Source: https://es.scribd.com/document/55623037/DERECHO-ADMINISTRATIVO
Timestamp: 2016-09-28 13:43:09+00:00

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Históricamente, la Administración Pública funciona más bien como un aparto meramente represor y al servicio del monarca absoluto, sin someterse a las normas jurídicas en su funcionamiento. A raíz de la Revolución Francesa (1789), la soberanía de un país deja de residir en el monarca y pasa a ser ostentada por el pueblo, y ello, con una consecuencia fundamental: la Administración pasa a estar al servicio del ciudadano y su funcionamiento queda sujeto a normas jurídicas. Sin embargo, el núcleo esencial de esa primera Administración moderna seguía girando, fundamentalmente, en torno a unas actividades específicamente públicas, sin correspondencia posible con la actividad de los particulares, por lo que las normas jurídicas destinadas a regular su funcionamiento tenían que ser, necesariamente, de exclusiva aplicación a la Administración. Estas normas específicamente públicas, al irse desarrollando e incrementando, con el tiempo dieron lugar al nacimiento de una rama especial del Derecho, el Derecho administrativo, en cuanto Derecho regulador del funcionamiento y de los derechos y obligaciones de la Administración Pública, diferenciado del Derecho privado, cuyo ámbito queda circunscrito exclusivamente a las relaciones entre particulares. En aquellos primeros momentos del Derecho administrativo, no existían los contratos administrativos como figura jurídica peculiar, ya que el aparato administrativo era autosuficiente para atender por sí mismo las necesidades de la sociedad. Entonces, nos hacemos la pregunta ¿cómo nacieron los contratos administrativos como contratos dotados de una regulación distinta a la de los contratos privados? Para ello, fue necesario que se produjera un proceso de profunda evolución en el que, partiendo inicialmente de un grado muy reducido de intervención administrativa, se va evolucionando hacia un volumen muy elevado de actuaciones públicas en todas las áreas que afectan al funcionamiento de la sociedad, y cuyas etapas más significativas fueron las siguientes: Inicialmente, el Estado moderno nacido de la Revolución Francesa era acérrimamente liberal, lo cual suponía la menor injerencia posible de la Administración en los asuntos privados de los ciudadanos. Esto, unido a la Revolución industrial que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX, hizo nacer lo que conocemos por capitalismo, que en poco tiempo llevó a extremo la explotación de unos ciudadanos por otros, hasta el punto de generar situaciones sociales insostenibles. El resultado de aquel proceso provocó en la mayoría de países europeos, el surgimiento de focos prerrevolucionarios que, reaccionando contra el liberalismo capitalista, propugnaban el predominio absoluto de los intereses de la sociedad, de lo colectivo y, por tanto, del Estado sobre los intereses particulares de cada individuo. Tras estos estallidos revolucionarios, la concepción del Estado empieza a evolucionar hacia lo que hoy conocemos como Estado Social de Derecho, es decir, un Estado preocupado por el bienestar medio de la mayoría de los ciudadanos y que, para conseguir tal objetivo, fomenta, por una parte, la actividad económica privada, fortaleciendo las
infraestructuras y el entramado económico y social del país y, por otra parte, interviene corrigiendo desigualdades y prestando un mayor número de servicios a los ciudadanos. Este progresivo e importante incremento de las actuaciones del Estado provoca que la Administración Pública necesite utilizar, cada vez más, la contratación con particulares para hacer frente a la realización de determinados servicios y, por fin, cuando tales contrataciones se generalizan, surgen definitivamente los contratos administrativos, diferenciados de los contratos civiles, con una regulación específica propia, determinada por una doble exigencia: las peculiaridades funcionales de la Administración como organización, y las peculiaridades derivadas del interés público y de la posición dominante de la Administración. DERECHO COMPARADO Otras legislaciones alrededor del mundo han procurado darle un especial desarrollo en lo que respecta a la contratación realizada por la Administración Publica, creando leyes especiales que regulan que es Contrato Administrativo, las formas en que se celebra. Esto se regula de distintas maneras dependiendo de la legislación de cada país y a continuación se demuestran algunos ejemplos: COSTA RICA El concepto contrato administrativo, para la legislación Costarricense, se refiere a la relación contractual surgida como merito de un procedimiento, sea este ordinario o extraordinario, previsto por la ley, mediante el cual la Administración Pública escoge al contratista, en conjunto con el cual tendrán como fin último satisfacer una necesidad pública. La regulación de los Contratos Administrativos se desarrollan en las siguientes Leyes:
Ley N. 7494 del 2 de mayo de 1995 sobre " Ley de Contratación Administrativa" y su Reglamento General, Decreto Ejecutivo N. 25038-H del 06 de marzo de 1996 Ley N. 7762 del 14 de abril de 1998 sobre " Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos"
En dicha legislación existe una dependencia del ministerio de hacienda de Costa Rica, llamada Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, creada con el fin de dar cumplimiento a su función de propiciar la integración de la información de los procedimientos de contratación administrativa del Gobierno Central, y en ejercicio de sus atribuciones de ejecutar las acciones necesarias para establecer políticas en materias propias del sistema regido por ella y requerir información a las instituciones y dependencias del sector público para el cumplimiento de sus fines. CHILE El Derecho Chileno no cuenta, y nunca ha contado con una ley general reguladora de la contratación administrativa, pese a que la Constitución Política de la República regula y categoriza claramente los actos administrativos: decretos y resoluciones, distinguiéndolos de los contratos administrativos, como lo establecen los artículos 32, numeral 8°, 35, 102, 108, 87 y 88 del Código Político, por una parte, al referirse a los
pero que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante. los contratos de compraventa. conjunta o separadamente. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo. los de consultoría y asistencia o de servicios. la gestión de servicios públicos y la realización de suministros. si bien los contratos celebrados por la Corona Británica están sujetos a las normas de derecho común y a los tribunales ordinarios. los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos. Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de contratos privados y. por la otra. inciso 4°. y los artículos 60. (Modificado por ley 13/2003) b) Los de objeto distinto a los anteriormente expresados. establece que "son contratos administrativos: a) Aquellos cuyo objeto directo. donación. 5. y el Real Decreto 1098/2001. por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ante este tipo de vacío normativo. el privilegio de inejecutabilidad y la prohibición de
. ESPAÑA El Real Decreto Legislativo 2/2000." Los tipos de contrato reconocidos por la Legislación Española son:
El de Obras De Gestión de servicios públicos De Suministros De Consultaría. sea la ejecución de obras. es lo cierto que sus privilegios como el poder de policía.
INGLATERRA En el derecho inglés. los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos. de 12 de octubre. permuta. por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla o por declararlo así una ley. propiedades incorporales y valores negociables. de 16 de junio. asistencia y de servicios. en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Nos 7 y 9.actos y a potestad reglamentaria o normativa. en su Art. de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo. así como los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y. arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles. los de concesión de obras públicas. numeral 3°. la contractualidad pública se encuentra regulada en las leyes y reglamentos especiales que se ocupan de normar algunos contratos que celebra la Administración del Estado. regulan lo relativo a la actuación de la Administración pública en su forma de contratación. y 62. que lo hacen respecto a los contratos. en particular. excepto los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones.
Dado que. no podemos obviar una referencia. y con carácter especial. las obligaciones nacen de los contratos. completan el marco jurídico contractual de los llamados Contratos Administrativos. Teoría General del Contrato Administrativo Desarrollo del Contrato hasta su naturaleza Administrativa. Así pues. Según nuestro Código Civil. mediante un contrato. jurídicamente. cuasicontratos. las obligaciones nacen. El contrato se configura así como una de las fuentes de las obligaciones jurídicas y. Tales contratos privados están regulados con carácter general en el Derecho Civil. dada su trascendencia social y económica. Esta particular regulación ha llevado a Doctrinarios como Ariño y Parada a considerar que si bien tales contratos no han sido calificados expresamente por el derecho inglés como "administrativos" la realidad de los casos permite afirmar que se trata de una figura que no es contrato en absoluto. Visto el concepto jurídico de contrato. en el Derecho Mercantil y en Derecho Laboral. el propio Código Civil. en este sentido. cuyas decisiones configuran la base de desarrollo de todo un sistema de poderes exorbitantes de la Administración y de compensaciones económicas al contratista que se pactan mediante la adhesión de éste a un pliego de condiciones. faltas y de la ley. Junto con los contratos privados. en su art. o recíprocamente. aunque breve. impone deberes al particular más no le otorga derechos. es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras. a los que. o que de serlo. 1309 lo define diciendo que: " Contrato. resulta interesante hacer una breve referencia a los dos grandes grupos en los que se suelen englobar las distintas modalidades de contratos.dictar contra ella mandamientos de hacer dejaban sin eficacia al contrato y sin garantía al contratista. organismo de arbitraje encargado de decidir todos los conflictos contractuales que se presenten en el ámbito de la Corona y ejercer funciones consultivas. como hemos visto en los antecedentes históricos. bien por imposición de una ley. hacer o no hacer alguna cosa". que son aquellos en que las partes intervinientes persiguen intereses meramente particulares y se mantienen en situación de igualdad respecto a los derechos y obligaciones recíprocas que nacen del contrato. por un lado. Ahí recae la concepción civil del Contrato. establece unas normas y consecuencias jurídicas. la Ley. al concepto de contrato en el Derecho Civil. En ese sentido en 1968 se creó el "Review Board for Government Contract". por intervenir como sujeto del contrato una Administración Pública e incidir determinadas circunstancias directamente
. el origen y esencia de los contratos está en el contrato civil o privado. tenemos los contratos privados. o bien por la propia voluntad de una persona de contraer obligaciones respecto de otra. siendo extremadamente general. El contrato. delitos o cuasidelitos. lo podemos definir como un acuerdo entre partes del que nacen obligaciones recíprocas y para el que. a dar. en función de los sujetos que en él intervienen y de la normativa de aplicación. en un sentido amplio.
ente otros motivos. determinada fundamentalmente por una doble exigencia:
Las peculiaridades de los procedimientos de actuación de la Administración Pública. En este sentido. Constituyen éstos últimos. en un momento social
. En resumen de lo anterior. de la necesidad de controlar el gasto público. el celebrado entre la Administración Pública y un particular o entre dos órganos administrativos con personalidad de Derecho Público. diferenciados de los contratos civiles en función del sujeto. compraventa. aquellos en que interviene la Administración Pública en cualquiera de sus esferas. como los de obra pública y suministro (típicos contratos administrativos). se les otorga una regulación específica sujeta al Derecho Administrativo. para lo cual es indispensable que entable relaciones con los particulares. la jurisdicción especial y la especialidad legal. La peculiaridades derivadas de la salvaguarda del interés público a la hora de garantizar el bien fin del objeto contractual. la desigualdad de las partes. la forma como requisito esencial. Nace así la figura de los contratos administrativos. así como los de arrendamiento. la Administración Pública tiene la necesidad de realizar convenios y contratos que le permitan efectuar acciones que la habiliten para el logro de sus fines. la Administración Pública realiza una serie de contratos. Por lo que son elementos característicos del contrato administrativo por un lado el interés general como causa del mismo. el servicio público como el objeto. derivadas. y las que. etc. Finalmente hay quienes sostienen la existencia de dos tipos de contrato: a) contratos de Derecho Privado. Se sigue últimamente lo que dice esta corriente. Éstos últimos se encuentran en el campo del derecho privado. además que para que el contrato sea administrativo debe tener por objeto la satisfacción directa de una necesidad pública. tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. vale decir. del objeto y de la causa del contrato. el objeto de este trabajo. se derivan de la posición dominante de la Administración. interesa resaltar que cuando la Administración necesita contratar con un tercero lo hará mediante un contrato administrativo o mediante un contrato privado.relacionadas con la satisfacción de necesidades de carácter público. así como garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. donación. por parte de la doctrina. Son entonces los contratos administrativos. ya que necesita de éstos en virtud de que el Estado no tiene a su alcance todos los bienes o servicios que requiere. Contratos Administrativos. Debido a la gran cantidad y diversidad de cuestiones que maneja el Estado por la vía de la función administrativa. y a ellos nos vamos a dedicar. El Contrato típico de Derecho Público es el Contrato Administrativo.
Teniendo en cuenta éstos criterios como referencia. dependiendo de la voluntad del legislador la determinación de las modalidades de contratos que. no hay ni puede haber ningún contrato que no se ajuste a los cánones del Derecho Privado. con una regulación jurídica específica (caracteres que desarrollaremos con mayor profundidad más adelante). b) contratos de Derecho Público. a tal efecto. en general.
El de la jurisdicción. de tal suerte que su actuación no es enteramente libre y mucho menos arbitraria. los cuales expondremos en breve: d. sino la disposición expresa de la ley. sin importar la naturaleza misma del contrato. Es una característica peculiar de los contratos administrativos el que por motivos de interés público se puedan dar y justificar modificaciones en sus cláusulas. un problema de difícil solución es el relativo a las características que permiten diferenciar un contrato administrativo de uno de Derecho Privado. h. las cláusulas penales y la obligación de ejecución forzosa del contrato. La misma evolución de este tipo de instrumentos nos permite ampliar esos criterios o caracteres. expuestos para distinguir los contratos administrativos no son los únicos. la cual establece que ciertos contratos son de índole administrativa y que. g. Contrato Administrativo es el celebrado por la Administración para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos.determinado. Serán contratos administrativos los concluidos por la Administración Pública siguiendo el procedimiento especial de licitación u otro medio reglado para contratar. por ejemplo la diferencia entre un contrato de suministro y un contrato de compra-venta. Considera que son contratos administrativos los que celebra la Administración Pública o los concluidos por ésta obrando como poder público. por lo que también ve restringida su libertad contractual. Son contratos administrativos. por su parte el contratista deberá cumplir con ciertos requisitos y ajustarse también a las disposiciones legales y condiciones impuestas por el ente público. entre otros. adquieran la condición de administrativos. Subjetivo. se sujetarán a un régimen de Derecho Público. por tal motivo. Limitación de la Libertad Contractual de las partes. Las ventajas son siempre para el estado. Ya que la Administración Pública puede celebrar contratos de Derecho Privado. lo cual determina que se rompa el principio de igualdad de partes. Son ejemplos de cláusulas exorbitantes: la rescisión unilateral. Calificación Legislativa. en función de la propia evolución histórica de la actividad administrativa. El ente público que requiera celebrar un contrato debe constreñirse a acatar todas las disposiciones legales que respecto del caso particular se hayan dictado. Cuando exista una norma legal. "Son estipulaciones cuyo objetivo es conferir a las partes derechos u obligaciones ajenos por su naturaleza a aquellos que son susceptibles de ser libremente consentidos por una persona en el marco de las leyes civiles o comerciales". c. Formal. b. e. f. Mutabilidad del Contrato. que es fundamental en el Derecho Privado y que en éste daría lugar a la ilicitud o nulidad. Los criterios o caracteres como se mencionan por otros sectores. Por lo anterior se han señalado los siguientes criterios: a. Del servicio público. lo que permite que el ente público tenga una
. Cláusulas exorbitantes. aquellos cuyo juzgamiento corresponde a la jurisdicción Contencioso ± Administrativa.
amplitud y flexibilidad en sus relaciones contractuales, situación que no es posible en los contratos de Derecho Privado. Elementos del Contrato Administrativo. El Contrato Administrativo está configurado por una serie de elementos, objetivos, subjetivos y formales, que deben concurrir en debida forma para que el contratos se constituya válido. La Doctrina establece que basta la concurrencia de vicios en uno de los elementos para que el contrato se torne ineficaz. La validez de la relación contractual exige la presencia de determinados elementos esenciales, sin los cuales no habrá contrato. Así como también el Contrato Administrativo esta compuesto por elementos no esenciales, los cuales le son muy característicos. Éstos dos tipos de elementos se desarrollaran a continuación. Elementos Esenciales. Sujetos.Por lógica, los sujetos por una parte, el particular y por la otra, el ente de la administración pública que pretende celebrar un contrato. En lo que respecta al particular, no basta tener la capacidad de ejercicio que señala la legislación civil, sino que además, si se trata de personas jurídicas, sus representantes deben acreditar fehacientemente su personalidad. Es oportuno mencionar que la capacidad del particular se rige tanto por normas de Derecho Privado como de Derecho Público. Con relación a la Administración Pública, su competencia para contratar la reconoce la Constitución en su Artículo 234: " Cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes... deberán someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley". Entonces tal elemento parte de que uno de los contratantes debe ser la Administración Pública y el otro una persona natural o jurídica. Consentimiento. Es la manifestación recíproca del acuerdo completo de dos personas con objeto de obligarse cada una a una prestación respecto de la otra u otras. Presupone el acuerdo de voluntades de los contratantes, si bien la forma de manifestarlo es diferente en cada uno, ya que la persona natural o jurídica lo externa en forma simple y llana, como lo haría respetando las normas del Derecho Privado; pero en el caso de la Administración Pública, el consentimiento va precedido de ciertos requisitos legales que debe satisfacer, como la convocatoria y licitación pública, si es el caso. Ahora bien, esa coincidencia de voluntades que ya vimos que es distinta, es más compleja para el lado de la Administración Pública, lo cual explicaremos seguidamente y al momento del perfeccionamiento del contrato. El consentimiento tiene además la siguiente característica: Capacidad. Presupuesto ineludible del consentimiento, la cual implica aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Ahora bien, nos interesa un poco más conocer la capacidad de la Administración, la competencia de la administración es el conjunto de facultades que se le han atribuido; es la competencia para al Administración Pública lo que la capacidad es para los particulares. Esto se explica porque las entidades del Estado no pueden contratar libremente, sino dentro de la esfera señalada por las leyes administrativas, careciendo, por lo tanto, de eficacia aquellos
contratos en que la entidad administrativa contratante no tuviera facultades para conocer lo pactado en los mimos. Existen además un conjunto de circunstancias que pueden alterar las manifestaciones de la voluntad que se expresan en el consentimiento de las partes, privando de validez al mismo al ocasionar la formación de una voluntad distinta a la que debió formarse y que hubiera sido la verdadera voluntad del sujeto. No entraremos en detalle en tales circunstancias, basta por lo avanzado de nuestro nivel, solamente mencionarlas: Error, Violencia o Dolo. Objeto. Todo contrato requiere un elemento objetivo sobre el cual puede recaer la voluntad, el objeto es el propósito de las partes de generar los derechos y las obligaciones, el objeto de los contratos administrativos es un requisito tan esencial, que sin él no se concibe la existencia, ni se pueden tener por consiguiente, eficacia ni validez legal. El contenido de los contratos administrativos está constituido por la prestación o conjunto de prestaciones a que den lugar. El objeto de éstos contratos ha de ser desde la ejecución de obras hasta la gestión de servicios al Estado o la prestación de suministros al mismo; dice la doctrina que el elemento objetivo del contrato viene a estar determinado por todas las finalidades comprendidas dentro de la competencia de la administración y que quedará asegurada la validez de un contrato celebrado por un organismo administrativo, en lo que al objeto corresponde, siempre que dicho organismo sea competente por razón de la materia, para llevar a cabo la actividad a cuyo desarrollo se contrata. Causa. En los contratos administrativos, la idea de causa o motivo determinante tiene más importancia que en los contratos de Derecho Privado, porque presupone que el interés público o el objetivo de la institución a que se refiere es a esos contratos. Es, en fin, en vista del cual una persona se obliga ante otra. Es lógico pensar que cada uno de los contratantes tenga diversas razones para obligarse, por un lado, el particular busca obtener un lucro como causa determinante de su actuación, mientras que la Administración tendrá como causa fundamental alcanzar su cometidos o mejor dicho, el interés público. La causa se encuentra en todas las obligaciones que tienen su fuente en la voluntad del individuo, en efecto, siempre que una persona se obliga lo hace con vistas a un fin inmediato directo, que la determina a establecer la obligación. Manifiesta un sector de la doctrina que la causa para la Administración no existe, o que mejor dicho, se confunde con el objeto del contrato, es decir, que uno y otro los constituye la obra o el servicio público. Tal teoría ha creado divisiones y no se logra crear un consenso, ya que otros manifiestan que objeto y causa son perfectamente separables. Forma.La contratación administrativa obedece en esto a principios diametralmente opuestos a los que rigen en materia civil, en éstos siguiendo la tradición romana, en el cual se reputaba valedera la obligación o el contrato, que fuesen hechos en cualquier manera que parezca que alguno se quiso obligar con otro a realizar un contrato con él. En Derecho Administrativo la situación es muy distinta, los representantes de la Administración son gestores de intereses generales y por ello precisa establecer garantías para evitar abusos, muy posibles cuado las actividades cuyo cuidado se tiene no son las propias, y esas garantías las constituyen los requisitos de forma, los cuales se consideran como los límitesimpuestos a su actividad, que no puede franquear la administración.
