Source: https://hidalgoruralcubano.wordpress.com/2017/08/
Timestamp: 2018-05-22 00:31:08+00:00

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August | 2017 | El Hidalgo Rural Cubano
Posted on August 30, 2017 by hidalgoruralcubano
(AFP) Gran revuelo internacional ha tenido lo sucedido este fin de semana en Santiago de Compostela.
Como sabemos, se había anunciado para este sábado en la tarde que la comisión de genealogistas cubanos entregaría finalmente las conclusiones de su investigación. Reunidos precisamente en la Alcaldía de esta ciudad, y ante una multitud de nacionalistas gallegos que clamaban que ahora sí volvería el Caudillo, en perfecta y amorosa armonía con medio centenar de castristas recalcitrantes, el señor Eusebio Leal, presidente de dicha comisión, comenzó la lectura del acta.
Confirmaba en ella los rumores que han venido corriendo en los últimos días, en el sentido de los orígenes de la familia Castro en la más acendrada realeza ibérica. Según explicó Eusebio Leal se había podido confirmar en meticulosos estudios genealógicos que Juana la Ursa, la famosa porqueriza que yació con el Rey Pelayo según ciertas cántigas, era nada menos que la recontra tatarabuela de Fidel y Raúl. Por demás, estos resultados quedaban validados a su vez gracias a la comparación entre el ADN del hijo mayor de Raúl Castro, presente en el acto, y los de los restos depositados en la tumba de Pelayo en la Cueva de Covadonga.
Hasta aquí todo se desenvolvía hasta ese momento de maravillas. Las multitudes aclamaban al hijo mayor de Raúl Castro, un señor tuerto él y algo figurín, como el legítimo Rey de España y de Cuba, cuando el Cielo sobre la ciudad gallega se abrió en dos y un gran relámpago calcinó al señor presidente de la comisión, Don Eusebio, El Leal, que un par de segundos antes había comenzado a dar gritos de ¡Dios salve al Rey! Al detenerse todos los retumbos del trueno pudo escucharse, en medio de un silencio sepulcral, una voz que bajaba del Cielo:
-Cuidado, Castro Espín, no seas goloso, desde aquí arriba José Julián Martí Pérez vela por la República de Cuba…
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Sistema Electoral Cubano: Su trampa más evidente, y desfachatada.
Como hemos señalado más arriba en todo referéndum en que se juegue limpio se le dejan al consultado siempre dos opciones válidas: aprobar o desaprobar. Si la suma total de votos desaprobatorios supera a los aprobatorios, o más claramente, si el número de votos desaprobatorios supera la mitad del total de votos emitidos, se considera a esta opción la vencedora, y a la propuesta llevada a referéndum rechazada. O sea, de esta forma quien pone a referéndum una propuesta o una candidatura juega limpio, ya que deja abierta la opción de perderlo, al aceptar como voto válido el voto desaprobatorio.
Pero como habría sido el colmo de la desfachatez que frente a una boleta con un solo candidato a aprobar, o no, el voto en blanco fuera declarado no válido, ya que en una situación semejante y con tal sistema de escrutinio salta a la vista que nunca ningún candidato obtendría menos del 100 % del voto válido (a menos que absolutamente nadie marque sus boletas, en cuyo caso el voto válido será del 0%), se echa mano de una argucia jurídica. Otra “trampita más”, como diría cualquier suspicaz guajiro cubano.
En definitiva para ocultar el escamoteo del voto en blanco, y por lo tanto la sustracción casi completa del derecho del elector a elegir a sus Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se echa mano del recurso capcioso siguiente: El de que aunque solo existe un candidato por plaza, sin embargo los electores son siempre convocados a votar por varios miembros de la asamblea legislativa en cuestión. O sea, la boleta del elector siempre contiene el nombre de más de un candidato a ser ratificado por él en su asiento legislativo; existiendo a su vez una casilla circular, en la parte superior de la boleta, en que el elector puede marcar si simplemente desea ratificar la propuesta completa que se le ha presentado. El llamado voto unido.
Así, el sistema cubano de aprobación de los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, acarrea el “milagro” de que solo en un caso muy extraordinario la propuesta completa pueda ser derrota. Lo cual ocurrirá si ninguno de los votantes válidos se decide por ejercer el voto unido y en su lugar dividen de manera exacta sus votos entre los presentes en la boleta (50 y 50, para una boleta de dos, o 33,33; 33,33 y 33,33, para una de tres, o…).
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Momento en que Alina Balseiro Gutiérrez de la Comisión Electoral Nacional, firmó el juramento
Quién inventó la Ley inventó la Trampa.
Dicho popular, cubano.
1. El Proceso Electoral Cubano se encuentra regido por la Ley no. 72,Ley Electoral, aprobada por la Asamblea Nacional en su sesión del 29 de octubre de 1992.
