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Timestamp: 2019-12-10 19:24:39+00:00

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Competencia para conocer de la acción de división de cosa común entablada con posterioridad al de separación, divorcio o nulidad - El Derecho
Competencia para conocer de la acción de división de cosa común entablada con posterioridad al de separación, divorcio o nulidad
Foro 01-01-2013 Coordinador: Prieto Fernández-Layos
Retomando el tema del anterior Foro Abierto, ya vimos como la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (EDL 2012/130653) recoge en su Disp. Final 3ª, dedicada a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (EDL 2000/77463), un apartado, el doce, por el que se añade una excepción 4ª al número 3 del art. 438, referido a la reconvención y acumulación objetiva y subjetiva de acciones en los juicios verbales, con la siguiente redacción:
"4ª. En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos".
Por su parte, el art. 806 LEC dispone: "La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y a las normas civiles que resulten aplicables". Asimismo, el artículo siguiente, el 807, recoge: "Será competente para conocer del procedimiento de liquidación el Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio, o aquél ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislación civil".
Si en el anterior Foro Abierto la pregunta venía referida a si son o no competentes los Juzgados de Familia especializados para conocer de la acción de división de la cosa común dentro de los procedimientos de separación, divorcio o nulidad en virtud del dictado del art. 438.3.4ª LEC, en éste cabría preguntarse si son o no competentes para conocer de dicha acción en un procedimiento de liquidación posterior al matrimonial propiamente dicho, a la vista de una interpretación conjunta de lo dispuesto en los arts. 806 y 807 del citado texto legal en su relación con el nuevo contenido del 438. Con independencia de que se esté o no de acuerdo en la competencia de los Juzgados de Familia especializados tanto en uno como en otro aspecto, algunos profesionales afirman que sería ilógico mantener que en el caso de que lo fueran dentro de los procesos matrimoniales no pudieran serlo en un proceso posterior independiente.
¿Es competente el Juzgado de Familia especializado para conocer de la acción de división de la cosa común en un procedimiento posterior al de separación, divorcio o nulidad (del que aquél conoció en su momento) a la luz de lo dispuesto en los arts. 806 y 807 LEC en su relación con el 438.3.4ª del mismo texto legal?
Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de Familia", el 1 de enero de 2013.
La cuestión planteada anteriormente a esta se resolvió por unanimidad. Los ...
La cuestión planteada anteriormente a esta se resolvió por unanimidad. Los Juzgados de Familia especializados son competentes para conocer de la acción de división de cosa común, al amparo del art. 438, número tercero, excepción 4ª de la LEC (EDL 2000/77463), tras la redacción dada a este precepto por la Ley 5/2012, de 6 de julio (EDL 2012/130653), ello cuando esta acción de división de los bienes comunes de los cónyuges se plantee juntamente con la acción de nulidad, separación o divorcio, o en los procedimientos que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas.
Al hilo de esto se nos plantea otra cuestión, la de qué Juzgado tiene competencia para conocer de la acción de división de cosa común entablada con posterioridad al procedimiento de separación, divorcio o nulidad.
Como ya expuse en la cuestión anterior la competencia de los Juzgados de Familia viene establecida en su decreto de creación. El Real Decreto 1322/1981 (EDL 1981/2862), de tres de julio, por el que se crean los Juzgados de Familia, dispuso en su artículo primero, apartado segundo, que u0022los nuevos Juzgados de Primera Instancia conocerán de forma exclusiva, por vía de reparto, de las actuaciones judiciales previstas en los títulos IV y VII del libro I del Código Civil, así como de aquellas otras cuestiones, que en materia de derecho de familia, les sean atribuidas por las leyesu0022. Como indiqué, con base en este precepto se ha venido manteniendo una competencia objetiva de estos juzgados especializados muy limitada, pudiéndose citar, entre otras, la Sentencia del TS de 2 de junio de 1994 (EDJ 1994/5079), que disponía que la competencia de estos juzgados u0022solamente abarca las actuaciones previstas en los títulos IV (arts. 42 a 107) y VII (arts. 154 a 180) del libro I del Código Civil y aquellas otras cuestiones que en materia de derecho de familia le sean atribuidas por las leyes (...) por lo tanto la exclusividad es de proyección negativa en cuanto no puede comprender otras cuestiones que las explicitadasu0022.
Ateniéndonos a lo que dispone el decreto y a la interpretación que se ha dado al mismo, entre otras, en la sentencia del TS citada, tendría que afirmarse que en principio los Juzgados de Familia no serían competentes para conocer de la acción de división de los bienes comunes de los cónyuges ejercitada con posterioridad o con independencia del proceso de nulidad, separación o divorcio, ya que no existe disposición alguna que así lo establezca. El art. 438 citado, con base en el que mantengo la competencia de los Juzgados de Familia para conocer de las acciones acumuladas objeto de estudio, solo habla del ejercicio acumulado de las acciones, no del ejercicio de la acción de división en un procedimiento separado, y tampoco se hace una atribución expresa de competencia para conocer de estas acciones de división.
Entramos entonces en la discusión de si los arts. 806 y ss son aplicables en los supuestos de regímenes de separación de bienes, preceptos que determinarían los trámites a seguir en la liquidación del régimen económico matrimonial y el Juzgado competente para ello. Estaríamos, caso de ser aplicables, ante una atribución de competencia por ley, prevista en el decreto de creación de los Juzgados de Familia. Dispone el art. 806 que u0022la liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y a las normas civiles que resulten aplicablesu0022. La discusión se centra en si en el régimen de separación de bienes puede afirmarse que exista una masa común de bienes sujeta al levantamiento de las cargas matrimoniales.
