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Timestamp: 2020-02-17 22:52:37+00:00

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En primer lugar hay que entender que nos estamos refiriendo al seguro establecido como obligatorio en relación con la circulación de los vehículos de motor. Sin duda también tenemos que tener en cuenta la propia naturaleza del contrato de seguro en el que se exige sea presidido por la buena fe de las partes. De otro lado, el hecho de encontrarnos ante un contrato típico de adhesión, redactado e impuesto por una de las partes (la Cía) a la otra (el tomador) y por último el carácter de subsidiariedad que la Ley de Contrato de Seguro tiene respecto a lo no previsto en el Texto Refundido (art.2-6 de éste).
De conformidad con lo previsto en el propio Texto Refundido (art.6 párrafo primero) y siempre teniendo en cuenta que nos referimos al ámbito del seguro obligatorio, “El asegurador no podrá oponer frente al perjudicado ninguna otra exclusión, pactada o no, de la cobertura distinta de las recogidas en el artículo anterior.”.
En el artículo anterior (art.5), se establece lo que queda fuera del ámbito del seguro obligatorio, y ello se concreta en los daños personales del conductor del vehículo asegurado causante del accidente y en los daños materiales sufridos por el propio vehículo asegurado, por las cosas en él transportadas o por las cosas de los que resulten titulares el tomador, el asegurado, el propietario, el conductor, así como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los anteriores. Por último, deja fuera del ámbito del seguro los daños de toda índole causados por vehículo que hubiera sido robado, dado que entonces se remite al Consorcio (art.11.1.c).
En definitiva, sólo quedan al margen del seguro obligatorio, los daños personales del propio conductor causante del accidente y los materiales del propio vehículo y de todos los bienes transportados por éste.
Así pues, resultando que el Texto Refundido no permite ninguna otra causa de oponibilidad frente al tercero perjudicado, que las señaladas, resulta asimismo evidente que el hecho de que el conductor del vehículo en cuestión sea distinto al declarado en la póliza como habitual, e incluso que no posea el permiso de conducir o no haya siquiera sido autorizado por su propietario, es irrelevante, pues en todo caso, la aseguradora deberá responder, dentro de los límites de seguro obligatorio.
Ahora bien, ¿qué ocurre con el derecho de repetición de la aseguradora frente al tomador o asegurado, en estos supuestos de conductor no declarado como el habitual?.
Lo primero que hay que decir, conforme a la letra c), del art.10 del Texto Refundido, apartado éste redactado conforme a la Ley 21/2007 de 11 de julio, es que si el contrato lo previene, será causa de repetición del asegurador contra el tomador o asegurado, la de la conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir, lo que descarta la posibilidad de cualquier otra causa, como podría ser la del conductor habitual no declarado, y ello por dos razones. La primera porque no está prevista como causa de repetición, y la segunda porque si sólo lo es la conducción sin permiso y siempre que estuviera así previsto en el contrato, basta con que el conductor no declarado tenga el correspondiente permiso de conducir, para que en el ámbito del seguro obligatorio, no exista esa posibilidad de la repetición por parte de la aseguradora.
De otro lado también se establece en ese apartado c) del art.10 del Texto Refundido el ejercicio del derecho de repetición por las causas previstas en la Ley 50/1980 de 8 de octubre (Ley del Contrato de Seguro). Sin embargo, en dicha Ley solo se previene el derecho de repetición del asegurador contra el asegurado, en el ámbito del seguro de responsabilidad civil (art.76), únicamente “en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero.”, conducta dolosa que también se previene como causa de repetición en el apartado a) del art.10 del Texto Refundido, junto con la conducción baja la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas. No obstante los accidentes de circulación, como tales accidentes no responden a conductas dolosas o intencionales, sino a comportamientos imprudentes o culposos, por lo que difícilmente concurrirá una conducta estrictamente dolosa como causa de un siniestro en el ámbito del tráfico vial.
