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Timestamp: 2017-12-12 16:01:17+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 9 de diciembre de 2010. Educación. Enseñanza no universitaria. Castellano como lengua vehicular en Cataluña - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Educación: Derechos lingüísticos. Solicitud para que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria y para que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, dirigidas por el centro escolar lo sean en castellano. Bilingüismo en la enseñanza. El castellano no ha sido excluido normativamente como lengua vehicular y docente en la enseñanza no universitaria ni tampoco en la práctica si bien la lengua empleada prioritariamente es el catalán. Es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma. Derecho de opción lingüística. Obligación de la Administración educativa de la Generalidad de Cataluña de considerar tanto al catalán como al castellano como lenguas vehiculares de la enseñanza en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. No pueda aceptarse la exclusividad del catalán como lengua única vehicular.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, ha visto el recurso de casación número 793 de 2009, interpuesto por la Procuradora Doña Fabiola Simón Bullido en nombre y representación de Don Victoriano, contra la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha cinco de diciembre de dos mil ocho, en el recurso contencioso-administrativo número 485 de 2006.
Primero.-La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, dictó Sentencia, el cinco de diciembre de dos mil ocho, en el Recurso número 485 de 2006, en cuya parte dispositiva se establecía: "Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo. No efectuar pronunciamiento sobre imposición de las costas procesales devengadas en el presente recurso".
Segundo.-En escrito de veintitrés de enero de dos mil nueve, el Procurador Don Jorge Belsa Colina, en nombre y representación de Don Victoriano, interesó se tuviera por presentado el recurso de casación contra la Sentencia mencionada de esa Sala de fecha cinco de diciembre de dos mil ocho.
La Sala de Instancia, por Providencia de veintisiete de enero de dos mil nueve, procedió a tener por preparado el Recurso de Casación, con emplazamiento de las partes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de treinta días.
Tercero.-En escrito de dieciséis de marzo de dos mil nueve, la Procuradora Doña Fabiola Simón Bullido, en nombre y representación de Don Victoriano, procedió a formalizar el Recurso de Casación, interesando la revocación de la Sentencia dictada por la Sala de instancia, y que se dicte en su día nueva resolución ajustada a Derecho, admitiéndose el mismo por Providencia de dieciocho de diciembre de dos mil nueve.
Cuarto.-En escrito de veinticuatro de febrero de dos mil diez, el Abogado de la Generalidad de Cataluña, en representación y defensa de la misma, manifiesta su oposición al Recurso de Casación y solicita se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Quinto.-Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el día veinte de octubre de dos mil diez, en cuya fecha tuvo lugar, continuando la deliberación en diecisiete, veinticuatro y treinta de noviembre en que concluyó.
Primero.-La representación procesal de D. Victoriano interpuso recurso de casación frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Sección Quinta, de cinco de diciembre de dos mil ocho, pronunciada en el recurso contencioso administrativo núm. 485/2006, deducido contra la resolución de la Consejería de Educación, de 2 de mayo de 2006, que desestimó las solicitudes presentadas por D. Victoriano, en nombre de sus hijos, Lucía y José, estudiantes de 2.º de ESO en el centro docente SIL, y 3.º de primaria en el centro docente Escola del Carme, respectivamente, para que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y para que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que les sean dirigidas por el centro escolar lo sean en castellano, lengua oficial en todo el territorio del Estado, porque la competencia en la materia corresponde a su titular, y estime las solicitudes en cuanto al reconocimiento de su derecho a recibir las comunicaciones, por parte de la Administración Educativa, en lengua castellana siempre que así lo solicite.
La Sentencia desestimó el recurso.
Segundo.-El fundamento de Derecho segundo de la Sentencia recurrida manifestó que el suplico de la demanda alteró sustancialmente la pretensión deducida en vía administrativa, ya que junto a la nulidad de pleno derecho de la resolución de la Consejera de Educación, de 2 de mayo de 2006, se solicitó, igualmente, la nulidad de pleno derecho de: 1) La Resolución, de 1 de julio de 2005, que da instrucciones para la organización de los centros docentes privados de educación infantil y primaria y educación especial en Cataluña para el curso 2005/2006.
