Source: http://juanbolivardiaz.com/category/analisis/2019/politica-2019/page/2/
Timestamp: 2020-01-21 20:50:44+00:00

Document:
octubre 5, 2019 enero 14, 2020 by Juan Diaz	| Leave a comment
Las inéditas elecciones primarias simultáneas, y hasta con padrón abierto en el PLD, someten a prueba el polarizado sistema partidista, por las fuertes incertidumbres que sacuden al partido gobernante, mientras el opositor PRM podría salir fortalecido
En la lucha interna los peledeístas han demostrado su gran capacidad para copiar recursos económicos y falta de escrúpulos para abusar del poder estatal, por lo que sus opositores tendrán que empeñarse en una coalición que no sólo aporte votos, sino también en lo inmediato fuerza orgánica y moral para lograr contención de los excesos y mejorar las posibilidades de competencia. Porque si algo queda patente en estos días es que la democracia dominicana no llega todavía a la adolescencia, que se mantiene recentina y con fuertes discapacidades.-
septiembre 28, 2019 enero 10, 2020 by Juan Diaz	| Leave a comment
septiembre 21, 2019 enero 10, 2020 by Juan Diaz	| Leave a comment
El desgarramiento interno del partido gobernante con creciente desgaste, su incapacidad para resolver los graves problemas nacionales tras dos décadas de gobierno y el hastío que evidencia la población, podrían generar un cambio de gobierno en el 2020
septiembre 14, 2019 enero 10, 2020 by Juan Diaz	| Leave a comment
Con mayor desmesura de lo esperado, el presidente Medina decide jugárselas todas en su empeño por impedir la candidatura presidencial de Leonel Fernández, al lanzar el Estado a la campaña para la elección primaria, incrementando el riesgo de división del PLD
Pero si le ponen la soga al cuello, Leonel tendría la opción de retirarse días antes, motivándolo en inaceptable abuso del Estado, y alegar que al no haber perdido, puede ser postulado por otro partido. Se dividiría el PLD en proporciones que lo expondría a perder el poder, con alto costo para Danilo Medina.-
septiembre 7, 2019 enero 10, 2020 by Juan Diaz	| Leave a comment
A cuatro semanas de las elecciones primarias, a cinco meses de las municipales y a ocho de las presidenciales y congresuales, el panorama nacional se caracteriza por el desconcierto y la desesperanza, con un escándalo tras otro y encarnizada confrontación en el gobierno
La espectacular lucha en el partido gobernante por el control de la maquinaria de poder sobre todas las instancias del Estado y gran parte del tejido social cobra cada semana di9mensiones antes insospechadas, en medio de una cadena de escándalos sin tregua, mientras gran parte de la población sufre escasez de agua y prolongados apagones eléctricos.
Llama la atención que los partidos de oposición no hayan podido capitalizar de forma significativa el descontento, atrapados en el juego chiquito de la competencia por las candidaturas, sin poder responder los reclamos de concertación social, que tienen expresión en gritos por una “revolución moral”.
El delfín está a la vista
A un mes de las elecciones primarias en las que los dos partidos mayoritarios escogerán la mayoría de sus candidatos para los comicios generales a cinco y ocho meses de distancia, el panorama de caracteriza por la profundización de la encarnizada lucha por el control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de su andamiaje de dominio estatal y social
Las renuncias a las precandidaturas presidenciales por parte del secretario general del partido y presidente del Senado, Reinaldo Pared, y de Carlos Amarante Baret, ambos miembros del Comité Político señalados como danilistas, mostraron las profundidades del desconcierto y una impiadosa lucha política al denunciar desigualdades y la irrupción del poder estatal. Un tercero, Manuel Crespo, del Comité Central, no declinó pero pidió a la JCE que inhabilite a Gonzalo Castillo, quien aparece a la vista general como el delfín del presidente Danilo Medina.
Ni dentro ni fuera del PLD se duda de la parcialidad del mandatario, quien no ha relevado a Castillo del cargo de Ministro de Obras Públicas, más de un mes después, como fue norma con otros tres que corren desde el año pasado. Su despliegue de publicidad, movilizaciones masivas parecen superar los todos los contendientes en conjunto, en medio de denuncias de abuso de recursos estatales. En su favor se organizan cocteles, como el convocado para el martes en Cuesta Hermosa II donde a contratistas y suplidores se les pide contribución de 500 mil pesos.