Hauriou precisa éstos puntos de vista haciendo constar que la Administración es un organismo en parte automático, en el cual la conciencia central no puede estar siempre despierta, este elemento de la conciencia central es suplido por la multiplicidad de formalidades, por virtud de las cuales entran en el trámite de la operación varios agentes que se controlan unos a otros. Partiendo del criterio anterior, la legislación administrativa salvadoreña ha regulado un sistema de formalidades que constituyen un elemento esencial de la contratación administrativa, las cuales deben ser cumplidas rigurosamente para que el acto administrativo alcance la debida validez. Por tanto, los contratos administrativos, lejos de perfeccionarse a tenor de los preceptos del Código Civil, exigen una determinada forma legal de celebración, de cuyo cumplimiento se hace depender precisamente la validez y existencia misma del contrato por el carácter solemne que los administrativos tienen. Todo contrato administrativo ha de estar forzosamente sometido a normas determinadas en los preceptos legales atinentes. Régimen Jurídico Especial.El contrato administrativo está sometido a un régimen de estricto Derecho Público, solo por excepción debe remitirse al Derecho Privado. Es a través de las cláusulas reglamentarias, como la ley asegura el mantenimiento del interés general, que no puede quedar al arbitrio de los particulares. Elementos no Esenciales. Plazo.El Plazo se determina de acuerdo con la naturaleza del contrato que se celebra. En unos casos los contratos demandan plazos muy amplios para que se pueda operar la amortización de los capitales invertidos y en otros casos, se fijan plazos breves, como la construcción de un edificio. Es frecuente que se señalen diversas sanciones por el incumplimiento del plazo, los contratistas con frecuencia se comprometen a pagar determinadas cantidades por el plazo excedido. En ésta última parte opera el Derecho Administrativo Sancionador. Conmutabilidad. Los contratos administrativos se califican como contratos conmutativos, porque los provechos y gravámenes que corresponden a las partes, son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato. Éste elemento es la proporción que debe existir entre las prestaciones que se dan en el contrato, es la proporción que debe existir en los procesos de contratación pública; se considera que se desprende de los principios de igualdad y de justicia. Intransferibilidad.Al celebrarse un contrato administrativo, la administración se cerciora de la idoneidad de su co-contratante, es por ello que en principio se prohíbe el transferir esos contratos a otras personas. Existen excepciones, como en el caso que la ley lo autorice o que se haya pactado expresamente por las partes. En los contratos de obra pública la administración autoriza a los contratistas para que celebren determinados tipos de contratos con otras personas, como puentes, obras de arte (por ejemplo el monumento del boulevard constitución) , jardinería y otros análogos. Licitación. La licitación es el procedimiento legal y técnico que permite a la administración pública conocer quienes pueden, en mejores condiciones de idoneidad y conveniencia, prestar servicios públicos o realizar obras. Este elemento se introduce en
la Administración tiene la facultad de unilateralmente disponer de sanciones en perjuicio del que incumple el contrato. más amplia. en otro aspecto es la pena que se pacta por el incumplimiento del contrato. Tendencia del Sistema Económico del esto el Estado Social de Mercado. cumpliendo los requisitos de calidad. Transparencia. Búsqueda y obtención de bienes y servicios de punta. austeridad. Que todas las actividades y contrataciones sean públicas y siguiendo los procedimientos de la ley y que eso sea claro para los ciudadanos. plazo de ejecución y usando las mejores condiciones para su uso final.los contratos administrativos como un mecanismo de control del gasto que realizan los entes públicos. Cualidad de las acciones humanas apreciadas como buenas. Garantías. Los actos referidos a las adquisiciones y contrataciones deben ser ante todo honradas. La garantía es sinónimo de obligación y responsabilidad. para ser exactos el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Encuentra su justificación en disposiciones legales. Además todas las contrataciones deben realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas. Buscar bienes y servicios de precios o costos adecuados. La licitación es entonces un procedimiento administrativo que consta de varias etapas y por el cual se selecciona la mejor oferta en precio y calidad de un bien o servicio que requiere la administración pública. Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y dependencias responsables de las adquisiciones y contrataciones se adoptan de me manera estricta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Acá es donde en esencia podemos observar el poder sancionador del Estado. Tratando a todos los postores y personas en igual condiciones. Imparcialidad. ya que ante el incumplimiento de las cláusulas contractuales o del contrato mismo.El concepto sanción se emplea como pena o represión. atendiendo criterios técnicos que permitan la objetividad en el tratamiento. objetiva e imparcial concurrencia. Las garantías que se pueden exigir por la administración pueden ser: las que señalan las leyes o las que se pactan en el contrato respectivo. Siguiendo los principios de simplicidad. dentro de la ética. Economía. Proceder con rectitud y sin designio anticipado. de mayor adelanto y garantía de recuperación en caso necesario. Que los bienes y servicios proporcionados sean de la mejor calidad posible.
Moralidad. o sea. donde se busca la mayor.
. la licitación pública "es una institución típica de garantía del interés público (moralidad y conveniencia administrativa)". No oculta acciones dudosas. Para Rafael Bielsa. Es la ley la que ordena una pena contra quienes la violen. sustentadas y accesibles a los postores. concentración y ahorro en el uso de los recursos en todas las etapas del proceso Vigencia tecnológica. Sanciones. precio. Principios que rigen la Contratación Administrativa. Libre Competencia. pluralidad y participación de postores potenciales. en adelante LACAP. En los contratos es un medio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Eficiencia.
en el Capítulo II de su Título VI. en el primero es un particular. relacionados con el patrimonio. se considerará como nueva contratación. al constructor. se encuentra regulado según lo establecido para el Contrato de Consultoría que veremos más adelante. En tal contrato está incluidos los servicios técnicos. Contrato de Suministro.y
Trato justo e igualitario. La Ley que regula este contrato es la LACAP. conservación o mejora que realiza un particular contratista en bienes inmuebles del Estado. Procesar las posturas con el más amplio criterio de calificación para garantizar la bondad del bien o del servicio. En las disposiciones contenidas en dicho capítulo se da una definición del Contrato de Obra Pública. Obra Pública es el trabajo realizado sobre bienes inmuebles con fines de interés público. ya que es mucho menos complejo que el otro. que en virtud de un acuerdo de voluntades con la Administración Pública y a cambio de remuneración realiza el trabajo. En las disposiciones finales del capítulo mencionado se explica la terminación de la obra por parte del fiador en el caso que el contratista no la haya podido finalizar. y regula la adquisición o arrendamiento de bienes muebles. Esta prohibida la existencia de privilegios. artículos de escritorio. la cual no dista de la que anteriormente ofrecimos.
. salvo que lo diga la ley. Es de menor desarrollo que el de Obra Pública. en el Capítulo I de su Título VI. como papelería. además de los requisitos de la entrega de la obra. además se rige lo relativo a la suspensión y la ampliación de la obra en casos de fuerza mayor o caso fortuito. Tal contrato se encuentra en la LACAP. mobiliario. además de la responsabilidad por los vicios ocultos que tenga la obra. los cuales serán imputables según corresponda. ampliación. Contrato de Obra Pública. pero la Ley que regula el Contrato de Obra Pública hace referencia a los bienes inmuebles. estudiados desde la óptica de la Legislación Nacional. al supervisor o al consultor. por lo que debemos concebir obra pública como toda construcción. Es el que celebra la Administración Pública con algún particular a efecto de que éste le proporcione de una forma continua ciertos bienes o servicios que el ente administrativo requiere para sus tareas. refacciones. cuando hablamos de Obra Pública per se estamos refiriéndonos a la que realiza el Estado por sus propios medios.
Diversos tipos de Contratos Administrativos. El fundamento constitucional del Contrato de Obra Pública se encuentra en el Art. 109 el cual nos explica que cuando se realicen modificaciones que excedan en un veinte por ciento el monto del contrato ya sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones. Es el más usual e importante de los contratos administrativos. No es lo mismo Contrato de Obra Pública que Obra Pública. profesionales y de mantenimiento en general. ventajas o prerrogativas. Cierto sector de la doctrina. Este contrato se realiza para la obtención de determinados bienes de uso corriente de la Administración. Una disposición a la que hay que estar atentos es la del inciso final del Art. 234 de la Constitución. así como los servicios de vigilancia. limpieza y similares. el cual. etcétera. asimismo se encuentra el Contrato de Supervisión de la Obra Pública. considera que la obra pública puede recaer sobre bienes muebles.
El Contrato de Consultoría como los anteriores está contenido en la LACAP. que son de dominio público. Debe entenderse por tal. El trabajo intelectual que antes mencionábamos. La LACAP delimita el marco de aplicación de ésta figura. Es además. 119. ya que es el concesionario el que presta el servicio y el que se encarga de realizar el cobro respectivo. Contrato de Concesión. incomodidades. b) De Servicio Público. Se regula como estudiamos en el Contrato de Obra. Es el que otorga la Administración Pública a favor de particulares o de empresas. quedarán excluidos de la concesión otorgada. en el otro contrato. que excluye del rendimiento de la garantía. esto sucede por la enorme cantidad de tareas que el Estado tiene atribuidas para lograr sus fines y es imposible cumplir de manera directa. disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público. asimismo que se debe establecer un plazo para la duración de la concesión. los bienes vuelven al dominio del Estado. ya que algunos por pertenecer la riqueza del subsuelo al Estado. todos los recursos naturales y bienes arqueológicos que se descubriere como consecuencia de la ejecución de la obra. 123. está obligado a prestar el servicio público en condiciones de completa normalidad. Consideramos por Concesión el acto jurídico por el cual el Estado confiere a un particular la potestad de explotar a su nombre un servicio o bien público. con requisitos distintos para cada una. al final se establece la responsabilidad de los consultores por la deficiencia en sus servicios. el Estado no paga al contratista. inconvenientes o peligro a los usuarios. Contrato de Consultoría. y c) De Recursos Naturales y Subsuelo. siempre se exigirá la garantía de fiel cumplimiento de la obra. en el Capítulo III de su Título VI. el servicio de carácter intelectual que realiza una persona física o jurídica para proveer al ente administrativo con el mejor consejo calificado respecto de un determinado asunto. y están debidamente numerados en el Art. los contratos de supervisión de la misma. De la misma manera. Podemos obtener de la normativa mencionada que la forma para seleccionar al concesionario es únicamente por medio de la licitación pública. acá se le definen como servicios especializados. bien sea para apropiaciones. Una vez finalizado el plazo de la concesión y no habiendo prórroga se debe entregar las obras e instalaciones a que está obligado el concesionario al Estado. El Contrato de Concesión le permite al particular desempeñar actividades que son propias del Estado. satisfaciendo necesidades de interés general. además de prohibiciones a realizar las obras para la cual hayan prestado su asesoría. El concesionario. se permiten que los consultores sean personas naturales y jurídicas. en el Capítulo IV de su Título VI. un contrato para encomendar a los particulares la prestación de determinados servicios públicos. evitando las molestias.
. No todos los bienes del Estado se pueden concesionar. es el que menciona el Art. pero una vez se vence el plazo de la concesión. En tal legislación establece que los Contratos de Concesión podrán ser: a) De Obra Pública. porque persiguen la satisfacción de intereses generales. La particularidad de este contrato es que son los particulares los que pagan el precio del contrato.Una diferencia importante con los Contratos de Obra Pública. a los contratos que consistan en una sola entrega e inmediata.
La Doctrina no desarrolla este contrato. contractual o no. Las etapas del procedimiento preparatorio y previo a la emisión de la voluntad contractual. se incorporan unitariamente. La actividad administrativa contractual o precontractual no es ajena al régimen jurídico de la función administrativa ni tiene formas jurídicas de manifestación distinta de aquélla. Simplemente manifiesta que la Administración podrá obtener con o sin opción a compra en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles. Ellas. Se determinan los parámetros para establecer el precio y que los criterios para evaluar las ofertas se seguirán según el proceso de licitación. El Estado como cualquier contratante. reglamento. hechos. otros lo ubican dentro de la esfera del Derecho Privado. son las formas por las cuales se exterioriza toda la actividad administrativa del Estado. El procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual se integra.Contrato de Arrendamiento de Bienes Muebles. Este Contrato también se encuentra en la LACAP. son procedimientos públicos por los cuales se realizan los Contratos Administrativos. La actividad preliminar al contrato de la Administración adopta las formas jurídicas propias de la función administrativa. las más eficientes y en las que ofrezcan mayores garantías de seriedad en su realización. en el procedimiento administrativo de conformación de la voluntad contractual. reglamentos y simples actos administrativos. en el Capítulo V de su Título VI. Por ello. pues no es lo mismo arrendar 100 sillas para un evento que el arrendamiento de 100 vehículos para distintas labores del Ministerio de Agricultura y Ganadería. esto para los que consideran que el contrato se encuentra dentro del Derecho Administrativo. tiene el derecho legítimo de obtener de los particulares las mejores condiciones en su contratación. hecho o simple acto administrativos. Claro todo va a depender de la cantidad o precio de los bienes muebles a arrendar. de las etapas previas a la preparación del contrato. El procedimiento de contratación administrativa comprende en general. a tenor de nuestra dogmática jurídica. las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa (procedimiento administrativo) son también aplicables a la actividad administrativa precontractual (de preparación de la voluntad) y contractual propiamente dicha (de ejecución de la voluntad). pues lo incluye en los contratos de suministro. aunque de manera separable. Los actos. además. dictados o ejecutados en la preparación de la voluntad administrativa contractual. el de la forma misma que debe revestir el negocio contractual. lo relativo al problema de la elección de la otra parte contratante y por último. Formas de Contratación de la Administración Pública. Los procesos de selección. procesos en los cuales puede participar cualquier persona que cumpla las bases y requisitos exigidos por la Ley. con la actividad que despliega a ese efecto el futuro contratista de la
. las más económicas. sustancialmente adquieren forma de acto.
la selección del contratista por cualquier procedimiento (licitación pública. Es un procedimiento de selección del co-contratante. En nuestra legislación se distingue entre Licitación y Concurso Público en la medida que. Las figuras antes mencionadas se encuentran reguladas en la LACAP. por razones de interés público. técnica y financiera de los intervinientes. caso fortuito. sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones.Administración Pública. si llena los requisitos se le adjudicará a éste oferente la contratación de que se trate. de su Capítulo II. o ya sea. el retiro o desistimiento de la oferta. sino que es el resultado de varios actos. no se agota en un acto administrativo único. el Titular de la Institución así lo justificare. etcétera. En tal capítulo se regula la suspensión del concurso cuando por razones de causa mayor. Asimismo recalca que los oferentes deben llenar todos los requisitos contenidos en las bases de la Licitación o del Concurso. el precio más conveniente. formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará (adjudicación) la más ventajosa. concurso). tiende a establecer la mejor oferta. por el contrario. para la adquisición o enajenación de bienes. la licitación publica es "un procedimiento administrativo" de preparación de la voluntad contractual. contratación directa. la solicitud de inscripción en los registros respectivos. sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones. declarándose otra vez desierta por la razón
. por el que un ente publico en ejercicio de la función administrativa invita a los interesados para que. preparatoria o preliminar del contrato administrativo. En la actividad precontractual. o conveniente. Son diversos los tipos de procesos que existen. Técnicamente. está dirigido a la prestación de servicios de consultoría. la constitución de la garantía. siempre que el oferente sea una persona privada. se puede dar el caso que solamente un oferente se presente. ( la compra de las bases de licitación. y servicios ajenos al de consultoría. así como también del monto del contrato. en el Título IV. Licitación pública es un procedimiento administrativo por el cual la Administración invita a los interesados a que. licitación privada. en este caso. la formulación de observaciones e impugnaciones en el acto de apertura. dependiendo del tipo de bien o servicio que contratar. libre gestión. de no cumplir los requisitos la Licitación o Concurso se declarará desierta. que reciben concurrencia y colaboración de los particulares por medio de actos y hechos jurídicos privados. formulen propuestas de entre las cuales seleccionara la mas conveniente. que sobre la base de una previa justificación de la idoneidad ética. Por lo tanto. La LACAP enumera las siguientes formas de contratación: Licitación y Concurso Público. prestación de servicios o ejecución de obras. hechos. La Licitación publica abierta es uno de los procedimientos observados para las contrataciones del Estado y otros entes públicos. la primera está destinada a proporcionar bienes. la presentación de la oferta. encontramos también actos y hechos jurídicos privados o de particulares. el Concurso Público. reglamentos y simples actos administrativos.
porque nadie compareció a presentar ofertas. puede hacer real y efectiva la colaboración de los particulares.
