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Timestamp: 2017-03-29 09:14:24+00:00

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1957 Manifiesto Cardenista. Septiembre 30 de 1957
Bases para elaborar un Programa de Gobierno. "Manifiesto Cardenista".
Al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional:
"Los hombres que reciban el muy honroso encargo de presentar los programas de sus partidos, deben comprender que por eminentes que sean sus méritos personales, su fuerza persuasiva dependerá de la validez de los postulados que invoquen y de la utilidad de la acción que se comprometan a organizar, con desinterés personal, con valor y rectitud". El señor presidente don Adolfo Ruiz Cortines en su informe a la nación del 1º de septiembre de 1957, afirmó:
Estamos ya ante una nueva etapa electoral. Dentro de diez meses, el pueblo mexicano ha de decidir en los comicios la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales. Las condiciones especiales de esta hora de México nos obliga a procurar que el desarrollo y desenlace del proceso electoral se efectúe de acuerdo con las exigencias de la democracia que proclaman nuestras leyes. Evidentemente la Revolución mexicana no ha logrado, en el terreno político, los progresos obtenidos en otros aspectos la vida nacional. Aceptamos, desde luego, la responsabilidad que nos corresponde; pero consideramos como un deber impostergable de todos los revolucionarios mexicanos, esforzarnos permanentemente por acelerar nuestra evolución política, en un intento de autocrítica que no lesiona, sino fortalece, nuestra solidaridad con los regímenes emanadas de la voluntad popular.
Creemos por ello que ante la situación actual, es antipatriótico cruzarse de brazos y complicar con esa actitud de indiferencia el desarrollo de las soluciones indicadas para superar el atraso cívico en que se encuentra el país y que la formación y desenvolvimiento de los partidos políticos. Los ciudadanos conscientes de nuestros deberes tenemos importantes tareas que realizar. La proximidad de la campana electoral ofrece la oportunidad excepcional de acometer esas tareas. Para ello es indispensable no asumir una actitud pasiva, esperando resignadamente que en vísperas de la elección se den a conocer hombres y programas, sin tiempo para analizar unos y otros, y que la ciudadanía se vea ante la disyuntiva de votar en favor de candidaturas y planes presentados por sorpresa, o lo que es peor aún, en favor de fórmulas ofrecidas por el partido tradicionalmente enemigo de las tendencias progresistas, justicieras y nacionalistas de la Revolución mexicana.
Consideramos, en consecuencia que ha llegado la hora de abrir un gran debate nacional. Estamos de acuerdo con las afirmaciones del señor presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, contenidas en su último informe al H. Congreso de la Unión, cuando distingue y separa, con acierto, las legítimas inquietudes políticas de los ciudadanos, de las responsabilidades administrativas de sus colaboradores. Que los funcionarios continúen hasta el momento mismo de la renuncia individual o de la renovación colectiva del régimen, entregados a sus propias y específicas labores, no impida que se discutan públicamente las virtudes y los pensamientos de los hombres que destaquen en el panorama nacional y se analicen las diferentes soluciones que se propongan a los problemas fundamentales del país.
Creemos pues, que en el momento actual debe iniciarse ese debate sobre precandidaturas y programas a fin de que los sectores de nuestro Partido Revolucionario Institucional, lleguen a su convención a cotejar las distintas fórmulas para resolver los problemas de la patria y a decidir, democráticamente, quién ha de ser el hombre encargado de realizarlas.
Consecuentes con esa preocupación, ofrecemos a continuación algunas bases que consideramos útiles para la elaboración de ese indispensable programa de gobierno con que los grupos revolucionarios debemos presentamos en la campaña electoral. Hacemos un llamamiento a nuestros conciudadanos, que estén de acuerdo con los principios que en seguida enunciamos, para expresar su adhesión a ellos y respaldarlas en la convención nacional respectiva, habida cuenta de que este llamamiento lo formulamos única y exclusivamente al amparo de nuestra responsabilidad personal y sin otros atributos que los de ser ciudadanos mexicanos y miembros del Partido Revolucionarlo Institucional.
NECESIDAD DE UN PLAN DE GOBIERNO
Un plan de gobierno debe emanar de los postulados de la Revolución convertida en instituciones de sus experiencias y de la realidad nacional e internacional. Ser síntesis clara de las exigencias populares de renovación, penetrar en la conciencia pública. Proyectarse a través de un programa y discutirse y aprobarse en la Convención Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Constituye, así, un compromiso del partido con el pueblo y un deber de acción responsable de los gobernantes para encauzar el pensamiento y las energías de aquél en la tarea vigorosa, progresista y pacífica de la consolidación de la nacionalidad y de un aumento permanente del bienestar de la colectividad.
La ausencia de planes sexenales en los dos últimos periodos ha contribuido a debilitar al órgano político de la Revolución y al fortalecimiento de los núcleos opositores. La atrofia de los órganos militantes de la ciudadanía provoca la omnipotencia e irresponsabilidad en las funciones públicas hasta convertir los regímenes democráticos en sistemas personalistas, árbitros de las más preciadas garantías individuales, sociales y políticas.
