Source: http://observatoriodelasalud.blogspot.com/2017/01/
Timestamp: 2018-07-21 09:48:22+00:00

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Observatorio de Salud UBA: enero 2017
Lo presentó el senador nacional Roberto Basualdo, y busca mejorar el acceso de las personas con discapacidad visual a la información a la hora de tomar un fármaco. Como novedad, la iniciativa busca que se entreguen prospectos extras en los mostradores, para ser distribuidos entre pacientes. Entidades que agrupan a personas ciegas dicen que es un primer paso, pero que falta mucho para garantizar los derechos de estos pacientes.
Existen varios proyectos para que los medicamentos tengan información en braille, destinadas para personas con disminución visual. Esta semana, una nueva iniciativa incluye un dato novedoso: que los laboratorios entreguen a las farmacias prospectos extra con ese lenguaje, para que puedan ser entregados en los mostradores a personas que tengan esta discapacidad. El proyecto del senador nacional por San Juan Roberto Basualdo busca hacer protagonista a los farmacéuticos, para que puedan dar más información para que el paciente tenga acceso a todos los datos de los fármacos.
El proyecto de ley de Basualdo se presentó esta semana y propone que los laboratorios ofrezcan una partida de medicamentos con el nombre de su marca registrada, el nombre genérico y la fecha de vencimiento en tipología braille. “Muchas personas no videntes viven solas y no cuentan con un pariente o amigo que pueda asistirlos en sus tareas y necesidades, es por eso que se requiere que el Estado se haga presente con políticas que los incluya y les permita su total integración a la sociedad”, subrayó el autor del proyecto.
Según señaló el senador, “la población de no videntes desde hace tiempo viene reclamando, entre otras medidas, la identificación en tipología braille de los medicamentos. Esto les posibilitaría elegir libremente, con la información adecuada y por sus propios medios, la medicación a tomar, conocer su posología y contraindicaciones”. Para eso, los laboratorios deberán proveer a cada farmacia un prospecto de cada medicamento con este tipo de escritura.
Basualdo explicó que “no es necesario que todos los envases de los medicamentos cuenten con el nombre de la marca, la fecha de vencimiento, los miligramos de droga y el laboratorio en escritura braille; lo que sí solicitamos es que el Ministerio de Salud determine la cantidad de unidades por partida de cada medicamento en función de la cantidad de personas no videntes registradas en todo el país”. Finalmente, manifestó: “como legisladores, debemos atender las necesidades de quienes nos eligieron para representar sus necesidades e inquietudes, sin discriminación, garantizando la equidad e igualdad para todos”.
Conocida la iniciativa, desde el Centro de Rehabilitación en Discapacidad Visual ASAC consideraron que el proyecto “es un avance”, aunque advirtieron que “no resuelve el problema en su totalidad”. "No todas las personas ciegas leen braille: de los 160 que acuden a nuestro centro, sólo unos 35 manejan ese código", explicó la titular de la entidad, Graciela Morel. La especialista señaló que el sistema "no es sencillo" y que "muchas de las personas que pierden la visión después de los 40 años no lo aprenden, por lo que son también útiles otro tipo de iniciativas". Entre ellas, mencionó la aplicación para teléfonos móviles con sistema Android que se está desarrollando en España con la colaboración de la asociación de farmacéuticos de ese país, que "lee los prospectos y los transforma en audio".
"Ninguna solución alcanza a todos, para acceder a esa aplicación hay que tener un smartphone con sistema Android. Además, hay particularidades a tener en cuenta: por ejemplo, a las personas con baja visión que suelen usar diferentes gotas y varias veces al día, les sirve que las cajas sean de distinto color o que tengan alguna distinción icónica, como ya hace la mayoría de los laboratorios oftalmológicos", agregó.
Otro de los puntos del proyecto que preocupa a Morel es la disposición para que los laboratorios tengan el prospecto de los medicamentos que venden en braille: "Lo que ocupa cuatro carillas impreso en tinta en braille ocupa el doble, las hojas son más grandes, las farmacias deberían tener una biblioteca y actualizarla cada vez que haya cambios en algún prospecto", advirtió.
