Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610095.html
Timestamp: 2019-03-23 20:55:50+00:00

Document:
as201610095
AUTO SUPREMO Nº 095/2016-RRC
Sucre, 16 febrero de 2016
Expediente : Cochabamba 33/2015
Parte Imputada : Miguel Crespo Huara
Por memorial presentado el 25 de mayo de 2015, cursante de fs. 334 a 342 vta., Miguel Crespo Huara, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 24 de octubre de 2014, de fs. 312 a 322 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Candelaria Obe Camama en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 0014/2013 de 20 de noviembre (fs. 227 a 234), el Tribunal Primero de Sentencia de Villa Tunari, Provincia Chapare del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Miguel Crespo Huara, autor de la comisión del delito de Homicidio por Emoción Violenta, previsto y sancionado por el art. 254 del CP, imponiéndole la pena de tres años de privación de libertad, más el pago de tres mil días multa a razón de Bs. 1 (un boliviano) por día, con costas a favor del Estado averiguables en ejecución de Sentencia.
b) Contra la mencionada Sentencia, la querellante Candelaria Obe Camama (fs. 249 a 252) y el Ministerio Público (fs. 254 a 256 vta.), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista de 24 de octubre de 2014, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró parcialmente procedentes ambos recursos; por lo que, anuló la Sentencia impugnada y dictó nueva Resolución, declarando al imputado autor del delito de Homicidio, tipificado por el art. 251 del CP, imponiéndole la pena de seis años de presidio, con costas a favor del Estado y habilitación al procedimiento especial, para la reclamación de daños y perjuicios que pudiere corresponder; determinación judicial que motivó la formulación de recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y el Auto Supremo 468/2015-RA de 6 de julio, que declaró su admisión, se tienen como motivos los siguientes:
1) El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada forzó la subsunción del hecho a otro tipo penal distinto al que lo sentenciaron, sin fundamentación intelectiva alguna, cambiando el delito de Homicidio por Emoción Violenta a Homicidio, sin haber tomado en cuenta las características propias del primer tipo penal señalado, en donde está implicado el estado psíquico, grado de sentimiento impetuoso y violento frente a un estímulo que anula la capacidad del sujeto, que a criterio del impugnante, las autoridades recurridas, únicamente realizaron una descripción referente a las pruebas y al tipo penal de Homicidio, sin puntualizar por qué calificaron y llegaron a una abstracción superflua e intrascendente de su conducta, adecuándola al abstraer la conducta al ilícito referido, pues no fundamentaron los motivos de la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva, por lo que el Auto de Vista es producto de lo no probado en juicio oral y lo arbitrariamente concluido, con lo cual, el Tribunal de alzada contravino los arts. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 203 de la Constitución Política del Estadio (CPE), vulnerando paralelamente el debido proceso y el principio de legalidad en su elemento de ausencia de fundamentación, lo que denota defecto absoluto; al respecto, sobre este agravio invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 287 de 11 de octubre de 2007, 529 de 17 de noviembre de 2006 y 166 de 12 de mayo de 2005.
2) También denuncia que en el Auto de Vista, las autoridades recurridas, de manera contradictoria, al cambiar la subsunción del hecho condenado a otro tipo penal, sin ninguna fundamentación y de oficio incurrieron en la figura legal de la ultra petita; toda vez, que ninguno de los apelantes solicitó la modificación o cambio de tipo penal, cometiendo el Tribunal de segunda instancia error sustancial, al conceder de oficio, más allá de lo solicitado, vulnerando de este modo los principios de coherencia, congruencia y legalidad al no fundamentar de qué manera se deba aplicar el principio iura novit curia, ya que, infringiendo lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP, lo que tilda de defecto absoluto no susceptible de convalidación, que vulnera derechos y garantías reconocidos por la Norma Fundamental, a cuyo efecto invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 239/2012 de 3 de octubre de 2012, 221 de 28 de marzo de 2007 y 250 de 17 de septiembre de 2012.
El recurrente solicita: “se ADMITA EL RECURSO DE CASACIÓN y con su resultado se deja sin efecto EL AUTO DE VISTA DE 24 DE OCTUBRE DEL 2014 MANTENIENDO VIGENTE LA SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013...” (sic).
Mediante el Auto Supremo 468/2015-RA de 6 de julio, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo de los motivos expuestos precedentemente.
