Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/132/002.html
Timestamp: 2017-07-25 22:52:06+00:00

Document:
BOC - 2017/132. Martes 11 de Julio de 2017 - Anuncio 3376
2017/132.
BOC Nº 132. Martes 11 de Julio de 2017 - 3376
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BOC-A-2017-132-3376.
El actual sistema educativo español reconoce que los padres, las madres o las personas representantes legales son los primeros responsables de la educación de sus hijos o menores tutelados, y tienen el derecho a elegir el tipo de educación y el centro para ellos. Esta aserción afecta al alumnado menor de edad no emancipado, sujeto a la patria potestad de los padres, las madres o personas representantes, que la ejercerán conjuntamente o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito de la otra persona (artículo 156 del Código Civil).
Por ello, son los jueces quienes tienen la competencia para adoptar o modificar las medidas concernientes al alcance de la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas ..., de los menores de edad, incorporando, si así lo estimasen; o las medidas o decisiones concernientes al ámbito educativo recogidas en la resolución judicial correspondiente (auto o sentencia).
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2017.- La Directora General de Centros e Infraestructura Educativa, Ana Isabel Dorta Alonso.
Primera. Objetivo y alcance de las presentes instrucciones.
Segunda. Principios rectores de actuación.
Tercera. Documentación justificativa.
Cuarta. Escolarización. Aspectos generales de la admisión y matrícula.
Quinta. Cambios de centro durante el curso escolar.
Sexta. Derecho de información de los padres o las madres o las personas representantes legales.
Octava. Relación de los progenitores con sus descendientes durante y al finalizar el horario lectivo.
Novena. Colaboración de los padres, las madres o las personas representantes legales con el centro docente.
Décima. Procedimiento de Mediación.
Undécima. Cooperar con otras Administraciones públicas.
Duodécima. Términos básicos y documentación.
1) Términos básicos:
2) Documentación anexa.
1. Elección de centro. Según la normativa vigente referida a la admisión del alumnado en centros escolares, los padres, las madres o las personas representantes legales podrán, de común acuerdo, elegir centro docente dentro de la oferta de puestos escolares programada por la Administración educativa, teniendo en cuenta los criterios de puntuación establecidos en la normativa general de admisión.
2. Solicitud de admisión según la convocatoria anual. En el proceso que cada año se convoca y publica en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y a título informativo en la página web de la Consejería de Educación y Universidades, entre los meses de marzo y abril, para la petición de plaza en un centro educativo sostenido con fondos públicos. El padre, la madre o la persona representante legal presentará una única solicitud en el centro elegido en primer lugar, debidamente cumplimentada y firmada, con independencia de que haya añadido otros centros en el impreso de solicitud.
1. Regulación. Los padres, las madres o las personas representantes legales tienen el derecho a recibir información sobre el proceso escolar y la integración socioeducativa de sus hijos, hijas o alumnado representado, siempre que mantengan la patria potestad sobre ellos. En los casos de separación, divorcio o nulidad, se aplicará el artículo 51 de la referida Orden de 9 de octubre de 2013, que establece lo siguiente:
2. Custodia compartida. Cuando la custodia sea compartida la comunicación a ambos progenitores se efectuará sin ningún trámite, salvo indicación expresa posterior de que se ha producido un cambio en esta situación legal.
3. Parejas de hecho. En los casos de parejas de hecho que hayan puesto fin a la convivencia, se tendrá en cuenta, en caso de existir resolución judicial, las medidas paternofiliales adoptadas por parte de un juzgado o tribunal. Mientras no haya una resolución judicial, por analogía, se facilitará la misma información a cualquiera de los progenitores.
4. Contenido de la información. En las condiciones señaladas anteriormente, se trasladará información escolar cotidiana, sobre las cuestiones siguientes:
5. Accidente o urgencia médica. La información sobre accidente, indisposición o urgencia médica del hijo o de la hija menor durante su actividad escolar, se trasladará de inmediato al progenitor o a la progenitora que tenga la guarda y custodia, y si es conjunta o compartida, se avisará a ambos. De la misma manera se obrará con la persona representante legal, respecto a su pupilo o pupila. Es obligación de los progenitores entenderse entre ellos sobre lo que a la salud de sus hijos e hijas se refiere al ser inherente al ejercicio de la patria potestad compartida. Quien tenga asignada la guarda y custodia deberá comunicar dicho incidente a la otra persona, en especial, cuando afecte al régimen de visitas acordado judicialmente. Respecto a lo referido a la asistencia sanitaria del alumnado, se estará a lo dispuesto en el artículo 64 de la referida Orden de 9 de octubre de 2013.