Abierta la inscripción al Programa de Actualización en Derecho de la Salud AABA-UBA
Dirigido a profesionales provenientes de las ciencias jurídicas y médicas, economía, enfermería, estadística, trabajo social, salud mental entre otros, de los sectores público, privado y de la seguridad social
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Etiquetas: Noticias, Salud sexual, Tercera Edad, Vacunación
El derecho a la cirugía bariátrica
La Justicia del Chaco ordenó a una obra social la cobertura del total de los gastos de una cirugía de bypass gástrico en favor de una afiliada que padece obesidad mórbida. Los jueces consideraron el grave peligro y riesgo en su salud que le provoca esta enfermedad.
En los autos “A.C.R. c/ Instituto de Seguridad Social, Seguros y Prestamos s/ medida cautelar innovativa”, la Sala Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia del Chaco desestimó el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia que ordenó a una obra social la cobertura del total de gastos de una cirugía de bypass gástrico.
La mujer, quien parece obesidad mórbida, promovió una cautelar innovativa a fin de lograr la cobertura de la cirugía bariátrica. Así, señaló que ejerce esta medida pues tras haber efectuado el pedido administrativo y realizado todos los trámites y estudios pertinentes ante la obra social, pero sólo se le autorizó a cubrir la suma de $28.000 para la cirugía, descontándose el 30% cargo de la afiliada.
De este modo, argumentó que dicha disposición “contraviene la ley de obesidad que obliga a las obras sociales a cubrir el 100% de las sumas dinerarias que deriven de los tratamientos”, y concluyó que su “reclamo es urgente, pues su vida se encuentra en situación de riesgo”.
Luego de analizar el caso, el STJ explicó que la accionante se “sometió a los mecanismos pertinentes previstos por el Programa de Obesidad, efectuando múltiples tratamientos médico/nutricional exigidos logrando un descenso de peso, manteniendo controles mensuales con equipo interdisciplinario, para lo cual se brindó opinión favorable por los expertos al pedido de intervención quirúrgica de bypass gástrico”.
Puntualmente, los jueces destacaron que la demandada dispuso una ”cobertura insuficiente e inadecuada a los fines propios y específicos”, a pesar que la afiliada cumplió con los recaudos previstos a fin de poder acceder al tratamiento solicitado.
En este sentido, el tribunal consignó: “El derecho cuya tutela judicial se peticiona a través de esta medida cautelar posee raigambre constitucional, en tanto concierne a la salud psíquica y física de la accionante, que responde a un supuesto singular de hecho (relacionado con la obesidad y los efectos que dicha enfermedad produce en todos los órdenes de la vida diaria), que demanda una solución también propia, a fin de brindar el pleno goce del ejercicio del derecho involucrado”.
Por unanimidad, los jueces resaltaron la “importancia y trascendencia que reviste el derecho a la salud”, y concluyeron: “De nada sirve contar en la letra con derechos, si no es posible su ejercicio efectivo”.
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PAMI: estiman que se revisarán 300.000 casos de jubilados con subsidio social
Etiquetas: Noticias, Obras sociales, Tercera Edad
Renunció un funcionario clave de Jorge Lemus y se agrava la crisis en el área de Salud
Se trata de Néstor Pérez Baliño, que era secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria. Es el séptimo funcionario que deja el área en medio de las denuncias de subejecución y falta de insumos.
Tras una nueva reunión entre el titular de PAMI, Carlos Regazzoni, y representantes de las cuatro organizaciones que agrupan a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país, no hubo acuerdo y una vez más peligra la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados. "En estas condiciones en 2017 no se van a dispensar medicamentos a PAMI, no creemos que se pueda sostener más esta situación", dijo a ámbito.com María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa), a la vez que detalló que la deuda actual del Instituto con el sector es de $ 1.700 millones.
