Source: http://www.leyesinmobiliarias.seuvella.com/rd2402-1985.html
Timestamp: 2019-05-21 08:50:41+00:00

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Se justifica así la regulación del deber de facturación desde una perspectiva más amplia. Ciertamente, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, ( derogado y sustituido por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido ) ha abordado ya la regulación de esta cuestión. Así ha sido necesario por razones de seguridad para el tráfico dada la anterior y urgente tramitación de dicho Reglamento. Sin embargo, es ahora ocasión de abordar este deber de colaboración genéricamente al amparo de lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 10/1985, de 26 de abril, ( de modificación parcial de la Ley General Tributaria ) y sin alterar sustancialmente los criterios ya anunciados por el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar factura por las operaciones que realicen y a conservar copia o matriz de la misma, de acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación parcial de la Ley General Tributaria y el número 3 del apartado 1 del artículo 164 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la forma establecida en el presente Real Decreto.
Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a los que sea de aplicación el régimen de recargo de equivalencia salvo que dichas actividades tributen en régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de su Ley reguladora, salvo aquellas a que se refieren los números 2, 3, 4, 5, 15, 20, 21, 22, 24 y 25 del apartado 1 de dicho artículo.
Las que, con referencia a sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas autorice el órgano competente de la Administración tributaria, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades económicas de los empresarios y profesionales.
Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el ejercicio de actividades que tributen en el régimen especial simplificado. No obstante, deberá expedirse factura por las transmisiones de los activos fijos a que se refiere el artículo 123, apartado uno, número 3 de la Ley reguladora del mencionado impuesto.
Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro comprendidas en el artículo 25, apartados 1, 2 y 3, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad a que se refiere el artículo 21.1 y 2 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto las realizadas por las tiendas libres de impuestos.
Podrán establecerse series diferentes, especialmente cuando existan diversos centros de facturación.
Nombre y apellidos o denominación social, Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Económica Europea y domicilio, tanto del expedidor como del destinatario. Cuando se trate de no residentes, deberá indicarse la localización del establecimiento permanente.
Descripción de la operación y su contraprestación total. Cuando la operación esté sujeta y no exenta en el Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán consignarse en la factura todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible, así como el tipo tributario y la cuota repercutida. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se indicará únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la expresión IVA incluido , si así está autorizado. Si la factura comprende entregas de bienes o servicios sujetos a tipos impositivos diferentes en este impuesto, deberá diferenciarse la parte de la operación sujeta a cada tipo.
3. En las entregas de medios de transporte nuevos efectuadas por las personas a que se refiere el artículo 5.1.e de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, el sujeto pasivo deberá hacer constar en la factura, además de los datos y requisitos establecidos en el apartado 1 anterior, las características de los mismos, la fecha de su primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación realizadas hasta su entrega, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley del Impuesto mencionado.
5. Los empresarios o profesionales que realicen las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 79.2 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán indicar expresamente en las facturas correspondientes a dichas entregas que se trata de una operación triangular de las contempladas en el artículo 26.3 de la Ley y consignar en ellas el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido con el que realizan las referidas adquisiciones intracomunitarias y entregas subsiguientes, así como el número de identificación a efectos del mencionado impuesto suministrado por el destinatario de la entrega subsiguiente.
2. En las operaciones que a continuación se describen, cuando su importe no exceda de 500.000 pesetas, las facturas podrán ser sustituidas por talonarios de vales numerados o, en su defecto, tickets expedidos por máquinas registradoras:
Tipo impositivo aplicado o la expresión IVA incluido .
4. Los talonarios de vales podrán ser sustituidos por tickets expedidos por cajas registradoras de ventas en las que consten los datos expresados en el apartado 3 anterior, siendo obligatorio en tales casos conservar los rollos en que se anoten tales operaciones.
1. Los empresarios y profesionales solo podrán expedir un original de cada factura o documento sustitutivo.
En cada uno de los ejemplares duplicados deberá hacerse constar la expresión duplicado y la razón de su expedición.
3. Los ejemplares duplicados a que se refiere el apartado 2 anterior tendrán la misma eficacia que los correspondientes documentos originales.
Las facturas o documentos sustitutivos deberán ser emitidos en el mismo momento de realizarse la operación o bien, cuando el destinatario sea empresario o profesional, dentro del plazo de treinta días a partir de dicho momento o del último día del período a que se refiere el apartado 4 del artículo 2 de este Real Decreto. Las operaciones se entenderán realizadas según los criterios establecidos en el artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para el devengo de dicho impuesto.
Toda factura o documento equivalente deberá ser remitido a su destinatario en el mismo momento de su expedición, o bien, cuando el destinatario sea empresario o profesional, dentro de los treinta días siguientes.
A los efectos previstos en este Real Decreto se entiende por factura completa la que reúna todos los datos y requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 3. Los destinatarios de las operaciones tendrán derecho a exigir de los empresarios o profesionales la expedición y entrega de la correspondiente factura completa en los casos en que esta deba emitirse con arreglo a derecho.
Si el destinatario de la operación no es empresario ni profesional, mediante los medios de prueba admitidos en derecho siempre que consten la identidad y domicilio de las partes, la naturaleza de la operación, el precio y condiciones para su pago y el lugar y la fecha de su realización.
Si el destinatario es empresario o profesional, mediante documento público o privado, si se trata de la adquisición de bienes inmuebles, y mediante una factura extendida por aquél al efecto en los demás casos. Esta factura deberá ir firmada por el transmitente o prestador del bien o servicio y contendrá los datos a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de este Real Decreto, aludiendo a la contraprestación satisfecha. Cuando la operación quede afectada por el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, la factura de compra se ajustará, en su caso, a lo que disponga la normativa relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido.
