Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5108
Timestamp: 2020-06-04 02:06:06+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 103/2004
SENTENCIA 103/2004, de 2 de junio.
ECLI:ES:TC:2004:103
1. Mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 8 de julio de 2002, doña Isabel Cañedo Vega, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) La Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano, mediante preaviso registrado en la Oficina Pública de Elecciones Sindicales de Valencia el día 3 de octubre de 2001, procedió a promover la celebración de elecciones a representantes de los trabajadores en el centro de trabajo de la empresa Maquinaria Agrícola Villaescusa, S.L., sito en la calle Vereda Sur s/n de la localidad de Beniparrell.
b) El día 6 de noviembre de 2001 se constituyó la mesa electoral, que fijó para el día 7 de noviembre de 2001 la votación para la elección de un delegado de personal.
c) Del acta de escrutinio (núm. 46/6888/01), registrada en la Oficina Pública de Elecciones Sindicales el día 15 de noviembre de 2001, se desprende que en las citadas elecciones el censo electoral estaba compuesto por siete trabajadores que ejercieron todos su derecho de voto a favor del candidato presentado por Comisiones Obreras, que resultó elegido como delegado de personal. Dicho candidato fue presentado mediante candidatura avalada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano.
d) El día 20 de noviembre de 2001 el Sindicato Independiente interpuso reclamación en materia electoral promoviendo procedimiento arbitral contra el registro de la citada acta, instando su nulidad por dos motivos. De un lado, porque no existía censo suficiente, y de otro, porque se había incumplido lo previsto en el art. 62.1 del Estatuto de los trabajadores, que menciona que en las empresas que cuenten entre 6 y 10 trabajadores de plantilla deberá de formalizarse el preaviso electoral por decisión mayoritaria de los empleados y no mediante promoción sindical. e) Incoado procedimiento arbitral de impugnación electoral previsto en el art. 76 del Estatuto de los trabajadores, con fecha de 30 de noviembre de 2001 se celebró el arbitraje, que tuvo como consecuencia que se dictara laudo de la misma fecha, por el cual se desestimó la pretensión del Sindicato Independiente, se confirmó el registro del acta electoral, y se reconoció la capacidad de promover elecciones sindicales por parte de la recurrente en amparo, al ser un sindicato más representativo.
f) El Sindicato Independiente interpuso con fecha de 25 de febrero de 2002 demanda sobre materia electoral en impugnación de laudos arbitrales previsto en el art. 127 y siguientes de la Ley de procedimiento laboral, cuyo reparto correspondió al Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia.
g) Por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia de 12 de junio de 2002 se estimó la pretensión del Sindicato Independiente, procediendo a la anulación de laudo arbitral que se había dictado y las elecciones sindicales registradas con fecha de 15 de noviembre de 2001 en la Oficina Pública de Elecciones Sindicales con el núm. de registro 46/688/01.
3. En la fundamentación jurídica de la demanda la entidad solicitante de amparo alega que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) en tanto que, aunque reconoce a los sindicatos más representativos definidos en los arts. 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985 de libertad sindical la capacidad para promover elecciones a representantes de los trabajadores en empresas o centros de trabajo que cuenten entre 6 y 10 trabajadores, limita dicha capacidad al exigir la concurrencia de un requisito sin el cual quedaría vacía de contenido, a saber, la existencia de un acuerdo positivo donde se refleje la voluntad mayoritaria de los trabajadores de elegir un delegado de personal y que deberá acompañarse junto al preaviso.
a) El derecho a la promoción de elecciones sindicales constituye parte del contenido adicional del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), tanto por la regulación que de ese derecho se efectúa en el art. 6.3.e de la Ley Orgánica 11/85 de Libertad Sindical, como por así haberlo declarado la doctrina constitucional (SSTC 9/88; 95/96 y 104/97) según la cual la promoción de elecciones constituye un aspecto o elemento del contenido de la libertad sindical amparada por el art. 28 CE.
