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Timestamp: 2019-08-21 02:56:56+00:00

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Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:261 (IX Legislatura)
Proyecto de ley de los Derechos y la Atención
Artículo 6. Garantía del derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación.
Artículo 7. Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades.
Artículo 8. Medidas de acción positiva en beneficio de personas en especial situación de vulnerabilidad.
Artículo 9. Mujeres y niñas con discapacidad.
Artículo 10. Plan de Acción Integral para mujeres con discapacidad de Aragón.
Artículo 11. Atención integral.
Artículo 12. Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Aragón.
TÍTULO II. De la salud.
Artículo 13. Protección del derecho a la salud.
Artículo 14. Medidas del sistema sanitario público de Aragón.
TÍTULO III. De la educación.
Artículo 15. Protección del derecho a la educación.
Artículo 16. Medidas del sistema educativo público de Aragón.
Artículo 17. Estrategia para la educación inclusiva en Aragón.
Artículo 18. Orientación en las etapas educativas postobligatorias.
Artículo 19. Medidas en el ámbito de la educación universitaria.
TÍTULO IV. De la formación y el empleo.
Artículo 20. Protección del derecho al trabajo.
Artículo 21. Políticas de formación profesional para el empleo.
Artículo 22. Políticas de empleo.
Artículo 23. Plan de empleo de las personas con discapacidad.
Artículo 24. Medidas de acción positiva en el ámbito de la formación y el empleo.
Artículo 25. Salud y seguridad laboral.
Artículo 26. Empleo público.
Artículo 27. Formación de empleados públicos.
TÍTULO V. De los servicios sociales.
Artículo 28. Derecho a la protección social.
Artículo 29. Criterios de actuación.
Artículo 30. Prestaciones del sistema público de servicios sociales de Aragón.
Artículo 31. Calificación y reconocimiento de la condición de discapacidad.
Artículo 32. Centros de valoración y orientación de personas con discapacidad.
Artículo 33. Atención en supuestos de penas de privación de libertad.
Artículo 34. Asistencia personal.
Artículo 35. Viviendas para la promoción de la autonomía personal.
Artículo 36. Infancia y juventud con discapacidad.
TÍTULO VI. De la cultura, turismo, deporte y otras actividades de ocio.
Artículo 37. Protección del derecho a la cultura, turismo, deporte y otras actividades de ocio.
Artículo 38. Inclusión y atención especial.
TÍTULO VII. De la autonomía personal y de la accesibilidad universal para todas las personas.
Artículo 40. Protección del derecho a la autonomía personal y la accesibilidad universal para todas las personas.
Artículo 41. Condiciones de accesibilidad y no discriminación autonómicas.
Artículo 42. Espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Artículo 43.Espacios naturales.
Artículo 44. Instalaciones temporales de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Artículo 45. Medios de transporte público.
Artículo 46. Acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público.
Artículo 47. Relaciones con las Administraciones Públicas de Aragón.
Artículo 48. Perros de asistencia.
Artículo 49. Planes de accesibilidad.
Artículo 50. Uso preferente de alojamientos y espacios accesibles.
Artículo 51. Uso reservado de las plazas de estacionamiento accesibles.
Artículo 52. Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
Artículo 53. Viviendas reservadas.
Artículo 54. Ayudas públicas a la adaptación de las zonas comunitarias y del interior de las viviendas.
TÍTULO VIII. De las tecnologías y la investigación.
Artículo 55. Tecnologías de la información y la comunicación.
Artículo 56. Investigación y redes del conocimiento.
TITULO IX. Protección jurídica de las personas con discapacidad.
Artículo 57. Autonomía en la toma de decisiones.
Artículo 58. Interés personal.
Artículo 59. Apoyo en el proceso de toma de decisiones.
Artículo 60. Derechos y garantías de las personas con discapacidad usuarias de centros residenciales y centros de día.
Artículo 61. Especial protección de las personas con discapacidad en su condición de consumidoras.
TÍTULO X. De los medios de comunicación social y la publicidad.
Artículo 62. Medios de comunicación social.
Artículo 63. Accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual.
Artículo 64. Intervención en caso de publicidad discriminatoria.
TÍTULO XI. De la Gobernanza en materia de personas con discapacidad.
CAPÍTULO I. De la planificación y actuaciones públicas
Artículo 65. Plan de acción integral para las personas con discapacidad en Aragón.
Artículo 66. Medidas de atención a mujeres con discapacidad.
Artículo 67. Medios.
Artículo 68. Sistemas de gestión y calidad.
Artículo 69. Estudios y estadísticas.
Artículo 70. Contratación pública.
Artículo 71. Fomento de la accesibilidad.
Artículo 72. Toma de conciencia social.
Artículo 73. Participación social.
Artículo 74. Colaboración con la iniciativa social.
TÍTULO XII. Del régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Artículo 75. Potestad sancionadora y régimen jurídico.
Artículo 76. Órganos competentes y procedimiento.
Artículo 79. Prescripción de las infracciones
Artículo 80. Prescripción de sanciones.
Artículo 81. Requerimientos entre Administraciones Públicas.
Disposición adicional segunda. Constitución de la Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Aragón.
Disposición adicional tercera. Planificación.
Disposición adicional cuarta. Lengua de signos española y medios de apoyo a la comunicación oral.
Esta Ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Aragón obedece a la necesaria adecuación de la normativa autonómica a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha sido ratificada el 3 de diciembre de 2007 por España y entró en vigor el 3 de mayo de 2008.
La Convención ha modificado el paradigma en las políticas sobre discapacidad, pasando de un planteamiento meramente asistencial al de garantía de derechos. La Convención considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, y los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. De acuerdo con ello, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad derechos específicos respecto de los que son sujetos activos y reorienta las actuaciones públicas, desde un modelo biosanitario y rehabilitador, centrado en la enfermedad o en las deficiencias, a un modelo social, basado en las capacidades y en la interacción con el entorno.
La ley da prioridad a las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades para todas las personas, según sus capacidades, no sólo en el ámbito del empleo público, sino en todos los perfiles de ocupación.
La especificidad de las mujeres en el ámbito de la discapacidad y la dependencia y entre las personas cuidadoras, justifica la adopción de políticas públicas dirigidas a reducir las desigualdades asociadas al sexo y la discapacidad.
La atención específica a las personas con discapacidad por parte de los poderes públicos es una obligación que se recoge en las principales normas de nuestro ordenamiento jurídico. Así, la Constitución española, en su artículo 49, en concordancia con los artículos 9 y 14, establece el mandato de procurar su integración y eliminar los obstáculos que impidan su participación social y su igualdad de derechos ante la Ley. Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Aragón, en sus artículos 20, 23 y de forma especial el 25 recoge la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad como parte de los objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma y prohíbe expresamente la discriminación por motivos de discapacidad.
