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Timestamp: 2019-05-26 05:16:34+00:00

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Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 1 de Marzo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 635059389
Mediante escrito presentado el 20 de mayo de 2004 ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano T.M.A.H., titular de la cédula de identidad N° 3.663.403, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 19.503, actuando en su propio nombre y representación, intentó una acción de “habeas data” de conformidad con los artículos 19, 26, 28 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en protección de varios derechos reconocidos en ésta.
El 20 de mayo de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado I.R.U..
Los días 24 de mayo, 11 de agosto, 13 y 29 de septiembre, 6 de octubre y 14 de diciembre de 2004, la parte actora presentó escritos y anexos ante la Sala contentivos de sus alegatos con relación a la presente causa.
El 13 de diciembre de 2004, vista la designación de los nuevos Magistrados que hizo la Asamblea Nacional, tal como se evidencia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.086 del 14 de diciembre de 2004, la Sala Constitucional quedó integrada por los Magistrados I.R.U., J.E.C.R., A.J.G.G., P.R.R.H., L.V.V.A., L.E.M.L. y F.A.C.L..
Posteriormente, dada la jubilación acordada por la Sala Plena al Magistrado I.R.U. el 4 de febrero de 2005 y la licencia otorgada al Magistrado A.J.G.G., se reconstituyó la Sala, quedando integrada por los Magistrados L.E.M.L., P.; J.E.C.R., V.; P.R.R.H., L.V.V.A., F.A.C.L., M.T.D.P., en su carácter de primer suplente y A.D.R., en su carácter de segundo suplente. Asimismo, se asignó la ponencia al Magistrado M.T.D.P. quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Vista la jubilación acordada al Magistrado A.J.G.G. por la Sala Plena el 18 de mayo de 2005, se produjo la reconstitución de la Sala y se eligió su nueva Directiva, quedando esta Sala Constitucional integrada de la siguiente manera: Magistrada L.E.M.L., P.; M.J.E.C.R., V. y, los Magistrados P.R.R.H., L.V.A., F.A.C.L., M.T.D.P. y A. de J.D.R..
Posteriormente, el 13 de octubre de 2005, se reconstituyó la Sala Constitucional por el nombramiento como primer suplente de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de M..
Los días 22 de febrero, 9 de mayo, 22 de septiembre y 16 de noviembre de 2005; el 16 de febrero, 10 de mayo, 9 de agosto y 14 de noviembre de 2006; el 12 de abril y 5 de diciembre de 2007; 19 de junio de 2008; así como el 14 de julio de 2009, la parte solicitante presentó escritos y anexos ante la Sala.
El 5 de agosto de 2010, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, la parte actora, ratificó los alegatos y petitorios formulados en la presente causa.
El 2 de diciembre de 2010, mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, la parte actora ratificó sus solicitudes.
El 14 de junio de 2011, el accionante, solicitó pronunciamiento.
Los días 29 de noviembre de 2011, 12 de abril de 2012 y 22 de noviembre de 2012, la parte actora, solicitó se oficiara a la Defensoría del Pueblo y se emitiera el pronunciamiento correspondiente en la causa.
El 13 de junio de 2013, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, la parte actora ratificó sus solicitudes.
El 12 de diciembre de 2013, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado T.A.H., ratificó la solicitud de copia certificada, solicitó se oficie a la Defensoría del Pueblo y renunció a la solicitud de reserva del expediente.
El 5 de junio y 3 de diciembre de 2014, y el 2 de junio de 2015, mediante escritos presentados ante la Secretaría de la Sala, el accionante, ratificó sus alegatos y petitorios contenidos en la demanda inicial y demás actuaciones consignadas en la presente causa.
El 12 de febrero de 2015, se instaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, luego de la designación que hiciere la Sala Plena de las nuevas autoridades el 11 de febrero del mismo año, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada G.M.G.A., P.; Magistrado A.D.R., V.; y los Magistrados y M.F.A.C.L., L.E.M.L., M.T.D.P., C.Z. de M. y J.J.M.J..
El 23 de diciembre de 2015, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada el 23 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816, del 23 de diciembre de 2015, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada G.M.G.A., P.; Magistrado A.D.R., V.; y los Magistrados y M.C.Z. de M., J.J.M.J., C.O.R., L.F.D.B. y L.B.S.A..
