Source: http://joaquinortegaarenas.blogspot.mx/2011/04/
Timestamp: 2017-07-21 14:40:28+00:00

Document:
Joaquín Ortega Arenas Escribe y Se Pronuncia: abril 2011
¡…MAS SI OSARE UN EXTRAÑO ENEMIGO…!
Joaquín ortega Arenas. Según notas periodísticas publicados a diario, el Congreso de la Unión está a punto de aprobar la “Ley de Seguridad Pública” en la que como parte de la exposición de motivos del proyecto, los “SEÑORES” DIPUTADOS señalan que: “la paz debe interpretarse como estado contrario a la guerra, pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa… dentro de sus atribuciones para preservar la tranquilidad nacional, y en la colaboración que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada pueden intervenir sin que sea necesaria la declaratoria de estado de excepción establecida en el artículo 29 (SIC) de la Constitución….“El tiempo de paz es un estado contrario a la guerra, en donde no existen hostilidades por parte de estados extranjeros, pero puede haberse quebrantado la tranquilidad y el orden sociales. Es decir, una afectación a la seguridad interior puede ser coexistente con un estado contrario a la guerra; esta afectación debe ser atendida sin que medie declaración de guerra porque no se trata de un problema bélico de origen externo, sino de una situación interna que altera la armonía social…” “Dentro de sus atribuciones para preservar la tranquilidad nacional, y en la colaboración que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada pueden intervenir sin que sea necesaria la declaratoria de estado de excepción establecida en el artículo 129 de la Constitución….” De entrada, el proyecto es anticonstitucional porque significa la desaparición de garantías individuales, tales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de creencias, dado que queda en manos del ejecutivo el determinar si el ejercicio irrestricto de esas garantías, y la abrogación tácita del artículo 129 Constitucional con el que los constituyentes de 1917 pretendieron impedir para siempre el uso de la fuerza pública, en especial del Ejército Nacional, dejándolo al margen para todo tipo de represiones en contra de los ciudadanos. Si bien es verdad que el Ejército ha sido empleado ilegalmente por nuestros gobernantes para todo tipo de represiones y asesinatos, como el de Rubén Jaramillo, su esposa encinta y sus hijos: la verificada en contra de los mineros de Nueva Rosita y Cloete; ferrocarrileros por el tremendo delito de hacer uso del derecho constitucional de huelga, y otros muchísimos casos más, que por vergüenza prefiero callar, las leyes no pierden su vigencia por el uso en contrario que se haga de ellas. Considero, en forma personal, que el problema actual reviste una importancia extrema, por los antecedentes inmediatos que hemos tenido a la vista del año 2000 en adelante. El Diario Oficial de la Federación publicó el 9 de diciembre de 2005, la virtual “Eliminación de la garantía individual de respeto a la vida” y ocasionalmente, entre muertos y desaparecidos sin averiguación alguna, las autoridades reconocen que a la fecha llevamos ya más de cincuenta y dos mil casos. La unificación bajo el mando presidencial de la Policía Federal Preventiva, que ha suplido en sus funciones a las policías estatales y municipales inconstitucionalmente, por ser contraria al principio de la División de Poderes; el uso indiscriminado del ejército y lo que es peor, de la Marina en asuntos meramente policíacos, implica la violación del artículo 129 Constitucional ya mencionado, ya que el ejército anda ya sin traba alguna “fuera de sus cuarteles” y los Marinos, valga la expresión, “fuera de sus barcos” reprimiendo “narcotraficantes” y miembros del “crimen organizado”. En el ámbito internacional no deben extrañar ese tipo de acciones. Las hemos conocido en la Alemania Nazi, en la Italia de Mussolini, en la España de Franco y en la Unión Soviética. Han transcurrido 66 años de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, y no se borra el recuerdo de los Campos de exterminio en Polonia, Alemania , Checoslovaquia y España; todavía hace unos cuantos días, “buscaban los restos de Federico García Lorca en un cementerio clandestino”. En México, sin base alguna que lo pruebe como el derecho exige, se ha llamado “narcofosas” a cuanto cementerio clandestino se encuentra día con día, en Tamaulipas, en