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Timestamp: 2019-01-17 13:48:51+00:00

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﻿ SENTENCIA T-678 DE NOVIEMBRE 16 DE 2017
SENTENCIA T-678 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:PRECISIÓN SOBRE LAS REGLAS APLICABLES AL EMBARGO DE PENSIONES. SE EXPLICA QUE PARA ESTABLECER SI FRENTE A UN DETERMINADO CASO SE HA VISTO VULNERADO EL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL, EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBERÁ VERIFICAR CUÁLES SON AQUELLAS NECESIDADES BÁSICAS O GASTOS MÍNIMOS ELEMENTALES EN CABEZA DEL INDIVIDUO, INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE SU DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA DIGNA, Y EVALUAR SI LA PERSONA ESTÁ EN CAPACIDAD DE SATISFACERLOS POR SÍ MISMO, O POR MEDIO DE SUS FAMILIARES. ESOS MISMOS ELEMENTOS SON LOS QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA POR EL JUEZ ORDINARIO CUANDO VAYA A DECRETAR EL EMBARGO DE UNA MESADA PENSIONAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 344 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. POR TANTO, DE SER PROCEDENTE, EL JUEZ PODRÁ DECRETAR EL EMBARGO, PERO SU VALOR DEBERÁ DETERMINARSE PROPORCIONALMENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MEDIDA CAUTELAR NO PUEDE IMPEDIRLE A LA PERSONA LA SATISFACCIÓN DE SUS CONDICIONES BÁSICAS DE SUBSISTENCIA. SE CONCLUYE QUE DE LA PONDERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN JUEGO Y DE LA TERMINOLOGÍA DE LA NORMA, PUEDE CONCRETARSE LA SIGUIENTE REGLA: PARA UNA APLICACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 344 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, EL JUEZ DEBE ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO EN ARAS DE ASEGURAR QUE EL PORCENTAJE DEL EMBARGO QUE SE DECRETE NO VULNERE EL MÍNIMO VITAL DEL DEUDOR. A TAL EFECTO, EL JUEZ DEBERÁ INCLUSO HACER USO DE LA FACULTAD DE DECRETAR PRUEBAS DE OFICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, MESADA PENSIONAL, EMBARGO EN EL SISTEMA DE PENSIONES, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL
Sentencia T-678 de noviembre 16 de 2017
Ref.: Expediente T-6.301.544
1. El 25 de junio de 2013, el señor Severiche Cárdenas, quien entonces tenía 68 años de edad, adquirió un crédito con la Financiera Comultrasan Ltda. por valor de treinta y siete millones seiscientos veinte mil pesos m/cte. ($37.627.000).
2. Al momento del desembolso, y con el objeto de asegurar el valor de la obligación contraída, dicha entidad lo ingresó a la póliza de vida grupo deudores Nº 400-16-994000000051, otorgada por la Aseguradora Solidaria de Colombia(1).
3. Siendo que el señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas superaba los 65 años de edad, la póliza contratada no amparaba los saldos de cartera para los casos de incapacidad total y permanente(2).
4. El 15 de diciembre de 2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada – Financiera Comultrasan presentó, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches, una demanda ejecutiva mixta en contra del señor Severiche Cárdenas y de su esposa la señora Luz Marina Turriago Montero, en cuantía de veintiocho millones doscientos cuarenta y nueve mil sesenta y siete pesos m/cte. ($28-249.067), correspondiente al pago insoluto de la obligación contraída.
5. En el marco de dicho proceso, y atendiendo la solicitud del ejecutante, el 22 de febrero de 2016 se decretó el embargo y secuestro de un bien inmueble de propiedad del ejecutado Severiche Cárdenas identificado con la matrícula inmobiliaria no. 303-80439(3), sobre el cual se había constituido una hipoteca a favor de la entidad financiera. Así mismo, el 6 de septiembre de 2016, el Juzgado decretó el embargo y retención del cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional del señor Severiche Cárdenas(4).
6. Por otra parte, con posterioridad a la adquisición del crédito, el tutelante sufrió una enfermedad vascular periférica, presentó diabetes mellitus y una parálisis facial. En efecto, el 10 de mayo de 2016, un especialista en salud ocupacional le diagnosticó (i) hipertensión arterial esencial primaria; (ii) miocardiopatía hipertensiva; (iii) enfermedad renal crónica secundaria; (iv) diabetes mellitus tipo II insulino dependiente; (v) microangiopatia y neuropatía periférica a estudio; (vi) cataratas bilateral; (vii) osteoartritis a estudio; y (viii) parálisis facial periférica(5). En consecuencia, le calificó la pérdida de la capacidad laboral del accionante en un 66.93%, lo cual, a juicio del especialista, configura una invalidez, que le limita de manera permanente y le impide laborar(6).
