Source: http://www.libertadidioma.com/2006/20060308.htm
Timestamp: 2020-05-29 15:43:35+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 8 Marzo 2006
Agapito Maestre Libertad Digital 8 Marzo 2006
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 8 Marzo 2006
ETA afila la extorsión
Editorial ABC 8 Marzo 2006
Acoso al Supremo y permisividad ante Batasuna
EDITORIAL Libertad Digital 8 Marzo 2006
Otro guiño a ETA
Pablo Sebastián Estrella Digital 8 Marzo 2006
Una actualidad al rojo vivo
Lorenzo Contreras Estrella Digital 8 Marzo 2006
Hernando cumple la Constitución que Zapatero no respeta
Editorial Elsemanaldigital 8 Marzo 2006
NO HAY MÁS NACIÓN QUE ESPAÑA
Editorial minutodigital 8 Marzo 2006
Se acabaron las renuncias
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 8 Marzo 2006
Vicente Torres Periodista Digital 8 Marzo 2006
José Manuel Rodríguez Pardo minutodigital 8 Marzo 2006
Javier Orrico Periodista Digital 8 Marzo 2006
Agencias Libertad Digital 8 Marzo 2006
Conde Pumpido considerará "mérito preferente" el conocimiento de lenguas cooficiales en la carrera fiscal
Europa Press Libertad Digital 8 Marzo 2006
Nota del Editor 8 Marzo 2006
«Enmienda 6.1» pide en el Congreso que se ataje la imposición del catalán
ABC 8 Marzo 2006
ETA vuelve a por Gotzone Mora
Borja Ventura Periodista Digital 8 Marzo 2006
"Lo único que han de entender los terroristas es que todo el daño y el sufrimiento que han provocado solo tendrá como compensación la dureza del estado de derecho"
Minuto Digital 8 Marzo 2006
Terroristas de Marruecos coordinaron desde Bélgica los preparativos del 11-M
ETA explota un artefacto "de bastante potencia" frente a la sede de la Falange en Santoña
La plataforma Enmienda 6.1 lleva al Congreso sus reivindicaciones
ISABEL MUNERA El Mundo 8 Marzo 2006
EFE Libertad Digital 8 Marzo 2006 Preámbulo del Estatuto
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 8 Marzo 2006
El proceso es tan implacable como átono. Se ha temido más el anuncio de la voladura de la Nación que la voladura misma. La sociedad, encadenada por lo cotidiano, traga todo; encaja todo. Sabemos que algún día pagaremos una terrible factura por el crimen que estamos cometiendo estos días pero, de momento, vamos saliendo adelante. Viviendo.
Antes de ayer, la comisión constitucional liquidó la unidad de España. Virtualmente. Burocráticamente. ¿Para cuándo los desgarramientos de vestiduras de los que deberían sentirse afectados? ¿Para cuándo ese tipo de gestos que suponemos que se dan en los momentos «históricos»? Por otra parte, ¿cuáles podrían ser los momentos «históricos» de este nefando proceso? ¿Acaso el día en que las Cortes aprueben el Estatuto? ¿O bien, al final del Referéndum? Claro que, una vez hecha esa consulta a los ciudadanos de Cataluña, ya no habrá nada que hacer. Socialistas y nacionalistas brindarán con cava y deberemos prepararnos para el siguiente Estatuto, cuya aprobación requerirá chacolí para los brindis.
Algunos de los responsables de este descuartizamiento de la Nación que supone el Estatuto catalán, tienen necesidad de taparlo. Reconocen que en él se define a Cataluña como Nación pero también como nacionalidad. O sea, que para Maragall es lo primero pero para Guerra es sólo lo segundo. Y todos tan contentos. ¿Esquizofrenia? Picaresca, inmoralidad, vía segura a la corrupción. Quizá a algo más grave.
Para desactivar al personal, Manuela de Madre, cráneo privilegiado, dice que el reconocimiento de Cataluña como Nación no implicará la reivindicación de un Estado. Como si en el articulado del Estatuto no estuviera ya implícito un Estado. ¿Acaso no se da cuenta esta señora de que cada uno de los artículos del texto que se está aprobando estos días es un hachazo al Estado actual, esto es, a la unidad de jurisdicciones, a los derechos de los ciudadanos al uso del español, al común sistema fiscal, a la representación en el exterior...?
Es muy divertido comprobar que mientras los socialistas intentan quitar importancia jurídica al Preámbulo (del mismo modo que tratarán de rebajar el perfil anticonstitucionalista del resto del Estatuto), los nacionalistas defienden lo contrario. Celebran el espíritu soberanista del Preámbulo y su capacidad para penetrar e informar el articulado desde el comienzo al final.
Me encuentro tan deprimido que me acercaré a la Sierra. El aire de Guadarrama estará frío y cortante como un cristal. Subiré a los montes de San Lorenzo del Escorial para contemplar el espectáculo geométrico y racional del Monasterio, pero me temo que será difícil cegar la luz que sale del corazón. Pascal tenía razón.
LA última remesa de amenazas de ETA contra empresas radicadas en el País Vasco demuestra que la presencia de los terroristas en la vida cotidiana de los ciudadanos vascos sigue siendo el único conflicto que éstos sufren y la única coerción al libre ejercicio de sus derechos y libertades. Los terroristas han afilado sus tácticas de extorsión incluyendo en las cartas remitidas a los empresarios -incluidos algunos de los que han sido recientemente víctimas de atentados con explosivos- fotografías de sus familiares, matrículas de sus coches e itinerarios habituales. La precisión y la actualidad de estas informaciones, muy elaboradas según los criterios que aplica la banda terrorista -porque implican seguimientos personales continuados-, confirman las valoraciones del consejero de Interior vasco, Javier Balza, sobre la reorganización de la banda terrorista y el funcionamiento de diversos comandos en el País Vasco. Guste o no, son los hechos conocidos los que conducen a estas conclusiones, y no las especulaciones ni conjeturas sobre las futuras intenciones de ETA. En este sentido, es un grave error pensar que los terroristas están haciendo «caja» para sufragar una posible tregua, como si la extorsión perpetrada en momentos anteriores hubiera respondido a otros propósitos, ahora supuestamente abandonados. Además, esta explicación es inútil -y gravemente equívoca- para los últimos robos de material explosivo que, por miles de kilos, tiene ETA en su poder. Tampoco sería acertado pensar que esta extorsión es, por el contrario, la demostración de que ETA ha cambiado de criterio y descarta el cese de la violencia, porque realmente los terroristas nunca han pensado en entregar las armas ni en disolverse.
ETA hace lo que es ella misma: terrorismo. Y lo que no se puede eludir es el recrudecimiento de algunos frentes que parecían ya controlados, como el del chantaje a los empresarios, o el de la violencia callejera, claramente neutralizado tras las últimas reformas legales del Gobierno del PP. Aunque se puede decir que ETA sigue debilitada, su presión sobre la sociedad vasca está aumentando, al mismo tiempo que se recupera políticamente el entramado batasuno, demostrándose nuevamente que todos forman una red de vasos comunicantes que les permite alimentarse recíprocamente. El panorama, por tanto, de la situación antiterrorista ofrece puntos de inflexión que dan por rota la superioridad operativa del Estado, al menos en estos dos frentes tan esenciales para la estrategia etarra, como son la extorsión y la violencia urbana. También cabe decir lo mismo en cuanto al frente político representado por Batasuna, en condiciones de convocar una huelga general por la muerte de dos etarras en prisión, y por el Partido Comunista de las Tierras Vascas, en cuyo historial se acumulan día tras día motivos suficientes -tantos como atentados sin condenar- para que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado promuevan la correspondiente demanda de ilegalización, al amparo de la ley de Partidos Políticos, compatible con la investigación penal que mantiene abierta el juez Grande-Marlaska contra algunos dirigentes de esa formación.
Insistir en que no hay víctimas mortales desde hace tres años es una forma temeraria de despojar a la continuidad terrorista de toda su gravedad, no sólo porque, como señaló Felipe González, antes hubo treinta años con muertos, sino también porque ETA, aunque no mate (en ocasiones, por puro azar), tampoco deja vivir. Éste fue el análisis del presidente de Confebask, José Guillermo Zubía, bien expresivo del clima de terror que los miembros de la banda quieren llevar a las familias de los empresarios y, por extensión, a todo ciudadano que no se pliegue a sus exigencias.
