Source: https://elminuto.cl/estados-de-sitio-y-emergencia-analisis-comparativo-de-chile-y-argentina/
Timestamp: 2020-06-04 10:12:02+00:00

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Análisis comparativo de Chile y Argentina | El Minuto
La crisis chilena, que motivó al gobierno del presidente Piñera a decretar el estado de emergencia, lo que lo habilitó al despliegue de medios militares con sus consecuencias políticas. Objeto de cuestionamientos internos y externos.
Por: Kurt Scheel y Jorge Alejandro Suárez Saponaro.
En este trabajo hablaremos de los casos comparados de Argentina y Chile. Un repaso por el marco legal., aspectos destacados y lecciones que pueden ser de utilidad para los casos de emergencia grave.
El estado de sitio está regulado en Argentina por la Constitución nacional, por el artículo 23: En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la Provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso, respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. La reforma constitucional de 1994, mantuvo este instituto, pero al incorporar en el artículo 75 inciso 22 los tratados de Derechos Humanos y otorgarles jerarquía constitucional, este significó, a nuestro entender, una verdadera salvaguarda en los casos que sea decretado el estado de sitio.
Este instituto ha sido objeto de un verdadero uso y abuso, tanto por gobiernos constitucionales, y especialmente con los llamados gobiernos de “facto”, que terminaron en graves violaciones a los Derechos Humanos. Dice nuestra doctrina y jurisprudencia, especialmente el estándar aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: El artículo 23 de la Constitución Nacional establece que durante el estado de sitio el presidente de la República podrá arrestar o trasladar a las personas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino, frase que sólo enuncia un derecho que aquéllas pueden ejercer para lograr en los hechos el cese del arresto o traslado.
El Poder ejecutivo – Presidente de la Nación – tiene facultades para arrestar y trasladar a las personas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir del territorio. La jurisprudencia habilita al afectado a recurrir al control jurisdiccional, a los fines de determinar la razonabilidad de la medida implementada. En otras palabras, la decisión del Poder Ejecutivo de arrestar a una persona, en el marco del Estado de sitio, debe observar un criterio de razonabilidad, debidamente fundamentado. El alto tribunal argentino ha señalado en su oportunidad, que las causales que puedan llevar al Poder Ejecutivo, no son objeto de revisión judicial.
Si es objeto de control la aplicación de los poderes presidenciales sobre libertades constitucionales, control que lejos de retraerse en la emergencia, debe desarrollarse hasta donde convergen sus competencias y los valores de la sociedad argentina confiados a su custodia. Cabe agregar que la jurisprudencia señala que el poder atribuido al presidente por el art. 23 de la Constitución Nacional para arrestar a las personas es un poder político limitado, ya que no le atribuye competencia para condenar o aplicar penas, y el presidente deberá poner a disposición de los jueces a las personas detenidas cuando existan indicios vehementes de su culpabilidad para que sean éstos quienes los juzguen y condenen.
El estado de sitio es una herramienta excepcional, como señala una amplia jurisprudencia y doctrina. En el dictamen del Procurador General en el caso Granada, Jorge Horacio s/ recurso de hábeas corpus en su favor. Fallos: 307:2284 – 03/12/1985: No cabe duda de que la declaración del estado de sitio constituye un recurso jurídico previsto por la Constitución para situaciones de carácter excepcional, situaciones en las que los medios ordinarios resultan insuficientes para conjurar una amenaza grave que ponga en peligro la propia Constitución o la estabilidad de las autoridades legítimas. En el citado dictamen, se plantea un interesante análisis relativo a las facultades presidenciales, donde se ven “acrecentados” a los fines
de defender el imperio y vigencia de la Constitución nacional ante una amenaza grave. El Dr. Fayt, juez de la Corte Suprema, en el citado caso, además de haber sido uno de los juristas más brillantes que tuvo el alto tribunal argentino, señaló sobre el Estado de sitio: Los acontecimientos que justifiquen la adopción del estado de sitio deben ser de una gravedad que racionalmente obliguen al uso de las medidas defensivas, en sus aspectos preventivos o represivos, y pongan en riesgo inminente a las autoridades constituidas o a la Constitución.
