Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22009A0610(01)
Timestamp: 2019-06-19 09:29:45+00:00

Document:
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES DEL PRESENTE CONVENIO,
DETERMINADAS a reforzar la protección legal de las personas establecidas en sus territorios;
CONSIDERANDO que es importante, a este fin, determinar la competencia de sus jurisdicciones en el orden internacional, facilitar el reconocimiento y establecer un procedimiento rápido al objeto de garantizar la ejecución de las resoluciones judiciales, de los documentos públicos con fuerza ejecutiva y de las transacciones judiciales;
el Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, tal como ha sido modificado por los Convenios de Adhesión en virtud de las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea,
el Convenio de Lugano, de 16 de septiembre de 1988, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que amplía el ámbito de aplicación de las normas del Convenio de Bruselas de 1968 a determinados Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio,
el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que ha sido sustituido por el más arriba mencionado Convenio de Bruselas, firmado en Bruselas el 19 de octubre de 2005;
CONVENCIDAS de que la extensión de los principios establecidos en el Reglamento (CE) no 44/2001 a las Partes contratantes del presente instrumento reforzará la cooperación legal y económica;
DESEOSAS de garantizar la interpretación más uniforme posible del presente instrumento,
HAN DECIDIDO, por todo ello, celebrar el presente Convenio, y
3. Con arreglo al presente Convenio, el término «Estado vinculado por el presente Convenio» se refiere a cualquier Estado que es Parte contratante del presente Convenio o a un Estado miembro de la Comunidad Europea. También puede referirse a la Comunidad Europea.
en materia contractual, ante los tribunales del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;
a efectos de la presente disposición, salvo pacto en contrario, dicho lugar será:
cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado vinculado por el presente Convenio en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías,
cuando se trate de prestación de servicios, el lugar del Estado vinculado por el presente Convenio en el que, según el contrato, hubiere sido o debiere ser prestado el servicio;
si la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a);
en materia de alimentos:
ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos;
si se trata de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de esta, salvo que tal competencia se fundamente exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes, o
si se trata de una demanda incidental a una acción relativa a la responsabilidad parental, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de esta, salvo que tal competencia se fundamente exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes;
en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o hubiere podido producirse el hecho dañoso;
si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un proceso penal, ante el tribunal que conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho tribunal pudiere conocer de la acción civil;
si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal en que se hallaren sitos;
en su condición de fundador, trustee o beneficiario de un trust constituido ya en aplicación de la ley, ya por escrito o ya por un acuerdo verbal confirmado por escrito, ante los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio en cuyo territorio estuviere domiciliado el trust;
Esta disposición solo se aplicará cuando se pretendiere que el demandado tiene un derecho sobre el cargamento o el flete o que tenía tal derecho en el momento de dicho auxilio o salvamento.
Las personas a las que se refiere el artículo anterior podrán ser demandadas:
si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser incompatibles si los asuntos fueren juzgados separadamente;
si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estuviere conociendo de la demanda principal, salvo que esta se hubiere formulado con el único objeto de provocar la intervención de un tribunal distinto del correspondiente al demandado;
en materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia de derechos reales inmobiliarios dirigida contra el mismo demandado, ante el tribunal del Estado vinculado por el presente Convenio en el que estuviere sito el inmueble.
1. El asegurador domiciliado en un Estado vinculado por el presente Convenio podrá ser demandado:
ante los tribunales del Estado miembro donde tuviere su domicilio, o
en otro Estado vinculado por el presente Convenio, cuando se trate de acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, ante el tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el demandante, o
si se tratare de un coasegurador, ante los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio que entendiere de la acción entablada contra el primer firmante del coaseguro.
2. Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en un Estado vinculado por el presente Convenio pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado vinculado por el presente Convenio se le considerará, para los litigios relativos a su explotación, domiciliado en dicho Estado.
que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección, o
que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegurador, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado vinculado por el presente Convenio en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren, aunque el hecho dañoso se hubiere producido en el extranjero, competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de este prohibiere tales convenios, o
celebrados con un tomador de seguro que no estuviere domiciliado en un Estado vinculado por el presente Convenio, a no ser que se tratare de un seguro obligatorio o se refiera a un inmueble sito en un Estado vinculado por el presente Convenio, o
que se refirieren a un contrato de seguro que cubriere uno o varios de los riesgos enumerados en el artículo 14.
Los riesgos contemplados en el artículo 13, punto 5, son los siguientes:
resultante de la utilización o la explotación de los buques, instalaciones o aeronaves, de conformidad con el punto 1, letra a), cuando la ley del Estado vinculado por el presente Convenio en el que estuviere matriculada la aeronave no prohibiere los convenios atributivos de jurisdicción en el aseguramiento de tales riesgos;
no obstante lo dispuesto en los puntos 1 a 4, todos los riesgos mayores.
en todos los demás casos, cuando la otra Parte contratante ejerciere actividades comerciales o profesionales en el Estado vinculado por el presente Convenio del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere tales actividades a dicho Estado o a varios Estados, incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el marco de dichas actividades.
2. Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un Estado vinculado por el presente Convenio, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado vinculado por el presente Convenio, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en dicho Estado.
que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección, o
que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado vinculado por el presente Convenio en el momento de celebración del contrato, atribuyeren competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de este prohibiere tales convenios.
1. En materia de contratos individuales de trabajo, se determinará la competencia con arreglo a las disposiciones de la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el artículo 5, punto 5.
El empresario domiciliado en un Estado vinculado por el presente Convenio podrá ser demandado:
ante los tribunales del Estado donde tuviere su domicilio, o
en otro Estado vinculado por el presente Convenio:
ante el tribunal del lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo, o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado, o
si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador.
que permitieren al trabajador formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección.
en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio donde el inmueble se hallare sito.
No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio donde estuviere domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario fuere una persona física y que arrendador y arrendatario estuvieren domiciliados en el mismo Estado vinculado por el presente Convenio;
en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de decisiones de sus órganos, los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio en que la sociedad o persona jurídica estuviere domiciliada; para determinar dicho domicilio, el tribunal aplicará sus reglas de Derecho internacional privado;
en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio en que se encontrare el registro;
en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que el asunto haya sido el resultado de una acción o de la defensa, los tribunales del Estado sujeto al Convenio en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional o instrumento comunitario.
en materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio del lugar de ejecución.
en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.
2. «Por escrito» equivaldrá a toda comunicación realizada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.
4. El tribunal o los tribunales de un Estado vinculado por el presente Convenio a los que el documento constitutivo de un trust hubiere atribuido competencia serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el trustee o el beneficiario de un trust si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en el marco del trust.
3. Las disposiciones del apartado 2 se sustituirán por las del artículo 15 del Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, si la cédula de emplazamiento hubiere de ser remitida al extranjero, en cumplimiento de ese Convenio.
4. Los Estados miembros de la Comunidad Europea sujetos al Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, o al Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca sobre la notificación y el traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 19 de octubre de 2005, aplicarán en sus relaciones recíprocas el artículo 19 de dicho Reglamento, si la cédula de emplazamiento o un documento equivalente hubiere de ser remitido en cumplimiento de dicho Reglamento o de dicho Acuerdo.
Litispendencia — Conexidad
desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar toda diligencia necesaria para que se entregare al demandado la cédula de emplazamiento, o
si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su presentación al tribunal, en el momento en que lo recibiere la autoridad encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar toda diligencia necesaria para presentar el documento al tribunal.
Se entenderá por «resolución», a los efectos del presente Convenio, cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado vinculado por el presente Convenio con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso.
si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido;
cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, con tiempo suficiente y de forma tal que pudiere defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo;
si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido;
si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado vinculado por el presente Convenio o un tercer Estado entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido.
1. La solicitud se presentará ante los tribunales o las autoridades competentes indicados en la lista que figura en el anexo II.
2. El solicitante deberá elegir domicilio para notificaciones en un lugar que correspondiere a la competencia del tribunal o de la autoridad que conociere de la solicitud. No obstante, si la ley del Estado en el que se solicitare la ejecución no conociere la elección de domicilio, el solicitante designará un mandatario ad litem.
2. El recurso se interpondrá ante los tribunales que figuran en el anexo III.
4. En caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicitare la ejecución ante el tribunal que conociere de un recurso, se aplicarán las disposiciones del artículo 26, apartados 2 a 4, aunque dicha parte no estuviere domiciliada en ningún Estado miembro vinculado por el presente Convenio.
3. Durante el plazo del recurso previsto en el artículo 43, apartado 5, contra el otorgamiento de la ejecución y hasta que se hubiere resuelto sobre el mismo, solamente se podrán adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se hubiere solicitado la ejecución.
2. También se considerarán documentos públicos con fuerza ejecutiva, en el sentido del apartado 1, los acuerdos en materia de obligaciones alimentarias celebrados ante las autoridades administrativas o legalizados por las mismas.
3. Los documentos presentados deberán reunir las condiciones necesarias de autenticidad en el Estado de origen.
su sede estatutaria, o
2. Para el Reino Unido y para Irlanda, la expresión «sede estatutaria» se equiparará al registered office y, en caso de que en ningún lugar exista una registered office, al place of incorporation (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar, el lugar conforme a cuya legislación se hubiere efectuado la formation (creación) de la sociedad o persona jurídica.