En los Contratos Administrativos. pues es ella la que elige a quiénes van a ser postores. el análisis y las notificaciones. son:
Libre Concurrencia. En esta forma de contratación podemos observar un cierto parámetro de discrecionalidad de la Administración Pública. "principios" o "propios" que hacen a la esencia y la existencia de la licitación y a los cuales deben recurrirse para resolver los problemas concretos de interpretación que la practica administrativa promueve. que a pesar que el procedimiento de las licitaciones este bien reglamentado pueden efectuarse adjudicaciones indebidas pues la inmoralidad puede doblegar las formulas técnicas de rectitud impuestas por el ordenamiento jurídico al proceder administrativo. De cualquier manera. de la misma forma también puede expresar su deseo de ser seleccionado en el Concurso. pues los pliegos de condiciones pueden haber sido redactados de manera tal que solo la persona a quien se quiere favorecer quede en condiciones de prestar ofertas admisibles. Licitación y Concurso Público por Invitación. Al parecer el único inconveniente es. esto sumado a que se publicará la invitación en los periódicos de mayor circulación. la cual estudiaremos más adelante. o a un Amparo por violación al principio de Igualdad. la legislación y la jurisprudencia. La Administración debe valorar a cada uno de los oferentes de la misma forma y tratarlos en igualdad de condiciones. el saldo favorable. que hacen a la ratio iuris de la licitación y de los demás procedimientos de selección del co-contratante. puede presentarse y emitir su oferta para la Licitación. De ahí que la doctrina. se procederá a Contratar según las reglas de la Contratación Directa. hayan establecido algunos "requisitos". el procedimiento de Licitación o Concurso. no hacerlo daría lugar a la impugnación del acto administrativo. y de hacer constar la recepción de la misma. adaptable a las distintas actividades del Estado y que disminuya en lo posible los inconvenientes señalados. Por lo tanto no es
. La finalidad del procedimiento licitatorio es la determinación del proponente que formula la oferta mas ventajosa para el Estado. y evitando tratos preferenciales. así por ejemplo. Asimismo se determina que se debe dejar constancia de la invitación que se realice. si bien se requiere una normativa flexible.anterior o bien. Que se entiende que toda persona que llene los requisitos. Igualdad entre los Ofertantes. lo prueba la circunstancia de su aceptación en todas las legislaciones y en todos los tiempos. que sobre la base del principio de concurrencia e igualdad. y cómo se debe justificar si son menos que los que se establecen. Se establece que se seguirán las mismas reglas que la Licitación o Concurso Público en cuanto a la preparación de las bases. Los principios jurídicos esenciales. constituye una garantía para los interesados en contratar con el Estado y otros entes públicos. La Ley es la que regula el número mínimo de postores que deben haber (4). una licitación aparentemente correcta puede encubrir y simular una flagrante desviación de poder.
en ésta no habrá límite en los montos* por lo extraordinario de las causas que motivan contratar por esta vía. siendo un mínimo de seiscientos treinta y cinco salarios mínimos urbanos para la Licitación Pública. Por razones del monto es que se puede dar este contrato. en donde hay una insípida cultura de la Bolsa de Valores. sin concurrencia. la particularidad de ésta forma de contratación. Esas causas son las que enumera el Art. 68 lo define como el procedimiento por el que las instituciones adquieren bienes o servicios relativos a sus necesidades ordinarias. Es el procedimiento por el cual el estado elige directamente al contratista. 73 de la LACAP. mediante resolución razonada el que emitirá la declaratoria de urgencia. Debido a las limitantes en el desarrollo de ésta forma de contratación nos remitiremos a explicar lo que menciona la Ley. disponibles al público en almacenes. si la Institución que va a contratar forma parte del Gobierno Central. cuando así convenga a los intereses públicos. pues ya desarrollamos las características y objetos de la licitación. por un lado será el Consejo de Ministros. Contratación Directa. es la invitación particular que hace la Administración Pública a personas Naturales o Jurídicas. esta forma de contratar se puede observar más que todo en países sumamente desarrollados. por su complejidad no se da en nuestro país. La LACAP en su Art. nacionales o internacionales. puja u oposición de oferentes. de ochenta a seiscientos treinta y cinco para la Licitación Pública por Invitación. 40 de la LACAP. * Los montos para determinar que forma de contratación se va a utilizar aparecen en el Art. será el Concejo Municipal el que conozca y tendrá la competencia para emitir dicha declaración. la Ley regula que no debe sobrepasar los ochenta salarios mínimos urbanos. entre otros. pues no implica un gasto que requiera de tantas formalidades para que se realice. que manifiesta que son las que realicen las instituciones en operaciones de Bolsas legalmente establecidas. según lo dispuesto en el Art. fábricas o en centros comerciales.necesario profundizar sobre esta forma de contratación. es a raíz de esto. las cuales no entraremos a ahondar pues el desarrollo de éstas nos alejaría del objeto de estudio de éste trabajo. por mencionar Japón. Para calificar de urgente las situaciones que motivan la Contratación Directa. en los casos de los Municipios. pero manteniendo los criterios de competencia y tomando en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas. 72 de la LACAP. Este tipo de contratos. Mercado Bursátil. A Diferencia de las otras formas de contratación. Libre Gestión. Miembros que conforman la Unión Europea. Nuestra ley la define como la forma por la que una institución contrata directamente con una persona natural o jurídica sin seguir el procedimiento establecido en la Ley. no superior a 80 salarios mínimos urbanos para el caso de la libre gestión. que la Administración puede celebrar este contrato sin seguir las reglas de la licitación o concurso público. y el
ya que en derecho administrativo estos acontecimientos están determinados por el interés público que exige el funcionamiento de los servicios públicos. ** El Salario Mínimo en El Salvador es de Ciento Cuarenta y Dos Dólares Con Ochenta y Cinco Centavos ($142. La situación es bien diferente a los principios del Derecho Privado. las prerrogativas de la Administración se manifiestan en la desigualdad jurídica en relación a sus contratistas y en las cláusulas exorbitantes del derecho común. prevaleciendo siempre el interés público sobre los intereses privados. también tiene derecho a que le indemnice por todas esas circunstancias que pueden detener el cumplimiento de lo pactado en el contrato. Éstos acontecimientos las doctrina nos enumera de la siguiente manera:
La Teoría de la Fuerza Mayor. por otra parte. Posibilidad de mayores penalidades al contratista que incumpla con sus obligaciones
A ello se refiere el Capítulo II del Titulo V de la LACAP. y la subordinación del objeto al interés público. Ejecución de los Contratos Administrativos La administración posee prerrogativas para la ejecución del contrato. Los principios de la autonomía de la voluntad e igualdad jurídica de las partes.de la Contratación directa que por lo extraordinario de su existencia no se determina el monto. la libertad de disentir respecto de las condiciones del contrato. Entre esas prerrogativa podemos mencionar:
Ius Variandi: La Administración podrá modificar las condiciones del contrato hasta un punto racional. la exigibilidad de seguro contra riesgos por la obra que se va a realizar y el ajuste de los precios por razones de variación en los costos. A pesar de ello. la aprobación o autorización legislativa o administrativa. así como también la prórroga de los mismos. Cuando tal
. al establecer las condiciones de cumplimiento del contrato. Por fuerza mayor debemos entender aquel acontecimiento exterior que impide la ejecución del contrato. el contratante tiene la obligación de llevar adelante su contrato. Durante la ejecución de un contrato administrativo pueden sobrevenir acontecimientos que lo impidan o perturben.85). En consecuencia. en principio. quedan subordinados en el contrato administrativo. esto sin dejar de regular lo relativo a la responsabilidad por las omisiones a las cláusulas contractuales y la imposición de multas por mora. En este sentido puede decirse que la libertad de las partes queda circunscripta o limitada por la norma que fija el procedimiento para elegir al contratista. sólo puede aceptarlas o rechazarlas. El contratista no tiene. Esos hechos pueden ser circunstancias exteriores o hechos de la misma administración. Acontecimientos que se presentan en la Ejecución del Contrato Administrativo.
Éstos acontecimientos no implican que el contratista incurra en quiebra. le otorga una indemnización parcialmente compensadora por la pérdida sufrida durante ese período que se denomina extracontractual. El principio general es que la administración debe indemnizar al contratista por éstas nuevas cargas. sino que los costos del contrato se incrementan tanto que sería demasiado costoso para él continuar con el cumplimiento de la obligación contractual. pero que en la mayor parte de las veces. o a acontecimientos imprevisibles.
Incumplimiento del Contrato Administrativo. A veces se crean grandes inconvenientes que se ven agravados por la falta de legislación administrativa que prevea estas situaciones y establezca sanciones muy severas. En su sentido amplio se llama hecho del príncipe a toda medida dictada por los poderes públicos.
Podemos pensar en nuevas medidas fiscales que graven en particular el contrato administrativo. después de comprobar técnicamente la ausencia de culpa. de calidades inferiores. que incluso lo pueden llevar a la propia rescisión del contrato. b) que sea Imprevisto e imprevisible. Esta teoría surge como consecuencia de acontecimientos económicos imprevisibles. origina incumplimiento de los Contratos Administrativos en perjuicio del interés general. El problema es complejo porque pueden presentarse numerosas variaciones que pueden o no quedar comprendidas en el hecho del príncipe. c) El acontecimiento debe hacer imposible la ejecución del contrato. salvo los casos de legítimo incumplimiento vistos anteriormente. La inmoralidad administrativa. Lo anterior se aplicará si se realizan éstas condiciones: a)Absolutamente independiente de la voluntad del contratante. se modifica notablemente.
La Teoría de la Imprevisión. La Administración. pero la doctrina administrativa ha sido precisa en la determinación de éste concepto. unida a la inmoralidad de los contratistas.
. Es frecuente el suministro de elementos en malas condiciones. en cantidades menores a las estipuladas.y
acontecimiento se produce tiene por efecto liberar al contratante de su obligación. que tiene por consecuencia la de hacer más difícil y onerosa la ejecución del contrato por el contratista. Normalmente cada dependencia del ejecutivo celebra sus propios contratos bajo la revisión de la Secretaría de Estado correspondiente. no han sido consideradas en los convenios. La Teoría del Hecho del Príncipe. que le dificulten y graven la ejecución del contrato. en lugares diversos a los convenidos o con alteraciones de precios y circunstancias que unas veces se han previsto. o nuevos reglamentos que establezcan cargas onerosas para el contratista. Debemos distinguir el cumplimiento normal y regular de un contrato administrativo y las distintas causas que lo alteran o extinguen por violación de su régimen jurídico o de los motivos que señalan las bases de contratación. por los cuales un contratista de la administración sufre pérdidas tales que el equilibrio del contrato en proceso de ejecución.
que el interés público no se vea afectado con la no realización del contrato. si es por la responsabilidad de quien contrata con la administración.Cesación y Extinción de los Contratos Administrativos. por circunstancias extralegales que no obstante estar reguladas en la Ley. por la modificación de las obligaciones contractuales por parte de la Administración y que tales modificaciones
. en otros términos. es decir. falta de pago por la Administración. nos estamos refiriendo a aquellas que están determinadas en la Ley. Las partes atenderán a lo que hubieren convenido válidamente. Tales circunstancias están comprendidas en las formas de Extinción de los Contratos Administrativos que señala la LACAP en su artículo 93. y que como queda claro. Por Mutuo Acuerdo de las Partes Contratantes. El cumplimiento supone la realización del contrato por el contratista a satisfacción de la Administración. Los Contratos Administrativos se extinguen por la expiración del plazo pactado para su ejecución y por el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por otro lado. contrario a la caducidad se da por causas subjetivas. Esta decisión es unilateral. La revocación. La revocación implica una terminación del Contrato Administrativo. En cambio. etcétera. La Resolución del Contrato Administrativo. no pueden ser determinadas por ésta. Tal causal solamente procederá por razones de interés público. en ejercicio de la potestad administrativa. presupone la aparición de alguna circunstancia en la vida del contrato que impide o hace inconveniente su prosecución hasta su extinción normal. Son causales de la revocación. la administración pública puede considerar. se hace obligatoria la indemnización que debe pagar el responsable a la administración pública. Las restricciones a ésta causal es que no concurra otra causa de terminación imputable al contratista. la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. el Contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya cumplido con los términos y cláusulas que se pactaron y que el resultado goce de la aprobación de la Administración. que lógicamente deberán de ser explicadas en el procedimiento. el incumplimiento de los plazos por parte del contratista. por una decisión gubernamental. Entre esas causas podemos mencionar la falta de prestación de las garantías contractuales. Revocación. pero comporta el pago de indemnización al que resulte afectado. al referirnos de causas objetivas. La caducidad opera por causas objetivas de incumplimiento. cuando la extinción del Contrato Administrativo no se da por el cumplimiento de éste o por la llegada del plazo podemos hablar de la resolución. Tales formas son: Caducidad. Además de éstas pueden ser las que se determinen en el contrato. que no es conveniente continuar un contrato. la declaración de quiebra o el concurso de acreedores.
concesión de obras públicas. compraventa. las obras y servicios públicos cuya realización y prestación constituyen precisamente los fines de la Administración. contratos aleatorios. Así que toda cláusula contractual acordada por las partes que no vaya en contra del interés pública y de las disposiciones de la LACAP será válida. depósito. sometidos a reglas especiales. lo pactado por las partes es ley entre ellos "pacta sum servanda". Estrictamente hablando. donación. Esta figura ha sido creada exclusivamente para los contratos de concesión de obra pública y de servicio público. están regidos predominantemente por el derecho público y con un régimen jurídico único. la Administración Pública por cuenta propia prestará el servicio que hasta entonces ha sido defectuoso. los contratos de cesión. Por las Demás que se Determinen Contractualmente. empréstito. locación. permuta. en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. Contratos de la administración publica Contrato de la Administración. La caracterización del contrato de la Administración resulta: a) del objeto del contrato. Así. mandato. Rescate. entre otras. Como ya lo señalamos. Los contratos del Estado. no hay contratos civiles de la Administración.
1. pero los hay también regidos en parte por el derecho privado. en principio. obra pública y suministro. mutuo hipotecario. es decir. Por el contrario. utilizando los recursos del contratista. su intención es la de garantizar que la obra o el servicio se realicen con una calidad que satisfaga al interés público. es un acuerdo creador de relaciones jurídicas.2 Concepto
El contrato público o el negocio jurídico de derecho público. están más cerca del derecho administrativo los contratos de empleo o función pública. Se rige lo anterior por el principio general de los contratos. están más próximos al derecho civil (más lejanos del derecho administrativo). "contratos de la Administración o contratos administrativos". concesión de servicios públicos. El rescate es una forma de extinción de los Contratos Administrativos que consiste en que ante el eventual incumplimiento del contratista en la prestación de calidad y con garantías de un servicio público.
1. fianza.implique una variación sustancial de las mismas.
. todos son de derecho público. transporte. los contratos de la Administración se rigen predominantemente por el derecho público.
3. que producen efectos jurídicos generales). Conceptualmente entendemos que contrato administrativo es toda declaración bilateral o de voluntad común. directos e inmediatos (a diferencia de los simples actos de la Administración) y de manera individual para cada una de las partes (por oposición a los reglamentos. que por esencia es unilateral. Los órganos estatales intervinientes pueden corresponder a la Administración central o a entes descentralizados. por una parte. 4 y 5. ejecutivo y judicial) puede celebrar contratos administrativos (arts. Cualquiera de los tres órganos (legislativo. El contratista puede ser un particular (persona física o jurídica) u otro ente público (estatal o no estatal). Análisis de la definición. Caracteres y régimen jurídicos El contrato administrativo o contrato de la Administración tiene elementos comunes al contrato de derecho privado pero con variantes que dependen de
. El contrato de la Administración. 75. incs. Veamos analíticamente la definición propuesta: Es una declaración de voluntad común.b) de la participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio de la función administrativa. Pero también celebran contratos administrativos los entes públicos no estatales y los entes privados que ejercen técnicamente la función administrativa por delegación estatal. difiere del hecho de la Administración. Y un particular u otro ente público. no una actuación material. CN). Entre un ente estatal o no estatal en ejercicio de la función administrativa. Es un acto bilateral que emana de la manifestación de voluntad coincidente de las partes. En este segundo caso estaríamos ante un contrato interadministrativo. y c) de las prerrogativas especiales de la Administración en orden a su interpretación. 2. por otra. y de un particular u otro ente público (estatal o no estatal). inc. 1. 113 y 114 inc. En tanto es una declaración volitiva. 100. de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa. En el sentido de que se requiere la voluntad concurrente del Estado (manifestada a través de un órgano estatal) o de otro ente en ejercicio de la función administrativa. y en cuanto importa una concurrencia bilateral de voluntades se distingue del acto administrativo. Productora de efectos jurídicos. modificación y resolución. determina recíprocamente atribuciones y obligaciones con efectos jurídicos propios. productora de efectos jurídicos entre dos personas.
30). Las partes contratantes están en un plano desigual.2 Desigualdad jurídica. 2. . nº 5. tiene su origen en la desigualdad de propósitos
. "Espacio S. Estas formalidades discurren a través de una serie de actos preparatorios del contrato. mutabilidad del contrato). para el contratista.1. con quien celebra un contrato. en forma directa. porque cede ante el interés público.894. en caso de incumplimiento o mora del contratista. cuya virtualidad propia es la de desplazar la plena vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes.Adaptar el contrato a las necesidades públicas. 2. que el contrato administrativo carece de la rigidez e inmutabilidad del contrato civil. se imponen ciertas prerrogativas y condiciones que subordinan jurídicamente al contratista. 22/12/93. En los contratos administrativos desaparece el principio de igualdad entre las partes. 17/8/94. v. En tal sentido la Corte Suprema ha señalado que: "en materia de contratos públicos la administración y las entidades y empresas estatales se hallan sujetas al principio de legalidad. que es uno de los elementos básicos de los contratos civiles.su contenido. sino que cede ante el ius variandi que tiene la Administración a introducir modificaciones en ellos. El principio de la inalterabilidad de los contratos no puede ser mantenido. los cuales las personas públicas no se hallan habilitadas para disponer sin expresa autorización legal" (CSJN.
