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Timestamp: 2019-07-15 20:27:13+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 605, de 10/02/2015
cve: BOCG-10-D-605
161/003389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de las directrices internacionales en materia electoral ... (Página4)
161/003399 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre asilo político al activista saharaui Hassana Aalia ... (Página6)
161/003391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los servicios de mantenimiento de determinadas bases militares ... (Página8)
161/003408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la convocatoria de una Conferencia Europea sobre Deuda Pública ... (Página8)
161/003395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prolongación de los servicios de cercanías de la línea C-6 desde Castellón a Benicàssim y ampliación de la red al norte de Castellón ... (Página10)
161/003402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el desmantelamiento de servicios presenciales en estaciones de tren de la línea C-2 ... (Página11)
161/003405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al justiprecio del suelo rural ... (Página12)
161/003381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la consecución de la inscripción del flamenco en el catálogo de especialidades y la obtención de los certificados de profesionalidad ... (Página13)
161/003383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la titulación de ingeniero químico ... (Página14)
161/003385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de modificar los grados universitarios
161/003396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales ... (Página17)
161/003398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre escolarización de menores residentes en Ceuta en situación irregular ... (Página18)
161/003392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación laboral española de la Carta Social Europea ... (Página19)
161/003404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la necesidad de reforzar los medios personales y materiales de la Secretaría de Estado de Turismo en materia de promoción exterior y garantizar una gestión profesional de la política turística ... (Página21)
161/003406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la solicitud de activación del programa de seguimiento satelital «CLEANSEANET», desarrollado y controlado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) para detectar vertidos de hidrocarburos en el mar ... (Página23)
161/003382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la crisis de los cítricos ... (Página24)
161/003384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre creación de un santuario de ballenas en las aguas orientales de las islas de Lanzarote y Fuerteventura ... (Página25)
161/003393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el encauzamiento del río Sarria ... (Página26)
161/003394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre canon de vertidos ... (Página27)
161/003407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas a adoptar para rebajar los índices de contaminación atmosférica ... (Página29)
161/003401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las limitaciones fijadas por el Ministerio para el acceso a los nuevos tratamientos para enfermos de hepatitis C y posibilidad de emitir licencias obligatorias ... (Página30)
161/003403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la elaboración de un sistema de indicadores hospitalarios que ayude a mejorar la transparencia y el conocimiento de su gestión ... (Página32)
161/003388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria ... (Página33)
161/003400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de que el Gobierno impulse de forma urgente una rebaja del IVA que grava los productos y actividades culturales ... (Página35)
161/003390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la 59 edición de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU ... (Página36)
161/003386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo de una campaña institucional de sensibilización orientada a una conducción más eficiente ... (Página37)
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2015.?P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003389
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las directrices internacionales en materia electoral, para su debate en la Comisión Constitucional.
En palabras del Tribunal Supremo de Estados Unidos, «ningún derecho es más precioso en un país libre que el de participar en la elección de aquellos que hacen las leyes bajo las que viven como buenos ciudadanos» (Sentencia en el caso Wesberry vs. Sanders, 1964).
La democracia se define como el sistema político en el que el cuerpo electoral, movilizado por los partidos políticos, participa libremente y en condiciones de igualdad en la elección de quienes les gobiernan. Los sistemas electorales, por lo tanto, son esenciales para el desarrollo político e institucional y la consolidación de los sistemas democráticos. Esta afirmación es más real, si cabe, en relación a una democracia relativamente joven como es la española. En estos más de 35 años de democracia, en España se ha consolidado una normativa electoral que responde a los cánones exigibles en cualquier país de nuestro entorno.
Para que un Estado se considere democrático, aunque sea desde un concepto exclusivamente formal de democracia ?considerado mínimo? se exige, al menos, la existencia de unas reglas y procedimientos que garanticen la elección de los gobernantes por los gobernados en determinadas condiciones de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, reglas de escrutinio...), la alternancia en el poder, la división de poderes...
En el derecho internacional se ha alcanzado el consenso sobre cuáles son esos parámetros que ha de cumplir un sistema electoral para caracterizar a un Estado como democrático. Los textos internacionales relativos a los derechos humanos reconocen el derecho de participación política tanto en su vertiente activa (participación en los asuntos públicos directamente o a través de representantes) como pasiva (derecho de acceso a la función pública y representativa) y el derecho a elecciones periódicas, auténticas y democráticas (artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25 del Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos y artículo 3 del Protocolo adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por citar los ejemplos más significativos). La propia Convención de Roma afirma en su preámbulo su «profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos de los cuales dependen».
Sobre esta base, se han ido fijando en documentos internacionales de la más variada eficacia jurídico-normativa los estándares internacionales que permiten concretar qué se entiende por «elecciones democráticas». Entre otros, se pueden destacar la celebración de elecciones periódicas mediante sufragio universal, igual, libre, secreto y directo, la necesidad de que las reformas del sistema electoral sean consensuadas entre las fuerzas políticas y, sobre todo, que se realicen con cierta anterioridad a la celebración de los comicios a los que habrán de aplicarse.
En este sentido, en el ámbito europeo tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se encuentran comprometidas con una labor de promoción, mediante la cooperación de sus Estados miembros, de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el Imperio de la ley.
La Unión Europea se basa (Tratado de la Unión Europea) en los principios de la democracia y el Estado de derecho y tiene uno de los ejes centrales de su Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en la promoción de la democracia. Asimismo, en su Manual de Observación Electoral de la UE establece que cualquier enmienda del régimen electoral deberá acordarse de manera «consensuada e incluyente» y gozar del respaldo tanto del partido del Gobierno como de aquellos que conforman la oposición.
Por su parte, el Consejo de Europa ha elaborado, a través de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, un Código de Buenas prácticas en materia electoral (Comisión de Venecia, 2002).
Este Código establece el denominado «patrimonio electoral europeo», aplicable tanto a los Parlamentos nacionales como a los «órganos legislativos infranacionales», cuyas condiciones de aplicación incluye el establecimiento de lo que denomina de estabilidad del derecho electoral (11.2), en los siguientes términos:
«b) Los elementos fundamentales del derecho electoral y, en particular, el sistema electoral propiamente dicho, la composición de las comisiones electorales y el trazado de las circunscripciones no deberían ser modificables menos de un año antes de una elección, o deberían estar plasmados en la constitución o en un nivel superior al de la ley ordinaria.»
Esta condición se funda, según el propio informe explicativo, en la necesidad de preservar el sistema electoral de manipulaciones con finalidades exclusivamente partidistas.
Por último, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) mantiene en su Guía de Transparencia que cualquier reforma del modelo electoral con unos comicios a sus puertas solo debe acometerse «en casos extraordinarios» y siempre y cuando exista un amplio consenso político y de la opinión pública.
El Consejo de Europa ha subordinado la adhesión de nuevos miembros a su aceptación de los principios de la democracia pluralista y representativa, asegurada por la organización de elecciones libres en las condiciones establecidas por la propia Comisión de Venecia. Consecuentemente, se puede entender que el incumplimiento de estas condiciones vulnera el derecho reconocido en el artículo 3 del Protocolo adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, el régimen político y la forma de gobierno internos han dejado de ser indiferentes para el derecho internacional, al menos en el ámbito europeo.
En consecuencia, estas normas de derecho internacional deberían frenar cualquier impulso partidista de proceder a reformar los elementos esenciales del sistema electoral (sistema electoral propiamente dicho, la composición de las comisiones electorales y el diseño de las circunscripciones), tanto para la elección de diputados y senadores como para elegir a los miembros de otros órganos legislativos, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
En este sentido, son rechazables los intentos de modificación del sistema electoral con plazo insuficiente antes de las elecciones por presumir que se hacen con ánimo de manipulación y dictado exclusivamente por intereses partidistas particulares. Para evitarlo recomienda no realizar estas modificaciones el año anterior a las elecciones en cuestión y, de ser aprobadas, entender que se aplicarán solo en procesos electorales ulteriores.
En este contexto, resulta incompatible con los estándares democráticos internacionales expuestos, la reforma electoral, previa reforma del Estatuto de Autonomía, llevada a cabo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha, al reducir de 53 a 33 diputados y al distribuir los escaños entre las provincias de la Comunidad Autónoma establece modificaciones sustanciales en el sistema electoral autonómico, afectando a su representatividad. Asimismo, su entrada en vigor, el 29 de julio de 2014 ?al día siguiente de su
publicación en el «Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha»? vulnera la directriz expuesta según la cual las modificaciones en la legislación electoral deben producirse con, al menos, un año de antelación respecto de la celebración de los comicios en cuestión, dado que la fecha prevista para las próximas elecciones autonómicas a celebrar en mayo de 2015 y al no haber previsto expresamente que dicha modificación no se aplicase hasta las siguientes elecciones autonómicas, a celebrar en mayo de 2019.
Ante esta situación, es necesario que el Gobierno de España, en su condición de garante del cumplimiento, por parte de los poderes públicos, órganos y organismos del Estado, de su obligación de respetar las obligaciones emanadas de los tratados internacionales en vigor y por su adecuado cumplimiento (artículo 29 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales), asuma la función de asegurar el cumplimiento de los tratados, directrices y recomendaciones internacionales en materia electoral.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a velar por el adecuado cumplimiento de los tratados internacionales de los que España forma parte, especialmente del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de las recomendaciones internacionales en materia electoral, en especial, la que establece que la modificación de los elementos esenciales del derecho electoral debe ser consensuada y no debe producirse en el último año antes de la elección a que haya de aplicarse y, en su virtud, a dirigirse al Gobierno de Castilla-La Mancha para que, en cumplimiento de los referidos compromisos, adopte las medidas necesarias para revocar la aplicación de una reforma electoral no consensuada aprobada a menos de un año de la celebración de las elecciones en dicha Comunidad Autónoma.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2015.?Manuel Gabriel González Ramos, José María Barreda Fontes, Isabel Rodríguez García, Magdalena Valerio Cordero, Alejandro Alonso Núñez, María Guadalupe Martín González y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.?Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003399
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre asilo político al activista saharaui Hassana Aalia, para su debate en Comisión.
Hassanna Aalia, nacido en El Aaiún en 1988 y activista desde los 17 años, participó en 2010 junto con aproximadamente 20.000 saharauis en Gdeim lzik, el campamento de protesta pacífica más importante en la historia del Sahara Occidental, desmantelado por el ejército marroquí con extrema violencia el 8 de noviembre de 2010.
Múltiples han sido los organismos a nivel internacional que han denunciado públicamente y de forma unánime que el procedimiento seguido en el juicio de este tribunal militar no cumplía las garantías mínimas para considerarlo un juicio justo, porque las declaraciones de las personas acusadas se habían producido aparentemente bajo torturas, además de no poder presentar todas las pruebas que demandaron para demostrar su inocencia y por encontrarse actas policiales falseadas.
Este Tribunal se basa en una acusación falsa contra Hassanna, que no ha respetado, ni siquiera, el principio de contradicción y defensa del mismo porque no estuvo él allí para poder llevarlo a cabo. Además, la sentencia dictada por dicho tribunal militar ni siquiera se pudo someter a un recurso ordinario.
Entre los organismos que actuaron como observadores en el juicio, se encontraban: La Asociación Internacional para las observadoras y observadores de los DDHH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, eurodiputados, la Fundación Sahara Occidental, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, así como distintas formaciones políticas.
Tal y como ha afirmado públicamente el abogado de Hassana, Javier Canivell, responsable del servicio jurídico de CEAR Euskadi, el pasado día 19 de enero se le notifica desde el Ministerio del Interior que le ha sido denegada la protección internacional solicitada y le emiten una orden de salida del Estado español obligatoria en un plazo máximo de 15 días.
La resolución que le llega a Hassanna reconoce que este es un activista de la causa saharaui, que pertenece a la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos cometidas por el Gobierno marroquí y que tanto Hassanna como la Asociación llevan a cabo su activismo de forma pacífica. La resolución igualmente reconoce que Hassanna, desde los 17 años, ha sufrido detenciones y malos tratos, cuando no torturas, por parte de la policía marroquí. Por lo tanto, Hassanna cumpliría con los requisitos establecidos para obtener el estatuto de refugiado. Sin embargo, la resolución que le han notificado a Hassanna, apoyándose y sin cuestionar la sentencia del tribunal militar de Rabat, decide negarle este derecho establecido en la ley 12/2009, que establece y regula el derecho al asilo en el Estado español.
Tal y como afirma el Sr. Canivell, Hassanna corre grave peligro de ser detenido, encarcelado para el cumplimiento de la cadena perpetua, que en sí misma puede ser considerada como un trato inhumano o degradante.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, también ha apoyado expresamente la solicitud de protección de Hassanna.
Por todo lo mencionado, consideramos fundamental que se reconsidere la petición de asilo político de Hassanna Aalia, aceptando su petición de protección internacional según lo establecido en la Ley 12/2009, dado que si vuelve a su país será castigado duramente por las autoridades ocupantes marroquíes y no volverá a salir de prisión en lo que le queda de vida, y ello porque es una persona activa políticamente, de reconocimiento internacional que lucha pacíficamente por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
1. Manifestar el apoyo y la solidaridad con Hassanna Aalia.
2. Solicitar a la autoridad competente y al Ministro del Interior de España que intervengan de urgencia en el asunto, dejando en suspenso la orden de salida de territorio del Estado español y reconsiderando la petición de asilo político de Hassanna Aalia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2015.?Jon Iñarritu García, Joan Tardà i Coma, Rosana Pérez Fernández, Pedro Quevedo Iturbe, Ana María Oramas González-Moro y Uxue Barkos Berruezo, Diputados.?Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.?Ricardo Sixto Iglesias y Laia Ortiz Castellví, Diputados.?José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003391
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación con los servicios de mantenimiento de determinadas bases militares, para su debate en la Comisión de Defensa.
