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Timestamp: 2020-07-11 02:54:20+00:00

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Introduccion COIP | Derecho penal | Juez
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La catedra de los jueves la valoración de la prueba
INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Y SU VIGENCIA
Dr. Jorge M. Blum Carcelén Juez Nacional – Sala Penal CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
El martes 28 de enero de 2013, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, aceptando 69 de 73 observaciones u objeciones parciales, emitidas por el señor Presidente Constitucional de la República, promulgó el CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, que será publicado en los próximos días en el Registro Oficial, en el que se compendia en un mismo cuerpo normativo los códigos sustantivo, adjetivo y de ejecución penal, todos ellos de trascendental importancia para el funcionamiento del sistema penal.
La nueva normativa penal, está compuesta por la Exposición de Motivos, en la que se destaca su dimensión histórica, ya que el Ecuador desde su época republicana, ha promulgado cinco Códigos Penales en 1837, 1872, 1889, 1906 y 1938 y la codificación de 1971, produciéndose en cuarenta años, desde 1971 hasta mayo de 2010, cuarenta y seis reformas, sin contar más de doscientas normas no penales que tipifican infracciones; tornándolo antiguo, incompleto, disperso y retocado, ya que fue permanentemente modificado, incluyendo tipos penales que socialmente demandaban su expedición.
En materia procesal penal, el Ecuador ha contado con cinco leyes, encontrándose vigente la expedida en el año 2000, con el que se introdujo un cambio fundamental, con relación al adjetivo penal de 1983, pasando del sistema inquisitivo, al actual sistema acusatorio oral, pero para su aplicación se implementaron múltiples modificaciones, reformándolo en forma aislada en catorce oportunidades.
Respecto al Código de Ejecución de Penas, éste se publicó por primera vez en 1982 y fue reformado diez veces, pero desligadas de las normas
sustantivas y adjetivas, sin que se pueda lograr la tan ansiada rehabilitación de la persona privada de libertad, ni su reinserción a su medio social, con lo que la parte ejecutiva de la pena, no estaba acorde con un sistema humanitario moderno, sino que por el contrario se constituyó en deficiente y degradante.
Por mandato constitucional, era indispensable expedir una nueva normativa penal, para garantizar la dignidad del ser humano, adecuándola formal y materialmente a la Constitución de 2008 y a los tratados internacionales, surgiendo de esta forma la necesidad de actualizar el derecho penal, como ha ocurrido con la expedición del Código Orgánico Integral Penal.
Pero para que entre en vigor este nuevo Código Orgánico, la Asamblea Nacional, con la objeción parcial del señor Presidente de la República, ha señalado en la parte final del articulado, cuatro Disposiciones Generales; veintitrés Disposiciones Transitorias; catorce Disposiciones Reformatorias; veintiséis Disposiciones Derogatorias; y, una Disposición Final, que dice:
“El Código Orgánico Integral Penal, entrará en vigencia en ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, con excepción de las disposiciones reformatorias al Código Orgánico de la Función Judicial, que entrarán en vigencia a partir de la publicación de este Código en el Registro Oficial.”
Por ello, considerarnos pertinente preguntarnos ¿desde cuándo empieza a regir el Código Orgánico Integral Penal?, para contestarnos debemos recordar que el artículo 6 del Código Civil, establece que la ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el registro oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida por todos; sin embargo, dicha disposición también prevé, que en la misma ley, se designará un plazo para su vigencia, a partir de su promulgación, la que no podrá tener efecto retroactivo, ya que rige para lo venidero.
Indicar en la misma ley, que se concede un plazo para su vigencia, es lo que se denomina en derecho Vacatio legis, al período que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en vigor. Guillermo Cabanellas, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, señala que la
Vacatio legis, es el plazo inmediatamente posterior a su publicación, durante el cual no es obligatoria una ley. También es conocida como “vacaciones de la ley” o “Vacatio legis original”, es una suspensión temporal de la entrada en vigor de la ley, luego de su promulgación, suspensión que está prevista en la misma ley.
Por lo que `podemos indicar que la totalidad del Código Orgánico Integral Penal, no entrará a regir en 180 días, porque existen disposiciones transitorias que disponen su vigencia inmediata, luego de la publicación en el registro oficial, como son las normas del “Debido Proceso” y las que tienen relación con el libro segundo, que trata del procedimiento y las que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial, como pasamos a demostrar:
Sobre las Disposiciones Transitorias:
Primera: Los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación, que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso, previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible esté sancionada en el COIP.
Recordemos que las normas del debido proceso, están previstas en el artículo 76 de la Constitución de la República, señalándose que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al DEBIDO PROCESO, que incluirá las garantías básicas que indica dicha normativa constitucional.
