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Timestamp: 2018-12-18 11:11:49+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 233, de 20/10/2017
cve: BOCG-12-D-233
158/000045 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático. Acuerdo de la Comisión sometiendo su aprobación al Pleno... (Página2)
158/000046 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, para el estudio y elaboración de una propuesta de reestructuración del sistema policial español hacia un nuevo modelo policial del siglo XXI, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea... (Página4)
162/000473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el rechazo a la apertura de la mina de uranio a cielo abierto en los términos municipales de Retortillo y Villavieja, provincia de Salamanca, próximos a la frontera con Portugal... (Página8)
162/000474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de medidas de carácter urgente sobre el Mar Menor... (Página10)
162/000475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un Plan Estatal para la Enseñanza y Aprendizaje de la Convivencia y Combatir el Acoso Escolar... (Página11)
162/000476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la revisión del Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar... (Página14)
162/000477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia... (Página15)
120/000015 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo a trámite el escrito presentado por don Natan Espinosa Pérez, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español... (Página17)
Autor: Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a la aprobación del Pleno la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 209, de 15 de septiembre de 2017.
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su sesión del día 10 de octubre de 2017, tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dicho Grupo Parlamentario, con las siguientes características:
I. Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión estudiará la situación actual de los ecosistemas hídricos en España, el impacto de las políticas impulsadas y aplicadas hasta la fecha y los retos a los que nos enfrentamos en la perspectiva del cambio climático. Todo ello con el objetivo de promover un diálogo ciudadano bien informado, a nivel estatal, sobre las políticas de las aguas en las perspectivas vigentes de cambio climático, sobre la base de una información científica rigurosa sobre la situación de nuestros acuíferos y sobre la expectativa realista de caudales disponibles de cara a las próximas décadas, en el marco que establece la Directiva Marco del Agua sobre los caudales a respetar en todas las cuencas para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales, incluidos deltas, estuarios y plataformas litorales marinas.
II. Reglas de organización y funcionamiento.
La Subcomisión estará integrada por 3 representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 50 diputados en la Cámara y 2 representantes de cada uno de los Grupos restantes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-El Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, José Ignacio Llorens Torres.
158/000046
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, para el estudio y elaboración de una propuesta de reestructuración del sistema policial español hacia un nuevo modelo policial del siglo XXI.
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Interior, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, para el estudio y elaboración de una propuesta de reestructuración del sistema policial español hacia un nuevo modelo policial del siglo XXI.
Hace más de treinta años nació en España un nuevo régimen democrático, en el que se integraron como pilares de la Seguridad Ciudadana y garantes de los derechos y libertades públicas a la Policía Nacional y Guardia Civil.
Con su integración a la vida democrática, estas instituciones de seguridad se articularon bajo una nueva norma, la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta naciente ley aspiraba a modernizar y articular los Cuerpos de Seguridad en un nuevo marco de convivencia democrática.
Han pasado más de 30 años desde la promulgación de esta ley, sin que haya existido en todo su conjunto profundas reformas que se adapten a las necesidades cambiantes de la vida democrática de España. De hecho esta normativa ha quedado superada por los hechos acaecidos desde su promulgación. Por ello es necesario definir un nuevo modelo policial para España, y un nuevo Pacto de Estado sobre la materia, que no solo modernice la organización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sino que reorganice las instituciones de Seguridad Ciudadana en función de las demandas del Siglo XXI.
En consecuencia, es procedente el estudio y reflexión en torno a un nuevo modelo policial que adecúe la realidad policial española a los requisitos que implica nuestra pertenencia a la Unión Europea, como nuevo territorio para la seguridad, pero inmersa en la realidad territorial de España, en la que se incluyen varios actores como son las Policías Autonómicas y Locales, así como las Consejerías de las Comunidades Autónomas dedicadas a labores de Seguridad Ciudadana.
Hoy están presentes en el sistema policial español todas y cada una de las potencialidades de los modelos policiales europeos: la base local del sistema fraccionado se hace presente a través de las policías locales; la herencia del modelo centralizado está representada por la presencia de dos cuerpos policiales de ámbito estatal; y junto a todo ello, la coparticipación emergente de las Comunidades
Autónomas, entes políticos que en materia de seguridad pública ya cumplen unos, o en el futuro pueden cumplir los demás, un papel complementario.
Desde un punto de vista estrictamente constitucional, no se diseña de una forma precisa ningún modelo de seguridad. Solamente la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es la que ha manteniendo que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, y la que permite que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, a través de sus propios Cuerpos de Seguridad, participen en el mantenimiento de la seguridad pública.
Por tanto, a lo largo de estos últimos 30 años, el resto del ordenamiento jurídico -bien a través de los Estatutos de Autonomía en su redacción actual o mediante reformas posteriores, bien a través de Leyes Orgánicas al efecto- ha sido el responsable de desarrollar y perfeccionar el modelo.
De acuerdo con la arquitectura tridimensional del sistema español, el Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios son los tres actores que tienen relevancia jurídico-política en materia de seguridad pública.
