Source: http://jorgemorelli.blogspot.com/2017/04/
Timestamp: 2017-11-24 20:17:42+00:00

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Jorge Morelli: abril 2017
ESTA NOCHE jueves 27 abril 2017
Lo de Trump no es proteccionismo
El dólar baja en todo el mundo, pero esta vez no en beneficio del oro, sino de la bolsa china.
Mientras el dólar se devalúa el yuan chino se revalúa. El acuerdo de Trump con Xi está funcionando.
El yuan fuerte encarece las exportaciones chinas y el dólar barato las encarece de nuevo para los consumidores americanos. Así, espera Trump, los americanos comprarán productos americanos. Eso es lo que quiere. Por ahora el resto es silencio.
Para los productores peruanos, el efecto es igualmente beneficioso, puesto que los empresarios de vestido y calzado, Gamarra incluida, deberían poder competir ahora un poco mejor con las importaciones chinas con yuan más caro y dólar más barato. Otro calificado servicio -el otro ha sido detener la caida del precio del oro- al Perú, fina cortesía de Trump y Xi Jinping.
Pero, ¿es esto proteccionismo? Todo lo contrario. Es nivelar una mesa desequilibrada, para que pueda haber competencia libre.
Visto así, es todo lo más lo opuesto al proteccionismo. Puro liberalismo, de la clase que el propio Adam Smith aplaudiría.
Probablemente Smith opinaría que la práctica de ganar competitividad devaluando la propia moneda es una variante particularmente nociva de lo que él llamaba el “sistema mercantil”, a lo que ahora llamamos mercantilismo, a saber, usar el poder político del Estado para otorgar ventaja fraudulentamente a un interés privado.
Curiosamente, el mercantilismo -que pone al Estado al servicio del interés privado- es lo que por décadas la izquierda latinoamericana ha llamado neoliberalismo. La misma cosa no necesita dos nombres diferentes.
“Me dieron 4.500 (dólares), pero en partes”. Así Jorge Ávila Rivera confirmó que los operadores de Ollanta Humala le pagaron para que se retracte de las acusaciones que hizo contra el nacionalista por el Caso Madre Mía. En 1992, Ávila había denunciado ante la fiscalía al ex presidente por la desaparición forzada y el asesinato de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sulca Castro, su hermana y cuñado.
La Unidad de Investigación de El Comercio entrevistó a Ávila, quien aún vive en Aucayacu (Huánuco), apenas conocida la existencia de las interceptaciones telefónicas legales al entorno más cercano de Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia.
“Uno de los intermediarios ahí fue Amílcar (…) (Me pidió) que me retracte, que no le eche la culpa a Humala”, contó. El suboficial EP en retiro, Amílcar Gómez Amasifuén, había participado en el levantamiento de Locumba bajo la jefatura de Humala pero, además, era sobrino de la esposa del testigo.
Jorge Ávila relató que el dinero lo recibió en el 2006, cuando Ollanta Humala se presentó por primera vez como candidato presidencial. Agregó que durante la campaña del 2011 también le pagaron sobornos aunque, según dice, “solo me entregaron propinas” a cambio de mantenerse callado. Este testigo del caso Madre Mía aseguró que el dinero vino acompañado de otras promesas: “Prometió, este, estudios superiores para mis hijos, pero nunca me hizo llegar nada”. Este ofrecimiento, según Ávila, se lo hicieron Amílcar Gómez, su cuñado Robinson Gómez Reátegui y hasta el abogado de Ollanta Humala en la primera fase del juicio por Madre Mía, Eduardo Roy Gates, con quien -según él- se entrevistó hasta en cuatro oportunidades en Tingo María, a unos 40 minutos de Aucayacu.
Ávila sostiene que Roy Gates fue quien, el 2006, le ofreció más beneficios por su silencio que luego no cumplió: “Para que nos pueda dar más educación para mis hijos, más protección para que puedan estudiar mis hijos, pero no quiso. Porque de repente habrá agarrado la plata”.
En respuesta, el ex asesor presidencial dijo a este Diario que es absolutamente falso lo que señala Ávila: “Yo no he entregado ningún beneficio económico al señor” e indicó que la afirmación que el testigo señala debe probarse. El ex abogado del mandatario solo admitió haber coincidido en más de una oportunidad con Ávila cuando se produjo la reconstrucción de los hechos en la base de Madre Mía.
El testigo sobornado recordó que durante la campaña del 2006 su cuñado Robinson Gómez y Amílcar Gómez lo acompañaron a la notaría de Mario Arias Jaramillo, en Tingo María, para firmar un documento en el que se rectificaba voluntariamente de su denuncia contra Ollanta Humala. Frente al notario solo estuvo presente Amílcar Gómez, quien pagó 100 soles por el trámite realizado.
Otro personaje que, según Ávila, acompañó a Amílcar Gómez en algunas negociaciones fue Cynthia Montes, quien luego se convirtió en la secretaria de prensa de Palacio de Gobierno y es actual integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Nacionalista: “A ella me la encontré en Tingo María una vez (…) Ella venía con la plata (…) ella no hablaba nada”, afirmó.
Por su parte, Montes negó haber pagado algún soborno a Ávila. Dijo que solo recordaba haber viajado junto a Amílcar Gómez a Madre Mía y Aucayacú el 2006 para conversar con los supuestos testigos que acusaron a Ollanta Humala.
Ollanta Humala insistió en su acusación de que él y su esposa, Nadine Heredia, y otros miembros del Partido Nacionalista fueron 'chuponeados' durante la campaña del 2011 y luego que fuera elegido.
"He reconocido mi voz en los audios, pero vuelvo a señalar que los audios en los que he reconocido mi voz no he visto nada que pueda tipificar ningún delito. Son temas bastante domésticos", añadió.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, remarcó hoy que las interceptaciones telefónicas en el 2011 al ex presidente Ollanta Humala no son ilegales y fueron con una orden judicial dentro de una investigación penal. Sin embargo, no explicó por qué estuvieron tanto tiempo en un despacho fiscal sin conocerse.
El Caso Madre Mía, relacionado a una presunta violación de derechos humanos, vuelve a acechar al ex presidente Ollanta Humala. La Unidad de Investigación de El Comercio reveló la información contenida en 111 audios obtenidos a través de interceptaciones telefónicas al ex mandatario, su esposa Nadine Heredia y su círculo más cercano de ambos.
Las grabaciones revelan principalmente la presunta compra de testigos en el Caso Madre Mía —con el objetivo de que se absuelva al ex presidente Ollanta Humala— y coordinaciones por los aportes al Partido Nacionalista en la campaña presidencial del 2011.
Minutos después de conocerse esta información, Ollanta Humala ofreció una conferencia de prensa. En esta cuestionó la "procedencia ilegal" de los audios, enfatizó en que estos no tienen validez judicial y calificó a la interceptación de la cual fue víctima como una práctica desterrada durante su gobierno.
Dichos que, sin embargo, esconden inexactitudes detalladas a continuación:
1. "Audios sobre Madre Mía no tienen validez legal"
El ex presidente Ollanta Humala basó parte de su defensa en la presunta "procedencia ilícita" de las grabaciones. "El juez dispuso realizar interceptaciones telefónicas exclusivamente vinculadas al caso [de presuntos vínculos con el terrorista] Artemio. Al terminar ese caso, se debieron eliminar los audios vinculados a otros temas", sostuvo el ex mandatario.
"Es por ello que las grabaciones [vinculadas al Caso Madre Mía] no tienen validez legal", agregó Humala.
La interceptación telefónica fue autorizada por un juez. "A pesar de que el hallazgo no haya estado vinculado al presunto delito por el cual se dio la autorización, las escuchas no se consideran pruebas obtenidas de forma ilícita", según el abogado penalista Enrique Ghersi.
Además, si es que en plena búsqueda de evidencias de un caso se encontraran pruebas sobre delitos que no se le imputaban al acusado inicialmente, la nueva evidencia no queda invalidada. Esta no podría ser incluida en el proceso en curso, pero sí podría ser utilizada para abrir otro caso por los nuevos delitos descubiertos.
"La evidencia obtenida lícitamente, aunque sea de casualidad, puede utilizarse. Si uno entra a la casa de un asesino para buscar un arma utilizada en el crimen y en el camino encuentra a un rehén, ¿no podría acusar al delincuente por secuestro? Eso es absurdo", enfatiza el jurista César Azabache.
