Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2016/10/reglamento-roma-i-ambito-de-aplicacion.html
Timestamp: 2017-08-17 23:18:48+00:00

Document:
Pedro de Miguel Asensio: Reglamento Roma I: ámbito de aplicación temporal y normas imperativas de terceros Estados
I. Normas imperativas de terceros Estados
Cabe comenzar recordando el texto de los artículos 7.1 del Convenio de Roma y 9.3 del Reglamento Roma I.
7.1. “Al aplicar, en virtud del presente Convenio, la ley de un país determinado, podrá darse efecto a las disposiciones imperativas de la ley de otro país con el que la situación tenga una conexión, si y en la medida en que, tales disposiciones, según el derecho de este último país, son aplicables cualquiera que sea la ley que rija el contrato. Para decidir si se debe dar efecto a estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, así como las consecuencias que se derivaran de su aplicación o de su inaplicación.”
9.3. “También podrá darse efecto a las leyes de policía del país en que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas en la medida en que dichas leyes de policía hagan la ejecución del contrato ilegal. Para decidir si debe darse efecto a estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, así como las consecuencias que se derivarían de su aplicación o de su inaplicación”.
La distinción fundamental entre ambos es que, con el objetivo de reducir la posibilidad de dar efecto a las normas internacionalmente imperativas de terceros Estados, el artículo 9.3 del Reglamento introdujo restricciones –basadas en gran medida en la jurisprudencia inglesa- no previstas en el artículo 7.1 del Convenio. En concreto, en el Reglamento sólo se contempla la posibilidad de dar efecto a leyes de policía del país en que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas (y no de cualquier país con el que la situación tenga una conexión), y además tal posibilidad sólo se admite en la medida en que dichas leyes de policía hagan la ejecución del contrato ilegal.
La aportación básica de la sentencia Nikiforidis con respecto a la interpretación del artículo 9.3 del Reglamento Roma I aparece recogida en su apartado 51 y en el último inciso del párrafo segundo del fallo, y consiste en aclarar que esa norma “no se opone a la toma en consideración, como circunstancia de hecho, de las leyes de policía de un Estado que no sea el Estado del foro o el Estado en el que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas, en la medida en que una norma material del Derecho aplicable al contrato… lo prevea”. Eso quiere decir que el Tribunal considera que la restricción de los ordenamientos a cuyas normas internacionalmente imperativas puede darse efecto llevada a cabo por el Reglamento Roma I –con respecto al art. 7 del Convenio de Roma- sólo opera con respecto a la aplicación en sentido propio de las normas imperativas, pero no cuando lo que se plantea es su eventual toma en consideración. Se trata de una conclusión que no es evidente a la luz del texto literal de la norma, que no va referido a la “aplicación” de las normas internacionalmente imperativas sino a la posibilidad de “dar(les) efecto”, expresión que incluye la aplicación en sentido propio y también la toma en consideración. Por lo tanto, si bien el primer inciso del párrafo segundo del fallo (“El artículo 9, apartado 3… debe interpretarse en el sentido de que excluye que el juez del foro pueda aplicar, como normas jurídicas, leyes de policía que no sean las del Estado del foro o las del Estado en el que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas…”) resulta una constatación obvia a la luz del texto de la norma, el inciso final de ese mismo párrafo, antes reproducido, no lo es. Antes al contrario, restringe de manera notable el significado práctico del artículo 9.3 Reglamento Roma I, en la medida en que establece que la eventual toma en consideración como circunstancia de hecho de las normas imperativas de terceros Estados es posible al margen del artículo 9.3 del Reglamento, lo que en la práctica supone que las limitaciones introducidas en el Reglamento en cuanto a las leyes de policía a las que puede darse efecto no operan cuando de lo que se trata es de su mera toma en consideración.
