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Timestamp: 2019-11-22 01:09:12+00:00

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﻿ SENTENCIA 2006-00102/47749 DE NOVIEMBRE 27 DE 2017
SENTENCIA 2006-00102 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA EN LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DE QUIEN ACCEDIÓ A GUARDAR UN MORRAL A PERSONAS DESCONOCIDAS SIN TENER CONOCIMIENTO ALGUNO SOBRE SU PROCEDENCIA. EN UN PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD SE DETERMINÓ LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HALLARSE CONFIGURADA LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, TODA VEZ QUE EL DEMANDANTE, QUIEN FUESE VINCULADO A UN PROCESO PENAL POR EL DELITO DE REBELIÓN, ACTUÓ DE MANERA DESCUIDADA, NEGLIGENTE E IMPRUDENTE TODA VEZ QUE TOMÓ BAJO SU GUARDA Y CUIDADO UN MORRAL DE DOS PERSONAS DESCONOCIDAS, SIN TENER EN CUENTA LAS PRECAUCIONES DEBIDAS DEL CASO, LAS CUALES SON DE ESPERARSE POR LAS CIRCUNSTANCIAS DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE PRECISAMENTE ÉL MANIFIESTA QUE SE VIVE EN EL CORREGIMIENTO EN EL QUE HABITA, EN EL QUE HACE PRESENCIA PERMANENTEMENTE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY, LOS CUALES INFRINGEN TERROR EN LA ZONA. ADICIONALMENTE, A LO ANTERIOR SE SUMA EL HECHO DE QUE EL DEMANDANTE SE HAYA DADO A LA HUIDA PRECISAMENTE EN EL MOMENTO EN QUE LAS FUERZAS MILITARES SE ACERCABAN A SU VIVIENDA Y EN RAZÓN A QUE, TAL COMO ÉL LO SOSTUVO EN LA INDAGATORIA, PORQUE LE HABÍA GUARDADO ESE BOLSO A TIPOS EXTRAÑOS. EN SÍNTESIS, CON FUNDAMENTO EN EL ANÁLISIS DEL CASO SE CONCLUYÓ, QUE SE ENCUENTRA CONFIGURADA LA CULPA GRAVE Y EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, POR EL ACTUAR DEL DEMANDANTE NEGLIGENTE, DESCUIDADO E IMPRUDENTE DE GUARDAR UN MORRAL A UNAS PERSONAS EXTRAÑAS SIN TENER CONOCIMIENTO ALGUNO SOBRE SU PROCEDENCIA Y MUCHO MENOS SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE DIRIGÍAN A DICHO LUGAR Y SIN ADOPTAR LAS MEDIDAS DEBIDAS TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN PÚBLICO QUE SE VIVÍAN EN ESE CORREGIMIENTO Y LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY, LO CUAL NO ERA DESCONOCIDO PARA EL DEMANDANTE TAL COMO ÉL LO MANIFESTÓ EN SU DILIGENCIA DE INDAGATORIAY DARSE A LA HUIDA PRECISAMENTE EN EL MOMENTO EN QUE EL EJÉRCITO NACIONAL INGRESÓ A SU VIVIENDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CULPA DE LA VÍCTIMA, REBELIÓN, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY
Sentencia 2006-00102/47749 de noviembre 27 de 2017
Rad.: 180012331000200600102 01 (47.749)
Actor: LEMQ y otros.
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes PAMM, en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, GBT(31) (compañera permanente), LEMQ(32), M(33), Y(34) y JAMB(35) (hijos) quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de la Fiscalía seccional en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
Ahora bien, frente al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, la Sala encuentra que en el caso concreto la captura de la víctima directa se dio en flagrancia, luego la Fiscalía General de la Nación era la entidad competente para decidir sobre la situación jurídica de PAM, razón por la cual se procede a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva en cabeza del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(36), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(37).
Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(38).
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(39).
En el caso concreto, la Sala observa que al demandante le fue precluida la investigación penal adelantada en su contra mediante providencia que quedó ejecutoriada el 5 de octubre de 2004(40) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 17 de febrero de 2006, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(41).
“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(45).
En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(46)(47) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:
“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 957 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales,sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso enla atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la ramajudicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento dela administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judicialescon demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídicaalguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lodemás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según elcual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa.