La respuesta política a ETA debe ser tan contundente como la policial. No bastan las apelaciones rancias a Batasuna para que se aparte de los terroristas, ni advertir puerilmente a ETA de los peligros que cierne sobre la paz, pues nada de eso responde a un análisis realista de la situación. Lo único que entiende ETA es la pérdida absoluta de expectativas de que, en algún momento, pueda decir que su violencia sirvió para algo. Sólo la reacción policial y judicial y la unidad política del PP y el PSOE en torno al Pacto Antiterrorista permitirán recuperar el terreno perdido y arrebatar a ETA toda esperanza.
Mientras los proetarras de Batasuna desafían nuevamente el Estado de Derecho organizando impunemente una huelga que, para colmo, tiene como objetivo honrar a etarras como los recientemente fallecidos, el Gobierno de ZP y sus aliados nacionalistas están más interesados en dinamitar la independencia del Poder Judicial exigiendo al presidente del Tribunal Supremo explicaciones sobre los criterios del Supremo acerca del cumplimiento de las penas por delitos de terrorismo.
Si desde el Supremo se desautorizó recientemente el criterio del Fiscal General de Zapatero y de los abogados defensores de Henri Parot –partidarios de una pronta excarcelación del terrorista–, no menos malestar creó en su día al gobierno socialista el informe del Consejo General del Poder Judicial –que también preside Hernando–, en el que se alertaba sobre la inconstitucionalidad que, respecto a sus competencias judiciales, detectaba en el Estatuto soberanista catalán.
Si estas son las verdaderas cuestiones de fondo que explican la animadversión del Gobierno del 14-M hacia el presidente del Tribunal Supremo, no menos bochornosa ha sido la falta de respeto hacia la independencia del poder judicial que, también en las formas, han demostrado nacionalistas y socialistas al exigir su comparecencia parlamentaria.
Tal y como acordó la semana pasada y por unanimidad la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, al calificar de "improcedente" la comparecencia solicitada por el Congreso, no es papel del presidente del Supremo hacer exégesis ni interpretaciones de las sentencias de los tribunales en sede parlamentaria. Es más, Hernando hubiera podido quedar contaminado como presidente de la Sala 61 –ante la que son recurribles algunas de las sentencias de la Sala Segunda del Supremo– si se hubiera pronunciado este martes en el Congreso sobre las excarcelaciones de etarras.
No se crean. Que si el objetivo de socialistas y nacionalistas era utilizar su mayoría parlamentaria para linchar verbalmente al presidente del Consejo General del Poder Judicial, ni unos ni otros se han mordido la lengua al contemplar como Hernando cumplía este martes su palabra de no comparecer y se mantenía fiel a su fuero y a su cargo.
Si desde el PSOE han puesto en tela de juicio el "carácter de demócrata" del presidente del Tribunal Supremo y han señalado "su desprecio al parlamento y al pueblo español", los nacionalistas le han culpado de protagonizar un "mal día para la democracia". El colmo del disparate, lo ha protagonizado el sin par Llamazares, que ha acusado al presidente del Tribunal Supremo, nada menos que de "desacato" y desobediencia".
Nunca nos han extrañado las veces que, desde Batasuna, se ha pedido la cabeza de Hernando, de este "fascista" que preside el "aparato de represión" judicial español. Lo que resulta alarmante es la disposición a entregarla de la mayoría parlamentaria surgida del 14-M. ¿También esto forma parte del "proceso de paz"?
EL presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, tomó ayer la decisión correcta al no acudir a la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Su presencia fue requerida por el PSOE para explicar la aplicación judicial de las normas sobre el cumplimiento de las condenas impuestas a los terroristas. La decisión de Hernando había sido avalada previamente por la mayoría de los vocales del CGPJ y de forma unánime por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Por tanto, Hernando cuenta con un amplio respaldo institucional que hace aún más inaceptables las críticas personales que se le han lanzado desde el PSOE. Pero es esta obsesión socialista hacia Hernando la que explica la temeridad de su citación, orientada a convertir la comparecencia del presidente del CGPJ y del Supremo en un nuevo auto de fe que nada tiene que ver con la «cooperación institucional» en la que el PSOE escuda su iniciativa.
El trato institucional dispensado a Hernando no es admisible en un régimen de separación de poderes que consagra la independencia de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. Hernando se habrá hecho acreedor de reproches por otro motivos, pero, en este caso, representa a un poder del Estado y como tal representante tenía que preservar la integridad constitucional del Poder Judicial ante lo que iba a desembocar en una discordia partidista. El control parlamentario es de carácter político y se ejerce sólo sobre el Gobierno, no sobre los jueces. Si el PSOE quiere conocer cómo se aplican judicialmente el Código penal y la ley de Vigilancia Penitenciaria puede encargar un dictamen técnico que le aclare las dudas, pero el presidente del Tribunal Supremo no está para tareas de esta naturaleza y, menos aún, para servir de instrumento a la réplica política que el PSOE quería oponer a las acusaciones del PP sobre la actitud del Gobierno ante las posibles excarcelaciones anticipadas de etarras.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, debería ser consciente del cariz que está tomando la relación del Gobierno con el Poder Judicial y actuar en consecuencia, pues no le faltaban en su momento credenciales de político conciliador. La descalificación continua de Hernando, las acusaciones reiteradas contra la mayoría del Consejo y la puesta bajo sospecha de toda decisión judicial -aparte del «reequilibrio ideológico» de la Fiscalía- que no acompañe los propósitos del Gobierno están generando una crisis institucional con la Justicia de la que el responsable principal es el Ejecutivo socialista.
Extraña curiosidad la del PSOE y sus aliados nacionalistas y de IU por conocer las razones del Supremo, que en sus autos explicadas están, a la hora de hacer cumplir íntegras las condenas que recibieron los terroristas, solucionando el vacío legal de la no acumulación de penas prevista en el anterior código penal. ¿Por qué le preocupa tanto a este Gobierno que los etarras tengan que cumplir sus condenas como les preocupa el derecho de reunión de Batasuna en Barakaldo o la legalidad del PCTV?
Puede que sólo por cortesía, el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial Francisco José Hernández debiera haber asistido al Congreso de los Diputados, aceptando la convocatoria para luego allí decir que no tenía nada que decir porque las decisiones del Supremo sólo competen al Poder Judicial. Pero dicho esto, lo grave que se plantea en estos momentos no es el pulso entre los poderes legislativo y ejecutivo, que es ficticio porque en estructura y en el fondo casi son la misma cosa, sino la gravedad que implica la insistencia del Gobierno del PSOE, de IU y los nacionalistas de conocer los motivos del Supremo, lo que constituye una presión al Alto Tribunal. Con la cual los políticos que apoyan la negociación con ETA querrían justificar de alguna manera el cambio de posiciones y las largas condiciones que van a tener que soportar los delincuentes de ETA, aduciendo que ésa no era la voluntad del Gobierno sino una rebelión de los jueces marcada por la emoción de la protesta ciudadana ante la anunciada negociación con la banda.
El Gobierno está asustado porque Zapatero ha tenido que decir por dos veces no a la autodeterminación del País Vasco, y ahora el Supremo ha cerrado las puertas de la redención de penas a los terroristas y les ha presentado a los negociadores de la banda un horizonte muy negro y difícil de cumplir. Hay nervios en Moncloa por la última nota que les llega desde el Gobierno vasco y desde el propio Ministerio del Interior avisando de un recrudecimiento de las acciones de la banda, en atentados y en chantajes, e incluso se teme que vuelvan al crimen de tiempos atrás. De ahí los nervios y la presión que está ejerciendo este Gobierno sobre el poder judicial y en especial ante el Supremo, donde el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ya había dado instrucciones al fiscal general para que se opusiera a la acumulación de condenas coincidiendo con la defensa del etarra Henri Parot y en contra de la posición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Pero lo que no esperaba el Gobierno ni los abogados de ETA era que el Alto Tribunal iba a encontrar la forma legal de hacer cumplir las penas completas a todos los condenados de la banda criminal.