b) Sentado lo que precede, y en orden al mantenimiento de la fundamentación conducente a la estimación del recurso (prevalencia de lo dispuesto en el art. 6.3.e LOLS y del art. 67.1 LET), la entidad recurrente alega que la ley ordinaria que regula el proceso electoral permite efectuar una interpretación integradora que abunda a favor de la tesis sostenida. En este sentido comienza diciendo que el art. 67.1 LET contempla la "promoción generalizada" en un sector funcional o territorial, que no excluye a las empresas de 10 o menos trabajadores. Tampoco la disposición transitoria octava LET distingue entre uno y otro tipo de empresas. Por ello, si el Estatuto de los trabajadores mantuviera que la capacidad de promover elecciones de los sindicatos más representativos no alcanza a las empresas de 10 o menos trabajadores, excluiría expresamente de la "promoción generalizada" de un ámbito territorial o funcional a las empresas de 10 o menos trabajadores.
c) Posteriormente se hace referencia a las Sentencias en las que se apoya la resolución judicial impugnada, y se advierte que, aun en el caso de que tales Sentencias abogasen por la interpretación del art. 62.1 LET que contiene la Sentencia impugnada, nada impediría al Tribunal Constitucional otorgar el amparo. En cualquier caso se mantiene que ninguna de las Sentencias tenidas en cuenta por el Juzgado de lo Social negó la capacidad de promoción de los sindicatos más representativos en empresas o centros de trabajo que cuenten entre 6 y 10 trabajadores. En este sentido la STS de 31 de enero de 2001, que cita la Sentencia recurrida, tiene por objeto la resolución de un conflicto colectivo donde se discute si cabe la agrupación de varios centros de trabajo de una provincia perteneciente a la misma empresa, incluyendo los centros de menos de 6 trabajadores. Tal Sentencia, aunque aboga por el respeto de la soberanía de los trabajadores en los centros de 6 a 10 trabajadores, no cuestiona la capacidad de promoción de los sindicatos ni fija el momento previo al de promoción en el que se ha de tomar dicha decisión. Tampoco la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, que se cita en la resolución impugnada, menciona expresamente que la decisión mayoritaria deba acreditarse previamente a la promoción, ni excluye o entra a analizar la capacidad de los sindicatos más representativos de preavisar al amparo del art. 6.3.e LOLS, dado que el sindicato que es parte en ese procedimiento no tenía tal carácter. Lo único que dice esa Sentencia es que no es suficiente conque no haya oposición expresa de los trabajadores, sino que la voluntad a favor de celebrar elecciones ha de ser expresa. Finalmente tampoco se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 15 de marzo de 1991 sobre la cuestión objeto de debate, pues tiene por objeto resolver sobre la obligación de la empresa de constituir mesa electoral y facilitar el censo electoral para realizar las elecciones sindicales.
d) Si se analizan los antecedentes legislativos del art. 62.1 LET se comprueba que el art. 5 del Real Decreto 3149/1977 sobre elección de los trabajadores en el seno de las empresas es la primera norma que somete a la decisión mayoritaria de los trabajadores en empresas de 6 a 10 trabajadores la decisión de celebrar elecciones, y que tal norma dedica su art. 9 a la forma en que las elecciones han de ser convocadas, correspondiéndole a la empresa de acuerdo o a instancia de los sindicatos o trabajadores, y resolviendo, en defecto de acuerdo, la Administración laboral. Tales normas vienen a confirmar que el art. 62.1 LET no se refiere a la capacidad de "promover" elecciones, sino a una decisión diferente a la de la promoción.
e) No se puede obviar, tampoco, que en la práctica las Oficinas Públicas de Registro de Elecciones Sindicales de las Comunidades Autónomas vienen admitiendo preavisos relativos a empresas de 6 a 10 trabajadores presentados únicamente por sindicatos más representativos, y que han habilitado procesos electorales que han elegido a multitud de delegados de personal, en los que nunca se ha exigido el acompañamiento al preaviso de acta que refleje la decisión mayoritaria de los trabajadores.
f) Para concluir, se señala que la resolución impugnada, al limitar la capacidad de promoción de elecciones sindicales de los sindicatos más representativos en las unidades electorales de entre 6 y 10 trabajadores, ha vulnerado el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE). La interpretación judicial resulta contraria al citado derecho fundamental en tanto que el art. 6.3.e de la Ley Orgánica 11/85 de libertad sindical no excluye tal capacidad y dado que, en cualquier caso, en realidad se cumplimentó el requisito del art. 62.1 LET al participar todos los trabajadores del centro de trabajo en las elecciones, lo que pone de manifiesto la voluntad mayoritaria de celebrar las elecciones. Quien participa, emitiendo un voto válido, manifiesta su voluntad de celebrar elecciones. Si no hubiera habido una decisión mayoritaria de celebrarlas se hubiera plasmado en el acta de votación.
