Source: http://casapueblos-alegatos.blogspot.com/2010_11_01_archive.html
Timestamp: 2017-05-25 18:11:49+00:00

Document:
• Asociación Anahí• Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos • Asociación Gremial Docente de la UBA• Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos• Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina• Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina • Instituto de Relaciones Ecuménicas• Liga Argentina por los Derechos del Hombre• Partido Comunista• Pablo Rieznik, todos ellos organizaciones y querellantes que integran el colectivo Justicia Ya!
Para comenzar este alegato, creemos importante mencionar que si estamos acá hoy, acusando a los imputados en este juicio, es producto de enorme lucha que han dado las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los sobrevivientes, los familiares y todos los que durante estos años hemos luchado incansablemente contra la impunidad de los crímenes cometidos desde el aparato del Estado. Muchas de las personas que declararon en este juicio dieron cuenta de esta incansable lucha contra la impunidad. Hoy, esperamos que se condene a los responsables de uno de los más CRUENTOS GENOCIDIOS QUE LLEVARON ADELANTE LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL PAÍS, EN FORMA SISTEMATICA Y ORGANIZADA DESDE EL PROPIO ESTADO.
Desde el Estado se implementó el terror a través de la persecución, el hostigamiento, la desaparición forzada, la tortura, el asesinato, la apropiación, el encarcelamiento y el exilio de miles de personas, con la finalidad de exterminar a los grupos nacionales insertos en todos los niveles de organización de la vida social argentina: partidario, estudiantil, gremial, cultural, etc- que luchaban por un país justo, sin opresión y sin explotación. Esos grupos organizados constituían un obstáculo para el afianzamiento y la consolidación del sistema político, económico, social y cultural que las clases dominantes -en resguardo de sus intereses económicos- pretendían. Fue por ello que no dudaron en imponer un régimen dictatorial para eliminar todo vestigio de organización y participación
Pero la mayor garantía que les ofrece la impunidad y el encubrimiento de su carácter de genocidas, es pretender borrar del recuerdo histórico, los intereses económicos y sociales que representaba la reestructuración nacional por la cual actuaron. El plan genocida tuvo un eje estratégico en el accionar clandestino, a través del secuestro y la desaparición de aquellos a los que se definió pertenecientes al grupo a exterminar. A lo largo de las jornadas que se desenvolvieron en este Tribunal los testimonios han sido piezas de un rompecabezas que ha reconstruido el horror, la inmoralidad y la criminalidad por un lado, pero también la acción globalizada e interrelacionada de las distintas fuerzas represivas.
2.- EL SISTEMA CONCENTRACIONARIO Descripción, Funcionamiento, Características El Circuito ABO estaba bajo la órbita del Comando de Zona Nº 1 a cargo del Primer Cuerpo de Ejército con asiento en la Capital Federal y jurisdicción sobre la casi totalidad de la Provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa y sobre la propia Capital Federal.
Funcionaron en la Zona 1 y se han identificado hasta la fecha los lugares en donde se encontraban más de 64 Centros Clandestinos de Detención. Los CCD “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo” formaron parte del mismo circuito represivo: uno sucedió a otro en el tiempo, y represores, víctimas y hasta elementos de torturas circularon entre un campo de concentración y otro. Los grupos represivos con base en estos CCD operaron fundamentalmente en Capital y Gran Buenos Aires. Estaban integrados por personal de distintas fuerzas represivas y actuaron en contacto con otros centros como “Campo de Mayo”, “ESMA”, “Azopardo” y “Vesubio”. En este juicio ha quedado establecido que participaron en este circuito represivo diversas fuerzas represivas:
• Policía Federal Argentina • Batallón 601
RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD En virtud que la querella precedente especificó las condiciones de vida y de muerte dentro de los CCD en forma extensa, solo queremos señalar que -a pesar del horror- dentro de los campos de concentración se intensificaron los lazos de solidaridad y resistencia entre los detenidos-desaparecidos.
Ana María Careaga: “estaba acostado en la cama e internado José Daniel Tocco, que le decían Pepino, que me agarró la mano, me contó que estaba por tener familia su compañera, me preguntó cómo estaba yo del embarazo y si podía ponerme la mano en la panza. Esto me pasó también con otras personas, y eran una de las pocas situaciones que uno podía sentir y vivir ahí como situaciones de compartir algún momento de resistencia (…)”. Juan Carlos Zottarel: “Recuerdo el caso de un chico que estaba en el pasillo, que lo torturaban con picana y con golpes al mismo tiempo. Eso después supe que produce un fenómeno de contracción y relajación muscular que es tremendamente peligroso, más porque produce deshidratación. Y, le dábamos un poco de agua con un trapito, gota por gota en la boca. Sé que esa noche (…) lo habían sacado para que señalara a alguien y no lo hizo.”
Tenemos que poner los padecimientos de las víctimas de este proceso, en el contexto correspondiente. Hay que decirlo claramente, LA MAGNITUD DEL ATAQUE, sólo puede entenderse si se piensa en el nivel de organización y en la militancia de los trabajadores, del movimiento estudiantil, social y cultural de aquella época.
El plan de exterminio tuvo tal magnitud, porque lo que tenían que aniquilar era muy grande, eran amplios sectores organizados, que defendía sus derechos y no se quedaban allí: iban por más. Los compañeros caídos se planteaban modificar las relaciones sociales vigentes en la Argentina, en cada oportunidad le disputaban poder a los sectores sociales dominantes, en las fabricas, en las universidades, en los sindicatos, en los barrios, en la calle, en cada lugar de trabajo.
Nos decía el querellante Pablo Rieznik (al declarar en la audiencia 22 de diciembre 2010) que la Federación Universitaria –de la cual formaba parte- era parte de la expresión de la lucha social y política que tenía como objetivo trasformar la realidad que los circundaba. En su relato expresó: “… Yo hice referencia a mi actividad estudiantil que comenzó en el año 69, y no fue por casualidad, … está en los anales de la historia un episodio que fue un levantamiento popular, que se llamó el Cordobazo y que impulsó a la transformación social a toda un generación a la cual hice referencia, y lo hizo como parte de un fenómeno y un despertar, ya que hablé de clasismo, de una clase obrera novedosa en el país…” Y agregó: “…Y digo generación en un doble sentido, generación porque aparece vinculada a todo este desarrollo al cual hago referencia, y en relación a la temática del genocidio, sin ser experto en lingüística, la palabra, el prefijo gen, en ambos casos, me parece que tiene alguna relevancia, porque formó parte de una tarea represiva a todo un cuerpo colectivo generacional en las circunstancias de la época.”
Fueron mencionadas las siguientes organizaciones de pertenencia: • Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
• Liga Argentina por los Derechos del Hombre • Liga Comunista
• Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) • Partido Liberal
Importantes conceptos fueron aportados en este juicio por: El Coronel Retirado Horacio BALLESTER (audiencia del 12 de abril de 2010)- miembro del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia), nos relató que durante la dictadura, la doctrina de seguridad nacional alcanzó su plenitud.
Que como es sabido existían lugares donde se realizaban los cursos de adiestramiento, como la Escuela de las Américas, donde acudían militares de todo el continente. Ello es una muestra de que se trato de un plan continental. En su testimonio decía: “Allá por principios de la década del 60, Argentina adopta la Doctrina Militar Francesa de Contrainsurgencia, que habían preparado los franceses para sus guerras coloniales de Indochina y de Argelia. Ahí es donde aparecen los conceptos de Zona de Defensa, Subzona, Área, y todos los que tuvieron después amplia aplicación durante la dictadura.”…
…“Hubieron 5 Zonas de Defensa, una por cada cuerpo de Ejército: I, II, III y V y después se formó al poco tiempo, prácticamente al mismo momento, una cuarta zona con el Comando de Institutos Militares cuya sede estaba en Campo de Mayo. Estas Zonas se dividieron en Subzonas, estas Subzonas se dividieron en Áreas. Las Zonas correspondían a las jurisdicciones de cada cuerpo, excepto esa cuarta Zona que tomaba Campo de Mayo y los partidos de la provincia de Buenos Aires vecinos. Para adentro de cada Zona, de cada Subzona, de cada Área, había un Jefe y de ese Jefe dependían todas las Fuerzas Armadas que estuvieran en el lugar, más las Fuerzas Policiales, las Fuerzas de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Guardiacárceles… en fin, todos los que tuvieran que ver con el control de la población que estaba ahí adentro.”