3. Tratándose de adquisiciones efectuadas a empresarios acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, los gastos que aquéllas supongan o las deducciones que procedan habrán de justificarse mediante el recibo exigido por la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido a emitir por el destinatario de la operación. En el caso de adquisiciones de personas o entidades no establecidas en España servirá de justificante el documento que contenga, en su caso, la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cuando no proceda la expedición de los citados documentos, deberá justificarse la adquisición, en su caso, en los términos establecidos en el apartado anterior.
4. Las facturas justificativas de los gastos imputados o las deducciones practicadas deberán conservarse durante el plazo de prescripción de derecho de la Administración para determinar las deudas tributarias afectadas por la operación correspondiente.
5. La adquisición de valores mobiliarios podrá justificarse mediante el documento público extendido por el fedatario interveniente o el justificante bancario de la operación. La adquisición de activos financieros con rendimiento implícito se justificará en la forma prevista en el artículo 9 del Real Decreto 2027/1985, de 23 de octubre, que desarrolla la Ley sobre Régimen Fiscal de determinados activos financieros.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a que se refieren los artículos 84.1.2 y 85 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán emitir un documento equivalente a la factura, que contenga la liquidación del impuesto y los datos previstos en el artículo 3 de este Real Decreto, el cual se unirá al justificante contable de cada operación. El mencionado documento tendrá los mismos efectos que la factura para el ejercicio del derecho a la deducción
No obstante, los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 85 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido podrán emitir, en el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 6, un único documento equivalente en el que se incluyan todas las operaciones realizadas con un mismo proveedor en el plazo máximo de un mes natural, debiendo especificarse en el mismo las bases imponibles que tributen a diferentes tipos impositivos, así como las fechas en que se entiendan realizadas las distintas operaciones a incluir en el documento, a efectos de determinar el tipo de cambio aplicable en cada caso.
No podrán ser objeto de rectificación las cuotas impositivas en los supuestos previstos en el artículo 89.3 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. Las facturas transmitidas por vía telemática a que se refiere el artículo 88.2 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, tendrán la misma validez que las facturas originales.
Las controversias que puedan producirse en relación con la expedición, entrega o rectificación de facturas o de documentos sustitutivos o equivalentes, cuando estén motivadas por hechos o cuestiones de derecho de naturaleza tributaria, se considerarán asimismo de esta naturaleza a efectos de las pertinentes reclamaciones económico-adminsitrativas.
Constituye infracción simple el incumplimiento de los deberes tributarios exigidos en virtud de este Real Decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley General Tributaria y sin perjuicio de lo establecido en la letra c. del artículo 79 de esta misma Ley o, en su caso, en el número 4 del apartado 2 del artículo 170.2.3 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Primera. Lo dispuesto en este Real Decreto es independiente de los deberes de colaboración a que se refieren los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria, así como de la aplicación en los procedimientos tributarios en supuestos distintos a los previstos en aquel de las normas sobre medios y valoración de prueba conforme el artículo 115 de la Ley General Tributaria.
Segunda. Lo dispuesto en este Real Decreto ha de entenderse sin perjuicio de cuantos otros deberes sean además exigidos en cuanto a la expedición y entrega de factura por parte de los empresarios y profesionales, en el ámbito mercantil, del régimen de sus actividades profesionales o a efectos de la defensa de los consumidores y usuarios.
Tercera. Las referencias que el presente Real Decreto hace al Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, deben entenderse hechas al Departamento de Gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Cuarta. En relación con las operaciones sujetas al Impuesto General Indirecto Canario, las referencias hechas al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Centro de Gestión y Cooperación Tributaria deben entenderse hechas, respectivamente, al referido Impuesto General Indirecto Canario y a la Administración Tributaria Canaria.
Quinta. Las entregas de energía eléctrica cuyas ofertas de venta y adquisición se hayan realizado a través del operador del mercado al que se refiere el artículo 33 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, deberán ser documentadas mediante facturas expedidas por dicho operador en nombre y por cuenta de las entidades suministradoras de la energía, en las que deberán constar todos los datos enumerados en el apartado 1 del artículo 3 del presente Real Decreto, con excepción de los relativos a la identificación del destinatario de la operación, que serán sustituidos por los de identificación del operador de mercado. Dicho operador deberá conservar el original de la factura expedida y remitir la copia al suministrador.
Asimismo, el operador del mercado deberá expedir una factura por los citados suministros efectuados a cada adquirente de la energía, en la que consten todos los datos indicados en el apartado 1 del citado artículo 3, salvo los relativos a la identificación del expedidor, que serán sustituidos por los de identificación del operador de mercado. Dicho operador deberá conservar copia de tales facturas y remitir el original al destinatario de las mismas.
3. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto y hayan sido promulgadas con anterioridad a la completa publicación de este Real Decreto en el Boletín Oficial de Estado .
Modificado por el artículo 4 del Real Decreto 296/1998, de 27 de febrero.
El Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre quedó derogado por Real Decreto 215/1999, de 5 de febrero, por el que se modifican los Reglamentos de Planes y Fondos de Pensiones, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido y otras normas tributarias.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 164
 artículo 20
 artículo 123
 artículo 25
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 79
 artículo 26
 artículo 2
 artículo 75
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 85
 artículo 6
 artículo 89
 artículo 88
 artículo 78
 artículo 79
 artículo 170
 Real Decreto 
 artículo 115
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 33
 artículo 3
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
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