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Timestamp: 2019-05-24 02:54:21+00:00

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STS 671/2014, 19 de Noviembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 549269486
Número de Recurso: 2452/2013
DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. DERECHO AL HONOR. VULNERACIÓN. TARJETAS DE CRÉDITO. Solo existe una conexión mediata entre el objeto de uno y otro proceso, pero los hechos fundamentales objeto de este proceso, como son la inclusión en el fichero de morosos, no lo fueron del anterior, y las pretensiones ejercitadas son diferentes, pues en este litigio se pretende que se declare la existencia de una vulneración del derecho fundamental al honor y se fije una indemnización por el daño moral causado por tal vulneración. Se desestima el extraordinario por infracción procesal y de casación.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación núm. 2452/2013, interpuesto por la entidad "Caja Rural de Teruel, S.C.C.", representada ante esta Sala por la procuradora D.ª Rocío Sampere Meneses, contra la sentencia núm. 115/2013, de 21 de febrero, dictada por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el recurso de apelación núm. 549/2012 , dimanante de las actuaciones de procedimiento ordinario núm. 221/2012, seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Zaragoza. Ha sido recurrida D.ª Julieta , representada ante esta Sala por la procuradora D.ª M.ª José Rodríguez Teijeiro. Ha sido parte el Ministerio Fiscal.
D.ª Julieta , presentó en el Decanato de los Juzgados de Zaragoza, con fecha 1 de marzo de 2012, demanda de juicio ordinario, en ejercicio de la acción de tutela del derecho al honor y a la propia imagen y de reclamación de daños morales contra la entidad "Caja Rural de Teruel S.C.C.", cuyo suplico decía: «[...] dicte sentencia por la que:
- Se declare que Caja Rural de Teruel SCC vulneró el derecho constitucional al honor y a la propia imagen de Dña. Julieta por la cesión ilegal de sus datos personales a los ficheros de solvencia patrimonial ASNEF y EXPERIAN.
- Que se condene a Caja Rural de Teruel SCC a indemnizar los daños morales causados en 6000 euros o alternativamente, se condene a la cantidad que estime su Señoría a la vista de la gravedad de los hechos (conforme al artículo 9.3 de la LO 1/1982 ).
- Se impongan a Caja Rural de Teruel SCC las costas causadas.»
Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a la parte demandada y al Ministerio Fiscal.
La entidad demandada tras alegar cosa juzgada y prejudicialidad administrativa, contestó a la demanda y suplicó la desestimación íntegra de la misma, con imposición de costas a la parte actora.
El Ministerio Fiscal manifestó que aparecer en un fichero de morosos afecta a la buena fama de una persona y que facilitar datos de esos ficheros, sin haber cumplido los principios de prudencia y veracidad, constituye una intromisión en el derecho al honor.
Seguidos los trámites correspondientes, el Magistrado- juez de Primera Instancia núm. 3 de Zaragoza dictó la sentencia núm. 162/2012, de 5 de julio , cuyo fallo dice: « Que estimando la demanda interpuesta por Doña Julieta debo declarar y declaro que Caja Rural de Teruel SCC vulneró el derecho constitucional al honor y a la propia imagen de la demandante por la cesión de sus datos personales a ficheros de solvencia patrimonial ASNEF y EXPERIAN. Y, en consecuencia, condeno a la entidad demandada a indemnizar a la demandante como daños morales derivados de esta inclusión en la cantidad de 1000 euros. Las costas del juicio serán de cuenta de la entidad demandada.»
"Caja Rural de Teruel S.C.C." interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia, en el que tras alegar nulidad de actuaciones, al haberse ocasionado indefensión a la demandada por la resolución de la instancia en cuanto no resolvió las cuestiones procesales planteadas en auto como previene la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino en la sentencia, la concurrencia de la excepción de cosa juzgada, así como la necesidad de suspender la causa por prejudicialidad administrativa, argumentó en su defensa que la información trasmitida a los registros de solvencia económica fue veraz y que actuó conforme a las exigencias legales de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal como de su reglamento, que no existió divulgación de la información registrada y, que por tanto, no existió daño ni se acreditó daño moral, por lo que suplicó a la Audiencia Provincial dictara resolución mediante la que acordara la nulidad planteada y, en su caso, sentencia por la que, revocando la apelada en cuanto a los puntos señalados en el recurso, lo estimara íntegramente, desestimando la demanda interpuesta, con expresa condena en costas de la instancia y de la apelación.
