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Timestamp: 2015-05-28 00:51:20+00:00

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Enable -Nota del Secretario General [E/CN.5/2007/4] - Consejo Económico y Social
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En su cuadragésimo octavo período de sesiones, la Asamblea General aprobó las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que figuran en el anexo de su resolución 48/96. Estas 22 Normas Uniformes constituyen un marco adecuado para seguir promoviendo los objetivos de “igualdad” y “plena participación” de las personas con discapacidad en la vida y el desarrollo social, según se establecen en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, aprobado por la Asamblea en su resolución 37/52.
En el párrafo 2 de la sección IV de las Normas Uniformes se dispone que éstas se supervisen dentro del marco de los períodos de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social. En ese párrafo también se prevé nombrar un relator especial para que supervise la aplicación de las Normas Uniformes.
En marzo de 1994 el Secretario General nombró a Bengt Lindqvist (Suecia) Relator Especial sobre discapacidad de la Comisión. El Sr. Lindqvist preparó tres informes (A/52/56, E/CN.2000/3 y Corr.1 y E/CN.2002/4), que sometió a la consideración de la Comisión durante su mandato, que fue renovado en 1997 y en 2000 mediante las resoluciones 1997/19 y 2000/10, respectivamente, del Consejo Económico y Social.
En junio de 2003 el Secretario General nombró a Sheikha Hessa Al-Thani (Qatar) Relatora Especial para el período 2003-2005. La Relatora Especial presentó un informe oral a la Comisión, en su 42° período de sesiones. En sus 43° y 44° períodos de sesiones, celebrados en 2005 y 2006, la Comisión examinó los informes de la Relatora Especial sobre la supervisión de la aplicación de las Normas Uniformes (E/CN.5/2005/5 y E/CN.5/2006/4, respectivamente). En su resolución 2005/9, el Consejo Económico y Social acogió con beneplácito la labor de la Relatora Especial, decidió renovar su mandato hasta el 31 de diciembre de 2008 y le pidió que presentara a la Comisión un informe anual sobre la supervisión de la aplicación de las Normas Uniformes. El Secretario General tiene el honor de presentar a la Comisión el informe anual de la Relatora Especial, de conformidad con lo dispuesto en tal resolución.
Tengo el honor de presentar a la Comisión de Desarrollo Social el cuarto informe sobre las actividades realizadas en el ámbito de la supervisión de la aplicación por parte de los gobiernos de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (anexo de la resolución 48/96 de la Asamblea General).
El año pasado se ha caracterizado por varios logros importantes del movimiento en favor de los derechos de los discapacitados. Desde mi anterior presentación a la Comisión se ha finalizado el texto de un nuevo instrumento sobre derechos humanos, a saber, la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ha sido un privilegio formar parte de ese proceso y ser testigo del triunfo de los discapacitados, sus representantes y los especialistas en derechos humanos y derecho internacional, quienes sin excepción han abogado y trabajado sin descanso durante tanto tiempo por que esta convención fuese una realidad.
II. Participación en el proceso conducente a la convención
En los últimos cuatro años he asistido a todos los períodos de sesiones del Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad celebrados desde mi nombramiento como Relatora Especial y he contribuido al largo e intenso proceso de redacción de la convención. Me concentré en escuchar a las organizaciones de personas con discapacidad y en hablar con los representantes de los gobiernos. Mi meta ha sido trabajar con eficacia de modo de garantizar que se tuvieran debidamente en cuenta los mejores intereses y derechos de los discapacitados.
En el marco del proceso de negociación de la convención, mi labor se centró especialmente en promover la inclusión de un artículo sobre las mujeres con discapacidad, por cuanto he comprobado directamente la doble y triple discriminación que sufren estas mujeres aún en los países más desarrollados.
He respaldado asimismo la formulación de un artículo contundente sobre la cooperación internacional, ya que opino que no se trata simplemente de que los países ricos les den a los pobres. El proceso debe consistir en compartir e intercambiar experiencias, conocimientos, buenas prácticas y contribuciones en especie, además de brindar asistencia financiera. Porque puedo dar fe, dado mi conocimiento directo de la situación de algunos de los países más pobres, de que hay prácticas de igualdad de oportunidades de las que pueden aprender muchos países industrializados.
Por otra parte, en tanto que Relatora Especial encargada de supervisar las medidas adoptadas por los gobiernos a fin de aplicar las Normas Uniformes, me dediqué a garantizar la inclusión de disposiciones eficaces relativas a la supervisión en el proyecto de convención. Sostengo que un artículo contundente sobre la supervisión refuerza la posibilidad de que la convención ocupe el lugar que le corresponde entre las convenciones y tratados de las Naciones Unidas relacionados con los derechos humanos.
