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Timestamp: 2019-05-22 17:07:24+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1024 DE OCTUBRE 10 DE 2005
SENTENCIA T-1024 DE 10 DE OCTUBRE DE 2005
CONTENIDO:FÚTBOL PROFESIONAL DENTRO DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DEPORTIVOS DE LOS JUGADORES DE FÚTBOL SIN QUE MEDIE RELACIÓN LABORAL VIGENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, DERECHO AL DEPORTE, FUTBOLISTA, CLUB DE FÚTBOL PROFESIONAL, DERECHOS DEL FUTBOLISTA
Sentencia T-1024 de octubre 10 de 2005
Sentencia T-1024 de 2005
Ref.: Exp. T-987982
Accionante: Juan Carlos Jaramillo Sánchez.
Demandados: Club Deportivo Los Millonarios, División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Federación Colombiana de Fútbol (Colfutbol), Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes).
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado sesenta y seis (66) Civil Municipal de Bogotá, en primera instancia, y por el juzgado veintitrés (23) civil del circuito de esta misma ciudad, en segunda instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por Juan Carlos Jaramillo Sánchez contra el Club Deportivo Los Millonarios; la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol (Colfutbol).
1.2. El Club Deportivo Los Millonarios realizó dos contratos a término fijo con el jugador para el mismo período, correspondientes al primer semestre de 2004: un contrato en el que se pacta una remuneración de $ 1.000.000 y con el que presuntamente fue inscrito en el torneo de fútbol de la Copa Mustang I, y un contrato para el mismo período sobre un salario integral de $ 5.500.000 que es el contrato en el que figuran las condiciones contractuales reales del jugador.
1.4. El accionante prestó sus servicios al Club Deportivo Los Millonarios en el torneo de fútbol profesional hasta el día 18 de mayo de 2004, fecha en la cual notificó al club su decisión de dar por terminado unilateralmente por justa causa su contrato de trabajo por responsabilidad del empleador, al no cancelarle el salario en la cuantía, condiciones, períodos y oportunidades, tal y como quedaron pactadas en su contrato de trabajo a término fijo, y al abstenerse de realizar los aportes a la seguridad social que fueron descontados de un pago parcial que le fue realizado por el club, por el período del 1º al 29 de febrero de 2004.
En consecuencia, solicita que se ordene al representante legal del Club Deportivo Los Millonarios o a quien haga sus veces, entregar la correspondiente carta de libertad sobre sus derechos deportivos, con el lleno de los requisitos necesarios para que su titularidad sea registrada a su nombre en el Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes), la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol (Colfutbol) yen cumplimiento de los requerimientos nacionales e internacionales, para que pueda ejercer libremente su profesión.
De igual forma, solicita que se ordene a los representes de estas entidades, inscribir y registrar en las mismas, la titularidad de los derechos deportivos del jugador, de conformidad con la jurisprudencia constitucional sobre la materia, con los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 181 de 1995, y con el artículo 12 del Decreto 776 de 1996.
3.2. La oposición de la Federación Colombiana de Fútbol (Colfutbol) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).
3.3. La oposición del Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes).
4.1.1. Copia simple de la comunicación del 18 de Mayo de 2004, en la cual el accionante informa al representante legal del Club Deportivo Los Millonarios su determinación de dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa, imputable al empleador (cdno. 3, fls. 2-3).
4.1.2. Copia simple del contrato de trabajo a término fijo suscrito entre Juan Carlos Jaramillo Sánchez y el Club Deportivo Los Millonarios, el cual fue presuntamente registrado ante la Dimayor para acreditar la propiedad de sus derechos deportivos con un término fijo hasta el 30 de junio de 2004. En ese contrato se incluye un salario de $ 1.000.000 (cdno. 3, fls. 4-10).
4.1.3. Copia simple del contrato de trabajo a término fijo inferior a un año con salario integral con vigencia de 6 de enero de 204 a la finalización Torneo Copa Mustang I en la cual se fija como salario integral mensual la suma $ 5.500.000 (cdno. 3, fls. 11-16).
4.1.4. Copia simple del comprobante de pago del Club Deportivo Los Millonarios Nº 0209 por valor de $ 2.627.384, cuyo concepto es la nómina de enero de 2004 (cdno. 3, fl. 18).
