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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ - PDF
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María Nieves Herrera Giménez
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero dos mil catorce (2014) RADICACIÓN: EXPEDIENTE: ACTOR: OROMAX LTDA. DEMANDADO: NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA REFERENCIA: CONTRACTUAL APELACIÓN SENTENCIA Decide la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Sala de Descongestión, el nueve (9) de junio dos mil cuatro (2004), mediante la cual se dispuso: PRIMERO: Declarar probada la excepción de CADUCIDAD DE LA ACCION, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. 1. La demanda. I. A N T E C E D E N T E S Mediante demanda presentada el 1 de agosto de 2002 por la sociedad OROMAX LTDA., integrante del consorcio conformado por la sociedad Makrocómputo S.A., y sociedad Oromax S.A., por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción contractual, (folios 1-24 cuaderno 1), se solicitaron las siguientes declaraciones y condenas:
2 1.- Que se reconozca y declare que la ejecución y cumplimiento del contrato de compraventa número 044 de julio de 1999 con la Nación colombiana, Consejo Superior de la Judicatura, se presentó una ruptura de la igualdad o equivalencia de la ecuación económica contractual en perjuicio de las sociedades MAKRO COMPUTO S.A y OROMAX LIMITADA, por causa del aumento de los costos imprevistos producidos por la variación intempestiva de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) con respecto del dólar norteamericano que tuvo como efecto el aumento progresivo del valor de cambio en pesos colombianos, con detrimento patrimonial para la sociedad que represento. 2.- Que, como consecuencia de lo anterior, se reconozca y pague la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS m/cte. ($ ,18) a la Sociedad OROMAX LIMITADA como componente del consorcio MAKRO COMPUTO S.A OROMAX LIMITADA, o en su defecto, la suma que le corresponda proporcionalmente a la participación que tuvo dentro del mismo, es decir, la suma de noventa millones cuarenta y ocho mil ciento ochenta y siete pesos m/cte. ($ ), que representa el cincuenta por ciento (50%) de su participación. 3.- Que se reconozca y pague a la sociedad OROMAX LIMITADA como componente del consorcio MAKRO COMPUTO S.A OROMAX LIMITADA el valor correspondiente a la recuperación por pérdida del poder adquisitivo de la suma a que se refiere el numeral anterior de conformidad con el índice de precios al consumidor, o al por mayor, a partir de la fecha de terminación del contrato o hasta cuando se profiera sentencia definitiva, respecto de la suma que le corresponda por este concepto proporcionalmente a la participación que tuvo dentro del consorcio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. 4.- Que se reconozca y pague a la sociedad OROMAX LIMITADA como componente del consorcio MAKRO COMPUTO S.A. OROMAX LIMITADA el valor correspondiente a los intereses por mora de la suma a que se refiere el numeral 2, a partir de la fecha de terminación del contrato hasta cuando se efectúe el pago efectivo de las sumas reclamadas. 5.- Que se condene en costas a la parte demandada. 6.- Que a la sentencia se le dé cumplimiento en los términos establecidos por los artículos 176 y 177 del C.C.A. 2. Los hechos. En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos: 2
3 2.1. El 16 de julio de 1999 el consorcio Makrocómputo S.A. Oromax S.A., y la Nación - Consejo Superior de la Judicatura celebraron el contrato No , cuyo objeto lo constituyó la compra de tóner para impresoras laser Hewlett Packard y tóner y cilindros para impresoras Laser Xerox, con distribución a nivel nacional El plazo del contrato se acordó en 9 meses contados a partir de la aprobación de la Garantía Única y el valor se pactó en $ Para el cumplimiento de dicho contrato el consorcio obtuvo cotización previa y compromiso de suministro de los productos por las empresas Xerox de Colombia y Hewlett Packard, importadoras de los elementos requeridos. Así mismo, la oferta económica se estructuró con base en la Tasa Representativa de Mercado -TRM- respecto del precio dólar vigente para la época del cierre de la licitación El perfeccionamiento del contrato se produjo el 6 de agosto de 1999 y la facturación por parte de las empresas importadores que a su turno suministraron los bienes adquiridos al contratista, inició el 27 de agosto del mismo año El 25 de septiembre de 1999 el Banco de la Republica expidió la Resolución Externa No. 21 mediante la cual se eliminó la banda cambiaria y se sustituyó por el régimen de tasa de cambio flexible, cuestión que determinó que el peso colombiano dejara de depender de los límites del sistema de la banda cambiaria para depender en adelante de las oscilaciones propias del mercado internacional La anterior circunstancia alteró el equilibrio financiero del contrato por cuanto la oferta económica se estructuró con base en la TRM, la cual para la fecha de cierre equivalía $ por U.S$1.oo, en tanto que 3