Por su parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad ha regulado las condiciones que garantizan el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad, poniendo de relieve la necesidad de una normativa propia en materia de derechos humanos y discapacidad; subrayando la necesidad del respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad esencial de la condición humana; proclamando su autonomía e independencia individual así como su derecho a decidir por sí mismas, y destacando la necesidad de actuar sobre los diferentes entornos a través del principio de accesibilidad universal.
De este modo, tras la ratificación por España de la citada Convención, se promulgó la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha incidido especialmente en la modificación de legislación antidiscriminatoria en materia de discapacidad y, asimismo, por mandato de la citada Ley se ha aprobado el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que refunde y armoniza las normas estatales destinadas a la atención social y la no discriminación de las personas con discapacidad.
La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón establece en su artículo 71. 34ª que es competencia autonómica la acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial.
En nuestra Comunidad Autónoma, en ejercicio de la competencia sobre acción social se aprobó la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que regula los servicios para las personas con discapacidad en Aragón y, estableció el marco básico de actuación de las políticas públicas aragonesas dirigidas a la población con discapacidad. Sin embargo, era necesaria la publicación de una norma que previera las acciones públicas dirigidas a las personas con discapacidad desde una perspectiva transversal, recogiendo medidas en el ámbito sanitario, de acuerdo con los artículos 71.52ª y 71.55ª del Estatuto de Autonomía, laboral (artículo 77.2ª), educativo (artículo 73) de servicios sociales, de cultura (artículo 73.43ª) y deporte (artículo 73.52ª) así como en lo referente a la accesibilidad urbanística, arquitectónica (artículo 73.9ª) del transporte (artículo 73.15ª) y la comunicación. (Artículo 74)
La presente Ley se estructura en doce títulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El título I se dedica a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, recogiendo la obligación de las Administraciones Públicas de Aragón de adoptar medidas contra la discriminación, de acción positiva, de igualdad de oportunidades y de fomento y defensa de las personas con discapacidad, de acuerdo con el marco normativo estatal, y prescribiendo asimismo la necesidad de adoptar medidas adicionales en el caso de las personas en especial situación de vulnerabilidad por razón de la edad, pluridiscapacidad, situación de dependencia, necesidad o exclusión social, de estigma social, de mayores necesidades de apoyo para el ejercicio de la autonomía o para la toma libre de decisiones, o la residencia en zonas rurales.
El título III recoge el mandato de velar por el derecho a una educación inclusiva y se prevén las medidas a adoptar por el sistema educativo público en relación con el alumnado con necesidades educativas especiales. En el ámbito universitario se recoge la obligación de elaborar un censo del alumnado con discapacidad, así como un Plan especial de accesibilidad para adaptar los entornos existentes físicos y de la comunicación.
El título IV, relativo a la formación y el empleo, prevé entre otras actuaciones la aprobación de un Plan de empleabilidad para corregir la desigualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso al mercado laboral.
En el título VI se hace mención a la necesidad de velar por el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar de bienes y servicios accesibles en el ámbito de la cultura, el turismo, deporte y otras actividades de ocio.
En el título VII se obliga a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a aprobar las condiciones de accesibilidad y no discriminación a los diferentes entornos físicos y de la información y comunicación, bienes, productos y servicios que permitan su uso por el mayor número de personas posible con independencia de cuáles sean sus capacidades funcionales y garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Concretamente, se hace mención a la posibilidad, en casos excepcionales, de ocupar espacios de dominio público para posibilitar el acceso a las edificaciones, y como novedad, entre otras, se obliga a regular las relaciones con las Administraciones Públicas de Aragón y el uso de perros de asistencia. Por otra parte, se regulan medidas de acción positiva respecto a los alojamientos y espacios accesibles en espectáculos públicos y las condiciones sobre su precio, y se concreta el derecho a las tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
En el título XI, destinado a la gobernanza, se incluyen en el Capítulo I los instrumentos de gestión pública para garantizar la transversalidad y coordinación de las iniciativas públicas en materia de personas con discapacidad, tales como el Plan de acción integral para las personas con discapacidad en Aragón. Por otra parte, en materia de contratación administrativa se establece la obligación de acreditar el cumplimiento de la obligación de la reserva de empleo para personas con discapacidad o de la adopción de las medidas alternativas correspondientes, al mismo tiempo que se prevé que mediante Decreto se regule la reserva, a favor de centros especiales de empleo, de un 6% del importe total anual de la contratación destinada a las actividades que se determinen.
La ley concluye con cuatro disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.
a) Promover los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, incidiendo especialmente en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y fomentando la capacitación y el empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad.
b) Impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible que permita a hombres y mujeres con discapacidad el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.
1. En el marco de la normativa básica estatal, la ley será de aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón a las personas con discapacidad, a sus familias y representantes legales y, asimismo, en cumplimiento de las acciones de prevención previstas en la misma, a las personas con riesgo de padecer discapacidad, en los términos y condiciones que establezca su normativa de desarrollo. También se aplicará a personas jurídicas en el marco de sus relaciones con las personas físicas con discapacidad.
3. Las personas extranjeras con discapacidad accederán a los servicios, prestaciones y demás beneficios de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración y la Ley de Servicios Sociales de Aragón.
Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, para acceder a los distintos servicios, prestaciones y demás beneficios regulados en esta ley se deberán cumplir los requisitos específicos que en cada caso se establezcan por la normativa aplicable.
A efectos de esta Ley, conforme a lo establecido en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se entiende por:
b) Dependencia: el estado permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
c) Igualdad de oportunidades: la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva.
d) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.
e) Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien, un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
f) Discriminación por asociación: existe cuando una persona o grupo en que se integra, es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.
g) Acoso: es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
h) Medidas de acción positiva: son aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.
i) Atención Integral: Los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal y lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social y su inclusión y participación plena en todos los ámbitos de la vida.
j) Inclusión social: el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.
k) Atención temprana: el conjunto de actuaciones en materia sanitaria, educativa y social, que tiene por objeto dar respuesta a las necesidades que presenta la población infantil menor de seis años con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, así como la intervención sobre su familia y entorno, potenciando sus capacidades y mejorando su calidad de vida, considerando su globalidad.
l) Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
m) Accesibilidad cognitiva. Designa la propiedad que tienen aquellos entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan de fácil comprensión o entendimiento sencillos para las personas con discapacidad intelectual.
n) Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.
