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Timestamp: 2019-06-27 10:42:42+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 3004 DE 2005
RESOLUCIÓN 3004 DE 18 DE JULIO DE 2005
CONTENIDO:FACULTADES DE DERECHO DE LAS UNIVERSIDADES OFICIALMENTE RECONOCIDAS EN EL PAÍS. SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA JUDICATURA Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. LA NORMA, A PARTIR DE LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD, REGLAMENTA LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y LA JUDICATURA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LAS FACULTADES DE DERECHO EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LO CUAL PERMITE CONTRIBUIR CON SU EDUCACIÓN INTEGRAL Y FACILITA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SERVICIO QUE PRESTAN A LA COMUNIDAD. LA RESOLUCIÓN CITA LAS LEYES 938 DE 2004 MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 115 DE 1994 O LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN Y 446 DE 1998 POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y EL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE DESCONGESTIÓN, EFICIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1270 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2005, PG.206
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 1684 DE 2010 ARTÍCULO 12 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 3004 DE 2005
“Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la judicatura y prácticas académicas de los estudiantes de derecho en la Fiscalía General de la Nación”.
(Nota: Derogada por la Resolución 1684 de 2010 artículo 12 de la Fiscalía General de la Nación)
(Nota: Adicionada por la Resolución 20532 de 2006 de la Fiscalía General de la Nación)
La Ley 938 de diciembre 30 de 2004, “por la cual se expide el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación” en el numeral 17, artículo 11, consagra como una de las funciones del Fiscal General de la Nación, la de “Expedir reglamentos, órdenes, circulares y los manuales de organización y procedimientos conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la Fiscalía General de Nación”;
En términos del artículo 1º del Decreto 196 de 1971, “La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”;
A su vez, el inciso 2º del artículo 26 de la Carta Política de 1991 dispone que “Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones”;
El artículo 67 de la misma obra, reconoce que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”;
En desarrollo de ese postulado, la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la Ley General de Educación”, establece en el numeral 11, artículo 5º, que uno de los fines de la educación lo constituye “La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”, los cuales a su vez se plasman en el carácter social que tienen las profesiones liberales, lo que constituye una retribución a la sociedad, fin último por el que deben propender las autoridades en el Estado Social de derecho, representada en la formación en la práctica del trabajo, mediante la cual los estudiantes y egresados de las facultades a que alude la presente decisión, adquieren los conocimientos técnicos y habilidades, como fundamento de su desarrollo individual, intelectual y social;
La propia Constitución Política y en su desarrollo, la ley, ponen en cabeza de las autoridades públicas que representan al Estado social, la obligación de generar espacios de participación de la sociedad en general y en su representación, para el presente caso, los estudiantes y egresados de las facultades de derecho, puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las instituciones superiores y al mismo tiempo prestar un servicio a la comunidad, con el fin de obtener la formación integral de conformidad con los fines estatales;
La implementación de las prácticas académicas, pasantías o judicatura de estudiantes universitarios, constituye una herramienta eficaz que permite, por una parte, contribuir con la educación integral de aquellos en los términos ya señalados y, de otra, facilitar el mejoramiento de la función pública encomendada a la Fiscalía General de la Nación, a partir del aprovechamiento de las capacidades de los mismos, en los términos del artículo 251 de la Carta Política de 1991 y en aplicación de los fines establecidos por el artículo 1º de la Ley 446 de 1998, para la descongestión de los despachos judiciales;
Por último, atendiendo a lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1º de la Ley 938 de 2004, “por la cual se expide el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, es competencia del Fiscal General de la Nación desarrollar la estructura administrativa de la entidad, “... con el fin de lograr un equilibrio racional de los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos en las diferentes áreas. Para ello se tendrá en cuenta, entre otros principios, el de racionalización del gasto, eficiencia y fortalecimiento de la gestión administrativa e investigativa y el mejoramiento de la prestación del servicio”;
ART. 1º—(Modificado).* Prácticas de los estudiantes de derecho en la Fiscalía General de la Nación. Las prácticas dispuestas en el pénsum académico de las facultades de derecho de las universidades oficialmente reconocidas en el país, se podrán realizar en la Fiscalía General de la Nación, en las diferentes unidades de fiscalías, secretarías judiciales y en los despachos de fiscalías, para contribuir en las actividades propias del área misional de la entidad, en especial aquellas que guarden correspondencia con la tarea de descongestión judicial en la entidad y en general aquellas relacionadas con las respectivas actividades curriculares.
PAR.—Se requiere que los estudiantes que desempeñen sus prácticas en la Fiscalía General de la Nación se encuentren cursando sus estudios de derecho en la facultad de universidad oficialmente reconocida.