4 con la supresión de la banda cambiaria la TRM incrementó en forma desproporcionada hasta llegar a un valor de $2.0217,27 por U.S $1.oo, lo cual significó un aumento intempestivo de los costos del contrato En consecuencia, el consorcio contratista a través de varia peticiones presentadas durante el plazo de la ejecución del contrato solicitó a la entidad contratante el restablecimiento de la ecuación económica del contrato, las cuales fueron despachadas negativamente. 3. Fundamentos de derecho. Luego de realizar un detallado recuento de las causas que de acuerdo con la doctrina y con la jurisprudencia del Consejo de Estado determinan la ruptura del equilibrio financiero del contrato, el demandante alegó que en cumplimiento de los dictados de la Ley 80, el contratista tenía derecho a obtener el restablecimiento de su economía. A lo expuesto agregó: 1).- Existen tres principales sistemas de comportamiento en relación con el cambio entre el peso colombiano y las monedas extranjeras, especialmente el dólar norteamericano: a).- El régimen de libertad absoluta de las fuerzas del mercado que definen los valores respectivos de acuerdo con la oferta y la demanda. b).- El régimen de banda cambiaria, de acuerdo con el cual la autoridad monetaria estatal determina el mínimo y el máximo dentro de los cuales oscila la relación de cambio, sin exceder tales límites, con lo cual se obtiene el control sobre dicha relación y se confiere estabilidad, seguridad y confiabilidad al mercado de valores en un país. c).- El régimen de libertad vigilada o de tasa de cambio flexible, flotante con arreglo al cual la relación de cambio la gobiernan las fuerzas del mercado sujetas al control de la autoridad cambiaria que interviene en la medida en que lo considere aconsejable para evitar desbordamientos inflacionarios o revaluaciones o devaluaciones 4
5 abruptas, etc, contraindicadas para la estabilidad económica nacional. 2).- En Colombia, durante los primeros 8 meses de 1999, el mercado tuvo vigente el sistema de banda cambiaria. El valor del dólar era oscilante dentro de la misma e hizo evidente su tendencia a la baja seguida de una precipitada alza hacia el techo cambiario a finales de este período. Este techo fue aumentando el 28 de junio de 1999 y por razones que no son el objeto del presente escrito, el 25 de septiembre de 1999 el Banco de la República ELIMINO la banda y el valor del dólar norteamericano literalmente se disparó a niveles no previsibles en condiciones normales de mercado, aumentando el valor en pesos de las obligaciones adquiridas en dólares por los empresarios colombianos. 3.- Al consorcio MAKRO COMPUTO S.A. OROMAX LIMITADA tal situación próxima al fenómeno conocido como Hecho de príncipe le generó como consecuencia el pago de sus obligaciones en dólares a precio muy superior al previsto tanto en su propuesta como en los valores contratados. Por tal razón y por cuenta de la medida tomada por la Junta Directiva del Banco de la República, debió pagar en términos generales un dólar a $242,50 por encima del valor vigente en la época de la celebración del contrato con evidente desequilibrio de la ecuación financiera del contrato y con natural perjuicio para sus intereses patrimoniales. 4. Actuación procesal Por auto del 22 de agosto de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda presentada por la Sociedad OROMAX LTDA., bajo el trámite de acción contractual en primera instancia (fl. 27 c1) Mediante providencia del 5 de diciembre de 2002, el Tribunal de primera instancia dispuso la apertura del período probatorio (fl c1). 5. Contestación de la demanda. El Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de apoderado judicial, dio contestación a la demanda, dentro del término legal. 5