De conformidad con los lineamientos teóricos antes expuestos y los medios probatorios que obran en el plenario, la Sala procede a analizar si en el caso de autos, la Fiscalía General de la Nación es administrativa y patrimonialmente responsable, por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue víctima PAM, como presunto autor del delito de rebelión.
Con el informe de 14 de junio de 2004 firmado por el comandante de la compañía militar del Ejército Nacional(51) y el Nº 0754/DIV6-BCG-12-BR-INT-252 suscrito el 15 de junio de 2004 por el suboficial de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional(52), la Sala encuentra demostrado que la investigación penal adelantada en contra de PAM tuvo su génesis en los hechos ocurridos en la vereda conocida como Puerto Hungría del municipio de Doncello - Caquetá, el 14 de junio de 2004 cuando el actor fue capturado por miembros del Ejército Nacional por cuanto le fue encontrado en su poder un “radio marca vertex” y un “IOC” - instrucciones de mando.
Al respecto, en el informe de 14 de junio de 2004 consta:
“A las 14:00 horas del 14 de junio de 2003, mediante un registro de área se sorprendió al señor PAMM informando a las ONT FARC mediante un radio vertex 2 metros y un IOC [instrucciones pertenecientes a la cuadrilla 14 sobre las actividades de la tropa en la vereda Puerto Hungría. Al ver que la tropa se acercaba, saliócorriendo e hizo caso omiso a la voz de detenerse, se hicieron 10 disparos y aun así nose detuvo hasta que la tropa maniobró y logró capturarse con el radio y el IOC[instrucciones de mando] (…). Al preguntarse a la Brigada se pudo esclarecer que este individuo es miliciano del frente 14 y según informantes reinsertados pertenece al alias “L” con una duración de aproximadamente 30 años trabajando para las ONT FARC. (…)” (subrayado fuera de texto).
En virtud de lo anterior, el 16 de junio de 2004 la Fiscalía 17 seccional de Puerto Rico - Caquetá ordenó la apertura de la instrucción penal en contra de PAM por la posible comisión del delito de rebelión; y ordenó recibir la indagatoria del demandante(53).
El día 17 de junio de 2004 el demandante rindió diligencia de indagatoria(54) en la que dio cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos; la presencia del grupo al margen de la ley —FARC— en el corregimiento en el que habitaba; así como las constantes amenazas de las que ha sido objeto por parte de este grupo militante(55).
No obstante la versión del sindicado, el 18 de junio de 2004 la Fiscalía 17 seccional de Puerto Rico - Caquetá, resolvió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de PAM, como presunto autor del delito de rebelión, con fundamento en los siguientes motivos(56):
“Para el caso concreto la materialidad y responsabilidad del señor PAMM en la conducta endilgada se allá plenamente demostrada. Factor relevante sobre la consideración del punitivo lo que constituye el haberse encontrado en poder del capturado el bolso con los elementos descritos anteriormente [radio y OIC]. Si bien el implicado trata de dar explicación sobre el ilícito, no existe prueba alguna que pruebe su licitud, contrario sensu fue encontrado el bolso en poder del sindicado que al encontrarse cercado por el Ejército decidió arrojarlo y donde posteriormente decidió el mismo entregarlo al Ejército”.
A continuación, el 23 de junio de 2004 el apoderado de PAM le solicitó a la Fiscalía la revocatoria de la medida de aseguramiento proferida en su contra(57). Petición que fue negada por el ente investigador mediante auto del 12 de julio de 2004(58).
Sin embargo, el 24 de septiembre de 2004 la Fiscalía 17 seccional de Puerto Rico - Caquetá resolvió precluir la investigación penal adelantada en contra de PAM como presunto autor del delito de rebelión y ordenar su libertad inmediata(59) (60) con fundamento en los siguientes argumentos:
“(…) Al paginario se aportaron los testimonios de Silvio Sánchez Tovar y Absner Sterling Rojas, reinsertados del grupo subversivo quienes en sus dichos lo vinculan [a PAM] como miliciano de las FARC.
Igualmente se arrimaron a la investigación los testimonios de HGP, JCAM, LEMQ, FMO, IPP y RRM, quienes conocen a PAM como campesino de avanzada edad, propietario de una finca en la vereda Puerto Hungría, trabajador y de buenas costumbres.
