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Timestamp: 2020-01-22 03:20:33+00:00

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PDVM señala a Maduro y Diosdado como traidores a la patria
La junta directiva de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM) ha señalado como traidores de la patria al presidente Nicolás Maduro y al presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. La acusación está argumentada en el apoyo que han ofrecido, desde sus cargos públicos, al presidente del Consejo de Estado de Cuba, Raúl Castro, quien es, para la plataforma, “el jefe del cooperador y cómplice ejército de ocupación que cohonesta el violento y generalizado ataque contra la población civil venezolana”. El corresponsal en Madrid de Informe21, José A. Puglisi, ha conversado con el presidente de la PDMV, Williams Cárdenas, para analizar este pronunciamiento que también recae sobre el tren ejecutivo y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que participaron ayer en los actos organizados por el Gobierno Nacional.
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han pasado de verdugos a imputados. Tras acusar por años de “apátridas” a una parte de los venezolanos, la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM) ahora les señala como “traidores de la patria”, según lo expuesto en el comunicado que han difundido hoy. Una vuelta de tuerca en la política nacional que pone más presión a un Gobierno que ya enfrenta un mes de protestas, así como importantes exigencias internacionales de democracia y transparencia.
La traición a la patria recae, principalmente, en las facilidades otorgadas por Maduro y Diosdado para la injerencia del gobierno cubano en la política y seguridad nacional. En este sentido, la junta directiva de la PDVM afirma que “Raúl Castro [presidente del Consejo de Estado de Cuba] es el jefe del cooperador y cómplice ejército de ocupación que cohonesta el violento y generalizado ataque contra la población civil venezolana, que se ha traducido en una grave y sistemática violación de sus derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad”.
Una situación que permite a la PDVM asegurar que “la intervención del gobierno de la tiranía cubana, de los hermanos Castro Ruz, en los asuntos internos de Venezuela ha alcanzado el grado de crimen y acto de agresión de potencia extranjera, tipificados por la Resolución RC/Res.6 del Estatuto de Roma (Artículo 8 bis) y la Resolución 3314 de las NN.UU, ocasionando muerte, dolor y tragedia para la población venezolana”.
El presidente de la Plataforma Democrática, Williams Cárdenas, precisa en exclusiva a Informe21 que “el crimen de agresión es un delito definido por las Naciones Unidas en la Resolución 3314 y, más recientemente, por el Estatuto de Roma. Donde precisan que, aunque los autores simulen u oculten su ejecución, la ubicación de elementos objetivos demostrará la existencia del delito”.
De ahí que la Plataforma indique que: “rechazamos y repudiamos de manera absoluta la presencia de Raúl Castro, en territorio venezolano, con ocasión de los actos programados por el gobierno nacional en Caracas el 5 de marzo de 2014”. Al tiempo que suma al listado de traidores de la patria “al tren ejecutivo y a los miembros de la Fuerza Armada Nacional que han participado en dichos actos con el jefe de los invasores”.
Demostración del delito
Para comprobar que Cuba está cometiendo un acto de agresión de potencia extranjera, el presidente de PDVM aclara que la Resolución 3314 admite como elementos objetivos para demostrar un crimen la existencia de: actuación de fuerzas, milicias o componentes de fuerzas armadas extranjeras en otro estado, independientemente de la justificación y figura que se de a su presencia en aquel territorio; así como ataques contra la población civil, violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; y el quebrantamiento de la soberanía o la independencia política de un estado que facilita los hechos antes descritos. Un listado que, para la Plataforma, está presente en el caso de la intervención cubana en Venezuela y que recuerda los acontecimientos ocurridos en Granada durante 1979.
Asimismo, Cárdenas se remite al artículo 8 bis de la enmienda RC/res.6 del Estatuto de Roma. Normativa que reza: “a los efectos del presente Estatuto, una persona comete un ‘crimen de agresión’ cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”.
Siendo la misma ley la que puntualice que “por ‘acto de agresión’ se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra”.
En la tipología de “actos de agresión”, Cárdenas explica que el caso venezolano encaja con el descrito por la ley cuando prohíbe: “la utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo”.
Consciente de la gravedad del delito, Cárdenas precisa, así como indica el comunicado, que “la comunidad internacional deberá entender que la sociedad venezolana puede ejercer su derecho a la legítima defensa de su población y territorio, contra el agresor extranjero y el cipayo traidor, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de las NN.UU.”. En otras palabras, la cláusula legal para que Venezuela ejerza la legítima defensa de su territorio y de sus ciudadanos, ya sea a través de sus fuerzas armadas o, en el caso de que estas no actúen o sean partícipes, por parte de la propia población civil.
Por Informe21.com/"@JosePuglisi

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 51