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Timestamp: 2017-06-25 04:15:58+00:00

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DR. JAIME JOSÉ VALES CARRILLO
: JOSÉ MIGUEL PÉREZ PÉRE LINDSAY CASTILLO HONORES PAOLA VASQUEZ VERA CINTHIA MONTESINOS QUIÑONES JEAN SOTO CRISTOBAl JULI LIZAMA QUISPE MICHAEL MARQUEZ
I.- INTRODUCCION El Debido Proceso es un principio legal el cual consiste en que se debe de respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El Debido Proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. Esto quiere decir que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley. El Debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos. El Debido proceso penal ³es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos´1; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente, asimismo este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su conjunto.
Cfr. Entre otros: BURGOS MARIÑOS, Víctor. Derecho Procesal Peruano. Tomo I. 2002; pág. 77. PICO I JUNOY, Joan. Las garantías Constitucionales. 1997; pág. 131. En ese mismo sentido, ESPARZA LEIBAR, Iñaki. El Principio del Proceso Debido. 1995; pág. 112-113.
que dichos dispositivos se deben aplicar
. incluido el nuestro. se convierte en una garantía de observación y aplicación obligatoria en los distintos países del mundo. es decir la acción directa de las partes como mecanismo de solución de los conflictos de intereses jurídicos. pero que se encuentran destinadas a asegurar que el proceso. El derecho a un debido proceso o también llamado proceso debido o Due Process of Law en el derecho anglosajón. El debido proceso. El proceso. Reconocido no solo por las constituciones de los diversos países en el mundo. Este proceso debe reunir un mínimo de elementos que permitan calificarlo como ³debido´.Desde que el ser humano dejo de lado la auto tutela. conforme a los fines constitucionales y típicos de un Estado de Derecho. el derecho al debido proceso. vale decir. como aquella garantía general mediante la cual se va a dotar de rango constitucional a todas aquellas garantías específicas que no han sido reconocidas expresamente en la Constitución. se convierte en la piedra angular en la protección de las garantías y derechos fundamentales del individuo. ya sea en condición de demandante o demandado y en caso penal de imputado. se concibe modernamente como el instrumento a través del cual se ejerce la función jurisdiccional. En ese contexto. la aplicación de las normas se deben hacer teniendo en cuenta dos cosas: en primer lugar el rango que éstas tengan y de acuerdo a esto aplicarse y. se pensó en el proceso como uno de los medios más idóneos para ello. en segundo lugar. se encuentra consagrado en nuestra carta magna y además en normas supranacionales. La doctrina conceptualiza al debido proceso. aquel conjunto de actos que buscan la solución de un conflicto determinado. En todo Estado Constitucional de Derecho como el nuestro. reconocido como un derecho fundamental de la persona. tercero civilmente responsable. viene a ser el conjunto de derechos que concurren bajo este concepto y que otorga garantías mínimas de protección a toda persona en un proceso judicial e incluso en aquellos de competencia administrativa (debido procedimiento).penal se configure como un proceso justo. dentro de un Estado Constitucional de Derecho. Estos requisitos constituyen un derecho. principio y pilar fundamental de todo proceso en general. que es fundamental en todo régimen democrático de derecho al debido proceso. sino que también es reconocido por los estamentos internacionales sobre protección de los derechos humanos.
en la concretización de los principios constitucionales.observando obligatoriamente la Constitución. nos dice cómo debe ser ese sentido de interpretación de la ley conforme a la constitución por parte del juzgador. se ha de prestar siempre atención a la armonía de los principios constitucionales. el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales. y éstas deben ser observadas y aplicadas por todo juzgador.deben apuntar al respeto de dichos derechos y garantías. debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia. Por ello. es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por todos. es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y.la ley. La Constitución política. regula los derechos y garantías de todo individuo. se ha ido extendiendo pacíficamente como debido procedimiento ante las instancias estatales civiles y militares y debido proceso
. En ese sentido. encontramos que regula garantías procesales en general. son muchos los autores que se pronuncian por el desarrollo de un proceso penal conforme a la constitución. pues en el caso peruano por ejemplo. como es sabido además de ser la Norma con mayor rango. pero también limitar recíprocamente. Podríamos decir que la Constitución tiene una vinculación directa en el proceso penal. KARL LARENZ. y adentrándonos dentro de lo que es el proceso penal. La doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona peruana o extranjera. En ese contexto. el debido proceso en tanto derecho fundamental con un doble carácter es oponible a todos los poderes del Estado e incluso a las personas jurídicas. el debido proceso de origen estrictamente judicial. y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. sobretodo en los procesos penales en donde está en juego derechos fundamentales como la libertad de las personas. natural o jurídica. En esa medida.sin interpreta conforme a la constitución-. que se pueden recíprocamente. debemos concluir que dicho proceso penal y la normatividad que la regula debe llevarse a cabo conforme a la Constitución. el Juez que interpreta.ha de prestar atención. En otra parte refiere: en la concretización por el legislador o el juez. y es en ese correlato que las leyes procesalespenales. y es que la interpretación que se le debe dar a todo proceso penal. En ese orden de ideas. debe ser considerando a esta Norma Suprema. al primado de concretización del legislador. manifestando el jurista alemán que.
en el que se ponga a discusión aspectos inculpa torios y exculpatorios. así como debido proceso inter privatos al interior de las instituciones privadas. se debe señalar que el derecho de defensa no puede tener limitaciones.
. defensa prueba y sentencia. CLAUSS. "Derecho Penal y Derecho Procesal penal. que se traducen en tantos derechos que enunciativamente a continuación se plantean: El derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano ya que permite que las demás garantías tengan vigencia concreta dentro del proceso penal. 14 de la Constitución de 1993. Edit. El derecho de defensa se encuentra consagrado constitucionalmente en el art.´2 Como quiera que la meta procesal del esclarecimiento de la sospecha se alcance en la mejor forma por medio de un proceso dialéctico. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. p.parlamentario ante las cámaras legislativas. Ariel. en el siguiente término: "El principio de no ser privado del Derecho de Defensa en ningún estado del proceso. Para que haya un proceso penal propio de un Estado de Derecho ³es irrenunciable que el inculpado pueda tomar posición frente a los reproches o cargos formulados en su contra. En cuanto al derecho de defensa desde el punto de vista de una imputación de carácter delictivo. TIEDEMANN KLAUSS.104. Barcelona 1988. Así se considera que éste derecho solo se puede ejercer desde el inicio del proceso penal. "El Derecho Procesal Penal". así como los argumentos y contra argumentos ponderados entre sí. y que se consideren en la obtención de la sentencia los puntos de vista sometidos a discusión. desde que es citada o detenida por cualquier autoridad". ARZT GUNTHER. En consecuencia el debido proceso encierra en sí un conjunto de garantías constitucionales que se pueden perfilar a través de identificar las cuatro etapas esenciales de un proceso: acusación. KLAUSS. 139 inc. Considero que el derecho de defensa debe ser ejercido desde las etapas pre procesales como es la investigación policial o preliminar. que es cuando ya existe una imputación cierta a través de la denuncia penal.
