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Timestamp: 2017-03-24 10:08:05+00:00

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Jurisprudencia | Rals
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FERROCARRILES ARGENTINOS. ASOCIACIÓN DE ATLETAS CIEGOS. DISCAPACITADOS Y CONTRATOS. Corresponde confirmar el rechazo del pedido de suspensión del lanzamiento de la Asociación de Atletas Ciegos Argentinos si los contratos celebrados con Ferrocarriles Argentinos no lo fueron en virtud de las facilidades otorgadas por el Art. 11 de la ley 22.341 e incluyeron una cláusula que preveía la sujeción de las concesiones al procedimiento judicial previsto en la ley 17.091. ( FE.ME.S.A. C/ A.DA.CA. s/ lanzamiento ley 17.901. C.S.J.N, 13/06/95. T. 318, P.1246. F 419 XXVII. Magistrados: Moline O´Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano, López. Abstenciones: Nazareno, Petracchi, Levene, Bossert)
FERROCARRILES ARGENTINOS. ASOCIACIÓN DE ATLETAS CIEGOS. DISCAPACITADOS Y CONTRATOS. La situación de las personas discapacitadas ha obtenido en el nuevo texto constitucional una especial protección, la que no se limita al otorgamiento de las prestaciones contenidas en el inc. 5 del Art. 36, sino que implica el mandato constitucional de superación de todos los obstáculos de cualquier naturaleza que conlleven -para quien se encuentre en esa condición- una discriminación o distinción motivada sólo por su calidad de discapacitado (Aras. 11 y 36 de la Const. Prov.). (Falocco, Estela María s/ Inconstitucionalidad Art. 36 inc. 5 Ap. B) y C) del Dec. 2719/94 SCBA, I 2009 Sentencia del 7-10-97, Juez HITTERS (MA). MAG. VOTANTES: Hitters-Laborde-Negri-Pisano-Pettigiani-Salas-San Martín- de Lázarri)
CONSTITUCIÓN PROVINCIAL. DERECHOS SOCIALES. DISCAPACITADOS. Los derechos contemplados en la primera parte, sección II de la Constitución Provincial, gozan de plena operatividad, conforme la expresa disposición del Art. 14. En ese contexto, los derechos esenciales consagrados en el capítulo III de la mencionada sección y título, y en especial el Art. 36 -discapacitados-, resultan operativos y de ineludible aplicación concreta y práctica. Más aún, son acreedores de las garantías que especialmente dispone el capítulo IV del máximo cuerpo legal, como medios aptos para remediar cualesquiera fuere la violación o menoscabo que dichos derechos sufrieren. (Del voto de la minoría del Dr. García Osella) (Díaz, Héctor O. s/MANDAMUS. S (Jurisprudencia de Corte de Rio negro) STRNSC VIEDMA 00OT 000182. sentencia del 27-10-92 )
LETRADO DEFENSOR NO VIDENTE. COMPAÑÍA DE ASISTENTE. DECLARACIÓN INDAGATORIA. 1) No existe disposición legal que impida al letrado no vidente designado para actuar en juicio valerse de la asistencia de persona de su confianza, concurriendo ambos a una audiencia, para propender al mejor ejercicio del cometido de defensa y para un acto esencial a tal fin, cual es el de participar en la declaración indagatoria.
2) La facultad que la ley procesal otorga en el inc. 1 del Art. 293 del C.P.M.P. ha de entenderse extendida al letrado no vidente y la distinta naturaleza de tales actos no puede llevar a considerar que es suficiente que el letrado pueda oír cuanto ocurre en la indagatoria, atento su papel eminentemente pasivo, pues la visión de lo que allí acontece resulta imprescindible para el control del desarrollo del acto.
3) No puede reclamarse que el asistente del letrado no vidente ostente igualmente la condición de abogado, pues ello resultaría menoscabante y obligaría a la parte a soportar honorarios adicionales, lo cual seguramente desembocaría, en éste y en todos los casos, en la prescindencia de los servicios del abogado ciego, instalándose así, de hecho, un claro desmedro al derecho al libre ejercicio profesional. (CAPARROS, Carlos Boletín de Jurisprudencia. Año 1992. Nro3. C.N. Crim. Sala I (Int.) -Ouviña, Rivarola, Tozzin (Instr. 22, sec. 148) causa Nro. 41.006)
DAÑO MORAL: MENOR CIEGO, SORDO, AUTISTA E INCONTINENTE. RESARCIMIENTO. APRECIACIÓN. 1. No se trata del daño moral de los padres sino del menor mismo. El menor es ciego, sordo, autista e incontinente desde que nació. Es difícil revertir en un grado importante esa situación. Por lo tanto, no se puede estimar el daño moral comparando la situación del menor con la de un menor normal, sencillamente porque el menor nunca supo (ni -en grado total- sabrá, desgraciadamente) lo que es ser un menor normal. La magnitud de este daño se mide de acuerdo a la limitada capacidad de comprensión (actual y potencial) del menor.
2. Tal vez la única referencia eficaz de lo que siente o padece un autista se puede obtener del testimonio de quienes lo fueron y dejaron de serlo. Ese es el caso descrito por f. Tustin, “barreras autistas en pacientes neuróticos”, bs. As., 1989, Pág. 28), Que proviene de quien declaro que su recuerdo mas notable del estado autista, del que había salido hasta cierto punto, era “terror”. O como dice bettelheim, siempre que se ha logrado penetrar en el trasfondo, “hemos encontrado odio, un odio extremo y explosivo” y detrás del odio “un deseo profundamente enquistado por la represión, para que no llegue a salir a la superficie de la conciencia y produzca unos dolores insoportables” (bruno bettelheim, “la fortaleza vacía. El autismo infantil y el nacimiento del si mismo”, Barcelona, 1977, Pág. 122). En definitiva, en el niño autista hay dolor, un dolor intenso, distinto al de otros, frecuentemente enigmático. Y aunque la indemnización que se fije no importe una reparación moral o tener algún sentido con respecto a quien es impenetrable, no puede liberar al deudor de responder por el daño que injustamente ha inferido. Pero determinar si esta indemnización habrá de tener alguna significación para el niño, no lo se. Por lo tanto, manifiesto mi limitación. Nos encontramos ante un caso extremo. Por el dolor silencioso que trasmite y por la impotencia que como juez siento para valorarlo con la significación que merece. Adhiero a la reparación global que propicia el Dr. Farrell, que considero justa, pero con mi confesada imposibilidad de determinar en que medida exacta satisface el daño patrimonial y el daño moral. (Guarriello, Emilio Bernardo y otro s/Sanatorio San Patricio S.A. y otro s/Incumplimiento de contrato. Causa Nro 25.023/94. CcivComFed., Sala 1, sentencia del 12/12/95. Farrell- Pérez Delgado)
AMPARO C/MEDIDA CAUTELAR – IMPLANTE COCLEAR- Afiliado a Obra social de 37años de edad, solicita la cobertura del 100% de la cirugía y prótesis del implante coclear a dicha entidad, todo ello conforme el cuadro de hipoacusia neurosensorial que fue detectada desde los tres años. Por ello se inicia acción de amparo, con medida cautelar la que se resolvió favorablemente. Los fundamentos judiciales que llevaron a esa decisión son: “…que, del análisis primario de la documental acompañada que debe hacerse dentro del estrecho marco de cognición que ofrecen las medidas cautelares, teniendo en cuenta que se encuentra en juego el derecho a la salud de rango constitucional (Art. 42 de la Constitución Nacional), las normas que regulan la especie-citadas en ele escrito de inicio y el criterio de amplitud que debe observarse en este tipo de medidas (Conf. C.N.Civ y Com. Fed, sala 2, causas 37575/95 del 3/10/95, 20.803/96 del 29/10/96, entre otras), juzgo acreditado el requisito de la verosimilitud del derecho. El peligro en la demora surge de las especiales características de la enfermedad del actor….” (G.G. P. C/OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS ASE NACIONAL S/AMPARO, causa 8876/02, Juz. Nac. Civ. Y Com. Fed. Nro. 2 Sec.4)
MEDIDA CAUTELAR -IMPLANTE COCLEAR-NIÑO DE SIETE AÑOS- Niño de siete años solicita cobertura integral de la cirugía y prótesis coclear, conforme la discapacidad auditiva diagnosticada desde su nacimiento. Luego a realizar las presentaciones administrativas sin respuesta favorable, se presenta acción de amparo con medida cautelar. Esta última se resuelve favorablemente. El juez de primera instancia, considera fundamento suficiente que: “…Debe ponderarse también, los valores que se encuentran en juego, pues, a mi juicio, resulta claramente mucho menos gravoso para la demandada arbitrar los medios para que el menor pueda disponer del implante coclear que necesita, que para la accionante conseguirlo por sus medios, si se arribara a una decisión contraria a la procedencia de esta media (criterio sentado por la Sala III de la CNF. Civ. Y Com. En las causas 1297 del 18/2/94, 157 del 4/9/92 y sus citas; 729 del 16/10/92; 2442 del 10/3/92, entre otras), pues en este ultimo caso, se estaría privando de un servicio primordial como es el de la protección de la salud a quien, en atención a la enfermedad que lo aqueja, se presume que más lo necesita….” (B.M.A. C/OBRA SOCIAL PERSONAL DE MAESTRANZA S/AMPARO, Juz. Civ. Y Com. Fed. Nro. 9. Sec. 17. 27-1-03.)
