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Timestamp: 2016-09-26 20:58:50+00:00

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Población Indígena de Guatemala (1921 - 1981)
Año 1921 1940 1950 1973 1981 Porcentaje de la población total 65 % 56 % 54 % 44 % 42 %
Distribución lingüística, década de 1980
Idioma Quiché Cakchiquel Mam (maya) Tzutujil Achí Pokomán Porcentaje de la población indígena total 15 % 10 % 8% 2% 2% 1%
K’ICHE’( QUIQUE) MAM KAQCHIKEL Q’EQCHI’ Q’ANJOB’AL TZ’UTUJIL IXIL ACHI CHORTI POQOMCHI JAKALTERO POQOMAM CHUJ SAKAPULTEKO AKATEKO AWAKATEKO GARIFUNA ITZA SIKAPAKENSE TEKTITEKO USPANTEKO XINKA MOPAN 925.300 686.000 405.000 356.600 112.000 80.000 71.000 58.000 52.000 50.000 32.000 32.000 29.000 21.000 20.000 16.000 4.000 3.000 3.000 2.500 2.000 2.000 1.000
Constitución Política de la República de Guatemala de 1986
Promulgada el 31 de mayo de 1985, vigente desde el 14 de enero de 1986, temporalmente derogada en 1993 por el presidente Serrano Elías
Tema 1. Derechos fundamentales Texto constitucional TÍTULO II DERECHOS HUMANOS CAPÍTULO I Derechos individuales Artículo 4.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Artículo 28.- Derecho de petición Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
Derecho de petición, individual y colectiva
En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. 3. Acción contra infractores de derechos humanos y legitimidad de resistencia del pueblo Artículo 45.- Acción contra infractores y legitimidad de resistencia. La acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Artículo 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. TÍTULO II DERECHOS HUMANOS CAPÍTULO II Derechos Sociales SECCIÓN PRIMERA Familia Artículo 48.- Unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma.
Supremacía de tratados internacionales en materia de derechos humanos
Tema 6. Derecho a la cultura y al progreso
Texto constitucional TÍTULO II DERECHOS HUMANOS CAPÍTULO II Derechos Sociales SECCIÓN SEGUNDA Cultura Artículo 57.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la Nación. Artículo 58.- Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Artículo 60.- Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración salvo los casos que determine la ley. Artículo 62.- Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales. La expresión artística nacional, el arte popular, el folklore y las artesanías e industrias autóctonas, deben ser objeto de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada a tecnificación. TÍTULO II DERECHOS HUMANOS CAPÍTULO II Derechos Sociales SECCIÓN TERCERA Comunidades indígenas Artículo 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Artículo 67.- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.
Patrimonio cultural: concordancia con artículo 143
Protección especial a expresiones artísticas autóctonas
10. Reconocimiento, respeto, y promoción de cultura y costumbres indígenas de ascendencia maya
Tema 12. Distribución de tierras a comunidades indígenas por el Estado
Texto constitucional Artículo 68.- Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. Artículo 69.- Traslación de trabajadores y su protección. Las actividades laborales que impliquen traslación de trabajadores fuera de sus comunidades, serán objeto de protección y legislación que aseguren las condiciones adecuadas de salud, seguridad y previsión social que impidan el pago de salarios no ajustados a la ley, la desintegración de esas comunidades y en general todo trato discriminatorio. Artículo 70 .- Ley específica Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección TÍTULO II DERECHOS HUMANOS CAPÍTULO II Derechos Sociales SECCIÓN CUARTA Educación Artículo 76.- Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe.
TÍTULO II DERECHOS HUMANOS CAPÍTULO II Derechos Sociales SECCIÓN DÉCIMA Régimen económico y social Artículo 119.- Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado: ... j) Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica; ... TÍTULO II DERECHOS HUMANOS CAPÍTULO II Derechos Sociales SECCIÓN DÉCIMA Régimen económico y social Artículo 121.- Bienes del Estado. Son bienes del Estado: a) Los de dominio público;
Texto constitucional b) Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley; c) Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas o autónomas; d) La zona marítimo terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala; e) El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo; f) Los monumentos y las reliquias arqueológicas; g) Los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privativo que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas; y h) Las frecuencias radioeléctricas.