2) La Resolución, de 1 de julio de 2005, que da instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros docentes privados de educación secundaria de Cataluña para el curso 2005/2006.
3) El Decreto 75/1992, de 9 de marzo, por el cual se establecen la ordenación general de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria en Cataluña.
4) El Decreto 94/1992, de 28 de abril, por el cual se establece la ordenación curricular de la educación infantil.
5) El Decreto 95/1992, de 28 de abril, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación primaria, modificado por el Decreto 223/1992, de 25 de septiembre.
6) El Decreto 96/1992, de 28 de abril, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria, modificado por los Decretos 223/1992, de 25 de septiembre, 127/2001, de 15 de mayo, y 179/2002, de 25 de junio, declarando la ilicitud de la exclusión del castellano como lengua de enseñanza en todos los niveles y modalidades educativas y de comunicación, obligando a la Administración Educativa a reintroducir la lengua castellana como lengua de enseñanza en todos los niveles y modalidades educativas y de comunicación.
También pretende la parte actora que, de entender el Tribunal que los preceptos de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, invocados en la fundamentación de la resolución impugnada pueden ser interpretados en el sentido que lo hace, esto es, de la legalidad de la exclusión del castellano como lengua de enseñanza y comunicación, plantee la cuestión de inconstitucionalidad de aquellos preceptos -20.1 y 2, y 21.1 ".
El fundamento tercero de la Sentencia afirma que sobre la cuestión suscitada en este recurso se ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional Sentencia 337/1994, el Tribunal Supremo en Sentencias de 13 de julio de 1995 y de 17 de abril de 1996, y este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sus sentencias de 23 de marzo de 1999, 14 de septiembre de 2004, 17 de febrero de 2005, entre otras, que son suficientemente conocidas por las partes, por lo que si bien resulta innecesaria su trascripción literal, sí parece conveniente hacer un resumen de la doctrina fijada.
En los dos fundamentos siguientes cuarto y quinto se refiere la Sentencia a la Ley 1/1998 de 7 de enero de Política Lingüística, que establece que el catalán, como lengua propia de Cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativas (artículo 20.1), y debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria (artículo 21.1), sin perjuicio del derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual (artículo 21.2).
Por otra parte la propia Ley dispone que en Cataluña todas las personas tienen derecho a expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, oralmente y por escrito, en las relaciones y actos públicos y privados, a utilizar libremente cualquiera de esas dos lenguas en todos los ámbitos y a no ser discriminadas por razón de la lengua oficial que utilicen (artículo 4.1)
Y en el fundamento quinto citado trascribe el resumen que realiza el Letrado de la Generalidad del ordenamiento jurídico y de la interpretación y aplicación realizada por la jurisprudencia, sobre los derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza en Cataluña y que son: 1 El derecho a la educación, en su aspecto lingüístico, no garantiza ningún derecho de libre opción a recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales.
2. El modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral es conforme con el bloque de constitucionalidad.
4. Se reconoce el derecho a escoger la lengua docente tan solo en la primera etapa de la enseñanza.
Además, como cláusula de salvaguarda, debe consignarse el reconocimiento de derechos lingüísticos del artículo 4, antes mencionado.
En un fundamento posterior, el sexto, se refiere a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de diciembre de 1994 que trascribe en parte, y que, según afirma, coincide con los tres puntos que recogió en el fundamento anterior en cuanto al uso del catalán en el ámbito de la enseñanza.
Ese fundamento expone lo que sigue: "En orden a los apartados 1, 2 y 3, que se acaban de citar, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de 23 de diciembre de 1994, declara: 1. "(...) el contenido del deber constitucional de conocimiento del castellano - que este Tribunal ha precisado en la STC 82/1986 - no puede generar un pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano. Pues tal derecho no se deriva del art. 3 C.E ni del art. 3.3 del E.A.C. al que se remite el art. 3.2 C. E.