Segunda: Las AUDIENCIAS establecidas en el libro Segundo, que trata del Procedimiento de este Código, entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial, por lo que no existe la Vacatio Legis, para estas disposiciones procesales, que describimos a continuación:
En el Título VI, se trata del procedimiento y en el capítulo primero sobre las normas generales en cuyo artículo 560 se refiere a la Oralidad, estableciéndose que el sistema procesal penal se fundamenta en el principio de la oralidad, que se desarrollará en las audiencias previstas en este código.
Art. 561: Contenido de las actas: Las actas de las audiencias son actas resumen y contienen exclusivamente la parte relevante. Ninguna audiencia deberá ser transcrita textualmente, pero deberá constar con la mayor exactitud lo resuelto lo resuelto por el juzgador; debiendo el Consejo de la Judicatura llevar un archivo por medios técnicos adecuados, de todas las audiencias.
El Artículo 562 COIP, se refiere a la publicidad de las audiencias, las que serán públicas en todas las etapas procesales. Pero son reservadas, respecto de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra la estructura del Estado constitucional.
El Art. 563 COIP, trata sobre las 15 reglas de las audiencias; las que se celebrarán en los casos previstos en este código; cuando no se la pueda llevar a cabo, se dejará constancia procesal y podrá suspenderse, previa justicación y por decisión del juzgador. Son públicas, con las excepciones respectivas, pero la deliberación es reservada; se rige por el principio de contradicción. Instalada la audiencia, el juzgador concede la palabra a quien lo solicite y abre la discusión sobre temas admisibles, pero el primer punto a tratarse será sobre la legalidad de detención. Se revolverá de manera motivada, en la misma audiencia y las partes serán notificadas solo con el pronunciamiento oral, y luego del plazo de 10 días la sentencia se reducirá a escrito y notificará. Los plazos para impugnar de las sentencias y autos definitivos no dictados en audiencia, correrán a partir de la notificación por escrito. El idioma oficial es el castellano, se designará traductor designado por el juzgador, para quienes no pueden entenderla o expresarse con facilidad.
En las audiencias habrá intérpretes, que pueden ser de confianza de quien los necesita, quienes podrán usar mecanismos y formas alternativas de comunicación visual, auditiva, sensorial. El juzgador dispondrá se verifique la presencia de los sujetos procesales indispensables; quien además controlará la disciplina, incluso podrá limitar el ingreso del público, se establecerá el tiempo de las intervenciones, de acuerdo a la naturaleza y al derecho de igualdad. Se contará con la presencia de los defensores privados y públicos y los sujetos procesales tienen derecho a intervenir por si mismos o a través de
su defensa técnica. En caso de personas jurídicas, podrá acudir el representante legal, delegados, o el procurador judicial o sus defensores.
No se podrá realizar la audiencia de juicio, sin la presencia del procesado, salvo los casos previstos en la Constitución. La no asistencia del procesado o defensor, que impida la realización de la audiencia, por causas no imputables a la administración de justicia, suspenderá de pleno derecho los plazos de la caducidad de la prisión preventiva, entre otras.
La Dirección de la audiencia, se trata en el artículo 564 COIP, las que estará a cargo del juzgador, debiendo controlar la actividad de los sujetos procesales, planificar el tiempo de la audiencia, en función del objetivo y requerimientos del caso y de la duración del proceso. Debe evitar las dilaciones o intervenciones repetitivas, impertinentes, podrá interrumpir para pedir aclaraciones o dirigir el debate. Las intervenciones, como las decisiones deben ser en lenguaje comprensible, claro, concreto e inteligible y todas las decisiones deberán adoptarse en la misma audiencia.
El artículo 565 se refiere a las Audiencias Telemáticas u otros medios similares, se las utiliza por razones de cooperación internacional, seguridad, utilidad procesal, cuando sea imposible la comparecencia de quien deba intervenir en la audiencia, previa autorización del juzgador, se la podrá realizar, en tiempo real, directa y fidedigna, a través de comunicaciones temáticas, videoconferencia; con los que se podrá observar y establecer comunicación oral y visual con la víctima, defensores, fiscal, perito, testigos; pero se permitirá al procesado que mantenga conversaciones en privado con su defensor; también se garantizará la contradicción; cuyas audiencias pueden ser presenciadas por el público, excepto en las de carácter reservada.
El Juzgador, mediante el artículo 566 COIP, podrá ordenar, a petición de parte, cuatro medidas de restricción; 1: audiencias cerradas al público y a la prensa, en los casos previstos en este código; 2: imponer a los sujetos procesales y a toda persona que acuda a la audiencia, guardar reserva sobre lo que ven, oyen, o perciben; 3: la reserva de identidad sobre datos personales, de los sujetos procesales, terceros, o de otros participantes del proceso; y, 4:
quien solicite la medida tendrá que explicar las razones ante el juzgador, quien decidirá sobre su procedencia.
