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Timestamp: 2016-10-23 08:01:40+00:00

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LEY 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha	LEY 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha Mis Leyes
LEY 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha Estado	:
TÍTULO I. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRANSPORTES POR CARRETERA URBANO E INTERURBANO.
CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE COMPETENCIAS.
CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS TRANSPORTES PÚBLICOS.
Artículo 8. Plan Director de Transportes de Castilla La Mancha.
CAPÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS Y DE LAS PERSONAS USUARIAS.
Artículo 11. Consejo Regional de Transportes de Castilla-La Mancha.
CAPÍTULO IV. COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS.
CAPÍTULO V. RECURSOS PÚBLICOS.
TÍTULO II. TRANSPORTES URBANOS.
CAPÍTULO II. COORDINACIÓN DE SERVICIOS URBANOS E INTERURBANOS.
TÍTULO III. DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE DETERMINADOS TIPOS DE TRANSPORTE.
CAPÍTULO I. TRANSPORTE A LA DEMANDA.
CAPÍTULO II. TRANSPORTES ZONALES.
CAPÍTULO III. TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE USO ESPECIAL.
TÍTULO IV. TRANSPORTE DE PERSONAS EN VEHÍCULOS DE TURISMO.
CAPÍTULO I. LICENCIA DE AUTOTAXI.
CAPÍTULO II. VEHÍCULOS AFECTOS A LAS LICENCIAS.
CAPÍTULO III. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
TÍTULO V. INSPECCIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES.
Con esta Ley la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ejerce la potestad legislativa que, en materia de transportes terrestres, le otorga el artículo 31.1.4a de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, y según la previsión contenida en el artículo 148.1.5a de la Constitución Española, teniendo en cuenta igualmente lo dispuesto en el artículo 33.15 del Estatuto de Autonomía.
Hasta la fecha las actividades de transporte se han venido rigiendo por la legislación estatal, contenida en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y sus disposiciones de desarrollo, principalmente en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba e! Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, (ROTT). Contemporáneamente a la LOTT, y como complemento de ésta, la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, delega la práctica totalidad de las competencias ejecutivas y de desarrollo reglamentario en esta materia.
Se regula además la planificación y gestión de los transportes, y los instrumentos de coordinación e integración: Planes Coordinados de Servicios y los Planes de Movilidad; así como brevemente, los aspectos más generales de la vertiente competencia! de la Ley, señalando cuales son los órganos que intervienen en la materia y fijando su cometido. En el último de los Capítulos se recogen los criterios aplicables en materia de financiación.
El Título III, Disposiciones Particulares Sobre Determinados Tipos de Transporte, plantea una serie de novedades o diferencias importantes con respecto a la legislación del Estado.
En el Capítulo I se introduce el nuevo concepto de transporte a la demanda, como modalidad que permite hacer frente a las necesidades de zonas de baja densidad en las que las habituales formas de prestación de los servicios de transporte no resultan satisfactorias. La flexibilidad que aporta esta fórmula permite superar los problemas que la existencia de itinerarios y horarios prefijados supone, pero sin llegar a plantear un servicio totalmente individualizado como es el del taxi. Ello no significa que en el transporte a la demanda no existan itinerarios, paradas u horarios, sino que puede prescindirse de alguno de estos elementos siempre que la prestación del servicio se inicie a iniciativa de las personas demandantes.
En el Título IV se incluye la regulación de un tema tan importante como es el transporte de personas en vehículos de turismo, taxis, que en la actualidad carece de amparo en una norma de rango legal y se viene desarrollando por un obsoleto Reglamento. En la regulación de estos servicios se siguen básicamente los criterios acordados con las demás Comunidades Autónomas para garantizar una cierta homogeneidad en la totalidad del territorio del Estado, y se introducen algunos elementos de fexibilización que permiten adaptarse mejor a las necesidades de esta Comunidad Autónoma.
Por último, el Título V, se dedica íntegramente al régimen sancionador, regulando las infracciones y sanciones aplicables en materia de transporte. El contenido del Título refleja básicamente la regulación contenida en la LOTT, si bien se ajusta a una sistemática que se ha considerado más adecuada y se adapta a los criterios que se consideran más adecuados para Castilla-La Mancha.
Por su importancia hemos de hacer referencia a la inclusión de una disposición adicional segunda en la que se crea una tasa para la expedición de tarjetas del sistema digital del aparato de control de transportes por carretera. Este nuevo sistema de control tiene su causa en la entrada en vigor en la anualidad del 2005 de los Reglamentos CE n° 2135/1998 del Consejo y n° 1360/2002 de la Comisión de la Unión Europea, que modifican el Reglamento n° 3821/1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, y la Directiva 88/599/CEE, relativa a la aplicación de los Reglamentos CEE números 3820/85 y 3821/85.
LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRANSPORTES POR CARRETERA URBANO E INTERURBANO.
La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que creen las Administraciones Públicas anteriores para la programación, dirección y gestión de los transportes.
1. Corresponde a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha velar por el funcionamiento de la red de transportes públicos de Castilla La Mancha, ejerciendo las funciones de ordenación y coordinación con arreglo a lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones que resulten de aplicación. A tal fin ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:
Ordenar y regular los transportes de ámbito superior al municipal que se desarrollen íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha conforme a lo establecido en el artículo 2 de esta Ley.
Otorgar los títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de actividades de transporte de competencia autonómica de ámbito superior al municipal.
Ejercer las competencias que le han sido delegadas mediante Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.
Coordinar las distintas clases de transporte en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, promoviendo y aprobando los instrumentos establecidos para la coordinación e integración de los transportes,
Ordenar y planificar las infraestructuras de los transportes.
Ejercer la función inspectora y la potestad sancionadora en relación con los servicios de transporte de su competencia, así como la alta inspección de los servicios de transporte que constituyen el objeto de la presente Ley.
La ordenación y gestión de los transportes públicos de personas que transcurran íntegramente dentro de su término municipal, sin perjuicio de las facultades de coordinación y ordenación general de los transportes públicos de personas que corresponden a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en el ámbito de la Comunidad y de las funciones que esta última pueda delegar o encomendar a las entidades locales.
La tramitación y otorgamiento de autorizaciones relativas a los servicios de transportes públicos de personas de ámbito municipal, tanto regulares como discrecionales o a la demanda y de uso general o especial, así como el ejercicio de las funciones de control, inspección, vigilancia y sanción relacionadas con los mismos.
La creación de la organización administrativa necesaria que haga efectiva la integración regional del transporte público regular de personas viajeras, sin perjuicio de la participación en la misma de otras Administraciones circunscritas al ámbito municipal.
La adecuación de las infraestructuras de los transportes que sean de su competencia a las necesidades de los mismos de acuerdo, en su caso, con las previsiones contenidas en los instrumentos de planificación de los transportes que afecten a dichas infraestructuras.
La emisión de informe preceptivo en relación con las paradas urbanas de los servicios de transporte interurbano de personas.
La colaboración con la Consejería competente en materia de transporte en la inspección y vigilancia de los servicios de transporte interurbano cuando transcurran por zonas urbanas. Las competencias municipales se ejercerán sin perjuicio de lo que dispongan las normas regionales y estatales que regulen dichos transportes.
La participación, a través de los medios que se prevean, en la definición de la política general de los transportes y en la planificación de los mismos.
En los términos previstos en la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, velar por la accesibilidad y supresión de barreras en los medios de transporte público.
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS TRANSPORTES PÚBLICOS.
1. Corresponde a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la elaboración y revisión del Plan Director de Transportes de Castilla La Mancha que fijará el marco de desarrollo del sistema general de los transportes en todo el territorio regional y los mecanismos de interrelación entre éste y los sistemas de comunicación de otros ámbitos territoriales.
Establecimiento de las conclusiones de posibles desequilibrios entre oferta y demanda, fijándose estrategias y actuaciones para corregir estas situaciones.
Configuración de la red regional de los transportes referida a infraestructuras y servicios, estableciendo los niveles básicos de prestación de los mismos y la necesidad de aquellas obras de construcción y modificación de las infraestructuras que se juzguen precisas para asegurar un funcionamiento eficaz de dicha red, así como los requisitos y características de los servicios de transporte regular de responsabilidad pública referido a cada uno de los modos de transporte.
Previsiones sobre el establecimiento de zonas de prestación conjunta y de regímenes especiales aplicables a zonas y puntos concretos que presenten necesidades específicas de transporte.
Definición del sistema de financiación y de gestión económica.
Definición de un régimen tarifarlo y de horarios que propicien la comunicación intermodal en el ámbito regional y desde éste con el exterior.
Establecimiento de los criterios para la creación de los órganos y entidades que gestionen el sistema integrado regional del transporte público regular de personas.
DE LOS ÓRGANOS Y DE LAS PERSONAS USUARIAS.
COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS.
Planes coordinados de Servicios.
Análisis de la oferta y las demandas actuales y previstas y justificación de los servicios nuevos o modificados.
