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TRAS LA REFORMA 2011:
ANÁLISIS COMPARADO DE LA LEY CONCURSAL
CON LA LEY 38/2011 DE REFORMACARLOS JAVIER MUÑOZ MONTAGUTValencia, 2012Copyright ® 2012
tirant.com).Colección dirigida por:Enrique Sanjuan y Muñoz
MagistradoAna Belén Campuzano
Catedrática de Derecho Mercantil© CARLOS JAVIER MUÑOZ MONTAGUT© TIRANT LO BLANCH
I.S.B.N.: 978-84-9033-001-2
no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas.Carlos Javier Muñoz Montagut, (Valencia, 1967)
Abogado, Economista, Auditor-Censor Jurado de Cuentas, Administrador concursal, Máster en Tributación, Programa de Postgrado en
ESADE, AMP por el IE Business School. Desde 1990 ha pertenecido a
diversos despachos de auditoría y bufetes de abogados. En la actualidad es socio director de MUÑOZ-FRESCO Abogados/Asesores Fiscales/
Auditores. Colaborador habitual con diversos centros universitarios y
en prensa divulgativa y especializada.A mi mujer, Susana y a mis tres hijos,
por su paciencia y comprensi贸n.SUMARIO
Introducción ...............................................................................131. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
1.1. Tratamiento legal del órgano: la importancia de la administración concursal ..................................................
1.2. Condiciones subjetivas de los distintos miembros profesionales .......................................................................
1.3. La inclusión en las listas ................................................
1.4. Las sociedades de profesionales versus sociedades
profesionales ................................................................
1.5. El administrador concursal acreedor ............................172. INCAPACIDADES INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES ......................................................................................
2.1. Las limitaciones al nombramiento de los administradores concursales ..............................................................
2.2. Algunas cuestiones polémicas en torno a las incompatibilidades: la vinculación profesional con el deudor o
persona especialmente relacionada ..............................
2.3. La incompatibilidad por vinculación entre profesionales
personas naturales o jurídicas........................................
2.4. Reflexiones sobre el límite al número de nombramientos y el polémico sistema de listas .................................
3. LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRACIONES CONCURSALES ...........................................................................
3.1. Marco legal: naturaleza del derecho de crédito y ámbito subjetivo......................................................................
3.2. La regla de limitación y su relación con la de exclusividad. Especial referencia a su problemática en los
procedimientos con órgano unipersonal ........................
3.3. El nombramiento de expertos independientes y auxiliares delegados. Régimen y efectos en la retribución
de la administración concursal.......................................
3.4. Alcance de la regla de exclusividad ..............................
3.5. Tratamiento legal de la retribución del administrador
concursal acreedor.........................................................
3.6. El pago de la retribución: análisis jurisprudencial..........
3.7. El problema de los concursos sin masa.........................
3.8. Tratamiento tributario de la retribución de los administradores concursales ......................................................
3.9. Reglas de cálculo de la retribución en virtud del RD
1860/2004 .......................................................................17
4. LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL .......................................................................................
4.1. Informe de la administración concursal, en fase común
4.2. Durante la fase de convenio ...........................................
4.3. Durante la fase de liquidación ........................................
4.4. Durante la sección de calificación .................................
4.5. Facultades de la administración concursal ....................Sumario137
1445. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES
CONCURSALES ..................................................................
5.1. La acción de responsabilidad ........................................
5.2. La responsabilidad tributaria de la administración concursal ..............................................................................
5.3. La separación como consecuencia de la acción de responsabilidad de la administración concursal.................154Conclusión...................................................................................
Bibliografía ..................................................................................
Abreviaturas ................................................................................157
152INTRODUCCIÓN
La Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, marca un punto
de inflexión en el tratamiento de la problemática jurídico económica en materia relativa al deudor en crisis. En una sola ley se
consiguen regular los aspectos sustantivos y procesales, a la
vez que se unifican los procedimientos por razones objetivas,
es decir, el deudor concursado y todo el procedimiento se enmarca en lo que se denomina concurso de acreedores.