TIEDEMANN. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste. en: ROXIN.
constituye una actividad esencial del proceso. que si bien afectan a cuantos intervienen en el mismo. en cuanto nadie puede ser condenado sin ser oído ni defendido. Es un poder que la ley confiere al hombre para impedir cualquier sanción. y. b) Como garantía del proceso. integrando el triángulo formal de la justicia represiva. frente al ataque que supone la contienda procesal bajo el cual subyace el conflicto de intereses y libertades. El Derecho de Defensa es un derecho fundamental e imprescindible en un debido proceso. basta que. En lo que respecta a la primera dimensión. tiene una especial significación respecto del imputado. es visto como un derecho fundamental que pertenece a todas las partes del proceso. público y subjetivo que tiene toda persona para poder cautelar sus derechos cuando es imputado de un acto delictuoso. desde que es citado o detenida por la autoridad. lo que importa reconocer que el sujeto pasivo de la imputación tiene. Carroca Pérez advierte dos dimensiones del derecho de defensa: a) Como derecho subjetivo. cuyas
. los mismos que señalaban que: ³Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Existiendo una imputación nace el derecho de defensa. se le vincule con la comisión de un delito.El antecedente se encuentra en la constitución de 1979 en los artículos 2 inciso 20 parágrafos h y en el artículo 233º inciso 9. También se concibe a la defensa como el derecho inviolable. a ser oído por la autoridad en todas y cada una de las instancias en que la causa se desenvuelve. el derecho de acceder al proceso o investigación preliminar. constituyendo un derecho consagrado Constitucionalmente. de uno u otro modo. según el texto constitucional. Ello significa que surge con la mera determinación del imputado: no hace falta que exista una decisión nominal o formal al respecto. Se funda en el principio de la libertad. El estado prevé la defensa gratuita a las personas de escasos recursos. Responde a la idea de protección de amparo. Tiene derecho a comunicarse y ser asesorado con un defensor de su elección desde que es citado o detenido´. en cuanta posibilidad procesal. Es el derecho subjetivo público individual del imputado de acreditar su inocencia o cualquier circunstancia capaz de excluir o atenuar su responsabilidad. ³La de no ser penado sin juicio ni privado del derecho de defensa en cualquier estado del proceso. San Martín Castro señala que el derecho de defensa de toda persona nace.
de las razones o causas de su detención. circunstanciada y oportuna del hecho concreto que se atribuye al imputado. la facultad de influir eficientemente por esa vía. La razón o causa de la detención debe consistir en una noticia íntegra. b) La facilitación de los medios necesarios para la preparación de la defensa. en la decisión respectiva. se estaría provocando la privación del derecho a ser oído y. obviando alguno de estos requisitos. a.. la defensa deberá confrontar la evidencia
. clara. En cuanto a su segunda dimensión. de allí que nuestra Constitución en su artículo 139º inciso 15 prescriba el principio de que toda persona debe ser informada. no se estará cumpliendo con la totalidad de elementos que caracterizan jurídicamente a la imputación. Tiempo necesario para la preparación de la defensa. y.Mientras que la parte acusadora puede con frecuencia haber estado preparando un caso durante un largo periodo antes del comienzo del proceso. aun al margen o por sobre la voluntad de la parte. de carácter objetivo institucional. inmediatamente y por escrito. Como se puede ver de esta garantía se desprenden dos aspectos: a) La consideración del tiempo necesario para la preparación de la defensa.notas características son su irrenunciabilidad (la parte no puede decidir que no se le conceda la oportunidad de defenderse) y su inalienabilidad (no puede ser dispuesta por su titular. surge la necesidad de éste de ejercer su derecho a la defensa. ni su ejercicio puede serle sustraído ni traspasado a terceros). b) La prontitud con que se le debe proporcionar dicha información. precisa. con ello. y. Hay dos aspectos que merecen ser destacados: a) El alcance y las características de la información que se deben otorgar al acusado. la defensa constituye un verdadero requisito para la validez del proceso.
Si resultara que sólo se da cumplimiento del deber de comunicación de la imputación. Estas se pueden sintetizar en las siguientes: De la detención de una persona por las autoridades competentes. para la validez del juicio. siempre necesaria. El derecho de defensa configura una amplia gama de garantías que cuenta el imputado o acusado en materia penal.
sin censuras ni interferencias de ninguna especie. Dependerá de la gravedad del delito. no respondería a los fines de su institución. lo que es más importante. permitirle familiarizarse con la evidencia y los argumentos legales presentados por la parte acusadora. se ejerce mediante instancias. sino que. Es esencial que se le proporcione un intérprete que le ayude a comprender todo lo que se pueda decir en el juzgado o sala penal y todos los documentos o pruebas que se le puedan someter. con quien le asista en la preparación de su defensa. b.. El defensor tiene la función de incidir en los hechos materia de autos. y la defensa.Esta garantía implica el derecho del acusado a comunicarse privadamente. El propósito de esta garantía es no sólo permitir al acusado presentar argumentos en su defensa. etc. Es referida a aquella defensa ejercida generalmente por un abogado y sólo en algunas otras legislaciones. ofreciendo su propia versión de los hechos y su interpretación del derecho aplicable. Que tiempo es el ³adecuado´ o el ³necesario´ para la preparación de la defensa. Sin embargo. y muy especialmente a aquellos que han sido sometidos a la consideración del los juzgados o Salas Penales y que forman parte del proceso. alegatos u observaciones que se basan en normas de derecho sustantivo o procesal. él no podría defender eficazmente. Exige lógicamente conocimientos jurídicos de que. la novedad u originalidad de los problemas jurídicos que se requiere examinar. encontrar testigos. Medios adecuados para preparar la defensa. También implica el acceso a documentos necesarios para la preparación de la misma. argumentaciones. por ende. las dificultades para obtener evidencias a favor de la defensa. El defensor es un auxiliar de la justicia pero no como
. el número de personas acusadas en el mismo proceso. sin ellos.acumulada por la acusación. por excepción al propio imputado. esta garantía también incluye el derecho a comunicarse con otras personas distintas del defensor. presentar sus propios medios de prueba y examinar y rebatir los argumentos jurídicos de la parte acusadora en el lapso sustancial más breve. el imputado en la mayoría de casos carece. pero fundamentalmente en el derecho.
