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Timestamp: 2019-06-24 22:00:00+00:00

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Acuerdo y Sentencia 0153/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 153/19
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “EVELIA BENIGNA VDA. DE RIVAS Y OTROS (CONTADORES, LICENCIADOS EN CONTABILIDAD Y PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS CONTABLES) C/ RES. N° 29 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2014; ARTS. 2, 3, 4 INC. D) I), 8, 10 PARRAFO TERCERO, 16 PRIMER PARRAFO E INC. H), 17, 18 INC. A), 19 REFERENTE AL REVISOR DEL CONTROL DE CALIDAD, 22 Y ART. 24 RES. N° 35 DEL AÑO 2014 ART. 4”. AÑO: 2016 - N° 992.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, estando en Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, los señores Ministros de Sala Constitucional, MIRYAM PEÑA CANDIA, CÉSAR ANTONIO GARAY y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, quienes integran esta Sala, por inhibiciones de los Ministros ANTONIO FRETES (fe. 69) y GLADYS BAREIRO DE MÓDICA (fe. 71), Ante mí el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “EVELIA BENIGNA VDA. DE RIVAS Y OTROS (CONTADORES, LICENCIADOS EN CONTABILIDAD Y PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS CONTABLES) C/ RES. N° 29 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2014; ARTS. 2,3 4 INC. D) I), 8, 10 PARRAFO TERCERO, 16 PRIMER PARRAFO E INC. H), 17, 18 INC. A), 19 REFERENTE AL REVISOR DEL CONTROL DE CALIDAD, 22 Y ART. 24 RES. N° 35 DEL AÑO 2014 ART. 4”, a fin de resolver el Recurso de Aclaratoria interpuesto por la entonces Ministra de Hacienda Lea Giménez Duarte, bajo patrocinio del Procurador General de la República, Abogado Francisco José Barriocanal y el Abogado del Tesoro del Ministerio de Hacienda Ángel Fernando Benavente Ferreira, contra el Acuerdo y Sentencia Número 532, de fecha 12 de Julio de 2.018.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
¿Es procedente el Recurso de Aclaratoria interpuesto?.
A la cuestión planteada la Doctora PEÑA CANDIA dijo: Se presenta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la Dra. Lea Giménez Duarte, en su calidad de Ministra de Hacienda nombrada por Decreto N° 7251/2017, bajo Patrocinio del Procurador General de la República y del Abogado del Tesoro, a promover Recurso de Aclaratoria contra el Acuerdo y Sentencia N° 532 del 12 de julio de 2018, dictado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, en el marco del Juicio: “EVELIA BENIGNA GUERJN VDA DE RIVAS Y OTROS (CONTADORES, LICENCIADOS EN CONTABILIDAD Y PROFESIONALES D ELAS CIENCIAS CONTABLES) O RESOLUCIÓN N° 29 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2014; ARTS. 2°, 3°, 4° inciso D), i), 8°, 10°, párrafo tercero, 16° primer párrafo e inciso H), 17°, 18° inciso A), 19° referente al Revisor del Control de Calidad, 22° y Art. 24°, RESOLUCIÓN N° 35 DEL AÑO 2014 Art. 4°“.
El Acuerdo y Sentencia N° 532 del 12 de julio de 2018, cuya aclaratoria se solicita, fue dictada en la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abog. Carlos Sosa Jovellanos en nombre y representación de Contadores, Licenciados en Contabilidad y profesionales de las Ciencias Contables, y por mayoría de votos se resolvió: "HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia, declarar la inaplicabilidad de las artículos 2°, 3°, 4° inciso d) e I), artículo 10° párrafo tercero, Art. 16° primer párrafo e inciso h), artículo 17°, Art. 18 inciso a): Art. 19 referente al Revisor del Control de Calidad, Art. 22 y Art. 24 de la Resolución N° 2° de fecha 25 de junio de 2014, y articulo 4 de la Resolución N° 35 del año 2014, con relación a los accionantes...".
El Artículo 387 del Código Procesal Civil, dispone: Objeto de la Aclaratoria. “Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo Juez o Tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre alguna de tus pretensiones deducidas y discutidas en el litigio".