El legislador diseña el proceso concursal de modo semejante, en lo que a su trámite se refiere, al procedimiento monitorio.
Se inicia sin la existencia de un título que lo justifique pero éste
se configura durante su tramitación como, por ejemplo ocurre
cuando se utiliza un recibo impagado por un deudor a tal efecto.
Sin embargo, en el procedimiento concursal el título se conforma desde dentro del propio procedimiento, no es externo,
ya que aquél paraliza los demás procedimientos, con escasas
excepciones, en las que algunos procedimientos pueden continuar hasta que se dicte sentencia pero queda en suspenso
su ejecución, ya que lo que se pretende es englobar a la totalidad de acreedores, sin que sea preceptiva su intervención con
abogado y procurador. Desde esta perspectiva, la legislación
concursal, aun albergando antinomias en ocasiones difíciles de
reconducir, tiene ciertamente dosis de genialidad, por su practicidad y la flexibilidad que otorga para la resolución de situaciones complejas.
En este contexto, el juez se presenta como el primer órgano,
desde el punto de vista temporal, de un procedimiento fuertemente teñido de componentes económicos y contables y donde
no es posible apoyarse en pruebas o periciales que le permitan
conformar un título válido. Es la razón de que el legislador cree
la administración concursal, segundo órgano en el tiempo, que
teniendo competencias propias interviene en la conformación
Es precisamente el informe de la administración concursal
el que finaliza el título y lo llena de contenido, al ser la memoria
junto con el inventario y la lista de acreedores absolutamente
fundamentales para determinar todo el proceso y, en particular,14Carlos Javier Muñoz Montagutla composición de la masa pasiva y el orden de prelación en
la satisfacción de las deudas y el activo del deudor que será
aplicado al pago de dichas deudas.
La naturaleza independiente de la administración concursal,
tanto con el órgano jurisdiccional y con terceros o con el deudor, como entre los propios miembros en caso de órgano mancomunado, obedece a que aquélla representa los intereses de
los acreedores. El reparto de competencias (a diferencia de la
Junta de acreedores que no tiene la cualidad de órgano pues
no ejerce competencias) entre el juez del concurso y la administración concursal, ambos son los dos únicos órganos del procedimiento según la Exposición de Motivos de la Ley, no priva
de total independencia a este órgano estatutario que, aunque
su labor pueda ser entendida como apoyo al juez del concurso,
es realmente de representación de los acreedores, entendida
ésta, no en sentido técnico, sino como una forma de compartir
su interés o sensibilidad y que subyace a la designación, en el
caso de órgano colegiado, del administrador acreedor.
Eso es lo que justifica que los actos de la administración
concursal no sean recurribles ante el juez. Sin embargo, hábilmente, el legislador crea una institución novedosa en materia
de insolvencias, el incidente concursal, permitiendo que los actos de la administración concursal sean revisables, mediante
la interposición de una demanda incidental, para que la administración concursal se sitúe en régimen de igualdad con quien
impugna la decisión o acto, dejando de actuar estatutariamente
para pasar a hacerlo procesalmente.
Veremos a lo largo de nuestro trabajo que, cuando se interponen incidentes concursales impugnando acuerdos de la
administración concursal, se demanda a ésta y al deudor concursado, representando la administración concursal los intereses de los acreedores, lo que exige de ésta una cualificación
profesional que la aplicación de la Ley no siempre garantiza.