La elaboración de un plan de gobierno corresponde en detalle, a los directores del Partido Revolucionario Institucional, ajustando los distintos aspectos de la opinión mayoritaria de sus miembros. Pero la preocupación porque ese plan tenga como meta la vigencia de los ideales revolucionarlos, la defensa de la soberanía nacional y las garantías de libertad de cada uno de los mexicanos, es impostergable tarea que corresponde a todos.
LOS PROBLEMAS ELECTORALES
Ha llegado el momento en que los grupos revolucionarios, en sincera y oportuna autocrítica, reconozcamos que es indispensable la revisión de nuestros sistemas electorales. Hasta hoy, los procedimientos vigentes han garantizado el triunfo de las tendencias progresistas; pero es evidente que han ido alejando al ciudadano de sus funciones políticas insustituibles en un régimen democrático. La legislación electoral en vigor no facilita ni propicia la participación eficaz, directa, libre y permanente del pueblo en el gobierno y, por ello, creemos necesaria la reforma de su texto y de su espíritu.
Facilitar la formación y desarrollo de partidos políticos que representen las distintas tendencias que se adviertan en el país, debe ser una de las características básicas de esa reforma. Volvemos a citar al señor presidente don Adolfo Ruiz Cortines al repetir, con él, que el auténtico vigor del Partido Revolucionario Institucional, no puede basarse en el aniquilamiento de los demás partidos, sino en la garantía permanente del libre juego de los distintos y contradictorios grupos, sometidos a la decisión democrática de la mayoría de los electores.
Estimamos que junto a esas reformas que democraticen nuestros procesos electorales, debe establecerse la depuración constante del padrón electoral.
Igualmente, para no mantener a las minorías fuera de las responsabilidades del gobierno, debe implantara la representación proporcional.
Son indispensables reformas eficaces a la legislación electoral, así como es urgente la restructuración del Partido Revolucionario Institucional. Este debe ser escuela de democracia, instituto de estudio constante de los grandes problemas nacionales y de revisión cuidadosa y permanente de los procedimientos y de las metas revolucionarías y no un simple instrumento electoral. En nuestro concento el Partido Revolucionario Institucional debe prohijar y presidir las nobles causas de la nación, servir de incentivo constante a todas las autoridades para el fiel cumplimiento de sus deberes, vigilar eficazmente la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los funcionarios públicos, orientar la obra legislativa y, en lo particular, proteger los intereses legítimos de sus sectores obrero, campesino y popular.
INDEPENDENCIA EFECTIVA DE LOS PODERES
Estimamos que resulta indispensable hacer efectiva, en la vida diaria de la patria, la básica horma constitucional de la división e independencia de los poderes. Nadie puede negar que en la práctica hemos marchado por el camino de un centralismo cada vez mayor, que amenaza la autonomía de los estados y de los municipios y que lesiona las tradiciones federalistas que son la esencia de nuestro proceso histórico.
LIBERTAD RELIGIOSA DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN
Abogamos por una efectiva libertad de cultos. Libertad para creer y libertad para no creer. Por ello nos oponemos a cualquier movimiento antirreligioso; pero proclamamos la indiscutible necesidad de impedir, en forma absoluta, las actividades políticas que desarrollen las corporaciones confesionales, contra las prohibiciones expresas de la Carta Fundamental.
Es requisita de elemental patriotismo continuar la conducta internacional de México de acuerdo con sus mejores tradiciones de defensa de la propia soberanía, del rechazo a todo intento de intromisión extranjera, del respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos, del mantenimiento de la paz entre las naciones, de garantía permanente al derecho de asilo, así como del exacto cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Reiteramos la decisión nacional de que se mantenga en vigor, en todos sus alcances, el artículo 27 constitucional, tanto en lo que se refiere a la adquisición o conservación de propiedades por extranjeros en las zonas prohibidas, como por lo que atañe al pleno dominio de la nación sobre los recursos minerales y a la intocable nacionalización de la industria petrolera.
Nuestra historia demuestra el grave error de querer desarrollar la economía nacional a base de inversiones extranjeras. El pretexto para esa política consiste en la supuesta insuficiencia de capital nacional que equivocadamente se pretende sustituir con inversiones irrestrictas del exterior, para los efectos del desarrollo económico. Existe ya una importante masa de capital mexicano que ha podido desarrollarse a base de las actividades modernas en la economía. Pero este gran capital que suma millares de millones de pesos, todavía no se ha encauzado a las funciones vivificantes de la producción agrícola e industrial. Bajo el peso de costumbres equivocadas, numerosos capitalistas mexicanos se dedican principalmente a inversiones especulativas y aun practican la perjudicial costumbre de mantener ociosos sus capitales en depósitos en el extranjero.
Ante esta situación se han manifestado dos tendencias: la de los que, reincidiendo en los errores pasados, piden que se abran las puertas a la inversión del capital extranjero, sin restricción alguna, y la de los que consideran que los capitales nacionales deben ser encauzados adecuadamente por el Estado y sólo aceptan las inversiones extranjeras como complementarlas para nuestro desarrollo, siempre que sean orientadas de acuerdo con nuestros intereses.
