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INFORME ANUAL DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE
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Mariano Villalobos Correa
1 INFORME ANUAL DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL ESTADO GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS Y EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES AÑO 2012
2 Índice No. Página Índice Introducción 2 Estado General de los Derechos Humanos en Honduras en el 7 año Seguridad Seguridad Pública Muerte de abogados Muerte de mujeres Muerte de policías Muerte de periodistas Muerte de taxistas Seguridad Vial Situación de la crisis en el Valle del Aguán Situación en los centros penales Libertad de expresión, información y de opinión Estado de derecho e institucionalidad Elecciones internas Destitución de magistrados Seguridad jurídica Ambiente sano Grupos vulnerables Adulto Mayor Emigrantes Discapacidad Mujer Niñez y Adolescencia VIH Sida LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e 165 Intersexuales) 2. Conclusiones Recomendaciones Gestión Institucional Gestión institucional 4.2 Actividades realizadas por áreas estratégicas y Gestión financiera 4.3 Atención a grupos vulnerables 4.4 Proyectos específicos
3 Introducción El período de este informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), sobre el estado general de los derechos humanos en el año 2012 en la República de Honduras, presentado ante el Congreso Nacional conforme al artículo 45 de la ley Orgánica del CONADEH, corresponde al tercer año de la administración Lobo Sosa, a la tercera legislatura del período y al cuarto año de ejercicio de la Corte Suprema de Justicia cuyo término concluye en el El contexto de la realidad nacional de Honduras en los doce meses del año 2012 es bastante complejo, de manera que la sola enumeración de problemas se presta a una larga exposición, no digamos ya su análisis cuidadoso y su interpretación. Con esta advertencia, haremos un esfuerzo para abreviarlo sin caer en la superficialidad por causa de la extensión; además, ahora muchos supuestos en materia constitucional y legislativa son ya hechos consumados y persiste la crisis financiera e institucional con una violencia extrema que resulta de la precariedad de la seguridad pública frente al desafío de la criminalidad común y organizada. Esta violencia, excesiva en todos los órdenes, según la nueva definición de la salud formulada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un mal social que deteriora la salud de todos los habitantes de Honduras. Por eso la violencia fue objeto de un segundo estudio por parte del CONADEH, enfocando la atención en la víctima, que es la dimensión humana del problema; sus resultados se pueden comparar con los del primer estudio hecho también por el CONADEH en el 2007, en el capítulo correspondiente a la seguridad pública. A pesar de su importancia la academia se ocupa poco de la etiología de ella, aunque un estudio del postgrado médico resalta que entre los hondureños hay picos indeseables en la conducta que reflejan tendencias preocupantes como la agresividad, la impulsividad y la conducta antisocial. Las fallas en la recaudación por la defraudación y la evasión fiscales nunca resueltas, el gasto excesivo y la ineficacia de la administración general del Estado, nos han llevado a la insolvencia en el pago de salarios a los empleados públicos, así como a la morosidad con los que proveen bienes y servicios a la administración pública, siendo más crítica y evidente por dramática - en las instituciones del Estado que atienden la salud y la educación pública. Es una insolvencia análoga a la que padeció el pueblo hondureño en los años treinta del siglo veinte, vinculada también a una recesión mundial pero imputable no solo a ésta sino también a la mediocridad propia de la administración pública. Así, el presupuesto general ha crecido desde L 61,066.5 millones en el 2008 hasta L 90,544.2 mil millones en el 2013, mientras las recaudaciones tributarias han sido tan sólo 42 mil millones en el 2010, 49.5 en el 2011, 51.9 mil en el 2012 y una proyección de 61,2 mil millones en el El déficit fiscal viene siendo negativo desde el 2006 y ha llegado a ser tanto como -6.2 en el 2009 y -6.0 en el Esto es así a escasos doce años de la condonación de la deuda externa con que nos beneficiaron los acreedores, para sufragar la Estrategia de Reducción de la Pobreza 2
