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Timestamp: 2019-10-18 00:46:20+00:00

Document:
R 329-2018-SEL-INDECOPI | Regulación | Propiedad intelectual
Mediante Resolución N° 0329-2018/SEL-INDECOPI, la Sala Especializada en eliminación Burocrática del Indecopi, dispuso declarar como barrera burocrática ilegal el contenido del artículo 9° de la Ordenanza N° 836-2005-MML, referida a los aportes reglamentarios de 5% los administrados para obtener la habilitación urbana en la provincia de Lima desconociendo lo normativa técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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PRONUNCIAMIENTO N.° 182-2009DTN
Decretoreconocimientodegasto- Reconocimiento de Deuda de Pantalla Pinamar Del 2012
La Constitución consagra en su artículo 203 cinco tipos de leyes orgánicas
091-15 - GONZALES PERCY - PRE - INMICONS GOLD STAR ROCK DRIL S.A.C..docx
Sentencia de Nulidad de Decreto Reglamentario ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
RESOLUCIÓN 329-2018/SEL-INDECOPI
EXPEDIENTE 000055-2018/CEB
PROCEDENCIA : COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
DENUNCIANTE : ARIS INDUSTRIAL S.A.
DENUNCIADAS : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
TERCERO : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MATERIAS : LEGALIDAD
ACTIVIDAD : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
SUMILLA: Se CONFIRMA la Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI del 31 de
mayo de 2018, en el extremo que declaró fundada la denuncia y, en
consecuencia, barrera burocrática ilegal la exigencia de efectuar o ceder aportes
reglamentarios por concepto de “Parques Zonales – Servicios de Parques de
Lima” del cinco por ciento (5%) del predio sujeto a un proceso de habilitación
urbana con fines industriales, materializada en el artículo 9 de la Ordenanza 836
y en la Resolución de Licencia de Habilitación Urbana 080-2016SGOPHU-
GDU/ML.
La razón es que la referida exigencia desconoce lo previsto en la Norma TH.030
del Reglamento Nacional de Edificaciones, norma técnica que dispone que el
porcentaje de los aportes reglamentarios para parques zonales en los procesos
de habilitación urbana de uso industrial será del 1%.
En consecuencia, la barrera burocrática denunciada contraviene lo dispuesto
en los artículos 2 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, aprobado por el Decreto
Supremo 006-2017-VIVIENDA; así como los artículos VIII del Título Preliminar y
78 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, normas que obligan a las
municipalidades provinciales a ejercer sus competencias respetando el
principio de unidad en los procesos de habilitación urbana y observando lo
dispuesto en las normas técnicas sobre la materia.
1. El 16 de febrero de 20181, Aris Industrial S.A.2 (en adelante, la denunciante)
interpuso una denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en
Precisada mediante escrito del 8 de marzo de 2018, conforme al requerimiento formulado por la primera instancia en la
Carta 0139-2018/INDECOPI-CEB del 1 de marzo de 2018.
Identificada con R.U.C. 20100257298.
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
adelante, la MML) y la Municipalidad Distrital de Lurín. (en adelante, la
Municipalidad) ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en
adelante, la Comisión) por la presunta imposición de barreras burocráticas
ilegales consistentes en:
(i) La exigencia de efectuar o ceder aportes reglamentarios por concepto de
“Parques Zonales – Servicios de Parques de Lima” del 5% del predio sujeto
a un proceso de habilitación urbana con fines industriales, comerciales,
equipamiento y otros usos especiales, materializada en la Resolución de
Licencia de Habilitación Urbana 080-2016-SGOPHU-GDU/ML, emitida al
amparo del artículo 9 de la Ordenanza 836.
(ii) La exigencia de efectuar o ceder aportes reglamentarios por concepto de
“Área para Servicios Públicos Complementarios” del 2% del predio sujeto a
un proceso de habilitación urbana con fines industriales, comerciales,
Licencia de Habilitación Urbana 080-2016-SGOPHU-GDU/ML emitida al
2. Mediante Resolución 0168-2018/CEB-INDECOPI del 3 de abril de 2018, la
Comisión admitió a trámite la denuncia e incorporó a Servicio de Parques de
Lima (en adelante, Serpar) como tercero administrado en el procedimiento.
3. El 16, 17 y 30 de abril de 2018, Serpar, la Municipalidad y la MML, presentaron
sus descargos, respectivamente.
4. Por Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI del 31 de mayo de 2018, la Comisión
(i) Precisar las barreras burocráticas denunciadas en los siguientes términos:
a) La exigencia de efectuar o ceder aportes reglamentarios por concepto
de “Parques Zonales – Servicios de Parques de Lima” del cinco por
ciento (5%) del predio sujeto a un proceso de habilitación urbana con
fines industriales, materializada en la Resolución de Licencia de
Habilitación Urbana 080-2016SGOPHU-GDU/ML, emitida al amparo
del artículo 9 de la Ordenanza 836.
b) La exigencia de efectuar o ceder aportes reglamentarios por concepto
de “Área para Servicios Públicos Complementarios” del 2% del predio
sujeto a un proceso de habilitación urbana con fines industriales,
materializada en la Resolución de Licencia de Habilitación Urbana
080-2016-SGOPHU-GDU/ML, emitida al amparo del artículo 9 de la
Ordenanza 836.
(ii) Declarar barrera burocrática ilegal la medida señalada en el numeral a)
antes indicado, debido a que:
 Los artículos 2 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, así como los
artículos VIII del Título Preliminar y 78 de la Ley 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, que obliga a las municipalidades provinciales que
ejerzan sus competencias respetando el principio de unidad en los
procesos de Habilitación Urbana y que todas las entidades públicas se
encuentran obligadas a dar cumplimiento de lo dispuesto en las normas
técnicas nacionales que regulen las Habilitaciones Urbanas y
 La regulación contenida en la Norma TH. 030 del Reglamento Nacional
de Edificaciones, norma técnica que señala que el porcentaje de los
aportes reglamentarios para parques zonales en los procesos de
Habilitación Urbana de uso industrial será del 1%. Asimismo, dicha
exigencia desconoce el contenido de la Norma GH. 020 del mismo
Reglamento, puesto que la facultad otorgada debe ser ejercida en
concordancia y con los límites previstos por las normas vigentes.