7. Por lo anterior, el 10 de junio del mismo año, el señor Severiche Cárdenas presentó derecho de petición ante la Financiera Comultrasan Ltda., solicitando que se le condonara la obligación que tiene con ella haciéndose efectiva la póliza de deudores expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia(7).
8. En respuesta, la Aseguradora Solidaria de Colombia le objetó su reclamación y declinó el pago de la indemnización solicitada, al encontrar que el peticionario superaba la edad máxima de ingreso para el amparo de incapacidad total y permanente al momento de adquirir el crédito, lo cual implica que nunca tuvo la cobertura mencionada(8).
9. En el marco de esta acción de tutela, el señor Severiche Cárdenas también afirma que su pensión constituye el único sustento que tienen él y su esposa, y que la retención del cincuenta por ciento de esa pensión no le está permitiendo subsistir ya que no le alcanza para comer tres veces al día, pagar los servicios públicos ni comprar todos los medicamentos que necesita. Dicha situación ha llevado a que tanto él como su esposa, hayan acudido a las personas del barrio en el que viven para que ellos les colaboren con víveres para su sostenimiento(9).
10. Por lo anterior, el accionante interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches, Colpensiones y la Financiera Comultrasan, ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja(10).
11. El 24 de febrero de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja admitió la demanda de tutela y decidió vincular a la Aseguradora Solidaria de Colombia(11). Así mismo, el 6 de marzo del 2017 fue vinculada la señora Luz Marina Turriago Montero, esposa del accionante(12).
3.1. Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches(13).
13. Explica que el 15 de diciembre de 2015 recibió la demanda ejecutiva mixta de menor cuantía presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada – Financiera Comultrasan – en contra del señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas y de la señora Luz Marina Turriago Montero, con el fin de obtener el pago de la suma de veintiocho millones doscientos cuarenta y nueve mil sesenta y siete pesos m/cte correspondiente al pago insoluto del pagaré Nº 039-083-0184329500, el cual fue respaldado con hipoteca de primer grado constituida mediante escritura pública Nº 064 del 9 de marzo de 2012. El 9 de marzo de 2016 se libró el mandamiento de pago por reunir los requisitos legales.
3.2. Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones(14).
3.3. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa(15).
19. El 1º de marzo de 2017, a través de escrito presentado por su representante legal, Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, dio contestación a la acción de tutela presentada en su contra por el señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas, y solicitó que se declare improcedente.
4.1. Primera instancia(16).
4.3. Segunda instancia(17).
34. Ordenó al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches informar al despacho del suscrito Magistrado (i) informe del estado actual del proceso ejecutivo mixto de menor cuantía entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito De Santander Limitada – Financiera Comultrasán – por una parte, y Domingo Vidal Severiche Cárdenas y Luz Marina Turriago Quintero por la otra; (ii) Informe del estado actual de las medidas cautelares decretadas en el marco del proceso ejecutivo mixto de menor cuantía entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada – Financiera Comultrasán – y Domingo Vidal Severiche Cárdenas y Luz Marina Turriago Quintero; (iii) Copia del mandamiento de pago librado en contra de Domingo Vidal Severiche Cárdenas y de Luz Marina Turriago Quintero correspondiente al Pagaré Nº 039-083-0184329500, con su respectiva constancia de ejecutoria; (iv) copia del auto del 22 de febrero de 2016 por medio del cual se decretó el embargo y secuestro del inmueble hipotecado identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 303-80439 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja, y el embargo y retención de los dineros que Domingo Vidal Severiche Cárdenas y de Luz Marina Turriago Quintero tuvieran depositados en cuentas bancarias susceptibles de embargo, con su respectiva constancia de ejecutoria; (v) copia del auto del 6 de septiembre de 2016 por medio del cual se decretó el embargo y retención del 50% de la mesada pensional del señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas, con su respectiva constancia de ejecutoria.
