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Timestamp: 2019-06-17 23:38:55+00:00

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(Lex Specialis) Y Sus Aplicaciones: El Principio De Especialidad Normativa Jurisprudenciales (*)
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Título original: Principio de Especialidad Normativa.
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Vll Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional
Temario de Derecho Administrativo
Cas. 8363-2017 LIMA
Derecho Internacional Privadodoc
DS.004-2019-JUS-TUO-Ley-27444
Introduccion Al Estudio Del Derecho - Mario Alvarez
Pluralidad de La Instancia
EXP. N.° 00698-2017-PA/TC
ORD. Nº0873_012 - Normativa Laboral. Dirección Del Trabajo
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimeintos Administrativo General
Derecho Civil JUANA
Algunas consideraciones sobre el problema de las antinomias en el campo jurídico.docx
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EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD NORMATIVA
(LEX SPECIALIS) Y SUS APLICACIONES
JURISPRUDENCIALES (*)
JOS ANTONIO TARDO PATO
Profesor Titular de Universidad de Derecho Administrativo
SUMARIO: I. INTRODUCCIN.II. EL CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD NORMATIVA.III. EXPLICACIONES DE SU DESPLIEGUE Y DE SU JUSTIFICACIN. SU COMPATIBILIDAD CON EL
PRINCIPIO DE IGUALDAD.IV. SU CONSIDERACIN COMO PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO.V. EL
PROBLEMA DE LA RELATIVIDAD DE LA DUALIDAD GENERAL-ESPECIAL.VI. ESPECIALIDAD DENTRO DE
UN MISMO TEXTO NORMATIVO.VII. ESPECIALIDAD CON TEXTOS NORMATIVOS DIFERENTES, QUE GENERA ANTINOMIAS DE SEGUNDO GRADO: A) Si la norma general y la norma especial se encuentran en dos documentos normativos de distinta cronologa e idntico rango jerrquico. B) El
segundo supuesto problemtico se presenta cuando la norma general y la norma especial aparecen en dos documentos normativos distintos de diferente jerarqua.VIII. SUPUESTO PARADIGMTICO DE INTERACCIN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE JERARQUA NORMATIVA Y ESPECIALIDAD NORMATIVA: LA STC 82/1994 Y LAS CORRELATIVAS DEL TRIBUNAL SUPREMO.IX. LA DISTINCIN
ENTRE NORMAS ESPECIALES Y NORMAS EXCEPCIONALES Y LA CUESTIN DE SI CABE INTERPRETACIN
EXTENSIVA Y APLICACIN ANALGICA DE LAS NORMAS ESPECIALES.
El principio de especialidad normativa (lex specialis derogat legi generali), que ha sido calificado por nuestra jurisprudencia como principio general del Derecho tal como comprobaremos infra, junto con el de jerarqua (lex superior derogat legi inferiori) y el de temporalidad o cronologa
de las normas (lex posterior derogat legi priori), es considerado como un criterio tradicional de solucin de las antinomias (1), entendiendo por stas
las contradicciones normativas que se producen cuando, ante unas mismas condiciones fcticas, se imputan consecuencias jurdicas que no pueden observarse simultneamente (2).
(*) Agradezco la lectura previa a la publicacin de este trabajo por M. ATIENZA y
J. RUIZ MANERO y las observaciones y comentarios que me han hecho, los cuales he tratado
de incorporar al texto.
(1) Sobre el origen y evolucin de tales criterios, J. L. VILLAR PALAS: Ms sobre las
antinomias, en el libro colectivo Luis JORDANA DE POZAS. Creador de la Ciencia Administrativa, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, Madrid, 2000, pgs. 51 y ss.
Karl ENGISH se refiere a dichos principios como reglas que la jurisprudencia ha formado a lo largo de los siglos para armonizar las normas y eliminar las contradicciones que se
dan entre las mismas, manifestando en el fondo el principio de la unidad y falta de contradiccin del orden jurdico (Introduccin al pensamiento jurdico, traduccin de E. GARZN
VALDS, Ed. Comares, S.L., Granada, 2001, pg. 192).
(2) L. PRIETO SANCHS: Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderacin,
Cuadernos de Derecho Pblico, nm. 11, ao 2000, pg. 10.
Revista de Administracin Pblica
Nm. 162. Septiembre-diciembre 2003
Si bien, en determinadas ocasiones, entra, asimismo, en tensin con
los otros dos principios sealados, en aquellos casos en los que nos encontramos ante las denominadas antinomias de segundo grado, que son definidas como conflictos normativos que, en principio, pueden ser resueltos por aplicacin de dos o ms criterios con resultados diferentes y
suscitan la cuestin de determinar cul de ellos debe utilizarse (3) o prevalecer.
Nuestro objetivo en el presente estudio consiste en analizar cules son
los rasgos fundamentales de la configuracin del principio de especialidad
normativa; su compatibilidad con el principio de igualdad; su relacin con
los otros dos principios indicados de resolucin de antinomias, en el marco de las referidas antinomias de segundo grado; y, sobre todo, cmo opera
en nuestro Ordenamiento jurdico, a la vista de su aplicacin por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo e incluso de nuestro Tribunal
Constitucional, con la intencin de probar cmo el referido principio no
slo tiene importancia desde el prisma de las exposiciones tericas de la
Teora General del Derecho, sino que es plenamente operativo para resolver problemas jurdicos cotidianos, en virtud de la invocacin de las normas o jurisprudencia que lo acogen.
Porque, cuando hemos tenido la necesidad de acudir a tal principio,
para determinar si era aplicable en los casos controvertidos, hemos comprobado la escasez en nuestro pas de tratamientos doctrinales del mismo,
si excluimos, sobre todo, los realizados por J. L. VILLAR PALAS (4). Desde
R. GUASTINI lo expresa diciendo que se presenta una antinomia normativa o un conflicto de normas, si se quiere cada vez que dos normas diversas conectan a un mismo supuesto de hecho singular y concreto dos consecuencias jurdicas incompatibles entre s
(Teoria e Dogmatica delle fonti, en Trattato di Diritto Civile e Commerciale, gi diretto da
A. CICU y F. MESSINEO, vol. I, tomo 1, Giuffr Editore, Milano, 1998, pg. 215). O, de modo
ms simple, nos dice que existe antinomia cada vez que un caso concreto es susceptible de
dos diversas y opuestas soluciones con base en normas presentes en el sistema (Estudios
sobre la interpretacin jurdica, 2. ed., Ed. Porra, Mxico, 2000, pg. 71).
Sobre las antinomias, tambin N. BOBBIO (en Teoria dellOrdinamento Giuridico,
G. Giappichelli Editore, Torino, 1960, pgs. 82 y ss., y Antinomia, en Novissimo digesto
italiano I, Torino, 1957, pgs. 667 y ss.), A. PIZZORUSSO (en Delle fonti del Diritto, art. 1-9,
en Commentario del Codice Civile, a cura de A. SCIALOJA e G. BRANCA, Nicola Zanichelli Editore, Bologna, 1977, pgs. 103 y ss.) y G. TARELLO (en Linterpretazione della legge, en
Trattato di Diritto Civile e Commerciale, gi diretto da A. CICU y F. MESSINEO, vol. I, tomo 2,
Giuffr Editore, Milano, 1980, pgs. 29 y ss. y 143 y ss.), que utiliza, igualmente, las locuciones conflicto de leyes o incompatibilidad entre leyes.
Asimismo, Alf ROSS, en Sobre el Derecho y la Justicia, traduccin de G. R. CARRI,
4. ed., Eudeba, Buenos Aires, 1994, pgs. 124 y ss. En tal obra se aporta una clasificacin
de las antinomias de gran predicamento en la doctrina posterior. Y en la traduccin se emplea el trmino inconsistencia para referirse a la antinomia.
(3) Marina GASCN ABELLN, en Lecciones de Teora del Derecho, escritas conjuntamente con J. BETEGN, J. R. DEL PRAMO y L. PRIETO SANCHS, Ed. Mcgraw-Hill, Madrid, 1997,
pgs. 279 y ss.
N. BOBBIO habla de conflicto de los criterios (Contribucin a la Teora del Derecho,
edicin a cargo de A. RUIZ MIGUEL, Ed. Debate, 1990, pgs. 350 y ss.).
(4) J. L. VILLAR PALAS: Derecho Administrativo. Introduccin y Teora de las normas,
Seccin de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, Madrid, 1968, pgs. 479 y ss. Tambin en Ms sobre las antinomias, ob. cit,
pgs. 51 y ss.
EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD NORMATIVA (LEX SPECIALIS) Y SUS APLICACIONES JURISPRUDENCIALES
luego, no conocemos investigaciones que se hayan preocupado de comprobar la aplicacin jurisprudencial del referido principio (5), aspecto en el
cual hemos querido hacer hincapi en el presente trabajo, no slo como
contribucin al acervo doctrinal sobre el mismo, sino tambin para facilitar su uso por los operadores jurdicos. Y, adems, se aportan aqu supuestos de aplicacin que pertenecen a todas las disciplinas jurdicas, con especial referencia a los del Derecho Pblico (incluso del denominado Derecho
Pblico europeo), y no solamente a los concernientes al Derecho Privado,
que son los nicos que suelen aparecer en las exposiciones al uso, al explicar la denominada Parte General del Derecho Civil.
EL CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD NORMATIVA
El principio de especialidad normativa como destaca N. BOBBIO
hace referencia a la materia regulada, al contenido de la norma (6), y supone el trnsito de una regla ms amplia, que afecta a todo un gnero, a una
regla menos extensa, que afecta exclusivamente a una especie de dicho gnero (7). Es decir apostillamos nosotros, la preferencia aplicativa de la
norma reguladora de una especie de cierto gnero sobre la norma reguladora
de tal gnero en su totalidad.
Se destaca en la misma lnea que la norma que representa el gnero y
la que regula la especie poseen elementos comunes, pero la norma especial
aade un dato ulterior a la que representa el gnero (8).
Otra de las exposiciones del presente principio es la aportada por ENNECERUS, KIPP y WOLFF, que definen el Derecho Especial como aquel que se
contrapone al Derecho General, es decir, el que se aparta de la regla general y es relativo a clases especiales de personas, cosas y relaciones. Su esencia consiste en que aparta a esas clases determinadas de la esfera de imperio de una regla general [...], para someterlas a una disposicin especial,
formando as un Derecho Especial, un jus proprium de esas clases, que diverge del jus commune aplicable a lo dems.
Ponen como ejemplo el Derecho Mercantil con relacin al Derecho Civil, al ser aqul un Derecho especial de los comerciantes y del trfico mercantil (9).
Y otra definicin bastante utilizada es la que nos ofreci F. DE CASTRO, al enfrentar Derecho Comn y Derecho Especial. El primero se refiere al conjunto de las disposiciones destinadas a reglamentar la vida
social considerada en su totalidad. Y el segundo es aquel que contiene
(5) Con la excepcin de J. L. VILLAR PALAS, en su libro de 1968 [Derecho Administrativo (), ob. cit., pgs. 479 y ss.], por lo que tales referencias resultan hoy algo lejanas, aunque sigan siendo aprovechables.
(6) N. BOBBIO: Contribucin a la Teora del Derecho, ob. cit., pg. 344.
(7) N. BOBBIO: Teoria dellOrdinamento Giuridico, ob. cit., pg. 100.
(8) N. IRTI: La edad de la descodificacin, J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1992, pg. 45.
(9) ENNECERUS, KIPP y WOLFF: Tratado de Derecho Civil, Parte General, tomo I, vol. I,
traduccin espaola, Ed. Bosch, Barcelona, 1953, pgs. 182-183.
normas slo sobre una institucin o una serie de relaciones determinadas (10).
Una manifestacin prctica de esta ltima conceptuacin, la encontramos en el Decreto de la Presidencia decisorio de competencias de 17 de
septiembre de 1964 (Ar. 5920), al que volveremos a hacer referencia ms
Por otro lado, como nos explica Alf ROSS, la relacin entre una regla
general y una regla particular (especial) viene dada mediante nexos sintcticos del tipo sin embargo, a menos que, con excepcin de, etc., que
indican que la regla general slo deber aplicarse con la limitacin impuesta por la particular (11). Dicho con trminos nuestros: se aplicar la
norma general, a menos que, en el supuesto de hecho de la vida real, se
den las circunstancias ms especficas y en parte divergentes del supuesto
de hecho de la norma especial, en cuyo caso se aplicar esta ltima.
EXPLICACIONES DE SU DESPLIEGUE Y DE SU JUSTIFICACIN.
SU COMPATIBILIDAD CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
El despliegue del principio de especialidad se ha explicado, segn J. L.
VILLAR PALAS, de dos modos diferentes: como una cuestin de preferente
aplicabilidad de una norma sobre otra o como un problema de vigencia de
las mismas, es decir, de derogacin de una norma por otra.
Subraya que, cuando emerge el principio en el Derecho Romano, a pesar de su expresin literal (in toto jure generi per speciem derogatur et illud
potissimun habetur, quod speciem directum est) (12), se alude al problema
de aplicacin de la norma apropiada y no a un problema de vigencias,
pero, cuando es recogida por la jurisprudencia civil, se produce una metonimia jurdica, al entender en sentido literal la vieja expresin romana
y calificar el principio de especialidad como un criterio de vigencia de
Por otro lado, en el Derecho Intermedio, la regla romana de la preferente aplicacin de la norma especial sobre la general, por la mayor aptitud de aqulla sobre sta, por ser ms concreta, no slo posee un aspecto
meramente tcnico, sino tambin poltico: el refuerzo del Derecho Particular (el Derecho Municipal) frente al Derecho Romano como Derecho
Comn.
Sin embargo, con la racionalizacin del Derecho, desaparece el sentido
poltico indicado, para adoptar una vestimenta de razonabilidad (de pura
lgica, apoyada en la razn dice VILLAR PALAS). De una parte, se considera que la norma especial prevalece sobre la general, porque la norma especfica es ms apta para regular lo especfico. Y, de otra, se destaca que di(10) F. DE CASTRO: Derecho Civil de Espaa, tomo I, Instituto de Estudios Polticos,
Madrid, 1955, pg. 111.
(11) Alf ROSS: Sobre el Derecho y la Justicia, ob. cit., pg. 126.
(12) 80 Dig. libro 33, question, libro 50, Dig. ttulo 16, prrafo 1, ley 147 y ley 80.
cha regla es la que mejor responde a la voluntad del legislador, porque si el
mismo legislador dicta dos normas, una general y otra especial, y un mismo supuesto de la vida real cae hipotticamente entre ambas, es porque el
legislador quiso dar preferente aplicacin a la Ley especial, pues de otro
modo no tendra sentido su promulgacin.
Resalta J. L. VILLAR PALAS, en esta lnea, que la regla de la especialidad
presupone y no elimina la simultnea vigencia de la norma general y de la
norma especial. La Ley especial se aplicar con preferencia a la Ley general cuando su supuesto de hecho se ajusta ms al hecho concreto, pues de
otra forma quedara ineficaz, ya que nunca sera aplicable y no puede suponerse que el legislador quiso una lex sine effectu. Y, por el contrario, la
ley general se aplicar a todos los supuestos no encuadrables en la especial y
ser, por tanto, tambin eficaz en su mbito (13).
Lo anterior debe ser completado, siguiendo a nuestra jurisprudencia,
con la matizacin adicional de que la norma general seguir incluso siendo
aplicable al supuesto regulado por la norma especial, en todos aquellos aspectos no previstos por la norma especial. As lo expresa, por ejemplo, la
STS, Contencioso, de 27 de octubre de 1979 (RJ 1979\3841) (14).
Como tambin se precisa que una ley general no se aplicar supletoriamente a supuestos propios de una ley especial, cuando se entiende que sta
regula de modo suficiente los aspectos en cuestin (STC 80/2002, de 8 abril,
y STS, Contencioso, de 28 de febrero de 2001 RJ 2001\1155) (15).
Y, en este momento de nuestra exposicin, debemos resaltar que no
(13) J. L. VILLAR PALAS: Derecho Administrativo (...), pgs. 483-484.