Hay quien entiende que en el régimen de separación de bienes los cónyuges no son titulares de una masa común de bienes sujeta a cargas y obligaciones, sino de diferentes bienes en pro indiviso, y que por tanto no son aplicables estos preceptos, pensados para un régimen con una masa común que es preciso liquidar. Otros son partidarios de ser aplicables estos preceptos a la liquidación del régimen de separación de bienes, pues los cónyuges son titulares en común de diferentes bienes y derechos, sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio, siendo no solo muy conveniente, sino también obligado, acudir a las normas específicas de la liquidación del régimen económico matrimonial recogidas en los artículos 806 y siguientes.
La Secc. 12ª de AP Barcelona entiende que el procedimiento regulado en los arts. 806 a 811 LEC es el procedente para la división de los bienes comunes de un matrimonio cuyo régimen económico matrimonial es el de separación de bienes. Así, la Sentencia de 17 de diciembre de 2004 (EDJ 2004/226485) dispone que u0022Si los cónyuges casados en régimen de separación de bienes adquirieron bienes comunes, son procedentes para su liquidación las normas de liquidación del régimen económico matrimonial contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civilu0022. Aplicables estos preceptos en los regímenes de separación de bienes deberíamos acoger la norma de competencia establecida en el art. 807 y declarar que los Juzgados que hubieran conocido del procedimiento matrimonial lo son también para conocer del procedimiento entablado posteriormente para la división de los bienes comunes.
Yo me inclino por mantener la competencia de los Juzgados de Familia para conocer de las acciones de división consecuencia de la ruptura matrimonial cuando ya han conocido del procedimiento matrimonial, solución que permite tener un conocimiento completo de la situación al haber conocido previamente la situación económica del matrimonio en el procedimiento matrimonial. Ésta es la posición mayoritaria en los Juzgados de Barcelona, no obstante no ser una cuestión unánimemente solventada. Conforme a las normas de reparto los Juzgados de Familia son los competentes para conocer del posterior procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial, sin embargo esta norma de reparto puede dar lugar a posiciones encontradas. Habrá Juzgados que entenderán que el régimen de separación de bienes, pese a la titularidad conjunta de determinados bienes, no puede equipararse a un régimen que suponga la existencia de una masa común de bienes sujeta a determinadas cargas y obligaciones, como exige el art. 806 LEC, y que por tanto este precepto, y la posterior norma de competencia, no es aplicable para las acciones de división de bienes comunes.
Una vez más, se dicta una norma cuya imprecisión da lugar diferentes interpretaciones y soluciones dispares.
Para emitir opinión a la cuestión planteada se hace necesaria la remisión ...
Para emitir opinión a la cuestión planteada se hace necesaria la remisión a la respuesta que en su momento ofrecí a la cuestión planteada en el foro Nº 53.
En efecto, ya decía entonces que los juzgados de familia tienen competencia para el conocimiento del procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial, de conformidad con lo establecido en los artículos 806 y 808 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (EDL 2000/77463), y en lo referente a la posibilidad de solicitar la formación de inventario, una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio.
También se decía que no se entendía que siendo competente el juzgado de familia para la liquidación de cualquier régimen económico, no lo sea para conocer de la acción de división de cosa común, cuestión que queda perfectamente clara a tenor de lo dispuesto en la excepción cuarta del número 3 del artículo 438 del texto procesal antes citado.
En una interpretación lógica y coherente de este último precepto, puesto en relación con los anteriores, si se ofrece a los cónyuges la posibilidad o facultad de ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común, en el proceso de separación, divorcio o nulidad, entre otros, entiendo que tal facultad y posibilidad debe entenderse también para el ejercicio de la acción de división de cosa común en un momento posterior a la conclusión del proceso de separación, divorcio o nulidad, y dado que la excepción cuarta del número 3 del artículo 438 no establece de modo imperativo la necesidad, en el tiempo y en el proceso, del ejercicio simultáneo de dicha acción de división de cosa común, en sede de proceso de separación, divorcio o nulidad, de tal modo que dicha posibilidad contemplada expresamente en la ley, el ejercicio simultáneo de dicha acción, no excluye la facultad o posibilidad de dicho ejercicio de tal acción en un momento posterior a dichos procesos matrimoniales, lo cual en nada modifica la competencia del juzgado de familia para conocer del procedimiento sobre división de cosa común, por lo que ejercitada dicha acción en este momento, posterior a dichos procesos matrimoniales, ello debe dar lugar a la incoación del proceso declarativo que corresponda por parte del juzgado de familia que haya conocido de dichos procesos.
La nueva excepción 4ª del número 3 del art. 438 LEC (
La nueva excepción 4ª del número 3 del art. 438 LEC (EDL 2000/77463), referido a la reconvención y a la acumulación objetiva y subjetiva de acciones, cuya adición se debe a la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (EDL 2012/130653), es una norma muy censurable.
En primer lugar, es una norma pensada para dar solución al problema procesal creado en el territorio de Cataluña por la declaración de inconstitucionalidad del artículo art. 43.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia (EDL 1998/45031), que constituye un elemento extraño en nuestro Código civil en la medida en que en los territorios de derecho común el régimen económico matrimonial legal supletorio es el de gananciales y no el de separación absoluta de bienes, como en Cataluña, por lo que en aquellos no existía necesidad alguna de regular esta cuestión.
