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Timestamp: 2017-06-24 17:14:05+00:00

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ALBERTO RODRIGUEZ SAA SE BAJO DE SU CANDIDATURA A SENADOR, CRONICA DE UN FRACASO ANUNCIADO, NO ES POSIBLE, NO ES POSIBLE...
Rodriguez Saá se bajó de su candidatura a senador por la ciudad de Buenos AiresDiputados aprobó la modificación de Ganancias. Nora Videla voto el proyecto oficial nacionalEl reclamo policial como paradigma de resistencia al despotismo instalado en nuestra provinciaOpinión - por Alejandro Miranda
. .Rodriguez Saá se bajó de su candidatura a senador por la ciudad de Buenos AiresAlberto Rodriguez Saá había quedado en las Paso había quedado en el séptimo lugar, con el 2,06 por ciento de los votos en la Capital Federal.
El puntano Alberto Rodríguez Saá se bajó hoy de la candidatura a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el partido Compromiso Federal.
Así lo confirmaron a DyN voceros del espacio y señalaron que Compromiso Federal presentará lista de postulantes a diputados nacionales y a legisladores porteños.
Las fuentes no dieron a conocer los motivos de la decisión del ex gobernador de San Luis.
Rodríguez Saá quedó en el séptimo lugar, con el 2,06 por ciento de los votos en la Capital Federal, con el frente Compromiso Federal en las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que se realizaron el 11 de agosto pasada.
Delfina Frers, pareja del dirigente puntano, informó a través de las redes sociales la decisión del ex gobernador de bajarse de su candidatura y, aunque no detalló argumentos, remarcó que "Alberto no coincide con NINGUN político de hoy".
"(Rodríguez Saá) Responsabiliza de la decadencia Argentina a los actuales y anteriores ministros de economía, los metería presos a todos...", agregó.
Luego, Frers señaló: "No se le niega a nadie el derecho a participar, luego es el pueblo quien se encarga de juzgar y elegir... Estamos muy acostumbrados al dedismo (dedo) y Alberto no juega verticalmente. Horizontalidad es lo que permite al pueblo elegir".
http://www.lavoz.com.ar/politica/rodriguez-saa-se-bajo-de-su- candidatura-senador-por-la-ciudad-de-buenos-aires
El kirchnerismo aprobó en Diputados el proyecto que grava la compraventa de acciones que no cotizan en bolsa y el cobro de dividendos, para financiar la baja del mínimo de Ganancias. Consiguió apoyos sorpresivos como diputados de Claudio Lozano, de Moyano de Castells y de una diputada de los Rodríguez Saá. Con la ayuda de Lozano y otros aliados, el Gobierno aprobó la modificación de Ganancias
El kirchnerismo consiguió aprobar y girar al Senado el proyecto que crea nuevos impuestos para financiar el gasto que significa elevar a 15 mil pesos el mínimo no imponible de ganancias, tal como decretó Cristina Kirchner la semana pasada.
Consiste en gravar un 15 por ciento la compraventa de acciones que no cotizan en bolsa y un 10 el cobro de dividendos, exento de pagar Ganancias por un decreto de Domingo Cavallo.
El Gobierno consiguió aprobar la norma con 139 votos, 10 más que la mayoría. Como adelantó LPO, para lograr esa tranquilidad tuvo el apoyo de Claudio Lozano, de Unidad Popular y dos de sus cuatro aliados.
Tampoco fallaron los aliados ocasionales (Jorge Garramuño, Walter Wayar, Mariana Veauté y también Alfredo Olmedo, que enfrentó al kirchnerismo en Salta). Y hasta el fueguino Rubén Sciutto, que ayer anunció su pase al massismo. Cumplió con el tigrense Oscar "Cachi" Martínez, quien votó el dictamen opositor. Pero hubo otras sopresas que le permitieron respirar a Juliana Di Tullio en su primer sesión importante como jefa de bloque. Votaron con el gobierno Omar Plaini y Juan Facundo Moyano, alejados del bloque oficialista; Ramona Puchetta, del Movimiento de Desocupados de Raúl Castells; la puntana Nora Videla, cercana a los Rodríguez Saá; y el sanjuanino Mauricio Ibarra, del peronismo federal. Con muchas ausencias la oposición sólo llegó a 91 votos y quedó así deslucida y en una clara minoría para imponer el dictamen que emitió en minoría.