II.1. De la apelación restringida de Candelaria Obe Camama.
Mediante recurso de apelación restringida, la querellante denunció que la Sentencia incurrió en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, que se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas procesales, que no existe fundamentación en la Sentencia y que es insuficiente y contradictoria, que existe contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa, la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia y la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, defectos previstos en los incs. 1, 4, 5, 6, 8, 10 y 11 del art. 370 del CPP, impetrando la anulación de la Sentencia y consecuente reenvío de la causa.
II.2. Del recurso de apelación del Ministerio Público.
El Ministerio Público denunció que pese a haberse reconocido la autoría en el delito del asesinato de Oliver Cáceres Flores, el Tribunal de Sentencia dictó sentencia condenatoria por el delito de Homicidio por emoción violenta, previsto por el art. 254 del CP, incurriendo en los defectos establecidos en el art. 370 del CPP, toda vez que contiene la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legamente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas, carece de fundamentación y es insuficiente y contradictoria, existe contradicción en su parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa, y no observó las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación. Tampoco consideró que el imputado de ninguna manera desvirtuó el delito de Asesinato. En consecuencia pidió al Tribunal de alzada que anule la Sentencia y ordene la reposición del juicio por otro Tribunal.
El recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista de 24 de octubre de 2014, que al resolver los recursos de apelación restringida interpuestos por la acusadora particular y el Ministerio Público, concluye señalando que: “… CON RELACIÓN A LA APELACIÓN FORMULADA POR CANDELARIA OBE CAMAMA… la apelante señala .. de manera genérica que existe defectos establecidos en el Art. 370 del CPP, sin referir cual numeral, .. no se formulan de forma ordenada ni concreta … no existe una adecuada identificación de los fundamentos de agravio … Sin embargo … velando el Principio de Acceso a la Justicia como elemento del Debido Proceso, dentro de una análisis prolijo del memorial en cuestión se puede establecer que la apelante … estaría observando los defectos contenidos en los núms. 1, 4, 5 y 6 del Art. 370 del CPP.
(…) se puede advertir que la eventual observación planteada por la parte apelante, no tiene mérito, ya que no se basa en cuál de los dos parámetros se circunscribe el supuesto agravio, se limita a señalar simplemente que ha sido plenamente identificado el imputado como autor confeso del delito de asesinato, para luego pasar a indicar que, al parecer no se habría valorado el informe conclusivo de fecha 29 de julio del 2004, realizado por el Po. Orlando Bustamante Rojas, la declaración de 19 de julio del 2003 y la declaración ampliatoria de fecha 10 de junio de 2004.
No obstante de esto, sobre ese aspecto se puede constatar en la Sentencia … se hace una descripción de la prueba donde se describe las pruebas que se alega, … se puede colegir que el Tribunal a-quo realiza un análisis de toda la prueba aportada, haciendo una relación de las pruebas de cargo y de descargo, identificando a Oliver Cáceres Flores como la víctima del delito de Homicidio, que el autor del Homicidio es Miguel Crespo Huara, que el referido imputado actuó en defensa propia …se concluye que al parecer no se incurre en el defecto del num.. 1 del Art. 370 del CPP ya que identifica el hecho y aplica la normativa pertinente al caso concreto que ocupa, como es el Homicidio por emoción violenta, de manera que tiene fundamento lo observado por el apelante, sin embargo sobre la finalidad de los incs. a) y b) se debe realizar un fundamento más amplio con la finalidad de establecer la justificación legal del cambio de tipo penal que se desemboca en la presente Sentencia.
(…) con relación al num. 4 del art. 370 del CPP, … la parte apelante no adecua su observación de manera puntual y coherente para efectos de que este Tribunal de Alzada pueda verificar si existe o no tal vulneración, confundiendo y/o mezclando al mismo tiempo una pretensión que al presente resulta ser contradictoria, a mayor abundamiento se reitera que al no haber formulado la exclusión probatoria ante el Tribunal de Sentencia y ante un eventual formulación, la reposición y reserva de recurrir, la apelante habría precluído su derecho para reclamar ante este Tribunal de alzada, por lo que carece de mérito este fundamento impugnatorio.