4. La Sentencia recurrida en su relato de hechos probados constata que la fecha del preaviso de las elecciones sindicales por el sindicato recurrente fue el 3 de octubre de 2001, que la mesa se constituyó el día 6 de noviembre de 2001 y que las elecciones se celebraron el día 7 siguiente, resultando elegido el candidato presentado por Comisiones Obreras. También se detalla que la empresa preavisada tiene siete trabajadores y que no consta acuerdo mayoritario de los trabajadores de la empresa para decidir la elección de delegado sindical. En los fundamentos de Derecho, tras aludir en el primero al planteamiento de la demanda, se resuelve en el segundo la excepción de inadecuación de procedimiento alegada por la parte demandada, la cual entiende que la vía correcta es la del procedimiento ordinario, ya que el objeto de la impugnación es el preaviso electoral que queda fuera de la materia electoral propiamente dicha. A este respecto el órgano judicial razona lo siguiente:
a) Que el objeto del arbitraje viene prefijado ope legis, estableciéndose que los actos electorales impugnables son: 1) la elección misma, 2) las decisiones que adopte la mesa electoral y 3) proceso electoral (art. 76.2 E.T.), de esta forma se matiza y concreta el significado de la expresión "materia electoral" utilizada en el párrafo primero del art. 76 E.T.
b) Que la fecha de inicio del procedimiento electoral es la constitución de la Mesa electoral, pues el nuevo art. 74 del E.T. establece expresamente, que la Mesa se constituiría formalmente en la fecha fijada por los promotores en su escrito de preaviso, que será la de iniciación del procedimiento electoral.
Partiendo de una interpretación literal de los preceptos citados los actos previos al proceso electoral (concretamente su promoción o convocatoria) quedan excluidos del procedimiento arbitral a tenor del art. 76.2 del E.T. que acota la expresión 'materia electoral' utilizada en su párrafo primero, por lo que la impugnación de los citados actos previos deberá ir por el cauce del proceso ordinario, proceso colectivo o de tutela del derecho a la libertad sindical según los casos y ello sin perjuicio de que como defiende algún sector doctrinal hubiera sido conveniente que toda la materia electoral desde los actos iniciales de promoción hubiera quedado sometida al procedimiento arbitral.
"Según jurisprudencia constitucional la promoción de elecciones sindicales constituye parte del contenido adicional del derecho a la Libertad Sindical. En efecto los derechos de los sindicatos de presentar candidaturas y de promoción de Elecciones sindicales constituyen facultades que se integran en la Libertad Sindical tanto en su aspecto individual como colectivo (STC 104/1987, de 17 de junio BOE 9 de julio; STC 164/1993 de 18 de mayo, BOE de 21 de julio). En este sentido el Tribunal Constitucional en su sentencia de 26-3-01, Recurso de Amparo núm. 1714/1997 (AR/76) afirma que: 'No cabe duda de que los Sindicatos más representativos ostentan el derecho a promover elecciones sindicales y a presentar candidaturas a las mismas (art. 6.3.b) LOLS (RCL 1985, 1980, y ApNDL 13091), de modo que cualquier prohibición u obstaculización a este derecho supondría una vulneración de la libertad sindical constitucionalmente reconocida'.
En este punto la STS de 31-1-01, AR/2138, si bien relativa a la posibilidad o no de agrupar centros de trabajo como unidad electoral en las elecciones a Delegados Sindicales afirma: 'Amén de que permitir la agrupación de centros de trabajo de tamaño reducido por voluntad de los sindicatos promotores, que es lo que se pretende en el recurso, seria tanto como despojar a los trabajadores de los centros que ocupan entre 6 y 10, de la facultad soberana que les otorga el art. 62 E.T. de ser ellos los únicos que pueden decidir por mayoría si celebran o no elecciones, para imponérselas desde fuera, aun en contra de su voluntad'».
