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Timestamp: 2019-04-25 20:16:18+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 32/2018 Tribunales de Apelación
Fuente: Archivo de la Corte Suprema de Justicia.
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. CIVIL Y COMERCIAL 3ª SALA Nº 32/18
JUICIO: "BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES (EN QUIEBRA) C/ INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA S/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO".
En ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, estando reunidos en la sala de Acuerdos del Excelentísimo Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, los señores Miembros Dres. NERI EUSEBIO VILLALBA FERNANDEZ, ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO Y CARMELO CASTIGLIONI, bajo la presidencia del primero de los Miembros nombrados y por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES (EN QUIEBRA) C/ INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA S/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO", a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por: la Abogada MARTA ALBERICH y el Abogado CARLOS ALBERTO ZILBERVARG contra la S.D. N° 229 de fecha 04 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno.
Practicando el sorteo de ley resultó el siguiente orden de votación: VILLALBA FERNÁNDEZ, MARTINEZ PRIETO Y CASTIGLIONI.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL DR. VILLALBA FERNÁNDEZ, DIJO: La recurrente, Abogada MARTA ALBERICH, en su escrito argumenta este recurso, al sostener que el a quo transgredió claras disposiciones legales de fondo y forma, como así también, principios procesales que hacen al juzgamiento. Al respecto de la nulidad ésta Representación ha venido pronunciándose repetidas veces, sobres, este efecto jurídico consecuencia del vicio incurrido en un acto procesal -como en este caso, de decisión-, y a fin de reforzar el criterio de este Miembro cabe hacer la siguiente reflexión. Así, cuando el Juzgador, en el acto procesal de decisión, violenta los principios doctrinales y cae en vicios In Procedendo, dicha acción u omisión afecta directamente al derecho a la tutela judicial efectiva o que es decir, al derecho a la defensa. Siendo entonces, la indefensión el efecto que produce el deficiente ejercicio del acto procesal de decisión, tal violación del derecho a la defensa debe ser, además de formal, material. Es decir: a) que produzca un perjuicio a la parte que lo sufre; b) que tal situación no haya sido producida por culpa imputable a la misma; c) que haya sido denunciada y; d) que no haya sido la parte damnificada repuesta en su derecho vulnerado. La doctrina advierte sobre los actos nulos, diciendo que "no existe la nulidad por la nulidad misma...", es decir, que el acto para ser declarada su nulidad debe afectar necesariamente el derecho a la defensa -causar indefensión-, allí donde existe indefensión, existe nulidad y viceversa.
Bajo aquellos presupuestos condicionantes y de los elementos agregados en autos, se observa que el agravio invocado por la recurrente hace referencia a la decisión de la instancia anterior; argumentando, que la sentencia dictada adolece de fundamentación insuficiente, por carecer de normas jurídicas en la cual sustentarse y tiene fundamentación parcialista, inadecuados e incompletos. Advierte, que se ha violado el principio de congruencia; al ser arbitraria porque no existe correspondencia entre el resulta, el considerando y la parte resolutiva. Dice, que existen en el juicio hechos no considerados por el Juzgado; concluyendo la resolución en un análisis erróneo y sin fundamentación legal. Manifiesta, que la sentencia dictada es incongruente y arbitraria; en el punto uno de la resolutiva porque la superposición de inmuebles fue alegada y probada; lo que hace nulo el pronunciamiento de los puntos dos y tres.
A ese respecto, del análisis del fallo pronunciado por el Juzgado se observa que tal resolución reúne las condiciones formales y materiales exigidos por el Principio de Congruencia. Los argumentos expuestos no son propiamente vicios In Procedendo que avalan la declaración de nulidad; no nos olvidemos que para que un acto jurídico procesal sea declarado nulo, principalmente debe violar el derecho a la defensa; lo que no se advierte en la sustanciación del proceso.
Por tanto, siendo los agravios vertidos por la recurrente servir de sustento para este medio recursivo pudiendo ser resuelto por vía de la apelación, ya que toda declaración de nulidad por regla desvalora el Derecho, debiendo ser el último recurso cuando no exista modo alguno de subsanarlo. En consecuencia, es criterio de éste preopinante que el recurso debe ser declarado desierto de conformidad a lo dispuesto en el Art. 419 del Código Procesal Civil.
VOTO EN DISIDENCIA DEL DR. MARTÍNEZ PRIETO, DIJO: Por la recurrida, S.D. No. 229 del 4 de Mayo de 2016, dictada en el juicio: "BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES (EN QUIEBRA) c/ INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO", el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno resolvió: "1-HACER LUGAR a la presente demanda de nulidad de acto jurídico promovido por el BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES contra INDERT y JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA, y en consecuencia CANCELAR la inscripción en los Registros Públicos de la Finca Nro. 1242 del Distrito de Lima, librando al efecto el correspondiente oficio. 2- HACER LUGAR a la demanda de reivindicación promovida por el BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES, contra el señor JOSE MARIA BARRIOS VLLLALBA y, en consecuencia, CONDENAR al señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA, a desocupar el bien inmueble individualizado como Finca Nro. 1864, Padrón Nro. 1946 del Distrito de Lima, en el perentorio plazo de (10) diez días, bajo apercibimiento de disponerse su lanzamiento por la fuerza pública, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio. 3- RECHAZAR la demanda reconvencional de nulidad de acto jurídico promovida por el señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA, contra el BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES, por las fundamentaciones expuestas en el considerando de la presente resolución. 4- IMPONER las costas en el orden causado. Anotar..." (SIC) (fs. 803/809).
De dicha sentencia recurre en apelación y nulidad la representante convencional del codemandado, Sr. José Maria Barrios Villalba y los fundamenta por medio de escrito obrante a fs. 831/850 de autos.
DE LA NULIDAD: Sostiene que la recurrida ha violentado los arts. 15; inc. lit. b), c) y d) y 159 del Código Procesal Civil, debido a que la sentencia contiene una fundamentación insuficiente, aparente, errada, inadecuada, incompleta y carente de imparcialidad, citando algunas normas jurídicas, excluyendo otras esenciales, incurriéndose así en incongruencia y violándose además los principios de legalidad y de razonabilidad, resultando una resolución arbitraria. Se cuestiona, asimismo que la sentencia recurrida se limita a mencionar algunas pruebas, tergiversando su alcance; que en la demanda se habla de superficie usurpada; de dos expedientes nulos Nos. 8085/74 y 7537/73 del Instituto de Bienestar Rural (IBR), que no se realizaron las mensuras exigidas en el Estatuto Agrario, empero no redarguye de falso y destaca que la acción de nulidad solicitada es la de los actos jurídicos de transferencia de la Finca No. 1242 del Distrito de Lima, desde su inicio hasta el día de hoy y, consecuentemente, la cancelación de las inscripciones en el Registro Público. Manifestó asimismo que en la sentencia se expresó erróneamente que la traba de la litis fue solamente en relación a dos cosas; la primera sobre la determinación de si la Finca No. 1242 de Lima, propiedad del señor José Maria Barrios Villalba, que, dice la recurrente, es en realidad la Finca No. 1715 de Tacuati, se superpone o no a la Finca No. 1864 de Lima, propiedad del Banco Nacional de Trabajadores, no siendo ello un hecho controvertido, ya que fue admitido por la misma al contestar la demanda, así como también que la referida superposición de título afecta también a PEGA S.A., demandada en otro juicio del mismo tenor por el Banco Nacional de Trabajadores. Aclaró que lo que está controvertido es el hecho que la superposición de la Finca No. 1864 de Lima con la Finca No. 1715 de Tacuati sea total, lo que no se tuvo en cuenta en la sentencia que resolvió como si la superposición se tratara de un 100%, a pesar que en forma unánime los tres peritos actuantes concluyeron que esta afectaba solo una superficie de 535 Has. del lado Este, siendo la propiedad del recurrente de 995 Has. 9108 m2 y la segunda si la Finca No. 1864 del Distrito de Lima tiene su origen en la Finca No. 41 de la Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) o si corresponde al excedente fiscal, encaminando así el juzgador una posición que sigue el lineamiento impuesto por el BNT, en sus pruebas como en sus alegatos. No se ha tenido en cuenta que el Banco Nacional de Trabajadores al contestar la demanda reconvencional (fs. 272) manifestó que "...no es cierto que el informe emitido por el Registro General de la Propiedad sea errado, al sumar la superficie del título original con la superficie de un excedente fiscal", existiendo así un reconocimiento expreso que una superficie de origen fiscal fue sumada a la superficie correspondiente al título de propiedad avalado por documentales presentadas por la actora, obrantes a fojas 8/10 y la recurrente a fs.239/242 de autos. Según expresa la recurrente el a quo ha ignorado el hecho de que un excedente fiscal surgió de la mensura judicial realizada por LIPSA en el año 1945, luego de la compra a José Castillo, de una superficie de 4.281 has. 8604 m2, que fuera comunicada por Nota 3013 del 17 de noviembre de 1944 al DTC, que consta en el instrumento púbico de inscripción de la Finca No. 41 de Lima, agregado a fs. 194/197 de autos, donde se consigna que la superficie según título es de 30.948 has. 8913 m2. En el año 1990 se anexa la tierra fiscal a la Finca No. 41 y se le asigna un Padrón, según Resolución No. 128 del 24 de octubre de 1990 de la Dirección de Impuestos Internos. Asimismo afirma que el inferior dio por terminado el litigio al afirmar que el Registro Público informó que LIPSA podía disponer libremente de sus bienes para la venta a la Compañía Sudamericana de Cereales, en base a la presunción de buena fe registral y de autenticidad de los instrumentos públicos y dichos principios no los aplicó en relación a la actora, ya que el BNT no impugnó el título de propiedad de la Finca No. 1242 de Lima y sus antecedentes dominiales y administrativos, que hacen plena fe, gozan de presunción de veracidad, son válidos y acertados para esta acción. El a quo omite referirse a la ubicación del excedente en un razonamiento parcialista, asi como que la superficie de la Finca No. 41, conforme título de propiedad fue totalmente transferida y cada una de las transferencias determinadas por títulos válidos, perfectamente ubicados in situ, debidamente inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos sin que exista objeción y a través de un técnico especializado, matemático, se conformó un mosaico respecto de las transferencias, determinando un total de superficie transferida del Padrón No. 82, de 30.947 has. 8299 m2. Otro hecho que al que el inferior no hace alusión es que el Agrimensor Pedro Andino Arévalos realizó mensura judicial de la Finca No. 1864 de Lima, del BNT, la no fue aprobada por existir superposición de limites y linderos con las propiedades de José Maria Barrios Villalba y PEGA S.A., según la S. D. No. 115.22.09.2008 y A. y S. No. 30.12.2008, dictados por el Juzgado de Primera Instancia y Tribunal de Apelación de la Circunscripción de San Pedro (fs. 175/188) y al hacer alusión de la mensura de la Finca No. 1864 expresa: "aprobación técnica, la ubicación física en el terreno de forma categórica e irrefutable de la Finca No. 1864 de Lima por parte del MOPC" no condice con la verdad, ya que al no aprobarse judicialmente la mensura se rechaza toda operación de diligenciamiento de la misma y según el Perito Eugenio Diaz, el Departamento de Agrimensura y Geodesia del MOPC solamente aprueba si los trabajos técnicos presentados se encuentran de acuerdo a las normas topográficas vigentes y no dictamina ni determina la ubicación de la propiedad mensurada. Expresa la recurrente que el mentado excedente fiscal no fue inscripto en los registros pertinentes, sacando fuera de contexto una posición de su representado, empero no dice donde debió ser inscripto.
Por otra parte, según manifiesta la recurrente en la demanda de reivindicación del inmueble de su mandante, individualizado como Finca No. 1242 de Lima, con una superficie de 997 has. 4503 cm2, se ha hecho caso omiso a que hoy día dicho inmueble esta individualizado como Finca No. 1715 de Tacuati, con Padrón No. 1823 y que la propiedad del señor José Maria Barrios Villalba si cuenta con mensura judicialmente aprobada, la superposición es parcial y aún en al caso de la procedencia de la acción reivindicatoría su mandante posee aproximadamente 463 Has. que no se encuentra afectada por la Finca No. l864 de Lima y no se ha delimitado, otorgando el juzgador la posesión de tierras que no han sido objeto de litigio. Además el inferior cancela la inscripción de una Finca que no está vigente, No. 1242 del Distrito de Lima y omitiendo pronunciarse acerca de si prospera o no la demanda en contra de La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) y la Compañía Sudamérica de Cereales S.A, litisconsortes necesarios.
