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BOE.es - Documento DOUE-L-2017-80558
Documento DOUE-L-2017-80558
«DOUE» núm. 88, de 31 de marzo de 2017, páginas 6 a 21 (16 págs.)
DOUE-L-2017-80558
(14) La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) establece normas comunes relativas a la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además de este enfoque preventivo, la financiación del terrorismo debe tipificarse en los Estados miembros. La tipificación penal no solo debe abarcar la financiación de actos terroristas, sino también la financiación de grupos terroristas, así como la de otros delitos relacionados con las actividades terroristas, como la captación y el adiestramiento o el viajes con fines terroristas, con objeto de desarticular las estructuras de apoyo que facilitan la comisión de delitos de terrorismo.
(15) La prestación de ayuda material con fines terroristas a través de la participación o la intermediación en el suministro o la circulación de bienes, servicios y activos, incluidas las operaciones comerciales que conlleven su entrada a la Unión o su salida de esta, entre las que se incluyen la venta, adquisición o intercambio de bienes culturales de interés arqueológico, artístico, histórico o científico sustraídos ilícitamente de una zona que, en el momento de la sustracción, se encontraba bajo el control de un grupo terrorista, deben tipificarse en los Estados miembros como complicidad en un delito de terrorismo o como financiación del terrorismo si se realizan con conocimiento de que tales operaciones o el producto obtenido de ellas pretenden utilizarse, en su totalidad o en parte, con fines terroristas o redundarán en beneficio de grupos terroristas. Puede ser necesario adoptar medidas adicionales con el fin de luchar eficazmente contra el comercio ilícito de bienes culturales como fuente de ingresos de los grupos terroristas.
(16) Debe tipificarse la tentativa de viajar con fines terroristas, de adiestramiento para el terrorismo y de captación para el terrorismo.
(17) La noción de intención debe concurrir en todos los elementos constitutivos de los delitos establecidos en la presente Directiva. El carácter intencionado de una acción u omisión puede inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
(18) Deben establecerse sanciones penales para las personas físicas y jurídicas que sean responsables de tales delitos, acordes con su gravedad.
(19) Si la captación y el adiestramiento para el terrorismo se dirigen a menores, los Estados miembros deben velar por que los jueces puedan tener en cuenta esta circunstancia al dictar sentencia contra los responsables criminales, aunque no estén obligados a aumentar la condena. Se deja a la discreción del juez evaluar esa circunstancia junto con otros hechos del caso concreto.
(20) Conviene establecer normas sobre jurisdicción para garantizar que se puedan enjuiciar eficazmente los delitos establecidos en la presente Directiva. En particular, parece conveniente determinar la jurisdicción respecto de los delitos cometidos por los adiestradores para el terrorismo, sea cual sea su nacionalidad, en vista de las repercusiones que pueden tener tales conductas en el territorio de la Unión y de la estrecha conexión material existente entre el delito de adiestramiento para el terrorismo y el de recepción de adiestramiento para el terrorismo.
(21) Para garantizar el éxito de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, los delitos relacionados con un grupo terrorista o los delitos relacionados con actividades terroristas, los responsables de la investigación o enjuiciamiento de dichos delitos deben tener la posibilidad de utilizar instrumentos de investigación eficaces como los que se utilizan para combatir la delincuencia organizada u otros delitos graves. El recurso a tales instrumentos, de conformidad con el Derecho nacional, debe ser selectivo y tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la naturaleza y gravedad de los delitos investigados, y respetar el derecho a la protección de los datos personales. Entre dichos instrumentos se deben incluir, por ejemplo y según proceda, el registro de efectos personales, la interceptación de comunicaciones, la vigilancia encubierta, incluidas la vigilancia electrónica, la captación y grabación de sonido en vehículos y lugares públicos o privados y de imágenes de personas en vehículos y lugares públicos, y las investigaciones financieras.
