Source: https://todoelderechoblog.wordpress.com/2014/04/01/pena-de-prision-para-un-menor-declarado-culpable-por-el-delito-de-homicidio-simple/
Timestamp: 2017-10-20 21:29:53+00:00

Document:
Pena de prisión para un menor declarado culpable por el delito de homicidio simple. | Bases de Datos de Derecho Argentino
Pena de prisión para un menor declarado culpable por el delito de homicidio simple.
Aplican la pena de prisión a un menor declarado culpable por el delito de homicidio simple, con la escala atenuada prevista por la ley minoril.
P. S. M. s/ recurso de casación
Cámara Federal de Casación Penal – Sala/Juzgado: IV
3.-El principio general de política criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, extrema su vigor, cuando de menores infractores se trata. Ello es así, al punto que la Convención sobre los Derechos del Niño, expresamente establece que: la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño […] se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda (en el caso, se casó la decisión impugnada y por mayoría se aplicó pena de prisión a un joven por el delito de homicidio simple).
En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto del año dos mil trece se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Juan Carlos Gemignani como Presidente y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación de fs. 640/648 y 649/670, de la presente causa Nro. 12.439 del registro de esta Sala, caratulada: “P., S. M. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I.- Que el Tribunal Oral de Menores nro. 1 de esta ciudad, en la causa nro. 4841 de su registro, mediante sentencia de fecha 8 de abril de 2010 resolvió, por mayoría, “ABSOLVER a S. M. P., en orden al delito de homicidio simple, por el cual fue declarado penalmente responsable el 28 de diciembre de 2007 (fs. 612/635).
El hecho por el cual se encontró responsable a P. es el siguiente: “el día 8 de enero de 2007 a las 22.00 horas, aproximadamente, frente al Nº 3159 de la calle Larraya de esta ciudad, S. M. P. dio muerte a G. E. M., a quien apuñaló con una navaja de aproximadamente 15 cm. de longitud, provocando con su accionar una lesión mortal a la altura del tórax. Momentos antes del suceso, G. E. M., se había presentado en el ciber ubicado en el lugar, al mando de su bicicleta, con el propósito de recriminar a P. y a los integrantes del grupo del que éste formaba parte; haber molestado a su hermano Lucas manifestándoles que, si persistían con esa actitud, iría con sus amigos y los mataría a todos. Acto seguido y luego de una reiterada manifestación de los allí presentes de ser ajenos a la imputación, S. M. P., encontrándose próximo a la víctima y ante el acercamiento de M., lesionó a la víctima a la altura del tórax mediante el empleo de una navaja que previamente, había solicitado a su amigo R. V. en préstamo. Luego de ello, M. dio unos pasos atrás y cayó al suelo procediendo aquel a alejarse del lugar. La navaja utilizada siguió una trayectoria lesiva en dirección horizontal, de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y ligeramente de arriba hacia abajo, provocando una herida cardíaca punzo cortante de 13 cm. de longitud, que provocó la muerte de G. M.a las 23.45 del día 8 de enero de 2007 en el Hospital General de Agudos Parmenio Piñeiro. Finalmente S. M. P. fue detenido el día 25 de enero en la ciudad de Las Toninas, Provincia de Buenos Aires, no lográndose el hallazgo del arma utilizada”.
El fundamento de tal facultad jurisdiccional, se sustenta en que la pena no puede exceder la del reproche que se formule a una persona por haber obrado de modo ilícito, c uando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma; es decir, debe ser la pena proporcional a la culpabilidad del autor, en cuyo estudio también entrará en juego “la posibilidad de autodeterminación que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en que hubiese actuado y en relación a sus personales capacidades en esa circunstancia”, tal como lo ha remarcado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Maldonado” (expediente M.1022.XXXIX, “Maldonado, Daniel Enrique y otros s/robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado” -causa nº 1174, del 7 de diciembre de 2005, parágrafo 36-).