AMPARO C/MEDIDA CAUTELAR – IMPLANTE COCLEAR – MEDICINA PREPAGA. Niño de 5 años de edad con hipoacusia severa bilateral, se le diagnostica, implante coclear solicita ante la prepaga, a la cual pertenece, la cobertura de la cirugía y prótesis del implante coclear. Iniciada la acción de amparo, es rechazado en primera instancia. Segunda Instancia revoca la decisión del juez aquo, sosteniendo: …vedar in limine litis el acceso a la jurisdicción se exhibe, en principio como un claro cercenamiento de la garantía consagrada en el Art. 18 de la CN, en cuanto requiere por sobre todas las cosas que no se prive a nadie de una adecuada y oportuna tutela de los que pudieran eventualmente asistirle sino mediante un proceso conducido en legal forma que concluya en el dictado de una sentencia( fallos, 310; 1820 y sus citas).Estas conclusiones coinciden con las cláusulas de los tratados internacionales incorporados por la reforma constitucional ya mencionada que imponen asegurar una vía sencilla, breve , rápida, efectiva como forma de tutelar las garantías constitucionales de los ciudadanos y prevenir de esta manera conductas inconstitucionales o antijurídicas por parte del Estado o de particulares ( Conf. Arts. 25 , Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 Declaración Universal de De Derechos Humanos, 2ª Pacto Internacional de Derechos Culturales, Civiles y Políticos y 75 inc. 22 Constitución Nacional. En Especial consideramos conducente en este caso descarta el Art. 12 AP. 2 INC. A) DEL Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales en cuanto establece que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute mas alto nivel posible de salud física y mental, debiendo adoptar al efecto , a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, las necesarias para .. El sano desarrollo de los niños y el Art. 23 de la Convención sobre los Derechos del niño… Todos los principios enunciados se encuentran en juego en la demanda promovida y en la medida cautelar que se requiere conjuntamente en su escrito introductorio. ( D.L.C. c/ SWISS MEDICAL GROUP S/ AMPARO .-Sala k Expte. 11.059/01) juzgado de primera Inst. en lo Civil Nro. 46. Enlace con juzgado civil
MEDIDA CAUTELAR – AMPARO- COBERTURA DE AUDIFONOS Y SISTEMA DE FM. Niña de 10 años de edad, con cuadro motor discapacitante e hipoacusia neurosensorial profunda bilateral solicita a la Obra Social cobertura integral de audífonos, y sistema de FM; todo ello conforme lo indicado por su médico tratante. Este nuevo sistema de FM es utilizado para amplificar la voz del interlocutor facilitando la audición de los hipoacúsicos. Generalmente se lo utiliza en el ámbito escolar facilitando al niño una mejor audición de los contenidos. Presentada la acción de amparo es resuelta favorablemente en Primera Instancia. Esta medida es apelada por la Obra Social y en segunda instancia se mantiene la decisión favorable. Fallo de Cámara:”…este tribunal evalúa las necesidades que plantea el adecuado tratamiento de la discapacidad que padece la niña, el riesgo que implica la demora en su implementación y especialmente, que el primer pedido efectuado a la demandada para la provisión de los audífonos fue recibido por la Obra Social en diciembre de 2001, sin que haya acreditado contestación alguna al respecto. No enerva lo expuesto, la argumentación desarrollada por la recurrente en torno de las disposiciones de la resolución 20102 (PMOE) del Ministerio de Salud, por cuanto no resulta apropiado en este ámbito cautelar asignarle los efectos pretendidos, máxime si se pondera que el decreto 788/02, haciendo mérito de la falta de coincidencias sobre los alcances y la posibilidad de implementación de las prestaciones básicas a definir en la emergencia sanitaria, a las que alude el Art. 334 del decreto 48202, y que diversas instituciones vinculadas a la atención y rehabilitación de las personas con discapacidad expresaron su preocupación por el impacto que la aplicación de tal norma pueda tener en la atención de dichas personas, derogó el recordado Art. 34,…, de modo que el régimen legal vinculado con la asistencia no se encuentra alcanzada por aquella emergencia( Conf. Esta Sala, causas 3393/02 del 13/6/02 y 7927/02 del 24-10-02).
…La Ley 24901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (Art.1)…. En lo concerniente a las obra sociales, dispone que tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (Art. 2)…”.”
… En el caso concreto… la medida decretada por el SR. Juez, se presenta como la única susceptible de cumplir con la cautela del derecho invocado (Art. 230, cinc. 3del Código Procesal) y de evitar que la conducta observada por la demandada influya en la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o imposible (arg. Art. 230, inc 2 del Código Procesal). Basta, a fin de abonar tal conclusión, con reparar en que la no utilización de los audífonos prescriptos ha redundado en un deterioro de la audición, impidiéndole continuar en forma apropiada con su aprendizaje (Conf. Fs. 14 de los autos principales), con las consecuencias que ello conlleva para su desarrollo.” La solución adoptada es la mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende que compromete la salud e integridad física de las personas. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 302: 1284.).Reconocido por los pactos internacionales…Es también la que mejor resulta las características de la actividad de las obras sociales, en las cual ha de verse una proyección de los principios de la seguridad social, ala que el Art. 14 bis de la Constitución Nacional confiere carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que no desatienda sus fines propios (Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, dctr. Fallos: 306:178; 308: 344 y 324: 3988). (R. M. B. C / OSECAC S/ AMPARO Juz. Civ. Com. Fed. Nro. 2 Sec. 3., expte 8.962/02).
AMPARO C/MEDIDA CAUTELAR- COBERTURA DE SISTEMA DE FM -MEDICINA PREPAGA-
Niña de 8 años hipoacúsica bilateral equipada con audífonos , reclama a la medicina prepaga, donde esta afiliada, la cobertura del sistema FM. Este sistema se adapta a los audífonos amplificando la voz del interlocutor, facilitándole la audición. Luego de realizar los trámites administrativos ante la Medicina Prepaga, y sin respuesta de su parte se inicia acción de amparo. El juez de primera Instancia se declara incompetente, nuevamente sorteada la causa se le asigna el Juzgado comercial Nro. 1 Sec. 1, el que fallo favorablemente respecto de la medida cautelar. (P.O.O. Y O.C/SWISS MEDICAL S.A S/AMPARO Nro. Causa 86932 Juz. Com. Juz. 1 Sec. 1)
AMPARO C/ MEDIDA CAUTELAR – TRANSPORTE PARA UN NIÑO HIPOACUSICO- Niño de 4 años de edad, con hipoacusia bilateral profunda, solicita a la Obra social la cobertura de transporte desde la escuela con educación especial a su hogar ida y vuelta. Presentada la acción de amparo con la medida cautelar el juez de primera instancia resuelve favorablemente esta ultima, a tenor: “… que la ley 24.901 prevé en su Art. 13 el traslado gratuito para discapacitados entre el domicilio y el establecimiento educacional. También prevé que tendrá derecho a requerir su cobertura social de un transporte especial cuando fuere necesario. Que prima facie contemplando la edad del niño, quien evidentemente no puede trasladarse solo en un transporte publico, la situación laboral de los padres, parece prudente hacer lugar a lo peticionado y hasta tanto se resuelva el fondo del amparo. Que, tratándose de un niño discapacitado cualquier interrupción en la asistencia a un establecimiento especializado puede provocar consecuencias irreparables, lo cual permite concluir también que concurre el “periculum in mora” que torna procedente la petición cautelar…” (B. C. C Obra Social del Personal del organismo de control externo -Juz. Civ. Y Com. Fed. 7 Sec. 14.-11-10-02)
MEDIDAS CAUTELARES GENÉRICAS. MENOR DISCAPACITADO. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN ESPECIALIZADO. PELIGRO EN LA DEMORA. El peligro en la demora se configura no solo por la propia situación que se ha creado, en tanto se traduce en un estado de incertidumbre relacionado con los derechos del accionante a tener el debido respaldo medico-asistencial, que merece ser protegido preventivamente hasta el momento que se dicte la sentencia definitiva, sino por la necesidad de una urgente atención del enfermo, cuyo cuadro neurológico es extremadamente delicado. (Agüero, José Arturo y otros c/ OSIM s/ Incidente de Apelación, Causa Nro 4840/97. C.Fed.C.y C. Sala 2, Mariani de Vidal- Vocos conesa, 13/11/97)
CONSTITUCION NACIONAL. PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL. La situación de las personas discapacitadas ha obtenido en el nuevo texto constitucional una especial protección, la que no se limita al otorgamiento de las prestaciones contenidas en el inc. 5 del Art. 36, sino que implica el mandato constitucional de superación de todos los obstáculos de cualquier naturaleza que conlleven -para quien se encuentre en esa condición- una discriminación o distinción motivada sólo por su calidad de discapacitado (Arts. 11 y 36 de la Const. Prov.) (Falocco, Estela María s/ Inconstitucionalidad Art. 36 inc. 5 Ap. B) y C) del Dec. 2719/94 SCBA, I 2009 Sentencia del 7-10-97, Juez HITTERS (MA). MAG. VOTANTES: Hitters-Laborde-Negri-Pisano-Pettigiani-Salas-San Martín- de Lázarri)
CONSTITUCIÓN PROVINCIAL. DERECHOS SOCIALES. DISCAPACITADOS. Los derechos contemplados en la primera parte, sección II de la Constitución Provincial, gozan de plena operatividad, conforme la expresa disposición del Art. 14. En ese contexto, los derechos esenciales consagrados en el capítulo III de la mencionada sección y título, y en especial el Art. 36 -discapacitados-, resultan operativos y de ineludible aplicación concreta y práctica. Más aún, son acreedores de las garantías que especialmente dispone el capítulo IV del máximo cuerpo legal, como medios aptos para remediar cualesquiera fuere la violación o menoscabo que dichos derechos sufrieren. (Del voto de la minoría del Dr. García Osella) (Díaz, Héctor O. s/MANDAMUS. S (Jurisprudencia de Corte de Río negro) STRNSC VIEDMA 00OT 000182. sentencia del 27-10-92)
ACCIÓN DE AMPARO. BENEFICIARIO CON SÍNDROME DE DOWN. OBRA SOCIAL. REDUCCIÓN DE COBERTURA. INCIDENCIA PRESUPUESTARIA NO PROBADA. 1.-Si se pondera que el monto de la reducción de la cobertura asciende a la suma de $250 por mes, no parece que lo pretendido por la actora en punto a que la internación sea cubierta en forma total pudiese tener entidad como para incidir negativamente en el presupuesto de la demandada. Al respecto no se ha aportado elemento probatorio alguno, por el contrario, resulta evidente que de una decisión de la índole de la adoptada por la recurrente bien se podría derivar un mayor daño para el beneficiario que para aquella, si se atiende a que la situación actual del menor discapacitado es la que podría verse alterada en su perjuicio si, por vía de hipótesis, se concretara el traslado de la institución en la que recibe la asistencia desde tiempo atrás. La demandada tampoco ha logrado demostrar que la cobertura total de la internación pudiese comprometer su patrimonio a punto tal de impedirle atender otros beneficiarios del sistema y, de esa forma, encontrarse imposibilitada de cumplir con sus objetivos.
