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Timestamp: 2018-07-16 16:32:02+00:00

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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Marzo de 2015 (caso Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de 30 de Marzo de 2015) - Jurisprudencia - VLEX 650683253
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Marzo de 2015 (caso Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de 30 de Marzo de 2015)
El Licdo. Rolando Murgas Torrazza en representación de Jorge Alberto Jiménez Gómez, presenta recurso de casación laboral, contra la Sentencia de 30 de octubre de 2012, dentro del proceso laboral Jorge Alberto Jiménez Gómez -vs- Guillermo Tribaldos Jr, y Cía, S.A., Vinícola Licorera, S.A., Hacienda Carta Vieja y Central Industrial Chiricana, S.A.
El Licdo. Héctor Castillo Ríos quien como apoderado judicial en las dos instancias en representación de Jorge Alberto Jiménez Gómez, presenta demanda laboral común contra Guillermo Tribaldos Jr., y CÍA. S.A., Vinícola Licorera, S.A., Hacienda Carta Vieja y Central Industrial Chiricana, S.A., para que sean condenadas al pago de la indemnización especial del 10% de las utilidades netas obtenidas por el empleador durante la relación de trabajo como consecuencia de la explotación de la invención que desarrolló su representado como maestro ronero en más de 23 años en que desempeñó sólo esa función.
La cuantía del proceso fue establecida en tres millones veintiséis mil ciento dieciséis balboas con dieciséis centésimos (B/.3,026,116.16) más gastos y costas.
El Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, dictó la Sentencia de 29 de mayo de 2012, donde absuelve a las demandadas Guillermo Tribaldos, Jr y Cía., S.A., Vinícola Licorera, S.A., y Hacienda Carta Vieja por inexistencia de la relación laboral, en tanto que, a Central Industrial Chiricana, S.A., la absuelve por no haberse probado en el procedo que el demandante inventó la fórmula correspondiente al Ron Carta Vieja, y por ende que le aplicase el contenido del artículo 194 del Código de Trabajo, que fuera invocado por el actor como fundamento de derecho en su demanda.
La parte demandante decide recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, pues se siente inconforme con la decisión de primer grado. En la segunda instancia, es modificada la resolución impugnada, en el sentido de excluir del proceso a la empresa Hacienda Carta Vieja por no tener vida jurídica, luego que el Tribunal decretara la nulidad y fuera saneada por no existir jurídicamente la empresa Hacienda Carta Vieja; es de resaltar que el Tribunal Superior, en la fase de saneamiento se percató de la nulidad y fue corregida por esa instancia respectiva, y se confirma en todo lo demás; lo que motivó a la parte actora recurrir en casación laboral ante esta Máxima Corporación de Justicia, y que por mandato de la Ley No.59 de 2001 lo es esta Sala Tercera de Casación Laboral.
CARGOS DEL CASACIONISTA
Del examen de la demanda, se advierte que el casacionista ha invocado como violados los artículos 193, numeral 2 y 3, y 194 del Código de Trabajo.
El casacionista alega que el artículo 193, en su numerales 2, es violado en el concepto de aplicación indebida, toda vez que considera que la sentencia recurrida declara que se trata de una invención de servicio; esto es de las realizadas por trabajadores especialmente contratados para efectuarlas, aún cuando la empresa nunca contestó la demanda pero al oponerse a la apelación reconoció que se trataba de una invención de empresa y no de servicio. Aunado a que la fórmula química no aparece registrada como propiedad de la empresa. Concluye indiciando que, al tratarse de una invención libre el numeral 2 del artículo 193 referente a las invenciones de servicio fue indebidamente aplicado.
Igualmente, señala el demandante que el Tribunal viola directamente por omisión el artículo 193, numeral 3 del Código de Trabajo, en virtud de que siendo acreditado en el proceso que el trabajador es el autor de la fórmula química del Ron Carta Vieja, que la empresa intentó comprarle, el Tribunal no reconoce que se trata de una invención libre, propiedad del actor, y no de una invención de empresa ni de servicio.