El citado precedente “Maldonado”, cuyos lineamentos fueron mencionados tanto por el tribunal de origen como por los recurrentes en sus piezas de impugnación, explicaba que en el caso de menores, debía asignarse un lugar preponderante a la concreta situación emocional del joven al cometer el hecho; sus posibilidades reales de dominar el curso de los acontecimientos, la posibilidad de haber actuado impulsivamente o a instancias de sus compañeros, o cualquier otro elemento que pudiera afectar la culpabilidad; en tanto se trataba de elementos que adquirían una significación distinta, que no podía dejar de ser examinada al momento de determinar las cuestiones relativas a la imposición de una pena, y su monto (parágrafo 16 del fallo de referencia).
Por otra parte, la ponderación de la necesidad de imposición de pena o de su reducción, en los términos exigidos por la ley minoril, en modo alguno permite establecer equiparaciones automáticas con la gravedad del hecho juzgado o la peligrosidad de la conducta, sino que se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas “preponderantemente atiendan a fines de resocialización” y con “la importancia de promover la integración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad” (cfr.Parágrafo 22 del fallo citado); y en ese sentido adquiere relevancia la ponderación de los efectos nocivos del encarcelamiento, parámetro que no puede omitirse en relación a la consideración de la concreta necesidad de pena respecto de ese autor concreto, y de su monto.
En lo que respecta a la sentencia impugnada, se advierte allí que el tribunal de juicio reprodujo las pautas establecidas en el fallo “Maldonado”, a fin de fijar el marco teórico en el que habría de situar la motivación de sus decisiones en torno a la situación procesal de P.
Lo dicho se ve claramente reflejado en el informe de febrero de 2008, confeccionado luego de la realización del juicio oral, se sostuvo que no se había producido variaciones en el aspecto social ni tampoco en el psicológico. Manifestaron los profesionales que “…no se ha podido avanzar en el abordaje de la problemática subjetiva del joven, presentando en este sentido un posicionamiento marcadamente defensivo que le permite el control de aquellos aspectos que tendrían un carácter conflictivo, apelando así a mecanismo de negación y disociación.No se observa que el atravesamiento de la instancia judicial reciente haya producido en el joven desde lo manifestado, algún impacto emocional que pudiera conmover sus subjetividad”.
“Se advierte un posicionamiento que se vería orientado a desvalorizar y descalificar todo aquello proveniente de la normativa cultural y de orden social, relativizando y minimizando la eficacia de la ley en cuanto tal…” y que “…se pondría de manifiesto la tendencia del joven a depositar en factores externos lo referente a su responsabilidad”.
III. Sentado ello, y toda vez que, conforme se desprende del análisis realizado en el apartado anterior, se propone aquí la revocación de la absolución y la consiguiente necesidad de pena, habré de manifestar la afectación del derecho al “doble conforme” que acarrearía el dictado de una condena por este tribunal de alzada.
Sin embargo, el alcance de este derecho debió ser precisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia, más enfáticamente a partir del precedente “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, en el que el máximo tribunal regional señaló que “[e]l artículo 8.2.h. de la Convención Americana dispone que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, “de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”.
160. El artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 indica que [… u]n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos” (sentencia del 2 de julio de 2004).
Este precedente sirvió de base y fundamento para que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretara y reconociera un carácter amplio al recurso de casación -única herramienta procesal viable para la revisión de una sentencia-, así explicó, en oportunidad de resolver el fallo “Casal”, que no existe razón legal ni obstáculo alguno en el texto mismo de la ley procesal para excluir de la materia de casación un análisis completo de la decisión que se critica.Es decir, “el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que se pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable”, y que “lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación”. En definitiva, el Alto Tribunal concluyó que “el art. 456 CPPN debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, sólo inevitables por imperio de la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas”.
A ello debe adunarse que, atento a que nuestro código de rito reconoce facultad recursiva tanto al titular de la vindicta pública como a la querella, aunque con alcance limitado -confr. arts. 458 y 460 del C.P.P.N.-, también se multiplican las posibilidades que esta Cámara de revisión dicte condena e, incluso, imponga pena, previa realización de la correspondiente audiencia de visu del imputado, prevista en el art. 41 del Código Penal (confr.C.S.J.N. “NIZ, Rosa Andrea y otros s/ recurso de casación”, rta. el 15/06/2010).
