Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221015.htm
Timestamp: 2019-03-23 21:16:20+00:00

Document:
201202-Sala Civil-1-015
Auto Supremo: 15/2012
Sucre: 17 de febrero de 2012
Expediente: T-2-12-S
Partes: Elvio Martínez Chumaceroc/Eveluz Torrez Romero
VISTOS: El recurso de casación de fojas 93 a 96 Vlta., interpuesto por Elvio Martínez Chumacero, contra el Auto de Vista Nº 149/2011 de 26 de Noviembre, cursante de fojas 87 a 90, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso ordinario de divorcio, seguido por Elvio Martínez Chumacero, contra Eveluz Torrez Romero; el Auto de concesión del recurso de fojas 100, los antecedentes procesales; y:
Que, tramitada la causa, el Juez de Partido de Familia de Yacuiba emitió la Sentencia Nº 56/2011 de 6 de Junio del 2011, cursante de fojas 60 a 65 Vlta., por la que declaró: 1) Probada la demanda principal de divorcio de fojas 14 a 15 Vlta., sin costas, por existir acuerdo en el divorcio, 2) Se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre Elvio Martínez Chumacero y Eveluz Torrez Romero, por la causal establecida en el inc. 1) del Art. 130 del Código de Familia; es decir por adulterio de la esposa, 3) Se dispone la partición y división de todos los bienes habidos en este matrimonio, en partes iguales entre los esposos nombrados; que se hará en ejecución de sentencia.-Dichos bienes son: I) La construcción de las dos habitaciones en el segundo piso, las gradas de acceso al segundo piso, el galpón y el tinglado, que en la vigencia del matrimonio hicieron los esposos en divorcio en el inmueble donde fue establecido el hogar conyugal, adquirido por el esposo a titulo de compraventa de sus padres.- II) Todos los muebles y enseres del hogar que existen en el inmueble conyugal, para lo que se hará un inventario respectivo. 4) Se concede la guarda o tenencia de los dos hijos menores de edad del matrimonio llamados: Rodrigo Alexander y Elvis Jhonatan Martínez Torrez, en favor de su madre Eveluz Torrez Romero.-En cuanto a la asistencia familiar, debe estarse a los resultados del proceso de asistencia familiar tramitado en el Juzgado de Instrucción Familiar Segundo de Yacuiba. 5) Se dispone que la demandada EVELUZ TORREZ ROMERO, junto a sus dos hijos, continué viviendo en el hogar donde fue establecido el hogar conyugal cuya dirección se hizo referencia, hasta que se concluya con el proceso de división de bienes comunes; por que allí se desarrollaron los dos hijos de este matrimonio desde su nacimiento hasta la fecha 6) En aplicación del Art. 398 del C.F., se ordena que el Registro Civil proceda a la cancelación de la partida matrimonial de los nombrados esposos, para lo que en ejecución de sentencia se expedirá la ejecutorial respectiva.
Apelada la Sentencia por Elvio Martínez Chumacero, la Sala Civil Primera de la. Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, mediante Auto de Vista Nº 149/2011 de 26 de noviembre del 2011, cursante de fojas 87 a 90, confirma en parte la Sentencia de fojas 60 a 65 vlta., de obrados, es decir confirma en cuanto a la valoración de la prueba y congruencia y revoca en relación a las costas del proceso; consiguientemente se condena en costas a la demandada.
Esta resolución dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesta por parte del demandante Elvio Martínez Chumacero, que se analiza.
En la forma acusa: La violación del artículo 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, por la falta de congruencia en la demanda, contestación, auto de relación procesal y la sentencia, agravio mediante el cual se ha señalado que se ha otorgado más de lo pedido, asimismo acusa la vulneración del artículo 353 del Código de Procedimiento Civil, porque declara la existencia de las mejoras dentro del inmueble de propiedad del recurrente sin que se haya constituido como hecho a probar y el Art. 190 del C.P.C. ya que la sentencia debería contener decisiones precisas, concretas y positivas.
