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Timestamp: 2019-02-22 23:41:12+00:00

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PUBLICACIÓN ACCION. : septiembre 2015
SEGURIDAD NACIONAL, IMPUESTOS Y SU ACEPTACIÓN PÚBLICA
Con el argumento de resolver el arduo problema de las pandillas, el Gobierno exige se paguen mayores impuestos y se realicen modificaciones a las leyes penales. Lo primero, es para asegurarse un flujo de fondos y, lo segundo, para declarar imprescriptible la evasión y elusión fiscal. Es entonces, muy conveniente, el análisis del enfoque gubernamental para decidir si es correcto y si éste, es del agrado y aceptación de las personas a quienes se supone son el principal objeto de las medidas de protección.
Tres son los elementos a considerar en dicho análisis: 1) la dimensión del problema; 2) la interpretación correcta de la información proveniente del terreno; 3) la respuesta que el ciudadano da a las medidas de dichas autoridades. Por la respuesta a estos dilemas, puédese anticipar cual será el resultado de las medidas propuestas por el Gobierno.
El problema de la inseguridad social (homicidios, extorsiones, secuestros, robos etc.) ya no, en efecto, es simple problema delincuencial: es colisión de una subcultura, con un sistema cultural tradicional; este fenómeno social, evidente fue este fin de semana: la Policía Nacional Civil capturó, en Apopa, a 231 pandilleros, durante una fiesta exclusiva, amenizada con música y canciones también exclusivas de pandillas. Entre los capturados había menores y hasta empleados públicos, de los cuales, sólo fueron procesados apenas noventa y el resto liberados, por no haber acusaciones directas en su contra, pese a su clara pertenencia a las pandillas. En consecuencia, tratar el “problema pandillas”, como estrictamente delincuencial, originado por la exclusión social y la pobreza, craso error es y, erróneo es también el enfoque que tiene su raíz en la ideologización del fenómeno, y además, en el temor a las repercusiones políticas que tendría el reconocimiento del error de dicho enfoque.
La deficiente inteligencia policial y militar sobre las pandillas, ha hecho que, las diferentes acciones contra ella, sean sólo a partir de despliegues disuasorios, enfocados a una demostración de fuerza y propaganda pero no, a una acción directa contra las pandillas, pues el número de enfrentamientos, indica encuentros casuales o que las pandillas llevan la iniciativa, así como la infiltración de las pandillas dentro de la estructura del Estado. La respuesta policial o militar, ha sido de legítima defensa y no de represión. Esta situación baja la moral de la policía y de los elementos de la Fuerza Armada involucrados en tales tareas.
El tercer elemento a considerar, es que durante el Gobierno del FMLN, se han decretado veintidós nuevos impuestos, y con la pretensión, de uno más; se pretende también equiparar la evasión y elusión fiscal, con los delitos de genocidio, violación a las costumbres de guerra, violación a los deberes de humanidad y el desaparecimiento forzoso de personas por parte de particulares: todos delitos de lesa humanidad; declarando la imprescriptibilidad penal de la evasión y elusión de impuestos, aunque la prescripción de la acción tributaria, es hoy de diez años. Estas acciones ponen en duda la aceptación general de tales medidas, pues el Estado está siendo comparado con una pandilla más, que extorsiona, para conseguir recursos para su subsistencia.
El combate a las pandillas debe ser eficaz y contundente; la población debe sentir que las acciones del Estado, son una protección y no, otros medios por los cuales se pretende expoliar al ciudadano; por esta razón, los spot publicitarios de “la seguridad es responsabilidad de todos”, no producen efecto positivo, es más bien negativo; pues la seguridad es función específica del Estado y no responsabilidad de todos, aunque se refiera exclusivamente al pago de un impuesto especial.
Publicado por PUBLICACIÓN ACCIÓN en 12:43 p. m.
PROBLEMA SOCIAL: LA MIGRACIÓN
La migración es indicador de la salud de las naciones: son las necesidades individuales, colectivizadas, las que causan el fenómeno social de la migración, aun cuando ésta se use como arma política. La emigración y la inmigración de Latinoamérica son índices de la salud latinoamericana, en referencia con Europa.
La migración ha sido históricamente, factor de transformación social. La estructura social europea cambio después de la Segunda Guerra Mundial: su población activamente económica, fue en descenso, haciéndose necesario renovarla, y se hizo pero dicha renovación fue con emigrantes del Magreb y del Levante, que la civilización europea no ha podido asimilar, no por factores de exclusión social, sino por patrones culturales muy fuertes, y debido a que su creciente número, ha superado la capacidad social de transformación del inmigrante, conservando este, su nacionalismo en tierras extranjeras. Por otra parte se fortalecieronse las tendencias nacionalistas europeas ya existentes. Las revueltas de París de 1995 y del 2005, fueron prueba evidente de esta nueva realidad europea.
Cruzaron el mediterráneo hacia Europa, sólo en el año 2014: 219,000 personas. Para tratar de frenar dicha corriente migratoria, se ha invertido 13,000 millones de Euros desde el año 2000; que para las mafias, ha generado una utilidad de 15,700 millones de Euros (según datos publicados por El Mundo, España, en diferentes ediciones).
Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, revela que, desde el 2010, son más los que emigran de Europa hacia América Latina y el Caribe que, a la inversa. En el 2012, 181,166 europeos optaron por emigrar, frente a 119,000 latinoamericanos. Las justificaciones que da dicho estudio, son que las perspectivas socio-económicas, son más favorables en Latinoamérica, en apreciación del migrante europeo.
La actual emigración generalizada hacia Europa, presenta un riesgo de terrorismo, a causa del yihadismo en el Oriente Medio. Por lo pronto, aún no se ve claro, si Europa y Estados Unidos podrán ganar la guerra contra el islamismo radical de ISIS, aunque Irán haya decidido dar su cooperación, en dicha lucha, a cambio del levantamiento de las sanciones por su programa nuclear; sin embargo, en el caso que se obtuviese un triunfo militar contra ISIS, Teherán se convertiría en el centro espiritual y político del Islam, lo que significaría un paso más, hacia el sueño del Ayatola Ruhollah Musaví Jomeini: la pureza en la práctica del chiismo y el castigo para aquellos que lo practican, bajo la autoridad de Irán. Una visión que recae sobre Europa.
Esta clara perspectiva, en el subconsciente del profesional europeo, es causa de que desee una estabilidad económica y social, que fácilmente puede lograr en Latinoamérica. Otro de los factores que pesan, al momento de considerar la emigración hacia Latinoamérica, es la disminución en las prestaciones de asistencia social, a fututo, que tienden a disminuir para el ciudadano común, debido a los problemas económicos que enfrenta la Unión Europea en su conjunto, y que serán agudizados por la creciente migración del Levante.
La emigración europea, va hacia los polos de desarrollo latinoamericano: Chile, Argentina, México y Brasil. Aún en Centroamérica, es deseable la estabilidad costarricense, en contra posición con las perspectivas que presentan los países socialistas: Venezuela, Bolivia, Ecuador, y las demás islas caribeñas que conforman la zona ALBA. Nicaragua, aunque socialista y de férrea dictadura política, permite un desarrollo privado, basado en la corrupción gubernamental, que permite cierto grado de estabilidad, que la hace atractiva, para la emigración inversionista del área centroamericana.
El Salvador presenta una índice negativo, aún para el promedio de los países de la zona ALBA, pues que presenta una anomalía que pesa más, que sobre factores económicos: el desplazamiento interno de su población debido a las pandillas, y que se calcula en 218,000 personas, lo que fuerza la emigración de menores, a la que luego seguirá la de sus padres. Y en el caso de que sus padres ya fuesen migrantes, el llevarse a sus hijos, es para cortar toda relación con su país de origen.
LOS PLANES DE SEGURIDAD Y EL MARCO JURÍDICO
La propuesta gubernamental “PLAN EL SALVADOR SEGURO”, defendida con vehemencia por el Presidente Salvador Sánchez Cerén y, base para la solicitud de nuevos impuestos para la seguridad, choca frontalmente, con el orden constitucional salvadoreño. La propuesta, lejos de combatir de manera directa la delincuencia, plantea una forma de asistencialismo y tolerancia, sin responsabilidad alguna, para el delincuente, lo que es muy peligroso para la estabilidad nacional y sobre todo, y más aún para la seguridad del área centroamericana.
El documento FUERZA ARMADA VRS. TERRORISMO, del Dr. Hugo Ernesto Fonseca Alvarenga, analiza metódica y atinadamente la resolución de la Sala de lo Constitucional, sobre la inconstitucionalidad de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (22-2007/42-2007/89-2007/96-2007), en la que se concluye que, tanto la Mara Salvatrucha, como la Mara 18 y sus similares son terroristas, pues son sus actos tipificados como tales, por la legislación y doctrina internacional, lo cual obliga constitucionalmente, a combatirla como una amenaza nacional, hasta el grado que las acciones de la Fuerza Armada, pueden ser independientes de la Policía Nacional Civil, con el fin de preservar a la población, libre del terror, el cual altera el normal funcionamiento del Estado.
Por otra parte, si estudiamos en detalle, el resumen ejecutivo del “Plan El Salvador Seguro”, concluimos que este se basa en la transformación de la sociedad y de las estructuras gubernamentales (reducción de la mora judicial, mejor sistema educativo, mejoras en los hospitales etc.), en un enfoque sobre cincuenta municipios, con aumento del asistencialismo, pero no en una contención directa y eficaz a las pandillas; que permita la recuperación inmediata del territorio nacional. El enfoque gubernamental sería correcto de acuerdo a un plan quinquenal o de nación, en el cual se planificase sobre parámetros normales y universales de desarrollo.
