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Legalcity | Sentencia sobre la Entrada en los Estados Miembros
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Sentencia sobre la Entrada en los Estados Miembros
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22 Dic Sentencia sobre la Entrada en los Estados Miembros
Posted at 20:47h in Actualidad	by	LEGALCITY 0 Comments
— en nombre del Sr. McCarthy, de la Sra. McCarthy Rodriguez y de la hija de ambos Natasha Caley McCarthy Rodriguez, por los Sres. M. Henderson y D. Lemer, Barristers, designados por el Sr. K. O’Rourke, Solicitor;
— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por las Sras. S. Brighouse y J. Beeko, en calidad de agentes, asistidas por los Sres. T. Ward y D. Grieve, QC, y por el Sr. G. Facenna, Barrister;
— en nombre del Gobierno griego, por la Sra. T. Papadopoulou, en calidad de agente;
— en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
— en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. M. Wilderspin y Sra. C. Tufvesson, en calidad de agentes;
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, con corrección de errores en DO L 229, p. 35), y del artículo 1 del Protocolo (nº 20) sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al Reino Unido y a Irlanda (en lo sucesivo, «Protocolo nº 20»).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una parte, el Sr. McCarthy, la Sra. McCarthy Rodriguez y la hija de ambos Natasha Caley McCarthy Rodriguez y, por otra, el Secretary of State for the Home Department (en lo sucesivo, «el Secretary of State») sobre la negativa a conceder a la Sra. McCarthy Rodriguez el derecho a entrar en el Reino Unido sin visado.
«Con objeto de facilitar la libre circulación de los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro, conviene que quienes ya sean titulares de una tarjeta de residencia queden exentos de la obligación de visado de entrada establecida en el Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación [(DO L 81, p. 1)], o, en su caso, en la legislación nacional aplicable.»
— cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en el Estado miembro de acogida y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, o
— la decisión de expulsión se basa en una decisión judicial anterior, o si
— las personas afectadas han tenido acceso previo a la revisión judicial, o si
— la decisión de expulsión se basa en motivos imperiosos de seguridad pública conforme al apartado 3 del artículo 28.
17 En lo que se refiere al derecho de entrada de los nacionales de terceros Estados que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, el artículo 11, apartados 2 a 4, de las «Immigration (European Economic Area) Regulations 2006/1003» [Reglamento de inmigración de 2006 (Espacio Económico Europeo); en lo sucesivo, «Reglamento de inmigración»] dispone lo siguiente:
c) miembro de la familia que ha conservado el derecho de residencia, o una persona con derecho de residencia permanente […]».
19 El artículo 40 de la Immigration and Asylum Act 1999 (Ley de inmigración y asilo de 1999), dispone:
23 En varias ocasiones, ciertas compañías aéreas han denegado la Sra. McCarthy Rodriguez el embarque en vuelos con destino al Reino Unido por presentar únicamente su tarjeta de residencia y no el permiso de familiar EEE exigido por la legislación británica. Esta práctica es consecuencia de las instrucciones a los transportistas que llevan viajeros al Reino Unido sobre la aplicación del artículo 40 de la Ley de inmigración y asilo de 1999, aprobadas por el Secretary of State. En estas instrucciones se insta a los transportistas a no transportar pasajeros nacionales de terceros Estados que no dispongan de una tarjeta de residencia expedida por las autoridades del Reino Unido o de un documento de viaje válido, como el permiso de familiar EEE.
24 En 2012, los demandantes en el litigio principal han interpuesto ante el órgano jurisdiccional remitente un recurso contra el Reino Unido, en el que solicitan que se declare que este último ha incumplido su obligación de transponer correctamente en su ordenamiento jurídico el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/38. En este litigio, la Sra. McCarthy Rodriguez ha conseguido que se adopten unas medidas cautelares que le permiten renovar su permiso de familiar EEE solicitándolo por escrito, sin necesidad de acudir en persona a la misión diplomática del Reino Unido en Madrid.
2) El artículo 1 del Protocolo nº 20 […]¿autoriza al Reino Unido a obligar a los titulares de tarjetas de residencia a disponer de un visado de entrada que debe obtenerse antes de llegar a la frontera?
29 En sus cuestiones primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 35 de la Directiva 2004/38 y el artículo 1 del Protocolo nº 20 deben interpretarse en el sentido de que permiten que un Estado miembro, persiguiendo un objetivo de prevención genérica, someta a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y sean titulares de una tarjeta de residencia válida, expedida con arreglo al artículo 10 de la Directiva 2004/38 por las autoridades de otro Estado miembro, a la obligación de estar en posesión, en virtud del Derecho nacional, de un permiso de entrada para poder entrar en su territorio, tal como el permiso de familiar EEE.
30 Como el órgano jurisdiccional remitente ha planteado la cuestión relativa a la interpretación del artículo 35 de la Directiva 2004/38 partiendo de la premisa de que esta Directiva es aplicable al litigio principal, procede verificar previamente si dicha Directiva confiere la Sra. McCarthy Rodriguez el derecho a entrar en el Reino Unido cuando llega allí procedente de otro Estado miembro.
33 En primer lugar, por lo que respecta a los eventuales derechos de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, el considerando 5 de la exposición de motivos de la Directiva 2004/38 pone de relieve que el derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, para que pueda ejercerse en condiciones objetivas de dignidad, debe serle reconocido también a los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad (sentencia Metock y otros, EU:C:2008:449, apartado 83).