En primer lugar, corresponde tener presente que el recurso de aclaratoria fue previsto como un resorte recursivo disponible exclusivamente para quienes han sido partes en un juicio. Es lo que se desprende del propio texto del Art. 387 del CPC. que claramente indica que son sujetos habilitados a plantear el recurso de aclaratoria sólo "las partes" en un proceso. Este recurso no está así diseñado para terceros, quienes aun cuando pudieran tener algún interés legítimo, tendrán otras vías para dar satisfacción a Verificadas las constancias del expediente, se constata que la Dra. Lea Giménez Duarte se presentó invocando su calidad de Ministra de Hacienda, por sus propios derechos y bajo patrocinio del Procurador General y del Abogado del Tesoro, a solicitar reconocimiento de personería en estos autos, y a interponer el recurso que nos ocupa. Al respecto, cabe señalar que la misma ni en forma personal, ni en su calidad de jefa de la administración de su respectiva cartera ministerial, reviste la calidad de parte en la presente acción de inconstitucionalidad. Lo propio cabe decir respecto del órgano ministerial, que de hecho ni siquiera tiene personería jurídica propia o independiente como para ser parte en un proceso.
De lo antedicho se sigue que al no ser parte en esta acción, no se halla legitimada procesalmente a interponer el presente recurso. Lo antedicho, es sin perjuicio de reconocer que si bien puede tener un interés legítimo en aclarar el alcance del fallo dictado por esta Sala - en mayoría -; lo cierto es que mal puede pretender disipar sus dudas por medio de este mecanismo recursivo.
En estas condiciones, considero que no debe hacerse lugar al recurso de aclaratoria interpuesto. Es mi voto.
A su turno el Doctor JIMÉNEZ ROLÓN dijo: Disiento respetuosamente de la decisión tomada por la preopinante respecto del rechazo de la intervención solicitada por la entonces Ministra de Hacienda a los efectos de interponer el recurso de aclaratoria objeto de estudio. Y paso a exponer los motivos.
Nuestro ordenamiento procesal, como regla general, en cuanto a la intervención en un proceso sigue al art. 46 del CPC, según el cual cuentan con capacidad para ser partes las personas físicas o jurídicas. Asimismo, el art 76 del mismo cuerpo legal faculta a los terceros a incorporarse al proceso - como partes- siempre que acrediten un interés legítimo. Bien puede, pues, encuadrarse en tales potestades el pedido de intervención formulado por la entonces Ministra de Hacienda.
Debe agregarse, sin embargo, que, en el contexto de las garantías constitucionales, existe aún mayor flexibilidad. Así es que se ha distendido el criterio determinativo de la capacidad procesal para facultar a quienes se hallen en una situación especial pera intervenir en los procesos sin tener un interés personal directo; esto ocurre de tal forma debido a la relevancia de los asuntos que son decididos en juicios de esta índole.
En dicho contexto, el art. 554 del CPC establece cuanto sigue: "...Se oirá además, en su caso (...) o a los funcionarios que ejerzan la autoridad pública de la cual provenga el acto normativo". De este modo, la referida norma habilita al titular o sujeto responsable de la autoridad pública en cuestión -el Ministerio de Hacienda- a formar parte directamente de juicios de esta naturaleza, es decir, a ejercer derechos procesales, sin necesidad de intervención de ningún otro sujeto que lo legitime c independientemente a la personalidad jurídica que podría o no tener la institución per se. En el caso, debe entenderse que es una autoridad del Estado Paraguayo la que pretende intervenir en atención a las consecuencias que se derivan del pronunciamiento dictado con anterioridad.