2. "El Caso Madre Mía es cosa juzgada"
En otro momento de la conferencia, Humala aludió al concepto de "cosa juzgada", el cual consiste en que los procesos judiciales resueltos no pueden reabrise. "Los hechos ya fueron investigados, el proceso judicial fue archivado y hoy tiene categoría de cosa juzgada", enfatizó el ex mandatario.
Esto es una media verdad.
Las normas peruanas, efectivamente, no permiten reabrir un caso que haya tenido una resolución favorable para el acusado. Es decir, la legislación solo permite la nulidad de la cosa juzgada si es que la persona fue condenada de forma injusta.
Sin embargo, al ser un caso vinculado a presuntos delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sí podría anular el proceso. "Si en base a estas nuevas pruebas se interpone un recurso ante la Corte IDH, esta podría anular la absolución del ex presidente Humala", sostiene el abogado penalista Carlos Caro.
La única forma de que llegue a la Corte IDH es que el Estado presente el caso ante esta. No obstante, cualquier ciudadano podría presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Los familiares de las víctimas o cualquier Organización No Gubernamental (ONG) puede acudir a la Corte, a través de la Comisión. De acreditarse la conducta fraudulenta, la CIDH podría ordenar que se realice un nuevo proceso", según el también penalista Luis Vargas Valdivia.
3. "Mi gobierno no tuvo estas prácticas"
Ollanta Humala no solo cuestionó las interceptaciones de las cuales fue víctima. También culpó al ex presidente Alan García por haber permitido este tipo de prácticas y enfatizó en que su gobierno "jamás" las tuvo. "En mi gobierno jamás tuvimos este tipo de prácticas contra políticos. No lo hubiese permitido", dijo el ex presidente.
A inicios del 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se acusó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de armar expedientes sobre inmuebles, autos y empresas vinculadas a ministros, congresistas, militares, policías, políticos, empresarios y periodistas.
Ante la Comisión de Inteligencia del Congreso, el agente Rosendo Francisco Chávez Rojas reconoció que los rastreos de la DINI se hicieron frecuentes en el gobierno de Ollanta Humala. Chávez Rojas realizó 100,544 búsquedas en la base de datos de Registros Públicos entre enero del 2011 y febrero del 2015.
Los rastreos alcanzaron incluso a funcionarios del gobierno nacionalista, como la entonces vicepresidenta Marisol Espinoza y la primera ministra Ana Jara, y empresarios como Luis Garrido.
Este último interpuso un recurso de habeas corpus ante el 35 Juzgado Penal de Lima, por el cual el ex premier Pedro Cateriano tuvo que declarar a finales del año pasado.
4. "Audios no contienen información sobre aportes de campaña"
Finalmente, Ollanta Humala evitó pronunciarse sobre el contenido de las grabaciones. Solo se remitió a señalar estas "no contienen información sobre supuestos aportes de campaña".
Según información a la que tuvo acceso El Comercio, las transcripciones de los audios sí incluyen conversaciones relacionadas al financiamiento de la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011.
La potencial procedencia ilícita de algunos aportes precisamente motivó la investigación que la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos le sigue hoy tanto al ex presidente Ollanta Humala como a su esposa Nadine Heredia.
Como un fantasma que vuelve para saldar cuentas del pasado, el Caso Madre Mía ha resurgido de pronto en medio de los audios sobre las comprometedoras comunicaciones telefónicas del ex presidente Ollanta Humala y su esposa que están en poder de la fiscalía, y de las que informamos extensamente en la edición impresa de El Comercio.
Como se sabe, los hechos a los que se refiere el caso se remontan a 1992, cuando el entonces capitán Humala estaba a cargo de la base militar de Madre Mía, en la localidad de Nuevo Progreso (Tocache, San Martín), desde la que se conducían las operaciones antisubversivas en el valle del Huallaga.
En el 2006, Jorge Ávila Rivera denunció que fue arrestado en esa época, junto a su hermana Natividad Ávila y su cuñado Benigno Sullca, por una patrulla militar comandada por Humala, y que luego, los tres, fueron acusados de terroristas y torturados por órdenes de este. Siempre de acuerdo con el relato original de Ávila Rivera, su hermana y su cuñado fueron asesinados, pero él logró escapar. Por lo menos otros dos testimonios de desapariciones ocurridas en el mismo lugar, además, salieron a la luz por esos días y Humala fue denunciado por los delitos de desapariciones forzadas, torturas, tentativa de asesinato y asesinato.
Cabe anotar que la desaparición de Natividad Ávila y Benigno Sullca está documentada en el informe de la CVR y que, de acuerdo con el presidente de la misma, Salomón Lerner Febres, existen testimonios de violaciones a los derechos humanos registradas en la referida base, entre 1990 y 1993, y a instancias de un oficial que respondía al apelativo de ‘Capitán Carlos’.
En junio del 2006, sin embargo, se conoció que Ávila Rivera había cambiado su versión de los hechos: debido a las circunstancias de la tortura –decía ahora– no había podido distinguir si el ‘Capitán Carlos’ era efectivamente Humala. Por esa época se supo también de la pérdida de algunas hojas del expediente militar de quien entonces era ya, por primera vez, candidato a la presidencia. Tres años después, el proceso contra Humala se archivó.
En el 2011, no obstante, Robinson Gómez Reátegui, otro cuñado de Ávila, aseguró que la retractación de este había sido consecuencia de un pago del que se había encargado Amílcar Gómez Amasifuén, un personaje muy allegado a Humala. Pero en agosto del 2011, con el líder nacionalista ya convertido en presidente de la República, la Segunda Sala Penal Liquidadora archivó también la investigación que esta nueva declaración había motivado.
Pues bien, fue en el contexto electoral inmediatamente anterior que se produjeron las comunicaciones que ahora salen a la luz. En una de ellas, del 2 de mayo del 2011, Humala llama a su asistente Julio Torres, quien le pasa el teléfono a Amílcar Gómez, y la conversación gira esencialmente en torno a la preocupación del candidato por la posibilidad de que sus contendores políticos pudiesen contactarse con testigos del lugar donde se produjeron los hechos que se le habían imputado en el pasado. Y en otra, del 11 de mayo de ese mismo año, se escucha a Amílcar Gómez hablar directamente con Ávila, y decirle, entre otras cosas: “Hoy día te van a hacer el depósito sí o sí”. Una aparente alusión a un segundo pago que sería consistente con lo aseverado la primera vez por Robinson Gómez Reátegui.
De hecho, ha sido el propio Ávila, en una declaración a la Unidad de Investigación de El Comercio, quien ha ratificado que recibió pagos en el 2006 para retractarse de su declaración inicial que inculpaba a Humala, y nuevamente en el 2011 a cambio de guardar silencio. Todo lo cual da pie a que se reabran todas las interrogantes sobre la intervención del ex presidente Humala en el Caso Madre Mía.
Lo más importante, sin embargo, es que siembra dudas sobre la validez de las conclusiones fiscales y judiciales que libraron al líder del nacionalismo de toda responsabilidad en presuntos crímenes que podrían ser considerados de lesa humanidad.
Cuatro de cada diez adultos mayores a 65 años no cuentan con ninguna pensión, encontrándose en una situación de desamparo, la cual podría prolongarse haciendo al sistema crecientemente insostenible si se mantiene esta situación, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, durante el Seminario Internacional Reflexiones en torno a la Protección Social.
Advirtió, además, que, de no efectuarse reforma alguna al sistema actual, serán siete de cada diez adultos los que no recibirán pensión en los siguientes diez años.
Asimismo, agregó que en el caso de los afiliados al sistema de pensiones, solo seis de cada diez en edad de trabajar se encuentran afiliados, mientras que unos ocho millones de peruanos carecen de protección previsional.
La Comisión de Protección Social —según el titular del MEF — estaría avanzando en una propuesta consensuada para lograr una reforma económica que financie la cobertura universal del aseguramiento de salud y protección previsional. Aseguró que la propuesta no afectará la sostenibilidad fiscal.
El Estado tiene como aspiración lograr que la protección contra el riesgo de pobreza en la vejez y el aseguramiento de salud sea universal. En enero último se creó la Comisión de Protección Social, grupo de trabajo autónomo adscrito al MEF y conformado por seis comisionados.