4 (ERP), la que no pasó más allá del planteamiento teórico, en contraste con la volatilización inexplicada de esos fondos antes del La diferencia es que ahora la deuda pública interna es la inmanejable y se ha llegado a tanto descrédito, que los bancos hondureños se han negado a comprar más bonos del Estado, aun con altos intereses, por lo que se ha anunciado la venta de unos bonos llamados soberanos en otros mercados. Es notorio lo que sucede en lo que debiera ser el sistema educativo, sumido en una anarquía permanente por la excesiva fuerza política de los gremios de profesores, los que hábilmente cuentan con el apoyo de las mismas víctimas y de algunos padres, en actividades que menoscaban la calidad de la educación pública, lo cual que les cierra más aún la posibilidad de un futuro mejor a los educandos. La calidad de la educación está reflejada especialmente en los pésimos resultados en la enseñanza de la lengua y de las matemáticas; pero todos los esfuerzos para mejorar esa calidad chocan con los intereses de los directivos gremiales cuya demagogia hizo entrar en crisis su propio sistema de seguridad social, ahora en recuperación por la oportuna intervención estatal; por eso una parte creciente de las bases gremiales ya no está de acuerdo con sus directivos. El déficit institucional tradicional es más notorio, pero no exclusivo, en las empresas estatales de servicios públicos, las cuales han perdido sus mercados por su propia inoperancia. En noviembre concluyó el proceso de elecciones internas en el cual el CONADEH acreditó unos 800 observadores, cuyos resultados con recomendaciones se encuentran en este informe. Aprendimos que hubo tráfico de credenciales porque fueron emitidas en blanco por el TSE a las tendencias reales o ficticias de los dos partidos políticos que realmente tuvieron elecciones. La recomendación sensata sería entonces que los delegados propietarios y suplentes de los partidos en las MER, sean propuestos por los partidos pero debidamente capacitados y acreditados por el TSE. Es lo que exige por ahora la ciudadanía, para evitar el desprestigio total del proceso electoral y la pérdida definitiva de la confianza en el proceso, lo cual es un alto riesgo para la democracia. Otras propuestas están fuera del alcance financiero de un estado en quiebra y tampoco garantizan en un 100% contra el fraude. Como parte del resultado de las elecciones primarias hay diputados que como perdieron su derecho a ser candidatos reelegibles, ahora integran una mayoría multipartidista imbatible en sus decisiones, para interpretar y reformar la Constitución de la República al antojo de la alianza fáctica con el Poder Ejecutivo y Judicial. Mayoría que es un poder inconstitucional absoluto demostrado en la madrugada del 12 de diciembre del 2012 (121212, el doble de los tres 6), con la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional; la sustitución de ellos por otros cuatro profesionales integrantes de la lista de los 45 propuestos en su momento por la Junta Nominadora, los que fueron juramentados de inmediato. Destitución que noventa y siete (97) de los 128 diputados fundamentaron en el artículo 314 de la Constitución de la República, que la autoriza En caso de 3
5 muerte, incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución por causas legales o de renuncia. Ningún proceso probó que existieran las alegadas causas legales, que en realidad no fueron otras que el disgusto de quienes presiden los Poderes Legislativo y Ejecutivo, con la forma independiente de impartir justicia constitucional por los magistrados destituidos, y la necesidad de contar con la unanimidad del Poder Judicial. La demostración de esta mayoría parlamentaria como una fuerza imbatible, envalentonó a sus creadores y conductores para legislar sobre lo que realmente les interesa: las ciudades modelos o REDES que ahora llaman Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE); hemos vuelto súbitamente al régimen concesionario, que a fines del siglo diecinueve y al principio del veinte generó los enclaves minero y bananero, y ahora se nos presenta como innovador por ser zonas de libertinaje fiscal, para cuya aprobación jurídica garantizada se ha intervenido el Poder judicial. De modo que el juicio político, la revisión de las exoneraciones de los dueños de medios que gozan de ellas, y las pretendidas nuevas regulaciones totalitarias en telecomunicaciones y de la libertad de pensamiento y de expresión, no son más que instrumentos para restringir, limitar y hasta tergiversar las garantías y derechos individuales. Lo ilógico de la suspensión de todas las exoneraciones es que la producción nacional de muchos artículos de consumo popular, entre