Pedía ajustar semestralmente y por inflación el impuesto a las ganancias pero no hacía alusión a los impuestos creados en el texto original.
"Este sistema tributario tiene que ser más equitativo y un punto a discutir fundamental es incorporar la renta financiera. El dictamen oficial avanza sobre la rentita. El otro dictamen de minoría (de la oposición) tampoco lo incluye. Por eso vamos con otro dictamen", anunció temprano Claudio Lozano.
Pero luego confirmó a la prensa que votaría a favor aún cuando eso garantizara que su dictamen nunca se pusiera en debate.
Roberto Feletti fue el miembro informante del kirchnerismo y defendió el proyecto original porque “garantiza el equilibrio de las cuentas públicas”, lo que “ha sido una constante de este Gobierno”.
“Es distinto a diferencia de lo sucedido en administraciones anteriores, que han adherido a recetas de libre mercado, pero fueron los que mayores desequilibrios fiscales y externos, con su consecuente endeudamiento, tuvieron”,
Alfonso Prat-Gay (CC-ARI) defendió el dictamen de minoría aprobado también por la UCR, el Pro, el Frente Peronista y el FAP
la postura de la oposición al asegurar que su proyecto “mejora” la situación de los trabajadores en relación de dependencia, de los monotributistas y de los jubilados.
Los cierres volvieron a tener los roces de las últimas sesiones álgidas. El problema es que sigue habiendo inflación, entonces dentro de seis meses van a aumentar de nuevo el mínimo no imponible y así cada seis meses”, empezó Pichetto.
“Las elecciones de agosto tuvieron esta consecuencia”, le siguió el radical Buryaile. Juliana Di Tullio tuvo su primer cierre como jefa del bloque oficial en una sesión con toda la oposición en contra.
“Esto me hace acordar al 82% móvil. Siempre toman decisiones para desfinanciar al Estado. No se les cae una idea. ¡Acompáñennos! ¿Por qué van a votar en contra?”, les gritó. http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/93559-6/con-la-ayuda-de-lozano-y-otros-aliados-el-gobierno-aprobo-la-modificacion-de-ganancias.html
Opinión - por Alejandro MirandaEl reclamo policial como paradigma de resistencia al despotismo instalado en nuestra provincia
El misterio que encierra para las inteligencias finitas el obrar de la Providencia Divina, nos impide casi siempre descubrir que determinados hechos o comportamientos de grupos o sectores sociales, independientemente de la voluntad o iniciativa que los generó, tienen un sentido o finalidad que trasciende notablemente su calificación convencional, para convertirse en una clara manifestación que conjuga y representa intereses colectivos.
Esto es precisamente lo que aconteció con lo que, en principio, se denominó un simple reclamo o protesta policial, que comenzó el día 6 de agosto de 2013, y concluyó 15 días después, y que tuvo como protagonista solo al 10% de los efectivos que integran la fuerza efectiva de la Policía de la Provincia, pertenecientes a las Unidades Regionales I, II y III, con asiento en la capital provincial, Villa Mercedes y Concarán respectivamente.
Para todo aquél que ha estudiado o seguido de cerca los reclamos policiales que han tenido lugar en el curso de la historia provincial, y aun para la simple consideración del ciudadano común, quedó al descubierto que la reciente protesta de unos pocos uniformados no fue una acción preparada o planificada con anticipación; que el objeto del reclamo no fue conocido por el grupo mayoritario de policías ni consensuado con este; que carecía de una organización mínima que contemplara la apertura de canales de diálogo y comunicados de prensa a través de voceros con criterio acorde a la real finalidad del reclamo; y que no estaba direccionada por un interés político, personal o extra-institucional.
