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Timestamp: 2019-10-19 02:48:30+00:00

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STS 285/2011, 20 de Abril de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 277272131
Número de Recurso: 11182/2010
Número de Resolución: 285/2011
TRAFICO DE DROGAS. Así en el tipo penal se incluyen actividades de "promover", "favorecer" o "facilitar" el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que colmarían las exigencias típicas, pudiendo subsumirse en esas descripciones delictivas la actividad del recurrente que, no integra una aportación autónoma o desconectada de las demás, sino que sabedor que contribuye a la ejecución global de un plan, promete su actividad e intervine realizando la tarea que voluntariamente asumió o le fue asignada que, en coordinación con las otras del resto de participes, va a permitir la culminación de sus objetivos últimos. Este concierto previo hace responsables a todos los confabulados por el delito en grado de consumación, ya que el trafico existe desde el momento en que una de las partes pone en marcha los mecanismos de transporte de la droga que el receptor había convenido, ya que puede considerarse "a disposición" del destinatario final y todos sus intermediarios, pues a ellos está avocada. En primera instancia se condena al acusado. Se estima parcialmente la casación.
En la Villa de Madrid, a veinte de Abril de dos mil once.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Pedro Antonio , contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera, que condenó al acusado como autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Ibañez de la Cadiniere.
El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, instruyó sumario con el número 2 de 2008, contra Pedro Antonio y otros, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, cuya Sección Segunda, que por auto de 16 de junio de 2.009 , acordó declarar su incompetencia para el enjuiciamiento de lo hechos e inhibirse a favor de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que con fecha 4 de noviembre de 2.010, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Probados, y así expresamente se declaran , los siguientes hechos:
Claudio , ya condenado en este procedimiento, y, directamente bajo sus órdenes, el conocido como ALEX, que dice ser y Ilamarse Marcos también condenado en este procedimiento, así como el también condenado Lucas venían dedicándose, al menos durante los meses de agosto septiembre y octubre de 2007, a introducir en España, desde la República Dominicana, sucesivos cargamentos de cocaína, mediante el reclutamiento de personas que, mediante precio, accedían a viajar a dicho país, y cargar en sus maletas cantidades diversas de dicha sustancia, camufladas en el equipaje. Para la recepción en el aeropuerto de Barajas de dichas personas ( correos, o mulas) la organización utilizaba personas de confianza, que recibían a los correos, y los conducían a los hoteles designados por la organización y por cuanta de ésta, mediante la correspondiente contraprestación económica. Entre éstos, y bajo las órdenes de ALEX ( Marcos ) se encontraba el hoy acusado Pedro Antonio , sin que conste lo fuese de forma permanente.
Entre finales de septiembre y primeros de Octubre de 2007, y en esta dinámica, los ya condenados ALEX ( Marcos ) y Claudio , prepararon la Introducción de un alijo de unos tres kilogramos de cocaína. A tal fin, contactaron con Marisol , a la que facilitaron los billetes de ida y vuelta a dicho país, para que, mediante precio, efectuase el efectivo transporte de tal alijo, entre sus pertenencias personales, encargándole a Pedro Antonio ir a recogerla al aeropuerto cuando ésta llegase, a sabiendas de la mercancía que dicha viajera traía para la organización.
En realización de tal plan el día 17 de octubre de 2007 Marisol , llegó al aeropuerto de Madrid- Barajas, en el vuelo procedente de la República Dominicana, portando en su maleta lo que , debidamente pesado y analizado, resultó ser 2.985'10 gramos ( neto) de cocaína con una pureza del 71'4% Conforme a las tablas de precios medios en el mercado ilícito español , en el segundo trimestre de 2007, de la Oficina central de estupefacientes , dicha sustancia habría alcanzado un precio en el mercado de 33.771 euros el kilo (100.000 euros en la venta por kilos) o bien, a 60'8 euros el gramo, esto es, 181.194 euros (en la venta por gramos)
En el aeropuerto la esperaba el hoy acusado Pedro Antonio , sí bien, como éste tuviese problemas en la localización de la puerta terminal de llegada, acudió, también, acompañándolo, el ya condenado Claudio , manteniéndose, en esos mismos momentos, Pedro Antonio , en constante contacto telefónico con "ALEX ( Marcos ) que era la persona que había reclutado a Marisol y le iba indicando a Pedro Antonio , la terminal del aeropuerto por la que Marisol tenía que salir, esperándola Pedro Antonio y Claudio , con quien también había estado en contacto telefónico "ALEX" a los que acompañaba un tercer individuo a quien no afecta la presente resolución dada su rebeldía, siendo detenidos todos ellos.
FALLO: En atención a lo expuesto, y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española, HEMOS DECIDIDO:
Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a A Pedro Antonio , como autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la pena de 9 años y un día de prisión y multa de 181.194'08 euros y accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al comiso de la sustancia incautada, y teléfonos móviles intervenidos, a los que se dará destino legal, y al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento.
Y para el cumplimiento de la pena principal que se impone en esta resolución, le será de abono todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa, si no lo tuvieran absorbido en otra.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Pedro Antonio que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
PRIMERO .- Al amparo del art. 851.1 LECrim ., por manifiesta contradicción de hechos probados.
SEGUNDO .- Al amparo del art. 851.1 LECrim . quebrantamiento de forma por predeterminación del fallo.
TERCERO .- Al amparo del art. 851.2 LECrim . quebrantamiento deforma por faltar la relación de hechos que se consideran probados.
CUARTO .- Al amparo del art. 851.3 LECrim . quebrantamiento de forma por incongruencia omisiva.
QUINTO .-Al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 24.1 CE . por falta de motivación.
SEXTO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ . y art. 849.1 LECrim . por infracción del principio del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE . en relación con el art. 120.3 CE . y en relación con los arts. 283.3 LOPJ. Y 372 LECrim .
SEPTIMO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 24.1 CE , derecho a un proceso con todas las garantías y el art. 25 CE . en relación con los principios de oralidad, inmediación y contradicción.
OCTAVO .-Al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 24.1 CE .
NOVENO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ . y art. 24.2 CE . vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
DECIMO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 18.3 CE . por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones.
DECIMO PRIMERO .-Al amparo del art. 849.1 LECrim . por aplicación indebida del art. 368 y 369.6 CP .
