Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56612
Timestamp: 2017-11-18 08:08:10+00:00

Document:
Sentencia C-695 de 2013 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 09/10/2013
SENTENCIA C-695 DE 2013
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “o que no cumplirá la sentencia”, contenida en el numeral 3° del artículo 308 de la Ley 906 de 2004 (“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”).
3.1. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos mínimos que razonablemente1 deben contener las demandas de constitucionalidad para su admisión y para que la Corte pueda emitir así un fallo de fondo. Según lo allí indicado, es imperativo señalar con claridad las normas que son censuradas como inconstitucionales, al igual que la preceptiva superior que se tilda de infringida y explicar las razones por las cuales se estima que presuntamente las primeras violan o desconocen la segunda.
Otra parte fundamental de los indicados requisitos es la formulación de cargos de inconstitucionalidad contra las normas demandadas, esto es, la sustentación de los distintos argumentos por los cuales el ciudadano demandante advierte que aquéllas contrarían uno o más preceptos superiores. Al respecto, en atención a lo cuestionado por uno de los intervinientes2 y el Ministerio Público, recuérdese que la jurisprudencia tiene establecido que las razones presentadas para sustentar la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes3.
La adecuada presentación del concepto de violación permite a esta corporación desarrollar su función de defensa de la carta política en debida forma, en tanto delimita el campo en el cual se hará el respectivo análisis de constitucionalidad, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos de los demandantes, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente a la Corte para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio4.
Reitérese, en cuanto al concepto de la violación, que la jurisprudencia ha sido constante5 en consignar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ciertos, en cuanto la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera un precepto o preceptos de la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes, ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, más no en su aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Esta carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta indispensable para adelantar el juicio de constitucionalidad, no obstante la naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inexequibilidad; de no atenderse dicho presupuesto podría generarse un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente a la Corte, para poder proferir un pronunciamiento de fondo6.
Sobre este tema, ha expuesto la Corte que7 “la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.
Al respecto, en el fallo C-978 de diciembre 1° de 20108, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó (no está en negrilla en el texto original): “No obstante, también ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte9. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado10; en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.’11”
4.2. Esta corporación ha tenido la oportunidad de analizar profusamente los presupuestos para que el legislador pueda establecer restricciones a derechos fundamentales, principalmente la libertad, como en el asunto ahora objeto de análisis, dentro de la actuación penal. Por ello, resulta procedente referir in extenso, entre otros fallos, el consignado en la sentencia C-1198 de diciembre 4 de 200812, con ponencia de quien ahora cumple similar función13.
En el referido fallo C-1198 de 2008 se explicó que el artículo 28 superior14 consagra el derecho de toda persona a la libertad15, cuya excepción a ser reducida a prisión, arresto o detención, se puede presentar sólo en ejercicio de la reserva judicial16 que allí se ha establecido, para lo cual se requiere de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley; por lo que no se trata entonces de una potestad absoluta17.
Acorde con la doctrina, la jurisprudencia de la Corte ha puntualizado que esa reserva judicial para la referida limitación, guarda relación con el “principio de legalidad de la privación preventiva de la libertad”, el cual deviene del “principio de legalidad de la sanción penal”18, de modo que las exigencias para la aplicación de este último se hacen extensivas a aquéllas, aunque no se trate de una definición por haber transgredido la normatividad penal, sino de una prevención. Mientras se determina la responsabilidad, sin que ello constituya la imposición de una sanción penal, habida cuenta que su naturaleza es cautelar y con carácter meramente instrumental o procesal, mas no punitivo .
Así, se reconoce que la detención preventiva de una persona tiene un carácter excepcional19,como quiera que el numeral 3° del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 consagra que la “prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general”, de modo que como se reiteró en la sentencia C-774 de 2001, ya referida, se hace necesario que el legislador colombiano señale los motivos que lleven a esa clase de restricción, dentro del ordenamiento jurídico interno.
5.1. El artículo 250 de la Constitución (modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 3º de 2010) que consagra las funciones de la Fiscalía General de la Nación, dentro del numeral 1° especifica que al ente investigador20 le corresponde solicitar al juez de control de garantías la adopción de las medidas necesarias (privativas de la libertad o de otros derechos y libertades) que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso, la conservación de los elementos materiales y la evidencia física, al igual que la protección de la comunidad y especialmente de las víctimas.
El artículo 307 de la Ley 906 de 2004 preceptúa cuáles son las medidas de aseguramiento, distinguiendo entre las privativas de la libertad y las que restringen otros derechos y libertades21, siendo posible que el juez imponga una o varias de esas medidas, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para verificar su cumplimiento.
