Source: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/oip10.html
Timestamp: 2018-03-23 05:24:09+00:00

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Equipo Nizkor - OIP: Informe 2010 sobre la situación de los derechos humanos en el sistema penal argentino.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
SITUACIÓN DE LOS MENORES DE VEINTIÚN AÑOS EN EL SISTEMA PENAL ARGENTINO
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA PENAL ARGENTINO DURANTE EL AÑO 2010
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
El funcionamiento del sistema penal continúa presentando graves deficiencias similares a las señaladas en nuestro informe 2008 y 2009, con el agravante de que las campañas de "mano dura" |1| han ido generando en la población en general un alarmante estado de insensibilidad frente a casos relevantes de violación a los DD.HH. a personas en conflicto con la ley penal. En efecto, como veremos a lo largo del presente informe, los desaciertos políticos en la materia |2|, la brutalidad de trato por parte de las fuerzas de seguridad |3|, acompañado del discurso oficial de que se está protegiendo a la población de hechos delictivos graves y que la presente política de Estado protege los DD.HH. de todas personas, es el escenario en el que se desenvuelven los diferentes actores involucrados en el sistema penal. La República Argentina sigue padeciendo el déficit de un acuerdo institucional que se plasme en políticas de Estado |4| en materia de política criminal coherente con el discurso de salvaguarda de los preceptos constitucionales. A pesar de las advertencias y condena de los organismos internacionales la situación no experimenta mejoría |5| .El incremento de delitos asociados a la criminalidad trasnacional (trata y tráfico de personas), al consumo de estupefacientes, aunados a la falta de políticas de contención a jóvenes en estado de máxima vulnerabilidad (falta de educación, hacinamiento habitacional, falta de habilidades para el ingreso al mercado laboral) constituyen el caldo de cultivo que ponen a los jóvenes a disposición de organizaciones delictivas como mano de obra para el delito |6|. El incumplimiento de la recomendación hecha por el Defensor del Pueblo de la Nación |7| significa en primer término ignorar las prescripciones institucionales y en segundo lugar la pérdida de una oportunidad política de hallar una respuesta nacional y sistemática al grave problema al que aludimos. A este estado de cosas, debemos sumar: la lentitud de los procesos judiciales, el abuso de la prisión preventiva, negligencia, impericia y en algunos casos corrupción |8|, en la administración general, completa el panorama para nada alentador. Estas preocupaciones se vieron reflejadas en el Encuentro de San Carlos de Bariloche |9| Al cierre del presente informe y luego de varios días de enfrentamientos entre vecinos de la Ciudad Autónoma de Bs.As. y grupos de personas que pretendían ocupar predios destinados a parques y lugares de esparcimiento vecinal, la Sra. Presidenta de la Nación, resolvió separar el área de Seguridad del ministerio de Justicia, creando de este modo un ministerio específico en el tema. Una medida que aunque tardía, tiende a enderezar y transparentar la gestión de las fuerzas de seguridad interna |10|, fuertemente cuestionadas, no sólo por su accionar represivo (al margen de las garantías constitucionales), sino además, por su dudosa eficacia al momento de resolver casos de notable repercusión social. Cabe agregar que el Servicio Penitenciario Federal (en adelante SPF) seguirá bajo la égida del Ministerio de Justicia y DD.HH.
Durante el año 2011 seguirá en tratamiento proyectos presentados por la oposición en los que se adecua a la normativa internacional el Sistema Penal Juvenil (En la Prov. de Bs.As.), creando mayor cantidad de juzgados de garantías y penales, habilitando la instancia de casación, creando los jueces de ejecución penal juvenil, aumentando el número de defensores del fuero entre otras modificaciones. También espera tratamiento legislativo y el nombramiento del Defensor de niños, niñas y adolescentes. En todo el país la situación de los jóvenes sospechados de haber cometido algún ilícito constituye una grave violación a los DD.HH |11|. Durante el año 2010, el debate sobre tenencia de algún tipo de estupefacientes para consumo personal, como así mismo la judicialización del consumo, estuvo presente a nivel nacional |12|. El Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina (en adelante OIP), acompañó a las Madres por la Vida (Ong dedicada a asesorar y apoyar a los familiares de las víctimas del consumo de estupefacientes) en el debate en distintos paneles y mesas redondas que se organizaron. Es de destacar que en muy pocas oportunidades el sistema judicial hizo algún pronunciamiento |13|, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dr. Eugenio Zaffaroni fue la voz más destacada en el tema.
1. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la ciudad autonóma de Buenos Aires
Lugares de detención para Contraventores de la CABA en el sistema Juvenil:
Tacuarí al 100. Llevan a los chicos para identificar por contravenciones al lado de los juzgados que están al 138. Se abrió en el año 2009 y acá ya hay un primer dato: según el Secretario de gobierno (Sr. Rodríguez Larreta) hubieron 123 ingresos y según el Dr. Presti, Subsecretario de Justicia de quien depende: 64. No pasan más de 10 hs. demorados, sin embargo el hecho es que al momento de la detención primero pasan por comisaría |14|.
Combate de los Pozos 155: Alcaldía de traslado con rejas. Donde pudimos constatar que carecían de colchones. De acuerdo a la normativa vigente no debe haber arresto preventivo en contravencional, sin embargo algunos fiscales (Martín Lapadu, entre otros) traían a los jóvenes por la fuerza para declarar el viernes a la tarde y los retenían ahí hasta el lunes a la mañana, cuando no hasta el mediodía, para tomarles declaración.
Hipólito Irigoyen al 932: lugar para traslado de detenidos en causas penales en trámite ante jueces contravencionales con competencia penal, para reemplazar la U29 del SPF. En el centro de contraventores adultos hay convenio con el SPF, como también está pensado hacerlo en el centro de H. Irigoyen. El centro de Tacuarí para chicos no tiene policía armada.
A pesar del recurso de amparo en favor de menores con adicción al "paco", al que hizo lugar la Cámara de Apelaciones porteña, "cese en su omisión de asistir adecuadamente a aquellas personas" (la medida de la Cámara porteña responde a un recurso de amparo presentado hace más de tres años contra el gobierno de Jorge Telerman por el asesor tutelar Gustavo Moreno) el actual gobierno presidido por el Ing. Mauricio Macri, no sólo no ha cumplimentado con el requerimiento judicial sino que además se visualiza un deterioro en los servicios existentes.
2. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la Provincia de Buenos Aires.
Durante el presente año hubo varios intentos de parte del poder ejecutivo provincial para sancionar y modificar leyes y códigos a fin de endurecer la política represiva respecto de este sector vulnerable de la sociedad, que además de su específica condición de ser niño o joven sufre una constante estigmatización. La condición de pobreza y exclusión, junto al abandono permanente del estado de funciones esenciales en áreas que debieran garantizar igualdad de oportunidades, genera una crónica pérdida de identidad social. Los chicos bonaerenses con los que nos encontramos diariamente rondando las calles, las estaciones de trenes, revolviendo la basura tratando de conseguir algo para comer, limpiando parabrisas, abriendo la puerta de algún coche, nos enfrenta a una realidad social que no podemos ni debemos minimizar. Es justamente con ellos, con los más vulnerables, donde se vuelve a reeditar las políticas represivas y de mano dura |15|.
Algunos fallos judiciales, en casos de alto impacto periodístico, han suscitado protestas de parte de familiares y vecinos de la víctima |16|, cuestión que retroalimenta el discurso de "mano dura" que se viene sosteniendo desde algunos medios periodísticos, sobre todo audiovisuales.
A principios del mes de junio, la Cámara Penal de los tribunales de La Plata, confirmó el fallo de primera instanciadel juez César Arias ante la presentaciónrealizada por el defensor del fuero penal juvenil Julián Axat de un habeas corpus colectivo contra las detenciones que la policía efectuaba sin orden judicial y basándose en las figuras de "carácter preventivo" (tales como averiguación de antecedentes, contravenciones, merodeo y otras) y prohíbe el alojamiento de menores en comisarías por los motivos que sean, debiendo derivarlos de inmediato a los centros de recepción y dar intervención inmediata al poder judicial. Lamentablemente esta medida solo tiene vigencia en la ciudad de La Plata, aunque hay presentaciones realizadas para extenderla a toda la provincia. En sus escritos el doctor Axat plantea con rigurosidad la "gravedad institucional al reintegrársele a la policía la facultad de detener ya que de esa forma se compromete el accionar cotidiano del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. "Los hechos que han sido recabados y denunciados en el Habeas Corpus ponen al descubierto actividades administrativas, prácticas, vías de hecho y normas que hacen a la infancia, las que por su subsistencia en el nuevo paradigma legal, avalan un doble estándar en el cercenamiento de la libertad de niños y jóvenes menores de 18 años". Agrega que "uno de los principios arquitectónicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es la obligación de progresividad y prohibición de regresividad". Toda la presentación el Dr. Axat está íntimamente relacionada al fallo Bulacio vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la que se condena al estado a adecuar la legislación local a los estándares establecidos en el mismo.
Sin embargo (y pese a este fallo), un reciente programa fue puesto en marcha en la ciudad de La Plata, el denominado Patrullas de Prevención Juvenil |17|. Con perspectiva a futuro a hacerlo extensivo al resto de la provincia lo que motivó diversos pedidos de informes al ejecutivo tanto del poder judicial como del poder legislativo.
A ello se une la reforma del Código Contravencional de la Provincia remitido a la Cámara de Senadores por el poder ejecutivo (el que motivó una serie de audiencias públicas en las que pudieron expresarse casi en forma absoluta distintos sectores de la sociedad por su rechazo). Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, del sistema educativo, de salud, representantes del poder judicial y legislativo expusieron sus argumentos en contra de esta iniciativa, la que queda pendiente para su tratamiento (o no en caso que el ejecutivo decida retirarla), para el próximo período legislativo.
Sistema penal juvenil:
En el sistema penal juvenil, el total de investigaciones penales preparatorias es de 13.708, las que incluyen con y sin imputado. En el siguiente detalle no está discriminado entre delitos consumados y en tentativa: homicidios 183, lesiones 2.189, delitos contra la integridad sexual 360, contra el estado civil 1, contra la libertad 1.120, contra la propiedad 5.925, contra la seguridad pública 1.352, contra el orden público 2, contra la administración pública 1.160, contra la fe pública 91, contra las leyes 38, otros 1.286. Al igual que en el sistema de adultos, no se han dado de baja las causas desestimadas |18|.
Como podemos observar del total de IPP del sistema penal de adultos, la incidencia del delito penal juvenil es de alrededor del 4,3%, lo que descarta la demonización y estigmatización permanente que sufren los niños, niñas y jóvenes en nuestra provincia.
Como queda dicho, al comienzo del presente informe, los graves que hecho de violencia protagonizados por el accionar de las fuerzas de seguridad, se traduce en situaciones de mayor inseguridad. En efecto, los casos de "gatillo fácil" en la Prov. de Bs.As., no constituyen un caso aislado o de excepción. Al cumplirse un mes del asesinato de Ezequiel Heredia de 18 años (ocurrido el 8-12-2009) quien fuera muerto de un disparo en la cara efectuado por el inspector Sergio Aguirre de la comisaría 2� de La Plata, un grupo de manifestantes integrado por familiares, amigos y vecinos de la víctima, fueron brutalmente reprimidos a palos por la guardia de infantería.
El 15 de enero de 2010 a raíz del robo de un automotor en la localidad de Don Torcuato, se desplegó un infernal tiroteo de parte de la policía, en la entrada de la villa San Jorge, uno de los barrios más pauperizados de la zona. A raíz del hecho, fallece de un tiro en la cabeza Héctor Omar Coco Villanueva, un vecino del barrio que intenta pedir a la policía que no sigan tirando ya que había niños en el lugar, recibiendo otro vecino un impacto de bala en la pierna al intentar auxiliar a Villanueva. Al día siguiente Los vecinos de la villa San Jorge deciden movilizarse cortando las vías del ferrocarril Belgrano y frente al destacamento de la Policía 2 en Av. del Trabajo al 1300. Ese mismo día el comando de patrullas de Tigre y San Fernando, de la comisaría 3� de Don Torcuato y de gendarmería protagonizan un nuevo operativo represivo donde asesinan al joven de 16 años Facundo Vargas quien participaba de la marcha.
El mismo día un chico de 21 años, de apellido Pérez fue muerto por un policía del grupo Halcón en Gregorio de Laferrere. Si bien la excusa dada fue intento de robo, el joven quien estaba desarmado, apareció muerto en otro momento y lugar al referido por el policía como escenario del delito.
El 28 de mayo en el partido de Moreno el joven Ricardo Ezequiel Argañaraz de 22 años apareció fusilado en el barrio Trujui. El responsable de este fusilamiento fue el gendarme Nicolás Salomón Kairuz, quien pegara tres tiros con su arma reglamentaria a este joven, padre de un bebé de cuatro meses.
El 3 de junio el joven Sergio Ángel Ignacio Casal de 16 años muere fusilado por las balas del sargento de la policía federal Sergio González mientras se encontraba bebiendo una gaseosa en el barrio Las Flores de la localidad de Moreno. En este caso tampoco el joven estaba armado.
El 11 de julio el gasista Fernando Díaz de 35 años fue muerto de 4 disparos en su casa por personal de la comisaría 1� de Moreno, a raíz de una denuncia recibida por pelea familiar. |19|
A estos hechos debemos agregar los casos más notorios de malos tratos y tortura a manos de las fuerzas de seguridad. El 5 de marzo dos policías de la comisaría 2� de la ciudad de Olavarría detienen a dos jóvenes de 15 y 16 años respectivamente, en el barrio Facundo Quiroga II acusándolos de robo, mientras disparaban sus itakas provocando 27 perforaciones de balas de goma en uno de los jóvenes y dos en el otro. Al arribar al lugar varios patrulleros, los vecinos salen para proteger a los jóvenes heridos, los que finalmente son detenidos |20|.
El 11 de marzo fue detenido un joven en la ciudad de Mar del Plata, acusado de robo en un locutorio (acusación que fuera luego desestimada por el fiscal de la causa al no existir elementos que lo vincularan al hecho), fue víctima de apremios y torturas durante su estadía en la seccional tercera de dicha ciudad donde fue golpeado salvajemente.
El 28 de mayo y el viernes18 de junio se desató una violenta represióncontra losjóvenes que se reúnen en el centro de la ciudad de La Plata, en los alrededores de la plaza Moreno y en la esquina de 8 y 48, donde detuvieron en total a 37 jóvenes, entre ellos a una adolescente que fue llevada en un patrullero retenida durante dos horas.
El 24 de octubre el joven Maximiliano Figueroa fue asesinado por un agente de la policía federal vestido de civil, en la localidad de Quilmes. Maximiliano se trasladaba en una moto y el policía le disparó en una pierna y lo remató con varios disparos en la cabeza. No conforme con esto, y al darse cuenta que había vecinos observando, disparó a la gente que estaba mirando.
Desde enero a septiembre, habían ingresado al sistema 1.272 jóvenes que se encuentran distribuidos en: Centros de Recepción, Centros de Contención, Centros Cerrados, dispositivos tercerizados tales como: clínicas psiquiátricas y Comunidades Terapéuticas, provienen casi en su totalidad de los sectores de más bajos recursos, de los barrios, villas y asentamientos del conurbano. Las condiciones de encierro son indignas y se ven sometidos a torturas tanto físicas como psíquicas, vejaciones y malos tratos permanentemente. Hacinamiento, durmiendo en el piso, con personal no capacitado, casi inexistente acceso a la salud y a la educación, sin actividades recreativas, impedimento a la privacidad. Estas situaciones se vienen denunciando desde diferentes sectores de la comunidad interesados en los derechos de la infancia y juventud. Los procedimientos disciplinarios tales como, perder el derecho a la llamada telefónica, suspensión de actividades, castigos, traslados, buzones, requisa, violación de correspondencia son parte de la cotidianidad. El informe del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño menciona también los supuestos suicidios durante la detención, pide la adecuación de los centros a las distintas etapas del desarrollo de los jóvenes y cumplir con las normas mínimas internacionales al respecto, como viene repitiendo periódicamente en las observaciones a los informes presentados.
3. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la Provincia de Corrientes
El caso que continuación exponemos, es un ejemplo de cómo se manejan las fuerzas de seguridad en relación a la detención de un chico sospechado de algún tipo de delito y el decidido enfrentamiento de la sociedad civil en procura de resolver los atropellos y desmanes de estas. El 7 de Septiembre un adolescente de 14 años fue ultimado por un efectivo policial, tal como lo reconoció el propio Ministro de Gobierno Gustavo Valdez |21|. El hecho sucedió en el Barrio Pío X y enlutó a una familia trabajadora muy respetada en esa humilde barriada correntina. La versión oficial es contradictoria, ya que en algunos medios se habla de "enfrentamiento", y sin embargo poco después en otro medio se reconoce la existencia de un solo disparo. Por el hecho fueron demorados varios policías, pertenecientes a las seccionales 3� y 12�, y al área Metropolitana |22|. Se trata de Ezequiel Riquelme, quién falleció de un escopetazo en la garganta. Ante la indignación de los vecinos, la policía rápidamente estableció quién fue el autor material, el suboficial de apellido Maldonado y las fuentes policiales además hace circular la versión del disparo accidental, sin embargo la indignación popular se tradujo en la organización de una marcha de repudio por el hecho.
Otra cuestión que reviste gravedad es la del tráfico de niños. En efecto, si bien la situación no es nueva, la Prov. de Corrientes, al igual que otras del norte del país padecen el flagelo desde hace mucho tiempo, con la globalización de los medios de comunicación (Internet por ejemplo) y la facilidad de desplazamiento de potenciales adoptantes, traficantes de pornografía y prostitución infantil, los casos de multiplicaron |23|
4. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la Provincia de Chubut
El índice de menores internados es de 12 cada 100.000 habitantes. La Jefatura de Puerto Madryn tiene 29 cada 100.000 habitantes, Esquel 13, Trelew 10 y Comodoro Rivadavia 6. "El 43,64% (24 chicos) tienen entre 11 y 15 años, 25,45% (14 niños) tiene de 6 a 10, el 9,09% (5) de 1 a 5, de 16 a 17 son el 18,18% (10) y de 18 a 19 son el 3,64%" de acuerdo al estudio realizado por la Defensoría General de la prov.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado demanda contra el Estado Argentino el día 18/4/10 en el Caso N� 12.533 - Iván Eladio Torres ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Iván desapareció de manera forzada el 2 de octubre de 2003 de la Comisaría Seccional Primera Comodoro Rivadavia.
El 5 de septiembre Gonzalo Julián Antillanca, murió en la seccional cuarta de Policía de Trelew. Martín Solís, integrante de las fuerzas policiales es uno de los imputados por la muerte del joven Antillanca |24|.
5. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la Provincia de Entre Ríos.
La Coordinadora de DD.HH. de Monte Caseros presentó ante la fiscalía general una denuncia por amenazas y tormentos que implican a cuatro efectivos de la policía local. Por el hecho remueven al comisario a cargo. Los policías fueron acusados de amenazar, maltratar y "gatillar en la cabeza" de un joven que hace poco cumplió 18 años. La Coordinadora denuncia que los medios de comunicación en la localidad "censuran" el hecho a pesar de la polémica que generó. La acusación contra los efectivos ante la oficina judicial bastó para que se remueva al comisario a cargo durante esa jornada. El jefe de policía habría sido trasladado a otra localidad, situación que, para la Coordinadora, "no representa justicia sino ocultamiento, omisión". "Esta es la policía que necesita un gobierno para disciplinar a los que no ven representación en las políticas oficiales", dice la Coordinadora. La denuncia sumará expedientes contra la institución policial y "la jurídica" la próxima semana, según se anticipó. "Este es el caso de quienes no tienen padrino político, de los desamparados, de los que son víctimas del atropello cotidiano", dice la Coordinadora.
6. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la Provincia de Mendoza.
No presenta ninguna mejora en relación a nuestro informe 2009
7. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la Provincia de Río Negro.
La grave situación que implica fuerzas de seguridad mal supervisadas, deriva que como en el caso Guerrico |25|, ampara de alguna u otra forma prácticas aberrantes.
El Juez Martín Lozada hizo lugar a un planteo formulado por un joven vecino de la ciudad de San Carlos de Bariloche que, una vez demorado por personal policial fue fotografiado en el interior de una comisaría local, sin solicitarle autorización alguna |26|.