La propuesta de financiamiento de la cobertura universal de salud y de la protección previsional será entregada al Gobierno en julio próximo.
La República, editorial
El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que 19 países miembros de los 34 aprobaran la convocatoria a una reunión de cancilleres para tratar la crisis venezolana.
La decisión del gobierno venezolano es un duro golpe que se inflige a sí mismo Maduro, que ha profundizado el aislamiento de su país en la comunidad internacional. La decisión contraria a citar a los cancilleres solo había reunido a 10 países (Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Haití, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam), con la abstención de Belice, El Salvador, República Dominicana y Trinidad y Tobago, y la ausencia de Granada. En tanto, los tres países limítrofes de Venezuela han votado por convocar a los cancilleres.
Es la primera vez que un país se retira voluntariamente de la OEA, una decisión que se produce luego de constatarse la formación de una mayoría regional que desaprueba el proceder autoritario de Maduro y que dio a inicios de este mes un paso decisivo cuando 17 países de 21 presentes aprobaran una declaración que afirma que en Venezuela existe una grave alteración inconstitucional del orden democrático exigiendo al gobierno de Maduro que restaure la plena autoridad del Parlamento.
Venezuela ha perdido la batalla por abandono, incapaz de persuadir a los gobiernos de que su proceder es legal, y en cambio persistiendo en la represión y en el abuso. El anuncio de la salida de la OEA ocurre cuando en las calles de Venezuela sigue derramándose sangre. Los muertos ascienden a 29, los heridos superan los 500 y hay más de 1,500 detenidos como respuesta al reclamo democrático.
El régimen de Maduro ha querido presentar esta decisión como un acto de dignidad, el de un pueblo que rechaza la injerencia extranjera. Es un vano intento que interna y externamente carece de credibilidad, considerando las veces que la OEA se ha acercado al caso venezolano y los intentos de diálogo con mediadores internacionales. La supuesta dignidad de Maduro suena a uno de sus malos chistes.
La salida de la OEA se ha iniciado y durará dos años. Antes de concretarse, lo que depende de la permanencia de Maduro en el poder y por lo tanto de la posibilidad de que no se cumpla el calendario constitucional, la OEA podrá seguir abocándose al caso venezolano y de hecho sus resoluciones seguirán teniendo la fuerza de la legalidad internacional.
La decisión de Caracas coloca la crisis venezolana en un punto de no retorno debido a que expresa un desprecio a la convivencia democrática de la región, la misma que no podrá ser compensada con un activismo de UNASUR o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La comunidad internacional ha empezado a cercar a Maduro como lo ha hecho con las dictaduras de otros continentes y frente a la expresión de ese estándar internacional sobre derechos y libertades solo le espera la sospechosa adhesión de regímenes cuestionados por su déficit democrático. Lo que ha iniciado Maduro es su camino de paria internacional.
Publicado por Jorge Morelli en 16:30 No hay comentarios:
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ESTA NOCHE miércoles 26 abril 2017
Salvado por el Niño
Cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski estaba ya contra las cuerdas con las encuestas en caída libre, la tragedia del Niño golpeó ferozmente al Perú.
El país entero volteó entonces en búsqueda de alguien que se haga cargo. Y de pronto, Pedro Pablo Kuczynski, su desgastado gabinete, su asediado premier, su aspiracional vicepresidente, su expectante ministro de Defensa cobraron todos un segundo aire.
Este respiro debería normalmente alcanzarle al vapuleado gobierno iniciado hace solo nueve meses para recuperarse y llegar hasta su término a más de cuatro años de distancia todavía.
Los tiempos en política son cualitativamente distintos según las circunstancias. La gravedad de una emergencia nacional suspende el tiempo. Nos introduce en una dimensión temporal diferente, ajena a la normalidad, donde las leyes de la solidaridad colectiva se sustituyen a las del interés de grupos parciales. Inclusive se ve bajo otra luz las infracciones y se condonan los errores.
Cuando la nave ha sobrevivido a duras penas a la tormenta y se halla desmantelada, no es el momento para discusiones sobre quién está al mando. En este sentido, toda discusión sobre la solidez del gobierno pepekausista, todo debate sobre una hipotética vacancia presidencial –respecto de la cual ya se especulaba-, incluso toda duda sobre la continuidad del gabinete quedan anuladas por estar completamente fuera de lugar.
Lo que está a la orden del día es la reconstrucción de un país devastado. No es momento para discusiones políticas, no hay espacio para otra cosa. El músculo duerme, la ambición descansa.
Esto, a pesar incluso de los jugosos réditos políticos que el banquete de la investigación de la corrupción se preparaba a ofrecer. En este momento hasta la corrupción parece una pesadilla lejana.
Este clima no durará en tiempo lineal sino unos meses. Pero los suficientes en términos políticos para llegar al punto más allá del cual la única medida de todas las cosas será el resultado electoral de los comicios regionales, a fines del 2018. Desde luego, la suerte de la reconstrucción será decisiva en el resultado para una mayoría de ellos. Pero más allá incluso del éxito o el fracaso de la reconstrucción, de allí a las elecciones de 2021 y al Bicentenario de la República no habrá ya entonces sino un paso.
En otras palabras, de aquí en adelante y a medida que se vaya acercando el nuevo reparto de naipes y crezcan los decibeles de la competencia política entre partidos nacionales y movimientos locales por hacerse del mayor número posible de gobiernos regionales, será cada vez más claro que el destino que le ha tocado en suerte al peculiar gobierno pepekausista es llegar hasta su término con bastante pena y ninguna gloria, con austeridad, seriedad y ningún brillo.
Pero, hoy, el gobierno pepekausista ha resultado salvado por la campana divina. Paradójicamente rescatado por un desastre.
El primer ministro, Fernando Zavala, informó que el Ejecutivo enviará al Congreso de la República un proyecto de ley de reforma electoral que propone reducir el número de firmas para crear un partido político a 1% del padrón electoral, que elimina el voto preferencial y que restablece el Senado.
El proyecto contempla que se restablezca el Senado: la cámara baja tendrá 100 parlamentarios, mientras que la alta tendrá 30 senadores que deberán tener más de 45 años.
El texto normativo dispone la eliminación del voto preferencial en las elecciones congresales. Al respecto, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, sostuvo que el voto preferencial es “la madre de todos los problemas”, porque ocasiona que el dinero sea el factor prioritario durante las campañas electorales. “Si bien hay consenso con especialistas, corre el riesgo de no ser aprobado en el Congreso. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía”, manifestó Pérez Tello. La ministra señaló que el proyecto de ley del Ejecutivo también contempla que las elecciones internas de los partidos políticos supervisadas obligatoriamente por los entes electorales. Asimismo, dijo que los ciudadanos que quieran ser candidatos autorizarán a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a acceder a su secreto bancario, tributario y bursátil.
Una de las propuestas más resaltantes del proyecto es la de reducir del 4% al 1% (alrededor de 175 mil ciudadanos) la cantidad de firmas necesarias para inscribir un partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Esta disposición tiene relevancia debido a que actualmente dos potenciales candidatos a la presidencia en las elecciones del 2021 se encuentran en el proceso de recolección de firmas. Por un lado, el ex candidato presidencial Julio Guzmán se encuentra recolectando firmas para inscribir su agrupación denominada "Partido Morado". Por otro lado, la ex candidata Verónica Mendoza tiene la intención de inscribir la organización "Nuevo Perú" con lo que marcaría distancia del Movimiento "Tierra y Libertad" de Marco Arana.
Otras disposiciones del proyecto de ley de reforma electoral
1. Se elevará la cuota de género al 50% con alternancia al menos en la primera mitad de la lista a presentarse en las elecciones.
2. No podrán ser candidatos a ningún cargo de elección popular las personas condenadas por delitos graves como narcotráfico, terrorismo y secuestro.
3. Se aumentará la valla electoral en caso de alianzas electorales a 2% por cada partido aliado.
4. Se permitirá la publicación de encuestas hasta un día antes de la elección.
5. Las actividades proselitistas solo podrán llegar a totalizar un máximo del 10% de los ingresos anuales totales de la agrupación política.
6. Se exigirá participar a los partidos políticos en todos los procesos electorales. De no hacerlo se cancelará su inscripción y se podrá ordenar el retiro del candidato.
