Source: http://luisdallanegra.bravehost.com/Ordimper/cap19o03.htm
Timestamp: 2019-12-10 10:04:32+00:00

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EUA comenzó a diseñar el nuevo “derecho imperial”, llevando a cabo una tarea de “deconstrucción” del entramado jurídico institucional vigente [295], a los efectos de ir legitimando su accionar.
La legítima defensa se maneja según criterios de poder. Su aplicación varía dependiendo de la capacidad de los actores de implementarla. En el caso de la legítima defensa colectiva, autorizada por el Art. 51 de la Carta de la ONU y por las organizaciones defensivas regionales, no pudo ser aplicada para el caso de la guerra de las Malvinas (1982), debido a la total ineficacia del TIAR, que fue utilizado por EUA como instrumento “disciplinador” de la región y para protegerse de los avances soviético-cubano en el hemisferio. En cambio se ha podido utilizar sin ningún tipo de problemas en los casos de intervenciones de la OTAN en Yugoslavia, y con los pedidos de incorporación de los países del Este Europeo, incluida Rusia. La desintegración de la URSS produjo la desaparición, del Pacto de Varsovia, el sistema de defensa colectiva del bloque oriental.
Particularidad En Común Cuándo se usan Qué se persigue
Legítima Defensa Comprende simples medidas de defensa. La legítima defensa es un derecho natural de todo Estado soberano Respuesta a un acto ilícito del enemigo El D.I. permite una reacción violenta e inmediata contra agresiones antijurídicas actuales o inminentes. Sólo se la considera legítima si hubo ataque armado. Repeler un ataque actual o futuro.
Represalia El Estado que ejerce una represalia lleva a cabo propiamente una intromisión en un bien jurídico del adversario. Es un medio de autotutela de carácter ofensivo. Respuesta a un acto ilícito del enemigo Las represalias solo pueden ordenarse cuando no se haya podido conseguir una reparación de los daños Lo que en un principio se persigue es una reparación, y solo en caso de negativa puede procederse a una represalia
Autotutela La auténtica defensa es un medio de autotutela defensivo, por el que un Estado se limita a rechazar por la fuerza un ataque violento y antijurídico contra su territorio, sus buques o cualquier otro órgano estatal. Respuesta a un acto ilícito del enemigo
Autodefensa Es igual a legítima defensa, pero no presta a confusión; por ello se utiliza el término traducido del inglés “self-defense”. Respuesta a un acto ilícito del enemigo.
El D.I. permite una reacción violenta e inmediata contra agresiones antijurídicas actuales o inminentes. El Art. 51 de la Carta de la ONU no admite la autodefensa preventiva. Defenderse
Autoprotección En caso de que otro Estado no pueda defender a ciudadanos o súbditos extranjeros residentes temporal o definitivamente en éste, el país de origen ejerce la autoprotección en defensa de sus ciudadanos, agentes diplomáticos o consulares, etc. Es una extensión del derecho de autodefensa del Estado.
Cuando un Estado no puede defender a los ciudadanos o funcionarios extranjeros. La autoprotección tiene que limitarse a impedir cualquier agresión contra Estados extranjeros o súbditos suyos, que no podría evitarse de otra manera A diferencia de las represalias, la autoprotección tiene tan solo la misión de impedir violaciones inminentes del derecho, y de ninguna manera obtener la reparación de un acto ilícito ya perpetrado, porque el Estado que interviene actúa en lugar del que está obligado internacionalmente a mantener el orden. Por esto, la acción subsidiaria, que en representación suya toma, tiene que limitarse a aquellas medidas que el Estado territorial tendría que haber tomado.
Legítima Asistencia Además de legítima defensa todo Estado tiene derecho a la legítima asistencia a otro Estado agredido.
Respuesta a un acto ilícito del enemigo de manera individual o colectiva Sólo se la considera legítima si hubo ataque armado. Contribuir a la defensa de otro Estado que fue atacado.
El D.I. común autoriza al Estado a rechazar, con la fuerza, una agresión antijurídica contra su territorio, sus buques, su aviación o sus fuerzas armadas. Por legítima defensa se entiende la resistencia por la fuerza a una injerencia jurídica actual o inminente.