Asimismo, señala que ha sido infringido directamente por comisión el artículo 194 del Código de Trabajo, porque la sentencia desconoce el uso y lucro de la empresa de una fórmula química propiedad del trabajador, que en todo caso daría lugar, al menos, al derecho a la indemnización especial que reconoce la norma para las invenciones de servicio con independencia de que la fórmula aparezca o no registrada a nombre de la empresa, como erróneamente expone la sentencia.
OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN
La Licda. Cherty Alegría en representación de Guillermo Tribaldos Jr y Cía., S.A., Vinícola Licorera, S.A. y Central Industrial Chiricana, S.A., presenta oposición al Recurso de Casación interpuesto, fundamentándose en que la parte actora no pudo probar en el proceso que haya realizado una invención libre o de servicio durante la relación laboral con las empresas demandadas.
EXAMEN DE LA SALA TERCERA
I. Antecedentes Legales:
En primera instancia, mediante sentencia de 29 de mayo de 2012, el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, resuelve:
1. ABSOLVER, POR INEXISTENCIA DE RELACIÓN DE TRABAJO, a las demandadas, GUILLERMO TRIBALDOS JR, Y CÍA, S.A., VINICOLA LICORERA, S.A., Y HACIENDA CARTA VIEJA, de las pretensiones incoadas en su contra por la parte demandante, señor JORGE ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, cedulado 4-105-139.
2. ABSOLVER a la demandada CENTRAL INDUSTRIAL CHIRICANA, S.A., de las pretensiones incoadas en su contra, toda vez que no se acreditó en el proceso que el demandante inventó la fórmula correspondiente al Ron Carta Vieja, y por ende le asistiera lo establecido en el artículo 194 del Código de Trabajo.
Luego de la apelación presentada por el Lico. Héctor Castillo Ríos, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial en sentencia de 30 de octubre de 2012, resuelve:
...MODIFICA la Sentencia DE FECHA VEINTINUEVE (29) de mayo de dos mil doce (2012) en el proceso laboral que Jorge Alberto Jiménez Gómez le sigue a Guillermo Tribaldos Jr, y Cía, S.A., Vinicola Licorera, S.A., Central Industrial Chiricana, S.A., y Hacienda Carta Vieja, en el sentido de EXCLUIR del proceso a la empresa Hacienda Carta Vieja por no tener vida jurídica y se CONFIRMA en todo lo demás.
El Tribunal Superior fundamenta su decisión en que del caudal probatorio existente en el expediente, el demandante no presentó prueba de ser autor de la invención que reclama, y para obtener el beneficio del 10% de las ganancias netas a que alude el artículo 194, es necesario que la invención del trabajador se encuentre debidamente registrada como de propiedad del empleador.
Luego de este recuento es deber del Tribunal de Casación pronunciarse sobre los cargos de transgresión alegados, los cuales están directamente relacionados con la existencia o no de la invención de la fórmula química por parte del trabajador, con la consecuente indemnización que reclama.
Análisis de cargos de infracción:
El problema jurídico planteado en este caso en particular consiste en determinar si efectivamente al señor Jorge Alberto Jiménez Gómez le asiste el derecho a cobrar la indemnización especial del 10% de las utilidades netas obtenidas por el empleador durante la relación de trabajo, como consecuencia de la explotación de la invención que desarrolló el trabajador, como maestro ronero para la empresa por más de 18 años, para lo cual esta Superioridad procede a examinar el expediente judicial correspondiente y las decisiones de las instancias inferiores, de acuerdo a las infracciones planteadas al Código de Trabajo, por el casacionista.
No obstante, antes de avanzar en el fondo de este asunto, debemos referirnos brevemente a la denuncia de unidad económica de las demandadas. Resulta claro en el proceso que la parte actora laboró para la empresa Central Industrial Chiricana, S.A., pues constan en autos que dicha empresa reportaba en su planilla pagos al actor como parte de su grupo de trabajadores, y no se ha logrado probar por parte del actor; quien tenía la carga probatoria en este caso, que existía una unidad económica entre ésta y el resto de las empresas demandadas, aunado a la inexistencia jurídica de una de ellas, que así fue declarado en segunda instancia luego de una investigación realizada por el Tribunal Superior mediante auto de mejor proveer.
