Source: https://lawiuris.wordpress.com/2008/10/26/concepto-de-la-extradicion/
Timestamp: 2018-01-20 21:08:14+00:00

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Concepto de la Extradición
La extradición es una institución que responde a un esfuerzo de cooperación mutua entre los países a efectos de combatir el delito. Si bien el uso de este mecanismo no implica necesariamente el éxito en la lucha contra el crimen, ello no desnaturaliza de modo alguno el fin loable que encierra esta figura. En las líneas siguientes presentaremos de modo suscinto el panorama teórico, así como el marco normativo que conlleva la extradición a efectos de conocer un poco más de cerca esta figura.
Numerosos autores han intentado definir esta institución. En tal sentido, Reyes Tayabas nos proporciona algunas de éstas:
Billot señala que es el “acto por el cual un Estado entrega a un individuo acusado o condenado por una infracción cometida fuera de su territorio, a otro Estado que lo reclama y que es competente para juzgarlo y castigarlo”. Pavón Vasconcelos señala que es “el acto de cooperación internacional mediante el cual un Estado hace entrega a otro, previa petición o requerimiento, de un delincuente que se encuentra en su territorio para ser juzgado por el delito cometido o bien para que compurge la pena impuesta”. Finalmente, el propio Reyes Tayabas define a esta institución como la “fórmula jurídica cuyo objeto es hacer operante el auxilio que un Estado preste a otro Estado, consistente en la entrega de alguna persona que hallándose en su territorio esté legalmente señalado como probable responsable o como sentenciado prófugo, por delito cometido fuera de la jurisdicción del requerido y dentro de la del requirente, con el objeto de que éste pueda procesarlo o sujetarlo al cumplimiento de una condena”.
Asimismo, debemos tener presente que estamos frente a una institución interdisciplinaria, dado que en su conformación confluyen el Derecho Internacional, el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. En tal sentido, Vincenzo Manzini señala que la extradición al reconocer y limitar el interés del Estado requirente tiene carácter de Derecho Internacional; al referirse a la pretensión punitiva del Estado requirente y a las potestades y los límites jurídicos del Estado requerido pertenece al Derecho Penal sustantivo; y, al referirse a los medios y a las garantías procesales con que se propone, discute y valúa jurisdiccionalmente la cuestión concreta de la extradibilidad, integra el Derecho Procesal Penal
Del mismo modo, debemos resaltar el elemento político que forma parte de la extradición volviéndola a su vez en una institución de este tipo. Es decir, se vincula con el interés político, de suerte que corresponde al Gobierno valorar si la extradición es, además de jurídicamente posible, políticamente conveniente.
3. ELEMENTOS DE LA EXTRADICIÓN
Presentado el concepto de extradición, debemos tener presente aquellos elementos que forman parte de él. En este sentido, siguiendo a Alberto Huapaya, los diferenciaremos en 2 tipos:
A.- Elementos básicos
– Estado requirente o solicitante: Es el Estado perjudicado con la acción delictiva y cuyo probable responsable ha huido o se encuentra fuera de su jurisdicción.
– Estado requerido: Aquel en cuyo territorio se encuentra la persona sometida a proceso o condenada por un delito cometido en otro Estado.
– Extraditable: Es el presunto infractor de la ley penal o el sancionado en juicio por estos hechos y cuya acreencia es reclamada para fines de proceso o de ejecución de sentencia.
B.- Elementos complementarios
– Acto de cooperación soberano entre Estados.
– Efectos de la cooperación: Entrega para el proceso o ejecución de condena.
– Delito cometido fuera de la jurisdicción del Estado requerido.
– Proceso fundado en un tratado o en el principio de reciprocidad.
– Voluntad no determinante del extraditable.
4. CLASES DE EXTRADICIÓN
De acuerdo a las distintas construcciones que se han realizado sobre este concepto podemos señalar las siguientes clasificaciones:
A.- Clasificación tradicional:
– Extradición activa: Se da cuando el Estado, bajo cuya jurisdicción recae la represión del delito, solicita a otro Estado del lugar donde se encuentra el presunto responsable, la entrega de éste para efecto del juzgamiento o la ejecución de la condena.
– Extradición pasiva: El Estado en el que se encuentra el delincuente recibe de otro Estado la petición para la entrega de éste para efectos de someterlo a juzgamiento o cumplimiento de condena.
