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Timestamp: 2018-08-14 10:26:29+00:00

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Amparo en revisióN 713/2015 quejosas: recurrentes: congreso del estado de jalisco y oficial del registro civil número uno del municipio de guadalajara, jalisco ministrO ponente: jorge mario pardo rebolledo
AMPARO EN REVISIÓN 713/2015
QUEJOSAS: **********
RECURRENTES: CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO UNO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
Estudio de fondo. Los agravios formulados por las recurrentes son infundados e inoperantes.
Atendiendo al contenido de los agravios, se estima que en primer lugar es conveniente dar respuesta a los formulados por el Congreso del Estado de Jalisco y después a los planteados por el Oficial del Registro Civil Número Uno del Municipio de Guadalajara Jalisco.
Respuesta a los agravios formulados por el Congreso del Estado de Jalisco.
Como se desprende de la síntesis realizada en el apartado III, del considerando que antecede, la inconformidad planteada por la autoridad recurrente, se centra en alegar que las normas reclamadas no contravienen el principio de igualdad y no discriminación; así como que la sentencia recurrida es incongruente y viola lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, pues a pesar de que no se está en un caso en el que opere la suplencia de la queja, la Juez de Distrito no atendió la Litis planteada, ya que resuelve que a las quejosas se les priva de diversos beneficios materiales derivados de distintas leyes; sin embargo, dice, esas leyes no fueron señaladas como acto reclamado en la demanda de garantías; por tanto, al pronunciarse sobre los supuestos beneficios de que son privadas las quejosas, introduce argumentos que no fueron aducidos por ellas.
Asimismo, indica que las entidades federativas tienen facultad para legislar todo lo que no esté expresamente reservado al Congreso de la Unión, por tanto, es incorrecto que se subordine a la autoridad legislativa estatal al determinar los beneficios que debe reconocer el matrimonio y sobre esa base se establezca que el precepto reclamado es discriminatorio, pues dicha autoridad no puede estar subordinada a disposiciones de carácter federal o de otras entidades federativas, pues no se debe ponderar la constitucionalidad del precepto reclamado con base en disposiciones de igual jerarquía, con diferente ámbito de aplicación, ya que se trata de normas a las que no está subordinado el Congreso de Jalisco, de ahí que no debieron tomarse como parámetro para calificar la constitucionalidad de los artículos combatidos.
Lo anterior es infundado en un aspecto y, en otro inoperante.
Se estima que es infundado, porque si se lee con detenimiento la sentencia recurrida, es fácil advertir que lo argumentado por la autoridad recurrente parte de una base errónea, pues si bien es verdad, que la a quo señaló algunos de los beneficios materiales de los cuales se priva a las quejosas al negarles la posibilidad de acceder al matrimonio, esa referencia, sólo fue con el propósito de reforzar la determinación de inconstitucionalidad a la que previamente arribó el Juez de Distrito; sin embargo, la declaratoria de inconstitucionalidad se sustentó en el hecho de que los preceptos combatidos transgreden el principio de igualdad y no discriminación, que se deriva de lo dispuesto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, si bien es cierto que el juzgador citó algunas leyes federales a fin de demostrar que el matrimonio, en tanto institución civil a la cual se someten dos personas unidas por vínculos de amor y confianza, tiene ciertos beneficios materiales que no es dable negar a las personas por su orientación sexual, dichos argumentos sólo sirvieron de refuerzo a la determinación del Juez de Distrito respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 258, 260, 267 Bis del Código Civil para el Estado de Jalisco, y 82 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco.
Además, dichas consideraciones fueron realizadas a partir de los precedentes de esta Primera Sala, en los cuales se ha explicado detenidamente que la exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación, ya que no sólo se priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales.
Por lo demás, como expuso esta Primera Sala en el amparo en revisión **********, “el derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución”,1 toda vez que “acceder al matrimonio comporta en realidad ‘un derecho a otros derechos’ [que] aumentan considerablemente la calidad de vida de las personas.”2 En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio, entre los que destacan los beneficios fiscales, de solidaridad, por causa de muerte de uno de los cónyuges, de propiedad; en la toma subrogada de decisiones médicas, migratorios para los cónyuges extranjeros, etc.3 Algunos de estos beneficios se encuentran previstos en leyes federales como las que citó el Juez de Distrito en la sentencia que ahora se recurre.
En este sentido, en el amparo en revisión **********, esta Primera Sala también se destacó que “negarle a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a los homosexuales como si fueran ‘ciudadanos de segunda clase’”, puesto que “no existe ninguna justificación racional para no darle a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, otorgarles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja”.4
En ese orden de ideas, las consideraciones a que alude la recurrente, sólo sirvieron de refuerzo a la determinación de inconstitucionalidad del numeral impugnado, sin que pueda decirse, como desafortunadamente lo hace valer la autoridad recurrente, que se han utilizado leyes federales como parámetro de validez de los artículos combatidos.
