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Timestamp: 2019-09-18 22:30:45+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-03-12Regresar
La inscripción de los libros de contabilidad en el registro mercantil, independientemente de la forma en que se lleven por parte de la administración de la compañía fue eliminada de manera expresa por la norma legal que nos ocupa.
1. El Decreto 0019 de 2012, en su artículo 173 que modificó el artículo 56 del Código de Comercio, relacionado con los libros del comerciante, le adicionó un inciso al citado artículo, consagrando que "Los libros podrán llevarse en archivos electrónicos, que garanticen en forma ordenada la inalterabilidad, la integridad y seguridad de la información, así como su conservación. El registro de los libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional". Aquí tenemos entonces que al disponer la norma legal que los libros del comerciante, podrán llevarse en medio electrónicos, es claro que la administración de la compañía, puede perfectamente decidir porque medio lleva los libros, bien de manera física o electrónica.
"Deberán inscribirse en el registro mercantil: "7 Los libros de registro de socios o accionistas y los de actas de asamblea de junta de socios"
"Al suprimir la exigencia para los libros de contabilidad, se entiende que desde la fecha de expedición del mencionado decreto, los comerciantes no están obligados a inscribir dichos libros en el registro mercantil,sin que para tal efecto se requiera reglamentación alguna "
( 2015-03-12) Consultar
¿El impuesto complementario de normalización tributaria aplica para activos omitidos en declaraciones que a la fecha de vigencia de la norma, son objeto de requerimiento especial de la administración de impuestos en uso de las facultades que le confieren los artículos 684, 688 D4048/8; D2360/9; R7,9/8; R7234,7257/9; r486/11, 2123/14, 4276/14?
Es posible que los contribuyentes sujetos pasivos y declarantes voluntarios (quienes no estén obligados a declarar el Impuesto a la Riqueza) en forma libre y espontánea liquiden y paguen el impuesto a la riqueza sobre activos omitidos correspondiente al año 2011.
Si no pudiera determinarse el lugar en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente en ninguno de los países, se considerará residente solo del Estado donde viva habitualmente.
A la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le correspondió absolver una consulta para determinar el país en donde se debe declarar el impuesto a la renta y patrimonio de una persona colombiana que, por su vínculo laboral, permanece desde hace 18 meses en México y obtiene sus ingresos en ese país, aunque cerca del 95 % de sus bienes están ubicados en Colombia.
Las particularidades de la consulta evidenciaron que una persona bajo estas condiciones cumple con los requisitos para ser considerado residente en ambos países, por cuanto el lugar en donde vive y recibe sus ingresos es el país foráneo, aun cuando más del 50 % de sus activos se encuentran en Colombia.
En ese orden, la entidad precisó que la persona natural tendrá que considerar los parámetros que consagre la legislación mexicana para establecer si es residente de este país, para que, en caso de concluir que es residente en ambos Estados, se observen las reglas expuestas en el apartado 2º del artículo 4º del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio.
Según el instrumento, dicha persona será considerada residente solo del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si esta fuere en ambos países, se considerará residente solo de aquel con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas.
IMPUESTOS DESCONTABLES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Para que proceda se requiere la factura.
Pues bien, para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, el artículo 771-2 del estatuto Tributario, señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario; estos requisitos son: Artículo 617. Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: […] b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. c) Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente descuento.d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e) Fecha de su expedición. f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g) Valor total de la operación.
El artículo 618 ibídem modificado por la Ley 488 de 1998 establece la obligación a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija. Para la Sala los requisitos contenidos en las normas mencionadas no pueden considerarse como unas meras formalidades.
Expedir y exigir la factura con los requisitos legales son deberes de colaboración con la administración para hacer efectivos los principios constitucionales de solidaridad y prevalencia del interés general. - En materia tributaria la libertad probatoria no es absoluta, pues, en ciertos eventos, el legislador puede exigir la presentación de documentos privados, como sucede con la factura para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta.
REQUISITOS DE LA FACTURA - Si alguno falta hay lugar a rechazar los costos / FACTURA - Quien aparece en ella es el beneficiario del costo.
No debe perderse de vista que el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 383 de 1997 que fue expedida para fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, se refiere de manera general a los requisitos para la procedencia de los costos y deducciones en impuesto sobre la renta y de impuestos descontables en el impuesto a las ventas, sin hacer ninguna distinción.