El Juzgador podrá disponer otras medidas de restricción, de manera excepcional, siempre que no atenten contra los derechos de los sujetos procesales y atendiendo al principio de necesidad cuando, se expone a daño psicológico a las niñas, niños o adolescentes que intervengan en el proceso; cuando se encuentra amenazada la imparcialidad, o está en peligro el juzgador, víctimas, testigos, peritos y otros participantes del proceso; cuando se trate de delitos vinculados con la delincuencia organizada, terrorismo, su financiamiento, trata de personas, tráfico de migrantes, producción o tráfico ilícito a gran escala de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de armas, municiones y explosivos, lavado de activos, sicariato y secuestro.
Respecto a la suspensión y receso de las audiencias, el artículo 568 COIP, indica que de manera motivada, si el juzgador lo considera necesario, para el mejor desarrollo del proceso, el Juez, puede decretarlo, señalando nuevo día y hora, en el plazo de 5 días hasta concluirla; mientras el receso se podrá ordenar hasta por 2 horas, siempre que la audiencia se la reanude el mismo día.
El artículo 569 COIP, trata sobre las objeciones que las partes podrán realizar con fundamento, respecto de aquellas actuaciones que violenten los principios del debido proceso, como: 1.- la presentación de pruebas que han sido declaradas ilegales; 2.- la presentación de testigos improvisados o de última hora; 3.- los comentarios relacionados con el silencio de la persona procesada; 4.- la realización de preguntas autoincriminatorias, capciosas, compuestas, impertinentes, repetitivas, irrespetuosas, vagas o ambiguas, aquellas que están fuera de la esfera de percepción del testigo, sugestivas; EXCEPTO, en el contrainterrogatorio, opiniones, conclusiones y elucubraciones, salvo en los casos de peritos en el área de su experticia; 5.- los comentarios relacionados con el comportamiento anterior de la víctima. Presentada la objeción el juzgador la aceptará o negará y resolverá si el declarante contesta o se abstiene de hacerlo.
El artículo 570 COIP, se refiere a las Reglas especiales para el juzgamiento del delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, entre las que se encuentra: 1.- son competentes las y los jueces de garantías penales; 2.- intervienen fiscales y defensores públicos
especializados; 3.- las víctimas pueden acogerse al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso, antes, durante o después del proceso penal, siempre que las condiciones lo requieran.
También en la parte procesal, que adquiere vigencia con la publicación en el Registro Oficial del COIP, se trata sobre las excusas y recusaciones, señalándose 12 causas; sobre los plazos y horarios, señalándose las Reglas que deben cumplirse en cada una de las actuaciones procesales; sobre las notificaciones, en las que se señala el tiempo que debe mediar entre la notificación y la diligencia a practicarse; también sobre el Expediente y Registro, donde se establece el número único, así como las clases de expedientes físico y electrónico y el registro electrónico de los actos procesales, así como el registro por este medio de todas las audiencias.
Desde el artículo 589 hasta el 670 del Código Orgánico Integral Penal, se trata sobre las etapas del proceso, que ya no son cuatro como anteriormente, sino tres porque no se considera como etapa a la impugnación y ahora pasan a llamarse la primera: instrucción, la segunda: evaluación y preparatoria de juicio y la tercera juicio; luego se señala el plazo de duración de la instrucción, se trata sobre la vinculación y como novedad existe la “reformulación de cargos” para que el Fiscal corrija el tipo penal por el que se tramita la instrucción.
Se trata sobre el dictamen y abstención fiscal; sobre la audiencia preparatoria de juicio; respecto de la instalación y suspensión audiencia de juicio; las clases de procedimientos, como el procedimiento abreviado, procedimiento directo, el procedimiento expedito señalando las reglas que deben seguir en cada una de éstas audiencias y además las reglas procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar, así como el procedimiento para contravenciones de tránsito.
Se refiere a las reglas de procedimiento del ejercicio privado de la acción penal, como la audiencia de conciliación y juzgamiento en el ejercicio privado de la acción penal y las reglas generales impugnación y recursos, como el de apelación, casación, revisión, el recuso de hecho.
También se señala lo que tiene relación a los mecanismos alternativos de solución de conflictos y las reglas generales para las funciones de los jueces garantías penitenciarias; ya que todas estas disposiciones procesales, cobran vigencia con la publicación en el registro oficial del Código Orgánico Integral Penal, que deben ser aplicadas en forma inmediata.
En las disposiciones transitorias cuarta, quinta, se establece que los procesos, actuaciones y procedimientos de Repatriación y de adolescentes infractores, que se estén tramitando cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose, para el primero, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes al tiempo de su inicio hasta su conclusión; y el segundo, continuarán sustanciándose conforme el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y demás normas vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso previstas en la Constitución.
