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﻿ SENTENCIA AP 500012331000200 10412 -01 DE ENERO 24 DE 2002
SENTENCIA AP 500012331000200 10412 -01 DE 24 DE ENERO DE 2002
CONTENIDO:NATURALEZA DE LAS ACCIONES POPULARES. EL HECHO DE QUE NO SE ENUMERE EXPRESAMENTE LOS DERECHOS COLECTIVOS QUE PRETENDEN PROTEGER, NO ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA ACCIÓN, MOTIVO QUE SE VE REFORZADO POR LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL PROCESAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, PREVALENCIA DE LAS NORMAS DEL DERECHO SUSTANCIAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR, DERECHOS COLECTIVOS, CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN POPULAR, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN POPULAR, REQUISITOS DE LA ACCIÓN POPULAR
REVISTA TUTELA N°:29 DE MAYO DE 2002, PÁG.1205
Sentencia 319 de enero 24 de 2002
M.P. Dr. Jesús María Carrillo B.
Ene. 24/02. Expediente Nº AP 50001233100020010412-01
Número interno 319
Actor: Alcira Buitrago de García
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto interlocutorio de 7 de noviembre de 2001, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante el cual se resolvió rechazar la demanda.
Alcira Buitrago de García, ejerció acción popular en contra de la gobernación del departamento del Meta y la alcaldía de Villavicencio.
Precisó que entabla la presente acción popular con el fin de solicitar la protección de los derechos colectivos de los habitantes de la ciudad de Villavicencio, que se encuentran amenazados por cuanto la ciudad se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo y además por no existir un cuerpo de bomberos debidamente equipado frente a conflagraciones que se susciten o inundaciones que pueden generar serios perjuicios ante la carencia de un cuerpo de bomberos capaz, apto, e idóneo para asumir riesgos de esta naturaleza.
La demandante hace referencia a los derechos colectivos consagrados en el artículo 4º, literal b), d), g), h), j), l), m) y demás normas concordantes.
Providencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Meta, por medio de providencia proferida el 7 de noviembre de 2001, rechazó la demanda porque no señaló los derechos colectivos vulnerados, por el contrario se limitó a enunciar los literales del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.
El actor apeló el auto de rechazo, porque consideró que la razón aducida por el a quo, no está prevista en la Ley 472 como una causal de rechazo de la acción popular. Además considera tal posición como un argumento meramente formal.
(1) Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. AP-0527 de diciembre 6 de 2001. C.P. Alier Hernández.
“... inadmitirá la demanda que no cumpla con los requisitos señalados en esta ley, precisando los derechos de que adolezca para que el demandante los subsane en el término de tres (3) días. Si éste no lo hiciere, el juez la rechazará”.
El a quo rechazó la demanda porque consideró que debe hacerse mención expresa a los derechos colectivos vulnerados.
(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. AP-0059 de marzo 15 de 2001.
(3) “Dichos mecanismos buscan el restablecimiento del uso y goce de tales derechos e intereses colectivos, por lo que también tienen un carácter restitutorio”. Corte Constitucional, Sentencia C-215 de abril 14 de 1999, Magistrado Ponente: María Victoria Sáchica.
(4) Exposición de motivos al Proyecto de Ley 84 de 1995 (Cámara) “por el cual se reglamenta el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo” Gaceta del Congreso Nº 277, septiembre 5 de 1995.
(5) “La Constitución Vigente avanzó más allá, al actualizar la Carta de los derechos fundamentales de la persona y a la vez, establecer medios más específicos y efectivos para su protección, como lo son la acción de tutela y las acciones populares y de grupo” Corte Constitucional, Sentencia C-215 de abril 14 de 1999, Magistrado Ponente: María Victoria Sáchica.