Empezando por el Estado, considerado como el ámbito territorial y jurídico de la acción política general, las estructuras policiales actuales son el Cuerpo Nacional de Policía, con estatuto civil, y ámbito de actuación en las grandes urbes; y el Cuerpo de la Guardia Civil, con estatuto militar -pero que no forma parte de las Fuerzas Armadas- y ámbito de actuación eminentemente rural, extendido a pequeñas y medianas ciudades.
El segundo actor son las Comunidades Autónomas, pues nuestra Carta Magna reconoce la posibilidad de que las mismas creen Cuerpos propios de Policía con el único requisito de que así esté contemplado en su Estatuto.
Sin embargo, hasta hoy solo las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña y Navarra han ejercitado dicha competencia implantando cuerpos policiales propios e integrales, competencialmente hablando (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral, respectivamente), si bien Canarias y Galicia han creado un cuerpo de policía, pero sin todas las competencias transferidas, una; y aún sin plantilla de personal, la otra.
Cabe todavía un escalón más elemental en cuanto al ejercicio de competencias de seguridad pública por parte de las Comunidades Autónomas, que está reconocido también en la Constitución: la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones propios, llevado a efecto por unidades adscritas del Cuerpo Nacional de Policía (en estos momentos, ejercido por Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana).
El tercer pilar del sistema policial español está formado por los Municipios, entes a los que la Constitución reconoce la existencia en este ámbito de las Policías Locales, con la trascendencia jurídica que ello implica.
Aunque también hay que señalar que en este punto la Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas ciertas facultades en relación con dichas policías locales, especialmente las de coordinación de las mismas.
El punto neurálgico de este sistema tridimensional es la coordinación de los distintos cuerpos policiales, a los que hay que añadir la información en materia de lucha en contra del terrorismo que obtiene el Centro Nacional de Inteligencia o del Servicio de Vigilancia Aduanera, en materia de narcotráfico.
En la LOFCS existen mecanismos de cooperación política -el Consejo de Política de Seguridad, la Junta de Seguridad, y la Junta Local de Seguridad, respectivamente, en los ámbitos estatales, autonómicos y municipales-, que hasta el momento, y en general, han fracasado en sus competencias, ya que no existen canales operativos permanentes ni mecanismos de coordinación operativa.
El auténtico talón de Aquiles del modelo policial español, por tanto, es la ausencia de estructuras inter-policiales de coordinación operativa.
Por otro lado, en cuanto al personal y a los recursos materiales y presupuestarios, la situación del actual modelo policial es también alarmante, sobre todo cuando se analizan las grandes deficiencias y necesidades de mayores y mejores implementos e infraestructuras, así como la caótica y desigual situación laboral y salarial que existe entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas y Locales.
Con aproximadamente 225.000 agentes policiales (datos actualizados a 2016) y una ratio de 4,86 agentes policiales por cada 1.000 habitantes, España mantiene la cifra más alta de funcionarios policiales de toda Europa, y salvo excepciones de difícil comparación, de todo el mundo.
Los recursos humanos de los que consta el sistema policial son actualmente los siguientes:
- El Cuerpo Nacional de Policía está formado, en números redondos, por 71.500;
- La Guardia Civil por unos 83.000 efectivos;
- Las Policías Autonómicas suman unos 26.200 miembros, y
- Las Policías Locales una cifra cercana a los 70.000 efectivos.
- El SVA tenía 1.800 efectivos y el CNI, 5.000.
Estos datos parecen chocar con la incongruencia de que sindicatos y asociaciones policiales estén reclamando continuamente más efectivos y denunciando escasez de personal en sus respectivas unidades. Pero la realidad es que en el día a día, faltan efectivos, y esto es así porque cada Cuerpo ignora la existencia del otro, midiendo sus necesidades en función de la población que existe en su demarcación territorial. Son como varias empresas en franca competencia, intentando crecer en un mismo mercado; el resultado es que las plantillas se duplican, superponen y las cifras se disparan hacia lo absurdo.
La mejor distribución de competencias y unificación de ciertos mandos o tareas operativas sería menos costoso para el Estado y, por lo tanto, para los ciudadanos. Además, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad únicamente de carácter civil, que actuaría de forma más coordinada y eficaz, prestando mejor servicio a la sociedad. Hay que destacar que en la actualidad existen duplicidades de órganos y servicios en ambos cuerpos estatales (servicios de Policía Judicial; servicios de Información y antiterrorismo; servicios de formación y perfeccionamiento; servicios logísticos; grandes y costosos inmuebles en todas las capitales de provincia y otras localidades, y un largo etcétera), cuya unificación provocaría un ahorro considerable. Sin olvidar el gran número de personas, dedicadas a labores administrativas duplicadas, que podrían dedicarse a labores de seguridad en sentido estricto.
Un análisis de la situación actual de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el contexto de los países europeos es la tarea más importante a desarrollar. Es necesario comparar nuestros actuales sistemas operativos con aquellos de los países más avanzados de toda Europa, en los que se ha logrado modernizar a Cuerpos de Seguridad del Estado y dotarles de presupuestos, infraestructuras, elementos tecnológicos y en general todas las herramientas necesaria para convertirse en un verdadero servicio de Seguridad Ciudadana.