Es decir, se trataba, más que de un reclamo o protesta, de un desesperado llamado de atención a las autoridades provinciales para que tomaran consciencia de una vez por todas de la grave crisis institucional, funcional y salarial por la que atraviesa la Policía de la Provincia, y del modo altamente perjudicial en que ella repercute en el amplio espectro de la vida social.
La prueba más contundente de ello es que, el petitorio que contenía la explicación de los aspectos funcionales y salariales cuya mejora se pretendía, fue presentado por el Oficial Principal Miguel Ángel López y su esposa -que no es empleada policial- y mereció, en principio, una actitud de desconsideración e indiferencia por parte del Ministro de Seguridad de la Provincia.
II Reacción policial
Inmediatamente de conocerse la presentación del petitorio, un número importante de efectivos de la Unidad Regional II, con asiento en Villa Mercedes, le transmitió al Oficial Principal López su decisión de instalar de manera permanente, pero pacífica, el reclamo en el edificio de la jefatura de dicha Unidad, dando de esta manera presencia física a la protesta.
Este hecho provocó, casi simultáneamente, idéntica reacción y decisión en un grupo importante de policías de la Unidad Regional III, que también iniciaron el reclamo con presencia en las dependencias durante los días franco de servicio, y recién dos días después unos pocos efectivos de la Unidad Regional I con base en esta Capital, se adhirió a la medida estableciendo como lugar de reunión la plazoleta ubicada frente a la Jefatura Central de Policía.
No obstante la voluntad de sostener ininterrumpidamente el reclamo, y de tratarse de un grupo visiblemente minoritario de policías comprometidos en ello, el acuerdo asumido y cumplido entre ellos fue no afectar el normal desenvolvimiento del servicio de seguridad, respetando todos el deber de cumplir con los turnos de guardia y acompañar la protesta solo los días de franco.
III La respuesta del gobierno
Cuando desde las máximas esferas gubernamentales se advierte que el reclamo policial –que en principio habían menospreciado- comenzaba a cosechar adhesiones, no solo entre los policías que habían tomado distancia del mismo, sino también en numerosos sectores de la organización social, en lugar de analizar objetivamente las causas del conflicto y buscar una resolución razonable, el propio Gobernador, C.P.N. Claudio Poggi, el ministro de seguridad, Dr. Martín Olivero, y sus colaboradores directos, recurrieron a la inveterada pero inicua práctica de poner en duda la legitimidad y legalidad del reclamo, y montar inmediatamente una aceitada campaña mediática de desprestigio hacia mi persona, acusándome de ser el ideólogo de una acción que solo apuntaba a desestabilizar su plan de gobierno.
Me calificaron entonces como “golpista”, “fogonero”, “oportunista”, “manipulador de consciencias”, “desestabilizador”, etc., transformando al conflicto policial y sus diversas implicancias políticas y sociales, por efecto de esta perversa maquinación, en una confrontación personal entre el gobernador, el ministro de seguridad y sus colaboradores y el simple representante legal de los policías, cuyas consecuencias comenzarían a hacerse sentir a medida que estos funcionarios avanzaban tambaleantes por el camino que trazaba la incomprensible torpeza y limitación de sus discursos y decisiones.
En realidad, el gobernador, su ministro de seguridad y todos sus colaboradores, no han hecho más que sacar a relucir la ceguera que padecen. Sus actitudes los revelan como “¡guías ciegos!” que cuelan el mosquito y se tragan el camello.
La soberbia y servilismo engendrados por el autoritarismo con que se ha gobernado nuestra Provincia por casi tres décadas, no les permitió -al gobernador y a sus funcionarios- ver que no tenían frente a ellos a ningún enemigo peligroso o monumental, así como tampoco darse cuenta que simplemente debían atender el reclamo de un grupo minúsculo de policías que, con verdadero compromiso cívico y valentía, se atrevieron a denunciar que desde hace varios años reina en la Institución policial la anarquía y el desinterés por cumplir eficientemente con el servicio de seguridad, y que esta situación, además de afectar gravemente el estado laboral, personal, familiar y social del policía, pone severamente en riesgo la paz y el orden social.