Este enfoque político del Gobierno, que se funda en el presupuesto de la exclusión social y la marginación, que son causa fundamental de la violencia, se resume en esta primer eje de solución: “Mejorar la vida de las personas y los territorios para reducir la incidencia e impacto de la violencia y el crimen”, aunque se hace también mención de la necesidad de mejorar la investigación y represión del delito, y la recuperación de la confianza ciudadana; en su aplicación práctica, implicaría la tolerancia y sostenimiento, de quienes hoy utilizan el terrorismo como medio de dominación y subsistencia.
El impuesto especial para la seguridad, carece de las características tipo, necesarios para catalogarse como tal, pues en términos genéricos, se emplearían $ 500 millones para pago de salarios a jóvenes, en empleos no definidos; $ 600 millones para que los niños vayan a la escuela; $250 millones “para servicios de prevención de violencia, atención a familias, atención en crisis, atención a víctimas y rehabilitación, ampliación de espacios públicos, fortalecimiento de iniciativas y programas de policía comunitaria, sociales” …y etc. La amplitud de las acciones propuestas, no corresponde a un impuesto especial y que por sobre todo, se espera que además del financiamiento del Estado (vía impuestos especiales), sea financiado por la Empresa Privada y la Comunidad Internacional.
El Estado debe dar un mejor servicio y atender sus obligaciones naturales, pero debe ser su primer objetivo, la recuperación del territorio nacional, para el pleno imperio de la Ley, y no, ofreciendo asistencialismo, a quienes hoy dominan ilegalmente dichos territorios. El problema de inseguridad, ha alcanzado niveles tales que requieren medidas extraordinarias.
La solución del problema de las pandillas, no es de recursos, sino de voluntad política y de la correcta aplicación de la fuerza, pero hay miedo de hacerlo y el Gobierno prefiere buscar soluciones negociadas, que agudizarán a la larga, el conflicto. Ya hay tres millones de salvadoreños fuera ¿Cuántos más tendrán que morir o emigrar para ponerle paro a este problema? En la medida que pase el tiempo, la solución tenderá a ser más violenta, con un claro deterioro de nuestro sistema democrático.
Publicado por PUBLICACIÓN ACCIÓN en 8:39 a. m.
LA CRISIS INSTITUCIONAL PARTIDARIA
La reciente renuncia al COENA, del Diputado (Parlacen) Gerardo Suvillaga, mediante carta comentada en las redes sociales y la divulgación de la Resolución del Tribunal de Ética de ARENA, por parte del Sector Femenino nacional, permiten apreciar claramente, la crisis interna en ARENA, en derredor de sus futuras autoridades y del mismo modo, puede saberse del malestar interno del FMLN, debido a las nuevas medidas impositivas, propuestas por el Ejecutivo, según puede saberse por el Twitter del economista Salvador Arias Peñate, cerebro económico e ideológico de su partido y así, como por la disputa pública entre Oscar Ortiz y Nayib Bukele, siempre por las políticas impositivas del actual Gobierno.
La resolución del Tribunal de Ética de ARENA, establece que debe haber una separación entre cargos partidarios y cargos públicos; resolución basada en consultas a los diferentes Sectores de ARENA y a sus Fundadores, para poder contestar a un requerimiento hecho por el mismo COENA y por la Comisión Política. La prohibición partidaria, a los dobles cargos, evitaría el caciquismo o la argolla política, sea ésta nacional, departamental o municipal, mediante la cual, el funcionario público, utiliza su cargo para consolidar su poder partidario y, desde el partido, asegurar su futura candidatura y elección pública.
La prohibición a la duplicidad de cargos, es una tendencia moderna tendiente, no sólo a la democratización partidaria, sino también a ampliar su estructura de base y evitar el transfuguismo o la presión de los funcionarios, hacia su dirigencia partidaria, a fin de obtener beneficios personales. Aunque estos razonamientos no están incluidos en la Resolución antes mencionada, claramente se desprenden de las discusiones que en tal sentido se han llevado a cabo, en otros partidos políticos latinoamericanos, los que al analizar sus problemas internos, concluyeron que el cacicazgo local, puede imponerse sobre las decisiones nacionales de partido, afectando la línea ideológica del mismo.
Algunos afirman que el doble cargo, asegura el trabajo y la existencia partidaria en los municipios, pues los funcionarios públicos en cargos de dirigencia partidaria, son los que invierten sus ganancias de funcionarios, en el sostenimiento y campaña del partido, por lo que, si se les desvinculase de la dirigencia, dejarían de apoyar al partido y éste desaparecería. Esta argumentación es falsa, pues siempre habría militantes que deseasen la dirección local, aspirando a un cargo público y señalando los errores de los funcionarios de su partido para que éstos, no puedan ser reelectos, si hubiesen realizado un mal gobierno. Por otra parte, el funcionario ya no podría si no se le dan los beneficios que pide, amenazar con pasarse a otro partido, llevándose su estructura. Y además esta forma de pensar, fomenta la corrupción partidaria, pues el funcionario se vuelve un empresario de la política y por sobre todo, impide la evolución partidaria.
Tanto el partido gobernante como la oposición, deben de ser partidos internamente fuertes, pues de ello depende su contrapeso para crear una estabilidad nacional que garantice los cambios que se necesitan, pero que éstos no sean tan bruscos e ideológicos que generen inestabilidad.