El cuadro “Militancia según tipo de baja” presentado por la testigo, analiza un universo de 12.074 casos, de los cuales el 22,7% eran militantes de partidos políticos de izquierda revolucionaria, y de ese porcentaje, el 10% eran dirigentes gremiales. Asimismo identifica una población como “Izquierda sin especificar”, definiéndola como militantes que no se ha podido especificar la pertenencia partidaria, que llega al 34,2%, quedando un 43,1% de “Militancia incierta”. Es decir que, además de volcarse sobre un grupo nacional, como dice la definición de genocidio, se esta volcando la represión sobre una población altamente politizada. En el cuadro “Aniquilamiento por clase social”, también presentado ante este tribunal, se observa la siguiente composición de los detenidos-desaparecidos:
- 0,2% patrones y empresarios medianos y chicos - 0.8% altos directivos, funcionarios públicos superiores y oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad.
- 31,6% asalariados urbanos, con estudios. - 37,2% clase obrera propiamente dicha
De los 181 casos ventilados en este juicio, más del 50 % eran parte de la comunidad universitaria. Las Universidades Nacionales sufrieron en forma masiva los secuestros y desapariciones durante la dictadura.
La Lic. Izaguirre entregó al tribunal el listado de estudiantes universitarios y terciarios desparecidos en la Argentina. En ese marco, el testigo Luis Federico Allega (audiencia 5 de abril 2010) nos hablaba sobre las transformaciones que se produjeron en la Universidad en esa época: “En la universidad de Ingeniería cuando yo entré, en el 72 – 73, empiezan a pensarse proyectos de ingeniería que eran todo lo contrario de lo que querían los que hicieron el golpe de Estado. Querían que la Argentina fuera sometida a las potencias de Estados Unidos, Inglaterra, multinacionales. La facultad de Ingeniería por un año y medio pensó proyectos que no pagaran derecho de fabricación, y esto tenía que ser un orgullo para la Argentina. Construir trenes Diesel sin pagar derechos de construcción, y estos lo primero que hicieron es destruir todo eso. En ingeniería electrónica se investigaban las primeras computadoras, la Argentina en esa época tenía un nivel bastante alto de producción de electrónica, éstos lo primero que hicieron es destruir todo. Las cooperativas agrícolas, mis parientes eran del campo y toda la vida habían vivido sometidos a vender el maíz y el trigo apenas lo cosechaban a los grandes Martínez de Hoz y compañía, se habían empezado a poner en cooperativas y éstos lo primero que hicieron fue destruirlo. Yo trabajaba con el padre Sierra en una villa de Bajo Flores, para éstos éramos enemigos. ¿Por qué me detuvieron, por qué me secuestraron, por qué mataron tanta gente? Es muy sencillo, querían hacer un país esclavo. Ellos eran los primeros que querían el país esclavo y así lo tuvimos porque la industria, basta caminar aún ahora y veo menos fábricas de las que había en 1975-76.”
“Fue una represión directa a los derechos de los trabajadores. Se empezaron a bajar las nueve horas en la mayoría de los gremios, se anularon los convenios colectivos de trabajo, estaba prohibido hacer asambleas. En el 76 y 77 hubo huelgas de trabajadores, producto de estas cosas. Se paró el puerto de Rosario, se paró Luz y Fuerza, los telefónicos, y secuestraban a los compañeros en plena huelga, en el lugar donde se reunían para organizarse. Muchos compañeros telefónicos desaparecidos, el secretario general de luz y fuerza desaparecido, asesinaron compañeros que eran un ejemplo: Jorge Di Pascuale, Arancibia en Tucumán, Atilio López en Córdoba, René Salamanca. Desaparecieron la mayoría de la estructura de los trabajadores. Nosotros empezamos a entender que la estructura económica había sido también represiva. El endeudamiento externo en nuestro país sirvió para desindustrializar el país, sirvió para terminar con el trabajo. Mucho tiempo después supe que, en ese momento, teníamos afiliados a los compañeros del INDEC… …Carlos Noriega, el director de INDEC secuestrado, quería hacer un organismo nacional de estadísticas. Ellos habían mostrado que en 1975 el nivel de la pobreza, en Gran Buenos Aires y Capital Federal, era de 3,5%. …en 1985 era del 18,5%; se había quintuplicado la pobreza. La pobreza, el hambre y la desocupación es parte de la estructura de represión.”
De este ataque masivo y criminal no participaron sólo las fuerzas represivas, sino que hubo ideólogos, impulsores y beneficiarios civiles: la clase dominante, el gran empresariado, los que se beneficiaron económicamente con la imposición del plan económico y el aniquilamiento de ese grupo. Tampoco podemos dejar de mencionar el papel que tuvo la Iglesia Católica Argentina, haciendo oídos sordos a las denuncias de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; siendo altas autoridades episcopales cómplices de los torturadores, muchas veces presenciando y formando parte en las torturas, como “confesores” de los desaparecidos. Hoy esta misma iglesia es la que llama a la “pacificación”. De esta sociedad entre empresarios y fuerzas armadas, con la complicidad de la burocracia sindical, nacieron las reformas a la Ley de Contrato de Trabajo realizadas por la dictadura, entre otras: • eliminaron el principio que en la duda consagraba la norma más favorable al trabajador • suprimieron obligaciones y penalidades para los empleadores
• les permitieron el despido de mujeres embarazadas y de huelguistas, • los obreros estaban obligados a revelar sus ideas políticas, religiosas y sindicales, • derogaron la ley de discapacidad, que además de los derechos asistenciales preveía reglamentaciones laborales que protegían al trabajador discapacitado. La participación que había tenido en la promulgación de la ley original el grupo de discapacitados del Frente de Lisiados Peronistas y fundadores de UNSEL selló su suerte como desaparecidos, como explicó en su oportunidad en su testimonio Gilberto Rengel PONCE.
En la Argentina, no hubo una "represión indiscriminada". El aniquilamiento no es casual, ni irracional. No hubo loquitos sueltos, ni errores, ni excesos. Se trató de la destrucción sistemática de una "parte sustancial" de un grupo nacional que tenía ciertas formas de organización y de participación. Destruir esas dos cosas: la organización y la participación, era uno de los objetivos a más largo plazo de la dictadura, cuyas consecuencias padecemos hasta hoy. 4. IMPUNIDAD Los hechos aquí analizados comenzaron a investigarse en la década del 80, pero una vez mas debemos resaltar que el tiempo transcurrido no ha sido utilizado para perfeccionar este proceso judicial, sino que en nuestro alegato tenemos que dar cuenta de las profundas limitaciones con que nos encontramos.
Es irrisorio pensar que los 17 represores sentados hoy en el banquillo de los acusados, fueron los únicos participes de los hechos que han sido ventilados en este juicio. Son muchísimos más, y con preocupación nos preguntamos cuántos de esos represores continúan prestando funciones en la actualidad en las distintas fuerzas armadas y de seguridad. Para hacer funcionar tremenda maquinaria fueron necesarios miles de miembros del aparato represivo en donde cada uno era un engranaje necesario, que asumió voluntariamente su rol.
Fueron los casos de: 1. MARCELO JOSÉ FERNÁNDEZ: Oficial de comunicaciones PFA, que declaró en la audiencia del 22 de febrero de 2010.
