Source: https://www.magoyarse.com/2009/08/
Timestamp: 2020-08-14 14:12:23+00:00

Document:
Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: agosto 2009
Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz
Abogado, Maestro en Derecho y reconocido Docente Universitario (UPC, USMP, CAEN y UTELESUP)
Artículo publicado en la Revista Guía Marítima N° 114. Páginas 36 al 40.
El Congreso de la República mediante Ley N° 29157 delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de ciento ochenta días calendario, sobre materias específicas con la finalidad de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda, así como el apoyo de la competitividad económica para su aprovechamiento, entre las que se encontraba la materia de facilitación del comercio.
Es así que en pleno ejercicio de las facultades delegadas, el Poder Ejecutivo publicó el 27 de junio de 2008 el texto completo del Decreto Legislativo N° 1053 que aprueba la nueva Ley General de Aduanas[i], dando inicio a una nueva etapa dentro del proceso de modernización y simplificación de los trámites aduaneros, que venimos observando desde inicios de los años noventa.
Dicha Ley General de Aduanas presente un cuerpo normativo con variantes muy significativas en relación a su antecesora, por lo que en esta oportunidad conviene destacar los principios generales que la inspiran.
Facilitación del comercio exterior.- “Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, al aseguramiento de la cadena logística, a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal.
Para el desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras, la administración aduanera deberá expedir normas que regulen la emisión, transferencia, uso y control de documentos e información, relacionados con tales actividades, sea ésta soportada por medios documentales o electrónicos, las que gozan de plena validez legal”.[ii]
Entendemos como facilitación del comercio exterior a la eliminación de trabas, barreras arancelarias o para arancelarias y cualquier otro tipo de restricciones burocráticas o administrativas en el desarrollo y gestión de los diferentes regímenes y trámites aduaneros. La tendencia es a la eliminación del uso del papel para dar nacimiento y prevalencia a los documentos electrónicos y con ello lograremos el surgimiento definitivo de la anhelada Aduana Virtual.[iii]
Desde mediados de los años noventa felizmente nos encontramos sumergidos en un proceso de mejoramiento continuo de los procesos aduaneros, lo cual involucra en gran medida el uso del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) tanto para gestionar los regímenes aduaneros, así como para la toma de decisiones por parte de los diferentes operadores de comercio exterior.
Incluso debemos mencionar que las Aduanas del mundo están marcando una notoria tendencia: han dejado de ser entes meramente recaudadores de impuestos para llegar a posicionarse como organismos públicos facilitadores del comercio exterior, logrando con ello que los procesos de integración económica de nuestras naciones se haga más fluida y armónica, y coadyuvando desde su área de competencia al crecimiento orgánico de la economía, opinión que por cierto también es compartida por Roberto Zagal [iv].
Merece una mención aparte la ley de Facilitación del Comercio Exterior – Ley N° 28977 que constituyó una primera aproximación a los cambios normativos en materia aduanera que debíamos asumir como parte de los compromisos adoptados con ocasión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Aunque esta Ley tuvo una vigencia muy corta, dado que fue derogada en gran medida por el Decreto legislativo N° 1053; sin embargo, nos permitió conocer la firme voluntad del legislador por consolidar el principio de facilitación del comercio exterior y ordenó de manera expresa a la Administración Aduanera que en el trámite aduanero de mercancías, los procedimientos de control se ejecuten sin ocasionar demora más allá de la necesaria.
Cooperación e intercambio de información.- “Para el desarrollo de sus actividades la administración aduanera procurará el intercambio de información y/o la interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones aduaneras o ventanillas únicas del mundo de manera electrónica o la integración de los procesos interinstitucionales, así como la cooperación con empresas privadas y entidades públicas nacionales y extranjeras.
Las entidades públicas que registran datos en medios electrónicos, se encuentran obligadas, salvo las excepciones previstas en la Constitución y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a poner a disposición de la Administración Aduanera dicha información de manera electrónica.