Cuando una de las partes contratantes es la Administración. Es decir. p.A. La Administración aparece en una situación de superioridad jurídica respecto del contratista. de los distintos intereses que afecta y de su régimen jurídico propio. cuando las necesidades públicas lo exijan (rescisión contractual). de su fin. JA. Formalismo En los contratos administrativos se supedita su validez y eficacia al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación. unilateral y por cuenta de éste (ejecución con sustitución del contratista). .
Esta subordinación o desigualdad jurídica del contratista respecto de la Administración Pública. dentro de los límites de la razonabilidad.Dejar unilateralmente el contrato sin efecto en caso de incumplimiento. variando dentro de ciertos límites las obligaciones del contratista (modificación unilateral.
Esta desigualdad jurídica se traduce en la competencia que tiene la Administración para: . en la medida en que somete la celebración del contrato a las formalidades preestablecidas para cada caso y el objeto del acuerdo de partes a contenidos impuestos normativamente. Ferrocarriles Argentinos".Ejecutar el contrato por sí o por un tercero. y que son obligatorias.
No todo convenio celebrado por el contratista con un tercero. aunque los hay también intuitu rei. implica un subcontrato. porque pertenecen a la esencia o naturaleza de él y su derogación sólo procede por texto expreso.
2. 2. la subcontratación autorizada por la Administración. existen por sí. sin que se extinga la primitiva relación. Cláusulas exorbitantes
. pactado en sentido contrario. 2. Empero. Derechos y obligaciones personales En principio. por ejemplo. Igual prohibición rige respecto de la subcontratación. Celebrado el contrato. Así. prohibiendo. en principio. otorga al subcontratista acción directa contra ella. Estas prohibiciones de ceder y subcontratar. Dada la calidad esencial del contratante originario y la prohibición legal o convencional de subcontratación. o con las personas que trabajan a destajo.4. la Administración se resguarda de la insolvencia económica. respectivamente. no son subcontratos los acuerdos que el contratista realice con terceros para proveerse de fondos que faciliten la ejecución del contrato.5. son de carácter personal. en materia de contratos de empleo público es obvia la imposibilidad de ceder. moral y técnica de su contratista.perseguidos por las partes en el contrato. por la que un tercero ejecuta el contrato por cuenta y orden del contratista. respecto del cumplimiento del contrato principal. No puede el contratista realizar subcontratación sin la previa autorización de la Administración. la transferencia de los derechos contractuales. salvo autorización o pacto expreso. se prohíbe todo nuevo contrato por el cual una persona extraña a la relación contractual asuma facultades concernientes a la posición de una de las partes por vía de sucesión constitutiva. sin que para ello sea necesario incluirlas expresamente en el contrato. intuitu personae. ni menos aún una cesión.3. Esta autorización no exime al contratista de sus responsabilidades. transferir o negociar el mismo. La subcontratación o contratación derivada. los derechos y obligaciones emergentes del contrato administrativo respecto del contratista. pues al fin económico privado se opone y antepone un fin público o necesidad pública colectiva que puede afectar su ejecución. o con sus proveedores.
por exceder el ámbito de la libertad contractual y contrariar el orden público. dar directivas a la otra parte.Son cláusulas derogatorias del derecho común. En virtud de estas cláusulas. En otros términos. Son cláusulas expresas las incluidas concretamente en el texto de un contrato. modificar unilateralmente las condiciones del contrato. por una relación de especie a género. una de ellas la de la Administración. la Administración puede ejercer sobre su contratista un control de alcance excepcional. Ejemplificando. a dirigir y controlar su ejecución. es decir. son cláusulas inusuales en el derecho privado. en el régimen jurídico de tal función. La formación de la voluntad de la Administración Pública recorre una serie de etapas. imponer sanciones contractuales. tanto en su aspecto reglado como en el discrecional. encontramos el procedimiento administrativo. digamos que son inusuales o inhabituales en derecho privado. cumplidas por distintos órganos. porque rompen el principio esencial de la igualdad de los contratantes y de la libertad contractual que prima en la contratación civil. Ahora bien. La selección del contratista de la Administración está sujeta a las normas que instauran distintos procedimientos especiales y reglados a tales fines. Procedimientos administrativos de contratación El contrato es una de las formas jurídicas de la función administrativa. 3. En su consecuencia. sujeto imprescindible en el contrato administrativo. en la preparación y ejecución de los contratos de la Administración se aplica el régimen jurídico de la función administrativa. ejemplo de las primeras son las que autorizan a la Administración a rescindir o modificar unilateralmente el contrato.1. declarar extinguido el contrato por sí y ante sí. o que incluidas en un contrato de derecho común resultarían "ilícitas". Las cláusulas exorbitantes pueden ser virtuales o implícitas y expresas o concretas. inadmisibles en los contratos privados. Estas estipulaciones tienen por objeto crear en las partes derechos y obligaciones extraños. Formación El contrato se forma por la concurrencia de dos voluntades. 3. a los cuadros de las leyes civiles o comerciales. La libre selección del contratista es una excepción. Los límites de estas cláusulas están señalados por la juridicidad de la actividad administrativa.
. o a dar instrucciones a su contratista. como principio de ella. o que la Administración quede exenta de responsabilidad por mora en los pagos. etcétera. las cláusulas que facultan a la Administración Pública a rescindir el contrato por sí y ante sí. por su naturaleza.
previo al contrato. En la actividad precontractual. la
. reglamento. la compra del pliego. con la actividad que despliega a ese efecto el futuro contratista de la Administración Pública. Los actos. contractual o no. Ellas. Las etapas del procedimiento preparatorio y previo a la emisión de la voluntad contractual. reglamentos y simples actos administrativos. por tanto. encontramos también actos y hechos jurídicos privados o de particulares. hecho o simple acto administrativos. La actividad administrativa contractual o precontractual no es ajena al régimen jurídico de la función administrativa ni tiene formas jurídicas de manifestación distinta de aquélla. Tenemos que distinguir.las reglas que rigen la intervención de los administrados interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. privada o pública. que es el resultado del encuentro de aquélla con la voluntad del contratista (persona física o jurídica. Más aún. dictados o ejecutados en la preparación de la voluntad administrativa contractual. el retiro o desistimiento de la oferta. y un procedimiento contractual o de ejecución. Por todo ello hay que aplicar en la contratación administrativa las normas del procedimiento administrativo. preparatoria o preliminar del contrato administrativo.2. se incorporan unitariamente. El procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual se integra.gr. 3. además. aunque de manera separable. en el procedimiento administrativo de conformación de la voluntad contractual. El procedimiento de formación de la voluntad administrativa contractual (precontractual) no se confunde con el contrato. a tenor de nuestra dogmática jurídica. sustancialmente adquieren forma de acto. El vínculo contractual nace cuando se enlazan la voluntad de la Administración Pública y la del contratista. hechos. un procedimiento precontractual. v. la presentación de la oferta. Por ello. son las formas por las cuales se exterioriza toda la actividad administrativa del Estado. de formación o preparación del contrato. por el procedimiento legal previsto al efecto. Procedimiento de preparación del contrato La actividad preliminar al contrato de la Administración adopta las formas jurídicas propias de la función administrativa. el procedimiento de contratación administrativa es un procedimiento administrativo especial.. las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa (procedimiento administrativo) son también aplicables a la actividad administrativa precontractual (de preparación de la voluntad) y contractual propiamente dicha (de ejecución de la voluntad). estatal o no estatal).
." (Dict. siempre que el oferente sea una persona privada.3. Por ello creemos que no puede negarse fuerza vinculante a la actividad precontractual. Estas negociaciones preliminares no son ya indiferentes para el derecho: crean una "vinculación jurídica especial" que origina derechos y deberes anteriores al contrato. 432202/98. etc. Actividad precontractual.). exclusión de oferente. crean de suyo un vínculo jurídico obligacional como alternativa previa al contrato. la selección del contratista por cualquier procedimiento (licitación pública. remate público. generan una relación jurídica. retiro de oferta. El período preliminar al contrato. 224:119).
3. que reciben concurrencia y colaboración de los particulares por medio de actos y hechos jurídicos privados. Así lo ha expresado la Procuración del Tesoro: "El mero hecho de presentarse a una licitación engendra un vínculo entre el oferente y la Administración y lo supedita a la eventualidad de la adjudicación lo que presupone una diligencia del postulante que excede la común y su silencio hace presumir lisa y llanamente la aceptación de los términos fijados por la Administración. presentación y recepción de oferta. A) Precontrato administrativo. reconocer que una de las partes tenga un derecho ilimitado a retirar su oferta. un llamado a licitación después de que el oferente irrogó a su costa todos los gastos que genera presentar una oferta. Dictámenes. los gastos e "intereses negativos" que se originen con motivo de una ruptura intempestiva o arbitraria separación de la negociación. o deje sin efecto un concurso de anteproyectos cuando los terceros concursantes han concluido el trabajo. sino que es el resultado de varios actos. Ministerio del Interior. Esta es la cuestión de la denominada culpa "in contrahendo". y más aún para una concepción del contrato en función social. por razones de oportunidad. 17/2/98. nº 16/98. concurso). reglamentos y simples actos administrativos. supone una comunicación recíproca entre los futuros contratantes.gr. o sea la regulación de las responsabilidades derivadas de las tratativas previas al contrato. exteriorizada por manifestaciones volitivas de las partes que anticipan un contrato futuro. un vínculo regulado por el derecho.
Es sin duda arbitrario. Si bien aún no puede calificárselas de voluntades contractuales (v. hechos. licitación privada. Expte. v. o que el Estado licitante revoque.gr.
. la formulación de observaciones e impugnaciones en el acto de apertura. etcétera. la solicitud de inscripción en los registros respectivos.constitución de la garantía. etcétera. rechazo de oferta.. no se agota en un acto administrativo único.
Por lo tanto. contratación directa. más allá de las meras negociaciones previas. se celebre éste o no. con efectos jurídicos recíprocos.. precontractualmente.. y no confundibles con los derechos y deberes derivados del contrato.
en publico. Licitación privada: Es un procedimiento de contratación en el que intervienen como oferentes solo las personas o entidades expresamente invitadas por el estado.B) Responsabilidad precontractual. Selección de co/contratantes. vulnerando la buena fe. y de orden técnico-personal. Fases separables.1 Concepto
Licitación publica: es el procedimiento administrativo por el cual la administración. Concepto. en la medida en que el oferente no provocó ni motivó el vicio. Licitación publica. difiere de ella en que la oposición emergente de la concurrencia tiene en vista la totalidad de las condiciones de orden económico-financiero. Posee competencia para rechazar la oferta de contratación directa por precio inconveniente. previa publicidad del llamado. sujetados a las bases fijadas
. cultural o artística entre los presentantes o intervinientes.
Remate publico: Consiste en la compra y venta de bienes en publico. sin limitaciones de concurrencia y al mejor postor.
El procedimiento es facultativo. ante una concurrencia indiscriminada. Diferentes procedimientos: Libre elección: Concurso: Es un procedimiento de selección del contratista en razón de la mayor capacidad técnica. puja u oposición de oferentes. La adjudicación se hace en el mismo acto. 5. con base estimada o sin ella a favor del precio mas elevado que se ofrezca. científica. Si bien el concurso tiene el sustrato común de la licitación pública. Fases del procedimiento. Etapas. invita a los interesados a que. 4. El estado esta obligado a requerir ofertas a tres casas del ramo de la que decida contratar. en el caso de mediar un comportamiento antijurídico del licitante. En tal sentido debe advertirse que si bien el oferente no tiene un derecho subjetivo a ser adjudicatario. Principios jurídicos. y no se efectúa sólo por las ventajas de la oferta económica. tiene derecho a ser resarcido de los perjuicios derivados de la relación jurídica precontractual que lo liga al Estado. El concurso puede dirimirse sobre la base de los antecedentes o por una prueba de oposición. sin concurrencia. contradiciendo una conducta suya anterior y válida que ha generado la confianza de la otra parte.
5. económico-financiera. Contratación directa: Es el procedimiento por el cual el estado elige directamente al contratista. o por el precio. La Administración no puede incurrir en la doctrina de los actos propios.
Comprende. Comprende la licitación propiamente dicha. con la forma de celebrar los contratos. instrumentación escrita. los actos dirigidos a lograr la manifestación de voluntad común del ente público licitante y de un tercero contratista. la existencia de créditos y su asignación presupuestaria.
5. b) Fase esencial. las relaciones que se entablan son bilaterales. sin intervención ni participación de los administrados. En ella se cumplen los presupuestos que tornan jurídicamente posible la manifestación de voluntad contractual administrativa. un procedimiento administrativo especial que tiene que ver con la formación del vínculo jurídico. Es puramente interna de la Administración. c) Fase integrativa. formulen propuestas de las cuales se seleccionara y aceptara (adjudicación) la más ventajosa. la admisión de oferentes.3. contable. los estudios de factibilidad física. como en la siguiente. la apertura de las ofertas. tenemos concurrencia y participación de la voluntad administrativa del licitante con la voluntad particular del licitador. respecto del costo del contrato. En esta fase. y económicos. perfeccionado en la forma en que el derecho positivo lo prevea: notificación de la adjudicación. 5. o sea. la fase integrativa da lugar a la voluntad objetiva y a su exteriorización en un contrato. en la licitación pública. se realizan los proyectos de orden técnico en cuanto a las ventajas. pues. financiera. ni un acto. Así. Por último. Es un conjunto de actos. exteriorizada a través de las formas jurídicas siguientes:
. oferentes o terceros interesados. Actos separables La licitación no es ni un contrato. beneficios y posibilidad de realización del objeto del contrato. en suma. económica y política de la obra o servicio objeto de la futura contratación. Una vez que se adopta la decisión de contratar.2 Fases del procedimiento
Las fases del procedimiento de la licitación pública son: a) preparatoria b) esencial c) integrativa. la publicación del anuncio. afectan o pueden afectar a terceros. la preadjudicación y la adjudicación. o conveniente. a lo largo del procedimiento. etcétera. el estudio de las propuestas. la imputación previa de conformidad al crédito presupuestario y la preparación del pliego de condiciones. y se desarrolla a través del llamado a licitación.en el pliego de condiciones. a) Fase preparatoria. jurídica. aprobación de la adjudicación.
todo el procedimiento de la licitación pública. A esas formas jurídicas. intereses. (acto jurídico privado) 6) exclusión de oferente (acto administrativo) 7) recepción de ofertas (acto administrativo) 8) negativa a recibir oferta (acto administrativo) 9) apertura de ofertas (hecho administrativo) 10) observaciones e impugnaciones al acto de apertura (acto jurídico privado 11) admisión (acto administrativo). ni independientes entre sí. haciéndolo ante el juez del contrato. o sea el ente público licitante y el adjudicatario (no los demás oferentes). Después. 12) desistimiento del licitador (acto jurídico privado) 13) desistimiento del licitante (acto administrativo) 14) preadjudicación (simple acto de la Administración). componentes e integrativos. etcétera). ya que no son partes en el contrato. v. constitución de garantía y presentación de propuesta. estarán legitimados sustancial y procesalmente para impugnarlo. sino que se encuentran incorpora dos al contrato de manera unitaria.gr. Si se afirma que los actos integrativos del procedimiento licitatorio no son separables. no sus actos preparatorios.1) pliego de condiciones generales (reglamento administrativo) 2) pliego de especificaciones técnicas (acto administrativo) 3) llamado a licitación o concurso (acto administrativo) 4) publicaciones (hecho administrativo) 5) solicitud de inscripción registral. se restringe en grado sumo la protección jurídica de los oferentes. en suma. pues sólo será impugnable el contrato. por ello sólo las partes contratantes. 16) notificación y aprobación de la adjudicación (acto administrativo). no
. se reduce. ni autónomos. 15) adjudicación (acto administrativo). sanciones administrativas (multa. en la etapa contractual o de ejecución pueden también existir actos separables que adopten forma de acto administrativo.. públicas y privadas. recargos. preliminares. Los oferentes no adjudicatarios no pueden impugnarlo. certificado de obra pública. rescisión unilateral de la Administración.
sino que. y luego los estados y su co-contratante o adjudicatario de aquella. se favorezca con el vicio de ilegitimidad. prestan sus ofertas ante la autoridad administrativa correspondiente. recepción. admisión.
5. será más amplia la protección jurídica de los oferentes. son ajenos a la negociación administrativa. desistimiento del licitante. Por el contrario. al terminar la apertura de las propuestas. será factible su impugnabilidad directa por todos los oferentes durante la sustanciación del procedimiento precontractual y aun después de celebrado el contrato. El procedimiento no es siempre exactamente igual ya que a veces la adjudicación tiene lugar de inmediato. si se separa el contrato de los actos administrativos previos que contribuyen a su constitución y se confiere individualidad y autonomía jurídica a esos actos integrativos del procedimiento licitatorio preparatorio de la voluntad contractual.intervienen en el vínculo jurídico bilateral. por el contrario. a través de recursos administrativos y acciones procesales administrativas. Después la actividad licitatoria pertenece casi exclusivamente al dominio de los órganos administrativos. declarándose adjudicatario a quien cotizo el precio mas bajo o menor. etcétera. en presencia de los intervinientes y de los órganos competentes. v. en el se especifica el objeta de la contratación y se prescriben los derechos y obligaciones del licitante y los licitadores. un adjudicatario no inscripto en el registro respectivo.gr.
. como medios idóneos de impugnación de los actos administrativos separables: llamado a licitación. Forma en que se realiza la licitación publica
Cuando la administración resuelve contratar. pues puede que a él no le haya ocasionado ningún perjuicio. Las personas interesadas que estén en condiciones de efectuar el suministro o realizar la obra. Una vez aprobado el pliego de condiciones por la autoridad competente se invita a los interesados a presentar su oferta: esto es lo que tradicionalmente se denomina ³llamado a licitación´. el adjudicatario rara vez tendrá interés en atacar el procedimiento previo al nacimiento del contrato. hora y lugar indicados. o puede ser que él mismo lo hubiere provocado. En el día. exclusión de oferentes. Una vez finalizado el acto se pasan las propuestas a estudio de organismos técnicos encargados de asesorar a la autoridad que ha de adjudicar la licitación.. Las propuestas se formulan por escrito y en sobre cerrado.4. a cuyo efecto confecciona un pliego de condiciones. Además. Entonces. adjudicación. se procede a la apertura de los sobres a través de un procedimiento formal y actuado.
homologación. aprobación. dado que el interés público exige un control de la capacidad de los concurrentes. etc. obra o servicio requerido.