(iii) Declarar que la medida en el numeral b) antes citado no constituye barrera
burocrática ilegal debido a que se encuentra conforme a lo señalado en la
Norma TH.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
5. El 25 de junio de 2018, Serpar interpuso un recurso de apelación en contra de
los extremos primero, quinto, noveno y décimo de la Resolución 0276-2018/CEB-
INDECOPI, alegando lo siguiente:
(i) La denuncia debió declararse improcedente respecto de su entidad, pues
no existe relación jurídico material con la denunciante en tanto no ha
emitido una disposición o acto administrativo que materialice las medidas
(ii) La Comisión le ha impuesto las mismas obligaciones que dispuso para las
entidades denunciadas como medidas correctivas, detalladas en el quinto,
noveno y décimo punto resolutivo del pronunciamiento, vulnerando el
debido procedimiento y la tutela jurisdiccional efectiva, así como los
artículos 3, 6 y 10 del Texto Único Ordenando de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
006-2017-JUS (en adelante, TUO de la Ley 27444).
6. El 26 de junio de 2018, la MML interpuso un recurso de apelación en contra de
la Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI, aduciendo lo siguiente:
(i) La Ordenanza 836 se emitió en ejercicio de las competencias previstas en
la Constitución y la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Las
referidas normas disponen que las municipalidades provinciales y distritales
son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de los cuales se
encuentran la planificación del desarrollo urbano de su circunscripción
incluyendo la zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial,
desarrollando y regulando actividades y/o servicios en materia de vivienda.
(ii) La Ordenanza 836 se emitió bajo la vigencia de la Ordenanza 620, que
reguló el proceso de aprobación de acondicionamiento territorial y
desarrollo urbano de Lima – PLAM de Lima, y, de acuerdo con la cual, su
entidad puede orientar la distribución equilibrada de la población en el
ámbito provincial, promover el aprovechamiento sostenible de recursos
naturales y económicos, así como desarrollar el uso racional de su
infraestructura, equipamiento y servicios.
(iii) Los titulares de los terrenos que siguen un proceso de habilitación urbana
conocen plenamente que se someten a los alcances de la Ordenanza 836.
7. El 27 de junio de 2018, la Municipalidad apeló la Resolución 0276-2018/CEB-
INDECOPI, en el extremo que declaró fundada la denuncia, señalando lo
(i) Las medidas denunciadas no constituyen barreras burocráticas que
impidan o limiten el acceso al mercado de la denunciante, pues ha obtenido
la licencia de habilitación urbana otorgada por la Municipalidad.
(ii) La Comisión interpreta incorrectamente el Reglamento Nacional de
Edificaciones, pues la cuantía de los aportes reglamentarios contenidos en
dicha norma no son montos fijos, sino referenciales.
(iii) La Ordenanza 836 tiene rango de ley y constituye una norma especial en
materia de aportes reglamentarios, con aplicación territorial específica en
(iv) El porcentaje del cinco por ciento (5%) por aportes reglamentarios para
parques zonales, contenido en el artículo 9 de la Ordenanza 836 resulta
razonable, pues permite que se proteja de manera adecuada el medio
ambiente; siendo que el porcentaje del uno por ciento (1%) por aporte
reglamentario previsto en la norma TH.030 resulta contrario a la protección
del medio ambiente, más aún si se considera que la denunciante realiza
una actividad de riesgo (fabricación de sustancias químicas).
(v) La denunciante se encuentra en una situación económica que le permite
otorgar una redención por aportes reglamentarios mayor que la de otros
contribuyentes, dado que de su Ficha RUC se advierte que está calificado
como “principal contribuyente”.
(vi) Los titulares de terrenos en proceso de habilitación urbana saben que
deben entregar los aportes reglamentarios establecidos en la Ordenanza
836, tal como lo realizó la denunciante, quien no objetó el valor de dicha
redención ni dejó constancia de su disconformidad con el mismo; por el
contrario, ha esperado que transcurran dos (2) años desde que obtuvo el
título habilitante para cuestionar el porcentaje de dichos aportes.
8. El 30 de julio de 20183, la denunciante solicitó a la Sala que le conceda una
medida cautelar, a fin de que las entidades denunciadas se abstengan de
imponerle la exigencia que fue declarada ilegal por la Comisión.
(i) Establecer la medida materia de cuestionamiento ante esta instancia.
(ii) Evaluar si la medida cuestionada en el presente procedimiento constituye
una barrera burocrática.
(iii) Determinar si correspondía incorporar a Serpar como tercero administrado
(iv) Precisar la materialización de la barrera burocrática materia que será
analizada en este caso.
(v) De ser el caso, determinar si la medida materia de apelación constituye
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.
(vi) De ser el caso, analizar si corresponde imponer a Serpar la medida
correctiva dispuesta por la Comisión.
(vii) Evaluar si corresponde pronunciarse respecto a la solicitud de medida
III.1.1 Sobre la medida objeto de análisis
9. Mediante Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI, la Comisión dispuso, entre
Mediante Memorándum 0486-2018/CEB, recibido el 4 de setiembre de 2018, la Comisión remitió el escrito del 30 de julio
otros, lo siguiente:
(i) Declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de efectuar o ceder aportes
reglamentarios por concepto de “Parques Zonales – Servicios de Parques
de Lima” del cinco por ciento (5%) del predio sujeto a un proceso de
habilitación urbana con fines industriales, materializada en la Resolución de
Licencia de Habilitación Urbana 080-2016SGOPHU-GDU/ML, emitida al
(ii) Declarar que la exigencia de efectuar o ceder aportes reglamentarios por
concepto de “Área para Servicios Públicos Complementarios” del 2% del
predio sujeto a un proceso de habilitación urbana con fines industriales,
materializada en la Resolución de Licencia de Habilitación Urbana 080-
2016-SGOPHU-GDU/ML, emitida al amparo del artículo 9 de la Ordenanza
836, no constituye barrera burocrática ilegal pues la misma se encuentra
conforme a lo establecido en la Norma TH.030 del Reglamento Nacional de
10. La MML, la Municipalidad y Serpar4 interpusieron recurso de apelación contra el
citado pronunciamiento, formulando argumentos contra el extremo en que la
Comisión declaró fundada la denuncia y barrera burocrática ilegal la medida
detallada en el numeral (i) del párrafo anterior.
11. Por tanto, en este pronunciamiento únicamente se evaluará la exigencia de
efectuar o ceder aportes reglamentarios por concepto de “Parques Zonales –
Servicios de Parques de Lima” del cinco por ciento (5%) del predio sujeto a un
proceso de habilitación urbana con fines industriales, materializada en la
Resolución de Licencia de Habilitación Urbana 080-2016SGOPHU-GDU/ML,
emitida al amparo del artículo 9 de la Ordenanza 836; así como los mandatos
dispuestos por la Comisión en virtud de este extremo de su pronunciamiento.
