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Timestamp: 2019-10-17 19:03:46+00:00

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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 12 de Febrero de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 592793570
En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado S.Q.M., actuando en representación de M.A.C., contra el Auto No.306 de 7 de mayo de 2013, emitido por el Juzgado Penal de Adolescentes de las provincias de Coclé y Veraguas, dentro del proceso penal por los supuestos Delitos Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de Robo y Contra la Vida y La Integridad Personal, en perjuicio de J.M.M..
La alzada se enfoca contra la Sentencia de 5 de diciembre de 2013, emitida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, mediante la cual se deniega la Acción de Amparo de Garantías promovida por el Licenciado S.Q.M..
La sumaria se inicia en la Fiscalía de Adolescentes del Segundo Distrito Judicial de Panamá, jurisdicciones de Coclé y Veraguas, de manera oficiosa, al recibir llamada telefónica de la Personería del Distrito de Calobre, provincia de Veraguas, comunicando que en el homicidio ocurrido el 13 de noviembre de 2012, posiblemente exista la participación de un menor de edad.
En Informe de Novedad confeccionado por el Cabo Primero ALFREDO MARIN, comunica que en su recorrido por las vías de Calobre, recibió información de una fuente que pedía reserva de identidad, el cual le manifestó que el día 13 de noviembre de 2012, se dio un robo en una tienda en la comunidad de Chumico de Calobre, donde una persona resultó muerta, y que uno de los sujetos involucrados era el joven M.A.C., residente en la Barriada El Paraíso, Distrito de Calobre, hijo de S.C., y que el mismo mantiene rasguños en sus brazos ocasionados por la maleza, al darse a la fuga.
Para corroborar la información procedieron al lugar y fueron atendidos por la señora S.C., quien informó ser la madre del joven M.A.C., de 17 años de edad, a la que se le puso en conocimiento de los artículos 22 y 25 de la Constitución Política. La misma de manera voluntaria manifestó que sentía que su hijo le ocultaba algo y quería esclarecer, porque sentía que su hijo estaba en peligro, y que había encontrado dentro de la residencia unas zapatillas marca Jordache, totalmente llenas de lodo, que había recibido unas llamadas extrañas en su celular, que ella estaba anuente a cooperar.
Constan a fojas 24 y 25 del expediente copias autenticadas de la Diligencia de Allanamiento y Registro; y su correspondiente transcripción a folios 27 a 28 del expediente.
El licenciado S.Q.M., Defensor del adolescente M.A.C. interpuso Incidente de Nulidad Procesal por violación al debido proceso contra la Diligencia de Allanamiento y Registro ante el Juzgado Penal de Adolescentes de Coclé y Veraguas por violación a la garantía fundamental de la inviolabilidad del domicilio ya que, a su criterio, la inviolabilidad del Domicilio, sólo podía ser limitada por disposición u orden de autoridad competente a la que tenía que acudir el F., para cumplir su propósito investigativo y así no lo hizo. (fojas 29 a 40 del expediente)
Según el apoderado judicial del adolescente M.A.C., con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en las provincias de Coclé y Veraguas, los actos o funciones jurisdiccionales que impliquen una afectación de un derecho o garantía fundamental, no pueden ser desarrollados de manera libre por los Agentes del Ministerio Público, sino de manera excepcional y ajustándose en casos expresamente previstos en el Código Procesal Penal. Afirma que en tales supuestos, el F. debe someterse al control de un Magistrado o Juez del Órgano Judicial para que convalide o invalide su actuación.
Mediante el Auto No.306 de 7 de mayo de 2013, proferido por el Juzgado Penal de Adolescentes de las Provincias de Coclé y Veraguas, se resuelve el Incidente de Nulidad incoado contra la diligencia de allanamiento ejecutada por el Fiscal Penal de Adolescentes de Coclé y Veraguas, en el domicilio del adolescente M.A.C., investigado por los supuestos Delitos Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de Robo y Contra la Vida y La Integridad Personal, en perjuicio de J.M.M..