. Principios jurídicos
y Libre concurrencia y Igualdad entre los ofertantes y Publicidad y transparencia a) Libre concurrencia.. esto no ocurre y deben establecerse en las propuestas algunas condiciones del negocio. al preverse en los pliegos de condiciones o reglamentos de contrataciones. etc. El principio jurídico de la libre concurrencia afianza la posibilidad de oposición entre los interesados en la futura contratación. e implica la prohibición para la Administración de imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso. plazas de entrega. como es frecuente. la Administración puede exigir en los pliegos de bases y condiciones. Dichas limitaciones o restricciones son por ejemplo la exclusión de oferentes jurídicamente incapaces.Puede procederse de ese modo en las licitaciones en las que están predeterminadas de manera absoluta todas las condiciones del suministro. o los anteriores adjudicatarios que no ejecutaron correctamente el contrato o si éste se rescindió por su culpa). La normativa jurídica impone ciertas limitaciones. forma de pago. el principio no es absoluto. Pero cuando. Si esta no merece observaciones y se halla en un todo de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones es ³aceptada´ a través de la adjudicación. se llega a la conclusión que tal o cual propuesta es la más ventajosa. limitándose los proponentes a fijar el precio. Pero además de esta capacidad genérica. la adjudicación no puede hacerse de inmediato por cuento se requiere un minucioso estudio de todas las ofertas. Del estudio que hacen los organismos técnicos. No obstante. como ser: características técnicas del producto a suministrar. de acuerdo con las particularidades de cada ordenamiento jurídico. Posteriormente se perfecciona la voluntad contractual y el contrato mismo con la notificación de la adjudicación. formalización escrita.
5. lo que se traduce en una etapa preliminar de ³preadjudicación´. la exigencia de honorabilidad profesional y comercial del proponente (se excluyen los fallidos no rehabilitados. la exclusión de oferentes condenados penalmente o de funcionarios públicos incompatibles por su empleo para intervenir como proponentes. y la exigencia de honorabilidad civil.5.
nula toda fórmula de tanteo. Son nulas las cláusulas que impliquen monopolio. en suma. Es. salvo excepción normativa expresa.
. lo cual no excluye que se establezcan otras preferencias en favor de determinadas categorías de oferentes. de los plazos establecidos para el desarrollo del procedimiento. retracto o mejora de proposición una vez conocidas las de los demás concurrentes. deben establecer reglas generales e impersonales que mantengan fielmente el principio de igualdad. Por tanto. como es el caso del "empate de ofertas". dentro de lo posible. asimismo. ni señalar marcas de fábricas o rótulos comerciales preferenciales. cabe señalar que la Administración no puede elegir individualmente a sus proponentes. que le aseguren un contratista idóneo. el mismo debe ser igual para todos los concurrentes 3) cumplimiento por parte de la Administración y de los participantes de las normas positivas que rigen el procedimiento de elección del contratista 4) inalterabilidad en lo esencial de los pliegos de condiciones 5) respeto del secreto de las ofertas hasta el acto de apertura de los sobres. Tampoco pueden fijarse cláusulas determinantes de circunstancias subjetivas.
b) Igualdad entre los oferentes. El trato igualitario se traduce en una serie de derechos en favor de los oferentes: 1) consideración de su oferta en competencia con la de los demás concurrentes 2) respeto. salvo excepciones previstas por la ley. La igualdad exige que todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación. contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas. la publicidad del llamado a licitación es una consecuencia obligada del principio jurídico de la libre concurrencia. si así lo hiciera.determinados recaudos de capacidad técnica y de solvencia económico financiera.
Por último. la concurrencia no sería libre. 6) acceso a las actuaciones administrativas en las que se tramita la licitación 7) conocimiento de las demás ofertas después del acto de apertura 8) indicación de las deficiencias formales subsanables que pueda contener su oferta 9) invitación a participar en la licitación que se promoviera ante el fracaso de otra anterior. si es necesario modificar un plazo. Los pliegos de condiciones.
como todo principio. Sin embargo.Consecuentemente. o en las condiciones que se estipulan para los contratos. gran parte de los actos y hechos del procedimiento licitatorio son abiertos al público en general. Desde el llamado a licitación. competencia. como principio rector de la licitación pública.
y Partida presupuestaria y Pliegos
. la publicidad significa la posibilidad de que el mayor número de interesados tome conocimiento del pedido de ofertas de la Administración. ampliando así su concurrencia y competencia. participación real y efectiva. abarca respecto del actuar administrativo el cumplimiento irrenunciable de los principios de legalidad. toda ventaja concedida por el licitante en favor de un licitador. si después de concluido el contrato se elevaran los precios a favor del adjudicatario por razón de mayores costos posteriores. Si se lo hace. La equidad. procedimiento administrativo especial. Con ello en nada se perjudican los demás proponentes. el de igualdad en la licitación no posee un carácter absoluto. la adjudicación o la formalización del contrato respectivo debe hacerse exacta y precisamente sobre las bases del pliego de condiciones que determinaron la adjudicación. pudiendo admitir excepciones por motivos racionales c) Publicidad. lesiona o infringe también el principio de igualdad. pues si alguno de ellos hubiese ganado la licitación también habría tenido que recurrir a la teoría de la imprevisión. en tanto virtud y facultad para seleccionar el mejor contratista posible. y asegurar así el bien común. razonabilidad. la publicidad implica que la licitación debe efectuarse en forma pública. En cambio. Además.
d) Transparencia. como moderación en el precio de las cosas que se compran.
Durante el desarrollo del procedimiento. responsabilidad y control. publicidad. y a los licitadores en particular. que simultáneamente no haya sido dada en beneficio de los demás oferentes. Se manifiesta en un doble sentido en la licitación pública. es ilegal y viola el principio de igualdad. e) Equidad y eficiencia. no pudiendo después de ella realizar alguna modificación de la oferta aceptada ni del pliego de condiciones sobre el que se hizo la licitación. En este sentido. La transparencia. son dos nuevos principios rectores que se suman a los ya mencionados del procedimiento licitatorio. moralidad. y la eficiencia. no resultaría afectado en modo alguno el principio de igualdad.
No toda urgencia admite la excepción procedimental. inmediata. etcétera. de naturaleza. la reserva o secreto de Estado.
La urgencia es una cuestión de hecho. Sólo puede prescindirse de dicha forma procedimental en los casos enumerados taxativamente por la ley. Se indican como causas que las justifican. al monto menor.
De conformidad con el derecho positivo vigente. atendiendo al fundamento con que se las ha acordado.
a) Monto menor. Los trabajos adicionales complementarios y accesorios de una obra en curso de ejecución. el cumplimiento de esa formalidad asume carácter ineludible. la regulación indica que estará exceptuado en razón del "monto menor". concreta.
La procedencia de la causal exige algunos presupuestos esenciales (fáctico-legales). actual. no así para los contratos de suministro. que debe ser debidamente acreditada y fundada en los pertinentes estudios técnicos. los trabajos adicionales. de hecho. son los siguientes:
. Las excepciones al procedimiento licitatorio deben ser interpretadas en forma estricta y restrictiva. y verificada por la autoridad competente. c) Adicionales. Esta excepción sólo la prevé nuestro ordenamiento jurídico para los contratos de obras públicas. b) Urgencia. también pueden contratarse directamente. las excepciones a la licitación pública están taxativamente señaladas. la urgencia. probada y objetiva. locación y otros Los presupuestos fácticos y jurídicos requeridos para la viabilidad de la excepción. Tanto la ley de obras públicas como la de contabilidad autorizan a contratar directamente por razones de urgencia. por atendible "razón de Estado" y por "seguridad pública". Las excepciones al procedimiento de la licitación pública se fundan en razones de imposibilidad legal. Cuando la norma jurídica obliga a la licitación pública para las contrataciones administrativas. Cuando el monto del contrato no alcanza la base o tope fijado para la realización del procedimiento licitatorio. por razones de conveniencia administrativa. imprevista. La urgencia debe ser concreta.y Recepción de ofertas y Apertura y Ordenamiento de mérito y Adjudicación (inicio de la etapa contractual) Excepciones a la licitación pública.
Son condiciones para la excepción: 1) que la prestación (obra. pues si eso fuera posible el precepto no sería aplicable. la destreza o habilidad o la experiencia particular del sujeto. ya que sólo la persona. g) Monopolio. cualquiera que haya sido el procedimiento por el que se la contrató 2) que la obra pública principal esté en curso de ejecución. o la adquisición de bienes cuya fabricación o venta sea exclusiva La tutela de la propiedad intelectual del oferente o de un privilegio otorgado expresamente.1) que se trate de trabajos adicionales. etc. f) Marca o privilegio. indispensables de una obra pública. es decir. Exceptúase también de la licitación pública la contratación en que resulta decisiva la capacidad artística. etcétera 2) que la necesidad de la Administración no pueda ser satisfecha igualmente con otros artículos. trabajo.) se halle amparada legalmente por marca o patente. de acuerdo con el régimen de ellas en cuanto a exclusividad. podrá presentarse formulando ofertas. personas o artistas especializados La explicación de la excepción resulta de la propia naturaleza del contrato en que la especial profesionalización del contratista torna imposible recurrir a la licitación. respecto del costo original de la obra contratada. servicio. en razón de que su ejecución sólo puede ser realizada por empresas. Las leyes prevén también la excepción para la ejecución de trabajos amparados por patente o privilegio. suministro. que no hubieran podido incluirse en el contrato por circunstancias de hecho o de derecho 4) que el importe de los trabajos adicionales no exceda del límite porcentual acumulativo fijado en la escala legal. técnica o científica. que la obra se haya iniciado. entidad o empresa que posee el privilegio de invención o fabricación. que lleve a cabo de hecho su
. d) Reserva o secreto de Estado. objetos o productos de distinta clase no sujetos a marca o patente. Se trata del suministro de productos o prestación de trabajos "poseídos sólo por una persona o entidad". Se autoriza la contratación directa "cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva o "cuando las circunstancias exijan que las operaciones del gobierno se mantengan secretas e) Capacidad especial. hacen imposible el proceder por licitación. duración. y no haya concluido ni esté paralizada 3) que los trabajos no hubiesen sido previstos en el proyecto y en caso de haber sido previsibles.
ley 23. h) Contratos en otros Estados. y RCE. cuyos principios son aplicables extensivamente (decr. dado que se requiere una elemental pero siempre compleja infraestructura física. m) Contratos interadministrativos. Cuando el contratista de la Administración es otro ente público estatal o no estatal supuesto de los
. el desarme total o parcial del vehículo o motor para determinar las reparaciones necesarias. siempre que no sea posible realizar en ellos licitación. Esa circunstancia tiene que ser notoria. pueden hacerse por contratación directa
La causa habilitante es la "imposibilidad de hecho". inc. conocida. es decir. l) Material docente y científico. si carecen de título jurídico justificativo de la exclusividad. 12). sabida. científico y bibliográfico. sólo se autoriza como excepción.fabricación. justifica que se obvie el procedimiento licitatorio que. En el caso de marcas. es la venta de productos perecederos y de elementos destinados al fomento de las actividades económicas del país o para satisfacer necesidades de orden sanitario k) Reparaciones. venta y explotación exclusiva. Su regulación normativa no deja de ser un caso más de urgencia. art 56. El monopolio de hecho. La falta o ausencia de ciertos bienes en un momento determinado o su poca existencia. entendemos que se debe facultar la realización de contratación directa para la adquisición de material docente. la exclusividad es conferida por el derecho que le otorga el monopolio. por su tramitación no permite contratar con la premura que el hecho suele requerir. no reservada. de "plaza" o "zona". entendiendo por tal el mercado interno o nacional. cuando sea indispensable. Las compras y locaciones que sea menester efectuar en países extranjeros. Otro caso de excepción al procedimiento de la licitación pública. art. e. material y humana. 3. Además. 56. caracterizada por las dificultades e inconveniencias prácticas de realizar el procedimiento licitatorio en otro Estado. En cuanto a la reparación de vehículos y motores. Ambas circunstancias deben ser acreditadas y probadas concretamente por las oficinas técnicas competentes. por sí solo no es suficiente para autorizar la excepción en los casos en que los objetos a adquirirse sean poseídos exclusivamente por personas determinadas. Exceptúase también de la licitación pública el supuesto de notoria escasez en el mercado local de los bienes a adquirir. Si bien la normativa no contempla este supuesto como excepción a la licitación pública. ap. pública.354/56. la falta de bienes tiene que referirse al "mercado local". j) Productos perecederos. patentes y privilegios. además de provocar costos a cargo del ente público licitante. en que tiene su radicación física el licitante. contemplado en la normativa vigente como supuesto particular de urgencia. no el mercado "regional".
i) Escasez.
Pero como jurídicamente los actos preparatorios del contrato (actos. Elementos En los contratos administrativos hallamos los mismos elementos que en los actos administrativos: 1. conveniente o no. La normativa no contempla como excepción los contratos administrativos celebrados por un ente público estatal con otro ente público no estatal. Se denomina así a la licitación pública a la que no se ha presentado ningún proponente. También es posible que el procedimiento licitatorio público fracase por ofertas inconvenientes. cláusulas y condiciones del pliego y al objeto solicitado.
p) Licitación pública fracasada por inconveniencia de las ofertas. " Las diferencias que existen responden principalmente a la naturaleza bilateral de los contratos. sino una oferta que. Sujetos (competencia y capacidad) 2. Estos son los elementos esenciales que atañen a la existencia y validez del contrato. Se trata de una oferta que no ofrece exactamente lo solicitado o no lo ofrece en las condiciones o con los requisitos requeridos. según la Administración lo estime conveniente o) Licitación pública fracasada por inadmisibilidad de las ofertas. simples actos. Objeto 4. ofertas presentadas. son rechazadas. financiación. ñ) Licitación pública desierta. Forma. Voluntad 3. no se ajusta a los requisitos de los pliegos y bases de la licitación.
. la ley admite la contratación directa como procedimiento para su elección n) Contratos de entes públicos no estatales. 6. admisibles. Ello habilita a contratar directamente o a efectuar un nuevo llamado a licitación privada. Esto es..contratos interadministrativos. La normativa en materia de contrataciones administrativas también prevé como causal de contratación directa la licitación pública fracasada por inadmisibilidad de las ofertas
Oferta inadmisible no es oferta inconveniente. cabe aplicarles las normas propias contenidas en las respectivas leyes de procedimiento. etc. ajustadas a las bases. pero que por razones de inconveniencia de precio. hechos y reglamentos) son separables.
Los sujetos de los contratos públicos son la Administración Pública en cualquiera de sus grados o clases y los particulares. y también las personas privadas. las personas privadas físicas o jurídicas. entidades autárquicas. consorcios públicos. CC) y los incapaces relativos en los casos en que les está prohibido (art.
. En el contrato de empleo público será siempre una persona física. generalmente se tratará de una persona jurídica. pues siempre será parte un órgano estatal o no estatal en ejercicio de la función administrativa. En síntesis. Competencia y capacidad. a) La Administración. suministro. individual o colectivamente. Sujetos: Las partes del contrato. Así carecen de capacidad los incapaces absolutos (art. 55.. 54. a) Capacidad jurídica del contratista. pues se exige que los sujetos contratantes tengan aptitud legal para celebrar y ejecutar el contrato. Ambos atañen a la validez del contrato. En todos los casos los principios aplicables son los mismos. El art. las personas públicas estatales y las personas públicas no estatales. empresas del Estado. municipios. pues la voluntad estatal debe expresarse según las formas especiales que el derecho público prevé. es decir: Estado Nacional. b) Los contratistas. 1. juntas vecinales públicas. corporaciones públicas.1. que en el caso ejerzan función administrativa por delegación estatal. obra pública. 1160 del CC establece expresamente quiénes no pueden contratar. domiciliadas dentro o fuera del territorio de la República. o también la Administración. Pueden ser contratistas de la Administración Pública. pueden ser sujetos de la contratación administrativa: las personas físicas o naturales. Pueden ser sujetos de los contratos de la Administración todas las personas públicas. como presupuestos del consentimiento. nacionales o extranjeras. La formación de la voluntad contractual se produce al otorgar los contratantes su consentimiento mediante el procedimiento legal y reglamentario correspondiente. aunque nada obsta para que sea una persona física. las personas jurídicas privadas y las personas jurídicas públicas. provincias. se exige la capacidad jurídica del contratista de la Administración y la competencia del órgano estatal o del ente que ejerce la función administrativa. etc. Los conceptos "competencia" y "capacidad" integran el elemento sujeto. Podrán ser contratistas las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar. Por lo tanto. en el contrato de concesión de servicios públicos. las reglas son análogas. estatales o no estatales.
y por otro. concursados. los condenados en causa criminal.CC). Para que haya contrato se requieren dos voluntades válidas y opuestas que concurran a su formación. 825/88). entre otros imposibilita a los agentes y funcionarios públicos y a las firmas integradas por los mismos. según decr.
Las restricciones sobre la capacidad jurídica del contratista se deben a diversas razones: penales (procesados y condenados). inc. los inhibidos. La competencia del órgano estatal para contratar se extiende a las siguientes facultades: 1) aprobar y modificar los pliegos de condiciones. Así. El contrato es negocio bilateral. 61. como recaudo existencial del acto. hace a la existencia del contrato. 61. éticas (participación de funcionarios públicos). importa la manifestación de voluntad coincidente de las partes.
b) Competencia de la Administración contratante: alcance. CC). por un lado. según decr. 2. interdictos). administrativas (culpables de la rescisión de contratos administrativos). es la declaración de voluntad común o negocial. incs. El consentimiento es la conjunción de la declaración o exteriorización de la voluntad unilateral de cada uno de los contratantes.Voluntad. Competencia y capacidad atañen a los sujetos contratantes y son presupuestos de validez del contrato. económicas (quebrados. 825/88) y especifica quiénes pueden contratar aun sin ciertos requisitos y quiénes no podrán hacerlo (art. las personas físicas o jurídicas en estado de concurso. 2) suspender el procedimiento de selección. 3º y 4º. el Reglamento de Contrataciones del Estado (RCE) determina los requisitos para poder contratar con el Estado (art. 56. la capacidad del contratista. 2º. Es la resultante negocial unitaria de manifestaciones provenientes de dos o más partes. la competencia del órgano que ejerce la función administrativa. Estos incapaces pueden contratar a través de sus representantes legales (art. quiebra o liquidación. los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales. Es decir que se exige para la validez del contrato. El consentimiento como expresión de la voluntad válida común.