– Reextradición: Se presenta cuando, habiendo conseguido un Estado la entrega de un individuo, éste es reclamado por un tercer Estado por causa de un delito anterior a aquel por el que fue entregado.
– Extradición de tránsito: Es la autorización dada por un Estado para que por su territorio transite la persona entregada a otro Estado y así pueda llegar a su destino. No obstante, algunos cuestionan que en realidad se trate de una extradición sino más bien de un simple trámite administrativo.
B. Atendiendo a los fines para los cuales se solicita:
– Extradición procesal o cognitiva: Aquella destinada a hacer que el extraditable sea procesado.
– Extradición ejecutiva: Fijada para que el extraditable pueda cumplir con una pena ya impuesta.
C. Otras clasificaciones:
– Extradición condicional o temporal: Consiste en la entrega del extraditado para ser juzgado, con la condición de que, en caso de ser condenado, sea devuelto al Estado requerido para que en él cumpla la pena.
– Extradición supletoria o complementaria: Es el pedido formulado por el Estado requirente, después de concedida una extradición, para que se le autorice el juzgamiento de otros delitos distintos de los que fueron materia de la extradición concedida primigeniamente.
– Extradición consensual o simplificada: Aquella en la cual el extraditable está de acuerdo con la extradición. Se entrega sin mayor procedimiento a no ser que sea evidente una violación de sus derechos. No está regulada en nuestra legislación.
5. PRINCIPIOS DE LA EXTRADICIÓN
a) Principio de doble incriminación: Implica que los hechos que se imputan al extraditable constituyan delitos en ambos Estados, independientemente del nomem iuris del delito.
b) Principio del nom bis in ídem: Consiste en denegar la extradición si contra el extraditable ya existiera sentencia definitiva en el Estado requerido por el mismo delito que fundamenta el pedido de la entrega.
c) Principio de especialidad: De acuerdo a este principio solo se podría juzgar y condenar por el delito o los delitos que han sido materia de concesión en la extradición.
No obstante, este principio admite dos excepciones:
• La solicitud de dispensa.
• La inacción y acción del extraditado.
d) Principio aut debere aut judicare: Se trata cuando el Estado requerido se encuentra imposibilitado por su ordenamiento interno de conceder la extradición debiendo proceder a juzgar al extraditable.
e) Principio de la cosa juzgada: Se denegará la extradición si el extraditable ha sido absuelto, condenado, indultado, amnistiado, o por motivos de prescripción u otra causa de extinción de la acción penal o de la pena.
f) Principio de la extrema gravedad de la pena: En caso de que existiendo todas las condiciones para conceder la extradición, se condiciona ésta si es que la pena por imponerse, o ya impuesta, es la pena de muerte.
g) Principio de reciprocidad: Muñoz Conde lo define en los siguientes términos: “Con arreglo a tal principio, el Estado requerido obtiene del requirente la seguridad de que ése le entregará a un fugitivo perseguido por los mismos hechos y con las mismas cualidades personales que el perseguido cuya extradición se demanda”.
6. LA EXTRADICIÓN EN EL DERECHO INTERNO
6.1. Marco constitucional
La extradición es una institución de relevancia constitucional, prevista por el artículo 37 de nuestra Carta Magna. En tal sentido, este precepto consagra tres principios rectores en materia de extradición:
a) Es el Poder Ejecutivo el que decide sobre la extradición, pero es el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, el que previamente emite un informe técnico-jurídico sobre el pedido.
b) Tiene como fuentes a los tratados y a la ley interna, así como al principio de reciprocidad. No obstante, este último actúa de modo supletorio, es decir en defecto de tratado.
c) Prohíbe la extradición en los siguientes casos:
– Perseguir o castigar por motivos de religión, nacionalidad, opinión o raza.
– Delitos políticos o hechos conexos con ellos. Sin embargo, excluye expresamente de tal calificación al genocidio, el magnicidio y el terrorismo.
6.2.Marco legal
En nuestro país la norma que desarrolla esta institución es la Ley Nº 24710 (27 de junio de 1987), en adelante la ley. Ésta regula tanto a la extradición pasiva como activa, no obstante esta última se encuentra desarrollada por el D.S. Nº 044-93-JUS (10 de diciembre de 1993). Entre los principales aspectos que se desarrollan en esta norma podemos señalar:
A. Fuentes de la extradición
Los artículos 2 y 3 de la ley consagran a ésta junto a los tratados y la extradición por reciprocidad como fuentes de la extradición. Empero, tal norma cumple un rol supletorio respecto de los tratados. Es decir, las condiciones, los efectos y el procedimiento de extradición se rigen, en primer lugar, por los tratados; y, segundo, por la ley de manera supletoria. Asimismo, la reciprocidad solo actúa en defecto de tratado y dentro de los límites que fija la ley en los artículos 6 y 7.
