Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-1725-2000-132666
Timestamp: 2019-10-19 09:50:28+00:00

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STC 28/2001, 29 de Enero de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 132666
STC 28/2001, 29 de Enero de 2001
Número de Recurso: 1725/2000
RA 1725-2000. Promovido por don Adil Y. respecto de los Autos de la Audiencia Provincial de A Coruña que acordaron la prórroga de su prisión provisional, en una causa seguida por delito contra la salud pública. Vulneración del derecho a la libertad personal: prisión provisional prorrogada por la Sentencia condenatoria al margen de las previsiones legales y sin audiencia previa, y por Autos posteriores tardíos e insuficientemente motivados.
Sentencia citada en: 708 sentencias, 7 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 1725-2000, interpuesto por don Adil Y., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Belén Aroca Flores y asistido del Letrado don Jacinto Romera Martínez, contra los Autos de 14 de febrero de 2000 y de 17 de junio de 1999 dictados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en el sumario núm. 4/97 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Santiago de Compostela, por los que se acuerda la prórroga de la prisión provisional del recurrente. Han intervenido don David M.S., representado por la Procuradora doña María Teresa Vidal Bodí y asistido del Letrado don José Luis Piñeiro Vidal; doña María Dolores B.R., representada por la Procuradora doña Aurora Gómez Iglesias y asistida del Letrado don Mario M. Sánchez Trigo, así como el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 24 de marzo de 2000, don Adil Y., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Belén Aroca Flores, ha interpuesto demanda de amparo contra los Autos dictados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña a los que se ha hecho referencia en el encabezamiento.
Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes:
El demandante de amparo, de nacionalidad turca, fue detenido el 15 de mayo de 1997 junto a otras personas tras salir del aeropuerto de Labacolla de Santiago de Compostela, acordándose por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de dicha ciudad mediante Auto de 17 de mayo de 1997 su prisión preventiva con carácter incondicional, por existir indicios de su participación en un delito de tráfico de drogas tóxicas.
Concluso el sumario, el 10 de mayo de 1999 se celebró el juicio oral ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, la que dictó Sentencia el 13 de mayo del mismo año por la que, junto a otras personas, se condenó al Sr. Y., como responsable de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, cualificado entre otras por la agravante de reincidencia, a las penas de doce años de prisión y multa de 278.600.400 pesetas y accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
La mencionada Sentencia de 13 de mayo de 1999, que fue notificada a las representaciones de los condenados en fechas comprendidas entre los días 14 y 20 de mayo de 1999, contiene en su parte dispositiva un pronunciamiento por el que -se acuerda la prórroga de la prisión de los condenados hasta el límite de la mitad de la pena impuesta-. Pronunciamiento al que se hace referencia en el FJ 9 aludiendo el carácter condenatorio de la resolución para los inculpados y al hecho de estar privados de libertad desde el 15 de mayo de 1997.
Por escrito presentado en la mencionada Audiencia Provincial el 18 de mayo de 1999, la representación procesal del demandante, con cita de la STC 37/1996, solicitó que se acordase su libertad provisional, por haberse superado el plazo límite de dos años previsto por el art. 504 LECrim sin ni siquiera haberse iniciado los trámites para acordar la prórroga de la prisión. Y mediante otro escrito de fecha 25 de mayo, dicha representación formuló recurso de casación contra la Sentencia condenatoria del Sr. Y.
Por Auto de 15 de junio de 1999 el Tribunal sentenciador tuvo por preparado el recurso de casación y en la misma resolución acordó prorrogar la situación de prisión provisional del demandante de amparo hasta la mitad de la pena impuesta, de conformidad con lo previsto en el art. 504.5 LECrim, sin hacer referencia al anterior escrito presentado el 18 de mayo. Y al siguiente día, 17 de junio de 1999, dictó otro Auto ratificando la situación de prisión provisional del Sr. Y. y prolongando la misma hasta el 14 de mayo del 2003 en atención a que:
El 22 de junio de 1999, la representación procesal del demandante de amparo presentó escrito reiterando su petición de libertad y, tras recibir el 15 de julio de 1999 notificación del antes mencionado Auto de 17 de junio de ese año, presentó recurso de súplica contra esta resolución el 17 de julio de 1999, en el que se denunciaba la lesión, entre otros preceptos, de los arts. 17 y 24.1 CE. Y como el 4 de febrero de 2000 aún no había sido resuelto el recurso de súplica, dicha representación reiteró su solicitud mediante escrito de esta última fecha.