…) el reclamo del apelante respecto a este punto resulta improcedente en el entendido de que no fundamenta en que parte de la sentencia, existe esa falta de fundamentación, o que la misma sea insuficiente o contradictoria, simplemente se limita a realizar una relación de hechos de la producción de prueba testifical y documental, sin vincular o identificar el supuesto defecto que conlleva las declaraciones testificales del imputado, su esposa y la testigo Susana Navarro … de obrados se puede establecer la existencia descriptiva de la prueba testifical … existe la valoración de las atestaciones de los testigos esto aparejado con la prueba documental de descargo que fueron debidamente valorados por el Tribunal a-quo, con relación al supuesto hecho de cambio de nombre y de los delitos que se alega sobre falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, deberá acudir a la vía llamada por Ley toda vez que la Sentencia que generó este recurso no está encaminado a dilucidar temas distintos al hecho acusado que está relacionado con la muerte violenta de Oliver Cáceres Flores, por lo que es Tribunal a-quem no está facultado para analizar otros hechos que sean parte de la base del juicio oral tampoco valorar prueba y menos prueba de que no fue motivo del debate…
(…) revisando la Sentencia, … con relación a la prueba testifical, documental y de cargo y descargo… la existencia de valoración intelectiva, …. Existencia del elemento Óntico (fáctico), .. la existencia del elemento de logicidad .. y finalmente el elemento de la forma … en tal sentido carece de fundamento la observación…
En lo que atañe a la supuesta observación del numeral 6 del art. 370 del CPP …a tiempo de impugnar la actual apelante .. con relación a la defectuosa valoración de la prueba, no ha tomado en cuenta los referidos lineamientos .., por lo que al no indicar cuál es la supuesta vulneración o aspecto que le genere agravio carece de mérito su impugnación.
Con relación a los numerales 10 y 11 del art. 370 del CPP, … la apelante no hace mayor fundamentación para que este Tribunal de Alzada pueda hacer un análisis dentro de la competencia delimitada en el art. 398 del CPP, razón por la que … corresponde declarar la improcedencia de la apelación planteada por Candelaria Obe Camama”.
Respecto a la apelación formulada por la representación del Ministerio Público señala: “(…) de forma por demás general y poco específica alega que la Sentencia dictada es atentatoria a la vida y la integridad corporal …solicitando se anule la sentencia y ordene la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, sin hacer mayor fundamentación sobre cada uno de los puntos planteados, por lo que aunando los criterios y fundamentos expuestos … la presente apelación también carece de mérito concretamente con los numerales 4, 5, 10 y 11 del art. 370 del CPP.
Por otro lado, con relación a las dos apelaciones restringidas … respecto al numeral 8 del art. 370 del CPP, se debe precisar que aun de no existir una fundamentación clara y coherente por parte de ambos apelantes, … se puede constatar que en la Sentencia evidentemente se cambió la calificación jurídica del hecho del delito de Asesinato al delito de Homicidio pero al momento de imponer la pena contradictoriamente se determina un segundo tipo penal referido al Homicidio por Emoción Violenta …consecuentemente en la redacción de la sentencia existe incongruencia al momento de recalificar el hecho y al momento de la imposición de la pena.
(…) este Tribunal de alzada, puntualiza que existe errónea aplicación de la norma sustantiva relativa a la mala aplicación de la pena, que resulta contradictoria con la fundamentación principal …
(…) en el presente caso, bajo los fundamentos expuestos se tiene demostrado que la recalificación del hecho delictivo está circunscrita concretamente al delito de Homicidio previsto en el art. 251 del CP y no así al Homicidio por Emoción Violenta previsto en el Art. 254 del CP …
(…) si bien el Tribunal a-quo delimitó el tipo penal equivocado de Homicidio por Emoción violenta, al momento de imponer la pena que resulta contradictorio a la fundamentación principal, ya que luego de realizar un desarrollo que derivó en el cambio de tipo penal de Asesinato por el del Homicidio previsto en el Art. 251 del CP, de forma contradictoria incorpora otro tipo penal previsto en el Art. 254 del CP, lo que resulta como se dijo en errónea aplicación de la norma sustantiva en cuya consecuencia también resulta equivocada la pena impuesta ya que no considera las agravantes y atenuantes que se ha producido en el debate del juicio oral y que al presente son a todas luces elementos de juicio que en su momento no valoró de forma adecuada el Tribunal a-quo, se reitera en la labor de imposición de la pena.