La tesis sobre las inversiones extranjeras han ido evolucionando en un sentido positivo y nacionalista, pero aun no se han fizado las normas definitivas que convienen a nuestra patria. Inicialmente se proclamó que nuestro único instrumento de progreso era la inversión extranjera irrestricta; ahora se reconoce que el inversionista del exterior no debe esperar en nuestro país privilegios que no se concedan a los nacionales. Es evidente que no debemos detenernos allí, sino establecer que las inversiones extranjeras deben ser complementarias y no competidoras de los esfuerzos nacionales y que en una ley específica, deben fijarse limitaciones con ese fin.
Estas normas de limitación y reglamentaciones legales las impone la misma corriente de inversiones extranjeras, que de 1938 a 1955 pasó de dos mil millones de pesos a once mil millones, siendo un ochenta por ciento de origen norteamericano y destinadas en un cuarenta por ciento a la industria manufacturera. El alarmante resultado ha sido que, habiéndose invertido en el país de 1939 a 1650 cerca de 300 millones de dólares, se han exportado en utilidades e intereses, en el mismo período, 658 millones de dólares, conforme a las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas.
Es asimismo urgente que se incorporen a la Constitución los principios de México respecto al dominio ya ejercido por la nación sobre la plataforma continental sumergida, así como sus accesiones, continuando y adaptando, de acuerdo con las nuevas posibilidades de la técnica, el decreto del señor presidente don Manuel Ávila Camacho sobre esta cuestión. México debe proteger constitucionalmente el medio físico que le corresponde, con el propósito de conservar las riquezas del suelo submarino y atender a las necesidades de su creciente población.
Es urgente continuar la patriótica política del actual gobierno, manteniendo las disposiciones precisas y adecuadas para proteger el dominio y la explotación nacional de los minerales radiactivos.
NUESTRA INDUSTRIA PETROLERA
No hemos de terminar este capítulo sin proclamar la necesidad de un nuevo trato y una preferente atención a la nacionalizada industria del petróleo puesto que, fundamentalmente, de su éxito definitivo dependen cuestiones que afectan a la vida económica del país y a la soberanía nacional. Revisar equitativamente sus precios, libelarla de subsidios que indebidamente otorga y los cuales retrasan su desarrollo, y financiarla convenientemente para que pueda cumplir con mayor eficacia cada día su función en el proceso industrializador, son mecidas que deben cumplirse.
La Reforma Agraria es blanco predilecto de los enemigos de nuestro movimiento social. Consideramos que en su aspecto fundamental no sólo no ha fracaso, sino que además de liquidar indignantes situaciones de esclavitud que fueran producto del feudalismo, ha contribuido a mejorar el nivel de vida de nuestra población campesina y ha constituido un factor de tranquilidad en el ambiente nacional y de aumento en la riqueza pública. La Reforma Agraria ha incrementado el poder adquisitivo de las masas mexicanas creando el mercado nacional para nuestra industria que, en parte importantísima, es producto directo de la propia reforma. Pero es preciso, con limpio espíritu de autocrítica, determinar y corregir las causas de su retraso y reparar los errores y desviaciones de que ha sido objeto.
Por lo tanto, consideramos necesario llevar adelante la Reforma Agraria a sus metas definitivas, pues el problema del campo es fundamental en nuestro país y ningún programa que ignore o desvirtúe a aquella puede, a nuestro juicio contribuir al auténtico progreso nacional. Para ello, estimarnos conveniente:
a) Reformar el Código Agrario para celebrar el reparto de tierras.
b) Mantener en toda su pureza la disposición que niega a los propietarios afectados el derecho de amparo en materia agraria, ya que desde la modificación promulgada el 31 de diciembre de 1946, que adicionó el párrafo 14 del artículo 27 constitucional, esta ha servido para integrar los nuevos latifundios con el pretexto de proteger la pequeña propiedad y de incrementar la ganadería nacional, en perjuicio irreparable de los campesinos.
c) Devolver las tierras que han sido arrebatadas a los ejidatarios.
d) Afectar con dotaciones agrarias a los fraccionamientos simulados, que constituyen de hecho grandes propiedades.
e) Revisar los límites máximos de la propiedad rural.
f) Restablecer en la Ley de Riegos, la disposición ya derogada que contenía la Ley Sobre Irrigación con Aguas Federales relativa a la obligación para los propietarios de predios mayores de cien hectáreas de compensar con tierras al gobierno federal por las inversiones hechas en las obras, para que dichas tierras se destinen preferentemente a la resolución del problema agrario dotando a los campesinos con derechos a salvo.
g) Reformar la Ley de Colonización vigente a fin de que las tierras de propiedad nacional susceptibles de cultivo o de aprovecharse para la explotación agropecuaria y forestal, se destinen preferentemente a la dotación agraria de campesinos carentes de tierra.
h) Atención especial a la resolución de los problemas que actualmente afectan la explotación agrícola en zonas claves por su importancia económica y social, como son La Laguna, Matamoros, Mexicali y Yucatán, para las que el gobierno federal señalará presupuestos destinados a mejorar las obras y los servicios y líneas de crédito suficientes para impulsar la explotación agrícola.
