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enero 2015 - Blog Jurídico | Lefebvre – El Derecho
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La Audiencia Nacional reconoce el derecho de los jueces a pedir una compensación por no librar tras la guardias
Condena al Ministerio de Justicia a indemnizar con 6.600 euros un magistrado por las horas extras efectuadas antes de 2013
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) – La Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de los jueces para reclamar una compensación económica por la falta de un día de descanso después de sus guardias. El Juzgado Central de lo Contencioso número 4 ha condenado al Ministerio de Justicia a abonar 6.600 euros a un juez por las 33 guardias que efectuó de 2011 a 2013, sin disfrutar de un día de permiso después de ellas.
En una sentencia hecha pública este jueves, la juez Yolanda de la Fuente se basa en la normativa europea y en un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 15 de octubre de 2013 que modificaba el reglamento 1/2005 para aplicar la directiva europea sobre esta materia, estableciendo pautas relativas a los periodos mínimos de descanso que deben disfrutar todos los trabajadores del sector público y privado.
La directiva fija disposiciones mínimas sobre el descanso diario y semanal y también sobre la duración máxima de trabajo semanal. La juez entiende que debe comprender a los miembros de la carrera judicial. “Es el único cuerpo funcionarial que aún no tenía reconocido de forma general este descanso tras la finalización del servicio de guardia”, recuerda la resolución que apunta que no existían razones que justificaran “esta situación”.
“Es precisamente la presencia del juez o magistrado la que resulta obligada, perentoria y fundamental en la prestación del servicio de guardia, y en las actuaciones judiciales que de la misma puedan resultar”. La sentencia hace constar, además, que la jornada de los jueces “no sólo no está siempre establecida previamente, sino que en numerosas ocasiones se prolonga por exigencia de su propio régimen jurídico, mediante la prestación del servicio de guardia”.
AFECTA A TODOS LOS JUECES INSTRUCTORES
Por la cuantía de la compensación, no cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso pero sí se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo por interés de ley ya que si todos los jueces afectados reclamaran este pago, la cantidad sería difícil de asumir por parte del Ministerio de Justicia.
Otro juzgado central de lo contencioso reconoció la pasada semana el derecho del juez central de Instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a cobrar 7.200 euros por no haber respetado las horas de descanso posteriores a las semanas en que hizo guardia.
Cree que el Ministerio evitó convocar plazas en el extranjero prorrogando trabajadores provisionales más allá de lo previsto
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) – El Tribunal de Cuentas ha emplazado al Ministerio de Empleo a reclamar las deudas que la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y el Ministerio de Educación mantienen por el uso de sus sedes en el extranjero, según consta en el ‘Informe de fiscalización sobre la gestión realizada por las consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Europa’
En ese informe, que analiza datos de estos departamentos correspondientes al año 2011, aunque también estudia el impacto de ciertos aspectos en los ejercicios de 2012 a 2014, se sostiene que las consejerías y secciones del Ministerio de Empleo en el exterior podrían haber estado “soslayando” la convocatoria de provisión de ciertas plazas, manteniendo así adscripciones provisionales de trabajadores más allá del tiempo previsto y legalmente permitido.
El documento, que recoge Europa Press, se centra fundamentalmente en las consejerías de Francia, Reino Unido y, sobre todo, en las de Alemania y Suiza, por ser los países en los que la emigración española en estos últimos años ha sido “más intensa” y dado que la función de estas oficinas es “acercar a los ciudadanos españoles la acción asistencial del Estado”, particularmente del Ministerio de Empleo.
NO HA HABIDO CONCURSOS
Según el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, las nuevas incorporaciones de funcionarios a estas plantillas entre 2011 y 2013 se han producido siempre mediante comisiones de servicios de más de dos años (uno prorrogable por otro más) y adscripciones provisionales (un año), “sin que se hayan convocado los oportunos procedimientos para la provisión de estas vacantes mediante convocatoria pública”.
En concreto, a 31 de diciembre de 2011 había catorce funcionarios en comisiones de servicio, destacando algunos casos en Francia o Reino Unido que seguían manteniéndose dos años después. Es más, un funcionario de la sección de Ginebra (Suiza) lleva en estas circunstancias desde el 1 de noviembre de 2007, superando “con mucho” el tiempo máximo permitido, lo que podría suponer que se ha “estado eludiendo la convocatoria pública de méritos para la provisión de estos puestos de trabajo”.
Por su parte, había siete nombramientos en adscripción provisional a finales de 2011, que se elevaron a una decena a fecha 10 de noviembre de 2013 y que con carácter general se prolongaron por “periodos de tiempo dilatados” y, en algunos casos, sin que ni siquiera existiera una razón de las recogidas en la normativa para recurrir a esta fórmula de contratación.