Y en éstas estamos y por ahí sigue la contienda política y judicial con la esperpéntica convocatoria al presidente del Supremo, que no parece tener otro objetivo que un guiño a ETA y un intento desesperado para que la ley no entorpezca la negociación con la banda. Si todo esto es así como parece, muy mal vamos y peor vamos a estar.
Dos de los grandes asuntos que actualmente acaparan la atención ciudadana “especializada”, en concreto la definición de España frente a los nacionalismos y el trasfondo de los atentados del 11M, con sus aspectos conspirativos, acaban de entrar en estado de incandescencia. Podría decirse, recurriendo al tópico, que se han puesto al rojo vivo. Son temas que hoy por hoy compiten ventajosamente con la crisis del Real Madrid. Quiérese decir que su gravedad no admite parangones, aunque la gente se apasiones más por lo menos importante. No será fácil sorprender una conversación caliente, en cualquier lugar público, sobre el concepto de Nación española frente a la nación catalana, ni la tragedia provocada por los atentados atribuidos a los radicales islamistas frente a quienes prefieren que la autoría del enorme crimen sea adjudicada a ETA. Donde las cuestiones arden en realidad, desde el punto de vista del debate y la controversia, es en las tertulias radiofónicas y televisivas, sin olvidar la presencia de ellas en los periódicos, algunas veces por vía de elocuente silencio.
Ahora tenemos planteada ante la vista y la consideración nada menos que la hipótesis de una participación primordial de la banda terrorista vasca frente a una interpretación según la cual el protagonismo islamista fue secundario, fue un coprotagonismo simplemente coadyuvante de la gran autoría etarra. Se ha empezado a especular más que nunca con la debilidad de los indicios aportados a la causa que condena a salafistas, yihadistas y otras tribus emparentables con Al Qaeda. Pero si tan secundaria fue, si es que fue en alguna medida, la participación islamista, resultará difícil buscar una interpretación correcta al suicidio colectivo de los integrantes del comando asesino en Leganés. ¿Se suicidaron o fueron “suicidados”? En realidad siempre, en un caso o en otro, los islamistas relacionados con el atentado o atentados del 11M tienden a aparecer como esenciales para la comisión de la tragedia, bien porque huyeron ellos mismos de caer en manos de la Policía, eligiendo la muerte, bien porque a ciertos organizadores les convenía que callaran para siempre.
Lo que se va imponiendo como criterio bastante compartido es que fallaron los servicios secretos, fracasó la Policía y la información suministrada al Gobierno y al Ministerio del Interior fue deficiente. Y si falla ese “suministro” esencial, ¿se ha hecho justicia con los responsables, se ha investigado lo necesario, ha quedado la seguridad en manos tranquilizadoras o seguimos en pleno riesgo si el terrorismo decide actuar nuevamente a gran escala?
Es inevitable girar la mirada en sentido retrospectivo hacia la ya cerrada o clausurada comisión parlamentaria de investigación, cuyas conclusiones parecieron siempre escasas o raquíticas a la hora de esclarecer lo acontecido. El 11M empieza a cobrar fuerza recurrente y a ser de nuevo lo que siempre había sido: un filón político altamente explotable. Sobre el responsable judicial de la investigación se cierne además un auténtico temporal de presiones y críticas según oriente su actuación en un sentido o en otro dentro de su repertorio de posibilidades en la indagación de lo que pueda ir surgiendo o revelándose.
Sobre Zapatero, por otra parte, gravita una actualidad política sobrecargada que no termina en el 11M, sino que se extiende a la gran cuestión de la definición de España como Nación, constitucionalmente única e indivisible, pero a partir de este momento, con el preámbulo aprobado por la ponencia del Estatuto catalán, una Nación que ya no responde a su concepción ortodoxa, pero que cuenta con el amparo del sentir institucional.
Con los variados aspectos políticos involucrados en el desarrollo de la actualidad cabría decir que, si no las elecciones, sí la precampaña de ellas, tanto las municipales y autonómicas como las generales, puede darse por comenzada. La Convención del PP ha sido el preanuncio. La comisión constitucional del Congreso de los Diputados, bajo la presidencia de Alfonso Guerra, casi ha comenzado a hervir de antemano como una olla a presión. El Estatuto de Cataluña va a entrar en periodo de discusión o debate, con el correspondiente desgaste de los principales partidos competidores según el giro de sus actuaciones en la dialéctica parlamentaría. Una atención especial va dirigida hacia la persona de Alfonso Guerra, cuya españolidad, que no patriotería, se ha dado hasta ahora por bien fundada. La colisión de pareceres entre socialistas catalanes y no catalanes entra en el ámbito de las previsiones políticas. Pero la tendencia a inclinar la cerviz bajo el peso de la disciplina partidista y de las conveniencias personales, también cuenta a la luz de los cálculos.
Editorial Elsemanaldigital.com 8 Marzo 2006
La comparecencia del presidente del Tribunal Supremo en el Congreso habría violado la separación constitucional de poderes. El PSOE fuerza un enfrentamiento artificial.
8 de marzo de 2006. Francisco José Hernando estaba llamado ayer a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar "de la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo". A petición del Grupo Socialista se trataba de que acudiese con ese fin en cuanto presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero Hernando es también presidente del Tribunal Supremo, y en su calidad de miembro de un órgano jurisdiccional implicado en la cuestión decidió no acudir a las Cortes. La polémica está servida.
Para el PSOE, Hernando habría adoptado una actitud antidemocrática al negarse a acudir a la comisión parlamentaria. Desde el punto de vista del partido del Gobierno, Hernando tendría que haberse presentado para explicar la doctrina de aplicación de beneficios penitenciarios en el caso de etarras como Henri Parot.
Sin embargo, no ha acudido al Congreso precisamente en defensa de las instituciones democráticas, y en cumplimiento de la lógica de un régimen de separación de poderes. Desde Montesquieu –pese a la conocida opinión de Alfonso Guerra- un poder del Estado (el judicial) no debería estar sometido a otro (el legislativo) si se trata de una democracia parlamentaria. Con estas razones Hernando ya había pedido al presidente del Congreso, Manuel Marín, que anulase la convocatoria. No ha sido escuchado, y en consecuencia no ha acudido.
Como presidente del CGPJ, Hernando tiene la misión explícita de "preservar la independencia del Poder Judicial". Un poder del Estado que se supone independiente no puede controlar a otro, salvo que se quiera rescatar la vieja lógica autoritaria de la Justicia como una Administración más, dependiente del correspondiente Ministerio. Pero esto, desde 1978, no es posible. Sin embargo, algunos vocales del CGPJ disienten de la decisión de su presidente, al considerar que el deber constitucional de comparecer ante las Cortes es de superior rango al principio de división de poderes.
Como presidente del Tribunal Supremo, Hernando ha participado en la elaboración de las sentencias y de la doctrina que se le pedía que comentase en el Congreso. Es un comportamiento expresamente prohibido a todos los jueces, y con más razón a quien ocupa el mayor rango entre ellos.
Pero el PSOE ya sabía todo esto. La solicitud de comparecencia de no se debía a un genuino interés por su presencia y declaraciones, sino a una búsqueda explícita del enfrentamiento entre los poderes del Estado. José Luis Rodríguez Zapatero no controla el Poder Judicial, y desea minar la posición de Hernando para colocar en su lugar a alguien más cercano a su política.
El concepto de una nación en otra nación es un disparate intelectual, que solo desde el servilismo más rastrero puede cualquier constitucionalista, jurista, filósofo, sociólogo o simple analista defender. ""Por tanto, la formula que ha pergeñado Zapatero para redefinir Cataluña en el “estatut”, forzosamente no es más que una solución transitoria, un estadio intermedio con plazo de caducidad, que necesariamente desembocará, si no lo impedimos, en la conclusión del proceso de construcción nacional de Cataluña y su independencia. O lo que es lo mismo, en al destrucción
de España.""