El descenso relativo de la población que se dedica a la agricultura, en la composición de la población económicamente activa, constituye un índice de desarrollo económico, puesto que una aspiración de los países en proceso de crecimiento es lograr el desplazamiento de su población ocupada en tareas de baja productividad a las actividades de mayor rendimiento, como la industria y los servicios. Pero para aprovechar cabalmente los enormes recursos potenciales de que México dispone en su población, es indispensable crear nuevas oportunidades que eviten la pérdida de la fuerza de trabajo. Deben emplearse todos los fondos disponibles para fomentar fuentes de trabajo y asegurar la ocupación y a la vez obtener el aumento en la producción nacional. Los bajos ingresos de los campesinos, que no obstante significan más de la mitad de la población, sólo perciben el 20% del ingreso nacional, demuestran la necesidad de continuar la Reforma Agraria, de ampliar la zona cultivada del país que se limita al cuarenta por ciento de la extensión susceptible de cultivo, y de procurar que se mejoren los rendimientos en calidad y cantidad, mediante la construcción de vías de comunicación, la aplicación de medidas sanitarias y por el uso de los mejores recursos de la técnica moderna. En las tierras que mediante este proceso se incorporen a la producción, debe fincarse la continuación de la Reforma Agraria, creando distritos ejidales. Sería injustificable tolerar el estancamiento en esta materia, cuando todavía carecen de parcela más de un millón de campesinos con derecho a la tierra y el cuarenta y nueve por ciento de la superficie laborable está dentro del régimen de propiedad privada, sustentada en el trabajo de los peones y jornaleros.
La auténtica pequeña propiedad, producto de la misma Revolución, es factor esencial en la producción agrícola de México y, en consecuencia, nosotros preconizamos su protección para mantener incólume y fomentar su desarrollo mediante el crédito.
El mayor rendimiento económico de los productos agrícolas de exportación sobre los de consumo interno determina mayores estímulos para su cultivo, en perjuicio del consumo popular y de los ingresos de grandes masas de campesinos, y provoca presiones en la balanza de pagos del país, al verse México obligado a recurrir a la importación para satisfacer su consumo. En consecuencia, consideramos que es de interés nacional establecer estímulos adecuados para aumentar la producción de los artículos esenciales de consumo popular como acaba de hacerse con el maíz. Tales estímulos no pueden ser otros que el aumento en los precios de garantía y su estricto cumplimiento. El establecimiento de esos estímulos básicos y el otorgamiento de créditos suficientes para que los agricultores puedan emplear los mejores recursos de la técnica agrícola, permitirán incrementar la producción a los niveles que exige el país y la creación de reservas para hacer frente a las necesidades más apremiantes en los años de escasa producción.
Debe nacionalizarse la industria de los fertilizantes a través de las instituciones descentralizadas respectivas ya existentes. La agricultura ha venido disfrutando en los últimos tiempos, de tratamientos especiales y de ayudas extraordinarias y, en cierto modo, eficaces. En México, esta ayuda es fundamental, sobre todo ante la urgencia cada día mayor de cubrir las necesidades nacionales de alimentación, así como de sostener y aumentar el poder adquisitivo de los consumidores del campo que, con sus compras, ayudan al desarrollo industrial del país. Los precios remunerativos en los productos agrícolas, generan capacidad adquisitiva. Nuestra agricultura en el altiplano es precaria y de escasos rendimientos y la mejor protección consiste en proporcionar los fertilizantes a los precios más bajos posibles. Al nacionalizar esta industria y contar con las materias primas privadas del petróleo y del azufre, de las que la petroquímica obtiene fertilizantes, seguramente que se obtendrán costos que permitan precios razonables para estos productos. Una producción abundante y barata de fertilizantes constituirá el mejor impulso de nuestra agricultura.
Se impone una revisión de la Ley Federal del Trabajo a fin de renovar los instrumentos que la clase obrera tiene para su defensa en la lucha de clases. La huelga no debe ser juzgada como una acción dirigida contra el Estado, sino como un legítimo derecho del sector más débil de los factores de la producción. Las reformas que sea necesario introducir en la Ley Federal del Trabajo, deben tender a fortalecer aún más los derechos obreros. Preconizamos la necesidad de garantizar la democracia sindical haciendo efectivo el respeto a la libre voluntad de los agremiados y de evitar los abusos de la aplicación de la cláusula de exclusión que implican la supresión arbitraria del derecho al trabajo. La autonomía sindical es indispensable para que el movimiento obrero pueda ejercer sus funciones específicas y lograr el justo equilibrio entre los factores de la producción. Deben cancelarse, en consecuencia, los subsidios oficiales a las organizaciones proletarias.
Las condiciones económicas actuales del pueblo de México y en particular de la clase obrera, exigen en forma apremiante la elevación de los salarios reales para mejorar su nivel de vida y paralelamente ampliar la capacidad de consumo. El aumento operado en la productividad del trabajo constituye una base sólida para el mejoramiento de los salarios. En efecto, la producción se ha elevado en mayor grado que la ocupación, lo que demuestra el aumento en la productividad. De 1940 a 1956, el índice del ingreso nacional en términos reales se elevó a 228.2, mientras que el correspondiente a la población económicamente activa, o sea, la ocupación total, fue de 184.9 en el mismo lapso. Donde es todavía más apreciable el aumento en la productividad es en la industria de transformación, en la que se ha operado una reducción importante en las horas-hombre empleadas en producir un artículo, así como los aumentos en la producción superan notablemente a los registrados en la ocupación.