Ahora bien, si se analiza más detalladamente el sentido y alcance que buscó darle la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente de mención al derecho de la doble instancia judicial, se advierten, principalmente, dos conclusiones: a) que el único beneficiario de la garantía del “doble conforme” es el imputado; y b) que ese derecho de recurrir el fallo exige una revisión amplia y completa del mismo.
En efecto, abundante doctrina tiene dicho que “en el proceso penal la garantía del derecho al recurso está exclusivamente reservada para el imputado contra quien se ha dictado una sentencia condenatoria o bien, a pesar de ser absuelto, se lo ha obligado a cumplir con una medida de seguridad o corrección. Desde la vigencia de tales convenciones internacionales [C.A.D.H. y P.I.D.C.yP.] se produjo un cambio relevante en relación al anterior principio de bilateralidad en las facultades recursivas del enjuiciamiento penal.Así, actualmente, el Estado por medio de sus órganos judiciales carece de toda posibilidad de intentar un recurso cualquiera contra la sentencia absolutoria pretendiendo rever la misma a fin de continuar la persecución penal en procura de una nueva resolución que, mutando la absolución ya obtenida por el justiciable, pueda agravar su situación mediante una condena.
[…] El derecho del imputado a recurrir la sentencia que lo perjudica obedece al principio de doble conforme según el cual, para que el Estado pueda ejecutar legítimamente una pena contra una persona, si ésta la impugna, es menester la doble conformidad judicial como significativa de que mediante la instancia de revisión, un tribunal superior, coincidiendo o discrepando con la condena impuesta, le otorgue mayor legitimidad a la misma como acto jurisdiccional del Estado y al mismo tiempo una mayor seguridad y tutela mediante la doble verificación para la persona enjuiciada” (JAUCHEN, Eduardo M.: “Derechos del imputado”, Editorial Rubinzal – Culzoni, 1ra. Edición, Santa Fe, Argentina, 2007, págs. 451/452).
Asimismo, el profesor Maier enseña que “esta garantía procesal, bien explicada, debe conducir necesariamente a la exigencia de que para ejecutar una pena contra una persona, se necesita una doble conformidad judicial, si el condenado la requiere. Esta condición procesal, impuesta a la aplicación de una pena estatal -con otras palabras:el desarrollo del poder penal del Estado-, ha sido perfectamente descripta, por analogía con la prueba de exactitud de una operación matemática, como la exigencia del principio de «la doble conforme». El derecho al recurso se transformaría, así, en la facultad del condenado de poner en marcha, con su voluntad, la instancia de revisión -el procedimiento para verificar la doble conformidad- que, en caso de coincidir total o parcialmente con el tribunal de juicio, daría fundamento regular a la condena – dos veces el mismo resultado = gran probabilidad de acierto en la solución- y, en caso contrario, privaría de efectos a la sentencia originaria” (MAIER, Julio B. J.: “Derecho Procesal Penal”, tomo I. Fundamentos, Editores del Puerto, 2da. Edición, Buenos Aires, 2004, pág. 713).
Cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que no es competencia del Poder Judicial, en general, y de esta alzada, en particular, adecuar nuestra legislación nacional a la normativa internacional y, en su caso, derogar las disposiciones que resulten incompatible s con ella.En este sentido, nuestro Máximo Tribunal entiende que “no es propio del cometido fijado al Poder Judicial en el art.
Ello implicaría sustituirse a competencias propias de los otros poderes al Estado (Fallos: 330:4866, 4873/4874); máxime, cuando el convencional constituyente, en la última reforma de 1994, le ha adicionado al Congreso la atribución específica de promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados de derechos humanos [.] (art. 75 inc. 23, de la Constitución Nacional)” (confr. “García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa N? 4537″ , rta. el 02/12/08, Fallos: 331:2691, cons. 6º, primer y segundo párrafo).
Empero, no puede olvidarse que “para que en un proceso existan verdaderamente dichas garantías, conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” (confr. C.I.D.H. “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”).
