Source: http://www.argenpress.info/2013_11_15_archive.html
Timestamp: 2019-03-19 08:15:56+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 11/15/13
¿Partidarios del aborto?
Alfonso Monsalve Ramírez (especial para ARGENPRESS.info)
Nadie es partidario del aborto. Esto ya lo han dicho diferentes comentaristas. Sin embargo, el debate sigue planteado así: ¿Estás por el aborto o contra el aborto? Y el dilema se radicaliza dramáticamente: ¿Estás por la vida o contra la vida? Pues inmediatamente después de estigmatizarte -eres partidario del aborto- te satanizan: estás contra la vida. Y viceversa: si estás contra el aborto, eres defensor de la vida. ¿Son disyuntivas tan simples las que enfrenta la sociedad humana en la actualidad?.
Desde luego, es la presentación engañosa de una problemática mucho más compleja que padecen millones de mujeres en el mundo, embarazadas contra su voluntad, no sólo por violación, pues esta condición definitoria exclusiva forma parte de la trampa, sino por muchas otras circunstancias. Embarazos forzados, accidentales o involuntarios que la mujer tendría todo el derecho de interrumpir, si no fuera porque se lo impide la más oscura maraña de tabúes, supersticiones, creencias, incomprensiones e imposiciones de quienes deciden desde fuera del problema.
Nadie es partidario del aborto como nadie está en contra de la vida. El problema no es tan simple.
A pesar de que su tema no es directamente el aborto y de que se refiere sólo a los embarazos de niñas menores de 18 años, lo cual deja por fuera cantidades inimaginables de otras situaciones de aborto de millones de mujeres en todo el mundo, un valioso documento divulgado recientemente por Naciones Unidas y titulado “Maternidad en la niñez” (Estado de la población mundial 2013), ofrece un panorama muy completo del asunto y con cifras suficientemente impactantes. Veamos algunas, no sin antes recomendar la atenta lectura y estudio de este documento a todos aquellos que estén verdaderamente interesados en comprender la situación:
• 70.000 muertes en adolescentes todos los años por complicaciones del embarazo y del parto
Dos millones de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 años que ocurren cada año en los países en desarrollo son partos de niñas menores de 15 años.
Alrededor de 70.000 adolescentes en países en desarrollo mueren por año por causas relacionadas con el embarazo y el parto. El embarazo y el parto son unas de las principales causas de muerte de adolescentes mayores en países en desarrollo. Las adolescentes que quedan embarazadas tienden a ser de hogares de ingresos más bajos y a tener una nutrición deficiente.
El efecto del embarazo en una niña casada de 14 años en una zona rural, por ejemplo, es muy diferente de la de una niña soltera de 18 años que vive en la ciudad o tiene acceso a apoyo familiar y recursos financieros.
Los abortos en condiciones de riesgo representan casi la mitad del total de abortos (Sedgh et al., 2012; Shah y Ahman, 2012). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un aborto inseguro o en condiciones de riesgo “es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o realizado en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos” (Organización Mundial de la Salud, 2012c). Casi todos los abortos en condiciones de riesgo (el 98 por ciento) se realizan en países en desarrollo, donde el aborto suele ser ilegal. Incluso donde el aborto es legal, a las adolescentes les puede resultar difícil acceder a los servicios.
Los datos sobre los abortos, seguros o en condiciones de riesgo, en niñas entre 10 y 14 años en países en desarrollo son escasos, pero se realizaron cálculos aproximados para el grupo con edades de 15 a 19 años, donde se registran alrededor de 3,2 millones por año de abortos en condiciones de riesgo en países en desarrollo.
Completemos con cifras relativas a Ecuador ofrecidas por dos comentaristas, Omar Ospina, en el diario Hoy (10-11-2013), y Gabriela Alemán, en su página en Facebook (http://gkillcity.com/index.php/el-mirador/1691-el-techo-de-cristal): “Solo en 2010 se recibieron 3 684 denuncias de violencia contra niñas menores de 14 años, cifra más que escalofriante” (Ospina); “En el país, 3.684 niñas entre 12 y 14 años fueron víctimas de violencia sexual en el año 2010 (INEC 2012), eso representa 10 violaciones diarias. 125.000 mujeres abortan al año en el Ecuador según datos de la OMS, una cada cuatro minutos. En el país hay 3´804.976 mujeres en edad fértil (INEC 2012), si 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual quiere decir que 951.244 ha pasado por esta experiencia. Se estima que entre el 16 al 30% de las mujeres pueden quedar embarazadas luego de una violación. (Estudio realizado por el Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos CAOG en 2012). El embarazo de niñas entre 10 y 14 años aumentó en los últimos 10 años en un 78% (INEC 2012)” (Alemán. Subrayado original).
Números escuetos y fragmentarios que traigo aquí sin acompañarlos con la diversidad de factores de toda índole que detalla el documento de NN.UU. y que inciden poderosamente en esta problemática: ignorancia, tabúes, creencias religiosas (no de una religión sino de muchas), culturales e ideológicas, circunstancias geográficas, históricas, científicas (médicas, técnicas), políticas, económicas, climáticas, sanitarias, y en fin, un conjunto tan vasto que ni siquiera el autorizado equipo de especialistas que llevaron a cabo este estudio se aventuran a resolver con una fórmula, ni siquiera con un conjunto de fórmulas fáciles, sino que insisten en recomendar más investigaciones, más estudios, más análisis del complejísimo asunto.
¿Y nosotros nos atrevemos a reducirlo todo a dos posiciones: partidarios o enemigos del aborto? ¿Por qué?
Una explicación, no la única, es la polarización impuesta por quienes manipulan a su antojo y conveniencia la opinión de los ciudadanos. Por los medios de comunicación capitalistas que nos han tendido esta trampa y nos tienen atrapados en ésta y en otras polarizaciones por el estilo: terroristas o anti terroristas, defensores de la libertad de expresión o enemigos de ella, penalizar o legalizar las drogas, ecologistas o depredadores, ambientalistas o extractivistas, y varios etcéteras más.
Es uno de los recursos más perversos de que se valen estos medios para atrapar audiencias, lectores, radioyentes, televidentes. Encasillarnos en posiciones extremas y ponernos a discutir si estamos a favor o en contra, sí o no, de uno de los dos polos de dicotomías tan simplistas como engañosas. Y caemos una y otra vez en la trampa, enfrentados entre nosotros mismos cuando la realidad es que todos estamos objetivamente en favor de las mismas causas, enfrentamos los mismos problemas para los que seguramente no puede haber una sola solución sino muchas soluciones parciales, provisionales, temporales que nos lleven a la superación o por lo menos al control del problema en cuestión. Pero nos enredan en la forma de presentárnoslas para dividirnos y confrontarnos porque la vieja máxima dictatorial sigue siendo efectiva: divide y reinarás.
Polariza y confundirás. Pero venderás más periódicos, revistas, espacios publicitarios, a la vez que aparecerás como adalid de la amplitud de criterio, de la objetividad, de la imparcialidad, del debate abierto, libre, sin discriminaciones.
Falsedades sobre falsedades. El verdadero debate serio y profundo que generalmente exigen estos y otros temas cuando alcanzan el nivel de graves dolencias sociales, no puede darse con rigor y responsabilidad en esas páginas y en esos espacios limitadísimos porque en ellos cada centímetro y cada minuto tienen precio: su negocio es ése. Su negocio económico pues el negocio político es confundir, caotizar, hacer ingobernable la situación. Pero este ya es un tema distinto que merece análisis aparte.
Por lo pronto, no caigamos en el juego sucio de las polarizaciones simplistas: sí y no, blanco y negro, amigo o enemigo, conmigo o contra mí.
La realidad no está en los extremos. Acercarnos al centro nos aproximará más a reconocerla lo suficiente como para hablar de soluciones posibles.
La necesaria laicidad de Costa Rica: anhelos y asechanzas
Juan Antonio Aguilera Mochón (TICOVISIÓN)
Costa Rica es un país envidiado y querido por algunos aspectos de su historia y de su organización social, y por supuesto, por la riqueza natural y humana reconocida en su nombre. Sin embargo, el que en la campaña electoral en curso gran parte de la población manifieste poco entusiasmo por pronunciarse el 2 de febrero de 2014, no es porque no haya problemas importantes que resolver (coste de la vida, desigualdad, corrupción…), como se ha puesto de manifiesto en las recientes protestas en las calles, sino por una desafección con los políticos -de la que en alguna medida pueden ser responsables los medios de comunicación- que a los españoles nos resulta muy familiar.
Precisamente por compartir en España problemas derivados del confesionalismo estatal, y por mi afecto y solidaridad hacia el pueblo costarricense, me atrevo a exponer una reflexión sobre un asunto que, a mi entender, exige reformas inaplazables en Costa Rica: el de la injerencia de la Iglesia católica en el funcionamiento del Estado. Que a estas alturas Costa Rica siga teniendo una Constitución que se presenta “invocando el nombre de Dios” y proclama, en su artículo 75, una “religión del Estado”, no sólo es un anacronismo que nos retrotrae a hábitos medievales que creíamos felizmente superados, es un disparate de grandes dimensiones... y, también -lo que puede ser peor, como veremos-, pequeñas.
Es muy triste que los ciudadanos de uno de los países con mayor biodiversidad del mundo se vean constreñidos constitucionalmente en la diversidad más específicamente humana, la de pensamiento y conciencia. La imposición de una creencia entre el sinfín de posibilidades existentes tiene consecuencias muy variadas, todas penosas. La de mayor escala aparente probablemente sea la económica: el trato estatal de favor que recibe la Iglesia católica supone esquilmar los bienes de todos en favor de una organización privada (aunque a ella pertenezcan muchos).
Pero, sin menospreciar las escandalosas dimensiones de esta apropiación legal pero ilegítima, tal vez lo peor sea el intento (demasiadas veces exitoso) de sometimiento de las conciencias. La Constitución confesional y los acuerdos con la Iglesia afectan a la vida de los costarricenses a diversos niveles, desde el institucional hasta el educativo y el familiar, y es cuando permean hasta lo más íntimo (en las pequeñas dimensiones) cuando el daño humano es potencialmente mayor.