DECIMO SEGUNDO .- Al amparo del art. 849.2 LECrim . por error en la valoración de la prueba.
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día siete de abril de dos mil once.
El motivo primero por quebrantamiento de forma a tenor del art. 851.1 LECrim . porque en la sentencia resulta manifiesta contradicción entre los hechos probados.
Se señala en el motivo que la conducta del recurrente carece de trascendencia penal, al ser ajeno a la incautación de la droga realizada a la coacusada Marisol , dado que su presencia en el aeropuerto obedecía a razones laborales y sólo queda probado que Pedro Antonio debía encontrarse con ésta con el fin de recibir una documentación comercial para el negocio que iba a instaurar en Madrid enviada por su amigo y potencial socio del negocio.
En cuanto al relato fáctico resulta una gran contradicción que la sentencia recoja que estaba en el aeropuerto para esperar, recoger y llevar al hotel al "correo" Marisol ; cuando en el atestado consta que estaban esperando a ésta todos los acusados, en numero de cinco, por lo que si el acusado tenia que recoger a Marisol no es comprensible que estuvieran en el mismo lugar y con la misma misión los otros cinco detenidos y si, por el contrario, eran éstos los que estaban esperando a la correo, no tenia por qué estar el acusado, sino no estuviera esperando una documentación personal.
En el caso presente ninguno de estos presupuestos concurre, en el relato fáctico expresamente se recoge que otros dos acusados, ya condenados, encargaron a Pedro Antonio ir a recoger al aeropuerto cuando ésta llegase, a sabiendas de la mercancía que dicha viajera traía para la organización. Asimismo se señala que como Pedro Antonio tuviese problemas en la localización de la puerta terminal de llegada acudió también, acompañándolo, el ya condenado Claudio , manteniéndose en esos mismos momentos, Pedro Antonio , en constante contacto telefónico con la persona que había reclutado a Marisol , que le iba indicando a Pedro Antonio la terminal del aeropuerto por la que aquella tenia que salir, esperándola Pedro Antonio y Claudio y un tercer individuo, declarado rebelde, siendo detenidos todos ellos.
Consecuentemente no se aprecia contradicción alguna, sino que lo cuestionado en el motivo es un problema de valoración probatoria en el sentido de considerar más lógica la propia versión el recurrente sobre su presencia en el aeropuerto.
El motivo segundo por quebrantamiento de forma a tener del art. 851.1 LECrim . porque en la sentencia se consignan conceptos que implican la predeterminación del fallo condenatorio.
Según el motivo tal predeterminación se produce con la inclusión en el relato fáctico de la siguiente expresión: "... Para la recepción en el aeropuerto de Barajas de dichas personas (correos, o mulas) la organización utilizaba personas de confianza, que recibían a los correos, y los conducían a los hoteles designados por la organización y por cuanta de ésta, mediante la correspondiente contraprestación económica. Entre éstos, y bajo las órdenes de ALEX ( Marcos ) se encontraba el hoy acusado Pedro Antonio , sin que conste lo fuese de forma permanente..." por cuanto se están utilizando términos que anticipan el resultado y mediante la palabra "correo", se está definiendo la esencia del tipo.
En el caso analizado las expresiones que se destacan pertenecen al lenguaje común no son técnico jurídicas y su uso es necesario para describir la conducta imputada al recurrente y su subsunción el en tipo del art. 368 CP .
El motivo tercero por quebrantamiento de forma a tenor del art. 852.2 LECrim . porque en la sentencia falta expresa relación de los hechos que resultan probados al hacerse una declaración genérica que el acusado iba a recoger a la correo Marisol .
Como hemos dicho en STS. 24/2010 de 1.2 , en cuanto al motivo previsto en el art. 851.2 , la jurisprudencia de esta Sala ha elaborado los siguientes parámetros interpretativos de este motivo:
que en las resoluciones judiciales han de constar los hechos que se estimen enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, con declaración expresa y terminante de los que se consideren acreditados;
que, efectivamente, la carencia de hechos probados supone un serio obstáculo para llegar a un pronunciamiento condenatorio pues éste debe descansar sobre las razones jurídicas que califiquen aquellos hechos, aunque la Sala es muy dueña de redactar, del modo que estime más acertado, los acontecimientos que según su conciencia estime aseverados;
que el vicio procesal existe indudablemente no sólo cuando la carencia sea absoluta sino también cuando la sentencia se limite a declarar genéricamente que no están probados los hechos, base de la acusación.
Pues bien en el caso presente, al igual que en los motivos precedentes, el recurrente se limita a cuestionar la valoración probatoria insistiendo en que acudió al aeropuerto para encontrarse con Marisol para que ésta le entregase una documentación comercial, siendo desconocedor del plan que se venia llevando a cabo, obviando que en el factum, tal como se ha señalado en el motivo primero, se hace constar que actuaba bajo las ordenes de Alex y que acudió al Aeropuerto para recoger a la correo "a sabiendas de la mercancía que dicha viajera traía para la organización", en concreto 2985,10 gramos (neto) de cocaína con una pureza del 71,4%.
El motivo cuarto por quebrantamiento de forma, art. 851.3 LECrim . por incongruencia omisiva, porque en la sentencia no se resulten todas las pruebas objeto de la acusación y defensa.
Respecto al quebrantamiento de forma denunciado, como hemos dicho en SSTS. 61/2011 de 17.2 , 1029/2010 , 922/2010 de 28.10 , 721/2010 de 15.7 , este vicio denominado por la jurisprudencia "incongruencia omisiva" o también "fallo corto" aparece en aquellos casos en los que el Tribunal de instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte, integrado en el de tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada ( STS. 170/2000 de 14.2 ). Aparece, por consiguiente, cuando la falta o ausencia de respuesta del Juzgador se refiere a cuestiones de derecho planteadas por las partes, no comprendiéndose en el mismo las cuestiones fácticas, que tendrán su cauce adecuado a través de otros hechos impugnativos, cual es el ya mencionado previsto en el art. 849.2 LECrim . error en la apreciación de la prueba, o a través del cauce del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( STS. 182/2000 de 8.2 ). Por ello, no puede prosperar una impugnación basada en este motivo en el caso de que la cuestión se centre en la omisión de una argumentación, pues el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión ( STS. 636/2004 de 14.5 ) y desde luego, como ya hemos dicho, tampoco prosperará el motivo del recurso se base en omisiones fácticas, pues el defecto procesal de incongruencia omisiva en ningún caso se refiere a cuestiones de hecho ( STS. 161/2004 de 9.2 , 61/2008 de 17.7 ).
