Source: https://es.scribd.com/document/253436841/INFORMATIVO-MUJER-ANO-17-N-173-CDE-PORTALGUARANI
Timestamp: 2018-12-11 01:06:27+00:00

Document:
INFORMATIVO MUJER - ANO 17 - N 173 - CDE - PORTALGUARANI
INFORMATIVO MUJER - ANO 17 - N 173 - CDE - PORTALG...
MANIFIESTO Emprendedora2
oax_metaA7_1_modelo_2011.pdf
293-457-1-SM
Fecundación in vitro 31-01-2011
Asegurar La Ciudadanía de Las Mujeres- Indiferencia y Otros Obstáculos
Se Cumplen Los Derechos en Medio Oriente i Comentario
Roberto Álvarez Terán Metodologías de Investigación Transfronteriza Contra La Trata de Personas en La Comunidad Andina y El Mercosur
Sera Fili
Fallo Trata
Voviendo Al Modelo Biblico
Acta de Debate CASO GERARDI
CP23683S-1[1]
El Informativo Mujer es
editada por el Área
Mujer del Centro de
y Estudios (CDE)
Año 16, N° 173,
Cerro Corá 1426 c/ Paí Pérez
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El feminismo, ¿Una opción para las jóvenas? 
Paraguay ante el Comité de la CEDAW
/ Hugo Valiente 
Equipo Informativo Mujer
Margarita Elías
Myrian González Vera
Ofelia Martínez
Verónica Villalba M.
Una voz desde las mujeres. Propuestas para la Reforma del
Sistema Penal y Penitenciario / Clyde Soto 
Andanzas de un diputado. Abuso de poder, corrupción y
complicidad / Ofelia Martínez 
Derechos humanos y pena de muerte
/ Myrian González Vera 
El Foro Social Mundial 2005 y la lucha contra todos los
fundamentalismos / Carolina Thiede Arias 
ACONTECIMIENTOS 
Diseño Gráfico y Tapa
Tapa e ilustraciones
Afiche del encuentro “Por nuestra
igualdad ante la ley”, año 1997.
Archivo del Centro de
Documentación y Estudios (CDE)
responsabilidad exclusiva de sus
autoras/es, y no representan
del Área Mujer del CDE.
Violencia y cultura machista
/ Verónica Villalba Morales
TE RECOMENDAMOS  
Tierra de calamidades, injusticias
e impunidad / Graciela Estigarribia
PERSONAJES 
Vandana Shiva 
NOS DEJÓ MERCEDES, la mejor de todas 
¿una opción
para las jóvenas?
Hay dos cuestiones de gran relevancia para el presente y el futuro
del feminismo, sobre las que frecuentemente las feministas nos hacemos preguntas. La primera: ¿es el
feminismo, como corriente de pensamiento, una opción para las mujeres jóvenes (o jóvenas, para acortar la expresión)?
¿es una propuesta de actualidad o está ya “pasado de moda”? ¿es atractivo o no para las
jóvenas? ¿cómo lo ven? ¿creen que el feminismo
puede ofrecerles algo (ideas, utopías, espacios de
referencia) o que nada tiene ya que aportar a sus
vidas? La segunda: ¿es el feminismo, como movimiento social, un espacio abierto para las jóvenas?
¿es permeable a la inserción de chicas que comparten las ideas, inquietudes y propuestas del feminismo? ¿es atractivo como espacio para la
militancia social de las nuevas generaciones?
Jóvenas o mayores, las feministas solemos pensar en estas cuestiones, que nos preocupan sobre todo cuando visualizamos la importancia de
lo generacional para la continuidad de nuestros
ideales y luchas, así como para el avance y la
profundización de los cambios que propulsamos
en la sociedad. Aunque de seguro existen múltiples factores sobre los cuales no podemos incidir,
y que determinarán la evolución de nuestro movimiento, es indudable que precisamos detenernos
sobre estos puntos para desarrollar propuestas de
reflexión y de acción que consideren la especificidad de lo juvenil, su incidencia en la recepción de
nuestras propuestas y su influencia en los procesos de inclusión (o exclusión) de integrantes dentro de nuestros espacios organizativos.
Con respecto a la primera cuestión planteada,
debemos considerar el complejo juego de las
realidades sociales contemporáneas, donde encontramos notorios cambios favorables a la igualdad, sobre todo en el mundo occidental –como
la eliminación de discriminaciones explícitas en
la legislación, la desactivación de varias de las
barreras formales que las mujeres tenían por ser
mujeres para la vida pública, el masivo acceso
femenino a la educación formal y al mundo del
trabajo remunerado, e incluso una extendida
mayor aceptación de la idea de la igualdad entre los sexos–, que coexisten con discriminaciones y desventajas para las mujeres en todos los
campos. Las grandes transformaciones de la humanidad en torno a las relaciones de género hacen pensar a mucha gente que la igualdad ya
está lograda y que el feminismo no tiene razón de
ser en un mundo donde aparentemente las discriminaciones han sido superadas, aun cuando quizás tan solamente se hayan vuelto más sutiles.
Evidentemente, esta falacia de la igualdad ya
conseguida resta atractivos al feminismo como
propuesta. La cuestión se agudiza en el sector
juvenil, no sólo porque la vivencia de la discriminación posiblemente sea menos evidente –sobre
todo si hablamos de jóvenes urbanas y de clases
medias– sino, además, por lo arraigado de los prejuicios vigentes en torno al feminismo, al que
muchas veces se lo vincula con estereotipos difíciles de sobrellevar para cualquier mujer.
Frente a esta situación, tenemos en el movimiento feminista el desafío de un arduo y permanente trabajo de visibilización de las discriminaciones que persisten, no sólo en nuestros países y
regiones, sino en todo el mundo, de sensibilización de la opinión pública y de estilos de comunicación que lleguen con facilidad tanto a las
mujeres adultas como a las más jóvenes.
Pero aun cuando se enfrente este obstáculo, no
menor, queda otro, relacionado con las perspectivas para la inserción de las jóvenas en los espacios organizativos del feminismo, sobre todo
para quienes han hecho, o están haciendo, procesos de reflexión y de crítica sobre las relaciones entre los sexos y sobre las configuraciones
culturales de género. El asunto es complejo, dado
que no estamos hablando de una organización
única, sino de una diversidad de formas y espacios donde se desarrolla la labor reflexiva y
propositiva del feminismo, que cuenta con una
rica trayectoria, con líderes, con códigos, reflexiones, lenguajes y estilos de gestión. Quienes se
insertan deben ir descubriendo este mundo y, a la
vez, desarrollando de manera específica sus propios intereses y modos de militancia, al tiempo
que quienes ya tienen experiencia y trayectoria,
deben abrir puertas, posibilidades y dar confianza
a las jóvenas que se acercan al feminismo.
Todo esto, que parece sencillo, no siempre es
fácil. Aunque en el movimiento feminista exista
mucha apertura hacia las jóvenas que se acercan, también existen barreras sutiles que limitan
una inclusión plena. Una joven feminista señala
al respecto, por ejemplo, cómo el simple hecho
de que las “tías feministas” consideren a una
joven como “el recambio generacional” y no una
compañera de camino plena, marca las diferencias. O los mecanismos de decisión en circuitos
poco transparentes y abiertos. O las antiguas
rivalidades que determinan grupos diferenciados,
que las jóvenas o no conocen o no comparten1.
O que muchos espacios requieran de cierta calificación, generalmente adquirida con el correr
de los años. Un asunto que marca distancias es
la inclusión de los hombres jóvenes en el debate y el quehacer feminista. Esto, que hace una
década era casi impensable, hoy es una realidad: en muchas organizaciones mixtas de jóvenes existe interés y trabajo conjunto sobre temas que tradicionalmente han sido‘“exclusivos”
de las mujeres. ¿Estamos preparadas para repensar al feminismo en su relación con los hombres? El análisis podría seguir con los temas tratados, las perspectivas de su tratamiento, las
modalidades organizativas y muchos otros aspectos de la vida feminista.
El camino es de ida y vuelta. Ni se puede pretender que la inclusión juvenil dependa de las
mayores, ni se puede pasar por alto algo que a
todas nos interesa. Y no por un asunto de recambio generacional, sino porque el feminismo se
enriquecerá en la medida en que sea asumido
por más mujeres, de todas las edades, que lo sientan como propio, con toda su larga historia de
más de dos siglos, y que lo desarrollen como propuesta válida para el presente y para el futuro.
Erika J. Castillo Z., “Reflexiones de una ‘novata’ feminista”.
En: La Boletina, Nº 43, julio-octubre 2000, http://
boletina.puntos.org.ni/Anteriores/bole43/
debate_feminista.htm [Consulta: Marzo 2005].
pan rama
Paraguay ante el
El 14 de enero de 2005 el Gobierno del Paraguay, a través de la
representación de la ministra de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de
la República, María José Argaña de Mateu,
así como de otras altas funcionarias del Estado,
fue examinado por el Comité encargado de la
vigilancia de la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Paraguay ratificó sin reservas la CEDAW en 1986
y su Protocolo Facultativo en 2001, con lo que
pasó a ser Estado Parte de estos importantes
instrumentos internacionales de protección de
los derechos humanos de las mujeres, y a reconocer la competencia del órgano creado (el Comité) para la vigilancia internacional subsidiaria
de la aplicación y respeto del Paraguay de los
compromisos legales asumidos con la ratificación de la CEDAW.
Estos mecanismos de vigilancia suponen básicamente tres procedimientos: un mecanismo procesal para la recepción de quejas o denuncias de
mujeres víctimas de una violación de la CEDAW
por parte del Estado; un procedimiento de investigación de situaciones graves o sistemáticas de
violaciones de derechos reconocidos por la CEDAW; y un mecanismo de presentación de un
informe estatal sobre la aplicación, cumplimiento
y progresos alcanzados en la implementación del
tratado en la jurisdicción interna del Estado parte,
mecanismo este último que es el procedimiento
ordinario de vigilancia del Comité.
En esa ocasión, el Estado de Paraguay presentaba simultáneamente los informes tercero y cuarto combinados y el quinto informe periódico
sobre el estado de cumplimiento y los progresos alcanzados en la aplicación de la Convención en el ámbito nacional. El Paraguay ratificó
este instrumento internacional hace casi 20 años
y está obligado, por disposiciones expresas del
mismo instrumento, a presentar cada cuatro años
un informe por escrito y a responder oralmente a
las preguntas en una sesión de examen ante un
Comité de vigilancia compuesto por expertas y
expertos independientes designados por la asamblea de Estados que han ratificado este instrumento. Anteriormente, en 1996, el Paraguay había presentado el informe inicial y el segundo.
La novedad es que esta vez las organizaciones de
mujeres del Paraguay aprovecharon la práctica de
los organismos internacionales de derechos humanos de recibir información alternativa de otra
fuente para contrastar la información suministrada por el Estado, y a tal fin elaboraron y presentaron ante el Comité un informe alternativo.
Este informe, elaborado por un grupo de trabajo
de personas pertenecientes al Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer (CLADEM-Paraguay) y a
la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP),
fue además sometido a un proceso de consulta
ciudadana, y contó con la representativa adhesión de 25 organizaciones de mujeres, de derechos humanos, sindicales y de mujeres rurales
e indígenas del Paraguay, lo que le dotó de una
muy importante legitimidad social.
El informe resultó trascendente para que el Comité pudiera interpretar, valorar y contextualizar
mejor las alegaciones escritas y orales presentadas por el Estado paraguayo, y señaló a la
atención de las expertas del Comité los puntos
más importantes en los que debían ser evaluados y observados los esfuerzos del Estado paraguayo en la aplicación de la Convención. El 10
de enero de 2005, María Molinas, de la Coordinación de Mujeres del Paraguay, y Graciela
Mendoza, de CLADEM–Py, presentaron oralmente, en una sesión ante el Comité, el informe sombra, señalando los aspectos más importantes
que a juicio de la sociedad civil paraguaya debían ser considerados especialmente por el organismo, y respondieron una serie de preguntas aclaratorias formuladas por las expertas.
Cabe señalar que este proceso de elaboración y
presentación de un informe alternativo ante un
organismo internacional de derechos humanos se
da en un contexto en el cual la ciudadanía tiene
muy poca experiencia en el uso de los mecanismos internacionales de protección, lo que convierte a esta iniciativa en un logro no solamente
importante para las organizaciones de mujeres,
sino para la sociedad civil paraguaya.
Para las representantes gubernamentales fue una
experiencia dialógica, constructiva, pero particularmente exigente. Es que los organismos internacionales de protección de derechos humanos van elevando la minuciosidad del escrutinio
sobre el Estado a medida que pasan los años
desde la ratificación del instrumento, y cuando
aumentan sus informes periódicos presentados.
Muchas de las preguntas que fueron elevadas
por las expertas del Comité a las representantes
del Estado de Paraguay quedaron sin una respuesta satisfactoria. Fue destacado el hecho de
que en la comitiva gubernamental concurrieran
además de funcionarias del Ejecutivo, representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, lo
que fue interpretado como una excelente señal
de que el gobierno es consciente de que la CEDAW, así como todos los instrumentos de derechos humanos, obliga a todo el conjunto del
Estado, y a cada una de sus funciones esenciales, especialmente, a la justicia.
Al término del procedimiento de examen, los
organismos internacionales publican un documento donde plasman sus conclusiones, señalan los aspectos considerados en la sesión de
examen del informe del Estado parte, resaltan y
felicitan al Estado por los aspectos positivos,
pero además indican con toda claridad y franqueza los aspectos que son preocupantes, los
retrocesos o la falta de avance en el disfrute de
los derechos, finalizando con una serie de recomendaciones y cursos de acción.
En este caso, las Observaciones Finales emitidas por el Comité de la CEDAW (reproducidas
en el cuadro sinóptico adjunto a este artículo),
sintetizan la descripción de problemas, el señalamiento de la responsabilidad estatal en ellos y
la recomendación de medidas que deben ser
implementadas para la efectiva vigencia de la
CEDAW en Paraguay. Abarcan temas tan amplios como los concernidos por las previsiones
de la CEDAW: medidas contra la violencia hacia las mujeres, la explotación y discriminación
laboral de las trabajadoras domésticas y la situación de explotación de las criaditas, el desigual acceso a la tierra de las mujeres rurales, la
alta tasa de mortalidad materna y la incidencia
de la penalización del aborto en dicha tasa, etc.