4.1.5. Copia simple del detalle de abono en cuenta de ahorros del Club Deportivo Los Millonarios por el período del 1º al 29 de febrero de 2004, en el cual aparece un pago por $ 5.500.000 de salario y descuentos de seguridad social por valor de $ 332.063 (cdno. 3, fl. 18).
4.1.6. Copia simple del certificado de existencia y representación legal del Club Deportivo Los Millonarios expedido por Coldeportes (cdno. 3, fls. 19-21).
4.1.7.Copia de la declaración que rindió el señor Juan Carlos Jaramillo Sánchez el día 17 de junio de 2005 en el despacho del Juzgado Sesenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, respecto de los hechos objeto de la acción de tutela.
El día 11 de marzo de 2005, el primer vicepresidente del Club Deportivo Los Millonarios remitió a la Corte Constitucional una copia del Contrato de trabajo laboral del señor Juan Carlos Jaramillo que tenía vigencia del 6 de enero de 2004 a la finalización del torneo Copa Mustang I. En ese contrato se estipula que al jugador se le pagaría la suma de $ 5.500.000 como salario integral (cdno. 1, fls. 20-25).
De igual forma, se anexó la carta de renuncia del jugador, presentada el 18 de mayo de 2005 (cdno. 1, fls. 18-19).Cabe aclarar que el club no dio respuesta a los interrogantes planteados por la Corte Constitucional en el auto del 8 de marzo de 2005 y simplemente se limitó a remitir copia de estos documentos.
El día 14 de marzo de 2005, el apoderado del actor presentó un oficio ante la Corte Constitucional en el que reiteró que el club realizó dos contratos con el jugador para el mismo período: un contrato en el que se pacta una remuneración de $ 1.000.000 y con el que fue inscrito en el torneo de fútbol de la Copa Mustang I, y un contrato para el mismo período sobre un salario integral de $5.500.000 que es en el que figuran las condiciones contractuales reales del jugador. De acuerdo con su exposición, esto fue realizado por el club con el propósito de evadir responsabilidades y controles de carácter legal y fiscal.
Además, el apoderado del accionante informó que para el segundo semestre 2004, el Club Deportivo Los Millonarios cedió en préstamo los derechos deportivos del jugador para que pudiera actuar con el Bogotá Chicó Fútbol Club en el torneo Copa Mustang II de 2004.Esta situación demuestra, en su opinión, que el club deportivo sigue disponiendo de los derechos deportivos del señor Jaramillo, pese a su incumplimiento contractual, situación que sólo puede ser remediada a través de una orden del juez de tutela a las entidades accionadas para que registren la titularidad del jugador sobre sus derechos deportivos.
En fallo proferido el día 30 de junio de 2004, el Juzgado Sesenta y Seis(66) Civil Municipal de Bogotá tuteló el derecho fundamental de petición del actor y negó la protección de sus derechos de prohibición de ser tratado como un esclavo, libertad al trabajo y libre escogencia de profesión u oficio.
El escrito de impugnación fue presentado por el apoderado del accionante el día 6 de Julio de 2004.En éste se solicita declarar la revocatoria del fallo proferido por el juez de instancia, en lo relacionado con la negativa a proteger sus derechos de prohibición de ser tratado como un esclavo, libertad de trabajo y la libre escogencia de profesión u oficio.
Los demás accionados vinculados al proceso, la Dimayor (1) , Colfútbol (2) y Coldeportes (3) han coincidido en señalar que la acción de tutela resulta improcedente frente a ellos, concretamente, porque no existe legitimación en la causa por pasiva, al no encontrarse dentro de sus competencias la de expedir la carta de libertad de los derechos deportivos de un jugador.