Es hora, por tanto, de mirar a los países europeos y otros fuera de nuestra región y adaptar, por qué no, su sistema que nos permita llegar a un equilibrio razonable sobre costo del ratio de agentes policiales en España, suponiendo no solo un ahorro económico, sino además una mejor utilización de los recursos disponibles.
La mayoría de los analistas coinciden en que nuestro modelo no reúne los mínimos exigibles a un sistema donde actúan diversos Cuerpos de Policía. En este sentido, no existe una lógica ni en la estructura ni en las competencias de los distintos Cuerpos de Seguridad que conforman el modelo español. La coordinación entre ellos tiene carencias de todo tipo, no existiendo, por ejemplo, unidad en las bases de datos fundamentales para la prevención de la criminalidad, factor imprescindible en cualquier Estado que pretenda ser eficaz en estas cuestiones.
La proliferación de Policías Autonómicas en el momento actual, en lugar de solucionar los problemas existentes, los podría agravar considerablemente. Por ello, es preciso no generalizar este tipo de Policías.
Por las razones que fueren, nunca se ha dado ninguna solución eficaz al problema. En lo que todo el mundo parece coincidir, es que la citada Ley Orgánica dibujó un modelo que, hoy por hoy, está al margen del modelo real. La irrupción de las Policías vasca y catalana, por un lado, y la ingente labor de prevención, e incluso de investigación de infracciones penales, por parte de las Policías locales -en muchos casos debido a las carencias de los Cuerpos de ámbito estatal-, han puesto de manifiesto que la vía de los hechos ha desbordado la Ley.
El modelo de seguridad que, de hecho, se ha establecido en España no puede mantenerse por más tiempo, so pena que se quiera tener una seguridad cara, y por tanto inviable, además de mediocre, asimétrica y poco coordinada. Algo que también se denuncia desde los países con los que se colabora en materia de seguridad, como los pertenecientes al entorno europeo o por EEUU.
A modo semejante a como se hizo a comienzos de nuestra democracia, se requiere un "pacto de Estado". Las referencias claves para ello, serán la austeridad y eficacia en la gestión económica del Estado español y solventar el vacío existente en la coordinación policial, lo que redundará, sin dudas, en la eficacia de la seguridad ciudadana. Ahorro que debe redundar también en un salario digno de los
miembros de la Policía Civil del Estado y la Guardia Civil resultante, cuyas retribuciones no pueden ser inferiores a las de policías autonómicas y/o locales.
Los Partidos Políticos son los responsables de plantear las iniciativas legislativas para modernizar el modelo de Seguridad Ciudadana existente en nuestro país. El estudio y diagnóstico de la situación actual de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y la propuesta de nuevas reformas legislativas y presupuestarias es la única forma de solucionar el problema. En las actuales circunstancias no se puede esconder o minimizar la necesidad de reforma profunda del modelo policial. Un Estado democrático, que pretende ser moderno y eficaz, no puede dar la espalda a una cuestión tan esencial para sus ciudadanos como es la redefinición de un nuevo modelo policial y de seguridad ciudadana adaptado a las circunstancias actuales.
Por todo ello, se presenta la siguiente solicitud:
"La Subcomisión se creará con las siguientes
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio de voto ponderado.
La Subcomisión estudiará la situación del actual modelo de funcionamiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de las Policías Autonómicas y Locales, así como las bases y fundamentos del Sistema de Seguridad Ciudadana. Todo ello con el objetivo de elaborar una propuesta consensuada entre todos los Grupos Parlamentarios sobre la reestructuración del sistema policial español y la creación de un nuevo modelo policial del siglo XXI.
D) Metodología de trabajo.
Para la realización del mencionado estudio, la Subcomisión realizará las siguientes actividades:
1. Solicitar y recabar toda la información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes y que se relacione con el objeto de esta Subcomisión.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar y recibir la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución.
2. Solicitar la comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas en general y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de las Policías Autonómicas y Locales, en particular, tanto de sus miembros como de altos mandos de diversas unidades. Así mismo, se solicitará la comparecencia de asociaciones profesionales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil interesadas en la materia, así como de personas expertas e investigadores de reconocida solvencia tanto a nivel nacional como internacional.
E) Plazo para realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma, en un plazo prorrogable de ocho meses desde su constitución. El mencionado estudio y la propuesta de creación de un nuevo modelo policial y de seguridad ciudadana, una vez aprobado por la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Juan Antonio Delgado Ramos y Rafael Mayoral Perales, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000473
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, sobre el rechazo a la apertura de la mina de uranio a cielo abierto en los términos municipales de Retortillo y Villavieja, provincia de Salamanca, próximos a la frontera con Portugal.
La empresa Berkeley Minera España, S. A., ha anunciado su intención de abrir una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca (España) cerca de la frontera con Portugal, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes. Junto a la mina se pretende construir una planta para el tratamiento del mineral de uranio extraído, que fue autorizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo mediante Orden IET/1944/2015, de 17 de septiembre, pero esta autorización se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional por las múltiples irregularidades detectadas en el procedimiento administrativo seguido para su concesión.