El 24 de Octubre en la localidad de Viedma, el adolescente Guillermo Trafiñanco, de 16 años, fue asesinado de un disparo por la espalda por un policía rionegrino que lo persiguió hasta el interior de un colegio primario y jardín de infantes, donde el chico había intentado refugiarse. El sargento Silvano Mesa, de la comisaría del barrio Lavalle, en las afueras de la ciudad de Viedma, quedó detenido imputado por el homicidio del joven, mientras que otros dos agentes fueron pasados a disponibilidad preventiva, hasta que se aclare su situación. La mamá de la víctima, María Virginia Ascencio, denunció que el chico era objeto de "una persecución policial". La mujer aseguró que "varias veces" tuvo que "recurrir a la oficina tutelar (del Juzgado de Menores) porque los policías lo demoraban en la comisaría del barrio; antes le habían dado una paliza y yo no me animé a hacer la denuncia". Fuentes judiciales dijeron que el policía Mesa tiene otras dos denuncias por "apremios ilegales". Al lado del cuerpo del chico, según informó la policía, habrían encontrado una pistola del tipo "tumbera" |27|, pero las fuentes judiciales aseguraron que "no está confirmado a quién pertenecía". El adolescente estaba acompañado por dos amigos que escaparon ilesos del lugar, luego de que los policías intentaran identificarlos. El móvil policial, con dos agentes, había llegado a las cercanías de la escuela, en la madrugada del domingo, por una denuncia anónima sobre la presencia de tres chicos que estaban "aspirando algo llevándose una bolsa a la cara" y que, al parecer, "tenían un arma". Los policías pasados a disponibilidad son el chofer del móvil y el oficial de servicio que estaba de turno en la comisaría. De acuerdo con lo que se pudo reconstruir, dos de los pibes escaparon, mientras que Trafiñanco saltó la reja y entró al colegio. Lo mataron por la espalda, a corta distancia, y el cuerpo quedó tendido en el piso, en el patio del jardín de infantes. Después de la declaración testimonial de los dos policías que acompañaban al sargento Mesa, éste quedó como único detenido. La madre de Trafiñanco negó que su hijo hubiera estado armado y pidió que al policía imputado "lo condenen a prisión perpetua". Al mismo tiempo, solicitó a los vecinos de su barrio que "no provoquen ningún problema para que no muera nadie más", como ocurrió en la ciudad de Bariloche luego del asesinato, a manos de otro policía rionegrino, del joven Diego Bonnefoi. Luego de ocurrido el crimen, hubo algunos incidentes cerca de la comisaría y frente al Concejo Deliberante, pero no se produjeron hechos de gravedad. El barrio Lavalle está a cuatro kilómetros del centro de Viedma. Es uno de los lugares más pobres de la ciudad y tiene un alto nivel de deserción escolar. La principal causa es que sólo tiene una escuela primaria y un jardín de infantes diurnos, en el lugar donde ocurrió el hecho. Hay escuela secundaria sólo a la noche, después de las seis de la tarde, y los padres prefieren no enviar a sus chicos a cursar en ese horario. Los que estudian, por la mañana o la tarde, lo hacen en otras escuelas de la ciudad y deben afrontar serias dificultades de transporte. El intendente municipal de Viedma, Jorge Ferreira, pidió una audiencia con el gobernador Miguel Saiz, para analizar el problema de la violencia social en la ciudad. Se organizaron marchas de protesta y realizaron una asamblea pública en el Concejo Deliberante. Las organizaciones sociales reclamaron la renuncia del jefe de la policía provincial Jorge Villanova, quien también está muy cuestionado por los asesinatos de Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, ocurridos el 17 de junio en San Carlos de Bariloche. En la causa de Viedma interviene el juez Juan Bernardi, que llamó a indagatoria al imputado Mesa, al negarse a prestar declaración quedó preso. A nivel judicial se recibieron, con anterioridad, otras dos denuncias contra Mesa. Las causas son por supuestos "apremios ilegales" y fueron presentadas, este año, ante la Secretaría 4 del Juzgado de Instrucción 2.
8. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la Provincia de Santiago del Estero
No se registran cambios en relación a nuestro informe 2009
9. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la Provincia de Tucumàn
No se registran cambios en relacióna nuestro informe 2009.
10. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la Provincia de Santa Fe
A pesar de los esfuerzos realizadospor el actual gobierno de la Prov. para poner en sintonía las prácticas de las fuerzas de seguridad con los postulados constitucionales, continúan produciéndose hechos que indican las dificultades que implican dejarlas atrás. En efecto, la muerte de Cristian Herrera (acaecida el 24 de noviembre), un joven de 20 años en la cárcel de Piñera, así lo indica |28|
11. Situación de los menores en conflicto con la ley penal en la Provincia de San Luis
Esta Prov. no escapa a la generalizada política de "mano dura" así lo muestra el caso Sergio Echenique, muerto por una oficial de policía en una persecución, por la presunta comisión de un delito |29|
A pesar del impedimento a ingresar a las cárceles federales al que nos hemos referido en el informe 2009 y que obligó al OIP a realizar una presentación de amparo, el OIP continuó durante el año 2010 intentado dialogar con las autoridades involucradas en el tema a fin de subsanar el hecho. En efecto, junto a la Liga por los Derechos del Hombre, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Agencia Walch y los asesores del Dr. Julio Raffo vicepresidente segundo de la Legislatura de la Cuidad Autónoma de Bs.As mantuvo una entrevista con el Secretario de Justicia de la Nación Dr. Héctor Masquelet el día 25 de Julio. Durante la misma el OIP expuso los hechos que en su opinión constituyen serias anomalías institucionales que derivan en la baja calidad institucional y la violación a los DD.HH. de las personas privadas de su libertad. Luego de un sustancioso intercambio de opiniones e información con los demás organismos presentes, el Sr. Secretario de Justicia, ante el requerimiento del OIP sobre el pobre papel institucional que desempeña la actual subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, nos informó que en realidad la Sra. Lía María reporta directamente al Sr. Ministro de Gabinete Dr. Aníbal Fernández y se encuentra abocada al tema infraestructura, vale decir en estudiar reparaciones edilicias, construcción de nuevas unidades carcelarias y todo lo que atañe al rubro. Por lo que resulta claro que la actual política de cerrar las puertas de las cárceles a la sociedad civil responde a una decisión que emana directamente de la jefatura de Gabinete. En este contexto es que las denuncias de casos que revisten gravedad se ven diluidos en funcionarios de contestan a las demandas con notas de traslado de unos a otros sin resolver la cuestión ni sancionar a los responsables |30| . El caso del interno Milciades Ramón Duarte Fernández alojado en la cárcel federal de Marcos Paz, portador de HIV y en estado de muy deteriorado, es otro que ilustra como los malos tratos y la negligencia es una constante al momento de responder con prontitud porque el caso así lo requiere |31|. Debemos señalar que en la entrevista mencionada el Sr. Ministro de Justicia nos refirió que el sistema federal dispone de plazas debido a que han aumentado en forma considerable las excarcelaciones y por lo mismo pueden alojar a detenidos de la Prov. de Bs.As. como es el caso Duarte Fernández. Al acotar por parte del OIP si en la infraestructura de las celdas individuales como es el caso de los módulos de Marcos Paz, que durante la crisis del 2001 se le habían agregado cuchetas para tener más capacidad de alojamiento, se había corregido esa anomalía y cuando se refería a que ahora el SPF tenía plazas vacantes se refería a genuinas plazas vacantes, vale decir que: se respeta el alojamiento individual tal como lo indican las disposiciones internacionales y como fue el propósito al construir la unidad de Marcos Paz, el Dr. Masquelet dijo ignorar tal circunstancia pero que sin duda no había hacinamiento. Queda claro entonces que todo depende de la óptica con que se mire estas cuestiones para nada menores. Las celdas del complejo de Marcos Paz son de ínfimas dimensiones. Fueron construidas para ser habitadas por una sola persona. Al ritmo del endurecimiento penal, primero le agregaron una cucheta arriba de la que originariamente tenía. Luego una tercera. De manera tal que la persona que dormía arriba de todo tenía prácticamente el techo sobre sus narices. Cuando se habla de que se dispone de plazas, sería muy atinado saber como es la infraestructura. Debemos acotar así mismo que si estas situaciones continúan sucediéndose es por la actitud laxa del sistema judicial, que no hace cumplir las disposiciones vigentes. Al solicitarle información del motivo por el cual el oficialismo retarda el debate sobre la ley que ponga en funcionamiento el Comité de seguimiento de la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles y/o Degradantes, nos contestó que ahora el oficialismo no es mayoría en el Congreso de la Nación, que hay que preguntarle a la presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, la Sra. V. Donda. El hecho es que el presidente de la bancada oficialista cada vez que se va a tratar el tema, no concurre a la Comisión. Por último debemos agregar que el Sr. Secretario de Justicia de la Nación, se comprometió a llevar todas nuestras inquietudes al Sr. Ministro de Justicia y que en breve nos convocaría a una reunión para informarnos el resultado de su gestión. Al momento de elaborar el presente informe el Dr. Masquelet ha sido desplazado de su cargo y nunca tuvimos respuesta.
El Penal Federal de Candelaria está colapsado federales la Unidad Penal de Candelaria se encuentra colapsada, que la población femenina viene en fuerte crecimiento en los últimos años y la mayoría de los detenidos en esta región del país tiene que ver con delitos relacionados al tráfico de estupefacientes, y muchos corresponden a países vecinos. Misiones tiene una sola Unidad Penitenciaria Federal, Candelaria, y está superpoblada, no sólo aloja internos de la provincia sino también de Chaco, Formosa o Capital Federal. Es una colonia penal donde el interno, tras pasar las distintas etapas, termina siendo alojado en Candelaria a los efectos de cumplir su última etapa de condena.
El 5 de enero, Sergio Antonio Alderete de 34 años apareció muerto luego de padecer fuertes convulsiones en la unidad de Rawson. Su muerte se debió a la falta de medicación y tratamiento por la epilepsia que sufría desde hacía varios años a raíz de una herida que tuvo en la cabeza. Estaba a solo 10 días de salir en libertad.
Gabriel Brito, donde está detenido por decisión del Juez Norberto Oyarbide, que lo consideró miembro de una supuesta asociación ilícita que se enriquecía a través de la venta de remedios falsificados, recibió en dos oportunidades duras golpizas por parte de los guardiacárceles y su abogado denuncia que a diario es víctima de agresiones verbales y psíquicas. El primer incidente se produjo el 20 de julio, cuando agentes del servicio penitenciario le dieron una paliza en su celda. "Durante una requisa entraron diez personas, comenzaron a insultarlo, decirle de todo y golpearlo", denunció el abogado defensor de Brito, Dr. Alejandro Sánchez Kalbermatten, "Gabriel es insulino-dependiente y no les dan las dosis diarias; él tiene doble resguardo y no puede hablar con nadie; tiene problemas de salud, tiene coma diabético y no lo atiende nadie", relató el abogado. Toda esta situación alertó a la Procuración Penitenciaria, que envió una veedora para constatar la situación del ex auditor farmacéutico. Después de tres visitas, la oficial elaboró un informe que pasó a manos del Procurador.
El presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas y el Gobernador de la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, participaron de una reunión el día 2 de Septiembre con el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak. En el transcurso de dicho encuentro se le planteó al funcionario nacional la necesidad de brindar una solución a la situación de los presos federales que permanecen alojados en dependencias de las cárceles de la Prov. de Salta. Las malas condiciones de detención fueron advertidas por la Corte de Justicia a partir de un relevamiento hecho por su Secretaría de Derechos Humanos y por el Juzgado de Detenidos y Garantías sobre la presencia de presos federales en dependencias policiales y penitenciarias de la Prov. No es la primera vez que el problema de los presos federales es abordado por la Corte de Justicia de Salta. El año anterior la Corte de Justicia explicitó la situación por Acordada 10478 donde se advirtió la presencia de presos de jurisdicción federal como causa del agravamiento de las condiciones de alojamiento de internos provinciales.
A principios de año, el Juzgado Federal 1 de Salta hizo lugar a un hábeas corpus correctivo pidiendo que el Servicio Penitenciario Federal traslade a detenidos a disposición de la Justicia Federal a un establecimiento carcelario de esa jurisdicción. El 3 de marzo de 2010, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia. La Corte de Justicia de Salta tiene a su cargo, por precepto constitucional (artículo 153), la supervisión del sistema carcelario. Fruto de esa reunión surgió el compromiso de traslado a la Unidad Penitenciaria Federal N� 16, ubicada en La Isla, Cerrillos, recibirá a 32 reclusos, medida que servirá para descomprimir la cantidad de presos federales alojados en calabozos inapropiados. Cabe señalar que en las penitenciarías de la Provincia hay 170 internos acusados o condenados por delitos federales (alrededor de 30 en comisarías y el resto en cárceles provinciales)
Los graves hechos acaecidos a partir del 23 de Septiembre en la U2 de Villa de Devoto, son fruto de los desaciertos referidos en el presente informe |32|. En un nuevo intento de desarticular el CUD (Centro universitario de Devoto) el director del SPF, Dr. A. Marambio trasladó a los estudiantes a distintos establecimientos carcelarios, secuestró las computadoras, a las que colocó en una habitación con rejas (literalmente puede decirse que las computadoras quedaron presas), a la que previamente se mandó a tapiar la puerta de entrada con ladrillos y cemento. Tamaño despliegue de represión no se condice con los métodos de la investigación. En efecto, si como las fuentes judiciales informaron, el allanamiento fue fruto de un trabajo de inteligencia del SPF, estos debían saber exactamente donde buscar y a quién imputar. El desbaratamiento del centro de estudios, suena a represalia. Por otra parte, la prolongación del conflicto (52 días), dice claramente de la intencionalidad de avasallar la autonomía que ese espacio goza desde hace 25 años. El OIP frente a esas circunstancias, se comunicó con el director del Programa UBA XXII, Dr. Leandro Halperín y además de manifestarle su solidaridad, ofició de puente al presentar al Dr. Halperín al Dr. Julio Raffo, vicepresidente 2� de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quién se interesó vivamente por la situación y presentó un proyecto de resolución en la legislatura para que el CUD fuera declarado espacio de interés cultural y educativo de la ciudad. El proyecto fue aprobado por unanimidad de manera tal que, junto a la diputada nacional Victoria Donda, los profesores del CUD, el Procurador Penitenciario, organismos de DD.HH y el OIP, el Dr. Raffo |33| ingresó a la U2 de Devoto y notificó a los internos de la novedad y les informó además que en un acto público se les haría entrega de la plaqueta para colocar en el CUD y el diploma correspondiente. Cuestión que se formalizó la primera semana de diciembre.
Mujeres en cárceles federales:
En las cárceles federales argentinas hay alrededor 1.112 mujeres presas, un número diez veces mayor que el de dos décadas atrás. Casi toda la diferencia la explican los delitos ligados a las drogas: 701 de esas mujeres (63%) están encarceladas por causas sobre narcotráfico. De ellas, 210 son extranjeras. Los números son oficiales, y confirman una tendencia que se mantiene desde principios de los noventa. A fines de 1989, las mujeres presas eran 231, y representaban el 5,6% de la población carcelaria. Hoy, son el 11,5%, y la cantidad de detenidas por drogas representa por sí sola el 7,2% de los 9.688 prisioneros alojados en las cárceles federales. La mayoría de las 701 mujeres son "mulas" o "correos" pagadas por los narcotraficantes, que fueron detenidas cuando intentaban entrar o salir del país con droga. Para ese delito (relativamente fácil de probar, ya que al mismo tiempo que se detiene a la "mula" se le decomisa la droga) la ley 23.737, aprobada en octubre de 1989, establece una pena de 4 a 15 años de prisión. El crecimiento de detenciones provoca superpoblación en los penales federales de mujeres. La peor situación se da en la Unidad 3 de Ezeiza con 721 internas, casi el doble de la capacidad ideal de la prisión, que es de 374. Según un estudio hecho hace tres años por la Procuración Penitenciaria y el Instituto Gino Germani de la UBA, el 80% de las mujeres que entran en una cárcel son "primarias" (nunca estuvieron antes en prisión) |34|
Según datos oficiales a Junio de 2010, en las 54 unidades penitenciarias bonaerenses se encontraban privados de libertad alrededor de 26.000 personas, y otras 4.000 en comisarías. Esta cifra constituye la tasa de prisionización más alta del país. De ese total, el 76%, o sea alrededor de 23.000 personas no tiene condena firme y según reconocen desde ámbitos judiciales y gubernamentales, cuando los casos concluyan alrededor del 30% será declarado inocente.
En su informe al 30 de junio del corriente año, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires detalla las IPP (Investigaciones Penales Preparatorias), registradas hasta el primer semestre del año, con un total de 314.597 causas de las cuales 148.559 tienen al menos un imputado y 166.038 están sin imputados. De ese total, homicidios consumados 1.264, en tentativa 458, lesiones 61.996, delitos contra el honor 7, contra la integridad sexual 3.703, contra el estado civil 6, contra la libertad 44.663, contra la propiedad 119.042, contra la seguridad pública 18.623, contra el orden público 8.790, contra la fe pública 3.346, contra las leyes 5.249, otros 47.344 y contra el orden público 106. Cabe señalar que en estos totales no han sido dadas de baja aquellas investigaciones que por diversos motivos han sido desestimadas, ni las existentes en el fuero penal juvenil.
En el ámbito legislativo, durante el año se aprobaron una serie de proyectos enviados por el poder ejecutivo en los cuales se crean cinco nuevos juzgados de Garantías y dos de Ejecución penal, y se aumenta el número de ayudantes fiscales con veinte nuevos cargos, asimismo se prorroga por un año el traslado de juzgados, para poner en funcionamiento los juzgados unipersonales de familia y se prorroga la emergencia en la estructura edilicia.
Para el año 2011 seguirá en tratamiento proyectos presentados por la oposición, también espera tratamiento legislativo, la ley de cupos penitenciarios y de reforma del servicio penitenciario. El citado proyecto de ley de cupos penitenciarios, toma como base el documento presentado por el Consejo de Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires, el cual monitoreó las condiciones de detención en las unidades carcelarias de la provincia durante el período comprendido desde junio de 2009 a junio de 2010. Aclaran en este informe que, previo a las visitas de inspección, se llevó a cabo una reunión con la Subsecretaría de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia, donde fueron informados de la construcción de varias alcaidías departamentales y de las acciones y proyectos relacionados con la temática.
En este estudio se focalizó entre otras cuestiones, lo relacionado con los espacios de las celdas y pabellones, la vigilancia, la gestión de vida en los pabellones y la selección de los lugares de alojamiento, tomando también las cuestiones de seguridad tales como los sistemas de prevención de incendios. De allí surge que las celdas, de acuerdo a su metraje y demás condiciones materiales, sólo deberían alojar a un detenido, pero en la mayoría de ellas conviven dos o más personas, en franca violación a la ley Nacional 24.660 de Ejecución Penal, cuyo artículo 59 establece: "El número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los locales estarán en buen estado de conservación. Sus dimensiones guardarán relación con sus destinos y los factores climáticos". Tomando las pautas establecidas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura quefijan para una celda individual una superficie de 7 metros cuadrados y para celdas colectivas entre 5 y 6 metros cuadrados por detenido, lo cual contrasta con lo que ocurre en nuestra cárceles provinciales, donde "la superficie por persona es de 3,6 metros cuadrados constatando 7.700 casos donde solo debería estar alojada una persona y alojan ilegítimamente a dos". Los retretes están ubicados en el interior de las celdas, con lo cual se viola la privacidad que como ser humano los reclusos deberían tener. En otra parte el informe hace referencia a los módulos colectivos de "bajo costo" construidos entre el 2003 y el 2004 para ampliar la capacidad de algunas unidades con la pretensión de bajar el número de detenidos en comisarías, indicando que "cada nódulo tiene aproximadamente una dimensión de 20 por 30 metros y está dividido en dos pabellones colectivos simétricos, a los que hay que restarle la superficie ocupada por el sector de guardia", con lo cual habría 230 metros cuadrados de espacio común, sectores sanitarios, cocinas y duchas, en los que se alojan alrededor de 60 personas en condiciones que han sido calificadas como inhumanas por el Perito Arquitecto de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Negri, en oportunidad de dictaminar respecto de los pabellones de este tipo. Señala también el informe que la superpoblación carcelaria ascendería al 192%, prácticamente hay alojados el doble de personas, marcando que ante "la sobrepoblación constatada en nuestra provincia, la misma no se supera solamente con la construcción de más cárceles, que el dictado continuo de leyes destinadas a hacer ingresar cada vez más personas a la cárcel, tanto a nivel federal como provincial, hacen vanos cualquier esfuerzo por superarla, por ello es urgente el dictado de una ley de cupos".
Otra dato remarcado es la mala evaluación que se realiza a los detenidos, solamente se efectúa una entrevista al ingreso, la que en muchos casos es colectiva., a lo que se añade la falla en la vigilancia y control de los pabellones, por ejemplo en la unidad 9, en lugar de un guardia por pabellón, éste debe controlar cuatro pabellones. La utilización de la tortura para controlar el hacinamiento, la violencia de ciertos sectores, la baja calidad de los alimentos y del agua y la casi inexistente atención sanitaria explicaría que todos los años tengamos más de cien internos fallecidos. Por último, el informe cita la situación de los "refugiados", aquellas personas que "para escapar de situaciones de abuso o violencia intra carcelaria, solicitan o consienten en permanecer un largo tiempo en aislamiento. Estos lugares están privados de luz natural y del aire y en condiciones absolutamente denigrantes, sin que se haya podido constatar en las visitas el ingreso de psicólogos ni la salida de los internos para entrevistarse con ellos en otro sector, tal como fijan los reglamentos.