*(Nota: Modificado por la Resolución 172 de 2010 artículo 1° de la Fiscalía General de la Nación)
ART. 2º—Convenios. Para el desarrollo de las prácticas a que se refiere el artículo anterior y en desarrollo de la función a él atribuida por el numeral 24, artículo 11 de la Ley 938 de 2004, el Fiscal General de la Nación o el funcionario a quien la delegue deberá suscribir convenios con entes universitarios oficialmente reconocidos por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes.
ART. 3º—Del procedimiento para la inscripción y selección de practicantes. Para el cumplimiento de las prácticas de que trata el presente título y en relación con las universidades con las cuales se establezca el convenio de que trata el artículo anterior, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:
a) La correspondiente universidad remitirá a la Fiscalía General de la Nación, representada para ello por las direcciones nacional o seccionales administrativas y financieras, un listado de los estudiantes de derecho que deseen o deban realizar las prácticas en los despachos de que trata el artículo 1º, en el cual se consignará, además de sus datos personales, la correspondiente autorización de la facultad;
b) Con fundamento en los listados presentados, la respectiva dirección elaborará la lista de practicantes admitidos y de acuerdo con las necesidades del servicio, seleccionará el número de practicantes que considere indispensable para la colaboración en los respectivos despachos. Así determinará la unidad, despacho o secretaría judicial en la cual deberá realizar sus prácticas cada estudiante.
Para efectos de designar a los practicantes a los diferentes despachos, deberá tenerse en cuenta situaciones como el lugar de residencia y la jornada académica de los mismos;
c) Para empezar a desempeñar sus funciones, el practicante deberá tomar posesión en el cargo ante el director nacional o seccional administrativo y financiero del lugar donde deba prestar sus servicios, quien le hará las advertencias del caso, sobre las obligaciones y deberes que él implica.
De la correspondiente acta de posesión, el director nacional o seccional administrativo y financiero expedirá y enviará una copia a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura y otra, a la correspondiente universidad, dentro de los tres (3) días siguientes, especificando su nombre, institución docente, funciones y tiempo de práctica.
En los municipios fuera de la sede de la dirección seccional administrativa y financiera, la posesión podrá hacerse ante el respectivo director seccional de fiscalías o jefe de unidad, en su defecto;
d) El responsable del despacho o de la dependencia en la cual esté prestando sus servicios el practicante expedirá, dentro de los diez (10) días siguientes al cumplimiento de la práctica, constancia del servicio en original dirigido a la universidad. Copia de ella se archivará y otra se destinará a la Unidad de Registro Nacional de Abogados.
(Nota: Modificado parcialmente por la Resolución 172 de 2010 artículo 2° de la Fiscalía General de la Nación)
ART. 4º—(Modificado).* De la prestación del servicio. Las prácticas a que se refiere el presente título se ejercerán sin remuneración, por el término que disponga el pénsum de cada universidad, o de conformidad con lo establecido en el respectivo convenio.
Los estudiantes adelantarán actividades de apoyo en la respectiva unidad, despacho o secretaría judicial, en funciones como: la radicación de procesos o denuncias o asuntos de la correspondiente dependencia; control de términos; elaboración de oficios, despachos comisorios, telegramas, actas de audiencias, diligencias, proyectos de autos de trámite e interlocutorios; captura, actualización y clasificación de información; organización, manejo y control de expedientes. También podrán colaborar en las prácticas de las visitas generales y de las relacionadas con la vigilancia judicial y en los programas de descongestión que establezca la Fiscalía General de la Nación.
PAR.—Las actividades que en ejercicio de las prácticas adelanten los estudiantes, deben contribuir al logro de los propósitos de descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. En consecuencia, no se podrán designar para cumplir actividades en áreas o funciones que busquen otros fines o aquellas que tengan relación con asuntos personales de los funcionarios a quienes colaboren.
La inobservancia de las anteriores prohibiciones podrá ser sancionada conforme lo dispone las reglamentaciones disciplinarias correspondientes. Para ello, compete la vigilancia del recto ejercicio de las prácticas a las direcciones y demás autoridades competentes, quienes comunicarán cualquier anomalía a la oficina de veeduría y control interno disciplinario de la entidad.
*(Nota: Modificado por la Resolución 172 de 2010 artículo 3° de la Fiscalía General de la Nación)
a) Cumplir con los reglamentos internos de la entidad y desempeñar fielmente las labores asignadas;
b) Colaborar en la recta y cumplida administración de justicia;
PAR.—Cualquier incumplimiento de las obligaciones del practicante será comunicado por el responsable de la respectiva unidad, secretaría judicial o despacho, a la dirección correspondiente, con copia a la universidad.