Lo referido es una permisión específica introducida en nuestro Código de forma para los aludidos casos especiales, permisión esa que rige cualquiera sea la etapa en la que se encuentre el proceso. De ahí que la intervención de quien ejerce autoridad en el ámbito de aplicación de la sentencia, es decir, de quien exprese un interés indirecto, pero legítimo, no puede ser denegada por el solo hecho de que sea peticionada en las postrimerías del proceso. Ello, en virtud del elemental derecho constitucional ele la defensa en juicio que se sigue de los arts. 16 y 17 de la Constitución de la República, pudiendo concluirse que tiene derecho a solicitar su incorporación al proceso en cualquiera de sus instancias; por supuesto, sin que pueda ya afectar las actuaciones acaecidas con anterioridad. Entonces, en virtud del citado art. 554 del CPC, no ha existido impedimento para que la entonces Ministra de Hacienda haya requerido su intervención en la etapa procesa) en la que se encuentra esta causa, máxime si se considera que se trata de la repartición pública que -a través de la Subsecretaría del Estado de Tributación- deberá cumplir con lo resuelto por esta Corte Suprema de Justicia, en virtud a) Acuerdo y Sentencia N° 532 del 12 de julio de 2018. Existe, pues, interés de la recurrente -aunque no personal y directo- en el particular caso de autos, siendo el mismo suficiente, como se ha visto, para conferirle intervención.
Resuelta como queda dicha cuestión, corresponde pasar al estudio de la aclaratoria interpuesta contra el citado fallo.
La recurrente peticiona a esta Corte aclare lo siguiente: "SI LA RG N° 20/08 (ARTS. 11, 12, 16 Y CONCORDANTES) SE CONSIDERA COMO VIGENTE CON RELACIÓN A LOS ACCIONANTES, Y EN DICHO CASO, SI SE DEBERÁ PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FIJADO POR LA MISMA, O, EN SU DEFECTO, DEBEN EJERCER SU PROFESION SIN NECESIDAD DE ESTAR REGISTRADOS ANTE LA SET, ASÍ COMO EL REGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE A LOS MISMOS." (sic., fs. 97).
Sabido es que la aclaratoria únicamente puede versar sobre la parte resolutiva del fallo y no contra sus fundamentos o consideraciones jurídicas. Además, no puede cambiar lo sustancial de la decisión, por expresa disposición del texto legal contenido en el art. 387 del CPC.
También, debe destacarse que la parte resolutiva de todo pronunciamiento judicial debe bastarse a sí misma, ya que es el pronunciamiento propiamente dicho, el que, como tal, debe consignar precisamente las decisiones adoptadas por el órgano juzgador; se admite, sin embargo, la remisión a los considerandos en cuyo caso ellos integran la decisión.
Una vez examinado el Acuerdo y Sentencia objeto del recurso que nos ocupa, se advierte que no concurre ninguna de tales posibilidades. En efecto, en la parte resolutiva no se consigna con precisión el alcance del fallo, sin que se haya realizado la aludida remisión a lo dispuesto en el considerando. Se advierte, por tanto, una suerte de indeterminación respecto al verdadero alcance de la sentencia impugnada.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, aclarando el apartado primero de la resolución examinada, la cual debe quedar establecida de la siguiente manera: "HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia, declarar la inaplicabilidad de los artículos 2°, 3°, 4° inciso D) I), 8°, 10 párrafo tercero, 16 primer párrafo e inciso H), 17, 18 inciso A), 19 referente al Revisor del Control de Calidad, 22 y Art. 24 y 34 de la Resolución N° 29 de fecha 25 de junio de 2014, y artículo 4° de la Resolución N° 35 del año 2014, con relación a los accionantes, conforme con lo expuesto en el exordio de la presente resolución".
En dicho exordio se aclara suficientemente lo que es materia del pedido formulado por la entonces Ministra de Hacienda, por lo que nada más resta por considerar. Es mi voto.
A su turno el Doctor CÉSAR ANTONIO GARAY manifestó que se adhiere al voto del Ministro, Doctor JIMÉNEZ RÓLON, por lo mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mi, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 27 de marzo de 2019.
HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 532, del fecha 12 de Julio de 20184 citado por esta Sala, y en consecuencia, dejar consignado como sigue: - "...HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia, declarar la inaplicabilidad de los artículos 2°, 3°, 4° inciso D) I), 8°, 10 párrafo tercero, 16 primer párrafo e inciso II). 17, 18 inciso A), 19 referente al Revisor del Control de Calidad, 22 y Art. 24 y 34 de la Resolución N° 29 de fecha 25 de junio de 2014, y artículo 4° de la Resolución N° 35 del año 2014, con relación a los accionantes, conforme con lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
Cesar Garay. Ministro

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 10
 artículo 17
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 387
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución