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Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 2
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Marta Ruiz Cano
1 2 Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 23 GUÍA DE ASESORAMIENTO FISCAL A LOS MAYORES AUTORES María José Fernández Pavés Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Granada. Antonia Jabalera Rodríguez Profesora Contratada Ramón y Cajal. Universidad de Granada. José Francisco López Gordo Profesor Ayudante de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Granada. Luís Ignacio Mochón López Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Granada. María Asunción Rancaño Martín Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Granada. Elaborada en el seno del Proyecto de Investigación «Envejecimiento y fiscalidad: aportaciones tributarias a la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores» (174/06), IMSERSO, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 34 Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 45 ÍNDICE PRESENTACIÓN QUIÉN ES PERSONA MAYOR PARA DEL DERECHO TRIBUTARIO? MEDIDAS FISCALES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA MAYOR DISCAPACITADA Y DEPENDIENTE Protección del Patrimonio de las Personas mayores con discapacidad Personas mayores en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia MEDIDAS FISCALES DE PROTECCIÓN A NUESTRO MAYORES EN EL IRPF Exención de las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Dependencia Exención de las prestaciones públicas por incapacidad permanente y pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas Exención de las prestaciones públicas con motivo del acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores Exención de las rentas derivadas de la constitución de una renta vitalicia resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático Exención de los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 56 obtenidas por personas con discapacidad y de las aportaciones a patrimonios protegidos La exención de determinadas ganancias de patrimonio LAS APORTACIONES A PATRIMONIOS PROTEGIDOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL Introducción Planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia La tributación de las aportaciones y contribuciones a estos sistemas de previsión La tributación de las prestaciones derivadas de estos sistemas de previsión Los contratos de seguros Los planes individuales de ahorro sistemático Guía de asesoramiento fiscal a los mayores Los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad LOS MÍNIMOS PERSONALES Y FAMILIARES MEDIDAS FISCALES DE PROTECCIÓN A NUESTRO MAYORES EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Beneficios fiscales aplicables en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones... 367 Regulados en la normativa propia del Impuesto Regulados en otras normas El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como impuesto cedido a las Comunidades Autónomas BENEFICIOS FISCALES PARA LOS MAYORES EN LOS TRIBUTOS LOCALES El papel de las corporaciones locales Beneficios fiscales para los mayores en los impuestos obligatorios El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) Exenciones Obligatorias Exenciones Potestativas Exenciones contenidas en la Ley del Mecenazgo El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) Exenciones Automáticas Exenciones Rogadas Exenciones contenidas en la Ley del Mecenazgo El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) Beneficios fiscales para las personas mayores en los impuestos potestativos El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 78 Exenciones y bonificaciones previstas en el TRLHL Exenciones previstas en la Ley del Mecenazgo Posibles beneficios fiscales en las tasas locales para las personas mayores Posibles beneficios fiscales para los mayores en las contribuciones especiales locales HIPOTECA INVERSA: ASPECTOS JURÍDICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES Puedo con mis ingresos actuales llevar el nivel de vida que deseo? me permitirá mi pensión atender con normalidad mis necesidades futuras? Qué es la hipoteca inversa? Quiénes son los potenciales usuarios de las hipotecas inversas? Hipoteca inversa y otras figuras afines Por qué hipoteca inversa? Cómo se calcula la renta? Ventajas y garantías Guía de asesoramiento fiscal a los mayores Inconvenientes... 599 Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 910 PRESENTACIÓN El cambio demográfico que se está produciendo en la población española en los últimos años, al igual que en el resto de países de nuestro entorno, y que se conoce como envejecimiento de la población, constituye uno de los más importantes retos al que ha de enfrentarse nuestra sociedad; y por su complejidad, requiere respuestas específicas y coordinadas desde los diferentes ámbitos políticos, y una actuación conjunta de todos los poderes públicos, no sólo desde la esfera asistencial y de prestación social. Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 10 Desde el ámbito estrictamente fiscal, son diversas y heterogéneas las medidas que se han incorporado por el legislador para hacer frente a este fenómeno, y a la par, dar cumplimiento al mandato del art. 50 de nuestra Constitución, el cuál recordemos determina que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad; asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. En esta Guía, partiendo de la delimitación que desde una perspectiva fiscal se realiza de este sector de población, identificando a persona mayor, conforme a un criterio cronológico, como aquella que tiene 65 o más años, presentamos las medidas fiscales actualmente vigentes dirigidas a este colectivo específico de población. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico podemos localizar medidas tributarias, articuladas fundamentalmente a través de beneficios fiscales, que tienen como destinatarios naturales a las personas mayores o a instituciones y entidades que11 velan por sus intereses; así como, se localizan medidas destinadas a las personas mayores que padecen alguna discapacidad o que pueden considerarse dependientes, aunque en relación a estas dos últimas situaciones, no se ha previsto, desde una perspectiva fiscal, diferencias en su régimen jurídico por razón de edad. Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 1112 1. QUIÉN ES PERSONA MAYOR PARA DEL DERECHO TRIBUTARIO? Estamos ante un colectivo heterogéneo (viudas, extranjeros, mayores que cobran pensiones contributivas, mayores que cobran pensiones no contributivas, etc) que presenta dispares intereses, opciones y problemáticas diferentes; que demandan y necesitan, en la medida de lo posible, respuestas normativas que atiendan a dicha diversidad. Persona mayor en Derecho tributario: Con carácter general, el ámbito de aplicación de las diferentes normas reguladoras de los derechos de las personas mayores se circunscribe, básicamente, a dos criterios: el cronológico y el político. Desde el punto de vista cronológico, podríamos cifrar la edad de sesenta y cinco años como el referente general para que un ciudadano sea considerado persona mayor; y éste es precisamente el criterio seguido en el ámbito fiscal. Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 12 A esta exigencia cronológica se puede añadir un criterio político, consistente en ostentar la condición política de ciudadano de la respectiva Comunidad Autónoma legisladora y ejecutora de la regulación de los derechos de las personas mayores, y por tanto, en ocasiones de los incentivos fiscales que dentro de su ámbito de competencias puedan reconocerles. No podemos asimilar persona mayor con persona discapacitada o incapacitada. El hecho de que algunos derechos se centren en personas mayores discapacitadas o incapacitadas es coherente con la paralela necesidad de la exigencia de reforzar la protección que el ordenamiento jurídico les dispensa. Esta situación no afecta a otros mayores, en plenitud de su capacidad jurídica y de obrar. La incapacitación se concibe así como una limitación o suspensión de la capacidad de obrar de una persona. Se trata, por tanto, de un mecanismo jurídico de13 protección para, entre otros, las personas mayores que presenten alguna discapacidad, como por ejemplo lesiones cerebrales, enfermedades degenerativas, etc. Declarar la incapacidad de una persona significa dotarle de unos medios de protección, de los que carece en principio, y a partir de ahí propiciar el cumplimiento y disfrute de la totalidad de derechos que le son inherentes. Los conceptos previos y necesarios para comprender el procedimiento de incapacitación son, básicamente el de persona y los de capacidad jurídica y de obrar Persona mayor discapacitada: desde un punto de vista fiscal tendrán la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, un grado de minusvalía igual o superior al 33% (art. 60-3º de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF). En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33%: En el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez En el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65%, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado. El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 1314 de las Comunidades Autónomas 1. Este concepto general de persona discapacitada desde un punto de vista fiscal, se ve restringido cuando dicha persona es titular de un patrimonio protegido. Tienen la consideración de personas con discapacidad exclusivamente a efectos de la Ley que lo regula 2 : Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33%. Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%. Persona mayor dependiente: Para determinar cuando una persona es dependiente, debemos partir del concepto de dependencia aportado en la Ley de Dependencia. Dicha dependencia puede ser moderada, severa, o bien puede tratarse de una situación de gran dependencia. Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 14 1 Art. 72 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. 2 Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad.15 2.- MEDIDAS FISCALES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA MAYOR DISCAPACITADA Y DEPENDIENTE El derecho a que las personas mayores estén protegidas por la Ley, tanto sus personas como sus bienes, se acentúa en aquellos supuestos en los que, por motivos de la pérdida de sus facultades mentales o físicas, es preciso proveerles de un estatuto especial a los efectos de prevenir situaciones de abuso o expoliación, es decir, que sean declarados incapacitados. Por ello, de forma paralela y estrechamente vinculada a la protección de la persona mayor, y con una reciente atención por parte del legislador, se ha de tratar la protección del patrimonio de las personas mayores, especialmente las afectadas por algún tipo de discapacidad o dependencia; si bien es cierto, que desde una perspectiva fiscal, las medidas que paulatinamente se han ido incorporando en el ordenamiento tributario, y sobre todo en fechas recientes, destinadas a la protección e integración de las personas discapacitadas y dependientes (que se refieren directamente a estas personas o a su entorno), no contemplan un plus de protección para aquellos supuestos en los que la persona discapacitada o dependiente tenga más de 65 años. En este sentido, hay dos grandes Textos normativos que se han adoptado en esta materia, y que han tenido y tienen una mayor repercusión desde una perspectiva estrictamente fiscal Protección del Patrimonio de las Personas mayores con discapacidad La protección del patrimonio de las personas mayores que padecen algún tipo de discapacidad, responde, además de al mandato del art. 50 de la Constitución, a la obligación de cumplir lo preceptuado en el art. 49 también de nuestra Norma Fundamental. Su finalidad es conseguir que la minusvalía que padezcan no les impida el disfrute de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todos los ciudadanos. Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 1516 Esta longevidad cada vez mayor de las personas con discapacidad debido a la mejora de la asistencia sanitaria, junto a la aparición de nuevas formas de discapacidad como la enfermedad de Alzheimer; ha merecido la atención del legislador, particularmente a través de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad. Dicha ley nace con el propósito de que la asistencia económica al discapacitado no se haga sólo con cargo al Estado o a la familia, sino con cargo al propio patrimonio que permita garantizar el futuro del minusválido en previsión de otras fuentes para costear los gastos que deben afrontarse. Esta ley tiene por objeto regular nuevos mecanismos de protección de las personas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial de esta protección, cual es el patrimonial. Puede destacarse que el patrimonio especialmente protegido de las personas mayores con discapacidad, está constituido por una serie de bienes y derechos, así como los frutos, productos y rendimientos de estos, aislados del resto del patrimonio personal de su titular-beneficiario; sometidos a un régimen de administración y supervisión específico, destinado exclusivamente a satisfacer las necesidades vitales de su titular. Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 16 Se trata, por tanto, de un patrimonio de destino, siendo el titular o beneficiario de este patrimonio, la persona en cuyo interés se constituye. Para ello, será necesario presentar determinados grados de minusvalía, con independencia de que concurran o no en ellas las causas de incapacitación judicial contempladas en el art. 200 del Código Civil. Los grados de minusvalía referidos serán: Una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento. Una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento. Ambas se acreditarán mediante certificación oficial expedida por la Administración o por resolución judicial firme.17 En el supuesto de personas mayores afectadas por los grados de discapacidad señalados, pero con suficiente capacidad de obrar, les corresponderá a ellos la constitución del patrimonio protegido. Ésta se realizará en documento público, ante notario. Por otra parte, en los supuestos en que el mayor no tenga capacidad de obrar suficiente, serán sus tutores o curadores, o el guardador de hecho de una persona con discapacidad psíquica, los encargados de formalizar notarialmente este patrimonio protegido. La ley permite que terceros con interés legítimo puedan, mediante la aportación a título gratuito de bienes y derechos adecuados, instar la constitución de este patrimonio. Si en este supuesto hubiere oposición de los tutores del incapaz, la decisión corresponderá a un juez, previa notificación del solicitante al Ministerio Fiscal, así como las actuaciones del tutor o curador que pudieran perjudicar sus intereses. Sin embargo, si el beneficiario tiene capacidad de obrar suficiente, no se podrá constituir un patrimonio protegido en su beneficio o hacer aportaciones al mismo en contra de su voluntad. Al hacer aportación de un bien o derecho al patrimonio protegido, el aportante podrá establecer el destino que deba darse a tales bienes o derechos; como por ejemplo, el pago de una residencia, la realización de un tratamiento médico, etc. En cuanto a la administración del patrimonio, se ha de diferenciar: si el contribuyente del patrimonio protegido es el propio beneficiario, entonces será libre para fijar las reglas relativas a su administración, que deberán reflejarse en el documento público constitutivo del patrimonio protegido; si por el contrario hay administradores del patrimonio, que podrán ser el tutor o curador de la persona mayor, o entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención de personas con discapacidad, serán estas personas quienes ostenten la representación legal de la persona mayor con discapacidad para todos los actos relativos al patrimonio protegido. Para estas personas es obligatoria la autorización judicial, salvo que el beneficiario tenga capacidad de obrar, especialmente en los supuestos de enajenación Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 1718 de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos preciosos, de establecimiento de un gravamen como alguna carga (arrendamiento, hipoteca) o de celebrar contratos (art. 271 del Código civil) con respecto al contenido del patrimonio protegido. El destino de la gestión de este patrimonio será siempre la satisfacción de las necesidades vitales del beneficiario. La extinción del patrimonio protegido se produce por la muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario, así como por dejar éste de tener la condición de persona con discapacidad. Igualmente, el juez podrá acordar la extinción del mismo cuando así convenga a la persona con discapacidad Personas mayores