En esta misma fecha, se designó como ponente a la Magistrada L.B.S.A., quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Efectuado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta S. procede a pronunciarse, previas las siguientes consideraciones:
Que de la misma manera en el caso C. vs.R. Unido del 27 de septiembre de 1990 se estableció que “la transexualidad sigue presentado complejos problemas de orden científico, jurídico, moral y social, para los que no existe una solución generalmente aceptada en los Estados Contratantes”.
Adicionalmente citó jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos del Hombre del 25 de marzo de 2002 (Caso: B. vs. Francia), que motivó el cambio de la jurisprudencia francesa e indicó que “no existe duda actualmente en Francia que la persona con trastorno de identidad de género reasignada quirúrgicamente tiene no solo derecho al cambio de su identidad registral de sexo y nombre, sino además a la modificación de sus documentos de identidad y de todos los registros y documentos oficiales”. Igualmente mencionó sentencia de la Corte Europea de los Derechos del Hombre en el caso G. vs.R. Unido del 11 de julio de 2002, que señaló que no existe ninguna justificación para no permitir a una persona reasignada los cambios necesarios para el goce de sus derechos, siendo que en igual sentido se pronunció la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en decisión del 7 de enero de 2004 (Caso: KB. Vs. National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health).
Que “una de las mayores dificultades que se le plantean a la persona transexual reasignada legalmente, es la de preservar su intimidad con posterioridad a dicha reasignación legal (y escapar así de los prejuicios y discriminaciones que originaría el develar tal intimidad), especialmente cuando ha culminado estudios, tiene diplomas, tiene propiedades, ha tributado, etc., así como cuando va a buscar trabajo, a realizar trámites administrativos o personales, etc. De no tomarse medidas adicionales para modificar estos documentos, tendría que presentar documentos, títulos, constancias de estudio o trabajo, constancias de inscripción, referencias etc., expedidas bajo su antiguo nombre, teniendo que entrar en todas esas ocasiones, en la (sic) explicaciones del caso y con las consecuencias de discriminación que se mantendrían presentes, por lo que no se habría logrado la tutela efectiva de los derechos. Adicionalmente, se plantea el problema de la seguridad que debe dársele a los terceros, que podría verse perjudicada al haber, en diferentes registros, nombres diferentes para una misma persona”. En tal sentido, comentó las sentencias de derecho comparado e internacional que acogen el criterio de nulidad parcial y absoluta de la partida de nacimiento a saber: sentencia del 6 de noviembre de 1997 del Juzgado Criminal y Correccional de Mar de Plata de Argentina, sentencia del 18 de diciembre de 2001 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 19° denominación de la ciudad de Córdoba y sentencia de abril de 2004 dictada por el Primer Juzgado Civil de San Juan, Argentina; sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 30 de junio de 2000, y sentencias de la Corte Constitucional Colombiana T-594/93, T 477/95, SU 337/ 99 y T551/99. Igualmente se refirió a la jurisprudencia de la Alta Corte de Nueva Zelanda en el Caso: O.F.C..
De la misma manera indicó que en cuanto al contenido particular del derecho a la identidad, específicamente en los casos de violación del derecho a la identidad, el autor C.F.S. en su obra “Derecho a la Identidad Personal” señaló que existen tres características esenciales: “Carácter omnicomprensivo de la personalidad del sujeto: representando la totalidad de su patrimonio cultural, cualquiera sea su específica manifestación, lo que cada uno realmente es y significa en su proyección existencial; Objetividad: la identidad personal está anclada en la verdad; no en un sentido absoluto, sino como una realidad cognoscible según los criterios de la normal diligencia y buena fe subjetiva. Exterioridad: Se refiere al sujeto en su proyección social, su co-existencialidad”. Con lo que existe una dicotomía en virtud de “la inadecuación entre una realidad formal que se encuentra en todos los sistemas de información oficiales y privados (que la parte solicitante es de condición masculina y allí aparece un nombre masculino), y una realidad sustancial o si se quiere verdadera (que la parte solicitante es mujer físico-psico-socialmente hablando, es decir, de condición femenina, y se presenta socialmente ante la sociedad como mujer y con nombre femenino),” ante lo cual “el derecho a la identidad personal supone la exigencia del derecho a la propia biografía, es la situación jurídica subjetiva por la cual el sujeto tiene derecho a ser fielmente representado en su proyección social. La violación o afectación del derecho a la identidad personal (en su faz dinámica) entonces se manifiesta cuando la realidad legal se desfigura, es decir, cuando la ley no refleja ni permite hacer coincidir la verdad legal con la imagen que uno tiene frente a los demás, y la violación o afectación de este derecho a la identidad trae como consecuencia, la afectación seria de todos los demás derechos de la personalidad”.