En relación al informe de impacto ambiental, el Procurador del Común de Castilla y León ha recomendado a la Junta que realice una nueva declaración que englobe solo a Retortillo y no a Villavieja de Yeltes, como sucedía hasta ahora. La razón es que la ubicación en Villavieja necesariamente debería incluir el impacto en el río Yeltes, lo que a todas luces supondría una dificultad insalvable para el proyecto.
La Confederación Hidrográfica del Duero también dispone de los permisos de abastecimiento y vertidos, aunque estos últimos están recurridos por el Ayuntamiento de Villavieja que tiene su captación de aguas pocos kilómetros abajo de la mina.
A nivel local está pendiente la autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística, habiendo finalizado el 3 de enero el proceso de presentación de alegaciones.
Las instituciones europeas han de resolver una queja formulada por el partido EQUO y el Grupo de Os Verdes de Portugal, por los efectos negativos de la mina en el medio ambiente. Además, la mina se asienta al lado del río Yeltes, cuyas márgenes han sido declarados Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) según el reciente Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León. Así, el pasado día 6 de julio de 2017, la Comisión Europea abrió una investigación.
Según admitió el Comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en una respuesta al Eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, España no ha informado en ningún momento a Bruselas. Asimismo, le ha recordado sus obligaciones al Gobierno español. "La Comisión no ha recibido ninguna notificación (...) sobre el proyecto de minas de uranio en Retortillo", asegura el Comisario. Precisamente, Bruselas
investigará la cuestión para determinar si la explotación de la mina cumple con las normas de la Directiva de Hábitats y la de Estándares Básicos de Seguridad.
Por su parte, el Gobierno de Portugal ha mostrado su preocupación por el proyecto minero por lo que se ha requerido al Gobierno español información sobre la mina de uranio de Retortillo-Santidad, cuyos efectos transfronterizos no fueron considerados en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Sin embargo, la Agencia Portuguesa de Ambiente ha manifestado que el proyecto de explotación minera de uranio "era susceptible de tener efectos ambientales significativos en Portugal" por la cercanía a la frontera portuguesa, en "atención a la dirección de los vientos", y, especialmente, por la posible contaminación de las aguas del río Yeltes, afluente del Duero del que se nutren "aproximadamente dos millones de personas y riega todo el Douro Vinhateiro".
Los habitantes de esta zona se oponen a la mina por los efectos negativos que la actividad va a suponer para la citada comarca lusa, así la existencia de una mina a cielo abierto a pocos kilómetros de algunos pueblos (2,5 km en el caso de Retortillo) supondrá molestias y peligros para las personas que viven en esta tierra: explosiones con expulsión de polvo para la atmósfera (efecto negativo del gas radón), continuo trasiego de camiones y maquinaria pesada, lixiviación en balsas con peligro de rotura que conllevaría a una catástrofe de incalculables consecuencias. También hay que contar con los efectos negativos que para el Medio Ambiente tienen este tipo de explotaciones: formación de un cráter de varias hectáreas de extensión y más de un centenar de metros de profundidad, con la consiguiente pérdida de la masa forestal, desviaciones de los cursos de agua, etc.
Hemos tenido conocimiento de que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca dictaminó el pasado 1 de febrero, que las obras que la empresa Berkeley Minera España, S. L., ha venido desarrollando para el desvío de la carretera comarcal SA-322, debían ser autorizadas previamente. Sin embargo, la empresa minera ha realizado una balsa de enormes proporciones y un trazado de variante de la carretera sin que hubiese sido resuelto el expediente de autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística, para el Proyecto Minero Retortillo (N.º 6.605-10 del Registro de Derechos Mineros), en el término municipal de Retortillo (Salamanca), promovido por Berkeley Minera España, S. L.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil también ha informado al Ayuntamiento de Retortillo de una posible infracción medioambiental por parte de la empresa minera, pues se ha visto obligado a instruir un expediente sancionador a la misma.
Ante las graves consecuencias ambientales y sociales que se derivarían de la puesta en marcha del proyecto de una mina de uranio en Salamanca presentamos la siguiente
1. Que manifieste su oposición a la instalación de una mina de uranio en Salamanca y adopte todas las medidas legales y políticas en su mano para evitar la implantación de esa mina de uranio.
2. Que paralice cualquier acción en la zona de Retortillo-Villavieja de Yeltes, relacionada con la mina, hasta que se resuelva la obtención de permisos por parte de la empresa Berkeley Minera España, S. L.
3. Que solicite al Instituto de Salud Carlos III, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, un estudio científico-técnico del estado del conocimiento sobre las repercusiones en la salud humana de la explotación de la mina a cielo abierto de uranio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2017.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000474
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, relativa a la adopción de medidas de carácter urgente sobre el Mar Menor.
El Mar Menor es la laguna costera salada más importante del Mediterráneo occidental y el humedal más relevante del sureste peninsular. Se trata de un ecosistema único que se ha caracterizado por sus aguas transparentes, hipersalinas y con pocos nutrientes. La degradación del Mar Menor en las últimas décadas a consecuencia del déficit de coordinación e inactividad institucional ante la proliferación de usos sin planificación -ni instrumentos legales que los regulara-, ha ocasionado un grado de deterioro extremo a causa de la contaminación, del desarrollo urbanístico desenfrenado y la falta de aplicación de la normativa ambiental a nivel internacional, estatal y regional que pusiera freno a la destrucción de uno de los ecosistemas más valiosos de Europa.