Empero es importante puntualizar primeramente el concepto de la carga de la prueba, es una noción procesal que contiene reglas de juicio, por medio de la cual le indican al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas, que le den certeza sobre los hechos que deban fundamentar su decisión e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitarse consecuencias desfavorables.
Es decir, las partes antes del proceso deben tener una guía para saber cuál hecho le interesa probar, a fin de saber de acuerdo a la carga de la prueba , qué hechos debe probar y que les beneficiaría en su pretensión, para que así le beneficie y pueda obtener una sentencia favorable en el proceso.
De allí que, sin entrar en mayores consideraciones de fondo, será con respecto a ésta noción de carga de la prueba que debemos analizar el presente recurso de casación frente a los cargos expuestos por el recurrente.
El primer cargo de infracción planteado por el casacionista se refiere a los numerales 2 y 3 del artículo 193 del Código de Trabajo que indica lo siguiente:
Artículo 193. (Subrogado por el artículo 26 de la Ley No. 44 de 12 de agosto de 1995).
Las invenciones obtenidas durante el proceso de trabajo, en cuanto a los derechos al nombre y a la propiedad, se regirán por las siguientes reglas:
2. Si se tratase de la invenciones de servicios, esto es, las realizadas por trabajadores contratados especialmente para investigarlas, estudiarlas y obtenerlas, la propiedad de la invención corresponderá al empleador; pero el inventor o los inventores tendrán derechos a que sus nombres se les reconozcan como autores de la invención.
3. Si las invenciones fuesen libres, o sea, aquellas donde predomina la fuerza del ingenio y la meditación, o el descubrimiento por mero acaso de uno o más trabajadores, pertenecerán a la persona o personas que las realicen, aun cuando hubiese surgido por motivo del trabajo o la explotación.
En cualquier caso, tanto el empleador como el trabajador, estarán obligados a guardar el secreto de invención.
Con respecto a este artículo, considera el casacionista que se incurre en indebida aplicación, porque la sentencia recurrida declara que se trata de una invención cuya autoría no está probada sea del demandante, aún cuando consta en el proceso que la empresa no mantiene registrada la fórmula química y que trató de comprarle dicha fórmula al trabajador, y sin atender que en el collarín que lleva cada botella de ron, se indica el nombre del trabajador como Maestro ronero, por tanto, aplicó indebidamente el numeral 2 del artículo 193 del Código de Trabajo.
Por su lado, el Tribunal Superior sostiene que se pudo determinar que en el presente proceso laboral lo que el trabajador reclama es el pago de una indemnización producto de una invención de servicio, no obstante para ello era necesario que la invención estuviera debidamente acreditada como de propiedad del empleador.
Inicia señalando esta Colegiatura que, desde tiempos muy remotos, las investigaciones e inventos eran realizados por personas naturales, con el propósito de satisfacer alguna necesidad propia, o resolver algún problema de su cotidianidad o de su tarea. Sin embargo, con el trascurso del tiempo, y producto en parte por la globalización, la competencia entre empresas, el avance de la tecnología y los requerimientos del mercado, se ha incrementado el aporte de las empresas financieramente para incentivar a la investigación. Ello ha provocado el incremento de investigadores dependientes y la evolución de las invenciones realizadas por trabajadores asalariados en el ejercicio de sus funciones dentro de las empresas.
Por esa razón, la mayoría de las legislaciones se han visto en la necesidad de regular esta situación a los fines de establecer la protección jurídica del trabajador y los derechos y obligaciones que se desprenden tanto para esté como para el empleador. Estas legislaciones han establecido de forma precisa los términos y condiciones que determinan las invenciones laborales. Aunque estas condiciones varían de país en país, en cada uno de ellos se determina a quien corresponde la titularidad de los derechos de los inventos desarrollados en el ámbito laboral y el derecho a la compensación para el trabajador, lo cual resulta de vital importancia para los intereses de los inventores.