En tal sentido .. habiendo identificado las imprecisiones, … sin que ello signifique nueva valoración de la prueba, en sujeción del Art. 413 del CPP, sin necesidad de anular la sentencia, con los mismos fundamentos de la parte considerativa desarrollada en la sentencia … corresponde dictar una nueva Sentencia fijando la pena mínima agravada correspondiente a seis años de presidio, sanción que cumple los fines de enmienda y readaptación social conforme establece el Art. 25 del CP…” (sic).
Con los fundamentos transcritos precedentemente, declara parcialmente procedentes los recursos de apelación interpuesto por Candelaria Obe y el Ministerio Público; por ende, anula la sentencia impugnada y dicta una nueva declarando al imputado autor del delito de Homicidio, previsto por el art. 251 del CP y le impone la pena de seis años de presidio.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN ENTRE EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO Y LOS PRECEDENTES INVOCADOS
En el caso presente, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada sin fundamentación intelectiva alguna, forzó la subsunción del hecho a un tipo penal distinto al que le sentenciaron; además, que el cambio a la subsunción del hecho resultó ultra petita porque los apelantes no solicitaron la modificación o cambio del tipo penal, por lo que corresponde resolver ambas problemáticas a través de la labor de contraste con los precedentes invocados en el recurso de casación sujeto a análisis.
Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por uno de los Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por los otros Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.
Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.
Por lo referido, el objetivo del recurso de casación es asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley penal en los fallos judiciales en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación, contrarios a otros precedentes, por lo que se ha dejado establecido que no todo Auto de Vista es recurrible en casación, sino únicamente los que resulten ciertamente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; es decir, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro del plazo establecido por ley y señalar la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, sino, asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, lo contrario implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica.
III.2. Respecto a la denuncia de falta de fundamentación en la nueva subsunción de su conducta por el Tribunal de alzada.
En este motivo, la parte recurrente invoca el Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006, que estableció la siguiente doctrina legal aplicable: "Son defectos absolutos, cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los imputados, defecto que se inscribe en la previsión del artículo 169 numeral 3) del Código de Procedimiento Penal, porque atenta el debido proceso, proclamados en el artículo 16-II y IV de la Constitución Política del Estado.
La falta de precisión, en términos claros, sobre la adecuación del hecho acusado a los elementos constitutivos del tipo penal atribuido de difamación, incurso en la sanción del artículo 283 del Código Penal que estipula ´El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años y multa de cien a trescientos días´, contraviene el principio de legalidad, al no cumplir con la explicación jurídica legal, que el acto imputado se subsume a la norma sustantiva penal, atribuyéndoles a los imputados los hechos, haciéndolos objetos de la concreta acusación del ilícito penal, cuyo objeto es el atacar el sentimiento de honradez moral del sujeto pasivo con relación al consenso de los demás.
Que la resolución cuestionada, no comprende la subsunción del hecho al tipo penal de calumnia, tampoco la argumentación para la imposición de las sanciones conforme lo estatuido en el Art. 25 del CP que dice: ´Las sanción comprende las penas y medidas de seguridad´, y para la fijación de las mismas, se debe tomar en cuenta la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito, y en la especie tampoco se fundamentó la imposición de la pena, cuando ésta debe ser dada en el marco de los Arts. 38, 39 y 40 del citado cuerpo penal.
Que el Tribunal de Alzada, al no haber advertido, que la adecuación del hecho ilícito fue incorrecta al tipo penal de calumnia, que prevé el artículo 283 del Código Penal, ante la inexistencia de los elementos constitutivos del mismo y al no haberse demostrado "el delito contra el honor sobre el ataque a la honra o crédito ajeno" respecto a la conducta de los imputados.
Por lo señalado precedentemente y al haberse dictado resoluciones que infringen el debido proceso proclamado por la Carta Magna e interpretado en el sentido que ´comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos´; los que lesionan el principio de legalidad formal y material, en consecuencia, corresponde regularizar el procedimiento, disponiendo se dicte un nuevo Auto de Vista conforme la Doctrina Legal establecida en el presente Auto Supremo." (sic).
El Auto Supremo invocado fue emitido dentro de un proceso penal seguido por el delito de calumnia, que en casación se dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido al advertirse que no observó que la adecuación del hecho ilícito fue incorrecta al tipo penal de Calumnia que prevé el art. 283 del CP, ante la inexistencia de los elementos constitutivos de dicho delito respecto a la conducta de los imputados; por lo que considerando los aspectos detallados en el acápite anterior, se tiene que se está ante una situación de hecho y situación procesal diferente a la analizada en el presente caso, por lo que no será considerado para realizar la labor de contraste encomendada.
