apartes acusados del artículo 432 violan el derecho fundamental a la libre asociación establecido en el artículo 39 superior, que resulta limitado por los comentados requisitos de edad y tiempo que "en ningún caso" pueden ser impuestos por las autoridades, ya que son "potestad del sindicato quien es el competente para darse sus mismos estatutos, sus normas y sus reglamentos".
Finalmente, los actores aseguran que los textos acusados desconocen el Convenio 87 de la OIT, pues "impide que sea el sindicato quien se dicte su propio reglamento y sus propios estatutos".
3. La ciudadana Laura Peñaloza Prieto demanda en su totalidad el numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, en su criterio, vulnera los artículos 13 y 39 de la Constitución, así como los artículos 2 y 3 del Convenio 87 de la OIT. Para sustentar el cargo señala que las organizaciones sindicales tienen derecho a elegir libremente sus representantes sin intervención de las autoridades públicas y que los trabajadores tienen derecho a "ejercer cargos de representación en los sindicatos, con la sola condición de observar sus estatutos y reglamentos administrativos".
Adicionalmente, la actora aduce que "en el artículo 16, numeral 2 de la Ley 538 de 2000, el legislador cometió un error, puesto que introdujo en esta ley un artículo que ya había sido anteriormente declarado y decidido inconstitucional", por "violar directamente el derecho fundamental a la igualdad contenido en el artículo 13 y 39 de la Constitución".
4. La ciudadana Amparo Solano Vega también demandó el numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo "por ser violatorio del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo" y, valiéndose de argumentos similares a los presentados por los otros demandantes, concluye que la negociación colectiva puede funcionar con propiedad con base en "unas organizaciones de trabajadores y de empleadores fuertes, legítimas, con líneas de acción coherentes y criterio pragmático y que actúen en pie de igualdad".
En relación con el artículo 432, numeral segundo, los intervinientes señalan que exigir la pertenencia a la empresa por un período mínimo de seis meses y tener la calidad de trabajador de ésta para ser representante sindical es contrario al artículo 3 del Convenio 87 de la OIT, según el cual, "Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción", ya que si bien el artículo 39 de la Carta Política indica que el funcionamiento de los sindicatos está sujeto al orden legal y a los principios democráticos, una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico nacional e internacional permite entender que los derechos de asociación tienen carácter fundamental y, por consiguiente, es menester que toda regulación sobre ellos se oriente a optimizar su fuerza expansiva y su eficacia.
Para el interviniente la expresión "En los demás casos el delegado deberá ser trabajador del gremio o de la industria o rama de actividad económica respectivamente según sea el caso", contenida en el artículo acusado, no contraviene los Convenios internacionales laborales, puesto que, en primer lugar, el Convenio 87 no regula lo relativo a la negociación colectiva y, en segundo lugar, porque los Convenios 98 y 154, que sistematizan dicha materia, no hacen mención específica a los delegados de los trabajadores en las negociaciones, de donde es posible colegir que tal aspecto se dejó en manos de los legisladores nacionales, siempre que se conserve el espíritu consagrado en los Convenios citados.
Conforme con lo anterior, el interviniente anota que el Convenio 98, en su artículo 4, busca estimular la negociación voluntaria como un mecanismo para establecer las condiciones de trabajo y, bajo tal perspectiva, la expresión demandada no tiene la entidad suficiente para desmotivar u obstaculizar esas negociaciones, toda vez que el hecho de que los delegados sean trabajadores del gremio o de la industria o rama de la actividad económica que negociará el pacto colectivo, en modo alguno entorpece la solución de los conflictos laborales que lleguen a surgir, sino que mas bien contribuye a fortalecer la organización sindical, a facilitar las negociaciones y a dotarlas de contenido, pues si el precepto demandado "impusiera a los trabajadores la obligación de contar entre sus delegados con miembros extraños a las organizaciones de trabajadores, evidentemente se constituiría en un obstáculo a las negociaciones y atentaría contra la libertad de que deben gozar los actores sociales al momento de negociar".