Aunque es este fin de semana que los danilistas esperan definir, mediante tres encuestas, quién será el precandidato entre sus cinco aspirantes que aún se mantienen, se da por hecho que será Castillo, lo que explica que ya planifique seguir recolectando dinero para lo que los voceros anuncian como “la madre de todas las batallas” para liquidar al rival Leonel Fernández. Tendrán apenas cuatro semanas antes del 65 de octubre para recoger sus propios heridos.
En la opinión pública y los cenáculos sociales se manifiesta hastío ante la impudicia con que los gobernantes se disputan el poder, pero genera mayor preocupación la sucesión de escándalos que dejan al descubierto los enormes niveles de corrupción que diagnostican al país mediciones tan acreditadas como las del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y las de Transparencia Internacional, con el agravante de una persistente impunidad, y el silencio de las máximas autoridades, negadas a responder legítimos cuestionamientos.
En el lapso de tres meses, de junio a agosto, se produjeron cuatro graves escándalos, el primero el atentado que casi cuesta la vida al astro beisbolero David Ortiz, revelador de una estructura de sicariato, sin que las conclusiones oficiales hayan tenido mínima credibilidad general, incluyendo a la víctima que desde Boston contrata su propia investigación.
Le siguió a fin de junio la revelación de documentos indicativos de que Odebrecht pagó sobornos por más de 55 millones de dólares para las contrataciones de las plantas de carbón de Punta Catalina y seis obras de este gobierno. La sociedad sigue esperando que se reclame a la constructora que identifique los 28 seudónimos de los receptores de los sobornos revelados por un Consorcio Internacional de Periodistas, a lo que está obligada por el acuerdo de lenidad que le exoneró de responsabilidad tras su confesión de que había sobornado aquí por US$92 millones.
En agosto lo de Odebrecht quedó opacado por las aún inconclusas revelaciones de las operaciones de la red de narcotráfico de César Peralta, “El Abusador”, como otros escándalos detonados por autoridades norteamericanas que no se economizan consignar que operaba con amparo de la corrupción dominicana. Y septiembre arrancó con la podredumbre que permitió el asesinato de la abogada Anibel González que elevó al infinito la indignación general.
Confusión y desesperanza
Con tan desolador panorama político y de corrupción gubernamental, y cuando apenas se superaba el desasosiego de meses por los empeños gubernamentales en una nueva reforma constitucional continuista con indicaciones de repercusiones económicas, dirigentes opositores proponen once reformas a la Constitución, buscando alterar el proceso electoral en marcha y el límite presidencial de “dos períodos y nunca más” para que el presidente Danilo Medina pueda volver a postularse en cuatro años.
Para colmo, la inexplicable propuesta, cuando casi todos los legisladores están en campaña por relegirse, parece tener el beneplácito del máximo dirigente de la principal organización empresarial al que se le atribuye haber dicho que hay tiempo para tal reforma, si hay voluntad política. Eso revela un desprecio por la institucionalidad democrática y la ponderación y el ambiente de concertación que debe pautar una reforma de la Constitución.
Lo que predomina es la confusión, la incertidumbre y la desesperanza generadas por la escasa credibilidad en la gestión política y por evidentes deseos de alternativas gubernamentales expresados en las encuestas, tras el dominio peledeísta de cinco de los últimos seis períodos constitucionales.
Como si todo eso no bastara, durante los últimos meses se ha producido un agravamiento de las precariedades de los servicios de agua y electricidad en perjuicio de las actividades productivas, sociales y familiares de una gran parte de la población de los sectores populares y clases medias bajas, residentes en barriadas de las grandes ciudades y en las poblaciones medianas y pequeñas. Se le agrega la epidemia de dengue y el colapso de la salubridad.
Grito de “rebelión moral”
Desde la comunicación social y grupos de la sociedad civil se reclaman y proponen acciones para contener el deterioro que se advierte en la institucionalidad democrática, el sistema político, la corrupción y la impunidad generalizadas, bajo la convicción de que se precisa una profunda reforma política, sin las improvisaciones y chapucerías que se impusieron en las recientes leyes de Partidos y del Régimen Electoral, que llevan seis anulaciones de preceptos inconstitucionales.