El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, señaló que el texto normativo del Ejecutivo también contempla sanciones políticas a las organizaciones que no transparenten sus finanzas. Por ejemplo, dispone que se sancionará con la cancelación del registro de partidos políticos a las agrupaciones que no cumplan con bancarizar aportes mayores a una UIT (S/ 4.050) y a quienes declaren aportes anónimos.
Con 90 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, el pleno del Congreso aprobó la ley que permite disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC).
La norma aprobada corresponde a un texto sustitutorio presentado por la Comisión de Constitución del Congreso y que, por lo tanto, incluye cambios a la propuesta original enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, y sustentada por el Fernando Zavala, titular del Consejo de Ministros.
A continuación algunas de las más importantes modificaciones.
1. El objeto de la ley: artículo 1
El texto sustitutorio incluye la “reactivación económica de los sectores productivos” entre los espacios a intervenir en cuanto a infraestructura de uso público. Considera además el impacto “social y ambiental” como consecuencia de las acciones a realizar.
2. Sobre el plan: artículo 2
- El Congreso especifica que los cambios tienen que hacerse “previa coordinación con los gobiernos regionales y locales correspondientes”. El proyecto del Ejecutivo no los incluía.
- El texto sustitutorio agrega un párrafo indicando que “el plan deberá ser aprobado por decreto supremo y publicado en el diario oficial”. Además, toda modificación deberá ser publicada en el diario oficial.
3. Dar cuenta al Congreso: artículo 3
Se agregó que el presidente del Consejo de Ministros deberá informar hasta el último día hábil de marzo de cada año al pleno del Congreso sobre los avances y cumplimiento del plan, “salvo el primer año en el cual informará cada 6 meses”.
4. Sobre la autoridad: artículo 3
- A diferencia del proyecto del Ejecutivo, el texto del Congreso agrega que la Autoridad de la reconstrucción actúe de manera coordinada no solo con el Ejecutivo, sino también “con los gobiernos regionales y locales que correspondan”.
- Tiene 3 años de plazo, pudiendo prorrogarse hasta por un año. El Ejecutivo planteaba hacerlo vía Decreto Supremo, pero el Congreso determinó que sea por ley y previa sustentación del titular de la PCM ante el pleno de los avances de la ejecución del plan y la necesidad de la ampliación de plazo.
5. Funciones de la autoridad: artículo 4
- Nuevamente, el Congreso incluye la participación de los gobernadores regionales y autoridades locales. Estos podrán proponer proyectos a ser aprobados por la Autoridad. Esta, además, debe remitir la propuesta de su plan a dichos funcionarios para que presenten sus observaciones en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Luego, recién podrá enviar la propuesta del plan al Ejecutivo.
6. Cláusula anticorrupción: artículo 4
El Congreso agregó que de ejecutar a través de terceros los proyectos, los contratos correspondientes “deberán incluir obligatoriamente cláusulas anticorrupción y resolución por incumplimiento”.
7. Transparencia: artículo 6
- El gobierno planteaba que el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC) asista cada 6 meses al Acuerdo Nacional para informar sobre los avances. El Congreso optó porque el informe se haga ante la Comisión de Presupuesto.
- También se agrega la existencia de detalles al informe que la Autoridad deberá presentar sobre los avances de la ejecución física y financiera de los proyectos.
8. Fiscalización de Contraloría: artículo 7
El Ejecutivo no daba lugar a control posterior. El Congreso estableció que el plan de control de la Contraloría deberá comprender “tanto las acciones de control simultáneo como posterior”.
9. Declaración jurada: artículo 7
Se incluye que las personas naturales o jurídicas que contraten con la Autoridad deben presentar una declaración jurada informando si tienen sentencias, procesos o sanciones administrativas por corrupción. Si mienten, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.
10. Acceso a beneficios: 7° disposición complementaria final
En el proyecto del Ejecutivo, el acceso a los programas con beneficios inmobiliarios solo estaba contemplado para los damnificados propietarios. El Congreso adicionó a los posesionarios reconocidos por la autoridad competente.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la reconstrucción describe en su artículo 3 las características y finalidad de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio. Fernando Zavala dijo hoy que esta autoridad mantendrá las funciones que se habían establecido inicialmente en el proyecto expuesto ante el pleno del Congreso.
1 Estará adscrita a la PCM
La denominada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) será una unidad ejecutora y estará adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Será dirigida por un director ejecutivo con rango de ministro y con asiento en el Consejo de Ministros, donde deberá informar sobre sus acciones y sustentará sus propuestas.
2 Sobre su temporalidad
La autoridad planteada por el Ejecutivo tendrá una duración excepcional de tres años, con posibilidad de extender su labor por un año más por decreto supremo expedido con voto del Consejo de Ministros.
3 Sobre las funciones
La autoridad debe elaborar y plantear un plan para su aprobación por el Consejo de Ministros, ejecutar a través de terceros los proyectos que se le asigne, implementar mecanismos de transparencia y monitoreo físico y financiero, ejecutar recursos asignados para contrataciones, entre otros.
4 Sobre su Director
El director ejecutivo coordinará y ejecutará el plan a través de las instancias de gobierno (nacional, regional, municipal). También será el responsable de la gestión financiera y administrativa. Hará coordinaciones y suscribirá los convenios y contratos con las entidades públicas y privadas.
5 Sobre su plan
En el plan que debe presentar la autoridad se incluirá la infraestructura de centros de salud y educativos, vial, agrícola, manejo de cuencas, para generar capacidades productivas y programas de vivienda.
Anoche, el presidente de la Comisión de Constitución, el parlamentario fujimorista Miguel Ángel Torres, solicitó un cuarto intermedio para incorporar los pedidos hechos por los legisladores durante la sesión en la que si discutió la iniciativa.
Ante el pedido, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, decidió que la sesión se suspendiera hasta hoy a las 10:00 a.m. para poder incluir los requerimientos.
Entre los principales pedidos de los legisladores está el referido al papel de la Contraloría General de la República en la llamada “Autoridad para la Reconstrucción”.
Parte del proyecto ha sido rechazada por la contraloría. Por ello, el contralor Edgar Alarcón envió un oficio a Salgado considerando que las disposiciones de la norma “afectan la autonomía, independencia y debilitan el control gubernamental”, al proponer que el control sea “únicamente simultáneo, con carácter vinculante”, por medio de empresas auditoras, y limitado a verificar la legalidad, “sin poder observar las decisiones técnicas”.
La contraloría planteó un texto sustitutorio. Los congresistas también hicieron propuestas sobre el tema.
Karina Beteta (Fuerza Popular) planteó que la autoridad asista al Congreso a rendir cuentas. Marisa Glave (Frente Amplio) y César Villanueva (Alianza para el Progreso) coincidieron en que el proyecto “atenta” contra la descentralización y amenaza a las autoridades locales y regionales.
El congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, exhortó a su bancada a apoyar el proyecto de ley que presentó el Gobierno para la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño costero.
A pesar de las críticas de sus colegas fujimoristas, Kenji Fujimori dijo que le correspondía a la mayoría parlamentaria el respaldar la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo.
"Ahora debemos apoyar el proyecto presentado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Aunque el proyecto enviado por el Gobierno no sea perfecto, hay que darle el beneficio de la duda porque se necesita actuar con celeridad", dijo durante su participación en el pleno que se convocó para escuchar la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
Kenji Fujimori fue más enfático con sus colegas de bancada de las regiones más afectadas por las lluvias, inundaciones y huaicos. "Estoy seguro que actuarán de inmediato apoyando el proyecto enviado por el Ejecutivo sin obstrucción, sin mezquindad y sin demora".
A Fernando Zavala, Fujimori le aseguró que "este Congreso estará del lado del Perú apoyando la reconstrucción".
"Hago un llamado enfático a mi partido, Fuerza Popular, como una sola fuerza a respaldar la reconstrucción de inmediato, sin más confrontación y sin obstrucciones. Construyamos una agenda común y volteemos la página", dijo para cerrar su participación.
En un gesto que llamó la atención, Kenji Fujimori atravesó el hemiciclo y saludó a Fernando Zavala. Tras intercambiar palabras por varios segundos mientras se daban las manos, el congresista se retiró del pleno.
