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Timestamp: 2018-10-23 10:06:35+00:00

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temas 9 a 12
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La Expropiacion, Exposicion
Dist Inc Ion Entre Indeterminacion e Impropiedad
“Proyecto de mejoramiento, rehabilitación, ampliación y pavimentación asfáltica de la ruta n° 9 Transchaco”
Resumen derecho administrativo, preguntas y respuestas, segundo semestre 2012.docx
90065-08
BASES_CEMENTO.PACHIA_20171212_234508_071
1681-2011
T.9.: LA EXPROPIACION FORZOSA Los medios de adquisición de bienes por las entidades públicas.
a) Atribución de la Ley, la Constitución o la Ley en el caso de los bienes de dominio público por naturaleza y para los bienes patrimoniales en los supuestos de inmuebles vacantes y saldos o depósitos abandonados. b) Por negocio jurídico a título oneroso (compraventa) o gratuito (herencia, donación). La herencia a Entidades Públicas se entiende aceptada a beneficio de inventario, esto quiere decir que el heredero está obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia sólo hasta donde alcanzan los bienes de la misma. No se confunden los bienes particulares del heredero con los que pertenezcan a la herencia. c) Por usucapión (modo de adquirir la propiedad de bienes inmuebles mediante la posesión continuada, en concepto de titular, durante el tiempo que señala la Ley. Deben concurrir unos requisitos, que se trate de una posesión en concepto de dueño, que sea pública, es decir no oculta, pacífica, es decir, que no se tenga violentamente, y que haya una posesión no interrumpida, es decir, continua durante 20 0 30 años) u ocupación (lo mismo pero para bienes muebles. Se acortan los plazos). d) Por adjudicación de procedimiento de embargo o procedimientos judiciales e) Por expropiación I. CONCEPTO Y FUNDAMENTO Es la potestad por la cual la Administración Pública puede adquirir los bienes y derechos necesarios para la satisfacción de intereses públicos o para la realización de reformas de estructuras sociales y económicas. Pero la expropiación forzosa no sólo se refiere a los supuestos de adquisición de bienes y derechos y reformas sino también, aunque en menor medida, la expropiación-sanción, las ocupaciones de bienes, el puro sacrificio o la destrucción de los bienes. El fundamento de esta potestad es que siendo necesaria la adquisición o sacrificio de bienes por parte de la Administración, ésta no puede dejarse a la voluntad del propietario y por ello ha de establecerse un sistema de determinación del precio, que no puede dejarse a la negociación entre las partes. Este precio no es una indemnización, sino un precio justo por el bien adquirido. Por ello no hay que confundir la expropiación con la responsabilidad administrativa (supuestos en que la Administración se ve obligada a responder ante daños y perjuicios causados a un ciudadano y que este no tiene deber de soportar). II. CARÁCTER CONSTITUCIONAL Nuestra Constitución la regula junto al derecho de propiedad privada donde se establece tanto la necesidad de una causa expropiandi (utilidad pública o interés social) como la garantía constitucional del derecho a obtener una indemnización. III. ELEMENTOS A. Sujetos: - Expropiante: son las Entidades Públicas territoriales. Tienen atribuidas la potestad expropiatoria. - Expropiado: titular del bien o derecho expropiado. Dado que es una cualidad ob rem, no cabe la expropiación por razón de la persona. También puede ser expropiada la propia Administración. - Beneficiario: puede darse o no. Se trata de una figura que evita la triangulación que resultaría de tener que transmitir el justiprecio a la Administración expropiante para luego pagar el bien expropiado a un tercero. Luego el beneficiario es el adquirente de los bienes o derechos expropiados. Ej. A tiene una finca que la Administración le expropia para construir un pantano sobre el cual va a concederse una concesión a la Hidroeléctrica Tajo S.A. En este supuesto es la propia hidroeléctrica el beneficiario. B. Objeto - Propiedad privada - Intereses patrimoniales (Sobre los bienes de derecho público no cabe la expropiación salvo que estos se hubieran desafectado previamente. Tampoco sobre derechos personales, familiares…) C. Causa - Utilidad Pública: obras públicas, leyes que regulen infraestructuras (incluyendo los terrenos necesarios para construirlas) y cualquier finalidad pública prevista por el legislador - Interés social (incluido a partir de la Constitución de 1931): reformas de estructuras socioeconómicas La causa concreta de cada expropiación ha de declararse en cada procedimiento expropiatorio así como su posible modificación que en ocasiones podrá dar lugar a la reversión del bien expropiado
que es notificado a los interesados. Esta ocupación requiere de un Acta que le servirá como de título inscribible en el Registro de la Propiedad. La diferencia es importante. Una vez abonado. Este procedimiento comienza requiriendo al propietario para que formule una Hoja de Aprecio. Tras esto cabe que la Administración acepte la valoración en cuyo caso procedería al pago del justiprecio o que no lo acepte. El servicio no se establece Puede ser la propia Administración quien avise de que se tiene este derecho o puede también ejercitarse sin mediar la Administración si habiendo causa para la reversión no hayan transcurrido 20 años desde su ocupación (terrenos sobrantes. La declaración de necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos: es aprobada por el Delegado de Gobierno contra cuya decisión cabe recurso de alzada. EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO a. LAS EXPROPIACIONES DE URGENCIA Este es el procedimiento comúnmente utilizado ya que permite a la Administración la ocupación del bien sin el pago previo de la totalidad del justiprecio y sin tener que esperar a que se resuelvan los recursos. Contenido: Consiste en una privación singular de bienes o derechos patrimoniales legítimos. La valoración de los bienes ha de hacerse según el valor de estos en el momento de iniciarse el expediente de justiprecio. generará intereses sin necesidad de reclamarlos. b. PRESUPUESTOS DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA a. el bien expropiado puede ocuparse. Pero al haberse realizado ya un pago. Causa expropiandi declarada por ley expresa: b. VII. la Administración puede ocupar el bien expropiado. VI. Si el cobro del justiprecio no es aceptado será depositado en la Caja General de Depósitos. Si éste la rechaza será el Jurado Provincial de Expropiación (de composición mixta para garantizar una mayor objetividad) quien determine el justiprecio. . servicio no prestado. No obstante el justiprecio en la mayoría de los casos sigue siendo escaso y de ahí que quepa el recurso de reposición y el posterior recurso contencioso-administrativo ante la resolución del Jurado (la cual habrá de ser en todo caso motivada) c. En los bienes inmuebles deben valorarse separadamente el suelo y las edificaciones. Y para evitar la alegación de valores afectivos. incluso si se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo y si no. La determinación del Justiprecio: No obstante la Ley da prioridad a cualquier acuerdo entre las partes antes que al procedimiento. que puede ser avalada por un perito. bienes desafectados) o 5 años en caso de inacción: obra no empezada. La urgencia ha de ser declarada por el Gobierno o el Consejo del Gobierno (CCAA). Luego sólo se da si: 1. Dado que sólo se basan en criterios fiscales (más el importe de perjuicios derivados de la rápida ocupación) el precio tiende a ser excesivamente inferior al que en realidad le corresponde por lo que posteriormente se sigue el procedimiento general de determinación del justiprecio. la Ley impone el aumento del valor del bien en un 5% en todos los casos. supone la declaración de la necesidad de ocupación de la Administración. LA REVERSIÓN Es un derecho del expropiado o de sus herederos vinculado a la “congelación” de la causa de la expropiación forzosa que sólo surge si se modifica el destino del bien expropiado. Si hubieran cosechas pendientes también se separan del suelo a la hora de su valoración y también los posibles derechos de arrendamiento. La expropiación debe ser en todo caso singular lo que la diferencia de los simples cambios legislativos(no son indemnizados)ya que aquélla frente a estos supone una situación concreta y un sacrificio singular no una regulación que afecta a todos por igual. Si no se abona en un plazo de 2 años da lugar a su retasación. El pago y la ocupación Una vez determinado el justiprecio (exento de impuestos y gastos) ha de abonarse en el plazo de 6 meses. La obra que motiva la expropiación no se ejecuta 2. Si no acepta realiza su propia hoja de Aprecio y la remite al propietario que puede aceptar o rechazar. Existen terrenos sobrantes 3.D. Siga el procedimiento expropiatorio legalmente previsto. V. Acto seguido se formula la Hoja de depósito determinándose el valor a pagar. El acuerdo. IV.