(14) Dicha Sentencia subraya, aunque con una terminologa algo confusa, que, en el
caso de la imposicin de servidumbres de paso en vuelo sobre una finca de propiedad privada por tendidos telefnicos impuestos por la Compaa Telefnica Nacional de Espaa,
la Ley de 31 de diciembre de 1945 y el Decreto de 31 de octubre de 1946 constituyen normas especiales al respecto, pero que, en cuanto a la extensin, procedimiento y normas de
valoracin, se aplica la Ley de Expropiacin Forzosa de 1954 y su Reglamento de 1957, por
no contener aquellas normas especiales prescripciones especficas al respecto. Concretamente, dice que el ordenamiento expropiatorio opera como subsidiario.
(15) En la STC 80/2002 se le planteaba al Tribunal Constitucional si caba aplicar supletoriamente la Ley 30/1992 para la rectificacin de errores en procesos electorales, y en
dicha Sentencia el Tribunal subraya, junto con otros argumentos, la correccin de argumentar con el principio lex specialis derogat generali, segn hace la Sentencia impugnada,
porque, al prever la LOREG detalladamente los plazos y modos en los que caben las rectificaciones correspondientes de los eventuales errores que puedan producirse, no queda margen para la supletoriedad de la Ley 30/1992 pretendida en el caso presentado por los demandantes ex artculo 120 de la propia LOREG.
Y la STS de 28 de febrero de 2001 (RJ 2001\1155) declara que la LOREG, cuando disciplina el recurso contencioso-electoral, contiene una regulacin directa y especfica de la
impugnacin jurisdiccional de los resultados electorales, la cual, en virtud del principio de
especialidad que rige en las relaciones internormativas (Lex specialis derogat generali), prevalece sobre cualquier otra y la desplaza. Y la supletoriedad que dispone para la Ley de la
Jurisdiccin Contencioso-Administrativa (art. 116.2 LOREG) no opera en las cuestiones
que ella directamente regula, como son las representadas por el concreto acto electoral
frente al que ha de formalizarse la impugnacin jurisdiccional, y por el plazo en que sta
ha de interponerse. Y que los preceptos de esa especfica regulacin procesal constituyen,
en aplicacin de lo ordenado por el 117.3 de la Constitucin, las normas de procedimiento
a las que necesariamente ha de ajustarse el ejercicio de la potestad jurisdiccional en las
controversias sobre materia electoral.
debe confundirnos el hecho de que la doctrina italiana, sobre todo, presente el problema de la prevalencia aplicativa de la norma especial sobre la
norma general como un problema de derogacin de sta por aqulla, ya
que, en dicho Derecho, el trmino deroga se utiliza para indicar el fenmeno de que una norma contenga la exceptuacin de uno o varios casos
con respecto a lo establecido en la norma general, o sea, como una enunciacin sinttica de la existencia de un caso de especialidad normativa, por
influencia de la distincin recogida en el texto de Modestino incluido en
Digesto 50, 16, 102, entre derogacin y abrogacin. Se deroga cuando se
suprime una parte de una Ley y se abroga cuando se elimina toda ella.
En el Derecho espaol no ha preponderado tal distincin y en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola las palabras abrogacin y
derogacin presentan definiciones similares: la accin y el efecto de abolir,
revocar o anular (16). No obstante, puede constatarse cmo, a veces, tambin en nuestra jurisprudencia se siguen invocando los aforismos latinos lex
specialis derogat generali, generi per speciem derogatur y specialia generalibus
derogant para referirse al principio de especialidad normativa (17). Y, en
realidad, como expone J. AGUIL REGLA, la preferente aplicacin de la norma especial sobre la norma general es una de las cuatro acepciones que los
juristas suelen dar a la expresin derogacin, calificada como ambigua
por este autor (18).
En cualquier caso, lo que debe quedar claro es que la terminologa
empleada en el supuesto que nos ocupa por la doctrina y la jurispru(16) Lo anterior aparece perfectamente explicado por L. M. DEZ PICAZO: La derogacin de las Leyes, Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1990, pgs. 33 a 35 y 351 y ss.
En la doctrina italiana, G. V. RESCIGNO nos dice que la deroga se diferencia de la abrogazione en que, en el primer caso, la norma derogada permanece en vigor, mientras que, en el
segundo caso, la proposicin normativa abrogada se extingue y es excluida definitivamente
del ordenamiento. La deroga designa sobre todo el efecto de prevalencia de la norma especial sobre la general en relacin con el supuesto de hecho propio de la especial, permaneciendo la general eficaz para los dems supuestos de hecho (Deroga in materia legislativa,
EdD, pgs. 303 y 304).
(17) Puede comprobarse en las sentencias que referenciamos especialmente en el epgrafe IV del presente estudio.
(18) J. AGUIL REGLA: Sobre la derogacin. Ensayo de la dinmica jurdica, Distribuciones Fontamara, S.A., Mxico, 1995, pg. 97. Los cuatro casos en que los juristas utilizan el
trmino derogacin, segn este autor, son los siguientes:
el caso de las clusulas derogatorias concretas: aquellas que mencionan los artculos de las leyes que derogan;
el caso de las clusulas derogatorias genricas: aquellas que no indican las disposiciones especficas que pretenden derogar;
las relaciones de preferencias entre normas concretas incompatibles, en cuyo caso
los juristas califican como principios derogatorios a los que rigen los conflictos de
normas, incluido el principio lex specialis; y
el caso de sustitucin de textos de las fuentes del Derecho, incluso en el supuesto
de que no cambie la regulacin de la materia a que se refieren, como en el caso de
los textos refundidos.
Pero tambin acaba diciendo dicho autor que el principio lex specialis opera como un
principio de individualizacin de disposiciones jurdicas complejas y no como un principio
derogatorio (ob. cit., pg. 101).
dencia puede resultar equvoca y que, en rigor, el despliegue del principio de especialidad normativa lo que produce es una aplicacin preferente de la norma especial sobre la general, en aquellos casos en los
que la norma especial es la que mejor se adapta al supuesto de hecho.
Se efecta un desplazamiento de la norma general por la norma especial en el caso especfico, una exclusin de la citada norma general en
tal supuesto, aunque sta siga estando vigente y se siga aplicando a los
casos no cubiertos por las normas especiales. Dicho de otro modo, lo
que no se produce es una expulsin de la norma general del Ordenamiento jurdico.
Otra explicacin del criterio de especialidad se basa, a su vez, en que la
individualizacin o especificacin del Derecho que tal principio comporta (a
la que ya nos hemos referido) deriva del principio de justicia. Nos dice
N. BOBBIO que el criterio de especialidad es la aplicacin del principio de
justicia segn el cual deben ser tratadas de igual modo las personas que
pertenecen a la misma categora.
Es bastante normal el caso de que la aplicacin de una
norma dirigida a regular un determinado comportamiento
de una categora de personas ponga de relieve [...] la presencia de una categora especial a la que no conviene la disciplina general y, de ah, la exigencia, para respetar las reglas
de la justicia y para no regular de manera igual a personas
pertenecientes a categoras distintas, de derogar la disciplina de la norma general y de crear una norma especial. En
otras palabras, el paso de la regla general a la especial derogatoria corresponde a una natural diferenciacin de categoras y
a un gradual descubrimiento, por parte del legislador o del
juez, de esta diferenciacin: representar el proceso de progresiva adecuacin de la regla de justicia a las articulaciones de
la realidad social hasta el lmite ideal del tratamiento distinto
para cada individuo, que es la exigencia eterna de la equidad
como justicia del caso concreto, expresada en la mxima
suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo). La primaca
de la norma especial sobre la general es la expresin de la
exigencia del camino de la justicia, que nos gusta a menudo
representar como procedente de lo abstracto a lo concreto, de
la legalidad a la equidad. En favor de la norma especial hay
una presuncin de mayor justicia, precisamente porque el
ideal del ordenamiento justo es aquel en el que se da a cada
uno lo que le corresponde, por la singularidad que le distingue como persona frente a las dems personas (19).
Y es que la justicia opera dice BOBBIO bien como diversificacin
de lo desigual, bien como unificacin de lo igual. La imposicin proporcio(19)
N. BOBBIO: Contribucin a la Teora del Derecho, ob. cit., pg. 347.
nal del impuesto es un claro ejemplo del primer proceso y la institucin
del sufragio universal es igualmente claro ejemplo del segundo (20).
Esta explicacin de BOBBIO nos sirve, adems, para resaltar otras de las
cuestiones que suscita el principio de especialidad normativa: su compatibilidad con el principio de igualdad e incluso, en ocasiones, su consideracin
como exigencia de ste (21).
Ha destacado L. PALADIN que la igualdad formal conlleva no tanto la
mera abstraccin de las normas jurdicas (o bien la generalidad entendida
desde el punto de vista de la lgica) cuanto la universalidad de las mismas.
La ley igual para todos no es aquella que contiene una disciplina idntica
para la totalidad del supuesto de hecho abstracto contenido en ella, sino la
norma comn a cualquier situacin que objetivamente no requiera o no
consienta una regla diferenciada (22).
Es decir precisamos nosotros, el principio de igualdad puede ser
compatible con normas especficas para determinadas situaciones, siempre que objetivamente tales situaciones requieran o consientan una regulacin diferenciada.
Y subraya L. PALADIN que el principio de igualdad exige un examen
comparativo de la justificacin de las leyes mismas, realizado mediante la
comparacin entre la disciplina general y la disciplina especial (23).
O sea concluimos nosotros, el principio de igualdad lo que exige
con respecto a las normas especiales es una justificacin del trato normativo peculiar que incluye frente a las normas generales, con las cuales deben
ser contrastadas.
En su Sentencia 68/1982, de 22 de noviembre, el TC espaol ha afirmado que el hecho de que exista una diferencia de trato jurdico o en los re(20) N. BOBBIO: ibidem, pg. 349.
En realidad, la concepcin de justicia de la que parte N. BOBBIO en su explicacin es la
que ya antes haba expuesto Cham PERELMAN, que nos dice que la justicia de un acto consiste en la igualdad de trato que reserva a todos los miembros de una misma categora
esencial (De la justice, Universit Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie Solvay, Bruselas, 1945). Y aade que sta es la idea ms general de justicia, que despus cada filsofo intentar justificar en funcin de su sistema, sobre criterios tales como los mritos humanos,
sus necesidades; sus obras; su rango; su origen; o una combinacin de tales caracteres (Les
trois aspects de la justice, publicado en Revue Internationale de Philosophie, nm. 41,
1957, fasc. 3). Ambos trabajos estn hoy recogidos en Justice et raison, 2.e dition, ditions
de lUniversit de Bruxelles, Bruselas, 1972, pgs. 79 y 165). Y precisa tal autor que tales
consideraciones son aquellas sobre las que ARISTTELES, en su tica a Nicmaco, funda la
proporcionalidad que dirige la determinacin racional de la justicia distributiva (ob. cit.,
pg. 165).
Por su parte, J. L. VILLAR PALAS destaca, en la misma lnea, que corresponde a la ntima
naturaleza del Derecho la progresin de lo general a lo particular. Y evoca, igualmente, en
este sentido a ARISTTELES (que, en su tica a Nicmaco, dijo que la determinacin del Derecho y la concrecin de la Ley se verifican como la relacin de lo general y lo especfico)
y a Oliver W. HOLMES, que afirm que la autntica vida del Derecho est en lo particular,
no en lo general (J. L. VILLAR PALAS: Derecho Administrativo..., pgs. 412-413).
(21) Subraya Cham PERELMAN que la nocin de justicia sugiere a todos (desde Platn y
Aristteles, pasando por Santo Toms, hasta los juristas, moralistas y filsofos contemporneos) inevitablemente la idea de una cierta igualdad, pues la justicia consiste en una determinada aplicacin de la idea de igualdad (De la justice, en Justice et raison, ob. cit., pg. 21).
(22) L. PALADIN: Eguaglianza (diritto costituzionale), EdD, tomo XIV, pg. 527.
(23) L. PALADIN: Eguaglianza..., pg. 527.
gmenes jurdicos aplicables a una u otra clase de personas no significa
por s solo violacin del artculo 14 CE [...], siempre que la diferencia que
introduce posea una justificacin razonable de acuerdo con el sistema de
valores que la Constitucin consagra (FJ 4).
Y, como veremos, la bsqueda de dicha justificacin es lo primero que
hace el Tribunal Constitucional espaol en la STC 82/1994, de 14 de marzo, donde se enfrenta a un supuesto de recurso de amparo frente a una
norma especial de rango reglamentario que se considera por la parte recurrente lesiva del principio de igualdad constitucional (24).
Pero lo que nos ofrece N. BOBBIO, al exponer el fundamento del principio de especialidad normativa en el principio de justicia, es, a la vez, cmo
el principio de especialidad no slo no tiene por qu ser lesivo del principio de
igualdad, sino que incluso es una exigencia de tal principio, en su vertiente
de necesidad de trato diferenciado a categoras diferenciadas, para evitar
la denominada desigualdad por indiferenciacin, cuando la equidad exige un trato diferente entre categoras desiguales (25). Porque, como ha
destacado C. MORTATI, el trato igual de situaciones iguales y el trato desigual de situaciones desiguales constituyen dos aspectos del mismo fenmeno y, por ello, no deben ser ni siquiera diferenciados (26).
Y, finalmente, como comprobaremos al final del presente estudio, al
analizar la relacin y distincin entre las normas especiales y las normas
excepcionales, adems del juicio de conformidad con el principio de igualdad constitucional del artculo 14 CE, tambin puede ser necesario un juicio de compatibilidad con otros derechos fundamentales constitucionalmente
reconocidos (27).
SU CONSIDERACIN COMO PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO
La formulacin genrica del criterio de especialidad normativa calificndolo como principio general del Derecho la encontramos de forma ntida en la STS de 16 de enero de 1998 (RJ 1998\826) (28) y, de modo ms
(24) Sobre esta Sentencia en especial volveremos ms adelante, al referirnos a la tensin entre el principio de en estudio y el de jerarqua normativa.
(25) El Tribunal Constitucional italiano fundamenta diversas sentencias claramente
en la desigualdad por indiferenciacin. Sobre ello, J. SUAY RINCN: El principio de igualdad
en la justicia constitucional, IEAL, 1985, pgs. 52-53.
A. PIZZORUSSO subraya tambin, sobre la base de las proposiciones de N. BOBBIO atrs
referenciadas, que el principio de especialidad normativa constituye una aplicacin del
principio de igualdad (Delle fonti del diritto, ob. cit., pg. 109).
(26) C. MORTATI: Istituzioni di Diritto pubblico, CEDAM, Padova, 1976, pg. 1030.
(27) As, en la STC 55/1990, de 28 de marzo, que all reseamos.
(28) Subraya, en su FJ 4, que constituye principio general de derecho (generi per speciem derogatur: specialia generalibus derogant) que la norma especial deroga la norma general en cuanto a su mbito singular de aplicacin, siendo en cuanto a dicho mbito de preferente vigencia [...]. Tal invocacin la realiza la STS para justificar que a los maestros
que prestan sus servicios en el primer ciclo de la ESO (Enseanza Secundaria Obligatoria)
se les aplica el complemento de destino propio de su cuerpo, en virtud de lo dispuesto en el
artculo 53 de la Ley 42/1994 y la Disposicin Adicional Decimoquinta, apartado 2, de la
Ley 30/1984 (norma especial para los funcionarios docentes), y no los complementos de
confuso, en las SSTS de 25 de febrero de 1981 (RJ 1981\921, considerando
2. del TS), 6 de octubre de 1986 (RJ 1986\7407, considerando 3. aceptado
de la sentencia apelada), 27 de mayo de 1987 (RJ 1987\3831, FJ 2) y 30 de
octubre de 1993 (RJ 1993\2980, FJ 3).
En estas ltimas se destaca la vigencia en nuestro Ordenamiento jurdico, como principio general, de aquel que postula que las normas especiales son siempre de preferente rango (de preferente aplicacin deberan
decir, para ser ms exactos desde el punto de vista tcnico), en su aplicacin concreta a los casos por ellas previstos.