La Audiencia Provincial, por Auto de 14 de febrero de 2000, desestimó el recurso de súplica que había interpuesto la representación del Sr. Y. el 17 de junio de 1999, fundamentando su decisión en que:
La demanda de amparo denuncia en primer lugar que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado su derecho a la libertad personal (art. 17.1 y 2 CE), por haberse mantenido la prisión provisional del recurrente después de haber transcurrido el plazo máximo de duración de dicha situación previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin acordarse prórroga de la misma. En segundo término, la lesión del art. 24.1 CE, por cuanto los Autos impugnados, sin considerar la repercusión que el transcurso del tiempo tiene sobre la libertad, sólo hacen una mención genérica al pretendido riesgo de fuga y no tienen en cuenta el arraigo personal del recurrente en España, por lo que se trata de resoluciones judiciales que carecen de motivación o ésta es insuficiente y, en todo caso, se adoptaron sin audiencia previa. Por último, denuncia la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por las dilaciones que se han producido en la tramitación de la petición de libertad y del recurso de súplica interpuesto contra su denegación, citando al respecto las SSTC 41/1996 y 19/1999.
Por providencia de 6 de julio de 2000, la Sala Segunda de este Tribunal, de conformidad con el art. 11.2 LOTC, acordó la admisión a trámite del presente recurso de amparo y, en aplicación del art. 51 de dicha Ley, recabar las actuaciones de la Audiencia Provincial de A Coruña y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto el recurrente, para que puedan comparecer en este proceso constitucional si lo desean.
La Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Vidal Bodí, en nombre y representación de don David M.S., por escrito registrado en este Tribunal el 11 de agosto de 2000 manifestó adherirse al recurso formulado por don Adil Y., por cuanto el mantenimiento en prisión del recurrente, de su representado y de otros condenados, supone una vulneración de los derechos invocados en el recurso, estimando que las pretensiones del mismo han de ser acogidas y beneficiar también a su representado.
La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 14 de septiembre de 2000, acordó, de un lado, tener por personada y parte en el procedimiento a la mencionada Procuradora, en nombre y representación de don David M.S.s, a condición de que acreditase su representación y el nombre del Letrado que suscribe el escrito. Lo que hizo mediante ulterior escrito presentado el 23 de septiembre de 2000. De otro, de conformidad con el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para representar las alegaciones que estimasen pertinentes.
Mediante escrito presentado en este Tribunal el 2 de octubre de 2000, la Procuradora doña Aurora Gómez Iglesias se personó en este proceso en nombre de doña María Dolores B.R.. La Sala Segunda de este Tribunal acordó tenerla por personada y parte en la representación que ostenta y darle vista de las actuaciones por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimase pertinentes en relación con el presente recurso.
El Ministerio Fiscal cumplimentó el trámite de alegaciones mediante escrito presentado en este Tribunal el 5 de octubre de 2000. Tras una detenida exposición de los hechos, antes de entrar en el fondo del recurso considera necesario depurar su objeto porque, de una parte, no han sido recurridas todas las resoluciones dictadas en el proceso a quo sobre la situación personal del demandante de amparo y, de otra, no todos los motivos de la demanda son susceptibles de ser examinados en cuanto al fondo ni en la forma en que han sido articulados.
Respecto a lo primero, señala que únicamente se impugnan los Autos de 17 de junio de 1999 y 14 de febrero de 2000, acordando la prórroga de la prisión provisional y desestimando la súplica, respectivamente. Pero es incontrovertible que al reiterar la solicitud de libertad provisional ya tenía conocimiento de dicha prórroga y, pese a ello, insiste en la irregularidad de la situación en el proceso del Sr. Y., cuando la situación de prisión provisional se había prorrogado por la Sentencia de 13 de junio de 1999, esto es, antes de haber expirado el plazo de dos años previsto en el art. 504.4 LECrim. E igualmente resulta incontrovertible que el 16 de julio de 1999, cuando interpone el recurso de súplica contra el Auto de 17 de junio de ese año, tenía conocimiento de que tanto la Sentencia antes citada como el Auto de 16 de junio de 1999, pero especialmente la primera, habían prorrogado la situación de prisión. De manera que la conclusión que cabe extraer de todo ello es que el demandante de amparo, denunciando que habría transcurrido el plazo de dos años, pretende ocultar las resoluciones judiciales que purgan dicho vicio y éstas, al no haber sido recurridas, deben mantenerse subsistentes.
