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La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza la “obediencia debida” como causa de exención de responsabilidad.
El Pleno de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, en un sistema democrático, no cabe la exención de responsabilidad “por razón de la obediencia debida”, ya que “el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”. La resolución de la Sala se ha dictado al resolver un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Militar Central, que estimó a su vez el recurso de un guardia civil contra la sanción de reprensión que le impuso el jefe de la Agrupación de Tráfico del cuerpo por una falta leve de desatención del servicio.
El Supremo argumenta que en un sistema democrático no cabe la exención por razón de la obediencia debida, pues tal forma de ver las cosas se basa en un sistema autoritario. “El sistema autoritario defiende que quien manda, ordena una cosa que debe ser cumplida, aunque infrinja la ley y el que cumple no tiene responsabilidad por cumplirla. Lo que no ocurre en el sistema democrático constitucional en el que prima el cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad; nadie está por encima de la ley”, señala.
El TSJA falla a favor de una trabajadora que recibió menos salario que sus compañeros varones en Málaga
MÁLAGA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) –
La Sala de lo social, con sede en Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por una empresa en contra de una sentencia que acreditaba un trato “discriminatorio” a una trabajadora que llegó a recibir retribuciones más bajas que sus compañeros varones, perteneciendo esta al mismo departamento y al mismo rango del organigrama que ellos.
Tras el recurso, la anterior sentencia queda confirmada y condena a la empresa a indemnizar a la afectada con 35.000 euros por daños y prejuicios.
La empresa demandada presta servicios administrativos de gestoría en la tramitación de expedientes de operaciones financieras concertados. Tal y como apunta la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la afectada comenzó a trabajar para esta empresa en diciembre de 1994, ostentando la categoría de “profesional de oficial primera”. Más tarde, en 1996, fue nombrada responsable del departamento de Administración de la demandada.
El organigrama de cargos y departamentos de la empresa en cuestión figuran cuatro jefaturas o responsables de departamentos, una Secretaría Técnica y la Gerencia, de la que dependen jerárquicamente todos los responsables de departamentos. Todos los departamentos están ocupados por varones, excepto el de Finanzas que lo ocupa la afectada y que tiene esa denominación desde el año 2009, ya que antes se denominaba “departamento de Administración”.
En el año 2003, tras un “proceso de reestructuración de la empresa y la implantación de un nuevo organigrama”, la categoría profesional de la mujer afectada quedó encuadrada en “Oficial de primera”. La sentencia explica que las retribuciones que vinieron percibiendo todos los responsables de departamento, hasta febrero de 2017, estaban compuesta por dos conceptos: salarios e incentivos.
Sobre esto, argumenta que la empresa demandada no contaba con ningún sistema de fijación de incentivos, por lo que el abono de las cantidades a percibir por cada responsable emana de una “decisión unilateral y discrecional de la empresa” a través del gerente.
Por lo que aclara el fallo, los responsables de departamento sí percibieron un complemento retributivo durante las situaciones de incapacidad temporal hasta alcanzar el cien por cien de sus retribuciones, mientras que este complemento se le “denegó” a la afectada durante el tiempo que estuvo incapacitada para trabajar en marzo del 2017.
Además, la sentencia narra que en el año 2014, la empresa acordó con los trabajadores, la reducción de los incentivos para ese año, debido a “que la situación de la empresa no era óptima” y que para los años siguientes “se iría recuperando esta reducción”. En enero del 2016 la afectada observó que era “la única” de sus compañeros que no experimentó un incremento retributivo similar al de ellos en esos años, pasando a percibir retribuciones sensiblemente inferiores.
Tras haberse percatado, la mujer se dirigió a sus superiores para preguntarles acerca de los motivos que justificaban tales diferencias, “sin que conste que tuviera respuesta a sus preguntas”. En mayo de 2017 la trabajadora fue despedida de la empresa demandada. Las actuaciones se iniciaron en junio del mismo año, cuando la denuncia tuvo entrada en el Juzgado Decano y dictó una sentencia que fue recurrida por la empresa demandada.
La sentencia de instancia declaró la vulneración del derecho de la afectada a “no sufrir discriminación salarial por razón de sexo”, declarando la “nulidad radical de tal comportamiento empresarial por discriminatorio y contrario al principio de igualdad”; condenando a la empresa demandada a restituir el derecho de la mujer a percibir, desde enero de 2017, un salario anual de 48.950,16 euros, en lugar de los 33.672 euros que se consolidaron.
Finalmente, la sentencia de instancia condenaba a abonar a la trabajadora la indemnización de 35.000 euros por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.