Por último el fallo de la Sentencia, es del siguiente tenor literal: "FALLO. Que desestimando la excepción de inadecuación de procedimiento, debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fermín Palacios Cortes en nombre y representación de Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana contra C.S. de CC.OO P.V. y Maquinaria Agrícola Villaescusa, S.L. declarando la Nulidad Radical del Acta electoral núm. 46/688/01 y todas las actuaciones electorales, condenando a las demandadas a estar y pasar por tal declaración".
5. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de septiembre de 2003, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia, a fin de que, en plazo que no excediese de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos núm. 188-2002, debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, sí lo deseasen, en el presente proceso.
6. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 24 de octubre de 2003 compareció en el proceso el Procurador de los Tribunales don Luís Carreras Egaña, en nombre y representación del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana.
7. Por escrito que tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 26 de noviembre de 2003 don Luis Carreras de Egaña aporta la escritura de poder que acredita su representación, a la vez que comunica a la Sala que el Letrado que asiste a su parte es don Fermín Palacios Cortes.
8. Por diligencia de ordenación de 16 de diciembre de 2003 la Sala Segunda acuerda dar vista de las actuaciones recibidas a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para que formulasen las alegaciones que tuvieran por convenientes.
9. La representación procesal de la recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 13 de enero de 2004, en el que se afirma y ratifica en las expuestas en el escrito inicial de la demanda de amparo.
10. La representación procesal del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana presentó su escrito de alegaciones en fecha de 29 de diciembre de 2003, que en lo sustancial a continuación se extracta:
a) En primer lugar se alega como causa de inadmisión de la demanda el incumplimiento del presupuesto procesal exigido en el art. 44.1.a LOTC (agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial), pues, aunque la Sentencia del Juzgado de lo Social no era susceptible de ser recurrida en suplicación de acuerdo con el art. 132.1.b LPL, tal y como en ella se advertía, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano pudo y debió interponer recurso de queja de conformidad con los arts. 494 y 495 LEC. En apoyo de tal alegación señala que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, resolviendo el recurso de queja núm. 2002-2002 planteado por el Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana contra la decisión de inadmisión de recurso de suplicación interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado recaída en los autos núm. 1130-2001 sobre impugnación de laudo arbitral, apreció que la cuestión litigiosa, esto es, la impugnación de las elecciones sindicales, tenía una evidente afectación general al tratarse de una cuestión vista en diferentes Juzgados de lo Social y que había sido objeto de múltiples resoluciones judiciales, por lo que la negativa a la concesión del recurso vulneraba el art. 24 CE.
b) En segundo lugar niega la vulneración del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) y señala que la Sentencia recurrida se pronuncia en el mismo sentido que lo han hecho la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en Sentencias de 17 de mayo y de 17 de octubre de 2002. Según la primera la falta de acuerdo mayoritario de los trabajadores para decidir la elección de delegado en momento anterior al inicio del proceso electoral vicia de nulidad radical al preaviso y a todas las actuaciones posteriores. Por su parte, en esta línea, la segunda Sentencia declara que el requisito del art. 62.1 LET relativo a la decisión mayoritaria de los trabajadores es un requisito previo sine qua non, sin el que es nula la promoción de elecciones por los sindicatos, pues sería inútil su promoción si luego no fuera refrendada por los trabajadores; que no se puede entender subsanado si los trabajadores votan en proceso ilegal; que es indiferente la distinción entre promover y celebrar elecciones, puesto que el art. 62.1 LET dice textualmente "podrá haber", si los trabajadores lo acuerdan por mayoría, por lo que, en caso contrario, ni se puede promover ni se pueden celebrar elecciones, ni por los sindicatos ni por ellos mismos.
