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Timestamp: 2019-10-21 10:22:38+00:00

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﻿ SENTENCIA 19237 DE MAYO 9 DE 2002
SENTENCIA 19237 DE 09 DE MAYO DE 2002
CONTENIDO:CASACIÓN DISCRESIONAL. LEGITIMACIÓN DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, PROCESO PENAL, RECURSO DE CASACIÓN, SUBROGADOS PENALES
Sentencia 19237 de mayo 9 de 2002
Aprobado: Acta 51
Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil dos.
Mediante sentencia del 21 de septiembre de 2000, el Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) declaró al responsable, señor Miguel Obdulio Herrera Morales penalmente como autor, del delito de homicidio culposo, le impuso las sanciones principales de 30 meses de prisión, multa de diez mil pesos y prohibición de conducir vehículos por un año, la accesoria de prohibición interdicción de derechos y funciones públicas por 30 meses, la obligación, junto con la Cooperativa Santandereana de Transportes, Copetran Limitada, y Arsenio Fonseca Torres, de cancelar los perjuicios causados, ordenó el decomiso del bus de placas XKI552, le concedió el subrogado de la condena condicional y lo absolvió del cargo de lesiones personales.
El fallo fue recurrido por el defensor y los apoderados de la parte civil y del tercero civilmente responsable, Copetrán Limitada, y el 13 de junio de 2001, el Tribunal Superior de Santa Marta revocó la absolución por las lesiones, para condenar al sindicado por ellas, y confirmó lo restante, modificando la sanción corporal, que dejó en 32 meses de prisión.
El defensor y el apoderado del tercero civilmente responsable interpusieron recurso de casación.
Aproximadamente a las 10 de la mañana del tres de julio de 1994, en la vía que de Aracataca conduce a Ciénaga (Magdalena), a la altura del kilómetro 51+415 metros, el bus de placas XKI-552, de propiedad de Arsenio Fonseca Torres, afiliado a la empresa Copetrán Limitada, que era conducido por Miguel Obdulio Herrera Morales, colisionó con la camioneta que iba al mando de Luis Rafael Solano Solano, como consecuencia de lo cual falleció el último y resultaron lesionados William Andrés y José Alfredo Restrepo Urbina y Graciela Urrutia, pasajeros del segundo vehículo.
Se inició la respectiva investigación, en cuyo desarrollo se escuchó en indagatoria al conductor y se resolvió su situación jurídica, para, el 19 de agosto de 1997, proferir resolución de acusación en su contra como autor de los delitos de homicidio y lesiones personales culposos.
El 21 de septiembre de 2000, el Juzgado Penal del Circuito de Fundación profirió la sentencia de condena reseñada, la que, recurrida y con las modificaciones citadas, fue confirmada por el Tribunal Superior de Santa Marta el 13 de junio de 2001.
Tanto defensor del procesado como apoderado del tercero civilmente responsable escribieron lo mismo, aun cuando en grupo de folios diferentes. Basta mirar los textos para percibir que la redacción, las censuras y las pretensiones son idénticas. Por ello, la Sala hará la reseña de sus memoriales de manera conjunta.
Son planteados cuatro cargos, desarrollados de la siguiente manera:
1. La sentencia se profirió en un juicio viciado de nulidad por cuanto se sancionó al tercero civilmente responsable sin notificarle las demandas de parte civil presentadas y no se observaron las reglas sustanciales y de procedimiento para condenar y ordenar el pago de perjuicios, porque no se probaron el daño emergente, el lucro cesante, ni la edad de supervivencia de la víctima.
2. El fallo violó de manera indirecta la ley por error de hecho causado por falso juicio de identidad, al tergiversar el contenido del informe y las fotografías del accidente, porque "entrelazados" y analizados esos documentos ofrecen certeza del lugar en donde colisionaron los carros y los juzgadores se equivocaron en su valoración y conclusiones, pues en contra de lo que afirman, de ellos se deduce que quien violó las reglas de tránsito fue el conductor fallecido, de donde se desprende que aquellos desconocieron la lógica, además de basarse en testimonios sospechosos, provenientes de personas que resultaron afectadas.
Esto, que descarta la certeza, obliga a la absolución.
3. La decisión violó de manera directa las normas que regulan la conducción de vehículos y los temas relacionados con autoría, concurso, culpa, lesiones y homicidio culposos y dosificación punitiva, porque, probada la compensación de culpas, no se absolvió o atenuó la sanción, ni se exoneró de indemnizar perjuicios.
4. A través de un error de hecho por falso juicio de identidad, se violó de manera indirecta la ley sustancial en lo relacionado con los perjuicios, al no practicarse prueba pericial para fijarlos ni determinarse la supervivencia por métodos idóneos, con lo que se incurrió en falso juicio de existencia, como tampoco se demostró que el sindicado fuera empleado de Copetrán, ni el nexo entre la víctima y la parte civil.