Finalmente el interviniente puntualiza que los órganos de control de la OIT "no han formulado al gobierno colombiano Observaciones (esto es, comentarios o Solicitudes Directas), en relación con el citado artículo, pues no han encontrado motivos para considerarlo contrario a ninguno de los convenios antes mencionados y, aunque los informes de la Comisión no sustituyen el juicio de exequibilidad, "dichas observaciones dan buena cuenta de percepción que tiene la OIT en punto a la medida en que las normas nacionales se ajustan al contenido y fines teleológicos de los instrumentos ratificados por el Miembro, en este caso los Convenios 87, 98 y 154.
El Procurador General de la Nación indica que respecto del numeral demandado existe cosa juzgada material, toda vez que la Corte Constitucional lo declaró inexequible, con excepción de la expresión "ser colombianos", mediante Sentencia C-797 de 2000. No obstante, con posterioridad a dicha providencia, el artículo 432 fue modificado por la Ley 584 de 2000, pero, a juicio del Procurador, "la versión del numeral 2 del artículo 432, modificada por el artículo 16 de la Ley 584 de 2000, reproduce en su esencia el anterior numeral segundo del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue declarado INEXEQUIBLE mediante la sentencia C-797 de 2000".
Como se ha anotado, en la demanda D-7051 se tacha como inconstitucional la expresión "Dichos estatutos contendrán, por lo menos" que hace parte del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo. Ciertamente el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 impone al demandante la carga de señalar los textos acusados de vulnerar la Constitución, de transcribirlos literalmente o de adjuntar un ejemplar de la publicación oficial y, de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, es posible demandar segmentos o partes de artículos, ya que "un artículo de una ley puede contener múltiples proposiciones normativas, algunas de las cuales pueden estar materializadas en una sola palabra"[1].
En su redacción actual, proveniente del artículo 42 de la Ley 50 de 1990, el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo establece el derecho de toda organización sindical a dictar libremente sus propios estatutos y reglamentos administrativos y a renglón seguido fija en 12 numerales el contenido mínimo de los referidos estatutos. La expresión "Dichos estatutos contendrán, por lo menos" aparece en el inciso inicial, hace parte del enunciado general del artículo y conecta su primera parte con los numerales que completan la formulación textual proporcionada por el legislador.
En el contexto brevemente descrito, la parte en la cual se radica en cabeza de las organizaciones sindicales del derecho a dictar libremente los estatutos y reglamentos administrativos es una disposición dotada de sentido propio, pero la expresión subsiguiente "Dichos estatutos contendrán, por lo menos", aún cuando es separable del segmento que da inicio al artículo no alcanza a integrar una unidad lingüística que autónomamente dé lugar a un significado y al aislarla del resto del artículo se evidencia su carácter incompleto, así como la necesidad de ser integrada a otros apartados textuales para que, de esa manera, conforme un supuesto interpretable al cual se le puedan atribuir significados.
Empero, sería apresurado concluir que, en razón de lo anotado, no procede entrar al análisis de la demanda, ya que, fuera del señalamiento de los textos acusados, el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 le exige al actor señalar "las normas constitucionales que se consideran infringidas" e indicar "las razones por las cuales dichos textos se estiman violados" y es posible que, una vez interpretada la demanda, de la exposición del actor se deduzca que, en realidad, el cargo formulado compromete un texto más amplio que el segmento destacado como contrario a la Constitución[4].
Nítidamente se observa que el cargo, así sintetizado, desborda con creces el ámbito de la expresión "Dichos estatutos contendrán por lo menos" y que también se proyecta al conjunto de numerales en los cuales el legislador recogió las distintas materias que deben hacer parte del contenido mínimo de los estatutos de toda organización sindical, pues, precisamente, es el señalamiento de esas materias lo que, en criterio de la ciudadana demandante, restringe la libertad personal y la autonomía de los sindicatos.