El representante convencional de la parte actora al contestar el traslado del recurso de nulidad niega la veracidad de las afirmaciones de la recurrente acerca de que la sentencia ha sido dictada en contraposición a las normas vigentes, pues no se observan vicios o defectos de forma que ameriten decretar su nulidad de conformidad al Art. 404 del Código Procesal Civil, no adolece de motivación defectuosa, ni en violación al Art. 15 Inc. b), c y d) y 159 Inciso c) y e) del Código Procesal Civil. La misma está sustentada en normas jurídicas vigentes aplicadas al caso dirimido y no se limitó a conjeturar los hechos. Niega que se haya realizado interpretaciones equivocadas en cuanto a las probanzas y que se haya confundido el hecho litigioso, así como también que hubo transgresión al principio de congruencia, la sentencia trata del objeto, así como de la reconvención. En la misma el a quo se ha referido al rechazo de la demanda reconvencional de nulidad promovida por el señor José Maria Barrios Villalba contra el BNT, lo cual involucra la improcedencia de la acción de nulidad de la Finca No. 1864 de Lima que fuera otorgada por La Industrial Paraguaya S.A. a favor de la Compañía Sudamericana de Cereales S.A. y la posterior transferencia judicial a su mandante. El Juzgado ha considerado todos los elementos de las partes. Negó que no se haya tenido en cuenta el principio de razonabilidad. Por otra parte, destaca que la nulidad solicitada se originó en los expedientes administrativos del Instituto de Bienestar Rural (IBR) No. 7537/73 y N° 8085/74, hoy INDERT, porque no se realizaron mensuras legalmente exigidas y en razón a que esta adjudicó tierras que eran propiedad de La Industrial Paraguaya (LIPSA).
El INDERT solicitó el rechazo de la demanda alegando que, según disposiciones del Código de Vélez Sarsfield, Art. 2342, son Sienes privados del Estado todas las tierras que no tienen dueño y que según mensura judicial realizada por LIPSA sobre la Finca NO. 41, Padrón NO. 82 se arrojaba un excedente fiscal de 4.281 has. 8.604 m2, que pertenecía al Estado y que la mensura judicial es exigida por la Ley N° 854/63 y siguientes, exclusivamente para los casos de excedentes fiscales cuando algún particular detenta la tierra y se debe ubicar el excedente, por lo cual no se requiere dicho trámite, conforme lo dispone en su Art. 95, por lo que el IBR, hoy INDERT adjudicó correctamente el inmueble al Sr. José Maria Barrios Villalba. Luego señaló que la misma no apeló la sentencia recurrida. En relación a la Procuraduría General de la República hace hincapié en que la misma intervino en esta acción en calidad de coadyuvante del INDERT y no tiene potestad de intervenir en esta instancia. Continúa el escrito de contestación de traslado negando puntualmente las fundamentaciones vertidas por el nulidicente. Por lo que corresponde en esta fase proceder al estudio de los argumentos esgrimidos por las pactes en esta etapa del juicio.
En instancia recursiva se aduce la violación de los Arts. 15 Inc. b), c), d) y 159 del Código Procesal Civil. Dicha normativa expresa: "Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en al Código de Organización Judicial; ...b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes, y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad; c) resolver siempre según la ley, sin que les sea permitido juzgar del valor intrínseco o la equidad de ella; pronunciarse necesaria y únicamente sobre lo que sean objeto de petición, salvo disposiciones especiales;...La infracción de los deberes enunciados en los incisos b), c), d) y e) de este artículo, causara la nulidad de las resoluciones y actuaciones".
Destacamos entre las argumentaciones que hacen al presente recurso que la recurrente expresó que la sentencia tiene una fundamentación insuficiente, aparente y errada, en razón de contener fundamentos inadecuados e incompletos, citando algunas normas jurídicas y excluyendo otras esenciales, incurriéndose de esta manera en incongruencia y violación de los principios de legalidad y de razonabilidad, resultando de ello una resolución arbitraria e incongruente y por ende carente de imparcialidad. La parte actora al contestar el presente recurso ha negado tales aseveraciones, de modo que corresponde dilucidar si tales adjetivaciones son o no ciertas debemos adentrarnos en el análisis de los argumentos de las partes, contrastando con la realidad del expediente y la interpretación en ese contexto en relación a la normativa legal aplicable.
En dichos términos resulta pertinente iniciar el estudio del recurso con el cuestionamiento de la nulidicente relativo a la falta de congruencia de la sentencia en cuestión, no sin antes señalar que independientemente de las argumentaciones alegadas por la nulidicente, este Tribunal igualmente está obligado a estudiar la procedencia de la nulidad, más allá de las razones que le asisten a la recurrente, de conformidad a los Arts. 420 y 113 del CPC.
Corresponde reiterar que la recurrente ha reclamado, conforme consta a fojas 833 de autos, que la presente demanda, entablada por el BNT contra el INDERT y el señor José Maria Barrios Villalba tenía como pretensión la declaración de nulidad de los actos jurídicos de transferencia de la Finca No. 1242 de Lima desde su inicio hasta el dia de hoy, y la cancelación de las inscripciones en los Registros Públicos, lo cual no se reflejó la parte resolutiva de la recurrida .Por su parte, el representante del BNT afirmó que el a quo ha respetado el principio de congruencia puesto que se han resuelto todas las cuestiones sometidas a su consideración y que han "demandado la nulidad de dicha finca contra el INDERT y el Sr. José Maria Barrios Villalba", probando la superposición de dicha finca sobre la Finca N° 1864, inscripta a nombre de mi representada" (SIC), obrantes a fojas 835 de autos.
Resulta pertinente determinar el alcance y precisión de la declaración de nulidad de acto jurídico resuelta en la sentencia recurrida. En ese cometido se advierte que esta declara. HACER LUGAR a la presente demanda de nulidad de acto jurídico promovido por el Banco Nacional de Trabajadores contra INDERT y JOSE MARIA BARRIOS y en consecuencia CANCELAR la inscripción en los Registros Públicos de la Finca N° 1242 del Distrito de Lima..." Cabe entonces la interrogante; ¿A qué acto jurídico se refiere? No lo menciona, pasa directamente a cancelar la inscripción del instrumento jurídico de inscripción de la titularidad del bien, resultando asi una sentencia imprecisa e incompleta. Si bien la actora, conforme expuso a fojas 98 vlto., de autos, ha dejado sentado que su pretensión era que "...se declare la nulidad en el presente juicio de los actos jurídicas de transferencia de la finca N° 1242 del Distrito de Lima desde su inicio hasta el día de hoy la cancelación de sus inscripciones en los Registros Públicos por pertenecer las tierras que ampara dicha finca al BNT y antes del BNT a una empresa privada que era la propietaria, siendo que el Indert transfirió bienes del dominio de particulares como si fueran del Estado...", no ha sido eso lo que se resolvió en la sentencia, y tampoco esta ha sido objeto de recurso aclaratoria (Art. 387 y concordantes del CPC).
El Art. 159 CPC determina: "Sentencia definitiva de primera instancia. - La sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener, además: e) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juico, calificadas según correspondiere por la ley, declarando o absolviendo de la demanda o reconvención, en su caso, en todo o en parte;...", por lo que al interpretar dicha normativa en relaciones a lo dispuesto en la sentencia recurrida se pone de manifiesto la vulneración de la misma.
Por otra parte la recurrente reclama errores en la sentencia en relación a que no se tuvo en cuenta los hechos probados en cuanto a que la superposición de títulos afectada es solo parcial, por lo que en el caso que fuere procedente la presente demanda, supuesto negado por la recurrente, se estarla ante una nulidad parcial y no total del acto jurídico de transferencia de acto jurídico del INDERT al señor José Maria Barrios Villalba y consecuente de la inscripción de la propiedad del mismo en la Dirección de los Registros Públicos.
Dicho cuestionamiento resulta razonable teniendo en cuenta que la recurrente objeta que el a quo ha hecho caso omiso a la posición unánime de los tres peritos actuantes en el presente juicio, en cuanto a la determinación de la superficie que es objeto de superposición de los títulos de propiedad que tienen tanto el BNT como el Sr. José Maria Barrios Villalba, lo que implica el incumplimiento de lo preceptuado en el Art. 269 del CPC, que dispone: "Apreciación de la prueba.- Salvo disposición legal en contrario los jueces formarán su convicción de conformidad con las reglas de la sana critica. Deberán examinar y valorar en la sentencia todas las pruebas producidas, que sean esenciales y decisivas para el fallo de la causa. No están obligados a hacerlo respecto de aquellas que no lo fueren", y asimismo trae una incidencia en la aplicación de lo preceptuado en el Art. l5 Inc. b), al hacerse caso omiso de la referida disposición, con la consecuente sanción de nulidad.
Examinando el fundamento expresado por la recurrente y la respuesta de su contraparte, tenemos que a fojas 835 se expresa: "Lo que, es más, la superposición es la de la Finca 1864 sobre la 1242, realmente, finca N° 1715 de Tacuati, Padrón N° 1823. La superposición de la finca N° 1864 de Lima sobre la 1715 de Tacuati, no es total, afecta una superficie de 535 Has. del lado Este, lo que surge de las respuestas de los peritos al cuestionario de mi parte, pregunta N° 11. Este hecho de la superposición parcial no fue considerado por el Inferior en ningún momento de su análisis sobre el hecho litigioso, ni al considerar la demanda reivindicatoría, tampoco se pronuncia en la parte resolutiva, lo que de por si trae aparejada la nulidad del fallo". Sobre el mencionado punto el BNT, a través de su representante convencional expresó lo siguiente: "No es cierto que la superficie reivindicada no esté determinada y deslindada, pues de los títulos adjuntados se desprende que mi parte, el BNT, es propietaria de la finca N° 1864, con indicación de sus linderos, dimensiones con una superficie de 2344 Has con 4429 m2, mayor que la finca N° 1242 a nombre de Barrios Villalba de 997 Has. 0443 m2 4503 cm2, superpuesta a la finca de mi representada".
Primeramente en relación a los puntos expuestos precedentemente, llama la atención la aseveración de la recurrente sobre que el inmueble objeto pe la presente demanda y cuya inscripción en el Registro Público fue anulada en la resolución recurrida -Finca No. 1242 del Distrito de Lima- no sea la de su mandante, sino que sería la Finca No. 1715 del Distrito de Tacuati. De comprobarse tal situación estaríamos ante una resolución viciada. Resulta que a fojas 83/90 obra el título de propiedad y documentos de pago de impuesto inmobiliario presentados por la actora como perteneciente a la recurrente. En la constancia de inscripción del título en el Registro Público, obrante a fojas 85 vito, se individualiza al mismo como Finca No. 1242 del Distrito de Villa de San Pedro en fecha 4 de marzo de 1974 y conforme al título presentado por el señor José Maria Barrios Villalba, al contestar la demanda y reconvenir presentó el mismo título como antecedente de su título actual, inscripto hoy dia como Finca No. 1715 del Distrito de Tacuati, bajo el No. 1, en fecha 21 de octubre de 2008, luego de habérsele aprobado las diligencias de mensura judicial (fs. 136/152). Este título fue puesto a consideración del BNT con el traslado de los documentos presentados al contestar la acción y de la reconvención presentada por la recurrente (fs. 270 y 272) y no han sido objetados por el mismo, por lo que merece plena fe, al ser, con más razón, un instrumento público.
Atendiendo a la mentada situación nos encontramos ante un error en la individualización del objeto de la presente acción que no ha sido salvado a través del recurso de aclaratoria, por lo que resulta ser un vicio que impide el dictado válido de la sentencia porque ésta declara la nulidad de la finca No. 1242 del Distrito de Lima, que no existe en este juicio y no tiene en cuenta que en autos existen documentos que revelan que hoy la Finca No. 1242 de Villa de San Pedro está cancelada y el inmueble que era objeto de la misma pasó a estar individualizado de otro modo, ello con posterioridad de la mensura judicial elaborada por el señor José Maria Barrios Villalba, conforme consta en autos. Asimismo, debemos tener en cuenta que a fs. 770 de autos consta el registro de la Finca No. 1242 de Lima y está a nombre de Don Cesáreo Samudio.
Ahora bien, en relación a la superficie que abarca la superposición que nos ocupa resulta oportuno fijarse en el cuestionario 11vo. de los puntos de pericia propuestos por la actora y aprobados por A.I. No. 158 (fs. 506/509 de autos), donde se plantea lo siguiente: "Diga el Perito: Si la Finca N° 1242 de Villa de San Pedro, inscripta bajo el N° 1, al folio 1 y sgtes. de fecha 4 de marzo de 1974, Padrón N° 1751, a nombre de José Maria Barrios Villalba, se encuentra ubicada sobre la Finca N° 1864 (Resto) a la que le corresponde el Padrón N° 1946, ambas del Distrito de Lima, propiedad del Banco Nacional de Trabajadores (En quiebra) en qué lugar y cuál es la superficie abarcada (sic)" siendo la respuesta del Perito del Juzgado, Ing. Geógrafo Pedro Andino Arévalos y la del Ing. Geógrafo Marcos Bello (Perito propuesto por la actora), conforme consta a fojas 564/565 de autos, como sigue: "La Finca N° 1242 de Villa de San Pedro, inscripta bajo el N° 1, folio N° 1 y sgte. De fecha 4 de marzo de 1974, Padrón N° 1751, a nombre del Dr. José Maria Barrios Villalba, si se encuentra ubicada, en el terreno, sobre la Finca N° 1864 (Resto) a la que le corresponde el Padrón N° 1946, ambos del Distrito de Lima, propiedad del Banco Nacional de Trabajadores (En Quiebra), de acuerdo a los siguientes datos técnicos, se encuentra dentro de los siguientes rumbos, dimensiones, linderos y superficie: Al NORTE: Dos lineas, la 1ra. (5-4) en rumbo (N-69°53'-E; 194.88m)y la 2da. Linea (4-A) en rumbo (S-88°06'E;1193,87m) ambas lÍneAs lindan con la ESTANCIA SANTA CLARA; AL ESTE: Cuatro lineas; la primera Linea (A-B) en rumbo (S-05° 20'-W;2488.02m), la 2da. Linea (B-C) en rumbo (N- 84°50'-W;898,66m), la 3ra. Linea (C-8) en rumbo (S-05°00'- W; 1380,28m), estas tres líneas lindan con el RESTO de la Finca N° 1854 de Lima; la 4ta. Linea (8-7) en rumbo (S-04°50'- W;2612,8m), linda con la Empresa Agroindustrial Ganadera S.A. (GUAICA S.A.) e inscripta como la Finca N° 1868 de Lima; AL OESTE: Línea (6-5) en rumbo (N-05°20'-E; 6666,80m), linda con más ocupación del Dr. JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA. La superficie de la fracción ocupada por JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA es de 535 has. 72 m2. Se acompaña fotocopia del plano judicial N° 74/08, sombreado de la ocupación, denominado PLANO N° 2 (La que forma parte de presente presentación)(sic)".