4. OLIMPIO GARAY: Servicio de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010. 5. HUGO ROBERTO RODRÍGUEZ: Servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010. 6. ALFREDO SOTERA: General retirado del Ejército, que prestó funciones en la Jefatura 2 de inteligencia del Estado Mayor como subjefe de la misma, de la cual dependía el batallón 601. Declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010.
7. EDUARDO JORGE FERNÁNDEZ: Comisario, General retirado, que declaró en la audiencia del 5 de mayo de 2010. 8. NORBERTO RUBÉN GOSENDE: División de custodia presidencial desde 1976, que declaró en la audiencia del 5 de mayo de 2010.
16. OMAR EDUARDO TORRES: Gendarme en la guardia externa del Olimpo desde julio hasta diciembre de 1978, que declaró en la audiencia del 14 de julio de 2010. Esta parte ha solicitado reiterada y sistemáticamente en la etapa de instrucción que se amplíe la indagatoria de los imputados para incluir todos los delitos de los que son responsables. Hemos entregado la información necesaria para que esas indagatorias se realizaran y para que los imputados fueran procesados. Esas solicitudes no fueron tenidas en cuenta. Durante el presente juicio solicitamos la ampliación indagatoria por homicidio en cinco casos, violación en tres casos y la ampliación por sobrevivientes que declararon como testigos sin que su caso fuera parte del debate.
Los casos de 5 de esas víctimas -Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya y Santiago Bernardo Villanueva- forman parte de este juicio oral. Los 4 compañeros restantes - Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, María Cristina Pérez y Carlos Antonio Pacino- no fueron incluidos, a pesar de haber compartido los nueve detenidos el cautiverio, los traslados, los vuelos de la muerte, la aparición de sus cuerpos en la costa, casi 30 años como NN en los cementerios, y la identificación realizada por el EAAF. Estos procesos parcializados hacen perder de vista un elemento central para nuestra querella: entender la magnitud del ataque, entender por qué tanta brutalidad, entender por qué tanta impunidad posterior. El genocidio perpetuado por el Estado Argentino, sus fuerzas armadas y de seguridad, la complicidad del poder judicial, de los medios de comunicación, de grupos económicos y de la propia iglesia católica, pierde representación cuando tenemos hoy esta “fragmentación judicial” de un proceso llevado a cabo en forma centralizada, organizada y planificada desde el propio Estado.
Así, el balance en estos 27 años de gobiernos constitucionales es demoledor para el Poder Judicial: menos de un 5% de los represores que actuaron durante la dictadura están hoy procesados, menos aun, son los represores condenados que están en cárcel común. Lamentablemente esta impunidad ha sido garantizada desde el propio Estado.
El secreto y la impunidad perduran. Esa impunidad continúa cuando se parcializan las causas, cuando se presentan los casos como crímenes aislados, cuando se niega la verdad histórica al oponerse a juzgar y condenar lo sucedido como lo que fue: un genocidio.
Esa impunidad que a la hora de juzgar los crímenes más aberrantes que un ser humano puede cometer encuentra atenuantes según su jerarquía en el escalafón castrense. Esa impunidad que continua en la desaparición de Jorge Julio López, y más recientemente con el asesinato sin esclarecer de una testigo clave como lo fue Silvia Suppo.
Por eso sostenemos, Señores Jueces, que este juicio, no es un juicio del pasado, sino un juicio del presente. 5.- AUTORÍA:
En relación a su participación criminal, deberán ser considerados co-autores de los ilícitos imputados. El tipo penal previsto por la norma legal privación ilegitima de la libertad está construido como un delito especial, en el sentido de que sólo podrá ser considerado autor, aquel que revista la condición de funcionario público.
Se trata de un delito en donde el bien jurídico “Libertad” está en primer orden de consideración. Pero sin perjuicio de ello al ser un delito de propia mano, sólo pueden ser autores los funcionarios públicos, afectando, concomitantemente con el bien jurídico antes mencionado, el adecuado funcionamiento de los órganos del Estado. Está estructurado además, como delito comisivo. Requiere al menos de un autor que realice la acción, positiva, de privar de la libertad a alguien que hasta ese momento disfrutaba de la libre disponibilidad del bien jurídico. Ahora bien, en lo que refiere al caso que nos ocupa, sostenemos , que si bien el delito está estructurado como tipo comisivo, pueden resultar coautores los que, puestos de acuerdo con el autor de la acción, realicen el tipo como una omisión impropia (como por ej. cinco policías, de los cuales dos ejecutan la acción, y los demás permanecen pasivos, en el puesto de guardia, … aparentando normalidad); -indicando que- éstos últimos también son coautores dada su capacidad real y física de evitación por su posición de garantes (en “Delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos”, en AAVV “Delitos contra la libertad”, Ed. Ad Hoc” pág. 160/161). De tal manera, y toda vez que la privación ilegítima de la libertad es asimismo un delito permanente, de aquellos donde "el delito crea un estado antijurídico mantenido por el autor y a través de cuya permanencia se sigue realizando ininterrumpidamente el tipo penal" (cfr. Jescheck, op. cit. p. 650, también ejemplifica con la detención ilegal), bien puede afirmarse que durante ese lapso de duración. En cuanto a los imputados en autos, su participación en calidad de coautores respecto de los casos de privación ilegal de la libertad deriva de la circunstancia de que los mismos –en su condición de “funcionarios públicos”- tenían contacto directo y permanente con las personas secuestradas en los centros de detención, a quienes visitaban asiduamente y cuya situación no podían por tanto dejar de conocer, sin hacer nada para evitarlo. Los imputados, en virtud de su cargo, revestía la calidad de funcionario público conforme las previsiones del Código Penal, al momento de los sucesos por los cuales fueron llamados al proceso.
Los hechos que son objeto de tratamiento en el presente, se caracterizaron por la actuación de los encartados, quienes como se ha acreditado cumplían diversas funciones en los centros clandestinos de detención mencionados. Finalmente, y en cuanto al aspecto subjetivo del tipo, es del caso señalar que se trata de un delito doloso, que se satisface con la comprobación de al menos, dolo eventual (Ver C.N.Crim. y Corr., Sala IV, "López, Norberto J." del 21/12/89, publ. en J.A., 1990-IV-92). Cabe aclarar que los imputados no podían desconocer que la situación a la que sometían a las víctimas, llevaba implícito, no solo la privación ilegal de la libertad, sino que el cuadro criminal se completaba con la implementación de métodos de torturas, abuso sexual y violaciones, tal como se ha probado en el transcurso de este debate.
