Source: https://tc.vlex.es/vid/1-pa-12-4-1995-236667
Timestamp: 2020-05-31 06:03:56+00:00

Document:
STC 253/2004, 22 de Diciembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 236667
Número de Recurso: 2045/98
Cuestión de inconstitucionalidad 2045/1998. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Pontevedra respecto del párrafo segundo del art. 12.4 de la Ley del estatuto de los trabajadores, en la versión del texto refundido de 1995. Vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón del sexo: determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial. Voto particular.
Sentencia citada en: 403 sentencias, 44 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
El 8 de mayo de 1998 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Juzgado de lo Social núm. 1, de los de Pontevedra, al que se acompaña, junto a testimonio de los autos que tramita bajo el núm. 809/97, el Auto del citado Juzgado de 27 de abril de 1998, en el que plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto del párrafo segundo del art. 12.4 de la Ley del estatuto de los trabajadores (en adelante, LET), texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, denunciando su posible contradicción con el mandato de igualdad y prohibición de discriminación indirecta por sexo que se contiene en el art. 14 CE.
La cuestión surge en los autos de la demanda formulada por doña Rosalía Falcón Roma contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre reconocimiento del derecho a la prestación de incapacidad permanente total, por padecer dolencias que la incapacitan para su actividad de limpiadora. La solicitud de la actora había sido denegada por Resolución de la Dirección Provincial de Pontevedra del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 8 de septiembre de 1997, confirmada por Resolución del siguiente 6 de octubre que desestima la reclamación previa, por no reunir el periodo mínimo de cotización exigible a la fecha del hecho causante de conformidad con el art. 138.2 b) de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), pues necesitaba 4.045 días de cotización para causar derecho a la prestación y acreditaba en total 4.024 días.
El Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se fundamenta en las consideraciones siguientes:
La prestación de invalidez permanente le fue denegada a doña Rosalía Falcón Roma por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por la única razón de no acreditar el periodo mínimo de cotización legalmente exigible a la fecha del hecho causante de la prestación solicitada, que resultaba ser de 4.045 días, cuando la actora sólo acreditaba 4.024 días cotizados (incluyendo los correspondientes a pagas extraordinarias y al periodo de incapacidad temporal del que deriva la invalidez). Ello es así porque en los períodos en los que estuvo contratada a tiempo parcial (que el órgano judicial cifra, salvo error, en 2.346 días), el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce a la actora sólo 1.447 días de cotización, en aplicación del párrafo segundo del art. 12.4 LET, ya que se trata de contratos a tiempo parcial. Precisa el Magistrado-Juez que los periodos en los que la demandante estuvo contratada a tiempo parcial fueron de 1 de abril de 1987 a 31 de marzo de 1989; de 14 de noviembre de 1990 a 31 de octubre de 1991; de 1 de noviembre de 1992 a 18 de octubre de 1994; y de 1 de septiembre de 1995 a 30 de mayo de 1997, en la empresa Carpintería Barbeito.
El cómputo de los periodos cotizados a tiempo parcial que realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ajusta a lo establecido en el párrafo segundo del art. 12.4 II LET. Este precepto dispone que "para determinar los períodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones de Seguridad Social, incluida la de protección por desempleo, se computarán exclusivamente las horas trabajadas." El Juzgado proponente de la cuestión de inconstitucionalidad afirma que aplicando esta norma al supuesto planteado en el proceso a quo, el cálculo efectuado por el INSS sería correcto, por lo que la demanda -prosigue su razonamiento el órgano judicial- tendría que ser desestimada. Por el contrario, si se atendiera a los períodos de tiempo en los que el contrato de trabajo estuvo vigente, tal como se hace cuando se trata de trabajadores a tiempo completo, la demanda debería ser estimada. En consecuencia, concluye el órgano judicial proponente, de la constitucionalidad del párrafo segundo del art. 12.4 LET depende el fallo.