En la disposición transitoria Sexta, se otorga el plazo 150 días contados a partir de la publicación en el Registro Oficial para que el Consejo de la Judicatura, para la aplicación de los procedimientos especiales contemplado en el Libro II Procedimiento, y serán los juzgadores de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar donde funcionen los que asuman la competencia de las causas que estén tramitándose en procesos de contravenciones contra la mujer y la familia en las Comisarías de la Mujer y la Familia, Comisarías Nacionales e Intendencias de Policía; y, donde no existan estos juzgados especializados será competente la o el juzgador de familia, mujer, niñez y adolescencia o el de contravenciones, según el caso y en ese orden.
En la Disposición Transitoria Séptima, se otorga el plazo de 90 días para que el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, como política de salud pública, inicie el proceso de evaluación médica
a las personas privadas de libertad, quienes en el cumplimiento de su condena, hayan desarrollado un trastorno mental, debidamente comprobado.
La Disposición Transitoria Octava, concede el plazo de 60 días, contados desde la publicación del Código en el Registro Oficial, para que la Fiscalía General del Estado, en coordinación con las instituciones involucradas en el sistema dicte los reglamentos para la regulación, implementación y dirección del sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal y del Sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses.
La Disposiciones Transitorias Novena y Décima, conceden al Consejo de la Judicatura, el plazo máximo de 150 días, desde la publicación en el Registro Oficial, para que expida los Reglamentos necesarios para la implementación, aplicación y cumplimiento de las normas establecidas en el Libro II Procedimiento; y, para la implementación de los Centros de Mediación para adolescentes.
En las Disposiciones Transitorias Décima Primera y Décima Segunda, conceden al señor Presidente de la República, el plazo de 60 días, desde la publicación del Código en el Registro Oficial, para que conforme el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, designado a quien lo presidirá; así en el mismo plazo dictará el Reglamento para la implementación, aplicación y cumplimiento de las normas establecidas en el Libro III Ejecución de este Código.
La Disposición Décimo Tercera, concede el plazo de 60 días, desde la publicación en el Registro Oficial, a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a la Comisión de Tránsito del Ecuador y a los gobiernos autónomos descentralizados que hayan asumido la competencia de tránsito, para que dicten la normativa para la ejecución de la pena no privativa de libertad.
La Disposición Décimo Cuarta, concede el plazo de 150 días desde la publicación del Registro Oficial, al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos
Cultos, en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que dicte el Reglamento
para que las o los niños que se encuentren al cuidado de una persona privada de la libertad, en los centros de privación de la libertar sean reubicados en establecimientos adecuados, bajo el cuidado de un familiar cercano, garantizando el contacto permanente con sus progenitores.
La Disposición Décima Quinta, establece que la autoridad competente en materia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en 90 días, contados desde la publicación en el Registro Oficial, deberá emitir la tabla de cantidades de sustancias sujetas a fiscalización para producción o tráfico de mínima, mediana, alta y gran escala, con el fin de establecer la normativa referente a las cantidades establecidas para los delitos de producción o tráfico; y, en los casos de tenencia para el consumo, hasta que se emita la tabla, se aplicará la Resolución expedida por el Consep, publicada en el segundo suplemento del R.O. 19 del 20 de junio de 2013, que señala las cantidades mínimas que se puede portar para consumo personal, esto es, 10 gramos de marihuana, que se puede obtener de 15 a 20 porciones de tamaño de un cigarrillo; 2 gramos de base de cocaína, de la cual se puede obtener 5 cigarrillos; 1 gramo de clorhidrato de cocaína, que equivale a 10 líneas de 5 centímetros; 0.1 gramos de heroína, de las cuales se puede armar, inyectar o inhalar al menos 4 porciones; 0.015 de éxtasis y metanfetaminas; y, 0.040 gramos de anfetaminas, que equivalen a una pastilla.
Las Disposición Décimo Sexta, condene el plazo de 90 días a partir de la publicación en el Registro Oficial, al Consejo de la Judicatura, para que asigne los recursos humanos y económicos necesarios para el funcionamiento de las disposiciones que contiene este Código, inclusive para la creación de nuevas judicaturas, el archivo de los medios técnicos de las audiencias, el sistema de turnos y horario judicial especial, para las unidades de flagrancia; para la creación y funcionamiento de los centros de mediación en materia de adolescentes infractores,
La Disposición Décimo Séptima, concede 30 días de plazo, a partir de la publicación en el Registro Oficial, para que el Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública, para que inicien la capación de las y los juzgadores, fiscales, defensores públicos,
defensores privados, personal de la Policía Nacional, el personal de Rehabilitación Social, con la normativa del COIP.
La Disposición Décimo Octava, se refiere al establecimiento del sistema de correo electrónico, exclusivo para las notificaciones electrónicas en los procesos judiciales, para lo cual se le concede el plazo de 150 días al Consejo de la Judicatura; para ello los servidores judiciales, sin perjuicio de la notificación física, quedamos obligados a notificar por los medios electrónicos las providencias, resoluciones, actos administrativos, decretos, autos, y sentencias y su incumplimiento será sancionado conforme el Código Orgánico de la Función Judicial.