La Ley hace una serie de precisiones para acomodar nuestra legislación a los requisitos exigidos por la normativa de Derecho Comunitario. 1. 3. referido siempre a obras ó gestión de suministros Contratos administrativos del Estado: C. el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. contratos de suministros y gestión de servicios los que superen 137. Atípico:. CUESTIONES GENERALES 1. Los pliegos son dos: 1. Servicios. Las cláusulas administrativas particulares. II. el Acuerdo sobre compras del sector público (GATT). propiedades incorporales y valores negociables 3. No obstante. Suministros. 3. Los que superen 211. de no haberlas por la LSAP. T.Permuta. Los contratos administrativos: Concepto “Acuerdo de voluntades entre dos o más personas creador de derechos y obligaciones entre ella. 4. 5. y los demás acuerdos o tratados internacionales que haya podido suscribir España con otros países y que hayan entrado e vigor. y supletoriamente las restante normas de Derecho Administrativo que pueden serles de aplicación y. Si hubiera mejoras en el bien se procedería a una nueva valoración urbanística. Contratos sujetos a regulación armonizada: Aquellos que deben aplicar necesariamente el derecho económico europeo y son: 1. Al Derecho originario. Estos pliegos forman parte del contrato. y por los principios generales del Derecho. mercantil o laboral según corresponda. que no considera directamente a las Administraciones Públicas. A partir de este concepto. Organismos de . Concesiones de obras públicas. Contiene las prescripciones técnicas y 2. por satisfacer de forma directa e inmediata una finalidad pública. Gestión de servicios públicos. 2.Compraventa.000. ya que los Tratados contiene varios principios de directa aplicación a la contratación. en relación a su cumplimiento y extinción. Capacidad de introducir pactos y condiciones que se contienen en los pliegos de condiciones particulares del contrato. Entes territoriales. el contrato administrativo es aquel que celebran las Administraciones Públicas y esta regido por el Derecho Administrativo” En los contratos Administrativos existe también una autonomía de la voluntad. 2. Las legislaciones nacionales deben adaptarse al Derecho derivado. Considera Poderes Adjudicatarios al Estado. Régimen jurídico de los contratos celebrados por las Administraciones Públicas a) La legislación aplicable a los contratos administrativos típicos de la LSAP y sus normas de desarrollo. y el contenido de este no puede contener cláusulas contrarias a los mismos. Contratos Privados de la Administración Pública: Tienen naturaleza privada los contratos que la Administración celebre de: 1.Demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles. Colaboración entre el sector Público y el Privado.: LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS I. en su defecto.000 € en contratos de suministros que celebren otros entes distintos del Estado . sino a los que denomina Poderes Adjudicatarios. EL CONTRATISTA 1. Entidades Contratantes: La Administración Pública Su presencia es indispensable para la existencia de los contratos administrativos. Lógicamente. que en materia de contratos es bastante completo y que se ha instrumentado a través de las Directivas que regulan los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos.279. en cuanto a su preparación y adjudicación los contratos privados de las Administraciones Públicas se rigen por sus normas administrativas especificas y. Clases de contratos de las Entidades del Sector Público La LSCP considera contratos administrativos Típicos: Obras. Tampoco cuando la afectación se haya tenido más de 10 años desde que se expropió. los que tengan por objeto actividades vinculadas al giro o trafico especifico de la Administración contratante.Con la nueva Ley no existe este derecho cuando un bien se hubiere desafectado pero simultáneamente afectado a otra causa de utilidad pública o interés social. 4. 2. subvencionados en mas del 50% con dinero público.Arrendamiento. 2.Donación. b) Los contratos privados de las Administraciones Públicas se rigen por la legislación civil. La Legislación reguladora de los contratos administrativos En materia de contratos públicos las legislaciones de los estados miembros de la UE deben adaptarse a lo dispuesto en la legislación comunitaria europea.00 €. Por otra parte es también aplicables en España el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Los contratos de obras o de concesión de obra pública cuyo importe supere los 5. entre ellos el de buena fe o el del equilibrio financiero del contrato.10. las normas de Derecho Privado. si este derecho llega a ejercerse habrá de devolver el justiprecio abonado actualizado por el IPC.
