Source: https://morey-abogados.blogspot.com.es/2007/10/
Timestamp: 2017-12-14 15:00:59+00:00

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Desde los medios de comunicación se reclamó que la empresa denunciara a la Administración ante los Tribunales de Justicia o que reaccionara públicamente ante las manifestaciones de la Ministra. Pero, además de que la empresa está sujeta al cumplimiento del proyecto, pliegos técnicos e instrucciones y dirección de la Administración, lo que puede suponer que ésta también tenga su responsabilidad, es normal que la empresa, que puede depender en buena parte de las obras públicas y de los contratos con las Administraciones públicas, siga un camino más seguro y discreto. Todo parece indicar que así ha sido y que el Gobierno ha quedado, en esta ocasión, y sin perjuicio de otros posibles acontecimientos, con el trasero al aire por la actuación de su Ministra.
Etiquetas: contratación administrativa
El Ministro de Justicia ha lanzado a la palestra la idea de que los jueces sean seleccionados o ingresen en la Administración de Justicia, sin oposiciones, de modo que se seleccionen directamente desde la Universidades aquellos licenciados con mejores expedientes académicos. La noticia así reflejada ha producido de inmediato un sin fin de consideraciones contrarias a dicha medida. Las tertulias en los medios de comunicación han comentado la cuestión y los oyentes han manifestado las reservas que les produce. En defensa de la medida, algún tertuliano defensor de las acciones del Gobierno, señalaba lo parcial de las críticas y matizaba, que la selección o preparación de jueces seleccionados en virtud de sus brillantes expedientes tendrían que superar una formación muy amplia en la Escuela Judicial y por un tiempo y contenidos superiores a los actuales.
Para los que nos hemos ocupado de gestionar en materia de funcionarios y de pensar y planificar acciones políticas al respecto, siempre existe la idea de ver si es posible superar la parte irracional de las oposiciones y corregir el efecto que pueden producir las pruebas en las que la memoria puede primar sobre otras capacidades. También surge frecuentemente la idea del ingreso directamente desde la Universidad y sus Facultades especializadas, en las que se acaba con un conocimiento profesional que permite el ejercicio, prácticamente de inmediato. Esta idea tiene como antecedente el caso de algunas Escuelas de Ingenieros, cuyos primeros números tenían garantizado su ingreso en la Administración pública, sector, además, en el que el ejercicio profesional era más importante o en el que existía mayor demanda.
Es decir, ideas como las reflejadas, más los denominados sistemas de habilitación permanente para ingreso en las Administraciones públicas, siempre están presentes, pero la realidad hace que la mayor parte de las veces no sean efectivas. En el caso que nos ocupa, ya no se está en la misma situación que en los siglos XIX y buena parte del XX, en las que determinados estudios sólo se cursaban en Madrid y en Escuelas o Facultades concretas, hoy la proliferación de universidades hace que la simple determinación de los mejores expedientes constituya la primera barrera del sistema establecido, pues resulta lógico que existan expedientes con puntuaciones medias idénticas y si el número de plazas a cubrir es menor que los que tienen una puntuación igual al último que accedería al período formativo, ¿cómo se decide entre ellos? Parece lógico que se acabe realizando una fase de concurso en la que se empiecen a valorar más cosas que el simple expediente.
Además, en la Escuela sólo ingresa el número exacto de efectivos necesarios o un número superior? ¿se puede no superar el período de formación?, si es así, ¿repiten curso? ¿cuándo? ¿cómo?. Se plantean muchas cuestiones de gestión importantes.
Pero, también, es sabido que las Escuelas de funcionarios o Institutos de Administración Pública, pese a la creación de registros de profesorado, eligen el mismo con criterios de grupo, de modo que los profesores cambian si cambia la dirección de los centros o según el Gobierno de turno o partido dominante. De otro lado, los grandes especialistas, suelen tener una amplia actividad profesional y no acceden a convertirse en profesores de “horario”, todo lo más contribuyen en las fases de estudios con informes o formando parte de comisiones de expertos o imparten alguna conferencia bien retribuida. El nivel de la enseñanza en las Escuelas de funcionarios no está garantizado y no quiero poner ejemplos que serían sangrantes. Si añadimos a este panorama el alto grado de politización de nuestras Administraciones públicas, el sistema propuesto para los jueces puede afectar a la objetividad e imparcialidad y producir otros efectos perversos en orden a la capacidad y al mérito; pero también en orden a la simple gestión de la política y sistema ideado. Además, ¿por qué limitarse a los jueces? El ejemplo puede cundir y propagarse como la espuma.
Que el ingreso en las funciones públicas está sometido a los principios de igualdad, mérito y capacidad es una exigencia constitucional, pero hay que pensar que los procedimientos que se sigan en la selección de funcionarios, en general, y de los jueces en especial, deben garantizarlos. El sistema ideado de los mejores expedientes, no garantiza la igualdad de oportunidades, ni la libertad de concurrencia y al no hacerlo no garantiza el acceso de los más capaces y, por tanto, sólo valoraría en la primera fase méritos académicos. Pero también puede conllevar otra serie de efectos de los denominados perversos. ¿No se acabará distinguiendo entre buenas y malas universidades o entre públicas y privadas? Las universidades en un sistema de competencia entre ellas como el actual ¿no tratarán de prestigiarse en razón del número de alumnos que colocan en los cuerpos de funcionarios? ¿ello no influirá en el nivel de las notas y en los expedientes de cada una?
Al final, nos guste o no, con sus irracionalidades, susceptibles de mejorar, con todos los condicionantes existentes, las oposiciones acaban siendo el sistema más objetivo y muchas de sus irracionalidades no se pueden superar por la carencia de ética unas veces y otras por la excesiva politización de la organización. Las escuelas, sobre todo en los casos en que no bastan los conocimientos obtenidos en la Universidad, sirven para completar con la formación propia de la función pública correspondiente y para valorar más directamente la capacidad específica y adaptación personal a dicha función de los seleccionados; de modo que deben de seguir siendo parte del procedimiento selectivo.
Las críticas y prevenciones respecto de la decisión anunciada en la selección de los jueces, no son pues partidistas ni injustificadas y más vale reflexionar al efecto
Etiquetas: jueces, oposiciones
Uno de los indicativos de que el Estatuto Básico del Empleado Público constituye un paso para la configuración de España como un Estado confederado, lo es su artículo 4 que, partiendo de que existen determinadas clases de personal que tienen legislación propia, establece que las disposiciones del mencionado Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga la legislación específica de cada una de las clases de personal que recoge y, en el apartado b) del artículo, se refiere al personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
Esta disposición, desde la perspectiva de la legislación de función pública de la Comunidad Valenciana, ofrece una serie de cuestiones significativas, puesto que en 1985 las Cortes valencianas decidieron que su personal se rigiera por la Ley 10/1985, de la Función Pública, de modo que se cumplía así el programa del PSPV- PSOE para el Gobierno de la Generalitat, en cuanto establecía la pretensión de crear una función pública de la Generalidad de carácter unitario, con régimen organizativo peculiar, flexible, adecuado a cada circunstancia de lugar y tiempo a las necesidades públicas sentidas por el colectivo ciudadano. Desde dicho año y Ley, pues, las Cortes valencianas, sus funcionarios, se han regido por dicha normativa sin merma alguna de su independencia y autonomía y, supongo que sin problemas importantes, que no hayan podido superar o solucionar a través de texto legal y los reglamentos o disposiciones que las propias Cortes hayan establecido.
Lo significativo del hecho, atendido el artículo 4 del Estatuto Básico, es que la Comunidad Valenciana, en virtud de su autonomía decidió y mantiene la decisión de tener un texto único regulador de su función pública, incluyendo la de las Cortes. No se crea que en el momento en que se proyectaba la mencionada Ley 10/1985 no existieron controversias y tensiones al respecto, las hubo, tanto de carácter interno en el partido gobernante, como entre las instituciones, como a nivel doctrinal o técnico. El interesado en conocer, por ejemplo, la postura que desde las Cortes presentaban sus Letrados, puede ver la publicación del Instituto Vasco de Administración Pública que se realizó en 1986, bajo el título de Jornadas de Estudio sobre Administración y Función Pública en el Estado Autonómico, que contiene una ponencia mía sobre la “Génesis y problemática de la función pública valenciana”, constando también al respecto una Comunicación de los Letrados, D. Luis Aguiló Lucia, Dª Julia Sevilla Merino y D. Francisco J. Visiedo titulada “Autonomía parlamentaria y función pública: el caso valenciano”; que partiendo de dicha autonomía y de una equiparación de las Cortes valencianas con el poder legislativo estatal, defienden su potestad para regular de modo autónomo su función pública.
Pues, bien, si esta era la postura existente en 1985 en la que las Comunidades Autónomas no se configuran como compuestas por tres poderes distintos, sino como un conjunto de instituciones y un reparto de potestades, hay que tener en cuenta que el artículo 4 del Estatuto Básico, desde la situación valenciana, no se muestra respetuoso con la autonomía de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas de configurar y organizar su función pública como quieran y parte, por el contrario y en contradicción con otras muestras de “gran respeto”, de que sólo es posible que tengan una legislación específica para sus funcionarios. No cabe la menor duda que, a la hora de desarrollar el Estatuto, la política valenciana puede de nuevo establecer el debate de 1985 y tampoco cabe duda de que el Estatuto Básico parte de una idea de cada Comunidad Autónoma como equivalente a un Estado, de modo que en cada una de sus leyes de función pública puedan configurar una función pública propia desde dicha perspectiva.
Pero si la cuestión deviene lógica cuando se considera que las Asambleas legislativas autonómicas, todavía no propiamente verdaderos poderes, son tales, no resulta tanto a la hora de decidir la normativa aplicable a sus funcionarios, no tanto la organización y estructura de la función pública de las Asambleas, que, lógicamente, es singular y específica. Al respecto, ¿los deberes y derechos de sus funcionarios pueden ser distintos de los del resto de la Comunidad Autónoma o Estado? ¿Son verdaderos funcionarios o simples empleados? ¿Son sólo funcionarios sus Letrados? ¿Pueden ser seleccionados por las simples reglas del mundo laboral? Sus empleados o funcionarios ¿sirven a intereses generales o públicos o simplemente a la organización de las Cortes y Asambleas? Las cuestiones planteadas son sólo una muestra de los múltiples problemas que se pueden plantear, pues además hay que considerar que al reducir el ámbito de la decisión y otorgarle independencia decisoria a la organización correspondiente, con las únicas limitaciones nacidas de la Constitución, se facilita el predominio de intereses burocráticos y la aparición privilegios retributivos y en situaciones tales como horarios, incompatibilidades, etc. Es siempre necesario distinguir lo que afecta a la estructura y organización correspondiente, en la que se incluye la función pública, y lo que constituye el régimen jurídico regulador de los derechos y deberes de los funcionarios y empleados públicos en general.
No cabe duda que unas decisiones como estas no pueden dejarse al arbitrio de una sola organización, ni siquiera como poder, y que, desde mi punto de vista, revisten rango constitucional, pues acaban afectando a los principios de igualdad, mérito y capacidad y libre concurrencia en el acceso a las funciones públicas o empleos públicos. Desde el punto de vista material y desde el formal más amplio, no puede existir inconvenientes en que un Asamblea legislativa decida, para sí, aplicar el régimen jurídico que aprueba para el resto de los funcionarios de su Comunidad Autónoma o Estado, sin perjuicio de establecer en su caso las peculiaridades propias de su organización y función. Si no, la posibilidad real es la de crear grupos que se autorregulan, a veces al margen de los intereses generales e, incluso, del pensamiento de los ciudadanos. Mientras se es Comunidad Autónoma es normal que la decisión, realmente, aparezca condicionada, por la opinión del partido en el poder o de su cúpula dominante, pero cuando nos referimos a un Estado, opino que la decisión debe ser propia de su norma constitucional.
en octubre 19, 2007 1 comentario: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Asambleas legislativas, Estatuto del empleado público, funcionarios públicos
en octubre 12, 2007 3 comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: discrecionalidad, jurisdicción contencioso administrativa, oposiciones
En el mes de abril en el BOE del día 13 aparece publicado un nuevo estatuto regulador del personal de las Administraciones públicas, englobados bajo el concepto o término de “empleados públicos". No voy a insistir aquí en mi permanente idea de la distinción entre funcionarios y empleados públicos, sino que me voy a ocupar de la necesidad o no de proceder a una nueva regulación de la función pública y sobre el modo en que se ha hecho.
La realidad es que la nueva regulación venía anunciándose desde hace tiempo y, particularmente, pensaba que no existía una verdadera necesidad de ello, puesto que una buena aplicación de los principios generales del derecho y de los implícitos en la normativa reguladora de la función y empleo público era suficiente para solucionar las cuestiones o problemas que preocupaban o preocupan a ciudadanos y a funcionarios. Otra cosa es si solucionaba las cuestiones que preocupan a los políticos como grupo o como miembros de un partido. Desde mi punto de vista estos problemas, considerando que la preocupación de los ciudadanos suele ser permanentemente la misma, podían resumirse más o menos del siguiente modo: tener unos buenos servicios públicos; que sus derechos se vean atendidos y protegidos y la idea, siempre presente, de que sobran funcionarios, que no trabajan lo suficiente, que son unos privilegiados y que no se ganan el sueldo que perciben. En cierto modo, podemos decir que existe implícita en todo ello una exigencia de eficacia a la Administración, si bien dicha eficacia sea distinta según los casos. De otro lado, también hay que considerar que un buen número de ciudadanos, los jóvenes, piensan que el empleo público puede ser un medio de vida y una profesión, por lo que les preocupa el sistema de acceso a la función pública y que los sistemas sean objetivos y no exista favoritismo, ni clientelismo. Temen enfrentarse a una oposición, si el sacrificio y el estudio o el verdadero mérito y capacidad no van a constituir el fundamento para conseguir el ingreso en las Administraciones públicas.
A los funcionarios públicos les preocupan cuestiones relativas a su carrera y, principalmente, si no se conforman con realizar su trabajo y con supervivir dentro del sistema, podían pensar que los asuntos básicos que una nueva regulación debía reforzar eran fundamentalmente: el sistema de mérito y capacidad en la provisión de puestos de trabajo y la seguridad, ya no en el empleo, sino en el puesto propiamente dicho; el establecimiento de categorías; la movilidad entre Administraciones públicas y las posibilidades de carrera con sistemas racionales de acceso a otro grupo superior o a otro Cuerpo funcionarial superior al suyo o mejor retribuido y considerado y puede que, finalmente, la regulación de la función directiva de carácter público.
