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Timestamp: 2019-01-18 22:43:10+00:00

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﻿ SENTENCIA T-526 DE AGOSTO 10 DE 2017
SENTENCIA T-526 DE 10 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:LA NORMA PREVISTA EN LOS MANUALES DE CONVIVENCIA DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN LA CUAL LOS ESTUDIANTES DEBEN SEGUIR UN PATRÓN ESTÉTICO ÚNICO O EXCLUYENTE, PARTICULARMENTE SOBRE LA MANERA EN QUE DEBEN LLEVAR SU CABELLO, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. AHORA BIEN, LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CON FUNDAMENTO EN SU POTESTAD REGULADORA, PUEDEN IMPONER RESTRICCIONES AL DERECHO FUNDAMENTAL ARRIBA ANOTADO, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS SE AJUSTEN A LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, ESTUDIANTE, MANUAL DE CONVIVENCIA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Sentencia T-526 de agosto 10 de 2017
Exp. T-6.104.342
Demandado: Institución Educativa María Auxiliadora
Bogotá DC, diez de agosto de dos mil diecisiete.
• La agenciada Mariana Cristina Ángel Tangarife cursa 8º grado en la Institución Educativa Maria Auxiliadora ubicada en el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia.
• Desde el año 2016, Mariana Cristina lleva su cabello con “unos rayitos claros, que en nada perjudica su rendimiento académico y su disciplina”. Manifestó que el tinte que usa su hija en el cabello “no es tan invasivo, ni afecta el orden y la manera como debe llevar el uniforme de la institución”.
• Al inicio de clases del año 2017, en la primera reunión realizada el 20 de enero de 2017, le manifestaron que “debía quitarse la tintura que tenía en el cabello porque de lo contrario para el día lunes ya no podría ingresar a recibir sus clases”.
• El día martes 24 de enero de 2017, no se le permitió el ingreso a la joven a la institución educativa —durante tres días—, por seguir teniendo su cabello tinturado, dado que por orden del rector los estudiantes debían cumplir con el Manual de Convivencia.
5. Respuesta a la acción de tutela.
• Expuso que “a la estudiante se le manifestó que debía retirarse la tintura del cabello, pero se le dejó ingresar a clases, se le recordó que su mamá había firmado una carta de compromiso, ratificando cómo debe asistir a la Institución”.
• Resaltó que tanto la alumna, como su madre conocen el manual de convivencia, desde hace varios años, y sabían que “estaba prohibido traer el cabello tinturado”. Afirmó que la sanción (impedir el ingreso a clases, durante 3 días) “se aplicó conforme al manual de convivencia y se le dijo a la alumna que trajera su cabello en forma natural como hasta el año pasado lo había tenido”.
• Indicó que la IEMA no ha incluido medidas en el Manual de Convivencia que afecten la dignidad de los estudiantes, solo son reglas que caracterizan a la institución —por su “aspecto disciplinado”— y que “siempre se han cumplido a lo largo del tiempo”.
El 6 de julio de 2017, la Secretaría General de esta Corporación informó al despacho del magistrado sustanciador que el 5 de julio de 2017 se recibió escrito enviado vía correo electrónico por el rector de la Institución Educativa María Auxiliadora(1) en el que anexan la carta de retiro voluntario y cancelación de matrícula de la alumna Mariana Cristina Ángel Tangarife.
Caldas, Antioquia. 8 de marzo - 2017
Adicionalmente, allegó copia de las planillas de Control de asistencia del Grado 8º durante el periodo de clases de enero, febrero y marzo de 2017 y un reporte suscrito por la docente a cargo en el que informa que “la joven Mariana Cristina Ángel Tangarife estuvo matriculada en la Sede La Chuscala en el grado 8º del año en curso, presentó 6 inasistencias en el mes de enero, 12 en el mes de Febrero y en marzo no asistió. El día 7 de marzo solicitó notas parciales y el observador, argumentando que deseaba estudiar en la noche para poder trabajar. // Es importante anotar que, en varias ocasiones, se les sugirió a la estudiante y a su madre que no cancelaran matricula, que continuara en la Institución”(2).