En el nivel institucional, la confesionalidad estatal llega a límites inverosímiles: que los máximos representantes de los tres poderes se consagraran en agosto a ellos mismos, y a sus instituciones, “al amor y protección de Dios todopoderoso a través de la intercesión de María nuestra señora, la reina de los Ángeles”, es un esperpento que debían evitar aunque sólo fuera por sentido del ridículo. ¿Podrán los ticos elevar reclamaciones oficiales a Dios, o a la reina de los Ángeles, cada vez que aquella “protección” fracase? Y es imperdonable que, en el mismo acto, las autoridades pidieran perdón a Dios por sus errores (los de ellos): ¡a quien tienen que rendir cuentas es a los ciudadanos, no a ningún ente ultramundano! Por esta misma razón, es inadmisible el juramento “a Dios” que deben prestar los funcionarios públicos, según el art. 194 de la Constitución. Por supuesto, es lícito que quienes disfrutan de cargos públicos vayan a misa y se postren ante todos los santos y Vírgenes (e incluso vírgenes) que quieran… pero sólo a título personal, nunca institucional. En cuanto a ciertos nombramientos honoríficos, así el de la Virgen de los Ángeles como "Comandante de la Sección Aérea de la Fuerza Pública", me temo que perjudican a los creyentes religiosos, pues dan pie a todo tipo de chanzas.
Este confesionalismo se ha exhibido al mundo sin pudor con motivo de la reciente visita a Europa de la presidenta, Laura Chinchilla. Tras un paso por Francia de verdadera relevancia económica para Costa Rica, le ha faltado tiempo para, junto a otras autoridades -entre ellas, atención, el ministro de educación-, ir al Vaticano a rendir pleitesía al papa, como ya hizo con motivo de la entronización de Francisco, y en 2012, cuando visitó a Benedicto XVI. Tras el último encuentro, la Oficina de Prensa vaticana ha resaltado la intención de “llegar a un acuerdo entre Costa Rica y la Santa Sede encaminado a reforzar las relaciones bilaterales”. ¡Reforzar las relaciones!, cuando las ya existentes obligan a que en Costa Rica aún sean ilegales las parejas homosexuales, la fertilización in vitro, el aborto… además de a la mencionada confusión entre las creencias privadas y el interés público.
Con ser todo esto muy reprobable, lo peor, en mi opinión, es el abuso sobre las conciencias de los más indefensos: los niños. El adoctrinamiento en las escuelas costeadas por el Estado es el mayor atentado contra la libertad de conciencia de las personas, pues se ejecuta cuando carecen de mecanismos mentales de defensa frente a irracionalidades e imposiciones morales que harían reír o indignarían a la mayoría de los adultos no adoctrinados, sino con alguna formación científica y humanística.
Esta situación, que la Iglesia etiqueta convenientemente -para ella- de “laicidad sana”, es en realidad incompatible con la democracia y el Estado de derecho. La laicidad, que supone que el Estado se separe de las Iglesias, que no privilegie a ninguna creencia o convicciones particulares sobre otras, es un atributo indispensable de una democracia. La mayor igualdad que justamente exigen los ticos no debe ceñirse sólo a los inexcusables aspectos de género (que no se solucionarán sólo con un Ministerio; por ejemplo, ¿qué tal no dejar que adoctrine a los niños una institución que margina radicalmente a las mujeres?) y económicos: no puede haber unos creyentes -o increyentes- favorecidos sobre otros desde el ámbito público.
Es lamentable que las iniciativas laicistas hasta ahora no hayan tenido éxito parlamentario. ¿No es hora de que Costa Rica, considerado el país de más tradición democrática en Centroamérica, se convierta de una vez en un Estado laico, precisamente por respeto democrático… por respeto a la libertad de conciencia de sus ciudadanos? Pero mucho cuidado, pues esto supone no sólo eliminar el confesionalismo constitucional, sino, también, evitar cualquier Concordato o Acuerdos que limiten el autogobierno del país al hacerlo dependiente de los intereses proselitistas y económicos de un Estado extranjero (extremadamente antidemocrático y machista, por más señas). Precisamente esto último -la atadura a unos Acuerdos leoninos- es lo que desdichadamente ocurre en España, a pesar de tener una Constitución no confesional desde 1978: clases de religión en la escuela, más de 11.000 millones de euros anuales para la Iglesia, etc., etc.
Estoy convencido de que la Iglesia católica, siguiendo pasos similares a los que dio en España, ya está asumiendo que la Constitución confesional actual no se podrá mantener mucho tiempo en Costa Rica, y ya prepara una estrategia lampedusiana ("si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie") que incluye dos objetivos:
1. Que en la futura redacción constitucional, aunque se diga que el Estado no tiene ninguna confesión, se reconozca la importancia del credo católico en Costa Rica y la necesidad de mantener relaciones de cooperación con la Iglesia.
2. Un Concordato o unos Acuerdos de cooperación que aseguren, sobre todo, el mantenimiento económico de la Iglesia (mediante ingresos directos y exención de impuestos) y las clases de religión en la escuela pública, pero también otras prerrogativas: presencia en los medios de comunicación, capellanes en los hospitales…
Me temo que la visita de Laura Chinchilla al papa, con la alusión posterior a unos nuevos Acuerdos bilaterales, confirma mis malos augurios. Como supongo que, al menos por razones conyugales (su marido es granadino, como yo), sabe bien la actual presidenta, en España se gestaron unos Acuerdos de ese tipo antes de que se aprobara la Constitución, pero se aprobaron unos días después. Y así llevamos más de 34 años constreñidos en nuestra soberanía por los intereses de la Santa Sede, padeciendo un aberrante confesionalismo de hecho. ¡Amigos, que nuestra nefasta experiencia les sirva para estar prevenidos!
Según la encuesta de marzo de 2013 publicada en La Nación, el 47 % de la población costarricense quiere un Estado laico. Esperemos que lo tengan en cuenta los candidatos, y que los votos impulsen a quienes -entre otras cosas necesarias, claro- defiendan decididamente la opción laicista. Pero no ya por el (pseudo)argumento de la mayoría, sino por la razón, la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia; en definitiva, por los ciudadanos.
Entrevista a Guillermo Almeyra, La Jornada (México): Bachelet no cambiará profundamente
Mario Hernandez (MH): Buenos días, Guillermo Almeyra. Estamos trabajando fuerte con Haití a partir del anuncio hecho por el presidente uruguayo de retirar las tropas de ese país. Fue parte de sus conversaciones con Dilma en Brasil y con Maduro en Caracas. Una noticia muy importante que ha motorizado la actividad de los distintos comités por el retiro de la Minustah de Brasil, Uruguay y Argentina.
Guillermo Almeyra (GA): Efectivamente, es un anuncio muy importante.
MH: También lo es la elección del próximo domingo en Chile. Está descartado el triunfo de Bachelet quien ha incorporado a su programa una serie de demandas producto de la movilización estudiantil y de los trabajadores, despertando ilusiones respecto de su futuro gobierno.
GA: Bachelet en su anterior gobierno demostró una posición sumamente conciliadora con los poderes efectivos, con el Ejército y, sobre todo, con el capital. No creo que cambie profundamente. Probablemente hará cambios menores impuestos por la nueva relación de fuerzas, por las grandes movilizaciones de los trabajadores estatales, los obreros del cobre, indígenas y principalmente el movimiento estudiantil, que la obligarán a plantear una reforma importante en la educación. La exigencia de educación pública y gratuita.
MH: El 74% de la población, según las encuestas, apoya la educación universitaria gratuita y el 83% está a favor de la nacionalización del cobre.
GA: Exactamente. Serían cambios enormes. También hay la exigencia de nacionalizar una serie de servicios. El movimiento obrero podría comenzar a unificarse con mucha más fuerza y a pesar más.
Ya hay una izquierda en el propio Partido Socialista, sin contar que tiene proyectado un 10% de los votos Miguel Enriquez Ominami, el hijo del fundador del MIR, con una posición de izquierda mucho más vinculada a las demandas populares.
El problema es que un buen sector de la juventud no va a votar. Hay resoluciones de los estudiantes secundarios y de los movimientos autónomos en ese sentido. Van a mantener una posición de abstención, aunque entre los universitarios probablemente crezca el voto porque pesan más los comunistas que se presentan con perspectivas de entrar al gobierno e incluso de tener algún ministerio.
MH: Es candidata Camila Vallejo, la joven dirigente universitaria.
GA: Hay otros. Incluso candidatos a intendentes en localidades importantes.
En el Partido Socialista están todos los que conciliaron con Pinochet, pero hay otros más jóvenes que toman distancia y además la derecha va a perder de un modo tan escandaloso y está tan dividida y Piñera tan golpeado, que eso desbalancea a favor del centro y de la izquierda la situación.
MH: La candidata de la derecha encarnaría uno de los fracasos electorales más grandes en la historia de la derecha chilena.
GA: Es una payasada absurda, la eligieron como mal menor después que se borraron dos candidatos anteriores. De entrada era una candidatura muerta. Además, no consiguió levantarla porque una buena parte de la derecha no confiaba en ella y el pueblo tampoco.
La derecha hondureña no puede tolerar un cambio en la Constitución
MH: No dejemos de lado la elección del próximo 24 de noviembre en Honduras. Allí cabe la posibilidad que por primera vez gane la presidencia una mujer, Xiomara Castro, tras el golpe de Estado hace 4 años.
GA: Xiomara es la esposa de Manuel Zelaya que al venir del Partido Liberal todavía consigue algunos votos de ese sector conservador, a pesar del nombre y de ser la candidata del Comité de Resistencia contra la dictadura de Micheletti y los militares. Ahora se han transformado en Partido Libre y en algunos sondeos independientes aparece a la cabeza.
Desgraciadamente en Honduras, como en México, el que aparece a la cabeza no gana por fuerza porque la capacidad del Estado para hacer fraude es tremenda utilizando al Poder Judicial, el Instituto Federal Electoral y los poderes locales que modifican los resultados. Creo y espero que ella ganará legítimamente pero le van a robar los votos. No pueden tolerar el cambio en la Constitución que ella propone.
A Zelaya lo derribaron simplemente por plantear si había que modificar la Constitución. No pueden tolerar un golpe a los terratenientes. También la Embajada estadounidense ha estado desarrollando una permanente agitación a favor del Partido Nacional de Hernández al que van a querer imponer a como dé lugar.
Venezuela: Nicolás Maduro enfrenta guerra económica
La prensa internacional en estos días está muy activa apoyando la campaña de desestabilización en Venezuela. Mucho más a medida de la cercanía de las elecciones municipales programadas para el próximo ocho de diciembre. Otra vez los enemigos de la revolución bolivariana piensan que ha llegado la hora de dar el zarpazo final contra el proceso de cambios revolucionarios iniciado hace 15 años.