Desde la honestidad e higiene intelectual solo es posible sostener la existencia de dos opciones: Bien nos encontramos con una sola nación, España, en la que se integran diversas regiones, cuyo mayor o menor grado de autonomía, constituye sólo una cuestión de organización territorial, que en modo alguno afecta al hecho de la soberanía nacional. O bien sostenemos que Cataluña, Vasconia o Galicia son naciones, y por tanto negamos su integración en la nación española, en este caso su asociación al resto de regiones mediante la formula de la corona española o el estado español, no es más que algo accidental que en nada modifica su carácter nacional diverso, de igual manera como sucede con los países que forman parte de la Commenwalt, mancomunidad británica de naciones.
Por tanto, la formula que ha pergeñado Zapatero para redefinir Cataluña en el “estatut”, forzosamente no es más que una solución transitoria, un estadio intermedio con plazo de caducidad, que necesariamente desembocará, si no lo impedimos, en la conclusión del proceso de construcción nacional de Cataluña y su independencia. O lo que es lo mismo, en al destrucción de España.
Y los dirigentes del PSOE saben perfectamente esto. Pero han diseñado la fórmula, para deliberadamente, engañar y estafar a la opinión pública que mayoristamente se opone a los separatismos y cree en una España unida, como única nación. El PSOE y sus bufones mediáticos nos mentirán una y otra vez hasta vendernos que el “estatut” no es una amenaza contra la unidad nacional y que llamar a Cataluña nación carece de trascendencia.
Pero la soberanía nacional existe para garantizar el derecho de cada pueblo para darse a sí mismo el gobierno que elija y con mucho más motivo a decidir sobre su forma de estado o su misma definición como nación. Por ello, no solo el parlamento catalán carece de legitimidad para redefinir Cataluña como nación, sino, que ni siquiera el mismo parlamento español puede arrogarse tal atribución, que tan solo los españoles en su conjunto, como pueblo soberano está capacitado para decidir. Ni aún un resultando aplastante de un referéndum circunscrito solo a Cataluña podría cambiar el concepto de nación. Otorgar validez a tal consulta equivale, como ocurría en el caso del plan Ibarreche, a reconocer la soberanía del pueblo catalán, algo absolutamente incompatible con la soberanía nacional española. Cualquier decisión que se adopte al respecto sin consultar a todos los españoles será un acto ilegítimo y por tanto carente de fuerza vinculante.
Si el PSOE consuma finalmente semejante traición, vendiendo España a los separatismos, consintiendo legalmente, que no legítimamente, se denomine a Cataluña nación, permitiendo y sancionando el proceso de construcción nacional de aquella región, no merecerá más que el desprecio de las generaciones futuras y cualquier español de bien sólo deberá pensar que su mejor destino es su disolución y su total destierro de la escena política española.
No creo que Sarkozy se nacionalice español y se presente a nuestras elecciones salvo que lo obligue su esposa, y ni así. Al mejor orador de la convención del PP le aguarda la presidencia de Francia. Puede que su inmunidad a los ataques hispanoprogres resulte de su extranjería, pero no está escrito en ningún sitio que un nacional no pueda proclamar ciertas razones y verdades incólume a las maldiciones de la izquierda y el nacionalismo. Como en el vudú, esas maldiciones sólo afectan a quien cree en los poderes sombríos del enemigo.
Digo enemigo porque, por desgracia, la condición de adversario no se decide unilateralmente. Zapatero, Blanco, Rubalcaba, Carod, Puigcercós, Puig, Mas y Duran han decidido, señor Rajoy, que el PP es el enemigo. Ante eso, gallardonear o arriolear, simular que persisten coordenadas de gentil entendimiento, es locura. Sólo le falta ya al PP hacer lo que Gil Robles y renunciar a gobernar la próxima vez que gane las elecciones.
Si los populares aceptan las categorías de la propaganda ajena, si se dejan abducir por la dicotomía burda “moderación gallardonista / radicalismo aznarista”, no habrá nada que hacer. Sarkozy sitúa a Aznar en el lugar histórico que le corresponde, y a ver cómo lo lapidan los de Prisa. Que es francés, ya. ¿Y qué? La cuestión no es esa. La cuestión es quién establece los conceptos y quién los acepta renunciando a los suyos.
En los próximos meses se va a agitar el Estado. Lo de la ETA es ya un fracaso del gobierno, aferrado a una tregua que no llega, insistiendo en la ausencia de precio político mientras paga a la vista de todos. Lo de Cataluña, que es crucial, lo lleva Rajoy mal enfocado. Teme abrir una brecha en el partido. Teme, si salta Piqué, la cantinela del triunfo de los halcones y del anticatalanismo. Pero cuanto más tarde en decidirse, mucho peor para el PP.
El laicismo y el supuesto izquierdismo de los Ciudadanos de Cataluña importan ahora poco. Hay una urgencia que, hasta hoy, sólo ha sido reconocida y formulada por los de Espada y Boadella: expulsar al nacionalismo del espacio público. Piqué no cree en tal cosa sino en la contraria: disolver el españolismo catalán en el espacio nacionalista. ¿Izquierdismo? Izquierda y derecha son categorías del siglo XVIII. En cuanto al laicismo, ya habrá tiempo de discutirlo. De momento hay que recuperar la dignidad.
Sarkozy no se presenta a las elecciones en España y Rajoy, con toda su valía, no ve lo que Piqué le está haciendo a su partido y a sus partidarios catalanes. Voten PP en el resto de España cuando llegue el momento, que en Cataluña los liberales aconfesionales tendremos que votar a una “izquierda” laicista. Y antinacionalista. El ingrediente es necesario, se acabaron las renuncias.
Sostiene que en Catalunya se puede ser anticatalanista y no pasa nada; pero sí ocurre, como demuestra el hecho de que a él le moleste tanto la aparición de ese partido. Y a su artículo me remito. Explica que el nacionalismo no es hegemónico en Catalunya y resulta que allí es nacionalista hasta el Partido Socialista. Intenta convencer de que el nacionalismo no presiona y resulta que a los niños valencianos les obligan a estudiar catalán, cuando en nuestro Estatuto pone valenciano.
Como se les vaya la mano, tendrán que estudiar catalán hasta los niños de Cádiz.
En los tiempos que corren no es normal que haya tantos nacionalistas. Esa la prueba de que hay un problema en Cataluña, que viene de antiguo y que no se ha sabido resolver. Es lógico que los intelectuales se resistan a soportar este clima e incluso que algunos de ellos se hayan visto obligados a fundar un partido. El hecho de que a Roca le haya salido un artículo tan infumable, sin que le hayan saltado las alarmas de su cerebro, viene a indicar que su entorno está muy enrarecido por el nacionalismo. Por otro lado, su referencia al número de votos que pueda sacar Ciutadans de Catalunya está fuera de lugar.
Tener más o menos votos no significa tener más o menos razón. Él debería saberlo.
articulista@minutodigital.com
Desde hace cuarenta años, ya antes de la caída del franquismo, se ha difundido el mito de una izquierda defensora del nacionalismo separatista frente al centralismo franquista. En definitiva, se habría identificado a España con el franquismo, mientras la izquierda estaría del lado del nacionalismo fraccionario y tendría como patria la Humanidad. Pero lo cierto es que si identificamos al franquismo con la derecha y a su vez con España, llegaremos a la contradicción de encontrarnos con que el catolicismo es quien ha creado los nacionalismos periféricos, bien desde los seminarios vascos o desde la Montaña de Montserrat, como ya señalamos en anteriores artículos. ¿Desde cuándo la izquierda puede identificarse con la Iglesia católica, segundo componente de la alianza del Trono y el Altar que caracterizó al Antiguo Régimen?
Si hemos de determinar si España está ligada a la Derecha o a la Izquierda en sentido político, habríamos de empezar por determinar desde cuándo tiene sentido esa distinción. Y es en 1789, con la Revolución Francesa, cuando comienza esa distinción, identificándose la Derecha con los valores del Antiguo Régimen (el Trono y el Altar) y la Izquierda negándolos para constituir una sociedad de ciudadanos iguales ante la ley y no de súbditos o siervos. En España, la invasión napoleónica y el apoyo de los jacobinos españoles, los “afrancesados”, plantea una reacción no sólo desde el punto de vista de los defensores del absolutismo, los “serviles”, sino desde el punto de vista de la izquierda liberal, que en 1812 compone la primera Constitución de la nación española para “los españoles de ambos hemisferios”, incluyendo América, independientemente de su origen social o linaje, como señala Gustavo Bueno en El mito de la izquierda.