Dos son los motivos por los que el órgano judicial duda acerca de la constitucionalidad del precepto legal citado. De un lado, porque rompe el principio de proporcionalidad y, de otro, por su efecto discriminatorio sexista, vulnerándose en ambos casos lo dispuesto en el art. 14 CE. En cuanto al principio de proporcionalidad, que "es uno de los aspectos de la igualdad" (STC 177/1993, de 31 de mayo), considera el Juzgado que este principio justifica que la menor jornada de los trabajadores a tiempo parcial repercuta no sólo en una menor retribución que la percibida por trabajadores a tiempo completo, sino asimismo en una menor base reguladora de las prestaciones de Seguridad Social. Pero si influyese además en el cálculo del período de carencia, se produciría una "doble penalización" consistente en que un trabajador a tiempo parcial a media jornada, como es el caso de autos, necesitaría trabajar el doble de tiempo que un trabajador a tiempo completo para cubrir el tiempo de carencia exigida y, en el supuesto de que lo cumpliese y llegase a él, su base reguladora sería la mitad que la del trabajador a tiempo completo, en la misma actividad y categoría profesional.
Mediante providencia de 14 de octubre de 1998, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Pontevedra y dar traslado de las actuaciones recibidas, de conformidad con lo establecido por el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes; al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el plazo improrrogable de quince días, pudieran personarse en este proceso y formular las alegaciones que estimaren pertinentes. Finalmente resolvió publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado".
En el "Boletín Oficial del Estado" núm. 254, de 23 de octubre de 1998, se hizo pública la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad número 2045/98. Por escrito registrado en este Tribunal el 29 de octubre de 1998, la Presidencia del Congreso de los Diputados comunicó que, aunque no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, ponía a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pudiera precisar. El siguiente 30 de octubre de 1998 tuvo entrada el acuerdo de la Presidencia del Senado de personación en este procedimiento y de ofrecimiento de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
Por escrito registrado el 6 de noviembre de 1998, el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, formula alegaciones y pide la desestimación de la cuestión planteada. Recuerda que la regla del párrafo segundo del artículo 12.4 LET, en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se contiene asimismo en la disposición adicional séptima de la Ley general de Seguridad Social (LGSS). Pone de manifiesto que no se cuestiona en el caso ni el régimen jurídico del contrato parcial ni el cálculo de la base reguladora de las prestaciones de Seguridad Social, ni los requisitos para causar pensión por invalidez permanente exigidos por el art. 138.2 LGSS, sino única y exclusivamente la previsión legal de computar en los contratos a tiempo parcial -a diferencia del régimen del contrato a tiempo completo- sólo las horas efectivamente trabajadas para determinar los períodos de cotización exigidos para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social, en este caso la pensión por incapacidad permanente total.
El Fiscal General del Estado formuló alegaciones mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal el 13 de noviembre de 1998, en el que solicita la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad. Tras exponer los antecedentes del caso y citar la doctrina de las SSTC 145/1991 en relación con la discriminación indirecta, y 253/1988 y 177/1993, entre otras, en relación con la libertad de configuración del legislador en materia de protección de Seguridad Social, efectúa el Fiscal un breve recorrido histórico sobre la evolución legislativa del contrato a tiempo parcial, señalando que la finalidad de esta figura contractual es la de fomentar el empleo. Razona el Fiscal que las situaciones de un trabajador a jornada completa y de un trabajador a tiempo parcial no son equiparables y que lo que hace la norma cuestionada es sencillamente establecer un sistema distinto de cómputo temporal a efectos de períodos de cotización, que no conlleva trato desigual. Analiza el Ministerio Fiscal si es distinta la afirmación del órgano judicial de que el sistema instaurado impone al trabajador a tiempo parcial la obligación de trabajar más tiempo, en el caso de autos el doble de tiempo, que un trabajador a tiempo completo para cubrir el periodo de carencia. Sostiene que la respuesta no es simple ya que, si por tiempo se entiende el período temporal -años en que se ha de estar