Las incapacidades y incompatibilidades para contratar bajo la genérica denominación de prohibiciones de contratar se regulan en el articulo 20. y la capacidad jurídica y de obrar de las empresas mercantiles por el Derecho Mercantil. su clasificación resultara de la acumulación de las características que corresponda a cada una de las empresas agrupadas. La certificación sustituye la necesidad de acreditar la solvencia economía y financiera. La publicidad o transparencia de las actuaciones de la Mesa de Contratación en la apertura de sobres con las correspondientes proposiciones y documentos exigidos. Solvencia económica y financiera. Todos los empresarios clasificados se inscribirán en el Registro oficial de Empresas Clasificadas. incompatibilidades y prohibiciones para contratar . Y define a los Organismos de Derecho Público como entes dotados de personalidad jurídica. La adjudicación del contrato debe también ser publicado en el BOE b) Licitación: En cuya virtud debe promoverse la más amplia participación posible de empresas candidatas a la adjudicación del contrato. previendo los adecuados controles. III LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS Principios a) Publicidad y Transparencia La legislación establece la obligación de publicar el anuncio de apertura del procedimiento de la adjudicación en el BOE. y técnica o profesional en cada procedimiento de selección y adjudicación de contrato. . deban cumplir iguales requisitos. técnica o profesional. d) Plenas Garantías: Para las empresas licitadoras de la regularidad y objetividad del procedimiento de selección y para las adjudicatarias en el cumplimiento y extinción. la contratación con empresas no clasificadas. El Procedimiento de adjudicación. .000 €. o bien cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos. varias excepciones: Una Singular : que permite al Consejo de Ministros autorizar previo informe de la Junta Consultiva de Contratación. El requisito de la previa clasificación tiene. . y cuya actividad este mayoritariamente financiada por el Estado. Una General: Mediante real Decreto Una Especifica: exceptúa a las Universidades del requisito de la clasificación En el caso de las agrupaciones temporales de empresas. siempre que este individualmente clasificadas previamente.Para ser contratista se precisa ser persona natural o jurídica con plena capacidad de obrar. y la solvencia técnica o profesional. 2. los Entes territoriales u otros Organismos de Derecho Publico. someterse a las mismas prescripciones establecidas en los pliegos de condiciones y. .Abierta a las empresas extranjeras. La adjudicación de contratos a favor de las personas incursas en estas prohibiciones son nulas de pleno derecho. Requisitos: capacidad de obrar. creados para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. Contratistas Empresas que pueden contratar . en la necesidad de que la adjudicación se decida exclusivamente con arreglo a criterios objetivos. Tipos: a) Abierto: Cualquier empresario interesado puede presentar proposiciones. que será publico y dará constancia de la clasificación acordada y de las incidencias que se produzcan.Derecho Público. Clasificación y registro de contratistas La clasificación es obligada cuando el contrato excede en el caso de contratos de obras de 350. El principio de igualdad se proyecta hacia todos los empresarios de la UE en el principio de no-discriminación. se exige reciprocidad en la legislación de su Estado de procedencia. . La Ley especifica los informes y certificaciones que son precisos para acreditar cada una de las solvencias exigidas. c) Igualdad: Que se plasma en la necesidad de que todos los licitadores tengan el mismo plazo de presentación de proposiciones. 2. las empresas extranjeras deben además tener sucursal abierta en España.La capacidad de obrar de las personas naturales españolas se rige por el Código Civil. 1. El contratista debe acreditar también su solvencia económica y financiera.Posibilidad de contratar con uniones temporales de empresas.En relación a los contratos de obras. requiriéndose que estas empresas estén inscritas en el Registro Mercantil.
La CE prevé también la adjudicación por acuerdos marco celebrados con una o varias empresas y con una vigencia no superior a 4 años. la Mesa procederá a la apertura del segundo sobre que contiene las proposiciones económicas. que prepara la decisión definitiva de adjudicación por el órgano de contratación. . las facultades de la Mesa difieren según se trate del sistema de subasta o de concurso: Subasta: La Mesa elevara la propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor del postor que oferte el precio más bajo. y la concurrencia de los requisitos exigidos al empresario especialmente en cuanto a su capacidad. revisados a la baja. Tras cerrar el dialogo y determinadas las condiciones del contrato. Una vez admitidas las proposiciones. previa solicitud c) d) de los mismos tras el correspondiente anuncio de la adjudicación del contrato. Concurso: La Mesa elevara la propuesta a favor de la mejor oferta previa ponderación de los criterios fijados en el pliego de cláusulas administrativas o propondrá declarar desierto de concurso. a los que la Administración dirigirá la correspondiente carta de invitación. 1. Sistemas de selección de contratistas a) Subasta: Implica la adjudicación del contrato a la proposición económica expresada en dinero más ventajosa. ya que la Ley establece para cada tipo de contrato el orden de preferencia entre ambos sistemas. el cumplimiento de la aportación de los documentos exigidos. urgencia o de emergencia. sin atender exclusivamente al precio. Las proposiciones pueden presentar variantes tanto respecto al proyecto técnico como al precio. y previa justificación de la causa que motiva su aplicación. La CE ha incorporado un nuevo procedimiento el dialogo competitivo. las ofertas son homogéneas y la adjudicación es prácticamente automática al mejor postor. La CE introduce el sistema de subasta electrónica. e) Por otra parte el procedimiento puede ser: ordinario. Si en la oferta más baja coincidieran varias proposiciones. previa consulta con varios empresarios. la adjudicación se realizara por sorteo. La adjudicación del contrato La legislación española prevé la intervención de la Mesa de Contratación. que se define como un proceso repetitivo basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos precios. La tramitación por emergencia se produce en casos de catástrofe o grave peligro para la defensa nacional. el órgano de contratación podrá ordenar la ejecución directa de lo necesario para remediar la situación y se liberarán los fondos necesarios para hacer frente a los gastos. 4. La urgencia deberá ser motivada y declarada de forma expresa en el expediente por el órgano de contratación. de esta forma. y la obligación de iniciar la ejecución en todo caso antes de los 2 meses siguientes desde la fecha de adjudicación del contrato. la reducción de plazos a la mitad. las variantes técnicas al proyecto y de la oferta económica. en su caso. c) Procedimiento negociado: Adjudicación directa. en su caso del concurso y si así se prevé en el pliego. a las que esta consulta antes de elegir justificadamente al adjudicatario. 2. consiste en la adjudicación al empresario que elija directamente la Administración. clasificación o solvencia. Solo podrá adoptarse en los casos expresamente determinados por la Ley también para cada tipo de contrato. de 3 empresas seleccionadas por la Administración. 3. sino teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los pliegos. La determinación del sistema de selección no es libre para la Administración. b) Concurso: La adjudicación debe hacerse al empresario que en su conjunto presenta la proposición más ventajosa.b) Restringido: Sólo podrán presentar proposiciones los empresarios seleccionados. de la que se deriva la admisión o exclusión de los participantes. Los sistemas normales deben ser la subasta o el concurso. se invita a los participantes a presentar su oferta final y se adjudica a la oferta económica más ventajosa. Tras esta clasificación. aunque existe una concurrencia mínima. se traduce en la preferencia en su tramitación sobre otros asuntos. que permite una clasificación de las ofertas por métodos de evaluación automática. que supone abrir un dialogo para debatir los aspectos del contrato entre los candidatos seleccionados. Las correspondientes se presentan a la baja en relación al tipo de licitación. pero su elección no es discrecional. la posibilidad de iniciar su ejecución una vez adjudicado incluso antes de ser formalizado el contrato . La Mesa procede a la apertura del primer sobre que contiene las referencia de los empresarios y tiene la facultad de calificar la regularidad en tiempo y forma de la presentación de proposiciones. Negociado: Equivale al que el Derecho español llamaba de adjudicación directa. y previa negociación directa con el adjudicatario de los términos del contrato.