TÍTULO III EL ESTADO CAPÍTULO I El Estado y su forma de gobierno Artículo 140 .- Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo. Artículo 142.- De la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía, sobre: a) El territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos; b) La zona contigua del mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional; y c) Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva, en la extensión que fija la ley, conforme la práctica internacional. Artículo 143 .- Idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas, forman parte del patrimonio cultural de la Nación.
19. Ejercicio de soberanía, por ejemplo sobre recursos naturales
20. Idioma oficial: español en concordancia con el artículo 60
Tema 21. Integración Centroamericana
Texto constitucional TÍTULO III EL ESTADO CAPÍTULO II Relaciones internacionales del Estado Artículo 150.- De la comunidad centroamericana. Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás Estados que formaron la Federación de Centroamérica; deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad. TÍTULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES CAPÍTULO ÚNICO Disposiciones transitorias y finales Artículo 18.- Divulgación de la Constitución. En el curso del año de su vigencia, esta Constitución será ampliamente divulgada en lenguas Quiché, Mam, Cakchiquel y Kekchí.
Promulgación 14/1/1986 Forma de gobierno Población indígena Titular del derecho Convenio Convenio 107 (1957) 169 (1989) Jerarquía de Órganos Convenios Competentes internacionales • preeminencia del derecho internacional no figura
Gobierno • 23 grupos grupos étnicos, grupos no ratificado indígenas de republicano, ratificado el 4.945 ascendencia maya, democrático y 5/6/1996 millones cooperativas agrícolas representativo 48.01 % indígenas, (art. 140) (1994), otras comunidades estimaciones llegan hasta indígenas, población indígena, lenguas 70 % vernáculas
Nación pluricultural • (arts. 48; 57; 58; 66) Existencia histórica reconocida • (arts. 58; 66; 67; 143) Protección o promoción como colectivo • (arts. 58; 60; 62; 66; 67; 69; 143) Lenguas indígenas como idioma oficial español, lenguas vernáculas son patrimonio cultural, Divulgación de la constitución (arts. 66; 143; Disposiciones transitorias. 18) Educación bilingüe • (art. 76) Educación intercultural no figura
Definición • formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria (art. 67) Protección especial • (art. 67) Propiedad inajenable no figura Provisión de tierra • (art. 68) Usufructo de suelo Patrimonio cultural Biodiversidad y recursos genéticos no figura Pueblos indígenas en zona fronteriza no figura
no figura, • subsuelo es un protección de bien del Estado arte, folklore y (arts. 121e; 142) artesanía tradicional (art. 62)
Personería jurídica colectiva • (arts. 28; 67) Jurisdicción indígena no figura, cf. art. 66 Autonomía no figura, sólo respeto a sus formas de vida (art. 66) Representación en Legislativo no figura
08/07/1986 Decreto núm. 43 Ley de Alfabetización Acuerdo Gubernativo núm. 1.046 Decreto núm. 65 Ley de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala Decreto núm. 12 Ley de Educación Nacional Acuerdo Gubernativo núm. 137 Reglamento de la Ley de Alfabetización Decreto núm. 7.091, reformado por el decreto núm. 6-93 de febrero 9 de 1993 Código Procesal Penal Decreto 51 Acuerdo Gubernativo núm. 726 Créase la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural Acuerdo Gubernativo núm. 165 Crea las Direcciones Departamentales de Educación Decreto núm. 78 Código de la niñez y la juventud Ratificación del Convenio 169 Decreto Legislativo núm. 90-97 Código de Salud Decreto núm. 24 Ley del Fondo de Tierras Decreto núm. 7 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer Decreto núm. 24 Ley del Fondo de Tierras Acuerdo Gubernativo núm. 525 Crea la Defensoría de la Mujer Indígena Acuerdo Gubernativo núm. 129 Acuerda crear el Sistema Regional de Protección Especial del Patrimonio Cultural, con la atribución de proteger y conservar dentro de la reserva de la Biosfera Maya, las zonas y conjuntos arquitectónicos prehispánicos, como vestigios de la Civilización Maya.