(22) Un medio eficaz de combatir el terrorismo en internet es eliminar en origen los contenidos en línea que constituyan una provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo. Los Estados miembros deben esforzarse al máximo por cooperar con terceros países al objeto de garantizar la eliminación de contenidos en línea que constituyan una provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo desde los servidores ubicados en su territorio. No obstante, cuando no sea factible la eliminación de estos contenidos en origen, también pueden ponerse en marcha mecanismos que bloqueen el acceso a los mismos desde el territorio de la Unión. Las medidas adoptadas por los Estados miembros con arreglo a la presente Directiva para eliminar los contenidos en línea que constituyan una provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo o, cuando esto no sea posible, para bloquear el acceso a dichos contenidos, podrían basarse en una actuación pública de carácter legislativo, no legislativo o judicial. En ese sentido, la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la acción voluntaria emprendida por la industria de internet para evitar un uso indebido de sus servicios, ni de cualquier apoyo a una acción de estas características por parte de los Estados miembros, como, por ejemplo, detectar y advertir de los contenidos terroristas. Independientemente de la base o el método elegido, los Estados miembros deben garantizar que se facilite un nivel adecuado de certidumbre y previsibilidad jurídica a los usuarios y los proveedores de servicios, así como la posibilidad de recurso judicial con arreglo al Derecho nacional. Cualquiera de estas medidas debe tener en cuenta los derechos de los usuarios finales, y cumplir los procedimientos jurídicos y judiciales existentes y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
(23) La eliminación de contenidos en línea que constituyan una provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo o, cuando esto no sea posible, el bloqueo del acceso a tales contenidos, con arreglo a la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las normas establecidas en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11). En particular, no debe imponerse a los proveedores de servicio una obligación general de controlar la información que transmitan o almacenen, ni de buscar activamente hechos o circunstancias indicativas de actividad ilegal. Por otra parte, los proveedores de servicios de alojamiento de datos no deben ser considerados responsables, en la medida en que no dispongan de un conocimiento real de la actividad o información ilegal y no tengan conocimiento de los hechos o circunstancias a partir de los cuales sea patente la actividad o información ilegal.
(24) Para luchar contra el terrorismo de forma efectiva es fundamental que las autoridades competentes y agencias de la Unión intercambien entre ellas de manera eficaz la información que consideren pertinente las autoridades competentes en materia de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos de terrorismo. Los Estados miembros deben garantizar que se intercambie la información de manera eficaz y en el momento oportuno con arreglo al Derecho nacional y al marco jurídico vigente de la Unión, como la Decisión 2005/671/JAI, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo (12) y la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). Al considerar si se intercambia o no información pertinente, las autoridades nacionales competentes deben tener en cuenta la gravedad de la amenaza que susciten los delitos de terrorismo.
(25) Para reforzar el marco existente sobre intercambio de información en la lucha contra el terrorismo como establece la Decisión 2005/671/JAI, los Estados miembros deben garantizar que la información pertinente obtenida por sus autoridades competentes en el marco de procesos penales, por ejemplo, las autoridades policiales, los fiscales o los jueces de instrucción, se ponga a disposición de las autoridades competentes respectivas de otros Estados miembros para los que se considere que dicha información podría ser pertinente. Como mínimo, dicha información pertinente debe incluir, en su caso, la información que se transmite a Europol o a Eurojust con arreglo a la Decisión 2005/671/JAI. Lo anterior está supeditado a las normas de la Unión sobre protección de datos establecidas en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), y se entiende sin perjuicio de las normas de la UE sobre cooperación entre autoridades competentes nacionales en el marco de los procesos penales, como las establecidas en la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15) o la Decisión marco 2006/960/JAI.
(26) Conviene intercambiar la información pertinente recabada por las autoridades competentes de los Estados miembros en el marco de procesos penales en relación con delitos de terrorismo. Por «proceso penal» se entienden todas las fases del proceso, desde el momento en que una persona es sospechosa o acusada de haber cometido una infracción penal hasta que adquiere firmeza la resolución que concluye si la persona ha cometido o no la infracción penal en cuestión.