A esta institución se refieren algunos tratados. El artículo 10 del V Convenio de La Haya y el artículo 25 del Convenio XIII (ambos de 1907), obligan a los Estados neutrales a rechazar con todos los medios a su alcance cualquier ataque a su territorio o espacio marítimo. También en el cambio de notas que precedió la firma del Pacto Kellogg se reconoce la legítima defensa como institución de D.I. común [296].
Algunos autores, como Strupp y Kelsen creen, sin embargo, que la legítima defensa internacional no es un concepto autónomo, sino que queda comprendida dentro de las represalias. Ambas tienen efectivamente un supuesto común, a saber: un acto ilícito del enemigo. Pero ello no obsta para establecer una distinción entre la legítima defensa y las represalias, ya que la primera comprende simples medidas de defensa, mientras que el Estado que ejerce una represalia lleva a cabo propiamente una intromisión en un bien jurídico del adversario, presentándose de esta suerte las represalias como un medio de autotutela de carácter ofensivo. Esta es la razón por la que (a diferencia de lo que ocurre en la legítima defensa) las represalias solo pueden ordenarse cuando no se haya podido conseguir una reparación de los daños.
Afirma también Kelsen que la legítima defensa no tiene cabida en el D.I. común, porque, como modalidad excepcional que es de autotutela, solo cabe en un ordenamiento jurídico que transfiera de una manera general la vindicación de los actos ilícitos a un órgano comunitario. Con ello pasa por alto Kelsen que también en un sistema jurídico que reconozca en principio la autotutela, determinados hechos antijurídicos pueden estar inmediatamente provistos de consecuencias coercitivas, mientras que otros solo lo están mediatamente. En este sentido el D.I. permite una reacción violenta e inmediata contra agresiones antijurídicas actuales o inminentes (legítima defensa), mientras que en otros supuestos ilícitos, lo que en un principio se persigue es una reparación, y solo en caso de negativa puede procederse a una represalia.
Hay que distinguir la auténtica legítima defensa de la “defensa de derechos”, con la que viene entremezclada en la práctica internacional. La auténtica defensa es un medio de autotutela defensivo, por el que un Estado se limita a rechazar por la fuerza un ataque violento y antijurídico contra su territorio, sus buques o cualquier otro órgano estatal. Si, por el contrario, un Estado cuyos derechos han sido violados, se interpone en un bien jurídico del adversario para procurarse una reparación o conseguir una pretensión legítima, no puede decirse que “defiende” su derecho, sino que, por el contrario, emprende una intromisión jurídica ofensiva para conseguirlo. Tal “defensa de derechos” es, en realidad, una represalia [297].
En el orden interno el derecho de autodefensa, es una facultad excepcional, para el caso de que la persona sea atacada en un lugar donde no hayan órganos de la fuerza pública del Estado, y mientras éstos no acudan; ya que el Estado tiene el “monopolio de la coacción” [298] desde los principios de la edad moderna, prohibiendo las guerras privadas. Sin embargo, la comunidad internacional carece de tal monopolio, ya que ni siquiera dispone de un órgano supremo con una fuerza armada independiente, capaz de sancionar, incluso, a los más poderosos. La OTAN no cumple con esa función, porque no es un órgano defensivo de la comunidad internacional sino de EUA y sus aliados. En la edad media, el rey tenía un ejército, junto al ejército de sus vasallos y el Papa tenía capacidad de excomulgar al príncipe, por lo que retenía un poder supremo.
Las fuerzas armadas del Estado, forman parte de la fuerza pública propia, y según su capacidad, siguiendo el criterio del “desdoblamiento funcional” de Georges Scelle [299]; son las encargadas de que se logre el “cumplimiento” de los acuerdos, en la medida de los intereses del Estado, frente a las actitudes de los otros, o “sancionarlos” por “incumplimiento”.
En el caso de la comunidad internacional, la autodefensa [300] no se limita a la facultad de repeler la primera agresión, mientras acuda la fuerza pública, pues como la fuerza pública centralizada y especializada no existe, deben reemplazarla las propias fuerzas armadas del Estado agredido, llevando a cabo una guerra defensiva, hasta el fin. Hasta un fin imprevisible, por supuesto.
Recién la Carta de la ONU, en su Artículo 51, intentó asimilar la autodefensa internacional a la institución análoga del derecho interno, limitando su ejercicio hasta el momento en que toma la represión del agresor el CS de la ONU, con las fuerzas armadas que tendría para disponer según el artículo 43. Sin embargo, tales fuerzas armadas nunca se establecieron. A cambio, EUA creó sistemas de seguridad colectiva -entre otros, la OTAN-. Estos sistemas de seguridad colectiva no están subordinados a la ONU ni pertenecen a la ONU.