. Una de ellas es la de la Administración y la otra la del contratista.
Además. Consentimiento. 3) adjudicar 4) acordar la recepción definitiva 5) disponer la resolución y rescisión contractual.
El silencio administrativo sólo vale como conducta positiva o asentimiento por parte de la Administración. en el caso de los contratos administrativos el consentimiento de la Administración debe ser expreso. En tales supuestos. durante determinado tiempo). consentimiento tácito. aunque en él prevalezcan cláusulas reglamentarias (por ejemplo. éste puede ser expreso o tácito. La falta de discusión de las cláusulas del contrato no impide que éste exista.
En relación al consentimiento en los actos jurídicos. otorga los recursos para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato (crédito presupuestario o autorización de gastar con determinado objeto. cuando el orden jurídico expresamente lo prevé. En ciertas circunstancias la manifestación de la voluntad contractual de la Administración requiere una ley autorizante que concurra a la formación jurídica de la voluntad.Puede que el consentimiento o lazo jurídico vinculativo resulte de la libre discusión entre la Administración y el contratista. CC). quien se limita a "aceptar" las cláusulas contractuales preparadas y redactadas por el Estado (predisponente). habilitándola para celebrar el contrato.
b) Aprobación o autorización administrativa o legislativa del contrato. En el primer caso la ley simplemente levanta el obstáculo jurídico que impide actuar a la Administración. La Administración puede necesitar la autorización legislativa para celebrar determinado contrato o requerir la inversión de fondos que sólo el Congreso puede acordar. sin embargo. 1145 y 1146. hasta la concurrencia de cierta suma. La voluntad de la Administración puede manifestarse tácitamente cuando así ha sido pactado por las partes en el contrato y éste se halle en vías de ejecución. la fusión de voluntades se opera sin discusión. a) Voluntad contractual tácita. ya sea autorizándolo a priori o aprobándolo a posteriori. que es admisible en los contratos privados (arts.
. o por la omisión de los actos que debiera emitir si su voluntad fuera contraria a lo actuado por el contratista. conformando un verdadero contrato. pero las modalidades propias del derecho administrativo y la finalidad de la actividad de la Administración Pública. En el segundo caso. es decir. Estas cláusulas de adhesión se destacan por ser: 1) pre-redactadas. en principio. pliego de condiciones). A través de dicha ley el Congreso presta su asentimiento o da su consentimiento para que la Administración celebre el contrato. no es factible. por adhesión del administrado (contratante adherente). el consentimiento tácito. hacen que la conjunción de voluntades generalmente se opere adhiriéndose el administrado contratista a cláusulas prefijadas por el Estado para los respectivos casos. de convenciones propuestas a cualquier destinatario. 2) cláusulas para contratos en general. Control.
El contrato que contenga un objeto ilícito es nulo. dentro de ciertos límites. una concesión de uso especial de la dominialidad pública. y el contrato inmoral. durante la ejecución de él. CC). Obligación que tiene por contenido una prestación de dar. por ejemplo. El contrato ilícito por razón del objeto comprende tres especies diferentes: el contrato ilegal. o contrario al orden público. El contenido del contrato debe ajustarse estrictamente a las normas del derecho objetivo. estando prohibidas las corridas. 21 y 953. Las cosas que no están en el comercio no pueden ser objeto de los contratos privados.. o contrario a normas imperativas. debiendo el objeto ser cierto. estando prohibidas las riñas. Cláusula abierta ésta. o cláusulas por las que se renuncia contractualmente a los llamados "poderes de poli cía". por ejemplo. el contrato prohibido. pero el contrato es siempre un acto distinto de la ley misma. La aprobación es. puede variar unilateralmente. por tanto. una etapa en el proceso de formación de la voluntad administrativa y el contrato no estará perfeccionado sino con ella. y en razón del interés público. determinable o determinado y lícito. una necesidad colectiva. La causa. que convierte al objeto de la contratación administrativa en prácticamente ilimitado. el motivo o la razón determinante de los contratos de la Administración. la intervención del órgano superior es a fin de completar e integrar la voluntad administrativa.
Cuando se requiere la aprobación de otro órgano administrativo para la perfección del contrato.La aprobación legislativa supone la participación directa del órgano legislativo en la celebración del contrato. 1169. posible. como ocurre con los bienes del dominio público. pero sí pueden serlo de los contratos de la Administración. CC). es la consecuencia que se persigue al celebrarlo como factor determinante de la voluntad de las partes (art. en otros términos. el llamado a licitación para construir una plaza de toros. o un reñidero. el objeto del contrato. Los contratos de la Administración pueden tener por objeto una obra o servicio público y cualquier otra prestación que tenga por finalidad el fomento de los intereses y la satisfacción de las necesidades generales. CC). Es independiente del móvil que induce a contratar al contratista y del móvil que pueda determinar el contrato en la mente o en la
. El objeto del contrato. querida por las partes. cuando el contrato debe ser aprobado por ley.
3. esto es. la constitución de un usufructo sobre bienes del dominio público sin ley que autorice a hacerla (art. En el contrato administrativo la Administración. es satisfacer un fin público. o contrario a las buenas costumbres (arts. un servicio público. hacer o no hacer. Objeto. 2839. El objeto del contrato es la obligación que por él se constituye.
Si la normativa establece que el contrato de la Administración conste por escrito. En nuestro derecho positivo nacional. y de suyo del contrato administrativo. b . por ejemplo. Mientras que estas dos últimas son esencialmente subjetivas. que expresa o ejecuta la voluntad de la Administración Pública. a falta de texto expreso que se exija una forma determinada. La Administración debe cuidar de establecer expresamente los motivos determinantes de su obrar. cualquiera que sea la especificidad de éste. que están comprendidas en el objeto y en la voluntad contractual de la Administración. Se refiere al modo concreto de cómo se materializa.intención del funcionario. por la actuación del funcionario administrativo competente (art. 2. inc. exterioriza o instrumenta el vínculo contractual. 7º. para el contrato de obra pública . La causa o motivación y la finalidad son siempre la satisfacción de un fin público. 979. su omisión provoca la nulidad del acto o contrato que realice o ejecute. al fuero interno de los sujetos físicos que participan en su formación. e y f de la LNPA incorpora la causa.
. Tampoco hay formas especiales genéricas para la contratación administrativa. La formalización escrita o la instrumentación del acuerdo de voluntades suscripto por las partes es requerida. como en nuestro caso. La forma es uno de los elementos esenciales. incs. CC). 1. concomitantes (acto de adjudicación) o posteriores (aprobación). Cuando la ley exige. esa motivación. Pueden ser anteriores (pliego de condiciones). No hacemos distinciones metodológicas entre causa. está ontológicamente comprendida en el objeto y en la voluntad. la motivación y la finalidad como elementos esenciales del acto administrativo. Generalmente se requiere la forma escrita. Las formalidades son los recaudos que han de observarse para la celebración del contrato. del interés público. al encuentro de ambas voluntades. En virtud del principio de libertad formal. nada impide. el art. corresponden al yo. la causa del contrato administrativo es siempre objetiva. porque no creemos en la autonomía de uno y otro término. motivación y finalidad. Forma. que los interesados usen la forma que juzguen más conveniente. La forma escrita puede consistir en una escritura pública o en un instrumento público. aunque en nuestro derecho no existe reglamentación sobre el particular. Tenemos que distinguir entre formalidades y forma. la forma escrita debe reputarse indispensable y condiciona su validez.
por ejemplo en la concesión de servicio público. Efectos respecto de terceros. 2039/90).
. los contratos de la Administración pueden. todo lo cual incide respecto de terceros. En ese caso. d) la autorización o aprobación del contrato por otro órgano administrativo o por el órgano legislativo. tienen efectos que se extienden a terceros que no son partes. o los contribuyentes beneficiarios de ella. El perfeccionamiento de los contratos depende del derecho positivo. etc. c) la formalización escrita o instrumentación. art 6º. por parte de la Administración. o de la obra. Podemos señalar las siguientes formas: a) la manifestación recíproca de voluntad de los contratantes. los contratos no pueden ser ni opuestos a terceros ni invocados por ellos (art. adjudicación. a la cual habrán de sujetarse los usuarios del servicio. de imponer servidumbres administrativas. según los casos. v. 6. CC). vicia de invalidez a éstos.gr. En derecho privado. La verificación o demostración de la relación jurídica depende de que los contratos tengan o no una forma determinada. 2º. ley 21. El Código Civil. 1199. el concesionario tiene derecho a exigir de ciertos terceros el pago proporcional de la obra (contribuciones de mejoras).. Lo convenido entre la Administración Pública y el contratista es la ley.499. derecho de expropiar (art.Las reglas sobre instrumentación del contrato configuran un régimen específico de contenido administrativo. Por ejemplo. ser opuestos a terceros. en ciertos casos.1. por el cual pueden exigir que el concesionario preste el servicio correspondiente en la forma pactada. La no observancia respecto de las formas prescriptas por leyes y reglamentos para instrumentalizar los contratos administrativos. los terceros pueden invocar el contrato administrativo. decr. no se juzgarán probados si no estuvieren formalizados en la forma prescripta . en derecho público. Por el contrario. en las concesiones de servicio público el concesionario puede adquirir atribuciones de carácter policial. se aplica supletoriamente. en las concesiones de obra pública. A su vez. b) la notificación o comunicación fehaciente de la aceptación.
y la subordinación del objeto al interés público. de indudable tradición republicana. nos impone ser consecuentes y por ello se propone denominar a esta teoría en forma acorde con lo que en realidad ocurre: se trata de hechos o actos del Estado. podrá modificar las condiciones del contrato hasta un punto racional. quedan subordinados en el contrato administrativo. la libertad de disentir respecto de las condiciones del contrato. Para configurarse la decisión debe provenir de cualquier autoridad pública y afectar el desarrollo del contrato. Esta denominación se acuñó en los albores de la formación del derecho público en la Europa del absolutismo y ha sido mantenida y repetida mecánicamente hasta nuestros días. 2. invocando para ello la teoría del hecho o acto del Estado. habilita al contratista para requerir una reparación integral. la aprobación o autorización legislativa o administrativa.3. da lugar al denominado hecho del príncipe. y los usuarios del servicio están obligados no sólo a ajustarse a él. prevaleciendo siempre el interés público sobre los intereses privados. Posibilidad de mayores penalidades al contratista que incumpla con sus obligacones 6. sino también a soportar las variaciones que la Administración Pública autorice a introducir en él posteriormente. El acto lesivo emanado de cualquier órgano o repartición estatal. En consecuencia. en principio. 6. 1. En este sentido puede decirse que la libertad de las partes queda circunscripta o limitada por la norma que fija el procedimiento para elegir al contratista. sólo puede aceptarlas o rechazarlas. Ius Variandi: la adm. El contratista no tiene. Así lo ha considerado la
. Hecho o acto del Estado (hecho del príncipe) Cuando la ecuación económico-financiera del contrato administrativo se altera por un acto imputable al Estado.2. 7. las prerrogativas de la Administración se manifiestan en la desigualdad jurídica en relación a sus contratistas y en las cláusulas exorbitantes del derecho común. Prerrogativas de la Administración Los principios de la autonomía de la voluntad e igualdad jurídica de las partes. Ejecución de los contratos La administración posee prerrogativas para la ejecución del contrato. sea o no de la autoridad pública que celebró el contrato. Nuestro país.El precio del servicio público concedido se fija también en el contrato.
en tanto garantizan la protección a los derechos.
Esta teoría se aplica a toda clase de contrato administrativo. aun en el caso de disposiciones generales. por ser el acto lesivo ajeno o extraño a la autoridad estatal que celebró el contrato. la segunda supone una disposición o resolución específica relacionada con el contrato administrativo.gr. a consecuencia de una norma o disposición de carácter general que altere la economía del contrato. un contrato celebrado por una provincia que se vea alterado por resoluciones emitidas por la autoridad nacional. pues el acto de poder normal u ordinario. en especial la inviolabilidad de la propiedad (art. El hecho o acto del Estado se manifiesta a través de decisiones jurídicas o acciones materiales que pueden modificar las cláusulas contractuales o las condiciones objetivas o externas del contrato.Procuración del Tesoro expresando que el hecho del príncipe se funda en el álea administrativa. es que procede la indemnización pertinente en los casos de lesión patrimonial al particular. y de acuerdo a los principios que rigen
. a indemnizar íntegramente al contratista por los perjuicios que el acto estatal le haya causado al alterar el contrato. a la que el contratista no puede renunciar anticipadamente. por ello es que la responsabilidad por hecho del príncipe es indirecta o refleja. 17). estaremos en presencia de la imprevisión. que sólo tornen un poco más gravoso el contrato. proviene de actos o hechos de los órganos estatales y justifica una reparación integral..
En el supuesto en que el acto lesivo a los derechos del contratista. v. Por ello. 17 de la Constitución. para responsabilizar al Estado. La primera supone una norma general emanada de la autoridad pública. Por otro lado. Sólo el acto de poder anormal o extraordinario que afecte la ecuación financiera del contrato da lugar a la aplicación de la llamada teoría del hecho del príncipe. hay que diferenciar entre responsabilidad por hechos o actos del Estado y responsabilidad contractual del Estado. 16 y 17 de la Constitución. La aplicación de estos principios obliga a la Administración Pública. ya que los de alcance particular dan lugar a la responsabilidad contractual del Estado. Como señaláramos la responsabilidad del Estado por hecho del príncipe se funda en el art. lesionando los derechos del contratista. es un caso de responsabilidad extracontractual del Estado. al Estado. radican en los arts. circunstancia que torna aplicable la teoría de la imprevisión. queda a cargo del contratista. provenga de una autoridad pública de una esfera de competencia distinta de la que celebró el contrato. pero solamente en los casos de alteración contractual por actos de alcance general. Los principios que fundamentan la responsabilidad del Estado en este caso. por lo cual el contratista no podrá ver menoscabado su derecho o interés en función del interés público.
En cuanto al lucro cesante. dando lugar. o sea que pueden ser definitivos o provisionales (resolutorios o dilatorios. como remedios tendientes a reducir su onerosidad a los límites previstos por los contratantes en el momento de la celebración del acto. y que tal perjuicio sea resarcible. el pago de éste no siempre es reconocido por las leyes que rigen la expropiación. La imprevisión es. que alteran la ecuación económico-financiera en perjuicio del contratista. según el caso. 7. pero temporarias o transitorias. por ejemplo medidas adoptadas por la Nación que
. La imprevisión
Ante circunstancias extraordinarias anormales e imprevisibles.la expropiación. Es un acontecimiento ajeno a la Administración que no ha podido preverse en el momento de celebrar el contrato. posteriores. en definitiva. Es la aplicación de la teoría de la imprevisión a los contratos administrativos.
a) Concepto y requisitos. Para la procedencia de la indemnización se exige que el perjuicio exista efectivamente. a la rescisión del contrato o a que se determine la suspensión o paralización de su ejecución. Puede ser. sin que pudiera razonablemente haberlo tenido en cuenta en el momento de celebrar el contrato b) que la medida estatal determinante del daño haya sido de carácter general c) que tal medida provenga de cualquier autoridad pública. siempre que pertenezca a la misma esfera de competencia. es obligación del Estado asistirlo para que pueda cumplir el contrato. y que si bien no hace imposible la ejecución del mismo.1. acrece en gran proporción las cargas del contratista y afecta profundamente la economía del contrato. pero de otra autoridad pública. Por lo tanto. dependerá del régimen específico que se aplique. el límite del deber del Estado de indemnizar íntegramente a su contratista en estos casos en relación al lucro cesante. y sobrevinientes a la celebración de un contrato administrativo. en el caso de resolución del mismo. en el caso de revisión o reajuste del contrato. el contratista tendrá siempre derecho a que se le restituya el valor del daño emergente. o la liberación de la obligación directamente. respectivamente). un dispositivo jurídico que permite al contratista obtener un reajuste obligacional y/o la resolución del contrato. una circunstancia administrativa. en mérito a que: a) el daño se haya producido imprevistamente. incluso. La circunstancia que causa el desequilibrio económico es ajena a la voluntad de las partes. El acto del Estado puede producir los efectos propios de la fuerza mayor.
tendría vigencia el hecho del príncipe.
. de suyo.afectan a un contrato de una provincia. 16 y 17. en tanto es un medio de asegurar en beneficio del interés público el cumplimiento de los contratos administrativos. Opera como principio contractual implícito que se aplica de pleno derecho y no requiere ser pactada expresamente (arts. 1198 del Código Civil..
La imprevisión es de orden público.