trabajando- lleva razón el órgano proponente, pero si por tiempo se entiende el tiempo trabajado carece de consistencia el razonamiento. El Juzgador se refiere al caso de autos, trabajador a media jornada, y si, a modo de ejemplo, en un periodo de carencia de dos años el trabajador a jornada completa realizara, por ejemplo, mil horas anuales la carencia exigida sería de dos mil horas anuales de trabajo realizado, en cambio al trabajador a tiempo parcial que lógicamente realizaría quinientas horas anuales, si el criterio fuera la mera extensión temporal del contrato, su carencia serían sólo mil horas trabajadas, siguiendo este sistema de cómputo. Con todo ello un trabajador a tiempo completo podría sentirse discriminado al exigírsele el doble de horas trabajadas máxime al no prever el sistema un mecanismo que permitiera que si no alcanzara el periodo de carencia, se le transmutara el contrato en uno a tiempo parcial, y por las horas trabajadas completar la carencia, aunque con las pertinentes reducciones en la base reguladora. Concluye que a un trabajador a tiempo parcial no se le está exigiendo, en comparación con un trabajador a jornada completa, más tiempo real trabajado para cubrir la carencia. Simplemente se instaura en ambos tipos de contrato de trabajo un sistema distinto de cómputo temporal que no conlleva trato desigual y, además, aparece justificado en circunstancias objetivas, no relacionadas con el sexo, como son el carácter contributivo de las prestaciones de Seguridad Social, que persigue como finalidad el equilibrio financiero del Sistema. Si ello es así la mayor proporción de trabajadoras de sexo femenino en los contratos a tiempo parcial no implica discriminación indirecta por razón de sexo.
Por providencia de 21 de diciembre de 2004 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
El Juzgado de lo Social núm. 1 de Pontevedra cuestiona la constitucionalidad del párrafo segundo del art. 12.4 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), en la redacción original del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la citada Ley, que reza:
Antes de abordar las dudas de constitucionalidad planteadas, resulta ilustrativo examinar la evolución legislativa de la regulación del contrato a tiempo parcial desde la perspectiva de su incidencia en la protección social.
Con posterioridad a esta regulación y antes de plantearse la presente cuestión de inconstitucionalidad, se publicó el Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo, que desarrolla en materia de Seguridad Social la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y fomento de la contratación indefinida, en relación con los contratos de trabajo a tiempo parcial, modificando asimismo otros aspectos del régimen jurídico aplicable a los trabajadores a tiempo parcial.
Conviene advertir que las modificaciones sobrevenidas tras el planteamiento de la presente cuestión en las reglas legales sobre cómputo de período de cotización para causar derecho a las prestaciones de Seguridad en los contratos a tiempo parcial no determinan la pérdida sobrevenida de objeto de la misma. Es doctrina reiterada de este Tribunal Constitucional que, en los procesos que dimanan de cuestiones de inconstitucionalidad, la derogación, modificación o sustitución de la norma cuya constitucionalidad se pone en duda no siempre priva de sentido al proceso constitucional, ni impide, por sí sola, el juicio de constitucionalidad sobre la misma, toda vez que la posible aplicación de la norma derogada, modificada o sustituida en el proceso a quo puede hacer necesario el pronunciamiento de este Tribunal. De modo que, a diferencia de lo que, por regla general, acontece en los recursos de inconstitucionalidad, en las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación, modificación o sustitución de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que tras esa derogación, modificación o sustitución resulte o no aplicable al proceso a quo y de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo (por todas, STC 37/2004, de 11 de marzo, FJ 1, con cita de otras anteriores).
La primera duda de constitucionalidad que plantea el órgano judicial proponente respecto del párrafo segundo del art. 12.4 LET, en su redacción de 1995, se refiere como ha quedado expuesto a la posible vulneración del principio de igualdad en la Ley consagrado en el art. 14 CE, por entender que la regla que se contiene en dicho precepto en cuanto al cómputo de los períodos de cotización para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social en los contratos a tiempo parcial quiebra el principio de proporcionalidad, que es uno de los aspectos del principio de igualdad, como se señala en la STC 177/1993, de 31 de mayo, FJ 3.