En efecto, los términos, fases procesales y demás procedimientos difieren de las reglas de un proceso judicial común, ampliando las facultades del juez de primera y segunda instancia. La impulsión oficiosa del proceso que imponen estas acciones al juez es per se un reconocimiento a la especialidad de estas acciones protectoras de derechos consagradas en nuestro ordenamiento, esta facultad está expresamente estatuida en el artículo 5º de la Ley 472 de 1998 y en el Decreto 2591 de 1991. A su vez, las normas para estas acciones destacan de manera expresa la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal (8) , posición que ha sido compartida por esta Sala (9) .
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. AP-0033 de mayo 11 de 2000, Consejera Ponente: María Elena Giraldo.
(10) “Pero resulta que los recursos son mecanismos tendentes a eliminar errores, pero errores que el juez de segunda instancia pueda jurídicamente enmendar”. Corte Constitucional. Sentencia SU- 327 de 1995 de julio 27 de 1995, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria, citada anteriormente.
(11) “Ahora bien, el fallo de primera instancia puede ser impugnado por cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 31 del Decreto 2591, siendo evidente que el superior adquiere competencia para confirmar, revocar, aclarar, adicionar o modificar lo dispuesto por el inferior, y que le es posible, inclusive en el caso de la confirmación de lo resuelto, adoptar su providencia con base en consideraciones y motivos diferentes y hasta contrarios a los expuestos en primera instancia”. Corte Constitucional. Sentencia T- 400 de 1996, citada anteriormente.
(12) Exposición de motivos al Proyecto de Ley 84 de 1995 (Cámara) “por el cual se reglamenta el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo” Gaceta del Congreso Nº 277, septiembre 5 de 1995.
(13) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de abril 14 de 1999, Magistrado Ponente: María Victoria Sáchica.
(14) “El carácter público de las acciones populares implica que el ejercicio de las acciones populares supone la protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, los que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares. No obstante, suponen la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad, pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera simultánea la protección de su propio interés”. Corte Constitucional, ibídem.
(15) “1. Son derechos de la solidaridad. Derechos no excluyentes, derechos de todos.
Si miramos cada uno de estos derechos vemos que no pueden existir sin cooperación entre los grupos humanos, la sociedad civil y el Estado y las naciones en el contexto internacional. La solidaridad es el fundamento y el valor axiológico que da origen y permite la existencia de los derechos colectivos.
2. Su carácter eminentemente colectivo genera un fenómeno de doble titularidad, individual y colectiva en su ejercicio” Exposición de motivos al Proyecto de Ley 84 de 1995 (Cámara) “por el cual se reglamenta el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo” Gaceta del Congreso Nº 277, septiembre 5 de 1995.
(17) “En relación con este punto debe señalarse que, dentro de los supuestos en atención a los cuales se establecen por el derecho las acciones públicas, se encuentran los intereses comunes, es decir, aquellos en que la consecución del interés es la forma de satisfacer el de todos y cada uno de los que componen la sociedad. La solidaridad o interrelación social, especialmente intensa en la época actual, se refleja en la concepción del Estado como social y democrático de derecho, que consagra la Constitución (art. 1.1), en el que la idea de interés directo particular, como requisito de legitimación, queda englobado en el concepto más amplio de interés legítimo y personal que puede o no ser directo”. Tribunal Constitucional Español. Sentencia 62 de 1983 del 11 de agosto de 1983.
En consecuencia, el hecho de que no se enumere expresamente los derechos colectivos que pretenden proteger, no es causal de rechazo de las acciones populares, motivo que se ve reforzado por la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, aspecto destacado en el artículo 228 de la Constitución Nacional.
REVÓCASE la providencia proferida el 7 de noviembre de 2001 por el Tribunal Administrativo del Meta.
En consecuencia, ADMÍTESE la demanda presentada por Alcira Buitrago de García en contra de la gobernación del Meta y la alcaldía de Villavicencio.
Notifíquese personalmente a las partes.
Comuníquese este auto al Ministerio Público para que, si lo considera conveniente, intervenga en el proceso como parte pública en defensa de los derechos colectivos comprometidos.
Magistrados: Alier Hernández Enríquez—Jesús M. Carrillo Ballesteros—María Elena Giraldo Gómez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar.

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 88
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 228