Determinación de los servicios o expediciones coincidentes.
Medidas de coordinación a implantar.
Marco tarifarlo resultante con indicación de los criterios para el reparto de ingresos.
Medidas compensatorias que, en su caso, deban aplicarse en favor de los concesionarios de servicios existentes para garantizar el equilibrio económico de la explotación.
2. Elaborado el borrador del Plan, se someterá a información pública por espacio de un mes, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla - La Mancha y notificación a las asociaciones empresariales de transporte de la provincia y titulares de concesiones y autorizaciones de servicios regulares de transporte de personas incluidas, total o parcialmente, en el ámbito del Plan.
Otorgarse con las modificaciones que en su caso se estimen convenientes
Denegarse en los siguientes supuestos:
Cuando viniera a alterar el equilibrio económico de las concesiones de transportes interurbano preexistentes.
Cuando existan defectos insubsanables en su tramitación.
Cuando resulte incompatible con la planificación supramunicipal o autonómica en materia de infraestructuras, transportes u ordenación del territorio.
Cuando no se ajuste a la normativa vigente.
Determinación del ámbito del Plan.
Análisis de la demanda de movilidad, distinguiendo los distintos segmentos de población que presentan necesidades específicas.
Análisis de la oferta de servicios de transporte, incluyendo:
Transportes urbanos, tanto de uso general como de uso especial.
Transportes interurbanos, tanto de uso general como de uso especial.
Transportes zonales de todas clases.
Medidas para mejorar o garantizar la coordinación entre servicios de transporte de personas e integrar en el sistema de transporte los servicios especiales destinados a colectivos específicos como escolares, personas con discapacidad o tercera edad, así como la combinación de carga y pasajeros, incluyendo, entre otras, la determinación de itinerarios, el señalamiento de los servicios mínimos exigibles, y el establecimiento de áreas de prestación conjunta para el servicio de taxi.
Política tarifarla, incluyendo el establecimiento de mecanismos de coordinación tarifarla y los criterios para la financiación de servicios deficitarios.
Previsiones relativas a la gestión de los servicios, incluyendo la determinación de la forma de explotación y el tratamiento que deban recibir las líneas preexistentes, estableciendo las compensaciones que, en su caso, resulten necesarias.
Los fondos públicos se dirigirán a asegurar la prestación de los servicios en las debidas condiciones de eficacia, calidad y seguridad, a través del incentivo de nuevas tecnologías.
La adjudicación de los servicios que sean cofinanciados o auxiliados con recursos públicos se realizará sobre la base de los principios de objetividad, publicidad y libre concurrencia, sin perjuicio de los supuestos contemplados en la legislación aplicable en la materia de contratación de las Administraciones Públicas.
Las decisiones sobre el destino de los recursos públicos deberán adoptarse una vez estudiadas y valoradas las distintas propuestas, así como el carácter y dimensión ajustada o equilibrada de los servicios. En todo caso, se seguirán los criterios y principios generales de esta Ley, debiendo repercutir, directa o indirectamente, la asignación de estos recursos en los usuarios.
Las líneas o servicios económicamente deficitarios se incentivarán cuando sean precisos para atender las necesidades de la población y de la economía castellano manchega en todos sus ámbitos.
2. Las autorizaciones estatales o autonómicas de transporte discrecional de personas en autobús habilitarán para realizar tanto transporte urbano como interurbano dentro del ámbito a que las mismas estén referidas.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS URBANOS E INTERURBANOS.
1. En aquellos casos previstos en el artículo 24.3, en que el establecimiento de servicios coincida con otros servicios preexistentes, pudiendo afectar gravemente a su equilibrio económico, éste podrá ser compensado, cuando la Consejería competente en materia de transportes aprecie la necesidad de compensación.
2. La responsabilidad de dicha compensación recaerá, salvo acuerdo ínter-administrativo en contrario, en las personas titulares de los servicios a establecer.
DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE DETERMINADOS TIPOS DE TRANSPORTE.
Los servicios prestados a la demanda, de conformidad con la definición dada en el artículo 4.3.c de esta Ley, podrán revestir las siguientes modalidades:
Servicios sin itinerario fijo.
Servicios sin horario fijo.
Servicios sin horario ni itinerario fijo.
TRANSPORTES ZONALES.
Transportes regulares de personas de uso general.
Transportes regulares de personas de uso especial.
Transportes de personas a la demanda.
Transportes discrecionales en vehículos turismo.