El derecho de legítima defensa tiene como fuente una norma consuetudinaria, que fue transformada en una norma escrita en el pacto Briand-Kellogg y después en la Carta de la ONU (Art. 51); pero no debe confundirse con la llamada defensa de los intereses, extensión normativa que formuló la reserva británica del Pacto Briand-Kellogg. El Secretario de Estado norteamericano Kellogg, en el cambio de notas que precedió a la firma del pacto que lleva su nombre, señaló que la legítima defensa es un derecho natural de todo Estado soberano, que en cualquier tratado tiene que darse por supuesto. Los demás Estados no se opusieron a esta concepción. Así se explica que el artículo 51 de la Carta de la ONU, califique la legítima defensa (“right of selfdefence”) de “derecho inmanente” (“inherent right”, “droit naturel’’), lo que indica que su validez es independiente del derecho positivo [301].
La controversia principal respecto del caso Irak tiene que ver con el alcance dado a la noción de legítima defensa en el derecho internacional. Generalmente se analiza esa cuestión a la luz de la Carta de la ONU, que estipula una prohibición general del uso de la fuerza (Artículo 2 par. 4), con la única excepción de la legítima defensa (Artículo 51): “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas”. Desde el nacimiento de la ONU en 1945, los juristas están divididos: unos abogan a favor de una interpretación restrictiva, según la cual el artículo 51 permitiría invocar la legítima defensa únicamente para responder a una agresión militar. Otros, en cambio, afirman que existe un “derecho inherente” a la legítima defensa, que derivaría de la soberanía nacional, y que sólo un voto del CS podría contrarrestar. El terrorismo a gran escala, organizado desde un país extranjero pero sin la participación directa de su gobierno, entra en esa categoría de agresiones. Así, el uso de la fuerza por parte de EUA en Afganistán, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre del 2001, fue generalmente considerado como razonable, debido a la presunción de la tolerancia, que el régimen de los talibanes brindaba a Al-Qaeda. Semejante extensión de la legítima defensa no se evaluó como un atropello al artículo 51, sino como el signo de una evolución necesaria del derecho frente a nuevas realidades, sin por ello poner en tela de juicio el principio que prohíbe el uso de la fuerza.
La definición de las guerras ofensivas y defensivas dio lugar a una controversia que se planteó sistemáticamente durante la conferencia de desarme de 1933, que fracasó. Si uno se manejara con el criterio de “armas ofensivas y defensivas”, se encontraría, por ejemplo, con que EUA y la ex URSS son los ofensores y la mayoría del resto de los países del planeta los que se defienden. Por otra parte, con el criterio cronológico, la responsabilidad por la guerra contra Alemania recaería, según este criterio, en 1870 sobre Francia, en 1914 sobre Gran Bretaña y en 1939 sobre Francia y Gran Bretaña [302].
El Estado extranjero en cuyo territorio se encuentran, tiene el deber de protegerlos, y si no está en condiciones o no está dispuesto a hacerlo, el Estado originario, tiene el derecho de sustituirlo ejerciendo el derecho de autoprotección [303] de sus órganos o ciudadanos que se hallan en el territorio extranjero. EUA estableció este derecho en el Corolario Teodoro Roosevelt a la Doctrina Monroe (1902), en el que dice que no intervendrá unilateralmente -en América Latina- salvo que por causa de convulsión interna o guerra civil, deba recurrir en defensa de sus ciudadanos o empresas localizadas en ese país. Claro está que los Estados latinoamericanos no podían hacer lo propio en territorio norteamericano.
En D.I. común todo Estado está obligado a proteger a los Estados y los súbditos extranjeros contra cualquier agresión violenta. Si un Estado no quiere o no está en condiciones de asegurar la protección debida, entonces, y excepcionalmente, el mismo Estado perjudicado puede intervenir y realizar lo que el Estado territorial haya omitido hacer, por ejemplo, disolver una banda armada que intenta invadir su territorio o ejercer los poderes de policía para proteger a sus nacionales. El principio de que cada Estado es el único competente para velar por el mantenimiento del orden en su territorio sufre así una derogación cuando se rehúsa a otros Estados o a súbditos extranjeros la debida protección.