La Administración Aduanera deberá disponer medidas para que el intercambio de datos y documentos que sean necesarios entre la autoridad aduanera y los operadores de comercio exterior se realicen por medios electrónicos”. [v]
La Ley General de Aduanas define a los medios electrónicos como aquel conjunto de bienes y elementos técnicos computacionales que se aplican en unión con las telecomunicaciones y permiten la generación, procesamiento, transmisión, comunicación y archivo de datos e información. Bajo esta óptica consideramos que nos aproximamos a una nueva era tecnológica y digital que debe contagiar a toda la Administración Pública en su conjunto, para el beneficio del Estado y especialmente de los ciudadanos que solicitan que se les brinde todos los servicios públicos con mayor eficiencia y oportunidad.
Merece un comentario aparte la novísima concepción de la declaración aduanera contenida en el artículo 134° de la precitada Ley, donde el legislador anuncia que los documentos justificativos exigidos para la aplicación de las disposiciones que regulen el régimen aduanero para el que se declaren las mercancías, podrán ser presentados o puestos a disposición por medios electrónicos en la forma, condiciones y plazos establecidos por la autoridad aduanera. Sin dejar de mencionar que el mismo articulado consagra que los datos transmitidos por medios electrónicos para la formulación de las declaraciones gozan de plena validez legal; con lo cual queda totalmente cerrado aquel pasado lleno de papeles y copias de documentos por doquier, que tarde o temprano iban a terminar por colapsar la máxima capacidad de los archivos documentales que ostenta la Administración Pública.
Participación de agentes económicos.- “El Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios aduaneros, mediante la delegación de funciones al sector privado.
Por Decreto Supremo refrendado por el Titular de Economía y Finanzas, previa coordinación con la administración aduanera, se dictarán las normas necesarias para que, progresivamente se permita a través de delegación de funciones, la participación del sector privado en la prestación de los diversos servicios aduaneros en toda la República bajo la permanente supervisión de la administración aduanera”.[vi]
Al respecto debemos esperar con suma curiosidad la dación de las normas complementarias, habida cuenta que existen determinados servicios sensibles que la Administración Aduanera no podría delegar al sector privado por ser inherentes a su función primigenia de fiscalización y control.
Sin embargo, no podemos ser ajenos a la tendencia de la administración moderna que permite a las empresas subcontratar algunos servicios para ser mucho más eficientes en su propio desarrollo mediante la aplicación efectiva del outsourcing. Esta nueva práctica puede traducirse en el mejoramiento de los servicios aduaneros, aportando a nuestra economía que se orienta a la búsqueda del progreso dentro del proceso de apertura económica actual y tratando de ser competentes en el comercio internacional.
Esta es la óptica que debiera inspirar al Consejo Consultivo en Temas Aduaneros creada por la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley General de Aduanas para aplicar de manera responsable y objetiva este principio en el mediano plazo.[vii]
Gestión de la calidad y uso de estándares internacionales.- “La prestación de los servicios aduaneros deberá tender a alcanzar los niveles establecidos en las normas internacionales sobre sistemas de gestión de la calidad, con énfasis en los procesos, y a aplicar estándares internacionales elaborados por organismos internacionales vinculados al comercio exterior”.[viii]
La Administración Aduanera ha renovado en el mes de Abril del año 2007 la Certificación ISO 9001 versión 2000, reconocimiento otorgado por la empresa certificadora BUREAU VERITAS CERTIFICATION que posee reconocimiento internacional, así como por el acreditador UKAS (United Kingdom Accreditation Service- Servicio de Acreditacion del Reino Unido) miembro del Foro Internacional de Acreditación – IAF.
La Certificación internacional otorgada al servicio aduanero de SUNAT en los procesos de manifiesto de carga, importación y exportación definitiva de las Intendencias de Aduana Marítima y Aérea del Callao, desde el 28 de mayo del 2007 hasta el 26 de abril del 2010, representa el reconocimiento nacional e internacional a la labor desarrollada en beneficio de la calidad de los servicios.