Los servicios de mantenimiento de la Base Militar de Guzmán el Bueno de Córdoba y Álvarez de Sotomayor de Viator en Almería fueron adjudicados a través de concurso público a determinadas empresas que concluyeron la prestación a 31 de diciembre del pasado año. A partir de esa fecha, los trabajadores continuaron yendo a trabajar a sus lugares de trabajo, puesto que en sus contratos tenían un derecho de subrogación para el caso de que el servicio fuese adjudicado a otra empresa con posterioridad. Sin embargo, les fue prohibido acceder a sus lugares de trabajo, argumentando que su empresa ya no prestaba ese servicio en la base militar.
El Ministerio de Defensa no ha sacado a oferta pública el servicio de mantenimiento de estas bases militares y el servicio lo están prestando los propios militares y se está contratando por servicios menores a algunas empresas para las necesidades de mantenimiento.
Son decenas de trabajadores que defienden su trabajo y el derecho de subrogación que tienen en sus contratos, y se encuentran en un limbo administrativo que les impide incluso cobrar el desempleo, puesto que sus respectivas empresas no les han despedido.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a sacar a oferta pública la concesión de los servicios de mantenimiento de las bases militares, entre otras Guzmán el Bueno de Córdoba y Álvarez de Sotomayor de Viator en Almería, y garantizar la subrogación de los trabajadores a las nuevas empresas adjudicatarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2015.?Antonio Hurtado Zurera y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputados.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003408
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la convocatoria de una Conferencia Europea sobre Deuda Pública, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Hace 62 años, en Londres, se firmó un acuerdo sobre le Deuda externa alemana gracias al cual Alemania es el país que hoy conocemos. Sin ese acuerdo, en el que se contemplaba una quita de parte de la deuda germana, no entenderíamos a Alemania tal y como es. Después de ese acuerdo Alemania pagó únicamente el 30 % de la deuda que tenía con sus acreedores.
Hoy, 62 años después de aquel caso de éxito, se plantea volver a pensar en una solución parecida para Grecia. El país heleno está inmerso en una auténtica emergencia social, la tasa de desempleo ha pasado de un 7,8 % en 2008 a un 27,5 % en 2013, el 35,7 % de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, ha perdido el 25 % del PIB en los últimos años... A menudo se olvida que el primer deber
de un Estado es con sus ciudadanos y no con los acreedores, algo que ha olvidado el ministro Guindos cuando recientemente ha reclamado la devolución de la deuda griega tal y como está estructurada ahora, o sin ir más lejos, algo que olvidaron los partidos que aprobaron el cambio del artículo 135 de la Constitución Española.
Y es que la deuda griega se debe en gran parte a un modelo de crecimiento europeo notablemente injusto. El Banco Central Europeo mantuvo un tipo de interés muy por debajo de las tasas de crecimiento, lo que provocó un elevado nivel de endeudamiento entre los asalariados que paralelamente no veían incrementados sus sueldos. El resultado es por todos conocido, una burbuja crediticia que ha generado altos niveles de endeudamiento privado que ahora supone un pesado lastre e impide que familias y empresas reinviertan en la economía.
Es tiempo de que Europa corrija los errores económicos del pasado empezando con la reestructuración de la deuda pública griega. Es una deuda que se endurece día a día por tres motivos. Por una parte, por las tendencias deflacionarias que presenta la UE; el Banco Central Europeo no está cumpliendo con su labor de mantener la inflación en torno al 2 %, lo que dificulta el drenaje de la deuda griega. En segundo lugar, las draconianas condiciones de austeridad impuestas por la troika dificultan enormemente el crecimiento, único factor que facilitaría la reducción de la deuda. Finalmente hay parte de la deuda que es de dudosa legitimidad y que fue utilizada para el rescate del sector financiero griego y para saldar cuentas en primer lugar con acreedores extranjeros como determinados bancos alemanes o franceses.
España tiene la oportunidad de asumir un papel de importancia en apoyar a Grecia en su salida de la crisis. España es el cuarto tenedor de deuda griega en Europa tras Italia, Francia y Alemania al contar con más de 26.000 millones de euros en deuda griega. Su implicación con Grecia da la necesaria legitimación al Gobierno de España como para que reclame de inmediato tomar medidas de apoyo al país heleno que ayuden a corregir las gravísimas situaciones de emergencia social que hemos descrito más arriba.
Varias voces de renombrados economistas han subido al estrado para denunciar que, tal y como está estructurada la deuda, Grecia no podrá resolver los problemas sociales que le acosan. Algunas de las propuestas ya han sido articuladas y bautizadas como la realizada por los economistas Pierre París y Charles Wyplosz, «Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone». Dicha propuesta consiste en una compra de bonos por parte del Banco Ceritral Europeo que permutaría por títulos propios a tipo de interés 0 % a pagar a perpetuidad con un coste asumido por el conjunto de bancos centrales según su peso. Pero no es la única, Galbraith, Holland y Varoufakis articularon en su «Modesta Proposición» medidas alternativas para reducir la carga deudora de los países endeudados. En definitiva, existen acreditadas voces que nos indican mejores caminos que los seguidos hasta este momento.
Es por todo ello por lo que presentamos la siguiente
1. Instar al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a la Presidencia de turno del Consejo a convocar una Conferencia Europea de Deuda para proceder a una auditoría y evaluación del endeudamiento público y privado en el conjunto de la Unión Europea y proceder a la aprobación de un programa europeo de reestructuración de la deuda.
2. Instamos al Presidente del Gobierno y al Ministro de Economía y Competitividad a transmitir esta propuesta a las instituciones mencionadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2015.?Laia Ortiz Castellví, Diputada.? Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003395
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la prolongación de los servicios de cercanías de la línea C-6 desde Castellón a Benicàssim y ampliación de la red al norte de Castellón, para su debate y votación en la Comisión de Fomento.
Según el Ministerio de Fomento, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 rescata y contempla el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020. También la propia Ministra en sede parlamentaria, en su comparecencia en la Comisión de Fomento de febrero de 2012, afirmó su incorporación.
Este Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad Valenciana es la expresión del esfuerzo conjunto del Estado y la Generalitat Valenciana por una movilidad sostenible para el medio urbano y metropolitano.
Define y programa las actuaciones en la red ferroviaria de la Comunidad Valenciana en el ámbito de los servicios de Cercanías.
Expresa la firme voluntad del Gobierno de España por la mejora y potenciación de las infraestructuras ferroviarias en la Comunidad Valenciana.
Tiene por objeto la modernización, renovación y ampliación de capacidad de las redes de cercanías.
Parte de un análisis y diagnóstico de la situación actual de las redes ferroviarias de Cercanías de la Comunidad Valenciana, de las infraestructuras y estaciones, así como de la oferta y demanda de servicio.
Define unos objetivos, a medio y largo plazo, y en referencia a los mismos, unos criterios o directrices de actuación para alcanzar los objetivos propuestos.
Establece una serie de actuaciones a desarrollar para las redes de cercanías de la Comunidad Valenciana, agrupadas y ordenadas por Programas, y una evaluación de las inversiones propuestas.
Dentro de las actuaciones a realizar, este Plan contempla la Prolongación de los servicios de cercanías de la línea C-6 desde Castellón a Benicàssim. Esta actuación comprende la adecuación de la línea y de la estación de Benicàssim a los requerimientos de los servicios de Cercanías. También contempla la posibilidad de prolongar los servicios de Cercanías hasta el norte de la provincia de Castellón, concretamente hasta Vinarós. Ambas actuaciones tienen por objeto atender la movilidad actual y la demanda potencial que podría captar el servicio de Cercanías. Reivindicaciones justas y necesarias en la provincia, respaldadas por la demanda y la sociedad civil.
Este Plan suscrito en 2010 ha quedado en el olvido por parte del actual Gobierno. Ni la ampliación de las infraestructuras de Cercanías ha llegado a Benicássim, que tenía que estar operativo en 2015, ni nada de su posible ampliación hasta Vinarós.
Los objetivos marcados por los ministerios del Gobierno de España en los Presupuestos para 2015, y el Ministerio de Fomento, no contemplan ninguna de las actuaciones.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, junto con la Generalitat Valenciana, en cumplimiento con el Plan de Infraestructuras Ferroviarias para la Comunidad Valenciana 2010-2020, y recogido en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024, ejecuten la llegada de la red de cercanías a Benicàssim y se lleven a cabo todas aquellas acciones pendientes con el objetivo de que el servicio de trenes de cercanías logre acabar en Vinarós.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2015.?Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003402
AI amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre desmantelamiento de servicios presenciales en estaciones de tren de la línea C-2, para su debate en la Comisión de Fomento.
El mapa de cercanías en las provincias de Murcia y Alicante, cuenta con tres líneas: la línea C-1 (que une Murcia con Alicante); línea C-2 (que une Murcia con Águilas) y línea C-3 (que une Alicante con San Vicente del Raspeig). Solo esta última, con apenas 8 kilómetros, está electrificada y une la ciudad de Alicante con el campus universitario de la Universidad de Alicante en San Vicente. Allí, por lo menos, han planificado pensando en la universidad pública. Aquí les hacemos tranvías a la UCAM.
La línea Murcia-Águilas (C-2) atraviesa 118 kilómetros de nuestra Región, se introduce en dos pequeñas poblaciones almerienses, y tiene un potencial de usuarios ciudadanos de esta región de cerca de 240.000 personas (los habitantes de las poblaciones por las que atraviesa la línea, sin contar el municipio de Murcia: Águilas, Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama, Librilla y Alcantarilla).
Esa línea (C-2) es altamente deficiente, tanto en la infraestructura como en los servicios que se prestan. La mayoría de sus estaciones están cerradas (no se despachan billetes, ni hay personal atendiendo la estación). Todas las que cubren el trayecto Águilas-Lorca, a excepción de estas dos últimas (Águilas-Labradorcico, Jaravla, Pulpf, Almendricos y Puerto Lumbreras), a las que hay que sumar en el trayecto Lorca-Murcia (La Hoya, Librilla, Alcantarilla-Los Romanos), cuentan con estaciones donde no existe personal, ni se despachan billetes. Además, el material móvil empleado es muy antiguo, son trenes de la serie 592 de Renfe, una familia de automotores diésel fabricados en los primeros años 80 del pasado siglo.
Pues bien, las deficiencias del servicio, la antigüedad de las infraestructuras y el material móvil empleado contrastan con las subidas continuas que abonan los usuarios de cercanías con una subida desde 2008 cercana al 30 %.
Con esta situación se ha aprobado por parte de Renfe-Viajeros los Pliegos de Condiciones para la realización de actividades auxiliares en, entre otras, determinadas estaciones de la línea C-2, con la previsión de «desmantelamiento de Servicios Presenciales» de las estaciones de Totana y Alhama.
A partir del 1 de enero de 2015, según los planes de Renfe, en las estaciones de Totana y Alhama desaparece la venta de billetes directa de cercanías y largo recorrido. Se limita la presencia física de operarios a 30 minutos día, solo para revisar instalaciones, con la incidencia que eso también tiene en el empleo. Se consolida lo que serán apeaderos sin vigilancia, dando otra «vuelta de tuerca» al desmantelamiento de un servicio básico. Se deteriora un servicio que está siendo utilizado por cerca de un millar de personas al día, con lo que eso supone de merma en la calidad del transporte público en la zona. No se tiene en cuenta a las muchas personas mayores que utilizan el tren y tienen muchas dificultades para comprar los billetes de viaje en máquinas (lo que por otro lado resulta obligatorio, dado que utilizar las cercanías sin título de transporte válido puede ser objeto de una multa) y se perjudica asimismo a los cientos de estudiantes que utilizan diariamente el tren, con un bono, que a partir de enero, deberán gestionar en otras estaciones.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Murcia, a que se adopten de forma urgente las medidas presupuestarias oportunas, para que Renfe-Viajeros no proceda al desmantelamiento de los servicios presenciales en la línea de cercanías C-2 y en concreto los de las estaciones de Totana y Alhama de Murcia, de modo tal que en ambas estaciones se vuelvan a prestar los servicios que venían prestándose hasta la fecha.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2015.?Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.?José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003405
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa al justiprecio del suelo rural, para su debate en la Comisión de Fomento.
La disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, establece que la determinación del justiprecio en suelo rural se realiza, básicamente, mediante la capitalización de sus rentas agrarias al tipo de interés que fija el Banco de España para la deuda pública en el mercado secundario a dos-seis años.
La actual situación macroeconómica que caracteriza a España, derivada del escenario europeo, comporta que los rendimientos de la deuda pública en el mercado secundario entre dos y seis años haya descendido sensiblemente con respecto a los correspondientes a los anteriores, disminuyendo del 3-4 % al resultante en la actualidad, que oscila alrededor del 1 %.