Esa defensa de los intereses de aquellos perjudicados en el
procedimiento es el hilo conductor de todo el proceso, tanto si
se opta por la solución concordada como la liquidatoria. Desde
el informe de la administración concursal a que nos hemos referido, pieza clave del concurso, hasta la conclusión del mismo,
la administración concursal tiene una serie de deberes lógicos
con esa obligación de defensa y relacionados con el propio in-La Administración Concursal tras la Reforma 201115forme cuales son: preservar la masa activa, reintegrar activos,
valorar si la opción continuista es preferible para los intereses
de los acreedores, liquidar la sociedad si procede, calificar el
concurso y rendir cuentas, entre otros. Todas las obligaciones
citadas se tratarán en el presente trabajo, al objeto de clarificar
cual es el alcance de las funciones de este importante órgano
No negaremos que, la juventud de la ley concursal y por
qué no decirlo el tremendo abanico de situaciones a los que la
administración concursal deberá hacer frente en el seno de un
procedimiento concursal, incluso de naturaleza abreviada, sitúa
en situaciones complejas a este órgano que, fruto de algunos
inconvenientes prácticos y lagunas de nuestra norma, tendrá
que hacer gala de no pocas dosis de improvisación, como por
ejemplo en la venta anticipada de activos o la posibilidad de
solicitar el archivo en los concursos sin activo.
Es la intensidad de la crisis económica que asola nuestro
país y la economía mundial en general, junto con esa relativa
juventud de la normativa concursal, la que dota, si cabe, de mayor importancia la labor del administrador concursal en la que,
desde estas líneas, nos proponemos profundizar.
El proyecto de reforma de la Ley Concursal pretendía agilizar
el procedimiento a la vez que ser un instrumento impulsor de las
alternativas de continuidad de las empresas en crisis frente a la
recurrente opción liquidatoria. La Ley 38/2011, de reforma de la
Ley Concursal, pretende tener un alcance global, corrigiendo
errores de enfoque y colmando lagunas legales, simplificando
el procedimiento, reduciendo sus costes al tiempo que enfatiza
la importancia de los administradores concursales, reforzando
los requisitos para ejercer tal función e incrementando su profesionalización, dando cabida a las sociedades de profesionales
como instrumento para favorecer la integración de los diversos
profesionales en la administración concursal que garanticen el
Sin embargo, en la práctica, las exigencias de reducción
de plazos y el afán por la regulación de un verdadero procedimiento abreviado que solucione lo que la doctrina ha calificado
como el «problema temporal» de nuestro Derecho concursal,
evitando que las soluciones se retrasen en el tiempo, se prevén
de difícil aplicación.16Carlos Javier Muñoz MontagutEn esa línea, la administración concursal tendrá que hacer
un especial esfuerzo para reducir los plazos del procedimiento,
con un papel y responsabilidad notablemente reforzados con
la reforma de 2011, estando sujeta a un estricto régimen de
responsabilidades que exige gran dedicación que, en muchas
ocasiones, no es objeto de contraprestación y sin que, en la
práctica, se haya resuelto el problema mediante la garantización de su retribución.1. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN
1.1. Tratamiento legal del órgano: la importancia de la
El Título II de la Ley Concursal pretende regular el estatuto
jurídico de la administración concursal en su integridad, de ahí
su denominación «De la administración concursal». Por su parte, el artículo 183 de la Ley, que alude a las distintas secciones
en las que se divide el procedimiento, dispone que la sección
segunda comprenderá todo lo relativo a la administración concursal, es decir, a su nombramiento, al estatuto de los administradores concursales, a la rendición de cuentas y, en su caso, a
la responsabilidad de aquéllos.
No obstante, no sería riguroso afirmar que todas las actuaciones en relación con el estatuto jurídico de la administración
concursal quedan ordenadas en la sección segunda ya que el
propio nombramiento de los administradores concursales ex
artículo 21.1.2.º de la Ley Concursal se recoge en el auto de
declaración de concurso, que se incluye en la sección primera
y cuyo testimonio encabezará todas las demás secciones del
Evidentemente, el contenido del Título II de la ley no es coincidente con la sección segunda, ya que aquél regula el nombramiento y estatuto jurídico de los administradores concursales mientras que las actuaciones de éstos son múltiples y se
encuentran recogidas a lo largo de todo el articulado de la Ley.
Según reputados autores1 se echa en falta un capítulo que establezca cuales son las facultades de los administradores concursales, y la rendición de cuentas se omite en el Título II, de
forma, cuanto menos, poco sistemática.
