Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610156.html
Timestamp: 2019-03-23 00:30:25+00:00

Document:
as201610156
AUTO SUPREMO Nº 156/2016-RRC
Expediente : Cochabamba 74/2015
Parte Imputada : Limbert Taca Morales
Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2015, cursante de fs. 135 a 140, Limbert Taca Morales, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 24 de abril de 2015, de fs. 119 a 124, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2), 3) y 6) del Código Penal (CP).
I.DEL RECURSO DE CASACIÓN
a) Por Sentencia de 30 de enero de 2014 (fs. 96 a 100), el Juez de Partido Mixto y Sentencia de Ivirgazama del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró al imputado Limbert Taca Morales autor de la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio, con costas y resarcimiento de daño civil a favor de la víctima.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 101 a 106), resuelto por Auto de Vista de 24 de abril de 2015, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada con costas, motivando la formulación de recurso de casación.
I.1.1. Motivo del recurso de casación
Del recurso de casación y el Auto Supremo 710/2015-RA de 2 de diciembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente denuncia que ninguna de las instancias procesales, valoró correctamente su personalidad con el objeto de atenuar su pena, en aplicación de los arts. “37 y 38 del Código de Procedimiento Penal” (sic), inobservando la aplicación de la Ley Sustantiva respecto a la determinación de la pena, pues toda Resolución debe tomar en cuenta las circunstancias atenuantes a momento de fijar la pena, que permita una sanción inferior; es decir, que no se tomó en cuenta de manera adecuada y justa, las atenuantes que se acreditaron mediante prueba de reciente obtención que no fue valorada; pero, acreditó tener familia natural, que nunca cometió delito, no tramitó pasaporte y no existe ningún movimiento migratorio, extremos que debieron ser controlados por el Tribunal de alzada para su rectificación en aplicación del art. 414 del CPP.
En el mismo ámbito de reclamo, refiere que en el Auto de Vista en el acápite destinado a los defectos absolutos de la Sentencia por inobservancia o violación de derechos y garantías, no visualizó los defectos denunciados relativos a la inadecuada fundamentación de la Sentencia, la no utilización a su favor de las pruebas existentes, aportadas y aceptadas en la parte dispositiva de la Sentencia pero no valoradas en la parte considerativa, incurriendo en los incs. 5), 6) y 8) del art. 370 del CPP; por lo que, ante la inexistencia de doble instancia, el Tribunal de apelación debió observar y corregir los defectos absolutos y reparar los derechos y garantías vulnerados concernientes a la imposición de la pena, aplicando el art. 414 del CPP.
Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 109 de 29 de abril de 2010.
La parte recurrente pide se deje sin efecto el Auto de Vista pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a efecto de que dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida.
Mediante Auto Supremo 710/2015-RA de 2 de diciembre, cursante de fs. 146 a 147 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por Limbert Taca Morales, para su análisis de fondo.
II.1. Del acta de audiencia pública de juicio oral.
Del acta de juicio oral desarrollado el 30 de enero de 2014, en el Juzgado de Partido Mixto y de Sentencia de Ivirgazama del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se extraen los antecedentes concernientes al motivo del presente recurso:
a) Concluida la fase de recepción de pruebas, la defensa solicitó la introducción de prueba extraordinaria y de reciente obtención consistente en el certificado de matrimonio de Juan Taca Camacho con Simona Morales Gallardo, certificados de nacimientos de Juan Taca Camacho, Simona Morales Gallardo y de Limbert Taca Morales, certificado de trabajo de 31 de julio de 2013, certificado de antecedentes policiales, certificado domiciliario de 2 de agosto de 2013 y certificado de antecedentes penales; siendo aceptada para su consideración a efectos de establecer la personalidad, la conducta y el hecho como simples evidencias en aplicación del art. 171 del CPP.
b) Asimismo, se registra en el acápite “VII.FUNDAMENTACIÓN EN CONCLUSIONES DE LAS PARTES” (sic), que la defensa en su fundamento refiere la introducción de la prueba extraordinaria, que acredita que el imputado no cometió delito, no tiene movimiento migratorio, que es una persona de escasos recursos económicos, que tiene domicilio, que colaboró en las investigaciones y que no cuenta con denuncias en su contra, solicitando se dicte en su favor la absolución.
II.2. De la Sentencia.
El Juez de Partido Mixto y Sentencia de Ivirgazama del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Sentencia del 30 de enero de 2014, declaró al imputado autor de la comisión del delito de Homicidio previsto en el art. 251 del CP, imponiéndole la pena de veinte años de presidio, con costas y daño civil, resolución de la que se extrae los aspectos relativos al motivo del presente recurso:
a) En la parte final del acápite “III.2.1.Valoración Descriptiva” (sic), se señala que la defensa no presentó prueba documental de descargo.
b) En la última parte del acápite “V. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA” (sic), el tribunal de origen refiere que el imputado cuenta con más de veintiún años, es mayor de edad, se encuentra en perfectas condiciones físicas y mentales; y no existiría prueba que acredite la inimputabilidad que lo exima de responsabilidad penal.