La Disposición Décimo Novena, se refiere a la puesta en funcionamiento del dispositivo de vigilancia electrónica y su respectiva plataforma, para lo cual se concede el plazo de 150 días al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y al Consejo de la Judicatura.
La Disposición Vigésima, condene el plazo de 60 días, a partir de la publicación del Código en el Registro Oficial, para que la Defensoría Pública implemente la Unidad de Defensa Jurídica de Víctimas, con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.
La Disposición Vigésimo Primera, señala que hasta que se nombren a las y los jueces de garantías penitenciarias, el conocimiento de las procesos de ejecución de las sentencias penales condenatorias, así como el control y supervisión judicial del régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicional, libertad controlada, prelibertad y medidas de seguridad de los condenados le corresponderá al Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos.
La Disposición Vigésimo Segunda, señala que para la acreditación de peritos especializados en cada una de las ramas de la salud, el Consejo de la Judicatura, de manera conjunta y coordinada con el Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía General del Estado, en el plazo máximo de 180 días,
contados a partir de la publicación en el Registro Oficial, deberán cumplir con dicho proceso de acreditación.
La Disposición Vigésima Tercera, concede el plazo de 180 días, desde la publicación en el Registro Oficial, para que el Consejo de la Judicatura, cree las oficinas técnicas con profesionales en medicina psicológica y trabajo social, para garantizar la intervención integral de las personas.
Sobre las Disposiciones Reformatorias:
En la primera disposición reformatoria, se sustituye del ordenamiento jurídico nacional los nombres de Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas por el de Código Orgánico Integral Penal; los jueces penales ordinarios o jueces penales, por el de juezas y jueces de garantías penales; el de imputado por procesado y ofendido por víctima.
La segunda disposición reformatoria, realiza agregados y sustituciones en 33 artículos el Código Orgánico de la Función Judicial, los que entran en vigencia con la publicación en el registro oficial del COIP:
1.- Se agrega al artículo 108 COFJ, después del 8, el numeral 9, considerándose como infracción grave disciplinaria, con sanción de suspensión, cuando se reitera la falta por tres ocasiones en el mismo año, el hecho de que no se notifique oportunamente providencias, resoluciones y actos administrativos, decretos, autos y sentencias.
2.- Se sustituye el numeral 8 del artículo 109 COFJ, que considera como infracción gravísima, con sanción de destitución, el hecho de haber recibido condena en firme como autor o cómplice de un delito doloso, reprimido con pena de privación de la libertad; de la anterior disposición se elimina, el hecho de ser sentenciado como encubridor.
3.- Se agregan dos numerales el 17 y 18 al artículo 109 COFJ, considerándose como infracción gravísima, con sanción de destitución, quien no comparece a
una audiencia, excepto por caso fortuito o fuerza mayor. También por el hecho de no citar o notificar a las personas investigadas cuando lo han solicitado en las investigaciones previas; o a las personas procesadas, en las investigaciones procesales, por delitos de ejercicio público de la acción.
4.- Se sustituye el numeral 7 del artículo 130 COFJ, entre las facultades jurisdiccionales de las y los Jueces, se debe disponer la comparecencia de las partes procesales, testigos y peritos, cuya presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, por medio de la Policía Nacional. Esta medida no podrá tener una duración superior a 24 horas, pero podrá reiterarse cuantas veces sea necesario hasta que se dé cumplimiento a la orden de comparecencia, sin perjuicio de que la o el juez imponga la multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
5.- Se sustituye el numeral 5 del artículo 131 COFJ, que se refiere a las facultades correctivas de los jueces, se incorpora la de sancionar a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
6.- En el artículo 131 COFJ, se agrega el numeral 6, en las facultades correctivas de los jueces y juezas, debiendo aplicar las demás sanciones que este Código y otras normas establezcan.
7.- A continuación del artículo 147 COFJ, que se a la validez y eficacia de los documentos electrónicos, se incorpora un artículo, titulado Sistema único de coordinación de audiencias y diligencias, compuesto por un sistema informático integrado y personal técnico asignado por cada uno de los órganos que participan en el proceso, que permita la coordinación eficaz entre los sujetos, partes y órganos auxiliares para el cumplimiento oportuno de las audiencias y diligencias procesales, para observar estrictamente los plazos en las diferentes etapas del proceso.
8.- En el artículo 153 numeral 1, se sustituye la palabra “absolutoria” por la frase “ratificatoria de inocencia”; este articulado se refiere a la suspensión de la jurisdicción.
9.- Luego del artículo 160 COFJ, se agrega un artículo titulado “Del Sorteo de las causas”, disponiéndose que en todo cuerpo pluripersonal de juzgamiento, sean Salas de la Corte Nacional, de las Corte Provinciales o Tribunales que cuenten con más de tres miembros para su conformación, se determinará a los juzgadores que deberán conocer la causa, mediante el sistema de sorteo, determinado por el Consejo de la Judicatura.