5.1. Respuesta del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches(18).
36. Mediante Oficio 03897 del 11 de octubre de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches respondió a la solicitud y señaló que (i) el 15 de diciembre del 2015 recibió demanda Ejecutiva Mixta de menor Cuantía presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada - Financiera Cumultrasan en contra del señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas y la señora Luz Marina Turriago Montero correspondiente al pagaré Nº 039-083-0184329500 por un valor de veintiocho millones doscientos cuarenta y nueve mil sesenta y siete pesos m/cte., respaldado con hipoteca de primer Grado; (ii) que el 20 de enero de 2016 se libró el mandamiento de pago solicitado, se ordenó la notificación de los demandados y se reconoció personería jurídica al apoderado de la demandante; (iii) que el 17 de julio de 2017 se le notificó personalmente a los demandados del mandamiento de pago, quienes no contestaron la demanda ni propusieron excepciones; (iv) que el 14 de septiembre de 2017 se profirió una providencia en virtud de la cual se ordenó llevar adelante la ejecución, se decretó el avalúo y remate de los bienes embargados y se condenó en costas y agencias a los demandados; (v) el 26 de septiembre de 2017 se aprobó la liquidación de costas; (vi) que el 10 de octubre de 2017 se aprobó la liquidación del crédito presentada por la parte demandante ya que no fue objetada; (vi) que el 22 de febrero de 2016 se decretó el embargo del inmueble hipotecado y el embargo y retención de los dineros que los demandados tuvieran depositados en diferentes cuentas bancarias; (vii) que mediante auto del 6 de septiembre de 2016 se decretó el embargo y retención del 50% de la mesada pensional del señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas; (viii) que mediante providencia del 14 de septiembre de 2017 se negó la reducción de embargos solicitada por el demandado “por no haber sido sustentada en debida forma”; (ix) que mediante auto del 10 de octubre de 2017 señaló el 22 de marzo de 2018 como fecha para llevarse a cabo la diligencia de secuestro del inmueble hipotecado.
5.2. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
38. Mediante oficio BZ 2017-10351873, del 5 de octubre de 2017, recibido el 10 de octubre de 2017, Colpensiones informó que (i) el señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas en efecto se encuentra percibiendo pensión por parte de Colpensiones; (ii) que se le concedió pensión de vejez mediante Resolución 6589 de 2006; (iii) como consecuencia ingresó para la nómina en julio de 2006 y que (iv) actualmente se encuentra en estado activo.
39. Colpensiones remitió la certificación pensional a nombre del Señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas. En ella, se evidencia que el accionante devenga una pensión por un valor de $853.920 m/cte., de los cuales se deducen $478.210 m/cte. por cuenta del embargo decretado. En consecuencia, Colpensiones le está girando al señor Severiche Cárdenas una mensualidad de $375.710(19).
40. De otra parte, ante la necesidad de contar con elementos probatorios adicionales para adoptar una decisión de fondo, el 17 de octubre de 2017, mediante correo electrónico se solicitó al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches que remitiera información relacionada con (i) el valor del avalúo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 Barrio Los Almendros del municipio de Puerto Wilches, Santander, identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 303-80439 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja, Santander, de propiedad de Domingo Vidal Severiche Cárdenas y Luz Marina Turriago, que fue hipotecado mediante providencia del 22 de febrero de 2016; (ii) el valor total de las sumas de dinero depositadas en cuenta corriente, cuenta de ahorro, CDTS, ahorros programados y cualesquier acreencia que tengan Domingo Vidal Severiche Cárdenas y Luz Marina Turriago y que les haya sido embargado mediante providencia del 22 de febrero de 2016; y (iii) el valor que hasta la fecha se ha consignado por concepto del descuente que desde noviembre de 2016 se le ha realizado a la pensión del señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas por cuenta del embargo decretado en su contra(20).
41. El Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches respondió mediante oficio del 19 de octubre de 2017 indicando que no tiene información del avalúo del bien pues la parte demandante no aportó avalúo comercial o catastral alguno. Por ende, el Juzgado solicitó y anexó a su respuesta una certificación de la Tesorería Municipal de Puerto Wilches, expedida el 19 de octubre de 2017, donde consta que el inmueble hipotecado consta de cuatro predios englobados cuyo avalúo es el siguiente(21):
Numero Predial Avalúo 2017
01 00 0237 0006 000 149.000
01 00 0237 0007 000 1.498.000
01 00 0237 0008 000 1.066.000
01 00 0237 0009 000 449.000
42. Con respecto a los dineros que hasta la fecha se encuentran a órdenes del juzgado en atención al embargo decretado sobre la mesada pensional del señor Severiche Cárdenas, se tiene que el monto total asciende a $3.679.369(22).
49. En consecuencia, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, en su calidad de autoridades públicas, cuando incurran en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los derechos fundamentales de las partes(23). En todo caso, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”(24).