Éstas se encuentran reguladas en los artículos 6 y 7 de la ley. Ellas son:
– Si el Estado solicitante no tuviera jurisdicción o competencia para juzgar el delito.
– Si el extraditado ya hubiera sido absuelto, condenado, indultado o amnistiado.
– Si el delito hubiera prescrito, conforme a la ley del Perú o del Estado solicitante, siempre que no sobrepase el término establecido en la legislación peruana.
– Si la pena conminada fuera menor a un año de prisión.
– Si el delito fuera militar, contra la religión, político, de prensa o de opinión, privado (con excepción de estupro y violación), monetario y fiscal, o se tratara de faltas.
C. Denegatoria de extradición
Estos supuestos a diferencia de la inadmisibilidad implican que se ha admitido, iniciado y concluido el pedido de extradición. Las causales son:
– Si el hecho fuera considerado una infracción política o conexo a ella.
– Si se tratare de una persecución por móviles políticos, de raza, religión y nacionalidad.
– Si el Estado solicitante no se compromete a respetar el principio de especialidad.
– Si no se incluye como factor de agravación de la pena un fin o motivo político, militar o religioso.
– Si no se ha computado a favor del extraditado el tiempo de carcelería sufrida en el Estado requerido.
– Si el extraditado va a ser entregado a un tercer país.
– Si se aplica la pena de muerte.
D. Pedido de extradición
Puede darse de oficio o a pedido de parte. En el primer caso será el juez penal o la Sala Penal Superior la que realice el pedido. En tanto, será a pedido de parte cuando lo realiza el Ministerio Público o la parte civil ante el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el proceso penal.
Asimismo, conforme al artículo 16 de la ley, el pedido de extradición debe sustentarse en lo siguiente:
– Invocación de sentencia condenatoria o decisión de prisión clara y cierta.
– El lugar y la fecha en que fue cometido el delito con los necesarios esclarecimientos.
– Las informaciones sobre la filiación del extraditado y las señales o circunstancias que sirvan para su identificación
Del mismo modo, deberán acompañarse a la solicitud los siguientes documentos:
– Copia de la sentencia condenatoria o decisión de prisión expedida por juez competente, en versión española y por vía diplomática, con la indicación del delito, de la declaración de la citación del incriminado o de su contumacia, y del lugar y fecha en que fue cometido el delito.
– Copia íntegra de los textos de la ley aplicable.
– Pruebas del hecho imputado.
– Pruebas de la participación del extraditable.
E. Preextradición
La ley permite al Estado requirente, en caso de urgencia, a solicitar la prisión preventiva del extraditado, mediante simple requisición hecha por cualquier medio, con fundamento en decisión de prisión, sentencia o fuga del extraditable, con la indicación del delito cometido, comprometiéndose el Estado solicitante a presentar el pedido formal de extradición dentro de 30 días de la fecha del recibo de la requisición. De no darse dentro de ese plazo, se concederá la libertad incondicional al extraditado.
F. Procedimiento extradicional
– Producida la detención del extraditado se le pone a disposición del Juzgado Penal. Se le tomará su declaración con asistencia de su abogado. Dentro de los 15 días de la indagatoria se citará a audiencia pública en la que concurrirán el extraditado, su abogado defensor, el Ministerio Público y el abogado acreditado por la embajada del país reclamante. En esta instancia las partes podrán presentar pruebas, alegatos e informar oralmente.
– Dentro del tercer día de realizada la audiencia, el juez penal emitirá informe declarando procedente o improcedente el pedido de extradición, elevándolo a la Corte Suprema.
– Este ente emitirá el informe final. Luego de ello se remitirá todo lo actuado al Ministerio de Justicia a efectos de que el Consejo de Ministros decida. Si el informe se pronuncia por la improcedencia, el Poder Ejecutivo quedara vinculado. Si la Corte niega la extradición la decisión es definitiva. Si ocurre lo contrario será el Poder Ejecutivo el que decida finalmente.
7. LA EXTRADICIÓN EN EL MARCO INTERNACIONAL
En este ámbito, el Perú ha suscrito los siguientes tratados multilaterales:
– Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889.