En síntesis, el Juez Penal de Adolescentes del Segundo Distrito Judicial de Panamá señaló en el citado auto que el artículo 27 de la Ley No.40 de 1999 establece que al F. de A. le corresponde el ejercicio de la acción penal y estará instituido para perseguir e investigar el delito, donde ellos tendrán la potestad exclusiva de promover de oficio, todas las acciones necesarias para la determinación de la responsabilidad penal de adolescentes en la comisión de infracciones a la ley penal.
Indica, que la ley le proporciona al Fiscal de Adolescentes la facultad oficiosa de promover todo tipo de acciones tendientes a establecer la comisión de un hecho punible y determinar, de igual manera, quien es el adolescente involucrado en dichos hechos, y para el caso que nos ocupa, la de realizar allanamientos y registros a residencias, siempre que haya una motivación relativa a los hechos investigados, por otro lado, explica que en las diligencias llevadas a cabo en la fase de investigación, en este caso, la diligencia de allanamiento y registro realizada a la residencia del adolescente investigado, M.A.C., no se pueden establecer como nulas, por el hecho de que no se aplican los mecanismos establecidos en el Código Procesal Penal, Ley No.63 de 2008, en las diligencias de investigación en materia de derecho penal de adolescentes, donde se requiere que se cumplan protocolos de ley necesarios para llevar a cabo un control jurisdiccional, el cual está determinado en el Juez de Garantías, ente jurisdiccional que no se ha creado formalmente para la jurisdicción penal de adolescentes en la actualidad, y añade lo establecido en el artículo 557 del Código Procesal Penal, en cuanto a la aplicación temporal de la Ley No.63 de 2008, al indicar que ésta tendrá aplicación en todo el territorio nacional siempre y cuando no implique la intervención del Juez de Garantías ni los Tribunales de Juicio, hasta tanto estos se hayan establecido.
Finalmente, el Juez Penal de Adolescentes del Segundo Distrito Judicial de Panamá (Coclé y Veraguas) consideró, que lo actuado por el Ministerio Público, no violentó el principio de legalidad y del debido proceso en relación a la diligencia de allanamiento y registro a la residencia del adolescente M.A.C, por lo que procedió a negar el Incidente de Nulidad presentado por su abogado defensor. (fojas 41 a 46 del expediente).
Por su parte, el Licenciado S.Q.M., Defensor Técnico del Adolescente M.A.C, interpuso Acción de Amparo de Garantías ante el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, contra el citado Auto No.306 de 7 de mayo de 2013emitido por el Juzgado Penal de Adolescentes de las Provincias de Coclé y Veraguas, aduciendo que el mismo desconoce los derechos y garantías fundamentales que consagran los artículos 17, 18, 26 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá.
El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia emitió la Sentencia de 5 de diciembre de 2013, mediante la cual se pronunció sobre la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado S.Q.M., actuando en nombre y representación del adolescente M.A.C., en contra de lo resuelto por el Juzgado Penal de Adolescentes de las Provincias de Coclé y Veraguas, mediante Auto No.306 de 7 de mayo de 2013.
Observó el Tribunal de alzada que, de acuerdo a los argumentos que presenta el actor, con motivo de un procedimiento penal especial de adolescente en el que, a su criterio, se debió aplicar al pie de la letra, el nuevo proceso penal de corte acusatorio contenido en la Ley No.63 de 2008, vigente en la circunscripción territorial de donde provienen los antecedentes del caso.
Señala el A - quo que, a propósito de la aplicación del nuevo proceso penal acusatorio en la jurisdicción penal de adolescentes, muy específicamente en aquella circunscripción territorial, ese Tribunal ha externado en distintos fallos, sea como Tribunal judicial o constitucional, su criterio al respecto.