La representación procesal de doña María Dolores B.R. formuló sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 14 de noviembre de 2000, manifestando que la vulneración de los derechos fundamentales de los arts. 17 y 24.1 CE se deriva del hecho de que, vencido el plazo de duración de la prisión provisional, su prórroga se hizo por la Sentencia de 13 de mayo de 1999 que no se conocía se hubiera dictado y, por ello, no existía resolución judicial que recurrir. Adoptándose la prórroga, además, sin los actos previstos en el art. 504.5 LECrim. Como fundamento de la queja, cita varias Sentencias de este Tribunal sobre situaciones idénticas a la presente. Para terminar alegando que lo dicho no sólo opera a favor del recurrente de amparo sino también de su representada, pues la situación en el proceso es común a ambos.
El objeto del presente recurso son los Autos dictados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña el 17 de junio de 1999 y el 14 de febrero de 2000, relativos a la prórroga de la prisión provisional del recurrente, a los que se imputa en la demanda de amparo una triple vulneración de derechos fundamentales. En primer lugar, una presunta vulneración del art. 24.1 CE dado que estas resoluciones judiciales, pese a denegar la libertad del Sr. Y., carecen de motivación o ésta es claramente insuficiente y, además, se adoptaron sin el previo trámite de audiencia previsto en las leyes procesales. En segundo término, una eventual lesión del art. 17.1 y 2 CE, por haber mantenido el órgano jurisdiccional la situación de prisión provisional tras haber terminado el plazo máximo de dos años previsto en la LECrim. Y, por último, una presunta vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por las dilaciones que han tenido lugar en la tramitación de las peticiones de libertad.
En la pretensión de que se otorgue el amparo concurre la representación procesal de doña María Dolores B.R., interviniente en este proceso. A lo que se opone el Ministerio Fiscal, quien por las razones expuestas en los antecedentes solicita la desestimación de la demanda de amparo y, subsidiariamente, que caso de otorgarse por este Tribunal sus efectos no alcancen a que acordemos la libertad del demandante, quien actualmente se halla cumpliendo la pena de privación de libertad impuesta por la Sentencia del mencionado órgano jurisdiccional de 13 de mayo de 1999.
Expuestas así las quejas y las posiciones de los intervinientes en este proceso constitucional, para delimitar adecuadamente el ámbito de nuestro enjuiciamiento es preciso dar respuesta con carácter previo a la objeción del Ministerio Fiscal respecto a la queja relativa a la presunta vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas.
Al respecto, el Ministerio Fiscal ha señalado, de un lado, que presentado ante la Audiencia Provincial el 18 de mayo de 1999 escrito de la representación procesal del recurrente solicitando su libertad provisional, esta petición fue resuelta por el Auto de 17 de junio siguiente, notificado el 15 de julio. De otro, que reiterada tal solicitud el 22 de junio de 1999, tras la notificación del Auto que se acaba de mencionar, interpuso recurso de súplica contra esta resolución el 17 de julio siguiente, recurso que no fue resuelto hasta el 14 de febrero de 2000 por el Auto denegatorio dictado en esta fecha, contra el que se recurrió en amparo ante este Tribunal el 24 de marzo de este año. Lo que implica el transcurso de más de un mes para resolver la primera solicitud de libertad y cerca de siete meses para el recurso de súplica, lo que ciertamente no se compadece, según el Ministerio Fiscal, con la tutela de la libertad que nuestra Constitución, como primeros garantes, ha atribuido a los órganos jurisdiccionales. Si bien el examen de las circunstancias del presente caso le lleva a considerar que no se ha producido una lesión del derecho reconocido por el art. 24.2 CE. Conclusión que ha de ser acogida, pues basta reparar, que tal dilación no fue específicamente denunciada ante el órgano jurisdiccional antes de acudir en amparo ante este Tribunal (SSTC 224/1991, de 25 de noviembre, 97/1994, de 21 de marzo, y 146/2000, de 29 de mayo) dado que en el recurso de súplica contra el Auto de 17 de junio de 1999 sólo se contiene una genérica afirmación de que la actuación judicial estaba lesionando -derechos fundamentales... que son entre otros el derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva contenidos en los arts. 17 y 24.1 y 2 de la Constitución-.
