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Timestamp: 2018-03-21 15:03:34+00:00

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DERECHO A RÉPLICA: LA SOLUCIÓN NO PACÍFICA: EL DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS Y (LA VULNERACIÓN DE) EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
LA SOLUCIÓN NO PACÍFICA: EL DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS Y (LA VULNERACIÓN DE) EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
Durante el curso de la Especialización en Derecho Penal Internacional que se imparte en la UOC (Universidad Abierta de Cataluña) , debimos resolver un caso práctico, donde se implicaban diversas cuestiones inherentes al derecho imperante en los casos de conflictos armados internacionales. Dada la multiplicidad de aspectos que el caso planteaba, a la que no era ajena la realidad histórica reciente de los argentinos, decidimos compartir esta experiencia con nuestros lectores, en la convicción que en la resolución de las incógnitas se conjugaban distintos contenidos curriculares de la asignatura Derecho Internacional Público, conforme el programa analítico de la UNLPam.
En el año 2004 estalla un conflicto armado entre Alfa y Beta a causa de una controversia fronteriza. Cuando las fuerzas armadas de Alfa establecen un campamento en una zona que Beta considera parte de su territorio, las fuerzas armadas de este último Estado responden con un ataque que causa numerosas bajas de soldados de Alfa. Éste último país lanza, a su vez, un ataque sobre Beta, a partir del cual el conflicto armado entre los dos Estados se generaliza, produciéndose la mayoría de los combates en el territorio de Beta. Tras varios meses de cruenta lucha y numerosas víctimas civiles y militares, los dos Estados firman un alto el fuego tras la mediación del Secretario General de las Naciones Unidas.
Pocas semanas después, varios miembros de las Fuerzas Armadas de Alfa son acusados de dirigir intencionalmente ataques contra la población civil y contra bienes civiles, hospitales y monumentos históricos de Beta, todo ello como parte de un plan preconcebido. A su vez, algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Beta son acusados de emplear gases asfixiantes y tóxicos en los combates, de matar sobre la marcha a militares de Alfa que habían depuesto las armas y se habían rendido y de someter a prisioneros de guerra de dicho Estado a torturas y mutilaciones físicas, actos todos ellos cometidos a gran escala.
1.-¿Son vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario los actos cometidos por las Fuerzas Armadas de Alfa y de Beta?[1]
Las conductas perpetradas por las Fuerzas Armadas de Alfa y de Beta constituyen violaciones de expresas reglas del Derecho Internacional Humanitario. En primer lugar, debe destacarse que existen normas históricas expresas que establecen determinados estándares de trato para civiles y prisioneros en tiempos de guerra declarada o conflicto armado entre dos o varias de las altas partes contratantes (supuesto éste que se verifica claramente en la especie) que han sido violentadas en el caso, de manera intencional y con una clara vocación de realizar la acción final de exterminio de grupos determinados de personas, particularmente en el caso de un territorio ocupado (situación del Estado Beta, donde se han producido la mayoría de los combates[2]).
Así, el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, aprobado el 12 de agosto de 1949, y que entrara en vigencia el 21 de octubre de 1950, establece en su artículo 3 una serie de pautas rectoras (que, vale señalarlo, son irrenunciables por imperio del artículo 8 del mismo Convenio): “En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio”.
Del mismo modo, El artículo 18°) de la norma ya citada establece que en ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas; deberán ser siempre respetados y protegidos por las Partes en conflicto. También, en el artículo 53°) del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, prescribe que está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares. A mayor abundamiento, el artículo 32°) prohibe expresamente emplear toda medida que pueda causar sufrimientos físicos o la exterminación de las personas protegidas que estén en su poder. Esta prohibición se aplica no solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las mutilaciones y a los experimentos médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico de una persona protegida, sino también a cualesquiera otros malos tratos por parte de agentes civiles o militares.