En algunos casos, el Comité reitera con preocupación temas ya abordados en las Observaciones Finales emitidas en 1996, y considera, a la
luz de la información reunida ahora, que el Estado no pudo revertir la situación de discriminación en ciertas áreas claves o ha fracasado en
la adopción de las medidas adecuadas, por lo
que exige que se redoblen los esfuerzos y se
rectifiquen los cursos de acción adoptados hasta el presente, como por ejemplo, con la cuota
de participación de mujeres en las listas a car-
gos electivos. En otros aspectos, el Comité encuentra temas emergentes, nuevos problemas
de discriminación hacia las mujeres que requieren una inmediata intervención en la línea de lo
que el Comité recomienda, como por ejemplo,
en el caso de la trata y el tráfico de mujeres con
Valor jurídico de las
El carácter obligatorio de las recomendaciones
formuladas por las observaciones finales de los
organismos internacionales de derechos humanos es un hecho fuera de toda discusión en el
derecho internacional actual. El Paraguay, al igual
que la mayor parte de los Estados constitucionales de occidente hoy día, reconoce que no
existe una división tajante en materia de derechos humanos entre el orden jurídico internacional y el interno, sino más bien una relación
de complementariedad. Es así que la Constitución Paraguaya de 1992 otorga una jerarquía
cuasi constitucional a los tratados en materia
de derechos humanos, los que están por encima de las leyes dictadas por el Legislativo y
otras normas inferiores como las sentencias judiciales, las que deben en todo caso respetar y
desarrollar los derechos reconocidos en los planos constitucional e internacional.
En el caso de la CEDAW, esta relación de jerarquía y obligatoriedad del tratado se refuerza por
el hecho nada desdeñable de que el propio Estado paraguayo creó por Ley Nº 34/92 la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, con rango de ministerio, y con facultades materiales expresas que la instituyen como
la autoridad nacional para aplicar la Convención
en el ámbito interno (art. 2).
Del mismo modo que se reconoce que las disposiciones de los tratados de derechos humanos obligan a todo el Estado, independientemente de que las obligaciones en concreto generen
un compromiso de acción en el plano ejecutivo
(por ejemplo, implementar una política pública
en salud), en el legislativo (modificar y adecuar
una ley que contradice el propósito de un tratado vigente), o judicial (castigar ejemplarmente
el tráfico de mujeres y niñas), resultan obligatorias las recomendaciones e interpretaciones que
dictan los órganos de supervisión internacional
creados por los propios tratados y a los que el
Estado reconoce su competencia. Más aún cuando estas recomendaciones emanan de los órganos de vigilancia a posteriori del examen de
los informes de los Estados, y suponen una adecuada y precisa interpretación de expertos/as
independientes sobre los esfuerzos y medidas
adoptadas por los Estados y los necesarios
correctivos que deben ser asumidos para dar
mayor vigencia a los instrumentos.
La adhesión del Paraguay en igualdad con los
otros Estados a un “orden jurídico supranacional
que garantice la vigencia de los derechos humanos” (art. 145 de la Constitución), supone la
delegación de ciertas competencias tradicionalmente exclusivas de la soberanía estatal a la
comunidad internacional, como en este caso la
función de interpretación y vigilancia jurisdiccional de los derechos humanos, cuya universalidad conlleva la necesaria concentración y
estandarización en estos órganos de las facultades necesarias para determinar el alcance de
sus normas y la mejor manera de implementarlas. Hoy día, este reconocimiento de la comunidad internacional como garante de los derechos
humanos ya no es visto como una amenaza a
la soberanía estatal, sino más bien como una
poderosa fuente de legitimidad (y deslegitimidad)
Las leyes de otros países y la jurisprudencia de
algunos tribunales nacionales ha ido en cambio
más allá, afirmando el carácter ejecutable de
las recomendaciones de los organismos internacionales. Tal es el caso, por ejemplo, de la
Corte Constitucional de Colombia, que ha dado
carácter ejecutable a recomendaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sentando el estándar de interpretación que sostiene que aunque las recomendaciones no se ratifiquen legislativamente como los tratados en los
que se fundamentan, también son obligatorias
cuando“est[é]n en relación conexa e inescindible con los convenios, en razón a que la fuerza
vinculante del tratado internacional está sujeta
en tal evento a la correcta aplicación de la respectiva recomendación”1. En el Perú, por otra
parte, a partir de la Ley Nº 23.506, se estableció que las recomendaciones del Comité de
Derechos Humanos sean ejecutables mediante
la sola providencia de “cúmplase” por parte de
La posibilidad de que las personas víctimas de
violaciones a los derechos humanos puedan
denunciar individualmente a sus Estados ante
estos organismos (como en el caso de la CEDAW), y que de resultas de esta denuncia pueda sobrevenir una sanción, incluso pecuniaria,
contra el Estado, refuerza la tesis de la obligatoriedad de las recomendaciones que estos organismos formulan en sus observaciones finales a
los informes periódicos de los Estados. Como
sostienen Abramovich y Courtis “resulta sumamente inconveniente que los tribunales locales,
en oportunidad en la que el Estado puede remediar la alegada violación en sede interna, no
tomen en consideración la opinión del órgano
internacional que entenderá eventualmente cuando se exija su responsabilidad en sede internacional por la imputación de los mismos hechos”2.
Así es que las distintas instancias del Gobierno
pueden y deben utilizar estas recomendaciones
como fundamento de sus actos. Por ejemplo, el
Poder Ejecutivo, para fundamentar las políticas
públicas que establezca e implemente en beneficio de las mujeres; el Poder Legislativo, como argumentos en la exposición de motivos de los proyectos de ley que implementen las reformas legales que el Comité recomienda; y el Poder Judicial,
para fundar sus sentencias en casos en que se
interesen derechos de las mujeres, como por ejemplo, los de violencia doméstica, crímenes contra
la autonomía sexual o discriminación laboral.
Opinión sostenida en las sentencias C-049 de 1994 y C-280
de 1997, citadas en: El papel de la Corte Constitucional y la
Tutela en la realización del Estado Social de Derecho, Comisión
Colombiana de Juristas, Bogotá, 2003, p. 10.
Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales
como derechos exigibles, Madrid, Tratta, 2001, p. 75.
Del mismo modo, otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o cualquier agencia ejecutiva de Naciones Unidas o de la Organización de
Estados Americanos, se encuentran obligados
a respetar, en el ámbito de sus competencias,
el orden que establecen los tratados internacionales de derechos humanos y las opiniones de
los organismos de vigilancia.
Dispares reacciones generó la recepción en Paraguay de las Observaciones Finales del Comité.
Las organizaciones de mujeres consideran que
esta acción de incidencia y de exigibilidad internacional de los derechos humanos de las mujeres fue todo un éxito, porque las observaciones
finales recogieron de modo casi íntegro las
preocupaciones elevadas por la sociedad civil, y
transforman las demandas políticas y sociales
de las organizaciones de mujeres en obligaciones de carácter jurídico internacional del Estado paraguayo, estableciendo acciones cuyo cumplimiento de ahora en más es de carácter obligatorio, inexcusable y sujeto al monitoreo y vigilancia internacional del Comité.
La Secretaría de la Mujer, no obstante la dura
conclusión a que llega el Comité sobre su labor
en la implementación de la CEDAW, acogió las
recomendaciones y confomó una mesa interinstitucional entre organismos del Estado para realizar el proceso de implementación de las medidas correspondientes. Al parecer, este proceso
fue determinante para que la CEDAW recupere
la importancia debida como paradigma de orientación del enfoque de derechos con que deben
implementarse las acciones y políticas de igualdad entre hombres y mujeres.
Lamentablemente, la prensa reprodujo de un
modo erróneo, descontextualizado e incompleto, las recomendaciones de la CEDAW, dando
un énfasis desproporcionado a la información
donde se señala que “la ONU recomienda a Paraguay legalizar los abortos”, a partir de un cable
emitido en la web de la Eternal Word Television
Network (EWTN), agencia de la Iglesia Católica,
noticia que generó una inmediata polémica en
esos términos (ver, por ejemplo, en Última Hora,
03/02/05 y La Nación, 01/02/05).
El arzobispo de Asunción, monseñor Pastor
Cuquejo, quien fuera obispo castrense durante
la dictadura militar de Alfredo Stroessner, declaró que “el aborto no sólo es un crimen, sino un
mal moral para la sociedad” y que la Iglesia
Católica seguiría siempre “defendiendo la vida
desde la concepción hasta la muerte natural”
(La Nación, 04/02/05), y que al respecto “la Iglesia no tiene una posición intermedia, es la vida o
la muerte, y no es un capricho nuestro...” (Noticias, 04/02/05), olvidando que el Estado es secular desde 1992 y que las opiniones de un grupo religioso, por mayoritario que sea en un país,
no pueden constituir obstáculos para la protección de los derechos humanos de las personas.
Como pocas veces, el remedio fue peor que la
enfermedad. El Sistema de Naciones Unidas en
Paraguay intentó rectificar la información
proveída por la EWTN, aunque tratando de no
perder el sentido de la corrección política y sin
enemistarse con la Iglesia, emitió un desafortunado comunicado en el que, demostrando un
temerario desconocimiento, relativizó la labor del
Comité y la fuerza vinculante de la CEDAW como
tratado ratificado por el Paraguay, señalando que
las observaciones finales “no comprometen a
los Estados Partes a actuar en consecuencia y
no deben ser presentadas como una política
oficial del Sistema de Naciones Unidas” (ABC,
02/02/05).
Discursos públicos de este tipo, sobre todo proviniendo de entidades internacionales que se
encuentran sujetas y vinculadas a los tratados
de derechos humanos y a las recomendaciones
de sus órganos de vigilancia, contribuyen
peligrosamente a sostener el clima de irresponsabilidad estatal frente a la comunidad internacional que favorece la impunidad de los
perpetradores de violaciones y perpetúa la violencia continuada contra las víctimas3.
No obstante, a pesar de estas posiciones que evidencian una poderosa insensatez, tanto la sociedad civil paraguaya como las autoridades públicas concernidas por las recomendaciones del
Comité de la CEDAW han dado pasos importantes en sus ámbitos de acción respectivos, para
dar seguimiento a la implementación de las medidas propuestas sobre las cuales el Paraguay debe
volver a informar en mayo de 2008.
Resulta importante difundir los resultados de este
proceso y realizar una devolución a la sociedad
paraguaya de los informes estatales y alternativo, como de las recomendaciones formuladas
por el Comité al Paraguay. De este modo, no
solamente se estará colaborando con la difusión de la CEDAW en la población, de sus mecanismos de vigilancia y las obligaciones internacionales del Paraguay en la materia, sino que
además se estará contribuyendo a forjar una
ciudadanía más consciente de los derechos humanos de las mujeres.
Pensemos por ejemplo, en el absurdo de que la oficina local
de la UNICEF se pronuncie públicamente en el sentido de
desconocer a la Convención y al Comité de Derechos del
Niño, o a la OIT relativizando a los convenios fundamentales
de la organización, las recomendaciones del Comité de
Expertos o al Comité de Libertad Sindical.
Cuadro sinóptico de las recomendaciones al Paraguay
del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (1996 – 2005)*
Adecuación de la legislación interna
• Continuar las iniciativas dirigidas a actualizar
y compatibilizar la legislación nacional con el
principio constitucional de igualdad y con la
• Revisar el Código Penal y leyes conexas con
relación a la violencia contra la mujer (A/51/
38, p. 127).
• Incorporar en la legislación paraguaya una definición y prohibición de la discriminación conforme al artículo 1 de la CEDAW.
• Adoptar medidas para que las disposiciones
de la CEDAW puedan aplicarse eficaz y directamente en las causas ante los tribunales
de justicia (pp. 20-21).
• Utilizar el concepto de “igualdad” en sus planes y programas, y no el de “equidad”, que el
Estado paraguayo considera sinónimo o equivalente de igualdad (pp. 22-23).
Mecanismo nacional de aplicación
• Fortalecer política, administrativa y financieramente el mecanismo nacional (la Secretaría de la Mujer) en concordancia con el artículo 7 de la CEDAW (A/51/38, parág. 128).
• Establecer un mecanismo para vigilar y evaluar
la ejecución y la repercusión de los planes y
políticas actuales encaminados a lograr la
igualdad para las mujeres y tomar las medidas
correctivas, cuando fuera necesario, si son
inadecuados para alcanzar las metas previstas.
• Incluir en su próximo informe una evaluación, con estadísticas, de la repercusión sobre las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, las mujeres guaraníes monolingües y
las mujeres de las zonas rurales, de las actividades, medidas políticas y estudios encaminados a lograr la igualdad de facto entre
las mujeres y hombres.
Medidas de acción informativa
• Adoptar y aplicar un sistema de cuotas en
los órganos de decisión en todas las esferas
y niveles posibles, incluyendo los poderes públicos, los partidos políticos, sindicatos y otras
organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 de la CEDAW (p.129).
• El Comité reiteró su preocupación anterior, y
observó que no se habían adoptado medidas adecuadas para revertir las elevadas tasas de analfabetismo y deserción escolar de
las mujeres (p.130).
• Reiteró la recomendación anterior e instó al
Estado a que procediera a abordarlas sin dilación (pp.18-19).
• Fortalecer y ampliar sus iniciativas dirigidas a
extender la educación bilingüe entre todos los
ciudadanos y muy especialmente entre las
mujeres, y a combatir los factores socioeconómicos y culturales que provocaban la alta deserción escolar y el analfabetismo entre ellas,
de conformidad con las disposiciones del artículo 10 de la Convención (p. 130).
• Cumplir con los derechos contenidos en el
artículo 12 de la CEDAW en todas sus partes.
• Enfrentar el elevado índice de mortalidad materna y la incidencia del aborto clandestino.
• Examinar la posibilidad de revisar las leyes que
penalizan el aborto, de conformidad con la Plataforma de Acción de Beijing.
• Proveer suficientes y adecuados servicios e
información sobre planificación familiar (p. 131).
• El Comité reiteró su preocupación anterior por
la persistencia de elevadas tasas de mortalidad materna, en particular las defunciones por
abortos ilegales, el acceso limitado de las mujeres a la atención de salud y a los programas
de planificación de la familia, y la aparente necesidad desatendida de anticonceptivos.
• Actuar sin dilación y adoptar medidas eficaces para resolver el problema de la elevada
tasa de mortalidad materna, y para impedir
que las mujeres tengan que recurrir a abortos
peligrosos y para protegerlas de sus efectos
negativos sobre su salud.
• Fortalecer la ejecución de programas y políticas encaminados a brindar un acceso efectivo a las mujeres a la información sobre la
atención y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles, con la mira
de prevenir abortos clandestinos.
• Celebrar una consulta nacional con la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres, para
examinar la penalización del aborto, una de
las causas de las elevadas tasas de mortalidad
de las mujeres (pp. 32-33).
Mujeres rurales / Derecho a la propiedad de la tierra
• Profundizar sus esfuerzos para garantizar la
igualdad en la distribución y propiedad de la
tierra y en todo lo que su explotación productiva implica, de acuerdo con los señalamientos de los artículos 11, 14 y 16 de la CEDAW
(p. 132).
* Este cuadro está basado en: los Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones,
Suplemento Nº38 (A/47/38) cap. I (A/51/38, p. 127) para las recomendaciones del año 1996, y en CEDAW/C/PAR/CC/35, 16 de febrero de 2005, para las recomendaciones de 2005.
• Velar por los derechos, las necesidades y las
preocupaciones de las mujeres en el medio
rural mediante la aplicación, efectiva y sin dilación, del Estatuto Agrario y la ejecución de
programas de formación profesional para la
mujer rural, a fin de brindarle igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo.