2.- La ley 24.901 contempla, dentro del régimen de prestaciones que la obra social demandada debe proporcionar la internación de beneficiarios como el actor, teniendo en cuenta su discapacidad mental (Conf. Arts. 1 y 2). En efecto, están a cargo de la demandada, en atención a su carácter de obra social, las prestaciones básicas de atención integral, entre las cuales se encuentran las asistenciales que el menor discapacitado ha recibido hasta el momento en que aquella dispuso reducir la cobertura de la internación (Conf. Arts. 2 y 18 de la cit. ley 24.901). En tales condiciones, la reducción de la cobertura adoptada importa ir contra la finalidad de la citada ley 24.901 que, precisamente, la de brindar una cobertura “integral” a las necesidades y requerimientos del beneficiario (Art. 1 Conf. Doctrina de la causa 3080/97 del 29.10.98). ( Mazzadi, Armando Esteban y otro c/ Obra Social de Actores s/Amparo. Causa Nro 5250/97. C.Fed. C. y C. Sala 2. Mariani de Vidal- Vocos Conesa, 18/3/99)
PROCEDENCIA DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS. INCAPACIDAD SOBREVINIENTE. DISCAPACITADOS MENTALES. SÍNDROME DE DOWN. De voto de la mayoría (Dres. Bueres y Mercante): Si bien no se excluye que las personas que padecen enfermedades mentales pueden obtener beneficios patrimoniales, a los efectos que proceda la indemnización por incapacidad sobreviniente, dichos beneficios deben ser demostrados, pues el daño es lesión a un interés jurídico, que se pondera a tenor de sus secuelas y no por la mera lesión objetiva a un bien. Del voto en disidencia del Dr. Kiper: Corresponde se indemnice el daño moral a quién padece de Síndrome de Down, toda vez que mientras el discernimiento – idoneidad para conocer distinguiendo el bien del mal, la conveniencia o inconveniencia del actuar- se ciñe a la esfera intelectual, el daño moral- que supone sufrimiento- se proyecta a la faz volitiva y afectiva de la persona (Conf. Declaración de las “Segundas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil” (1994) “es indemnizable el daño moral causado a las personas que carecen de discernimiento”). (Castro, Eva Silvia c/ Cometto, Omar Alberto s/Sumario. Sentencia definitiva D144874 , C.Nac.Civ. Sala D, 16/08/95).
DISCAPACIDAD METAL -ESCUELA ESPECIAL- Reclamo por cobertura integral de educación especial de varios afiliados a OSBA, para mantener la escolaridad. “… las menores sufren una discapacidad mental, por tal motivo requieren un sistema de enseñanza especial que les permita progresar e su socialización, que son afiliadas a la Obra Social de Buenos Aires OSBA) y que por su intermedio concurrirían hasta el ciclo lectivo 2001 a la escuela …., ay lo que debe sumarse que ha sido la propia institución educativa quien ha notificado a los padres de las menores la interrupción de la cobertura por falta de pago de la prestadora social…hecho que habría motivado la intimación – por carta documento- por parte de los padres de los menores a la obra social. Amen las circunstancias fácticas del caso, cabe señalar que a través de la ya referida Ley 24901 se ha creado un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad y se ha dejado a cargo de las obras sociales comprendidas en la ley 23.660 la obligatoriedad de su cobertura (Art. 1 y 2) ello avalaría, prima facie, la prestación a cargo de la OSBA.
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO CON DISCAPACIDAD. LEY 22.341. 1.- La ley 22.341 encomienda al Fisco Nacional y a otros entes nacionales -entre ellos expresamente las empresas del Estado- la dación de trabajo a las personas discapacitadas en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo. Al momento del nacimiento de la relación jurídica laboral, el actor era un discapacitado (enanismo) y su empleadora una empresa del Estado. (Voto del Dr. Frondizi)
2.- El cambio operado en la naturaleza de YPF no le es oponible al actor, pues la nueva sociedad es continuadora de los derechos y obligaciones de la anterior, salvo aquellos de los cuales hubiera sido exenta por la ley, extremo que no es el de autos. (Voto del Dr. Frondizi)
3.- Si bien la ley establece iguales derechos -y no mejores derechos- para los trabajadores discapacitados y los trabajadores normales, hay un protección adicional a favor de los primeros que resulta de la obligación de ocuparlos en la proporción legalmente establecida.(Voto del Dr. Frondizi)
4.- Cabría rechazar el planteo del actor de aplicar el mentado Art. 8 de la ley 22.341 a Y.P.F. S.A. sino fuera porque el privilegio que consagra a favor de esta una simple ley (la 24.145) no resulta compatible con una norma posterior, superior y específica, que el Art. 75, inc 23 de la Constitución Nacional (acción positiva), según texto de 1994 (la ley 24.145 data del año 1992) (voto del Dr. Schiffrin)
5.- La reincorporación del actor es la sanción propia del Art. 10 de la ley 22.431 , porque hasta tanto no quede cubierto el porcentaje del 4% de personas discapacitadas en el plantel, el método adecuado de protección, la “medida activa” a lo que se refiere la Constitución, requiere un plus de intervención que conserve el puesto del discapacitado en la esfera estatal su carácter de empleo protegido. (Voto del Dr. Schiffrin)
6.- Cabe acudir al instituto de los “remedies”, que originarios del derecho norteamericano, han sido aceptados por la jurisprudencia de la Suprema Corte y de misma Sala (Conf. Causa nro 13.193/95 “Baro, Ángel c/ EFA s/ ley 9.688, fallo 3/10/96). En tal sentido , como se dijo en esos antecedentes, deben distinguirse los derechos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales- y que perduran mientras subsisten las normas que le otorgan sustento- de aquellas construcciones elaboradas por los jueces formuladas como un remedio destinado a asegurar de un modo concreto y eficaz algún derecho conculcado, amenazado o indebidamente reducido. (Voto del Dr. Dugo). (Caraballo, Luis E. C/ Y.P.F. s/ acción de reinstalación”. Causa Nro 7/96. Cám. Fed de Apel. La Plata, Sala II, Frondizi- Schiffrin- Dugo, 18/11/1999)
JUBILACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LEY 20.475. Si bien el beneficio de jubilación por invalidez previsto en la ley 18.037, requiere el cumplimiento de determinado porcentaje de incapacidad, que no acredita el solicitante, en el caso corresponde la aplicación de la ley 20.745 que regula el beneficio de jubilación para minusválidos ya que el interesado padeció durante su vida útil laboral de una incapacidad del 50% de la total. (Bonino, Adela Amalia c/Caja Nacional de Previsión de la industria, Comercio y Actividades Civiles. Cnac.S.S. Sala II, 15/02/91 con nota a fallo por: Carnota, Walter F. Pub. en D.T. 6/91 Pág.1064)
JUBILACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ANTIGÜEDAD EN LA AFILIACIÓN. CAPACIDAD PSICOFUNCIONAL. Si bien la afiliación al régimen de minusválidos no exige una plena capacidad psicofuncional valladar en su contra que su déficit sea de tal magnitud que alcance el grado en que la ley considera como improbable prestar servicios (Cf. C.N.A.T., Sala V, sent.34870, 26.4.85. “Piredda, María Ángela”) (Disidencia del Dr. Fernández)
(Herlicht, Hillier Hermes c/ Caja Nacional para trabajadores autónomos. C.N.A.S.S., Sala II, sent. 31006, 28.10.92)
JUBILACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. RETORNO A LA ACTIVIDAD. ACREDITACIÓN. LEY 22.431, ART. 3. INTERPRETACIÓN. Darle una interpretación formal a las disposiciones del Art. 3 de la ley 22.341 se contrapone al espíritu de la misma. Al respecto tiene dicho nuestro Máximo Tribunal que el objetivo de la ley 22.431 se dirige fundamentalmente, a tratar de conceder a quienes se encuentran discapacitados, franquicias y estímulos que les permitan, en lo posible, neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca, a la vez que otorgar oportunidades para que puedan desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales (Cf. “Franchi, Héctor Learte”, sent. del 03.07.90). (Santa Cruz, Horacio Julio c/ A.N.S.E.S. C.F.S.S., Sala I, sent. 78416, 20.11.96)