A continuación hace referencia a lo mantenido en la STC 76/2001, de 26 de marzo, con relación al derecho a la promoción de elecciones sindicales, y atendiendo a lo en ella mantenido y al marco infraconstitucional de la regulación del citado derecho, prosigue diciendo que la cuestión litigiosa ha de resolverse a través de una interpretación conjunta y sistemática de los arts. 62.1 y 67 LET. La simple confrontación de los preceptos aclara considerablemente la controversia, pues el art. 67 establece una regla general, definiendo los agentes que tienen capacidad para promover con carácter general un proceso electoral - organizaciones más representativas y trabajadores del centro por acuerdo mayoritario- mientras que el segundo es, dentro del género, una especie, aplicable a centros de trabajo con circunstancias especiales, en concreto, el número de trabajadores en plantilla, y, para tal caso, el art. 62 prevé la posibilidad de que existan elecciones sindicales para obtener un delegado de personal, con una clara frase condicional, "si así lo decidieran éstos por mayoría". En caso contrario carecería de sentido tal previsión de no interpretarse como ese añadido particular a la norma general de la promoción electoral sindical. Además tampoco tendría sentido promover elecciones a delegado de personal en un centro con tan pocos trabajadores, si a los mismos o, al menos, a su mayoría, no interesase en absoluto el proceso electoral. Dice que el legislador exige que la promoción se produzca previo acuerdo mayoritario (que es antecedente al proceso electoral), por lo que no cabe la convalidación posterior, es decir, no cabría iniciar un proceso electoral, pese a que lo quisieran un número de trabajadores de la empresa que no alcanzara a ser la mayoría, lo que, sin embargo, no se entiende como cortapisa a la libertad sindical, que se produce con la interpretación que se está admitiendo de la capacidad de promoción electoral, que no se cercena, sino que se modaliza por las circunstancias concurrentes: unidad electoral muy pequeña, ergo acuerdo mayoritario previo, que además, ha de ser documentado tal y como establece el reglamento correspondiente (art. 2.2 del Real Decreto 1844/1994).
11. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 13 de enero de 2004. Tras referirse a los antecedentes de hecho del recurso, a las alegaciones de la demandante y a la fundamentación jurídica de la Sentencia impugnada, alude a lo mantenido en la STC 76/2001, según la cual el derecho a la libertad sindical reconocido en el art. 28.1 CE integra los derechos de actividad y medios de acción de los sindicatos, que constituyen su núcleo mínimo e indisponible, pero también derechos o facultades adicionales atribuidos por normas legales o convenios colectivos que se añaden a aquel núcleo esencial. Tales derechos son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación. La promoción de elecciones sindicales forma parte de ese contenido adicional, de ahí que cualquier impedimento u obstaculización al sindicato o a sus miembros de participar en el proceso electoral puede ser constitutivo de una violación de la libertad sindical. Tal violación se dará cuando esos impedimentos existan y no obedezcan a razones atendibles de protección de los derechos o intereses constitucionalmente previstos, que el autor de la norma legal o reglamentaria ha podido tomar en consideración al establecer la configuración normativa de estos procesos electorales. No cabe duda de que los sindicatos más representativos ostentan el derecho a promover elecciones sindicales y a presentar candidaturas a las mismas (art. 6.3.b LOLS), de modo que cualquier prohibición u obstaculización a este respecto supondría una lesión de la libertad sindical constitucionalmente reconocida.
12. Por providencia de 31 de mayo de 2004 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 2 de junio siguiente.
1. La demanda de amparo se dirige contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia de 12 de junio de 2002, que declaró la nulidad radical de las elecciones a representantes de los trabajadores promovidas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano en la empresa Maquinaria Agrícola Vallaescusa, S.L., (acta electoral núm. 46/688/01) en tanto que, al tratarse de una empresa de entre seis y diez trabajadores, era precisa una decisión mayoritaria previa de estos últimos para proceder a la elección conforme al art. 62.1 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en adelante, LET), y al no constar la existencia de tal acuerdo anterior al inicio del proceso electoral, se entiende que la promoción sindical de las elecciones carece de validez.
2. Con carácter previo a cualquier otra cuestión es preciso analizar la objeción de carácter procesal articulada por el Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana relativa a la falta de agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, extremo que, de confirmarse, determinaría la inadmisión del recurso en este momento procesal de acuerdo con lo establecido en los arts. 44.1 c) y 50.1 a) LOTC, pues los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque el recurso haya sido inicialmente admitido a trámite (SSTC 129/2000, de 16 de mayo, FJ 2; 185/2000, de 10 de julio, FJ 3; 105/2001, de 23 de abril, FJ 2; 228/2001, de 26 de noviembre, FJ 2; y 18/2002, de 28 de enero, FJ 3).