A pesar de lo anterior, la parte que reciben los trabajadores en el ingreso nacional, descendió apreciablemente entre 1939 y 1952, y no obstante las mejoras en los salarios concedidas en los últimos cinco años, todavía no se alcanza el nivel que tuvo diecisiete años atrás el ingreso real de los trabajadores. En cambio el aumento de las utilidades ha sido constante y supera al de los sueldos y salarios. Esta desigualdad en la distribución del ingreso reduce la capacidad de compra en la mayoría de la población.
Por otra parte, rechazamos la tesis de que los salarios sean la causa más importante del alza de precios, pues su significación como factor de costo es mínima, pues ocupa el último lugar en la formación de los mismos.
En consecuencia, propugnamos no sólo una política de aumento en el salario real, mediante una escala que se mueva en función del aumento en el costo de la vida, sino también la reglamentación del artículo 123 constitucional sobre la participación de los trabajadores en las utilidades.
Es preciso continuar en el empeño de construir colonias obreras en las principales zonas industriales del país. Hacerlo, significará cumplir con los mandatos constitucionales y ofrecerá la posibilidad para que los trabajadores habiten en viviendas baratas e higiénicas Conviene continuar la congelación de los alquileres, mientras no cambie favorablemente la relación entre el salario y el costo de la vida.
Hacemos nuestros, en este importante capítulo, los puntos de vista reiteradamente expuestos a la opinión pública por el Movimiento Cívico-Económico Nacional cuándo dice:
"Sobre la insuficiencia y la miseria, no puede erigirse una sana y floreciente cultura nacional. Tampoco puede mantenerse y vigorizarse la libertad política, allí donde la economía esté trabada por monopolios y cacicazgos. Finalmente, la independencia política sin la independencia económica, resulta menguada e inestable".
Para consolidar esa independencia económica, consideramos indispensable:
a) La nacionalización de la industria eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad que fue creada para lograr ese propósito. El gran impulso dado a la generación de energía eléctrica por el régimen actual, que hizo saltar la energía generada de 500 millares de kilovatios en 1952, a casi un millón de 1957, debe ser usufructuado directamente por el pueblo de México, sin pasar por empresas intermediarias que lucran a costa de los recursos de la nación.
b) Necesitamos urgentemente la formulación de un plan de fomento industrial cuyas bases deberán ser establecidas con amplia discusión entre el Estado y las empresas mexicanas, a fin de que las industrias existentes y las que hayan de crearse por los nacionales, estén debidamente articuladas y atiendan eficazmente los problemas de la producción. Al poner en práctica este plan se tendrá en cuenta la relación que debe existir entre la producción agrícola e industrial, para que formen un sistema armónico.
Corresponde al Estado el fomento de aquellas actividades económicas que no puedan ser atendidas por la iniciativa privada y mantener bajo su dominio las industrias básicas, las de servicio público y las que sean vitales para la nación.
Es indispensable terminar el censo de los recursos nacionales y mantenerlo al día, ejerciéndose una cuidadosa vigilancia en el uso de los recursos no renovables para que su consumo racional tenga en cuenta las necesidades futuras de la creciente población mexicana.
c) A causa de los altos precios y de la baja capacidad de compra de nuestro pueblo, la gran mayoría de los mexicanos no consume los productos del mar, de alto poder nutritivo. De aquí que se exporte más del 70%, de los productos de la pesca, y que del 30% restante, se consuma el 85% en el Distrito Federal.
Nosotros pensamos que la industria de la pesca debe orientarse fundamentalmente a satisfacer las necesidades alimenticias del pueblo mexicano, hasta lograr que sus productos constituyan parta importante de la dieta popular, y que tal objetivo puede y debe alcanzarse mediante la protección y el fomento de la fauna acuática, y con la organización técnica de la pesca de altura en manos de mexicanos y la protección a la industria, restringiendo drásticamente las zonas en que pueda autorizarse el sistema de "vía la pesca" a favor de flotas extranjeras.
d) Nuestros transportes necesitan reestructurarse para facilitar la producción y la distribución. La red de comunicaciones deberá ser objeto de un cuidadoso desarrollo que coincida con las necesidades de la industria y la agricultura. Esto es indispensable para el abaratamiento de los costos en beneficio de los consumidores.
e) La reforma al sistema crediticio y a la organización bancaria a fin de que se encaucen los ahorros nacionales hacia las actividades productivas.
A pesar de que los recursos de la banca mexicana han crecido de 581 millones de pesos en 1925 a 29,618 millones en 1956, el problema fundamental de nuestro desarrollo económico sigue siendo su financiamiento, problema que se agudiza con la inadecuada canalización y distribución de los recursos existentes. Es así que de los 7,386 millones de pesos que arrojaba el saldo de los créditos otorgados por la banca en diciembre de 1956, se invirtieron tan sólo 2.307 millones en operaciones a largo plazo, mientras que para las operaciones comerciales y de especulación se destinaron 5,079 millones, con enorme perjuicio para las actividades productivas, a las q je cada día se les dificulta más el acceso al crédito. En consecuencia, consideramos esencial la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito de manera de limitar al mínimo las operaciones en actividades comerciales, ligar a la banca de depósito al mercado de capitales v hacer factible que el Banco Central jerarquice las inversiones y se distribuya selectivamente el crédito en función del interés general de la nación. En la medida en que se profundice esta reforma, se resolverá el problema de financiamiento económico de México.
f) Ejercer una acción abierta contra los monopolios, cumpliendo fielmente las disposiciones del artículo 28 constitucional, a fin de lograr un efectivo control sobre los precios, dado que la causa principal del alza constante de los mismos estriba en la existencia de poderosos consorcios en la distribución, en los servicios y en muchas ramas de la producción.