CEGUERA. ART. 1 LEY 20.888. CONJUNCIÓN DISYUNTIVA “O”. INTERPRETACIÓN. La conjunción disyuntiva “o” del Art. 1 de la ley 20.888 evidencia la intención del legislador, en concordancia con la mayor comprensión adquirida en torno a la problemática de los discapacitados por parte de la sociedad, de ampliar la protección previsional de aquéllos, permitiéndoles acceder al beneficio por el cumplimiento de ambos requisitos o de uno sólo de ellos (Cf. C.N.A.T., Sala II, sent. 57836, 21.8.86, “Arrighi, Remigia s/ jubilación”). (“Vivas, Eva Adita c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos”. C.N.A.S.S., Sala III, sent. 325, 19.2.90)
JUBILACIÓN DE MINUSVÁLIDOS. ART. 2 LEY 20.475. SOLIDARIDAD DEL SISTEMA. Aunque el grado de incapacidad acreditado no alcance al exigido por el Art. 33 de la ley 18.037 para obtener la jubilación por invalidez, corresponde conceder el beneficio de jubilación ordinaria si la peticionante cumple con los extremos previstos en el Art. 2 de la ley 20.475 (jubilación de discapacitados), máxime si del análisis de las constancias de autos surge que su situación agravaría la reinserción en el mercado laboral, lo que torna necesario arbitrar los medios tendientes a lograr la solidaridad del sistema (en el caso, la reclamante es sordomuda desde la infancia, de 47 años de edad y fue despedida). (Borges, María Rosa c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. C.N.A.S.S., Sala I, sent. 21873, 6.2.92)
DISCAPACITADOS. SUSPENSIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A DISCAPACITADOS QUE PRESTAN TAREAS REMUNERADAS DENTRO DE UN PROGRAMA TERAPEÚTICO. DEBIDO PROCESO ADJETIVO: ART 1 INC. F) LEY 19.549. 1.- Las facultades de la entidad interviniente de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa para el goce de las pensiones no contributivas, no pueden ejercerse con prescindencia del debido proceso adjetivo que salvaguarda el Art. 1, inc f) de la ley 19.549. Así no solo carece de validez el acto de suspensión llevado a cabo sin la previa participación de los interesados sino que deviene irrazonable la pretensión de la demandada de que se mantenga el mismo hasta tanto se pueda conocer y evaluar las características de las tareas desarrolladas y si estás implicarán o no la caducidad o el mantenimiento del beneficio. Por el contrario, una medida de tal magnitud solo puede tomarse luego de haber brindado a los afectados la posibilidad de defensa y alegato, y estando los hechos en que se funda “fehacientemente probados”.
2.- En los hechos, la suspensión de la prestación altera gravemente el programa terapéutico que han emprendido los actores y contrasta con los objetivos propiciados en la ley 22.431, de protección integral de los discapacitados, dirigidos fundamentalmente, a concederles a aquellos, franquicias y estímulos que les permitan neutralizar las desventajas que su situación física les provoca, a la vez que otorgarles oportunidades para que puedan desempeñar un rol equivalente al que ejerce el resto de los sujetos (Art. 1).
3.- Corresponde el ejercicio de la acción de amparo a tenor del nuevo Art. 43 de la constitución nacional como remedio procesal, siendo esta la vía idónea para el esclarecimiento de la cuestión en debate en el caso concreto de autos, máxime tratándose de beneficios de carácter alimentario- pensiones no contributivas- cuyos titulares son personas que presentan discapacidades que les impiden un normal desenvolvimiento en el mercado laboral. (Causa Nro 34.432/2000 S. 83367. Felman, Andrea Gabriela y otros c/ Estado Nacional- Secretaría de Desarrollo Social. Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ Amparos y sumarísimos.C.N.A.S.S. Sala II- 25.06.2001)
Prestador ajeno a la Obra Social
ACCIÓN DE AMPARO. OBRAS SOCIALES. MENOR DISCAPACITADO. REHABILITACIÓN POR ESPECIALISTA AJENO A LA OBRA SOCIAL. LEY 24.901. COBERTURA INTEGRAL. Es plenamente comprensible que los padres del menor pretendan continuar con el tratamiento de rehabilitación que, según manifiestan, ha dado resultado a su hijo, como asimismo que, ante la imposibilidad económica que invocan, la obra social se haga cargo aunque no se trate de uno de sus prestadores, Y si bien es de lamentar que no se haya podido encontrar una solución a su problema, la decisión que este ámbito hay que adoptar, debe estar necesariamente fundada en la ley (Art. 17 y 18 Constitución Nacional y Art. 163, inc 5 Código Procesal).
La ley 24.901 (B.O. 5.12.97) instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (Art. 1).
Establece , además, que las obras sociales (Art. 1, ley 23.660) tendrán a su cargo , con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en ella (Art. 2) ya sea mediante servicios propios o contratados (Art. 6). Establece que la cobertura integral en rehabilitación se deberá brindar con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuera menester y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera (Art. 15 y 12, tercero y cuarto párrafo). (“Alric, Gustavo Adolfo y otros c/ Obra social de la actividad de seguros capitalización y ahorro s/ Amparo”. Causa nro 1868/99. C.Fed. C. y C. Sala 1. Farrell- Pérez Delgado, 13/7/99).
ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PUBLICO CON DISCAPACIDAD. Ley 22.341. 1. La ley 22.341 encomienda al Fisco Nacional y a otros entes nacionales -entre ellos expresamente las empresas del Estado- la dación de trabajo a las personas discapacitadas en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo. Al momento del nacimiento de la relación jurídica laboral, el actor era un discapacitado (enanismo) y su empleadora una empresa del Estado. (voto del Dr. Frondizi)
2. El cambio operado en la naturaleza de YPF no le es oponible al actor, pues la nueva sociedad es continuadora de los derechos y obligaciones de la anterior, salvo aquellos de los cuales hubiera sido exenta por la ley, extremo que no es el de autos. (Voto del Dr. Frondizi)
3. Si bien la ley establece iguales derechos -y no mejores derechos- para los trabajadores discapacitados y los trabajadores normales, hay un protección adicional a favor de los primeros que resulta de la obligación de ocuparlos en la proporción legalmente establecida.(Voto del Dr. Frondizi)
4. Cabría rechazar el planteo del actor de aplicar el mentado Art. 8 de la ley 22.341 a Y.P.F. S.A. sino fuera porque el privilegio que consagra a favor de esta una simple ley (la 24.145) no resulta compatible con una norma posterior, superior y específica, que el Art. 75, inc 23 de la Constitución Nacional (acción positiva), según texto de 1994 (la ley 24.145 data del año 1992) (voto del Dr. Schiffrin)
5. La reincorporación del actor es la sanción propia del Art. 10 de la ley 22.431, porque hasta tanto no quede cubierto el porcentaje del 4% de personas discapacitadas en el plantel, el método adecuado de protección, la “medida activa” a lo que se refiere la Constitución, requiere un plus de intervención que conserve el puesto del discapacitado en la esfera estatal su carácter de empleo protegido. (Voto del Dr. Schiffrin)
6. Cabe acudir al instituto de los “remedies”, que originarios del derecho norteamericano, han sido aceptados por la jurisprudencia de la Suprema Corte y de misma Sala (Conf. Causa nro 13.193/95 “Baro, Ángel c/ EFA s/ ley 9.688, fallo 3/10/96). En tal sentido , como se dijo en esos antecedentes, deben distinguirse los derechos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales- y que perduran mientras subsisten las normas que le otorgan sustento- de aquellas construcciones elaboradas por los jueces formuladas como un remedio destinado a asegurar de un modo concreto y eficaz algún derecho conculcado, amenazado o indebidamente reducido. (Voto del Dr. Dugo) (Caraballo, Luis E. C/ Y.P.F. s/ acción de reinstalación” . Causa Nro 7/96. Cám. Fed de Apel. La Plata, Sala II, Frondizi- Schiffrin- Dugo, 18/11/1999).