Antes de dar respuesta al citado interrogante y teniendo en cuenta que se encuentran acreditados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela(3), es preciso verificar si se presenta una carencia actual de objeto, dado que, según consta en la información enviada por la Institución Educativa María Auxiliadora, la alumna se retiró voluntariamente de la misma el 8 de marzo de 2017.
(…) la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se han modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de estos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales(4).
(i) daño consumado. Consiste en que, a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una orden al respecto(5).
Así las cosas, el daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del derecho. En este escenario, esto es, la reparación del daño, ha dicho la Corte que la acción de tutela resulta -por regla general- improcedente cuando al momento de la interposición de la acción de tutela el daño ya está consumado(6) pues, como es conocido, la acción de tutela tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) hecho superado. Comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se superó la vulneración a los derechos fundamentales del actor(7), esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, cesó la afectación y resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991(8)).
(iii) acaecimiento de una situación sobreviniente(9). Se presenta en aquellos casos en que como producto del acaecimiento de una situación sobreviniente que no necesariamente tiene origen en el obrar de la entidad accionada la protección invocada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de la nueva situación, carece de objeto conceder el amparo solicitado.
No obstante lo anterior, es pertinente agregar que esta Corporación ha indicado que (i) si bien no resulta viable emitir la orden de protección que se solicitaba en la acción de tutela, es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación de la acción de tutela, en los casos en que la consumación del daño ocurre durante el trámite de la acción (en primera instancia, segunda instancia o en el trámite de revisión ante la Corte Constitucional), o cuando -bajo ciertas circunstancias- se impone la necesidad del pronunciamiento por la proyección que pueda tener el asunto (art. 25 del Decreto 2591 de 1991(10)), o por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que requieran de especial protección constitucional, y (ii) no es perentorio en los casos de hecho superado o acaecimiento de una situación sobreviniente, salvo cuando sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de una forma diferente (pese a no tomar una decisión en concreto, ni impartir orden alguna), “para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”, tal como lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991(11).
Sin embargo, durante la etapa de revisión surtida ante esta corporación, de acuerdo con lo informado por la Institución Educativa María Auxiliadora, Julia Andrea Tangarife Montoya en calidad de acudiente y madre de Mariana Cristina Ángel Tangarife canceló voluntariamente la matrícula académica por razones personales, decisión que fue confirmada —vía telefónica— con la accionante(12).
5. Vulneración de los derechos fundamentales de Mariana Cristina Ángel Tangarife por parte de la Institución Educativa María Auxiliadora.
5.1. De lo probado en el expediente.
• La carta de compromiso de padres de familia para el año escolar 2017, aportada por el rector del IEMA(13), incluye afirmaciones tales como:
• El manual de convivencia del IEMA(14)consagra en su artículo 13 como una de las “faltas leves” la siguiente situación: “14. Mal porte de uniforme: llevar prendas diferentes a las indicadas o el uso de accesorios: pearcing, pulseras, collares, aretes grandes, maquillaje, esmaltes, tintes y peinados inadecuados”(15) (negrilla fuera de texto original).
• A Mariana Cristina Ángel Tangarife se le impidió el ingreso a la institución educativa el día 24 de enero de 2017 (según las planillas de asistencia del mes de enero, en las cuales consta que la joven asistió a clases los días 25 y 26 del mes de enero(16)). Situación fáctica que la Sala estima cierta, toda vez que no fue controvertida por el rector de la entidad accionada. Incluso, en la oportunidad procesal de respuesta a la acción de tutela, aquel afirmó, puntualmente, que “la sanción se aplicó conforme al manual de convivencia y se le dijo a la alumna que trajera su cabello en forma natural como hasta el año pasado lo había tenido”.
