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Timestamp: 2018-10-15 19:47:01+00:00

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AUTO AP4864-2016 DE 27 DE JULIO DE 2016
CONTENIDO:APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN EN MATERIA PENAL. POR EFECTOS DEL PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 906 DE 2004, ES DABLE ACUDIR A OTROS ORDENAMIENTOS PROCESALES QUE NO REPELEN CON LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PENAL CON EL FIN DE LLENAR LOS VACÍOS NORMATIVOS QUE DEBAN SUBSANARSE. UNO DE ESOS ORDENAMIENTOS PROCESALES QUE NO SE CONTRAPONEN AL PROCEDIMIENTO PENAL ES EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO LEY 1564 DE 2012, VIGENTE DESDE EL 1º DE ENERO DE 2014, EL CUAL AUTORIZA SU APLICACIÓN, ADEMÁS DE LOS TRÁMITES CIVILES, COMERCIALES, DE FAMILIA Y AGRARIOS, A TODOS LOS ASUNTOS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN O ESPECIALIDAD (…) CUANDO NO ESTÉN REGULADOS EXPRESAMENTE EN OTRAS LEYES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN, PROCESO PENAL, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Auto AP4864-2016/42720 de julio 27 de 2016
AP4864-2016
Rad.: 42720
La fiscalía segunda delegada ante la Corte Suprema de Justica acusó al ex director seccional de fiscalías de Pasto, Axxx Rxxx Lxxx Zxxx, por el delito de prevaricato por acción al haber ordenado, mediante Resolución 598 de 27 de agosto de 2008 la reasignación manual de varias investigaciones que la fiscalía 20 seccional de esa ciudad adelantaba en contra del ex alcalde de Tumaco y otras personas, trasladando el conocimiento de las mismas al Fiscal 19 Seccional.
También lo convocó a juicio por haber suscrito la Resolución 657 de 17 de septiembre 2008, a través de la cual reubicó de sub unidad al fiscal 20 seccional.
Para el fiscal delegado estos comportamientos se adecúan en la definición típica de los artículos 413 y 416 del Código Penal, correspondientes a prevaricato por acción (este punible lo imputó en concurso homogéneo por tratarse de dos acciones independientes) y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, respectivamente.
2. Culminado el juicio oral, la corporación emitió sentencia absolviendo al acusado por los cargos de prevaricato por acción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto atinentes al traslado del fiscal 20 seccional de sub unidad, y lo declaró responsable por haber dispuesto la reasignación manual de las investigaciones antes señaladas, sancionándolo con pena de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tipificado en el artículo 428 del Código Penal.
3. Notificada la sentencia en audiencia celebrada el 28 de junio pasado, el defensor manifestó su descontento con la decisión, exclusivamente en relación con la condena, solicitando que la Corte declare de oficio(1) la nulidad de la sentencia.
Afirmó(2) que la corporación se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al declarar la responsabilidad del acusado por un delito que no fue imputado ni por el cual fue acusado, transgrediéndose de esta manera el derecho fundamental del debido proceso, concretamente, las garantías de defensa y congruencia, por lo que insiste en la declaratoria oficiosa de la nulidad del fallo en la parte cuestionada.
4. Otorgado el uso de la palabra a los representantes de la fiscalía y de la víctima para que se pronunciaran con relación a lo solicitado por el defensor, señalaron que el incidente de nulidad propuesto deviene improcedente como quiera que la decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho, ofreciendo motivación suficiente, sin que se advierta transgresión de los derechos fundamentales del procesado.
5. La Sala declarará improcedente la petición del defensor por las siguientes razones:
5.1. Incidente de nulidad en el proceso penal de la Ley 906 de 2004.
5.1.1 El Estatuto Procesal Penal de 2004 no reguló los incidentes procesales, salvo el de reparación integral que fue expresamente reglado a partir del artículo 102 ibídem. Situación diferente acontece en el Código de Procedimiento Penal consagrado en la Ley 600 de 2000 (art. 138 y 139).
No obstante lo anterior, por efectos del principio de integración establecido en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, es dable acudir a otros ordenamientos procesales que no repelen con la naturaleza del procedimiento penal con el fin de llenar los vacíos normativos que deban subsanarse.
En efecto, el artículo 25 ibídem dispone que “En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal.”