“El deporte profesional ocupa un lugar complejo en el ordenamiento constitucional puesto que, tal y como lo ha señalado esta corporación, es una actividad que tiene diversas dimensiones, ya que es un espectáculo, una forma de realización personal, una actividad laboral y una empresa (4) . De un lado, es un espectáculo público, por lo cual se relaciona con el derecho a la recreación de los miembros de la comunidad (C.P., art. 52). De otro lado, los jugadores profesionales no sólo ejercitan el deporte como un medio de realización individual sino que son personas para quienes la práctica del deporte es una ocupación laboral, por lo cual esta actividad es una expresión del derecho a escoger profesión u oficio (C.P., art. 26) y cae en el ámbito del derecho del trabajo y de la especial protección al mismo prevista por la Constitución (C.P., arts. 25 y 53). Finalmente, las asociaciones deportivas, si bien no tienen ánimo de lucro, y no son por ende sociedades comerciales, sí ejercen una actividad económica, puesto que contratan jugadores, reciben ingresos por conceptos de ventas de entradas a los espectáculos y derechos de transmisión, promocionan marcas, etc., pues son “titulares de los derechos de explotación comercial de transmisión o publicidad en los eventos del deporte competitivo” (L. 181/95, art. 28). Son entonces verdaderas empresas, en el sentido constitucional del término, por lo cual su actividad recae bajo las regulaciones de la llamada Constitución económica (C.P., arts. 58, 333 y 334)” (sent. C-320/97, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
“El deporte del fútbol se organiza y funciona entorno a organismos deportivos —clubes, ligas, federaciones—.
Los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, constituidos por un número plural de socios con el objeto de fomentar la práctica de un deporte, con deportistas aficionados o profesionales. Las ligas, constituidas por clubes, tienen la misma naturaleza jurídica e intereses sociales que éstos, pero su objeto es la organización técnica y administrativa del respectivo deporte en su jurisdicción (ibíd., art. 11). Por último, las federaciones comparten las características de los clubes y de las ligas, y su tarea es organizar, a nivel nacional, con deportistas aficionados o profesionales, la práctica del deporte (ibíd., art. 14)” (sent. T-498/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
“El fútbol es un deporte que cumple simultáneamente varias funciones: recrea a los espectadores, genera una actividad económica y hace posible la realización personal del jugador. Como juego de competición, el fútbol es un medio de esparcimiento de multitudes, que gracias a los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones, tiende a universalizarse y a estrechar los vínculos entre los diferentes países. Su internacionalización, por otra parte, ha llevado a que sea también un negocio atractivo para los inversionistas. El fútbol, concebido como empresa, al igual que otros deportes, es un negocio en el que se invierten grandes cantidades de dinero, en parte debido a las altas sumas en que se cotizan los jugadores. Esta realidad económica crea una tensión entre los intereses patrimoniales de los empresarios del fútbol y los jugadores, para quienes la práctica de deporte es la manera de realizarse en su vida profesional o vocacional” (sent. T-498/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Inicialmente, cabe recordar que es la Ley 181 de 1995 la que se ocupa de regular la actividad deportiva del país, razón por la cual se le denomina como la “Ley del deporte”. En cumplimiento de este objetivo, tal ordenamiento contiene las disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y, además, en ella se crea el sistema nacional del deporte en Colombia.
“ART. 34.—Entiéndese por derechos deportivos de los jugadores o deportistas, la facultad exclusiva que tienen los clubes deportivos de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de transferencia le corresponde, conforme a las disposiciones de la federación respectiva. (Ningún club profesional podrá transferir más de dos (2) jugadores o deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo)”.