salvo en aquellos actos en que la ley exige una participación personalísima del procesado. sino como engranaje ineludible del marco instrumental que el derecho predispone para garantía del individuo y de la sociedad. en la instrucción como en el juicio oral) siempre que sus declaraciones sean pertinentes". Este derecho le permite examinar ±personalmente o por medio de su defensor las pruebas acumuladas en su contra.órgano imparcial que procura el triunfo de la verdad aunque traicione a su cliente. defiende los intereses privados del procesado. La defensa técnica fundamentalmente presupone asistencia y representación. "es la que se realiza mediante manifestaciones que el imputado puede hacer en el proceso. es libre porque no admite restricción alguna salvo las establecidas por ley. Corrobora en este sentido la afirmación que la autodefensa es un hecho instintivo y natural del hombre y la ley permite esta actividad personal. es decir que representa al imputado -valga la redundancia. si bien es cierto que el defensor. que no significa en modo alguno una absoluta libertad para el ejercicio de la defensa personal. La autodefensa consiste en la intervención directa y personal del inculpado en el proceso. es pública porque cumple una función en este orden. El segundo presupuesto de la defensa técnica es la representación. y como dijera VÉLEZ. criticarlas o incluso en su propio favor. o de testimonios que no ha podido refutar. la primera referida al aporte técnico a la defensa material. El derecho a la postulación en el proceso le permite al imputado presentarse al Juez conjuntamente con su defensor alegando el derecho que le asiste. Es importante remarcar que la defensa tiene tres características fundamentales: pública. en relación a los pro y contra que franquean al imputado tanto a nivel de los hechos que se le incriminan como al derecho etc. sería aceptar un procedimiento
.a lo largo de todo el proceso. realizando actividades encaminadas a preservar su libertad: impedir la condena u obtener la mínima sanción penal posible. Admitir que el acusado pueda ser condenado en virtud de documentos que no ha tenido ocasión de conocer. descalificarlas. libre y profesional: así. Llamada también defensa material. pero su accionar va encaminado a una finalidad de orden social10. informa acerca de los derechos e intereses que la ley le acuerda o reconoce. y es profesional porque es solicitada por determinada persona especialista en derecho. declarando cuantas veces sea necesario (tanto en la etapa preliminar.
Asimismo. filiación. colaborando para que se desarrolle dentro del marco del debido proceso. que no puede contratar y pagar los servicios de un Abogado sin poner en peligro su subsistencia o la de su familia. asume la defensa gratuitamente en los procesos penales. asume la defensa del
. participando activamente en el proceso. Sala Especializada Penal. es un abogado que depende del Ministerio de Justicia y que brinda sus servicios profesionales al detenido en una sede policial. Este profesional del derecho. y si un principio fundamental del derecho a un juicio justo es el derecho del acusado a defenderse. por último.S. interdicción. sentenciados y a los que la ley señale. a los menores infractores. la defensa del menor y la alimentista. sin discriminación alguna. Si el propósito de todo proceso criminal es hacer justicia. evitar que una declaración coacta del imputado pueda ser valorada como elemento de cargo en su contra". autorización para el trabajo de menores y reconocimiento de unión de hecho. examinando y analizando los elementos de prueba.
Este derecho es una de las manifestaciones del Derecho de Defensa. al procesado ante un Juzgado Especializado Penal. ejerce el patrocinio del menor en estado de abandono. para que provea la defensa gratuita a las personas de escasos recursos económicos. tutela.viciado desde un comienzo y diseñado para condenar. reside. violencia familiar. Para velar por uno de los derechos fundamentales de toda persona: El Derecho a la Defensa. N° 005-99-JUS. El defensor de oficio. el Ministerio de Justicia creo el Servicio Nacional de la Defensa de Oficio. Tribunal Militar. reglamentado por el D. suspensión y extinción de la patria potestad. tenencia.. para privar al imputado de su libertad de decisión como informante (transmisor de conocimientos) en su propio caso. y en particular corresponde al deber que impone la norma de no "emplear ciertas formas de coerción. régimen de visita. asesorando. mediante la Ley N° 27019. consejo de familia. interviene en el procedimiento de colocación familiar. para que tal defensa sea efectiva deben ponerse a disposición del inculpado todos los medios indispensables para la preparación de la defensa. autorización de matrimonio de menor.
siendo mérito del Tribunal Constitucional Español la paulatina fijación de sus alcances. su contenido no se encuentre determinado con precisión. DIVINCRIS.menor infractor para garantizar su derecho al debido proceso. Lo reciente de su historia ha hecho que. que luego se van desmenuzando en componentes. defiende al menor agraviado sólo en casos de delitos contra la libertad sexual. en un inicio. que su vitalidad es tan extraordinaria que prácticamente todo el esquema de garantías constitucionales podría construirse sobre ella.1. 24 de la Constitución Española de 1978. El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva se ha clasificado en la doctrina española sobre cuatro derechos básicos. En las sedes policiales asume la defensa de las personas que son detenidas en las siguientes Direcciones especializadas: DININCRI. 139 de la Constitución Política de 199357. que bien se podría decir que la cobertura que presta es casi ilimitada61.
. DINCOTE. El derecho a la tutela judicial efectiva Esta garantía se encuentra consagrada en el inc. Lo que no se puede cuestionar desde ninguna perspectiva es que los derechos y garantías derivados del derecho a la tutela judicial efectiva abarcan todas las fases del procedimiento ya que a la resolución judicial final sólo puede llegarse a través del proceso. porque son tantos los aspectos que se han estimado amparados en ella. 3 del art. Sin embargo. sobre todo en cuanto se le pretenda distinguir del otro baremo central de los sistemas procesales de influencia hispánica -en el que coexisten ambos derechos. Se trata de una institución procesal de reciente data en el derecho comparado. DINANDRO. Su origen se encuentra en el inc. Es el sentido aludido que en algunas oportunidades se ha señalado que definir en forma más o menos precisa la garantía de la tutela judicial efectiva en el Derecho español es muy difícil. el derecho a un debido proceso . 1 del art. En los establecimientos penitenciarios ayuda a gestionar los beneficios penitenciarios. incluso ahora no existe un total acuerdo respecto de su real contenido. 2.
