Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-s-g-insalud-144044
Timestamp: 2019-08-19 18:40:34+00:00

Document:
STC 85/2000, 27 de Marzo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 144044
Número de Recurso: 3865/1997
RA 3865/97. Promovido por doña María Dolores S. G. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su recurso contra una Resolución del INSALUD que le denegó el derecho a retirarse de un concurso de traslados de personal facultativo de servicios jerarquizados de dicho Instituto. Vulneración del derecho a la tutela judicial: falta de respuesta a las alegaciones constitucionales suscitadas en el recurso contencioso administrativo, sobre infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad y del derecho a la igualdad.
Sentencia citada en: 1014 sentencias, 11 artículos doctrinales, un tema práctico
En el recurso de amparo núm. 3865/97, promovido por doña María Dolores S. G. , representada por la Procuradora de los Tribunales doña Nuria Munar Serrano y asistida por el Letrado don Santiago Rodríguez-Monsalve Garrigós, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada el 4 de julio de 1997, por la que se desestima el recurso núm. 343/95, interpuesto contra la Resolución del Subdirector General de Personal del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de 5 de enero de 1995, por la que se le denegó el derecho a retirarse de un concurso de traslados de personal facultativo de servicios jerarquizados de dicho Instituto, en el que había solicitado participar, y contra Resolución de la Dirección General, de 20 de junio de 1995, que confirmó la Resolución definitiva del expresado concurso, adoptada el 10 de febrero de 1995. Han comparecido y formulado alegaciones el Instituto Nacional de la Salud, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Margallo Rivera y asistido por el Letrado de la Seguridad Social y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de septiembre de 1997, doña María Dolores S. G. , bajo la representación procesal de la Procuradora doña Nuria Munar Serrano, interpuso demanda de amparo constitucional contra la resolución judicial de que se ha hecho mérito en el encabezamiento de la presente Sentencia.
Los hechos de que trae causa el recurso son, sucintamente expuestos, los siguientes:
Mediante Resolución de la Dirección General del INSALUD de fecha 24 de febrero de 1994, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" del día 22 de marzo siguiente, se convocó concurso de traslados para personal facultativo de los servicios jerarquizados de dicho Instituto. Esta convocatoria fue completada por nueva Resolución del indicado órgano administrativo de 29 de julio de 1994, publicada en el BOE del día 16 de agosto siguiente.
La ahora demandante de amparo, que había presentado la pertinente documentación para tomar parte en el meritado concurso, solicitó, con fecha 6 de septiembre de 1994, que se le tuviera por retirada del mismo. Dicha solicitud fue rechazada por el Jefe del Servicio de Personal el 14 de septiembre de 1994.
Publicada en el Boletín Oficial del Estado la relación provisional de plazas adjudicadas a los concursantes, en la que estaba incluida la ahora recurrente como adjudicataria de una plaza de neumología en el Hospital Universitario de Valladolid, formuló ésta reclamación, en fecha 24 de octubre de 1994, a fin de que fuese excluida del procedimiento de concurso y se dejase sin efecto la adjudicación provisional de la meritada plaza. Dicha reclamación fue rechazada por Resolución del Subdirector General de Personal del INSALUD, de fecha 5 de enero de 1995, con fundamento en el art. 18 del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, a cuyo tenor, concluso el plazo de presentación de solicitudes, no habrán de admitirse modificaciones de las mismas ni la retirada del concurso.
El 10 de febrero de 1995 el Secretario General del INSALUD dictó Resolución, publicada el siguiente día 22, por la que se procedía a la adjudicación definitiva de las plazas sacadas a concurso. En virtud de esta Resolución, la ahora solicitante de amparo pasaba a ocupar la ya expresada plaza de médico adjunto de neumología en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Esta última Resolución fue igualmente impugnada por la afectada en vía administrativa. Dicha impugnación fue desestimada por Resolución de la Dirección General del INSALUD de 20 de junio de 1995.
Con fecha 15 de febrero de 1995 la interesada promovió recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la Resolución de 5 de enero de ese mismo año antes citada. El 10 de julio siguiente solicitó la ampliación del recurso contra la Resolución administrativa de 20 de junio de 1995 antes citada.
En la pieza separada de suspensión, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la que correspondió la sustanciación del recurso, tramitado con el núm. 343/95, acordó rechazar, mediante Auto de 15 de septiembre de 1995, la suspensión de la Resolución de 5 de enero anterior interesada.