Estos enemigos nacionales e internacionales ayudados y alentados por el gobierno de Estados Unidos y los agentes de inteligencia norteamericanos trabajan en dos frentes definidos: uno es el golpista a secas tratando de utilizar a posibles militares deshonestos y corruptos como se intentó el año 2002 contra el presidente Hugo Chávez; y el otro es el de usar la legalidad burguesa, no alterada sustancialmente, para ganar los votos de los indecisos sobornados con dinero efectivo y prebendas, además, con la confusión mediática creada a todos los días por la TV y los diarios en manos de los empresarios de oposición hostiles a la revolución.
Los sectores económicos de la derecha y el imperialismo norteamericano no aceptan haber perdido las elecciones dos veces consecutivas en un año. La primera derrota se dio en octubre del año pasado frente al comandante Hugo Chávez, ideológicamente poderoso, pero menoscabado por la sorpresiva enfermedad que lo llevó a una muerte prematura; la segunda derrota fue en abril de este año cuando se ratificó en la presidencia de la república a sus sucesor Nicolás Maduro y cuando de inmediato empezó la campaña vandálica del candidato perdedor Henrique Capriles, aconsejado desde afuera. Los sabotajes a la producción, la destrucción sospechosa de la infraestructura vial, los incendios supuestamente accidentales en las plantas industriales, el desabastecimiento artificial de alimentos y productos de primera necesidad, no son una casualidad sino la siniestra armazón de una operación subversiva de la oposición de la derecha política llamada MUD. La complicidad del gobierno de Barack Obama con estas acciones ilegales se evidencia en la negativa de la Casa Blanca a reconocer al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
En Venezuela la polarización política existente es irreversible como la propia revolución bolivariana y el proceso de cambios de la democracia participativa también lo son. El MUD y el contingente de esbirros organizado por este frente reaccionario de oposición no permiten la paz social para trabajar por una Venezuela unida, soberana y de justicia social, en beneficio de las grandes mayorías. La consigna antinacional de estos venezolanos apátridas es crear el caos y destruir un proceso fructífero en el orden educativo, cultural, alimentario, médico, y social protector de la ciudadanía y el medio ambiente. Por ello, no contentos con los sabotajes y la creación de la zozobra y la inquietud, se han destinado a declarar una guerra económica con la finalidad hacer caer al gobierno bolivariano en la trampa como ya lo experimentaron en otras partes del mundo y en nuestro continente contra el gobierno democrático chileno del presidente Salvador Allende. .
Felizmente, la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ha sido rápida en enfrentar la artificial crisis económica estableciendo una ofensiva contra el acaparamiento, la especulación y el alza injustificada de los precios. A fin de contener la agresión económica de los sectores empresariales, coordinados por la oposición del MUD que pretende transformar la guerra política en guerra económica, el presidente Maduro ordenó rebajar los precios de los electrodomésticos, a los que seguirán con toda seguridad los alimentos, textiles, calzados, juguetes, ferretería y automotores; además, el gobierno ha ordenado sacar la milicia a la calle y ha activado comités de control de precios compuestos por ciudadanos. A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia instaló en los últimos días 53 Tribunales de Control y 24 salas de Cortes de Apelaciones, con competencias en delitos económicos, especialmente el encarecimiento y el acaparamiento de productos. También el gobierno ha comprometido a los operadores de Internet para que no mientan con relación al precio del dólar paralelo.
La política de fijar precios mínimos de los productos y ponerles topes máximos a las ganancias se ha convertido en una necesidad perentoria, en tanto y en cuanto la guerra económica desatada por el MUD no deja la alternativa de la fijación de precios a las fuerzas propias del mercado. En la economía el establecimiento de los precios justos se relaciona con la demanda y el ejercicio regulador del Estado en concordancia con la producción de bienes y servicios, la información al consumidor y la distribución en el mercado; y en el caso de Venezuela se trata de un plan de emergencia nacional en defensa de la revolución bolivariana. En esta dirección, la respuesta del presidente Maduro a la guerra económica desatada por la oposición del MUD deja sin piso a la corriente malintencionada de los agentes económicos que pretendían crear, con el acaparamiento y el alza de precios, una espiral inflacionaria incontrolable.
No se olvide que la inflación es un aspecto bastante importante en la economía y que muchos de los desastres económicos en el mundo se deben a una hiperinflación, donde el aumento de precios de los bienes y servicios en un corto período disminuye el poder adquisitivo de los salarios y en consecuencia del dinero. Y a eso apuntan planificadamente los agentes económicos del MUD para traerse abajo al gobierno bolivariano. Lo ideal es que los precios aumenten poco a poco, fijando los Bancos Centrales un objetivo anual inflacionario que para las economías en desarrollo no debe superar el 5%. Y para controlar la inflación hay que medirla de manera constante, siendo la forma más común de hacerlo a través de la “canasta familiar” de bienes y servicios con un índice de precios al consumidor donde se resalte a las familias típicas promedio.
Vemos, pues, que vandalismo político y económico de la oposición MUD, cuyo agente es el ex candidato presidencial perdedor, Henrique Capriles, ha puesto sobre rieles la “conformación de un nuevo orden económico interno” de transición al socialismo, según anunció el presidente Maduro. Además, con el apoyo cívico-militar se viene dando un salto enorme en el proceso productivo nacional mediante la administración justa de la renta petrolera, el abastecimiento pleno de bienes y servicios y el manejo eficaz del ingreso de divisas y el comercio exterior. “Nuevas instituciones, mecanismos y políticas renovadas” anunció Maduro y aquí decimos que todo ello es indispensable para el futuro de Venezuela y de la revolución bolivariana.
Dos millones y medio de vidas en la villa
Fuera de todo contrato social (para cuya firma nunca fueron consultados), incluidos en los guettos que el Estado ha pergeñado para el residual, colgados en el rincón de la declaración de los derechos humanos que habla de la “vivienda adecuada” -y enumera una serie de eufemismos ilusorios-, dos millones y medio de personas respiran, viven, desviven y mueren en más de 1800 villas y asentamientos urbanos en el país.
Dos millones y medio no figuran en los mapas, no tienen calles con nombres sino números escritos con brea, no los registran los GPS ni los centros de documentación rápida, no tienen luz sino cables colgados, no tienen gas sino garrafas cuando se puede, no tienen colectivos ni cloacas ni aire que entre por las ventanas ni ventanas ni obra social ni dentista que no arranque las muelas ni mamógrafo ni red para no envenenarse con el aire que respiran y el agua que toman.
Son 532.800 familias, según las contó la ONG Techo, en 1834 villas y asentamientos en Buenos Aires ciudad, provincia y los grandes centros urbanos del resto del país. Sólo en el conurbano (donde se apiñan 10 millones y medio de personas) están asentadas 624 villas con 1.200.000 habitantes. Y otras 56 en la capital federal, con 350.000 personas anónimas y hacinadas.
Difícilmente pueda experimentarse una inseguridad más pavorosa que la de no tener vivienda digna o adecuada, según pontifican los derechos humanos de la ONU, postulados que el mundo suele utilizar para envolver las cajas de la ayuda humanitaria que se arrojan desde el aire a Haití o Filipinas. O bien para colgarlos con marco dorado en el IVC porteño, en el Instituto de la Vivienda bonaerense o en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Tres millones y medio de viviendas nuevas serían necesarias para destrabar el hacinamiento en los centros urbanos del país. Y quién sabe cuántos centenares de miles más para reemplazar a las casas inhabitables habitadas, a las que se les vuela el techo con el primer viento, a las inyectadas de humedad, a las puestas en medio de fábricas envenenadoras o a la vera de riachuelos tóxicos.
No sólo es tener un techo y cuatro paredes. Dicen los derechos que escribieron las Naciones Unidas, hechas Estado a partir del mismo contrato social que firman los ricos y poderosos y dejan al arbitrio de su hegemonía a los desgraciados del mundo. Dicen que no sólo es tener un techo. Sino “una seguridad jurídica de la tenencia”. (En las villas y asentamientos hay tenencia de hecho, ocupación de lo que se puede, para arriba o para el costado, sin defensa ante el desalojo o el hostigamiento). “Habitabilidad” (en las villas y asentamientos no hay espacio para toda la familia, los pibes se mudan a la esquina, en el invierno se cuela el frío por todas las hendijas, en el verano el sol hierve, cuando llueve el agua entra hasta las rodillas, cualquier tormenta se lleva el techo). “Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura” (en las villas y asentamientos el agua está contaminada, no entran los colectivos ni las ambulancias, los pozos ciegos rebasan, las garrafas escasean y la inseguridad es absoluta: viene del transa, el policía, el chorro o el gendarme).
“Lugar: Una vivienda adecuada (…) no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación” (las villas 21 y 24 sobreviven al borde del Riachuelo y gran parte de sus habitantes están envenenados con zinc, cromo, mercurio y plomo; algunas familias relocalizadas irán a vivir en departamentos a 36 metros del Riachuelo; Villa Inflamable sufre diariamente la agresión del Polo Petroquímico y sus chicos tienen plomo en sangre y respiran 17 metales pesados y gases; La Carcova está rodeada por las toneladas de basura del Ceamse, donde se vive, se come y se muere. Etcétera).
Más allá de la refutación del papiro declarativo ante el que el mundo desarrollado y civilizado se hinca, el desesperante déficit de viviendas crea una zona especulativa marginal que cobra 1500 pesos una habitación ciega en la 21-24 o una pieza en un conventillo de La Boca. O termina incendiando intencionalmente el conventillo para devastar un terreno con buena cotización inmobiliaria.
La villa y el asentamiento es una masa humana anónima, emplazada fuera del mundo que se planifica. Rodeada de gendarmes para que nadie salga. El estudio de la Fundación Techo determina que una de las carencias más graves es “la escasa accesibilidad de los vecinos a los servicios básicos”. Un 56 % habló del tema. Un 35% cree que lo peor es la inseguridad. Un 33 % se queja de la falta de pavimentación y alumbrado público. El 64% de los asentamientos se inunda cuando llueve, la mayoría tienen cerca un río, en uno de cada tres barriadas hubo un incendio por lo menos en los últimos seis meses. En muchos casos los bomberos no entran a apagar el fuego.
Dos millones y medio de personas viven, desviven y mueren en lunares sociales, en isletas arrancadas del cuerpo del Estado. Mientras el problema de la vivienda se agravó en la última década, el gobierno porteño va disminuyendo nominal y gradualmente el presupuesto del IVC. Para 2014 se prevé un 19% menos. Si se cuentan las subejecuciones, a las viviendas sociales se les asignan migajas. La Nación, por su parte, suele generar planes estratégicamente colocados en años electorales, con cumplimientos atados a la pertenencia de los poderes territoriales y/o a lo que surja de las urnas.