ñ) Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.
p) Perros de asistencia: aquellos que han sido adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de personas con discapacidad.
q) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad
r) Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
s) Apoyos complementarios: es aquella condición básica de accesibilidad y no discriminación que incluye ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales así como otras formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyo a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.
t) Normalización: es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
Artículo 4.— Fines.
b) Promover la participación activa de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos. Fomentar la visibilidad, capacitación, empoderamiento y liderazgo de las personas con discapacidad.
c) Prevenir situaciones de discapacidad y dependencia y propiciar la calidad de vida, la autodeterminación y la vida independiente en la comunidad para las personas con discapacidad.
d) Promover condiciones de vida dignas para las personas con discapacidad mediante la atención integral de sus necesidades.
e) Fomentar el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas con discapacidad, con garantía del desarrollo de sus potencialidades, respeto a su diversidad y participando en la toma de decisiones, con el objeto de que ejerzan plenamente los derechos que como menores tienen.
f) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.
g) Ofrecer apoyo, información y formación a las personas cuidadoras y las familias.
h) Promover el valor de la accesibilidad universal como factor de calidad de vida en la sociedad aragonesa.
i) Promover un aprendizaje inclusivo y reducir las desigualdades en salud de las personas con discapacidad.
j) Preservar los derechos de las personas con discapacidad víctimas de violencia, con especial atención a las situaciones de violencia de género o violencia sexual y a las personas con necesidades de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.
k) Mejorar la información y el conocimiento sobre la discapacidad en Aragón y transmitir una imagen real y positiva de la discapacidad a fin de evitar la estigmatización social de las personas con discapacidad.
l) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género y garantizar acciones positivas que contribuyan a compensar las desigualdades de género que se suman a las que devienen por razón de discapacidad.
m) Promover el respeto a la imagen de las personas con discapacidad, preservar su privacidad, la no utilización o reproducción de su imagen sin las garantías jurídicas adecuadas.
n) Prevenir la discriminación en el acceso al empleo, incorporando actuaciones que faciliten la inclusión e integración transversal de la igualdad de oportunidades en el diseño, implantación y evaluación de las políticas públicas de empleo.
Artículo 5.— Principios de actuación.
Las Administraciones Públicas de Aragón, en el establecimiento de las políticas públicas dirigidas a la población con discapacidad, tendrán en consideración los principios de actuación relacionados en el artículo 3 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Artículo 6.— Garantía del derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación.
Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, las Administraciones Públicas de Aragón, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas contra la discriminación, de acción positiva, de igualdad de oportunidades y de fomento y defensa de las personas con discapacidad.
Artículo 7.— Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades.
Artículo 8.— Medidas de acción positiva en beneficio de personas en especial situación de vulnerabilidad.
Se adoptarán medidas de acción positiva adicionales en los ámbitos en los que se evidencie un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple o una situación de mayor desigualdad por razón de la edad, sexo, pluridiscapacidad, situación de dependencia, necesidad o exclusión social, de estigma social, de mayores necesidades de apoyo para el ejercicio de la autonomía o para la toma libre de decisiones, o la residencia en el medio rural.
Artículo 9.— Mujeres y niñas con discapacidad.
1. Las Administraciones Públicas Aragonesas tendrán en consideración las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad en todas sus actuaciones a fin de asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos y libertades fundamentales.
2. Las políticas y programas de prevención y atención de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia contra la mujer recogerán medidas específicas dirigidas a las mujeres y niñas con discapacidad que serán acordes a su situación de especial vulnerabilidad frente a la violencia que comprenderán al menos las siguientes:
d) Recoger estadísticamente datos relativos a la violencia contra mujeres con discapacidad y sobre los hijos e hijas nacidos con discapacidad o trastornos en el desarrollo como consecuencia de la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo.
Artículo 10.— Plan de Acción Integral para mujeres con discapacidad de Aragón.
El Plan de Acción Integral para mujeres con discapacidad de Aragón es el instrumento del Gobierno de Aragón para coordinar las políticas y medidas recogidas en esta Ley dirigidas a solventar las necesidades de mujeres y niñas con discapacidad en todas sus actuaciones.
Artículo 11.— Atención integral.
1. Se entiende por atención integral los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social y su inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, así como la obtención de un empleo adecuado.
Artículo 12.— Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Aragón.
3. La Junta arbitral estará integrada por una presidencia, una secretaría y dos vocales. Las personas titulares de dichos cargos serán nombradas, por un período de cuatro años.
4. Las personas que ostenten la Presidencia y Secretaría serán nombradas entre personal funcionario, siendo preciso que posean la licenciatura en Derecho o grado equivalente. Los vocales serán nombrados a propuesta de la organización representativa de personas con distintos tipos de discapacidad con mayor implantación en el ámbito aragonés.
Artículo 13.— Protección del derecho a la salud.
1. Las Administraciones Públicas de Aragón para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad establecerán programas y actuaciones específicas para promover su nivel más alto posible de salud y bienestar, prevenir situaciones de discapacidad o su agravamiento.
Artículo 14.— Medidas del sistema sanitario público de Aragón.
El sistema sanitario público de Aragón, además de las medidas previstas en las normas sanitarias vigentes, impulsará las siguientes medidas en relación a las personas con discapacidad:
a) Realizar los ajustes razonables necesarios en los programas de salud pública y de atención sanitaria para tener en cuenta las necesidades individuales de las personas con discapacidad.
e) Garantizar que la información y el consentimiento en el ámbito sanitario resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad de acuerdo con el principio del diseño universal, adaptación a la lectura fácil y comprensible. En caso necesario, se ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes a las personas con discapacidad que así lo requieran.
f) Incluir la accesibilidad y el diseño universal entre los estándares o criterios a tener en cuenta en la evaluación de calidad de los centros, actividades y servicios sanitarios públicos de Aragón.
g) Apoyar a las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a personas con discapacidad que desarrollen programas de ayuda mutua, prevención y promoción de la salud, dirigidos a personas con discapacidad o a sus familias.
h) Desarrollar actuaciones informativas y educativas específicas dirigidas a las personas con discapacidad, con el fin de mejorar sus competencias en la toma de decisiones sobre los aspectos de su vida relacionados con la salud.
j) Salud bucodental, promoviendo un Plan especial destinado a las personas menores de edad con discapacidad.
l) Realizar los ajustes necesarios en la gestión sanitaria, recursos de información y emergencias que faciliten la accesibilidad al sistema sanitario de las personas con discapacidad con especiales dificultades sociales.
m) Promover la investigación en el ámbito de las enfermedades raras o de baja incidencia en la población.