En igual sentido respondió el Perito ofrecido por la parte demandada y recurrente en esta instancia, quien expresa en su Dictamen obrante a fojas 558, en relación al numeral 11 de la Prueba Pericial, lo siguiente: "Si en el título de propiedad de la Finca N° 1242 con Padrón 1161, hoy Padrón N° 1823 de Nueva Germania propiedad de José Maria Barrios Villalba es afectada en parte por la mensura de la Finca N° 1864 Padrón N° 1946 propiedad del Banco Nacional de Trabajadores en su lado Este, con una superficie de 534 Has. Se agrega el Plano N° 4 con la ubicación. (SIC).
En los planos presentados por los Peritos actuantes (551 y 572), así como en sus respectivos dictámenes se concluye por unanimidad que la superposición de títulos de la Fincas que nos ocupa es tan solo parcial, la de los Peritos Pedro Andino (Propuesto por el Juzgado) y la de Marcos Bello (Propuesto por la actora), quienes presentaron juntos el dictamen pericial y la del Perito Eugenio Diaz (Propuesto por el demandado José Maria Barrios) y que la superposición afecta según los dos primeros en 534 Has, y según el tercero 534 Has.
Ante el dictamen unánime de los tres Peritos actuantes en el presente juicio, acerca de que la superposición de título es tan solo parcial y no total, como ha quedado resuelto en la sentencia recurrida, los vicios citados precedentemente y la normativa legal que nos rige no existe más opción que hacer lugar al recurso de nulidad planteado de la sentencia dictada por el Inferior, resultando inoficioso estudiar las demás causales de nulidad. No obstante a modo obiter dictum y a mayor abundamiento traemos a colación el reclamo de la nulidicente en cuanto a la falta de pronunciamiento sobre la pretensión de la demanda reconvencional en relación a los litis consortes necesarios de la acción de nulidad promovida por el señor José Maria Barrios Villalba contra el Banco Nacional de Trabajadores, la Industrial Paraguaya (LIPSA) y la Compañía Sudamericana de Cereales S.A., por cuanto el numeral 3 de la resolución recurrida expresa: "RECHAZAR la demanda reconvencional de nulidad de acto jurídico promovida por el señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA, contra el BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES, por las fundamentaciones expuestas en el considerando de la presente resolución", omitiendo el pronunciamiento contra La Industrial Paraguaya (LIPSA) y la Compañía Sudamericana de Cereales S.A. La obligación del juzgador de pronunciarse sobre todas las pretensiones de las partes deviene del Art. 159 del Código Procesal Civil, que determina: "Sentencia definitiva de primera instancia. - La sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener, además: .... c) ...El juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y sólo sobre ellas. No está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes para decidir el litigio; ... e) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes, y, en consecuencia, condenando o absolviendo de la demanda o reconvención, en su caso, en todo o en parte;".
Al decir de Lino Enrique Palacio en el Tomo V, Actos Procesales, Tercera Edición del Libro Procesal Civil, pág. 404; el principio de congruencia requiere que el juez emita pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo, sobre todas las pretensiones y oposiciones formuladas por las partes y sólo sobre ellas, respetando sus límites cualitativos y cuantitativos. De ello se infiere, en primer lugar, que el fallo incurre en incongruencia cuando omite decidir sobre alguna pretensión u oposición, conteniendo por lo tanto menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium).... La decisión, como principio general, debe ser expresa, aunque excepcionalmente, tratándose incluso de pretensiones autónomas, el acogimiento de una pueda considerarse un rechazo implícito de la otra..." y en la pág. 407: "En lo que respecta, por último, a la causa, el fallo debe adecuarse, para no incurrir en incongruencia, a la concreta, situación de hecho invocada por ambas partes a fin de delimitar los términos de su pretensión u oposición. De alli que adolecerla de vicio, por ejemplo, ...la que hiciera lugar a una pretensión con fundamento en causales ajenas a la conducta imputada por el actor al demandado...".
Atendiendo a lo expuesto debió existir juzgamiento en relación a todos los demandados y solo en cuanto a uno, ya que es un derecho que le asiste al accionante y una obligación del juez, al haber José Maria Barrios tenido una pretensión contras los sujetos La Industrial Paraguaya (LIPSA) y la Compañía Sudamericana de Cereales S.A. y no solamente contra el Banco Nacional de Trabajadores (BNT) y sobre aquellos no hay pronunciamiento alguno, por lo que encontramos una razón más para la procedencia del recurso de nulidad planteado, por lo que atendiendo a los presupuestos señalados precedentemente corresponde HACER LUGAR, con costas, al recurso de nulidad planteado y en consecuencia anular la S.D. N° 229, de fecha 4 de mayo de 2016, dictado en estos autos y en atención a lo dispuesto por el Art. 406 del Código Procesal Civil que determina: "Resolución sobre el fondo. - El Tribunal que declare la nulidad de una resolución, resolverá también sobre el fondo, aun cuando no se hubiere deducido apelación", corresponde expedirse sobre el fondo de la cuestión, por lo pasamos a estudiar la forma en sido trabada la litis:
La actora, Banco Nacional de Trabajadores en quiebra (BNT) presentó acción de nulidad de acto jurídico de transferencia de la Finca N° 1242 del Distrito de Lima y cancelación de su inscripción en los Registros Públicos, contra el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDERT) y el Sr. José Maria Barrios Villalba, por existir superposición con el título con la de su propiedad registrado en la Finca N° 1864 del Distrito de Lima. Según manifiesta en su escrito de demanda: "Que en fecha 20/02/04 por ante la Escribana Silvia E. Villasanti de Viveros se transfirió judicialmente el resto de la finca 1864 del dto. De Lima, con una superficie de 2344 Has. 4429 mts.2 al Banco Nacional de Trabajadores por haberse rematado dicho inmueble y otros más que no vienen al caso, por una deuda hipotecaria. Adjunto como Prueba "C" dicha escritura. Que justamente de esta superficie fueron usurpadas y faltan 1282 Has. 2014 mts. 2 por un lado y por el otro 997 Has. 443 mts 2 que corresponden a superficies asignadas a la Fincas N°s. 938 y 1242 que pertenecen respectivamente a Pega S.A. y al Sr. José Maria Barrios Villalba. Esas dos fincas se originan en dos expedientes administrativos del Instituto de Bienestar Rural (hoy Indert) N°2 8085/74 y 7537/73 que son nulos por varios motivos, uno de ellos es que jamás se realizaron las mensuras exigidas por los arts. 160 y 166 de la Ley del Estatuto Agrario (IBR) hoy arts. 104 y 108 de la Ley 1863/02 que establece que el Estatuto Agrario del Indert que exige ubicar los inmuebles por el IBR (hoy Indert) después de realizada la mensura judicial y el otro y principal motivo es que el IBR adjudicó tierras que eran propiedad de la Industrial Paraguaya S.A., propietaria de la finca N° 41 y que se encuentran dentro del mismo terreno de la finca N° 1864 de Lima, es decir se encuentran superpuestas. Que advierto al Juzgado que la firma Pega S.A. es también demandada con respecto a la finca 933 en juicio iniciado independientemente al presente. Que corresponde se declare la nulidad en el presente juicio de los actos jurídicos de transferencia de la Finca N° 1242 del Dto. de Lima desde su inicio hasta el día de hoy y la cancelación de sus inscripciones en los Registros Públicos por pertenecer las tierras que ampara dicha finca BNT y antes del BNT a una empresa privada que era la propietaria, siendo que el Indert transfirió bienes del dominio de particulares como si fueran del Estado. Adjunto como prueba "D" la fotocopia del título de propiedad expedido por el IBR a favor del accionado. Se adjunta como prueba "E" un plano de la finca 1864 desprendida de la finca 41 en S.A. y donde consta claramente la existencia de la finca 1868 de la empresa Guaica S.A. y de la finca 1938 de los Sres. Ivo y Celso Van Der Ham (con los cuales no existe ningún problema) y la usurpación por superposición de las fincas 938 de la firma 938 de la firma Pega S.A. y de la Finca 1242 del Dr. José Maria Barrios Villalba, que están ubicadas sobre (superpuestas) con la fina 1864, siendo que de estas dos fincas N°s 938 y 1242 mi mandante pretende un juicio separados la declaración de nulidad de dichos actos jurídicos y cancelación de inscripciones" (SIC) (fs. 98 y vito)..." Asimismo, el Banco Nacional de Trabajadores demandó por reivindicación, en su calidad de titular de la Finca N° 1864 del Distrito de Lima y para recuperar la posesión del mismo contra el señor José Maria Barrios Villalba, quien ocupa actualmente la propiedad del actor. (Fojas 97/100).
Según el escrito de contestación de agravios el Banco Nacional de Trabajadores, agregado a fojas 851 vlto., sintetiza la exposición de su demanda: "Mi representando, el Banco Nacional de Trabajadores (en quiebra) ha demandado en estos autos la nulidad, cancelación de inscripción y reivindicación de la finca Nro. 1242 perteneciente al Sr. José Maria Barrios, la cual se originó en los expedientes administrativos del Instituto de Bienestar Rural (hoy Indert) Nros. 7537/73 y 8085/74, cuyas nulidades también fueron solicitadas por varios motivos, uno de ellos es porque nunca se realizaron las mensuras exigidas por los arts. 160 y 166 de la Ley del Estatuto Agrario (IBR) hoy arts. 104 y 108 de la ley 1863/02 que establece el Estatuto Agrario del Indert que exige ubicar los inmuebles por el IBR (hoy Indert) después de realizada la mensura judicial y el otro principal motivo es que el IBR adjudicó tierras que eran propiedad de la Industrial Paraguaya S.A. propietaria de la Finca Nro. 41 y que se encuentra dentro del mismo terreno de la Finca Nro. 1864, es decir se encuentran superpuestas".