A los fines del presente Convenio, el término «tribunal» abarcará las autoridades designadas por un Estado vinculado por el presente Convenio que sean competentes en las materias reguladas por este.
1. Las disposiciones del presente Convenio solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a su entrada en vigor en el Estado de origen y, cuando se solicite el reconocimiento o la ejecución de resoluciones o documentos públicos con fuerza ejecutiva, en el Estado requerido.
2. No obstante, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio como consecuencia de acciones ejercitadas en el Estado de origen con anterioridad a esta fecha serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del título III:
si la acción se hubiere ejercitado en el Estado de origen tras la entrada en vigor del Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988, en el Estado de origen y en el Estado requerido;
en todos los demás casos, si las reglas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el título II o a un convenio en vigor entre el Estado de origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.
RELACIONES CON EL REGLAMENTO (CE) No 44/2001 Y CON OTROS INSTRUMENTOS
1. El presente Convenio no prejuzgará la aplicación por los Estados miembros de la Comunidad Europea del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y de sus modificaciones, del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, y del Protocolo relativo a la interpretación de dicho Convenio por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, firmado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971, modificados por los Convenios de Adhesión a dicho Convenio y a dicho Protocolo de los Estados adherentes a las Comunidades Europeas, así como del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 19 de octubre de 2005.
en materia de competencia, cuando el demandado estuviere domiciliado en un Estado donde se aplique el presente Convenio y no se aplique ninguno de los instrumentos mencionados en el apartado 1, o cuando los artículos 22 o 23 del presente Convenio otorgaren competencia a los tribunales de dicho Estado;
en los supuestos de litispendencia o conexidad previstos en los artículos 27 y 28, cuando se presentaren las demandas en un Estado donde se aplique el Convenio y no se aplique ninguno de los instrumentos mencionados en el apartado 1, y en un Estado donde se aplique el Convenio y un instrumento mencionado en el apartado 1;
en materias de reconocimiento y ejecución, cuando el Estado de origen o el Estado requerido no aplicaren ninguno de los instrumentos mencionados en el apartado 1.
si la demanda se refiriere a la propiedad o a la posesión de dichos bienes, persiguiere obtener la autorización de disponer de lo mismos o se relacionare con otro litigio relativo a dichos bienes, o
si los bienes constituyeren la garantía de un crédito que hubiere sido objeto de la demanda.
3. En el momento de la ratificación, las Partes contratantes podrán presentar declaraciones de conformidad con los artículos I, II y III, del Protocolo no 1.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, del Protocolo no 2, el presente Convenio sustituirá al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988, a partir de la fecha de su entrada en vigor con arreglo a los apartados 4 y 5. Cualquier referencia al Convenio de Lugano de 1988 en otros instrumentos se entenderá como una referencia al presente Convenio.
7. En lo que respecta a las relaciones entre los Estados miembros de la Comunidad Europea y los territorios no europeos a los que se refiere el artículo 70, apartado 1, letra b), el Convenio sustituirá al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, y al Protocolo relativo a la interpretación de dicho Convenio por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, firmado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971, modificados por los Convenios de Adhesión a dicho Convenio y a dicho Protocolo por los Estados adherentes a las Comunidades Europeas, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio por lo que se refiere a estos territorios, de conformidad con el artículo 73, apartado 2.
1. Tras su entrada en vigor, podrán adherirse al presente Convenio:
los Estados que, tras la apertura a la firma del presente Convenio, se conviertan en miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio, en las condiciones previstas en el artículo 71;
los Estados miembros de la Comunidad Europea que actúen en nombre de determinados territorios no europeos que formen parte del territorio de ese Estado miembro o que sean responsables de las relaciones exteriores de dichos territorios, en las condiciones previstas en el artículo 71;
cualquier otro Estado, en las condiciones previstas en el artículo 72.
2. Los Estados a los que se refiere el apartado 1 que deseen convertirse en Parte contratante del presente Convenio dirigirán su solicitud al depositario. A la solicitud, junto con la información a que se refieren los artículos 71 y 72, deberán adjuntarse traducciones al inglés y al francés.
comunicarán la información requerida para solicitar la adhesión al presente Convenio;
podrán presentar declaraciones de conformidad con los artículos I y III del Protocolo no 1.
2. El depositario transmitirá la información recibida con arreglo al apartado 1 a las demás Partes contratantes antes de que el Estado interesado deposite su instrumento de adhesión.
podrán presentar declaraciones de conformidad con los artículos I y III del Protocolo no 1, y
suministrarán al depositario información sobre:
su sistema judicial, incluidas la designación y la independencia de los jueces,
sus normas internas de procedimiento civil y ejecución de resoluciones, y
sus reglas de Derecho internacional privado en materia de procedimiento civil.