En Cuba se elige por votación de la ciudadanía a los Delegados a las Asambleas Municipales, especie de concejales, y de manera harto sesgada, ya que las posibilidades que se le dejan al electorado para rechazar la propuesta que se le presenta son considerablemente estrechas, casi inexistentes, a los Delegados a las Asambleas Provinciales y a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular[i]. También se llevan a cabo plebiscitos, dentro de estos tres organismos legislativos, para aprobar o no las propuestas que para los cargos electivos de cada uno de los mismos presentan las llamadas Comisiones de Candidaturas; y en el caso de la Asamblea Nacional, se plebiscita además la propuesta de Consejo de Estado, poder ejecutivo del estado, que a dicha asamblea le presentan la Comisión Nacional de Candidaturas.
Las elecciones generales, en las que se elige a los Delegados a las AAMM del PP (por lo general en octubre), y algunos meses después a los Diputados a la AN del PP y a los Delegados a las AAPP del Poder Popular (a fines del mes de enero siguiente). Las elecciones parciales, en las que se elige solo a los Delegados a las AAMM del PP (a fines de abril o principios de mayo).
Los Diputados a la AN del PP y Delegados a las AAPP del PP resultan electos para ejercer durante periodos de cinco años, mientras los Delegados a las AAMM del PP solo por dos años y medio. Es por ello que los últimos son elegidos tanto en elecciones parciales como generales, mientras los primeros solo en las generales.
El sufragio activo (derecho a elegir) tiene pocas restricciones evidentes en Cuba. Salvo la prohibición del voto para cualquier cubano que viva en el exterior, ya que es indispensable haber residido por dos años en el país de forma permanente para poder ejercerlo, no existen muchas más restricciones escritas que en cualquier otro país de Iberoamérica.
En el caso del sufragio pasivo ocurre lo mismo, aunque aquí son mucho más evidentes las limitaciones no escritas al derecho a ser elegido: Es muy difícil para una persona cuyo pensamiento no coincida exactamente con el de las autoridades actuales (las ya existentes antes del acto electoral en cuestión) el llegar a ser nominado para Delegado a una Asamblea Municipal, y es ya por completo imposible que lo sea para Diputado o para Delegado a una Asamblea Provincial. Lo cual ocurre no solo cuando la persona en cuestión tiene determinadas diferencias ideológicas con esas autoridades y en general con los principios del estado socialista cubano definidos por su Constitución, sino aun cuando sus diferencias son solo sobre cuestiones secundarias, como puede ser el elevar o no la edad de retiro, o eliminar o no de la noche a la mañana toda una industria de propiedad social como la azucarera (Decisiones que sin más ni más la “Máxima Dirección de la Revolución” tomó a pantalones en su momento).
Las recientes trabas y amenazas que han debido enfrentar los escasos disidentes que consiguieron ser nominados en sus barrios, durante las pasadas elecciones, dan buena cuenta de a qué nos referimos. La persecución que enfrentan los que ahora pretenden resultar nominados, con hasta acusaciones de formar parte de un plan de la CIA, reafirma la existencia de trabas no escritas al derecho a ser elegido[ii].
En propiedad el proceso eleccionario en Cuba comienza con la convocatoria a elecciones que dicta el Consejo de Estado, la cual se publica en la Gaceta Oficial de la República con no menos de 90 días de antelación a las mismas. Inmediatamente a continuación de dicha convocatoria, y sin que ninguna otra institución independiente se inmiscuya con una propuesta o tan siquiera la posibilidad de considerar aquella de manera crítica, el Consejo de Estado designa una Comisión Electoral Nacional: O sea, en Cuba el Poder Ejecutivo designa a su libre y absoluta voluntad, sin mediaciones, controles o balances de ningún tipo, al Poder Electoral.
La mencionada Comisión Electoral Nacional tiene jurisdicción sobre todo el territorio de la República y está integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y catorce vocales.
Las atribuciones de esta Comisión son muy amplias y van desde dictar las reglas complementarias a la Ley Electoral, pasando por verificar que los candidatos a Diputados cumplan con los requisitos establecidos para ocupar dichos cargos, hasta designar las personas que integrarán las Comisiones Electorales Provinciales. Lo que unido a que estas últimas designan a las personas que integran cada una de las Comisiones Electorales Municipales (o de distrito, donde estos existan), quienes a su vez designan a los integrantes de las Comisiones Electorales de Circunscripción, quienes por último lo hacen con los miembros de las Mesas de los Colegios Electorales, deja en pie una sólida pirámide de poderes electorales a todo lo alto del país. Una pirámide en cuyo ápice se encuentra naturalmente el órgano que ha designado al primer eslabón de la cadena: El Consejo de Estado.
Mucho elogian ciertos comentaristas foráneos el que en la conformación de los mismos el ciudadano cubano no deba invertir ni dinero, ni tiempo. A no ser de lo segundo, en el caso que desee subsanar algún error en la copia del Registro Primario. El cual la Comisión Electoral Municipal deberá colgar en lugar público y del mayor acceso, no más allá de 25 días después de la publicación de la convocatoria a elecciones en la Gaceta, y durante un plazo nunca menor de 30 días.