23/11/1987 18/10/1990
02/10/1991 1992
05/06/1996 02/10/1997
La Constitución que marcó el comienzo del multiculturalismo constitucional
expresa en su Carta de 1980 el respeto por istóricamente, Guatemala ha prolas diversas corrientes culturales, que enducido abundante legislación en riquecen la sociedad (art. 35). Sin embarmateria indígena, que se inicia -al menos go, el enfoque general de ambas constituen lo que se refiere a disposiciones ciones no es propiamente multicultural, constitucionales- con el gobierno de Juan sino integracionista. José Arévalo del Frente Popular Libertador en 1945 y su sucesor Jacobo Arbenz Más del 42 por ciento de la Guzmán, desde 1951 hasta El Gobierno adoptará o promoverá población de Guatemala es su derrocamiento por un rémedidas para regularizar la situación indígena, según el Censo de gimen militar en 1954. jurídica de la posesión comunal de 1994, aunque otros estudiotierras por las comunidades que caresos estiman que las 23 coLa Constitución de 1945 cen de títulos de propiedad, incluyendeclara de interés y utilidad do la titulación de las tierras munidades étnicas podrían nacionales, el desarrollo de municipales o nacionales con clara tra- representar el 48 por ciento dición comunal. Para ello, en cada (4.945 millones) o hasta el una política integral para el municipio se realizará un inventario de 61 por ciento de la poblamejoramiento económico, la situación de tenencia de la tierra. ción global (6.284 millones): social y cultural de los grupos indígenas (art. 83), Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, concertado entre el Gobierno de El pueblo maya, el mayor en manteniéndose así las prerroGuatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional número de integrantes, gativas proteccionistas Guatemalteca (URNG), firmado en la ciudad de comprende las comunidades características de la época. México el 31 de marzo de 1995 (F. Derechos relativos a la tierra de los pueblos lingüísticas Achi’, Akateco, Al término de una época sanindígenas, 5) Awakateco, Ch’orti’, Chuj, grienta, caracterizada por el Itza, Ixil, Popti’, Q’anjob’al, militarismo, “escuadrones de Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, la muerte” y movimientos armados de Poqomam, Pocomchi’, Q’eqchi’, resistencia civil, Guatemala restablece en Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, 1985 un régimen democrático. Tz’utujil y Uspanteco. La población indígena está también integrada por los pocos Esta nueva Carta Magna, promulgada en sobrevivientes del antiguo pueblo xinca, y 1986, constituye el primer documento propor el pueblo garífuna, este último de raíces piamente “multicultural” de este tipo en la indígenas y africanas ubicado en áreas región: Guatemala está formada por divercercanas a la costa atlántica de Guatemasos grupos étnicos entre los que figuran la (CIDH, 2001: 1) los grupos indígenas de ascendencia maya (art. 66). A partir de esta innovación, los Un tema de mayor trascendencia que se países latinoamericanos comenzarán a inicia en la Carta guatemalteca es la defiredefinir constitucionalmente su conformanición de los amerindios como ción nacional. Dos países ya habían hedescendentes de grupos que anteceden a cho alusión anterior al tema de la la formación del Estado, porque este diversidad cultural: Panamá reconocía en reconocimiento -que en la Constitución su Constitución de 1972 que las tradiciones guatemalteca está implícito en folclóricas constituyen parte medular de formulaciones como grupos indígenas de la cultura nacional (art. 83) y Guyana
ascendencia maya (art. 66) y tierras que históricamente les pertenecen (art. 67)- es un punto de partida de inestimable valor para justificar la aceptación de un pluralismo jurídico y un régimen autonómico. Los Estados latinoamericanos se han mostrado cautelosos en este aspecto.
