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Timestamp: 2018-08-18 23:41:38+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/2715/2006, 30-05-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2715/2006 de 30 de Mayo de 2007
Núm. Resolución: 00/2715/2006
La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dirige un escrito al interesado en que de forma personalizada comunica cuál va a ser la actualización de su pensión para 2006. El interesado interpone contra el mismo lo que denomina recurso de reposición y la Dirección General en un segundo escrito informa que en el plazo de un mes puede entender desestimado dicho recurso de reposición a efectos de interponer reclamación económico-administrativa. La reclamación económico-administrativa del interesado contra el segundo escrito es inadmisible, ya que se dirige contra un acto de trámite y no contra un acto definitivo. Posteriormente la Dirección General en un tercer escrito entra en el fondo del asunto, aunque señala que el primer escrito era meramente informativo sobre la actualización de su pensión. La reclamación económico-administrativa del interesado contra el tercer escrito se dirige contra un acto susceptible de reclamación y se ha interpuesto en plazo, ya que al tratarse de una notificación defectuosa es aplicable el artículo 58 de la Ley 30/1992. Sin embargo, como la Dirección General en su segundo escrito había considerado el escrito del interesado como un recurso de reposición, debió declarar que su primer escrito no era un acto resolutivo que declarase derechos al interesado, sino mera información, por lo que no era susceptible de recurso de reposición y debió declararlo inadmisible, sin perjuicio de indicar que su petición debía efectuarla ante la Caja Pagadora, por lo que procede anular y ordenar la reposición de actuaciones. Ahora bien, por economía procesal se declara que el interesado debe plantear su pretensión ante la Caja Pagadora y que el acuerdo derivado del tercer escrito de la Dirección General es nulo de pleno derecho, por prescindir absolutamente de todo procedimiento.
En la Villa de Madrid, a 30 de mayo de 2007, en las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuestas por D. ... con domicilio en ... contra escrito de 20 de febrero de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y contra escritos de 20 de febrero y 7 de julio de 2006 de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
PRIMERO: D. ... recibió escrito de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas que decía así: " ... Estimado Sr. ... Me complace dirigirme a Vd. para informarle de la revalorización de su pensión de Clases Pasivas. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 ha dispuesto que las pensiones públicas se incrementen, con carácter general, un 2 por ciento y las pensiones mínimas entre el 5 y el 6,5 por ciento. Además, las pensiones de jubilación o retiro y de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado de "legislación antigua" tendrán un incremento adicional de un 1 ó 2 por ciento, respectivamente, a fin de avanzar en la mejora de tales pensiones para aproximarlas a las que se vienen reconociendo conforme a la legislación vigente a partir de 1 de enero de 1985. Antes de la revalorización se han actualizado los importes de 2005 para compensar la desviación de 1,4 puntos habida entre el Índice de Precios real y la subida del 2 por 100 aplicada inicialmente. Además, junto con la nómina de enero se le abonará una paga compensatoria de esta desviación de 414,96 € íntegros. El importe íntegro mensual de su pensión o pensiones de Clases Pasivas, que en 2005 fue de 2.159,12 € quedará fijado en 2.232,54 € en 2006, sobre el que se aplicará la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que la ley establece. Aprovecho esta ocasión para ofrecerle los servicios de esta Dirección General y de las Unidades de Clases Pasivas de las Delegaciones de Economía y Hacienda, en cuyas oficinas le facilitaremos la información que solicite, que también podrá encontrar en nuestra página de Internet www.clasespasivas.meh.es y en nuestro servicio gratuito de información telefónica 900 50 30 55. Con mis mejores deseos en este nuevo año, le envío un afectuoso saludo. Firma ilegible. ... Director General".