– Acuerdo sobre extradición de Caracas. (Aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 2154 del 22 de octubre de 1915).
– Convención sobre Derecho Internacional Privado de La Habana.(Aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 6442 del 31 de diciembre de 1928).
Asimismo, respecto a ciertos delitos específicos el Perú ha suscrito los siguientes tratados multilaterales:
– Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. (Aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 25352 del 22 de noviembre de 1991).
– Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (Aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 24815 del 12 de mayo de 1988).
– Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada internacional.
– Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo.
– Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.
– Convención interamericana contra la corrupción. (Aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 26756 del 5 de marzo de 1997).
– Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional. (Aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 24811 del 12 de mayo de 1988).
– Convención americana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. (Aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 27127 del 24 de mayo de 1999).
Finalmente, el Perú ha suscrito los siguientes tratados bilaterales:
– Convención sobre extradición y declaración con el Reino Unido de Bélgica y su protocolo adicional. (Aprobada por el Perú mediante resolución legislativa del 25 de octubre de 1889).
– Tratado de extradición de criminales: Perú- Brasil. (Aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 4462 del 7 de enero de 1921).
– Tratado de extradición: Perú-Chile. (Aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 8374 del 16 de junio de 1936).
– Tratado de extradición: Perú-España. (Aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 25347 del 28 de junio de 1989).
– Tratado de extradición: Perú-Estados Unidos de América. (Aprobado por el Perú mediante resolución legislativa del 11 de noviembre de 1899).
– Tratado de extradición: Perú-Francia. (Aprobado por el Perú mediante resolución legislativa del 8 de junio de 1875).
– Tratado de extradición: Perú-Reino Unido de Gran Bretaña.
– Tratado de extradición: Perú-Italia.
– Tratado de extradición: Perú-Estados Unidos Mexicanos.
– Tratado de extradición: Perú-Ecuador.
8. ANÁLISIS DE LA PIEZA PROCESAL
Conforme a lo hasta aquí expuesto procederemos a analizar el contenido de la resolución que declara procedente el pedido de extradición.
• Estado solicitante: Argentina
• Estado solicitado: Perú
• Extraditables: Señores XXX y ZZZ
• Delito: Administración fraudulenta
B) Tipo de extradición: Pasiva, puesto que el Perú es el país solicitado.
• Ley Nº 24710
• Código Procesal Penal
• Tratado de Montevideo. Dado que con Argentina el Perú no ha suscrito un tratado bilateral sobre extradición
D) Contenido de la sentencia:
• En principio, no encuentra causal de denegación de la extradición. Por el contrario la declara procedente. Debe observarse que la administración fraudulenta es un delito de fraude en la administración de personas jurídicas, regulado distintamente de los delitos monetarios.
• Se pronuncia por la efectividad de la extradición. Es decir, revoca la libertad condicional y señala prisión efectiva. Esto traería dos consecuencias. En primer lugar, el tiempo de reclusión en el Perú debe ser considerado como parte de la pena que le corresponda a los extraditados. En segundo lugar, no se aplica el plazo de la extradición dado que la libertad condicional fue ya concedida, por lo que cualquier medio para suspender dicha medida deberá ser solicitada por los extraditados de conformidad con las normas pertinentes de nuestra legislación.
E) Por último, dado que la Corte Suprema aprueba la extradición, será el Poder Ejecutivo el que finalmente determinará si ésta se otorga o no. En este caso, se notaría la trascendencia política que encierra esta institución, lo que le da un matiz más bien político antes que jurídico.
EXTRADICIÓN Nº 04-97
CORTE SUPREMA PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
Lima, cuatro de marzo de mil novecientos noventiocho.