La adjudicación del contrato en la subasta se debe realizar a favor de la propuesta formulada por la Mesa de Contratación. que basta para su inscripción en cualquier Registro público. salvo en 2 casos: . la Administración contratante podrá acordar su resolución. teniendo a partir de esa fecha derecho los empresarios admitidos a retirar sus proposiciones y exigir la devolución de la fianza. y con audiencia de los demás licitadores el contrato se adjudicará al segundo mejor postor no incurso en temeridad. 5. Suspender temporalmente la ejecución por distintas causas. b) Potestad de inspección: Supone que la Administración Pública tiene la facultad de inspeccionar y de recabar información del contratista sobre cuantos aspectos se relacionan con el cumplimiento del contrato. La formalización del contrato es requisito indispensable para poder iniciar la ejecución del contrato. La resolución de adjudicación. se notificará a todos los licitadores y se comunicará al Registro de Contratos para su debida inscripción. muy distinta a las anteriores es la potestad de la modificación. dando lugar a la perdida de la fianza si no llega a formalizarse. d) Potestad de interpretación del contrato: Esta potestad es unilateral de la Administración Pública. Por tanto el ius variandi permite a la Administración: modificar el proyecto en lo menester. o imponer una penalidad económica. con la conformidad del empresario. con audiencia del interesado. que permite a la Administración variar el contenido del contrato por razones de interés publico debido a necesidades nuevas o causas imprevistas. deberá indemnizar los daños y prejuicios que la demora pueda causar al contratista. . La adjudicación perfecciona el contrato. e) Potestad de modificación del contrato: Se estudia en el apartado siguiente. Consideración particular de la potestad de modificación del contrato o ius variandi 1. La Administración no puede venir obligada por el pacto celebrado si ello va en perjuicio precisamente del interés público que se pretendía satisfacer con la ejecución del contrato en los términos pactados. la indemnización de daños y prejuicios. . la adjudicación del contrato podrá hacerse a favor de la siguiente mejor oferta. IV LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Potestades y prerrogativas de la Administración en la ejecución de los contratos administrativos Dichas prerrogativas están dirigidas a garantizar el interés público objeto del contrato. Si la infracción afecta a todo el procedimiento se anulara la convocatoria. bien porque haya sido mal elaborado. sin mas requisito que un informe preceptivo previo del servicio jurídico correspondiente. que es también el competente para aprobar el procedimiento de preparación del contrato. subasta y concurso. en su caso. La resolución del contrato implicara la incautación de la garantía provisional y.Cuando dicha propuesta se haya efectuado con infracción del ordenamiento. sin prejuicio de que este pueda solicitar la resolución del contrato. Desistir de su ejecución porque así lo exija el interés público. Hasta aquí todas las potestades analizadas no implican que la Administración pueda apartarse de lo convenido en el contrato. aunque ésta podrá comenzar en los supuesto de tramitación urgente o de emergencia. La adjudicación deberá realizarse en el plazo de 3 meses desde la apertura de las proposiciones. Esta potestad implica el poder dar ordenes e instrucciones de obligado cumplimiento para el contratista. la adjudicación se hará a favor del siguiente mejor postor no afectado por infracción alguna. Si el contrato no llega a formalizarse por causa imputable al contratista. la Administración tiene la opción de resolver el contrato con perdida de fianza.La adjudicación compete en cada Administración al que la Ley denomina órgano de contratación. por dificultades técnicas imprevistas o por resultar más conveniente la modificado. pero si la causa de nulidad sólo afecta a empresario propuesto. En ambos sistemas de selección. estos contratos deben formalizarse en documento administrativo.Cuando se presuma que el precio de la proposición más ventajosa no pueda ser cumplida por constituir una baja desproporcionada o temeraria. que deberá se motivada. en esta caso se solicitará informe a la Junta Consultiva de Contratación. La forma La formalización del contrato administrativo no afecta a su perfección. si el contrato se resuelve porque el adjudicatario no llegue a formalizar el contrato. que se produce desde el acto de adjudicación del mismo. 2. c) Potestad de imponer penalidades: En caso de incumplimiento por el contratista de los plazo finales o parciales estipulados en el contrato. y solo dentro de los limites y con la sujeción a los requisitos y efectos señalados en la propia LCAP pueden ser ejercidas. Si la formalización no se produce por causa de la Administración.: a) Potestad de dirección: La Administración tiene potestades de dirección sobre el modo de ejecutar el contrato a tenor de las cláusulas estipuladas.
Esta doctrina sólo es aplicable a los contratos administrativos y no a los contratos privados de la Administración. el precio o contraprestación económica debida por la Administración Pública al contratante puede venir modificada en su cuantía tanto al alza como a la baja en los distintos supuestos que la Ley o los principios generales establecen. b) Si el efecto de la modificación es la supresión o reducción de las obras a realizar. o representen una alteración sustancial del proyecto inicial objeto del contrato. se levantara acta consignando las razones que las han motivado y la situación de hecho de la ejecución del contrato. salvo que la cuantía económica de la modificación. Contrato de Suministro: Las mayores adquisiciones decididas por la Administración dan lugar al pago de todas las efectivamente adquiridas. o las sucesivas modificaciones. la menor adquisición de bienes tampoco da lugar a indemnización alguna. Sin embargo no se integran en esta doctrina . La doctrina del equilibrio económico del contrato administrativo El principio general que informa del cumplimiento de los contratos es el de “riesgo y ventura”. En el caso de contrato de suministro. La doctrina del equivalente económico fue formulada por el consejo de Estado francés que expresa que “ Es de esencia misma de todo contrato de concesión el buscar y realizar. Contrato de Gestión de servicios Públicos: Si la modificación impone mayores costes para el contratista. en la medida de lo posible. porque en el fondo esta doctrina parte de la aceptación de otra teoría. la del contratista-colaborador. La Administración contratante no es la causante directa de la ruptura de este equilibrio. una igualdad entre las ventajas que se conceden al concesionario y las obligaciones que le son impuestas. c) Los supuestos de suspensión definitiva se consideran dentro de los efectos de la resolución del contrato. la Administración viene obligada a abonar el precio de las mismas fijado en función de los criterios establecidos para la determinación del precio de licitación menos el porcentaje de baja ofrecido por el contratista en la adjudicación. excedan del 20% del presupuesto del contrato. lo que podrá hacer en función de la legislación de cada contrato y de lo pactado. El contratista es en esencia una colaborador en la satisfacción de un interés público que subyace en el objetivo de este tipo de contratos. que impone al contratista todo el rigor en términos económicos que puedan derivarse de la ejecución del contrato en los estrictos términos que se pactaron. regalándose por la Ley en relación a cada tipo de contrato: a) Contrato de Obras: Si el efecto del ius variandi es el aumento de las obras a realizar por el contratista. la Administración debe compensarlos en todo caso. y la Administración deberá abonar al contratista los daños y prejuicios que la suspensión le haya ocasionado. El principio de riesgo y ventura En consecuencia. restableciendo el equilibrio económico roto. la que produce más consecuencias económicas que repercuten en el contrato alterando su ecuación financiera.La modificación se acordara previa audiencia del contratista y una vez aprobada será obligatoria para él. bien autorizando un incremento de tarifas a pagar por los usuarios del servicio. sino que es la actuación de un Poder Público decidiendo sobre cuestiones ajenas al contrato. Los casos de suspensión temporal solo dan lugar a indemnizaciones cuando se prevén como causa de resolución del contrato. la Administración solo deberá abonar las obras efectivamente realizadas. Las ventajas y las obligaciones deben compensarse para formar la contrapartida entre los beneficios probables y perdidas previsibles. concretamente su suspensión temporal. salvo el derecho a solicitar la resolución del contrato si la reducción supera el 20% del precio del contrato. Los efectos de la modificación pueden ser varios y las consecuencias económicas dependen directamente de cuales sean esos efectos. a) El hecho de príncipe o factum principis Implica el deber de indemnizar por actuaciones generales de los Poderes Públicos que inciden directamente en el equilibrio económico del contrato. Cuando la modificación del contrato suponga una alteración de los plazos de ejecución del mismo. La aplicación de la doctrina del factum principis obliga a la Administración contratante a indemnizar al contratista. 3. bien mediante subvenciones o ayudas directas.