Los valores naturales del Mar Menor son tan importantes que le han valido poseer más de siete figuras de protección ambiental a todos los niveles institucionales, destacando ser zona ZEPA (zona de especial protección para las aves), LIC (lugar de importancia comunitaria), Hábitat Prioritario (1150-Lagunas costeras), Área de Protección de Fauna Silvestre, ZEPIM (zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo) y Ramsar (humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas). Es necesario destacar que, por el posible incumplimiento por parte de España de las obligaciones contraídas a nivel internacional, el Mar Menor fue incluido en 1994 en la lista más prestigiosa en cuanto a humedales y espacios costeros se refiere como humedal de relevancia internacional de la "Lista Ramsar", conforme al Convenio Internacional de protección de humedales como hábitats de aves acuáticas, celebrado en Ramsar (Irán) en 1971, en una superficie de cerca de 15.000 hectáreas por causa de aves como la cigüeñuela o el chorlitejo patinegro. Además, en 2001, en el XII Encuentro de las Partes del Convenio de Barcelona (Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación de 1975), y en relación a su Protocolo sobre zonas protegidas y biodiversidad, se propuso y declaró como ZEPIM (zona especialmente protegida de interés para el Mediterráneo) al "Mar Menor y zona oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia".
Por otra parte, hace 15 años que el Mar Menor fue declarado como zona vulnerable por los vertidos de nitratos conforme a la Directiva de Nitratos de la UE, y Zona Sensible conforme a la Directiva 91/271/CE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Del mismo modo, la adecuada calidad de sus aguas requiere el cumplimiento de las directrices de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). La principal causa de la alta contaminación que padece es la eutrofización producida por la entrada masiva de nutrientes de origen agrario y ganadero, en menor medida por el vertido de aguas y residuos urbanos y la filtración procedente del subsuelo rica en nitratos. Además, el cambio climático puede estar contribuyendo a la degradación de la calidad del agua agravando el impacto procedente de la contaminación.
En concreto, la proliferación de regadíos ilegales (se calcula que existen 20.000 hectáreas más de regadíos que las censadas oficialmente), unido al incremento de desalobradoras particulares (300 registradas; 700, según un estudio; y más de 1.000 según otras estimaciones), son gran causa del agravamiento del problema de contaminación. Los agricultores desalan y vierten la salmuera y otros desechos a las ramblas que llegan a la laguna por la acción de las lluvias. A la vez, riegan con fertilizantes y las aguas con exceso de nutrientes se filtran al subsuelo. Durante los más de veinte años de Gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia, la inacción y dejadez institucional ha sido patente acarreando al Mar Menor a una situación de degradación en la actualidad insostenible.
Esta degradación ambiental está ocasionando graves perjuicios a las actividades económicas que se desarrollan en torno al Mar Menor y su entorno. Es urgente establecer medidas para que los sectores económicos asociados al turismo, la pesca, la navegación, la agricultura, etc., puedan desarrollarse de manera sostenible y sostenida con una adecuada planificación. La falta de coordinación entre las Administraciones competentes, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, ambas bajo la responsabilidad del Gobierno del Partido Popular, requiere adoptar decisiones urgentes de carácter ejecutivo por parte del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. La situación es tan extrema como prueba la apertura de diligencias por parte del Fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por un posible delito ecológico en el Mar Menor.
1. Abrir una investigación por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre la expansión de regadíos ilegales en el sur de la laguna del Mar Menor como en otras zonas de la Cuenca del Mar Menor.
2. Formular una petición urgente a la Secretaría Ramsar a organizar una Misión de Asesoramiento para determinar el grado de cumplimiento de los compromisos adoptados por España en cuanto a la conservación y uso racional del Mar Menor, incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional "Lista Ramsar".
3. Comunicar con carácter urgente al Centro de Actividades Regionales para las zonas especialmente protegidas, en cumplimiento del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo (Convenio de Barcelona), la situación actual de degradación que sufre la ZEPIM "Mar Menor y zona oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia", por estar en peligro los ecosistemas de la zona protegida y la supervivencia de especies protegidas de flora y fauna.
4. Crear el Consejo del Mar Menor como órgano de control de vocación indefinida para la adopción de una adecuada planificación y gestión integral del Mar Menor y su entorno, integrado por representantes: de las 3 administraciones (estatal, autonómica y local) implicadas; de las instituciones científicas [universidades, Instituto Español de Oceonografía (IEO), etc.]; de los sectores implicados (agricultores, sector hostelero y turístico, pescadores, etc.); y del tejido social organizado (Plataforma Pacto Social por el Mar Menor, grupos ecologistas y ambientales, asociaciones de vecinos, etc.), tal y como viene reflejado en el Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea pendiente de aprobación desde hace un año.
5. Abrir un cauce de información permanente con todos los actores sociales y económicos implicados para informar sobre el estado actual del proceso: "Análisis de soluciones para el objetivo Vertido 0 al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena", que tramita actualmente el Ministerio. Asimismo, que informe sobre alternativas estratégicas que se están considerando, las distintas fases y plazos previstos para su implementación."