En consecuencia, se repite, si se trata de probar costos es posible rechazarlos con fundamento en el incumplimiento al literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario, porque conforme con el artículo 771-2 citado es un requisito que en todo caso debe cumplirse para la procedencia de los mismos, por ser ésta la norma que regula expresa y especialmente el asunto.
Por lo anterior, a juicio de la Sala fue procedente el rechazo de los mencionados costos, porque las facturas en que se soportaron no cumplieron los requisitos legales para su aceptación como prueba de los mismos. De manera que si la ley exige que para la procedencia de los costos, las facturas que los soportan deben tener los apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, para la Sala la persona que allí se designe es la titular de ese derecho y quien puede solicitar los costos en su declaración.
Cabe resaltar que, conforme con el artículo 776 del Estatuto Tributario, los comprobantes externos prevalecen sobre los asientos de contabilidad y sólo es dable considerar comprobados los costos y deducciones hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes. Pero esos comprobantes deben darle ese derecho al contribuyente, mediante el cumplimiento de las exigencias legales.
Pues bien, el artículo 650-2 del Estatuto Tributario establece que cuando el declarante no informe la actividad económica, se aplicará una sanción hasta de seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000, año 1999) que se graduará según la capacidad económica del declarante.
Según el artículo 647 del Estatuto Tributario constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, entre otras, la omisión de ingresos, así como la inclusión de costos, deducciones, pasivos, descuentos, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.
Esta sanción será igualmente aplicable cuando se informe una actividad económica diferente a la que le corresponde o a la que le hubiere señalado la Administración una vez efectuadas las verificaciones previas del caso. Para la Sala, el análisis que efectuó al DIAN para imponer la sanción se adecuó al artículo señalado, pues estableció que el porcentaje de ventas al por mayor era muy superior al de ventas al detal, de manera que no podía considerarse como válida la actividad informada en la declaración de renta.
Aún cuando el error a que se refiere el artículo 650-2 del Estatuto Tributario sea susceptible de corregir de oficio o a petición de parte, conforme con la Ley 962 de 2005 y la Circular 118 de la DIAN, para la época de los hechos se consideraba como sancionable informar una actividad que no correspondiera y procedía la sanción, previa la verificación por parte de la Administración, como ocurrió en este caso.
DILIGENCIA DE REGISTRO - La resolución que la ordena debe ser motivada.
El registro es una facultad que la Ley concede a la Administración de Impuestos cuyo procedimiento es autónomo y se encuentra en su totalidad contenido en el artículo 779-1 del Estatuto Tributario, ya transcrito.
Esta diligencia no requiere investigación previa como condición para su realización, antes bien, su resultado puede derivar en un requerimiento especial, éste sí con las glosas y explicaciones que la misma norma exige al determinar su contenido.
Entonces, cuando la citada norma otorga la facultad al ente tributario para "ordenar mediante resolución motivada", alude a que en ésta debe expresar el motivo que tenga para llevar a cabo el registro, no para modificar la declaración presentada, lo cual debe exponerse en el requerimiento especial con posterioridad a la investigación efectuada.
La premisa antedicha es corroborada por la sentencia de la Corte Constitucional C-505 de 1999 ya citada, cuando al respecto manifiesta: "De ahí pues, que la motivación del acto administrativo que autoriza la diligencia debe justificar suficientemente las razones que conducen a tomar la decisión del registro"; obviamente no las que respaldan las glosas.
AUTO DE VERIFICACION O CRUCE - Es un acto de trámite no susceptible de recursos.
La norma faculta expresamente a los funcionarios que lleven a cabo el registro para "Tomar las medidas necesarias" con el fin de evitar el ocultamiento o destrucción de las posibles pruebas "mediante su inmovilización o aseguramiento", sin existir legalmente un procedimiento puntual sobre la forma en que puedan ser aseguradas las mismas.
No obstante, el secuestro de documentos implica su aseguramiento y es una medida necesaria para evitar el ocultamiento o destrucción de los mismos.
LIBROS DE CONTABILIDAD - Para que sirvan de prueba deben estar registrados. FACTURA - Es prueba para la procedencia de costos y deducciones.