Una iniciativa de Huchi Lora y su telediario El día reunió recientemente a productores del también telediario Uno+Uno, de la Fundación Institucionalidad y Justicia y del movimiento cívico Participación Ciudadana concertando el proyecto de proponer a los que resulten candidatos presidenciales en octubre un pacto por la independencia de la justicia y del ministerio público. En la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional lo extienden a todos los organismos del Estado, incluyendo la Cámara de Cuentas, JCE y Tribunal Superior Electoral, la defensoría del pueblo y hasta las superintendencias.
Un grito significativo quedó manifiesto en el artículo publicado el sábado 31 de agosto en el Diario Libre con el título de “Rebelión moral”, más significativo por provenir de un diplomático de carrera, de posiciones moderadas, como lo es Pedro Padilla Tonos. Invita a abandonar la sumisión y la indiferencia para enfrentar “el progresivo deterioro de la institucionalidad, la democracia y la vida de la gran mayoría de nuestro pueblo y que parece condenar a nuestro país al trágico destino de caerse a pedazos”.
Padilla pide un sacudimiento general, “una genuina y pacífica rebelión moral que advierta a los futuros gobernantes que la RD no les pertenece… que deben cumplir el mandato de nuestra Constitución y de nuestras leyes, y que de lo contrario, por las buenas o por las malas, tendrán que abandonar el poder, no importa las consecuencias”.
Juego chiquito no triunfa
En el beisbol, que tanto apasiona a los dominicanos, se pondera el “juego chiquito”, al que suelen apelar los equipos que no tienen bateadores de poder. Se trata de buscar bases por bolas, robarse las bases, tocar la pelota para adelantar corredores y tratar simplemente de chocar la bola, porque los elevados no llegan muy lejos y son capturados. Así pueden ganar muchos juegos, pero no el campeonato, porque a las series finales llegan los conjuntos de grandes bateadores, que con un solo batazo superan los pequeños avances.
En los círculos del análisis político se concluye que la oposición al PLD insiste en el juego chiquito, con posiciones moderadas, desconociendo que el espacio conservador está eficientemente cubierto por los gobernantes. Al no jugárselas con las grandes rebeliones, no logran capitalizar el descontento general y reafirman que “todo es lo mismo”. En tal circunstancia, los insatisfechos no encuentran razón para moverse y los sectores amarrados por el clientelismo y el rentismo siguen prefiriendo a quienes “le dan lo suyo”.
Hay quienes entienden que ese juego chiquito está determinado por la distracción en la búsqueda de candidaturas y que una vez estas queden definidas, tendrán que apostar a satisfacer la fanaticada, con jonrones y no esperando que los dominantes les den bases por bolas o que cometan errores fatales. Pero eso está por verse.-
agosto 31, 2019 enero 9, 2020 by Juan Diaz	| Leave a comment
Sólo una gran sinergia opositora podría superar el control de gran parte de casi 700 mil empleados estatales, de un millón de posesionarios de tarjetas sociales, millares de bocinas, inmensas fortunas acumuladas y el abuso de los recursos públicos del peledeísmo.
agosto 17, 2019 enero 9, 2020 by Juan Diaz	| Leave a comment
El mandatario debe concentrarse en terminar con aprobación su período gubernamental, concluyendo las obras pendientes, sin disparar el déficit fiscal ni el endeudamiento y mejorar la institucionalidad con un proceso electoral libre de los abusos del Estado
En el discurso del 22 de julio donde resignó la posibilidad de buscar otro período de gobierno, el presidente Danilo Medina delineó respuestas a los retos de su último año, resaltando el respeto a las normativas institucionales y auspiciar una campaña electoral limpia y de sana competencia que refleje la voluntad democrática del pueblo dominicano.
Para concluir bien su gestión de ocho años, el mandatario debería concentrarse también en concluir las obras en proceso, evadiendo iniciar las que no pueda ejecutar, evitando disparar el gasto fiscal que heredó, lo que le generaría gratitud y hasta condescendencia por los déficits más notables, como la corrupción y la impunidad.