Conforme al artículo 4.4.b de esta Ley, tendrán la consideración de transportes públicos de uso especial, entre otros, los siguientes servicios:
Transporte escolar y de menores. Dedicado al transporte de escolares menores de cinco años que se encuentren en cursos de educación no obligatoria y de escolares que se encuentren en los cursos de educación obligatoria. Deberá ajustarse a la normativa específica establecida para este tipo de transportes.
Transporte sanitario. Destinado al transporte de personas enfermas que no requieran una urgente intervención médica, en vehículos especialmente adaptados a este fin, que cumplan los requisitos establecidos para dedicarlos a este tipo de transporte.
Transporte asistencial: Especializado en el transporte de personas que por su edad, condición física o mental u otras circunstancias precisen una atención especial o planteen necesidades especificas de transporte
Transporte de personas trabajadoras: Tendrá esta consideración el destinado al transporte de personas trabajadoras a sus lugares de trabajo.
Transporte de estudiantes. Será el dedicado al transporte de estudiantes no incluidos en el transporte escolar y de menores.
TRANSPORTE DE PERSONAS EN VEHÍCULOS DE TURISMO.
1. Para la prestación de servicios de transporte urbano de personas mediante vehículos de turismo será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia de autotaxi otorgada por el municipio en que se halle residenciado el vehículo o, en su caso, por la entidad encargada de la gestión del Area de Prestación Conjunta a la que se refiere el artículo 47 de la presente Ley. Cada licencia habilitará para la prestación del servicio en un vehículo concreto, pudiéndose transferir a otro vehículo del mismo titular en caso de sustitución de éste, en los términos que se establezcan reglamentariamente o a través de la correspondiente Ordenanza Municipal.
2. Las licencias municipales para la prestación de servicios de transporte urbano en vehículos de turismo corresponderán a una categoría única, denominándose licencias de autotaxis.
3. Las licencias municipales de autotaxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención de la licencia y la constatación periódica de dicha circunstancia.
4. Las licencias municipales de autotaxi sólo podrán transmitirse por actos ínter vivos a quienes reúnan los requisitos reglamentariamente exigidos para su obtención. La adquisición de licencias por vía hereditaria no faculta por sí misma para la prestación del servicio sin la concurrencia de los demás requisitos exigidos reglamentariamente para el ejercicio de la actividad.
5. La transmisión de las licencias de autotaxi por actos ínter vivos estará sujeta al derecho de tanteo a favor de las Administraciones que las otorgaron, en los términos que, reglamentariamente o a través de la correspondiente Ordenanza Municipal se determinen.
6. La transmisibilidad de las licencias de autotaxi quedará, en todo caso, condicionada al pago de los tributos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el titular transmitente por el ejercicio de la actividad.
2. No obstante lo previsto en el epígrafe anterior, en los municipios o áreas que reúnan los requisitos que reglamentariamente se determinen, podrán otorgarse excepcionalmente licencias municipales de autotaxi sin el otorgamiento simultáneo de autorización de transporte interurbano, en e! supuesto de que se justifique la necesidad y rentabilidad del servicio con carácter estrictamente municipal. En este caso, los vehículos deberán llevar en sitio bien visible el distintivo que se establezca reglamentariamente identificativo de la indicada limitación. Cuando se produzca dicho supuesto, no creará ningún derecho para el otorgamiento de la autorización de transporte interurbano y en todo caso no podrá otorgarse al titular de la licencia municipal ninguna autorización de transporte interurbana hasta que hayan transcurrido al menos 5 años desde el otorgamiento de aquélla.
4. Con carácter excepcional, y previa consulta al sector de autotaxi, podrá otorgarse autorización administrativa para la prestación de servicios interurbanos sin disponer de licencia municipal de transporte urbano cuando se den las siguientes circunstancias de forma conjunta:
Que habiéndose solicitado la correspondiente licencia municipal de transporte urbano, ésta haya sido denegada o no haya recaído resolución expresa en el plazo de tres meses desde que la solicitud tuvo entrada en el Ayuntamiento.
Que se cuente con los datos y estudios precisos que acrediten que el número de vehículos domiciliados en el municipio de que se trate provistos de la preceptiva licencia municipal y autorización administrativa para la realización de transporte urbano e interurbano, respectivamente, sea insuficiente para satisfacer la demanda de transporte interurbano en dicho municipio.
6. El régimen de otorgamiento, utilización, suspensión, modificación y extinción de las licencias de autotaxi se ajustarán a las normas establecidas, en su caso, en la correspondiente Ordenanza Municipal, así como a lo previsto en la legislación autonómica en la materia. En todo lo no previsto en su legislación específica se aplicará la normativa que regule los transportes discrecionales de personas viajeras.