ellos los cuadernos escolares, precisamente cuando están por iniciarse las clases, y ciertos alimentos, se encarece de inmediato en relación a los mismos productos importados. La mayoría mecánica o aritmética hizo del pleno del Congreso Nacional en la legislatura del 2012 una Asamblea Constituyente, que con la interpretación o sin ella se dio el derecho de cambiar la forma y el fondo de la normativa constitucional, incluyendo la división política y la integridad del territorio nacional, antes constitutivas de delito porque de acuerdo al artículo 2. Constitucional vigente: La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio, o a petición de cualquier ciudadano. La temporalidad del poder de esta mayoría garantiza que llegará el momento para deducir estas responsabilidades, pero ello obliga a agotar la instancia constitucional, porque Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les concede la ley. Todo acto que ejecutaren fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, según el artículo 321 de la Constitución de la República. 4
6 Y por el artículo 375, también constitucional, Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuese supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distinto del que ella misma dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento de su efectiva vigencia, con mayor razón cuando los ciudadanos hemos sido juramentados prestando la promesa de ley que nos hace funcionarios públicos, incluidos los diputados desde el momento que prestan juramento, y sujetos sin inmunidad a las mismas responsabilidades que imperan para todos los ciudadanos porque todos somos iguales ante la ley. El CONADEH es un órgano constitucional, cuyo titular es elegido por la mayoría calificada de los diputados; es también una institución nacional independiente de cualquier poder del Estado hondureño, de los poderes de otros Estados y de otros poderes, como lo exigen los principios de París; acreditado así ante la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En consecuencia su titular ha prestado el juramento de Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, igual que todos los funcionarios el Estado. La Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es la columna vertebral de la política pública del Estado hondureño en la materia, complementada por otras leyes y por los tratados, pactos y convenciones suscritos, ratificados y depositados conforme a derecho; que se concreta cuando se garantiza la aplicación eficiente, efectiva y justa de toda la legislación pertinente. Como la normativa es el umbral de la política del Estado en derechos humanos, el CONADEH ha sido gestor para que el Estado suscriba y ratifique todo lo que le compete en la materia, señalando que ahora por la reforma del artículo 17, el Congreso Nacional debe reformar la norma constitucional afectada, cuando fuere el caso, antes de la ratificación por el Poder Ejecutivo, lo que introduce una posible dilación por la reforma, en lo que antes era un cambio inmediato. El Comisionado propició una iniciativa para la revisión de toda la normativa nacional, que mereció el apoyo de los tres Poderes del Estado, que permitió un primer producto para consolidar la normativa para la familia y la infancia, sometido a la legislatura y en su momento fue turnado al Poder Judicial, cuyo pronunciamiento favorable en las salas y en el pleno regresó al Poder Legislativo en donde nunca fue aprobado. El Poder Ejecutivo inició a partir de su toma de posesión en enero del 2010 una estrategia para ganarse el favor de la opinión internacional, entre ellas la creación de varias Secretarías de Estado para demostrar su interés en los derechos humanos. Una de esas Secretarías ha tomado el proyecto de legislación sobre la familia y la infancia y lo ha trastocado, para decir que lo que se necesita es una atención integral y que el Estado carece de una política pública sobre derechos humanos. La intención política de estos cambios en la administración general del Estado, fue obviada por el Comisionado para evitar la judicialización conflictiva, que agudizara las 5
