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Timestamp: 2014-04-18 14:09:26+00:00

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Laboral. No se requiere agotar la vía judicial en materia laboral, presunción de constitucionalidad - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0227/2012 Sucre, 24 de mayo de 2012 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Magistrado Relator: Efren Choque Capuma
Acción de amparo constitucional Expediente: 00355-2012-01-AAC
Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2012 de 27 de febrero, cursante de fs. 206 a 208, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Néstor Juan Quispe Laura y Florencio Oscar Alanoca Mamani contra Juan Carlos Salazar Tórrez, Director del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de enero de 2012 (fs. 117 a 121 vta.), y el de subsanación de 13 de febrero del mismo año (fs. 132 a 134 vta.), los accionantes expusieron los siguientes fundamentos:
I.1.1. Fundamentos de hecho que motivan la acción
Manifiestan que el 10 de octubre de 2011, el SEDCAM de La Paz, mediante memorandos prescindió de sus servicios debido a la restructuración administrativa, ante tales retiros injustificados, presentaron denuncia ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social solicitando ser reincorporados a su fuente laboral; consecuentemente se emitió el informe de reincorporación JDTLP 0801/11 de 19 de octubre de 2011, que estableció que el SEDCAM determinó injustificadamente la desvinculación laboral, apoyándose en un informe de presupuesto que sugería la modificación de la escala salarial y que no realizó ningún proceso contra los accionantes a pesar de que uno de ellos gozaba de fuero sindical. Es así, que el 24 del citado mes y año, el referido Ministerio emitió la correspondiente conminatoria de reincorporación, notificando a las partes en la misma fecha. Pero cuando los accionantes se apersonaron al SEDCAM a efectos de reincorporarse, el encargado de Recursos Humanos, les indicó que su reincorporación estaba siendo objeto de análisis, por ello acudieron nuevamente al aludido Ministerio, solicitando la verificación de su reincorporación, mereciendo el informe V-007/2011 de 4 de noviembre, estableciendo la falta de reincorporación, con la respectiva imposición de multas.
El 7 de noviembre de 2011, el SEDCAM dio a conocer al Defensor del Pueblo memorandos de destitución por abandono de funciones que nunca fueron entregados a los accionantes, emitidos sin considerar que fueron los propios funcionarios del Ministerio del Trabajo Empleo y Previsión Social quienes constataron que no les permitieron el ejercicio de sus funciones.
Los accionantes estiman que se lesionaron sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración justa, citando al efecto el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se declare “procedente” la acción, disponiendo el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación a sus correspondientes fuentes laborales, con el correspondiente pago de sus salarios devengados.
Celebrada la audiencia pública el 27 de febrero de 2012, según consta en el acta cursante de fs. 203 a 205 vta., en presencia de los accionantes y del abogado apoderado de la entidad demandada, ausentes los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la demanda
El abogado de los accionantes, ratificó la demanda, y ampliándola señaló que: a) Los accionantes fueron despedidos sin causa justificada, ni proceso previo, más aún en el caso de Florencio Oscar Alanoca Mamani quien gozaba del derecho del fuero sindical hasta enero de 2012; b) Frente a la conminatoria de reincorporación el SEDCAM de La Paz, presentó recurso de revocatoria, el cual fue rechazado, pero no interpuso el recurso jerárquico correspondiente; vale decir que, la disposición de reincorporación emanada por autoridad administrativa ha causado estado; y, c) Tales retiros injustificados transgreden además el art. 11 del Decreto Supremo (DS), 28699 de 1 de mayo de 2006, que reconoce la estabilidad laboral a favor de los trabajadores asalariados, al igual que el DS 495 de 1 de mayo de 2010 que en su artículo único establece que el trabajador retirado injustamente podrá acudir al Ministerio de Trabajo Empleo y previsión Social, indicando además que la conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada por la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución, norma que introduce con claridad meridiana el derecho de los trabajadores a interponer acciones constitucionales.