A la luz de la sana critica en la valoración de la prueba testimonial y la credibilidad que pueda dársele a lo afirmado por los dos reinsertados la situación antes planteada pone en evidencia la duda en sus dichos, al surgir en contraposición testimonios de varios campesinos de la región que lo identifican como hombre de bien, sin descartar la presión que en la región ejerce el grupo subversivo que en muchas ocasiones utilizan a los campesinos en diferentes actividades en favor de la subversión, ante la imposibilidad del Estado de hacer presencia con la fuerza pública en todas las áreas del campo.
De este modo, la exigencia consagrada por el procedimiento penal en cuanto a la prueba que comprometa seriamente al proceso no se cumplió, pues no basta con supuestos sobre los cuales no se ha establecido su veracidad, donde la presunción de inocencia y la duda verdaderamente favorecen al sindicado y en estas condiciones sería lamentable predicar que se le llame a juicio por el delito de rebelión.
En este sentido, lo referido por el señor Procurador y por el defensor del procesado, se aprecia ajustado a derecho, en cuanto que resulta evidente que no existe un conjunto de elementos de convicción que de manera uniforme converjan a señalar que el sindicado sea miembro de las denominadas FARC o que debe endilgársele el delito de comento al mismo”.
En consecuencia, en la fecha en cita, PAMM fue puesto en libertad, según consta en la boleta de libertad Nº 5602(61).
Así las cosas, la Sala encuentra que PAMM estuvo privado de la libertad desde el 14 de junio de 2004 y hasta el 24 de septiembre de 2004, como consecuencia de la investigación penal que adelantó en su contra la Fiscalía 17 seccional de Puerto Rico - Caquetá, por el delito de rebelión.
Al respecto, la Sala encuentra que PAM incurrió en varias conductas que agravaron su condición ante las autoridades y dieron lugar a la investigación penal adelantada en su contra, dentro de la cual se surtió la privación injusta de la libertad.
En primer lugar, está probado que el 14 de junio de 2004 el señor PAM mientras se encontraba en su finca denominada “El Recreo”, recibió un morral por parte de desconocidos, en el que precisamente los miembros del Ejército Nacional encontraron un “radio marca vetlex” y un “IOC” - instrucciones de mando.
Al respecto, el demandante sostuvo en su diligencia de indagatoria que “el día 14 de junio de 2004 de este año, yo estaba en la finca mía de nombre El Recreo, yo salí de mi casa a las 12 del día a traer unas yucas a las yuqueras en la misma finca, cuando llegué de la yuquera a mi casa, como a la 1 de la tarde, estaba lloviendo, cuando llegó a mi casa 2 clientes que no los conozco y me dieron un bolso de tela color verde tirando a azul, el bolso venía dentro del morral, ellos me lo dieron a guardar pero en ningún momento no me dijeron que era eso, los tipos se fueron (…)”.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que el actor actuó de manera descuidada, negligentee imprudente toda vez que tomó bajo su guarda y cuidado un moral de dos personasdesconocidas, sin tener en cuenta las precauciones debidas del caso, las cuales son deesperarse por las circunstancias de violencia e inseguridad que precisamente él manifiesta quese vive en el corregimiento en el que habita, en el que hace presencia permanentemente gruposal margen de la ley - FARC, los cuales infringen terror en la zona, muestra de ello, es laamenaza de la que ha sido objeto LEMQ - hijo del actor.
En este sentido, PAM sostuvo en su diligencia de indagatoria:
“PREGUNTADO: Indíquele a esta Fiscalía si por la región donde usted reside hace presencia grupos al margen de la ley “guerrilla” y si usted ha tenido alguna particulación (sic) con ellos o si usted integra alguno de esos grupos. CONTESTÓ: Si en la región donde yo vivo cruz (sic) la guerrilla de las FARC y cruza el Ejército también, no soy ni amigo de esa gente, ni integro ningún grupo, somos muy aparte de esa gente, ni mi familia no la va con ellos. (…) PREGUNTADO: Diga a la Fiscalía si sabe o le consta qué frente de las FARC opera en esa región. CONTESTÓ: Dicen que es el catorce (14) frente de las FARC. PREGUNTADO: Diga a la Fiscalía si en esa vereda la guerrilla de las FARC ha realizado con la comunidad reuniones, en caso positivo qué clase y qué personas han ido. CONTESTÓ: Si hacen reuniones, asiste uno a esas reuniones porque nos obligan, tenemos que estar ahí o si no nos desalojan de las tierras, yo he ido como a unas cinco reuniones eso las hacen en el día, en esas reuniones tratan que se llevan los sapos, los que trabajan con el gobierno, los que tengan vínculos con el gobierno los matan, estando de buenas los echan de la región, tengo amenazado a mi hijo de nombre LEMQ que no puede ir a la finca la guerrilla porque dicen que mi hijo trabaja con el gobierno y él vende es sólo queso (…)”.
