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Timestamp: 2017-10-19 00:07:35+00:00

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Accidente laboral: Reclama tú indemnización | Garanley Abogados
Cuantía del “recargo”
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (11 de abril de 2014)
Precedentes y evolución jurisprudencial
Problemas psicosociales como causa de incapacidad laboral
La restitutio in integrum es una figura jurídica heredada del derecho romano, que significa “restitución por completo o por entero”. El principio implica devolver las cosas a su estado anterior, teniendo por no realizados los actos que provocaron los cambios. Esta institución es una de las bases que justifican el denominado “recargo” por parte de la empresa, en las indemnizaciones por accidentes de trabajo.
El pago del “recargo” es responsabilidad, por consiguiente, del empresario infractor. Esta compensación incrementa todas las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, implementadas como consecuencia del accidente laboral. Los beneficiarios de la misma son el propio empleado, su cónyuge e hijos.
Si deseas reclamar el derecho al “recargo” de prestaciones por accidente de trabajo a consecuencia de falta de medidas de seguridad, debes tener presente el plazo de prescripción de cinco años al que se somete.
Son imprescindibles, para que pueda aprobarse el “recargo”, las siguientes premisas:
La cuantía del “recargo” oscila entre un 30 y un 50 por ciento, debiendo ser proporcional a la gravedad de las faltas e infracciones cometidas por el empleador (por ejemplo: a una infracción leve le correspondería el 30 por ciento, a una grave el 40 por ciento y a una muy grave el 50 por ciento de recargo).
El procedimiento finaliza con una resolución, en la que se establece la existencia o no de medidas de seguridad social y, en caso de aprobarse el “recargo”, el porcentaje de incremento que debe correr a cargo del empresario.
El estrés laboral es un mal que se incrementa con fuerza en la sociedad de nuestros días. Cada vez más resoluciones judiciales consideran estos casos como accidentes de trabajo, a pesar de que hasta hace poco tiempo se excluían del cuadro general de enfermedades profesionales.
En el mundo en el que vivimos, cada vez son más usuales los casos de estrés laboral. Probablemente conozcas más de una historia de este tipo entre tus familiares o amigos. Se trata de un estado de tensión personal propio de las sociedades avanzadas, donde la presión en el ámbito de trabajo puede llegar a producir saturación física y mental en los empleados. Sus consecuencias afectan a la salud y al entorno de los trabajadores que lo padecen.
Esta afección aparece cuando las exigencias laborales superan la capacidad para hacerlas frente o controlarlas por parte de la persona. Puede manifestarse de manera leve (irritabilidad, agotamiento…) o grave (infarto, ictus…).
El estrés en el trabajo se asocia con un descenso en la productividad del empleado aquejado y con un daño serio en su calidad de vida. En muchos casos, desemboca en baja o accidente laboral.
Durante mucho tiempo, el estrés no ha estado incluido en el cuadro de enfermedades profesionales, aunque poco a poco se va reconociendo como accidente laboral.
Una de las últimas sentencias en las que el estrés se ha reconocido como accidente laboral ha sido la del Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao. En la misma, se estipula como accidente de trabajo el estrés post-traumático que padeció una empleada de banca, víctima de un atraco el 19 de julio de 2001. El hecho ocurrió en Durango (Vizcaya) y, en el desarrollo del mismo, la trabajadora fue amenazada con un arma de fuego. El Servicio Vasco de Salud determinó que la vida de la víctima está condicionada por el miedo a sufrir otra agresión similar. La resolución concluyó que la entidad financiera debió modificar y adecuar correctamente las condiciones laborales de la mujer. Al no realizarlo, la salud de ésta empeoró.
En 1999, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó una sentencia, en la que se reconoció el estrés laboral de un empleado de taller como accidente de trabajo. Las conclusiones de esta resolución judicial son extrapolables a otras profesiones.
En 1998, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León consideró un intento de suicidio como accidente de trabajo. Se estimó que el estrés laboral empujó al empleado a quitarse la vida. El hombre contaba con 18 años de experiencia en la empresa e ingirió una botella de arsénico, que finalmente no le causó la muerte, porque se sentía responsable de la grave situación económica por la que atravesaba la compañía.
Por otro lado, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha concluido que un infarto, sufrido como consecuencia de un fuerte estrés laboral, también debe considerarse accidente de trabajo. En la resolución que avala esta conclusión quedó demostrada la relación de causalidad entre la cardiopatía y el agotamiento físico e intelectual generado en el afectado.
El Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla sentó precedente en 2012, al considerar como accidente laboral un derrame cerebral sufrido por un trabajador debido al estrés acumulado, a pesar de que la víctima se encontraba fuera del horario de trabajo (fin de semana).
Para determinar si padeces o no un estrés laboral, un perito psicólogo realizará un estudio para adivinar los posibles motivos de tu estado. Se trata de evitar las simulaciones y la exageración de síntomas. Una vez conocidas las causas del estrés, habrá que examinar si las mismas se incluyen dentro de los estresores objetivos o subjetivos. Los primeros pueden percibirse por sujetos externos a la organización y juegan un papel relevante en la evolución del estrés en la persona. Por su parte, los subjetivos se refieren a la valoración interna que cada individuo realiza en torno a los estresores objetivos, teniendo en cuenta los recursos de los que dispone para combatirlos.
Para que el estrés sea calificado como accidente de trabajo debe estar generado por uno o varios estresores objetivos. Éstos deben configurarse como necesarios y suficientes para originar el correspondiente cuadro de estrés laboral.