Al inicio de su breve discurso, Kenji Fujimori destacó la labor de la esposa de PPK, quien encabezó la labor de acopio de donaciones en el Palacio de Gobierno. "Tuve la ocasión de conocer de cerca la extraordinaria labor desarrollada por la señora Nancy Lange", manifestó.
Durante la campaña de recojo de donaciones, Nancy Lange difundió a través de Twitter una foto acompañada por Kenji Fujimori, ambos luciendo un papel con el eslogan del Gobierno #UnaSolaFuerza.
Luis Galarreta se refirió a su colega de bancada Kenji Fujimori, quien instó a Fuerza Popular a no obstruir al gobierno en lo referido a la ley de reconstrucción de las zonas del país afectadas por el fenómeno de El Niño Costero.
Sobre ese pedido, el vocero fujimorista dijo que ello también fue expresado por él y otros representantes de su bancada, como Miguel Torres, Lourdes Alcorta y Daniel Salaverry; en concordancia con la lideresa de su partido, Keiko Fujimori.
"Ella ha señalado que vamos a apoyar todos los temas, pero vamos a ver las dificultades que tiene un proyecto de ley. No vamos a simplemente aprobar por aprobar, hay varios temas de institucionalidad", comentó al respecto.
"Lo que pasa es que Kenji llegó tarde y creo que no le contaron que ya lo habíamos dicho. Vamos a debatir para llegar a un texto que sirva para la reconstrucción", añadió Luis Galarreta.
Durante el debate en el pleno extraordinario del Congreso para evaluar el proyecto de ley del gobierno para proceder con la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño costero, muchos congresistas cuestionaron diversos aspectos de la iniciativa, entre ellos el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta.
"El fin no justifica los medios", comentó el vocero de la bancada mayoritaria durante su participación en el debate, tras cuestionar que haya aspectos relacionados a la labor de la Contraloría que quedan en el aire.
"El gobierno debe señalar qué parte de la institucionalidad del control posterior relacionado con la Contraloría va a quedar de lado y qué partes se van a fortalecer con las experiencias de corrupción lamentables que hemos visto", añadió.
Los ministerios han identificado un total de 140 proyectos a nivel nacional que pueden reconstruirse bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).
De acuerdo con el director ejecutivo de ProInversión, Álvaro Quijandría, estos proyectos suman S/1,295 millones.
Según el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, este año el Gobierno espera llegar a S/1,500 millones invertidos mediante este mecanismo. “Tenemos un fondo de intervención ante la ocurrencia de desastres. En ese fondo hoy existen S/1,000 millones de libre disponibilidad para obras públicas, mantenimiento y Obras por Impuestos”, detalló. En caso de que las iniciativas de OxI sobrepasen lo que se encuentra en este fondo, se contará con una ampliación presupuestal con motivo de la reconstrucción.
En lo que va de este año, se han comprometido S/174 millones en proyectos de OxI.
Como parte del evento informativo “Obras por Impuestos para la reconstrucción”, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, adelantó que el sector privado puede invertir en encauzar los ríos.
“El presidente Kuczynski quiere dar un paso más en este mecanismo y llevarlo a Obras por Terrenos. Hemos visto que en términos de ancho, los cauces pueden tener kilómetros. Entonces, una de nuestras propuestas es promover el encauzamiento de los ríos a través de la empresa privada, una forma de retribuirlo sería con terrenos agrícolas o para otro tipo de habilitación”, explicó. Esta iniciativa se definiría mediante un proyecto de ley.
Zavala también aseguró que las empresas interesadas en OxI pueden unirse para desarrollar varios proyectos pequeños. ”Agrupar, por ejemplo, 30 a 40 puentes y hacer economías de escala”, dijo.
En medio del debate por la situación carcelaria del ex presidente Alberto Fujimori, su médico de cabecera Alejandro Aguinaga señala que su líder histórico no está a favor de la figura del arresto domiciliario, planteado a través de un proyecto de ley por el legislador Roberto Vieira.
"Él no desea un arresto domiciliario porque al final de cuentas es una pérdida de la libertad y estaría confinado en una habitación porque no hay un espacio en este momento donde pueda tener un arresto domiciliario. Eso lo descartamos porque Alberto Fujimori y los fujimoristas lo sabemos inocente", respondió el ex congresista en una entrevista en vivo en la redacción de este Diario.
Consultado si Alberto Fujimori estaría dispuesto entonces a solicitar nuevamente un indulto, como se hizo durante el gobierno de Ollanta Humala, Aguinaga comentó que tampoco porque el ex mandatario "ya está curado de una situación así".
"No es la primera vez que le piden que solicite un indulto, el ex presidente Ollanta Humala le abrió la puerta a la familia diciendo 'no me han presentado un indulto', se presentó y después lo denegó con malas maneras. Incluso al término de su gobierno también le pidieron [que lo solicite], alguien hizo un contacto, y se procedió de la misma manera", recordó.
Según Aguinaga la salida sería, al igual que ha dicho el vocero de Fuerza Popular Luis Galarreta, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski haga uso de sus facultades constitucionales y le otorgue directamente el indulto "si hay realmente una disposición sincera".
"No estamos para manosear las expectativas de nadie y menos de un presidente exitoso, con avanzada edad y múltiples enfermedades que deterioran su salud, no hay que generarle expectativas innecesarias", anotó.
Esta mañana desde Ecuador, la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, consideró a título personal que una persona enferma en grado terminal, sea quien fuere, debería ser indultada si así lo solicita. Según dijo, las condiciones carcelarias en el Perú no son las más adecuadas para los reclusos enfermos cuya vida depende de una atención oportuna.
Consultado sobre el estado de salud de Alberto Fujimori, Aguinaga dijo que su último internamiento en una clínica fue por problemas para movilizarse debido a una hernia lumbar, pero que "recibió tratamiento y se fue recuperando".
Indicó que no es el único problema y recordó que fue operado seis veces de la lengua, que sufre de presión arterial y que padeció gastrititis hemorrágica.
No obstante, Aguinaga dijo que "no está en un estado de gravedad".
"Decir [que está grave] sería faltar a la ética profesional, es una situación complicada que requiere atención y está recibiendo esa atención", refirió.
Respecto a si ha habido un acercamiento entre algún representante del gobierno y Alberto Fujimori para hablar de la posibilidad de variar sus condiciones carcelarias, como insinuaron desde el Frente Amplio durante el debate del proyecto de la reconstrucción, Aguinaga respondió que no.
"Ni negociado ni componenda, por el contrario, afirmar una posición como la que señala la izquierda es mezquino". Y agregó que "si hay una persona que sabe lo que es prevención y reconstrucción, es Alberto Fujimori".
Sobre el silencio de los hijos de Alberto Fujimori, Keiko y Kenji, sobre este tema, Aguinaga consideró que tal vez prefieren no opinar porque antes no prosperó un indulto.
Aguinaga sí discrepó con la postura del oficialista Juan Sheput respecto a que el debate para variar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori debe incluir a los deudos de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos.
"Ya ha habido procesos para las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos, no quiere decir que lo que se haya resuelto en los procesos recupere a sus seres queridos o atenúe el sufrimiento, pero también es justo señalar que hubo indemnizaciones para estas familias y en buena hora. Seguir poniendo sal en la herida no es bueno".
En la misma línea del ex mandatario, Aguinaga dijio que el Perú tiene que buscar la reconcialiación y quienes hicieron daño fueron los terroristas. "Como dice el presidente 'hay que voltear la página''", añadió.
Al ser consultado si en aras de voltear la página, como ya lo dijo el propio Fujimori en su cuenta de Twitter, este estaría dispuesto a mostrar arrepentimiento por los delitos por los que fue condenado o a pedir perdón a las víctimas, Aguinaga respondió que "sería irresponsable decir si [Fujimori] adoptará tal o cual posición".
"En sus memorias, que está escribiendo con mucho ahínco para hacerle saber al Perú o lo que ha pasado, allí vas a encontrar esas respuestas", adelantó.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que su Gobierno está “estudiando” el caso del ex presidente Alberto Fujimori.
Horas después de las declaraciones de Bruce y PPK, en el Parlamento aparecieron con celeridad inusitada dos proyectos de ley que posibilitarían la salida del líder histórico del fujimorismo.