A esos efectos, convoqué una reunión en Doha en junio de 2006, en la que participaron más de 25 especialistas en derechos humanos, discapacidad y derecho internacional. Como resultado de la reunión se formuló una propuesta amplia sobre supervisión, que se presentó al Presidente del Comité Especial antes del último período de sesiones del Comité, en agosto de 2006.
Una vez concluido el octavo período de sesiones del Comité Especial, proseguí mi labor de promoción de la convención. En septiembre de 2006 me dirigí a la Asamblea General para instar a los gobiernos a firmar, ratificar y aprobar la convención, así como a garantizar su aplicación.
También hice mía la causa de persuadir a los gobiernos de que suprimieran la nota a pie de página que se añadió al artículo 12 (capacidad legal) del proyecto de convención en el octavo período de sesiones del Comité Especial que, en mi opinión y en la de muchos expertos en discapacidad y derechos humanos, privaría a las personas con discapacidad de muchos países de su capacidad de obrar en función de los derechos de que gozan en virtud de la convención.
En ese contexto, me reuní con representantes de Estados que apoyaban la inclusión de la nota, escribí cartas a ministros de asuntos sociales y desarrollo social de esos países e hice valer todas las influencias posibles como Relatora Especial sobre discapacidad.
Deseo señalar a los distinguidos miembros de la Comisión la relación simbiótica que existe entre las Normas Uniformes y la convención. El hecho de que la convención se materialice en tanto que instrumento de derechos humanos no desmerecerá la importancia de las Normas Uniformes.
Los artículos de la convención reflejarán los de las Normas Uniformes en contenido y en sustancia, puesto que tratarán de las mismas cuestiones que incumben a la vida de las personas con discapacidad. Las Normas Uniformes sirven como lista de comprobación detallada de lo que se requiere hacer y de cómo debe abordarse a fin de salvaguardar los derechos consagrados en la convención. La experiencia adquirida en la labor de aplicación tanto de las Normas Uniformes como de otros instrumentos de derechos humanos ha demostrado que, aunque en tanto que comunidad internacional acordemos normas jurídicas internacionales para garantizar los derechos de distintos grupos, distamos mucho de lograr que tales derechos se cumplan y materialicen a escala mundial.
Si se hace un examen comparativo de los artículos de las Normas Uniformes y aquéllos de la convención se comprueba que ambos coinciden casi en su totalidad. En comparación con la convención, las Normas Uniformes ofrecen medidas más concretas que prevén orientaciones para aplicar los derechos consagrados en la convención. En este sentido, las Normas Uniformes seguirán siendo los principios rectores en la aplicación de los derechos y un instrumento eficaz para cambiar la vida de las personas con discapacidad. 14. Las Normas Uniformes imponen una obligación moral y normativa de parte de la comunidad internacional respecto de las personas con discapacidad en tanto que la convención supone un compromiso jurídico. Al emplear ambos instrumentos podremos trabajar de manera más coherente para mejorar la vida de las personas con discapacidad en el mundo.
III. Supervisión de la aplicación de las Normas Uniformes
A. Supervisión: la encuesta mundial
El año pasado fue también histórico por lo que respecta a la supervisión de la aplicación de las Normas Uniformes. Mi oficina, junto con el Centro Sur–Norte para el Diálogo y el Desarrollo , acaba de terminar la segunda etapa del análisis de los resultados de la encuesta mundial sobre las medidas adoptadas por los gobiernos en aplicación de las Normas Uniformes.
Esta encuesta, que fue realizada, compilada y analizada durante 2005 y 2006, ha permitido reunir los datos más completos hasta la fecha sobre las medidas adoptadas (o no) por los Estados Miembros a fin de cumplir el compromiso asumido respecto de los discapacitados cuando firmaron y aprobaron unánimemente las Normas Uniformes en 1993.
Se trata de la primera encuesta de esta naturaleza sobre la aplicación de las Normas Uniformes, que abarcó todos sus artículos y tuvo en cuenta todas las medidas que deben adoptarse para alcanzar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. El análisis de la encuesta supuso examinar 402 tipos de información de los 114 Estados Miembros que respondieron a la encuesta. Si bien el informe sobre la encuesta no puede considerarse de ninguna forma un trabajo definitivo sobre la situación de las personas con discapacidad en todo el mundo, sí ofrece un panorama general de las limitaciones y carencias que plantea la aplicación de las Normas Uniformes. Orienta asimismo sobre las medidas que deben adoptarse para lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
La encuesta tuvo por finalidad evaluar la medida en que el compromiso asumido por los gobiernos respecto de las Normas Uniformes se había plasmado en la práctica. Por lo tanto, con la encuesta se procuró comprender de qué forma el compromiso respecto de cada uno de los artículos se había materializado en una medida concreta:
¿Se han formulado políticas?
¿Se han promulgado instrumentos legislativos a fin de que la voluntad política se plasme en un marco jurídico?
¿Se han realizado programas, como consecuencia de tales instrumentos legislativos, que son la única forma de que las políticas y la legislación logren producir un cambio en la práctica? Se prestó atención asimismo a las disposiciones concretas necesarias para la aplicación:
Se han asignado recursos financieros?