Del recurso de apelación interpuesto se dio traslado a las demás partes personadas. Tanto la parte apelada como el Ministerio Fiscal se opusieron al recurso de apelación e interesaron la confirmación de la sentencia.
La resolución del recurso de apelación correspondió a la sección quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que lo tramitó con el núm. de rollo 549/2012 y, tras seguir los correspondientes trámites, dictó la sentencia núm. 115/2013, de 21 de febrero , con el siguiente fallo: «La Sala acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por Caja Rural de Teruel S.C.C. contra la sentencia de 5 de julio de 2012 dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Zaragoza al que el presente rollo se contrae, confirmando la resolución recurrida en todos sus extremos con imposición de las costas al recurrente.»
Mediante auto, el Juzgado acordó no acceder al complemento del fundamento tercero de la sentencia interesado por la entidad apelante.
"Caja Rural de Teruel, S.C.C." interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia núm. 115/2013, de 21 de febrero, dictada por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza .
El recurso de casación se fundamentó en un único motivo, que a continuación se transcribe: « Único.- Infracción del art. 2.2 de la L.O. 1/1982 y del art. 1.101 Cc . »
La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal se formuló con base en los siguientes motivos:
«Primero.- Infracción de los arts. 416.1 , 417.2 y 421.3 LEC por la sentencia de primera instancia, ratificada por la de apelación.
» Segundo.- Infracción del art. 218.2 LEC respecto de la necesidad de motivación de las sentencias, a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Infracción del art. 400 LEC .»
La Audiencia Provincial inadmitió, mediante auto de 3 de junio de 2013, los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación por ser su interposición extemporánea.
"Caja Rural de Teruel, S.C.C." interpuso recurso de queja contra el auto de 3 de junio de 2013, que fue estimado por esta Sala mediante auto de 8 de octubre de 2013 .
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación y remitió las actuaciones a esta Sala, con emplazamiento de las partes.
Personadas las partes ante este Tribunal, se dictó auto de 4 de marzo de 2014 , cuya parte dispositiva decía: «La Sala acuerda:
»1º) Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de "Caja Rural de Teruel, S.C.C:" contra la sentencia dictada, con fecha 21 de febrero de 2013, por la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5ª), en el rollo de apelación nº 549/2012 , dimanante de los autos de juicio sobre derecho al honor nº 221/2012 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Zaragoza.
» 2º) Y entréguese copia de los escritos de interposición del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la secretaría y transcurrido dicho plazo, a los mismos fines, dése traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal.»
D.ª Julieta solicitó la desestimación de los recursos y, por tanto, la ratificación en todos sus extremos de la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la parte recurrente. Asimismo, el Ministerio Fiscal impugnó los recursos interpuestos.
La parte recurrida, al amparo de lo establecido en el artículo 271.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aportó la sentencia dictada en el rec. núm. 459/2011, por la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
De la resolución presentada por la Sra. Julieta , se dio traslado a la contraparte, quien manifestó que la misma no debía ser admitida.
Suspendida la votación y fallo del presente recurso, se señaló de nuevo para que los mismos tuvieran lugar el día 5 de noviembre de 2014.
- Los antecedentes más relevantes para entender las cuestiones planteadas en los recursos son las siguientes, tal como han sido fijadas en la instancia.
Dª Julieta , la demandante, era cliente de la Caja Rural de Teruel. A finales de 2007 la demandante solicitó a la Caja la remisión de una tarjeta de crédito, por extravío de la anterior. La Caja remitió por correo ordinario la tarjeta y el código PIN, pero no llegaron a manos de la demandante, que había cambiado de domicilio sin comunicarlo a la Caja, sino a manos de un tercero, que hizo disposiciones por importe de 925,67 euros.
La demandante, disconforme con la pretensión de la Caja de cargarle el importe de esas disposiciones hechas con la tarjeta, desde el 8 de febrero de 2008 formuló quejas ante la oficina del consumidor de Teruel y ante el defensor del cliente de las cooperativas de crédito, así como ante el servicio de reclamaciones del Banco de España.
La Caja demandada comunicó los datos de la demandante a dos empresas responsables de sendos registros de morosos, Experian y Asnef, por una deuda impagada de 925,65 euros. Estas empresas comunicaron a la demandante su inclusión en sus ficheros el 11 y 12 de abril de 2008, respectivamente.