Adicionalmente, a lo anterior se suma el hecho de que el demandante se haya dado a la huida precisamente en el momento en que el Ejército Nacional se acercaba a su vivienda y en razón a que tal como él lo sostuvo en la indagatoria porque le “había guardado ese bolso a tiposextraños”.
Con fundamento en el análisis del caso sub examine concluye la Sala, que se encuentra configurada la culpa grave y exclusiva de la víctima, por el actuar del demandante negligente, descuidado e imprudente de guardar un morral a unas personas extrañas sin tener conocimiento alguno sobre su procedencia y mucho menos sobre los motivos por los cuales se dirigían a dicho lugar y sin adoptar las medidas debidas teniendo en cuenta las circunstancias de orden público que se vivían en ese corregimiento y la presencia de grupos al margen de la ley, lo cual no era desconocido para el demandante tal como él lo manifestó en su diligencia de indagatoria; y darse a la huida precisamente en el momento en que el Ejército Nacional ingresó a su vivienda.
Lo anterior, no riñe con el hecho de que la Fiscalía 17 seccional de Puerto Rico - Caquetá, en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por el delito de rebelión pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.
En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones,aunque la justicia penal precluyó la investigación penal adelantada en contra del demandante,ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración,pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien suactuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonerapatrimonialmente a la entidad demandada.
En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fuesuficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede deresponsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en loshechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad dela que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.
En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas, esto es, por encontrarse configurado el eximente de responsabilidad - culpa grave y exclusiva de la víctima.
REVOCAR la sentencia proferida el 23 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de Caquetá por las razones aquí expuestas y en su lugar se dispone:
1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva en cabeza del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
2. NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
30 Corte Constitucional, Sentencia C-965 de 2003.
31 En la diligencia de indagatoria de la víctima directa, éste menciona que vive en unión libre con GB (fl. 19 c. 2); y en la resolución de 18 de junio de 2004 por medio de la cual se resuelve la situación jurídica de PA, se menciona que éste vive en unión libre (fl. 24 c. 2). Igualmente en los registros civiles de nacimientos de los hijos de la víctima directa se mencionan que la madre de éstos es GB (fls. 4-6 c. 1).
32 Obra registro civil de nacimiento a fl. 7 c. 1.
33 Obra registro civil de nacimiento a fl. 4 c. 1.
34 Obra registro civil de nacimiento a fl. 5 c. 1.
35 Obra registro civil de nacimiento a fl. 6 c. 1.
36 “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (subrayado fuera de texto).
37 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.
38 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.
39 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324.
40 Fl. 5 c. 2.
42 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 1º de octubre de 1992, Exp. 10923.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 200, Exp. 15989.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8666.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp. 10056.
49 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 22 de enero de 2014, Exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 26 de abril de 2017, Exp. 41.326.
51 Fl. 14 c. 2.
52 Fl. 9 c. 2.
53 Fl. 12 c. 2.
54 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el procesoadministrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicialcuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sinotambién como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden serincorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria lavaloración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, elconocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Exp. 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, Exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016, Exp. 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.
55 Fls. 19-21 c. 2.
56 Fls. 24-26 c. 2.
57 Fls. 42-47 c. 2.
58 Fls. 61-64 c. 2.
59 Fls. 8-15 c. 1 y 139-145 c. 2.
60 La presente decisión cobró ejecutoria el 5 de octubre de 2004 (fl. 5 c. 2).
61 Fl. 4 c. 2.

References: artículo 21
 artículo 143
 artículo 136
 artículo 414
 artículo 414
 resolución 
 artículo 2
 artículo 33
 resolución