Artículo 15.— Protección del derecho a la educación.
1. En el marco del Sistema Educativo de Aragón, las Administraciones Públicas de Aragón promoverán el acceso de las personas con discapacidad a una educación inclusiva permanente gratuita y de calidad que les permita su desarrollo personal y social en igualdad de condiciones con las demás.
2. Los centros docentes aplicarán el principio de no discriminación, potenciando la inclusión y el acceso a servicios y actividades de todo el alumnado y resto de miembros de la comunidad educativa que no podrán denegar el acceso a servicios y actividades que sean susceptibles de ajustes razonables, por motivo de discapacidad, al alumnado o demás miembros de la comunidad educativa.
3. Las administraciones públicas garantizarán que el acceso de las personas con discapacidad a los centros docentes sostenidos con fondos públicos se realice en las mismas condiciones que para el resto del alumnado.
Artículo 16.— Medidas del sistema educativo público de Aragón.
El sistema educativo público de Aragón garantizará la atención del alumnado que presente necesidades educativas asociadas a su discapacidad, a través de:
b) La dotación de los medios, apoyos y recursos acordes a sus necesidades personales que permitan su acceso y permanencia en el sistema educativo. Se tendrá en cuenta la perspectiva de género y del alumnado con mayores necesidades de apoyo.
c) La distribución equilibrada del alumnado entre los centros docentes de acuerdo con las dotaciones específicas y, en su caso, la especialización de los mismos en función de los diversos tipos de discapacidad, de manera que se permita su adecuada atención educativa y su inclusión social”.
d) La atención individualizada del alumnado se realizará con carácter general en los centros educativos, y de manera justificada, en los espacios que se consideren necesarios y estén regulados.
e) La colaboración con las entidades representativas del alumnado con discapacidad para el desarrollo de programas de atención educativa y extraescolares.
g) El fomento de actuaciones de concienciación que potencien una imagen positiva de las personas con discapacidad de acuerdo con los principios de normalización e inclusión.
h) La adecuada información y orientación a las familias a lo largo del proceso educativo de sus hijas/os
i) Aplicación de protocolos de actuación coordinada de los sistemas públicos de salud, educación y servicios sociales.
Artículo 17.— Estrategia para la educación inclusiva en Aragón.
1. El departamento competente en materia de educación elaborará una estrategia para la educación inclusiva en Aragón como instrumento para coordinar las políticas y medidas dirigidas a conseguir la inclusión en el ámbito educativo.
2. El departamento competente en materia de educación incluirá en sus estadísticas e indicadores de evaluación al alumnado con discapacidad.
Artículo 18.— Orientación en las etapas educativas postobligatorias.
Las personas con discapacidad que, habiendo agotado el tiempo máximo de permanencia en el período de educación básica y obligatoria, no puedan continuar su formación dentro del sistema educativo recibirán orientación sobre las distintas posibilidades de formación y de inserción sociolaboral, incluidas prácticas en empresas, por parte de los servicios de las distintas administraciones con competencias en los ámbitos social, educativo y laboral.
Artículo 19.— Medidas en el ámbito de la educación universitaria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente en materia universitaria y el artículo 20.c) del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las universidades aragonesas llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
a) Deberán disponer de un censo del alumnado universitario con discapacidad en el que se incluirán datos sobre edad, sexo, tipo y grado de discapacidad, en su caso, título que se cursa y los apoyos requeridos.
b) Elaborarán un plan especial de accesibilidad con la finalidad de eliminar barreras físicas y de la información y la comunicación en los diferentes entornos universitarios tales como edificios, instalaciones y dependencias, incluidos también los espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de información de acuerdo con las condiciones y plazos establecidos en la normativa de accesibilidad universal.
c) Realizarán las adaptaciones o ajustes razonables de las materias cuando, por sus necesidades educativas especiales, un alumno o alumna así lo solicite, siempre que tales adaptaciones o ajustes no les impida alcanzar un desarrollo suficiente de los objetivos previstos para los estudios de que se trate. Para ello, las Universidades habilitarán el correspondiente procedimiento
d) Contar con la correspondiente unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad a través del cual se proporcionará la atención directa que requieran los alumnos y alumnas con discapacidad y se coordinarán los diferentes planes de accesibilidad, formación, voluntariado desarrollados a fin de atender las necesidades específicas de este alumnado.
Artículo 20.— Protección del derecho al trabajo.
Las Administraciones Públicas de Aragón, en el ámbito de sus competencias, velarán por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad en el empleo, en la formación y promoción profesionales y en las condiciones de trabajo y salud laborales y en las condiciones de seguridad. A tales efectos, llevarán a cabo políticas de formación profesional y empleo, y adoptarán medidas de acción positiva destinadas a impulsar su acceso y permanencia en el mercado laboral. Estas medidas tendrán en cuenta la situación específica de las mujeres.
Artículo 21.— Políticas de formación profesional para el empleo.
1. En el diseño de la oferta general de formación el Departamento competente en materia de formación profesional para el empleo tendrá en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. A tales efectos, se establecerán procedimientos de colaboración y consulta con las entidades representantes de las personas con discapacidad.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se podrán aprobar planes específicos de formación profesional para el empleo destinados a personas con discapacidad entre cuyas actuaciones se incluirán acciones de formación, prácticas profesionales no laborales en empresas o acciones de acompañamiento y apoyo a la inserción.
Podrán desarrollar las acciones formativas de estos planes específicos las entidades sin ánimo de lucro, las Administraciones locales y otras instituciones o empresas públicas que tengan entre sus fines la formación o inserción profesional de los colectivos a los que se dirijan dichos planes.
Artículo 22.— Políticas de empleo.
1. El Instituto Aragonés de Empleo llevará a cabo las actuaciones sobre orientación y colocación de personas con discapacidad demandantes de empleo.
2. Igualmente, el Instituto Aragonés de Empleo gestionará las ayudas a la generación de empleo previstas en los artículos 38 y 39 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
3. El Departamento competente en materia de empleo impulsará las acciones necesarias para facilitar el cumplimiento y la implantación de la cuota de reserva de los puestos de trabajo para personas con discapacidad por parte de las empresas y de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 23.— Plan de empleo de las personas con discapacidad.
2. Las medidas recogidas en el Plan incluirán objetivos sobre el empleo ordinario público y privado, empleo con apoyo, empleo protegido en centros especiales de empleo y enclaves laborales, formación para el empleo, y empleo autónomo. Todos estos objetivos tendrán presente la diferente situación de hombres y mujeres con discapacidad e incluirán medidas para las personas con mayores dificultades de inserción laboral, así como una memoria económica para su implementación. El Plan tendrá la periodicidad que se determine en el mismo, si bien deberá ser sometido a revisión, al menos cada cuatro años, sin perjuicio de su posible prórroga.