Y es que sólo se puede recurrir a la adscripción provisional en caso de remoción o cese en un puesto de concurso o libre designación, por supresión del puesto de trabajo o por reingreso al servicio activo sin reserva de puestos. Sin embargo, el Tribunal insiste en que “las adscripciones producidas hasta 2011, inclusive, no se atuvieron a las situaciones tasadas” y que hasta noviembre de 2013 tampoco se procedió a convocar las plazas, a pesar de que la normativa fija un plazo de un año para hacerlo.
Es mas, el organismo fiscalizador advierte de que estas “adscripciones de muy larga duración” también han incumplido, al menos en ocho casos, la norma que limita la adscripción máxima de un funcionario a un puesto de trabajo en una sección por tres años prorrogables por otros tres. Por eso, teme que con estas “prolongaciones” en el tiempo se haya podido estar “soslayando la provisión de estos puestos mediante convocatorias públicas”.
PLANTILLAS DIVERSAS
Por otra parte, el informe también advierte que las plantillas en los diferentes países son “muy diversas”, sin que el número de empleados parezca responder a parámetros concretos. Por ejemplo, mientras en los Países Bajos hay un trabajador por cada 1.436 españoles residentes, la cifra sube hasta 5.059 ciudadanos por cada trabajador en Francia que, sin embargo, cuenta con la plantilla más grande de todas las consejerías europeas, con 34 trabajadores. En Andorra, por su parte, un único funcionario debe atender a una población de casi 21.200 españoles.
En total, el Ministerio de Empleo contaba a 31 de diciembre de 2011 con 146 funcionarios en la decena de consejerías y secciones repartidas por Europa, para atender a más de medio millón de ciudadanos españoles, con una ratio media de un trabajador por cada 3.464 personas.
Unas cifras que, según el Tribunal, llevan a “reflexionar sobre cuál debe ser la dimensión adecuada” de las plantillas y su distribución geográfica, que debería guiarse por otros criterios aparte de la población a la que atienden, tales como el tipo de emigración, las actividades desarrolladas o la fórmula preferida para ponerse en contacto con estas oficinas.
Además, el informe también señala que en enero de 2013 “las plantillas prácticamente se mantenían invariables” con respecto a 2011 a pesar de que los emigrantes españoles habían aumentado un 4,19% hasta los 527.036 ciudadanos. Sin embargo, existen algunas secciones sin plantilla ni actividad, lo que “lleva a cuestionar su existencia”.
En otro orden de cosas, el organismo fiscalizador reconoce que en los últimos años el Ministerio ha llevado a cabo un proceso de traslado e integración de oficinas en los consulados, lo que redunda en una reducción de costes.
Además, se mantiene la política de cesión de espacios no utilizados a la UNED en ciudades como Fráncfort, Londres o Bruselas, a pesar de que la universidad no ha abonado los gastos en los que ha incurrido desde mayo de 2011, y de que Empleo tampoco ha reclamado a Educación la “parte proporcional de los gastos soportados por la utilización del edificio” donde está ubicada la Sección de Lieja (Bélgica).
De hecho, a 31 de diciembre de 2011 cuatro trabajadores no prestaban servicios en las consejerías a las que estaban adscritos, sino a otros departamentos como la UNED o a un consulado, pero sus costes salariales también fueron satisfechos por el Ministerio de Empleo.
“El Ministerio debería continuar con su política de trasladar e integrar sus secciones en las sedes de los consulados, reduciendo así el coste de sus servicios. En este sentido, debe asimismo explorar todas las vías que puedan conducir a optimizar los locales que se están utilizando, evitando espacios ociosos”, recomienda el Tribunal, que también conmina a Empleo a “agilizar el cobro” de las deudas de otros departamentos.
El informe señala también que las actuaciones formativas promovidas por el Ministerio para sus funcionarios en el exterior han sido “escasas”, aunque se observa un aumento en 2013, y también critica que las consejerías no tuvieran información “en tiempo real” de las solicitudes de la plantilla en esta materia.
Por eso, se recomienda “intensificar” la formación del personal y hacer un mayor uso de herramientas informáticas en la gestión de los recursos humanos. Asimismo, el Tribunal sugiere un manual común para todas las consejerías y secciones sobre la gestión de los principales procedimientos administrativos e instrucciones “precisas” para sus actividades de información, asesoramiento y fomento del empleo.
Finalmente, el informe señala la falta de aplicaciones informáticas para la obtención de información y la gestión de procedimientos recurrentes como los de subvenciones y viajes del Imserso, lo que “dificulta la toma de decisiones”. Tampoco las páginas web facilitan enlaces directos a ninguna sede electrónica del Ministerio ni a un registro para facilitar el acceso a los servicios públicos, aspectos que deberían solventarse.