Un desafío fundamental
Un desafío fundamental de Danilo Medina (DM), porque lo tendrá que enfrentar desde el inicio de la legislatura, es cumplir su propio discurso del 22 de julio último, cuando rechazó prolongarse en el poder, inclinándose ante imperativos institucionales y expresó que al terminar el segundo mandato “quiero salir a las calles a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honradez y la humildad”. Podría demostrar que hay vida más allá de las poltronas presidenciales.
En su alocución a la nación, Medina manifestó tranquilidad de conciencia porque la reforma constitucional que auspició en el 2015 “reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiera optar por dos mandatos consecutivos”. Esa fórmula fue adoptada en la reforma constitucional del presidente Hipólito Mejía del 2002, y había sido señalada como preferida también por el presidente Leonel Fernández quien, sin embargo, la modificó en el 2010 en beneficio propio.
Ese será un reto para DM porque se teme que sus seguidores insistirán en la legislatura iniciada ayer en una nueva reforma de la Constitución con el objeto de permitirle que pueda volver a optar por la presidencia a partir del 2024, ya que la vigente establece, en su artículo 124, que el presidente “podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República”.
DM, quien ni siquiera insinuó la posibilidad de otra reforma constitucional para su beneficio, no puede permitir que la sociedad vuelva a la incertidumbre, con un debate de 11 modificaciones, impropio de un período con los legisladores en campaña por reelegirse.
Un liderazgo responsable
El presidente Medina no debería consumirse en un nuevo rechazo a la reforma constitucional al vapor, motorizada por el interés personal, y en cambio saldría por la puerta grande si hace prevalecer su convicción de que el “liderazgo responsable se muestra en los momentos complejos”, como proclamó el 22 de julio. Entonces llamó al liderazgo político a actuar en el proceso electoral “con la mayor responsabilidad y transparencia, para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad democrática”. Confió en que habrá una campaña limpia y “regida por el civismo y la sana competencia”.
Nadie debe esperar que DM trabaje para que su partido pierda las elecciones, pero sí que evite la irrupción de los poderes del Estado en la campaña electoral, de lo que él mismo se dijo víctima cuando perdió la nominación presidencial para las elecciones del 2008 en que Leonel Fernández se religió. Puede comenzar por desmentir a quienes entienden que él inclinará el poder presidencial y estatal para imponer un candidato en su propio partido, sometido a un peligroso curso de división. Tiene la oportunidad de convencer a muchos opositores que lo creen incapaz de actuar como un estadista que sobrepone el interés nacional al propio.
La primera prueba la tendrá DM en mantener el Estado fuera de la competencia interna de su propio partido, y compensaría algunos de los déficits institucionales de las gestiones del PLD, si promueve la equidad en las campañas electorales, fortaleciendo una democracia que muchos diagnostican como adolescente. Y superaría a su rival interno, quien abusó del Estado hasta el punto que su sucesor se quejó de que sólo recibió facturas.
Mantener equilibrio fiscal
Entre los retos que afronta DM en su último año de gestión está el mantener el precario equilibrio fiscal, sin disparar el déficits ni tensar más la cuerda del endeudamiento que según cifras de Hacienda, creció en 5 mil 664 millones de dólares, entre junio del 2018 a junio del 2019, para un incremento de 472 millones por mes, y 15.7 millones de dólares por día, que al 51 por dólar, implican 802 millones de pesos diarios.
La tentación de disparar el gasto será mayor si acaricia la idea de volver a ser candidato presidencial, porque entonces tratará de hacer hasta la imposible para acumular gratitudes y lealtades. Tendría que romper la tradición dominicana de que los gobiernos dejan cientos y hasta miles de obras inconclusas, y extreman el populismo para abonar las posibilidades de retorno.
La conclusión de obras como la Presa de Monte Grande, la carretera perimetral de Santo Domingo, y la remodelación de una veintena de hospitales deberá estar entre las prioridades, al igual que la conclusión de las plantas eléctricas de Punta Catalina, que quedará como la gran frustración del gobierno de Medina y el peor ejemplo de corrupción. Ni hablar de nuevas contrataciones para obras más allá del año, a no ser que surjan emergencias.