10.- Se sustituye el artículo 200 COFJ, que se refiere a las funciones de las y los Conjueces, donde se establece que el número de las o los Conjueces para la Corte Nacional y la Sala especializada a la cual serán asignados, será determinado por el Consejo de la Judicatura, en coordinación con el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quienes provendrán del concurso de selección de las y los jueces de la Corte Nacional que no fueron titularizados de acuerdo con la nota obtenida. En el caso de no contar con el número suficiente del banco de elegibles, se los procederá a designar, a partir del nivel octavo de la carrera judicial, quienes tendrán las mismas responsabilidades y régimen de incompatibilidad de los jueces titulares, desempeñarán sus funciones a tiempo completo con dedicación exclusiva.
En las Corte Provinciales, Tribunales y demás órganos pluripersonales de juzgamiento, la subrogación de los jueces se realizará por sorteo, de entre los otros titulares que conforman el órgano pluripersonal y en caso de no contar con suficientes miembros, se sorteará entre los no titularizados, conforme con los criterios y disposiciones del Consejo de la Judicatura; siendo este el único mecanismo de subrogación y las disposiciones comunes a este artículo que se contrapongan se entienden como no escritas.
11.- Se sustituye el inciso segundo del Art. 206 COFJ; en cuyo primer inciso se refiere a la conformación e integración de las Cortes Provinciales de Justicia, cambiándose el segundo inciso que dirá: sobre la base de estudios técnicos, una Corte Provincial podrá funcionar con un número inferior a las salas especializadas de la Corte Nacional; y, el Consejo de la Judicatura, según el modelo de gestión y al informe de viabilidad, determinará las competencias de acuerdo con la ley, así como el sistema de trabajo.
12.- Se sustituye el numeral 1 del artículo 208 COFJ que se refiere a las competencias de las Salas de las Cortes Provinciales, indicándose que
conocerán en segunda instancia, los recursos de apelación y nulidad, incluso los que provengan de sentencias dictadas en procesos contravencionales y los demás que establezca la ley.
13.- Se sustituye el inciso segundo del artículo 210 COFJ, que trata sobre las disposiciones comunes del Presidente de la Corte Provincial, disponiéndose ahora que el Presidente, podrá integrar la Sala a la que pertenece. La disposición anterior que se sustituye, disponía que el Presidente no integrará ninguna Sala.
14.- Se sustituye el artículo 220 COFJ, que se refiere a los Tribunales Penales, que ahora se denominará Tribunales de garantías penales, disponiéndose que en cada provincia habrá el número de juzgadores que determine el Consejo de la Judicatura para que integren los Tribunales de Garantías Penales, quienes serán competentes para conocer y resolver los procesos penales que se les asigne; debiendo el Consejo de la Judicatura determinar la localidad de la residencia y la circunscripción territorial en los que ejerzan competencia, pero en el caso, de no establecerlo, se entenderá que es provincial.
15.- Se sustituye el numeral 1 del artículo 221, que trataba sobre la competencia de los Tribunales Penales, para sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia; por el de sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la pena prevista para el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero y aquellos que deban tramitarse por el procedimiento directo o los que determine la ley.
16.- Se sustituye íntegramente el artículo 222, que trataba sobre la designación de Presidente del Tribunal, que se lo reemplaza con el título de “asignación de causas”, disponiéndose que para el conocimiento de cada causa, el Consejo de la Judicatura deberá establecer el sistema de sorteo, mediante el cual se determine a las o los juzgadores que conformarán el Tribunal; de igual forma por sorteo se seleccionará al juez ponente, quien presidirá el Tribunal y será competente para conocer las acciones por daños y perjuicios y demás atribuciones que establezca la ley.
17.- Se sustituye el artículo 223 COFJ, que se refería a los Jueces Temporales de los Tribunales Penales, el mismo que se cambia por el de reemplazo de miembros del Tribunal, para el caso de ausencia u otro impedimento de los juzgadores que conforman el Tribunal, su reemplazo será mediante sorteo entre los juzgadores designados por el Consejo de la Judicatura, para conformar los Tribunales de Garantías Penales; pero cuando no se cuente con el número suficiente, se lo designará por sorteo del banco de elegibles, conforme el sistema establecido por el Consejo.
18.- Se sustituye el Parágrafo IV, de la Sección IV, del Capítulo III, del Título III, que trataba sobre las Juezas y Jueces Penales Ordinarios; por el de Parágrafo IV Juezas y Jueces de Garantías Penales, disponiéndose que en cada provincia habrá el número de jueces de garantías penales que determine el Consejo de la Judicatura, el que señalará la localidad de su residencia y la circunscripción territorial en la que tengan competencia; cuando no lo indique se entenderá que es provincial, quienes conocerán, sustanciarán y dictarán sentencia, según el caso, en los procesos penales que asigne la ley.