A raíz de una demanda ciudadana, en la que se cuestionaba el monopolio de los clubes sobre los derechos deportivos de los jugadores profesionales, el citado artículo 34 fue objeto de control constitucional por parte de esta Corporación. En su decisión, contenida en la sentencia C-320 de 1997, la Corte consideró que la norma se ajustaba a la Constitución Política, siempre y cuando se interpretara “en el entendido de que los propios jugadores pueden ser titulares de sus derechos deportivos” pues sostener lo contrario, afecta principios medulares del orden jurídico imperante como el de la dignidad humana y afecta también los derechos fundamentales a la libertad, el trabajo y la libre escogencia de profesión u oficio. Para la Corte, interpretar la norma conforme al texto aprobado por el Congreso de la República, es decir, reconociendo la titularidad exclusiva de los clubes sobre los derechos deportivos del jugador, llevaría a entender que el deportista está obligado a pertenecer a una institución deportiva, aun sin existir un vínculo contractual de naturaleza laboral, restringiéndosele de este modo la posibilidad de disponer de su propia vida, de realizarse personalmente y de desarrollarse profesionalmente en otro club deportivo. Con base en las consideraciones anteriores, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 34, salvo la palabra exclusiva que no encontró ajustada a las disposiciones de la Carta Política, precisamente por su consecuencia restrictiva en el ámbito de realización personal del deportista. Al respecto sostuvo la Corte:
“Ahora bien, la Corte encuentra que la prohibición de que los jugadores puedan ser titulares de sus propios derechos deportivos no sirve ningún propósito constitucionalmente relevante, pues en nada afecta la transparencia de las transacciones en el ámbito deportivo que un deportista adquiera su carta de transferencia, y sea entonces él mismo el administrador de su carrera profesional. La medida no es entonces útil a los propósitos de la ley. Además, ella vulnera la protección de la dignidad, la autonomía y la libertad de los jugadores (C.P., arts. 1º, 16 y 25), ya que impide, sin ninguna razón aparente, que un deportista, al adquirir su “pase”, pueda entonces orientar en forma libre y autónoma su futuro profesional, por lo cual se trata de una restricción que tiende a cosificar al jugador al convertirlo en un simple activo empresarial. Por todo lo anterior, la Corte concluye que la palabra “exclusiva” del artículo 34 de la Ley 181 de 1995 viola la dignidad de los deportistas y será retirada del ordenamiento, en el entendido de que los propios jugadores pueden ser titulares de sus derechos deportivos” (sent. C-320/97, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
En concordancia con el criterio expuesto, y teniendo en cuenta esta interpretación, en la misma sentencia, la Corte declaró la inexequibilidad de un apartado del artículo 35 de la Ley 181 (5) , en el cual se otorgaba un plazo de 6 meses para que, sin existir relación laboral alguna, el club propietario del derecho deportivo pudiera retener al jugador con el propósito de negociar su pase, buscar una transferencia y ubicarle en otra plaza. Sobre este punto, la Corte consideró que no era compatible con la protección de la libertad de trabajo que también un club pudiera poseer los derechos deportivos de un jugador cuando no existe ninguna relación laboral entre los mismos. En consecuencia, consideró la Corte, si cesa la relación laboral entre el club y el jugador, este último debe adquirir sus derechos deportivos.
“... la Corte concluye que no es compatible con la protección de la libertad de trabajo que un club pueda poseer los derechos deportivos de un jugador, cuando no existe ninguna relación laboral entre los mismos, por lo cual es necesario declarar la inexequibilidad de la expresión “dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses” del aparte final del artículo. Se entiende entonces que si cesa la relación laboral entre el club y el deportista, el jugador adquiere sus derechos deportivos (6) , siempre y cuando la conducta de este último se haya ceñido al principio constitucional de la buena fe, al deber constitucional de no abusar de sus derechos y al principio general del derecho nemo auditur propiam turpitudinem allegans, con estricta sujeción a las causales de terminación del contrato previstas en la ley” (sent. C-320/97, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Por esta razón, algunos futbolistas profesionales, a través de la acción de tutela han solicitado a la jurisdicción constitucional, que en ejercicio del control concreto de constitucionalidad, proteja sus derechos constitucionales fundamentales y ordene la entrega de sus derechos deportivos al no existir una relación laboral con el club, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 181 de 1995.
Han sido varios los pronunciamientos de tutela, proferidos por esta corporación (7) , relacionados con este problema. Entre estos, se encuentra la sentencia T-840 de 2002, en la cual la Corte decidió tutelar los derechos fundamentales a la libertad de trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad del jugador Luis Alfredo Yáñez Padilla, luego de que el mismo diera por terminado de manera unilateral su contrato con el Club Deportivo Chicó Fútbol Club, por incumplimiento en el pago de la remuneración pactada. En este caso, la Corte consideró que no existía un vínculo laboral vigente entre el club y el jugador y que por lo tanto, aquél debía entregar al deportista la carta de libertad sobre sus derechos deportivos, so pena de violar sus derechos fundamentales. De esta forma sintetizó la Corte su posición en este asunto:
“En el caso presente es aún más ostensible la arbitrariedad en la que incurre la institución deportiva accionada, pues insiste en la disposición arbitraria de los derechos deportivos sin que exista vínculo contractual alguno con el demandante, circunstancia que hace necesario el pronunciamiento de fondo en esta jurisdicción por la inminente vulneración de los derechos fundamentales que esta circunstancia genera.