SEGUNDO: Con fecha 30 de enero de 2006, D. ... presentó en la Delegación de Economía y Hacienda de ... escrito dirigido al Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que decía así: "Que al amparo del Art. 107 de la Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común interpone recurso de reposición contra su carta de enero de 2006 sobre actualización de su pensión de jubilación y ello porque esa carta le produce indefensión y un perjuicio irreparable, con base en los siguientes motivos: Primero.- Esa carta, de la que se da por notificado con esta fecha es nula de pleno derecho al haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, como determina el Art. 62.1 e) de la referida Ley 30/1992, Segundo.- Esa resolución no contiene pie de recurso, con lo que se infringe abiertamente el Art. 58.2 de la ley antes citada, al determinar con carácter imperativo la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieren de presentarse y plazo para interponerlos, por lo que es también nula conforme al apartado f) del Art. 62 antes citado y al Art. 6.3 del Código Civil. Tercero.- En esa carta se actualiza su pensión sobre la base del IPC de noviembre de 2005 cuando lo procedente es la de diciembre, que es el mes inmediato anterior a enero de 2006 y ello le produce indefensión, porque el índice de Precios al Consumo es de 3.7, mientras que el mismo índice del mes de noviembre es de 3.4, máxime si el IPC de diciembre se actualizó por el INE el trece de enero de 2006, por lo que se vulnera el Art. 24 de la Constitución, con lo que es de aplicación el apartado a) del Art. 62 tantas veces citado , para que esa resolución sea nula de pleno derecho. En virtud de todo lo expuesto, S U P L I C A a VI que admita este escrito, dándole trámite para en su día acordar la nulidad de esa carta y que en la actualización de su pensión se aplique el IPC del mes de diciembre de dos mil cinco. ... a treinta de enero de dos mil seis".
TERCERO: Por escrito fechado el 20 de febrero de 2006, que consta notificado el 23 de febrero siguiente según aviso de Correos, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas comunicaba al interesado lo siguiente: "En relación con su escrito arriba referenciado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se informa lo siguiente: 1.- El mencionado recurso tuvo entrada en la Delegación Provincial de Hacienda en ... el 30 de enero de 2006, fecha que ha de entenderse como de iniciación del procedimiento para la resolución del recurso, y recibido en este Centro Directivo el 13 de febrero de 2006. 2.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 225.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. de 18 de diciembre de 2003), aplicable conforme a lo establecido en el apartado 1.c) de la disposición adicional undécima de idéntico Cuerpo Legal, se podrá entender desestimado el recurso del interesado transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del mismo, teniendo en cuenta los periodos de suspensión previstos en el artículo 225.3 de la referida Ley General Tributaria y artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. 3.- Transcurrido dicho plazo de un mes, podrá interponer, en su caso, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central, que dirigirá a esta Dirección General de conformidad con lo establecido en los artículos 229.1.a) y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 4.- Para obtener cualquier información sobre el estado de tramitación del procedimiento, podrá requerirla en el Servicio de Información de esta Dirección General, sito en la calle Monte Esquinza, número 43, o llamando al teléfono gratuito 900 50 30 55".
CUARTO: Con fecha 13 de marzo de 2006, el interesado presentó en la Delegación de Economía y Hacienda de ... escrito dirigido a este Tribunal Económico-Administrativo Central, que decía así: "Que mediante este escrito interpone reclamación económica administrativa contra la resolución de 20 de febrero de 2006 de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, recaída en expediente ..., sobre recurso de reposición en revalorización de pensiones, acompañando fotocopia del documento en el que se ha dado traslado del acto administrativo que se impugna y de la carta sobre revalorización de pensiones. En su virtud suplica al Tribunal Económico-Administrativo Central que tenga por interpuesta reclamación económica administrativa, debiendo reclamar el expediente administrativo de la Subdirección de Ordenación Normativa, Recursos e Información de Clases Pasivas, que una vez recibido se pondrá de manifiesto a esta parte para formular escrito de alegaciones". El referido escrito motivó la apertura de un expediente en este Tribunal Central al que se asignó la referencia R.G. 2715-06, R.S. 3-07.