en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 18 Se reconoce en la Exposición de Motivos de la Ley de Dependencia que la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal, constituyen uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados; el reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal, y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía; y entre dichas personas, no cabe duda que un colectivo especialmente afectado es el formado por la población mayor. En consecuencia, y tal y como ha puesto de manifiesto el legislador en la Exposición de Motivos de la LIRPF, razones de equidad y de cohesión social aconsejan otorgar una especial atención al problema de la dependencia en España, incentivando, por primera vez desde el punto de vista fiscal, la cobertura privada de esta contingencia. De esta forma se reconoce la realidad social española, en la que se da un incremento de la esperanza de vida que lleva asociado un problema de envejecimiento y dependencia de una buena parte de los ciudadanos; existiendo además otros factores que agudizan su dimensión en el sector de población que precisa de una19 atención especial. Se configuran dos tipos de beneficios: los dirigidos a aquellas personas que sean ya dependientes, para las que se prevé la posibilidad de movilizar su patrimonio inmobiliario con vistas a obtener unos flujos de renta que les permita disponer de recursos para paliar las necesidades económicas (Disposición Adicional Decimoquinta de la LIRPF), y por otra parte, los dirigidos a aquellas personas que quieran cubrir un eventual riesgo de incurrir en una situación de dependencia severa o de gran dependencia (arts. 51 y 52 LIRPF). Adicionalmente, dado que la vivienda habitual constituye una importante manifestación del ahorro familiar, se introducen en la ley mecanismos que permitan, en situaciones de dependencia severa o de gran dependencia, hacer líquida esta fuente de ahorro sin coste fiscal, lo que sin duda constituye un medio adicional de cobertura de esta contingencia (Disposición Adicional Decimoquinta). Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 1920 3.- MEDIDAS FISCALES DE PROTECCIÓN A NUESTRO MAYORES EN EL IRPF 3.1. Exención de las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Dependencia El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia integra una serie de prestaciones que tienen como objetivo la consecución de una mejor calidad de vida. Las prestaciones de atención a la dependencia, podrán tener naturaleza de servicios o de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender a las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. La Ley del IRPF recoge la exención de las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada, que se derivan de la Ley de Dependencia (art. 7,x) LIRPF). Dicha exención comprende tres tipos de prestaciones: Prestaciones económicas vinculadas al servicio. Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 20 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Prestación económica de asistencia personal Exención de las prestaciones públicas por incapacidad permanente y pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas Las prestaciones derivadas de los sistemas públicos de previsión se califican en el IRPF como rendimientos del trabajo para su perceptor; no obstante, se declaran exentas las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez (art. 7,f) LIRPF).21 La exención afecta, tanto a las prestaciones percibidas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, como en su modalidad no contributiva. También quedan exentas las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social (hasta el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda; el exceso tributará como rendimiento del trabajo) Exención de las prestaciones públicas con motivo del acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores Están igualmente exentas las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores, sea en la modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes previstas en los ordenamientos de las Comunidades Autónomas, incluido el acogimiento en la ejecución de la medida judicial de convivencia del menor con persona o familia previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (art. 7, i) LIRPF). La exención afecta a las ayudas públicas exclusivamente y siempre que se concedan con motivo del acogimiento de personas con discapacidad, bien sean mayores de 65 años, bien sean menores. La figura del acogimiento familiar de menores se regula en los art. 172 y siguientes del Código civil; por el contrario, la figura del acogimiento de personas mayores es prácticamente desconocida en nuestro ordenamiento. La normativa estatal que reconoce esta institución se limita básicamente a la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, que reconoce el derecho a un período de excedencia a los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. Este derecho se reconoce a favor de Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 2122 personas que componen el grupo familiar, no existiendo para aquéllas ajenas a éste. Por tanto, el contenido de esta figura de acogimiento de mayores dependerá de que la Comunidad Autónoma concreta legisle sobre dicha materia, y de la definición que cada una de ellas otorgue a dicha institución. Algunas Comunidades Autónomas han publicado normas relativas al acogimiento familiar de personas mayores; es el caso de las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña o Andalucía. Esta última, si bien no recoge expresamente como tal el acogimiento familiar de personas mayores, sí hace referencia a él a través de lo que denomina la integración familiar. Por otra parte, se recoge otro supuesto de exención que afecta a las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65% o mayores de 65 años para financiar su estancia en residencias o centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de renta de efectos múltiples (art. 7, i) LIRPF). En este supuesto, el beneficiario de la ayuda es la persona con discapacidad o el mayor de 65 años, y se exige un requisito económico: que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 3. 