En segundo lugar, tiene su origen en la viciosa práctica legislativa viciosa, tan preñada de oportunismo como de improvisación, de utilizar una ley para regular cuestiones completamente ajenas a la materia u objeto de la ley reformadora.
En tercer lugar, es una norma técnicamente defectuosa porque permite la acumulación de una acción, cual la de división de la cosa común, a otra, como la matrimonial, que se ventila en un proceso especial, sin indicar el proceso que debe seguirse para la efectiva división del bien o bienes comunes, de tal modo que el ejercicio conjunto de la acción de división de los bienes comunes junto con la acción de separación, divorcio, nulidad o reconocimiento de eficacia tan solo conducirá a que, en la sentencia recaída en el proceso matrimonial, el juez declare procedente la acción de división, dejando para la fase de ejecución de dicha sentencia la materialización de la división, pero sin resolver el problema del procedimiento que deba seguirse para la efectiva división.
En cuarto y último lugar, por su carácter incompleto, asistemático e inconexo respecto de las demás normas legales. En efecto, el legislador, obviando la polémica doctrinal existente en torno a si cabe o no seguir el procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial regulado en los arts. 806 a 810 LEC para la liquidación de los regímenes económico matrimoniales de separación de bienes (en la medida en que tales regímenes ´no determinan la existencia de una masa común de bienes-, como exige el art. 806 LEC), opta por admitir la acumulación de la acción de división de cosa común en el proceso matrimonial, dejando sin resolver el problema del procedimiento que debe seguirse para la efectiva división del bien o bienes comunes afectados por la acción divisoria, aunque parece apuntar al procedimiento previsto en el art. 810 LEC al decir que u0022si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlosu0022, pero sin decir nada para el supuesto de que ninguno de los cónyuges solicite del tribunal la formación de lotes de bienes para adjudicarlos o enajenarlos. La reforma del art. 438.3, 4ª exigía, bien modificar el art. 806 LEC para establecer la aplicabilidad del procedimiento de liquidación previsto en el mismo a las masas de bienes que los cónyuges tengan en comunidad ordinaria indivisa, bien redactar la excepción 4ª señalando: u0022En el proceso especial de liquidación del régimen económico matrimonial regulado en los artículos 806 y siguientes de la LEC, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlosu0022.
Esto sí daría verdadera solución al problema al reconducir el ejercicio de la acción de división de cosa común sobre una multiplicidad de bienes tenidos por los cónyuges en comunidad ordinaria a un procedimiento de liquidación de masas patrimoniales, lo cual no es equivalente al ejercicio acumulado, en un mismo proceso, de la acción de división de cosa común que un cónyuge ejercite contra el otro respecto de varios bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa, en el que, salvo petición expresa de una de las partes, el juez no puede considerar los bienes comunes en conjunto a efectos de formar lotes o adjudicarlos a uno de ellos.
En otros términos, el legislador ha permitido acumular la acción de división de la cosa común a la acción matrimonial (de separación, divorcio, nulidad o reconocimiento de eficacia civil), que se tramita en un proceso especial, en lugar de haber permitido, como debiera, la acumulación de la acción de división a la de liquidación del régimen económico matrimonial a sustanciar en el proceso especial regulado en los arts. 806 y ss LEC, que es el que, a falta de otro más idóneo, habrá de seguirse para la extinción del condominio existente sobre varios bienes cuando una de las partes solicite que se consideren en conjunto a efectos de formar lotes o adjudicarlos (incluyendo, por qué no, en los lotes, bienes gananciales y en condominio).
Partiendo de las precedentes consideraciones, en mi opinión, ha de considerarse competente para conocer de la acción de división de la cosa común en un procedimiento posterior al de separación, divorcio o nulidad, sea un proceso de modificación de medidas, sea el proceso de liquidación del régimen económico matrimonial, al juzgado de primera instancia especializado en familia, a la luz de lo dispuesto en los arts. 806 y 807 LEC en su relación con el 438.3.4ª del mismo texto legal, y ello por las razones siguientes:
1ª) Una interpretación literal de lo dispuesto en el art. 438.3º-4ª LEC conduce a estimar que cabe ejercitar la acción de división de cosa común en el proceso de divorcio posterior al de separación matrimonial o en el de nulidad o reconocimiento de eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas ulteriores al de divorcio, puesto que el precepto admite el ejercicio simultáneo, esto es, acumulado, de la acción de división de cosa común y la acción matrimonial de separación, divorcio, nulidad o reconocimiento de eficacia civil. Siendo esto así, parece contrario a los principios de la lógica, aun cuando sea lo que literalmente dice el precepto, sostener que pueda ejercitarse la acción de división en un proceso de divorcio posterior al de separación y no en uno de modificación de las medidas acordadas en el anterior proceso de separación, ya que el fundamento del ejercicio acumulado de los dos tipos de acciones (la de división y la matrimonial) es el mismo: permitir a los cónyuges proceder a ventilar en un solo proceso, el matrimonial, el reparto de los bienes comunes. Siendo esto así, parece obvio que ha de permitirse que, a petición de uno solo de los cónyuges, pueda proceder a liquidarse la masa de los bienes que tiene en común con el otro, una vez que se ha consumado la ruptura matrimonial y, con ella, se ha producido la extinción del régimen económico matrimonial existente. No se advierte razón para impedir que, separado legalmente un matrimonio, pueda un cónyuge acumular la acción de división de bienes comunes a la de modificación de medidas solicitando, por ejemplo, la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar común y la división del inmueble si perteneciere a los cónyuges en comunidad, y, sin embargo, sí resulte admisible el ejercicio simultáneo de la misma acción de división de la vivienda familiar junto con la acción de divorcio. Porque, de admitirse el ejercicio simultáneo de la acción de división y la de modificación de medidas, podrá conocer de ambas el juez de primera instancia especializado en familia. De no admitirse, se escindirá la competencia para conocer de una y otra, ya que de la acción de modificación de medidas conocerá el juzgado de 1ª instancia especializado en familia, y de la acción de división el de 1ª instancia no especializado.