El tribunal dispone que de los hechos probados de la sentencia recurrida se desprende que la mujer afectada durante los años 2014, 2015 y 2016 percibió unas retribuciones “sustancialmente inferiores” a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.
Asimismo, consta que está probado que la cantidad abonada a la trabajadora en concepto de incentivo “era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento”, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros. Por tanto, asegura que es “incuestionable” que la afectada recibió retribuciones más bajas que sus compañeros varones, por lo que “ante esos indicios discriminatorios” debe ser la empresa la que acredite esa diferencia retributiva aunque, “esa justificación no se ha producido”.
Tras todo ello, el TSJA ha desestimado el recurso de suplicación que la empresa demandada interpuso contra la sentencia que acreditaba un comportamiento “discriminatorio” con la trabajadora afectada que llegó a cobrar retribuciones más bajas que las de sus compañeros. Así, la sentencia recurrida ha quedado confirmada y condena a la empresa a indemnizar a la trabajadora.
El informe aprobado hoy, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, considera que la trasposición de la Directiva podría efectuarse sin necesidad de articular una nueva ley sino introduciendo las modificaciones exigidas por la norma europea en las españolas vigentes, en particular en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Competencia Desleal. Lo entiende así al estimar que se produce “cierto solapamiento normativo” en tanto que la violación de los secretos empresariales constituye un acto desleal que cae dentro del ámbito material de esta última.
Información secreta en el sentido de que no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión ni fácilmente accesible para ellas, según recoge la nota que precisa que esta definición es para el Consejo “imprecisa” y que el criterio para determinar cuándo una información debe ser considerada secreto empresarial “debería girar en torno a la existencia de un interés legítimo de su titular para mantenerla confidencial.
El texto aprobado por el Pleno también considera que sería conveniente que el anteproyecto “ofreciera pautas normativas para identificar lo más objetivamente posible la información y los conocimientos técnicos que integran el concepto de secreto empresarial frente a los conocimientos, experiencias y competencias del trabajador sobre los que no ha de pasar el deber de reserva”.
Así, para determinar qué conocimientos y experiencia adquiridos por el trabajador durante el tiempo que dura su relación con un empresario pueden ser puestos al servicio de otro una vez extinguida la relación con el primero, “cabe considerar que integran el acervo del trabajador aquellos conocimientos que, incluso recayendo sobre la información empresarial, las técnicas, los procedimientos, el know how o los conocimientos técnicos capaces de integrar el concepto de secreto empresarial, se encuentran tan estrechamente vinculados a la experiencia, capacidad y conocimientos del trabajador que, de no poder utilizarse, se impediría o limitaría excesivamente el desarrollo de su actividad profesional”, dice el Consejo.
El Supremo anula el indulto parcial del Gobierno concedido a María Salmerón en julio de 2016
SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) –
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha revocado y deja sin efecto el indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros, en funciones, el 22 de julio de 2016 a María Salmerón, la mujer sevillana maltratada condenada a seis meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel y a alejamiento por malos tratos.
El tribunal, en sentencia con fecha de 20 de marzo y a la que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género (Avilegen) y Antonio Ruiz Daza, el marido de María Salmerón y condena además al Gobierno de España a pagar 4.000 euros en concepto de costas.
El Consejo de Ministros aprobó el 22 de julio de 2016 un Real Decreto por el que indultó parcialmente a María Salmerón, que debía entrar en prisión para cumplir cuatro meses por un delito de desobediencia ya que no acató el régimen de visitas de su hija con el padre.
Según explicó entonces la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, Salmerón recibía un indulto parcial por el que se conmuta la pena de privación de libertad por 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad y siempre que abonara las responsabilidades civiles impuestas, dadas las “circunstancias excepcionales” que concurrían en su caso.
Salmerón debía ingresar el 20 de julio de 2016 en prisión en virtud de una sentencia firme que la condenaba a cuatro meses de privación de libertad por un delito de desobediencia al incumplir el régimen de visitas.
No era el primer indulto que recibía Salmerón de parte del Gobierno y por el mismo delito. En febrero de 2016 fue indultada parcialmente y se evitó que cumpliera seis meses en prisión por incumplir el régimen de custodia con el padre a cambio también de trabajos en beneficio de la comunidad.
Defensor del Pueblo tilda de “fracaso” las medidas judiciales sobre cláusulas suelo al no descongestionar los tribunales
Expone que, pese a que el Real Decreto buscaba la solución extrajudicial, las demandas judiciales superaron las 156.000 en 2017
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha calificado este lunes de “fracaso” el Real Decreto Ley 1/2017 sobre medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo, porque no ha conseguido su propósito de evitar una sobrecarga de trabajo en los tribunales.