III.1.2 Sobre la calificación de la medida denunciada como barrera burocrática
12. En apelación, la Municipalidad alegó que la medida denunciada no constituye
una barrera burocrática debido a que no impide ni limita el acceso al mercado de
la denunciante; y, sostuvo que ello se puede corroborar de la licencia de
habilitación urbana que su entidad otorgó a dicha administrada para ejercer su
13. Sobre el particular, el numeral 3 del artículo 3 del Decreto Legislativo 12565
Cabe indicar que, si bien Serpar no apeló el extremo en que se declaró barrera burocrática ilegal la referida medida, se
debe precisar que cuestionó lo dispuesto por la Comisión por efecto de la declaración de ilegalidad de dicha medida,
esto es: (i) la medida correctiva ordenada, (ii) el mandato de informar las acciones adoptadas, y, (iii) el mandato de remitir
una copia del pronunciamiento definitivo al titular de la entidad y a la Secretaría General o quien haga sus veces.
DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS
dispone que una exigencia califica como barrera burocrática cuando está dirigida
a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes
económicos en el mercado.
14. En el presente caso, la medida materia de análisis consiste en la exigencia de
Resolución de Licencia de Habilitación Urbana 080-2016-SGOPHU-GDU/ML,
emitida al amparo del artículo 9 de la Ordenanza 836.
15. Al respecto, cabe indicar que, de acuerdo con el artículo 196 del Texto Único
Ordenado de la Ley 290907, aprobado por el Decreto Supremo 006-2017-
VIVIENDA8 (en adelante, el TUO de la Ley 29090), la transferencia de áreas de
aportes a las entidades receptoras, como Serpar, se acredita al momento de
solicitar la recepción de obras ante la Municipalidad que concedió la licencia de
habilitación urbana. Este procedimiento es necesario para efectos de obtener la
inscripción registral del predio materia de habilitación9.
16. De las normas citadas se aprecia que el aporte materia de análisis deberá ser
acreditado en la etapa de recepción de obras, para efectos de culminar el
proceso de habilitación urbana10. En ese sentido, la medida cuestionada tiene
3. Barrera burocrática: exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a
condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que
puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios
que garantizan la simplificación administrativa. La sola calidad de exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro
no implica necesariamente su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad.
DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN
DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
Artículo 19.- Recepción de obras
Una vez concluidas las obras de habilitación urbana se solicita la recepción de las mismas, presentando ante la
municipalidad que otorgó la licencia, los siguientes documentos:
e. Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades
receptoras de los mismos y/o comprobantes de pago de la redención de los mismos, de ser el caso.
Norma publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de septiembre de 2007.
Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28 de febrero de 2017.
Artículo 20.- Inscripción registral
El Formulario Único con la recepción de obras de habilitación urbana, (…), son los documentos que, en conjunto, dan
mérito a la inscripción registral de la habilitación urbana y a la inscripción individualizada de los predios urbanos
generados durante este proceso. (…)
Para fines de la presente Ley, entiéndase por:
como efecto la obstaculización de las actividades de los administrados en el
mercado, pues, si bien no impide el ejercicio de la actividad económica, les
impone una carga que les dificulta lograr el desarrollo de su negocio, como contar
con una infraestructura para desplegar sus actividades industriales.
17. En ese sentido, lo alegado por la Municipalidad no descalifica a la exigencia bajo
análisis como una barrera burocrática, pues se ha verificado que obstaculiza la
permanencia de los agentes en el mercado y, por ende, puede ser analizada en
18. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento de la Municipalidad en
III.1.3 Sobre la incorporación de Serpar en el procedimiento
19. En apelación, Serpar alegó que la Comisión debió declarar improcedente la
denuncia respecto de dicha entidad, pues no existe relación jurídico material con
la denunciante en tanto no ha emitido ninguna disposición ni acto administrativo
que materialice la exigencia que fue declarada ilegal por la primera instancia.
20. A juicio de Serpar, la Comisión ha realizado una interpretación errónea respecto
de su incorporación en el procedimiento como tercero administrado, por lo que
la Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI fue emitida sin observar los artículos
3, 6 y 10 del TUO de la Ley 27444.
21. Al respecto, el artículo 69 del TUO de la Ley 27444 señala que cuando los
derechos o intereses legítimos de un administrado puedan verse afectados con
la resolución que emita una entidad de la Administración Pública, esta tiene el
deber de comunicarle lo actuado en el procedimiento, conforme se observa a
DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS, TUO DE LEY 27444
Artículo 69.- Terceros administrados
69.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de
terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos
puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y
lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte
conocido, sin interrumpir el procedimiento.
69.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo
los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él.
22. De acuerdo con la norma citada, para que un tercero pueda incorporarse al
El proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de
distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública. (…)
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, este requiere contar con
un derecho o interés legítimo que pueda ser afectado por la emisión de la
resolución de la Comisión o de esta Sala; con lo cual se deberá verificar la
existencia de estos elementos a fin de determinar si corresponde la incorporación
de dicho tercero al procedimiento, y no si este emitió la disposición o acto
administrativo que materializa la barrera denunciada.
23. En el presente procedimiento, se ha cuestionado como presunta barrera
burocrática ilegal la exigencia del porcentaje establecido por concepto de aporte
reglamentario para parques zonales, materializada en la Resolución de Licencia
de Habilitación Urbana 080-2016SGOPHU-GDU/ML, emitida al amparo del
artículo 9 de la Ordenanza 836.
24. Al respecto, de conformidad con el artículo 5 de la Ordenanza 836 11, Serpar es
la entidad encargada de recaudar y administrar tales aportes. Siendo así, la
decisión que se emita en el marco del presente procedimiento incide
directamente en los intereses de dicha entidad, pues afectaría el cálculo del valor
de redención del aporte reglamentario para parques zonales que los
administrados deben entregar ante dicha entidad.
25. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del TUO de la Ley 27444,
Serpar califica como tercero administrado en el presente procedimiento, y, en
virtud de ello, fue debidamente incorporado por la Comisión mediante Resolución
0168-2018/CEB-INDECOPI del 3 de abril de 2018.
26. De otro lado, de la revisión de la resolución impugnada, se advierte que en el
acápite B.2 de dicho acto administrativo, la Comisión desarrolló los fundamentos
por los cuales correspondía que se incorpore a Serpar como tercero
administrado en el procedimiento, por lo que la citada resolución se encuentra
debidamente motivada, de conformidad con el artículo 3 del TUO de la Ley
27. En tal sentido, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por
Serpar en este extremo.