El 29 de julio de 2009 la Sra. Julieta interpuso demanda de juicio verbal contra la Caja, en la que solicitaba se declarara la responsabilidad de Caja Rural de Teruel por la no recepción por la demandante de la tarjeta de crédito que aquella le envió por correo, y su indebida utilización por un tercero y se declarara asimismo que la demandante no adeudaba cantidad alguna a dicha Caja de Ahorros, con la consecuencia de que se le condenara a asumir dicha pérdida patrimonial. El Juzgado dictó sentencia el 18 de octubre de 2009 , en la que estimó en parte la demanda y condenó a la Caja a asumir el 70% de la deuda, pues compensó su negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con la que era atribuible a la demandante.
Los datos de la demandante solo fueron dados de baja en los registros de morosos los días 27 y 29 de diciembre de 2009, una vez que la demandante consignó en el Juzgado 227,71 euros, correspondientes al 30% que la sentencia le atribuyó en la responsabilidad por el extravío y uso indebido de la tarjeta.
- La demandante interpuso el 1 de marzo de 2012, demanda de juicio ordinario, la demanda de protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales origen de este proceso, y en ella solicitó se declarara que la Caja demandada vulneró su derecho constitucional al honor y a la propia imagen «por la cesión ilegal de sus datos personales a los ficheros de solvencia patrimonial ASNEF y EXPERIAN» y se le condenara a indemnizar los daños morales causados en 6000 euros o en la cantidad que el Juzgado estimara pertinente.
La Caja de Ahorros demandada, tras alegar la existencia de cosa juzgada y prejudicialidad administrativa, negó la ilicitud de su conducta y la existencia de vulneración del derecho al honor de la demandada. El Ministerio Fiscal manifestó que aparecer en un fichero de morosos afecta a la buena fama de una persona y que facilitar datos de esos ficheros, sin haber cumplido los principios de prudencia y veracidad, constituye una intromisión en el derecho al honor.
- El Juzgado de Primera Instancia declaró los autos conclusos para sentencia en la audiencia previa, al admitirse exclusivamente las pruebas documentales aportadas por las partes, y dictó sentencia en la que desestimó las excepciones procesales formuladas por la Caja demandada, declaró vulnerado el honor de la demandante por la indebida inclusión de sus datos personales en sendos registros de morosos, y condenó a la Caja a indemnizarle en mil euros.
- La Caja demandada recurrió en apelación la sentencia. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación y confirmó plenamente la sentencia de primera instancia.
- La Caja demandada ha interpuesto recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra esta sentencia.
Aunque la recurrente formula en primer lugar el recurso de casación y a continuación el recurso extraordinario por infracción procesal, el orden de resolución ha de ser el inverso, por disponerlo así el párrafo sexto del apartado primero de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en lo sucesivo, LEC).
- El primer motivo del recurso se encabeza con el siguiente enunciado: « Infracción de los arts. 416.1 , 417.2 y 421.3 LEC por la sentencia de primera instancia, ratificada por la de apelación ».
- Como fundamentos del motivo se alega (i) que el Juzgado de Primera Instancia resolvió las excepciones procesales por sentencia, cuando debía haberlo hecho por auto, con lo que prescindió absolutamente de las normas de procedimiento e infringió los arts. 416.1 , 417.2 .y 421.3 LEC , (ii) tal modo de proceder causó indefensión a la parte demandada, hoy recurrente, pues no pudo recurrir en reposición contra la desestimación de de tales excepciones y se vio obligada a recurrir en apelación, (iii) la parte demandada entendió que tras la resolución de las cuestiones procesales se reanudaría la audiencia previa, en la que, sabiendo cuál había sido la decisión del juzgado sobre las excepciones procesales, la prueba que habría propuesto habría sido distinta, (iv) la sentencia incurre en un error mayúsculo al condenar por la inclusión de los datos de la demandante en un fichero de solvencia patrimonial pese a la existencia de prejudicialidad administrativa, por estar pendiente de resolver un recurso contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y que existe cosa juzgada puesto que la demandante ya ha sido indemnizada por todos los conceptos, añadiendo que «ambas excepciones se reproducen de nuevo por su claridad».
Alega la recurrente que la estimación de este motivo del recurso debe llevar a declarar la nulidad de actuaciones desde el momento previo a que se dictara la sentencia de primera instancia, a fin de que el Juez de Primera Instancia dicte auto resolviéndolas.