QUINTO: Por escrito dirigido al interesado, con fecha 7 de julio de 2006, que consta notificado el día 14 siguiente según aviso de Correos, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas le comunicaba "para su conocimiento y efectos oportunos, adjunto se remite resolución dictada por esta Dirección General en el recurso interpuesto por D. ... Especialmente se le significa que, frente a la misma, cabe la interposición de los recursos que se indican en ella". A este oficio se adjuntaba escrito fechado el mismo día 7 de julio de 2006 que decía: "En relación con su escrito relativo a la carta remitida por esta Dirección General sobre revalorización de su pensión para el presente año 2006, debo comunicarle: PRIMERO: Según lo dispuesto en la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2006 y en el Real Decreto 1610/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2006, su pensión se ha incrementado en un 2 por ciento. Antes de llevar a cabo dicha revalorización y para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de la misma, se ha actualizado la cuantía de 2005 con la desviación de 1,4 puntos entre el IPC real del periodo noviembre 2004/noviembre 2005 que reflejó un incremento del 3,4 por ciento y la subida aplicada en el pasado ejercicio del 2 por ciento. Por ello, para el incremento de su pensión de este año 2006, primero se han actualizado los valores de 2005 aplicándoles el coeficiente 1,0137255, (equivalente a incrementar en un 1,4 por ciento adicional la pensión de 2004), para posteriormente aplicar la revalorización del 2 por ciento. SEGUNDO: En contra de lo manifestado en su escrito sobre el cálculo de la revalorización en base al IPC de diciembre de 2005, el R.D. Legislativo 670/87, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, en su art. 27 establece que las pensiones de Clases Pasivas serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del IPC previsto para dicho año y, "si el IPC acumulado correspondiente al periodo comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en función del cual se calculó dicha revalorización, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado". En base a dicha previsión legal y a lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2006, se han actualizado en el presente ejercicio las pensiones de Clases Pasivas, siendo en todo caso la carta remitida por esta Dirección General a todos los pensionistas, meramente informativa".
SEXTO: Con fecha 2 de octubre de 2006, el interesado presentó en la Delegación del Gobierno de ... escrito dirigido a este Tribunal Central que decía: "Con esta fecha se da por notificado de la Resolución dictada por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones públicas, puesto que no contiene los recursos que cabe contra ella, y no estimándola conforme a derecho, formula contra ella la reclamación económico-administrativo, acompañando 1 copia de dicha resolución. En su virtud SUPLICA al TRIBUNAL que tenga por formulada reclamación económica-administrativa contra la Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que por copia se acompaña, acordando reclamar el expediente administrativo, para ponerlo de manifiesto al interesado a fin de formular alegaciones. En ... para ... a uno de octubre de dos mil seis". Este escrito motivó la apertura de un expediente en este Tribunal Central al que se asignó la referencia R.G. 3538-06, R.S. 13-07.
SÉPTIMO: Concedido plazo para vista del expediente y presentación de pruebas, D. ..., con fecha 18 de diciembre de 2006 presentó en este Tribunal Central escrito que decía así: "ALEGACIONES. PRIMERO.- Las notificaciones de ambas reclamaciones adolecen de la falta de pie de recurso, aparte de que la de 2715 carece de resolución de fondo que ponga fin a su expediente, pues el artículo 58. 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece con carácter imperativo que la notificación "deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de las recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos". El artículo 6.3 del Código Civil establece que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho. SEGUNDO.- También el art. 62.1 a) de la Ley 30/1992 establece que "los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional." Es obvio que un expediente que carece de resolución final y que la resolución de la otra reclamación carece de pie de recurso a pesar de lo dispuesto en el art. 58.2 de la Ley 30/1992 es susceptible de amparo constitucional por la indefensión en que incurren. Igualmente el art. 2.1 e) dice que son nulos de pleno derecho "los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Es evidente que si en el primer caso no hay resolución y en el segundo no tiene pié de recurso a pesar del carácter imperativo de las normas antes citadas, estamos ante un caso de ausencia total del procedimiento legalmente establecido. TERCERO.- Si leemos detenidamente la resolución del pasado día siete de julio en su punto segundo se puede comprobar la contradicción en que incurre, cuando dice las pensiones de Clases Pasivas serán revalorizada al comienzo de cada año en función del IPC previsto para dicho año, para decir seguidamente y "si el IPC acumulado correspondiente al periodo comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización", porque noviembre es al final de año, no al comienzo de cada año y en tal caso, siendo clara esa contradicción es lógico que esa resolución es nula de pleno, conforme al apartado f) del art. 62.1. antes citado, pues si existe esa contradicción se trata de un "acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición", con lo que es evidente que si el IPC de diciembre es mayor que el de noviembre lo procedente es que la revaloración se haga conforme al citado mes de diciembre, porque la revalorización no se ha hecho en el periodo de noviembre a noviembre sino conforme al mes de noviembre anterior, como es fácil de comprobar, aparte que ese texto no figura en el Texto Refundido de Clases Pasivas y faltan las pruebas aportadas, entre ellas el certificado del Instituto Nacional de Estadística con lo que el expediente está incompleto. En su virtud SUPLICA al Tribunal Económico Administrativo Central que admita este escrito, tenga por formuladas alegaciones y a virtud de las pruebas aportadas resuelva que la revalorización procedente es la del mes de diciembre pasado, no la del mes de noviembre, como se ha hecho, previa declaración de nulidad de los actos propios de las reclamaciones 2715/ 06 y 3538//06. ... a dieciocho de diciembre de dos mil seis.