Dicho lo anterior, parece que el legislador, llevado por el deseo de acabar con las prácticas de ciertas compañías de seguros, de incorporar en las pólizas del seguro obligatorio de automóviles claúsulas de exclusión de cobertura que se consideran abusivas, ha olvidado que tales causas de exclusión, si bien no son oponibles a los terceros perjudicados, sí pudieran estimarse como causas de repetición a favor de las aseguradoras.
De ahí, que no exista una adecuada correlación entra las causas de inoponibilidad a terceros perjudicados (art.6 del TR) y las de repetición al tomador o asegurado (art.10,c del TR), restringiéndose de esta manera el derecho de las aseguradoras a la repetición dentro de las conducciones imprudentes en el supuesto del seguro obligatorio, a los casos de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas y, si el contrato lo previene, al de la conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir.
Es por eso que la discusión entre la conceptuación como conductor habitual u ocasional o esporádico, habida respecto al conductor no declarado en la póliza, en cuanto a determinar si están cubiertos por la póliza la responsabilidad civil por el mismo provocada, queda exclusivamente para los seguros voluntarios que amplían los riesgos de la conducción a los daños no cubiertos por el seguro obligatorio, y a los que se refiere el ya señalado art. 5 del Texto Refundido.
Por lo que respecta a los seguros voluntarios, hay que acudir a la Jurisprudencia, aunque sea la emanada de las Audiencias Provinciales, en cuyas sedes, por razones de competencia, se debaten la mayor parte de los pleitos en los que se plantean estas cuestiones la omisión de la declaración del conductor habitual.
Sin embargo, analizada la Jurisprudencia menor de nuestras Audiencias que resuelven casos similares al de la presente litis, en accidentes de tráfico con conductores diferentes de los habituales y más jóvenes e inexpertos que éstos, las soluciones suelen variar claramente.
En un primer momento para analizar la actitud del asegurado, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila de 17 de febrero de 2003 núm. 43/2003 (Refª EDJ 2003/112934) establece, en su FJ2º que; “La S.T.S. de 25 de noviembre de 1993 sienta como doctrina que la violación del deber de declaración del riesgo a asegurar, ha de valorarse, en lo posible, con criterios objetivos, de manera que no se trata solamente de calificar la conducta del declarante asegurado de buena o mala fe, sino sobre todo de atenerse el Tribunal a la objetividad de si la conducta del asegurado o tomador del seguro viene a frustrar la finalidad del contrato para la contraparte, al proporcionarle datos inexactos o que manifiesten una actitud de reserva mental que le viene a desorientar e impulsar a celebrar un contrato que no hubiera concertado de haber conocido la situación real a la que se iba a dedicar el vehículo asegurado. La S.T.S. de 25 de marzo de 1999 considera que la ocultación de datos relevantes para la determinación y valoración del riesgo, es imputable exclusivamente al tomador del seguro”.
Aclaradora al respecto y especialmente en relación a las consecuencias jurídicas de esta circunstancia de hecho, es también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 17 de diciembre de 2002, núm. 6701/2002 (Refª EDJ 2002/83399) , que en su FJ 2º establece que; “Obligación que era conocida por la entidad tomadora del seguro, ya que en las condiciones particulares del contrato, formalizado el día 3 de febrero de 1999, se pactó expresamente que el conductor habitual sería D. Gabino, folio 142 de los autos, nacido en enero del 1952, con permiso de conducir desde agosto de 1972, y sobre el cual se calculó el precio del seguro, posteriormente se produce un cambio en el conductor habitual y Grúas Sancho Toro, SL., en cumplimiento de dicha obligación, con fecha 27 de abril de 1999 procede a comunicarlo a la entidad aseguradora, folio 144 de los autos, mediante fax entendiéndose que a partir de ese momento el conductor habitual, era D. Jesús María, nacido el día 2 de febrero de 1944 y con permiso de conducir desde el día 24 de febrero de 1968, sin embargo cuando se produce el accidente quien lo conducía era Humberto, empleado de la citada entidad, nacido el día 10 de abril de 1977 y con permiso de conducir desde el día 3 de octubre de 1977, según resulta de la certificación de la Jefatura Provincial de Trafico que se encuentra unida a los autos, folio 184, y que como reconoce el representante legal de la asegurada, no había comunicado dicho cambio a la entidad aseguradora, pese a que debió hacerlo, incumpliendo por tanto la obligación mencionada, al Tratarse de hechos que se refieren a condiciones objetivas del conductor, de suma importancia para el calculo del importe de la prima, que en el presente supuesto supone una especial agravación del riesgo, si tenemos en cuenta la edad de los anteriores conductores habituales y las fechas en que obtuvieron el permiso de conducir, y las comparamos con las relativas D. Humberto, y que de haberse comunicado necesariamente hubiese supuesto un importante aumento de la prima.
Estamos ante un incumplimiento de una obligación, que conlleva necesariamente la aplicación de lo dispuesto en el párrafo ultimo del artículo 12 de la Ley de contrato de Seguro, es decir, que ha de procederse a la reducción de la indemnización proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.”
Es muy de destacar que en este caso analizado por la resolución anterior, el asegurado no había notificado que se había producido una efectiva modificación del conductor habitual, hecho reconocido, y aún así, no se le aplicó el primer párrafo del artículo 12, el de la liberación del pago de la aseguradora, sino el segundo, el de la reducción proporcional de la indemnización.
Por último, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de marzo de 2003 (Refª EDJ 2003/128656), en su FJ 2º asienta que; “Asimismo se entiende por ocupante del vehículo a la persona que en el momento del accidente se encuentra en su interior en calidad de conductor o usuario viajando, al subir o apearse del vehículo e incluso con ocasión de prestar ayuda para repararlo en ruta. Partiendo de que la fallecida no era conductora habitual del vehículo asegurado, lo que queda acreditado no solo por la declaración de los padres, sino por la testigo propuesta por la propia demandada, así como interpretando sistemáticamente el conjunto de las cláusulas antes descritas, que proclama el art. 1.285 del Código Civil, ya que la intención que es el espíritu del contrato es indivisible, no pudiendo encontrarse en una cláusula aislada de las demás, sino en el todo orgánico que constituye, debemos llegar a la conclusión que la conductora fallecida era conductor esporádico, y no se ha demostrado que lo condujera otras veces, por lo que debe ser considerada como asegurada, ya que la LCS. en los preceptos básicos que dedica a fijar la protección contractual de la parte débil en el contrato de seguros, arts. 2 y 3, se habla únicamente de asegurado, término que debe entenderse no en sentido estricto, esto es, limitado al titular del interés asegurado, sino que habrá de comprenderse bajo la denominación legal de asegurado a las restantes posiciones jurídicas afectadas por el contrato de seguro, en este caso el conductor ocasional, ya que conducía el turismo con autorización del propietario y se encontraba en posesión del permiso de conducir, por lo que procede la desestimación del primer motivo del recurso.
Igualmente debe decaer el segundo, pues la propia apelante reconoce, en su escrito interponiendo el recurso de apelación, que la póliza prevé que el turismo pudiera ser conducido por un conductor distinto del tomador, y si bien dice que ésta posibilidad está prevista para conductores autorizados y que no se encuentren excluidos, según los arts. 8 y 19 de las Condiciones Generales, lo cierto es, como ya hemos dicho, que la hija del tomador del seguro no era conductora habitual, y que de forma puntual lo condujo el día del siniestro, por lo que no existe mala fe en el tomador del seguro, condición que exige el art. 19 para quedar excluido de indemnización, ni tampoco podía poner en conocimiento de la aseguradora dicha circunstancia, por lo que por los propios y acertados razonamientos de la sentencia apelada, procede confirmar la misma en dichos extremos”.