Medio millón de familias de todo el país vive un presente en desasosiego y el futuro no va más allá del despertar de mañana. La degradación en las condiciones de vida deshumaniza y pone en riesgo el suelo que se pisa. La favelización, el crimen organizado que encuentra el anonimato donde enquistarse y el tránsito de la droga como una herramienta de exterminio torna inseguro el abordaje de cada día. Y los chicos (esa hierba entre el escombro, esa esperanza terca que no se resigna) quedan en medio de las guerras ajenas. A muchos los matan las balas perdidas, el hambre, el paco, el abandono. Pero hay otros que se aferran, pertinaces, al amanecer. Aunque apenas sea una luciérnaga.
Fuentes: Informe Fundación Techo. Defensoría del Pueblo porteña. Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria. Diario La Nación. Diario Página 12.
La aceleración de los tiempos económicos y políticos en el país
Después de las legislativas, el gobierno kirchnerista y los sectores políticos de la oposición ya muestran sus aspiraciones presidenciales. Mientras tanto, el presente económico convoca a tomar medidas.
Han pasado las elecciones de medio término y los tiempos económicos y políticos parecen acelerarse. Disputas entre los partidos y al interior de los mismos, deterioro de las variables macroeconómicas y angostamiento del margen de maniobras del gobierno, son los ejes de la coyuntura inmediata
El neodesarrollismo impulsado por la administración kirchnerista ha pasado, hasta ahora al menos, por tres momentos o períodos. Un primer período (2003-2008) que podemos llamar de crecimiento rápido sin mayores dificultades. Un segundo período (2008-2011) de crecimiento con obstáculos -entre ellos la crisis internacional del 2008-2009- que el gobierno debió remover y superar. Desde principios de 2012 hasta la actualidad estamos atravesando un período de crecimiento débil y reaparición de los condicionantes estructurales de la economía nacional.
Estos límites se expresan hoy en el regreso de la restricción externa. Dicho de otra manera en la falta de divisas para hacer frente a las importaciones, a los pagos de los servicios de la deuda y al saldo negativo de la balanza de turismo. En el alza continuada de los precios -especialmente alimentos- que no cede a pesar de la menor actividad, y en su contrapartida, el debilitamiento de la competitividad internacional -por atraso relativo del tipo de cambio-. También en el déficit fiscal, en cuya reaparición pesan fuertemente los subsidios -especialmente en energía y transportes-. En la insuficiencia de inversiones reproductivas y en infraestructura. En la dependencia del sector industrial de las importaciones de insumos, partes y componentes -significativamente industrias automotriz y electrónica- y en las dificultades para avanzar en la sustitución de importaciones.
La política como secuencia
Las imágenes se suceden aceleradamente. Inmediatamente después de las elecciones legislativas del 27 de octubre la contrapartida de la baja performance del gobierno en los principales distritos no fue otra que la ascendente figura de Sergio Massa, quién ya se estaba probando el traje y el bastón de mando presidencial. Pero a poco andar, se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia avalando el carácter constitucional de la Ley de Medios Audiovisuales.
El kirchnerismo pudo entonces retomar aire. Su derrota fue importante en provincia de Buenos Aires pero continúa siendo la primera fuerza del país con el 33,4 por ciento de los votos. Aumentó su bancada en Diputados y retuvo el quórum propio en las dos cámaras. Adicionalmente, ya cuenta con la aprobación de las principales leyes para el año próximo -prórroga de la emergencia económica y Presupuesto 2014-. Conclusión: la gobernabilidad estaría garantizada, y no todo está perdido para el 2015. Ahora lo que ocupa las primeras planas es el narcotráfico, y desde la iglesia hasta la Corte Suprema todos se rasgan las vestiduras, aunque nadie dice claramente qué hacer.
Descartada la re-reelección, tanto el oficialismo como la variopinta oposición derechista se han lanzado a la selección de liderazgos en vista al 2015. Unos y otros, tienen serias dificultades para proyectarse nacionalmente.
En el peronismo disidente, que congregó el 25,2 por ciento de los votos en las elecciones, Massa y el córdobes José Manuel de la Sota son números puestos, mientras que en el kirchnerismo día a día se suman nuevos postulantes: Daniel Scioli, Sergio Uribarren, Julián Domínguez, Jorge Capitanich, Florencio Randazzo. En la centro- derecha republicana, que sumó el 24,7 por ciento, Julio Cobos, por el radicalismo recompuesto, y Hermes Binner, por el socialismo, picaron en punta, pero también se han anotado en soledad Pino Solanas y hasta el propio Martín Lousteau. Mientras que Margarita Stolbizer ya anunció sus aspiraciones a la vicepresidencia. Con el 7,6 por ciento de los votos, el PRO ya anunció a Mauricio Macri como su candidato
Mientras tanto el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), que alcanzó el 5,5 por ciento nacional y fue la mayor sorpresa positiva en los pasados comicios, se encuentra más abocado a la preparación de proyectos de leyes que garanticen mejoras para las mayorías obreras y populares, y a como enfrentar un eventual ajuste, que por 2015. Sin embargo, este horizonte está presente, nadie razonablemente puede discutirle las legítimas aspiraciones presidenciales a Jorge Altamira, pero esto incluye un debate pendiente. El frente, tal como está ¿será suficiente para dar respuesta a esas legítimas aspiraciones y al mandato que sumada toda la izquierda recibió con el 6,4 por ciento de los votos? ¿O sería razonable y necesario ampliar la alianza a otras fuerzas de izquierda y movimientos sociales?
Aún faltan dos largos años y una situación económica no explosiva pero si complicada.
El complejo tránsito al 2015
Golpeado por los resultados de las urnas y por la incertidumbre que provoca la enfermedad presidencial, el gobierno parece flotar en el aire, mientras que las variantes de la oposición derechista promueven la devaluación y distintas formas de ajuste. Como siempre parten del supuesto que reduciendo la emisión (menor gasto público), liberando el mercado cambiario y los controles a las importaciones y volver al endeudamiento, se reordenará la macroeconomía, se controlará la inflación y volverán las ansiadas inversiones externas.
El kirchnerismo nunca ha actuado por convicción sino por necesidad. Es posible entonces que incentive los esfuerzos estatales para arbitrar en los desequilibrios de la economía. Claro que fiel a sí mismo lo haría sin ningún plan preestablecido, sino con medidas parciales. Por empezar ha dado indicios de buscar un regreso a los mercados, léase nuevo endeudamiento -pagos al Ciadi, desbloqueo de líneas de crédito del Banco Mundial, avance en los acuerdos con el FMI y el Club de París, propuestas a los "fondos buitres"-. Probablemente esto vaya acompañado por un desdoblamiento cambiario con un tipo de cambio para el turismo y las finanzas y otro para las economías regionales o tal vez por la postergada segmentación de las tarifas eléctricas y una reducción porcentual de los variados subsidios y por lo tanto una menor emisión monetaria. Y una mayor liberalización para importaciones de insumos y partes industriales.
Un conjunto de medidas que permitirían llegar sin mayores sobresaltos hasta 2015, pero sin soluciones de fondo que tiendan a resolver los problemas estructurales de la economía argentina. Claro que hay una parte de especulación por parte de este analista, no debe descartarse algún sacudón de la economía mundial, o que los intereses contrapuestos de las distintas fracciones del capital traben cualquier iniciativa o que la crisis política nacional se acentúe he impacte sobre la economía.
En este escenario el camino para las propuestas de la izquierda, si se apoya en un fuerte protagonismo de movilización y contralor social por parte de trabajadores, usuarios y otros sectores de la comunidad, estaría libre de interferencias.
La reapropiación por parte del Estado de los principales resortes económicos que hacen al desarrollo -ferrocarriles, energía, comercio exterior, finanzas-, el control de costos de las formadoras de precios y la imposición del criterio de razonabilidad en las tasas de ganancias, y la suspensión de los pagos de la deuda y su investigación junto a una reforma tributaria progresiva, surgen como una necesidad para poder reordenar la economía con un sentido social y obtener recursos genuinos para la acumulación, la defensa del empleo, de los salarios y de los ingresos populares.
El cuadro de situación permite renovar las esperanzas.
La sociedad salteña y el voto al Partido Obrero
La espectacular elección realizada por el Partido Obrero (PO) en la provincia de Salta ha desatado todo tipo de análisis, comentarios, pronósticos, entrevistas. El Partido Obrero está de moda, pero no pasajera; por lo menos en Salta desde su llegada a cargos legislativos en el año 2001 el PO transitó una constante senda de instalación y permanencia. No es un mérito menor en una provincia como Salta, cuya imagen al resto del país transmite un reflejo de conservadurismo, tradicionalismo sustentado por la identidad religiosa principalmente. ¿Imagen real o artificialmente construida y sostenida para mantener un orden inmutable? En esta aparente sociedad que semeja al “pueblo blanco” de Serrat, la izquierda sacudió el orden político y tal como un hormiguero al que se lo pateó, todos salieron desbandados en busca de un orden que tal como se proyecta el futuro inmediato, no volverá a ser como hasta hoy.
No se puede explicar el fenómeno de la izquierda en Salta sin analizarlo en el plano del contexto nacional y también del histórico: espacio y tiempo. En el espacial, o sea, en contexto de la etapa política nacional, no es un fenómeno aislado. Forma parte del proceso iniciado tras la crisis general del 2001, cuya expresión en lo político fue la crisis de representación. El quiebre entre la sociedad y particularmente las clases populares y su representación política hegemonizada por las variantes del peronismo y el radicalismo dejó un vacío de impensadas probabilidades de reemplazo o recomposición. El pejotismo con su variante progresista pos-neoliberal kirchnerista intentó resituarse en el centro del esquema político, si lo logró fue de manera efímera, en tanto pudo reencauzar el sistema político dentro de los márgenes y las necesidades capitalistas con un derrame obligado de recursos a las víctimas del neoliberalismo de los noventa, pero sin cuestionar el poder de las clases dominantes, mas bien contribuyendo a la recomposición de sus grupos o fracciones buscando un equilibrio interno entre estos.