7 precarias relaciones entre los Poderes del Estado, incoadas incluso por otros Estados y los funcionaros de los sistemas interamericano e internacional acreditados en Honduras. Precisamente, la prudencia del Comisionado en favor de la institucionalidad del Estado de derecho, se ve ahora malograda por los actos ilegales y arbitrarios consumados sin que la parte más responsable haya atendido las dos peticiones para la rectificación inmediata, facultada por el artículo 21 de su Ley Orgánica. Véanse los anexos 1 y 2, oficios del CONADEH pidiendo a la tercera y cuarta legislaturas la rectificación inmediata de la destitución de los cuatro magistrados de la sala de lo Constitucional. Este informe presenta de manera sintetizada y clara el Estado general de los Derechos Humanos en Honduras, de acuerdo a las Regiones en que divide el CONADEH a sus delegaciones y como mecanismo de rendición de cuentas y transparencia, presenta la gestión institucional durante el año 2012 El Comisionado Nacional de los derechos humanos, con presencia para el 2012 en todos los departamentos del país, agrupa sus delegaciones en 5 regiones de la siguiente forma: 1. Región del Litoral Atlántico, cuya jurisdicción comprende cuatro Delegaciones en los Departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios. 2. Región de Occidente, conformada las Delegaciones en los departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira. 3. Región Norte, con las Delegaciones de los Departamentos de Cortes, Santa Barbará, Yoro, y una oficina local en El Progreso 4. Región Centro Occidental, que comprende las Delegaciones de los departamentos de La Paz, Intibucá y Comayagua. 5. Región Centro Oriente, que comprende las Delegaciones de los Departamentos de Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso. 6. Región Sur, que comprende las Delegaciones de los departamentos de Choluteca y Valle esta última aperturada en Nacaome el 1 de agosto del
8 Estado General de los Derechos Humanos en Honduras 1. Seguridad La seguridad es un derecho fundamental y una de las condiciones del ejercicio de las libertades individuales y colectivas. El Poder Ejecutivo del Estado, tiene el deber de garantizar la seguridad en el territorio de la República, para la protección de las personas y los bienes, defender las instituciones y los intereses nacionales, el respeto a las leyes, el mantenimiento de la paz y el orden público. La seguridad Pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (tiene que alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes, para esto, existen las fuerzas de seguridad (como la Policía), que trabajan en conjunto con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Las fuerzas de la seguridad pública e investigar su autoría; deben prevenir la comisión de delitos y reprimir estos una vez que están en curso, también es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la justicia, que será encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la Ley. La Seguridad también depende de la eficacia de la Policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales. En la Región del Litoral Atlántico hay un grave problema de seguridad pública, debido a que grupos organizados para delinquir (bandas, maras ) han tomado el control de algunos sectores ejemplo la Ciudad de La Ceiba, como ser la banda de los pelones y el caballo loco, las que controlan y deciden quien vive en el sector de Bonitillo que abarca 20 colonias, habiendo un aproximado de 100 viviendas desocupadas en ese sector. Desde el mes de diciembre hasta la fecha la Policía Nacional Preventiva junto con los Agentes Cobras, por orden del Jefe Regional de la Policía, ha mantenido presencia durante las 24 horas del día, quitándole el control a estos grupos, pero todavía la gente no tiene la confianza necesaria para regresar a estos sectores, que va tardar un 7
9 poco porque recordemos que temen por su vida, aun sabiendo ellos que por parte de la Policía Nacional Preventiva a través de sus direcciones ha capturado a miembros importantes de estas bandas, de tal manera que las bandas están débiles máxime la banda de los pelones, de la que se tiene una buena cantidad bajo prisión preventiva, y aun luchando contra la poca voluntad que tienen algunos Fiscales y algunos Jueces que, producto de ello han dejado libres a algunos de estos delincuentes, aun habiendo pruebas necesarias para dejarlos con prisión preventiva, aumentando el temor de la población que está empezando a creer o recobrar la confianza en la Policía Nacional, no así en los demás operadores de justicia. En el sector de Barrio Inglés controlan los llamados neoyorquinos los cuales algunos andan huyendo porque saben que la Policía está detrás de ellos por casos investigados por el delito de homicidio, ha habido presencia policial en este sector pero hace falta aún más. En la colonia las Mercedes y otras aledañas controlan el sector la mara 18, en el sector del Búfalo controla la mara MS, el sector de la colonia Suyapa lo controla la banda de los pumas, se