En el caso presente las cuestiones que se señalan en el motivo de que en ningún momento nadie acusó al recurrente de estar inmerso en la actividad de tráfico de drogas, tampoco que la droga fuese suya o tuviera el encargo de recogerla, ni que hubiera tenido la posibilidad de disponer de la misma, que en cuanto a las vigilancias policiales no resulta dato alguno que permite inferir su participación en los hechos, nada tienen que ver con el vicio in indicando denunciado, volviendo a discrepar de la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia plasmada en el relato fáctico.
El motivo quinto por quebrantamiento de forma, art. 850.3 LECrim . porque el Presidente del Tribunal se ha negado a que un testigo conteste a las preguntas que se le hicieron, siendo pertinentes y de manifiesta influencia en la causa, el motivo séptimo por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ . y el art. 849.1 LECrim . por estimar que se ha vulnerado el art. 24.1 CE ., derecho a un procedimiento con todas las garantías y se lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, vulnerando igualmente el art. 25 CE . en tanto que la sentencia infringe los principios de oralidad, inmediación y contradicción; y el motivo octavo al amparo del art. 5.4 LOPJ . en concreto a la no indefensión del art. 24.2 CE . en relación a un procedimiento con todas las garantías del art. 24.2 CE . en relación a denegación de preguntas importantes, necesarias y pertinentes, que tenían verdadera importancia para el resultado del juicio, en cuanto desde distintas perspectivas constitucionales, plantean las mismas cuestiones deben ser analizadas conjuntamente.
El recurrente basa la pertinencia de las preguntas en la negación de los hechos por su parte en el acto del juicio oral, dando su explicación del motivo por el que se encontraba en el aeropuerto frente a la tesis de la acusación. A continuación hace un resumen de las declaraciones de los policías que intervinieron en los hechos, señalando que en el momento en que se realizaron preguntas sobre los puntos controvertidos entre la defensa y acusación, el tribunal declara que se trata de preguntas no pertinentes y acuerda su improcedencia, realizando la defensa la correspondiente y respetuosa protesta, generando todo ello, la vulneración del derecho a la no indefensión del art. 24.2 CE , en relación con el derecho a un procedimiento con todas las garantías del art. 24.1 CE .
Los motivos no deben prosperar por cuanto no se ha producido indefensión material con merma del derecho a la tutela judicial del recurrente.
En efecto como hemos dicho en SSTS. 802/2007 de 16.10 y 566/2008 de 2.10 , la tutela judicial exige que la totalidad de las fases del proceso se desarrollen sin mengua del derecho de defensa, y así la indefensión, para cuya prevención se configuran los demás derechos fundamentales contenidos en el párrafo 2 del art. 24 CE , se concibe como la negación de la expresada garantía ( SSTC 26/93 de 25.1 y 316/94 de 28.11 ).
Resulta conveniente analizar los rasgos de este concepto que la LOPJ convierte en eje nuclear de su normativa. La noción de indefensión, junto con la de finalidad de los actos procesales que se menciona también en el art. 240.1 , se convierte en elemento decisivo y trascendental, que cobra singular relieve por su naturaleza y alcance constitucional. Es indudable que el concepto de indefensión comprendido en los arts. 238.3 y 240 LOPJ ha de integrarse con el mandato del art. 24.1 CE . sobre la obligación de proporcionar la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, aunque ello no signifique en la doctrina constitucional que sean conceptos idénticos o coincidentes.
Pero además, y en segundo lugar, la privación o limitación del derecho de defensa ha de ser directamente atribuible al órgano judicial. Ni la Ley ni la doctrina del Tribunal Constitucional amparan la omisión voluntaria, la pasividad, ni tampoco, de existir la negligencia, impericia o el error. La ausencia de contradicción y defensa de alguna de las partes en el proceso que resulta de su actuación negligente no puede encontrar protección en el art. 24.1 CE ; así ocurre cuando la parte que pudo defender sus derechos e intereses legítimos a través de los medios que el ordenamiento jurídico le ofrece no usó de ellos con la pericia técnica suficiente, o cuando la parte que invoca la indefensión coopere con la conducta a su producción, ya que la indefensión derivada de la inactividad o falta de diligencia exigible al lesionado, o causada por la voluntaria actuación desacertada, equivoca o errónea de dicha parte, resulta absolutamente irrelevante a los efectos constitucionales, porque el derecho a la tutela judicial efectiva no impone a los órganos judiciales la obligación de subsanar la deficiencia en que haya podido incurrir el planteamiento defensivo de la parte ( STC 167/88 , 101/89 , 50/91 , 64/92 , 91/94 , 280/94 , 11/95 ).
Pues bien en cuanto a la denegación de preguntas.
El art. 850 en su apartado 3º y 4º se refiere a lo que con carácter genérico podíamos llamar "denegación de preguntas cuando fueran pertinentes.
El nº 3º se refiere a que el Presidente del Tribunal se niegue a que el testigo conteste a la o las preguntas cuando estas sean pertinentes y de manifiesta influencia en la causa.
El nº 4º gira en torno a preguntas denegadas por capciosas, sugestivas e impertinentes, cuando no lo sean y tuviesen verdadera importancia para el resultado del juicio.
Es preciso que conforme a lo establecido en el art. 709 LECrim . se formule la correspondiente protesta y que se hagan constar la o las preguntas que se han formulado y han sido denegadas ( STS. 379/94 de 26.2 ).
Señala la jurisprudencia ( SSTS. 470/2003 de 2.4 y 160/2005 de 14.2 ), que la pregunta es capciosa porque en la forma en la que está planteada resulta engañosa, tiende a confundir al testigo, y a provocarle una respuesta sobre sus razones íntimas para actuar como actuó que resulta contradictoria con su testimonio como víctima profundamente afectada por el hecho delictivo sobre el que declara.
La pregunta es sugestiva porque indica o provoca una respuesta afirmativa como única conclusión racional de las afirmaciones previas que le sirven de sustento. No se pregunta sobre determinados hechos , que se presentan como incontestables, sino que el interrogador plantea la pregunta como una consecuencia necesaria de los hechos previamente afirmados sugiriendo el asentimiento como única respuesta racional, de modo que prácticamente elimina la opción de una contestación diferente a la que se desea obtener.