Por otra parte, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armado, prescribe en su artículo 11 “No se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omisión injustificada, la salud ni la integridad física o mental de las personas en poder de la Parte adversa o que sean internadas, detenidas o privadas de libertad en cualquier otra forma a causa de una situación prevista en el artículo 1. Por consiguiente, se prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente artículo a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias médicas a los nacionales no privados de libertad de la Parte que realiza el acto.
c) las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes, salvo si estos actos están justificados en las condiciones previstas en el párrafo 1…..(…)
4. Constituirá infracción grave del presente Protocolo toda acción u omisión deliberada que ponga gravemente en peligro la salud o la integridad física o mental de toda persona en poder de una Parte distinta de aquella de la que depende, sea que viole cualquiera de las prohibiciones señaladas en los párrafos 1 y 2, sea que no cumpla las exigencias prescritas en el párrafo 3”.
El mismo protocolo adicional protege específicamente las instalaciones sanitarias (entre las que, obviamente, deben incluirse los hospitales, en su artículo 12, que señala: “Protección de las instalaciones sanitarias:
4. Las unidades sanitarias no serán utilizadas en ninguna circunstancia para tratar de poner objetivos militares a cubierto de los ataques. Siempre que sea posible, las Partes en conflicto se asegurarán de que las unidades sanitarias no estén situadas de manera que los ataques contra objetivos militares las ponga en peligro.
A mayor abundamiento, el artículo el artículo 607 del código penal español también penaliza los delitos de genocidio en su artículo 607:
“1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados:
El artículo 607 bis, por su parte, penaliza los delitos de lesa humanidad:
“ Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella.
Por esclavitud se entenderá la situación de la persona sobre la que otro ejerce, incluso de hecho, todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, como comprarla, venderla, prestarla o darla en trueque”.
El Capítulo III del mismo Código establece además expresas protecciones a personas y bienes en caso de conflicto armado. Esto es, prevé diversas conductas punibles entre las que se encuentran, naturalmente, crímenes de guerra como los presentados en el caso:
4º) Las personas fuera de combate y el personal de la Potencia Protectora y de su sustituto protegidos por los Convenios de Ginebra de 12 agosto 1949 o por el Protocolo I Adicional de 8 Junio 1977.
Finalmente, destaco que los artículos 5 a 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional fija la competencia de la misma en materia de delitos (art. 5) y luego describe y tipifica las conductas que constituyen genocidio (art. 6), delitos de lesa humanidad (art. 7) y crímenes de guerra (art. 8).
El estatuto entiende por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, y menciona entre ellos: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
Por “Crímenes contra la humanidad” tipifica aquellos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, tales como asesinatos, exterminio, tortura y, más genéricamente, todos los actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
La Corte reserva también su competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra" las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente. En ese sentido, de la larga enumeración que ensaya el mencionado artículo 8 del Estatuto, deben señalarse como crímenes de guerra los siguientes, por la vinculación que tienen con el caso:
Matar intencionalmente;
Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud;
Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea;
Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción;
Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;
Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo.
Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del Estatuto.
Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;
Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
2.-En caso afirmativo, ¿qué calificación jurídica merecen los actos objeto de las acusaciones y conforme a qué normas?
Las conductas perpetradas, de conformidad con las reglas referenciadas en el punto precedente (que por ese motivo son detallados de manera tan pormenorizada y que resultan del todo aplicable), constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura y asesinatos inferidos en el marco de esos crímenes de masa. Me remito entonces, en homenaje a la brevedad, a las normas jurídicas antes aludidas, como aplicables al supuesto.
3. ¿Es posible juzgar a quienes han cometido dichos actos? ¿Quién podría hacerlo?
En primer lugar, sería posible que los propios Estados participantes en el conflicto, Alfa y Beta, pudieran juzgar a los acusados por esos crímenes.
Si esos Estados no quisieran o no pudieran proceder al juzgamiento de los acusados, comenzarían a jugar los principios de accesoriedad y subsidiariedad, y de justicia universal.
De acuerdo a los dos primeros, es claro que la Corte Penal Internacional podría ser el ámbito en el que se juzgaran esos crímenes.
Debe recordarse que el artículo 1 del Estatuto de la CPI destaca expresamente que la Corte es una institución permanente, facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Las condiciones previas para el ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional, enumerados en el artículo 12 del Estatuto, son las siguientes:
“1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5.
3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de conformidad con la Parte IX”.