Pasando, pues, a enjuiciar las restantes quejas, ha de advertirse con carácter previo que si a la presunta lesión de la libertad personal (art. 17.1 y 4 CE) se anuda la eventual vulneración de la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE por falta o insuficiencia de motivación de las resoluciones judiciales impugnadas, el examen de una y otra ha de estar unido en aplicación de la reiterada doctrina de este Tribunal sobre la exigencia de una motivación reforzada de aquellas resoluciones judiciales relativas a la libertad personal (por todas, SSTC 204/2000, de 24 de julio, FJ 3, y 213/2000, de 2 de octubre, FJ 4).
Pues bien, según denuncia el recurrente, la lesión del derecho fundamental a la libertad radicaría en que, tras su detención el 15 de mayo de 1999, la prisión provisional acordada por el Auto del 17 del mismo mes y año se mantuvo una vez transcurrido el período máximo de dos años previsto en el art. 504 LECrim. Lesión que se habría producido, en todo caso, respecto al período comprendido entre el 16 de mayo de 1999, fecha en que finalizó dicho plazo, y el 15 de julio del mismo año, fecha en que se le notificó el Auto de 17 de junio de 1999 por el que se acordó, al amparo del párrafo 5 del art. 504 LECrim, prorrogar la prisión hasta la mitad de la condena impuesta.
Doctrina que se expresa en la STC 234/1998, FJ 2, en los siguientes términos: -Como se ha afirmado y reiterado en jurisprudencia de este Tribunal relativa al significado constitucional de los plazos máximos, iniciales y de prórroga de la prisión provisional establecidos en el art. 504.4 LECrim, el respeto y cumplimiento de los plazos legales máximos de prisión provisional constituye una exigencia constitucional que integra la garantía consagrada en el art. 17.4 CE, de manera que la superación de dichos plazos supone una limitación desproporcionada del derecho a la libertad y, en consecuencia, su vulneración (entre otras, SSTC 127/1984, FJ 3; 98/1998, FJ 2 y 142/1998, FJ 3). De igual forma, aunque el art. 504.4 LECrim no requiere expresamente que la resolución de prórroga se acuerde antes de la expiración del plazo inicial, constituye ésta una exigencia lógica para la efectividad del derecho a la libertad personal (ATC 527/1988), pues `la lesión en que consiste la ignorancia del plazo no se subsana por el intempestivo acuerdo de prórroga adoptado una vez superado éste ¿(STC 142/1998, FJ 3). Y la exigencia de que la resolución de prolongación de la prisión por encima del plazo inicial se dicte en fecha anterior a la expiración de este plazo se proclama, entre otras, en las SSTC 103/1992, 142/1998 y ATC 447/1989-.
Sentado lo anterior, para el enjuiciamiento de la queja en lo que se refiere al período de prisión provisional del recurrente al que antes se ha aludido, esto es, el comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de julio de 1999, hemos de partir de tres circunstancias relevantes.
La primera es la constituida por la Sentencia condenatoria de 13 de mayo de ese año, en la que se contiene un pronunciamiento acordando -la prórroga de la prisión de los condenados hasta el límite de la mitad de la pena impuesta-, lo que se justificó en la facultad que al Tribunal sentenciador concede el art. 504, párrafo 5 LECrim (fundamento de Derecho 9). En segundo lugar, que esta resolución judicial fue seguida por otras dos: el Auto dictado por la Audiencia Provincial el 15 de junio de 1999, por el que se prolonga la prisión provisional del recurrente hasta el 14 de mayo del año 2003, así como el Auto del 17 de junio del mismo mes y año, en el que se acuerda, al amparo de la facultad que concede el citado párrafo 5 del art. 504, -ratificar la situación de prisión provisional- hasta la fecha indicada en el Auto anterior por ser -la mitad de la pena que le fue impuesta en la Sentencia de 13 de mayo de 1999-. Por último, que la citada Sentencia fue notificada a la representación del demandante en fechas comprendidas entre el 14 y el 20 de mayo de 1999 y los Autos a los que se acaba de hacer referencia lo fueron, respectivamente, los días 21 de junio y 15 de julio de ese año.