Decisión de la Sala. La resolución de excepciones procesales en sentencia cuando el proceso queda concluso para sentencia en la audiencia previa
- La alegación de la recurrente de que la tramitación correcta hubiera sido suspender la audiencia previa, resolver por auto las cuestiones procesales planteadas (cosa juzgada con base en el art. 222 LEC en relación al art. 400.2 LEC , así como la existencia de una cuestión prejudicial administrativa), y, una vez resueltas las cuestiones procesales, volver a reanudar la audiencia previa para proponer la prueba, carece de fundamento.
El art. 421.3 LEC , al regular cómo debe resolverse la excepción de cosa juzgada, prevé expresamente que « cuando la dificultad o complejidad de las cuestiones suscitadas sobre litispendencia o cosa juzgada lo aconsejen, podrá también resolver sobre dichas cuestiones mediante auto, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia, que proseguirá en todo caso para sus restantes finalidades » (énfasis añadido).
- Dado que en la audiencia previa el proceso quedó visto para sentencia, por no ser necesaria la práctica de pruebas distintas de los documentos aportados por las partes, no puede considerarse que el juez cometiera una infracción de las normas esenciales del procedimiento al resolver en la propia sentencia tanto las cuestiones procesales como sustantivas.
La previsión que se contiene en los arts. 417.2 y 421.3 LEC , en el sentido de que las cuestiones procesales que no se resuelvan oralmente en la audiencia previa, lo sean por auto, se explica por la conveniencia de que estas excepciones sean resueltas por resolución motivada, y que, en caso de no estimarse una excepción procesal que impida resolver la cuestión de fondo planteada en la demanda, pueda continuarse el proceso para la celebración del juicio y la práctica de la prueba. Para ello, la resolución adecuada es el auto, puesto que se trata de una resolución motivada, que puede ser definitiva si estima un defecto procesal insubsanable que debe determinar la finalización del proceso, o interlocutoria, si desestima la excepción, pues permite en tal caso la continuación del procedimiento en la primera instancia.
Pero si excepcionalmente no es necesario que continúe el proceso después de la audiencia previa, pues no es preciso celebrar juicio donde se practique la prueba (porque no exista controversia sobre los hechos objeto del proceso, o porque la única prueba admitida haya sido la documental aportada hasta ese momento), es razonable que las excepciones procesales puedan resolverse en la sentencia si van a ser desestimadas y va a entrarse en el fondo del asunto, puesto que se trata de una resolución motivada, y no es preciso que tras la decisión de las cuestiones procesales, de ser desestimadas las excepciones, el procedimiento continúe en la primera instancia, pues no ha de celebrarse el juicio regulado en los arts. 431 a 433 LEC .
- La objeción de que se ha causado indefensión a la demandada al privársele del recurso de reposición no puede admitirse. El recurso de reposición solo procede contra el auto que desestime las excepciones procesales que impiden la continuación del proceso, puesto que si alguna de estas excepciones fuera estimada y se pusiera fin al proceso, se trataría de un auto definitivo ( art. 206.1.2º en relación al 207.1 LEC ), y el recurso procedente sería directamente el de apelación ( art. 455.1 LEC ).
En el caso del auto que desestima las excepciones procesales y acuerda la continuación del proceso para que se celebre el juicio, el recurso procedente es el de reposición ( art. 451.2 LEC ). El recurso de reposición se justifica en este caso en que la parte que ha visto desestimada su excepción procesal pueda impugnar la decisión del juez sin necesidad de esperar hasta la sentencia, único momento en que, de serle esta desfavorable, podría volver a plantear la cuestión ante el tribunal de apelación al recurrir la sentencia, puesto que entre el auto que desestime la excepción y el momento en que se dicte la sentencia, ha de celebrarse el juicio con las pruebas, y en caso de que finalmente el tribunal de apelación estimara la excepción procesal que impidiera resolver la cuestión de fondo objeto del litigio, el juicio se habría celebrado en balde. En este caso, si su recurso de reposición fuera desestimado, podría reproducir la cuestión objeto de la reposición al recurrir en apelación la sentencia, si fuera procedente porque esta le fuera desfavorable ( art. 454 LEC ).