III.1.4 Precisión de la materialización de la barrera burocrática denunciada
28. En la Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI, la Comisión consideró, entre
otros, que la medida denunciada se encuentra materializada en la Resolución de
Licencia de Habilitación Urbana 080-2016SGOPHU-GDU/ML, emitida al amparo
del artículo 9 de la Ordenanza 836, por lo que precisó la barrera burocrática
ORDENANZA 836, ESTABLECEN APORTES REGLAMENTARIOS PARA LAS HABILITACIONES URBANAS EN LA
Artículo 5.- APORTE PARA PARQUES ZONALES (SERPAR)
Los Aportes para Parques Zonales, serán entregados al SERPAR Lima en área útil conformada por lotes normativos, los
que deberán ser transferidos mediante instrumento público.
denunciada en los siguientes términos:
RESOLUCIÓN 0276-2018/CEB-INDECOPI DEL 31 DE MAYO DE 2018
“(i) La exigencia de efectuar o ceder aportes reglamentarios por concepto de “Parques
Zonales – Servicios de Parques de Lima” del 5% del predio sujeto a un proceso de
Licencia de Habilitación Urbana N° 080-2016-SGOPHU-GDU/ML, emitida al amparo
del artículo 9 de la Ordenanza N° 836, que establece aportes reglamentarios para las
habilitaciones urbanas en la provincia de Lima, emitida por la Municipalidad Metropolitana
29. Sin embargo, de la revisión de la denuncia del 16 de febrero de 2018, precisada
el 8 de marzo del mismo año, se advierte que la denunciante planteó como
presunta barrera burocrática ilegal la exigencia señalada en el párrafo
precedente, materializada en el artículo 9 de la Ordenanza 83612, tal como se
DENUNCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2018
En el presente caso, ARIS pretende que se declare como barrera burocrática ilegal la
exigencia de pagar el 5% del área de terreno por concepto del aporte reglamentario para
parques zonales en habilitaciones urbanas de uso industrial (…)
Esta ilegalidad se ha materializado en los artículos 9 (…) de la Ordenanza 836, la cual
excediendo sus facultades ha realizado una regulación que atenta contra lo dispuesto en
el artículo 5 de la Norma TH.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones (…)”.
30. Sobre el particular, si bien la denunciante también cuestionó que la exigencia
denunciada se encontraba materializada, a su vez, en un acto administrativo
emitido por la Municipalidad, lo cierto es que ello tenía por finalidad acreditar
cómo dicha denunciada había aplicado la exigencia establecida en el artículo 9
de la Ordenanza 836. De esta manera, la Resolución de Licencia de Habilitación
Urbana 080-2016-SGOPHU-GDU/ML es un medio probatorio que acredita la
imposición de la exigencia denunciada y que estaría contenida en la disposición
31. Por tanto, se precisa que la presunta barrera burocrática ilegal denunciada
consiste en la exigencia de efectuar o ceder aportes reglamentarios por concepto
de “Parques Zonales – Servicios de Parques de Lima” del 5% del predio sujeto
a un proceso de habilitación urbana con fines industriales, materializada en el
artículo 9 de la Ordenanza 836, emitida por la MML, así como en la Resolución
de Licencia de Habilitación Urbana 080-2016-SGOPHU-GDU/ML emitida por la
Mediante Resolución 0168-2018/CEB-INDECOPI del 3 de abril de 2018, la Comisión resolvió, entre otros aspectos,
declarar improcedente la denuncia en el extremo en que las exigencias cuestionadas se encontraban materializadas en
el artículo 10 de la Ordenanza 836.
32. Finalmente, cabe anotar que la referida precisión no afecta el derecho de
defensa de las entidades denunciadas pues, a lo largo del procedimiento, han
presentado los argumentos13 que estimaron pertinentes para sustentar la
legalidad de la medida prevista en el artículo 9 de la Ordenanza 836.
III.2. Sobre el porcentaje exigido por concepto de aportes reglamentarios
33. En la Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI, la Comisión únicamente declaró
barrera burocrática ilegal la exigencia de pagar el cinco por ciento (5%) del área
del terreno por concepto del aporte reglamentario para parques zonales en las
habilitaciones urbanas de uso industrial, materializada en el artículo 9 de la
Ordenanza 836 y en la Resolución de Licencia de Habilitación Urbana 080-2016-
SGOPHU-GDU/ML.
34. Ello, por cuanto la Comisión consideró que dicha medida vulneró los artículos 2
y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 29090, los artículos VIII del Título
Preliminar y 78 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como la
regulación contenida en la Norma TH. 030 y GH.020 del Reglamento Nacional
35. En apelación, la MML y la Municipalidad formularon las siguientes alegaciones,
(i) Las municipalidades gozan de autonomía para regular los asuntos de su
competencia, de conformidad con la Constitución y la Ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades. Así, en base a tales competencias y de
conformidad con el marco legal antes indicado, se emitió la Ordenanza 836.
36. Sobre el particular, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades califica a los
aportes provenientes de habilitaciones urbanas, donde se incluye a los aportes
para parques zonales, como bienes de las municipalidades que integran su
patrimonio, cuya administración es ejercida de forma autónoma14.
Del expediente se aprecia que MML efectuó su defensa sobre la legalidad de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza
836 en sus escritos del 30 de abril (escrito de descargos) y del 26 de junio de 2018 (recurso de apelación). De otro lado,
la Municipalidad presentó argumentos al respecto en su escrito del 27 de junio de 2018 (recurso de apelación).
El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades
Son bienes de las municipalidades
37. Del mismo modo, conforme al artículo 35 de la Norma GH.020 del Reglamento
Nacional de Edificaciones, las municipalidades provinciales podrán establecer el
régimen de aportes de su jurisdicción, ajustado a las condiciones específicas
locales y a los objetivos dispuestos en su Plan de Desarrollo Urbano,
considerando lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, tal como
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - NORMA GH.020
“Artículo 35.- Los aportes se indican en los capítulos correspondientes a cada tipo de
habilitación urbana. Las Municipalidades Provinciales podrán establecer el régimen
de aportes de su jurisdicción, ajustado a las condiciones específicas locales y a los
objetivos establecidos en su Plan de Desarrollo Urbano, tomando como referencia lo
indicado en la presente norma.” (Énfasis agregado).