7. La Consejería competente en materia de transportes establecerá, cuando lo considere necesario para el adecuado funcionamiento del sistema general de transportes, reglas que predeterminen el número máximo de licencias de autotaxi en cada Municipio o zona, en función de su volumen de población u otros criterios objetivos establecidos en el Plan Director de Transporte.
VEHÍCULOS AFECTOS A LAS LICENCIAS.
2. No obstante lo previsto en el epígrafe anterior, en zonas de baja densidad poblacional, difícil accesibilidad y débil tráfico que no se hallen debidamente atendidas por los servicios regulares de transporte de personas, los Municipios, previo informe favorable de la Consejería competente en la materia, o esta última cuando se trate de servicios zonales o interurbanos, podrán autorizar la contratación por plaza con pago individual.
3. Los Municipios, previo informe de la Consejería competente en materia de transportes, o esta última cuando se trate de servicios zonales o interurbanos, podrán autorizar con carácter excepcional, el aumento de plazas por encima de cinco, sin superar en ningún caso las nueve plazas incluida la persona que conduce, previa justificación de la necesidad de dicha medida en función de las características orográficas, demográficas, actividad económica o distribución de servicios de la zona y la inexistencia de servicios de transporte colectivo que permitan cubrir adecuadamente las necesidades de la demanda.
2. A los efectos previstos en el epígrafe anterior, se entenderá que el inicio del transporte se produce en el lugar donde se recoja el pasaje.
3. Cuando la Consejería competente en materia de transporte haga uso de la delimitación prevista en el artículo 40.7 para una zona concreta, los servicios interurbanos podrán iniciarse en cualquiera de los núcleos de población comprendidos en dicha zona.
2. El establecimiento de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta podrá realizarse por la Consejería competente en materia de transportes o por lo órganos supramunicipales creados conforme a los procedimientos previstos en la legislación vigente, siendo, en todo caso, necesario para su establecimiento la conformidad de ésta y el informe favorable de, al menos, las dos terceras partes de los municipios que se proponga incluir en las mismas, y que representen como mínimo el 75% del total de la población del Área.
3. Las autorizaciones habilitantes para realizar servicios en las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta serán otorgadas por la Consejería competente en materia de transportes o por los órganos supramunicipales indicados en el apartado 2.
6. Corresponderá a los órganos rectores del Área Territorial de Prestación Conjunta, o caso de que no existan a la Consejería competente en materia de transportes, con sujeción a la normativa general, cuantas funciones de regulación y ordenación del servicio resulten necesarias. El ejercicio de dichas funciones podrá delegarse en alguno de los municipios integrados en el Área o en otra entidad pública preexistente o constituida a tal efecto, siempre que exista informe favorable de los municipios cuyo número y población sean, como mínimo, los necesarios para la creación del Area.
INSPECCIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES.
En las infracciones cometidas con ocasión de transportes o actividades llevados a cabo sin la cobertura de preceptivo título administrativo habilitante, o cuya realización se encuentre exenta de la obtención de éste, a la persona física o jurídica propietaria o arrendataria del vehículo o titular de la actividad auxiliar o complementaria.
En las infracciones cometidas por las personas usuarias y, en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectadas por esta Ley, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a las que las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad.
1. El procedimiento para sancionar las infracciones tipificadas en la presente Ley se ajustará a lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley 16/1 987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y disposiciones de desarrollo, teniendo en cuenta, en su caso, las especificaciones previstas en las correspondientes Ordenanzas Municipales.
La realización de transportes públicos de personas viajeras careciendo de la concesión, autorización o licencia que, en su caso, resulte preceptiva para ello de conformidad con las normas reguladoras de los transportes terrestres.
1.6. La realización de transportes públicos sin llevar a bordo del vehículo el original de la correspondiente copia certificada de la autorización o licencia cuando ésta hubiera sido expedida en la modalidad prevista en el párrafo b del apartado 2 del artículo 92 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres o de la documentación acreditativa que resulte asimismo necesaria para controlar la legalidad del transporte, conforme a lo que, al efecto, determine el departamento ministerial competente en materia de transportes, cuando el transporte se realice al amparo de autorizaciones otorgadas en las modalidades previstas en los párrafos a y b del apartado 1 del artículo 92 de la anterior Ley.