Y, en fin, la pregunta es impertinente , cuando no se refiere a la cuestión enjuiciada. Es impertinente todo lo que queda extramuros de la teleología del proceso, de lo que en él se persigue.
Las preguntas deben indagar sobre hechos y no sobre las razones del comportamiento del testigo. El interrogatorio de los testigos se encamina a obtener la verdad, pero dicho camino se debe transitar rectamente. El derecho a la prueba no permite abusos, habiendo declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional como este Tribunal Supremo que la practica de prueba en el proceso penal no tiene un carácter absoluto e ilimitado, quedando excluido lo que sea impertinente así como lo que sea inútil o pernicioso.
El Juez o el Presidente del Tribunal deben velar por el buen orden del proceso, por el respeto debido a quienes en ellos intervienen, y por evitar el empleo de métodos que tergiversen los resultados de la prueba.
La protección de las víctimas y de los testigos es, en consecuencia, una obligación del Juez o Tribunal, como ha establecido reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala.
Por ello es doctrina de esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que entre las funciones del Presidente del Tribunal se encuentra la ponderación de los derechos constitucionales de la víctima y en concreto el derecho a la intimidad reconocido en el art. 18 de la Constitución Española, y a ello ha de añadirse en el momento actual, que no solo el derecho fundamental debe ser tutelado en su interrogatorio, sino también el derecho a la dignidad de la persona, que constituye el fundamento del orden político y de la paz social conforme al art.10 de nuestra Constitución.
Por ultimo es importante resaltar que no basta para que una pregunta sea declarada pertinente -y provoque la estimación del recurso- con la concurrencia de una relación directa entre la pregunta y el objeto del juicio, sino que es preciso valorar la relevancia, necesidad y en consecuencia causalidad de las preguntas en relación con el sentido del fallo, debiendo apreciarse globalmente ambos elementos para estimar ambos elementos para estimar presente e infringida la norma procesal ( STS. 1125/2001) de 12.7 ). Pues en la decisión del recurso de casación "lo relevante es determinar si la negativa a responder privó a la defensa del ejercicio de facultades inherentes a tal condición y si las preguntas omitidas eran relevantes en el preciso sentido de haber tenido aptitud para variar la decisión final, pues no de otro modo debe interpretarse la frase "manifiesta influencia en la causa", que se contiene en el art. 850.3º o la de "verdadera importancia para el resultado del juicio a que se refiere el nº 4 de igual articulo" ( SSTS. 2612/2001 de 4.12 , 1064/2005 de 30.9 ).
En la STS. 237/2009 de 6.3 , con cita de las SSTS. 1348/1999 de 29 de septiembre , y STS 150/2009, de 17 de febrero , para que el motivo basado en el art. 850.3º de la LECrim . prospere, se requiere:
Pus bien el recurrente ni en el acta señala las preguntas -tampoco en el recurso- declaradas impertinentes ni identifica a qué testigo en concreto iban dirigidas, omisión relevante pues impide que, primero el tribunal de enjuiciamiento y después, esta Sala, en su caso, puedan valorar la trascendencia de la prueba propuesta ( STS. 370/2010 de 29.4 ), y en definitiva si la denegación fue correcta.
El motivo sexto por infracción de principio constitucional, al amparo del art. 5.4 LOPJ. y art. 849.1 LECrim . por infracción del principio del derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24.1 CE . en armonía con la infracción del art. 120.3 CE . y en relación con los arts. 283.3 LOPJ. y 372 LECrim. que exige la motivación de las resoluciones judiciales , al dar por probados unos hechos y no motivar el contenido de la resolución en el sentido de no razonar por qué se inclina por la opción sustentada por la acusación sobre su presencia en el aeropuerto y no por la excepcionada por la defensa.
En el caso que nos ocupa la sentencia recurrida, fundamento primero analiza la impugnación sobre la validez y licitud de las escuchas telefónicas, reproduciendo la argumentación expuesta en la sentencia dictada en el juicio anterior contra otros acusados, así como la propia declaración del acusado en el plenario, reconociendo que se encontraba en el aeropuerto, esperando a Marisol , mientras se hallaba con su amigo Marcos que era quien le había dicho que esperara a esa mujer. En el fundamento jurídico segundo analiza la pericial realizada sobre la sustancia ocupada a Marisol , constituida por 8 paquetes envueltos en bolsas de plástico con un peso total de 3985,1 gramos y una riqueza media del 71,4% cocaína. En el fundamento jurídico tercero analiza las pruebas de carácter incriminatorio en relación al recurrente y que determinan que estaba bajo las órdenes de Claudio y de "Alex" (el conocido como Marcos ) cuales son el contenido de las conversaciones telefonicas, la incautación de las terminales con las que se realizaron las conversaciones, sus conversaciones con Alex, las conversaciones con otros procesados, de forma simultánea, y las testificales de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnets NUM000 , NUM001 , NUM002 .
Asimismo y en beneficio del recurrente no le aplica la agravante de pertenencia a organización, por cuanto además de las tres llamadas que el mismo día de la detención, cuando se encontraba en el aeropuerto, mantuvo con Marcos (Alex) solo existen dos menciones previas a su persona, una en la conversación que Alex mantuvo el 3.10.2007, con Claudio , en el que el primero le dice a este que le ha dado a las personas que habían ido al aeropuerto a recoger a la correo, la descripción que de ella le había dado el italiano, y otra, del mismo día, en que Claudio indica a un tercero que "al Pedro Antonio " "le corresponden setecientos y algo de ese pago", concluyendo de estas conversaciones que no son suficientes para tener acreditado en relación a Pedro Antonio , su pertenencia a la organización, aunque si que realizaba su actividad por precio.
Consecuentemente no puede imputarse a la resolución recurrida que no contenga un análisis suficiente de las cuestiones planteadas y de la prueba practicada, que no responde a las reglas de la lógica y máximas de experiencia.