Por lo tanto, mientras se arriba a un revés legislativo, y a fin de armonizar las competencias propias de esta Excma. Cámara Federal de Casación Penal, las facultades recursivas de los acusadores y la garantía del “doble conforme” que le asiste al imputado, entiendo que cobra virtualidad lo manifestado por el magistrado de nuestro Máximo tribunal, doctor Zaffaroni, en el precedente “Argul “(Fallos 330:5212, rto.el 18/12/2007), en cuanto a que “esta Corte reconoce que la doctrina de la arbitrariedad no la habilita a actuar como tribunal ordinario de alzada para el análisis y tratamiento de cuestiones no federales. No obstante, en esta oportunidad, deberá avocarse excepcionalmente a actuar como tribunal revisor, ya que de no hacerlo, la nueva sentencia condenatoria dictada por la Sala I de la Cámara [Federal] de Casación Penal no tendría instancia de revisión alguna y se conculcaría la garantía contemplada en el art. 8 inc. 2 h de la Convención Americana de Derechos Humanos, la que goza de jerarquía constitucional”.
En síntesis, reconozco la competencia de esta Cámara para dictar condena, sin que ello conlleve una violación a la garantía del “doble conforme”.
En este sentido, se observa que el informe psicológico de evolución de S. M. P.del 26 de mayo de 2008 -a más de un año de internación-, dio cuenta que “[c]abe destacar que el joven tiende a situarse de manera impersonal frente al abordaje de los tópicos que podrían remitir aspectos subjetivos más conflictivos o egodistónicos”. Allí, se agregó que “[e]n otro orden de cosas, se advierte un posicionamiento que se vería orientado a desvalorizar o descalificar todo aquello proveniente de la norma cultural y del orden social, relativizando la eficacia de la ley en cuanto a tal”, así como que “en lo últimos encuentros […] se percibieron signos de un notorio malestar respecto a su rutina, describiéndola como monótona y aletargada, no pudiendo encauzar tal estado afectivo a través de la mediatización simbólica, sino que permanecerían a un nivel concreto y literal, no subyaciendo signos de angustia que podrían provocar algún tipo de movilización de lo afectivo. Por el contrario, S. se ha orientado a formular variadas argumentaciones, asociando dicho malestar a su permanencia institucional. Lo expresado anteriormente, pondría de manifiesto, entre otros ejemplos, la tendencia del joven de depositar en factores externos lo referente a su responsabilidad” (cfr. fs. 253/vta.).
Que luego del citado informe psicosocial de evaluación, si bien se informó que el joven produjo “un viraje hacia la apertura, traduciéndose en la asunción de un posicionamiento más activo y, en algunas ocasiones, incluso reflexivo” (cfr. informe de fs. 262/263), los posteriores informes hablan de posturas ambivalentes del causante (cfr. 269 y fs.284). En el informe psicosocial de evolución del 26 de noviembre de 2008, se consignó que “durante los últimos tiempos de trabajo, ha podido bordear, aunque muchas veces con dificultad, los diversos aspectos de los hechos que habrían ameritado su internación; incluso las consecuencia en que habrían derivado su accionar y el modo en que éstos habrían repercutido en los distintos aspectos de su vida.
Tal como se hubiera consignado precedentemente, se registra en el joven la oscilación entre los movimientos de rigidización defensiva y la consiguiente apertura al despliegue de su subjetividad” (cfr. fs. 287).
En la misma dirección, como consecuencia del ingreso de S. M. P. el 22 de diciembre de 2008 en el instituto M. Belgrano, el 16 de febrero de 2009, se elevó un nuevo informe psicológico del encausado. Del mismo, surge que “[s]i bien aún persiste la existencia de defensas que le dificultan el contacto emocional con su situación, ha comenzado a interrogarse hacia sí mismo, circunstancia que le permitiría poner en marcha el dispositivo terapéutico y continuarlo en el afuera” (cfr. fs. 321). Asimismo, con fecha 18 de agosto de 2009, el nuevo informe psicosocial de actualización dio cuenta que “el grupo terapéutico se ha concentrado en el acontecimiento que generara su internación y en la situación familiar conflictiva que atravesaba el grupo familiar previo a su separación y al alejamiento de su padre del domicilio (años 2006). El joven se ha tornado permeable y más reflexivo a medida que ha transcurrido el tiempo, pudiendo poner en palabras el fallido de su accionar e implicándose en la situación que atraviesa.” (cfr. fs. 414/415).