La prórroga del contrato entre el PAMI y el sector farmacéutico vence el 31 de enero y, hasta el momento, "no hay agendada ninguna reunión" para destrabar el conflicto. "Regazzoni plantea que tiene una situación económica con la cual no puede dar expectativas y que cualquier situación la tenemos que arreglar con la industria farmacéutica. Pero la cara con los jubilados la tenemos que poner nosotros", agregó Reinoso. "Siempre estamos abiertos al diálogo pero no llega una solución concreta", finalizó.
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Se reglamenta la ley de de promoción de la reducción del consumo de sodio
Decreto 16/2017 - Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.905
VISTO el Expediente N° 12002-28571/14-5 del registro del MINISTERIO DE SALUD y la Ley N° 26.905, y
Que la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (OMS, 2004), reconoció la alta carga que impone la creciente prevalencia de las Enfermedades No Trasmisibles (ENT) en muchos sistemas de salud e hizo hincapié en la elevada prevalencia de enfermedades cardiovasculares y de sus factores de riesgo, en particular, la hipertensión.
Que la Declaración Política sobre la Prevención y el Control de las ENT (ONU, 2011) estableció que es esencial aunar los esfuerzos con el objetivo de reducir los factores de riegos de las enfermedades referidas.
Que, en particular, las ENT tienen CUATRO (4) principales factores de riesgo: la alimentación inadecuada, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol.
Que, en lo concerniente a la alimentación inadecuada, resulta prioritario reducir el consumo de sodio, sea el incorporado en la elaboración de alimentos procesados como el adicionado al momento de la cocción y/o de forma previa a la ingesta de los mismos.
Que la ingesta de sodio se encuentra asociada con diversas ENT, como ser la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares y renales entre otras, las cuales constituyen la principal causa de morbimortalidad en el mundo.
Que el MINISTERIO DE SALUD por medio de la Resolución N° 1083/09 aprobó la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles” y el “Plan Nacional Argentina Saludable” con el objetivo de reducir los principales factores de riesgos de la ENT.
Que en ese sentido, en lo que refiere a la reducción del consumo de sodio, en el año 2009 se impulsó la incitativa “Menos Sal, Más Vida”, la cual propicia la reducción del consumo de sal por parte de la población argentina.
Que, en consecuencia, en el año 2011, se consolidó la iniciativa citada a través del acuerdo de reducciones de sodio en determinados grupos de alimentos procesados y envasados por medio de la suscripción de Convenios Marcos de Reducción Voluntaria y Progresiva del Contenido de Sodio de los Alimentos Procesados celebrados entre el MINISTERIO DE SALUD, el entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y las principales Cámaras e Industrias de Alimentos de nuestro país.
Que en el año 2013 se sancionó la Ley N° 26.905 que promueve la reducción del consumo de sodio de la población, en la cual se establecen diferentes líneas de acción con el fin de fortalecer las políticas públicas sanitarias.
Que, por la importancia que reviste el tema a tratar es necesario contar con un espacio de trabajo que brinde asesoramiento para la promoción de la reducción del consumo de sodio en la población, que debe integrarse con representantes de la DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES; del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA todos del MINISTERIO DE SALUD; del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA; del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA de dicha Jurisdicción; y del sector privado, Universidades y Centros de Investigación, organismos no gubernamentales y/o especialistas que el MINISTERIO DE SALUD considere necesario convocar.
Que de conformidad con las previsiones constitucionales y la normativa vigente en la materia, el control de los alimentos en la REPÚBLICA ARGENTINA se funda en la articulación entre los organismos sanitarios del nivel nacional, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, provincial y, por su intermedio, municipal.
Que la Ley N° 18.284 y sus modificatorios declara vigente en todo el territorio de la República, con la denominación de CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (CAA) las disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del Reglamento Alimentario aprobado por Decreto N° 141/53, con sus normas modificatorias y complementarias.
Que, asimismo, el Decreto N° 815/99 señala que el CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (CAA) es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos, y se incorporará al mismo toda la normativa vigente que haga a la elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.
Que dicho Decreto crea la Comisión Nacional del Alimentos encomendándole velar que los organismos integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos hagan cumplir el CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (CAA) en todo el territorio de la Nación Argentina.
