Source: http://www.franciscosantana.net/2016/04/los-honorarios-profesionales-del.html
Timestamp: 2019-02-23 18:19:55+00:00

Document:
“…Tal como se ha denunciado la juez en su sentencia no se atuvo a lo alegado y probado en los autos, para ello dejó de copiar parte muy importante del escrito de informes, para concluir: '…que el accionante, en el escrito de informes presentado en alzada, solicitó a este ad quem se informara a la Fiscalía Sexta del Área Metropolitana de Caracas sobre el acontecimiento supra transcrito…'.
Al iniciar este escrito señalé que iba a denunciar un presunto delito que se ha cometido en este juicio, una vez que fue presentado el escrito a que se ha hecho referencia, en fecha 11 de febrero de 2011, por el abogado Gonzalo Álvarez Domínguez, en representación de RODOLFO TOVAR MATA, en efecto, consta en el expediente llevado por la Fiscal Sexta de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, expediente No. 01-F6-0439-08, que el ciudadano RODOLFO JOSÉ TOVAR MATA, venezolano, mayor de edad, comerciante, casado, de este domicilio, (…), está imputado por el presunto delito de estafa agravada, por haber consignado en otro juicio de estimación e intimación de honorarios, seguido por mí persona contra éste y el resto de los demandados en esta causa, el documento autenticado por la Notaría Pública Vigésima Séptima de Caracas el 16 de enero de 2006, bajo el No. 22, Tomo 7, con la intención, como lo hacen ahora de frustrar el pago de mis honorarios profesionales…
Por lo expuesto, razonado y fundamentado, muy respetuosamente, solicito de esa Honorable Sala de Casación Civil, declare procedente la denuncia de los artículos 12 y 243 en su ordinal 5o, y, consecuencialmente, de conformidad con el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, sea declarada la nulidad de la sentencia de fecha 15 de julio de 2015, emitida por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas…”.
Alega el formalizante en su denuncia, que la sentencia recurrida se encuentra inficionada del vicio de incongruencia positiva, no obstante, se aprecia de la lectura de la denuncia que lo pretendido por el recurrente es delatar el vicio de incongruencia negativa cometido por el ad quem, por omisión de pronunciamiento respecto a lo alegado por la parte demandante en el escrito de informes ante la alzada, lo que se había puesto en conocimiento del juez de primera instancia, relativo a que se había cometido un presunto hecho punible por estafa agravada, por haber consignado el abogado Gonzalo Álvarez Domínguez, en representación de uno de los demandados Rodolfo Tovar Mata, en otro juicio de estimación e intimación de honorarios, el documento autenticado de fecha 16 de enero de 2006, con la intención de frustrar el pago de los honorarios del demandante, por lo que “…pidió que informara a la Fiscalía Sexta del Área Metropolitana de Caracas…”.
Así la Sala, con respecto a los alegatos esgrimidos en los informes de obligatorio pronunciamiento por parte de los jueces de instancia, esta Sala de Casación Civil en sentencia N° 00443, de fecha 30 de julio de 2013, caso: Arnaldo José Pérez Amitesarove y otra contra Inmobiliaria 142-C, C.A., Exp. 12-602, señaló lo siguiente:
“…Ahora bien, entre los alegatos que se pueden esgrimir ante el juez de alzada en informes, relacionados con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación de la demanda y que pueden tener influencia determinante en la suerte del proceso, ad exemplum tenemos los siguientes: Los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso…”.
En tal sentido, el alegato expuesto por el formalizante como omitido por el sentenciador de alzada, respecto a que había puesto en conocimiento del juez de primera instancia, que se informara a la Fiscalía Sexta del Área Metropolitana de Caracas, relativo a que se había cometido por el codemandado Rodolfo Tovar Mata, un presunto hecho punible por estafa agravada, con el documento autenticado en fecha 16 de enero de 2006, lo cual no es de aquellos de obligatorio pronunciamiento por el juez como lo refiere la jurisprudencia antes transcrita, o que puedan tener influencia determinante en la suerte del proceso, porque en todo caso, los mismos se dirigen a instar una actividad de naturaleza penal que no le corresponde al juez civil resolver en la presente causa.
Por todo lo antes expuesto, la Sala estima que el juez de la recurrida no incurrió en el vicio de incongruencia negativa, por omisión de pronunciamiento de lo alegado en el escrito de informes,razón por la cual esta Sala debe declarar improcedente la presente denuncia. Así se declara.