En el fondo: Denuncia la vulneración del artículo 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en error de derecho en la apreciación de la prueba, tanto en las documentales como en la declaración de las dos testigos de descargo indicando que se ha alejado de la normativa que rige la prueba así como de la jurisprudencia al respecto puesto que es esta ultima quien nos enseña a través del A.S. Nº 271 de 28 de Mayo de 2007. Alega también la violación de los artículos 1330 del C.C. y 397 del Código de Procedimiento Civil, ya que el Juez de primera instancia al momento de valorar la prueba señala como probado: que el inmueble es un bien propio no susceptible de divisiones, que en la vigencia del matrimonio se ha realizado mejoras en el inmueble de su propiedad detallando las mismas, hechos probados de los cuales llega a tener convicción a través de la prueba testifical y en el considerando III se evidencia que su fundamentación se realiza en base a la sana critica otorgado valor probatorio al tenor del Art. 1330 del Código Civil y el 397 del Código de Procedimiento Civil, artículos que señalan la eficacia probatoria de la prueba testifical desconociendo de esta manera e incurriendo en error de derecho en la valoración de la prueba ya que la prueba documental aparejada y erróneamente compulsada, documental referente a la escritura publica donde señala que su derecho propietario, no fue debidamente compulsada al tenor del Art. 1289 - III del C.C. puesto que es esta documental la que ostenta la plena fuerza probatoria a través del art., mencionado, mediante el cual se tiene probado que el inmueble de su propiedad es un bien propio y no ganancial situación que no podía suplirse por ninguna prueba testifical. También se refiere al Art. 113 del Código de Familia, razón por la cual en lo referente a las mejoras, que a criterio del juzgador de primera instancia, se encontraban probadas a través de la prueba testifical de descargo, incurriendo en error de derecho, puesto que para esta situación no debía compulsarse a través de prueba testifical, si no más bien era de preferente aplicación la presunción señalada en el Art. 127 del Código Civil, presunción legal que fue totalmente obviada en la compulsa probatoria incurriendo en error de derecho, sin tomar en cuenta que para este cometido existen una serie de pruebas idóneas y precisas (el contrato de obra, la factura de pago e incluso la inspección ocular) medios probatorios de los que el Juez de primera instancia ha prescindido, dando credibilidad sobre la existencia de mejoras por la simple mención de un testigo y no de dos como menciona en la Sentencia. Y hace mención que también se ha vulnerado el num. 3 del Art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que estos hechos al no haber sido subsanados por sus autoridades han dado lugar a la vulneración del proceso.
Concluye el recurso solicitando, que se conceda el recurso ante la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil de turno, para que se Anule llanamente el A.V. Nº 149/2011 de 26 de noviembre, solo en lo referente a la confirmación de la declaración de ganancialidad de las mejoras referidas en el numeral 3) en su inciso 1) del por tanto de la Sentencia 56/2011 cursante a fs. 60-65 vlta., alternativamente sin que implique renuncia a lo anterior casar parcialmente el A.V. Nº 149/2011 de 26 de noviembre, solo en lo referente a la confirmación de la declaración de ganancialidad de las mejoras referidas en el num. 3) del por tanto de la Sentencia 56/2011 cursante a fs. 60-65 vlta., con costas.
Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, este Tribunal ingresa a resolver en principio la impugnación en la forma, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas daría lugar a la nulidad de obrados, siendo en consecuencia, innecesario el pronunciamiento de fondo.
Establecido lo anterior, en función a los fundamentos expuestos, corresponde analizar la impugnación, al respecto, se tiene:
Con relación al recurso de casación en la forma: De acuerdo a nuestra economía jurídica, la finalidad del recurso de casación en la forma se dirige a invalidar una resolución pronunciada o sustanciada con violación de las formas esenciales establecidas por ley. En ese marco, es preciso señalar que un acto jurídico es nulo cuando la ley le priva de los efectos que regularmente debía producir y de acuerdo con la doctrina, la nulidad consiste en apartarse de ese conjunto de formas necesarias establecidas por ley, además de tener en cuenta los principios esenciales de especificidad o legalidad (no hay nulidad sin ley específica que la establezca), el principio de la finalidad del acto, indica que el acto es legítimo si ha sido actuado de un modo apto para el logro de la finalidad a que estaba destinado el principio de trascendencia, plasmado en la máxima "pas de nullite sans grief" (no hay nulidad sin perjuicio), en cuya virtud no es posible admitir la declaración de la nulidad por la nulidad misma, por ello el litigante que invoca el vicio formal debe probar que el mismo le acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad; de igual modo, para la viabilidad de declaración de nulidad, es menester que la omisión o el acto defectuoso no haya sido convalidado expresa o tácitamente, puesto que los actos viciados o supuestamente viciados se consolidan si no es reclamado en tiempo hábil, precluyendo el derecho a solicitar la nulidad, principio que halla su respaldo legal en la norma del artículo 258 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, que determina que en el recurso de nulidad no esta permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252 del Adjetivo Civil.