• El artículo 20 del Manual de Convivencia del IEMA(17) consagra que las medidas correctivas aplicables son las siguientes:
5.2. Vulneración del derecho a la educación(18).
Según obra en el material aportado en sede de revisión, la alumna sí pudo asistir a clases en el periodo de enero y febrero de 2017, retirándose voluntariamente desde el 8 de marzo de 2017. En efecto, pese al incidente del 24 de enero de 2017, según las planillas de asistencia del mes de enero, la joven Mariana Cristina Ángel Tangarife asistió a clases los días 18, 19, 20, 25 y 26 del mes de enero y los días del mes de febrero(19).
Como tampoco es posible establecer si los hechos que originaron la presente acción de tutela motivaron su retiro voluntario de la institución educativa, la Sala ordenará que la Institución Educativa María Auxiliadora de Caldas, Antioquia —IEMA— ofrezca a la agenciada Mariana Cristina Ángel Tangarife, la posibilidad de reintegrase a la institución, si así lo manifiesta la accionante. En tal evento, el colegio deberá tomar las medidas adecuadas y necesarias tendientes a garantizar que la estudiante se ponga al día en sus obligaciones académicas.
5.3. Vulneración del derecho al debido proceso, en cuanto a la aplicación de las reglas y sanciones contenidas en el manual de convivencia.
5.4. Vulneración de los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, en razón a que las normas contenidas en el manual de convivencia (y las cartas de compromiso) limitan los derechos del estudiantado.
Según el artículo 12 de la Ley 1620 de 2013, el Comité Escolar de Convivencia estará conformado por el rector del establecimiento educativo, quien preside el comité; el personero estudiantil; el docente con función de orientación; el coordinador, cuando exista este cargo; el presidente del consejo de padres de familia; el presidente del consejo de estudiantes, y un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. Dicho organismo está encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar(20).
En virtud del componente de promoción de las políticas institucionales de los centros educativos(21), el Comité Escolar de Convivencia deberá liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título III del Decreto 1965 de 2013.
5.4.2. Reiteración jurisprudencial. Esta Corte se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la prohibición de incluir en los manuales de convivencia de las instituciones educativas, enunciados que vulneren el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Puntualmente, ha tratado en múltiples oportunidades(22) el tema relativo a los límites de los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, en materia de imposición de sanciones y prohibiciones frente a la decisión de los educandos de optar por determinada apariencia física, particularmente a través de la elección de un corte de pelo específico o mediante el uso de adornos y maquillaje. Esto debido a que, en la mayoría de los casos, las restricciones mencionadas entran en tensión, incluso al grado de vulneración, con los derechos fundamentales, en especial el libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, la Corte ha fijado, entre otras, las siguientes reglas sobre la materia, las cuales se reiteran -en esta oportunidad:
El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuadra en la cláusula general de la libertad y confiere al sujeto la potestad para decidir autónomamente sobre sus diferentes opciones vitales, sin ningún otro límite que los derechos de los demás y el orden jurídico. Llevada esta condición al ámbito educativo, la Corte ha concluido que las instituciones educativas están válidamente investidas de la potestad de ejercer acciones disciplinarias respecto de sus educandos, siempre y cuando las mismas no impongan un tratamiento desproporcionado o irrazonable y, en cualquier caso, estén unívocamente dirigidas a permitir la adecuada prestación del servicio educativo(23).
En lo que respecta a las limitaciones admisibles al libre desarrollo de la personalidad de los educandos, la Corte ha partido de considerar que los y las estudiantes, incluso aquellos de corta edad, tienen un ámbito protegido en relación con su autonomía personal, lo que los hace titulares de posiciones jurídicas reconocidas por la Constitución. Así, se ha considerado que ese grado de autonomía tiene carácter progresivo, de modo que a mayor edad amplía su espectro y, por ende, la mayor posibilidad del alumno de tomar decisiones autónomas sobre sus opciones vitales(24).
• Aquellos comportamientos que solo conciernen a la persona y que, por ende, no interfieren en la eficacia de derechos de terceros: consisten en expresiones propias del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, de manera general, no pueden ser válidamente orientadas o restringidas.