Los presupuestos referidos con antelación tienen su desarrollo en los artículos siguientes de la norma procesal penal, para el caso que atrae el interés de la Corte, los correspondientes al peligro para la comunidad (art. 310)22, para la víctima (art. 311) y la no comparecencia del imputado (art. 312)23.
5.4. Para establecer si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, el artículo 310 de la Ley 906 de 200424, inicialmente fue modificado por el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, estableciendo que era “suficiente” la gravedad y la modalidad de la conducta, dejando al arbitrio judicial, según el caso, poder valorar adicionalmente las 4 circunstancias que originalmente contenía la norma.
La expresión en corchetes [“El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento”] del numeral 3º del artículo citado, fue declarada inexequible en el referido fallo C-121 de 2012, ratificando que de “forma consistente, y como una afirmación de la libertad y de la presunción de inocencia que ampara a la persona sometida a proceso penal, la jurisprudencia de esta Corte25 ha destacado la importancia de que la decisión acerca de la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva tome en cuenta la necesidad e idoneidad que ésta ofrezca para asegurar los fines constitucionales del proceso, y que esté mediada por criterios de razonabilidad. Esta valoración debe efectuarse en concreto, en relación con las características específicas del proceso en el cual se examina la posibilidad de adoptar una medida de aseguramiento, y no tomando en cuenta circunstancias que ya fueron objeto de valoración a la luz de los fines específicos de otro proceso”.
5.6. Al modificarse el artículo 312 de la Ley 906 de 2004 por el 25 de la Ley 1142 de 2007, se remplazó la expresión “además”26, por “en especial”27, estableciendo que al momento de determinarse la eventual no comparecencia del imputado al proceso, se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta y la pena a imponer, además de los factores originalmente contemplados: (i) falta de arraigo, (ii) gravedad del daño causado y la actitud asumida por el agente frente al mismo, y (iii) el comportamiento del imputado durante la actuación o en otra anterior, de modo que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad de sujetarse a la investigación, la persecución penal y el cumplimiento de la pena.
En dicho fallo se explicó que en el proyecto presentado por el Gobierno y la Fiscalía, que se convertiría en la Ley 1142 de 2007, se consignó que la detención preventiva, acorde con los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debe ser excepcional, necesaria y racional, “no sólo sujeta a una base probatoria mínima que indique la autoría o participación del imputado, sino igualmente a la consecución de los fines del proceso, conforme con el artículo 308 de la Ley 906 de 2004”28.
6.1. Para el demandante y algunos de los intervinientes29, establecer como presupuesto para la imposición de una medida de aseguramiento, que el imputado o acusado no “cumplirá la sentencia” (art. 308 L. 906 de 2004), desdibuja los fines constitucionales establecidos en el numeral 1º del artículo 250 de la carta política, y con ello los derechos fundamentales a la libertad (art. 28) y a la presunción de inocencia (art. 29).
En contraposición con lo anterior, superada la discusión sobre la idoneidad de la demanda, los demás intervinientes30 dentro de la presente acción constitucional solicitan declarar la exequibilidad de esa disposición, argumentando que se está cumpliendo un fin constitucional -asegurar la comparecencia del imputado al proceso-; luego, la libertad no es derecho absoluto e ilimitado, pues dentro de la libertad del configuración del legislador puede ser restringido preventivamente, por excepción y bajo los rigurosos principios constitucionales de necesidad, y razonabilidad.
De otro lado, dos de los intervinientes plantean una exequibilidad condicionada, en el certero entendido de que la medida de aseguramiento se imponga, en el supuesto objeto de análisis, sólo si de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga31.
Como se ha señalado ampliamente, uno de los presupuestos establecidos por la Constitución en el numeral 1º del artículo 250 para determinar la necesidad de una medida de aseguramiento, dentro del marco del sistema procesal penal adoptado por el Acto Legislativo 3 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004, es procurar la comparecencia del imputado al proceso, esto es, “que no escape a la acción de la justicia”, como se indicó en fallo C-106 de 199432.
En efecto, en la sentencia C-106 de 199433, acudiendo a lo establecido en los artículos 28 y 29 superiores, al igual que frente a diferentes instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, la Corte explicó que las medidas de aseguramiento, entre ellas las privativas de la libertad, se ajustan a la Constitución, si son decretadas por el juez competente, cumpliendo las formalidades contenidas en la ley y cuando los motivos estén previamente establecidos en la misma.
En efecto, la Corte ha indicado que las medidas de aseguramiento, como cautelares que son, buscan asegurar “el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad, bajo la premisa por virtud de la cual, de no proceder a su realización, su propósito puede resultar afectado por la demora en la decisión judicial”34.
El argumento central de la demanda y de los intervinientes que invocan la inexequibilidad de la expresión atacada, apunta a que desconoce el derecho fundamental a la presunción de inocencia, habida cuenta que permite al juez de control de garantías, sin el estado de conocimiento idóneo y más allá de toda duda, considerar que el imputado o acusado será condenado y no cumplirá la pena. Tal censura no está llamada a prosperar, pues la medida de aseguramiento, al devenir indispensable, compensa el detrimento contra la presunción de inocencia y no riñe con la presunción de inocencia35 y otros derechos, siempre que esté rigurosamente motivada y sea inexorable prevención, ajena a cualquier carácter legal sancionatorio36.
Con todo, como quiera que las medidas de aseguramiento implican la restricción de derechos o libertades fundamentales, resulta necesario reiterar37 que en un Estado social de derecho, principalmente cuando de la libertad individual se trate, no pueden convertirse en un mecanismo indiscriminado, general y automático, sino estrictamente excepcional, habida cuenta que la Constitución promueve la efectividad de los derechos y libertades de los personas, garantiza la vigencia de los principios constitucionales y asegura el respeto a la dignidad humana.
7.2. De otro lado, la Sala Plena no encuentra que el condicionamiento invocado por uno de los intervinientes esté llamado a prosperar, como quiera que realizando una lectura sistemática y completa de los artículos 306, 308 y 312 de la Ley 906 de 2004, es claro que la solicitud y decreto de una medida de aseguramiento, en este caso invocando que el imputado o acusado no cumplirá la sentencia, debe estar acompañada de (i) los elementos de conocimiento necesario para sustentar la medida y su urgencia; (ii) el juez de control de garantías escuchará para tal efecto los argumentos de la Fiscalía, el Ministerio Público, la víctima o su apoderado y la defensa (art. 306); (iii) debiendo analizarse por parte de dicho juez si de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recogidos y custodiados se pueda inferir razonablemente, no solo que el imputado es autor o partícipe de la conducta, sino que se cumpla alguno o algunos de los presupuestos del artículo 30838, para lo cual, seriamente deberá considerar los supuestos del artículo 312 para establecer atinadamente el riesgo de su no comparecencia.
1 C-131 de abril 1° de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero, entre otros.
2 Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.
3 Ver, entre otros, auto 288 y fallo C-1052 de 2001, ambos de octubre 4, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
4 C-1052 de 2001, previamente citada.
5 Ver, entre otros, auto 288 de octubre 4 de 2001 y sentencias C-1052 de octubre 4 de 2001 y C-568 de junio 28 de 2004, todas esos fallos con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de septiembre 26 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
6 Sentencias C-1052 de 2001 y C-980 de 2005, ya citadas.
7 C-1052 de 2001 previamente citada.
8 Reiterada en los fallos C-533 de julio 11 y C-589 de julio 25 de 2012, y más recientemente en el C-511 de julio 31 de 2013, todos con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, entre otros.
9 “Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010.”
10 “Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.”
11 “Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003.”
12 En el fallo C-1198 de 2008, la Corte Constitucional abordó, entre otros temas, algunos de los presupuestos y fines constitucionales establecidos para determinar la necesidad de imponer medidas de aseguramiento. En esa ocasión, el demandante censuró que el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007 establece que no habrá lugar a levantar la medida de aseguramiento de privación de la libertad, cuando la audiencia del juicio oral no se hubiere podido iniciar por causa justa o razonable. La Sala Plena declaró inexequible el adjetivo “justa”, en el entendido de que dicha expresión no permitía una compresión clara, precisa y unívoca, y al contrario su indeterminación y ambigüedad, vulneraba la garantía de la libertad personal. Igualmente, el referido fallo, entre otras determinaciones, condicionó la exequibilidad de la expresión “causa razonable”, en el entendido de que: “a) la justificación de la causa razonable debe fundarse en hechos externos y objetivos constitutivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia y b) en todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004”.
13 La sentencia C-1198 de 2008 a la que se hará referencia ampliamente, ha sido reseñada, entre muchos otros, en los fallos C-114 de marzo 3 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez (donde se analizó la constitucionalidad de los artículos 17 parcial, 112, 357, 245, 362, 397, 415, 438, 450 y 454 de la Ley 906 de 2004); C-398 de mayo 18 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C-121 de febrero 22 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, donde entre otras determinaciones se declaró inexequible la expresión “estar acusado o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de”, contenida en el numeral 3º del artículo 65 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 310 de la Ley 906 de 2004.
14 “Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.”
15 Norma que guarda concordancia con diferentes instrumentos internacionales que no sólo lo contemplan, sino que avalan eventuales formas de restringirla, entre otras, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 1°, 3°, 4°, 9° y 13), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (arts. I y XXV), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, (arts. 8°, 9°, 10 y 11), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978 (arts. 6° y 7°).
16 Cfr. T-490 de agosto 13 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
17 Cfr. C-327 de de julio 10 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.
18 Cfr. C-123 de febrero 17 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Cfr. C-318 de abril 9 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
19 Ver, entre otras, las sentencias C-106 de marzo 10 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, C-327 de 1997 ya citada, C-425 de septiembre 4 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz, C-774 de julio 25 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar y C-318 de 2008, previamente citada.
Originalmente el artículo 250 de la Constitución de 1991 preceptuaba que correpondía “a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá (no está en negrilla en el texto original):
20 Acorde con el actual artículo 306 de la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia (C-209 de marzo 21 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, donde se analizó la exequibilidad del texto original de dicho artículo), la víctima o su apoderado también pueden acudir directamente al juez de control de garantías para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, cuando ésta no sea pedida por la Fiscalía General de la Nación.
21 A diferencia de la Ley 906 de 2004, la Ley 600 de 2000 únicamente contempla la detención preventiva como medida de aseguramiento para los imputables (art. 356), la cual procede para “garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria” (art. 355, no está en negrilla en el texto original). Al respecto, cabe recordar que la Corte Constitucional declaró exequible el citado artículo 355 de la Ley 600 de 2000, mediante fallo C-774 de Julio 25 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar, puntualizando que la detención preventiva tiene un carácter preventivo y excepcional, que no puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad indiscriminado.
22 Modificado por el artículo 65 de la Ley 1453 de 2011
23 Modificado por el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007.
24 El artículo 310 original de la Ley 906 de 2004, consagraba que “además” de la gravedad del hecho y la pena imponible, debían tenerse en cuenta: 1) la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales; 2) el número de delitos imputados y su naturaleza; 3) el hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional; y, 4) la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o culposo. El texto señalaba:
25 “Sentencias C-1198 de 2008: C-774 de 2001; C-634 de 200 (sic) y C-549 de 1997.”
26 Inicialmente, el artículo 312 de la Ley 906 de 2004, preceptuaba: “No comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tundra en cuenta, [en especial] además de la modalidad y gravedad del hecho y de la pena imponible se tendrá en cuenta:
27 El nuevo texto es el siguiente: El nuevo texto es el siguiente: “Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta, [en especial], la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:
28 Cfr., Gaceta del Congreso N° 250 de julio 26 de 2006, pág. 27.
29 Así lo plantean las intervenciones de las Facultades de Derecho en Bogotá de las Universidades Santo Tomás y Sergio Arboleda.
30 Abogan por la constitucionalidad de la norma el Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Seccional de Armenia de la Universidad La Gran Colombia, el Ministerio de Justiticia y del Derecho y el Procurador General de la Nación, subsidiariamente en su concepto.
31 Así lo plantean el Cordinador del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional y un docente del Área Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá.
32 En aquella oportunidad, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991 (“Por el cual se expiden las normas de procedimiento Penal”, vigentes en aquella época), que establecía los “requisitos sustanciales” para las medidas de aseguramiento.
33 Reiterada entre muchas otras, por la sentencia C-774 de 2001, ya referida.
34 C-774 de Julio 25 de 2001, ya reseñada.
35 C-121 de 2012: “33. En conclusión, el principio de presunción de inocencia está consagrado en el constitucionalismo colombiano como un derecho fundamental con arraigo expreso en la Constitución y el derecho internacional, del que se derivan importantes garantías para la persona sometida a proceso penal, como son: (i) Nadie puede considerarse culpable, a menos que se haya demostrado la responsabilidad mediante proceso legal, fuera de toda duda razonable, (ii) La carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la acusación; (iii) El trato a las personas bajo investigación por un delito, debe ser acorde con este principio. La formulación del artículo 248 de la Constitución, según la cual únicamente constituyen antecedentes penales las condenas impuestas en sentencias judiciales, en forma definitiva, configura un desarrollo de la garantía constitucional de presunción de inocencia.”
36 C-106 de 1994, ya referida.
37 Esta corporación ha puntualizado que una medida de aseguramiento, principalmente cuando de restricción del derecho a la libertad se trate, no puede convertirse en una regla general que se aplique indiscriminadamente. Ver entre otros, los fallos C-106 de 1994, C-774 de 2001 y C-1198 de 2008, ya referidos.
38 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

References: artículo 308
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 9
 artículo 250
 artículo 2
 artículo 307
 artículo 310
 artículo 24
 artículo 312
 artículo 308
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 30838
 artículo 312
 artículo 30
 artículo 317
 artículo 65
 artículo 310
 artículo 250
 artículo 306
 artículo 355
 artículo 65
 artículo 25
 artículo 310
 artículo 312
 artículo 388
 artículo 248