La aplicación de este rendimiento como tipo de capitalización de las rentas de explotación para determinar el valor de expropiación del suelo rural, tal como establece la citada disposición adicional séptima, comporta que sus resultados se incrementen en más de un 300 % con respecto a los correspondientes a los años anteriores, alejándose al alza de manera muy significativa con respecto a los precios de mercado del suelo rural sin consideración de expectativas urbanísticas.
El propio Texto Refundido 2/2008, de la Ley del Suelo, en previsión de que la actual situación de descenso de los rendimientos de la deuda pública en los mercados secundarios pudiera producirse, incrementándose con ello el justiprecio de las expropiaciones de suelo rural de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas, estableció, en el apartado 2 de su disposición adicional séptima, que este tipo de capitalización podría ser corregido por el Gobierno reglamentariamente, aplicando un coeficiente corrector en función del tipo de cultivo, explotación o aprovechamiento del suelo. Así se hizo en el Reglamento de Valoraciones aprobado por Real Decreto 1492/2011, lo que permitió corregir esa situación. Sin embargo, la progresiva caída ya señalada a partir de 2014 de los tipos correspondientes a la deuda pública ha llegado a alcanzar en diciembre de 2014 el 0,828 %
Y sin embargo, el Gobierno, a pesar de contar con la habilitación legal para corregir el elevado coste que para el conjunto de las administraciones públicas está teniendo actualmente el ejercicio de la potestad expropiatoria, no ha mostrado, hasta la fecha, el más mínimo interés para corregir esta situación, provocando con ello un importante quebranto para las arcas públicas.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejercer, en el plazo de un mes, la potestad reglamentaria que le otorga el apartado 2 de la disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y fijar un coeficiente corrector al tipo de capitalización en función del tipo de cultivo, explotación o aprovechamiento del suelo, para asegurar que su valoración se corresponda con la realidad de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2015.?Leire Iglesias Santiago, Diputada.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003381
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la consecución de la inscripción del flamenco en el catálogo de especialidades y la obtención de los certificados de profesionalidad, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
El flamenco es un estilo de música y danza propio de las comunidades de Andalucía, Extremadura y Murcia. El flamenco tal y como lo conocemos hoy en día data del siglo XVIII, y desde noviembre de 2010 está considerado actualmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco a iniciativa de las Comunidades Autónomas referidas. Además, es Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz y está inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles de la Región de Murcia establecido por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Es una de las reseñas más importantes de la marca España tanto dentro de nuestro país como en el exterior. Se podría decir que es un sector importante en el fomento de la cultura española y de los recursos económicos en materia turística y cultural realizada por las diferentes instituciones públicas y privadas. Así, y a modo de ejemplo, podríamos indicar que en los últimos años la popularidad del flamenco en Iberoamérica ha sido tal que en Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Puerto Rico han surgido diversas agrupaciones y academias de flamenco, o que en Japón el flamenco es tan popular que en ese país hay más academias de flamenco que en España.
En nuestro país se han realizado a lo largo de los últimos años estudios y trabajos realizados por expertos, flamencólogos y representantes de entidades del flamenco, relacionados con las necesarias mejoras a realizar en el ámbito educativo y de la formación profesional del flamenco. Estos estudios, en general, han obtenido el apoyo del mundo de los artistas e institucional de las Comunidades Autónomas y representantes a nivel confederal de sindicatos y patronal que ven con buenos ojos el fomento e impulso de un paquete de medidas para el desarrollo de la profesionalización y regularización del flamenco.
El sector profesional del flamenco necesita una certificación profesional y esta petición se ha hecho toda la vida a la Administración pública y en este sentido hay una falta de cualificación profesional real en el mundo del flamenco y, por otra parte, una gran necesidad de fomento del empleo por su actual precariedad laboral.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para:
? Incorporar de forma inmediata el flamenco en el catálogo de especialidades con cualificación profesional y que se pueda obtener con esta formación una certificación profesional, así como poner en marcha los cursos de formación ocupacional para el empleo ya diseñados e incorporados en el SEPE con 900 horas de práctica y teoría dentro de las familias profesionales de arte y artesanía en materia de cante flamenco, guitarra flamenca, baile flamenco y percusión flamenca, con un número de expediente cada uno. Todo ello se deberá realizar a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Dirección General de Formación Profesional a través del INCUAL, en colaboración con el SEPE.
? Avanzar en las medidas del fomento del flamenco a través del programa flamenco en las aulas, dirigido a los centros públicos de España y a la formación del profesorado de primaria y secundaria, la actividad extraescolar de calidad y el fomento de la cultura del flamenco.
? Impulsar el desarrollo del fomento del flamenco como uno de los símbolos más importantes de la marca España en el exterior. Para alcanzar este objetivo debería realizarse una colaboración entre la Secretaría de Estado de Cultura, el Instituto Cervantes, el INAEN, Tourespaña y el ICEX con el fin de fomentar la marca España a través del flamenco con un servicio de calidad y cualificación profesional que permita el impulso de la españolización y generación de empleo y actividad económica para el progreso de España en el exterior.
? Proceder a una colaboración institucional transversal de las Secretarías de Estado de Educación, Cultura, Empleo y Turismo, para el fortalecimiento de la universalización del flamenco y las medidas que
fomenten su expansión y evolución en todo el reino de España y al exterior, con una idea innovadora de proyección internacional que avale la calidad y la excelencia de la marca España, creando un producto estrella de alcance internacional y que ponga en valor a España como país y cultura.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2015.?María Caridad García Álvarez, Diputada.?José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003383
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la titulación de Ingeniero químico, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La ingeniería química es la rama de la ingeniería que combina la física, la química, la biología, las matemáticas, la ciencia de materiales y la simulación por ordenador de los procesos de transformación de materiales en productos más útiles o de mayor valor y es la disciplina ingenieril que representa a la industria química.
La ingeniería química aparece en la primera mitad del siglo XIX junto con la Revolución Industrial y el desarrollo de la industria química de proceso. En la segunda mitad del siglo XIX aparecen los primeros cursos de ingeniería química en Londres y Glasgow para, inmediatamente, constituirse los primeros estudios reglados de ingeniería química en Estados Unidos, regresar los primeros ingenieros químicos y constituirse las primeras asociaciones profesionales en Estados Unidos y Reino Unido.
En España, el título de ingeniero químico fue precoz al publicarse en la «Gaceta de Madrid», el 8 de septiembre de 1850, el Real Decreto que regulaba las enseñanzas industriales y en las que aparecían los títulos de ingeniero químico de segunda clase e ingeniero químico de primera clase (en función de los cursos superados) junto con su homólogo de especialidad mecánica y reservando el nombre de ingeniero industrial para los alumnos titulados en ambas disciplinas y que cubría así el espectro industrial de la época. No obstante, con las consecutivas reformas educativas en el área de la ingeniería química, el título de ingeniero químico desapareció, continuando el desarrollo de la disciplina en las facultades de química con las enseñanzas de química industrial (a partir de 1922) y química técnica (a partir de 1944) y en las escuelas de ingenieros con las especialidades e intensificaciones en química industrial.
A raíz de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y del Real Decreto 923/1992 se establece nuevamente el título universitario oficial de Ingeniero Químico.
La titulación empezó a impartirse inicialmente en las facultades de química y escuelas de ingenieros, donde había estudios de química industrial, inaugurando la Universidad de Valladolid los nuevos estudios.
La industria química genera el 10 por ciento del PIB de nuestro país, es el segundo exportador en la economía española y el primer inversor en I+D+i y protección del medio ambiente.
Con la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, se dio publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecieron las recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Química, la Ingeniería Informática y la Ingeniería Técnica Informática, hasta que se procediera a la reforma general de las profesiones y la actualización del listado de las mismas.
El citado acuerdo determinó para la ANECA la imprescindible referencia en el imperativo trámite de verificación previsto para la aprobación de los planes de estudios de Grado y Máster en Ingeniería Química adscritos a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.
Con posterioridad, la jurisprudencia ha establecido que las titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería Química tienen idéntico valor académico y profesional (sentencia de 9 de febrero de 2010, de la Sección 7.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y Sentencia de 6 de febrero de 2013, de la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo), por
lo que la titulación de Ingeniería Química habilita para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España y, en consecuencia, el Gobierno debe establecer las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudio.
Entendemos, pues, que es el momento de dar pasos para un tratamiento adecuado y claro en nuestro país a la titulación de Ingeniero Químico.
1. Adopte las medidas necesarias para que, con respeto a la normativa y competencias regulatorias en el ámbito profesional, la Ingeniería Química alcance el mismo nivel de definición académico que el resto de ingenierías.
2. Promueva la participación de las entidades legales responsables, tanto del ámbito académico como profesional, en los foros y organismos competentes en materias de la especialidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2015.?Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003385
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la propuesta del Ministerio de Educación de modificar los grados universitarios. Debate en la Comisión de Educación y Deporte.
En la recta final de la actual legislatura, el Ministro de Educación ha decidido dar un paso más en su política de destrucción del sistema educativo público, y decide elaborar un borrador de Decreto de Ordenamiento de los Estudios Universitarios, que ya ha provocado las críticas y el malestar no solo del ámbito universitario, sino también del propio Consejo de Estado.
El Ministerio se ha empeñado en reformar los grados universitarios en línea con el modelo anglosajón, proponiendo reducirlos de los cuatro grados actuales a tres: el modelo 3+2, que se traducen en tres años de carrera y dos de máster. Actualmente los grados son de cuatro años y un año de máster: 4+1.
Un modelo que de entrada se traduce en un 25 % menos de formación académica para el alumnado, empeorando así la calidad educativa del sistema público. Para más inri, el Ministerio estaría encareciendo enormemente la formación universitaria, puesto que el coste de un máster es verdaderamente prohibitivo. Huelga decir que con el modelo vigente, 4+1, el año de máster supone ya una losa onerosa para las maltrechas economías de muchas familias. Si encima se aumenta a dos años de máster, podríamos decir sin temor a equivocarnos que el Ministerio de Educación estaría expulsando de la formación universitaria a los alumnos de sectores sociales más desfavorecidos. Dado el panorama actual, esta decisión solo tiene una lectura: que los estudios universitarios sean un coto cerrado para las familias con más recursos económicos e instaurar una educación universitaria elitista.
Simplificando, volveríamos a tiempos pasados predemocráticos donde los estudios universitarios eran cosa de los hijos de los ricos.
Por no hablar de que el Gobierno seguiría alimentando a las empresas privadas del sector de la educación dándoles más posibilidades de negocio con dos años de máster. En resumen, nada nuevo que «grosso modo» no hayamos visto en la LOMCE: golpear a la línea de flotación de la educación pública universal para convertirla en un coto privado dirigido a las clases sociales que más pueden, puro «darwinismo».
Lógicamente, no podríamos olvidarnos de que este modelo ideológico del PP en la educación conlleva asimismo una reducción del profesorado universitario.
Como colofón, decir que «esta joya» del Ministro de Educación es producto de su propia creación. Como es habitual, el Ministerio ha rehuido el diálogo y el consenso como instrumentos eficaces y útiles para poder confeccionar una normativa que tenga el acuerdo de la comunidad educativa universitaria. Somos conocedores de la fobia del Ministerio al diálogo del que huye como si se tratase de una enfermedad infecciosa.
La cuestión es que nuestras consideraciones genéricas sobre dicho borrador no es producto de la mente del BNG, formación opuesta a las políticas de este Gobierno, sino que hemos escuchado parecidas críticas en el informe del Consejo de Estado, así como por boca de los rectores (CRUE).
Es así que el Consejo de Estado ha pedido al Ministerio de Educación que aplace la reforma del Decreto de Ordenamiento de los Estudios Universitarios.
El dictamen del Consejo de Estado pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que el sistema del Plan Bolonia, el sistema de grados de cuatro años más uno de máster, todavía terminó de implantarse de forma generalizada en 2010. Las primeras generaciones se graduaron en el 2014. Sin olvidar que aún no se extinguió por completo el plan antiguo de licenciatura en la mayor parte de las Universidades.
El informe ahonda en este argumento al señalar que «la falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas durante los últimos años no parece beneficiar a la consecución de una educación de calidad en el Estado español, siendo muy deseable que se tratara de alcanzar un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales a fin de buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema».
Además, el dictamen alerta de las posibles «disfunciones» que se podrían producir en el sistema educativo si las mismas carreras tuviesen distinta duración y número de créditos según la facultad en que se imparten. Pide aclaración sobre aspectos nada claros. Así, demanda al Ministerio que aclare qué va a ocurrir con los alumnos que no superan los 240 créditos de los actuales grados, pero que sí hayan aprobado los 180 que como mínimo sí tendrían las futuras titulaciones universitarias.
Otra crítica contenida en el informe es la relativa a las profesiones reguladas. Se reprocha al Gobierno que en el borrador tampoco se hace alusión a la necesidad de que en la distribución de las materias en los nuevos grados primen las competencias consideradas como básicas para cada ámbito profesional y recuerda que este es el criterio que establecen las Agencias de Evaluación para el reconocimiento de las titulaciones.