En este contexto cabe preguntarnos, ¿Hasta qué punto resulta la Constitución guatemalteca consecuente con su proclama multicutural? EsLos compromisos mencionados [en el tas disposiciones indigenistas Acuerdo sobre Identidad y Derechos de aparecen como un primer los Pueblos Indígenas] han sido práctiintento de dar un marco legal camente incumplidos por el Estado. No de contención a los problemas se ha dictado la legislación necesaria más agudos que padecen los para otorgar a las comunidades indípueblos amerindios en genas la debida protección legal de sus Guatemala (cfr. Aparicio tierras, no se las ha proveído de tierras estatales. ...el alto nivel de Wilhelmi, 1998: 158). conflictividad en torno a la tierra Recordemos también que los generado por la inexistencia de un índices socioeconómicos de las registro nacional, los despojos de que poblaciones nativas en han sido víctimas las comunidades Guatemala -como en muchas indígenas, la sobreexplotación de sus partes del mundo-se ubican en tierras, requiere del Estado Guatemalteco un mayor esfuerzo para lograr los niveles de extrema pobreza, objetivos propuestos en los acuerdos como ha confirmado el Banco de paz. Mundial en un estudio Comisión Interamericana de Derechos Humanos empírico:
todo por las medidas que se refieren a la protección de la tierra indígena (que es una importante fuente de bienestar, cfr. arts. 66 y 67), y por el artículo 69 que -partiendo de un hecho real: el empleo de indígenas como trabajadores fuera de sus colectividades- previene la desintegración de los vínculos comunitarios por causa de esta migración laboral. La Constitución, por último, también acepta la unión libre como una institución social (art. 48). Con todo, la Carta guatemalteca de 1986 se destaca más por su carácter precursor que por la amplitud de garantías ofrecidas, así por ejemplo, en relación a la autonomía o al derecho consuetudinario —ninguno de estos importantes tópicos figuran en este documento; la falta de correlación de los reconocimientos indigenistas con el resto de la Carta Magna también es evidente. El derecho a la identidad cultural de acuerdo a los valores, lengua y costumbres que se concede a las personas y las comunidades en el artículo 58, por ejemplo, debería reflejarse en la aceptación del multilinguismo oficial (cfr. art. 143). Y si las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la Nación, como se afirma en el artículo 143, deberían ser recordados fuera del apartado específico que trata de las “Comunidades indígenas”. Empero, el artículo 60 sobre el patrimonio cultural (en una sección titulada “Cultura”) omite el tema. En resumen, la fragilidad de estas garantías es evidente, a la falta de coherencia y profundidad de los derechos indígenas se suma también una redacción confusa (por ejemplo en el artículo 67, en el que se mezclan materias muy diferentes) y
Los indígenas de Guatemala figuran entre los más pobres de los pobres. Muestran los niveles de educación más bajos, el menor acceso a los servicios de salud, el menor acceso a los servicios básicos como agua y saneameinto, y sus niveles de ingreso son la mitad de los de los no indígenas. La mayor parte de los indígenas trabaja en el sector agrícola, en el que los salarios son inferiores a los de cualquier otro sector con la excepción de los servicios personales. En general, los salarios indígenas alcanzan en promedio a sólo 55 % de los salarios no indígenas (Steele, 1999: 138). Desde esta perspectiva de una situación de desamparo casi absoluto, este articulado resulta un instrumento valioso, sobre
multiétnica y multilingue y el reconocimiento específico de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca; de sus formas de vida, organización social, costumbres y tradiciones. En un referéndum caracterizado por Con estos artículos no es posible definir un alto abstencionismo que llegó en alguque somos parte de un país altamente nas zonas al 90 por ciento de los empaproductivo, ni mucho menos reconocer dronados, la reforma fue desaprobada por que somos mayoría. Es una lástima que un pequeño margen de diferencia. Así el cuando se promulgaron estas leyes no se Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos haya consultado a nuestros pueblos; estas de los Pueblos Indígenas no se transformó leyes fueron emitidas por nuestros en ley suprema, si bien el Gobierno guatehermanos ladinos, que quizá creyeron malteco, recientemente, reconveniente hacer mención de los indígenas, pero sin El Estado reconoce a las autoridades afirmó su vigencia como “potradicionales de las comunidades lítica de Estado”. darnos mayor seguridad indígenas, prevaleciendo la unidad (Tuyuc Velásquez, 1997: dela Nación, la integridad del territo¿Cuál es el alcance del 36). rio y la indivisibilidad del Estado de Guatemala. También