“…Como se puede obsevar de lo antes transcrito, los abogado María Evelina Liliana Arbocco Zegarra y Gianluca Farina Arbocco, no son clientes o patrocinados por mi persona, en consecuencia no existe ningún pacto de cuota litis, como lo establece el juez en su sentencia, al señalar, vuelto del folio 181 y folio 182, lo siguiente:
Por lo expuesto, razonado y fundamentado, muy respetuosamente, solicito de esa honorable Sala de Casación Civil, declare procedente la denuncia de los artículos 12 y 243 ordinal 5, y, consecuencialmente, de conformidad con el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, se declare la nulidad de la sentencia de fecha 15 de julio de 2015, emitida por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas…”.
Yo, Doctor Osmar Rafael Vásquez García, abogado en ejercicio, de este domicilio, (…) actuando con el carácter que tengo acreditado en los autos (Expediente N° AP51-V-2005-03746) y de conformidad con la cesión de derechos que cursa en los autos marcada con la letra “A” que hago valer y aquí doy por reproducida, respetuosamente acudo ante su competente autoridad para exponer:
Como resultado de la demanda de inquisición de paternidad intentada por la ciudadana GLORIA JOSEFINA SALAZAR RODRIGUEZ, (…), actuando en su propio nombre y representación de su menor hija ADRIANA LORENA SALAZAR RODRIGUEZ, (…), contra los ciudadanos: LILIA MATA de TOVAR , (viuda de Rafael Tovar,†), RAFAEL JOSE TOVAR MATA, RODOLFO JOSE TOVAR MATA, MAGDALENA JOSEFINA TOVAR MATA y LILIA JOSEFINA TOVAR MATA, venezolanos, (…), juicio en el cual se demandó que el ciudadano RAFAEL TOVAR (fallecido), venezolano mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-700.132, es el padre biológico de la adolescente ADRIANA LORENA SALAZAR RODRIGUEZ, antes identificada, el tribunal de la causa, para ese entonces Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sala de Juicio, Juez Unipersonal VIII, en sentencia definitivamente firme y ejecutoriada de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil cuatro (2004), declaró CON LUGAR la demanda y se condenó en costas a los demandados.
“…NULIDAD DE LA CESIÓN
El actor en el presente juicio es el abogado Osmar Rafael Vásquez García, quien alega en el libelo ser cesionario de los doctores María Evalina Arbocco Zegarra y Gianluca Farina Arbocco, quienes son abogados, cesión que versó sobre los posibles honorarios que le correspondían a estos últimos por la actuación en un proceso de inquisición de paternidad. Los cedentes dicen haber realizado una serie de actividades en un juicio y le traspasan al actor los derechos que estiman le corresponden.
Pero, por otra parte y a todo evento, la cesión en comento también es nula, por contener un pacto de cuota litis, como se observa del documento que la contiene. Al establecer el precio de la cesión, elemento indispensable para su validez…”.
En tal sentido cabe señalar, que el demandante fundamenta su acción de intimación de honorarios profesionales con el carácter acreditado en juicio de inquisición de paternidad intentada por la ciudadana Gloria Josefina Salazar Rodríguez contra la sucesión del ciudadano Rafael Tovar, y en la cesión de derechos marcada “A” en el expediente.
Asimismo, la parte demandada opuso la nulidad de la cesión de derechos hecha por los abogados María Evalina Arbocco Zegarra y Gianluca Farina Arbocco, al abogado demandante, con base en que el cobro de honorarios profesionales son de carácter estrictamente personal y no pueden ser cedidos, así como por contener un pacto de cuota litis, al establecer el precio de la cesión, sobre el 50% de los posibles honorarios que le correspondían a las cedentes por la actuación en el proceso de inquisición de paternidad.
“…De lo controvertido:
La parte intimante fundamentó su escrito de demanda en la sentencia dictada por la Sala de juicio, Juez unipersonal VI, que condenó al de cujus RAFAEL TOVAR, al pago de las costas judiciales como consecuencia del juicio de inquisición de paternidad que incoó la ciudadana GLORIA JOSEFINA SALAZAR RODRÍGUEZ, en representación de su hija menor en aquella oportunidad, ADRIANA LORENA SALAZAR RODRÍGUEZ; alegando que tiene derecho a percibir el correspondiente pago de las costas y honorarios profesionales derivados del documento de cesión realizado a su favor por los abogados MARÍA EVELINA LILIANA ARBOCCO ZEGARRA y GIANLUCA FARINA ARBOCCO.