Cabe destacar que la Administración Aduanera asumió con absoluta responsabilidad este reto de certificar sus procesos más importantes, lo cual le ha permitido posicionarse como una entidad pública que se encuentra en camino a la excelencia, para lo cual debe seguir desarrollando el mejoramiento continuo de todos sus servicios de manera permanente.
Buena fe y presunción de veracidad.- “Los principios de buena fe y de presunción de veracidad son base para todo trámite y procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior”.[ix]
Haciendo un poco de historia diremos que el principio de presunción de veracidad quizás surgió por vez primera en nuestro país con la dación del memorable Decreto Legislativo N° 668 que dictó las medidas destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición fundamental para el desarrollo del país desde el año 1991.
En cuanto al principio de buena fe o bonefine podemos mencionar que su ingreso a nuestra legislación fue utilizando como vehículo transportador al Decreto legislativo N° 722 que aprobó la antigua Ley General de Aduanas que rigió durante los años 1992 a 1996. En aquella oportunidad se establecieron estos dos principios rectores que rigen hasta el día de hoy todos los trámites y regímenes aduaneros.
Con el paso del tiempo podemos afirmar que fue un acierto del legislador incorporar estos dos principios en la legislación aduanera. Ahora vemos que le permite a la autoridad aduanera ejercer su control de manera selectiva y aleatoria en estricta aplicación del principio de presunción de veracidad. Vale decir que resulta aplicable incluso para aquellas declaraciones que no han sido sometidas a las acciones de control ordinario o extraordinario.
Un ejemplo de la aplicación del principio de buena fe lo podemos encontrar en el Régimen de Incentivos. En este caso se permite al infractor que pueda acogerse al beneficio de rebaja del 90% de la multa, siempre que subsane la infracción y se presente a la Administración Aduanera de manera libre y voluntaria a pagar esta multa rebajada incluido sus intereses moratorios, pero antes de haber sido notificado con la Resolución respectiva. Se entiende en este caso que la Administración Aduanera aún no ha detectado la infracción, por lo que premia la buena fe del infractor al reconocer su error, subsanar la infracción y pagar al fisco el monto de la multa rebajada.
Dentro de este mismo enfoque se encuentra la opinión de Roberto Zagal cuando señalar que el principio de buena fe ha sido complementado con el principio de presunción de veracidad. [x]
Publicidad.- “Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera sea su denominación que constituya una norma exigible a los operadores de comercio exterior debe cumplir con el requisito de publicidad.
Las resoluciones que determina la clasificación arancelaria y las resoluciones anticipadas se publican en el portal de la SUNAT.
En la medida de lo posible, la SUNAT publicará por adelantado cualesquiera regulaciones de aplicación general que rijan asuntos aduaneros que proponga adoptar, y brindará a las personas interesadas la oportunidad de hacer comentarios previamente a su adopción”.[xi]
Este principio se encuentra también recogido en el Tratado de Libre Comercio celebrado por nuestro país con Los Estados Unidos y por ende reviste especial importancia, no sólo porque obliga a publicar todo documento emitido por la Administración Aduanera que constituya norma exigible a los operadores del comercio exterior; sino también porque va a permitir la mayor participación de la sociedad civil en el proceso de formulación de las normas aduaneras.
Los conflictos sociales que se han venido presentando recientemente en las diversas regiones de nuestro amado suelo patrio, nos dejan también como lección que no existe otra forma mejor de legislar; que aquella donde se permita la amplia participación de todos los sectores involucrados en la aplicación de las normas. Es innegable que la aplicación de este principio permitirá recoger de los operadores de comercio exterior, la diversa gama de propuestas legislativas, las mismas que debieran ser debatidas y analizadas para lograr que continuemos experimentando cifras favorables en nuestra Balanza Comercial y demás indicadores económicos.