No cabe olvidar, en efecto, que de la cooficialidad de la lengua propia de una Comunidad Autónoma se derivan consecuencias en lo que respecta a su enseñanza, como hemos reiterado en anteriores decisiones (SSTC 87/1983, fundamento jurídico 5; 88/1983, fundamento jurídico 4. y 123/1988, fundamento jurídico 6).
Al igual que hemos dicho, en lo que importa al presente caso, que no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano (STC 137/1986, fundamento jurídico 1), dado que esta consecuencia se deriva del art. 3 C.E y de lo dispuesto en el respectivo Estatuto de Autonomía. Doctrina que, aunque sentada para un modelo de bilingüismo en la enseñanza basado en la elección de la lengua cooficial en la que aquella ha de recibirse -como es el caso del País Vasco-, es igualmente aplicable a un modelo basado en la conjunción de ambas lenguas cooficiales, como es el que inspira la Ley 7/1983, del Parlamento de Cataluña.
De otra parte, también desde la perspectiva del art. 27 C.E ha de llegarse a la conclusión de que ni del contenido del derecho constitucional a la educación reconocido en dicho precepto ni tampoco, en particular, de sus apartados 2, 5 y 7 se desprende el derecho a recibir la enseñanza en sólo una de las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma, a elección de los interesados.
El derecho de todos a la educación, no cabe olvidarlo, se ejerce en el marco de un sistema educativo en el que los poderes públicos -esto es, el Estado a través de la legislación básica y las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias en esta materia- determinan los currículos de los distintos niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las concretas áreas o materias objeto de aprendizaje, organizando asimismo su desarrollo en los distintos Centros docentes; por lo que la educación constituye, en términos generales, una actividad reglada.
De este modo, el derecho a la educación que la Constitución garantiza no conlleva que la actividad prestacional de los poderes públicos en esta materia pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua docente.
Y por ello los poderes públicos -el Estado y la Comunidad Autónoma- están facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una Comunidad Autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza, de conformidad con el reparto competencial en materia de educación."
2. " (...) si el tenor literal del art. 14.2 -de idéntico contenido al actual artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística - sólo reconoce el derecho a recibir la enseñanza en la lengua habitual en la etapa de la "primera enseñanza" y establece que la Administración educativa deberá adoptar las medidas convenientes para que "los alumnos no sean separados en Centros distintos por razón de la lengua" (art. 14.5 de la Ley), ello obedece al modelo de bilingüismo integral o de conjunción lingüística que ha inspirado la Ley catalana (...)
3. "El "modelo de conjunción lingüística que inspira la Ley 7/1983, del Parlamento de Cataluña, es constitucionalmente legítimo en cuanto responde a un propósito de integración y cohesión social en la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea la lengua habitual de cada ciudadano.
Al igual que es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Si al término de los estudios básicos los estudiantes han de conocer suficientemente y poder usar correctamente las dos lenguas cooficiales en Cataluña (art. 14.4 de la Ley), es evidente que ello garantiza el cumplimiento de la previsión del art. 3.1 C.E sobre el deber de conocimiento del castellano, al exigirse en dichos estudios no sólo su aprendizaje como materia curricular sino su empleo como lengua docente (STC 6/1982).
De otro, al ser el catalán materia curricular y lengua de comunicación en la enseñanza, ello asegura que su cooficialidad se traduzca en una realidad social efectiva; lo que permitirá corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente y excluir que dicha lengua ocupe una posición marginal o secundaria."
