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Timestamp: 2019-12-12 12:10:38+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 709/01 de Corte Constitucional, 5 de Julio de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614927
Sentencia de Constitucionalidad nº 709/01 de Corte Constitucional, 5 de Julio de 2001
Ley 446 de 1998. Art.44. Num 10. Lit.e. Termino de caducidad de las acciones. Nulidad absoluta de contratos estatales. Exequible.
Sentencia citada en: 15 sentencias, una disposición normativa
Sentencia C-709/01
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la Constitución Política, el ciudadano L.E.M.M., demandó el artículo 44, numeral 10, literal e), de la Ley 446 de 1998 "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia".
Por auto de 7 de diciembre del año 2000, el magistrado sustanciador admitió la demanda presentada, en consecuencia ordenó fijar en lista la norma acusada. Así mismo, dispuso dar traslado al señor P. General de la Nación para que rindiera su concepto, y comunicó la iniciación del asunto al señor P. de la República y al señor P. del Congreso de la misma, con el objeto que si lo estimaban oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma demandada.
El P. General de la Nación solicita la declaratoria de exequibilidad de la disposición acusada en forma parcial. Para el Ministerio Público, el hecho de que la contratación estatal se deba sujetar al principio de legalidad, significa que la autonomía de la voluntad de los entes públicos se debe regir por el interés general. Sin embargo, eso no significa que las normas sustanciales que regulan la nulidad absoluta de los contratos estatales, puedan por ese hecho considerarse como de orden público, como quiera que esa determinación sólo le corresponde hacerla al legislador y ese órgano no le dio tal carácter a las normas que tienen que ver con las nulidades contractuales.
Para el P., el legislador ha establecido diversos mecanismos para acceder a la administración de justicia, entre los que se encuentran las acciones públicas y las privadas. Luego de explicar someramente cada una de ellas, aduce que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 150 inciso final de la Carta, el Congreso de la República al expedir la Ley 80 de 1993 consagró en el artículo 45 la acción contractual como una acción pública, al establecer que la nulidad absoluta podía ser alegada entre otros, por cualquier persona, modificando de esa forma el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo que a su vez había sido subrogado por el artículo 17 del Decreto 2304 de 1989, norma ésta que concebía la acción contractual como privada, dado que la nulidad absoluta solamente podía ser alegada por las partes, el Ministerio Público o el tercero que acreditara un interés directo en el contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad.
Sin embargo, señala el P., el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 modificó nuevamente el carácter de esta acción, al establecer que la nulidad absoluta de un contrato estatal podrá ser solicitada por las partes, el Ministerio Público y cualquier tercero que acredite un interés directo. Resulta entonces, a juicio del Ministerio Público que esta restricción que contempla el legislador, esto es, que el acuerdo de voluntades sólo puede ser alegado por las partes o por los terceros que tengan un interés directo, termina con la incertidumbre que generaba el hecho de que el negocio jurídico podía ser demandado en acción de nulidad por cualquier persona en cualquier tiempo.
Estas modificaciones a la acción contractual realizadas por el órgano legislativo, las ha realizado con fundamento en lo preceptuado por el artículo 89 de la Carta, que lo habilita para regular todo lo relacionado con las acciones tendientes a proteger el orden jurídico y los derechos individuales y colectivos. Así las cosas, considera el P. que la definición de la naturaleza jurídica de la acción contractual es un asunto de competencia propia del Congreso de la República, por lo tanto no puede entenderse como una acción pública de rango constitucional como lo señala el accionante.
La acción de nulidad absoluta de los contratos estatales y su reenvío al derecho común
En ese orden de ideas, esta Corporación en reiterada jurisprudencia C-343/96, C-221/99, C-011/00, entre otras ha señalado en relación con la institución de las nulidades, que corresponde al órgano legislativo fijar las causales, la legitimidad para alegarlas, oportunidad de hacerlo forma de probarlas, el alcance de las mismas, y en general las reglas aplicables a las circunstancias en que surgen, así como lo que atañe a sus efectos.
"Desde esta perspectiva, es claro que la justicia, entendida como la resultante efectiva y recta mediación y resolución con carácter definitivo de los conflictos surgidos en el transcurso del devenir social se mide en términos de referencia social y no de uno de sus miembros" C-165/93. M.P.C.G.D..
Como señala el Ministerio Público, uno de los aspectos fundamentales de la acción contractual es el relacionado con la caducidad, entendida como una institución jurídica que pone límites en el tiempo al ejercicio de una acción "(...) independientemente de consideraciones que no sean el sólo transcurso del tiempo. Su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley la que al señalar el término y el momento de su iniciación indica el término final invariable o dies fatalis" Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de noviembre 21/91.
"La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (art. 136 del C.C.A.), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado" C-115 de 1998. M.P.H.H.V..
Acuerdo nº 1117 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 28 de Febrero de 2001

References: artículo 241
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 87
 artículo 17
 artículo 32
 artículo 89
 resolución