El INDERT contestó la presente demanda (fs. 109/126), solicitando el rechazo de la misma en base a las consideraciones que expuso asi: "...es cierto que mi mandante adjudicó la fracción correspondiente a la finca N° 1242 de Lima al Sr. José maria Barrios Villalba Villalba, expidiéndole Titulo Dominial N° 79.533, cuya copia ya fue anexada en autos por el demandante y que esta y la Finca N° 1864 se hallan superpuestas en sus superficies, conforme al Informe técnico emitido por la Ing. Geógrafa Jorgelina Gómez, Jefa del Departamento de Planificación Física y Apoyo Catastral del INDERT, cuya copia junto con los planos demostrativos adjunto a la presente contestación de demanda. En lo que respecta a la mensura judicial exigida por la Ley N° 854/63 en su Art. 160 y siguientes, la misma es exigida exclusivamente para los casos de excedentes fiscales, esto es cuando un particular detenta tierras de dominio fiscal, es en estos casos que la citada Ley exige la realización de una mensura judicial para ubicar el excedente fiscal en el inmueble del particular, en el caso que el INDERT vaya a adjudicar tierras que ya conforman su patrimonio no es exigida la mensura judicial sino solo la administrativa, ello conforme lo dispone la Ley 854/63 en su Art. 95 y como se puede constatar en el Titulo Dominial expedido por mi mandante al Sr. José Maria Barrios Villalba, en el cual consta que los linderos y dimensiones de la fracción adjudicada se hallan consignados en el Informe Pericial aprobado por el Departamento de Ingeniería en fecha 22 de agosto de 1973, el cual se detalla seguidamente en el Titulo. Es decir que mi mandante expidió el referido Titulo Dominial conforme a las exigencias dispuestas por el Estatuto Agrario, Ley N° 854/63 vigente en la época. En referencia a lo alegado por el actor "que mi mandante adjudicó tierras de propiedad de la Industrial Paraguaya S.A. y por ende tierras del dominio privado "ELLO NO ES CIERTO", por los motivos que se exponen seguidamente: Como lo afirmara el propio demandante, en fecha 31 de enero de 1945 la Industrial Paraguaya S.A. inició una mensura judicial de su propiedad individualizada como Finca N° 41, Padrón N° 82 del Distrito de Lima, cuyo resultado fue inscripto en el Registro Público en el año 1954, arrojando dicha finca una superficie de 35.229 has. 8913 m2, según Planilla de Cálculo, mientras que los títulos daban solo una superficie de 30.948 has. 0309 m2, constatándose de esta manera un excedente fiscal de 4281 has. 0309 m2, 8604 m2, cuya existencia fue reconocida por la propia propietaria, al denunciar la misma dicho excedente fiscal por nota de fecha 27 de junio de 1945 ante el Departamento de Tierras y Colonizaciones (actualmente INDERT), todo esto consta en el título dominial de la Industrial Paraguaya S.A. cuya copia fue anexada a autos por la misma parte actora. Posteriormente la citada finca sufrió varios desprendimientos por venta, totalizando las fracciones vendidas una superficie de 30.947 has. 8259 m2, completándose de esta manera la superficie que correspondía a la Finca N° 41, Padrón N° 82, de Lima, superficie esta que tenía según la mensura judicial realizada por la propia Industrial Paraguaya S.A. a través del agrimensor Alejandro Bibolini y que fuera inscripta por la misma en el Registro Público en el año 1954. Estos desprendimientos que sufrió la Finca N° 41 de Lima son mencionados en la Resolución N° 128 de fecha 24 de octubre de 1990, dictada por la Dirección de Impuestos Inmobiliarios adjuntada en autos como elemento probatorio por la misma entidad demandante. Mi mandante al tomar conocimiento de la existencia del excedente fiscal de 4.281 has 8604 m2 de superficie en la Finca N° 41 de Lima, procedió a otorgar títulos dominiales por dicha fracción y entre los cuales se halla el otorgado al Sr. José Maria Barrios Villalba, el cual fue inscripto en el Registro Público en el año 1974 como Finca N° 1242 de Lima cuya copia ya se halla anexada a autos. El Instituto de Bienestar Rural (IBR) otorgó títulos por la fracción mencionada en su carácter de dueño, esto en virtud del Código Civil de Velez Sarsfield (el cual regia en la ápoca en que se constató la existencia del excedente fiscal referido.... Ya con posterioridad a la expedición por parte de mi mandante del título dominial al Sr. José María Barrios Villalba, en el año 1990 la Industrial Paraguaya S.A. consiguió empadronar a su nombre la fracción que constituye el excedente fiscal antes referido alegando que la misma era un resto de la Finca N° 41, Padrón 82 de Lima, tal como consta en el Considerando de la Resolución N° 128, de fecha 24 de octubre de 1990 de la Dirección de Impuesto Inmobiliario ya anexada en autos, por ello posteriormente se consignó en el título dominial de la Compañía Sudamericana de Cerealas S.A. que la fracción comprada por esta correspondió en mayor fracción a la Industria Paraguaya S.A. por compra realizada del Sr. José Castillo del inmueble individualizado como Finca N° 41 del Distrito de Lima. Al excedente fiscal le fue asignado el Padrón N° 1943 de Lima, a nombre de la Industrial Paraguaya S.A. tal como consta el formulario de Declaración Jurada que se presenta ante la Dirección de Impuesto Inmobiliario, arrimado a autos por la entidad demandante, luego de este padrón N° 1943 se desprendió una fracción de 3.936 has 4.995 m2 vendida a la Compañía Sudamericana de Cereales S.A. e inscripta con Padrón N° 1946, Finca N° 1864 de Lima, como consta en la escritura traslativa de dominio n° 227 a favor de esta Compañía, y de los datos técnicos consignados en la misma escritura se puede apreciar que el inmueble se halla ubicado sobre la fracción que constituye excedente fiscal, propiedad de mi mandante y graficado en los planos que adjunto a esta contestación. Esta Finca N° 1864 de Lima sufrió dos desprendimientos como ya se mencionó más arriba, razón por la cual quedó con una superficie de 2.344 has. 4429 m2, al ser transferida al Banco Nacional de Trabajadores. Que, conforme a lo expresado por mi parte más arriba, el título dominial expedido por mi mandante al Sr. José Maria Barrios Villalba es totalmente legitimo pues lo otorgó en su carácter de dueño del inmueble transferido...".
El señor José Maria Barrios Villalba contestó la presente demanda de nulidad de acto jurídico, solicitando su rechazo y conforme al resumen presentado por la misma recurrente en oportunidad de fundar los recursos en esta instancia sintetizó su misma contestación, a fojas 834 de autos, en estos términos: "En forma puntual, pormenorizada, contesta la demanda, alegando las deficiencias de la misma, las omisiones, irregularidades, tanto de la demanda por nulidad de acto jurídico como la de Reivindicación. Al mismo tiempo reconviene por nulidad de acto jurídico y cancelación de inscripciones contra el Banco Nacional de Trabajadores, Compañía Sudamericana de Cereales S.A., La Industrial Paraguaya S.A., solicitando la intervención de terceros, Agroindustrial Ganadera S.A. y de Ivo Von Der Ham y an del Ham ,a los efectos del interés y derecho a defensa ante el objeto de la demanda de anular el acto jurídico de transferencia de la Finca N° 1864 de Lima de la Lipsa a La Compañía Sudamericana de Cereales S.A. y sus posteriores transferencias. Se alega la legalidad del título de propiedad de José Maria Barrios Villalba, de origen fiscal obtenido del I.B.R. en el año 1974 y cuya posesión detenta en forma continua, con realización de mejoras y trabajos agroganaderos ininterrumpidos. Se afirma la nulidad del título de propiedad del Banco Nacional de Trabajadores y de sus antecedentes, basado en también en una fracción de tierra de origen fiscal, transferida por el Estado Paraguayo, por el Superior Gobierno en el año 1890 a José Castillo, quien posteriormente transfirió a La Industrial Paraguaya S.A., en fecha 4 de abril de 1890. Originalmente la transferencia realizada por parte de Estado Paraguayo tampoco contó conmensura judicial. Esta fue realizada posteriormente por el Agrimensor Antonio Codas, que practicó la mensura de los yerbales ubicados en San Pedro, Jurisdicción de Capiitindy, arrojando una superficie de 30.948has. 03309 m2. (58.000 cuadras cuadradas) que fueron transferidas a LIPSA. En el año 1940 se practicó una mensural judicial a través del agrimensor Alejandro Bibolini arrojando según informe textual "La superficie liquida del terreno es de 35.229has. con 8913 ms2, según planilla y los títulos daba n una superficie de treinta mil novecientos cuarenta y ocho hectáreas trescientos nueve metros cuadrados (30.948 has. .0309 m2) resultando un excedente fiscal de cuatro mil doscientos ochenta y una hectárea ocho mil seiscientos cuatro metros cuadrados (4.281 has. 8604 m2.) que por nota del 27 de junio de 1945 ha sido denunciado y cuya ubicación se hará de común acuerdo, una vez terminada la mensura judicial general de las propiedades de la Industrial Paraguaya S.A. según convenio con el D.T.C. Dirección de Tierras y Colonias hoy Indert por Nota N° 2013del 17de noviembre de 1944.Esta mensura fue aprobada por S.D. N° 445 del 7 de noviembre de 1953 y presentada para su inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos en fecha 13 de abril de 1954, presentado un título inscripto a folio 595 y 1893 del año 1890 y 1893 ambos de Villa De San Pedro agregados a las diligencias de mensura judicial deslinde y amojonamiento referida , tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia de Concepción a cargo de Juan A. Aponte, inscribiéndose como Finca N° 41 bajo el N° 1, al folio 1 y sgtes. del año 1954, con padrón N° 82 a nombre de La Industrial Paraguaya S.A. LIPSA conforme título de propiedad era titular de 30.948 has. 0309m2, y dicha superficie fue fraccionada y vendida en su totalidad, desde aproximadamente los años 1968 hasta 1974.Casi 20 años después, 1990, accede ilegítimamente al excedente fiscal a través de la asignación de un nuevo Padrón conteniendo exactamente la superficie de excedente fiscal e inmediatamente procede a transferir en venta a la Compañía Sudamericana de Cereales S.A., antecedente directo del título de propiedad del Banco Nacional de Trabajadores. Estos hechos están basados en los referidos documentos presentados por el B.N.T. como base de su demanda y por José Maria Barios Villalba en su demanda reconvencional. La Industrial Paraguaya S.A. y la Compañía Sudamericana de Cereales S.A., fueron debidamente notificadas, pero no contestaron la demanda reconvencional, fs. 269,275. Los citados a intervenir fueron excluidos del proceso luego del procedimiento de rigor".
La Procuraduría General de la República contestó la presente demanda y como lo expresara la recurrente, concuerda con los fundamentos, consideraciones y disposiciones legales expuestas por el Indert. Concluyendo que este al tomar conocimiento de la existencia del excedente fiscal, conforme nota de fecha 27 de junio de 1945 realizada por La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) ante el Dpto. de Tierras y Colonizaciones, tal como hace referencia en su respectiva escritura, procedió a otorgar títulos dominiales por la susodicha fracción fiscal. Sosteniendo que con posterioridad a la expedición por parte del Indert del título de propiedad a Barrios Villalba, en 1974, en el año 1990 LIPSA consiguió empadronar a su nombre la fracción correspondiente al excedente fiscal referido, alegando que la misma era un resto de la Finca Nro. 41 de Lima, Padrón Nro. 82, Resolución Nro. 128 del 24 de octubre de 1990 de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios, consiguiéndose de esa manera dar título a la Compañía Sudamericana de Cereales, asignándole el Padrón Nro. 1943 de Lima, a nombre de LIPSA. Afirma que los títulos otorgados por el IBR, hoy INDERT, sobre el mentado excedente fiscal son legítimos.
El Banco Nacional de Trabajadores contestó la demanda de reconvención por nulidad de actos jurídicos e inscripciones en la Dirección General de los Registros Públicos y cancelaciones de padrones en la Dirección Nacional de Catastro planteada por el señor José Maria Barrios Villalba contra el mismo, conforme el escrito obrante a fojas 272 y vlto., del cual se extrae lo sgte: "Que el reconveniente sostiene en su escrito de fs. 250 que cuando la Industrial Paraguaya S.A. le vendió a la Compañía Sudamericana de Cereales S.A. la finca Nro. 41 del Distrito de Lima, la vendedora no tenía más tierras que vender, pues había enajenado todas las tierras que tenía. Mi parte niega expresamente dicha información equivocada del reconviniente. Lo cierto es que la Industrial Paraguaya S.A. tenia tierras para vender y así lo hizo transfiriendo una superficie de 3936 Has 4995 mts.2 a la empresa Compañía Sudamericana de Cereales S.A. No es cierto que el informe emitido por el Registro General de la Propiedad sea errado al sumar la superficie del título original con la superficie de un excedente fiscal. No es cierto que el excedente transferido a la firma Compañía Sudamericana de Cereales no le haya pertenecido a la Industrial Paraguaya S.A. y eso surge de los mismos títulos obrantes en autos.... Que mi parte ha probado con los documentos acompañados y con los documentos que en virtud a lo dispuesto por el Art. 219 del CPC ha solicitado se traigan vía oficio judicial, que la finca del Sr. José María Barrios Villalba no es legal, pues fue transferida por el IBR cuando en realidad era propiedad de la Empresa La Industrial Paraguaya S.A...".
Resumiendo, en el presente juicio promovido por el Banco Nacional de Trabajadores en quiebra (BNT), propietario del inmueble inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos como Finca N° 1864, bajo el Nro. 3, al folio 10 y sgtes, en fecha 25 de marzo de 2004, del Distrito de Lima, con Padrón N° 1946, con una superficie de 2.344 has. 4.429 m2 (Fs. 27/82), se demandó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y al Sr. José María Barrios Villalba, la nulidad de acto jurídico y cancelación de inscripción de la Finca N° 1242 del Distrito de Lima, sin mencionar el Padrón, inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos a nombre de José María Barrios Villalba, con una superficie de 997 Has., 443 m2 y 4503 cm2.
El señor José María Barrios Villalba aclara en relación a la individualización del inmueble de su propiedad que nunca perteneció al Distrito de Lima y según mensura judicial aprobada por S.D. Nro. 71 del 24 de junio de 2008, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Jurisdicción de San Pedro, fue inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos como Finca N° 1715 de Tacuati, bajo el Nro. 1 y sgtes. el 21 de octubre de 2008, con Padrón N° 1823 (fs. 136/152).
Al ser agregada a estos autos los documentos que avalan la mencionada inscripción de mensura y al correr traslado de los mismos al Banco Nacional de Trabajadores y no objetar este su validez hace plena fe, máxime aún por ser instrumentos públicos, de conformidad al Art. 383 del Código Civil, y teniendo en cuenta como ya lo expresáramos precedentemente que a fs. 770 de autos se encuentra agregada el registro de la finca N° 1242 y registra como titula a Don Cesáreo Samudio, consecuentemente esta Magistratura la identificará de esa manera, como lo ha expresado al resolver el recurso de nulidad.
De modo a tener presente como ha quedado trabada la litis ponemos de manifiesto que en cuanto a los fundamentos de la demanda del Banco Nacional de Trabajadores se alegó lo sgte: 1) Que en su calidad de titular de la Finca N° 1864 del Distrito de Lima, de una superficie de 2.344 has 4.429 mts2, le fueron usurpadas, por un lado 1.282 Has. 2.041 mts.2, por parte de Firma PEGA S.A. y, por otro lado, 997has. 443 mts2, por parte de José Maria Barrios Villalba. 2) Que los orígenes de las citadas fincas se encuentran en los expedientes administrativos N° 8085/74 y 7537/73 del Instituto de Bienes Rural, actualmente INDERT., y que son nulos pon varios motivos, uno de ellos es que jamás el IBR realizó mensuras exigidas por los Arts. 160, 166 de la ley del Estatuto Agrarios, arts. 104 y 108 de la Ley 1863/2002 Indert y 3) Principalmente porque el IBR adjudicó tierras que eran propiedad de La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA), propietaria de la Finca n° 41.