3. Despejado el óbice procesal formulado, procede entrar a examinar el fondo de la queja presentada por el sindicato recurrente en amparo. Éste, según se ha dejado expuesto anteriormente, sustenta la denuncia de vulneración de su derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) en que la resolución judicial impugnada ha desconocido su legitimación para la promoción de elecciones, reconocida tanto en el art. 67.1 LET como en el art. 6.3 LOLS, a través de una interpretación del art. 62.1 LET que no respeta suficientemente el contenido de aquel derecho fundamental, y que se apoya únicamente en lo decidido en unos pronunciamientos judiciales que no tuvieron por objeto la controversia de este recurso.
Y a este respecto la doctrina constitucional —STC 36/2004, de 8 de marzo, FJ 3— es la siguiente:
"a) 'Este Tribunal reiteradamente ha declarado que el art. 28.1 CE integra, además de la vertiente organizativa de la libertad sindical, los derechos de actividad y medios de acción de los sindicatos —huelga, negociación colectiva, promoción de conflictos— que constituyen el núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Pero también que, junto a los anteriores, los sindicatos pueden ostentar también derechos o facultades adicionales atribuidos por normas legales o convenios colectivos que se añadan a aquel núcleo esencial. Así el derecho fundamental se integra no sólo por su contenido esencial sino también por esos derechos o facultades adicionales, de modo que los actos contrarios a estos últimos son también susceptibles de infringir dicho art. 28.1 CE (SSTC 39/1986, de 31 de marzo; 104/1987, de 17 de junio; 184/1987, de 18 de noviembre; 9/1988, de 25 de enero; 51/1988, de 22 de marzo; 61/1989, de 3 de abril; 127/1989, de 13 de julio; 30/1992, de 18 de marzo; 173/1992, de 29 de octubre; 164/1993, de 18 de mayo; 1/1994, de 17 de enero; 263/1994, de 3 de octubre; 67/1995, de 9 de mayo; 188/1995, de 18 de diciembre; 95/1996, de 29 de mayo; 145/1999, de 22 de julio; 201/1999, de 8 de noviembre, 70/2000, de 13 de marzo, y 132/2000, de 16 de mayo)' (STC 76/2001, de 26 de marzo, FJ 4).
b) 'La promoción de elecciones sindicales constituye parte de este contenido adicional ... Los derechos de los sindicatos de presentar candidaturas y de promoción, en su caso, de aquéllas, pese a derivar de un reconocimiento legal, constituyen facultades que se integran sin duda en la libertad sindical, tanto en su aspecto colectivo como en su aspecto individual. De ahí que cualquier impedimento u obstaculización al sindicato o a sus miembros de participar en el proceso electoral puede ser constitutivo de una violación de la libertad sindical (SSTC 104/1987, de 17 de junio, 9/1988, de 25 de enero, y 51/1988, de 22 de marzo)' (STC 76/2001, de 26 de marzo, FJ 4).
c) Ya en este punto y dado que en este proceso está directamente concernido el derecho fundamental a la libertad sindical (art. 28.1 CE) en el contenido adicional citado, el paso siguiente es fijar el canon de nuestro control, habida cuenta de que el debate se refiere de modo inmediato a la aplicación de normas de rango infraconstitucional (arts. 6.3.e LOLS, 62.1 y 67.1 LET y 2.2 del Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre)".
Sobre esta base, reconocida la legitimación de las organizaciones sindicales más representativas para la promoción de elecciones para delegados de personal —arts. 6.3.e LOLS y 67.1 LET—, la cuestión a dilucidar en estos autos es la de determinar si la Sentencia impugnada se ha mantenido dentro de los límites que derivan del canon de constitucionalidad trazado por la doctrina de este Tribunal.
Ha de recogerse la normativa que da configuración legal al contenido adicional del derecho de libertad sindical que ahora importa: a) Ante todo, los arts. 6.3.e LOLS y 67.1 LET reconocen a los sindicatos más representativos capacidad para promover elecciones para delegados de personal, sin que aparezca excepción o salvedad expresa en relación con las empresas o centros de trabajo de entre seis y diez trabajadores; b) Por otro lado, el art. 62.1 LET, respecto de los casos de tal número de operarios, exige para la existencia de delegado de personal que así lo decidan los trabajadores por mayoría.