No tendría sentido dictar un auto desestimando las excepciones procesales para a continuación dictar sentencia, teniendo además en cuenta que como el recurso de reposición carece de efectos suspensivos ( art. 451.3 LEC ), el juzgado podría haber dictado la sentencia a continuación del auto, sin necesidad de esperar a la resolución de un eventual recurso de reposición. Parece más razonable en tal caso dictar directamente la sentencia, desestimar en ella las excepciones procesales, y permitir que la decisión sea impugnada directamente ante el tribunal de apelación, juntamente con la decisión sobre el fondo del litigio.
- La recurrente solicita que se anulen las actuaciones y se retrotraigan hasta el momento anterior a la sentencia de primera instancia para que el juzgado resuelva mediante auto.
- Tampoco se ha causado indefensión a la recurrente por haberle privado de proponer prueba. En primer lugar, porque tal privación no ha existido, pues propuso prueba en la audiencia previa del modo previsto en la regulación que la LEC hace de dicho trámite, como ya se ha expresado. En segundo lugar, porque no expresa cuáles son los hechos que le benefician y que, al haber quedado sin probar, habrían determinado que el litigio se hubiera resuelto de forma contraria a sus intereses, o los hechos favorables a la demandante que no habría podido desvirtuar por no poder proponer prueba.
- En cuanto a la alegación de la existencia de prejudicialidad administrativa, corresponde a los tribunales civiles pronunciarse sobre la existencia de intromisión ilegítima causada por la indebida inclusión de los datos personales en un registro de morosos, sin necesidad de que exista previamente un pronunciamiento de la AEPD, ni que quede firme la sentencia que resuelva el recurso contencioso-administrativo que haya podido interponerse contra tal resolución administrativa. La sentencia de esta Sala núm. 307/2014, de 4 de junio , declara sobre este particular:
La resolución de la AEPD no es un requisito necesario para la interposición de la demanda de protección del derecho fundamental al honor vulnerado por la indebida inclusión en un registro de morosos. La actuación de la AEPD, y de los tribunales de lo contencioso-administrativo competentes para conocer los recursos que se interpongan contra la resolución de la AEPD, responde a criterios propios del Derecho administrativo sancionador, mientras que lo que se ejercita ante los tribunales civiles son acciones de protección de derechos fundamentales, no regidos por los principios del Derecho administrativo sancionador, en los que procede acordar las medidas necesarias para la protección del derecho fundamental frente a la intromisión sufrida, entre las que está la fijación de la indemnización de los daños que haya sufrido el afectado por la intromisión ilegítima. Por consiguiente, no es necesario que se resuelva la denuncia que haya podido interponerse ante la AEPD para que pueda ejercitarse la acción de protección del derecho fundamental ante el tribunal civil, y esta puede interponerse sin que haya mediado actuación alguna de la AEPD
- Por otra parte, no es conforme a las exigencias de buena fe que deben regir la actuación de las partes en el proceso que tras alegar en el recurso extraordinario por infracción procesal que el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial han actuado incorrectamente (de error mayúsculo lo califica la recurrente) al no apreciar la existencia de cuestión prejudicial por la pendencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la demandada contra la resolución de la AEPD, cuando la demandante ha aportado al rollo la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestima tal recurso, la demandada alegue que tal sentencia « no debiera ser admitida a trámite por cuanto no guarda relación directa con lo que debiera ser objeto de pronunciamiento por la Sala, siendo diferentes las pretensiones mantenidas en los Autos que finiquitaron con la Sentencia meritada, cuya aportación rechaza esta representación, por cuanto no contribuye a esclarecer los hechos », y alegar asimismo que el Tribunal Supremo no se encuentra vinculado por las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
- La invocación de la existencia de cosa juzgada será analizada al resolver el motivo en que se alega la infracción del art. 400 LEC .
Formulación del segundo motivo del recurso, apartado primero.
- El segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza así: « Infracción del art. 218.2 LEC respecto de la necesidad de motivación de las sentencias, a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Infracción del art. 400 LEC ».
En realidad, se están alegando infracciones legales diferentes en cada uno de los dos apartados en que se subdivide el motivo, como se desprende del propio epígrafe que se ha transcrito, por lo que han de resolverse separadamente.
- El primer apartado se fundamenta alegando que la sentencia carece de motivación porque los razonamientos expuestos son incorrectos, limitándose a negar las alegaciones de la recurrente, y la sentencia parcialmente transcrita no es pertinente porque no existe similitud con el caso objeto de este proceso.