Por otro lado, lo manifestado por la autoridad recurrente es inoperante, porque como se verá con más detenimiento en el siguiente apartado, esta Primera Sala ya señaló que no existe ninguna razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo; y que por tanto es contrario a la Carta Magna, limitar su celebración a un hombre y una mujer excluyendo del mismo a las parejas del mismo sexo, pues la libertad de configuración legislativa, se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de los derechos humanos.
Respuesta a los agravios elaborados por el Oficial del Registro Civil Número Uno del Municipio de Guadalajara Jalisco.
Los agravios formulados por dicha autoridad se estiman en unos aspectos inoperantes, y en otro, infundados.
Como se advierte de la síntesis realizada en el apartado III, del considerando que antecede, parte de la inconformidad planteada por la autoridad recurrente, se centra en el hecho de que a su decir, es incorrecto que el Juez de Distrito haya declarado la inconstitucionalidad de las normas combatidas, apoyándose en las consideraciones emitidas por esta Primera Sala al analizar la legislación del Estado de Oaxaca, en lo referente al tema relativo a la exclusión implícita contenida en dicha legislación, para la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo; además, expone una serie de argumentos por los cuales considera que las normas combatidas no vulneran la garantía de igualdad, ni dan un trato discriminatorio, al no dar la posibilidad de que el matrimonio se celebre entre personas del mismo sexo.
Lo anterior es inoperante, porque con independencia de que la autoridad recurrente, no demuestra el por qué el análisis que se hizo con relación al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo en la legislación de Estado de Oaxaca, no puede ser aplicable al caso, sobre el tema relativo a si es o no inconstitucional limitar la celebración del matrimonio a un hombre y una mujer, excluyendo de su celebración a las parejas del mismo sexo, ya existe jurisprudencia que resuelve el debate, pues al respecto esta Primera Sala ya señaló que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que la ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a un hombre y una mujer, excluyendo de él a las parejas del mismo sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es la procreación, resulta inconstitucional.
En efecto, el tres de junio de dos mil quince, esta Primera Sala aprobó las jurisprudencias siguientes:
“TESIS JURISPRUDENCIAL 43/2015 (10a.)
Amparo en revisión **********. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.
Amparo en revisión **********. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.
Amparo en revisión **********. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
Amparo en revisión **********. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.
Amparo en revisión **********. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.”
“TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015 (10a.)
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.
Atendiendo a lo anterior, si en las jurisprudencias antes mencionadas se resuelve el tema que aquí se debate, por economía procesal, se hace innecesario dar una respuesta puntual a los agravios referidos, de ahí que los mismos resulten inoperantes.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 14/97, la cual lleva por rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.”5
Por otro lado, la autoridad recurrente señala insistentemente, que se vulnera la soberanía del Estado de Jalisco, pues conforme al sistema federal, las entidades federativas son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior; por tanto, el que existan legislaciones que a raíz de controversias legales se hayan tenido que modificar para atender los lineamientos emitidos por el Máximo Tribunal, no significa que las demás deban hacerlo, pues el artículo 121, fracción IV de la Constitución, señala que los actos del estado civil que se encuentren ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en otros; además argumenta que el hecho de decidir la inconstitucionalidad de las normas reclamadas fundamentándose en reglas o practicas constitucionales de otros países o estados vulnera la soberanía que tiene el Estado de Jalisco para legislar en materia civil conforme al ámbito competencial previsto en el artículo 124 constitucional.
Lo argumentado con relación al tema, da origen a la interrogante siguiente:
¿La libertad de configuración, autoriza al legislador estatal a emitir normas como las que aquí se combaten?
No obstante, dicha interrogante ya ha encontrado una respuesta por parte de esta Primera Sala, pues al respecto, ha señalado que si bien es cierto que conforme al sistema federal, los Estados tienen libertad de configuración para regular el estado civil de las personas, esa libertad se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de los derechos humanos.
Asimismo, ha indicado que si de lo dispuesto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal, se desprenden los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación, los cuales aplican de manera transversal, es evidente que cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el ejercicio de un derecho que, además, se encuentre basada en alguna de las categorías prohibidas por el artículo 1° constitucional, constituye una violación a dicho principio.
Por tanto, si las normas combatidas, limitan la celebración del matrimonio a un hombre y una mujer; y por ende, excluyen de él a las parejas del mismo sexo, es evidente que conllevan una discriminación basada en la preferencia sexual de las personas, la cual es una categoría prohibida por el artículo 1° constitucional.
Atendiendo a lo anterior, al igual que en el agravio anterior, se hace innecesario dar una respuesta detallada a los argumentos que se relacionan con el agravio que nos ocupa, ya que al respecto, existe jurisprudencia que define el tema.
En efecto, el tres de junio del presente año, esta Primera Sala aprobó la jurisprudencia siguiente:
“TESIS JURISPRUDENCIAL 45/2015 (10a.)
Amparo en revisión **********25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.
Finalmente, la autoridad recurrente se queja de la concesión del amparo, pues al respecto señala que al emitir la decisión de interpretar el artículo 258 del Código Civil para el Estado de Jalisco, debió tomar en cuenta el principio de mayor beneficio a las personas, y a fin de no generar mayor incertidumbre, debió hacer una declaratoria de inconstitucionalidad, ya que las autoridades ejecutoras como ella, no son competentes para interpretar el precepto impugnado, por lo que, en todo caso, debió declarar la inconstitucionalidad del precepto referido, a fin de no dejar en estado de incertidumbre el actuar de las autoridades encargadas de dar certeza jurídica a los actos del matrimonio por personas de mismo sexo.
Lo anterior es inoperante, en razón de lo siguiente:
Es un hecho notorio que a la autoridad recurrente, le ha sido asignado el carácter de autoridad responsable en diversos juicios de amparo, en donde la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 258, 260 y 267 Bis del Código Civil para el Estado de Jalisco, así como del numeral 82 de la Ley del Registro Civil de esa Entidad, amparos en los que al haberse otorgado la protección de la Justicia Federal, la citada autoridad, se vio en la necesidad de impugnar la sentencia correspondiente.
Esas impugnaciones dieron origen a diversos recursos que se radicaron en esta Primera Sala al resumir su competencia originaria, entre ellos se encuentran los identificados con los números ********** y **********.
Cabe destacar que en las sentencias impugnadas en esos recursos, el a quo no declaró la inconstitucionalidad de las normas combatidas, basándose para ello en lo que esta Primera Sala resolvió en el amparo en revisión **********, en tanto que en él señaló que las normas combatidas admitían una interpretación conforme.
No obstante, al resolver los recursos en cuestión, esta Primera Sala consideró que los términos en que se había concedido el amparo era incorrecta, porque si bien el criterio asumido en el amparo en revisión ********** fue reiterado por esta Primera Sala al resolver los amparos en revisión ********** y **********, lo cierto era que al ir avanzando en el estudio sobre el tema, esta Primera Sala consideró que la interpretación conforme no era suficiente para erradicar la discriminación que se puede derivar de los preceptos que limitan o relacionan la celebración del matrimonio entre un hombre y una mujer, excluyendo del mismo a las parejas del mismo sexo.
Atendiendo a lo anterior, en los amparos en revisión ********** y **********, se determinó que tenía razón la autoridad recurrente cuando afirmaba que no era posible realizar una interpretación conforme de las normas combatidas, por lo que a fin de no generar incertidumbre en el cumplimiento que se debe dar a la ejecutoria de amparo, esta Primera Sala estimó necesario modificar la sentencia recurrida únicamente en lo relativo al método de regularidad constitucional aplicado a los artículos impugnados, para que en lugar de hacer un interpretación conforme de los mismos, se declarara la inconstitucionalidad de ellos, en las porciones normativas que limitan la celebración del matrimonio entre “un hombre y una mujer” por vulnerar el derecho a la igualdad y no discriminación.
Ahora bien, en el recurso que nos ocupa, la autoridad recurrente al igual que en los recursos ********** y **********, señala que en lugar de ordenar una interpretación conforme de los preceptos combatidos, el Juez de Distrito debió declarar la inconstitucionalidad de los mismos; no obstante, a diferencia de las sentencias recurridas en esos recursos, en la que aquí se combate, el Juez de Distrito no hizo una interpretación conforme de los preceptos combatidos, sino que declaró la inconstitucionalidad de los mismos; por tanto, es evidente que el agravio que se analiza en el caso que nos ocupa es inoperante, en tanto que parte de un supuesto equivocado.
Atendiendo a lo anterior, dado que los agravios formulados por las autoridades responsables resultaron infundados e inoperantes, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.
1 Sunstein, Cass, “The Right to Marry”, Cardozo Law Review, vol. 26, núm. 5, 2005, pp. 2083-2084.
2 Sobre este punto, véase Baker v. State of Vermont, 744 A.2d 864 (Vt. 1999), sentencia de la Corte Suprema de Vertmont.
3 Con algunas variantes, la clasificación es de Sunstein, op. cit., pp. 2090-2091.
4 Sobre este punto, véase Lewis v. Harris, 188 N.J. 415; 908 A. 2d 196 (N.J. 2006), sentencia de la Corte Suprema de Nueva Jersey.
5 Época: Novena Época
Registro: 198920
Tomo V, Abril de 1997
Tesis: 1a./J. 14/97
AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.
Amparo en revisión **********. **********. 12 de junio de 1996. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León.
Amparo en revisión **********. **********. 8 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: María Edith Ramírez de Vidal.
Amparo en revisión **********. **********. 26 de febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.
Amparo en revisión **********. **********. 2 de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.
Amparo en revisión **********. **********. 2 de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Norma Lucia Piña Hernández.
Tesis de jurisprudencia 14/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.”

References: artículo 74
 artículo 121
 artículo 124
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 258