La parafernalia mediática que elabora, sostiene y difunde el discurso oficialista, “el relato”, al decir de la militancia K, no alcanza para disimular lo acotado e insuficiente de sus políticas sociales de “derrame”, no de redistribución de la riqueza interna. Entonces los números estadísticos económicos y sociales se dan de cabeza con los números de las urnas. Algo ha dejado de funcionar y el esquema se ha roto. La recuperación del debate político tras la debacle del 2001 a pesar de sus vaivenes sirvió al espacio progresista, de centroizquierda e izquierda y fue allí donde el PO hizo un anclaje que le permite situarse hoy como un espacio visible en el campo político a pesar de su aun escasa representación parlamentaria. No solo el PO, otros partidos y fuerzas se insertaron y forman parte de la discusión actual. En todo caso que algunos de ellos no la hayan sabido aprovechar es otro tema.
El Partido Obrero se convierte en novedad en octubre del 2001, elecciones legislativas provincial y nacional; el malestar general se traduce en múltiples formas: el voto en blanco es una de ellas, votar al PO es otra, es el voto castigo. Mete un diputado provincial, desde entonces están siempre presentes, pero ya como una fuerza sólida e identificada por el ciudadano, ya no es el voto castigo.
Globalización y democracia a la izquierda
El “fenómeno” del PO tiene múltiples causas y factores. Podemos identificar algunas de ellas: a) el neoliberalismo b) 30 años de democracia c) su permanencia inmutable y sistemática d) el voto electrónico.
a) El modelo neoliberal (J.C. Romero 1996 – 2007) logró el efecto de globalizar a la provincia. La reestructuración económica dejó consecuencias nefastas en lo social, pero la transformó culturalmente. Salta entró en la Globalización y esto implicó una fractura en un sistema social ya vetusto; ese choque no significa una quiebre total, sino la convivencia conflictiva de lo “tradicional” con lo “moderno”. Sumado a esto el efecto de un modelo basado en la híper oferta de consumo a la par de la pauperización general de la calidad de vida, aumentó el inconformismo de amplias capas sociales a las que el repetitivo discurso y el reciclado permanente de la dirigencia pejotista ya no le daba, ni le interesaba dar respuestas. Esto pone en cuestión un elemento muy interesante, ese que sostiene el sambenito de “Salta es una provincia conservadora”, como si esto fuese una cualidad genética de herencia biológica. El cuestionamiento a este principio parte de dos fundamentos: el conservadurismo es un ideal propio de una parte de las clases dirigentes provincial, su interés en perpetuar este principio encontró en diversos sectores, a veces involuntarios, voceros que de tanto repetirlo nos terminamos convenciendo de que lo somos. La Historia de Salta se encarga de desmentir esta idea. El otro parte de un prejuicio propio del positivismo liberal: relaciona a la religión con lo conservador, por lo tanto siendo los salteños “muy” católicos, son conservadores. Segunda falacia, la dinámica de los procesos sociales y los cambios de mentalidad, aunque lentos y por esto imperceptibles, ocurren y etapas como la de los noventa (globalización – neoliberalismo) dejan sus huellas. ¿Cuántos votantes del PO participan de las procesiones del Milagro, de la Virgen de Urkupiña u otras celebraciones religiosas?
b) Es indudable que los golpes de Estado representan claros retrocesos en todos los aspectos de la vida de una sociedad. La parálisis de las instituciones republicanas y democráticas, la inercia política ya por censura, prohibición y el miedo impuesto dejan secuelas en la conciencia social. Ponerse de pie, volver a andar, recuperarse de ese estancamiento llevó a la sociedad argentina duros, sinuosos treinta años. Si la explosión del 2001 puede interpretarse como el fin de la etapa del miedo y la desmovilización heredada desde 1983, la década siguiente es la etapa de la madurez política de la sociedad argentina. Entonces esa continuidad de tres décadas fue de aprendizaje ininterrumpido, empezando desde cero. La dictadura de 1976-1983 representó un quiebre en la sociedad argentina, una reestructuración que dejó como saldo la fractura de la solidaridad social, inmovilidad, entre otras secuelas. El lento proceso de recomposición se ve hoy en la diversidad política y en la búsqueda del electorado de nuevas expresiones de representación.
c) Allí, en el caso de Salta, aparece la oferta política del trotskismo como una expresión sincera y ciertamente transparente. Aparece por su permanencia en estos treinta años, hay que decirlo es un premio a su constancia (aun con sus vicios y defectos que existen pero no es materia de este nota). Del voto castigo pasó a una visión social de oposición real, será desafío ahora mostrarse como alternativa democrática de recambio del poder político.
d) Se suma a esto la implementación del voto electrónico. ¿Efecto indeseado? El hartazgo del votante frente a las interminables boletas, listas, sublemas, colectoras, etc., que ofrece el PJ se expresó en la máquina que ante la incertidumbre, temor o las ganas de simplificar su decisión lo llevó a desechar a estos y optar por lo ya conocido, simple y directo que es elegir a listas como el PO u otras. El voto por derecha (Olmedo, Romero, Durand Cornejo, etc.) también existe pero la opción por izquierda es un reflejo de esa búsqueda novedosa y madura.
¿Qué puede suceder de ahora en mas en Salta? Propongo hipótesis, dado que todo es potencial en materia política. En primer lugar, la crisis de representación abierta a partir del 2001 entra en una nueva etapa, esta es la de recomposición y reconfiguración. Lo primero porque el sistema político recuperó su normalidad funcional, los partidos políticos (ley electoral mediante) volvieron a ocupar el rol que el sistema demo liberal les asigna. Lo segundo porque el esquema de representación bipartidista fracasó y el multipartidismo asoma como una realidad tangible en el sistema. Esto implica que el radicalismo (antiguo representante de las clases medias) y el peronismo (de las clases populares) licuaron sus bases sociales, se descompusieron en diversos nuevos partidos que permitió la aparición de nuevos otros. Esto no niega la posibilidad de polarizaciones en elecciones presidenciales o de gobernadores provinciales, incluso sobre la base de alianzas panradicales y panpejotistas, pero la tendencia es hacia la apertura. Es un proceso abierto.
En Salta, las sucesivas cuatro elecciones de este año marcaron esta tendencia capitalizada por el PO. De allí aparece un escenario a futuro muy interesante: hay vida política por fuera del PJ, sin desconocer su poder y capacidad de llegada a las mayorías (recordemos además que el fenómeno del Partido Obrero se focalizó en Salta capital). En segundo lugar, esta apertura tiene el carácter excepcional de estar orientada hacia la izquierda, o sea, así como el PO rompió el monopolio del pejotismo, ambos no tienen aun, ni ya, la vaca atada. Pero la visibilidad política mediática del trotskismo permitirá poner en la discusión política pública una agenda por izquierda y esto necesariamente abrirá el campo a otras expresiones de la izquierda, la centroizquierda, el progresismo, etc.
Esta agenda nutrida también por los otros actores de la franja izquierda política y social de la provincia articuladas sin pretensiones de una unidad inmediata ni siquiera parcial, será un salto cualitativo excepcional en el discurso democrático: el eje representación-participación, nuevas formas de movilización y demandas, equidad – distribución podrán llegar a ser los nuevos ejes no ya discutidos y procesados al interior de las organizaciones, sino volcadas de lleno a una sociedad cuya primera demanda se orientó a lo novedoso, a espacios inexplorados en estos treinta años de democracia, pero existentes en otros tiempos, en otras memorias.
¿Cómo va a reaccionar el PJ frente a este dilema? Un corrimiento hacia la izquierda es improbable. Aceitada máquina electoral, pragmática, donde sus dirigentes se adaptan con total facilidad al discurso vencedor interno pero que apenas toleraron el reformismo kirchnerista, en vista al reacomodamiento nacional todo parece indicar que volverán a sus fuentes conservadoras. No parece nada ilógico, de hecho ya (re)aparecieron consignas macartistas en las vísperas de las últimas elecciones. La paridad entre las distintas fuerzas en Capital marca el carácter de la disputa que se avecina: los partidos de derecha, izquierda y el panpejotismo se reparten un 30% de los votos cada uno. He ahí el desafío y la posibilidad de cambio en manos de la sociedad y de quienes expresan esa alternativa. El futuro es hoy un campo abierto.
Daniel Escotorin es Historiador – periodista.
Siglo XXI: Radiografía formoseña
Dario Aranda (AGENCIA WALSH)
Alumnos descalzos y con hambre, abuelos que mueren de frío, punteros que manipulan planes sociales y votos, campos alambrados, falta de comida y agua. Policías, gendarmes, medios de comunicación y gobierno: unidos contra el Pueblo Wichí. Postales del oeste formoseño. Clientelismo, pobreza, manipulación de votos, policías y gendarmes que reprimen, racismo, emergencia habitacional y muertes evitables. Postales del oeste de Formosa, pesares del Pueblo Wichí relatadas por Agustín Santillán, 30 años, maestro indígena en Ingeniero Juárez, referente y vocero de la comunidad Barrio Obrero. Reclaman desde 2007 cinco puntos principales: escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Decenas de notas a los ministerios provinciales que chocaron con la burocracia y el silencio oficial. Cortes de ruta para hacerse visible y viaje a Buenos Aires para encontrar respuesta a lo básico: evitar más muertes indígenas.
-¿Por qué viene hasta Buenos Aires?
-Venimos para que todos sepan qué pasa en nuestra comunidad. Reclamamos al gobierno provincial por viviendas, salud, educación, trabajo y agua. El Gobierno nunca da respuesta a las notas que hacemos. Nos promete, volvemos a casa y nunca cumple. El ministro (de Gobierno), Jorge González, nos dijo la última vez que no había plata para hacer lo que pedimos.
-¿Cuántas comunidades son las que reclaman?
-En el departamento Matacos, al oeste de Formosa, somos 27 comunidades rurales y 17 barrios, 1200 familias, todos wichí. Es la zona más al interior de Formosa, y de las zonas más abandonadas.
-¿Por qué abandonadas?
-Porque no hay salud, faltan escuelas y las que hay están en muy malas condiciones. No hay viviendas, la mayoría de las casas son muy precarias. El tema del agua es muy preocupante. Muchos tomamos agua de los ríos, no hay tratamientos, se toma agua de represas (grandes piletones en la tierra, donde se acumula agua), de los ríos. Además hay mucha sequía, y el agua viene todavía con peor calidad.
-¿Qué provoca tomar esa agua?
-Muchas enfermedades. Diarrea, fiebre y hasta chicos que mueren. Es que tomamos, para que usted entienda, tomamos agua sucia. Y pasa que vamos al hospital, no hay medicamentos, nos internan, nos mejoramos, volvemos a la casa, tomamos esa agua y otra vez enfermamos. No hay salida.
-¿También hay chagas?