El mencionado documento de cesión, fue autenticado por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha 12 de noviembre del 2014 quedando anotado bajo el N° 63, Tomo 85 de los libros de autenticaciones llevados por dicha Notaría, de dicho documento se desprende que efectivamente, tal como lo señaló la recurrida, los profesionales del derecho; María Evelina Liliana Arbocco Zegarra y Gianluca Farina Arbocco, cedieron y traspasaron en plena propiedad y en forma irrevocable al hoy intimante, ciudadano; Osmar Rafael Vásquez García, los derechos que tienen sobre las actuaciones y escritos por ellos realizados, consignados y presentados en el expediente N° 15.894, llevado por el Juzgado de Protección del Niño y el Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sala de Juicio, Juez Unipersonal VI. Asimismo, se desprende del documento en cuestión, que el precio establecido por las partes lo constituye una cantidad igual al cincuenta por ciento (50%) del monto que en definitiva el abogado Osmar Vásquez García, reciba por la estimación e intimación de honorarios correspondiente a las actuaciones que ceden los expresados abogados.
Siendo ello así, por imperativo legal, la cesión efectuada mediante el documento autenticado por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha 12 de noviembre del 2014, que quedó anotado bajo el N° 63, Tomo 85 de los libros de autenticaciones llevados por dicha Notaría, está viciada de nulidad absoluta debido a que su causa es ilícita, ya que el abogado no puede celebrar con sus clientes ningún pacto ni contrato de venta, donación, permuta u otros semejantes, en ese caso la cesión que nos ocupa, sobre las cosas comprendidas en las causas a que presta su ministerio, en consecuencia, considera esta alzada que actuó ajustado a derecho el tribunal de la causa, al declarar la nulidad de la cesión de derechos realizada por los abogados María Evelina Liliana Arbocco Zegarra y Gianluca Farina Arbocco, a favor del accionante Osmar Vásquez García, en razón de la ausencia de los requisitos indispensables para la existencia de un contrato y albergar el vicio del denominado pacto de cuota litis, lo cual lo hace nulo de nulidad absoluta. Y así se establece…”.
Como se evidencia del fallo antes transcrito, el juzgador de alzada declaró la nulidad del contrato de cesión de derechos realizada por los abogados María Evelina Liliana Arbocco Zegarra y Gianluca Farina Arbocco, al demandante Osmar Vásquez García, con base en que no se estableció el precio e incurrir en el vicio de pacto de cuota litis, y en virtud que el cobro de honorarios profesionales de abogado, tiene un carácter restablecedor y compensatorio en cuanto a las costas judiciales, toda vez que es una sanción accesoria o adicional al perdidoso del pleito judicial, permitir y aceptar la cesión de estos derechos que son personalísimos.
“…Como se puede observar, ciudadanos Magistrados, el juez de la sentencia recurrida observa, que se dicta sentencia no obstante que cursa en los autos acta de defunción de la codemandada en esta causa, ciudadana Lilia Josefina Tovar Mata y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil el curso de la causa se suspenderá mientras se cite a los herederos.
La falta de aplicación del artículo 144 ejusdem (sic), fue determinante en el dispositivo del fallo, habida cuenta que la juez de la recurrida decidió, vuelto del folio 184, lo siguiente:…”.
Alega el formalizante la falta de aplicación por la recurrida del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, ya que el juez superior “…ha debido reponer la causa al estado de darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil…”, al ser consignada en el expediente el acta de defunción de la codemandada Lilia Josefina Tovar Mata.
Ahora bien, es necesario determinar que los artículos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil, denunciados como infringidos son de carácter procesal, y por tanto, no deben ser delatados mediante una denuncia por infracción de ley, sino como una denuncia de quebrantamiento de formas sustanciales con menoscabo del derecho de defensa.
En fecha 01 de abril de 2014, compareció el abogado Gonzalo Álvarez, apoderado judicial de la parte demandada y consignó diligencia con copia del acta de defunción de la ciudadana Lilia Tovar Mata, quien falleció en fecha 17 de octubre de 2013.
En fecha 22 de abril de 2014, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, dictó auto mediante el cual ordenó librar edicto a los herederos conocidos y desconocidos de la ciudadana Lilia Josefina Tovar Mata, de conformidad con el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. En la misma fecha se libró el mencionado edicto.
En fecha 13 de mayo de 2014, el abogado demandante con fundamento en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, impugnó la copia simple del acta de defunción de la ciudadana Lilia Josefina Tovar Mata y solicitó se revocara el auto de fecha 22 de abril del mismo año, que ordenó librar los edictos.
En fecha 3 de junio de 2014, el abogado Osmar Vásquez, consignó nuevamente diligencia mediante la cual solicitó al tribunal que revocara el auto de fecha 22 de abril de 2014.