Parecen no advertir los ditirambistas foráneos, sin embargo, que ningún registro se hace solo, y que si este se elabora tan sin molestar al ciudadano, se debe a que alguien se ha tomado el trabajo de hacerlo por ellos. En específico ciertos personajes, de los que la Ley Electoral no nos dice nada: los responsables de los Libros de Registro de Direcciones.
La única referencia a ellos aparece en el artículo 56 de la Ley: “Los responsables de los Libros de Registro de Direcciones elaboran, dentro del término de los quince días siguientes a la publicación de la convocatoria a elecciones en la Gaceta Oficial de la República, una relación de los ciudadanos que siendo residentes en su demarcación, tengan, a su juicio (subrayado por el autor), derecho al voto, de acuerdo con lo establecido por la Ley”. Sin embargo, en ninguna parte de la Ley se establece clara y distintamente quien designa a los responsables de dichos Libros, que hasta de poder de interpretación de la Ley disfrutan. Podría esperarse, lógicamente, que entre las 17 funciones de las Comisiones Electorales de Circunscripción se encontrará la de designar a los mencionados personajes, pero, no tampoco aquí aparece ninguna referencia explícita.
Solo se puede encontrar una indirecta referencia a ellos, y una pista de a quien están adscritos en definitiva, en la función d. Allí se establece que entre las funciones de las Comisiones electorales de Circunscripción está la de “participar en la elaboración de la lista de electores por cada colegio Electoral con la cooperación de la Comisión Electoral Municipal y de las organizaciones de masas”.
Porque resulta que los tan llevados y traídos Libros y sus oficiosos responsables se encuentran adscritos nada más y nada menos que a los CDR, o Comités de Defensa de la Revolución. Una supuesta ONG que es en realidad pieza clave en el sistema de control ciudadano mantenido por el estado cubano, y cuya parcialidad a un cierto discurso político está más que comprobada en la práctica. O sea, a una organización de naturaleza política, según sus propios estatutos, y cuyo principal objetivo no es el permitir en base a un claro marco legal que todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones, puedan ejercer su derecho al voto activo y pasivo, sino la vigilancia ideológica.
Paralelo al subproceso de elaboración y publicación del Registro Primario se desarrolla el de nominación de los candidatos a Delegados a las AAMM del PP.
Los candidatos a Delegados a las AAMM del PP resultan nominados por los ciudadanos en asambleas generales en cada una de las áreas en que se divide una circunscripción electoral, las cuales no pueden ser nunca más de ocho, ni menos de dos. El establecimiento de cada una de estas áreas es la primera de las funciones de las Comisiones Electorales de Circunscripción.
Estas asambleas de nominación de candidatos a las AAMM del PP solo pueden ser iniciadas si previamente la Comisión Electoral de la Circunscripción comprueba que los electores de dicha área han hecho “presencia masiva”. O sea, no en “mayoría simple” o cualquier otra más clara expresión en cuanto a proporciones, sino en una muy ambigua que deja la puerta demasiado abierta a casi cualquier interpretación. Es precisamente por esa ambigüedad legal que a los representantes de dichas Comisiones no parece preocuparles mucho el que en una considerable cantidad de ocasiones estas asambleas no lleguen a reunir ni la cuarta parte de los electores convocados.
Las propuestas de candidatos son hechas personalmente y a viva voz por el proponente, y se las vota luego a mano alzada. Cada una de estas asambleas solo puede elegir a un candidato (art 81). Pero como siempre deben ser al menos dos los nominados en la circunscripción completa, si en todas las áreas de esta ha resultado invariablemente nominado el mismo candidato, en la última área que realice su asamblea se procede (tras haber sido elegido el mismo que en todas las demás áreas) a nominar de manera obligatoria a un segundo candidato (art 82). Solución traída por los pelos, porque quizás en alguna, o aun en todas de las asambleas de área anteriores, uno o todos los propuestos que no llegaron a ganar la nominación tuvieran muchísimo más apoyo que el improvisado de la última.
En caso de que la circunscripción tenga una sola área esa única asamblea deberá nominar 2 candidatos como mínimo (art 82), porque como se verá el objetivo inconmovible es tener al menos dos candidatos por circunscripción.
Con todos estos nominados, que por lo general no pasan de dos, y nunca pueden ser más de ocho (si en todas las áreas hubiera sido nominado uno distinto), se completa la boleta electoral en que los electores de la circunscripción ejercerán su derecho al voto el día de las elecciones.
Estos candidatos, como cualquier otro en Cuba, se encuentran privados de hacer campaña política. El artículo 171 de la Ley Electoral establece que: “Todo elector solo tomará en cuenta, para determinar a favor de qué candidato depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio, y su capacidad para servir al pueblo… la propaganda que se realizará será la divulgación de las biografías… de los candidatos…”; según la propia Ley se restringen las libertades del elector con el fin de evitar “… toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería”.