Uno a través de la “liberación condicional” (arresto domiciliario) por edad presentado ayer por el congresista Roberto Vieira y el otro de autoría del parlamentario Edwin Donayre (APP).
Vieira confirmó a EXPRESO que su iniciativa legal es el Proyecto de Ley N°1295/ 2016- CR, denominado ‘Ley que regula la Ejecución de la Pena de Personas Mayores de 75 años de edad’.
En la misma se detalla, en su Artículo Único, la incorporación del Artículo 49-A al Decreto Legislativo 654 – Código de Ejecución Penal que señala que el beneficio penitenciario de “liberación condicional” por edad permite que el interno con más de 75 años egrese del establecimiento penitenciario. Esto a fin de que prosiga su condena en su domicilio cuando el reo ha cumplido de manera efectiva un tercio de la pena, acredite lugar de residencia y sufra una enfermedad o su estado de salud sea de pronóstico delicado.
El proyecto especifica que los casos de liberación condicional por edad no serán aplicables a las normas que prohíben el otorgamiento de este beneficio por razón de delito, condena u otras circunstancias.
Otra excepción es que esta iniciativa no alcanza a los condenados por terrorismo, violación sexual o narcotráfico.
“Este es un proyecto personal que fue firmado de manera multipartidaria por los congresistas Salvador Heresi, Edwin Donayre, Marco Miyashiro y Sergio Dávila. Ellos me apoyaron. Es el momento de trabajar sin odios y venganzas, este proyecto de ley puede ayudarnos a voltear la página ya”, dijo Vieira a EXPRESO.
Por su parte, Edwin Donayre presentaría en breve un proyecto multipartidario que tiene en esencia lo mismo que el de Vieira, con la precisión de que está dirigido a desarrollar los beneficios penitenciarios de un arresto domiciliario para las personas que han combatido en la época del terrorismo.
Es decir, dirigido a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y los Comités de Autodefensa con 75 años de edad o más, aunque no beneficiaría a sentenciados por violación, terrorismo o narcotráfico.
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, sostuvo hoy que el gobierno no está negociando con la bancada de Fuerza Popular la libertad del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, a cambio de la aprobación de la ley de la reconstrucción del norte del país, que expuso esta mañana ante el pleno.
“Son temas totalmente independientes, es un tema técnico el de la reconstrucción y es otro tema que se pueda dar [el cumplimiento de una pena] en el domicilio. Son temas totalmente diferentes. Esto no es una negociación. Cada uno se deberá evaluar en su propio contexto”, dijo en declaraciones a la prensa.
Zavala precisó que el Ejecutivo no va a promover una ley de arresto domiciliario, sino que el presidente Pedro Pablo Kuczynski está abierto a evaluar las propuestas sobre ese tema que provengan del Parlamento, cuya mayoría está en manos de Fuerza Popular.
“El presidente no ha hablado de un indulto", subrayó Zavala.
Tal como señaló el último jueves durante la ceremonia por los 20 años de la operación Chavín de Huántar, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sostuvo ayer que “es momento de voltear la página”, aunque con la precisión de que en el país ahora debe haber un diálogo enfocado en asuntos urgentes, como la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias y huaicos.
“Creo que lo que significa [voltear la página] es olvidar y perdonar ciertas cosas, y sobre todo tener un diálogo alturado sobre las grandes prioridades del Perú”, dijo en una entrevista con RPP.
El mandatario indicó que las prioridades en este momento son: reconstruir el país con salud, terminar con el dengue que azota varias zonas en el norte, rehabilitar las casas y ayudar en un momento de extremo calentamiento global. “Tenemos que ponernos las pilas y estar listos para lo que se viene”, recalcó.
Del mismo modo, PPK expresó que coincide con el encarcelado ex mandatario Alberto Fujimori respecto a que los peruanos deben construir una agenda común de apoyo.
“Yo estoy de acuerdo con él. Ahora lo que me van a preguntar los periodistas es qué significa eso. Y vamos a hablar de eso en las próximas semanas mientras ponemos en marcha nuestro plan de reconstrucción”, destacó.
El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) consideró que el mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski es ambiguo e impreciso.
“Sus palabras dan para la especulación o para que cada uno las interprete a su manera. Si el presidente quiere disculparse de algo, que lo haga directamente. No es la forma en la que un presidente debe enviar un mensaje”, enfatizó en diálogo con El Comercio.
Para su colega de bancada Rolando Reátegui, es una obligación de un mandatario “dar señales positivas” y buscar el acercamiento con las fuerzas políticas. Como Becerril, opinó que el mensaje de PPK no fue del todo claro. “La verdad es que no sé qué cosa ha querido decir. El presidente se caracteriza justamente por no decir las cosas de la manera más explícita. Parece que la traducción del inglés al español no le da bien”, ironizó.
En tanto, los legisladores Carlos Bruce y Juan Sheput, voceros de Peruanos por el Kambio, consideraron que lo expresado por el mandatario fue prudente. Sin embargo, tienen opiniones diferentes acerca de a qué exactamente se refirió PPK con “olvidar y perdonar ciertas cosas”.
Bruce estimó que el jefe del Estado se refiere a los rezagos de la última campaña electoral y los primeros meses de su mandato, en los que hubo picos de tensión con el fujimorismo, primera fuerza en el Parlamento.
“No hay ninguna ambigüedad del presidente Kuczynski. Estamos hablando de que todos tenemos nuestra opinión respetable, pero debemos dejarlas de lado cuando están en juego los intereses del país. Eso no significa que dejemos de pensar como pensamos, sino que no dejemos que el pasado nos nuble la mente a futuro”, remarcó.
En cambio, Sheput anotó que el presidente Kuczynski apunta al 2021, año en el que el Perú celebrará los 200 años de la proclamación de la independencia. “El presidente es un hombre de Estado y cree que el Perú no puede llegar al bicentenario con peleas intestinas entre peruanos. El enfrentamiento no puede convertirse en una situación permanente”, explicó.
El analista político Enrique Castillo tiene una opinión distinta. “El gesto del presidente, de llamar a la unión y la concordia, lo deben apoyar todos los peruanos. Pero, por otro lado, sigue sin quedar claro a qué se refiere con voltear la página. Con el presidente nunca se puede saber si se trata de una estrategia o un desliz”, indicó a este Diario.
“Voltear la página”. El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) emitió esta expresión el último jueves durante una ceremonia de conmemoración de los 20 años de la operación Chavín de Huántar.
El propio ex presidente Alberto Fujimori comentó vía su cuenta en Twitter la frase emitida el jueves por Kuczynski. “El presidente Kuczynski propuso hoy voltear la página. ¡Tiene razón! Los peruanos debemos de construir una agenda común con apoyo de todos. Hay urgencia de atender a mucha gente desprotegida y de reconstruir carreteras, viviendas y puentes. Sugiero priorizar esos retos. Los peruanos debemos de empujar hacia el mismo lado. Ciudadanos, empresas y Estado hombro a hombro para reconstruir nuestra gran nación”, señaló el ex mandatario.
Consultado esta mañana al respecto, el presidente Kuczynski respondió: “Yo estoy de acuerdo con él. Ahora lo que me van a preguntar los periodistas es qué significa eso. Y vamos a hablar de eso en las próximas semanas mientras ponemos en marcha nuestro plan de reconstrucción”. Posteriormente, precisó: “Yo creo que lo que significa es olvidar y perdonar ciertas cosas y sobre todo tener un diálogo alturado sobre las grandes prioridades del Perú…”, sentenció.
¿Qué alternativas legales podría utilizar el gobierno para beneficiar al ex presidente?
1. Indulto
Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, si bien el presidente Kuczynski ha señalado que recurriría a una norma de carácter general sin nombre propio, el mandatario podría igual recurrir al indulto no solo de Alberto Fujimori sino de un colectivo de reclusos que compartan cierta condición como edad, enfermedad, años de cárcel, entre otros.
“Él ha dicho que va tomar una decisión con una norma general y no con nombre propio con lo que queda descartado el tema del indulto de forma individual. Podría recurrir al indulto pero que se incluyan a otras personas que tengan relación con el tema”, anotó.
El abogado penalista Carlos Caro, por su parte, dijo que para que el presidente otorgue un indulto de este tipo, tendría que fundamentar bien los motivos ya que no se ha visto una gracia presidencial que libere a personas condenadas por asesinato.