II.3. De la Apelación Restringida.
En aplicación al principio “In dubio pro reo”, realizando una relación de hechos, por los que se evidenciaría la inexistencia de prueba suficiente que determine su culpabilidad, refiere que no podía habérsele sancionado; por lo que, apela los siguientes aspectos:
a) Argumenta la errónea aplicación del art. 251 del CP, cuando refiere que de la fundamentación fáctica, jurídica y la valoración de todas las pruebas producidas en juicio, las mismas son insuficientes para declararlo responsable del delito atribuido; por lo que, debió aplicarse el art. 363 del CPP.
b) Denuncia la inobservancia del art. 124 del CPP, incurriendo en defecto absoluto; toda vez, que no se demostró que sea el autor de la muerte del menor, que sin justificación alguna y sin valorar las pruebas se procedió a modificar el delito de Asesinato por el de Homicidio; refiere que efectivamente se demostró la muerte del menor como consecuencia del “TEC” (sic), pero no acreditó que su persona sea el culpable; aclara que no se procedió a la colección del palo, elemento con el que supuestamente se quitó la vida al menor; por lo que, debió dictarse Sentencia absolutoria por insuficiencia de prueba en aplicación del art. 362 inc. 2) del CPP.
c) Denuncia defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 incs. 5), 6) y 11) del CPP, por inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la CPE, Convenios, Tratados vigentes y el CPP, porque la Sentencia es carente de fundamentación y de manera arbitraria se le atribuyó una responsabilidad sin razón; toda vez, que no se demostró que sea autor del delito previsto en el art. 252 incs. 2), 3) y 6) del CP; incurriendo en inobservancia de las reglas de congruencia.
Interpuesto el recurso de apelación restringida, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dictó el Auto de Vista de 24 de abril de 2015, que declaró la improcedencia del recurso y confirmó la Sentencia, en cuanto a la referencia del motivo del presente recurso destaca dentro del acápite “II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA” (sic), referido a los “Defectos Absolutos de la Sentencia por inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, la Convenciones y Tratados vigentes y éste código” (sic), la limitación en cuanto a la valoración de la prueba, la aplicación de la sana crítica y su labor de control, concluyendo que los fundamentos de la Sentencia determinan una correcta calificación jurídica y aplicación de la norma penal sustantiva, expresando la motivación y fundamentación necesaria, sin advertir contradicción entre la parte considerativa y resolutiva; además que si bien su fundamentación fue limitada, es concreta y suficiente, señalándose la razón lógica de la determinación final, por lo que no se advierte la concurrencia de defectos de la Sentencia alegados en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP.
Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a fin de verificar la supuesta contradicción del Auto de Vista impugnado con el Auto Supremo 109 de 29 de abril de 2010, ante la denuncia de que ninguna de las instancias procesales, valoró correctamente su personalidad con el fin de atenuar su pena, en aplicación de los arts. 37 y 38 del CP, inobservando la Ley Sustantiva respecto a la determinación de la pena, atenuantes acreditadas en prueba extraordinaria que no fue valorada; asimismo, denuncia que en el Auto de Vista no visualizó los defectos denunciados relativos a la inadecuada fundamentación de la Sentencia, el no utilizar las pruebas existentes a su favor, aportadas y aceptadas en la parte dispositiva de la Sentencia pero no valoradas en la parte considerativa, incurriendo en los defectos de los incs. 5), 6) y 8) del art. 370 del CPP, los que debieron ser observados y corregidos por el Tribunal de alzada, a fin de reparar los derechos y garantías vulnerados concernientes a la imposición de la pena, aplicando el art. 414 del CPP; antecedentes que permiten resolver la problemática planteada, mediante la labor de contraste entre el precedente citado y el Auto de Vista recurrido.
III.1. Doctrina legal asumida en el precedente invocado.
El recurrente invoca el Auto Supremo 109 de 29 de abril de 2010, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación interpuesto dentro de un proceso por el delito de Homicidio, que mereció una Sentencia que dio una calificación distinta a la señalada en la acusación, imponiendo la pena máxima del delito atribuido, tomando como agravante la causal primera del delito de asesinato, en vista de que la víctima era esposa del imputado, inobservando las atenuantes que le favorecían conforme los arts. 37, 38 y 40 del CP, incurriendo en el defecto señalado en el art. 370 inc. 1) y 407 del CPP; ante la denuncia de inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, en cuanto a la imposición de la pena, específicamente a los arts. 37, 38 y 40 del CPP, la resolución fue convalidada por el Tribunal de alzada al declarar improcedente el recurso y confirmar la Sentencia; en este ámbito, el tribunal de casación advirtiendo que la doctrina sobre las normas de punición deben tener equilibrio y la pena debe determinarse dentro de los límites legales conforme lo instituido en el art. 13 del CP, en cuanto a la culpabilidad, dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, con el siguiente razonamiento: “El punto de partida para determinar la pena, es el marco normativo del delito. Luego se tienen que explicar qué aspectos o circunstancias agravan la pena, y cuáles la atenúan. Para el proceso de la determinación de la pena, hay que tomar en cuenta especialmente los hechos precedentes, las circunstancias y las condiciones de vida del imputado. Igualmente las causas que llevaron a la comisión del hecho delictivo y el hecho mismo”.
