Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920211.html
Timestamp: 2019-11-20 02:14:24+00:00

Document:
as201920211
Auto Supremo: 211/2019
Expediente: B-15-18-S.
Partes: Lenny Pessoa Pereira por sí y en representación de Raúl, Enrique, Alain,
Eduardo todos Pessoa Pereira y Juana Pereira Abira c/ Goldy Ribera
Camiña y María Banegas Cuéllar.
Proceso: Anulabilidad de transferencia de bien inmueble.
VISTOS: Los recursos de casación planteados por Lenny Pessoa Pereira y Goldy Ribera Camiña, cursantes de fs. 253 a 256 vta. y fs. 267 a 269, respectivamente, impugnando el Auto de Vista Nº 93/2018, pronunciado el 4 de mayo, por la Sala Civil Mixta, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, cursante de fs. 249 a 250 vta., en el proceso de anulabilidad de transferencia de bien inmueble, seguido por Lenny Pessoa Pereira contra Goldy Ribera Camiña; contestaciones de fs. 271 y vta. y fs. 276 y vta., Auto de concesión a fs. 278, Auto Supremo de Admisión Nº 720/2018-RA de 27 de julio de fs. 284 a 285 vta., y todo lo inherente:
1. Lenny Pessoa Pereira a nombre suyo y en representación legal de Raúl, Enrique, Alain, Eduardo, todos Pessoa Pereira y Juana Pereira Abira, planteó demanda ordinaria, por anulabilidad de transferencia de bien inmueble ganancial contra Goldy Ribera Camiña y Juana Pereira Abira de fs. 20 a 21 vta., subsanada y ampliada a fs. 28, contestando la codemandada por memorial de fs. 101 a 104 vta., subsanando de fs. 107 a 110, interponiendo excepciones de incompetencia, incapacidad o impersonería y contradicción o imprecisión en la demanda, tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.
2. El 23 de junio de 2017, el Juez Público de Familia Primero de la ciudad de Trinidad, dictó Sentencia Nº 110/2017 declarando PROBADA en parte la demanda de anulabilidad de transferencias realizadas mediante Escritura Pública Nº 446/2012 de 7 de septiembre, por Rómulo Pessoa Urquiza a favor de Joaquín Pessoa Pereira, respecto al 50% de la cuota parte que le corresponde a Juana Pereira Abira, como cónyuge copropietaria del bien inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 8.01.1.010015397 ubicado en la zona Pompeya, Distrito Nº 3, Manzana 15, con una superficie de 440,34 m2 del plano oficial de la ciudad de Trinidad.
3. Apelada la sentencia tanto por la demandante (fs. 208 a 209 vta.), como por la demandada (fs. 214 a fs. 215 vta.), el 4 de mayo de 2018, la Sala Civil, Mixta de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, emitió el Auto de Vista Nº 93/2018 (fs. 249 a 250 vta.), que CONFIRMÓ la sentencia, asumiendo la fundamentación siguiente: Que Rómulo Pessoa Urquiza en ejercicio de su derecho propietario transfirió a título oneroso el inmueble a favor de su hijo Joaquín Pessoa Pereira, por lo que dicha transferencia no afectó a la legítima de sus demás hijos porque no fue un acto de liberalidad sino de una venta, no se afectó porque a cambió se recibió un determinado monto de dinero; sin embargo al tratarse de un bien ganancial y haberlo transferido sin la voluntad o consentimiento expreso de su cónyuge Juana Pereira Abira, esta tendría la facultad de demandarlo.
4. Contra el Auto de Vista descrito, ambas partes formularon recurso de casación siendo admitidos por Auto Supremo Nº 720/2018-RA de 27 de julio, motivando así la presente resolución.
CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN
Recurso de casación de Lenny Pessoa Pereira.
Recurso de forma.
1. Denunció que el Auto de Vista recurrido no tiene la suficiente claridad, motivación y fundamentación, no se refirió a todos los puntos reclamados en la apelación, sin sustento legal los de instancia aplicaron la reivindicación, apartándose de la pretensión que fue la de anulabilidad total de la transferencia.