¿Se ha capacitado al personal necesario?
¿Se ha hecho intervenir a personas con discapacidad en todo el proceso?
¿Se ha tenido en cuenta todo tipo de discapacidad?
¿Se ha llegado a personas con discapacidad de todo tipo de origen socioeconómico, religioso y cultural?
¿Se han tomado en consideración las cuestiones de género al prestar los servicios y programas?
Por otra parte, en la encuesta se abordaron asimismo las disposiciones estipuladas en la propuesta de suplemento de las Normas Uniformes . Aun cuando la Asamblea General no ha aprobado todavía el Suplemento, las disposiciones propuestas merecen atención. Las disposiciones del suplemento que tomó en consideración la encuesta son las siguientes: mujeres y niños con discapacidad; personas con discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual; vivienda; salud y atención médica; nivel de vida adecuado; pobreza; acceso al entorno social; comunicaciones y asuntos relacionados con las familias y cuidadores de niños y personas con discapacidad.
Mi oficina recibió respuestas al 60% de los cuestionarios enviados, lo que constituyó una enorme muestra de la que extraer conclusiones y obtener un panorama general de la situación de las personas con discapacidad. Sin embargo, la falta de datos de muchos países indica la necesidad de seguir trabajando para completar ese panorama.
Con todo, la encuesta me ha permitido formular algunas recomendaciones concretas, que les transmitiré oportunamente, una de las cuales será que la labor de la encuesta debe completarse con la recolección de datos de 77 países que hasta ahora no han respondido al cuestionario.
Se desprende del análisis comparativo de las respuestas recibidas de gobiernos y organizaciones de personas con discapacidad que existe una gran brecha en algunos países entre la percepción que tienen los gobiernos de la situación de las personas con discapacidad y la percepción que de ellas tiene la sociedad civil. Seguiremos examinando estos resultados para tratar de entender la diferencia de percepción y de comprensión de la situación, y ayudar a los países a salvarla.
B. Resultados de la encuesta mundial
En enero de 2006 se publicó en el sitio web de la Secretaría relativo a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad un informe completo de los resultados de la encuesta (E/CN.5/2006/4). A continuación examinaré brevemente algunos de los aspectos que considero más significativos.
Sorprende positivamente comprobar algunos resultados sorprendentes que revelaron un grado inesperadamente elevado de aplicación de las Normas Uniformes por lo que respecta a la atención médica y la rehabilitación. No obstante, no complace comprobar que, hasta la fecha, no ha habido plena aplicación de las Normas Uniformes en el mundo.
La piedra angular para la aplicación de las Normas Uniformes y el cimiento de las condiciones previas necesarias para alcanzar la igualdad es la mayor toma de conciencia. Ésta contribuye a reestructurar el medio ambiente, cambiar actitudes y modificar comportamientos tanto para la sociedad en general como para las propias personas con discapacidad. Los resultados de la encuesta indican que muchos países han llegado a comprender la importancia de lograr una mayor toma de conciencia.
Con todo, desearía reiterar el propósito del artículo 1 relativo a la mayor toma de conciencia, esto es, instar a los Estados a que logren una concienciación sobre los derechos, necesidades, posibilidades y contribución de las personas con discapacidad como requisito previo para lograr la igualdad de oportunidades. Si no se logra esa toma de conciencia no es posible que las personas con discapacidad participen en un pie de igualdad en la sociedad. Si bien tal vez es difícil determinar el grado de toma de conciencia y conocimiento de todos los aspectos necesarios para la participación en la sociedad, en el cuestionario se indagaba sobre las medidas pormenorizadas adoptadas por los gobiernos para lograr una mayor toma de conciencia .
Fue desalentador comprobar que, según los resultados de la encuesta, sólo las dos terceras partes de los Estados que respondieron habían adoptado una o más medidas para lograr una mayor toma de conciencia. En muchos casos, los Estados no habían siquiera intentado aportar conocimientos e información sobre los derechos de las personas con discapacidad a los propios discapacitados. Por otra parte, 79 de los 114 países no habían aprovechado el instrumento más poderoso de toma de conciencia de que disponían: los medios de comunicación.
Aun en los casos en que se realizaron actividades de sensibilización, las campañas se limitaron a las actitudes y comportamientos hacia las personas con discapacidad sin abordar el tema de los derechos, las posibilidades y las contribuciones inherentes al concepto de igualdad.
Por otro lado, algunos resultados en relación con los artículos 2, 3 y 4 referidos a la prestación de servicios de atención médica, rehabilitación y apoyo a las personas con discapacidad fueron sorprendentes. Las respuestas revelaron que el número de países que en la práctica prestaban servicios de atención médica, rehabilitación y apoyo, así como de asistencia, incluidos recursos auxiliares, era mayor que el que había adoptado políticas y promulgado instrumentos legislativos a ese propósito.