• Velar por la participación de las mujeres en las
zonas rurales en la formulación de las políticas
encaminadas a beneficiar a las zonas rurales y
para mejorar su acceso a tecnologías ecológicamente racionales que no fueran perjudiciales para su salud (pp. 34-35).
• Amplia difusión de la Convención entre las
mujeres principalmente, y en especial entre las
campesinas e indígenas (p. 133).
• Adoptar medidas para sensibilizar a las mujeres acerca de sus derechos, a fin de que pudieran hacer valerlos (pp. 20-21).
relación a la violencia contra la mujer (p. 127).
• Adoptar un enfoque integral de la violencia
contra la mujer y la niña.
• Emprender, sin dilación, una revisión de los
artículos 136, 137 y 229 del Código Penal,
para armonizarlos con la CEDAW, ya que estas disposiciones del Código Penal sancionan
la violencia doméstica y los vejámenes sexuales en forma inadecuada.
• Asegurar que los autores de la violencia doméstica sean procesados y sancionados y que
las mujeres estén protegidas eficazmente
contra las represalias.
• Establecer albergues y otros servicios para
• Redoblar sus esfuerzos para sensibilizar a los
funcionarios públicos, especialmente los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
el poder judicial, los agentes de servicios de
salud y los asistentes sociales, e inculcar la
idea de que la violencia es social y moralmente inadmisible y constituye una discriminación contra la mujer y una violación de sus
• Mejorar la colaboración y coordinación con
organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres, para fortalecer la aplicación y supervisión de la legislación y de los programas destinados a eliminar la violencia contra la mujer (pp. 24-25).
Tema: Derechos de Familia. Matrimonio y Nubilidad
• Sin recomendaciones
• Adoptar medidas para aumentar la edad legal mínima para contraer nupcias para niñas
y varones (16 años), con miras a conformarla
al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a tenor de la cual se entiende por niño al menor de 18 años de edad, y
con el párrafo 2 del artículo 16 de la CEDAW
Trata de mujeres. Prostitución
• Adecuar la legislación paraguaya al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños,
y al Protocolo facultativo relativo a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Aplicar y financiar plenamente una estrategia nacional para combatir la trata de mujeres y niñas.
Enjuiciar y castigar a los infractores.
Intensificar la cooperación internacional, regional y bilateral con otros países de origen,
tránsito y destino de mujeres y niñas objeto
Abordar las causas de la trata y adoptar medidas encaminadas a mejorar: la situación económica de la mujer a fin de eliminar su vulnerabilidad a los traficantes; las iniciativas de
educación y las medidas de apoyo social y
las medidas de rehabilitación y reintegración
de las mujeres y niñas que habían sido víctimas de la trata (pp. 28-29).
• Establecer mecanismos eficaces de supervisión
del cumplimiento de la legislación vigente, en
particular a las trabajadoras domésticas.
Derecho a condiciones justas, equitativas y
satisfactorias de trabajo para las mujeres
• Aplicar medidas especiales de carácter temporal para aumentar el número de mujeres
en el empleo formal.
• Abordar la cuestión de las niñas en el trabajo
doméstico, adecuando sus políticas y su legislación a las obligaciones que había asumido de conformidad con los Convenios de la
OIT No 138 y No 182, relativos respectivamente a la edad mínima de admisión al empleo
(14 años) y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, emprendiendo acciones inmediatas para su eliminación.
• Emprender campañas de sensibilización por
conducto de los medios de comunicación y
los programas de educación pública sobre la
situación de las niñas en el trabajo doméstico.
• Rectificar las causas subyacentes de que hubiera un número tan elevado de niñas en el
trabajo doméstico (pp. 30-31).
• Amplia difusión de la Convención entre las mujeres, principalmente y en especial entre las
• Velar para que todas las políticas y programas tuvieran explícitamente en cuenta las elevadas tasas de analfabetismo y las necesidades de las mujeres indígenas, incluidas las
mujeres guaraníes monolingües, y que tratara activamente de hacerlas participar en la
formulación y aplicación de las políticas y programas sectoriales.
• Intensificar la ejecución de programas educativos bilingües a todos los niveles de educación.
• Asegurar el acceso de las mujeres indígenas
a la educación y la atención de salud, para lo
cual se deben adoptar medidas especiales
de carácter temporal a fin de acelerar ese
acceso de las mujeres indígenas.
• Reforzar sus programas de difusión, educación y capacitación sobre la Convención y su
Protocolo Facultativo entre las mujeres indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües (pp. 36-37).
UNA VOZ DESDE
y Penitenciario
El Congreso Nacional creó en junio de 2004, por
Ley Nº 2.403, una Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. Se encargó a esta comisión la elaboración
de propuestas de modificación del Código Penal
(Ley N° 1.160/97), del Código Procesal Penal (Ley
N° 1.286/98) y de la Ley N° 210/70, referente al
régimen penitenciario. La comisión, integrada por
senadores, diputados, representantes del Poder
Ejecutivo y del Ministerio Público, tiene un plazo
de seis meses para elevar sus conclusiones al
Poder Legislativo del Paraguay.
Una vez instalada la comisión en noviembre del
año pasado, realizó hacia finales de diciembre
una convocatoria para que diversos sectores de
la sociedad acerquen las propuestas que tuvieran con respecto a las leyes que serán analizadas para su modificación, y fijó el 28 de febrero
de 2005 como plazo para recibir estas propuestas. Dado que es justamente en el campo de lo
penal donde radican varias de las discriminaciones hacia las mujeres, así como limitaciones en
el tratamiento de problemas que afectan de
manera particular y grave a la población femenina, la Coordinación de Mujeres del Paraguay
(CMP) y el Comité de América Latina y el Cari12
be para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM – Paraguay) decidieron emprender un
rápido proceso de discusión sobre los puntos
que deberían ser contemplados en la reforma y
de redacción de propuestas para la mencionada comisión parlamentaria.
El resultado del trabajo es un documento donde se abordan principalmente cuestiones referidas a la violencia física, la violencia intrafamiliar,
los hechos punibles contra la autonomía sexual,
los hechos punibles contra menores y el aborto.
En el documento se aportan propuestas de redacción alternativa para cada uno de los artículos analizados y se desarrollan los argumentos
que sostienen las sugerencias de modificación.
Algunos de los puntos más resaltantes entre las
propuestas son los siguientes:
• Se introducen definiciones contempladas en
instrumentos internacionales de derechos humanos, como las referentes a la violación, al
tráfico de personas, la prostitución forzada y
la explotación sexual de personas menores
Se propone elevar los marcos penales en
hechos punibles contra la autonomía sexual y que en ningún caso éstos tengan
penalizaciones inferiores a los hechos
punibles contra los bienes de las personas
y la propiedad.
Se plantea eliminar el requisito de habitualidad y gravedad para casos de maltrato a
personas menores de edad y de habitualidad para violencia doméstica.
Se sugiere eliminar las relaciones de la víctima con la persona victimaria como atenuante en hechos punibles contra la autonomía sexual y contra menores, e incluir
como agravante la relación de parentesco
y de convivencia.
Se propone despenalizar el aborto consentido por la mujer hasta la duodécima semana de gestación. Fuera de este plazo, se
contemplan dos excepciones: riesgo para
la salud o la vida de la mujer y patologías
incompatibles con la vida extrauterina.
En la presentación del documento se recomienda que la comisión respete de manera irrestricta
los artículos constitucionales referidos a la dignidad humana, la igualdad entre mujeres y hombres y la protección de los niños y las niñas.
Además, que tenga en cuenta los instrumentos
internacionales de derechos humanos ratificados por el Paraguay y adecue la legislación interna a las disposiciones contenidas en ellos.
En especial, se mencionan: la Convención de
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de Belem do Pará), la
Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños
en la Pornografía, y el Estatuto de Roma. Se
sugiere además que la comisión considere el
escaso tiempo dado para elaborar las propuestas y establezca mecanismos de interlocución
con las organizaciones para explicar las sugerencias, ampliarlas, discutirlas y justificarlas.
Gran parte de las propuestas de la CMP y
CLADEM fueron recogidas por la Coordinadora
de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), de la que ambas redes y varias de sus organizaciones son integrantes, e incorporadas al
documento que la CODEHUPY también entregó a la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario.
El esfuerzo hecho por las organizaciones de
mujeres para elaborar y acercar estas propuestas es apenas el inicio de un proceso, cuya continuidad y éxito requieren de mucho más. El
desafío será abordar de aquí en adelante los
trabajos de cabildeo con las autoridades y de
sensibilización de la opinión pública, a fin de
erradicar las discriminaciones aún vigentes en
Cuadro resumen de las propuestas de la CMP y
CLADEM a la Comisión Nacional de Reforma del
Sistema Penal y Penitenciario.
Propuestas para el Código Penal
Libro II – Título I – Capítulo II: Hechos punibles contra la integridad física
Consentimiento para casos de
lesión (art. 114):
• Eliminar la posibilidad de existencia de consentimiento en casos de lesión cuando la víctima no haya estado en igualdad de condiciones con el victimario.
Parentesco y convivencia como
agravante para algunos delitos
(nuevo artículo):
• Considerar como un agravante la relación de parentesco
o convivencia en los casos de maltrato físico, lesión,
lesión culposa, coacción, amenaza y violación de domicilio.
Libro II – Título I – Capítulo V: Hechos punibles contra la autonomía sexual
• Que al tratarse de hechos punibles contra la autonomía sexual no se establezcan marcos penales menores a los planteados para hechos punibles contra la
propiedad o los bienes materiales, dado que esto representaría una sobrevaloración de las posesiones
materiales y una desvalorización del cuerpo y la autonomía sexual de las personas. El daño causado con las
agresiones sexuales es mucho más difícil de resarcir que
el producido cuando se atenta contra los bienes.
Coacción sexual (art. 128):
• Aumentar las penas mínimas para la coacción y la
violación en general.
• Aumentar las penas mínimas y máximas si la víctima
fuera una persona menor de edad.
• Eliminar la relación de la víctima con el victimario como
circunstancia atenuante.
• Integrar la definición de violación contemplada en el
Tráfico de personas con fines
de explotación sexual (art. 129):
• Adecuar la definición a la utilizada en el Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños –que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional– ratificado por Paraguay en el 2003.
• Extender la definición a cualquier traslado de entrada
o salida del territorio nacional o dentro del mismo.
Abuso sexual en personas indefensas (art. 130):
• Aumentar el marco penal.
• Aumentar la pena si el autor fuese un funcionario público
Abuso sexual en personas internadas (art. 131):
• Enumerar otro tipo de instituciones donde se encuentran
personas internadas en situación de dependencia, a más
de las penitenciarías, instituciones educativas y hospitales: cuarteles, seminarios, conventos, geriátricos.
• Aumentar la pena si el autor fuese un funcionario público en ejercicio de funciones.
• Incluir esta figura que no estaba tipificada, usando la
definición contemplada en el Estatuto de Roma.
Libro II – Título I – Capítulo VI: Hechos punibles contra menores
• Cambiar el título del Capítulo por el de Hechos punibles
contra niños, niñas y adolescentes.
• Especificar que por menores de edad se entenderá a
las personas que tienen 17 años inclusive, hasta el día
previo a su cumpleaños número 18.
Maltrato de personas menores
de edad (art. 134):
• Incluir a personas menores de 18 años.
• Equiparar las penas a lo establecido en el art. 226, que
se refiere a la violación del deber de cuidado o educación por parte del padre o de la madre.
• Eliminar la calificación de “grave y repetidamente” para
que el delito califique como maltrato.
Abuso sexual en niños o niñas
(art. 135):
• Considerar como víctimas de estos actos a las personas menores de 16 años, no de 14 como estaba establecido. Equiparar el límite a la edad legal mínima para
• Se aumentan los marcos penales en todos los casos
• Los actos exhibicionistas frente a niñas/os menores son
considerados como formas de abuso sexual, por lo que
se sugiere derogar el inciso específico y contemplarlo
en la definición general.
• Incluir medidas correctivas, socioeducativas o de protección a los victimarios menores de 18 y mayores de
Abuso sexual en personas bajo
tutela (art. 136):
• Proteger del abuso sexual a adolescentes comprendidos
entre 16 y 18 años, particularmente cuando sean autores adultos/as que tienen responsabilidad en su cuidado
y con respecto a los/las cuales las víctimas se encuentran en situación de dependencia.
Estupro (art. 137):
• Derogar este artículo. Es discriminatorio referirse únicamente a las mujeres para configurar el hecho
punible. Además, no debería ser la condición de
extramarital la situación penalizada, sino el abuso
de poder en la relación dada.
Actos homosexuales con menores (art. 138):
• Derogar el artículo, por ser discriminatorio hacia las
personas homosexuales. El hecho punible ya estaría configurado en los artículos referidos al abuso
sexual de menores y al abuso sexual de personas
bajo tutela.
Proxenetismo (art. 139) y
rufianería (art. 140):
• Reemplazar estos dos artículos por uno solo, referido
a la explotación sexual de personas menores de edad.
• Considerar a toda persona menor de edad como
víctima del hecho punible, agravando las penas para
menores de 16 años o que padecieran alguna enfermedad, discapacidad, se hubiera empleado la
fuerza o se actuara comercialmente.
• Penalizar a quienes demanden servicios sexuales
comerciales a personas menores de edad.
• Tipificar la producción, venta, divulgación, publicación o fomento de pornografía que incluya a personas menores de edad, por cualquier medio de comunicación (incluso Internet) o gráfico.
• Usar la definición de pornografía infantil del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, ratificado por el Paraguay.
Prohibición de la publicación
• Sancionar a quienes publiquen por cualquier medio
de comunicación nombres, fotografías o datos que
permitan identificar a niños, niñas o adolescentes
víctimas o supuestos autores de hechos punibles.
Violencia familiar (art. 229):
• Incluir la violencia psíquica o psicológica.
• Eliminar el requisito de habitualidad para configurar
• Incluir como sanción la pena privativa de libertad
de hasta tres años, a más de la multa establecida
en la redacción actual.
Libro II – Título IV – Capítulo I: Hechos punibles contra el estado civil, el matrimonio
Incesto (art. 230):
• Derogar el artículo. Se propone despenalizar estos
actos, a menos que se encuentren dentro de los
previstos como abuso sexual en personas menores
de edad o abuso sexual en personas bajo tutela,
dado que es en dichas situaciones cuando se supone una relación desigual de poder y, por tanto,
una relación de tipo abusivo.
Libro III – Título único – Disposiciones finales
Aborto (arts. 349 al 353):
• Cambiar todo el articulado referido al aborto, por
ser discriminatorio hacia las mujeres debido a sus
consecuencias fatales, en especial para las mujeres pobres.
• Eliminar de la redacción del Código las referencias
al honor de las mujeres en vinculación con su vida
• Despenalizar el aborto consentido por la mujer hasta
las 12 semanas de gestación.
• Establecer penas privativas de libertad de hasta dos
años o multa fuera de este plazo, con dos excepciones: i) serio riesgo para la salud o la vida de la
mujer; y, ii) proceso patológico que provoque alteraciones incompatibles con la vida extrauterina.