-Hay mucho mal de chagas. Una vez escuchaba a la Presidenta que decía que no había más. En el oeste de Formosa hay mucho chagas y hay mucho dengue. Nunca fumigan, y hay mucho mosquito de dengue y mucha vinchuca. En el invierno hay viejitos que se mueren de frío. Este año murieron dos. Están en casas precarias, enferman, se protegen con cartones porque no hay frazadas, y mueren de frío.
-¿Cuántos hospitales hay en la zona?
-No hay hospitales. Hay un centro de salud en Ingeniero Juárez para 27 comunidades y 17 barrios. Hay una sola ambulancia, que donó una iglesia anglicana y un solo chofer que no da abasto. Hay un sólo médico y si hay una emergencia hay que hacer 470 kilómetros hasta Formosa (capital). Muchas veces los enfermos no llegan y mueren en el camino.
-¿Qué otros conflictos hay en la zona?
-En Teniente Fraga piden escuela, centro de salud y agua. También viviendas y luz. En Fraga no hay electricidad. También hubo protesta en Ramón Lista, en el yacimiento petrolera de Palmar Largo. En Ramón Lista se pidió ambulancias, médicos y trabajo.
-¿Viviendas?
-Hay muchos problemas. Hay casas con cinco o siete familias. Y si no tienen trabajo no pueden construir sus propias casas.
-¿Cuáles son los trabajos para los wichí?
-Hay muchos chicos, incluso con secundario completo, que no tienen trabajo. Las chicas limpian casas. Y los chicos son changarines. Vienen los contratistas y los llevan al desmonte y destronque en Salta. Vienen micros y camiones y se llevan cientos de chicos.
-¿Sabe cuánto les pagan?
-60 pesos por hectárea limpia. Y destroncar una hectárea te puede llevar un día o día y medio. La cosecha de limón paga algo parecido.
-¿Cómo es la situación de los chicos?
-Los chicos van a la escuela descalzos. No pueden conseguir para comer. Ya no podemos buscar alimentos en el campo porque están alambrados. Antes podíamos buscar alimentos en el campo. Ahora están alambrados y ya no podemos. Si entrás te corren con escopetas.
-¿Cuándo se alambraron esos campos?
-Hace diez años comenzaron muchas ventas de tierras. El acceso al río Bermejo está casi todo alambrado. No podemos ingresar a pescar.
-¿Quiénes alambraron?
-Son gente de afuera, nunca aparecen. Dejan guardias. Algunas veces los hermanos entran pero es peligroso porque los guardias están armados.
Democracia gildista
-¿Cuáles son los mecanismos de control del gobernador Insfrán?
-Hay muchas cosas. El Gobierno tiene un servicio de inteligencia con punteros. Tienen sueldos de estatales, pero no trabajan, están en sus casas, los vemos. Pero cuando nos movilizamos o cortamos una calle, ahí están ellos, sacando fotos, filmando, llamando por teléfono y contando quiénes cortamos la ruta. Otra cosa que hacen es cortar internet y los celulares.
-¿Cómo cortar internet?
-El dueño de la antena de internet en Juárez es un empresario del gobierno de Insfrán. Si hay problemas en Juárez, hay cortes de ruta o se reprime, se cae el sistema de celular y se corta internet para que nadie de afuera pueda enterarse y que la denuncia no salga de Juárez. Pasa eso durante uno y hasta dos días. Cuando se tranquiliza todo, ahí vuelve internet y los celulares.
-¿Qué sucede con la Asignación Universal?
-La tarjeta no lo tiene el beneficiario. La tiene el comerciante. Hay mucha necesidad y la gente pide a fiado. Ahí el comerciante exige la tarjeta y la clave. Y ya maneja él la tarjeta. La gente no conoce la tarjeta. Y el comerciante siempre es amigo del puntero.
-¿En qué porcentaje se da esta situación?
-En la mayoría pasa eso. Los comerciantes se quedan con la plata de las asignaciones. Y te cobran todo más caro. La yerba sale 20 pesos el cuarto, diez pesos el medio kilo de azúcar.
-¿Cómo actúan los medios de comunicación en Formosa?
-Había una radio que acompañaba nuestros reclamos. Nos hizo una entrevista en corte de ruta y al otra día la incendiaron. No hay medios que publiquen lo que decimos. Al diario el Comercial (el más grande de Formosa) siempre le llamo, quedan en llamarme, pero nunca lo hacen.
-¿Por qué cree que sucede eso?
-No publican porque apoyan al Gobierno. Y nos discriminan. El gobierno discrimina a los pueblos originarios. Y los medios también.
-El Gobierno usa a la Policía para reprimir. Siempre nos persiguen. Y cuando nosotros queremos denunciar algo, nunca nos toman las denuncias. Sí al puntero o a los criollos que nos maltratan.
-¿Y los gendarmes?
-Lo mismo que los policías. Los gendarmes siempre nos atropellan. Nos dicen “indio de mierda” y a las mujeres les dicen malas palabras. Cuando venía para acá me quisieron bajar sin motivo del colectivo. Eran cinco gendarmes y me agarraron de la campera. Me querían asustar. Me hicieron una seña de que me iban a cortar el cogote. Nosotros andamos mucho en motitos, y nos persiguen en la ruta. Entonces tenemos que escondernos en el monte.
-¿A quiénes persiguen?
-A los dirigentes sociales, a los que no estamos con el Gobierno. Ellos nos dicen “cabecillas”, pero sólo queremos que cumplan nuestros derechos. Nos persiguen. Y tenemos miedo que nos pase algo.
-¿Usted tuvo problemas en su trabajo?
-Soy maestro bilingüe en una escuela especial, la número 17 de Ingeniero Juárez. Y me quitaron el trabajo porque estuve en la calle con mis hermanos que reclamaban.
-¿Cómo le quitaron el trabajo?
-En marzo fui al cajero y no tenía plata. Cobraba 3000 pesos al mes y no había nada. En la escuela no sabían nada. Hasta que un puntero vino y me dijo que no me iban a pagar porque ayudaba a las comunidades en conflicto. Le expliqué que no podía estar en mi casa si mis hermanos estaban en la ruta reclamando. Estuve cinco meses sin cobrar y luego de mucho reclamar me volvieron a pagar, pero nunca me pagaron lo atrasado. Y cada vez que salimos a la calle, me retienen el sueldo.
-Cuando hay elecciones suelen llegar noticias de secuestro de personas
-Siempre que hay elecciones pasa eso. Les sacan el documento. Los encierran y les hacen votar a sus candidatos. Es cómo lo mostró la tele. Le dan sobres marcados. Y meten miedo a los hermanos y también a criollos.
-¿En las últimas elecciones (27 de octubre) pasó lo mismo?
-Siempre es lo mismo. En la escuela 438 de Ingeniero Juárez estaban haciendo “voto cadena”. Afuera estaba el puntero con sobres ya firmados, se lo daba al que entraba con el voto al candidato de Gildo y cuando salía le tenía que dar el sobre nuevo (que le dieron en la mesa de votación) al puntero. Todos los veían. Le reclamé al gendarme de la puerta y me amenazó detenerme a mí.
-Desde el gobierno provincial dicen que los indígenas de Formosa están bien.
-(Sonríe) Cuando en Formosa vemos en la tele o escuchamos en la radio esas cosas, nos reímos. También no da tristeza, pero nos reímos porque sólo lo pueden decir quiénes no visitaron las comunidades. Mienten cuando dicen esas cosas. Yo vengo de ahí, soy de ahí, yo conozco esa realidad. Por favor, si no me cree, venga y lo verá usted.
-¿Por qué cree que el Gobierno los trata así?
-El Gobierno siempre ha sido así. Ellos hacen vivienda y sólo le dan a quienes están con ellos. Hay hermanos que le siguen porque necesitan y le tienen miedo. Y otros están con el Gobernador porque cobran del gobierno. El gobierno nos discrimina.
-¿Qué le diría a la gente de Buenos Aires que no sabe o que no cree todo lo que se denuncia sobre Formosa?
-Si no me creen, les pido por favor que visiten nuestras comunidades. Los chicos van a la escuela descalzos, los hermanos mueren porque no hay médicos, y hay hambre. En Formosa hay hambre y si reclamamos nos mandan a la policía y gendarmería. Es triste, pero es lo que vivimos todos los días.
Argentina: Despidos y precarización, los índices en alza
COMUNA - ANRED
En el INDEC la discriminación, los despidos, el maltrato y la precarización son realidades cada vez más habituales. En el marco del Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Marcela Almeida explica cuál es la situación dentro del Instituto.
Durante el Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos -realizado el fin de semana largo de octubre- hubo varias mesas de debate. Una de ellas fue la de “Medios de Comunicación y conflictos laborales”. Marcela Almeida participó del panel de invitados y expuso la situación general de los trabajadores del INDEC.
No sería descabellado pensar que en el INDEC las condiciones laborales pueden ser mejores que las de la mayoría de los lugares donde los trabajadores pueden desempeñarse. Conociendo un poco más acerca de “de qué va” este gobierno y las voces de algunos de los protagonistas, podremos derrumbar el mito y conocer su compleja realidad.
Marcela Almeida es una trabajadora del INDEC y puede dar cuenta de la situación que se vive en este lugar. Desde hace 10 años está precarizada: le mantienen un contrato con el Gobierno de la Ciudad el cual no le paga sus haberes. Luego de 7 meses (sí, siete) de no cobrar su sueldo, fue despedida por no aceptar manipular los índices de los precios. Tras una orden judicial que indicaba su reincorporación, Almeida regresó al INDEC. Cuando llegó a la puerta la respuesta fue no permitir su ingreso, obviando el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo.
Su situación no es un hecho aislado: en éste mes despidieron a trece trabajadores más. La persecución política es el punto en común entre todos los casos. La discriminación salarial es moneda corriente: existen quienes reciben un dinero extra (comúnmente llamado “plus”) para que no manifiesten disconformidad ni hagan ningún tipo de denuncias, la forma de contratación también es precaria, existe la persecución por filiación sindical (Marcela era Delegada, por ejemplo) y los maltratos, extorsiones y aprietes de sus jefes y patotas respectivas con el fin de que los trabajadores no concurran a las asambleas que se realizan.
Cuando asume la nueva directora del INDEC impuesta por el Kirchnerismo es acompañada por la policía y patotas. Una de las primeras medidas es designar gente para que custodie el área de índices de precio y consumos. Otra medida consistió en ponerle tope a todos los aumentos para indexarlos. Cuando un producto aumentaba más del 15% no se consideraba.