Por lo tanto la Ley no le deja al votante, para su selección, nada más que el conocimiento personal que pueda tener de los candidatos, o el que pueda obtener de la lectura de una síntesis biográfica. En la cual la idea central consiste en tratar de mostrar no otra cosa que la incondicionalidad del biografiado a las autoridades actuales, y a sus representantes en todos los niveles. Algo que podrá comprobar cualquiera que se tome el trabajo de leerlas de una punta a otra de la Isla, llegado el tiempo de elecciones.
Aclaramos este punto para que se entienda a cabalidad: El candidato no puede de ninguna manera informar a sus electores ni pública, ni aun privadamente, su intención al resultar electo de, digamos, gestionar que el consultorio médico del barrio vuelva a tener un médico, o que se arregle el salidero de agua que afecta a la comunidad, o el gran bache en la calle principal de su circunscripción, o incluso su intención de luchar porque en su Asamblea Municipal del Poder Popular se promueva la candidatura de un Delegado a la AN del PP que se oponga a un proyecto de ley que pretenda aumentar la edad de retiro. De hacerlo sería acusado de oportunista, demagogo y politiquero y suspendido en consecuencia, si tal hecho llegará a conocimiento de las autoridades electorales.
Semejante restricción obliga a los candidatos a admitir implícitamente que lo de los programas de gobierno es cosa de otros, siempre “más arriba”, no de ellos. Claro que de nada más y nada menos que de las autoridades anteriores al acto electoral. Porque en realidad no es que nuestra Ley Electoral prohíba en sí los programas de gobierno, sino que más bien lo que hace es permitir tan solo aquellos que coincidan con lo que ya se está haciendo al presente por aquellas autoridades, o aun con lo que estas crean deba hacerse tras el acto electoral… y por siempre.
En el proceso de nominación en las asambleas de área juegan un papel determinante los núcleos del Partido barriales, que no por gusto coinciden en su distribución territorial con las áreas y circunscripciones electorales. Son sus miembros, viejos jubilados pertenecientes al sector más inmovilista dentro del Partido, quienes elaboran “secretamente” las propuestas de posibles nominados y a continuación las elevan a los niveles municipales para su aprobación. Son también ellos quienes, cuando estas vuelven aceptadas, o reelaboradas por el nivel municipal del Partido, se encargan primeramente de asegurarse de que todos los elementos comprometidos del barrio conozcan por quien se “debe” votar, para por último montar el espectáculo que en un final son las asambleas de área (como muchos de estos jubilados no suelen tener ya muy buena la memoria, acuden al recurso nemotécnico de anotarse en un papelito el nombre de la persona a las que les toca proponer).
Debe aclararse, sin embargo, que a pesar de la apatía con que son recibidas las elecciones de Delegados a las Asambleas Municipales de PP, por el escaso poder de solución de los problemas del barrio que estos han demostrado en los 40 años que la institución lleva en funciones, todavía ocurren sorpresas en las asambleas de nominación.
Así, en ellas a veces no solo se presentarán las propuestas de los elementos comprometidos del barrio. De hecho no es en absoluto imposible que en ciertas áreas un ciudadano inesperado, y no muy bien visto por dichos elementos comprometidos, pueda salir nominado, gracias a la temeraria propuesta de otro ciudadano que se haya atrevido a ir a contracorriente.
Pero lo que sí es absolutamente seguro es que a continuación de dicha derrota los elementos comprometidos, sus estructuras superiores y la policía política, lanzaran una ofensiva de terror en la circunscripción centrada contra el proponente y quienes apoyaron su propuesta. En general mediante el consabido cuestionamiento de sus intenciones como de contrarrevolucionarias, o en el mejor de los casos de hacerles el juego. Intenciones o juegos que en Cuba pueden dejarte sin trabajo[iii] o que pueden ponerte, en un país en que no alcanzan nunca los medios honrados y legales de ganarse la vida, demasiado bajo la lupa de los órganos policiales.
No obstante, incluso aunque el no bien visto nominado consiguiera salir electo Delegado a su AM del PP, el proceso electoral cubano, al tener que necesariamente abandonar el sistema de nominación directa de la 1ª fase por uno indirecto en la 2ª, pone en manos de las autoridades actuales mecanismos eficientes que evitaran que el heterodoxo en cuestión pueda alcanzar un cargo electivo dentro de la Asamblea Municipal, o incluso llegar a ser nominado para Delegado a la AP del PP, o para Diputado a la AN del PP.
Lo que en definitiva obliga a abandonar en la 2ª fase el sistema de nominación directa son los números de electores involucrados en ella. Es claramente imposible extender el sistema usado en la 1ª, para nominar a los candidatos a Delegados a las AAMM del PP, a los subprocesos de nominación de los Delegados a las AAPP del PP y a los Diputados a la AN del PP. Nuevos momentos electorales en que más que un barrio de varios centenares, o a lo mucho par de millares de habitantes, se implican por lo general varias decenas de miles de votantes: Según la Ley como mínimo una fracción mayor de 5 000 votantes para la elección de un Delegado a una AP del PP, o una fracción mayor de 10 000 para Diputado; en cuanto al número promedio de electores para el primero fluctúa entre 10 000 o 15 000, en dependencia de la población de la provincia en cuestión, y para el segundo alrededor de los 20 000 (art 13).