Con fecha 11 de diciembre de 1996 la parte actora formuló la correspondiente demanda. En ella se fundaba la pretensión anulatoria articulada contra las Resoluciones administrativas impugnadas en dos órdenes de argumentos. En primer lugar, se identificaban sendas causas de nulidad -incompetencia manifiesta del órgano administrativo que resolvió el concurso- y de anulabilidad -inobservancia de la exigencia de que en el acto administrativo se procediera a la resolución de las reclamaciones formuladas. En segundo lugar, y como motivo de fondo, se aducía que el desistimiento se había formulado en plazo, conforme a la normativa reguladora del concurso, y que, en la hipótesis de convenir con la Administración actuante en que dicha normativa niega el derecho ejercitado, habría de concluirse que la misma sería inválida por vulnerar el principio de igualdad (art. 14 CE) y por ser arbitraria y, en consecuencia, contraria al art. 9.3 CE.
Finalmente, se interpuso recurso de amparo, solicitándose en el suplico de la demanda la anulación de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de julio de 1997 y la consiguiente retroacción de actuaciones para que por el órgano judicial actuante se responda al alegato de vulneración del art. 14 CE. A juicio de la recurrente, la ausencia de cualquier consideración en la resolución judicial impugnada sobre vulneración del art. 14 CE, en este caso en lo relativo al derecho a la igualdad en la Ley, representa un supuesto de incongruencia omisiva contraria al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Mediante providencia de 20 de abril de 1998 la Sección Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, así como requerir atentamente, en virtud de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que remitiera testimonio del recurso núm. 343/95, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procesamiento, con excepción de la recurrente en amparo, ya personada, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
El día 1 de junio de 1998 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de doña María Teresa Margallo Rivera, Procuradora de los Tribunales, quien actuando en nombre y representación del INSALUD, solicitó que se tuviera por personado en el presente proceso constitucional a este Instituto.
Por nuevo proveído de 29 de junio de 1998 se tuvo por personada y parte a la Procuradora Sra. Margallo Rivera, en nombre y representación del INSALUD. Igualmente, se acordó, según lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones a la solicitante de amparo, al Ministerio Fiscal y a la parte personada para que, en el plazo común de veinte días, pudieran presentar las alegaciones que estimaren pertinentes.
Las alegaciones del INSALUD se presentaron el 10 de julio de 1998. En ellas se interesa la denegación del amparo solicitado por estimarse que no ha concurrido la alegada infracción del principio de igualdad (art. 14 CE).
Mediante escrito registrado el 22 de julio de 1998, el Ministerio Fiscal, evacuando el trámite conferido, expuso su parecer favorable a la concesión de amparo. Para alcanzar dicha opinión se parte de la doctrina constitucional sobre el vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, entendida como manifiesta falta de concordancia entre lo que solicitan las partes y lo que se resuelve. Por lo que se refiere a la incongruencia omisiva, recuerda la pertinencia de ponderar las circunstancias concurrentes en cada supuesto para apreciar si el silencio judicial representa una auténtica lesión del art. 24.1 CE o puede interpretarse como una desestimación tácita. Igualmente, destaca la necesidad de diferenciar entre las alegaciones efectuadas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas, pues el grado de exigencia de congruencia es más intenso en este último caso.
El 27 de julio de 1998 se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones formuladas por la solicitante de amparo, en el que se reiteran en lo sustancial los argumentos y pretensión ya expuestos en el escrito de demanda.
Mediante providencia de 24 de marzo de 2000 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
Según se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes de esta Sentencia, mediante Resolución de la Dirección General del INSALUD de 24 de febrero de 1994, parcialmente modificada por nueva Resolución del indicado órgano de 29 de julio siguiente, se convocó concurso de traslado de personal facultativo. Doña María Dolores S. G. , que se había presentado al mencionado concurso, solicitó posteriormente que le fuera admitida su renuncia a la participación en el mismo. Esta solicitud fue rechazada por Resolución del Jefe del Servicio de Personal del INSALUD de 14 de septiembre de 1994, luego confirmada en vía administrativa por el Subdirector General de Personal de dicho Instituto. El rechazo de la petición se fundó en la aplicación al caso del art. 18 del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, conforme al cual, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no deberán admitirse modificaciones de las mismas ni la retirada del concurso. Finalmente, una vez resuelto definitivamente el concurso en virtud de Resolución de 10 de febrero, confirmada por otra de 20 de junio de 1995, se interpuso por la ahora demandante de amparo recurso contencioso-admnistrativo contra las resoluciones administrativas de que se ha hecho mérito, recurso que fue desestimado por Sentencia dictada el 4 de julio de 1997 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La sucinta exposición del debate habido en el presente proceso constitucional pone de manifiesto la conveniencia de abordar, con carácter preferente, la cuestión relativa a la delimitación de su objeto, que inevitablemente determinará el alcance de nuestro pronunciamiento. En efecto, mientras que la recurrente y el Ministerio Fiscal solicitan el otorgamiento del amparo por imputar a la decisión judicial una infracción del art. 24.1 CE, resultante de la incongruencia omisiva que se dice haberse producido, la representación procesal del INSALUD se opone a ello porque entiende que la actuación administrativa fue plenamente respetuosa con el art. 14 CE. De este modo, en tanto que para los primeros el presente es un proceso de amparo planteado por la vía del art. 44 LOTC, de aceptarse el planteamiento del INSALUD aquél se movería en el marco del art. 43 de la misma Ley Orgánica.