VISTOS; de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal; y, CONSIDERANDO: que en el presente cuaderno elevado por la Presidencia de la Corte Superior de Lima, se solicita la extradición de Juan Carlos Gonzales Paz y Marianella Quintero Figueroa, contra quienes se ha abierto proceso por los delitos de Administración Fraudulenta y otro en agravio de Luis Jiménez y otros, conforme se advierte de las fotocopias corrientes de fojas ciento diecisiete a ciento ochentiuno y de fojas doscientos seis a doscientos ochentisiete, los mismos que han sido declarados rebeldes, como se observa de la fotocopia de fojas ciento setentinueve, dictándose la correspondiente orden de captura; que, habiéndose procedido conforme a lo normado por los artículos dieciséis, diecisiete y treinticinco de la Ley veinticuatro mil setecientos diez en aplicación del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo y a lo dispuesto por el artículo treintiséis de la Ley acotada es procedente amparar el pedido de extradición de los citados Gonzales Paz y Quintero Figueroa; que, de otro lado, es de advertir que los requeridos Juan Carlos Gonzales Paz y Marianella Quintero Figueroa se encuentran en libertad provisional conforme a las resoluciones que en fotocopia certificada obran a fojas setenticuatro y ochenticinco, la misma que se concedió en mérito a las disposiciones pertinentes del Código Procesal Penal y a lo dispuesto por el artículo trigésimo cuarto de la ley veinticuatro mil setecientos diez, a expensas del resultado final de la extradición en que se resolvería la situación jurídica de los mismos, conservando por ello su carácter temporal, resultando procedente revocar dicha libertad provisional a ambos estando a los considerandos procedentes en que se ampara el pedido de extradición y a que los mismos deben ser puestos a disposición de las autoridades del país requiriente, de ser el caso que las autoridades gubernamentales concedan la misma en aplicación del artículo trigésimo sexto de la mencionada ley, por ser ésta la finalidad de la extradición, la que fluye del texto del artículo primero de la ley acotada, cual es la de poner a disposición de la autoridad judicial correspondiente al justiciable cuya presencia se requiere para su juzgamiento o para cumplir la pena que se le haya impuesto como reo presente, al haberse agotado las medidas coercitivas pertinentes en el Estado requiriente, como en el caso de autos en que los solicitados tienen orden de captura al haber sido declarados rebeldes por las autoridades judiciales argentinas; contribuye a este razonamiento la previsión contenida en el numeral vigésimo cuarto de la Ley veinticuatro mil setecientos diez, cuando señala que si el extraditado tiene conocimiento de la solicitud de extradición y se presenta voluntariamente, el Estado solicitante debe desistir del pedido a fin que aquél pueda seguir libre y voluntariamente al país que lo reclama, que es precisamente la situación contraria a la presente en la que ha tenido que capturarse a los reclamados, a lo que hay que agregar que en los casos de procedencia y concesión de la extradición debe entregarse al extraditado al Agente o representante diplomático del Estado solicitante, de acuerdo al artículo vigésimo tercero de la citada Ley, entrega que se materializa con el acta correspondiente con intervención de las autoridades de INTERPOL; situación que origina la revocatoria de dicha libertad provisional, conforme a lo normado por el artículo ciento ochentisiete del Código Procesal Penal, por lo que: declararon PROCEDENTE la solicitud de extradición formulada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción número treinta y por el Tribunal Oral en lo Criminal número veinte de la Capital Federal de Buenos Aires, República de Argentina, de los solicitados Juan Carlos Gonzales Paz y Marianella Quintero Figueroa, en el proceso que se les sigue por delito de Administración Fraudulenta y Circunvención de incapaces, respectivamente, en agravio de Luis Jiménez; y contra el primero por delito de Defraudación por administración fraudulenta en agravio del Consorcio de Propietarios del inmueble ubicado en la Calle Perú número trescientos sesentisiete de la ciudad de Buenos Aires; en consecuencia: REVOCARON la libertad provisional concedida a los citados Gonzales Paz y Quinteros Figueroa; MANDARON remitir la presente extradición a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República para los fines a que se contrae el artículo trigésimo sexto de la Ley de Extradición veinticuatro mil setecientos diez; debiendo previamente disponerse la captura de los mismos, para lo cual: ORDENARON que el Juez Penal de origen cumpla, a la brevedad, con cursar los oficios pertinentes con tal efecto y puestos a disposición que sean los mismos a su Despacho eleve el presente cuaderno bajo responsabilidad a fin de dar cumplimiento al mandato precedente; y los devolvieron.
SS. JERÍ DURAND; RODRÍGUEZ MEDRANO; AMPUERO DE FUERTES; MARULL GÁLVEZ; CERNA SÁNCHEZ.
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6 comentarios en “Concepto de la Extradición”
Exelente ayuda para un trabajo de investigacion que debo hacer en una universidd de Costa Rica.
¿La Ley 24710 vigente al 2008? según me dicen ya esta derogada desde el 2006.
excelente informacion me informe de muchas cosas que no sabia!!!
karolina guizar
felicidades excelente trabajo, y me ayudo mucho para mi tarea, gracias
Felicitaciones, excelente artículo…. es muy claro en sus conceptos.

References: artículo 37
 artículo 16
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