Personalmente, opino que esto puede revelar un sentido de responsabilidad intrínseco del sistema social a fin de brindar los servicios necesarios para el bienestar de todos. No obstante, sin las políticas y la legislación necesarias, tales servicios seguirán situándose en la esfera de la beneficencia y no se reconocerán como un derecho que conduzca a la igualdad y la plena participación. Aún así, hay unos 40 países en el mundo hoy en día que no han adoptado medida alguna para brindar atención médica y/o servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad. Si tomáramos en consideración los 77 países que no respondieron a la encuesta (la mitad de los cuales son países en desarrollo), la cifra sería, quizás, mucho más elevada.
Los resultados con respecto a las posibilidades de acceso fueron algo inquietantes. Tras casi 12 años desde la aprobación de las Normas Uniformes, 67 países aún no han aplicado ningún programa sobre las posibilidades de acceso. En 62 países el entorno exterior sigue siendo inaccesible para las personas con discapacidad; en 75 países no hay transporte accesible y en 71 países no se han aplicado programas para que las personas con discapacidad tengan acceso a información ni parecen los gobiernos estar conscientes de la necesidad de los discapacitados de contar con formas de comunicación accesibles para poder interactuar plenamente con su entorno.
Dado que las posibilidades de acceso son un requisito previo de la plena participación, no sorprende que las personas con discapacidad sigan estando marginadas en muchos países y, en algunos casos, totalmente invisibles a los ojos de la sociedad en general. Muchos Estados señalaron que los hospitales, centros de rehabilitación y centros médicos eran los únicos espacios públicos plenamente accesibles; ello coloca a las personas con discapacidad en la categoría de quienes solicitan servicios y no de quienes participan.
Este dato sorprende asimismo dado que 101 países parecen haber aplicado con mayor éxito medidas respecto del artículo relativo a la educación de niños con discapacidad en entornos integrados.
Este resultado puede explicarse por la existencia de legislación sobre educación obligatoria para todos, por cuanto muchos países respondieron, además, que no habían tomado disposición concreta alguna para que la educación fuera accesible a los niños con discapacidad. Así pues, la verdadera deficiencia en la esfera de la educación se refiere a la disponibilidad y las posibilidades de acceso. Cabe destacar que en 13 países encuestados la educación no está ni accesible ni disponible para los niños con discapacidad.
Por otra parte, 37 países señalaron que tampoco habían puesto la educación a disposición de mujeres con discapacidad o miembros discapacitados de grupos minoritarios.
La educación es fundamental en el proceso de integración de los niños a la sociedad. Es a través de la educación que las personas adquieren la capacidad y competencias para poder, a la larga, obtener un empleo que les permita llevar vidas independientes y participar plenamente en la sociedad. Negar el derecho a la educación en entornos integrados a niños y adultos con discapacidad es una grave violación a sus derechos humanos, y algo de lo que deben ocuparse urgentemente los interesados en los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional, incluidos los órganos de las Naciones Unidas que trabajan en la esfera de la educación.
En la encuesta se preguntaba si había material didáctico en presentaciones accesibles e interpretación del lenguaje por señas en escuelas y otros entornos educativos. Se desprendió de las respuestas recibidas que en 30 de los 114 países no existía enseñanza en lenguaje de señas para los niños sordos y que en 23 no había material en sistema Braille. En 45 no había ni material ni metodologías para enseñar a los niños con discapacidad intelectual.
La falta de igualdad de oportunidades en la educación para todas las personas con discapacidad queda manifiesta en la situación de estas personas en el mercado de trabajo. No sólo están subrepresentadas sino que sus posibilidades de ascender y mejorar sus competencias son, por lejos, menores a las de las personas sin discapacidad.
Los resultados demostraron asimismo que, en la mayor parte, ni los gobiernos ni la sociedad en general había reconocido los derechos de las personas con discapacidad al empleo. Aunque muchos países manifestaron que habían establecido cuotas para el empleo de personas con discapacidad, prácticamente el mismo número de países (las dos terceras partes) respondieron que no se había cumplido con esas cuotas.
Habida cuenta de que un empleo lucrativo y una vida productiva son un gran aliciente para la dignidad de todas las personas y contribuyen al bienestar psicológico y a la integración social, debe darse total prioridad al logro de un cambio de actitud en los gobiernos y empleadores hacia las personas con discapacidad y de una mayor toma de conciencia sobre la capacidad, posibilidades y contribuciones de estas personas. De lo contrario, los discapacitados seguirán estando invisibles y marginados económicamente y teniendo, en general, un nivel de vida muy inferior al de otros miembros de la sociedad.