Y otra mencin de este tipo la hallamos en las STSS, Contencioso, de
12 de diciembre de 1990 (RJ 1990\9636, FJ 7) y 23 de noviembre de 1998
(RJ 10777, FJ 2), referentes a los Profesores Asociados de las Universidades Pblicas, en las que se subraya que la LRU (Ley Orgnica 11/1983, de
24 de agosto, de Reforma Universitaria) constituye en materia de personal
al servicio de tales Administraciones pblicas una lex specialis (29).
Tambin invocan el mencionado principio las STSS, Contencioso, de
12 de diciembre de 2000 (RJ 522/2001) (30) y 28 de febrero de 2001 (RJ
2001\1155) (31), con referencia a otros asuntos.
Y mencin especial merece, en el mbito financiero-tributario, la aplicacin del principio de especialidad normativa que, en el caso controvertido, hace prevalecer la normativa especial de un tributo sobre las leyes tributarias y financieras generales. Muestra de ello es la STS de 29 de
septiembre de 2000 (RJ 2000\8518, FJ 3) (32).
En la jurisprudencia citada, el principio de especialidad normativa aparece como un principio implcito, en el sentido de no estar proclamado expresadestino correspondientes al puesto de trabajo desempeado (norma general aplicable a los
funcionarios no docentes).
(29) Se trataba de justificar por qu prima la regulacin establecida en la LRU y sus
normas de desarrollo relativa a los Profesores Asociados de Universidad sobre la legislacin
general de personal al servicio de las Administraciones pblicas y la legislacin laboral.
(30) La STS de 12 de diciembre de 2000 (RJ 2001\522), en su FJ 4, justifica la innecesariedad de la exigencia de motivacin por parte del Gobierno del nombramiento del Fiscal
General del Estado en el principio de especialidad normativa (lex specialis derogat generali),
fundamentndolo en que la norma especial, de preferente aplicacin (la Ley 50/1981, de 30
de diciembre, aprobatoria del Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal), no exige tal motivacin entre sus requisitos, en contraposicin a la exigencia genrica de la misma en el artculo 54.1.f) de la Ley 30/1992 (Ley general).
(31) La STS de 28 de febrero del 2001 (RJ 2001\1155) proclama la inaplicabilidad al
recurso contencioso-administrativo electoral de lo dispuesto en la LJCA (Ley general), con
respecto a las cuestiones que directamente regula la Ley Orgnica 5/1985, de 19 de junio,
de Rgimen Electoral General (Ley especial), en relacin con dicho recurso, por prevalecer
la Ley especial (LOREG) y desplazar la general (LJCA), en aplicacin del principio lex specialis derogat generali.
(32) Dicha Sentencia declara la primaca aplicativa en el supuesto controvertido del
artculo 31.3 de la Ley 61/1978, reguladora del Impuesto de Sociedades (que establece un
perodo de treinta das para la devolucin de oficio de ingresos indebidos, despus de
transcurridos doce meses desde la liquidacin provisional), sobre el artculo 45 de la Ley
General Presupuestaria, Texto Refundido de 1988 (que establece el plazo de tres meses siguientes a la notificacin de la resolucin judicial o del reconocimiento de la obligacin,
para pagar a los acreedores de la Hacienda Pblica, transcurridos los cuales se genera la
obligacin de pagar intereses de demora).
mente como tal en una norma escrita (33), como ocurre, por ejemplo, con los
recogidos en el artculo 9.3 de la Constitucin. Pero, por otro lado, s que encontramos en nuestro Ordenamiento jurdico normas-regla (es decir, normas
no principiales) (34) en las que aparece la manifestacin de este principio.
As, podemos destacar preceptos tales como el que prev que los contratos administrativos especiales se regirn por sus propias normas (especiales) con carcter preferente (art. 7 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pblicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio); el que dispone que la prescripcin de
las infracciones administrativas y de las sanciones del mismo carcter ser
la que establezcan las leyes que establezcan tales infracciones y sanciones
(normas especiales) y, slo en su defecto, la que se regula con carcter general en la Ley 30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y de Procedimiento Administrativo Comn (art. 132 de dicha Ley); o
el que establece que se salvan las peculiaridades del personal docente e investigador de la norma general segn la cual en ningn caso los rganos
de seleccin podrn estar formados mayoritariamente por funcionarios
pertenecientes al mismo Cuerpo que se ha de seleccionar (art. 19.2, segundo inciso, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Funcin Pblica).
En sendos casos, se dispone una aplicacin preferente de determinadas
normas especiales contractuales administrativas o de ciertas normas especiales sobre prescripcin de infracciones y sanciones administrativas o de
normas especiales sobre composicin de los rganos de seleccin del personal docente e investigador sobre las normas generales correspondientes.
Y otra manifestacin de norma-regla expresin de dicho principio es el
artculo 8.1 del Cdigo Penal de 1995 (Ley Orgnica 19/1995, de 23 de noviembre), al establecer que los hechos susceptibles de ser calificados con
arreglo a dos o ms preceptos de este cdigo, y no comprendidos en los artculos 73 a 77, se castigarn observando las siguientes reglas: 1.) el precepto especial se aplicar con preferencia al general.
Finalmente, atendiendo a la distincin entre principios institucionales y
principios sustantivos desarrollada por M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO (35),
(33) La distincin entre principios explcitos e implcitos la podemos encontrar, aunque con diferencia de matices, en J. WROBLEWSKI (Sentido y hecho en el Derecho, Universidad del Pas Vasco, San Sebastin, 1989, pgs. 153 y ss.), L. PRIETO SANCHS (Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurdico, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1992, pgs. 134 y ss.) y M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO (Las piezas del derecho. Teora
de los enunciados jurdicos, Ed. Ariel, S.A., Barcelona, 1996, pg. 13).
(34) Seguimos en este punto la distincin entre principios (o normas principiales) y
reglas (o normas-regla) que hacen M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO en Las piezas del derecho
(...), ob. cit., pgs. 6 y ss.
(35) M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO: La dimensin institucional del Derecho y la justificacin jurdica, Revista Doxa, nm. 24, ao 2001, pgs. 125 y ss.
Para estos autores, los principios sustantivos vienen regidos por razones sustantivas de
correccin (se debe hacer o no se debe hacer tal cosa, porque eso es lo correcto) o finalistas
(se debe hacer tal cosa, porque es un medio idneo para lograr un cierto objetivo social);
apuntan al modelo de convivencia entre los seres humanos que el Derecho pretende moldear;
y afectan a la funcin del Derecho de ordenar el mundo exterior a s mismo. Los principios
consideramos que el de especialidad normativa responde a ambas categoras a la vez, porque no slo cumple una funcin de salvaguardia del Derecho como aparato institucional, para que el mismo pueda realizar sus finalidades sustantivas, para que garantice el funcionamiento eficiente de su
maquinaria (principio institucional), sino que tambin incide directamente en el modelo de convivencia entre los seres humanos que el Derecho
pretende moldear (principio sustancial) y viene a constituir como ya hemos explicado atrs una exigencia de los principios de justicia y de
igualdad, que son principios sustanciales.
EL PROBLEMA DE LA RELATIVIDAD DE LA DUALIDAD GENERAL-ESPECIAL
Si bien, a pesar de todo lo anterior, no puede ocultarse que sobre el
principio de especialidad normativa late un importante problema que hay
que resolver, previamente, ante cada supuesto de hecho concreto: el de la
relatividad del criterio general-especial, en tanto que una norma A puede ser
general con respecto a una norma B, pero, a su vez, especial con respecto a
una norma C (36).
Y, adems, como ha resaltado J. L. VILLAR PALAS, la relacin especialgeneral es tambin bipolar, invertible en determinados supuestos. As, indica dicho autor que lo mismo que la Ley de Puertos puede considerarse especial frente a la legislacin de rgimen local, igualmente podra
considerarse que lo especial es la legislacin de rgimen local frente a la legislacin portuaria, y que algo semejante puede mantenerse al enfrentar la
legislacin del suelo con la legislacin de rgimen local (37). Y evoca, en
este sentido, a Cicern cuando ste destacaba que lo especial frente a algo
poda pasar a ser general frente a ese mismo algo o a otra cosa (38).
Un primer ejemplo de esta problemtica lo encontramos en el Decreto
de Presidencia de 17 de septiembre de 1964, decisorio de competencia entre los Ministros de Gobernacin y de Obras Pblicas, por infracciones del
Cdigo de Circulacin cometidas en la zona portuaria de Santander (Aranzadi 5920).
Frente al alegato del Ministerio de Obras Pblicas de que debera aplicarse la Ley de Puertos y disposiciones complementarias como norma especial, en lugar del Cdigo de Circulacin de 1959, considerada aqu como
ley general, subraya que la distincin entre ley general y leyes especiales es
de vidriosa y discutible aplicacin al caso controvertido, pues tan especial
institucionales, por el contrario, tienen como razn de ser la garanta del Derecho como aparato institucional, para que el mismo pueda realizar sus finalidades sustantivas, para el funcionamiento eficiente de su maquinaria y para la estabilidad del sistema mismo. Por eso, estos ltimos van dirigidos centralmente a los rganos y slo de manera muy derivada a los
ciudadanos. Y un ejemplo que ponen de ellos es el principio de jerarqua normativa.
(36) Como destaca M. S. GIANNINI (Lanalogia giuridica, en Jus, Rivista di Scienze
Giuridiche, pubblicata per cura dellUniversit Catlica del Sacro Cuore, aos 1941-1942,
pg. 65 ao 1942, especialmente en nota 3).
(37) J. L. VILLAR PALAS (1968), pg. 482.
(38) J. L. VILLAR PALAS (1968), pg. 483.
es la materia de trfico como la que regula el rgimen administrativo de
los puertos. Y, por ello, resuelve la cuestin acudiendo a otros criterios interpretativos tales como el de la voluntas legislatoris (Exposicin de Motivos de la Ley de Circulacin Urbana e Interurbana de 30 de julio de 1959),
de la cual se infera una finalidad innovadora y unificadora de competencias en materia de trfico, en favor del Ministerio de Gobernacin, y conduca a considerar el problema como de derogacin tcita del apartado
concreto de la Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880 por el Cdigo de Circulacin indicado.
Un segundo ejemplo, ms actual, de la citada relatividad lo hallamos
en la STS, Contencioso, de 21 de febrero del 2000 (RJ 2000\10112), ms
prxima a nuestros das. En ella se llega a la conclusin de que la norma
general posterior desplaza la pretendida norma especial, porque esta ltima fue dictada en consonancia con una normativa general anterior, de
modo que no era, en realidad, autnticamente especial, al no apartarse de
la regla general del momento en atencin a un caso especfico, habindose
producido adems la absoluta superacin de la legislacin general referida
por la legislacin general vigente, para adaptarse a las nuevas exigencias
de la realidad social, ligadas a las transformaciones producidas por las
nuevas tecnologas (39).
(39) El Consejo de Ministros, en su reunin del da 10 de enero de 1997, acuerda autorizar al Ente Pblico RTVE para que constituya, a travs de TVE, S.A., una sociedad annima estatal de las previstas en el artculo 6.1.a) del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, que se denominar TVE Temtica, S.A..
La parte demandante (Canal Satlite Digital, S.L.) invoca la preferente aplicacin del
artculo 20.3 del Estatuto de Radiodifusin y Televisin Espaola (ERTVE), aprobado por
la Ley 4/1980, que impone que las sociedades filiales que se creen sern, en todo caso, de
capital ntegramente estatal, sobre el artculo 6.3 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria citada, que permite, mediante la autorizacin por el Consejo de Ministros,
constituir sociedades estatales con participacin minoritaria del Estado, basndose en el
argumento de que aquella norma es especial y, por ello, debe prevalecer sobre sta que es
Por el contrario, la Sentencia entiende que no puede acogerse tal argumento, porque el
ERTVE est dictado en un momento en que era preceptivo que la participacin del Estado
en entidades mercantiles fuera mayoritaria, mientras que la gestin directa de los servicios
pblicos a travs de la creacin de sociedades exiga el capital totalmente pblico. A esta
idea responde la Ley de Entidades Estatales Autnomas de 26 de diciembre de 1958. De
aqu que el artculo 20.3 del ERTVE, dictado bajo su vigencia, impusiera que las sociedades filiales que se creen sern, en todo caso, de capital ntegramente estatal.
Pero este marco normativo ha sido superado en el sector de la televisin, desde el momento en que hay que admitir que TVE puede intervenir en el campo de la televisin digital va satlite. Dicha intervencin no slo es posible, sino deseable. En efecto, la propia
memoria que acompaa al acuerdo se refiere a la Conferencia Ministerial del Consejo de
Europa celebrada en Praga en diciembre de 1994, a la que antes se hizo mencin, y al informe que est elaborando el Parlamento Europeo, que reconocen la necesidad de que las
RTV pblicas participen en las nuevas tecnologas de las telecomunicaciones, especialmente la digital, debiendo estar en disposicin de invertir, en forma mixta, pblica y privada.
Hay que hacer notar, como, con clara premonicin, la exposicin de motivos del ERTVE ya
intuy algo, aunque no todo, de la profunda metamorfosis que iba a experimentar la televisin, al sealar que la finalidad ltima de la Ley es la de crear una estructura organizativa
que, inspirada en los principios que informan la Constitucin, sea suficientemente gil
como para encauzar los objetivos los principios expresados, en una sociedad que, como
Y un tercer ejemplo de la citada relatividad se manifiesta en las SSTS
de 2 de marzo de 1998 (RJ 1998\2725) y 13 de diciembre de 1999 (RJ 1999\
9704).
En ambos casos, la parte demandante invoca que debe primar la gratuidad del proceso contencioso-administrativo establecida por el artculo
130.2, letra b), de la LJCA de 1956, para las cuestiones de personal previstas en el artculo 113 de dicha Ley jurisdiccional, sobre la regulacin de
condena en costas prevista en el artculo 102.3 de la citada Ley con respecto al recurso de casacin. Y lo argumenta afirmando que el artculo 102.3
de la LJCA es una norma general y el artculo 130.2, letra b), de la misma
Ley constituye una norma especial para las cuestiones de personal, que
debe prevalecer sobre la mencionada norma general.
Por el contrario, el TS interpreta que, en el caso controvertido, la relacin norma general-norma especial es precisamente la contraria: la especialidad del rgimen del recurso de casacin en cuanto a las costas procesales, que debe primar sobre cualquier otro rgimen general relativo a las
citadas costas (40).
En nuestra opinin, los anteriores ejemplos muestran tan slo casos
muy problemticos en los que la dualidad general-especial se oscurece y hay
que acudir a otros criterios de resolucin de conflictos normativos adicionales al aportado por el principio de especialidad normativa o sustitutivos del
toda sociedad moderna, est en permanente transformacin. Es por esto que, en su artculo 20.1, deje abierta la puerta para la creacin de sociedades filiales en las reas de comercializacin, cable y medios anlogos, con objeto de garantizar la ms eficaz gestin.
No hay ningn inconveniente en hacerlo a travs del mecanismo que arbitra el artculo 6.3 de la Ley General Presupuestaria de 23 de septiembre de 1988, mediante la autorizacin por el Consejo de Ministros de constituir sociedades estatales con participacin minoritaria del Estado. En consecuencia, no puede considerarse reido con la legalidad vigente
que el acto impugnado enumere entre los objetivos de TVE Temtica participar en una plataforma digital creada al efecto.
Frente a ello, no cabe acoger el argumento de la parte demandante de que se trata de
normas generales que no han de prevalecer sobre la especial contenida en ERTVE, porque
siendo ineficaz sta en un momento dado para conseguir los fines previstos, hay que considerarla desplazada por la norma general posterior que permite la consecucin de estos objetivos, que se frustraran ante la imposibilidad de aplicar la norma especial.
Sin embargo, el Voto Particular de los Magistrados D. Fernando LEDESMA BARTRET y
D. Manuel CAMPOS SNCHEZ-BORDONA mantiene el criterio contrario: que el juego de los
principios ley especial-ley general determina que esta ltima no pueda esgrimirse como cobertura para actuaciones administrativas que aqulla regula de manera determinada (FJ 2
del Voto Particular).