Como viene expuesto, entonces, las invenciones laborales son aquellas invenciones que realiza un trabajador en el marco de un contrato de trabajo o de prestación de servicios. Por lo general, este tipo de invenciones plantea el problema de determinar si el derecho a la patente corresponde al trabajador o a aquél por cuenta de quien trabaja.
Para esta Corporación de Justicia, es menester señalar que nos encontramos frente a un tema poco discutido en la jurisprudencia patria, pues pocas veces nos encontramos en escenarios como éste, frente a una discusión por el no reconocimiento de la invención o el ingenio de un trabajador durante la relación de trabajo. No obstante, nuestra legislación ha sabido incorporar esta materia, regulando las invenciones realizadas durante la prestación de un servicio o invenciones laborales, clasificándolas según la naturaleza o contexto en que se realizan en: invenciones de empresas, de servicios, o invenciones libres.
Esta clasificación de las invenciones laborales tiene por finalidad establecer un régimen jurídico diversificado respecto a cada categoría de invención laboral contemplada. Así, a decir de Fátima Lois Bastida (La Protección del inventor asalariado) las soluciones adoptadas en punto a la titularidad difieren según los diversos tipos de invenciones laborales previstas en las correspondientes legislaciones. Exepcionalmente, algunas de éstas como las ley alemana de invenciones laborales o la Ley japonesa de patentes adoptan una solución única, aplicable igualmente a las distintas categorías de invenciones laborales la referida diversidad en torno a la titularidad de estas invenciones, implícita en la mayoría de las legislaciones, incluida la nuestra, reclama un tratamiento separado de la misma en el contexto de cada categoría.
Así, tal como sostuviera la segunda instancia, las invenciones de empresa, son aquellas en las que predomina el proceso, los equipos, las instalaciones y los métodos de la empresa, sin distinción de personas, manteniéndose la propiedad del empleador.
En tanto que las invenciones de servicio, son aquellas que son el resultado o consecuencia directa de la prestación del trabajo contratado; es decir, que resultan de un cometido especialmente asignado, siendo ésta el objeto inmediato del contrato. Es decir, son aquellas realizadas por el trabajador en relación con su actividad profesional en la empresa y en cuya obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta.
Este tipo de invenciones que en el código de trabajo son propiedad del empleador y es éste quien debe registrarla, son una excepción al principio general de que la invención le pertenece al autor.
Y, en el caso de las invenciones libres, se tratan, como el concepto anuncia, de un producto donde predomina la personalidad e inventiva del trabajador, aunque hayan nacido con motivo de su actividad en el trabajo de la explotación. En otras legislaciones, como la alemana (ley de invenciones laborales, 1957), se refieren a este tipo de invenciones libres como aquellas que no son de encargo; esto es, las que no sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato.
Este tipo de invenciones no son fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutivas del objeto de su contrato, ni en su obtención ha influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ella. Por consiguiente, serán invenciones libres aquellas en las que predomine la personalidad e inventiva del trabajador. (Fátima Lois Bastida, La Protección del Inventor Asalariado. Ediciones Civitas, España, p. 148)
Evidentemente, reiteramos, se trata de invenciones realizadas durante la vigencia de una relación laboral, pues en caso contrario, no habría siquiera discusión legal.
Bajo estas consideraciones resulta de la revisión del proceso, que estamos ante un escenario en donde el trabajador fue contratado como maestro ronero desde el año 1992, y es precisamente esta labor la que nos lleva a coincidir con el Tribunal Superior en cuanto a que se trata de una invención de servicio, pues la lógica supone que su función como maestro ronero lo llevaba a utilizar su ingenio, conocimiento personal y experiencia laboral a la producción y mejoramiento o perfeccionamiento de la calidad del producto o del método de producción del mismo, en este caso del ron que producía la empresa que lo contrató como maestro ronero.
Es decir, si el trabajador reclama una invención en el contexto de esta relación laboral como maestro ronero, no puede invocar una invención libre, pues su labor dentro de la empresa era precisamente para poner en práctica toda su habilidad, experiencia, conocimiento e inventiva en el mejoramiento o transformación de la calidad del producto. Como maestro ronero, todos aquellos inventos o mejoras realizados por él como trabajador dependiente, en el ejercicio de sus funciones o actividades laborales, con ocasión a su contrato de trabajo encajan como una invención de servicio.