En ningún momento deja de recalcarse en las Normas Uniformes la necesidad de integrar a las personas con discapacidad y a sus organizaciones en todos los asuntos relativos a sus derechos. Por lo tanto, fue importante incluir en la encuesta una pregunta sobre la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en relación con todos los artículos, desde el relativo a la mayor toma de conciencia hasta el relativo a la cooperación internacional. En la encuesta se examinó igualmente la participación de las personas con discapacidad respecto de cada una de las medidas enumeradas en las Normas Uniformes.
El artículo 18, referido a las organizaciones de personas con discapacidad, es quizás el que demuestra plenamente el carácter participativo de la labor necesaria para alcanzar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, también conviene examinar la participación de las personas con discapacidad en medidas relacionadas con otros artículos.
Por lo que respecta a la mayor toma de conciencia, 86 de 114 países hacen efectivamente participar a las organizaciones de personas con discapacidad en las actividades tendentes a lograr una mayor toma de conciencia, lo cual constituye un resultado sorprendente pues sólo quedan 28 países que respondieron al cuestionario en donde no se hizo intervenir a las organizaciones de personas con discapacidad en actividades de sensibilización.
Por lo que respecta a la atención médica, rehabilitación y servicios de apoyo, 44, 51 y 43 países, respectivamente, informaron de que no hacían intervenir ni consultaban a las organizaciones de personas con discapacidad; en tanto que en materia de posibilidades de acceso, 52 países no mantienen consultas con tales organizaciones; 47 países no las consultan en temas relacionados con la educación; y 57 ni las hacen intervenir ni las consultan por lo que respecta al empleo.
Las cifras no son muy diferentes en relación con otros artículos, lo que queda debidamente demostrado en las respuestas recibidas al artículo 18, en donde 47 países respondieron que las organizaciones de personas con discapacidad no tenían condición jurídica o de representación válidas; 47 países no habían asignado recursos financieros a sus actividades; y 58, 59 y 58 países, respectivamente, no habían adoptado políticas, promulgado legislación ni procurado de ninguna otra forma fortalecer tales organizaciones y apoyarlas.
Estimo que estas cifras hablan por sí solas y nos ayudan a explicar por qué se ha fracasado a la hora de alcanzar el objetivo de la igualdad de oportunidades.
Por último, y antes de pasar a la segunda parte de este informe sobre las actividades del año pasado, desearía referirme al tema de la cooperación internacional, ilustrada en el artículo 21, en el marco de la cooperación económica y técnica.
Los resultados indican que pese al número de países (79) que, según los resultados de la encuesta, son signatarios de acuerdos de cooperación internacional, los compromisos asumidos no se han materializado en un intercambio dinámico de conocimientos técnicos, experiencia y mejores prácticas, ni han generado una gran difusión de tecnología y proyectos conjuntos.
Además, parece que incluso cuando hay un compromiso declarado en pro de la cooperación internacional, éste no se hace extensivo a la provisión de servicios, en esos países, a personas con discapacidad procedentes de grupos minoritarios, como los inmigrantes y los refugiados.
IV. Actividades de la Relatora Especial
A. Actividades de promoción
En el último año se continuó asimismo trabajando para fortalecer la capacidad de los parlamentarios y legisladores árabes, labor que había comenzado a fines de 2004 con la aprobación del Decenio Árabe de los Discapacitados. La finalidad de esta iniciativa es examinar y fortalecer la legislación en materia de discapacidad en el mundo árabe. En febrero de 2006 se estableció un comité oficial sobre discapacidad en el marco de la Federación de Parlamentos Árabes, a raíz de las actividades de promoción realizadas.
Las actividades del comité incluyen el intercambio de información y conocimientos, especialmente en materia de legislación y actividades de incorporación de las personas con discapacidad en los países árabes. En septiembre de 2006 se llegó a un acuerdo con el Presidente de la Federación, también Portavoz de la Cámara de Diputados de Jordania (quien preside asimismo el Comité sobre discapacidad y es Miembro del Parlamento Jordano), para celebrar futuros simposios bajo los auspicios de la Federación. Esto en sí servirá para plantear el tema de la legislación en materia de discapacidad en todos los parlamentos y consejos árabes.
A raíz de las deliberaciones entabladas en 2005 tanto con el gobierno finlandés como con la Federación Mundial de Sordos se formuló un proyecto conjunto destinado a lograr una mayor concienciación del lenguaje de señas y la educación de los niños y adultos sordos en el mundo árabe. Se llevó a cabo una evaluación de las necesidades en cuatro países (Jordania, el Líbano, Qatar y la República Árabe Siria), que serían los países piloto del proyecto. Los resultados de la evaluación se presentaron al Grupo de expertos y a la Federación Mundial de Sordos en enero. El proyecto se ampliará a otros países en el plazo de un año.
