Source: http://corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica_opinion.cfm?lang=en&nId_Ficha=26
Timestamp: 2020-01-18 09:08:55+00:00

Document:
Technical Data: Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Keywords: Jueces, Jueces ad hoc, Nacionalidad
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VAmerican Convention: Artículo 55 (Nacionalidad de jueces)
1) De acuerdo a lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 55.3, ¿la posibilidad de designar un juez ad-hoc debe limitarse a aquellos casos en que la demanda interpuesta ante la Corte haya sido originada en una denuncia interestatal?
2) Para aquellos casos originados en una petición individual, ¿Aquel magistrado nacional del Estado denunciado debería excusarse de participar de la sustanciación y decisión del caso en orden a garantizar una decisión despojada de toda posible parcialidad o influencia?
Amicus curiae presented
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
- Centro de Asesoría Legal del Perú
- Instituto de Defensa Legal, la Asociación por los Derechos Civiles
- Comisión Colombiana de Juristas
- Organización Justicia Global (Justiça Global)
- Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADESS)
- Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle de los Estados Unidos de América (International Human Rights Clinic, Seattle University School of Law)
- Iintegrantes del Seminario sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de México
- Grupo de académicos, académicas y estudiantes incorporados a la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos de América
- Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina
- Miembros de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
- Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador
- Centro de Derechos Humanos y Justicia “Bernard and Audre Rapoport” de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin de los Estados Unidos de América (The Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice, The University of Texas at Austin, School of Law)
- Director e integrantes del Grupo de Justicia Global y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Colombia
- Grupo de Estudios en Derechos Humanos y Litigio Internacional adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas de Colombia
- Señores Alberto Bovino y Juan Pablo Chirinos, el señor Carlos Rafael Urquilla, la señora Elisa de Anda Madrazo y el señor Guillermo José García Sánchez, el señor Luis Peraza Parga, el señor Carlos Eduardo García Granados, la señora Ligia Galvis Ortiz y el señor Ricardo Abello Galvis, el señor Augusto M. Guevara Palacios y el señor Marcos David Kotlik.
15. (…) la Corte recuerda que su competencia consultiva no debe, en principio, ejercerse mediante especulaciones puramente académicas, sin una previsible aplicación a situaciones concretas que justifiquen el interés de que se emita una opinión consultiva. En esta línea, el Tribunal observa que la consulta formulada por Argentina se relaciona con una situación precisa, es decir, la organización y composición de la Corte, asunto esencial en el funcionamiento del Tribunal, cuyo fortalecimiento responde a un interés general en la región.
17. Desde esa perspectiva, la Corte entiende que su respuesta a la consulta planteada prestará una utilidad concreta dentro de una realidad en la cual aspectos del actual funcionamiento del sistema interamericano de protección de derechos humanos han sido objeto de cuestionamiento. (…)
IV. Artículo 55.3 de la Convención americana La figura del Juez ad hoc en el trámite de casos contenciosos originados en peticiones individuales
1. La regla general de interpretación de tratados
27. (…) la Corte considera que el análisis del artículo 55.3 de la Convención Americana requiere la interpretación del artículo 55 en su conjunto, en especial de los incisos 1, 2 y 3, además del análisis de la conexión que éstos guardan con el resto de las disposiciones del tratado. Lo contrario conduciría a una interpretación fragmentada de la norma que desatienda la lógica de la función interpretativa conforme a la regla general contenida en el artículo 31 de la Convención de Viena.
29. De la lectura natural y razonable de esta disposición, el Tribunal observa que en sus incisos 1, 2 y 3 se establecen tres hipótesis o supuestos normativos sobre la composición de la Corte en un caso concreto. Como primera hipótesis, la norma plantea que de existir un juez nacional de “alguno de los Estados Partes en el caso” en la composición permanente del Tribunal, éste conservará el derecho de conocer del mismo. Como segunda hipótesis, establece que si uno de los jueces de la Corte es nacional de “uno de los Estados Partes” y ha decidido conservar su derecho de conocer del mismo, el “otro Estado parte en el caso” podrá designar un juez ad hoc. Por último, la Convención dispone que si entre los jueces de la Corte ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, “cada uno de éstos” podrá designar un juez ad hoc.