Artículo 24.— Medidas de acción positiva en el ámbito de la formación y el empleo.
3. Se promoverá específicamente la colaboración con entidades de personas con discapacidad, sin ánimo de lucro, para la realización de actividades formativas al objeto de posibilitar la plena integración de las personas con discapacidad.
Artículo 25.— Salud y seguridad laboral.
Artículo 26.— Empleo público.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al ocho por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 2, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus entidades instrumentales.
2. La reserva del mínimo del ocho por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33. Asimismo, en caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 8%.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad, ya sean de carácter estructural, en cuanto afecten a las instalaciones, dependencias o equipamientos, como de carácter organizativo, en cuanto afecten a las pautas de trabajo o asignación de funciones.
Artículo 27.— Formación de empleados públicos.
1. El departamento competente en materia de administración pública, a través del Instituto Aragonés de Administración Pública, fomentará la formación integral de los empleados públicos que trabajan con personas con discapacidad para atender adecuadamente los diversos servicios que requieren.
Artículo 28.— Derecho a la protección social.
Las Administraciones Públicas de Aragón competentes en las prestaciones incluidas en el Sistema Público de Servicios Sociales velarán por el derecho de las personas con discapacidad a acceder a servicios y prestaciones para la atención de sus necesidades personales y el desarrollo de su personalidad e inclusión en la comunidad, incrementando así su calidad de vida y bienestar social. Las medidas dirigidas a combatir la exclusión social incluirán la discapacidad entre los factores a considerar para su concesión.
Artículo 29.— Criterios de actuación.
g) La prevención y detección de las diferentes situaciones de abuso y maltrato.
i) La consideración preferente de los servicios, dispositivos o recursos gestionados por las propias personas con discapacidad o por sus organizaciones representativas
ñ) La coordinación con los servicios públicos de salud, de educación, de empleo, de formación, de vivienda, de la administración de justicia y de aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales en áreas concretas de la intervención social.
Artículo 30.— Prestaciones del sistema público de servicios sociales de Aragón.
1. El Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón, conforme establece la Ley 5/2009 de 30 de junio de Servicios Sociales de Aragón, desarrollará las prestaciones de servicios sociales recogidas en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, así como aquellas otras prestaciones complementarias que pudieran establecerse para mejorar las mismas o atender situaciones de necesidad no cubiertas por éstas.
2. Específicamente, se apoyará la financiación de los gastos derivados de la adquisición de ayudas técnicas, asistencia en centros, ayudas a la movilidad y a la comunicación, así como aquellas otras que favorezcan la inclusión social de las personas con discapacidad.
Artículo 31.— Calificación y reconocimiento de la condición de discapacidad.
1. La calificación y reconocimiento de la condición de discapacidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios aprobados por la legislación estatal.
2. La competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad corresponderá al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Artículo 32.— Centros de valoración y orientación de personas con discapacidad.
1. Los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad, adscritos al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, se configuran como la estructura física y funcional de carácter público destinada a la atención de las personas con discapacidad
Artículo 33.— Atención en supuestos de penas de privación de libertad.
El Gobierno de Aragón colaborará en la atención a las personas con discapacidad que se vean obligadas a ser privadas de libertad, como medida de seguridad por decisión judicial en centros penitenciarios, promoviendo programas sociales que posibiliten a los juzgados y tribunales adoptarlos como medidas sustitutivas.
Artículo 34.— Asistencia personal.
Artículo 35.— Viviendas para la promoción de la autonomía personal.
El departamento competente en materia de servicios sociales promoverá la prestación de un servicio de unidades de alojamiento y convivencia en viviendas normalizadas tales como las viviendas tuteladas, de alojamiento de personas con y sin discapacidad o de otro tipo de apoyo a la vida independiente que tendrá por objetivo fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad, así como favorecer su inclusión social.
Artículo 36.— Infancia y juventud con discapacidad.
2. Los programas y actuaciones de transición a la vida adulta en los que participen jóvenes con discapacidad, que hayan sido objeto de medidas de protección de menores, incluirán apoyos y ajustes dirigidos a promocionar su autonomía personal.
De la cultura, turismo, deporte y otras actividades de ocio
Artículo 37.— Protección del derecho a la cultura, turismo, deporte y otras actividades de ocio.
Artículo 38.— Inclusión y atención especial.
Artículo 39.— Medidas de fomento.
1. Las Administraciones Públicas de Aragón establecerán los cauces normativos y las medidas de fomento y las ayudas adecuadas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las actividades de ocio, culturales y deportivas, tanto las desarrolladas por iniciativa pública como privada.
2. Asimismo, las Administraciones Públicas de Aragón prestarán especial atención a la incorporación de las nuevas tecnologías a las ofertas de cultura, turismo y deporte que permitan y mejoren el uso y disfrute de estos recursos a este colectivo.
De la autonomía personal y de la accesibilidad universal
Artículo 40.— Protección del derecho a la autonomía personal y la accesibilidad universal para todas las personas.
1. Las Administraciones Públicas de Aragón promoverán el derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida autónoma y participar plenamente en todos los ámbitos sociales a través de la adopción de medidas de accesibilidad universal. En el diseño para todas las personas se tendrá en cuenta a todas las personas con capacidades o funcionalidades diferentes a las de la mayoría.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se llevará a cabo de acuerdo con el marco de actuación previsto en este Título, en el Capítulo V del Título I del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y en la normativa reglamentaria en materia de accesibilidad universal.
Artículo 41.— Condiciones de accesibilidad y no discriminación autonómicas.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón regulará, sin perjuicio de las condiciones básicas estatales, las condiciones de accesibilidad y no discriminación a los diferentes entornos físicos y de la información y comunicación, bienes, productos y servicios que permitan su uso por el mayor número de personas posible con independencia de cuáles sean sus capacidades funcionales y garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Artículo 42.— Espacios públicos urbanizados y edificaciones.
1. La planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás espacios públicos urbanizados, incluidos aquellos de titularidad privada pero destinados a un uso público, así como las edificaciones de uso público y privado deberán cumplir las condiciones de accesibilidad universal y diseño para todas las personas que se regulen en la normativa aplicable.