La defensa no ha podido acreditar, más allá de invocaciones genéricas e infundadas, la existencia de causales que puedan justificar las acciones llevadas a cabo por los imputados en esta causa. Si bien la querella que nos precedió se expidió en relación al tema de obediencia debida, esta querella no abundará en lo ya tan claramente manifestado, adhiriendo en todas sus partes con lo expuesto. Sin embargo, queremos señalar que más allá que la señalada, tampoco existen otras causales de justificación como por ejemplo:
a) Estado de necesidad: En efecto, resulta absurdo hablar en autos de estado de necesidad para realizar los atroces actos cometidos, cuando los autores, parte esencial del aparato de poder organizado eran justamente los responsables de salvaguardar los bienes jurídicos de terceros que se encargaron en forma sistemática de violar (Ricardo C. Nuñez, “Derecho penal Argentino”, Editorial Bibliográfica argentina, Buenos Aires, 1964,T.I, p.316) En el estado de necesidad, la acción lesiva solo es necesaria cuando es inevitable, razón por la cual entiende que en el concepto de necesidad se halla ínsito el de inevitabilidad (Jiménez Huerta, “La Antijuricidad”, Imprenta Universitaria, Mexico, 1952, pag. 330; en el mismo sentido, JIMENEZ DE Asua, T.IV,pag.397). Los aquí inculpados tuvieron el dominio completo del hecho y pudiendo detener legalmente a las víctimas y eventualmente someterlas a proceso, las secuestraron, torturaron y en la mayoría de los casos, las desaparecieron
b) Cumplimiento de la ley: Igualmente improcedente es pretender fundar el accionar delictivo en el articulo 34, inciso 4º, del Código Penal, es decir, en el cumplimiento de la ley cuando fueron los imputados los responsables de violarla sistemáticamente cuando tenían en sus manos la posibilidad de actuar conforme a derecho. c) Legítima defensa: Tampoco ha existido legítima defensa alguna por parte de los imputados. La mayoría de las víctimas de autos fueron secuestradas en sus propios domicilios o lugares de trabajo sin que hubiesen agredido ni estuviesen agrediendo a tercero alguno y, en la mayoría de los casos, las detenciones fueron realizadas sin resistencia de las víctimas. Ni las privaciones ilegales de la libertad por detención sin sujeción a autoridad competente alguna, ni los apremios ilegales, ni los abusos sexuales, ni los tormentos, ni las desapariciones forzadas, pueden reputarse llevados a cabo como una reacción necesaria ante una acción previa. 7. CALIFICACIÓN LEGAL.
7.1.- Privación ilegal de la libertad: Sólo podrá ser considerado autor en sentido jurídico-penal quien revista la condición de funcionario público. De las constancias de autos surge que los imputados revestían dicho carácter conforme las previsiones del art. 77 del Código Penal, al momento de los sucesos.
7.2.- Agravantes. Uso de violencia o amenazas. La privación ilegal de la libertad sufrida por los secuestrados, conforme se desprende de los testimonios reseñados en la causa, se ve agravada, en razón de haber sido cometida bajo violencia, con empleo de fuerza física directa sobre los aprehendidos.
Tormentos a un perseguido político. En primer lugar debemos advertir que esta querella entiende que la privación ilegal de la libertad, en forma clandestina, con condiciones inhumanas de detención implica asimilarlos a la aplicación de tormentos ya que las condiciones descriptas son tormentos en si mismos, por lo tanto no considera necesario para que se encuentre configurado el delito, que obre prueba en cuanto a la aplicación de un mecanismo en particular de tortura, como la picana eléctrica, el submarino, las golpizas, sino que simplemente el tabicamiento, los interrogatorios, el aislamiento, el escuchar las sesiones de torturas a otros detenidos, la incertidumbre total sobre el destino que le esperaría en un centro clandestino implican de por sí una forma aberrante de tortura. Esto también fue sostenido por el tribunal que sentenció en causa Avellaneda citando a Sancinetti en su obra ("El Derecho Penal en la protección de los derechos humanos"), "ya el primer acto de tortura era ejercido en el domicilio, en el momento de la aprehensión, a más tardar al retirar al secuestrado del domicilio, dado que se procedía siempre al llamado ‘tabicamiento’, acción de colocar en el sujeto un tabique (vendas, trapos o ropas de la propia víctima) que le impidiera ver; así era introducido en un automóvil, donde se le hacía agachar la cabeza, que le seguía siendo cubierta hasta el lugar de detención, y, como regla, así quedaba durante toda su detención". En este sentido se encuentra plenamente acreditado en las presentes actuaciones que, en ocasión de encontrarse privados de su libertad, las víctimas secuestradas fueron sometidas a tormentos.
Es de advertir que cuando el legislador estableció el agravante del tormento calificado por su aplicación a un perseguido político, el fundamento de la punición no estuvo dado por la ideología o práctica real del represaliado, sino por la subjetividad del sujeto activo, que selecciona a su víctima como el enemigo. La Sala I de la Excma. Cámara Federal porteña adhirió al concepto de tormentos formulado por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata en expte. 3454 “Etchecolatz Inc. de Apelación, rta. 25-8-05, T 42 F 89/114”, cuando señaló que debe tenerse por probado el delito de aplicación de tormentos cuando se encuentra acreditada la privación ilegítima de la libertad de una persona: “las circunstancias de la desaparición, la incomunicación coactiva, la incertidumbre acerca de su porvenir, el temor arraigado en los casos conocidos y en la conciencia de lo que ocurría a otras personas en iguales circunstancias, las simples amenazas de sufrir dolor físico sumado a las condiciones en que eran mantenidos privados de su libertad, son elementos suficientes como para tener probado el tipo que prevé el art. 144 tercero, según la reforma introducida por la ley 14.616/58, que establece la sanción para el funcionario público que impusiere, a los presos que guarda, cualquier especie de tormento, es decir, por la presencia de cierta intensidad y de `dolor físico o moral´” La Sala I de la Cámara del fuero, como señalamos, estableció en base a este fallo citado, al confirmar el procesamiento de Héctor Vergez. “Incluso con prescindencia de las condiciones inhumanas de alojamiento, las desapariciones forzadas entendidas como la privación de la libertad (...) cometida por agentes del Estado o por personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad (...) fueron la mayoría de las veces de por sí constitutivas del delito de tortura”, según el voto de mayoría. Es decir, conociéndose a través de distintos testimonios las condiciones infrahumanas en que eran confinadas las personas detenidas en tales condiciones en los centros clandestinos de detención y exterminio, y el trato allí recibido, imputamos por los tormentos a todos los imputados en esta causa respecto de todas las víctimas privadas ilegalmente de su libertad.
Gran parte de los sobrevivientes describiendo en la secuencia del ingreso la obligación de desnudarse, previo a ser golpeados o torturados. También hemos escuchado en el transcurso de los testimonios, que al momento de ir a las duchas, no sólo debían higienizarse delante de sus compañeros de cautiverio, fueran hombres y/o mujeres, sino que también debían hacerlo en presencia de los propios represores, lo que configura, en ambos casos, actos de humillación, vergüenza y degradación. Todos estos relatos muestran que los hechos de abuso sexual no eran actos individuales, ni excepcionales, sino que constituían prácticas cotidianas tendientes a la destrucción anímica y moral de los detenidos como parte del genocidio.
Este delito genera vergüenza y trauma, lo que puede impedir que se produzcan matrimonios, provoca divorcios, destruye los cimientos sobre los que la cultura humana se basa y se mantiene. Los abusos y las violaciones tomaban estado público, en el grupo de pertenencia bien porque eran efectuados frente a las propias parejas o familiares o ante los otros detenidos/desaparecidos.
Con lo cual el dolor, el asco, la culpa, el estado de indefensión era extensivo al testigo que nada podía hacer por evitarlo. Y esto era parte del plan. Minar todo vestigio de integridad, para poder someter, dominar, extinguir.
La violencia sexual ejercida fue una constante en todos los CCD, no sólo en Atlético, Banco y Olimpo. Así encontramos en el juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz mención a los vejámenes de las detenidas desaparecidas, en las audiencias testimoniales del juicio a Febres, se hizo referencia a las violaciones sufridas por detenidas desaparecidas en la ESMA, en el Juicio a Reinhold y otros siete represores (Neuquén) se hizo referencia en los alegatos a la violencia sexual sufrida por las detenidas desaparecidas en “La Escuelita”, de la misma manera se hizo en la causa Brusa (Santa Fé) incluyendo la violencia sexual en los alegatos, sin acusar específicamente por tal delito. Asimismo, se ha presentado un amicus curiae en la causa “Riveros” (Santa Fé) solicitando se considere a los delitos contra la integridad sexual que surgen en dicha causa como delitos de lesa humanidad.
A su vez, se definió al delito de violación sexual como “...una invasión física de índole sexual, perpetrada contra una persona en circunstancias que entrañan coacción. La violencia sexual en la que se inserta la violación se considera como cualquier acto de naturaleza sexual que se comete contra una persona en circunstancias coercitivas...” Asimismo, el fallo examinado, al definir la violencia sexual, el Tribunal incluye en ese concepto el desnudo forzado, sentando así firmemente que los actos de agresión sexual no se circunscriben a aquellos que entrañan la penetración y ni siquiera al contacto sexual.
8.- GENOCIDIO: Cambio de calificación.
Mediante su Resolución 96, de 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas encargó al Consejo Económico y Social la elaboración de una Convención contra el Genocidio señalando: “ El genocidio es una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, como el homicidio es la negación del derecho a la vida de los seres humanos; tal negación del derecho de existencia se traduce en grandes pérdidas para la humanidad y la priva de las contribuciones culturales y otras que representan estos grupos humanos, y es contraria a la ley moral y al espíritu y los objetivos de las Naciones Unidas. Muchos casos de delitos de genocidio han ocurrido cuando grupos raciales, religiosos, políticos y otros han sido destruidos, total o parcialmente ...” La Asamblea diferenció pues con claridad los crímenes aludidos en al art. 6 .c) del Estatuto de Nüremberg de aquellos que señaló como constitutivos de genocidio. Estimó que la nota distintiva de éste era la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros a través de su destrucción total o parcial. De lo actuado se desprende, como ya se ha señalado, que esta intención, la destrucción de grupos humanos, era la que guiaba a la dictadura militar y a los ejecutores del plan de exterminio que la misma dispuso. Se delinquía contra las personas con el objetivo de destruir sus grupos de pertenencia. Todos los ejecutores del plan criminal procuraban, a través de los distintos delitos que cometían contra las personas, la destrucción de los grupos de los que éstas formaban parte. Este fue el mandato que recibieron y cumplieron, con plena conciencia de lo que hacían.
Dicho esto podemos inferir dos cuestiones: a) que se puedan cometer diversos delitos sin que se tenga una específica intencionalidad por parte del represor, como los de lesa humanidad, y b) que se tenga la intención de reprimir a determinadas personas con el objetivo de destruir sus grupos de pertenencia, como por ejemplo, el GENOCIDIO. Por otra parte, resulta pertinente advertir que tal como algunos especialistas han señalado, la exclusión de los grupos políticos del universo de grupos protegidos por la Convención constituye mucho más que un mero defecto de técnica legislativa por cuanto conduce a un tipo penal de contenido posiblemente desigualitario en la medida en que la misma práctica, desarrollada con la misma sistematicidad y horror, solo se identifica como genocidio si las víctimas tienen determinadas características en común (constituir un grupo étnico, nacional, racial o religioso), pero no otras (constituir, por caso, un grupo político). Por lo demás, resulta criticable la construcción de un tipo penal que en su forma básica se sustenta no en la definición de una práctica, sino en las características de la víctima (Cfr. Feierstein, Daniel, ob. cit., p. 42-47).
Por lo que entendemos que los hechos que aquí se investigan y las conductas descriptas llevadas a cabo por los procesados se encuadran en los incisos a), b) y c). comprendidos en el art. II de dicha Convención, ya que los responsables de los secuestros, las desapariciones forzadas, torturas y homicidios, actuaban con la intención de destruir, total o parcialmente, a un único sujeto que es el grupo de pertenencia de las víctimas. Debemos tener en cuenta que hay numerosos ejemplos fácticos, como la militancia social, barrial, estudiantil o sindical de la mayoría del universo reprimido, que no implicaba una disidencia política individual, sino una expresión colectiva. Por otro lado, a aquellos que sostienen que todos los represaliados respondían a las directivas de algún partido político, cabe preguntarles ¿en qué grupo político habría que incluir a los cientos de niños secuestrados, apropiados o asesinados?
Por supuesto, que tanto los delitos contra la humanidad en su sentido genérico, como el específico de genocidio, conducen a idénticos resultados desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas, en lo que hace a la capacidad de ceder o renunciar a las garantías de la prescripción, territorialidad y obediencia, por ser violaciones a la propia existencia de la humanidad, y que por tanto no pierden su efecto con el tiempo, no pueden ser dejadas solo en manos de las justicias nacionales y no pueden ser excusadas por la situación de obediencia. Pero creemos que en este sentido también vale señalar, que respecto a las características del delito, todo genocidio es político, porque sea cual fuera la preeminencia que tuviera el grupo en un proceso genocida, siempre va a haber una intencionalidad política atrás. Toda persecución, étnica, racial, religiosa y/o nacional, invariablemente se subsume en una persecución política. Por lo tanto, que el concepto de grupo político no esté plasmado en las características propias del delito de genocidio, no implica que el mismo no esté subyacente en el espíritu de la norma.
Hay acuerdo generalizado en que un crimen de estas características es un genocidio si se lo analiza desde la filosofía, la sociología, la investigación histórica u otras disciplinas. Sin embargo, para algunos no lo sería desde el Derecho. Se opondría a ello la redacción de la Convención internacional para la sanción y prevención del delito de genocidio. Las siguientes reflexiones estarán destinadas a fundamentar que también desde el punto de vista jurídico y en el marco de dicha Convención pueden y deben ser calificados los crímenes como genocidas Para comprender la dimensión del grupo estigmatizado recordemos la famosa arenga del Gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires, General Ibérico Saint Jean: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después…a sus simpatizantes, enseguida….a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente a los tímidos. Cabe señalar lo expresado por el Dr. Carlos Slepoy, abogado especialista en la materia y acusador en la Audiencia Nacional de Madrid en relación a estos mismos delitos: “Los torturados, asesinados y desaparecidos, los hijos de las Madres, los padres de los niños secuestrados, los sobrevivientes de los centros de exterminio, los presos políticos, los exiliados, todos eran militantes sindicales, sociales, estudiantiles, políticos, culturales y estaban organizados. La dictadura no dirigió un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Su propósito fue destruir los grupos en que aquellos se integraban, y perpetró, en consecuencia, un genocidio…”.
En relación a la práctica social genocida, Daniel Feierstein la define como “aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por el efecto de sus prácticas) de dicha sociedad, y del uso del terror producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios”. Y en esta definición aparece otro elemento que se refiere al por qué pensar como genocidio el caso argentino: el terror.
Ahora bien, esta querella quiere manifestar muy claramente por qué entiende que este cambio de calificación es procedente y argumentando jurídicamente la pretensión expuesta. Recordando el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, en la -hoy confirmada- sentencia contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, y respecto al pedido efectuado en esa oportunidad por esta querella en relación al cambio de calificación, el Tribunal dijo: “… Por la trascendencia que tiene el planteo, corresponde un breve análisis sobre la cuestión que permita fundamentar el criterio sustentado por el Tribunal y adelantado en el fallo, además de dejar planteada la necesidad ética y jurídica de reconocer que en la Argentina tuvo lugar un genocidio”… “…Entiendo que esa demanda se satisfizo sólo en parte con la condena a la cual arribó el Tribunal por unanimidad al considerar probados los hechos enrostrados al imputado. Se tuvieron en cuenta para ello aquellos tipos penales, en base a lo que se indagó, procesó, requirió y finalmente condenó a Etchecolatz. Ese razonamiento es en última instancia el que se ajusta con mayor facilidad al principio de congruencia sin poner en riesgo la estructura jurídica del fallo”. Y fue así como obtuvimos a partir de este juicio, sentencias, pocas, en donde se reconoce que en la Argentina hubo un genocidio, que los aberrantes crímenes producidos entre los años 1976 y 1983 constituyeron un genocidio, que los imputados procesados y condenados en estas oportunidades, lo fueron en el marco de un genocidio. Como también es cierto que ni uno solo de los represores, dictadores, torturadores o cualquier otro de los responsables de los más atroces delitos contra la humanidad ha sido condenado por el delito de genocidio, ni ha adquirido la categoría jurídica de tal en sentido estricto.