En el caso concreto la posición asumida por el Club Deportivo Chicó Fútbol Club, consistente en negar la entrega de la carta de transferencia de los derechos deportivos del accionante sin que medie una relación laboral y sin que se haya probado haber hecho oferta alguna en este sentido, permite advertir que la pretensión del actor es legítima y de buena fe.
En estas condiciones, es claro que de continuar la irregularidad advertida las expectativas laborales, profesionales, y personales del accionante quedarían frustradas debido a la conducta asumida por la entidad deportiva accionada, razón suficiente para que la Sala decida amparar los derechos fundamentales a la libertad de trabajo, a escoger libremente profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad (...)” (sent. T-840/2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis).
De igual forma, en la sentencia T-745 de 2002, la Corte conoció en revisión la tutela promovida por los jugadores Héctor Fabio Bermúdez Marín y Héctor Andrés Torres Morán contra la corporación Club Deportivo Tulúa, Cortuluá. Estos deportistas habían sido cedidos en préstamo a otros clubes por parte del club accionado, pero una vez regresaron, el accionado les comunicó que no tenía posibilidades de incorporarlos en el plantel profesional, ni tampoco transferirlos a un nuevo club, razón por la cual quedaron cesantes, pero con sus derechos deportivos aún en cabeza de la corporación accionada, lo que impedía su vinculación por cuenta propia a otra institución distinta al Cortuluá. Una vez más, la Sala aplicó la regla jurisprudencial transcrita, teniendo en cuenta que los peticionarios no fueron vinculados laboralmente al club. Al respecto sostuvo la Corte:
“Tanto del escrito de tutela como de las pruebas recaudadas dentro del trámite de la acción se colige que los accionantes, una vez terminaron su contrato con los equipos donde jugaban a “préstamo”, retornaron a su institución de origen, Cortuluá, sin que dicho club los vinculara a ninguna de las escuadras a su cargo, como tampoco logró que fueran aceptados en otro equipo donde iniciaran un nuevo contrato laboral. Este presupuesto fáctico hace posible la aplicación de la regla contenida en el precedente jurisprudencial antes aludido, en el entendido que terminado el contrato laboral y haciéndose imposible una nueva vinculación, la titularidad de los derechos deportivos debe retornar al jugador (sent. T-745/2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
“En el presente caso, la Sala advierte que la relación laboral entre el ciudadano Roger Cambindo Ibarra y el Club Deportivo Los Millonarios terminó por justa causa imputable al incumplimiento de éste último, debido a que, primero, no efectuó el pago de los salarios a los que tiene derecho el accionante en la cuantía, condiciones, períodos y oportunidad pactados en el contrato y, segundo, a que no realizó las respectivas cotizaciones al sistema de seguridad social.
En consecuencia, la Sala encuentra que se configuraron los parámetros que la jurisprudencia constitucional ha establecido para que el jugador se haga titular de sus derechos deportivos, razón por la cual procederá a confirmar los fallos de instancia mediante los cuales los derechos fundamentales del peticionario fueron amparados” (sent. T-459/2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
En resumen, el régimen que concierne a los derechos deportivos establece que los jugadores profesionales deben tener la titularidad sobre sus derechos deportivos en aquéllos casos en los que cese la relación laboral con el club, y el mismo no ofrezca al deportista un nuevo contrato de trabajo o una transferencia temporal a otro club deportivo. De esta manera son garantizados los derechos fundamentales de los jugadores al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la posibilidad de escoger libremente profesión u oficio. No obstante lo anterior, como ya se ha reiterado ampliamente, esta regla no es absoluta puesto que la conducta de los deportistas debe ajustarse al principio constitucional de la buena fe y al deber constitucional de no abusar de sus propios derechos.
— Juan Carlos Jaramillo Sánchez es jugador de fútbol profesional y al momento de presentación de la acción de tutela, sus derechos deportivos se encontraban registrados bajo la titularidad del Club Deportivo Los Millonarios ante la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y el Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes).
— El Club Deportivo Los Millonarios realizó dos contratos a término fijo con el jugador para el mismo período, correspondientes al primer semestre de 2004: un contrato en el que se pacta una remuneración de $ 1.000.000 y con el que presuntamente fue inscrito en el torneo de fútbol de la Copa Mustang I, y un contrato para el mismo período sobre un salario integral de $ 5.500.000 que es el contrato en el que figuran las condiciones contractuales reales del jugador.