2. El cumplimiento de las condiciones de accesibilidad será exigible para el visado y supervisión de los proyectos y documentos técnicos, para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos y documentos técnicos, para la concesión de las preceptivas licencias de edificación y uso del suelo y para el otorgamiento de cualquier concesión, calificación, o autorización administrativa.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, en las memorias de los proyectos o documentos técnicos que hayan de presentarse para la obtención de licencias, calificaciones, concesiones y autorizaciones administrativas, se justificará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
4. Excepcionalmente, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento que se determine, cuando sea imposible el total cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, podrán aprobarse los proyectos o documentos técnicos correspondientes y otorgarse las licencias o autorizaciones pertinentes, siempre que quede debidamente justificado en el proyecto y motivado en los informes y resoluciones pertinentes tal imposibilidad.
5. No obstante, lo anterior, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no eximirá del cumplimiento del resto de las prescripciones establecidas y, en cualquier caso, cuando resulte inviable el cumplimiento estricto de determinadas prescripciones se mejorarán las condiciones de accesibilidad existentes y se ofrecerán soluciones alternativas a las estipuladas en las mismas, incluidas, en su caso, ayudas técnicas.
6. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, será posible la ocupación, mediante la autorización correspondiente, de las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores, rampas u otros elementos, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución para garantizar el acceso a personas con problemas de movilidad reducida y siempre que asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos del dominio público.
A tales efectos, los instrumentos de ordenación urbanística, o, en su defecto, las ordenanzas municipales de edificación o urbanización, garantizarán la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas superficies no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación aplicable, consiga la misma finalidad.
Artículo 43.— Espacios naturales.
El diseño de los equipamientos de uso público de los espacios naturales y, en general, en el medio natural, deberá reunir las condiciones de accesibilidad que se determinen reglamentariamente de forma que se promueva su uso y disfrute por personas con discapacidad. Igualmente, se procurará atender al principio de diseño universal o diseño para todas las personas.
Artículo 44.— Instalaciones temporales de espectáculos públicos, actividades recreativas y en general de cualquier otra actividad de carácter cultural o social.
Artículo 45.— Medios de transporte público.
1. Los transportes públicos de personas viajeras cuya competencia corresponda a las administraciones autonómicas y local de Aragón habrán de cumplir las condiciones de accesibilidad en los términos y plazos establecidos en la normativa aplicable y deberán ser fácilmente identificables.
Artículo 46.— Acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público.
2. Si no es posible cumplir lo dispuesto en el apartado anterior, la persona física o jurídica que realice una actividad de venta al público a través de dichas máquinas deberá contar con medios alternativos, materiales o humanos que sustituyan a las máquinas o sirvan de ayuda para su correcta utilización de modo que se garantice la plena igualdad de las personas con discapacidad.
3. Las instalaciones en las que se pongan a la venta, a través de máquinas expendedoras o suministradoras automáticas, bienes que por sus peculiares características puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y en particular combustibles y carburantes, deberán contar, en todo caso, con personal debidamente cualificado que asista a las personas con discapacidad
Artículo 47.— Relaciones con las Administraciones Públicas de Aragón.
1. Las oficinas de atención a la ciudadanía de las Administraciones Públicas de Aragón observarán las exigencias de accesibilidad universal que permitan a las personas con discapacidad acceder a sus servicios en igualdad de condiciones con el resto de la población. De acuerdo con ello, por vía reglamentaria se desarrollarán las exigencias técnicas de accesibilidad arquitectónica y en la prestación de servicios de información y comunicación y administración electrónica.
2. Los procesos electorales y consultas populares cuya gestión dependa de las Administraciones Públicas aragonesas deberán ser accesibles a las personas con discapacidad en los términos que se desarrollen reglamentariamente
Artículo 48.— Perros de asistencia.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverá la utilización de perros de asistencia para facilitar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad que requieran este tipo de apoyo, garantizando que se permita su libre acceso, en la forma que se determine, a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso público sin que ello conlleve gasto adicional alguno para dichas personas.
Artículo 49.— Planes de accesibilidad.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las Administraciones locales deberán aprobar, en las condiciones y plazos que se determinen en la normativa aplicable, planes de accesibilidad para adecuar los entornos, susceptibles de ajustes razonables, a las exigencias normativas de accesibilidad. Los planes de accesibilidad deberán ser revisados y actualizados, en su caso, cada cinco años.
Artículo 50.— Uso preferente de alojamientos y espacios accesibles.
1. Los establecimientos de uso residencial público deberán disponer de alojamientos accesibles que reúnan las condiciones adecuadas para un uso preferente por personas con discapacidad en el número y condiciones que se establezca reglamentariamente. Su ubicación no supondrá un trato discriminatorio para las personas con discapacidad y, si estos alojamientos se emplazaran sólo en las zonas de mayor precio, las personas con discapacidad tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica.
2. Los espacios con asientos fijos para el público, tales como salones de actos, auditorios, cines u otros espectáculos públicos, dispondrán de plazas reservadas para el uso preferente de personas con discapacidad y sus acompañantes en el número y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Su ubicación no supondrá un trato discriminatorio para las personas con discapacidad y, si se emplazan sólo en las zonas de mayor precio, las personas con discapacidad tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica.
Artículo 51.— Uso reservado de las plazas de estacionamiento accesibles.
1. En las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías o espacios públicos, y edificaciones de uso público, se reservará un porcentaje de plazas para los vehículos en los que se desplacen personas con discapacidad y movilidad reducida, que será determinado reglamentariamente.
2. Los Ayuntamientos facilitarán la reserva de plazas de aparcamiento junto al centro de trabajo o domicilio de las personas con discapacidad y movilidad reducida. Mediante Ordenanza se regularán las condiciones y procedimiento de concesión de estas plazas. En su caso, la resolución negativa de la petición de reserva tendrá que ser debidamente motivada.
Artículo 52.— Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
1. Para facilitar los traslados, haciendo uso de los estacionamientos reservados y disfrutando de los demás derechos sobre circulación que les sean aplicables, podrán obtener la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida:
2.º Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los Equipos de Valoración y Orientación adscritos al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
3. La policía local controlará el uso adecuado de la tarjeta de estacionamiento, cuyo uso indebido, con independencia de la sanción que sea aplicable según la normativa de tráfico, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el Título XII.
Artículo 53.— Viviendas reservadas.
1. A fin de garantizar a las personas con discapacidad el acceso a una vivienda, en los proyectos de viviendas protegidas, o que conforme a la normativa de aplicación puedan construirse sobre suelos destinados a vivienda protegida, así como de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan, financien o subvencionen por las Administraciones Públicas y demás entidades vinculadas o dependientes de éstas, se reservará un mínimo del 4% de viviendas de las promociones referidas, en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente. Las viviendas reservadas cumplirán las exigencias técnicas de accesibilidad que se prevean reglamentariamente y permitan un uso adecuado por personas con discapacidad.