Alegrías y penas de DM
Aunque el espectro de Punta Catalina le perseguirá por mucho tiempo, DM tiene la oportunidad de ganar indulgencias si se conduce en este último año como el estadista que necesita el país, con prudencia en lo político y lo económico. Tiene logros que reivindicar comenzando por haber mantenido el crecimiento económico por encima del 5 por ciento.
Pasará a la historia como el gobernante que más aulas escolares construyó, que acató el clamor popular por mayor inversión en la educación, con tanda extendida y almuerzo a los alumnos y mejoría del profesorado, además de haber continuado el legado de obras viales de su antecesor. Se le acredita el servicio del 911, la mayor atención y financiamiento a las pequeñas empresas y productores agropecuarios, haber logrado eliminar iniquidades como el contrato para explotar el oro de Cotuí y el de la Bahía de las Aguilas.
Su mayor déficit quedará en la corrupción y la impunidad, con escándalos de la dimensión de Odebrecht-Punta Catalina-financiamiento político, la reforma constitucional del 2015, de la OISOE, el CEA, OMSA, o Los Tres Brazos, desoyendo el clamor de justicia. También en la concentración del poder, para el manejo de la inversión, quedándose con más de 200 mil millones de pesos que según la ley correspondían a los ayuntamientos, y hasta con 5 mil millones de los municipios donde hay explotaciones mineras, además de casi la mitad de lo que se debió destinar a la justicia, el ministerio público y la educación superior.
La profunda crisis del sistema de salud y de la seguridad social, la inexplicable remodelación conjunta de 56 hospitales, incluyendo los mayores y regionales, la ineficiencia en el combate a la corrupción y en mejorar el transporte público y las viviendas populares y el fracaso en el sector energético, también pesarán en su contra. Además de haber llevado la deuda consolidada de todas las instituciones del Estado sobre los 50 mil millones de dólares y alrededor del 60% del PIB, y su persistente renuencia a rendir cuentas a la opinión pública.-
Extractos del discurso del Presidente Danilo Medina
La reforma constitucional del año 2015 reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiese optar por dos mandatos consecutivos.
Creo firmemente que, por más que ame servir a nuestra patria desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre o de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos. Valores que deben prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura. Porque nos definen como personas, como políticos…
Les dije que cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la Presidencia, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honradez y la humildad.
Llamo al liderazgo político que participará en el proceso electoral del 2020 a actuar con la máxima responsabilidad y transparencia, para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y los sean un fiel reflejo de la voluntad democrática del pueblo.
Confío en una campaña limpia, basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a nuestra gente. Una campaña que inyecte sangre nueva a nuestra vida política y esté regida por el civismo y la sana competencia.
mayo 25, 2019 mayo 26, 2019 by Juan Diaz	| Leave a comment
Acento.com.do/Archivo/Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE.
En un ambiente de crispación política en que el intento de otra reforma reeleccionista de la constitución parece condicionarlo todo, la JCE intenta contener la promoción ilegal de candidaturas, pero se excede al hablar de las “actividades proselitistas”
Tiene que conseguir respaldo la resolución, un poco tardía, de la Junta Central Electoral que intenta contener el desbordamiento de las actividades de promoción de candidaturas en abierta violación de la Ley de Partidos 33-18, aunque el texto incurre en un exceso al disponer la suspensión de las “actividades proselitistas”.
Con la necesaria precisión, que ha de expresarse en la reunión convocada para el miércoles 29 con los partidos, la decisión debería contribuir a mejorar el clima político contaminado por las ráfagas continuistas que intentan otra reforma constitucional, amenazando el orden institucional de la nación.
Era urgente la contención
La esencia de la Resolución 10-2019 de la JCE, que remite a las limitaciones de los períodos de campaña establecidos en la Ley de Partidos, era urgente hace tiempo para la prevalencia de una normativa que se discutió por más de dos décadas y que tiene entre sus objetivos fundamentales limitar los extensos períodos de campaña electoral y los enormes costos que tiene la democracia dominicana, los cuales incentivan la irrupción del dinero y los recursos del Estado, del tráfico de influencias y de actividades ilícitas.
Esa ley estableció que la pre-campaña electoral, o período de promoción de los aspirantes a las candidaturas electorales de los partidos, “será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos”. El reglamento emitido por la JCE en diciembre pasado precisó que se inicia el 7 de julio, hasta las elecciones primarias tres meses después.
Una extrema flexibilidad del órgano regulador, con los dirigentes políticos que ya habían adelantado actividades propias de la pre-campaña, la llevó a instituir algo que no está en la ley: “el Período Previo de Pre-campaña” (pre-pre), cuando lo que procedía era hacer acatar la normativa en un plazo razonable de días o semanas, para no afectar eventos ya programados.
El desbordamiento fue tan flagrante que muchos aspirantes a candidaturas ignoraron no sólo las limitaciones del pre-pre, sino también las de la pre-campaña misma, que el artículo 43 relega “a lo interno de los partidos”, en sus locales o en recintos cerrados, y el 44 prohíbe afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, altoparlantes y cualquier otro instrumento fuera de los locales, así como la promoción por medios radiales y televisivos.
El reclamo social de que prevaleciera la ley fue intenso, y hace dos semanas que lo formalizo ante la JCE el movimiento cívico Participación Ciudadana.
La JCE tuvo que dar dos plazos, el último en diciembre, para lograr que desmontaran cientos de vallas en carreteras y calles, mientras en el partido de gobierno se desarrollaba una intensa campaña con actos multitudinarios en centros deportivos y transmisiones de radio y televisión. El primero fue el expresidente Leonel Fernández, y posteriormente los partidarios de la re postulación del presidente Danilo Medina se lanzaron de lleno a organizar actos masivos provincia por provincia. Algunos de esos actos fueron transmitidos por cadenas de radio y televisión y redes sociales, y se llegó al extremo de que el ministro de Obras Públicas difundió por estos medios una extensa promoción de la candidatura de Medina, aunque el mandatario tiene un impedimento constitucional para optar de nuevo por la presidencia.
Otros precandidatos del partido gobernante también montaron vallas y realizaron actos masivos públicos promoviendo sus aspiraciones, especialmente el exministro de Educación Carlos Amarante Baret y el presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez. Por todo el país los alcaldes aspirantes a la reelección encontraron recursos para promoverse y ya habían comenzado también los aspirantes a senadores, diputados y hasta a regidores.
El generalizado desafío a la Ley 33-18 en cuestiones tan visibles, comprobables a simple vista, ha dejado en ridículo disposiciones más complejas de la misma, mucho más difíciles de documentar, como las violaciones a los límites del financiamiento privado y del gasto. De hecho habría que preguntar si los cientos de millones de pesos gastados en el pre-pre por quienes usufructúan el poder, serán objeto de contabilidad. Se desconoce si la JCE ha puesto en vigencia “la unidad especializada de control financiero de los partidos¨, instituida en los artículos 66 y 67 de la misma ley.
Tanto de la Ley de Partidos, como de la del Régimen Electoral 18-09, se ha criticado que tienen un régimen de sanciones poco disuasorio de los delitos electorales, hasta el punto que en ambos textos las mayores penalidades se reservaron para quienes por las redes sociales u otros medios de comunicación difundieran informaciones “que afectaran la imagen” de candidatos y dirigentes políticos, lo que ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Pero en la de partidos hay por lo menos una sanción drástica, contenida en su artículo 78, numeral 8, donde se establece que “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”.
Si se fuera a cumplir esta ley, como correspondería sin que tenga que darse ningún plazo, habría una gran renovación de candidatos por todo el país, empezando por los presidenciales, a la cabeza de los cuales se iría Leonel Fernández, el que más actividades de promoción de sus aspiraciones ha realizado, muchas masivas, en locales públicos y a través de medios de comunicación, pero por igual quedarían anuladas casi todas las precandidaturas, incluyendo las también promovidas de Luis Abinader e Hipólito Mejía del principal partido opositor, aunque estos no han realizado actos masivos en estadios ni parques, ni colocaron vallas ni han pagado spots de radio y televisión. Pero nadie cree que la JCE tenga fuerza ni siquiera para intentar dar vigencia a esa sanción. Al fin de cuenta en la cultura nacional las leyes son puras sugerencias.