El Servicio Penitenciario Bonaerense aplica desde hace un tiempo un mecanismo que estaría llamado a transformar las cárceles provinciales. El mecanismo lleva el esperanzador título de "Programa de Prevención de la Violencia" y como principal objetivo se propone "prevenir y/o modificar las conductas agresivas de los internos", para lo que dispone incorporarles "hábitos, normas y reglamentaciones reguladas, de tal forma" que les permitan ser incluidos en un "régimen común donde primen el buen comportamiento, el trabajo y la educación". Internamente, lo conocen como "Violencia Cero", título más elocuente porque de algún modo revela el mecanismo con que se incorporan los antes mencionados "hábitos, normas y reglamentaciones": durante al menos nueve meses los presos son encerrados en celdas de aislamiento especialmente alejadas del resto, sin hablar con nadie porque están solos, sin televisión, radio, revistas ni visitas. Son tres fases de un mínimo de tres meses cada una, y cada una, como en la facultad, es correlativa de la siguiente. Es decir, el interno tiene que aprobar la primera para pasar a la segunda. La primera es la más dura por lo rigurosa. Pero tiene el aliciente de que las otras dos, no. Hasta ahora, en un año de aplicación en una decena de cárceles, el "Violencia Cero" encontró unos cuantos "voluntarios", pero fracasó en formar un solo preso tranquilo porque todos desistieron del encierro antes de los tres meses para no volverse locos. El programa parte de la certeza de que la violencia es propiedad de los internos. Obviando tener alguna responsabilidad la institución carcelaria |35|
En el mes de agosto se realizó la presentación ante los tribunales de Azul, de un recurso de habeas corpus colectivo a favor del grupo de trans y travestís alojadas en la unidad penal de Sierra Chica. El patrocinio corresponde al Comité contra la Tortura y cuenta con el aval de numerosas instituciones. En dicho penal, las víctimas denuncian acciones de violencia sexual y psicológica, traslados permanentes y arbitrarios, donde se les practican la "calesita" |36|. En una de las denuncias involucran al jefe de la unidad 32 de Florencio Varela quien dispuso el traslado de 6 travestís por haberse negado los mismos a practicar sexo oral con él y con el resto del personal, acusándolo al mismo tiempo de tapar la venta de estupefacientes que les obligaban a distribuir por todo el penal. Una vez en Sierra Chica, deben convivir en el "pabellón 10" con otros hombres allí alojados, recibiendo torturas físicas y psicológicas de parte del servicio penitenciario. Denuncian también la falta de atención médica y de dieta adecuada para los enfermos de HIV, no reciben medicación y el penal carece de infectólogo.
En la provincia de Buenos Aires solo existen dos pabellones para trans y travestis, uno es la unidad 32 de Florencio Varela y la otra en la unidad 2 de Sierra Chica, ambas cárceles para alojar varones.
En una resolución emanada el 23 de febrero de 2010, y en respuesta a una presentación realizada por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) durante el año 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación insta a "preservar la seguridad física de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, reclamando la intervención de la Suprema Corte Bonaerense". En la sentencia original por el llamado fallo Verbitky del 2005, la corte condenó a la provincia de Buenos Aires por el estado de sobrepoblación, violencia e insalubridad que sufren los internos tanto en cárceles como en comisarías, estableciendo a su vez los estándares mínimos sobre detención y prisión preventiva. Una vez más en este nuevo fallo, se exhorta al tribunal provincial a "atender las condiciones inhumanas de detención y considerar las cuestiones atinentes a la preservación de la seguridad y de la integridad física de las personas privadas de libertad y a la prevención de incendios�"
Del 7 al 10 de junio pasado, se realizó una visita de la Comisión Interamericana por las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, con la presencia del Comisionado Rodrigo Escobar Gil, quien luego de recorrer varias cárceles expresó en su informe "su profunda preocupación" por las condiciones de detención y la información recibida según la cual los internos sufren torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, e instó al Estado a "asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana".
Refiere a casos de "golpizas frecuentes, muchas veces seguidas de duchas frías, la práctica de la "falanga o pata pata" |37|, malos tratos mediante disparos con balas de goma, aislamiento prolongado en celdas de castigo, traslados indiscriminados como forma de control del orden interno o sanción disciplinaria, "con el agravante que durante el traslado se somete al interno a un trato inhumano y degradante" perjudicando el contacto regular con su familia dada la extensión del territorio provincial. De acuerdo a la información recibida, la comisión receptó 241 casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales 115 fueron denunciados formalmente a las autoridades, resaltando la falta de voluntad del estado para investigar y sancionar, la impunidad imperante y la falta de un registro oficial de casos.
Cabe señalar que el actual ministro de Seguridad y Justicia, ex oficial penitenciario con el grado de alcalde mayor, Ricardo Casal, hace un año atrás cuando solo era Ministro de Justicia, negó las denuncias de torturas y tratos crueles en las unidades penitenciarias, afirmando que desde hacía 8 años que no tenía una sola denuncia efectuada.
Pudieron constatar también la mala atención sanitaria, la falta de medicamentos e insumos hospitalarios, lo que se agrava en las comisarías donde la atención es solamente en casos de emergencia, la insuficiencia y la baja calidad de los alimentos suministrados y la carencia de programas de rehabilitación y educación adecuados.
Esta situación comprobada en el recorrido realizado confirma todo lo que venimos desde el OIP (al igual que otros organismos de DD.HH.) denunciando históricamente, a debemos sumar el uso indiscriminado de la prisión preventiva utilizada políticamente por el reclamo de seguridad, y aplicada fundamentalmente a los pobres y excluidos de la provincia, y en especial a los jóvenes de hasta 25 años.
El informe concluye instando al Estado argentino y en particular al de la provincia de Buenos Aires a "implementar una política penitenciaria acorde con los principios internacionales que rigen en la materia y a formular un plan general orientado a superar la grave situación que padecen las personas privadas de la libertad y a asegurar el goce efectivo de sus derechos humanos".
Mujeres en prisión:
Según un informe del ministerio de Justicia y Seguridad, a abril de 2010 había una población femenina en las unidades penitenciarias de 1.100 mujeres, relacionando el aumento con la infracción a la ley de estupefacientes y a que la condena es más rápida ya que se realiza en su mayoría, mediante juicio abreviado. Muchas de estas mujeres están embarazadas o tienen hijos, y no existe una política que permita reasignar lugares alternativos de detención a las unidades específicas tales como la 33. En el resto de las unidades femeninas, tales como la 50, 51, 52 y 8 como en los anexos de la 46 y 47, la 5 y la 40 , no pueden alojar mujeres con hijos, con lo cual tenemos un panorama de total hacinamiento, a lo que se suma la falta de medidas alternativas a la prisión. En celdas de 12 metros cuadrados conviven dos mujeres con sus hijos, con falta de mobiliario y de espacio y pésimas condiciones higiénicas.
De las visitas realizadas en 2010 por el OIP, detallaremos la efectuada a la Unidad 48 situada en el Complejo Penitenciario de San Martín, junto al Secretario de Ejecución Penal, Dr. Juan Manuel Casolatti. En ella se pudo verificar:
-El agua que consumen los internos se le provee en bidones de la empresa "Hermida Vida", al preguntar sobre los remitos de entrega se nos informó que en el penal no queda ninguna documentación y que el registro que llevan es solo controlar la descarga, con lo cual se incumplen con las normativas que fijan que todo ingreso y egreso de mercadería debe ser avalado por documentación de entrega -remitos-. Además se pudo constatar lo que denunciaban varios internos: los bidones eran entregados con tapas sin precintar, algunos directamente abiertos y en todos los casos se pudo constatar la existencia en los mismos bidones de humedad y gotas de humedad en la parte previa a los picos vertedores, producto del cierre y apertura de las tapas, con lo cual podemos deducir que los bidones se recargan con agua común de red. Pese a que la información oficial es que se entrega un bidón diario, se pudo constatar que no siempre era así, que a veces la entrega era cada tres o cuatro días.
-Se hallaron medicamentos vencidos, tales como adrenalina y sus derivados, bronco dilatadores, medicamentos para HIV, anti diarreicos, por lo cual el Dr. Casolatti labró un acta debidamente rubricada, apartando los medicamentos en cuestión los que fueron entregados al subdirector de Asistencia y Tratamiento, Sr. Ruiz. Al momento de la visita al sector sanidad, se encontraba un enfermero de turno quien explica que la médica no estaba por haber tenido que acompañar a un interno al hospital.
-Al efectuar el examen de las historias clínicas se pudo verificar la falta de controles periódicos a los internos con HIV, tales como el relativo a la carga viral, serología y CD4 y CD8 entre otros.
-Se constató el pésimo estado del sistema eléctrico, con cables colgando sobre las rejas de los pabellones, con instalaciones sumamente precarias que los mismos internos realizan dentro de sus celdas.
-En la recorrida, se pudo observar que en celdas cuyas medidas eran inferiores para dos personas, se encontraban alojadas tres y hasta cuatro internos, durmiendo algunos de ellos sobre el metal de las camas o en el piso, y en el mejor de los casos sobre mantas que le proveen sus familiares al carecer de colchones (reconocido por la misma dirección del penal, faltan alrededor de 60 colchones y ropa de cama en esa unidad, debido a la superpoblación).
Detenidos en Comisarías:
Debemos decir que lamentablemente se repite el hacinamiento del año 2001-2002 y que la lentitud judicial en resolver las situaciones de los detenidos, contribuye en buena medida a la presente situación |38|. El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria elaboró un informe en el que se detalla que en algunas seccionales, sobre todo del Conurbano, se triplica la cantidad de presos alojados en las dependencias policiales respecto a su capacidad. Según el informe, "al mes de diciembre de 2007, la cantidad de personas detenidas en comisarías ascendía a 2.782" en la Provincia. Mientras que "en septiembre de 2009 creció a 4.507 personas, un 62% (1.725 personas)". Sin embargo, a junio de 2010, según reconoció el propio Estado provincial, hubo una baja con respecto a 2009, "pero aún en un número muy superior a 2007 (4.040 personas)". La situación es más grave en el Conurbano. "En la departamental de Quilmes presentaban una superpoblación del 113% a febrero de 2009, ya que alojaban 290 personas en lugares que sólo permitían 138", se aclara. En tanto, "las comisarías de la Departamental Lomas de Zamora llegaban en algunos casos hasta un 300 % de superpoblación". El Ministro de Justicia R. Casal prometió que se construirá una cárcel en Mercedes con 500 lugares y dos alcaidías en José C. Paz y San Martín con 240 lugares más. Por su parte, Claudio Pandolfi, autor del informe del Comité contra la Tortura (elaborado en base a datos judiciales), graficó que "sólo el departamento judicial de Lomas de Zamora tiene un 30% de las causas judiciales de los detenidos, lo que lo ubica en el tercer lugar de Suramérica detrás del Distrito Federal de México y San Pablo, en Brasil". A los más de cuatro mil presos en comisaría se agregan los de los penales bonaerenses. "El hacinamiento en comisarías tiene su correlato en las unidades penitenciarias. A partir de las órdenes judiciales los presos pasan de una comisaría a otra como en una calesita y sólo algunos van a las cárceles, donde la situación de hacinamiento es similar o en muchos casos peor", En marzo de este año la Corte Suprema de la Nación requirió a la Suprema Corte bonaerense que "tome intervención" ante "las condiciones inhumanas de detención" en cárceles y comisarías de la Provincia. El máximo tribunal respondió a una denuncia del Centro de estudios Legales y Sociales (CELS) por el incumplimiento de un fallo de 2005 de la propia corte.
El 10 de marzo en la ciudad de Mar del Plata un hombre de 33 años fue detenido, golpeado brutalmente cuando lo trasladaban en un patrullero, continuando los apremios en la comisaría 3�, en otro traslado a la comisaría 4�., y cuando fue llevado al hospital. En este último tramo el patrullero detuvo la marcha y los uniformados lo sometieron a simulacros de fusilamiento. La investigación la realiza la fiscalía 7 a fin de "determinar si hubo o no responsabilidad policial en los hechos". Del trato recibido, resultó con un drenaje en un pulmón, le falta un pedazo de oreja y se constataron heridas en el rostro y la espalda.
Entre el 14 y el 15 de enero, muere Oscar Chaparro de 26 años de edad, mientras era trasladado desde la comisaría 1� de Avellaneda hasta Coronel Dorrego, en un camión de la División Custodia de Objetivos y Traslado de Detenidos, chapa 10458, perteneciente a la policía bonaerense. Este recorrido que normalmente dura 5 horas, demoró 24 horas sin que ninguno de los detenidos que eran trasladados recibieran agua ni alimentos, y sufriendo una temperatura superior a los cuarenta grados, ya que el móvil carecía de ventilación.
El 24 de enero en la unidad 13 de Junín, Diego Céspedes Díaz de 28 años muere a raíz de una herida recibida en la clavícula con una "faca" |39|.
-En marzo en la Departamental de la ciudad de San Nicolás, fallece uno de los detenidos de un supuesto paro cardíaco mientras se encontraba en un calabozo. Este deceso no fue debidamente informado por las autoridades policiales, lo que provocó la remoción del comisario inspector Bertucci.
-En la comisaría 2�. De Lanús apareció muerto el joven Matías Penna ahorcado en su calabozo. Hacía solo media hora que fuera detenido, sus familiares denuncian muerte por torturas, ya que es inexplicable como pudo colgarse a una altura de 1,60 metros cuando el joven medía 1,90 metros. Entre las extrañas referencias del caso, consta que Matías estaba en pareja con la hija de un comisario retirado de la policía federal y era padre de tres chicos. El 4 de marzo lo detienen en un confuso episodio acaecido en un bar de la zona. Pese a que los dueños del local manifestaron no reconocerlo como autor del hecho que le imputaban la policía lo detiene cuando se encontraba hablando telefónicamente con su pareja, a unas cuadras del lugar donde ocurrió la agresión. Según sus familiares y amigos en la madrugada del 4 de marzo el joven llegó detenido a la comisaría 2� de Lanús luego de tener un altercado con otro joven que estaba con su pareja. Es dejado en libertad y a las pocas horas es detenido nuevamente en el mismo lugar donde encontraría la muerte. Desde su segunda detención hasta aparecer muerto en su celda, transcurrió media hora.
A principios de abril en la unidad 9 de La Plata y en el marco de una huelga de hambre que venían realizado los internos de esa y otras unidades demandando la derogación de la ley 25430 que restringe las excarcelaciones, fallecía Rubén Tersaghi Techera. La causa de su muerte es anterior a la protesta y desnuda el desamparo que sufren las personas privadas de libertad con graves problemas de salud, como en este caso portador de HIV y al que se le negaba el arresto domiciliario al igual que a muchos otros reclusos con enfermedades graves y/o terminales. Según el médico infectólogo del Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires, los medicamentos que recibía en forma interrumpida eran fórmulas que ya no le hacían efecto, recibiendo como respuesta del servicio penitenciario que el problema era que el enfermo no tenía adherencia. Tersaghi Techera era estudiante universitario que pese a su salud quería superarse y buscar nuevas posibilidades de vida
-Al mismo tiempo en la unidad 13 de Junín, Pablo Gómez también apareció presuntamente muerto por suicidio en su celda.
En Salliqueló el 13 de Julio los vecinos del pueblo del oeste de la provincia de Buenos Aires destruyeron parte de la comisaría local e incendiaron un automóvil, cuando reclamaban por la muerte de un joven de 21 años que estaba detenido. Fueron reprimidos con gases y balas de goma por la policía bonaerense. El fiscal de la causa, Fabián Arcomano, afirmó que el resultado de la autopsia "indicó claramente" que la causa del deceso fue "un suicidio por ahorcamiento". Carlos Fernández padre del joven denunció que "le han cortado el cuello y lo han desfigurado a golpes en la seccional", donde perdió la vida el domingo, dos horas después de haber sido detenido por presuntos disturbios en la vía pública. Además, el hombre afirmó, que la esposa de su hijo tuvo que irse de la ciudad, ubicada a unos 550 kilómetros de Capital Federal, porque recibió "amenazas de muerte de la Policía".
-Fabián Gorosito tenía 22 años y el 15 de agosto fue encontrado muerto en un descampado. La información policial daba cuenta que el joven estaba drogado y había fallecido accidentalmente y que además tenía antecedentes por robo y violación. La madre del joven, María Teresa Viera denuncia que su hijo salió a bailar con unos amigos y que lo persiguieron unos policías, lo interceptaron y lo subieron a un coche particular, no teniendo más noticias de él hasta que apareció muerto. El joven trabajaba en un frigorífico y salía con la mujer de un policía, por lo cual la familia piensa que se trató de una venganza. La investigación judicial determinó que Fabián había recibido una brutal golpiza y su muerte fue por asfixia. Por orden judicial fueron detenidos siete policías de la seccional Mariano Acosta de Morón, entre ellos un subcomisario.
La estructura orgánica de la institución es la siguiente: Dependencia: Subsecretaria de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Seguridad de la Prov. de Buenos Aires. Sede Central y VI Regiones provinciales, las cuales se descentralizan a su vez en: Directores regionales, subdirectores y zonas territoriales. Misión: Coordinar y ejecutar a través de sus dependencias, en todo el ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, las políticas, planes y programas contemplados en la Ley de Ejecución Penal Bonaerense y/o los aprobados por el Ministerio de Justicia, destinados al control de las obligaciones impuestas judicialmente, al tratamiento en el medio libre y a la asistencia de los liberados ó tutelados, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz social y a la disminución de la criminalidad y la reincidencia |40|
Dadas las características generales descriptivas de esta institución, nos volcaremos a brindar algunos ejes que hacen al cotidiano del funcionamiento de esta institución y que la torna una "maquina de control social".
La judicialización de la población bonaerense que toma auge con políticas de "toleranciacero" encubiertas, impacta con fuerza. En el 2004 existían 38.000 personas a asistir y controlar con una planta de 80 trabajadores. A partir de allí, se amparan sobre una Ley de Emergencia, la cual prevé financiamiento para ampliar la estructura, dadas las características del desborde.
Actualmente, se prevé esta estructura orgánica descripta, distribuida en toda la provincia de Buenos Aires, con una capacidad ínfima administrativa y una técnica profesional de unos 1.200 empleados, en su mayoría, trabajadores sociales.
Son ellos los que se deben encargar de asistir, controlar y dar tratamiento a unas 38.500 personas que actualmente se encuentran bajo la orbita del Patronato. A ello se suma aquellas personas que demanden atención, dado que al haberse encontrado bajo la tutela de la institución, poseen este derecho durante dos años mas, luego de haberse terminado su cumplimiento previsto por la Ley. A lo que se le debe agregar el trabajo familiar, barrial y comunitario que muchas veces amerita intervención inmediata.
Queda claro que este es un órgano netamente ejecutivo por donde transitan causas penales que tienen sentencias judiciales. Pueden tener origen en el cumplimiento efectivo de la pena privada de la libertad (cárcel) o de cumplir determinada condena mínima en libertad (medidas alternativas), o de cumplimiento mixto a través de medidas morigeratorias que provee la justicia ordinaria (salidas transitorias, arrestos domiciliarios por ejemplo). Las mismas derivan de múltiples causas: homicidios, violaciones, hurtos, estafas, robos, y toda tipología que se encuentre dentro del CPP(Código Procesal Penal), sin embargo, estas causas, son personas sujetos de derecho.
La capacidad de infraestructura para desarrollar las tareas que implica el cumplimiento de la ley de Ejecución Penal, y según "sus mandatos", existe una Sede Central, cita en la ciudad de La Plata, y el resto se distribuye en toda la provincia, concentrándose su mayoría en el primer cordón del conurbano bonaerense. Con muchos municipios se han firmado convenios de "reciprocidad", ello no implica nada más que la ayuda asistencial de algún funcionario de turno que otorgue alguna bolsa de alimentos a algún "tutelado".
La infraestructura en los distritos, consta de una sede, que a veces es propiedad del Patronato y otras es alquilada. Consta de delegaciones que funcionan en organizaciones de la sociedad civil, con las cuales también se firman convenios. Llámense: sociedades de fomento, clubes barriales, centros de jubilados, asociaciones, entre otras. En estas organizaciones los recursos disponibles son mínimos, como los de cualquier organización barrial, para lo cual, la atención profesional hacia el "tutelado" solo se convierte en una entrevista que controle mensualmente la presencia del mismo, alguna intervención profesional devenida de la voluntad individual del profesional frente a la demanda del caso y la falsa promesa (que envía la Institución madre) en ayudar a la persona, a través de Planes Asistenciales propios del Patronato. El profesional a cargo a veces cuenta con agua, luz y baño. El resto del esfuerzo, es pura voluntad de los trabajadores. En los últimos años, estas situaciones han sido motivo de demandas concretas por parte de los trabajadores que no solo, defienden sus derechos laborales sino también sostienen la concepción de "sujetos de derechos", de este modo no se puede intervenir con expectativas de mínima, para "cumplir con lo que la misma Ley sostiene: la reinserción social".
Como mencionamos, muchas veces, el profesional debe actuar a nivel familiar y comunitario, para reestablecer vínculos, fortalecerlos, articular redes de contención entre otras acciones tendientes a cumplir cabalmente con los objetivos. La tarea resulta altamente frustrante dado que no se puede lograr acabamente los propósitos sin recursos económicos mínimos y concretos. Para la eficacia de la atención se necesita el factor tiempo y aun habiendo aumentado la capacidad de gestión al ingresar más profesionales (los cuales hay que aclarar que no son bien remunerados ni son reconocidos como tales en el escalafón de la administración pública), esta gestión no puede alcanzar los objetivos de mínima. Las demandas concretas de quien ha transitado por una unidad carcelaria, o aun con quien cumple la pena en libertad, se ajusta a su situación y condición social: en su mayoría son personas con cero ingresos económicos (recién egresan de prisión), con familias altamente vulnerables y carentes de recursos, que sobreviven gracias a el clientelismo político de de los distritos de pertenencia. Los trabajadores sociales identifican distintas situaciones problemáticas las cuales ameritan una intervención inmediata: adicciones, educación, violencia familiar y social, detenciones policiales por "portación de rostro", acosos policiales, discriminación de los hijos de las personas "tuteladas", falta de empleo, carencia de vivienda, problemas de discapacidad, situaciones graves de salud. Para afrontar estas y otras cuestiones, se necesitan recursos y/o, una buena articulación con otros niveles del Estado: esto es inexistente. Muchos trabajadores van (utilizando dinero de sus bolsillos) a algún Ministerio para poder gestionar algún recurso. Sin embargo, se accede mejor en quienes habitan en el conurbano, de quienes habitan en el interior de la provincia, que no pueden tener gestiones de buena voluntad.