(27) Los Estados miembros deben adoptar medidas de protección, apoyo y asistencia que respondan a las necesidades específicas de las víctimas del terrorismo, de conformidad con la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) y con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva. Se entiende por víctima del terrorismo la definida en el artículo 2 de la Directiva 2012/29/UE, es decir, toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en particular lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causados por un delito de terrorismo, o el familiar de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito de terrorismo y que haya sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona. Los familiares de las víctimas supervivientes del terrorismo, según se definen en el citado artículo, tienen acceso a servicios de apoyo a las víctimas y medidas de protección de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.
(28) La asistencia en lo que respecta a las solicitudes de indemnización de las víctimas se entiende sin perjuicio de aquella que reciban las víctimas del terrorismo por parte de las autoridades de asistencia en virtud de la Directiva 2004/80/CE del Consejo (17). Lo anterior se entiende sin perjuicio de las normas nacionales sobre representación jurídica para solicitar indemnización, con inclusión de las disposiciones sobre asistencia jurídica gratuita, y de otras normas nacionales aplicables en materia de indemnización.
(29) Los Estados miembros deben garantizar que se dé una respuesta global a las necesidades específicas de las víctimas del terrorismo inmediatamente después de un atentado terrorista, y durante el tiempo que sea necesario, en el marco de la infraestructura nacional de respuesta en casos de emergencia. Para ello, los Estados miembros pueden establecer un sitio web único y actualizado con toda la información pertinente y un centro de apoyo a las víctimas y sus familiares que preste primeros auxilios psicológicos y apoyo emocional. Las iniciativas de los Estados miembros en este sentido deben estar respaldadas por el pleno uso de los mecanismos y los recursos comunes disponibles de asistencia a escala de la Unión. Dichos servicios de apoyo deben tener en cuenta que las necesidades específicas de las víctimas del terrorismo pueden desarrollarse con el tiempo. En este sentido, los Estados miembros deben garantizar que los servicios de apoyo atiendan, en primer lugar y como mínimo, las necesidades emocionales y psicológicas de las víctimas del terrorismo más vulnerables, e informar a todas ellas de la existencia de servicios adicionales de apoyo emocional y psicológico, incluidos apoyo y asesoramiento en casos traumáticos.
(30) Los Estados miembros deben garantizar que todas las víctimas del terrorismo tengan acceso, en el Estado miembro en que se cometió el delito de terrorismo, a información sobre los derechos de las víctimas y a los servicios de apoyo y los sistemas de indemnización disponibles. Los Estados miembros afectados deben adoptar las medidas necesarias para promover la cooperación entre ellos, con el fin de garantizar que las víctimas del terrorismo que residan en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya cometido el delito de terrorismo tengan acceso efectivo a dicha información. Además, los Estados miembros deben garantizar que las víctimas del terrorismo tengan acceso a servicios de apoyo a largo plazo en el Estado miembro de residencia, aun cuando el delito de terrorismo se haya cometido en otro Estado miembro.
(31) Como se refleja en la Estrategia revisada de la UE para luchar contra la radicalización y la captación para el terrorismo de 2014 y en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea y de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre mejora de la respuesta judicial penal a la radicalización que conduce al extremismo terrorista y violento de 2015, la prevención de la radicalización y la captación para el terrorismo, incluida la radicalización en línea, requiere un planteamiento global y preventivo a largo plazo. Dicho planteamiento debe combinar medidas en materia de justicia penal con políticas en materia de educación, inclusión social e integración, así como la disponibilidad de programas efectivos de desradicalización o desmovilización, de salida o rehabilitación, incluido en el contexto penitenciario y de libertad condicional. Los Estados miembros deben poner en común las prácticas idóneas sobre las medidas y proyectos eficaces en esta materia, en particular en lo que se refiere a los combatientes terroristas extranjeros y a los retornados, en su caso en cooperación con la Comisión y las agencias y órganos correspondientes de la Unión.