necesita una mayor presencia policial en la Jefatura Departamental, ya que aumenta el número de estos delincuentes de esas zonas, causando el temor y subordinación hacia sus organizaciones de personas que viven en esa localidad. Hay otras bandas que operan, como ser la banda de los grillos que tienen como centro de operación la colonia Marisol, y la Primero de Mayo y la Pizatty y otras bandas de menor tamaño y delincuentes que operan sin estar organizados; es importante un incremento de número de Policías Preventivos, pero aún más importante en la Policía de Investigación. No hay que olvidarnos que la investigación es parte de la prevención porque investigando los delitos y poniendo a sus ejecutores en la cárcel hay una disminución en la incidencia delincuencial. Los indicadores de seguridad del Departamento de Atlántida son alentadores respecto al resto del país, sin embargo, no se descarta la posibilidad que las cifras de criminalidad sufra un incremento por la falta de empleo y educación. En la Región de Occidente las estadísticas de los cuerpos de seguridad y las investigaciones muestran una tendencia ascendente de delincuencia y violencia en la región, que tiene que ver, por una parte, con el no cumplimiento a cabalidad por parte del Estado de su obligación de prevenir y combatir este fenómeno. La problemática que afecta la seguridad de los habitantes de la Región de Occidente está ligada a la presencia de bandas armadas, las cuales transitan entre los puntos 8
10 fronterizos del departamento y los municipios aledaños a éstos, la delincuencia organizada, narcotráfico, así como, por las deficiencias del Ministerio Publico, Poder Judicial, la corrupción imperante en la Policía Nacional en el cumplimiento de su deber y por las autoridades Penitenciarias que, en el caso de los Centros Penales de la región existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población interna. La situación se torna más difícil en la zona, debido a la ausencia de esquemas de participación ciudadana, por la falta de conciencia, organización y formación, que impide conjuntar esfuerzos para resolver la problemática ya existente. Un aspecto importante en la región occidental es que se han incrementado las violaciones a los derechos humanos de la población, por el débil marco institucional vigente en la zona, compuesto por autoridades políticas, donde se señala la participación de alcaldes y diputados en actividades vinculadas al crimen organizado y narcotráfico; Judiciales, en lo referente a Jueces y Fiscales del Ministerio Público donde muchas veces sus acciones son muy tibias ya sea por amenazas hacia su persona o complicidad con el crimen organizado, y en general en las instituciones de servicio del Poder Ejecutivo tales como las Secretarías de Estado e instituciones descentralizadas o autónomas. Necesita una mención especial el caso de la Policía Nacional en sus diferentes dependencias: Preventiva, DNIC y Fronteras; las cuales tienen un alto grado de corrupción ya sea por acción o por omisión, ya que son señaladas como cómplices en las acciones delictivas realizadas por el crimen organizado y el involucramiento directo de agentes y oficiales en sus diferentes escalas, en apoyar a grupos de narcotraficantes que operan en la región, específicamente en la zona fronteriza con Guatemala, los cuales han crecido ampliando sus acciones a la casi la totalidad de los departamentos de la zona. En el año 2012 se recibió un total de 215 quejas contra la policía (PNP, Tránsito, DNIC, Centro Penal); siendo las denuncias más frecuentes, la detención ilegal, malos tratos físicos y verbales, cobros ilegales, negligencia en las investigaciones y pocos resultados en las acciones policiales. En lo que respecta a seguridad ciudadana, en la región de Occidente existe una jefatura regional con sede en el departamento de Copán, compuesta por las Jefaturas Departamentales; Nº 4 con base en Santa Rosa de Copán, Nº 14 en Ocotepeque y Nº 13 en Lempira; esta regional cuenta con un total de 539 policías de los cuales 31 son oficiales y 26 de personal auxiliar: distribuidos en 65 Jefaturas Municipales, 10 Jefaturas de Estación (Aldeas) y 4 Estaciones de Fronteras en La Entrada Copán, 9