(40) La STS de 13 de diciembre de 1999 (RJ 1999\9704) precisa que el precepto del
artculo 130.2, en el que el interesado funda su derecho, limita su mbito de aplicacin al
procedimiento contencioso-administrativo respecto a las cuestiones de personal, procedimiento regulado en los artculos 113 y siguientes de la Ley, citndose especficamente dicho artculo 113. En este procedimiento en materia de personal, para nada se alude o se regula, con carcter especial, el recurso de casacin. Dicho recurso se rige en todas las
materias, incluidas las cuestiones de personal [cfr. art. 93.2 a)], por lo prevenido en la Seccin 2. del Captulo II del Ttulo IV de la Ley de la Jurisdiccin, por lo que es de aplicacin
al mismo, aunque tenga por objeto una cuestin de personal, el artculo 102.3, en cuanto a
la imposicin de costas al recurrente, si la Sentencia no hubiese estimado procedente ningn motivo casacional. No hay aqu un supuesto de aplicacin de norma especial, sino de
exclusin del supuesto de condena en costas contemplado del mbito de aplicacin del artculo 130.2, por estar incluido en el artculo 102.3.
mismo, pero ello no descalifica la virtud del principio en estudio para resolver el alto porcentaje de casos en los que tal relatividad no se manifiesta.
Y, en tales supuestos problemticos, lo que debemos intentar es su enfoque individualizado y analtico y la bsqueda de esos criterios adicionales del suministrado por el de lex speciales o sustitutivos del mismo, que
sean los ms objetivos posibles.
El caso tpico afectado por el principio de especialidad normativa responde a lo que A. ROSS llama una inconsistencia del tipo total-parcial
(una de las dos normas no puede ser aplicada bajo ninguna circunstancia
sin entrar en conflicto con la otra, mientras que sta tiene un campo adicional de aplicacin en el cual no entra en conflicto con la primera; un crculo se encuentra dentro de otro) (41), pues entendemos que mientras que
la norma especial siempre entra en conflicto con la general, que es resuelto
precisamente por el principio en estudio, la norma general tiene un campo
adicional que no entra en conflicto con la especial. La norma especial se
representara por un crculo que se integra totalmente en otro ms grande
determinado por la norma general.
Sin embargo, tanto en el caso de nuestro primer ejemplo como del tercero, nos encontramos ante lo que A. ROSS llama una inconsistencia del tipo
parcial-parcial (cada una de las dos normas tiene un campo de aplicacin
en el cual entra en conflicto con la otra, pero ambas tienen tambin un campo adicional de aplicacin en el cual no se producen conflictos; los crculos
que representan a ambas normas son secantes) (42), lo cual nos est indicando que no estamos ante el supuesto tpico resuelto por el principio lex specialis y, por eso, tenemos que acudir a criterios adicionales o sustitutorios.
Entre estos ltimos criterios se encontraran los interpretativos, del artculo 3.1 de nuestro Cdigo Civil (anlisis de las finalidades de las normas
implicadas, anlisis histrico de las mismas, etc.), donde estn incluidos,
entre otros, el de bsqueda de la voluntas legislatoris, al que se refiere el
Decreto decisorio de competencia que resuelve el caso del primer ejemplo,
o el de interpretacin literal del artculo 113 LJCA de 1956 y el de interpretacin sistemtica de los dos preceptos implicados, que utiliza la STS de
13 de diciembre de 1999 (RJ 1999\9704), una de las dos que resuelve el
caso del tercer ejemplo. Y otros criterios adicionales seran la ponderacin
de los valores representados por las normas en conflicto o la presuncin de
que la norma ms reciente se encontrara en una situacin de preferencia,
tributaria del principio lex posterior (43).
Y, en el caso del segundo ejemplo, aunque el argumento utilizado por el
Tribunal Supremo pueda resultar discutible, no se puede negar que se encuentra motivado y que, segn dicha motivacin, no opera en relacin con el
mismo el principio de especialidad normativa, porque en realidad la pretendida norma especial no es tal, ya que se trata de una mera especificacin, re(41) Alf ROSS: Sobre el Derecho y la Justicia, ob. cit., pgs. 124-125.
(42) Alf ROSS: Sobre el Derecho y la Justicia, ob. cit., pgs. 124-125.
(43) A estos ltimos se refiere Alf ROSS (Sobre el Derecho y la Justicia, ob. cit., pg.
127), aunque distinguiendo en funcin de las variables concurrentes (p.ej., si las normas se
encuentran en distintos textos cronolgicamente distintos).
dundante (44), de la norma general vigente en su momento, sin ningn matiz diferenciador frente a la misma relevante a los efectos del litigio, por lo
que, en puridad, no respondera a la estructura lgica de la relacin entre la
norma general y la norma especial expuesta por nosotros supra (inclusin en
el supuesto de hecho de la norma especial de circunstancias ms especficas
y en parte divergentes del propio de la norma general) (45).
ESPECIALIDAD DENTRO DE UN MISMO TEXTO NORMATIVO
La norma especial en contraposicin a la norma general la podemos
encontrar dentro de un mismo instrumento normativo o en documentos
normativos distintos.
Cuando las dos normas se encuentran dentro de un mismo texto normativo, el principio de especialidad plantea menos problemas, ya que, entonces, se trata de determinar en cul de los dos supuestos de hecho normativos se encuentra el que nos ocupa, solamente en el de la norma general o
tambin en el de la especial, y, acto seguido, aplicar una u otra consecuencia. Estamos ante un simple problema de subsuncin de supuestos de hecho reales en supuestos de hecho normativos, ante normas de idntica cronologa e idntico rango jerrquico (46).
Un ejemplo lo encontramos en la propia Constitucin, en su artculo
57.1 (segn el cual se preferir el varn a la mujer en la sucesin a la Corona de Espaa), frente al mandato de igualdad ante la Ley del artculo 14,
que prohbe, adems, discriminacin alguna por razn de sexo (47).
Y otras de las manifestaciones ms claras de este caso se producen en
el Derecho Penal, en aquellos supuestos en los que una misma accin puede subsumirse en dos tipos delictivos: uno genrico y otro ms especfico.
Sirva como ejemplo a este respecto la STS de 17 de abril de 1997 (RJ
1997\2989), que seala que la aplicacin del delito de detencin ilegal desplaza la del delito de coacciones, porque el principio de especialidad normativa exige la primaca de la especie sobre el gnero (lex specialis derogat legi
generali) y el delito de coacciones es el gnero y el delito de detencin ilegal
la especie, pues ste, al constreimiento de la voluntad del sujeto pasivo,
aade las especficas formas comisivas de detener y encerrar (FJ 2) (48).
(44) Alf ROSS incluye la redundancia dentro de los problemas lgicos de interpretacin, diferenciada de la inconsistencia, y nos dice que concurre cuando una norma establece un efecto jurdico que, en las mismas circunstancias fcticas, est establecido por
otra norma (Sobre el Derecho y la Justicia, ob. cit., pg. 128).
(45) Final del epgrafe II del presente trabajo.
(46) R. GUASTINI nos dice que, cuando la norma general y la norma especial pertenecen al mismo documento normativo, el conflicto de normas es slo aparente, pues en tales
circunstancias, en los casos en los que concurren los presupuestos de la norma especial,
sta debe aplicarse, pues, si no, no tendra ningn efecto, no encontrara nunca aplicacin
(Estudios sobre la interpretacin jurdica, ob. cit., pg. 78).
(47) Luis PRIETO SANCHS: Observaciones sobre las antinomias y el criterio de la ponderacin, ob. cit., pgs. 10-11.
(48) Otros ejemplos, en SSTS de 27 de febrero de 1995 (RJ 1995\1425) y 7 de noviembre de 1994 (RJ 1994\8787).
Y el Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de 22 octubre 2001
(RJ 2001\10316) afirma que el delito de impedimento del ejercicio de los
derechos cvicos, previsto en el artculo 194 del CP de 1973 y actualmente
en el artculo 542 del CP de 1995, se perfila en la STS de 22-12-1992 (RJ
1992\10473) como un tipo residual o subsidiario que tutela los atentados
contra derechos fundamentales que carezcan de expresa proteccin penal
y, en consecuencia, es lex generalis frente a tipos que funcionen como lex
specialis, que es la que debe prevalecer (49).
Ya hemos comprobado atrs que el Cdigo Penal de 1995 ha incluido,
en su artculo 8.1, una manifestacin de tal principio, al disponer que los
hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o ms preceptos de
este cdigo, y no comprendidos en los artculos 73 a 77, se castigarn observando las siguientes reglas: 1.) el precepto especial se aplicar con preferencia al general.
En el orden contencioso-administrativo, tambin encontramos pronunciamientos jurisprudenciales acogedores del principio en estudio en relacin
con normas de un mismo documento normativo, tales como las SSTS de 3
de marzo de 1967 (RJ 1606) y 29 de septiembre de 1999 (RJ 1999\6748) (50).
Y, asimismo, invoca tal principio en relacin con normas del mismo
texto normativo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien, adems, extrae importantes consecuencias en relacin con el
principio de tipicidad en el mbito penal (51).
(49) Despus aade que su mbito propio y principal es el de los derechos polticos de
participacin en la vida pblica. E invoca la STS, Penal, de 1-10-1993 (RJ 1993\7465), en la
que se razona que con la expresin derechos cvicos el legislador se refiere no slo a los estrictos derechos de participacin en las instituciones propias de la organizacin del Estado,
sino a todos aquellos que se reputen como fundamentales de la persona, con amparo en
nuestra Constitucin, a travs de los cuales tal persona, en cuanto ciudadano, participa en los
asuntos de la comunidad; debiendo de tenerse en cuenta que el actual artculo 542 se halla
incluido en el captulo referente a los delitos cometidos por los funcionarios pblicos contra
las garantas constitucionales, y en el Ttulo XXI, relativo a los delitos contra la Constitucin.
(50) En la STS de 3 de marzo de 1967 (RJ 1606) se aplica el principio de especialidad
normativa para hacer primar el artculo 39 del Reglamento de Funcionarios de Administracin Local de 30 de mayo de 1952 sobre el artculo 106, nmero 3, letra a), del mismo
cuerpo normativo, por considerar que aqul constituye un precepto especial (establece
como infraccin la ocultacin maliciosa de lo que puede provocar una declaracin de incompatibilidad) y ste un precepto general (conducta irregular que implica falta de probidad profesional), a ms de impreciso y vago.
Y la STS de 29 de septiembre de 1999 (RJ 1999\6748) declara la prevalencia en el caso
controvertido del artculo 72.2 del Real Decreto 1162/1991, de 22 de julio (norma especial
para recurso de casacin no admitido), que aprueba el Arancel de Derechos de los Procuradores, sobre el artculo 101 de tal Real Decreto (norma general).
(51) El TEDH, en sus Sentencias de 25 de marzo de 1999 (caso Nikolova contra Bulgaria, prrafo 69, Aranzadi TEDH 1999\11, donde se citan sentencias anteriores en el
mismo sentido) y de 19 de junio de 2001 (caso S.B.C. contra Reino Unido, prrafos 22 y
23, Aranzadi TEDH 2001\396), ha declarado que el artculo 5.4 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos constituye una lex specialis con relacin a las exigencias generales
del artculo 13.
El artculo 5.4 citado consagra el derecho al recurso ante un rgano judicial para que se
pronuncie sobre la legalidad de su privacin de libertad, cuando ha sido privado de sta, y
ordene su puesta en libertad, si fuera ilegal (norma especial). Y el artculo 13 proclama el
derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional por la violacin de cualquier derecho y libertad reconocido en el Convenio (norma general).
Como tambin aplican tal principio los rganos jurisdiccionales de las
Comunidades Europeas de Luxemburgo (52).
En su Sentencia (Seccin 2.) de 2 de julio de 2002 (caso Budescu y Petrescu contra Rumania, apartado 42; Aranzadi JUR 2002\171832) afirma que el Tribunal recuerda que,
cuando el derecho reivindicado es de carcter civil, el artculo 6 1 de la Convencin constituye una lex specialis en relacin con el artculo 13, cuyas garantas se encuentran absorbidas por aqul. Desde el momento en el que el Tribunal ha examinado las quejas de los demandantes desde el prisma del artculo 6 1 citado, no estima necesario hacerlo
adicionalmente desde el planteamiento del artculo 13 (cf. el caso Kudla c. Pologne [GC],
nm. 30210/96, 26 octubre 2000 [TEDH 2000\163], 146, CEDH 2000-XI). Y, en el mismo
sentido, en su Sentencia (Seccin 2.) de 17 de diciembre de 2002 (caso Michell y Holloway
contra Reino Unido, apartado 61; Aranzadi JUR 2002\276181).
Y en su Sentencia (Seccin 3.) de 7 de febrero de 2002 (caso E.K. contra Turqua
TEDH 2002\6), el TEDH considera que el artculo 8, segundo apartado, de la Ley de
Turqua nm. 3713, de 12 de abril de 1991, relativa a la lucha contra el terrorismo, es una
lex specialis vlida para los redactores jefe y los editores de publicaciones peridicas y que
la condena de la demandante como editora de una publicacin no peridica se basaba en
este caso en una interpretacin extensiva, por analoga, de la regla enunciada en el mismo apartado aplicable a la sancin de los redactores jefe (en el mismo sentido, Baskaya y
Okuoglu contra Turqua TEDH 1999\29).
Por ello, entiende que la condena de la demandante a una pena de prisin era incompatible con el principio nulla poena sine lege consagrado por el artculo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y culmina afirmando que hubo violacin de tal artculo 7.
El artculo 7 del Convenio dispone: 1. Nadie podr ser condenado por una accin o
una omisin que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infraccin
segn el Derecho nacional o internacional. Igualmente no podr ser impuesta una pena
ms grave que la aplicable en el momento en que la infraccin haya sido cometida. 2. El
presente artculo no impedir el juicio y el castigo de una persona culpable de una accin o
de una omisin que, en el momento de su comisin, constitua delito segn los principios
generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
(52) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) de
16 de enero de 2003 (Cipra y Kvasnicka, Asunto C-439/2001 Aranzadi TJCE 2003\19).
Resuelve dos cuestiones prejudiciales planteadas por un Tribunal austriaco, la primera de
ellas sobre la interpretacin del artculo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CEE) nm.
3820/1985 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonizacin de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, y la segunda sobre la validez de esta misma disposicin.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre los seores Cipra y Kvasnicka, conductores de camiones de nacionalidad checa, y la Bezirkshauptmannschaft Mistelbach (autoridad administrativa de primera instancia de Mistelbach) acerca de una fianza
provisional exigida por sta a dichos conductores como consecuencia del supuesto incumplimiento de los tiempos de descanso diarios establecidos por el Reglamento nm. 3820/1985.
El artculo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento nm. 3820/1985, relativo al tiempo de
descanso, establece:
1. En cada perodo de veinticuatro horas, el conductor gozar de
un tiempo de descanso diario de once horas consecutivas, por lo menos,
que podr reducirse a un mnimo de nueve horas consecutivas tres veces
por semana como mximo, siempre que se conceda en compensacin un
tiempo de descanso antes del final de la semana siguiente.
Los das en que no se reduzca el descanso con arreglo al prrafo primero se podr tomar ste en dos o tres perodos separados durante las
veinticuatro horas, si bien uno de dichos perodos deber ser de ocho horas consecutivas por lo menos. En tal caso, la duracin mnima del descanso se prolongar a doce horas.
2. Durante cada perodo de treinta horas en el cual haya por lo menos dos conductores a bordo de un vehculo, stos debern gozar de un
descanso diario de ocho horas consecutivas por lo menos.
ESPECIALIDAD CON TEXTOS NORMATIVOS DIFERENTES,
QUE GENERA ANTINOMIAS DE SEGUNDO GRADO
Sin embargo, cuando la norma general y la norma especial se encuentran
en dos documentos normativos distintos, lo normal es que se produzcan interferencias entre el principio de especialidad normativa y los principios
de temporalidad de las normas o cronolgico (lex posterior) y jerarqua
normativa (lex superior), y es aqu cuando el principio de especialidad normativa manifiesta sus ltimas consecuencias (53).