Hasta la reforma de 2011, el artículo 27 de la ley disponía
que la administración concursal debía estar integrada por tres
miembros, a saber, dos profesionales y un acreedor. Respecto1PULGAR EZQUERRA, J. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Dykinson, 2004, p. 526.18Carlos Javier Muñoz Montaguta los profesionales el legislador, dada la doble vertiente jurídico
económica del proceso, prescribía que el órgano debía estar
compuesto por una abogado y por un profesional de la economía, contabilidad y finanzas, aludiendo a la posibilidad de que
el cargo sea ocupado por un auditor de cuentas, economista o
titulado mercantil colegiados. En ambos casos la norma exigía
una experiencia mínima de cinco años, exigencia a la que subyace la necesidad de un expertise que permita evitar dilaciones
en el proceso con ocasión de los variados problemas que se
prevé que surjan en una empresa en crisis.
Con la derogada ley de suspensiones de pagos y quiebras,
los tres interventores judiciales eran profesionales, nombrados
por el juez a su criterio, dos necesariamente auditores y el tercero acreedor del primer tercio del pasivo. Si el acreedor era
una entidad designaba a una persona física. En el caso de las
quiebras, el juez designaba un comisario y un depositario y los
acreedores elegían a tres síndicos. En la práctica se tendía a
que, mayoritariamente, los profesionales designados, en todos
los casos, fuesen auditores de cuentas, otorgando una importancia residual a los letrados, salvo para el asesoramiento externo en algunos casos.
La ley 22/2003, previa a su reforma, cambió radicalmente el
planteamiento existente en la regulación de las suspensiones
de pagos y las quiebras, persiguiendo un equilibrio en cuanto a las cualificaciones profesionales de los integrantes de la
administración concursal se refiere, para algunos un equilibrio
inestable y efímero en la medida en que el mayor peso de los
profesionales económicos podía marcar la pauta2. Además el
supuesto equilibrio no eximía de dificultades ya que, la gran
heterogeneidad del órgano (cada tipo de profesional se sujeta a
normas técnicas distintas y formas de trabajar bien diferentes),
podía ser el caldo de cultivo de discrepancias a la hora de tomar decisiones o hacer valoraciones e informes3. En cualquier
caso, las decisiones debían tomarse atendiendo al carácter colegiado del órgano (aunque quedaba patente la preferencia del23CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 382.
PULGAR EZQUERRA, J. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Dykinson, 2004, p. 531.La Administración Concursal tras la Reforma 201119legislador por los profesionales de la economía4) consignándolas en las actas a que hacía referencia el artículo 35.4 LC, actualmente 35.3 LC (donde ya no se exige que el libro se legalice
ante el secretario judicial, bastando papel común), y con las
consecuencias que de ello se derivan a efectos de responsabilidad ex artículo 36.2 LC, sin olvidar el carácter economicista
del órgano al ser mayoría de miembros profesionales de formación económica y por supuesto, el interés de la masa5 y teniendo en cuenta que la ley no atribuye competencias exclusivas a
los miembros de la administración concursal6.
La reforma de 2011 da un giro radical al planteamiento inicial, bajo la premisa de intentar abaratar los costes del proceso
al tiempo que agilizar, a toda costa, la finalización del mismo.
Así, el artículo 27, en su nueva redacción, elimina, en términos
generales, el carácter colegiado del órgano, que pasará a estar
constituido, salvo casos excepcionales, por un solo miembro,
lo que puede ser problemático en un procedimiento complejo7,
sin que varíe la cualificación profesional exigida anteriormente,
pero incidiendo en la necesidad de que la acreditación de la experiencia deberá complementarse con la prueba de formación
especializada en el ámbito concursal. No por ello se prescinde
de la necesidad de poner de manifiesto el compromiso de continuidad en la formación, pero se elimina la prueba diabólica que
contemplaba la norma modificada ya que se exigía la acreditación, cosa imposible, de dicho compromiso. Alternativamente
el legislador da entrada explícitamente a las personas jurídicas,
si bien ya se contemplaban en la norma modificada, en las que
se integre, al menos, un abogado y un economista, titulado o
auditor, cuyo representante deberá cumplir, ex artículo 30, las4567CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 382.