El FMLN, aunque partido gobernante, es también muy inestable, pues las necesidades gubernamentales son tantas (aumentadas exponencialmente por la corrupción y el despilfarro) que obliga a promover medidas que son, no sólo impopulares, sino lesivas a la estabilidad económica nacional y de gran repercusión, en las futuras elecciones.
El FMLN, no sólo lucha por mantener su cohesión interna, haciendo un llamamiento a sus bases para enfrentarlos contra sus opositores, sino además, tiene que mantener alejados a sus antiguos aliados de Izquierda, llevar un difícil equilibrio entre su lealtad venezolana y la necesidad de apoyo internacional. Su inestabilidad, al igual que la de ARENA, no abona a la solución del problema de las pandillas, el narcotráfico y la crisis económica, que son los factores desestabilizadores del país, que generan una única solución para el ciudadano común: la emigración hacia los Estados Unidos.
El otro peligro que trae la desestabilización partidaria, es que puede dar pie al aparecimiento de líderes populistas, quienes apoyados por los sectores descontentos dentro de los partidos políticos, apoyen el orden basado en la fuerza y, en soluciones ilusorias, como sucedió en Venezuela, con Hugo Chávez o en el Perú, con Alberto Fujimori.
San Salvador, 20 de septiembre de 2015.
Se centra la actual discusión, en la creación de un sistema mixto de pensiones, el cual, sin embargo, si apreciamos el hecho, económica y jurídicamente, es una expropiación de bienes privados, en beneficio del Estado, siendo su razón de ser, el que ya una buena parte de esos fondos no existe, por lo cual se hace necesario cubrir dicho déficit y sobre todo, retrasar la reclamación directa, de tal responsabilidad.
Los fondos actuales de pensiones, son patrimonio privado “restringido” por el Estado, lo cual es claramente constitucional, pues lo que se busca es el bien individual colectivizado. Sin embargo, si dichos fondos pasan a manos estatales, el particular pierde el derecho sobre los mismos y, sin tener por ello, una contraprestación; lo cual convierte esta maniobra financiera, desde el punto de vista del derecho, en una confiscación. Si vemos el hecho desde su efecto económico, el Estado debe cerca en total $ 15,000 millones de dólares, con un endeudamiento de 56.5% (2014), y esto, sin contar con la deuda previsional, lo cual hace la deuda, virtualmente impagable por el Estado.
El Presidente del Banco Central de Reserva, fue el encargado de “maquillar” el endeudamiento público a inicios del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, explicando que el Estado aún tenía capacidad de endeudamiento, y de explicar las razones por las cuales la deuda previsional, no debía de incluirse, era aún sostenible y no representaba un verdadero endeudamiento. En cierta medida, tenía razón, si se planeaba desde ese momento, la confiscación de los fondos de pensiones, pues de tal manera, el Estado no debería nada a las AFP y. con tal maniobra, neutralizaba la deuda contraída, pero sin tomar en cuenta que las pensiones futuras, tienen que ser absorbidas por el Fondo General de la Nación, aunque por ahora sean una contingencia.
El actual desenlace fue previsto por los economistas, desde el momento de la transformación al sistema de pensiones actuales, pero sin embargo, fue imposible de prever el acelerado deterioro de los fondos acumulados por el IPSFA y del Seguro Social, colocados principalmente, en inmuebles y otras inversiones, así como el galopante endeudamiento con las AFP. La condición del IMPEP, si estaba clara, en cuanto que sería el primero que recurriría a la ayuda estatal directa, para solventar su iliquidez. Esta situación fue agravada por los actos de corrupción de que han sido objeto y, cuyo único responsable, es el Gobierno mismo, pues a su instancia, son nombrados sus directores y la mayoría de los miembros de las Juntas Directivas, dando un papel irrelevante, a los asegurados y los representantes no gubernamentales.
El debate es hoy en cuanto a si es constitucional o no, el establecimiento del nuevo sistema de pensiones, que considera la confiscación de fondos privados, aunque sea para utilidad pública. La reciente resolución de la Sala de lo Constitucional, que pretende asegurar una rentabilidad comercial a los fondos de pensiones, cuando son tomados por el Estado, inducen a pensar que, a la luz de la interpretación constitucional, tal sistema es claramente inconstitucional, por la afectación que sufre el particular, sin una verdadera contraprestación, y por el perjuicio directo a la economía del derechohabiente, aunque quieran hacer creer que el nuevo sistema “garantiza una vejez digna”.
La otra cuestión, es ver cómo evolucionará el malestar del derechohabiente, en la medida en que se hagan públicas las dudosas negociaciones, de las cuales se han lucrado muchos particulares, pero con relación política en el Gobierno, y a costa del esfuerzo de los asegurados.
Publicado por PUBLICACIÓN ACCIÓN en 8:39 p. m.
REFLEXIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE
Para la mayor parte de salvadoreños, el 15 de septiembre, es día de gloria en el cual soñamos, con un futuro feliz para nuestra patria, pero para otros, es día de lamentarse, expresando el odio contra nuestro ser hispano, en añoranza de un pasado indígena que ya sólo existe en la arqueología, pero el cual se anhela revivir con fines políticos actuales que tienden a alejarnos de nuestras raíces, con el anhelo que nuestro destino sea regido según las normas de un pasado inexistente y en el cual, nuestra independencia sea un estado exclusivamente material.
Nuestra independencia fue fruto de dos hechos históricos: primero las ideas de la Revolución Francesa y segundo, las guerras napoleónicas en España. En los momentos más aciagos de la vida política española, nuestros próceres anhelaron la aplicación de los principios libertarios de la Revolución Francesa, rechazando la idea imperial del absolutismo. Podemos afirmar en consecuencia, que nuestra independencia fue exclusivamente ideológica, en el deseo de vivir un Estado Democrático de Derecho, aunque ese concepto no existiese en su forma moderna.
Entre nuestro primer grito de independencia de 1811 y nuestra independencia formal, en 1821, formamos parte de las Cortes de Cádiz, por lo que, por un fugaz momento político, fuimos parte de la diversidad española, en paridad con las más antiguas regiones que la conforman.
La independencia fue un faro a seguir por cada una de las generaciones futuras y así todas sin excepción, han dado un aporte más a la vida independiente, defendiéndola siempre que ha sido necesario, aún con su sangre, en la evolución patria. La generación del Presbítero y Dr. Ysidro Menéndez, junto a la del Capitán General Gerardo Barrios, crearon la independencia jurídica del Estado; la Constituyente de 1886, consolidó la separación entre Iglesia y Estado, sentando la libertad como base para la producción del país; la generación del General Maximiliano Hernández Martínez, le dio forma moderna a nuestro Estado; la generación de la Constitución de 1950, sentó las bases de los Derechos Sociales e hizo de ellos, una meta a alcanzar; los jóvenes oficiales de 1979, restauraron el sistema democrático y luego defendieron al país hasta 1992; la generación política posterior a 1992, defiende el sistema democrático con la aplicación del mismo.
Hay siempre nuevas metas que alcanzar: la generación actual lucha ahora contra la corrupción. Esta lucha por mantener la libertad es constaste pues cada generación debe luchar por construir un Estado mejor. Esta idea la encontramos en las palabras del Dr. René Fortín Magaña, expresadas durante el acto de celebración del 15 de septiembre, en la Universidad Dr. José Matías Delgado y también, en el Mensaje del Presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua Lic. Gustavo Bermúdez Herrera en el Día Internacional del Periodista. Y es que todos los centroamericanos, aunque separados, vivimos el anhelo común de libertad y progreso que nos legaron nuestros próceres.
El indigenismo es ya arqueología; las Españas se fundieron en América, siendo una: España, pero también fundieron en un solo crisol, a los diferentes pueblos indígenas, dando origen a Latinoamérica. En esta amalgama de razas e ideas, fue eje la libertad, la que nos induce al individualismo y por sobre todo, la lucha continúa por el perfeccionamiento del sistema político, manteniendo como sólidos cimientos de unión, la lengua castellana y la fe Cristiana. Si honestamente aceptásemos como nuestra realidad el indigenismo, tendríamos que mantener el sanguinario paganismo precolombino y la sujeción a Caciques-Dioses y además, deberíamos aceptar nuestro aislamiento del mundo occidental y aún nuestra separación dentro del mismo continente.
Hispánica es nuestra tradición, y la debemos de aceptar con orgullo, compadeciéndonos de aquellos que con odio, claman un indigenismo ya inexistente y reniegan, maldicen y vilipendian nuestra independencia y a quienes realizaron tal gesta, pues sus objetivos son políticos personales y no, patrióticos.
De la HISTORIA DE FRANCIA, de Jacques Bainville (traducción del fráces por J. Farrán y Mayoral) cito “¿A quién debemos nuestra civilización? ¿A qué debemos el ser lo que somos? A la conquista de los romanos. Y si esta conquista hubiese fracasado, se hubiera hecho más tarde, en condiciones diferentes, acaso menos buenas, si los galos no hubiesen estado divididos y perdidos en su anarquía.” Tal juicio nos permite concluir, que la conquista española nos civilizó y formo nuestro ser, sin el cual no seríamos hoy participes de la civilización romano-cristiana.
LA INDIGNACIÓN PÚBLICA A CAUSA DE LA CORRUPCIÓN
Siguiendo el ejemplo de Guatemala, la ciudadanía salvadoreña se encuentra expresando su indignación a causa de la corrupción política; ya en este momento, están aglutinándose, en razón del interés, diferentes fuerzas, no por ideología, aunque ésta, no desaparece completamente y por sobre todo, crea una alineación entre dirigentes y dirigidos: gobernantes y gobernados que, aunque en apariencia podría resolver los problemas sociales, sólo garantiza el desaparecimiento de los partidos políticos que vienen gobernando desde la época de nuestro conflicto armado, poniendo el marcador en “0”, para una nueva contienda ideológica, que defina el rumbo del país.