Se impone, en consecuencia, un nuevo modo de nominar a los candidatos a Delegados a las AAPP del PP y a la AN del PP. Pero como en Cuba se supone que el Partido Único no nomina candidatos, al menos de modo explícito, y como además se encuentra fuertemente limitada la libertad de agrupación de los ciudadanos, ya que no solo se prohíbe la constitución de grupos con ideología contraria al modelo socialista, sino que incluso se prohíben los circunstanciales, que solo tengan como objetivo defender posiciones alternativas sobre problemas concretos, alternativas frente a las posiciones sostenidas al respecto por las autoridades actuales, y que por tanto no implican desafío a la naturaleza socialista del sistema político cubano, aunque sí ciertamente a dichas autoridades, se opta por otorgar a ciertas organizaciones de masas y sociales el poder de nominar. Lo que en realidad no es más que un recurso capcioso, ya que se fundamenta en la suposición de que dentro de esas organizaciones existe la democracia directa que hemos visto en la 1ª fase de nuestro proceso electoral. Algo que veremos más adelante no ocurre, ni en realidad puede ocurrir, nuevamente por los números de electores implicados.
Lo dicho puede ser comprobado en la realidad del proceso electoral en marcha, al que a continuación nos reintegramos.
La 1ª fase del proceso electoral culmina con la votación para elegir los Delegados a la AM del PP. A partir de la posterior constitución de la nueva AM del PP recién electa, en un plazo no mayor de 21 días después del acto electoral, comienza lo que hemos llamado 2ª fase, en la que como advertimos antes ya no queda ningún resquicio abierto a la posible nominación, y posterior elección, de elementos que no sean absolutamente incondicionales a las autoridades actuales. Más que nada gracias a la nueva pirámide de instituciones que se vuelven determinantes en dicha fase: La constituida por las Comisiones de Candidaturas nacional, provinciales y municipales.
Las Comisiones de Candidaturas se integran por representantes de las 6 principales organizaciones de masas y sociales: La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM). Designándose dichas Comisiones de Candidaturas, o sea, sus miembros, en cada uno de sus niveles, nacional, provincial y municipal, no por asambleas de todos los miembros de las referidas organizaciones, o en todo caso de sus compromisarios electos al efecto, sino por las direcciones de cada una de ellas en el nivel respectivo.
En orden temporal la primera función de dichas Comisiones consiste en elaborar y presentar los proyectos de candidaturas para cubrir los cargos que se eligen en las AAMM del PP.
Nos habíamos quedado en el momento en que los Delegados recién electos de todas las circunscripciones del Municipio se reúnen para constituir la AM del PP. La sesión en que esto ocurre, y que en su primera parte se dedica precisamente a ello con juramento incluido (el texto del mismo puede leerse en el artículo 128 de la Ley Electoral), pasa luego a una segunda en que se elige a su Presidente y Vicepresidente. Mas contrario a lo que cabría esperarse dicha elección no se lleva a cabo en base a las propuestas de los miembros de la Asamblea recién constituida, sino en base a un proyecto de candidatura que le presenta a la flamante AM del PP el Presidente de la Comisión de Candidaturas Municipal.
Pero la labor de las Comisiones de Candidatura no se reducen a la no defendible, por lo pequeño del número de Delegados siempre implicados en este caso, nominación de los candidatos a Presidente y de los Vicepresidente de las AAMM del PP. Las demás funciones de las Comisiones de Candidaturas de Delegados, más justificables, no obstante, son las de elaborar y presentar los proyectos de candidaturas de Delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular (AAPP del PP) y de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (AN del PP), y para cubrir todos los cargos que eligen estas asambleas (en estos casos su acción, como en el caso de la elección de los cargos electivos de las AAMM del PP, tampoco se justifica).
Dichas comisiones cumplen en el proceso electoral cubano una función general algo parecida a la de los partidos políticos en los sistemas pluripartidistas en que dichas asociaciones no eligen a sus candidatos en elecciones internas, sino que resultan designados por sus dirigencias a su libre voluntad. Solo que con una diferencia: Mientras en los sistemas pluripartidistas las dirigencias de los partidos de oposición designan por lo general, como es de esperar, a candidatos que no suelen pensar de la misma manera que el gobierno presente, o que por lo menos no son de su agrado, nuestras Comisiones, designadas por las cúpulas municipales, provinciales y nacional de organizaciones sociales y de masas, no elegidas por sus bases sino designadas a su vez por las cúpulas correspondientes del Estado y del Partido (art 68, en sus 6ª y 7ª líneas), solo proponen a personas agradables a las autoridades actuales por su (in)capacidad de no tener otro pensamiento, y otra voluntad, que la de estas.