reconoce, respeta Acuerdo y el desenlace de las Por otra parte es en el y protege su derecho a usar, conservar políticas estatales en la ámbito de convenios donde y desarrollar su arte, ciencia y materia? Entre los aspectos tecnología así como el derecho de positivos destacan la mayor más se ha avanzado en Guaacesso a lugares sagrados de dichos presencia de indígenas en los temala: el Acuerdo sobre la pueblos, bajo las modalidades que gobiernos locales y Identidad y los Derechos de estabelezca la ley. nacionales, en el marco de los Pueblos Indígenas entre la recuperación y estabilizael Gobierno y la Unidad ReProyecto de Reformas de la Constitución Política de la República de Guatemala, no aprobadas ción de la democracia, la volucionaria Nacional por el Referendum de 1999, Artículo 66 creación de Dirección Guatemalteca (URNG) de General de Educación Bilin1995 ofrece un catálogo güe Intercultural 1996 (DIGEBI), la firma bastante completo de derechos para la podel Convenio 169 en 1996, la Ley de blación maya, garífuno y xinca, y se orienta Dignificación y Promoción Integral de la principalmente en el Convenio 169 que Mujer en 1999. Algunas iniciativas, como este país centroamericano subscribió en el la reforma jurídica y legislativa realizada mismo año. en 2002 por el Congreso para tipificar la discriminación como delito demuestran El Gobierno guatemalteco asume en este que las políticas gubernamentales en madocumento el compromiso a promover una teria indígena no se han traducido en un reforma de la Constitución Política de la cuerpo legal reformado y articulado, sino República que defina y caracterice a la en iniciativas puntuales e improvisadas: Nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y Desde la subscripción del Acuerdo de Paz multilingüe (IV/A). Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996, fecha desde la cual tiene vigencia El Ejecutivo redactó en efecto un proyecto el acuerdo sobre identidad y derechos de de reforma constitucional, que fue sometida los pueblos indígenas, el cumplimiento de a aprobación de los guatemaltecos medianlos compromisos respecto de estos pueblos te Consulta Popular en mayo de 1999. La ha sido escaso, ha enfrentado dificultades propuesta contemplaba la caracterización y ha registrado ciertos avances. Entre los de la nación como pluricultural, la falta de un desarrollo legislativo. La diputada indígena Rosalina Tuyuc Velásquez señala al respecto:
Cuadro 18: La difusión del multiculturalismo en América Latina desde 1986
Fecha de promulgación de la Constitución
1986 (reformada en 1993)
1987 (reformada en 1995)
Nicaragua asume oficialmente su “naturaleza multiétnica” (art. 8) y les reconoce a las Comunidades de la Costa Atlántica el derecho de ”preservar y desarrollar su identidad cultura” (art. 89). Reconoce también ”las formas comunales de propiedad de las tierras” y el ”uso y disfrute de las aguas y bosques” (art. 89). El Capítulo IV Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica (Título IV) comprende 3 artículos (arts. 89-91). Brasil acepta y protege las diversas manifestaciones “de las culturas populares, indígenas y afrobrasileñas” (art. 215, 1°). El capítulo VIII De los Indios (Título VIII) -que consiste de dos artículos ampliados- les reconoce a los indios ”su organización social, costumbres, lenguas y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” (art. 231).
1991 (reformada en 2001)
1992 (reformada posteriormente en 2001)
México declara su “composición multicultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” (art. 4), reconoce ”la personalidad jurídica” de los núcleos de población indígena y ”protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas” (art. 27, VII). Con otra reforma en 2001, México amplía los preceptos a favor de los pueblos indígenas (art. 2). Paraguay se autodefine como “país pluricultural y bilingüe” (art. 140), garantiza el ”derecho de los pueblos indígenas a desarrollar su identidad étnica” (art. 64) y declara la propiedad comunaria ”inembargable e intransferible” (art. 64). El Capítulo V De los Pueblos indígenas (Título II, Parte I) comprende 5 artículos. Perú “reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación” (art. 2, 19°, Título III, capítulo II). En el Capítulo del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas (arts. 88-89) el Estado garantiza el derecho de su propiedad imprescriptible (pero no inajenable) y reconoce la personería jurídica de las comunidades. También se les reconoce a las autoridades indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales (art. 149). Bolivia se declara ”multiétnica y pluricultural” (art. 1), reconoce los derechos de los pueblos indígenas respecto de sus ”tierras comunitarias de origen”, su personalidad jurídica, y ejercicio de aplicación de normas (art. 171).