La realización de transporte público de personas viajeras, incumpliendo los requisitos personales exigidos en el artículo 42.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y demás normativa aplicable. No se apreciará dicha falta cuando la misma concurra con la carencia del necesario título habilitante, en cuyo caso será únicamente esta última la que será objeto de la correspondiente sanción.
La cesión o autorización, expresa o tácita, de títulos habilitantes por parte de las personas titulares a favor de otras personas, incluyendo la transmisión de las licencias municipales de autotaxis en contra de lo establecido en esta norma.
El abandono de las concesiones de transporte regular de personas viajeras o la paralización de los servicios de las mismas sin causa justificada durante el plazo que reglamentariamente se determine, sin el consentimiento de la Administración.
La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a las instrucciones o requerimientos de los miembros de la Inspección del Transporte Terrestre o de las fuerzas que legalmente tienen atribuida la vigilancia de dicha clase de transporte.
El quebrantamiento de las órdenes de inmovilización o precintado de vehículos o locales.
La falsificación de títulos administrativos habilitantes para la realización de transporte público de personas, o de alguno de los datos que deban constar en aquéllos.
El falseamiento de los documentos que hayan de ser aportados como requisito para la obtención de cualquier título, certificación o documento que haya de ser expedido por la Administración a favor del solicitante o de cualquiera de los datos que deban constar en aquéllos.
La realización de transporte público regular de personas viajeras por carretera de uso general cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
10.5. El incumplimiento del régimen tarifarlo.
La realización de transportes públicos regulares de personas de uso especial cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
El incumplimiento de la obligación de suscribir los seguros que resulten preceptivos conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
La realización de transporte público regular de personas de uso general cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
Salvo que, por tratarse de un transporte público regular de personas de uso general, deba calificarse como infracción muy grave de conformidad con lo establecido en el artículo 54.10.5.
La obstrucción que dificulte gravemente la actuación de los servicios de inspección cuando no concurra alguno de los supuestos que, conforme a lo señalado en el apartado 5 del artículo anterior, implicarían que dicha obstrucción debiera ser calificada como infracción muy grave.
La venta de billetes para servicios de transporte de personas no autorizados en locales o establecimientos públicos destinados a otros fines. La responsabilidad corresponderá al titular de la industria o servicio al que esté destinado el local.
La venta de billetes para servicios de transporte de personas no autorizados.
El incumplimiento del régimen tarifarlo reglamentariamente establecido, salvo que, por tratarse de un transporte público regular de personas de uso general, deba calificarse como infracción muy grave de conformidad con lo establecido en el artículo 54.10.5.
El reiterado incumplimiento injustificado superior a 15 minutos de los horarios de salida en las cabeceras de las líneas de servicios públicos regulares de transporte de personas de uso general, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria, así como la ocultación o falta de conservación de la misma y demora injustificada de la puesta en conocimiento o la falta de comunicación de su contenido a la Administración, incumpliendo lo que al efecto se determine reglamentariamente.
La realización de servicios de transporte público de personas en vehículos de turismo iniciados en término municipal distinto al que corresponda la licencia de transporte urbano, salvo en los supuestos reglamentariamente exceptuados.
El incumplimiento por los titulares de autorizaciones de transporte público sanitario de las exigencias de disponibilidad temporal para la prestación del servicio que reglamentariamente se encuentren determinadas, salvo causa justificada.
La carencia, o el inadecuado funcionamiento imputable al titular del taxi o la manipulación del taxímetro, sus elementos u otros instrumentos o medios de control que obligatoriamente deban llevarse instalados en el vehículo.
La realización de transportes públicos de personas viajeras careciendo de la autorización o licencia que, en su caso, resulte preceptiva para ello de conformidad con las normas reguladoras de los transportes terrestres, siempre que la misma se hubiese solicitado, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento, en el plazo máximo de 15 días, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del inicio del expediente sancionador.
La realización de transportes públicos de personas sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestarlos o que resulte exigible para la determinación de la clase de transporte que se está realizando, salvo que dicha infracción deba ser calificada como muy grave conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1.
La realización de transporte público regular de personas por carretera de uso general incumpliendo el calendario establecido.
La realización de transportes públicos regulares de personas de uso especial incumpliendo el itinerario, calendario, horario, expediciones, puntos de parada o alguno de los requisitos establecidos en la correspondiente autorización de uso especial.
El trato desconsiderado de palabra u obra con las personas usuarias por parte del personal de la empresa en el transporte de personas.
En el transporte escolar y de menores, el incumplimiento de la obligación de exigir la entidad contratante al titular del servicio los documentos o justificantes que, con arreglo a las normas que regulan la seguridad en dichos transportes, deba exigirle.