PULGAR EZQUERRA, J. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Dykinson, 2004, p. 532.
CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 381.
En los trabajos prelegislativos el órgano unipersonal se preveía para los
procedimientos abreviados. Es la enmienda 204 del Grupo Parlamentario
Socialista la que introduce este cambio, que se justifica en el apartado VII
del preámbulo de la Ley como una forma de ahorro y de dotar de agilidad
al procedimiento, alineándolo con el de otros países.20Carlos Javier Muñoz Montagutcondiciones de los profesionales personas físicas recogidos en
el primer apartado del artículo 27.
Sólo en el caso de concursos, ordinarios, de especial trascendencia, a los que luego nos referiremos, el juez nombrará,
de entre los acreedores del concurso, además del administrador concursal previsto, a un segundo administrador, otorgando
al órgano carácter mancomunado ex artículo 35.2, el mismo carácter que tenía el órgano cuando, desde la reforma de 2009,
el juez entendía necesario designar a dos administradores concursales en los procedimientos abreviados.
De la constante presencia del órgano en todas las fases del
procedimiento y de la completa cualificación del mismo por mor
de su composición ex lege viene deducida su importancia en
el proceso. Si bien el artículo 186 de la Ley Concursal dispone
que declarado el concurso se impulsará de oficio y el artículo
187 extiende todas las facultades al juez para practicar todas
las diligencias que estime oportunas y por tanto lo erige en el
responsable de la tramitación del procedimiento, no por ello la
administración concursal pasa a ser un órgano subordinado al
jurisdiccional, sino que el órgano jurisdiccional y el estatutario
(la administración concursal) gozan de un mismo estatus en
cuanto a su relevancia en el procedimiento, siendo complementarios y con funciones y competencias autónomas y propias8.
Incluso un sector de la doctrina entiende que la administración
concursal es más importante, si cabe, en cuanto a los objetivos que se pretenden de sus funciones, que el propio juez. No
llegaremos tan lejos pero si podemos afirmar sin ofender a la
razón que la notable importancia de las competencias de la administración concursal son las que exigen y explican el estricto
régimen de incompatibilidades y responsabilidades y, en todo
caso de cualificación en la medida que va a actuar como órgano auxiliar del juez, quien, en su función supervisora podrá, en
cualquier momento, requerir a todos o alguno de los administradores concursales una información específica o una memoria
sobre el estado de la fase del concurso (art. 35.4 LC, antes 35.6
LC). El órgano, mancomunado cuando es pluripersonal, adopta
una naturaleza dual que condensa las funciones de administra8PRESENCIA CRESPO, F. Seminario: Problemática de la actuación concursal en
empresas constructoras. COEV, Valencia, 6 de mayo de 2008.La Administración Concursal tras la Reforma 201121ción y representación del deudor y al tiempo de la masa9. Se
conjuga la dependencia, rectius, la naturaleza auxiliar, del juez
con la autonomía propia. Sin embargo, desde el momento en
que la administración concursal se configura como un órgano
especializado y cualificado para analizar la insolvencia, valorar
y evaluar la posible viabilidad del negocio del deudor y del convenio, estudiar planes de enajenación de activos, determinar la
clasificación de los créditos e informar acerca de posibles acciones de reintegración, de responsabilidad y de culpabilidad,
entre otros, puede resultar poco atrevido adverar que el papel
del juez pasa a un segundo plano, sin dejar de ser el órgano
rector del procedimiento, interviniendo sólo en las cuestiones
de mayor trascendencia además de su cometido procesal fundamental a través de la emisión de sentencias.