Parte de la declaración de los trabajadores del INDEC narra: “Esta lucha continua se llevó adelante con un altísimo costo en el terreno laboral y en el personal. Sufrimos despidos, sanciones injustificadas, retiro de tareas, desplazamientos, reducción de los complementos salariales, postergaciones en la carrera, jubilaciones forzadas, amenazas, agresiones directas y represión policial, mientras ingresaba al organismo una patota dedicada a ejercer la violencia física y la intimidación, la que impidió por la fuerza la realización de nuestra asamblea democrática en el Ministerio de Economía con la complicidad de las autoridades y la inacción de la policía, y que, meses después, destruyó nuestro local dentro del INDEC, con total impunidad, para citar sólo dos hechos de los muchos que en estos años debimos enfrentar.”
Marcela remarca que no existen en los medios hegemónicos noticias de lo que sucede en el INDEC, a diferencia de lo que ocurre con los alternativos.
Juicio Guerrieri II. Los magistrados preguntaron por los restos de los desaparecidos: “Los cuerpos no sé, eso va a quedar así”
Cuatro de los doce imputados en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la causa denominada Guerrieri II, que se lleva adelante en Rosario, ampliaron este jueves sus indagatorias ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) y uno de ellos reconoció el móvil “económico” del golpe.
El teniente coronel retirado y abogado, Juan Daniel Amelong, realizó una reivindicación del terrorismo de Estado y admitió que el golpe de Estado de 1976 tuvo “un fin económico”, aunque aclaró que él sólo tuvo un “interés militar”.
“Si el Proceso de Reorganización Nacional tuvo un fin económico, me importa poco, yo creo que lo tuvo”, dijo Amelong durante una extensa ampliación de indagatoria realizada hoy ante el TOF1 de Rosario, en la que se detuvo a señalar presuntas contradicciones de los testigos del juicio y de los sobrevivientes de la dictadura.
“Si hubo intereses personales en (el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo) Martínez de Hoz, en (el presidente de facto Jorge) Videla, en Papel Prensa, la verdad yo no lo sé, lo estoy sabiendo ahora y es posible que lo haya habido”, agregó el ex miembro de la Inteligencia del Ejército.
Aclaró que su participación en la represión ilegal no estuvo motivada en razones económicas: “El interés que yo tenía era militar”, dijo.
Para Amelong, “la producción del golpe fue porque el país estaba siendo agredido por las organizaciones terroristas”.
El teniente coronel retirado que ya fue condenado en 2009 por violaciones a los derechos humanos, añadió que “desde el punto de vista militar creo que había una razón para que se produjera (el golpe), porque las agresiones del ERP y del ejército Montonero se seguían produciendo al momento en que se produjo el golpe”.
Por su parte, el teniente coronel (R) Pascual Guerrieri, jefe del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario durante la última dictadura, también amplió su indagatoria y pidió al tribunal que le realicen preguntas.
Consultado sobre el destino de los cuerpos de los desaparecidos, el militar ratificó que no romperá el pacto de silencio que sobrevivió a la dictadura.
“Los cuerpos no sé, eso va a quedar así”, respondió Guerrieri.
Dijo que era “un militar” al que le daban órdenes y reconoció que participó en “combates”, que en ocasiones fueron fusilamientos presentados por el régimen como “enfrentamientos”.
Preguntado por el tribunal acerca de si existió la “obediencia debida” para cumplir las órdenes encomendadas por sus superiores, dudó: “No sé si era obediencia debida o no, pero era lo que teníamos que hacer”.
También amplió su indagatoria en la audiencia de este jueves el capitán retirado Jorge Fariña, quien dijo que cuando compartió pabellón de detención con Videla en el penal de Marcos Paz “le pregunté por qué se había dado el golpe”.
“Me dijo: ‘Porque el país estaba muy desordenado. Yo sé que tardé un tiempo, pero al final se ordenó’”, contó Fariña, y luego se quejó porque Videla “se sacó el sayo” sobre la represión ilegal y “lo tiró a los elementos de Inteligencia”, área en la que el imputado se desempeñó en el Ejército.
Además, amplió su indagatoria Carlos Sfulcini, quien se circunscribió a desechar la acusación que hizo sobre él otro imputado, Eduardo Costanzo, quien lo vinculó con el secuestro del militante comunista Tito Messiez, cuyo caso se ventila en este juicio oral.
Tras las cuatro ampliaciones de indagatorias, los jueces del TOF1, Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando declaren otros dos acusados.
En la causa también están imputados, además de los mencionados, Walter Pagano, Marino González, Joaquín Gurrera, Ariel Porra, Alberto Pelliza, Ariel López y Juan Andrés Cabrera.
Argentina, Chaco: Registran en video una violenta requisa en la alcaidía de Resistencia
Un video subido por un agente del Servicio Penitenciario Provincial en octubre de este año registró una violenta requisa que se realizó en la Alcaidía de Resistencia. El ministro de Gobierno, Marcos Verbeek, y el Procurador General, Jorge Canteros, coincidieron en la necesidad de abrir una investigación al respecto.
Las imágenes fueron cargadas en Youtube el 15 de octubre pasado. El mismo tiene un título sumamente grave: "Tortura Alcaidía Resistencia Chaco" y quien lo subió asegura en la descripción ser un efectivo de la fuerza decidido a mostrar "torturas a internos producidas en 2013, donde los jefes del Servicio Penitenciario hacen la vista gorda". "Yo pertenezco a la fuerza siendo cabo y mi deber es no dejar pasar esto así tenga que ir en contra del director", confesó.
La secuencia dura cerca de siete minutos. En las imágenes puede verse en primer lugar como efectivos con uniforme penitenciario y antimotines hacen bajar corriendo a un numeroso grupo de internos a través de una escalera, recibiéndolos con golpes y gritos. Posteriormente los hacen pasar por el patio hasta ingresar a otro ambiente cerrado en el que los obligan a tirarse boca abajo con las manos en las espaldas.
En ese lugar, uno por uno a algunos de los presos los van llamando por su nombre, y cuando se van levantando los llevan otra vez hacia el patio donde se siguen escuchando gritos como "muévase" y "de rodillas". En el minuto 3:24 llaman a un preso de apellido Saucedo. Este se levanta y dos de penitenciarios toman de los pelos y lo arrastran hacia el patio exterior, en un claro hecho de severidades. Además, por las máscaras de gas que portaban los penitenciarios y la repetida tos de los reclusos, es evidente que se arrojó alguna sustancia para irritar las vías respiratorias de los internos.
En declaraciones a Radio Libertad, el Procurador General, Jorge Canteros, consideró que el video es "grave". "Habla de violaciones de Derechos Humanos y habla de un integrante del Servicio Penitenciario Provincial que supuestamente está infligiendo castigo a uno o a varios detenidos. Creo que es un video de marzo y ahí se estaría viendo con claridad la cara del agente. Es un hecho grave que por supuesto el fiscal va a investigar y vamos a pedir el informe al director del Servicio Penitenciario, recientemente designado, que reemplazó al actual jefe de Policía, Gustavo Peña", adelantó.
En diálogo con la misma emisora, el ministro de Gobierno, Marcos Verbeek, reconoció que no tenía conocimiento de este hecho ya que fue en un momento en el cual no estaba al frente del ministerio. Dijo que averiguará si se abrió una causa al respecto al tiempo que destacó el trabajo que se viene realizando en las alcaidías de toda la provincia en cuanto a mejoramiento de las condiciones de alojamiento.
Por otra parte, sobre el procedimiento que se ve en el video, consideró que no es para nada normal. "Esto es un hecho que ocurrió el año pasado. No estaba a cargo del ministerio, pero no obstante eso interviene la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura", remarcó.
Fuentes: Norte, Radio Libertad y propia.
Argentina: Naturalizando la criminalización. SIBIOS
Walter Ramírez (MDZOL)
El Estado lanzó un software que nos presupone sospechosos a todos. Almacena hasta tu historia clínica. Tu vida es pasible de un error de software.
Hace 2 años la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaba el programa SIBIOS; el 7 de noviembre de 2011, junto al Ministro Randazzo y la Ministra Garré. Lo presentaba como la panacea de la seguridad perdida.
Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Busca ser una base de datos que contenga todos los datos personales; en combinación con el Programa AFIS (Sistema Automatizado de Huellas Digitales) de la policía federal. Ambos softwares se apoyan mutuamente dándole a cualquiera de las fuerzas de seguridad los datos de cualquiera de los 40 millones de argentinos sin importar edad o situación social.
Este software registra datos biométricos ( o sea patrones de nuestros rostros que les informan a los policías desde las medidas de nuestras orejas, hasta la distancia que hay entre nuestra frente y nuestro mentón); datos biológicos (se tiene acceso a toda la información médica y de conformación física de origen biológica de cada uno de nosotros); a las huellas dactilares y fotografías. Este sistema es utilizado por la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones desde 2011.
El modelo de vigilancia permanente se basa en dos principios básicos:
- Todos son una víctima en potencia.
- Todos son sospechosos.
Al estar toda la sociedad en ese rango la única salida es la vigilancia y más totalizadora sea mejor. Las cámaras no nos cuidan; nos vigilan.
La Legislación Argentina protege nuestra intimidad;
LEY NACIONAL Nº 21.173 - Derecho a la Intimidad
Artículo 1 -Incorpórase al Código Civil como artículo 1071 bis, el siguiente: El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación.
Artículo 2 -Derógase la ley 20.889.
Artículo 3 -Comuníquese, etc.
Sanción: 30/IX/975 - Promulgación: 15/X/975 - Publicación: B.O. 22/X/975
O sea; según nuestra ley ninguna persona tiene derecho a entrometerse en nuestra cotidianidad, pero tanto el Estado nacional a través de SIBIOS y AFIS, como los privados a través de los diferentes soft de datos (Equifax, Nosis,etc)y los bancos. Están continuamente vulnerando de manera arbitraria nuestros datos personales.
Publican nuestros retratos, nuestros domicilios, nuestros consumos, nuestros movimientos comerciales y bancarios, nuestras deudas y viajes. Toda nuestra información circula en redes privadas a las que no tenemos acceso y no somos informados del uso que se hace de nuestra información particular.
También nuestra constitución defiende nuestra intimidad en su Artículo 19; que dice lo siguiente.
El mencionado artículo contiene el concepto según los legistas Nozick y Dworkin de “establecer límites a la persecución de fines sociales conjuntos”. Esto significa que pone límites muy claros a la criminalización de sectores sociales y de particulares molestos o incómodos al Estado. Pero parece que no encontramos el camino y tropezamos continuamente con la piedra de la "Seguridad Nacional".