Sin embargo, la igualdad ante la ley propuesta por las izquierdas jacobina y liberal es puramente formal, pues no soluciona los enormes problemas sociales y la depauperación sufrida por los trabajadores durante el siglo XIX. Por este motivo las siguientes generaciones de izquierda, tales como el anarquismo, la socialdemocracia o el comunismo aparecen a escena en todo el mundo, España incluida. A diferencia de la izquierda liberal, los anarquistas, socialdemócratas o comunistas (los maoístas apenas tienen influencia en este país) se mantienen alejados de la perspectiva de España, pero no por traición a la nación como pretende César Alonso de los Ríos, sino porque su objetivo es negar todo Estado (anarquistas), o bien porque consideran España como un paso previo hacia otra situación superior (socialistas y comunistas). El caso del PCE es especialmente paradigmático: pasó de la defensa de España durante la guerra civil a defender el “derecho de autodeterminación de los pueblos” durante el franquismo por exigencia de la Unión Soviética.
Sin embargo, la caída de la URSS ha obligado a reconfigurar posiciones: ya no existe la derecha, pues el Antiguo Régimen ha desaparecido y los derechos de linaje o extracción social han quedado diluidos en el Estado moderno. La izquierda política ha quedado igualada a otras formaciones políticas, de tal modo que nadie cuestiona la democracia, la propiedad privada o el modo de producción capitalista. Pero esto no significa que las creencias más irracionales, los abusos de poder o las distintas desigualdades vayan a subsistir eternamente. Aún está abierto el camino para que en plataformas políticas o culturales de alcance continental, como la Hispanidad, pueda llegar a existir una séptima generación de la izquierda, identificada no sólo con España sino con la comunidad hispánica.
Gas Natural actúa ya en España como si le perteneciera. La semana pasada supimos que su nueva central de ciclo combinado de Escombreras (Cartagena) había comenzado sus actividades, salvajemente contaminantes, sin siquiera haber solicitado las pertinentes licencias a la Comunidad Autónoma ni al Ayuntamiento de Cartagena, con la sola autorización del Ministerio de Industria de su amigo Montilla. Y para que se sepa, a pesar de la propaganda del Imperio, aquí los ayuntamientos socialistas construyen más que los populares. Como en Andalucía. Sírvanos como metáfora de la España que viene. Esto es lo que publiqué hace unos días sobre el asunto.
Mientras Gas Natural se chotea de la Región de Murcia, de sus instituciones y su legalidad, instalando en nuestro territorio lo que le sale de los cojones porque se sabe protegida por el camarada Montilla, nuestra clase política se pelea por ver quién construye más dúplex. En primera línea de green, claro, dispuestos a practicar el putting desde el salón de la casa, incluso desde el sofá mismo de ikea, mientras le hacemos un birdie al cabronazo del vecino que se ha comprado un off-road de 4-way-drive para presumir. Antes lo odiábamos porque manejaba con destreza la rasera y le salían mejor las migas, y ahora lo que maneja como nadie es el put. Hemos pasado de puteros a putineros. Y que me perdone la agente que acaba de nombrar el Ayuntamiento de Murcia (del PP, que es que se están centrando) para vigilar el lenguaje sexista y el “impacto de género”: llegará, como para el tabaco, el día que en que tengamos que irnos al váter a decir ‘joel, coño’. Lo de ‘pijo’ será ya de cárcel.
En las pedanías altas de Lorca, en los campos de Jumilla, en mi Archivel, los viejos jubilados ya no se sentarán en los bancos a liar cañamo y esperar una muerte dulce y amarilla. Los pondrán como adornos en los verdes campos del Edén (golf resort) y lo que verán pasar serán los cochecitos cargados de ejecutivos y de ingleses hacia el hoyo dieciocho.
Mientras, en los secarrales ecosocialistas y populares de Campos del Río, de Albudeite, de Fortuna, de Fuente Álamo, el desierto se habrá convertido, gracias a las aguas desaladas a precio de oro con energía catalana, en un mar de verdura, un paraíso recortable y nutricio que podremos mirar asomados a “los muros de la patria mía/, si un tiempo fuertes, hoy desvencijados”, que dijo don Francisco de Quevedo viendo a la España imperial irse a tomar por saco.
En el futuro, a los Países Catalanes genuinos, que llegarán hasta Guardamar, como fue siempre, se les irá añadiendo Catalania, una gran Urbanización Republicana Socialista Sostenible que el Gobierno central, presidido por el gran José Montilla, habrá construido con capital de las caixas, y a la que Gas Natural y de Vichy, propiedad de las mismas caixas y presidida por Josep Montilla, ectoplasma cuatribarrado y lingüísticamente inmersionado del primero, le suministrará toda la energía necesaria para que sus beneficios –las plusvalías, que decía la izquierda prezapatera- vayan a la Catalunya verdadera, que así seguirá siendo rica, riquísima, y, sobre todo, más rica que los demás.
En Escombreras habrá tal concentración de petróleo, gas y desvergüenza, que el día que a alguien le suba la fiebre por las cercanías, o pase una pareja con calentón, tendremos una nueva Hiroshima, y una preciosa nube tóxica de disseny dará un toque negro elegantísimo a los miles de kilómetros de verdor residencial y progresista. A cambio, no cobramos nada. No piden ni permiso de apertura. Seguramente se han enterado de que aquí son ilegales hasta las casas de los concejales, como se le ha decubierto al portavoz socialista del Ayuntamiento de Murcia.
Y el IVA, a Barcelona. Que la política para expulsar a la lengua española de la vida pública (y de la privada, si se dejan) es muy costosa: hay que comprar a muchísima gente, empezando por todos los medios de comunicación, y un país subvencionado sale por un ojo. La culpa es de Castilla (y de la Murcia de Belluga) por haber apoyado a Felipe V. Y a Felipe IV. Así que, pensándolo bien, no queremos más Felipes. Urdangarín, conde de Barcelona. Y Cristina de Borbón, tan catalana, en el papel de doña Petronila. ¡Qué mejor que una reina empleada de la Caixa! Reyes propios, leñe, que lo pongan en el Estatut. O mejor: Maragall, presidente de la República. Y Llamazares, de palmero. De don Tancredo. Mira que le va bien hacer de Tancredo republicano: mentón arriba, mirada altiva, tonto sin iva.
Y mientras, aquí, sin enterarnos. ¿Alguien ha oído a alguno de nuestros padres de la patrie hablar sobre cómo podemos evitar que nos dejen hasta sin los huesos de las olivas? ¿Vamos a constituirnos en fotocopia catalina o intentaremos obtener la independencia de España para unirnos sólo a los que quieran seguir unidos: una sanidad, una educación, una gripe aviar, unas leyes comunes, una Hacienda que distribuya la riqueza, aunque sea poca, para los que quedemos? ¿Saben que el PSOE -¡qué progresista/o!- ha pactado con los nacionalistas de CiU y del PSC que una vez que hayan conseguido el superávit fiscal que perseguían, entonces se reunirán “con el Estado”, de igual a igual, a ver lo que les sobra, en plan limosna? No se sabe si la Comisión paritaria estará presididida por Pepe Rubianes.
¿Se han planteado en el Partido Socialista de la Región de Murcia, ya puestos, convertirse en un partido ‘hermano’ (¿o es ‘enmano’?) como el PSC, y hacerle chantaje al ilustre Zapatero, ese hombre íntegro incapaz de dejarse chantajear por afán de poder, a ver si nos manda, ya que agua no, algunas zapatillas de ésas de la Trujillo? Claro que el PSRM está muy ocupado separándose de sí mismo.
Gente lista que ‘semos’, sí señor. Y del Barça. Tenemos casi una bomba atómica junto a Cartagena y no les vamos a cobrar ni el IVA, que se lo ha dado Zapatero. También les ha dado casi todos los aeropuertos, que los necesitan para ponerlo todo en catalán y que los turistas sepan, nada más poner el pie en suelo ex-pañol, que “Catalonia is not Spain”.Y dicen los pensadores de la izquierda plural que España no se rompe, que es una mentira concebida por Rajoy para crispar al noble ZP. Razón que llevan. España no se rompe, la regalan. Spain is Catalania. Somos gilipollas, pero nos damos cuenta, no se vayan a creer.