ART. 6º—De la responsabilidad del practicante. El practicante responderá de la custodia, manejo y confidencialidad de los expedientes y demás documentos a su cargo, sopena de hacerse acreedor de las sanciones a que haya lugar.
ART. 7º—Desarrollo de la judicatura en la Fiscalía General de la Nación. La judicatura o servicio social obligatorio para los aspirantes a abogados podrá ser prestada por los egresados de las facultades de derecho de universidades oficialmente reconocidas, en la Fiscalía General de la Nación, en las direcciones nacional y seccionales de fiscalías, en las diferentes unidades de fiscalías, en los despachos de fiscalías y secretarías judiciales, en las condiciones establecidas por el presente acto administrativo y para lo cual deberán acreditar la terminación y aprobación de todas las materias del correspondiente pénsum académico, mediante certificación expedida por la universidad.
La prestación del servicio de judicatura será gratuita, con excepción de lo dispuesto en la presente resolución, para quienes se desempeñen como servidores de la entidad, con anterioridad a su ejercicio.
ART. 8º—Materias de judicatura. Las prácticas de judicatura solo podrán versar sobre asuntos directamente relacionados con las funciones del área misional de la Fiscalía General de la Nación, específicamente aquellas atinentes a actividades jurídicas, de conformidad con las establecidas por los manuales de funciones para los diferentes cargos de la entidad.
Las labores del judicante ad honorem serán desempeñadas en una jornada de seis horas en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, en el despacho correspondiente al cual ha sido asignado el auxiliar, pero siempre dentro de la jornada laboral ordinaria.
(Nota: Modificado por la Resolución 3636 de 2005 artículo 2º de la Fiscalía General de la Nación)
ART. 9º—Responsabilidad de los judicantes. Los egresados que presten sus servicios como judicantes, serán responsables y deberán acatar los mismos deberes y prohibiciones de los servidores de la entidad y estarán cobijados por las mismas inhabilidades e incompatibilidades de los servidores y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial.
Así mismo, deberán ajustar su comportamiento al decoro y seriedad propios de los demás servidores de la Fiscalía General de la Nación.
ART. 10.—Certificaciones. Las certificaciones sobre el cumplimiento de la judicatura serán expedidas en aplicación de lo dispuesto por la Resolución 253 de enero 19 de 2005, “por medio de la cual se hace una delegación y se reglamenta el trámite para el reconocimiento de judicatura de los servidores públicos con funciones jurídicas que laboren en la Fiscalía General de la Nación”.
De conformidad con los lineamientos trazados por el Acuerdo de junio 27 de 1997, suscrito entre la Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, y con lo dispuesto por la Resolución 253 de que trata el inciso anterior, los jefes inmediatos de aquellos judicantes que pretendan acreditar el cumplimiento de las funciones jurídicas para optar al título de abogado, deben expedir las constancias de funciones y tiempo de servicio de que trata el artículo 3º de la citada Resolución 253 de 2005, sujetándose a lo dispuesto por los manuales de funciones para los cargos de la Fiscalía General de la Nación, adoptados mediante resolución.
Además, deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
1. Para quienes cumplan las funciones a título ad honorem, deben dejar constancia del cargo desempeñado, del tiempo de servicio y de las funciones que se cumplan.
2. Para los cargos de asistente de fiscal I y II, que homologaron los cargos de técnico judicial I y II, según la Ley 938 de 2004, deben dar constancia del cargo desempeñado y del tiempo de servicio prestado, aludiendo al manual de funciones, sin especificar las funciones propias del cargo, toda vez que en el acuerdo citado, el Consejo Superior de la Judicatura acogió las mismas como válidas para el desempeño de la judicatura.
3. Para cargos diferentes a los mencionados en los numerales anteriores, el jefe inmediato debe expedir constancia de tiempo de servicio y del cargo desempeñado, haciendo especial énfasis en cuáles son las funciones jurídicas que cumplió el judicante.
La mencionada certificación deberá ajustarse a los criterios atrás expuestos y que están establecidos por la Unidad del Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, para efectos de que el judicante pueda acreditar el cumplimiento del requisito legal para la obtención del título de abogado.
ART. 11.—Adopción de la Circular 1 de julio 14 de 1997. En los términos de las disposiciones legales vigentes, la Circular 1 de julio 14 de 1997 de la Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación, “Certificación de funciones para el reconocimiento de práctica jurídica por parte del Consejo Superior de la Judicatura”, debe integrarse a la presente resolución, teniendo en cuenta que es de forzosa observancia por los diferentes despachos.
Dada en Bogotá, D.C., a 18 de julio de 2005.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 12

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 67
 artículo 5
 artículo 251
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
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