Durante la guerra civil española fueron enviados con tal propósito buques estadounidenses, franceses, italianos, británicos y alemanes. Los barcos estadounidenses cumplían esta clase de misión ante las situaciones revolucionarias que se producían en la región del Caribe. En 1965 la autoprotección fue el fundamento del desembarco norteamericano en Santo Domingo [304]; también el presidente norteamericano Lyndon Johnson dijo que temía que se transformara en una “segunda Cuba”. En última instancia, la realidad fue otra. Era preocupación de las subsidiarias de bancos norteamericanos en República Dominicana que, si retornaba al gobierno de Juan Bosch, que había caído por un golpe de Estado, “nacionalizara” a la banca extranjera [305].
Un ejemplo importante es el del buque norteamericano Caroline, que fue destruido por fuerzas británicas en aguas norteamericanas, porque ayudaba regularmente a los rebeldes del Canadá, sin que EUA hiciese nada para impedirlo. Si bien EUA protestó, reconoció al propio tiempo que tal medida hubiera sido perfectamente justificada, de haberse tratado de vencer un peligro inminente y grave, no susceptible de ser evitado de otra manera, y siempre que no se traspasaran los límites absolutamente necesarios. Este principio ha sido confirmado por el Tribunal Militar de Nuremberg [306]. En cambio, el Tribunal Internacional de Justicia en su sentencia del 9 de abril de 1949 en el asunto del Estrecho de Corfú, consideró la presencia de buques de guerra en aguas jurisdiccionales extranjeras con el fin de buscar medios de prueba, como una violación de la supremacía territorial extranjera, rechazando la alegación de autoprotección [307]. Esta sentencia no está en contradicción con lo antedicho, puesto que en el caso de referencia el daño ya se había producido antes, por lo que no se trataba realmente de precaverse de un ataque amenazador.
Se desprende de todo lo dicho que, en D.I., la autoprotección tiene que limitarse a impedir cualquier agresión contra Estados extranjeros o súbditos suyos, que no podría evitarse de otra manera. A diferencia de las represalias, la autoprotección tiene tan solo la misión de impedir violaciones inminentes del derecho, y de ninguna manera obtener la reparación de un acto ilícito ya perpetrado, porque el Estado que interviene actúa en lugar del que está obligado internacionalmente a mantener el orden. Por esto, la acción subsidiaria, que en representación suya toma, tiene que limitarse a aquellas medidas que el Estado territorial tendría que haber tomado.
Strupp, por ejemplo, ve en el caso Caroline y otros una prueba del reconocimiento por el D.I. de un estado de necesidad. Pero, en realidad, aquellos casos se distinguen del estado de necesidad, por cuanto en la autoprotección se reacciona contra la amenaza de un hecho ilícito objetivo, mientras que en el estado de necesidad se produce una irrupción en el ámbito de un Estado no culpable. Por eso el estado de necesidad no es una reacción contra un hecho ilícito, sino, a lo sumo, una excusa absolutoria [308].
Kelsen, por el contrario, cree que la autoprotección es propiamente una represalia porque se dirige contra un Estado que ha violado el D.I., al no hacer efectiva la protección jurídica que este prescribe. Esta teoría es una consecuencia de haber rechazado Kelsen la responsabilidad culposa en D.I., por cuanto admite un acto ilícito internacional, incluso cuando la protección debida no se dio objetivamente, aunque el Estado territorial haya hecho todo lo posible para impedir el acto ilícito. Si, por el contrarío, se admite la responsabilidad por culpa [309], un Estado en cuyo territorio se haya realizado o se prepare una agresión contra Estados extranjeros o súbditos suyos no será culpable si no estuvo en condiciones de impedir el acto ilícito. Pero, si no ha cometido acto ilícito alguno, no cabe hablar de represalias contra él, sin que ello sea obstáculo para que el Estado amenazado pueda intervenir directamente. Se impone, pues, admitir un derecho de protección internacional con carácter autónomo, que, a diferencia de las represalias, presupone un hecho ilícito objetivo, aunque no subjetivo, del Estado en cuyo territorio ha de producirse la intervención.
Reitzer, estima que las medidas que un Estado toma para proteger a sus nacionales en el extranjero constituyen un caso de legítima defensa. Pero pasa por alto que en este caso no se trata del ataque de un Estado y sí de personas privadas, el cual ha de enjuiciarse según el derecho penal y no según el D.I. La reacción frente a tales ataques no es, pues, legítima defensa internacional (solo posible frente a sujetos del D.I.), sino otra medida de protección que en lugar del Estado territorial adopta el Estado perjudicado.