Jamás podrá atenuarse la inequitativa distribución de la riqueza nacional si no se modifica la política tributaria imperante.
No será posible acelerar el desarrollo económico y social de la provincia, es decir, el desarrollo equilibrado de la nación, mientras la política tributaria conserve el alto grado de centralización que mantiene en la actualidad, con enorme daño para las entidades de la Federación y los municipios, ya que la Federación adsorbe el 80% del ingreso público, los estados el 16% y los municipios, escasamente, el 4%. Asimismo, consideramos imperativa la coordinación de los sistemas impositivos federales, estatales y municipales, con la tendencia de sanear las economías locales a fin de que los estados de la República fortalezcan su soberanía y queden en condiciones de financiar los servicios que a ellos corresponde.
México mantiene todavía las características de los países de menos desarrollo, cuya economía se apoya fundamentalmente en la exportación de muchas materias primas como lo demuestra la composición de sus exportaciones en las que se ha incrementado considerablemente la participación de los productos agrícolas con el resaltado de que el desarrollo económico nacional queda sujeto a las contingencias del mercado exterior. Es así como el algodón, el café, el cinc, el cobre y el plomo, representan cerca de las dos terceras partes del valor total de las mercancías que exportamos, con la circunstancia de que los tres últimos productos que se mencionan están muy lejos de reportar verdaderos beneficios al país, puesto que se trata de intereses de fuertes empresas extranjeras.
En el renglón de importaciones se han incrementado las de maquinaria y equipo y de materias primas que el país aun no produce y que demanda la industria nacional; pero es de hacerse notar que la importación de artículos de consumo no indispensables consecuencia de la inequitativa distribución del ingreso, aun tiene apreciable magnitud.
No obstante que en los últimos tres años han mejorado los resultados económicos de las relaciones de México con el exterior, la balanza comercial sigue arrojando un déficit que se cubre con el incierto ingreso del turismo y con el esclavizante trabajo de nuestros braceros.
La manifiesta preponderancia de los Estados Unidos de Norteamérica en las relaciones económicas de México, puesto que absorbe más del 70% de nuestras importaciones y exportaciones la circunstancia de que ese país es, además, un intermediario que revende gran parte de nuestras exportaciones, hacen innecesario cualquier razonamiento para demostrar la ingente necesidad de poner en práctica lo que nosotros preconizamos: el logro de una efectiva diversificación de los mercados exteriores.
Asimismo, es tarea inaplazable el desarrollo de la Marina Mercante Nacional para promover el intercambio comercial con otros países y evitar la dependencia que se tiene, en esta materia, de empresas extranjeras, cuyos altos fletes gravitan sobre nuestros productos de exportación, colocándolos en situación difícil para competir.
Sin desconocer las crecientes realizaciones de los gobiernos revolucionarios en la educación pública, es indispensable conceder a este problema una preferente atención. Consideramos que, como lo manda la Constitución, debe acentuarse la formación de la niñez y de la juventud en la integración de su personalidad intelectual, moral, física, política y social, capacitándolas para el aprovechamiento de nuestros recursos en beneficio del pueblo, el ejercicio de sus derechos y deberes cívicos, la consolidación de nuestra independencia económica y política y el logro de los ideales de solidaridad y paz universal.
Debemos seguir empeñados en cumplir con la norma constitucional de hacer obligatoria para todos los mexicanos la enseñanza primaria. Aun sufrimos un 50% de analfabetismo; quedan anualmente sin enseñanza primaria elemental 300,000 niños y el 95% de las escuelas rurales carecen de ciclo escolar completo. Por ello es conveniente distribuir proporcionalmente todas las aportaciones de los presupuestos municipales, de los estados y de la Federación, destinadas a este ramo, a fin de que exista coordinación económica y administrativa en la atención del servicio educativo de la República.
Para que la oportunidad de la educación sea un derecho universal debe perfeccionarse el sistema de becas, a fin de que todo alumno capaz y necesitado pueda continuar sus estudios evitando la discriminación cultural que impone la escasez de los recursos familiares.
Para que la educación oficial sea realmente gratuita deben crearse las industrias editoras, de equipos y de útiles escolares conducentes, y prohibirse las exacciones que gravan el exiguo patrimonio de las clases menesterosas.
Es aconsejable reestructurar el programa educativo nacional para contener la alarmante deserción escolar y la desadaptación educativa. Por ello se sugiere la preparación del alumnado en carreras cortas con trabajo práctico y de utilidad social, que permita subvenir a las exigencias familiares y contribuir a la prosperidad de su medio circundante. Se complementaria, este objetivo con la distribución de las escuelas especializadas y de los planteles profesionales en las distintas zonas del país, vinculándolas con los problemas, recursos y necesidades regionales, para contribuir a la prosperidad de las distintas zonas del territorio, hacer más fructífero su servicio profesional, arraigarlos a sus lugares de origen y contener la crisis de los trabajadores intelectuales.