30. Del sentido corriente de las expresiones contenidas en este artículo —“alguno de los Estados Partes en el caso”, “uno de los Estados Partes”, “otro Estado Parte en el caso” y “cada uno de éstos”—, resulta evidente que las hipótesis allí planteadas para la composición de la Corte en un caso concreto tienen como presupuesto la participación de más de un Estado Parte en el mismo.
32. La Corte considera que deben distinguirse las modalidades de participación de un Estado en un caso contencioso de acuerdo a lo previsto por otras disposiciones de la Convención Americana. Al respecto, el Tribunal observa que dicha participación puede suscitarse con motivo de dos procedimientos de quejas o comunicaciones ante la Comisión Interamericana. Uno de ellos es el establecido en el artículo 44 de la Convención conforme al cual los Estados se constituyen en la parte demandada respecto a casos contenciosos originados en peticiones individuales. En el otro, dispuesto en el artículo 45 de dicho tratado, los Estados se presentan como partes procesales opuestas, es decir, como demandado y demandante en casos contenciosos originados por comunicaciones interestatales. Así, no sólo “cualquier persona o grupo de personas” sino también “todo Estado Parte” en la Convención puede presentar comunicaciones ante la Comisión Interamericana, en las que se alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en dicho tratado. Una vez concluido su trámite, las mismas pueden derivarse en una demanda ante la Corte, siempre que se reúnan los demás requisitos para que ella pueda ejercer su competencia contenciosa. En este sentido es claro el artículo 61.1 de la Convención, el cual dispone que “[s]ólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte”.
33. Una interpretación conforme al sentido corriente de los términos del artículo 55 de la Convención, en armonía con otras disposiciones de dicho tratado, conduce a afirmar que la expresión en plural de “Estados Partes”, que sirve de presupuesto a las hipótesis contenidas en el citado artículo 55 (supra párr. 29), es aplicable solamente a casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales.
34. La anterior interpretación del artículo 55 de la Convención es consecuente con el objeto y fin de la norma en cuestión. Al respecto, el Tribunal considera conveniente remitirse a los antecedentes de la figura del juez ad hoc. Como tal, esta institución fue concebida en el derecho internacional para la resolución de disputas clásicas entre Estados. El artículo 31 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece expresamente esta figura. De conformidad con dicha disposición, la cual es casi textualmente reproducida por el artículo 55 de la Convención Americana (supra párr. 28), los Estados, quienes se constituyen en las únicas partes procesales en las contiendas sustanciadas ante aquel tribunal, pueden designar un juez ad hoc si en su integración no se cuenta con jueces de la nacionalidad de dichos Estados.
36. Sobre la base de lo anterior, el Tribunal considera que las diversas disposiciones del citado artículo 55 (supra párr. 28), similar al artículo 31 de la Corte Internacional de Justicia (supra nota 19), tienen como propósito la preservación del equilibrio procesal de las partes constituidas por dos o más Estados soberanos iguales en derecho y cuyas relaciones son gobernadas bajo el principio de reciprocidad. Tanto es así, que el derecho a designar un juez ad hoc se origina para un Estado solamente cuando el juez de la nacionalidad de su contraparte decide hacer uso de su derecho a permanecer conociendo del caso, o bien, cuando tanto éste como el otro Estado parte no cuentan con un juez de su nacionalidad en la composición del Tribunal (supra párr. 29). Esto sólo adquiere sentido, si se observa en el contexto de los casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales, el cual es marcadamente diferente al que se suscita en los casos originados en peticiones individuales, e inclusive en otros asuntos conocidos por la Corte Interamericana (solicitud de medidas provisionales y opiniones consultivas).
37. El Tribunal resalta que, conforme a la Convención Americana, está llamado a resolver casos contenciosos originados no solamente en comunicaciones interestatales sino también en peticiones individuales. En este sentido, no escapa a la Corte que la figura del juez ad hoc, concebida para mantener el equilibrio procesal entre Estados Partes iguales en derecho, podría entrar en conflicto con el carácter especial de los tratados modernos de derechos humanos y la noción de garantía colectiva. El conflicto en cuestión resulta más evidente cuando los individuos y los Estados se constituyen en partes procesales opuestas. Por ello, al estar expresamente prevista en la Convención Americana, la Corte debe dar a la figura del juez ad hoc una aplicación restringida de conformidad con el propósito del artículo 55 de la Convención.
38. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte estima que el artículo 55 de la Convención constituye una excepción a las normas generales de composición del Tribunal, por ser únicamente aplicable en el ámbito de un caso contencioso originado en una comunicación interestatal. El artículo 55 es igualmente excepcional con relación a las normas de elección de los jueces titulares que integran la Corte.
40. En vista de todo lo anterior, la expresión “Estados Partes”, seguida de “cada uno de éstos” del artículo 55.3 de la Convención Americana, debe entenderse como referida al supuesto de un procedimiento originado en una comunicación interestatal. No consta en la Convención que la intención de las partes contratantes haya sido la de darle un sentido especial a esos términos, y de la cual se derive la posibilidad de los Estados demandados de designar un juez ad hoc para que integre el Tribunal en casos originados en peticiones individuales.
2. Medios complementarios de interpretación
44. (…) el Tribunal observa que la intención de los redactores de la Convención Americana fue recoger y reproducir “el sistema establecido en el artículo 31 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que era, a juicio de personas de reconocida autoridad y competencia en la materia, el sistema más técnico y jurídico para la designación de jueces ad hoc”. Así, la lectura de los trabajos preparatorios de la Convención confirma la interpretación hecha conforme al sentido corriente de los términos del artículo 55.3 de la Convención, dentro del contexto del tratado y teniendo en cuenta su objeto y fin.
46. Sin perjuicio de ello, el Tribunal considera conveniente examinar otras observaciones expresadas por los participantes en el marco de este proceso de consulta, de tal forma que también desarrolle los cuestionamientos planteados por aquellos en relación con la interpretación del artículo 55.3 de la Convención Americana.
A) La invitación reiterada de la Corte sobre la posibilidad de nombramiento de jueces ad hoc
47. Algunos Estados han considerado que la invitación reiterada del Tribunal sobre la posibilidad de nombramiento de jueces ad hoc es constitutiva de “costumbre jurídica internacional”. En ese sentido, señalaron que la designación de jueces ad hoc en casos contenciosos originados en peticiones individuales configura un derecho procesal autónomo de los Estados que surge de dicha costumbre internacional.
51. Sobre este punto, el Tribunal no había encontrado razones, “examinando la cuestión como un asunto incidental en el marco de un caso contencioso específico”, para modificar la interpretación hasta ahora elaborada (supra párr. 48). La presente solicitud de opinión consultiva exige de esta Corte un nuevo examen de esta materia.
52. Como ya se dijo, la interpretación de las normas sustantivas y procesales que está llamada a aplicar es función inherente de todo tribunal (supra párr. 21). En este sentido, la Corte debe procurar que la interpretación que realice de las disposiciones de la Convención Americana sea efectivamente compatible con la letra y espíritu del tratado, por lo que, cuando existen fundamentos para ello, la revisión de una interpretación elaborada previamente no sólo debe ser posible sino necesaria.
53. Así, el acto de informar de manera reiterada a los Estados Partes demandados sobre la posibilidad de nombrar jueces ad hoc, responde a una interpretación del artículo 55.3 de la Convención realizada por la propia Corte Interamericana, teniendo como fundamento sus normas procesales. Como tal, ninguna interpretación de la Convención realizada por la Corte, inclusive de manera reiterada, puede entenderse como una práctica de los Estados en el sentido del artículo 38.1 b) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de tal forma que impida al Tribunal modificar sus criterios. Se advierte entonces que en este asunto no se está en presencia de una costumbre internacional conforme a la cual los Estados hayan adquirido derecho alguno para el nombramiento de jueces ad hoc en casos contenciosos originados en peticiones individuales.