34 Si bien las disposiciones de la Directiva 2004/38 no confieren ningún derecho autónomo a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, los eventuales derechos que les confieran las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la ciudadanía de la Unión son derechos derivados del ejercicio de la libertad de circulación por parte de un ciudadano de la Unión (véase en este sentido la sentencia O. y B., EU:C:2014:135, apartado 36 y jurisprudencia que allí se cita).
35 En efecto, el artículo 3 de esta Directiva califica de «beneficiarios» de los derechos conferidos por ella «a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él».
36 Así, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que quienes obtienen un derecho de entrada y de residencia en un Estado miembro en virtud de la Directiva 2004/38 no son todos los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, sino únicamente aquellos que sean miembros de la familia —en el sentido del artículo 2, apartado 2, de esa Directiva— de un ciudadano de la Unión que haya ejercido su derecho de libre circulación estableciéndose en un Estado miembro distinto del Estado miembro cuya nacionalidad tiene (sentencias Metock y otros, EU:C:2008:449, apartado 73, Dereci y otros, C‑256/11, EU:C:2011:734, apartado 5, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, apartado 51, y O. y B., EU:C:2014:135, apartado 39).
39 En segundo lugar, por lo que respecta a la cuestión de si la Directiva 2004/38 confiere a la Sra. McCarthy Rodriguez un derecho de entrada en el Reino Unido cuando llega allí procedente de otro Estado miembro, es preciso señalar que el artículo 5 de esta Directiva regula el derecho de entrada y los requisitos de entrada en el territorio de los Estados miembros. Así, a tenor del apartado 1 del artículo 5, «los Estados miembros admitirán en su territorio a todo ciudadano de la Unión […] y a los miembros de su familia que no sean nacionales de un Estado miembro y que estén en posesión de un pasaporte válido.»
45 Es cierto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Directiva 2004/38 no priva a los Estados miembros de todo poder de control sobre la entrada en su territorio de los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión. Sin embargo, desde el momento en que la Directiva reconoce al miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro un derecho de entrada y de residencia en el Estado miembro de acogida, este último Estado sólo puede restringir ese derecho respetando lo establecido en los artículos 27 y 35 de dicha Directiva (véase la sentencia Metock y otros, EU:C:2008:449, apartados 74 y 95).
46 En efecto, con arreglo al artículo 27 de la Directiva 2004/38, los Estados miembros pueden denegar la entrada y la residencia por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, cuando esté justificado. Ahora bien, dicha denegación debe basarse en un examen individual de cada caso concreto (sentencia Metock y otros, EU:C:2008:449, apartado 74). Así pues, no son aceptables las justificaciones que no tengan relación directa con el caso específico de que se trate o que se refieran a razones de prevención genérica (sentencias Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, apartado 24, y Aladzhov, C‑434/10, EU:C:2011:750, apartado 42).
47 Además, con arreglo al artículo 35 de la Directiva 2004/38, los Estados miembros pueden adoptar las medidas necesarias para denegar, extinguir o retirar cualquier derecho conferido por esta Directiva en caso de abuso de derecho o fraude, como los matrimonios de conveniencia, siempre que estas medidas sean proporcionadas y estén sujetas a las garantías procesales contempladas en la citada Directiva (sentencia Metock y otros, EU:C:2008:449, apartado 75).
54 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado ya que para probar la existencia de una práctica abusiva es necesario que concurran, por un lado, una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, pese a haberse respetado formalmente las condiciones establecidas en la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, por otro lado, un elemento subjetivo consistente en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa de la Unión mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención (sentencias Hungría/Eslovaquia, C‑364/10, EU:C:2012:630, apartado 58 y jurisprudencia que allí se cita, y O. y B., EU:C:2014:135, apartado 58).
55 Al no existir ninguna disposición expresa en ese sentido en la Directiva 2004/38, el hecho de que un Estado miembro deba hacer frente —como ocurre al Reino Unido, según sus afirmaciones— a un elevado número de casos de abuso de derecho o de fraude cometidos por nacionales de terceros Estados que recurren a matrimonios ficticios o utilizan tarjetas de estancia falsificadas no puede justificar la adopción de una medida basada en consideraciones de prevención genérica, que excluya toda valoración específica de la propia conducta de la persona de que se trate, como la que se discute el litigio principal.
62 Así pues, cuando se trate de miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y deseen entrar en el territorio del Reino Unido invocando un derecho de entrada establecido en la Directiva 2004/38, la verificación, en el sentido del artículo 1 del Protocolo nº 20, consiste principalmente en examinar si la persona de que se trate posee los documentos contemplados en el artículo 5 de esta Directiva. A este respecto, aunque el Tribunal de Justicia ha declarado ya que los títulos de residencia expedidos en virtud del Derecho de la Unión tienen carácter declarativo y no constitutivo de derechos (sentencias Dias, EU:C:2011:498, apartado 49, y O. y B., EU:C:2014:135, apartado 60), no es menos cierto que, como se ha indicado en el apartado 53 de la presente sentencia, los Estados miembros están obligados, en principio, a reconocer la tarjeta de residencia expedida con arreglo al artículo 10 de la Directiva 2004/38 a efectos de entrada sin visado en su territorio.
67 Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones primera y segunda, no procede responder a la tercera cuestión.
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References: artículo 35
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 28
 artículo 11
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 35
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 10