Durango, en Chihuahua, en Guerrero, en Oaxaca, en el Estado de México, etc. Ya nos acostumbramos, ya no nos extraña y nos conformamos con saber que los cadáveres que aparecen fueron víctimas directas o producto colateral de la “Lucha, guerra o lo que sea en contra del narcotráfico” y del “crimen organizado”. En verdad, la adicción a drogas enervantes no es un problema en México; el consumo en nuestro País de ellas, es insignificante. Entonces, nos parece exagerada la “guerra”, “lucha” o lo que sea en contra del “narcotráfico” y “crimen organizado”. Hay muchos lugares en que sin tantos muertos podemos luchar en contra del peor de los crímenes organizados que padecemos, “la corrupción” en la justicia, en la administración pública, en la iniciativa privada, en todos los niveles de nuestra vida diaria. No hay nada más desagradable que sentir acercarse a nosotros un policía, una patrulla, o encontrar uno de lo cientos de retenes militares que existen en las carreteras y caminos del todo la República para ponernos a temblar de miedo. La prensa dio cuenta hace unos meses de que una columna militar fue rebasada en la carretera por un automóvil de civiles. El auto militar que la encabezaba alcanzó al iluso que pensó que podía rebasar a un convoy militar y ametralló a todos los pasajeros del auto civil. No se supo más. Ya que no respetamos la Constitución ni las leyes que de ella emanan, al menos podemos respetar los inspirados versos de Don Francisco González Bocanegra que integran nuestro himno nacional y emplear a las tropas, marinos o soldados, sólo en el caso de que un EXTRAÑO ENEMIGO OSARE PROFANAR CON SUS PLANTAS NUESTRO SUELO. Que entiendan nuestras altas autoridades que los mexicanos no somos extraños enemigos de México jamás, ni con la manifestación de nuestras ideas , pensamientos, creencias, y hasta nuestros vicios, en tanto no violemos la ley expresa, Y QUE NO DEBEMOS SER VICTIMAS DE PERSECUCIONES Y ASESINATOS. La “Ley de Seguridad”, se antoja un elemento político-electoral y por nuestro propio bien, de todos, pueblo y gobierno, NO DEBE SER APROBADA. Publicadas por
¡ENHORABUENA! SEÑOR PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Hace ya muchos, pero muchos años que el prestigio del Poder Judicial Federal anda por los suelos. La corrupción ha hecho presa del mismo; primero durante el sexenio delirante (1934-1940) en que los deseos del Señor Presidente mediante la consigna, dada o adivinada, era determinante para los fallos (verdaderos fallos del verbo fallar, “deficiencia o error”) que cometió la Suprema Corte de Justicia para apuntalar medidas inconstitucionales en todos los órdenes. Después, durante el período conocido por el pueblo sabio como “la treintena trágica” (1980-2010), cuando el Poder Judicial con el señuelo de velar por su prestigio, de hecho permitió y ha permitido hasta hoy la realización de conductas inimaginables de los funcionarios judiciales, visibles a todas luces, pero intocables. Hoy, gracias a usted, se van a investigar las conductas ilícitas de los funcionarios del Poder Judicial Federal partiendo del enriquecimiento desmedido e ilícito que sea encontrado en todos y cada uno de ellos. El problema creemos, se ha gestado a través de los últimos 150 años de nuestra vida independiente. Como es sabido, el juicio de amparo heredado del “ recurso de poder ” establecido en España en tiempos de Alfonso X, “El sabio”, y el “recurso de fuerza” helvético de la época de Guillermo Tell, estaba fincado en un procedimiento rápido y sencillo. Bastaba con que el afectado por algún agravio cometido por autoridades o por persona que no tuviera ese carácter, formulara su queja ante el Rey para que de inmediato se pusiera remedio al abuso. Llegó a México procedente del Estado de Yucatán como consecuencia de las llamadas “Siete Leyes de 1836” decretadas por el Gobierno de Antonio López de Santa Anna, que establecieron el Régimen Centralista y motivaron el movimiento separatista de Yucatán. Se otorgó al Estado de Yucatán la facultad de legislar su propio régimen jurídico, y en la Constitución elaborada para ese efecto (de 31 de marzo de 1841) se estableció, elaborado por Manuel Crescencio Rejón, el artículo 53, que referido al Tribunal Superior de Justicia, señalaba: "Corresponde a este tribunal reunido: 1º. Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que procediere". En el “Acta de Reformas“ elaborado por el Congreso Nacional en 1847, se estableció el juicio de amparo a nivel federal, castrado por el diputado Jalisciense Mariano Otero; señalamos “castrado”, porque siendo todavía Santa Anna el factotum de la política mexicana, lo sustrajo de las esferas estatales y lo convirtió en asunto federal limitando sus efectos a la persona que lo solicitara. Los Estados quedaron al margen de las violaciones que se cometieran a las garantías individuales en todos los órdenes, y con ello la Federación quedó dictatorialmente dueña de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los Estados, con facultades para eliminar sus actos y actuaciones en todo tiempo y lugar, ya que poco a poco fueron integrándose a esas facultades las violaciones cometidas en juicios civiles y penales. Para que el control fuera todavía mayor, el “Benemérito de la Patria” Victoriano Huerta, eliminó la elección democrática de los miembros del Poder Judicial Federal sustituyéndola por un nombramiento presidencial que, como era de esperarse, ha sometido a los designados a “deuda de gratitud”. No debe sorprendernos, por tanto, la proliferación de la corrupción por consigna y derivada de ella, por dinero o favores, que ha sido perdonada la primera y borrada en la práctica la facultad de castigar la segunda. La consigna envilece a quién la da y a quien la recibe, y es indudable que causa graves daños a la sociedad entera. La medida adoptada por usted, es indiscutiblemente buena, pero nos parece que podría reforzarse si se solicita a la Procuraduría General de la República la prosecución, sin límite, de todas y cada una de los cientos de denuncias hechas en contra de funcionarios del Poder Judicial Federal que se han quedado rezagadas en aras del prestigio del Alto Tribunal. Estoy totalmente cierto de que sería o puede ser tan grave como el abrir la “Caja de Pandora”, pero ya en ello, con sus nuevas disposiciones, se abriría de lleno la limpieza desde la raíz del otrora esplendente Poder Judicial de la Federación. Protesto a usted que en verdad me duele formular estas acusaciones. Soy miembro de una familia que ha tenido el honor de ser representada en cuatro generaciones por Ministros de la Suprema Corte, pero tal vez el dolor que me causa la corrupción imperante sea la que me ha llevado a presentar muchas, pero muchas denuncias, nunca seguidas por la Procuraduría General de la República. Le ruego recibir mis respetos y más alta gratitud por su conducta intachable como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy como presidente de la misma. Joaquín Ortega Arenas
Joaquín Ortega Arenas. El 10 de abril de 1919 fue asesinado Emiliano Zapata en la Hacienda de Chinameca, Estado de Morelos, por un grupo armado encabezado por Jesús Guajardo que cobró por traicionarlo cincuenta mil pesos. Para lograr su confianza, Guajardo hizo creer a Zapata que se había distanciado de Carranza y en prueba de ello mandó fusilar, con la conformidad de Carranza y Pablo González, a cincuenta soldados federales. Todo a plena luz de día. El pelotón “ejecutor”, estuvo a mando del capitán Rodolfo Sánchez Taboada y el cabo Norberto López Avelar, “revolucionarios” que cobraron el servicio al carrancista por muchos años. El primero llegó a Secretario de Estado y Jefe del “Partido en el Poder” y el ex -cabo, a senador y gobernador del Estado de Morelos. Desde siempre, la “revolución” ha tratado de minimizar la figura de “Miliano, el de Anenecuilco”, sin éxito alguno. Indígena Tlahuica, moreno cetrino y de vivos ojos negros, nació entre los parias de las Haciendas Azucareras del Estado de Morelos y, naturalmente, nunca tuvo acceso a la educación como todos aquellos que generación tras generación son verdaderos esclavos de criollos y mestizos. Éste, al que nos referimos, dotado de una singular inteligencia, en su limitado medio de acción, intuyó que los indígenas podían aspirar a mejores destinos y desde su juventud se inició en los movimientos reivindicadores, humildes y sumisos al principio, poco a poco sumando ambiciones y adeptos. Para serenarlo, la leva lo convirtió en soldado y lejos de amilanarse se convirtió en un excelente domador de caballos, lo que lo llevó a trabajar en su destacado oficio a las órdenes de Pablo Escandón, millonario propietario de haciendas azucarereras en Morelos y, después por el