El Supremo desestima el recurso del Gobierno vasco contra el decreto que regula la tarjeta sanitaria individual
BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) – El Pleno de la sala tercera del Tribunal Supremo ha desestimado, por unanimidad, el recurso del Gobierno vasco contra el real decreto 183/2004, que regula la tarjeta sanitaria individual.
Los magistrados argumentarán en su sentencia que el sistema sanitario es “único” y que todos los españoles tienen derecho a ser asistidos en cualquier punto del territorio nacional y que ninguno de los preceptos impugnados interfiere en las competencias de las comunidades autónomas. La sentencia se conocerá en los próximos días.
El Gobierno vasco acordó el 19 de noviembre de 2013 recurrir la tarjeta sanitaria individual que proyectaba poner en marcha el Gobierno central, al considerar que su regulación impedía atender a las necesidades organizativas de las comunidades autónomas, entre las que destacaba la obligación de utilizar impresos bilingües por parte de los poderes públicos, como establece la Ley vasca de normalización de uso del Euskera.
El Consejo de Gobierno vasco autorizó entonces la presentación de requerimiento al Gobierno del Estado en relación con el Real Decreto 702/2013, de 30 de septiembre, por el que se modifica el real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.
Según explicó, este Real Decreto modifica la regulación de los datos a incluir en la tarjeta individual sanitaria, así como las características técnicas de la misma “imposibilitando el correcto desarrollo de las necesidades operativas y organizativas” por parte de la administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, competente para la emisión de la tarjeta individual sanitaria.
En este sentido, aseguraba que, por ejemplo, el Gobierno central “ignora” el artículo 13 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera que establece que “los impresos o modelos oficiales que hayan de utilizarse por los poderes públicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán estar redactados en forma bilingüe”.
Exige aplicar el derecho de la Unión Europea y ve “llamativo” que los jueces sean los únicos sin descanso tras la guardia
MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) – La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Justicia a indemnizar con 7.200 euros al juez Eloy Velasco por no respetar las horas de descanso posteriores a las semanas en que hizo guardia y recuerda que la normativa europea que obliga a garantizar ese periodo de 24 horas es aplicable a los magistrados españoles.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 ha estimado el recurso del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra la Abogacía del Estado, advirtiendo de que no existen razones por las cuales los jueces españoles no tengan reconocido este derecho contemplado por la Unión Europea.
El instructor del ‘caso Crucero’ o de la ‘operación Púnica’ reclamó a la Secretaría de Estado de Justicia las cantidades devengadas, por valor de 7.200 euros, como consecuencia de las 36 guardias de ocho días realizadas y el hecho de que no descansara el día siguiente del término de cada una de ellas.
El magistrado esgrimió el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, con fecha del 15 de octubre de 2013, que transpuso una directiva europea sobre la ordenación del tiempo de trabajo y conforme a la cual tras “un periodo semanal de trabajo es obligado asegurar un periodo de descanso mínimo de 24 horas continuadas”.
Velasco recordó el efecto directo de la norma europea, pese a la transposición “tardía” de España, y argumentó que la “imposibilidad de retrotraer el tiempo para que pueda disfrutar de los descansos debidos ha de suplirse con una compensación económica” a razón de 200 euros por día de descanso no disfrutado, cuantía que se corresponde con el importe bruto de la retribución diaria de un magistrado en España.
EL MINISTERIO DE JUSTICIA HA DENEGADO “NUMEROSAS” RECLAMACIONES
La Abogacía del Estado le acusó de partir de una “premisa errónea” alegando que los funcionarios están excluidos de la Directiva 2003/88, la cual deja “a discreción” de la Administración la regulación de la compensación de las guardias. Añadió que el Ministerio de Justicia ha denegado las “numerosas” reclamaciones de otros jueces o magistrados con la misma pretensión.
Los magistrados exponen que la directiva europea es aplicable a la Carrera Judicial y que las excepciones que permite deben interpretarse “restrictivamente” para actividades “indispensables para un desarrollo armonioso de la vida en sociedad”, como el caso de las Fuerzas Armadas, Policía o Protección Civil.
Tras advertir de que el Ministerio de Justicia cuenta con resolución regulando el descanso de otros funcionarios, la sentencia enfatiza que “el único cuerpo funcionarial que aun no tiene reconocido de forma general este descanso, tras la finalización del servicio de guardia, es el de jueces y magistrados, sin que se advierta la razón que justifique esta situación”.
“No existen condiciones objetivas, técnicas o de organización del trabajo que impidan un periodo mínimo de descanso de 24 horas”, prosigue, para concluir que la actividad de guardia de los Juzgados Centrales de Instrucción “no impone una necesaria presencia del magistrado” puesto que sus necesidades de atención pueden ser cubiertas por otro juzgado.
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) – El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que la prisión permanente revisable, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la modificación del Código Penal, es inconstitucional.