Así se desprende del Informe Anual del Defensor del Pueblo relativo al año 2017 que expone que, si bien esta medida se dictó con el propósito de reducir la previsible litigiosidad derivada de la anulación de las cláusulas en las hipotecas, el resultado no ha sido el esperado y el número de demandas judiciales superaba en diciembre de 2017 las 156.000.
El Real Decreto aprobado el 20 de enero de pasado año buscaba establecer un cauce extrajudicial después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallara contra los bancos y les obligara a devolver a los consumidores las cláusulas suelo abusivas en las hipotecas con carácter retroactivo.
Al respecto el Defensor del Pueblo expone que si este mecanismo es presupuesto necesario para reducir la litigiosidad y, consecuentemente, las dilaciones indebidas, es “evidente” que el Real Decreto de 20 de enero de 2017 “no ha conseguido el resultado que cabía esperar”.
Las dilaciones conocidas por el Defensor del Pueblo denotan que, muchas veces, no se ha conseguido la justicia rápida que los ciudadanos demandan, según el informe que recoge una serie de “casos reales” a modo de ejemplo de estos retrasos judiciales.
Así, denuncian que no puede solicitarse una subasta judicial en febrero de 2016 y que no se haya celebrado en mayo de 2017 o que no puede dictarse una sentencia en octubre de 2017 y que el lanzamiento derivado de su ejecución se programe para septiembre del año siguiente. También recogen otros casos que denotan el retraso entre la presentación de demanda y señalamiento de vista o el inicio de una causa penal y la sentencia.
Al respecto, el Defensor del Pueblo ha formulado diversas recomendaciones sobre problemas estructurales de juzgados concretos, siempre previo conocimiento de su situación exacta a través de los informes que le traslada el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Precisamente fue la Comisión Permanente del órgano de gobierno de jueces la que aprobó la especialización de 54 juzgados en litigios sobre cláusulas suelo para los casos que finalmente acabaran en vía judicial.
En la reunión mantenida entre las partes también han debatido sobre la fijación de cargas de trabajo y la justicia digital
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) –
El Consejo General del Poder Judicial (CGPGJ) ha trasladado este viernes a las cuatro principales asociaciones judiciales –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– su respaldo a la demanda de mejoras retributivas para la carrera judicial y a otras reivindicaciones.
Según informa el órgano de gobierno de los jueces, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y nueve vocales del órgano han mantenido este viernes una reunión con los representantes de estas cuatro asociaciones, durante la que también se han tratado asuntos como la fijación de cargas de trabajo de los Juzgados y Tribunales o la implantación de la justicia digital.
La reunión se ha producido apenas unas semanas después de que las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales anunciaran un calendario de movilizaciones para reclamar mejoras en la administración de justicia que, de no conseguirse, culminaría el próximo 22 de mayo con una jornada de huelga general en el sector.
A este respecto, el Consejo ha reiterado la postura expresada el pasado mes de septiembre por Lesmes, y ha iniciado ya los trámites para la aprobación definitiva de un nuevo Reglamento de retribuciones variables que, una vez aprobado, determinará este componente de la remuneración de los miembros de la Carrera Judicial, según informa la nota.
Los representantes del CGPJ han trasladado también a las asociaciones que el órgano de gobierno de los jueces remitió el pasado mes de febrero al Ministerio de Justicia sus informes definitivos sobre las cargas de trabajo de los órganos judiciales y que está a la espera de la respuesta de este departamento.
El CGPJ y el departamento ministerial ya habían tratado este asunto en los órdenes jurisdiccionales contencioso y social y ahora ha completado sus informes actualizando los de la jurisdicción penal y elaborando los de la civil y los ha enviado al Ministerio con el objetivo de suscribir un acuerdo.
El número de asuntos que un órgano judicial puede tramitar en un año debe ser fijado conjuntamente por el CGPJ y el Ministerio de Justicia, oídas las comunidades autónomas, tal y como establece el artículo 560.1.21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que además de a los jueces afecta a los letrados de la Administración de Justicia y al resto de funcionarios de la oficina judicial.
En cuanto a los módulos de dedicación, es decir, el número mínimo de asuntos que un juez debe resolver, que sí son competencia exclusiva del Consejo, ya se han finalizado todos los estudios e informes previos necesarios para la elaboración del Reglamento correspondiente, que se encuentra en fase de redacción.