159. Mediante este derecho se garantiza al individuo la posibilidad de acceder al proceso jurisdiccional: promoviendo o solicitando su inicio. conforme lo ha señalado San Martín Castro. en nuestro país el derecho de acceso a la justicia presenta la particularidad de que es el Ministerio Público el órgano autónomo de derecho constitucional que tiene la exclusividad para promover la acción penal (art. frente al cual. en el policial y fiscal) como una efectiva parte de éste.a. como necesario prius lógico para obtener la tutela judicial efectiva.5 Const. El derecho de libre acceso a la jurisdicción Conforme ha señalado Moreno Catena. En cuanto al imputado. Una vez promovida la acción penal los agraviados están autorizados a constituirse en parte civil. o concurriendo válidamente al proceso ya iniciado. La víctima en consecuencia no esta legitimada para reclamar la imposición de una pena al presunto delincuente. pero sí para acudir directamente al órgano judicial reclamando una indemnización65. incluso.acudir a la vía civil interponiendo una demanda de indemnización. 12° de la LOMP). el derecho a la tutela judicial comprende el derecho de acceso a la justicia. En lo que respecta a la víctima. sin perjuicio que decida -sin condicionamiento alguno. estaba permitido el secreto de la instrucción.). en los momentos previos.
. Para cada uno de estos sujetos procesales -no importando que se trate de un sujeto contingente o no necesario. En el proceso penal este derecho se tiene que ver necesariamente desde las posibilidades de acceso real a la jurisdicción del propio imputado.se deben de prever las vías legales para una efectiva garantía de su derecho de acceso a la jurisdicción. en los casos en que tuviere algún interés en la resolución jurídica del mismo (en los casos del imputado o el tercero civil). del actor civil y del tercero civilmente responsable. sin embargo. ello no obsta los ciudadanos tengan el derecho a formular denuncias y que si el Fiscal las rechaza puedan instar el control jerárquico del superior (art. se debe de garantizar que acceda al proceso jurisdiccional (e incluso. así como. aun cuando no aparezca reconocido de modo explícito. ante el órgano legalmente competente. con los derechos y deberes que fluyen de su condición de sujeto procesal. Esta garantía comporta necesariamente la superación definitiva de la concepción inquisitiva que entendía al procesado como un mero objeto de investigación.
en España que es. El derecho de libre acceso al proceso en las instancias reconocidas: Conforme ha sido concebida en la doctrina jurisprudencial constitucional española. previo agotamiento de las demás modalidades personales posibles. b. es necesario precisar que la forma usual de las notificaciones debe ser la que se realiza personalmente al sujeto interesado. El derecho a la pluralidad de instancias posee una especificidad propia y fluye de una cláusula constitucional garantista específica. para los sujetos directamente interesados en la resolución jurídica del conflicto. de donde hemos tomado la institución del derecho a la tutela
. sino que sólo constituye un derecho a acceder a las instancias -por ende al recurso que la posibilitaya legalmente previstas. Por último. pero no en cuanto derecho de acceso al proceso (en el que ya se está comparecido) sino en cuanto afectan el derecho a la defensa que pudiera ejercitarse precisamente contra las resoluciones no notificadas o deficientemente notificadas. pues el derecho a ser parte no se podría materializar si el interesado no fuera llamado al proceso. por ejemplo. Esta garantía se refiere a la posibilidad que deben tener las partes de acceder a los recursos e instancias correspondientes en tanto se encontraran legalmente previstas. las infracciones que en la práctica de las mismas puedan producirse afectan el derecho a la tutela. esta consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva constituye una mera continuación del derecho de acceso al proceso. Esta diferencia se entiende con mayor claridad si se explica que. afectando directamente el derecho a la tutela.El acceso a la jurisdicción. pero cuando tales notificaciones son de resoluciones que se producen dentro de un procedimiento ya iniciado. Esta garantía no debe entenderse como un derecho a la pluralidad de instancias. La citación por edictos resulta excepcional y el último remedio. se proyecta también hasta la exigencia de un efectivo emplazamiento. como ya señalamos. En este extremo. es necesario distinguir debidamente que cuando las notificaciones tienen por objeto el emplazamiento de una persona para que comparezca en un determinado procedimiento cumplen la finalidad de permitir el acceso al mismo. como es la contenida en el inciso 6 del artículo 139 de la Ley Fundamental.
judicial efectiva. así como. si no se prevé también un derecho para que el órgano jurisdiccional no pueda eludir dar la respuesta jurídica cuya búsqueda dio origen al proceso.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. la posibilidad de concurrir efectivamente a la nueva instancia.no se encuentra constitucionalmente previsto el derecho a la pluralidad de instancias. toda vez que esta última garantía sólo se encuentra referida a posibilitar el acceso a las partes a los recursos e instancia ya previstos por el legislador. pero en tanto conserve intereses en juego. sin importar que no haya sido el sujeto que haya interpuesto el recurso que le da apertura. además de ser clara. De nada serviría que se le haya permitido al sujeto comparecer al proceso. El derecho a obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso: Los derechos de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en sus instancias reconocidas perderían razón de ser. deba encontrarse debidamente motivada. El derecho a la motivación de la resolución que ponga fin al proceso se encuentra incluido en la garantía
. no es cualquier respuesta la que satisface el derecho a la tutela judicial efectiva. sin lesionarse con esto el derecho a la tutela judicial efectiva. sino que es necesario que ésta.el legislador se encontraría en absoluta libertad de prever procesos penales con instancia única. en cuanto partes integrantes del superior derecho a la tutela judicial efectiva. sino que surge del artículo 14. en cuanto la resolución del ad quo pueda ser tenida como nociva para sus intereses. A la pluralidad de instancias en materia penal no se le reconoce origen constitucional expreso. Para un mejor entendimiento se debe poner atención en que si no existiera una cláusula constitucional que otorgara un derecho a la doble instancia -y tampoco existieran normas internacionales que vinculen normativamente a nuestro estado en este sentido. tanto desde una perspectiva fáctica como jurídica. si el sujeto no tuviera también el derecho a una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso. en las mismas condiciones que en el derecho inicial de acceso a la jurisdicción69. Sin embargo. c. o dé una que resulte siendo ambigua. en sus instancias legalmente previstas. Es necesario tener debidamente en cuenta que con el derecho de libre acceso al proceso en las instancias reconocidas se garantiza a todos los sujetos procesales la posibilidad de hacer uso de los recursos impugnatorios legalmente previstos. razón por la que en algunos asuntos sólo se concede legalmente un proceso con instancia única.