Para enjuiciar la constitucionalidad del art. 12.4, párrafo segundo, LET, desde la perspectiva apuntada, es oportuno recordar el concreto alcance de la matizada doctrina de este Tribunal sobre el derecho a la igualdad en la ley (art. 14 CE), cuyos rasgos esenciales resume nuestra STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 4 a): "a) no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos".
Pues bien, si se examina con atención la norma cuestionada resulta que en los términos estrictos en que la misma se establece, para determinar los períodos de cotización exigibles para causar derecho a las prestaciones cuando existen periodos trabajados a tiempo parcial, conduce a un resultado desproporcionado desde la perspectiva del derecho de igualdad, cuando menos en relación con aquellas prestaciones contributivas que exigen amplios periodos de cotización (como es el caso de las pensiones de jubilación e invalidez permanente), pudiendo generar incluso supuestos de desprotección ante situaciones reales de necesidad que afectan a trabajadores a tiempo parcial.
Las conclusiones que anteceden llevarían ya a declarar la inconstitucionalidad de la norma cuestionada por lesión del principio de igualdad en la Ley (art. 14 CE), desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida. Se ven reforzadas, en forma decisiva al abordar la otra duda de constitucionalidad que plantea el Juzgado proponente de la cuestión respecto del párrafo 2 del art. 12.4 LET, esto es, la vulneración del art. 14 CE desde la perspectiva de la posible discriminación indirecta por razón de sexo.
Como es lógico, en estos supuestos, cuando se denuncia una discriminación indirecta, no se exige aportar como término de comparación la existencia de un trato más beneficioso atribuido única y exclusivamente a los varones; basta, como han dicho tanto este Tribunal como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que exista, en primer lugar, una norma o una interpretación o aplicación de la misma que produzca efectos desfavorables para un grupo formado mayoritariamente, aunque no necesariamente de forma exclusiva, por trabajadoras femeninas (trabajadores a tiempo parcial -STJCE de 27 de junio de 1990-, trabajadores con menos de dos años de permanencia en su puesto de trabajo -STJCE de 9 de febrero de 1999-, trabajadores con menos fuerza física -STC 149/1991-, etc.). En estos supuestos es evidente que cuando se concluye que, por ejemplo, un tratamiento concreto de los trabajadores a tiempo parcial discrimina a las mujeres, no se está diciendo que en esta misma situación laboral se trata mejor a los varones que a las mujeres. Y, en segundo lugar, se requiere que los poderes públicos no puedan probar que la norma que dispensa una diferencia de trato responde a una medida de política social, justificada por razones objetivas y ajena a toda discriminación por razón de sexo (por todas, SSTJCE de 14 de diciembre de 1995, asunto The Queen v. Secretary of State for Health; de 20 de marzo de 2003, asunto Jorgensen, y de 11 de septiembre de 2003, asunto Steinicke).
En las actuaciones que se acompañan al Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad consta una publicación del Instituto de la Mujer, titulada "Las mujeres en cifras, 1997", en la cual figura una información estadística elaborada por dicho Instituto a partir de los datos de la encuesta de población activa, tercer trimestre de 1996 (Instituto Nacional de Estadística), conforme a la cual del total de la población ocupada en España en el referido trimestre a jornada completa (11.580.200 personas), las mujeres representaban el 31,50 por 100; y del total de la población ocupada a tiempo parcial en ese mismo trimestre (938.900 personas), las mujeres constituían el 75,16 por 100.
Todo lo expuesto conduce a la estimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad respecto del párrafo segundo del art. 12.4 LET, en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en cuanto establece que para determinar los periodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, se computarán exclusivamente las horas trabajadas. Restando únicamente por precisar que no es a este Tribunal, sino a los órganos judiciales, a quienes corresponde integrar, por los medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, la eventual laguna que la anulación del precepto cuestionado pudiera producir en orden al cómputo de los períodos de carencia para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social en caso de trabajadores a tiempo parcial.
Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia de fecha 22 de diciembre de 2004, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2045/98.
En primer lugar considero oportuno referirme a la problemática utilidad de la solución de la cuestión de inconstitucionalidad, y en relación con ella a la duda sobre la corrección de su planteamiento.
En el caso actual, habida cuenta que la Ley cuestionada se duplica en su contenido normativo en la disposición adicional séptima de la Ley general de la Seguridad Social (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994 -LGSS, en adelante-, según la redacción vigente en el momento del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad), y que la cuestión de inconstitucionalidad sólo se ha planteado respecto del art. 12.4 LET (en la redacción vigente a la sazón), y no respecto del otro precepto que lo duplica, una eventual estimación de la cuestión de inconstitucionalidad y consecuente declaración de nulidad del precepto cuestionado no satisfaría la finalidad prejudicial de la cuestión de inconstitucionalidad, pues el Juez de lo Social, al dictar la sentencia que proceda, no podrá prescindir de lo dispuesto en la disposición adicional séptima LGSS, puesto que esta norma legal mantiene su plena vigencia, y será ineludible su aplicación al caso. Ante esa realidad creo que debiera replantearse la corrección del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, pues, habida cuenta de las circunstancias, no se cumplen en ella las exigencias propias de su carácter prejudicial, y la funcionalidad de la misma para la adecuada solución constitucional del proceso a quo.
Para afrontar la cuestión a examinar me parece conveniente partir de las siguientes observaciones de carácter general:
El sentido normativo de un determinado texto legal, que tiene la significación funcional de pieza de un sistema, no puede establecerse aislándolo del sistema en que se integra. Su justificación constitucional debe inquirirse así en tanto que pieza del sistema, en este caso el sistema normativo de la Seguridad Social.
Desde la óptica constitucional el sistema de la Seguridad Social responde a un mandato constitucional, recogido en el art. 41 CE, debiendo en todo caso atenerse las normas que lo rigen a otras múltiples exigencias constitucionales, muy especialmente, por su proyección sobre el caso actual, al imperativo de igualdad del art. 14 CE.
En una visión global del sistema de la Seguridad Social es realista entender que difícilmente puede dar satisfacción completa a las pretensiones de cobertura de los sujetos beneficiarios, y ello por la casi constitutiva limitación de recursos; por lo que es dato de partida que existirán múltiples posibilidades de insatisfacción, desde las que es humanamente comprensible el planteamiento de agravios comparativos. Pero en esa tesitura lo procedentes es atender a la racionalidad de la ordenación general, y no a las distintas situaciones de agravio comparativo, que inevitablemente pueden generarse a partir de las propias limitaciones de esa ordenación, y pese a su racionalidad intrínseca.
En un juicio de globalidad del sistema de la Seguridad Social es imprescindible atender a la evolución normativa del mismo, cuya examen es especialmente revelador en este caso, para situar el requisito en cuestión a la hora del juicio constitucional de igualdad.
Un régimen tal de Seguridad Social tenía una consecuencia negativa en el paralelo ordenamiento de las relaciones laborales, en concreto en los contratos de jornada reducida (bien al día, semana o mes). La carga de la cotización al sistema de la Seguridad Social, al obligar a cotizar como si se trabajase una jornada completa, siendo así que la jornada era parcial, encarecía relativamente el coste de esos contratos, y entorpecía muy gravemente su utilidad como vehículos aptos de empleo, condenando prácticamente a este tipo de contratos a la marginalidad. En todo caso para los trabajadores con contratos de jornada reducida el período de cotización operaba en idénticos términos que en los contratos a jornada completa.
En un momento posterior en la evolución (el de la publicación en el año 1980 de la LET), cuando se advierte de la utilidad social del contrato con jornada reducida en cuanto vehículo de empleo, se les descarga de su excesivo coste contributivo a la Seguridad Social, y se establece la cotización por horas o días efectivamente trabajados (art. 12 LET).