Dado que el trabajador social no cuenta con respuestas inmediatas que le provea la institución, en aisladas ocasiones las obtiene de su propia gestión, pero no es una intervención institucionalmente válida ni provienen del Estado provincial. Si hablamos de políticas a nivel nacional, estas llegan directamente a los Intendentes y la distribución de ellas, queda sujeta al mismo sistema de clientelismo que ya mencionamos.
En esta Institución no se discute trabajar para alcanzar una condición de "sujeto de derecho", los cientos de aportes de los profesionales, no han sido escuchados para esta construcción. Muchas veces, son cercenados los derechos básicos de las personas tuteladas y no se cuenta con una estructura que acompañe su defensa. En este panorama la violación a los DD.HH. está vigente de los dos lados del mostrador: de los profesionales que trabajan en condiciones de carencia y tensión y de los tutelados que no obtienen las herramientas para su socialización. Esta política para con aquellas personas que transitan por el sistema penal judicial constituye un genuino despropósito, se ha reducido el Patronato del liberado a una maquina de control social, cuyo único interés es la sujeción del cuerpo bajo pena de prisión y no un sujeto autónomo útil a su comunidad. El estado de precariedad del trabajo se ve reflejado en casos como el que ocurrió el 31de agosto a las 13:43. Después de una hora de tensión, un hombre que amenazaba con arrojarse al vacío desde uno de los puentes del camino del Buen Ayre fue rescatado sano y salvo. El sujeto se llama Diego, tiene 31 años, es un ex convicto con problemas de pareja y pedía trabajo. Estuvo colgado de un enrejado casi 60 minutos, mientras personal de policía y bomberos estaban en el lugar tratando de rescatarlo. Debajo de él, un enfermero con una camilla esperaba lo peor y los rescatistas ultimaban los detalles para socorrerlo, finalmente se entregó y fue trasladado a un hospital.
El 6 de diciembre Víctor Figuera, Roberto Mazzucco, Javier Herrera, Ezequiel Walther, Juan Pablo Morales, Marcelo Hadel Sago, Miguel Mauvecín, Myrian López, los ochos fiscales de instrucción presentaron una nota al Procurador de la Corte Enrique Lilljedahl, solicitando "respeto e independencia en la investigación de los hechos en los cuales trabajan". La misma es en relación al violento y bochornoso episodio protagonizado por el ministro de la Corte, José Cáceres en la oficina del fiscal Mazzucco |41|, a quien le recriminó vehementemente por la detención de un vecino suyo. La nota se realizó tras una segunda reunión que mantuvieron los fiscales. Fue elevada a la Fiscal General, María del Milagro Vega, y de allí al Procurador de la Corte Entre lo que expresan los fiscales, en la nota, harían hincapié en la "gravedad institucional" que generó la reacción de un ministro de la Corte, considerando que ése tipo de actitudes atentan "directamente con la libertad de acción y decisión de un fiscal en el desarrollo de la investigación de un caso". Por ésta razón, a la par de pedir "respeto", solicitan contar con "independencia" para los trabajos que realizan. El ministro de la Corte, José Cáceres, además de protagonizar el violento episodio, amenazó con enviar un oficial de justicia para secuestrar el expediente de distintos hechos. En este sentido, en la nota elevada, los magistrados señalarían que nunca se negaron a brindar información, ante alguna solicitud sobre las causas que llevan adelante. Siempre que estos pedidos se realizaron por la vía que corresponden y con el respeto que se merecen.
El 7 de diciembre funcionarios judiciales visitaron el penal de Miraflores. Se trata de la segunda visita anual que llevan a cabo las autoridades judiciales, presidida por los miembros de la Corte; además de fiscales, jueces de Garantía y de Cámara, Correccionales, etc. El personal judicial se interiorizó acerca de cada uno de los planteos que llevan a cabo los internos, tanto de aquellos que están procesados, como así también de los penados, quienes bregarán por algún beneficio carcelario. Cabe agregar que para esta época del año es el Gobernador quien puede brindar algún tipo de indulto o beneficio extraordinario hacia los reclusos.
Cerca de las 20 horas del domingo 10 de octubre el personal policial de la comisaría séptima dispuso la salida de presos de las celdas en los que se encontraban alojados. Los detenidos se ubicaron en el espacio existente entre las celdas y el vallado de rejas que los separa de las restantes dependencias de la unidad policial, que cuenta con un único portón de ingreso. Fueron sometidos a castigos, torturas y tormentos, entre otros, Oscar Ramírez (25), Daniel Fernández (23) y los menores D. H. R. (17) y G. S. (16), quiénes se quemaron y dos de ellos fallecieron al día siguiente producto de las graves lesiones que sufrieron. Seguidamente, los policías ordenaron a los presos que se desnudaran y que efectuaran diferentes tipos de ejercicios físicos, especialmente flexiones de brazos, apoyando las palmas de las manos en el piso. Acto seguido, los policías insultaron y sometieron a castigos y torturas a los detenidos, utilizando cachiporras, aplicando golpes en los miembros inferiores, particularmente en los talones y en las plantas de los pies, de manera sistemática y repetida. Una vez que terminara la aplicación de las torturas, el personal policial condujo a los presos, desnudos o semidesnudos, hasta las celdas, quienes muy alterados comenzaron a gritar una vez que cerraran las puertas de los calabozos. Como continuidad de los castigos recibidos, se provocó un incendio en la celda donde se encontraba detenidos Oscar Ramírez, Daniel Fernández y los menores D. H. R. y G. S., quiénes fueron los que previamente recibieron los castigos más duros. Uno de los adultos prendió fuego al colchón de uno de los camastros de cemento, utilizando un encendedor. Antes de ello, Ramírez se ubicó muy cerca de la única puerta de la celda, gritando (muy alterado) que prendería fuego. El colchón se quemó rápidamente. Se produjo un humo muy denso y negro, típico de los elementos sintéticos que se utilizan para la fabricación de colchones, que provocan gases muy nocivos y venenosos, lo que justamente ha hecho que se aconseje la prohibición de su uso en los lugares de detención. Al mismo tiempo, se sintieron muchos gritos de los presos alojados en las restantes celdas, que vieron salir humo por la parte superior de la puerta de la celda donde se provocó el incendio. Los dos menores de edad tomaron distancia del colchón que se quemaba. Se ubicaron en el rincón más alejado de la celda, sobre una de las camas cuchetas de cementos El fuego rápidamente se expandió. El humo cubrió toda la celda, aumentando notablemente la temperatura y las dificultades para ver y respirar. Se escucharon gritos muy fuertes de los cuatro presos, aunque con mayor intensidad los alaridos de los dos adultos, distinguiéndose los gritos de dolor, típicos de las personas cuando se queman. Los menores, al cabo de algunos minutos, escucharon los gritos de los presos alojados en las otras celdas. Oyeron que decían "salgan� salgan� salgan, que abrieron la puerta"; sin embargo, no pudieron escapar. Continuaron escuchando a los presos que seguían repitiendo "salgan� salgan�"; entonces, se decidieron a saltar por encima del fuego, dirigiéndose hacia la puerta de la celda, uno detrás del otro. La puerta (recalentada) fue abierta por otro preso, después de que el personal policial arrojara las llaves. Cuando los menores salían de la celda, vieron los cuerpos calcinados de los dos presos adultos que estaban inmóviles, tirados en el piso. Luego vieron que el personal policial y los restantes presos ya se encontraban en el espacio común que existe antes de las celdas. Todos los policías miraban, sin realizar ninguna tarea de auxilio o de rescate. Mientras tanto, los presos se quemaron.
Los bomberos llegaron bastante tiempo después de que comenzara el incendio. Se dedicaron a la tarea de apagar el fuego. Primero se ocuparon de extinguir el que se produjo en la celda donde murieron los dos adultos y se quemaron los menores. Después apagaron el fuego -de menor proporción- que se había iniciado en otra de las celdas, ubicada a metros de la anterior. Posteriormente, los bomberos ingresaron a la celda donde se encontraban los presos, inmóviles y totalmente quemados, tirados en el piso. Los sacaron y los trasladaron al Hospital Perrando. Los menores también fueron derivados al mismo hospital. Daniel Fernández murió el lunes 11 de Octubre, a las 22:50 hs y Oscar Ramírez falleció una hora después. Los menores fueron dados de altas hospitalarias, sin tratamiento ambulatorio. Se repiten los casos de incendios y muertes en comisarías y en alcaldías del Chaco, poniendo en evidencia la perversidad del sistema institucional judicial. A este ejemplo de tortura y malos tratos se le debe agregar el plus de perversión que constituye alojar a menores en las celdas donde se alojan adultos. En el mes de enero en la Alcaidía de Resistencia, Chaco, se produjo una huelga de hambre por el trato a las visitas y la falta de atención básica a los detenidos en alimentación, agua potable y colchones. Posiblemente esta protesta hay influido en el pase a retiro de varios miembros de la plana mayor de la fuerza de seguridad provincial. La situación de las mujeres detenidas es irregular, no son atendidas adecuadamente en sus necesidades más urgentes: como atención en la salud psicofísica. No se cumple con la Ley en cuanto la atención de los niños que viven con sus madres presas. Desde el Ministerio de Educación el servicio para impartir educación, cuando la hay, es de baja calidad, sin profesionalismo, con personal docente sin preparación y en la mayoría de los casos sin compromiso personal.
5. Provincia de Chubut
En Alcaidías o Unidades Penitenciarias están alojados el 50,9% de los presos, el 38,4% está en Comisarías, el 8,3% están arrestados en sus domicilios, el 2,1% en el Centro de Orientación Socio Educativo (C.O.S.E. destinado a jóvenes de 16 a 17 años) y el 0,2% está internado en un Hospital. La realidad de los procesados y de los condenados en relación al lugar de detenidos difiere, ya que el 60,6% de los condenados se encuentran en Alcaidías o Unidades Penitenciarias, el 34,4% en Comisarías, 4,7% se encuentra detenido en su domicilio y 0,3% en hospitales o centros de salud. Por su parte el 25% de los procesados están alojados en Alcaidías o Unidades Penitenciarias, en Comisarías el 50,9%, el 17,9% está con arresto domiciliario y 6,3% está en el COSE. El 73,05% de los presos tiene entre 21 y 40 años, el 16,55% tiene 41 años o más. El 8,98% tiene de 18 a 20 años y de 16 a 17 años representan el 1,42% del total de los presos. No se cuenta con información del 2,08%. El 22,5% de la población carcelaria no finalizó sus estudios primarios, el 48,4% terminó la primaria, 17,4% no completó sus estudios secundarios y 6,7% tiene finalizada la secundaria, inició o finalizó estudios terciarios o universitarios. No se cuenta con datos del 5,1%. El 87 por ciento de los presos chubutenses no tiene el secundario completo, según un monitoreo sobre la situación carcelaria en la provincia realizado por la Defensoría General del Chubut. Sólo el 6 % tiene finalizado el ciclo completo y estudio, o culmino una carrera universitaria. Y además, la gran mayoría de los reclusos están vinculados "a actividades donde se necesita una baja calificación laboral". Entre otras cosas, el esclarecedor informe expone que en la Provincia existen más presos en comisarías que en Alcaldías o cárceles federales, y que el índice de prisionalización disminuyó un 1 por ciento en comparación al año pasado. El 97 % de los reos se encuentra encarcelado por delitos vinculados a homicidios, robos y delitos sexuales. Por otro lado, las comisarías alojan a 116 de los 432 presos que posee Chubut. El resto se divide en: 113 en las Alcaldías de Trelew y Comodoro Rivadavia, 107 en Unidades Penitenciarias Federales, 36 en prisión domiciliaria, nueve en el COSE y uno en un centro de tratamiento de adicciones. Además, en total existe un índice de prisionalización de 92 reos cada cien mil habitantes, uno menos que en 2009. En el 43% de casos el encarcelamiento es por homicidio, el 33% por robos y el 17% por abuso sexual. El 5% restante de los prisioneros está vinculado a los siguientes tipos de delitos: portación o tenencia de armas, hurto, lesiones, encubrimiento, incendio, privación ilegítima de la libertad, y vejaciones. Del total de reclusos, un 97,5% es de sexo masculino y el restante femenino. De este último apartado en la actualidad existen 11 encarceladas, un índice de prisionalización de 2 cada cien mil. Todas no poseen sus estudios secundarios completos. El 54% es "ama de casa" y del resto no se obtuvo datos. Además, el 72% está en prisión por homicidio y el restante por robo.
Por otro lado, el monitoreo remarca: "Creció la cantidad de presos con apellidos de origen indígena. En mayo de 2008 eran 41 y representaban el 13,4. En mismo mes de 2009 sumaban 60 (13,8%) y en 2010 legaron a 63, un 14,6% del total".
El 28 de Enero el ministro, Gustavo Valdez, dijo públicamente que su cartera prepara "otro programa" que entregará al Superior Tribunal de Justicia que el año pasado 2009 intimó al Poder Ejecutivo a que resuelva las condiciones infrahumanas en las que viven los internos en el sistema penitenciario. Sin embargo, el funcionario prefirió no avanzar con declaraciones que anticipen detalles de ese plan, que será programado sobre el que los administradores en el gobierno que entregó el poder en diciembre pasado, habían iniciado luego de recibir la intimación de la Justicia. En la Penitenciaría N� 1 en la Ciudad de Corrientes, por ejemplo, cuando las instalaciones están preparadas para 180 personas, casi 600 reclusos viven hacinados. Las condiciones de detención fueron denunciadas ante el Superior Tribunal de Justicia que recibió informes del Ejecutivo por contravenir las reglas mínimas que garantizan los derechos de los reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955.
El 4 de Mayo casi la totalidad de la población penal de la Unidad Penal 6 (Alcaidía de Procesados de San Cayetano) se declaró en Huelga de hambre en reclamo del cese del maltrato penitenciario a los familiares en días de visita. Refieren que las esperas se hacen larguísimas. A la intemperie, con sol, lluvia, calor o fríoprincipalmente mujeres y niños aguardan el ingreso desde las 5 de la mañana. Pese a que el horario de visitas es de 9 a 13 hs.recién a las 9,30 se inician las requisas y anotaciones, lo quereduce considerablemente el tiempo real de compartir momentos con el familiar detenido.Denuncian falta de higiene en los baños que ocupan los visitantes, riesgo de infecciones, presencia de basurales en los patios, mala calidad de la comida, demora en llevarlos al hospital Recrudece el problema histórico de carencia de agua potable. Llegan camiones cisterna con provisiones de agua que se racionan 3 litros diarios por detenido. El agua del lugar es imposible de beber y muchos internos tienen granos y forúnculos por el uso para la higiene personal de agua no apta para el consumo humano.Sin embargo, el motivo que desbordó la paciencia de los procesados y sus familiares ha sido el trato degradante durante los días de visita privada. Como no hay lugares adecuados, estas visitas se realizan en los denominados "buzones" |42|, que se desocupan para ser utilizadas durante las visitas íntimas. Así es que los internos atraviesan todo el patio del penal con sus colchones a cuestas para encontrarse con sus parejas. El día miércoles pasado, algunas de ellas fueron apuradas por los "llaveros" |43|, mientras aún estaban en visita porque requerían que ingresen otras parejas, y llegaron incluso a abrir las puertas de las celdas cuando estaban las mujeres adentro. En la Cárcel de condenados, Unidad Penal 1, se han solidarizado con esta medida de fuerza, y comparten las denuncias por maltrato, demoras en el ingreso, daños a sus pertenencias cuando hacen requisas (por ejemplo: en el ingreso de mercaderías les mezclan la yerba con las sal) y sobre todo cuestionan las revisaciones a niños y mujeres con perros Rottweiller, como método de control de ingreso de sustancias prohibidas. Dicen que la circulación de drogas sucede corrientemente en las unidades penales y no puede ser atribuida fundamentalmente al ingreso por parte de familiares sino a hechos de corrupción penitenciaria, como ha sido denunciado y probado judicialmente en varias oportunidades. Estos hechos, sumado al hacinamiento y la pésima calidad de la comida, motivó la Audiencia pública impulsada por el Superior Tribunal de la Prov. el año 2009.
El 11 de Febrero, tres mujeres detenidas en la Comisaría de la Mujer y el menor, han comunicado formalmente al Superior Tribunal de Justicia que se declaran en huelga de hambre porque en su lugar de detención (Comisaría de la Mujer) seestarían violando sus derechos amparados en la ley 24.660 y Decreto reglamentario 1136/97.-
Con las firmas de Karina Maidana DNI 25.621.031, Dorotea Soto, DNI 13.517.270 y Maria Rosa Silva, DNI 12.024.905 han elevado una nota al Fiscal General Adjunto del STJ, Dr. Jorge Semhan, donde notifican su decisión de iniciar huelga de hambre en reclamo a su derecho de tener visitas íntimas y a tener acceso a comunicaciones telefónicas. Dicentener restringido arbitrariamente el acceso al teléfono fijo de la comisaría y no se cuenta con teléfonos públicos en el área de celdas.
Sostienen en su petición que:"conforme a los reglamentos arbitrarios que se vienen aplicando de parte del Sr. Comisario haciendo informes como que no hay lugar adecuado, que es una total mentira, que en esta dependencia hay cinco habitaciones y cada habitación (celda) tiene capacidad para 6 internas, diríamos capacidad para 30 y acá solo somos 5, y en varias oportunidades fuimos solicitando las visitas higiénicas; que en feria fuimos autorizadas por la Fiscal de feria, Dra. Delfino yel Juez Segovia; está reglamentado por el decreto 1136/97 (art 71 y 75, visitas intimas) (art. 128 comunicaciones telefónicas). Aclaran que estamedida extrema NO será levantada hasta no obtener una respuesta favorable.
En la Comisaría de la Mujer y el Menor se alojan 5 mujeres procesadas por diferentes delitos. Desde hacía varios meses, las internas venían realizando pedidos a las autoridades policiales y judiciales competentes, respecto al cumplimiento efectivo de su derecho a tener un día semanal de visitas privadas con sus respectivas parejas. Este derecho, constitucional y amparado por la legislación vigente en materia penitenciaria, se cumple SOLAMENTE en los penales de varones, aunque en condiciones degradantes que informamos oportunamente. Ni en la Unidad Penal 3 de condenadas (Instituto Pelletier) ni en la Comisaría de la Mujer (procesadas, inocentes hasta que se demuestre lo contrario) se pueden hacer efectivas estas visitas.
Esto motivó incluso que en el mes de enero, las detenidas hicieran una huelga de hambre. Como consecuencia de ello, y para cumplimentar con el reclamo, el que tuvo respuesta judicial positiva, las trasladaron a unas dependencias policiales en las afueras de la ciudad, que las mujeres definen como instalaciones inmundas, antihigiénicas e insalubres, además de promiscuas, ya que prácticamente las parejas compartían un mismo espacio físico. Las detenidas refieren que el principal escollo para disponer un lugar adecuado en la Comisaría de la Mujer es el propio Comisario, quien se niega a realizar cualquier medida que facilite los encuentros íntimos en la Comisaría
El lugar de alojamiento de las mujeres (todas adultas mayores de 18 años) está independiente y separado del lugar de alojamiento de menores (no hay actualmente ninguno) y tampoco hay mujeres detenidas junto a sus hijos menores. Refieren que hay celdas vacías que pueden readecuarse para las visitas privadas. Incluso hay una, que solo haciendo una puerta en donde hay una pared, se comunicaría directamente con los sanitarios.
Otra de las quejas de las mujeres son las condiciones generales en las que reciben a sus visitas. Estas visitas se realizan en el patio intermedio de la Comisaría, separado de las instalaciones policiales y de las carcelarias. Durante las visitas se cierran todas las rejas y por ende no hay acceso al baño ni para sus familiares ni para las detenidas. Tampoco existe así la posibilidad compartir sin interrupciones la visita, ya que permanentemente hay que requerir a las celadoras abrir las rejas hasta para calentar agua o pasar a los sanitarios.
7.Provincia de Entre Ríos
El Gobierno entrerriano desistió de la idea de construir una única megacárcel en el centro de la provincia. El proyecto actual es "reemplazar" las actuales unidades penitenciarias que existen en las distintas ciudades entrerrianas y ubicarlas en zonas alejadas de los centros urbanos. La primera se construirá en Paraná, en un predio de unas 10 hectáreas. En la actualidad, las unidades penitenciarias en Entre Ríos son edificios centenarios y obsoletos. A eso se le suma que en varios de ellos existe superpoblación de internos. Con ese panorama, que se repite y se agudiza año a año, el Gobierno provincial tiene previsto construir nuevas unidades penitenciarias, pero ya no -como se anunció en su momento - la de edificar una única megacárcel, sino que la idea es relocalizar las que existen. Es decir, sacarlas de los centros urbanos y llevarlas a las zonas periféricas de cada una de las ciudades que cuentan con cárceles. En esta etapa, la primera carpeta que se está armando desde el futuro Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, es el de la ciudad de Paraná (UP 1), luego seguirá la de Gualeguaychú (UP 2), como tercer paso la de Gualeguay (UP 7) y por último, la de Victoria (UP 5).
