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Timestamp: 2020-07-13 13:54:55+00:00

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Sobre los relativamente nuevos criterios de clasificación de inmuebles del Estado: ¿Ayudará a mejorar la gestión inmobiliaria estatal? | Enfoque Derecho | El Portal de Actualidad Jurídica de THEMIS
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El presente artículo analiza los criterios de clasificación de los inmuebles de propiedad para, posteriormente, determinar si los mismos facilitan su administración y disposición.
Por Franco Soria Palacios, socio del área Inmobiliaria y Saneamiento de Tierras de Rubio, Leguía, Normand & Asociados
En el presente artículo analizaremos los “nuevos” criterios de clasificación de los inmuebles de propiedad estatal y sus efectos prácticos. Ello sobre todo a fin de determinar si los mismos facilitan su administración y disposición; más aún en la actual coyuntura de muy grave crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19.
Por Ley N.° 29151 se reconoce a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en adelante SBN como el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y como la entidad encargada de normar y supervisar los actos de adquisición, disposición, administración y registro.
El artículo 6 literal a) del TUO de la Ley N.° 29151 aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, establece que una de las finalidades del sistema es el siguiente:
“(…) Contribuir al desarrollo del país promoviendo el saneamiento de la propiedad estatal, para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del portafolio inmobiliario del Estado de acuerdo al marco de su competencia[1]”. ​
Antes de analizar la clasificación de inmuebles estatales, consideramos necesario resaltar la importancia del saneamiento de la propiedad estatal, lo cual es reconocido como una finalidad del sistema. Al respecto, es fundamental, establecer adecuadas políticas de saneamiento de la propiedad inmueble en su conjunto para incentivar la inversión pública y privada. En el actual estado de emergencia sanitaria, se han hecho notarias nuestras graves carencias en infraestructura de diversa índole (salud, telecomunicaciones, educación, saneamiento, etc) y uno de los problemas recurrentes para perjudicar el avance y ejecución de los proyectos es justamente, la dificultad en la ejecución del saneamiento de la propiedad estatal y privada. Por lo tanto, hay muchísimo por hacer y avanzar en ese campo.
Respecto de la clasificación de bienes del Estado, hay varios criterios:
1.- Clasificación de los inmuebles por su alcance o envergadura
1.1.- Nacional
Inmuebles que se encuentran bajo la administración de la SBN, Ministerios u entidades de alcance nacional. De acuerdo al artículo 4, literal a) del T.U.O de la Ley N.° 29151: “Son aquellos bienes comprendidos en los incisos c), d), e), f), g) y h) del numeral 3 del artículo 2 del Decreto Supremo N.°023-2004- PCM[2]”.
Es importante tener en cuenta que siendo la SBN el ente rector del sistema de bienes estatales, no tiene la titularidad de todos los inmuebles estatales. Hay muchas otras entidades públicas que también administran un importante número, tales como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, entre otros.
1.2.- Regional
Inmuebles que se encuentran bajo la administración de los Gobiernos Regionales. Cabe indicar que a su creación, los Gobiernos Regionales asumieron las propiedades de los bienes que correspondían a los antiguos Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR).
Adicionalmente, a la fecha la SBN ha transferido sus competencias[3] a los siguientes Gobiernos Regionales: Callao, Tacna, Arequipa, Lambayeque, Tumbes, San Martín y Amazonas. Entendemos que dicha transferencia debe significar ejercicio de competencias funcionales, así como transferencia de propiedad de predios en el ámbito de su respectiva jurisdicción, salvo bienes de alcance nacional.
1.3.- Municipal
Bienes bajo la administración de las municipalidades distritales y locales. El artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades define los bienes municipales[4] .
Cabe tener en cuenta que de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática existirían 196 municipalidades provinciales y 1,655 municipalidades distritales por lo que en este nivel de gobierno existe una gran dispersión y muchas veces falta de capacitación en la gestión de bienes estatales.
Respetando, en su adecuada dimensión, las autonomías regionales y municipales; considero que es necesario repensar el proceso de descentralización por varios motivos:
Se requiere adecuada especialización para la gestión inmobiliaria estatal. Sería ideal que todas las regiones tengan personal especializado y en el número suficiente, pero por diversos motivos (económicos, profesionales, etc), creemos que ello no es así.