Uno de esos ordenamientos procesales que no se contraponen al procedimiento penal es el Código General del Proceso —Ley 1564 de 2012—, vigente desde el 1º de enero de 2014, el cual autoriza su aplicación, además de los trámites civiles, comerciales, de familia y agrarios, “a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad (…) cuando no estén regulados expresamente en otras leyes”. (art. 1º).
Los artículos 127 a 131 del Código General del Proceso regulan de manera general los incidentes, estableciéndose que sólo se tramitaran como tal los asuntos que la ley expresamente así señale (art. 127).
Esos casos concretos a los que se refiere la norma son: - la regulación de honorarios (art. 76), - regulación de perjuicios causados con las medidas cautelares, si se retirare la demanda (art. 92), - la oposición a la exhibición de documentos (art. 186), - la tacha de falsedad en los procesos de sucesión (art. 270), - incidente para solicitar el pago de la sanción pecuniaria de persistir los actos perturbatorios en procesos posesorios (art. 377), - el trámite de las objeciones en los procesos de rendición de cuentas (art. 379), - las diferencias entre el administrador y los comuneros en el proceso divisorio (art. 418), - la solicitud de regulación o perdidas de intereses; - la reducción de la pena, hipoteca o prenda; la fijación de la tasa de cambio, o la tacha de falso el titulo ejecutivo o el contrato de hipoteca o de prenda, en el trámite de adjudicación o realización especial de la garantía real (art. 467), - las objeciones al trabajo de partición en el proceso de sucesión (art. 509), y el incidente de levantamiento de embargo y secuestro por parte del tercero poseedor que no asistió a la diligencia de secuestro (art. 597-8).
Surge claro, entonces, que el trámite de las nulidades no fue previsto de manera expresa dentro de aquellos asuntos que deben proponerse, gestionarse y decidirse a través de un incidente acorde al artículo 127 ibídem.
5.1.2. Sumado a lo anterior, y a pesar de que el artículo 134 del Código General del Proceso prevé que las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella, evento último invocado por el defensor, lo cierto es que la misma norma señala los momentos en que puede invocarse la causal invalidante cuando se trata de sentencias contra las que no procede recurso alguno, que no corresponden a un incidente procesal en estricto sentido, sino a actuaciones subsiguientes propias de algunos procesos civiles como la entrega de bienes o la ejecución de la sentencia, trámites ajenos al proceso penal.
En efecto, el inciso 2º del artículo 134 del Código General del Proceso señala que la nulidad “originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades”.
En este orden de ideas, improcedente resulta igualmente el incidente propuesto dado que el debate sobre la nulidad de la sentencia no fue previsto como uno de los temas a resolverse a través de incidente procesal y las oportunidades posteriores al fallo que para el efecto ofrece el estatuto general de procedimiento no resultan compatibles con el proceso penal definido en la Ley 906 de 2004, por lo que la solicitud incidental debe rechazarse.
5.2. Decreto oficioso de las Nulidades.
Tampoco resulta procedente la propuesta del actor para que la Corte anule la Sentencia de oficio, pues tal proceder lo prohíbe expresamente el inciso final del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal al disponer que “El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes” (negritas fuera del texto original).
En el mismo sentido, el Código General del Proceso permite que el mismo funcionario judicial decrete la nulidad de las actuaciones irregulares con trascendencia en cualquiera de las instancias, siempre que ello ocurra con anterioridad a la emisión de la sentencia.(3)
La interpretación gramatical y lógica de esta disposición lleva a dos conclusiones, i- que las nulidades procesales se pueden decretar de oficio hasta antes de dictar sentencia, y ii- el juez no tiene la facultad de anular su propia sentencia.
Esta última regla se muestra pertinente con la necesidad de salvaguardar valores constitucionales de especial trascendencia como son la cosa juzgada(4), la seguridad jurídica, y la prohibición de revocar o reformar las sentencias prevista en el artículo 285 del Código General del Proceso(5).
Ahora, siendo el proceso penal un sistema de partes, a ellas les asiste la potestad de activar estos medios de control procesal atendiendo los especiales intereses que representan, de ahí que el Legislador haya dispuesto que al juez le obliga corregir los actos irregulares siempre que no conlleven como sanción su anulación, salvo los casos de prueba ilícita como lo reconoció la Corte Constitucional en Sentencia C-591 de 2005.