Explica el Tribunal, en la sentencia apelada, que la vigencia de la Ley No.63 de 2008 en el Segundo Distrito Judicial (y a esta fecha también en el cuarto Distrito Judicial), hace que, junto a las normas del Código Judicial aún vigentes, y al Código Penal, constituyan los cuerpos legales que, por supletoriedad, asisten al Régimen de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Sin embargo, afirma el Tribunal, que esta situación no produce que el modelo de justicia penal especial juvenil contenido en el Texto Único de la Ley 40 de 1999, se transforme en un proceso netamente acusatorio, pues ambas normas contienen elementos ideológicos que se excluyen, mismos que se reflejan materialmente en la estructura y funciones de las autoridades que se encargan del proceso penal de adolescentes, conforme fueron creadas por nuestra ley especial.
Indica el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia que, el modelo mixto de la Ley No.40 de 1999, no establece un control previo de los actos del Ministerio Público en la etapa de investigación, salvo en el caso de la detención provisional del adolescente, en cuyo caso el control es posterior ante el Juez Penal de Adolescentes.
Concluye el Tribunal Superior de Niñez, que en la jurisdicción penal de adolescentes, quedan bajo la responsabilidad del Ministerio Público, todas las medidas que impliquen el ejercicio de la acción penal especial, pues conforme al Texto Único de la Ley 40 de 1999, sigue siendo autoridad competente, con ciertas facultades jurisdiccionales a partir del modelo inquisitivo.
El Licenciado S.Q.M., apoderado judicial de M.A.C., interpuso en tiempo oportuno recuso de apelación en contra de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.
En cuanto a lo señalado en la decisión apelada, el apelante argumentó, que en el Segundo Distrito Judicial de Panamá (Coclé y Veraguas) ningún agente del Ministerio Público puede desarrollar actos de carácter jurisdiccional ni afectar derechos fundamentales sin el control previo o posterior de un Magistrado o Juez del Órgano Judicial. Indica que el Código Procesal Penal establece en la Fase de Investigación (Libro Tercero, Título I) los actos de investigación que requieren Autorización Judicial (Capítulo II), actos de investigación con Control Posterior del Juez (Capítulo III) y los actos de investigación que no requieren Autorización Judicial (Capítulo IV), sin embargo dentro de la presente causa el F. desarrolló sus actos de investigación sin importar la clase de acto en sí y, si para ello requería o no autorización judicial (anterior o posterior).
Indica que, el Juzgado Penal de Adolescencia de Coclé y Veraguas, en esta causa violó de manera directa, por omisión, el contenido del artículo 32 de la Constitución Política que instituye el principio del debido proceso, ya que la Ley No.40 de 1999 (RERPA) no establece un listado de los medios de prueba ni como se desarrollan los mismos, el Fiscal de Adolescentes, por mandamiento del artículo 18 y 32 de la Constitución Política, tenía que, en función al principio de legalidad, subordinarse a las normas vigentes de procedimiento y ajustarse a la formalidad y solemnidad de los actos de investigación que requerían control judicial, para cumplir con las reglas del debido proceso y que los actos de investigación produjeran elementos de convicción de validez y eficacia procesal.
Argumenta el apelante que, el Juez Penal de Adolescentes, al observar los vicios de nulidad generados por la Fiscalía mantuvo los efectos de una actuación al margen del debido proceso.
Una vez estudiadas las constancias probatorias que obran en autos, así como los argumentos de las partes involucradas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia procede a decidir el conflicto planteado.
En primer lugar, es importante señalar que el apelante ha esgrimido sus consideraciones en torno a la diligencia de allanamiento a la residencia del adolescente M.A.C., ordenada y practicada por el Fiscal de Adolescentes de Coclé y Veraguas, ya que a su parecer la misma fue ordenada y practicada sin ser autorizada por autoridad judicial, ni presentada a ésta posteriormente para su legalización, apartándose dicho procedimiento de las reglas fijadas por los artículos 293, 297, 298 y 306 del Código de Procedimiento Penal vigente en aquella circunscripción legal.