— El señor Juan Carlos Jaramillo Sánchez fue inscrito por el Club Deportivo Los Millonarios como propietario de sus derechos deportivos, y en dicha condición pudo actuar en el torneo de fútbol profesional Copa Mustang I, organizado por la Dimayor en el período comprendido entre febrero y junio de 2004.
— El accionante prestó sus servicios al Club Deportivo Los Millonarios en el torneo de fútbol profesional hasta el día 18 de mayo de 2004, fecha en la cual notificó al club su decisión de dar por terminado unilateralmente por justa causa su contrato de trabajo por responsabilidad del empleador, al no cancelarle el salario en la cuantía, condiciones, períodos y oportunidades, tal y como quedaron pactadas en su contrato de trabajo a término fijo, y al abstenerse de realizar los aportes a la seguridad social que fueron descontados de un pago parcial que le fue realizado por el club, por el período del 01 al 29 de febrero de 2004
— En la comunicación del 18 de mayo de 2004, el peticionario solicitó al Club Deportivo Los Millonarios, el pago de los salarios y prestaciones adeudadas; la indemnización por los perjuicios causados con su incumplimiento; y la entrega de sus derechos deportivos, los cuales le corresponden, al no existir un contrato laboral, de conformidad con la sentencia C-320 de 1997 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana que, en sede de tutela, ha revisado casos similares al del accionante.
— Para el segundo semestre de 2004, el Club Deportivo Los Millonarios cedió en préstamo los derechos deportivos del jugador para que pudiera actuar con el Bogotá Chicó Fútbol Club en el torneo Copa Mustang II de 2004.Sin embargo, en la actualidad el jugador no tiene ningún vínculo contractual con el Club Los Millonarios, ni con otro club de fútbol nacional o extranjero.
— El Club Deportivo Los Millonarios se ha abstenido de entregar la carta de libertad de los derechos deportivos del jugador lo cual llevó al peticionario a promover la acción de tutela objeto de revisión en este proceso.
“(...) el contrato de trabajo no existe porque se terminó su vigencia el día 16 de mayo de 2004 y no por la comunicación radicada en las instalaciones del club por el señor Jaramillo Sánchez el día 18 de mayo de 2004”.
“En la actualidad el jugador de fútbol profesional señor JUAN CARLOS JARAMILLO SÁNCHEZ no tiene vinculación contractual alguna ni con el CLUB DEPORTIVO LOS MILLONARIOS ni con otro club de fútbol nacional o internacional”.
“Para el segundo semestre de 2004, a pesar de haber incumplido con contrato de trabajo a término fijo inferior a un año con salario integral entre el CLUB DEPORTIVO LOS MILLONARIOS y el señor JUAN CARLOS JARAMILLO, el propietario de sus derechos deportivos conforme al registro existente en la Federación Colombiana de Fútbol, Dimayor y Coldeportes, en éste caso el CLUB DEPORTIVO LOS MILLONARIOS cedió en préstamos los derechos deportivos del señor JARAMILLO para que pudiera actuar con el BOGOTÁ CHICÓ FÚTBOL”.
Con posterioridad al segundo semestre de 2004, no obra prueba en el expediente de que el contrato del jugador hubiese sido renovado por parte del Club Deportivo Los Millonarios, ni tampoco que sus derechos deportivos hubiesen sido cedidos en préstamo a otro club nacional o extranjero. Esta situación confirma la idea de que el club accionado ha desconocido el núcleo esencial de los derechos fundamentales del jugador “especialmente su derecho al trabajo” pues le impide el ejercicio de su carrera profesional que, como bien se sabe, en el caso de los futbolistas es particularmente corta.
“4. Es cierto que el club adeuda al señor Jaramillo Sánchez algunos salarios. La afectación al mínimo vital y móvil del señor Jaramillo es una apreciación subjetiva de su apoderado que no me consta”.
Adicionalmente, la Sala llama la atención sobre el hecho de que el club deportivo accionado haya celebrado dos contratos a término fijo con el jugador para el mismo período y con el mismo objeto, correspondientes al primer semestre de 2004: un contrato en el que se pacta una remuneración de $ 1.000.000 y con el que presuntamente fue inscrito en el torneo de fútbol de la Copa Mustang I, y un contrato para el mismo período sobre un salario integral de $ 5.500.000 que es el contrato en el que figuran las condiciones contractuales reales del jugador.