¿Responde el nuevo Estatuto a estas inquietudes? ¿solucionará los problemas existentes? Soy totalmente escéptico al respecto, quizá por razón de edad y experiencia. Desde mi punto de vista, puesto que aquí no voy a entrar pormenorizadamente en cada aspecto de la regulación del nuevo Estatuto, éste tiene un concepto de lo básico peculiar; tanto, que, desde mi punto de vista, deja en el aire muchas de las cuestiones que antes hemos reflejado como preocupaciones, con lo que no es básico sino simple puerta y pasaporte a que cada Administración pública haga lo más conveniente desde el punto de vista, naturalmente, de los políticos que la dirigen, mientras que en otros aspectos, se muestra exhaustivo, pormenorizado y reglamentista. La realidad es que, salvo en una mejora al incluir en su artículo 9.2 el concepto de funciones públicas que nos ha incorporado el ordenamiento europeo, ningún concepto fundamental queda cerrado, se deja en manos de cada Administración y, por ello, hay que concluir que, aun cuando se regulan cuestiones del empleo público, el objetivo principal del estatuto es que las cuestiones conflictivas, sobre todo respecto de las Comunidades Autónomas nacionalistas, puedan definirlas a su gusto y que en todo caso los conflictos que surjan vendrán a remitirse a interpretaciones por vía judicial o, en su caso, constitucional, pero no por enfrentamientos con la Administración central o Gobierno de la Nación. Cuando no, como en el caso de los denominados cuerpos o funcionarios de habilitación nacional, los desmonta en la realidad. Así, pues, lo normal, es que el Estado y dichas Comunidades Autónomas sean quienes primeramente realicen el desarrollo del Estatuto y el resto lo copien con sus pequeñas variantes. En definitiva, en elementos que conforme al sentido marcado por el artículo 149.1. 18ª, deben de ser bases del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante las Administraciones públicas, al no definir conceptos básicos y dejarlos a cada Comunidad Autónoma en su concreción, no se regula, sino que más bien se desregula y no se garantiza el tratamiento conún que señala la Constitución, tanto a los ciudadanos como en este caso a los propios funcionarios.
Lo triste es que, precisamente decidir las cuestiones que deja abiertas el nuevo Estatuto, precisa de un muy buen criterio político sobre la política pública de personal, sobre la función pública como garantía jurídica y de eficacia general y exige una formación muy amplia de los políticos y encargados de proyectar las leyes y normas, en Derecho, organización, Ciencia de la Administración y gestión pública.
PARTIDOS POLÍTICOS Y ALTOS FUNCIONARIOS.
La aparición de partidos políticos como Ciutadans en Cataluña o la reciente de Unión, Progreso y Democracia promueve en mí algunas cuestiones que siempre me he planteado respecto de los partidos políticos que es difícil que puedan gobernar y cuya aspiración, normalmente, es la de jugar un papel complementario y alcanzar en su caso determinadas cuotas de poder, fundamentalmente contribuyendo a que el partido que consigue en las elecciones una mayoría no absoluta, pueda gobernar. Y estas cuestiones tienen que ver, en el seno de mis preocupaciones y de la finalidad de este blog, con la Administración y su función como poder y como elemento del poder ejecutivo y de colaboración con el gobierno correspondiente.
Ha sido siempre mi opinión, y entiendo que es un mandato constitucional, que la Administración pública ha de ser profesional, neutral e imparcial y ello significa que su función reviste una cierta clase de poder técnico que se relaciona en sus múltiples facetas con su sometimiento pleno a la ley y el Derecho. Sometimiento, por otra parte que alcanza a todos los poderes públicos tal como establece el artículo 9 de la Constitución. Una administración de este corte, que, además, por sí misma constituye la organización permanente en el sistema, cobra una importancia enorme, no sólo formal sino también material, hasta el punto que la burocracia puede erigirse en un poder fáctico, más allá de la función administrativa pública propiamente dicha alcanzando cuotas de poder correspondientes al poder político propiamente dicho y desviando los intereses públicos y la legalidad en beneficio propio. No se crea que esta situación es atribuible únicamente a la función pública, también los es al poder político, por lo que el peligro existe siempre y en todo caso; todo depende de la estructura y formalización legal y de hecho que se ofrezca de la organización político-administrativa y de los sistemas de selección, carrera y nombramiento de funcionarios y cargos políticos de las Administraciones públicas.
Conscientes de ello los políticos, en especial los partidos políticos, han tratado de restar poder a los funcionarios, por tanto a la Administración pública, para asumirlo ellos. Así, es normal que los partidos políticos tengan en sus filas funcionarios públicos y que en especial traten de “fichar” a los altos funcionarios, para que contribuyan a asesorarles en general sobre dicha Administración pública, bien en casos concretos, para ejercer la oposición, bien para obtener información utilizable políticamente, bien para la confección de sus programas. El círculo del dominio político sobre la estructura administrativa se cierra, primero, convirtiendo en cargos políticos puestos que deberían ser simplemente funcionariales, cambiando pues el sistema de nombramiento y eludiendo el mérito y la capacidad y, segundo, clasificando como de libre designación los niveles superior e intermedio de los puestos funcionariales y haciendo depender a los funcionarios, en su carrera y retribución, de las decisiones del cargo político y, por ello, obligando sutilmente a que decida o informe conforme al interés del grupo político en el poder. Sistema el de libre designación que en la realidad es plenamente inconstitucional, como repetidamente vengo diciendo desde mi punto de vista profesional y jurídico, y que elimina la Administración pública como tal y deriva en una partitocracia contraria al Estado de derecho, sobre todo cuando la situación se une a la del poder legislativo, función real de los parlamentos y predominio del Gobierno o de su presidente en todos los aspectos, marginando a aquéllos y sin Administración pública profesional.
Pero aún existe una tercera forma de ejercer esta patrimonialización política de la Administración y es lo que se ha dado en llamar “externalización”; es decir, encomendar a empresas privadas estudios, proyectos, resoluciones y gestiones propias de los funcionarios públicos, mediante contratos. Empresas que hacen lo que se les pide o incluso que se crean especialmente para la ocasión, con la garantía política de resultar adjudicatarias del contrato o, en su caso subvención.
En esta situación, cabe preguntarse, en el caso de alcanzar cuotas de poder estructural, ¿qué pueden hacer partidos como los enunciados al inicio? ¿Serán un factor de depuración del sistema? ¿Contribuirán a la consolidación de la democracia y el Estado de derecho? o ¿serán absorbidos por el sistema, perdiendo su entidad? o, de ser congruentes con su ideal y programa, ¿tendrán que retirarse del poder, denunciar la situación y ejercer un papel simplemente testimonial?. Pero, aún más, y ¿si por circunstancias imprevisibles alcanzan el poder de gobernar por sí mismos?, ¿tendrán cuadros directivos propios en quien confiar? o ¿serán traicionados continuamente por los elementos afines a los grandes partidos? o ¿se verán desbordados por el sistema y seguirán en él para conservar el poder? Vd. lector puede concluir claramente la situación; durante años, y en un sistema ya considerado democrático, se ha configurado una Administración pública politizada por un gran número de cargos políticos en su estructura y cuya cúpula funcionarial es de libre designación, en parte fiel a un partido o, simplemente, educada en la supervivencia y no en el mérito. Ningún partido político pequeño que alcance el poder de gobernar, puede subsistir, sólo lo podría hacer si se hubiere cumplido la Administración que formalmente prevén la Constitución y las leyes: profesional, neutral, al servicio de la Ley y el Derecho y subordinada al Gobierno correspondiente y que se pudiera convertir en el instrumento de ayuda al gobierno de turno conforme a dichos presupuestos y esto no existe en la actualidad.
en octubre 03, 2007 3 comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: altos funcionarios, partidos políticos
La pretensión de este blog es completar la visión técnica que de la Administración pública se ofrece en la web morey-abogados.com, desde puntos de vista más cercanos a la realidad, si bien en confrontación con lo formal y lo jurídico. Espero que en este caso se consiga la colaboración de los lectores que no se ha conseguido en la página mencionada y que entre todos podamos ofrecer el panorama de nuestra Administración y Política, para, si es posible, mejorarla, o, al menos, para que los ciudadanos puedan percibirla desde puntos de vista que no aparecen en los medios de comunicación ni en las obras doctinales.
A la espera de vuestras contribuciones, un saludo.
en octubre 03, 2007 1 comentario: Enlaces a esta entrada

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 149
 artículo 9