A pesar de que el Consejo de Estado emplace al Ministerio a posponer esta reforma y demandarle consenso para su elaboración, el Ministro se ha limitado a restar importancia a dicho dictamen y parece dispuesto a repetir el guión de la LOMCE, imponiendo una ley que no gusta a nadie y cuyo único cometido es cargarse el acceso universal a la educación pública y aumentar el negocio de los sectores privados.
En la misma línea, debemos destacar las críticas de los rectores que han mostrado su disconformidad con el borrador del Ministerio. Advierten de que todavía no les ha dado tiempo a evaluar si los cambios en la Educación Superior que conllevó la adaptación a Bolonia han sido positivos o no, como para que ahora el Ministerio vuelva a poner todo patas arriba.
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Educación a:
? No llevar a efecto la reforma de los grados universitarios contenida en el borrador de Decreto de Ordenamiento de los Estudios Universitarios, retirando dicha norma.
? Retroceder en su idea de reducir los grados universitarios a tres años más dos de máster (el modelo 3+2), por las consecuencias que esta decisión implicará para el alumnado, para el profesorado, para la calidad educativa universitaria y para las economías de las familias.
? En la recta final de la actual legislatura y dado que el Plan Bolonia todavía terminó de implantarse de forma generalizada en 2010, graduándose las primeras generaciones en el 2014, cejar en el propósito de reformar el sistema de grados actual, puesto que aún no se ha podido evaluar los efectos de la adaptación al Plan Bolonia.
? Tomar nota de la recomendación del dictamen del Consejo de Estado que insta al Ministerio a aplazar la reforma y a buscar el consenso general con las fuerzas políticas y sociales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2015.?Rosana Pérez Fernández, Diputada.? Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003396
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Recientemente se ha divulgado el contenido del dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas Universitarias Oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado.
El dictamen emitido por el supremo órgano consultivo del Gobierno de España viene a realizar observaciones que en buena parte reiteran las que ya habían sido formuladas por los Rectores en el Consejo de Universidades. Las observaciones de los máximos responsables universitarios se plasman de manera íntegra en los documentos aprobados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), documentos que no fueron tenidos en consideración en la elaboración del proyecto de Real Decreto por el Ministerio, quien tampoco dio respuesta a las cuestiones planteadas entonces por las Universidades y que el Consejo de Estado vuelve a señalar ahora.
Tal como subraya el dictamen recientemente divulgado, la reforma proyectada, aun cuando afecta a escasos preceptos, tiene una especial relevancia y consecuencias de gran calado en el Sistema Universitario Español. El Consejo de Estado recuerda que, tratándose de cambios que afectan a la estabilidad en la regulación de las enseñanzas, sería deseable alcanzar un acuerdo general a fin de buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema.
Coincide esta observación sobre la estabilidad regulatoria con la de las Universidades, que consideran que sería preciso realizar una evaluación rigurosa de los resultados alcanzados con la estructura ahora vigente antes de plantear su reforma. Sin embargo, el Ministerio se limita a afirmar, sin presentar estudios que lo respalden y sin que las propias instituciones supuestamente beneficiadas por la reforma lo avalen, que los cambios contribuirán a favorecer la internacionalización de las Universidades Españolas.
Pero no solo no queda acreditada la pretendida contribución de los cambios proyectados a la internacionalización de las Universidades, menos aún desde una perspectiva global, sino que estos encierran efectos potencialmente muy perjudiciales para la cohesión del Sistema Universitario, su transparencia y su legibilidad nacional e internacional, efectos que se trasladarían directamente a los títulos universitarios españoles.
La preocupación por estos efectos perjudiciales se pone claramente de manifiesto en las numerosas cuestiones y dudas específicas planteadas por los rectores al Ministerio y a las que el proyecto no da respuesta. Estas cuestiones hacen referencia, más allá de aspectos técnicos relevantes, a la posible devaluación de los títulos de grado, particularmente en lo relacionado con la incorporación laboral de los titulados; a la confusión que la diferente duración de un mismo título podría generar entre familias y empleadores; o al recorte de la financiación pública y el aumento de los precios de matrícula que la reforma entrañaría.
1. Promover, en el seno del Consejo de Universidades, la elaboración de un informe sobre los resultados de la vigente ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que incluya un conjunto de indicadores relevantes para su valoración en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
2. Promover, en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria, del Consejo de Universidades y del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, el establecimiento de una Comisión
Mixta que tenga por cometido elaborar un informe sobre los efectos en la financiación pública y privada de las Universidades, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo de los Titulados universitarios de la reforma promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
3. No dar curso efectivo a la proyectada reforma de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en tanto no se disponga de los citados informes, incorporando a ella, en todo caso, el conjunto de modificaciones que se desprenden de las observaciones realizadas por el Consejo de Estado en su dictamen, así como las que resulten de los trabajos del Consejo de Universidades y la Comisión Mixta.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2015.?María Angelina Costa Palacios, Diputada.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003398
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la escolarización de menores residentes en Ceuta en situación irregular, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La peculiaridad fronteriza y las limitaciones impuestas por el Gobierno de la Ciudad para regularizar determinadas situaciones administrativas provocan que actualmente existan menores sin escolarizar en Ceuta.
Con esta actitud, el Ministerio de Educación está vulnerando el derecho a la educación de, al menos, 40 niños y niñas en Ceuta que por diversos motivos, como vacío administrativo, anomalías en la oficina de empadronamiento o lentitud en la concesión de la residencia, no pueden ser censados y, por tanto, legalmente reconocidos. En su mayoría son hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras trasfronterizos, y en muchos casos nacidos en la ciudad.
Los hijos e hijas de cualquier inmigrante que resida en Ceuta de forma irregular tienen asegurada su matriculación en un colegio ceutí, de igual modo que los menores extranjeros no acompañados, vengan solos o estén tutelados por diversos motivos por el área de menores, también la tienen. Todos, salvo quienes se encuentren en este limbo administrativo antes descrito a los que hay que sumar los y las apátridas.
Sin embargo, la Ley de Extranjería y la Ley del Menor son tajantes: todo menor que se encuentre en España puede acceder a un colegio público, independientemente de su estatus administrativo. Según el artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, «los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria. Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles. En caso de alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese derecho hasta su finalización».
Además, la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, modificó el texto de la Ley de Extranjería para adecuarlo a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 236/2007, de 7 de noviembre; STC 259/2007, de 19 de diciembre; STC 265/2007, de 20 de diciembre) en materia de acceso de los ciudadanos extranjeros a la educación. Actualmente, la Ley de Extranjería reconoce de manera expresa el derecho a la educación posobligatoria de los menores extranjeros en situación administrativa irregular en las mismas condiciones que los españoles. Este derecho no podrá ser sometido a ningún otro requisito no previsto en la ley.
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 236/2007, de 7 de noviembre) declaró inconstitucional la exigencia de «residencia» legal en el territorio para el acceso a la educación no obligatoria contenida en el artículo 9.3 introducida por la Ley Orgánica 8/2000. La argumentación del Tribunal se centró en analizar el acceso de los menores inmigrantes en situación administrativa irregular a la educación no obligatoria, partiendo del derecho fundamental a la educación constitucionalmente reconocido por el artículo 27 de la Constitución española.
Esta modificación fue operada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, que, aparte de incorporar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los derechos y libertades de los extranjeros, también traspuso la Directiva europea de retorno y modificó ciertos aspectos del régimen jurídico de la reagrupación familiar.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista no tenemos ninguna duda sobre la ilegalidad de la situación que se está viviendo en Ceuta, una ciudad que mantiene sin escolarizar, y de manera permisible, a un grupo de menores de diversas edades, que acuden diariamente a una asociación local encargada, de manera voluntaria y altruista, de su aprendizaje. Ante este panorama, el Ministerio de Educación está negando el derecho a la escolarización y, por tanto, el derecho fundamental a la educación, ambos vitales para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.
Aunque el derecho de todas las personas a la educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales, es evidente que continúa siendo inaccesible para este grupo de niños y niñas.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trámites oportunos para que, de forma inmediata, proceda a escolarizar a los menores que, sin tener una situación administrativa regulada, están residiendo de manera continua, efectiva y demostrable, en la Ciudad Autónoma de Ceuta.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2015.?Gaspar Carlos Zarrías Arévalo y Mario Bedera Bravo, Diputados.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003392
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación laboral española de la Carta Social Europea, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano encargado de verificar si los Estados miembros, entre ellos España, cumplen las obligaciones que les impone la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo Adicional de 1988, emitió el pasado 23 de enero su informe anual sobre el cumplimiento por parte de España de los derechos laborales, de negociación colectiva y libertad sindical que recoge la Carta Social Europea.
Según las conclusiones emitidas por el citado Comité, se ha constatado que nuestro país incurre en graves incumplimientos en estas materias, incluyendo numerosos aspectos que hacen referencia al marco normativo de la legislación laboral, así como en relación a los niveles del Salario Mínimo Interprofesional.
La resolución detecta siete incumplimientos de las obligaciones de España establecidas en esas normas internacionales, además de reservarse su opinión sobre diversas materias en las que entiende que el Gobierno no ha facilitado suficiente información para poder pronunciarse, pero que en algunos casos sí pueden considerarse incumplimientos a priori.
El primero de ellos hace referencia al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Comité considera que el salario mínimo interprofesional establecido por el Gobierno y la Ley de Presupuestos no asegura un nivel de vida decente. Recuerda que a «fin de garantizar un nivel de vida decente en el sentido del artículo 4.1 de la Carta de 1961, la remuneración debe estar por encima del umbral mínimo, fijado en el 50 % del salario medio neto». A la vista de las alegaciones expresadas por las organizaciones sindicales, el informe afirma que «toma nota de que después de las contribuciones a la Seguridad Social y el impuesto sobre la renta,
el SMI, así como el salario mínimo del personal contractual, están por debajo del umbral mínimo fijado en el 50 % del salario medio neto, y por lo tanto son manifiestamente abusivas en el sentido del artículo 4.1 de la Carta Social Europea».
En segundo lugar, el Comité constata la falta de preaviso adecuado ante el despido de contratos temporales, y en el contrato de apoyo a los emprendedores introducido por la reforma laboral. Se llega a la conclusión de que España no garantiza los derechos establecidos en el artículo 4.4 de la Carta de 1961, sobre la base de que no exige un plazo de preaviso razonable en la extinción que decide el empresario en numerosos supuestos, siendo el más llamativo el establecido durante el período de prueba del contrato de apoyo a emprendedores, introducido por la reforma laboral. Lo mismo sucede con otros supuestos de contratación en los que diversas reformas laborales han suprimido el preaviso a fin de que la empresa pueda imponer el despido de forma inmediata, como sucede con los contratos temporales de duración inferior a un año. Igualmente, muestra su preocupación por la situación de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, por lo que pide información expresa al Gobierno sobre esta cuestión.
También informa el Comité del incumplimiento por parte del Gobierno del derecho de libertad sindical, al no haber establecido un procedimiento de consulta con las organizaciones sindicales antes de aprobar la reforma laboral. Según el informe, la situación en España no está en conformidad con el artículo 6.2 de la Carta Social Europea, entre otros motivos, por haberse aprobado el Real Decreto-ley 3/2012 y la Ley 3/2012, que afectaban de forma muy directa a la negociación colectiva, sin consulta de los sindicatos y las organizaciones empresariales. Además, concluye que la reforma laboral ?la Ley 3/2012? no es conforme igualmente a la Carta pues permite a los empleadores de manera unilateral no aplicar condiciones pactadas en los convenios colectivos como sucede en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores con los pactos y acuerdos de empresa.
Un cuarto incumplimiento que detalla el Comité es la restricción del derecho de huelga y la criminalización que hace el Gobierno de la actividad sindical. Según el informe, estas restricciones son contrarias al artículo 6.4 de la Carta Social Europea, pues la legislación autoriza al Gobierno a imponer el arbitraje obligatorio para poner fin a una huelga en los casos que van más allá de las excepciones permitidas por el artículo 31 de la propia Carta. De esta forma, el derecho de huelga sufre una importante restricción ya que la autoridad gubernativa puede dejarlo sin efecto a través de una medida que no está suficientemente justificada en las razones excepcionales que permite la propia Carta. Además, el Comité toma nota de las denuncias formuladas por las organizaciones sindicales sobre la criminalización de la actividad de los piquetes informativos, por lo que pide al Gobierno información al respecto a fin de evaluar si se vulnera igualmente la libertad sindical.
En quinto lugar, el Comité reprocha que nuestra legislación establezca, para la distribución de la jornada flexible, periodos de referencia de un año, como en el establecimiento de la jornada máxima anual, o en la determinación de la jornada irregular que puede libremente imponer el empresario tras la reforma laboral. Así, el informe apunta que los periodos de referencia no deben exceder seis meses. Y que solo podrán ampliarse a un máximo de un año en circunstancias excepcionales. Por ello pide información para constatar si en la práctica, los trabajadores en las modalidades de trabajo flexibles de tiempo con largos periodos de referencia no trabajan horas irrealizables o un excesivo número de semanas de trabajo prolongado.
En sexto lugar, el Comité considera que España incumple la obligación de asegurar que todos los trabajadores expuestos a los riesgos para la salud y la seguridad tengan derecho a medidas compensatorias, como reducción de las horas de trabajo, tiempo de exposición o de permiso pagado adicional. Este incumplimiento implica la vulneración del artículo 2.4 de la Carta Social Europea. Esta norma exige que a los trabajadores y trabajadoras que desarrollen su actividad en puestos peligrosos para la salud, se les ofrezca tiempo suficiente para recuperarse del estrés o la fatiga producida. Esto debe lograrse a través de una reducción de jornada o tiempos de exposición, o mediante la concesión de una licencia adicional pagada.