Según la demandante, el Convenio 87 de la OIT hace parte del bloque de constitucionalidad y, conforme a decantada jurisprudencia de esta Corte, el mencionado bloque reúne un conjunto de normas y principios que, aún cuando no aparecen formalmente en el texto constitucional, se entienden integrados a la Constitución y hacen parte de ella[6]. Junto a esta noción estricta, la jurisprudencia constitucional ha forjado una noción amplia, según la cual el bloque "estaría compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía, que sirven de parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación"[7].
De conformidad con el artículo 53 superior, de acuerdo con cuyas voces "los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna", la Corte Constitucional ha estimado que los convenios de la OIT hacen parte de la legislación interna, que algunos de ellos integran el bloque de constitucionalidad entendido en sentido estricto, por cuanto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución prohíben la limitación de un derecho humano durante los estados de excepción, mientras que otros convenios de la OIT forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido amplio o lato, pues sirven como referente para interpretar los derechos de los trabajadores y para darle plena efectividad al principio de protección del trabajador y al derecho al trabajo[8].
El artículo 39 de la Constitución de 1991 establece el derecho a la asociación sindical y de acuerdo con su tenor literal, "los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado". La jurisprudencia constitucional ha puntualizado que el derecho de asociación sindical comprende "la libertad individual de organizar sindicatos", así como la libertad de sindicalización, "ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse" y la "autonomía sindical que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno"[11].
La delimitación del contenido del derecho a la asociación sindical que la jurisprudencia constitucional ha hecho también se fundamenta en el Convenio 87 de la OIT que, en cuanto parámetro de constitucionalidad, es complementario del artículo 39 de la Carta. Ese Convenio establece en su artículo 2º que "los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de la misma".
Las distintas facultades y prerrogativas comprendidas dentro del contenido del derecho a la asociación sindical claramente aparecen en el artículo transcrito y en lo atinente a la autonomía sindical el artículo 3º del Convenio enuncia distintos aspectos en los cuales se concreta esa autonomía, al indicar que las organizaciones de empleadores y trabajadores tienen derecho a elegir libremente sus representantes, a organizar su administración y sus actividades, a formular su programa de acción y a "redactar sus estatutos y reglamentos administrativos".
La redacción de los estatutos y de los reglamentos es, entonces, uno de los ámbitos cobijados por el ejercicio de la autonomía sindical y, por lo tanto, en relación con esa facultad también cabe la advertencia plasmada en el numeral 2º del citado artículo 3º, de conformidad con el cual "las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal".
En el sentido que se acaba de indicar el artículo 8º del Convenio 87 de la OIT expresamente establece que "al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad", mientras que el artículo 39 de la Constitución puntualiza que "la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos".
Así pues, tanto del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, como del artículo 39 de la Constitución se desprende que el funcionamiento de las organizaciones sindicales ha de ajustarse a la legalidad y, en consecuencia, "por vía legislativa pueden imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicas, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa"[13].
De conformidad con lo visto, uno de los aspectos comprendidos dentro de la autonomía sindical es la facultad "para crear su propio derecho interno"[14] o, en los términos más explícitos del Convenio 87 de la OIT, para "redactar sus estatutos y reglamentos administrativos", pero el reconocimiento de ese derecho y su adscripción al contenido de la autonomía sindical no significa que esté vedada toda participación del legislador en la regulación de asuntos atinentes a los estatutos del sindicato o a los reglamentos administrativos o que deba garantizársele a la organización sindical el desarrollo directo de los textos constitucionales o de los convenios internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad sin ninguna clase de intermediación legislativa.
Ciertamente el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo prohíbe a las autoridades públicas intervenir para limitar el derecho a la asociación sindical o para entorpecer su ejercicio legal, pero, de una parte, se debe reparar en que, según el mismo texto del Convenio, mediante esa prohibición se busca proteger el ejercicio "legal" del derecho, lo cual supone que no está excluido su desarrollo legislativo y, de otra parte, se debe recordar que el ejercicio de los derechos reconocidos a las organizaciones sindicales ha de "respetar la legalidad".