OCTAVO: Con fecha 6 de noviembre de 2006, el Abogado del Estado Secretario de este Tribunal Central, en relación con los expedientes R.G. 2715-06 y 3538-06 ordenó la acumulación de los expedientes citados, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 230 de la Ley 58/2003, General Tributaria, no procediendo recurso alguno contra ese acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del mismo artículo.
PRIMERO: Como cuestión previa se ha de examinar la competencia de este Tribunal Central para conocer de la reclamación promovida contra el escrito de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 20 de febrero de 2006, descrito en el antecedente de hecho cuarto, a cuyo respecto debe señalarse que conforme a la Disposición Adicional Undécima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, "podrá interponerse reclamación económico-administrativa, previa interposición potestativa de recurso de reposición, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente el fondo del asunto relativo a las siguientes materias: c) el reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sean competencia del Ministerio de Hacienda". Examinado el citado escrito, en él se concede el plazo de un mes para entender desestimado por silencio administrativo el recurso de reposición interpuesto y poder interponer, en su caso, reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central. El interesado no ha esperado el término del citado plazo de un mes y presenta la reclamación el 13 de marzo siguiente y dirigida expresamente contra el escrito de 20 de febrero y no contra la denegación presunta por silencio. Por ello se trata de una reclamación que se dirige contra un acto de trámite, que no decide el fondo del asunto puesto que se limita a avisar que el transcurso del tiempo produciría la denegación presunta a la que no espera el interesado. En consecuencia, procede declarar inadmisible la reclamación codificada con el R.G. 2715-06 por dirigirse contra un acto de trámite y no contra un acto definitivo.
SEGUNDO: En cuanto a la segunda reclamación interpuesta contra el escrito de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 7 de julio de 2006, descrito en el antecedente de hecho quinto, en la que se pretende que la revalorización de pensiones para el año 2006 se haga aplicando determinado criterio, el interesado se halla legitimado para interponerla, por lo que procede examinar si este Tribunal Central es competente para su conocimiento y si se ha interpuesto, o no, dentro de plazo.