excepto los decretos de mero trámite. no sólo en su aspecto eminentemente penal sino también en lo que corresponde a la reparación civil. contra quien se dirige la persecución penal (razón de ser del proceso). La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias.pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso. proporcionando una argumentación convincente. se debe advertir que la resolución final a la que se hace referencia no es. claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. Según Olsen Ghirardi: ³se considera que la resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra. Se debe entender por motivación el proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia. y. Si bien en su entendimiento inicial hemos referido este componente del derecho a la tutela judicial efectiva como un derecho a obtener una resolución final. en el proceso penal. sino que puede serlo una resolución mediante la cual se declara fundada una excepción de naturaleza de acción. cuando prescribe: "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. porque es que se impone. lo que puede identificarse con la sentencia. e indicando los fundamentos de la operación que el juez efectúa. Asimismo. amnistía. Es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general. este derecho no sólo le corresponde al imputado. etc. "Motivar significa justificar la decisión tomada. con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hechos en que se sustentan´. su monto o porque es que se niega su imposición. sino también la absolutoria. 139. es decir el actor civil y el tercero civilmente responsable. que se ha seguido todo un camino -en
. por las expresiones vertidas. sino también a todos los sujetos procesales que tengan un interés propio en el proceso. la primera. Siendo así que no sólo se debe fundamentar en derecho la sentencia condenatoria. de prescripción. la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura.específica de motivación de resoluciones jurisdiccionales consagrada en nuestra Ley Fundamental de 1993 en su art. necesariamente una sentencia.
pues únicamente así conocerá cuáles han sido las razones en las que el juzgador se ha apoyado para emitir su pronunciamiento. sólo una resolución condenatoria debidamente motivada permitirá que el imputado ejerza plenamente su derecho a la defensa. Lima . de la necesidad de controlar la sujeción del juzgador a la ley.Perú: 1998.forma explícita. con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado". del derecho a la pluralidad de instancias y del mandato de interdicción de la arbitrariedad.
. Así. la total configuración de derecho de motivación de las resoluciones jurisdiccionales resulta siendo consecuencia no sólo del derecho a la tutela judicial efectiva y la norma recogida en el inc. La doctrina procesal penal se ha encargado de precisar que la motivación resulta un deber del juez que se deriva además del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en su versión de derecho a obtener una resolución fundada que ponga fin al proceso. Se trata de una exigencia que sólo posee naturaleza formal. de carácter instrumental. Es la confluencia de estos principios y derechos de la función jurisdiccional la que ofrece su completo fundamento (material) al mandato constitucional de motivar las resoluciones que no sean de mero trámite. pág. 139. pero condición sine qua non de la vigencia de las garantías que hemos consignado como las que le otorgan su fundamento material. para que el superior jerárquico controle que la decisión del "ad quo" no haya sido arbitraria. 139 de la Ley Fundamental resulta constituyendo una "garantía de garantías".hasta llegar a una afirmación o negación. pero de intenso contenido político-garantista´. 5 del art. respecto del imputado. 2. son éstas las normas que hacen nacer la exigencia de que el juez exprese las razones de su decisión. "La estructura lógica del razonamiento judicial". del derecho a la defensa. mediante la interposición del medio impugnatorio correspondiente.2 El Principio de la Presunción de Inocencia
GHIRARDI. 5 del art. por tanto. Siendo en este sentido que se ha dicho que la norma consagrada en el inc. "nadie puede defenderse debidamente de algo que ignora". 231. en Derecho y Sociedad N° 13.3 Ahora bien. Esto le posibilitará cuestionar los fundamentos que no encuentre arreglados al Derecho. Olsen.
no puedan ser adoptados sin la existencia previa de fundados motivos de participación en el hecho punible del imputado y tras una resolución motivada en la que se cumplan todas las exigencias del principio de proporcionalidad´. sólo podrán imponerse cuando haya peligro procesal. tienen carácter excepcional y provisional. con las debidas garantías procesales.Constituye una de las conquistas esenciales del movimiento liberal que consistió en elevar al rango constitucional el derecho de todo ciudadano sometido a un proceso penal a ser considerado inocente (Art. 2º inciso. peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria. pues. cómo. Es uno de los pilares del proceso penal acusatorio.
. 24 literal e). iii) Las pruebas deben ser valoradas. Este principio está vigente a lo largo de todas las etapas del proceso y en todas las instancias. por ello en el marco de un proceso acusatorio todas las medidas coercitivas en general y la prisión preventiva en particular. Este principio solo puede ser desvirtuado a través de la actividad probatoria con las siguientes notas esenciales: i) La carga de la prueba corresponde exclusivamente a la parte acusadora (Ministerio Público) y no a la defensa. en particular. y la prisión provisional. ii) La prueba debe practicarse en el juicio oral bajo inmediación del órgano jurisdiccional. ³La presunción de inocencia ha de desplegar. reconocido como el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia en tanto no recaiga sobre ella una sentencia condenatoria. esto es facilitar que la Nación conozca por qué. 2º inciso 24). sus efectos en la fase instructora. independientes e imparciales. con criterio de conciencia por jueces ordinarios. es decir. solo queda vinculado a lo alegado y probado en el juicio oral. El juez penal que juzga. competentes. con qué pruebas. en general. 2.3 El Principio de Publicidad del juicio Se fundamenta en el deber de que asume el Estado de efectuar un juzgamiento transparente. impidiendo que los actos limitativos de los derechos fundamentales. aquél ha de probar en el juicio los elementos constitutivos de la pretensión penal. Este principio está en íntima relación con el Derecho a la Libertad que la Constitución garantiza a toda persona (art.