2. El depositario transmitirá toda la información recibida con arreglo al apartado 1 a las demás Partes contratantes, antes de solicitar al Estado en cuestión que se adhiera al Convenio con arreglo al apartado 3 del presente artículo.
1. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el depositario.
2. En lo que respecta al Estado adherente mencionado en el artículo 70, el Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de adhesión. A partir de este momento, el Estado adherente será considerado Parte contratante del Convenio.
3. Cualquier Parte contratante podrá presentar al depositario un texto del presente Convenio en la lengua o las lenguas de esa Parte contratante, que será auténtico si así lo acuerdan las Partes contratantes de conformidad con el artículo 4 del Protocolo no 2.
1. El presente Convenio se celebra por un período de tiempo ilimitado.
2. Cualquier Parte contratante podrá, en cualquier momento, denunciar el Convenio, mediante notificación a tal efecto, dirigida al depositario.
un Protocolo no 1, relativo a determinados problemas de competencia, procedimiento y ejecución,
un Protocolo no 2, relativo a la interpretación judicial uniforme del Convenio y al Comité permanente,
un Protocolo no 3, relativo a la aplicación del artículo 67 del presente Convenio,
los anexos I a IV y el anexo VII, que contienen información sobre la aplicación del presente Convenio,
los anexos V y VI, que contienen las certificaciones mencionadas en los artículos 54, 57 y 58 del presente Convenio,
el anexo VIII, que indica las lenguas auténticas a que se refiere el artículo 79 del presente Convenio, y
el anexo IX, relativo a la aplicación del artículo II del Protocolo no 1.
Los Protocolos y los anexos forman parte integrante del presente Convenio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77, cualquier Estado contratante podrá solicitar la revisión del presente Convenio. A tal fin, el depositario convocará al Comité permanente establecido en el artículo 4 del Protocolo no 2.
1. Las Partes contratantes comunicarán al depositario el texto de las disposiciones legislativas que modifiquen las listas que figuran en los anexos I a IV, así como las supresiones o adiciones a la lista que figura en el anexo VII, y la fecha de su entrada en vigor. Dicha comunicación se efectuará con suficiente antelación a la entrada en vigor y deberá adjuntar traducciones al inglés y al francés. El depositario adaptará los anexos en consecuencia, tras consultar al Comité permanente de conformidad con el artículo 4 del Protocolo no 2. A tal fin, las Partes contratantes suministrarán las traducciones de las adaptaciones a sus lenguas.
2. Cualquier modificación de los anexos V a VI y los anexos VIII a IX del presente Convenio deberá ser aprobada por el Comité permanente, de conformidad con el artículo 4 del Protocolo no 2.
1. El depositario notificará a las Partes contratantes:
el depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión;
las fechas de entrada en vigor del presente Convenio para las Partes contratantes;
las declaraciones recibidas de conformidad con los artículos I a IV del Protocolo no 1;
las comunicaciones realizadas de conformidad con el artículo 74, apartado 2, artículo 77, apartado 1, y apartado 4, del Protocolo no 3.
2. A las notificaciones se adjuntarán traducciones al inglés y al francés.
relativo a determinados problemas de competencia, procedimiento y ejecución
3. Los Estados miembros de la Comunidad Europea vinculados por el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, o por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca sobre la notificación y el traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 19 de octubre de 2005, aplicarán en sus relaciones recíprocas dicho Reglamento y dicho Acuerdo.
«a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo».
Si Suiza formulare tal declaración, las demás Partes contratantes aplicarán la misma reserva en lo que respecta a las resoluciones dictadas por los tribunales de Suiza.
el derecho mencionado en el apartado 1, y
el derecho de que la autoridad mencionada en el artículo 39, no obstante lo dispuesto en el artículo 41, examine de oficio si existen motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución de una resolución.
relativo a la interpretación judicial uniforme del Convenio y al Comité permanente
CONSIDERANDO el artículo 75 del presente Convenio;
CONSIDERANDO la estrecha vinculación que existe entre el presente Convenio, el Convenio de Lugano de 1988 y los instrumentos a que se refiere el artículo 64, apartado 1, del presente Convenio;
CONSIDERANDO que el texto revisado del Convenio de Bruselas fue incorporado, tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en el Reglamento (CE) no 44/2001;
CONSIDERANDO que dicho texto revisado también ha constituido la base del texto del presente Convenio;
DESEANDO, con pleno respeto de la independencia judicial, impedir interpretaciones divergentes y conseguir una interpretación lo más uniforme posible de las disposiciones del presente Convenio, así como de las del Reglamento (CE) no 44/2001, que se reproducen en esencia en este Convenio, y de los demás instrumentos a que se refiere el artículo 64, apartado 1, del presente Convenio,
3. Hasta el establecimiento por las Comunidades Europeas del sistema previsto en el apartado 1, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas mantendrá el sistema de intercambio de información establecido en el Protocolo no 2 del Convenio de Lugano de 1988 para las resoluciones dictadas con arreglo al presente Convenio y al Convenio de Lugano de 1988.
1. Se creará un Comité permanente compuesto por los representantes de las Partes contratantes.
2. A instancia de una Parte contratante, el depositario del Convenio convocará reuniones del Comité que tratarán de lo siguiente:
consulta sobre la relación entre el presente Convenio y otros instrumentos internacionales,
consulta sobre la aplicación del artículo 67, incluidas las adhesiones previstas a instrumentos sobre materias particulares con arreglo al artículo 67, apartado 1, y la legislación propuesta con arreglo al Protocolo no 3,
consideración de la adhesión de nuevos Estados. En particular, el Comité podrá formular preguntas a los Estados adherentes a que se refiere el artículo 70, apartado 1, letra c), sobre sus sistemas judiciales y la aplicación del Convenio. El Comité también podrá considerar posibles adaptaciones al Convenio que sean necesarias para su aplicación en los Estados adherentes,
aceptación de nuevas versiones lingüísticas auténticas con arreglo al artículo 73, apartado 3, del presente Convenio, y las modificaciones necesarias del anexo VIII,
consulta sobre la revisión del Convenio con arreglo al artículo 76,
consulta sobre las modificaciones de los anexos I a IV y del anexo VII, con arreglo al artículo 77, apartado 1,
adopción de modificaciones de los anexos V y VI, con arreglo al artículo 77, apartado 2,
retirada de las reservas y declaraciones formuladas por las Partes contratantes con arreglo al Protocolo no 1 y modificaciones necesarias del anexo IX.
3. El Comité establecerá las normas de procedimiento que regulen su funcionamiento y toma de decisiones. Estas normas preverán la posibilidad de realizar consultas y adoptar decisiones por el procedimiento escrito.
1. Siempre que sea necesario, el depositario podrá convocar una reunión de expertos para intercambiar puntos de vista sobre la aplicación del Convenio y, en particular, sobre la evolución de la jurisprudencia y la nueva legislación que pueda influir en la aplicación del Convenio.
2. En dicha reunión participarán expertos de las Partes contratantes, de los Estados vinculados por el presente Convenio, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de la Asociación Europea de Libre Cambio. También podrán participar otros expertos cuya presencia se considere conveniente.
relativo a la aplicación del artículo 67 del Convenio
A los efectos del Convenio, las disposiciones que en materias particulares regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de resoluciones y que estuvieren o llegaren a estar contenidas en actos de las instituciones de las Comunidades Europeas quedarán asimiladas a los convenios mencionados en el artículo 67, apartado 1.
Si, a juicio de una Parte contratante, una disposición de un acto de las instituciones de las Comunidades Europeas no fuese compatible con el Convenio, las Partes contratantes considerarán sin demora la posibilidad de enmendarlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento establecido por el Protocolo no 2.
Cuando una o más Partes contratantes incorporen conjuntamente algunas o la totalidad de las disposiciones contenidas en los actos de las instituciones de la Comunidad Europea a que se refiere el apartado 1 a sus ordenamientos internos, estas disposiciones de Derecho nacional serán consideradas del mismo modo que los convenios a que se refiere el artículo 67, apartado 1.
Las Partes contratantes comunicarán al depositario el texto de las disposiciones mencionadas en el apartado 3. A la comunicación se adjuntarán traducciones al inglés y al francés.