51. Para tal efecto, la jurisprudencia constitucional(25) estableció los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales deben cumplirse en su totalidad: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iii) que cuando se trate de una irregularidad procesal tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que resulte lesiva de la garantías constitucionales del actor; (iv) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados; y (v) que la sentencia que se impugna en sede de tutela no corresponda a su vez a una sentencia que haya definido una acción de tutela; y (vi) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable.
53. Tal como lo ha señalado esta Corte, la relevancia constitucional se refiere a que la disputa transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tenga relación directa con el contenido normativo superior(26).
54. Así pues, el asunto sometido al análisis de esta Sala de Revisión es de relevancia constitucional porque (i) involucra la posible violación del derecho fundamental al mínimo vital, (ii) implica el análisis sobre la embargabilidad de la pensión de vejez, y (iii) se trata de una persona cuya edad, condición de salud(27) y situación económica(28) hacen de él un sujeto de especial protección constitucional(29).
56. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del hecho que generó la vulneración, en este caso, la adopción de la providencia judicial que se estima violatoria del mínimo vital(30).
58. En el asunto que se estudia, la acción de tutela se interpuso el 24 de febrero de 2017, esto es, 5 meses después de expedido el auto demandado(31).
62. Para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, también es necesario que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados. Además, que haya alegado esa vulneración en el proceso ordinario, siempre y cuando haya tenido oportunidad de hacerlo(32).
68. En tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, ha advertido esta Corte, que es necesario que el accionante haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, para que la acción de tutela sea procedente(33).
69. Siguiendo esta línea, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual el amparo constitucional no resulta procedente cuando, a través de este medio, se pretende reabrir etapas procesales que se encuentran agotadas porque no se presentaron los recursos respectivos, ya sea por negligencia, descuido o distracción de las partes(34).
74. Por una parte, de conformidad con el artículo 318 del Código General del Proceso, el accionante podía interponer recurso de reposición en contra de dicho auto. En efecto, dicho artículo señala que el recurso de reposición “procede contra los autos que dicte el juez (…) para que se revoquen o reformen”. Así, respecto al embargo causado con ocasión de los procesos ejecutivos en su contra, el accionante tiene la posibilidad de acudir al juez para que, a través del recurso de reposición solicite regular el monto del salario embargado.
75. Adicionalmente, el accionante podía interponer recurso de apelación en contra de dicho auto. Según lo dispone el artículo 321 del Código General del Proceso, "Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia (…) 8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla".
80. Es cierto que para ese momento, el accionante no había presentado tal recurso. Sin embargo, ocurre que, como pudo constatar esta Sala a través de las pruebas recaudadas, durante el trámite de revisión el accionante hizo uso del recurso de solicitud de reducción de embargos previsto en la citada norma procesal. En efecto, el señor Severiche solicitó la reducción del embargo sobre la base de afirmar que "los bienes embargados superan el valor del crédito que se cobra como quiera que la obligación fue garantizada con hipoteca a favor de la entidad demandante" y de que la mesada pensional es su único sustento para sobrevivir. Dicho recurso le fue negado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches por medio de providencia del 14 de septiembre de 2017(35).
82. Por lo anterior, esta Sala de Revisión considera satisfecho el requisito de subsidiariedad, así como todos los demás requisitos generales(36) y, por lo tanto, pasa a estudiar el cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso que se analiza.
83. Además de los requisitos generales, la jurisprudencia constitucional ha definido unos requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionados con graves defectos que las hacen incompatibles con los preceptos constitucionales(37).
84. Ellos son defecto orgánico(38); defecto procedimental(39); defecto fáctico(40); error inducido; decisión sin motivación(41); desconocimiento del precedente; violación directa de la Constitución; defecto material o sustantivo(42). De estos, al menos uno debe cumplirse para que la acción de tutela sea procedente(43). Así mismo, debe tenerse en cuenta que una misma irregularidad puede dar lugar a la configuración de varios de estos defectos.
3.2.1. Cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad en el caso bajo examen.
86. La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que la decisión sin motivación ocurre cuando el juez no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, o lo hace apenas de manera aparente, a pesar de que, precisamente, en tal motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que le compete proferir(44).
87. Por su parte, el defecto sustantivo se presenta cuando: (i) la providencia judicial se basa en una norma inaplicable al caso concreto, ya sea porque no se ajusta a este, no está vigente por haber sido derogada o fue declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución les reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso, que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática, o (iv) la norma pertinente es inobservada e inaplicada(45). En estos eventos, el juez de tutela debe intervenir excepcionalmente, para garantizar la vigencia de los preceptos constitucionales, a pesar de la autonomía que, en principio, tienen los jueces para definir las normas en las que se fundamenta la solución del caso puesto a su consideración(46).