mismo motivo, de Ignacio de la Torre Mier, yerno de Porfirio Díaz, individuo de conducta errática que dio motivo a la primera calumnia en contra de Zapata. Llegó el momento y Zapata abandonó el ejército y se levantó en Armas. Lo secundaron varios de sus seguidores y Genovevo de la O, tomó la Ciudad de Cuernavaca. Con la ayuda del profesor Otilio Montaño y el abogado potosino Antonio Díaz Soto y Gama elaboró el llamado Plan de Ayala con el sencillo lema “TIERRA Y LIBERTAD”, que engloba todas las ansias, todas las ilusiones y todos los deseos de la gente sencilla que sólo busca el mejoramiento de su clase. “TIERRA” para trabajarla y que nunca falte el sustento de las familias enteras y “LIBERTAD”, para sustraerse de la esclavitud y explotación que durante trescientos noventa años habían sufrido los indígenas de este País; los primeros trescientos a cargo de nuestros “evangelizadores” y el resto de criollos y mestizos colados en la ”alta sociedad”. El gobierno mexicano en raras ocasiones ha mostrado tanta coordinación y seguimiento en sus actos como en el caso de Zapata y sus rebeldes del Sur. Envió a combatirlos a dos militares con fama de “carniceros”; Juvencio Robles y Alberto T. Rasgado. Estalló la rebelión maderista y Zapata y su gente vieron la oportunidad de lograr, aliándose con Madero, de que su “Plan de Ayala” lograra el éxito. No fue así. Triunfó Madero, representante de los grandes terratenientes del Norte; rompió con Zapata y envió a combatirlo a… Juvencio Robles y Alberto T. Rasgado. Vino el Cuartelazo de Huerta que le costó la vida a Madero y el nuevo Presidente,…envió a combatir a Zapata a Juvencio Robles y Alberto T. Rasgado. Varios “afamados generales fueron enviados a combatir a Zapata y por sus fracasos el Gobierno en turno optó por Juvencio Robles y Alberto T. Rasgado. Zapata logró apoderarse de varios de los más importantes ingenios y sus huestes sembraron caña, cosecharon y pusieron en marcha con un enorme éxito esos ingenios. Llegó el turno de Carranza; envió a Pablo González a batir a Zapata, y el Ingenioso “General”, se dedicó a desmontar los ingenios a los que llegaba y venderlos. La prensa siempre adicta al gobierno en turno injustamente motejó con ese motivo a Zapata como “El Atila del Sur”. Presionado Carranza por los rebeldes del Sur, y ante el peligro de que sus justas reclamaciones tuvieran mayor eco, dictó en Veracruz, redactada por Luis Cabrera, la Ley Agraria de 6 de enero de 1915, en la que se reconocían los derechos de los pueblos prehispánicos y se sentaban bases para modificar las leyes expedidas entre 1821 y 1910 que tuvieron como efecto destruirlas. No fue suficiente para calmar a los campesinos, ya concientizados por Zapata. Vino la “Convención de Aguascalientes” y en medio de tremenda gresca provocada por Díaz Soto y Gama, se acordó luchar por las reivindicaciones exigidas en el “Plan de Ayala” encaminadas ya por la Ley de 6 de enero. Carranza, con la protección de once mil quinientos soldados norteamericanos a los que autorizó a “buscar a Francisco Villa”, convocó a un Congreso Constituyente que se reunió en Querétaro en el que las reformas sociales en materia agraria propuestas por Zapata fueron incluidas en el nuevo Artículo 27 de la Constitución. Zapata se retiró a su querida tierra, pero la daga que había clavado en el corazón del terco Carranza no se habría de olvidar fácilmente. El Gobierno Federal presidido por Venustiano Carranza, seguía persiguiéndolo sin éxito alguno, hasta que el General Pablo González, al precio de cincuenta soldados fusilados injustamente sólo para convencer a Zapata de su sinceridad, y cincuenta mil pesos que entregó al autor material del crimen, logró acabar, como señalamos al principio de esta colaboración, con el único caudillo de la “Revolución” que persiguió hasta su muerte, la reivindicación de los campesinos mexicanos, objetivo sincero, desinteresado y noble. Asesinado y sacralizado, murió pobre, caso insólito en éste país, pero su nombre es el único que al transcurso de los años ha ido creciendo. Qué triste sería para el verdadero héroe, revivir y encontrar a este País peor de lo que estaba cuando emprendió su noble lucha. Los campesinos, sus campesinos que tienen que exponer su vida para ir a trabajar al norte por un mendrugo. La tierra abandonada y llena de yerba y huizache… ¡Hoy 10 de abril de 2011…!