38. En este sentido, a diferencia de lo alegado por la MML, esta Sala observa que el
citado artículo, si bien faculta a las municipalidades provinciales a regular su
régimen de aportes reglamentarios, también las obliga a que el ejercicio de su
facultad se ejerza en concordancia con el propio Reglamento Nacional de
39. El deber de concordancia normativa con el Reglamento Nacional de
Edificaciones, que las municipalidades deben cumplir al regular sus aportes
reglamentarios, previsto en el artículo 35 de la Norma GH.020 del citado
reglamento, también se encuentra señalados en el artículo 3 de la Norma G.010,
en el que se precisa lo siguiente:
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - NORMA G.010
“Artículo 3.- Las Municipalidades Provinciales podrán formular normas complementarias
en función de las características geográficas y climáticas particulares y la realidad cultural
de su jurisdicción. Dichas normas deberán estar basadas en los aspectos normados
en el presente Título, y concordadas con lo dispuesto en el presente Reglamento”15.
40. Asimismo, si bien las municipalidades cuentan con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia16, ello no debe
6. Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas. (…)
Cabe mencionar, que el artículo 3 del Decreto Supremo 063-70-VI, Reglamento de Construcciones, norma vigente a la
fecha de emisión de la Ordenanza 836, contenía el mismo deber de concordancia con la normativa nacional, tal como se
“Decreto Supremo 063-70-VI, Reglamento de Construcciones
Artículo 3.- El Reglamento Nacional de Construcción tendrá permanente vigencia en todo el territorio de la República,
debiendo los Concejos Municipales Provinciales elaborar su propio Reglamento de Construcciones y elevarlo para su
aprobación al Ministerio de Vivienda, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento, adecuando a su
respectiva realidad territorial, no pudiendo rebajar los requisitos mínimos ni aumentar los máximos establecidos.”
suponer una vulneración al marco legal vigente.
41. Así, el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, dispone que la autonomía municipal radica en la potestad de
ordenamiento jurídico17.
42. En esa línea, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída en el Expediente
00028-2007-PI/TC del 4 de mayo de 200918, precisó lo siguiente:
EXPEDIENTE 00028-2007-PI/TC DEL 4 DE MAYO DE 2009
“(...) la autonomía de los gobiernos locales no es absoluta sino por el contrario relativa, por
cuando su actuación tiene que enmarcarse dentro de los límites establecidos por la
Constitución y la ley (...)”.
43. De acuerdo con lo expuesto, la MML debe ejercer sus competencias sin
transgredir el ordenamiento jurídico, y, en el caso en particular, en concordancia
con lo previsto en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Por tanto,
corresponde desestimar el cuestionamiento de dicha entidad en lo relativo al
alcance de sus competencias y, a continuación, analizar si la exigencia
constituye una vulneración a las normas vigentes.
44. Sobre el particular, la Municipalidad cuestionó este extremo de la resolución,
alegando que la Ordenanza 836 tiene rango de ley y constituye una norma
especial en materia de aportes reglamentarios, con aplicación territorial
específica en Lima.
45. Al respecto, en materia de habilitaciones urbanas, el TUO de la Ley 29090 regula
los procedimientos de otorgamiento de licencias de habilitación urbana y de
edificación, los que constituyen procedimientos únicos y de aplicación
obligatoria a nivel nacional19.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a
ley. (…)
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Proceso de inconstitucionalidad seguido por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaraz en contra del artículo 13.1
de la Ley 29035.
La presente Ley tiene el objeto de establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la
independización de predios rústicos, subdivisión de lotes, obtención de las licencias de habilitación urbana y de
edificación; fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos; y la recepción de obras de habilitación urbana y la
conformidad de obra y declaratoria de edificación; garantizando la calidad de vida y la seguridad jurídica privada y pública.
46. En ese sentido, la regulación dispuesta en el TUO de la Ley 29090 es de
obligatorio cumplimiento para todas las entidades de la Administración Pública,
incluyendo a la MML20.
47. Por ende, en armonía con el carácter nacional y obligatorio del TUO de la Ley
29090, el numeral 2.4 de su artículo 2 reconoce el principio de unidad en los
procedimientos de habilitación urbana, por lo que las normas posteriores que se
expidan necesariamente deben guardar coherencia con dicha ley. Por ello, ante
una contradicción, la norma prevé el siguiente orden de prelación normativa:
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090
“Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios
2.4 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, se sujetan a lo
a. Principio de Unidad. - Las normas que se expidan, a partir de la presente Ley,
deberán guardar coherencia con el ordenamiento jurídico, de forma tal que las
normas que lo conforman se integren armónicamente evitando contradicciones. De
existir discrepancias entre la presente Ley y alguna otra norma que se expida sobre
procedimientos administrativos regulados en esta, el orden de prelación para su
a.1) La Ley Nº 29090.
a.2) Los reglamentos de la Ley Nº 29090.
a.3) Las normas de carácter nacional.
a.4) Las normas de carácter local provincial.
a.5) Las normas de carácter local distrital.
Debiendo mantenerse obligatoriamente este orden de prelación. Esta disposición es
Establece el rol y responsabilidades de los diversos actores vinculados en los procedimientos administrativos de la
Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios
2.1 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, son únicos y de aplicación obligatoria a nivel
nacional; además, determinan las responsabilidades de los sujetos implicados en los procedimientos de habilitación
urbana y de edificación. Ninguna persona o entidad, además de las descritas en la presente Ley, podrá participar, directa
o indirectamente, en la aprobación y ejecución de habilitaciones urbanas y edificaciones.
2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El retraso administrativo
en la tramitación del expediente no autoriza que se le exija al solicitante la actualización de la documentación que fuera
presentada en la fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad respectiva.
Cualquier requerimiento o requisito adicional a lo previsto en los procedimientos de la presente Ley y su Reglamento,
constituye una barrera burocrática ilegal.
Cabe indicar que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 29090, se recoge la obligación de realizar aportes
reglamentarios en los procedimientos de habilitación urbana del Reglamento Nacional de Edificaciones.
“DECRETO SUPREMO 006-2017-VIVIENDA, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN
Artículo 3.- Definiciones, modificado por el artículo 3 de la Ley 29476, publicada en el diario oficial “El Peruano”
el 18 de diciembre de 2009; y por el artículo único de la Ley 29898, publicada en el diario oficial “El Peruano” el
Para los fines de la presente Ley, entiéndase por
distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública. Adicionalmente, el
terreno puede contar con redes para la distribución de gas y redes de comunicaciones. Este proceso requiere de
aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como
para servicios públicos complementarios, para educación, salud y otros fines, en lotes regulares edificables que
constituyen bienes de dominio público del Estado, susceptibles de inscripción en el Registro de Predios de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”. (Énfasis agregado)
de orden público”.