6 En esa oportunidad se pronunció frente a los hechos de la demanda en el sentido de advertir que del análisis concreto del posible impacto de la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República sobre las condiciones contractuales, se observaba que dicha decisión no tuvo la virtualidad de afectar el valor del contrato en consideración a que tal circunstancia ocurrió cuando ya se había ejecutado el 50% del mismo. Igualmente consideró que no se afectaría el 50% restante en la medida en que el contratista desde el momento de la presentación de su oferta había realizado el cálculo sobre las variaciones de la tasa de cambio para establecer el valor global de su propuesta, a lo cual agregó que el incremento de dicha tasa era fácilmente previsible para sociedades que por razón de su objeto social importaban bienes. Añadió que, tal y como lo sostuvo la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al responder la solicitud elevada por el contratista, un proponente conocedor del negocio no calcularía el precio de venta con el valor de la TMR vigente a la fecha del cierre de la licitación, sino con un precio de venta proyectado a partir del comportamiento futuro de la divisa. De otro lado, la entidad demandada formuló la excepción de caducidad de la acción, la cual sustentó en el hecho de que el consorcio había presentado solicitud ante el la Dirección Ejecutiva con el fin de lograr el reconocimiento y pago del presunto desequilibrio económico la cual fue resuelta en forma negativa mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2000, notificada el mismo día y ratificada el 6 de agosto del mismo año. Por lo tanto, consideró que los dos años de caducidad de la acción contractual debieron empezar a contarse desde el 2 de febrero de 2000 dado que la respuesta del 6 de febrero sólo confirmó la primera decisión y, en consecuencia, no amplió en modo alguno el pazo. 6
7 Así las cosas estimó que el término para impetrar la acción venció el 2 de febrero de 2002 y que aun cuando el 6 de mayo de 2002, se presentó solicitud de conciliación prejudicial, lo cierto es que para ese entonces ya la acción se encontraba caducada. 6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público. En auto del 25 de marzo de 2004, el Tribunal a quo ordenó dar traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus respectivos alegatos de conclusión (folio 79 del cuaderno uno). En el término concedido las partes allegaron sus alegaciones en las cuales reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y de su contestación, respectivamente. El Ministerio Público guardó silencio. 7. La sentencia impugnada. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Sala de Descongestión, profirió sentencia el día 9 de junio de 2004, a través de la cual resolvió el litigio (folios del cuaderno principal), en los términos que fueron transcritos al inicio de esta providencia. Como punto central de su pronunciamiento, el Tribunal a quo encontró probada la excepción de caducidad de la acción planteada por la demandada, decisión que sustentó en los siguientes términos: Conforme al material probatorio obrante en el expediente se tiene que la primera solicitud efectuada por el demandante ante el Consejo Superior de la Judicatura, en el sentido de adecuarse el valor del contrato a las nuevas condiciones de la tasa de cambio del dólar, fue presentada el 8 de septiembre de 1999 (fls.272 y 273 c2). La entidad demandada le dio contestación a dicha solicitud, el día 1 de octubre 7
8 de 1999 (fls. 275 y 276 c2) manifestando que no encontraba motivo alguno para variar el contrato, siendo que las nuevas condiciones alegadas por el actor eran perfectamente previsibles para alguien que se mueve dentro del mercado de las importaciones. Con posterioridad, el apoderado de la sociedad demandante presentó recurso de reposición contra la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, mediante escrito de fecha 24 de marzo de 1999 (fls. 277 a 284 c2), manifestando su inconformidad con la determinación tomada, recurso que fue resuelto por dicha entidad, mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2000 (fls. 285 a 289 c2) en el sentido de confirmar su decisión de fecha 1 de octubre de ( ). En el subexamine, conforme a lo anterior es claro que se agotó la vía gubernativa a partir de la fecha en la cual fue resuelto el recurso de reposición por parte de la entidad demandada, Consejo Superior de la Judicatura, es decir, a partir del 2 de febrero de 2000, razón por la cual, es desde ese momento cuando empezó a correr el término de