Por auto de fecha 3 de junio de 2014, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, concedió un lapso de diez (10) días de despacho, para que se consignara el original o copia certificada del acta de defunción de la ciudadana Lilia Josefina Tovar Mata.
El 21 de julio de 2014, el abogado Osmar Vásquez García, solicitó que se revocara por contrario imperio, el auto de fecha 22 de abril de 2014, que ordena se publique edicto en la prensa a los herederos desconocidos de la ciudadana Lilia Josefina Tovar Mata, con fundamento en lo siguiente: “…Consta en los autos, acta de defunción de la codemandada en esta causa, ciudadana LILIA CONCEPCIÓN TOVAR MATA y consta en la referida acta de defunción que la nombrada ciudadana, es hija de Rafael Tovar (fallecido) y de Lilia Mata de Tovar (fallecida), también consta en dicha acta, que no tuvo hijos, igualmente consta en los autos, que tanto la referida ciudadana LILIA CONCEPCIÓN TOVAR MATA, como los ciudadanos: RODOLFO JOSÉ TOVAR MATA, RAFAEL JOSÉ TOVAR MATA y MAGDALENA TOVAR MATA, fueron demandados en este juicio de estimación e intimación de honorarios. Siendo dichos ciudadanos hermanos, lo cual significa, que los herederos de la ciudadana LILIA CONCEPCIÓN TOVAR MATA, son sus hermanos los ciudadanos: RODOLFO JOSÉ TOVAR MATA, RAFAEL JOSÉ TOVAR MATA y MAGDALENA TOVAR MATA, todos ampliamente identificados en los autos. Ahora bien, es evidente que los ciudadanos: RODOLFO JOSÉ TOVAR MATA, RAFAEL JOSÉ TOVAR MATA y MAGDALENA TOVAR MATA, hermanos de la ciudadana LILIA CONCEPCIÓN TOVAR MATA, son sus herederos y son conocidos, tal como consta en los autos...”.
En fecha 23 de julio de 2014, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró “…QUE NO HA LUGAR el pedimento realizado por el demandante, OSMAR VÁSQUEZ GARCÍA, a través de escrito presentado en fecha diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), referido a que el Tribunal revocara, por contrario imperio, el auto mediante el cual se había ordenado a citar, mediante edicto publicado en la prensa, a los herederos desconocidos de la ciudadana LILIA JOSEFINA TOVAR MATA…”.
En data 19 de noviembre de 2014, compareció el abogado Gonzalo Álvarez Domínguez, apoderado judicial de la parte intimada y consignó la copia certificada del acta de defunción de la ciudadana Lilia Josefina Tovar Mata.
“…Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia u otra cosa común, la citación que debe hacerse a tales sucesores desconocidos, en relación con las acciones que afecten dicho derecho, se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse por citados en un término no menor de sesenta días continuos, ni mayor de ciento veinte, a juicio del Tribunal, según las circunstancias.
El edicto se fijará en la puerta del Tribunal y se publicará en dos periódicos de los de mayor circulación en la localidad o en la más inmediata, que indicará el Juez por lo menos durante sesenta días, dos veces por semana...”.
Sobre el particular, esta Sala, en decisión del 25 de junio de 2002, en el juicio de Nieves Margarita Avenas Montes contra los herederos de José Martínez Roda, expediente N° 00-000414, reiterado en sentencia de fecha 11 de junio de 2008, caso: Eleana María Carruyo Parra y Luís Alberto Maldonado Urdaneta, estableció que:
“...el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil de Procedimiento Civil, señala que “La muerte de la parte desde que se haga constar en el expediente, suspenderá el curso de la causa mientras se cite a los herederos”. En aplicación del precepto legal transcrito, ocurrido el supuesto de hecho señalado y programado por la norma, lo procedente es ordenar la paralización de la causa y proceder a citar a los herederos, aún a los desconocidos, mediante edicto, tanto a título universal como particular, ya que se debe entender a éstos como los nuevos legitimados para obrar, respecto al derecho litigado por el de cujus (sic).... (Negritas y cursivas de la Sala).
1) Mediante auto de fecha 22 de abril de 2014, el juzgado a quo declaró paralizada la causa y ordenó librar el edicto de citación de los herederos conocidos y desconocidos de la codemandada Lilia Josefina Tovar Mata, cuyo edicto fue librado para su publicación y fijación en las puertas del tribunal el mismo día.
2) El intimante hoy recurrente solicitó que se revocara por contrario imperio el auto de data 22 de abril de 2014, que ordena se publique edicto en la prensa a los herederos desconocidos de la codemandada Lilia Josefina Tovar Mata.