2. Reclamó incongruencia de la sentencia y del Auto de Vista, porque no tomaron en cuenta lo establecido en el art. 346 del Código de Procedimiento Civil respecto a la contestación ya que la demandada nunca contestó, ni objetó el pedido de la anulabilidad total de las transferencias.
En ese entendido expresó que no demandó la reivindicación, sino la anulabilidad total de la transferencia.
Recurso de fondo.
1. Acusó vulneración y errónea interpretación de los arts. 5, 101, 102, 110 y 116 del Código de Familia en relación a los arts. 554.1) del Código Civil y arts. 5, 101,102, 110 y 116 de la Ley Nº 603, porque los de instancia cercenaron los derechos de la parte demandante, puesto que su pretensión es por la anulabilidad total de aquella transferencia, que a su criterio el hecho de considerar solamente la reivindicación de la parte que le corresponde, sería una actuación extrapetita, atentando a lo establecido el art. 90 del Código de Procedimiento Civil y los arts. 1. incisos 4), 12) y 16), y arts. 2,4 y 5 de la Ley Nº 439, por lo que debió aplicarse lo determinado en la Disposición Transitoria Quinta en su segundo parágrafo, por ser de aplicación a esta controversia jurídica sobre bienes gananciales.
2. Asimismo, reclamó que el Auto de Vista recurrido manifestó erradamente que la demandada alegó haber obrado de buena fe y a título oneroso en la compra del inmueble y que tales hechos no fueron destruidos con prueba idónea; sin embargo, la demandada jamás aportó prueba alguna, siendo declarada rebelde, solamente el proceso se tramitó con la prueba de cargo ofrecida, por lo que el Tribunal de segunda instancia se permitió proteger derechos, que no fueron debidamente demostrados, por lo que la parte demandante tenía la obligación de demostrar la supuesta compra de buena fe y por el contrario fue la parte demandante quien demostró por demás que se trataba de un bien ganancial haciendo uso de petición por la anulabilidad total de la venta y no solamente de la parte que correspondía a la esposa y ello no fue objetado por la parte demandada.
Solicitó se case el Auto de Vista y se disponga la anulabilidad total de la transferencia.
Recurso de casación de Goldy Ribera Camiña.
Conforme lo expuesto del recurso de casación de Goldy Ribera Camiña, se extractan los siguientes reclamos:
1. Denunció que el Auto de Vista realizó una errónea valoración de la ley, citando al efecto el art. 116 del antiguo Código de Familia, los arts. 554 y 559 del Código Civil y que al anular el 50 % del derecho propietario adquirido no tomó en cuenta que la misma no procede contra un tercero que adquirió de buena fe a título oneroso, por lo que se estaría vulnerando el debido proceso en sus vertientes de seguridad jurídica, legalidad, especificidad y trascendencia, debiendo valorarse los derechos constitucionales vulnerados y establecidos en los arts. 115, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado, porque se deben salvar los derechos adquiridos de buena fe.
2. Se quejó por vulneración al debido proceso en su vertiente de la fundamentación y motivación.
Concluyó solicitando casar el Auto de Vista y la sentencia, declarando improbada la demanda, citando al efecto conceptos y jurisprudencia al respecto.
Respuesta al recurso de casación.
Respuesta al recurso de casación de los demandantes.
Goldy Ribera Camiña, refirió que de forma equivocada la demandante en su recurso de casación citó una ley especial cuando en el caso corresponde aplicar la ley familiar, por lo que en el caso se puede evidenciar que la parte recurrente no tiene idea si está planteando una demanda civil o una familiar.
Expresó que las excepciones opuestas por la parte demandada fueron tomadas como contestación, negando las pretensiones conforme a derecho, en ese entendido se tiene que la demandante no estableció adecuadamente cómo o de qué manera el Auto de Vista recurrido efectuó errónea aplicación de la ley, sin discriminar claramente que norma pretende hacer valer si la familiar o la civil.