por los tratados internacionales. El principio de publicidad está garantizado por el inciso 4 del artículo 139 de la Constitución Política. Este principio de vital importancia es una forma de control ciudadano al juzgamiento. pero la información propalada debe ser objetiva e imparcial. ³la función política de control del poder judicial que cumplen los particulares. en la verificación del cumplimiento de las condiciones. realizan el juzgamiento de un acusado. el inciso 2 del artículo I del Título Preliminar y el art. 357º del CPP. oral. la actividad probatoria y la manera como se juzga. El citado principio es una forma de auto legitimación de las decisiones de los órganos que administran justicia. La publicidad es considerada como una garantía del ciudadano sometido a juicio y a la vez como un derecho político del cualquier ciudadano a controlar la actividad judicial. etc. así la comunidad podrá formarse un criterio propio sobre la manera como se administra justicia y la calidad de la misma.quiénes. por los delitos cometidos por medio de la prensa y por la afectación de derechos fundamentales. ³Toda persona tiene derecho a un juicio previo. salvo cuando sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 8 inc. Nuestra Ley señala la excepción al Principio de Publicidad cuando se trate de tutelar intereses superiores. Sin embargo. La finalidad de la publicidad es que el procesado y la comunidad tengan conocimiento sobre la imputación. Los juicios por responsabilidad de los funcionarios públicos. el medio de comunicación no debe convertirse en medio de presión o de sensacionalismo. público y contradictorio«´. siempre serán públicos. tal es el caso del derecho al honor de una persona y en los casos de delitos contra la libertad sexual. de este modo ha sido recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. consiste. Consiste en garantizar al público la libertad de presenciar el desarrollo del debate y en consecuencia de controlar la marcha de él y la justicia de la decisión misma. precisamente. La regla general es que los juicios deben ser públicos. 5). a través de su presencia en un acto judicial público. la difusión por estos medios no deja
. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que. La publicidad de los juicios está también referida a la facultad de los medios de comunicación de poder informar sobre el desenvolvimiento de un juzgamiento y hacer efectivo el derecho de control ciudadano. requisitos y presupuestos jurídicos por parte de quienes desempeñan la tarea de administrar justicia´.
en esos términos. de modo controlado y eficaz. La oralidad. interminables y dilatadas. la verdad. pues la verdad es que un proceso por etapas. máxime cuando las pruebas tienen vocación de permanencia. cuya agilidad y fluidez no se puede alcanzar a través de la palabra escrita. por otro lado. en presencia del mismo juez. construir. las partes y los medios de prueba. la desconcentración y la distracción. que el juicio se adelante en etapas o fases que desdibujan. la necesidad de que la causa se tramite en una sola audiencia. sin que la inmediación de la
. con lo que se asegura la plena realización del contradictorio como producto de la interacción entre las partes. por lo que algunas legislaciones han previsto restricciones para la prensa cuando se colisiona con otros intereses que deben ser igualmente protegidos. sin solución de continuidad y sin los escritos que son el refugio de los secretos que tuercen la justicia. sino inclusive con las practicadas en la indagación preliminar por la policía judicial o en la instrucción por la fiscalía. además del dialogo directo entre las partes y el juez. pues comporta. La oralidad impide. por el paso del tiempo. Así las cosas. es decir la palabra hablada. permitiendo. pues es el único mecanismo que genera un sistema dinámico de comunicación entre el juez.4
Este principio no solo está estrechamente vinculado al de Publicidad sino que es corolario de los de Inmediación y Concentración. en un equilibrado y reglamentado juego de interrogatorios y contrainterrogatorios. pues el juez fallaba no solo con fundamento en las practicadas frente a él. en la audiencia. Este principio tampoco se halla recogido en las normas rectoras de la ley 600 de 2000 a pesar de predicarse la oralidad en el juicio. es la herramienta para llevar el conocimiento al juez y con base en las impresiones recibidas por este procederá a dictar sentencia.de presentar algunos problemas. al mismo tiempo.
2. La oralidad es principio procesal que permite no solo la concentración del proceso sino que garantiza la inmediación del órgano de la prueba a lo largo del juicio. la verdad. como las que allí se contemplan no se concibe sino mediante la escritura.
testigos y demás intervinientes debe ser obligatoria. non est in mundo. además de la concentración. Todo lo que suceda en el proceso. entonces. debe ser llevado a cabo oralmente (también la deliberación. vii) las peticiones.[15]. i) La exclusión de las declaraciones y pericias escritas como fundamento de la sentencia. la escritura es imprescindible en el adelantamiento de tal tipo de procesos. desarrollado en el capítulo I del Título VI. publicidad y continuidad de un juicio pronto y cumplido.. que ³la actuación procesal será oral y en su realización se utilizaran los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad. testigos . alegatos y recursos deberán interponerse en la audiencia de manera oral y viii) los recursos se sustentarán en forma verbal frente a los jueces competentes. ministerio público y defensores . si queremos garantizar la inmediación y contradicción de la prueba. la votación y el pronunciamiento de la sentencia) en contraposición con el principio escriturista quod non est in actis. dispone. Para el procesado implica: a) Que toda la prueba debe verterse y practicarse de manera oral. la producción de la prueba. el interrogatorio del acusado. perentoriamente. c) Implica. parcialidad y capacidad de recordación.prueba fuera necesaria y sin la concentración y la continuidad del juicio. los alegatos. como ya vimos la obligación
. por ej. Por el contrario. entre otros. de los intervinientes en la práctica de las pruebas. Este principio implica. lo cual no podía ser de otra manera. sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido´. lo que no ha sido dicho no es tomado en cuenta. el artículo 9º de la ley 906 de 2004. ii) El testimonio. como se anotó. v) la prohibición de alegatos escritos para fiscales. el dictamen y los informes se rendirán de manera oral por los acusados. vi) las decisiones del juez se tomarán de manera oral en la audiencia pública. iii) La admisión de la prueba anticipada y de referencia será excepcional[14] . con lo que la asistencia de los peritos. Según el trascrito principio ³fundamento de una sentencia solo puede ser aquello que fue expuesto oralmente. lo que a su vez permite poder determinar con más precisión la credibilidad. b) Que se permita que el juez reciba de manera directa y de viva voz la versión de los hechos que tienen los testigos. conocimiento. iv) La exclusión de la prueba de referencia como soporte exclusivo de la sentencia. sino que es considerado como no sucedido o no existente´. peritos e investigadores.
pues solo tendrá este carácter la que el juez ha presenciado directa y personalmente. sin que se hubieren presentado. pero no sólo del procesado sino también del juez. lo cual era de entenderse si se tiene en cuenta que la prueba podía ordenarse.de presencia. recaudarse o practicarse por cualquiera de los funcionarios judiciales. para desvirtuar la presunción de inocencia. La inmediación. incluida la policía judicial. por ello. los pone en contacto directo. de ahí que la prueba anticipada y de referencia sean excepcionales y en los casos taxativamente señalados en la ley. lo que facilita el aumento de la confianza en el sistema judicial. de la mano de la oralidad. d) Que todas las solicitudes se tramitarán previa audiencia de la otra parte. evita los intermediarios y con ello las tergiversaciones propias de un juicio ajeno y lejano en el tiempo. Ello significa que la evidencia física. es decir aquella que.5 Principio de Inmediación
Hace alusión a que toda la prueba. no es suficiente. practicado o acreditado ante el juez. por sí sola. solo tendrá el carácter de prueba la practicada frente al juez. todos los actos procesales deben practicarse en el juicio oral y. la victima e inclusive el procesado. los materiales probatorios y la información recogida en etapas distintas al juicio oral por el fiscal. Este principio.