11 Copán Ruinas, Agua Caliente y Ocotepeque. Contando con 47 patrullas para su accionar policial, 1 policía para 1102 habitantes aproximadamente. En la Región Norte (Cortés, no presento nada narrativo sobre la seguridad) Actualmente en el Departamento de Santa Bárbara, se cuenta con 248 policías, con 25 Jefaturas Municipales y 8 Jefaturas de estación, sin presencia policial en los municipios de Gualala, El Níspero, Chinda y cerradas las estaciones policiales de las comunidades de San Isidro San Luis, Compostela, Montelimar, la Vueltosa, y la estación El Mochito Santa Bárbara, haciendo una relación de 1 policía para 1887 habitantes. Como aporte positivo para el departamento en el año 2012 la policía nacional preventiva, logra la creación de 266 comités ciudadanos por la seguridad en diferentes comunidades de los municipios En el departamento de Yoro el tema seguridad pública sigue siendo un reto en el año 2012, principalmente delitos contra el bien jurídico más importante como lo es la vida, incrementando las muertes violentos de 98 en el 2011 a 115 en el 2012, lo que constituye en incremento de 14.8%, un dato importante es que de los 115 homicidios acaecidos 92 fueron con arma de fuego y 23 con arma blanca, lo que hace necesario un control exhaustivo de la portación y del uso de armas. En el año 2012 en comparación con el 2011 se sigue observando un alza en la comisión de delitos comunes, pues en el 2011 se recepcionaron 699 denuncias y en el 2012 incremento a 744 lo que constituye un alza de 22.9%; de las denuncias manejadas por la Dirección Nacional de Investigación Criminal son muy pocos los casos remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público con el correspondiendo informe investigativo que permita la judicialización de los delitos cometidos, remitiendo solamente 158 casos de los cuales emanaron 43 órdenes de captura y se ejecutaron 25, la mora de años anteriores es de 156 órdenes de captura. Lo anterior solo denota un debilitamiento operativo de la DNIC que se ha vuelto crónico, siendo la encargada de la investigación de los casos, lo que incrementa la impunidad. El juzgado de letras seccional de Yoro reporta 158 casos en materia penal en el 2012 interpuestos por la Fiscalía observándose un aumento en relación al 2011 con 141 casos lo que constituye un aumento de 10.7%. De los 158 casos 133 personas fueron detenidos infraganti, o sea que solo 25 casos fueron investigados, dicho lo anterior se puede afirmar con seguridad que la labor de los entes operadores de justicia es inoperante, que no satisface las necesidades de justicia de la población, sobre todo en la labor investigativa. 10
12 La fiscalía informa que los que más delinquen en el departamento de Yoro son hombres y los delitos que prevalecen son robos, lesiones y homicidios, observando un peligro eminente del bien jurídico propiedad, vida e integridad personal. Definitivamente no se dará un cambio de la situación de violencia, impunidad e inseguridad si el Estado no pone real atención a la situación deficiente de los entes encargados de la prevención y tratamiento del delito tales como la policía preventiva y DNIC, es el cuello de botella que nos separa de vivir en un lugar más seguro. Las causas de la deficiencia de los entes mencionados son múltiples pero destacan la falta de inversión en logística, capacitación y adiestramiento del personal, depuración del personal y recobrar la confianza de la sociedad, que buena falta hace para fomentar una cultura de denuncia. 1.1 Seguridad Pública La violencia en el país se ha convertido en uno de los mecanismos y prácticas más frecuentes; cualquier persona, en cualquier lugar y circunstancia, puede convertirse en víctima de la violencia, llegando inclusive a ser víctima de la privación de la vida. Un alto porcentaje de las quejas atendidas por el CONADEH, es de víctimas que han quedado desamparadas ante la impunidad, la inacción o la ineficiencia del sistema de procuración y administración de justicia. En Honduras las causas más comunes de la inseguridad son: I. La corrupción, entendida no sólo como aceptar o pedir una dádiva, sino el dejar de hacer cuanto se está obligado a hacer. II. la impunidad, que se manifiesta cuando la persona no denuncia algún delito que se ha cometido, ya sea por miedo, ignorancia, indiferencia, o desconfianza en las autoridades; cuando el policía no detiene por ineficacia, incapacidad, complicidad o desconocimiento; cuando el Ministerio Público y el juez no hacen correctamente su trabajo, entre otras cosas. El reto, tanto de las instituciones encargadas de la seguridad pública, como de la sociedad en general, es romper el círculo vicioso que forman la corrupción, la impunidad, la desconfianza, la violencia y la inseguridad. La colaboración de todos los actores sociales es urgente, ya que la seguridad pública no sólo es un problema de los cuerpos policiales, especialmente cuando vemos que las debilidades en este rubro son fuente de una violencia e impunidad que afectan la vida, la integridad, la libertad y el derecho a la justicia de las personas y, en general, el de todos a llevar una vida libre de temores y sobresaltos. Honduras vive una situación de epidemia 11