Decisión de la Sala. La disconformidad con la motivación de la sentencia no supone la ausencia de motivación
- La sentencia recurrida cumple sobradamente los estándares de motivación de las sentencias. Como ha declarado esta Sala en anteriores ocasiones, la motivación es la fundamentación coherente del fallo, es decir, la justificación de lo que lleva a la estimación o desestimación de las pretensiones de la parte, y no debe confundirse la falta de motivación con el desacuerdo con ella.
- La recurrente no está de acuerdo con las razones que se exponen en la sentencia recurrida para fundamentar la estimación de la demanda y la correlativa desestimación de las excepciones procesales y las defensas sustantivas alegadas por la demandada, y considera que el supuesto objeto de la sentencia invocada por la audiencia es diferente del que es objeto de este proceso, pero eso no tiene nada que ver con la ausencia de motivación.
Formulación del segundo motivo del recurso, apartado segundo.
- El segundo apartado del motivo denuncia la infracción del art. 400 LEC .
- La infracción de dicho precepto, y del art. 222 LEC invocado en el anterior motivo, se habría producido, según alega la recurrente, porque con anterioridad a este litigio, la demandante había interpuesto una demanda de juicio verbal en Teruel, en la que solicitaba se declarara la responsabilidad de Caja Rural de Teruel por la no recepción por la demandante de la tarjeta de crédito que aquella le envió por correo, y su indebida utilización por un tercero y se declarara asimismo que la demandante no adeudaba cantidad alguna a dicha Caja de ahorros, con la consecuencia de que se le condenara a asumir dicha pérdida patrimonial.
En dicho proceso la pretensión de la demandante fue estimada en parte y se condenó a la Caja Rural a asumir el 70% de la cantidad de la que un tercero había dispuesto indebidamente al hacerse con la tarjeta y el PIN enviado por correo, de modo que la demandante consignó el restante 30% para su entrega a la Caja.
Decisión de la Sala. Inexistencia de cosa juzgada. El art. 400 LEC no supone que el litigante tenga obligación de formular en una misma demanda todas las pretensiones que en relación a unos mismos hechos tenga contra el demandado
- Entre el anterior proceso y el presente proceso no existen las identidades que exige el art. 222 LEC . Solo coinciden plenamente las partes. El objeto y las pretensiones ejercitadas son diferentes, por más que la existencia del anterior litigio, los términos en que se planteó, y cómo fue resuelto, tenga incidencia en este litigio. No hay cosa juzgada que impida entrar a resolver las pretensiones ejercitadas en la demanda origen de este litigio.
- En el litigio anterior se ejercitaba una acción derivada de la existencia de una relación contractual entre la entidad financiera y su cliente como consecuencia de la emisión de una tarjeta de crédito, y el incumplimiento de las obligaciones contractuales que aquella tenía. El juzgado estimó que había existido tal incumplimiento, aunque lo compensó, a efectos de fijar las consecuencias indemnizatorias, con la negligencia que apreció en la demandante. En el presente litigio, la cliente de la entidad bancaria ha presentado una demanda de protección jurisdiccional de su derecho fundamental al honor por la inclusión de sus datos en sendos ficheros de morosos en la que pide que se declare que la Caja de ahorros ha vulnerado su derecho al honor, y se le condene a indemnizarle.
- Tampoco se ha infringido el art. 400 LEC , en relación al art. 222 LEC .
La sentencia núm. 189/2011, de 30 marzo , resume así los requisitos de aplicación del art. 400 LEC :
Como ya declaramos en la sentencia núm. 768/2013, de 5 de diciembre , tal precepto ha de interpretarse en el sentido de que no pueden ejercitarse acciones posteriores basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser alegados en la primera demanda.
- El art. 400 LEC permite tener por aducidos todos los hechos y fundamentos o títulos jurídicos en que el demandante pudiera haber fundado lo pretendido en su demanda, hayan sido alegados efectivamente en la demanda o no lo hayan sido, pero no permite tener por formulado un pedimento, a efectos de litigios posteriores, que efectivamente no lo haya sido en el litigio anterior. La preclusión alcanza solamente a las causas de pedir deducibles pero no deducidas, no a las pretensiones deducibles pero no deducidas.
- Para que entre en juego la regla preclusiva del art. 400 LEC no es imprescindible que las pretensiones formuladas en una y otra demanda sean idénticas, pero sí es necesario que exista homogeneidad entre ellas.