. por lo que la prueba pierde la vocación de permanencia. siendo escasos. e) Constituye una garantía frente a las partes y frente a la sociedad que puede reconocer y advertir la respuesta del Estado frente al crimen. los eventos en que la prueba se practicaba frente al juez de conocimiento. acerca al juez a la prueba. le permite al juez acariciar la prueba y fallar con base en impresiones directas y no recogidas por un tercero que por lo regular es la fiscalía o la policía. quien debe estar atento a lo que suceda en la audiencia. no se practica en la audiencia. con lo que se asegura su contacto directo con los testigos. junto a la anticipada. máxime cuando es la misma ley la que señala que la prueba de referencia. tampoco encuentra consagración legislativa en las normas rectoras de la ley 600. los peritos. no son prueba y por tanto no sirven de soporte para proferir un fallo. 2. por no decir ninguno. como los de imparcialidad y oralidad. en cualquiera de las etapas del proceso. incluida la indagación preliminar.
oral. yerto. frente al juez sino que en las ocasiones. con fundamento en la posición de la Corte Suprema de Justicia de que el derecho de contradicción no implica necesariamente la participación en la práctica de la prueba pues basta la posibilidad de controvertirla o criticarla. que no interactúa con las partes. consagra como Norma Rectora el principio que nos ocupa al disponer que ³en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida e incorporada en forma pública. como ocurre con los jueces de descongestión. en que se practica frente a él. Por eso no es justicia lo que se puede esperar de un fallo producido por un juez que no conoce al acusado. ³En ningún caso podrá comisionarse para la practica de pruebas´. los que profieren sentencia. inclusive con la víctima. que no escudriña al perito. Pero no es solo que la prueba no se practica. en la mayoría de los casos se negaba por innecesaria o superflua. en el artículo 16.
. continua la ley. materialmente hace referencia a la idea de que el órgano jurisdiccional debe procurar convencerse de los hechos reconstruidos en la vista por medio de las pruebas´. pues el juez está administrando justicia con fundamento en un expediente frío. Por ello. es que el nuevo código de procedimiento penal. pocas. que no observa a la persona del testigo.Cuando el proceso le llega al juez la actividad probatoria está prácticamente agotada y son muy pocas las ocasiones en que se aprovecha la etapa probatoria del juicio o cuando se solicitaba la repetición de una prueba practicada en el sumario. con algún grado de certeza o de probabilidad. este principio se manifiesta de dos maneras: ³Formalmente se concreta en la presencia ininterrumpida del juez en la audiencia a fin de practicar y seguir la prueba de manera directa. Si algo ameritaba el cambio de esquema procesal era la falta de inmediación entre el funcionario fallador y la prueba. es otro juez. que no lo coteja con el contrainterrogatorio. que no presencia el interrogatorio. cuando el juez reconstruye los hechos y los califica con fundamento en las pruebas cuya practica ha presenciado. en fin. en el agonizante sistema. concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento´. desactualizado e inexpresivo. De conformidad con lo anterior. con objetivo de incluir en la sentencia solo las pruebas que hayan tenido práctica y desarrollo en la vista pública. Dado que la verdad y el logro de la justicia en un proceso penal solo se puede alcanzar.
la familia la Intimidad. de ingrata recordación. el principio que nos ocupa no solo encuentra acogida en el artículo 4º de la ley estatutaria de la Administración del Justicia sino en los artículos 28 y 29 Superior.6
Dada la importancia y la trascendencia de lo que resulta comprometido en un proceso penal. habida cuenta de que la calidad de la prueba se deteriora. con desesperanza. los bienes. toda persona tiene derecho a que su situación jurídica se le defina. a tiempo. el interés en el asunto y lo más grave la confianza en la justicia. por aquello de que ³el tiempo que pasa es la verdad que huye´. De conformidad con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscritos por Colombia. no se debe olvidar que tampoco conviene al esclarecimiento de la verdad. pues no puede recaer sobre él la carga de la incompetencia o incapacidad del Estado para adoptar. la Libertad. que ello genera. como objetivo general del proceso. interesadas en que se administre pronta justicia. de forma definitiva. por otro lado. el procesado. en un plazo razonable. por la sencilla razón de que si no es pronta no es justicia. ciertas decisiones o precluir determinadas etapas. La sociedad está interesado en que la solución de los conflictos que se pretenden solucionar con el derecho penal no se dilaten en el tiempo no solo porque ello genera desconfianza en el aparato judicial sino porque pone en entredicho el ordenamiento jurídico. la sociedad y la víctima.
.2. el buen nombre. esto es. la Dignidad. la capacidad de recordación del testigo disminuye. con lo que ya no creerá en ella y la próxima vez querrá hacerla con su propia mano. se le haga justicia o se establezca la verdad va perdiendo. con todos los problemas. pues como lo señaló nuestra Corte Constitucional se hallan proscritas de nuestro sistema procesal las dilaciones injustificadas. Es que no es solo el procesado el que tiene derecho a que su proceso se adelante con rapidez. presteza y prontitud. La víctima. sino la sociedad y la víctima. al ver que el tiempo corre sin que su derecho se restablezca. se le repare. los rastros y las huellas se borran y el interés se pierde. Para completar el panorama desolador que una ³justicia´ dilatada produce en todos los interesados en un proceso.
y prohibición de comisiones especiales (inciso 4°). 18. pronta. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija. dinámica.A todos conviene. en la ley 906 de 2004. ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. inclusive.