A) Si la norma general y la norma especial se encuentran en dos documentos normativos de distinta cronologa e idntico rango jerrquico y el documento en el que se halla la norma general es posterior a aquel en el que
se encuentra la norma especial, entran en tensin los principios de especialidad normativa y de temporalidad de las normas.
En la jurisprudencia italiana existen manifestaciones para resolver el
conflicto tanto de la aplicacin prevalente del criterio cronolgico sobre el
de especialidad como viceversa (54), y su Tribunal Constitucional ha llegado a declarar que no es verdad en absoluto la mxima de que lex posterior
generalis no derogat priori speciali (es decir, la primaca del criterio de especialidad sobre el cronolgico) y que lo que debe prevalecer es la interpretacin de la intencin del legislador, voluntas legis, de modo que no debe excluirse que dicha interpretacin evidencie una amplitud de la ley general
posterior tal que no tolere excepciones, ni siquiera de parte de leyes especiales, las cuales quedan de ese modo tcitamente abrogadas (Sentencia
29/1976) (55).
En nuestro Derecho, sin embargo, el criterio establecido en el Cdigo
Civil es ms depurado y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo
otorga primaca al principio de especialidad normativa, como comprobaremos infra.
Nuestro Cdigo Civil, al establecer el criterio cronolgico, en su artculo 2 (segn la redaccin dada al mismo por el Decreto 1836/1974, de 31 de
mayo, de Reforma del Ttulo Preliminar de dicho Cdigo), exige como reY el TJCE falla declarando que en el caso de un transporte realizado por varios conductores, el artculo 8, apartado 2, del Reglamento (CEE) nm. 3820/1985 [...], ha de aplicarse como lex specialis con respecto al apartado 1 del mismo artculo. Por consiguiente,
no procede aplicar estas disposiciones de forma acumulativa.
Como veremos ms adelante, en el epgrafe IX de este estudio, el Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas, en su Sentencia (Sala Tercera ampliada) de 5 de
junio de 2001 (ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH/Comisin; TJCE 2001\153), tambin invoca el principio de especialidad normativa, pero con referencia a las relaciones entre el
Tratado CECA y el Tratado CEE, para justificar que los preceptos del primero deben interpretarse de manera estricta.
(53) R. GUASTINI incluso llega a decir que el criterio de especialidad slo se vuelve interesante cuando interfiere con el principio cronolgico o con el principio jerrquico (Estudios sobre la interpretacin jurdica, ob. cit., pg. 79).
(54) N. BOBBIO: Contribucin..., pgs. 351-352.
(55) R. GUASTINI: Teoria e dogmatica..., pg. 240; Estudios sobre..., pgs. 80-81.
gla general, en su prrafo 2, que la derogacin de la norma anterior por la
norma posterior (del mismo rango jerrquico se entiende) sea expresa
y tan slo se admite la derogacin tcita cuando la norma nueva sea incompatible con la anterior en la misma materia.
La STS, Sala 1., de 31 de octubre de 1996 (RJ 1996\7727) precisa que
es necesaria la concurrencia de los requisitos de igualdad de la materia en
ambas leyes, la identidad de los destinatarios y la contradiccin e incompatibilidad entre los fines de ambas normas.
Y, en nuestra doctrina, se ha destacado que de lo establecido en el artculo 2.2 del Cdigo Civil se deriva el principio de no presuncin de la derogacin, pesando sobre el legislador la carga de la derogacin expresa,
manifestacin, asimismo, del principio favor acti (56).
Por ello, la casi totalidad de las sentencias del TS que se han pronunciado sobre la cuestin que nos ocupa (SSTS, Civil, de 11 de julio de 1950 RJ
1197 y 31 de octubre de 1996 RJ 1996\7727; Contencioso, de 28 de
marzo de 1967 RJ 1444, 23 de julio de 1984 RJ 1984\4027, 5 de febrero de 1987 RJ 1987\509 y 27 de mayo de 1987 RJ 1987\3831, y
Social, de 19 de junio de 2000 RJ 2000\5165) resuelven la tensin a favor del principio de especialidad normativa, en detrimento del de temporalidad de las normas o cronolgico (57).
(56) L. M. DEZ PICAZO: La derogacin..., pgs. 143-144, 149 y ss. y 292 y ss.
(57) La STS, Civil, de 11 de julio de 1950 RJ 1197, considerando 1., proclama la
preferencia aplicativa del artculo 305 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que estableca que
los trminos sealados por meses se contaran por meses naturales) sobre el artculo 6 del
Cdigo Civil (que prevena que si en las leyes se hablaba de meses se entendera que stos
eran de treinta das), a los efectos de computar el plazo de tres meses establecido en el artculo 1798 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para interponer el recurso de revisin. Y tal
solucin la fundamenta en que, a pesar de que el Cdigo Civil es de fecha posterior, la
norma de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene un carcter ms concreto y especfico en lo
que se refiere a trminos y plazos procesales, y es una mxima jurdica que la ley posterior
cuando es general no deroga a la especial anterior si no lo expresare [...].
Y la STS, Civil, de 31 de octubre de 1996 RJ 1996\7727, FJ 1, se decanta por la aplicacin prevalente, en el caso controvertido, del artculo 114.5. de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 sobre lo dispuesto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de Ordenacin
de los Seguros Privados.
Se parte de la primaca regulativa del precepto de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
como norma especial para un litigio arrendaticio, sobre la Ley de Ordenacin de los Seguros Privados, como norma general que reconoce a las entidades aseguradoras la posibilidad de fusionarse.
Se constata que el artculo 114.5. no se encuentra entre las disposiciones legales expresamente derogadas por la Ley 33/1984 y que tampoco se ha introducido en esta Ley un precepto que permita entender derogada tcitamente aquella norma.
Precisa que para entender producida la derogacin tcita a los efectos del artculo 2.2
del Cdigo Civil se exige la concurrencia de tres requisitos: igualdad de materia en ambas
leyes; identidad de destinatarios, y contradiccin e incompatibilidad entre los fines de ambas normas. Y concluye que tales requisitos no se dan en el caso enjuiciado.
La STS, Contencioso, de 28 de marzo de 1967 (RJ 1444), considerando 6., declara la
aplicacin preferente del artculo 42 de la Ley de Puertos de 1880, que exige autorizacin
de la Administracin General del Estado para construcciones y aprovechamiento en la
zona martimo-terrestre para establecer baos y otros servicios, sobre la Ley de Rgimen
Local de 24 de junio de 1955, que contempla como competencia municipal las piscinas y
baos pblicos.
La justificacin que aporta la Sentencia al efecto se apoya en que el precepto de la Ley
En ellas se aplica la regla de que la Ley posterior cuando es general no
deroga la Ley especial anterior, si la posterior no lo estableciere expresamente o, al menos, cuando no es incompatible con la anterior.
No obstante, como ejemplo de resolucin judicial en la que se deja de
aplicar el principio de especialidad normativa, porque considera el TS que
no se dan los requisitos para ello, cabe citar la STS, Contencioso, de 21 de
febrero de 2000 (RJ 2000\10112), a la que ya nos hemos referido atrs (58).
B) El segundo supuesto problemtico se presenta cuando la norma general y la norma especial aparecen en dos documentos normativos distintos
de diferente jerarqua, y sta es mayor en la norma general que en la norma
de Puertos, aun siendo anterior al de la Ley de Rgimen Local, no puede entenderse derogado, porque la Ley de Rgimen Local es una Ley general en materia de Administracin y
la de Puertos es especial de una actividad administrativa, y es principio jurdico que la
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.
La STS, Contencioso, de 23 de julio de 1984 (RJ 1984\4027), declara la aplicabilidad al
caso controvertido de la Ley 2/1961, de 19 de abril, de Ascenso de Mutilados, en lugar de la
Ley 15/1970, de 4 de agosto, sobre Recompensas Militares, que el Ministerio de Defensa
consideraba derogatoria de la anterior.
Entiende el TS que, siendo la Ley de 1961 Ley especial que concede beneficios concretos a quienes renan las condiciones que precisa, la promulgacin de la Ley posterior, de
1970, que regula el sistema de recompensas de las Fuerzas Armadas, no es suficiente por
s sola para derogarla, puesto que es principio de derecho que las normas especiales son
siempre de rango preferente en su aplicacin concreta a los casos en ella previstos y para
que sus preceptos puedan estimarse derogados precisan o bien la expresa y nominativa derogacin en la disposicin posterior de carcter general, o la anulacin por otra tambin
posterior que tenga el mismo carcter especial, supuestos que no se dan en el caso aqu
contemplado.
La STS, Contencioso, de 5 de febrero de 1987 (RJ 1987\509), se decanta por la aplicacin
al caso controvertido de la Ley de 20 de julio de 1955, de Especialidades Mdicas, que, en
virtud de la Disposicin Final 4., punto 1, de la Ley General de Educacin de 4 de agosto
de 1970, qued degradada al rango reglamentario, en lugar del posterior Decreto de 15 de
julio de 1978, porque esta norma no cumpli con la exigencia del punto 2 de la citada Disposicin Final 4. de la LGE de 1970 de dictarse en ejercicio de dicha Ley y relacionar las
normas que fuesen quedando derogadas. Y lo razona con la indicacin de que es un principio de derecho en materia de interpretacin de las normas jurdicas que las normas especiales son siempre de rango preferente en su aplicacin concreta a los casos en ella previstos y que, para que sus preceptos puedan estimarse derogados, precisan o bien la expresa y
nominativa derogacin en la disposicin posterior de carcter general, o la anulacin por
otra tambin posterior que tenga el mismo carcter especial [...], al amparo de lo dispuesto
en el artculo 2-2. del Ttulo Preliminar del Cdigo Civil [...] (FJ 3).
La STS, Contencioso, de 27 de mayo de 1987 (1987\3831) se pronuncia en idntico sentido que la anterior citada con respecto a las mismas normas, recalcando el carcter de principio general del Derecho del criterio de especialidad normativa (FJ 2).
Y la STS, Social, de 19 de junio de 2000 (RJ 2000\5165), declara la preferencia aplicativa
del artculo 22 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Proteccin por Desempleo, sobre el artculo 145 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, o del artculo 227 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 (que recoge lo previsto en el art. 22
de la Ley 31/1984) sobre el actual artculo 144 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995 (que recoge lo previsto en el art. 145 del Texto Refundido de 1990),
invocando que la norma posterior, en ambos casos, del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral no deroga las normas anteriores respectivas, al ser stas normas especiales que constituyen una excepcin a la regla contenida en aqullas (FJ 3).
(58) Una resea sobre esta Sentencia la incorporamos supra, en el epgrafe V del presente estudio: El problema de la relatividad de la dualidad general-especial.
En la doctrina cientfica italiana hay autores que afirman la prevalencia
absoluta del principio jerrquico sobre el de especialidad normativa (59).
Pero, a juicio de N. BOBBIO, existen, en la jurisprudencia constitucional
italiana, manifestaciones de la prevalencia del principio de especialidad
sobre el principio jerrquico, en determinados supuestos en los que el
Supremo Intrprete Constitucional ha considerado que la peculiaridad
del caso regulado por una norma con rango de Ley justificaba una disciplina particular que se apartaba para el mismo de la normativa general,
sin vulnerar el principio constitucional de igualdad consagrado en el artculo 3 de su Constitucin.
Si bien precisa BOBBIO la solucin no es automtica, sino que debe
obtenerse a travs de la interpretacin, la cual viene a encontrarse cara a
cara con el estudio de la justicia, es decir, con la regla de que hay que tratar a lo igual de manera igual y a lo diferente de manera diferente. As, el
criterio de especialidad con respecto al criterio jerrquico vence o pierde
segn las razones que se aducen a favor de la disciplina especial, segn
que sta sea o no justificada en base al sumo criterio de justicia: suum cuique tribuere (60).
Como veremos al analizar de modo detallado la Sentencia del Tribunal
Constitucional espaol 82/1994, de 14 de marzo, nuestro Tribunal Constitucional, en un supuesto en el que, sin decirlo, entraban en colisin los dos
principios (especialidad y jerarqua normativas), resuelve la cuestin realizando un juicio de constitucionalidad de la norma especial jerrquicamente inferior desde el prisma de su compatibilidad con el principio constitucional de igualdad, en la lnea destacada por N. BOBBIO, aunque sin las
referencias directas al principio de justicia que ste destaca.
En la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, adems de en las
sentencias que invocan la citada STC 82/1994 y aplican su misma mecnica (SSTS de 7 de marzo de 1995 RJ 1995\2314, 26 de marzo de 1996
RJ 1996\2812 y 26 de octubre de 1999 RJ 2000\2292), tambin
existen otros pronunciamientos expresos y contundentes de la prevalencia
en determinados supuestos del principio de especialidad normativa sobre
el criterio jerrquico como verificaremos en los prrafos que subsiguen, invocando incluso el aforismo latino generalia, especialia non derogat (STS, Contencioso, de 4 de octubre de 1983, RJ 1983\5067) o aplicando
a la especialidad la previsin del artculo 2.2 del Cdigo Civil, atrs citado,
que da como resultado el principio general segn el cual para que las disposiciones especiales puedan estimarse derogadas o abrogadas precisan
bien de una expresa y nominativa derogacin en una norma posterior de
carcter general o la anulacin por otra disposicin posterior que tenga el
mismo carcter especial (STS, Contencioso, de 18 de septiembre de 1984,
RJ 1984\4562).
Se da preferente aplicacin a una norma especial reglamentaria sobre la
(59) R. GUASTINI: Teoria e dogmatica..., pg. 239; Estudios..., pg. 80. Tambin,
A. PIZZORUSSO, Delle Fonti..., pgs. 112-113.
(60) N. BOBBIO: Contribucin..., pgs. 352-353.
norma general con rango de Ley en la STC 82/1994 y en las SSTS de 7 de
marzo de 1995 (RJ 1995\ 2314), 26 de marzo de 1996 (RJ 1996\2812) y 26
de octubre de 1999 (RF 2000\2292), a las que dedicaremos ms adelante
un anlisis pormenorizado, en un epgrafe especfico del presente estudio.
Como tambin se da preferencia aplicativa a una norma reglamentaria
considerada especial sobre una norma con rango de Ley en la STS de 4 de
octubre de 1983 (RJ 1983\5067), que declara que el Real Decreto-Ley 31/
1978 (de 31 de octubre, de Poltica de Viviendas de Proteccin Oficial, que
establece una regulacin bsica y genrica del rgimen de dichas viviendas, que incluye normas sobre construccin, financiacin, uso, conservacin y aprovechamiento) es inidneo para desvirtuar los efectos de una
norma reglamentaria, el artculo 17, prrafo 3, apartado d), del Real Decreto 3148/1978 (de 10 de noviembre, que slo exige para la obtencin de
la calificacin definitiva de las viviendas citadas un certificado de terminacin de las obras del Arquitecto-Director de las mismas y no de los Aparejadores y Arquitectos Tcnicos que han intervenido en ellas), dado que la
norma de superior rango legal es general, que se limita a atribuir competencias genricas, y la norma reglamentaria recurrida es una norma especial, que establece la competencia especfica cuya regulacin se impugna,
debiendo prevalecer el principio hermenutico generalia, specialia non derogat (considerando 5.).