La Corte, de acuerdo al artículo 13 de su Estatuto, podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 (Genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión) de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
Si no pudieran darse el avocamiento de la CPI en razón de no darse los presupuestos necesarios para el ejercicio de su competencia, operativizando el principio de justicia universal, y tratándose de crímenes contra la humanidad (lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura y homicidios agravados), cualquier país ante el que se radique una denuncia y no tuviera las limitaciones que en ese supuesto se ha autoimpuesto, por ejemplo, España (con la última reforma de su LOPJ), estaría en condiciones de juzgar este tipo de delitos (supongamos, por ejemplo, que los mismos son anteriores a la puesta en vigencia de la CPI), denunciados que les fueran los mismos o una vez instada la acción penal por algún órgano de persecución estatal.
4. ¿Qué valor tendría la alegación por parte de los acusados de haber cometido dichos actos en cumplimiento de órdenes superiores?
El artículo 33 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Órdenes superiores y disposiciones legales), taxativamente señala lo siguiente sobre el particular:
La solución del Estatuto de la Corte es absolutamente coincidente con la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de “obediencia” debida y “punto final en la Argentina.(leyes 23.492 y 23.521).
Las consideraciones de naturaleza dogmática y de DIH que emerge de esas declaraciones, pueden consultarse en http://www.biblioteca.jus.gov.ar/FalloSIMON.html Un tramo del aludido fallo “Simón”; crucial a estos fines, delimita en primer lugar (más bien, la deniega) la posibilidad de que los Poderes legislativos puedan sancionar leyes de amnistía en casos de delitos de lesa humanidad y genocidio: “En efecto, no se trata de negar la facultad constitucional del Congreso de dictar amnistías y leyes de extinción de la acción y de la pena, sino de reconocer que esa atribución no es absoluta y que su contenido, además de las limitaciones propias de la interacción recíproca de los poderes constituidos, halla límites materiales en el artículo 29 de la Constitución y el 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta norma y las relativas a la facultad de legislar y amnistiar -todas de jerarquía constitucional- no se contraponen entonces; antes bien se complementan”.
Me parece interesante hacer esta referencia en particular, sobre todo a partir de la amnistía dictada por el parlamento español en 1977 respecto de los graves crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo.
Pero, además, el mismo pronunciamiento se expide sobre la insustancialidad de la invocación del cumplimiento de órdenes que significaban la comisión de delitos contra la humanidad, con independencia de que al momento de ocurrir esas violaciones Argentina no hubiera incorporado a la letra de su Constitución (CN, 75 inc. 22) una multiplicidad de Pactos y Tratados en materia de DDHH, aspecto éste en el que no pueden ampararse los perpetradores. He aquí una de las razones que expone, aunque por cierto no la única:
En primer lugar, estimo que no puede controvertirse que aquello en lo que consiste una desaparición forzada de personas no estuviera suficientemente precisado a los ojos de cualquier individuo por la normativa originada en la actividad de las naciones, su práctica concordante y el conjunto de decisiones de los organismos de aplicación internacionales; máxime cuando, como ya fue expuesto, la figura en cuestión no es más que un caso específico de una privación ilegítima de la libertad, conducta ésta tipificada desde siempre en nuestra legislación penal…(…) También deben eliminarse otros impedimentos al establecimiento de la responsabilidad penal, entre ellos la defensa basada en la obediencia a órdenes superiores o los plazos de prescripción excesivamente breves, en los casos en que sean aplicables tales prescripciones" (Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados parte en el Pacto, aprobada en la 2187a sesión, celebrada el 29 de marzo de 2004, ps. 17 y 18).