48. Conforme se observa, el artículo 2 del TUO de la Ley 29090 señala como una
disposición obligatoria para todas las entidades del Estado, el cumplimiento del
orden de prelación normativa del principio de unidad en los procedimientos de
habilitación urbana, dentro del cual se inserta el régimen de los aportes
49. En consecuencia, en materia de habilitaciones urbanas, conforme al orden de
prelación antes descrito, en caso de presentarse contradicciones en la
normativa, deberá preferirse la aplicación de las normas de alcance nacional
sobre las normas de carácter local provincial.
50. Así, respecto del argumento de la Municipalidad, referido a que, a su criterio, la
Ordenanza 836 tiene rango de ley y constituye la norma especial aplicable a los
aportes reglamentarios en la provincia de Lima, se debe precisar que, tal como
se ha expuesto precedentemente, el artículo 2 de la Ley 29090 prevé como una
disposición de orden público obligatoria para todas las entidades del Estado el
cumplimiento del orden de prelación normativa del principio de unidad en los
procedimientos de habilitación urbana, dentro del cual se inserta el régimen de
los aportes reglamentarios.
51. En observancia al régimen de prelación antes indicado, las antinomias entre las
normas de carácter local provincial (Ordenanzas 836 de la MML) y las de
carácter nacional (Norma GH.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones),
serán solucionadas con la aplicación preferente del TUO de la Ley 29090 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA21 (en
adelante, el Reglamento de la Ley 29090).
52. De otro lado, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes
y disposiciones que, de manera general y conforme a la Constitución, regulen
las actividades y funcionamiento del sector público y a los sistemas
administrativos del Estado que son de observancia y cumplimiento obligatorio 22.
53. Asimismo, el artículo 78 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades23
Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de mayo de 2017.
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas
técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son
de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en
armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.
señala que el ejercicio de las competencias y funciones específicas de las
municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las normas técnicas
54. En ese orden de ideas, con relación a los aportes reglamentarios, se aprecia que
los mismos se encuentran regulados, de manera expresa, en el artículo 16 del
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Así,
el numeral 16.8 del citado artículo señala que los aportes reglamentarios se
regulan por la Norma GH.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones24.
55. En línea con lo anterior, el artículo 36 del TUO de la Ley 29090 25 detalla que el
Reglamento Nacional de Edificaciones es de obligatorio cumplimiento para los
gobiernos regionales y locales, quienes deben adecuar su normativa conforme
a dicha norma técnica.
56. Adicionalmente a lo señalado por el citado literal c) del numeral 16.8 del artículo
16 del Reglamento de la Ley 29090, el artículo 35 de la Norma GH.020 del
Reglamento Nacional de Edificaciones indica que los aportes reglamentarios
para cada tipo de habilitación urbana se encuentran previstos en los capítulos
correspondientes del mismo cuerpo legal.
57. Así, con relación a los aportes reglamentarios para habilitaciones de uso
industrial, se advierte que aquellos se encuentran regulados en la Norma TH.030
del Reglamento Nacional de Edificaciones, cuyo artículo 5 dispone que las
habilitaciones para uso industrial deberán cumplir con el aporte señalado en
el cuadro contenido en el citado artículo, donde se indica que el aporte para
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción
a las normas técnicas sobre la materia.
DECRETO SUPREMO 011-2017-VIVIENDA, REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y
16.8 Los aportes reglamentarios a los que están obligados de efectuar los titulares de predios rústicos que requieran
iniciar procesos de habilitación urbana se regulan por:
a) Lo previsto en la Norma Técnica GH.020 “Componentes de Diseño Urbano” del Reglamento Nacional de Edificaciones
- RNE. (…)
Artículo 36.- Normas técnicas de la edificación
El Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código de Estandarización de Partes y Componentes de la Edificación
constituyen las normas técnicas nacionales de cumplimiento obligatorio por todas las entidades públicas, así como por
las personas naturales y jurídicas de derecho privado que proyecten o ejecuten habilitaciones urbanas y edificaciones
en el territorio nacional. Los gobiernos regionales y locales deberán adecuar su normativa al Reglamento Nacional de
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emite opinión vinculante sobre las consultas y aclaraciones en la
aplicación de la normativa técnica de su sector.
El Reglamento Nacional de Edificaciones es el único marco normativo que establece los criterios y requisitos mínimos
de calidad para el diseño, producción y conservación de las edificaciones y habilitaciones urbanas.
El Reglamento Nacional de Edificaciones se actualizará periódicamente de manera integral o parcial, conforme a los
avances tecnológicos y la demanda de la sociedad. (…).
parques zonales corresponde al uno por ciento (1%) del área bruta26.
58. En tal sentido, al regular el régimen de aportes reglamentarios, las
municipalidades deben observar el porcentaje dispuesto en el dispositivo legal
antes indicado, considerando que las facultades otorgadas a tales entidades se
encuentran sujetas al cumplimiento de las normas de alcance nacional, así como
a las normas técnicas, tal como lo señalan los artículos VIII del Título Preliminar
y 78 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
59. Así, las competencias de la MML en ningún caso podrán contravenir el mandato
expreso de la Norma TH.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, toda
vez que constituye la norma técnica especial que regula los aportes
reglamentarios de habilitaciones para uso industrial a nivel nacional, cuya
aplicación es preferente en casos de contradicción normativa con las normas de
carácter local y provincial, conforme al artículo 2 del TUO de la Ley 29090.
60. Pese ello, el artículo 9 de la Ordenanza 836 de la MML exige que la redención
en dinero de los aportes reglamentarios para parques zonales en las
habilitaciones urbanas con fines industriales corresponda al cinco por ciento (5%)
del área bruta27, lo cual resulta contrario a lo previsto por las normas antes
mencionadas, las cuales son normas especiales y de alcance nacional.
61. En apelación, la Municipalidad sostuvo que la Comisión interpretó
incorrectamente el Reglamento Nacional de Edificaciones, pues el porcentaje de
los aportes reglamentarios contenidos en esta norma son referenciales y no fijos.