En consecuencia, como no se reúnen las exigencias para condenar, los dos apoderados solicitan casar el fallo recurrido y, en su lugar, absolver al procesado, o, en subsidio, disminuir notoriamente la sanción.
1. Presupuestos.
a) La sentencia de segunda instancia fue proferida el 13 de junio de 2001, fecha para la cual regía el Código de Procedimiento Penal de 1991, con las modificaciones que introducidas por la Ley 553 de 2000, no fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en su fallo C-252 del 28 de febrero de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
b) El artículo 1º de esa ley, que subrogó el 218 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D. 2700), en lo sustancial conserva su vigor y por ello es claro que "La casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito judicial... en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años ..." (destaca la Sala).
c) No obstante, cuando el anterior requisito no se cumple, es viable acudir a la denominada casación discrecional o excepcional, evento en el cual compete al demandante demostrar que es menester obtener el pronunciamiento de la Corte, con miras al desarrollo de la jurisprudencia o a la conservación o recuperación de los derechos fundamentales. Así lo dispone el artículo citado, en su inciso tercero.
d) El tercero civilmente responsable está legitimado para pretender la casación. Si lo hace exclusivamente respecto de la indemnización de los perjuicios, con independencia de la cantidad punitiva, debe sujetarse a las causales y a la cuantía previstas en materia de casación civil. Si lo hace tanto frente al tema penal como al civil, le corresponde realizarlo en capítulos separados y, tanto en uno como en otro caso, cumpliendo con las exigencias señaladas en los literales anteriores.
2. Sobre la demanda del defensor.
a) La resolución de acusación y los fallos de instancia fueron dictados por los delitos de homicidio y lesiones personales culposos, descritos en los artículos 329 y 340 del Código Penal de 1980, el primero de los cuales señala una pena de prisión cuyo máximo es de seis años, en tanto que el daño más grave, a voces de la segunda disposición y del artículo 336 del mismo estatuto, sería de tres años y cuatro meses.
Desde este punto de vista, es improcedente la casación pues la pena no alcanza al mínimo sancionatorio que exige la ley procesal penal que, como se dijo, requiere de castigo corporal por más de ocho años.
b) Tampoco es procedente la discrecional pues el defensor no demostró ni intentó demostrar la necesidad de que la Corte se ocupara del asunto para efectos del desarrollo de la jurisprudencia o de la garantía de los derechos fundamentales.
Así, es claro que esta demanda debe ser inadmitida.
3. En cuanto a la demanda del tercero civilmente responsable:
a) Aparte de que sin sentido jurídico solicitó la "absolución del procesado" tras querer analizar la prueba con ese propósito, en lo relacionado con lo penal se impone la inadmisión del libelo por el requisito cuantitativo de la pena atrás citado debido a que, además, ni siquiera ensayó la presentación de la demanda en dos capítulos totalmente independientes, uno dirigido a lo penal y otro a lo civil. Simplemente se limitó a entremezclar cargos.
b) También se impone la inadmisión porque en estricto sentido el demandante no se ocupó de los temas que excepcionalmente puede esgrimir en pro de la absolución del tercero, por ejemplo que el procesado no cometió el hecho, que la conducta es atípica o que no existe plena relación de causalidad entre el comportamiento diligente del tercero y el desplegado por el acusado. Como se sabe, por principio el apoderado del tercero civil se debe ceñir a excluir la responsabilidad de éste y no a ampliar su alcance a toda circunstancia que le permita poner en tela de juicio la responsabilidad del procesado, salvo casos como los acabados de anotar.
c) Y finalmente, causa inadmisión el hecho de que la demanda no se relaciona con las causales establecidas para la casación civil, requisito imprescindible en aquellas hipótesis en las cuales se persigue exclusivamente la indemnización de perjuicios.
d) Si bien se puede admitir que el tercero civilmente responsable se halla legitimado para acudir a la casación discrecional, también lo es que como fundamentos de ésta se debe demostrar la violación de garantías de tal sujeto procesal y/o la necesidad de desarrollar la jurisprudencia frente al mismo. Esta tarea no fue cumplida por el actor.
Como frente a ninguna de las dos pretensiones se reúnen los presupuestos básicos para pensar en la casación, las demandas serán inadmitidas, conforme con el contenido del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal anterior, subrogado por el artículo 9º de la Ley 553 del año 2000.
Inadmitir las demandas de casación presentadas por el defensor de Miguel Obdulio Herrera Morales y por el apoderado del tercero civilmente responsable.
Esta decisión no admite recurso alguno.

References: resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 336
 artículo 226
 artículo 9