La enorme responsabilidad que por ministerio de la ley se
otorga al juez para el nombramiento de un órgano de tanta importancia supone, en la práctica, que ante la declaración de
concursos que revistan cierta complejidad, deban ser elegidos
profesionales con solvencia reconocida y, en definitiva, de confianza del juez en el sentido profesional del término10. Algunos
autores plantean dos opciones respecto a la elección de los
profesionales por el juez. Por un lado seguir estrictamente el
orden de las listas o por otro, proceder a un sorteo, ambos con
el propósito de ofrecer igualdad de oportunidades y reducir la
discrecionalidad y las presiones que se pudieran producir en
torno al juez11. De hecho el Consejo General del Poder Judicial
aprobó un Protocolo de designación automática de los administradores concursales, similar al de los peritos judiciales, que
elimina totalmente la discrecionalidad del juez y que por tanto
incurre en ilegalidad ya que la propia Exposición de Motivos de
la LC otorga al juzgador una amplia discrecionalidad12.9101112PULGAR EZQUERRA, J. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Dykinson, 2004, p. 531.
TIRADO MARTÍ, I. en ROJO-BELTRÁN (Directores). Comentario de la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Thomson-Civitas, 2004, p. 574.
CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 393.
TIRADO MARTÍ, I. Los administradores concursales. Cizur Menor, Navarra,
Aranzadi, 2005, pp. 400 y 401.22Carlos Javier Muñoz MontagutSin embargo, para que los profesionales que actúan sean
de confianza del juez, es necesaria la existencia de libertad de
elección que se otorga a aquél en el marco de unas limitaciones
legales, configurando lo que se ha denominado un sistema mixto13. Esto genera cierto desasosiego entre aquellos profesionales que desean ser designados y nunca lo son por falta de solvencia en la materia. No olvidemos que, aunque como veremos
al tratar las prohibiciones del artículo 28 LC el legislador establece un número máximo de nombramientos en el caso de que
existan suficientes personas disponibles para ocupar el cargo,
esta limitación se puede interpretar restrictivamente, de acuerdo a un criterio voluntarista, argumentando que para el grado
de dificultad o de especialización sectorial de un procedimiento
determinado el juez necesita designar a un administrador, pues
no dispone de otro de esa necesaria solvencia, aunque se exceda el límite legal. En ese sentido, la nueva redacción del artículo
27 dispone, en su apartado 4, que las designaciones deben ser
acordes con una distribución equitativa pero deja a la discrecionalidad del juzgador la posible designación de administradores
concretos en virtud de su expertise o formación específica. Del
mismo modo, si bien la norma preceptúa que sólo podrán ser
designados en concursos ordinarios quienes acrediten su participación, como administradores o auxiliares, en otros ordinarios
o, al menos, en tres abreviados, el juez podrá, motivadamente,
obviar este requisito, en atención a las circunstancias concretas
del concurso. No obstante, es requisito previo el cumplimiento
de lo dispuesto en el 27.1 LC, es decir, el Juez podrá nombrar,
por ejemplo, a un abogado en un concurso ordinario aunque
no haya participado en tres abreviados si considera que es
adecuado para el cargo, pero en todo caso es preceptivo que
conste en las listas y acredite formación especializada y cinco
años de experiencia profesional14.1314PULGAR EZQUERRA, J. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Dykinson, 2004, p. 538.
Pensemos en la problemática situación de, por ejemplo, un abogado del
Estado, al que se presupone preparado, que acaba de solicitar la excedencia y solicita su inclusión en las listas, sin formación especializada ni
ejercicio profesional.La Administración Concursal tras la Reforma 201123En términos de economía procesal, de seguridad jurídica
y teniendo presente las dificultades que se pueden presentar
en un proceso concursal voluminoso, no podemos sino afirmar
la necesidad de que el administrador concursal inicie su formación en procedimientos sencillos. Además para flexibilizar
los nombramientos y evitar en lo posible este problema es imprescindible la existencia de un proceso de formación continua,
avalado y homologado por instituciones competentes que garantice que el acceso a la función de administrador concursal
conlleva una criba académica previa, siendo un valor añadido
la especialización por sectores.1.2. Condiciones subjetivas de los distintos miembros
En palabras de TIRADO MARTÍ «la administración concursal es
un modelo de profesionales no profesionalizados»15, es decir
una estructura semi abierta, semi-profesional porque no es por
mitad16, compuesta mayoritariamente por profesionales pero
que ejercen cada uno sus capacidades de forma que éstas se
interrelacionan en el seno del órgano, pero en ningún modo este órgano como tal se funcionariza, lo que se ha denominado
órgano profesionalizado por adicción, a diferencia del profesionalizado. Las aptitudes exigibles a cada uno de los componentes del órgano se recogen únicamente en la Ley Concursal y se
hace de un modo ciertamente vago e impreciso. Evidentemente, esta concepción queda desvirtuada, en cuanto a su composición, con la reforma de 2011, que configura un órgano unipersonal, no así en cuanto a su naturaleza, pues, en el supuesto
de dos miembros al menos uno sigue siendo profesional (en
el caso de sociedades lo es su representante), pudiendo ser
profesional también el segundo administrador, que representa
al acreedor, en determinados casos.