• Aumentar las penas en los casos de aborto punible
si: i) el procedimiento se realizara sin el consentimiento de la mujer; ii) las personas que realizaron el procedimiento no tuvieran formación profesional habilitante;
iii) se causara una lesión grave a la mujer; y iv) se
causara la muerte de la mujer.
Propuestas para el Código Procesal Penal
Acción privada (art. 17):
• Excluir de la lista de hechos punibles de acción privada a los siguientes: maltrato físico, lesión, lesión
culposa, amenaza, tratamiento médico sin consentimiento, violación de domicilio, lesión a la intimidad y
daño; pues frecuentemente son víctimas personas
en situación de indefensión con respecto a sus
victimarias, como las mujeres que sufren de violencia. La acción en estos delitos crea en los hechos
ciudadanas de primera y segunda, por los costos que
implica la persecucción privada del hecho penal.
ANDANZAS DE UN
DIPUTADO: abuso de
poder, corrupción y
complicidad Ofelia Martínez
auxilio del fiscal y los policías locales, ninguno de ellos se atrevió a
contradecir al diputado.
El 28 de enero pasado la agente fiscal de la
Unidad Penal Especializada Ambiental, María
Bernarda Álvarez, acompañó a una comisión
interinstitucional en la zona de Yasy Cañy, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú,
a fin de interiorizarse acerca de la situación de
numerosas familias afectadas por la
pavimentación de la Ruta 10 Las Residentas,
cuya construcción se encuentra en etapa final.
Tras la reunión, observó un camión que llevaba
un cargamento de rollos de madera, por lo que
procedió a detener el vehículo para el control y
verificación de dicho cargamento. La Fiscala
constató que el chofer no tenía las guías forestales expedidas por el Servicio Forestal Nacional, tampoco tenía la documentación del vehículo, y ni siquiera contaba con sus documentos
personales, por lo que dispuso que el vehículo
fuese llevado a la comisaría de la localidad. Allí
se hizo presente el diputado colorado Julio César Colmán, quien luego de proferir insultos, groserías y amenazas a la fiscala ordenó la liberación del vehículo y sometió a su voluntad al
fiscal local, Leonardo Cáceres, presente en la
comisaría. A pesar de que la fiscala solicitó el
Todo el altercado fue presenciado por
testigos e incluso fotografiado y grabado
por periodistas que acompañaban a la comisión interinstitucional integrada por la fiscala.
Según reportes de prensa, el diputado hizo de
policía, fiscal y juez, desafiando a la agente fiscal a que ordenara su detención. Además, la
insultó, la humilló y la amenazó de ir ante el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e incluso la amenazó de muerte (Noticias, 31/01/
05). Llegó a tal punto el ataque del legislador que
la agente del Ministerio Público tuvo que solicitar
ser escoltada por militares para salir del lugar ya
que temía por su vida (ABC, 30/01/05).
El diputado en cuestión
Julio César Colmán es diputado colorado por el
distrito de Curuguaty, del departamento donde
ocurrió el hecho. Es licenciado en economía
agrícola y fue miembro del Instituto de Bienestar Rural (IBR) y presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). En su comuna es propietario de la radioemisora local 98.7 FM Curuguaty
donde conduce el programa “El pulso de la
mañana”. La sede de la comisaría de Curuguaty
está en el terreno que linda con su casa, donde
también funciona la radio y el complejo social
que él explota. “El diputado tiene a la comisaría
como el patio trasero de su casa y dispone del
comisario a su antojo”, indican los lugareños
(Última Hora, 6/02/05). Se dice también de él
que utiliza el aparato estatal para conseguir recursos, apareciendo después como el gran benefactor de la comunidad, y que utiliza su poder
para manejar a policías y fiscales de la zona de
El diputado liberal Agustín Perdomo, titular de
la Comisión Permanente del Congreso, en una
conferencia de prensa realizada el 1 de febrero
en la presidencia de la Cámara de Diputados,
afirmó que Colmán es un conocido traficante
de rollos de madera en esa región, que eso es
vox populi en la zona y que el camión que liberó luego de atropellar a la fiscala es de su propiedad (La Nación, 02/02/05). El supuesto propietario del camión incautado, Juan Carlos
Rodas, además de ser funcionario ad honorem
de la Gobernación de Canindeyú –puesto desde el que acapara las construcciones de puentes de la zona y provee de muebles al Ministerio
de Educación y Cultura–, es socio de Colmán
en un aserradero. Por otro lado, en la casa que el
diputado posee en Lambaré funciona un depósito de madera, pero el negocio está sospechosamente a nombre de otra persona. No está demás
decir que Julio César Colmán pertenece al entorno y es amigo muy cercano del presidente de la
República, Nicanor Duarte Frutos.
Poder Judicial vs. poder
María Bernarda Álvarez presentó ante la Fiscalía
General del Estado una denuncia contra Colmán
por los delitos de obstrucción, frustración de la
persecución penal, coacción grave, resistencia,
usurpación de funciones públicas, amenaza de
muerte, difamación y calumnia. También denunció a su colega, el fiscal de Curuguaty, Leonardo
Cáceres, por el hecho punible de frustración de
la persecución y ejecución penal.
El fiscal de Ciudad del Este, Rafael Ojeda, fue designado por el Ministerio Público para investigar
la denuncia. Tras las primeras indagaciones, el fiscal Ojeda imputó al diputado y pidió su desafuero. Es que las pruebas del hecho son más que
contundentes, existen testigos que corroboraron
el testimonio de la fiscala, fotografías publicadas
en la prensa e incluso grabaciones del altercado.
No es la primera vez que el Ministerio público
enfrenta al poder político, la lista suma y sigue.
1. Miguel Corrales, diputado (colorado): amenazó al fiscal Blas Imas con destituirlo por
ordenar la prueba de alcotest a su hijo. En
otra ocasión fue sorprendido en medio de
una escena de celos, con un revólver en
mano, en casa de su amante. Tras este último hecho se supo que realizaba tráfico de
influencias y prebendarismo estatal.
Amado Yambay, senador (colorado): fue filmado y grabado en momentos en que supuestamente recibía coima por acelerar el
pago de indemnización de expropiación a
Wildo Legal, diputado (colorado): en su camioneta fue encontrado un cargamento de
Julián Sosa, ex diputado por Canindeyú (liberal): fue sorprendido con veinte millones
de guaraníes, cobrados como parte de una
coima para frenar una ley de expropiación
de tierras de colonos brasileños, y sentenciado por corrupción.
Dionisio Chilavert, ex diputado (liberal): el
19 de mayo de 2000 atacó una vivienda
en busca de su esposa Obdulia y golpeó a
la propietaria. Luego denunció a su esposa
en la Fiscalía por “desacato a su autoridad”.
El 9 de enero de 2001, estando en estado
de embriaguez, mató a su sobrino en su
propia casa en Hernandarias.
Waldemar Zárate, ex diputado por Alto
Paraná (liberal): según fuentes judiciales,
tenía alrededor de 15 querellas criminales
por estafa y cheques sin fondo. Emitía cheques y luego los denunciaba como robados. Tuvo una radio ilegal y no pagaba a su
personal, según las denuncias. La radio fue
clausurada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). En plena sesión
de la Cámara Baja, hizo un show desnundándose para mostrar “transparencia”.
Óscar González Daher, ex diputado, hoy senador (colorado): a la misma fiscala (María
Bernarda Álvarez), González Daher procesó
cuando fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por haber detenido un cargamento de mercaderías de su
amigo, según fuentes del Ministerio Público.
No por nada la Cámara de Diputados ha sido
denominada “Cámara de la vergüenza”. Varios
de sus integrantes fueron sorprendidos ejerciendo presiones a jueces y fiscales, para traficar
influencias e incluso para encubrir delitos bajo
la protección de sus fueros parlamentarios. En
esta ocasión, si bien el legislador puso su cargo
a disposición y el bloque opositor exigió una
severa sanción, sus partidarios cerraron filas en
su apoyo. Los diputados y senadores colorados
de la Comisión Permanente del Congreso lograron suavizar el pronunciamiento institucional del
organismo contra el ilícito cometido por Colmán.
Finalmente, el organismo bicameral sólo expresó su “extrema preocupación y desacuerdo por
la conducta asumida por el diputado…que van
en detrimento de la institucionalidad y la vigencia del Estado de derecho en la República del
Paraguay” (Última hora, 6/02/2005).
Los parlamentarios terminaron así apañando una
vez más los delitos de sus amigotes como siempre lo hacen. Los colorados casi sin argumentos
impusieron su voluntad, rechazaron todas las
acusaciones por considerar que se trataba de
una persecución opositora. El diputado Raúl
Sánchez llegó al colmo de decir que la bancada
colorada necesita a Colmán en la Cámara Baja
porque “es un hombre bastante simpático”, razón por la cual seguirían respaldándolo.
En ocasiones anteriores los diputados colorados
también bloquearon pedidos de desafuero de
sus correligionarios Oscar Silvero, diputado por
Itapúa, y José Chamorro, diputado por Alto Paraguay, con lo cual éstos pudieron eludir procesos judiciales y quedar impunes.
Sociedad civil se moviliza
Como en pocas ocasiones, varios sectores organizados de la sociedad expresaron su repudio al diputado y apoyaron a la fiscala. Se realizaron varias reuniones y actividades de lobby y
presión, tanto en el Poder Judicial como en el
Legislativo, para que se castigue la conducta de
Colmán. En reunión con el fiscal general del
Estado, Oscar Latorre, se le solicitó que el caso
no termine en el “oparei”. Representantes de
más de 20 organizaciones aglutinadas en la
Coordinadora Ciudadanos contra la Impunidad
emprendieron una campaña nacional de recolección de firmas solicitando la destitución del
parlamentario. La Coordinadora también se reunió con el presidente del Congreso, Miguel
Carrizosa, a quien le invitó a utilizar todos los
recursos disponibles para lograr una sanción
ejemplar del diputado.
Por su parte, la Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales del Paraguay (ROAM)
envió una nota de apoyo a la actuación de la
fiscala en los términos siguientes: “Apoyamos la
gestión realizada por la Fiscalía del Medio Ambiente para el cumplimiento de la ley y el respeto a las instituciones y a sus representantes, que
en este caso está impulsando, y repudiamos la
actitud contradictoria, bochornosa y prepotente
del diputado Colmán”.
Los dirigentes campesinos de las dos organizaciones más importantes del país, Luis Aguayo,
de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y Odilón Espínola, de la Federación Nacional Campesina (FNC),
coincidieron en señalar que la actuación del diputado es fiel reflejo de la prepotencia de los
políticos y de la impunidad en la cual se desenvuelven los legisladores y otras autoridades, al
igual que en los tiempos del stronismo.
La Comisión Central de la Mujer del Partido
Colorado presidida por la senadora Lilian Samaniego emitió un pronunciamiento censurando
la actitud del “diputado nicanorista” y la Coordinadora de Mujeres Liberales de San Lorenzo
sostuvo en un comunicado público, que el diputado debería “renunciar a su cargo”. Transparencia Internacional, a través de su representación
paraguaya, fue otra organización que se pronunció ante este caso, enviando una carta al presidente Nicanor Duarte Frutos en la que cuestiona
la actitud del diputado Colmán hacia la fiscala.
Ni desafuero ni código de
A pesar de la contundencia de las pruebas respaldadas con grabaciones, fotografías y testigos del hecho, del repudio generalizado de distintos sectores organizados, y de la supuesta
intención de integrantes de partidos opositores
de sancionar a Julio César Colmán, una vez más
quedó demostrado que todavía hoy en Paraguay
prevalece ser seccionalero, tener poder político,
económico, manejar a la Policía y a la Fiscalía y,
por sobre todas las cosas, ser amigo de quien
gobierna el país. Duarte Frutos exige castigo
para jueces y fiscales corruptos, sin embargo,
cuando se trata de gente de su entorno hace la
vista gorda o se hace del desentendido. Como
dijo en una ocasión el diputado Agustín Perdomo
“… el poder en Paraguay no está en manos de
las autoridades legalmente constituídas sino del
presidente y sus amigos”.
El 16 de febrero pasado un triste desenlace
conmocionó a la sociedad paraguaya. En un
oscuro y profundo túnel de una casa de las afueras de la capital fue encontrado el cuerpo sin
vida de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de
la república, Raúl Cubas, que había sido secuestrada el 21 de setiembre de 2004. Según la
Fiscalía General del Estado el hallazgo fue fortuito, ya que la fiscala Sandra Quiñónez allanó
la vivienda investigando otro hecho1, aunque después se sabría que ambos casos estaban estrechamente relacionados.
La fiscala estaba buscando pruebas para incriminar a varias
personas que estaban detenidas por haber realizado una
práctica de secuestro que fue filmada, y cuya cinta fue hallada
por la policía unos meses atrás.
Las distintas versiones que fueron surgiendo en
el transcurso de las horas respecto al secuestro
y posterior asesinato de Cecilia mostraban que
la Policía y la Fiscalía no habían trabajado en
forma coordinada, e incluso se puede decir que
ambas instituciones competían en cuanto a cuál
de ellas tenía más o mejor información. Decenas de personas vecinas de la casa donde estuvo Cecilia casi 150 días, indicaron que ya desde
fines de noviembre de 2004 la vivienda había
sido objeto de denuncias a las autoridades policiales y municipales de la ciudad de Ñemby, e
incluso se supo que el párroco de la iglesia católica de ese lugar había recibido en confesión
datos sobre los ocupantes y los movimientos
“raros” que ocurrían en la casa, pero, aparentemente, nada se hizo hasta ese día. Nadie puede
responder adecuadamente hasta ahora a estas
declaraciones. Tanto la Fiscalía como la Policía
tratan de justificar sus acciones, pero todo indica que tal vez Cecilia podría haber sido rescatada con vida si estos dos organismos hubieran
trabajado en forma conjunta y coordinada, deInformativo
jando de lado las rivalidades que aparentemente están siempre presentes entre fiscales y
Lastimosamente, Cecilia no es la primera que
muere en manos de sus captores. En los últimos años, el Paraguay se ha enfrentado a numerosos casos de secuestros, y apenas unos
meses atrás, en octubre pasado, el niño Amín
Riquelme, de 10 años, fue encontrado muerto
dos días después de haber sido secuestrado a
la salida de su colegio2. Rodolfo Alliana, secuestrado en Pilar, también corrió la misma suerte.
Y ya han pasado más de dos años de la desaparición de Gilda María Estela Vargas, cuyos familiares pagaron el rescate solicitado pero hasta
ahora nada saben de ella, por lo que presumen
que también ella fue asesinada.
Quizá por ser hija de un ex mandatario, quizá
por pertenecer a la clase más adinerada del país,
quizá por la forma en que fue hallada, el caso
de Cecilia generó fuertes reacciones en la sociedad paraguaya. Pero quizá fue también porque, según acusaciones de la Fiscalía –presentadas incluso semanas antes de la aparición de
Cecilia–, los responsables del secuestro son dirigentes de Patria Libre, un pequeño partido
de izquierda del que también son líderes varios
de los acusados del secuestro de María Edith
Bordón de Debernardi, quien fue liberada después de 64 días de cautiverio.