Ahora bien, en relación con lo anterior ha de tenerse presente que el art. 504 LECrim, al determinar los plazos de la prisión provisional, en su párrafo 4 ha previsto que, cuando concurran circunstancias que hagan prever que la causa no podrá ser juzgada dentro del plazo inicial de dos años y el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la prisión podrá prolongarse durante un nuevo plazo, en cuyo caso -se acordará mediante Auto, con audiencia del inculpado y del Ministerio Fiscal-. Lo que no es irrelevante para la adopción de la medida, dado que en dicha audiencia es posible debatir tanto la concurrencia o no de las circunstancias determinantes para acordar la libertad o la continuación de la prisión provisional como la eventual modificación de las inicialmente apreciadas.
Pero tales requisitos no concurren en el presente caso, pues la prórroga se acordó por la propia Sentencia condenatoria y sin que tuviera lugar la referida audiencia, extremo éste que ha sido subrayado por la representación procesal del recurrente. Lo que parece situarnos en el supuesto del párrafo 5 del citado art. 504 LECrim. Si bien también ha de excluirse, pues la prórroga de la prisión provisional que ampara este precepto, hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la Sentencia condenatoria, se ha previsto -cuando ésta hubiere sido recurrida-. Lo que ciertamente no podía ser el caso en el momento de dictarse tal resolución.
En atención a estas circunstancias ha de llegarse a la conclusión de que las mencionadas resoluciones judiciales han vulnerado el derecho a la libertad personal del recurrente (art. 17.1 y 4 CE).
En lo que respecta a la legitimidad de la prórroga de la prisión provisional acordada por la Sentencia condenatoria, cabe estimar que se ha producido la lesión del derecho fundamental invocado. Pues aunque tal Sentencia contiene, a diferencia del supuesto contemplado en la STC 98/1998, de 4 de mayo, un expreso pronunciamiento sobre la prórroga, justificándola escuetamente en el riesgo de fuga, lo que vendría a sustituir, como ha alegado el Ministerio Fiscal, a la adopción de un Auto inmediatamente posterior acordando la medida, sin embargo no es menos cierto que tal prórroga fue acordada al margen de las previsiones legales, por no concurrir todas las circunstancias del párrafo 5 del art. 504 LECrim, y sin haber tenido lugar la audiencia previa del acusado y del Ministerio Fiscal.
En cuanto a los Autos de 15 y 17 de junio de 1999, por los que se amplió la medida de prisión provisional acordada en la Sentencia condenatoria, es suficiente observar, de un lado, que se dictan cerca de un mes después de haber expirado el plazo inicial de dos años. De otro, que el primero de ellos está huérfano de toda motivación respecto de la medida que adopta y el segundo sólo contiene una escueta referencia a la pena impuesta y a la clase de delito, por lo que no satisfacen las exigencias que se derivan del art. 24.1 en relación con el art. 17.4 CE. De suerte que tales resoluciones judiciales han vulnerado las exigencias de tiempo y motivación que se derivan de los arts. 17.4 y 24.1 CE. Sin que pueda considerarse que el posterior Auto de 14 de febrero de 2000, por haberse adoptado muchos meses después de la terminación del plazo inicial, haya podido subsanar las tachas en las que incurren las resoluciones precedentes [SSTC 19/1999, de 22 de febrero, FJ 4 y 231/2000, de 2 de octubre, FJ 5 b)]. Lo que unido a lo anterior ha de conducir al otorgamiento del amparo.
La estimación de la pretensión de amparo por los motivos que se acaban de indicar hace innecesario el examen de la queja restante, pero no excluye que precisemos el alcance de nuestro fallo.
Otorgar el amparo solicitado por don Adil Y. y, en su virtud:
Declarar que se han lesionado los derechos del recurrente a la libertad personal (art. 17.1 y 4 CE).
Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, anular los Autos de 17 de junio de 1999 y 14 de febrero de 2000, dictados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en el rollo 645/97. Y la Sentencia de 13 de mayo de 1999 en lo que respecta al pronunciamiento relativo a la prisión provisional del recurrente, con los efectos indicados en el FJ 8.
SAP Barcelona 347/2006, 26 de Mayo de 2006
STSJ Islas Baleares , 24 de Julio de 2001

References: resolución 
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