162/000475
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un Plan Estatal para la Enseñanza y Aprendizaje de la Convivencia y Combatir el Acoso Escolar, para su debate en Pleno.
El acoso escolar ha existido desde siempre, con muchas y dramáticas facetas. Lo han sufrido y lo sufren a diario cientos de niños y niñas bajo patrones distintos, en algunos casos por estereotipos que son utilizados para hacer daño a los compañeros que sobresalen en cualquier sentido, o que tienen algún rasgo físico característico, que destacan en rendimiento escolar o por todo lo contrario, por razones de género, de etnias o religiones distintas, también existen casos de acoso escolar que no obedecen a ningún patrón concreto. Ahora también hay un colectivo importante objeto de acoso, el niño o niña pobre.
Los problemas de convivencia pueden ser de diversa índole: disrupción en las aulas, actos vandálicos, destrozos, episodios de violencia física o psicológica, incumplimiento de las normas del centro, absentismo escolar, consecuencias derivadas de comportamientos de inseguridad; temas de fraude o corrupción, acoso, violencia de género, comportamientos intolerantes y racistas, LGTBifobia, etc.
Lo más impactante es el acoso escolar o bullying porque cada alumno o alumna que lo sufre, padece un problema serio y traumático que puede marcar su futuro si no se sabe detectar, tratar o contar con la ayuda necesaria.
La realidad indica que los niños y niñas que han sufrido en algún momento acoso escolar tienen más probabilidades de padecer el fracaso escolar. Cuando falta el respeto, la convivencia se torna imposible o, al menos, se transforma en un tipo de convivencia violenta y no democrática.
Hoy día no puede hablarse de acoso sin citar también al ciberacoso. Este es una forma de acoso a través de los medios digitales, que está creciendo exponencialmente y que exige una actuación decidida. Tiene las mismas características que el acoso (duración, desequilibrio, etc.), pero añade dos específicas: el anonimato que favorece su incidencia y que los jóvenes lo llevan siempre con ellos, ya que al abrir el móvil o el ordenador aparece el menaje, la foto, el insulto o la amenaza. Para combatir el ciberacoso es fundamental la prevención y la educación de nuestro alumnado para el buen uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, evitando sus riesgos y amenazas.
Por ello, la mejora de la convivencia es un objetivo prioritario para los centros educativos ya que comporta múltiples beneficios para todos los integrantes de la comunidad educativa y de modo especial incide en el mejor aprovechamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los planes de convivencia escolar no son nuevos. Hoy son una necesidad, pero también existe una exigencia legal para que todos los centros cuenten con un Plan de Convivencia, y dentro de este un protocolo de actuación para hacer frente al acoso escolar.
Existen investigaciones y experiencias muy positivas que llevan funcionando en los centros educativos desde hace muchos años, en algunos casos impulsados por sus Comunidades Autónomas y en otros por iniciativa de los mismos centros y comunidad educativa. No son nuevas las intervenciones en mediación escolar, o proyectos en que los propios alumnos son una parte fundamental en la prevención o en la solución a los problemas de convivencia escolar, alumnos ayudantes, que actúan voluntariamente en los conflictos de relación o de aprendizaje.
Estos proyectos se convierten en oportunidades de educación y desarrollo moral, interviniendo en los conflictos con actuaciones preventivas o intervenciones eminentemente educativas dentro de un marco de compromiso de todo el centro educativo.
Hay que trabajar también con las familias en identificar sus emociones, comprender su inquietud, informarles, implicarles en la solución, etc.
Lamentablemente en estos últimos años de gobierno del PP, la mejora del clima de convivencia en los centros educativos no ha sido una prioridad, como se deduce del olvido de este gobierno del Observatorio Estatal de Convivencia, creado en el año 2007 por un gobierno socialista, siendo un órgano concebido para contribuir a la construcción activa de un ambiente de convivencia escolar adecuado. Se reunió en varias ocasiones para su constitución, para la organización de los trabajos y para el adelanto del "Estudio Estatal de la Convivencia Escolar en la ESO".
Este Observatorio lleva casi 5 años sin ser convocado, exactamente los años de gobierno del PP. Sin embargo, en el pasado mes de enero, estando el Gobierno en "Funciones" se anuncia un Plan de Convivencia sin ser consultado con la Comunidad Educativa, ni con expertos, por ejemplo los del Observatorio Estatal de Convivencia, cuyas funciones son precisamente analizar situaciones, hacer diagnósticos y proponer medidas que favorezcan la convivencia escolar.
Es fundamental proporcionar una formación sólida al profesorado, para aprender a detectar los síntomas y conocer medidas preventivas y de actuación. Es preciso crear equipos de profesores en los centros y responsables de convivencia como ya funcionan en muchos colegios e institutos. Hay que educar en valores sociales, en la tolerancia y en el respeto a los demás, valores que se impartían en la asignatura Educación para la Ciudadanía y que fue aniquilada por la LOMCE.