Es necesario detenernos en este importante punto de la no designación de los miembros de las Comisiones de Candidatura por las bases de las seis organizaciones referidas, sino por sus direcciones al nivel respectivo. Direcciones que a su vez no han sido propiamente elegidas por dichas bases, al menos a nivel provincial o nacional (tampoco al municipal, por cierto). Recordemos que si el propio proceso electoral al salir de los barrios debe abandonar necesariamente el sistema de nominación directo, y buscar una Comisiones de Candidatura que suplan una función ya imposible de realizar a nivel de municipio, provincia o país, lo mismo debe pasar en cualquiera de estas organizaciones al nominar y elegir sus direcciones respectivas. Téngase presente que, por ejemplo, los CDR cuentan con un número de afiliados mayor que el padrón electoral (se accede a los CDR con 14 años, se vota con 16), y que en sus procesos internos de elección se encuentra prohibida igualmente tanto la propaganda, como la libre de asociación. Lo visto cual, cabe preguntarse: ¿Cómo es posible entonces elegir democráticamente sus delegaciones a sus no muy periódicos Congresos, que a su vez designan a sus dirigencias nacionales? ¿Cómo es posible aquí, donde los electorados son siempre de varias decenas de miles (cuando menos un representante al Congreso por cada 10 000 cederistas), donde no hay unas Comisiones de Candidaturas de 2º grado, cómo es posible ni tan siquiera a un nivel teórico suponer un método democrático de elección directa, medianamente creíble, de las direcciones nacionales?
El proceso mediante el cual las Comisiones de Candidaturas arman sus propuestas no queda de hecho muy claro en la letra de la Ley Electoral.
¿Son, en el más lógico orden, las Comisiones de Candidaturas Municipales quienes elaboran una, llamémosla pre-pre-candidatura a la AN del PP, en base a quienes resultaron electos para integrar las AAMM del PP, o en base a los ciudadanos que no lo fueron, pero que se encuentran en pleno goce de sus derechos electorales? ¿Proto-candidatura original sobre la que a posteriori la Comisión de Candidaturas Nacional arma a su vez su pre-candidatura, que por último, luego de convenientemente distribuida por municipios y distritos devuelve a la Comisión Municipal?
No lo parece, si nos fijamos en el artículo 86 de la Ley, inciso e, en que se legisla que la Comisión de Candidaturas Municipal deberá tener en cuenta: “en el caso de los precandidatos a Diputados, además, los ciudadanos en el pleno goce de sus derechos electorales, que sean propuestos por la Comisión de Candidaturas Nacional”. Lo que nos da claramente a entender que ya para su primera propuesta el nivel municipal deberá basarse en una propuesta necesariamente anterior del nivel nacional.
En la realidad política todo el subproceso de elaboración de las listas de precandidatos a las AAPP del PP, y a la AN del PP, se desarrolla en la compleja interacción entre los distintos niveles de la pirámides del Estado, de la del Partido y de las múltiples anexas a las dos anteriores, por sobre todo las de las Comisiones Electorales y de Candidaturas, bajo la atenta supervisión (o absoluta intromisión en tiempos de Fidel Castro) del Consejo de Estado. Algo que, por cierto, no puede decirse que esté fuera de la Ley Electoral, al establecer su artículo 87 que las Comisiones de Candidaturas al preparar sus proposiciones de precandidatos deberán “consultar el parecer de cuantas instituciones estimen conveniente”; lo que incluye evidentemente a la institución Consejo de Estado.
Una vez concluido dicho proceso, el resultado será una lista (o más bien poco más de dos centenares de ellas) compuesta por no menos del doble de los delegados o diputados que le corresponda elegir a cada municipio o distrito. En dicha lista los Delegados a las AAMM del PP no deben exceder de un cincuenta por ciento del total, según establece el artículo 87.
Dicha lista es entonces, y solo entonces, sometida a la AM del PP correspondiente, que escogerá o nominará, a un número igual de candidatos a Delegados a la AP del PP y a Diputados a la AN del PP que el que le corresponde a cada municipio. Con la expresa condición, instituida en el artículo 93 de la Ley Electoral, de que nuevamente solo hasta un 50% de los Delegados a las AAPP del PP y AN del PP podrán ser nominados entre los Delegados a las AAMM del PP.
Medida que, por el hecho de que algunos municipios y distritos tienen un número impar de candidatos a dichas asambleas, obliga en dichos casos, para no exceder el referido 50%, a dejar la proporción muy por debajo de ese porciento (por ejemplo, en caso de 3 nominados corresponderá al 33%, y en el de 5 al 40%). Lo que en consecuencia conlleva a que nuestros órganos legislativos provinciales y el nacional nunca lleguen a tener entre sus integrantes una mitad de individuos electos durante la 1ª fase de nominación directa en los barrios.