4. Así las cosas, en aplicación del canon de constitucionalidad ya señalado, habrá que destacar que atendido el objetivo inspirador del art. 62.1, inciso segundo, LET —no imposición de la figura del delegado de personal a los trabajadores contra su voluntad—, carece de justificación finalista la interpretación que de tal precepto y del art. 67.1 LET hace la Sentencia impugnada, pues ésta, prescindiendo de la actitud mayoritaria de los trabajadores, llega a una solución indebidamente restrictiva, más propiamente, excluyente, de la capacidad de promoción electoral que a los sindicatos más representativos atribuyen los arts. 6.3.e LOLS y 67.2 LET, al crear un obstáculo o impedimento para tal capacidad, integrada en el contenido adicional del derecho a la libertad sindical recogido en el art. 28.1 CE, que no ha sido establecido por el legislador y para el que no se encuentran razones atendibles de protección de derechos o intereses constitucionales.
1º Reconocer que se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical (art. 28.1 CE) de la recurrente en amparo.
2º Restablecerla en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia de 12 de junio de 2002, dictada en los autos núm. 188-2002, declarando la firmeza del laudo arbitral de 30 de noviembre de 2001.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia de fecha 2 de junio de 2004 dictada en el recurso de amparo núm. 4248-2002.
1. Comparto los antecedentes y los dos primeros fundamentos jurídicos de la Sentencia; pero discrepo de los demás fundamentos jurídicos y del fallo, que, a mi juicio, debiera haber sido de desestimación del recurso.
2. En cuanto a la fundamentación jurídica de la que disiento creo que la oportuna hubiera sido la que sometí a la deliberación de la Sala, y que ésta no compartió, y que se contiene en los apartados siguientes.
3. Despejado el óbice procesal formulado, la primera cuestión a resolver es la de si nos hallamos ante un problema que afecta al derecho fundamental de libertad sindical del art. 28.1 CE, o, si más bien, se trata de una pura cuestión de legalidad respecto de la que debamos eludir todo juicio por nuestra parte, por corresponder al ámbito de la potestad jurisdiccional exclusiva de los órganos de la jurisdicción ordinaria, ex art. 117.3 CE.
"la STC 51/1988, de 22 de marzo, se refería en su FJ 5 al 'carácter motivado, razonable y no restrictivo de las resoluciones judiciales, así como la justificación finalista de las normas que en tales resoluciones se consideran aplicables'. La STC 272/1993, de 20 de septiembre, FJ 2, decía que 'la función revisora de este Tribunal debe limitarse a examinar el carácter motivado, razonable y no indebidamente restrictivo de la resolución impugnada, así como la justificación finalista de las normas que considera aplicables'. Esa misma formulación del alcance de la función revisora de este Tribunal se reitera en la STC 1/1994, de 17 de enero, FJ 4, si bien completándola con la referencia a las SSTC 104/1987, de 17 de junio, 184/1987, de 18 de noviembre, 9/1988, de 25 de enero, 51/1988, de 22 de marzo, 57/1989, de 16 de marzo, 30/1992, de 18 de marzo, y 164/1993, de 18 de mayo, y AATC 257/1991, de 16 de septiembre, y 340/1991, de 11 de noviembre, como soportes jurisprudenciales de dicha formulación. La STC 13/1997, de 27 de enero, FJ 3, aunque sin comprometerse en una elaboración dogmática de un canon de revisión preciso, viene prácticamente a marcar una adecuada pauta al respecto, cuando, tras proclamar como contenido adicional del derecho fundamental de libertad sindical el derecho de los sindicatos a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de empresa y delegados de personal, agrega que 'ello no significa, sin embargo, la inclusión en el ámbito del derecho de libertad sindical de las normas electorales en su conjunto o de todos los actos relacionados con el proceso electoral; por el contrario, la violación del derecho fundamental se dará cuando se impida u obstaculice al Sindicato o a sus miembros participar en el proceso electoral por causas que no obedezcan a razones atendibles de protección de derechos o intereses constitucionales que la norma legal o reglamentaria hayan tomado en consideración al establecer la regulación del proceso electoral. Este derecho de configuración legal ha de ejercerse en los términos legalmente previstos [art. 2.2 d) LOLS], y no corresponde a este Tribunal determinar cuál es la interpretación más correcta de tal cuerpo normativo (STC 61/1989), ni resultaría constitucionalmente obligado que estando en juego una garantía legal del derecho fundamental se incline a priori por la interpretación aparentemente más beneficiosa para el titular de aquél, sino que basta con constatar si la interpretación llevada a cabo salvaguarda o no suficientemente el contenido del derecho fundamental. Finalmente la STC 145/1999, de 22 de julio, no en referencia a la participación electoral, sino con carácter general al contenido adicional de la libertad sindical, viene a reiterar la configuración del ámbito de la función revisora de este Tribunal enunciada en Sentencias anteriores, algunas ya citadas, diciendo que «la función revisora debe limitarse a examinar el carácter motivado, razonable y no indebidamente restrictivo de las normas que considera aplicables (SSTC 104/1987, 187/1987, 9/1988, 51/1988, 50/1989, 30/1992, 164/1993, 272/1993, 1/1994 y 188/1995)'".