8. Provincia de Jujuy
Los Defensores Oficiales, Dr. Hugo Horacio Cícero y Alberto Aragone, se presentaron ante SECRETARIA N� 4, y elevaron una "ACCION DE HABEAS CORPUS colectivo correctivo" por la Defensoría Oficial", el 14/07/10 relacionado con el estado de detención de las personas alojadas en el Escuadrón "53" Jujuy de Gendarmería Nacional. Se trata del expediente N� 251/10. Entre las consideraciones de la resolución del tribunal constan las siguientes: "Hicieron referencia que en dicho lugar es palmario el agravamiento que se produce en las formas y condiciones en que se encuentran los detenidos. Justificaron su legitimación activa para la interposición de la acción; argumentaron las razones que, según su entender, justifican la procedencia de la misma; hicieron un relato de los hechos y circunstancias que motivan su presentación y expusieron los fundamentos de la misma, a los que cabe remitirse brevitatis causae.
Adjuntaron un anexo probatorio con un croquis de las celdas ubicadas en el Escuadrón 53 "Jujuy" de Gendarmería Nacional y fotografías que dan cuenta del estado actual de las mismas. Requirieron, en definitiva, que se haga lugar a la acción interpuesta y se ordene el inmediato traslado de los detenidos a Unidades del Servicio Penitenciario Federal de esta provincia, o en su defecto, en forma subsidiaria, se disponga el arresto domiciliario o la libertad de los mismos. Asimismo, solicitaron que se resuelva el cierre de los lugares de detención del Escuadrón mencionado, mientras se mantengan las condiciones actuales de detención". El tribunal hizo lugar al amparo |44|. Los fundamentos del mismo permiten saber sobre la situación de las unidades provinciales, a requerimiento del mismo tribunal. En efecto, en sus fundamentos dice: "En cuanto a los informes, el Director de la Unidad N� 8 hizo saber que al día de la fecha no cuenta con cupos disponibles para alojar nuevos internos. Añadió que actualmente tiene cuatro jóvenes adultos ubicados transitoriamente en celdas de alojamiento individual (sector sancionados), que se hallan separadas del régimen común y en donde los mismos no pueden permanecer por un lapso mayor a 20 o 30 días, en virtud de que no reúne los requisitos indispensables para el alojamiento permanente". "Por su parte, el Director de la Unidad n� 22 informó que la misma posee una capacidad de alojamiento para 102 personas y que al día de la fecha cuenta con 66 internas alojadas. Agregó, en base a ello, que las condiciones de alojamiento son óptimas y que recibe internas procedentes de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de la Provincia, tanto de Salta como de Jujuy. Sin embargo, explicó que el establecimiento no cuenta con un sector para recibir a jóvenes adultas y que esa fue la razón por la cual se denegó en su momento el ingreso de la interna Brenda Pamela del Pilar Sutara, actualmente alojada en el Escuadrón 53 "Jujuy" de Gendarmería Nacional (cfr. fs. 69/70)".
"A su turno, el Jefe del Escuadrón citado realizó un detalle de cada uno de los siete detenidos que aún permanecen alojados en esa dependencia, especificando la fecha de ingreso de cada uno de ellos y haciendo referencia a las órdenes de traslado al Servicio Penitenciario Federal emanadas por los Juzgados Federales de esta provincia y las razones por las cuales se negó su ingreso al mismo. Señaló que el personal de esa institución a su cargo no se encuentra capacitado para cumplir funciones de seguridad penitenciaria, que los calabozos no cuentan con las comodidades mínimas para alojar a un detenido por un lapso mayor a 48 horas, que no cuenta con créditos para la manutención de los internos y que no dispone de lugares de recreación para los detenidos. Por último, hizo mención que la capacidad máxima de alojamiento de los calabozos de esa Unidad es de 5 masculinos y 2 femeninos (fs. 46/62)".
9. Provincia de Mendoza
Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de septiembre de 2010 |45| las medidas provisionales respecto de la República de Argentina sobre: asunto de las penitenciarías de Mendoza. El respeto por los DD.HH. de las personas a disposición de la justicia y en situación de encierro no registra ninguna mejora a pesar de las reiteradas denuncias y de las recomendaciones de la CIDH. En efecto, a mediados de año, cinco guardiacárceles del penal de San Felipe golpean a varios internos mientras se divierten cantando y profiriendo chistes. Uno de los agentes penitenciarios con su celular filma la escena. Tiempo después se olvida el teléfono móvil y este es tomado por una persona que hace la denuncia ante una Ong defensora de los DD.HH. quienes llevan la filmación ante la fiscalía que ordena la detención de los torturadores mientras uno de ellos logra fugarse. Esta situación pone de relieve que tanto el Poder Ejecutivo de la provincia como el Judicial, no han logrado cambiar las prácticas aberrantes que mantienen las fuerzas de seguridad institucionalmente.
10. Provincia de Misiones
El 4 de Abril en la seccional primera de la ciudad de Posadas se ahorcó con una sábana. La víctima fue identificada como César Rivero Morínigo (47) Según lo informado, el detenido estaba alojado allí desde junio del año pasado. Con su deceso son diez los casos de detenidos que se quitaron la vida en las comisarías en cinco años. Seis de esas víctimas estaban a la espera de una resolución judicial por delitos contra la integridad sexual. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre dos cuestiones: a) resulta al menos curioso que la mayoría de las personas que se suicidan en comisaría estén imputadas de delitos sexuales y b) que a la luz de la experiencia de la cantidad de suicidios que se producen en esos lugares de detención no se tomen los recaudos necesarios para evitar que vuelvan a suceder.
La población penitenciaria se duplicó en los últimos diez años en Misiones, pasando de 637 internos en 1999 a 1.090 en diciembre de 2008, de acuerdo al último informe difundido este año por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, que fue elaborado por la Subsecretaría de Política Criminal de dicha cartera con datos del Servicio Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Penas. A este número deben sumarse 189 detenidos en el Servicio Penitenciario Federal, bajo jurisdicción de la Justicia nacional, que se encuentran alojados en la provincia, con los que la población carcelaria total suma 1.279 internos. En 1997, Misiones tenía albergadas entre las celdas a 521 personas, cifra que año a año se fue incrementando, con muy pocas excepciones donde se produjeron retrocesos: en 1998 pasó a 560 detenidos, en 1999 hubo 637 presos; en 2000, 651; en 2001, 755; en 2002, 701; en 2003, 775; en 2004, 1.023; en 2005, 1.074; en 2006, 1.076; en 2007, 1.122; y en diciembre de 2008 se encontraban 1.090 personas detenidas en penales de la provincia. La Unidad Penitenciaria de Loreto alberga a 254 detenidos; la Unidad Penitenciaria II de Oberá tiene a 293 presos; en la Unidad Penitenciaria III de El Dorado se encuentran al momento del informe 304 individuos privados de su libertad. En la Unidad Penitenciaria IV (Correccional de Varones) había 68 detenidos y en la Unidad Penitenciaria V (Correccional de Mujeres) había 34 privadas de su libertad, mientras que en la Unidad Penitenciaria VI (Instituto de Encausados y Procesados) se encontraban 137 personas detenidas. En relación al presupuesto para el año 2011: A fines de septiembre el ministro de Gobierno de Misiones, Jorge Franco, acudió a la Legislatura provincial para informar sobre el presupuesto para el año próximo y los destinos de los fondos. Explicó que la cartera contaría con 379,220 millones de pesos y que de ese importe: "el 75% tiene que ver con la Policía y cerca de 40 millones de pesos serán para el Servicio Penitenciario Provincial". Señaló que "a la Policía van a pasar aproximadamente 270 millones de pesos, con un incremento del 44%, y con una cifra del 45% de aumento para el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y otras áreas que tienen que ver con la seguridad".Adelantó que "para el año que viene se prevé la incorporación de 400 suboficiales y 130 oficiales para la Policía, y un 40% de esa cifra es para el SPP. Esta es una previsión; si podemos ubicar más, seguramente lo haremos" Como se puede comprobar, se incrementa el presupuesto pero no se observan mejoras ni en las condiciones de detención ni en la calidad de instrucción impartida a los agentes de seguridad, ni en las condiciones laborales de esos agentes.
Mujeres detenidas:
Las mujeres detenidas en la cárcel provincial de Villa Lanús, Unidad V, promedian entre 19 y 40 años. El penal está ubicado a 5 kilómetros del centro de Posadas. Fue construido dentro del sistema denominado "mixto", que consistente en celdas colectivas y pabellones. La arquitectura fue remodelada y adaptada teniendo en cuenta el alojamiento de internas y cuenta con una capacidad de 30. Según informa el sitio oficial del Servicio Penitenciario provincial, por la conjugación de controles en áreas de vigilancia interna y externa, con muro perimetral, hacen que este establecimiento esté clasificada como de "mediana seguridad". La única dependencia carcelaria femenina de la provincia. El 80% de las allí alojadas están detenida por un homicidio. Este dato acerca de los motivos de detención debería alertar a las autoridades políticas, a fin de incrementar campañas para prevenir la violencia doméstica. Estas mujeres forman parte de la lista de episodios de abusos, maltrato familiar y de pareja que con alta frecuencia figuran en el historial de las encarceladas en Misiones. Las visitas no siempre son regulares, el aislamiento por parte de la familia (por diferentes razones, entre la más frecuente, la falta de recursos económicos) es el plus a pagar por el delito que se le imputa.
11. Provincia de Salta
En las penitenciarías de la Provincia hay 2.010 internos, de los cuales 170 están acusados o condenados por delitos federales y deberían permanecer en penales dependientes de la Nación. En la cárcel de Villa Las Rosas, la más grande de la provincia, la capacidad es de aproximadamente 700 personas, pero está constantemente sobrepasada y la población no baja de los 900 internos. La reunión entre el gobernador de la Prov. y el Ministro de Justicia de la Nación, relatada en el presente informe más arriba (situación en cárceles federales) podría mejorar esta situación. En relación al funcionamiento de la administración de justicia, los trabajos a nivel provincial para incluir en la Justicia la perspectiva de género comenzarán el año 2011 desde Tartagal. Así lo anunció en una visita a magistrados de ese Distrito Judicial ubicado en el Norte de la Provincia, la Jueza de la Corte de Justicia de Salta, María Rosa Ayala. La magistrada realizó una recorrida que incluyó además de la reunión con jueces de Tartagal, la verificación del estado de la Unidad de Detención de Mujeres y el grado de avance de la obra de construcción de la Ciudad Judicial de ese distrito. La reunión también sirvió para impulsar un trabajo en red para obtener una oferta de talleres de capacitación para las mujeres y menores detenidos, explicándose en la ocasión las tratativas llevadas a cabo con el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Católica de Salta
12. Provincia de San Juan
El penal de Chimbas continúa presentando graves problemas de todo tipo: edilicio, de infraestructura en general y de violenta intramuros a causa de la ineficiencia de los agentes penitenciarios para evitar los conflictos entre los internos. El interno Rodolfo Almeida (30) fue herido, cerca de las 15 hs., el día 12 de Julio, en una gresca. Según fuentes policiales, el detenido se habría enfrentado a otros internos en una discusión que terminó con Almeida herido. No se sabe por que motivos, discutió con otros internos y recibió varios puntazos en su tórax. Estas heridas obligaron a los guardiacárceles a internar a Almeida en Urgencias del Hospital Rawson
13. Provincia de Tierra del Fuego
Un nuevo caso de abuso policial, se registro en la madrugada del primer día del año 2011 en Ushuaia. La víctima fue un joven de 21 años, estudiante fueguino de arquitectura de la UBA. El cual fue levantado, por un furgón policial en la calle Antartida Argentina frente a un local bailable, por un grupo de uniformados que habrían salido a instruir a otros recién incorporados como agentes, en metodologías operativas de la fuerza. Lo increíble de la situación es que al joven, solo lo subieron al móvil policial para golpearlo y después dejarlo con varias quebraduras en el cuerpo, golpes y excoriaciones en el Hospital. Sin ni siquiera saber el joven los motivos por el cual seis policías lo subieron dentro de un furgón policial para golpearlo y después dejarlo tirado en la guardia del Hospital. El hecho fue denunciado en la Fiscalía del Distrito Judicial Sur a cargo de la fiscal de turno, Marcela Bragulat, con intervención de la Jueza de turno durante la feria, Dra. María Cristina Barrionuevo. Renzo Estacchiola, denuncio que cuando se encontraba fuera del boliche Kaitek, del cual había salido para fumar, un grupo de policías que aparecieron de repente por Antartida Argentina, lo golpearon con unos "palos" y lo subieron a un móvil policial, para luego tirarle en los ojos un spray, para esposarlo, luego de lo cual comenzaron a golpearlo entre los seis uniformados que se encontraban en el móvil. Lo llamativo es que ni en los registros policiales, ni el parte policial se encuentra reflejado este hecho, ya que el joven no estaba infringiendo ningún edicto policial, por el cual se podría justificar una detención, solo fue privado ilegítimamente de su libertad para ser golpeado por este grupo de policías, que lo dejaron en la guardia del Hospital, no sin advertirle los policías, al joven que se vaya a su casa, sin hacer ninguna denuncia judicial. Según un informe de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) "Tierra del Fuego encabeza las estadísticas de gatillo fácil", el informe dado a conocer a nivel nacional no deja de reflejar los hechos de violencia policial, la legisladora, Verónica De María había denunciado las grandes fallas que existen en las filas policiales y menciona a la institución como la primera en casos de gatillo fácil, luego de la muerte de Víctor Andrade. Al conocerse la denuncia judicial, se hizo presente en el Juzgado para dialogar con el joven y su familia, el Sub Jefe de la Comisaría 1�, quien manifestó, sentirse avergonzado por el hecho y la situación en la que personal de su Comisaría se había visto involucrado. Continúan aún las sospechas hacia varios uniformados de la policía por la desaparición y muerte de Oscar Vouillez.
14. Provincia de Tucumán
La fuga de cuatro presos de la Brigada de Investigaciones Norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán reavivó la polémica por el estado de las comisarías en la provincia. El jefe de la Regional Norte, comisario Luís Ibáñez, comentó que uno de los principales problemas es que las dependencias policiales tienen una organización antigua. La descripción del lugar (independientemente de la opinión policial acerca del sitio donde sería más conveniente tener los calabozos) es la siguiente: paredes erosionadas. Calabozos atiborrados de presos. Escasa vigilancia. Las autoridades saben que la situación de las dependencias policiales dista muchísimo de ser la ideal. La solución a este problema, afirmó el gobernador, José Alperovich, está ligada a lo económico. "Se deben hacer más inversiones. Creo que uno de los pocos lados en los que no invertimos fue en las comisarías", expresó el 16 de febrero el mandatario en rueda de prensa. Pese a esas declaraciones al momento de cerrar el presente informe no se observaron cambios en la materia.
La polémica sobre cuál sería el destino de los internos adictos del Penal de Villa Urquiza, destapó una falla en el sistema: la falta de infraestructura en donde éstos puedan recuperarse de su enfermedad. El de 5 marzo, psicólogos, médicos y empleados del Hospital Psiquiátrico Obarrio realizaron una protesta en contra de la orden de traslado de siete internos adictos del Penal de Villa Urquiza a ese nosocomio. Los mismos manifestaron que si se concretaba la orden ninguno de ellos trabajaría. Además, coincidieron en que el lugar no está capacitado para asistir a enfermos de esas características. Según la directora del Obarrio, Nélida Romano algunos empleados están preocupados por su integridad a raíz del posible traslado. El destino de los reos adictos es una incógnita. La incertidumbre sobre lo que pasará asecha a las autoridades del penal y al personal del nosocomio. Algunos especialistas coinciden en que la droga existió, existe y existirá mientras no haya voluntad política de realizar un profundo cambio en el sistema |46|.
Los fiscales nacionales iniciaron actuaciones tras las presentaciones de jueces tucumanos. Las actuaciones por las que se trata de determinar quiénes y de qué manera ingresan la droga al penal de Villa Urquiza, llegaron a manos del juez federal Mario Racedo. El fiscal Carlos Alberto Brito remitió la presentación que realizó el camarista provincial Carlos Francisco Ruiz Vargas al juez, para que determine si es necesaria una investigación, y en caso de que lo sea, quién llevará adelante la misma. En el juzgado federal 2, a cargo de Racedo, había una causa abierta por este mismo tema, desde fines noviembre del 2009, producto de los pedidos de informes que había realizado la sala VI de la Cámara Penal (que integra Ruiz Vargas), para determinar cuántos presos son adictos. Por otra parte, el fiscal Emilio Ferrer tiene a su cargo otra investigación similar desde 2008, cuando la sala II de la Cámara Penal ordenó un análisis de orina a 114 presos y se determinó que el 65% de los reclusos era adicto a alguna sustancia.
El 23 de marzo, el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez recibió el oficio que le envió Ruiz Vargas, y por el cual se solicitaba que la Justicia Federal lleve adelante la investigación para determinar cómo ingresa la droga a la cárcel. El 25, Gómez remitió las actuaciones a Brito, quien la derivó al juzgado de Racedo Sin embargo, a pesar de las tres investigaciones que, según se dijo, se están llevando a cabo, no hubo guardiacárceles señalados como presuntos responsables de la venta de droga en la prisión. El 29 de Marzo, Ruiz Vargas entregó a la fiscalía federal una declaración en la que, por primera vez, se vincula a agentes penitenciarios con el tráfico de sustancias ilegales dentro del penal. El 15 de Septiembre toma estado público que dos comisarios de la policía provincial fueron pasados a retiro luego de que se conociera un video que muestra la supuesta venta de drogas en la puerta de una comisaría de San Miguel de Tucumán, por parte de un detenido que debía estar alojado en los calabozos de esa dependencia. El relevo de los comisarios principales Rubén Jaime, jefe de la comisaría del barrio El Manantial, y Jorge Santi, quien estuvo a cargo de la seccional se produjo a raíz de la denuncia realizada a la Justicia Federal por una mujer (el nombre se mantiene en reserva), que entregó una filmación de un teléfono celular que capta supuestamente el momento en que un detenido de esa comisaría, ubicada a ocho kilómetros de la capital tucumana, vende drogas. Los investigadores determinaron que el detenido que fue captado en la filmación es Cristian Achén, un joven procesado en una causa por venta de estupefacientes |47|.
La falta de inversión para ampliar el penal de Villa Urquiza alarma a las autoridades judiciales. Desde hace un año la penitenciaría no acepta presos de la Justicia Federal. "No hay cupos, esa es la respuesta que recibimos", dijeron fuentes del juzgado federal N� 2, a cargo de Mario Racedo. Unos 900 presos están alojados en Villa Urquiza. De ellos, aproximadamente 200 son de la Justicia Federal, entre procesados y condenados. Aproximadamente unos 60 tuvieron que ser distribuidos entre comisarías, Gendarmería Nacional y la sede de la Alcaldía. Hace un año, el ministro fiscal Luís De Mitri envió un oficio a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Ejecutivo, donde recomendaba que se construyeran nuevos pabellones en Villa Urquiza.