Ingresando al análisis del presente recurso, el recurrente denuncia que ninguna de las instancias procesales, valoró correctamente su personalidad con el objeto de atenuar su pena, en aplicación de los arts. 37 y 38 del CP, inobservando la aplicación de la Ley Sustantiva respecto a la determinación de la pena, pues toda Resolución debe tomar en cuenta las circunstancias atenuantes a momento de fijar la pena, que permita una sanción inferior; no se tomó en cuenta de manera adecuada, las atenuantes acreditadas por la prueba de reciente obtención que no fue valorada; asimismo, refiere que el Auto de Vista en el acápite destinado a los defectos absolutos de la Sentencia por inobservancia o violación de derechos y garantías, no visualizó los defectos denunciados, relativos a la inadecuada fundamentación de la Sentencia, no utilizó a su favor las pruebas existentes, aportadas y aceptadas en la parte dispositiva de la Sentencia; pero, no valoradas en la parte considerativa, incurriendo en los incs. 5), 6) y 8) del art. 370 del CPP, que ante la inexistencia de doble instancia, el Tribunal de Apelación debió observar y corregir estos defectos absolutos; y, reparar los derechos y garantías vulneradas concernientes a la imposición de la pena, aplicando el art. 414 del CPP.
Para resolver la presente problemática, es necesario recurrir a los antecedentes traídos a casación, a efectos de poder establecer la existencia o no de contradicción con el precedente invocado, verificándose que en aplicación de su derecho recursivo, el recurrente a momento de apelar la Sentencia, no indicó motivo alguno sobre la inaplicabilidad y vulneración de los arts. 37 y 38 del CP, a momento de la imposición de la pena, menos la falta de valoración de la prueba extraordinaria y la falta de fundamentación sobre el particular, pues el fundamento cursante en el acápite “III. INOBSERVANCIA DEL ART. 124 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” (sic) de la apelación restringida, se refiere principalmente a la fundamentación fáctica de los puntos primero y segundo de la Sentencia, sin realizar mención a esta problemática que recientemente es denunciada en casación; en tal sentido, el Auto de Vista en la referencia de los Defectos Absolutos de la Sentencia por inobservancia o violación de derechos y garantías, al no advertir la denuncia de falta de fundamentación sobre la imposición de pena lógicamente no la consideró menos la resolvió, emitiendo sólo pronunciamiento sobre la denuncia de incumplimiento del art. 124 del CPP, en el ámbito de los reclamos del recurrente en observancia del art. 398 del CPP y en base a los fundamentos expuestos en la apelación; es decir, no hubo pronunciamiento del Tribunal de alzada sobre la temática traída en casación por no existir denuncia oportuna sobre ella en la apelación restringida.
Al respecto, es menester recordar la doctrina legal sentada por este Tribunal de Casación, en el Auto Supremo 431 de 15 de octubre de 2005, que destacó: “el Tribunal de Apelación se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, tal cual señalan los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP, caso contrario se estarían resolviendo aspectos fuera del contexto legal y de los puntos impugnados; situación en la cual el Tribunal de Apelación estaría actuando sin competencia, con lo que provoca retardación de justicia.”, en ese entendido, se establece que la parte recurrente al no haber indicado específicamente los aspectos cuestionados a la Sentencia en su recurso de apelación y entre ellos la inobservancia de los arts. 37 y 38 del CPP; y, la falta de fundamentación sobre la imposición de la pena, ha impedido que el Tribunal de alzada realice el debido control de legalidad para su consideración y su resolución, extremo no atribuible a esa instancia, más aún cuando no se tuvo conocimiento sobre los fundamentos de su denuncia específicamente; asimismo, debe tenerse en claro que su competencia se encuentra limitada a las alegaciones enunciadas en el recurso de apelación restringida, lo que evidencia el actuar negligente del recurrente.
Por lo manifestado precedentemente, se constata que no concurre un supuesto fáctico similar al resuelto por el precedente, por cuanto en éste el Tribunal de origen impuso una determinada pena, motivando que la parte imputada denuncie la inobservancia y errónea aplicación de la norma sustantiva en cuanto a la imposición de la pena, específicamente de las atenuantes previstas de los arts. 37, 38 y 40 del CP, sin que el defecto haya sido reparado por el Tribunal de alzada, en tanto que en el presente caso los cuestionamientos relativos a la imposición a la sanción no fueron recamados en apelación, por lo que la parte recurrente no puede pretender que el Tribunal de alzada resuelva un recurso fuera de los límites de los puntos que fueron apelados, por lo que al no visualizarse la contradicción alegada por el recurrente entre el precedente y el Auto de Vista impugnado, el motivo carece de sustento, siendo necesario destacar que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 2.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Limbert Taca Morales.

References: Resolución 
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In dubio
 RESOLUCIÓN 
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