Asimismo, se multiplicaron las críticas hacia los
procedimientos de la Fiscalía y de la Policía, y
las objeciones a las bajas penas carcelarias para
el delito de secuestro y las medidas judiciales
que, supuestamente, muchas veces dejan libres
a delincuentes. Además, se atacó con dureza a
y a grupos que militan en la izquierda, e incluso
hubo airadas voces que clamaron por la reinstauración de la pena de muerte en Paraguay.
En Paraguay la pena de muerte fue abolida constitucionalmente en 19923, y además, el Estado
ha firmado y ratificado el Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de
muerte, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte.
En los días que siguieron al hallazgo de Cecilia
los medios de comunicación difundieron diversas declaraciones respecto a la pena de muerte. Una de las más fuertes fue sin duda la de
María Edith Bordón de Debernardi, quien reclamó su reinstauración con vehemencia porque
“los culpables de secuestro tienen que ser colgados en una plaza pública, no merecen vivir.
No merecen vivir, no son seres humanos, son
animales, son guerrilleros, son criminales, son
terroristas, nos robaron la paz y la tranquilidad
del país” (ABC Color, 17/02/2005).
Quizá no sea muy preocupante la reacción de
una víctima de secuestro como lo fue María Edith,
o de familiares y personas cercanas a Cecilia
–algunas de las cuales también hablaron de la pena
capital para estos casos –, pero es gravísimo cuando quienes alegan a favor de la pena de muerte
son ministros de la Corte Suprema de Justicia,
como José Altamirano y Alicia Pucheta de Correa. Altamirano dijo apoyar la pena de muerte
“porque la sociedad tiene que hacer su regla clara. Quizá se diga que con eso no se va a disminuir
la criminalidad, pero ése no es el objetivo, sino
que hay personas que no merecen estar en una
sociedad, y deben ser eliminadas” (La Nación, 18/
02/05), en tanto Pucheta, ante el requerimiento
periodístico, afirmó estar de acuerdo con
Altamirano. Por suerte, los demás ministros de la
Corte no coincidieron con sus colegas, aunque
En este caso, las investigaciones indicaron que la muerte
fue accidental, ya que el pequeño tuvo complicaciones
pulmonares a causa del cloroformo que usaron para
mantenerlo sedado.
Excepto en la legislación penal de las Fuerzas Armadas que
“la mantiene para 9 delitos en tiempos de paz y 37 delitos
en tiempos de guerra”. Valiente, Hugo, “Derecho a la vida”,
en Derechos Humanos en Paraguay 2001, Codehupy,
Asunción, 2001, p. 44.
algunos de ellos se mostraron partidarios de penas más
severas, como la cadena perpetua para algunos delitos.
también rechazó la pena de muerte, y señaló
que al estar prohibida en la Constitución Nacional “cualquier debate sobre la misma y en las
condiciones en que nos encontramos no se justifica” (ABC Color, 18/02/05). En el Parlamento públicamente nadie apoyó la pena de muerte, aunque sí se discutieron algunas propuestas
de ley antisecuestro, que incluyen sanciones más
duras que las actuales.
Desde la sociedad también hubo posturas a favor de la pena de muerte, pero fueron más las
propuestas de modificación y aumento de las
penas, o de inclusión de medidas que apunten
a mejorar el sistema judicial y la labor de las
instituciones encargadas de garantizar seguridad a la población. Varias organizaciones de derechos humanos también se pronunciaron en
contra de la pena de muerte. La Coordinadora
de Derechos Humanos (Codehupy) afirmó que
esta medida es “cruel, inhumana, y degradante”
y aseguró que no se ha comprobado que desaliente el delito ni disminuya la criminalidad; en
tanto Amnistía Internacional señaló que la pena
de muerte “lleva consigo el riesgo de ejecutar a
inocentes de errores judiciales” ,y que su reinstauración “constituiría un gravísimo paso atrás
en la defensa de los derechos humanos fundamentales y en la tendencia global hacia la abolición de este castigo brutal” 4.
Por suerte, como ya se dijo, el marco jurídico
vigente impide la reinstauración de la pena de
muerte, y además, si se intentara modificar las
leyes se estarían “rompiendo compromisos y
Paraguay se alejaría del concierto de las naciones libres, cuya consecuencia jurídica sería muy
grave”5.
No obstante la clara postura de diversos sectores de la sociedad y del Estado contra la pena
http://web.amnesty.org/library/Index/
ESLAMR450012005?open&of=ESL-392.
Declaraciones de María Victoria Rivas, integrante del Instituto
de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(Inecip), en Revista Vida, diario Última Hora, 26/02/05.
A su llegada al Palacio de Justicia, Martínez recibió el apoyo
de numerosas personas, entre ellas de Alfonso Resk, una de
las personas símbolo de la lucha contra la dictadura stronista,
y de Raquel Talavera, activista defensora de derechos
humanos, que inicialmente asumió la defensa del acusado
(Última Hora, 28/01/05).
de muerte, el debate suscitado fue
una voz de alerta para quienes defendemos los derechos humanos,
pues nos mostró que todavía una
parte importante de la sociedad paraguaya apuesta a la “mano dura”
como única manera de frenar la delincuencia y
los crímenes que se cometen hoy día, y está
dispuesta a promover la reinstauración de la pena
de muerte, o por lo menos modificar las leyes y
procedimientos penales para conseguir que se
eliminen aquellas medidas de sustitución de
penas, de prisiones ambulatorias, entre otras,
que han sido establecidas para garantizar el
derecho a la presunción de inocencia que deben tener todas las personas, sin excepción.
Los derechos humanos fueron también un punto de gran discusión en este caso, y dejó ver
que todavía falta trabajar mucho para que la
gente entienda lo que implica respetar los derechos humanos y el rol que le toca al Estado en
ese sentido. La falta de claridad y comprensión
al respecto se notó en las diversas críticas hacia
personas y organizaciones de derechos humanos que acompañaron a Osmar Martínez, dirigente del partido Patria Libre, cuando éste se
entregó a la justicia el 26 de enero6.
En esa ocasión, semanas antes de encontrar
muerta a Cecilia, durante una conferencia de
prensa, su madre, Mirtha Gusinsky, lamentó “que
se expongan todo tipo de derechos para supuestos delincuentes y secuestradores, pero nunca
para las víctimas y sus familiares”, y si bien reconoció que los delincuentes tienen sus derechos, ella como madre se preguntaba “quién
protege los derechos humanos de las víctimas
de los secuestros” (Última Hora, 28/01/05). Su
hija Silvia todavía fue más fuerte en su reproche
hacia los defensores de derechos humanos, pues
según ella éstos “nunca se acercaron a nosotros […] Mi hermana sigue cautiva y ellos nunca
se preocuparon por preservar sus derechos. Estamos muy dolidos por la actuación de la coordinadora de derechos humanos. No les importa
la humillación a la que Ceci puede estar sometida” (ídem).
Por supuesto, quienes se sintieron aludidos rechazaron estas críticas aclarando que también
en su momento se habían acercado a la familia
para ofrecer apoyo y solidaridad, “ella no puede
quejarse. Toda la comunidad civil y los miembros
de la Comisión y de los derechos humanos estuvimos apoyando desde el comienzo del secuestro a la familia Cubas”, afirmó Dionisio Gauto, de
la CODEHUPY (Última Hora, 28/01/05).
Es importante que los familiares de Cecilia, así
como mucha otra gente, comprendan que los
derechos humanos son “esencialmente una
normación de los derechos de las personas frente
a los Estados, y que son éstos los responsables
exclusivos para cumplir con ellos y vigilar su
respeto”7. Por ello es necesario distinguir entre
el delito, cometido por personas particulares, y
la violación de derechos humanos, que sólo
puede ser cometida por el Estado8. En el caso
de Cecilia, el Estado se ocupó de velar por sus
derechos a través de las instituciones pertinentes y dispuso –mucho más que en otros casos
similares– de todo lo requerido para dicho fin.
En todo caso, lo que hoy puede exigirse al Estado es el esclarecimiento de algunas acciones
policiales y fiscales que han sido cuestionadas.
Por parte de las organizaciones defensoras de
derechos humanos, ellas cumplieron su rol al
apoyar el pedido de quien dijo ser un perseguido político. Lo que se hizo con Osmar Martínez
fue garantizar que se respeten sus derechos y
ya es competencia de la justicia condenarlo por
los delitos que pudiera haber cometido.
Hay que recordar que en Paraguay recién hacia
fines de 1970 se empezó a hablar de derechos
Huhle, Rainer, “La violación de los derechos humanos”.
¿Privilegio de los Estados?, Ko’aga Roñeéta, Serie IV. Actores
no gubernamentales, 1993, en http://www.derechos.org/
koaga/iv/1/huhle,html
Ciertamente existe desde hace unos años un debate abierto
acerca de si aquellos grupos no-estatales que utilizan la
violencia en persecución de sus metas políticas, no deberían
también ser considerados como responsables de la violación
de derechos humanos (Rainer, 1993, op. cit.).
En ese tiempo, doña “Coca”, como se la conocía, recorría
cárceles y comisarías para visitar a los detenidos arbitrariamente por el régimen, les llevaba comida y enseres, y se
enfrentaba sin miedo a las autoridades policiales, si éstas
intentaban impedir su trabajo.
Esta organización trabaja por la defensa de los derechos
humanos de militares que respondían al general Lino César
Oviedo, actualmente encarcelado por haber intentando un
golpe militar en 1996 y por estar acusado de ser uno de los
principales responsables del asesinato de una decena de
jóvenes durante la crisis del Marzo paraguayo. Los integrantes
de esta coordinadora alegan que no se han respetado los
derechos de las personas apresadas y detenidas, y han
presentado incluso demandas a nivel internacional en algunos
Nikken, Pedro, “El concepto de derechos humanos”, en
Cerdas Cruz, Rodolfo y Nieto Loaiza, Rafael (comp.), Estudios
Básicos de Derechos Humanos I, Serie Estudios de Derechos
Humanos, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH), San José, 1994.
humanos en el contexto de la lucha contra la
dictadura, y quienes se embanderaban bajo esta
idea eran dirigentes/as sociales y políticos/as
de distintas ideologías, que hacían conocer al
mundo las atrocidades que cometían Stroessner y su gobierno. Por ejemplo, la recordada
doña Carmen de Lara Castro, una dirigente liberal de reconocida trayectoria, fue la primera en
fundar una Comisión Paraguaya de Derechos
Humanos, desde donde hacía públicas las denuncias de violaciones a los derechos humanos
que ocurrían en el país9, y así como ella, mucha
otra gente era acusada de guerrillera, terrorista,
etc. Quizá por ello, continúe arraigada en parte
de la sociedad paraguaya la idea de que las
personas que promueven el respeto a los derechos humanos son “subversivas” y “comunistas
apátridas” –para usar términos de la dictadura
stronista–, y suponen que los hoy acusados del
secuestro de Cecilia, por ser miembros de un
partido de izquierda (ergo: “subversivo, comunista”), reciben apoyo de los defensores de derechos humanos.
Pero no sólo falta claridad acerca del concepto
de derechos humanos en ámbitos conservadores, autoritarios o de derecha, tampoco hay comprensión al respecto en sectores democráticos
y progresistas, porque cuando hace unos años
se formó un grupo de familiares de militares
oviedistas10 para reclamar el cumplimiento de
los derechos humanos de sus parientes que
estaban en la cárcel, surgió una gran polémica
incluso en organizaciones defensoras de derechos humanos, que aparentemente olvidaron
que “todo ser humano, por el hecho de serlo, es
titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente”11.
Hoy, en el caso de Cecilia, la tarea del Estado es
respetar los derechos humanos de los acusados –procedimientos y juicio justos–, más allá
de que pertenezcan o no a un partido de izquierda, y realizar una investigación transparente que impida la caza de brujas que se podría
estar haciendo hacia otros integrantes del partido Patria Libre, por el solo hecho de militar en
dicho partido. No podemos volver a los tiempos oscuros donde la persecución política era
la acción cotidiana, y que por defender los derechos humanos, las ideas comunistas, de izquierda, la democracia, etc., tanta gente haya
sido detenida, encarcelada, torturada, asesinada o desaparecida. La Constitución Nacional
garantiza la libre expresión política, y las autoridades deben cumplirla.
Carolina Thiede Arias
Jóvenes, mujeres,
campesinos y campesinas, activistas sociales de
todo el mundo, un alto número de
periodistas, indígenas, intelectuales reconocidos y otras personas de identidades sumamente diversas, transitaron del 26 al 31 de enero la
novedosa infraestructura montada a lo largo del
lago Guaíba, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El quinto Foro Social Mundial (FSM) regresó
a su lugar de origen luego de la edición realizada en Mumbai, India, y se erigió como el Foro
de mayor población hasta el momento: se estima que hasta 500 mil personas accedieron al
denominado Territorio Social Mundial durante los
días de mayor concurrencia1.
El carácter multitudinario de la reunión se refleja en las cifras de este mega evento, que coincide con el Foro Económico de Davos, en Suiza.
Cerca de 155 mil participantes se registraron,
de los cuales 35 mil formaron parte del Campamento de la Juventud, y en total 151 países fueron representados por cerca de 6.872 organiza1
“Memoria FSM 2005” en Sitio web del Foro Social Mundial
[en línea] <http://www.forumsocialmundial.org .br/
main.php?id_menu=14_5&cd_language=4>, 31 de marzo de
2005 [consulta: julio de 2005].
Interna ionales
Mundial 2005 y
ciones, que impulsaron las más de 2.500 actividades realizadas durante los seis días.
En cuanto al contenido y la metodología, el FSM
creció también en diversidad de ejes temáticos
e intentó democratizarse más a través de una
consulta temática previa y dejando de lado los
eventos masivos que fueron la nota principal de
las ediciones anteriores realizadas en Brasil. A
pesar de la noble intención, fue imposible escapar de la lógica “hollywodense” que rige los
gustos del público, sea éste alternativo o no, ya
que tanto los medios de comunicación como
las personas asistentes priorizaron la presencia
del mandatario brasileño Luis Ignacio “Lula” da
Silva y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
durante dos eventos realizados en el repleto estadio Gigantinho.
En la misma línea, la necesidad imperiosa de
contar con liderazgos carismáticos, palabras
inspiradoras y recetas de acción unificadas, hizo
que surgieran varias declaraciones finales. La
Carta de principios del FSM aclara que “las
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reuniones del Foro Social Mundial no tienen un
carácter deliberativo” y que nadie podrá hablar
en nombre del Foro como un todo, sin embargo, la lógica mediática hace que unas declaraciones sean tomadas como representativas del
evento de carácter mundial.