1. - en Diputados). También avanza sobre una investigación acerca de las responsabilidades por la muerte de Videla Mientras la polémica desatada por el caso de Tolosa instala un nuevo debate sobre la edad de aplicación de la ley penal a adolescentes, un duro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos echa luz sobre los resultados de aplicar linealmente respuestas urgentes a esos reclamos espasmódicos. El informe durísimo en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones, recorre la historia de cinco casos de adolescentes condenados a perpetua en el país que llegaron con su reclamo a la CIDH y da un plazo para que el Estado argentino resuelva esas situaciones. Igual que una condena a muerte, uno de los casos podrá tener solución sólo formal, ya que el adolescente Ricardo David Videla murió ahorcado en junio de 2005, mientras lo mantenían alojado en un penal de adultos en Mendoza, en condiciones deplorables para su edad y su estado psíquico. De los cinco casos, dos (Videla y Saúl Roldán Cajal) fueron condenados en Mendoza en 2002, y los otros tres (César Mendoza, Claudio Núñez y Lucas Mendoza) por tribunales porteños en 1999. La Justicia tiene esos bemoles: los cinco fueron condenados a perpetua durante el gobierno de Menem y la debacle del 1 a 1 que provocaron en conjunto en diciembre de 2001 casi 40 homicidios policiales y ninguna perpetua. La CIDH dio un plazo de dos meses, para que el Estado informe cómo solucionará la situación de los cuatro jóvenes. Si no hay solución Argentina recibirá sanciones. Los cinco casos fueron analizados por los jueces desde la perspectiva de la Justicia de adultos. Claudio Núñez y Lucas Mendoza, detenidos en el '97, fueron condenados en abril de 1999, por los jueces del Tribunal Oral de Menores 1 porteño, Eduardo Albano, Marcelo Arias, y el juez subrogante Claudio Gutiérrez de la Cárcova, que ni siquiera era especialista del fuero (pertenecía al penal económico). Cuatro meses más tarde, los mismos jueces aplicaban la misma condena a César Mendoza, detenido en 1996. Entre marzo y noviembre de 2002, los jueces Eduardo Brandi, Carlos Parma y Oscar León, del Tribunal en lo Penal de Menores de la 1� Circunscripción Judicial de Mendoza, aún en funciones, condenaron a perpetua a Saúl Roldán Cajal y luego a Ricardo David Videla.El plazo de dos meses se inició el 19 de noviembre, con la recepción del Informe de Fondo sobre el caso 12.651, que reúne las cinco denuncias, y recomienda que los cuatro jóvenes puedan interponer recursos judiciales, que les fueron negados en su momento, con el fin de obtener una revisión amplia de las sentencias. Que dicha revisión aplique los estándares internacionales de Justicia juvenil, Se llega a recomendar que mientras continúen presos cuenten con atención médica. También se dirige al Legislativo, recomendando sancionar leyes que apliquen los estándares internacionales (es el caso del proyecto con dictamen (no se menciona pero esto incluye tanto penitenciarios como funcionarios judiciales). También, investigar las denuncias de torturas de Lucas Mendoza y Claudio Núñez, en cárceles federales. Además recomendó indemnizar las violaciones a los DD.HH. declaradas en el informe. [Volver]
2. - Observatorio Int. De Prisiones de Argentina se vio precisado a presentar un amparo, ver: www.derechos.org/nizkor/arg/doc/oip2.html [Volver]
3. - Carlos Ferreira ingreso a la escuela de Policía Juan Vucetich para conseguir un trabajo. Lo sometieron al denominado "rito de iniciación" son las pruebas que debería atravesar como cadete. Bastaron pocos días para que terminara internado en el San Juan de Dios, de La Plata, con 19 años, un hijo muy pequeño. . El padre poco después relataría que "había quedado en una guardia desde las 12 de la noche y tuvo que proceder en un supuesto intento de fuga de una persona que, cuando la redujo, resultó ser un oficial que en el forcejeo se había lastimado la cabeza contra un marco. A partir de ese momento le empezaron a pegar palazos, le hincaron agujas en la mano y lo tuvieron desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde dentro de una piscina helada sin poder hacer pie. Le tiraban piedras para que las juntara en el fondo". Doce largas horas que sólo tuvieron fin porque -según contó Jorge Ferreira- estaba llegando el gobernador Daniel Scioli para participar de un almuerzo en la Escuela. "Lo retiran del agua semi desmayado y cuando se recupera lo siguen bailando porque no quiso firmar la baja". Pero no sería ese el final. De ahí en más, contó que lo obligaron a recorrer cuatro kilómetros de rodillas. Roberto Cipriano García, del Comité provincial contra la Tortura, dijo luego de visitarlo que el chico "estaba destruido, no paraba de llorar e incluso en un momento se desvaneció. Nosotros vimos hematomas que se estaban borrando y hay que tener en cuenta que después del agua helada es difícil que se noten los hematomas. Por eso no me llama la atención que por parte de la Justicia y la institución policial intenten encubrir el asunto. De hecho, le pidieron que no hiciera la denuncia". [Volver]
4. - El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, advirtió hoy: "Cada vez que hay un conflicto cambiamos las reglas de juego y generamos costos excesivos" para todos los ciudadanos. El ministro del máximo tribunal dijo que las crisis recurrentes en la Argentina de los últimos 50 años se deben a "una falta de acuerdos básicos" en la sociedad y a la "falta de modos razonables para resolver los conflictos". En tal sentido, el presidente de la Corte aseguró: "Los conflictos siempre existirán, pero debemos administrarlos de manera razonable". Al mismo tiempo, Lorenzetti destacó que se "necesitan acuerdos básicos"yreclamó que"las personas que tienen responsabilidades estén por encima de los conflictos y no encima de ellos preopinando". En segundo término, el presidente del máximo tribunal dijo: "Una vez definidos los acuerdos básicos, debemos encontrar principios para administrar los conflictos que todos respetamos". Para finalizar,dijo que lo importantees reflexionarsobre"si nos importa más quién gana la próxima batalla o quién es capaz de administrar el conjunto de la sociedad". Publicado en La Nación 27-08-10 [Volver]
5. - El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que en la Argentina arrecian las torturas y asesinatos policiales, malos tratos y hacinamiento de presos (incluso menores de edad) que no se investigan ni se castigan. El organismo saludó los "numerosos cambios legislativos e institucionales... como la despenalización de calumnias e injurias, el Plan nacional contra la discriminación" y felicitó por "los avances en el enjuiciamiento de responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar y en la recuperación de la identidad de niños apropiados". Pero el elogio sobrelo actuado hacia el pasado se convierte en crítica sobre el presente, ya que el Comité manifestó su preocupación por "muertes ocasionadas como consecuencia de actuaciones violentas de la policía, en algunas de las cuales las víctimas fueron menores". La Argentina "debe tomar medidas para que hechos como los descritos no tengan lugar y para asegurar que los responsables de los mismos sean debidamente enjuiciados y castigados", reclamó. El documento, surgido tras las deliberaciones del Comité en Nueva York el 26 de marzo pasado, denuncia "la subsistencia de normas que otorgan facultades a la policía para detener personas, incluidos menores, sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia".
Un duro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos echa luz sobre los resultados de aplicar linealmente respuestas urgentes a esos reclamos espasmódicos. El informe, durísimo en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones, recorre la historia de cinco casos de adolescentes condenados a perpetua en el país que llegaron con su reclamo a la CIDH y da un plazo para que el Estado argentino resuelva esas situaciones. Igual que una condena a muerte, uno de los casos podrá tener solución sólo formal, ya que el adolescente Ricardo David Videla murió ahorcado en junio de 2005, mientras lo mantenían alojado en un penal de adultos en Mendoza, en condiciones deplorables para su edad y su estado psíquico. De los cinco casos, dos (Videla y Saúl Roldán Cajal) fueron condenados en Mendoza en 2002, y los otros tres (César Mendoza, Claudio Núñez y Lucas Mendoza) por tribunales porteños en 1999. La CIDH dio un plazo de dos meses, para que el Estado informe cómo solucionará la situación de los cuatro jóvenes. Si no hay solución Argentina recibirá sanciones. [Volver]
6. - En su informe al 30 de junio del corriente año, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires detalla las IPP (Investigaciones Penales Preparatorias), registradas hasta el primer semestre del año, con un total de 314.597 causas de las cuales 148.559 tienen al menos un imputado y 166.038 están sin imputados. De ese total, homicidios consumados 1.264, en tentativa 458, lesiones 61.996, delitos contra el honor 7, contra la integridad sexual 3.703, contra el estado civil 6, contra la libertad 44.663, contra la propiedad 119.042, contra la seguridad pública 18.623, contra el orden público 8.790, contra la fe pública 3.346, contra las leyes 5.249, otros 47.344 y contra el orden público 106.
Cabe señalar que en estos totales no han sido dadas de baja aquellas investigaciones que por diversos motivos han sido desestimadas, ni las existentes en el fuero penal juvenil. [Volver]
7. - www.defensor.gov.ar - ver informe 2006 y recomendación- [Volver]
8. - 12.08.2010 El Registro Nacional de Reincidencia denunció ante la Justicia a empleados del organismo que habrían incurrido irregularidades en la tramitación de certificados de antecedentes penales, según se desprende de una investigación interna.
Según informó el organismo, el Registro dio intervención a la Justicia y aplicó sanciones administrativas a los empleados supuestamente infieles. No obstante, se subrayó que "en ningún caso se trata de antecedentes requeridos por la Justicia sino por particulares" que muchas veces necesitan estos certificados para presentarse a un trabajo o para hacer algún trámite. Declaraciones realizadas a www.perfil.com.ar [Volver]
9. - En San Carlos de Bariloche, a los diez días del mes de abril de dos mil diez reunidos con ocasión del V Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal y I del Encuentro de Ejecución Penal del Mercosur los señores jueces que rubrican la presente
CONSIDERANDO: Que existen actualmente insuficientes plazas laborales, educativas y de alojamiento para los condenados a disposición de la Justicia Nacional en los establecimientos penitenciarios federales ubicados en la Ciudad Autónoma y en el Gran Buenos Aires y cientos de procesados a disposición de la justicia federal se encuentran alojados en establecimientos provinciales hacinados o de fuerzas de seguridad inadecuados para alojarlos. Que en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito penitenciario del país, varios miles de personas, algunas de ellas condenadas, se encuentran alojadas sin posibilidades educativas, ni laborales, en meras alcaidías o calabozos de seccionales policiales. Que mediante la Resolución n� 678/09 el Consejo de la Magistratura el 17 de diciembre de 2009 constató que más de 609 procesados han permanecido privados de su libertad por más de dos años, sin que se haya dictado sentencia a su respecto, solamente en el ámbito de la justicia nacional, obrando en la Secretaría General de dicho órgano constitucional el registro ordenado por tribunal y cronológico de las personas procesadas en tan anómala situación (conf. resolución 226/02 de ese Consejo (modificada por resolución 245/07), datos relevados correspondientes al lapso que va desde el once de diciembre del año dos mil ocho al primero de diciembre del año dos mil nueve. Que se ha remitido copia de ese registro a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dándole difusión, por lo que es indispensable adoptar medidas apropiadas para subsanar tan anómala situación. Que resulta imperativo poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad que importan los hechos mencionados, pero buscando soluciones que no generen alarma social y procuren minimizar el riesgo de que personas ya sindicadas ante la justicia como autores de delitos, vuelvan a cometerlos. Que para ello es necesario implementar un programa de reducción de la actual población carcelaria que permita evitar el alojamiento de personas en calabozos y otras instalaciones policiales o de fuerzas de seguridad, que carecen de personal especializado y de los programas educativos y laborales indispensables, que deberá ser acompañado por un progresivo incremento de las plazas laborales y educativas disponibles en los establecimientos penitenciarios y de un inmediato refuerzo de los recursos humanos destinados a la justicia de ejecución penal que garanticen una apropiada supervisión, tanto de la ejecución de las penas privativas de la libertad como de las suspensiones de juicio a prueba y de las medidas de seguridad. Que resulta, además, forzoso organizar y distribuir las tareas de supervisión de las condiciones en que se ejecutan las medidas cautelares personales de las personas privadas de su libertad a disposición de todos los tribunales con competencia penal, a fin de evitar que se dilapiden esfuerzos superponiendo contralores con los que efectúan los jueces de ejecución u obrando sin coordinación. Ello es conveniente, además, para que todos los magistrados a los que alude la última oración del art. 18 de la Constitución Nacional tengan conocimiento directo del estado de las prisiones que les incumbe garantizar. Por ello, RESUELVEN: 1) Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires exhortándolos a crear una "Comisión de Control del Cupo Penitenciario" integrada por representantes de los ministerios respectivos, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la Procuración Penitenciaria y Defensoría del Pueblo de la Nación y de los bloques que integran la primera, segunda y tercer minoría de las Cámaras del Congreso de la Nación y provincial, respectivamente, encomendándoles determinar cuatrimestralmente: a) El número total de plazas disponibles en cada unidad del Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense y sus respectivos sectores. b) La cantidad de detenidos alojados en exceso de dicha capacidad, lo que será comunicado a los jueces competentes y a las respectivas autoridades de superintendencia con la periodicidad prevista en el punto 5 de lo resuelto el 3 de mayo de 2005 en los autos: "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus", por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines previstos en su punto 4. 2) Dirigirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires a fin de solicitarles, además de la asignación de apropiados recursos humanos y materiales para los juzgados de ejecución penal o con dicha competencia, que se reglamente el procedimiento a seguir cuando se ha superado la capacidad de alojamiento o mientras subsista el alojamiento de detenidos a disposición de las autoridades provinciales o federales en calabozos u otras instalaciones inadecuadas o que no cuenten con plazas de estudio y trabajo suficientes y el que resulta necesario cuando las prisiones preventivas han superado los dos años de duración sin que exista sentencia condenatoria firme, estableciendo que resultará obligatorio: a) poner fin sin condiciones a toda prisión preventiva que supere el término previsto en el art. 13 del Código Penal o en el art. 54 de la ley 24.660, conforme la sentencia no firme u homologada en juicio abreviado, siempre que el interno registre calificación de conducta por lo menos buena y fuere previsible dada su evolución personal durante su detención que gozará de un favorable pronóstico de reinserción social. b) poner fin sin condiciones a toda prisión preventiva que haya superado los dos tercios del mínimo de la escala penal aplicable al caso (conforme el criterio sentado en el punto 176 del Informe número 35/2007 relativo al caso 12.553 de Uruguay, José, Jorge y Dante Peirano Basso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de mayo de 2007). c) diferir la ejecución de las condenas de prisión inferiores a 4 años de prisión o reclusión impuestas a internos primarios, hasta tanto se cuente con el respectivo cupo penitenciario, salvo en los casos de penas inferiores a seis meses de cumplimiento efectivo remanente, que se resuelva sustituir por prisión discontinua reemplazable por tareas por la comunidad (conf. arts. 35 y 50 de la ley 24.660). d) excarcelar bajo caución apropiada, si fuere necesaria, a quienes hayan superado en prisión preventiva la mitad del mínimo de la escala penal aplicable al caso que, en caso de haber recaído condena les habría permitido aspirar a su incorporación al período de prueba y a la modalidad de salidas transitorias, siempre que registraren conducta ejemplar y fuere previsible, conforme su evolución personal durante su detención que, en caso de resultar condenados o de haber sido incorporados el régimen de ejecución anticipada voluntaria, merecerían una calificación de concepto favorable. e) poner fin sin condiciones a toda prisión preventiva que supere el término de diez años sin dictado de sentencia firme, sin perjuicio de la continuación de la causa. f) exceptuar de turno o intervención en otras causas durante el corriente año a los tribunales que registren prisiones preventivas que hayan sido prorrogadas por más de ocho años hasta tanto dejen de figurar en el registro ordenado por el art. 9 de la ley 24.390. Durante el año 2011 hacer lo mismo con los tribunales que registren prisiones preventivas prorrogadas por más de cinco años, durante el año 2012 con los tribunales que registren prisiones preventivas prorrogadas por más de 3 años y a partir del año 2013 con todo tribunal que registre prisiones preventivas superiores a dos años. Incrementar, en la medida de lo posible, la dotación de recursos humanos y materiales asignada a dichos tribunales, cuando la insuficiencia de los mismos genere la morosidad que registran. g) disponer que el Manual de Monitoreo de prisiones adjunto, elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles y el Ministerio Público de la Defensa de la provincia del Chubut, deberá ser empleado durante las inspecciones de establecimientos carcelarios efectuadas por los jueces con competencia penal. h) establecer que todos los jueces con competencia penal deberán participar de las visitas generales organizadas por los respectivos tribunales de superintendencia al menos en dos oportunidades por año calendario, debiendo efectuar dos visitas no anunciadas de monitoreo cada mes calendario, con especial atención a los aspectos que rotativamente les serán asignados por las autoridades de superintendencia respectivas en los establecimientos que estas determinen y, en todos los casos, con supervisión de los sectores especialmente destinados a alojar a internos sancionados o aislados, cuando existieren. i) disponer que la información obtenida en los monitoreos generales o individuales se incorpore a un registro informático común y que las conclusiones que periódicamente elaboren los magistrados sean comunicadas a las autoridades competentes. 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10. - En el marco de los estudios de todos los legajos de oficiales de la Policía Federal que aspiran a ascensos, la ministra de Seguridad Nilda Garré resolvió ayer pasar a disponibilidad preventiva a ocho comisarios. Siete de ellos están procesados por la jueza María Romilda Servini de Cubría porque presuntamente se quedaban con parte del dinero que se les debía pagar a los agentes que realizaban adicionales. También quedó en la misma situación el recientemente designado superintendente de Asuntos Internos de la fuerza, Raúl Timossi, quien sancionó al cabo denunciante Fernando Sousa Helguera, pese a que la Justicia determinó que dos denuncias posteriores en su contra, anónimas, realizadas casi como una venganza, resultaron falsas. Sousa Helguera no tendría que haber sido sancionado, pero Timossi violó la norma que indica que un efectivo no puede ser penalizado cuando la Justicia lo declara inocente. Ver: www.pagina12.com.ar 12-01-11 [Volver]
11. - Amenazaron a los tíos de Fabián Gorosito, el joven asesinado en Merlo: "los métodos mafiosos son reflejos, de usos y costumbres, y tienen un sentido concreto: desparramar inseguridad en un caso en el que anuncian nuevas detenciones. "El tío no es el testigo principal ni mucho menos", aseguró a este diario Silvio Alfonzo, el abogado de la familia Gorosito, intentando despejar la desafortunada primicia mediática que había ubicado al amenazado como estrella guía de la investigación. Alfonzo aseguró que al menos una decena de testigos presenció o escuchó en forma directa cuando lo golpeaban o cuando lo ingresaban a la comisaría. Más allá de cuántos y de quiénes sean los testigos, la señal más firme de por la mañana. que se avanza en sentido correcto fueron las amenazas desde los dos autos, ayer Una a la mujer, cuando estaba por entrar en su casa, y otra a su marido cuando caminaba por la calle, a cuadras de allí. Las amenazas no parecen el mejor método para salir en defensa de la imagen de ningún funcionario policial sospechado. La autopsia realizada en primera instancia por médicos forenses de la Bonaerense determinó que Fabián Gorosito había fallecido por asfixia" -publicado en www.pagina12.com.ar 16-11-10 [Volver]
12. - Ver publicación de 18 de Junio de 2010 en : www.pagina12.com.ar [Volver]
13. - El ex defensor general de Pobres y Menores del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Arsenio Francisco Mendoza, se refirió a la situación en que se encuentra la minoridad en la provincia. Habló de la necesidad de "cambios profundos" que no se definen; advirtió sobre la contradicción de querer bajar la edad de imputabilidad cuando los menores de 18 años están protegidos por la Convención de los Derechos del Niño; y aseguró que si un chico comete delito "generalmente está pidiendo que alguien se ocupe de él". En ese contexto, Mendoza hizo hincapié en el flagelo de la drogadicción y opinó que "hay que olvidarse de hacer cárceles y empezar a hacer hospitales porque cada vez menos gente estará en condiciones de ser apresada". "Hoy ya tenemos chicos inimputables por efecto de la droga. Conozco no menos de tres o cuatro casos en Entre Ríos", apuntó."En el tema minoridad está todo frenado, con la excusa de que no hay un cambio en la Ley Nacional. , "aún así, con una legislación que está hecha hilachas de tanto castigos que ha tenido por parte de fallos de hasta la propia Corte Suprema de la Nación, si un chico menor de 16 años, inimputable, comete un hecho delictivo y no puede ser castigado, eso no quiere decir que el hecho no sea ilícito". "Es una falta, una contravención policial. Lo que no se puede hacer es aplicar penas, se tienen que aplicar medidas, las que están previstas en la Convención", precisó. En diálogo con el programa Fuera de Juego (Canal 4 - Gualeguaychú -23-09-10 [Volver]
14. - Apremios ilegales en la ciudad: nueve policías federales, que pertenecían a la comisaría 23a., fueron separados de sus cargos en el mes de agosto, después de denuncias de apremios contra tres menores [Volver]
15. - El 27 de junio por la mañana, dos jóvenes que se encontraban recostados en un banco de la plaza San Martín de la ciudad de La Plata, fueron despertados con amenazas, insultos y golpes por personal policial de civil y de uniforme. Ambos son indigentes que se ganan la vida limpiando vidrios. Uno de ellos manifestó que ya conocía al personal que lo agredió ya que había sufrido las mismas amenazas en otras oportunidades junto a otros chicos en situación de calle: que los iban a prender fuego si no trabajaban para ellos robando donde les indicaran. Los médicos del Hospital Juan de Dios de la ciudad de La Plata constataron las graves heridas sufridas por este joven quien luego de superar el miedo presentó la correspondiente denuncia patrocinado por el Comité contra la Tortura. El 5 de octubre personal policial de la comisaría6� de La Plata,detienen a un joven de 17 años por presunta resistencia a la autoridad, al quegolpean salvajemente, torturan y someten a terribles vejaciones. El titular de la Defensoría del Fuero Penal Juvenil, Dr. Julián Axat Della Croce junto a la fiscal Silvina Pérez del mismo fuero, y al Comité contra la Tortura presentaron la correspondiente denuncia penal contra el personal de la comisaría 6�., de La Plata, por torturas, apremios y vejaciones, comprobados en el correspondiente examen pericial efectuado al joven, quien en su relato manifiesta que entre 15 y 20 oficiales comienzan a golpearlo en todo el cuerpo, lo azotan con la hebilla de un cinturón lo que pudo constatarse debido a las marcas existentes con la forma de dichas hebilla, le aplican submarino seco mientras continuaban golpeándolo con las culatas de sus armas y le exigían que firmara los papeles por resistencia a la autoridad. Al negarse le practican submarino en un tanque de agua podrida mientras continuaban con la golpiza, hasta que finalmente firmó lo que le pedían. Una vez firmados los papeles lo amedrentan con que si cuenta algo era hombre muerto y amenazan a su familia. El 3 de Enero de 2011 fue detenido acusado de balear en un asalto a un comerciante platense. El muchacho se declara inocente, pidió que le tomaran muestras de su ADN y sostiene que puede demostrar que no estuvo en el lugar. El caso está plagado de curiosas irregularidades. La única prueba en su contra es la dudosa versión de un testigo cuya identidad es guardada celosamente por la Bonaerense. La comisaría que interviene en el caso, que encontró al supuesto testigo, reservó su nombre y lo hizo declarar como única prueba, es la misma comisaría acusada de torturar al sospechado; el chico está detenido en el mismo calabozo donde fue apaleado. Siete policías de la misma 6�, que fueron apartados luego de aquella denuncia, aguardan que pasen sin actuaciones judiciales los 90 días de plazo después de los cuales regresarán automáticamente a sus puestos. Información proporcionada por www.pagina12.com.ar [Volver]