DECRETO SUPREMO 011-2006-VIVIENDA, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA 66 NORMAS TÉCNICAS DEL
Artículo 5.- De acuerdo a su tipo, las Habilitaciones para uso Industrial deberán cumplir con el aporte de habilitación
urbana, de acuerdo al siguiente cuadro:
TIPO PARQUES ZONALES OTROS FINES
2 1% 2%
4 1% 2%
ORDENANZA 836, ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS APORTES REGLAMENTARIOS PARA HABILITACIONES
URBANAS EN LA PROVINCIA DE LIMA
Artículo 9.- Aportes para habilitaciones urbanas con fines industriales, comerciales, equipamiento y otros usos
Las habilitaciones con fines industriales, Comerciales, Equipamiento Educativo y de Salud y de Usos Especiales (OU),
con exclusión de las Habilitaciones con fines Recreacionales, estarán sujetas a la obligación urbanística de efectuar o
ceder los siguientes Aportes Reglamentarios:
PARA PARA SERVICIOS
ZONALES COMPLEMENTARIOS
SERPAR En la Municipalidad
Distrital respectiva
Industrial 5% 2%
A juicio de la apelante, ello encuentra fundamento en que cada municipalidad
conoce mejor la problemática de su jurisdicción, por lo que los gobiernos locales,
en ejercicio de sus competencias, pueden imponer porcentajes mayores.
62. Sin embargo, tal como se ha desarrollado precedentemente, los porcentajes
contenidos en la Norma TH.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones
resultan de observancia obligatoria para los gobiernos locales, siendo que dichas
entidades no cuentan con competencias para regular montos por concepto de
aportes reglamentarios distintos a los señalados en la referida norma técnica.
63. Al respecto, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 3 de la Norma
G.010 - Alcances y Contenido del Reglamento Nacional de Edificaciones, en el
que se precisa lo siguiente:
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – NORMA G.010
en el presente Título, y concordadas con lo dispuesto en el presente Reglamento.”
(Subrayado y énfasis agregado)
64. De conformidad con dicho precepto legal, si bien la MML puede regular el
régimen de aportes reglamentarios de su jurisdicción, ello no puede oponerse a
lo regulado por el citado reglamento.
65. En virtud de lo expuesto, este Colegiado advierte que el artículo 9 de la
Ordenanza 836, al indicar que la redención de los aportes reglamentarios para
parques zonales corresponde a un porcentaje distinto a lo previsto en el
Reglamento Nacional de Edificaciones (cinco por ciento (5%) del área bruta), se
ha vulnerado al deber de concordancia de las municipalidades para el ejercicio
de la facultad otorgada para regular su régimen de aportes, lo cual se encuentra
proscrito por el propio artículo 35 de la Norma GH.020 y el artículo 3 de la Norma
G.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
66. Por último, la MML y la Municipalidad formularon las siguientes alegaciones:
(i) La denunciante se encuentra en una situación económica que le permite
(ii) Los titulares de los terrenos que siguen un proceso de habilitación urbana
Pese a ello, la denunciante no objetó el valor de la redención ni dejó
constancia de su disconformidad con el mismo; por el contrario, ha
esperado que transcurran dos (2) años desde que obtuvo el título
habilitante para cuestionar el porcentaje de dichos aportes.
67. Al respecto, conforme se ha indicado en acápites previos, la medida denunciada
se encuentra contenida el artículo 9 de la Ordenanza 836, es decir, en una
disposición administrativa28; por tanto, el análisis de legalidad se debe efectuar
evaluando si la exigencia cuestionada vulnera alguna norma del marco legal
vigente, y no los efectos que la misma pudiera generar respecto de la situación
de la denunciante29. Por tanto, se deben desestimar los cuestionamientos
formulados por la MML y la Municipalidad.
68. En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución 0276-2018/CEB-
INDECOPI en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de
proceso de habilitación urbana con fines industriales, materializada en el artículo
9 de la Ordenanza 836 y en la Resolución de Licencia de Habilitación Urbana
080-2016SGOPHU-GDU/ML.
69. Habiéndose declarado la ilegalidad de dicha medida, no es necesario que la Sala
continúe con el análisis de razonabilidad conforme a lo establecido por el
numeral 14.3 del artículo 14 del Decreto Legislativo 125630.
70. En ese sentido, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de los
argumentos de razonabilidad formulados por la Municipalidad, referidos a la
finalidad pública de los aportes reglamentarios de parques zonales.
III.3 Otros extremos de la Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI
71. Mediante Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI del 31 de mayo de 2018, la
Comisión resolvió lo siguiente:
(i) Disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal al caso
en concreto de la denunciante.
DECRETO LEGISLATIVO 156, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS
6. Disposición administrativa: todo dispositivo normativo emitido por una entidad destinado a producir efectos jurídicos
abstractos y generales sobre un grupo indeterminado de administrados y/o agentes económicos.
Conforme ha señalado esta Sala en anteriores pronunciamientos, los denunciantes pueden efectuar cuestionamientos
en “concreto” o en “abstracto” en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Así, en una denuncia en
“abstracto”, el denunciante cuestiona la exigencia, requisito, prohibición y/o cobro establecido en una disposición (norma
jurídica) emitida por una entidad de la Administración Pública con efectos generales, es decir, cuestiona la norma en sí
misma. (Ver los pronunciamientos emitidos en las Resoluciones 0002-2018/SEL-INDECOPI al 0017-2018/SEL-
14.3. Si se determina la ilegalidad por alguna de las razones mencionadas en el párrafo precedente, no es necesario que
la Comisión o la Sala continúe con el análisis de razonabilidad.
(ii) Ordenar a la MML y a la Municipalidad el pago de las costas y los costos a
favor de la denunciante, de conformidad con el numeral 8.2 del artículo 8 y
del numeral 10.2 del artículo 10; y, del artículo 25 del Decreto Legislativo
(iii) Disponer, con efectos generales y en favor de todos los agentes
económicos y/o administrados en general que se vean afectados por su
imposición, la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal.
(iv) Disponer la publicación en el diario oficial “El Peruano”, de un extracto de
la resolución que confirme el pronunciamiento de la Comisión, de acuerdo
con lo establecido en la Directiva 019-2017-INDECOPI/COD.
(v) Ordenar como medida correctiva que la MML, la Municipalidad y Serpar
informen a los administrados acerca de la barrera burocrática declarada
ilegal en el presente procedimiento.
(vi) Ordenar que la MML, la Municipalidad y Serpar informen en un plazo no
mayor de un (1) mes de las medidas adoptadas respecto de lo resuelto en
la referida resolución, de conformidad con lo establecido en la Directiva
001-2017/DIR/COD-INDECOPI aprobada por Resolución de la Presidencia
del Consejo Directivo del Indecopi 018-2017-INDECOPI/COD31.
72. Respecto a las medidas detalladas en los numerales (i) a (iv) del párrafo anterior,
dado que, en este caso, se ha confirmado el extremo de la resolución impugnada
que declaró ilegal la exigencia materia de análisis en el presente
pronunciamiento, y considerando que ni la MML, la Municipalidad o Serpar han
presentado argumentos sobre los extremos señalados, corresponde confirmar la
resolución apelada en estos extremos.
