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Timestamp: 2019-10-14 07:55:28+00:00

Document:
STC 155/1985, 12 de Noviembre de 1985 - Jurisprudencia - VLEX 15034416
STC 155/1985, 12 de Noviembre de 1985
Fecha de Resolución: 12 de Noviembre de 1985
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 600/1984
1. El derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24.1 de la C.E., comprende, entre otros, el derecho a que se ejecuten las Sentencias de los Tribunales, sin el cual la tutela de los derechos e intereses legítimos de los que obtuviesen una Sentencia favorable no sería precisamente efectivo, sino que podría limitarse a conseguir declaraciones de intenciones y reconocimiento de derechos sin alcance práctico (STC 32/1982 y otras posteriores). Corresponde a los Tribunales velar por ese cumplimiento, como declara expresamente el art. 117.3 de la C.E. 2. En el caso de que la resolución judicial haya de ser cumplida por un Ente público, éste «ha de llevarla a cabo con la necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, por imponerlo así el art. 118 de la C.E., y cuando esta obstaculización se produzca el Juez ha de adoptar las medidas necesarias para la ejecución, de acuerdo con las leyes» (STC 67/1984). 3. Cuando la ejecución sea física o jurídicamente imposible, sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan podido incurrir los que hayan causado esa imposibilidad, ello ha de ser declarado expresamente en resolución motivada por el Juez o Tribunal competente, lo cual, además, en la jurisdicción contencioso-administrativa está previsto en el art. 107 de la Ley reguladora de esa jurisdicción. 4. El derecho a exigir que las Sentencias se cumplan sin dilaciones indebidas, si bien no se confunde con el derecho a su ejecución, se encuentra en íntima relación con el mismo, pues es claro que el retraso injustificado en la adopción de las medidas afecta en el tiempo a la efectividad del derecho fundamental (STC 26/1983 y 67/1984).
Sentencia citada en: 202 sentencias, 13 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 600/1984, promovido por don José I. D., representado por el Procurador don Mauro F. y G. O., bajo la dirección del Letrado don Luis I. D., contra el Auto de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1984, dictado en ejecución de la Sentencia de la misma Sala de 28 de octubre de 1981 (núm. 510.050). Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Angel L. S., quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 31 de julio de 1984 tuvo entrada en este Tribunal Constitucional escrito del Procurador don Mauro F. y G. O., en nombre y representación de don José I. D., por el que se interponía recurso de amparo contra el Auto de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1984, por supuesta vulneración del art. 24 de la Constitución. Del citado escrito y de las actuaciones recibidas en su día, resulta, en sustancia, lo siguiente:
B) El recurrente interesó de la Sala por escrito de 28 de junio de 1982 que adoptase las medidas procedentes para el cumplimiento de la Sentencia, ya que a pesar de que el Ministro de Transportes ordenó por Resolución de 30 de noviembre de 1981 que fuese cumplida en sus propios términos, y de que habían pasado más de seis meses desde la fecha de recepción por la autoridad administrativa del testimonio de la Sentencia, está sin ejecutar. La Sala, por providencia de 20 de septiembre de 1982, recabó del Ministerio de Transportes y Comunicaciones estado de ejecución de dicha Sentencia. El 18 de noviembre del mismo año reiteró su anterior escrito, por no habérsele notificado el informe solicitado. La Sala, por nueva providencia de 6 de diciembre, reiteró su petición de informe al Ministerio. Esta providencia fue recurrida en súplica por el solicitante del amparo, que, aparte de pedir que se dedujese el tanto de culpa por desobediencia, solicitaba que se diese al Ministerio un último plazo de diez días para que informase sobre la ejecución de la Sentencia. La Sala rechazó el recurso por Auto de 8 de febrero de 1983. Con anterioridad la Dirección General de Correos y Telecomunicación dictó Resolución de fecha 12 de enero del mismo año, por la cual, de conformidad con la Sentencia citada del Tribunal Supremo, se reponía al funcionario del Cuerpo Superior Postal don José I. D. (A09TC33) a la situación jurídica individualizada en que se encontraba al publicarse la Orden de 4 de julio..., y que era la de funcionario del Cuerpo Técnico de Correos, a extinguir, con el número de Registro de Personal AI4J02932, continuando en la misma situación de supernumerario en la Caja Postal de Ahorros. Ante tal Resolución, el recurrente presentó escrito a la Sala de