caducidad de la acción, correspondiente a dos años, siendo así como, al haber sido presentada la demanda el día 1 de agosto de 2002, es evidente que lo fue de forma extemporánea, al igual que la solicitud de conciliación extrajudicial, radicada el 6 de mayo de El recurso de apelación. La parte demandante solicitó que se revocara la decisión del Tribunal a quo, propósito en relación con el cual expuso los siguientes planteamientos (folios cuaderno principal): Como argumento principal de la alzada sostuvo que en la sentencia impugnada se había computado el término de caducidad de manera errada por cuanto se tuvo en cuenta como punto de partida el 2 de febrero de 2000, que correspondía a la fecha de la primera respuesta a la petición de reajuste económico elevada por la parte actora, cuando en realidad el término se ha debido contar desde la terminación del contrato, lo cual en el caso en examen tuvo lugar el 3 de mayo de En adición indicó que el 6 de mayo del 2002 la sociedad demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de 8
9 la Nación, teniendo en cuenta que los días 4 y 5 de mayo de ese año fueron sábado y domingo. Al respecto agregó que en virtud del trámite conciliatorio, el término de caducidad se suspendió por 60 días los cuales vencieron el 1 de agosto de 2002, fecha en que efectivamente se radicó la demanda, razón por la cual concluyó que la acción se ejerció en tiempo. En consecuencia, la parte apelante solicitó revocar la sentencia y en su lugar acceder a las pretensiones formuladas. 9. Actuación en segunda instancia El 11 de octubre de 2004 esta Corporación dispuso el traslado al recurrente para que ampliara la sustentación del recurso de apelación (folio 138 cuaderno principal) Frente a lo anterior, la parte demandante mediante escrito presentado el 2 de noviembre de 2004 manifestó que el recurso había sido debidamente sustentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sala de Descongestión. Como soporte de lo expresado adjuntó copia del recurso en donde consta la fecha en que fue radicado (fl cuaderno principal) Por auto del 30 de noviembre de 2004 se admitió el recurso de alzada (fl. 145 cuaderno principal) Mediante providencia del 2 de febrero de 2005 se dispuso el traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (folio 147 cuaderno principal) En el término concedido, la parte actora aportó el respectivo escrito de alegaciones, en el cual reiteró las razones de inconformidad expuestas en el recurso de apelación (fl. 148 cuaderno principal). La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio. 9
10 9.6.- A través de providencia del 12 de julio de 2013, encontrándose el proceso en etapa de dictar sentencia, se advirtió que no se había vinculado al proceso como litisconsorte necesario a la sociedad Makrocómputo S.A., atendiendo a su condición de miembro integrante del consorcio contratista, razón por la cual se dispuso poner en su conocimiento la circunstancia anotada (fl cuaderno principal) Luego de haber sido notificada en debida forma de la anterior decisión, la sociedad Makrocómputo S.A., mediante escrito allegado el 17 de octubre de 2013, aportó poder conferido a un profesional del derecho para que representara los intereses de la referida sociedad dentro del proceso de la referencia. (fl.215 a 220 cuaderno principal). II. C O N S I D E R A C I O N E S Para adelantar el estudio de los distintos temas que constituyen materia de la litis, se avanzará en el siguiente orden: 1) Competencia del Consejo de Estado; 2) Las pruebas aportadas al proceso; 3) De la convalidación de todo lo actuado; 4) De la oportunidad de la acción; 5) De equilibrio económico del contrato; 6) Análisis del caso y 7) Costas. 1. Competencia del Consejo de Estado. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. En el caso que ahora se examina el extremo demandado lo conforma la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuya naturaleza corresponde a la de una entidad estatal de 10
11 las enlistadas en el Estatuto de Contratación Estatal, 1 la cual compareció al proceso por conducto de apoderado quien exhibió poder otorgado por el Director Ejecutivo de Administración Judicial. En efecto, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2007, establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra instituida para juzgar las controversias y los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, con independencia del régimen legal de contratación de la respectiva entidad: Artículo 1. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así: Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno. La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos 1 Según el artículo 32 del Estatuto de Contratación Estatal, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone: Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. ( ). 11