Y es que la política se ha convertido en una verdadera industria, que garantiza una prosperidad económica, a cambio de la “transacción política”, creando feudos dentro de los partidos, en los cuales la militancia da su apoyo, en razón de los beneficios que ésta obtenga, en la forma de empleo o dadivas del dirigente. Este proceso, ha encarecido económicamente el activismo político, pues es norma que la propuesta política, debe sustentarse por dinero, alimentos, laminas o cualesquiera otra forma de beneficio económico directo y el votante, está consciente de que dichos beneficios, provienen de las utilidades de la corrupción que el candidato usufructuará con posterioridad, razón por la cual el votante “exige esa compensación” a su candidato; más no advierte el ciudadano, que está vendiendo su poder soberano a cambio de una dádiva.
Esta realidad ha cansado la conciencia de la mayoría de los ciudadanos, que ven que toda gestión pública va siempre encaminada, a solicitar más dinero, mientras que la economía nacional, decae. En efecto, pues con la mayor impudicia, se reparte a conveniencia el dinero de los créditos o el destinado a la asistencia social. Sobran los pretextos para pagar con sobreprecio obras públicas no cumplidas, o para manipular el presupuesto de la Asamblea, sin otro objeto que el de que los diputados tengan una “cuota para sus compromisos de partido”. Este sistema corrupto, no permite que se puedan afrontar los verdaderos problemas nacionales, ni mucho menos establecer con claridad, la visión política con la cual se deberán de resolverse.
Ante esta indignación generalizada, se están aglutinando personas tanto de pensamiento de derecha como de izquierda, que no están dentro del Gobierno o que usufructúan los beneficios partidarios; también se está consolidando en un frente común, los partidos de derecha y de izquierda: el partido gobernante con la oposición, pues lo que la ciudadanía está cuestionando es la forma de subsistencia de dichas entidades políticas.
Sin embargo, aún no se ve con claridad un pensamiento unificado por esta ciudadanía indignada, a no ser la indignación misma, que rechaza la corrupción: unos opinan que deben venir los extranjeros a verificar los hechos de corrupción y que hay que cambiar la estructura de las instituciones, para que no haya posibilidad de nueva corrupción, otros opinan que la corrupción debe ser investigada desde las instituciones salvadoreñas y otros, que debe tipificarse la corrupción, como un crimen de lesa humanidad, logrando así la imprescriptibilidad del delito y su sanción internacional. Todas estas diferencias provienen inconscientemente, de las diferentes posiciones ideológicas.
Por la presión internacional, los partidos políticos tendrán que llegar a acuerdos sobre la delincuencia y la viabilidad económica del país, lo cual, al igual que la indignación contra la corrupción practicada por ellos, ha facilitado el Acuerdo de Ataco, y es que existe un interés común de los partidos políticos, de contener esta ola de indignación que ya ha demostrado sus primeras acciones de fuerza; y presentar, ante la comunidad internacional. un rostro interesado más en los temas nacionales, que en el propio interés de alcanzar el poder, a costa de su oposición política.
Como reacción, el Gobierno ha llamado a los indignados por la corrupción, activistas de la “oligarquía criolla” y ha hecho un llamamiento a sus bases a unirse para evitar un golpe en contra del Gobierno; sin embargo calla, muy convenientemente, que son parte de este movimiento muchos de izquierda, como por ejemplo Félix Ulloa, a quien puédesele tildar de cualquier cosa, menos pro oligarquía o pro liberalismo. Oponiéndose a este movimiento de indignación, el Gobierno organiza una concentración en el monumento a El Salvador del Mundo, para evitar que lleguen hasta allí, los indignados por la corrupción y con la orden clara de buscar enfrentamiento físico con los manifestantes contrarios.
La marcha blanca, como ha llamado el Gobierno a su concentración, en oposición a la de los indignados por la corrupción, estuvo a cargo de Margarita Posada, activista que ingresó formalmente en el Bloque Popular Revolucionario en 1980 y que, clandestinamente, pertenecía a las FPL. Luego de los Acuerdos de Paz de 1992, ha liderado diferentes grupos de presión política: unas veces dirigiendo la Coordinadora por la salud y otras, como Coordinadora por el agua y finalmente, este fin de semana, organizando la Alianza Social por la Gobernabilidad, actúa en conclusión según sea la necesidad política del FMLN. Si vemos sus videos en youtube (que son 3) el más visto es uno que data del 2013, en el que habla sobre la salud y que tiene un total de 171 visitas y el último, que es en oposición a la marcha contra la corrupción, tiene un total de 27 visitas. Y si así seguimos la trayectoria de los otros organizadores del movimiento liderado por Posada, encontraríamos el mismo perfil. Esta explicación es para probar lo que son las acciones de grupos fantasmas en comparación a la verdadera manifestación ciudadana.