3) El Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, habiendo transcurrido un lapso de 8 meses de que se suspendió la causa en razón de la consignación del acta de defunción de la codemandada Lilia Josefina Tovar Mata, dicto sentencia el 17 de diciembre de 2014, sin que el demandante hoy recurrente haya cumplido con su carga procesal de publicar por prensa nacional el edicto librado desde el 22 de abril de 2014, mediante el cual se ordenaba la citación de los herederos desconocidos.
En ese sentido, habiendo sido declarado sin lugar la demanda en ambas instancias, la falta de llamamiento de los herederos conocidos y desconocidos de la difunta codemandada Lilia Josefina Tovar Mata, en nada afecta la presente situación procesal de la codemandada o a cualquiera que pudiere tener interés, pues la cesión fue declarada nula, como efectivamente lo es, al quedar firme la sentencia recurrida no se le ocasiona un perjuicio ni se menoscaba su derecho a la defensa y el debido proceso.
Por lo demás, estima conveniente la Sala referirse a la nulidad de la cesión de derechos en que se fundamenta el abogado intimante para cobrar los honorarios profesionales, declarada en ambas instancias, que en atención a la jurisprudencia de la Sala, los honorarios profesionales del abo­gado, son estrictamente personales, lo que significa que solamente el titular de ese derecho es el que se encuentra auto­rizado por la ley para exigir su pago, estableciendo así que “…no son sus­ceptibles de ser transmitidos ni cedidos a un terce­ro, aunque sea profesional de la abogacía, no ha tenido ninguna actividad ni injerencia en el asunto…”. (Sentencia N° 706 del 23 de noviembre de 1999, en el juicio de abogada Emilita Meléndez de Noguera contra Sergio Fer­nández Quirch, en el expediente N° 99-390)
Por lo tanto, en estos supuestos declarar la nulidad de todo lo actuado resultaría manifiestamente inútil y contrario a los preceptos contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto habiendo sido declarado sin lugar la demanda en ambas instancias, la falta de llamamiento de los herederos conocidos y desconocidos de la difunta codemandada Lilia Josefina Tovar Mata, en nada afecta la presente situación procesal de la codemandada o a cualquiera que pudiere tener interés.
“…El juez de la recurrida viola por errónea interpretación los artículos 1.549 y 1.554 ejusdem, ya que al vuelto del folio 182, decide:
'...considera esta alzada que actuó ajustado a derecho el tribunal de la causa, al declarar la nulidad de la cesión de derechos realizada por los abogados María Evelina Liliana Arbocco Zegarra y Gianluca Fariña Arbocco, a favor del accionante Osmar Vásquez García, en razón de la ausencia de requisitos indispensables para la existencia de un contrato...'.
'…omissis…los profesionales del derecho; María Evelina Liliana Arbocco Zegarra y Gianluca Farina Arbocco, cedieron y traspasaron en plena propiedad y en forma irrevocable al hoy intimante, ciudadano; Osmar Rafael Vásquez García, los derechos que tienen sobre las actuaciones y escritos por ellos realizados, consignados y presentados en el expediente N° 15.894, llevado por el Juzgado de Protección del Niño y el Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sala de Juicio, Juez Unipersonal VI. Asimismo, se desprende del documento en cuestión, que el precio establecido por las partes lo constituye una cantidad igual al cincuenta por ciento (50%) del monto que en definitiva el abogado Osmar Vásquez García, reciba por la estimación e intimación de honorarios correspondiente a las actuaciones que ceden los expresados abogados'…”. (Negrillas y subrayado del formalizante)
Así para plantear denuncias por infracción de ley, es necesario que el formalizante deba “…a) encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; b) especificar qué normas jurídicas resultaron infringidas y cuál de las hipótesis previstas en el mentado ordinal 2º del artículo 313, es la que se pretende denunciar, ya sea por errónea interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, falsa aplicación de una norma jurídica, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia; c) expresar las razones que demuestren la existencia de la infracción, esto es, explicar de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 313 eiusdem y; d) especificar las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, e indicar las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas…”. (Sentencia N° 308, del 23/05/2006, caso: Gerardo Enrique Leal Rivero, contra Tamara Daraena Pérez, expediente N° 05-602).
“…Artículo 1.549.- La venta o cesión de un crédito, de un derecho o de una acción son perfectas, y el derecho cedido se transmite al cesionario, desde que haya convenio sobre el crédito o derecho cedido y el precio, aunque no se haya hecho tradición,
Artículo 1.554.- El cedente no responde de la solvencia del deudor, sino cuando lo ha prometido expresamente, y sólo hasta el monto del precio que se le haya dado por el crédito cedido…”.