El tufo salomónico
Es obvio la JCE tiene exceso de responsabilidades con los agregados de organizar las elecciones primarias de los partidos, el adelanto en tres meses de las elecciones municipales y las previsiones para el cómputo del voto preferencial, ahora también por los regidores y vocales. Tal vez eso explique que no haya querido entrar en contradicciones con los partidos, y menos con el que controla todos los poderes del Estado, el presupuesto y muchas otras cosas.
A eso se atribuye la salomónica resolución que suspendió el voto de arrastre de los senadores en las 26 provincias menores pero lo mantuvo en el Distrito Nacional y las cinco mayores provincias, a pesar de que la Ley del Régimen Electoral establece tres veces que son cuatro los niveles separados de elección, especificando el de los senadores como segundo.
En la Resolución 10-2019 “Que suspende las actividades proselitistas en el Período Previo de Precampaña”, asoma otra vez el tufo salomónico, y se exceden las facultades del organismo, entre las cuales no está suspender las actividades proselitistas de los partidos, que es un derecho inalienable. Ninguna ley ha limitado en el tiempo ese derecho constitucional. Lo que se regula son los periodos y medios de promoción de candidaturas y de campañas electorales.
En el último considerando, esta resolución señala las “visitas casa por casa” entre las que han excedido el período pre-pre, lo que implica al opositor PRM en las violaciones, ya que hace poco dedicó un fin de semana a esa labor. Pero, según se anunció, no fue para promover candidatos, sino de inscripción de miembros y para rechazar la reforma constitucional reeleccionista. Ninguno de los dos objetivos está en las prohibiciones legales.
Seguro que la JCE precisará los alcances de su resolución en la reunión convocada con los partidos, donde sí tiene que insistir en el estricto cumplimiento de la ley, y hasta recordar que está autorizada a “declarar la inadmisibilidad” de candidaturas promovidas a destiempo.
Reino de incertidumbres
Mientras se hacen esos tímidos esfuerzos por la prevalencia de las normativas, la lucha interna en el Partido gobernante sigue condicionando y contaminando el curso de los acontecimientos, apenas a dos semanas que comiencen a caer los plazos para la pre-campaña, ya que el 7 de junio los partidos tienen que hacer las reservas de las candidaturas para eventuales alianzas. Eso afecta particularmente al PLD en tanto los aliados podrían cambiar dependiendo de quién se imponga en el control del partido y/o encarne su candidatura presidencial.
Como en las semanas anteriores, se vuelve a anunciar que ya un grupo de senadores estarían listos para introducir el proyecto de ley de convocatoria de la asamblea revisora de la Constitución, pero todo sigue dependiendo de que el presidente Danilo Medina decida correr la aventura de una fuerte fractura de su partido, cuando dirigentes de su más alto organismo, como Felucho Jiménez, dan por hecho de que están al borde de la división, y otros guardan distancia de los focos de enfrentamientos.
Con gran oposición interna y 68 por ciento de la ciudadanía rechazando otra reforma constitucional reeleccionista, Medina tiene una enorme responsabilidad. De lo que no hay dudas es que una vez más el afán continuista en el poder sacude los cimientos de la institucionalidad democrática y mantiene la nación al garete por un período que ya se antoja excesivo.-
mayo 18, 2019 mayo 26, 2019 by Juan Diaz	| Leave a comment
A un año de la elección presidencial la opinión pública sigue dominada por el intento sin precedente de una segunda reforma constitucional para la continuidad del mismo mandatario, lo que luce cada vez más riesgoso para la institucionalidad democrática
La iniciativa ocurrió pocos dis después que el principal precandidato opositor, Luis Abinader, anduviera por Washington denunciando los riesgos del continuismo dominicano. Y es que una segunda reforma constitucional seguida para mantenerse en el poder, colocaría la nación al nivel de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, donde la carta magna se reforma cada vez que es necesaria en aras del continuismo en el poder. Con esos dos vecinos, y con Cuba y Haití, lo que menos quiere arriesgar EU es la inestabilidad política en RD.
mayo 11, 2019 mayo 26, 2019 by Juan Diaz	| Leave a comment

References: artículo 124
 Resolución 
 artículo 43
 artículo 78
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución