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Timestamp: 2020-01-21 02:42:03+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 83, de 17/05/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 83
celebrada el jueves, 17 de mayo de 2001
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender al pago de obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades públicas por la reducción o exención en los precios públicos por servicioss académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/1998. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 28-1, de 11 de enero de 2001.
(Número de expediente 121/000028.) . . . (Página 4195)
- Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para el pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el parque nacional de Doñana. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 35-1, de 9 de marzo de 2001. (Número de expediente 121/000035.) . . . (Página 4196)
- Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 37-1, de 23 de marzo de 2001. (Número de expediente 121/000037.) . . . (Página 4197)
Propuestas de Resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 1999.
- Propuestas de Resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondiente al año 1999. (Número de expediente 245/000002.) . . .
(Página 4212)
(Página 4195)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender al pago de obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades públicas por la reducción o exención en los precios públicos por servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/1998 . . . (Página 4195)
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guerra Zunzunegui, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para el pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el Parque Nacional de Doñana . . . (Página 4196)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Breva, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora De Lara Carbó, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender el pago de obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades públicas por la reducción o exención en los precios públicos por servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/1998, es aprobado por 204 votos a favor y uno en contra.
Sometido a votación el proyecto de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para el pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el Parque Nacional de Doñana, es aprobado por 207 votos a favor.
Proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo) . . . (Página 4197)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; señora Julios Reyes; del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas defendidas anteriormente, siendo rechazadas.
Asimismo se somete a votación el texto del dictamen de la Comisión, que es aprobado por 172 votos a favor y 125 en contra.
Propuestas de resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 1999 . . . (Página 4212)
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondientes al año 1999 . . . (Página 4212)
En defensa de las propuestas de resolución presentadas intervienen los señores Rejón Geib, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A continuación se procede a la votación de las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondiente al año 1999.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 8.229.849.001 PESETAS, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA COMPENSACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS POR LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LOS PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOSS ACADÉMICOS A ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS 1996/1997 Y 1997/1998. (Número de expediente 121/000028.)
Punto VI del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas para atender al pago de obligaciones derivadas de la compensación a las universidades públicas por la reducción o exención en los precios públicos por servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/ 1998. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
En este crédito extraordinario existe una enmienda de carácter técnico que fue aprobada por unanimidad en la Comisión. Se ha producido una variación en la aplicación presupuestaria para su adaptación técnica a la estructura de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 como consecuencia de la reorganización administrativa llevada a término en el año 2000.
En Comisión algún grupo señaló que se había producido un cierto retraso en la concesión de este crédito extraordinario. Quiero decir aquí que, como conocen SS.SS., en el año 1975... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Repito que en el año 1995, a propuesta del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y aprobado por unanimidad de toda la Cámara, se modificó la normativa referente a familias numerosas, en el sentido de que se consideraba familia numerosa a aquella que tuviese tres hijos o dos en el caso de que uno de ellos fuera incapacitado.
Por ello se tuvo que pedir a todas las universidades que enviaran la relación de alumnos que pertenecían a familias numerosas. Yo entiendo que esto se debió hacer por el Gobierno de entonces, pero en estos momentos no es cuestión de señalar quién tuvo o no la culpa en este tema. Posteriormente, con el cambio de Gobierno, se solicitó a todas las universidades que remitieran al Ministerio de Educación -entonces Educación y Cultura; hoy Educación, Cultura y Deporte- la relación de alumnos que pertenecieran a familias numerosas. Una vez que este proceso llegó a su término fue cuando se pudo iniciar la tramitación de este crédito extraordinario. Crédito extraordinario, señora presidenta, que tiene el debido dictamen del Consejo de Estado por lo que solicitamos que se apruebe por esta
Cámara. Se remitió al Senado; fue allí donde se elaboró esta enmienda de carácter técnico, pasó por Comisión, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos y hoy viene al Pleno.
Perdonen SS.SS. que haya intervenido, pero quería aclarar las razones de este posible retraso del crédito extraordinario, pues aunque parezca que lo estamos aprobando con algunos años de retraso, repito que fueron las universidades quienes tenían que remitir la relación de alumnos de familias numerosas.
Señora presidenta, espero que se apruebe por unanimidad este crédito extraordinario.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.
La señora PRESIDENTA: Antes de votar el punto del orden del día que acabamos de discutir, vamos a iniciar el debate del proyecto de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por importe total de 4.246.984.705 pesetas, para el pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el parque nacional de Doñana. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de este proyecto de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios, que tiene su origen en una resolución del jurado de expropiación de Huelva que fue recurrida, y se ha tardado cuatro años y medio en contar con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Administración desistió en el año 1999 y los propietarios pidieron la ejecución de la sentencia, que es el trámite que ahora llega con este proyecto de ley. Se ha esperado, por tanto, a una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha tardado cuatro años y medio, y esa es la razón fundamental del retraso. En el año 1999 las dos partes recurrieron y la Administración, a nuestro juicio correctamente, desistió porque de haber ido al Supremo la diferencia habría sido mayor, ya que todas las diferencias que se han sustanciado en el Supremo han tenido siempre un incremento mayor. El Grupo Socialista considera que se debe aprobar y esperemos que tenga el voto favorable unánime de la Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará también a favor del proyecto de ley pues consideramos que es de justicia el pago que se hará a los expropiados porque es del año 1993, es decir, de hace ocho años.
Nuestro grupo parlamentario ha considerado, sobre todo en lo relativo a los parques nacionales, que lo que debe hacerse es llegar a acuerdos voluntarios porque si hay unos propietarios o unos municipios que tienen unas fincas en un estado de conservación tal que merecen ser incluidos en los parques nacionales, no se puede penalizar ni a los propietarios ni a los municipios, sino que debe llegarse con ellos a acuerdos voluntarios para poder incluir estas fincas en el patrimonio de los parques nacionales.
Señorías, el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto ampliar el número de hectáreas incluidas en los parques nacionales, pero siempre mediante acuerdos voluntarios con la propiedad porque creemos que hay que premiar, no castigar como hacía el Partido Socialista en otra época, aquellas fincas, aquellos propietarios de esos municipios cuyos terrenos han sido mantenidos en buen estado de conservación.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos las votaciones.
Dictámenes de Comisiónes sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas para atender al pago de obligaciones derivadas de la compensación a las universidades públicas por la reducción o exención en los precios públicos por servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/ 1998.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 205; a favor, 204; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre concesión de dos créditosextraordinarios por importe total de 4.246.984.705
pesetas para el pago de las cantidades derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el parque nacional de Doñana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 207; a favor, 207.
PRESIDENTA: La señora Queda aprobado el citado proyecto de ley.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2001, DE 2 DE MARZO.) (Número de expediente 121/000037.)
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo.) En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas por los integrantes del Grupo Mixto ¿van a intervenir tres? (Asentimiento.) En primer lugar, tiene la palabra el señor Saura Laporta. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y permitan que continuemos con el debate.
Doy también por defendidas las enmiendas de Xunta Aragonesista y paso a exponer la posición de Iniciativa per Cataluña-Verds. En el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2001, sobre medidas urgentes del mercado de trabajo expusimos por qué razón nos oponíamos a la convalidación. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Saura. Señorías, estamos en debate, ruego a los señores diputados que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio.
Decía que en el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2001 sobre medidas urgentes de la reforma del mercado de trabajo Iniciativa per Catalunya-Verds se opuso fundamentalmente por dos razones, de forma y de fondo. En primer lugar, estamos en contra por razones de forma porque, a nuestro entender, una reforma del mercado de trabajo necesariamente se ha de consensuar y concertar con los agentes sociales. Esto no sólo no había sido así, sino que el Gobierno en el proceso de negociación entre sindicatos y patronal había amenazado con legislar unilateralmente si no había acuerdo. Estamos en contra de que el Gobierno no negocie con los sindicatos y de que éstos se enteren por el Boletín Oficial del Estado de las medidas del Gobierno. En segundo lugar, por razones de fondo que, explicábamos, tenían que ver con que esta reforma laboral del Gobierno central no hace frente a los dos problemas más importantes que hoy tiene el mercado de trabajo, la temporalidad y la siniestralidad. No es sólo que no haga frente, sino que desnaturaliza o pervierte algunos de los contratos que en estos momentos existen, como el contrato de formación o el contrato a tiempo parcial, por lo que avanzamos hacia un tipo de competitividad, disminuyendo costes laborales o desregularizando el mercado de trabajo.
Desde ese punto de vista, nosotros hemos presentado toda una serie de enmiendas que no han sido aceptadas en el trámite parlamentario en Comisión. El contenido del proyecto de ley que hoy viene a este Pleno sigue siendo el mismo que entró en este Parlamento, por lo que vamos a votar en contra y a mantener nuestras enmiendas, especialmente aquellas que hacen referencia a la adopción de medidas que eviten el encadenamiento sucesivo y abusivo de la contratación temporal o que propongan medidas fiscales para desincentivar la contratación laboral.
El Grupo Mixto Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado cuatro enmiendas, tres de supresión y una de modificación, con la voluntad de evitar la desregularización del mercado laboral. Nosotros entendemos que es necesaria esta reforma laboral sólo para integrar en el mercado laboral sectores con demostrada dificultad: jóvenes, mujeres, parados de más de 40 años o personas con alguna problemática específica. Además, la incapacidad de conectar bien, de soldar el modelo educativo y el mercado laboral, la hacen aún más necesaria, pero no como ustedes la han planteado y menos en la forma en que que lo han hecho obviando los sindicatos.
En el caso de los supuestos contratos de formación se crea un mercado laboral de segunda -y en ese sentido van algunas de nuestras enmiendas- donde se puede abusar de la menor cobertura de la Seguridad Social, la cotización, los salarios más bajos, aprovechándose de los colectivos con dificultades. Era más clara y daba mayores garantías la redacción del anterior Real Decreto, de 24 de marzo de 1995, otra desregularización que iguala, en definitiva, el tiempo completo con el tiempo parcial. Ha de mantenerse en este
caso el 77 por ciento del tiempo parcial respecto al tiempo completo, como también definía el anterior real decreto del ámbito laboral. Por otra parte, el que las horas complementarias puedan llegar al 60 por ciento desregulariza y deja sin sentido el contrato a tiempo completo, reduce las diferencias entre contrato parcial y contrato completo y desaparece la posibilidad de denuncia del trabajador del pacto de las complementarias. Por todo lo expuesto, quedaba mejor redactado y daba más garantías a los trabajadores el anterior real decreto. Finalmente, teníamos una enmienda para la generalización de la prevención de los abusos de la utilización del contrato temporal porque habría que dejar claro que no sólo son los contratos y la negociación colectiva a nivel general, sino que también están afectados los de rango menor. Por todo ello, presentamos las cuatro enmiendas.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a exponer brevemente la posición andalucista respecto a esta reforma del mercado de trabajo.
Hay una primera enmienda que no se escribe, que se expone -ya se expuso en Comisión-, que es una enmienda al fondo, al no haber conseguido el consenso con los agentes sociales. Ayer conocimos los datos de evolución de la EPA y hemos comprobado que ha habido un importantísimo cambio de tendencia, tanto en la no disminución de paro como en la creación de empleo, aunque Andalucía se ha comportado de una manera muy distinta al resto de España. Hemos escuchado palabras del ministro diciendo que esto justifica la reforma del mercado laboral. Nosotros quisiéramos hacer una llamada de atención sobre ese binomio de flexibilidad y estabilidad porque, ante la recesión o el menor crecimiento económico y de empleo que viene, será necesario garantizar mucho más la estabilidad. En ese sentido van nuestras enmiendas relativas a no desvirtuar el contrato de formación, a llegar a acuerdos con los agentes sociales y a garantizar una indemnización mayor que la que se contiene en la reforma. Ha sido aceptada en Comisión la enmienda de los andalucistas respecto a que se considere como cuantía mínima de despido los 8 días por año y que esa cuantía mínima pueda ser superada y defendida por los convenios colectivos.
Por último, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley, ya que ninguna de ellas fue incorporada por la Comisión al texto que hoy debatimos, aunque a nosotros nos resulta curioso que alguna de las aceptadas sean copia del texto y de la justificación ofrecidos en enmiendas del BNG, como sucede, por ejemplo, en el caso de los incentivos de la contratación por empresas del transporte, de la pesca y de la agricultura, que responde a planteamientos de este grupo, como el Gobierno reconoció en contestación a una pregunta nuestra.
Mantenemos la posición que manifestamos hace dos meses en el debate de convalidación, de oposición a esta nueva contrarreforma del mercado de trabajo. Dijimos y mantenemos que esta reforma laboral y las que se anuncian en materia de pensiones y de negociación colectiva suponen un nuevo ataque a los derechos de los trabajadores, a los derechos de la mayoría social en beneficio de una minoría.
Tenemos que añadir que estas medidas en nada favorecen la competitividad, la economía productiva; en nada van a favorecer a empresarios preocupados de crear empleo y generar riqueza. Buscar la competitividad -lo dijimos una y otra vez- vía costes laborales no es solución, simplemente se recortan los derechos de los trabajadores.
Se habla de los efectos positivos de la de 1997 para justificar esta reforma. Quiero darles algunos datos referidos a Galicia. Son datos tercos y no precisamente tranquilizadores. Hubo un aumento de la eventualidad del 33,94 por ciento en 1997 a un 35 por ciento en el 2000, eventualidad que, como ustedes saben, influye en la siniestralidad laboral. Hubo un empeoramiento de la calidad del empleo juvenil. Actualmente, un 63 por ciento de los trabajadores gallegos menores de 30 años tienen un contrato eventual. Por cierto, hay una tasa de paro superior a la media estatal, a pesar de que la tasa de ocupación es inferior al 49 por ciento, etcétera. Como ven, todo muy lejos de los objetivos marcados en la cumbre de Lisboa.
Sobre las medidas concretas contempladas en el texto que ahora se somete a nuestra consideración, diré que la tramitación en Comisión siquiera ha sido capaz de suavizar algunas de las reformas contenidas en el decreto-ley. El contrato de inserción, desnaturalizado para extenderlo a inmigrantes y a otros colectivos excluidos, va a ser el nuevo contrato basura de esta reforma. Para nosotros no es buena forma de acabar con la explotación. Por otra parte, la desregulación del contrato a tiempo parcial, que hará imposible la conciliación de este tipo de contrato con el estudio o la vida familiar; el abaratamiento del despido improcedente, camino de la legalización de un despido libre, que en la práctica va existiendo cada vez más, y la precarización del empleo en las administraciones públicas demuestran claramente que con esta reforma no se pretende
crear empleo, sino crear empleo más barato, en peores condiciones y, si se acercan tiempos de crisis, como parece, facilitar los despidos.
En eso nosotros no podemos estar de acuerdo.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Voy a defender las enmiendas de mi grupo que permanecen vivas para el debate en este Pleno.
La enmienda 166, al artículo primero apartado ocho, que regula la contratación temporal de inserción en las administraciones públicas, propone que se añada un nuevo párrafo porque entendemos que esta modalidad de contrato no está suficientemente definida y creemos que debe quedar asimilado al régimen jurídico análogo al de los contratos formativos.
También mantenemos viva la enmienda número 187, al artículo primero apartado nueve número 5, cuando dice que mediante los convenios colectivos se podrán establecer requisitos adicionales dirigidos a prevenir abusos en la utilización sucesiva de las contrataciones temporales. Nosotros proponemos el cambio del término podrán por deberán, porque entendemos necesario introducir de forma sistemática valoraciones de estas situaciones de abuso de contratación temporal por las dos partes, tanto por empresarios como por trabajadores, en el contexto de los propios convenios colectivos, de la negociación y de la concertación, intentando excluir de nuestro panorama laboral esta problemática. La enmienda 188 también va dirigida a este mismo artículo y punto. Es una enmienda de adición -no voy a leerla-, que en la misma línea de lo dicho anteriormente intenta profundizar e introducir algunas medidas preventivas o disuasorias de cara a los posibles abusos de que estamos hablando.
La enmienda 189 la retiramos puesto que ha sido introducida en el propio texto, al establecer que a través de la negociación colectiva se puedan señalar los cauces por los cuales se transmite información a los trabajadores relativa al traspaso de puestos temporales a puestos indefinidos.
La enmienda 190, que también ha sido retirada, planteaba que se eliminara el apartado que hacía referencia a las nuevas formas de despido por causas objetivas, pues entendíamos que tal como estaba redactado podía generar problemas injustificados, fundamentalmente en el funcionamiento cotidiano de la Administración pública. Tal como ha quedado redactado el texto quedan limitados los supuestos en donde esas situaciones se pueden dar.
Por último, en las enmiendas referidas al bloque del programa ya en sí de fomento del empleo, mantenemos viva la enmienda 191, que hace referencia a la posibilidad de aplicar las bonificaciones establecidas en este programa de fomento del empleo a los trabajadores acogidos al régimen especial de autónomos, pues tal como está redactado sólo pueden acogerse a ellas cuando realicen su primera contratación indefinida si es que antes no han hecho ningún tipo de contratación. Creemos que esto, de alguna forma, penaliza a aquellos trabajadores autónomos que con anterioridad habían realizado algún tipo de contratación, por ejemplo de carácter temporal. Nos parece una contradicción que si a estos trabajadores las circunstancias les permiten pasar de un tipo de contrato temporal a uno indefinido no puedan acogerse a este programa de fomento del empleo.
La enmienda 192 también la retiramos porque entendemos que ha sido absorbida por el nuevo texto. Por el contrario, mantenemos la enmienda 193, en la que planteamos que dentro de los grupos definidos como colectivos de exclusión social que pueden ser contratados acogiéndose al programa de fomento del empleo se incluyan tres supuestos que no están ahora mismo reflejados en el texto. El primero de ellos son las personas con enfermedades mentales, discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales que estén en situación de desempleo; en segundo lugar, el de los emigrantes españoles que hayan retornado y que por dificultades de inserción sociolaboral se encuentren en grave situación de necesidad; y el tercero, el de los inmigrantes refugiados o asilados políticos que encontrándose en situación regular, por dificultades de inserción sociolaboral se encuentren en grave situación de necesidad. Entendemos que estos tres supuestos forman parte también de colectivos definidos como grupos de exclusión social con dificultades de acceder al mercado de trabajo normalizado.
Mantenemos viva la enmienda 194, que propone añadir un nuevo punto al artículo octavo.1.b) con relación a que se especifique lo que se refiere a exclusiones de bonificaciones. Hay un apartado que hace referencia a que quedarán excluidas aquellas contrataciones que afecten a cónyuges, ascendientes o descendientes directos. Nosotros proponemos que se añada un párrafo aclarando determinadas situaciones que afectan de forma directa a las microempresas o a los trabajadores autónomos, pues en las microempresas familiares suele jugar un papel importante el cónyuge, fundamentalmente la mujer o algún otro familiar directo, y en la medida que se efectúen los controles pertinentes y quede asegurado que estos contratos se realizan dentro del ámbito del artículo 1.o del Estatuto de los Trabajadores entendemos que tampoco debiera penalizarse esta situación, porque de alguna forma se trata de potenciar que afloren ciertos aspectos de la economía sumergida que hoy por hoy persisten en este ámbito.
Por último, mantenemos viva la enmienda que hace referencia a la incorporación de un nuevo artículo que va dirigido a que sean objeto de deducciones en el IRPF las cotizaciones a la Seguridad Social generadas por el empleo dentro del ámbito de actuaciones particulares que impliquen servicios de carácter familiar o doméstico realizados en el domicilio. Entendemos que es necesario empezar ya a introducir en la normativa de este país elementos que normalicen el trabajo doméstico en la economía informal. Hoy por hoy es una de las líneas que destaca el Parlamento Europeo, que en un reciente informe sobre la normalización del trabajo doméstico en la economía informal -se ha visto en otros países también-, entre otras medidas dice que es recomendable introducir deducciones fiscales en los servicios domésticos como una fuente importante, que lo es, de nuevos puestos de trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, el debate de esta reforma del mercado de trabajo no ha resuelto las dudas políticas que su presentación ha generado, no ha incorporado ningún elemento de tranquilidad a los trabajadores ni ha permitido una aproximación de posiciones que equilibrara una reforma dictada evidentemente por la patronal, como más adelante trataré de explicar. Tampoco hemos recibido una explicación solvente sobre la urgencia de esta reforma que justificara una irrupción tan impetuosa en la negociación entre los agentes sociales, cuando todavía no se habían agotado las posibilidades de diálogo; antes al contrario, han aparecido razones para creer que el Gobierno pretendía resolver por la vía de un expediente legislativo un compromiso electoral con la patronal, algo así como un pago a cumplir.
La coincidencia de esta ruptura de la negociación social en un contexto de ralentización del ciclo económico, no augura una perspectiva de equilibrio social o una estrategia de esfuerzos compartidos. Cuando las cosas han ido bien ha sido para una minoría, y cuando se apuntan dificultades las padecen una mayoría. Después de escuchar las opiniones del Partido Popular en este debate y el período que ha cubierto, tenemos bastantes razones para esperar en un futuro cercano una agenda sociolaboral bastante lesiva para los trabajadores y trabajadoras. La temporalidad se articula como un principio que organiza, o sea que se articula la voluntad de la derecha; un régimen de despidos muy accesible y prácticamente gratuito, reduciendo incluso derechos de información; un modelo de baja renta; una contratación sin derechos para inmigrantes; un principio de disponibilidad del tiempo por parte de la empresa, y por tanto un modelo de pensiones en el que las fuerzas políticas mayoritarias no garantizan el mantenimiento de los niveles de contribución a través de cuotas de los empresarios. Esta reforma se convierte en el primer paso de una regulación desequilibrada del mercado de trabajo. El Grupo Popular ha sido opaco a cualquier influencia de las sugerencias sindicales y propuestas de los grupos políticos que permitieran equilibrar en derechos y contribuciones las responsabilidades de empresarios y trabajadores. Intentaron convencernos de que la reforma era la propuesta de los sindicatos, y cuando comparecieron en la ponencia tuvimos oportunidad de ver que esta reforma -cuando entró en el Congreso- era en un 90 por ciento la deseada por la patronal, y sigue siendo una receta patronal insolidaria para el mercado de trabajo, sin que la derecha haya sido capaz de definir un compromiso o un esfuerzo para los empresarios.
Las enmiendas que ha defendido Izquierda Unida y que mantiene hoy, salvo la enmienda número 84 que el Partido Popular ha tenido a bien aceptar, tienen el objetivo de imprimir un giro a estas circunstancias tratando de equilibrar el mercado de trabajo, reducir el exceso de temporalidad e incorporar algún elemento en el mercado de trabajo que permita a los trabajadores algún dominio sobre el tiempo de trabajo, apropiado por el empresario en esta reforma.
Señorías, el combate contra la temporalidad es ya un debate de modelo social y de modelo laboral. Hace tiempo que la temporalidad ha dejado de ser el mecanismo de colchón social en tiempo de crisis agudas de empleo para pasar a ser un modelo estructural de comportamiento social. La primera reforma se justificó diciendo que era bueno que un joven llevara algunas pesetas a casa; hoy el joven motero repartiendo pizzas es ya una estampa fija de una sociedad incapaz de proveer empleos de calidad y con derechos. Esta reforma amplía la temporalidad y amenaza la estabilidad a contratos públicos, investigadores universitarios y alienta especialmente la abusiva utilización del contrato formativo o la precariedad de contratos de la Administración. Tras la persistente renuncia del Partido Popular a encarecer la temporalidad y a mejorar las ayudas a la contratación indefinida, se encuentra la defensa de un modelo social basado en la precariedad, la renuncia a estabilizar un saber hacer, un conocimiento específico por parte de los trabajadores y una evidente intención de impedir la solidaridad. La desnaturalización del contrato parcial y la manipulación de este contrato, especialmente a partir de la utilización abusiva por parte del empresario de la duración horaria del trabajo, extiende esta lógica de temporalidad acabando con cualquiera de las virtudes de este contrato en materia de conciliación de vida laboral y doméstica y la posibilidad -en este caso imposibilidad- de realizar dos trabajos que permitan un modelo de renta razonable. La negativa dela derecha a recuperar el límite de jornada para este tipo
de contrato, evitando la desaparición que se propone de la distinción entre tiempo completo y parcial y la equiparación de derechos, supone la confirmación de una nueva contratación abusiva, una nueva merma de derechos. Este modelo se cierra con un nuevo regalo al empresario: el contrato de formación se convierte en un escandaloso instrumento de manipulación de los recursos humanos en la empresa y una declaración de la conversión de la inmigración en mano de obra basura a lo largo de su vida laboral.
Hasta hoy, un espacio parecía capaz de limitar -cierto que cada vez menos- este modelo de temporalidad. Nos referimos al sector público, que recibe con esta reforma un severo golpe. Frente al aumento de la temporalidad en el sector público, el 15 por ciento en 1996 y el 20 por ciento en la actualidad -proceso ligado a la amortización de empleo público-, se crea un contrato de inserción temporal sin duración máxima para la Administración. El objeto del mismo es demasiado general, realizar una obra de servicio de interés general o social como para delimitar la causa del contrato, y no está claro el salario que deberá aplicarse a los trabajadores contratados bajo esta modalidad; pero lo más importante es que no va a contribuir a reducir la temporalidad en las administraciones públicas. En una palabra, no es difícil interpretar que esta reforma no sólo no confronta con la temporalidad sino que ha eliminado alguno de los obstáculos que impedían su generalización como modelo social y como principio regulador de todo el mercado de trabajo. No deseamos ser agoreros de desgracias futuras, pero deseamos insistir en que probablemente la urgencia de la derecha ha tenido más que ver con regalos a la patronal y con la preparación del mercado de trabajo para tiempos peores que con otra cosa.
Señorías, esta reforma establece una nítida fractura entre dos modelos sociales, el auspiciado por la derecha y el defendido por la amplia cultura de la cohesión representada por fuerzas sociales y políticas. Las fronteras políticas entre derecha e izquierda encuentran en esta reforma una evidente nitidez y determinan una notable preocupación social. La agenda laboral que propone la derecha no impulsa derechos, cohesión y renta digna sino que hace precisamente todo lo contrario. Señorías, ¿tanto centrismo para esto? El equilibrio y la mesura política no pueden significar otra cosa que ausencia de tensiones sociales, esfuerzos de solidaridad y estrategias de cohesión. Esta reforma cancela esta perspectiva.
Ustedes han traspasado el dominio del mercado de trabajo a una desregulada decisión empresarial que camina en la dirección de tensión, apropiación y debilidad de derechos laborales. En suma, es una reforma que no será eficaz para crear empleos, que creará tensiones añadidas y que endurecerá la negociación de convenios, único espacio que hasta el momento dejan ustedes a los trabajadores.
Para ser coherentes, quizá el siguiente paso que nos anuncien sea precisamente alterar esa negociación colectiva.
La derecha excluye a los trabajadores del campo de las reglas de juego, limita o reduce su amparo en una legislación que permita su progreso y les pone a disposición patronal sin compensación alguna.
En una palabra, cualquier regla basada en el esfuerzo compartido desaparecerá del mercado de trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Ruiz, le ruego vaya concluyendo.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Acabo rápidamente.
Estamos evidentemente ante una legislación que se modificará en cuanto una alternativa política lo permita, en la medida que ustedes han agotado en esta materia su capacidad de diálogo. Señorías, ha vuelto la derecha que da miedo y crea preocupaciones. Los electores lo notarán y algunos lo han notado ya. No es que sea desesperadamente lento que la sociedad española les comprenda, es que les han entendido enseguida y no quieren caminar por la vía de tensión que ustedes proponen en este ni en otros ámbitos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Jáuregui. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)
Señor Campuzano, el Grupo Parlamentario Socialista tiene enmiendas y en principio era el señor Jáuregui quien tenía que defenderlas. En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) intervendría en fijación de posición.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, es que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también tiene sus enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): En la lista de enmiendas que yo tengo no aparece la relación de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Me extraña, puesto que hemos mantenido vivas las que no fueron aceptadas en Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): En cualquier caso, vamos a comprobarlo. (Pausa.) Los servicios de la casa dicen que no hay escrito de mantenimiento de enmiendas, por lo que a continuación corresponde la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, esta ley se va a aprobar en un suspiro. Quiero recordar -se lo decía ahora al señor presidente- que en ponencia estuvimos 30 minutos y en Comisión tres horas, que hemos presentado aproximadamente 40 enmiendas y ni una coma se ha aprobado de alguna de ellas. Ahora dispongo de unos minutos para defenderlas en Pleno, pero no lo voy a hacer. No voy a entrar a hacer una defensa técnica y pormenorizada de las enmiendas, pues creo que estamos ante un debate político, un debate profundamente ideológico.
Señorías, al comenzar el nuevo siglo, la economía surgida de la revolución tecnológica y de la globalización está alumbrando una nueva sociedad laboral, un nuevo modelo de trabajo y de relaciones laborales. El mercado es flexible y la empresa también tiene que serlo, se dice, y de la flexibilidad surge un listado enorme de exigencias relacionadas con la forma de trabajo: facilidad para contratar y para despedir, mínima burocracia para la contratación, plena capacidad de disponibilidad del empresario sobre la jornada, sobre condiciones de trabajo, máxima movilidad ocupacional geográfica y mínimos costes laborales y sociales para competir mejor así en la globalización. Esa exigencia de flexibilidad es lógica. El listado podría ser infinito, pero si aportamos sólo un punto de vista economicista a las relaciones laborales, el corolario será la pérdida de la seguridad y de la estabilidad y la depauperación de las relaciones laborales mismas. Máxima flexibilidad y máxima desregulación son dos tótems que abanderan hoy una ideología, una posición política a la hora de enfocar este delicado problema, pero a cambio el empleo se empobrece, se devalúa la relación laboral, crece el subempleo y la precariedad, la siniestralidad y el dualismo social, una vida laboral estresada y compulsiva y un abandono de las tareas familiares porque la agenda laboral del padre y de la madre no permite criar a los hijos. Este es el debate, señorías. La ley que hoy analizamos entra de lleno en esta ecuación difícil y contradictoria que la nueva sociedad laboral nos plantea.
El Gobierno, señor ministro, ha optado y ustedes también. Hoy, señores diputados de otros grupos parlamentarios, nos retratamos todos ante una ley que -esto es un tanto decepcionante-, a pesar de su importancia, a pesar de que afecta a la vida de tantísimos españoles, pasa desgraciadamente como un suspiro en el monotemático panorama político de nuestro país; sólo se habla de Euskadi. Sin embargo, es tan importante porque el mercado laboral de aproximadamente 15 millones de españoles sufre una serie de anomalías, sufre una serie de problemas que el Gobierno -creo yo-, ha querido corregir después del fracaso del diálogo social. Permítanme que se los recuerde: 32 por ciento de eventualidad frente a algo menos de la mitad en Europa, siete de cada diez de nuestros jóvenes son trabajadores precarios, sólo un 8 por ciento de trabajo a tiempo parcial frente a un 38 holandés o un 20 largo de media en la Unión Europea; una subcontratación desaforada que crece y junto a otras causas genera una altísima siniestralidad laboral; un fenómeno de externalización laboral hacia el teletrabajo y hacia los autónomos forzosos que expulsan del derecho del trabajo al derecho mercantil a miles de trabajadores cada día; una fuerte pérdida de poder adquisitivo en nuestros salarios, que es comprobable en función de que el incremento de la inflación está por encima de las previsiones tanto en salario mínimo como en muchísimos convenios que no tienen cláusula de revisión, que no pueden aplicarla o en los funcionarios; una tasa de actividad en España todavía baja -cinco o seis puntos por debajo de la Unión Europea-; una grave discriminación en el mercado laboral con las mujeres, porque hay más paro femenino y hay peores condiciones de trabajo para las mujeres; una gran rigidez geográfica en el país, con provincias que demandan trabajo, porque no tienen paro, y provincias con más del 20 por ciento de paro que no mueven sus trabajadores parados. Dicho en cuatro palabras: altísima temporalidad, gravísima siniestralidad, mucho subempleo y un dualismo sociolaboral exagerado.
Pues bien, señorías, la reforma laboral del Gobierno, me atrevo a afirmarlo y espero que el tiempo de esta legislatura permita que podamos comprobar quién acierta, señor ministro, no va a corregir ninguna de estas anomalías, de estas graves injusticias de nuestro mercado laboral. Es más, intuyendo lo que se deriva de los planteamientos del Gobierno sobre negociación colectiva, me atrevo a vislumbrar que estos problemas pueden seriamente aumentar en los próximos años.
La reforma del Gobierno en primer lugar es consecuencia del fracaso del diálogo social, un fracaso que también es atribuible al Gobierno porque esta regla que permite atribuirse el éxito del acuerdo y atribuir el fracaso -cuando se produce- a los agentes sociales no es una regla justa. Se ponen las medallas cuando firman un acuerdo de pensiones o cuando nos rememoran el acuerdo de 1997, pero no son capaces de decir que este acuerdo también es atribuible al fracaso del Gobierno porque el Gobierno, señores diputados, directa o indirectamente ha sido protagonista de esta negociación.
La reforma es además una reforma contestada sindicalmente. Aceptando la legitimación del Gobierno para intervenir cuando el diálogo finaliza sin acuerdo, es una reforma que interviene en parte y que provoca una contestación del mundo sindical que hace que esta reforma laboral sea contestada sindicalmente y en el terreno de la fábrica, como suele decirse. Por tanto, ese efecto balsámico que tienen los acuerdos sociales para las relaciones laborales no se va a producir.
Suele decirse en el argot que más vale un mal acuerdo que una buena ley; pero, es que además la ley no es buena porque -veamos- queremos reducir la temporalidad y para ello reducimos el coste del despido de los fijos como
gran panacea y gran reivindicación de los empresarios, encarecemos un poco el contrato eventual con una pequeña indemnización y establecemos una fuerte indemnización que estimule la contratación estable. Pero, señorías, esta política ya la hemos experimentado grosso modo y no ha bajado la temporalidad. ¿Por qué -pregunto- no se ataca la causalidad en la contratación temporal? ¿Por qué no se ponen límites al encadenamiento de los temporales en un mismo trabajador al que le hacen sucesivos contratos eventuales de diferente concepto para prolongar en abuso de ley, en fraude de ley, la contratación temporal a un mismo trabajador o por qué no evitamos la concatenación de contratos en un mismo puesto de trabajo a varios trabajadores, lo que también es un fraude de ley? ¿Por qué no encarecemos de verdad -si de encarecer se trata-, y no con tan pequeña indemnización la rescisión de los temporales? ¿Por qué se crean nuevas figuras de contrato temporal, como se ha hecho con la formación, extendiendo ese contrato o con el nuevo contrato de inserción? ¿Cómo se corrige la temporalidad? ¿Cómo se baja la eventualidad, si se crean nuevas figuras de contratación temporal? Ocurre lo mismo con la subcontratación. Sabemos que es causa principal de la siniestralidad, sabemos que a través de su abuso se externalizan relaciones laborales, tal y como decía antes, expulsando al derecho mercantil a trabajadores que son dependientes. Entonces, ¿por qué no se ataca el fraude de ley en la subcontratación? ¿Por qué no se ataca la puesta a disposición ilegal de trabajadores desde las contratas a la empresa principal? ¿Por qué no se aumenta la responsabilidad solidaria del empresario principal, cuando en una sucesión encadenada de subcontrataciones se exoneran de responsabilidades, por ejemplo, en seguridad laboral? Señorías, ¿recuerdan el contrato basura del año 1994? Se trataba de un contrato de formación para jóvenes sin experiencia laboral. Ciertamente, era un contrato de trabajo de bajo coste, porque pretendía estimular la contratación de los jóvenes en paro, pero ahora en plena expansión económica ustedes lo extienden...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jáuregui, le ruego vaya concluyendo.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Me queda todavía un rato, señor presidente.
(Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Qué quieren, que no hable, que no defienda las enmiendas? ¿Esta es la manera de realzar el debate parlamentario? (Aplausos.) Le pido un poco de flexibilidad, señor presidente.
Por eso, señorías, les pido que ustedes comprendan que la extensión del contrato de formación a excluidos sociales, a minusválidos, a inmigrantes, cualquiera que sea su edad, no es un contrato basura, sino prácticamente una forma de neoesclavizar las relaciones laborales, porque si son las empresas las que están demandando hoy a trabajadores inmigrantes, ¿qué razón hay para estimular su contratación mediante la reducción de sus costes? Así podríamos seguir con otros ejemplos de esta reforma. El contrato a tiempo parcial es una exageradísima concesión al empresario para disponer del horario, del cuánto, del cuándo y del cómo en la forma de realizar el trabajo. Se ha incorporado una nueva figura de despido objetivo a entidades públicas y a ONG; cuando no tengan partida presupuestaria se puede despedir y esta es una medida discrecional, en nuestra opinión, porque basta con no pedir la subvención correspondiente para rescindir miles de contratos. Y luego muchas ausencias, nada sobre movilidad geográfica de nuestro mercado laboral, nada para conciliar más y mejor trabajo y familia, nada para vigilar y mejorar las relaciones laborales, nada para luchar contra la discriminación de la mujer en la vida laboral, nada para evitar las horas extraordinarias o para reducir la jornada que favorezca el empleo.
Señorías, existe un debate en toda Europa sobre relaciones laborales, preocupados por la calidad del empleo. Schröder acaba de plantear en Alemania la necesidad de fortalecer las facultades de los comités de empresa; Jospin ha elevado su voz frente a los despidos masivos, planteando la posibilidad de que las empresas tengan que asumir responsabilidades; toda la Unión Europea está debatiendo sobre la calidad del empleo, sobre mejorar las relaciones laborales para extender el derecho laboral a los teletrabajadores, para desarrollar las responsabilidades de las empresas con su entorno social o medioambiental; en toda Europa se abre una nueva ingeniería social sobre jornada laboral, sobre mujer y trabajo, sobre trabajo y familia, sobre trabajo y vida mientras en España se devalúa y se empobrece la relación laboral.
Voy terminando, señor presidente. Yo sé que tienen ustedes un argumento que se utiliza contra nosotros con frecuencia: ¡Y tú más!, se nos suele decir, porque en el año 1985, efectivamente, el Partido Socialista introdujo la temporalidad en el país. Quiero recordarles que fue la consecuencia de un contexto que ustedes tienen que recordar, porque la reconversión industrial que España abordó tarde desde el año 1983 y una explosión demográfica nos colocaron con tres millones y pico de parados y hubo que incorporar flexibilidad en la contratación. Y en 1994, después de una crisis tremenda para el empleo en los años 1992/1993, corta pero durísima en términos de empleo, tuvimos que tomar una medida porque el 50 por ciento de nuestros menores de 25 años no encontraba trabajo, y tuvimos que crear un contrato, ciertamente barato, para que las empresas estimularan la contratación. Pero yo les pregunto si hoy, en el año 2001, después de siete años de crecimiento económico y creciendo, como estamos creciendo, sostenidamente, es necesario hacer una devaluación de las relaciones laborales. Esto explica nuestra crítica y esto -creoyo- aborta lo que suele ser el argumento de contrario,
del: ¡Y tú más!, que tan frecuentemente escuchamos. Hoy hay 15 millones de razones, las de 15 millones de trabajadores españoles, para mejorar el empleo, no para empeorarlo.
Termino. Creo, señorías, que el rechazo de nuestras propuestas ha sido -lo considero así- un desprecio notable al debate parlamentario, porque no ha habido posibilidad alguna de discutir una sola de las 40 enmiendas...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jáuregui, le recuerdo que ha consumido mucho más del tiempo de que disponía.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Me quedan dos minutos, señor presidente.
Estas enmiendas, por otra parte, recogían la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre todos los problemas que hemos planteado. Su apuesta por esta reforma, presidida por un afán desregulatorio y flexibilizador, coloca la regulación laboral española y a su grupo en la posición neoliberal más clásica en el debate ideológico sobre esta materia. Creo que su reforma es regresiva y que nos coloca a todos ante el mercado laboral más pobre y más injusto de la Unión Europea, porque que el mercado regula la actividad económica, señorías, para mí es evidente, pero que la política y el diálogo social más interventor deben regular la sociedad laboral no debiera serlo menos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señor ministro, señorías.
Voy a fijar la posición del Partido Nacionalista Vasco, fundamentalmente en la no aceptación de la enmienda número 56, que proponíamos incluir como artículo nuevo en el capítulo II del proyecto de ley de relaciones laborales. Para nosotros esta enmienda presentaba un doble contenido. El primero era una salvaguarda competencial en el sentido de considerar que el programa del Estado resulta independiente de lo que establezcan las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de promoción económica, caso en el que estaría la Comunidad Autónoma del País Vasco. El segundo contenido suponía un mandato legal para que la Administración del Estado transfiera la gestión de ese programa a las comunidades autónomas que conjugan en sus estatutos la competencia de ejecución de la legislación laboral con la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, caso en el que se encontrarían las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña.
Nuestra enmienda, nuestra posición, tenía un evidente sentido reivindicativo ante el carácter consolidado que va adquiriendo la estrategia del Estado para reservarse la ejecución de las políticas activas del empleo, obviando la competencia autonómica y perpetuando la presencia del Inem, sin realizar debate alguno directo sobre lo justificado de su propia existencia. La trayectoria de estos años demuestra que se trata de una actuación que progresivamente va aumentando en el Estado, a la vez que se niega a incorporarlo a los procesos transferenciales. Desde el punto de vista de la conexión con la Seguridad Social, la mera presencia del mecanismo de la bonificación ofrece de nuevo al Estado una coartada perfecta para retrasar el debate transferencial, a cargo del retraso mismo que se atribuye a la materia de la Seguridad Social.La bonificación en cuota empresarial es un mecanismo clásico, con antecedentes hasta el año 1970, que incorpora la referencia de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que aparece, bajo la cita «a exenciones, bonificaciones y reducciones de las cuotas», como incardinable en la competencia del Estado, cuando afecte al patrimonio único de la Seguridad Social, o en la competencia de las comunidades autónomas cuando afecte a su competencia de ejecución de la legislación laboral.Nosotros avanzamos en una enmienda la referencia a la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, junto con la citada de ejecución de la legislación laboral, que consideramos más propia en este caso dado que la aplicación de la técnica bonificatoria parte de una ejecución del presupuesto del Inem en resoluciones de este organismo, que sólo se materializan instrumentalmente a modo de compensaciones de efectos económicos los servicios de la Seguridad Social, como lo prueba la propia regulación del programa al referirse a la financiación con cargo al Inem y los antecedentes de créditos extraordinarios que se han aprobado en pasados ejercicios con cargo a remanentes de tesorería del Inem, otra vez, para hacer frente al pago de costes de bonificaciones de la Seguridad Social y regularizar correctamente la imputación contable en cada caso.
Otra cuestión a considerar es la evolución que está teniendo el uso de este tipo de incentivos por razones estrictamente referidas a las fuentes de financiación, de donde vamos a ver que se deriva una nueva vía de acercamiento a la Seguridad Social y una expectativa de futuro crecimiento de este programa al incrementarse los argumentos que permiten al Estado mantener su gestión centralizada. En términos de gasto, lo que el Estado aplica a este programa supondrá más del 50 por ciento del total que se destina en todo el Estado a políticas activas de empleo. Este tipo de salida incrementa enormemente el potencial financiero destinado a políticas activas, garantizando al Estado la gestión centralizada el hecho de que el origen de fondos se encuentre
en la caja única de la Seguridad Social, a la que pertenecen, según cierta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las cuotas de empresarios y trabajadores por la contingencia del desempleo.
Asimismo, el Gobierno del Partido Popular ha ido más lejos mediante el Real Decreto-ley 5/1999, convalidado con renuncia expresa a su tramitación como ley ordinaria, por el que se modificó el artículo 206 de la Ley general de la Seguridad Social, incluyendo en la acción protectora por desempleo las competencias de gestión de las políticas activas de empleo que se desarrollan por la Administración general del Estado o por la Administración autonómica correspondiente, de acuerdo con la normativa de aplicación.
He aquí de nuevo otra razón para nuestra oposición. De otro modo, todo esto es Seguridad Social y ahora, ya sin problemas legales de cobertura para el desvío de fondos, encima con muchas coberturas dialécticas -como las recomendaciones de la Unión Europea para sustituir políticas pasivas por activas o el propio efecto multiplicador del incremento de fondos para atender al problema del desempleo- que acallan otras dimensiones de debate más oscuras, como las referentes a la congelación del cuadro de prestaciones ordinarias que perciben los desempleados, la pérdida de argumento de reducción de los costes de la Seguridad Social que reclaman las necesidades de flexibilización del mercado de trabajo o el fraude encubierto al espíritu del Pacto de Toledo que, aun no comprendiendo a la acción protectora del desempleo directamente, es claro que uno de sus fundamentos principales se refiere a la separación de fuentes de financiación, las contributivas para sus exclusivas prestaciones y las impositivas para las prestaciones universales, caso del derecho al trabajo. En definitiva, estamos ante una trayectoria de un enorme desorden en todo, que fácilmente el Estado acaba conectando con la indefinición del sistema de la Seguridad Social y que, sin embargo, va ganando en claridad hacia un panorama en cuya foto final no aparecen con nitidez las comunidades autónomas.
Pedimos, por tanto, que se modifique el esquema actual en el que la Administración del Estado, defraudando la Constitución y los estatutos de autonomía a nuestro entender, sigue siendo el gestor público de la mayor parte de fondos, en cantidad y calidad, de la acción de las políticas activas que se realizan en el Estado español.
Pedimos al Gobierno que deje de vender la imagen de que las políticas activas del empleo las gestionan las comunidades autónomas, porque no es verdad; en su mayor parte, a través de este programa de bonificaciones, las sigue gestionando centralizadamente el Ministerio de Trabajo, como muchas otras cosas. No es de extrañar, por tanto, y no extrañará a SS. SS., que el Gobierno vasco haya rechazado hasta la fecha las ofertas que le ha hecho el Gobierno del Partido Popular sobre la transferencia del Inem porque -y lo dicho hasta ahora es un botón de muestra- se la ofrecen, financiera y funcionalmente, tan trucada como rebajada.
Hace unos días, el Banco de España incidió en la implicación de la política económica sobre las políticas sociales, y entre sus consideraciones incluyó la recomendación de sujetar los elevados costes de gestión que entendió tiene el programa de fomento del empleo. Hoy lo gestiona el Ministerio de Trabajo, el Inem y la Seguridad Social.
Por todo ello, el Partido Nacionalista Vasco votará en contra de esta ley. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Señorías, abordamos por cuarta vez en estos dos meses el debate alrededor de la reforma laboral que el Gobierno puso en marcha a principios de este año. En estos debates ya hemos tenido ocasión de discutir a fondo sobre las causas que llevaron al fracaso del diálogo social, sobre la necesidad que el Gobierno tuvo de plantear esta reforma de manera unilateral y sobre el análisis que los diversos grupos parlamentarios hacíamos de las propuestas que se nos planteaban en esa iniciativa. Creo que todos los grupos, en su día -quizás sea bueno que insistamos-, valoramos negativamente el modo en la que la reforma había nacido. Hicimos elogios de lo que había sido la pasada legislatura en materia social y laboral, que se había caracterizado por un amplio acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales y que nos había permitido desarrollar una política de creación de empleo que, en términos generales, podemos calificar de positiva.
Desde la perspectiva de Convergència i Unió, el Real Decreto-ley de reforma del mercado de trabajo que nos planteaba el Gobierno nos parecía positivo en la medida en que profundizaba en los conceptos, en las ideas y en las políticas que se habían iniciado en 1993, que se habían confirmado en 1996 y muy especialmente en la reforma de 1997. En el caso específico de Cataluña, la reforma de 1997 había supuesto una importante creación de empleo y una significativa reducción de la temporalidad -alrededor de cinco puntos-; además, la creación de empleo fue especialmente significativa entre el colectivo de mujeres. Lo que planteaba el Gobierno nos parecía positivo porque, en la medida en que consolidaba el contrato de fomento de empleo y la política de bonificaciones, introducía por primera vez medidas específicas -si ustedes quieren- en la lucha contra la temporalidad y potenciaba la utilización del contrato a tiempo parcial, respondía a los objetivos que Convergència i Unió se podía plantear en materia de empleo. En el debate de convalidación del real decreto
afirmábamos que sería bueno recuperar el consenso con los grupos sociales, y hubo una experiencia parlamentaria que parece positiva: la comparecencia de representantes de Comisiones Obreras, de UGT y de CEOE y Cepyme, en el marco de la ponencia parlamentaria, que ha servido para ilustrar al conjunto de los grupos de la Cámara sobre aspectos diversos de la reforma laboral. También apuntábamos nosotros que ese trámite parlamentario debería servir, fundamentalmente, para mejorar aspectos de la propuesta del Gobierno que a nuestro grupo no le satisfacían. Hoy, sobre ese conjunto de 24 enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó, podemos decir que 10 de ellas se han aceptado o transaccionado con el Grupo Popular. Son enmiendas que, sin romper con la filosofía de fondo que plantea el real decreto, introducen importantes mejoras y me gustaría destacar algunas. En primer lugar, la introducción de una mayor flexibilidad en los permisos laborales por maternidad en los supuestos de nacimiento de bebés prematuros, una iniciativa que yo creo que todos los grupos de la Cámara comparten y que fue objeto de un debate monográfico a raíz de diversas proposiciones de ley que los grupos parlamentarios presentamos. En segundo lugar, la posibilidad de la reducción de las horas complementarias supletorias en el contrato a tiempo parcial cuando concurran determinadas circunstancias objetivas, como razones familiares, de formación o la recepción de otro contrato a tiempo parcial. Nuestro grupo manifestó su preocupación porque la nueva regulación del contrato a tiempo parcial estableciese una excesiva flexibilidad desde la perspectiva de las personas trabajadoras y esa posibilidad de renuncia a las horas complementarias que introducimos configura de una manera diferente esa posible mala utilización de las horas complementarias en el contrato a tiempo parcial.
En tercer lugar, nos preocupaba que la ampliación de colectivos que se pudiese beneficiar como fórmula de iniciación en el mercado de trabajo de los contratos de formación para el empleo convirtiesen la figura del contrato de formación en una fórmula exclusivamente de abaratamiento de la mano de obra y de captación para un mercado de poca calidad para los trabajadores extranjeros y nos parece que las enmiendas que se han introducido con el apoyo del Grupo Popular pueden evitar esas perversiones. En concreto queda muy claro que el contrato de formación va a ser para trabajadores desempleados y en el caso de los trabajadores extranjeros desempleados, para acreditar la formación y la experiencia necesaria, y por tanto las posibilidades de abuso de una utilización mal orientada de ese contrato para trabajadores extranjeros, la ley lo deja bastante claro.
Introducimos, por tanto, una fórmula que puede permitir una mayor inserción en el mercado de trabajo de colectivos con dificultades. Es cierto que la dimensión formativa del contrato de formación queda desdibujada, pero creo que la objetivación de los colectivos que hemos introducido parece correcta, desde nuestro punto de vista.
En cuarto lugar, hemos apostado por reforzar, con mandatos expresos, la negociación colectiva como mecanismo para combatir la precariedad del mercado de trabajo, y la experiencia de Cataluña nos demuestra que quizás el principal instrumento para luchar contra la precariedad en el mercado de trabajo no lo constituyan reformas del Estatuto de los Trabajadores, sino la incorporación en el ámbito de la negociación colectiva de estos mandatos. Hace pocos días veíamos en la prensa que una importante empresa pública, en un acuerdo con los agentes sociales, había apostado por la conversión de un número muy importante de contratos temporales en indefinidos. Esa nos parece que es una línea en la que debemos profundizar, y luego haremos alguna mención a la próxima discusión sobre la negociación colectiva.
Finalmente también se introducía -para claridad y tranquilidad de la opinión pública y de las personas trabajadoras- que esa nueva indemnización que introduce la reforma laboral de ocho días por año trabajado en el supuesto de los contratos a duración determinada sea, en todo caso, una indemnización mínima y que la negociación colectiva pueda abrir vías de incremento a esa posibilidad.
Este conjunto de enmiendas incorporadas en el trámite de Comisión nos parece importante, van en la línea de conciliación de la vida familiar y laboral, de introducción de medidas para luchar contra la precariedad, de mayor estabilidad en la política de empleo, en la contratación en definitiva, junto también con una enmienda importante, que fue aceptada en el trámite de ponencia y que era coincidente con enmiendas de otros grupos, en el sentido de evitar los límites que inicialmente introducía el real decreto en la utilización de las bonificaciones a la contratación estable en determinados sectores económicos y a las empresas en función de las cuantías que recibiesen, que junto con la nueva configuración, desde un punto de vista más técnico, del contrato de inserción y de la nueva causa objetiva de despido nos parece que clarifican bastante algunas de las dudas y de las afirmaciones que se han planteado en el debate que hemos tenido hace escasos minutos. ¿Satisface al cien por cien las expectativas que Convergència i Unió tenía en relación con sus enmiendas? Evidentemente no y nosotros en el trámite del Senado vamos a insistir en determinadas cuestiones para profundizar en la línea que marca la reforma. Vamos a insistir en la necesidad de que la negociación colectiva pueda configurar el contrato a tiempo parcial, en esa línea de reforzar una dimensión amplia de las posibilidades del diálogo entre trabajadores y empresarios; vamos a continuar defendiendo que en el contrato a tiempo parcial deba de constar expresamente la distribución mensual de las horas trabajadas; vamos a defenderque en la política de bonificación al trabajo estable
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se incorporen las ONG que hayan desarrollado programas de la prestación social sustitutoria; vamos a continuar defendiendo una reducción de un punto del conjunto de las cotizaciones sociales, en esa línea de acercarnos a las medias europeas, a las medias de la OCDE en relación a los costes no salariales, y vamos a defender la ampliación de los supuestos de coste cero, en la línea de lo que se aprobó en el año 2000 por parte del Congreso de los Diputados. Por tanto, esperamos que en el trámite del Senado los aspectos que se deben mejorar de esta tramitación los podamos lograr. Lo vamos a hacer apostando por lo que continúa siendo el principal valor añadido que ha tenido en los últimos años la política social y laboral en el Estado español, que es el valor del diálogo social. El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha en los próximos meses de mesas de trabajo, de ámbitos de discusión y ha situado como prioridad abordar las mejoras de la negociación colectiva. Vamos a pedir al Gobierno que no se precipite, que deje tiempo y margen al diálogo entre la patronal y las organizaciones sindicales a la hora de abordar una posible reforma de la negociación colectiva. Quizás ese es el instrumento más delicado para la cohesión social...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Campuzano, le ruego que concluya.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Concluyo, señor presidente.
Decía que este es el instrumento más delicado y más importante para la estabilidad social y la cohesión de nuestra sociedad y que, por tanto, abordar reformas legislativas en este aspecto va a requerir prudencia, sentido común y no precipitarse. Si el Gobierno deja margen a ese diálogo social va a encontrar el apoyo de Convergència i Unió en las posibles tramitaciones parlamentarias de cualquier otra modificación, siempre desde la lógica de que el diálogo social seguramente va a ser el mejor instrumento social y político para crear empleo y para luchar contra la precariedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
Buenos días, señoras y señores diputados, señor ministro. Desde luego no será este diputado el que no escuche, y además con detenimiento, las dudas, los planteamientos y, cuando las hay, las propuestas que formulan el resto de los grupos de la Cámara. Lamento reconocer que creo que peor éxito tienen mis palabras cuando intervengo y me parece que más infructuosamente las pronuncio, porque creo que escasamente suelen ser escuchadas.
He de decir que algunos, por ejemplo el señor Jaúregui, ha criticado con cierta dureza determinados aspectos del proyecto de ley, pero ha criticado más en el fondo, y por la filosofía subyacente en sus palabras, la legislación preexistente que en buena parte ha sido obra de gobiernos socialistas. Si esta es una rectificación de lo que han hecho, bienvenida sea, pero su cuota de autoría sí tienen. Y digo ahora y desde esta tribuna que al menos hasta el momento las medidas, las reformas, las acciones económicas, sociales, de empleo, del mercado de trabajo, del partido del Gobierno Popular no han ido mal en términos de creación de empleo, y a los datos objetivos me remito.
Se ha dicho también hoy aquí, al menos por dos intervinientes, que prácticamente no ha habido debate. No voy a entrar en si la ponencia duró media hora o duró tres cuartos de hora, no voy a recordar que la Comisión duró más de cinco horas, pero sí voy a recordar que este diputado y sus compañeros que intervinieron en el debate procuraron explicar las razones de desestimación y rechazo de determinadas iniciativas planteadas por otros grupos, incluso las relacionadas con grupos que no estaban presentes para defender sus enmiendas ni en ponencia ni en Comisión. He de decir que sorprendentemente no se produjo ninguna réplica, ninguna petición adicional de razones, ningún contraste de ideas o debate de fondo. Es más, hoy es la tercera ocasión en que en el Pleno de la Cámara, en relación con la reforma laboral, se debate la convalidación del real decreto, el tratamiento de las dos enmiendas de totalidad con texto alternativo del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida y teóricamente hoy aquí al menos, señor presidente, al tratar las enmiendas y el dictamen habido en la Comisión de Política Social de Empleo, se empieza con unas palabras en el sentido de decir: Yo hoy no voy a defender las enmiendas, no voy a profundizar en las razones de fondo y no voy a ahondar en las razones técnicas sobre las cuales puedo tener razón o no. Por tanto, se reproduce nuevamente un debate en términos genéricos, que sin duda es apasionante, pero que es multirreincidente porque es la tercera ocasión en breve tiempo que ha tenido lugar este debate de filosofía.
Voy a recordar lo que eran los objetivos de la reforma. Hay una lógica intrínseca, porque cuando se plantean por dos grupos políticos diferentes dos enmiendas de totalidad con texto alternativo que proponen dos modelos teóricamente distintos al que trae el Gobierno, es difícilmente conciliable que pudiéramos acoger enmiendas que formulan modelos diferentes al que plantea el Gobierno. Ahora recordaré qué era lo que propugnaba el Gobierno, cuál ha sido el trámite a lo largo del debate en la Cámara, lo que hoy va a salir para el Senado y recordaré también que tiene toda la lógica acoger enmiendas cuando van en la línea de los objetivos
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marcados por el Gobierno, y lo hemos hecho con Convergència i Unió, con Coalición Canaria y con algunas de otros grupos coincidentes en determinados aspectos que nos parecían beneficiosos.
¿Cuáles eran los objetivos de la reforma? En primer lugar -y no voy a utilizar un orden jerárquico sino una determinada sistematización-, hacer efectivo el contrato a tiempo parcial en España. Este contrato no ha conseguido los resultados queridos por todos, no ha conseguido una homologación o por lo menos una aproximación a los estándares de introducción en los mercados de trabajo de los países de la Unión Europea, de los países de nuestro entorno. El Gobierno y el Grupo Popular, así como también otros grupos, hemos planteado lo que hemos considerado una imprescindible discriminación positiva en pro de la incardinación de la mujer en el mercado laboral vía incremento de bonificaciones, tanto en este proyecto de ley como en los resultados que se deriven de la aplicación del acuerdo de 9 de abril con relación a la Seguridad Social. Hemos introducido algo que fue objeto de un debate autónomo y que también estaba en la filosofía y dentro del objetivo del real decreto-ley inicial, como es lo relativo a los permisos por el nacimiento de hijos prematuros, con una mejor regulación de esa materia, que creo que es muy importante. Hemos planteado la lucha contra la temporalidad con un mecanismo de indemnización, inexistente hasta ahora, y una aproximación de los costos extintivos de las dos figuras contractuales, el contrato temporal y el indefinido; hemos ido a un incremento, en los contratos de duración inferior a siete días, del 36 por ciento en la cotización a la Seguridad Social para impedir las situaciones de bajas-altas, bajas-altas y fraude tanto al trabajador como al sistema de Seguridad Social. Hemos planteado, en consecuencia, el objetivo ineludible de la transformación de la contratación en indefinida y, asimismo, dar formación a quien no la tiene -posteriormente hablaré del contrato de formación-.
En definitiva, ¿cuál ha sido el leitmotiv, el frontispicio de la reforma laboral del Gobierno y del Partido Popular? Continuar traduciendo los incrementos aún coyuntural o temporalmente desacelerados de la economía en términos de creación de empleo y en términos competitivamente mejores a los que se están produciendo en el resto de los países europeos que, con las subidas del PIB que se producen en sus Estados, no se están traduciendo en la cantidad de generación de trabajo que nuestra sociedad hoy puede recibir positivamente. Este es un eje vertebral y un motivo fundamental de la reforma ante un fracaso por todos manifestado como tal, como una pena, como un dolor, pero indudablemente cuando no hay -y lo dijimos en los debates de totalidad precedentes- un acuerdo en el diálogo social en el período prorrogado por ellos, hay que actuar. Los datos de la EPA conocidos ayer son un buen argumento para insistir en la necesidad de no estar pasivos, de no caer en la inacción y de no estar esperando el maná del cielo para que resuelva los problemas de nuestro mercado de trabajo. Por lo tanto, creo que se ha trabajado bien y hay un dictamen de Comisión en la línea de reforzar estos elementos. ¿Cuáles han sido las reformas introducidas por el Parlamento? De esto no se ha hablado prácticamente nada. Es más, cuando un grupo tiene mayoría absoluta en una Cámara se tiende a decir que para qué interviene porque es una mera repetición de los argumentos esgrimidos por el Gobierno, sin ninguna posibilidad de iniciativas, sin ninguna capacidad de modificación, sin ningún elemento de influencia o de actuación en el debate parlamentario en pro de la modificación y mejora de ese texto. Yo voy a decir que es justo reconocer que en esta Cámara hemos reforzado y profundizado en los grandes objetivos y en la filosofía que el Gobierno nos ha planteado aquí. Hemos mejorado la definición del contrato de inserción. Hemos definido en una disposición adicional nueva un concepto que preocupaba a prácticamente todos los grupos de la Cámara como era el de la exclusión social, que queda claramente determinado. Hemos incrementado los costos de cotización a los contratos temporales inferiores a siete días. Hemos traspuesto la directiva 98/50, relativa al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la sucesión de empresa, los derechos de información del trabajador y el incremento y respaldo de las garantías de los mismos en tales situaciones. Hemos mejorado el contrato de formación y, por cierto, negamos ya por todas las enmiendas que se han formulado a la hora de restringir el acceso a este contrato vinculado a la edad del que lo recibe. O hay formación o no la hay. Nosotros no creemos que la formación sea un coto exclusivo de la juventud, sino que se debe dar y proveer a quien carece de ella, tenga la edad que tenga o provenga de la situación que provenga. Por eso nos negábamos a muchas enmiendas que solicitaban la inscripción en el Inem. ¿O es que acaso una persona que esté tres años sin actividad laboral debe estar inscrita en el Inem para poder acceder a la formación? ¿O es que acaso quien esté inscrito en el Inem no recibe por ello los cursos de formación que dependen del dicho Instituto y carecería de sentido por esta razón que se pudieran acoger a un contrato de formación? Hemos suprimido las limitaciones que plantea el artículo 12 en cuanto a las bonificaciones. Hemos establecido nuevos contratos para la realización de un proyecto específico de investigación y para la incorporación de investigadores al sistema español de ciencia y tecnología.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Azpiroz, le ruego que vaya concluyendo.
El señor AZPIROZ VILLAR: Procuraré, señor presidente.
Hemos establecido mejoras de carácter técnico y aclaratorias en relación con todos los capítulos relativos
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a las bonificaciones. Hemos dado una nueva redacción que creo que ha resuelto los problemas que algunos planteaban y las prevenciones que tenían en relación con el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, adicionando una letra e) como nueva causa del despido objetivo. Hemos introducido modificaciones en la Lisos para considerar como infracciones y sanciones el incumplimiento de los derechos de información que establecía el real decreto-ley. No hemos sido insensibles a las propuestas que han planteado los sindicatos en ponencia -yo diría más bien a la propuesta-; cierto que no pude estar hasta el final de la reunión, pero yo oí propuestas de Comisiones Obreras y oí críticas políticas de UGT, y propuestas de Comisiones Obreras se han incluido algunas. Recordaré que se formularon algunas, como ocho días con carácter mínimo, que era lo que planteaba el proyecto, pero que no tuviera una duda interpretativa, es decir, que fuera una garantía para que no hubiera lugar a discusión. Lo hemos introducido. Se nos pidió que tuviéramos en las horas complementarias -que son horas pactadas, voluntarias, disponibles y no son horas extraordinarias- la prevención de poder exceptuar ese pacto del trabajador con el empresario y renunciar al mismo en determinados supuestos. Lo hemos hecho transaccionando una enmienda de Convergència i Unió cuando hay razones de conciliación de la vida laboral y familiar, cuando hay razones de concurrencia con un contrato a tiempo parcial o cuando hay razones de incompatibilidad horaria por causa de la formación que debe recibir ese trabajador en contrato parcial. Consecuentemente, creo que no ha sido vano el tracto y el trámite parlamentario, en el que no se ha producido ninguna huida por parte del Partido Popular ni nuestro grupo ha eludido en ningún momento entrar a conocer el fondo de las iniciativas que en concreto se plantean. Hoy se ha querido hacer, y es muy legítimo, un nuevo debate de totalidad, un nuevo debate de filosofía. Por nuestro lado no hay inconveniente tampoco en entrar en ello. Nosotros nos reafirmamos en que hasta ahora nuestras propuestas han funcionado y creemos que la reforma que hoy ha planteado el Gobierno aquí va a contribuir a los fines que antes he señalado.
Concluyo, señor presidente. He dicho que en Comisión explicamos la oposición a algunas enmiendas, incluso inaudita parte, porque no estaban presentes los autores de las mismas. Hoy me ha sorprendido tan sólo una cosa y es que se ha defendido aquí alguna enmienda cuando no se ha mantenido, pero, en fin, comprendo que todo el mundo es muy libre, aunque me parezca que esto a veces es poco coherente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiroz. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo).
En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas por el señor Labordeta Subías números 8, 14, 32, 33 y 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 20; en contra, 176; abstenciones, 100.
Enmiendas números 15, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 36 y 37, asimismo del señor Labordeta.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 13; en contra, 275; abstenciones, siete.
Las enmiendas de la señora Lasagabaster han sido retiradas.
Sometemos a votación las enmiendas del señor Saura y votamos, en primer lugar, las números 41 y 51.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 28; en contra, 263; abstenciones, cuatro.
Enmiendas números 42, 43, 49 y 54, también del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 13; en contra, 277; abstenciones, seis.
Enmienda número 46 del señor Saura.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 137; en contra, 159.
Enmienda número 52 del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 34; en contra, 159; abstenciones, 102.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 120; en contra, 172; abstenciones, dos.
Enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar, enmienda número 163.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 23; en contra, 262; abstenciones, 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 12; en contra, 276; abstenciones, siete.
Enmiendas del señor Núñez Castain. En primer lugar, enmiendas número 154 y 157.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 123; en contra, 171; abstenciones, dos.
Enmienda número 155.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 12; en contra, 276; abstenciones, ocho.
Enmienda número 156, también del señor Núñez Castain.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, cuatro; en contra, 278; abstenciones, 14.
Enmiendas del señor Aymerich. En primer lugar, enmiendas número 132, 135 a 141, 143 a 146 y 149.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 123; en contra, 173.
Enmiendas número 133, 148 y 153 del señor Aymerich.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 19; en contra, 176; abstenciones, 101.
Enmiendas números 150 y 151.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 31; en contra, 262; abstenciones, tres.
Resto de enmiendas del señor Aymerich.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 14; en contra, 274; abstenciones, ocho.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, la 191.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 20; en contra, 273; abstenciones, tres.
Enmiendas números 186 y 187.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, tres; en contra, 271; abstenciones, 21.
Enmienda número 193.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 31; en contra, 159; abstenciones, 106.
Enmiendas números 194 y 195.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 133; en contra, 156; abstenciones, seis.
Enmienda número 196.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 12; en contra, 264; abstenciones, 20.
Enmienda número 188.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 125; en contra, 157; abstenciones, 13.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, la número 59.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 28; en contra, 262; abstenciones, seis.
Enmiendas números 60, 61, 64 a 67, 73, 79, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 95, 96, y 98 a 102.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 12; en contra, 277; abstenciones, siete.
Enmiendas números 83, 88 y 97.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 13; en contra, 174; abstenciones, 110.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 138; en contra, 159.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 124; en contra, 173.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 208, 221, 225 y 229.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 137; en contra, 158; abstenciones, dos.
Enmiendas números 220 y 222.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 128; en contra, 169.
Enmiendas números 223 y 227.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 112; en contra, 183; abstenciones, dos.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 116; en contra, 173; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometemos a votación el texto del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 172; en contra, 125.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1999. (Número de expediente 245/000002.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Propuestas de resolución relativas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 1999. Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia correspondiente al año 1999.
En primer lugar, para la defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que defiende también en este turno las enmiendas presentadas al resto de las propuestas de resolución, tiene la palabra el señor Rejón.
(Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. (Continúan los rumores.) Señorías, ruego guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario ha estructurado en tres bloques temáticos las propuestas de resolución contenidas en el escrito de presentación, por lo que utilizaré dichos bloques temáticos para explicar la idea que Izquierda Unida tiene de la siempre pendiente, necesaria y urgente reforma de la justicia española. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rejón.
Señorías, les agradecería que las tertulias las lleven a efecto fuera del hemiciclo al objeto de que el señor Rejón pueda continuar con su intervención.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta, y si no que tengan las tertulias donde quieran, pero que nos dejen en paz.
En primer lugar, señorías, entendemos que es necesario modernizar la justicia española, acabar con una larga lista de ineficacias funcionales, retrasos judiciales y atavismos administrativos de tal suerte que podamos homologar la justicia, en tanto que Administración pública, al resto de las administraciones públicas españolas.
No voy a hacer hincapié en la lamentable situación material de la Administración de justicia española ni a reiterarme en lo que ya manifestamos en la Comisión de Justicia a este respecto. Prefiero centrarme en los pasos que es necesario dar para cambiar esa deficiente situación. Así, es necesario tomar como punto de partida la necesidad de implicar a todos los actores del mundo de la justicia para que trabajen conjuntamente en pos de una homologación administrativa de la justicia española. La modernización del servicio público justicia va a depender de la capacidad de trabajo conjunto de Ministerio, grupos parlamentarios, comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, sindicatos, asociaciones profesionales y un largo etcétera. No será posible que se reduzcan los atrasos judiciales ni que mejore la percepción ciudadana de la justicia si juzgados y tribunales no empiezan a parecerse más al resto de las administraciones públicas españolas, si no se da la colaboración interinstitucional e interprofesional a la que me he referido anteriormente. Precisamente para reflejar esta idea de colaboración en pos de un servicio público más moderno, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado las propuestas de resolución números 11 y 12, pues en el fondo de todo este debate lo que se está dilucidando es la insoportable realidad que supone tener unas administraciones públicas españolas relativamente modernas y homologables al resto de las administraciones públicas de la Unión Europea, es decir, unas administraciones públicas del siglo XXI, mientras continuamos teniendo una justicia que en lo administrativo se parece más a las administraciones públicas europeas del siglo XIX que a las del presente siglo.
Como ya se ha dicho, la primera receta contra esta situación de atraso administrativo de la justicia es el diálogo y la concertación, diálogo y concertación que corresponde dinamizar al Ministerio y a todos los demás colaborar lealmente con el mismo, pero no se podrá reformar el servicio público justicia teniendo sólo en cuenta a los profesionales de la misma. De hecho, será necesario y hasta democrático pensar en una reforma de la justicia española que tenga como eje central y punto de partida inexcusable los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en tanto que usuarios y usuarias del servicio público justicia. Si se pretende arreglar los problemas de los juzgados y tribunales españoles sin poner en el centro de los mismos a los ciudadanos y sus derechos constitucionales y legales, estaremos de nuevo en el camino de culminar otra reforma de la justicia en falso. Los ciudadanos, la tutela
de sus derechos constitucionales y legales, su necesaria participación en la Administración de justicia y los derechos de los mismos en tanto que usuarios del servicio público justicia deben ser la piedra sobre la que verdaderamente se construya todo el edificio de lo que podríamos llamar, si llega a buen puerto, la reforma Acebes de la justicia española. A este objetivo, a garantizar la certeza y realidad de los derechos de los ciudadanos en tanto que usuarios del servicio público justicia, hemos dedicado nuestra propuesta de resolución número 3.
Sin embargo la justicia no es sólo un servicio público, dado que es también un poder del Estado, y esta nueva vertiente también ha sido objeto de nuestra atención. En primer lugar, entendemos que debe garantizarse el sustrato democrático y la presencia de la soberanía popular en el órgano de gobierno del Poder Judicial. Ello será imposible si el Ministerio de una u otra forma continúa en su intento de corporativizar dicho órgano constitucional. Y precisamente por el riesgo de pérdida de perfil democrático que podría sufrir el Consejo General del Poder Judicial hemos presentado nuestra propuesta de resolución número 14, pues entendemos que tanto el tenor literal como el espiritual, si me permiten la expresión, de los artículos 1.1 y 117.1 de nuestra Constitución apuntan a una elección fundamentalmente parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Son bien conocidas las posiciones de todos los grupos parlamentarios y al menos hasta la fecha sólo el Grupo Parlamentario Popular se mantiene en su intención de desdemocratizar el Consejo General del Poder Judicial. Hoy, señorías, los grupos parlamentarios tenemos la oportunidad de mostrar al Grupo Parlamentario Popular lo solo que se va a encontrar en ese empeño. Precisamente en la línea contraria a la defendida por el Grupo Parlamentario Popular, este grupo parlamentario entiende que el Poder Judicial debería ser un poder verdadero del Estado, capaz de generar endógena y autónomamente políticas judiciales propias, susceptible de autoorganizarse y autoadministrarse y de sustraerse sin dificultades a todo tipo de injerencias, tutelas y presiones gubernamentales y/o corporativas. A este objetivo hemos dedicado la propuesta de resolución número 17 y esperamos el apoyo a la misma de los grupos parlamentarios que crean en un Poder Judicial de ese cariz.
Para contribuir a un Poder Judicial de las características antes citadas, será necesario que jueces y magistrados sean responsables, tal y como dice el artículo 117.1 de la Constitución española, lo que a nuestro juicio implica responsabilidad disciplinaria, administrativa, penal, civil y también política. A este objetivo hemos dedicado la propuesta de resolución número 18, y esperamos el apoyo a la misma de los grupos parlamentarios que crean que la independencia de los jueces y magistrados no puede confundirse con la irresponsabilidad de los mismos cuando alguno de ellos no procure la tutela judicial efectiva, a la que los ciudadanos tienen derecho constitucional.
También consideramos necesario que se introduzcan nuevas fórmulas de gestión de la figura del fiscal general del Estado si queremos vertebrar un poder judicial verdadero e independiente. Para ello hemos presentado una propuesta de resolución, la número 19, con el objetivo de garantizar una mayor independencia del fiscal general del Estado respecto al Gobierno que lo nombra, sin por ello tener que tocar la Constitución vigente. A este respecto quiero hacerles partícipes de la gran preocupación que reina entre los miembros del Consejo Fiscal ante lo que ellos consideran intentos de gubernamentalizar aún más -recalco el aún más- el ministerio fiscal, cuestión que por sí sola sería de una extrema gravedad. Pero si además tenemos en cuenta que el ministerio fiscal puede llegar a ser instructor en los procesos penales, la gravedad de la situación aumenta. Por todo lo anterior, pedimos el apoyo a nuestra propuesta de resolución 19, propuesta que esperamos que apoyen aquellos grupos parlamentarios que crean en un ministerio fiscal verdaderamente independiente y liberado de chantajes gubernamentales. Hacemos a este respecto una especial interpelación a los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista.
Finalizo, señorías, el bloque dedicado al Poder Judicial, en tanto que poder del Estado, con la mención de dos temas relativos a los derechos ciudadanos y a la participación de la ciudadanía, que nos preocupa extraordinariamente. Cada día entendemos menos el interés del Ministerio en acabar con el modelo actual de jurado cuando éste prácticamente lleva sólo unos años en funcionamiento real y no ha demostrado ser ineficaz, sino más bien todo lo contrario. Y tampoco compartimos el intento del Ministerio de cercenar las posibilidades de defensa de los derechos ciudadanos a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. No son dos temas menores, señorías, pues de hecho la defensa constitucional de los derechos ciudadanos y la participación popular en la Administración de justicia son dos elementos claves del pacto constitucional que suscribimos los españoles en 1978. No se puede estar todo el día, por fas o por nefas, rompiendo o subvirtiendo los elementos fundamentales de aquel pacto constitucional de 1978. Por tanto, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita de todos los grupos parlamentarios que deseen defender el espíritu constituyente en materia de justicia que voten a favor de las propuestas de resolución 15 y 16, para frenar, como se diría en latín, la reformatio impius constitucional que pretende el Ministerio en materia de amparo constitucional y participación ciudadana de la justicia.
Acabo, señorías, con el tercer bloque de las propuestas de resolución presentadas por este grupo parlamentario. Son las relativas a las relaciones entre el Congreso de los Diputados y el Consejo General del PoderJudicial. Sabemos que es un concepto que suscita cierto
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rechazo, especialmente por la Mesa rodillo de esta Cámara, pero este grupo parlamentario entiende que las relaciones entre el Congreso y el Consejo General del Poder Judicial deben exceder el marco del artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El hecho de que jueces y magistrados individualmente considerados sean independientes no debe confundirse con el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado y elegido hasta ahora -y espero que por mucho tiempo- por el Congreso y el Senado, deba colaborar con las dos cámaras parlamentarias en la labor de legislación, control e impulso que tienen éstas. Independencia en lo jurisdiccional no debe confundirse, señorías, con irresponsabilidad en lo político pues, como todos ustedes saben, un poder estatal irresponsable no es un poder democrático. A este problema hemos dedicado las propuestas de resolución 20 y 21, esperando de los grupos parlamentarios comprometidos con un poder judicial verdaderamente democrático que respondan y lo ayuden.
Señora presidenta, señorías, voy a fijar la posición de mi grupo respecto a las propuestas de resolución de otros grupos parlamentarios. Con respecto al Grupo Popular, debo decir que sus propuestas de resolución de carácter panegírico o laudatorio, tipo botafumeiro, las números 22, 23 y 24, recibirán nuestro voto contrario. No pienso que les vaya a preocupar mucho, por otro lado.
Todo ello sin perjuicio de presentar una enmienda parcial a la propuesta de resolución número 23 con el objetivo de mejorar su texto. Respecto a su tono triunfal, con humildad, pero también con firmeza, les recomiendo menos vanagloria y más visitas a los juzgados y tribunales españoles -entiéndanme, no como inculpados de nada-.
Respecto a las propuestas de resolución números 25, 26 y 27, votaremos a favor de las mismas por entender que, a pesar de que su texto es un tanto laxo, caminan en una dirección que podemos compartir perfectamente.
Con respecto a las propuestas del Grupo Socialista, votaremos a favor de las mismas por compartir su espíritu y su texto, sin perjuicio de un par de enmiendas parciales que en modo alguno modifican su sentido sino que enriquecen dicho texto, al menos eso pensamos nosotros.
Votaremos a favor de las propuestas de resolución del Grupo Catalán, Convergència i Unió, sin presentar enmiendas. Y quiero expresar nuestra sorpresa ante la ausencia de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, echamos de menos el fino, riguroso y tenaz trabajo de su portavoz, doña Margarita Uría, en la Comisión de Justicia.
Acabo con una consideración formal sobre este trámite parlamentario.
No es de recibo en una sociedad que pretende ser una democracia avanzada, tal y como reza en nuestro preámbulo constitucional, que se vean reducidos los cauces de relación entre el Poder Legislativo y el Judicial a una protocolaria y formal memoria anual con las subsiguientes propuestas de resolución parlamentarias.
Es solamente un encuentro al año y cortito. Este grupo parlamentario no acaba de entender las razones por las que la Mesa se obstina en negar la capacidad de esta Cámara, en la que reside la soberanía popular, para dirigirse al Consejo General del Poder Judicial y hacerle ver las preocupaciones o sugerencias del Legislativo en materia de política judicial, sin por ello menoscabar la independencia de jueces y magistrados para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sé que hoy por hoy clamamos en el desierto, pero también estoy persuadido de que en el futuro, señorías, se superará el estrecho marco del artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y veremos relaciones más fluidas entre estas Cortes y el Consejo General del Poder Judicial, que emana de ellas.
Nada más y muchas gracias, señorías, señora presidenta. (Aplausos.)
Para la defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como de las enmiendas presentadas a las propuestas de los demás grupos, tiene la palabra el señor Silva.
El Grupo Parlamentario Catalán ha presentado cinco propuestas de resolución a partir de la comparecencia del pasado 21 de marzo del presidente del Consejo General del Poder Judicial. En dichas propuestas instamos determinadas actuaciones, comportamientos o informes del Consejo General del Poder Judicial. Con ello hemos intentado seguir un precedente parlamentario que reconozco que no está asumido unánimemente, pero que para mi grupo parlamentario tiene pleno sentido, y es que, a partir de la presentación de la memoria del Consejo, las propuestas de resolución debieran ir dirigidas precisamente a instar o a solicitar determinadas actuaciones del Consejo General del Poder Judicial y no, por ejemplo, del Gobierno, en la medida que esa actuación de control de la actuación del Gobierno es algo que se va haciendo semana a semana por parte del Congreso; y mucho menos instar o solicitar determinados comportamientos no ya del Gobierno del Estado, no ya de la Administración general del Estado, sino de la Administración de las comunidades autónomas. De ahí que, por una parte, el número de propuestas que hemos presentado pueda estimarse breve y, por otra, que procedamos a votar en contra de aquellas propuestas de resolución que hayan sido presentadas por otros grupos y que precisamente lo que hacen es solicitar actuaciones del Gobierno central o actuaciones de los gobiernos de las comunidades autónomas, bien sea a
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nivel de cooperación bien sea en el ámbito de desarrollo reglamentario.
Mi grupo no tendría inconveniente en que una vez al año se efectuase en esta Cámara un debate sobre el estado de la justicia. Sin embargo, pretender convertir este trámite en un debate del estado de la justicia nos parece que no es procedente. Primero porque, de acuerdo con la práctica parlamentaria, entendemos absolutamente insuficiente el plazo de cuatro días, a partir de la presentación de la memoria por parte del presidente del Consejo, para formular propuestas de resolución, y segundo porque el estrecho margen que nos ofrece este debate, con diez minutos de intervención para cada uno de los grupos para defender sus propuestas y fijar posición respecto de las propuestas de los demás, nos abocaría a convertir esto en un simulacro de debate de justicia, por lo que creo que habrá que ir a otras fórmulas. Desde luego, si a raíz del pacto de Estado, si llega a suscribirse, o a raíz de la reforma del Reglamento pretendemos concentrar ese debate en un día, mi grupo no podrá estar más a favor.
En cualquier caso, efectúo esta explicación preliminar para que otros grupos parlamentarios que han hecho propuestas que puedo considerar sensatas en materia de reforma de la justicia sepan que en este caso el voto negativo no va en contra del contenido, sino en contra de esos aspectos en unos casos formales y en otros, más que formales, competenciales de las relaciones entre las Cortes Generales y las comunidades autónomas.
El interés que tenía mi grupo, que se pone de manifiesto en las cuatro propuestas de resolución, se centra en lo siguiente: En primer lugar, siempre hemos valorado muy positivamente aquellos informes que nos ha ido suministrando el Consejo General del Poder Judicial, muchas veces a instancias de la propia Cámara. Quiero recordar el informe sobre la aplicación efectiva del Código Penal, así como el informe sobre la aplicación de la Ley del jurado o el informe un poco más restringido, cuya solicitud aprobamos aquí hace uno y dos años, sobre aquellos problemas que en materia de competencia de los órganos de la jurisdicción Contenciosoadministrativa había planteado la nueva Ley de la jurisdicción.
Tomando como base esa valoración positiva de los informes, solicitamos que se nos remita un informe sobre la aplicación de la Ley de enjuiciamiento civil así como de la Ley de responsabilidad penal de los menores. Entendemos que todavía no tienen el recorrido suficiente como para habernos podido suministrar esa información verbalmente en la Comisión de Justicia celebrada en marzo, que contó con la presencia del presidente del Consejo, pero seguro que en estos meses ya se empiezan a consolidar criterios y a poner de manifiesto problemas que como legisladores debiéramos abordar. En ese sentido, no tendríamos mayor inconveniente en aceptar la extensión de ese informe a la propia Ley de la jurisdicción Contencioso- administrativa, en la medida en que, repito, el informe hasta ahora suministrado hace referencia concreta y estrictamente a aquellos problemas derivados de conflictos de competencia entre los órganos de esa jurisdicción.
En segundo lugar, valoramos positivamente la actividad institucional de cooperación internacional del Consejo, que no es exactamente lo mismo que la actividad internacional del Consejo General del Poder Judicial. Mi grupo parlamentario entiende, y así nos lo han puesto de manifiesto sectores empresariales, que todo aquello que conduzca a que los sistemas jurídicos de otros países tengan una relación de semejanza con el sistema jurídico continental -y si es con el sistema jurídico español, con mayor motivo- constituye un factor que favorece la penetración internacional de nuestras empresas en esos ámbitos. Me estoy refiriendo muy concretamente al ámbito iberoamericano, pero también en el ámbito de la propiedad inmobiliaria ésa podría considerarse la situación de la actual Rusia. Repito, se trata de una actuación del Consejo que favorece esa integración de sistemas jurídicos, así como la formación de los jueces y magistrados de esos países, que es algo que tiene un efecto inmediato en la facilitación de la actuación internacional de nuestras empresas en esos ámbitos.
En su comparecencia, el presidente del Consejo puso de manifiesto el enorme desequilibrio territorial en cuanto al origen de los alumnos de la Escuela Judicial. Destacó dos elementos que resultan de gran interés. Por un lado, la composición en cuanto a género de los alumnos de la Escuela Judicial, en la que de 248 alumnos 166 son mujeres y 82 son hombres, un 33 por ciento, lo que pone de manifiesto la feminización de la Administración de justicia, que valoramos positivamente. Sin embargo, respecto del origen, hay datos tan relevantes como que de esos 248 alumnos sólo 12 son catalanes, lo cual evidencia que una comunidad que representa el 16 por ciento de la población del Estado y aproximadamente el 19,20 por ciento del producto interior bruto sólo es capaz de proporcionar menos del 5 por ciento de los alumnos de la Escuela Judicial. No se trata, señorías, de ningún prurito carente de justificación. El que exista un mayor equilibrio en cuanto al origen territorial de los jueces y magistrados ayuda a estabilizar las plantillas en el ámbito de esas comunidades autónomas, lo que permite acabar con esa volatilización de las plantillas. Por otro lado, garantiza el arraigo del juez y magistrado en la comunidad, arraigo fundamentalmente cultural, con lo cual la acusación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió de que la Administración de justicia no se ha adaptado al Estado de las autonomías y que nos encontramos muchísimas veces con jueces y magistrados incapaces de atender al ciudadano en la lengua propia, o en una de las lenguas oficiales en dicho territorio, la podríamos solventar bastante ventajosamente intentando garantizar ese equilibrio en cuanto al lugar de origen de los jueces y
magistrados. De ahí que solicitemos del Consejo General del Poder Judicial el desarrollo de programas y actuaciones destinadas a garantizar ese equilibrio territorial y, al mismo tiempo, la posibilidad de suscribir convenios en cuanto a este tipo de programas, actuaciones e instrumentos con las facultades de Derecho, con las universidades y con las propias comunidades autónomas.
Mi grupo parlamentario tiene un enorme interés en el desarrollo de los juicios rápidos. Nosotros pretendemos algo más que rápidos, algo de naturaleza inmediata, algo que pudiese desarrollarse prácticamente en las veinticuatro horas siguientes a la comisión de determinado tipo de delitos. El presidente del Consejo puso de manifiesto la reducción del número de juicios rápidos, que se ha limitado a un 3,3 por ciento de los que se efectúan en la jurisdicción penal. Es absolutamente fundamental avanzar en la línea de esos juicios rápidos e inmediatos, en primer lugar, porque en un país como el nuestro, que constituye un importante destino turístico y lamentablemente buena parte de las víctimas de esos delitos son turistas, personas que nos visitan, todo lo que no sea la celebración de un juicio de manera casi inmediata determina la pérdida absoluta de testigos para la celebración del mismo. De ahí que valoremos muy positivamente algunas actuaciones que ya se están realizando con carácter de prueba piloto en Barcelona, por las que se permite la práctica de esa prueba testifical no como diligencia previa sino como prueba anticipada que después permita ser perfectamente valorada en el juicio. En segundo lugar, señorías, en unos momentos en los que el Tribunal Constitucional pone en cuestión la alarma social como presupuesto para acordar la medida cautelar de la prisión preventiva, y al mismo tiempo nuestro respeto por la libertad de las personas conduce a que esa prisión preventiva deba ser algo absolutamente excepcional, sólo la celebración prácticamente inmediata de juicios, obviamente en supuestos de delitos flagrantes, es lo que nos permite solventar ese difícil equilibrio entre el respeto a la libertad, la disminución del valor de la alarma social como base para adoptar la prisión preventiva, y el traslado a los ciudadanos de una sensación de seguridad a la que son acreedores.
Señora presidenta, haré referencia finalmente a las enmiendas que hemos presentado a las propuestas de resolución de los otros grupos.
Hemos presentado una enmienda a la propuesta de resolución número 8, del Grupo Parlamentario Socialista, en la medida en que somos absolutamente conscientes y compartimos su criterio de que hay órganos jurisdiccionales que están en una situación absoluta de crisis, que necesitan un apoyo fundamental para poder salvar esta situación de crisis ante la avalancha de asuntos que tienen pendientes, por lo que consideramos fundamental concretar cuáles son estos órganos. Por tanto, partiendo de la propuesta de resolución número 8, del Grupo Parlamentario Socialista, hacemos la concreción de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que, como puso de manifiesto el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, al inicio de los años noventa tenía 4.000 asuntos pendientes y en estos momentos tiene 13.435; son bolsas de asuntos pendientes que van incrementándose año a año, por lo que es absolutamente imposible que con los mecanismos ordinarios se pueda aliviar esta bolsa de asuntos pendientes. Quizá no tan grave, pero algo similar se está produciendo en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Por tanto, compartiendo absolutamente su criterio, entendemos que hay que concretar los órganos.
Hemos presentado también una enmienda a la propuesta de resolución número 18, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Creo que todos los grupos somos conscientes de que la independencia judicial tiene como contrapartida el principio de responsabilidad. De ahí que entendamos que hay que recordar al Consejo General del Poder Judicial la necesaria exigencia de la responsabilidad disciplinaria, administrativa y, aunque no directamente al Consejo, también le incumbe la civil y la penal. Lo que hemos hecho es excluir la responsabilidad política de la exigencia de esa responsabilidad, porque no acabamos de entender qué es exigir responsabilidad política a un juez o magistrado, pero creo que hay que avanzar decididamente en el ámbito de esa responsabilidad.
Hemos presentado también una enmienda a la propuesta de resolución número 23, del Grupo Parlamentario Popular, en la medida que su redactado podría dar a entender que la reforma de la justicia, incluso el propio pacto de Estado, debe enmarcarse en las propuestas efectuadas por el señor ministro cuando compareció ante la Comisión de Justicia e Interior. Nosotros entendemos que la comparecencia del ministro y sus propuestas son una oferta que, desde luego, no agota lo que deba configurarse como reforma de la justicia ni el pacto en la medida en que otros grupos parlamentarios tenemos intereses que pueden ser coincidentes en los ámbitos señalados por el señor ministro, pero también tenemos intereses en otros ámbitos. El señor ministro pudo hacer una oferta que es un punto de partida, pero en ningún caso pudo constituir un marco cerrado que delimitase el ámbito de una negociación política. Por ello hemos presentado esta enmienda a la propuesta de resolución número 23, del Grupo Parlamentario Popular.
Finalmente, quiero indicar que, en la medida en que las propuestas de otros grupos sean coincidentes con algunas de las nuestras, obviamente votaremos a favor de las nuestras y en contra de aquellas.
Lo digo simplemente para que nos lo entiendan.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorSilva.
Para la defensa de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Barrero tiene la palabra.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, como todos los años, debatimos hoy e informamos a la Cámara de distintas resoluciones consecuencia de la información facilitada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial en la Comisión de Justicia e Interior a la hora de presentar la memoria, por cierto, del año 1999. Como consecuencia de ese debate producido en la Comisión, todos los grupos parlamentarios aprovechan para hacer un diagnóstico y creo que la mayoría de ellos coincide en que presenta una situación realmente deplorable. La Administración de justicia pasa en este momento por una situación realmente negativa y así lo ponen de manifiesto distintas instituciones a las que acceden los ciudadanos solicitando auxilio frente a una Administración de justicia que, lejos de ser un servicio público real, en la práctica se convierte en una especie de carrera de obstáculos, un servicio ineficaz, lento y caro, lo cual hace que esté alejado de las ambiciones de los ciudadanos. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo advierte que algunas de las quejas más importantes que se le presentan anualmente son las relativas a todos aquellos supuestos o actos relacionados con la justicia. Los ciudadanos, en muchas ocasiones, acceden desesperados ante el Defensor del Pueblo para que solvente lo que la Administración de justicia no es capaz de solventar. Y tiene sentido porque (recordaré de manera resumida algunas de las cosas que decíamos en ese debate) en la Administración de justicia, en este momento, en los distintos juzgados de España están pendientes de resolver dos millones de asuntos. Es decir, hay cientos de miles de ciudadanos que tienen pendiente una resolución en justicia que quisieran que al menos se dictara pronto, y la tienen en términos civiles, en términos penales, en el ámbito contencioso- administrativo y en el ámbito social. Dos millones de asuntos penden de solución en la Administración de justicia y los ciudadanos españoles saben que la resolución de su litigio, de su conflicto con cualquier otro ciudadano, no va a durar menos de dos años. Además, si ese litigio llega al Tribunal Supremo, a esos dos años de media tendrá que sumarle una serie de años para calcular la duración de su proceso judicial. Por ejemplo, si ha tenido la mala suerte de que sea un proceso civil, a la dilación del juzgado correspondiente tendrá que añadir cinco años de media en el Tribunal Supremo; si su litigio es penal, tendrá que añadir un año y nueve meses de media más en el Tribunal Supremo; y si ese asunto es contencioso-administrativo y llega al Tribunal Supremo en vía de recurso, a la media de tardanza tendrá que aumentarle tres años para la solución de su conflicto.