El motivo noveno al amparo del art. 5.4 LOPJ . por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, art. 24.2 CE , al no basarse la condena en un juicio lógico ni en una prueba firme respecto a la realización de actos de transmisión y recepción de sustancia estupefaciente por parte del acusado, dado que ninguno de los agentes policiales manifestó conocerlo a lo largo de la investigación ni haberle visto operación de venta alguna, y la presencia del acusado en ele aeropuerto se debió a que iba a recoger una documentación comercial para el negocio que iba a instaurar en Madrid, versión ésta factible y tan razonable como la sustentada en la acusación.
En el caso presente se insiste el recurrente en que su versión de los hechos -que su presencia en el aeropuerto era para recoger una documentación comercial para su trabajo- es razonable, pero olvida que el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia -se dice en STS. 1373/2009 de 28.12 - se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente, si la decisión escogida por el Tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena, -- SSTC 68/98 , 85/99 , 117/2000, 4 de Junio de 2001 ó 28 de Enero de 1002 , ó de esta Sala 1171/2001 , 6/2003 , 220/2004 , 711/2005 , 866/2005 , 476/2006 y 548/2007 , entre otras--.
Y en este extremo, como ya se ha razonado en el análisis del motivo sexto, la sentencia impugnada, partiendo de que la presencia del recurrente en el aeropuerto para recibir a una mujer que resultó ser la coacusada Marisol , no es cuestionada, valora como pruebas determinantes de que su actuación, sabiendo que llevaba cocaína, era recogerla y conducirla a un hotel designado por la organización y por cuenta de ésta, mediante l correspondiente contraprestación económica: el contenido de las conversaciones telefonicas, altamente significativo, mantenidas entre el recurrente y Alex ( Marcos ), dándole éstas instrucciones de a qué terminal tenia que ir, conversaciones simultáneas con las mantenidas entre Alex y otro acusado Claudio en relación a que el "amigo" de Alex ya estaba en el aeropuerto; el propio reconocimiento del recurrente de haber mantenido las conversaciones con Alex y la incautación de las terminales telefonicas desde las que tales conversaciones se realizaron, lo que corrobora que era él la persona con la que Alex mantuvo las conversaciones y que tenia que recoger a la mujer procedente de la República Dominicana que tenia la cocaína en la maleta. Es significativo asimismo la conversación, entre Claudio y un tercero, mantenida el 3.10.2007, en que el primero dice que al " Pedro Antonio " le corresponden setecientos y algo de ese pago; y como prueba objetiva de corroboración externa, la testifical de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía núm. NUM003 , NUM001 y NUM002 que en el plenario ratificaron todos los términos del atestado.
De los anteriores datos la Sala de instancia deduce la participación del recurrente en los hechos con la conducta descrita en el relato fáctico, deducción que debe considerarse lógica y racional, sin que la versión alternativa del recurrente resulta mínimamente razonable, versión que afloró por primera vez en el plenario, dado que en su primera declaración ante el juez instructor, al ser detenido, el 20.10.2007, Pedro Antonio justificó su presencia en el aeropuerto para esperar a una mujer, de la que ignoraba su nombre, que debía contactar con él por teléfono -sin explicar como esa persona podía conocer su numero telefónico-, para entregarle un certificado de nacimiento de su mujer, esto es nada relacionado con esa documentación comercial y sobre productos dominicanos que le enviaba un amigo para el negocio de venta al por menor de productos dominicanos que iba a instaurar en Madrid, documentos que con consta llevara Marisol en la maleta.
El motivo décimo por infracción precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 LOPJ . con el cauce procesal previsto en el art. 849.1 LECrim . infracción de Ley, por haberse producido la quiebra del derecho fundamental a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones telefonicas, recogido en el art. 18.3 CE . en relación con los arts. 579 LECrim. y 24 CE, dado que las intervenciones telefonicas fueron prospectivas y no respetaron la intimidad en la proporcionalidad, conforme la doctrina jurisprudencial al respecto.
Asimismo las escuchas telefonicas de las conversaciones no fueron oídas en el juicio oral ni tampoco fueron cotejadas en el juzgado de instrucción por lo que carecen de valor probatorio, sin que en la sentencia se recoja una valoración de las declaraciones de los agentes policiales que realizaron las escuchas que pudiera deducir una aportación razonable de su contenido al material probatorio disponible.
Como hemos dicho en STS. 628/2010 de 1.7 , desde la STC. 49/99 de 5.4 , el Tribunal Constitucional viene afirmando que forman parte del contenido esencial del art. 18.3 CE las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales que autorizan la intervención o su prórroga. Éstas deben explicitar, en el momento de la adopción de la medida, todos los elementos indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad y para hacer posible su control posterior, en aras del respeto del derecho de defensa del sujeto pasivo de la medida pues, por la propia finalidad de ésta, la defensa no puede tener lugar en el momento de su adopción ( SSTC 299/2000, de 11 de diciembre ; 167/2002, de 18 de septiembre ).
Asimismo tanto el Tribunal Constitucional (S. 123/97 de 1.7 , 167/2002 de 18.9 , 184/2003 de 23.10 , 136/2006 de 8.5 ), como esta misma Sala (SS. 406/2010 de 11.5 , 457/2010 de 22.5 ), han estimado suficiente que la motivación fáctica de este tipo de resoluciones se fundamenta en la remisión a los correspondientes antecedentes obrantes en las actuaciones y concretamente a los elementos fácticos que consten en la correspondiente solicitud policial, que el Juzgador tomó en consideración como indicio racionalmente bastante para acordar la intervención telefónica como señalan las SS. 26.6.2000 , 3.4 y 11.5.2001 , 17.6 y 27.10.2002 , entre otras muchas, los autos de autorización de intervenciones telefónicas pueden ser integrados con el contenido de los respectivos oficios policiales en los que se solicitan las intervenciones en cada caso, de forma que es licita la motivación por referencia a los mismos, ya que el órgano jurisdiccional por si mismo carece de la información pertinente y no seria lógico que abriese una investigación paralela al objeto de comprobar los datos suministrados por la Policía Judicial.
En el caso sometido a nuestra revisión casacional, la mera lectura de la resolución judicial que acordó la primera intervención telefónica ante Juzgado Instrucción 6 de Málaga de 6.8.2007 , conjuntamente con la solicitud policial (Udyco Costa del Sol. Grupos I y II estupefacientes) de la misma fecha a la que responde, permite constatar quien es la persona investigado ( Lucas ) cual es el delito investigado (gestión o intimidación para la realización de operaciones de droga, concretamente cocaína, para lo que se pondría en contacto con terceras personas que le suministrarían la droga que después él mismo o a través de otros individuos entregaría a los compradores), y cual es el numero de teléfono cuya intervención se solicita.