El Estado de sitio es declarado por el Congreso, en el uso de las facultades del inciso 29, del artículo 75 del texto constitucional. Dicha norma señala que el Estado de sitio puede ser declarado en uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y en caso de receso de las Cámaras aprobar o desechar dicha declaración realizada por el Poder Ejecutivo. En lo referente al empleo de las fuerzas armadas en el Estado de sitio, está regulado por ley. La experiencia histórica, marcó a la dirigencia política argentina, a tal punto que cualquier escenario de conflicto interno, quedaba fuera de las hipótesis de trabajo a considerar por parte de las Fuerza Armadas, por la ley de defensa nacional, aprobada en 1987.
El ataque terrorista al cuartel del Regimiento Mecanizado 3, de la localidad de La Tablada (cercana a la Ciudad de Buenos Aires), tuvo impacto en lo que tiempo después sería la Ley 24.059 de Seguridad Interior. Esta norma establece pautas bien claras para la participación militar en asuntos de seguridad interna. El artículo 27 dice: En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior.
a. La conducción de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales nacionales y provinciales queda a cargo del Presidente de la Nación asesorado por los comités de crisis de esta ley y la 23.554; b. Se designará un comandante operacional de las Fuerzas Armadas y se subordinarán al mismo todas las demás Fuerzas de Seguridad y policiales exclusivamente en el ámbito territorial definido para dicho comando;
En otras palabras, superadas las fuerzas policiales y de seguridad, superadas por las circunstancias, bajo estado de sitio, y con asistencia de los comités de crisis creados por la ley de seguridad interior y defensa, el poder ejecutivo, por medio de un comandante de teatro de operaciones, conducirá las operaciones para restablecer el orden.
El sistema rígido de la Ley de Seguridad Interior, como de defensa, donde prohíben expresamente programas de entrenamiento para operaciones de seguridad interna, por ejemplo, labores de inteligencia, generan dudas sobre la eficacia de los militares en caso de conmoción interior, y requiera su intervención. Curiosamente, lo que se prohíbe fronteras dentro, por fuera, los militares argentinos cumplen con roles policiales en el marco de las Misiones de Paz de Naciones Unidas. La situación que vive Chile, Bolivia, Colombia y en menor medida, Perú, deben ser objeto de observación y análisis sobre estas reglas tan poco flexibles.
Los llamados “estados de emergencia” no están señalados expresamente en la Constitución, existe una herramienta, los llamados decretos delegados, previstos por el artículo 76 de la citada norma, o decretos de necesidad y urgencia, que son aprobados en acuerdo general de ministros, y se dictan bajo circunstancias donde son imposibles sancionar leyes como fija la Constitución. Estas normas, están bajo control legislativo. En caso de cuestiones de crisis de seguridad interna, tanto la Constitución Nacional como la legislación federal son claras al respecto, además del marco legal, como es el caso de la Ley 24.059 de Seguridad Interior.
Así, el artículo 39 de la Constitución Política de la República señala: El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.
Lo anterior es indicativo de que existe un numerus clausus, vale decir, no puede tratarse de otros casos que no sean estos 4, dispuestos por los artículos 39 y 40 de la Carta Fundamental: el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe. Consecuentemente, no es posible crear o decretar ningún otro tipo de estado de excepción que apunte a restringir derechos y garantías fundamentales.
En esta situación, el Congreso tiene un plazo de 5 días para aprobar o rechazar la solicitud de Estado de asamblea, sin poder introducirle modificaciones. De no pronunciarse, se entiende por aprobado. Vale acotar que se puede declarar en la totalidad o sólo en parte del territorio chileno. En esta eventualidad, se permite suspender o restringir la libertad personal, la de reunión, de trabajo y además, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. Finalmente, puede afectar el derecho de propiedad.
Señala el artículo 40 en sus incisos 3º y 4º de la Constitución Política de la República un caso muy relevante a propósito de una facultad especial del Presidente en esta instancia. Así, dispone: Sin embargo, el Presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero en este último estado sólo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. Las medidas que adopte el Presidente de la República en tanto no se reúna el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 45.
Estado de sitio: Se presenta en casos de guerra interna o grave conmoción interior. Debe ser decretado por el Presidente con acuerdo del Congreso Nacional. Su duración es de 15 días, pudiendo el Presidente solicitar una prórroga. Se puede declarar en la totalidad o sólo en parte del territorio nacional. Permite restringir la libertad de locomoción y la de reunión. Además, es posible arrestar personas en su morada o en otros lugares no habituales, tales como las cárceles.
Siguiendo el caso chileno, la ocurrencia de una situación de excepción sólo genera una habilitación, pero no obliga al Presidente de la República a declarar el estado de excepción constitucional correspondiente. La forma verbal de todos estos estados es la expresión “podrá”, de manera que en ningún caso se trata de una obligación. Por lo mismo, como indica reiterativamente la doctrina, “no debe confundirse las “situaciones de excepción” – que son circunstancias de hecho conformadoras de crisis o de riesgo de crisis para el Estado – con los “estados de excepción constitucional”, que son estatutos jurídicos que entran a regir una vez que ellos son declarados y en su virtud”1.
En el caso argentino, la emergencia no estaba contemplada expresamente en la norma constitucional. El Dr Según Sagues (Derecho Constitucional y derecho de emergencia, L.L. 18/09/90), nos habla de cuatro elementos componen la doctrina del estado de necesidad:
a) la situación de necesidad, o circunstancia fáctica que exige una respuesta por parte del Estado ( política, financiera económica, militar);
b) el acto necesario para enfrentar la situación de necesidad, aumento del poder del Estado y limitación de los derechos de los particulares;
c) el sujeto necesitado (generalmente es el Estado, a veces el pueblo, derecho de resistencia a la opresión);
d) el derecho de necesidad.
(Ver Horacio Rodríguez Gonzalez, en los derechos fundamentales en Argentina y Estado de emergencia en:
http://www.cajuridico.com.ar/index.phpcat=informe_2002-2003/debates&ver=debate_14).
En su oportunidad, Argentina decretó el estado de emergencia en materia de seguridad, consistiendo en una serie de facultades para reformar el sistema de seguridad interior, habilitar al eventual derribo de aeronaves en casos de violación del espacio aéreo. En casos de graves disturbios públicos, dado que Argentina es un país federal, la primera línea de fuego, recae en los estados provinciales, que pueden llegado el caso convocar a las fuerzas federales para asistir a los servicios policiales.
El escenario vivido en Chile, recuerda a grandes rasgos a la crisis institucional y social del 2001, que terminó con la declaración del estado de sitio por un breve espacio de tiempo. El recurso militar, por razones históricas y políticas, tiene restricciones legales, que llegado el caso genera serias dudas sobre su eficacia en caso que tener que recurrir a las fuerzas armadas. Asimismo, tenemos el caso que Argentina cuenta con fuerza de seguridad intermedia, como Gendarmería Nacional y la posibilidad de recurrir a fuerzas federales (Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) que cuentan con elementos preparados para situaciones de disturbios graves.
Las tensiones vividas por ambos países requiere de aceitados mecanismos institucionales para hacer frente a situaciones similares a las que vivió Chile (Argentina tiene un largo historial también), que permita una rápida respuesta y además herramientas para generar climas de diálogo y reducción de la tensión. El control legislativo y judicial en esta temática es de suma importancia para la preservación de los derechos y garantías de la ciudadanía en hechos graves como han atravesado ambos países.
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References: artículo 23
 artículo 75
 artículo 23
 artículo 75
 artículo 27
 artículo 76
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 45