Prestaciones médicas para discapacitados
OBLIGACION PRINCIPAL DEL ESTADO NACIONAL.
OBLIGACIÓN DEL ESTADO NACIONAL DE PROVEER MEDICACIÓN PARA DISCAPACITADOS- DROGAS ANTINEOPLÁSTICAS- SUBSIDIARIEDAD- TRATADOS INTERNACIONALES Y ACCIÓN POSITIVA ART. 75, CINC. 22 C.N.- JURISDICCIONES LOCALES EN MATERIA DE SALUD. 1.- El principio de actuación subsidiaria que rige en esta materia se articula con la regla de solidaridad social, pues el Estado debe garantizar una cobertura asistencial a todos los ciudadanos, sin discriminación social, económica, cultural o geográfica (Art. 1, ley 23.661), y ello impone su intervención cuando se encuentra superada la capacidad de previsión de los individuos o pequeñas comunidades (del voto de la mayoría)
2.- Frente a la actuación deficiente de la entidad médica sindical, la situación de precariedad laboral y económica de la familia y el estado de extrema urgencia que reviste el suministro del remedio requerido, es el Estado Nacional – mediante el ministerio demandado- el que deber intervenir subsidiariamente para dar adecuada tutela a los derechos del menor, sin perjuicio de que efectúe los trámites necesarios para lograr que esa asistencia sea realizada de modo regular y efectivo por los organismos que correspondan (del voto de la mayoría).
3.- A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (Art. 75, cinc. 22 de ley Suprema), ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud – comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas , sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y causa A. 186 XXXIV “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social- Estado Nacional s/ Amparo ley 16.986” del 1 de junio de 2000, mayoría y votos concurrentes y dictamen del señor Procurador General de la Nación a cuyos fundamentos se remiten )… Los Estados partes se han obligado “hasta el máximo de los recursos” de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho tratado (Art. 2 cinc. 1) (del voto de la mayoría).
4.- El niño se halla amparado por las disposiciones de la ley 24.431 de “protección integral de las personas discapacitadas” – a que adhirió la provincia de Córdoba- y ello obliga también a asegurarle los tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes depende o los entes de obra social a los que esté afiliado (Conf. Certificado de as. 6; Aras. 1, 3 y 4, ley 24.431 y ley provincial 7008), lo cual corrobora la sinrazón del actor de la autoridad pública que amenazó con grave riesgo sus derechos a la vida y a la salud… En cuanto a la objeción basada en el Art. 121 de la Constitución nacional, aparte de que ese planteo importa invocar agravios de terceros, la apelante no ha demostrado que la decisión de mantener el tratamiento afecte el principio de federalismo o ponga en crisis las facultades reservadas por los gobiernos locales en la organización de su sistema de salud. No obstante ello, este pronunciamiento ha dejado establecida la responsabilidad que cabe también en este materia a las jurisdicciones provinciales” (del voto de la mayoría “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social- Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ Recurso de Hecho”. Causa 823.XXXV. C.S.J.N., Sentencia del 24/10/2000. (Mayoría de 6 votos y voto en disidencia por cuestiones formales del Dr. Belluscio.)
AMPARO CON MEDIDA CAUTELAR PARA CONSERVAR LA PRESTACION DE OBRA SOCIAL DERECHO DE OPCION. Se interpone amparo con medida cautelar de no innovar con el fin de mantener la prestación de obra social de la nieta del titular fallecido ejerciendo el derecho de opción del Art. 10 cinc. h) de la ley 23660 contra la obra social de trabajadores de Empresas de Electricidad (OSTEE) – Luz Medica. El Juez de primera instancia resolvió conceder la medida cautelar, fundándola en que se acredita la — verosimilitud del derecho: “…en cuanto al (…) “fumus bonus iuris”, se debe recordar que no es necesario que exista certeza acerca del mismo sino que basta con que aparezca prima facie acreditado (Cf. A.M., ORELLO y otros, “Códigos Procesales”, T II -C Pág. 494). En tal sentido su concurrencia debe entenderse como la posibilidad de que exista y no como una incontestable realidad que solo puede ser alcanzada al tiempo de dictarse la sentencia de merito. (Cf. CNCCC Fed., Sala I causa 14152/94 del 27/10/1994 y sus citas.) y el -peligro en la demora: “…la existencia del “periculum in mora “se refiere a la posibilidad de que en caso de que no fuera decretada la medida, sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transforme en tardío aquel derecho (Cf. CNCCFed. Sala I causa 1571, del 29.12.92 y causa 14.152/94 cit.)….concretamente en lo atinente a los beneficios que significa la continuidad del tratamiento de rehabilitación y terapéutico para la salud de la citada lo cual genera un estado de incertidumbre en el derecho del solicitante que merece ser amparado preventivamente hasta tanto se dilucide la cuestión de fondo (Cf. CNCCFed. Sala III causa 15757/95 del 12.05.95, entre otras). Por ultimo, no es ocioso agregar que en atención a la finalidad que las inspira, la Excma. Camara del fuero tiene resuelto que -en terminos generales- se debe proceder con amplitud de criterio para decretar una medida precautoria resultando preferible el exceso en acordarla que la estrictez en denegarla (cfr. CNCC Fed. Sala II, causa 98 del 25.08.92, y sus citas.) “D.E.C. c/ OSTEE s/ Amparo” (Expte. 10636/2001) Juzg. Nac. En lo Civil y Comercial Federal n 11 Sec. N 21).
MANTENIMIENTO DE LA OBRA SOCIAL COMO ADHERENTE. FINALIDAD DE LA MEDIDA PRECAUTORIA. Se interpone amparo con medida cautelar de no innovar, a fin de conservar la cobertura del titular y de su hija, quien presenta un diagnostico de mielomeningocele -hidrocefalia. Trastornos esfinterianos (sin control de esfínteres). El mantenimiento de la cobertura de la obra social en carácter de beneficiario adherente de la misma.
El Juez interviniente otorga la cautelar solicitada. “Que, como principio, cabe recordar que la finalidad de las medidas precautorias esta destinada a asegurar que la justicia alcance el cumplimiento eficaz de su cometido, y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que pone fin al pleito.” (“G.E.c/ASE s/ Amparo” Juzg. Nacional en lo Civil y Comercial Federal n 1 Secretaria n 1. )
REAFILIACION A OBRA SOCIAL PERSONA MAYOR DE 70 AÑOS CON DISCAPACIDAD. Se interpone amparo con medida cautelar de innovar contra el Instituto de Obra Social del Ejercito (IOSE), para lograr la reafiliación de Alicia Crespo de Giana de 76 años con certificado de discapacidad., ya que la misma no puede reafiliarse por superar los 70 años de edad. El Juez de primera instancia desestimo la medida cautelar por considerar que no acreditaba prima facie la verosimilitud del derecho invocado…la ilegalidad, arbitrariedad o inconstitucionalidad de la disposición. N 25/98 del IOSE, norma en la que se baso la denegatoria del pedido de reafiliación, solo podía ser analizada en la sentencia de merito.
La actora apelo tal resolución y la Sala… de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, revoco la resolución apelada, en virtud de que “…se debe merituar que el derecho del IOSE de rechazar la solicitud dicha sido previsto por el decreto 1478/97 (Cap II.18) en las condiciones que allí se establecen, es decir, con el requisito de un examen medico, circunstancia que no concurrió en el caso y en la que no se fundo la denegatoria de la reafiliación solicitada. Por otro lado, del Cap. II.18 del decreto 1478/97, no surge, prima facie, que el Poder Ejecutivo haya facultado al IOSE a establecer mediante disposiciones internas otros requisitos de admisibilidad para la reafiliación de los que allí se establecen, como ser el limite de edad en el que se fundo la denegatoria cuestionada.
Los fundamentos hasta aquí vertidos en cuanto a la verosimilitud del derecho, (…) la naturaleza del derecho que involucra la decisión del IOSE, el peligro en la demora para que la accionante reciba las prestaciones que su estado de salud requiere…..convencen al Tribunal en que, hasta tanto se decida la cuestión de fondo y mientras se mantengan las actuales condiciones, impresiona como mas gravosas para la accionante las consecuencias derivadas del rechazo de la cautela solicitada, que para el IOSE disponer la reafiliación provisortia de la Sra., Alicia Esther Crespo de Giana (Cfr. Esta Cámara Sala I, doctor. Causa 6655/98 del 7-5-99).” (“Giana Eduardo y otro c. Instituto de Obra Social del Ejercito s. Amparo” (Expte. 10.529/01) Juzgado Nac. En lo Civil Y Comercial Federal n
PREPAGA DEBERÁ ABSTENERSE DE MODIFICAR CONTRATO POR EDAD En Buenos Aires, a los días del mes de marzo de dos mil cinco, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por “R. Ll., R. E. c/ Qualitas Médica S.A. s/ sumarísimo” (exp. nro. 40.425/01), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Monti, Di Tella, Caviglione Fraga. Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.