88. El auto proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches el 6 de septiembre de 2016, por medio de la cual, decretó el embargo del cincuenta por ciento de la mesada pensional del señor Severiche Cárdenas se limitó a señalar que “la entidad demandante solicita el decreto de una medida cautelar sobre el embargo del 50% de la mesada pensional que devenga el demandado Domingo Vidal Severiche Cárdenas” y que en consecuencia decretaba el embargo con base en “lo señalado en los artículos 59, 156 y 344 del CST., y Numeral 5º del artículo 134 de la Ley 100 de 1993” y “teniendo en cuenta que la demandante es una Cooperativa”.
3.2.1.1. Las reglas aplicables al embargo de pensiones.
91. De conformidad con la normatividad legal vigente, las pensiones y prestaciones sociales son, en principio, inembargables. Esto, en la medida en la que se ha entendido que la pensión de vejez constituye el único sustento en la vida de las personas que ya pueden acceder a ella(47).
92. Sin embargo, la ley establece como excepción a esa regla, la embargabilidad de hasta el cincuenta por ciento de la mesada pensional por orden judicial, cuando su fin sea satisfacer un crédito a favor de una cooperativa o una pensión alimenticia(48). Así, el artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo dispone lo siguiente(49):
94. Sobre dicha disposición tuvo ocasión de pronunciarse la Corte Constitucional en Sentencia C-710 de 1996. El cargo planteado por el accionante se refería a la inconstitucionalidad del trato diferenciado en favor de las cooperativas y en desmedro de las sociedades con ánimo de lucro. En ese sentido, la Corte se limitó a declarar la exequibilidad de la disposición, al considerar que su naturaleza le impone al Estado el deber de protección y vigilancia de las entidades cooperativas para que cumplan efectivamente sus fines. Así, “si la razón que alegan los demandantes para que las cooperativas no puedan embargar las prestaciones de los trabajadores, es la forma como éstas vienen desempeñando sus fines, la declaración de inconstitucionalidad no es la solución”.
95. Así mismo, la Corte se refirió también a la exequibilidad del artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo(50) que, de manera similar, permite embargar hasta el cincuenta por ciento del salario cuando es a favor de cooperativas(51). La Corte declaró su exequibilidad y señaló que “En lo que hace a la acusación que presenta el demandante contra la disposición del artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo, que viabiliza el embargo hasta del 50% del salario de un trabajador, en favor de cooperativas legalmente autorizadas, baste con decir que ella es concordante con los mandatos consignados en los artículos 58 y 333 de la C.P., que señalan para este tipo de empresas un tratamiento preferencial que las promocione y proteja”. Esto, por cuanto el cargo planteado por el demandante se limitaba a considerar que esa norma, entre otras, le otorgaba un trato injustificadamente desigual que resultaba discriminatorio para con los comerciantes, “los cuales no pueden solicitar embargos por sumas superiores a la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal mensual del trabajador”.
3.2.1.2. Protección constitucional al mínimo vital.
98. El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional"(52).
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo(53). El reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo, comporta la negación de la dignidad que le es inherente(54). Igualmente, este derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (C.P., art. 11), la salud (C.P., art. 49), el trabajo (C.P., art. 25) y la seguridad social (C.P., art. 48). De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de mayor relevancia en el Estado Social de Derecho.
100. De acuerdo con lo anterior, la salvaguarda del derecho al mínimo vital se materializa en la satisfacción de las necesidades básicas del individuo, para el desarrollo de su proyecto de vida(55). Es en ese sentido que la Corte Constitucional ha señalado que “derecho al mínimo vital adopta una visión de la justicia constitucional en la que el individuo tiene derecho a percibir un mínimo básico e indispensable para desarrollar su proyecto de vida (…)(56)”. (Se destaca)
101. Así las cosas, con el fin de precisar el alcance del derecho fundamental al mínimo vital, esta Corte ha reconocido que "las necesidades básicas que requiere suplir cualquier persona, y que se constituyen en su mínimo vital, no pueden verse restringidas a la simple subsistencia biológica del ser humano, pues es lógico pretender la satisfacción, de las aspiraciones, necesidades y obligaciones propias del demandante y su grupo familiar”(57). En ese sentido, la protección que se deriva de la garantía del mínimo vital no comporta un carácter cuantitativo sino cualitativo, de manera tal que la satisfacción de dicho derecho no se establece únicamente con base en un determinado ingreso monetario en cabeza del individuo, pues dicho mínimo "debe tener la virtualidad de producir efectos reales en las condiciones de la persona, de tal manera que no solo le garantice vivir dignamente sino también desarrollarse como individuo en una sociedad”(58).