fecha 24 de enero de 1983, alegando que aquélla no se ajustaba a derecho por incumplir la Sentencia y perjudicaba sus legítimos intereses por rebajarle de categoría profesional y discriminarle respecto a sus compañeros que accedieron con él al Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación. Expone que en tanto sus compañeros que concursaron y fueron nombrados funcionarios del Cuerpo Superior no se vean afectados por la nulidad de la Orden de 4 de julio, el dicente no puede ser excluido del mismo, ya que en este caso no se le puede reponer en la situación jurídica individualizada en que se encontraba al publicarse aquella Orden, dado que su situación jurídica individualizada ha de valorarse en relación con sus compañeros de escalafón que con él accedieron al Cuerpo Superior. También se le ha privado de la posibilidad de optar entre la integración en el nuevo Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación o la permanencia en el Cuerpo Técnico declarado a extinguir, concedida por la Ley 75/1978, de 26 de diciembre, disposición transitoria primera, a los funcionarios de este último Cuerpo que no accediesen al Cuerpo Superior. Terminaba el recurrente pidiendo en su escrito que se declarase nula de pleno Derecho la Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación de 12 de enero de 1982, por la que se le excluía del Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación; que se proveyese lo necesario hasta que la Sentencia se llevase a puro y debido efecto, y que se dedujese el tanto de culpa para exigir responsabilidad penal por los delitos de desobediencia y privación a los funcionarios responsables de la inejecución de la Sentencia y de la Resolución antes citada.
E) Por providencia de 5 de diciembre de 1983 acordó la Sala librar comunicaciones al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para que en relación con la ejecución de la Sentencia manifestase los efectos que han producido la Orden de dicho Ministerio de 4 de julio de 1979 y las Resoluciones de la Dirección General de Correos y Telecomunicación de 24 de noviembre de 1979 y 26 de marzo de 1980, y si se aplicaron los baremos de la Orden de 4 de julio de 1979, para acceso a los Cuerpos Superior Postal y de Telecomunicación, Orden anulada por la referida Sentencia. El Ministerio contestó por escrito de fecha 21 de diciembre, por el que, en el concurso al Cuerpo Superior se aplicaron los baremos establecidos en la Orden de julio de 1979 y que también se aplicaron los fijados en la misma Orden al concurso a los Cuerpos de Gestión, Ejecutivo, Técnicos Especializados y Auxiliares Técnicos, y aporta datos numéricos de resultado de todos esos concursos. Por providencia de 28 de febrero de 1984 la Sala acordó que se librase nueva comunicación al Director general de Correos y Telecomunicación para que manifestase si al reponer al recurrente don José I. D. (ahora solicitante del amparo) en la situación jurídica en que se encontraba al publicarse la Orden de 4 de julio de 1979, anulada por la Sentencia, se le había producido perjuicio o postergación a causa de los nombramientos efectuados al amparo de dicha Orden y, en caso de haberse producido, se tomen las medidas adecuadas para que el derecho reconocido al recurrente en la Sentencia tenga la eficacia necesaria para su debido cumplimiento. Por escrito de 12 de marzo de 1984 y a la vista de la providencia antes citada el recurrente solicitó de la Sala que dictase nueva providencia interesando de la mencionada Dirección General que informase detalladamente sobre todos y cada uno de los actos posteriores y derivados de la Orden de 4 de julio de 1979, que traen causa de la misma, así como si dicha Orden y dichos actos han sido dejados sin efecto por la Administración o, por el contrario, permanecen vigentes. Con fecha 28 de marzo de 1984 el Fiscal General del Estado, que se había interesado ya por la ejecución de la Sentencia, reiteró este interés señalando que dicha ejecución no se limitaba a la reposición del recurrente en su situación jurídica individualizada, sino que suponía también la ineficacia de las resoluciones dictadas al amparo de la Orden de 4 de julio de 1979. Por escrito de 24 de abril de 1984 el recurrente solicitó que se decidiese sin más dilación sobre lo solicitado por su escrito inmediatamente anterior. Por providencia de 25 de mayo del mismo año la Sala requirió nuevamente a la Administración para que comunicase a la Sala la información pedida en su providencia de 28 de febrero pasado. Con fecha 31 de mayo, siempre de 1984, el solicitante interpuso recurso de súplica contra la providencia que se acaba de citar. Tras recordar que no se ha proveído a su escrito de 12 de marzo de 1983 