Y una manifestacin de prevalencia aplicativa de una norma reglamentaria de rango inferior sobre otra norma reglamentaria de rango superior la encontramos en la STS, Contencioso, de 18 de septiembre de 1984 (RJ 1984\
4562), que aplica preferentemente una Resolucin de Director General del
ao 1979 (26 de diciembre de 1979, de la Direccin General de Transportes
Terrestres, que autorizaba a los organismos perifricos del Ministerio de
Obras Pblicas a proponer a la citada Direccin General la transmisin intervivos de la tarjeta de transporte de mercancas), sobre una Orden Ministerial de 1980 (de 27 de junio de 1980, del Ministerio de Obras Pblicas,
destinada a fijar anualmente el cupo de autorizaciones de los servicios pblicos discrecionales de mercancas). Y subraya la Sentencia que la Resolucin de 1979 posee el carcter de disposicin especial y que, en la Orden
Ministerial de 1980, no aparece precepto alguno que la derogue expresamente o se oponga a su contenido; pues parte del principio general [...] de
que para que las disposiciones especiales puedan estimarse derogadas o
abrogadas precisan bien de una expresa y nominativa derogacin en una
norma posterior de carcter general o la anulacin por otra disposicin
posterior que tenga el mismo carcter especial. En el caso controvertido,
la Sentencia prima, por lo tanto, la especialidad normativa no slo sobre el
principio de temporalidad de las normas, sino tambin sobre el principio
de jerarqua normativa.
SUPUESTO PARADIGMTICO DE INTERACCIN ENTRE LOS PRINCIPIOS
DE JERARQUA NORMATIVA Y ESPECIALIDAD NORMATIVA:
LA STC 82/1994 Y LAS CORRELATIVAS DEL TRIBUNAL SUPREMO
La STC 82/1994, de 14 de marzo (Ponente: J. Vicente GIMENO SENDRA),
resuelve el recurso de amparo interpuesto por un profesor universitario en
solicitud de nulidad de una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andaluca de 1991, en la que se declara ajustada a Derecho la Resolucin del Rector de la Universidad de Crdoba por la que se
le deniega su reingreso al servicio activo como profesor numerario de dicha Universidad.
La argumentacin del actor se basa en que la aplicacin del artculo
5.4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, de Estatuto del Profesorado Universitario, que exige a los profesores de Universidad en excedencia, como nica va para el reingreso al servicio activo, la superacin de
los concursos previstos en la LRU (61), a los que reenva tal precepto,
vulnera el principio de igualdad proclamado en el artculo 14 de la Constitucin.
Por un lado sostiene el actor, se les est requiriendo lo que no se
exige a ningn otro funcionario: la superacin de nuevas pruebas selectivas idnticas a las requeridas para acceder por primera vez a la funcin
pblica; lo cual vara todo contenido del derecho de excedencia que para
todos los funcionarios pblicos reconoce la Ley 20/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Funcin Pblica, variacin que carece, a su
vez, de toda justificacin constitucional.
Y, por otro lado, al efectuarse tal privacin por una norma reglamentaria, se produce una deslegalizacin contraria a la reserva de ley impuesta
por el artculo 103.3 de la Constitucin.
(61) Sin embargo, dicha regulacin ha sido modificada por el Real Decreto 774/2002,
de 26 de julio, que regula el sistema de habilitacin nacional para el acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios y el rgimen de los concursos de acceso respectivos (BOE 7 agosto), en su Disposicin Adicional Primera (Reingreso al servicio activo
de profesores excedentes):
1. Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios en situacin de excedencia,
que hubiesen permanecido en dicha situacin un mnimo de dos aos y un mximo de cinco, podrn reingresar al servicio activo de forma automtica y definitiva en su Universidad
de origen, siempre que en la misma exista vacante de su mismo cuerpo y rea de conocimiento. A tal efecto debern solicitarlo de la mencionada Universidad, que decidir sobre
el reingreso, previa comprobacin de la concurrencia de los indicados requisitos temporales. Dicha solicitud habr de formularse en un plazo no superior a quince das a partir del
momento en que el Boletn Oficial del Estado publique la resolucin de convocatoria de
las pruebas de habilitacin a que se refiere el apartado 3 del artculo 3.
En el caso de que sean varios los funcionarios de cuerpos docentes universitarios que
soliciten la misma plaza, la Universidad resolver de acuerdo con sus Estatutos.
2. Salvo el supuesto singular contemplado en el apartado anterior, el reingreso al servicio activo de los funcionarios de cuerpos docentes universitarios en situacin de excedencia se efectuar con carcter general a travs de concurso de acceso, de conformidad con
lo establecido en los artculos 63 y 67 de la Ley Orgnica 6/2001, de 21 de diciembre.
El Tribunal Constitucional contesta, en primer trmino, que no existe
vulneracin del principio de igualdad constitucional, fundamentalmente
porque, habida cuenta de la autonoma universitaria [...], no puede considerarse constitucionalmente ilcito que el legislador haya establecido un
sistema de concursos en el que el excedente tenga que acreditar su capacitacin actual para el ejercicio de la funcin que est llamado a desempear, como consecuencia de su reincorporacin a un mbito tan trascendente como lo es el del saber cientfico y su enseanza (FJ 4).
Y, por otro lado, subraya que no existe deslegalizacin contraria a la reserva de ley establecida en el artculo 103.3 de la Constitucin, porque
atendiendo a esta situacin singularizada, propia de la institucin universitaria y de su profesorado, el Real Decreto 898/1985, establece un sistema
especial de reingreso por entero acorde con lo previsto en la LRU, a la que
remite de forma expresa (FJ 4).
Podemos observar que, en el supuesto en cuestin, estaban latentes dos
cuestiones. Por un lado, si una normativa singular o especial, la del reingreso de los profesores universitarios excedentes voluntarios, podra prevalecer sobre la normativa general del reingreso de los funcionarios pblicos
establecida en la Ley 30/1984, enjuiciada desde el prisma del principio de
igualdad constitucional.
Y, en segundo lugar, si, superado el primer juicio, la aplicacin preferente de la normativa especial sobre la general podra seguirse manteniendo, al haber sido establecida la especial por una norma reglamentaria (art.
5.4 del Real Decreto 898/1985), mientras que la general lo estaba por una
norma con rango de Ley (la Ley 30/1984); por lo tanto, por una norma jerrquicamente superior y que, adems, se produca en un mbito en el que
exista la reserva de ley impuesta por el artculo 103.3 de la Constitucin.
Y tambin podemos comprobar cmo el Tribunal Constitucional, a pesar de que no hace una mencin explcita del planteamiento de la interaccin de los principios de especialidad y jerarqua normativa, ni del criterio
apuntado para la resolucin de estos problemas por la doctrina de los grupos normativos, resuelve las cuestiones planteadas de modo semejante al
derivado del despliegue del principio de especialidad normativa y de la
doctrina de los grupos normativos.
En primer trmino, efecta un primer juicio sobre la justificacin de la
normativa especial en relacin con la normativa general, desde la perspectiva del principio de igualdad. Como hemos visto atrs, segn el principio
de especialidad normativa (lex specialis derogat lex generalis), es de aplicacin preferente la norma especial sobre la general, pero la especial puede
ser enjuiciada sobre su compatibilidad con el principio de igualdad. Y, en
el caso analizado, es lo primero que ha hecho el Tribunal Constitucional,
porque precisamente es lo que se le estaba planteando frontalmente, al haberse interpuesto un recurso de amparo por lesin del principio de igualdad constitucional del artculo 14 de la CE, por un acto administrativo basado en la aplicacin de una norma singular, especial, que, segn el actor,
lesionaba tal principio constitucional.
Y, superado este primer juicio, que conduce a la justificada aplicacin
preferente de la norma especial establecida para los profesores universitarios sobre la general prevista para cualquier funcionario pblico, pasa el
Tribunal Constitucional a un segundo juicio, con el que salva la aparente
vulneracin del principio de jerarqua normativa y de reserva de ley.
Si no hubiera habido reserva material de ley, superado positivamente
el juicio de constitucionalidad de la norma especial a la luz del principio
de igualdad, podra haber bastado la invocacin del principio de especialidad, como hizo la STS de 4 de octubre de 1983 (RJ 1983\5067), atrs citada, al declarar que el Real Decreto-Ley 31/1978 era inidneo para desvirtuar los efectos del artculo 17, prrafo 3, apartado d), del Real Decreto
3148/1978, norma reglamentaria, dado que la norma de superior rango legal era general y la norma reglamentaria recurrida era una norma especial, y que deba prevalecer el principio hermenutico generalia, specialia
non derogat.
Pero tambin concurra la reserva material de ley establecida en el artculo 103.3 de la Constitucin, cuyo respeto haba que justificar. Y, para
ello, el TC acude a un juicio similar al que se refiere la doctrina de los
grupos normativos para resolver aquellos conflictos entre dos normas de
distinto rango, pero pertenecientes a dos grupos normativos distintos: verificar si la norma de rango inferior en conflicto se adecua a las normas
superiores de su grupo normativo, si es coherente con las mismas, especialmente con la norma cabecera de grupo, y, si se da tal adecuacin, tal
coherencia, despus plantear el conflicto entre esa norma cabecera de
grupo con la otra norma del conflicto que era de jerarqua superior a la
primera (62).
El TC, en el caso analizado, efecta en este punto un juicio de adecuacin o coherencia de la norma de rango reglamentario (el art. 5.4 del
Real Decreto 898/1985) con su norma cabecera de grupo normativo (la
Ley Orgnica 11/1983, LRU) y, despus de concluir que es plenamente
coherente con la misma (por entero acorde dice exactamente en su
FJ 4), pone ya en contraste la LRU y la Ley 30/1984, para llegar al resultado de la aplicacin preferente de la regulacin derivada de la LRU
(normativa especial justificada desde la perspectiva del principio de
igualdad constitucional) frente a la regulacin general establecida en la
Ley 30/1984.
No declara expresamente la utilizacin de los criterios propios del
principio de especialidad normativa y de la doctrina de los grupos normativos, ni siquiera alude a tales doctrinas, pero implcitamente las est aplicando o perfectamente se puede llegar a la misma conclusin aplicando
(62) Viene recogida en J. L. VILLAR PALAS: Derecho Administrativo. Introduccin y Teora de las normas (Seccin de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, Madrid, 1968, pgs. 433 y ss.), La interpretacin y los apotegmas jurdico-lgicos (Ed. Tecnos, Madrid, 1975, pgs. 56 y ss.) y Principios del Derecho Administrativo (Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, tomo I,
4. ed., Madrid, 1999, pg. 249).
Hemos tenido en cuenta preferentemente esta ltima obra, por ser la ms reciente y la
que aporta, por ello, tal doctrina de modo ms perfilado.
expresamente los mtodos de aqullas.
Y lo mismo puede decirse de las SSTS, Sala 3., de 7 de marzo de 1995
(RJ 1995\2314), 26 de marzo de 1996 (RJ 1996\2812) y 26 de octubre de
1999 (RJ 2000\2292), que utilizan similares argumentos que la Sentencia
constitucional que invocan explcitamente para llegar a la mismas
conclusiones especialmente FF.JJ. 5 y 8, letras e) y f), de la STS de 1999
De las de 7 de marzo de 1995 y de 26 de octubre de 1999 hay que destacar, tambin, la alusin, como mtodo interpretativo y aplicativo adicional,
al juicio de ponderacin entre principios y derechos constitucionales de diferente naturaleza (principio de reserva de ley en la regulacin estatutaria
fundamental; la autonoma universitaria como derecho fundamental; y el
derecho fundamental de igualdad y no discriminacin), si bien lo que prepondera en ltimo trmino son las pautas de la STC 82/1994 antedichas.
Y de las tres, pero con mayor claridad la STS de 26 de marzo de 1996,
hay que resaltar la referencia a que la norma singular o especial de rango
reglamentario estaba expresamente contemplada por la norma general, la
Ley 30/1984, en su artculo 1.2, al establecer que en aplicacin de esta Ley
podrn dictarse normas especficas para adecuarla a las peculiaridades del
personal docente e investigador (FJ 3 de esta ltima Sentencia).
LA DISTINCIN ENTRE NORMAS ESPECIALES Y NORMAS EXCEPCIONALES
Y LA CUESTIN DE SI CABE INTERPRETACIN EXTENSIVA Y APLICACIN ANALGICA
DE LAS NORMAS ESPECIALES
Entendemos que una exposicin del principio de especialidad normativa no queda completa sin aclarar (o al menos intentarlo) la diferencia entre el Derecho Especial y el Derecho Excepcional, dada la confusin que, a
veces, se presenta entre ambas categoras conceptuales.
Todos los autores coinciden en la consideracin del Derecho Excepcional, tambin llamado Derecho Singular, como el Derecho establecido
contra el tenor de la razn (contra tenorem rationis), segn la definicin
de PAULO recogida en el Digesto, Libro I, ttulo 3, fragmento 16, y D. 50, 17,
141 (63). Y lo explican como aquellas normas jurdicas que se apartan de
los principios propios de la ordenacin general o de los principios generales del Derecho, en determinados casos (64), o simplemente que van en
contra de los principios recogidos en las normas contrapuestas (65), las
(63) N. BOBBIO: Analogia, en Novissimo Digesto Italiano, Turn, 1957, pg. 601;
R. ORESTANO: Diritto singolare, en Enciclopedia del Diritto, tomo XII, ao 1964, pg. 746;
ENNECERUS, KIPP y WOLFF, ob. cit., tomo I, pg. 181, nota 1; F. DE CASTRO: Derecho Civil de
Espaa, tomo I, IEP, 1955, pg. 112, nota 3; J. CASTN TOBEAS: Derecho Civil Espaol
Comn y Foral, tomo I, vol. I, Ed. Reus, S.A., Madrid, 1978, pg. 390; L. DEZ PICAZO y
A. GULLN BALLESTEROS: Sistema de Derecho Civil, tomo I, Ed. Tecnos, S.A., Madrid, 1989,
pgs. 41-42; C. DE LA VEGA BENAYAS: Teora, aplicacin y eficacia de las normas del Cdigo Civil, Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1976, pgs. 165-166.
(64) ENNECERUS, KIPP y WOLFF (ob. cit., pgs. 180 y 181), F. DE CASTRO (Derecho Civil
de Espaa, tomo I, IEP, Madrid, 1955, pg. 113), J. CASTN COBEAS [Derecho Civil (),
cuales son denominadas normas regulares o normales (66).
Los ejemplos que se ofrecen son las prohibiciones de donar frente a la
regla general que permite las donaciones; las disposiciones sobre la forma
de los contratos obligatorios, dado el principio de libertad de forma de los
mismos; as como la responsabilidad por dao fortuito de los hosteleros y
los ferrocarriles (responsabilidad por riesgo), ya que contradicen el principio general de responsabilidad por culpa (67).
Ahora bien, mientras unos autores entienden que el Derecho Especial y
el Derecho Excepcional pueden coincidir en determinados supuestos, porque
estamos ante criterios distintos, diferentes (Derecho Especial se enfrenta a
Derecho General y Derecho Excepcional se opone a Derecho Normal o Regular), otros autores consideran que Derecho Especial y Derecho Excepcional no pueden coincidir.
Mantiene que pueden coincidir especialidad y excepcionalidad la direccin seguida por ENNECERUS, KIPP y WOLF, que sealan que es posible que
el Derecho General contenga el principio superior y que el Derecho Especial lo rompa, en cuyo caso el Derecho Especial es tambin Derecho Excepcional o Singular, pero esto no constituye una exigencia de concepto, ni
es el caso normal.
Y ponen como ejemplo que el Derecho Mercantil en su mayor parte no
es un Derecho contrario a los principios, sino slo un Derecho especial de
los comerciantes y del trfico mercantil; as como que la prescripcin de
treinta aos y las prescripciones ms breves se hallan en la relacin de regla general y disposicin especial, pero no en la de principio superior y su
ruptura (68).
Es decir matizamos nosotros, el Derecho Especial se caracteriza
ob. cit., tomo I, vol. I, pg. 390], A. GULLN BALLESTEROS (Comentario al artculo 4.2 del
CC, en Comentarios al Cdigo Civil, publicados por el Ministerio de Justicia y dirigidos
por Cndido PAZ-ARES RODRGUEZ y otros, Madrid, 1991, pg. 30), L. DEZ PICAZO y A. GULLN BALLESTEROS (Sistema, ob. cit., pgs. 41 y ss.) y M. ALBALADEJO (Derecho Civil, tomo
I, vol. I, J. M. Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1996, pgs. 32-33).