En cuanto al recurso de forma, refirió que la recurrente no estableció ningún error esencial vulneratorio al debido proceso, simplemente se basó en que la demandada fue declarada rebelde y que no objetó nada de lo pretendido haciendo prevalecer la Ley Nº 439, situación que hace suponer nuevamente que la parte recurrente confunde la aplicación de la norma adecuada.
Con base a lo manifestado, solicitó se declare improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandante.
Solicitó declarar improcedente el recurso de casación.
Respuesta al recurso de casación de la demandada.
Lenny Pessoa Pereyra, expresó que el proceso de anulabilidad se inició mucho antes del 6 de agosto de 2015, por lo que no se puede aplicar la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 603, y solamente se pueden aplicar excepcionalmente las disposiciones con vigencia anticipada, entre las cuales no existe el recurso de casación, por lo que el recurso atenido a la Ley Nº 603 es completamente irregular, arbitrario, ilógico e improcedente.
Señaló que el recurso de su contraparte debió mencionar lo establecido en el art. 272 de la Ley Nº 439 aplicable al caso porque sustituye al antiguo Código de Procedimiento Civil.
Solamente mencionó jurisprudencia que nada tiene que ver con el caso de autos, sin cumplir los requisitos del art. 274 en relación al art. 271 del Código Procesal Civil; porque simplemente en su recurso describe normas procesales y realiza una descripción anacrónica de Sentencias Constitucionales, que no guardan relación con el proceso, asimismo dijo que fue demostrada la falta de legitimación de la parte recurrente.
Solicitó el rechace del recurso de casación intentado por Goldy Ribera Camiña.
III.1. De la comunidad de gananciales.
Sobre el tema el Auto Supremo Nº 838/2015-L de 28 de septiembre, ha orientado que: “sobre los bienes gananciales, corresponde realizar un análisis de nuestro ordenamiento jurídico sobre el tema, para lo cual podemos señalar el art. 101 del Código de Familia que regula la constitución de la comunidad de gananciales estableciendo lo siguiente: “El matrimonio constituye entre los cónyuges desde el momento de su celebración, una comunidad de gananciales que hace partibles por igual a tiempo de disolverse, las ganancias o beneficios obtenidos durante su vigencia, salvo separación judicial de bienes en los casos expresamente permitidos.
La comunidad se constituye, aunque uno de los cónyuges tenga más bienes que el otro o sólo tenga bienes uno de ellos y el otro no”.
Por otra parte, el art. 102 del Código de Familia determina: “La comunidad de gananciales se regula por la ley, no pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares, bajo pena de nulidad”.
De las citadas disposiciones legales se establece que nuestro Código de Familia, adopta como sistema legal, el régimen de la comunidad restringida, toda vez que reconoce en la relación conyugal la existencia de bienes propios y bienes comunes; bajo el cobijo de este sistema legal se encuentra la comunidad de gananciales prevista en el art. 101 del Código de Familia como instituto jurídico de orden público, la misma que cobra su verdadera vigencia material desde el momento de la celebración del matrimonio o de la consolidación de la unión conyugal libre o de hecho, cuya terminación también se encuentra establecida por la ley conforme a las causas previstas en el art. 123 del mismo cuerpo normativo….”
III.2. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma.
Al respecto el Auto Supremo Nº 203/2016 de 11 de marzo, ha orientado que: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el art. 258 num. 2) del Código de procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso”.
III.3. De la anulabilidad del contrato.