16. - Un fallo del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3 de San Isidro resolvió postergar hasta la mayoría de edad la sentencia a los dos adolescentes condenados por el homicidio del joven Santiago Urbani. La decisión de los jueces Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez está enmarcada dentro de la única posibilidad que les otorgaba la Ley 22.278 (paradójicamente un decreto ley de la dictadura) y en cumplimiento de las normas internacionales de rango constitucional (aunque esto se comprobará en la lectura de los extensos fundamentos, de 150 carillas, que no fueron distribuidos). El tribunal ya había decidido condenarlos el 13 de julio, con lo que la única opción legal resultante fue la que adoptaron, disponer una tutela hasta la mayoría de edad y luego decidir si consignar un monto de pena (que debería ser atenuada, aunque no está claro que implementen este punto), o considerar que se dieron las condiciones para su rehabilitación. A contramarcha de la Constitución y con un reclamo de mano dura más duro que la propia ley que la dictadura estableció sobre los menores de 18 años, el fiscal Andrés Zárate había pedido a los jueces que salteen la Ley 22.278 y que directamente utilicen el código penal de los adultos. [Volver]
17. - Dos chicos de 16 años fueron detenidos el martes 23 de noviembre por intentar comprar bajo amenaza una botella de vino en un supermercado de barrio de la capital provincial. No es un error de tipeo, es correcto, comprar bajo amenaza. No lo lograron porque los dos matones del local mostraron sus armas. Los dos adolescentes arrojaron entonces su plata al piso y corrieron con la botella en la mano. Apenas diez metros. La veloz y decidida acción de una Patrulla Juvenil de Casal logró prevenir la fuga, detener a los dos malhechores y trasladarlos a la comisaría. Se puso en funcionamiento el aceitado engranaje judicial: tres días después, la fiscal Silvina Pérez los imputaba de robo calificado por el uso de arma y pedía su prisión preventiva. La jueza del mismo fuero, María José Lescano, consciente de la peligrosidad del hecho, aprobó el pedido. El defensor oficial, Julián Axat, apelará la detención por absurda, pero pedirá la elevación a juicio oral si ésta fuera rechazada, para evitar la prolongación de la preventiva. En tal caso, el juicio oral correrá por cuenta del Estado, que deberá invertir bastante más que el valor de la botella. La balanza de la Justicia quedó algo deteriorada, pero en fin, todo sea por lo más importante, el vino (7 pesos en góndola con tarjeta o efectivo) felizmente recuperado intacto para su legítimo dueño. Los dos chicos enjuiciados hasta las últimas consecuencias son dos típicos trapitos de 16 años que el ministro penitenciario Ricardo Casal y las propuestas de Código Contravencional de Scioli intentan borrar de la escena. "Siempre vivieron en la calle, muy dejados por su familia. Tienen como treinta entradas en la comisaría, todas por estar en la calle, ninguna por un delito", señaló la misma fuente judicial. Los dos adolescentes cuidan coches desde muy chicos. "Cuidamos para no robar", declaró uno de ellos. Son habitués del supermercado Aníbal, ubicado en la calle 5 entre 49 y 50, muy cercano al centro platense. Que sean habitués no significa que se alimentaran, sino que el dueño solía venderles bebidas alcohólicas. Por algún motivo, entre los chicos y el dueño comenzó a complicarse la relación, que derivó en la negativa a venderles alcohol por tratarse de menores de 18 años. Los dos adolescentes tomaron la botella de vino, de siete (7) pesos, arrojaron las monedas y corrieron por la 5. El asalto derivó en intento a los diez metros, cuando pasaba un auto de la Patrulla Juvenil, la misma que el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, había presentado públicamente como una solución para evitar la judicialización de adolescentes. Los Bonaerenses con pechera juvenil redujeron a golpes a los dos chicos y lograron evitar que el preciado botín se estrolara contra las baldosas (lo que hubiera agravado notoriamente la calificación del delito). Pese a los enunciados, los dos adolescentes pasaron de comprar a la fuerza una botella a supuestamente robarla, armados (con un vidrio), lo que excusó el traslado a la comisaría como dos peligrosos asaltantes con un frondoso prontuario (treinta entradas en la seccional, no causas judiciales, aunque se trata de un detalle secundario). La fiscal Silvina Pérez los acusó a ambos de robo calificado por el uso de arma. Y pidió la preventiva. El defensor oficial, Julián Axat, sostuvo que "la botella de vino (supuestamente desapoderada) ha sido recuperada también de inmediato, es decir no ha existido perjuicio económico alguno para la víctima; no ha existido violencia efectiva sobre la víctima, sólo una violencia moral que la víctima ni los testigos se han presentado a ratificar", y consideró que el "principio de insignificancia" del delito de un producto recuperado es aplicable. "La detención en casos de adultos ya sería un absurdo -sostuvo Axat-, mucho más en el caso de menores, cuando la Convención de los Derechos del Niño impide llegar a una situación semejante." Axat trabajaba en la presentación de la apelación. En caso de ser rechazada, solicitará el juicio oral. [Volver]
18. - Hay proyectos de reforma de la ley penal juvenil, a fin de adecuarla estrictamente a las necesidades funcionales y principalmente a la normativa internacional en la materia. Al igual que en el sistema de adultos, se hace un uso indiscriminado de la prisión preventiva la que en la mayoría de los casos se extiende sin respetar los plazos legales, y abarca a más del 70% de los jóvenes imputados. La falta de capacitación y preparación de muchos de los miembros del poder judicial en materia de derechos de infancia y juventud, hacen que se muevan con la mentalidad existente en la época del patronato, o con la mirada en el sistema penal de adultos. A ello se agrega la falta de instancias en el fuero juvenil, en franca infracción a la normativa internacional ya que ni siquiera se iguala con el sistema de adultos. Los efectores del sistema tanto penal como de protección que dependen directamente del ejecutivo, están totalmente desarticulados y carentes tanto de personal como de infraestructura, y funcionan como pueden y gracias al compromiso de sus trabajadores en la mayoría de los casos, como pudimos comprobar con las distintas visitas realizadas en territorio. El año 2011 el presupuesto aprobado en la legislatura no brinda demasiados recursos, pese al aumento conseguido en las partidas merced a la buena voluntad de algunos legisladores. [Volver]
19. - Los vecinos de estos y otros barrios de la localidad de Moreno vienen denunciando permanentemente estas razias que realizan las fuerzas de seguridad quienes se trasladan en micros escolares a la búsqueda de los jóvenes. Armados fuertemente con itakas van a la cacería de los pibes, y cuando estos corren por miedo a que los detengan les disparan balas de plomo. [Volver]
20. - Este hecho no es nuevo en el barrio, ya que las razzias son permanentes y el año pasado la policía hirió a 20 personas y detuvo y torturó a otras tantas. [Volver]
21. - El funcionario confirmó que se registró un solo disparo, perteneciente a un arma de la fuerza a una radio de la ciudad, en otra en tanto afirmó que "es evidente que hubo un intercambio de disparos". [Volver]
22. -Versión oficial brindada a Radio Sudamericana: Demoraron a diez policías por la muerte del adolescente Lo informó el ministro de Gobierno de la Provincia, Gustavo Valdés. Se trata de efectivos de las seccionales 3� y 12�, así como de la Metropolitana, quienes habrían participado del operativo que, por causas que se intentan establecer, culminó en la muerte de un menor de 14 años., el funcionario confirmó que se registró un solo disparo, perteneciente a un arma de la fuerza. La Policía ingresó en los límites de los barrios Pío X y Santa María, en un confuso episodio que intenta esclarecerse, un menor de 14 años recibió un impacto de bala en el cuello. El adolescente fue trasladado al Hospital Juan Pablo II donde murió en horas de la noche. "Era una persecución, aparentemente. Se perseguía un supuesto arrebato", informó el ministro de Gobierno de la Provincia, Gustavo Valdés. No obstante, aclaró que se intenta esclarecer el caso y que existe un solo menor involucrado. Publicado en el portal de la Comisión de DD.HH. de Corrientes: www.cpdhcorrientes.com.ar [Volver]
23. 17 -TRÁFICO DE NIÑOS EN BELLA VISTA: Las pruebas fueron presentadas en cuanta Institución pudimos llegar. Solo faltó la Audiencia con el gobernador Ricardo Colombi Al inicio de la Feria Judicial, nos llega desde la sociedad de Bella Vista la información de cuál es la situación actual de la denuncia del 5/11/09 .Lara( la mujer con documento falso, ya ubicada en Bs.As y con una historia de compra venta de bebés desde hace seis años en Corrientes aún no ha sido detenida. ni siquiera por falsa documentación. El médico de apellido Romero ,profesional de la Clínica "Bella Vista" involucrada, es quién hizo la cesárea a Ceferina Fernández de Santa Lucía(Goya) y a quién visitaba Romero durante 4 meses junto con Lara Tampoco está detenido
Esta sociedad de Bella Vista, hoy conocedora de este caso puntual, conoce también a los "personajes" de la Mafia del Crimen Organizado" con la modalidad de la sofisticación del delito que les permite llevar con total impunidad los bebés de Corrientes.
Entre ellos nombran al Abogado Rafael Beltrán y a la Jueza de Familia Dra. Tatarinof La clínica "Bella Vista" cuyo dueño se apellida González, es donde llevan las mujeres a tener sus bebés. La jefa de enfermeras es hermana del médico Dr. Romero que realiza los Partos. Sabemos también que la reclutadora de mujeres embarazadas (conocida como Mirta Lugo), también presenta falsa documentación. Su nombre verdadero es Mirta Cáceres Tampoco está detenida
GOYA: "Infancia Robada" quiere dar a conocer a la sociedad de Goya que la nota publicada en los medios periodísticos y radiales sobre el bebé que fue trasladado del Hospital de Goya al hospital Vidal de Ctes.;con disconformidad de la madre; debido al grave estado que presentaba el niño, nos mueve destacar y socializar dónde estaría el posible delito "NUNCA PUEDE SALIR DEL HOSPITAL UN RECIEN NACIDO COMO "N.N" Es decir sin Nombre ni Apellido. Allí es donde nos preocupamos en hacer las averiguaciones pertinentes dado que hoy los hospitales cuentan por ley con el funcionamiento de los registros de nacimientos y filiación. �A qué se debió entonces ese intento del traslado del bebé N.N.
MERCEDES :CASO RAMONCITO: La Fiscalía Gral. nos prometió el "Juicio de Ramoncito" antes de finalizar el 2009. Sin embargo comienza la feria judicial del 2010 sin novedades�
Nos queda pedir la Audiencia al Nuevo Gobernador .Iremos con la autoridad que nos merece la Jueza de Menores: Dra. Rosa de las Mercedes Esquivel Iglesia. Sabemos y tenemos experiencia que las decisiones políticas son fundamentales para poder mover las piezas del ajedrez de la Justicia y de la Policía. Necesitamos Urgente que la Policía de la Secretaría de Trata y Tráfico sea una realidad permanente en los casos de denuncias que requiere investigación conjunta con el Juez de Menores.
Hna. Martha Pelloni - " Infancia Robada" [Volver]
24. - Prisión Domiciliaria Para El Imputado Por El Crimen De Antillanca: El caso que investiga el crimen del joven Julián Antillanca parece encaminarse hacia el cono de sombras e impunidad que rodea a muchos de los asesinatos resonantes en Chubut. Hoy el juez actuante le concedió la prisión domiciliaria al único imputado, el cabo Martín Solís, una medida que aceptó la defensa y a la que únicamente se opuso el abogado de la querella. Solís será custodiado en forma permanente por la misma policía a la que pertenece. La medida se dispuso en la audiencia realizada este martes, una continuidad de la última revisión llevada adelante hace diez días, donde había existido un ofrecimiento de medida sustitutiva a la prisión preventiva, solicitando el Juez que se cumplimenten los requisitos si se pretendía tal modalidad. Información en: www.chubutonline.com [Volver]
25. - Una niña de 14 años denunció que fue violada por dos uniformados que estaban de guardia y borrachos en el destacamento policial de la localidad de Guerrico, una zona rural de la provincia de Río Negro, a unos 10 kilómetros de General Roca. El hecho ocurrió el 1� de enero y lo investiga el juez de instrucción N� 4 de esa ciudad, Emilio Stadler. Llamativamente, los dos agentes -uno de ellos es suboficial superior- siguen prestando servicios, pero la jefatura de la fuerza provincial los trasladó a otra repartición, el mecanismo al que suelen apelar las fuerzas de seguridad para proteger a imputados de abusos y/o torturas. Con el lema, "�Basta de abuso, violencia y ultraje contra las mujeres!", familiares y vecinos de la niña junto a la Multisectorial de Mujeres del Alto Valle se congregará frente a la seccional para reclamar la separación de sus cargos de los imputados. Los policías acusados son Rubén Darío Rubio y Víctor Manuel Chumbita. La niña declaró en una Cámara Gesell en tribunales el 26 de enero. El fiscal del caso es Miguel Fernández Jadhe. Un dato llamativo: las pericias médicas realizadas a la niña las hizo personal policial, que se quedó con las vestimentas que tenía el día que sufrió el ataque sexual denunciado. El abogado de la familia de la niña es Rodolfo Ponce de León. En declaraciones a la radio LU 19, de Río Negro, el jefe de la policía de Río Negro, Víctor Cufré, informó que los acusados "están apartados del servicio en la zona de Guerrico para facilitar la investigación. Y comenzó un sumario administrativo" contra ambos. Al mismo tiempo aseguró que siguen en funciones: "Están trabajando en la zona de Roca porque no hay ninguna medida de la Justicia". "Es inadmisible que estén en funciones, cobrando sueldos del Estado, amparados por la cúpula policial. El jefe de la policía de Río Negro es duramente cuestionado. Una jueza de la provincia, Marisa Bosco, ordenó que se lo investigue por entorpecer una causa en la que están involucrados policías con redes de trata; la defensora del Pueblo también pidió su relevo por encubrir a hombres de la fuerza y denunció nexos entre proxenetas y policías. Ninguna mujer puede sentirse segura en la provincia mientras haya policías abusadores en comisarías y a sueldo", señaló a Página/12 Susana Yappert, integrante de la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista) y parte de la Multisectorial que hoy marcharán a la brigada rural de Guerrico. Publicado en: www.pagina12.com.ar el 5-02-10 [Volver]
26. - Pese a que no se le solicitó ningún tipo de autorización, ni tampoco se le informó acerca del destino que tendrían esas fotografías, una de ellas fue incorporada a un "álbum policial de personas sospechosas". El joven en cuestión planteó en su presentación que la inclusión de ese soporte fotográfico constituye una amenaza actual y permanente no sólo de su buen nombre y honor, sino también de su libertad ambulatoria. A raíz de ello, el juez ordenó la sustanciación de un recurso de hábeas data y dispuso la extracción de dicha fotografía del referido álbum policial. Sostuvo el Dr. Lozada que "Se trata, entonces, de armonizar las capacidades persecutorias en cabeza de las agencias estatales dedicadas a la prevención y represión de hechos delictivos, con los principios que deben regir la vida de un Estado constitucional y democrático de Derecho. Para lograr tal finalidad debe dotarse de racionalidad jurídica a la actividad persecutoria evitando que su encauzamiento afecte garantías constitucionalmente consagradas". "Considero, entonces, que la expresión de voluntad vertida en autos por el afectado en relación a que la fotografía de este último sea removida del referido álbum policial, debe ser objeto de tratamiento jurisdiccional mediante la modalidad que encarna la presente acción de hábeas data". Como ya lo señalara en otras ocasiones, "la confección de dichos álbumes fotográficos con personas que aún gozan del estado jurídico de inocencia, por el sólo hecho de haber ingresado a una comisaría a los fines de averiguación de antecedentes, constituye un acto lesivo del principio de igualdad ante la ley y, por lo tanto, discriminatorio. Acto administrativo que, con tales características, pone en riesgo la libertad de quienes allí lucen retratados, a punto de constituir un grosero desconocimiento del principio constitucional de inocencia. Principio que se basa en una presunción que tan sólo puede considerarse en crisis por medio de una sentencia condenatoria que así lo exprese". "Tampoco puede pasar desapercibido, además, que la fotografía en cuestión fue extraída sin contar con la autorización del propio XX, quien no fue informado en relación a la naturaleza del acto a ensayar, sus posibles efectos, y la posibilidad de articular recursos que, como el presente, eventualmente pueden surtir los fines que ya fueran objeto de oportuna mención. "La jurisprudencia ha establecido, además, que el hábeas data tiene una serie de objetivos principales que pueden sintetizarse del siguiente modo: que una persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un registro o banco de datos; que se actualicen datos atrasados; que se rectifiquen los datos inexactos; que se asegure la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terceros; y la supresión del requisito de la llamada información sensible, tal como la referida a la vida intima, política, religiosa o gremial" [Volver]
27. - arma de fabricación casera generalmente elaborada por reclusos o ex convictos- [Volver]
28. - la muerte deCristian Herrera, un recluso de la cárcel de Piñero que ya había sido internado luego de haber sido apuñalado en una pelea con otro preso. El joven, de apenas 20 años, falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), y los internos del penal, al anoticiarse del deceso, declararon una huelga total y elevaron un petitorio a las autoridades carcelarias. El petitorio de los reclusos es extenso y revela que las condiciones de detención son lamentables. En principio, exigen que "se cumpla el compromiso fijado con respecto al Juzgado de ejecución que se acordó el 4 de agosto en un acta acuerdo", que se apele a la "intervención mediadora de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) en una reunión general de todos los delegados con las autoridades del penal y dirección general". A la vez, se reclama "que las mesas de diálogo tengan algún resultado positivo", y que las autoridades tengan "capacidad resolutiva, para que no se conviertan en una serie de pedidos de los internos que nunca se resuelven". Por otra parte, los presos señalaron que "al no haber ninguna asistencia legal, nos encontramos en estado de indefensión", y piden "trato humano". Como la mayoría de los detenidos desempeña tareas, solicitaron una "modificación del peculio, para que lo que ganen los internos sea una cifra digna", y que "se fije una política que apunte a resocializar y rehabilitar por medio del trabajo, estudio y del deporte ya que la mayor parte del día se permanece en encierro"Cabe consignar que los internos del pabellón 8 se comunicaron con la CTC, puesto que la mitad de los integrantes del mismo se encuentran desde el pasado jueves con síntomas que incluyen fiebre, vómitos, dolor de cabeza, ganglios inflamados y dolores musculares. "Uno de ellos fue internado, según nos comunican de Dirección General, con un cuadro de neumonía", consignaron fuentes de la entidad defensora. Por último, en el comunicado, la CTC denunció: "Los internos manifiestan encontrarse sin atención médica, abandonados a su suerte y con preocupación de que la enfermedad los aflige" [Volver]
29. - La oficial de la policía de San Luís, Analía Albornoz, que admitió haber matado durante una persecución a un adolescente que habría cometido un robo, fue dejada en libertad por la jueza Virginia Palacio Gonella, que entiende en la causa. La oficial fue acusada en un comienzo como presunta autora del delito de "homicidio agravado", pero la magistrada dispuso en las últimas horas cambiar la carátula por "exceso en legítima defensa", una figura que contempla una pena menor, por lo que la policía quedó en libertad. Albornoz admitió el lunes último, al ser indagada, que fue la autora del disparo que el 30 de octubre pasado mato al joven Sergio Echenique, de 17 años. La oficial aseguró que persiguió al chico desde la esquina de Bolívar y Lafinur, en la capital de la provincia, tras la denuncia por presunto robo efectuada por un camionero. La mujer dijo que el chico utilizó un arma durante la persecución y que efectuó disparos intimidatorios sin resultados, hasta el tiro del final, que apuntó al cuerpo. En cambio, la familia del adolescente denunció que el chico estaba amenazado de muerte por otro policía y aseguró que lo asesinaron. Esta hipótesis fue sostenida ante la prensa por dos personas que dijeron haber sido testigos de lo ocurrido, pero que aún no fueron citados por la justicia, quienes afirmaron que no vieron a la mujer policía en el lugar del hecho y tampoco el arma que supuestamente el chico disparó. En cambio, Palacio Gonella liberó a la oficial basándose en una pericia de la División Criminalística de la Policía provincial, que señaló que el arma supuestamente utilizada por el adolescente contenía tres balas percutadas, las que no salieron porque la aguja del gatillo no era la original y no golpeaba en el centro, lo que impedía su detonación. [Volver]
30. - Claudio Alejandro CÓRDOBA - Asunto: Torturas, intimidaciones, persecución penitenciaria en varios establecimientos federales , en la persona del interno Claudio Alejandro CÓRDOBA, actualmente detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Federal N� 2 de Lomas de Zamora. [Volver]
1.- El interno Córdoba encontrándose alojado en el Módulo 6, Pabellón A, Celda N� 3 del Complejo Federal N� 1 de Ezeiza perteneciente al Servicio Penitenciario Federal, SPF, denunció que desde mediados del año 2009 viene "sufriendo todo tipo de abuso por parte del personal penitenciario de requisa"...., que su vida "corre peligro constantemente", que en distintas situaciones dichos hechos fueron denunciados ante el Juez Pella del Juzgado de Instrucción Federal N� 2 de Lomas de Zamora..., que encontrándose en RIF fue "golpeado con marcas" y que dichos golpes fueron "comprobados por el médico forense en varias oportunidades"..., y que el Juez y los Secretarios lo único que hacen es tomarle declaraciones "y me vuelven a la misma unidad que denuncié, haciendo un total abandono de persona"..., que ha pedido traslado al ámbito bonaerense "y me dicen que no hay cupo"..., además "tengo que estar sufriendo tormentos sicológicos, abusos de autoridad, maltratos y maltratos a mi familia"
2.- Que respecto de esto último, la señora Benítez (concubina de Córdoba) denunció que el 10 de diciembre de 2009 "no la dejaron ingresar con sus hijas de 15 días y 1 año y un mes, respectivamente y que luego, cuando regresó con la otra hija de cinco años, tampoco la dejaron entrar, aduciendo a que no están de acuerdo con el ingreso de menores. La señora Benitez señala que luego de ello y tras regresar sola a la visita, tampoco le permitieron el ingreso. Cuando regresó a su casa recibió un llamado de los compañeros de pabellón del interno Córdoba en donde le manifiestan que su concubino "se encontraba golpeado y sin poder realizar llamadas"..., esos mismos compañeros de pabellón le manifestaron que haga todo lo posible porque lo trasladen a otra penitenciaría.