Y en el fundamento séptimo en relación con el derecho a escoger la lengua docente tan solo en la primera etapa de la enseñanza al examinar qué debe entenderse por primera enseñanza se remite a las Sentencias de 14 de septiembre de 2004 y 17 de febrero de 2005, que el concepto primera enseñanza del artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística (que reproduce el contenido del artículo 14.2 de la Ley 7/1983, de 14 de abril), entendido como concepto pedagógico, no puede interpretarse como equivalente a la educación infantil y primaria de la LOGSE, vigente desde 1990, sino que debe entenderse en la extensión sentada por la jurisprudencia, con fundamento en los límites establecidos por la STS, de 17 de abril de 1996 y reproduce parte de la misma para concluir que en base a ello, este Tribunal ha afirmado en las sentencias citadas que procede entender el concepto de primera enseñanza del artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de Política Lingüística, "en la extensión alegada por la Administración demandada en el escrito de contestación a la demanda al explicitar que "La concreció efectuada pel Decret 362/1983 del concepte "primer ensenyament" com el cicle inicial d'EGB i al període preescolar és equivalent, fent una traslació amb la nova ordenació del sistema educatiu, a l'educació infantil i al primer cicle de l'educació primària."
En consecuencia, debe desestimarse el recurso contencioso en los términos aquí planteados. El castellano no ha sido excluido normativamente como lengua vehicular y docente en la enseñanza no universitaria ni tampoco en la práctica si bien la lengua empleada prioritariamente es el catalán.
Prueba de ello es que determinadas materias se imparten en castellano, y ello sin perjuicio de los derechos lingüísticos reconocidos.
Ante la indeterminación del petitum de la propia actora, no cabe pronunciarse sobre la proporcionalidad del empleo del castellano".
Y concluye la Sentencia rechazando también, fundamento octavo, "La pretensión de que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que les sean dirigidas por los centros escolares SIL y Escola del Carme lo sean en castellano, no puede ser acogida porque se trata de centros privados y no públicos, recayendo la competencia en esta materia en su titular.
En efecto, este Tribunal ya ha tenido ocasión de decir en la sentencia 267/2006, de 22 de marzo de 2006, al resolver una pretensión similar que " (...) el centro (...) es un colegio privado...que tenía suscrito un concierto...con la Administración demandada, a tenor del art. 47 y siguientes de la LODE (L.O. 8/85), o del art. 75 y siguientes de la LOCE (L.O. 10/2002), que sustituyeron a los anteriores, de forma que desarrollaba aquél, en los términos del art. 75.1 de la LOCE, una actividad privada de prestación del servicio de interés público de la educación, que como tal, no es asimilable al servicio público en sentido propio, siendo que, con arreglo a los arts. 31.2, 33 y concordantes de la LLei del Parlament 1/98, de 7 de enero, de Política Lingüística, el centro no podía ser compelido en el sentido interesado por el actor, posibilidad que se remite legalmente a la actividad prestacional de servicio público propio.
Por último la Sentencia consideró innecesario plantear cuestión de inconstitucionalidad en los términos suscitados por la parte actora "habida cuenta de la doctrina constitucional fijada al examinar la constitucionalidad de los preceptos de la Ley de Política Lingüística de 14 de abril de 1983, de tenor similar a los de la Ley de la Política Lingüística de 7 de enero de 1998 ".
Tercero.-El recurso plantea un motivo único de acuerdo con el apartado d) del número 1 del Art. 88 de la Ley de la Jurisdicción por "infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate" citando como vulnerados los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución Española así como la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Sentencia 337/1994 y los artículos 6.2 y 35.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Ley Orgánica 6/2006.
Señala el motivo que la Sentencia vulnera los artículos 3 y 27 de la Constitución puesto que "En el caso presente, al resultar excluida la lengua castellana como lengua vehicular o de enseñanza, la legitimidad constitucional del sistema desaparece incontestablemente, por lo que, de acuerdo con el razonamiento del intérprete de la Constitución, se pierde el valor integrador y de cohesión social de la fórmula (que está sujeto a la condición de que no se excluya ninguna de las dos lenguas como lengua docente) y, por tanto, excluyendo el castellano, se atenta contra esa función, por lo que la integración y la cohesión social resultan dañadas, introduciéndose así un factor de desintegración y desestructuración contrario al orden y la paz social.