Que mediante la Resolución N° 241/11 de la SECRETARIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD se creó el Programa Federal de Control de los Alimentos, cuyos objetivos son priorizar la prevención, reforzar las actividades de vigilancia, auditoria y las acciones regulatorias y mejorar la respuesta ante incidentes alimentarios.
Que en este sentido resulta oportuno y conveniente propiciar la armonización de las normativas alimentarias para el cumplimiento de la Ley.
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Un fallo de cámara ratifica la decisión en primera instancia, y ordena a la obra social nacional a entregar un fármaco para nebulizaciones, que deberá cubrir en su totalidad. Los jueces consideraron “verosímil y urgente” el pedido del afiliado, afectado por el trastorno respiratorio.
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Etiquetas: Farma, Jurisprudencia, Noticias, Obras sociales, Tercera Edad
Las actividades académicas más destacadas del Observatorio de Salud durante el 2016
7-Abr-2016 (CABA): se llevó a cabo el “Encuentro Argentino del Día Mundial de la Salud” donde siguiendo el lema propuesto por la OMS para el 2016, “Vence a la diabetes” el tema central del evento fue “Afrontar la diabetes desde la ciudadanía saludable” | Ver gacetilla
28-Abr-2016 (Mar del Plata): XXXI Congreso Argentino de Psiquiatría. Foro del Observatorio de APSA: "Conversaciones: "La práctica clínica psiquiátrica desde la mirada del Derecho de la Salud" | Más información
3-Jun-2016 (Facultad de Derecho): tuvo lugar el “Encuentro entre el Observatorio de Salud y el Observatorio de Psiquiatría y Salud Mental (APSA)”, con el objetivo de continuar con el espacio de diálogo abierto para contextualizar la práctica psiquiátrica desde la mirada del Derecho de la Salud | Ver gacetilla
21-Jun-2016 (Facultad de Derecho): se llevó a cabo la jornada sobre "Cuidados paliativos en cirugía" de la que participaron destacados profesionales de las ciencias jurídicas y médicas quienes compartieron experiencias e inquietudes en el abordaje de esta disciplina | Ver gacetilla
23-Ago-2016 (Facultad de Derecho): el Observatorio organizó su segunda "Reunión Abierta" que dio paso luego a la “Jornada sobre buena praxis médica y nuevos perfiles de la responsabilidad profesional” | Ver gacetilla
12-Sep-2016 (Facultad de Derecho): tuvo lugar una jornada sobre "Los seguros de salud y el sistema de salud en Argentina" con la destacada disertación del Dr. Aldo Neri | Ver gacetilla
20-Sep-2016 (Facultad de Derecho): se realizó la "Jornada sobre Violencia Obstétrica. Un abuso invisible" que contó con la exposición de reconocidos profesionales, tanto del ámbito médico como legal | Ver gacetilla
11-Oct-2016 (Facultad de Derecho): se llevó a cabo la jornada denominada "Derribando mitos y tendiendo puentes en Cuidados Paliativos. Vivir y morir con dolor: por qué suceder así" organizada por el Observatorio en conjunto con la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos | Ver gacetilla
10 y 11-Nov-2016 (Mar del Plata): tuvieron lugar las tan esperadas "II Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud" que se realizaron en esta ocasión en homenaje al Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani y a nuestra directora académica, la Dra. Marisa Aizenberg | Más información | Nota
19-Dic-2016 (Facultad de Derecho): tuvo lugar la "Última Reunión Abierta del Observatorio del año" con el objetivo de analizar qué nos dejó el 2016 y qué nos depara el 2017 en Derecho y Salud. Agradecemos a todos lo que participaron, incluyendo a aquellos que nos acompañan siempre como también a quienes han concurrido desde el interior del país ¡GRACIAS A TOD@S!
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Obra social deberá brindar cobertura de análisis genéticos a favor de menor afiliada con síndromes epilépticos
Partes: Z. D. c/ Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina s/ amparo contra actos de particulares
La obra social demandada debe cubrir los análisis genéticos a una menor que padece síndromes epilépticos generalizados, ya que se encuentra en juego el derecho a la salud e integridad física.
