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Timestamp: 2019-04-18 10:36:44+00:00

Document:
CONCEPTO D.A.F.
035219-19-12-06
CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CARDONA
Calle 3 Carrera 3 esquina
Anapoima – Cundinamarca
Asunto: Radicación 072307 de 2006
Tema: Ejecución de programas de vivienda de interés social. Contratación.
Respetado doctor Camargo:
En atención a su consulta radicada como aparece en el asunto, es preciso mencionar que daremos respuesta a en el ámbito de nuestra competencia, de forma general y abstracta y en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, según el cual los conceptos emitidos por este Despacho no son obligatorios ni vinculantes.
Luego de hacer mención al inciso final del artículo 36 de la Ley 388 de 1997, consulta usted lo siguiente:
“(…) es viable jurídicamente que el municipio de Anapoima pueda contratar y ejecutar el proyecto de Mejoramiento de vivienda Rural bajo la misma modalidad prevista en el inciso final del artículo 36 de la Ley 388 de 1997, sin las limitaciones y restricciones de que trata la Ley 80 de 1993, es decir sin la necesidad de acudir previamente al procedimiento de la licitación pública.”
Haremos mención en primer lugar al contenido del artículo 36 de la Ley 388 de 1997 y al numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que establecen:
ARTICULO 36. ACTUACION URBANISTICA PUBLICA. Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y edificación de inmuebles. Cada una de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución que son orientadas por el componente urbano del plan de ordenamiento y deben quedar explícitamente reguladas por normas urbanísticas expedidas de acuerdo con los contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 de la presente ley.
Estas actuaciones podrán ser desarrolladas por propietarios individuales en forma aislada por grupos de propietarios asociados voluntariamente o de manera obligatoria a través de unidades de actuación urbanística, directamente por entidades públicas o mediante formas mixtas de asociación entre el sector público y el sector privado.
Cuando por efectos de la regulación de las diferentes actuaciones urbanísticas los municipios, distritos y las áreas metropolitanas deban realizar acciones urbanísticas que generen mayor valor para los inmuebles, quedan autorizados a establecer la participación en plusvalía en los términos que se establecen en la presente ley. Igualmente, las normas urbanísticas establecerán específicamente los casos en que las actuaciones urbanísticas deberán ejecutarse mediante la utilización del reparto de cargas y beneficios tal como se determina en el artículo 38 de esta ley.
En el evento de programas, proyectos y obras que deban ejecutar las entidades públicas, como consecuencia de actuaciones urbanísticas que le sean previstas en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los desarrollen, las entidades municipales y distritales competentes sin perjuicio de su realización material por particulares, podrán crear entidades especiales de carácter público o mixto para la ejecución de tales actuaciones, de conformidad con las normas legales generales y con las especiales contenidas en la presente ley y en la Ley 142 de 1994.
Igualmente las entidades municipales y distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante la celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. (subrayado ajeno al texto)
Inciso 1o. numeral 5o. declarado inexequible
De la lectura de las dos disposiciones, se puede concluir que la no sujeción a las reglas propias de la contratación estatal previstas en la ley 80 de 1993, solo se predica respecto de la ejecución de proyectos de vivienda de interés social que se lleve a cabo por parte del municipio, distrito o área metropolitana a través de encargos fiduciarios o de fiducias públicas, porque el inciso final del artículo 36 de la Ley 388 de 1997 solo se refiere al numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que define dicho tipo de contratos.
En consecuencia, creeríamos que la ejecución del proyecto a través de otro tipo de contratos, está sujeto a las normas de contratación estatal previstas en la Ley 80 de 1993.
El anterior es el criterio de esta Dirección, sin perjuicio de lo que sobre el particular establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para cuyos efectos nos permitimos remitir su consulta a esa entidad para lo de su competencia.
LUÍS FERNANDO VILLOTA QUIÑONES

References: artículo 25
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 32
 artículo 38
 artículo 32
 artículo 36
 artículo 32