Además de edificios, faltan maestros para la gran tarea de no dejar a un solo niño sin escuela, por lo que es menester conceder mayores estímulos materiales y morales al magisterio; preferentemente al personal de más bajos ingresos, pues de lo contrario continuará el abandono de las aulas primarias y la falta de escuelas en los confines del territorio.
Es pertinente cuidar de una mayor coordinación en todos los ciclos y programas educativos, a fin de que, desde el jardín de niños hasta los planteles superiores e institutos de investigación científica, oficiales y privados, se responsabilicen en el cumplimiento planificado del desarrollo económico, cultural y social del país.
Es oportuno evitar que, a pretexto de insuficiencias estatales, las escuelas privadas mercantilicen el cumplimiento de los objetivos del servicio educativo nacional y eludan la vigilancia oficial en el respeto de nuestras más caras conquistas liberales y en el culto cívico a los forjadores de la mexicanidad.
Es indispensable la vigilancia de algunos medios de publicidad que abusando de la libertad de expresión, deforman moralmente a la niñez y a la juventud, ofenden la honestidad de los hogares, desvirtúan las más valiosas esencias nacionales y obstaculizan las tareas de fraternidad universal.
El gobierno de la Federación, los de los estados y las autoridades municipales, así como las organizaciones de la iniciativa privada, están en la obligación elemental de cuidar de la salud del pueblo, como el más valioso tesoro de la patria. Abaratar las medicinas, continuar con la construcción de hospitales y centros médicos, realizar campañas preventivas, llevar hasta el fin la campaña contra el paludismo y, en general, defender a los mexicanos de las enfermedades, es manifestación de elemental e insustituible patriotismo. Es pertinente coordinar y extender a todos los trabajadores del país, los beneficios de la asistencia pública y de la seguridad social.
CONTRA EL DELITO DE DISOLUCIÓN SOCIAL
Subsiste aún, dentro del llamado delito de disolución social, que constituye un posible instrumento para nulificar las garantías y libertades constitucionales del individuo. Con el fin de ser fieles a nuestra tradición democrática, es imperativo suprimir dicha disposición que representa una afrenta en el año que celebramos el centenario de la Constitución y del pensamiento liberal.
Un aspecto de la vida nacional que requiere una transformación profunda es el que se refiere a la administración de justicia. El Estado debe poner los medios económicos y de toda índole para que los funcionarios que la imparten cumplan realmente con la alta misión que se les ha encomendado. La seguridad de hecho y de derecho es básica para la convivencia social; por ello urge una revisión a fondo de la administración de justicia y del servicio de policía.
El Ejército Mexicano, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea son indiscutiblemente instituciones que mayor honra y prez han dado a nuestro país. El Estado debe continuar proporcionándoles los suficientes recursos para su mejoramiento integral. Es conveniente, a nuestro juicio, dar oídos a la petición que vienen haciendo numerosos miembros del Ejército Mexicano con el fin de que se implante la sistemática rotación en los mandos, por razones de carácter técnico, y que se establezcan condiciones de igualdad en todas las corporaciones.
Para que el histórico decreto del señor presidente don Adolfo Ruiz Cortines, otorgando a la mujer plenitud de derechos políticos pueda alcanzar sus más altas finalidades, es indispensable proporcionarle las condiciones necesarias a fin de que su participación en la vida pública del país no se circunscriba a tareas y posiciones secundaras, sino que pueda llevarse a efecto en todos los planos de la vida nacional.
A LA OPINIÓN NACIONAL
Como al principio se dijo, este documento no es propiamente un programa de gobierno; sólo constituye la enumeración de algunas cuestiones fundamentales que nos han sido sugeridas por distintos sectores de nuestro pueblo y que, en nuestra calidad de miembros del partido representativo de la Revolución mexicana, consideramos necesario presentar a la opinión nacional y al Comité Ejecutivo de nuestro instituto político para que sean tomadas en consideración, una vez que éste estudie y resuelva lo relativo a la formación de un programa definitivo de gobierno.
De la Revolución venimos, en sus principios nos forjamos y en ellos hemos de permanecer leales.
Estamos seguros de que en esa fidelidad a las normas creadas por los mejores hombres de México, radica la más justa y eficaz solución a los grandes problemas de la patria.