La mejora de la convivencia debe ser un objetivo prioritario para los centros educativos ya que comporta múltiples beneficios para todos los integrantes de la comunidad educativa y de modo especial incide en el mejor aprovechamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es necesario que los poderes públicos se coordinen y trabajen junto con las comunidades autónomas con el objetivo de
desarrollar un Plan de Convivencia para que todos los centros cuenten con un protocolo de actuación para que la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia ocupen el lugar que le corresponde en la educación.
Tal y como señala el informe Delors sobre la Educación del siglo XXI, lo recogía la LOE y lo señalan todos los expertos en educación, aprender a convivir es uno de los objetivos fundamentales de la educación.
1. Aprobar un Plan Estatal para la Enseñanza y Aprendizaje de la Convivencia y Combatir el Acoso Escolar, en colaboración rigurosa con las comunidades autónomas, que priorice la promoción, desarrollo y fomento de la convivencia escolar.
Asimismo, el Plan deberá ser acordado con todos los sectores de la comunidad educativa: sindicatos de profesorado, confederaciones de padres y madres, organizaciones de estudiantes y representantes de centros educativos.
Específicamente, dicho Plan deberá incluir:
2. Dentro del Plan Estatal, el Gobierno elaborará un Protocolo de Actuación Contra el Acoso, donde se trabaje la convivencia y se dote de competencias al alumnado para saber relacionarse desde el respeto, la paz y el rechazo de todo tipo de violencia.
Dicho Protocolo pondrá en marcha de forma clara y sencilla acciones que lleven a crear un ambiente con un sistema de relaciones en el centro que prevengan el acoso y que intervengan si tiene lugar a través de una Red de Apoyo que cuente con un programa específico de Alumnos Ayudantes, de modo que todo el alumnado sepa a qué compañero-ayuda o compañera-ayuda debe acudir si sufre acoso, a qué profesores, a qué tutores, o con qué medios cuenta para comunicar la situación. Específicamente, el Protocolo contará con las siguientes acciones:
5. Destinar la financiación necesaria para llevar a cabo con éxito todas las medidas que componen el Plan Estatal para la Enseñanza y Aprendizaje de la de Convivencia y Combatir el Acoso Escolar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2017.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000476
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión del Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, para su debate en Pleno.
En el año 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. Este protocolo tiene como principal objetivo la promoción de "la coordinación interinstitucional para mejorar la atención a los menores de edad víctimas de maltrato familiar, evitando la victimización primaria y secundaria que pudieran sufrir en el proceso de intervención".
Dicho protocolo establece una serie de medidas generales a la hora de intervenir en casos de maltrato infantil destinados a la detección, valoración, notificación, intervención y seguimiento de los casos. De hecho, posee apartados específicos de valoración, intervención y seguimiento desarrollados para diferentes ámbitos: social, educativo, sanitario, policial y judicial.
Tres años después de la aprobación de este protocolo, consideramos que es preciso que se revise. Diferentes casos han puesto de manifiesto deficiencias de este que, incluso, han conllevado desenlaces fatales para menores.
Un ejemplo claro es el ocurrido el pasado mes de agosto en Valladolid, donde una menor de cuatro años falleció a causa de la parada cardiorrespiratoria que le causó los malos tratos ejercidos por su progenitor.
En este caso, los acontecimientos se iniciaron a principios del mes de julio, concretamente el día 11, cuando, según la Fiscalía, la menor acude acompañada de su madre al Hospital de Valladolid con presencia de contusiones. La madre entonces señaló ser víctima de malos tratos por parte del padre de la menor, y expareja, señalando que las lesiones podrían ser causadas por el progenitor. Este alegaría que las lesiones fueron causadas por los juegos de la pequeña con su hermana, también menor. Recibida la asistencia médica, la Policía Judicial presenta un atestado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por posible caso de violencia de género, al tiempo que traslada el caso a la Fiscalía de Menores. La menor es devuelta a la madre dado que, según señaló, el progenitor se encontraba fuera de España en esos días.
Días después, el 19 de julio, ocho días después del primer ingreso, la Fiscalía de menores consideró conveniente valorar y controlar la situación familiar de la menor, trasladando a la Junta de Castilla y León el atestado remitido por la Policía Judicial, concretamente a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de la Junta, órgano competente para la adopción de medidas de protección sobre los menores de edad en este territorio autonómico. El 21 de julio, la Junta de Castilla y León recibe la notificación de la Fiscalía para que se investigue el caso, por lo que se inicia el protocolo correspondiente, no siendo hasta el día 26 de julio cuando los técnicos de Servicios Sociales tienen un encuentro con la madre, la niña agredida y su hermana para valorar el caso. Este encuentro finaliza con el acuerdo de tener una segunda reunión el 28 de julio. Encuentro que sería suspendido por la madre por motivos laborables, trasladándose al 1 de agosto. Cuando los técnicos acudieron en dicha fecha al encuentro, no encontraron a nadie en el domicilio. El día siguiente, día 2 de agosto, la menor ingresa con parada cardiorrespiratoria en el Hospital Clínico de Valladolid, falleciendo el día 3 de agosto.