2ª) Existiendo juzgados de primera instancia especializados en familia, la competencia de estos para conocer de la acción de división de la cosa común de los bienes que sean copropiedad de los cónyuges no puede hacerse depender ni del momento ni del proceso en que dicha acción se ejercite, de tal forma que tales juzgados especializados sean competentes objetivamente para conocer de dicha acción de división cuando la misma se ejercite en un proceso de separación, divorcio, nulidad o reconocimiento de eficacia civil, y dejen de serlo, pasando dicha competencia objetiva a los de primera instancia no especializados en familia, cuando la acción de división se ejercite en un proceso posterior distinto e independiente del matrimonial propiamente dicho, es decir, en uno de modificación de medidas o en el proceso de liquidación del régimen económico matrimonial regulado en los arts. 806 y ss LEC.
Es verdad que el Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio, por el que se crean los Juzgados de Familia (EDL 1981/2862), atribuye a estos, en su art. 1.dos, competencia objetiva para conocer, de modo exclusivo, por vía de reparto, de las actuaciones judiciales previstas en los títulos IV (u0022Del matrimoniou0022) y VII (u0022De las relaciones paterno filialesu0022) del Libro I del Código civil (EDL 1889/1)y que la acción de división de cosa común aparece regulada en Título III del Libro II del Código Civil, por lo que, en principio, el conocimiento de la acción de división queda fuera del ámbito competencial de dichos juzgados de familia. Es cierto también que el art. 73.1.2º LEC dispone que no es admisible la acumulación cuando las acciones a acumular deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo y que, siendo el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial un proceso especial (arts. 806 a 811 LEC) no cabe acumular a él acciones que deben sustanciarse en un proceso común, verbal u ordinario, como la acción de división de cosa común.
Sin embargo, no puede dejar de señalarse que la nueva excepción 4ª del número 3 del artículo 438 apunta de modo inexorable al procedimiento previsto en el art. 810 LEC para el reparto de los bienes que se posean en comunidad ordinaria indivisa cuando éstos sean varios, u0022al efecto de formar lotes o adjudicarlosu0022, por lo que la interpretación conjunta de lo dispuesto en el art. 438.3.4ª y 806 y ss LEC lleva a estimar aplicable el procedimiento previsto en el art. 810 LEC para el reparto de las masas de bienes en comunidad ordinaria de los cónyuges, es decir, para la división de la cosa común de los cónyuges.
3ª) Ha de tenerse en cuenta que el art. 1.dos del Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio, atribuye a los juzgados de familia competencia para conocer de las actuaciones judiciales previstas en los título IV y VII del Libro I del Código civil, y u0022de aquellas otras cuestiones que, en materia de Derecho de Familia, les sean atribuidas por las leyesu0022 y es evidente que la nueva excepción 4ª del apartado 3 del art. 438 LEC les atribuye competencia para conocer de una cuestión relacionada con el Derecho de Familia, cual es la acción de división de bienes que los cónyuges tengan en comunidad ordinaria indivisa al tiempo de su separación, divorcio o nulidad.
De alguna manera ha de entenderse que esta atribución competencial objetiva a los juzgados de familia lo es para la división de los bienes en condominio con independencia de que la acción se ejercite acumulada a la acción matrimonial o en un proceso posterior, porque la determinación de la competencia objetiva, por razón del principio de legalidad que la rige, no puede hacerse depender de la voluntad de las partes en función del momento o acción a la que éstas quieran acumularla.
4ª) De no entenderse radicada la competencia objetiva en los juzgados especializados de familia se darían resultados un tanto absurdos y contrarios al más elemental principio de economía procesal al obligar a los cónyuges en proceso de separación, divorcio o nulidad a acudir a dos procesos, ante distintos juzgados, para resolver sobre el reparto de aquellos bienes comunes que pertenezcan en pro indiviso a la sociedad de gananciales y a uno o ambos cónyuges, en comunidad ordinaria, en proporción a las aportaciones de precio respectivas, conforme a las prescripciones de los arts. 1357, párrafo 2º en relación con el art. 1354 CC.