Asimismo se expresan los datos objetivos que llevan a afirmar la existencia de ese delito de tráfico de drogas y de una organización dedicada al mismo, así como la participación en él de la persona investigada.
Así la sentencia recurrida, remitiéndose a la anterior de fecha 23.6.2010 dictada por la misma Sala contra otros implicados en estas diligencias se destaca:
El oficio policial con el que se abre la causa , a folios 4 a 10 de la misma, ofrece datos acerca de Lucas de quien se ha tenido noticia de su posible dedicación al trafico de cocaína, y da cuenta de múltiples y complementarias diligencias de investigación respecto al mismo, verificadas policialmente, así, en primer lugar se consulta la base de datos policial, constatándose que tanto él, como su anterior compañera sentimental, y su actual compañera sentimental, todos ellos, tienen detenciones policiales por tráfico de drogas. De la consulta de la base de datos de tráfico, unida a varios seguimientos realizados se extrae que el mismo es titular de dos vehículos, un BMW y una motocicleta Derbi, pero que, además, utiliza otros vehículos, siendo conductor habitual de varios coches, habiendo sido visto conduciendo un Citroen C3, que, aunque a nombre de una tercera persona, está asegurado a su nombre, y un SEAT Toledo , a nombre de tercero, pero habitualmente conducir por él en sus desplazamientos. Por último, el oficio detalla, con escrupuloso detalles cómo, seguido Lucas durante todo el mes de julio, no se observa que realice actividad profesional alguna. Comprobándose una serie de contactos y reuniones, en las que, diversos individuos le hacen entrega de dinero en grandes cantidades ( fajos de billetes, según observación policial ) hasta que, finalmente, el 27 de Julio, los funcionarios policiales en sus seguimientos , observan una reunión con quien resultó ser identificado como Claudio , respecto del que se comprueba, existen antecedentes policiales por trafico de cocaína en el seno de una organización de carácter internacional, al tiempo que constatan la realización de una serie de maniobras de seguridad, por parte del seguido Lucas y Claudio , que determinó que tuviese que abandonarse el seguimiento, para evitar ser detectados y alertan a la policía respecto a la más que posible certeza de las noticias recibidas en relación con Lucas . Todo sugestivo de la dedicación al favorecimiento del tráfico ilegal de drogas tóxicas o sustancias estupefacientes de forma organizada.
A partir de estos antecedentes se solicitó la intervención del teléfono móvil cuyo uso se atribuía a Lucas , nº NUM004 , así como los datos asociados a dicho número , que, previo traslado y sin oposición alguna del Fiscal ( véase notificación previa y visto conforme posterior a folios 12 y 16 vuelto) , fue autorizada por Auto de 6 de agosto de 2007, del Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga , en servicio de guardia folios 13 a 16) decretándose ,al tiempo, el secreto de las actuaciones , Juzgado que , posteriormente se inhibió a favor del que resultara competente por reparto, correspondiendo la instrucción de la causa al Juzgado de Instrucción número 12, quien la proseguiría hasta el final. La Cia Telefónica inicia la intervención acordada desde el día 8 de agosto de 2007, ( comunicado al folio 20 de autos ) y ya, en fecha 20 de agosto de 2007, la policía envía un primer oficio al Juzgado Instructor, dando cuenta del resultado de la intervención, con transcripción literal de las conversaciones que se consideran de interés policial así como que de las escuchas se infiere que Lucas utiliza otro teléfono "de seguridad" cuyo número se desconoce por el momento ( folios 21 a 31 ). El 29 de Agosto de 2007 se remite un nuevo oficio policial, en el que se recoge el resultado de las escuchas practicadas entre el 20 y el 29, algunas de ellas de interés policial, que se transcriben íntegramente, infiriéndose de las escuchas la utilización de dos nuevos números de teléfono por parte del investigado, interesándose la intervención de tales teléfonos y observación de datos asociados ( folios 32 a 40) lo que así se acuerda por Auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga , de fecha 30 de agosto de 2007 . En oficio policial de 5 de septiembre de 2007 se comunica al Juez de Instrucción no sólo el resultado de las intervenciones acordadas, sino, asimismo, de los distintos seguimientos verificados a Lucas , en las que se controlan varios contactos con Claudio , así como se consignan varias conversaciones que se consideran de interés policial, aportando trascripción parcial de conversaciones ciertamente sugestivas de la implicación en la clase de actividades ilícitas de las que se les hacía sospechosos, acompañando, además , trascripción íntegra de las mismas ( folios 48 a 60) interesando la prórroga del teléfono inicialmente intervenido a Lucas , cese de uno de los dos interesados con posterioridad, así como comunicación de que el otro de los intervenidos en segundo lugar era titularidad de Claudio , concediéndose la prórroga de la escucha interesada. Sucesivas investigaciones aportan indicios de la dedicación de Lucas al tráfico de cocaína y de su relación, precisamente a estos efectos, con Claudio , así como con el que se identifica en todo momento como " Corsario " que, en el momento de la detención posterior se identificaría con documentación falsa como " Marcos " del que sigue desconociéndose su auténtica identidad , investigaciones, todas ellas que es lo que, al fin, lleva a los funcionarios policiales hasta el aeropuerto de barajas, el 17 de Octubre de 2007, y a la intercepción , en dicho aeropuerto, cuando volvía de República Dominicana, de Marisol , y la detención de " Claudio " en el mismo aeropuerto, donde habían acudido a recibirla en compañía de otras personas, entre ellas el hoy recurrente cuyo teléfono nunca estuvo intervenido, pero que estaba hablando por teléfono con el acusado Alex quien le indicaba la puerta por la que tenia que llegar el "correo".
Siendo así el instructor en el primer auto resolvió sobre una petición que no puede calificarse como estereotipada o genérica, de mero conocimiento de hechos que pudieran constituir delito sino el resultado de una previa investigación sobre una persona concreta con vigilancias y seguimientos policiales.