Por último, el informe sostiene que en materia de horas extraordinarias España no está en conformidad con el artículo 4.2 de la Carta Social Europea, sobre la base de que el Estatuto de los Trabajadores no garantiza una mayor remuneración o un mayor tiempo libre compensatorio de las horas extraordinarias.
1. Poner en marcha el proceso de reforma legislativa para dar cumplimiento a la Carta de Derechos Sociales del Consejo de Europa en los términos recogidos en el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales.
2. Iniciar un proceso de concertación social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a efectos de proceder a las referidas reformas legislativas.
3. Poner en marcha un proceso de actualización y mejora del Salario Mínimo Interprofesional que permita en un periodo breve de tiempo dar cumplimiento a las exigencias del Comité de Derechos Sociales en relación a la cobertura mínima del SMI prevista en la referida Carta Social Europea.
4. Abordar cuanto antes la ratificación del Tratado Internacional por el que se aprueban las modificaciones introducidas en la Carta Social Europea Revisada, las cuales crean un sistema de control de cumplimiento de los derechos sociales y amplían, al tiempo, su catálogo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2015.?Laia Ortiz Castellví, Diputada.?Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003404
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de reforzar los medios personales y materiales de la Secretaría de Estado de Turismo en materia de promoción exterior y garantizar una gestión profesional de la política turística, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El sector turístico es clave para la economía española, no solo por su importancia relativa sobre el conjunto de la economía (11 % PIB), del empleo (12 % empleo) o de la balanza de pagos, sino porque ha contribuido de forma decisiva a mitigar los efectos de la grave crisis económica al ser uno de los pocos sectores que han tenido un comportamiento positivo en los últimos años.
Dentro del sector ha sido el turismo internacional el que ha compensado los efectos de la caída de la demanda doméstica gracias a la obtención de cifras record tanto en turistas internacionales como por ingresos por turismo. Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en 2014 visitaron España casi 65 millones de turistas internacionales, un 7,1 % más que en el año anterior. El gasto turístico hasta el mes de noviembre fue de 59.810 millones de euros, un 6,7 % más que en el año anterior.
Además de los efectos económicos directamente vinculados a la actividad turística, el turismo internacional contribuye a mejorar la imagen de España en el exterior, mejorando la percepción que tiene aquel que nos visita sobre los productos y servicios elaborados/prestados por las empresas de nuestro país. Como sector transversal contribuye en los mercados emisores a difundir la imagen de España en aspectos como la cultura o la gastronomía.
El Instituto de Turismo de España, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo, es el organismo de la Administración del Estado responsable de la promoción de España en el exterior. Su actividad contribuye de forma relevante a mejorar la competitividad de los destinos y productos turísticos españoles a través de sus actividades enfocadas al conocimiento de los mercados y a la promoción y comunicación de la oferta turística española. Todo ello en el marco de la acción exterior española.
La actividad profesional del Instituto de Turismo de España y de su red de Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior goza de un amplio reconocimiento por parte del sector turístico de los diferentes mercados emisores, ya sean maduros o emergentes, desde hace ya muchos años. Sin embargo, el carácter estático en la gestión de los recursos humanos y materiales de este organismo ha provocado que se generen deficiencias en la gestión. Los intentos de desprofesionalización de la gestión ponen en riesgo la reputación de España como líder turístico mundial.
Estos hechos aparecen reflejados en el propio programa electoral del Partido Popular, partido en el Gobierno que prometía «[potenciar] la imagen de España como destino turístico de calidad, modernizando y mejorando la red de oficinas de turismo de España en el exterior».
Sin embargo, la realidad contradice a las intenciones del partido en el Gobierno. Más bien se ha hecho lo contrario, debilitar al Instituto de Turismo de España y a su red de Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior:
1. Se ha reducido brutalmente el presupuesto de promoción del Instituto de Turismo de España, una reducción que ha venido provocada por la disminución del presupuesto conjunto de la Secretaría de Estado de Turismo así como por la existencia de gastos que se han considerado más importantes, como la construcción de un Parador de Turismo de 20 habitaciones por un importe de 20 millones de euros (un millón de euros por habitación). Además, la gestión del presupuesto disponible de promoción no se ha llevado a cabo de forma adecuada. Un ejemplo de ello es el gasto de en torno 3 millones de euros en un solo día en una campaña de publicidad en el mes de diciembre de 2014. Hechos de los que se hacen eco medios de comunicación.
2. La red de Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior ni se ha mejorado ni se ha modernizado, más bien lo contrario. Se ha cerrado la Oficina Española de Turismo en Düsseldorf, lleva años sin cubrirse el puesto de Director de la Oficina Española de Turismo en Singapur (responsable de varios mercados del Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda) y la supuesta apertura de una Oficina en Dubai no se ha materializado.
3. El Instituto de Turismo de España no cuenta con los medios técnicos y personales adecuados. Los que tiene se encuentran anticuados. El Gobierno no se ha preocupado por la puesta al día de sus recursos humanos a través de una política de formación continua del personal. Lo mismo ocurre con la inexistencia en muchas ocasiones de las herramientas necesarias para que el personal pueda trabajar al estilo de una organización moderna y referente en el ámbito internacional, que es a lo que debería aspirar el Instituto de Turismo de España. Resulta curioso que la única partida de personal que se incrementa en el presupuesto de 2015 de la Secretaría de Estado de Turismo es la de personal eventual (personal nombrado a dedo sin cualificación y experiencia alguna previa en la gestión de políticas públicas turísticas), cuando el resto de partidas de personal se ven reducidas. Se aprecia una tendencia creciente a tratar de desprofesionalizar la gestión del organismo a favor de personas sin la formación y experiencia adecuadas.
4. El Instituto de Turismo de España ha dejado de ser un organismo internacional de referencia en el desarrollo de herramientas de promoción internacional.
Urge, por tanto, adoptar las medidas necesarias para garantizar una gestión profesional de la política turística, en concreto en materia de promoción exterior, de modo que España siga siendo una referencia en la materia y se contribuya con esta acción a la mejora de la imagen de España en el exterior.
1. Potenciar la imagen de España como destino turístico de calidad, modernizando y mejorando la red de oficinas de turismo de España en el exterior.
2. Adoptar las medidas adecuadas para garantizar una gestión profesional de la política turística, en concreto en materia de promoción exterior, garantizando que aquellas personas que desempeñan puestos clave en la definición, ejecución y planificación de la misma tengan la experiencia suficiente en el ámbito de la promoción turística internacional.
3. Adoptar las medidas necesarias para cubrir los puestos vacantes en el Instituto de Turismo de España, especialmente en lo que respecta al personal en la Oficinas Españolas de Turismo; así como adoptar las medidas necesarias tendentes a la apertura de la Oficina Española de Turismo en Dubai.
4. Adoptar las medidas necesarias y destinar las partidas presupuestarias correspondientes para mejorar las dotaciones de personal tanto en los Servicios Centrales del Instituto de Turismo de España como en la red de Oficinas Españolas de Turismo, de modo que los perfiles de puestos de trabajo se adecúen a las necesidades actuales de la promoción (inteligencia de mercados, marketing y comunicación...) y las retribuciones de los mismos a los niveles de los mercados y niveles de competencia correspondientes.
5. Adoptar las medidas necesarias y destinar las partidas presupuestarias correspondientes para garantizar la formación continua del personal que presta sus servicios en la Secretaría de Estado de Turismo.
6. Establecer un modelo de evaluación que permita medir objetivamente el desempeño y la consecución de los objetivos previstos para conseguir una gestión aún más profesional.
7. Garantizar que la ejecución de la política turística en el exterior se desarrolla adecuadamente por la red de Oficinas Españolas de Turismo y que la utilización de empresas de carácter instrumental para el ejercicio de determinadas funciones no menoscaba la capacidad de interlocución de los responsables de la política turística en los mercados correspondientes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2015.?Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/003406
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre solicitud de activación del programa de seguimiento satelital «CLEANSEANET», desarrollado y controlado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) para detectar vertidos de hidrocarburos en el mar, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Felizmente, hace pocos días la petrolera Repsol desestimó seguir con la perforación ultraprofunda que estaba realizando frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura y que inició el 18 de noviembre del pasado año, en contra de la opinión de la mayoría del pueblo canario que se movilizó en distintas ocasiones contra la misma.
Repsol comenzó la primera perforación ultraprofunda en Canarias, a 55 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura y 3.170 metros de profundidad. La operación entrañaba serios riesgos que han sido acreditados tanto por la petrolera en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como por el Gobierno de España a través de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente («BOE» de 10 de junio 2014). Los riesgos fueron también descritos con gran precisión por expertos vinculados al ámbito docente de diversas universidades de Europa y EEUU, por la más destacadas entidades científicas marinas del mundo vinculadas a los mamíferos marinos, por las Federaciones de Operadores Turísticos de 8 países europeos (Estonia, Finlandia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Alemania, Suecia, y Dinamarca), y por las instituciones públicas canarias, que alertaron de que una fuga de crudo podría dejar desabastecidas de agua potable a varios cientos de miles de personas de las islas.
Desde que Repsol comenzara la perforación las instituciones públicas canarias han solicitado al Gobierno de España diversas informaciones sobre la evolución de esta perforación que el Ejecutivo del Sr. Rajoy no ha tenido a bien facilitar. Entendemos que esta postura del Gobierno indica que no quería mantener informados adecuadamente a los ciudadanos canarios.
Pero además de no conocer qué hace Repsol en la zona, cuando los científicos canarios se han acercado para investigar los efectos de la perforación sobre el más importante espacio oceánico para cetáceos de toda Europa, los barcos de apoyo a Repsol han intervenido para expulsar literalmente al barco del Gobierno de Canarias (La Bocaina), y generado aumento deliberado de ruido con los motores para obstaculizar la toma de muestras acústicas en el mar.
Nuestro Grupo Parlamentario es conocedor de la existencia de un programa específico para detectar vertidos de hidrocarburos en el mar mediante satélites del programa denominado «CLEANSEANET», desarrollado y controlado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, para que de forma inmediata y urgente:
1. Se solicite a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) que active el programa de seguimiento satelital, las 24 horas del día, 7 días a la semana, sobre aquellas coordenadas donde opere una petrolera en aguas españolas o en aquellas otras en las que la producción de un derrame de crudo pueda afectar a nuestro territorio.
2. Se remitan de forma automática los resultados de las imágenes que se tomen por los satélites de la EMSA a los departamentos de las respectivas CC.AA. que se pudieran ver afectadas, para poder evaluar la contaminación, la extensión y el rumbo de los derrames que se produzcan a causa de las prospecciones mineras en el mar, con el fin no solo de conocer la existencia de un derrame, que en estos momentos no es posible, sino también alertar a las autoridades competentes con información detallada y precisa para que intervengan con los medios y los tiempos más oportunos posibles.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2015.?Álvaro Sanz Remón, Diputado.?José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003382
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la crisis de los cítricos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El sector cítrico catalán sufre una grave crisis de precios, con una continua disminución desde el 2009 de más del 40 % (según los datos de Departament d?Agricultura, las clementinas nules, de 0,307 euros/kilo en el 2009 a 0,197 euros/kilo en el 2013). En la campaña de este año cabe añadir los problemas generados por los fuertes vientos, así como el veto ruso.
Según Unió de Pagesos el 70 % de las 90.000 toneladas de la cosecha de clementinas que quedaban en los árboles el pasado mes de noviembre de 2014 en Terres de I?Ebre (Tarragona) se ha perdido a causa del viento fuerte y continuado que ha provocado que la piel de las de tipo Nules se secara. Esto implica unas pérdidas de 15?37 millones de euros.
El Ministerio ha autorizado la retirada de 5.000 toneladas de clementinas para destinarlas a distribución gratuita de zumos (ya que el daño se ha producido en la piel, y no en la pulpa) a través de los ya existentes Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de cítricos, lo que se considera totalmente insuficiente desde el sector.
Por otra parte, los bajos precios de las clementinas hacen que no sea rentable su recogida del árbol, lo que podría ser un foco importante para la plaga de la mosca en la campaña del 2015.
1. Amplíe las medidas de retirada de cítricos que fueron aprobadas en diciembre de 2014 autorizando la transformación de 3.000 toneladas de cítricos para su posterior distribución a entidades sociales y del tercer sector, a cargo de los fondos europeos excepcionales previstos en los reglamentos comunitarios y no a cargo de los Programas Operativos de la Organizaciones de Productores.
2. Establezca una partida presupuestaria destinada a articular una ayuda que pemita cubrir los gastos de recogida de clementinas del árbol con el fin de evitar problemas fitosanitarios graves.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2015.?Laia Ortiz Castellví, Diputada.?Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003384
Doña Ana M.ª Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley sobre creación de un santuario de ballenas en las aguas orientales de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
La ONG ecologista WWF ha pedido al Gobierno de España que escuche a las más de 42.000 personas que han firmado ?hasta el 24 de enero de 2015? por la creación de un Santuario de Ballenas en costa oriental de Lanzarote y Fuerteventura. La reclamación de la organización ecologista se produjo después de que Repsol anunciase su abandono de las prospecciones petrolíferas en Canarias por no haber hallado hidrocarburos comercializables. Además, WWF demanda que el sellado del pozo exploratorio sea «definitivo y con todas la garantías ambientales» y reclama a Repsol «mayor transparencia e información sobre los resultados obtenidos».