Tanto el Indert como el demandado José María Barrios Villalba contestaron la demanda de nulidad planteada en su contra en base a las principales consideraciones que se detallan a continuación: 1) Negando que las tierras que posee el Sr. Barrios Villalba y de la que es titular, la Finca Nro. 1715 del Distrito de Tacuati, provenga de la usurpación de la Finca Nro. 41 de Lima y fundamentan su posición, 2) Sosteniendo que no existe nulidad en la adjudicación otorgada por el IBR, actual INDERT al citado, de la mencionada tierra fiscal y 3) Negando que el IBR le haya adjudicado y hecho titular de tierras que pertenecían a LIPSA, sino que están eran una fracción fiscal, declarada como excedente fiscal por la misma en su misma mensura judicial, argumentando las razones de tal posición.
En cuanto a los antecedentes de los inmuebles objetos de los respectivos juicios planteados tenemos que la Finca N° 1715 del Distrito de Tacuati, con padrón N° 1823, propiedad del Sr. José María Barrios Villalba, deviene de un título originario expedido por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) en fecha 13 de diciembre de 1973, identificado con N° 79533, con Resolución del Consejo del IBR N° 1325 de fecha 22 de agosto de 1973, por el cual se lo adjudicó e inscribió en la Dirección General de los Registros Públicos bajo el N° 1, al folio 1 y sgtes. (fs. 131/134).
En relación a la Finca N° 1864 del Distrito de Lima, con Padrón N° 1946, propiedad del Banco Nacional de Trabajadores, debemos remitirnos a la inscripción ante la Dirección General de los Registros Públicos, de la Finca N° 41, en fecha 13 de abril de 1954, bajo el N° 1 y sgtes., a nombre de La Industrial Paraguaya S.A. Dicho inmueble que se anota en esa fecha, con ese número de Finca, inicialmente fue inscripto en los folios 595 y .993 y vito, años 1890 y 1893, ambos de Villa de San Pedro. Se consigna en la inscripción los datos técnicos completos de una mensura judicial llevada a cabo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Concepción a cargo del Juez Dr. Juan A. Aponte, con comisión del Juzgado de Paz de San Estanislao, Secretaría a cargo del señor Santiago Fernández, aprobada por S.D. 445 del 7 de noviembre de 1953. El perito agrimensor fue el señor Alejandro Bibolini.
Según se expresa en la escritura de la Finca Nro.41 (fs. 601/625) la mensura concluyó que la superficie de dicha propiedad arrojó un área liquida de 35.229 has. 8.913 mts, pero los títulos dieron una superficie de 30.948 Has, quedando un excedente fiscal de 4.281 has. 860 mts, el que fue denunciado por nota del 27 de junio de 1945 y el informe del Perito que refería a que dicho excedente debía ser ubicado de común acuerdo con el Departamento de Tierras y Colonias, al terminar la mensura perimetral de las tierras de La Industrial Paraguaya S.A., según lo convenido por Nota N° 3013 del 17 de noviembre de 1944.
La propiedad que abarcaba la Finca Nro. 41 fue adquirida del señor José Castillo, quien a su vez adquirió del Superior Gobierno, por Escritura pasada ante el Escribano Mayor don Darlo González, inscripta bajo el N° 210 y folio 83 vuelto y siguientes con fecha 4 de febrero de 1890. Luego de la transferencia operada a favor de La Industrial Paraguaya S.A. se tomó razón ante el Registro General de la Propiedad, bajo el N° 662 y folio 595 con fecha 24 de abril de 1890 con fecha 27 de diciembre de diciembre de 1893 y posteriormente bajo el N° 1886 y Folio 1893 vuelto se inscribió una escritura complementaria otorgada por el Superior Gobierno a favor de La Industrial Paraguaya, conforme se lee en la referida escritura de la Finca Nro. 41.
Los demandados afirman unánimemente que el Sr. José María Barrios Villalba, reunía los requisitos establecidos en la Ley N° 854/63. (Estatuto Agrario vigente en ese entonces), para ser adjudicado con el inmueble en cuestión. Pues de conformidad a lo establecido en el Art. 14 inciso a) de dicho cuerpo legal el mismo reunió a los requisitos legales exigidos para la adjudicación.
El Art. 89 de la Ley Nro. 854/63, vigente al tiempo de la adjudicación de la propiedad fiscal, dispone: "Los títulos de propiedad serán expedidos en formularios especiales, inscriptos en el Registro Agrario del Instituto de Bienestar Rural y empadronado en la Dirección de Impuestos Inmobiliario, a los efectos de la tributación territorial después del quinto año de su expedición. Para ser inscriptos en el Registro General de la Propiedad, el beneficiario acompañará al título de propiedad la constancia del pago íntegro del precio del lote o fracción, o la de haber satisfecho la garantía exigida por el Instituto de Bienestar Rural, en caso del pago parcial y el Art. 90 lo siguiente: Los títulos otorgados por el Instituto de Bienestar Rural tendrán plena validez legal, como si fueran otorgados en escritura pública una vez inscripto en el Registro General de la Propiedad".
Analizado los cuestionamientos del título expedido por el IBR a favor del señor José Maria Barrios por parte de la actora, esta magistratura encuentra que se ha adecuado al régimen legal vigente en la época, en consecuencia, no contiene vicios de forma ni de fondo que conlleven la nulidad del mismo, ostenta el mismo valor y eficacia con el que cuentan las escrituras públicas, tal como lo establecen Art. 89 y 90 de la Ley N° 854/63.
Como fundamento para la nulidad del título del señor José Maria Barrios asimismo se alegó que el IBR le vendió un bien que pertenecía a La Industrial Paraguaya S.A., por lo que corresponde dilucidar si es o no cierta tal afirmación. En ese cometido evaluamos que el agrimensor A. Bibolini afirma y lo expone en el informe pericial del título de la Finca N° 41, que la superficie consignada en el título es de 30.229 has con 8.913 mts. y que existe un excedente de 4.281 has, 8.604 m2 , el que fue denunciado ante el departamento de tierras y colonias del estado paraguayo, por nota del 27 de junio de 1.945, denuncia que hace patente el reconocimiento de que dicho excedente correspondía al patrimonio fiscal, y que el mismo se ubicarla luego de común acuerdo con dicho organismo administrativo, luego de concluidas las operaciones de mensura las propiedades de LIPSA, de acuerdo a lo convenido con dicho organismo por Nota N° 3013 del 17 de noviembre de 1.944.
La afirmación de la existencia de dicho excedente se halla consignada en una escritura pública y surge de una mensura judicial, por tanto, se tratan de instrumentos públicos y hacen plena fe. Esa circunstancia de hecho y de derecho ha sido ignorada por la Resolución de la Dirección de Impuesto Inmobiliario N° 128 del 24 de octubre de 1990, agregada a fojas 8/11, ya que en ella se menciona que el "Titulo" cuenta con 35.229 has con 8.913 m2 y que existe un resto de 4.282 has, con 0614 m2, cuando muy claramente el Perito apuntó que de acuerdo al título tiene una superficie determinada y que el área restante corresponde a un excedente fiscal, por tanto cabe decir que ilícitamente se crea un padrón nuevo (El N° 1.943) a partir de uno (El N° 82) que ya no contaba con superficie restante, pues la superficie a la que se referían como resto en realidad se trataba de un excedente fiscal.
Siendo que fue aceptado por las partes en el presente juicio la problemática de la superposición de títulos, corresponde establecer a quien corresponde el mejor tirulo y esclarecer quién transfirió mejor derecho del que posee. Según el examen de los antecedentes obrantes en estos autos. La Finca N° 1864 del Distrito de Lima nace a partir del padrón N° 82 del Distrito de Lima, que ya no contaba al tiempo de la creación de esta finca, con superficie restante para transferir, puesto que la superficie a la que calificaron como "resto" de la finca N° 41 con Padrón N° 82 en realidad correspondía a un excedente fiscal.
Lo afirmado es asi si tenemos en cuenta La Finca Nro. 41 del Distrito de Lima, a nombre de La Industrial Paraguaya, anotada bajo el Nro. 1 y sgtes. del año 1953, registraba según titulo obrante en autos, a fojas 603, una superficie de 30.948 Has. 309 mts. y declaraba un excedente de 4.281 Has. 8.604 mts 2, por lo que al haber efectuado transferencias y quedándose cierta superficie en dicha finca, que totalizan 30.947 Has. 8300 mts 2, no pudo transferir la superficie por la fue formada la Finca Nro. 1864, en virtud a que no había más nada que transferir en el año 1990, en virtud a que ya se había vendido toda la superficie existente en la misma.
Por considera importante y valido transcribimos las afirmaciones del Perito Eugenio Diaz, que obran a fs. 553/554: "También se destaca que la trasferencia N° 6 de la lista al señor Eduardo Barrios T. primeramente se consignó como resto del Padrón N° 32 y de la Finca N° 41 de Lima con esto la Finca N° 41 ya no deberla tener más superficies, para luego asignarle un Padrón a ese resto incluyendo el excedente fiscal que ya fuera cedida al D.T.C., con una superficie de 4282 Has. 0614 para poder asi disponer más superficie, que fuera cedida por el Director Interino del Impuesto Inmobiliario sobre el Padrón N° 82. Aunque haya realizado ese aumento, este no es válido porque no hizo sobre una tierra fiscal, sobre la cual solamente el I.B.R. podía dar títulos. Aunque haya aumentado la superficie sobre el Padrón N° 32 esto no significa que en la Dirección General de la Propiedad pueda aumentar la superficie sobre la Finca N° 41. Para disponer de más superficie, porque primeramente ya se vendió el resto de esta Finca al Señor Eduardo Barrios T..... Pero en la escritura agrega en foja 15 al 25 de autos. En foja 15 vuelto menciona que la firma LA INDUSTRIAL PARAGUAYA S.A. quedo pendiente una trasferencia a la Compañía Sudamericana de Cereales una trasferencia que se debía desprender de la Finca N° 30 de Hernandarias que no podía ser materializado y que la transferencia ya fuera aprobado por el Directorio en el Acta N° 16 del 22-12-1981, por lo que decidieron reemplazar por una fracción de 3.936 Has.4995 m2. A desprenderse de la Finca N° 41 de Lima, para poder realizar este compromiso y como ya no tenía resto en la Finca, solicitaron al Impuesto Inmobiliario en fecha 02 de agosto de 1990 la corrección y aumentaron la superficie incluyendo el excedente que ya fuera cedido a la D.T.C. hoy INDERT. En foja 17 de autos de la copia de la Escritura N° 227, a la trasferencia se le asigna el Padrón N° 1946 que se desprende del Padrón N° 1543, sin mencionar el Padrón N° 82, porque ya no debería tener superficie para transferir.
Consta en estos autos las transferencias parciales de la Finca Nro. 41, en notas marginales del respectivo título de propiedad, agregadas a fs. 194/211 y a fs. 601/612. Asimismo, los Peritos actuantes en forma unánime, a fojas 566 y fs. 553, refieren a las desmembraciones siguientes: 1°) 7.429 Has. 1.180 m2: FINCA N° 111/68 de Lima - ELVIO RAMON OCHIPINTI, 2°) 1.200 Has. 000 m2: FINCa N° 151/70 de Lima - aleJANDRO OCHIPINTI R., 3) 1.000 Has. 000m2: FINCA N° 152/70 de Lima - BENITO E. JUDICE, 4) 2.510 Has. 5.000 m2: FINCA N° 214/74 de Lima - ROSARIO OCHIPINTI RIVELA, 5) 6.151 Has. 3.515 m2: FINCA N° 218/74 de Lima - ROSARIO OCHIPINTI RIVELA, 6) 1.025 Has. 000 m2: FINCA N° 41/74 (Resto) EDUARDO BARRIOS TROCHE, 7) 11.631 Has. 8.604 m2: FINCA N° 173l/89- IBR (Inscripción preventiva). Total de superficie vendida válidamente: 30.947 Has. 8.299 m2.