la entrega de los suministros o el efectivo cumplimiento en los demás tipos de contrato. reconduce a este sistema los supuestos de Hecho de príncipe y Riesgo imprevisible. Tras la recepción debe notificarse al contratista la liquidación del contrato en el plazo de un mes y a abonársele el saldo restante. darían lugar a un privilegio del contratista en relaciona los demás empresarios del sector. La LCAP regula la revisión de precios. Sin embargo para aplicar la revisión es preciso el cumplimiento de los siguientes requisitos: Que el contrato se hubiese ejecutado en un 20% de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación. Cumplimiento por el Contratista:. en parte. ha establecido una vía objetiva y automática para establecer el equilibrio económico del contrato.aquellos supuestos general es que. sin embargo en el Derecho Administrativo se prevé la indemnización al contratista por Administración contratante. En los contratos de gestión de servicios públicos. o pago parcial. La revisión de precios puede beneficiar a cualquiera de las partes contratantes.uso de servicio público de las obras o de las instalaciones del servicio y la plena adquisición de la propiedad de los bienes suministrados. Que el contratista no hubiera incurrido en mora en la ejecución del contrato. d) La fuerza mayor en los contratos administrativo La contratación en el ordenamiento jurídico privado se rige por el principio resperit domin. dependiendo de si el coeficiente de revisión es mayor o menor que 1. por las perdidas. . con excepción de los contratos menores y aquellos en que el pago se prevea por el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra. durante el cual los defectos que la misma comprende corren de cuenta del contratista. . V. pero en los contratos de obras y suministros con fabricación se aprueban formulas tipo por el Consejo de Ministros. y solo excepcionalmente. Las formulas fijadas para cada elemento y clase de contrato se aprueban por el órgano de contratación. averías o perjuicios ocasionados en las obras. La LCAP prevé para el contrato de obras los supuestos de fuerza mayor en los que procede la indemnización. En la actualidad la LCAP ha plasmado que cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato. b) El riesgo imprevisible La doctrina supone la alteración de la ecuación financiera del contrato que incide negativamente para el contratista por causas ajenas a la actuación de cualquier orden por las partes contratantes. siempre que no exista imprudencia del contratista: . CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 1.plazo de garantía. o en una subvención especial. se abonara en la liquidación del contrato. en los casos de fuerza mayor. o en una reducción del canon que deben abonar el concesionario a la Administración por la gestión del servicio. pero no la de evaluar discrecionalmente su cumplimiento. que deben revisarse cada dos años y se publican en el BOE. Dicha contrastación se realizara por un acto formal de recepción. extendiéndola a todo tipo de contratos. cuando no esté establecido este sistema de pago o no se hubiera podido practicar el pago en dichas certificaciones. productos a suministrar o instalaciones adscritas a la ejecución del contrato. y transcurrido el mismo se exige toda responsabilidad del contratista. La recepción produce como efecto fundamental el comienzo del 1. en particular en relación a los contratos de obras.Incendios causados por la electricidad atmosférica. La Administración tiene pues. debe considerarse que también debe cesar la especial compensación económica por parte de la Administración. que . con excepción de la decenal que se establece en el caso del contrato de obras públicas.Destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra o alteraciones graves del orden público. c) Las cláusulas de revisión de precios El Derecho español. El pago de la revisión se realizara ordinariamente al abonar la correspondiente certificación. la recepción como acto formal constata la entrega de la obra en los contratos de obra. por consiguiente si estas circunstancias llegan a desaparecer.Fenómenos naturales de efectos catastróficos . El segundo efecto de la recepción es la apertura al 2. la prerrogativa de constatar los términos de la ejecución del contrato. la aplicación de la doctrina del riesgo imprevisible se traduce en un revisión al alza de las tarifas del servicio que deben abonar los usuarios del mismo. Esta doctrina se basa en la teoría del equilibrio financiero del contrato y en las causas extracontractuales y extraordinarias. la Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato. de aplicarse la indemnización.
siendo clasificados al efecto. El dinero o los títulos o certificados correspondientes deben depositarse en la Caja General de Depósitos. si la demora excede de 8 meses. El pago del precio en la liquidación del contrato tras la recepción de la prestación del contratista se hará con deducción. lo que puede ser demasiado oneroso. en valores públicos o privados. incluyen: . financiera y técnica. con igual significado de garantía. e inscritos en el correspondiente Registro.Se exige al contratista la constitución de fianza. Si la demora en dicho pago fuera superior a los 4 meses. Por ello la legislación de contratos suavizo aquellos principios reguladores del gasto que exigían un pago global final del precio del contrato. para permitir los pagos parciales y a cuenta de la liquidación final que se produce tras la recepción del contrato. de las sanciones que puedan imponerse al contratista. el contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los prejuicios que se le hubieren causado. en cuya documentación deberá acreditarse tal circunstancia. Si se produce demora por plazo superior a un mes en recepción del contrato. Los principios clásicos del gasto público exigen que el pago del precio por la Administración se realice una vez finalizada la obra y realizada la recepción o conformidad correspondiente. desplazar la carga financiera de la ejecución del contrato al contratista. que se certifica. De la fianza se incautara total o parcialmente la Administración para satisfacer o hacer efectivas las responsabilidades en que pueda incurrir el contratista. y de nueva fianza para ser adjudicatario del contrato. Cumplimiento por la Administración contratante: La Administración esta obligada a la recepción o conformidad del objeto del contrato en los plazos correspondientes. el propio pliego de cláusulas administrativas. . La fianza: consiste en una cantidad de dinero en metálico. en su caso. como requisito inexcusable para participar en el procedimiento de selección. en particular. La fianza provisional debe constituirse como requisito previo a la presentación de la solicitud de admisión al sistema de selección para la adjudicación del contrato. especialmente en los contratos de ejecución de obras de larga duración y gran presupuesto. en su caso. que le será incautada si por causas imputables al mismo no llega a formalizar el contrato. en su caso. Se devuelve inmediatamente tras la propuesta en las subastas o tras la adjudicación en los concursos a los candidatos no seleccionados. Garantías del cumplimiento de los contratos administrativos Las garantías de la ejecución de los contratos administrativos. . de los daños y prejuicios que pueda causar en la ejecución del contrato y de la incautación que se declare en los casos de resolución-sanción del contrato. Las certificaciones son documentos expedidos por la Administración contratante que acreditan la ejecución o preparación de la ejecución del contrato a que se refieren y que legitiman el abono de la parte ejecutada.Exigencia de que los empresarios candidatos cumplan determinados requisitos acreditando su solvencia económica. Esto representa. . la Administración reclamar mayores cantidades que las de la fiaza como resultado de las mayores responsabilidades del contratista. desde el punto de vista financiero. el contratista tendrá derecho a ser indemnizado. y ejercer. y se expiden mensualmente.2. en caso de que le sea adjudicado. Las fianzas son de varias clases: a) Fianza provisional: Garantiza la voluntad del empresario candidato de formalizar en contrato. de los abonos de las certificaciones previamente abonadas. La fianza no limita el alcance de las eventuales responsabilidades en que pueda incurrir el contratista. reteniéndose tan solo la del adjudicatario. el contratista tendrá derecho a la suspensión de la ejecución del contrato. b) Fianza definitiva: Responde del cumplimiento del contrato y. comunicándolo a la Administración con un mes de antelación. apremio sobre su patrimonio. como es norma general. Los pagos parciales se efectúan previa emisión de las correspondientes Certificaciones de obra o entrega de suministros. pudiendo.Se establecen retenciones sobre el pago de certificaciones de obra. 3. La segunda obligación fundamental de la Administración es el pago de precio estipulado en la generalidad de los contratos administrativos.