Respecto a la impugnación del contenido de las conversaciones telefonicas porque no fueron oídas en el juicio oral ni cotejadas baja la fe pública judicial, habrá que señalar que para la validez como prueba de cargo susceptible de ser valorada del contenido de aquellas, es necesario que se hayan aportado las cintas originales con la efectiva disponibilidad de dicho material para las partes y la trascripción mecanográfica de las mismas, bien integra o bien de los aspectos más relevantes, con cotejo bajo la fe del Secretario Judicial de tales párrafos con las cintas originales, para el caso de que dicha transcripción mecanográfica se encargan -como es esencial- a los funcionarios policiales. Asimismo que su contenido sea introducido en el juicio en cumplimiento de los principios de oralidad y contradicción, mediante la audición de las cintas o lectura de las transcripciones, en su integridad o en los pasajes que las partes señalen y el Tribunal admita, bien entendido que si las partes no lo solicitan, dando por bueno su contenido, la buena fe procesal impediría invocar tal falta de audición o lectura, en esta sede casacional, no siendo factible que puedan alegar después la vulneración de sus derechos cuyo ejercicio no han solicitado. Por ello se ha aceptado la incorporación de las transcripciones como prueba documental siempre que previamente se hayan cotejado con las originales bajo la fe del Secretario Judicial.
En el caso presente, ninguna de las partes solicitó la audición en juicio de las cintas o la lectura de las transcripciones pero, en contra de lo sustentado en el motivo, constan folios 1181 a 1189, diligencias de constancia extendidas por la Secretaria Judicial del Juzgado Instrucción 12 de Málaga de audición de CDS y correspondiente cotejo de las transcripciones efectuadas por la Policía Nacional, diligencias a las que fueron citadas las partes, sin que comparecieron y que fueron expresamente propuestas por el Ministerio Fiscal como prueba documental.
Consecuentemente se trata de transcripciones avaladas por la fe pública del Secretario Judicial tras la audición de las cintas originales, sin que las partes hicieran constar en momento procesal oportuno, oposición o contradicción alguna, y cuyo contenido fue introducido -tal como precisa la sentencia impugnada- de forma expresa en el acto del juicio oral, al hacer pormenorizado y detallado interrogatorio, a cada uno de los interlocutores, respecto de las conversaciones concretas, con expresión de día, hora y contenido de las mismas, reconociendo en el caso del hoy recurrente que estaba en el aeropuerto hablando con Alex cuando fue detenido y que éste le estaba indicando precisamente "por donde llegaba Marisol ", por lo que la pretendida nulidad a la prueba debe ser rechazada.
El motivo undécimo por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 LECrim. por la aplicación indebida del art. 368 en relación con el art. 369.6 ambos del Código Penal .
Se dice en el motivo que en los hechos probados no aparecen a cargo del acusado, los actos típicos que el indicado precepto determina por cuanto hace una narración incluyendo apreciaciones no objetivas, introduciendo valoraciones ajenas a lo acontecido y encaminadas a la atracción y justificación de las calificaciones jurídico penales que adopta el fallo, insistiendo en que del comportamiento de recurrente no se desprende ninguna condena intencional, ya que no conocía el plan preconcebido por Marcos y otras personas a las que ni siquiera conocía, debiéndose su presencia en el lugar a unos motivos laborales.
Asimismo en cumplimiento de la Disposición transitoria segunda LO. 5/2010 de 22.6 , al fijar nuevos límites a las penas de los delitos de los arts. 368 y 369 , considera que la pena a imponer, caso de condena, seria la de 6 años y 1 día prisión, y dado que el acusado no ha tenido acceso a la droga ni ha dispuesto de la misma, estaríamos ante un caso de tentativa y por aplicación de los arts. 16 y 62 CP, la pena a imponer seria la inferior en uno o dos grados, considerando adecuada la de 1 año y 6 meses.
El motivo en cuanto está condicionado a la prosperabilidad de los anteriores debe ser desestimado.
Esta vía casacional obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser los fijados al efecto por el tribunal de instancia, salvo que hayan sido corregidos previamente por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECrim . error en la apreciación de la prueba o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, art. 852 LECrim .
En efecto, como se dice en la STS, 121/2008 de 26.2 , el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim . ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba, este motivo tiene un carácter sustantivo penal cuyo enfoque exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el mas absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado.
Pues bien, en el relato fáctico se destaca como otros dos acusados se venían dedicando, al menos durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2007, a introducir en España desde la República Dominica, sucesivos cargamentos de cocaína, mediante el reclutamiento de personas que, mediante precio, accedían a viajar a dicho país, y cargar en sus maletas cantidades diversas de dicha sustancia, camufladas en el equipaje . Para la recepción en el aeropuerto de Barajas de dichas personas (correos, o mulas) la organización utilizaba personas de confianza, que recibían a los correos, y los conducían a los hoteles designados por la organización y por cuenta de ésta, mediante la correspondiente contraprestación económica. Entre éstos, y bajo las órdenes de Alex ( Marcos ) se encontraba el hoy acusado Pedro Antonio , sin que conste lo fuese de forma permanente.
A continuación en el relato fáctico se describe la operación llevada a cabo por Marisol a la que los ya condenados Alex ( Marcos ) y Claudio habían facilitado los billetes de ida y vuelta para la introducción de un alijo de cocaína de tres kgs. encargándole a Pedro Antonio ir a recogerla al aeropuerto cuando ésta llegase, a sabiendas de la mercancía que dicha viajera traía para la organización, y como en la realización de tal plan el 17.10.2007 estaba el acusado Pedro Antonio esperándola en el aeropuerto detallándose los contactos telefónicos que mantuvo con Alex en relación a la terminal por la que Marisol tenia que salir, así como su detención.
Siendo así la subsunción de los hechos en los preceptos penales señalados no admite discusión, por cuanto toda forma de participación que implique una colaboración en actividades de tráfico de drogas, es una forma de autoría, al haber sido equiparada con ésta las formas imperfectas de participación por la propia Ley.