VII- En esa línea, es del caso poner de resalto que la demandada pretende impugnar el criterio de la juez a quo tomando sólo párrafos aislados de la sentencia, sin aportar una explicación fundada que desvirtúe el cuidadoso y exhaustivo desarrollo argumental que la precede con precisa exposición de los antecedentes normativos examinados en apoyo de sus conclusiones.
En ese sentido, la queja no se hace cargo de las consideraciones que hace la primer sentenciante en punto a la inaplicabilidad de la estipulación según la cual la demandada se reservaba la facultad de modificar unilateralmente y ad nutum las condiciones impuestas en el reglamento. Y tampoco se hace cargo de las razones para excluir la propia cláusula que agravaba las condiciones a partir de cierta edad, confiriendo a la empresa la atribución de fijar una cuota adicional. Hacer hincapié en esta última, sin posibilidad para el usuario de alegar su inoponibilidad o ineficacia, salvo la alternativa de rescindir el convenio exponiendo su salud a un riesgo falto de cobertura precisamente en la etapa de mayor exposición y pese a haber aportado las cuotas durante muchos años en periodos de menor vulnerabilidad, constituía en el caso una exigencia abusiva que desnaturalizaba la relación, trasladando injustificadamente todo el riesgo del negocio al afiliado, tornando aplicable lo dispuesto en el Art. 37, inc. “a”de la ley 24.240.
Cámara, Doctores Buenos Aires, de marzo de 2005.-
LA CORTE SUPREMA EXIGIÓ PROVEER DE MEDICAMENTOS A UNA PERSONA
ENFERMA DE ESCLEROSIS MULTIPLE. LO DETERMINÓ EN EL AMPARO
INTERPUESTO SOLICITANDO MEDICAMENTOS PARA HACER FRENTE A SU
ENFERMEDAD -Fallo Completo- O. 59. XXXVIII. ORIGINARIO “Orlando, Susana Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ amparo”.
”Buenos Aires, 24 de mayo de 2005.
Vistos los autos: Orlando, Susana Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia
de y otros s/ amparo, de los que Resulta:
Manifiesta que dirige su pretensión contra actos y omisiones de los demandados. En cuanto al Estado provincial, atento que la esclerosis múltiple no resulta ser una patología cubierta por la Dirección de Política del Medicamento (v. fs. 10, expediente 294607/01) y, por consiguiente, no es provisto por las autoridades locales. Por su parte, el Estado Nacional, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación solamente le entregó seis cajas del medicamento,”Acetato de Glatiramer – Copolimero (Copaxone)”, cantidad que resulta insuficiente para paliar la enfermedad, y cuya solicitud de renovación no ha sido respondida hasta la fecha (fs. 3). Funda su derecho en lo dispuesto en los Arts. 42 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, en la ley nacional 23.661 que creó el Sistema Nacional del Seguro de Salud, en la resolución del Ministerio de Salud 939/2000, modificada por su similar 1/2001, en las leyes 24.901 y 22.431, y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Solicita, asimismo, el dictado de una medida cautelar con el objeto de que las demandadas arbitren los medios necesarios para la provisión del medicamento en cuestión, que resulta imprescindible para su vida, ya que debe ser administrado sin interrupción para evitar así los brotes de la enfermedad. Por último, ante la posibilidad de que los demandados requieran la aplicación del Art. 14 de la ley 25.453, que modifica el Art. 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que impide el dictado de medidas cautelares que afecten los recursos del Estado, requiere la declaración de su inconstitucionalidad. El juez federal interviniente se declara incompetente para entender en el proceso, en consonancia con la opinión de la fiscal del fuero 27) A fs. 38/39, el Tribunal resuelve que la causa es de su competencia originaria y hace lugar a la medida cautelar solicitada.
II) Al contestar el informe previsto en el art. 8º de la ley 16.986, el Estado Nacional solicita el rechazo del amparo impetrado con fundamento, a su criterio, en la inobservancia de los requisitos de admisibilidad de la vía elegida, la inexistencia del daño y la ausencia de derechos constitucionales conculcados por su parte. Destaca que, conforme a la documentación acompañada, la amparista ha realizado todos los trámites por ante la Provincia de Buenos Aires, la cual es, a su juicio, la obligada primaria en razón del domicilio denunciado.
Señala además que el Ministerio de Salud no otorga medicamentos en forma directa, salvo los supuestos contemplados en los programas de Banco de Drogas Antineoplásicas y el Programa Nacional de HIV y Retrovirus Humano. Por último invoca la emergencia sanitaria declarada por el decreto 486/02, como un indicador de la situación que atraviesa el
sector (fs. 55/62).
III) A fs. 65/95, se presenta la Provincia de Buenos Aires y acompaña el expediente administrativo Nº 2900- 36443, que da cuenta del trámite seguido en el ámbito del Ministerio de Salud de esa jurisdicción en orden a hacer efectiva la medida cautelar. La Dirección de Políticas del Medicamento, si bien indica cuáles son las patologías cubiertas por el Banco de Drogas de Alto Costo -que no incluye a la esclerosis múltiple- informa que la droga en cuestión fue puesta a disposición de la amparista y retirada la orden correspondiente (fs. 65/95).
La Provincia de Buenos Aires acredita ese extremo en autos al adjuntar a fs. 136 el expediente administrativo Nº 5.100-11029/02, del que surge el cumplimiento de la medida cautelar durante los períodos de junio, julio y septiembre de 2002. Más tarde, en razón de una nueva demora en la provisión del fármaco, la autoridad local acompañó el expediente Nº 5100/15694/03 que da cuenta de su entrega (fs. 155).
1º) Que esta Corte ha señalado reiteradamente que el amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita (Fallos: 310:576; 311:612, 1974 y 2319; 317:1128; 323:1825 y 2097; 325:396, entre muchos otros).
También ha dicho que el objeto de la acción de amparo es la preservación de la vigencia de los derechos tutelados por la Ley Fundamental (Conf. el Art. 43 de la Constitución Nacional y la doctrina de Fallos: 259:196; 263:296; 267:165, entre otros y Fallos: 324:3602).
2º) Que de acuerdo a estas pautas, la acción intentada en el sub examine resulta procedente toda vez que se hallan reunidos los extremos requeridos por la ley 16.986 a ese fin. En efecto, tanto de los términos de la demanda como de la documentación acompañada se desprende que se encuentran acreditadas la gravedad del caso y la falta de protección en que se hallaba la amparista al tiempo de iniciar el trámite, lo que revela la inacción de las demandadas. Tal como surge de fs. 166, la naturaleza del mal que aqueja a la actora requiere continuar con el tratamiento prescripto de manera prolongada.
Por otra parte, su derecho a recibir la droga “Acetato de Glatiramer – Copolimero (Copaxone)” con un 100% de cobertura no ha sido cuestionado por las demandadas, como tampoco se ha puesto en duda el tratamiento indicado. De tal manera, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, lo consintió al proporcionar inicialmente la droga durante seis meses y la 7Provincia de Buenos Aires asumió luego su entrega, a través del Banco Nacional de Drogas de Alto Costo, a resultas de la medida cautelar ordenada por el Tribunal.
3º) Que el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida, que está reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema). Así, el Tribunal ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684; 323:1339, 3229; 324:3569 y 326:4931).
4º) Que el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y otras entidades públicas que participan de un mismo sistema sanitario. En tal sentido, la ley 23.661 creó un sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, “a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica”. Con tal propósito, ese seguro ha sido organizado en el marco de una concepción “integradora” del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden “su participación en la gestión directa de las
acciones” (Art. 1º). Su objetivo fundamental es “proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación…” (Art. 2). El Ministerio de Salud, mediante la Secretaría de Salud, es la autoridad de aplicación que fija las políticas sanitarias del seguro y lleva a cabo la política de medicamentos. En tal carácter, le corresponde “articular y coordinar” los servicios asistenciales que prestan las obras sociales comprendidas en la ley 23.660, los establecimientos públicos y los prestadores privados “en un sistema de cobertura universal, estructura pluralista y participativa y administración descentralizada que responda a la organización federal de nuestro país” (Arts. 3º, 4º, 7º, 15, 28 y 36) (Fallos: 323:3229).
Asimismo, con relación al Programa Médico Obligatorio (P.M.O.),la resolución 1/01 del Ministerio de Salud, al aprobar modificaciones a su similar 939/00, establece en el punto 4 del anexo I, “Medicamentos”, la cobertura del 100% de la esclerosis múltiple para pacientes con dos o más brotes en los últimos años. Ello se articula por medio del agente del seguro con apoyo financiero del Fondo Solidario de Redistribución, según las normas que dicte la Administración de Programas Especiales.
5º) Que, además, en mérito a la condición de discapacitada de la amparista como consecuencia de las secuelas de la enfermedad acreditada en autos a fs. 11 corresponde también examinar los alcances de las leyes 22.431 –que instituye el sistema de protección integral de las personas discapacitadas-, y 24.901, que establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de aquéllas.