Esta cronología muestra cómo los actuales protocolos de protección a los menores en casos de violencia, son claramente insuficientes. Que los menores tengan que estar expuestos a los ambientes donde se pueden producir agresiones, durante semanas, sin que las autoridades competentes intervengan para valorar la situación real y ejecutar medidas para proteger a los menores, es una situación que no podemos tolerar.
El Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar establece, en el apartado específico del ámbito sanitario, que: "Tanto en los casos de sospecha como en los de certeza de abuso sexual o maltrato infantil grave, el hospital se asegurará de no dar el alta al niño o adolescente hasta que no se garantice su seguridad". Consideramos acertado esta medida, pero consideramos que es insuficiente. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que todos los casos en los que exista certeza de maltrato, leve o grave, el menor debe ser ingresado y apartado del ambiente en el que se producen las agresiones hasta que no exista una valoración adecuada por un equipo médico forense, el Ministerio Fiscal y los servicios de protección autonómicos. Todo ello, agilizado de tal manera, que no tengan que pasar semanas hasta que se producen las primeras visitas de los servicios sociales para la valoración y ejecución de medidas de protección de los menores.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y actualizar el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, junto a las Comunidades Autónomas, Poder Judicial, Ministerio Fiscal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en base a las experiencias y deficiencias detectadas en el tiempo que lleva en vigor, especialmente en los relativo a la mejora de:
b) Introducir medidas que limiten la exposición de los menores, en riesgo de agresión o aquellos en los que existan certeza de agresión, al entorno perjudicial, con la pronta valoración de todos los profesionales sociosanitarios y judiciales que garanticen medidas de protección.
c) Incluir en las medidas relativas al ámbito sanitario que no se producirá el alta hospitalaria del menor en casos leves y graves de violencia hasta la valoración del riesgo por los servicios sociales, valoración forense y comunicación a la fiscalía de menores y/o remisión de atestado al juzgado de guardia, si fuera el caso."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000477
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en Pleno.
En 2016 se cumplieron 10 años desde que tuviera lugar la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El balance que hacen los agentes sociales, el movimiento asociativo, las plataformas de usuarios y la mayoría de las fuerzas políticas es coincidente: el Gobierno del Partido Popular ha atacado y debilitado el Sistema, con sus reformas y recortes presupuestarios.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia contaba con un calendario de implantación para un despliegue gradual que se fue desarrollando según lo previsto hasta la llegada al Gobierno del Partido Popular. A partir de ese momento se sucedieron los retrocesos y los recortes. Cuando apenas llevaban un mes en el poder, en diciembre de 2011, paralizaron el calendario de aplicación de la Ley. Posteriormente, en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, eliminaron la partida correspondiente al nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros. Este nivel de financiación previsto en la Ley volvió a ser suprimido en los Presupuestos de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. El pernicioso Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo numerosas modificaciones en la regulación del Sistema que causaron un enorme perjuicio a las personas en situación de dependencia. Entre muchas otras, destacan la reducción en un 13 % de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo; el recorte del 15 % en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; la eliminación de las cuotas de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales a cargo del Sistema, la introducción de un régimen de incompatibilidad de las prestaciones. A ello hay que añadir que la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, aprobó criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones que suponían un importante incremento del copago.
En los últimos seis años se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del Sistema. Mientras ha caído la aportación finalista de la Administración General del Estado, se ha incrementado sustancialmente la de las Comunidades Autónomas y el copago de los usuarios.
Como resultado del panorama descrito, actualmente existe una lista de espera con cerca de 300.000 personas, a pesar de que el calendario del Sistema se encuentra totalmente implantado desde julio de 2015. Más de 180.000 cuidadoras, casi todas mujeres, que se ocupaban de atender a sus familiares en situación de dependencia, vieron eliminado su derecho a cotizar a la Seguridad Social. Y mientras, las personas atendidas cuentan con menos y peores servicios y prestaciones claramente insuficientes.
Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017 en el Senado, se creó una Comisión para estudiar el Sistema de Dependencia, su sostenibilidad y financiación, para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia.
Es necesario y urgente un cambio de rumbo, impulsando el Sistema de Dependencia y financiándolo adecuadamente.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ofreciendo a todas las personas valoradas en situación de dependencia unos servicios y prestaciones adecuados. Para lograrlo:
1. Se dotará al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los recursos necesarios mediante una financiación finalista.
2. En los próximos Presupuestos Generales del Estado se incluirán las siguientes partidas:
a) Incremento de la dotación del nivel mínimo hasta el importe necesario para el adecuado funcionamiento del Sistema, acompañado del aumento de las cuantías mensuales que abona la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas por cada persona atendida. Este aumento será, al menos, suficiente para recuperar la financiación con la que contaba el Sistema en 2011.
b) Recuperación del nivel acordado, hasta alcanzar niveles anteriores a la llegada al Gobierno del Partido Popular.
c) Dotación de la partida presupuestaria necesaria para financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores no profesionales del Sistema. Este derecho se recuperará, de manera urgente, mediante la necesaria modificación normativa.
3. Las aportaciones de la Administración General del Estado por los niveles de financiación mínimo y acordado deberán ser equivalentes a las realizadas por las Comunidades Autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Autor: Don Natan Espinosa Pérez.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
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 Resolución