En 1970, una sentencia del Tribunal Supremo acreditó, por primera vez en España, el nexo causal existente entre un suicidio y la actividad laboral del fallecido. Desde entonces, han sido varias las resoluciones que han concluido en semejantes términos.
Aunque existen sentencias que han concluido lo contrario, el suicidio no suele reconocerse como accidente de trabajo. Las empresas se muestran reacias a la equiparación, incluso cuando este tipo de muertes se convierten en habituales. No se trata de un fenómeno exclusivo de nuestro país. Recuerda, por ejemplo, el caso de France Telecom en el país vecino hace algunos años. Es cierto que suicidarse es una acción voluntaria, sin embargo, en ciertas ocasiones es posible acreditar fehacientemente el nexo causal entre estos actos y las condiciones laborales del afectado. Es lo que ocurrió en el ejemplo que analizamos a continuación y que, a buen seguro, tuviste la oportunidad de leer en prensa.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) reconoció como accidente laboral el suicidio de un guarda forestal de la Generalitat, al estimar que la decisión del trabajador de quitarse la vida fue consecuencia de la presión que sufría en su puesto de trabajo. De esta forma, se revocó la sentencia previa de un juzgado de Lleida y se estimó el recurso presentado por la esposa e hijos del fallecido, a quienes se les reconoció el derecho a las oportunas pensiones derivadas del accidente.
No es la primera resolución judicial que considera un suicidio como accidente laboral, aunque las sentencias de estas características no son, ni mucho menos, frecuentes. La dificultad estriba en que el nexo causal entre el suicidio y las condiciones laborales debe quedar meridianamente claro y acreditarse fidedignamente.
Jaume R. L. era el jefe de área de los guardias forestales en la comarca leridana de Alt Urgell. El 8 de marzo de 2012 se produjeron cinco incendios en el Pirineo, durante un intervalo de tiempo de apenas hora y media. Uno de los siniestros tuvo lugar en Calvinyá, la comarca en la que Jaume ejercía como responsable de zona. Él libraba aquel día, aunque finalmente acudió a los cinco focos y a todas las reuniones de los equipos encargados de extinguir las llamas. De hecho, fue el único responsable que no contó con relevo.
Según sus familiares, aquella jornada supuso un punto de inflexión en la vida de Jaume que, desde entonces, empezó a sentirse más nervioso y alterado. Se sentía responsable, tenía miedo de las sanciones que pudieran imponerle, de perder su reputación e, incluso, de ir a la cárcel. Al parecer, vivía intensamente su labor y su nivel de autoexigencia terminó afectando su salud. En ningún momento sufrió, eso sí, recriminaciones por parte de sus superiores.
Jaume acudió finalmente al médico y éste le recetó unos ansiolíticos. Le citó para unos días más tarde, aunque el guarda forestal se quitó la vida antes de acudir nuevamente a la consulta. El fallecido dejó dos notas manuscritas en las que mostraba su preocupación por el incendio de Calvinyá. Además, manifestaba su temor a convertirse en cabeza de turco para la administración, por las labores de extinción efectuadas en su zona.
Para fundamentar su decisión, el TSJC señaló en la resolución que, aunque el suicidio tenía un evidente carácter voluntario, el cuadro ansioso de Jaume se debió a un “elevado grado de profesionalidad, responsabilidad y autoexigencia”. La situación le superó emocionalmente, al punto de decidir quitarse la vida. Para el tribunal, quedaba acreditado fehacientemente el nexo causal entre el estado de ansiedad y el suicidio del agente.
La jurisprudencia española no consideró el suicidio como accidente laboral hasta 1970, año en el que una sentencia del Tribunal Supremo acreditó el nexo causal entre dicha acción y el contexto laboral del fallecido. Hasta ese momento, ni siquiera los actos acaecidos en tiempo y lugar de trabajo tenían tal consideración.
Otra sentencia del TS, de 25 de septiembre de 2007, mostró claramente la evolución jurisprudencial sobre esta cuestión. Ésta y otras resoluciones judiciales coincidieron en entender que el origen de la enfermedad mental es el elemento a determinar, a la hora de decidir si un suicidio puede considerarse o no accidente de trabajo.
En cualquier caso, el elemento de voluntariedad en el acto de quitarse la vida es el argumento básico en otras resoluciones, que han rechazado la posibilidad de entender un suicidio como siniestro laboral. Es lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de junio de 2012 y con la del TSJC de 21 de enero de 2003. En ambos casos se estimó la existencia de una ruptura del nexo causal entre ambas situaciones, en base a lo establecido en el artículo 115.4 b) de la Ley General de la Seguridad Social: “No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente de trabajo: …b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado”.
Si te preguntas por el alcance de este tipo de problemas debes saber que, según el Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT, significan la cuarta causa de incapacidad laboral en España. Sin embargo, los datos oficiales parecen no reflejar esa realidad. En 2012 se produjeron más de 400.000 accidentes laborales y, de ellos, tan solo 700 se atribuyeron a factores de este tipo.
Los riesgos psicosociales no están incluidos en los listados de enfermedades profesionales y, dado su peso específico en la sociedad actual, resulta palmaria la necesidad de una actualización al respecto. Como sabes, este problema no es específico de España. En Francia, algunos sectores consideran también que la mortalidad por suicidio está subestimada en las estadísticas gubernamentales.
Resumiendo, el suicidio puede considerarse accidente laboral cuando se acredite fidedignamente el nexo causal existente entre el contexto empresarial del fallecido y el acto de quitarse la vida. Dicho nexo permitirá determinar, incluso en casos de suicidios consumados fuera de tiempo y lugar de trabajo, si el acto es o no un siniestro de aquel tipo.
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 artículo 115