Dicho esto, la Corte observa que el punto central de la discusión gira en torno a los siguientes aspectos:
El demandante expone que la negativa dada a su solicitud de nulidad de dicho acto investigativo, por parte del Juez Penal de Adolescentes, transgredió normas de rango constitucional, contentivas de derechos y garantías fundamentales de su representado.
- Señala que la primera de ellas, es la garantía al reconocimiento de derechos mínimos y no excluyentes contenida en el artículo 17 de la Constitución Política y que se reproducen en el Código Procesal Penal como en el texto único de la Ley No.40 de 1999, normas que a su juicio fueron infringidas por violación directa por omisión del juez demandado, ya que a su criterio debió verificar que la Fiscalía atentó contra la inviolabilidad del domicilio sin ser autoridad competente.
- En segundo lugar afirma que se vulneró el principio de legalidad de los actos de los servidores públicos, contenido en el artículo 18 de la Constitución Política, pues el Juez Penal de Adolescentes debió verificar que la actuación del Fiscal de Adolescentes se ajustara a la norma procesal vigente.
- Igualmente, demanda la violación del artículo 26 de la Carta Magna, pues se transgredió el domicilio del joven Carpintero sin existir un mandamiento escrito de una autoridad competente.
- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto el actor considera que se ha violado el debido proceso, contemplado en el artículo 32 de la Constitución, pues el Juzgador demandado debió concluir que la diligencia de allanamiento y sus resultados, se han obtenido sin cumplir con los trámites legales.
Observa el Pleno, que el artículo 557 del Código Procesal Penal, en cuanto a la aplicación temporal de la Ley No.63 de 2008, señala que ésta tendrá aplicación en todo el territorio nacional, siempre y cuando no implique la intervención del Juez de Garantías, ni los tribunales de juicio, hasta tanto estos se hayan establecido. (lo subrayado es nuestro)
Por su parte, el artículo 14 del Texto Único de la Ley No.40 de 1999 establece el principio de supletoriedad en el sentido de que todas las materias afines que no se encuentren expresamente reguladas por este Régimen serán tratadas conforme lo establecen el Código Penal, el Código Judicial y el Código Procesal Penal cuando entre en vigencia, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a los derechos y garantías de la adolescencia ni los menoscaben. (losubrayado es nuestro)
En esta línea de análisis es pertinente señalar que el proceso penal de adolescentes se rige por una ley especial que tiene normas que regulan todas las etapas del proceso penal de adolescentes, en la cual se incluye la fase de investigación. De cierto es que el principio de supletoriedad permite aplicar normas de otros cuerpos legales vigentes en aquellas materias que no se encuentren específicamente reguladas en la Ley No.40 de 1999, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a los derechos y garantías de la adolescencia ni los menoscaben. En adición a esta condición debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 557 del Código de Procedimiento Penal que a letra dice:
"Artículo 557: Aplicación temporal. Desde el 2 de septiembre de 2011, tendrán aplicación, en todos los procesos penales, las disposiciones del Título I, Libro Primero; de los Títulos IV y V, Libro Segundo, y del Capítulo V, Título I, Libro Tercero, de este Código, siempre que no impliquen la intervención del Juez de Garantías ni de los Tribunales de Juicio, hasta tanto estos no se hayan establecido..." (el resaltado es nuestro)
Observa el Pleno, que la diligencia de allanamiento a la residencia del adolescente M.A.C. cuya nulidad se solicita, no ha vulnerado ninguna garantía fundamental al adolescente investigado. La citada diligencia fue ordenada por el Fiscal de Adolescentes del Segundo Distrito Judicial de Veraguas y Coclé mediante providencia motivada del 14 de noviembre de 2012 constante a fojas 19 a 23 del expediente. Se observa que esta diligencia fue realizada por el Fiscal de Adolescentes, la Secretaria Judicial de la Fiscalía, con autorización de la madre del adolescente, el joven M.A.C. y una unidad de la Policía de Niñez y Adolescencia, por lo que se considera que la diligencia en cuestión, reunía las formalidades de ley cuando fue practicada; por lo que se descartan los cargos de infracción del artículo 26 de la Constitución Política.