Carece de valor probatorio dado el hecho que los libros de contabilidad fueron registrados con posterioridad a la ocurrencia del hecho económico (el 22 de diciembre de 1999) incumpliendo lo preceptuado por el artículo 28 numeral 7 del Código de Comercio y 126 del Decreto 2649 de 1993, posición avalada por Sentencia del Consejo de Estado de fecha 21 de junio de 1995, y, siendo requisito indispensable que las cifras certificadas por contador sean extraídas de dichos libros, además de estar debidamente soportadas, corren la misma suerte.
Aparte de lo anterior, es requisito sine qua non que las deducciones solicitadas den cumplimiento a las exigencias del artículo 107 del Estatuto Tributario, y que se encuentren debidamente soportadas en medios probatorios idóneos, como lo determina el artículo 743 ib.
En ese orden de ideas, el artículo 771-2 del mismo Estatuto Tributario, exige taxativamente para la procedencia de costos y deducciones en renta, que el adquirente de cualquier bien o servicio posea, y exhiba cuando sea requerido por la Administración de Impuestos, con los requisitos contemplados por los artículos 617 y 618 ib, la respectiva factura o documento equivalente.
VALES - No son soporte para deducir el gasto por almuerzos / PAGOS LABORALES - Requisitos de procedencia.
También se hizo hincapié en que para poder aceptar cuentas de cobro como soporte del gasto, es preciso demostrar que el beneficiario del mismo pertenece al régimen simplificado de IVA, así como que los vales no son soporte para hacer deducible el gasto por almuerzos, aparte de que dicho gasto carece de relación de causalidad.
Para la vigencia fiscal en estudio, constancia que por sí sola no presta mérito alguno, toda vez que para la procedencia de los pagos laborales es requisito sine qua non cumplir con el pago de todos los aportes obligatorios en calidad de patrono, de acuerdo con el artículo 664 del Estatuto Tributario, so pena del rechazo de la deducción por salarios y demás erogaciones laborales.
En las sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por obligaciones sociales. Estas acciones sólo podrán ejercitarse contra los liquidadores y únicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos.
Me refiero a su escrito mediante el cual formula una consulta sobre diversos aspectos relacionados con la liquidación privada o voluntaria, en los siguientes términos:
2. En un trámite liquidatorio con procesos judiciales en curso, es posible constituir una fiducia o qué medida sería posible tomar a efectos de garantizar los pagos en el evento de fallos condenatorios a futuro en contra?
3. En el evento de que hayan varios acreedores y contablemente se registren cuentas por pagar, es suficiente con emplazarlos en un diario de Amplia circulación? y si no se presentan qué debo hacer? Debo surtir otro tramite de notificación?
Es necesario establecer estándares para la revelación de la información financiera de las Administradoras de Riesgos Laborales, los cuales deben ser implementados, adoptados y ejecutados con el fin de que dicha información se presente adecuadamente en los estados financieros y sus notas, y sea posible su análisis, interpretación, simplificación, abstracción y agrupación.
Artículo 1. Estándares para revelación de información financiera de Administradoras de Riesgos Laborales.
Para la revelación de la información financiera de las Administradoras de Riesgos Laborales, se deberá tener en cuenta lo previsto por el inciso segundo del parágrafo 5° del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, según el cual las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales, para el pago de las labores de intermediación, sólo podrán utilizar recursos propios; estos recursos son aquellos que conforman su patrimonio o constituyen ingreso, sin que en ningún caso puedan utilizarse para esos efectos las cotizaciones pagadas, las reservas técnicas, las reservas matemáticas constituidas para el pago de pensiones del sistema, ni sus rendimientos financieros.
Artículo 2. Reporte y' revelación de Información de las Administradoras de Riesgos Laborales. La Superintendencia Financiera de Colombia definirá los mecanismos de reporte y revelación de información específico para las Administradoras de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el artículo anterior.

References: artículo 173
 artículo 56
 artículo 4
 artículo 771
 artículo 617
 Artículo 617
 artículo 615
 artículo 618
 artículo 771
 artículo 617
 artículo 771
 artículo 776
 artículo 650
 artículo 647
 artículo 650
 resolución 
 artículo 779
 resolución 
 artículo 28
 artículo 107
 artículo 743
 artículo 771
 artículo 664

Artículo 1
 artículo 11

Artículo 2