Las normas de competencia nacionales mencionadas en el artículo 3, apartado 2, y en el artículo 4, apartado 2, del Convenio, son las siguientes:
en Bélgica: artículos 5 a 14 de la Ley de 16 de julio de 2004 sobre Derecho internacional privado,
en Bulgaria: artículo 4, apartado 1, del Código de Derecho internacional privado,
en la República Checa: artículo 86 de la Ley no 99/1963 Coll., Ley de enjuiciamiento civil (občanský soudní řád), tal como ha sido modificada,
en Dinamarca: artículo 246, apartados 2 y 3, de la Ley sobre la administración de justicia (Lov om rettens pleje),
en Alemania: artículo 23 de la Ley de enjuiciamiento civil (Zivilprozeßordnung),
en Estonia: apartado 86 de la Ley de enjuiciamiento civil (tsiviilkohtumenetluse seadustik),
en Grecia: artículo 40 de la Ley de enjuiciamiento civil (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),
en Francia: artículos 14 y 15 del Código civil (Code civil),
en Islandia: artículo 32, apartado 4, de la Ley de enjuiciamiento civil (Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991),
en Irlanda: normas que permiten basar la competencia judicial en el documento por el que se incoa el procedimiento y que se ha notificado al demandado durante su estancia temporal en Irlanda,
en Italia: artículos 3 y 4 de la Ley 218 de 31 de mayo de 1995,
en Chipre: artículo 21, apartado 2, de la Ley no 14 sobre los tribunales de justicia de 1960, tal como ha sido modificada,
en Letonia: artículo 27, y artículo 28, apartados 3, 5, 6 y 9, de la Ley de enjuiciamiento civil (Civilprocesa likums),
en Lituania: artículo 31 de la Ley de enjuiciamiento civil (Civilinio proceso kodeksas),
en Luxemburgo: artículos 14 y 15 del Código civil (Code civil),
en Hungría: artículo 57 del Decreto-ley no 13 de 1979 sobre Derecho internacional privado (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),
en Malta: artículos 742, 743 y 744 del Código de organización y enjuiciamiento civil — Cap. 12 (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili-Kap. 12) y artículo 549 del Código mercantil — Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ-Kap. 13),
en Noruega: artículos 4 y 3, apartado 2, segunda frase, de la Ley de conflictos (tvisteloven),
en Austria: artículo 99 de la Ley sobre la competencia de los tribunales (Jurisdiktionsnorm),
en Polonia: artículos 1103 y 1110 de la Ley de enjuiciamiento civil (Kodeks postępowania cywilnego), en la medida en que determinan el tribunal competente según los criterios siguientes: que el demandado resida en Polonia, posea bienes en Polonia o tenga derechos de propiedad en Polonia, que el objeto del litigio se encuentre en Polonia y que una de las partes sea nacional de Polonia,
en Portugal: artículo 65 y artículo 65A de la Ley de enjuiciamiento civil (Código de Processo Civil) y artículo 11 del Código de procedimiento laboral (Código de Processo de Trabalho),
en Rumanía: artículos 148-157 de la Ley no 105/1992 sobre relaciones de Derecho internacional privado,
en Eslovenia: artículo 48, apartado 2, de la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), en relación con el artículo 47, apartado 2, de la Ley de enjuiciamiento civil (Zakon o pravdnem postopku) y el artículo 58 de la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), en relación con el artículo 59 de la Ley de enjuiciamiento civil (Zakon o pravdnem postopku),
en Suiza: le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del sequestro, en el sentido del artículo 4 de la loi fédérale sur le droit international privé/Bundesgesetz über das internationale Privatrecht/legge federale sul diritto internazionale privato,
en Finlandia: frases segunda, tercera y cuarta, apartado 1, artículo 1, capítulo 10, de la Ley de enjuiciamiento civil (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),
en Suecia: primera frase, apartado 1, artículo 3, capítulo 10, Código procesal (rättegångsbalken),
las disposiciones relativas a la competencia basadas en:
una cédula de emplazamiento notificada al demandado que se encuentre temporalmente en el Reino Unido;
la existencia en el Reino Unido de bienes propiedad del demandado;
el embargo por el demandante de bienes situados en el Reino Unido.
Los tribunales o autoridades competentes ante los que se presentará la solicitud a que se refiere el artículo 39 del Convenio son los siguientes:
en Bélgica: tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht,
en Bulgaria: Софийски градски съд,
en la República Checa: okresní soul o soudní exekut,
en Dinamarca: byret,
el Presidente de una Sala del Landgericht;
un notario en un procedimiento de otorgamiento de la ejecución de un instrumento auténtico,
en Estonia: maakohus (tribunal de condado),
en Grecia: Μονομελές Πρωτοδικείο,
en España: Juzgado de Primera Instancia,
el greffier en chef du tribunal de grande instance;
el président de la chambre départementale des notaires en caso de solicitud de otorgamiento de la ejecución de un instrumento auténtico,
en Irlanda: High Court,
en Islandia: héraðsdómur,
en Italia: corte d’appello,
en Chipre: Επαρχιακό Δικαστήριο o, en caso de resoluciones en materia de alimentos, el Οικογενειακό Δικαστήριο,
en Letonia: rajona (pilsētas) tiesa;
en Lituania: Lietuvos apeliacinis teismas,
en Luxemburgo: Presidente del tribunal d’arrondissement,
en Hungría: megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság y, en Budapest el Budai Központi Kerületi Bíróság,
en Malta: Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, Reġistratur tal-Qorti, previa transmisión por el Ministru responsabbli għall-Ġustizzja,
en los Países Bajos: voorzieningenrechter van de rechtbank,
en Noruega: tingrett,
en Austria: Bezirksgericht,
en Polonia: sąd okręgowy,
en Portugal: Tribunal de Comarca,
en Rumanía: Tribunal,
en Eslovenia: okrožno sodišče,
en Eslovaquia: okresný súd,
en lo que respecta a resoluciones que ordenan el pago de una cantidad de dinero, el juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pronunciare sul rigetto dell’opposizione, en el marco del procedimiento regulado por los artículos 80 y 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento;
en lo que respecta a las resoluciones que ordenan hacer algo distinto del pago de una cantidad, el juge cantonal d’exequatut compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/giudice cantonale competente a pronunciare l’exequatur;
en Finlandia: käräjäoikeus/tingsrätt,
en Suecia: Svea hovrätt,
en Inglaterra y Gales, la High Court of Justice, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Magistrates’ Court, previa transmisión por el Secretario de Estado;
en Escocia, la Court of Session, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Sheriff Court, previa transmisión por el Secretario de Estado;
en Irlanda del Norte, la High Court of Justice, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Magistrates’ Court, previa transmisión por el Secretario de Estado;
en Gibraltar, la Supreme Court of Gibraltar, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Magistrates’ Court, previa transmisión por el Attorney General de Gibraltar.