Artículo 54.— Ayudas públicas a la adaptación de las zonas comunitarias y del interior de las viviendas.
Las obras y actuaciones que tengan como objetivo realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad en espacios comunes de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, o en el acceso o interior de las viviendas, para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, serán consideradas de manera preferente en cualquier convocatoria de ayudas públicas destinada a la rehabilitación de edificios o viviendas.
Artículo 55.— Tecnologías de la información y la comunicación.
El departamento competente en materia de tecnologías de la información y comunicaciones fomentará el uso accesible a las tecnologías de las personas con discapacidad para su utilización en condiciones de igualdad con el resto de la población.
Artículo 56.— Investigación y redes del conocimiento.
Artículo 57.— Autonomía en la toma de decisiones.
Artículo 58.— Interés personal.
Artículo 59.— Apoyo en el proceso de toma de decisiones.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverá, coordinada con la autoridad judicial, las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de sus capacidades a través de entidades, públicas o privadas sin ánimo de lucro que desempeñen acciones de apoyo en esta materia de acuerdo con lo previsto en el Código Civil, así como en el Código de Derecho Foral de Aragón en la redacción dada por el Decreto-Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, para las personas con vecindad civil aragonesa.
3. Se garantiza la gratuidad del acceso a la protección jurídica y social que prestan las entidades tutelares. La aportación de las personas usuarias para retribuir los servicios de apoyo de las entidades tutelares se determinará judicialmente en los términos previstos por el Código Civil y el Código de Derecho Foral de Aragón.
Artículo 60.— Derechos y Garantías de las personas con discapacidad usuarias de centros residenciales y centros de día.
1. Las personas con discapacidad usuarias de centros residenciales y centros de día tendrán, además de los derechos reconocidos en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, el derecho a participar y a ser oídos por sí o a través de sus representantes legales, en aquellas decisiones o medidas relacionadas con la atención y convivencia en ellos.
2. Toda decisión o medida tomada por la dirección del centro u organismo competente que suponga aislamiento, restricciones de libertades u otras de carácter extraordinario deberá ser aprobada por la autoridad judicial, salvo que por razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquella de modo inmediato y en todo caso en un máximo de 24 horas.
Artículo 61.— Especial protección de las personas con discapacidad en su condición de consumidoras.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará la protección de los derechos de las personas con discapacidad en su condición de consumidoras frente a prácticas comerciales abusivas.
2. Asimismo, establecerá programas y actividades que permitan garantizar la protección efectiva de los derechos de personas consumidoras con discapacidad y prevenir las situaciones que puedan impedir un acceso normalizado en la adquisición uso y disfrute de producto, bienes y servicios.
Artículo 62.— Medios de comunicación social.
1. Los poderes públicos promoverán que los medios de comunicación social que desarrollen su actividad en Aragón reflejen una imagen ajustada, respetuosa, plural e inclusiva de las personas con discapacidad acorde con los fines y principios previstos en esta Ley y demás normativa que le sea de aplicación.
2. Los medios de comunicación social gestionados directamente por el Gobierno de Aragón incluirán contenidos destinados a informar sobre la realidad social y necesidades de las personas con discapacidad.
3. Se fomentará que el conjunto de medios de comunicación, desarrollen un papel activo en la eliminación de cualquier tipo de discriminación y en el fomento de la corresponsabilidad y de la igualdad de género como un valor social.
Artículo 63.— Accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual.
A fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad a la información y la comunicación los poderes públicos promoverán que los medios de comunicación audiovisual que desarrollen su actividad en Aragón cumplan las condiciones de accesibilidad universal a la comunicación audiovisual que se prevean por la normativa sectorial. Se fomentará el uso de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral para personas con sordera, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, que se regirá por su legislación específica.
Artículo 64.— Intervención en caso de publicidad discriminatoria.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón llevará a cabo las actuaciones necesarias para que la publicidad y las propagandas comerciales no atenten contra la dignidad de las personas con discapacidad.
Artículo 65.— Plan de acción integral para las personas con discapacidad en Aragón.
1. El Plan de acción integral para las personas con discapacidad en Aragón es el instrumento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para coordinar las políticas y medidas recogidas en esta Ley, a excepción de las medidas recogidas en el ámbito laboral que se regularán por el Plan de empleabilidad correspondiente.
2. La aprobación de dicho Plan corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta del departamento competente en servicios sociales y elaborado con carácter interdepartamental.
3. El Plan tendrá la periodicidad que se determine en el mismo, si bien deberá́ ser sometido a revisión, al menos, cada cuatro años, sin perjuicio de su posible prórroga. La evaluación del Plan deberá́ generar un informe que será publicado en la página web del Gobierno de Aragón. El Plan contará con los indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan realizar el seguimiento y evaluación del grado de consecución de sus objetivos y resultados anuales.
Artículo 66.— Medidas de atención a mujeres con discapacidad.
1. El Plan de acción integral para las personas con discapacidad de Aragón incluirá estrategias de intervención orientadas a generar los cambios necesarios para que las mujeres con discapacidad puedan acceder, en condiciones de igualdad a los hombres, a los derechos, bienes y recursos sociales que hagan posible el avance progresivo en la consecución de una mayor autonomía en todos los ámbitos de su vida.
Artículo 67.— Medios.
En el marco de las disponibilidades presupuestarias y de la sostenibilidad financiera, las Administraciones Públicas de Aragón realizarán las actuaciones precisas para la plena efectividad de lo previsto en esta Ley, de acuerdo con sus competencias y destinando los recursos necesarios para que los derechos enunciados se hagan efectivos.
Artículo 68.— Sistemas de gestión y calidad.
Artículo 69.— Estudios y estadísticas.
En los estudios y estadísticas que se llevan a cabo por la Administración Autonómica se removerá la inclusión de indicadores relativos a las personas con discapacidad, así como indicadores que permitan medir la efectividad de las medidas adoptadas para fomentar la igualdad de oportunidades de las mismas.
Artículo 70.— Contratación pública.
1. Las Administraciones Públicas de Aragón y sus organismos públicos impulsarán un régimen de contratación pública socialmente responsable que incluya cláusulas sociales de acción positiva y que, específicamente, procure el empleo de personas con discapacidad, así como la accesibilidad universal de los servicios públicos.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus entidades instrumentales, en las adjudicaciones de contratos públicos exigirán que las empresas licitadoras acrediten el cumplimiento de la obligación de reserva legal de empleo para personas con discapacidad o la adopción de las medidas alternativas correspondientes que vengan previstas en la normativa.