Piénsese en el siguiente supuesto, extraído de la casuística de mi juzgado: el marido y la mujer compran, en copropiedad, en estado de solteros, un piso, que destinan a vivienda familiar, y una plaza de garaje (finca registral independiente del piso), en proporción del 75 por 100 el marido y el 25 por 100 restante la esposa. La hipoteca contraída para el abono de parte del precio se satisfizo, casi íntegramente, con dinero ganancial, una vez contraído matrimonio por los compradores. En el proceso de liquidación de la sociedad de gananciales de los cónyuges, la sentencia (dictada por mí) del Juzgado de 1ª Instancia nº 24, de Familia, de Madrid, tras razonar que u0022dichos inmuebles constituyen un proindiviso entre la sociedad de gananciales de los litigantes, a la que pertenece el 68,97 por 100 de tales bienes, y la comunidad ordinaria, a su vez en proindiviso, existente entre los litigantes, a la que pertenece el dominio del 31,03 por 100 de dichos inmuebles, en proporción del 75 por 100 el marido y el 25 por 100 la esposau0022, añade: u0022No tiene competencia objetiva este juzgado para pronunciarse sobre las cuestiones relativas a la comunidad ordinaria existente entre los litigantes sobre el 31,03 por 100 de dichos inmuebles, por lo que la determinación de si, dentro de dicha comunidad romana, corresponde al marido una cuota parte del 75 por 100 o una superior y si el mismo tiene o no derecho a que la esposa copropietaria le reintegre el 25 por 100 de la cantidad de 13.500.000 pesetas, queda imprejuzgada, debiendo acudir las partes, en su caso, al juicio correspondiente ante un juzgado de primera instancia ordinario para la resolución de tal cuestión.u0022
La Sentencia de AP Madrid, Sec. 22ª, de 8 de julio de 2008 (EDJ 2008/153091), dictada en el recurso de apelación interpuesto contra aquélla, señala, acerca de la distribución entre ambos cónyuges del 31,03 % de la titularidad de los inmuebles adquiridos en comunidad ordinaria, antes del matrimonio, confirmando el pronunciamiento de 1ª instancia, que u0022en cuanto el presente procedimiento tiene por objeto la determinación del activo y pasivo de la extinta sociedad de gananciales, queda fuera de su ámbito de debate y decisión, según se razona de modo irreprochable por el juzgador a quo, la posible declaración de pertenencia a uno solo de los cónyuges o su distribución porcentual entre ambos de la parte no ganancial de los referidos bienes.u0022
En suma, este parece uno de los supuestos en que los tribunales vienen obligados a corregir, por vía de una interpretación lógica y sistemática, lo que el legislador, por mor de una desafortunada sistemática y una defectuosa redacción técnica, hace decir a la ley en un sentido que, al menos parcialmente, es contrario al propio espíritu y finalidad de la propia norma.
El RD 1322/1981 (
El RD 1322/1981 (EDL 1981/2862) por el que se crean los juzgados de familia, atribuyó una competencia exclusiva de las actuaciones judiciales previstas en los títulos IV y VII del libro I del CC (EDL 1889/1), así como de aquellas otras cuestiones que en materia de derecho de familia les fueran atribuidas por ley. Estas competencias exclusivas pero no excluyentes, unidas a las atribuciones que realizan acuerdos del pleno del CGPJ y normas de reparto de las Juntas de jueces, y a la competencia funcional necesaria derivada del art. 61 de la LEC (EDL 2000/77463), derivan en una falta de uniformidad y claridad en el ámbito competencial de los juzgados de familia, que suscitan cuestiones como la planteada. Representa una muestra más de lo expuesto, la ampliación de competencias para el Juzgado de Familia, vía disposición final de la Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación (EDL 2012/130653), por el cauce de modificar el ámbito de la acumulación objetiva de acciones en el juicio verbal, y ello con independencia de que tenga un encaje más o menos claro, en las razones que el preámbulo predica para justificar la Ley de Mediación. En cualquier caso bienvenida la modificación, pues en definitiva esta economía de vías procesales que se abre a la hora de resolver las cuestiones que surgen en un contexto de crisis familiar, no redunda sino en beneficio del justiciable, aunque con esta modificación se abran numerosas incertidumbres como las que se apuntan en esta respuesta y vuelva otra vez a olvidarse el legislador de la realidad social que representan las parejas de hecho.
Requisito ineludible para la acumulación de acciones, es que todas se encuentren dentro del ámbito de competencia objetiva del juzgado frente al que se formula la acumulación, y de modo correlativo tal admisión vía reconvención, exige que ese juzgado que conoce del proceso ya iniciado tenga competencia para la acción que se pretende acumular. Claro está que si bien por demanda, bien por reconvención, cualquiera de los cónyuges puede ejercer simultáneamente la acción divisoria de cosa común, en un procedimiento de separación divorcio o nulidad, no deja de perder su competencia el juzgado, por el hecho de ser planteada en un momento posterior, ya se al procedimiento matrimonial propiamente dicho o al de liquidación posterior, porque en definitiva la acumulación objetiva de acciones es una opción procesal de la parte, sin que por ello pierda el juzgado la competencia que por ley le ha sido atribuida.
Ahora bien lo expuesto no despeja las incertidumbres a las que hacía referencia. No hace distinción el art. 438.3 de la LEC, acerca del régimen económico que tenga el matrimonio y a nadie escapa que unos cónyuges con independencia del régimen económico matrimonial del que dispongan, pueden tener bienes en proindiviso, así si se tratara de un régimen de gananciales, ahora con esta reforma, se podría liquidar el patrimonio en proindiviso no ganancial, por el Juzgado de Familia y si el régimen que mantenían era el de separación de bienes, aun cuando no resulte pacífica la aplicación del art. 806 (por la ausencia de una masa común que responda del levantamiento de las cargas del matrimonio) ahora, y al no ser incompatible este régimen con la adquisición de bienes en proindiviso, nada impediría acudir al art.806 de la LEC. Todo ello conduce a un cauce procesal distinto, así como sus consecuencias, de existir un único bien o un conjunto de bienes en proindiviso, pues como dice el art. 438, u0022el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlosu0022, lo que se antoja más complejo fuera de este cauce del art. 806, salvo que entendamos, que el nuevo contador exclusivamente para bienes en proindiviso, sea el juez y que los efectos de la sentencia (cosa juzgada) varían según sea el régimen de titularidad de los bienes a dividir.