13 Honduras vive desde hace varios años en una situación de epidemia debido a la elevada tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes que registra año con año. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estandar normal son 8.8 homicidios por cada 100,000 habitantes y califica de epidemia cuando la tasa sobrepasa ese límite. Honduras tuvo, en los últimos ocho años, un crecimiento acelerado en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, al pasar de 37 en el 2005 a 85.5 en el 2012, que contrasta con la tasa mundial establecida en el Informe Mundial de Violencia y Salud en el año 2000, en 8.8. En el 2011, alrededor de 250 (84%) de los 298 municipios del país, registraron tasas de homicidios por encima de la tasa mundial, mientras que en alrededor de 43 municipios no se reportó ninguna muerte por homicidio. En cambio, los ocho municipios en el departamento de Atlántida registraron tasas superiores a los 50 homicidios, en el orden que sigue: La Ceiba una tasa de homicidios; Jutiapa, 152.2; El Porvenir, 131.8; San Francisco, 116.2; La Másica, 112.3; Arizona, 103.4; Tela, y Esparta De los 23 municipios que componen el departamento de Copán, 20 registraron tasas superiores a 50 homicidios por cada 100,000 habitantes y de estos 16 reportaron tasas por encima de los 80 homicidios En lo que respecta al departamento de Yoro, 9 de sus 11 municipios mantienen tasas por encima de los 50 homicidios por cada 100,000 habitantes. En Santa Bárbara, de los 28 municipios de ese departamento 17 registraron tasas superiores a los 50 homicidios por cada 100,000 habitantes y de estos, diez reportan tasas por encima de los 80 homicidios. En el 2011, alrededor de 76 municipios registraron tasas superiores a la nacional establecida en 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Tasas registradas en el 2012 Honduras registró en el 2012 una tasa de 85.5 homicidios por cada 100,000 habitantes con la cual supera 9.71 veces más la tasa mundial. Alrededor de 270 (90%) municipios reportaron tasas por encima de la tasa mundial establecida en (27%) municipios de Honduras registraron tasas superiores a la nacional establecida en 85.5 por cada 100,000 habitantes. 12
14 11 municipios de Copán, 8 de Comayagua, 8 de Ocotepeque, 8 de Atlántida, 8 de Olancho, 7 de Santa Bárbara, 6 de Lempira, 6 de Yoro, 4 de Colón, 3 de Francisco Morazán, 3 de La Paz y 2 de Choluteca, reportaron tasas por encima del promedio de la tasa nacional. Los 8 municipios del departamento de Atlántida registraron tasas de homicidios por encima de la nacional: San Francisco, 207.9; La Ceiba, 157.3; Esparta, 139.5; Jutiapa, 107.4; La Másica, 97.3; Arizona, 94.4; Tela, 93.5; El Porvenir, Municipios con la tasa de homicidios más alta por departamento El municipio con la tasa más alta de homicidios por cada 100,000 habitantes fue San Luis en el departamento de Comayagua con 341.9, con la cual supera casi 39 veces más la tasa mundial. Municipios con la tasa más alta de homicidios por departamento Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes 2011/ 2012 No MUNICIPIO DEPARTAMENTO Tasa en el 2011 Tasa en el San Luis Comayagua Sin dato San Fernando Ocotepeque Cabañas Copán La Lima Cortés Santa Cruz Lempira San Francisco Atlántida Santa María del Real Olancho Marale Francisco Morazán Saba Colón San Juan La Paz Santa Bárbara Santa Barbará Olanchito Yoro Duyure Choluteca En el 2012, los municipios de los departamentos de El Paraíso, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía y Valle, registraron tasas menores de la nacional que fue de
15 Homicidios registrados en Honduras 2000/ 2012 HOMICIDIO AÑO TOTAL , ,239 7,104 7,172 TASA X 100,000 HAB. HOMICIDIOS POR MES HOMICIDIOS X DÍA HOMICIDIOS POR MINUTO min 150 min 145 min 236 min 244 min 217 min 174 min 161 min min 100 min min 74 min 73 min Muertes violentas (año 2000 mayo 2012) HOMICIDIOS REGISTRADOS EN HONDURAS 2000/ 2012 Total 53, ,239 7,104 7, Registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos indican que en Honduras, entre el año 2000 y 2012 (156 meses), murieron en forma violenta 53,622 personas, víctimas de las armas de fuego, armas blancas y otras armas contundentes. En 35 meses de gestión del gobierno que preside Porfirio Lobo (26 enero 2010/ diciembre 2012) se registró la muerte violenta de 20,010 personas, es decir, un promedio de 572 mensuales o alrededor de 19 víctimas diarias o una cada 76 minutos. 14