I.2.2. Informe del Servidor Público demandado
Luis Carrasco Gonzales, Director Técnico del SEDCAM de La Paz, presentó informe escrito, cursante de fs. 146 a 150, manifestando que: 1) Debido a la reestructuración administrativa del SEDCAM, se establecieron nuevos requisitos para los cargos ocupados por los ahora accionantes, quienes no cuentan con los mismos; 2) Frente a la conminatoria de reincorporación 093/2011 de 24 de octubre, el SEDCAM formulo recurso de revocatoria; sin embargo, dispuso mediante instructivo 063/2011, dirigido al encargado de Recursos Humanos su cumplimiento, habilitándose por ello el 25 de octubre de 2011, el control biométrico para que pudieran registrar su ingreso y salida, pero los accionantes abandonaron las instalaciones sin justificar su inasistencia; 3) El 7 de noviembre de 2011, se emitieron los memorandos de destitución de los accionantes por inasistencia al trabajo por más de seis días continuos, comunicándose tal decisión al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, en razón a que los destinatarios no pudieron ser encontrados, no habiéndose interpuesto ninguna acción para desvirtuar tal causal; y, 4) La protección del fuero sindical que gozaba Florencio Oscar Alanoca Mamani, era oponible al despido por reestructuración administrativa, pero no así a la causal de despido por abandono de funciones o inasistencia injustificada por más de seis días hábiles.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 23/2012 de 27 de febrero, cursante de fs. 206 a 208, denegó la tutela, argumentando que: i) Los accionantes antes de activar la vía constitucional, debieron acudir en la reparación de sus derechos supuestamente lesionados al mismo proceso o a la instancia donde fueron presuntamente vulnerados, en su caso ante la autoridad responsable de haber emitido la Resolución de reincorporación para que su responsable haga ejecutar y cumplir su propia determinación; y, ii) En su caso a instancias superiores a estas, o en su defecto a la jurisdicción laboral, interponiendo la demanda de reincorporación y en la misma solicitar el cumplimiento de la Resolución Ministerial.
Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:
II.1.Mediante memorandos 42/11 y 43/11 ambos de 10 de octubre de 2011, Juan Carlos Salazar Tórrez, Director Técnico del SEDCAM de La Paz, comunicó a Florencio Oscar Alanoca Mamani y Néstor Juan Quispe Laura, que por restructuración administrativa se dispuso prescindir de sus servicios (fs. 19 y 26).
II.2. El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, frente a la denuncia interpuesta por los accionantes, emitió la conminatoria 093/2011, conminando al SEDCAM de La Paz, a la reincorporación inmediata de los accionantes al puesto que ocupaban al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, la cual fue notificada el mismo día a las partes (fs. 27 y vta.).
II.3. El 26 de octubre de 2011, frente al incumplimiento de su reincorporación al SEDCAM, los accionantes solicitaron la verificación de la misma (fs. 39).
II.4.Mediante informe V-007/2011, la Inspectora Técnica de Trabajo y Seguridad Ocupacional, informó al Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, que se entrevistó con el Jefe de la Unidad de Asesoría Legal del SEDCAM, quien informó que los accionantes no fueron reincorporados y que la entidad que representa interpuso recurso de revocatoria contra la conminatoria emitida por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social. Además de haberse entrevistado con el Jefe de Recursos Humanos quien le señaló que no tenía ninguna orden para la reincorporación de los accionantes. Por tales antecedentes se evidenció que el SEDCAM no dio cumplimiento a la Conminatoria de reincorporación 093/2011, procediendo en consecuencia la imposición de multas por infracción al SEDCAM de La Paz (fs. 105).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Los accionantes alegan que habiendo sido despedidos sin causa justificada por el SEDCAM de La Paz, no fueron reincorporados a sus fuentes laborales a pesar de que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la correspondiente conminatoria de reincorporación más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales a su favor, acudiendo por ello nuevamente al referido Ministerio, donde se determinó la falta de su reincorporación así como la imposición de multas al SEDCAM; no obstante, no se dio tal restitución. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si se debe otorgar o no la tutela solicitada.
III.1. De la acción de amparo constitucional Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a dicha acción instituida en el sistema constitucional boliviano; así, la Constitución Política del Estado, en la Sección II, del Capítulo segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías).
En ese marco, el art. 128 de la CPE, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; a su vez el art. 129.I de la CPE, determina que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.
En desarrollo de las normas constitucionales citadas, el art. 73 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), al referirse al objeto de la acción de amparo constitucional; “…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley” y que, al referirse el art. 76 de la citada Ley, con referencia a la subsidiariedad e inmediatez, “La Acción de Amparo no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.
La acción de amparo constitucional, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.