3.2.1.3. La aplicación proporcional del embargo de pensiones.
104. El ya citado artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo, encuentra su fundamento en los artículos 46 y 53 de la Constitución. Por medio de dichas disposiciones, el ordenamiento constitucional procura la protección al mínimo vital de los pensionados, incluso de forma prevalente frente a las cargas económicas de las cuales son titulares. Precisamente son aquellos recursos provenientes de la mesada pensional, los que a priori garantizan la satisfacción de sus condiciones básicas de subsistencia del individuo(59). Ese fundamento constitucional que subyace a la regla general de inembargabilidad de las mesadas pensionales debe irradiar también las excepciones que permiten la eventual posibilidad de realizar embargos sobre esta prestación social. Por ende, una interpretación de las disposiciones legales anteriormente transcritas exige que el juez tome en consideración la situación fáctica del afectado y decrete el monto del embargo de manera que no comprometa su mínimo vital.
105. Con base en lo anterior, esta Sala entiende que la interpretación constitucionalmente aceptable del artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo implica, por una parte, que el cincuenta por ciento es el monto máximo del embargo, mas no se trata de un monto único y obligatorio. Ello implica que la decisión de un juez de decretar el embargo a una mesada pensional a favor de cooperativas exige siempre un análisis del caso concreto a la luz de la proporcionalidad, teniendo en cuenta las condiciones del embargado, para efectos de que nunca se vulnere su mínimo vital(60). Un embargo que resulte desproporcionado frente al mínimo vital, será contrario a la Constitución.
3.2.1.4. La falta de motivación y el defecto sustantivo en el caso concreto.
109. Primero, porque el juez hizo una interpretación constitucionalmente errada del artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo, al aplicar de plano la disposición contenida en dicha norma y por lo tanto asumir sin más que el embargo de la mesada pensiona debía ser del cincuenta por ciento, cuando, como se señaló, la citada disposición lo que hace es autorizar el embargo hasta en un cincuenta por ciento. La diferencia no es menor. La norma le concede al juez un margen para determinar el monto del embargo. Dicho margen discrecional —que no arbitrario— obliga al juez a valorar los elementos fácticos del caso. Así, él podrá determinar el monto del embargo de manera suficientemente sustentada en los hechos del caso y atendiendo las circunstancias particulares del afectado.
3.2.1.5. Análisis de las circunstancias particulares del caso.
115. En efecto, el señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas tiene 72 años, se encuentra desempleado e imposibilitado para trabajar debido a que su situación de salud dio lugar a que le calificaran una incapacidad del 66.93%(61).
116. De otra parte, su mesada pensional constituye el único ingreso para atender las condiciones básicas de subsistencia de su núcleo familiar, integrado por él y su esposa. De acuerdo con lo certificado por Colpensiones en el marco de este proceso, al señor Severiche Cárdenas se le giran mensualmente $375.710, pues a su pensión que es de $853.920 se le deducen, por la orden judicial, $375.710 sumado a los $102.500 que se le deducen por concepto de aportes a salud desembolsados a favor de Salud Coomeva(62).
117. Aunado a ello, el señor Severiche no tiene familiares que por razones de solidaridad o en razón de una obligación alimentaria le provean lo necesario para mantener unas condiciones mínimas de subsistencia. Tan solo cuentan con el apoyo de otros miembros de la comunidad que de manera voluntaria y ocasional les hacen algunos aportes, lo cual evidencia una precaria situación que les impide resistir al estado de riesgo en el que se encuentran(63). De esta situación da cuenta además de lo afirmado por el tutelante, la certificación que éste aportó, expedida por el señor Pedro Barreto Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio los Almendros(64). El señor Barreto afirma conocer al señor Severiche desde hace más de 20 años que este vive allí y puede dar fe de su difícil situación económica, por cuenta de la cual los miembros de la comunidad le han venido colaborando con víveres para su subsistencia.
118. Por otra parte, en el trámite del proceso ejecutivo al accionante ya le habían sido embargados un inmueble y todas sus cuentas de ahorros y demás acreencias representadas en dinero, así como las de su esposa(65). Esto por supuesto agrava la situación de riesgo en la que se encuentran y les dificulta aún más poder resistirla.