1995 (reformada)
Argentina delega al Congreso el reconocimiento de varios derechos: la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, respeto a su identidad, educación bilingüe e intercultural, personería jurídica y posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas (inciso 17 del artículo 75). Ecuador se proclama en 1996 ”Estado soberano, independiente, democrático, unitario, descentralizado, pluricultural y multiétnico” (art. 1). Dos años después repite en una nueva Constitución el carácter “pluricultural y multiétnico” de la nación (art. 1) y desarrolla un articulado amplio con múltiples referencias, contenidas especialmente en la Sección primera De los pueblos indígenas y negros afroecuatorianos (Titulo 3, capitulo 5): mantener la identidad, conservar la propiedad imprescriptible, participar en el uso y la administración de los recursos naturales renovables (art. 84). También instaura circunscripciones indígenas (art. 224) y reconoce a las autoridades indígenas ejercer funciones de justicia (art. 191). Venezuela se refunda como República ”multiétnica y pluricultural” (Preámbulo). El Capítulo VIII De los Derechos de los pueblos indígenas (Título III) comprende 8 artículos y un gran abanico de derechos: reconocimiento de la organización social, las tierras que ancestralmente ocupan son inalienables, demarcación, promoción de prácticas económicas, propiedad intelectual, participación en la Asamblea Nacional (arts. 119-126). A esto se suma la aplicación de instancias de justicia (art. 260).
Cuadro 19: La noción histórica de los pueblos indígenas en el constitucionalismo latinoamericano
Fecha de la Constitución
Guatemala contempla a los “diversos grupos étnicos”, entre ellos especialmente a los de “ascendencia maya” (art. 66). Además se establece que las “comunidades indígenas” podrán mantener su sistema de tenencia de “tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado” (art. 67). En el preámbulo de la Carta Magna de Nicaragua hay una mención (sin valor jurídico) de los fundadores históricos de la nación: “…evocando la lucha de nuestros antepasados indígenas”. La Constitución de Brasil les reconoce a los indios “los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” (art. 231), que es una referencia a una disposición colonial de 1680. También en Colombia encontramos una mención a un concepto de la colonia: “las tierras de resguardo” (art. 63). La formulación de la Constitución reformada de México es explícita: “La Nación mexicana tiene una composición multicultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” (art. 4, transformado posteriormente en el art. 2 con las reformas de 2001). En Paraguay la referencia al pasado amerindio también es contundente: “Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo” (art. 62). Bolivia, igual que Brasil y Colombia, define la preexistencia de las comunidades indígenas a través de su pertenencia local, al mencionar “sus tierras comunitarias de origen” (art. 171). Argentina reconoce a sus pueblos indígenas y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” (art. 75, 17°). La actual Constitución del Ecuador alude a los “idiomas ancestrales” (art. 1), e incluso define a los “pueblos indígenas” como “nacionalidades de raíces ancestrales” (art. 83). Venezuela reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y sus “derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan” (art. 119).