Sobre el particular podemos citar el Auto Supremo Nº 540/2017 de fecha 17 de mayo que haciendo hincapié en un caso análogo ha señalado: “Por otra parte en cuanto a la protección del derecho ganancial del cónyuge que no otorgó su consentimiento en la transferencia de un bien ganancial, en el Auto Supremo Nº 1176/2015 de 28 de Diciembre, se ha orientado que: “…el recurrente en apelación y posteriormente en casación pretende sustentar su acción en el art. 116 del C.F., sin embargo la anulabilidad de la transferencia dispuesta en el 50% en resguardo del derecho ganancial de Edwin Valdivia Méndez, no puede afectar la transferencia realizada por Dulía Hinojosa Guardia (esposa), máxime si esta última persona se ratificó posteriormente en dicha transferencia a favor de Ángel Guzmán Camacho mediante reconocimiento de firmas y rúbricas (fs. 10) dando a dicho contrato la eficacia establecida en el art. 1313 del C.C., en relación a la transferencia realizada sobre el 50% del bien inmueble que le correspondía a Dulia Hinojosa (+); pues en el caso de Autos el demandante no ha probado que la falta de consentimiento que arguye haya afectado la transferencia dispuesta por parte de Dulia Hinojosa o que dicha venta afecte su derecho ganancial (50%) en relación al bien inmueble en cuestión, pues si bien el art. 116 del Código de Familia, confiere la acción de la anulabilidad, a fin de invalidar los actos de disposición o de imposición de derechos reales de uno de los cónyuges respecto de los bienes comunes, celebrados sin el consentimiento del otro cónyuge; sin embargo en el caso presente no se ha probado la causal de Anulabilidad que haga procedente la opción de anular la transferencia realizada por parte de la cónyuge del actor, toda vez que como se expuso supra el consentimiento de Dulia Hinojosa Guardia fue expresado y ratificado por la misma (art. 1313 del C.C.), y tomando en cuenta que la base fáctica y probatoria en el proceso es la falta de consentimiento del actor en dicha transferencia realizada por su esposa (+) no resulta lógico pretender anular la transferencia realizada por la misma, toda vez que con la decisión de los jueces de instancia se ha resguardado el derecho ganancial del actor sobre el bien inmueble en cuestión.
Resultando en consecuencia correcto el razonamiento vertido por el Tribunal de Alzada quienes orientaron su razonamiento en lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 450/2012 que en relación a la aplicación del art. 548 del C.C., señaló: “…que en los contratos plurilaterales con prestaciones comunes, la nulidad o la anulación del vínculo que afecta a una de las partes no importa la nulidad o anulación del contrato, a menos que su participación se considere esencial de acuerdo a las circunstancias; norma legal que es aplicable al presente caso para determinar la nulidad parcial del documento que es objeto de litis…”.
A efecto de resolver los recursos en estudio, dentro del marco establecido por el Auto de Vista recurrido, los fundamentos de ambos recursos y la doctrina legal aplicable al caso de autos, se hacen necesarias las siguientes consideraciones:
IV.1. En relación al recurso de casación intentado por los demandantes.
a) En la forma. Básicamente acusaron que el Auto de Vista recurrido carece de motivación y fundamentación, no habiendo resuelto todos los puntos reclamados en la apelación, pronunciándose sobre la reivindicación, cuando la pretensión versa sobre la anulabilidad total de la transferencia, infringiéndose el art. 346 del Código de Procedimiento Civil respecto a la contestación, ya que la demandada nunca contestó, ni objetó el pedido de la anulabilidad total de las transferencias. En ese entendido expresó que no demandó la reivindicación sino la anulabilidad total de la transferencia.