6. Solicitud de informes. Los padres, las madres o las personas representantes legales pueden solicitar por escrito y previo registro en el centro, informes sobre datos o documentos que ya existen en el expediente del alumnado, incluidos los informes psicopedagógicos, las valoraciones del departamento de orientación y la resolución de expediente disciplinario, obteniendo copias de los mismos.
Cuando por cualquiera de las dos partes en conflicto se alegue la existencia de una resolución administrativa o judicial con incidencia en el ámbito escolar, se debe comunicar al centro, teniendo este constancia de su recepción, así como acreditar su autenticidad.
a) Dirección del centro. La dirección del centro, en el ejercicio de sus competencias, puede proponer directamente a las partes implicadas el procedimiento de mediación para resolver amistosamente las discrepancias o desavenencias producidas, siendo la aceptación voluntaria.
b) Persona responsable. La dirección del centro puede designar una persona responsable, preferentemente cargo directivo, orientador u orientadora, docente acreditado en mediación, miembro del equipo de convivencia ... ante un conflicto entre los padres, las madres o las personas representantes separados, divorciados o parejas que ya no convivan, quién previa aceptación, propondrá a las partes implicadas el procedimiento de mediación para la resolución de los conflictos que puedan surgir en el ámbito escolar, siendo de aplicación dicho procedimiento siempre que estos lo acepten voluntariamente.
c) Inspección educativa. La dirección del centro o los padres, las madres o las personas representantes separados, divorciados o parejas que ya no convivan, pueden solicitar la intervención mediadora del inspector o inspectora de zona, a través de la dirección del centro, o mediante petición directa al inspector o inspectora del centro en la sede de la Inspección de Educación.
a) Ámbito. El procedimiento de mediación aquí regulado solo será de aplicación en aquellas cuestiones que surjan en el ámbito escolar y no hayan sido expresamente previstas en las presentes instrucciones, pues en ese caso se aplicará lo ya previsto.
b) Garantías. El procedimiento de mediación es voluntario para las partes implicadas y conducido por una persona mediadora, ajena al conflicto, e imparcial y neutral en relación con las partes en conflicto y que velará por el interés superior del menor, mediando entre las partes en conflictos para facilitar que estas alcancen un acuerdo que respete ese interés superior.
c) Confidencialidad. Se garantizará a las partes en conflicto la estricta confidencialidad de toda la información surgida durante el procedimiento de mediación, y no podrá utilizarse dicha información en el caso de continuarse la gestión del conflicto por otra vía ajena a la mediación.
d) Plazo. El procedimiento de mediación descrito en esta instrucción no puede durar más de diez días hábiles, salvo circunstancias justificadas y excepcionales a valorar por la dirección del centro o la inspectora o el inspector de zona.
a) Acuerdo. El acuerdo alcanzado mediante el procedimiento de mediación es vinculante y se entenderá siempre como solución provisional, hasta que no haya pronunciamiento judicial o administrativo sobre la cuestión, bien porque se haya resuelto judicialmente o bien porque se haya alcanzado acuerdo de mediación familiar, formalizado o ratificado el convenio regulador ante Notario o Letrado de la Administración judicial. Dicho pronunciamiento se comunicará al centro por cualquier vía que acredite su recepción y la autenticidad de la misma. En este caso el centro docente deberá acatar dicho pronunciamiento.
b) Desacuerdo. De no alcanzarse acuerdo tampoco con la intervención de esta persona mediadora, se entenderán agotadas las vías de mediación, pudiendo las partes promover o continuar el procedimiento judicial que corresponda a fin de resolverlo.
1. Términos básicos. A los efectos de las presentes instrucciones, se entenderá por:
- Prohibición de aproximación: consiste en la prohibición a la persona imputada -actualmente, investigada o encausada- de aproximarse a la víctima allá donde se encuentre, y además de aproximarse a su domicilio, lugar de trabajo y otros lugares que frecuente (domicilio de familiares, colegio de los hijos, etc.).
Ver anexo en las páginas 19501-19507 del documento

References: resolución 
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 resolución 
 resolución 
 resolución