“La fundamentación del Ejecutivo para dar un indulto general debe ser acreditado. Ya se pidió un indulto que fue rechazado en el gobierno de Humala por la gravedad de los delitos. Sin embargo, al ser una gracia presidencial, al final del día, el presidente lo podría igual hacer”, dijo.
2. Beneficios penitenciarios
Por otro lado, Lamas Puccio manifestó que la otra posibilidad es que el gobierno promulgue una ley que ordene la excarcelación del ex presidente. Para ello, sostiene, se tendría que recurrir necesariamente al Congreso con mayoría fujimorista para aprobar el dispositivo legal.
“Puede ser una ley de carácter procesal o sustantivo. Se podría promulgar una ley que otorgue mayores beneficios penitenciarios como una liberación anticipada acogiéndose a ciertos beneficios”, explica.
No obstante, dijo que una norma de este tipo podría vulnerar tratados internacionales, ya que el ex presidente Fujimori ha sido condenado por delitos sumamente graves.
De la misma opinión es Caro, quien sostuvo que para darle beneficios penitenciarios al ex presidente Alberto Fujimori se tendría que modificar la ley. “Él [Fujimori] fue condenado por asesinato y secuestro agravado y no tiene derecho a ningún beneficio penitenciario. Eso tendría que ser modificado por el Congreso y hacer una reforma del Código Procesal Penal”, aseguró.
3. Arresto domiciliario
Respecto a un posible arresto domiciliario, Lamas Puccio dijo que con la normativa actual no es posible variar una condena de prisión efectiva a una de arresto domiciliario. Esta medida, señala, solo se aplica durante la etapa de juzgamiento. Sin embargo, aclara que esta norma podría ser aprobada por el Parlamento.
De la misma opinión es Caro, quien sostuvo que el arresto domiciliario como ejecución de la pena en el Perú no está regulado. “El arresto domiciliario sí existe en otros países pero no en el Perú. Actualmente, es solo una medida alternativa a la prisión preventiva. Se tendría que presentar una ley en ese sentido que modifique el Código Penal”, agregó.
La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a 111 interceptaciones telefónicas realizadas al ex presidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y el círculo más cercano de ambos.
Las escuchas revelan principalmente la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía, además de las coordinaciones por los aportes al Partido Nacionalista, hoy en investigación. Las interceptaciones se ejecutaron entre abril y junio del 2011 por orden de un juez en el marco de la investigación al último cabecilla de Sendero Luminoso, Florindo Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’ y sus posibles nexos con la ex congresista nacionalista y dirigente cocalera Nancy Obregón.
El contexto de las grabaciones, el 2011, era especial. Humala Tasso estaba entre la primera y la segunda vuelta de una reñida elección presidencial, mientras se desarrollaba un juicio por la supuesta compra de testigos en el caso de violación de derechos humanos en Madre Mía. Los acusados del soborno eran el suboficial EP Amílcar Gómez Amasifuén, quien participó en el levantamiento de Locumba, su primo Robinson Gómez Reátegui, y el mismo testigo Jorge Ávila Rivera quien –según la fiscalía- había recibido US$4 mil a cambio de retractarse.
Antes de cambiar su versión, Ávila había dicho que Humala era el “capitán Carlos”, jefe de la Unidad Contrasubversiva Madre Mía que lo secuestró, torturó, y también asesinó a su hermana Natividad y a su cuñado Benigno Sullca Castro en junio de 1992.
El suboficial Amílcar Gómez era, además de ex compañero y amigo de Humala, familiar de la esposa de Ávila, el presunto testigo comprado. Según la grabación del 11 de mayo del 2011 a las 7:42 a.m., Amílcar le dice a Ávila: “Hoy día te van a hacer el depósito sí o sí (…) antes del mediodía te está haciendo”.
Dos días antes, el 9 de mayo a la 11:48 a.m., Amílcar Gómez ya había coordinado con Julio Torres, asistente personal de Ollanta Humala, el envío del giro a la localidad de Aucayacu a nombre de Adriana, la hija de Jorge Ávila. La conversación empieza con Amílcar diciendo “no te olvides de hacer el giro (…) al mismo de Adri… Adriana”. Torres asintió: “…ya, ya, ya, ya”
En un tercer diálogo del 1 de mayo, a las 8:57 a.m., un hombre identificado como Julio Méndez, un maderero de Aucayacu, coordina con Amílcar Gómez pormenores de una citación judicial a la esposa del testigo, Irma Gómez. Julio Méndez afirma: “Oe, tengo aquí a la señora… del Jota (…) Dice que no quiere ir, tiene citación para el miércoles”. Agrega: “Este, no va a ir, dice, pero me está… que le envíe ya su pasaje para Jorge, uno… y dos (…) que le envíes para lo que va a gestionar para certificado Va a sacar un certificado de…de que no puede viajar”. Amílcar Gómez responde: “Pero ten en cuenta si es que mando certificado de que no va a poder viajar…este le van a volver, le van a citar para asistir, pues.”
Al día siguiente, el 2 de mayo a las 8:10 p.m. fue interceptada una llamada entre Humala y su asistente Julio Torres quien, en ese momento, se encontraba junto a Amílcar Gómez. Ollanta Humala le expresó a Amílcar su preocupación de que potenciales enemigos políticos puedan contactarse con testigos en Aucayacu.
Con aparente cuidado en sus palabras, sostiene que todo sería parte de una guerra sucia: “Eh…mira ahí me han mandado un… una… una información de que… quieren están… eh… están tratando de, dentro de la guerra sucia pues, están tratando de meterme en temas de lo…que…se metió…como se llama…este…Escorpión. Ese tema, ese tipo de temas en lo que abundaban en…en…Auca”. Humala pide tener cuidado: “De averiguarme de donde viene esto, no vaya a ser que… estén tratando de… comprar testimonios o de comprar cosas con mucho cuidado…”
Ollanta Humala ganó las elecciones el 10 de junio del 2011 y juró al cargo el 28 de julio. Dos semanas después, el 15 de agosto, la Segunda Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial presidida por el juez Aldo Figueroa absolvió a Amílcar Gómez Amasifuén y Robinson Gómez Reátegui del delito contra la administración pública corrupción de funcionarios en su modalidad de cohecho activo en agravio del Estado y también al testigo Jorge Ávila como cómplice primario. La Sala consideró que faltaban pruebas y que los acusados carecían de solvencia económica para comprar testimonios. Durante el gobierno de Humala, fue asignado por el Ministerio de Defensa al despacho presidencial. Estos audios, que por primera vez se hacen públicos, permanecieron guardados durante seis años en un cajón del despacho de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial en delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo del fiscal Marco Guzmán. Guzmán nunca entregó estas evidencias a la sala que el 2011 procesó a los colaboradores de Humala.
La Unidad de Investigación de El Comercio presenta las transcripciones de cuatro audios referidos a la compra de testigos del Caso Madre Mía, por el que se acusó al ex presidente Ollanta Humala de violar derechos humanos.
En 2009, la Corte Suprema archivó el caso debido a que testigos cambiaron su versión. Uno de ellos fue Jorge Ávila, quien en un principió acusó a Ollanta Humala de, bajo el seudónimo de 'Capitán Carlos', desaparecer a su hermana Natividad y a su esposo Benigno Sulca.
Por ese sorpresivo suceso, se acusó al suboficial EP Amílcar Gómez –amigo de Ollanta Humala, a quien acompañó en el levantamiento de Locumba– de haber pagado US$ 4 mil a Jorge Ávila para que cambie su versión, además de haber ofrecido sobornos a otros testigos. Sin embargo, en agosto de 2011 Gómez fue absuelto.
A continuación, presentamos las transcripciones de cuatro audios que tienen como protagonistas a Amílcar Gómez, Jorge Ávila y al entonces candidato presidencial Ollanta Humala.
AUDIO 1: Jorge Ávila coordina con Amílcar Gómez la entrega de dinero.
Fecha: 11 de mayo de 2011 Hora: 7:42 a.m.
Jorge Ávila: Primo.
Amílcar Gómez: Dime.
Jorge Ávila: Oye, ya, ¿a qué hora va ser? Temprano, cholo, ah.
Amílcar Gómez: Sí, sí, sí, ta, te, uhm… yo ya le he dicho, hoy día te van a hacer el deposito sí o sí.