Planteado así el recurso de casación en la forma, corresponde afirmar que revisada la resolución impugnada y contrastada con los agravios del recurso de apelación tanto de los demandantes (fs. 208 a 209 vta.), cuanto el deducido por la co demandada (fs. 214 a 215 vta.), esta resolución resolvió todos y cada uno de los puntos de ambos recursos, efectuando un adecuado análisis con la debida motivación y fundamentación, entendiendo que se ha precisado la norma jurídica aplicable al caso, señalando con claridad los elementos fácticos que motivaron el proceso, resultando entonces no ser evidente la acusación efectuada por los demandantes en relación a la falta de motivación y fundamentación, como tampoco resulta evidente la trasgresión del art. 346 del Código de Procedimiento Civil (vigente en aquél momento), referido al contenido y requisitos del acto procesal de la contestación, pues, cuando es citada la demandada, Goldy Ribera Camiña, ésta se integra a la litis, primero deduciendo incidente de nulidad de citación (fs. 41 a 42), para luego dar respuesta a la demanda (fs. 101 a 104 vta.), pieza procesal en la que se observa a cabalidad el cumplimiento de los requisitos previstos precisamente por el art. 346 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, con relación a que los actores no demandaron la reivindicación del inmueble, sino la anulabilidad del cien por ciento de la venta del bien inmueble objeto de la litis, corresponde aclarar que cuando la Juez A quo declara probada en parte la demanda y el Tribunal Ad quem, confirma tal decisión, en ningún caso los jueces de grado hacen alusión a la figura de la “Reivindicación”, pues, lo que disponen es reconocer primero el carácter ganancialicio del inmueble que fue transferido por el esposo y padre de los demandantes Rómulo Pessoa Urquiza a favor de uno de los hijos Joaquín Pessoa Pereira, para luego, precisamente en virtud a la característica del bien inmueble, determinar la nulidad de la venta únicamente del 50% de aquel inmueble, considerando conforme a derecho que esta porción correspondía a la esposa, en cuya virtud, el vendedor no podía disponer de la porción que no le correspondía, resultando entonces que no existió confusión en los jueces de instancia entre las figuras jurídicas de la “Reivindicación del derecho propietario” con la “Anulabilidad”.
b) En el fondo. En relación a la supuesta vulneración y errónea interpretación de los arts. 5, 101, 102, 110 y 116 del antiguo Código de Familia en relación a los arts. 554.1) del Código Civil y arts. 5, 101,102, 110 y 116 de la Ley Nº 603, porque los de instancia conculcaron sus derechos al no dar curso a la anulabilidad total de la transferencia efectuada por el esposo y padre de los demandantes a favor de uno de los hijos, corresponde establecer que los demandantes, actuales recurrentes, no pueden pretender que se efectúe una relación entre las normas del Código de Familia y el actual Código de las Familias, considerando que, según la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 603 estableció que entrará en vigencia plena el 6 de agosto de 2015 y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, es decir que, considerando la fecha de presentación de la demanda cuya data es del 26 de junio de 2015, por lo que su pretensión resulta inatinente.
Sobre que las resoluciones de instancia resultarían extra petita por considerar solamente la reivindicación de la parte ganancialicia que corresponde a la esposa demandante, y se atentaría contra los arts. 90 del Código de Procedimiento Civil, 1 inc. 4), 12) y 16), y arts. 2, 4 y 5 de la Ley Nº 439, ese Tribunal Supremo estableció su razonamiento a tiempo de dar respuesta al recurso de casación en la forma, reiterando que las resoluciones inferiores no se refirieron a la figura jurídica de la “Reivindicación”, cuando reconocieron el derecho propietario de la co demandante (esposa) en virtud a la condición de ganancialidad del bien objeto de la litis, resultando ociosa cualquier otra fundamentación al respecto.
Finalmente, sobre el reclamo en sentido que el Auto de Vista recurrido consideró erradamente que la demandada alegó haber obrado de buena fe y a título oneroso en la compra del inmueble, se considera que tal reclamo carece de sustento, defiriendo la fundamentación legal de este punto a la respuesta que se dará al resolver el recurso de casación deducido por la demandada Goldy Ribera Camiña.
La fundamentación precedente permite afirmar que los recurrentes no poseen razón en los reclamos establecidos en el recurso en estudio.