Seguiremos expectantes frente al desafío que nos impone la novísima legislación aduanera a partir del 01 de Enero del 2010; la cual se debe traducir necesariamente en la aplicación de cada uno de los principios generales que hemos comentado en esta oportunidad. No obstante, debemos precisar que estos principios no son los únicos que se aplican en el Derecho Aduanero. Dado que siendo por definición una rama del Derecho Administrativo y del Derecho Tributario que se encarga de regular el tráfico de mercancías ya sea tratándose de importación o exportación, además de imponer sanciones a los operadores de comercio exterior y dueños o consignatarios que incurran en infracciones aduaneras; evidentemente requiere también de la aplicación de aquellos otros principios que rigen las disciplinas jurídicas de la cual proviene.
Ahora bien, si nos dieran a elegir con cuál de estos principios nos quedamos, en el supuesto que debiera prevalecer sólo uno de ellos, opinamos desde nuestro singular y modesto punto de vista, que debiera ser la facilitación del comercio exterior. Para ello sólo basta mencionar que en lo que va de este año, el listado global del Foro Económico Mundial es liderado por economías del este asiático. El primer puesto lo ocupa Singapur, seguido de Hong Kong, Suiza, Dinamarca y Suecia. Chile ocupó el puesto 19 en el ranking de facilitación de comercio 2009 y detrás de Chile siguen en Latinoamérica; Uruguay (51), Panamá (53), El Salvador (56), Guatemala (58) y Perú (65). En la región, el último lugar lo ocupa Venezuela, en el puesto (119).
Es importante mencionar que dicho listado proviene del Informe Global de Facilitación del Comercio 2009 emitido por el Foro Económico Mundial, donde se mide a las instituciones, las políticas y los servicios que facilitan la libre circulación de mercaderías, a través de las fronteras, hacia su destino. Además, clasifica los facilitadores en cuatro áreas: acceso al mercado, administración de las fronteras, infraestructura de transporte y comunicaciones, y entorno empresarial. Por lo que su trascendencia resulta muy significativa, no sólo para medir nuestra situación actual en materia de facilitación del comercio, sino también para convencernos una vez más de que requerimos una alianza estratégica entre el Estado y todos los operadores de comercio exterior para lograr alcanzar los resultados obtenidos por nuestro vecino país del sur.
[i] En adelante solo Ley General de Aduanas
[ii] Definición recogida del artículo 4° de la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053.
[iii] El objetivo de la Aduana Virtual es la facilitación del comercio exterior y tiene como su componente principal una red de servicios electrónicos, que le permite a la SUNAT la interacción electrónica con los operadores de comercio exterior y con entidades de estado que participan en el proceso aduanero, facilitándoles a los usuarios el cumplimiento de los requerimientos legales, establecidos en las normas.
[iv] Zagal Pastor, Roberto. “Operativa de comercio exterior y Regímenes Aduaneros”. 2009. Pág.63
[v] Definición recogida del artículo 5° de la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053.
[vi] Definición recogida del artículo 6° de la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053.
[vii] El Comité Consultivo en Temas Aduaneros tiene como propósito recoger opiniones e información que permitan maximizar la eficacia operativa del comercio exterior, facilitar el comercio exterior, reducir costos e incrementar la eficiencia. Se considera que la participación de los operadores de comercio exterior puede contribuir en el proceso de desarrollo con el fin de asegurar la mejora continua del servicio aduanero.
[viii] Definición recogida del artículo 7° de la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053.
[ix] Definición recogida del artículo 8° de la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053.
[x] En opinión de Zagal P. Roberto (Ob. Cit. Pág. 67) “Por el principio de la buena fe, la autoridad aduanera acepta como verdaderos los datos consignados en las declaraciones y por el principio de presunción de la veracidad acepta como verdaderos los documentos aduaneros. En ambos principios no se limita la función fiscalizadora de la autoridad aduanera”.
[xi] Definición recogida del artículo 9° de la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053.
De Dr. Javier Oyarse 13 comentarios:
LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA NUEVA LEY GE...

References: artículo 134
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9