Esta relación de candidatos nominados por la AM del PP, de a uno por plaza, es la que finalmente se somete a referéndum entre la ciudadanía con derechos electorales en el municipio. Y decimos referéndum y no elección, porque resulta evidente que nuestro votante solo podrá aprobar, o desaprobar, y no escoger entre opciones diferentes. Pero quizás sería mejor ni tan siquiera hablar de tal.
En todo referéndum en que se juegue limpio se dan siempre dos opciones válidas: aprobar o desaprobar. Si la suma total de votos desaprobatorios supera a los aprobatorios, o más claramente, si el número de votos desaprobatorios supera la mitad del total de votos emitidos, se considera a esta opción la vencedora, y a la propuesta llevada a referéndum rechazada. O sea, de esta forma quien pone a referéndum juega limpio, ya que deja abierta la opción de perderlo, al aceptar como voto válido el voto desaprobatorio.
Mas en el “referéndum” en que las AAMM del PP cubanas exponen a sus votantes sus propuestas de candidaturas a Delegados a las AAPP del PP, y de Diputados a la AN del PP, no se le deja abierto más que un parcial resquicio a la opción perdedora. Lo que ocurre al dejarle a los votantes una única posibilidad válida, la de marcar con una “x”, y convertir a la otra, la de dejar en blanco (ya que no hay ninguna casilla para oponerse a la propuesta), o voto por completo contrario a la propuesta, en voto no válido.
Que el voto en blanco es considerado no válido, lo demuestra una rápida lectura del artículo 116 de la Ley Electoral, en especial en el siguiente fragmento: “…así como, en paquetes separados y debidamente sellados y rotulados, las boletas válidas,las votadas en blanco, las anuladas, las no utilizadas…”, o una más detenida de los artículos 113 y 114. En estos artículos se establece, de manera nebulosa no obstante, que para el acto del escrutinio público se separan en un primer momento las boletas en blanco de las que aparecen votadas, y que es del cómputo solo de estas últimas, tras separar las que anule la Mesa del Colegio Electoral por no conseguir determinar la voluntad del votante, que se obtiene la votación obtenida por cada uno de los candidatos.
Pero como habría sido el colmo de la desfachatez que frente a una boleta con un solo candidato a aprobar, o no, el voto en blanco fuera declarado no válido, ya que en una situación semejante salta a la vista que nunca ningún candidato obtendría menos del 100 % del voto válido (a menos que absolutamente nadie marque sus boletas, en cuyo caso el voto válido será del 0%), se echa mano de una argucia jurídica. Una “trampita”, como diría cualquier cubano viejo.
En definitiva para ocultar el escamoteo del voto en blanco, y por lo tanto la sustracción casi completa del derecho del elector a elegir a sus Delegados a las AAPP del PP, y a sus Diputados a la AN del PP, se echa mano del recurso capcioso siguiente: El de que aunque solo existe un candidato por plaza, sin embargo los electores son siempre convocados a votar por varios miembros de la asamblea legislativa en cuestión. O sea, la boleta del elector siempre contiene el nombre de más de un candidato a ser ratificado en su plaza legislativa por él. Existiendo a su vez una casilla circular, en la parte superior de la boleta, que el elector puede marcar si simplemente desea ratificar la propuesta completa que se le ha presentado: el llamado voto unido.
Esta pluralización de las candidaturas sometidas al elector, que por tanto siempre se verá representado por más de un Delegado o Diputado, cumple de maravillas la función de hacer menos evidente el escamoteo del voto en blanco. Ya que a diferencia de si hubiera un solo candidato en boleta, dos o más, sometidos a votación, en medio de un sistema electoral harto lejano y complejo, ocultan ese descarado escamoteo hasta para el elector más perspicaz, que aun cuando no sea así, conservará de alguna manera la sensación inconsciente de que escoge.
Pero sobre todo: De este modo se logra darle la impresión al que mira el proceso desde la distancia, desde el extranjero, de que se selecciona (y en un número considerable de casos se logra lo mismo con el propio elector, perdido en un sistema electoral harto complejo), cuando en realidad cada uno de los que está en la boleta no compite con los otros, sino que solo espera ser ratificado en su plaza legislativa.
Así, el sistema cubano de aprobación de Delegados a las AAPP del PP, y Diputados a la AN del PP, acarrea el “milagro” de que solo en un caso muy extraordinario la propuesta completa pueda ser derrota. Lo cual ocurrirá si ninguno de los votantes válidos se decide por ejercer el voto unido y en su lugar dividen de manera exacta sus votos entre los presentes en la boleta (50 y 50, para una boleta de dos, o 33,33; 33,33 y 33,33, para una de tres, o…). De hecho el más probable resultado de que solo fuera derrotado uno, o algunos de los candidatos, al obtener menos del 50 % de los votos admitidos como válidos, tiene tan pocas probabilidades de ocurrir que en 5 elecciones generales, y con varios miles de puestos legislativos a aprobar en ellas (entre Diputados y Delegados a las AAPP del PP poco menos de 10 000), nunca ha sucedido. Y es que las probabilidades de que hablamos son tan bajas, en definitiva, que resultan comparables a las que se dan en ciertos experimentos mentales termodinámicos en que de modo espontáneo dos gases se separan dentro de un recipiente cerrado, colocándose cada uno en los dos extremos opuestos del mismo.