Respecto a la posibilidad de que los delitos de narcotráfico puedan cometerse en grado de tentativa, ha sido siempre una cuestión debatida en la doctrina y muy matizada por la jurisprudencia de esta Sala, que ha venido manteniendo (SSTS. 545/2010 de 15.6 , 391/2010 de 6.5 , 960/2009 de 16.10 , 24/2007 de 25.1 , 323/2006 de 22.3 ) un criterio general opuesto al reconocimiento de las formas imperfectas en este tipo de delitos como el propio recurrente reconoce. El tráfico de estupefacientes se configura estructuralmente como delito de peligro abstracto y consumación anticipada cuya punibilidad se asienta en la situación de eventual peligro que nace de las conductas descritas en la figura penal. La consumación delictiva se sitúa en cualquiera de las acciones típicas descritas en el art. 368 CP . como la posesión o el transporte de droga con finalidad de tráfico, en los que el momento consumativo se anticipa, adelantando la barrera penal hasta comportamientos previos a los que propiamente serían actos de tráfico.
Por último respecto a la aplicación de la Disposición transitoria 3 c) LO. 5/2010 y su incidencia en la determinación e individualización de la pena al establecer en relación a las sustancias que causan grave daño a la salud, una penalidad, en cuanto a la prisión de 3 a 6 años, con reducción por tanto, del limite máximo, 9 años y la consiguiente incidencia en la determinación de la pena superior en grado en base a lo dispuesto en el art. 70.1 .
En el caso presente no se trata de la versión de la pena firme, sino en el trámite de un recurso de casación en el que puede y debe procederse a una nueva individualización de la pena, teniendo en cuenta los propios factores y criterios expuestos en la resolución recurrida.
Para ello se ha de partir de que el recurrente ha sido condenado como autor de un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, concurriendo el subtipo agravado de notoria importancia, art. 369.1.6 , precepto que establece la pena superior en grado a la prevista en el art. 368 , lo que determina en la actual regulación una penalidad de 6 años y 1 día a 9 años prisión -en la anterior era de 9 años y 1 día a 13 años y 6 meses-.
La pena impuesta en la sentencia recurrida ha sido de 9 años y 1 día prisión, pena que excedería de la máxima imponible con arreglo a la nueva redacción del tipo penal, por lo que es necesario efectuar una nueva individualización penológica, teniendo en cuenta que no estamos ante una operación puramente aritmética y que como hemos dicho en reciente STS. 129/2011 de 10.3 , el marco penológico que se recogía antes de la reforma era manifiestamente desproporcionado, por lo que era lógico buscar en la mayoría de los casos que no tuviesen un aditamento especial que justificase una agravación, los mínimos legales. En la regulación actual esa falta de proporcionalidad ha sido corregida por el legislador en un marco penológico más adecuado que permite una mayor libertad al juzgador en la fijación del quantum penológico. Por ello valorando la cantidad de la cocaína intervenida, se considera adecuada y proporcionada la de 7 años prisión con igual multa, al no haberse modificado dicha pena pecuniaria.
El motivo duodécimo al amparo del art. 849.2 LECrim . infracción de Ley por error en la valoración de la prueba, designando como documentos: el atestado policial, las declaraciones de Marisol en el juzgado instrucción Málaga, declaraciones policiales y judiciales de Claudio , Lucas y Marcos , declaraciones en el plenario de todos ellos, informe Instituto Nacional de Toxicología, y acta del juicio oral de 25.10.2010.
En efecto debemos recordar, como hemos dicho en la reciente STS. 271/2010 de 30.3 con cita en la S. 732/2009 de 7.7 que la vía del art. 849.2 LECrim . solo se pueden combatir los errores fácticos y no los errores jurídicos que se entiendan cometidos por la sentencia en la interpretación de los hechos.
También se considera por esta Sala que no constituyen documento a estos efectos, la prueba pericial, pues se trata de una prueba personal y no documental, aunque aparezca documentada a efectos de constancia y solo, excepcionalmente se reconoce este carácter cuando existiendo un único informe o varios absolutamente coincidentes sobre un determinado extremo fáctico respecto del cual no existen otros elementos probatorios, el tribunal los haya recogido en la sentencia de forma parcial, omitiendo extremos jurídicamente trascendentes, o haya llegado a conclusiones divergentes de las asumidas por los peritos, sin una explicación razonable ( SSTS. 217/2006 de 20.2 , 1068/2007 de 20.12 , 1148/2009 de 25.11 , 1238 de 11.12).
Pero evidentemente este no es el caso, toda vez que el recurrente se limita a designar el informe del Instituto Nacional de toxicología, cuyo contenido fue aceptado íntegramente por la Sala de instancia, sin concretar cual fue el error cometido.
Que debemos declarar y declaramos haber lugar parcialmente al recurso de casación, interpuesto por Pedro Antonio , contra sentencia de 4 de noviembre de 2008, dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera , que le condenó como autor responsable de un delito contra la salud pública; y en su virtud CASAMOS y ANULAMOS referida resolución, dictando segunda sentencia con declaración de oficio costas recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Joaquin Gimenez Garcia D. Julian Sanchez Melgar D. Jose Manuel Maza Martin D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Diego Ramos Gancedo
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, instruyó sumario con el número 2 de 2008, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, cuya Sección Segunda, que por auto de 16 de junio de 2.009 , acordó declarar su incompetencia para el enjuiciamiento de lo hechos e inhibirse a favor de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, por delito contra la salud pública, contra Pedro Antonio y otros, nacido en Catani (Italia) el 8.11.1967, hijo de Gaitano y Giusepina, titular de la carta de identidad italiana con nº NUM005 , en situación de prisión provisional por esta causa, habiendo sido detenido en Italia en 12.5.2010, y entregado a España, temporalmente en fecha 23.7.2010, habiendo estado privado de libertad por esta causa, en consecuencia, desde el día 18.10.2007 en la que se produjo su detención, hasta el día 23.4.2008, en que se acordó su libertad provisional, dándose con posterioridad a la fuga, esto es, 6 meses y 2 días, y desde el día 12.5.2010 hasta el día de hoy; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los siguientes:
Tal como se ha explicitado en el Fundamento Jurídico décimo segundo de la sentencia precedente, procede efectuar una nueva individualización penológica siendo adecuada la de 7 años prisión con la misma pena de multa.
Que manteniendo el resto de los pronunciamiento de la sentencia dictada por la Audiencia nacional, Sala de lo Penal, Sección 3ª de fecha 4 noviembre 2010 , la pena privativa de libertad a imponer a Pedro Antonio será de 7 años de prisión.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Joaquin Gimenez Garcia D. Julian Sanchez Melgar D. Jose Manuel Maza Martin D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Diego Ramos Gancedo

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