La regulación del derecho a la asociación sindical que el legislador efectúe está amparada por el Convenio 87 de la OIT y por lo establecido en el artículo 39 de la Constitución que, como se ha destacado, sujeta "al orden legal" la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos, de donde se deduce que la autonomía de los sindicatos para darse su propio derecho y redactar sus estatutos no está exenta del desarrollo legislativo, pues es obvio que el funcionamiento de la organización sindical y su estructura interna también requieren de previsiones específicas contempladas en los estatutos de cada sindicato.
No hay, entonces, motivo de inconstitucionalidad en el hecho de que el Congreso haya legislado sobre la señalada materia, pues tiene competencia para ello. No obstante lo anterior, es menester analizar el alcance de la regulación legislativa, porque, conforme lo ha precisado la Corte, en plena concordancia con el Convenio 87 de la OIT, las eventuales limitaciones que introduzca el legislador "no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio"[15].
Al respecto conviene señalar que al modificar el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo, el legislador tuvo en cuenta el alcance del derecho de la organización sindical para expedir sus estatutos y reglamentos administrativos, pues expresamente indicó que en la expedición el sindicato actúa "libremente" y, en armonía con esa idea, a continuación puntualizó que los estatutos contendrán "por lo menos", con lo cual, en primer lugar, significó que la enumeración subsiguiente fija un contenido mínimo y que no pretende establecer un catálogo exhaustivo de materias que inhiba, del todo, la apreciación que la misma organización sindical pueda tener acerca de los asuntos que, según su criterio, merezcan ser previstos o regulados en los estatutos.
El Jefe del Ministerio Público estima que existe cosa juzgada constitucional, porque ya la Corte, en la Sentencia C-797 de 2000, se ocupó de examinar la constitucionalidad del numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y declaró su inexequibilidad, bajo el entendido de que las organizaciones sindicales son las llamadas a determinar autónomamente "cuántos son los delegados que deben presentar ante el empleador el pliego de peticiones y qué condiciones deben reunir".
En primer término, conviene aclarar que el texto entonces demandado corresponde a una versión anterior del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo que en su numeral 2º establecía que "Tales delegados deben ser colombianos, mayores de edad, trabajadores o empleados de la empresa o establecimiento, y que hayan estado al servicio de éste por más de seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere funcionado el establecimiento cuando fuere menor de seis (6) meses".
Así las cosas, aún cuando el texto actual ya no se refiere al requisito de ser colombiano y agrega otros aspectos al distinguir entre las negociaciones colectivas de sindicatos de empresa y los demás eventos, en los cuales "el delegado deberá ser trabajador del gremio o de la industria o rama de actividad económica respectivamente según sea el caso", se mantiene el sentido normativo del contenido declarado inconstitucional en la Sentencia C-797 de 2000, ya que, con independencia de las enmiendas introducidas, el propósito de establecer limitaciones legales para la selección de representantes en la negociación colectiva dominaba la redacción anterior del precepto y todavía domina la versión acogida mediante el artículo 16 de la Ley 584 de 2000.
Exequible Artículo 362 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible Artículo 362 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Estarse a lo decidido ... Artículo 432 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Exequible Artículo 42 LEY_50_1990_28/12/1990

References: artículo 53
 artículo 93
 artículo 39
 artículo 2
 artículo 39
 artículo 3
 artículo 39
 artículo 53
 artículo 93
 artículo 16
 artículo 362
 artículo 362
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 artículo 362
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 artículo 53
 artículo 432
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 artículo 432
 artículo 432
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 artículo 42
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 artículo 2
 artículo 53
 artículo 93
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 362
 artículo 432
 artículo 432
 artículo 16
 Artículo 362
 Artículo 362
 Artículo 432
 Artículo 42