En el caso de las Regiones a las que la SBN ha transferido competencias funcionales, el nivel de avance ha sido muy poco o nulo. A la fecha, tramitar cualquier procedimiento de inmuebles estatales en algún Gobierno Regional suele ser extremadamente engorroso y muchas veces sin posibilidad de obtener respuestas. Ello retrasa la ejecución de múltiples proyectos a nivel nacional.
Entre las muchas cosas por hacer en materia inmobiliaria estatal, el tema del mejoramiento de la gestión de los gobiernos regionales y/o el repensar el modelo de descentralización, es algo fundamental y necesario.
2.- Inmuebles de Dominio público y dominio privado
Es la clasificación clásica y la más reconocida. La regulación de los bienes de dominio público y privado tiene alcance constitucional. Así el artículo 73 de la Constitución de 1993 establece:
“Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico”.
El T.U.O. La Ley N° 29151 reconoce la titularidad del Estado sobre los bienes de dominio público y privado. A su vez el Reglamento de la Ley N.° 29151, aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2008-VIVIENDA, establece lo siguiente:
“Artículo 2.2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
b) Bienes de dominio privado del Estado: Aquellos bienes estatales que siendo de propiedad del Estado o de alguna entidad, no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus atributos.
Los bienes de dominio público son aquellos que están destinados:
Al uso público: Aquellos bienes que pueden ser utilizados libre e indistintamente por cualquier ciudadano sin posibilidad de exclusión[5] salvo por una limitación material o física. Los ejemplos clásicos son los indicados en el Reglamento de la Ley N.° 29151, tales como: playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos. En principio dicho tipo de bienes puede ser utilizado por cualquier persona. Sin embargo, la realidad nos hace ver que no siempre esta condición se cumple y para ello cabe revisar la situación de algunas playas de nuestro litoral costero en donde el acceso a los ciudadanos es restringido, situación que es claramente ilegal.
Al servicio público: Sirven de soporte para la prestación de un servicio público por parte del Estado. El Reglamento de la Ley N.° 29151 establece una serie de ejemplos como: Palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos y otros.
Tienen como principales características:
No se pueden efectuar actos de disposición ni de gravamen sobre este tipo de bienes. La Constitución permite que puedan ser otorgados en concesión[6].
b) Imprescriptibles
Al estar destinados al uso público o a la prestación de un servicio público no corresponde ejercer un uso privado y excluyente respecto de este tipo de bienes. Es por ello que la Constitución y la doctrina reconocen pacíficamente que sobre este tipo de bienes no cabe prescripción adquisitiva de dominio al no poder ser materia de derechos privativos.
c) Inembargables
Nuevamente, al ser bienes destinados al uso público o a la prestación de un servicio público, tienen una naturaleza especial y por ello no corresponde efectuar embargos contra ellos, para garantizar el pago de acreencias contra el Estado. Se prohíbe la posibilidad del embargo dado que ello podría significar un posterior remate del bien para el cobro de la acreencia.
2.2.- Bienes de dominio privado
Los bienes de dominio privado del Estado tienen una definición por negación, al ser todos aquellos que no están destinados ni al uso público ni a la prestación de un servicio público. Por lo tanto, no tienen las características ni la protección especial de este tipo de bienes. Sus principales características son:
a) Transferibles
El artículo 74 del Reglamento de la Ley N.° 29151 establece:
“Los bienes de dominio privado estatal pueden ser objeto de compra venta solo bajo la modalidad de subasta pública y excepcionalmente por compra venta directa”.
Por lo tanto para proceder a la venta de un bien de propiedad del Estado se debe verificar que sea de dominio privado y de libre disponibilidad.
b) Embargables
Los bienes de dominio privado del Estado pueden ser embargados para garantizar el pago de deudas por parte del Estado. Su embargo y posterior posible remate no afecta ni la prestación de un servicio público ni el uso público.
c) ¿Prescriptibles?
Con la emisión de la Ley N.° 29618 se establece que los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles. Recientemente el Tribunal Constitucional emitió sentencia ratificando la constitucionalidad de dicha norma.
3.- Sobre la relativamente nueva definición de inmuebles del Estado.
El artículo 3 de la Ley 29151 establecía que eran bienes estatales:
“Son los bienes muebles e inmuebles de dominio público y dominio privado del Estado que tienen como titular al Estado o cualquier entidad que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales”.Dicha definición, incluía a todos los bienes muebles e inmuebles de dominio público y privado.