A su vez, la ley 24.901 al organizar el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, encomendó al Estado Nacional y sus organismos dependientes la atención de las prestaciones dispuestas en él a favor de las personas discapacitadas que no cuenten con cobertura de obras sociales y carezcan de medios propios para afrontar sus necesidades (Conf. Arts. 1º, 2º, 3º y 4º de la ley citada), condiciones éstas que han sido acreditadas en el sub examine.
Determina el modo de financiamiento de las prestaciones previstas en la ley e instruye al Poder Ejecutivo a proponer a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos a los de la referida ley (Arts. 7º y 8º). Además, dentro de las prestaciones básicas, el Art. 28 alude a las asistenciales como aquellas que tienen por finalidad la cobertura de los requerimientos esenciales de la persona con discapacidad, entre ellos, la atención especializada.
La reglamentación de la ley 24.901 está dada por el decreto 1193/98, que dispone que las personas con discapacidad y carentes de recursos podrán obtener las prestaciones básicas a través de los organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran al sistema (Art. 4º). La Superintendencia de Servicios de Salud se constituye en el organismo responsable de la supervisión y fiscalización del nomenclador de prestaciones básicas (Arts. 11 a 39).
6º) Que, por otra parte, en Fallos: 323:3229 antes citado, este Tribunal ha dejado bien establecida la responsabilidad que cabe también en esta materia a las jurisdicciones provinciales. En este sentido cabe recordar que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires garantiza para todos sus habitantes el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural (Art. 12, inc. 1º). Al reconocer entre los derechos sociales, a la discapacidad, declara que: “La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. “Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales…”(Art. 36, inc. 5º). También reconoce el derecho social a la salud y sostiene que: “La Provincia garantizará a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos…”.
Asimismo, declara: “El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud…” (Art. 36, inc. 8º).
7º) Que con relación a la normativa nacional referida en el considerando 5º, la ley provincial 10.592 establece un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas, por el cual el Estado provincial se compromete a asegurar los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social a las que se encuentren en imposibilidad de obtenerlos (Conf. Arts. 1º, 2º y 3º). La norma comprende a los discapacitados neurolocomotores y sensoriales visuales, condición alegada por la amparista. El Art. 6º dispone que el Ministerio de Salud actuará de oficio en el ámbito de su competencia para lograr el cumplimiento de las medidas establecidas en la ley, a cuyo efecto deberá: “otorgar subsidios a discapacitados sin cobertura social con destino a la obtención de elementos de recuperación y rehabilitación de alta complejidad médica, y de tratamientos médicos especializados que no se realicen en establecimientos estatales”.
8º) Que en estas condiciones, las consecuencias del criterio esgrimido por la Provincia de Buenos Aires –en cuanto a que la esclerosis múltiple no es una patología cubierta por la Dirección de Política del Medicamento y por lo tanto la droga prescripta no es provista por las autoridades locales- no pueden redundar en un perjuicio directo a la afectada, pues al privarla de la atención sanitaria que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires le garantiza, se estaría tolerando una desigualdad respecto de otras personas en similar situación pero aquejadas de enfermedades contempladas por el citado organismo en pugna con las disposiciones constitucionales y legales vigentes. No obstante ello, cabe observar que las constancias del expediente indican que el suministro del fármaco fue realizado finalmente por el Banco de Drogas de Alto Costo, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada.
9º) Que, con respecto a la responsabilidad asignada a la Provincia de Buenos Aires frente a la situación que compromete la vida y la salud de sus habitantes, resulta evidente que las obligaciones emergentes del marco normativo examinado imponen a las autoridades locales el deber de articular un mecanismo eficaz para encauzar la entrega del medicamento con la urgencia y la continuidad que el caso exige, sin que ello implique desconocer el deber de coordinación con el Estado Nacional -mediante el Ministerio de Salud-, el que debe acudir en forma subsidiaria, de manera de no frustrar los derechos de la amparista.
De no ser así, las leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad. En este contexto, no puede soslayarse la función rectora que ejerce el Estado Nacional en este campo por medio de Ministerio demandado para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios coordinando sus acciones con los estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios (Fallos: 323:3229, considerando 27).
10) Que en esa inteligencia ha de entenderse la decisión de la autoridad nacional -el Ministerio de Desarrollo Social- de proveer la medicación por seis meses ante la reticencia inicial de la Provincia de Buenos Aires de asistir a la amparista, de acuerdo a las constancias de autos.
Esa acción orientada a atender una situación de urgencia y extrema necesidad en orden al tratamiento prescripto, se ajustó a los principios constitucionales aplicables y a las leyes dictadas en su consecuencia, según han sido analizadas anteriormente. Por tal motivo, la interrupción de la entrega de la medicación y la falta de respuesta a la amparista ante el requerimiento de su renovación resultan materia de reproche,
pues puso en riesgo grave su derecho a la vida y a la salud.
Por ello, se hace lugar a la acción de amparo deducida contra la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional.
Notifíquese. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO –
CARLOS S. FAYT – ANTONIO BOGGIANO (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA –
E. RAUL ZAFFARONI (según su voto)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO –
RICARDO LUIS LORENZETTI – CARMEN M. ARGIBAY.
1º) Que la acción intentada en el sub examine resulta procedente toda vez que de los términos de la demanda como de la documentación acompañada se desprende que se encuentran acreditadas la gravedad del caso y la falta de protección en que se hallaba la amparista al tiempo de iniciar el trámite, lo que revela la inacción de las demandadas. Tal como surge de fs. 166, la naturaleza de la enfermedad que aqueja a la actora requiere continuar con el tratamiento prescripto de manera prolongada.
2º) Que por otra parte, su derecho a recibir la droga “Acetato de Glatiramer – Copolimero (Copaxone)” con un 100% de cobertura no ha sido cuestionado por las demandadas, como tampoco se ha puesto en duda el tratamiento indicado. De tal manera, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, lo consintió al proporcionar inicialmente la droga durante seis meses y la Provincia de Buenos Aires asumió luego su entrega, a través del Banco Nacional de Drogas de Alto Costo, a resultas de la medida cautelar ordenada por el Tribunal.
4º) Que el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y otras entidades públicas que participan de un mismo sistema sanitario. En tal sentido, la ley 23.661 creó un sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, “a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica”. Con tal propósito, ese seguro ha sido organizado en el marco de una concepción “integradora” del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden” su participación en la gestión directa de las acciones” (Art. 1º). Su objetivo fundamental es “proveer al otorgamiento de prestaciones de
salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación…” (Art. 2). El Ministerio de Salud, mediante la Secretaría de Salud, es la autoridad de aplicación que fija las políticas sanitarias del seguro y lleva a cabo la política de medicamentos. En tal carácter, le corresponde “articular y coordinar” los servicios asistenciales que prestan las obras sociales comprendidas en la ley 23.660, los establecimientos públicos y los prestadores privados “en un sistema de cobertura universal, estructura pluralista y participativa y administración descentralizada que responda a la organización federal de nuestro país” (Arts. 3º, 4º, 7º, 15, 28 y 36) (Fallos: 323:3229).
La ley 22.431 crea el referido sistema, tendiente a asegurar a las personas discapacitadas la atención médica, la educación y la seguridad social. A ese fin, define la condición de discapacidad y establece las obligaciones que deben asumir los distintos órganos del Estado, los entes de obra social y los particulares en materia de salud, trabajo y transporte, entre otros aspectos. Por el Art. 27, primer párrafo, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a proponer a las provincias que sancionen en sus jurisdicciones regímenes normativos que establezcan principios análogos a los de la presente ley. A su vez, la ley 24.901 al organizar el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, encomendó al Estado Nacional y sus organismos dependientes la atención de las prestaciones dispuestas en él a favor de las personas discapacitadas que no cuenten con cobertura de obras sociales y carezcan de medios propios para afrontar sus necesidades (Conf. Arts… 1º, 2º, 3º y 4º de la ley citada), condiciones éstas que han sido acreditadas en el sub examine. Determina el modo de financiamiento de las prestaciones previstas en la ley e instruye al Poder Ejecutivo a proponer a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos a los de la referida ley (Arts… 7º y 8º). Además, dentro de las prestaciones básicas, el Art. 28 alude a las asistenciales como aquellas que tienen por finalidad la cobertura de los requerimientos esenciales de la persona con discapacidad, entre ellos, la atención especializada. La reglamentación de la ley 24.901 está dada por el decreto 1193/98, que dispone que las personas con discapacidad y carentes de recursos podrán obtener las prestaciones básicas a través de los organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran al sistema (Art. 4º). La Superintendencia de Servicios de Salud se constituye en el organismo responsable de la supervisión y fiscalización del nomenclador de prestaciones básicas (Arts… 11 a 39).
6º) Que, por otra parte, en Fallos: 323:3229 antes citado, este Tribunal ha dejado bien establecida la responsabilidad que cabe también en esta materia a las jurisdicciones provinciales. En este sentido cabe recordar que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires garantiza para todos sus habitantes el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural (Art. 12, inc. 1º). Al reconocer entre los derechos sociales, a la discapacidad, declara que: “La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. “Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales…”(Art. 36, inc. 5º).
También reconoce el derecho social a la salud y sostiene que: “La Provincia garantizará a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos…”. Asimismo, declara: “El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud…” (Art. 36, inc. 8º).