Que se cumple con el requisito de legitimación para su solicitud de habeas data tal y como lo definió esta Sala Constitucional en decisiones número 1053 del 31 de agosto de 2000 (Caso: W.O.O.O.) y 332 del 14 de marzo de 2001 (Caso: INSACA).
Que en ocasiones la Sala Constitucional en la tramitación de las solicitudes de habeas data ha seguido el procedimiento de amparo constitucional “Así lo establecen fallos del 29 de agosto de 2003, del 24 de septiembre de 2003, del 24 de septiembre de 2003 y del 20 de enero de 2004, casos: R.G.R., J.O.O. y J.G.D., respectivamente”.
Que según informe Médico Psiquiátrico del Centro de Investigaciones, Psiquiátricas, P. y Sexológicas de Venezuela se “siente un gran bienestar psicológico asumiendo el rol sexual social femenino, el cual asume con propiedad de acuerdo a su estatus social y profesional”. De la misma manera se evidencia lo anterior por certificado médico del Hospital Aikchol del Reino de Tailandia “en el cual incluso se recomienda el cambio de nombre y género”.
Que a pesar de lo anterior “no ha sido posible la obtención del bienestar social, también contenido en el derecho a la salud, y el bienestar mental se ve afectado, debido en ambos casos a las dificultades prácticas derivadas de la seria afectación de sus derechos fundamentales como consecuencia de la existencia del antagonismo entre la identidad legal y la identidad físico-psico-social, (...) Es por ello que las informaciones que solicitamos sean actualizadas, suprimida o destruidas por esta S., que, aparte de ser erróneas (ya que no corresponden a la verdad físico-psico-social), están lesionando vulnerando ilegítimamente el derecho a la salud consagrado en la Constitución, los tratados internacionales y el principio de universalidad de la salud insertado (sic) en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Salud”. En tal sentido, expuso que el derecho “a la integridad físico -psíquica-moral” se encuentra consagrado en el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Que en sentencia número 1074 del 19 de septiembre de 2000 (Caso: M.J.M. de Abouhamad) esta Sala Constitucional determinó que la intimidad “se vería seriamente afectada de manera ilegítima por la dicotomía de identificación formal y realidad sustancial”, lo que infringe los artículos 20, 21 y 80 de la Constitución.
Que existe una afectación ilegítima del derecho a la igualdad y a la no discriminación consagrado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, transcribió decisión número 1797 del 3 de agosto de 2000 (Caso: Geo-Industrial La Roca, C.A) emanada de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y sentencia número 174 del 18 de febrero de 2004 (Caso: A.M.S.F.) de esta Sala Constitucional. De la misma manera transcribió citas de legislación y doctrina extranjera para indicar que “en Venezuela no existe forma alguna, salvo el habeas data, de que un sujeto transexual o con trastornos de identidad de género goce efectivamente de su derecho a actualizar, rectificar o destruir todos los datos e informaciones que sobre el (sic) consten en los registros, sean públicos o privados, informatizados o no, a fin de poder garantizarle efectivamente los derechos que se ven lesionados ilegítimamente por esos registros erróneos. Este derecho no puede ser materializado, y esto constituye una desigualdad discriminante. Y es que, sino es posible tener una protección adecuada del derecho a tener una identidad legal cónsona y coherente con su identidad físico-psico-social, incluyendo un nombre y un sexo que correspondan a la identidad de la persona; si no es posible garantizar su derecho a la salud; si no es posible que tal personalidad sea desarrollada libremente. Si no es posible transitar libremente; si no es posible ser iguales por una dicotomía entre la identidad biológica y la identidad física; entonces, ¿Cómo va a ser posible la existencia de los derechos fundamentales de todos, y por ende, la existencia misma del Estado?”.
Que promueve como pruebas las copias de documentos anexados a su escrito y los instrumentos e informes científicos consignados conforme a lo dispuesto en los artículos 429 y 432 del Código de Procedimiento Civil; así como pruebas testimoniales y señaló que “está en disposición de consentir en la realización de las pruebas médico- forenses que esta S. ordene”.