Posteriormente, el Decreto Legislativo N.° 1439, que aprueba el Sistema Nacional de Abastecimiento, en su primera disposición complementaria modificatoria, precisa la anterior definición de bienes del Estado y establece:
La modificación es importante dado que solo incluye a los predios[7] como terrenos, playas e islas y excluye a los terrenos con construcciones y edificios que quedan fuera del ámbito de la Ley N.° 29151 y del Sistema Nacional de Bienes del Estado cuyo ente rector es la SBN.
A su vez, el Reglamento del Decreto Legislativo 1439 aprobado por Decreto Supremo N.° 217-2019-EF establece en su artículo 4 numeral 1, que para los efectos del Reglamento y del Sistema Nacional de Abastecimiento, será considerado como inmueble:
“(…) Son aquellas edificaciones bajo administración de las Entidades, independientemente del título jurídico en virtud del cual la ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas, destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente de su uso efectivo (…)”
Por ello, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1439 y su Reglamento, todos los terrenos estatales (que se encontraban bajo la administración de la SBN) con edificaciones (construcciones y/o edificios), pasarán a estar bajo la administración de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía[8] quien a su vez cumple la función de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Respecto a lo que se debe entender por edificaciones, tenemos que:
El artículo 3, numeral 2 del T.U.O[9]. de la Ley 29090, de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, define como edificación:
(…)“ Resultado de construir una obra de carácter permanente sobre un predio, que cuente como mínimo con proyecto de habilitación urbana aprobado; y, cuyo destino es albergar a la persona en el desarrollo de sus actividades. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella.”
A su vez la norma G40 del Reglamento Nacional de Edificaciones define como edificación:
“Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella”.
De acuerdo a ambas normas y al contexto en que se emitió el Decreto Legislativo 1439, es claro que los edificios se encuentran dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entendemos que dicha decisión buscaría establecer mayor control y orden en la gestión y uso tanto de los edificios de propiedad estatal así como en la toma de decisión de entidades públicas de alquilar edificios de particulares para la prestación de servicios públicos.
Por lo tanto, a la fecha y de acuerdo a la legislación vigente, en lo que respecta a bienes inmuebles de propiedad del estado tenemos un sistema dual:
Los terrenos sin construcción se encuentran bajo la rectoría de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y del Sistema Nacional de Bienes del Estado.
Los terrenos con edificaciones se encuentran bajo la rectoría de la Dirección de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Ambos sistemas podrán administrar tanto bienes de dominio privado del Estado como de dominio público.
Finalmente, cabe indicar que la segunda disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo N.° 1439 incorpora una séptima disposición complementaria final a la Ley N.° 29151 que establece lo siguiente:
“Toda referencia en la presente Ley y en otras normas complementarias y conexas, a los términos “bienes estatales”, “bienes”, “bienes inmuebles” e “inmuebles” debe entenderse conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley”.
Este artículo buscaría reforzar el nuevo alcance, mucho más limitado, de la definición de bienes estatales para la Ley N.° 29151.
Este nuevo sistema de clasificación de inmuebles estatales, tiene una serie de implicancias prácticas importantes, que deben ser tomadas en cuenta. Así tenemos:
Para la prescripción adquisitiva de dominio de inmuebles de propiedad estatal[10].
Para la transferencia de propiedad estatal para proyectos de infraestructura (Al amparo del TUO del Decreto Legislativo N.° 1192).
Para la transferencia de bienes del Estado para el proceso de reconstrucción con cambios, al amparo de la Ley N.° 30556.
Para las transferencias de propiedad estatal al amparo de la Ley 29151.
Para la desafectación de bienes de dominio público, en los casos que corresponda.
Para el desalojo “extrajudicial” de las invasiones u ocupaciones ilegítimas sobre los predios de propiedad del Estado y al amparo de la Ley 30230[11].
En cada uno de los procedimientos antes indicados se tendrá que determinar previamente, si nos encontramos ante un inmueble que cuente o no con edificaciones a efectos de determinar la entidad competente (SBN o MEF).
Sobre lo indicado, podemos efectuar los siguientes comentarios finales:
A la fecha existe un sistema dual en la gestión de inmuebles del Estado. Los edificios se encuentran dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento y bajo la rectoría de la Dirección de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, los predios sin edificaciones se mantienen bajo la rectoría de la SBN.
Entendemos que esta división en la gestión de inmuebles, ha sido generada principalmente buscando dos finalidades principales: i) La búsqueda de mayor eficiencia en la gestión y uso de los edificios del Estado y ii) Establecer regulación y/o criterios generales para la toma de decisión de entidades públicas en alquilar edificios privados y para la prestación de servicios públicos.