1-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar y ordeno a una Obra Social que otorgue la cobertura en un 100% de los análisis genéticos molecular que le fueran prescriptos a la menor que padece entre otras patologías de síndromes epilépticos generalizados, ya que la necesidad realizar el estudio prescrito es a los fines de determinar el tratamiento a seguir y hace que el derecho invocado luzca verosímil, en tanto está en juego la vida y la salud de la persona.
Visto, en Acuerdo de la Sala "B" el expediente n° FRO 27749/2016/1 caratulado Incidente de apelación en autos: "ZACCARI, Diego c/ Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina s/ Amparo contra actos de particulares", (del Juzgado Federal n° 2 de Rosario), del que resulta:
Vienen los autos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 36) contra la resolución de fecha 12/08/16, mediante la cual se hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina -ANDAR- que otorgue la cobertura en un 100% de los análisis genéticos molecular que le fueran prescriptos a la menor A.M.Z. por su médico tratante (fs. 31/35).
Concedido el recurso de apelación con efecto devolutivo (fs. 37) y fundado por el apelante (fs. 38/41) se ordenó traslado a la contraria (fs. 42).
Elevadas las actuaciones a la Alzada (fs. 48/50) y recibidas en esta Sala "B", se llamó autos al Acuerdo (fs. 51).
1°) Sostiene la apelante que le agravia la sentencia dado que se encuentra desajustada con la normativa tuitiva que gobierna el acceso a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad, como ser la ley 24.901, su decreto reglamentario 1193/98 y la resolución nro.428/199 del Ministerio de Salud de la Nación.
Sostiene que la resolución atacada invoca el concierto normativo de factura nacional y del derecho convencional internacional, de cuya vigencia nadie duda, pero en el llano -dice-, la realidad es que las prestaciones que corresponde dispensar se encuentran contenidas en una normativa que no malogra la intensidad tuitiva de las normas de estirpe constitucional mentadas por el magistrado de grado.
Invoca que a su juicio no se encuentra satisfecha la verosimilitud del derecho de cara a la admisibilidad de la medida cautelar dictada, en tanto surge de las constancias de autos que la relación jurídica substancial que vincula a las partes se nutre de la ley 23.660 de obras sociales.
Refiere que en dicho contexto normativo su representada satisface las obligaciones inherentes a su condición de agente de seguro de salud a favor de las personas con discapacidad.
Agrega por ello que la prestación que por imperio de la cautelar se ordena, no se encuentra comprendida dentro del Programa Médico Obligatorio, diseño normativo que comprende un abanico de prestaciones integrales a favor de la universalidad de la población afiliada.
Entiende que la verosimilitud del derecho no se satisface por la justificación del tratamiento por parte del médico interviniente, ni siquiera por haberse reconocido la condición de afiliado de la actora con la demandada.
Considera que el fallo tropieza y malogra sus efectos al encontrarse privado de legalidad, en tanto la tarea del juez es la de conocer el derecho, no debiendo solo sopesar el interés jurídico merecedor de tutela del peticionante en base a las escuetas exposiciones de los médicos de las que no se ha permitido control a su parte.
Advierte una extrema liviandad en el tratamiento de la medida cautelar, ya que no solo impone una prestación que carece de reglamentación en cuanto a su contenido, sino de definición conceptual por parte de los profesionales que la prescriben.
Concluye en tal sentido que no hay tratamiento del derecho invocado, sino sólo mención de la existencia de la patología y la opinión de los médicos.
Por último, en relación al peligro en la demora, cuestiona que el fallo solo se aboque a la existencia de la urgencia predicada por los profesionales en forma conteste, como único baluarte para conjurar cualquier crítica a sus argumentos.
2°) Cabe precisar que se examinarán los agravios de la recurrente con una limitada aproximación a la cuestión de fondo y de acuerdo con las circunstancias invocadas y las constancias obrantes en la causa en este estado liminar del juicio.