Que se acuerde que la presente solicitud se sustancie “a través del procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, como vía más afín a la establecida en el derecho comparado donde tratándose de derechos personalísimos, sólo se prevé la audiencia y la intervención de la parte solicitante y, en algunas legislaciones del Ministerio Público; o aquel otro procedimiento que esta S. tenga a bien acordar, tomando en consideración lo señalado anteriormente”.
Que, “constatada como sea a través de las pruebas aportadas a autos y aquellas que a bien tenga a ordenar esta Sala para confirmar su convicción, reconozca legalmente la identidad físico-psico-social femenina de la parte solicitante, y el derecho al uso del nombre que, concordante con esta identidad, utiliza pública y notoriamente, y por vía de consecuencia observe la existencia de datos sobre la identidad de la parte solicitante que constan en registros públicos y privados, de personas o bienes, informatizados o manuales, los cuales son erróneos y/o afectan ilegítimamente sus derechos (...), y que en virtud de ello ordene la actualización, rectificación y destrucción de los mismos, de acuerdo a lo siguiente (o de aquella otra forma o manera que esta S. considere que cumple con la misma finalidad de reconocimiento legal de la identidad físico-psico-social de la parte solicitante) de manera tal que haga cesar la afectación de sus derechos fundamentales, tal y como fue descrito anteriormente”.
Que se oficie a la Universidad Católica A.B. a fin de que se rectifiquen los datos relativos a los estudios de derecho y se rectifique el nombre y sexo con el objeto de que se expida nuevo título de abogado.
Que se oficie igualmente al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (hoy Ministerio del Poder Popular para la Cultura) para que rectifique todos los datos relativos a los estudios cursados por la parte solicitante, a la Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica A.B. para que se realicen las supresiones y modificaciones a que haya lugar.
Que “en vista de que puede haber otros registros públicos o privados en los cuales consta información de la PARTE SOLICITANTE y en observancia del principio de economía procesal que esta S. ordene en el dispositivo de la sentencia que a bien tenga lugar, la emisión de oficios a ser entregados a la Parte Solicitante, dirigidos a todos los registros públicos y privados la corrección de todos los asientos (...) utilizándose en ellos y en los siguientes que signe o intervenga la parte solicitante, la condición femenina en lugar de la condición masculina. A estos fines, el extracto de la sentencia que se emita, deberá estar purgado de cualquier elemento que pueda afectar su derecho a la intimidad”.
Que el reconocimiento de los derechos humanos inmanentes no relacionables puede efectuarse por vía administrativa o por vía judicial, esta última en aplicación del artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que tal reconocimiento por vía judicial ha sido reconocido “pacíficamente en la jurisprudencia constitucional desde la decisión de la Sala Político-Administrativa del 20 de octubre de 1983 (Caso: A.V.)”.
En escrito presentado el 22 de septiembre de 2005, la parte solicitante reprodujo la “argumentación contenida en correspondencia del 19 de junio de 2005 solicitando audiencia y reiteración de solicitud”. A tal efecto señaló que planteó solicitud de audiencia “que dirigí a todos y cada uno de los ciudadanos Magistrados de esta Sala (...) y de la cual aún no recibo ninguna respuesta, para que sirva de resumen de mis argumentos y mis pedimentos. Así como del indudable carácter constitucional de la presente acción; al tiempo que reitero nuevamente, como en cada uno de mis escritos suplementarios, mi solicitud inicial y cada uno de los pedimentos en ellos contenidos y llamo respetuosamente la atención de esta Sala respecto de las consecuencias que el silencio de esta S. tiene sobre mis derechos fundamentales”. En la misma ocasión consignó copia de decisión del 9 de marzo de 1981 dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en la cual “se reconoce que no existe un procedimiento ordinario adecuado” y escrito contentivo de “novedades de derecho comparado sobre el tema en referencia”.
El 16 de noviembre de 2005, la parte actora presentó escrito en el que “en este día 16 de noviembre, declarado por la ONU como día de la tolerancia, se llama respetuosamente la atención a esta Sala sobre el concepto de tolerancia bajo la declaración de principios sobre la tolerancia del 16 de noviembre de 1995 y sus implicaciones respecto de las obligaciones que respecto de la protección de mis derechos le corresponde a esta S., en este caso, actuando como Tribunal de Derechos Humanos”. En la misma oportunidad presentó “comentario a la Sentencia de la Corte de Derechos Humanos de Ontario del 11 de noviembre de 2005 condenando a la provincia de Ontario a costar los gastos de reasignación sexual de las personas transexuales peticionantes”.