Así pues, el corolario de toda esta Jurisprudencia nos expone que si el conductor afectado, a pesar de no ser el habitual, puede ser ocasional, y dicha circunstancia no fue maliciosamente ocultada a la aseguradora, se debe aplicar el último apartado del artículo 12 Ley del Contrato del Seguro (LCS), reduciendo proporcionalmente la indemnización, toda vez que se ha de descartar la mala fe del asegurado.
Está absolutamente alejada de la finalidad del seguro de vehículos que el mismo no pueda ser conducido, nunca, por un tercero. Más en el caso de una empresa, en la que es posible que el conductor habitual no pueda, en un momento determinado, tener otra ocupación más urgente, no estar disponible, por enfermedad, o cualquier otro motivo, y no poder conducir el coche. Sería del todo improcedente estimar que, en tal caso, el vehículo debería permanecer inactivo, y no ser conducido por ningún otro trabajador, o persona relacionada con el conductor habitual. Si quisiésemos aplicar esta obligación el contrato perdería plenamente su virtualidad, y sería mejor establecer un seguro personal, que no del vehículo, ya que sería la única manera de asegurar efectivamente el posible riesgo.
Respecto a la aparición de una tercera persona conductora del vehículo en el momento del siniestro, es elemento esencial, imprescindible, conocer su relación con el vehículo. Podía ser una persona de la empresa, que recibió el encargo de hacer alguna gestión en un momento determinado. También podía ser su conductora habitual, surgida posteriormente a la suscripción del seguro, y no notificado al asegurado. O quizás podría ser también la conductora habitual que iba a usar el vehículo en el momento de la suscripción de la póliza, conocido por el asegurado y ocultado maliciosamente al asegurador para lograr una prima más barata. En cada uno de estos supuestos, la situación sería muy diferente. Si se diese el último de ellos, habría una evidente mala fe en el asegurado, según el artículo 12 de la LCS.
Si la conductora es ocasional, o puntual en aquel momento, no es en absoluto lógico que consideremos que el asegurado ha incumplido su obligación de comunicarlo “tan pronto como le sea posible”. De la interpretación del contenido textual del precepto, hemos de entender que la obligación es notificar se produce si hay otro conductor habitual, o si hay un conductor puntual pero constante, que por ejemplo conduzca el vehículo, habitualmente, dos veces en semana, pero con cierta estabilidad. Aquí tenemos que suponer que no lo había. La mala fe se estaría dando si, cuando se contrató, o con posterioridad, el contratante dejó de ser “conductor principal”, y pasó a serlo otra persona, o esta otra persona solía conducir el vehículo. En este caso se debería haber notificado esta salvedad, para cumplir con la obligación principal de los artículos de la LCS. No puede ser obligación del asegurado, con lo que perdería la virtualidad del contrato de seguro del automóvil, notificar a la compañía cada vez que otra persona condujese el vehículo este hecho, independientemente de que fuese una única vez, lo que no tendría sentido alguno. Reiteramos que el seguro en tal caso sería un seguro de persona, no de vehículo. Se le estaría haciendo a la persona por sus circunstancias, independientemente del vehículo que condujese.
En resumen, el derecho de las aseguradoras a la repetición dentro de las conducciones imprudentes en el supuesto del seguro obligatorio, se circunscribe a los casos de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas y, si el contrato lo previene, al de la conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir.
En cuanto al derecho de las aseguradoras dentro de las conducciones imprudentes en el supuesto del seguro voluntario, se concreta en la concurrencia probada de la mala fe del tomador o asegurado, ya que si el conductor afectado, a pesar de no ser el habitual, puede ser ocasional, y dicha circunstancia no fue maliciosamente ocultada a la aseguradora, se debe aplicar el último apartado del artículo 12 Ley del Contrato del Seguro (LCS), reduciendo proporcionalmente la indemnización, toda vez que se ha de descartar la mala fe del asegurado, estando absolutamente alejada de la finalidad del seguro voluntario de vehículos que el mismo no pueda ser conducido, nunca, por un tercero.

References: artículo 12
 resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12