En uno de los tramos dirimentes sobre la pregunta efectuada, la Corte entiende en “Simón” que la ley 23.521 (ley de obediencia debida) presenta un vicio adicional. En su artículo 1 pretende establecer -a través de presunciones iuris et de iure- cómo deberían ser reconstruidas situaciones de hecho, al disponer que determinadas personas, en determinadas circunstancias, obraron justificadamente. No obstante, la Constitución Nacional, en tanto otorga competencia sólo al Poder Judicial -y no al Legislativo- para determinar la reconstrucción de cómo sucedieron los hechos concretos que acarrean consecuencias jurídicas y cuáles son aplicables (lo cual, en abstracto sí es determinado por el Poder Legislativo por medio de leyes) implica una negación de la competencia del Congreso para tomar decisiones de esa índole. Ello se deriva de los artículos 108 y 116 de la Constitución Nacional, en tanto estatuyen como atribución privativa del Poder Judicial "el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación". Por ello, con el dictado de la ley 23.521 el Congreso invadió competencias del Poder Judicial, violando las salvaguardas de la división de poderes, arrogándose potestades que no le fueron otorgadas y, por lo tanto, dictando normas inválidas.Si la falta de competencia del Congreso no se duda para la situación de signo contrario, es decir, para la pretensión del Congreso de dictar leyes que impongan castigos sin juicios a un grupo de personas o personas determinadas -lo que en el derecho constitucional estadounidense se conoce como la prohibición de emitir un "Bill of Attainder", es decir, una ley emitida por el Poder Legislativo, que inflinge penas sin un juicio llevado a cabo por el Poder Judicial (cf. artículo I, Sección 9, parágrafo 3, de la Constitución de los Estados Unidos de América; Willoughby, The Constitution of the United States, New York, 1910, Vol. II, p. 801; Corte Suprema de Estados Unidos, Cummings v. Missouri, 1866)- no puede dudarse que el Congreso tampoco puede eximir, sin juicio de responsabilidad, a un grupo de personas, indicando que actuaron justificadamente. La evaluación de la existencia de una situación fáctica que se subsume en una causa de justificación reconocida por el derecho es tarea del Poder Judicial, no del Legislativo, de la misma manera que lo es la evaluación de la existencia de una conducta conminada con pena. Ese avasallamiento de competencias tiene un carácter más lesivo que una verdadera amnistía, ya que ésta, al menos, y en tanto no sea prohibida, no tiene el valor simbólico de declarar que no hubo ilícitos, pues tan sólo se limita a comunicar que, si los hubo, es preferible prescindir de su persecución. Sin embargo, cuando el Congreso, mediante una supuesta ley de amnistía, establece de manera irrefutable que no existió un ilícito (porque el hecho típico está justificado por una causa de justificación reconocida por el derecho) no sólo se arroga la función de juzgar hechos particulares, que es privativa del Poder Judicial, sino que comunica un plus respecto del simbolismo de la amnistía. En efecto, la ley 23.521 no se limita a decir que los hechos no deben ser juzgados, sino que se pronuncia en el sentido de un juicio, pues predica que los hechos fueron lícitos, no antijurídicos, que fueron justificados.Así la ley 23.521 también es inconstitucional por invadir esferas de competencia del Poder Judicial en violación a los artículos 1, 108 y 116 de la Constitución nacional”..
Vale decir que, en sustancia, la justicia argentina deniega la posibilidad de ampararse en órdenes superiores por parte de los oficiales subalternos, y en desconocer que las mismas implicaban delitos de derecho internacional aplicables en el país al momento de perpetrarse las prácticas genocidas de la dictadura cívico militar de 1976/83.
Dada la analogía que es posible trazar con el caso en cuestión, ratifico mi impresión acerca de la inviabilidad de que los perpetradores puedan alegar obediencia debida respecto de órdenes ilegales.
[1] Intentaré efectuar un desarrollo pormenorizado de esta respuesta para poder abreviar algunas de las restantes.
[2] Como el derecho de la ocupación se fundamenta, sobre todo, en consideraciones de índole humanitaria, su aplicación se determina únicamente a partir de los hechos que ocurren sobre el terreno.
La cuestión del " control " suscita, al menos, dos interpretaciones diferentes, sobre la que es necesario reflexionar. Una de ellas es que existe una situación de ocupación cuando una de las partes en conflicto ejerce cierto nivel de autoridad o de control en un territorio extranjero. De este modo, por ejemplo, se podría considerar que las tropas que avanzan en territorio enemigo están obligadas por el derecho de la ocupación ya durante la etapa de la invasión. Ésta es la visión propuesta en el Commentary to the Fourth Geneva Convention del CICR (1958).

References: resolución 
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 53
 artículo 32
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 607
 artículo 607
 artículo 607
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 33
 artículo 29
 artículo 1