La tarea que se ha planteado el estado nacional parece ser la de proteger la seguridad nacional, en lugar de proteger la libertad individual y social; la tarea debería ser superar desafíos de inseguridad ciudadana, que es producida no solo por el ratero común, o el crimen organizado, o el narcotráfico, o la trata de personas y el tan publicitado terrorismo internacional, sino que también (y tal vez lo más importante) es producido por falta de oportunidades de empleo e ingreso productivo, deterioro ambiental, carencias en educación y salud, particularmente de la gente desposeída, abandonada en los últimos veinte años por imposición de programas neoliberales y ahora en el centro del foco de la criminalización.
La inocencia hoy ha sido sepultada bajo montañas de tecnología y la generación de dependencia de esa tecnología que es una gran puerta a nuestras vidas. Nos tratan de convencer que estar conectados las 24 hs 365 días al año es fundamental en este naciente siglo XXI; pero a la vez conectan esa tecnología a bases de datos impresionantes y crean fork (copias modificadas) de programas como PRISM para vigilarnos.
Imaginen por un momento, que gobierna un fascista que considera a campesinos, villeros y otros sectores postergados; un caldo de cultivo para el terrorismo y da a una de las fuerzas ventajas operativas y recursos; que nos garantizaría poder evitar una caza de brujas selectiva y mortal? que nos garantizaría no tener que revivir lo ya vivido con ejecutados y desaparecidos acusados de terrorismo, pero ahora con la posibilidad de formatear nuestras historias desde una terminal a gusto y necesidad de la fuerza represiva o el gobierno totalitario.
Los invito a ver Minority Report donde una Fuerza de Pre-Crimen termina usando la tecnología para su beneficio. Desde el Estado se nos dice que nos están cuidando, que si nos conocen es mejor. Pero lo que no se dice es que cualquier administrador del sistema puede fácilmente modificar los registros, alterar las fotografías y criminalizar al más conveniente. Inclusive cualquier error del programa puede dejar nuestros datos expuestos, como acaba de pasar con el registro fotográfico del Padrón que es tomado en sí del SIBIOS. (Del Documento Nacional de Identidad).
Incluso Richard Stallmann se quejo de esto en una carta que había publicado este suplemento y la Fundación VÍA LIBRE organizadora del evento que lo había traído a la Argentina en 2012 y como hecho anecdótico le robaron su notebook.
"En mis sueños, los argentinos eliminarían SIBIOS, y la vigilancia de SUBE. Si sucede, puedo volver a visitar este país en el que cuento con mucha amistad", afirmó Stallman, agregando que "siendo ateo, no digo 'adiós'. Hasta el milagro, Argentina".
Es bien conocida la oposición que hubo desde el colectivo del Software Libre y el Partido Pirata a la Tarjeta SUBE, y el registro que produce de los movimientos realizados por el usuario.
Entre otras voces globales este año fue Julián Assange; desde su refugio latinoamericano en la vieja Gran Bretaña;quién se refirió al programa de identificación (SIBIOS) lanzado por la Presidenta Fernandez de Kirchner en 2011, declarando:"Argentina tiene el régimen de vigilancia más agresivo de América Latina" debido a "las medidas de identificación que se han lanzando en el país, como los sistemas biométricos para los pasaportes".
Aquí entre otros; levantan su voz la referente de la ONG Fundación Vía Libre; Beatriz Busaniche,que ha dicho desde su sitio al respecto "Basados en el argumento de la seguridad, SIBIOS identifica a las personas desde todo ámbito, incluso desde el espacio público, al cruce con cámaras de seguridad. Parte desde el concepto orweliano de mantener vigilada a la población".
Nunca antes en la historia de la Humanidad, la privacidad de las personas estuvo tan vulnerable y vulnerada, hoy todos somos sospechosos y por decisión de un funcionario podemos desaparecer o ser reemplazados con solo unos cuantos movimientos de ratón y teclado.
Si nos aliamos a esta visión de Seguridad Humana, podremos entender y enfrentar los problemas reales de una sociedad enferma y dividida por una globalización que no es tal y que solo se aplica a las comunicaciones y la economía; y podremos comprender que no se garantiza ningún éxito controlando únicamente la delincuencia criminal. Volcar toda la responsabilidad en el trabajo coordinado del Ministerio de Seguridad y las Fuerzas de represión y prevención de la República es distorsionar la visión de la seguridad pública como componente esencial de la seguridad humana.
Una sociedad que acepta la vigilancia-control permanente, esta vulnerando su seguridad y poniendo su evolución y libertad social en otras manos para sentirse segura, y en esta cesión de nuestros derechos perdemos nuestras libertades.
Para garantizar la seguridad pública, no se requiere de cámaras cada 50 mts, muy por el contrario; se requiere diseñar programas y proyectos con una fuerte participación ciudadana y que las instituciones públicas y privadas en que no solo se pongan el foco en acciones destinadas a combatir la delincuencia, sino generando políticas de prevención orientadas a neutralizar las causas estructurales que producen las deformaciones del desarrollo humano que alimentan el brote o tolerancia de patrones de conducta delincuencial, con preocupantes incidencias en la libertad de los ciudadanos.
Hemos virado a hacia ser una sociedad donde todos somos sospechosos y por ende criminales en potencia. La pregunta sería ¿es en este tipo de sociedad hipervigilada y controlada donde queremos vivir?. Si queremos ser el resto de nuestras vidas sospechosos de “precrimen”. Y es ahí cuando ya no me creo la frase final del spot... miralo.
La justicia y seguridad son pilares fundamentales del Estado de Derecho, sin ellos no tendremos desarrollo, ni lograremos consolidar los Acuerdos de Paz Social, pero si para lograr la seguridad vulneramos la justicia y la libertad, o alentamos la exclusión de los sectores postergados y una inclusión selectiva y elitista, seremos una sociedad erigida sobre el fracaso y la falta de ética.
Personalmente miro a mi hija andando en bicicleta con su madre y me digo:
Guatemala: El Observatorio de los Periodistas condena el uso de gas pimienta contra la prensa
El Observatorio de los Periodistas de Cerigua condenó enérgicamente el uso de gas pimienta contra la prensa, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y exigió a las autoridades una pronta investigación sobre los hechos.
El Observatorio de los Periodistas mostró, mediante un comunicado, su solidaridad con los reporteros afectados e indicó que es inaceptable que nuevamente miembros de las fuerzas públicas agredan a periodistas, que realizan su labor profesional, con el agravante que ésta tuvo lugar en la sede del Organismo Judicial (OJ).
Ileana Alamilla, coordinadora del Observatorio de los Periodistas, aseguró que acciones como estas violan la constitución y los derechos humanos, tanto de los periodistas como de las demás personas afectadas por los gases.
Asimismo, recordó que estas violaciones se suman a una larga suma de agresiones contra la prensa que han ocurrido en lo que va del 2013, entre ellos los asesinatos de cuatro profesionales de la comunicación, que no han sido esclarecidos, y el atentado contra la vida de otro.
Este miércoles, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) rociaron gas pimienta a reporteros y periodistas de varios medios de comunicación, que intentaban obtener declaraciones de Roberto Barreda, cuando era escoltado por el pasillo del piso 14 de la Torre de Tribunales.
Siglo 21 indicó que el oficial encargado de ordenar que se lanzara el químico, contra los miembros de la prensa, fue Edín Santizo, de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC); durante el acto los reportero Wilder López, de Siglo 21, Ivan Quiñónez, de TV Azteca y Karla Mejía, de Radio Nuevo Mundo, requirieron atención médica.
El Observatorio de los Periodistas exigió al Ministerio de Gobernación respetó hacia el trabajo de la prensa y llevar ante la ley a quienes hayan violentado la Constitución y otras leyes; en el mismo sentido, pidió deducir responsabilidades administrativas a quienes están incumpliendo los protocolos para este tipo de casos.
En tanto al Ministerio Público (MP) pidió una intervención rápida en el caso así como que las investigaciones sean prontas y presenten resultados.
El Salvador: Condena el presidente Funes la destrucción de archivos sobre niños desaparecidos
Estados Unidos: La otra cara del problema migratorio
Cansada de llorar y de escuchar que su queja por abuso sexual no procedía por falta de pruebas, una noche "Mireya", una campesina de Bakersfield, California, intentó quitarse la vida, señala el rotativo.
"Pensaba que yo no valía nada y me tomé unas pastillas para dormir y no despertar", cuenta ahogada en llanto, describe la publicación al narrar el desespero de la fémina. "Sentí que para una mujer sola, sin documentos, no había justicia".
Según Grace Meng, investigadora de la organización Human Rights Watch (HRW), "en algunos terribles casos, incluso cuando las mujeres se atreven a reportarlo, se enfrentan a policías que no están interesados en investigar el abuso".
Otra denunciante que escondió su identidad real bajo el nombre de "Rocío", una campesina del área de Fresno, asegura que los encargados y supervisores que por años la obligaron a tener relaciones sexuales para conservar el empleo, continúan en el mismo lugar.
Una pesquisa del Southern Poverty Law Center encontró que, en 2010, el 90 por ciento de las campesinas dijo haber sido acosada, manoseada o hasta violada, aunque el Departamento de Justicia reporta que la tasa de denuncia en la industria agrícola es muy baja: dos tercios prefiere callar el abuso. Según "Rocío", emigró en busca de un futuro mejor, pero al llegar se llevó una gran decepción, porque las trabajadoras no tienen los mismos derechos y beneficios que los hombres, y, si la acosan sexualmente, ni el patrón ni la policía la ayudan.
Un estudio de HRW, "Cultivando el miedo - la vulnerabilidad de las inmigrantes agricultoras ante la violencia y el acoso sexual en Estados Unidos", ilustra los abusos sufridos por medio centenar de trabajadoras del campo indocumentadas en los estados de California, Carolina del Norte y Nueva York.
Esa investigación recoge el caso de una joven inmigrante, la cual fue violada por un compañero y aunque denunció el caso a la policía y le dijeron que lo arrestarían, "nunca lo hicieron y, en cambio, cruzaron mis datos con inmigración y, como no tengo papeles, me deportaron sin importarles que tuviera tres hijos, uno de ellos un bebé, y que tuviera que dejarlos en el país".
En ese sentido, "Martha", una mexicana que ocultó su identidad por temor a represalias, expresó su preocupación por si pasa algo "conmigo o con mi esposo porque mis hijos autistas quedarían desamparados. Ellos nacieron aquí y en mi país no tendrían la posibilidad de superarse".
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References: artículo 75

Artículo 1
 artículo 1071

Artículo 2

Artículo 3
 Artículo 19