(32) Los Estados miembros deben persistir en sus esfuerzos para prevenir la radicalización que conduce al terrorismo y luchar contra ella, mediante la coordinación y el intercambio de información y experiencias sobre políticas nacionales de prevención y mediante la puesta en práctica o, en su caso, la actualización de políticas nacionales de prevención, habida cuenta de sus propias necesidades, objetivos y capacidades a partir de sus propias experiencias. Cuando proceda, la Comisión ha de prestar ayuda a las autoridades nacionales, regionales y locales en la elaboración de políticas de prevención.
(33) Los Estados miembros, en función de las necesidades correspondientes y las circunstancias específicas de cada Estado miembro, deben facilitar apoyo a los profesionales, incluidos aquellos interlocutores de la sociedad civil con probabilidades de entrar en contacto con personas vulnerables a la radicalización. Entre las medidas de apoyo se pueden incluir, en particular, medidas de formación y sensibilización destinadas a facilitar la detección de los signos de radicalización y a hacerles frente. Cuando proceda, dichas medidas se adoptarán en cooperación con las empresas privadas, las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, las comunidades locales y otras partes interesadas.
(34) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de disponer de normas armonizadas a escala de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(35) La presente Directiva observa los principios establecidos en el artículo 2 del TUE, respeta los derechos y libertades fundamentales y se atiene a los principios consagrados, en particular, en la Carta, incluidos los enunciados en sus títulos II, III, V y VI, que engloban, entre otros, el derecho a la libertad y la seguridad; la libertad de expresión y de información; la libertad de asociación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la prohibición de toda discriminación, en particular, la ejercida por razón de raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo; el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal; los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, que abarcan, asimismo, los requisitos de precisión, claridad y previsibilidad del Derecho penal; la presunción de inocencia, y la libertad de circulación, que se recoge en el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18). La presente Directiva debe aplicarse con arreglo a los derechos y principios citados, teniendo en cuenta también el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en virtud del Derecho internacional.
(36) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud del Derecho de la Unión en lo que se refiere a los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales.
(37) La presente Directiva no debe suponer la modificación de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados miembros en virtud del Derecho internacional y, más concretamente, del Derecho internacional humanitario. La presente Directiva no rige las actividades de las fuerzas armadas en períodos de conflicto armado, en el sentido dado a estas expresiones por el Derecho internacional humanitario, que se rijan por dicho Derecho, y las actividades del Ejército de un Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales, cuando se rijan por otras normas de Derecho internacional.
(38) La provisión de actividades humanitarias por parte de organizaciones humanitarias imparciales reconocidas por el Derecho internacional, concretamente el Derecho internacional humanitario, no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(39) La aplicación de las disposiciones legales penales adoptadas en virtud de la presente Directiva debe ser proporcional a la naturaleza y las circunstancias del delito, tener en cuenta los objetivos legítimos perseguidos y su necesaria existencia en una sociedad democrática, y excluir cualquier forma de arbitrariedad, racismo o discriminación.
(40) Ninguna disposición de la presente Directiva podrá interpretarse como un intento de reducir u obstaculizar la difusión de información con fines científicos, académicos o informativos. La expresión pública de opiniones radicales, polémicas o controvertidas sobre cuestiones políticas delicadas queda fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y, en especial, de la definición de provocación pública a la comisión de delitos de terrorismo.
(41) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación.
(42) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.
(43) La presente Directiva debe, por lo tanto, sustituir a la Decisión marco 2002/475/JAI por lo que respecta a los Estados miembros obligados por la presente Directiva y modificar la Decisión 2005/671/JAI.
Artículo 3. Delitos de terrorismo
i) la interferencia ilegal en los sistemas de información a tenor del artículo 4 de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (19), en los casos en los que sea de aplicación su artículo 9, apartado 3 o apartado 4, letras b) o c), y la interferencia ilegal en los datos a tenor de su artículo 5, en los casos en los que sea de aplicación su artículo 9, apartado 4, letra c);
c) desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional.
Artículo 4. Delitos relacionados con un grupo terrorista
a) dirección de un grupo terrorista;
b) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluida la consistente en el suministro de información o medios materiales, o en cualquier forma de financiación de sus actividades, con conocimiento de que dicha participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista.