54. En todo caso, el Tribunal considera que no podría sostenerse una interpretación de la Convención que atente contra el principio de igualdad y no discriminación (supra párr. 50), el cual subyace a todos los derechos humanos, y cuya prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens. La Corte recuerda, como lo ha hecho en otras oportunidades, que sobre este principio fundamental descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional por lo cual permea todo el ordenamiento jurídico. Con ello, la interpretación reiterada del artículo 55.3 de la Convención, aún si constituyera una norma consuetudinaria internacional, no podría tener efectos obligatorios sobre una norma imperativa de derecho.
B) La función orientadora del juez ad hoc
55. En algunos de los planteamientos formulados por los participantes en el procedimiento correspondiente a esta solicitud de opinión, se ha expresado que en el contexto de un caso originado en una petición individual el juez ad hoc es “un recurso idóneo y necesario” con el que cuenta el Tribunal “para hacerse de elementos suficientes que en su momento le permitirán llevar a cabo una valoración mucho más objetiva y acorde con las circunstancias particulares del derecho interno y el contexto político, económico y social en el que se encuentra el Estado en conflicto”.
59. Así, este Tribunal ha considerado que durante el procedimiento internacional es necesario asegurar el conocimiento de la verdad y la más amplia presentación de argumentos por las partes, garantizando a éstas el derecho a la defensa de sus respectivas posiciones, todo ello en cumplimiento con el principio del contradictorio. En tal virtud, la Corte tiene amplias facultades para recibir toda prueba documental, testimonial y pericial, e información que estime pertinente, para contar con suficientes elementos que le permitan analizar los hechos a la luz de las disposiciones aplicables, propiciando resoluciones que demuestren comprensión de los sistemas jurídicos nacionales y ordenamientos legales, así como de los conceptos, instituciones y prácticas involucradas en el caso a fin de favorecer su análisis, y la aplicación de la Convención Americana.
61. En razón de lo anterior, el Tribunal estima que aquellas consideraciones en torno a lafunción útil u orientadora que desempeñan los jueces ad hoc al suministrar “conocimiento local y un punto de vista nacional” a la Corte, no constituyen justificación suficiente en el marco del funcionamiento del proceso contencioso llevado a cabo por ésta.
62. Por último, la Corte resalta que se debe garantizar la capacidad procesal de todas las partes de conformidad con los imperativos y necesidades del debido proceso. Por ende, el Tribunal estima que en el contexto de casos contenciosos originados en peticiones individuales, en los cuales las partes son el Estado demandado y la presunta víctima y, sólo procesalmente, la Comisión (supra nota 36), la reapertura de cuestiones procesales y argumentos del mérito del asunto sin la presencia de cualquiera de las partes afecta la realización de los principios del contradictorio, la igualdad y la seguridad jurídica procesales. En consecuencia, no corresponde a una Corte recibir informaciones de hecho o de derecho sin la presencia de todas las partes en el proceso.
C) La representatividad del juez ad hoc
63. Durante el trámite de la presente solicitud algunos Estados indicaron que la participación del juez ad hoc en casos originados en peticiones individuales permite un mayor nivel de representatividad en el juicio e, inclusive, la representatividad de los diferentes sistemas jurídicos de la región.
64. Al respecto, el Tribunal considera oportuno recordar, que tanto la Convención Americana como su Estatuto, ambos aprobados por la Asamblea General de la OEA, establecen en sus disposiciones pertinentes el procedimiento que debe seguirse para la propuesta de candidatos y elección de los jueces titulares que lo integran.
65. Conforme a dichas disposiciones, es claro que la cuestión de asegurar la señalada representatividad de los jueces escapa a las facultades de la Corte, pues ello corresponde a otros órganos de la OEA. En todo caso, debe recordarse que los jueces del Tribunal, a pesar de ser nominados por los Estados, ejercen su cargo a título personal (infra Párr. 79)
67. Por lo anterior, en esta Opinión Consultiva el Tribunal considera necesario apartarse de las interpretaciones formuladas previamente sobre la materia.
VI. Artículo 55.1 de la Convención americana El Juez nacional en el trámite de casos contenciosos originados en peticiones individuales
72. El artículo 55.1 de la Convención Americana objeto de examen dispone que “[e]l juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo”. Para responder la pregunta formulada por Argentina sobre la participación del juez nacional del Estado demandado en casos contenciosos originados en peticiones individuales, el Tribunal ha considerado dos posibles interpretaciones de dicha disposición.