IV.2. En relación al recurso de casación de Goldy Ribera Camiña.
a) En la forma. Acusó vulneración al debido proceso en su vertiente de la fundamentación y motivación. En este acápite se toma como válida la respuesta otorgada a los demandantes cuando en su recurso de casación en la forma acusaron idéntico agravio, en consideración además que en su sentido restringido la congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en lo contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil, habida cuenta que el Auto de Vista decidió sobre los puntos reclamados en apelación tanto por los demandantes cuanto por la demandada, mientras que la motivación entendida como el pronunciamiento puntual, preciso sin ingresar a fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen en estado de indeterminación a las partes, la resolución de segundo grado cumplió a cabalidad con fundamentar y motivar su fallo, plasmando en su decisorio el porqué de su determinación. En consecuencia, una vez más se deja establecido que el Tribunal de Apelación, al momento de resolver los recursos interpuestos, cumplió con la obligación de circunscribir su resolución a los puntos apelados en cada recurso, fundando respecto a cada una de las alegaciones de los recursos de apelación.
b) En el fondo. Denunció en lo principal que el Auto de Vista realizó una errónea valoración de la ley, citando al efecto el art. 116 del antiguo Código de Familia, los arts. 554 y 559 del Código Civil y que al anular el 50 % del derecho propietario adquirido no tomó en cuenta que la misma no procede contra un tercero que adquirió de buena fe a título oneroso.
Considerando este agravio traído en casación, corresponde la siguiente puntualización: 1.- El caso de autos, tiene como elemento central el reclamo de los demandantes por la venta que efectuó el esposo y padre de estos, del inmueble con Matrícula Nº 8011010015397, ubicado en la zona Pompeya, distrito Nº 3, Manzana 15 de 440,34 m2 de la ciudad de Trinidad-Beni, a favor de Joaquín Pessoa Pereira (hijo y hermano de los demandantes), alegando que al ser un bien adquirido en vigencia del matrimonio celebrado entre el vendedor Rómulo Pessoa Urquiza y la co demandante Juana Pereira Albira, dicho inmueble adquiría la calidad de bien ganancial, motivo por el cual, el vendedor no podía disponer libremente de la totalidad del inmueble y enajenarlo a título oneroso en favor de uno de los hijos, quién a su vez realizando una segunda transferencia, transmitió la titularidad del derecho propietario en favor de la co demandada Goldy Ribera Camiña, cuyo recurso de casación en el fondo es analizado, por lo que, los actores demandan la anulabilidad de las dos transferencias realizadas. 2. Respondiendo a la acción, la actual recurrente, señaló que ella adquirió el inmueble en cuestión a título oneroso de quién consideró su legítimo propietario, constituyéndose en adquirente de buena fe, por lo que, los efectos de anulabilidad declarada no pueden alcanzarla, conforme previsión del art. 559 del Código Civil, cuya transgresión precisamente acusa la recurrente toda vez que el Tribunal de Alzada confirma la sentencia que declara probada en parte la demanda, con relación al cincuenta por ciento del inmueble litigado. 3. En efecto, los antecedentes venidos a ese Tribunal, informan que el inmueble objeto de la liltis, fue adquirido en vigencia del matrimonio del primer vendedor, Rómulo Pessoa Urquiza con la actual co demandante Juana Pereira Abira, cuyo matrimonio acaeció el 13 de enero de 1946 (fs. 1), adquiriéndose aquel inmueble en vigencia del matrimonio, conforme consta en la documental que discurre de fs. 137 a 138 de obrados, que demuestran que la adquisición del inmueble data del 5 de septiembre de 2000, en consecuencia, considerando la disposición contenida en el art. 101 del Código de Familia (norma con la que se tramitó el proceso), que en relación a la constitución de la comunidad de gananciales estableció: “El matrimonio constituye entre los cónyuges, desde el momento de su celebración, una comunidad de gananciales que hace partibles por igual, a tiempo de disolverse, las ganancias o beneficios obtenidos durante su vigencia, salvo separación judicial de bienes en los casos expresamente permitidos”, sin duda alguna se afirma que el inmueble objeto de la litis poseía la característica de BIEN GANANCIAL, por lo que, conforme entendieron los jueces de grado, el derecho de disposición del bien inmueble del primer vendedor, únicamente alcanzaba a su