Reveló el demandado José María Barrios lo sgte: "Asimismo debemos resaltar que el Banco Nacional de Trabajadores (En Quiebra) solicitó mensura judicial de la Finca Nro. 1864, conforme a la S.D. Nro. 115 de fecha 22 de setiembre de 2008, del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro, la que fue rechazada y dicho fallo confirmado por el Acuerdo y Sentencia Nro. 25 de fecha 30 de diciembre de 2008, dictado por el Tribunal de Apelación de la Circunscripción de San Pedro. Se adjunta copia de las respectivas resoluciones" (fs. 247). Se encuentra agregado a estos autos copias autenticadas de resoluciones judiciales (fs. 175/188) que demuestran que la mensura de la citada finca no fue aprobada judicialmente, a pesar de contar con aprobación del plano por parte del MOPC (Dpto. Agrim. y Geodesia) (fs. 572). Esta magistratura considera veraz el informe del perito Eugenio, por resultar razonable y concordar con lo expuesto en estos autos por el Indert y no ser negado por el Banco Nacional de Trabajadores en la contestación de la demanda de reconvención donde también se lo expuso, en relación a la ubicación del mentado excedente fiscal y de la ubicación de la Finca N° 1715 de Tacuati en relación con la Finca N° 1864 del Distrito de Lima. Tal es asi que a fs. 553 expresa: "...para definir su ubicación se procedió a ubicar todas las transferencias realizadas por La Industrial Paraguaya S.A. en la Finca N° 41, que sumados dan la superficie según Titulo y la zona no transferida ubicada al Oeste de la propiedad se determina que fue dejada como el excedente fiscal". Por otra parte, debemos considerar que la propiedad del Sr. José Maria Barrios cuenta con mensura judicial aprobada, como ya lo expresáramos, y resulta idóneo el plano presentado por el citado Perito, agregado a fs. 550/551 para dar claridad a la ubicación tanto de la Finca N° 41, del Distrito de Lima, asi como de sus desprendimientos y de la Finca N° 1715 de Tacuati, denominada antes de la mensura como Finca N° 1242, a lo que el Perito consignó como del Distrito de Nueva Germania.
De acuerdo con las constancias obrante en estos autos se tiene que la Finca Nro. 1715 del Distrito de Tacuati, con Padrón Nro, 1823, reiteramos con mensura judicial aprobada, proviene de una fracción fiscal correspondiente al patrimonio del IBR, la que se halla superpuesta con la Finca N° 1864 del Distrito de Lima, que nace a partir del padrón N° 82 del Distrito de Lima, que ya no contaba al tiempo de la creación de esta finca, con superficie restante para transferir, puesto que la superficie a la que calificaron como "resto" de la finca N° 41 con Padrón N° 82 en realidad correspondía a una fracción fiscal.
El mencionado excedente era propiedad del Estado Paraguayo, y correspondía la administración de dichas tierras al IBR, anteriormente Instituto de Reforma Agraria (IRA), antes Departamento de Tierras y Colonias (D.T.C.), por lo que se concluye que La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) transfirió un bien que no le pertenecía en propiedad, tal como surgió de la mensura practicada a instancias de la propia firma.
El Instituto de Bienestar Rural (IBR.) transfirió tierras de su patrimonio a un sujeto que calificaba para ser adjudicado con las mismas y conforme a las normas de fondo y forma entonces vigentes, consecuentemente el titulo expedido por el Ente deviene absolutamente valido, por provenir de una fracción fiscal aceptada como tal por LIPSA antecesor de la propiedad que está hoy día está, en parte, a nombre del Banco Nacional de Trabajadores.
Ahora bien, en el escrito de demanda se afirmó que una de las causales de nulidad del mismo es que no se cumplió con el requisito de la mensura judicial para su otorgamiento y se menciona el incumplimiento de los Arts. 160 y siguientes de la ley 854/63. El Art. 160 expresa: "La detención de tierras del dominio fiscal por particulares, podrá ser objeto de denuncias ante el Instituto de Bienestar Rural. Esta promoverá el correspondiente juicio de mensura judicial, cuyos gastos serán costeados por el denunciante". El caso que nos ocupa no podría regirse por el citado artículo, puesto que la tierra fiscal existente, que fuera denunciada por LIPSA formaba parte del patrimonio del Estado.
En efecto debemos recordar que LIPSA adquirió el inmueble del mismo Estado Paraguayo, según los mencionados antecedentes, por lo que si estaba detentando las tierras más allá de la superficie que indicaba sus títulos resulta evidente que pertenecían al Estado Paraguayo de conformidad al Art. 2342 del Código Civil de Velez Sarfield, vigente en la época del otorgamiento del título al señor José Maria Barrios Villalba, que determina: "Son bienes privados del Estado: 1ro. Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales de la República, carecen de otro dueño..." y asimismo por disposición del Estatuto Agrario que fue puesto en vigencia pro Dto. Nro. 120 de fecha 29 de febrero de 1940, vigente en ese entonces, el que determinaba en su Art. 14: "El patrimonio del Departamento de Tierras y Colonización se formará a) con los bienes inmobiliarios rurales privados del Estado..." y de conformidad con la Ley Nro. 852/63, "Que crea el Instituto de Bienestar Rural", en cuyo Art. 13 determina: "El patrimonio del Instituto de Bienestar Rural estará constituido por: a) Los bienes inmobiliarios rurales privados del Estado...".
Atendiendo a lo expuesto resulta cierta la afirmación de la representante de la demandada Indert, cuando contestó la presente demanda y afirmó: "Con la denuncia realizada por la Industrial Paraguaya S.A. ante el Departamento de Tierras y Colonización de la existencia del excedente en su propiedad, la misma reconoció la propiedad de este excedente en el antecesor de mi mandante.
Así el Código Civil Sarsfield establecía en su artículo 2532: El que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad, es simple tenedor de la cosa y representante de la posesión del propietario, aunque la ocupación de la cosa repose sobre un derecho", e igualmente en su artículo 2510 establecía: "El dominio es perpetuo y subsiste independiente del ejercicio que se pueda hacer de él. El propietario no deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad..." Asimismo resulta certera la conclusión de que el Departamento de Tierras y Colonización, luego del que LIPSA reconociera en la mensura judicial de la Finca Nro. 41 la propiedad fiscal que ocupaba circunstancialmente e inclusive declarara en ese sentido a la Entidad y como tal procedió a la adjudicación al señor José Maria Barrios.
En el título de propiedad de la Finca Nro. 41 del Distrito de Lima, a fojas 603 se expresa: "La superficie liquida del terreno es de treinta y cinco mil doscientos veintinueve Hectáreas con ocho mil novecientos trece metros (35.229 Hect. 8.913 mts) según planilla adjunta y los títulos dan una superficie de 30.948 hect. 0398 mts, resultando un excedente de 4.281 Hect. 8604 mts, que por nota de junio 27 de 1915 ha sido denunciado y cuya ubicación se hará de común acuerdo una vez terminada la mensura general de las propiedades de La Industrial Paraguaya S.A., según lo convenido con el D.T.C. por Nota Nro. 3013 del 17 de noviembre de 1944". Atendiendo a la declaración de LIPSA resulta evidente que se trata de una fracción fiscal, cuyo régimen está reglado en los Artículos 54 al 58 y demás concordantes del Estatuto Agrario y el derecho de propiedad del IBR sobre dicha fracción nace de la propia ley agraria, de la Carta Orgánica del IBR o Ley N° 852/63, la que disponía sobre el particular en el Art. 13 incisos a) y b); Tal derecho le confería al organismo la facultad de disposición.
Asi también por el Art. 56 de la Ley N° 854/63 el IBR estaba facultado a aprobar la medición de los inmuebles de su patrimonio, para luego adjudicarlos y otorgarlos en propiedad a terceros, por tanto, tampoco se puede atacar de nulo el titulo porque no se realizó una mensura judicial para su otorgamiento y consecuentemente corresponde el rechazo de la demanda de nulidad de acto jurídico de transferencia de la Finca N 1242 del Distrito de Lima y cancelación de su inscripción en los Registros Públicos, contra el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDERT).
En relación a la demanda de reivindicación planteada por el Banco Nacional de Trabajadores, en quiebra (BNT) contra el señor José Maria Barrios Villalba, esta magistratura entiende de que a pesar de que existe legitimación por parte de la actora para plantear la referida acción, por estar admitido y comprobado en estos autos que es titular de la Finca Nro. 1864 del Distrito de Lima y que esta se encuentra en parte superpuesta con la Finca Nro. 1715 del Distrito de Tacuati, cuyo titular es el citado demandado, no corresponde hacer lugar a la misma, en virtud a las siguientes consideraciones:
El Art. 2411 del Código Civil determina: "No son reivindicables las cosas futuras, ni las cosas accesorias, aunque lleguen a separarse de las principales, a no ser que están sean reivindicadas. Tampoco pueden serlo las cosas inmuebles de quien las haya adquirido de buena fe y de título oneroso. Sin embargo, el propietario desposeído tendrá acción para impugnar el acto viciado si no tuvo intervención en él, ni consintió su realización".
El Art. 2426 del Código Civil prescribe: "En caso de doble inscripción, o de no existir ninguna, se juzgará que el derecho pertenece al que está en posesión de la cosa. Cuando se tratare de derechos reales sobre la cosa de otro, se presumirá que la propiedad es libre y plena, no obstante, la posesión y la inscripción".
A mayor abundamiento señalamos la jurisprudencia citada al respecto en el Libro editado por la Ley, del CC Pyo. Comentado, que en la pág. 692 expresa: "Siendo que la demandada se halla en posesión del inmueble que se busca reivindicar, por aplicación del art. 2426 del CC que dispone que en caso de doble inscripción, o de no existir ninguna, se juzgará que el derecho pertenece al que está en posesión de la cosa, es correcta la decisión del a quo de no hacer lugar a la demanda de reivindicación de inmueble e indemnización de daños y perjuicios" Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 5. Parsipanny Corp. S.A: le. Mersan, Oscar A. s/Acción Autónoma de Nulidad (Ac. y Sent. Nro. 80). 22/07/2008. LLP 2008 (setiembre), 959 PY/JUR/286/2008.
A fojas 133 de autos consta que el demandado José Maria Barrios Villalba, adquirió el inmueble objeto de la presente reivindicación a título oneroso. En efecto está consignado como precio de venta del Lote Fiscal, el importe de guaraníes un millón quinientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y cinco (G. 1.556.395) y en relación a la buena fe traemos a colación el principio de legalidad de los actos administrativos lo cual hacia ciento el derecho a ser transmitido a favor del citado adquirente, por parte de una Institución del Estado Paraguayo, en ese entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), actual INDERT, rigiéndose en ese momento por el Código Civil anterior en el Art. 993 y cuya regla se mantiene en vigencia hoy dia en el Art. 385, en cuanto a que hace plena fe la existencia material de las enunciaciones expresadas en el instrumento. Máxime aún porque el Banco Nacional de Trabajadores al entablar la demanda refiere que el inmueble cuya reivindicación demanda fue transferido reivindicado por el INDERT y que actualmente se encuentra ocupado por José Maria Barrios Villalba.
Resulta evidente que la ocupación de José Maria Barrios era en calidad de poseedor y propietario, atendiendo a que en la reconvención planteada, en la cual se adujó dicha situación, se corrió al Banco y no fue negado por lo que resulta legitimo tener por poseedor al señor José Maria Barrios del inmueble objeto de la res litis de reivindicación, por lo que al atribuírsele al mismo dicha calidad deviene procedente el rechazo de la demanda de reivindicación de inmueble planteada por el Banco Nacional de Trabajadores, en quiebra (BNT) contra el Sr. José Maria Barrios Villalba sobre la Finca Nro. 1715 del Distrito de Tacuati.
En cuanto a la demanda de nulidad de nulidad de acto jurídico e inscripciones regístrales en la Dirección General de los Registros Públicos de la Finca Nro. 1864 del Distrito de Lima y cancelación de padrones (Nro. 1943 y 1946 de Lima) en la Dirección Nacional de Catastro contra el Banco Nacional de Trabajadores, en quiebra, Compañía Sudamericana de Cereales S.A. y la Industrial Paraguaya S.A., con citación a terceros Agroindustrial Ganadera S.A., Ivo Van Der Ham y Celso Van Der Ham, esta Magistratura expone cuanto sigue:
El señor José Maria Barrios Villalba expone, a través de su representante convencional, en oportunidad de presentar sus respectivos alegatos, a fs. 782, en relación a la reivindicación planteada lo sgte: "El hecho quedó centrado en determinar quién es el verdadero titular de dominio de la superficie de terreno cuyos títulos detentan actualmente el Banco Nacional de Trabajadores y José Maria Barrios Villalba, este último en posesión de toda la superficie titulada a su nombre...".
Entendemos que la referida situación es asi, puesto que al determinar quién es el titular que tiene a su favor el legitimo título y siendo que ambos propietarios que tiene superposición se han demando entre si, el rechazo de la demanda a uno implica este caso hacer lugar a la otra. Por lo que exponemos una vez más la posición del Banco Nacional de Trabajadores al contestar la demanda planteada en su contra.
En el sentido expuesto manifestamos que el Nacional de Trabajadores, conforme consta fojas 272 de autos, su representante convencional solicita el rechazo de la demanda reconvencional planteada por José Maria Barrios por la citada nulidad, negando que La Industrial Paraguaya (LIPSA), antecesora en la titularidad del inmueble de la Cia. Sudamericana de ¡Cereales, de quien adquirió la propiedad en cuestión no haya tenido más tierras para transferir al tiempo que lo hizo a su mandante, aduciendo que "Lo cierto es que la Industrial Paraguaya S.A. tenia tierras para vender y asi lo hizo transfiriendo una Superficie de 3936 Has. 4995 mts.2 a la Empresa Compañía Sudamericana de Cereales S.A. No es cierto que el informe emitido por el Registro General de la Propiedad sea errado al sumar la Superficie del titulo original con la superficie de un excedente fiscal. No es cierto que el excedente transferido a la firma Compañía Sudamericana de Cereales S.A. no le haya pertenecido a la Industrial Paraguaya S.A. y eso surge de los mismos títulos obrantes en autos...".