El Art. 51 de la Carta de la ONU reconoce el derecho natural (“derecho inmanente”) de legítima defensa, individual y colectiva; lo que implica el derecho de los Estados a asociarse en vistas a una potencial autodefensa colectiva. Pero mientras antiguamente tales asociaciones solían adoptar la forma jurídica de uniones inorganizadas (alianzas), han surgido a partir de 1947 una serie de uniones interestatales organizadas sobre una base regional, cuyo objetivo primario -aunque a menudo unido a otros cometidos comunitarios de índole política, económica y social- es, la defensa de los miembros frente a ataques armados de fuera [310].
Pero la legítima defensa y la legítima asistencia solo son tales si se da ataque armado, pues el texto original inglés admite dichas, medidas únicamente “if an armed attack occurs against a member of the U.N.” Más claro todavía es el texto francés, igualmente auténtico: “dans le cas oú un membre, des N.U. est l´objet d’une agression armée” [311]. Las medidas de autodefensa “preventivas” no están cubiertas por el Art. 51.
Aun cuando el Art. 51 solo tiene presente el caso de ataque armado contra un miembro de la ONU, también los Estados no miembros de la ONU gozan del derecho de legítima defensa y legítima asistencia, por tratarse de derechos fundados ya en el D.I. común. También un Estado miembro puede prestar ayuda a un no miembro, toda vez que el Art. 51 caracteriza la legítima defensa de “derecho inmanente” -como en el texto inglés: “inherent right”; mientras el texto francés habla de un “droit naturel”-, indicando así que la Carta lo presupone como derecho de validez universal.
El artículo 51 no se incorporó al proyecto de la Carta de la ONU hasta la Conferencia de San Francisco, para permitir a los miembros de la Organización, la celebración de tratados defensivos por los que se obligasen recíprocamente a prestarse asistencia en caso de agresión [312]. El primer tratado de esta índole es el Acta de Chapultepec (1945), sustituida por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), del 2 de septiembre de 1947, elaborado en la Conferencia de Río de Janeiro del 15 de agosto al 2 de septiembre de 1947 [313] -primer tratado de seguridad colectiva de la guerra fría-. Este Tratado, que consta de 26 artículos y tiene carácter permanente, aunque denunciable, distingue la agresión armada de las de otra clase (Artículo 6°) [314] y de la amenaza de agresión. En los dos últimos supuestos surge, un deber de consulta entre los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados que lo hayan ratificado, estableciéndose a este fin un órgano de consulta especial. Este órgano debe reunirse inmediatamente en cualquiera de ambos supuestos, pudiendo acordar toda clase de medidas con una mayoría de los dos tercios (Art. 17), acuerdo obligatorio en principio también para todos los signatarios. Pero ningún Estado queda obligado a tomar parte en acciones que impliquen el uso de la fuerza armada sin su consentimiento (Art. 20).
No obstante, la historia del sistema interamericano en su etapa de aplicación de las Reuniones de Consulta de Ministerios de Relaciones Exteriores, ha demostrado que solo sirvieron para que EUA “disciplinara” a los Estados del hemisferio en interés de su seguridad o económico, el de sus ciudadanos, empresas o aliados, y no para los problemas o demandas de los Estados latinoamericanos [315]. La inaplicabilidad del TIAR en la 20ma Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores por la guerra de las Malvinas en 1982, lo demuestra [316].
En el artículo 51 de la Carta de la ONU se basa también el Pacto, de la Unión (Europea) Occidental, en su formulación del 23 de octubre de 1954 [317], y el Tratado del Atlántico Norte [318], pues ambos obligan a las partes a prestarse ayuda por todos los medios que juzguen necesarios, en el caso de agresión armada al territorio de uno o varios de ellos. (y según el artículo 6° del Pacto del Atlántico Norte, también a sus islas, naves y aeronaves en el Norte del Atlántico y a sus tropas de ocupación en Europa),hasta que el CS haya adoptado las medidas conducentes al restablecimiento de la paz [319]. Se obligan también las partes a instituir un Consejo Consultivo y a consultarse en caso de agresión o de amenaza de agresión [320]. Pero los Consejos Consultivos previstos en estos tratados (a diferencia del Organo de Consulta Interamericano) carecen del poder de decisión, por lo que cada parte ha de juzgar por sí misma si se da el caso y los medios necesarios para cumplir con el tratado.