Los tribunales o autoridades competentes ante los que se interpondrán los recursos a los que se refiere en el artículo 43, apartado 2, del Convenio, son los siguientes:
cuando se trate de un recurso interpuesto por la parte contra la que se solicitare la ejecución, tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliche Gericht;
cuando se trate de un recurso interpuesto por la parte que solicitare la ejecución, cour d’appel/hof van beroep,
en Bulgaria: Апелативен съд — София,
en la República Checa: el tribunal de apelación a través del tribunal de distrito,
en Dinamarca: landsret,
en la República Federal de Alemania: Oberlandesgericht,
en Estonia: ringkonnakohus,
en Grecia: Εφετείο,
en España: el Juzgado de Primera Instancia que dictó la resolución recurrida para ser resuelto el recurso por la Audiencia Provincial,
cour d'appel para las decisiones que conceden la aplicación;
el juez que presida el tribunal de grand instance, sobre las decisiones que desestiman la aplicación,
en Italia: corte d'appello,
en Chipre: Επαρχιακό Δικαστήριο o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, el Οικογενειακό Δικαστήριο,
en Letonia: Apgabaltiesa a través del rajona (pilsētas) tiesa,
en Luxemburgo: la Cour supérieure de justice reunida para entender en materia de apelación civil,
en Hungría: el órgano jurisdiccional local situado en la sede del tribunal de distrito (en Budapest, el tribunal central de distrito de Buda); el recurso es asignado por el tribunal de distrito (en Budapest, el Tribunal de la capital),
en Malta: Qorti ta’ l-Appell de conformidad con el procedimiento establecido para los recursos en el Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap.12, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, mediante ċitazzjoni ante Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha,
en los Países Bajos: rechtbank,
en Noruega: lagmannsrett,
en Austria: Landesgericht a través del Bezirksgericht,
en Polonia: sąd apelacyjny a través del sąd okręgowy,
en Portugal: el tribunal competente es el Tribunal da Relação. Los recursos se interponen, en las condiciones previstas en la legislación nacional vigente, mediante un escrito de recurso dirigido al tribunal que dictó la resolución objeto del recurso,
en Rumanía: Curte de Apel,
en Eslovaquia: el tribunal de apelación a través del tribunal de distrito cuya resolución se recurrre,
en Suiza: tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale,
en Finlandia: hovioikeus/hovrätt,
en Inglaterra y Gales, la High Court of Justice, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Magistrates’ Court;
en Escocia, la Court of Session o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Sheriff Court;
en Irlanda del Norte, la High Court of Justice, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Magistrates’ Court;
en Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Magistrates’ Court.
Los recursos que podrán interponerse en virtud del artículo 44 del Convenio son los siguientes:
en Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y en los Países Bajos, un recurso de casación,
en Bulgaria: обжалване пред Върховния касационен съд,
en la República Checa: dovolání y žaloba pro zmatečnost,
en Dinamarca: un recurso al højesteret, previa autorización del Procesbevillingsnævnet,
en la República Federal de Alemania: una Rechtsbeschwerde,
en Estonia: kassatsioonkaebus,
en Irlanda: un recurso sobre una cuestión de Derecho ante la Supreme Court,
en Islandia: un recurso ante el Hæstiréttur,
en Chipre: un recurso ante la Supreme Court,
en Letonia: un recurso ante Augstākās tiesas Senāts a través de Apgabaltiesa,
en Lituania: un recurso ante Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,
en Hungría: felülvizsgálati kérelem,
en Malta: no se puede interponer recurso ante ningún tribunal; si se tratare de una resolución en materia de alimentos, el Qorti ta’ l-Appell, de conformidad con el procedimiento establecido para recurrir en el kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili-Kap. 12,
en Noruega: un recurso ante el Høyesterett,
en Austria: Revisionsrekurs,
en Polonia: skarga kasacyjna,
en Portugal: un recurso sobre una cuestión de Derecho,
en Rumanía: contestație în anulare o revizuire,
en Eslovenia: un recurso ante Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
en Eslovaquia: dovolanie,
en Suiza: recours devant le Tribunal fédéral/Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso davanti al Tribunale federale,
en Finlandia: un recurso ante korkein oikeus/högsta domstolen,
en Suecia: un recurso ante Högsta domstolen,
en el Reino Unido: un recurso único sobre una cuestión de Derecho.