La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles...
La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (EDL 2012/130653), determina en su Disp. Final 3ª, dedicada a la modificación de la LEC (EDL 2000/77463), un apartado, el doce, por el que se añade una excepción 4ª al número 3 del art. 438, referido a la reconvención y acumulación objetiva y subjetiva de acciones en los juicio verbales.
Tal modificación de la LEC faculta a cualquiera de los cónyuges, en sede de los procedimientos de separación, divorcio o nulidad del matrimonio y en los que tengan por objeto obtener eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, el ejercicio simultáneo de la acción de división de la cosa común, respecto de los bienes que tuviesen en comunidad ordinaria indivisa.
Los arts. 806 y ss LEC, regulan el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial, estableciendo el art. 807 que, será competente para el conocimiento del procedimiento liquidatorio, el Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio, o aquél ante el que se siguen o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislación civil.
En su consecuencia, los Juzgados de Familia especializados tendrán la competencia para conocer, en sede de los procesos de nulidad, separación o divorcio, la acción acumulada simultáneamente con la finalidad de obtener el cese del estado de indivisión respecto a las cosas sujetas a una comunidad ordinaria indivisa.
En el supuesto, que se plantea en el presente foro abierto, es decir cuando ya ha culminado el proceso de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, la solicitud de liquidación posterior del régimen económico matrimonial por la vía de los arts. 806 y 807 LEC correspondería al Juzgado de Familia especializado, que hubiere tenido conocimiento y decidido el proceso matrimonial de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, a tenor de una interpretación conjunta de tales preceptos y del art. 438 LEC. La prescripción del art. 807 LEC es clara al respecto, al conceder la competencia del proceso liquidatorio al Juzgado que haya conocido o esté conociendo de los procesos matrimoniales de nulidad, separación o divorcio.
Evidentemente que también debe atribuirse la competencia al juzgado de famil...
Evidentemente que también debe atribuirse la competencia al juzgado de familia o a los de primera instancia e instrucción que asuman esta competencia, o en turno de reparto, pero respecto a aquél que haya conocido de la demanda de nulidad, separación o divorcio, y ello para evitar dividir el conocimiento de la materia original y para conseguir una concentración del conocimiento de la materia hasta que se culmine definitivamente toda la fase de ejecución, ya que como recuerda la Sentencia de AP Barcelona de 20 de febrero de 2009 (EDJ 2009/33206) esta materia incluso tiene su propia regulación en el art. 43 del Codi de Familia de Catalunya (EDL 1998/45031), donde introduce una norma liquidatoria especial en virtud de la cual se prevé el ejercicio de la acción de división de bienes comunes, respecto a los que existan de ésta condición que sean cotitularidad de los cónyuges que se han separado o divorciado, en los trámites de ejecución de la sentencia recaída en el pleito de familia; lo que viene siendo interpretado en el sistema procesal introducido por la LEC (EDL 2000/77463) en el sentido de incluir esta previsión en el procedimiento liquidatorio de los arts. 806 y ss LEC (entre otras, Sentencia de AP Barcelona, Sec.12ª, de 28 de abril de 2006, EDJ 2006/283527), Y, en este sentido, cabe igualmente citar el vigente art. 552-11 del Codi Civil de Catalunya cuando, en relación a la acción de división de cosa común, expresamente prevé en su apartado 6º lo siguiente: u0022Las comunidades ordinarias que existen entre los cónyuges, en los procedimientos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, pueden dividirse considerando como una sola división la totalidad o una parte de los bienes sometidos a este régimen, de acuerdo con el art. 43 del Código de familiau0022.
Así, la competencia para conocer de la acción de división de cosa común corresponde a los Juzgados de familia, bien que precisando que, en realidad, tal competencia incumbe en este caso concreto al Juzgado que dictó la sentencia de divorcio (art. 807 LEC).
Por ello, la cuestión no gira en torno a las reglas sobre la competencia territorial relativa a acciones sobre bienes inmuebles al aplicar las que fueran en este caso procedentes con arreglo a la acción de división, sino que cuando los litigantes estaban unidos en matrimonio y que tenían pendiente un pleito de separación matrimonial, la división de los bienes que poseen en común y proindiviso debe resolverse, bien en el mismo procedimiento de separación, nulidad o divorcio, bien después de acabado el mismo, pero ante el mismo juzgado, ya que no pueden aplicarse aquí las reglas de competencia territorial respecto al ejercicio de la acción de división, sino las que se derivan de la asunción de la competencia por el mismo juzgado de familia o el que corresponda por turno de reparto donde no hay juzgado especializado pero siempre que sea el que ya tramitó la demanda de separación, nulidad o divorcio.
Es un hecho indudable que el legislador ha ampliado la competencia de los juz...
Es un hecho indudable que el legislador ha ampliado la competencia de los juzgados de familia para conocer de la acción de división de cosa común cuando existe un pro indiviso entre los cónyuges. Ahora la cuestión que se plantea y que no resuelve el art. 438 LEC (EDL 2000/77463), es si esa competencia sólo se atribuye cuando se ejerce conjuntamente con la acción de separación o divorcio o si, por el contrario, se mantiene incluso cuando se ejercita la acción de división de cosa común después de haber finalizado el procedimiento matrimonial.