Frente a este hecho, no puede alegarse por parte del censor que se trataba de una invención libre, pues surge en todo caso, en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención pudieron influir predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la misma, o la utilización de medios proporcionados por ésta.
En ese orden, concluye la Sala, que no existe vicio de ilegalidad en la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, al aplicar el artículo 193, numerales 2 y 3 del Código de Trabajo, por lo que debe negarse la pretensión del casacionista en ese sentido.
Pero siguiendo el análisis, resulta claro que, por tratarse de una invención de servicio, es por esa razón, que el propio apoderado judicial reclama el pago de la indemnización a que se refiere el artículo 194 del Código de Trabajo, precisamente para el caso de las invenciones de servicio:
Si por la explotación de una invención de servicio, el empleador pudiese obtener ganancias que no guardan proporción en relación con la remuneración del trabajador, éste tendrá derecho a recibir una adecuada indemnización especial, no inferior al 10 por ciento de las utilidades netas del empleador." (el subrayado es de la Sala)
Al respecto de este punto, existe un aspecto que al tenor de la sentencia recurrida parece haber sobrepasado al actor, y es el tema de la falta de inscripción o registro de la fórmula química. Resulta entonces que el Tribunal Superior, al resolver estimó que era imposible reconocer la invención y, por ende, la indemnización al trabajador, toda vez que la empresa no tiene registrada la marca Carta Vieja y aquél no había probado la invención que reclama.
Debemos señalar además que la indemnización que reclama el actor no es un derecho adquirido, ni está amparado por presunciones favorables al trabajador, y ello obliga a mantener la carga de la afirmación de los hechos que forman parte de su pretensión; es decir, le correspondía al actor probar en autos que la fórmula química respecto de la cual reclama su autoría como maestro ronero había sido efectivamente creada por él, pues la sola circunstancia de que actuara como maestro ronero no certifica para fines procesales o probatorios su autoría como inventor de alguna fórmula química para el mejoramiento o perfeccionamiento del ron que preexistía a su ingreso a la empresa.
Al no cumplir tal cometido de confirmar sus pretensiones, le conlleva la pérdida del proceso, por falta de pruebas que respalde su afirmación sobre la ilegalidad de la resolución atacada al no haberse otorgado la indemnización que contempla el artículo 194 del Código de Trabajo, y es importante resaltar nuevamente el concepto de carga de la prueba, pues ese concepto es el que permite que el juzgador se forme una regla afirmativa o negativa sobre la pretensión que se discute en el proceso, no obstante la incertidumbre con respecto a las circunstancias que son alegadas en este recurso extraordinario, no llevan a la Sala a variar en modo alguno la decisión recurrida, puesto que no se evidencia por el casacionista que hubiese probado la invención del ron objeto de este debate judicial.
Frente a este escenario jurídico, el Tribunal de Casación concluye que, los cargos son notoriamente insuficientes en cuanto no alcanzan a probar la ilegalidad de la decisión recurrida, y por ello, no están llamados a prosperar, toda vez que en el recurso de casación la Sala tiene vedado efectuar revisiones oficiosas, que no hayan sido pedidas y demostradas por el recurrente.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 30 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: Jorge Alberto Jiménez Gómez -vs- Guillermo Tribaldos Jr, y Cía., S.A., Vinícola Licorera, S.A., Hacienda Carta Vieja y Central Industrial Chiricana, S.A.
VICTOR L. BENAVIDES P. -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Septiembre de 2015 (caso Plena Jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de 08 de septiembre de 2015)
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 30 de Julio de 1995 (caso Demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia - Sala Primera de lo Civil -, de 30 de Julio de 1995)

References: artículo 194
 resolución 
 artículo 193
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 artículo 194
 artículo 194
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Artículo 193
 artículo 26
 artículo 193
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 artículo 194
 resolución 
 artículo 194