TERCERO: Para determinar la competencia de este Tribunal Central para conocer de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el escrito de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 7 de julio de 2006, descrito en el antecedente de hecho quinto, se hace preciso, primeramente, su calificación jurídica, para lo cual hay que tener en cuenta sus antecedentes. Fechada en enero de 2006, el Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dirigió personalmente al interesado el escrito que se describe en el antecedente de hecho primero, en el que le explicaba el mecanismo de revalorización de pensiones para el año 2006, y se le indicaba el cálculo de su pensión y el importe íntegro mensual que le correspondía para el año 2006 (2.232,54 €). El interesado entendiendo, en cuanto a la forma, que el citado escrito prescindía total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la elaboración de los actos administrativos y discrepando, en cuanto al fondo, del criterio aplicado para la revalorización de su pensión para el año 2006, presentó escrito de 30 de enero de 2006 que calificó como recurso de reposición, que fue admitido por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas como tal recurso de reposición, conforme se describe en el antecedente de hecho segundo. Conforme se indica en el antecedente de hecho quinto, la contestación expresa de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 7 de julio de 2006, al escrito que antes había calificado de recurso de reposición, no contiene, conforme se indica en los escritos de reclamación del interesado (descrito en los antecedentes de hecho sexto y séptimo), pie de recurso y de su contenido se deduce que es una información general acerca de los criterios aplicables para la revalorización de pensiones para el año 2006, sin personalizar expresamente en las cantidades a percibir por el interesado y las bases de su cálculo, lo que sí se hacía en el escrito de enero de 2006, que se impugnaba en el recurso de reposición y que el Centro Gestor califica como "carta remitida por esta Dirección General a todos los pensionistas, meramente informativa". En el presente caso, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas no ha considerado la existencia de recurso de reposición en su escrito de 7 de julio de 2006, aunque previamente se había reconocido al interesado su admisión, por lo que procedía que, por congruencia, hubiese resuelto como si fuese recurso de reposición o, en otro caso, hubiese razonado por qué no lo consideraba así. Del contenido del escrito citado de 7 de julio de 2006, ha de llegarse a la conclusión de que tal comunicación está poniendo término a la vía de gestión y decidiendo el fondo del asunto, razones que llevan a este Tribunal Central a estimar que se trata de un acto susceptible de reclamación y declararse competente para su resolución, a tenor de lo dispuesto en la citada Disposición Adicional Undécima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: A efectos de determinar si se ha interpuesto, o no, dentro de plazo la reclamación debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, del artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, "la reclamación económico administrativa en única o primera instancia se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Aunque es claro que la fecha de la notificación del escrito referido fue la del 14 de julio de 2006, y hasta la de la interposición de la presente reclamación, efectuada el 2 de octubre de 2006, según se describe en el antecedente de hecho sexto, transcurrió el plazo de un mes establecido al efecto, también es cierto que el escrito de 7 de julio de 2006 si se considera un acto que pone fin al procedimiento administrativo, carece de los elementos esenciales que fija el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dice: "1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente. 2. Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 3. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación o interpongan el recurso procedente. 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado". Por lo tanto, notificado defectuosamente el escrito de 7 de julio de 2006, que el interesado considera resolución de un recurso de reposición, procede entender presentada dentro de plazo la reclamación codificada con el R.G. 3538-06, interpuesta por escrito presentado el 2 de octubre de 2006, conforme se indica en el antecedente de hecho sexto. En esta reclamación el interesado solicita que la revalorización de su pensión para el año 2006 se haga en base al IPC del mes de diciembre de 2005 y no en base al de noviembre del mismo año.
QUINTO: Entrando a conocer el fondo de la reclamación, hay que señalar previamente que en materia de revalorización de pensiones han de tenerse presente las siguientes normas: A.- Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, cuyo artículo 12, Competencia para el pago de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado, dice así: "3. Corresponde a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y a las Delegaciones y, en su caso, Administraciones de Economía y Hacienda, según reglamentariamente se determine: a) La tramitación de la liquidación de alta en nómina del titular de las prestaciones de Clases Pasivas y la práctica de la revalorización del importe de dichas prestaciones. b) Disponer las rehabilitaciones en el pago de las prestaciones y las acumulaciones del derecho a las mismas. c) La realización de las funciones de consignación del pago de las prestaciones de Clases Pasivas que, en todo caso, incluyen la de resolver las peticiones de traslado o cambio de caja pagadora. Las normas reglamentarias podrán disponer la unificación en acto único de los correspondientes al reconocimiento del derecho a prestación, consignación y liquidación de aquélla, así como facultar a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para dictar las instrucciones que pudieran resultar convenientes en orden a dicha unificación y a la simplificación de los correspondientes trámites. B.