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Timestamp: 2019-10-14 23:33:20+00:00

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Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación
Artículo 1 Carencia de rentas o ingresos
Artículo 2 Carencia personal de rentas o ingresos del solicitante
Artículo 3 Carencia de rentas o ingresos de la unidad económica de convivencia
Artículo 4 Rentas o ingresos computables
Artículo 5 Rentas o ingresos computables derivados del trabajo
Artículo 6 Rentas o ingresos computables derivados del capital mobiliario e inmobiliario
Artículo 7 Rentas o ingresos no computables
El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, regula dentro del sistema de la Seguridad Social una formula de protección no contributiva, que fue establecida por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. El Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, desarrolla la Ley 26/1990, en materia de pensiones no contributivas.
El análisis y evaluación de la regulación vigente y sus efectos, a fin de determinar si son cubiertas las expectativas previstas y el objeto real de esta modalidad de protección, la jurisprudencia emanada de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que se han pronunciado sobre el concepto de renta o ingreso computable y su imputación personal, así como las reglas de cálculo para determinar el importe del límite de acumulación de recursos en supuestos en que el pensionista acredite la necesidad del concurso de otra persona para los actos más esenciales de la vida, han puesto de manifiesto la existencia de imprecisiones y lagunas en la normativa reguladora de las pensiones no contributivas.
Esta orden tiene por finalidad desarrollar y clarificar las normas de aplicación contenidas en el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, respecto al computo de rentas o ingresos, su imputación, así como las reglas de cálculo de los límites de acumulación de recursos, a fin de garantizar una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos respecto a la determinación del derecho y la cuantía de las pensiones no contributivas con una regulación más clara y precisa.
En la tramitación del proyecto normativo se ha cumplimentado el trámite de consulta a las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra.
Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en la disposición final primera del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, y en el artículo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Política Social y del Ministro de Trabajo e Inmigración, dispongo:
El requisito de carecer de rentas o ingresos suficientes se entenderá cumplido cuando el solicitante acredite dicha carencia a nivel personal. No obstante, cuando el solicitante conviva con otras personas en una misma unidad económica de convivencia, se tendrán en cuenta los ingresos de todos los miembros de la referida unidad para determinar el cumplimiento de dicho requisito, tal y como se especifica en los artículos siguientes.
Se considerará que existen rentas o ingresos personales insuficientes cuando los que disponga o se prevea va a disponer el solicitante, en cómputo anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía, también en cómputo anual, de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
1. Cuando el solicitante carezca de rentas o ingresos personales suficientes en los términos establecidos en el artículo 2 de esta orden, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido dicho requisito cuando la suma de las rentas o ingresos computables de todos los integrantes de aquélla, sea inferior al límite de acumulación de recursos aplicable a la unidad económica. Dicho limite será el equivalente a lo que resulte de la suma de la cuantía de la pensión que, en cómputo anual, es establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, más el 70 por ciento de dicha cuantía multiplicado por el número de convivientes menos uno, de lo que es expresión matemática la siguiente formula:
L = Límite de Acumulación de Recursos.
C= Cuantía anual de la pensión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
m = Número de convivientes que integran la unidad económica.
2. Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes consanguíneos o por adopción en primer grado, el límite de acumulación de recursos será equivalente a multiplicar por 2'5, lo que resulte de la suma de la cuantía de la pensión que, en cómputo anual, es establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, más el 70 por ciento de dicha cuantía multiplicado por el número de convivientes menos uno, de lo que es expresión matemática la siguiente formula:
1. A efectos de acreditar el requisito de carencia de rentas o ingresos, se considerarán rentas o ingresos computables los bienes y derechos de que dispongan anualmente el beneficiario o la unidad económica de convivencia, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos, computándose por su importe íntegro o bruto.
2. En todo caso, se computaran las rentas o ingresos, de cualquier naturaleza, que se tengan derecho a percibir o disfrutar, salvo las excepciones recogidas en el artículo 7 de la presente Orden.
a) Los gastos destinados a la adquisición de bienes o servicios a terceros, así como para su mantenimiento.
b) Los gastos destinados a abonar las retribuciones a empleados, incluidos los costes de Seguridad Social.
c) Los gastos derivados de reparaciones, conservación y arrendamiento de bienes muebles o inmuebles afectados por la actividad, así como los gastos derivados de la utilización de recursos financieros ajenos para el desarrollo de la actividad.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, se habilita a la Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para dictar, en caso necesario, cuantas resoluciones exija el cumplimiento de lo dispuesto en esta orden.

References: Real Decreto 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 149