El Gobierno usó hackers lanzando mensajes confusos sobre la marcha: unos que avisaban su suspensión, otros, que había diferencias internas, y también se bloquearon, temporalmente, las páginas que hacían llamamientos a la marcha contra la corrupción. Ya sobre el terreno, infiltraron activistas para tratar de romper la concentración y propagaron el rumor de que la “marcha blanca” se desplazaba hacia las Fuentes de Beethoven para confrontar directamente, con los manifestantes. Son vanos estos intentos para contener la indignación pública, pues la inexperiencia y la espontaneidad mostrada hasta ahora, irán siendo substituidos por la planificación y la precisión, en todas las futuras manifestaciones contra el Gobierno.
Por otra parte, tampoco hubo interés de parte de los partidos de oposición, en colaborar con esta protesta contra la corrupción, pues hubiera significado que los líderes locales movieran sus estructuras, lo que siempre genera un costo económico y logístico que no les beneficiaría directamente y aún más, sería estar apoyando a quien les quiere arrebatar su modo de vida.
Inevitable es que la indignación crezca, pero la cuestión es ¿Qué viene después?, si esta triunfa, tendrán que desaparecer tanto ARENA y el FMLN, y también los partidos PCN y el PDC, pues aunque sus nombres hayan cambiado a CN y PES, son los mismos que han vivido de la política, aún desde antes del conflicto armado. Si llega a solventarse el problema de la corrupción, será más fácil arreglar lo demás, en apariencia; sin embargo, ¿Quién liderará las distintas visiones ideológicas?, y por lo tanto, las futuras luchas políticas. Cuando he discutido esto, muchos de derecha han dicho “ya no existen las ideologías políticas” y con los de izquierda, han afirmado “ya no habrá problemas cuando cambiemos las estructuras sociales por otras más justas”. Lo cual me indica que el pensamiento liberal, está hacia el futuro en desventaja.
Si hemos llegado a un punto en el cual se solidarizan izquierda y derecha, contra la corrupción, se debe a que quienes ejercen la representación política, han defraudado a sus electores: en vez de atender los intereses de sus representados, usan a estos, para su beneficio personal. Ha habido también falta de visión y capacidad política, pues en los años de ARENA, éste debió haber reducido al FMLN a una mínima expresión, más no fue así, pues se creyó que el conflicto había terminado, siendo que en realidad sólo dejó de ser armado. También se creyó que sería una gran jugada política, comprar a los diputados del FMLN, pero cuando éstos, llegan al poder, compran a los de ARENA y así tenemos a los diputados tránsfugas. Hoy el FMLN enarbola la anticorrupción como estandarte de batalla, pero crea leyes ad hoc, para favorecer a sus funcionarios y a las empresas de ALBA. Sin embargo, el verdadero origen de la corrupción no está dentro de los partidos políticos, está en la apatía misma del ciudadano frente a los candidatos corruptos, pues desde el 28 de marzo de 1982, las elecciones han sido libres.
Es esta la última oportunidad que tienen los partidos políticos para realizar cambios de fondo y de forma; de n hacerlo serán derribados por esta ola de anticorrupción que se está expandiendo por Centroamérica: ya el área centroamericana, no es sostenible social ni económicamente, con los estándares actuales de corrupción.
Publicado por PUBLICACIÓN ACCIÓN en 11:31 a. m.
EL ÚLTIMO SOLDADO EN LA ÚLTIMA BATALLA
San Salvador, 6 de septiembre de 2015.
La última batalla de la Guerra Fría en Latinoamérica se libra actualmente, en el Tribunal de la Juez Kimberly Swank, del distrito Este de la Corte Federal de Carolina del Norte, en la ciudad de Greendale, al ventilarse contra el Coronel Inocente Orlando Montano el proceso de extradición y en donde se discutirá, el 18 de septiembre, si el concepto de Terrorismo de Estado, durante el pasado conflicto armado de El Salvador, puede atribuirse al Coronel Montano, como motivación, para dar muerte a los sacerdotes jesuitas.
Sobre este punto, ya anteriormente, el juez Douglas Woodlock, de la Corte de Massachusetts, admitió el informe de una experta, comisionada por el Gobierno de los Estados Unidos, en el cual, se documentan operativos militares y de seguridad, bajo responsabilidad del Coronel Montano, durante los años del conflicto, y que terminaron en más de mil violaciones a los derechos humanos, incluyendo su participación en la planificación, ejecución y ocultamiento del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.
Fueron enjuiciados con similares argumentos, los Generales José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova, basándose en los criterios vertidos en “Ley para la Protección de Víctimas de Tortura”, luego que la administración del Presidente Barack Obama, pusiera en marcha una política contra los violadores de derechos humanos, presentes en Estados Unidos, aunque ellos hubiesen sido anteriormente, sus aliados y fueran los ejecutores de la política de Washington, durante la Guerra Fría.