En la carta dirigida al Presidente del Gobierno del Estado, que figura en la iniciativa de WWF, se señala que «la costa oriental de Lanzarote y Fuerteventura alberga una elevada biodiversidad marina, siendo un área excepcionalmente importante para ballenas y delfines, con las poblaciones residentes más importantes de Europa de especies oceánicas raras, como cachalotes y zifios».
Veintiocho de las 87 tipos de cetáceos que existen en el mundo se encuentran en uno de los espacios más ricos para esta especie del planeta: el estrecho que separa las islas de Lanzarote y Fuerteventura del continente africano. Se trata, según la Sociedad para el Estudio de Cetáceos (SECAC), de «un hábitat singular por la profundidad de sus aguas y las especiales condiciones oceanográficas».
Los perversos efectos de las prospecciones sobre la fauna marina fueron objeto de preocupación y debate en la comunidad científica, principalmente en lo que concierne a los cetáceos, pero también en lo que respecta a otras especies que habitan en dos islas declaradas en su totalidad territorial como «Reserva Mundial de la Biosfera» por la UNESCO, y que contienen numerosos espacios protegidos tanto en su interior como en su línea de costa y en el mar que las circunda.
Universidades, organizaciones de conservación e investigación internacionales como OCEANA, WWF, GREENPEACE, SECAC, COUSTEAU DIVERS, SEO/BIRDLIFE, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, los gabinetes científicos de las Reservas de la Biosfera de Lanzarote y de Fuerteventura, entre otras entidades, han puesto sobre la mesa del Ministerio de Medio Ambiente distintos informes en los que advierten de las consecuencias que podría provocar sobre la naturaleza marina.
«El Congreso insta al Ministerio de Medio Ambiente a que apruebe la creación de un santuario de ballenas en las aguas orientales de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde las actividades humanas respeten a las poblaciones de cetáceos y no pongan en peligro la salud del mar, su biodiversidad y el propio desarrollo socioeconómico de las islas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2015.?Ana María Oramas González-Moro, Diputada.?Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003393
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el encauzamiento del río Sarria, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Confederación Hidrográfica Miño Sil redactó en 2010 el proyecto técnico de ordenación de los márgenes de los ríos Sarria y Celeiro en el término municipal de Sarria, en base al plan de encauzamiento para proteger el núcleo urbano de Sarria de las inundaciones aprobado en 2008.
En diciembre de 2012 sometió a información pública la primera fase del proyecto en la que únicamente se recogían parte de las actuaciones contenidas en el proyecto redactado en 2010, en el tramo urbano desde la Ponte Ribeira hasta el Puente de Calvo Sotelo y la remodelación del Puente Castelao.
Este proyecto recogía entre otras las siguientes medidas:
? Demolición de la represa actual y ejecución de una nueva represa.
? Ejecución de un nuevo canal para la apertura de la sección.
? Modificaciones en la morfología de las islas existentes en este tramo, eliminando la isla del Muiño del Toleiro, y rebajando la cota mediante una excavación de 70 cm, en la isla anterior al puente Calvo Sotelo.
? Eliminación de los dos azudes, inventariados como el SA AZ-03 y el SA AZ-04, ambos en el tramo del Malecón.
El grupo municipal socialista presentó alegaciones en las que solicitaba la paralización de las obras y la redacción de un nuevo proyecto de modificar las obras proyectadas y ejecutar otras obras que minimizaran el riesgo de avenidas en todo el núcleo urbano y no solo en una parte del mismo.
La Confederación rechazó dichas alegaciones diciendo que las medidas más urgentes a tomar son la eliminación de los obstáculos que hay en el cauce en este tramo.
Ahora somete a información pública un proyecto técnico de modificación que además de las que afectan a los puentes tiene las siguientes modificaciones:
? No se excava el cauce ni se rebajan las islas de este tramo.
? No se demuele la represa actual ni los azudes.
? No se ejecuta el nuevo canal para la apertura de la sección.
? No se ejecuta la barrera de contención del puente Ribeira.
Estas modificaciones ponen de manifiesto lo exagerado y desproporcionado de las medidas aprobadas y en ejecución, ya que si con una capacidad de desagüe de 50 m3/s, se garantiza (como se dice en el proyecto modificado) un desagüe de la avenida sin rebases, ¿por qué entonces se aprobó un cálculo de 56 m3/s que exigía unas actuaciones tan agresivas con el patrimonio, el medio ambiente y la tradición?, ahora se demuestra con estos datos del proyecto modificado que algunas medidas pudieran haber sido innecesarias y exageradas para conseguir el objetivo, pero ya no tienen vuelta atrás.
Consideramos que, de igual forma que son posibles estas modificaciones que ahora se someten a información pública, también se puede y debe modificar la parte que afecta a la demolición del Puente de Calvo Sotelo y sustituir la demolición total proyectada por modificaciones parciales en su estructura que aumenten la capacidad actual de desagüe para garantizar una capacidad de desagüe igual o próxima a la que se recoge en el proyecto original.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que incluya en las modificaciones del proyecto técnico de ordenación de los márgenes de los ríos Sarria y Celeiro en el término municipal de Sarria, actuaciones alternativas a la demolición total del Puente de Calvo Sotelo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2015.?Margarita Pérez Herraiz, Diputada.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003394
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre canon de vertidos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas dice:
«Artículo 1.2. Es también objeto de esta Ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les sea de aplicación.
1. La protección de las aguas marinas tendrá por objeto interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, con el objetivo último de conseguir concentraciones en el medio marino cercanas a los valores básicos por lo que se refiere a las sustancias de origen natural y próximas a cero por lo que respecta a las sustancias sintéticas ratifícales.
La Ley 22/1988, 28 de julio, de Costas dice:
1. Entre las condiciones a incluir en las autorizaciones de vertidos deberán figurar las relativas
f) Canon de vertido.»
En aplicación de esta normativa las Confederaciones Hidrográficas dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, regulan y cobran dicho canon de control de vertido por los vertidos que se hacen a las aguas de ríos dependientes de una Confederación Hidrográfica gestionada por la Administración Central.
Estos ríos son los que pertenecen a una cuenca que se encuentra en más de una comunidad autónoma (cuencas intercomunitarias).
Por otro lado, existen otras cuencas, denominadas intracomunitarias, que son aquellas que se encuentran en la misma comunidad autónoma, y por tanto, sus ríos se corresponden con cursos fluviales que solo discurren por una comunidad autónoma.
Estas son gestionadas por las propias comunidades autónomas y no están repercutiendo esta tasa a pesar de que el hecho imponible es idéntico.
Para los vertidos al mar únicamente establecieron regulación y cobran el correspondiente canon las Comunidades de Murcia en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada y País Vasco en el Decreto 459/2013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos efectuados desde tierra al mar.
Esta situación genera una falta de protección del medio marino acorde con la normativa española y con las directivas comunitarias y un diferente trato a las ciudades que vierten a aguas dependientes de confederaciones hidrográficas gestionadas por la administración central que pagan un tasa más que las que vierten a aguas de cuencas interiores (intracomunitarias) o directamente al mar.
Además, la Unión Europea plantea al Gobierno de España el pago de una importante sanción por la falta de adecuación de las aguas costeras a las directivas europeas.
Respecto a los vertidos a ríos interiores (intracomunitarios) de las comunidades autónomas estas tendrían que regular y determinar el canon correspondiente de vertido; en Galicia, por ejemplo, las ciudades que vierten a ríos interiores no pagan canon de control de vertidos.
Consideramos que de acuerdo con la legislación básica en materia de medio ambiente, y en aplicación del principio de quien contamina-paga, todos los vertidos deberían de tener el correspondiente canon para protección y mejora del medio receptor y para evitar que, por el mismo hecho, unas ciudades tengan que pagar un canon y otras no.
Este canon incentivaría que los vertidos fueran lo menos contaminantes posible y, con las modificaciones normativas precisas, podría contribuir además de al estudio y protección del medio a la financiación de las infraestructuras necesarias para la depuración.
a) Que promueva que las Comunidades Autónomas que no lo hicieron desarrollen la Ley de Aguas y la Ley de Costas para el adecuado control de vertidos a cuencas interiores (intracomunitarias) y al mar (dominio público marítimo-terrestre) y al establecimiento del correspondiente canon de control de vertido.
b) Que en base a mejorar la gobernanza del agua armonice la definición de los conceptos de forma que sea factible la identificación en todas las Comunidades Autónomas de todas las tasas e impuestos aplicables a la gestión del agua.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2015.?Margarita Pérez Herraiz, Diputada.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003407
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas a adoptar para rebajar los índices de contaminación atmosférica, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A pesar de que todos los informes coinciden en que la contaminación atmosférica de España genera un grave problema ambiental, de salud y económico, el Gobierno no implementa las acciones necesarias para disminuirla. La falta de desarrollo del Plan Aire, el aumento de la velocidad permitida a 130 km/h, la no aplicación de la Euroviñeta, o que el 67 % de la partida de eficiencia energética de los presupuestos generales del Estado para el 2015 se destine a la compra de coches sin ningún criterio de eficiencia energética son claros ejemplos de que las medidas impulsadas van en detrimento de la calidad del aire.
El último informe sobre calidad del aire de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) publicado en noviembre de 2014, estimaba que en el 2011 se produjeron 450.000 muertes prematuras en Europa debido a la mala calidad del aire, de las cuales se atribuían 27.000 a España. La contaminación es la primera causa de muertes prematuras en la Unión Europea; en España fallecen 12 veces más personas por la mala calidad del aire que por accidentes de tráfico.
La contaminación atmosférica, además de afectar la salud, también incide en actividades económicas como la agricultura. La Agencia destacaba en su informe que España, junto a Italia, son los dos países europeos con más daños sobre la agricultura, ya que algunos de los contaminantes, como el ozono, afectan al rendimiento de los cultivos. En nuestro caso afecta a las dos terceras partes de la superficie cultivada: 122.000 km2.
El Informe de Calidad del Aire para el 2013 de Ecologistas en Acción concluye que el 95 por ciento de la población española estuvo expuesta a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El tráfico es la principal razón de la contaminación en las zonas metropolitanas. Los episodios de contaminación en Madrid o Barcelona por niveles elevados de óxidos de nitrógeno se producen año tras año, llegando a sobrepasar los límites legales de la Unión Europea. España sigue incumpliendo la Directiva Europea (2001/81/CE) de techos nacionales de emisión, emitiendo un 6 % más de lo permitido (según el último informe de la EEA relativo al 2012). Por este motivo, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento sancionador por los constantes incumplimientos de los límites de contaminación.
Por otra parte, los límites establecidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente son inferiores a los de la OMS, en algún caso como el del benzopireno, que es altamente cancerígeno, hasta ocho veces menores, lo cual es una aberración para la salud. Se hace necesaria una revisión de los límites establecidos, que coincidan con los que propone la OMS.
A la contaminación no solo contribuye el tráfico rodado, sino que las instalaciones industriales también contribuyen de manera importante. La polución atmosférica procedente de las más de 10.000 instalaciones contaminantes más grandes de Europa costó a los ciudadanos entre 59.000 millones de euros y 189.000 millones en 2012 en daños causados al medio ambiente y a la salud, según un informe de la EEA. España figura en el puesto número ocho de los Estados de la UE por importe de estas pérdidas económicas ocultas. En el caso de España, en el periodo que va de 2008 a 2012, costó entre 19.289 millones de euros y 41.913 millones de euros.
Las cinco instalaciones españolas que figuran entre las 100 más contaminantes son centrales térmicas y el complejo industrial de refino que tiene Repsol YPF en Tarragona. Aunque todos los datos y la realidad apuntan en la misma dirección, las políticas de este Gobierno se resisten a descarbonizar la economía abandonando los combustibles fósiles y a facilitar el paso hacia un sistema energético basado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, a promover un modo de movilidad sostenible basado en el transporte público y colectivo, tanto para pasajeros como para mercancías. Y el tiempo pasa mientras nuestro país pierde la oportunidad de liderar el cambio necesario para dejar atrás la crisis económica y ambiental que padecemos.
1. Adoptar las medidas estructurales necesarias para cumplir con la Directiva Europea 2001/81/CE de techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.
2. Impulsar a nivel europeo una revisión de los límites de contaminación atmosférica permitidos de acuerdo con los límites establecidos por la OMS.
3. Adoptar las medidas necesarias para poner en marcha políticas efectivas de transporte sostenible basado en el transporte público colectivo. Entre ellas:
a) Establecer el etiquetaje de los vehículos para que las Administraciones locales puedan gestionar el acceso de los más contaminantes a las zonas de baja emisión
b) No prorrogar el Plan PIVE y mantener los planes PIMA Aire y Movele, con la finalidad de facilitar la renovación del parque de vehículos y su substitución por vehículos eléctricos y/o híbridos.
c) Fomentar el transporte ferroviario de mercancías y aplicar la Euroviñeta.