La realización de transporte público regular de personas por carretera de uso general o especial incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en el título concesional o autorización especial sin el carácter de esenciales cuando dicho incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta Ley.
En el transporte de personas, la carencia de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que, en su caso, se encuentre reglamentariamente determinada.
El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que les correspondan, conforme a las reglas de utilización del servicio establecidas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40.2 y 41.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, salvo que las normas en que se contengan dichas reglas consideren expresamente su incumplimiento como infracción grave.
La realización del transporte con vehículos ajenos sobre los que no se tengan las condiciones de disponibilidad legalmente exigibles, así como utilizar para el transporte vehículos arrendados a otras personas o empresas transportistas o utilizar la colaboración de éstos fuera de los supuestos o incumpliendo las condiciones legalmente establecidas, salvo que deba ser considerada infracción muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 54. En idéntica infracción incurrirán Las empresas que actúen como colaboradores, incumpliendo las obligaciones que les afecten.
Para la determinación de las cuantías de las sanciones cuando se trate de vehículos con capacidad igual o inferior a nueve plazas se aplicará para las infracciones muy graves la escala prevista en el artículo 58 y para las infracciones graves la escala recogida en el artículo 59 de la presente Ley.
1. La comisión de las infracciones previstas en los artículos 54.1 y 54.2 de esta Ley podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el transporte y la retirada conjunta de la correspondiente autorización o licencia, así como la clausura del local en el que, en su caso, vengan ejercitando las actividades, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan, y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
4. Cuando, circulando el vehículo, sean detectadas infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 54.2 de esta Ley, podrá ordenarse la inmediata paralización del mismo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo ka. Administración adoptar las medidas necesarias, a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación posible.
1. Lo dispuesto en el artículo 62 de la presente Ley, únicamente será de aplicación cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:
Cuando las infracciones se hayan cometido con motivo de la prestación de servicios o realización de actividades sometidas a una misma concesión o autorización administrativa especial. Cuando para la prestación del servicio sean conjuntamente necesarias una concesión o autorización especial y una autorización habilitante para el transporte discrecional de personas, se entenderán prestados, a estos efectos, al amparo de la correspondiente concesión o autorización especial.
Cuando las infracciones hayan sido cometidas con motivo de la realización material por el mismo responsable de servicios de transporte discrecional sujetos a autorizaciones diversas, siempre que aquéllas se refieran a un mismo tipo de transporte. Se entenderá a estos efectos que integran un mismo tipo de transporte:
Los transportes de personas realizados con vehículos con una capacidad superior a nueve plazas, incluido el conductor.
Los transportes de personas realizados con vehículos de capacidad igual o inferior a nueve plazas, incluido el conductor.
Cuando las infracciones se hayan cometido al realizar actividades que no consistan en la prestación material de servicios de transporte, pero que efectúe la misma empresa, como complementarias a dicha prestación material, aun cuando los servicios estén sometidos a autorizaciones diversas y éstas no correspondan al mismo tipo de transportes, según lo que se dispone en el apartado b de este punto.
Cuando las infracciones hayan sido cometidas con ocasión de servicios o actividades realizadas sin la cobertura del correspondiente título habilitante, siempre que aquéllas lo hayan sido al efectuar un mismo servicio o actividad, entendiendo por tales las que deberían haberse realizado al amparo de un título habilitante, único, o la prestación material de un mismo tipo de transporte, según lo que se dispone en el apartado b de este punto.
Cuando las infracciones resulten imputables a un mismo responsable de entre aquéllos a que se refiere el artículo 49.1 de la presente Ley.
2. No será de aplicación el artículo 62 de esta Ley, cuando la persona física o jurídica sancionada por infracción anterior a cualquiera de dichos preceptos como responsable administrativo, según el artículo 49.1 de la presente Ley, acredite, en virtud de resolución judicial o administrativa, que la responsabilidad material de dicha infracción era imputable a otra persona, según el supuesto previsto en el punto 2 del último artículo citado.
1.Con independencia de la exigencia de pago de las sanciones impuestas con arreglo a lo previsto en la legislación que rige el procedimiento administrativo, el abono de las sanciones pecuniarias, impuestas por resolución firme en vía administrativa, será requisito necesario para que proceda la realización del visado así como la autorización administrativa a la transmisión de las autorizaciones habilitantes para la realización de transporte o de actividades auxiliares o complementarias del mismo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Tasa para la expedición de tarjetas del sistema digital del aparato de control de transportes por carretera. DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de Castilla la Mancha para dictar cuantas disposiciones reglamentarías sean necesarias en orden a la adecuada aplicación de esta Ley.