El asunto es grave, señorías. Todos lo conocemos. Todos decimos que tenemos una enorme voluntad de solucionar este asunto; todos creemos que tenemos la solución, pero año tras año venimos aquí a solicitar del Consejo en unas ocasiones y del Gobierno en otras -por cierto, porque formalmente es posible como consecuencia de una resolución de la Presidencia de la Cámara de 1983- una ayuda que al final no se da. Nosotros ostentamos la representación del pueblo, levantamos nuestra voz, venimos aquí y un año después volveremos a venir para decir que en lugar de dos millones de asuntos pendientes ya son tres, que en lugar de cinco años en el Supremo ya son siete, y seguiremos viniendo y seguiremos diciendo que somos representantes del pueblo, aunque estaremos alejados realmente de esa representación. ¿Qué nos dice el pueblo? Esta es una cosa importante. Hace unos meses el Consejo General del Poder Judicial hizo un sondeo muy amplio para calibrar y constatar la opinión de los ciudadanos españoles acerca de los tribunales de justicia y de su trabajo y, por ejemplo, el 76 por ciento decía que la justicia en España funciona o mal o muy mal, y cuando a estos ciudadanos se les preguntó -por cierto por primera vez, creo recordar, en un sondeo serio para saber lo que piensa de la justicia- si consideraban que el peor sitio para resolver los problemas que tienen que ver con las controversias entre ciudadanos es la Administración de justicia, el 82 por ciento dijo que sí; dicho de otra manera, el 82 por ciento de los ciudadanos dijo que la Administración de justicia es tan lenta que siempre que pueda procurará evitarla. Según un sondeo del Eurobarómetro de los años 1997 y 1999 somos el tercer país por la cola en cuanto a confianza en la Administración de justicia; detrás de nosotros están Italia, con una apreciación parecida, Francia y Bélgica. Esto es lo que dicen los ciudadanos. Además, de las instituciones del Estado los tribunales de justicia son los terceros peor valorados, con un 2,7 por ciento de aprecio sobre un baremo posible de 1 a 5; desgraciadamente también sólo los partidos políticos y los políticos estamos detrás de la confianza que los ciudadanos consideran debe prestarse a los tribunales de justicia.
Esta es la panorámica actual y frente a ello algo tendremos que decir los representantes del pueblo; a pesar de lo que decía el portavoz catalán algo hay que decir. Hay que aprovechar este Parlamento para levantar la voz y hablar de justicia. Como no tenemos oportunidades de hacerlo, entre otras cosas porque no nos lo permite la mayoría parlamentaria del Partido Popular, aprovechamos, a veces desesperadamente, cualquier hueco parlamentario para hablar de estos temas, de la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país y, como consecuencia de ello, señora presidenta, no hay más tela que cortar que la que todos conocemos. Señorías, más dinero, más medios, más personal en jueces y mejor pagado, mejor dotado.
No vamos a reiterar las resoluciones de otros años porque hay un cierto pudor en reiterarlas de manera habitual a sabiendas de que clamamos en el desierto de
un Gobierno con mayoría absoluta, pero vamos a intentar hacer otra vez un pequeño esfuerzo para volver a decir algunas cosas que por lo menos son coherentes con aquello que decimos en el Parlamento.
Señorías, si hemos dicho que hay que dotar de equipos técnicos al Consejo General, a los tribunales, para una mejor ejecución de la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor, qué menos que pedir más personal y más medios, porque no hay todavía esos equipos técnicos que dijimos que eran indispensables para que se pudiera ejecutar de manera razonable la citada ley orgánica. Como bien decía el portavoz, entre otros, del Grupo Catalán, si los juicios rápidos son una magnífica operación destinada a rebajar la dilación de los procesos penales especialmente en las zonas costeras, y en este momento hay un nivel de reducción de esos juicios rápidos de hasta un 50 por ciento, qué menos que seamos coherentes con aquello que aprobamos aquí y pidamos que haya los medios materiales necesarios -si de eso se trata-, a través del Gobierno y a través del Consejo General del Poder Judicial, para que tengan lugar esos juicios rápidos que aquí aprobamos como solución a los problemas de dilación. Si estamos luchando por una Administración de justicia moderna y todos estamos de acuerdo en que sea moderna, qué menos que tenga ordenadores, qué menos que esté informatizada, qué menos que no aparezcan resoluciones del propio Consejo General del Poder Judicial en las que se dice que o no entienden los ordenadores o no funcionan o no se los arreglan.
Si esa es nuestra Administración de justicia y todos estamos de acuerdo -porque qué menos que coincidir en eso-, estaremos todos de acuerdo también en que este es el sitio adecuado para pedir que se informatice la Administración de justicia por la vía que sea. Habrá que plantear resoluciones que insten al Consejo General del Poder Judicial, resoluciones que insten el apoyo de las comunidades autónomas, no forzadamente sino para solicitar su auxilio, y que insten al Gobierno de la nación, pero no pasemos por la vergüenza de tener una Administración de justicia que todavía funciona con legajos. Si estamos hablando de la Ley penal del menor, porque es fundamental la acción reparadora de la pena en el mundo de la represión del menor, la acción resocializadora y la acción rehabilitadora, qué menos que pedir especialistas en la materia, que no los hay, porque hemos hecho una Ley del menor que tiene que ejecutarse y no se está ejecutando porque no existe aquella voluntad política que requeríamos desde todos los puntos de este Parlamento para hacer posible aquello que todos deseábamos, que era que el menor tuviera su propia ley y especialistas que le rehabilitaran, le reeducaran y lo recuperaran para la sociedad.
Pedimos al Consejo General del Poder Judicial que nos remita estadísticas de manera habitual, pedimos que sea mensualmente, aunque en el Parlamento nos asusten esas estadísticas, aunque sean tan terribles como esas a las que he dado lectura, porque es posible que podamos apoyar en la solución de los problemas de la Administración de justicia y del propio Consejo, y solventar aquellas dificultades que lo único que hacen las estadísticas es ponerlas de manifiesto. Pedimos que nos manden informes para conocer la implantación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de responsabilidad penal del menor, porque los funcionarios nos dicen que la cosa va mal, que no hay salas de vistas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no hay especialistas en menores, que no hay vídeos, que no hay una serie de cuestiones que aprobamos en este Parlamento y que dijimos que el Gobierno y el Consejo tenían que ejecutar y que no ejecutan. Pedimos que se solventen los problemas de vacantes porque no podemos ir por la Comunidad Europea con un mucho de vergüenza a la hora de analizar la ratio juez-habitante; no podemos ser el último país de la Unión Europea en la ratio juezhabitante. Si la media en la Unión Europea es un juez por cada 8.000 habitantes, en este país que tanto presume de moderno, sobre todo este Gobierno que tanto quiere hacer presumir al país de que es moderno, no podemos ir por la vida diciendo que nosotros tenemos un juez por cada 12.000 habitantes. Eso tiene que tener solución y la tiene por la vía del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco podemos tener los asuntos pendientes que tenemos, etcétera.
Señora presidenta, advierto que vamos a votar la mayoría de las resoluciones del resto de los grupos parlamentarios en la consideración de que nacen de la buena intención para solventar los problemas; pero algunas nos producen una cierta desazón y un cierto pudor a la hora de votarlas, por mucha que sea nuestra voluntad aprobar esas resoluciones. Las tres primeras del Grupo Parlamentario Popular son, pura y sencillamente, un canto de alabanza, una especie de poner al resto de los grupos parlamentarios en situación de palmeros de acciones políticas que han tenido su encuentro en este Parlamento y que parece que les ha ido bien por la vía de aprobación como consecuencia de la suma de votos. Y así, se nos dice que en el Congreso de los Diputados tenemos que congratularnos del éxito derivado de la puesta en marcha de la nueva ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial dice que el éxito escaso -porque todavía penden más de 400.000 asuntos en lo contencioso-administrativo- viene dado por un mayor trabajo de los jueces y, sin duda alguna, por un inicio en la aplicación de la nueva ley. Pero congratularnos desde aquí de que pasado un tiempo estamos todos dispuestos a aplaudir con profunda excitación aquellas acciones que realizaba el Gobierno por vía parlamentaria y como consecuencia de la suma de votos, nos parece un poco impúdico. De la misma forma que hay un cierto pudor por parte del Grupo Socialista -y eso que tenemos voluntad de apoyarles- en constatar que las dificultades por las que pasa la justicia penden de una reforma para hacerla más
ágil, más eficaz, más moderna, y que esa reforma tiene que ser la enmarcada en lo dicho por el ministro de Justicia en el seno de la Comisión de Justicia e Interior. Seamos más generosos. Podíamos decir que es consecuencia de una iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Catalán, en 1998, que fue capaz de unir todas las voluntades y que dio lugar, por cierto, a una serie de medidas y de fuentes de las que ha bebido el ministro de Justicia para hacer lo que él sostiene como pacto de la justicia.
La señora PRESIDENTA: Señor Barrero, le ruego que concluya.
El señor BARRERO LÓPEZ: Termino inmediatamente.
Es decir, de congratularse por todo, pero es difícil que nos congratulemos. No nos pidan que nos congratulemos y aplaudamos en esta Cámara la llamada ley de choque, una forma rimbombante de llamar a algo que fue una medida para aumentar la jubilación de los magistrados más mayores y rebajar la formación de los jueces más jóvenes.
El resto de las enmiendas de carácter transaccional -y ya termino, señora presidenta- contarán con nuestro apoyo. Si ustedes me permiten, les diré que algunas de ellas no aportan nada. Pedimos al representante del Grupo Popular que considere la oportunidad de cambiar una enmienda transaccional que añade a la solicitud de todos los grupos de que el Consejo General del Poder Judicial nos mande encuestas para que este Parlamento conozca el estado de la justicia, que por otra parte es una de las obligaciones de este Parlamento, que nos las mande con periodicidad mensual, y ustedes quitan lo de periodicidad mensual. Les advierto que periodicidad anual ya tiene la memoria del Consejo, ya aparecen los sondeos una vez al año; si quitamos lo de mensual lo dejamos como estamos. Si estamos de acuerdo en que el Consejo debe remitir los datos que permitan incluso que el Parlamento pueda ayudarles en la solución de los problemas de la justicia, qué menos que poner que los sondeos tengan carácter habitual.Por lo demás, señora presidenta, aceptaremos la mayoría de las enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bueso.
Señoras y señores diputados, voy a fijar la posición del Grupo Popular en relación con las propuestas presentadas, que constan en el texto correspondiente y que son de la 22 a la 27. Estas propuestas ponen de manifiesto -a pesar de que al señor Barrero le molestan las tres primeras, según acaba de decir- que la puesta en marcha de la nueva ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, después de transcurrido dos años, ha sido -no hay que negarlo- un éxito; eso no se puede negar. Celebrar cualquier éxito de una buena ley no tiene por qué molestar a nadie. En segundo lugar, decir que es necesario que se lleve a cabo la reforma de la justicia para conseguir que sea más ágil, moderna y eficaz en el marco de las propuestas que el ministro de Justicia presentó el 14 de febrero del presente año en la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara, nos parece que en absoluto está reñido el marco con el diálogo; de ninguna manera. No debe entenderse que estamos hablando de una cuestión de encorsetamiento o algo parecido, sino de diálogo totalmente abierto a todos los grupos, como puso de manifiesto el señor ministro de Justicia cuando apostó claramente por la reforma de la justicia en el debate correspondiente que se celebrará a lo largo y ancho de esta legislatura. En tercer lugar, la unificación de las oposiciones de las carreras judicial y fiscal, con arreglo a la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, es positiva y no hay por qué silenciarla. En cuarto lugar, también queremos resaltar la labor de formación continuada de jueces y magistrados, especialmente en campos como las nuevas tecnologías y su aplicación práctica, y el derecho de la Unión Europea. En quinto lugar, instamos a que el Consejo General del Poder Judicial remita a esta Cámara un informe acerca del uso que haya hecho de las facultades que el artículo 216 bis de su ley orgánica le confiere cuando exista retraso o acumulación de asuntos. Finalmente, nuestra última propuesta es que se remita por el propio Consejo un anexo de los datos actualizados que facilite la sesión que se vaya a celebrar.
Entrando, señorías, en las propuestas del resto de los grupos, al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida le planteamos dos enmiendas transaccionales, que ya conoce su portavoz. La que va dirigida a su propuesta de resolución número 11 quedaría redactada en el siguiente sentido: El Congreso de los Diputados constata la necesidad de que el servicio público de la justicia alcance cotas de eficacia administrativa cuando menos similares al del resto de los servicios de las administraciones públicas españolas, de forma que la imagen actual de la justicia mejore de forma rápida y sustantiva en el marco de la reforma de la misma. Y la dirigida a la número 18 diría lo siguiente: Instar al Consejo General del Poder Judicial la plena vigencia del principio de responsabilidad administrativa, disciplinaria, civil y penal en el seno de la Administración de justicia, de forma que junto con el principio de independencia y el de responsabilidad sea una de las dos columnas que sustente el edificio de la justicia española. El resto de sus propuestas no nos parecen asumiblespor una serie de razones, fundamentalmente por las
siguientes. En lo que respecta a la número 12, consideramos que el diálogo permanente con los sindicatos es norma básica de actuación de todas las administraciones públicas; en concreto el Ministerio de Justicia ha tenido ocasión de acreditarlo en las conversaciones en el curso que está llevando a cabo sobre la reforma de la Administración de justicia. Respecto a la número 13, consideramos que el objeto de la resolución ya se contiene en el documento de trabajo al que he hecho referencia. En cuanto a la número 14, relativa a que el pacto de Estado con la justicia persigue un modelo con vocación de estabilidad en el sistema de elección de los vocales del consejo, se intenta conseguir un modelo consensuado y conforme con el espíritu constitucional. En la número 15, las eventuales reformas del recurso de amparo y el recurso de casación tienen como objetivo la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de las funciones que a estos recursos corresponde. En cuanto a la número 16, consideramos que el modelo de jurado es perfeccionable, como otros tantos aspectos de la Administración de justicia. Respecto a la número 17, consideramos que la reforma, como ya expuso el ministro de Justicia, ha de delimitar con claridad la delicada frontera entre la política y la justicia y asegurar que el Poder Judicial desarrolla eficazmente las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas.
En cuanto a la número 19, la propuesta al Rey del fiscal general del Estado, consideramos que esta resolución pretende una reforma constitucional. Respecto de la propuesta número 20, la comparecencia ante la Comisión de Justicia, lo pretendido no compromete ni al Ministerio de Justicia ni al Consejo General del Poder General ni al fiscal general del Estado sino a los órganos de las Cámaras.En cuanto a la número 21, de Izquierda Unida, sobre las comparecencias del Consejo y las exigencias de responsabilidad política, consideramos que tanto el Ministerio como el Consejo del Poder Judicial y el fiscal general comparecen siempre que son requeridos por esta Cámara y que otra cosa es la exigencia de responsabilidad política, lo cual es sólo predicable del Gobierno.