7º) Que con relación a la normativa nacional referida en el considerando 6º, la ley provincial 10.592 establece un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas, por el cual el Estado provincial se compromete a asegurar los servicios de atención médica,
educativa y de seguridad social a las que se encuentren en imposibilidad de obtenerlos (Conf.. Arts… 1º, 2º y 3º). La norma comprende a los discapacitados neurolocomotores y sensoriales visuales, condición alegada por la amparista. El Art. 6º dispone que el Ministerio de Salud actuará de oficio en el ámbito de su competencia para lograr el cumplimiento de las medidas establecidas en la ley, a cuyo efecto deberá: “otorgar subsidios a discapacitados sin cobertura social con destino a la obtención de elementos de recuperación y rehabilitación
de alta complejidad médica, y de tratamientos médicos especializados que no se realicen en establecimientos estatales.
8º) Que en estas condiciones, las consecuencias del criterio esgrimido por la Provincia de Buenos Aires -en cuanto a que la esclerosis múltiple no es una patología cubierta por la Dirección de Política del Medicamento y por lo tanto la droga prescripta no es provista por las autoridades locales- no pueden redundar en un perjuicio directo a la afectada, pues al privarla de la atención sanitaria que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires le garantiza, se estaría tolerando una desigualdad respecto de otras personas en similar situación pero aquejadas de enfermedades contempladas por el citado organismo en
pugna con las disposiciones constitucionales y legales vigentes. No obstante ello, cabe observar que las constancias del expediente indican que el suministro del fármaco fue realizado finalmente por el Banco de Drogas de Alto Costo, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada.
9º) Que, con respecto a la responsabilidad asignada a la Provincia de Buenos Aires frente a la situación que compromete la vida y la salud de sus habitantes, resulta evidente que las obligaciones emergentes del marco normativo examinado imponen a las autoridades locales el deber dearticular un mecanismo eficaz para encauzar la entrega del medicamento con la urgencia y la continuidad que el caso exige, sin que ello implique desconocer el deber de coordinación con el Estado Nacional -mediante el Ministerio de Salud-, el que debe acudir en forma subsidiaria, de manera de no frustrar los derechos de la amparista.
Esa acción orientada a atender una situación de urgencia y extrema necesidad en orden al tratamiento prescripto, se ajustó a los principios constitucionales aplicables y a las leyes dictadas en su consecuencia, según han sido analizadas anteriormente. Por tal motivo, la interrupción de la entrega de la medicación y la falta de respuesta a la amparista ante el requerimiento de su renovación resultan materia de reproche, pues puso en riesgo grave su derecho a la vida y a la salud.
Por ello, se hace lugar a la acción de amparo deducida contra la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Con costas (Art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese. ANTONIO BOGGIANO – E. RAUL ZAFFARONI. ES COPIA
Nombre del actor: Susana Beatriz Orlando, letrada patrocinante María
Inés Bianco. Nombre del demandado: Provincia de Buenos Aires, letrado apoderado:
Dr. Alejandro Fernández Llanos; Estado Nacional, Ministerio de Salud de
la Nación, letrada apoderada: Dra. Laura Marcela Paillet. Ministerio Público: Doctor Nicolás Eduardo Becerra.
MENOR DISCAPACITADO. EDUCACIÓN. MEDIDA CAUTELAR. ASISTENCIA DE UNA MAESTRA INTEGRADORA: PROCEDENCIA. “C. S. R. y N. J. A. en representación de su hijo menor de edad E. J. A., inician acción de amparo en contra del I.P.S.S.T. y el Superior Gobierno de la Provincia con el objeto de que se ordenen las medidas necesarias tendientes a que su hijo menor, cuente con una maestra integradora para su efectiva integración en una escuela común en el 5° año de Educación General Básica II. Alegan que el menor en cuestión se encuentra discapacitado conforme surge del certificado expedido por la Junta de Clasificación de la Discapacidad de fecha 07/10/02 ya que padece de parálisis cerebral hipotónica, cuya consecuencia es un retardo gnósico – práxico y de lenguaje.”
“Conforme al Art. 35 inc. 5° de la Constitución Provincial, los discapacitados gozan del derecho de que el Estado les brinde la necesaria protección a fin de asegurar su rehabilitación promoviendo su incorporación a las actividades laborales en función de su capacidad, sin discriminación alguna.”
“En su mérito se dicta la ley 6.830 (B.O 02/07/97), por la cual se instituye un Régimen de Protección Integral a favor de las Personas con Discapacidad regulándose los servicios a brindarse a los mismos entre los cuáles se encuentra el de educación, comprensiva ésta de la escolaridad en todos sus niveles, facilitando el ingreso de las personas con discapacidad en las escuelas comunes o establecimientos educacionales especiales, cuando ello sea necesario debido al grado de discapacidad (Art. 4° ap. A) inc. 3°).”
“Igualmente, por su Art. 7° pone a cargo del Ministerio de Educación y Cultura (hoy Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia), la función de orientar y realizar la función educacional en forma coordinada a fin de que los servicios respectivos respondan a los propósitos de la ley, efectuar el control de los servicios educativos y privados pertenecientes a la Provincia para la atención de niños, adolescentes y adultos especiales y formar personal docente y profesional especializado para todos los grados educacionales de los educandos con necesidades especiales, promoviendo los recursos humanos óptimos para la ejecución de los programas de asistencia, docencia o investigación en materia de rehabilitación.”
“Teniendo en cuenta los hechos invocados en el escrito introductorio de la presente acción, el certificado de discapacidad obrante a fs. 03, los informes pedagógico, psiquiátrico y fonoaudiológico referenciados, lo dispuesto por el Art. 35 inc. 5° de la Constitución Provincial y la ley 6.830, entiendo acreditada prima facie la verosimilitud del derecho y la urgencia de la medida, requisitos necesarios para la procedencia de toda medida cautelar, estatuidos por el Art. 226 del C.P.C. y C..”
“En consecuencia, teniendo en cuenta que se encuentra en cabeza del Estado Provincial procurar la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidades, contando con los organismos técnicos de aplicación de la ley 6.830, y que el área pertinente entiende que la Escuela Especial ALPI es la idónea para atender la problemática del menor, la que además cuenta con convenios con escuelas de educación común vecinas, considero ajustado a derecho ordenar cautelarmente que el referido establecimiento (ALPI) inscriba al menor en el 5° año EGB II y le preste todos los servicios necesarios para su adaptación y superación educativa.”
“Igualmente se ordena cautelarmente a la Sub Directora de Educación Especial de la Secretaría de Educación a efectuar los controles y seguimientos pertinentes para lograr el objetivo expresado en el párrafo precedente y permitir así la integración del menor a una escuela común, con la asistencia permanente de una Maestra Integradora.” (Expte. N° 62/04 s. 55 – “R.C. S. y otro c/ I.P.S.S.T. y otro s/ Amparo” – Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán – sala i – 25/03/2005).
Resolución 1074/08
Aumento del Nomenclador de Prestaciones
Artículo 1º — Modifícanse los artículos 1º y 2º de la Resolución Ministerial Nº 219 de fecha 26 de marzo de 2008, a fin de readecuar los aranceles vigentes del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD readecuándose el valor de las prestaciones de Hogar Permanente con Pre-Primaria, Hogar Permanente con Primaria, Hogar Permanente con Formación Laboral, Hogar Lunes a Viernes con Pre-Primaria, Hogar Lunes a Viernes con Primaria, Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral, Hogar Lunes a Viernes con Centro de Educación Terapéutica, Hogar Lunes a Viernes con Centro de Día,
Residencia Lunes a Viernes, Residencia Permanente, Pequeño Hogar Lunes a Viernes, Pequeño hogar Permanente, Centro de Día- Jornada Simple, Centro de Día Jornada Doble, Centro de Educación Terapéutica – Jornada Simple, Centro de Educación Terapéutica- Jornada Doble, Hogar Lunes a Viernes, Hogar Permanente, Hogar Permanente con Centro de Día, Hogar Permanente con Centro de Educación Terapéutica, Escolaridad Pre-Primaria Jornada Simple, Escolaridad Pre-Primaria Jornada Doble, Escolaridad Primaria Jornada Simple, Escolaridad Primaria Jornada Doble, Escolaridad Formación Laboral Jornada Simple, Escolaridad Formación Laboral Jornada Doble, Estimulación Temprana, Prestaciones de Apoyo, Módulo de Apoyo a la Integración Escolar,
Rehabilitación- Módulo Integral Intensivo, Rehabilitación en todas sus modalidades, Alimentación y Transporte en un DOCE POR CIENTO (12%), a partir del 1º de septiembre de 2008 al 30 de noviembre del mismo año y del SIETE COMA DOS POR CIENTO (7,2%) a partir del 1º de diciembre del año 2008 hasta el 31 de agosto de 2009, según se detalla en el ANEXO I y II, que forman parte integrante de la presente.
Art. 3º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. — Maria G. Ocaña.
* Valores expresados en pesos.
Jurisprudencia was last modified: diciembre 26th, 2016 by ralsadmin	Agenda	Intervención educativa en autismo
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 268
 resolución 
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Resolución 

Artículo 1
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