III.2 De las reformas legales en materia laboral De la misma manera, es necesario señalar que ante un posible despido injustificado, se instituyó la posibilidad de que el trabajador recurra ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social para pedir su restitución, así lo establecía el art. 10.I del DS 28699, indicando: “Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de beneficios sociales o por su reincorporación”; señalando posteriormente el mismo artículo en su parágrafo III: “En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación”.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, así señaló: “…de los antecedentes citados, se evidencia a momento de la emisión de las Resoluciones ahora impugnadas, la vigencia del DS 28699, que otorga al trabajador el derecho de optar, por el pago de sus beneficios sociales o por su reincorporación en los casos de despidos injustificados; norma que fue reglamentada, mediante RM 551/06, que establece el procedimiento administrativo que debe desarrollarse para los casos de reincorporación laboral; en tal sentido, en el presente caso, el trabajador acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo, solicitando la reincorporación a su fuente laboral, en virtud de aquello, y la normativa vigente a momento de dicha petición, el Jefe Departamental del Trabajo, con la competencia que le confiere el Decreto y su Reglamento referido, pronunció la RA 661-07, que ordena la reincorporación del trabajador a la CNS y la RA 602-07, que resuelve el recurso de revocatoria respectivo, razón por la cual, esta autoridad se limitó a cumplir con los procedimientos y facultades establecidas legalmente, en los casos que el trabajador opte por su reincorporación por la vía administrativa, sin que ello importe que el trabajador pueda acudir a la justicia ordinaria ante el Juez de Trabajo y Seguridad Social, como el propio Reglamento prevé en su art. 10 al indicar: '…En el caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por infracción a leyes sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez de Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado por el Misterio de Trabajo'" (SC 0002/2010 de 20 de septiembre), la cita jurisprudencial glosada, permite establecer que un trabajador puede si así lo desea -toda vez que le es facultativa y potestativa dicha elección- acudir ante el Ministerio de Trabajo Empleo Previsión Social, para solicitar su reincorporación, por la vía administrativa, ello concordante con el art. 50 de la CPE, que prevé que: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores…” entonces, solicitar la reincorporación a la fuente laboral a través del referido Ministerio, constituye acudir ante la vía administrativa cuyo último acto procesal sería la resolución definitiva del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social que en su caso, ordenaría la reincorporación del trabajador a su fuente laboral, señalando por otra parte, el art. 10 del DS 28699, señala que ante una posible negativa de reincorporación por parte del empleador, el trabajador podría acudir a la vía ordinaria.
Debe precisarse que la cita jurisprudencial precedente está referida a la vigencia del DS 28699, sin considerar el DS 0495, que la complementa y reconoce al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, la facultad de instruir la reincorporación de los trabajadores a sus fuentes laborales. Al efecto, el DS 0495, establece lo siguiente:
“ARTÍCULO ÚNICO.- I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo N°28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:
`III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo´.
II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:
`IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución´.
V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral'”.
En ese contexto, la SC 1354/2011-R de 30 de septiembre, que resuelve el caso de una trabajadora que fue despedida de manera injustificada de su fuente laboral, acudiendo directamente a la jurisdicción constitucional para la restitución de sus derechos y garantías; señalando el Tribunal Constitucional en dicho caso, que al encontrarse vigente el DS 28699, así como el DS 0495, que otorga al trabajador un medio idóneo, rápido y eficaz para la restitución de sus derechos laborales a través del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social y sus dependencias, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, debía en primera instancia, agotar dicho medio idóneo, es decir, primero acudir ante el aludido Ministerio, agotando de esta forma la jurisdicción administrativa, para posteriormente y en caso de persistir la lesión a sus derechos, acudir ante la jurisdicción constitucional.
El citado precedente, textualmente señala:“El DS 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 10.III vigente al momento de la problemática, ahora modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, reconoce al Ministerio de Trabajo como instancia a la que los trabajadores despedidos pueden acudir para solicitar su reincorporación, que una vez probada puede ser ordenada por ese despacho ministerial, advirtiéndose en el presente caso que la trabajadora no utilizó ningún medio impugnativo al interior de la entidad o instancias superiores como ya se ha referido precedentemente, en el caso de autos correspondía al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; en consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, `la parte accionante debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a ésta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia´ (SC 0360/2010-R de 22 de junio).