Vamos a aceptar todas las propuestas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), unas por la vía del voto favorable y otras mediante enmiendas transaccionales. Con la número 28 estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la remisión a esta Cámara de un informe sobre la efectiva aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor con indicación de los principales problemas que se vayan detectando. A la número 29 proponemos una enmienda transaccional, que quedaría redactada en los mismos términos, añadiendo al final: al objeto del estudio se atenderá también a la jurisdicción contencioso- administrativa. En cuanto a la número 30, estamos totalmente de acuerdo en proseguir la actividad institucional de cooperación internacional del Consejo General del Poder Judicial. Por lo que se refiere a la 31, proponemos una enmienda transaccional en los términos siguientes: El Congreso de los Diputados solicita del Consejo General del Poder Judicial el establecimiento e impulso de las medidas necesarias que permitan un mayor equilibrio entre las comunidades de procedencia de los aspirantes a la carrera judicial.
Sin perjuicio de las actuaciones que desarrolle directamente, podrá suscribir convenios con las universidades, comunidades autónomas y otras entidades. Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta número 32, relativa a la remisión al Congreso de un informe en el que se recojan las medidas que se estimen necesarias para impulsar los juicios inmediatos en el orden jurisdiccional penal.
Muchas de estas propuestas coinciden con las del Grupo Socialista.
Estimamos que está mejor redactada la propuesta 32 respecto de la número 2 del Grupo Socialista. Las propuestas 28, 29 y 31, a las que he hecho referencia, de Convergència i Unió, entran dentro del mismo espíritu de las números 6 y 9 del Grupo Socialista. Votaremos a favor de las propuestas números 4 y 10 del Grupo Socialista. Al citado grupo parlamentario le sugerimos las siguientes enmiendas transaccionales. A la propuesta número 1, proponemos el siguiente texto: El Congreso de los Diputados constata la importancia de continuar en el proceso de formación de los miembros de los equipos técnicos previstos en la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor para que puedan realizar con las debidas garantías la importante función que la ley les encomienda, así como desarrollar reglamentariamente los preceptos de la Ley de responsabilidad penal del menor. A la propuesta del mismo grupo número 3, ofrecemos la siguiente transaccional: El Congreso de los Diputados constata la importancia de que en el marco de la reforma de la justicia se lleve a cabo la informatización íntegra de la Administración de justicia.
Respecto de la número 5, mantenemos el texto excepto la referencia que hace el Grupo Socialista a la «periodicidad mensual». Dice el texto: El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a remitir a esta Cámara estadísticas judiciales referidas a juzgados y tribunales, que permita una real evaluación de las disfunciones que se puedan estar produciendo, así como proponer medidas para su corrección. Si se habla de que permita una real evaluación de las disfunciones que se puedan estar produciendo, el Consejo lo tiene que hacer con la agilidad correspondiente para que conocazmos en todo momento cuál es la situación real y actual.
Consideramos que no es necesario hablar de «periodicidad mensual», lo cual no está reñido, en absoluto, con la agilidad y con la prontitud para conocer los problemas reales. A la propuesta número 8, ofrecemos la siguiente transacción: El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a elaborar un plan de actuación que permita, con carácter general, afrontar la importante bolsa de asuntos pendientes, en especial donde haya mayor carga de trabajo.
Ofrecemos este mismo texto en relación con otra transaccional del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). De esta manera, puesto que hay asuntos pendientes en distintos órganos jurisdiccionales, no es necesario mencionar ninguno, sino todos aquellos en los que haya mayor carga de trabajo y asuntos pendientes; es una redacción global, que asumiría lo propuesto por Convergència i Unió y por el Grupo Socialista. La redacción que planteamos absorbería el espíritu de lo propuesto por los dos grupos citados.
El Grupo Parlamentario Popular tiene un espíritu abierto. Desde luego, no comparto lo que ha dicho el señor Barrero -muy moderadamente, pero lo ha dicho- de que algo tenemos que decir el resto de grupos para hablar de la justicia. Ha dicho que la mayoría parlamentaria nos sitúa en el desierto de un Gobierno con mayoría absoluta. Creo que esta sesión de hoy, como otras que vendrán, demuestra todo lo contrario; es decir, la mayoría parlamentaria absoluta no va a ser ningún desierto en donde clamen sus voces, sino todo lo contrario. Simplemente con ver todas las propuestas de resolución, las transaccionales que admitimos y las que votamos a favor, se puede ver que el balance es positivo y, aunque en este momento no estemos, como ha dicho el representante de Convergència i Unió, en el debate sobre la reforma de la justicia en sentido amplio, sí estamos en el inicio de una serie de reformas que van a afectar de forma positiva a la justicia. La postura del Grupo Popular es totalmente abierta, dialogante y, por supuesto, cumple con lo que ha dicho el ministro de Justicia.
Tengo que terminar, señor Barrero, diciéndole que, respecto a que no hay salas de vista o vídeos para la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la parte que conozco -y alguna conozco-, no es cierto. Hay salas de vista suficientes, hay vídeos suficientes y, lo más importante, hay una preparación encomiable de jueces, magistrados y de todos los funcionarios. Otra cosa distinta es que, con la aplicación durante todos estos meses de una nueva ley, la Ley de Enjuiciamiento Civil, haya una serie de cuestiones que tengan que reformarse o adaptarse, por las distintas disfunciones que supone el cambio de una ley de hace más de cien años a una ley nueva. Una vez que se conozcan esas disfunciones y transcurra un tiempo prudencial, como dijo el ministro de Justicia, se harán, con el consenso de los grupos, las reformas necesarias para que sea una ley duradera, lo mismo que lo ha sido la que se acaba de derogar al entrar en vigor, el 8 de enero del presente año, la ley nueva.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
Mi grupo no ha presentado ninguna propuesta de resolución a esta memoria del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de justicia, en primer lugar, porque, vista la memoria presentada ante la Comisión de Justicia por el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, estamos de acuerdo en los planteamientos generales.
En segundo lugar, nos mostramos reticentes a presentar propuestas de resolución a memorias de este organismo, sobre todo cuando vienen con tanta tardanza, porque estamos hablando de la memoria del año 1999, de la anterior legislatura. En esta nueva legislatura mi grupo tiene un compromiso con el Gobierno, expresado al señor ministro de Justicia, de apoyo al pacto de Estado por la justicia y en ese pacto, en sus casi 20 puntos, se contempla la solución a muchos de los problemas que acertadamente viene trayendo a la Cámara la memoria del Consejo General del Poder Judicial en los últimos años. Nos gustaría una concordancia temporal entre las legislaturas y el año en que debatimos las propuestas de resolución de la memoria correspondiente, así como una adecuación armónica con las propuestas del Ministerio de Justicia para el pacto de Estado por la misma.
Respecto a las propuestas de resolución presentadas, queremos manifestar que vamos a dar nuestro voto negativo no al fondo sino a la forma de todas aquéllas que instan al Gobierno. Nosotros entendemos que la instancia es ante el Consejo General del Poder Judicial, que es quien presenta la memoria, y los grupos parlamentarios tienen siempre abierto el cauce reglamentario de esta Cámara para, a través de las proposiciones no de ley, instar al Gobierno a la solución de los problemas. Salvo corrección al respecto de los grupos que han presentado propuestas de resolución relativas a instar al Gobierno (algunas del Grupo Socialista y prácticamente todas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida), las votaremos en contra. Entrando ya en el contenido de las mismas, si se subsana -repito- ese defecto de forma de instar al Gobierno y se insta al Consejo General del Poder Judicial, nos parece adecuado lo manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular como enmiendas transaccionales. Estamos de acuerdo con la enmienda transaccional ofertada a las propuestas número 1 y 3 del Grupo Socialista, que votaríamos favorablemente, así como la transaccional a la propuesta número 8. Votaríamos favorablemente las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista número 6, 7 y 10; las restantes recibirían nuestro voto en contra.
Respecto a las propuestas del Grupo de Izquierda Unida, estamos de acuerdo con las enmiendas transaccionales a las propuestas número 11 y 18. Por rectificar la forma de dirección las votaríamos favorablemente, pero no las restantes. Votaríamos favorablemente todas las enmiendas del Grupo Popular porque se ajustan al planteamiento de forma que hemos dicho de instar al Consejo General del Poder Judicial y porque responden a criterios de observación de una sistemática adecuada a la memoria de 1999 y reflejan cuestiones muy normales, de sentido común diría yo, que es tener perfectamente informada a esta Cámara, a través de la Comisión de Justicia, de la evolución de textos legislativosimportantes como pueden ser la Ley de responsabilidad
penal del menor, la Ley de enjuiciamiento civil o la Ley de lo contencioso administrativo. Aunque hay dos enmiendas transaccionales del Grupo Parlamentario Popular a las propuestas número 29 y 31 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), dado que la 29 solamente añade lo correspondiente a la información en la Ley de lo contencioso administrativo y la 31 suprime el concepto de programa necesario, al ser prácticamente lo mismo, las votaríamos favorablemente, incluyendo las dos transaccionales ofertadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, el Grupo Vasco no ha presentado propuestas de resolución, pero no se interprete ello como dejadez o pasotismo puesto que toda la Cámara conoce el enorme interés y la especial dedicación que mi grupo dedica a las cuestiones referidas a la justicia; toda la Cámara, excepto el diputado señor Rejón, cuya acidez innecesaria ciertamente lamento. Ahí está nuestra tarea en la elaboración de distintos textos legales y ahí está también la propia intervención de esta portavoz con ocasión de la presentación de la memoria por el presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Nuestra crítica va al trámite. Se trata de cumplir un trámite al que no vemos ningún sentido. Así lo manifestamos ya en la legislatura pasada, por cierto, entonces con el consenso de quien representaba al Grupo Federal de Izquierda Unida, el diputado señor Castellanos. Si lo que se pretende con este trámite es algún engarce entre el órgano de gobierno del Poder Judicial y el Poder Legislativo, así configurado este trámite no sirve para tal finalidad. Se me dirá que mi postura es estética. Pues sí, pero me parece honesto manifestarla ante la Cámara, puesto que estamos ahora en momentos en los que se habla de modificaciones de la legislación referida al Consejo General del Poder Judicial. Es legítimo preguntarse qué tipo de actividad ejerce esta Cámara cuando se trata de aprobar estas propuestas de resolución. Creemos que debería encajarse dentro de lo que es la actividad de impulso a la acción del Gobierno, que no se recoge expresamente como tal tarea de impulso en ninguna normativa de ámbito estatal y que sí aparece, sin embargo, contemplada en los estatutos de autonomía vasco y catalán. Creemos que es la idea, traída de la doctrina italiana, de que no sólo el Gobierno dirige la política, sino que también el Parlamento tiene algo que ver con la dirección de la actividad política del Gobierno.
Respecto del Consejo General del Poder Judicial, creemos que no cabe instarle a nada. Esto es sólo testimonial; lo que se aprueba es sólo manifestación de una voluntad de la Cámara, porque el Consejo no está sometido a la voluntad de la Cámara. Distinta cuestión es cuando se presenta su memoria por el Tribunal de Cuentas o por el Defensor del Pueblo, que en este caso sí son comisionados del propio órgano de la soberanía popular. Visto el contenido, podría decirse que lo que se hace es instar al Gobierno para que haga aquello a lo que le obliga o que le pide la memoria del propio Consejo General del Poder Judicial, pero para instar al Gobierno hay otros instrumentos normativos: proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones o la propia tarea legislativa. Siendo el contenido de casi todas las propuestas de resolución, resumiendo, de petición de dación de medios a las administraciones competentes, de evitar retrasos en la Administración de justicia o de informes periódicos en relación con determinadas materias, el contenido de ellas resulta, en relación con lo tratado en esta Cámara, y dicho sea con todo el respeto a las formaciones políticas que han presentado propuestas, reiterativo ad nauseam. Con ocasión del debate de la Ley penal juvenil, de las reformas que ha habido de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como de interpelaciones y mociones, en esta legislatura se han abordado esas cuestiones un infinito número de veces.
Tampoco tienen ningún sentido las propuestas de resolución que consisten en cantos al cielo, en que esta Cámara se felicite porque aprobó una magnífica Ley de la jurisdicción contenciosa -por cierto, fui ponente de ella y yo también me siento orgullosa- o porque la Ley de Enjuiciamiento Civil fue felizmente aprobada. No debemos mirarnos el ombligo -dicho sea en lenguaje coloquial, señorías- sino seguir hacia delante y dejarnos de este tipo de vanaglorias.
Concluyo como inicié mi intervención, no se interprete nuestra actitud como desinterés, sino como convicción absoluta de que la mejora de la justicia en nada va a depender de lo que hoy apruebe esta Cámara. Interprétese más bien como una llamada o como un deseo del Grupo Vasco a dar otro carácter a este trámite al reformarse la regulación del Consejo cuyo proyecto, que creemos ya muy avanzado, ansiamos, por cierto, conocer.
Señor Rejón, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas que le han sido presentadas, tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Aceptamos la de Convergència i Unió, como he manifestado en la anterior intervención, así como las dos transaccionales a las números 11 y 18, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Señor Barrero, tiene la palabra a los mismos efectos, para indicar la aceptación o rechazo de las enmiendasque han sido presentadas.
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El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, creo que la tramitación de las enmiendas números 1 y 5, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a enmiendas socialistas, no es posible. Por tanto, mantendremos, obviamente, nuestra propuesta de resolución. Aceptamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular presentadas a nuestras resoluciones, creo que son tres o cuatro.
Señor Bueso, tiene también la palabra para indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas que afectan a su propuesta de resolución.
El señor BUESO ZAERA: Se acepta la enmienda que se ha presentado a la propuesta 23 de Convergència i Unió.
Señorías, votaremos las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de justicia correspondiente al año 1999.
En primer lugar, procederemos a la votación de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, comenzando por la número 11, que se somete a votación en sus propios términos por cuanto no había enmienda con la cual se pudiera transaccional el texto propuesto por el Grupo Popular. No tenía enmienda inicial, señor Rejón.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 10; en contra, 170; abstenciones, 108.
Votamos, a continuación, la propuesta de resolución numero 18, del mismo Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en los términos del texto transaccional propuesto por el Grupo Parlamentario Popular a la número 6 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 281; en contra, uno; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de resolución.
Votamos seguidamente las propuestas de resolución números 15, 17 y 19, del mismo grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 10; en contra, 270; abstenciones, ocho.
Votamos el resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 112; en contra, 170; abstenciones, seis.
Votamos, a continuación, las propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 282; abstenciones, seis.
Iniciamos a continuación la votación de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar la número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 113; en contra, 167; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la referida propuesta de resolución.
Votamos a continuación la número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 111; en contra, 168; abstenciones, nueve.
Votamos a continuación la propuesta de resolución número 3, con el texto transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 282; en contra, uno; abstenciones, seis.
Votamos la propuesta número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 280; en contra, uno; abstenciones, ocho.
Propuesta de resolución número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 112; en contra, 168; abstenciones, ocho.
Votamos a continuación la propuesta número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 281; abstenciones, siete.
Propuesta de resolución número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 115; en contra, 165; abstenciones, ocho.
Votamos a continuación la propuesta de resolución número 8, con el texto transaccional propuesto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 282; abstenciones, siete.
Propuesta de resolución número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 112; en contra, 169; abstenciones, ocho.
Por último, votamos la propuesta de resolución número 10, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 283; abstenciones, seis.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar la número 23, con la incorporación del texto de la enmienda de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 172; en contra, 109; abstenciones, siete.
Votamos a continuación las propuestas números 22 y 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 169; en contra, 110; abstenciones, nueve.
Votamos el resto de las propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 279; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas propuestas de resolución.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 artículo 1
e contrario
 artículo 206
 real decreto

 real decreto 
 artículo 44
 artículo 12
 artículo 52
 RESOLUCIÓN 
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 artículo 117
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 artículo 109
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 artículo 109
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 artículo 216
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