Jorge Ávila: Ya oye, porque el pasaje realmente acá ya… pucha, con este… se agota. Pucha, hay que ir hasta Tingo, toda esa vaina.
Amílcar Gómez: Ya antes del mediodía te está haciendo, ya.
Jorge Ávila: Ah, ahorita voy a hacerle presente a mi hija, ya. Entonces ya, pero seguro pues, seguro.
Amílcar Gómez: Sí seguro, seguro. Yo hablé ya.
Jorge Ávila: Ya.
Amílcar Gómez: Ya, ya Jorge. Ok. Hablamos, chau, chau, ya.
AUDIO 2: Amílcar Gómez exige a Julio Torres, asistente de Ollanta Humala, enviar el giro a Adriana, la hija del testigo Jorge Ávila.
Fecha: 9 de mayo de 2011 Hora: 11:48 a.m.
Amílcar Gómez: Aló.
Julio Torres: Ya, aló.
Amílcar Gómez: Ya, no te olvides de hacer el giro para… para ese punto, ah, para que venga. (…)
Julio Torres: Sí.
Amílcar Gómez: No te olvides de hacer el giro, ah.
Julio Torres: ¿Qué giro?
Amílcar Gómez: Para Aucayacu.
Julio Torres: Pucha madre, con esa huevad… oye, ya me tienen huevón con eso, oye. ¿Quién va hacer eso?
Amílcar Gómez: No sé pues compadre, ¿a mí qué me dices, ah?
Julio Torres: ¿Cómo que no sé, huevón?
Amílcar Gómez: Ya pues, huevón, este al mismo de Adria… Adriana. Listo. Nada más.
Julio Torres: Ya, ya.
Amílcar Gómez: Listo, ya hablamos.
AUDIO 3: Julio Méndez, amigo del testigo, conversa con Amílcar Gómez, sobre preocupación de la esposa de Jorge Ávila de declarar en su contra.
Fecha: 1 de mayo del 2011 Hora: 8:57 a.m.
Julio Méndez: Oe tengo aquí a la señora del… Jota.
Amílcar Gómez: Ya.
Julio Méndez: Dice que no quiere ir. Tiene citación para el miércoles, creo.
Amílcar Gómez: Ya, claro. (…)
Julio Méndez: Este no va a ir, dice, pero me está… que le envíe ya su pasaje para Jorge uno… y dos, este… cómo se llama, que le envíes para lo que va a gestionar para certificado, dice. Va a sacar un certificado de… de que no puede viajar.
Amílcar Gómez: Pero ten en cuenta si es que mando certificado de que no va a poder viajar… este le van a volver, le van a citar para asistir, pues. Es una cosa muy, muy distinto.
Julio Méndez: Ah ya, o sea que ella no puede ir porque no debe. No puede declarar en contra de su esposo.
Amílcar Gómez: Claro, simplemente este… no… que no mande ningún escrito, porque si ella manda un, algún escrito… le van, le van a, este, citar, o sea le van a citarle pa’ otra fecha.
Julio Méndez: Ya por eso el hecho de ser testigo contra su esposo le ampara que ella no, no (ininteligible).
Amílcar Gómez: Claro (ininteligible), en principio si quiere. Si quiere, bien. Si no quiere no, no viene.
Julio Méndez: Ah ya.
AUDIO 4: Humala muestra preocupación de que potenciales enemigos políticos puedan contactar con testigos de Aucayacu.
Fecha: 2 de mayo de 2011 Hora: 8:10 p.m.
Julio Torres: Aló.
Ollanta Humala: Pásame con el flaco.
Amílcar Gómez: Aló. (…)
Ollanta Humala: Eh… mira ahí me han mandado un… una… una información de que… quieren están… eh… están tratando de, dentro de la guerra sucia, pues. Están tratando de meterme en temas de lo… que… se metió… como se llama… este… Escorpión.
Ollanta Humala: Ese tema, ese tipo de temas en lo que abundaban en… en… Auca.
Amílcar Gómez: Ya, ujum…
Ollanta Humala: Me entiendes.
Amílcar Gómez: Sí, sí, sí.
Ollanta Humala: Ya y… me han dicho que están tratando de… de vincularme a mí en esta campaña, hay guerra sucia. Ya empezó ese señor periodista.
Ollanta Humala: Y ahora quieren vincularme por ahí, ¿no?
Ollanta Humala: Entonces hay que tener cuidado, ¿no?
Ollanta Humala: De averiguarme de dónde viene esto, no vaya a ser que… estén tratando de… comprar testimonios o de comprar cosas. Con mucho cuidado pregúntale, como la Pacucha debe tener familia, ¿no?
Amílcar Gómez: Sí. (….)
Ollanta Humala: Y hay que, hay que tener mucho cuidado con que… no les involucre. No les metan a ellos porque estos con tal de destruirme van a destruir honras a ellos a la… Pacucha.
Amílcar Gómez: Ujum… (…)
Ollanta Humala: Entonces hay que averiguar qué saben ellos sobre esas cosas. No vaya a ser que se los hayan comprado también.
Amílcar Gómez: Ya, ya okey.
Ollanta Humala: No puedes confiar de ellos, por eso tienes que ir con mucho tacto.
Una de las razones por las que el juez Carlos Sánchez ordenó levantar el secreto de las comunicaciones de la ex primera dama Nadine Heredia, a petición del fiscal Reinaldo Abia, es determinar si existió una comunicación entre esta y el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, en el marco de la licitación del Gasoducto Sur Peruano.
Según la resolución, a la que accedió El Comercio, en octubre del 2013, se habría dado una llamada entre la esposa del ex presidente Ollanta Humala y Barata, quien ante la fiscalía peruana indicó que entregó US$3 millones de dólares a nombre de la constructora para financiar la campaña del nacionalista en el 2011.
De acuerdo al mismo documento, Barata, en esta conversación, le pidió que retrase el inicio de la licitación internacional del gasoducto, porque Odebrecht no estaba aún preparado.
“Se podrá lograr determinar la posible coordinación y/o comunicación que habría existido entre la investigada Nadine Heredia y Jorge Barata, quien se habría comunicado en octubre del 2013 con la mencionada investigada a efecto de solicitarle retrase el inicio de la licitación internacional, pues no se encontraban preparados”, se lee en el fallo.
El colaborador con TR-01-3D2FPCECF-2016 indica, además, que a fines del 2014 las coordinaciones entre la ex primera dama y el ex representante de Odebrecht “eran más frecuentes con el fin de eliminar a la empresa competidora”.
También se propone identificar si en el 2013 existieron llamadas entre la esposa del ex presidente Ollanta Humala con María del Rosario Patiño Tamayo, ex integrante del Comité Proseguridad Energética de Pro Inversión que otorgó la licitación a Odebrecht.
“Según señala el testigo reservado, esta (Patiño Tamayo) fue designada como miembro del comité por Nadine Heredia, quien le señaló que ella era sus ojos y oídos dentro del comité”, se explica.
Tras las pesquisas realizadas por el fiscal Abia, según el documento, se ha llegado a evidenciar que entre enero del 2011 y diciembre del 2015 “coexistieron de manera paralela dos proyectos sobre lo mismo”. Es decir, para la construcción de ductos para transportar gas en el sur del país.
El primero, a cargo de la empresa Kuntur Transportadora de Gas SAC. (2008), que venía del gobierno del ex presidente Alan García pero que no se llegó a ejecutar cuando Ollanta Humala asumió la presidencia (2011).
Kuntur renunció al proyecto y Humala Tasso promulgó la Ley 29970 que dio pie al concurso público “Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", que ganó el Consorcio Gasoducto Sur Peruano (conformado por la empresa Odebrecht y Enagas).
Aquí, el fiscal recuerda la existencia de “noticias criminis” (noticias criminales), dando cuenta que previo a las elecciones del 2011, tanto Jorge Barata como Marcelo Odebrecht, habrían realizado aportes al Partido Nacionalista y a Nadine Heredia.
Finalmente, se adjuntó el informe de auditoría Nro. 937-2015-CG/MPROY-AC, elaborado por la misma entidad, en el que se da cuenta de una serie de hechos irregulares en la concesión de dicho proyecto de inversión.
Publicado por Jorge Morelli en 16:38 No hay comentarios:
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 artículo 7
 artículo 3
 Artículo 49