En 2004, con ocasión del Decenio Árabe de los Discapacitados, la Oficina de la Relatora Especial encargó avisos televisivos de 30 segundos de duración destinados a sensibilizar al público acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Entre enero de 2006 y diciembre de 2007 se prepararán otros seis avisos televisivos bilingües (en árabe e inglés) de sensibilización, que apuntarán a mostrar desde un ángulo constructivo a los niños, jóvenes y adultos con discapacidad y a destacar sus fortalezas, capacidad, talentos y creatividad. Tres de ellos empezaron a transmitirse gratuitamente en canales de televisión satelital en noviembre de 2006.
En marzo de 2006 hice una alocución ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Considero la cuestión de las mujeres con discapacidad una esfera prioritaria de mi labor y he propugnado que las Naciones Unidas y otras partes interesadas dedicadas al tema del desarrollo, así como ONG que trabajan en asuntos relacionados con la mujer, presten especial atención a las niñas y mujeres con discapacidad, que constituyen un grupo bastante marginado en muchos países conservadores, así como en el movimiento en pro de la mujer en general.
En el mismo sentido pronuncié un discurso en El Cairo en mayo de 2006 con ocasión de la reunión regional sobre las mujeres con discapacidad, en el que promoví los derechos de las mujeres con discapacidad en el mundo árabe, una parte del mundo que recién comienza a prestar atención a las necesidades de estas mujeres.
Envié un discurso escrito al segundo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en relación con la aprobación de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el que recomendaba que los derechos de las personas con discapacidad fueran considerados en un pie de igualdad con todos los otros derechos bajo la jurisdicción del Consejo.
En relación con la mayor toma de conciencia de las Normas Uniformes, participé en una reunión de la Organización Mundial de la Salud celebrada en El Cairo en marzo de 2006, en la que los participantes examinaron las respuestas a la encuesta mundial relativas a los artículos 2, 3, 4 y 19 de las Normas Uniformes (atención médica, rehabilitación, servicios de apoyo y capacitación de personal). La reunión se centró en las dificultades que se plantean en relación con la prestación de esos servicios y en la forma de superarlas. Mi intervención se refirió a la necesidad de abordar la prestación de servicios desde el punto de vista de los derechos y a la manera de que los compromisos se plasmaran en servicios en los planos local y comunitario.
B. Supervisión: visitas a los países
En el último año se realizaron asimismo dos visitas a los países: la primera a Sudáfrica y la segunda a China. En ambos casos, los programas de las visitas fueron intensos y muy gratificantes. En los dos países se celebraron reuniones con funcionarios gubernamentales, a saber, Primeros Ministros, Viceprimeros Ministros, ministros de asuntos sociales, educación, salud, finanzas y deportes, así como con representantes de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones de personas con discapacidad. En Sudáfrica se visitó también la Comisión de Derechos Humanos; escuelas e instituciones de enseñanza superior en donde se imparte educación a las personas con discapacidad en un entorno integrado; agencias de empleo y de formación e institutos que promueven la integración de las personas con discapacidad en la sociedad y la exploración y utilización de sus talentos y creatividad, como escuelas de arte y de danza.
Sudáfrica es un país en donde el concepto y la filosofía de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se han transformado en políticas y programas concretos. Además, las cuestiones relativas a la discapacidad ocupan un importante lugar en la Oficina del Presidente. En Sudáfrica, las personas con discapacidad se han beneficiado de las grandes transformaciones que sufrió el país. El imponente cambio de un régimen de apartheid a un sistema multirracial, multicultural y pluralista ha hecho que las personas con discapacidad, así como otros grupos marginados, ocuparan un lugar preponderante en el activismo social y la consolidación nacional.
El Gobierno de Sudáfrica ha adoptado un sistema de cupos del 2% del empleo para las personas con discapacidad en el sector público. No obstante, debido al largo historial de apartheid, que hizo que la mayoría negra no tuviera acceso a una educación de calidad, entre otros derechos básicos, el número de personas con discapacidad calificadas es menor al deseable: la tasa de empleo se sitúa actualmente en un 1%. Para calificar más a las personas con discapacidad a fin de que puedan desempeñar funciones en el sector público, se está procediendo, entre otras cosas, a impartir capacitación laboral y a mejorar la capacidad.
En las zonas rurales, el 60% de las personas con discapacidad tienen empleo, si bien la gran mayoría en talleres protegidos y recibiendo ingresos que no superan el salario mínimo. La capacitación se imparte en talleres protegidos para ayudar a las personas con discapacidad a encontrar empleo en el mercado regular de trabajo. Existen también programas de colaboración con el sector privado que emplean a las personas capacitadas en los talleres protegidos, especialmente en la industria manufacturera.
Las políticas y la legislación dirigidas a la igualdad abarcan todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad, pero en todas las reuniones en que participamos en distintas instancias gubernamentales, el cruel legado del apartheid —que dejó a grandes segmentos de la población subdesarrollados— se citó como la razón por la que la aplicación no alcanza los niveles deseados. Ello es aún más pronunciado en las zonas rurales en donde reina la pobreza y donde las comunidades no están preparadas para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad.