En Italia, M. S. GIANNINI destaca, en la misma lnea, siguiendo a N. BOBBIO, que la calificacin de una norma como comn o excepcional deriva de que la misma sea reconducible a un principio o que se desve del mismo, en forma derogatoria, es decir, que, si la norma excepcional no tuviese tal contenido, la situacin fctica estara regulada por la norma
inspirada en el principio comn (Lanalogia giuridica, ob. cit., pg. 65).
Y R. GUASTINI nos dice que la tesis segn la cual debe considerarse como excepcional
toda norma que no pueda reconducirse a los principios generales o fundamentales del ordenamiento jurdico, sino que constituye una excepcin a los mismos, ha sido adoptada incluso por su Tribunal Constitucional, en su Sentencia 487/1989 (Estudios sobre la interpretacin jurdica, ob. cit., pg. 104).
(65) J. L. LACRUZ BERDEJO: Elementos de Derecho Civil, tomo I, vol. I, J. M. Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1988, pg. 140.
(66) ENNECERUS, KIPP y WOLFF (ob. cit., pg. 181) y dems autores citados en las pginas tambin referidas.
(67) ENNECERUS, KIPP y WOLFF (ob. cit., pg. 181). Tambin M. ALBALADEJO, con referencias expresas a preceptos de nuestro Cdigo Civil: as, la libertad de donar (art. 624)
frente a la prohibicin de donacin entre conyuges (antiguo art. 1334); celebracin de los
contratos en cualquier forma (art. 1278) frente a la exigencia de escritura pblica para el
contrato de donacin de inmuebles (art. 633) (ob. cit., pg. 32).
(68) ENNECERUS, KIPP y WOLFF: ob. cit., pgs. 182-183.
por apartar de la regla general a determinadas clases de personas, cosas y
relaciones segn definicin de este autor, pero ello puede hacerlo en
consonancia con los principios rectores del Derecho General (en cuyo caso
ser Derecho meramente Especial) o puede realizarlo en contradiccin con
tales principios, en cuyo caso no slo estamos ante Derecho Especial, sino,
a la vez, Excepcional, y el Derecho al que se contrapone es General y, simultneamente, Derecho Normal o Regular.
Por el contrario, segn otra direccin, Derecho Especial y Derecho Excepcional no pueden coincidir.
Segn N. IRTI, as como la norma especial simplemente aade en la
consecuencia jurdica de la norma un efecto adicional al propio de la norma general, la norma excepcional lo que hace es establecer un efecto distinto
al de la norma regular o normal. Mientras que la norma especial desarrolla
la lgica interna de la norma general y aade un efecto ulterior, la norma excepcional rompe la lgica del derecho normal e introduce una lgica propia y
distinta (69).
Y, en la misma lnea, A. GULLN BALLESTEROS nos dice, en relacin con
el Derecho Especial, que ste regula una determinada materia con arreglo a
sus propios principios, que pueden ser adaptacin de los del Derecho General
u otros nuevos. Pero, en el caso del Derecho Excepcional, esos principios
son contrarios u opuestos a los de la ordenacin general (70).
Nuestro Cdigo Civil, en su redaccin dada por el Decreto 1836/1974,
de 31 de mayo, por el que se aprueba el Texto Articulado de su Ttulo Preliminar, despus de aludir a la analoga en el artculo 4.1, se refiere a las
normas excepcionales en su artculo 4.2, junto a las penales y temporales,
para consignar que las mismas no se aplicarn a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
Pero, en el prrafo 15 de la Exposicin de Motivos de tal Decreto, se
nos dice que las Leyes excepcionales, que estn excluidas de la analoga,
forman el tradicionalmente llamado ius singulare, el cual, por constituir
una derogacin del derecho general para determinadas materias, impide la
(69) N. IRTI: La edad de la descodificacin (pg. 47). Subraya N. IRTI que la distincin
entre los dos binomios viene dada no por el supuesto de hecho, sino por los efectos de la
norma. Tanto en la norma especial como en la excepcional, el supuesto de hecho se ha
ido enriqueciendo poco a poco con datos ulteriores frente al supuesto de hecho de la norma general o de la norma regular o normal (ibidem, pg. 49), pero, como hemos visto
arriba, en tanto que la norma especial tan slo aade un efecto adicional, la norma excepcional lo que hace es incluir un efecto distinto al de la primera. Este autor, sin embargo, no incluye ni ejemplos normativos concretos ni jurisprudencia que nos permitan ilustrar su tesis.
(70) A. GULLN BALLESTEROS (Comentario al artculo 4.2 del CC, ob. cit., pg. 30).
M. ALBALADEJO destaca, en sentido parcialmente semejante, que la norma especial se
aparta de la regla general, para as aplicar mejor a casos particulares el principio que preside sta, mientras que la norma excepcional se opone a la regla general, para que el principio
que preside sta no reciba aplicacin en el caso exceptuado (ob. cit., pg. 32).
Y V. MONTS PENADES indica que, segn los criterios suministrados por la doctrina ms
comnmente, Derecho especial es aquel que no produce una derogacin de los principios,
sino una especificacin o adaptacin de tales principios a una parcela de la realidad (Comentario al artculo 4.2 CC, en Comentarios a las reformas del Cdigo Civil, varios autores,
vol. I, publicado por Ed. Tecnos, Madrid, 1977, pg. 224).
existencia de lagunas, en cuanto lo no expresamente integrado en la norma
excepcional queda atenido a la norma general.
Por la definicin que se nos ofrece del Derecho Excepcional, parece
que lo que se est definiendo es el Derecho Especial, que es el que se diferencia del general rationae materiae; supone una derogacin del citado Derecho General, en el sentido que es de aplicacin preferente a ste, que lo
desplaza en el caso concreto, sin comportar su expulsin total del Ordenamiento jurdico (a diferencia de lo que ocurra con la abrogacin); y, en lo
no regulado por aquel Derecho, entra en juego el Derecho General.
O quiz se nos est definiendo un Derecho Excepcional que a la vez es
Derecho Especial en el sentido contemplado por ENNECERUS, KIPP y WOLFF
de existencia de normas que a la vez son de Derecho Especial y de Derecho
Excepcional y, por eso, ste opera en parte como aqul. Pero falta la nota
de desviacin con respecto a los principios generales del Derecho o, al menos, de adopcin de principios contrarios u opuestos a los de la ordenacin general.
Y, por esa especie de confusin, o al menos indiferenciacin, entre normas especiales y excepcionales, deja sin resolver la cuestin de si la exclusin de la analoga slo opera con respecto a las normas excepcionales o
tambin en relacin con las especiales, problema que abordaremos ms
En la jurisprudencia, como sentencia que se enfrenta a las relaciones
entre las normas especiales y excepcionales, cabe resaltar la STC 55/1990,
de 28 de marzo.
En primer lugar, esta Sentencia parece acoger la posicin segn la cual
caben normas especiales (por establecer especialidades respecto a las normas generales en relacin con personas, cosas o relaciones) que, a la vez,
son excepcionales (por apartarse de los principios generales reguladores de
la materia), frente a aquellas explicaciones que contraponen normas especiales y normas excepcionales como algo que no puede coincidir.
As, por un lado, afirma que el artculo 8.1 de la Ley Orgnica 2/1986,
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en sus prrafos segundo y tercero, establece reglas especiales de competencia, o segn se miren, de procedimiento, que han podido ser calificadas de parciales en un doble
sentido. Primero, porque slo afectan a aquellas eventuales infracciones
penales cometidas en el ejercicio de sus funciones por miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad [...]. Y, en segundo lugar, porque, en
buena parte de los casos, la regla competencial, sobre todo en lo que se
refiere al conocimiento y fallo, es la comn, situndose la especialidad
sobre todo en lo que se refiere a la instruccin y al procesamiento.
Y aade que lo que se cuestiona es as la existencia de reglas especiales
de competencia que alteran parcialmente las generales establecidas en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgnica del Poder Judicial,
en los procedimientos penales en que figuren como imputados miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
Pero, acto seguido, precisa que los preceptos cuestionados sustraen
competencias del Juez generalmente competente para asignarlas a otro rgano judicial, con derogacin, alteracin o excepcin de los principios generales ordenadores de la competencia judicial en materia penal. Y ello por la
pertenencia del presunto imputado a una determinada clase profesional
cuando se trate de infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Establecen reglas especiales de competencia por razn de la funcin que
desempean determinadas personas y por ello suponen una desigualdad
de trato en materia competencial, que, como toda desigualdad de trato,
est sometida a las exigencias derivadas del principio de igualdad del artculo 14 CE, que, en este caso, y por tratarse de normas de competencia
judicial, ha de ponerse en conexin con el derecho a la tutela judicial efectiva del artculo 24.1 CE, que supone y exige una igualdad de acceso y de
sometimiento de los justiciables a los rganos judiciales (FJ 4).
Por eso, tambin afirma que el problema no es as el de la relacin de
Ley general y Ley especial, sino el que plantea una diferencia respecto de
un derecho fundamental, en este caso, en relacin, sobre todo, con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al Juez ordinario predeterminado por la Ley (FJ 4).
Y, en este punto y en segundo lugar, viene a indicar que las normas en
cuestin, tanto por ser especiales como por ser excepcionales, suponen
una desigualdad de trato y como toda desigualdad de trato exige un juicio
de conformidad con el principio de igualdad del artculo 14 CE (algo que ya
hemos comprobado que se exige para las normas meramente especiales),
y, adems, en el presente caso, en conexin con el derecho a la tutela judicial
efectiva del artculo 24.1 CE, que supone y exige una igualdad de acceso y
de sometimiento de los justiciables a los rganos judiciales.
Por eso, para juzgarse constitucionalmente legtimas tales normas, deben estar justificadas en trminos objetivos y razonables, de acuerdo con un
fin constitucionalmente aceptable de la regla diferenciadora (FJ 5).
En tercer lugar, y sta es quiz la nota ms peculiar de esta Sentencia,
se exige un juicio de compatibilidad de dichas normas con derechos fundamentales, tales como el derecho al Juez ordinario predeterminado por la
Ley del artculo 24.2 CE y el derecho a un Juez imparcial con separacin
de las fases de instruccin y enjuiciamiento, como exigencia del derecho
a un proceso con todas las garantas del artculo 24.2 CE, segn SSTC
145/1988 y 164/1988.
Declara la no violacin del primer derecho por los prrafos segundo y
tercero del artculo 8.1 LOFCS (FJ 3). Y falla, sin embargo, la inconstitucionalidad del artculo 8.1, segundo, LOFCS, por disponer las normas enjuiciadas la confluencia en el mismo rgano jurisdiccional de las funciones
de instruccin, procesamiento y conocimiento y fallo.
Como ya hemos indicado atrs, esta Sentencia no slo pone en relacin las normas excepcionales con las normas especiales, sino que, adems, nos hace ver que no slo aqullas, sino tambin las meramente especiales, no slo exigen un juicio previo de su constitucionalidad a la luz del
principio de igualdad del artculo 14 CE, sino asimismo, en su caso, de su
conformidad con los dems derechos fundamentales proclamados en
nuestra Constitucin.
Y, finalmente y en cuarto lugar, acoge el criterio de que las normas excepcionales han de ser interpretadas restrictivamente (FJ 4).
En la misma lnea, cabe citar el Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo
Penal, de 11 de mayo de 2000 (RJ 2000\7257), que, primero, afirma que el
aforamiento es una norma especial de atribucin competencial ratione personae (FJ 2) y, ms adelante, indica que en la medida que supone una excepcin al principio del Juez natural no puede tener una interpretacin extensiva (cita aqu, en tal sentido, Autos de esta Sala de 15 de diciembre de
1993, 2 de diciembre de 1994, 13 y 25 de enero de 1995 y 25 de septiembre
de 1996, entre otros), para acabar resaltando que tal interpretacin supondra una vulneracin del principio de Derecho espaol contrario a la interpretacin extensiva de situaciones excepcionales (final del FJ 2).
Pero, en cualquier caso, hay que resaltar que como ha destacado
M. S. GIANNINI el concepto de norma excepcional es un concepto no sustancial, sino de relacin (de relacin entre sistemas de principios y entre
normas y principios dice l). Y puede considerarse como un concepto
relativo, al variar segn el principio que se considere (71). As, las normas
de Derecho Mercantil, en un primer momento, cuando eran normas de
grupos no numerosos, pudieron ser consideradas como normas excepcionales, al apartarse por su contenido del Derecho Comn. Ms tarde, con el
crecimiento de las empresas industriales, se consideraron normas especiales. Y, finalmente, ha sido negado tanto su carcter especial como su posibilidad de diferenciarlas de otras normas en relacin con su contenido sustancial (72).
Y, por eso, se ha destacado, igualmente, que tanto la nocin de norma
excepcional como la de norma especial son controvertidas y resultan oscuras e indeterminadas (73).
Y es que apostillamos nosotros, muchas veces, es complicado, en
la prctica, deslindar cundo nos encontramos ante normas que se desvan
de los principios generales del Derecho o se oponen a los mismos (normas
excepcionales) y cundo ante normas que, sin oponerse o contradecir tales
principios, lo que vienen a hacer es establecer una regulacin diferenciada
para determinadas personas, cosas o relaciones (normas especiales). Por
eso, la confusin entre ambos tipos de norma es frecuente.
Por ejemplo, en el artculo 84.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccin contencioso-administrativa, se establece que las
partes favorecidas por la sentencia de instancia que ha sido recurrida en
apelacin pueden solicitar su ejecucin provisional, pero que, en tal caso,
podrn acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar los
perjuicios que puedan producirse, as como, igualmente, podr exigirse la
prestacin de caucin o garanta para responder de aqullos. Sin embargo,
(71) M. S. GIANNINI: Lanalogia giuridica, ob. cit., pg. 65.
Tambin destaca la relatividad de la calificacin de una norma como excepcional Encarna ROCA TRAS (ob. cit., pg. 613).
(72) M. S. GIANNINI: ibidem, pgs. 64-65.
(73) R. GUASTINI: Estudios sobre la interpretacin jurdica, ob. cit., pg. 103.
en el artculo 84.5 se dispone que cuando quien inste la ejecucin provisional sea una Administracin pblica, quedar exenta de la prestacin de
caucin.
Constituye el artculo 84.5 una mera norma especial para una clase de
sujetos, las Administraciones pblicas, frente a la norma general del artculo 84.1, o es, a la vez o en su lugar, una norma excepcional, porque el
artculo 84.1 establece un principio general y el artculo 84.5 se desva de
tal principio?
La respuesta no es fcil, porque obliga a identificar principios generales vulnerados y, adems, porque la segunda norma puede apartarse de un
principio general, pero porque responde, a su vez, a un principio general
distinto, como parece ocurrir en el ejemplo planteado.
En este ltimo caso, consideramos que para que una norma pueda
considerarse excepcional a todos los efectos no basta con que se aparte o
desve de un principio general, sino que, adems, no responda a un principio general distinto del que se aparta, pues en tal caso estaremos ante una
mera norma especial tan slo, coherente con su propio principio (74).
As, en el ejemplo planteado, si bien el artculo 84.5 LJCA se encuentra
en contradiccin del principio implcito en el artculo 84.1, sin embargo,
parece apoyarse en el principio de presuncin de solvencia financiera de
las Administraciones pblicas, proclamado por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en diversos supuestos e implcito en diversas normas-regla de nuestro Ordenamiento jurdico (75). Ello conducira en
nuestra opinin a la negacin de que el artculo 84.5 LJCA se trata de
una norma excepcional y a su catalogacin como mera norma especial, de
la que, por cierto, sera posible a nuestro entender su aplicacin analgica a otros supuestos en los que estn presentes las Administraciones pblicas y exista identidad de razn.
Conectamos as con la cuestin de si cabe la aplicacin analgica y la interpretacin extensiva de las normas excepcionales y de las especiales.
En este punto, hay que resaltar que la distincin entre analoga e interpretacin extensiva que parece haber adquirido ms predicamento es la
que explica que, en la interpretacin extensiva, se extiende el contenido de
una norma jurdica a casos no previstos, pero dicha operacin tiene lu(74) Esta idea ya est apuntada por A. GULLN BALLESTEROS, aunque no expresa de
modo tan contundente como nosotros para resolver la colisin de principios presentada.