En relación a los terceros citados, Agroindustrial Ganadera S.A., Ivo Van Der Ham y Celso Van Der Ham, han sido excluidos del proceso como terceros, conforme al A.I.Nro. 1529, de fecha 24 de octubre de 2014, agregado a fs. 399 de autos. Mientras que a las firmas Compañía Sudamericana de Cereales S.A. (fs. 402 bis) y la Industrial Paraguaya S.A. (fs. 402), no se han presentado a tomar intervención en estos autos, a pesar de haber sido notificados.
Ante la expresión del Banco Nacional de Trabajadores: No es cierto que el excedente transferido a la firma Compañía Sudamericana de Cereales S.A. no le haya pertenecido a la Industrial Paraguaya S.A. y eso surge de los mismos títulos obrantes en autos...", corresponde estudiar en primer término, si es cierto que una persona que denuncia algún excedente fiscal puede tomarlo como suyo. La respuesta es todas luces negativa, en atención a los artículos ya citados en esta resolución.
Tenemos que el Banco Nacional de Trabajadores no ha cuestionado la legitimidad del señor José Maria Barrios Villalba y esta resulta evidente por cuanto no el problema de superposición de los títulos de las fincas que nos ocupan es un hecho fuera de discusión. Se demanda en estos autos la nulidad de acto jurídico de transferencia, a través de contrato de compraventa, de la Finca Nro. 1864 del Distrito de Lima, por parte de La Industrial Paraguaya S.A. a favor de la Compañía Sudamericana de Cereales, formalizado por Escritura Pública N° 227 del 14 de noviembre de 1990 pasada ante la Escribana Yolanda Peralta de Mora, inscripta bajo el N° 1, folio 1 y sgtes. 16 de noviembre de 1990, fs 15. de autos, basado en la invalidez del negocio jurídico y fundado en que el objeto del acto en la compra venta es un inmueble que en realidad no existe y teniendo en cuenta que la actual propietaria adquirió dicho inmueble en subasta pública en el juicio de ejecución que promoviera el Banco a la Compañía Sudamericana de Cereales.
Habiendo analizado la situación de la Finca Nro. 1864 del Distrito de Lima, nos remitidos a lo expresado precedentemente y traemos a colación la siguiente normativa: Art. 357. -Es nulo el acto jurídico: a) Cuando lo hubiere realizado un incapaz por falta de discernimiento; b) si el acto o su objeto fueren ilícitos o imposibles; c) en caso de no revestir la forma prescripta por la ley; d) si dependiendo su validez de la forma instrumental, fuese nulo el instrumento respectivo; y e) cuando el agente procediese con simulación o fraude presumidos por la ley.
Art. 359.- Cuando el acto es nulo, su nulidad debe ser declarada de oficio por el juez, si aparece manifiesta en el acto o ha sido comprobada en juicio. El Ministerio Público y todos los interesados tendrán derecho para alegarla. Cuando el acto es anulable, no podrá procederse sino a instancias de las personas designadas por la ley. El Ministerio Público podrá hacerlo, cuando afectare a incapaces o menores emancipados.
Art. 361.- La nulidad pronunciada por los jueces vuelven las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado, e impone a las partes la obligación de restituirse mutuamente todo lo que hubieren recibido en virtud de él, como si nunca hubiere existido, salvo las excepciones establecidas en este Código..
Art. 363.- Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietaria en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual. Los terceros podrán siempre ampararse en las reglas que protegen la buena fe en las transmisiones.
Sobre "Hechos que no pueden ser objeto del acto jurídico se expresa en el "Código Civil de la República del Paraguay- Comentado. Libro III, La Ley Paraguaya. Pag. 102: "Enseñaba Vélez que la imposibilidad del objeto puede tener su origen en motivos materiales o en motivos jurídicos, que "la imposibilidad material se presente respeto a ras cosas que jamás han existido, o que han dejado de existir, o que no pueden existir. Hay imposibilidad jurídica, cuando la obligación tiene por fin procurar la propiedad de cosas que no pueden ser objeto de una propiedad, o que son ya propiedad del acreedor. Sería lo mismo la obligación que tuvieses por objeto un matrimonio entre personas que no pueden casarse.".
Atendiendo a las razones señaladas no existe ninguna duda que hasta por una cuestión no solo jurídica sino matemática no es posible y se torna ilícito transferir más del derecho que posee la persona, por lo que, al no existir transferencia válida y legítima por parte de la Industrial Paraguaya S.A., en el acto jurídico formalizado por Escritura Pública N° 227 del 14 de noviembre de 1990 pasada ante la Escribana Yolanda Peralta de Mora, inscripta bajo el N° 1, folio 1 y sgtes. 16 de noviembre de 1990, corresponde anular el mismo, así como todos los actos jurídicos que son su consecuencia.
Consecuentemente no existe razón para la subsistencia del título de propiedad respecto a la Finca N° 1864 de Lima, debiendo declararse nula la misma y sus antecedentes regístrales y así corresponde HACER LUGAR, con costas, a la demanda planteada por el Señor José María Barrios Villalba contra el Banco Nacional de Trabajadores (En quiebra), a la Compañía Sudamericana de Cereales S.A. y la Industrial Paraguaya S.A., y en consecuencia declarar la nulidad de las transferencias de acto jurídico e inscripciones regístrales en la Dirección General de los Registros Públicos de la Finca Nro. 1864 del Distrito de Lima y cancelación de padrón, el Nro. 1946 de Lima, en la Dirección Nacional de Catastro.
A SU TURNO EL DR. CASTIGLIONI, DIJO; EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD: Que, en relación al recurso de nulidad contra la S.D. N° 229 de fecha 04 de mayo de 2016, comparto el sentido y el alcance del voto emitido por el colega preopinante Dr. Nery Villalba por los mismos argumentos y en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DR. VILLALBA FERNÁNDEZ, DIJO: Por la Sentencia apelada N° 229 de fecha 04 de mayo de 2016, la instancia anterior resolvió: "1.- HACER LUGAR a la presente demanda de nulidad de acto jurídico promovido por el BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES contra INDERT y JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA y en consecuencia, CANCELAR la inscripción en los Registros Públicos de la Finca No. 1242 del Distrito de Lima, librando al efecto el correspondiente oficio. 2.- HACER LUGAR a la demanda de reivindicación promovida por el BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES contra el señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA y en consecuencia, CONDENAR al señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA, a desocupar el bien inmueble individualizado como Finca No. 1864, Padrón No. 1946 del Distrito de Lima, en el perentorio plazo de (10) diez días, bajo apercibimiento de disponerse su lanzamiento por la fuerza pública, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio. 3.- RECHAZAR la demanda reconvencional de nulidad de acto jurídico promovida por el señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA contra el BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución. 4.- IMPONER las costas en el orden causado. 5.- ANOTAR..." (fs. 803/809).
De dicha sentencia recurre la parte codemandada y reconviniente representada por la Abogada MARTA ALBERICH y presenta su escrito de expresión de agravios, que obra a fs. 831/850, manifestando su desacuerdo con la sentencia pronunciada por el a quo. A más de los argumentos expuestos en el recurso de nulidad que pueden servir en el análisis de este recurso; contra ella manifiesta, que su parte ha probado en el juicio el derecho a la titularidad del señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA, sobre la Finca No. 1715 del Distrito de Tacuatí, la legitimidad del título de propiedad, la superficie consignada en el mismo y la posesión ejercida por más de 42 años. Advierte, que el a quo no ha considerado el hecho litigioso del excedente fiscal, que fue reconocido por el BaNCO NACIONAL De TRABAJADORES al momento de contestar la demanda reconvencional y no es cierto que el informe de los registros públicos sea errado al sumar la superficie del título original con la superficie del excedente fiscal. Dice, que su parte ha demostrado la superficie extra que no correspondía al título de propiedad de LIPSA sobre la Finca No. 41 de Lima; como también, se ha demostrado la ubicación del mismo en forma unánime por los peritos y que no puede ubicarse otro excedente fiscal dentro de la superficie de la Finca No. 41 de Lima, por haber transferido toda su superficie titulada. Alega, que la superficie litigiosa corresponde al excedente fiscal y la titularidad sobre el mismo pertenece al INDERT, por lo que la transferencia realizada de una fracción de la misma a favor del señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA debe ser considerada valida y legitima; por lo que es nulo, inexistente y no posible de convalidar la superficie consignada en el Padrón No. 1943, adicionada al Padrón originario No. 82 -correspondiente al excedente fiscal- a la superficie real del título de propiedad de la Finca No. 41 de Lima, otorgándole calidad de propiedad privada al excedente fiscal; correspondiendo así declarar la nulidad del acto jurídico de transferencia del inmueble de LIPSA a la COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE CEREALES S.A. y su posterior transferencia al BNT, por no ser titular de dominio de la superficie transferida; individualizada como Finca No. 1864 de Lima, con Padrón No. 1946, formalizada por Escritura Pública No. 227 del 14 de noviembre de 1990, pasada ante la Escribana YOLANDA PERALTA DE MORA, inscripta bajo el No. 1, folio 1 y sgtes. en fecha 16 de noviembre de 1990. Arguye, que no corresponde la cancelación total de la superficie de la Finca No. 1242 de Lima (actualmente No. 1715 de Tacuati) cuando la misma se encuentra afectada parcialmente por superposición de la Finca No. 1864 de Lima, en aproximadamente 534 has., quedando una superficie de 463 has. Libre de todo litigio; asimismo, en lo referente a la demanda de reivindicación que ha promovido el BNT sobre la Finca N° 1242 de Lima, sobre una superficie de tierra de dominio privado que no le pertenece en propiedad, que no fue objeto de litigio, a más de no estar determinada, limitada, ni probada su ubicación. Finalmente, el Juzgado rechaza la demanda reconvencional de nulidad de acto jurídico promovida por el señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA contra el BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES, pero no se pronuncia sobre la procedencia con respecto de las partes codemandadas LA INDUSTRIAL PARAGUAYA S.A. y la COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE CEREALES S.A.. Termina su exposición con la formulación del petitorio de rigor.
Corrido el traslado la parte contraria, representada por el Abogado CARLOS ALBERTO ZILBERVARG, presenta su escrito de fs. 851/854 de autos, rechazando las alegaciones expuestas por la parte apelante y manifestando su defensa de la resolución recurrida. Dice, que el demandado no ha probado la legitimidad del título de propiedad correspondiente a la Finca No. 1242 de Lima; sin que el referido excedente fiscal se haya inscripto como tal en los registros públicos. Manifiesta, que corresponde la nulidad de la Finca No. 1242 de Lima y la reivindicación de la Finca No. 1864 de Lima, demandadas por su parte contra el INDERT y el señor JOSE MARIA BARRIOS; advirtiendo, que el INDERT ya ha convalidado esta decisión, al no haber apelado la resolución. Arguye, que su parte ha demandado la nulidad, cancelación de inscripción y reivindicación de la Finca No. 1242 perteneciente al señor JOSE MARIA BARRIOS, que se originó en los expedientes administrativos del INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL (hoy INDERT) Nos. 7537/71 y 8085/74; cuya nulidad fue solicitada por su parte porque nunca se han realizado las mensuras exigidas por los Arts. 160 y 166 de la Ley del Estatuto Agrario (IBR) hoy Arts. 104 y 108 de la Ley No. 1863/02 que establece el Estatuto Agrario del Indert; cuando el IBR adjudicó tierras que eran propiedad de la Industrial Paraguaya S.A., propietaria de la Finca No. 41 y que se encuentra dentro del mismo terreno de la Finca No. 1864, superpuestas. Agrega, que el INDERT no ha apelado la sentencia dictada, quedando firme y consentida para dicha institución; también, para el Estado Paraguayo al haberse declarado mal concedido los recursos interpuestos por la Procuraduría General de las República. Arguye, que el a quo ha decidido en su sentencia en base a dos pruebas relevantes obrantes en el juicio. El informe de la Dirección General de los Registros Públicos y; las conclusiones periciales. Agrega, que el inmueble vendido por el IBR sin determinar el excedente fiscal es inhábil para invocar el derecho de propiedad; por lo que la venta al señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA es irregular. En cambio la adversa no ha destruido el derecho de su parte sobre el inmueble de su propiedad, habiendo el Juzgado decidido que la Finca No. 1864 del Distrito de Lima le pertenece al BNT; que tuvo su origen en una propiedad privada. Consecuentemente el Juzgado resuelve a su favor la demanda de reivindicación y el desalojo peticionadas por su parte. Termina su contestación con el petitorio de rigor.
A su turno, el representante del BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES, presenta la fundamentación del recurso de apelación interpuesto sobre el punto 4 de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, conforme obra a fs. 855 de autos. Manifiesta, que no corresponde las costas en el orden causado, desde el momento que la contraria se ha opuesto la demanda incoada y también ha reconvenido por nulidad. Y no existen méritos para liberarle -total o parcialmente- de las costas.
Concluye su alegación con el petitorio de rigor.
La parte contraria representada por la Abogada MARTA ALBERICH, presenta su escrito de contestación de fs. 857/860.