Daban lugar también a un deber de asistencia recíproca los tratados de amistad de la Unión Soviética con Finlandia (6 de abril de 1948) y el Tratado de Seguridad entre EUA y el Japón del 8 de septiembre de 1951; el de Defensa mutua entre EUA, Australia y Nueva Zelanda, ANZUS; el de los Estados Arabes, Pacto de Bagdad o CENTO que perdió vigencia con la guerra entre Irak e Irán; el Pacto de Varsovia que dejó de existir con la desintegración de la URSS; el Tratado fundacional de la SEATO [321] que dejó de existir con la “Paz de Vietnam” en 1975; el Pacto Balcánico.
Pero esta excepción tiene solo un alcance transitorio, como se desprende del propio título del capítulo XVII (Acuerdos transitorios sobre seguridad). Estas disposiciones, a lo sumo, caducarán con el restablecimiento del estado de paz, puesto que entonces los respectivos Estados volverán a estar protegidos por el Pacto Kellogg [322].
Kelsen [323] distingue dos niveles en la realización de la seguridad colectiva:
Está ausente de la Carta de la ONU la vinculación de la seguridad colectiva con el desarme y, sobre todo, con la obligatoria solución pacífica de los litigios internacionales. Esta sólo se sugiere. Por consiguiente, el Art. 2° párrafo 4° de la misma, se convirtió en una gran charla de pequeños violadores del derecho internacional, según George Schwarzenberger [324].
El TIAR de 1947, establece la defensa colectiva tanto contra un ataque armado como contra una agresión que no sea ataque armado, que se origine en la región o fuera de ella. El Tratado de Río hace referencia específica al Artículo 51 de la Carta de la ONU, pero no menciona el Capítulo VIII. En la Conferencia de Chapultepec de 1945, EUA había insistido en que el “Acta de Chapultepec” constituía un arreglo regional en sí, y en 1947 quería reducir este aspecto del Tratado de Río. Más adelante, se esforzaría en lograr una autonomía virtual del Sistema Interamericano para reducir la “injerencia” de la ONU en cuestiones “americanas” importantes, ya que por el Artículo 51, los signatarios del TIAR pueden defenderse por sí mismos mientras el Consejo de Seguridad toma “las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales”, siendo que por el Capítulo VIII, los Estados signatarios no pueden recurrir a medidas coercitivas sin autorización del Consejo de Seguridad. Esto lo puso EUA, para evitar el veto o la injerencia de la URSS [325].
¿Existen divergencias entre el D.I. común y la Carta de la ONU? En este aspecto, es indudable que la Carta de la ONU impone a sus miembros deberes que el D.I. común no conoce. Entre ellos figura, ante todo, el deber, impuesto a los Estados por el artículo 2.° párrafo 4° de la Carta, de abstenerse de todo recurso a la fuerza, a excepción de la legítima defensa contra una agresión (art. 51). No es menos cierto que no hay contradicción en este ámbito entre el D.I. común y la Carta, por cuanto el derecho de recurrir a la fuerza que el D.I. común reconoce, no implica una obligación y sí tan solo una facultad, a la que cabe renunciar, como cabe renunciar a cualquier otro derecho [326]. En otros términos, el D.I. común reconoce el derecho de autotutela no de una manera absoluta, sino en tanto y en cuanto los Estados no hayan asumido obligaciones distintas. Añádase a ello que la prohibición de principio del recurso a la fuerza ha sido también reconocida por Estados que no son miembros de la ONU. En cambio la norma del Art. 2° punto 6° de la Carta está en contradicción con el D.I. común si la ONU no se limita a meras recomendaciones.
Todas las demás disposiciones de la Carta de la ONU se mueven en el marco del D.I. común, que deja a los Estados en libertad para negociar convenios relativos a la organización de la comunidad internacional. Por consiguiente, la Carta de la ONU no ha venido a sustituir al D.I. común, y éste sigue constituyendo el fundamento jurídico de la comunidad internacional.
La pregunta que uno se hace es, si acuerdos entre grupos de Estados, como OTAN o Pacto de Varsovia forman parte de esa “libertad” que da el D.I. común y que no puede ser limitado por la Carta de la ONU.