Creyeron entonces que le restarían legitimidad al reclamo policial si insistían públicamente con mi participación como ideólogo y dirigente de la protesta, y el mismo gobernador salió a acusarme falsamente de que había arengado al personal reunido frente a la jefatura de policía para que se acuartelaran, y que manipulaba sus consciencias para obtener un rédito político, cuando en realidad, frente a distintos medios de prensa, incluidos los oficialistas, había aclarado al tercer día del conflicto que no era el representante legal ni vocero de los uniformados pese a que había sido convocado para cumplir este rol, precisamente para que no enturbiar la transparencia y originalidad de la protesta, y evitar que se mal interprete su sentido y finalidad (Ver Diario de La República del día 8 de agosto de 2013-pág. 11-).
Ante el recrudecimiento del descrédito público a que me sometían el gobernador y sus funcionarios, me vi obligado a renunciar a toda actividad política, y a defender mi buen nombre y honor desde el seno del reclamo policial, pues era el ámbito desde donde podía demostrar la falsedad de los postulados con que el gobierno pretendía justificar y encubrir el efecto devastador que en el orden social y político causaban sus nefastas políticas públicas.
IV Manejo irresponsable y torpe del conflicto
Desde el comienzo del diálogo con los policías, el Ministro de Seguridad y sus colaboradores demostraron una ignorancia supina de las reglas básicas recomendadas para los casos en que sea necesario acordar o negociar en buenos términos la resolución de un conflicto, y creyeron que podrían arriar dócilmente a los uniformados abusando de un poder que evidentemente no tienen, o ejerciendo sin convicción el autoritarismo que ha caracterizado esta larga gestión de gobierno.
Luego de la primera reunión que estos funcionarios mantuvieron con los policías, les exigieron que depusieran su actitud de reclamo porque no negociaban ni acordaban “bajo presión”, y hasta se dio el irrespetuoso ministro de seguridad el gusto personal de tratarlos de delincuentes actitud que, además de constituir una clara provocación para encender aun más el reclamo, dejaba entrever que no existía por parte del gobierno la mínima intención de reconocer la existencia de la crisis institucional, y mucho menos ceder ante las pretensiones de un grupo minoritario de efectivos.
Pese a que estos funcionarios comprometieron su presencia a una segunda reunión, no cumplieron ni salieron a dar alguna explicación que justificara esta decisión, y por el contrario, continuaron exigiendo el levantamiento de la medida de reclamo para que pudiera iniciarse un camino de diálogo, repitiendo de manera constante que el único motivo que sostenía el reclamo era un plan desestabilizador.
Luego de analizar profundamente la situación generada en torno a la protesta, sugerí a los policías que debían actuar conforme con las exigencias propias del marco político y social generado en la Provincia, ante lo que respondieron con una ejemplar madurez cívica, privilegiando la paz y el orden social en un acto de suma trascendencia para la vida democrática como lo eran las PASO previstas para el domingo 11 de agosto, y dejando sin efecto provisoriamente la medida para presentarse todos a cumplir con el servicio desde el día del acto eleccionario hasta que tuviera lugar el cómputo final del comicio.
A nadie escapó que esta decisión, implicó lisa y llanamente una cesión expresa ante la exigencia del gobierno de no negociar bajo presión, de abandonar la postura asumida, pues estando los uniformados en servicio habitual el diálogo podía entablarse en absoluta armonía y tranquilidad.
Otra vez la torpeza mezclada con la soberbia -que evidencian la carencia total de inteligencia- movieron al gobernador y al extraviado ministro de seguridad a responderle de la peor forma a los policías, notificándoles que 51 de ellos -21 Auxiliares y 31 efectivos de planta permanente- eran dados de baja de las filas de la Institución por haberse atrevido a reclamar ante el Estado, provocando de inmediato en ellos la reacción lógica de retomar la protesta con mayor firmeza y decisión.