Antes de pronunciarnos sobre este problema procesal, cuando el pro indiviso es una consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales cabe cuestionarse si en este caso es necesario el ejercicio de la acción de división de cosa común o bastaría con instar la ejecución de sentencia para la venta en pública subasta del bien. Traemos a colación dicha cuestión dado que el Auto de AP Madrid, Sec. 24ª, de 23 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/298791) vino a indicar que finalizado el proceso de liquidación de gananciales en el que se adjudicó a cada uno de los cónyuges el 50% de la vivienda familiar, debe admitirse a trámite la demanda de ejecución instada por el esposo solicitando la venta de la vivienda en pública subasta:
u0022El auto de fecha 23 de mayo de 2011, deniega el despacho de ejecución interesado por la representación procesal de D. Juan Luis, previo informe emitido por el Ministerio Fiscal, que entiende incompetente al órgano judicial de primer grado, Juzgado especializado en materia de Familia, para el conocimiento de la demanda de ejecución de sentencia recaída en proceso seguido en dicho Juzgado, para la liquidación de la sociedad legal de gananciales que conformaron los litigantes, segunda fase, avalúo y adjudicaciones. Considera la Juez u0022a quou0022, que al resultar indivisible la vivienda inventariada en el activo, y respecto de la que se insta venta pública, al haberse adjudicado a la sazón al 50 % a cada litigante el importe de venta, han de acudir las partes, si a su derecho conviniere, al correspondiente proceso de división de cosa común derivado del artículo 400 del CC, para lo cual resulta competente el Juzgado de Primera Instancia ordinario que por turno de reparto corresponda, concluyendo que en definitiva los actos de ejecución solicitados no son conformes con el título, meritada sentencia de 7 de enero de 2.010, por lo que deniega el despacho de ejecución. No comparte la Sala estos criterios... Así, en el supuesto de autos, la sentencia cuya ejecución se insta, recaída en proceso de tal naturaleza liquidatoria, fue dictada por el mismo Juzgado que deniega el despacho y ante el que se presenta la demanda, lo que atrae al supuesto enjuiciado las previsiones del artículo 545 LEC, a cuyo tenor literal: Artículo 545. Tribunal competente. Forma de las resoluciones en la ejecución forzosa «1. Si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por Secretarios Judiciales a las que esta ley reconozca carácter de título ejecutivo o transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo»... Añadimos para concluir, y a mayor abundamiento, razones residuales de economía procesal, evitando la perpetuación de un estado no deseable de indivisión, convirtiendo en baldío un anterior procedimiento, de carácter, por lo general, prolongado y costoso, en menoscabo de la tutela judicial efectivau0022.
Por otro lado, la AP Pontevedra en su Auto de 22 de octubre de 2010 confirmó la inadmisión a trámite de una demanda de división de cosa común precedida de previo juicio de liquidación de gananciales, remitiendo a la parte al proceso de ejecución de sentencia de liquidación. Se sostiene en esta resolución que es jurídicamente inasumible la tramitación de diversos y estancos procesos finalizadores de la comunidad, por presentarse conceptualmente el instituto de la liquidación, ya extrajudicial, en convenio regulador, ya judicial, cauces de los arts. 809 y 810 LEC, como un acto único e indivisible, comprensivo por disposición legal de las operaciones de inventario, avalúo, formación de lotes y, finalmente, adjudicaciones de los mismos a los ex consortes, operaciones todas ellas entendidas dentro de un proceso, que, aún complejo, requiere unidad de acción (arts. 1396 y ss CC, EDL 1889/1), de donde entiende lo procedente promover el pertinente proceso de ejecución con base precisamente en esa titulación ejecutiva, que no instar una demanda ordinaria de división de un bien específico.
Por tanto, antes de plantearnos si los juzgados de familia son competentes para tramitar la acción de división de cosa común, como hemos visto en las anteriores resoluciones, tendríamos que pensar posiblemente que la disolución del pro indiviso podría llevarse a efecto en trámites de ejecución de sentencia, pues no le falta sentido común a lo que indican las Audiencias Provinciales cuyas resoluciones hemos citado.
Entrando ya en la cuestión planteada en el foro, entendemos que si los juzgados de familia tienen competencia para tramitar conjuntamente la acción de separación o divorcio y la acción de división de cosa común, no existe ningún obstáculo procesal para que dicha acción pueda ejercitarse de forma independiente una vez finalizado el proceso matrimonial. Lo que impedía conocer a los juzgados de familia de esta clase de acción era el contenido del Real Decreto de 3 de julio de 1981 (EDL 1981/2862), que atribuía una competencia objetiva perfectamente delimitada y restrictiva, pero ahora, una ley posterior y además de superior rango como es la LEC, ha modificado las competencia que estableció el Real Decreto.
Evidentemente, la respuesta al Foro Abierto anterior puede condicionar la res...
Evidentemente, la respuesta al Foro Abierto anterior puede condicionar la respuesta a esta pregunta que parece constituirse como un complemento a aquél.
Sostuve que parecía que la intención del legislador era que en un solo procedimiento pudiera resolverse la división de la cosa común. Ahora bien, si esa era una de las posibles razones para entender la competencia de los Juzgados de Familia cuando se pretendía al mismo tiempo la división de cosa común, si se considera la redacción del apartado 3. 4ª del art. 438 LEC (EDL 2000/77463), puede concluirse que esa competencia hace referencia tan solo al ejercicio u0022simultáneou0022 de esta segunda acción junto con los de separación, divorcio, nulidad o en los que se pretenda la eficacia civil de resoluciones eclesiásticas. No se utilizan términos distintos al de ejercicio simultáneo, y desde este punto de vista no condicionaría respuesta idéntica cuando la acción de división se intenta con posterioridad.
Ahora bien, una cosa es que no deba entenderse que la modificación de la norma determina ineludiblemente la competencia de los Juzgados de Familia para todo supuesto de división de cosa común en el marco del matrimonio, y otra que se considere la conveniencia de no establecer diferencias en esta materia de competencia dependiendo del momento en el que la acción se ejercite. Lo cual me hace formular una pregunta que ya apuntaba en la respuesta al anterior Foro Abierto: ¿no será posible entender que la modificación del art. 438.3.4ª LEC viene a ser una atribución específica en materia de Derecho de Familia?
Sin embargo, teniendo claro que el tenor literal del precepto no hace referencia a la acción de división de cosa común fuera de su simultáneo ejercicio con otras propias del Derecho de Familia, no me atrevo a dar una respuesta afirmativa y sin dudas a esa otra pregunta.
Para confeccionar mi opinión, parto de dos principios: el primero, el de la ...
Para confeccionar mi opinión, parto de dos principios: el primero, el de la improcedencia de la analogía en el derecho procesal; y el segundo el de la interpretación restrictiva en materia de excepciones.
Una vez más, el texto legal se puede prestar a confusión ya que el art. 806 LEC (EDL 2000/77463) señala el u0022ámbito de aplicaciónu0022, del proceso que lidera u0022para la liquidación del régimen económico matrimonialu0022, limitándolo a u0022cualquier régimen económico matrimonial que (...) determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligacionesu0022, para luego incluir en el mismo capítulo u0022la liquidación del régimen de participaciónu0022 (art. 811 LEC), que no está en el caso descrito como ámbito.
En todo caso, el supuesto de la pregunta no puede nunca entenderse comprendido en el art. 806, ni en los siguientes, puesto que ya su objeto es exclusivamente la división de la cosa común.
La posibilidad de acumular acciones a la liquidación contraviene la norma general del art. 438.3 LEC, y sólo es posible por aplicación de la excepción 4ª a este precepto, introducida por la Disposición Final 3ª, apartado doce, de la Ley 5/2012, de 6 de julio (EDL 2012/130653). Sólo cuando se produzca esta acumulación, será posible alterar la competencia de los Tribunales por razón de la materia. La excepción, como tal, no admite extensión a otros supuestos.
Como en el caso planteado el nuevo litigio tiene entidad propia y no puede acumularse a procesos ya terminados, han de aplicarse a la competencia para su conocimiento las normas generales de la ley adjetiva.
Esta es la opinión del Letrado que suscribe, salvando el respeto por toda otra mejor fundada.
Nuestros colaboradores se inclinan de forma mayoritaria porque los Juzgados de Familia especializados son competentes objetivamente para conocer de la acción de división de la cosa común entablada en un procedimiento posterior al de separación, divorcio o nulidad del que dichos Juzgados conocieron en su momento. Esta mayoría estima, entre otros razonamientos, que mantener la competencia de los Juzgados de Familia para conocer de las acciones de división consecuencia de la ruptura matrimonial cuando ya han conocido del procedimiento matrimonial, permite tener un conocimiento completo de la situación al haber conocido previamente la situación económica del matrimonio en el procedimiento matrimonial, evitando además dividir el conocimiento de la materia original y consiguiendo una concentración del conocimiento de la materia hasta que se culmine definitivamente toda la fase de ejecución.
Además, si se permite a los cónyuges la posibilidad de ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común en el proceso de separación, divorcio o nulidad, tal facultad debe entenderse también para el ejercicio de la acción de división de cosa común en un momento posterior a la conclusión de esos procesos de separación, divorcio o nulidad ya que, dado que la excepción cuarta del núm. 3 del art. 438 LEC (EDL 2000/77463) no establece de modo imperativo la necesidad, en el tiempo y en el proceso, del ejercicio simultáneo de dicha acción de división de cosa común, no se puede excluir la facultad o posibilidad del ejercicio de tal acción en un momento posterior a dichos procesos matrimoniales, lo cual en nada modifica la competencia del juzgado de familia para conocer del procedimiento sobre división de cosa común y así, ejercitada dicha acción en este momento, posterior a dichos procesos matrimoniales, ello debe dar lugar a la incoación del proceso declarativo que corresponda por parte del juzgado de familia que haya conocido de dichos procesos.
Por otro lado, también se apunta sin embargo que, dado que el tenor literal del precepto debatido no hace referencia expresa a la acción de división de cosa común fuera de su simultáneo ejercicio con otras propias del Derecho de Familia, no resulta fácil dar una respuesta positiva al respecto. Aún más, uno de los colaboradores estima que el nuevo litigio al que se refiere el debate tendría en todo caso entidad propia, no pudiendo por tanto acumularse a procesos ya terminados y debiéndose aplicar a la competencia para su conocimiento las normas generales de la ley adjetiva.

References: Real Decreto 
 artículo 438
 artículo 438
e contrario
 Real Decreto 
 artículo 438
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 400
 artículo 545
 Artículo 545
 resolución 
 Real Decreto