Respecto al Auto Supremo 166 de 12 de mayo de 2005, en lo sustancial y pertinente estableció: "(…) Se consideran defectos absolutos, cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a la parte procesada, este defecto, además, se inscribe en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal por afectar el derecho de defensa de la imputada y el debido proceso, que se encuentran garantizados por el artículo 16 II y IV de la Constitución Política del Estado.
Que la falta de precisión, en términos claros, sobre la adecuación del hecho ilícito a los elementos constitutivos de los delitos en el sub lite, de difamación, calumnia, propalación de ofensa y libelo infamatorio, previstos y sancionados por los artículos 282, 283, 285 y 287 última parte del Código Penal, contraviene el principio de legalidad por cuanto no se cumple con la explicación detallada de que el acto imputado se subsume a la norma general prohibitiva. Además, un solo elemento que no encaje al tipo penal basta para que el hecho denunciado deje de ser delito. En autos se evidencia que la sentencia de fojas 59 a 61 no cumplió con la subsunción del hecho a los tipos penales mencionados, específicamente al delito de calumnia. Por otro lado, la imposición de la pena siempre debe ser motivada y en el sub lite la sentencia no tiene fundamento que justifique las penas impuestas.
En consecuencia, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por no haber advertido ni considerado la falta de valoración de la prueba en la sentencia, imprecisión de la subsunción de los hechos a los delitos imputados, al no existir fundamento que justifique la imposición de las penas y por llevar sólo una firma el Auto Complementario de fojas 93, en aplicación del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal de apelación mencionado debe anular totalmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia..” (sic).
Al igual que el anterior precedente invocado, el presente Auto Supremo, fue emitido dentro de un proceso penal seguido por los delitos de Difamación, Calumnia, Propalación de Ofensas y Libelo Infamatorio, en el que se emitió una sentencia condenatoria por todos los delitos endilgados, originando la formulación de recurso de apelación restringida que fue declarado improcedente. En consecuencia, se interpuso recurso de casación, admitiéndose éste únicamente porque se fundamentó la falta de claridad y especificidad en la adecuación del hecho a los elementos constitutivos del delito de calumnia en la Sentencia cuestionada, aspecto que no habría sido considerado por el Auto de Vista.
En el caso que nos ocupa, el recurrente reclama que el Auto de Vista contravino el art. 124 del CPP, es decir por falta de fundamentación al haber forzado en el planteamiento del recurrente, la subsunción del hecho a otro tipo penal distinto al que lo sentenciaron, por lo que tampoco existe una situación procesal similar para ingresar a analizar el fondo del motivo, deviniendo en consecuencia en infundado.
Se deja constancia que no se considera el Auto Supremo 287 de 11 de octubre de 2007, al carecer de doctrina legal aplicable que permita efectuar la labor de contraste encomendada a este Tribunal por las normas que regulan el presente medio de impugnación, al constatarse que a través de dicho fallo se declaró infundado el recurso de casación que fuera de conocimiento de la Sala Penal Segunda de la otrora Corte Suprema de Justicia.
III.3. En cuanto a la denuncia de pronunciamiento ultra petita.
El recurrente invoca como precedente el Auto Supremo 239/2012-RRC de 3 de octubre, que estableció: “… Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la ´acusación´ en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El ´principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia" implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación…”. (sic).
Por otro lado, el Auto Supremo 221 de 28 de marzo de 2007, establece: “Los Tribunales de alzada aplicando debidamente el principio de ´economía procesal´ y sobre todo el de ´legalidad´ deben observar estrictamente lo dispuesto por el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal en su párrafo último que señala ´cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de alzada resolverá directamente´. Los casos que posibilitan esta disposición estén traducidos en la función que actualmente cumplen los Tribunales de apelación que se traducen sobre todo en la identificación de ´error in iudicando´, o lo establecido en el artículo 414 del mismo cuerpo adjetivo procesal penal, disponer lo contrario significaría que por una indebida aplicación de una norma sustantiva o indebida interpretación de la ley tenga que realizarse un nuevo juicio oral, aspecto que llevaría que los juicios orales tengan duraciones demasiado largas por los cuales se restringiría el derecho que tienen los sujetos procesales a un juicio sin dilaciones.