- Real Decreto 1769/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de Clases Pasivas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 5, recursos administrativos, dice así: "1. Las resoluciones expresas o presuntas de las Direcciones Generales de Costes de Personal y Pensiones Públicas y del Tesoro y Política Financiera en materia de Clases Pasivas que sean de su competencia serán recurribles por los interesados ante el Tribunal Económico Administrativo Central, con carácter previo a la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo. 2. Las resoluciones expresas o presuntas de las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda en materia de rehabilitación o acumulación de derechos pasivos, de liquidación y alta en nómina, así como de pago material y revalorización de las prestaciones de Clases Pasivas, serán recurribles por los interesados ante el Tribunal Económico Administrativo Regional o Local territorialmente competente, con carácter previo a la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo. 3. Los actos reclamables en vía económico-administrativa serán susceptibles de ser impugnados previamente en reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, conforme al Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre. 4. Lo regulado en los apartados anteriores no será de aplicación a las resoluciones, expresas o presuntas, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, relativas a prestaciones de Clases Pasivas susceptibles de ser impugnadas mediante recurso ordinario ante el Ministro de Economía y Hacienda, que se regirán por las disposiciones de la Ley 30/1992, en materia de recursos". C.- Real Decreto 1610/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2006, BOE del 31, cuyo artículo 7, Procedimientos para la revalorización, dice: "1. La revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para 2006 se practicará de oficio por las Delegaciones de Economía y Hacienda o por la Dirección de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, según corresponda, si bien esta última podrá efectuarlo con carácter centralizado cuando por razones de agilidad y simplificación resultara conveniente. 2. Dicha revalorización se llevará a cabo teniendo en cuenta los datos obrantes respecto de cada titular de pensión a 31 de diciembre de 2005. No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, podrá requerirse a cualquier perceptor de Clases Pasivas para que facilite información respecto de su situación económica con los efectos que en dicha norma se previenen. 3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado tres del artículo 42 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, la revalorización tendrá carácter provisional hasta tanto por la Administración se compruebe la procedencia de la percepción de su cuantía, en función de las otras percepciones del titular de una pensión o pensiones y de las normas en materia de concurrencia e incompatibilidad que resulten aplicables en cada caso. Si de la elevación a definitiva de la revalorización anteriormente practicada se obtuviese la evidencia de que se han percibido cantidades en exceso, el pensionista vendrá obligado a reintegrar lo indebidamente percibido. Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que el interesado hubiese cometido en su declaración falsedad u omisión de datos, podrán serle exigidas las correspondientes responsabilidades en que haya podido incurrir".
SEXTO: De la referida normativa se deduce que mientras la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dicta las normas generales y directrices de aplicación para revalorizar las pensiones de Clases Pasivas, la ejecución material de las mismas es responsabilidad de las Cajas Pagadoras, bien mediante actos singulares de declaración para cada uno de los beneficiarios, o también ejecutando a través de la nómina de cada beneficiario las directrices recibidas. En consecuencia, los actos singulares de aplicación a cada beneficiario de las revalorizaciones de pensiones se llevan a cabo a través de las Cajas Pagadoras: Dirección General para las pensiones de Madrid y Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda para las restantes provincias. Por ello, la actuación de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en materia de revalorización de pensiones podría impugnarse atacando la normativa general que las declara y la actuación de las Cajas Pagadoras, atacando los actos singulares de ejecución, en caso de existir, o las nóminas en las que éstos se materializan, en todo caso. Por ello, en el presente supuesto hay que distinguir entre la carta de enero de 2006, que el Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dirige al interesado, donde se le informa de la revalorización de su pensión para el año 2006, que no tiene valor resolutivo y es una mera información, y la actuación de la Caja Pagadora donde percibe el interesado su pensión, que a través de la notificación singular de su revalorización, caso de hacerse, o a través de la nómina donde percibe su pensión resuelve cuál es la cuantía de ésta una vez aplicadas las normas generales (derivadas de las Leyes de Presupuestos, Reales Decretos de actualización de pensiones y directrices emanadas de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas). Todo ello para el caso de que la citada Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para la revalorización de pensiones de 2006 (para la Caja Pagadora del interesado o para el caso concreto del interesado) no haya procedido a una revalorización centralizada, circunstancia que no se halla acreditada en el expediente y que situaría a la citada Dirección General como autora de la revalorización y, por consiguiente, con posibilidad de impugnar sus acuerdos.