En la especie, luego de la revisión integral de los antecedentes de la causa, se concluye que no existen vicios procesales que den lugar a la anulación de la causa como solicita el recurrente, respecto a los agravios que indico haber sufrido el recurrente como ser la vulneración del Art. 254- num. 4) del Código de Procedimiento Civil, por fallar en sentencia el juzgador de primera instancia otorgando mas de lo que debía dar y sin congruencia respecto a la valoración de las pruebas aportadas, resultan no ser evidentes, pues el Tribunal de instancia realizó una consideración armónica del contenido de toda la sentencia, que consta en el segundo y tercer considerando de dicha resolución, lo que sustenta en definitiva la decisión asumida por el a quo, sin que haya lugar a dudas sobre los derechos establecidos en función de la acción; respecto al Art. 353 del C.P.C. el recurrente sostiene que en la relación procesal no se fija como uno de los puntos de hecho a probar sobre las mejoras dentro del inmueble, lo cual no es cierto ya que claramente en este punto se evidencia en el Auto Interlocutorio Nº 660/10 de fs. 41 y vlta., de obrados en la parte de los puntos de hecho a probar de la demandada en su inc. a) y finalmente el recurrente indica ser agraviado por no aplicarse lo que indica el art. 190 del C.P.C., Si bien es cierto que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que constituye una garantía de legalidad procesal, en la especie -de la lectura de la Sentencia de primera instancia- se aprecia la exposición de los hechos, la cita de normas y la adopción de decisiones positivas, claras y concretas, emergentes de la compulsa del elenco probatorio, sobre los aspectos demandados en los Tribunales de grado, constituyen una decisión de derecho y no de hecho cuyos alcances y efectos son claramente comprensibles y motivados, al contener las formas establecidas por ley en cuanto a la estructura de las resoluciones judiciales, no evidenciándose vulneración de los arts. 254 num.4), art. 353 y del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, alegados por el recurrente, por lo que el recurso deviene en infundado.
Que, no es evidente la infracción del artículo 1330 del Código Civil, que determina que la prueba testifical se la debe apreciar considerando la credibilidad personal de los testigos, la circunstancias y la ética probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, y el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, también se acomoda a este criterio, pues el recurrente no demostró cuáles son los elementos de convicción que desacreditan la credibilidad de los testigos, respecto de los cuales, pudo interponer la tacha respectiva, tampoco demostró que el Tribunal de apelación incurrió en errores de hecho o, en su caso, en errores de derecho en la valoración de la prueba, entre ellas la testifical, concluyéndose que no existe mérito para modificar la resolución de vista impugnada por lo inconsistente de las denuncias formuladas en el recurso de casación que se resuelve; sin embargo, sólo para dejar claros algunos de los aspectos legales mencionados por el recurrente en el recurso de casación en el fondo, respecto al Art. 1289 numeral III) del Código Civil, cabe hacer las siguiente puntualización: Si bien es cierto que el juzgador menciona que la demandada adjunta un documento de titulo de propiedad, con ello se pudo demostrar el derecho propietario del recurrente sobre el inmueble, pero en realidad lo que ahora se discute no es el inmueble sino las mejoras, que el Juzgador de primera instancia analizo y demostró en la resolución de sentencia, de igual forma el art. 113 del Código de Familia, mas bien coincide con la desición del Juez de Primera Instancia en base al considerando II de la Sentencia Nº 56/2011, si bien el art. 127 del Código Civil, es claro, lo que se discute son las mejoras realizadas en ese inmueble durante la relación matrimonial, y si el recurrente indica que se obvio otros medios probatorios de los que el menciona, ninguna de las partes solicito en su oportunidad la inspección ocular la que era la mas eficaz y contundente. En ese orden, este Tribunal concluye que las desiciones asumidas por los Tribunales de instancia están acordes a los datos del proceso, existiendo correspondencia con la prueba aportada sin que sea evidente la vulneración de ninguno de los artículos mencionados por el recurrente.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los artículos 271 y 273 del Código de Procedimiento Civil y lo establecido por el articulo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo, cursante de fojas 93 a 96 vlta., de obrados, interpuesto por ELVIO MARTINEZ CHUMACERO.
No se regula honorario del Abogado por no haberse contestado el recurso.

References: resolución 
 artículo 254
 artículo 353
 artículo 253
 resolución 
 artículo 258
 artículo 252
 artículo 1330
 resolución 
 resolución