Establecido por lo hasta aquí expuesto que el genocidio se comete cuando desde el Estado se decide el exterminio de uno o varios grupos nacionales -con los que el gobierno comparte la nacionalidad- debe analizarse si tiene fundamento la interpretación de que la Convención incluye a algunos grupos y excluye a otros. Para ello debe recurrirse a las reglas de interpretación de los tratados establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sancionada el 23 de mayo de 1969
Art. 31: Regla general de interpretación. 1.- Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado: b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones: b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado: c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. Medios de interpretación complementarios. Art. 32: “Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31: a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.” En atención a su trascendencia para determinar el verdadero sentido de la Convención sobre el Genocidio se analizaran seguidamente estos dos artículos y los incisos que los componen.
Art. 31. Regla general de interpretación. “1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado: b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;...” Veamos en primer lugar el objeto y fin. La Convención se aprobó poco más de tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En el curso de ésta, y antes de ella, se produjo el mayor genocidio de la Historia. No sólo por el número de sus víctimas, también por los múltiples grupos humanos que se pretendió destruir. El de los judíos y gitanos además de los de otras religiones, etnias y culturas pero también grupos de minusválidos, homosexuales, políticos, sindicales, etc. La nación alemana -y otras naciones europeas- debía ser depurada de aquellos colectivos humanos que formaban parte de la misma y que el régimen nacional-socialista entendía opuestos a su concepción de Nación. Carecería de fundamento sostener que el propósito de destrucción de algunos de estos grupos constituyó un genocidio y el de otros un delito distinto, por caso un crimen de lesa humanidad. Sea que se entienda que los genocidas nazis se propusieron la destrucción de parte del grupo nacional alemán o que convivían en la sociedad alemana grupos humanos que diferenciados del grupo agresor tenían vínculos de pertenencia que los significaban como grupos de la misma nación, es decir nacionales, no cabe duda que un grupo resolvió exterminar a otro, constituido por múltiples subgrupos que unificó en su propósito y accionar criminal.
Art.32. Medios de interpretación complementarios. Art. 32: “Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31”: c) deje ambiguo u oscuro el sentido; o d) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.” Ya se ha hecho referencia a los trabajos preparatorios y a las circunstancias de la celebración de la Convención que abonan la interpretación que se viene realizando. Pero si ello no fuera bastante debería admitirse al menos que la misma deja ambiguo u oscuro el sentido de sus términos, específicamente y en lo que al presente procedimiento importa la expresión “grupo nacional”. Ello requeriría que se recurriera a medios de interpretación complementarios que suplieran la ambigüedad u oscuridad de la norma en concordancia con el objeto y fin que persigue y, en consecuencia, debe incluirse en la expresión grupo nacional todos aquellos grupos integrantes de una sociedad a los que, como tales, se busca destruir total o parcialmente.
 Principio de congruencia: Como primer punto queremos dejar en claro que el principio de congruencia necesariamente implica una relación entre lo pretendido y probado y lo resuelto por el juzgador.
El cambio de calificación legal, no responde sino al diverso grado de conocimiento y certeza adquirido durante el debate. El proceso penal supone un camino progresivo en el cual la incertidumbre inicial va siendo gradualmente despejada hasta arribarse eventualmente a la certeza necesaria para sustentar un pronunciamiento condenatorio como el solicitado por esta querella. Esto se desprende a partir de la normativa vigente, conf. al art. 401 del CPP, el cual si nos detenemos en su redacción observamos que el mismo dispone: “En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas más graves o medidas de seguridad. Si resultare del debate que el hecho es distinto del enunciado en tales actos, el tribunal dispondrá la remisión del proceso al juez competente”.
 Principio de legalidad: En relación al principio de legalidad es cierto que como principio general de derecho su sujeción al derecho penal interno es a todas luces dominante. Pero vamos a demostrar en el desarrollo de este alegato, que esta afirmación, en el particular que nos ocupa y en relación a su aplicación en el derecho internacional, resulta más aparente que real. Se vincula el principio de retroactividad de la norma penal con el principio de legalidad. Es este un principio general del derecho penal, que consiste en que la aplicación de cualquier pena presupone una norma anterior, luego, que la infracción ya esté tipificada como delito, y por consiguiente la sanción vendrá determinada por la pena legal (nulle pena sine lege previa).
Ahora bien, todos los imputados sometidos a este debate cometieron los delitos de los que aquí se los acusa. Sabían o debieran haber sabido, que estaban vigentes las leyes que los tipificaban y penalizaban. Como así también, sabían, o debían saber, que el delito de genocidio era parte del derecho interno argentino. En tal sentido es necesario recordar que la República Argentina adhirió a la Convención para la Sanción y Prevención del delito de Genocidio mediante decreto 6286/56, de 9 de abril (B.O. 25/4/56) y presentó el instrumento de adhesión ante la Secretaría de las Naciones Unidas el 5 de junio del mismo año. El art. 31 de la Constitución Argentina, desde su redacción original establece que son ley suprema de la Nación los Tratados suscriptos con potencias extranjeras. La Convención contra el Genocidio, en consecuencia, es Ley de la Nación y forma parte de su derecho interno desde el año 1956, es decir, desde dos décadas antes de la instauración del gobierno militar. En la misma se tipifica el delito en su art. II, tal como lo adelantáramos precedentemente, se determina en su art. III, qué delitos deberán ser castigados, quiénes deben ser castigados lo establece su art. 4 y asimismo se establece la obligación de los Estados en cuyo territorio se hubiere cometido el crimen, de juzgar a sus responsables por tribunal competente. O sea, juzgar el genocidio cometido en el territorio argentino es para los Tribunales del país una obligación que proviene, entonces, de dos fuentes: el derecho internacional y la incorporación expresa de una norma del mismo en el derecho interno. El delito está claramente tipificado, y definido quiénes y por qué actos deben ser sancionados. Se encuentra pues, plenamente cumplido el requisito de tipificación legal del hecho antes de su comisión. La previsión de punibilidad de las conductas como hechos delictivos instrumentales para cometer un genocidio y que por lo tanto esas conductas eran genocidas, es indiscutible. Igualmente y para entonces, estaban vigentes en el derecho internacional como normas del derecho de gentes, con efectos erga omnes, la Convención de Naciones Unidas de 1968 sobre la imprescriptibilidad de determinados crímenes internacionales, entre ellos el genocidio y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 3 de diciembre de 1973, en la que se declaró expresamente que estos crímenes serán perseguidos, no podrán quedar impunes y sus responsables serán juzgados, preferentemente en el país que los cometieron. El genocidio es y era imprescriptible y existía ley para castigarlo. No había pena para sancionarlo, pero sí las había para sancionar las conductas delictivas a través de las cuales se cometió. Sin embargo aunque la norma internacional consuetudinaria que formula los crímenes contra la humanidad sea incompleta (non self-executing), pues no contempla la pena a imponer, el juez nacional debe integrarla aplicando las penas correspondientes a las infracciones a través del derecho penal común.
Así ocurrió respecto de los crímenes de lesa humanidad. No se incorporó a la ley interna el tipo penal de crímenes de lesa humanidad ni, en consecuencia, pena alguna para los mismos, sin embargo esta tipificación fue ampliamente reconocida por nuestra jurisprudencia, aplicándose las penas que prevé el Código Penal Argentino, respondiendo así al compromiso asumido por el país frente a la comunidad internacional. Igual situación debiera adoptarse con el delito de Genocidio. Pero si privilegiamos al Derecho como constructor de verdad y no como hacedor o fabricante de penalidades, donde ya las sentencias dictadas en procesos por violación a los ddhh se vuelven cada más simbólicas, atento la edad de los procesados y también la de las víctimas la distinción entre los delitos de lesa humanidad en su forma específica (ataque indiscriminado a la sociedad civil) y el genocidio (ataque discriminado con intención de destruir uno o más grupos), cobra mucha importancia frente a la sociedad.