En cuanto a la causa como requisito para la existencia del contrato, ésta debe ser lícita. Ahora bien, en el caso de marras nos encontramos en una cesión de derecho, en la cual no se determinó su precio, y aunado a ello, contraviniendo disposiciones legales, en virtud que el cobro de honorarios profesionales, tal como lo señaló la recurrida, tiene un carácter restablecedor y compensatorio en cuanto a las costas judiciales, toda vez que es una sanción accesoria o adicional al perdidoso del pleito judicial, permitir y aceptar la cesión de estos derechos que son personalísimos pudiese desencadenar en radicalización de los conflictos judiciales, los cuales no tienen ni persiguen esa finalidad jurídica…”.
Como se evidencia del fallo antes transcrito, el juzgador de alzada declaró la nulidad del contrato de cesión de derechos realizada por los abogados María Evelina Liliana Arbocco Zegarra y Gianluca Farina Arbocco, al demandante Osmar Vásquez García, con base en que el referido contrato de cesión no se estableció el precio y por incurrir en el vicio de pacto de cuota litis, indicando que el cobro de honorarios profesionales de abogado, tiene un carácter restablecedor y compensatorio por lo que no se puede permitir y aceptar la cesión de estos derechos que son personalísimos, por tanto, al establecer la nulidad del contrato de cesión por no determinarse el precio, interpretó acertadamente los artículos 1.549 y 1.554 del Código Civil, pues como estás normas lo indican, para que la cesión de derechos o crédito sea perfecta, es necesario la inclusión del elemento precio en el documento de cesión de derechos o crédito.
Así tenemos que en la sentencia recurrida, el juzgador de alzada al analizar del documento de cesión de derechos, autenticado por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha 12 de noviembre del 2014, anotado bajo el N° 63, Tomo 85, señaló que “…el precio establecido por las partes lo constituye una cantidad igual al cincuenta por ciento (50%) del monto que en definitiva el abogado Osmar Vásquez García, reciba por la estimación e intimación de honorarios correspondiente a las actuaciones que ceden los expresados abogados…”, por tanto, se fijó el precio con base en un 50% del valor de los honorarios profesionales objeto de la presente acción de estimación, es decir, tal porcentaje es fungible e intercambiable por una suma de dinero que representa idéntico valor, sin embargo, tal error del sentenciador de alzada en cuanto a la indeterminación del precio no resulta determinante de la suerte de la controversia, ya que existe un imposibilidad jurídica que afectó el contrato de cesión, pues los honorarios profesionales del abogado, no son susceptibles de ser transmitidos ni cedidos a un tercero.
En este sentido, acorde con lo establecido por el juzgador de la recurrida respecto a la cesión de honorarios profesionales de abogado, la Sala en sentencia N° 706 del 23 de noviembre de 1999, en el juicio de abogada Emilita Meléndez de Noguera contra Sergio Fernández Quirch, en el expediente N° 99-390, señaló lo siguiente:
“…Dispone el artículo 2o de la Ley de Abogados que: "El ejercicio de la abogacía impone dedicación al estudio de las disciplinas que impliquen la defensa del derecho, de la libertad y de la justicia. No pue­de considerarse como comercio o Industria y, en tal virtud, no será gravado con impuestos de esta naturaleza".
Esta disposición legal fija los parámetros di­rectos en los cuales se ejerce la profesión de abo­gado.
El ejercicio de la profesión de abogado, de acuer­do a la ley especial que regula su ejercicio, da de­recho al abogado a percibir honorarios profesiona­les por los trabajos judiciales o extrajudiciales que realice, como lo establece el artículo 22 de la ley respectiva; por tanto, no es una mercancía sujeta a la oferta y la demanda, de donde se colige que el ejercicio de la profesión de abogado está unido ín­timamente a la persona que ejerza tal profesión, de tal manera que está legalmente protegido por la Ley, sancionándose a quienes ilegalmente ejercen la profesión de abogado (artículo 30 y 31 de la Ley).
Los honorarios del abogado, como los de cual­quier profesional que ejerce su profesión, no son sueldo o salario, la palabra viene de honor, que sir­ve para honrar, lo cual significa como lo destaca la propia ley especial, que no es un comercio ni in­dustria.
"...Por honorarios se entiende la retribución que recibe por su trabajo quien practica un arte liberal. Es voz que se emplea siempre en plural proviniendo del latín honorarius, adjetivo que se aplica a un beneficio o retri­bución que se da con honor. Esta idea o concepto deriva de que en Roma se denomi­naron honores a los oficios o empleos públi­cos que por concesión especial llevaban consigo el derecho de percibir una parte de los impuestos" (Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIV, pág. 472).
El autor Von Ihering en su obra El Fin del Dere­cho señala que "la antítesis del trabajo oneroso y el trabajo gratuito en la antigua Roma, corresponde a la oposición del trabajo corporal al trabajo intelec­tual. Solamente aquél, no éste, tiende la mano al salario. Esta concepción se encuentra en todos los pueblos ya que el trabajo corporal es un hecho sensible. El que a él se somete lo siente; un tercero lo ve, y no sólo ve el acto mismo del trabajo sino que comprueba el resultado. Únicamente el trabajo corporal merece salario, porque sólo él ha costadosufrimiento; porque según el uniforme concepto que uno se forja sólo él crea. El trabajo intelectual, por el contrario no es considerado como trabajo, no fatiga al hombre, no le causa ningún esfuerzo. El lenguaje ha establecido claramente la distinción entre los dos campos de actividad; habla de salario cuando se trata del primero; para el segundo se ha suprimido de propósitos el nombre y lo sustituye con otros diferentes. El escritor, el compositor, el abogado, el médico, no reciben un salario perciben honorarios; el empleado cobra un sueldo (gratifica­ciones en caso de servicios extraordinarios); el mi­litar una paga" (pág. 56 y siguientes).
En tiempos de Roma, se consideraban los hono­rarios como derivado de un oficio como inherente a la persona, que mereció éste. Por esta razón prohi­bieron la transferencia del cobro de honorarios en la vida y también después de la muerte (post-morten) del abogado.
De lo anteriormente expuesto, se puede decir, que los honorarios profesionales del abogado se encuentran unidos a la persona del mismo, no pudiendo ser separado o escindido de la persona del abogado; es un derecho personalísimo, que no es susceptible de cambiar de titular, es pues, in­transmisible, porque constituye un elemento de la persona misma del abogado actuando en un caso concreto.
De las normas precedentes, se demuestra palmariamente que los honorarios profesionales del abo­gado, son estrictamente personales y, solamente el titular de ese derecho es el que se encuentra auto­rizado por la ley para exigir su pago aun con el au­xilio de la justicia, si fuere necesario.
Por tanto, en criterio de este Alto Tribunal, los honorarios profesionales del abogado no son susceptibles de ser transmitidos ni cedidos a un terce­ro, que aunque sea profesional de la abogacía, no ha tenido ninguna actividad ni injerencia en el asunto.
En relación con la cesión de derechos, los auto­res franceses Ambrosio Colin y H. Capitant, en su laureada obra de Derecho Civil, definen la figura de la cesión de derechos como "el acto jurídico en virtud del cual un acreedor transfiere su crédito al cesionario, de modo tal que éste se convierte en acreedor en su lugar", y agregan: "La operación está regulada en el Código Civil en el título de la venta. En efecto, en la inmensa mayoría de los ca­sos, la cesión se verifica en virtud de precio en metálico, constituye entonces, sin duda una varie­dad de la venta...". (Tomo 3o, pág. 333, 4a Edición Española, 1960).
El autor patrio, Doctor Aníbal Dominici en su obra Comentarios al Código Civil Venezolano, dice:
En toda cesión figuran tres personas: el cedente, que es el dueño del crédito; el cesio­nario, la persona a cuyo favor se hace la ce­sión, y el cedido o deudor cedido, que es el individuo obligado por el crédito.
En su acepción general, cesión significa traspaso, por manera que la cesión de dere­chos se encuentra en todo acto o contrato en que aquellos se transmiten por conse­cuencia de la declaración hecha o de la convención celebrada. Pero, la ley se contrae aquí a los derechos o acciones personales que pueden ser enajenados, y que se trans­miten por actos entre vivos, aunque esos de­rechos personales se refieran a bienes indi­vidualmente determinados, como los que pro­vienen de un contrato de arrendamiento.
Los derechos reales, dominio, posesión, usu­fructo, servidumbres prediales, etc.; se rigen en cuanto a su cesión o traspaso por otros preceptos.
Queda dicho que no pueden ser materia de cesión sino los derechos que pueden ser enajenados y trasmitidos de persona a per­sona. Será por consiguiente írrita la cesión de los derechos que son eminentemente personales como los de uso y habitación, y los de alimento, o los que no pueden ser objeto de venta como las esperanzas de he­redar en una sucesión futura, y en general todos los que por la ley están libres de em­bargo y ejecución". (Tomo II, pág. 401)…”.