El expediente técnico referido, por la inconsistencia de su base normativa, se descalificó por la jurisprudencia, con la consecuencia de abrir el acceso a las prestaciones a múltiples situaciones, que en el Ordenamiento precedente no tenían acceso a ellas con el cambio cualitativo del sentido del requisito del período de cotización.
Entrando ya en el caso actual en los elementos de juicio de igualdad deben hacerse las siguientes consideraciones:
El requisito del período de cotización en cuanto exponente de una determinada carga contributiva mínima a un sistema de Seguridad Social de base contributiva, es un requisito, cuya racionalidad lógica y jurídica en el sistema parece irreprochable. Que para llenar el mismo período de cotización exigible, los tiempos de espera (computando estos tiempos de espera como tales, no como períodos de cotización) sean distintos, no es sino consecuencia de las distintas situaciones de partida. En definitiva, lo que hay es un tratamiento distinto de situaciones en sí diferentes. Pero ese tratamiento no me parece que suscite dificultades desde la óptica del principio constitucional de igualdad. Mas la igualdad de trato se mantiene, si en vez de atender a la idea de tiempo de espera, se atiende a la de "período de cotización".
Todo juicio de igualdad respecto de distintas situaciones supone la referencia a un elemento normativo único. En el caso actual ese elemento normativo único, que ha de operar como parámetro del juicio de igualdad, es el requisito "período de cotización". Y no hay diferencias en relación a él, si se parte del sentido atribuido por la Ley en todo caso al "período de cotización", como carga contributiva calculada por días completos de cotización, que es como se concibió en el inicio del sistema de la Seguridad Social, y como, tras el paréntesis que va desde el año 1980 (art. 12 LET en su versión inicial) al Real Decreto 2319/1993, se ha vuelto a configurar a partir de este último Real Decreto.
Como mi criterio es que el "período de cotización" no es, ni puede ser, período de permanencia en el sistema, sino "período de cotización", calculado en días de cotización, creo que no hay tratamiento legal desigual, cuando se exige a todos el mismo "período de cotización", fijado en días, aunque el acceso a ese idéntico requisito se produzca, según las distintas situaciones personales de partida, a lo largo de lapsos temporales distintos.
La idea de relacionar conceptualmente dos elementos diferentes de la relación de Seguridad Social ("período de carencia" y "base reguladora de la prestación"), para enjuiciar desde el prisma constitucional de la igualdad uno de ellos, no me parece adecuada.
No puede perderse de vista que el sistema de la Seguridad Social se monta sobre una base contributiva, aunque no estrictamente sinalagmática, y sobre todo sobre unas bases explícitas de solidaridad. En ese marco general es fenómeno común que no toda cotización tiene una concreta utilidad para el que la soporta.
La consecuencia directa de las precedentes argumentaciones a la hora de afrontar el enjuiciamiento de la imputada discriminación indirecta por razón de sexo, es, a mi juicio, la de que tampoco puede sostenerse ésta, pues, según toda la normativa y jurisprudencia citada en el fundamento jurídico 7 de la Sentencia, si bien el punto de partida es la afectación mayoritaria a las mujeres, dato que no pongo en cuestión en este caso, no basta con ese solo dato para dar por sentada la discriminación, pues en toda esa normativa y jurisprudencia citada en la Sentencia, a la que desde aquí me remito, se incluye la salvedad de que la disposición, criterio o práctica cuestionadas pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.
Por todo lo expuesto, en mi criterio se debiera haber desestimado la cuestión de inconstitucionalidad, en tal sentido dejo formulado mi Voto.
Trabajadores a tiempo parcial y protección social: novedades en materia de cotización y reformulación de las reglas de cómputo de los períodos carencia...
STSJ Castilla-La Mancha , 30 de Junio de 2001
SAP Valencia 25/2008, 21 de Enero de 2008

References: resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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