Considerando que ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación conforme al principio de congruencia, empero se debe tomar en cuenta el principio ´iura novit curia´ por el cual la congruencia debe existir entre el hecho (base fáctica) y la sentencia y no -respecto a la calificación jurídica que provisionalmente establece el Ministerio Público o la acusación particular de manera indistinta teniendo el Juez o el Tribunal de Sentencia, luego del desfile probatorio y del análisis de las pruebas incorporadas a juicio, realizar la ´subsunción´ del hecho al tipo penal que corresponda pudiendo ser diferente al de la calificación jurídica provisional realizada por la acusación, en aplicación precisamente del principio procesal indicado (siempre que se trate de la misma familia de delitos) como en el presente caso que los tipos penales protegen el mismo ´bien jurídico´, por lo que en ese antecedente corresponde al Tribunal de alzada, realizando un correcto análisis de los elementos de prueba contenidos en la sentencia de mérito, conforme a la previsión del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictar directamente una nueva sentencia.” (sic).
Ahora bien, corresponde señalar que los Autos Supremos invocados, cuyas doctrinas han sido transcritas precedentemente, fueron emitidos dentro la tramitación de procesos penales, el primero: seguido por el delito de Asesinato y Comisión por Omisión de Asesinato, habiéndose dictado Sentencia condenatoria por el delito de Homicidio Culposo y Homicidio respectivamente y en Apelación restringida se anuló totalmente la Sentencia. Recurren de casación argumentando que el cambio de tipo penal realizado por el Tribunal de juicio era el correcto al encontrarse dentro del mismo grupo de delitos y que el Tribunal de alzada se apartó de la doctrina legal aplicable respecto al principio de congruencia y el principio de desvinculación condicional desarrollada por el precedente invocado. El Tribunal casacional estableció que evidentemente el Auto de Vista recurrido, sin pronunciarse respecto a los puntos apelados, identificó la existencia de un defecto absoluto insubsanable en la Sentencia, por cuanto subsumió el hecho denunciado en una calificación jurídica distinta a la establecida en la acusación, sin que se haya advertido a las partes del cambio de calificación, lo que a criterio del Tribunal de alzada vulneraba el derecho a la defensa de las acusadas, sin considerar que la doctrina legal referida al principio de congruencia basada en el principio de la desvinculación condicionada había sido modulada, otorgando facultades al Juez o Tribunal de juicio para variar la calificación del tipo penal, siempre y cuando no se cambien los hechos objeto del proceso, por lo que no es exigible la advertencia que exige el principio de desvinculación condicionada para el cambio de calificación jurídica, siempre y cuando se respeten los límite establecidos para la aplicación del principio iura novit curia (delitos de la misma familia).
En el caso del segundo precedente, fue emitido dentro de un proceso penal seguido por el delito de lesiones leves, en el que se dicta sentencia condenatoria y en apelación restringida se confirma la sentencia al declararse inadmisibles las cuestiones planteadas, para luego en casación dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, por establecerse que el Tribunal de mérito incurrió efectivamente en errónea aplicación del art. 271 del CP, concluyendo que correspondía al Tribunal de alzada, realizar un correcto análisis de los elementos de prueba contenidos en la Sentencia y dictar una nueva Sentencia.
En mérito a lo expuesto y contrastando con la situación procesal del caso en examen, se advierte que la problemática planteada en el segundo motivo del recurso, está referido a un pronunciamiento ultra petita en el que incurrió el Tribunal de alzada, al cambiar la subsunción del hecho a otro tipo penal distinto al acusado, sin que este aspecto haya sido reclamado en apelación restringida; en el primer precedente la problemática va dirigida a que el cambio del tipo penal lo realizó el Tribunal de juicio y que dicho cambio fue considerado por el Tribunal de alzada como un defecto absoluto insubsanable, por lo que, sin pronunciarse sobre los puntos apelados, anuló totalmente la sentencia, alejándose de esta manera de la doctrina legal establecida en el precedente invocado en el referido recurso; y en el caso del segundo precedente sobre la errónea aplicación del art. 271 del CP en la que incurrió el Tribunal de juicio, aclarando que en casación no se admite el persaltum o la impugnación directa a este alto Tribunal de Justicia. Por lo expuesto, este Tribunal considera que al no existir situación procesal similar, los precedentes descritos no podrán ser considerados para el análisis de fondo del presente motivo.