Finalmente, con posterioridad al egreso de S. M. P. del Centro de Régimen Cerrado M. Belgrado el 24 de agosto de 2009, el Departamento de Libertad Asistida de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley Penal, allegó tres informes dando cuenta de la evolución de S. M. P. (cfr. fs.435/436; 448/449 y 472/473). Del segundo informe, surge, entre otras cosas, que “en cuanto al hecho que determinó nuestra intervención, el joven no se refiere al mismo en ningún momento; solo fue a partir del relato angustiado de su madre en una entrevista que el joven intervino con breves impresiones, sin compromiso afectivo” (cfr. fs. 448/449).
Si bien el causante transitó su internación sin protagonizar episodios de violencia y conflictividad, culminando sus estudios secundarios y dando inicio a la carrera de ingeniería electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional, dichos extremos no desvirtúan, en función de las particulares circunstancias del caso traído a estudio, la necesidad de imposición de pena en la presente causa. Ello es así, por cuanto el art. 4, inc. 3, segundo párrafo de la ley 22.278, establece que a la hora de evaluar la necesidad de imposición de pena a un menor, corresponde evaluar “las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez…”.
En este sentido, no puede soslayarse que la necesidad de pena se encuentra intrínsecamente relacionada con la legítima finalidad que con su imposición persigue el Estado, esto es, “la reforma y la readaptación social” del condenado (cfr. C.A.D.H., art. 5.6 y P.I.D.C.y P., art. 10.b.3.). En particular, en el caso de los menores en conflicto c on la ley penal, cobra especial relevancia “la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad” (C.D.N., art. 40.1.).
El principio general de política criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, extrema su vigor, cuando de menores infractores se trata. Ello es así, al punto que la Convención sobre los Derechos del Niño, expresamente establece que:”la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño [.] se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda” (art. 37.b.).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “de la conjunción de la ley 22.278 y la Convención del Niño se desprende con claridad que el derecho penal de menores está muy fuertemente orientado al examen de las posibles consecuencias de la aplicación de una pena respecto del condenado, en particular, desde el punto de vista de evitar que la pena privativa de libertad tenga efectos negativos para la reintegración del condenado a la sociedad”. Sobre esa base, se concluyó que “al momento de determinar la pena, el tribunal no pueda omitir la consideración relativa a la concreta necesidad de pena, desde la perspectiva indicada, respecto de ese autor en concreto” (Fallos: 328:4343, considerando 35).
II. En dichas condiciones, no correspondiendo en el caso otra sustanciación, y de conformidad con la postura adoptada en las causas Nros. 9989 “Duarte, Felicia s/recurso de casación (Reg. Nº 1.335/12, rta. el 13/08/2012), 15129 “Mendez, Mariano s/recurso de casación” (Reg. Nº 233/13, rta. el 12/03/2013) y 15473 “Correa, Esteban Washington s/recurso de casación” (Reg. Nº 2.237/12, rta.el 20/11/2012), entre otras, considero que corresponde fijar en esta instancia el monto punitivo a aplicar a S. M. P. por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (art. 45 y 79 del C.P.) por el que fue juzgado y declarado responsable por sentencia firme del 28 de diciembre de 2008, en el marco de la causa 4841 del Tribunal Oral de Menores Nro. 1 de Capital Federal (cfr. fs. 439/495).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de sostener que “los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, párr.54)”, cuyo “reconocimiento constituye un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa, derivado de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en especial de la Convención del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica” (cfr. “M., D.E. y otro s/robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-”, rta. el 07/12/05, Fallos: 328:4343, cons. 32 -in fine- y 33).