Esta presunta irregularidad amerita una investigación por parte del Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes), de conformidad con el artículo 61, numeral 8º de la Ley 181 de 1995, en la que se señala como uno de sus deberes el de ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades que conforman el sistema nacional del deporte, del cual hacen parte los clubes deportivos, de conformidad con los artículos 50 y 51 (8) de la precitada Ley 181.
Ahora bien, la Sala coincide con los demás accionados de este proceso-(Coldeportes, Dimayor y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL) en que dentro de sus competencias, no se encuentra la de expedir la carta de libertad de los derechos deportivos de un jugador. Lo anterior no obsta para que la Corte profiera una orden dirigida tanto a Coldeportes como a la Dimayor para que proceda a realizar los trámites pertinentes en el marco de sus competencias, con el propósito de que la titularidad sobre los derechos deportivos del jugador Juan Carlos Jaramillo Sánchez quede efectivamente registrada a su nombre, con posterioridad a la entrega de la carta de libertad sobre sus derechos deportivos, por parte del Club Deportivo Los Millonarios.
Primero. REANUDAR los términos del proceso de tutela de la referencia (exp. T-987982) los cuales fueron suspendidos por orden de la Sala Quinta de revisión mediante auto del 8 de marzo de 2005.
Cuarto. Así mismo, ORDENAR a la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor y al Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, que realicen los trámites pertinentes en el marco de sus competencias, con el propósito de que la titularidad sobre los derechos deportivos del jugador Juan Carlos Jaramillo Sánchez quede efectivamente registrada a su nombre, con posterioridad a la entrega de la carta de libertad sobre sus derechos deportivos, por parte del Club Deportivo Los Millonarios.
(1) División Mayor del Fútbol Colombiano.
(2) Federación Colombiana de Fútbol.
(3) Instituto Colombiano del Deporte.
(4) Ver sentencias T-498/94, C-099/96 y C-226/97.
(5) La versión original del artículo 35 de la Ley 181 de 1995 establecía: ““Los convenios que se celebren entre organismos deportivos sobre transferencias de deportistas profesionales, no se consideran parte de los contratos de trabajo. En razón de estos convenios no se podrá coartar la libertad de trabajo de los deportistas. Una vez terminado el contrato de trabajo, el jugador profesional transferido temporalmente regresará al club propietario de su derecho deportivo. Si el club propietario del derecho deportivo, no ofreciere formalmente un nuevo contrato laboral o transferencia temporal al jugador dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses, el jugador quedará en libertad de negociar con otros clubes de acuerdo con los reglamentos internacionales, sin perjuicio de las acciones laborales que favorezcan al jugador.” (El aparte subrayado fue el declarado inexequible.
(6) En relación con el tema, la circular 616 de 1997 de la FIFA se refiere a la rescisión anticipada de contratos de trabajo de jugadores profesionales cuando el contrato que lo vincula a su club actual haya expirado o expire en 6 meses. En el mismo sentido, la circular 592 de 1996 de la FIFA señaló que no es obligatorio el pago de indemnizaciones cuando el contrato de trabajo del jugador ha expirado.
(7) Ver por ejemplo las sentencias T-123 de 1998, T-302 de 1998, T-138 de 2000, T-745 de 2002.
(8) El artículo 50 de la Ley 181 de 1995 establece “Hacen parte del sistema nacional del deporte, el Ministerio de Educación Nacional el Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes, los entes departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, los organismos privados, las entidades mixtas, así como todas aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores sociales y económicos en los aspectos que se relacionen directamente con estas actividades. Por su parte el artículo 51 señala claramente que los clubes deportivos se encuentran en el nivel municipal de la jerarquía del sistema nacional del deporte: “Los niveles jerárquicos de los organismos del sistema nacional del deporte son los siguientes.
Nivel Nacional. Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano del Deporte —Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano y federaciones deportivas nacionales, Comité Paralímpico Colombiano.

References: artículo 12
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 34
 artículo 61
 artículo 35
 artículo 50
 artículo 51