3.- Que el Procurador Penitenciario Nacional en nota al Defensor del Pueblo de la Nación señaló que el médico de la institución constató "los golpes y heridas" producidas al interno el 11 de Diciembre de 2009, "realizando posteriormente la denuncia respectiva ante el Juzgado Federal de turno de Lomas de Zamora. Que asimismo señaló el Procurador Penitenciario que el señor Córdoba manifestó "tener miedo y temer por su integridad psicofísica haciendo saber su imperiosa necesidad de ser trasladado al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires o en todo caso a otra Unidad de Buenos Aires. En razón de lo expuesto, se comunicó la situación de desamparo y mal trato al que fue sometido el interno por parte del personal del servicio penitenciario de dicho Complejo al Juzgado Federal N� 2 de Lomas, solicitándole arbitren los medios para disponer el traslado del Sr. Córdoba."
4.- Que en los primeros días de Enero de 2010 y con el objeto de que no ratificara su denuncia ante el juzgado, el interno Córdoba fue trasladado a la Unidad 4 "Colonia Penal de Santa Rosa". Que encontrándose allí y sin conocer ni entrar en conflicto con nadie una noche mientras dormía fue atacado por tres internos recibiendo diversos puntazos en las piernas y uno que le atravesó el mentón.
5.- Que el médico de la Unidad 4, luego de examinarlo escribió un parte en el que NO registraba ninguna lesión. Que asimismo fue trasladado a la Unidad 12 "Colonia Penal de Viedma" en donde siendo procesado y bajo presunción de inocencia fue alojado en el pabellón 2 de penados, haciéndole firmar a la fuerza una declaración en la que se hace responsable por su vida.
6.- Que por las denuncias judiciales de las torturas que le habría practicado el personal penitenciario del Complejo Federal N� 1 de Ezeiza, realizadas por personalmente y presentadas posteriormente por el Procurador Penitenciario una vez verificadas por informe médico, manifestó el interno que es objeto de persecución de penal en penal y, "ahora sabe que lo van a matar para impedir que declare" y pide e implora "por ayuda, defensa y traslado con resguardo de vida".
7.- Que al respecto se requiere la intervención de ese organismo internacional a fin de salvar y preservar la vida e integridad del interno Claudio Alejandro CÓRDOBA [Volver]
31. - El Sr. Duarte Fernández, alojado en la U. de Marcos Paz es portador de HIV con avanzado estado de deterioro- Como ya había cumplido la pena impuesta por la justicia federal y se encontraba luego a disposición de la justicia de la Prov. de Bs.As. esperando traslado no fue atendido oportunamente a pesar de que en reiteradas oportunidades lo solicitó. Terminó internado en el hospital Muñiz en el área de infectocontagiosos con pronóstico incierto debido al macado estado de deterioro. [Volver]
32. - Para mí fue un lugar de pertenencia interesante. Me sacó del medio carcelario como lugar de pensamiento". Carlos Fernández Prieto, un ex preso y ex alumno del plan UBA XXII, resume lo que para mucha gente privada de su libertad significó durante los últimos 25 años el plan que la Universidad de Buenos Aires ofrece en las cárceles para poder estudiar una carrera o hacer un curso. Hasta hace un mes, el Centro Universitario de Devoto (CUD) era el más importante del proyecto. Pero hoy la cantidad de estudiantes quedó reducida a un tercio por un supuesto problema de seguridad. Esto generó un conflicto entre la UBA y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Ya hubo reclamos del rector Rubén Hallú al ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación y siete presos llevan 36 días de huelga de hambre para que se normalicen las actividades. �Qué pasó? No se sabe bien. El SPF se limitó a dar un comunicado en el que habla de presuntas irregularidades en el ámbito donde se dictan clases. Concretamente, se refiere a "un docente de la Facultad de Derecho" que se "encontraría comprometido judicialmente con el ingreso clandestino de celulares". Luego agrega: "Estaría acreditado que los internos estaban haciendo secuestros virtuales desde sus lugares de alojamiento y especialmente desde el CUD". Se dice que por el hecho fue puesto en disponibilidad el personal penitenciario que "omitió cumplir con el deber de evitar los ingresos de los celulares y chips", y que se inició una causa contra Diego Sebastián Petrissans, uno de los estudiantes. Antes del conflicto había 200 alumnos ahora quedan 60. Algunos fueron trasladados a Marcos Paz y Ezeiza. A otros ya no se les permite asistir a clases. "Se suspendieron todos los cursos extracurriculares. Lo único que funciona son las carreras de grado", dijo a Clarín Leandro Halperín, director de UBA XXII. Allí dictan Ciencias Económicas, Derecho, Sociología, Psicología y el CBC. Fernández Prieto, que tiene 63 años, 5 hijos y 7 nietos, estuvo preso en Devoto hasta 2001, donde estudió Sociología. Asegura: "Las acusaciones del SPF son falsas. Conozco la calidad humana de los profesores que se desempeñan en el CUD". Luego explica la importancia que tiene este espacio para los reclusos: "Es un lugar de mejoramiento personal". En su comunicado, el SPF busca contradecir esa idea: "De los 52 internos que terminaron carreras universitarias en el CUD, 48 recuperaron su libertad y, tras ello, 11 (23%), reingresaron luego de cometer nuevos delitos, con lo cual se entiende que criminológicamente la sola concurrencia a ese espacio académico no garantiza la resocialización que dicen alcanzar muchos de los beneficiados con su concurrencia". Halperín aseguró "tras un allanamiento que se realizó en el CUD el pasado 23 de septiembre, 15 computadoras fueron trasladadas de lasaulas a una celda. No se pueden usar". Se queja porque "el Servicio Penitenciario sólo se limitó a emitir un comunicado y no responde a nuestros reclamos. No puede ser que por una sospecha, en el caso de que hubiese alguien implicado en un delito, tengan que pagar todos". Para el docente, "esto es un eslabón más, pero el más grave, entre los intentos que ha tenido durante los últimos años el SPF para tratar de limitar las actividades de UBA XXII". Mientras el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Justicia continúan sin dar explicaciones, lo único que consiguen es fortalecer el reclamo de las víctimas. Y los presos que estudian son hoy más que nunca estudiantes presos. computadoras fueron trasladadas de las aulas a una celda . No se pueden usar". Se queja porque "el Servicio Penitenciario sólo se limitó a emitir un comunicado y no responde a nuestros reclamos. No puede ser que por una sospecha, en el caso de que hubiese alguien implicado en un delito, tengan que pagar todos". Para el docente, "esto es un eslabón más, pero el más grave, entre los intentos que ha tenido durante los últimos años el SPF para tratar de limitar las actividades de UBA XXII". Mientras el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Justicia continúan sin dar explicaciones, lo único que consiguen es fortalecer el reclamo de las víctimas. Y los presos que estudian son hoy más que nunca estudiantes presos. Publicado el 29-11-10 www.clarín.com.ar [Volver]
33. - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de diciembre de 2010. Siendo las 10,30 hs. Ingresaron al establecimiento penitenciario U2 de Villa Devoto (sito en la manzana que comprende las calles Bermúdez y Desaguadero y Pedro Lozano y Nogoyá) el Sr. Director del programa UBA XXII (programa de la Universidad de Buenos Aires creado especialmente para dictar clases a personas privadas de su libertad) Dr. Leandro Halperín, acompañado de una delegación de representantes de organismos de DD.HH.: APDH (Asamblea permanente por los DD.HH.), SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) Comisión por la Memoria (Prov. De Bs.As.) OIP (Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina) y profesores universitarios e investigadores académicos (Delia Bisutti, Inés Izaguirre, Alcira Daroqui), entre otros interesados (los diputados por la ciudad Dr. Julio Raffo y nacional la Sra. Victoria Donda) en apoyar la continuidad del CUD (Centro universitario de Devoto) puesto en cuestión a partir de diversas medidas que tienden a su desarticulación puesta en práctica por el actual director del Servicio Penitenciario Federal Dr. Alejandro Marambio. En efecto, desde hace dos meses y con el pretexto de que dos alumnos del CUD fueron hallados con celulares en su poder y sospechados de ser autores del delito tipificado como "secuestro virtual", se sancionó a todos los alumnos del Centro universitario, quitándoles la potestad del autocontrol, el director del Servicio penitenciario dejó caer la sospecha de complicidad sobre las figuras de los profesores universitarios, se trasladaron internos a otros penales con lo que les quitó el beneficio del estudio y se les interrumpió la carrera universitaria. En ese momento diez y seis internos comenzaron una huelga de hambre que actualmente continúan sólo siete (56 días en huelga) en defensa del centro de estudios. El Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina, articuló una serie de reuniones con el director del programa UBA XXII y el despacho del diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Julio Raffo. Como corolario de estas reuniones y con el apoyo del SERPAJ, se elaboró un proyecto de declaración que la legislatura de la ciudad aprobó por unanimidad: declarar al Centro Universitario de Devoto espacio cultural y educativo de interés de la ciudad. De esta forma se visibilizó lo que hasta el momento parecía invisible: el conflicto por el cual estaba en riesgo la existencia del centro de estudios. La delegación de notables que ingresó al penal de Villa Devoto, se reunió en asamblea con los alumnos, encontrándose presente el Procurador penitenciario. El Dr. Leandro Halperín hizo una reseña de los acontecimientos, dejando expresa constancia que hasta el momento las investigaciones judiciales no han podido constatar que de los celulares secuestrados hayan salido llamadas de secuestros extorsivos. Sin embargo, aún así fuera, en todo caso se trataría de delitos de índole individual, vale decir que: no se puede sancionar a toda la comunidad educativa, ni mucho menos a los profesores, por el ilícito cometido por uno o dos individuos. Si en la sociedad libre, en el espacio de la universidad de Buenos Aires, un alumno cometiera un delito, corresponde sancionar a ese alumno y no a toda la universidad. De resultas de todo este asunto se arribó a la conclusión de que: desde la asunción del presente gobierno, se endurecieron todos los mecanismos de control de las fuerzas de seguridad y se cerró a la sociedad civil las puertas de las cárceles como no había ocurrido desde la época de las dictaduras militares. La practica de negar el ingreso a organizaciones de la sociedad civil que tienen como función auditar las condiciones de detención, de negar las denuncias de malos tratos realizadas por organismos de control como la Procuración penitenciaria u organismos de DD.HH., negar las razones por las cuales se intenta desmontar el centro de estudios, negar las razones por las cuales no se les proporciona documentos de identidad a los detenidos, excusa por la cual luego no pueden votar o no pueden inscribirse en el programa UBA XXII. En definitiva negar las explicaciones que puedan poner en cuestión un accionar autoritario. El día miércoles 16 a las 18 hs. Se realizará en la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, un acto por el cual se declara formalmente al Centro Universitario de Devoto, espacio de interés cultural y educativo, primer paso para abrir un espacio de comunicación entre la sociedad de encierro y la sociedad civil, en procura de dar cumplimiento al mandato constitucional de que las cárceles argentinas serán sanas y limpias, no para castigo del reo sino para su seguridad y podríamos agregar: para su socialización. Acta realizada por el OIP con motivo de la visita al CUD [Volver]
34. - Como consecuencia directa del crecimiento de la cantidad de mujeres detenidas, también el sistema penitenciario debe alojar cada vez a más chicos (las madres presas pueden tenerlos con ellas hasta que cumplen 4 años). Sólo en la cárcel de Ezeiza hay 94 chicos. De esa manera se logra que no pierdan el contacto con sus madres, pero obviamente la cárcel no es el lugar adecuado para un crecimiento sano. Las 210 extranjeras son el 30 por ciento del total de procesadas y condenadas. Claudia Cesaron (Investigadora del Instituto G. Germani) entiende que "en el caso de esas mujeres, explotadas económicamente por los traficantes, la vulnerabilidad se agrava por el desarraigo y la diferencia de costumbres". [Volver]
35. - "Teóricamente es voluntario, te muestran un acta que firman en conformidad -describió Roberto Cipriano Reyes, del Comité Contra la Tortura -. Pero conocemos casos que fueron ingresados extorsivamente." �Extorsivamente? "Los presos conflictivos por lo general vienen de la calesita (traslado permanente de penal en penal, muchas veces sin orden judicial). La extorsión consiste en que nunca ven a los familiares porque nunca se sabe en qué unidad están. Y les dan a elegir, "si entrás al programa te quedás en esta unidad", y ellos firman, con tal de dejar de dar vueltas, recibir golpes y perder familiares firman, pero durante los primeros meses tampoco pueden ver a nadie. Por eso, todos desisten, no conocemos casos que hayan cumplido la primera etapa". Declaraciones realizadas en www.pagina12.com.ar [Volver]
36. - rotación continua de un penal a otro como forma de mal trato- [Volver]
37. - forma de tortura consistentes en golpes propinadas en las plantas de los pies. [Volver]
38. - Actualmente en la Seccional Primera se sobrepasa ampliamente la capacidad e idéntico panorama se observa en la Tercera en la ciudad de Tandil. En tanto en los calabozos de la secccional Segunda se encuentran clausurados desde hace varios meses. Existe preocupación en ámbitos policiales de la ciudad por la superpoblación que se observa en los calabozos de las dependencias tandilenses, problema que se profundiza por la clausura de los ubicados en la Seccional Segunda, y la falta de cupos en cárceles de la zona, aunque la Provincia anunció que unos 400 reclusos alojados en comisarías serán remitidos al Servicio Penitenciario Bonaerense. Se pudo constatar que en la Seccional Primera hay calabozos habilitados para alojar a ocho detenidos y cuatro contraventores, mientras que en estos momentos la dependencia de calle Fuerte Independencia cuenta con 18 detenidos.
No varía mucho en cuanto a la proporción en la Seccional Tercera, puesto que en la dependencia de Beiró 640, hay disponibilidad para 6 detenidos y actualmente son 9 los detenidos alojados allí. El inconveniente se profundiza, porque desde hace varios meses, los calabozos de la Seccional Segunda fueron clausurados. Si bien han solicitado cupos para derivar detenidos a cárceles de la zona, por el momento no han sido asignados cupos para Tandil. [Volver]
39. - Instrumento punzo cortante de fabricación casera- [Volver]
40. - a) Coordinar, planificar y atender la etapa pre-liberatoria en todas las unidades carcelarias de la Provincia de Buenos Aires, con la debida antelación al otorgamiento de la libertad y con el fin preventivo de disminuir la reiteración del delito, a través de la adecuada contención profesional, familiar y comunitaria, tendiendo a mantener la continuidad en el tratamiento penitenciario y post-penitenciario. b) Organizar y fiscalizar el tratamiento integral de los liberados condicionales, condenados condicionales, excarcelados, eximidos de prisión, condenados con libertad asistida, probados con suspensión de proceso; de todo aquel que deba cumplir medidas o penas sustitutivas de prisión y de aquellos liberados cumplidos que requieran su intervención, haciendo extensiva la asistencia al núcleo conviviente con el fin de facilitar su inserción al medio social. c) Administrar la ejecución de la pena en libertad, actuando como auxiliar permanente de la justicia. Mantener informada a la autoridad jurisdiccional sobre la conducta, cumplimiento de obligaciones y situación de sus asistidos. Comunicar las irregularidades comprobadas y los tratamientos incumplidos ó no aceptados que fueran propuestos e indicados por el Patronato. d) Coordinar la aplicación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad con la autoridad judicial, en los ámbitos provinciales, nacional, federal, y extranjeros y otros Patronatos de Liberados. e) Coordinar, fiscalizar e intervenir en la ejecución de todo sistema sustitutivo de pena que se cumpla en libertad. Intervenir como organismo de asistencia y control del procesado, con sujeción a las condiciones compromisorias fijadas por el Juez en el otorgamiento de la excarcelación. f) Proponer y/o aconsejar al Poder Ejecutivo Provincial sobre la conveniencia del otorgamiento de la conmutación de pena de sus tutelados. g) Aprobar y convenir con autoridades nacionales, provinciales, municipales y universitarias la realización de cursos de perfeccionamiento y actualización en ejecución penal y disciplinas afines. h) Celebrar convenios interinstitucionales que propendan al cumplimiento de los objetivos del instituto liberatorio. i) Participar, realizar y promover los estudios e investigaciones para la elaboración de proyectos, propuestas y programas tendientes a la ejecución de acciones afirmativas y formulación de acciones positivas destinadas a los liberados, como parte de la política de prevención criminal de la Provincia. j) Instrumentar los medios de comunicación más adecuados, a fin de que la temática tome estado público y se instale en la población la conciencia de que el adecuado control, asistencia y tratamiento de las personas sancionadas judicialmente, contribuye eficazmente a la resolución del problema de inseguridad. Difundir e informar a la comunidad la problemática del liberado a fin de requerir su colaboración en el proceso de inserción social. [Volver]
41. - El hecho ocurrió el martes 30 de noviembre cuando el ministro de la Corte, José Cáceres, irrumpió en la oficia de Mazzuco y además de increparlo violentamente le recriminó por la detención de un vecino suyo. Todo se realizó frente a empleados, sumariantes y personas que se encontraba ocasionalmente en los pasillos de la fiscalía, por donde Cáceres habría salido vociferando totalmente ofuscado. [Volver]
42. - Celdas de castigo [Volver]
43. - Guardiacárceles a cargo de abrir y cerrar las puertas de las celdas [Volver]
44. -I.- HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUScolectivo correctivo presentado por los Defensores Oficiales, Dr. Hugo Horacio Cícero y Alberto Aragone, relacionada con el estado de detención de las personas alojadas en el Escuadrón "53" Jujuy de Gendarmería Nacional. II.- DISPONERel urgente traslado del joven adulto Santiago Tola Condorí a la Unidad Penal de Menores del Servicio Penitenciario Federal, más próxima a esta jurisdicción. III.- DISPONERel urgente traslado de los internos blo Alejandro Ardiles, Carlos Javier García y Ricardo Mariano Melgar a la Unidad del Servicio Penitenciario Federal que cuente con cupos de alojamiento disponibles, en lo posible, también más próxima a esta jurisdicción. IV.- HACER SABER al Director de la Unidad N� 8 que los detenidos Alejandro Mauricio Rodas Ayala y Max Franz Arroyo Gutiérrez, alojados [Volver]
45. - Resuelve: 1. Convocar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales y al Estado de Argentina, a una audiencia pública que se celebrará en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Pabellones 1 y 2. Avenida Gran Colombia N14-134, Quito, Republica de Ecuador, a partir de las 09:00 horas del 6 de octubre de 2010, con el propósito de que la Corte escuche sus argumentos sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas en el presente asunto, así como de la necesidad de mantenerlas vigentes, en los términos del párrafo considerativo octavo de la presente Resolución.
2. Requerir a la Republica de Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 incisos 1 y 3 del Reglamento, su cooperación para llevar a cabo la audiencia pública sobre las medidas provisionales relativas al Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto de la República de Argentina, por celebrarse en ese país y que es convocada en la presente Resolución, así como para facilitar la entrada y salida de su territorio de las personas que representarán a la Comisión Interamericana, al Estado y a los representantes de los beneficiarios durante la misma. Para tal efecto se requiere a la Secretaría que notifique la presente Resolución a la Republica de Ecuador.
3. Solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes de los beneficiarios de las presentes medidas. Ver resolución completa en www.cidh.com [Volver]
46. - Ver nota del 29 de Marzo "Una forma de escaparle a la realidad" en www.lagaceta.com.ar. [Volver]
47. - De acuerdo con el relato de la mujer, que ratificó el lunes su denuncia ante el juez federal Mario Racedo, el detenido aprovechaba los días de visita en la comisaría, en que los controles son menores, y se le acercaban compradores, que recibían "una bolsita con algo blanco", según explicaron fuentes judiciales. La mujer que captó la escena se dedica los fines de semana a cuidar las bicicletas y motocicletas que son estacionadas en las proximidades de la comisaría, donde funciona una feria en que se venden diferentes productos. "Los domingos, cuando se hace la feria, mis hijos y yo cuidábamos las motos que estacionaban en la vereda. Y los policías comenzaron a pedirme que yo les pague por trabajar en la vereda. Algo parecido a lo que hacen con los feriantes. Pero yo me negué. La cosa no quedó ahí, golpearon a mi hija, y yo los denuncié, pero esa denuncia jamás llegó a Tribunales. No podía dejar que estos tipos siguieran actuando así", dijo ante el juez Racedo, según publicó La Gaceta de Tucumán.
En el video se ve a Achén parado en la vereda de la comisaría. A plena luz del día, un joven se acerca a él. Ambos extienden la mano e intercambian algo. Luego, el adolescente se marcha y el preso regresa a la dependencia. Como la filmación es de baja calidad, Racedo ordenó un peritaje a Gendarmería Nacional y realizó allanamientos en la comisaría y en la casa del imputado, aunque en ambos casos el resultado fue negativo y no se halló ningún tipo de estupefacientes. El juez está buscando más evidencias y testigos (otro podría ser el supuesto comprador de droga). Los investigadores no descartan que alguien haya filtrado de antemano que iban a realizar el operativo, ya que varios policías habían llegado al lugar antes que los gendarmes, sabiendo lo que iba a suceder poco después. Por su parte, el subjefe de la policía tucumana, Nicolás Barrera, dijo que "se abrió una investigación administrativa para determinar si existen responsabilidades en algún sentido administrativo y/o penal por parte del personal de la comisaría de El Manantial". Ver www.lagaceta.com.ar [Volver]

References: resolución 
 artículo 59
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 Resolución 
 Resolución 
 resolución