Pero hay algo más, el artículo 134 del Código General del Proceso, que regula el trámite y la oportunidad que tienen las partes para proponer nulidades, no se extiende al juez dado que el inciso primero establece que “Las nulidades podrán alegarse”, lo que permite inferir que esa atribución es de las partes y no del funcionario judicial.
Esta misma conclusión se obtiene al analizar el inciso 2º del mismo artículo, que dispone que la nulidad “originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse (…)”.
5.3. Con todo, de aceptarse que el incidente propuesto resulta viable y que el juez está autorizado para decretar oficiosamente la nulidad de sus propios fallos, la Sala no otea vulneración alguna de los derechos fundamentales del procesado que justifiquen la adopción de esta medida extrema, pues la sentencia cuestionada se adoptó con total acatamiento de la garantía de congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, aspecto que fue ampliamente motivado en las consideraciones del fallo (folios 19 a 28), respetándose así la línea jurisprudencial que la Corte ha construido en torno a la posibilidad de emitir sentencia condenatoria por un delito de calificación jurídica diferente al señalado en el acto de la acusación, siempre y cuando se trate de la misma conducta y se profiera contra la misma persona acusada, es decir, respetándose las identidades personal y fácticas (delito del mismo género y de menor entidad) que caracterizan el principio de congruencia, línea de pensamiento que fue explicitada en la misma decisión.
Asimismo, se garantizó el derecho a la defensa tanto material y técnica. En efecto, el acusado y su defensor conocieron del escrito de acusación oportunamente, tuvieron la posibilidad de solicitar pruebas, participaron en el debate público a través de la presentación de alegato de apertura, confrontaron la prueba aducida y finalmente el apoderado presentó, sin limitación alguna, las alegaciones conclusivas que consideró pertinentes.
Precisamente, en los alegatos de clausura el defensor exteriorizó argumentos fácticos y jurídicos para demostrar que la conducta realizada por su asistido, consistente en reasignar manualmente las investigaciones que se adelantaban en contra del ex alcalde de Tumaco Nilo del Castillo Moreno, constituían delito de abuso de función pública y no de prevaricato por acción, pues reconocía que tal facultad era exclusiva del Fiscal General de la Nación, advirtiendo que a esa conclusión había llegado la Corte en decisión emitida en el proceso radicado 39279(6), cuestionando la calificación jurídica que al comportamiento había dado el órgano requirente.
De manera que habiéndose debatido durante el juicio oral la denominación jurídica que debía darse a la conducta atribuida al sentenciado, actuar indebido que incluso aceptó la defensa, no se explica la Corte cómo se afirme ahora que el acusado no estuvo en posibilidad de defenderse frente a esa tipicidad, pues se insiste, el debate fue propuesto por el mismo defensor incluso desde el alegato de apertura.
Finalmente, la sentencia cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 162 del Código de Procedimiento Penal, ofreciéndose los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos para llegar a las conclusiones consignadas en la parte resolutiva, guardando coherencia con el sentido del fallo emitido al finalizar el juicio oral.
En conclusión, y por las razones antes señaladas, la Sala rechaza la solicitud de nulidad elevada por el defensor del sentenciado.
(1) Cfr. Récord 9:07 y 16:09.
(2) Cfr. Récord 7:45.
(3) En forma similar lo disponía el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. “En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se le notificará como se indica en los numerales 1º y 2º del artículo 320. Si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará”.
(4) La Corte Constitucional en Sentencia C-449 de 1995 que resolvió la demanda promovida contra el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil señaló que “Las partes pueden alegar la nulidad, dentro de la instancia, aun después de dictada la sentencia, cuando aquélla se origina en la propia sentencia. Hay diversidad de oportunidades para alegar la nulidad. Pero lo que no podría permitirse, porque sería contrario a la seguridad jurídica, sería el dejar abierta la puerta para que en cualquier tiempo el juez que hubiera conocido de un proceso declarara oficiosamente su nulidad. Ello implicaría la destrucción de la cosa juzgada.
(5) El 309 del Código de Procedimiento Civil también previa una disposición similar. “La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.
(6) Cfr. Récord 53:07.

References: ARTÍCULO 25
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 428
 artículo 102
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 127
 artículo 134
 artículo 134
 artículo 10
 artículo 285
 artículo 134
 artículo 162
 artículo 145
 artículo 626
 artículo 320
 artículo 145