Por último, el recurrente invoca como precedente el Auto Supremo 250 de 17 de septiembre de 2012, cuya doctrina estableció que: ”El Tribunal de Alzada debe ceñir el pronunciamiento de su resolución a lo que fue objeto de impugnación, debiendo el Auto de Vista circunscribirse sólo a los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo II del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, en concordancia con el art. 398 del Código de Procedimiento Penal, lo contrario se constituye en vicio de incongruencia por exceso (ultra petita o exra petitium), al resolverse sobre cuestiones que no fueron objeto de expresión de agravio, circunstancia que vulnera el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el derecho a las resoluciones debidamente fundamentadas”; este fallo fue emitido ante la constatación de parte del Tribunal de casación de que el Tribunal de Apelación, excediendo su competencia, anuló la Sentencia al concluir en las vulneraciones de los principios de continuidad y celeridad en la celebración del juicio oral, que no fueron denunciadas por la acusadora particular en el recurso de apelación restringida interpuesto, puesto que sólo denunció la violación de los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP, de modo que el Tribunal de Alzada al excederse en los límites de su competencia y resolver en base a aspectos no denunciados (extra petita), transgredió lo establecido por los art. 398 y 124 del CPP, así como el parágrafo II del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial.
En el caso de autos, se advierte de los antecedentes, que tanto la acusadora particular como el representante del Ministerio Público ante la emisión de la Sentencia condenatoria pronunciada en contra del recurrente que declaró su autoría por la comisión del delito de Homicidio por Emoción Violenta, formularon a su turno recursos de apelación restringida cuestionando entre otros motivos, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, refiriendo ambos apelantes que el imputado hubiese sido plenamente identificado como el autor confeso del delito de asesinato, siendo sin embargo condenado por el tipo penal previsto por el art. 254 del CP, así como la existencia de los defectos previstos por el art. 370 incs. 6) y 8) del CPP, motivando que el Tribunal de alzada a tiempo de considerar y resolver ambos recursos, haciendo mención a las referidas disposiciones procesales penales, destacó que si bien la fundamentación de los recursos no era clara y coherente, el fundamento impugnatorio estaba encaminado a que la sentencia tenga vinculación con el principio lógico de no contradicción, referido este aspecto a la facultad de aplicar o no el principio “iura novit curia”.
Es así, que el Tribunal de alzada concluyó que la Sentencia evidentemente cambió la calificación jurídica del hecho del delito de Asesinato al delito de Homicidio, pero al momento de imponer la pena contradictoriamente determinó un segundo tipo penal, el previsto como Homicidio por Emoción Violenta en el art. 254 del CP, generando en ese ámbito la existencia de errónea aplicación de la norma sustantiva relativa a la mala aplicación de la pena, por cuanto la recalificación del hecho estuvo circunscrita al delito de Homicidio previsto en el art. 251 del CP y no así al Homicidio por Emoción Violenta; lo que implica, que el Tribunal de alzada, considerando los límites previstos por el art. 398 del CPP y sujetándose a los defectos denunciados en apelación por los acusadores público y particular, circunscribió su resolución a los puntos apelados, procediendo a corregir el error cometido por el Tribunal de mérito, sin incurrir en un pronunciamiento ultra petita como sostiene la parte recurrente; por el contrario, en el ámbito de su competencia delimitada por los puntos alegados en las apelaciones restringidas y en ejercicio de la facultad que le reconoce el art. 413 del CPP, emitió directamente una nueva sentencia corrigiendo el yerro del inferior, pues si bien en ambas apelaciones el punto central del reclamo fue la calificación efectuada por el Tribunal de Sentencia en un delito distinto al Asesinato, este aspecto no es suficiente para asumir que el Auto de Vista impugnado haya resuelto más allá de lo pedido, habida cuenta que el cuestionamiento sin duda estuvo dirigido a la calificación de la conducta del imputado efectuada en la Sentencia; por lo que al no existir contradicción con el último fallo invocado como precedente, el motivo también deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Miguel Crespo Huara.

References: resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 169
 artículo 16
 artículo 283
 resolución 
 artículo 283
 artículo 169
 artículo 16
 artículo 413
 artículo 413
 artículo 414
 artículo 413
 resolución 
 resolución