La aparición de Ciudadanos de Cataluña en el panorama político catalán ha causado preocupación en el PP. Mientras Rajoy decía en La Mañana de la COPE que "saldrá en algunos pocos medios nacionales donde suele salir el PP y por eso terminará disputando el voto", Vidal Quadras ha advertido del "peligro" de trasvase de votos y pidió a los populares catalanes una actitud de "firmeza" en su oposición al discurso nacionalista. Ciudadanos de Cataluña cree que pueden restar "algún voto" a los populares, pero que la mayor parte de los apoyos les vendrán desde el PSC.
"Este peligro (de trasvase) sin duda alguna existe y se puede producir. Por eso el PP tiene que tener un discurso muy firme en Cataluña, muy contundente, muy comprometido, si quiere evitar ese trasvase", dijo Vidal Quadras en declaraciones a Europa Press. A su juicio, la aparición de Ciudadanos de Cataluña responde al "clima opresivo" creado por el "pensamiento único nacionalista", que ha hecho que "gente que en principio no pensaba dedicarse a la política para nada, por una estricta razón de legítima defensa, se hayan lanzado a la aventura de crear un partido político". "Yo creo que el hecho de que intelectuales como Boadella, o Arcadi Espada o Francesc de Carreras o Xavier Pericay, se hayan decidido a montar un partido político da una idea de lo desesperados que deben de estar", señaló.
El eurodiputado popular pronunció una conferencia en Bruselas titulada 'El nuevo Estatuto de Cataluña: el fin del pacto de la transición', cuyo argumento central es que la reforma que se debate en el Congreso "representa la liquidación del pacto de la transición e inaugura una nueva etapa política en España de incertidumbre". En su opinión, el Estatuto "sigue siendo inconstitucional, incluso después del acuerdo entre el presidente del Gobierno y los nacionalistas". "Tendrá consecuencias muy lesivas para la estabilidad, para el crecimiento, para nuestro prestigio en el mundo, es una operación que se puede calificar de desastrosa y cuyos efectos negativos durarán mucho tiempo", afirmó. "El sistema difícilmente podrá resistir este Estatuto, porque si otras comunidades autónomas, como es natural, solicitan lo mismo, el sistema se volverá inviable", indicó. Se producirá una "explosión" y una "centrifugación" del Estado, y una posterior "recomposición" del "sistema", cuyo "alcance" es difícil de anticipar, concluyó.
Sobre la posibilidad de que Ciudadanos de Cataluña le reste votos al PP en Cataluña también se pronunció Mariano Rajoy en el programa de Federico Jiménez Losantos. Mariano Rajoy señaló que "el único partido que defiende las mismas posiciones en el Parlament y en las Cortes es el PP". "Todos los demás han cambiado. El PP de Piqué ha defendido las mismas posiciones en Barcelona que en Madrid, nosotros estamos con la España constitucional". Dicho esto, ha explicado sus diferencias con Ciudadanos de Cataluña: "Esta plataforma defiende tres ideas: la idea de España –en eso coincidimos. Las otros dos: son de izquierdas y nosotros no y tienen como estrella de su programa la laicidad y yo estoy en contra de esa posición que es contraria a la Constitución. Por estas cuestiones yo a esta gente respetable no le daría mi voto".
En su opinión, el error no ha venido del PP, sino que "lo habrá cometido el PSOE". El líder popular ha explicado que "algún error habrá cometido el PSOE porque estos señores (en referencia a los fundadores de Ciudadanos de Cataluña) vienen del socialismo". Además, sobre el futuro de la plataforma, cree que dadas las actuales prácticas de los medios de comunicación en Cataluña, citó a TV3 y Catalunya Radio, el partido de Albert Boadella y Arcadi Espada, "como no va a salir en ningún medio de Cataluña saldrá en algunos pocos medios nacionales donde suele salir el PP y por eso terminará disputando el voto al PP".
Por su parte, uno de los fundadores del partido, Angel de la Fuente, aseguró que puede disputar "algún voto" al PP cuando se convierta en partido político, pero consideró que la mayor parte de los apoyos les vendrán desde el PSC.
LA PROMOCIÓN ESTARÁ "LIGADA" A ELLO
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha reconocido que considerará "mérito preferente" el conocimiento de las lenguas cooficiales para la promoción de fiscales en las comunidades autónomas con lengua propia. Esto es parte de lo que recoge el borrador para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que para Conde Pumpido es "un paso de gigante" para "acomodar" el funcionamiento de la Fiscalía a la España "descentralizada".
El borrador, que fue enviado el lunes al Ministerio de Justicia, sostiene que la promoción de los fiscales en aquellas comunidades con lengua propia estará "ligada" al dominio de ésta, ya que la Fiscalía debe ser, en palabras de Conde Pumpido, "sensible a la riqueza que representa el tesoro plural de las lenguas propias de las comunidades". Así lo confirmó el fiscal general del Estado, tras firmar un convenio de promoción del gallego en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.
Conde Pumpido abogó por "reflejar adecuadamente" la "riqueza" que se da en la variedad de lenguas que se hablan en nuestro territorio, y dijo que ello consolidaría las administraciones públicas, ya que, a su juicio, , las instituciones "se legitiman cuando son útiles, y sólo son útiles cuando el ciudadano las siente como próximas". Recalcó que garantizar el entendimiento con los funcionarios en la lengua propia representa "un paso definitivo en esta aproximación" y, por ello, se comprometió a situar a la Fiscalía "en el lugar que constitucionalmente le corresponde", ajustando sus estructuras al modelo de Estado definido en la Carta Magna. "Un modelo que, sobra explicarlo, se apoya en un diseño político territorial mínimamente reconocible" en la actual articulación del Ministerio Fiscal, lamentó.
Por ello, Conde Pumpido defendió la firma de convenios como el suscrito con la Xunta para "normalizar" el gallego en el campo de la Justicia, ya que "persigue el objetivo que la propia palabra indica: llevar la normalidad de la casa y de la calle a los ámbitos oficiales en los que, por forzada excepción, no pudo regir durante décadas".
"Garantizar la capacitación lingüística"
Emilio Pérez Touriño declaró que este objetivo "requiere garantizar la capacitación lingüística" de las personas que trabajan en la administración de Justicia y certificó que ése es el propósito del acuerdo firmado este martes, a su juicio, "un importante avance en un ámbito en el que los avances fueron sin duda más escasos que en otras áreas de la vida pública".
Por ello, el presidente de la Xunta consideró que normalizar el gallego en las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de Galicia garantizará a los ciudadanos "ejercer sus derechos lingüísticos, estipulados y reconocidos por la Constitución y el Estatuto". "También en el terreno de sus relaciones con la administración de Justicia", recalcó.
No obstante, Touriño admitió que habrá que poner a disposición de los trabajadores judiciales "las herramientas necesarias", tanto técnicas como humanas, para que el progresivo incremento del gallego en la Fiscalía tenga lugar "de una manera digna, respetuosa del lenguaje y de la técnica jurídica tanto como de la propia lengua".
Con esta propuesta "tan desinteresada", la justicia, en las Islas Canarias, se va a ahorrar un montón de dinero, pues en vez de tener que dotar a los jueces de martillitos para dictar sentencias, lo podrán hacer en silbo gomero. Si hasta ahora tenemos (in)justicia extremadamente lenta, ahora tendremos (in)justicia extremadísimamente lenta a fuer de tener que dilucidad en que idioma ejecutan los expedientes, y de donde sacan tiempo para aprender la "lengua propia". Todo un ejemplo de justicia universal, donde los funcionarios podrán pedir el traslado de Matamala a Matapeor, siempre que entre las dos no haya que cruzar un riachuelo.
Un colectivo formado por miembros del PSC, Ciutadans de Catalunya y la Asociación por la Tolerancia presentó ayer en Madrid una campaña en defensa del castellano y pidió a los grupos parlamentarios que «reflexionen» y cambien la redacción del artículo 6.1 del Estatuto catalán que establece que la lengua propia de Cataluña es el catalán.