73. Sobre la base de una primera interpretación, es dable concluir que este artículo se refiere únicamente a los supuestos de composición del Tribunal en casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales (supra párr. 45). En esta línea cabe considerar que esta disposición otorga de manera expresa un derecho al juez titular de la nacionalidad del Estado demandado a conocer sólo de casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales. Ello se desprende de lo analizado en el capítulo precedente en cuanto al sentido y alcance del artículo 55 de la Convención Americana (a la luz de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) y, de acuerdo a una interpretación armónica del conjunto de las disposiciones contenidas en aquél precepto.
74. En efecto, tal como se dijo anteriormente, el sentido corriente de la expresión “alguno de los Estados Partes en el caso” referida en el artículo 55.1 de la Convención se desprende la aplicación de esta disposición a la hipótesis de participación de más de un Estado Parte en una controversia, es decir, a casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales (supra párr.33).
75. Lo anterior es consecuente con el análisis del objeto y fin del tratado y de la disposición en cuestión. Tomando en cuenta las características del proceso contencioso establecido en la Convención Interamericana, para este Tribunal la participación del juez nacional atiende, al igual que la intervención del juez ad hoc, a la necesidad de preservar el equilibrio procesal de las partes constituidas por dos o más Estados soberanos iguales en derecho (supra párr. 36). Esto, evidentemente, no puede ser el propósito de la posible permanencia del juez nacional en casos originados en peticiones individuales, ya que, por el contrario, en este tipo de casos, los Estados no se constituyen como las únicas partes en el proceso.
76. En algunas observaciones presentadas ante la Corte en este proceso de consulta se ha expresado que el propósito de la norma es el de garantizar un mejor conocimiento por parte del Tribunal del sistema jurídico del Estado demandado. Esta Corte no encuentra persuasivo ese argumento (supra párrs. 55 a 62). Al respecto, considera que, de ser ese el caso, la intervención del juez titular nacional del Estado demandado en casos contenciosos originados en peticiones individuales generaría una desigualdad procesal entre los Estados, ya que de acuerdo a las reglas de integración del Tribunal la gran mayoría de Estados Partes en la Convención Americana no cuentan con un juez de su nacionalidad en la composición del Tribunal (supra notas al pie 51 y 52). Por lo tanto, aceptar, con base en esas razones, que de la interpretación del artículo 55.1 de la Convención Americana se desprende un derecho para el juez titular nacional de conocer un caso originado en una petición individual, significaría que la mayoría de Estados que han reconocido la competencia contenciosa del Tribunal no podrían asistir a la Corte con la mejor comprensión de todos aquellos aspectos relevantes nacionales del caso concreto. En todo caso, este Tribunal reitera que se debe garantizar la capacidad procesal de todas las partes de conformidad con los imperativos y necesidades del debido proceso, y en tal sentido, no corresponde a una Corte recibir informaciones de hecho o de derecho sin la presencia de todas las partes en el proceso, lo cual cobra un significado especial en el contexto de casos originados a través de peticiones individuales (supra párr. 62).
77. La anterior interpretación asegura a las partes en el proceso la vigencia de uno de los principios fundamentales de la justicia que es el debido proceso, el cual tiene como presupuesto que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa de modo imparcial, es decir, careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio personal y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad.
78. En razón de este primer análisis del artículo 55.1 de la Convención, sólo en el trámite de controversias originadas en comunicaciones interestatales, el juez o los jueces de la nacionalidad de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte conservan su derecho a participar en la sustanciación del mismo. Visto así, el artículo 55 de la Convención consagraría un régimen excepcional no sólo en lo relativo al nombramiento de jueces ad hoc (supra párr. 45), sino también respecto a la participación de los jueces nacionales de Estados demandados. Como se dijo, esta interpretación se confirma al estudiar los trabajos preparatorios de la Convención Americana de los cuales se desprende que sus redactores quisieron limitar el ámbito de aplicación del artículo 55 en su conjunto a casos originados en comunicaciones interestatales, de modo similar al artículo 31 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (supra párr. 44).