- El único motivo del recurso de casación se encabeza con el siguiente epígrafe: « Infracción del art. 2.2 de la L.O. 1/1982 y del art. 1.101 Cc . ».
- La infracción legal se habría producido, según alega la recurrente, (i) porque la actuación de la Caja Rural al comunicar los datos de la demandante a un fichero de morosos estaba autorizada por la Ley, (ii) no existe ninguna acción u omisión en que intervenga culpa o negligencia, como exige el art. 1101 CC , y (iii) no cabe entender automáticamente lesionado el derecho al honor por el mero hecho de que existiera una hipotética sanción administrativa, que todavía no ha sido enjuiciada por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Decisión de la Sala. La vulneración del derecho al honor producida por la indebida inclusión en un "registro de morosos"
- El derecho fundamental vulnerado
La sentencia de esta Sala núm. 284/2009, de 24 de abril , sienta como doctrina jurisprudencial que inclusión indebida en un fichero de morosos vulnera el derecho al honor de la persona cuyos datos son incluidos en el fichero, por la valoración social negativa de las personas incluidas en estos registros y porque la imputación de ser "moroso" lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenga a su propia estimación (« pues esta clase de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa o al menos con recelos y reparos [...] es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación »).
- La actuación autorizada por la ley como excluyente de la ilegitimidad de la afectación del derecho fundamental
La demandada alegó que no existía vulneración ilegítima en el derecho al honor porque su actuación había sido lícita, y el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de sobre protección civil del derecho al honor , a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, prevé que « no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley... ».
- La regulación de la protección de datos de carácter personal
El Tribunal Constitucional ha declarado la especial importancia que en la interpretación del art. 18.4 CE tiene el Convenio núm. 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Conforme al art. 10.2 CE , las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce deben interpretarse conforme a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
- En Derecho interno, el art. 18.4 CE ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), actualmente en vigor.
- El tratamiento de datos personales destinado o realizado con ocasión de la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito
1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito solo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley ».
Uno de los ejes fundamentales de la regulación del tratamiento automatizado de datos personales es el que ha venido en llamarse "principio de calidad de los datos". Los datos deber ser exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que han sido recogidos y tratados. El art. 4 LOPD , desarrollando las normas del Convenio núm. 108 del Consejo de Europa y la normativa comunitaria, exige que los datos personales recogidos para su tratamiento sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, exactos y puestos al día de forma que respondan como veracidad a la situación actual del afectado, y prohíbe que sean usados para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.
La sentencia de esta Sala num. 13/2013, de 29 de enero , realiza algunas declaraciones generales sobre esta cuestión, al declarar que la LOPD «... descansa en principios de prudencia, ponderación y sobre todo, de veracidad, de modo que los datos objeto de tratamiento deben ser auténticos, exactos, veraces y deben estar siempre actualizados, y por ello el interesado tiene derecho a ser informado de los mismos y a obtener la oportuna rectificación o cancelación en caso de error o inexactitud, y en cuanto a obligaciones dinerarias se refiere, la deuda debe ser además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable, siendo necesario además el previo requerimiento de pago; por tanto no cabe inclusión de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza ».
- Consecuencias del incumplimiento de los principios de calidad de los datos en un registro de morosos
Si no fueran respetadas estas exigencias y como consecuencia de dicha infracción se causaran daños y perjuicios de cualquier tipo a los afectados, el art. 19 LOPD , en desarrollo del art. 23 de la Directiva, les reconoce el derecho a ser indemnizados, así como que la acción en exigencia de indemnización, cuando los ficheros sean de titularidad privada, se ejercitará ante los órganos de la jurisdicción ordinaria.
- Incumplimiento de los principios de calidad de datos por la Caja Rural demandada
- Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la entidad "Caja Rural de Teruel, S.C.C." contra la sentencia núm. 115/2013, de 21 de febrero, dictada por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el recurso de apelación núm. 549/2012 , dimanante de las actuaciones de procedimiento ordinario núm. 221/2012, seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Zaragoza.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Francisco Marin Castan, Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ignacio Sancho Gargallo, Francisco Javier Orduña Moreno, Rafael Saraza Jimena, Sebastian Sastre Papiol. FIRMADA Y RUBRICADA. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Rafael Saraza Jimena , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

References: artículo 9
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 artículo 271
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