En la esfera de la educación, el gobierno tiene una política de integración plena de los niños con discapacidad en el sistema escolar, si bien esta política recién se está comenzando a aplicar. No obstante, la iniciativa de Educación para Todos, junto con los objetivos del programa emblemático sobre educación , se han integrado en las políticas del Ministerio de Educación.
Aparte de los niños con discapacidad hay varios grupos de niños con necesidades especiales en Sudáfrica, incluidos los huérfanos de víctimas del SIDA y los niños con VIH/SIDA, lo cual ha supuesto una carga adicional para los recursos del gobierno.
La tecnología y dispositivos auxiliares se producen a nivel local y se emplean en Sudáfrica, y se ha dedicado gran cantidad de recursos a la investigación y desarrollo en esta esfera. Además, en Sudáfrica se está impartiendo educación a distancia, basada en la web, para personas con discapacidad de centros no urbanos.
En breve, el espíritu de la igualdad puede verse claramente en todas las políticas y programas sociales que se están realizando en Sudáfrica para alcanzar una justicia social. Resulta particularmente impactante el número de representantes discapacitados en el Parlamento, quienes gracias a su presencia y compromiso hacen que las cuestiones de las personas con discapacidad pasen de ser una intención a concretarse mediante el proceso legislativo.
Otros países africanos tienen mucho que aprender de la experiencia de Sudáfrica, donde incluso sin suficientes recursos financieros, en todas las instancias se comprende que la igualdad no es un lujo que hay que atender únicamente cuando puede obtenerse un excedente de fondos. Es ésta quizás una de las lecciones más importantes que puede dar Sudáfrica al mundo.
Sudáfrica está en una situación ideal para ayudar a los países africanos a desarrollar, usar y aplicar tecnología destinada a las personas con discapacidad. El país podría ser asimismo un ejemplo de lo que puede conseguirse gracias al compromiso del gobierno respecto de la igualdad, pese a la falta de recursos financieros suficientes.
El otro país visitado el año pasado fue China, un país que ha dedicado gran cantidad de recursos —tanto financieros como humanos— a la aplicación de las Normas Uniformes. Desde el Vicepresidente de la República Popular China, que preside asimismo el Comité de Trabajo sobre Discapacidad , hasta los proveedores de servicios en la comunidad, se comprueba una comprensión sólida y un profundo conocimiento de las Normas Uniformes y lo que conlleva la aplicación de sus disposiciones.
China comenzó a apartarse de la tendencia a abordar la discapacidad como una actividad de beneficencia cuando aprobó las Normas Uniformes. No obstante, pese a los progresos logrados en la satisfacción de las necesidades en esa esfera, el país se enfrenta a grandes dificultades, a saber, su tamaño; la prevalencia de discapacidad en zonas rurales remotas, donde no siempre es fácil prestar servicios; y el hecho de que el número de personas con discapacidad llega a casi 60 millones. Con todo, el gobierno y la Federación China de Discapacitados demuestran gran sensibilidad en cuanto a no permitir que la transición que vive el país de una economía planificada a una economía libre de mercado margine y desestime las necesidades de los grupos vulnerables de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad.
En tanto que país de grandes dimensiones, con una inmensa población y una economía doble como país desarrollado y en desarrollo, rural e industrializado, China puede ser un modelo de buenas prácticas y medios creativos para superar las dificultades.
Hay una enorme disponibilidad de servicios de atención médica y de rehabilitación, con posibilidades de acceso y gran eficacia tanto en Beijing como en Shanghai, dos centros urbanos de mucha densidad de población. Los servicios de rehabilitación se prestan por medio de centros comunitarios de salud en los cantones, distritos, comunidades y vecindarios, y en ellos además de hacer participar a las personas con discapacidad, se hace intervenir a sus familias.
La Federación China de Discapacitados ha adoptado el objetivo de satisfacer las necesidades de toda la población discapacitada de China (60 millones de personas) antes del año 2025. La Federación sigue negociando en todas las instancias y departamentos gubernamentales para lograr un compromiso respecto de ese objetivo y la financiación necesaria para alcanzarlo.
El empleo de personas con discapacidad ha pasado de los talleres protegidos al mercado regular de trabajo. Se han establecido agencias de empleo especiales que ayudan a las personas con discapacidad a definir cuáles son sus competencias y capacidades. Las agencias facilitan asimismo contactos con posibles empleadores del sector privado.
Además, se está revisando la legislación nacional para que en ella se aborde mejor el concepto de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
La educación de las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno de China, y el compromiso de integrar a las personas con discapacidad se ha extendido a la enseñanza superior. Además, se alienta a las personas con discapacidad a que desarrollen sus talentos artísticos y participen en actividades extracurriculares. Los deportes se consideran una parte importante de la vida de las personas con discapacidad, y las aldeas de entrenamiento deportivo están integradas y plenamente accesibles.