16 Las muertes violentas registradas en el gobierno del Presidente Porfirio Lobo representan el 37% del total de homicidios que se cometen desde el año 2000 en Honduras. Solo en el 2012, el número de muertes violentas ascendió a 7,172, es decir, 598 homicidios por mes, un promedio de muertes diarias o una víctima cada 73 minutos. En el 2010, que representó el primer año de gestión del Presidente Porfirio Lobo, Honduras alcanzó con una tasa 77.5, misma que se incrementó, en el 2011, a 86.5 con la cual superó 9.83 veces más la tasa promedio mundial. HOMICIDIOS REGISTRADOS EN HONDURAS 2000/ 2012 TASA X 100,000 HAB Un hecho positivo en el 2012 fue que no solo o se detuvo el crecimiento anual que venía experimentando la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes sino que redujo la tasa anual en comparación al 2011, al registrar una tasa de De los años 2008 al 2009 tuvo un crecimiento de 8.9 puntos; del 2009 al 2010 el crecimiento fue de 10.7; del 2010 al 2011, el aumento fue de 9 y; del 2011 al 2012 se registró una disminución de un punto. 15
17 Promedio de muertes violentas por día y por minutos HOMICIDIOS REGISTRADOS EN HONDURAS 2000/ 2012 HOMICIDIOS X DÍA HOMICIDIOS REGISTRADOS EN HONDURAS 2000/ 2012 HOMICIDIOS POR MINUTO La situación en el país sigue siendo grave si se toma en cuenta que en el año 2004, se registraba un promedio de 5.90 muertes violentas por día, cifra que aumentó a en el De lo anterior se deduce que mientras en el año 2004 se reportaba una víctima cada 4 horas con 4 minutos (244 minutos) en el 2012 se registró una muerte violenta cada 73 minutos. 16
18 Homicidios por edad PERIODO GRUPOS DE EDAD y más Desconocido ,455 2, Total 312 9,783 6,820 2, Porcentaje 1.52% 47.69% 33.24% 12.07% 3.94% 1.53% TOTAL 6,239 7,104 7,172 20, % Muertes violentas por grupo de edad (2010 / 2012) HOMICIDIOS POR EDAD ,783 6,820 Total 2, y más Desconocido 1. Entre el 2010 y el 2012 (3 años) se registró la muerte violenta de 20,515 personas, distribuidas por grupos de edad así: a) 312 (2%) niños menores de 14 años perdieron la vida en forma violenta. b) Entre los 15 y los 29 años murieron 9,783 (48%) personas c) Entre los 39 y los 44 años, 6,820 (33%) personas fueron víctimas de homicidio d) En conclusión, entre los 15 y los 44 años murieron violentamente 16,603 (81%) personas víctimas de las armas de fuego, armas blancas y otras armas contundentes. e) 808 (4%) adultos mayores murieron violentamente en los tres últimos años. 17
19 Homicidios por Armas de Fuego DETALLE HOMICIDIOS MUERTES POR ARMA DE FUEGO ,239 5, ,104 7,172 6,009 5,980 Total ,190 PORCENTAJE % 83.79% HOMICIDIOS ARMAS DE FUEGO ,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, , ,201 7,104 7,172 6,009 5, HOMICIDIOS MUERTES POR ARMA DE FUEGO La mayor parte de muertes violentas que ocurren en el país son causadas por armas como: la AK-47, rifles de asalto, ametralladoras, pistolas, revólver, machetes y puñales. En los últimos años, los registros estadísticos identifican las armas de fuego como el principal instrumento de muerte en el país. Entre el 2010 y el 2012, se registró la muerte violenta de 20,515 personas de la cuales 17,190 que representa el 84%, fueron víctimas de las armas de fuego. HOMICIDIOS POR REGION Y DEPARTAMENTO 2010 / 2012 No. REGION DEPARTAMENTO TOTAL TOTAL % REGION 1 NORTE CORTES , , ATLANTIDA COLON ISLAS DE LA BAHIA CENTRAL COMAYAGUA ,133 5,
20 FRANCISCO MORAZAN ,171 3,668 LA PAZ OCCIDENTAL COPAN SANTA BARBARA LEMPIRA , OCOTEPEQUE INTIBUCA ORIENTAL EL PARAISO GRACIAS A DIOS OLANCHO YORO SUR VALLE CHOLUTECA TOTAL ,104 7,172 20,515 20, % Muertes violentas por región ( ) HOMICIDIOS POR REGION 2008 / 2011 ORIENTAL 16% SUR 3% OCCIDENTAL 16% NORTE 41% CENTRAL 24% La criminalidad es un fenómeno que se manifiesta en todas las regiones de Honduras, sin embargo las cifras más elevadas se registran en la región norte del país con el 41% de las muertes violentas, en contraste la región sur es la menos violenta con el 3%. De las 20,515 muertes violentas que se registraron entre los años 2010 y 2012 (36 meses): a) 8,492 (41%) se cometieron en la Región Norte, que la integran los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía; b) 5,012 (24%) en la Región Central, compuesta por los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y La Paz; 19
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References: artículo 45
 artículo 314
 artículo 2
 artículo 321
 artículo 375
 artículo 17
 artículo 21