Pero esta arremetida violenta y provocadora no cesó, y en la noche del día 15 de agosto, cuando un grupo de policías se encontraban reunidos pacíficamente frente a la Jefatura Central, se cruzó desde este edificio una persona de sexo masculino –no era empleado policial- diciéndoles que lo había enviado el jefe de Policía para invitarlos a mantener con él una reunión con el fin de arribar a una solución del conflicto, ante lo que los 27 efectivos aceptaron y una vez que ingresaron al hall, escucharon que se ordenó cerrar todas las puertas y se les advirtió que llamarían al Juez de Instrucción de turno para que constatara que se había intentado tomar por la fuerza la jefatura, originando esta emboscada corridas y gritos de los manifestantes que buscaban una salida para evitar esta acusación injusta, y este es el momento que fue filmado por un camarógrafo que había sido asignado premeditadamente por el Jefe de Policía para captar imágenes de una irrupción violenta que nunca existió por parte de los manifestantes, siendo testigos presenciales de ello algunos periodistas y civiles que ocasionalmente se encontraban en el lugar.
Por suerte, todos lograron salir del edificio, y minutos después decidieron ingresar nuevamente de modo pacífico para exigirle una respuesta acerca de lo sucedido al jefe de Policía, quien los atendió con toda amabilidad, y hasta comunicó por vía telefónica directa al Oficial Principal López con el Ministro de Seguridad, a quien le hicieron saber que era falsa la imputación de haber tomado de modo violento la Jefatura, por la simple razón de imposibilidad material de quienes eran los acusados para concretar tal acción, ya que todos estaban desarmados, y en el interior los esperaban alrededor de 40 policías equipados con armamento y munición, incluida una sección del grupo especial COAR, a quienes no les habría resultado para nada difícil reducirlos si el jefe de Policía lo ordenaba, pero no fue así.
Ahora bien, la pregunta que aparece inevitable es por qué razón se incitaba abiertamente a estos policías a la violencia, y la respuesta no es otra que la intención del gobierno de incriminar a uno o varios de ellos en hechos de tal gravedad, que justificaran la adopción de medidas ejemplificadoras -que incluían la detención y hasta la prisión- para aplastar de este modo cualquier iniciativa de reclamo que emergiera en algún sector público frente a las políticas oficiales, y erradicar de la fuerza policial el espíritu de protesta que ha determinado siempre al policía a defender sus derechos fundamentales.
Ejerciendo al máximo el abuso de poder, y sabiéndose por ello impune ante los otros Poderes de Gobierno, el ministro de seguridad llegó a expresar ante medios de prensa radiales y televisivos de esta Capital, que “ni siquiera leería el petitorio de los policías mientras yo continuara siendo el representante legal de ellos”, coacción agravada que confirmó en la página 2 del Diario de La República aparecido el día 16 de agosto de 2013, cuando, refiriéndose a las posibilidades de acordar con los uniformados, “estipuló la condición que en las negociaciones no los represente el Dr. Alejandro Miranda”. Semejante amenaza motivó que, con el propósito de no complicar ni obstaculizar la resolución pacífica y urgente del conflicto, decidiera, luego de consensuarlo con los policías, hacer un paso al costado en la representación de ellos, y allanarle el camino a las autoridades de gobierno para concluir el acuerdo.
Ninguna Institución que normalmente, y a una señal del gobierno sale a promocionar y defender entusiastamente los derechos humanos; el derecho a no ser discriminado; el derecho de los trabajadores; etc., y tampoco los Colegios de Abogados de esta Ciudad y Villa Mercedes, alzaron su voz para denunciar este vil atropello contra mi derecho a ejercer libremente mi profesión, silencio que explica de algún modo que gracias a la actitud medrosa e indiferente de estos espacios otrora defensores de los trabajadores, el Estado ha conseguido imponer sus políticas de sometimiento y acentuar su poder tiránico.