Respecto a la competencia de los jueces de garantías penales, se indica que además de las conferidas en el Código Orgánico Integral Penal, serán: 1:
Garantizar los derechos de las personas procesadas y de la víctima durante las etapas procesales, conforme las facultades y deberes que le otorga la ley; 2:
Ordenar y practicar los actos probatorios urgentes que requieran autorización; 3: Dictar las medidas cautelares y de protección; 4: Sustanciar y resolver los procedimientos de ejercicio privado de la acción penal: 5: Sustanciar y resolver los procedimientos abreviados y directos; 6: Sustanciar y resolver las causas en todos aquellos procesos de ejercicio público de la acción penal que determina la ley; 7: Conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra las sentencias dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en el juzgamiento de infracciones contra la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; y, 8: Los demás casos que determine la ley.
19.- En el artículo 226 COFJ, que trata sobre la competencia de los jueces especializados, se elimina la frase “penales de lo militar, de lo policial”; y en la disposición reformatoria número 20, se elimina la totalidad del artículo 227 COFJ, que trataba sobre la competencia de los jueces penales de lo militar y
de lo policial; porque según las reformas de Julio de 2013 del COFJ dichas materias las conoce la Sala Penal, que actualmente tiene el nombre de Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito.
21.- Se sustituye el artículo 230 COFJ, que trata sobre las competencias de los jueces de garantías penitenciarias, estableciéndose que en las localidades donde exista un centro de rehabilitación social, habrá al menos, un juez de garantías penitenciarias, quienes tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de las personas privadas de libertad, con sentencia condenatoria, señalándoseles diez situaciones jurídicas que deben atender, entre ellas todas las garantías jurisdiccionales, salvo la acción extraordinaria de protección; resolver las impugnaciones de cualquier decisión emanada por autoridad competente relativas al régimen penitenciario.
Debemos tener presente, que el Consejo de la Judicatura mediante Resolución No. 18- 2014 del 29 de enero de 2014, vigente desde el 3 de febrero, amplió la competencia de los jueces de garantías penales de primer nivel, con asiento en la ciudad sede de la Corte Provincial donde existan establecimientos penitenciarios, para que conozcan y resuelvan los asuntos relacionados con la materia de garantías penitenciarias.
22.- Se sustituye el artículo 231 COFJ, que trata de las competencias de los jueces de contravenciones, estableciéndose en el COIP, que en cada distrito habrá el número de jueces de contravenciones que fije el Consejo de la Judicatura, determinando su residencia y circunscripción territorial en la que tengan competencia, pero en caso de no establecérsela será cantonal; quienes conocerán, entre otros, los hechos y actos de contravenciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, siempre que en su jurisdicción no existan jueces de violencia contra la mujer y la familia.
Los jueces de contravenciones, deberán conocer las contravenciones tipificadas en el COIP, que están descritas en el capítulo noveno, como contravenciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase, así como las contravenciones cometidas en escenarios deportivos y de concurrencia masiva. También las infracciones a la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor; conocer las diligencias preprocesales de prueba en materia penal y civil, la notificación de protestos de cheques; las actuaciones deprecadas o
comisionadas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados serán competentes para conocer y sustanciar las contravenciones establecidas en las ordenanzas municipales, quienes podrán imponer sanciones que no impliquen privación de la libertad.
23.- La disposición reformatoria 23, sustituye el artículo 232 COFJ, que trata sobre la competencia de los jueces de violencia contra la mujer y la familia, estableciéndose que en cada cantón, según los criterios de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, el Consejo de la Judicatura establecerá el número de jueces para dicha materia, quienes conocerán los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar; disponiéndose que cuando se apliquen medidas de protección, simultáneamente se fijará la pensión de alimentos; debiendo además crearse oficinas técnicas con profesionales de la medicina, psicología, trabajo social para garantizar la intervención integral.
24.- Se agrega un inciso luego del numeral 4 del artículo 234 COFJ, que trata sobre las atribuciones y deberes, de los jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia, quienes conocerán y resolverán en primera instancia las causas relativas a los adolescentes infractores, en los cantones en los que no exista este tipo de juez o jueza de adolescentes infractores.
25.- Se sustituye el artículo 248 COFJ, que trata sobre el voluntariado social en sus labores, indicándose que los jueces y juezas desempeñarán sus funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad, estableciéndose por parte del Consejo de la Judicatura, incentivos para los jueces de paz, como cursos de capacitación, becas para estudios en el país y en el extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño.
26.- Todo el artículo 249 que trata sobre la jurisdicción y competencia de los juzgados de paz, se lo sustituye, señalándose en el COIP, que habrá jueces de paz en aquellas parroquias rurales en los que lo soliciten los respectivos gobiernos parroquiales. En los barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades rurales habrá jueces de paz cuando lo soliciten al Consejo de la Judicatura, quien determinará la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus funciones.