En ese marco fueron presentados el “Llamamiento de los movimientos sociales”2 y el “Manifiesto
de Porto Alegre”, este último firmado por 19 intelectuales de renombre internacional3. El contenido del manifiesto, difundido ampliamente en todo
el mundo, presenta 12 acertadas propuestas para
la materialización del eslogan “Otro mundo es posible”, pero no muestra ninguna perspectiva de
género feminista en sus consignas. Además, si
bien entre los firmantes están representados los
cinco continentes, hay sólo una mujer. Triste es
observar que para pensar el otro mundo posible,
la intelectualidad que apoya el Foro desde sus inicios no considera imprescindible la presencia de
mujeres intelectuales y activistas.
Sin embargo, el FSM tiene espacio de sobra y
pudo albergar a expresiones casi de todo tipo,
desde campañas globales y grandes movimientos sociales hasta pequeños grupos culturales y
políticos autogestionados. En este ancho margen entramos las feministas, integradas al Campamento de la Juventud, impulsando la Marcha
Mundial de las Mujeres, propiciando debates
entre movimientos, navegando sobre el Guaíba
en el Barco de la Diversidad y principalmente
proponiendo debates fuertes, como la legalización del aborto, la denuncia de la violencia contra las mujeres, inclusive en espacios de supuesta transformación social, y la urgencia de rechazar por igual todo tipo de fundamentalismos.
La previa feminista al Foro
La propuesta de los Diálogos Feministas (DF),
surgida hace tres años durante la edición portoalegrense del Foro Social y llevada a cabo en
Mumbai el año pasado, se concretó nuevamente del 23 al 25 de enero. Fueron días de debate
intenso en el hotel Embaixador de Porto Alegre
con aproximadamente 300 participantes de varias nacionalidades que interactuaron en plenarias y talleres alrededor de los ejes temáticos
propuestos: Globalización neoliberal;
Guerra, conflictos, militarismo y militarización; y Fundamentalismos. El objetivo declarado fue proveer un espacio estratégico para que las feministas unamos nuestra amplia diversidad para
explorar el momento actual, reconocer nuestras
diferencias y afinidades, y analizar nuestro rol
en los movimientos sociales de mayor amplitud.
Organizados por una coalición integrada por Isis
Internacional (Manila), Alternativas de Desarrollo para Mujeres en la Nueva Era (DAWN),
INFORM (Sri Lanka), Coalición Internacional de
Mujeres para la Justicia Económica (WICEJ),
Articulación Feminista de Marcosur (AFM), Red
de Desarrollo y Comunicación de las Mujeres
Africanas (FEMNET, África) y la Red Nacional de
Grupos Autónomos de Mujeres (NNAWG) de
India, los diálogos contaron con presentaciones
de renombradas feministas, como Maxine
Molyneux de Gran Bretaña, la peruana Gina
Vargas, Vahida Nainar de India y la brasileña
María Bethania Ávila.
Documento denominado “Llamamiento de los movimientos
sociales a la movilización contra la guerra, el neoliberalismo,
la explotación y exclusión por otro mundo posible”, presentado
el 31 de enero de 2005 en el Foro Social Mundial. Ver el
texto completo en <http://www.forumsocialmundial.org.br/
dinamic.php?pagina=decl_mov_soc_2005_es>.
El “Manifiesto de Porto Alegre” fue presentado el 29 de enero
del 2005 y está firmado por Tariq Ali (Pakistán), Samir Amin
(Egypto), Walden Bello (Filipinas), Frei Betto (Brasil), Atilio
Borón (Argentina), Bernard Cassen (Francia), Eduardo Galeano
(Uruguay), François Houtart (Bélgica), Armand Mattelart
(Bélgica), Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Riccardo Petrella
(Italia), Ignacio Ramonet (Espana), Samuel Ruiz García
(Mexico), Emir Sader (Brasil), José Saramago (Portugal),
Roberto Savio (Italia), Boaventura de Sousa Santos (Portugal),
Aminata Traoré (Mali), Immanuel Wallerstein (Estados-Unidos).
Ver texto completo en <http://www.gloobal.info/iepala/
gloobal/fichas/ficha.php?id=881&entidad=Declaraciones>.
Sin duda alguna los momentos de mayor riqueza se vivieron al interior de los talleres grupales,
donde se instalaron discusiones relacionadas con
la necesidad de elaborar estrategias de acción
más inclusivas y eficaces, de politizar aún más
nuestras propuestas y fortalecer alianzas con movimientos sociales afines, principalmente para la
reivindicación de los derechos sexuales y
reproductivos. La presencia de numerosas mujeres jóvenes fue considerada un aporte valioso
y trajo consigo temas polémicos, como el manejo del poder al interior del movimiento feminista y la inclusión de hombres en la lucha por
Navegando por el Guaíba
Feministas y personas interesadas tuvieron oportunidad de salir del asfalto caliente y participar
de los diarios paseos y debates realizados a bordo del Barco de la Diversidad. La Articulación
Feminista Marcosur (AFM) preparó el vehículo
náutico para difundir la campaña contra los fundamentalismos y el programa de actividades que
se desarrolló fuera de tierra firme, marcando la
nota de originalidad necesaria en un Foro Social plagado de iniciativas visibles y novedosas.
El barco tuvo a bordo desde reuniones de trabajo de redes y proyectos, hasta noches de cine
lésbico y fiestas. La agenda política de las feministas fue reflejada con sesiones de planificación de estrategias hacia Beijing + 10, talleres
sobre derechos sexuales y derechos
reproductivos, la Campaña por la resolución so-
bre orientación sexual en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y reuniones sobre el 10º Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe.
Cuestiones regionales y mundiales, como el problema del agua y su privatización, los Objetivos
del Milenio de Naciones Unidas y la necesidad
de mirarlos críticamente con lentes de género,
la implementación del Estatuto de Roma y los
avances en materia de justicia de género, y las
migraciones y el trabajo sexual, entre otros temas, estuvieron presentes y fueron motivo de
reunión y debate en el barco. También fue un
espacio para compartir procesos exitosos, como
“La Agenda de las Mujeres” de Uruguay, impulsada por la Comisión Nacional de Seguimiento
a Beijing de ese país, y el programa “Promotoras
Populares” de la organización brasilera Themis.
A la hora del pôr do sol la modalidad de paseos
debate, distendidos y con un paisaje estimulante, tuvo notable éxito de convocatoria. Los temas propuestos fueron “Negra sucia, indio ladrón, vieja loca, puto de mierda”, sobre discriminación y estereotipos, “Arando en el mar, ¿quién
representa a quién?” sobre el poder, los modelos de organización y liderazgo, y finalmente la
inevitable evaluación denominada “El Foro y la
flotación”. El barco de la diversidad también albergó conversaciones a veces postergadas, como
“Feministas lesbianas y feministas trans: por qué
nos importa trabajar juntas” y el “Diálogo entre feministas asiáticas y feministas latinoamericanas”.
Otras actividades impulsadas por la AFM
dentro de los ejes temáticos del Foro fueron “El aborto en la agenda democrática”, el “Diálogo InterMovimientos” y el
“Diálogo entre Campañas de Resistencia”:
tres iniciativas que buscan generar espacios de comunicación entre el feminismo
y otros proyectos políticos que trabajan por
el cambio social y transversalizar las propuestas feministas en el debate más amplio
mujer27
La movida feminista en Porto Alegre incluyó
espacios propios para jóvenes. Un programa de
actividades que priorizó la defensa y difusión de
los derechos sexuales y reproductivos reunió iniciativas de grupos como la REDLAC, ELIGE y
DESYR4, la Red de Jóvenes de Brasil, el grupo
Jóvenes Feministas de São Paulo y la Articulación de Jóvenes del Cono Sur. La propuesta
central fue el “Diálogo Joven sobre el 10º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe”, del que participaron más de 80 mujeres
jóvenes de Latinoamérica y el Caribe en busca
de propuestas para el 10º Encuentro Feminista.
mujeres son el pan de cada día y la respuesta
del Estado suele ser ineficaz, sin embargo fue la
nota en un espacio como el Foro Social Mundial, que se declara en contra del uso de la violencia y que articula a entidades y movimientos
de la sociedad civil en busca de “una globalización solidaria que [...] respete los derechos humanos universales, a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las naciones y al medio ambiente, apoyándose en sistemas e instituciones
internacionales democráticos que estén al servicio de la justicia social, de la igualdad y de la
soberanía de los pueblos”6.
Otro punto propicio para el debate entre jóvenes fue sin duda el Campamento de la Juventud, donde también grupos de mujeres feministas introdujeron cuestiones de género y discriminación sexista. Sin embargo, estas iniciativas
fueron tapadas por una situación casi generalizada de violencia sexual contra las mujeres al
interior del campamento (más de 90 casos), que
cubrió de miedo e indignación a numerosas
mujeres que llegaron hasta el Parque de la Armonía con la intención de convivir en igualdad de
condiciones con hombres, muchos de los cuales
son compañeros de lucha pertenecientes a movimientos sociales y partidos de izquierda.
Este episodio se convirtió en un hito válido para
reflexionar a profundidad sobre lo que Ana Elena Obando llamó las contradicciones de la revolución. Actualmente “el común denominador
entre los movimientos en resistencia es su oposición generalizada al capitalismo neoliberal, a
la militarización, a las guerras, y a la destrucción
del medio ambiente, más no a una de las expresiones del patriarcado que va entrelazada con
las anteriores: los fundamentalismos, particularmente los religiosos”7. Este análisis evidencia en
parte el por qué de tamaña muestra de desinterés para combatir una de las muestras de discriminación contra las mujeres –la violencia sexual–
y también explica la falta de compromiso de
muchos fuertes movimientos sociales con el feminismo y su propuesta política y teórica contra
todo tipo de fundamentalismos.
Una joven denunció que mientras regresaba a
su carpa fue atacada por un varón de 19 años
que, como no encontró respuesta a sus insinuaciones, optó por golpearla y le causó fracturas
en la nariz y golpes intensos en el rostro. Para
colmo se supo que mientras la joven todavía
estaba siendo atendida, el agresor ya había sido
liberado5. Este caso lamentablemente no sería
especial en cualquier ciudad de nuestro continente, donde las agresiones sexuales hacia las
ELIGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y
Reproductivos de México y DESYR, Red de Jóvenes por los
Derechos Sexuales y Reproductivos de Uruguay.
Argentina – Indymedia, “Violencia contra mujeres en el Foro
Social Mundial” [en línea] <http://www.lafogata.org/
fsm2005/foro_15.htm> [consulta: julio de 2005]
Carta de principios del Foro Social Mundial [en línea] <http:/
/www.forumsocialmundial.org.br/main.php? id_menu=
4&cd_language=4> [consulta: julio de 2005].
Obando, Ana Elena, “Sexismo en el Foro Social Mundial.—
¿Es Posible Otro Mundo?”, WHRNET [en línea] <http://
www.whrnet.org/docs/tema-sexismo_fsm.html> [consulta:
julio de 2005].
Con experiencias negativas –como la relacionada
con la violencia sexista– y otras muchas positivas,
este enero la ciudad de Porto Alegre se despidió
por tiempo indeterminado del Foro Social Mundial, ya que el espacio se ha vuelto policéntrico y
en el 2006 se realizará simultáneamente en diferentes continentes. Un evento tendrá lugar en la
ciudad de Bamako, en Malí, África, el capítulo americano será en Caracas, Venezuela, y en Karachi,
Pakistán, se realizará el capítulo asiático.
Cada vez son mayores los desafíos para el FSM
y para los movimientos sociales que lo protagonizan, porque avanzar en la construcción de otro
mundo posible implica transformaciones culturales y no sólo conquistas políticas. Las feministas lo sabemos y lo decimos constantemente,
estando presentes en los distintos foros del mundo, todos los años y cada día.
aconteci ientos
Presentaron informes
La delegación oficial paraguaya, encabezada por la ministra de la Mujer María
José Argaña, defendió el 14 de enero los
informes tercero, cuarto y quinto del Estado
paraguayo ante el Comité examinador de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), durante su 32ª
sesión realizada del 10 al 28 de enero en Nueva York.
La delegación presidida por la ministra estuvo integrada por Benefrida Espinoza, Claudia García y Adriana
de Arriola, de la Secretaría de la Mujer. También participaron la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Olga Ferreira de
López, la jueza en lo penal y criminal de Coronel Oviedo, Nimia Guanes, y la titular de la Dirección General
de Estadística, Encuestas y Censos, Zulma Sosa.
Igualmente María Molinas y Graciela Mendoza, representantes de la Coordinación de Mujeres del Paraguay
(CMP) y del Comité de América Latina y el Caribe para
la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM –
Paraguay) presentaron en la misma sesión del Comité
CEDAW el Informe Sombra “Estado de cumplimiento
de la CEDAW por parte del Estado paraguayo”, impulsado por la CMP y CLADEM Paraguay y respaldado por
25 organizaciones sociales y de mujeres de nuestro país.
En este marco Molinas y Mendoza participaron del Programa de Capacitación “De lo global a lo local”, con el
apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), el International Women’s Rights Action Watch
(IWRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), realizado del 5 al 8 de
enero en Nueva York.
Gladys de
de Víctimas ofreció un
Gladys de Sannemann
por su inclaudicable lucha contra el régimen
stronista y su apoyo y solidaridad a quienes
resultaron víctimas de la dictadura. El acto se
realizó el 7 de enero en el local del Comité de
Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE).
La Coordinadora Nacional de Organizaciones
de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas
(CONAMURI) organizó el 7 de enero en su local, con el apoyo de Alter Vida, Jaku’éke Paraguay y FM Trinidad, un acto de conmemoración a los dos años de la muerte del niño Silvino
Talavera, fallecido por intoxicación con agroquímicos. El evento incluyó un Estudio abierto denominado “Utilización indiscriminada de agrotóxicos: el caso Silvino” y un acto cultural conmemorativo.
Recordaron a Josefina Plá
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción organizó el 11 de enero
en el salón auditorio Ignacio Núñez Soler la recordación del sexto aniversario de
la partida de la escritora y artista plástica Josefina Plá. Las palabras de apertura
estuvieron a cargo de Emma Perasso y a continuación se escucharon las interpretaciones poéticas de Margarita Herreros, Vilma Pérez Gavilán y Heddy Benítez,
quien realizó la coordinación del acto.
Instituciones estatales abordan desafíos
La Secretaría de la Mujer realizó el 17 de febrero en el Salón Comendador del Mall
Excelsior un taller dirigido a instituciones del Estado, con el objetivo de identificar los
avances de la implementación del II Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres. En la ocasión también se abordaron temas como los Objetivos del Milenio, las
Plataformas de Acción de Beijing y de El Cairo, el Plan de Trabajo de la Reunión Especializada
de la Mujer (REM), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
hacia la Mujer (CEDAW) y las observaciones realizadas por el Comité CEDAW.
en conmemoración al “Día
de la Mujer Paraguaya”
• Los días 23 y 24 se realizó el foro “La mujer y su
rol en la actualidad” en el Teatro Municipal de Fernando de la Mora, con conferencias de destacadas mujeres de los sectores público y privado. En
la misma ciudad, en el Club 4 de Julio, culminó el
24 el curso sobre salud sexual y reproductiva y
elaboración de alimentos a base de soja, organizado por la Municipalidad de Fernando de la Mora,
en el marco del programa Capacitación a Mujeres
• El Primer Congreso Nacional de Mujeres Antiimperialistas se llevó a cabo el 24 en la Plaza Italia,
y fue organizado por el Departamento Mujer del
Movimiento Popular Revolucionario Paraguay
Pyahurã (MPRPP), con la participación de estudiantes, campesinas, trabajadoras, delegadas de
asambleas populares impulsadas por el MPRPP
y secretarias departamentales de la Federación
Nacional Campesina (FNC).