QUINTO: En el presente caso, el Centro Gestor puesto que había considerado el escrito del interesado de 30 de enero de 2006 como recurso de reposición, al contestarlo expresamente con su escrito de 7 de julio de 2006, entrando en el fondo del asunto, debió declarar que el escrito del Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de enero de 2006, descrito en el antecedente de hecho primero, no era un acto resolutivo que declarase derechos al interesado, sino mera información que se le facilitaba para su conocimiento, por lo que no era susceptible de recurso de reposición, y en consecuencia, declararlo inadmisible, sin perjuicio de indicarle que su petición debía efectuarla ante la Caja Pagadora, y contra el acuerdo que esta dictase podía interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. Al no haberlo hecho así, procedería que se anulase el acuerdo de 7 de julio de 2006, ordenándose la reposición de actuaciones al momento procedimental previo al de la resolución para que así lo hiciese constar en acto expreso. Ahora bien, por economía procesal este Tribunal Central declara lo que en su caso debió declarar el Centro Gestor: que el interesado debe plantear su pretensión ante la Caja Pagadora que hace efectiva la revalorización de su pensión. Por otra parte, por lo que respecta a los requisitos formales del escrito de 7 de julio de 2006 del Centro Gestor, procede destacar las siguientes anomalías: a) cambio de calificación de recurso de reposición a carta informativa; b) incongruencia entre la petición individualizada del interesado y la contestación general que se le da: válida para todo el mundo y no ajustada a las condiciones personales del reclamante; c) falta de motivación personalizada y falta de enumeración de los antecedentes de hecho personales; d) falta de pie de recurso. Por todo ello, debe considerarse el acuerdo, que se derivaría del citado escrito de 7 de julio de 2006, como acto administrativo nulo por prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido para los recursos de reposición y por lo tanto, no convalidable. En consecuencia procede su anulación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en las reclamaciones económico-administrativas interpuestas por D. ..., contra escritos de 20 de febrero y 7 de julio de 2006 de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas ACUERDA: a) Declarar inadmisible la reclamación interpuesta contra la denegación presunta de recurso de reposición, y b) Estimar en parte la reclamación interpuesta contra el escrito de 7 de julio de 2006, en los términos de la presente resolución, que se exponen en los fundamentos de derecho precedentes.
Sentencia Administrativo Nº 155/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 571/2004, 01-03-2007
Orden: Administrativo Fecha: 01/03/2007 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Barrachina Juan, Eduardo Num. Sentencia: 155/2007 Num. Recurso: 571/2004
Sentencia Administrativo Nº 603/2015, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 854/2010, 30-03-2015
Orden: Administrativo Fecha: 30/03/2015 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Galindo Sacristan, Beatriz Num. Sentencia: 603/2015 Num. Recurso: 854/2010
Sentencia Administrativo Nº 609, TSJ Galicia, Rec 1-795, 23-05-2001
Orden: Administrativo Fecha: 23/05/2001 Tribunal: Tsj Galicia Ponente: Seoane Pesqueira, Fernando Num. Sentencia: 609 Num. Recurso: 1-795
Sentencia Administrativo Nº 848/2015, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 593/2010, 04-05-2015
Orden: Administrativo Fecha: 04/05/2015 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Galindo Sacristan, Beatriz Num. Sentencia: 848/2015 Num. Recurso: 593/2010
Sentencia Administrativo Nº 474/2015, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 789/2010, 16-03-2015
Orden: Administrativo Fecha: 16/03/2015 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Galindo Sacristan, Beatriz Num. Sentencia: 474/2015 Num. Recurso: 789/2010
Cuantías de pensiones y prestaciones públicas para 2018
Orden: Laboral Fecha última revisión: 05/01/2018
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Resolución de TEAC, 00/584/2010, 28-10-2013
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 28/10/2013 Núm. Resolución: 00/584/2010
Resolución de TEAC, 00/3510/2007, 27-01-2009
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 27/01/2009 Núm. Resolución: 00/3510/2007

References: Resolución 
 artículo 58
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 artículo 42
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 artículo 225
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