El Congreso aprueba el Código Penal de la prisión permanente revisable con la oposición en contra
Permite expulsar a europeos, convierte las faltas en delitos o sanciones administrativas y aumenta la persecución del robo de cobre
MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con la mayoría absoluta del PP con el apoyo de UPN, la reforma del Código Penal que introduce en España la prisión permanente revisable, reduce las penas de los piquetes de las huelgas y fija penas de cárcel para los dirigentes políticos que acepten donaciones ilegales superiores a 500.000 euros.
Toda la oposición ha clamado contra la introducción en el ordenamiento jurídico español de la prisión permanente revisable, un eufemismo, a su juicio, para no hablar de “cadena perpetua”. En este sentido, ha acusado al PP de querer que los presos “se pudran” en la cárcel.
La oposición ha denunciado la “desproporcionada dureza” de los tipos referidos a manifestaciones y reuniones, al tiempo que ha acusado al PP de beneficiar a sus “amigos”, los defraudadores y delincuentes de cuello blanco. “Con este Código Penal, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP. Si repasa sus papeles nadie ha dado más de 500.000 euros, es una desfachatez”, han expresado.
Por otra parte, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 años y se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales. Se multa a quienes maltraten “cruelmente” a animales en peleas de gallos o perros, aunque no a los organizadores de estos combates.
Además, se agravan las penas de delitos de hurto –el límite pasa de 400 a 500 euros– y robo para aumentar la persecución de multirreincidentes, butrones, alunizajes o robo de cable de cobre o suministro eléctrico.
El primer Consejo Fiscal presidido por Madrigal debate hoy el informe que cuestiona las escuchas sin control judicial
El informe es favorable a la reforma de la LECrim aunque pone reparos a la recogida de muestras de ADN sin asistencia letrada
MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) – El Pleno del Consejo Fiscal, el primero presidido por la nueva fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, debatirá este martes el informe favorable al anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto cuestiona la intervención de las comunicaciones por orden del Ministerio del Interior sin autorización judicial, según informaron a Europa Press fuentes fiscales.
‘ESCUCHAS’ SIN AUTORIZACIÓN DEL JUEZ
El Gobierno ya ha anunciado su intención de suavizar el artículo que regula la intervención de las comunicaciones, tras el reciente dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que plantea las “serias dudas” de constitucionalidad de la reforma legislativa.
El anteproyecto de reforma de la LECrim prevé que, “en caso de urgencia” y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad”, la intervención de las comunicaciones pueda ser ordenada por el ministro del Interior o por el secretario de Estado de Seguridad y comunicada en un plazo máximo de 24 horas al juez, que deberá validar o anular la medida en 72 horas.
El anteproyecto del Gobierno fija además un plazo de seis meses para la investigación de casos ordinarios y de 18 meses prorrogables para la instrucción de ‘macrocasos’. El CGPJ abogó por reabrir las actuaciones si aparecen datos “determinantes” y propuso que la solicitud no quede solo a petición de la Fiscalía.
MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) – La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este viernes, con el único voto del PP, la inclusión en la reforma del Código Penal de una enmienda ‘popular’ para reducir las penas de cárcel tanto a quienes dificultan o impiden el ejercicio de huelga como a los piquetes que, no obstante, seguirán teniendo castigos más duros cuando actúen con violencia.
Con el cambio aprobado este viernes, que aún deberá ser ratificado por el Pleno de la Cámara Baja y por el Senado, se reducen las penas de cárcel a quienes “mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”. Así, las penas pasan de una horquilla de seis meses a tres años y medio vigente actualmente, a un nuevo tramo de entre seis meses y dos años.
Ahora bien, bajo la justificación de “enmienda técnica”, el PP también ha introducido otra modificación en el Código Penal en relación con las penas agravadas, que ya no se aplicarán cuando los impedimentos a la huelga se realicen “con fuerza, violencia o intimidación”, sino únicamente cuando se demuestre que ha habido “coacciones”.
Así, el cambio aplicado por los ‘populares’ ha calificado de “insuficiente” por el portavoz socialista en el debate, Manuel de la Rocha, que ha defendido una enmienda de su grupo para derogar directamente la posibilidad de aplicar penas agravadas a los piquetes y ha propuesto castigar estas conductas violentas a través del tipo básico de coacciones previsto en el Código Penal en lugar de con un tipo específico.
Entonces, los ‘populares’ se mostraron dispuestos a debatir una “moderación de la pena” pero no a eliminar el artículo, alegando la necesidad de “castigar a quienes, en grupo, utilizan la violencia para promover una huelga” y defendiendo que “la tutela del derecho de huelga está plenamente garantizada” en cualquier caso. Hoy, el PP ni siquiera ha hecho referencia a este asunto durante el debate parlamentario.

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 real decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 13
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