El supuesto obstáculo es que la Convención Internacional no fija una pena para el delito de genocidio, sino que delega en la legislación interna del país ratificante la fijación del monto de la pena, debemos poner de relieve sin embargo que los cinco incisos que tipifican el obrar genocida, conforme el Art. II de la Convención, se encuentran contenidos en las figuras típicas de nuestro Código Penal, por lo que basta que la sentencia judicial reconozca esa adecuación típica y se aplique la pena cuyo monto se determinará por la existencia del concurso delictivo (conf. art. 55 del C. Penal).- Si se está empleando la calificación de delitos de lesa humanidad, como sabemos, por remisión directa del derecho internacional. y se están aplicando las penas que prevé el Código Penal argentino para cada delito. ¿Porqué no habría de hacerse exactamente lo mismo calificando a los hechos como genocidio, y así también cumplir con nuestra C.N. ?. Por lo que este Tribunal, al entender de esta querella, debe calificar los ilícitos y aplicar la Convención Internacional que fue diseñada para hechos como los investigados en la presente causa, salvo que se considere a los Tratados un catálogo de derechos sin aplicación concreta alguna. Sobre este tema, es importante resaltar, que este año se desarrolló en París el encuentro de juristas sobre “LA MEMORIA, LA EDUCACIÓN Y LA POSIBILIDAD DE HACER JUSTICIA” en el que se abordó, entre otras cosas, la temática del genocidio para los hechos como los que aquí se están investigando. Esta referencia, la traemos a colación, ya que en ese evento participaron varios funcionarios del Estado y jueces de primera instancia y tribunales orales quienes han tenido una activa participación en estos juicios, reconociendo en este ámbito internacional que en Argentina, entre los años 1976 y 1983, hubo un genocidio. AQUÍ LEER EL ARTICULO DEL DIARIO. Válido es manifestarse en estos términos cuando claramente y desde diferentes expresiones tanto desde los estrados judiciales como desde los organismos del Estado se reconoce que en la Argentina hubo un genocidio, y se exige, a todas voces, como lo hemos podido apreciar en estos documentos que acabo de leer, que a las cosas las llamemos por su nombre. Eso es lo que estamos tratando de hacer, Sres. jueces, estamos tratando de coherentizar el discurso con la práctica, estamos tratando de demostrarle a la comunidad internacional que cuando Argentina asume un compromiso, lo asume para cumplirlo. Lo que podemos decir en París, lo podemos rubricar en Argentina y seríamos frente al escenario internacional, un país jurídicamente confiable.
En síntesis, existían leyes escritas, previas, ciertas y estrictas en el momento en que se cometieron los delitos que aquí se juzgan. Esas leyes establecían penas en el derecho interno para cada una de las conductas delictivas. Estas conductas son constitutivas del delito de genocidio, que antes de la comisión de los hechos estaba incorporado como delito y tipificado en nuestra ley interna. Este delito era ya imprescriptible. Sres. Jueces, ante el genocidio no existe la indiferencia; ni tampoco la posibilidad de ponerse por sobre él. Al genocidio se lo investiga, se lo juzga y se lo condena. Asimismo, queremos reiterar que esta querella vino solicitando sostenidamente la necesidad que las investigaciones penales y los juicios a los genocidas deben ser efectuadas en un marco conjunto, no solo por las evidentes características de masividad, planificación e interrelación de los gravísimos crímenes que en ellas se debaten, sino también porque reproduce en los testigos episodios dolorosos, que si bien en algunos, esto se traduce en una verdadera reparación, en donde el relato se transforma en justicia, en otros, en razón de las múltiples reiteraciones, pueden constituirse en verdaderas situaciones de reactualización traumática con efectos de revictimización o profundización del daño.
9.- EFECTOS PSICOSOCIALES DEL GENOCIDIO: El impacto en la víctima:
Los alcances de la tortura, tanto en las víctimas como en sus familiares y miembros del contexto social más cercano, se analizan en dos dimensiones: a) Efectos inmediatos: implican el daño físico y psíquico de la víctima cuando se encuentra en custodia y en manos de sus torturadores, o inmediatamente posterior a su liberación. En sus familiares y contexto social mas cercano (amigos, vecinos, compañeros de trabajo), se presenta como manifestaciones de la esfera psicológica (angustias, fobias, temores, trastornos psicosomáticos, etc.). b) Efectos mediatos: tanto en las víctimas como en su contexto social cercano, aunque también en la comunidad, se presentan efectos a largo plazo que pueden atravesar generaciones. En ocasiones estos efectos mediatos se agudizan ante determinadas situaciones traumáticas del contexto social general.
La experiencia traumática que significa estar encarcelado, vejado, incomunicado y torturado, así como la desvinculación de sus seres queridos, de su entorno y el haber tenido la posibilidad de morir, ser traicionado o delatado, se instalan en el sujeto después de los hechos, produciendo vivencias de angustia, temor, inseguridad, culpabilización, actitudes ambivalentes de amor y odio acompañadas de sentimientos de impotencia por no poder canalizar su malestar contra los represores o torturadores.3. Este objetivo de destrucción sistemática de la persona, alcanza a la familia, vecindario, organizaciones formales e informales y hasta el país en su conjunto. El terror y el silenciamiento son instalados de este modo, con el propósito de ejercer el control de esa población, que el Estado o algún órgano del mismo, perciben como peligrosa. “…la violencia deja huellas físicas, psicológicas y sociales. Sólo una consideración global de estos tres parámetros permite el proceso de integración de una vivencia traumática. Efectivamente para el individuo ya nada será como antes. Además de eventuales secuelas en el plano físico, quedarán siempre huellas psicológicas (cicatrices) más o menos dolorosas…” , la ausencia de procesos reparatorios y asistenciales que agudizan dichas circunstancias.
Estos juicios, Señores Jueces, constituyen una herramienta fundamental para lograr esta reparación, tanto desde el plano individual, como colectivo. Sólo a través de la lucha contra la impunidad y con una condena que refleje el castigo proporcional al daño, se romperá el mandato instalado por los perpetradores de la práctica genocida. o Mirta Beatriz Israel dijo “Yo como familiar entiendo que… que es un delito que no se cometió en el pasado, que se sigue cometiendo. Teresa sigue estando desaparecida, entonces el delito sigue vigente y…. Y no hay duelo posible frente a eso, y eso es lo perverso que vivimos los familiares cuando ni siquiera podemos saber dónde, dónde fue a parar su cuerpo; dónde fue a parar Teresa.” o María Victoria Prigione Greco relató: “Estar acá hoy sentada ante el Tribunal, ante los probables asesinos torturadores de tus padres no es para nada sencillo. Tratar de decirle a la justicia qué es lo que pasó cuando en realidad sería la justicia y el Estado que nos tendrían que decir qué es lo que pasó con nuestros padres, ¿no? Una justicia selectiva que hizo posible que después de 34 años los asesinos de tus padres, los genocidas, estén libres, mientras que, no sé, las abuelas, las madres se mueren sin saber qué pasó con sus hijos. Mi abuela se murió muy vieja y muy triste sin saber qué había pasado con su Bochita, como yo contaba que le decían Bocha a mi papá. Mientras ellos gozan de libertad, siguen impunes, sin ser juzgados sus crímenes en forma completa. o Horacio Mario Scutari: “Me interesaría que después de treinta años, de más de treinta años de impunidad, el Tribunal aplique una justicia rigurosa si ningún tipo de privilegios y me parece que esa determinación del Tribunal, de la justicia, de las leyes sería el único camino para que nunca más sea una realidad.”