Derogada por Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias. Cerrar
Orden de 19-12-2007, de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban las bases y se convocan las ayudas a personas físicas y jurídicas titulares de autorizaciones de transporte público por carretera para el fomento de las condiciones de seguridad y mejoras medioambientalesOrden de 12-02-2008, de la Consejería de Administraciones Publicas, por la que se dispone la publicación de la modificación de Estatutos de la Mancomunidad Campo-Mesa provincia de GuadalajaraOrden de 22-12-2008, de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las ayudas a personas físicas y jurídicas titulares de autorizaciones de transporte público por carretera para el fomento de las condiciones de seguridad y mejoras medioambientalesAprobación, si procede, ordenanza reguladora del servicio de auto-taxiAprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del servicio de autotaxi de MadriguerasOrden de 05/10/2009, de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se regula el transporte público interurbano de personas en vehículos de turismo en servicios de auto-taxi, desde la estación de ferro carril Guadalajara-Yebes. [2009/14886]Ordenanza municipal reguladora del Servicio de autotaxiPliego de cláusulas para adjudicación de una licencia de autotaxiOrden de 18/12/2009, de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban las bases y se convocan las ayudas a personas físicas y jurídicas titulares de autorizaciones de transporte público por carretera para el fomento de las condiciones de seguridad y mejoras medioambientales. [2009/19223]Aprobación definitiva del pliego de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la adjudicación de una licencia de autotaxi para el municipio de Barraxaprobación inicial de ordenanzas fiscalesPliego de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la adjudicación de una (1) licencia de autotaxiOrdenanza reguladora del servicio de autotaxiExposición pública de la ordenanza sobre conservación, rehabilitación y ruina de las edificacionesExposición pública de la ordenanza sobre autotaxiAprobación de la Ordenanza reguladora del servicio de autotaxi en Castillo de GarcimuñozLicitación de una licencia de transporte público discrecional de viajeros para vehículo adaptado para personas con movilidad reducidaAprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del servicio de AutotaxiAprobación de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales
(funcionamiento del centro joven de Cifuentes. organización
y funcionamiento del ayuntamiento de Cifuentes. descripción
de puestos de trabajo (R.T.P.). utilización del servicio de
ludoteca de Cifuentes. funcionamiento y regimen interno del centro
de la escuela infantil de Cifuentes. convivencia ciudanana en
lugares públicos. precio público por
prestación del servicio de la escuela infantil.
concesión de subvenciones. precio público por
prestación del servicio público de ludoteca. tasa por
prestacion del servicio municipal de aguas. tasa por
prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y
depuración de aguas residuales. impuesto de construcciones,
instalaciones y obras (i.c.i.o.). tasa por ocupación del
dominio público por materiales y o instalaciones de obras,
puestos, barracas, casetas de venta, espectaculos, atracciones o
recreo, industrias callejeras y ambulantes, mercadillos y rodaje
cinematográfico. licencias urbanisticas de obras. tasas por
ocupación de suelo, vuelo y subsuelo de la vía
publica. tasa por el otorgamiento de la licencia de apertura de
establecimientos. tasa por entrada de vehiculos a traves de las
aceras y por reservas de via pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehiculos y carga y descarga de mercancias.
tenencia de animales de compañia y animales potencialmente
peligrosos. tasa por la prestacion del servicio y
realización de actividades deportivas. servicio de auto
taxi. limpieza viaria. precio público por prestación
del servicio de comedor y lavanderia que presta el centro social
para mayores. precio público por prestación del
servicio de alojamiento en vivienda de mayores. precio
público por prestación del servicio de ayuda a
domicilo (S.A.D)Orden de 03/01/2012, de la Consejería de Fomento, por la
que se establecen servicios mínimos en el transporte
público regular de uso general y de uso especial que
realizan las mercantiles Rubicar Tours, S.A. y Autobuses Urbanos de
Talavera, S.L., durante la huelga de sus trabajadores convocada
para los días 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24,
25, 26, 27, 30 y 31 de enero de 2012. [2012/152]	Derecho.com
LEY 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha	Trámites

References: Artículo 8

Artículo 11
 artículo 31
 artículo 148
 artículo 33
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 47
 resolución 
 artículo 40
 artículo 146
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 42
 artículo 21
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 58
 artículo 59
 artículo 54
 artículo 62
 artículo 49
 artículo 62
 artículo 49
 resolución 
 resolución