En efecto, si la lengua castellana es excluida como lengua vehicular o de aprendizaje ya no estaríamos ante un modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral, sino ante un modelo de "inmersión lingüística" monolingüe, en el que la presencia del castellano tendría la misma condición que una lengua extranjera, absolutamente incompatible con lo prescrito en los arts. 3 y 27 de la CE, tal como establece la referida sentencia constitucional 337/94 en su fundamento jurídico 10.º in fine".
Así, el pronunciamiento judicial no podía ni puede ser otro que la estimación del primero de los petitum de la demanda. Como establece el voto particular de la sentencia recurrida: "Se colige de cuanto antecede que carece de base legal la radical negativa de la Administración demandada, plasmada en la resolución impugnada de fecha 2 de mayo de 2006, en relación con la primera de las solicitudes formuladas por la parte actora, bien entendido que no se trataba de "reintroducir" el castellano como lengua vehicular, sino que, según se ha puesto de manifiesto, la condición del catalán como lengua vehicular en la enseñanza no universitaria, ex art. 21.1 de la LP 1/1998, y la interpretación constitucional de tal previsión, no permitía ni permite excluir de tal condición a la otra lengua oficial".
A lo anterior añade el motivo que la Sala debe integrar hechos que la Sentencia no tuvo en cuenta y para ello trascribe el párrafo que la misma contiene en el FJ noveno cuando afirmó que "El castellano no ha sido excluido normativamente como lengua vehicular y docente en la enseñanza no universitaria ni tampoco en la práctica si bien la lengua empleada prioritariamente es el catalán". Prueba de ello es que determinadas materias se imparten en castellano, y ello sin perjuicio de los derechos lingüísticos reconocidos".
Además considera que no se han tenido en cuenta hechos como los proyectos lingüísticos de los centros y así cita a título de ejemplo el de la Escola del Carme en el que puede leerse: "Garantizamos que la lengua catalana es la lengua vehicular de enseñanza y de la comunicación en nuestra escuela".
2. "El catalán es también lengua vehicular de la enseñanza en los ámbitos curriculares. Es la lengua en la que se expresan el profesorado y el alumnado y la lengua utilizada en los materiales didácticos que se empleen. El castellano como lengua oficial que ha de dominar el alumno será presente como enseñanza-aprendizaje en su propia área".
De integrarse estos datos, la sentencia hubiera sido otra, esto es, habría sido estimatoria de la pretensión del actor en el sentido de que cesara la exclusión del castellano como lengua docente y se reintrodujera como tal en la enseñanza de sus hijos".
También afirma que la exclusión del castellano como lengua docente vulnera el Art. 14 de la Constitución puesto que de acuerdo con el Art. 10.2 de la misma ha de estarse a los tratados internacionales y en particular a la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en materia de enseñanza de la UNESCO de 1960. Y menciona el Art. 1.1 y 2 "Artículo 1. 1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por "discriminación" toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza".
Artículo 1. 2. A los efectos de la presente Convención, la palabra "enseñanza" se refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y las condiciones en que se da".
Cita también la Sentencia del TEDH Sampanis y otros contra Grecia de 5 de junio de 2008.
"La exclusión del castellano como lengua docente y la consiguiente exclusividad del catalán como lengua vehicular sitúa a los castellanohablantes en una situación de manifiesta inferioridad respecto a los catalanohablantes, como veremos. Item más esa medida no alcanza una justificación objetiva y razonable y, en todo caso, no resulta proporcionada respecto a los fines a los que se dice ordenada.