119. El tutelante afirma que por su situación económica muchas veces no ha podido acudir a los controles o tratamientos médicos pues no tiene cómo desplazarse. Adicionalmente, sostiene que la pensión que recibía antes del embargo apenas les alcanzaba a él y a su esposa para la alimentación, la seguridad social y los recibos de los servicios públicos, gastos que con el embargo no puede asumir(66). Adicionalmente, el tutelante pone de presente que por las demoras en la seguridad social, muchas veces debe asumir por su propia cuenta el costo de la insulina que requiere pues padece de diabetes, por lo cual no le alcanza el dinero que recibe mensualmente(67).
120. De acuerdo con la anterior, por las condiciones propias del señor Severiche, la suma de $375.100, no solamente constituye una suma notoriamente inferior al salario mínimo mensual legal vigente(68), sino que además resulta insuficiente para que él y su esposa puedan suplir sus condiciones básicas de subsistencia.
122. En tal sentido el Juez incurrió en un exceso ritual manifiesto, pues utilizó los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, denegándole así la justicia al accionante(69). Si el juez consideraba que lo afirmado por el señor Severiche Cárdenas no estaba sustentado, hubiera podido decretar de oficio las pruebas que considerara necesarias para poder determinar si su solicitud estaba justificada.
124. En síntesis, la decisión de decretar un embargo del cincuenta por ciento de la mesada pensional resulta desproporcionada en este caso porque implica una afectación severa del mínimo vital del deudor-tutelante, que no se justifica por el beneficio que obtendría la cooperativa acreedora respecto de su derecho patrimonial, frente al cual asumió el riesgo propio del negocio financiero, caracterizado en este caso por la protección constitucional de las prestaciones de la seguridad social y la garantía al derecho fundamental al mínimo vital.
1. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Santander Sala Civil – Familia el 7 de abril de 2017, por medio de la cual confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja el 7 de marzo de 2017, que decidió declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santander Limitada – Financiera Comultrasan. En su lugar CONCEDER el amparo del derecho fundamental al mínimo vital del señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas.
2. DEJAR SIN EFECTO el auto proferido el 6 de septiembre de 2016 por medio del cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches decretó el embargo y retención del cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional del señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas. En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches que en el término máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta providencia, profiera un nuevo auto en el que responda a la solicitud de la Financiera Comultrasan de decretar la medida cautelar de embargo del cincuenta por ciento de la mesada pensional del señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas, en el que tenga en cuenta sus circunstancias particulares y garantice su derecho al mínimo vital.
3. ORDENAR a Colpensiones a que de manera INMEDIATA a la notificación de esta providencia suspenda el embargo sobre la mesada del señor Domingo Vidal Severiche Cárdenas y se abstenga de efectuar retenciones por este concepto hasta tanto el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches le comunique la nueva decisión sobre este asunto.
Magistrados: Carlos Bernal Pulido.—Alejandro Linares Cantillo.—Luis Guillermo Guerrero Pérez.
1 Cdno. 1, 24-28.
2 Cdno. 1, Fls 8; 25.
3 Cdno. 1, Fl. 52.
4 Cdno 3, Fl. 36.
5 Cdno. 1, Fls 10 – 18.
6 Cdno. 1, Fls 10 – 18.
7 Cdno. 1, Fls. 5-7.
8 Cdno. 1., Fls. 8-9.
9 Cdno 1, Fl. 30.
10 Cdno 1, Fls 2-4.
11 Cdno 1, Fl. 35.
12 Cdno 2, Fl. 50.
13 Cdno 1, Fl. 52.
14 Cdno 1, Fls 46 – 49.
15 Cdno 1, Fls 42 - 44.
16 Cno. 1, Fls. 54 a 59.
17 Cno. 2, Fls. 4-18.
18 Cdno. 3, Fl. 42.
19 Cdno.3, Fl. 62.
20 Siendo que el 24 de octubre no se había recibido dicha información, el Magistrado Carlos Bernal profirió un Auto reiterando la solicitud. Ocurre sin embargo que el Juzgado en efecto había remitido la información oportunamente el día 19 de octubre de 2017 pero no llegó sino hasta el 1º de noviembre.
21 Cdno. 3, Fl. 55.
22 Cdno. 3, Fl. 79.
23 Véase, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia T-555 de 2009.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-244 de 2016.
25 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
26 En la Sentencia T-335 de 2000, la Corte destacó: “[L]a definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Ver también Sentencia T-414 de 2009.
27 Hecho Nº 5.
28 Hecho Nº 11.
29 Tal como lo señaló la Corte en Sentencia T-414 de 2009, "De conformidad con la jurisprudencia, el reconocimiento de una pensión adquiere relevancia constitucional cuando: (i) del conjunto de condiciones objetivas en las cuales se encuentra el accionante, por ejemplo, su edad avanzada, su estado de salud, su precaria situación económica, se concluye que se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta".