Recordemos que tal autor nos dice que nos encontramos ante Derecho Especial cuando ste
regula una determinada materia con arreglo a sus propios principios, que pueden ser adaptacin de los del Derecho General u otros nuevos. Y, en el caso del Derecho Excepcional, esos
principios son contrarios u opuestos a los de la ordenacin general (Comentario al artculo
4.2 del CC, ob. cit., pg. 30).
Siguiendo la distincin de M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO [Las piezas del Derecho (),
ob. cit., pgs. 6 y ss.] entre normas-regla y normas-principio, entendemos nosotros que la
norma en cuestin supuestamente excepcional sera en realidad una norma especial, por
entraar una norma-regla inspirada en una norma principial especial, aplicable preferentemente a la norma principial general.
(75) Nos remitimos a las normas y sentencias que recogemos al respecto en nuestro
trabajo El interdicto de obra nueva frente a las Administraciones pblicas a la luz de la LECivil
2000, publicado en el nm. 154 de esta REVISTA, ao 2001, pgs. 388-389, nota al pie 68.
gar sin salirse de la norma, mientras que, en la analoga, la extensin tiene lugar con base en una norma superior, que se crea sobre una ya existente, para regular no slo el supuesto de hecho de esta ltima, sino otro
supuesto de hecho para el que no existe una norma prevista expresamente y en el que se aprecia identidad de razn con el primero (76). En el
caso de la interpretacin extensiva, se trata simplemente de extender el
significado de un trmino jurdico ms all de su significado literal ms
inmediato (77).
Si bien, se destaca que, en realidad, la distincin no se puede establecer de una manera precisa, existiendo ms bien una graduacin, un continuo (78). R. GUASTINI, en la misma lnea, indica que, en realidad, la diferencia es de grado, y pone como ejemplo de interpretacin extensiva la
aplicacin a los impresos en ciclostil de una norma dictada slo expresamente para los libros, y como ejemplo de aplicacin analgica la aplicacin de la misma norma a las videocintas (79).
En la doctrina cientfica, hay autores que entienden que la prohibicin
de la analoga engloba no slo las normas excepcionales, sino tambin las
normas especiales (80), pero hay otros que slo la restringen a las excepcionales (81).
E, igualmente, hay autores que admiten la interpretacin extensiva del
Derecho Excepcional, mientras que otros niegan tal posibilidad (82). Por el
(76) Esta exposicin arranca de M. S. GIANNINI (Lanalogia giuridica, ob. cit., 1941,
pg. 531 y ss., y 1942, pg. 72) y despus es asumida por N. BOBBIO (Analogia, ob. cit,
pgs. 604-605) y otros autores (R. GUASTINI: Estudios sobre la interpretacin jurdica, ob.
cit., pgs. 104 y ss). Tambin la expone M. ATIENZA (Sobre la analoga en el Derecho. Ensayo
de anlisis de un razonamiento jurdico, Ed. Civitas, S.A., pgs. 60 y ss.).
(77) R. GUASTINI: Estudios sobre la interpretacin jurdica, ob. cit., pg. 105.
(78) M. ATIENZA: Sobre la analoga, pg. 184.
(79) R. GUASTINI: Estudios sobre la interpretacin jurdica, ob. cit., pg. 106.
(80) V. MONTS PENADES destaca que lo excepcional y lo especial de un ordenamiento
o conjunto sistemtico de normas se cruzan y se proyectan con efectos semejantes de la
analoga. La nica diferencia que puede encontrarse estriba en la susceptibilidad de que
el ordenamiento especial pueda crecer hacia el interior, pero sin desbordar su mbito de vigencia, mientras que la norma excepcional no puede crecer en ningn caso, no puede extenderse. El artculo 4,1 ordena que todas las normas se amplen, pero aun cuando los
ordenamientos especiales no puedan considerarse como excepcionales, en puridad de doctrina, sin embargo tampoco es admisible que crezcan a costa del Derecho Comn, rebasando su mbito de vigencia (Comentario al artculo 4.2 CC, ob. cit., pgs. 232-233).
A. GULLN BALLESTEROS parece afirmar que en ambos casos opera la prohibicin de la
analoga, pero que tal prohibicin no rige cuando tales normas puedan ordenarse y constituirse en sistema, con su propia ratio y sus principios, tanto en el caso de las normas especiales como en el de las excepcionales. En el caso del Derecho Excepcional, la analoga tan
slo operara dentro del mismo sistema constituido por tal Derecho para integrarlo, no
fuera de l (Comentario al artculo 4.2 del CC, pg. 30).
(81) Sin embargo, J. L. LACRUZ BERDEJO viene a afirmar la interdiccin de la analoga
exclusivamente con respecto a las normas excepcionales, al destacar que precisamente la
distincin entre ambos tipos de normas es importante a tal efecto (Elementos de Derecho
Civil I, tomo I, vol. I, ob. cit., pg. 140). Y E. ROCA TRAS destaca la posibilidad de aplicacin analgica de la legislacin especial, citando como ejemplo la Ley de Arrendamientos
Urbanos de 1964, sin perjuicio de destacar que determinados preceptos de dicha Ley han
sido considerados como normas excepcionales por nuestro Tribunal Supremo (Comentario al artculo 4 CC, en Comentarios al Cdigo Civil y Legislaciones Forales, tomo I, vol. I,
Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1992, pg. 615).
contrario, no hemos encontrado en la doctrina cientfica negacin de interpretacin extensiva con respecto a las normas especiales.
En la jurisprudencia, en relacin con las normas excepcionales, el criterio dominante es la exclusin tanto de la analoga como de la interpretacin
extensiva.
Un ejemplo de ello es la STS, Contencioso, de 1 de julio de 1994 (RJ
1994\4635, FJ 3). En ella se afirma que las normas que implican remocin de la obligacin de contribuir son excepcionales, porque se entiende
aunque no lo dice expresamente que el principio general que se excepciona es el de contribucin al sostenimiento de los gastos pblicos, proclamado en el artculo 31.1 CE. Y, como consecuencia de lo anterior, mantiene que aquellas normas han de ser objeto de interpretacin restrictiva,
estricta o literal, por un lado, y excluidas de la interpretacin analgica, por
otro, ya que, adems, es aplicable para ello directamente el artculo 23.3 de
la Ley General Tributaria, que prohbe la analoga para extender ms all
de sus trminos estrictos el mbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones
E incluso fuera del mbito tributario podemos encontrar sentencias
que inadmiten tanto la aplicacin analgica (83) como la interpretacin
extensiva (84).
Pero qu ocurre con las normas especiales? Admite aplicacin analgica de las mismas la STS, Sala de lo Civil, de 28 de enero de 2002 (RJ
2002\2305) (85).
Y, en cuanto a la interpretacin extensiva, el TEDH, en su Sentencia (Sec(82) M. ALBALADEJO sostiene que el Derecho Excepcional es interpretable extensivamente (ob. cit., pg. 32), al igual que A. GULLN BALLESTEROS.
A. GULLN BALLESTEROS invoca, en este sentido, la STS de 27 de junio de 1941, que declara que no es recomendable en caso alguno encerrar la interpretacin dentro de los lmites estrechos del elemento literal, sin completar y controlar sus resultados mediante el
empleo de los dems elementos, racionales, histricos y sistemticos, que han de poner
claro el verdadero espritu y alcance de la norma. Y subraya que las normas excepcionales deben desplegar su fuerza obligatoria en los lmites que el legislador quiso establecer; si
no se pueden traspasar, tampoco es lcito no llegar a ellos (ob. cit., pg. 31).
Por el contrario, otros autores niegan la posibilidad de interpretacin extensiva de tales
normas, como Encarna ROCA TRAS (ob. cit., pgs. 614 y ss.).
Y J. L. LACRUZ BERDEJO parece excluir tal interpretacin extensiva, al recordar que el artculo 4.2 CC excluye la aplicacin de las leyes excepcionales a supuestos distintos de los
comprendidos expresamente en ellas, y afirmar que, de tal modo, lo ms que cabe es entender esa exigencia de admitir exclusivamente lo expreso de modo razonable, sin excesivo rigor (ob. cit., pg. 140).
(83) Por ejemplo, STS, Social, de 26 de diciembre de 1990 (RJ 1990\9841).
(84) Por ejemplo, STS, Social, de 19 de diciembre de 2002 (RJ 2003\2349) o incluso la
citada atrs del Tribunal Constitucional: STC 55/1990, de 28 de marzo.
Estas Sentencias constituyen simplemente un ejemplo de las que abordan las normas
excepcionales. No renunciamos a acometer un estudio jurisprudencial ms exhaustivo de
este tipo de sentencias en un futuro estudio de las referidas normas. Pero recordemos que
el presente est centrado en el principio de especialidad normativa, que gira en torno a las
normas especiales y que no queremos desbordar.
(85) Tal Sentencia acepta la aplicacin analgica de las normas legales del contrato
de agencia a un contrato de distribucin en exclusiva, subrayando que la Ley 12/1992, reguladora del contrato de agencia, no es un Derecho Excepcional y, por eso, no opera la
prohibicin de la aplicacin analgica. Es un Derecho Especial para la materia del contra-
cin 3.) de 7 febrero 2002 (caso E.K. contra Turqua TEDH 2002\6),
considera que una lex specialis en el mbito penal no puede ser objeto de
una interpretacin extensiva, por analoga, so pena de vulnerar el principio de tipicidad penal (nulla poena sine lege) consagrado por el artculo 7
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y culmina afirmando que
hubo violacin de tal artculo 7. Parece identificar interpretacin extensiva
y aplicacin analgica y excluir claramente ambas posibilidades respecto
de las normas especiales.
Y lo mismo podra predicarse de las normas especiales de carcter
sancionador administrativo, por aplicacin de los principios propios del
Derecho Penal a dicho mbito (86).
Pero no debe olvidarse que si ninguna norma penal o sancionadora puede ser objeto de interpretacin extensiva o aplicacin analgica, in malam
partem, sea general o sea especial, es porque existe una prohibicin especfica de tales figuras por el mero hecho de pertenecer a esos sectores (87).
No obstante, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, fuera de cuestiones penales o sancionadoras, se ha
to de agencia, una regulacin especfica para una materia concreta, lo que en modo alguno significa por s misma una normativa que se aparta o contradice la regulacin de las
obligaciones y contratos en general (Ponente: Antonio GULLN BALLESTEROS; FJ 2).
(86) La declaracin de que son aplicables al mbito sancionador administrativo los
principios propios del Derecho Penal se realiza por nuestro Tribunal Constitucional, a partir de sus Sentencias 30 de enero de 1981 y 8 de junio de 1981. Y ya antes lo haba declarado nuestro Tribunal Supremo en sus Sentencias de 2 y 25 de marzo de 1972. Vid. a estos
efectos E. GARCA DE ENTERRA y Toms Ramn FERNNDEZ, en Curso de Derecho Administrativo, tomo II, Civitas Ediciones, S.L., Madrid, 2002, pg. 168.
Y, en Espaa, se excluye por norma expresa la aplicacin analgica de las normas sancionadoras en general en el artculo 129.4 de la Ley 30/1992.
(87) Hay que tener en cuenta que, en Espaa, el artculo 4.2 del Cdigo Civil dispone
expresamente que las leyes penales [...] no se aplicarn a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
Por su parte, el artculo 4.1 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 noviembre, que aprueba
el Cdigo Penal, dispone que las leyes penales no se aplicarn a casos distintos de los
comprendidos expresamente en ellas.
Y nuestro Tribunal Constitucional ha declarado, en su Sentencia 127/2001 (Sala Segunda), de 4 junio (que como veremos invoca otras), que, en su labor de interpretacin y
aplicacin de las leyes penales, los rganos jurisdiccionales se hallan tambin sometidos
al principio de tipicidad, en el sentido de que, por un lado, se encuentran en una situacin
de sujecin estricta a la ley penal [...] y, por otro, les est vedada la interpretacin extensiva y
la analoga in malam partem (SSTC 81/1995, de 5 de junio, F. 5; 34/1996, de 11 de marzo,
F. 5; 64/2001, de 17 de marzo, F. 4; AATC 3/1993, de 14 de enero, F. 1; 72/1993, de 1 de marzo, F. 1), es decir, la exgesis y aplicacin de las normas fuera de los supuestos y de los lmites
que ellas mismas determinan. El que estas tcnicas jurdicas, que tan frtiles resultados producen en otros sectores del ordenamiento jurdico, estn prohibidas en el mbito penal y
sancionador obedece a que en caso contrario se convertiran en fuente creadora de delitos
y penas y, por su parte, el aplicador de la nueva norma as obtenida invadira el mbito que
slo al legislador corresponde, en contra de los postulados del principio de divisin de poderes (SSTC 133/1987, de 21 de julio, F. 4; 137/1997, de 21 de julio, F. 6; 142/1999, de 22 de
julio, F. 3; AATC 263/1995, de 27 de septiembre; 282/1995, de 23 de octubre).
No obstante, T. S. VIVES ANTN ha destacado que esta doctrina, aparentemente tan rigurosa, ha de ponerse en relacin con otros pronunciamientos del Tribunal que afirman
que el principio de legalidad no puede ser entendido de forma tan mecnica que anule la
libertad del juez, y cita en este sentido la STC 89/1983 (Comentarios al Cdigo Penal de
1995, vol. I, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pg. 57).
pronunciado en el sentido de excluir la interpretacin extensiva de las normas especiales y, esta vez, en relacin con todo el Tratado de la CECA, al
que considera lex specialis en relacin con el Tratado CEE, al que considera lex generalis (88).
Y, sin embargo, el criterio contrario, segn el cual se admite la interpretacin extensiva de las normas especiales, ha sido acogido por el Magistrado del Tribunal Constitucional V. CONDE MARTN DE HIJAS, en su Voto
Particular a la STC 92/2002, de 25 de abril (89).
A nuestro entender como ya hemos apuntado atrs, al referirnos al
artculo 84.5 de la Ley 29/1998, que dispone que cuando quien inste la
ejecucin provisional sea una Administracin pblica, quedar exenta de
la prestacin de caucin, las normas especiales que no son, a su vez,
normas excepcionales o penales o sancionadoras no estn, en principio,
sometidas a la prohibicin de aplicacin analgica y de interpretacin extensiva; siendo posibles stas, siempre que no se rebase el mbito propio
de la especialidad y, en el caso de la analoga, concurra ciertamente identidad de razn.
(88) En su Sentencia (Sala Tercera ampliada) de 5 de junio de 2001 (ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH/Comisin; TJCE 2001\153) afirma que el Tratado CECA constituye, en
virtud del artculo 232, apartado 1, del Tratado CE (actualmente art. 305 CE, apartado 1),
una lex specialis que supone una excepcin a la lex generalis que representa el Tratado CE
(Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1985, Gerlach, 239/84, Rec. pg.
3507, apartados 9 a 11, y conclusiones del Abogado General seor Verloren van Themaat
en el mismo asunto, Rec. pg. 3508, punto 3.1; vase tambin, en este sentido, el dictamen
del Tribunal de Justicia 1/94, de 15 de noviembre de 1994, Rec. pg. I-5267, sobre la competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales en materia de servicios y
de proteccin de la propiedad intelectual, apartados 25 a 27) y que, por consiguiente, los
trminos que sirven para delimitar su mbito de aplicacin deben interpretarse de manera
estricta.
(89) Sostiene este Magistrado que el artculo 11.2, inciso segundo, del Estatuto de Autonoma de Catalua, que reserva al Estado, en el mbito laboral, todas las competencias
en materia de fondos de mbito nacional y de empleo, frente a la asuncin por la Comunidad Autnoma de las competencias de ejecucin que ostentaba hasta entonces el Estado,
no debe considerarse una norma excepcional que deba interpretarse restrictivamente, sino
como una norma especial que es susceptible de ser interpretada sin ninguna carga conceptual de restriccin (punto 6.).
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