En efecto, la normalización de la lengua catalana, fin que persigue la intervención de los poderes públicos en materia de lengua escolar, como toda intervención en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales, no es título de intervención autónomo sino una garantía de la libertad de lengua. Para que la dimensión individual de la libertad de lengua sea efectiva en relación con las lenguas naturales de una sociedad se precisa una garantía público-institucional (la oficialidad de esas lenguas) y la intervención de los poderes públicos para hacer efectiva esa libertad (ex art. 9 CE). Lo que incluye que esas lenguas sean lenguas de enseñanza en la escuela. Dicho de otro modo, en ningún caso la intervención de los poderes públicos a favor de la "normalización" de una lengua puede dejar de observar el principio de menor restricción o favor libertatis, el principio de igualdad y el principio de proporcionalidad.
De este modo, los castellanohablantes (el 59% de los escolares catalanes), obtienen peores resultados escolares que los catalanohablantes, como confirma un reciente estudio posterior al momento de la litis de instancia ("Equidad, excelencia y eficiencia educativa en Cataluña. Un análisis comparado", patrocinado por la Fundación Jaume Bofill). Los alumnos que hablan castellano obtienen una media de 40 puntos por debajo de los que hablan catalán. ¿A qué podemos atribuir esta manifiesta diferencia?. A diversas causas, en primer lugar al diferente nivel socioeconómico cultural. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, si comparamos grupos homogéneos de nivel socioeconómico y cultural de castellano y catalanohablantes, la diferencia (el informe sólo proporciona datos respecto de la prueba de ciencias) se mantiene. Para el nivel bajo (80% castellano hablantes, 20% catalanohablantes) la diferencia es de 17 puntos; para el nivel bajo-medio (69%/31%), 12 puntos; para el medio- alto (56%-44%), 41 puntos; para el nivel alto (41%//49%, 20 puntos. En todos los niveles socio-económicos culturales, por tanto, la diferencia es notable. No podría ser de otra manera.
En consecuencia, la exclusión del castellano como lengua docente resulta discriminatoria para los niños castellano hablantes y vulnera el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución Española".
Añade que se ha vulnerado la carga de la prueba
Y en cuanto a que las comunicaciones y la documentación se le dirijan en castellano por el centro docente afirma que vulnera el Art. 3 de la Constitución puesto que el castellano es lengua oficial en todo el territorio español.
Por lo que hace a la anulación de las disposiciones que pretendía que se declarasen nulas asegura que al haber sido ya derogadas se debía ahora de anular el Decreto 142/2007 que las sustituyó, porque excluye al castellano como lengua docente y discrimina a los castellanos hablantes.
Y concluye afirmando que de acuerdo con el Art. 33.2 de la Ley de la Jurisdicción se debió declarar la vulneración de los artículos 6.2 y 35.2 del Estatuto de Cataluña. E insiste también en que se plantee la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 1/1998.
La Generalidad de Cataluña solicita la no admisión o la desestimación del recurso en cuanto que el mismo reitera lo argumentado en la instancia y no respeta el contenido propio de la casación que es combatir la Sentencia que se recurre.
Afirma que en modo alguno se conculca ningún derecho lingüístico de los hijos del recurrente puesto que en su enseñanza se cumple con lo exigido por la Ley Orgánica de Calidad de la Educación vigente cuando se formula la petición.
Por otra parte sostiene que la Ley de Política Lingüística de Cataluña 1/1998 y sus normas de desarrollo responden a lo establecido en el Estatuto de Cataluña y menciona los artículos 20 y 21 de la Ley.
Las Leyes responden también a la Jurisprudencia existente.
Niega que se haya vulnerado la prueba así como que haya que integrar hechos.
También se opone a la pretendida vulneración del Art. 115 de la Ley Orgánica 2/2006 porque el Centro no era un centro privado sino un Centro concertado.
Pretende que no se admitan los motivos sexto, séptimo y octavo que se refieren a la desestimación de las pretensiones anulatorias de resoluciones y disposiciones de la Administración que se impugnan de forma indirecta, por la vulneración de determinados artículos del Estatuto de Autonomía Catalán y cita para ello el Auto de esta Sección de 10 de septiembre de 2009 n.º recurso 796/2009 que así lo acordó en un recurso idéntico al presente.