(…) Por lo señalado, en la problemática expuesta se establece que la accionante no utilizó un medio idóneo, inmediato y eficaz que tenía a su alcance para la protección de sus derechos acusados de vulnerados a través de la presente acción tutelar, situación que recae en la causal de improcedencia por subsidiariedad, establecida en la sub regla 2. b) de la SC 1337/2003-R, glosada en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia”.
De lo expuesto, se puede establecer que con la resolución de reincorporación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el trabajador ante la justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía constitucional, toda vez que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, no se necesita agotar también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía administrativa y la ordinaria son dos vías diferentes.
Ahora bien, si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le facultan al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495.
III.3. De la presunción de constitucionalidad y de la protección a los trabajadores Por otra parte, se debe establecer que conforme lo señala el art. 5 de la LTC, se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. En ese sentido y en lo que respecta a la aplicación de los decretos antes citados que ordenan la reincorporación de un trabajador despedido por causas no previstas en la ley, cabe mencionar que la antes citada SC 0002/2010, indica lo siguiente: “…en consecuencia, el Ministerio de Trabajo y sus jefaturas departamentales, tenían plena competencia para tramitar y resolver la solicitud de reincorporación, ahora cuestionado, de acuerdo con en el DS 28699 y la RM 551/06, quedando las autoridades recurridas facultadas para emitir resoluciones de reincorporación del trabajador, en el ámbito de la competencia ya señalada”, jurisprudencia que fue ampliada mediante la SC 1354/2011-R de 30 de septiembre que señaló: “El DS 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 10.III vigente al momento de la problemática, ahora modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, reconoce al Ministerio de Trabajo como instancia a la que los trabajadores despedidos pueden acudir para solicitar su reincorporación, que una vez probada puede ser ordenada por ese despacho ministerial, advirtiéndose en el presente caso que la trabajadora no utilizó ningún medio impugnativo al interior de la entidad o instancias superiores como ya se ha referido precedentemente, en el caso de autos correspondía al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; en consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, `la parte accionante debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a ésta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia'”.
Como se tiene establecido, mediante la Ley 3613 de 12 de marzo de 2007, se restituyó al SEDCAM al régimen laboral de la Ley General del Trabajo, por consiguiente, dentro el orden laboral se debe entender a esta norma y sus disposiciones reglamentarias como las que administren la actividad laboral del SEDCAM, debiendo sujetarse a la Constitución Política del Estado y las leyes, sin vulnerar derechos fundamentales.
III.4. Del análisis de caso concreto De acuerdo a la documentación que informa los antecedentes del expediente, los accionantes recibieron sendos memorandos por los que se les comunicó que se prescindía de sus servicios por una supuesta restructuración administrativa, lo que motivó que éstos presentarán denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que emitió la Conminatoria 093/2011 de 24 de octubre, para que el SEDCAM de La Paz reincorpore a los accionantes, lo cual fue incumplido, puesto que, entre otros aspectos, el encargado de Recursos Humanos les comunicó que su reincorporación estaba en análisis, motivo por el que debían esperar hasta que se les comunique su reincorporación oficial; es más, luego de haberse verificado tal incumplimiento por la Inspectora Técnica de Trabajo y Seguridad Ocupacional quien previamente se entrevistó con el Asesor Legal y con el Jefe de Recursos Humanos del SEDCAM de La Paz, fue informada que no se dio la reincorporación solicitada, motivo por el cual mediante informe V-007/2011, se procedió a la imposición de multas por infracción al SEDCAM.
Frente a los hechos descritos, en plena concordancia con lo expresado en los fundamentos precedentes y, primordialmente conforme a lo establecido en el art. 48.II de la CPE, las normas laborales serán interpretadas y aplicadas bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. En tal sentido, corresponderá aplicar, interpretar y pronunciarse favorablemente respecto a los derechos laborales que pudieran ser lesionados, más aún, cuando en el presente caso el SEDCAM de La Paz incumplió la conminatoria de reincorporación 093/2011 de 24 de octubre emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Consiguientemente, el Tribunal de garantías al denegar la tutela, no efectuó un correcto análisis de esta acción tutelar.
POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art.12.7 de la LTCP, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2012 de 27 de febrero, cursante de fs. 206 a 208, pronunciada por Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada.

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 Artículo 10
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