12 Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional. (Negrillas fuera de texto) Artículo 2. Derógase el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 y las demás normas que le sean contrarias. Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de (Negrillas fuera de texto) La norma legal transcrita, al definir el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, precisó que a la misma le compete juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas, en lugar de juzgar las controversias y litigios administrativos, como disponía el texto anterior del mismo artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Respecto de su alcance se pronunció la Sala mediante auto de febrero 8 de 2007, radicación , en el cual, a propósito de los asuntos que interesan al caso que aquí se examina, señaló: A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la entrada en vigencia de la ley de 2006, de la siguiente manera: i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin importar su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto del mismo. ( ). Hechas las anteriores precisiones se concluye que esta Corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia. 12
13 2. Las pruebas aportadas al proceso Pruebas documentales. Los documentos que a continuación se relacionan fueron aportados al proceso en copia auténtica, algunos directamente por la parte demandante y otros como respuesta a oficios librados en el trámite de la primera instancia, como consecuencia de la orden judicial emanada del auto que abrió el debate probatorio, por lo cual serán valorados como prueba: Certificado de existencia y representación de la sociedad Oromax Ltda., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 1-2 c2) Certificado de existencia y representación de la sociedad Makro Computo S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 3-5 c2) Contrato de compraventa No. 044 de 1999 celebrado el 16 de julio de 1999 por la Nación Consejo Superior de la Judicatura y el consorcio Makro Computo S.A. Oromax Ltda., cuyo objeto se convino como a continuación se transcribe (fls c2): CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El presente contrato tiene por objeto la compra que el CONSEJO SUPERIOR hace al CONTRATISTA de tóner para impresoras láser Xerox, con distribución a nivel nacional. Seguidamente en la cláusula Tercera se pactaron las obligaciones a cargo del contratista: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- En virtud del presente contrato el CONTRATISTA se compromete, a: 1) Entregar y distribuir los elementos objeto del contrato en los Almacenes Generales de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial en todo el país, así: a) la primera entrega se efectuará en cada una de las dependencias indicadas en la Cláusula Segunda de este documento, 13
14 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única. b). la segunda entrega se efectuará en cada una de las dependencias indicadas en la cláusula segunda, en el mes de octubre de ) garantizar la buena calidad de los elementos objeto del contrato. 3) Indicar la fecha de vencimiento de los bienes ofrecidos, la que no será inferior a 12 meses. 4) Garantizar el suministro de tóner y cilindros y reemplazar para el Consejo Superior en el evento en que se presente desperfecto en el funcionamiento de los bienes, objeto del contrato. 5). Responder por los daños a las impresoras por causa directa de la utilización de los elementos adquiridos. 6) Garantizar que los productos entregados sean nuevos y originales. 7) Las demás que surjan de la naturaleza del contrato. De conformidad con la cláusula sexta, el valor del contrato se acordó en la suma de $ M/cte, incluido el IVA y la forma de su pago se convino al siguiente tenor: CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- El CONSEJO SUPERIOR pagará el valor del contrato al CONTRATISTA, de la siguiente manera: 1). Un veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, en calidad de anticipo equivalente a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($ ) M/CTE, suma que se entregará dentro de los diez (10) hábiles siguientes a su aprobación de la Garantía Única. 