El Art. 230 del C.Pr.Civ.C.N. contiene los requisitos que deben reunirse para el dictado de la medida cautelar.
El primero está configurado por la verosimilitud del derecho o humo de buen derecho o ‘fumus bonis iuris’; éste se refiere a la posibilidad de que ese derecho exista, no una incontestable realidad, que sólo se logrará determinar al agotarse el trámite, lo cual propugna una amplitud de criterio a su respecto, sobre todo en materia de salud.
En este sentido, ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "...como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, desde que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad." (Fallos 306:2060).
Otro de los presupuestos indispensables es la existencia de peligro en la demora. Esto significa que debe existir un temor grave y fundado en el sentido de que el derecho que se va a reclamar se pierda, se deteriore o sufra un menoscabo durante la sustanciación del proceso (conf. Falcón, Enrique M.
"Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. II, pág. 235, edit.Abeledo Perrot, 1983).
Y finalmente, que la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.
3°) Definidos conceptualmente los recaudos exigidos, corresponde establecer si en el caso en estudio ellos se encuentran configurados, atendiendo a la crítica expuesta por la demandada.
Ponderando las circunstancias reseñadas en el escrito de inicio y los elementos de juicio aportados (fs. 2/6), se estima que -dentro del estrecho marco cognoscitivo de la medida precautoria requerida-, el derecho invocado en el presente proceso cautelar luce, en principio, verosímil.
Así, surge del certificado médico acompañado que la menor A.M.Z padece entre otras patologías de síndromes epilépticos generalizados, surgiendo la necesidad de realizar análisis genéticos molecular que le fueran prescriptos por su médico tratante (fs. 5 y vta.).
En efecto, citado el especialista en neurología infantil Dr. Santiago Galicchio a prestar declaración testimonial expresó: "La niña padece una epilepsia de difícil control, con escasa respuesta a tratamientos farmacológicos utilizados y un deterioro neurológico en cuanto a los aspectos madurativos evidente. La necesidad del estudio genético versa en el diagnóstico específico de un síndrome epiléptico, llamado síndrome de dravet, cuyo diagnóstico determina un tratamiento específico -droga stinipentol- que daría lugar un trámite de importación de medicamento de uso compasivo que necesita el diagnóstico exacto de la enfermedad, siendo ello esencial a los fines del pronóstico de calidad de vida de la paciente, como así también el consejo genético a los progenitores por futuras recurrencias" (fs.23).
Por ello, acreditado el padecimiento de la menor, la necesidad de la realización del estudio prescrito a los fines de determinar el tratamiento a seguir, hacen que el derecho invocado luzca verosímil, teniéndose presente que cuando está en juego la vida y la salud de la persona, no hay justificación suficiente para dilaciones, y ese es el alcance que da a la responsabilidad de la Obra Social el sistema normativo que rige la materia, por lo que resultaría inadmisible desobligarse de la prestación indicada por el médico tratante.
Este Tribunal ha dicho que: "...En el ejercicio de las prestaciones médico-asistenciales las Obras Sociales integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud en calidad de agentes naturales del mismo y están sujetas a las disposiciones y normativas que lo regulen (art. 3º, ley 23.660), debiendo adecuarse a las directivas básicas de dicho seguro, que tienen "como objetivo fundamental proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva." (art. 2º, párrafo 1º, ley 23.661); (Confr. Vázquez Vialard, A., "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Ed. Astrea, Bs.As., 1992, tomo 2, págs. 599/600)..." (citado en Acuerdo nº 421/97, en autos "Freddi, O. c/ I.S.S.A.R.A").
Y además, el sistema de Obras Sociales, como parte de la Seguridad Social, comparte los fines de la misma, por lo que su implementación no debe concebirse en forma restrictiva sino procurando brindar prestaciones integrales (conf. art. 14 bis C.N.; art. 2 ley 23.661) (arg.Acuerdos n° 421/97, 242/00, 977/04, 2298/06 y 4/10 de esta Cámara).