1992 (reformada):
1994 (reformada)
Los indígenas fueron los más maltratados por los actos de violencia ocurridos entre 1982 y 1983
“El período más sangriento de la historia” BBC Mundo 22 de marzo de 2002
Frank La Rue, director ejecutivo del Centro para Acción Legal de Derechos Humanos de Guatemala, habló con la BBC de lo que denomina “el genocidio” de 200.000 personas a manos del gobierno militar. -¿Cómo evalúa Ud los acontecimientos de hace 20 años? “Yo creo que la situación de Guatemala hace 20 años era una situación absolutamente trágica. Vivíamos un baño de sangre bajo el Gobierno de Romeo Lucas García, donde se leía el periódico para ver quiénes eran los asesinados del día anterior, o los desaparecidos. Y en ese contexto se da el golpe de estado de general Ríos Montt, que inicialmente provocó en la población el sentimiento de que eran oficiales jóvenes que iban a enmendar la plana, a cambiar la política, y no resultó así. Se cambió de estrategia, se pasó de los asesinatos y secuestros selectivos en los sectores urbanos, a las masacres más sistemáticas en el interior del país. Lo que el ejército hizo en ese momento fue modernizar la contrainsurgencia, desarrollando lo que llamaron el “Plan de Tierra Arrasada”. Desde el golpe de Ríos Montt hasta el momento en que él terminó, es decir, de marzo del 82 a agosto del 83, hubo más de 440 aldeas destruídas totalmente, quemadas, los animales muertos, y las poblaciones masacradas con mucho tormento y mucho énfasis en el sufrimiento, específicamente actos de ensañamiento contra las mujeres embarazadas. Lo cual le da el carácter de genocidio a esta acción y a este período. Es sin duda alguna, después de la Conquista española hace 500 años, el período más sangriento de la historia de Guatemala”. -¿Por qué el hombre al que se responsabiliza por esta situación no ha sido llevado a la justicia? “Durante los años 80, hubo en principio Gobiernos militares... Después vino la transición al primer gobierno civil, el de Vinicio Cerezo, transición que todos calificamos de importante, pero durante la cual los millitares mantuvieron un gran control todavía y un poder de veto sobre el aparato de Estado. En ese ambiente era prácticamente imposible que el sistema de justicia funcionara en forma eficiente. No hubo procesos contra nadie, contra ninguno de los militares, ni las fuerzas de seguridad del Estado que habían desencadenado este terrible plan contra cualquier opositor político. Algunos tribunales hicieron actos simbólicos, de abrir un proceso con la información que les llegaba. Lo abrían e inmediatemente lo cerraban, sólo para documentar el hecho de que habían recibido la información de un cadáver... También aquí hay un elemento de racismo contra los indígenas, de nuevo, porque ya de las masacres que sucedieron en el interior no hubo nada, ni siquiera un expediente inicial en los tribunales. Muchas de estas masacres pasaron desconocidas por años, porque sucedieron en regiones remotas donde la información tardó en salir. Y nadie llegó a visitar esos lugares porque estaban totalmente militarizados.... No hubo acción legal ninguna pero tampoco había posibilidades de emprenderla... Era un cierre total de los espacios democráticos en el país durante la década de los 80". ¿Qué pasa con este caso que se ha presentado contra el general Ríos Montt ante la justicia guatemalteca? “Nosotros creemos en el concepto de justicia en momentos de transición. Es imposible que en una sociedad que pasa del conflicto a la paz se procesen todos los casos. En Guatemala hubo 200.000 víctimas, según la Comisón de Esclarecimiento Histórico. Reconocemos que sería imposible llevar 200.000 procesos. Ningún sistema judicial del mundo lo soportaría. Creemos, sin embargo, que algunos casos simbólicos deben darse, pues son estos casos simbólicos los que hacen que la población recupere la confianza en un estado de derecho, que la población pueda establecer que la democracia avanza, que se les escucha, especialmente a las víctimas de zonas más remotas. Es por eso que, aunque sea 20 años después, las comunidades que sufrieron el genocidio, tanto bajo el gobierno de Lucas García como bajo el gobierno de Ríos Montt, se animaron a presentar una demanda. Esto es muy importante. A nosotros nos parece que el genocidio es el peor crimen que puede haber...porque engloba a una serie de otros crímenes, el de asesinato, el de tortura, el de desapariciones, el de desaparición por razón de origen étnico o cultural. En ese contexto nosotros creemos que estos hechos marcaron la historia del país. Cuando un país ha atravesado por un período de genocidio, ese período se vuelve el más importante de la historia de ese país. Este caso es una verdadera prueba para la democracia y para el estado de derecho, porque debe demostrar que es capaz de hacer justicia, por lo menos en los casos más significativos, más grotescos.
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