2) El ochenta por ciento (80%) restante, equivalente a la suma de UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ ) M/CTE, se pagará en dos (2) contados, así: a) El cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, equivalente a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($ ) M/CTE, a la entrega a entera satisfacción del Consejo Superior del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de los bienes objeto del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única. b) El cuarenta por ciento (40%) restante, equivalente a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($ ) M/CTE, a la entrega de la totalidad de los bienes objeto del contrato a entera satisfacción del Consejo Superior entrega que deberá llevarse a cabo en el mes de octubre de Por último, en la cláusula octava se pactó que la duración del contrato sería de nueve meses contados a partir de la aprobación de la Garantía Única. 14
15 Certificación expedida por la Superintendencia Bancaria mediante la cual señaló el valor de la Tasa de Cambio Representativa durante los meses de junio, julio y agosto de 1999 (fl c2) Gráfica que refleja el comportamiento de la banda cambiaria y TRM desde el 4 de enero de 1999 al 4 de diciembre de 2000 (fl. 19 c2) Listado de cifras de los límites inferiores, medios y superiores de la TRM y Banda Cambiaria desde el 28 de junio de 1999 al 31 de diciembre de 2000 (fls c2) Certificado de disponibilidad presupuestal No de fecha 12 de febrero de 1999 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por valor de $ con cargo a la licitación pública No. 07 de 1999 para la adquisición de tóner para impresoras (fl. 29 c2) Constancia de notificación personal al representante suplente del consorcio MAKROCOMPUTO S.A. OROMAX LTDA., del contenido de la Resolución No del 7 de julio de 1999 mediante la cual se adjudicó la licitación pública No. 07 de 1999 (fl. 30 c2) Resolución No del 4 de mayo de 1999 mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dio apertura a la licitación pública No. 07 de 1999 (fls c2) Resolución No del 7 de julio de 1999 mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adjudicó la licitación pública No. 07 de 1999 al consorcio MAKROCOMPUTO S.A. OROMAX LTDA. (fls c2) Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dentro de la licitación No. 07 de 1999, 15
16 respecto de los ítems 1 y 2, la cual se refleja en los siguientes gráficos (fls c2). CONSORCIO MAKORCOMPUTO S.A. CONSORCIO MAKORCOMPUTO S.A. OROMAX LTDA. OROMAX LTDA. OFERTA 1 OFERTA 2 Elemento CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL UNITARIO UNITARIO ITEM 1 Tóner impresora , láser HP 5L 0 0 Tóner impresora , láser HP 5L 0 0 SUBTOTAL IVA TOTAL PUNTAJE PRECIO/CANTIDAD (850) CONSORCIO MAKORCOMPUTO S.A. OROMAX LTDA. Elemento CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ITEM 2 Tóner Xerox 4010/ Tóner Xerox 4010/ SUBTOTAL IVA TOTAL PUNTAJE PRECIO/CANTIDAD (850) Pliego de condiciones correspondiente a la licitación pública No. 07 de 1999, del cual se transcribe el siguiente clausulado (fl c2): 3.1. PRECIOS. El proponente deberá presentar para cada ítem el valor unitario de los bienes ofrecidos de acuerdo con el formulario No. 2. Pesos Colombianos Fijos: todos los valores deberán ser expresados en pesos colombianos por una suma fija no sujeta a variaciones con 16
17 posterioridad a la fecha de la presentación de la propuesta, incluido el impuesto al valor agregado. ( ) ENTREGA Y DISTRIBUCION. El plazo total de entrega y distribución de los suministros en los sitios será dentro de los cinco (5) meses siguientes a la aprobación de la garantía única. ( ) DURACION DEL CONTRATO. La duración del contrato será de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía única Adendo No. 1 del 25 de mayo de 1999 al pliego de condiciones de la licitación pública No. 07 de 1999 mediante el cual se modificó el formulario No. 5 Distribución Tóner para impresoras Laser Hewlett Packard en lo referente a los porcentajes de distribución de Tóner 6P en las ciudades de Bogotá y Medellín (fl. 93 c2) Propuesta presentada por el consorcio MAKROCOMPUTO S.A. OROMAX LTDA., dentro de la licitación pública No. 07 /99, cuya estructura económica se reflejó en el siguiente cuadro (fl. 104 a 231 c2): ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO CANT. VALOR UNITARIO VALOR IVA TOTAL + IVA TOTAL 1 Tóner impresora Láser HP 5L 7020 $ $ Tóner Impresora Láser HP 6P 2340 $ $ TOTAL ITEM 1 $ Tóner Impresora Láser XEROX $ $ $ $ Cilindro Impresora Láser XEROX 1722 $ $ $ $ TOTAL ITEM 2 $ $ Certificado de calidad y cumplimiento del Contrato No. 044/1999, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en la cual consta que el negocio jurídico se cumplió satisfactoriamente (fls. 233 c2). 17