Para que se entienda en concreto: En el caso de una boleta que solo contenga dos candidatos a ser ratificados, uno de ellos será rechazado solo si la suma de los electores que han votado únicamente por el otro candidato es igual o mayor que la suma del voto unido y los que únicamente hayan votado por él. Algo que solo se conseguiría si el mayor número posible de electores se pusieran de acuerdo, no hicieran uso de la casilla del voto unido y en su lugar seleccionaran un solo candidato, negándose a marcar en la casilla del otro. Por ejemplo, seleccionando al candidato que integra su AM del PP, y negándose a votar por el que no pertenece a ella.
Tan sofístico mecanismo electoral permitiría el disparate siguiente: Que en un municipio o distrito con 35 000 electores registrados, en que hayan dos candidatos en boleta, se diera como resultado el 100% del voto válido, sin haberse faltado a la legalidad, si el electorado en pleno, menos un solo elector, decidiera votar en blanco por oponerse a la propuesta completa, o al sistema político mismo, pero ese único elector mencionado votara por todos los candidatos.
¿Pero qué ocurriría en el muy improbable caso, y nunca dado en cinco elecciones generales, de que alguno de los candidatos no consiguiera obtener la mayoría simple de las boletas válidas?
Quizás en ningún otro lugar se pueda percibir con más claridad el absoluto propósito de los detentadores presentes del Poder de no dejar ningún cabo suelto, o camino por el que cualquiera llegue a desplazarlos de allí, que en lo legislado para este caso.
O sea, que en primer lugar no es obligatorio consultar de nuevo a unos electores tan reacios, y en segundo que la absoluta potestad de determinar si se les consulta o no, si se dejan las plazas vacías o no, no depende del máximo órgano electoral, la Comisión Electoral Nacional, sino del Poder Ejecutivo. ¡Y esto a pesar que por su propio mecanismo de designación dicha Comisión depende por completo del Consejo de Estado, y por tanto debería serle absolutamente confiable!
Tras estos sofísticos referéndums los electores ya no tocamos una boleta electoral más. El proceso electoral cubano entra entonces en su último acto, cuando dentro de un término no mayor de 15 o 45 días, a partir del momento de la casi segura sanción positiva de sus candidatos por los electores, se constituyen respectivamente las AAPP del PP y la AN del PP. Porque en la República de Cuba, es bueno recordarlo, los ciudadanos no somos convocados a elegir o al menos aprobar de modo directo al poder ejecutivo. Solo aprobamos o no, mediante un sistema electoral cargado de sofismas y recovecos legales, a quienes a su vez solo podrán ejercer su voto ante una propuesta no generada por ellos mismos.
Y es que aquí se da de nuevo la interferencia de las Comisiones de Candidaturas con nuevos proyectos de candidaturas, en la elección de las autoridades de estas dos asambleas. En el caso de la AN del PP es significativo que por tan poco democrático procedimiento resulten propuestos no solo su Presidente, Vicepresidente o Secretario, sino también el Consejo de Estado en pleno, desde el menos poderoso de sus miembros hasta su Presidente. Y sostenemos que por tan poco democrático procedimiento, ya que aunque a los Diputados les es dado impugnar a uno o a varios de los integrantes de un proyecto de candidatura (no todo el proyecto, no obstante), solo pueden hacerlo de modo público y a mano alzada; lo que en este particular momento del proceso electoral implica que quien se arriesgara a tal estaría nada menos que oponiéndose al muy probable futuro presidente del Consejo de Estado. Alguien que según la Constitución de la República en su artículo 93 acumula una cantidad de poderes con la que pocos monarcas absolutos soñarían.
[i] Cuba se divide de modo oficial en 15 provincias y estas a su vez en municipios.
[ii] Por cierto, ¿qué significaran esas acusaciones en definitiva? ¿Será que esa non sancta institución habrá renunciado a los métodos de guerra sucia para por fin aceptar entrar por el aro de los legitimos mecanismos electorales? En todo caso lo que salta a la vista es que quienes han sido comisionados por el régimen para generar acusaciones y calumnias no parecen tener muchos dedos de frente. Yo Raúl les pedía que mejor no me defendieran… que se les agradece, pero no.
[iii] Incluso hoy, tras la apertura al cuentapropismo, casi un 75% del empleo lo brinda el estado, sin contar que la actividad económica individual depende discrecionalmente de la aprobación gubernamental. La inexistencia de un poder judicial separado impide poder ganar en un tribunal reclamaciones contra el estado.
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References: artículo 56
 artículo 171
 artículo 128
 artículo 86
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 93
 artículo 116
 artículo 93