Con el paso de los días, se comprobó por parte de los distintos medios de prensa y por los civiles que se presentaban a la Jefatura de Policía a realizar algún trámite, que la presencia en ella de los policías reclamantes no obedecía a una toma o retención violenta del edificio, sino más bien al abandono que de él habían hecho el Jefe de Policía y la Plana Mayor, que no podían discernir acerca del modo de ejercer sus autoridades ni de encausar el reclamo por las vías de mejor resolución.
Incumpliendo dolosamente la orden del Dr. Jorge Sabaini Zapata, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de esta Ciudad, de agotar la instancia del diálogo, ya que nunca convocó a los efectivos policiales a ninguna reunión formal, ni acompañó al expediente judicial las constancias fehacientes que acrediten cuáles fueron las diligencias que tuvieron lugar en este sentido, y sin que haya surtido ningún efecto favorable para la resolución del conflicto mi alejamiento, el día 21 de agosto de 2013 el gobierno dio por concluida una instancia de negociación que nunca abrió ni concretó, y solicitó el desalojo violento de la Jefatura de Policía, procedimiento que fue evitado otra vez por la decisión responsable y madura de los efectivos que sostenían la protesta, al retirarse pacíficamente de las instalaciones y armar nuevamente la carpa en la plazoleta ubicada al frente.
Finalmente el reclamo policial concluyó el día 22 de agosto, luego de una reunión mantenida entre los referentes de las Unidades Regionales y el Ministro de Gobierno, en la que se habrían acordado condiciones relativas a las cesantías, de trabajo y salariales, respecto de las cuales no he tenido conocimiento hasta el día de la fecha en virtud de que, como lo explicara antes, el titular de la cartera de seguridad me impidió ilegalmente participar el toda negociación y, además, habría prohibido a los representantes de los policías que me dieran conocimiento sobre lo acordado, así como también que efectuaran declaraciones a los medios de prensa al respecto.
V El rol de la prensa
Debo destacar con mayúsculas el rol que desempeñaron los medios de prensa independientes desde el comienzo del conflicto, porque la imparcialidad, objetividad y elevada profesionalidad con que difundieron los pormenores del reclamo, permitió instalar en todos los estratos de la vida social, política e institucional de la provincia, la reflexión esclarecedora que no se trataba solo de un conflicto policial, sino que éste constituía la expresión desesperada y espontánea de una crisis institucional que afectaba en idénticas condiciones a otros sectores públicos y privados, y dejaba al desnudo la iniquidad de las políticas salariales que el Estado ha impuesto en todo el sector público; la falacia del discurso oficialista sobre la estabilidad y crecimiento del índice de empleo cuando lo que se ha consolidado es la precariedad laboral y el empleo en negro; la ausencia de políticas integrales y responsables en materia de seguridad pública; y la aplicación por parte del Estado de normas propias y personalistas para preservar un sistema de gobierno que ha desjerarquizado la estructura orgánica y funcional de las Instituciones públicas y privadas, a cuyo efecto ignora y desobedece abierta e impunemente el sistema jurídico argentino.
Ha quedado plenamente demostrado cuan saludable es para la vida verdaderamente democrática de un pueblo, y para la preservación del orden y paz social, contar con medios periodísticos consustanciados, principalmente, con la difusión de las situaciones de conflicto tal cual se producen y buscando llegar a sus causas reales, para que la verdad fluya a favor de quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales, sean éstos particulares, pertenecientes a una institución pública o privada, o el mismo Estado cuando se encuentra injustamente atacado.
Como era de esperar, la prensa oficialista y algún otro medio beneficiado por alguna contribución generosa del gobierno, trataron de instalar, sin éxito, el convencimiento de que se trataba de un reclamo direccionado por intereses personales y políticos, con una finalidad desestabilizadora del Estado, viéndose obligados para conseguir sus propósitos a silenciar la opinión que en contrario emitía la ciudadanía, ya sea omitiendo leer los mensajes de texto que abarrotaban el sistema habilitado al efecto, o impidiendo la comunicación al aire de oyentes o de los propios empleados asignados a notas en exteriores.
