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Timestamp: 2020-07-06 18:09:36+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Sobre la intervención del Fondo de Garantía salarial en el proceso laboral. Una nota a la sentencia del TS de 5 de marzo de 2019.
Sobre la intervención del Fondo de Garantía salarial en el proceso laboral. Una nota a la sentencia del TS de 5 de marzo de 2019.
1. Es objeto de breve anotación en esta entrada del blog la interesante sentencia dictada porel Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 5 de marzo, de la que fue ponente el magistrado Miguel Ángel Luelmo.
La resolución judicial estima, en los mismos términos que la propuesta contenida en el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial contra la sentenciadictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galiciael 14 de noviembre de 2017, de la que fue ponente la magistrada María Antonia Rey.
La Sala autonómica había desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el FOGASA contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Vigo el 7 de julio de 2017. La sentencia de instancia había estimado la demanda presentada y declarado la improcedencia, en procedimiento por despido, por un trabajador contra su empresa, encontrándose esta cerrada y sin actividad, y de baja en Seguridad Social desde 11 de enero de 2017, fallando en los siguientes términos: “… la improcedencia del despido de que los actores fueron objeto con fecha de efectos de 8 de noviembre de 2016 y, previa declaración de extinción del vínculo laboral que ligaba a las partes con efectos de esta resolución, condeno a la empresa demandada a abonar en concepto de indemnización a … la cantidad de diecinueve mil quinientos veintiún euros con setenta y cuatro céntimos de euro (19.521,74 €) y a …. la cantidad de veinte mil trescientos ochenta y siete euros con noventa y nueve céntimos de euro (20.387,99 €), junto con los salarios de tramitación devengados entre la fecha del despido y la de la presente resolución a razón de 57,42 euros diarios y 58,67 euros diarios, respectivamente…”.
Los resúmenes oficiales de las sentencias del TSJ y del TS permiten tener un buen conocimiento del litigio y de sus fallos. El del TSJ es el siguiente: “Despido declarado improcedente. Empresa cerrada y sin actividad. Ejercicio de la opción contemplada en el artículo 110.1 a) LRJS por el FOGASA ante la incomparecencia empresarial: no ostenta tal facultad”. El más amplio y detallado del TS es este: “Despidos objetivos (2). Empresa declarada en concurso de acreedores que no asistió a juicio, donde la administradora de éste -igualmente incomparecida - fue citada juntamente con el FGS. Responsabilidad de dicho organismo en el abono de los salarios comprendidos entre el cierre empresarial y cese de los trabajadores y la fecha de la sentencia de instancia: conforme a una interpretación integrada de la normativa procesal y material de aplicación, procede limitar dichos salarios al momento del despido, al darse las condiciones que se enumeran”.
2. Como digo, el litigio encuentra su origen en una demanda por despido, tras haber extinguido la empresa la relación laboral de los trabajadores demandantes el 8 de noviembre de 2016 por causas objetivas, reconociéndose por la sentencia del JS el derecho a percibir una indemnización y el abono de los salarios de tramitación desde que se produjo el despido hasta que se dictó la sentencia.
Tras la desestimación del recurso de suplicación, el FOGASA interpuso RCUD, aportando como sentencia de contraste la dictada por el TSJ de Andalucía el 1 de febrerode 2017, de la que fue ponente la magistrada María Elena Díaz, y con alegación de haberse infringido el art. 110.1 a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, en relación con los arts. 23.2 y 3 de la misma Ley procesal, y del art. 33 de la Ley del Estatuto de los trabajadores.
Recordemos que el art. 110. 1 a) dispone lo siguiente: “1. Si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización, cuya cuantía se fijará de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 56 de dicha Ley, con las siguientes particularidades: a) En el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, mediante expresa manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111 y 112”.
Por su parte, el art. 23, apartados 2 y 3 dispone lo siguiente: “2. En supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, así como de las ya declaradas insolventes o desaparecidas, y en las demandas de las que pudiera derivar la responsabilidad prevista en el apartado 8 del artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el secretario judicial citará como parte al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho. Igualmente deberán ser notificadas al Fondo de Garantía las resoluciones de admisión a trámite, señalamiento de la vista o incidente y demás resoluciones, incluida la que ponga fin al trámite correspondiente, cuando pudieran derivarse responsabilidades para el mismo. 3. El Fondo de Garantía Salarial dispondrá de plenas facultades de actuación en el proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, aun los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos, impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimación total o parcial de la demanda, así como proponer y practicar prueba e interponer toda clase de recursos contra las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten”.
3. En el recurso de suplicación, la Sala desestimó la tesis del FOGASA por considerar que el ejercicio del derecho de opción regulado en el art. 110.1 a) LRJS no se encuentra dentro de las facultades que le confiere el art. 23.3, es decir que no puede “ocupar” el papel del empresario sujeto titular de dicha opción.
Según el TSJ, “la interpretación literal de la norma no permite comprender dentro de las facultades a que se refiere el art. 23.3 LRJS, la de optar para el caso de improcedencia del despido. En los términos que emplea el precepto no es una excepción ni un medio de defensa, y tampoco es un hecho obstativo, impeditivo o modificativo de la responsabilidad empresarial. Y en ningún caso se ejercicio conlleva la desestimación total o parcial de la demanda. Al contrario, sólo cabe en el caso de que ésta se estime”, añadiendo que “… no hay motivo que permita para el caso del supuesto de la letra a) de la misma norma, que se amplíe la titularidad de la opción anticipada concedida al empleador en favor del FOGASA, que es ajeno a la relación de trabajo”.
4. El TS procede al previo examen formal de la existencia de contradicción de doctrina requerido por el art. 219.1 LRJS para entrar a conocer después del fondo del litigio, y concluye que si cumplen los requisitos requeridos por dicho precepto.
p. y b
Gracias Profesor. Muy esclarecedoras sus explicaciones. La cierto es que esta institución del FOGASE resulta insuficientemente conocida.
Hola Javier, muchas gracias por el comentario. Resulta ciertamente importante, y necesario, conocer la intervención y actuación del FOGASA en todos aquellos procedimientos judiciales que le afectan. Saludos cordiales.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 110
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 33