3 Su cuantía para este año aparece recogida en el Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 22 de enero, por el que se determina el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008: a) El IPREM diario, 17,23 euros. b) El IPREM mensual, 516,90 euros. c) El IPREM anual, 6.202,80 euros. d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.236,60 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual,23 3.4. Exención de las rentas derivadas de la constitución de una renta vitalicia resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático Igualmente están exentas las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas vitalicias aseguradas, resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático a que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la Ley del IRPF (art.7, v) LIRPF). Los planes de ahorro sistemático y sus beneficios fiscales se desarrollan más adelante Exención de los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas por personas con discapacidad y de las aportaciones a patrimonios protegidos También están exentos los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad, correspondientes a las aportaciones a que se refiere el art. 53 LIRPF, así como los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos a que se refiere la Disposición Adicional Decimoctava LIRPF, hasta un importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (art. 7, w) LIRPF). Por tanto, la exención afecta a dos tipos distintos de rendimientos del trabajo: Los derivados de prestaciones obtenidas en forma de renta, siempre que tengan su origen en aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad. Los derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad. Ambas figuras (sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad y patrimonios protegidos de personas con discapacidad) serán salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.202,80 euros. Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 2324 analizadas más adelante de forma integral La exención de determinadas ganancias de patrimonio En este apartado vamos a centrarnos en tres supuestos de ganancias de patrimonio que no tributan en el IRPF: En primer lugar, no existe ganancia o pérdida patrimonial con ocasión de las transmisiones lucrativas de empresas o participaciones, a las que se refiere el art. 20-6º de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (art. 33-3º. c) LIRPF). Lo veremos en esta Guía en el apartado dedicado a este impuesto. En segundo lugar, se estima que no existe ganancia o pérdida patrimonial, con ocasión de las aportaciones a los patrimonios protegidos constituidos a favor de personas con discapacidad (art. 33-3º. e) LIRPF). En tercer lugar, se declaran exentas del IRPF las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años, o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Dependencia (art. 33-4º. b) LIRPF). Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 2425 4.- LAS APORTACIONES A PATRIMONIOS PROTEGIDOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD El objetivo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, es regular nuevos mecanismos de protección de la personas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial de esta protección, el patrimonial; ya que uno de los elementos que más repercute en el bienestar de las personas con discapacidad, es la existencia de medios económicos suficientes a su disposición, para atender las específicas necesidades vitales de las mismas. Si bien en gran parte, tales medios son proporcionados por los poderes públicos, otra parte importante procede de la propia persona con discapacidad o de su familia, y es a éstos a los que la ley dedica su atención. Con estas premisas, el legislador ha completado el régimen jurídico del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, con una serie de medidas fiscales tendentes a beneficiar el ahorro canalizado a través de esa figura jurídica. Así, nos encontramos en primer lugar con la tributación de las aportaciones al patrimonio protegido de personas con discapacidad, y en este punto hemos de distinguir quien realiza las aportaciones: Cuando los aportantes sean contribuyentes del IRPF, las aportaciones tendrán para la persona con discapacidad la consideración de rendimientos del trabajo hasta el importe de euros anuales por cada aportante y euros anuales en conjunto (art. 17-2º. k) LIRPF). Si los aportantes son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las aportaciones tendrán la consideración de rendimientos del trabajo (para la persona con discapacidad), siempre que hayan sido gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, con el límite de euros anuales (Disposición Adicional Decimoctava LIRPF). En segundo lugar, de las cantidades que el discapacitado percibe y que se Guía de asesoramiento fiscal a los mayores 25 Mostrar más
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References: resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Artículo 13
 Real Decreto 
 Artículo 3