Artículo 5. Provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo
Artículo 6. Captación para el terrorismo
Artículo 7. Adiestramiento para el terrorismo
Artículo 8. Recepción de adiestramiento para el terrorismo
Artículo 9. Viaje con fines terroristas
a) el viaje a un Estado miembro a los fines de la comisión o la contribución a la comisión de un delito de terrorismo a tenor del artículo 3, de la participación en las actividades de un grupo terrorista con conocimiento de que dicha participación contribuirá a las actividades delictivas de tal grupo a tenor del artículo 4, o del adiestramiento o la recepción de adiestramiento para el terrorismo a tenor de los artículos 7 y 8, o
b) los actos preparatorios realizados por una persona que entre en dicho Estado miembro con ánimo de cometer o contribuir a la comisión de un delito de terrorismo a tenor del artículo 3.
Artículo 10. Organización o facilitación de viajes con fines terroristas
Artículo 11. Financiación del terrorismo
Artículo 12. Otros delitos relacionados con actividades terroristas
a) el robo con agravante con ánimo de cometer cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3;
b) la extorsión con ánimo de cometer cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3;
c) expedición o utilización de documentos administrativos falsos con ánimo de cometer cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3, apartado 1, letras a) a i), el artículo 4, letra b), y el artículo 9.
Artículo 13. Relación con delitos de terrorismo
Artículo 14. Complicidad, inducción y tentativa
Artículo 15. Sanciones a las personas físicas
Artículo 16. Circunstancia atenuantes
a) abandona la actividad terrorista, y
b) proporciona a las autoridades administrativas o judiciales información que estas no hubieran podido obtener de otra forma, y, con ello, les ayude a:
i) impedir que se cometa el delito o atenuar sus efectos,
ii) identificar o procesar a los otros responsables criminales,
iv) impedir que se cometan otros delitos indicados en los artículos 3 a 12 y 14.
Artículo 17. Responsabilidad de las personas jurídicas
b) la autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica;
c) la autoridad para ejercer el control de dicha persona jurídica.
Artículo 18. Sanciones a las personas jurídicas
a) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas;
b) prohibición temporal o definitiva del ejercicio de actividades comerciales;
c) intervención judicial;
d) disolución judicial de la persona jurídica;
e) cierre temporal o definitivo de los establecimientos que se hayan utilizado para la comisión del delito.
Artículo 19. Jurisdicción y enjuiciamiento
Artículo 20. Instrumentos de investigación y decomisos
Artículo 21. Medidas contra los contenidos en línea que constituyan provocación pública
Artículo 22. Modificaciones de la Decisión 2005/671/JAI
1) En el artículo 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) “delitos de terrorismo”: los delitos a que se refiere la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1);
Artículo 23. Derechos y libertades fundamentales
Artículo 24. Asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo
a) apoyo emocional y psicológico, como, por ejemplo, apoyo y asesoramiento en casos traumáticos;
b) información y asesoramiento sobre cualquier asunto jurídico, práctico o financiero pertinente, incluida la facilitación del ejercicio del derecho de las víctimas del terrorismo a la información, según lo dispuesto en el artículo 26;
c) asistencia en lo que respecta a las solicitudes de indemnización a las víctimas del terrorismo en virtud del Derecho nacional del Estado miembro afectado.
Artículo 25. Protección de las víctimas del terrorismo
Artículo 26. Derechos de las víctimas del terrorismo residentes en otro Estado miembro
Cumplimiento a más tardar el 8 de septiembre de 2018.
CORRECCIÓN de errores en DOUE L 91, de 9 de abril de 2018 (Ref. DOUE-L-2018-80626).
DEROGA Decisión 2002/475, de 13 de junio (Ref. DOUE-L-2002-81127).
MODIFICA los arts. 1 y 2 de la Decisión 2005/671, de 20 de septiembre (Ref. DOUE-L-2005-81819).

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 4

Artículo 3
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 9

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 9

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 1

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 26

Artículo 25

Artículo 26