79. Siguiendo un segundo criterio de interpretación, puede concluirse que el artículo 55.1 de la Convención nada dice respecto de la participación del juez nacional de un Estado demandado en casos originados en peticiones individuales ya que, como fue establecido en el capítulo precedente, este se refiere exclusivamente a casos originados en comunicaciones interestatales. Según esta perspectiva, tomando en consideración la importancia y trascendencia del tema, no es dable en términos interpretativos deducir una prohibición implícita en dicha norma.
80. En tal sentido, la determinación del significado del silencio del tratado en esta materia representa una tarea compleja que exige de la Corte un análisis que tenga en cuenta tanto el resto de las disposiciones de la Convención Americana como la naturaleza de la materia no cubierta por dicho tratado. Al respecto, la Corte advierte que la Convención Americana ha dispuesto un régimen para la integración independiente, imparcial y competente del Tribunal, con el claro propósito de asegurar la legitimidad y eficacia del proceso judicial que éste desarrolla. Así, de conformidad con el artículo 52 de la Convención, el Tribunal estará integrado por siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, quienes son elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. Además, los jueces de la Corte son elegidos para un período de seis años, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la OEA, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. En este carácter, los jueces titulares se distinguen de los jueces ad hoc, pues estos últimos son designados por los Estados para ejercer su cargo en un caso en concreto con posterioridad a la introducción de la demanda ante la Corte.
81. De lo anterior es dable concluir que, la sola nacionalidad del juez que deba conocer de un caso contencioso originado en una petición individual contra el Estado del cual ostenta dicha nacionalidad no es una cualidad que, por sí misma y a priori, pueda suscitar sospechas sobre su carencia de imparcialidad o sobre su falta de independencia.
85. En conclusión, el Tribunal considera que el tema de la nacionalidad de los jueces está vinculado a la apreciación de la justicia que imparte la Corte en el marco de controversias que no corresponden más al derecho internacional clásico y en las cuales el ser humano es el destinatario de la protección ofrecida por el sistema. En esta Opinión Consultiva el Tribunal ya señaló que al interpretar la Convención debe actuar de tal manera que se preserve la integridad del mecanismo de supervisión establecido en la misma, para lo cual debe tener en cuenta el carácter especial de los tratados de derechos humanos (supra nota 22). Además, ello incluye tener presente que conforme al mecanismo establecido en la Convención Americana, los Estados ya no son los únicos actores en los procesos internacionales (supra nota 35). El Tribunal está llamado a dirimir controversias no solamente originadas en comunicaciones interestatales sino también en peticiones individuales, como de hecho ha sucedido durante el desarrollo de su actividad jurisdiccional.
LA CORTE, DECIDE
Que es competente para emitir la presente Opinión Consultiva.
Y ES DE OPINIÓN
1. Que conforme al artículo 55.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la posibilidad de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte Interamericana, de nombrar un juez ad hoc para que integre este Tribunal cuando en el mismo no hubiere un juez de su nacionalidad, se restringe a aquellos casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales (artículo 45 de dicho instrumento), y que no es posible derivar un derecho similar a favor de los Estados Partes en casos originados en peticiones individuales (artículo 44 de dicho tratado).
2. Que el juez nacional del Estado demandado no debe participar en el conocimiento de casos contenciosos originados en peticiones individuales.
- La opinión consultiva desarrolla el contenido del artículo 55 y establece que los jueces ad hoc solamente pueden ser parte del tribunal en el caso de comunicaciones interestatales y no en el caso de peticiones individuales.
- Como garantía de imparcialidad, el juez nacional no conocerá los casos provenientes de su Estado en el caso de peticiones individuales.
- La actividad de un tribunal internacional no genera costumbre, en tanto esta se forma por la actividad de los Estados.

References: Artículo 55
 Artículo 55
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 Artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 31
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 61
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 resolución 
 artículo 31
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 31
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 31
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 artículo 55
 artículo 55
 artículo 38
 artículo 55
 Artículo 55
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 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 31
 artículo 55
 artículo 52
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