Frente a la concepción puramente normativista de Hans Kelsen -dura lex sed lex-, en la que es la ley la que hace la justicia -aunque sea injusta-, Werner Goldsmicht desarrolló lo que llamó la declinación trialista del mundo del derecho [327], en la que hizo una diferencia entre la norma, la realidad social y la forma en que se aplica la justicia, en el marco del derecho internacional privado. Este criterio fue traducido al derecho internacional público por Juan Carlos Puig [328] y consta de la dimensión sociológica, ya que el derecho se crea a partir de una realidad y se aplica sobre ella, una dimensión axiológica o “dikelógica” -en honor a la diosa de la justicia “diké”- usando términos de Goldsmicht, ya que tiene en cuenta los valores de esa sociedad, y una dimensión normativa o normológica, que considera a la norma emergente y aplicante -la justicia es la resultante de la aplicación de la norma según las características sociológicas y axiológicas-.
No obstante, a estas dimensiones habría que agregarle una cuarta, la del poder, ya que la norma no puede ser exigida en su cumplimiento o aplicarse sanciones por su incumplimiento, si no se tiene el poder suficiente. Sin poder, la norma tiene carácter formal, pero no real. El poder de policía es uno de los problemas y debilidades en el contexto internacional, ya que no existe una comunidad internacional centralizada, por lo que los más poderosos son los que manejan esas posibilidades. El único grado de centralización que se observa en la actualidad, es el de la tendencia a la conformación del Imperio por parte de EUA.
La Sociedad: Un factor a considerar, es que no se puede decir que el sistema internacional sea una “sociedad”. Su grado de organización y evolución resulta aun demasiado primitivo como para creer que existe tal sociedad, aun con el grado de institucionalidad que se ha alcanzado durante el siglo XX.
El sistema mundial se acerca más al concepto de “comunidad”, que está presente en la “tribu” -capacidad y posibilidad de imponerse mutuamente conductas entre los actores; el más fuerte es el “cacique”- que de sociedad, que está presente en el “Estado” -predominio de vínculos racionales- [329].
A partir de estas características es que se genera la norma -o se reformula, siguiendo criterios basados en la costumbre o en la necesidad de crear o reformular un organismo internacional-. Las características sistémicas -que son cíclicas- constituyen una variable independiente en estos casos. No es lo mismo el funcionamiento de la norma o de las instituciones internacionales en un sistema bipolar basado en la pugna entre dos ideologías irreconciliables, como las que hubo durante la guerra fría entre EUA y la URSS, en el que la ONU estaba direccionada por un CS en casi constante estancamiento, u organismos en los que participaba EUA pero no la URSS, como el BM, el FMI, el GATT, etc.; que en sistemas multipolares, donde no existe pugna ideológica y las relaciones polares se basan en el equilibrio y balance de poderes, o en la actualidad, con un alto grado de transnacionalización y de debilitamiento del rol del Estado-Nación.
Los que detentan el poder son los que direccionan el funcionamiento del sistema. Son los “repartidores supremos”, que “reparten” potencia -lo que se puede- e impotencia -lo que no se puede-. Sus valores dominantes, establecen las pautas de régimen. Constituyen los “principios supremos de reparto” [330]; aunque no lo pueden hacer de manera indiscriminada, ya que están limitados a “nivel horizontal” por los intereses de otros dominantes y a “nivel vertical” por la “resistencia” de quienes no están conformes y no tienen capacidad de direccionamiento, pero que intentan, individual o colectivamente, otro tipo de status quo [331].
Hay concurrencia de voluntades en la actividad “co-legislativa”, pero cada actor se hace individualmente responsable, según su capacidad de exigir el cumplimiento en lo que le interesa la aplicación de la norma o de sancionar por incumplimiento -desdoblamiento funcional [332]-.
[295] Este tema lo he analizado en, DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001), ¿Hacia un Nuevo Derecho Internacional? Caps. XIV y XV.
[296] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), III. B.
[297] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 347 y ss.
[298] Ver Weber, Max, Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, (Berkeley, University of California Press, 1978).
[299] Ver SCELLE, George, “Régles générales du Droit de la paix”, en Recueil des cours de la lére Académie de Droit International, (1933, IV), tomo 46. También, SCELLE, George, “Théorie et practique de la fonction exécutive en Droit lnternational” en Recueil des cours de la lére Académie de Droit International (1936, I), tomo 55.