Respecto de la primera finalidad, imaginamos que se debe haber llegado a la conclusión que la SBN no cumplía adecuadamente con la gestión de los edificios estatales y por ello el MEF estaría en mejores condiciones de hacerlo. Habrá que ver en algunos meses, si efectivamente se dan mejoras en dicha gestión y teniendo en cuenta que el Decreto Legislativo ha sido emitido en septiembre del 2018.
Respecto de la segunda finalidad, entendemos que se busca efectuar mayor regulación y/o control para que el alquiler de edificios u oficinas privadas a favor del Estado sea más transparente, uniforme y homogéneo. Nuevamente, sobre este punto, veremos cómo se desarrolla la regulación y los niveles de eficiencia que el nuevo sistema podrá generar.
Como idea general, creemos que la división de la administración de inmuebles en dos entidades, puede generar algún nivel de confusión entre los operadores y administrados.
Sobre el tema de los edificios estatales, creemos que hay una gran disparidad en su uso. Algunas entidades estatales tenían y/o tienen edificios muy amplios y cómodos para el cumplimiento de sus funciones, mientras otras carecen de espacio y/o trabajaban hacinados (incluso incumpliendo normas de seguridad). Sería ideal poder alcanzar un nivel de uso más homogéneo.
Como antecedentes de medidas que buscaban establecer medidas para de alguna forma uniformizar el uso de los edificios estatales, tenemos que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2008- VIVIENDA se crea en el ámbito de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, el “Proyecto Especial para la Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo”, denominado “PROSEDE” que tenía por finalidad diseñar y desarrollar los Proyectos Arquitectónicos para la Reubicación de las Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo. Dicho proyecto no llegó a prosperar.
Sin perjuicio de lo antes indicado, a la fecha y con la grave crisis generada por la pandemia del covid -19, corresponde reevaluar el uso de los edificios estatales teniendo en cuenta que por normas de seguridad y para reducir la posibilidad de contagio, un gran número de trabajadores estatales (al igual que en empresas privadas) efectuarán sus labores desde sus domicilios. Lamentablemente, esta situación debe durar algunos meses[12] y ello podrá significar que algunas (o quizá la mayoría) de entidades públicas puedan tener espacios libres y sin utilizar.
Asimismo, también correspondería tener en cuenta que, debido a la pandemia, habrán algunos edificios privados de oficinas que se encontrarán libres por distintas circunstancias: i) Arrendatarios que los desocuparán ante dificultad de seguir efectuando el pago de la renta y mantenimiento. ii) Espacios libres, ante la menor necesidad de uso de oficinas por el “tele trabajo”. iii) Dificultad para obtener nuevos arrendatarios.
Ello y como ya se está viendo, generará un reacomodo en el mercado de alquiler de oficinas (tanto en precios, en menor demanda de grandes espacios y quizá un aumento de demanda de espacios más pequeños). Estas circunstancias, deberían ser tomadas en cuenta por de la Dirección de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas.
Cabe plantearse la pregunta: ¿El Estado puede o debe renegociar los contratos de alquiler de oficinas que mantiene vigentes, en su calidad de arrendatarios?[13]
En general, se debe incentivar que el Estado desarrolle políticas para un adecuado uso y gestión de sus inmuebles y en esa línea, por ejemplo, se desarrollen mecanismos para una mejor y más pronta disposición de los inmuebles estatales para la ejecución de proyectos tanto públicos como privados[14].
Es fundamental avanzar en la implementación de adecuadas políticas de saneamiento de la propiedad inmobiliaria estatal y con ello coadyuvar a la ejecución de proyectos de infraestructura.
Existiendo avances en el tema, es necesario tener un mayor nivel de información de toda la propiedad inmobiliaria estatal. Será ideal contar con partidas registrales, planos, videos y fotografías de todos los inmuebles estatales. Hay muchas herramientas tecnológicas que pueden ayudar en dicha labor y cuyo uso debe ser cada vez más intenso.
Corresponde evaluar la labor de los Gobiernos Regionales en la gestión de la propiedad inmobiliaria estatal. Creemos que la gestión en la mayoría de los Gobiernos no ha sido eficiente, por diversos factores.
Hay mucho por hacer para seguir mejorando la gestión inmobiliaria del Estado. Que la pandemia sea un incentivo para ser cada vez más eficientes!!