• La ministra de la Mujer, María José Argaña Mateu,
compartió el 24 en su residencia un desayuno
de trabajo con un grupo de mujeres víctimas de
secuestros integrado por María Edith Bordón de
Debernardi, María Ángela Martínez, Gilda Ayala
(hija de Gilda María Vargas), Fátima y Gloria
Gusinsky y María Mercedes Elizeche. En la ocasión analizaron mecanismos de prevención que
puedan surgir de la experiencia de estas mujeres, y revisaron propuestas de acción a favor de
• Ese mismo día, la ministra de la Mujer rindió homenaje a Idalia Flores de Zarza, doctora en historia, ex enfermera de la Guerra del Chaco, docente
y escritora, en un acto realizado en el local de la
Secretaría de la Mujer. Durante el evento, el director del Correo Paraguayo Hugo Piccinini pre30
sentó un matasellos conmemorativo al “Día de la
Mujer Paraguaya”.
• También el 24 se realizó
la firma del convenio de cooperación entre la organización Tiempo Nuevo, el
Parlamento Nacional, la Secretaría de la Mujer y la Embajada de Suiza, para dar inicio simbólico al proyecto “Parlamento de Mujeres”, donde 80
participantes asumirán el rol de parlamentarias una vez al mes a partir del 7
marzo. Presidieron el acto el senador Miguel
Carrizosa, presidente del Congreso, la ministra María
José Argaña y el embajador de Suiza Carlos Orga.
• La Junta Municipal de Asunción brindó un reconocimiento especial a todas las mujeres que demuestran un excelente desempeño dentro de la
gestión pública y en otros ámbitos de la sociedad
paraguaya, durante un acto organizado el 24 por
la Comisión de Equidad de Género de la Junta
Municipal. Esta comisión también relanzó el 28
en la sala de sesiones el proyecto “Mujer al volante del transporte público”, desarrollado por el Departamento de Educación Vial de la municipalidad capitalina.
• El 24 el Consejo de Mujeres del Movimiento de
Reconciliación Colorada ofreció un homenaje a
la mujer paraguaya en el Centro Político Cultural
Prof. Dr. Luis María Argaña, durante un acto liderado por la dirigente Pacholí Argaña.
• La Coordinadora de Mujeres Liberales de San
Lorenzo Carmen de Lara Castro realizó el 24 una
conferencia en el local del Comité Nº 1, con la
presencia de la fiscala Bernarda Álvarez, quien
disertó sobre el rol de la mujer en la preservación del medio ambiente, y de Edda de los Ríos,
quien compartió una semblanza de la personalidad de doña Coca de Lara Castro.
María, una amiga española que vino a vivir al
Paraguay, me preguntó un día si las mujeres paraguayas sentíamos que fuera violencia los continuos “piropos” y acechos de los hombres en
las calles de Asunción, o si eso era algo “normal” en esta cultura. Su pregunta surgió a partir
de un comentario que su amigo había hecho
cuando ella se quejó del trato de los hombres
paraguayos en las calles; este amigo le dijo que
sólo ella se sentía de esa manera, pues las mujeres paraguayas reciben esos “piropos” como
un halago y no como un acoso.
La anécdota sirve para reflexionar sobre lo invisible y silenciosa que puede ser la violencia cotidiana que vivimos las mujeres en las calles y
en espacios públicos en general. También en
cómo la naturalización de la desigualdad de las
mujeres hace que no podamos reconocer, inclusive las propias víctimas, la violencia que vivimos día a día.
Tradición y cultura: fuente
inagotable de violencia y
Identificar la violencia hacia las mujeres, mucho
más aquella que no se manifiesta en lo físico, es
una tarea compleja, pues en ella entran a jugar
elementos que tienen que ver con las costumbres, las normas, las pautas culturales, la historia de una sociedad, todo lo que influye para
que lleguemos a adoptar los roles que nos asignan según seamos mujeres u hombres, los que
a su vez determinarán nuestras relaciones sociales y muy especialmente las sexuales.
Una de las normas de género institucionalizadas es el rol de “activo” que se asigna a los
hombres y el rol de “pasiva” para las mujeres, en
las relaciones sexuales. El activo es quien tiene
la iniciativa en la relación, quien “lleva el mando”, la pasiva es quien se deja llevar por ellas.
Dentro del rol activo uno de los mandatos de
género es que el hombre debe ser el conquistador, las mujeres se dejan conquistar, y además
somos las que seducimos, es decir, las que hacemos que el hombre tome esa iniciativa, a través del poder de seducción que supuestamente
nos da la naturaleza, como bien lo describe la
antropóloga feminista Marcela Lagarde, al señalar que: “independientemente de su real proceder, las mujeres encarnan la seducción en la
sociedad y en la cultura. Seducir es femenino,
conquistar es masculino. Así, cualquier hecho
erótico se aprecia bajo el tamiz de esta consideración, la cual permite además, eximir a los hombres de la carga de agresión –posesión en acto:
política–, y convertirlos en víctimas del mal del
erotismo desbordado de malas mujeres”1.
De esta forma es que llegamos a la convivencia
cotidiana entre mujeres y hombres, donde éstos
cumplen su mandato de género al querer conquistar a una mujer en la calle. ¿Cómo lo hacen?
Diciéndole piropos y exclamaciones “halagadoras”,
pues esto significa que el poder de seducción de
las mujeres tiene buenos resultados, porque es
así como se espera que se comporten las mujeres y los hombres en nuestra cultura.
Pero, entonces: ¿qué pasa cuando las mujeres
nos sentimos acosadas y no conquistadas? ¿Qué
sucede cuándo nos rebelamos ante las normas
de género establecidas para nuestro sexo? ¿Por
qué un piropo no puede ser considerado como
un halago para las mujeres?
El juego de la conquista y la seducción de por sí
no es malo, al contrario, puede llegar a ser fuente de placer y satisfacción para quienes lo juegan. Pero para que eso suceda es necesario que
exista igualdad de condiciones y oportunidades
para las personas involucradas en él. Y no es
nuestro caso, ya que las mujeres ocupamos un
lugar inferior al hombre, ésta es una afirmación
muy difícil de ser discutida en este tiempo, aunque por años lo ha sido, pero hoy constituye
todo un logro para los derechos de las mujeres
que nuestra sociedad asuma que somos discriminadas y consideradas inferiores a los hombres en muchos aspectos.
Difícilmente todas las mujeres sintamos como
un halago los piropos callejeros o lo de recibir
continuas propuestas sexuales. La violencia está
en el hecho de que los hombres den por sentado que a todas nos gusta, o de que por lo menos nos debería gustar. La experiencia de otra
amiga habla de esto: “Un muchacho me siguió
varias cuadras, me decía: ´shich linda, schischi
vení conmigo´. Yo no le hice caso y crucé en la
vereda de enfrente, él me volvió a seguir y me
dijo: en vez de alegrarte, ¡vieja!”.
Esta creencia niega a las mujeres el derecho
que tienen de decidir sobre su sexualidad,
refuerza la idea de que las mujeres fuimos hechas para los hombres, para darles placer. En
este sentido las mujeres no tenemos derecho a
decidir sobre nuestro cuerpo, no tenemos derecho a optar por tener relaciones sexualesafectivas con mujeres o con hombres, y muchas
otras más. Existen otros ejemplos que están en
la cultura paraguaya, los refranes populares en
guaraní y las canciones del folklore paraguayo
son la fuente inspiradora que muchas veces determinan las formas de comportamiento de hombres y mujeres:
“He´i haicha anatomía guaraní, kuña niko so´o
ikuáva ha mácho katu ijyiv yráva hakámby
pa´yime”
(Según la anatomía guaraní, la mujer es carne
con agujero y el hombre [tiene] un palo entre
las piernas”. (Aquí anotamos que el mismo
ñe´enga define al hombre como macho mientras el compilador lo traduce como hombre)2.
“Kuña oñemyrõva kuimba´égui, kuñakuéma”
(La mujer que rechaza/le disgusta el hombre,
dejó de ser mujer)3.
“Kuña mala guélta ha sandia´i, mokétepente
rehóva´erã ichupe”
(A la mujer arisca y a la sandía pequeña se las
maneja con golpes de puño) (Agregamos que
para partirlas/abrirlas)4.
“Ejapo nde gusto, he´i kuñatai oporombovy´a
kuaáva”
(Hacé tu gusto, dice la mujer que sabe complacer)5.
Cambiar la cultura: difícil, no
Nuestra cultura está en transformación con respecto a los roles de género de mujeres y hombres y a las formas de violencia basadas en ellos,
hay muchas cosas que han cambiado, la ley
contra la violencia doméstica es un avance en
esta área. Pero todavía queda mucho por cambiar. Con respecto a los acosos callejeros, es
necesario aclarar que existen grados de violencia, por lo tanto no todos pueden ser calificados
como agresiones sexuales, por esta razón es difícil pensar en soluciones legales o reglamentaciones que sirvan para penalizar esos comportamientos en la calles, que de alguna forma violan los derechos de las mujeres.
Pero de todas formas existen muchas cosas que
se pueden hacer para cambiar la cultura, si pensamos (y podemos soñar) en una reglamentación, podría ser una ordenanza municipal que
regule la convivencia sin violencia entre mujeres
y hombres y la libertad de expresiones sexuales
en lugares públicos, garantizando la demostración de las diferentes opciones y expresiones
sexuales, y que prohíba el acoso y el hostigamiento sexual de mujeres y hombres; se podría
acompañar con campañas de sensibilización que
sirvan para reflexionar sobre las costumbres y
creencias (tomando los dichos y refranes populares) que refuerzan la violencia hacia las mujeres y promuevan los derechos para una convivencia en igualdad.
Lagarde, Marcela, Los cautiverios de las mujeres:
madresposas, monjas, putas, presas y locas, Universidad
Nacional Autónoma de México, México D.F, 2003, p. 272.
Pompa Quiroz, María del Carmen, Kuña imembynte vaéra
voi. Valores tradicionales y pautas reproductivas, Fondo de
Población de las Naciones Unidas, Departamento de Estudios
de Población y Desarrollo. Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad Nacional de Asunción, Asunción, 1996, p. 28.
Ídem, p. 36.
te recome damos
2º Encuentro Feminista del Paraguay
Los días 16, 17 y 18 de septiembre se llevará a cabo en la ciudad de
San Bernardino el 2º Encuentro Feminista del Paraguay, cuyo eje central será “Feminismo, cambio cultural y justicia social”. El evento es
organizado por la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) y busca continuar con la experiencia satisfactoria del Primer Encuentro Feminista realizado en noviembre de 2003.
Están invitadas a participar feministas y organizaciones y personas que quieran conocer más sobre esta corriente de pensamiento y de acción social. Los objetivos del 2º
Encuentro son: visibilizar al feminismo como una propuesta orientada al cambio cultural democrático y a la justicia social; abrir un espacio para el encuentro y la discusión de ideas entre diversas organizaciones; propiciar la generación de iniciativas
conjuntas que enriquezcan la acción feminista; y favorecer el posicionamiento público de las distintas propuestas feministas y de otras organizaciones que apoyan la
democracia y la justicia social.
Para contactar con la organización del evento, inscribir actividades o aclarar dudas
están habilitados el email segundoencuentrofeministapy@yahoo.com y los teléfonos
de la CMP: (595 21) 440 885 y 443 734.
Comunicación de mujeres
Programa radial feminista
El programa Tereré Hora se transmite todos los sábados de 10 a 12
horas por la radio FM Trinidad 90.1
“La voz de la gente”, y está conducido por Carmen Vallejo y Camila Zabala,
con la participación especial de Angélica Roa.
Todas las integrantes del programa son feministas y el espacio radial es realizado desde
esta perspectiva, con la intención de ofrecer
otra lectura a la realidad social.
Cada semana abordan temas relacionados con
la lucha por la igualdad de género y otras
demandas sociales, y para ello cuentan con
la participación de invitadas/os. La propuesta radial Tereré Hora ofrece segmentos como
el Observatorio de medios, el Tema central,
Desarrollo personal, Sexualidad y Agenda de
las organizaciones de mujeres.
La revista Jaku´éke Mujer, de la
Jaku´éke Paraguay y la revista
TierraNueva, publicación mensual de
la organización Kuña Róga, son dos
materiales impresos sobre mujeres
y género de distribución gratuita.
Jaku´éke Mujer es una publicación bimestral con
artículos sobre la igualdad entre hombres y mujeres, dirigido a organizaciones de mujeres, ONG´s,
movimientos sociales y organismos estatales. Se
puede contactar con las responsables al correo
electrónico mujer@jakueke.com.
TierraNueva es el periódico mensual de la organización Kuña Róga, de la ciudad de Encarnación, que intenta ser un medio para relacionarse
y comunicarse con la comunidad y apoyar la
construcción de una sociedad igualitaria, con
equidad y justicia social. El correo electrónico
de las encargadas de la publicación es
ongkunaroga @yahoo.com.
pienso ue...
injusticias e
Desde el primer día del secuestro de Cecilia Cubas Gusinsky fueron surgiendo variadas especulaciones, se tejieron fantásticas historias, como
canje de prisioneros/as, que se la vio en el departamento de Caaguazú siendo trasladada en
una carreta, etc., versiones difundidas a través del
famoso y popular radio soó, algunas confirmadas
por los medios de prensa que desde el día del
secuestro, el 21 de setiembre de 2004, dedicaron
importantes espacios a este caso.
En toda esta mezcolanza de realidad y fantasía,
después de ese día algo cambió en nuestras
vidas, aunque tan solo sea por el fastidio que
puede representar tener que acostarse y levantarse con la terrible expresión (a través de la
prensa) del rostro de una madre destrozada por
el dolor, de un padre tratando de demostrar fortaleza, probablemente con gran esfuerzo, y de
una hermana, compañera de infancia, de juegos, con quien seguramente compartió ilusiones y fantasías –tía y quizá madrina de su hija–,
sufriendo casi tanto como su madre y su padre.
Digo que algo cambió al menos por fastidio pues
acá, como en cualquier parte del mundo, existen personas solidarias que no ven con indiferencia la injusticia y el sufrimiento de sus compatriotas que tratan de vivir con gran esfuerzo y
valentía, de su trabajo honesto, en los diferentes
sectores de la sociedad. Si de “esfuerzo y valentía” se trata debemos mencionar a campesinos
y campesinas en primer lugar, que vienen luchando desde hace décadas contra la impunidad y la injusticia en nuestro país.