3. Asimismo, los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de sus entidades instrumentales, reservarán la adjudicación de un porcentaje de un 6% del importe total anual de su contratación, destinada a las actividades que se determinen reglamentariamente, a centros especiales de empleo, y siempre que su actividad tenga relación directa con el objeto del contrato. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que se efectuará dicha reserva, conforme establece la Ley 3/2011, de 24 de febrero de contratación pública de Aragón en su artículo 7 y a la Ley de Contratos del Sector Público.
4. En el caso de que dos o más proposiciones en los procedimientos de contratación del Gobierno de Aragón o de sus entidades instrumentales, se encuentren igualadas como las más ventajosas, tendrán preferencia, siempre que se haya presentado la documentación acreditativa, las empresas con porcentaje superior al 2% de personas trabajadoras con discapacidad. En caso de empate entre aquellas tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.
Artículo 71.— Fomento de la accesibilidad.
Los centros directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de sus competencias, establecerán ayudas públicas destinadas a financiar ajustes razonables en materia de accesibilidad universal.
Artículo 72.— Toma de conciencia social.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón arbitrará medidas de información, formación y de toma de conciencia social, dirigidas a toda la población, para promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Artículo 73.— Participación social.
En la elaboración de planes o programas, o cualquier iniciativa pública que afecte a las personas con discapacidad, se deberán prever los instrumentos y cauces necesarios que garanticen la consulta y participación de las personas con discapacidad y sus familias, o de las entidades que las representen.
Artículo 74.— Colaboración con la iniciativa social.
1. Las Administraciones Públicas de Aragón y sus entes instrumentales impulsarán la colaboración con la iniciativa social, en el desarrollo de sus actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Especial atención recibirán las instituciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.
Del régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal
Artículo 75.— Potestad sancionadora y régimen jurídico.
2. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de infracciones por incumplimiento de las exigencias de accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones, la potestad sancionadora le corresponderá a los Ayuntamientos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1999, 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
Artículo 76.— Órganos competentes y procedimiento.
1. La iniciación de los procedimientos sancionadores corresponderá al órgano territorial competente en materia de servicios sociales en cuyo territorio se haya producido la conducta o hecho que pudiera constituir infracción.
3. El procedimiento sancionador se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en las demás disposiciones que sean de aplicación.
Artículo 77.— Infracciones.
1. Además de las infracciones previstas en el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se consideran infracciones leves, graves y muy graves en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, las siguientes:
c) El incumplimiento de las disposiciones que impongan la obligación de adoptar normas internas en las empresas, centros de trabajo u oficinas públicas, orientadas a promover y estimular la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, siempre que no constituyan infracciones graves o muy graves.
d) El uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.3. A tales efectos, se considera un uso indebido de la tarjeta de aparcamiento:
— Su utilización por personas no titulares.
— Su utilización en vehículos no autorizados, en el caso de las tarjetas de transporte colectivo.
— La fotocopia o manipulación de sus datos.
— La utilización de tarjetas caducadas.
d) La coacción, amenaza, represalia o cualquier forma de presión ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal, reclamación, denuncia en procedimientos ya iniciados para exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, así como la tentativa de ejercitar tales actos.
d) El incumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación que impida gravemente el libre acceso y utilización de los diferentes entornos, procesos, bienes, productos, y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos por las personas con discapacidad.
e) Las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por motivo de o por razón de su discapacidad.
i) Las conductas calificadas como graves cuando las personas autoras hayan actuado movidas, además, por odio o desprecio racial o étnico, de género, orientación sexual, edad, discapacidad severa o no posibilidad de representarse a sí misma.
Artículo 78.— Sanciones.
a) Las infracciones leves, en su grado mínimo, con multas de 301 a 6.000 euros; en su grado medio, de 6001 a 18.000 euros; y en su grado máximo, de 18.000 a 30000 euros.
b) Las infracciones graves con multas, en su grado mínimo, de 30.001 a 60.000 euros; en su grado medio de 60.001 a 78.000 euros; y en su grado máximo de 78.001 a 90.000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multas, en su grado mínimo, de 90.001 a 300.000 euros; en su grado medio de 300.001 a 600.000 euros; y en su grado máximo, de 600.001 a 1.000.000 de euros.
2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, las infracciones por el uso indebido de la tarjeta de aparcamiento serán sancionadas exclusivamente con la retirada de la tarjeta de aparcamiento del siguiente modo:
3. Las sanciones previstas en esta ley se aplicarán en grado mínimo, medio y máximo con arreglo a los siguientes criterios.
a) Intencionalidad de la persona infractora
b) Negligencia de la persona infractora
c) Fraude o connivencia
d) Incumplimiento de las advertencias previas
f) Número de personas afectadas
g) Permanencia o transitoriedad de las repercusiones de la infracción
Artículo 79.— Prescripción de las infracciones.
Las infracciones impuestas por faltas leves prescribirán al año; las impuestas por faltas graves, a los tres años y las impuestas por faltas muy graves, a los cinco años.
Artículo 80.— Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año; las impuestas por faltas graves, a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves, a los cinco años.
Artículo 81.— Requerimientos entre Administraciones Públicas.
En aquellos casos en los que se denuncien incumplimientos de las exigencias de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados o edificaciones, por actuaciones promovidas a iniciativa pública, el departamento competente en materia de servicios sociales, podrá requerir formalmente a la Administración pública que incumpla, que lleve a cabo las adecuaciones necesarias para reparar los incumplimientos, otorgándole un plazo a tal efecto.
Disposición adicional primera.— Regulación del uso de perros de asistencia.
En el plazo de un año tras la entrada en vigor de esta Ley se presentará un proyecto de Ley que regule el uso de los perros de asistencia por personas con discapacidad en Aragón.
Disposición adicional segunda.— Constitución de la Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Aragón.
La Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Aragón se constituirá mediante convenio de colaboración entre el Ministerio competente y el Departamento de Presidencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 del Real Decreto 1417/2016, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.
Disposición adicional tercera.— Planificación.
El Consejo de Gobierno aprobará los Planes previstos en los artículos 10, 23 y 65, en un máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición adicional cuarta.— Lengua de signos española y medios de apoyo a la comunicación oral.
El uso de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral por personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera se regirá por su legislación específica.
Disposición derogatoria única.—
Disposición final primera.— Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de Aragón a dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.

References: Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81
 artículo 49
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 2

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 3

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 20

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 2

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42
 artículo 24
 Real Decreto 

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51
 resolución 

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 7

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77
 artículo 81
 artículo 52

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81
 artículo 3
 Real Decreto 
 resolución