4. Precisado el marco constitucional con arreglo al cual debemos resolver la cuestión planteada, nos corresponde ahora comprobar si la Sentencia recurrida se ha mantenido o no dentro de los límites que derivan del canon de constitucionalidad aplicable, es decir, si resulta motivada, razonable y no indebidamente restrictiva.
Tampoco merece la Sentencia del Juzgado reproche alguno desde el punto de vista de la razonabilidad, concepto éste que no se agota en la expresión de un juicio sobre la coherencia lógico-formal interna de la proposición formulada, sino que ha de referirse también al grado de adecuación o de conexión de la misma con los hechos o supuesto de hecho considerado (SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4; 164/2002, de 17 de septiembre, FJ 4; 217/2002, de 25 de noviembre, FJ 4; y 225/2003, de 15 de diciembre, FJ 3). En efecto, en este caso no se aprecia que la decisión judicial impugnada haya partido de premisas inexistentes o patentemente erróneas, ni que haya seguido un desarrollo argumental que incurra en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas. 5. La clave conceptual de la Sentencia recurrida consiste en considerar que la decisión mayoritaria de los trabajadores debe preceder a la convocatoria de las elecciones para representantes de los trabajadores en las empresas de entre 6 y 10 trabajadores, sin que por tanto pueda tener lugar la promoción de las elecciones por el sindicato sin el previo cumplimiento de tal requisito.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4248-2002
Promovido por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano frente a la Sentencia de un Juzgado de lo Social de Valencia que declaró nulas las elecciones sindicales celebradas en la empresa Maquinaria Agrícola Villaescusa, S.L.
Carece de justificación finalista la interpretación que del art. 62.1 LET y del art. 67.1 LET hace la Sentencia impugnada, pues, prescindiendo de la actitud mayoritaria de los trabajadores, llega a una solución indebidamente restrictiva de la capacidad de promoción electoral que a los sindicatos más representativos atribuyen los arts. 6.3.e) LOLS y 67.2 LET [FJ 4].
Los siete trabajadores de la empresa participaron en la votación emitiendo su voto a favor del candidato elegido, de suerte que resulta claro que de forma concluyente se produjo la decisión mayoritaria tácita de contar con delegado de personal [FJ 3].
Los sindicatos pueden ostentar también derechos o facultades adicionales atribuidos por normas legales o convenios colectivos que se añadan al núcleo esencial de la libertad sindical. La promoción de elecciones sindicales constituye parte de este contenido adicional (SSTC 39/1986 y 36/2004) [FJ 3].
La promoción de las elecciones por parte de los sindicatos más representativos exigirá siempre la decisión de los trabajadores, que podrá producirse bien antes de aquella promoción, bien después (STC 36/2004) [FJ 3].
Artículo 28.1, ff. 1, 3, 4, VP
Artículo 6.3 e), ff. 1, 3, 4, VP
Artículo 62.1, ff. 1, 3, 4, VP
Artículo 67.1, ff. 1, 3, 4, VP
Derecho a promover elecciones sindicalesDerecho a promover elecciones sindicales, f. 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 28

Artículo 6

Artículo 62

Artículo 67