Dichos testimonios ayudaron a reconstruir la verdad histórica -fin de todo proceso penal- la cual resulta más accesible a través del rastro dejado en los objetos o en la memoria de las personas, quienes a través de sus dichos permiten al Magistrado reconstruir la actividad humana que es investigada. Máxime, en este tipo de investigaciones, cuando el accionar represivo, militar y policial estaba regido por la clandestinidad. Los testigos, cuyos dichos deberá valorar el tribunal permitieron conocer los sucesos criminales que se desarrollaban mediante un plan sistemático; el cual se ejercía de forma clandestina y secreta. Sobre la importancia de las declaraciones testimoniales en un proceso penal, Jorge A. Clariá Olmedo nos enseña: "La versión traída al proceso por las personas conocedoras de algún elemento útil para el descubrimiento de la verdad mediante su dicho consciente, con fines de prueba, es de trascendental significación desde el punto de vista probatorio. Esto nos ubica dentro de la concepción amplia del testigo, cuyo tratamiento ocupa el primer lugar en el análisis de los colaboradores del proceso penal en lo que respecta a la adquisición de las pruebas [...] En este sentido amplio y generalizante, puede llamarse testigo a toda persona informada de cualquier manera de los hechos o circunstancias que se investigan en una determinada causa penal y cuya declaración es considerada útil para el descubrimiento de la verdad [...] El testigo desempeña un servicio de carácter público en la administración de la justicia. En materia penal es el colaborador más importante para la adquisición de la prueba, por cuya razón su intervención en el proceso se impone con las menores restricciones posibles." (Clariá Olmedo, Jorge A. Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo IV pág.256 y sig. Ediar S.A: Editores, 1963).
Por ello, en este marco donde se han suprimido las marcas del delito en forma deliberada, o no se han dejado rastros de su perpetración, o no ha sido posible la adopción de medidas de conservación de evidencias, o se consumaron mediando invasión a esferas de privacidad o en ámbitos clandestinos especialmente organizados a tal fin, y bajo una intrascendencia pública violenta e infligiendo terror, cierta prueba se vuelve necesaria en el sentido de ser la única posible por el medio y modo como se delinquió. Seguramente se querrá cuestionar, o al menos esto es inferible de algunas preguntas de las defensas, que respecto a la identificación de los imputados los testimonios estén viciados.
Primero se busco la verdad, después se la denuncio y pasaron demasiados años hasta que esa verdad pudiera ser un instrumento para obtener de parte de los Tribunales, justicia. Los testigos que aquí declararon constituyeron la MEMORIA de los años de horror del Terrorismo de Estado, su único objetivo es la VERDAD, queda en manos de este Tribunal hacer JUSTICIA:
CONCLUSIÓN: Consideramos demostrado que los delitos que aquí se juzgan no son hechos susceptibles de ser valorados aisladamente, sino que constituyeron parte de un plan sistemático de exterminio, un proceso que consideramos genocida, y que así solicitaremos se lo reconozca y califique. Sólo en ese contexto entenderemos el rol que le cupo a cada uno de los aquí imputados en la maquinaria genocida, que tuvo un eje estratégico en el accionar clandestino y en el exterminio mediante el secuestro, la tortura, los abusos sexuales y la desaparición.
11.- LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS: Respecto al lugar de cumplimiento de la condena que se dicte en esta causa, esta querella, manifiesta, como en reiteradas oportunidades, que la misma deberá ser cumplida en cárcel común y ordinaria, sosteniendo que no corresponde otorgar el beneficio del art. 33 de la ley 24660, el cual permite la prisión domiciliaria de aquellos penados que tengan más de 70 años o alguna enfermedad que así lo amerite, enfatizando que dicho beneficio constituye una excepción, y en esta calidad deberá ser aplicado. En este sentido, vale traer a colación, lo dicho respecto a este punto por el Tribunal Oral Federal Nº 1, en sentencia contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, cuando expresa: “…Etchecolatz es autor de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio, que evidenció en sus acciones un desprecio total por el prójimo y formando una parte esencial de un aparato de destrucción, muerte y terror. Comandó los diversos campos de concentración en donde fueron humilladas, ultrajadas y en algunos casos asesinadas las víctimas de autos…”, y continúa diciendo: “…Etchecolatz cometió delitos atroces y la atrocidad no tiene edad. Un criminal de esa envergadura, no puede pasar un solo día de lo que le reste de su vida, fuera de la cárcel…”.
En estos términos y porque la norma así lo indica, con el objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena, sin privilegios, sin prerrogativas, sin excepciones, es que esta querella solicita se mantenga la situación actual de los imputados y que el cumplimiento de la sentencia que dicte este Tribunal, se haga efectivo en cárcel común, tal como lo indica nuestra normativa y evitando que la excepcionalidad se convierta en regla con argumentos inconsistentes y falaces, que solo favorecen la continuidad de la impunidad, y debilita la efectiva protección que el Estado debe brindar a las víctimas del terrorismo de Estado. 12.- IMPUTACIONES: En virtud de lo alegado durante la sustanciación de este debate, esta querella pasa a solicitar la condena a los imputados, de modo que solicitamos:
13 -Solicitamos la condena Raúl Antonio Guglielminetti, miembro de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército Argentino, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuado bajo el alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 75 oportunidades, en relación a los casos identificados con los números 54, 55, 63, 73, 75, 76, 78, 85, 87, 95, 98 a 100, 102, 104, 107 a 110, 121 a 126, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 145, 147 a 150, 152 a 181 cfr art. 144 bis inc.1 y ultimo párrafo Ley 14616 en función del art 142 inc1 Ley 20.642 CP, 56 de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, en los casos identificados bajo los números 54, 55, 63, 73, 75, 76, 78, 85, 87, 95, 98 a 100, 102, 104, 107 a 110, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (cfr art. 144 bis ultimo párrafo en función del art. 142 inc.5 del CP) en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligido por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo, Ley 14.616) reiterado en 75 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 75 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad. Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.
15- Solicitamos la condena Enrique José Del Pino, miembro del Ejército Argentino, Batallón de Inteligencia 601, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber ostentado el cargo de Capitán actuando bajo el alias de “Miguel”, siendo parte del plantel estable del Circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co- autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 118 oportunidades, en relación a los casos identificados con los números 1, 27, 31, 54, 55, 59, 61 a 63, 73 a 75, 77 a 114, 116 a 118, 120 a 181, cfr art. 144 bis inc.1 y ultimo párrafo Ley 14616 en función del art 142 inc1 Ley 20.642 CP, 86 de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, en los casos identificados bajo los números 1, 27, 31, 54, 95, 59, 61 a 63, 73 a 80, 82 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152, 154, 157, 161 a 163, 165 a 173, 177 (cfr art. 144 bis ultimo párrafo en función del art. 142 inc.5 del CP) en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligido por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo, Ley 14.616) reiterado en 118 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 118 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad. Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.
Para finalizar, señores jueces, reiteramos que si bien solicitamos condena de acuerdo a la normativa del derecho interno consideramos a los delitos investigados en esta causa, en su sentido específico de genocidio. Ello habilitará un reconocimiento no sólo social sino también jurídico por los hechos sucedidos en nuestro país. Sin este reconocimiento de planificación y ejecución del Genocidio por la Justicia argentina no se permitirá a toda la sociedad prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad. Y un fallo que lo reconozca facilitará la resistencia firme a cualquier intento de reinstalación de estas prácticas. Este pedido de reconocimiento judicial y de condena lo realizamos con la adhesión de sobrevivientes y familiares, lo solicitamos en nombre de los desaparecidos y asesinados, y en nombre de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y como lo determinan nuestro pensamiento y nuestra convicción: por los 30.000 desaparecidos, por Julio López y Silvia Suppo es que exigimos luego de la Sentencia, cárcel común y efectiva a todos los imputados en este juicio.

References: Resolución 
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 Resolución