Cuarto.-La pretensión que el recurrente dirigió a la Administración educativa de Cataluña, Consejería de Educación, contenía una primera pretensión que se expresaba en los siguientes términos literales: "Que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria". Esa petición se formuló por separado, para cada uno de sus vástagos, puesto que el hijo cursaba tercero de primaria, y la hija, segundo de educación secundaria obligatoria.
A lo que añadió, seguidamente, que "Este (sic) precepto legal no sólo ampara el hecho de que en Catalunya se utiliza como lengua vehicular el catalán sino que se halla acorde con la STC 337/1994, de 23 de diciembre, citada por el Sr. Victoriano, en tanto en cuanto su fundamento jurídico séptimo, (que trascribía en parte), dispone: que "resulta habilitada (la Generalidad de Cataluña) para determinar el alcance de la cooficialidad", así como para ejercer "acciones políticas" y "toda la actividad administrativa que crea conveniente en aras de la efectividad de los derechos de los ciudadanos relativos a las lenguas cooficiales".
En consecuencia y, desde este punto de vista, el centro debe dirigirse en las comunicaciones que envíe al recurrente también en castellano al ser ésta la opción ejercitada por el demandante.
Ello sin perjuicio de que añadamos ahora que cuando se dicta esta Sentencia no es preciso pronunciarse sobre unos Decretos y Resoluciones derogados por el posterior Decreto 142/2007, y del mismo modo hagamos constar que tanto aquellos como el vigente han de ser interpretados para ser conformes con el odenamiento jurídico de acuerdo con la declaración contenida en la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera al Castellano lengua vehicular en Cataluña junto con el Catalán.
Décimo.-- Al estimarse el recurso no procede de conformidad con lo dispuesto en el Art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción hacer expresa condena en costas al recurrente.
Ha lugar al recurso de casación núm. 793/2009, interpuesto por la representación procesal de D. Victoriano frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Sección Quinta, de cinco de diciembre de dos mil ocho, pronunciada en el recurso contencioso administrativo núm. 485/2006, deducido contra la resolución de la Consejería de Educación, de 2 de mayo de 2006, que desestimó las solicitudes presentadas por D. Victoriano, en nombre de sus hijos, Lucía y José, estudiantes de 2.º de ESO en el centro docente SIL, y 3.º de primaria en el centro docente Escola del Carme, respectivamente, para que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y para que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que les sean dirigidas por el centro escolar lo sean en castellano, lengua oficial en todo el territorio del Estado, porque la competencia en la materia corresponde a su titular, y estime las solicitudes en cuanto al reconocimiento de su derecho a recibir las comunicaciones, por parte de la Administración Educativa, en lengua castellana siempre que así lo solicite que casamos, y declaramos nula y sin ningún valor ni efecto.
Estimamos el recurso contencioso administrativo núm. 485/2006 interpuesto por la representación procesal de D. Victoriano y deducido contra la resolución de la Consejería de Educación, de 2 de mayo de 2006, que desestimó las solicitudes presentadas por D. Victoriano, en nombre de sus hijos, Lucía y José, estudiantes de 2.º de ESO en el centro docente SIL, y 3.º de primaria en el centro docente Escola del Carme, respectivamente, para que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y para que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que le sean dirigidas por el centro escolar lo sean en castellano, lengua oficial en todo el territorio del Estado, porque la competencia en la materia corresponde a su titular, y estime las solicitudes en cuanto al reconocimiento de su derecho a recibir las comunicaciones, por parte de la Administración Educativa, en lengua castellana siempre que así lo solicite, que anulamos por no ser conforme con el Ordenamiento Jurídico y declaramos el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, y de igual modo declaramos el derecho del recurrente a que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que le sean dirigidas por el centro escolar lo sean también en castellano.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 14
 artículo 21
in fine
 resolución 

Artículo 1
 resolución 
 resolución