¿ VOLVER A EMPEZAR ?
Joaquín Ortega Arenas. En pleno siglo XXI, los mexicanos nos encontramos ante un dilema: Nuestras Constituciones, es indudable que nunca han sido debidamente cumplidas a partir de que la primera de ellas, la “Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos” en vigor desde el 4 de octubre de 1824, nació viciada. Los criollos triunfantes de la Guerra de Independencia, deslumbrados quizá por la Constitución de los Estados Unidos de América, quisieron elaborar una réplica mal hecha de ella y constituyeron una “federación” sin considerar siquiera que las primitivas colonias Inglesas en América del Norte eran trece que, una vez sentada la necesidad de formar una federación en el año de 1877 por la nueva Constitución aprobada en Filadelfia, fueron siendo aceptadas una a una, para formar la Nación que hoy se denomina Estados Unidos de Norteamérica; Delaware, el 12 de diciembre de 1787; Pensilvania, el 18 de diciembre de 1787; Nueva Jersey, 2 de enero de 1788; Georgia, 2 de enero de 1788; Connecticut, 9 de enero de 1788; Massachusetts, 5 de febrero de 1778; Maryland, 28 de abril de 1778; Carolina del Sur, 23 de mayo de 1778; Nuevo Hampshire. 21 de junio de 1778; Virginia, 25 de junio de 1778; Nueva York, 26 julio de 1788; Carolina del Norte, 21 de noviembre de 1789; Rhode Island, 29 de mayo de 1790. Cada una de las colonias había tenido personalidad y un estatuto de libertad entre ellas, sobre todas las cosas, libertad e independencia política sólo sometida al Rey de Inglaterra. Cuando se elaboró la Constitución Mexicana en 1823-1824, sólo había una entidad política y territorial integrante del Imperio español en América, presidida en forma omnímoda por el Monarca Español. Durante el Reinado de Carlos III (Reforma Borbónica) se dividió sólo para efectos de facilitar su gobierno, en Intendencias: Dependientes de la Real Audiencia de México: México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Valladolid, Guanajuato, Durango, Sonora y Mérida; Dependientes de la real Audiencia de Guadalajara : San Luis Potosí, Guadalajara y Zacatecas. Bajo el gobierno directo del Virrey quedaron, Alta California, Baja California , Nuevo México y Tlaxcala, que fue separada de la Intendencia de Puebla en 2 de marzo de 1793. Absolutamente ninguna de las Intendencias tuvo autonomía de ningún género, lo que no fue obstáculo para que los constituyentes de 1823-1824 los consideraran “estados” aptos para formar una Federación, a pesar de la oposición terca y fundada del diputado neolonés José Servando Teresa de Mier que en un inolvidable discurso que fue llamado de las predicciones, señaló que un pueblo acostumbrado al más feroz centralismo, nunca funcionaría como “federación”. Desgraciadamente así fue, es y seguirá siendo. Con el mote de Federación, seguimos siendo un estado totalmente centralista y lo que es peor, día con día el Presidente de la República aumenta sus poderes omnímodos y, pese a la prohibición constitucional ha centralizado todo el poder con merma de los otros dos “poderes”, se ha constituido en un verdadero “dictador”. El “Poder Legislativo”, sometido desde hace años a sus deseos dicta leyes y aprueba decretos que ha ido limitando escandalosamente las “garantías individuales” y las garantías sociales que dizque fueron causa de otro mito más: la “Revolución Mexicana”, El “Sufragio Efectivo”, ha sido eliminado por completo, primero a balazos; ahora mediante trapacerías “legaloides” a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía “Tribunal Federal Electoral” porque, el “Poder Judicial”, desde el mes de marzo de 1914 en que el insigne señor Presidente General Don Victoriano Huerta lo dispuso, ya no forma parte de la democracia en este País. Sus miembros no son electos democráticamente como, aunque sea en forma aparente, son los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, excepción hecha de los “diputados y senadores “ que llegan a serlo sin que nadie los conozca y vote por ellos, sino como señalan los artículos 55 y 56 “reformados” de la Constitución vigente “por el principio de representación proporcional” , figura totalmente contraria a la verdadera democracia. La verdad actual es otra, los Ministros de la Suprema Corte hoy son designados por el Titular del