No obstante, por lo que respecta a las posibilidades de acceso al entorno físico, especialmente el entorno edificado en ciudades, queda mucho por hacer. Aunque China ha adoptado disposiciones jurídicas respecto de las posibilidades de acceso, éstas se refieren principalmente a las nuevas construcciones y en menor medida a la infraestructura existente. Por otro lado, los entornos rurales tienen muy pocas posibilidades de acceso, por lo que la Federación China de Discapacitados está considerando ese tema como una de sus prioridades.
La encuesta mundial presenta una carencia de información respecto de la aplicación de las Normas Uniformes en los 77 países que no respondieron al cuestionario. Por lo tanto, seguiré mi labor con la encuesta. Insto asimismo a los Estados a que revisen sus respuestas y sigan desarrollando sus actividades de aplicación en los ámbitos pertinentes. Por lo que respecta a las organizaciones de personas con discapacidad, la encuesta puede servir para impulsar su labor de promoción ante los respectivos gobiernos. Desearía formular las siguientes recomendaciones:
El primer paso para aplicar las medidas indicadas en las Normas Uniformes es la adopción de políticas y la promulgación de legislación. Si bien varios Estados lo han hecho, es importante que las disposiciones jurídicas se materialicen en programas pertinentes y adecuados cuyo fin sea lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad;
Los gobiernos deben asignar los recursos financieros necesarios para tales programas y reconocer que la igualdad de oportunidades es un derecho de las personas con discapacidad y no un privilegio que los gobiernos pueden elegir hacer valer únicamente cuando cuentan con un excedente de fondos;
La mayor toma de conciencia es la piedra angular y el cimiento de la igualdad de oportunidades. Los gobiernos deben intensificar las medidas que adopten en ese sentido con respecto a los derechos de las personas con discapacidad;
También en la esfera de la mayor toma de conciencia, se insta a los Estados a que se sirvan del instrumento más poderoso con que cuentan, esto es, los medios de comunicación, para lograr un cambio de actitud y de comportamiento, y presentar a las personas con discapacidad como miembros capaces y que pueden contribuir a la sociedad;
Los Estados han de abordar la atención médica, la rehabilitación y los servicios de asistencia de manera integral, y asegurarse de que esos servicios estén a disposición de las personas con discapacidad de forma tal que les permitan una plena participación e igualdad a fin de que puedan llevar una vida independiente en la que se salvaguarden sus derechos y dignidad;
Por lo que respecta a las posibilidades de acceso, los Estados deben asignar a todas las formas de acceso la misma importancia y reconocer la diversidad de las personas con discapacidad, ya sea por lo que respecta a los entornos edificados, el transporte, la información o las comunicaciones;
En la esfera de la educación y el empleo, se insta a los gobiernos a aplicar el concepto de posibilidades de acceso e igualdad y a adoptar servicios integrados de educación y empleo. Los gobiernos deben reconocer y promover más la capacidad y contribución de las personas con discapacidad;
En cuanto a las organizaciones de personas con discapacidad, los gobiernos ofrecerán todo el apoyo, tanto financiero como técnico, a tales organizaciones en sus respectivos países. Éstas no sólo son importantes por cuanto brindan a los gobiernos sus conocimientos en materia de los servicios y programas necesarios, sino que son también parte del importante sistema de apoyo que necesitan las personas con discapacidad en sus comunidades y vecindarios locales. Por lo tanto, se insta a los gobiernos a forjar asociaciones más sólidas con las organizaciones de personas con discapacidad;
Todos los gobiernos deberán aumentar la cooperación regional e internacional en la esfera de la discapacidad intercambiando y compartiendo información y conocimientos, ofreciendo asistencia técnica y tecnológica y alentando a que se colabore para encontrar soluciones que permitan la aplicación de los programas correspondientes. En pocas palabras, los gobiernos deben demostrar una verdadera responsabilidad internacional para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad;
Por último, exhorto a todos los gobiernos a que intensifiquen su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad mediante la firma y ratificación de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y a que se aseguren de que su compromiso a nivel internacional se traduzca en medidas concretas a nivel nacional.
El año pasado realicé una intensa campaña para incluir el tema de la discapacidad en el proceso de revisión de los objetivos de desarrollo del Milenio en la Cumbre Mundial de 2005. A tales efectos me reuní con el entonces Presidente de la Asamblea General y con más de 40 embajadores. Envié asimismo cartas a más de 150 Jefes de Estado y Ministros instándoles a hacer referencia al tema de las personas con discapacidad en sus declaraciones ante la Asamblea. Menos de un puñado de países respondieron, lo cual me descorazona mucho.
Pero no me dejaré desalentar e insto nuevamente a los miembros de la Comisión a que me ayuden a que el tema de la discapacidad quede planteado donde corresponde, es decir, en las instancias superiores de las prioridades en materia de derechos y de desarrollo de todos los países.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 21