• Aquellas actuaciones en donde el comportamiento del sujeto puede incorporar afectaciones a derechos fundamentales de otras personas, caso en el cual sí son admisibles limitaciones, siempre y cuando superen satisfactoriamente criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En ese sentido, la restricción correspondiente solo devendrá legítima cuando cumpla con finalidades constitucionalmente obligatorias, como son precisamente la protección de los derechos fundamentales de otras personas.
La Sala Cuarta de Revisión reitera que si bien el manual de convivencia plasma la visión de la institución educativa en el proceso formativo, y este es un derecho que le asiste a las entidades educativas, no por ello pueden convertirse en estructuras rígidas, menos garantistas que la Constitución. En esa medida, los reglamentos deben ser susceptibles de modificación. “Tampoco pueden existir pactos o manuales que respondan a una única ‘visión’ del mundo, o a una moral cívica determinada; y menos puede suceder que respondan a los criterios personales de los representantes de la institución. Por el contrario, se trata de documentos que deben construirse a partir del consenso de la comunidad educativa, de la que hacen parte los estudiantes, sus familias, los docentes y demás personal que tenga a su cargo contribuir en la función de educar a los menores”(25).
1. REVOCAR la sentencia proferida, el 9 de febrero de 2017, por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Caldas, Antioquia. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto, por las razones expuestas en esta providencia.
2. PREVENIR al Rector de la Institución Educativa María Auxiliadora —IEMA— de Caldas (Antioquia), para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en las conductas que dieron origen a esta tutela, toda vez que ello atenta contra las garantías constitucionales del estudiantado, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
3. ORDENAR a la Institución Educativa María Auxiliadora —IEMA— de Caldas (Antioquia) que adopte las siguientes medidas:
1. Ofrecer a la estudiante Mariana Cristina Ángel Tangarife la opción de reintegrarse a la institución, siempre y cuando esta manifieste su voluntad en este sentido. En ese evento, el colegio deberá tomar las medidas adecuadas y necesarias tendientes a garantizar que la estudiante se ponga al día en sus obligaciones académicas.
2. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, deberá llevar a cabo un proceso de socialización de la presente decisión entre los demás directivos, los profesores de la institución educativa y la Junta de Padres de Familia, con el fin que conozcan las reglas sobre el respeto por el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los educandos.
3. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta decisión, el Rector en calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, deberá liderar el proceso de actualización y modificación del manual de convivencia y las cartas de compromiso que han de suscribir los padres de familia, particularmente de las clausulas o reglas que limitan o imponen patrones estéticos restrictivos y excluyentes que impiden a los y las estudiantes disfrutar de sus derechos constitucionales, tales como el uso del pelo tinturado. En todo caso, esa modificación deberá observar las formalidades y garantías del debido proceso, garantizando una construcción colectiva del mismo, en los términos de la parte motiva de esta providencia.
4. Culminado el proceso de actualización y modificación del Manual de Convivencia, publicar y poner a disposición de todos los empleados, educadores, familias y directivos, a través de un acto simbólico que ayude a asumir el referido documento como un texto de construcción participativa.
PAR.—El rector de la Institución Educativa María Auxiliadora —IEMA— de Caldas (Antioquia) deberá informar el cumplimiento de este proveído al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Caldas, Antioquia. En caso de incumplimiento, el señor juez deberá iniciar los trámites de verificación y, de ser preciso, imponer las sanciones legales correspondientes.
4. REMITIR copia de esta providencia, por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la Secretaría Municipal de Educación de Caldas (Antioquia) con el propósito de verificación de su cumplimiento, sin perjuicio de la competencia principal del juzgado de primera instancia.