Lamentablemente, también existe otro tipo de
personas que sólo piensan en sí mismas, no les
interesa la injusticia y el sufrimiento de los demás, se benefician y acumulan riquezas monopolizando privilegios y explotando a quienes puedan. Falsifican marcas, instalan empresas fantasmas, entre otras cosas, para desviar fondos y
vaciar bancos, evaden impuestos, no pagan el
seguro social y la jubilación de quienes trabajan
en sus empresas, asignan a sus empleadas/os
tareas extras sin pagar por ello. En numerosas
ocasiones, el campesino lleva sus productos de
primera a los centros de acopio y son recibidos
como de segunda o tercera, y ello no ocurre en
forma aislada, por el contrario, es sistemático.
No podemos dejar de mencionar los grandes
latifundios detentados por unas pocas familias,
en desmedro de la gran cantidad de gente sin
vivienda ni tierra propia. Fuimos testigos de casos en que personas privilegiadas por su caudal
económico (sumando a esto, no pocas veces,
su poder político) acapararon tierras destinadas
a la reforma agraria, y para especular se apropiaron de viviendas populares que fueron construidas para que los sectores menos favorecidos
puedan acceder a la casa propia. La lista sería
interminable si quisiéramos citar todos los casos en este sentido.
A esta gente no le molesta la dictadura, el nepotismo, el compadrismo, ni otros ismos. Con este
penoso suceso, rememoré cierta situación vivida en los últimos tiempos de la dictadura, cuando dos compañeras de la organización de mujeres a la que pertenecía, fueron a compartir criterios democráticos con un grupo de señoras,
en el marco de unos talleres sobre derechos
humanos y educación cívica. Algunas de las
presentes opinaron que no tenían ningún interés en la DEMOCRACIA, que la dictadura no les
molestaba, obviamente recibían beneficios al
igual que sus familias. Es probable que la señora Mirta Gusinsky lo recuerde, ella se encontraba en ese grupo de señoras. En este punto creo
que cabe perfecto aquello de “... se llevaron al
estudiante y no me importó porque no era yo,
se llevaron al sacerdote y no me importó porque no era yo, se llevaron al campesino porque
no era yo, ahora me llevan a mí y ya es tarde”.
En cuanto a las instituciones gubernamentales,
mucho no ha cambiado, encontramos algunas
caras nuevas, que se van aggiornando según
las circunstancias, para permanecer en el poder, además de los eternos de la dictadura, que
se reciclan en cada periodo electoral. Es cierto
que también cambiaron los discursos, los eternos se apoderaron de nuestros eslogan, los
aggiornados siguen con el mismo discurso que
ya ni ellos se lo creen. Existen algunas pocas
excepciones, pero ikangy hikuái1 en todo sentido, no pueden generar cambios.
Siguen vigentes y campantes la ley del pokare,
del mbarete (prepotente), del ñembotavy2, etc.,
“las antileyes” como decía un profesor que tuve
en la Facultad de Derecho. Por tanto, las instituciones no funcionan correctamente. Sabemos
la situación de la salud pública, cómo han vaciado el Instituto de Previsión Social (IPS); la educación no es precisamente una excepción, hay
cientos de maestras/os sin rubros (enseñando
gratis), los bancos quebrados... ¿En qué cárcel
están los detenidos? ¿Quién devolvió el dinero
robado? Como la lista de los desfalcos a las instituciones públicas es interminable me remito a
las informaciones que nos llegan por los medios de prensa y a las investigaciones que éstos
realizan, lo que lleva a concluir sin dudas que la
justicia no funciona, excepto para los ladrones
Son débiles, no tienen fuerza.
Hacerse del tonto/a.
de gallinas, la impunidad reina para los grandes
delincuentes, los verdaderos responsables del
caos en el país. Conocemos nombres, existen
pruebas de los culpables, algunos son llevados
a la justicia, con juicios eternos o sentencias irrisorias, sin embargo, en el caso al que nos estamos refiriendo, basta un..., ay, ahora se dice informante, antes lo llamábamos pyrague, como
prueba irrefutable para involucrar a todo un sector político.
Entonces, pregunto a quienes habitan esta tierra de calamidades, injusticia e impunidad (yo lo
tengo clarísimo): ¿quiénes son los verdaderos
responsables de que cada día aumenten los robos, asesinatos, secuestros, la delincuencia en
general? ¿ Las personas solidarias, que tratamos
de vivir trabajando honestamente y nos conmovemos y condolemos, de casos como el de Cecilia? Es que lamentablemente hemos tenido uno
o más familiares, o al menos personas cercanas, secuestradas, torturadas y en muchos casos desaparecidas. En el caso de estas últimas,
las familias ni siquiera tuvieron la oportunidad
de elaborar su duelo y enterrar a sus muertos.
Entonces también hubo otras madres, padres y
¿No debemos buscar en el segundo grupo citado y en las instancias gubernamentales a los
verdaderos responsables? ¿Será que algún día
trabajaremos atacando las causas o es que simplemente seguiremos reprimiendo las consecuencias?
¿Llegará el momento en que el Poder Judicial
esté integrado por personas honorables, o seguiremos soportando a cómplices encubridores
y la detestable impunidad permitiendo nuevos
delincuentes?
Creo que es urgente que los verdaderos responsables, los que se roban el sueño de un futuro
mejor, deberían robar al menos un cuarto menos, renunciar a un cuarto de sus privilegios,
explotar un cuarto menos a sus trabajadores/as
(seguirán siendo ricos, sólo ganarán un cuarto
menos), devolver un cuarto de lo robado, pagar
al menos un cuarto de sus impuestos y que éstos sean utilizados correctamente, y si también
empieza a importarles –aunque no sean ellos–
que se lleven al estudiante, al sacerdote, al campesino, al sindicalista, etc., es casi seguro que
no los llevarán a ellos/as y no será tarde. Entonces sabremos que valió la pena, aunque duela
tanto el secuestro, la tortura y las desapariciones de tantos hombres y mujeres en este país
desde hace décadas, incluidos los campesinos
asesinados reclamando sus derechos en este
periodo de eterna transición, al igual que el
martirio de Cecilia.
per onajes
La ecologista, feminista y filósofa de la ciencia Vandana Shiva nació el 5 de noviembre de 1952 en el valle de Dehradun, India, al pie de los Himalayas, en una
familia de la cual recibió sus primeras lecciones sobre la protección del medio
ambiente. Desde pequeña Vandana quiso ser científica y empezó a preguntarse
por el impacto del desarrollo en la vida de las personas y el medio ambiente.
Shiva es doctora en ciencias físicas con un Ph.D. en Filosofía de la Ciencia en la
University of Western Ontario (1978). En el Indian Institute of Science y en el Indian
Institute of Management en Bangalore se dedicó a impulsar la investigación
interdisciplinaria en ciencias, tecnología y políticas ambientales hasta 1982, cuando
fundó un instituto independiente, la Research Foundation for Science, Technology and
Ecology. Esta organización que dirige está en Dehradun y se dedica a la conservación
de la biodiversidad y la protección de los derechos humanos. Ya en 1991, inició Navdanya, un
movimiento nacional para proteger la diversidad y la integridad de los recursos vivos, especialmente de las semillas nativas.
La doctora Shiva contribuyó fundamentalmente a cambiar la práctica y los paradigmas de la
agricultura y la alimentación. Como activista fue capaz de movilizar en la India a cinco millones
de campesinos y campesinas contra el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y de ponerse a la cabeza de la gran movilización en contra de la globalización del
comercio en Seattle, Estados Unidos, a finales de 1999. En 1993 recibió The Right Livelihood
Award, conocido como el premio Nobel alternativo.
El área de los derechos de propiedad intelectual y la biodiversidad son campos donde Vandana
aportó intelectualmente y con campañas de acción específicas. La biotecnología y la ingeniería
genética también forman parte de las campañas internacionales de Vandana Shiva, trabajando
con movimientos en África, Asia, América Latina, Irlanda, Suiza y Austria, en sus campañas
contra la ingeniería genética.
Vandana también es internacionalmente reconocida por su defensa de los derechos de las
mujeres y temas de género. En su libro Staying Alive habla de la situación de las mujeres del
tercer mundo, y en 1990 escribió un informe para la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre las mujeres y la agricultura, titulado “La mayoría de
los granjeros en la India son mujeres”. También es la fundadora de la Unidad de Género del
Centro Internacional para el Desarrollo de la Montaña (ICIMOD), en Katmandu. Recientemente,
Shiva inició un movimiento internacional de mujeres trabajadoras de la alimentación, la agricultura, las patentes y la biotecnología denominado Mujeres diversas por la Diversidad, creado
formalmente en Bratislava, Eslovaquia, en mayo de 1998.
Profesora invitada y conferencista en numerosas universidades, como la Universidad de Oslo,
Noruega, el Schumacher College, la York University y la University of Victoria de Canadá y la
University of Lulea en Suecia, Shiva también brindó conferencias a diferentes organizaciones e
instituciones del mundo relacionadas con el medio ambiente, el feminismo y el desarrollo económico. Además de sus contribuciones académicas como investigadora, Vandana es asesora de
autoridades en la India y de organizaciones sociales como el Foro Internacional de Globalización, la
Women’s Environment and Development Organization (WEDO) y la Third World Netwok.
Entre sus numerosos ensayos y obras destacan Monocultures of the Mind (1993), Abrazar la
vida: mujer, ecología y desarrollo (1995), Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas (1997), La
praxis del ecofeminismo: biotecnología, consumo, reproducción (1998), Biopiratería: el saqueo
de la naturaleza y del conocimiento (1999), y ¿Proteger o expoliar?: los derechos de propiedad
intelectual (2003), etc.
• Short Curriculum Vitae of Dr. Vandana Shiva, Shivanet [en línea] <http://www.vshiva.net/vs_cv.htm>, [consulta: junio de
• Roll of Honour. Vandana Shiva (1993), The Right Livehood Award [en línea] <http://www.rightlivelihood.org/recip/vshiva.htm>, [consulta: junio de 2005].
• Vandana Shiva. Sobre el autor, Rebelión [en línea] <http://www.rebelion.org/autores.php?id=43>, [consulta: junio de 2005].
• Quién es Vandana Shiva, La vaca [en lína] <http://www.lavaca.org/bibliovaca/nota058.shtml>, [consulta: junio de 2005].
i nos viésemos en la obligación de nombrar
solamente a una feminista paraguaya contemporánea, no tendríamos dudas, diríamos Mercedes Sandoval.
Durante años, cada vez que las feministas postulamos a alguien para algún premio, el primer nombre era Mercedes Sandoval.
Ella fue la primera que recibió la distinción que la Municipalidad de Asunción otorgó, en algunas ocasiones, por el 8 de marzo, a quienes lideraron
las luchas por los derechos de las mujeres; ella la postulada por CLADEM
Paraguay entre las 1.000 mujeres para el Premio Nobel; ella la socia honoraria de la Coordinación de Mujeres del Paraguay y, ¿a quién rendimos
homenaje en el Primer Encuentro Feminista del Paraguay realizado en el
año 2003?: a Mercedes Sandoval. Ella fue también la primera persona en
recibir el premio César Garay, otorgado a quienes realizaron aportes fundamentales al desarrollo del derecho y la justicia en el Paraguay.
Las feministas de las dos últimas décadas del siglo XX tuvimos el privilegio de tener como compañera a quien fuera presidenta de la Liga Pro
Derechos de la Mujer cuando se aprobó el voto femenino en el Paraguay
en 1961. Mercedes la sufragista, Mercedes la jurista, no fue para nosotras una reliquia de un pasado de luchas que nos transmitió la oculta
memoria de nuestras abuelas. Antes bien, es la compañera con la mayor
trayectoria y que le dio forma a la propuesta de modificación parcial del
Código Civil, construida participativamente en dos Encuentros Nacionales de Mujeres. Corredactó también, en forma de artículos, las propuestas de los Foros de Mujeres para la Constituyente. En realidad, es casi
imposible pensar las grandes conquistas de las mujeres paraguayas después de la apertura política de 1989 sin nombrar a Mercedes.
Cada quien recuerda alguna vivencia con Mercedes, la más conocida es
aquella de la manifestación por el voto en la que el pequeño grupo
sufragista que portaba pancartas que decían “hasta los
extranjeros votan, porqué las
mujeres paraguayas no” y terminaron presas. Pero más genial que el episodio en sí mismo era la forma en la que Mercedes lo contaba. Por suerte ese
testimonio quedó grabado en el video “Alquimistas“1 y la podemos ver
aunque ya no esté Mercedes, y la podrán conocer jóvenes, niños y niñas. Nosotras recordamos con especial cariño aquella vez que en el Primer Encuentro Nacional de
Mujeres de 1987 debíamos dividirnos para trabajar en varios talleres. Mercedes era la facilitadora del taller sobre “Unión de Hecho”. Pues bien,
la plenaria completa se trasladó al taller de Mercedes y los demás grupos no pasaban de la decena. No hubo forma de convencer a las mujeres
que debían dejar de estar con Mercedes por un
Mercedes era sobre todo de una inteligencia y de
un humor deslumbrantes. Mejor oradora que escritora, sus artículos no llegan a transmitir la riqueza de sus conferencias, y ni siquiera de sus intervenciones improvisadas. Lo que a veces fue difícil
era ser objeto de su ironía. Más de una de nosotras lloró alguna vez al recibir algún dardo verbal
de Mercedes. Cada una de nosotras olvidó pronto
ese dardo porque la queríamos, la necesitábamos,
la admirábamos, la respetábamos.
Mercedes es nuestra gran feminista, la mejor de
todas. Pero ella no es sólo nuestra. Cuando se
escriba la historia de los derechos de la niñez
en el Paraguay, su nombre será también clave
para comprender esa difícil lucha. Le debemos
la ley de adopciones, que puso fin a la venta y
exportación impune de niños y niñas del Paraguay hacia los países ricos, o de las casas pobres a las casas ricas de nuestro país.
Mercedes Sandoval falleció el 7 de febrero del
año 2005. No hubo mucha gente en su entierro. Si hubiera sido un general, o algún hombre
que se aproximase a la talla de Mercedes, seguramente el 8 de febrero hubiese sido duelo nacional. Pero allí, muy cerca de ella, la recordaron
sus compañeros de la Facultad de Derecho, “Není
Sandoval fue la mejor de nuestra generación”,
nos dijo Fernando Vera. Le rendimos homenaje
las organizaciones feministas, como la más destacada de todas y la que más nos dio. Le habló
una niña agradeciéndole el hogar que le ayudó
a encontrar, y Ani Hempel, su hija, expresó que
era cierto todo lo dicho pero que para ella era
simplemente su mamá.
No es cierto que al morirse alguien no nos deja.
Duele la ausencia de Mercedes y encima no la
podemos reemplazar, porque ella es insustituible, ella fue, ella es, la mejor de todas.
Centro de Documentación y Estudios, Alquimistas. Otra
historia del Paraguay, Asunción, 1995.
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