La fianza se devolverá al contratista una vez cumplido enteramente el contrato.La aplicación. II. T.Debe constituirse en el plazo de 15 días desde la adjudicación definitiva del contrato.La fijación. d. con perdida de la fianza provisional. El orden público económico puede explicarse como el normal funcionamiento del sistema económico. reprimir las situaciones que constituyan obstáculos creados por decisiones empresariales para el desarrollo de la competencia en el mercado. no guarden relación con el objeto de tales contratos. c. Interés es la tutela del mercado en cuanto a negocio individual. en otros ordenamientos se ha utilizado para explicar la proyección de la actividad administrativa de policía sobre el ámbito económico.La limitación o el control de la producción. LA REGULACION DE LA LIBRE COMPETENCIA: DERECHO COMUNITARIO Y ORDENMAIENTO ESPAÑOL. las autoridades españolas no pueden permitirlo en su ámbito.El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento . existen algunas reglas que disciplinan las relaciones entre ambos ordenamientos: a. c) Fianza global: Se establece en relación con todos los contratos que pueda celebrar el contratista con la Administración Pública ante la que constituye la fianza. La fianza global opera como una línea de descuento abierta en un establecimiento crediticio por un importe máximo.No son nulos los acuerdos que contribuyan a mejorar la producción o comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico. Las autoridades españolas pueden aplicar sus propias normas mientras no se inicie ninguno de los procedimientos que permite a la Comisión pronunciarse sobre la compatibilidad o incompatibilidad de una conducta con las reglas comunitarias de la competencia. Cuando la Comisión autorice un acuerdo. la distribución.La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que. de forma directa o indirecta. LAS CONDUCTAS Y PRACTICAS PROHIBIDAS POR LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMO MANIFESTACION DEL LLAMADO ORDEN PUBLICO ECONOMICO No ha hecho mucha fortuna en nuestra doctrina científica.11. . y partiendo del principio de la prevalencia y aplicabilidad inmediata del derecho comunitario. que tenga por objeto. Se desdobla en dos vertientes: prohibición de acuerdos o conciertos que restrinjan la libre competencia y prohibición de explotación abusiva de la posición dominante. de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio . Cuando un acuerdo se declare incompatible con el derecho comunitario. DERECHO DE LA COMPETENCIA I. restringir o falsear la competencia los que a continuación se detallan: . si no se hiciere así por causa imputable al contratista. produzca o pueda producir el efecto de impedir. . que se va inmovilizando por las cuantías que correspondan a las distintas fianzas provisionales o definitivas que deben constituirse. Pero esta regla se encuentra excepcionada para ciertos casos: . Efectos y exenciones Es conducta colusoria todo acuerdo. tras su liquidación y transcurrido el plazo de garantía. 1. Las conductas colusorias. El Derecho de la Libre competencia se un derecho administrativo del más puro corte clásico. en las relaciones comerciales o de servicio. Protección pública de la competencia se yuxtaponen el Derecho Comunitario y los Derechos nacionales. Se suscita la cuestión del ámbito de aplicación del derecho europeo y el español. y en su caso. Estos acuerdos son nulos de pleno derecho. El deslinde entre libre competencia y competencia desleal no siempre resulta fácil. dichas decisiones vinculan a las autoridades nacionales de defensa de la competencia. de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. el desarrollo técnico o las inversiones . III. resolviéndose el contrato. solo se aplica el derecho español a los supuestos en los que la afectación del mercado limite a los confines estrictamente nacionales. Las autoridades y tribunales españoles no pueden aplica regla alguna que este en contradicción con las normas europeas de defensa b. El TC ha dicho que la defensa de la competencia es una actividad administrativa dirigida a prevenir. siempre que permitan a usuarios participar de forma equitativa en sus ventajas.
esta ley también exime a las conducta de minimis.Volumen de negocios global en España de los participes supere en el ultimo ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros 2. . 39 LDC . Goza de recursos económicos propios.Los acuerdos y practicas restrictivas de la competencia pueden ser exceptuados de la regla general prohibitiva mediante un Reglamento comunitario o un Reglamento estatal. que: . 2. que actúa con autonomía orgánica y funcional. simple órgano administrativo inserto en el MEH. REACCIONES ANTE LAS CONDUCTAS INFRACTORIAS 1. Medidas de restablecimiento de la legalidad La Comisión Nacional de la Competencia puede ordenar a las empresas. compradores.Cumplan las medidas cautelares adoptadas . estudio y preparación de informes. IV. VI. La organización autonómica - . 3. . La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Las ayudas publicas La Comisión Nacional de la Competencia es competente para analizar.. Se estructura en tres órganos: . plena independencia de las Administraciones Publicas. La tutela administrativa de la libre competencia ha dejado de ser una competencia exclusivamente estatal.Como consecuencia de la concentración se adquiera una cuota igual o superior al 30% del mercado . Pero la Ley otorgando al Tribunal de Defensa de la Competencia el estatuto jurídico de Organismo Autónomo.Prohibiciones no se aplicaran tampoco a las conductas minimis.Deshagan una operación de concentración que haya sido declarada prohibida .Ordenes de cesación de las conductas prohibidas en un plazo determinado . uniones o agrupaciones de éstas.Remuevan los efectos provocados por una conducta restrictiva de la competencia . ya sean estructurales o de comportamiento.El Presidente. La comisión Nacional de Defensa de la Competencia Entidad de derecho publico adscrita al MEH. Control de las concentraciones económicas. requerimiento o acuerdo de la Comisión Nacional o del Consejo de Ministros . El TC estimo que las Comunidades Autónomas podían gozar de competencias de ejecución al respecto 2. los criterios de concesión de las ayudas publicas con sus posibles efectos sobre el mantenimiento de la competencia V. que ostenta funciones de dirección y representación de la comisión. Se produce concentración económica cuando tenga lugar un cambio estable del control de la totalidad o parte de una o varias empresas como consecuencia de la fusión de dos o mas empresas anteriormente independientes Las concentraciones que se ven sometidas al control son en las que concurre alguno de estas circunstancias: . elabora y aprueba con carácter anual su anteproyecto de presupuestos que lo eleva al acuerdo dl Gobierno y esta sometida al control Parlamentario. El abuso de posición dominante La LCD prohíbe la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio Las empresas están en posición de dominio cuando tienen la posibilidad de comportamientos independientes que les sitúen en condiciones de actuar sin tener excesivamente en cuenta a sus competidores. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPETENCIA 1.El Consejo.Cumplan lo ordenado en una resolución.Imposición de condiciones u obligaciones determinadas.La Dirección de Investigación.Ordenes de remoción de los efectos de las practicas prohibidas contrarias al interés publico. que aglutina las funciones instructoras que antes realizaba el Servicio de Defensa de la Competencia.Cumplan los efectos provocados por una conducta restrictiva de la competencia . Aspectos generales y competenciales Desde la Ley la tutela administrativa de la libre competencia se ha atribuido al Tribunal de Defensa de la Competencia. proveedores (…) lo que ocurre cuando tienen la posibilidad de determinar los precios o controlar la producción y distribución de una parte significativa de los productos en cuestión sin que tal situación tenga que provenir de un dominio absoluto. OTROS ASUNTOS OBJETO DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA 1.Cesen una conducta que haya sido declarada prohibida . órgano colegiado de resolución frente del cual se sitúa el Presidente y compuesto además por 6 consejeros .Cumpla los compromisos o condiciones adoptaos en las resoluciones de la Comisión Nacional o en los acuerdos del Consejo de Ministros .Cumplan el deber de colaboración previsto en el art. y dotado de autonomía orgánica y funcional. que realiza funciones de instrucción de los expedientes. asociaciones. . investigación.