Para el 16 de febrero de 2006, la parte solicitante reitera su petitorio e indica a esta S. con respecto a la naturaleza del procedimiento que es no contencioso sino de jurisdicción voluntaria y graciosa, siendo que en todo caso se puede designar subsidiariamente al Estado venezolano como contraparte; así como los desarrollos jurisprudenciales efectuados en Cuba y Argentina durante diciembre de 2005, finalizando con la reiteración de su solicitud de expedición de copias certificadas. En esa misma fecha, otorgó poder apud acta a favor de la abogada A.P.R.S., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 88.380, para que le represente en la presente causa.
El 12 de abril de 2007, la parte solicitante presentó escrito en el que alegó que “la falta de una identidad adecuada me expone a riesgos sobre mi integridad física, seguridad, amén de violentar el derecho a la privacidad, a la intimidad, al resguardo de la vida privada y los demás derechos que se encuentran constantemente afectados según lo he señalado;” reiteró su denuncia sobre el silencio de la Sala Constitucional respecto a la admisión de la acción, reservándose “los recursos de queja, acciones de daños y perjuicios nacionales y ante los tribunales y organismos internacionales competentes contra el Estado y de cada uno y cada una de las (sic) magistrados y magistradas en particular, tanto por el daño material como por el daño moral sufrido por la discriminación practicada por silencio por el Estado Venezolano por órgano de su sala constitucional (voluntariamente en minúsculas);” presentó las novedades en el derecho comparado relacionados con el tema como la Ley que R. el Cambio de Identidad en España, sentencias de los tribunales argentinos, la consignación de los Principios de Yogyacarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual e Identidad de Género, el proyecto de Código Civil de Puerto Rico y la iniciativa de Ley Federal Mexicana sobre Identidad de Género; reiteró sus pedimentos originales así como de oficiar a la Defensoría del Pueblo.
El 5 de diciembre de 2007, la parte actora reiteró sus pedimentos y consignó los nuevos hechos existentes en el derecho comparado en relación al tema como la Ley que R. el Registro de los Hechos Vitales y Demás Actos Jurídicos Relacionados con el Estado Civil de las Personas y Reorganización de la Dirección Nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral de Panamá, pronunciamiento del Director Nacional de Registro e Identificación de Chile favorable al cambio de registro y documentación de necesidad de cirugías genitales, la Resolución N° 2.272 del Ministerio de Salud argentino referente a la asistencia sanitaria de personas transexuales, y el proyecto de reforma constitucional venezolana; y solicita una vez más la notificación de la Defensoría del Pueblo.
En sesión del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.569, del 8 del mismo mes y año, se produjo la designación de los Magistrados C.Z. de M., A. de J.D.R., J.J.M.J. y G.M.G.A., por la Asamblea Nacional y el 9 de diciembre de 2010 se reconstituyó esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la siguiente manera: Magistrada L.E.M.L., P.; Magistrado F.A.C.L., V. y los Magistrados M.T.D.P., C.Z. de M., A. de J.D.R., J.J.M.J. y G.M.G.A..
Corresponde a esta S. decidir acerca de su competencia para conocer de la acción innominada interpuesta ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con los artículos 19, 26, 28 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recalificada posteriormente como “Acción Innominada Constitucional de Garantía de Reconocimiento de Identidad y Garantía de Derechos Fundamentales a través del ejercicio del Derecho Constitucional de Autodeterminación Informativa (Hábeas Data Instrumental)”.
8) Que se oficie a la Universidad Católica A.B. a los fines de que se rectifiquen los datos relativos a los estudios de derecho que realizó y se rectifique su nombre y género para que se le expida un nuevo título de abogado.
11) Que se oficie al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (ahora Ministerio del Poder Popular para la Educación y Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior) para que rectifique todos los datos relativos a los estudios cursados por la parte solicitante, a la Universidad Central de Venezuela y a la Universidad Católica A.B., para que se realicen las supresiones y modificaciones a que hubiere lugar, así como en lo relativo a su condición de docente.