Aplicaciones. en última instancia la regulación civilista es subsidiariamente aplicable en el derecho público.gr. la doctrina en materia de derecho público entiende que sólo puede hacerlo el contratista del Estado. dado que la ratio iuris de la imprevisión no condice con las cláusulas exorbitantes del derecho privado. derivados de las fluctuaciones del mercado. CN. restricción en los gastos o consumos. Interpretado literalmente el art. 1198 del CC parece obvio que cualquiera de las partes contratantes puede invocar la teoría de la imprevisión.349/46). 16 y 17. en cualquiera de sus modalidades de organización centralizada o descentralizada. ley 15. sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. que es el de la representación figurada del interés público. 1198. Además. parece que también podría invocarla el Estado. dado que se trata de una categoría general del derecho y. pues si lo fuera. Esos principios son operativos por sí mismos. en el principio de igualdad de todos ante las cargas públicas y en la obligación de indemnizar los menoscabos al patrimonio o propiedad. desvalorización de la moneda. El acontecimiento causante no debe serle imputable al Estado. no requiere de una ley formal que la declare vigente o aplicable. la previsión normativa del art. decr. ni tampoco con la lesión general o indeterminada a un patrimonio del Estado. es un principio general para todo contrato conmutativo. art. aun en ausencia de cualquier ley formal. por lo demás. pero nunca renunciar a la aplicación de la ley que. La exclusión no comprende a las modalidades societarias mixtas. la buena fe. CC). en que tienen participación sujetos no estatales (v. Tampoco puede ser objeto de renuncia por parte del contratante. alza de precios. No obstante. 308 a 314. arts. pues surge de la Constitución su plena vigencia y aplicación. ley 19. Trátase de comportamientos reflejos. que suele titularizar la Administración. El fundamento constitucional radica en los arts.550. aumentos salariales. el enriquecimiento sin causa. es irrenunciable. etcétera. En tal sentido. La imprevisión para su aplicación en el derecho administrativo. Se pueden pactar fórmulas de reajustes. y sociedades de economía mixta. pero no el Estado. En cuanto a su fundamento se parte de la equidad. que incorpora el instituto a nivel legal y no sólo en el ámbito del derecho privado.
se encontraba expresamente contemplado en las leyes 12. ante procesos económicos distorsionados que quiebran virtualmente la economía y el equilibrio del contrato. 14 a 17. leyes 21. prórrogas de plazo y otras medidas". impondrían como resultado el imperio de la iniquidad. reajuste de precio y condiciones. CN). 48. desagio. generalmente. ley 21. la "rescisión" o "resolución" del contrato sin penalidades (art. hechos del príncipe y hechos de la Administración u otras causas frustrantes de la ejecución normal del contrato. 3772/64). La imprevisión está contemplada en el derecho sustantivo (art. desagio y convertibilidad. 2347 y 2348/76.391 y 21. arts. decr.250 y decrs. caso fortuito. 1198.285.En materia de contratos administrativos. que permitan la viabilidad de la ejecución del contrato y. Así. de suyo. se aplica a los contratos celebrados por el Estado (nacional. a través de un acuerdo entre comitente y contratista. decrs. se ha previsto la posibilidad de su prosecución mediante "modificaciones en la estructura técnica. Las fluctuaciones en el valor de la moneda traen como consecuencia alteraciones en el valor de las prestaciones de los contratos administrativos que.696. CC.910 y 15. inspirado en el principio que la norma denomina "del sacrificio compartido por ambos contratantes". 49 de la ley 23.391. en los casos de obras que se encontrasen total o parcialmente paralizadas. art. decr. En materia de obras públicas el cobro de los mayores costos determinados por el hecho del príncipe o por circunstancias económicas (teoría de la imprevisión).
El art. extinción y recomposición.
1) Mayores costos. que se ha canalizado a través de un derecho adjetivo (mayores costos. ley 13. Intereses. actualización. 1096/85.285. e incluso por las llamadas entidades descentralizadas "no
.696 de reforma del Estado. En consecuencia. es el procedimiento de la renegociación. se podrá arribar a una recomposición del contrato. 48 y 49.
Renegociación. renegociación. Si no fueren viables algunos de esos remedios o no se acordase la renegociación. etc. el que ha previsto la mecánica procedimental en los casos de fuerza mayor. o la ejecución del contrato. provincial y municipal) y por sus entidades descentralizadas. ley 23. de no ser previstas y reguladas por el Estado.910 y 15. se ha dispuesto. previsto unas veces accidentalmente y otras veces establemente. establece que en aquellos casos en que sea posible la continuación de la obra.
Otra vía procesal por la que se aplica la imprevisión y otras causales frustrantes o interruptivas del contrato.392. Este acuerdo deberá celebrarse dentro del plazo de 180 días prorrogable por igual período. la imprevisión en general tiene varias aplicaciones procesales específicas a fin de restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato.064. arts. leyes 12. y principios de los arts. 16 y 17. 3772/64 y 4124/64. 9º. ley 21. intereses. por el cual las partes se hacen mutuas concesiones a fin de arribar a la transacción. de la obra. La imprevisión es aplicable a todos los contratos administrativos en tanto concurran los requisitos necesarios que la habiliten procesal y sustancialmente.). 2) Actualización. a pesar de la emergencia que la misma ley declara.
reclama prestaciones de actividades. O sea que el Estado necesita de la colaboración de otros sujetos. Para otros.estatales" (corporaciones. consorcios. para su eficacia jurídica. la no compulsiva). de no hacer o de dar (Vg.
14.) dentro del plazo de prescripción previsto por el art.Problemática doctrinaria acerca de su existencia El Estado requiere prestaciones y necesita de bienes (cosas y derechos) pero. A continuación analizaremos ambas posturas. Estas actividades y bienes. Teorías El tema que nos ocupa se relaciona con el supuesto de la colaboración que el Estado obtiene mediante la libre aceptación por parte del requerido (es decir. la relación nacida en virtud de la colaboración voluntaria de los sujetos privados con el Estado constituye un contrato con peculiaridades esenciales que lo diferencian y distinguen de los contratos privados. ¿ Cuál es la naturaleza de la relación que se configura? Al respecto existen dos posiciones: Para unos la relación en cuestión es insusceptible de ser aprehendida como contrato. para la satisfacción de sus cometidos. Naturaleza Jurídica. estatales o privados. A su vez. las cuales precisan de cosas y derechos. su actuación se concreta a través de personas que integran su planta orgánica (o sea funcionarios y agentes públicos). empresas y sociedades del Estado) o bien de los particulares (personas físicas o jurídicas). La opción de uno u otro modo dependerá de las circunstancias de hecho o de la naturaleza de la prestación. colegios.1. Se trata de relaciones jurídicas que se constituyen y perfeccionan por la voluntad unilateral del Estado Colaboración requerida: Presupone un acto jurídico negocial. la satisfacción de su función específica. Esta colaboración se obtiene de dos modos: Compulsivo: El Estado impone por su propia decisión. 4023 del CC de aplicación analógica. etc. prestaciones de hacer. tratándose de un ente moral. pueden ser procurados de entes con personalidad jurídica distinta de la Administración Pública Central (entidades autárquicas. Teorías Negativas
. la voluntad del sujeto pasivo. expropiaciones). o sea que la relación jurídica que se entabla exige. aportes obligatorios. el bien común.
Los contratos administrativos (en los que cuenta la voluntad del administrado y de la administración) que no se ajusten al esquema del contrato del Código de Napoleón. Teoría Alemana. El error de esta teoría se proyectaba en la práctica en una equivocada regulación normativa. A partir de esta toma de conciencia. a Fernández de Velazco y a Mayer. Limitación respecto a las partes de los efectos jurídicos del objeto contractual. las relaciones de la comunidad política con los particulares adquieren entidad jurídica por cuanto tanto el Estado como el particular que con él se relaciona. Conclusiones La vida jurídica presenta un fenómeno que. conforme a las corrientes de opinión negativistas. Entre los autores que se enrolaron en esta posición encontramos a Duguit. el contrato de obra pública se lo conformaría como contrato de locación de obra).
Como estos tres caracteres no concurrían respecto a las relaciones entre Estado y particulares. Se trata de una especie del acto unilateral que para producir efectos. conviene mirar el fenómeno de la vida jurídica al que califican como contrato.Encuadran en las relaciones contractuales de índole administrativa en los tipos de los contratos civiles (Vg. se requiere de la voluntad del administrado. Inmutabilidad del objeto o contenido del contrato. Igualdad y libertad de las partes contratantes. son actos unilaterales de la Administración Pública con la peculiaridad que para que éstos actos sean eficaces y puedan producir efectos. Para esta postura doctrinaria eran tres los caracteres que debían concurrir para conformarse la figura jurídica del contrato: 1. al no percatarse de las peculiaridades que singularizaban a las relaciones que vinculaban al Estado con los particulares y se las subsumían en determinadas figuras de los contratos civiles.
. En los llamados contratos administrativos no hay contrato cuando la relación se da entre la administración y el particular. se suscitan diferentes respuestas doctrinarias que conforman una posición negadora del carácter contractual de las relaciones vinculantes del Estado con los particulares. ya que no hay subordinación. 3. requiere de la voluntad del administrado. Así. Para valorar las teorías negativas. no pudiendo extenderse a terceros. incompatible con la verdadera naturaleza jurídica de los fenómenos reglados. no configura contrato administrativo. pero sí cuando se entabla entre entes estatales. son sujetos de derecho. la problemática no fue advertida. Teoría Italiana. En una primera etapa. y ni siquiera contrato. se explicaba así la negación de esta teoría. 2. La cuestión recién deviene en problemática cuando los autores toman conciencia que ciertos fenómenos jurídicos administrativos no coinciden con la caracterización que se tenía por configurativa del contrato.
el bien común. Esta observación de la realidad jurídica nos muestra el error de las Teorías Negatorias por que una relación jurídica que para existir supone la libertad de los sujetos. en tanto que el particular tendrá en vista un interés patrimonial. El acuerdo produce efectos jurídicos.En el Estado de Derecho. recurriendo entonces a la expropiación por causa de utilidad pública.
Teorías Contractualistas Como vimos. hay que recordar que las objeciones que se realizaban a los contratos administrativos eran: 1. la construcción de una obra pública. Los caracteres verdaderamente relevantes son otros: Acuerdo de voluntades libremente concertado. la administración tiene en vista el interés general. por ejemplo. Inexistencia de igualdad entre los sujetos: Con posterioridad el liberalismo provocó la concentración del poder económico en pocas manos. o sea que genera derechos y obligaciones para ambas partes. Esas voluntades libres persiguen la satisfacción. La colaboración que requiere el Estado de los particulares necesitaría del consentimiento libre del particular o administrado y solo excepcionalmente será obtenida de modo compulsivo. el particular comercializa que ponen en peligro la salubridad de la población. intereses contrapuestos y que producen consecuencias y efectos jurídicos. un interés privado. nace por una decisión libre por parte del Estado y por parte de los particulares. contratos colectivos de trabajo). sino que también se sujeta a ese ordenamiento jurídico. en cuyos casos el Estado se apropia de esos bienes mediante un modo compulsivo como lo es el decomiso. Esta es una situación muy distinta de la que sucede cuando. a través del acuerdo. el Estado no sólo impone el derecho a los particulares. por ejemplo. Además de esto. lo que determina la existencia de partes en la relación contractual. ninguno de los tres elementos mencionados constituyen notas definitivas del contrato. Así la realidad de la vida jurídica demuestra que esa relación jurídica entre el Estado y un particular. Por otra parte. La inmutabilidad del objeto contractual: También en el ámbito privado esa inmutabilidad ha dejado de ser absoluta. de intereses contrapuestos. aunque la libertad signifique para uno de los contratantes tan sólo el arbitrio de contratar o no contratar. Que los efectos desbordan a las partes incidiendo sobre terceros: En el ámbito del Derecho Privado también aparecen ciertos contratos con iguales características (Vg.
. Así. en este tipo de relaciones. cuyo objeto es. las que imponían el contenido del contrato a la otra parte (Vg. o cuando el Estado necesita de un bien que le pertenece a un particular y no cuenta con su consentimiento. es una relación esencialmente contractual.
2. es posible hablar de partes que tienen intereses contrapuestos. contratos de adhesión). 3. O sea que esa igualdad no existía de un modo absoluto.
Cuando hablamos de Estado nos referimos a la administración centralizada y descentralizada. por voluntad de las partes o por la naturaleza propia del contrato. Además se restringe el concepto de servicio público a aquel que presta el Estado en forma directa o indirecta a través de los concesionarios. Este criterio es inaceptable. a través del acuerdo de voluntades se armonizan para producir determinados efectos jurídicos mediante los cuales se satisfacen aquellos intereses. Objetiva El contenido será administrativo cuando una de las partes es el Estado. no obstante que encontremos en uno y otro al Estado como una de las partes contratantes. ya que es impensable un contrato administrativo entre particulares. sin tener en cuenta el que prestan los particulares. Utilidad Pública Habrá contrato administrativo toda vez que la prestación a cargo del cocontratante sea de utilidad pública. sino también contratos de derecho privado. Competencia Jurisdiccional El contrato será administrativo cuando la resolución de los conflictos que esa relación contractual suscite.
. el contrato será administrativo.No obstante los intereses distintos y contrapuestos. porque hay contratos administrativos en los cuales no ha mediado el procedimiento licitatorio. sea por expresa disposición de la ley. la naturaleza de un instituto es tema de la ciencia y no del derecho positivo o de la voluntad de los contratantes. porque en los contratos de derecho privado. Además. competa a la jurisdicción contencioso administrativa. Distintos criterios para especificar a un contrato como administrativo El Estado no sólo celebra contratos administrativos. Se han desarrollado diferentes teorías. Formalista Debemos analizar el procedimiento seguido por el Estado para la celebración y formalización de ese contrato. Si encontramos en ese procedimiento una licitación. No podemos dilatar la definición de la naturaleza jurídica de un contrato a la espera que se produzca un conflicto. mutable. actuando como poder público. contingente. la Administración Pública también sigue el procedimiento licitatorio. He aquí la importancia práctica de la problemática propuesta: a la luz de su solución podremos saber cuando estamos frente a un contrato administrativo y cuando frente a un contrato de derecho privado. Servicio Público Que el objeto tenga directa e inmediata relación con la prestación de un servicio público. Además. Lo único rescatable de esta teoría es que para que haya contrato administrativo una de las partes necesariamente debe ser el Estado. porque el concepto de servicio público es contingente y estaríamos buscando como criterio definitorio algo imprevisto. Tampoco esta teoría es satisfactoria.
. por una parte. a las empresas y sociedades del Estado. que la acción de contratar tendrá como causa motivo por parte de la administración el alcanzar un fin público.
Aquellos son los contratos administrativos por naturaleza.Definición del contrato administrativo Aquellos contratos celebrados por la Administración Pública que en razón de que las prestaciones a cargo del cocontratante satisfacen un fin público que su ejecución potencialmente afecta la satisfacción de una necesidad colectiva. habrá satisfacción de un interés individual y. o sea satisfacer el bien común. conferir al cocontratante derechos y obligaciones respecto de terceros y. Cláusula exorbitante (Doctrina Francesa) Exige la presencia en el texto del contrato de las cláusulas exorbitantes del derecho privado. en un contrato de concesión de uso de una sepultura. a pesar de que el contrato no se celebra en miras a un fin público (Vg. Presencia de una finalidad pública a satisfacer. pero en relación de la desigual jerarquía de los intereses en juego.2. si bien por su naturaleza no son contratos administrativos porque no se dan ninguno de los señalados criterios relevantes. puesto que existen contratos administrativos en los que no encontramos cláusulas exorbitantes y. por otra. O sea que debemos atender ciertas características relevantes: a. Sujeción del contrato a un régimen jurídico exorbitante del derecho privado. mediatamente. por expresa decisión del ordenamiento jurídico. la Administración Pública puede.Aún cuando la utilidad pública sea un concepto más amplio que el de servicio público. 14. colectivo o general. a los entes descentralizados autárquicamente. Esta teoría también resulta insuficiente. sujetarlos a un régimen jurídico exorbitante del derecho privado que coloca al cocontratante en una situación de subordinación jurídica frente a la Administración Pública. patentizan la situación de subordinación jurídica en la que se encuentra el cocontratante respecto al Estado. podemos hacerle algunas críticas. del interés general. cuya existencia presupone el acuerdo de partes. colocando al cocontratante en una situación de subordinación jurídica frente a la Administración Pública. Esas cláusulas exorbitantes materializan el poder público. entendiendo como tal a los tres órganos supremos del Estado. a los municipios y comunas. Situación jurídica de subordinación en que se encuentre el cocontratante con la Administración Pública. del cual está munido el Estado cuando celebra un contrato administrativo ya demás. por ejemplo. quedan sujetos a reglas de derecho público exorbitantes del derecho privado. c. hay contratos que celebra la administración con los particulares que no son contratos administrativos y en los que aparecen cláusulas exorbitantes.
b. es decir. para su existencia y eficacia resulta irrelevante la voluntad del administrado. d. Contrato administrativo y acto administrativo El acto administrativo es una decisión unilateral de la Administración Pública. Así. existen otros contratos que. Presencia de la Administración Pública como una de las partes. pero no de utilidad pública. sin embargo. El contrato administrativo es un acto jurídico negocial. ya que hay contratos administrativos en los cuales su contenido no tiene ninguna relación con la utilidad pública. otras veces. régimen del contrato de obra pública).
sino que además. Contrato administrativos y actos administrativos complejos Los actos administrativos complejos expresan la conjunción. existen y desaparecen con él. Efectos Requisitos Es todo aquello que resulta necesario para la validez del contrato administrativo. El sujeto Administración Pública debe revestir la aptitud legal para contratar. para lograr ese fin. Requisitos elementos: Son aquellos que estructurando intrínsecamente al contrato. de contenido general. Se clasifican en requisitos presupuestos y requisitos elementos: Requisitos presupuestos: Son aquellos que existiendo en forma independiente al contrato. unificación o fusión de voluntad de dos o más órganos administrativos. Requisitos presupuestos y requisitos elementos para su configuración. tornándolo un instrumento jurídico idóneo para reglar determinados intereses. es decir competencia del órgano institución.Contrato administrativo y reglamento Los contratos administrativos se distinguen de los reglamentos porque estos son una declaración de voluntad unilateral. Caracteres y régimen jurídico. o sobrevivir a la extinción del contrato. los cuales suponen intereses contrapuestos que se armonizan para producir efectos jurídicos de contenido patrimonial. El otro sujeto. Resaltamos que en los contratos administrativos hay fines e intereses contrapuestos. que es el particular o administrado lo llamamos cocontratante. que nacen a la vida jurídica. Contratos administrativos y actos administrativos colectivos Los actos administrativos colectivos son aquellos en los que intervienen varios órganos estatales que persiguen fines coincidentes. con total independencia y aún en contra de la voluntad de los administrados. influyen decisivamente en su formación y existencia. al extremo que pueden desaparecer antes del vencimiento del plazo contractual. actuando munido de su poder público. Requisitos presupuestos Sujetos Por lo menos uno de los sujetos debe ser el Estado. pero subsistiendo autónomamente respecto al contrato. A veces hay contratos administrativos (interadministrativos) donde ambos sujetos son órganos estatales. donde no hay intereses contrapuestos.