27.- Se elimina el artículo 252 COFJ, que trataba sobre la subrogación de los jueces de paz; y en el numeral 28 de las disposiciones reformatorias se sustituye el artículo 253 COFJ, que trata sobre las atribuciones y deberes de los jueces de paz, quienes conocerán y resolverán, sobre la base de la conciliación y la equidad, los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta 5 salarios básicos unificados del trabajador en general. También serán competentes para conocer contravenciones que no impliquen privación de la libertad y en el caso de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes los jueces de paz, remitirán el expediente al juez competente y en ningún caso conocerán sobre los mismos y se aclara que la justicia de paz, no prevalecerá sobre la justicia indígena.
29.- Se sustituye el literal b) del numeral 8 del artículo 264 COFJ, que trata sobre las funciones del pleno del Consejo de la Judicatura, que se refería a establecer o modificar las sedes de las salas de las Cortes Provinciales, estableciéndose en el nuevo literal B) que el pleno del Consejo puede establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar competencia en que actuarán las salas de las Cortes Provinciales, Tribunales Penales, Tribunales de los Contencioso Administrativo y Tributarios, jueces de primer nivel, excepto las competencias en razón del fuero; estableciéndose que una misma sala o juzgador de primer nivel, podrá actuar y ejercer al mismo tiempo varias competencias.
31.- En el régimen disciplinario de los abogados en patrocinio de causas, se sustituye el numeral 10 del artículo 335 COFJ, encontrándose prohibido a los abogados, ausentarse de cualquier audiencia o diligencia judicial, en la que su presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, salvo por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. La sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado durará dos años, porque se agrega un numeral al artículo 337 COFJ.
También mediante las Disposiciones Reformatorias que contiene el COIP, se reforman cuatro artículos del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; seis artículos del Código Tributario; tres de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; la Ley de Migración, la Ley de
Minería; la Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero; la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia; el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pero éstas deben reformarse luego de 180 días, cuando entre en vigor la totalidad del código.
Sobre las Disposiciones Generales:
Respecto a las disposiciones generales que contiene el COIP, se señala en forma expresa lo siguiente:
PRIMERA: Que en lo no previsto en el C.O.I.P., se deberá aplicar lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil, solo si es aplicable con la naturaleza del proceso penal acusatorio oral.
SEGUNDA: Respecto a las infracciones cometidas en las comunidades indígenas, se deberá proceder conforme lo dispuesto por la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, lo establecido por el COFJ y en las leyes respectivas.
TERCERA: Para los casos de repatriación de personas extranjeras sentenciadas en Ecuador, las obligaciones de pago de multas quedan extinguidas, de conformidad con los convenios internacionales sobre esta materia.
CUARTA: En virtud de la objeción parcial del señor Presidente de la República, se cambia el proyecto de la Asamblea y se acoge la objeción, en lo referente a infracciones contra la administración aduanera, cuando el valor de las mercancías no exceda de los montos previstos para que se configure el tipo penal, no constituye delito y será sancionada como contravención administrativa por la autoridad aduanera con el 50% de la multa máxima establecida para cada delito.
Las Disposiciones Derogatorias:
El C.O.I.P., deroga el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, el Código de Ejecución de Penas, y determinados artículos de la Codificación del Código de Procedimiento Civil; de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; de la Ley de Usura; de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos; la Ley de Seguridad Social; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; de la Ley de Minería; la Ley de Desarrollo Agrario; la Ley General de Seguros; la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; la Codificación de la Ley de Mercado de Valores; la Codificación de la Ley de Migración; el título de las infracciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; varias disposiciones de la Codificación del Código Tributario; la Codificación de la Ley del Registro Único de Contribuyentes; de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual; de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia; de la Ley para reprimir el Lavado de Activos; y, la Codificación de la Ley de Aviación Civil.
Como podemos apreciar de la síntesis que hemos realizado en el presente Ensayo, concluimos que la totalidad del C.O.I.P., no tendrá una Vacatio legis de 180 días, como se decía mientras de construía el código en la Asamblea Nacional, sino que entrará en vigencia en forma inmediata con la publicación de su texto en el Registro Oficial, solo en la parte que se refiere a las disposiciones reformatorias al Código Orgánico de la Función Judicial, porque precisamente dichas reformas son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia del país, lo que tiene relación al cumplimiento de las normas del debido proceso y lo referente al procedimiento en el segundo libro del COIP, ya que según la objeción parcial que realizó señor Presidente de la República que fue acogida por la Asamblea Nacional, éstas disposiciones no merecen dilación alguna.
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 Artículo 562
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 artículo 565
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 artículo 568
 artículo 569
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 Resolución 
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