18 Cuadro del Banco de la Republica que refleja la variación del peso colombiano en relación con el dólar americano durante los años 1998 y 1999 (fls. 235 a 241 c2) Boletín de banda cambiaria vigente para los meses junio y julio de 1999 (fl. 244 a 245 c2) Comunicado de prensa publicado por la Junta Directiva del Banco de la República el 27 de junio de 2000 por el cual definió el programa económico para el año 2000 y entre otros aspectos estableció lo siguiente (fl. 246 a 247 c2). 3.- Se acordó elevar, a partir del 28 de junio, el punto medio de la actual banda cambiaria en 9 puntos porcentuales. 4.- Con el propósito de otorgar mayor flexibilidad al régimen cambiario, el ancho de la banda se ampliará de 14 puntos porcentuales a 20 puntos porcentuales Factura de venta No expedida el 26 de agosto de 1999 por Hewlett Packard a Makro Cómputo S.A., según orden de compra No. 5404, por valor de $ en la cual se describen los productos adquiridos y sus precios, conforme se transcribe (fl. 254 c2): Secc. Línea Descripción Cantida Precio Precio Total d Unitario C3904A HP Toner Cartridge Laser Jet 5P/Mp (80) M72 Special Negotiated Discount M06 Compensation C3907A HP Toner Cartridge Laser Jet SL (144)M72 Special Negotiated Discount M06 Compensation SUBTOTAL IVA 16% TOTAL , Factura de venta No expedida el 26 de agosto de 1999 por Hewlett Packard a Makro Cómputo S.A., según orden de compra No. 5404, 18
19 por valor de $ en la cual se describen los productos adquiridos y sus precios, conforme se transcribe (fl. 255 c2): Secc. Línea Descripción Cantida Precio Precio Total d Unitario C3904A HP Toner Cartridge. Lase Jet 5P/Mp (80) M72 Special Negotiated Discount M06 Compensation C3907A HP Toner Cartridge Laser Jet SL (144) M72 Special Negotiated Discount M06 Compensation SUBTOTAL IVA 16% TOTAL Oficio del 9 de noviembre de 1999 suscrito por el Analista Financiero de Xérox Channels Group con destino al Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual informó: Según solicitud de nuestro distribuidor mayorista Makro Cómputo S.A. les informamos que la TRM utilizada para las entregas de los suministros 13R73 y 6R287 fueron: en la primera entrega $ del 30 de julio y en la segunda entrega $ del 22 de octubre. La fuente oficial de dicha TRM es el diario del Banco de la República Factura de Venta No expedida el 30 de julio de 1999 por Xérox de Colombia S.A., a Makro Cómputo S.A., por valor de $ , en cuyo contenido se discrimina (fl. 257 c1): Código de Descripción del producto Cantida Valor unitario Valor total producto d 006R00287 TONER 7041/42/4010/ $ $ R CARTRIDGE 861 $ $ /7041/42 SUBTOTAL $ I.V.A. $ AJUSTE DEL -$0.08 PESO VALOR TOTAL $
20 Factura de Venta No expedida el 25 de octubre de 1999 por Xérox de Colombia S.A., a Makro Cómputo S.A., por valor de $ , en la cual se registró (fl. 258 c1): Código de producto 013R00073 Descripción del producto CARTRIDGE 4010/7041/42 Cantida d Valor unitario Valor total 821 $ $ SUBTOTAL $ I.V.A. $ AJUSTE DEL -$0.21 PESO VALOR TOTAL $ Factura de Venta No expedida el 22 de octubre de 1999 por Xérox de Colombia S.A a Makro Cómputo S.A., por valor de $ , en cuyo texto se detalla (fl. 259 c1): Código de Descripción del producto Cantida Valor unitario Valor total producto d 006R00287 TONER 7041/42/4010/ $ $ R CARTRIDGE 40 $ $ /7041/42 SUBTOTAL $ I.V.A. $ AJUSTE DEL -$0.08 PESO VALOR TOTAL $ Oficio del 13 de diciembre de 1999 presentado por el consorcio contratista ante el Consejo Superior de la Judicatura mediante el cual adjuntó una comunicación del 6 de mayo del mismo año en la que la empresa Transportadora Comercial Colombia S.A. -TCC- ratificaba el convenio realizado con Makro Cómputo en el que cobraba el 1% del valor de la mercancía transportada como concepto de flete, costo de manejo y otros cargos (fl. 260 c2). 20

References: artículo 178
 Resolución 
 artículo 82
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 82
 Artículo 1
 artículo 82
 artículo 30
 Artículo 82
 artículo 32
 artículo 2
 Artículo 2
 artículo 30
 artículo 82
 Resolución 
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