4. Elaborar una estrategia de descarbonización de la economía basada en el abandono progresivo del uso de los combustibles fósiles con la participación de las CCAA, entidades sociales, ambientales y de científicos y expertos en la materia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2015.?Laia Ortiz Castellví, Diputada.?Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003401
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa, a las limitaciones fijadas por el Ministerio para el acceso a los nuevos tratamientos para enfermos de hepatitis C y posibilidad de emitir licencias obligatorias. Debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
No parece afectarle al Ministerio de Sanidad que la grave enfermedad de la hepatitis C se esté cobrando la vida de enfermos que no han podido acceder a los nuevos tratamientos, como ocurrió recientemente con Pedro Morales, vecino de Cangas (Pontevedra). No es la primera ni, desgraciadamente, será la última de las víctimas de esta dolencia crónica que puede tener cura, o al menos, parar su avance con los nuevos fármacos como el Sovaldi.
Sabemos que no existen las pócimas mágicas, pero está probado médicamente que la nueva generación de medicamentos tienen un alto porcentaje de éxito o sirven para parar la enfermedad en estadios que revisten una gran gravedad. Con un poco de empatía que tengamos, no resulta difícil imaginar que para personas en situaciones muy complicadas, estos fármacos pueden suponer más vida o mejor calidad.
La sanidad pública no es un negocio. Existe y debe existir para atender a los ciudadanos en las mejores condiciones posibles, especialmente para tratar adecuadamente a enfermos con los medios existentes. Otra cuestión, en la que estamos totalmente de acuerdo, es el precio prohibitivo de los nuevos fármacos y los abusos de las multinacionales farmacéuticas fijando un coste inmoral. Una cuestión que también debe abordarse.
El Ministerio debe trabajar en todos los frentes a la vez, evitando atrincherarse en un único bando a fin de que todo permanezca igual y nada avance. Para el BNG es prioritario que se atiendan de
inmediato los casos extremos y más complicados a fin de evitar más muertes que se podrían parar si se reacciona a tiempo. No son momentos de estar aguardando a los resultados y análisis de Comités de Expertos ni de Comités de Evaluación, son momentos que requieren de acción inmediata para evitar más muertes.
Instamos al Gobierno a abrir la mano, de modo que garantice el tratamiento a las personas que se encuentran en una situación delicada, como son los casos de trasplantados, personas con carcinomas, con cirrosis o en estadios muy avanzados de la enfermedad, de forma que tengan acceso cuanto antes a los nuevos fármacos. Para ello el Ministerio debería revisar sus estrictos criterios y el presupuesto destinado a la compra de los nuevos tratamientos porque es claramente insuficiente.
Es un hecho que no se están otorgando los tratamientos en función de criterios médicos, algo que se puede corroborar hablando con cualquier paciente infectado por el virus, sino que se están concediendo en función del techo económico fijado por el Gobierno para este año, la insuficiente cantidad de 125 millones de euros que según las estimaciones sólo alcanzará para tratar a algo más de 5.000 enfermos en todo el estado español.
La sociedad científica AEEH (la Sociedad Española para el Estudio del Hígado) considera urgente tratar este año a una horquilla de afectados situada entre 10.000 y 12.000 personas.
Prueba de que no se están atendiendo casos urgentes, ni se están aplicando criterios médicos, es el testimonio de enfermos de cirrosis en fase cuatro de la enfermedad, la última de las fases, que no son candidatos a los tratamientos debido a los inflexibles criterios fijados por el Ministerio. Negar los tratamientos a personas cuya enfermedad está en este nivel carece de calificativos desde una perspectiva humana. La sanidad pública debe garantizar el acceso a fármacos o a tratamientos curativos sin techos de gasto porque no fue creada para hacer caja. Tampoco creemos que se trate de una cuestión de dinero, sino que en el caso del Gobierno actual es una cuestión de prioridades: primero se rescata a los bancos, se recorta hasta la saciedad en aras a reducir el sacrosanto déficit, se dan amnistías fiscales o se pagan salarios inmorales a altos cargos, en lugar de atender a los ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos pero ni reciben una sanidad pública adecuada ni tampoco una educación ni los servicios sociales pertinentes.
Además, ante el elevado precio de los fármacos existen otras posibilidades. Por ejemplo, el Gobierno podría plantearse emitir licencias obligatorias para fabricar genéricos de Sofosbuvir. De hecho, según el artículo 90 de la Ley de Patentes, el Gobierno podría aprobar un Real Decreto (norma habitual de este Gobierno) para someter una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias. Se considera que hay motivos de interés público cuando la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública.
El proceso sería que el Gobierno autorizaría a un laboratorio para crear sofosbuvir al precio que fije el propio Ejecutivo y pagaría a la multinacional un porcentaje de dicho precio en concepto de licencia. Un mecanismo, por otro lado, adoptado ya por otros Estados que han tenido que afrontar la lucha contra graves enfermedades o alertas sanitarias, demostrando iniciativa para situar los intereses de la población más débil por encima de la poderosa industria farmacéutica.
El precio de venta del Sofosbuvir por parte de Gilead resulta claramente abusivo porque es un precio de monopolista, es superior al coste marginal de producir el medicamento. Es absolutamente inmoral. Y la política de precios de la multinacional es más que cuestionable porque juega a precios distintos según los países.
Gilead es una multinacional norteamericana, y no podemos obviar el hecho de que la UE esté negociando con la Administración norteamericana el Tratado de Libre Comercio que anuncia grandes ventajas para las multinacionales. Un juego de intereses que se podría romper optando por la iniciativa propia de cada Estado en aras a la defensa de los intereses de salud pública de los ciudadanos.
Sería deseable que por una vez el Gobierno priorizase las necesidades sanitarias de los ciudadanos en lugar de situar en primer lugar las cifras macro, tan alejadas de la realidad de las economías domésticas. En vez de preguntarse en los videos propagandísticos del PP «si les ha faltado piel» o que el Presidente del Gobierno vaya puerta por puerta dando las gracias a ciudadanos, sería más adecuado demostrar que «tienen piel». Les falta piel, es una evidencia, les falta humanidad y a los hechos nos remitimos.
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Sanidad a:
? Atender de inmediato a las personas afectadas por el virus de la hepatitis C que se encuentran en fase 3 y 4 de la enfermedad para que accedan con carácter urgente a los nuevos tratamientos.
? Revisar los estrictos criterios fijados por el Ministerio para el acceso a las nuevos fármacos para tratar la hepatitis C de modo que se permita acceder a un universo mayor de afectados, especialmente los casos más graves.
? Iniciar los trámites para emitir licencias obligatorias para fabricar Sofosbuvir, partiendo del artículo 90 de la Ley de Patentes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2015.?Rosana Pérez Fernández, Diputada.?Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003403
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de un sistema de indicadores hospitalarios que ayude a mejorar la transparencia y el conocimiento de su gestión, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El sistema sanitario público español ha sido reconocido tanto a nivel nacional, como internacional, como uno de los mejores sistemas de los países desarrollados. El acceso universal a prestaciones, atenciones y cuidados, que fue limitado por el presente Gobierno, la elevada cualificación de los profesionales sanitarios y una progresiva mejora de los instrumentos sanitarios han colocado a España en la cabeza de la sanidad a escala mundial, aunque todavía queda mucho por hacer para seguir mejorando.
Si la satisfacción subjetiva de los ciudadanos del uso de los centros hospitalarios de nuestro sistema de Salud es «buena», aunque haya decrecido significativamente en los últimos años, es cierto que la satisfacción objetiva, y aún más, los resultados de gestión de nuestras infraestructuras sanitarias, son imposibles de conocer. No existen datos recopilados y publicados de una manera mínimamente ordenada que permita arrojar una visión tanto de conjunto, como de cada centro sanitario, para evaluar su funcionamiento.
De manera general, cuando se publican datos sobre la actividad hospitalaria, se dan cifras relativas al número de facultativos, enfermeros, camas, nivel de ocupación, tiempo de estancia media, número de equipos de alta resolución, de partos, de intervenciones, etc. Sin embargo, consideramos que no son suficientes para valorar la efectividad y la eficiencia del sistema público sanitario y que, en muchas ocasiones, ni siquiera se hacen públicos estos datos para numerosos centros hospitalarios.
Una de las herramientas que históricamente ha demostrado ser altamente eficaz a la hora de mejorar procedimientos, cuidados y protocolos hospitalarios, con una mejoría de los resultados y un ahorro en el gasto sanitario, ha sido la comparación empírica de las técnicas implantadas entre diferentes centros sanitarios. Sin embargo, en nuestro país es casi imposible poder comparar el mismo indicador de dos centros sanitarios diferentes, más cuando son de diferentes comunidades autónomas.
El principal motivo de esta incompatibilidad estadística es, primero, la total falta de acuerdo a la hora de elaborar unas memorias hospitalarias transparentes, con los indicadores útiles y consensuados entre los especialistas en la materia. Segundo, una total falta de voluntad por parte de los responsables políticos de estos servicios públicos de conocer cómo se gestionan pormenorizadamente y evitar así toda rendición de cuentas sobre el gobierno de los centros sanitarios.
En un sistema en el que ya existen numerosas comunidades autónomas que predican la libertad tanto de médico de cabecera, enfermero y facultativos especialistas dentro de su territorio, la total falta de
información rigurosa sobre qué profesionales dentro de su territorio poseen mayores tasas de éxito supone un brindis al sol con claros tintes propagandísticos y sin ningún ánimo realista de facilitar un servicio de calidad a los ciudadanos. Por ejemplo, conocer el número de caídas intrahospitalarias, la tasa de mortalidad de un centro tras un infarto agudo de miocardio o por otros tipos de patologías, la incidencia de infecciones nosocomiales, el número de reingresos en cada centro o la lista de espera para cada servicio, pueden ser datos que ayuden a mejorar de forma significativa la gestión de los centros sanitarios facilitando, además, a los gestores el conocimiento de cómo otros centros obtienen mejores resultados en indicadores en los que su centro falla.
La publicación transparente de estos datos y su análisis y evaluación es esencial para determinar la verdadera situación de la sanidad en nuestro país. Proponer nuevas medidas que mejoren la calidad de los servicios sanitarios para hacer mejor aquello que se espera de ellos: resolver los problemas de salud de los ciudadanos de la manera más eficaz y con la mayor brevedad posible.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses elabore un listado de indicadores asistenciales homogéneos y de obligada publicación en open data para los centros hospitalarios de todo el territorio nacional, tanto públicos como privados, que permita conocer y evaluar, de manera pormenorizada, la gestión de todos los centros sanitarios del sistema de salud público, así como mejorar su eficacia y eficiencia.»
161/003388
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la salud en la cooperación al desarrollo y la Acción Humanitaria, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El Informe 2014 de Medicus Mundi, Médicos del Mundo y Prosalus «La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria» presenta la situación crítica en la que se encuentra la cooperación española en general y en salud en particular. En un contexto de emergencia sanitaria global, en España continúa produciéndose una falta de compromiso real del Gobierno con la cooperación internacional. Según el Informe, en 2013 España se sitúa a la cola de los 15 donantes europeos del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo), muy por debajo de la media, y por detrás de países que han sido objeto de rescate por parte de la Unión Europea como Portugal o Irlanda. Al nivel de España o por detrás sólo se encuentran Italia y Grecia. Y si analizarnos los presupuestos de Ayuda Oficial al Desarrollo para 2015, las perspectivas siguen siendo sombrías, 0,17 % de la RNB, lo que sitúa la cooperación en niveles de los años noventa cuando España era aún un donante incipiente. A pesar del compromiso solidario de la sociedad española, la cooperación parece ser una política prescindible que puede ser desproporcionadamente recortada por motivo de la crisis o incluso ser eliminada cuando haya necesidad de ajustes.
Respecto a la ayuda oficial al desarrollo en salud, en 2013 se han destinado al sector salud 80,88 millones de euros, es decir, un 31 % más de lo que se había planificado, lo que supone que la salud ha representado el 4,12 % del total de la AOD bruta en 2013. Esto supone un ligero incremento respecto a 2012. Sin embargo, según las previsiones de planificación de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) presentadas en la Comunicación 2014, la AOD en salud volverá a disminuir tanto en términos absolutos como en su peso relativo en el conjunto de la AOD, quedando en 32,72 millones y en un 1,83 % de toda la AOD bruta. No se trata de un hecho puntual sino que demuestra una tendencia de progresiva pérdida de peso relativo de la salud dentro de la cooperación española.
El riesgo que todo esto implica es que se frenen los avances logrados en la consecución de algunos Objetivos de Desarrollo del Milenio y haga más difícil la consecución de otros que ya estamos en condiciones de afirmar que no se cubrirán. La disminución de la mortalidad materna es, posiblemente, el más difícil de alcanzar en 2015. El parto sigue siendo especialmente arriesgado en el África subsahariana. La mortalidad de menores de cinco años ha disminuido en todo el mundo, pero no lo suficientemente rápido como para alcanzar la meta fijada. La propagación del VIH parece haberse estabilizado, pero muchas personas, especialmente jóvenes, siguen sin saber cómo protegerse. África Subsahariana y América Latina han sido las regiones donde más se han concentrado los recursos en el año 2013, acumulando el 34,8 % y el 20 % respectivamente del total de la AOD en salud.