Como he dicho en algún otro lugar, en principio, la aplicación en sentido propio de la norma imperativa extranjera implica que en el enjuiciamiento de la situación privada internacional se adopta directamente la consecuencia que la norma de policía establece (v.gr., la ineficacia contractual de ciertos contratos prohibidos o sometidos a autorización o la inexigibilidad de la prestación pendiente de ser autorizada). Por su parte, la toma en consideración supone emplear la norma imperativa –que por ejemplo, puede hacer imposible el cumplimiento de una prestación contractual, como la entrega de un bien- como dato relevante en la configuración del supuesto de hecho de las normas aplicables conforme a la ley del contrato. En todo caso, se trata de una diferenciación que adquiere ahora renovada importancia pero que en ocasiones puede resultar compleja; de hecho, el Abogado General en sus conclusiones (EU:C:2016:281) había llegado a afirmar que esa diferencia práctica “es casi imperceptible” (apdo. 101 de las conclusiones).
En síntesis, el Tribunal de Justicia establece que la mera toma en consideración de la ley extranjera, a diferencia de su aplicación en sentido propio, atañe ya a la aplicación de las normas materiales de la ley que rige el contrato y la posibilidad de tener en cuenta en ese marco la norma extranjera como circunstancia de hecho, de modo que no es propiamente una cuestión conflictual, que venga determinada por el Reglamento Roma I y haya sido unificada por este instrumento (ap. 52 de la sentencia). Entiende el Tribunal que el riesgo de inseguridad jurídica y de falta de previsibilidad que se asocia con la posibilidad de dar efecto a normas imperativas de ordenamientos diversos –elemento condicionante de la formulación restrictiva del artículo 9.3 del Reglamento en comparación con el artículo 7.1 del Convenio- sólo se plantea en caso de aplicación en sentido propio de esas normas, pero no cuando de lo que se trata es de su toma en consideración como dato relevante en el supuesto de hecho de las normas de la ley que rige el contrato. En este segundo tipo de situaciones las restricciones introducidas en el artículo 9.3 del Reglamento no operan, lo que, como decía, restringe la trascendencia práctica del artículo 9.3 del Reglamento y de los cambios introducidos en el mismo con respecto al texto del artículo 7.2 del Convenio de Roma. Otra implicación relevante del planteamiento adoptado por el Tribunal es que cabe entender que lleva a que con respecto a la "toma en consideración" no opere la previsión incluida en el artículo 9.3 del Reglamento, en el sentido de que "para decidir si debe darse efecto a estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto". Resulta apropiado que la naturaleza y objeto de las normas imperativas extranjeras -incluyendo sus objetivos y la valoración que merecen desde la perspectiva del foro- puedan ser tenidos en cuenta a los efectos de decidir también sobre la mera toma en consideración de tales normas, pero determinante a tales efectos, como se desprende de los apdos. 52 y 53 de la sentencia, será el Derecho material que rige el contrato, en la medida en que la eventual toma en consideración de las normas extranjeras tiene lugar en el marco de la aplicación e interpretación de la ley del contrato.
II. Aplicación temporal de Reglamento Roma I
Con respecto al ámbito de aplicación temporal del Reglamento, la nueva sentencia reviste el interés de abordar una cuestión de gran interés para los contratos de larga duración, en lo que son frecuentes prórrogas, modificaciones… El Tribunal confirma que los efectos futuros de los contratos celebrados antes del 17 de diciembre de 2009 –fecha de aplicación del Reglamento- no quedan comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, como tampoco las meras manifestaciones de consentimiento para proseguir con un contrato celebrado antes de esa fecha, ni la introducción de modificaciones mínimas en ese tipo de contratos. Por el contrario, otro tipo de modificaciones posteriores a esa fecha sí que pueden dar lugar a que se trate de un contrato al que –habida cuenta de su nueva fecha- les resulte de aplicación el Reglamento. El criterio que proporciona el Tribunal para entender que concurre esa circunstancia es el siguiente: que la relación sea “objeto, como consecuencia del consentimiento mutuo de las partes contratantes manifestado con posterioridad a la referida fecha, de una modificación de tal envergadura que deba considerarse que se ha celebrado un nuevo contrato después de esa fecha…”
Aunque el criterio es razonable cabe dudar de si el escaso nivel de concreción que proporciona el Tribunal será suficiente, ante la falta de indicaciones adicionales, para garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica en la determinación de las reglas de conflicto aplicables, objetivos fundamentales a esos efectos, como destaca el propio apartado 36 de la sentencia.

References: artículo 9
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 9