IMPLANTACIÓN DE LA JUSTICIA DIGITAL
Por último, los representantes del CGPJ han compartido con los de las asociaciones su preocupación por las dificultades observadas en el proceso de implantación de la Justicia digital y han comunicado que cualquier iniciativa que tenga por objetivo la modernización de la Administración de Justicia debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las necesidades de los miembros de la Carrera Judicial.
En este sentido, el Consejo ha anunciado que valorará llevar a cabo a través del Servicio de Inspección con la debida asistencia técnica una auditoría para comprobar si, desde la perspectiva del trabajo del juez, el sistema de expediente digital facilita las tareas y mejora la productividad final en el estudio y la resolución de los expedientes del titular del órgano judicial.
Además del presidente del Poder Judicial, han asistido a la reunión los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ -Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Concepción Sáez, José María Macías y Pilar Sepúlveda- y los también vocales del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas y Gerardo Martínez Tristán.
En representación de las asociaciones han acudido el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar; el portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado; el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega; y la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez.
El 98,3% de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en cláusulas abusivas fueron favorables al cliente.
(CGPJ) –
El 98,3% de las 9.326 sentencias dictadas en 2017 por los Juzgados de Primera Instancia especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fueron favorables al cliente, según los datos contenidos en el anexo sobre cláusulas suelo que la Comisión Nacional de Estadística Judicial acordó incorporar a los boletines estadísticos el año pasado y que los letrados de la Administración de Justicia comenzaron a cumplimentar en el tercer trimestre de 2017.
La información recogida muestra que el número de sentencias dictadas por los juzgados especializados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, teniendo en cuenta que los órganos judiciales se dedicaron fundamentalmente a la tramitación de las demandas ingresadas y que el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil, fue de 1.230, de las que el 99,3% fueron estimatorias. La cifra de resoluciones notificadas se incrementó notablemente en el siguiente trimestre, el último del año, alcanzando las 8.906, de las que el 98,1% fueron favorables al cliente. El total de asuntos ingresados en los juzgados especializados en el segundo semestre de 2017 fue de 138.156, a lo que hay que añadir los 15.801 que tuvieron entrada entre el 1 y el 30 de junio.
CGAE afirma que los colegios de abogados no pactan ni recomiendan precios ni honorarios.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha manifestado su “absoluta disconformidad” con la sanción de 1,455 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a un total de nueve Colegios de Abogados de distintas provincias por, supuestamente, realizar “una recomendación colectiva de precios” tras los juicios de afectados contra Bankia por la salida a Bolsa de la entidad en 2011.
Según destaca el CGAE, “no es cierto que los Colegios Profesionales hayan realizado recomendación de precios ni directa ni indirectamente”. “Los honorarios de los abogados en España se fijan libremente, cuestión que es pública y notoria”, ha resaltado.
La Abogacía ha señalado que “la Ley de Colegios profesionales habilita a los Colegios de Abogados para aprobar criterios orientadores, con arreglo a los cuales deben emitir informe en los procedimientos de tasación de costas y jura de cuentas, para que, en cada caso, se determine por el órgano judicial el correspondiente importe de los honorarios de los abogados”. “El conocimiento de esos criterios orientativos en cuanto pueden ser determinantes para el conocimiento de los costes reales de un procedimiento judicial es una garantía para el consumidor y un derecho que está reconocido en la “Carta de los derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, que fue aprobada con el respaldo unánime de todos los partidos integrantes del “Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia”, ha agregado.
El Congreso debate este jueves la derogación de la prisión permanente revisable.
El pleno del Congreso someterá este jueves a debate las dos enmiendas a la totalidad, la del PP y Ciudadanos, que, lejos de estar en contra de acabar con la prisión permanente revisable como impulsa el PNV, quieren que se amplíen los supuestos de aplicación y se endurezca el Código Penal. El pasado mes de octubre salió adelantecon los votos de la mayoría de diputados la toma en consideración de la proposición de ley de los nacionalistas vascos que reclaman derogar esta polémica figura que supone el mayor castigo penal para delitos especialmente graves y que fue incluida en la última reforma del Código Penal hace dos años y medio.
El PNV defiende que es de “dudosa constitucionalidad”, que no es idónea ni proporcional, que no fue demandada por nadie y que su aplicación “erosiona” los principios de reinserción de los encarcelados. Ahora, cinco meses después de que la propuesta del PNV obtuviera el aval del arco parlamentario -solo el PP y el diputado de UPN dejaron claro su apoyo a la prisión permanente-, y con la presión de la campaña de la plataforma de familiares de víctimas de asesinatos, liderados por el padre de Diana Quer o el de Mariluz Cortés, el Congreso retoma el debate de las dos enmiendas a la totalidad.
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References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 560
 resolución