[1] El Decreto Legislativo 1439, promulgado el 15 de setiembre del 2018 agregó la frase final. “De acuerdo al marco de su competencia”. El sentido de dicha frase agregada, obedece a que en realidad el sistema de administración de inmuebles fue dividido entre la SBN y el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme desarrollaremos más adelante.
[2] ) Los bienes muebles e inmuebles del Estado no registrados como activos de los Gobiernos Regionales, ni de los Gobiernos Locales, excepto los considerados en el punto 2.b del presente artículo; d) La infraestructura pública a cargo de la administración de Entidades públicas conformantes del Gobierno Nacional, excepto las Empresas Estatales que deberán ser jerarquizadas mediante norma específica; e) La infraestructura y equipos de la Defensa y Seguridad Nacional, Orden Interno, Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; f) Los bienes muebles e inmuebles reservados para la administración de una entidad pública, conforme a norma legal expresa; g) Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Nacional ubicados en el extranjero, en calidad de sedes diplomáticas, militares, policiales, incluyendo aquellos reconocidos como tales por las leyes y tratados internacionales; h) Los bienes que adquiera conforme a ley.
[3] De acuerdo al artículo 62 literal b) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: “Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
[4] “Son bienes de las municipalidades: 1. Los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios públicos locales. 2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidos por la municipalidad. 3. Las acciones y participaciones de las empresas municipales. 4. Los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien que represente valores cuantificables económicamente. 5. Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le transfiera el Gobierno Nacional. 6. Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas. 7. Los legados o donaciones que se instituyan en su favor. 8. Todos los demás que adquiera cada municipio. Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público.
[5] Lo cual constituye una diferencia fundamental con los bienes de propiedad privada.
[6] Es por ello que la prestación de algunos servicios públicos puede ser dado en concesión. Así por ejemplo la gestión de algunas carreteras. Por otro lado, el T.U.O del Decreto Legislativo 1192- Ley de expropiación ha establecido la posibilidad de transferir bienes de dominio público.
[7] De acuerdo al artículo 3 literal m del Decreto Supremo N.° 005-2006-JUS se define como predio a: “La superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada, y se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial, excluyéndose del suelo y subsuelo a los recursos naturales, los yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes regidos por leyes especiales”.
[8] Se debe tener en cuenta que la norma se emite luego de algunos cuestionamientos en medios de prensa ante el alquiler de edificios de oficinas de algunas entidades públicas como SUNARP, OSCE Y QaliWarma.
[9]Aprobado por Decreto Supremo No. 006-2017-VIVIENDA.
[10] A la fecha se puede demandar prescripción adquisitiva de dominio contra propiedad estatal, siempre y cuando los requisitos se hayan cumplido antes de la emisión de la ley 29618.
[11] “Artículo 65. Recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal
Las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, a través de sus Procuradurías Públicas o quienes hagan sus veces, deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales que se realicen en los predios bajo su competencia, administración o de su propiedad, inscritos o no en el Registro de Predios o en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP; y recuperar extrajudicialmente el predio, cuando tengan conocimiento de dichas invasiones u ocupaciones, para lo cual requerirán el auxilio de la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad.
Si los organismos estatales omiten ejercer la recuperación extrajudicial, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en su condición de ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE, requerirá al Titular del organismo para que inicie, bajo responsabilidad, la recuperación dentro del término de cinco (5) días hábiles de notificado el requerimiento. Vencido este plazo y verificada la inacción, la Procuraduría Pública de la SBN iniciará o continuará las acciones de recuperación extrajudicial.
No procede la aplicación de los mecanismos de defensa posesoria establecidos en los artículos 920 y 921 del Código Civil en favor de los invasores u ocupantes ilegales de predios bajo competencia, administración o propiedad del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales; toda controversia sobre los supuestos derechos de quienes se consideren afectados por la recuperación extrajudicial, se tramitarán en la vía judicial y con posterioridad a la misma.
La recuperación extrajudicial no exonera de responsabilidad civil y/o penal a quienes ocuparon de manera ilegal los predios de propiedad estatal”.
[12] Esperemos que podamos superar los efectos de la pandemia en el menor tiempo posible.
[13] Por el momento lo dejamos como pregunta, ya que requiere un mayor análisis.
[14] Por ejemplo, en algunos casos, un procedimiento de venta directa, puede llegar a demorar entre uno a dos años de trámite.
Fuente de la imagen: Esculturas y Monumentos
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