se suscita un conflicto ante la Junta Consultiva. destinados al ejercicio regular de actividades comerciales) o Verifica las condiciones de seguridad. El inicio de la actividad comercial 1 Requisitos para dedicarse al comercio • Regulado por: • Código de comercio y las normas mercantiles • Ley de Ordenación del Comercio Minorista: Se prohíbe a“Los empresarios cuya normativa especial de la actividad que desarrollan les exija dedicarse exclusivamente a la misma” (art.: LA ORDENACION DEL COMERCIO I. dentro del mercado estatal. Lo que si queda claro es que el dictamen de la Junta Consultiva carece de carácter vinculante. tranquilidad y salubridad lo que implica:  Es una licencia de actividad o funcionamiento: debe cumplir las condiciones bajo las que se le otorgo la licencia durante toda su vida  Es un acto reglado que no concede a la Administración resquicio de discrecionalidad alguno.8) • Hay profesiones reguladas administrativamente por su especial titulación • Inscripción obligada en el Registro Mercantil y en los registros autonómicos 2 La apertura de establecimientos comerciales • Es libre aunque en relación a los bienes jurídicos existen requisitos y condiciones administrativas ( licencia de apertura) • Licencia de apertura: o técnica de intervención administrativa en la actividad privada o Licencia o autorización municipal a la que se sujeta la apertura de todos los establecimientos mercantiles ( locales de carácter fijo y permanente. se aproximan los bienes del productor al consumidor. Su objeto es que pueda llevarse a cabo una reivindicación del conocimiento del asunto por parte de aquel órgano que entienda que la resolución de dicho asunto entra entre sus competencias. El comercio interior: nociones generales • Comercio interior: la actividad de cambio por la que.12. La ley de Coordinación no aclara si el planteamiento de conflicto ante la Junta Consultiva es obligado o si puede pasarse del mismo y residenciar el conflicto competencial directamente ante los órganos jurisdiccionales competentes. ni puede imponer condiciones distintas a las previstas por ley o Algunas leyes autonómicas están fijando objetivos muy genéricos otorgando amplias potestades discrecionales a las autoridades administrativas o Consecuencias procedimentales de su carácter reglado  Puede adquirirse por silencio positivo por el transcurso del plazo previsto para resolverlas (un mes para pequeños establecimientos y dos para los demás)  Acto autorizatorio municipal ( otorgado por el Alcalde o la Junta de Gobierno) . • La ley regula el comercio interior y el régimen de autorización de los productos comerciales. • Es competencia exclusiva de las Comunidades autónomas • La libertad de comercio está incluida dentro de la libertad de empresa II. T. Al que dotan de personalidad jurídica propia y cuya composición sigue la tónica de primar la especialidad y la composición no burocrática de sus miembros. 4. Si ante el requerimiento formulado no hay avenimiento. El diseño se asemeja notablemente al que estaba vigente en el Estado antes de la publicación de la LDC.Las Comunidades Autónomas han ido construyendo sus propia organización de defensa de la competencia. La resolución de los conflictos que se susciten entre el ámbito de la actuación de los órganos estatales y autonómicos de defensa de la competencia Mecanismo de resolución de conflictos que consiste en generar un intercambio de información reciproco entre la CNDC y los órganos autonómicos de defensa de la competencia con respecto a los asuntos de los que esté conociendo cada uno de ellos.
destinándose al comercio al por menor de cualquier clase de artículos. instaladas en estaciones de transporte o en zonas turísticas. productos postales básicos. así como los días festivos de apertura y número de horas diarias. etc. aunque se habilita al Gobierno a fijar los precios de determinados productos Se suprime la existencia de precios comunicados Existen dos relaciones de productos para los que se fija el régimen de precios autorizados o La primera: electricidad. tengan una superficie útil para la exposición y venta al público a los 2500 metros cuadrados o Permite que las Comunidades Autónomas establezca los requisitos en virtud de los cuales se otorgará la calificación de gran establecimiento o El requisito mínimo es que exista un equipamiento comercial adecuado y que se ponderen los efectos del nuevo establecimiento sobre la estructura comercial de aquélla Se pueden crear Comisiones Territoriales de Equipamientos Comerciales para que informen No se aclara si la “segunda licencia” es una genuina licencia distinta de la de apertura o ambas describen un procedimiento La ordenación administrativa del desarrollo de la actividad comercial 1 La regulación de los horarios comerciales • La Ley 1/2004 establece que cada comerciante determinara con libertad el horario de apertura y cierre de sus establecimientos comerciales. floristerías. venta de combustibles. tarifas telefónicas. Los comerciantes tienen la obligación de dar publicidad al horario de apertura y cierre de sus establecimientos • • III. trasporte público regular por carretera y tarifas de RENFE de ámbito nacional  Los poderes públicos podrá fijar los precios o influir en ellos  La lista de tarifas que comprende puede ser modificada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos • Dicha comisión también otorga las autorizaciones de precios para la que los interesados tendrán que presentar una solicitud que deberá ser informada por la Dirección General de Política Económica o En caso de que sea electricidad. Límites: o limite máximo del horario global que establezca la Comunidad Autónoma (no menos de 72 horas semanales) o el número mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios pueden permanecer abiertos es de 12 salvo que los reduzca la Comunidad Autónoma Existe un régimen especial de libertad de días y horas para permanecen abiertos para los establecimientos: pastelerías. gas o telefónica por la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones • Para las autorizaciones de precios es obligada la audiencia a los sectores afectados (incluyendo las asociaciones de consumidores) o La otra relación se refiere al ámbito autonómico y comprende el precio del agua. conocida como segunda licencia Necesita un informe preceptivo del Tribunal de Defensa de la Competencia Se atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para concederla La ley de Ordenación del Comercio Minorista define gran establecimiento o Establecimientos que. tiendas de conveniencia. el transporte urbano de viajeros y las compañías ferroviarias de ámbito autonómico  Su determinación es parecida a los precios autorizados de ámbito nacional Se impone a los comerciantes que den publicidad del precio de sus mercancías de forma clara expresándolo en la unidad monetaria vigente • . gas. • • 2 La ordenación de los precios • • • Se establece el principio de libertad de precios.• • Licencia de obras no se concederá sin la licencia de apertura Las normas urbanísticas dedican mucha atención al “urbanismo comercial” o Es la ordenación espacial del comercio o Algunas Comunidades Autónomas diseñan instrumentos para abordar la planificación de los equipamientos comerciales 3 La implantación de grandes superficies comerciales • • • • Se exige una licencia específica para las grandes superficies comerciales.