. no existe ninguna sanción procesal. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. DERECHO COMPARADO Argentina: La Constitución Nacional establece en su artículo 18 los principios fundamentales del derecho al debido proceso: Art. y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. cuando el juez se toma meses y años para dictar una sentencia después de realizada la audiencia pública o para resolver la apelación de esa misma sentencia y mientras a quien se presume inocente privado de la libertad. señaló términos breves y perentorios para formular la acusación así como para la libertad por vencimiento de términos y prescripción de la acción penal. por ejemplo. con el propósito plausible de ponerle fin a esos interminables procesos propios de la ley 600 de 2000 en que varias de sus etapas. hará responsable al juez que la autorice. toda especie de tormento y los azotes. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas.  Juez natural y anterior al hecho. Chile: La Constitución chilena establece en el artículo 19 N° 3 que se garantiza a toda persona La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. cumplida y por eso el novel legislador. ágil.. una justicia. ni juzgado por comisiones especiales. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias. no contaban con término de preclusión. como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Este numeral desarrolla luego una serie de garantías relativas a este derecho. salvo la prescripción. entonces. para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Si una de las características de un proceso es la de ser cronológico y preclusivo no se entiende cómo. que son:  Derecho a la defensa jurídica y a la intervención del juez (incisos 2° y 3°). El domicilio es inviolable.
pues este derecho ha sido reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por España. tanto a los ordinarios como a los militares o a los sancionadores. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). a tenor de lo dispuesto por el art. aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales. En España. 24.. la Declaración de Derechos de Virginia (1776). Ante el Tribunal Constitucional se puede solicitar. ley previa y expresa (incisos 7° y 8°). Los antecedentes más remotos del proceso están en la Carta Magna. cuya eficacia vincula tanto a poderes públicos como a ciudadanos. España: El derecho a un debido proceso se trata de una garantía constitucional consagrada por el art. la Constitución de 1812 se hizo eco de todos estos antecedentes. 24. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). la anulación de proyectos de ley. y a raíz de ella. incluso alcanzan una dimensión supraestatal. Pero la formación del debido proceso se sustentó fundamentalmente en los textos ilustrados. otorgada por Juan Sin Tierra en 1215. tratados internacionales. decretos del Presidente y autos acordados de los tribunales superiores. 117.  En materia penal. etc. en la que se establecía el derecho a un juicio legal por los pares. todos los textos constitucionales posteriores han ido recogiendo la regulación del debido proceso. como interdicción de la indefensión. etc. y puede ser alegado directamente ante los tribunales. El derecho está tutelado por distintas acciones constitucionales. Las garantías que contiene el art.  No presunción de derecho de la responsabilidad penal (inciso 6°). Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Esta garantía procesal es el centro de todas las demás.2 Constitución española.2 se reflejan en otros preceptos constitucionales: el art. por los órganos colegisladores. conforme a la ley de la tierra.2.
. Legalidad del proceso (inciso 5°). la principal garantía a la que se refiere es la del juez ordinario predeterminado por la ley. Estos tratados deben entenderse como parte integrante del ordenamiento jurídico interno. sin necesidad de desarrollo legislativo. la principal garantía es la del derecho de defensa en sentido amplio que ha configurado el Tribunal Constitucional. La Constitución Española de 1978 lo recoge en su art. 10 de la Constitución. Desde el punto de vista orgánico. Desde el punto de vista procesal. 24. 118. etc.
Sin embargo. Esa misma jurisprudencia ha diferenciado este derecho en dos ámbitos. que llevan adelante procesos o procedimientos para ventilar la situación jurídica de los particulares. Posteriormente. tanto privados como públicos.
. 3 de la Constitución.Perú: El derecho al debido proceso. la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dejado bien en claro que ese derecho se aplica a todos los entes. el objetivo referido a las garantías que todo proceso debe observar en su desarrollo y el subjetivo que se basa en los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad que debe observar cada decisión emitida por cualquier órgano de poder. más allá del hecho que ese artículo se encuentra referido a las garantías de la función jurisdiccional ejercida por el Poder Judicial. en el Perú. se encuentra consagrado en el artículo 139 inc. el derecho ha recibido consagración en varios cuerpos legislativos pero no fue sino hasta la promulgación del Código Procesal Constitucional el año 2004 que recién la legislación peruana aventuró una suerte de definición y desarrollo del mismo.
o por una actividad excesiva o arbitraria de la autoridad estatal o privada. incluyendo el Estado que pretenda hacer uso abusivo de éstos.CONCLUSIONES
1. por ejemplo. también pueden oponerse dentro de un proceso penal. que sólo pueden verse limitados por exigencia de otros derechos fundamentales.
3. en donde haya también tenido posibilidad cierta de ejercer un derecho de defensa razonables dentro del principio de bilateralidad y en un esquema esto es. Consideramos entonces que a partir de todos estos postulados el debido proceso o proceso justo supone. etc. Que. 2. El debido proceso formal o procesal está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento. que el justiciable haya tenido y podido acceder a un proceso justo y razonable. ante todo y sobre todo. analógica o extensiva. la dignidad. o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho. la igualdad. Si la afectación es ilegal o arbitraria. admitir de modo alguno que ante cualesquiera situación inventemos o creemos o recreemos un "nuevo proceso". o por normas administrativas o ejecutivas.
. Por ser derechos que operan frente al Estado. o "nuevos procedimientos". la libertad. o se recorten a través de normas estatutarias los principios constitucionales de la administración de justicia. o normas reglamentarias. o nuevas tramitaciones interlocutorias por vía de interpretación legislativa. Que. se desprende que los derechos fundamentales deben entenderse a aquellos derechos públicos subjetivos consagrados en la Constitución a favor de la persona humana. Estos derechos fundamentales son el pilar de un Estado de Derecho. pueden protegerse a través de las acciones de garantía.
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre Artículo XVIII. establecido con anterioridad por la ley. en condiciones de plena igualdad. independiente e imparcial. fiscal o de cualquier otro carácter. en el inc.
. Garantías judiciales: Toda persona tiene derecho a ser oída. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. y su utilidad radicaría en que permitiría situar a las garantías procesales que no aparecen expresamente reconocidas en la Constitución. es decir. 139 de la Constitución Política de 1993. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Esta garantía se encuentra reconocida. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. 3 del art. 6. conjuntamente con la de tutela judicial efectiva. laboral. Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículo 8. 5. para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen. Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.4. Declaración Universal de Derechos Humanos Artículo 10: Toda persona tiene derecho. en perjuicio suyo. Es en este sentido que comprenderían en el debido proceso fundamentalmente las garantías de justicia específicas previstas en la legislación ordinaria y en los Instrumentos Internacionales de Derecho Humanos. se trataría de una cláusula de carácter residual o subsidiaria. a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 7. alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
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 artículo 16
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 19
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 Artículo 8
 Artículo 10