La trama que hoy vive el Coronel Montano y que a su vez, sufrieron los Generales García y Vides Casanova, dio inicio en el Salón Oval de la Casa Blanca, cuando el Presidente Ronald Reagan, junto a su gabinete, decidió poner fin a la expansión militar soviética en Centroamérica, la cual había iniciado, desde el final de la administración del Presidente Dwight David «Ike» Eisenhower y tuvo su momento de inflexión, en octubre de 1962, cundo fue la crisis de los misiles en Cuba. La segunda inflexión, fue cuando se tomó la determinación de contener la expansión soviética en Centroamérica, sin la intervención de tropas norteamericanas, pero con sí, con sus recursos, entrenamiento y asesoría contrainsurgente, lo que fue aceptado en el mismo Salón Oval, por el Presidente Álvaro Alfredo Magaña Borja y el Ministro de Defensa, General Eugenio Vides Casanova. En aquel momento, había escepticismo en cuanto a que la Fuerza Armada de El Salvador, tuviese la capacidad de realizar tal misión, pero los salvadoreños, aseguraron que sí existía la capacidad militar para la misión, lo cual evitó el desbordamiento del conflicto, manejándose como meramente local. El 16 de octubre de 1982, en medio de una ofensiva insurgente, el Presidente Magaña hace el último intento por detener el enfrentamiento armado, instando al FMLN a deponer las armas e incorporarse a la vida política.
La decisión de enfrentar localmente el conflicto, implicó tres situaciones: 1) la sujeción total de la Fuerza Armada al poder civil; 2) un conflicto de baja intensidad que generó la muerte de poco más de 11,000 soldados en el cumplimiento del deber y; 3) el cumplimiento de normas de respeto a los derechos humanos, condición impuesta por el Departamento de Estado, para el otorgamiento al país de la ayuda militar y económica (lo cual no implicaba, no neutralizar al enemigo armado u organizado, que ejerciera oposición armada al Gobierno, pero sí, que los efectos del conflicto, no fueran sufridos por la población civil), lo que está debidamente registrado, en los informes elaborados sobre el terreno, por los observadores del Comando Sur, sobre la evolución militar y el respeto a los derechos humanos durante el conflicto. El resultado de estas situaciones fueron: Elecciones libres; contención militar del FMLN y, la firma de los Acuerdos de Paz
En la geopolítica mundial, luego de Vietnam, los polos “calientes” de la Guerra Fía, fueron Afganistán y El Salvador. Aunque similares conflictos que se desarrollaban, pero sus repercusiones mundiales fueron menores en Laos, Camboya, Angola y otros países. El conflicto en Nicaragua, de hecho, fue parte de nuestro conflicto, que desbordaba nuestro pequeño territorio, pues las líneas de abastecimiento pasaban por Nicaragua y finalizaban en el Bajo Lempa. Fue situación previamente evaluada por las Fuerzas Armadas Argentinas, como la amenaza potencial y directa a la estabilidad latinoamericana, aún antes de la intervención norteamericana en el conflicto salvadoreño y en la Contra nicaragüense.
De aceptarse en el Tribunal, que durante el pasado conflicto armado, el Gobierno de El Salvador ejerció Terrorismo de Estado, vuelve “legítimo” al que lo resiste, o sea que volveríanse legítimas las acciones insurgentes del FMLN y, por lo tanto, las acciones del Departamento de Estado, al financiar una lucha ilegítima, le convierte en cómplice de dicho terrorismo. Esta es la posición esperada por The Center For Justice & Accountability (querellantes en el caso de los Generales Vides Casanova, García, del Coronel Montano y de muchos otros más, en Latinoamérica), pues abriría la posibilidad de deducción de responsabilidades civiles para los ciudadanos norteamericanos que, actuando bajo las órdenes del Departamento de Estado, la CIA o el Pentágono, asesoraron las acciones de contrainsurgencia, llevadas a cabo en países latinoamericanos. El Gobierno Federal, jamás podría ser procesado, pero sí quienes ejecutaban sus acciones. Basta con darle seguimiento a la reclamación por experimentación en humanos, sobre la evolución de enfermedades infecciosas y sus vacunas, ordenada por el Departamento de Estado y, llevada a cabo, en poblaciones indígenas de los altos de Guatemala, durante la Segunda Guerra Mundial, y que ha derivado en reclamaciones civiles, hacia la compañía que las ejecutó.
El Coronel Montano, está librando la última batalla de la Guerra Fría en Latinoamérica, pues del razonamiento del Tribunal de la Juez Kimberly Swank, dependerá mucho más que la sola extradición del Coronel Montano a España o, de su deportación a El Salvador y, los acontecimientos futuros, serán inevitablemente, consecuencia de este proceso, cerrándose en Carolina del Norte, un circulo iniciado en Washington en 1982.
En El Salvador, este proceso migratorio no tendrá repercusión política pero sí, jurídica pues justificaría la no asistencia de un ciudadano en el extranjero, siendo que constitucionalmente el Estado le debe dicha asistencia, y que le ha negado al Coronel Inocente Orlando Montano, por sus acciones políticas pasadas y legitimaría los principios de la Justicia Transicional, sostenida por The Center For Justice & Accountability que es promovida desde el departamento de Derechos Humanos de la UCA.
Publicado por PUBLICACIÓN ACCIÓN en 6:40 p. m.
SEGURIDAD NACIONAL, IMPUESTOS Y SU ACEPTACIÓN PÚBL...

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