Es la primera vez que en un conflicto de trascendentes connotaciones, como lo fue la protesta policial, observo transitar por el camino que conduce hacia la justicia social a policías, docentes, empleados públicos, profesionales de la salud, conductores de taxis y remis, choferes de colectivos, agrupaciones vecinales, y ciudadanos de la Provincia levantando la misma bandera, y debo reconocer que esta esperanzadora unión se consiguió gracias a la labor responsable e inobjetable de los distintos medios periodísticos.
VI Lo que se logró
Después de una larga contienda dialéctica, que precisamente permitió arribar a conclusiones serias y fundadas en el ámbito de lo que a diario reflejaron los medios de prensa independientes, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, analizando por separado el comportamiento y responsabilidad de cada funcionario, se logró demostrar:
VI-1 Respecto del Gobernador
- Que evidentemente no le preocupó nunca el servicio de seguridad en la Provincia, ya que desconocía, primero, que carecía de una política de acción Institucional integral que le permitiera monitorear la eficiencia del servicio policial frente a las diversas problemáticas sociales, y segundo, que la disconformidad puesta de manifiesto por los uniformados no solo era de índole salarial, sino que apuntaba a mejorar sus condiciones de trabajo y, fundamentalmente, a reconciliarse con la sociedad.
- Que está rodeado de funcionarios incompetentes y dotados de una visión muy limitada respecto del tratamiento y resolución de conflictos originados por políticas de estado deficientes, por lo que se vio obligado a encabezar personalmente la campaña mediática de desprestigio de mi persona, como si no tuviera asuntos mucho más importantes de qué ocuparse que de un simple abogado que solo ejercía libremente su profesión.
- Que a la postre, la explicación de su errático proceder la encontramos en su demostrada falta de autoridad, decisión y conducción de los destinos de la Provincia, cuando en la conferencia de prensa en la que difundía los resultados electorales de las elecciones celebradas el 11 de agosto de 2013, y ante una pregunta que le formulara uno de los periodistas acerca de la situación de seguridad en general, no pudo responderla porque el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, como celoso custodio y fiscalizador de los actos de gobierno, le arrebató el micrófono y sentenció que de ese tema no se hablaba. No es posible esperar que aquél que no gobierna la Provincia, conozca sobre los distintos problemas o crisis que la afectan.
- Que no obstante haber omitido pronunciarse acerca de las causas reales del reclamo, terminó reconociendo que la Policía de la Provincia estaba pasando por una suerte de anarquía que prácticamente ha desvirtuado la funcionalidad de todas sus áreas internas, y rápidamente debió dar respuestas anunciando una inversión millonaria para mejorar las condiciones generales de trabajo de los policías, y para paliar la falta de personal y la defectuosa formación de éstos, dispuso adelantar el egreso de estudiantes del Instituto de Formación Policial, y la intervención del este establecimiento formativo, designando al frente al vice gobernador, acto que constituyó otro desacierto más debido al quiebre del orden jerárquico que, sobre la base de los principios inherentes al sistema representativo, republicano y federal de gobierno, debe primar en la organización política de la Provincia, desde que no puede concebirse que la autoridad que reemplaza al gobernador en su ausencia, pase a subordinarse al ministro de educación, pues éste no fue removido de su cargo ni se modificó la estructura orgánica del citado ministerio.
VI-2 Respecto del Ministro de Seguridad
- Que ensoberbecido en el ejercicio de un poder que evidentemente no tiene, le fue imposible encontrar el modo de resolver el conflicto oportunamente, cuando el conocimiento de las reglas básicas y elementales de mediación le hubieran permitido encausar el reclamo inmediatamente de haber recibido el petitorio.
- Que caprichosamente se enfocó en mantener una contienda personal conmigo, que era simplemente el representante legal de los uniformados, en lugar de tomar consciencia de la gravedad que implicaba para el servicio de seguridad en general permitir la continuidad del conflicto, lo que le restó objetividad y hasta sentido común frente a situaciones que, convenientemente analizadas, eran de fácil resolución.