Los miembros del colectivo se reunieron por la mañana con el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, al que presentaron la campaña «Enmienda 6.1» -el artículo 6.1 establece que el «catalán es la lengua de uso normal y prefente» en Cataluña - , y por la tarde se entrevistaron con miembros del grupo socialista. Zaplana dijo que coincide con lo que plantea la plataforma.
El recrudecimiento de la violencia etarra de las últimas fechas se ha coronado con una lista negra de objetivos "militares" de la banda terrorista. Gotzone Mora, profesora en la Universidad del País Vasco, está entre ellas.
La Policía se ha puesto en contacto con Gotzone Mora y le ha aconsejado que abandone Euskadi. La parte más violenta de la banda terrorista, contraria a cualquier proceso de negociación, ha elaborado una lista negra con objetivos, entre los que destaca Mora. No obstante, en una muestra más de coraje, ya ha contestado:
"Lo que tenga que pasar, pasará, pero yo no me voy a ir de aquí".
Lo cuenta el Semanario Alba en su próximo número. En una información de Javier Oyarzábal y Roberto R. Ballesteros, la profesora de la Universidad del País Vasco ha vuelto a dar muestras de su coraje y su valentía: Euskadi es su tierra y no se va a ir porque unos asesinos la amedrenten.
Divididos ante la posibilidad de negociar
"La parte más violenta de ETA, la encabezada por el terrorista Txeroki, ha elaborado una lista negra con personas consideradas por la banda objetivo militar. Según fuentes cercanas a la cúpula abertzale, se ha producido recientemente un encuentro de ETA en la frontera francobelga en el que la banda se ha mostrado dividida".
"Por un lado, encabezados por Josu Ternera, se encuentra los miembros que apoyan la negociación con el Gobierno. Por otro, los más jóvenes y radicales, encabezados por Txeroki, que apuestan por la violencia y contra la negociación, siempre en busca de la independencia. Estos últimos han elaborado una lista negra donde se reflejan los futuros objetivos de la banda".
Gotzone Mora sabe que le quieren ver muerta. Tal y como cuenta la propia militante socialista, en la Universidad han aparecido pintadas pidiendo a ETA que le mate. Pero ella se muestra firme:
"ETA quiere lo de siempre, la independencia, y quieren conseguirlo acogotando a la gente, aterrorizando (...) Hay gente de aquí que se ha vendido, pero yo ni lo voy a hacer ni voy a ir".
Entrevista: BEATRIZ CALVO, CONCEJAL POPULAR EN AMOREBIETA
No cabe duda que tener un cargo público del Partido Popular en el País Vasco conlleva serios riesgos. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que decidió participar en política?
Lamentablemente ya no salgo sola a ninguna parte ya que siempre me acompañan mis escoltas y por lo tanto no puedes improvisar ni preparar planes de ultima hora amen de lo duro que resulta sufrir amenazas y sentir el desprecio de una parte de la sociedad vasca por el mero hecho de representar unas siglas determinadas.
Imaginamos que la familia también sufre en esta situación ¿Es difícil compaginar la política, en este caso de tan grave riesgo personal, con una vida familiar normal y plena?
Es complicado, pero lo intentas hacer de la mejor manera posible, yo no tengo niños y eso facilita algo las cosas, ya que me imagino complicado explicar a los más pequeños la situación que vivimos.
Usted está amenazada y por ese motivo viaja permanentemente con escoltas ¿Cree que algún día no le harán falta? ¿Llegará el día que usted pueda ir solo a cualquier parte del País Vasco sin peligro de ser agredida o asesinada?
No sé si llegará pero espero que ese día lo veamos algún día.
En el Ayuntamiento del que usted es concejal ¿Cuál es la relación con los nacionalistas? ¿Existe relación personal con ellos? ¿Cómo les tratan los representantes de los grupos nacionalistas?
En las dos legislaturas que he sido concejal he tenido dos equipos de gobierno distintos; con el primero la situación política era diferente, el trato era mas cordial (puede que también influya que la alcaldesa fuera mujer). En la segunda legislatura el equipo del PNV es de corte nacionalista más intransigente y eso se nota en el trato.
La negociación con ETA implica hacer concesiones políticas. ¿Es ético otorgar un papel político al separatismo terrorista? ¿es admisible que quienes han querido imponer a tiros sus tesis ahora se vean recompensados pudiendo introducir esas mismas tesis en el debate político sobre el futuro del País Vasco?
No, no se puede admitir que los que han acabado con tantas vidas tanto en el País Vasco como en el resto de España vean recompensados sus acciones con prebendas políticas. Lo único que han de entender los terroristas es que todo el daño y el sufrimiento que han provocado solo tendrá como compensación la dureza del estado de derecho.
El PNV esta dispuesto a la menor oportunidad que tenga a convocar un referéndum de autodeterminación. ¿Cree usted que en el País Vasco existen las condiciones de libertad para que ese referéndum sirviese de referencia para conocer el sentir del pueblo vasco?
No, dudo mucho que la sociedad vasca desee el referéndum realmente, ya que tiene otros problemas mucho mas importantes. En cualquier caso, en el País Vasco no hay libertad y hasta que no convivamos en normalidad e igualdad de condiciones, será poco democrático plantearse esta serie de cuestiones.
Según los separatistas se debe respetar la voluntad mayoritaria del pueblo vasco si decide independizarse de España. ¿Cree que la pertenencia a España del País Vasco es algo más que una cuestión de mayorías?.
Sin duda alguna , fundamentalmente los nacionalistas niegan la historia de nuestra tierra y su vinculación con el resto de España. La idea de la independencia es una quimera que muchos lideres nacionalistas utilizan para sustentarse en el poder durante muchos años más.
Legalización del PCTV, actos públicos de Batasuna... ¿Qué opina de la política antiterrorista del gobierno?
Hoy por hoy podemos afirmar que no existe política antiterrorista, la política del gobierno socialista da la espalda a las víctimas y socorre al verdugo.
España esta viviendo momentos de una grave crisis. El ex presidente del gobierno Aznar ya ha advertido de que nos enfrentamos a un cambio de régimen. Las reformas territoriales que Zapatero ha promovido implican a nuestro juicio la creación de un estado federal ¿cree que cambios de esta envergadura no pueden realizarse sin consultar a los españoles?
Los españoles nos merecemos unos representantes políticos responsables. La imprudencia del PSOE está provocando un cambio del concepto que todos tenemos de España, y como se trata de un cambio tan importante es necesario consultar a los españoles igual que se ha hecho en otras ocasiones como ocurrió en su día con la Constitución europea, el referéndum de la OTAN o la pertenencia a la UE.
Terroristas marroquíes residentes en Bélgica participaron activamente en la preparación del 11-M. Así lo desvelan los informes remitidos recientemente por la policía belga a las autoridades españolas y que apuntan a que una célula local del Grupo Islamista Combatiente Marroquí (GICM) estaba al tanto de la masacre y sirvió de enlace entre diferentes yihadistas del 11-M.
Las comisiones rogatorias contestadas por Bruselas señalan un nombre por encima del resto: Lahoussine El Haski, un marroquí de 30 años detenido poco después del 11-M y al que la Policía belga considera el verdadero jefe del GICM en Europa. Hasta ahora, la Comisaría General de Información (CGI) situaba en este lugar a su hermano, Hassan El Haski, detenido en Tenerife en diciembre de 2004 y procesado en el sumario de la masacre de los trenes.
La Inteligencia belga corrige a la policía española: el arrestado en Canarias sólo se hizo con las riendas del GICM en Europa cuando este grupo fue golpeado en dos operaciones el 19 de marzo y el 1 de julio de 2004. Antes del 11-M -señalan los informes/ Lahoussine El Haski era el número dos de la «comisión teológica» del GICM, además de encargarse de las finanzas de la organización y de las operaciones terroristas de este grupo en Europa, entre ellas de la masacre de Madrid.
Según los investigadores del Benelux, los nexos de Lahoussine El Haski y sus acólitos con el 11-M son numerosos. El primero es que el detenido en Bélgica fue durante meses el jefe directo del también marroquí Youssef Belhadj, más conocido como Abu Dujan Al Afgani, el denominado «portavoz de Al Qaeda en Europa», y cuyo nombre invocaron los terroristas que reivindicaron los atentados de Madrid.