30 En ese sentido, en Sentencia C-590 de 2005, la Corte señaló que la razón de ser de este requisito es evitar la transgresión de principios como la cosa juzgada o la seguridad jurídica, ya que permitir que la acción de tutela se interponga meses o incluso años después de la fecha en la que se toma la decisión desdibujaría la finalidad de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador.
31 Dicha providencia es del 6 de septiembre de 2016.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
33 En los términos de la Sentencia SU-424 de 2012, “[L]a acción de tutela no puede admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014.
35 Cdno. 3, Fl. 46.
36 Siendo que en este caso el motivo de la tutela no es el de una irregularidad procesal, esta Sala prescindió del estudio de la causal denominada efecto decisivo de la irregularidad.
37 Véanse, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, T-666 de 2015 y T-582 de 2016.
38 Corte Constitucional, Sentencias T-446 de 2007 y T-929 de 2008.
39 Corte Constitucional, Sentencia SU-490 de 2016.
41 Corte Constitucional, Sentencias T-233 de 2007 y T-709 de 2010.
42 Corte Constitucional, Sentencia T-582 de 2016.
43 Corte Constitucional, Sentencia T-404 de 2017.
44 Al respecto, ha dicho esta Corte que solo cuando “la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado”. Corte Constitucional, Sentencias T-233 de 2007 y T-709 de 2010.
45 Véanse, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias T-781 de 2011, SU 424 de 2012, T-388 de 2015 y T-582 de 2016. Ha dicho la Corte que, en tales casos, la decisión judicial pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad que debe dejarse sin efectos, para lo cual la tutela resulta ser el mecanismo idóneo y apropiado.
46 Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2016.
47 Al respecto pueden consultarse las sentencias T-557 de 2015 y la T-418 de 2016.
48 El artículo 3 del Decreto 1073 de 2002, modificado por el artículo 1 del Decreto 994 de 2003, dispone que “[l]os embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas o fondos de empleados no podrán exceder el 50% de la mesada pensional”
49 Así mismo, el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 dispone: "Son inembargables: (...) Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta ley, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia". (Se destaca)
50 Dicho artículo dispone lo siguiente: “Todo salario puede ser embargado hasta en un cincuenta por ciento (50%) en favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil”
51 Corte Constitucional, Sentencia C-589 de 1995.
52 Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de 1999.
53 Corte Constitucional, Sentencia T-651 de 2008.
54 Corte Constitucional, Sentencia T-818 de 2000.
55 Corte Constitucional, Sentencia T-891 de 2013.
56 Corte Constitucional, Sentencia T-426 de 2014.
57 Corte Constitucional, Sentencia T-084 de 2007.
58 Corte Constitucional, Sentencia T-891 de 2013.
59 A este respecto, en sentencia T-183 de 1996 la Corte Constitucional afirmó que "Los recursos que se asignan al pago de las mesadas pensionales tienen, entonces, una destinación específica ordenada por la propia Constitución y, en consecuencia, sobre la finalidad que cumplen no puede hacerse prevalecer otra, como podría ser la de asegurar la solución de las eventuales deudas a cargo del pensionado”.
60 Así lo entendió esta Corte en Sentencia T-448 de 2006 cuando, al estudiar la posible vulneración al derecho al mínimo vital de un pensionado del Ejercito Nacional, cuya pensión fue objeto de embargo como consecuencia de una deuda que aquel adquirió con una cooperativa de retirados y pensionados de la fuerza pública, señaló que “desconocer la aplicación de una norma que protege derechos y disposiciones de orden constitucional como lo es el derecho al mínimo vital, debe ser visto como una actuación judicial contraria a derecho”.
61 Cdno. 1, Fls 10 – 18.
62 Cdno. 3, Fl. 62.
63 Cdno 1, Fl. 30.
64 Cdno. 1, Fl 30.
65 Cdno 3, Fls. 42 – 52.
66 Cdno 1, Fl. 62.
67 Cdno 1, Fl. 3; 76.
68 El salario mínimo legal mensual para el año 2017 fue fijado por el Gobierno Nacional en la suma de $737.717 Decreto 2209 de 2016.
69 Corte Constitucional, Sentencia T-429 de 2011. La jurisprudencia Constitucional ha señalado que “el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales.” Ver Sentencia T-429 de 2016.

References: ARTÍCULO 344
 ARTÍCULO 344
 Resolución 
 artículo 318
 artículo 321
 artículo 134
 artículo 344
 artículo 156
 artículo 156
 artículo 344
 artículo 344
 artículo 344
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 134