- Que no supo medir y ordenar sus propias decisiones y discurso, así como el de sus colaboradores en los momentos claves del reclamo, originando de este modo que los policías manifestantes, sintiéndose cada vez más agraviados y provocados, fortalecieran su posición y con el transcurso de los días el conflicto adquiriera dimensiones que trascendieron el ámbito provincial.
- Que finalmente, viendo que no acertaba en su estrategia, decidiera no dar más entrevistas a los medios de prensa independientes, y remitiera a estos un comunicado grabado donde reconoció expresamente que al salir de la crisis había aprendido algunas cosas importantes.
VI-3 Respecto del Jefe de Policía
- Que al igual que su predecesor Miguel Ángel Ubieta, desconocía donde estaba parado en materia de conducción de la fuerza policial, y por ello, no supo dar respuestas razonables y fundadas a los interrogantes que planteaba el conflicto con relación a sus causas y responsabilidad a nivel de jefatura.
- Que demostró una inexcusable ignorancia y falta de compromiso con relación a la elaboración y aplicación de políticas inherentes a la seguridad pública, al reconocer públicamente que los alumnos del Instituto Superior de Policía, además de no cumplir en muchos casos con el período obligatorio de formación, egresaban sin conocer sobre el manejo de armas, en razón de que hacía ya dos años que les habían clausurado el polígono de tiro y carecían de un lugar físico para realizar las prácticas. Es decir, a la autoridad que tiene a su cargo la fiscalización y habilitación de los polígonos de tiro, le cierran el propio por no reunir las condiciones exigidas para su funcionamiento, y se priva con ello al futuro policía de uno de los aspectos más importantes de su formación, como lo es la utilización del arma reglamentaria en la resolución de los diversos conflictos que se suscitan en la lucha contra la delincuencia. ¿Se puede decir después de esta declaración que el Estado cuenta con una política de seguridad responsable y eficiente? En un gobierno que esté verdaderamente comprometido con el bien común y con la preservación de la paz y orden social, este funcionario no podría ejercer ningún cargo de conducción.
- Que desde el inicio del conflicto no estuvo a la altura de las circunstancias, dado que no es coherente ni atinado afirmar públicamente que la jefatura de Policía está tomada y que está imposibilitada de brindar sus servicios habituales, cuando el mismo Jefe de Policía ordenó a los empleados de todas las oficinas cerrar las mismas y abandonar el edificio. Esta es una cabal muestra de que el reclamo y sus implicancias lo superaron.
VII Corolario
Repito, lo sucedido a raíz del reclamo policial trasciende ampliamente la cuestión propiamente institucional, e instala en la Provincia la seria sospecha de que las políticas gubernamentales en materia de seguridad, trabajo y salarios no se corresponden con los postulados y discursos que, sobre la base de eufemismos y fines demagógicos, se pregonan desde los ámbitos oficiales para mostrar una Provincia en constante progreso y con bajo índice de desempleo, cuando detrás de esta vidriera resplandeciente y cautivadora, subyace la exclusión, la marginalidad, el trabajo en negro, y la condena a la eterna pobreza mediante planes sociales y precariedad laboral.
Debe preocuparnos también la impunidad con que el gobierno ostenta la suma del poder público, pues no podría incumplir con las normas constitucionales ni con el sistema jurídico en general, si no contara con la connivencia de los otros poderes constitucionalmente instituidos, que presencian como el gobernador y sus funcionarios modifican o derogan de hecho las leyes provinciales o regímenes laborales, administrativos y hasta orgánicos, permitiendo que la vida, fortuna y honor de los habitantes de esta Provincia quede a merced de la persona que, representando al Poder Ejecutivo, instala y consolida el despotismo en la Provincia.
Enrique Alejandro Miranda - Abogado
http://www.periodistasenlared.info/setiembre13-04/nota3.html

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