Así acotado el objeto de nuestro análisis, interesa recordar brevemente la doctrina constitucional elaborada por este Tribunal acerca del vicio de incongruencia omisiva concretamente denunciado y que resulta relevante para la resolución del caso.
Al respecto, este Tribunal viene señalando reiteradamente que el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo y los términos en los que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal (de entre las más recientes, SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5; 15/1999, de 22 de febrero, FJ 2; 29/1999, de 8 de marzo, FJ 2; 94/1999, de 31 de mayo, FJ 2; 134/1999, de 15 de julio, FJ 9 y 215/1999, de 29 de noviembre, FJ 3). Consiguientemente, para determinar si existe incongruencia en una resolución judicial se hace preciso contrastar su parte dispositiva con el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos (partes) y objetivos (causa de pedir y petitum), de modo tal que la adecuación debe extenderse tanto a la petición como a los hechos que la fundamentan (SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 3; 172/1994, de 7 de junio, FJ 2; 111/1997, de 3 de junio, FJ 2; 29/1999, FJ 2 y 215/1999, FJ 3). En el bien entendido de que dicha doctrina no impide que los órganos judiciales, por razón del clásico aforismo iura novit curia, puedan fundamentar sus decisiones en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, siempre que ello no represente una alteración o desviación de sus pretensiones, tal y como también ha señalado este Tribunal en diversas ocasiones [entre otras, SSTC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2; 14/1985, de 1 de febrero, FJ 3 a); 177/1985, de 18 de diciembre, FJ 4; 95/1990, de 23 de mayo, FJ 2; 94/1997, de 8 de mayo, FJ 1 y 111/1997, de 3 de junio, FJ 2].
Por lo que se refiere específicamente a la denominada incongruencia omisiva, es doctrina reiterada de este Tribunal desde su STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, que es preciso ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si el silencio de la resolución judicial representa una auténtica lesión del art. 24.1 CE o, por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras muchas, SSTC 215/1998, de 11 de noviembre, FJ 3; 74/1999, de 26 de abril, FJ 2 y 132/1999, de 15 de julio, FJ 4).
La aplicación de la doctrina expuesta al presente caso ha de llevarnos inexorablemente a la concesión del amparo solicitado por cuanto la ausencia de toda respuesta del órgano judicial a las infracciones constitucionales denunciadas en tiempo y forma por la recurrente vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
En consecuencia, hemos de convenir en que la resolución judicial impugnada incurre en el vicio de incongruencia omisiva denunciado que, por las razones ahora expuestas, reviste relevancia constitucional, vulnerándose con ello el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). La estimación del amparo debe conllevar la anulación de la Sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso núm. 343/95 y la consiguiente retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse dicha resolución, a fin de que por el mencionado órgano judicial se pronuncie otra congruente con las pretensiones y alegaciones sustanciales formuladas por la demandante.
Otorgar el amparo solicitado por doña María Dolores S. G. y, en su virtud:
Declarar el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
Declarar la nulidad de la Sentencia dictada el 4 de julio de 1997 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a aquel en que se dictó dicha Sentencia, a fin de que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicte otra que respete las exigencias del derecho fundamental que resultó vulnerado.
SAP Madrid 84/2006, 31 de Marzo de 2006
SAP Santa Cruz de Tenerife 391/2014, 10 de Octubre de 2014
SAP Alicante 99/2008, 11 de Febrero de 2008
STS 887/2018, 3 de Octubre de 2018

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