Por otra parte, la canalización de la AOD ha ido variando en los sucesivos ejercicios. Mientras que en 2009 y 2010 la AOD bilateral distribuible representaba la mitad de toda la AOD bruta española, su peso relativo ha ido bajando al 42 % en 2011, al 30 % en 2012 y al 25 % en 2013. Una de las principales razones que explican esta evolución es que, mientras se ha recortado el conjunto de la AOD española, se han mantenido las contribuciones obligatorias que España hace al presupuesto de cooperación de la UE y al FED, aportaciones que no son sectorialmente distribuibles y que han llegado a representar casi la mitad de toda la AOD española.
Respecto a la ayuda canalizada a través de organismos multilaterales, en 2013 ha habido un ligero incremento en la AOD española destinada al sector salud canalizada a través de organismos multilaterales (multilateral y multibilateral). Después de haber aumentado extraordinariamente entre 2006 y 2009, se redujo fuertemente en el período 2010-2012. En 2013 ha aumentado aproximadamente un 15 %, hasta superar los 31 millones de euros pero muy lejos de sus cifras máximas en 2009, que alcanzaron los 342,5 millones de euros, más de diez veces por encima de la cifra actual. Una consecuencia directa de este descenso es la concentración de este tipo de ayuda en siete organismos y fondos, concentrándose el 90 % en solo dos organismos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Finance Facility for Immunisation (IFFIm), que parecen ser sus apuestas estratégicas en estos años. Este aumento de la AOD destinada al sector salud a través de organismos multilaterales se ha producido en detrimento de la ayuda multibilateral, la cual vuelve a reducirse drásticamente en 2013, siendo menos de la mitad que en el año anterior, hasta situarse en 5,2 millones de euros, poco más de un 2,6 % de lo que llegó a ser en 2009. El grueso de estas contribuciones se concentra en OMS, FNUAP y UNRWA.
En referencia a la financiación, es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con dos tercios de la AOD bruta en salud, quien vuelve a ser el principal financiador, con gran diferencia. También destacan las comunidades autónomas que, en su conjunto, han aportado un 27,4 % de toda la AOD en salud, siendo el segundo actor en importancia en este sector. Sigue siendo necesario señalar un año más el pobre papel que, paradójicamente, juega en este sector de la cooperación el Ministerio de Sanidad con 66.318 euros, el 0,08 % del monto total de la cooperación sanitaria y casi diez veces menos que la aportación del Ministerio de Economía. Es necesaria una mayor implicación de este Ministerio, sobre todo en algunos subsectores como el de investigación o formación, que pueden mejorar enormemente los resultados en las acciones de cooperación sanitaria.
Por último, la AOD en salud se reparte entre tres subsectores: Salud general, salud básica y programas de salud sexual y reproductiva. La distribución de estos tres subsectores también ha ido variando durante el período 2008-2013. El subsector de salud sexual y reproductiva primero aumentó considerablemente para luego sufrir una contracción espectacular. Este hecho denota una clara falta de previsibilidad de la ayuda pudiendo provocar en los países receptores cierto desconcierto y problemas en la planificación de su sanidad. Ha sido el subsector de salud básica, que incluye la atención sanitaria básica, infraestructura sanitaria, nutrición, control de enfermedades infecciosas, educación sanitaria, control de malaria, tuberculosis y formación de personal sanitario, el que ha acumulado más fondos en 2013 con más del 50 %.
1. Poner fin a los recortes económicos en Cooperación Internacional y reafirmar el compromiso de destinar un 15 % de la AOD distribuible sectorialmente a salud, porcentaje en el que se incluirá un 6 % para salud sexual y reproductiva, liderando su inclusión en la próxima Cumbre de septiembre de 2015 donde se adoptará la agenda post-2015.
2. Garantizar que la cobertura universal en salud sea incorporada en el marco post-ODM.
3. Exigir indicadores globales que controlen el progreso hacia la cobertura universal en salud incluyendo factores de género y equidad.
4. Aportar recursos técnicos y financieros a largo plazo con el fin de apoyar los esfuerzos nacionales en esta dirección.
5. Asegurar que la evolución de la AOD en el sector salud sea más equilibrada, evitando las fluctuaciones sufridas hasta el momento, y utilizar los instrumentos necesarios que aseguren la sostenibilidad y el impacto de las acciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2015.?Laia Ortiz Castellví, Diputada.?Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003400
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la necesidad de que el Gobierno impulse de forma urgente una rebaja del IVA que grava los productos y actividades culturales.
El IVA es un impuesto europeo armonizado. La directiva europea que regula su aplicación permite que los Estados miembros puedan fijar tipos impositivos reducidos sólo a determinados productos y servicios, como por ejemplo los productos y actividades culturales. Bajo esta normativa europea la gran mayoría de estados miembros ha adoptado la decisión de aplicar un tipo de IVA reducido a los productos y actividades culturales, como uno de los ejes básicos de sus propias políticas de apoyo a la cultura.
A título comparativo en Francia el IVA cultural actualmente es del 5,5 %, en Alemania del 7 %, en Irlanda del 9 %, en Holanda aumentó al 19 % pero inmediatamente volvió a reducirse al 6 % tras desplomarse la recaudación, Portugal e Italia gravan los productos y servicios culturales respectivamente con un 13 % y un 12 % de IVA. Únicamente Reino Unido tiene un tipo impositivo semejante al español, del 20 %.
También España aplicaba un IVA reducido a la cultura hasta 2012, sin embargo, en este año, con un objetivo meramente recaudatorio, el Gobierno aprobó el Real Decreto 20/2012, del 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, en cuyo artículo 23 quedaba dispuesta la aplicación del IVA del 21 % sobre bienes y servicios culturales.
El IVA a la cultura aumentó de golpe en 13 puntos, del 8 % al 21 %, un auténtico mazazo para el sector cultural con evidentes consecuencia para el empleo en estas actividades y para las actividades económicas vinculadas al sector cultural. Fue una medida adoptada en plena crisis económica, acompañada de la desaparición de gran parte de las subvenciones y ayudas públicas de la administración a la cultura.
Cierre de empresas, destrucción de empleo, retroceso de la recaudación, desplome sin precedentes en el sector de las industrias de la cultura, son algunas de las consecuencias. Entre tanto, el Gobierno desde principios de legislatura entretenía las esperanzas del sector prometiendo y postergando una futura reforma de la Ley de Mecenazgo, que finalmente no ha llegado.
La cultura es un bien de interés general que estamos obligados a apoyar, a la vez que una fuente de generación de empleo y de actividad económica, por lo que resulta coherente y oportuno aplicar una fiscalidad reducida al consumo de bienes y servicios culturales. Así lo entienden los Gobiernos de la práctica totalidad de los estados miembros de la UE. ¿Por qué España debe ser diferente y destacar por su no apoyo a la cultura?
Desde el aumento de 13 puntos de IVA a la cultura en 2012 el Gobierno sólo ha hecho una excepción. A principios de 2014 procedió a reducir del 21 al 10 % el tipo del IVA que grava la compraventa de obras
de arte y de coleccionista, que también se aplica a la elaboración de los monumentos artísticos de las fiestas de las Fallas, las Hogueras y las Gaiatas que se celebran en municipios de la Comunidad Valenciana. Fue una decisión acertada y que no se justifica que haya quedado circunscrita sólo a estas obras de arte y no se haya extendido a todo el IVA cultural.
Desde 2012 todos los grupos parlamentarios hemos solicitado, sin éxito, al Gobierno y a la mayoría parlamentaria del Partido Popular la recuperación del tipo impositivo reducido del IVA a la cultura, como principal medida de apoyo al sector y de apoyo bienestar, pues la cultura también forma parte del estado del bienestar.
El apoyo y la defensa de la cultura y de su diversidad, desde el sector público, es una de las características más significativas de las diferentes sociedades europeas. ¿Cuáles son las razones que pueden justificar la masiva aplicación de tipos impositivos reducidos para el consumo de cultura en toda Europa, pero no en España? ¿Acaso en España la cultura molesta a alguien?
El sector cultural supone en España aproximadamente el 4 % del PIB y da trabajo a 503.700 personas, por lo que su importancia y potencial es evidente, al margen de las demás aportaciones que la cultura representa para nuestra sociedad. Es además un sector que produce empleo de calidad, en el cual se concentra un alto número de emprendedores y que da muestra de la vitalidad y el desarrollo de una sociedad moderna. Es necesario reflotar la cultura, por el bien de interés general, por el empleo que genera, por la actividad económica que aporta y sin duda la medida de apoyo más accesible para dar apoyo al sector cultural hoy es la reducción del tipo impositivo del IVA a los bienes y servicios de carácter cultural.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta la siguiente
Reducir de forma urgente el tipo impositivo del IVA aplicable a los productos y servicios culturales, tal como ocurre en la casi totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2015.?Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003390
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la 59 edición de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU, para su debate Comisión de Igualdad.
El quincuagésimo noveno período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer está programado del 9 al 20 de marzo de 2015 y tendrá lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En el periodo de sesiones participan representantes de los Estados miembros, entidades de las Naciones Unidas y Organizaciones no Gubernamentales.
En esta edición, la Comisión llevará a cabo un examen de los progresos logrados en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, veinte años después de su adopción en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995. El examen (Beijing+20) también incluirá las conclusiones del 23 período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la primera evaluación quinquenal tras la adopción de la Plataforma de Acción, que destaca medidas e iniciativas adicionales.
Es por ello que la Comisión insta a los Estados a que emprendan exámenes nacionales exhaustivos sobre los progresos alcanzados y las dificultades enfrentadas en la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del 23 período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General. En ello hace referencia en seguir apoyando la función y la aportación de la sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de mujeres, en la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
Naciones Unidas y ONU Mujeres en particular, valora y alienta la participación de las organizaciones No Gubernamentales en la celebración de esta 59 edición. También la participación imprescindible de las organizaciones de mujeres en el diseño de las políticas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres a nivel mundial. Son clave para la rendición de cuentas de todos los agentes implicados en el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia.
España ha sido referente tanto en sus aportaciones como en la participación de organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, de las organizaciones de mujeres que han demostrado con sus propuestas estar a la vanguardia de las decisiones y medidas a desarrollar derechos y libertades en aras a la igualdad de género.
Por todo ello, y para contribuir a cumplir la finalidad de los objetivos marcados ante la próxima reunión de la 59 Sesión de la CSW, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
1. Que la realización de los exámenes exhaustivos que debe realizar el Gobierno de los progresos realizados y las dificultades surgidas en la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como sobre las conclusiones del 23 período extraordinario de sesiones de la Asamblea, cuente con la participación y aportación de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de mujeres.
2. Trabajar conjuntamente en la CSW, con la representación de otros países y también desde la posición común a defender a través de la UE, en el contexto de los acuerdos que se adopten.
3. Siendo España un referente internacional en la promoción de la igualdad de género, dotar a la delegación española de la adecuada representación institucional que requiere la relevancia de los temas incluidos en la agenda de dicho Foro, con el fin de impulsar sus contenidos.
4. Dicha delegación institucional deberá contar con una representación destacada de las asociaciones de mujeres.
5. Informar a esta Comisión acerca de los objetivos y prioridades marcados por la Delegación española ante la 59 Sesión de la CSW, así como de los resultados obtenidos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2015.?Susana Ros Martínez y Carmen Montón Giménez, Diputadas.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003386
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de una campaña institucional de sensibilización orientada a una conducción más eficiente, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
España tiene registrado más de 25 millones de conductores de automóviles. Una conducción eficiente puede contribuir de manera decisiva no sólo a reducir el consumo de combustible, sino también a la reducción de emisiones a la atmósfera.
La conducción eficiente lleva asociada un conjunto de actuaciones en la conducción y puesta a punto del automóvil, como usar marchas largas lo antes posible, parar el motor para paradas superiores a un minuto, mantener la presión adecuada en los neumáticos, entre otras; conllevan un menor consumo de combustible, entre un 15 y un 20 por ciento, y una mayor seguridad en la conducción.
Nuestra dependencia energética exterior asciende al 75 por ciento. La conducción eficiente nos ayudaría a reducir al menos un 1 por ciento la dependencia energética. Un menor consumo energético conlleva una menor emisión de CO2.
Para mejorar la eficiencia en la conducción es necesario trasladar a los conductores de automóvil una serie de consejos prácticos para alcanzar los resultados esperados. Para ello las gasolineras constituyen un lugar adecuado para trasladar este mensaje institucional. El tiempo de repostaje de combustible permite centrar la atención en leer 10-15 mensajes mínimos, lo mismo ocurre en los túneles de lavado u otros servicios similares.
Una campaña institucional de sensibilización orientada a una conducción más eficiente en la red de gasolineras puede contribuir a reducir el consumo de combustible y el nivel de contaminación, lo que permitiría reducir externalidades y disminuir costes.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al desarrollo de una campaña institucional para promover una conducción eficiente que permita reducir el consumo de combustible y la contaminación medio ambiental por medio de vallas publicitarias y mensajes en los paneles de información en autovías y autopistas, así como promover junto a las empresas de distribución de carburantes una campaña informativa en la red de gasolineras.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2015.?Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

References: artículo 194
 artículo 193
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 135
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 27
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 41
 artículo 6
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 90
 Real Decreto 
 artículo 90
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 193
 artículo 193