4º) Expresa la recurrente que le agravia la sentencia dado que se encuentra desajustada con la normativa tuitiva que gobierna el acceso a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad, como ser la ley 24.901.
Muy por el contrario a lo señalado, y en mérito a la condición de discapacitada de A.M.Z (ver fs. 3), corresponde examinar los alcances de las leyes 22.431 -que instituye el sistema de protección integral de las personas discapacitadas-, y 24.901, que establece un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de aquéllas.
La ley 22.431 instauró un sistema de protección integral de las personas discapacitadas tendientes a abarcar todos los aspectos relativos a su situación dentro de la sociedad (atención médica, educación y seguridad social), tratando de establecer un régimen particular en relación con los derechos de los discapacitados, así como respecto de las obligaciones que se imponen a los órganos del Estado.
A su vez, la ley 24.901 -norma, entre otras, en la cual el accionante fundó su pretensión (fs. 9 vta.)-, instituye un sistema de prestaciones básicas de at ención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).
La norma establece además, prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art.39, inc. b).
La amplitud de las prestaciones allí previstas resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33).
Por su parte el art. 2 regula el ámbito de aplicación al disponer que las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.
Del plexo normativo que componen las leyes precedentemente citadas se desprende que la obra social demandada forma parte de un sistema que les impone el otorgamiento de prestaciones entre las que se encontraría la requerida por la parte actora.
5º) Invoca además la demandada que la prestación ordenada por imperio de la cautelar, no se encuentra comprendida dentro del Programa Médico Obligatorio (P.M.O).
Se estima que corresponde rechazar el agravio en tanto como reiteradamente lo ha resuelto este tribunal, el P.M.O fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar; no constituye una limitación para los agentes del seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales, y contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (conf. Acuerdo 514/11Int., 161/12 Def.y Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2015 en expediente nº FRO 28501/2014/1, entre otros).
6°) En cuanto al peligro en la demora se traduce en un estado de incertidumbre relacionado con los derechos de A.M.Z a obtener el tratamiento que mejor resguarde su salud y calidad de vida; en tanto su médico tratante ha señalado que "se necesita el diagnóstico exacto de la enfermedad, siendo ello esencial a los fines de calidad de vida de la paciente..." (fs. 23).
En definitiva, la medida cautelar recurrida -conforme lo resuelto por el a quo- ha reunido los requisitos exigidos por la norma de rito, no compartiendo por ello lo expresado por la recurrente en sus agravios en cuanto a que el fallo se encuentra desajustado con la normativa tuitiva que gobierna el acceso a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.
7°) En el caso se encuentra en juego la salud e integridad física de las personas (conf. CSJN, Fallos: 302:1284), reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. D, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional), tratándose además de resguardar la calidad de vida de una menor de edad.
Lo decidido -como se acaba de expresar- compromete el interés superior de un menor, cuya tutela encarece, elevándolo al rango de principio, la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional con arreglo al art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional (doctrina de Fallos:318:1269; 322:2701; 323:854; 325:292). Como lo señalaron los jueces Fayt y Moliné O’Connor en Fallos 318:1269 -a quienes se sumó el juez López en Fallos 318:1676- los menores, máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud y normal desarrollo, a más de la especial atención que necesitan de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda; siendo que la consideración primordial del interés del niño que la Convención citada impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos, viene a orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento en estos casos.
En este marco, teniendo presente la doctrina antes reseñada, la jerarquía de los valores que se hallan en juego -la preservación de la salud de una niña, comprendida dentro del derecho a la vida-, se estima que no resulta razonable dejar sin efecto la disposición precautoria dictada en su resguardo.
La Dra. Vidal adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto precedente.
Confirmar la resolución apelada del 12/08/16, obrante a fs. 31/35, difiriendo la cuestión relativa a las costas al momento de dictar la sentencia de fondo. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (Expte. n° FRO 27749/2016/1). Fdo.: Elida Vidal- José G. Toledo- (Jueces de Cámra)- Valeria Malgioglio -(Secretaria de Cámara).-
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