La jurisprudencia antes transcrita, con base en los artículos 22 y 23 de la Ley de Abogados, establece que los honorarios profesionales del abo­gado, no son susceptibles de ser transmitidos ni cedidos a un terce­ro, que aunque sea profesional de la abogacía, no ha tenido ninguna actividad ni injerencia en el asunto, por tanto, son estrictamente personales y, solamente el titular de ese derecho es el que se encuentra auto­rizado por la ley para exigir su pago.
“…Ahora bien ciudadano juez, en vista de que he puesto en su conocimiento que se ha cometido un presunto hecho punible, le pido que informe a la Fiscalía Sexta del Área Metropolitana de Caracas, expediente No. 01-F6-0439-08, de tal acontecimiento, cumplo en participarle que en artículo 207 del Código Penal, se establece: 'Todo funcionario público que habiendo adquirido, en el ejercicio de sus funciones, conocimiento resultante de estas mismas funciones de algún hecho punible por el cual ordene la ley proceder de oficio y omita o retarde indebidamente dar parte de ello a la autoridad competente, será castigado con multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.).'
Por lo expuesto, razonado y fundamentado, muy respetuosamente, solicito de esa Honorable Sala de Casación Civil, declare procedente la denuncia de falta de aplicación del artículo 207 del Código Penal y, consecuencialmente, sea declarada CON LUGAR la apelación y CON LUGAR la demanda…”.
En tal sentido, esta Sala ha sostenido que dejar de aplicar una norma jurídica al caso concreto, conduce a la violación directa de la norma, lo que puede dar lugar a una sentencia injusta y en consecuencia, susceptible de nulidad. (Ver sentencia Nº 494, de fecha 21 de julio de 2008, caso: Ana Faustina Arteaga y otras, contra Modesta Reyes y otra).
“…Todo funcionario público que bajo cualquier pretexto, aunque fuere el del silencio, oscuridad, contradicción o insuficiencia de la ley, omita o rehúse cumplir algún acto de su ministerio, será castigado con multa de cincuenta a mil quinientos bolívares.
“…Ahora bien, de la revisión de las actas procesales, se evidencia que riela al folio trescientos setenta y uno (371) de la pieza I del presente expediente, documento notariado por ante la Notaria Pública Vigésima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 16 de enero del 2006, el cual quedo anotado bajo el N° 22, Tomo 07, presentado por el ciudadano RODOLFO JOSÉ TOVAR MATA, asistido por el abogado CARLOS MIGUEL CHACÍN, mediante el cual desistió del recurso de invalidación incoado en fecha 16 de diciembre del 2004, y como contraprestación el abogado ROBERTO HUNG A., en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ADRIANA LORENA SALAZAR RODRÍGUEZ, renunció en nombre de su representada al cobro de las costas contenidas en la sentencia definitiva dictada por la Sala de Juicio, Juez Unipersonal VI, del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 04 de agosto del 2004.
En este orden de ideas, como quiera que efectivamente, las costas judiciales pertenecen a la parte victoriosa del pleito judicial, siendo en consecuencia un derecho disponible, las mismas pueden ser exoneradas o renunciadas por la parte, situación que ocurrió en el caso de marras, tal como se estableció líneas arriba, quedando demostrada la renuncia expresa, efectuada por la titular de ese derecho; ciudadana; ADRIANA LORENA SALAZAR RODRIGUEZ, hace improcedente la pretensión del accionante, en cuanto a la reclamación de los honorarios profesionales que reclama en el presente caso. Y así se establece.-
Esta alzada niega tal pedimento, por cuanto quedo establecido supra la eficacia del documento de renuncia al cobro de los honorarios profesionales, por no haber sido impugnado en su oportunidad procesal correspondiente. Asimismo, con relación a la solicitud de nulidad de la sentencia recurrida, por cuanto; '…el a-quo no hizo referencia en su decisión al escrito que cursa a los folios 414 al 423…', esta alzada observa que la recurrida señaló de manera expresa, que habiendo fundamentado la actora, su pretensión en el documento de cesión de los derechos para ejercer la acción que se discute, ya no derivada de las costas propiamente dichas sino del documento en cuestión, el cual fue declarado nulo, no era necesario realizar el correspondiente pronunciamiento sobre el mismo, en razón de la nulidad ya decretada y la fundamentación del actor en el citado instrumento, razón por la cual, esta alzada niega la solicitud de nulidad de la sentencia recurrida. Y así se establece...”.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/187430-RC.000268-26416-2016-15-641.HTML
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