Tribunal o autoridad competente que expide la certificación
Tel./fax/correo electrónico
Tribunal que dictó la resolución/ratificó la transacción judicial (*)
Resolución/transacción judicial (*)
Parte(s) de la resolución/transacción judicial (*)
Nombre(s) y apellidos de la(s) parte(s) demandante(s)
Nombre(s) y apellidos de la(s) parte(s) demandada(s)
Nombre(s) y apellidos de otra(s) partes(s), en su caso
Fecha de notificación o traslado de la cédula de emplazamiento cuando la resolución haya sido dictada en rebeldía
Texto de la resolución/transacción judicial (*) en anexo a la presente certificación
Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de justicia gratuita
La resolución/transacción judicial (*) es ejecutoria en el Estado de origen (artículo 38/58 del Convenio) frente a:
Autoridad que otorgó fuerza ejecutiva al documento
Nombre y designación de la autoridad
en la que se redactó el documento
en otro caso: en la que se registró el documento
Partes del documento público con fuerza ejecutiva
Designación del acreedor
Designación del deudor
Texto de la obligación ejecutoria en anexo a la presente certificación
El documento público con fuerza ejecutiva es ejecutorio en el Estado de origen (artículo 57, apartado 1, del Convenio) frente al deudor:
Los convenios sustituidos a que se refiere el artículo 65 del Convenio son los siguientes:
el Tratado entre la Confederación Suiza y España sobre ejecución recíproca de las sentencias definitivas o firmes en materia civil y mercantil, firmado en Madrid el 19 de noviembre de 1896,
el Convenio entre la República Checoslovaca y la Confederación Suiza sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales con su Protocolo adicional, firmado en Berna el 21 de diciembre de 1926,
el Convenio entre la Confederación Suiza y el Reich alemán relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Berna el 2 de noviembre de 1929,
el Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre reconocimiento y ejecución de sentencias, firmado en Copenhague el 16 de marzo de 1932,
el Convenio entre la Confederación Suiza e Italia sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias, firmado en Roma el 3 de enero de 1933,
el Convenio entre Suecia y la Confederación Suiza sobre el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Estocolmo el 15 de enero de 1936,
el Convenio entre la Confederación Suiza y Bélgica sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Berna el 29 de abril de 1959,
el Convenio entre Austria y la Confederación Suiza sobre reconocimiento y ejecución de sentencias, firmado en Berna el 16 de diciembre de 1960,
el Convenio entre Noruega y el Reino Unido sobre reconocimiento recíproco y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Londres el 12 de junio de 1961,
el Convenio entre Noruega y la República Federal de Alemania sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y documentos ejecutivos en materia civil y mercantil, firmado en Oslo el 17 de junio de 1977,
el Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Copenhague el 11 de octubre de 1977, y
el Convenio entre Noruega y Austria sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Viena el 21 de mayo de 1984.
Estados y normas a que se refiere el artículo II del Protocolo no 1:
Alemania: artículos 68, 72, 73 y 74 de la Ley de enjuiciamiento civil (Zivilprozessordnung) sobre litis denuntiatio,
Austria: artículo 21 de la Ley de enjuiciamiento civil (Zivilprozeßordnung) sobre litis denuntiatio,
Hungría: artículos 58 a 60 de la Ley de enjuiciamiento civil (Polgári perrendtartás) sobre litis denuntiato,
Suiza, con respecto a los cantones cuyas Leyes de enjuiciamiento civil aplicables no prevean la competencia judicial a que se refieren el artículo 6, punto 2, y el artículo 11 del Convenio: las disposiciones pertinentes sobre litis denuntiatio de la Ley de enjuiciamiento civil aplicable.

References: artículo 14
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 19
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 43
 artículo 3
 artículo 70
 artículo 73
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 72
 artículo 70
 artículo 4
 artículo 67
 artículo 79
 artículo 77
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 74
 artículo 77
 resolución 
 artículo 39
 artículo 41
 artículo 75
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 70
 artículo 73
 artículo 76
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 76
 artículo 67
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 86
 artículo 246
 artículo 23
 artículo 40
 artículo 32
 artículo 21
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 31
 artículo 57
 artículo 549
 artículo 99
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 11
 artículo 48
 artículo 47
 artículo 58
 artículo 59
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 39
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 resolución 
 resolución 
 artículo 65
 artículo 21
 artículo 6
 artículo 11