. Si los hay en los contratos administrativos. y el órgano persona debe tener capacidad. se hacen una sola cosa. con la característica que éstas voluntades no sólo persiguen un único y mismo fin. se unifican.
mérito o conveniencia) o bien. La administración. Se denomina causa al conjunto de circunstancias de hecho y de derecho que se traducen en una necesidad pública. económica y financiera del cocontratante. a satisfacer y responde al por qué de la acción de contratar por parte de la Administración Pública. desaparecida aquella. si el cocontratante actúa conforme a derecho. Con relación al otro sujeto. en un poder de dirección y control exorbitante. la cual es un conjunto de actos tendientes a determinar el sujeto cocontratante de la administración. la existencia del contrato ya que individualiza el sujeto con el cual la administración va a contratar. Este procedimiento selectivo se denomina "licitación". Causa Con relación a los contratos administrativos. procurando que reúna las condiciones óptimas de idoneidad económica. financiera. es decir. lo cual es característico de los contratos de derecho privado. se entiende también al aspecto financiero del contrato e incluso al aspecto legal. constituye el motivo determinante de la acción de contratar.La competencia del órgano institución se rige por el Derecho Administrativo y la capacidad del órgano persona se rige por el Derecho Privado (derecho civil). El presupuesto "causa" determina la acción de contratar del Estado y su permanencia condiciona la existencia del contrato a tal extremo que. llegando incluso a sustituir temporal o definitivamente al cocontratante en la ejecución del contrato. Esa necesidad pública (colectiva) existe con anterioridad e independencia del contrato. colectiva. Esa potestad exorbitante de dirección y contralor exhibe correlativamente el poder disciplinario. técnica y moral. puesto que en algunos casos la administración requiere de previa autorización legislativa. en su situación de preeminencia jurídica con relación al cocontratante. Esa extinción puede motivarse en razones no imputables al cocontratante (oportunidad. Procedimiento (selectivo del cocontratante) Es un requisito precontractual que determina desde fuera y con anterioridad. Esta preeminencia luego se traducirá en la vida del contrato. etc. Esa preeminencia jurídica del sujeto Administración Pública se traduce en el poder de una extinción unilateral del contrato. respectivamente. en razones imputables al cocontratante. actúa munida del poder público en razón de la finalidad pública que persigue. o sea que se celebran teniendo en cuenta la idoneidad moral. registros de contratistas. se extingue también el contrato. Los contratos administrativos son intuito personae. En los contratos administrativos no se da la absoluta libertad de las partes contratantes. técnica. ni respecto del cocontratante ni respecto de la administración. Esa dirección y control abarcan tanto la calidad de la prestación a cargo del cocontratante como el aspecto técnico de dicha prestación. debiendo tener capacidad o competencia.).
. Por esto para poder contratar con la Administración Pública se debe estar inscripto en registros especiales (Vg. por el cual la administración puede imponer sanciones pecuniarias. registro de proveedores del Estado. el cocontratante puede ser un particular o un organismo administrativo.
Se perfecciona con la orden de provisión en los contratos de suministro y con la firma del contrato. En razón del objeto de los contratos administrativos se clasifican en:
. siempre que el oferente se ajuste a las bases. 2. se reduce a contratar o no contratar. ya que los contratos administrativos son del tipo contratos de adhesión. No integra la acción de contratar porque si la constituyera. en los de obra pública. no obstante el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en los pliegos por parte de los oferentes. 2. Acto de apertura de las ofertas. 5. 7. 3. Privada. Previsión presupuestaria. Preparación de pliegos. la administración puede rechazar todas las ofertas o aceptarlas parcialmente. obligaría a la administración a adjudicar. el hecho de que un particular se presente a licitación. Debe ser física y jurídicamente posible. 3. Publicación. Las siguientes son las etapas del procedimiento licitatorio: 1. pero no al contenido del contrato. Llamado a licitación. También debe ser adecuado e idóneo respecto al fin público que determina la acción de contratar del Estado (causa). Estudio de las ofertas.Licitación es el procedimiento a través del cual la administración invita a los particulares a formular ofertas. 6. dolo o violencia. Presentación de ofertas. Restringida. En cuanto al consentimiento del cocontratante. Objeto Es el conjunto de prestaciones a cargo de ambas partes. 8.
Ver cada una de las etapas y las especies en las páginas 44 a 47. Los vicios pueden ser error. Adjudicación. 4. Sin embargo.
Especies de la licitación: 1. siempre debe ser expreso. cierto y determinado. Pública. Requisitos elementos Consentimiento Respecto al consentimiento de la Administración Pública.
Hechos y actos: a. Normal Anormal: A. se configura una causal de extinción unilateral. 14. incluimos el caso de un objeto que por su naturaleza jurídica sea un bien que está fuera del comercio. etc. en el sentido que el Estado en toda su actuación debe cumplir ciertos procedimientos que se instrumentan por escrito.3.Extinción. Son los típicos contratos de concesión de uso del dominio público. Rescisión: 1. es decir. puede cambiarse su calidad. ya que se atribuye a un particular el uso exclusivo y excluyente sobre una porción del dominio público. Varias circunstancias son las que pueden finiquitar esa relación contractual. estaría librado al uso común y general. Oportunidad. Para el cocontratante. Este elemento debe subsistir durante toda la vigencia del contrato. que por su naturaleza.
. mientras que para la Administración será siempre un fin público. alegando la excepción de incumplimiento por parte de la Administración. como así también los efectos que en cada supuesto se producen. la finalidad será siempre un interés patrimonial.
Cuando hablamos de idoneidad del objeto. B. o sea que el incumplimiento por parte de la Administración no libera al cocontratante. contrato de obra pública. Ilegitimidad. que el objeto en los contratos administrativos es mutable. El objeto puede ser ampliado. No rige la regla "non adimpleti contractus". II. puede disminuir su cantidad. son relaciones jurídicas transitorias y que están destinadas a extinguirse. salvo el contrato de obra pública que sí o sí debe hacerse por escrito. Revocación: 1. sin perjuicio de la indemnización que le pudiera corresponder al cocontratante. Ninguno de los contratos requiere de forma ad solemnitatem. de servicios públicos.y
Contratos administrativos de colaboración: La prestación fundamental está a cargo del cocontratante. Relativos al cocontratante. al extremo que desapareciendo ella. 2.). Contratos administrativos de atribución: La prestación fundamental está a cargo de la Administración. mérito o conveniencia. como todo contrato. Diferentes supuestos Los contratos administrativos. Los modos de extinción pueden ser: I. Finalidad La finalidad constituye el para qué de la acción de contratar. el que está colaborando con la Administración en la satisfacción de una necesidad pública o fin público (Vg. Forma Los contratos administrativos son formales.
Tratándose de contratos administrativos de colaboración. forma u objeto del contrato administrativo. mérito. El objeto concertado resulta inadecuado para la satisfacción de la causa. Anulación
Extinción normal Se opera por el cumplimiento de todas las prestaciones que configuran el objeto del contrato administrativo o por la satisfacción de vida de las mismas al vencer el término del plazo contractual. 3. Revocación unilateral por razones de ilegitimidad Procede toda vez que el contrato es nulo de nulidad manifiesta. La extinción. 4. no obstante ello. plantea la cuestión de los efectos jurídicos en el caso de que el cocontratante. reclamar el reconocimiento de los beneficios (utilidad) que pudo producirle la actividad contractual. 2. continúe desarrollando la actividad objeto del contrato. 2. pasa a revistar en una situación de hecho y como tal. mérito o conveniencia. La extinción normal de un contrato administrativo por el vencimiento del pertinente plazo. en razón de vicios que afectan la competencia. sólo puede reclamar una compensación por las erogaciones causadas por las prestaciones cumplidas. sea por razones de ilegitimidad. Revocación unilateral por razones de oportunidad. la revocación procede cuando: 1. extrañas a la finalidad perseguida por las partes en el momento de entablar la relación contractual. La causa determinante de la contratación desapareció. Tiene efectos retroactivos. en estos casos. Caso fortuito o fuerza mayor.
. Opera para el futuro y genera a favor del cocontratante el derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios irrogados por la extinción anticipada del contrato administrativo. Son normales porque lo buscado por las partes al celebrar el contrato. Mutuo acuerdo. Pedida por el cocontratante. en cambio. obedece a situaciones sobrevinientes. o sea antes de que la obra sea concluida o de que los bienes sean provistos integralmente o de que expire el plazo estipulado para el desarrollo de la actividad convenida. en virtud del principio del enriquecimiento sin causa. Decidida unilateralmente por el Estado. que por sí y ante sí extingue el vínculo contractual sin necesidad de recurrir a la justicia. No podrá. Extinción anormal Los contratos administrativos pueden extinguirse anticipadamente. el ex cocontratante. Renuncia. Revocación. 5. es que el mismo se extinga una vez que se hayan satisfecho integralmente las prestaciones convenidas dentro del período temporal acordado. En este caso. siempre que éstas hayan sido útiles al Estado.C. Imputables al cocontratante. oportunidad o conveniencia. extinguida la relación.
quiebra. cesan las prestaciones. Estos modos de rescisión denotan una sanción al cocontratante.
Cuando por razones de fin público. se denomina caducidad. intransferibles. resulta conveniente que la prestación pase a ser realizada por el Estado (rescate). Es causal de rescisión unilateral por parte del Estado sin necesidad de concurrir a la justicia.3. Tratándose contratos administrativos de atribución. Mutuo acuerdo Así como todo contrato nace por el acuerdo de partes expresado en el consentimiento. Su fundamento radica en la circunstancia de que los contratos administrativos son intuito personae y por ende. se torna incompatible con la finalidad pública del bien dominical. extinguido el contrato. disolución o retiro de personería. en el caso de que sea persona jurídica. Por hechos imputables al cocontratante. la exoneración o la destitución. Este tipo de extinción anticipada. Tratándose de concesiones de servicios públicos. Caso fortuito o fuerza mayor Su configuración exige la concurrencia de extremos que para tal situación ya esclareció la doctrina civilista. esas voluntades pueden legítimamente extinguirlo de forma anticipada. Renuncia
. encontramos la cesantía. Se opera la extinción del contrato por decisión unilateral de la Administración sin derecho a indemnización alguna.
En 1) y 2). la revocación procede cuando el uso especial del dominio público. en el caso de que el cocontratante sea persona de existencia visible. sino que deberá ser éste quien compensará al Estado por los daños irrogados. Tratándose de contratos de empleo público. y esa extinción anticipada no genera derecho indemnizatorio para el cocontratante. Rescisión Por hechos y actos Por hechos relativos al cocontratante Muerte o inhabilidad. se extingue el contrato pero las prestaciones continúan siendo cumplidas por el Estado. objeto del contrato de concesión. tampoco genera derecho a indemnización. En 3). Sea que haya incurrido en inhabilidad sobreviniente por propia responsabilidad o porque ha incumplido con la prestación a su cargo.
por que si sólo vuelven más oneroso el cumplimiento. Aparece en el siglo pasado dentro del Derecho francés: la contractation administrative o sea la teoría de los contratos administrativos. lo que tiene el cocontratante es el derecho a solicitar compensación. salvo que el vicio no aparente conculcara el orden público (caso de nulidad absoluta). demandada por el Estado. por ser tal.
El criterio subjetivo consiste en comprobar si en el contrato es parte la Administración del Estado. es privativa de la actividad jurisdiccional y. De acuerdo al criterio subjetivo. En el supuesto de que éste no acepte. sino una persona jurídica pública perteneciente a la Administración Pública. La demanda judicial de invalidez (anulación) extingue el contrato para el futuro. Es necesario que el contrato esté enervado por vicio cuya existencia y entidad requiera una investigación de hecho (anulable) que. No se requiere necesariamente que sea el Poder Central del Estado. los siguientes criterios y teorías:
a) Criterio Subjetivo.
b) Criterio de la Jurisdicción. por ende. y también por el profesor brasilero Brandao Calvalcanti. único supuesto en que la extinción operará retroactivamente al momento de la contratación. Las siguientes son las causas por las que se puede reclamar la rescisión: 1. y éste es el criterio seguido por'el antiguo profesor francés Laferriere en su obra Tratado de la Jurisdicción Administrativa". Para explicarla han surgido varios criterios que han sido agrupados por el tratadista Miguel A. Por vicios que afecten la validez jurídica del contrato.
. sino que debe solicitarlo al Estado. quien analiza los distintos criterios de diferenciación y las teorías elaboradas para distinguir los contratos administrativos de los contratos civiles. Por hechos de la Administración graves e imprevisibles posteriores a la celebración del contrato. el cocontratante tendrá que demandar judicialmente la rescisión. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos civiles y los contratos administrativos? En realidad la categoría de los contratos administrativos no es muy antigua. 3. Hoy en día esta teoría es universalmente aceptada.
En los 3 supuestos se requiere que los mismos coloquen al cocontratante en la imposibilidad de cumplir las prestaciones a su cargo. Resume Bercaitz. Bercaitzt. Anulación En sede judicial. Por violación del contrato o incumplimiento del Estado de las obligaciones contractuales a su cargo.Este derecho no puede ejercitarse por sí y ante sí. 2. no autoriza al Estado contratante a disponer por sí y ante sí la extinción del contrato. basta dicha condición para que se produzca la contratación administrativa. que hagan imposible su cumplimiento por variar lo pactado.
por sus modalidades propias.
a) Teoría por el fin de la utilidad pública. que corresponde a la Jurisdicción administrativa. si el contrato tiene como fin un servicio público o contribuye a un servicio público. por haberse pactado o por decidirse jurisdiccionalmente.
e) Teoría del Contrato Administrativo por su naturaleza. sostiene que lo que importa es el fin.El criterio de la jurisdicción (sostenido por Adolfo MerkI en su obra: Teoría General del Derecho Administrativo"): consiste en establecer que hay contratación administrativa en aquellos casos en que compete conocer a la jurisdicción administrativa por disponerlo un precepto legal.
c) Criterio Formal. Gastón Jeze tiene algunas salvedades a la teoría del servicio público. pues allí hay contratación administrativa. agrega que cuando el fin es comercial. que no basta este elemento sino que es indispensable que las partes contratantes hayan querido someterse a un régimen del Derecho Público.
d) teoría del servicio público. evidentemente hay un contrato comercial diferenciado de la contratación civil. y que.
. sea de ésos que sólo pueda concluir una persona pública". como explica el profesor Fernández de Velasco.
La teoría del servicio público: su más importante y conocido sustentador. que es la ciencia relativa a los servicios públicos. León Duguit compara.
El criterio formal: se ha sustentado ciñéndose al procedimiento empleado por la administración pública para su concertación.
La teoría de los contratos administrativos por su naturaleza: León Blum sienta la doctrina de los contratos administrativos por su naturaleza: "Es necesario que ese contrato por sí mismo y por su naturaleza propia. Similarmente pasa. pero sí en cuanto al fin. como ejemplo. De esta teoría no podía dejar de participar Gastón Jeze. o sea que. Sin embargo. Dice. por consiguiente. el servicio público agota la noción de Derecho Administrativo (tesis criticada por distinguidos y variados autores). con el contrato de carácter administrativo en el cual el fin es el servicio público. para él. dice. por ejemplo. el contrato comercial con el contrato civil y manifiesta que la diferencia formal y de otro orden no es mayor. León Duguit. pues debemos recordar que Gastón Jeze es quien sostiene. como definición delDerecho Administrativo.
en realidad. facultades.
Luego. deben conjugarse los diversos conceptos y criterios que acabamos de mencionar o por lo menos. un mínimo de requisitos o procedimientos que no se hacen en la contratación
. Reúne. esta interesante teoría no explica tampoco. A mi juicio. requisitos más completos como son el fin de utilidad pública o sea una prestación de utilidad pública. el que haya contratación administrativa si uno de los sujetos representa a la Administración Pública.La teoría del fin de utilidad pública: coincide en algo con la teoría del servicio público. la contratación administrativa. algunos de los más importantes e indispensables. puede no existir ninguna cláusula exorbitante expresa en determinada contratación de la Administración Pública y. se da una contratación privada. pero la descarta. a la inversa. por sí sola. el conocido maestro de la Universidad de México. La diferencia. en las cuales se expresa que allí donde se encuentran poderes. Por ejemplo. como la intervención de un sujeto de derecho público y la posibilidad de que la administración pueda variar unilateralmente el convenio". exorbitantes del Derecho Privado que testimonian un régimen jurídico especial de derecho público". la teoría de la cláusula exorbitante establece que en la contratación administrativa hay cláusulas espaciales que exorbitan el Derecho Privado. será necesario un procedimiento formal. lo cual es un aporte del criterio subjetivo.
h) Nuestro Criterio. luego el de! 23 de julio de 1925 y el del 21 de enero de 1938.
Esta teoría es también de Gabino Fraga. el fallo del 23 de diciembre de 1921.-
En nuestra opinión sostenemos un criterio integral porque. cuando no concurren esas condiciones. Por lo pronto. sin embargo haber un contrato administrativo sujeto al derecho público. "estriba en la existencia de cláusulas especiales insertadas. es decir. han sentado las bases de esta teoría de la cláusula exorbitante. según los sostenedores de esta teoría. y. Varios fallos del famoso Consejo de Estado de la Justicia Administrativa Francesa. la intervención de un sujeto de derecho público y además que la administración pueda variar unilateralmente el convenio. sin perjuicio de otros elementos que lo integran. Cario Ferrar! manifiesta: "que lo determinante del contrato administrativo es una prestación de utilidad pública. para establecer la contratación administrativa. seda una contratación administrativa.
g)Teoría de la cláusula exorbitante del derecho común. Por ejemplo. atribuciones especiales de la entidad que representa a la Administración como sujeto de la relación.
y Bercaitz obra citada. págs. En dicho contrato estaba en Juego la utilidad pública. El criterio de la jurisdicción es de menor importancia ya que el sistema peruano es siempre judicialista. 565. Fatalmente una Ley 16732 autorizó unas modificaciones. en el año 1967. las minas que son del Estado (mejor dicho del pueblo administradas por el Estado) y que se otorgan en concesión bajo obligaciones y deberes que se resumen en la explotación racional. podrá estar presente el requisito del agotamiento de la vía administrativa. que presentamos al Congreso de Abogados del Cuzco en enero de 1968. empero.privada. pensando por nuestra parte. que fue muy bien recepcionado en esa reunión profesional. Esto comportaba la nulidad del contrato. 354 y 355). obra citada. que aunque no estén escritas deben operar otorgando prerrogativas a la Administración Pública. y finalmente la teoría de las cláusulas exorbitantes.
Nosotros aplicamos el criterio integral en un estudio sobre el Contrato de Toquepala. soslayándose la solución jurídica de la nulidad. Tomo I pág. que puede declararla la Administración Pública. primera edición. lo cual comporta el contrato administrativo. que pueden ser expresas o implícitas. e inclusive procedimientos de estudios e informes precontractuales. algunos de los cuales no se cumplieron. Sin la menor duda. obran las teorías del servicio público y de la utilidad pública que ayudan a definir la naturaleza del contrato dentro de los parámetros del Derecho Administrativo.
. cuando es nulidad absoluta (Sayagués Laso.
DERECHO ADMINISTRATIVO por Maira Alejandra Cruz Torres2.7K visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationMostrar menos
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