5. LÍBRESE, por Secretaría General, las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
1 Ver folios 30 al 36 del expediente, cuaderno principal.
2 Ver folio 18 del cuaderno principal del expediente.
3 De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el requisito relacionado con la legitimación por activa se encuentra acreditado, ya que la accionante actúa en representación de su joven hija, en procura de protección de sus derechos fundamentales invocados. Por su parte, en cuanto a la legitimación por pasiva, se advierte que la acción se interpone en contra la Institución Educativa Maria Auxiliadora - IEMA, quien presuntamente está desconociendo los derechos a la educación, al debido proceso, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de la accionante. Por tratarse de una entidad educativa, encuentra la Sala que se cumple con este requisito, ya que por la naturaleza de su actividad, sus decisiones afectan directamente a los niños, las niñas y los adolescentes inscritos (criterios de subordinación e indefensión). En cuanto al requisito de inmediatez, se observa que la representante interpuso la demanda de amparo el 26 de enero de 2017, a los pocos días de ocurrida la presunta vulneración constitucional (enero 24 de 2017). Por virtud de lo anterior, a juicio de esta Sala de Revisión, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez. Finalmente, en relación con el requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, entre otras, cuando se presenta una situación de amenaza o de vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse y que pueda generar un daño irreversible. En el caso bajo estudio, el accionante pretendía que se permitiera el ingreso a clases, pese a tener su cabello tinturado.
6 El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 6º, indica que: “La acción de tutela no procederá: // (…) 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.”
7 Ver sentencias T-021 de 2017, T-669 de 2016, T-624 de 2016, T-597 de 2015 y T-970 de 2014, entre otras.
9 Se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela carece por completo de objeto actual como consecuencia del acaecimiento de un hecho posterior a la demanda. Al respecto ver las sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
11 El artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: Artículo 24. Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo son perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.”
12 El Despacho del magistrado sustanciador se comunicó vía telefónica con Julia Andrea Tangarife Montoya, el 6 de julio de 2017, confirmando el retiro voluntario Mariana Cristina Ángel Tangarife del IEMA.
13 Ver folio 12 del cuaderno 1 del expediente.
14 Obra a folios 13 al 49 del cuaderno 1 del expediente.
15 Ver folio 27 del cuaderno 1 del expediente.
16 Ver folios 33 y 34 del cuaderno principal del expediente.
17 Ver folio 29 (reverso) del cuaderno 1 del expediente.
18 Respecto del derecho a la educación se puede consultar, entre otras, las siguientes sentencias: T-428 de 2012, T-743 de 2013, T-085 de 2017.
19 Ver folios 33 y 34 del cuaderno principal del expediente.
20 Decreto 1965 de 2013, Articulo 22.
21 Decreto 1965 de 2013, Artículo 36. Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013.
22 El asunto ha sido resuelto en varios fallos (Ver, entre otras, las sentencias T-065 de 1993 y T-366 de 1997), los cuales fueron homogeneizados en su sentido de decisión en las sentencias de unificación SU-641/98 y SU-642/98. Las reglas fijadas en dichas decisiones han sido uniformemente reiteradas en fallos posteriores, entre los que se destaca la sistematización realizada en la decisión T-1023 de 2010, T-098 de 2011, T-832 de 2011, T-356 de 2013, T-565 de 2013, T-625 de 2013, T-789 de 2013, T-738 de 2015 y T-349 de 2016.
23 Extracto de la Sentencia T-565 de 2013.
24 Cfr. la Sentencia T-789 de 2013: “esta Corporación ha resaltado la importancia de la palabra “libre” en la caracterización de este derecho (al libre desarrollo de la personalidad), ya que ella implica la imposibilidad de exigir determinados modelos de personalidad admisibles frente a otros que se consideran inaceptables o impropios. Por ello se ha insistido en que el ejercicio de este derecho debe ser un reflejo de los intereses, deseos y convicciones de las personas, bajo el reconocimiento de una libertad general de acción, en los distintos campos de actuación del individuo”, y agregó más adelante en el mismo fallo: “los estudiantes, incluso aquellos de corta edad, tienen un ámbito de autonomía personal protegido por la Constitución, cuyo desarrollo es eminentemente progresivo frente a la capacidad de decidir sobre sus opciones vitales (…)”.
25 Cfr. Sentencia T-349 de 2016.

References: artículo 26
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 20
 artículo 12
 artículo 21
 artículo 36
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 24
 Artículo 24
 Artículo 36