Las modalidades específicas de venta. etc Prohibiciones y obligaciones administrativas o Se prohíbe la utilización de las denominaciones legales para anunciar ventas que no se correspondan con el concepto legal o Debe especificarse la duración y las condiciones aplicables a estas ventas o Si se incluye una reducción del precio deben marcar el precio original al lado del precio reducido o Hay que diferenciar cada tipo de actividad de promoción y aquellos que no son objeto de promoción Se prohíbe las “ventas a pérdida”: aquellas cuyo precio aplicado es inferior al de adquisición deduciendo la parte proporcional de los descuentos. en pública subasta. en paralelo a la Comunidad 2 El régimen de las importaciones .000 habitantes. ambulante. a través de la Secretaría General de Comercio Exterior o Se adscribe al Ministerio. Industria y Navegación y las Corporaciones de Derecho Público Las Comunidades Autónomas pueden desarrollar actividades de fomento Los Estados miembros no pueden celebrar acuerdos con terceros países. aunque la legislación autonómica ha bajado la cifra) o Para delimitar la zona hay que oir a los representantes de los sectores sociales implicados o Para ejercer la venta ambulante hay que someterse a autorización municipal e inscripción en el registro autonómico de vendedores ambulantes El comercio exterior V. directas. automáticas. en especial la venta ambulante Clasificación de las modalidades de venta según la Ley de Ordenación del Comercio Minorista o Técnicas promocionales utilizadas para incrementar las ventas: rebajas. promociones. Turismo y Comercio. con obsequios. 1 Nociones generales: la relación entre el Derecho Comunitario y el Derecho nacional • La intervención administrativa en materia de comercio exterior supone la presencia pública en los actos de tráfico comercial internacional (importación o exportación) • Existe un desplazamiento de la legislación nacional a favor de la legislación comunitaria • El tráfico entre los Estados miembros de la Comunidad Europea no se le puede denominar “comercio exterior” por desarrollarse en un mercado único ( si fuera comercio exterior habría una notable ampliación de las competencias del Estado) • Muchos aspectos del tráfico comercial se encuentran regulados por normas comunitarias que se imponen a la que los Estados miembros pudiesen emanar • La Comunidad Europea ve sus competencias limitadas por su pertenencia a la Organización Mundial de Comercio o La OMC acuerda un proceso de “arancelización” o La OMC acuerda el principio de acceso mínimo a los mercados: establecer aranceles inferiores al normal para garantizar el acceso de las importaciones a los mercados • • • La competencia sobre comercio exterior corresponde al Estado o Al Ministerio de Industria. Se podrá aplicar excepcionalmente: o Las ventas de saldos y en liquidación o Las que traten de alcanzar precios de competidores que afecten significativamente sus ventas o Artículos perecederos en las fechas próximas a su inutilización La venta ambulante: las realizadas por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente en lugares autorizados en instalaciones desmontables.IV. o Los Ayuntamientos deben delimitar una zona urbana de emplazamientos autorizados (para municipios con más de 50. ventas en liquidación. el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) o Como instrumentos de acción existen la Sociedad Estatal de Expansión Exterior y la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE) o Plan Cameral de Exportaciones que recoge las Cámara de Comercio. • • • • La intervención administrativa en las prácticas comerciales. etc o Ventas especiales: las distintas especies de compraventa en función de cómo se perfeccione el contrato: ventas a distancia.
• • • • • La normativa comunitaria cabecera es el Reglamento nº 3285/94 del Consejo. para esta segunda será requerido un documento de importación que será visado por las autoridades en un plazo máximo de 5 días o Puede limitarse a un ámbito regional Medidas de salvaguardia o Cuando las importaciones aumente de tal forma que amenacen con provocar un perjuicio grave a los productores comunitarios para ello puede:  Limitar el periodo de validez de los documentos de importación  Modificar el régimen de importación del producto o Pueden quedar limitadas para una región 3 La ordenación de las exportaciones o Reglamento 2603/69 del Consejo. de 22 de diciembre La importación en la Comunidad de productos originarios de terceros países es libre y no está sujeta a ninguna restricción cuantitativa Existe la posibilidad de adoptar medidas de vigilancia o de salvaguardia bajo determinadas circunstancias o Sigue un procedimiento de información y consulta y de investigación Medidas de vigilancia o Cuando la evolución de las importaciones amenace con provocar un perjuicio a los productores comunitarios o Puede ser vigilancia a posteriori o previa. de 20 de diciembre o Las exportaciones son libres y no están sometidas a restricciones cuantitativas o Existe régimen comunitario específico para ciertos productos o Establece un sistema de información y consulta entre la Comisión y los Estados miembros para poder establecer medidas de salvaguardia o Estas medidas se aprueban por el Consejo por mayoría cualificada. a propuesta de la Comisión 4 Los trámites aduaneros o Importaciones: para que una mercancía se considere que está en “libre práctica”: • Cumplir las formalidades • Pagar los derechos de aduanas y tasas correspondientes • El despacho a libre práctica confiere el estatuto aduanero de mercancía comunitaria a una mercancía originariamente no comunitaria • Hay que presentar una declaración de Despacho en un documento administrativo único (DUA) para conceder el “Levante” • Existen otros procedimientos simplificados  Declaración incompleta  Procedimiento de Domiciliación o El régimen de Despacho de Exportación es parecido • Tiene un procedimiento normal o simplificados para la presentación del DUA que se presenta en la Aduana de Exportación o el la Aduana de salida o Regímenes especiales: • Depósito aduanero • Régimen de perfeccionamiento activo • Régimen de transformaciones bajo control aduanero • Régimen de importación temporal • Régimen de perfeccionamiento pasivo • Régimen de tránsito .
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