Nuestro Alto Tribunal tiene dicho que “la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le formule a la persona por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad de autor, y esta culpabilidad se determina según el ámbito de autodeterminación que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en que hubiese actuado en relación a sus personales capacidades en esa circunstancia. De este modo, nuestra Constitución impuso desde siempre un derecho penal de acto, es decir, un reproche del acto ilícito en razón de la concreta posibilidad y ámbito de reproche, y rechaza toda forma de reproche a la personalidad del agente. No se pena por lo que se es, sino por lo que se hace, y sólo en la estricta medida en que esto se le pueda reprochar al autor” (Fallos: 328:4343, cons. 36. En igual sentido, “Gramajo, Marcelo E.s/robo en grado de tentativa -causa N° 1573″ , Recurso extraordinario, G.560.XL, rta. el 05/09/06, Fallos: 329:3680, cons. 18).
En este orden de ideas, en el caso de los menores de 18 años de edad, la medida de la culpabilidad encuentra una segunda limitación en el “incuestionable dato óntico que éstos no tienen el mismo grado de madurez emocional que debe suponerse y exigirse en los adultos, lo que es verificable en la experiencia común y corriente de la vida familiar y escolar, en que se corrigen acciones de los niños que en los adultos serían francamente patológicas”. Y tal “incuestionada inmadurez emocional impone, sin lugar a duda alguna, que el reproche penal de la culpabilidad que se formula al niño no pueda tener la misma entidad que el formulado normalmente a un adulto.
Desde este punto de vista, la culpabilidad por el acto del niño es de entidad inferior a la del adulto, como consecuencia de su personalidad inmadura en la esfera emocional” (Fallos: 328:4343, cons. 37).
En este sentido, realizada en esta instancia la audiencia de visu respecto de S. M. P. (cfr. fs. 726 del principal) de conformidad con los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “NIZ” (N.132 XLV, rta. el 15/6/2010) y tomando como límite máximo el pedido de pena realizado por la querella (quince años de prisión) y el Ministerio Público Fiscal (siete años y seis meses de prisión) en sus recursos, corresponde considerar, como circunstancia atenuante a los fines del art. 40 y 41 del C.P., la ausencia de antecedentes penales del imputado, el haber finalizado sus estudio secundarios y haber dado comienzo a los universitarios, así como también el buen comportamiento que mantuvo durante su tratamiento tutelar.
Como circunstancias agravantes se computa el medio empleado para causarle la muerte a la víctima -apuñalándolo en el torax con una navaja de aproximadamente 15 cm. de longitud- y la circunstancia de modo en la que se produjo la agresión que sufrió G. E. M. La misma tuvo lugar en el marco de un contexto que no evidenció peligro o violencia alguna para el imputado (la víctima llegó sólo y en una bicicleta a un local comercial – “ciber”- en el que se encontraba el imputado junto con un grupo de amigos, para exigirles, en plena desventaja numérica, que no molesten más a su hermano; cfr. sentencia de fs. 439/495), extremo que evidencia la ausencia de toda consideración por parte del imputado al bien jurídico protegido que afectó, demostrando desprecio por el derecho a la vida del que gozaba la víctima (art. 1 de la D.A.D.H., art. 4.1 de la C.A.D.H., art.6.1 del P.I.D.C.P y art. 6.1 d e la C.D.N).
En efecto, se ha sostenido que “…el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, se presenta, para el jurista, como el primero de los derechos de la personalidad, esencial entre los esenciales, y de ahí su protección en beneficio del titular del `Derecho de vivir´ y de aquellos que puedan ser dañados por la muerte… Es innegable, entonces, que ?30? la vida puede calificarse como un bien supremo… la vida se presenta como un bien, como un valor en sí, y su privación o tronchamiento como un mal, un contra valor o disvalor…” (José Mosset Iturraspe, “El valor de la vida humana”, Edit. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 1993, págs. 24/25) Asimismo, es necesario recordar que G.E.M, al momento del episodio que puso fin con su vida, contaba con unos quince (15) años de edad, es decir que gozaba de idénticos derechos y de la misma jerarquía que los de S.M.P., siendo aplicable entonces lo dispuesto en el art. 6.1 de la Convención de los derechos del Niño, en cuanto dispone que “…Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida…”.
Esta entrada fue publicada en Jurisprudencia, Novedades, Novedades en Jurisprudencia y etiquetada Homicidio simple, Prisión menor de edad por infojudicial. Guarda enlace permanente.

References: artículo 8
 artículo 31
 artículo 8
 resolución 
 artículo 8
in fine