Poder Ejecutivo y “confirmados” por el inexistente Poder Legislativo. Aun en los casos de diputados y senadores electos “democráticamente”, la verdad es que los Ciudadanos carecemos de derecho al voto, ya que éste es secreto y debemos votar mediante una cruz, sólo por candidatos propuestos por “Partidos” legalmente reconocidos por el Poder Ejecutivo. Nuestros votos, sin firma ni forma de identificación alguna que conste en la boleta, son votos al aire, irreclamables y fácilmente manipulables. Nuestro nuevo gobierno mediático, la televisión, es además un elemento indispensable para este estado de cosas. Lo que difunde la antes “caja idiota”, es hoy la verdad única y la ley. No debemos olvidar que ese sistema se ha convertido en un monopolio blindado y manejado por nuestro propio y democrático gobierno de manera que de “división de poderes y verdadera democracia” ya no nos queda nada. La Constitución de 1917 ha sido modificada más de dos mil trescientas veces. Para ello se inventó convertir al Poder Legislativo en Poder Constituyente perpetuo y como tal se ha castrado hasta la garantía del derecho a la vida (Vicente Fox, 2005). La dizque soberanía de los “estados” está limitada por las decisiones de un Poder Judicial esclavo. La corrupción es cada día más grave. La situación general del País, pese al empeño de la “caja idiota” de presentarlo como positivo, aparece verdaderamente preocupante. Sin freno alguno, el Presidente ha convertido al ejército y a la marina, en simple policía a su servicio y ha creado una Policía Federal Preventiva que tiene poder en toda la República con la consecuencia de que la libertad y soberanía de los Estados señalada en la Constitución es hoy un sueño de borrachos. Los precios de todo suben y el salario baja. Se prepara por los “partidos políticos” convertidos en mercenarios, la supresión de derechos de la clase trabajadora logrados después de cruentas luchas. Ye estamos enajenando a toda prisa la Energía Eléctrica (Repsol), y nuestros recursos petroleros a las inefables “Siete Hermanas”. Permitimos al gobierno de Zedillo “desaparecer” la Isla Bermeja entregando de paso a nuestro vecino del Norte una inmensa riqueza petrolera, (muerte inexplicable de por medio del único defensor de la isla en el Congreso, Senador José Ángel Conchello Dávila). La prepotencia de aquellos que detentan el poder es ya asfixiante. Pero ¿Qué hacer? ¿Seguir esperando otro estallido de odio como el de 1910 que, como aquél, nos deje millones de muertos y destrucción nunca remediada? No podemos estarnos quejando sin proponer algo que en forma cabal lleve a este sufrido País a una nueva vida. Los Estados “inventados”, al menos de hecho ya existen. ¿Por qué no acudir a la restauración de un verdadero federalismo, en el que esos “estados” gocen de libertad y soberanía y queden liberados de la tutela de la “Federación”? Que se hagan responsables de la limpieza de las elecciones; de la limpieza de la justicia que se imparte en ellos; del control de los impuestos que se generen en ellos y de los gastos necesarios para la realización de buenos gobiernos y eliminación de “fugas” y gastos superfluos. Resulta necesarísimo que los estados sean fuertes, verdaderamente libres y soberanos, responsables antes que nada ante sus habitantes de todos sus manejos y que la federación tome en serio su papel de controlador respetuoso de los asuntos meramente federales y deje de inmiscuirse en todos los asuntos internos de los Estados, Justicia, policía, obra pública, seguridad. Actuar con justicia y honradez ha sido el eterno remedio para todas las cosas. ¿Hay acaso impedimento para que siga siendo ese el remedio? El Virrey Juan Vicente de Güemes y Horcasitas, Segundo Conde de Revillagigedo al comparecer después de concluido su mandato a su “juicio de residencia” nos dejó un legado que no hemos sabido aquilatar. Interrogado de el por qué había encarcelado en cuanto llegó a la Nueva España a los “oficiales del crimen”, contestó – Porque su majestad me envió acabar con la corrupción y la corrupción sólo existe donde la justicia la permite…--”
¡ENHORABUENA! SEÑOR PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE...

References: artículo 29
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 53
 Artículo 27