Dice que en el caso de autos, sus especiales y particulares características, los hechos que conformaron el litigio, sus antecedentes y la forma en que se desarrolló la cuestión debatida es lo que induce a la forma de imponer las costas en el orden causado. Agrega, que su cliente se vio obligado a demandar la nulidad del acto jurídico invocado por la adversa, por un derecho real adquirido, legítimamente y como propietario y poseedor; sin que la sentencia recurrida se encuentre firme y ejecutoriada.
Termina así con el petitorio de rigor.
Por su parte el representante del INDERT, presenta su escrito de contestación. Aduce, que por el carácter que le enviste a su representada como una institución del Estado Paraguayo que conforme la Ley No. 2419/2004, le exonera del pago de las costas. Concluyendo con el petitorio de rigor.
De las constancias de autos, y a los efectos del reexámen de la sentencia en alzada, la parte codemandada representada por la Abogada MARTA ALBERICH recurre la resolución en lo que hace el fondo de la cuestión resuelta. Mientras que la parte actora representada por el Abogado CARLOS ALBERTO ZILBERVARG, se agravia contra el numeral 4 de la parte resolutiva que impone las costas en el orden causado. Consecuentemente, corresponde el tratamiento de esta apelación conforme el orden predicho.
Así, el BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES (en quiebra), demanda la nulidad y cancelación de inscripción, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT) y el señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA, del inmueble individualizado como Finca No. 1242 del Distrito de Lima, a nombre del codemandado señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA, que fuera adquirido del entonces INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL (IBR) hoy INDERT. Como también la parte actora demanda la reivindicación del inmueble de su propiedad individualizado como Finca No. 1864 del Distrito de Lima; consecuentemente su desalojo.
Invoca la demandante para su pretensión, que el inmueble de su propiedad con superficie de 2344 Hectáreas con 4429 Metros Cuadrados, le fue adjudicado en remate público. Y se superpone a esta 1282 Hectáreas con 2041 Metros Cuadrados y 997 Hectáreas con 443 Metros Cuadrados. La primera correspondiente a la Finca No. 938 del Distrito de Lima a nombre de la firma PEGA S.A. y; la segunda individualizada como Finca No. 1242 del Distrito de Lima perteneciente al señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA (codemandado). Que fueron adquiridos del IBR hoy INDERT, individualizados con los expedientes administrativos Nos. 8085/74 y 7537/73, respectivamente.
La parte recurrente el codemandado señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA -por medio de su representante convencional- alega, que el origen del derecho de propiedad invocado por el BNT se basa en un inmueble inexistente. Ya que cuando la INDUSTRIAL PARAGUAYA S.A. le vendió a la COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE CEREALES S.A., el inmueble individualizado como Finca No. 41 del Distrito de Lima, ya había enajenado toda la superficie de tierra que tenía. Mientras que el inmueble de su propiedad fue adquirido del entonces IBR hoy INDERT, proveniente de un excedente fiscal, que le otorga plena validez a su título. Y que el mismo es poseedor del inmueble hace más de 37 años, en forma continua, pública, pacifica e ininterrumpida. Que son hechos probatorios que no fueron considerados en la sentencia.
Además, la parte recurrente codemandada ha reconvenido por nulidad del acto jurídico de transferencia del inmueble individualizado como Finca No. 18 64 del Distrito de Lima a nombre del BNT; por ser nulos en cuanto a su objeto, ante la superposición de título del acto jurídico nulo.
En cuanto a los medios probatorios producidos, conforme la apertura del periodo de probanza dictado por A.I. No. 1529 de fecha 24 de octubre de 2014. Las partes han practicados las pruebas: documental, confesoria, pericial y de informe.
De la prueba confesoria, en el pliego de posiciones el absolvente señor JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA (codemandado); ante la pregunta del cuestionario del punto 4 "Diga como es verdad que Ud. sabe. Que luego de varios desprendimientos de la finca madre por ventas que hizo la Industrial Paraguaya S.A. a diversas personas, en el año 1990 vendió el resto de la finca con una superficie de 3936 Has. 4995 mts2. A la empresa Compañía Sudamericana de Cereales S.A. como Finca No. 1864 del Distrito de Lima.". El mismo confiesa, "si, y aclara que eso creo que consta en el expediente.". A la pregunta del cuestionario del punto 7 "Diga como es verdad que Ud. sabe que de esa superficie Ud. ocupa 997 Has. 443 mts2. Que corresponden a la Finca No. 1242." (refiriéndose la pregunta a la Finca No. 1864 del Distrito de Lima con una superficie de 2344 Has. Con 4429 Mts2., perteneciente al BNT). El absolvente responde "si, y aclara que eso consta en el expediente.". A la novena pregunta del cuestionario "Diga como es que es verdad que Ud. sabe que el IBR le vendió una finca particular superpuesta.". El codemandado responde "si.".
En cuanto a la prueba pericial. Constan en autos los informes periciales de fs. 539/558, del Topógrafo EUGENIO RAMON DIAZ BARRIOS (parte codemandada seriar JOSE MARIA BARRIOS VILLALBA) y de fs. 559/573, del Ingeniero PEDRO R. ANDINO (designado por el Juzgado).
En el informe del perito EUGENIO RAMON DIAZ BARRIOS, en su parte conclusiva, no basa su estudio en datos ciertos y objetivos. Se limita a dar conclusiones sentados en deducciones meramente subjetivas.
En lo referente al informe pericial del perito PEDRO ROSALINO ANDINO, en su parte concluyente expone "(...de acuerdo a sus antecedentes técnicos (rumbos: distancias y linderos) y dominiales queda ubicada en el plano judicial No. 31/53, identificada como Finca No. 41 del Distrito de Lima, Octava Sección, bajo el No. 1 al folio 1 y sgtes. del año 1954, propiedad de la INDUSTRIAL PARAGUAYA S.A.)...Es decir dentro de la Finca No. 41 de Lima, plano judicial No. 31/53.". Evidentemente, estas conclusiones tienen bases objetivas sustentadas en cálculos técnicos; que hace fiable dicha conclusión para una decisión jurídica, conforme la norma prescrita en el Art. 360 del Código Procesal Civil.
En lo relacionado a la prueba de informe. A fs. 06 de autos consta el Certificado de Condiciones de Dominio expedido por la Dirección General de los Registros Públicos; que determina que el inmueble resto de la Finca No. 41 titularidad de la firma LA INDUSTRIAL PARAGUAYA S.A., se encuentra libre para la venta a la firma COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE CEREALES S.A.
Al respecto, cabe precisar que los informe expedidos por la Dirección General de los Registros Públicos, sobre los derechos dominiales y sus titulares gozan del principio registral de la buena fe; conforme lo establecen los Arts. 280 y 330 del Código de Organización Judicial y tienen el carácter de instrumentos públicos de acuerdo al Art. 375 inc. g) del Código Civil Paraguayo y gozan de plena fe por lo previsto en el Art. 383 del mismo orden legal; mientras no fueren argüidos de falsos en juicio principal o por incidente y concordante con el Art. 308 del Código Procesal Civil. Cuestión que no se ha dado en este caso por la parte codemandada y recurrente.
Así, la prueba pericial más idónea del perito PEDRO ROSALINO ANDINO y la prueba de informe de la Dirección General de los Registros Públicos del Certificado de Condiciones de Dominio, con concluyentes en cuanto se puede afirmar que el inmueble individualizado como Finca No. 1864 del Distrito de Lima propiedad del BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES, deviene originariamente de la Finca No. 41 perteneciente a LA INDUSTRIAL PARAGUAYA S.A. (finca madre). Y que el inmueble individualizado como Finca No. 1242, que deviene en origen del INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL (IBR) hoy INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT); fue adquirido por el codemandado y recurrente conforme el Expediente administrativo No. 7537/73 y se halla superpuesta sobre la propiedad privada del BNT (parte actora).
Por otro lado, el excedente fiscal alegado por la apelante; el cual manifiesta haber adquirido del ente administrador de la reforma agraria, tiene el defecto de no estar perfeccionado su derecho al no estar inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos; hecho que fue marcado por el perito del Juzgado en su informe. Y afirmado por el mismo codemandado en la audiencia de absolución de posiciones. Además de otras confesiones del mismo en tal acto como lo señalado en párrafo anterior; de los cuestionarios 4; 7 y 9.
Ahora, del lo alegado por la recurrente invocando las disposiciones del Código Civil Argentino (anteriormente vigente en nuestro país) del artículo 953 hoy en el Código Civil Paraguayo Art. 299 y; que limita la teoría de la autonomía de la voluntad. Se ve, que el acto de la adquisición del inmueble por parte del codemandado del IBR hoy INDERT, se encontraba viciado en su origen; desde el momento que la institución procedió a vender un inmueble que no estaba declarado como excedente fiscal.
Es decir, seguía siendo del dominio privado del particular. De ahí que el artículo 299 del Código Civil Paraguayo establece que no puede ser objeto de los actos jurídicos "lo comprendido en una prohibición de la ley". Entiéndase, que en el derecho administrativo, todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido.
En cuanto a la reivindicación demandada por la actora y también cuestionada por la recurrente. Consta en autos que el representante convencional del BNT ha presentado la acción de reivindicación, la que conforme el Art. 2407 del Código Civil Paraguayo le compete al propietario; es decir al BNT. Y habiendo abonado todos los requisitos y pruebas de su titularidad, corresponde hacer lugar.
Ahora bien, en cuanto al agravio expuesto por la parte actora referente a la imposición de costas en el orden causado. Se observa en la sentencia recurrida que el a quo al momento de tratar las costas en su considerando, no ha fundamentado las razones por el cual exoneraba parcialmente de las mismas a la parte demandada. Ya que conforme el seguimiento de las actuaciones del proceso la recurrente siempre se ha manifestado en oposición de la pretensión de la actora; incluso habiendo promovido una demanda reconvencional. Consecuentemente, debe aplicarse el principio general de las costas previstas en el Art. 192 del Código Procesal Civil e imponer las costas en la instancia anterior a la parte demandada.
En cuanto, a la contestación de la apelación fundamentada por el BNT por parte del INDERT, la misma se encuentra amparada por la Ley N° 2419/2004, de la cual se le exonera de costas. En cuanto a la contestación de la Procuraduría General de la República ésta sigue la misma suerte que el INDERT por ser tercero coadyuvante en el proceso.
Entonces, estando reunidos los requisitos y acreditados los extremos de la titularidad del inmueble individualizado como Finca No. 1864, Padrón No. 1946 del Distrito de Lima, propiedad del BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES, corresponde confirmar la sentencia recurrida en todas sus partes.
En cuanto a las costas en esta instancia corresponde imponer las mismas a la parte recurrente de conformidad a lo dispuesto en el Art. 203 del Código Procesal Civil.
A SU TURNO EL DR. CASTIGLIONI, DIJO; EN CUANTO AL RECURSO DE APELACION: Que en cuanto al recurso de apelación contra la S.D. N° 229 de fecha 04 de mayo de 2016 adhiero al voto del colega preopinante, Dr. Nery Villalba, en el mismo sentido y por sus fundamentos, sin embargo, dada la complejidad de caso, me permite sustentar la razón por la cual adhiero a dicho voto. Es que, analizado el caso, se constata que la causa de todo el problema radica en que del título de propiedad original de donde proviene el de la parte actora, el I.B.R. (actual INDERT) creó un excedente en forma de una mensura realizada en forma unilateral. Que revisados los antecedentes más próximos, se constata que cuando adquirió la Industrial Paraguaya S.A.. Finca N° 41, que se refiere al lugar del terrero en conflicto se realizaron varios desprendimientos. Ésta empresa vendió Compañía Sudamericana de Cereales S.A. y de ésta a su vez tuvo dos desprendimientos nuevamente, y cuando el Banco Nacional de Trabajadores adquirió el inmueble en cuestión, el mismo tenía una superficie de 2.344 Has. Con 4429 mts. cuadrados. Es a partir de que esta medida que se produjeron dos desprendimientos más, pero de una forma ilícita, pues dichos desprendimientos se originaron en los títulos de propiedad del excedente creado unilateralmente por I.B.R. y que no coinciden con los antecedentes) citadas. Anteriormente, integrando por sustitución la C.S.J. he dado mi opinión en el sentido que es inconstitucional, la forma de establecer el excedente en forma unilateral, sin la participación del propietario y que es lo que ocurrió ahora. Por lo tanto, el título de propiedad del señor José Maria Barrios Villalba no tiene una causa legal que le dé validez, pues adquirió del I.B.R. quien no tenía derecho sobre el excedente, pues la medición de la finca N° 41 de San Pedro, nos dice que se desprendió ilícitamente al achicar la superficie que le correspondía y por tener una causa ilícita, en el sentido civil, corresponde anular los desprendimientos realizados a partir del establecimiento unilateral del excedente que no existía y que fue sustraído del título original. Esta es la razón por la cual adhiero al voto del Dr. Nery Villalba, en el mismo sentido y alcance. Es mi voto.
Con lo que terminó el acto, firmando los Sres. Miembros de conformidad y quedando acordada la sentencia que sigue a continuación, toda por ante mi, de lo que certifico.
Asunción, 20 de abril de 2.018.
CONFIRMAR la sentencia apelada, en todas sus partes.
REVOCAR la sentencia recurrida en el numeral 4 de la parte resolutiva e imponer las costas a la parte demandada.
IMPONER las costas en esta instancia a la perdidosa.
Abg. Valeria Allen G. Actuaria

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