Por otro lado, el Texto Único de la Ley 40 de 1999, establece en su artículo 81, que la acción penal especial para perseguir e investigar el delito, la ejercerá el Ministerio Público mediante Fiscales de Adolescentes, los cuales tendrán la potestad exclusiva de promover de oficio, todas las acciones necesarias para la determinación de la responsabilidad penal de adolescentes en la comisión de infracciones a la ley penal.
Por ello, estima el Pleno no pueden aplicarse las normas del Código de Procedimiento Penal relativas a diligencias que restrinjan derechos fundamentales al proceso penal de adolescentes ya que, las mismas implican llevar a cabo un control jurisdiccional por medio del Juez de Garantías; figura que no se ha creado formalmente para la jurisdicción penal de adolescentes en la actualidad.
En el proceso penal de adolescentes la única medida que requiere de un control inmediato por parte del Juez Penal de Adolescentes es la detención provisional. El Juez Penal de A. no puede ejercer las funciones señaladas para el Juez de Garantías en el Código de Procedimiento Penal, dado que estas funciones no se le han asignado por mandato legal conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 21 del Texto Único de la Ley No.40 de 1999.
"Artículo 21. Competencia: El Juez Penal de Adolescentes conocerá, privativamente en primera instancia de los procesos tendientes a resolver sobre el delito cometido y la responsabilidad de los adolescentes implicados y es la autoridad competente para:
Decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del adolescente o de la adolescente, a quien se le atribuye el delito cometido.
Confirmar, revocar o modificar la detención provisional decretada por el Fiscal de Adolescentes.
Conocer de los incidentes de controversia que interpongan los defensores contra las actuaciones de los Fiscales...."
Estima el Pleno que a favor de esta interpretación opera lo dispuesto en el artículo 16 del Texto Único de la Ley No.40 de 1999, denominado "Garantías Penales Especiales" que a continuación citamos:
"Artículo 16. Garantías Penales Especiales. Además de los mencionados en el artículo anterior, los adolescentes y las adolescentes, en virtud de su condición de personas en desarrollo, tienen los siguientes derechos y garantías, consagrados en los siguientes principios:
Principio de la especialidad de la jurisdicción. A que no se les investigue ni juzgue por autoridades distintas a las que establece este Régimen;
Principio de la legalidad de la restricción de derechos. A que toda limitación o restricción de sus derechos sea ordenada sólo por las autoridades establecidas en la presente ley;
Considera el Pleno que, en estricto cumplimiento del artículo 18 de la Constitución Política, no puede el Juez Penal de Adolescentes ejercer las funciones establecidas en los artículos 293, 297, 298 y 306 del Código de Procedimiento Penal ya que, según el citado artículo, los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley, por extralimitación de funciones y por omisión en el ejercicio de éstas, por lo que deben desestimarse los cargos de violación de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Por lo anterior, en la presente causa, la Juez Penal de Adolescentes cumplió a cabalidad con su función de "decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del adolescente, a quien se le atribuya la comisión de un delito", al pronunciarse mediante el Auto No.306 de 7 de mayo de 2013 (fojas 41 a 46 del expediente), que niega el incidente de nulidad incoado contra la diligencia de allanamiento al domicilio del adolescente M.A.C. por considerar que la misma cumplió con los requerimientos legales y constitucionales en su ejecución, razón por la que se desestima el cargo de violación del artículo 32 de la Constitución Política.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia de 5 de diciembre de 2013, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, que niega la demanda de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el Licenciado S.Q.M. en nombre y representación del adolescente M. A. C.
OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D.

References: artículo 27
 artículo 557
 artículo 32
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 26
 artículo 32
 artículo 557
 artículo 14
 artículo 557
 artículo 26
 artículo 81
 artículo 21
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 32