Con relación al derecho a que se actualice la información compilada, esta S., en la sentencia N° 332 del 14 de marzo de 2001, estableció que las acciones destinadas a tal efecto, deben tomar en cuenta el derecho a la defensa de quien lleva los asientos cuya destrucción se solicita, cuando lo alegado se refiera a la falsedad del contenido de lo guardado y a la afectación ilegítima que tal registro produzcan al accionante (información sensible), de manera que, “atienden más a una acción autónoma que a un amparo, ya que en ellos consiguen constituir nuevas situaciones jurídicas en los ‘archivos’ del demandado, antes de restablecer la situación jurídica del accionante, que viene a ejercer un derecho con el fin que se excluya desde la fecha del fallo en adelante, algún dato o datos del archivo”.
Ahora bien, la parte solicitante indicó que intentaba una acción de “habeas data instrumental”, no obstante esta S. estima que, tomando en consideración todo lo peticionado en el libelo, no estamos en presencia de una acción de habeas data en sentido estricto, ni que esta figura jurídica sea la más adecuada para resolver sobre todo lo peticionado; de allí que se estima que el medio idóneo para la protección de las pretensiones de la parte solicitante, es una acción innominada para la protección de derechos fundamentales, a través del procedimiento establecido en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ya que es el único medio rápido y efectivo que permitirá tramitar este proceso con base en lo solicitado por la parte en cuanto a efectuar la actualización, rectificación, destrucción o corrección de los datos e informaciones públicas y privadas, que según alega vulneran sus derechos fundamentales y de ese modo proceder a realizar la adecuación de la alegada verdad formal (lo que consta inserto en los registros públicos o privados), a la supuesta verdad material (quien realmente es en la actualidad), pudiendo determinarse de tal manera si procede o no la adecuación de la identidad biológica, que indica es actual, ante las discrepancias de la identidad exterior registradas, así como si proceden o no las demás peticiones efectuadas; toda vez que no se persigue la destrucción de la información ni se alega la falsedad de la documentación, sino que se actualicen los datos, pues la información que aparece en los archivos y bases de datos fue modificada por hechos posteriores que efectuó la parte solicitante.
Siendo que en el presente caso se hace una serie de solicitudes, entre las que se pretende la modificación, anulación, corrección, eliminación y sustitución de los datos e informaciones contenidas en los archivos, documentos y almacenamiento de datos, tanto públicos como privados, sobre los cuales la parte actora alega su desfase, dado que -según señala- no corresponden con su realidad y condición de ser humano actual, ya que -afirma- se transformaron por el transcurso de nuevos actos, motivo por el cual requiere su actualización y la obtención de una sentencia a su favor en ese sentido. Por las razones indicadas, esta S. reconoce la legitimación del accionante para incoar la acción innominada ejercida, dado el interés directo que ostenta para solicitar que se renueven los mencionados datos o informaciones que lo reseña en lo personal y demás relaciones y vínculos jurídicos que se encuentran involucrados. Así se declara.
Establecido lo anterior, esta S. observa que, en el caso de autos, no está presente alguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente para el momento de la interposición de la demanda, aplicables a todas las demandas, solicitudes y recursos intentados ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, esta Sala Constitucional admite la acción innominada en cuanto ha lugar en derecho. Así se declara.
Que los órganos administrativos y de administración de justicia han de extremar las medidas necesarias para preservar el derecho a la intimidad personal. En tal sentido que el Tribunal Constitucional Español ha reconocido mediante sentencias SSTC 30/1982 (FJ 4°) y 13/1985 (FJ 3°) que “el carácter público del proceso tiene por límite el respeto a la intimidad” y “el derecho a un proceso público tiene por límite la protección de la vida privada de las partes cuando esté así lo exija, y, para tal protección los terceros podrán ser excluidos de la totalidad o parte del juicio, pues el derecho a la intimidad y a la privacidad (...) constituye un límite a la privacidad del proceso” citando al autor C.M.R. en su obra “La Configuración Constitucional del derecho a la intimidad”.
ADMITE la acción innominada interpuesta por la parte actora, T.M.A.H., en nombre propio.
se NIEGA la medida cautelar solicitada.
se ORDENA notificar a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión de Registro Civil y Electoral adscrita al Consejo Nacional Electoral.
se ACUERDA la no reserva del expediente.
se ORDENA a la Secretaría de la Sala que expida las copias certificadas solicitadas.
P., regístrese y notifíquese. Tramítese el proceso según las pautas establecidas en la presente decisión y cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 01 días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016). Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
Decisión de Tribunal Segundo de Ejecución L.O.P.N.A. de Caracas, de 15 de Enero de 2007

References: artículo 3
 artículo 46
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 145
 artículo 133