CAUSANDO IMPORTANTES DAÑOS MATERIALES Y UN HERIDO LEVE
La bomba estalló a las 8.00 horas en la sede de Falange Española en Santoña (Cantabria), causando un herido leve e importantes daños materiales. El artefacto explosivo estaba en una bolsa con un cartel en el que se leía "peligro bomba". La zona se encontraba acordonada, tras el aviso de la colocación del explosivo por un comunicante, en nombre de ETA, a la DYA de Guipúzcoa. Fuentes de la Policía Local valoraron el artefacto como "de bastante potencia", mientras que la Delegación de Gobierno dijo que los daños no parecían "muy cuantiosos".
Un artefacto colocado por ETA ha estallado sobre las 8.00 horas de este miércoles en la sede de Falange Española en Santoña (Cantabria), según informaron a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria. TVE ha informado de que el atentado ha provocado un herido leve.
La zona se encontraba acordonada por la Policía tras recibir el aviso de la colocación del explosivo, que estaba en la puerta de la sede de este formación, ubicada en la calle General Salinas, de Santoña. Un comunicante, en nombre de ETA, avisó sobre las 7.10 horas a la asociación de ayuda en carretera DYA de Guipúzcoa de la colocación de este artefacto y de que iba a explotar a las 8.00 horas.
Horas antes, dos artefactos explosivos de fabricación casera estallaron en sendas sucursales bancarias en Plencia (en Vizcaya cerca del límite con Cantabria), en las que causaron daños materiales, según informó el departamento de Interior del Gobierno Vasco. Las explosiones se produjeron unos veinticinco minutos antes de la medianoche en las sucursales de la BBK y de La Caixa ubicadas en la calle Erribera de la localidad costera vizcaína.
La sucursal de la BBK sufrió daños en la zona del cajero automático y en el interior del local, mientras que la oficina de La Caixa registró desperfectos de poca importancia en el exterior. Las explosiones no provocaron lesiones personales ni desalojos, aunque los vecinos de la BBK salieron de sus pisos, por iniciativa propia, alertados por la explosión.
Pide que se modifique el artículo del Estatuto que dice que el catalán es la lengua propia de Cataluña
Miembros de la plataforma Enmienda 6.1 -integrada por la corriente crítica del PSC Socialistas en Positivo, Ciutadans de Catalunya y la Asociación por la Tolerancia- acudieron ayer al Congreso de los Diputados para pedir a los grupos parlamentarios que «reflexionen» y modifiquen el artículo 6.1 del Estatuto, que establece que «la lengua propia de Cataluña es el catalán».
Para este colectivo es necesario que este artículo se cambie e incorpore que «las lenguas propias de los catalanes son el catalán y el castellano». Consideran que ambas deberían ser de «uso normal en todas las administraciones públicas y en los medios de comunicación públicos en Cataluña», al mismo tiempo que señalan que deberían ser «las lenguas normales utilizadas como vehiculares y de aprendizaje en la enseñanza».
Para Ramón Marcos, de la corriente Socialistas en Positivo, «con este artículo no se pretende fomentar el catalán, como se dice, sino intentar imponer un modelo social en torno a una identidad única».
En su opinión, el artículo 6.1 responde a unos principios «profundamente reaccionarios y arcaicos». «No estamos persiguiendo el catalán, nuestra propuesta no va contra nadie», señaló, «pero la identidad de Cataluña no se puede fijar a través de una lengua, porque quienes no hablen esa lengua quedarían segregados», añadió.
Marcos calificó de «profundamente equivocada» la posición del PSC, que ha derivado hacia posturas cada vez más nacionalistas e identitarias. A su juicio, esta actitud no sólo ha hecho «daño a los catalanes», sino también al Gobierno, «al que ha puesto sobre las cuerdas».
Sin embargo, se mostró confiado en que el Grupo Parlamentario Socialista tenga en cuenta esta petición, así como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Además de reunirse con los grupos socialista y popular en el Congreso, la plataforma Enmienda 6.1 presentó ayer en el Registro de la Cámara esta iniciativa, con el objetivo de que el presidente de esta institución, Manuel Marín, la traslade a la Comisión Constitucional que debate ahora la reforma del Estatuto catalán.
Sus impulsores confían en que el Congreso tenga en cuenta su petición, que pretende acabar con la «discriminación» del castellano en Cataluña y que, finalmente, «el sentido común prospere». No obstante, también están recogiendo firmas para presentarlas a finales de marzo o principios de abril, en caso de que esta iniciativa no fuese aceptada.
A juicio de Silvia Hierro, miembro de Socialistas en Positivo, no tiene sentido que la lengua propia de Cataluña sea sólo el catalán, cuando, según las encuestas, «un 53,5% de los catalanes considera el castellano como su lengua materna».
Para José Domingo, vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia, «discriminar lenguas es discriminar personas». Domingo calificó de «inconstitucional y segregacionista» la redacción actual del artículo 6.1 del Estatuto, sobre todo teniendo en cuenta que más del «25% de los ciudadanos de Cataluña no habla el catalán».
Una opinión que comparte Angel de la Fuente, miembro de Ciutadans de Catalunya -una plataforma que pronto se convertirá en partido político-, que calificó de «poco razonable» que la lengua materna de muchos ciudadanos catalanes se considere «impropia del país en el que viven». «Los territorios no tienen lenguas ni derechos, sólo los ciudadanos», afirmó.
Un colectivo formado por miembros del PSC, Ciutadans de Catalunya y la Asociación por la Tolerancia pidió este martes a los grupos parlamentarios que "reflexionen" y cambien la redacción del artículo 6.1 del Estatuto catalán que establece que la lengua propia de Cataluña es el catalán.
EFE Libertad Digital 8 Marzo 2006
Para ello, los miembros del colectivo se reunieron con el portavoz del grupo popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, al que presentaron la campaña "Enmienda 6.1", esta tarde lo harán con el grupo socialista y el jueves con Coalición Canaria, y están a la espera de recibir la contestación de IU. Tras la reunión, Zaplana manifestó su coincidencia con el planteamiento de la plataforma y manifestó su "profunda alegría" porque se estén planteando este tipo de iniciativas en el seno de la sociedad catalana.
El artículo 6.1 establece que "el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza". La plataforma propone cambiar esa redacción por otra que diga que "las lenguas propias de los catalanes son el catalán y el castellano" y que como tales ambas "son de uso normal de todas las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña" y son también "normalmente utilizadas como vehiculares y de aprendizaje en la enseñanza".
En rueda de prensa para presentar la campaña en Madrid, Silvia Hierro, miembro de Socialistas en Positivo, corriente crítica del PSC, señaló que se trata de lograr la igualdad de las dos lenguas, teniendo en cuenta que, según las encuestas, un 53,3 por cien de los catalanes considera el castellano como lengua materna. José Domingo, vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia, calificó el artículo 6.1 de "inconstitucional" y "segregacionista" y defendió que las lenguas son propias de los hablantes y no de los territorios. Consideró "insostenible" la preferencia que en el Estatuto se da al catalán y aseguró que "discriminar lenguas es discriminar personas".
Angel de la Fuente, miembro de Ciutadans de Catalunya, que próximamente se convertirá en partido político, destacó que "los territorios no tienen lenguas ni derechos, sino los ciudadanos" y consideró "poco razonable" que la lengua materna de muchos ciudadanos se considere impropia del país donde viven. El también miembro de Socialistas en Positivo Ramón Marcos subrayó que la iniciativa propone un modelo social diferente al que establece el Estatuto, que no parta de la identificación de una determinada identidad cimentada en la lengua.
Aseguró que el artículo 6.1 se basa en unos principios "profundamente reaccionarios y arcaicos" y pidió que las políticas en Cataluña no se articulen "en torno a una única cultura, a un único ADN". Calificó de "profundamente equivocada" la actitud del PSC "por el daño que está haciendo a los catalanes" y al PSOE, al que "ha puesto sobre las cuerdas", y consideró que un partido socialista no puede defender posiciones identitarias.
Por otra parte, Angel de la Fuente aseguró que Ciudadanos de Cataluña puede disputar "algún voto" al PP cuando se convierta en partido político, pero consideró que la mayor parte de los apoyos les vendrán desde el PSC.

References: artículo 6
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