Source: http://www.lexureditorial.com/boe/0302/03706.htm
Timestamp: 2013-12-12 14:39:14+00:00

Document:
Medidas inundaciones cuenca del Ebro
Durante los días 4 al 10 del mes de febrero de 2003, una serie de fenómenos adversos ha dejado sentir sus efectos sobre la cuenca del río Ebro, produciendo importantes inundaciones derivadas de desbordamientos en la cuenca del citado río, que han provocado daños en bienes de titularidad pública y privada.
La magnitud de los hechos y sus consecuencias obligan, desde el principio constitucional de solidaridad y por aplicación de los de equidad e igualdad de trato en relación con situaciones precedentes, a la actuación de los poderes públicos y a la adopción, para las zonas afectadas, de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras concordantes con las adoptadas anteriormente en ocasiones semejantes, al objeto de favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparación de daños producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas por las inundaciones.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía y de los Ministros de Justicia, de Hacienda, del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Administraciones Públicas y de Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero del 2003, dispongo:
1. Las medidas establecidas en el presente Real Decreto-ley se aplicarán a la reparación de los daños ocasionados por las inundaciones producidas por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro entre los días 4 y 10 de febrero de 2003.
Los términos municipales y núcleos de población afectados de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón a los que concretamente sean de aplicación las medidas aludidas se determinarán por Orden del Ministro del Interior.
Daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales
A los proyectos que ejecuten las entidades locales en los términos municipales y núcleos de población a los que se hace referencia en el artículo anterior, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a la red viaria de las diputaciones provinciales, se les aplicará el trámite de urgencia, pudiendo concedérseles por el Estado una subvención de hasta el 50 por cien de su coste.
Daños en las restantes infraestructuras públicas
Se faculta a los titulares de los Departamentos ministeriales competentes por razón de la materia para declarar zona de actuación especial las áreas afectadas, al objeto de que dichos Departamentos, sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes de estos puedan llevar a cabo las restauraciones que procedan.
Indemnización de daños en producciones agrarias
Serán objeto de indemnización los daños ocurridos por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro en las explotaciones agrarias que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios, hayan sufrido pérdidas por daños en sus producciones no cubiertos por las líneas de seguros agrarios combinados.
No obstante, para el caso de producciones que en las fechas del siniestro no hayan iniciado el período de contratación del seguro correspondiente, también podrán percibir las anteriores indemnizaciones siempre y cuando el agricultor hubiese contratado el seguro correspondiente a dichas producciones en el ejercicio anterior.
Dichas indemnizaciones irán destinadas a los titulares de aquellas explotaciones que, estando ubicadas en el ámbito señalado en el artículo 1, hayan sufrido pérdidas superiores al 20 o al 30 por cien de la producción, según se trate o no de zona desfavorecida, con arreglo a los criterios establecidos por la Unión Europea a este respecto.
2. Se concede una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio de 2003 a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles y profesionales cuyos locales de negocios o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados como consecuencia directa de las inundaciones, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daños producidos dé origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de la actividad, que surtirá efectos desde el día 31 de diciembre de 2002.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la orden que se dicte en desarrollo del artículo 1 de este Real Decreto-ley, y conforme a las previsiones contenidas en el artículo 35, apartado 4.1, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, el Ministerio de Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC/225/2003, de 11 de febrero, que desarrolla para el año 2003 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata en las inundaciones, no se compute a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas. 2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2003.
Ayudas excepcionales para viviendas
1. Las ayudas por los daños en vivienda sólo se concederán cuando éstos superen el 20 por cien de su valor y en todo caso tendrán un límite máximo de 24.000 euros.
2. El Consorcio de Compensación de Seguros realizará una valoración individualizada de los daños sufridos por los particulares en los bienes señalados en el apartado anterior.
3. La financiación específica de estas ayudas se efectuará en un 50 por cien por la Administración General del Estado y el resto por las Administraciones territoriales, según los acuerdos que alcancen entre ellas en los convenios que suscriban al efecto.
Régimen especial de aplicación de las ayudas ordinarias por daños materiales
1. En los casos de ayudas materiales previstos en el artículo anterior, no será aplicable el régimen de ayudas contemplado para estos daños en la Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993, modificada parcialmente por la de 30 de julio de 1996.
Se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su condición de Agencia Financiera del Estado, para instrumentar una línea de préstamos por importe de 18.030.000 euros, que podrá ser ampliada por el Ministerio de Economía en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente, utilizando la mediación de las entidades financieras con implantación en las comunidades autónomas afectadas, suscribiendo con ellas los oportunos convenios de colaboración.
c) Interés: El tipo de cesión por el ICO a las entidades financieras será del 3 por cien TAE, con un margen máximo de intermediación para estas del 0,75 por cien. En consecuencia, el tipo final máximo para el prestatario será del 3,75 por cien TAE.
La instrumentación de la línea de préstamos a que se refiere este artículo se llevará a cabo por el Instituto de Crédito Oficial, en el ejercicio de las funciones a que se refiere la disposición adicional sexta, dos, 2, párrafo a), del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y, en su virtud, el quebranto que para el ICO suponga el diferencial entre el coste de mercado de la obtención de los recursos y el tipo antes citado del 3 por cien será cubierto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Se faculta al titular del Ministerio de Administraciones Públicas para proponer el pago de las subvenciones a que se refiere el artículo 2, hasta un importe de tres millones de euros, con cargo al crédito que a estos efectos se habilite, con el carácter de incorporable, en los presupuestos de dicho Departamento.
1. Se crea una Comisión interministerial para la aplicación de las medidas establecidas en este Real Decreto-ley, coordinada por la Dirección General de Protección Civil e integrada por representantes de los Ministerios de Justicia, de Hacienda, del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Presidencia, de Administraciones Públicas, de Medio Ambiente y de Economía, así como por los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas.
1. Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas podrán solicitar del Consorcio de Compensación de Seguros, para una más correcta evaluación de los daños, las correspondientes valoraciones previstas en este Real Decreto-ley.
2. El Consorcio tendrá derecho al abono por parte de la Administración General del Estado de los trabajos de peritación conforme al baremo de honorarios aplicable.
3. Se autoriza la transmisión a la Administración competente de los datos contenidos en los informes periciales que resulten necesarios para que aquélla pueda otorgar las ayudas previstas en este Real Decreto-ley.
Se declaran inhábiles los días 4 al 10 de febrero, en el ámbito territorial de los municipios que se incluyan en la orden que se dicte en desarrollo del artículo 1 de este Real Decreto-ley, a toda clase de efectos civiles, notariales, mercantiles, administrativos, judiciales y registrales.
Los días mencionados serán descontados en el cómputo de los plazos establecidos para cada caso, debiéndose llevar a efecto los actos y diligencias que en ellos no pudieron tener lugar en los ocho días hábiles siguientes al de la publicación de este Real Decreto-ley, sin perjuicio de la validez de las actuaciones y de las diligencias practicadas en día inhábil, si se hubieran realizado con todos los requisitos legales necesarios.
Daños en infraestructuras públicas titularidad de las comunidades de regantes
La reparación de estos daños se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hasta un importe máximo de cuatro millones de euros.

References: artículo 86
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 35
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 1