[300] Se habla de autodefensa en términos de “self-defense” que resulta más claro que “legítima defensa”.
[301] El derecho elaborado por el hombre. Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 25.
[302] Ver Rousseau, Charles, Derecho Internacional Público Profundizado, (Bs. As., La Ley, 1966), pág. 723.
[303] Verdross, considera la autoprotección como una de las formas de aplicación de autotutela. Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963).
[304] Aplicación del Corolario Teodoro Roosevelt a la Doctrina Monroe. Este Corolario fue aplicado muchas veces. En el caso Grenada 1983, se volvió a reiterar con Reagan.
[305] Ver DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Relaciones Políticas entre EUA y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), pág. 98 y ss.
[306] “It must be remembered that preventive action in foreign territory is justified only in case of an instant and overwhelming necessity for selfdefense leaving no choice of means and no moment of deliberation...”. Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 349.
[307] Recueil del T.I.J., 1949, pág. 35.
[308] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XVI, D, v.
[309] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Cap. XVI, A, m.
[310] TIAR ha sido el primero en 1947, seguido de la OTAN en 1949 y luego de su contraparte el Pacto de Varsovia en 1955.
[311] El texto castellano auténtico dice simplemente: “en caso de ataque armado”.
[312] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 554 y ss.
[313] Ver Alvarado Garaicoa, La trascendencia de las reuniones interamericanas, Guayaquil, 1949. Apéndice 1; Cordero Torres, 11, 117; Política Internacional, N° 5657 (JulioOctubre 1961), 589.
[314] El Art. 16 de la Carta de Bogotá dice: “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza.”
[315] Esto lo he desarrollado ampliamente en, DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Relaciones Políticas entre EUA y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994).
[316] Ver DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Relaciones Políticas entre EUA y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), Capítulo XVII.
[317] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), XXII L, i, c.
[318] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), XXII, L, n.
[319] Art. 8° del Pacto de la Unión Europea Occidental; Arts. 4° y 5° del Tratado del Atlántico Norte.
[320] Art. 8.0 del Pacto de la Unión Occidental; Art. 4.0 del Tratado del Atlántico Norte.
[321] Organización del Tratado del Asia del Sudeste, por sus siglas en inglés.
[322] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), XVIII B, v, c, 3.
[323] Kelsen, Hans, Principios de Derecho Internacional Público, (Bs. As., El Ateneo, 1965), págs. 15-17.
[324] Ver SCHWARZENBERGER, George, International Law, Tomo I, 3ra Edición, 1957.
[325] Ver DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Relaciones Políticas entre EUA y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), pág. 69.
[326] Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), IX, B, i.
[327] Goldschmidt, Werner, Dikelogía: La Ciencia de la Justicia, (Madrid, Aguilar, 1968). También, Goldschmidt, Werner, Introducción al Derecho: La Teoría Trialista del Mundo Jurídico y sus Horizontes, (Buenos Aires, Depalma, 1968).
[328] Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Buenos Aires, Depalma, 1974), Vol. I, Parte General.
[329] Sobre la diferencia entre comunidad y sociedad, ver Tönnies, Ferdinand, Comunidad y Sociedad, (Buenos Aires, Losada, 1947). Este tema ha sido desarrollado en este trabajo bajo el título “Características del Sistema Internacional”.
[330] Ver Puig, Juan Carlos, “Estructura y Funcionamiento del Régimen Internacional”, Revista de la Fuerza Aérea Argentina: Escuela de Comando y Estado Mayor, N° 67, Año 1973, págs. 95-110.
[331] Ver en DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “El Orden Mundial del Siglo XXI”, (Buenos Aires, Ediciones de la Universidad, 1998), págs. 131-133 y 187-189, las “Líneas de Control Intra-hegemónicas” o “Parámetros de Cambio” o “Límites a las Conductas Autonómicas”.
[332] Ver Scelle, George “Théorie et practique de la fonction exécutive en Droit lnternational”, en Recueil des cours de la lére Académie de Droit International (1936, I), tomo 55 y sus “Régles générales du Droit de la paix”, en Recueil... op. cit., (1933, IV), tomo 46, págs. 657 y ss.

References: artículo 10
 artículo 25
 Artículo 51
 artículo 43
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 6
 Artículo 51
 Artículo 51
 artículo 2