Respecto al abogado, con la reforma de 2011 el legislador
exige una experiencia mínima de cinco años de «experiencia1516TIRADO MARTÍ, I. en ROJO-BELTRÁN (Directores). Comentario de la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Thomson-Civitas, 2004, p. 573.
CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 38124Carlos Javier Muñoz Montagutprofesional efectiva»17, (antes «ejercicio efectivo», requerimiento que en el proyecto de reforma de la Ley Concursal se había
eliminado) sin que sea necesario que se haya desarrollado en
el lugar donde se desarrolle el procedimiento18, plazo muy corto
para conocer la realidad jurídica tras obtener la licenciatura o
actual grado19 (algunos autores como TIRADO MARTÍ entienden
incluso que, en la norma modificada, no era exigible, según la
dicción literal, que exista tal experiencia de forma inmediata,
al exigirse los requisitos subjetivos en el momento del nombramiento, lectura que no compartimos al no tener encaje en una
interpretación teleológica de la norma)20. Llamaba la atención,
sin embargo, antes de la reforma, que dada la complejidad de
las funciones encomendadas al administrador concursal, no se
exigiera una cualificación más especializada y acorde con el
procedimiento. El legislador añade, con la reforma, la importante exigencia, aunque poco precisa, de haber acreditado
formación especializada en el ámbito concursal. Entendemos
que hace referencia a la asistencia a cursos y seminarios, que
mediante lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 27 permitirá
que los designables puedan solicitar la inclusión en las listas de
su experiencia así como de sus conocimientos y formación. Los
colegios y corporaciones deberán habilitar sistemas, inexistentes hasta la fecha, de control de formación y experiencia para
canalizar esa información a los decanatos de los juzgados.17181920La enmienda número 105 del Grupo Parlamentario Popular del Congreso
proponía que la experiencia, tanto del abogado como del economista,
auditor o titulado fuera de diez años, quince en el caso de concursos de
especial relevancia. Sin embargo la enmienda 205 del Grupo Parlamentario Socialista no exigía experiencia alguna. Finalmente el legislador ha
optado por un término intermedio.
TIRADO MARTÍ, I. en ROJO-BELTRÁN (Directores). Comentario de la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Thomson-Civitas, 2004, p. 575.
CORDÓN MORENO, F. (Director) y otros. Comentarios a la Ley Concursal. Tomo I. 2.ª edición. Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, p. 384.
TIRADO MARTÍ, I. en ROJO-BELTRÁN (Directores). Comentario de la Ley Concursal. Tomo I. Madrid, Thomson-Civitas, 2004, p. 576. Podría darse, por
ejemplo, que el candidato tenga muchos años de experiencia pero el año
inmediato anterior estuviera de baja, siendo el juez quien deberá valorar
la oportunidad de la designación.All pages:347891011121314151617181920InfoSaveLikeShareDownloadMore1_9788490330012 Published on Jun 28, 2013 tirantloblanchFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: resolución 
 artículo 183

artículo 21
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 27
 artículo 30
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 186
 artículo
187
 artículo 28
 artículo
27
 artículo 27