73. Con relación a lo dispuesto en los numerales (v) y (vi) del párrafo 71 de la
presente resolución, Serpar ha señalado que la Comisión le ha trasladado las
mismas obligaciones que dispuso para las entidades denunciadas como
medidas correctivas, detalladas en los puntos quinto, noveno y décimo de la
resolución impugnada, vulnerando el debido procedimiento y tutela jurisdiccional
74. Sobre el particular, tal como se indicó en el acápite III.1.3 de la presente
resolución, se ha determinado que Serpar tiene la condición de tercero
administrado, toda vez que el pronunciamiento que se emita en el marco del
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 018-2017-INDECOPI/COD
V.1 Plazo para remitir el Reporte
Las entidades de la Administración Pública a las que se refiere el numeral II, cuentan con un plazo máximo de un (1)
mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de consentimiento de la primera instancia o de
la notificación de la resolución de la segunda instancia, según corresponda, para remitir un “Reporte de Acciones
Adoptadas para la Eliminación de Barreras Burocráticas” (en adelante, el Reporte) al Indecopi, el cual debe contener la
información indicada en la presente Directiva.
presente procedimiento puede afectar los intereses de dicha entidad, en su
calidad de receptor de los aportes reglamentarios para parques zonales.
75. Cabe señalar que ello ha sido reconocido expresamente por Serpar en su
recurso de apelación, en el cual ha indicado lo siguiente:
APELACIÓN DEL 25 DE JUNIO DE 2018
“Fundamentos de Hecho y de Derecho
En ese sentido, al ser notificados con la denuncia como tercero legitimado, se entendió
que fuese, con el fin de tomar conocimiento del mismo, al ser un tema de interés, dado
que realizamos la valorización de los aportes a raíz de la información que se consigna en
la Resolución de Licencia de Habilitación Urbana, emitida por la Municipalidad Distrital, la
misma que previamente debe ser notificada a nuestra entidad, y a su vez también a la
espera de que el administrado solicite la valorización.
76. En virtud de lo expuesto, dado que Serpar tiene la condición de tercero
administrado, de conformidad con el numeral 69.3 del artículo 69 del TUO de la
Ley 2744432, se le deben otorgar no solo los mismos derechos que tienen las
partes en el procedimiento, sino también las mismas obligaciones que aquellas
deben cumplir, como las medidas correctivas consistentes en informar a los
administrados, los funcionarios y servidores públicos de la entidad, así como al
Indecopi, respecto de la barrera burocrática declarada ilegal en el procedimiento.
77. Con relación a la vulneración al debido procedimiento y tutela jurisdiccional
efectiva alegada por Serpar, de la revisión de los actuados del expediente, se
advierte que la Comisión ha otorgado a dicha entidad las oportunidades para que
pueda defender sus derechos e intereses durante el procedimiento,
verificándose que ha presentado sus argumentos el 16 de abril de 2018 (en su
escrito de descargos), así como el 25 de junio de 2018, mediante el recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI.
78. Siendo ello así, corresponde desestimar los argumentos formulados por Serpar
en este extremo.
III.4 Sobre el pedido de medida cautelar
79. La denunciante solicitó que se le conceda una medida cautelar con el fin de que
las entidades denunciadas se abstengan de imponer la barrera burocrática
declarada ilegal mediante Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI.
80. Sobre el particular, dado que el pronunciamiento que se emite en la presente
resolución pone fin al procedimiento, carece de objeto que la Sala se pronuncie
respecto del pedido de medida cautelar de la denunciante.
Ver el párrafo 21 de la resolución.
PRIMERO: confirmar la Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI del 31 de mayo de
2018, en el extremo que declaró fundada la denuncia presentada por Aris Industrial
S.A.; y, en consecuencia, barrera burocrática ilegal la exigencia de efectuar o ceder
aportes reglamentarios por concepto de “Parques Zonales – Servicios de Parques de
Lima” del cinco por ciento (5%) del predio sujeto a un proceso de habilitación urbana
con fines industriales, materializada en el artículo 9 de la Ordenanza 836 y en la
Resolución de Licencia de Habilitación Urbana 080-2016SGOPHU-GDU/ML.
SEGUNDO: confirmar la Resolución 0276-2018/CEB-INDECOPI del 31 de mayo de
2018, en los extremos que dispuso:
(i) Disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal al caso en
concreto de la denunciante.
(ii) Ordenar a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Distrital
de Lurín el pago de las costas y los costos del presente procedimiento a favor de
(iii) Disponer, con efectos generales y en favor de todos los agentes económicos y/o
administrados en general que se vean afectados por su imposición, la
inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal.
(iv) Disponer la publicación en el diario oficial “El Peruano”, de un extracto de la
resolución que confirme el pronunciamiento de la Comisión, de acuerdo con lo
establecido en la Directiva 019-2017-INDECOPI/COD.
(v) Ordenar como medida correctiva que la Municipalidad Metropolitana de Lima, la
Municipalidad Distrital de Lurín y Servicio de Parques de Lima informen a los
administrados acerca de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente
(vi) Ordenar que la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital
de Lurín y Servicio de Parques de Lima informen en un plazo no mayor de un (1)
mes de las medidas adoptadas respecto de lo resuelto en la referida resolución,
de conformidad con lo establecido en la Directiva 001-2017/DIR/COD-INDECOPI
aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi
018-2017-INDECOPI/COD.
TERCERO: informar a la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad
Distrital de Lurín que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá
ser sancionado de conformidad con Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y
CUARTO: declarar que carece de objeto emitir un pronunciamiento respecto del
pedido de medida cautelar presentado por Aris Industrial S.A.
Con la intervención de los señores vocales Ana Asunción Ampuero Miranda,
Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama, Gilmer Ricardo Paredes Castro y
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Artículo 19

Artículo 20
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Artículo 69
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artículo 9
 artículo 5
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 artículo 35
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 13
 artículo 2

Artículo 2
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 78
 artículo 16
 artículo 36
 artículo
16
 artículo 35
 artículo 5

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 artículo 3
 artículo 9
 Resolución 
 artículo
9
 Resolución 
 artículo 14
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 25
 resolución 
 Resolución 
 resolución 

resolución 

resolución 

RESOLUCIÓN 
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 Resolución 
 artículo 69
 Resolución 
 Resolución 

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 Resolución 
 artículo 9

Resolución 
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