México, D. F. a 30 de septiembre de 1957
Licenciado Ignacio Acosta Lagunes, profesor José I. Agúndez profesor José S. Agúndez Martínez. Alfredo Aldrete. Octavio Alvarado, doctor Enrique Álvarez, Juan Álzate, Rafael Anaya, Enrique Andonegui, ingeniero Melquiades Angulo Gallardo, ingeniero Guillermo Arizcorreta, doctor Enrique Arreguín, Antonio Banuet, senador licenciado Silvano Barba González, ingeniero Sergio Barba Santana. doctor Ramiro Benavides Mejía, doctor Ramiro Bermúdez Alegría, senador Enrique Bravo Valencia, licenciado Rodolfo Breña Torres, José Briseño, Efrain Buenrostro, arquitecto Raúl Cacho, profesor Víctor Calderón, Cecilio Camberos, Emigdio Camberas, Raymundo Campos Araujo, licenciado Roberto Campos Araujo, doctor Pilar R. Canales, licenciado Alberto Cano Díaz, licenciado Luis Cardell Buenrostro, J. Jesús Cárdenas, licenciado Raúl Castellano, ingeniero Francisco Castillo, ingeniero Alberto Ceceña, Francisco Cervantes, licenciado Gustavo Corona, profesor Serafín Contreras. Feliciano Cortés Correa, ingeniero Manuel Cruz Gutiérrez, doctor Luis Fermín Cuéllar, ingeniero Manuel Delgado, coronel Nicolás Delgado, Roberto del Toro, Elena de Favela, Francisco Favela, María del Carmen Fernández Núñez, ingeniero Jorge Galván Moreno, licenciado Enrique Gálvez Montes, Arturo García, Enrique García Martínez, ingeniero J. Jesús García Santacruz, licenciado Ignacio García Téllez, ingeniero Max García, ingeniero Ramiro García Cecilio Gómez, diputado ingeniero Roberto González. Santiago González Villa, doctor Roberto Guridi, doctor Elihu Gutiérrez, Juan Gutiérrez, Daniel Hernández Brandt. Antonio Herrera Ruiz, general Heriberto Jara, coronel Wenceslao Labra, arquitecto Alberto Leduc Montano, doctor Avelino López, doctor Francisco López Cortés, ingeniero Emilio López Zamora, doctor Luis Licea Luna, Adrián Manjarrez, Blas Manrique, ingeniero Gonzalo Martínez. José Martínez Sandoval, ingeniero César Martino, Antonio Mejia, Carlos Méndez del Río, profesora Agustina Meza Blanco, Victoriano Mondragón Ayalas. J Guadalupe Moreno, Pascual Mortera Cuevas, doctor Manuel Muñiz Duarte. José Luis Navarro, Manuel F Ochoa Adolfo E Ortega, licenciado José María Padilla, Alicia Palacio M. Tiburcio Patiño. Manuel Pedroza, coronel Francisco Peralta José Peraza. Teófilo Picaso, profesor José Vicente Quezada, Emilio Quintero, ingeniero Enrique Ramírez, José Ramírez Valle ingeniero Juan Rendón C Daniel Rentería, profesor Tomás Rico Cano, general Eduardo Rincón Gallardo. Adolfo Rodríguez H., senador licenciado Luis I. Rodríguez. Francisco M. Rodríguez, Oscar Rodríguez Osuna, profesor Simón Rodríguez. María Trinidad Rodríguez. Crescendo Rojas, Jesús Roldán Hernández, Ingeniero Carlos Rubio, Raúl Rueda, ingeniero Plutarco Sánchez Herrera, Rafael M. Sánchez. Florencio Sandoval Mejía, Froylán Sandoval Víctor D. Salazar. Ingeniero Vicente Salgado Páez, ingeniero Manuel Santillán, doctor Santos Silva Cota, ingeniero Enrique Soberanes, ingeniero Roberto Tello, Everardo Tonete. Filemón Vázquez doctor Manuel Vázquez Gómez, licenciado Gonzalo Vázquez Vela, doctor Adán Velarde y Oaxaca, Joaquín Villaseñor, pintor Alfredo Zalce.
NOTA. —Quienes a continuación firmamos —que no pertenecemos actualmente a ningún partido político— hacemos nuestro en su integridad el contenido ideológico de este documento para considerar que expresa las aspiraciones del pueblo de México y constituye una base para que todas las fuerzas progresistas y revolucionarias del país formulen un programa común. Agustín Acosta Lagunes, Lorenzo Alcocer. Alberto Bremauntz, Angel Brust, Enrique Cabrera. Carlos L. Carrasco Cardoso. Alejandro Carrillo, Raymundo del Río, Emilio Fernández, Vicente Fernández Bravo, Paula Gómez Alonso, Ignacio Gudiño, José Antonio Herrera. Marco Antonio Herrera, José Domingo Lavín, Raúl Llamas Lerma, Manzanilla. Antonio Mayés Navarro. Bernardino Mena Brito, Elvira M. de Molina Henríquez, Guillermo Montaño Islas, Emilio Mújica M., Genaro Núñez Escalante, Joaquín Ortiz, Francisco Parra, Manuel Parra, Arturo Ramírez, José Robespierre Macías. José Rojo Coronado, Luis Sánchez Pontón. Mario Salazar, Jesús Sotelo Inclán, Catalina Tapia, Jesús Torres Caballero, Elvira Vargas. Elena Vázquez Gómez, Miguel Villa Fernández. Nicolás Bernal, José Vázquez Oriza. COMISIÓN DE PROGRAMA. Sullivan No. 199, despacho 102, México, D. F.
Fuente: Instituto de Capacitación Política. Historia Documental del Partido de la Revolución. México. Partido Revolucionario Institucional PRI. 13 Tomos. 1987

References: artículo 27
 artículo 27
 resolución 
 resolución 
 artículo 123
 artículo 28