porción ganancialicia, es decir, podía enajenar el bien inmueble solamente de 50% y no así como ocurrió en la especie de la totalidad del inmueble, disposición arbitraria, realizada a título oneroso en favor de Joaquín Pessoa Pereira, pues del Testimonio que cursa de fs. 144 a 145, se evidencia que el inmueble en cuestión fue transferido en su totalidad por el esposo, sin contar con la firma de la actual demandante, que se constituía en propietaria del otro 50% del inmueble, máxime si se toma en cuenta que el art. 116 del Código de Familia señalaba que para enajenar, hipotecar, gravar o empeñar los bienes comunes es indispensable el consentimiento expreso de ambos cónyuges, dado por sí o por medio de apoderado con poder especial. La misma norma más adelante señalaba que los actos de disposición o de imposición de Derechos Reales de uno de los cónyuges respecto a los bienes comunes pueden anularse a demanda del otro cónyuge. 4. Joaquín Pessoa Pereira efectúa una segunda transferencia del inmueble en cuestión, esta vez a favor de la actual recurrente Goldy Ribera Camiña (fs. 156 y vta.), bajo la modalidad de venta con pacto de rescate, adquiriendo la demandada aquel bien inmueble en la firme convicción de que el vendedor se constituía en legítimo propietario, siendo en consecuencia una adquirente de buena fe, que por mandato legal además se presume, sin que en el devenir del proceso, los demandantes hubieren presentado prueba en contrario, por lo que, para otorgar una respuesta al recurso de casación en estudio, resulta ineludible la consideración del art. 559 del Código Civil que indica: “Efectos de la anulabilidad respecto a terceros. La anulabilidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso (...)” disposición legal en la que se enmarca la situación jurídica de la recurrente y que no fue considerada por los jueces de grado a tiempo de pronunciar sus resoluciones y en cuya virtud se establece que el efecto de los fallos de instancia no pueden alcanzar a Goldy Ribera Camiña, a quién se le reconoce de manera expresa el derecho de titularidad que posee sobre la totalidad del inmueble objeto del caso de autos, correspondiendo entonces concederle razón cuando en su recurso de casación en el fondo acusa transgresión de art. 559 del Sustantivo Civil, en cuanto a la validez del contrato privado de 4 de enero de 2013 registrado en el asiento A-3 y A-4 de la Matrícula Nº 8.01.1.01.0015397, consiguientemente, la ineficacia de la venta efectuada sobre el 50 % en favor de Joaquín Pessoa solo podrá tener efecto para una posible reparación de daños y perjuicios.
En relación a las respuestas al recurso de casación.
Acerca de la respuesta de la demandada, Goldy Ribera Camiña, de manera general debe decirse que por la data de la demanda, y conforme a la fundamentación de la presente resolución, correspondía la aplicación del antiguo Código de Familia, no siendo atinente la aplicación de las normas de la Ley Nº 603, cuya entrada en vigencia es posterior a la fecha de inicio de demanda, y por otra parte el acto primigenio acusado de ineficaz, se encontraba regulado por el Código de Familia, actualmente abrogado.
En relación a la respuesta al recurso de casación de la demandada.
Como para el caso anterior, de manera general debe decirse que la fundamentación de la presente resolución hace alusión al porqué no pueden aplicarse las disposiciones contenidas en la Ley Nº 603, ni ameritando mayor fundamentación en la respuesta dada a este recurso.
La fundamentación de la presente resolución, amerita la aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil en relación al recurso de casación intentado por los demandantes, y el art. 220.IV en relación a recurso de casación deducido por la demandada.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Lenny Pessoa Pereira de fojas 253 a 256 y en relación al recurso de casación de Goldy Ribera Camiña deducido de fs. 267 a 269, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 93/2018, pronunciado el 4 de mayo, por la Sala Civil Mixta, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, cursante de fs. 249 a 250 vta., y en su mérito, se le reconoce el derecho propietario que le asiste sobre la totalidad del inmueble materia de autos, salvándose los derechos que le pudieren asistir únicamente a la co demandante Juana Pereira Albira, contra los herederos de Rómulo Pessoa Urquiza.
Relator: Magistrado Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.

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