reiterado por el de 24 de abril siguiente, señala la incongruencia que en su opinión existe entre la providencia citada y sus escritos, ya que en estos pide la anulación de las resoluciones por las que se convocaba y resolvía el concurso para el Cuerpo Superior mientras que la providencia impugnada se refiere a su situación jurídica individualizada. Termina el recurrente pidiendo que se provea a lo por él pedido haciendo ejecutar lo juzgado, sin perjuicio de deducir el tanto de culpa por el delito de desobediencia. Por Auto de 5 de julio de 1984, la Sala desestimó el recurso, manteniendo la providencia impugnada y el alcance de la ejecución de la Sentencia, sólo en cuanto afecta al legítimo interés y derecho del demandante en Auto. El Auto motiva la decisión en que el recurrente carece de legitimación para pedir que se deje sin efecto los nombramientos producidos y concursos convocados, sin consecuencia alguna perjudicial para el actor y referente a personas, tanto posiblemente beneficiadas como perjudicadas que no han sido parte en el proceso. Su legitimación existe por tener un interés directo en la anulación de la Orden impugnada y ser titular de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, y esta legitimación es la única que funda sus pretensiones, tanto para demandar el reconocimiento de las mismas, cuanto en la ejecución de la Sentencia que las estimó. Le recuerda también que salvo supuestos que no son del caso no se reconoce en nuestro procedimiento contencioso-administrativo la acción popular y que el recurrente carece de poder para que la Sentencia se aplique a personas que no la han solicitado. El recurrente, por escrito de 11 de julio, renovó sus alegaciones exponiendo o reiterando las razones que a su juicio abonaban que afectaba a su legítimo interés y derecho la anulación de las Resoluciones de la Dirección General de Correos y Telecomunicación de 24 de noviembre de 1979 y 26 de marzo de 1980. El 3 de septiembre de 1984 la Sala reitera otra vez al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones el cumplimiento de su providencia de 25 de mayo. El 11 de septiembre el recurrente presentó recurso de súplica contra esa providencia. Tras invocar expresamente el art. 24 de la Constitución y la doctrina de este Tribunal Constitucional relativa a la ejecución de las Sentencias, pide de nuevo la ejecución de la Sentencia y la anulación de las Resoluciones tantas veces citadas por lo que se refiere al Cuerpo Superior, así como deducción del tanto de culpa. Por Auto de 18 de octubre de 1984 la Sala desestima el recurso por entender que en realidad el recurso se dirige contra el Auto que desestimó la providencia de 25 de mayo y que es irrecurrible. Días antes, por escrito de 3 de octubre el Fiscal General había reiterado de nuevo el ruego de que se informase del estado actual de la Sentencia, lo que la Sala acordó hacer por providencia de 18 de octubre de 1984. No figuran en las actuaciones que se cierran con una diligencia del 29 del mismo mes ni el texto de ese informe ni la contestación del Ministerio a la solicitud hecha por la Sala en providencia de 28 de febrero de 1984, reiterada por las de 25 de mayo y 3 de septiembre del mismo año, relativa al alcance de la reposición del recurrente en su situación jurídica individualizada.
2. Nos encontramos, por tanto, con un recurso de amparo cuya finalidad es obtener la ejecución de una Sentencia. En reiteradas Sentencias este Tribunal Constitucional ha declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24.1 de la Constitución, comprende, entre otros, el derecho a que se ejecuten las Sentencias de los Tribunales, sin el cual la tutela de los derechos e intereses legítimos de los que obtuviesen una Sentencia favorable no sería precisamente efectiva, sino que podría limitarse a conseguir declaraciones de intenciones y reconocimiento de derechos sin alcance práctico (STC núm. 32/1982, de 28 de junio, y otras posteriores). Por otra parte, y por tratarse de la exigencia de «tutela judicial», resulta también claro que es a los Tribunales a quien corresponde velar por ese cumplimiento, como declara expresamente el art. 117.3, según el cual «el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales».
Ello es independiente de que la resolución judicial haya de ser cumplida por un ente público, pues en tal caso, el ente «ha de llevarla a cabo con la necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, por imponerlo así el art. 118 de la Constitución, y cuando tal obstaculización se produzca el Juez ha de adoptar las medidas necesarias para la ejecución, de acuerdo con las leyes» (STC núm. 67/1984, de 7 de junio). Ciertamente podría plantearse el caso de qué ocurre cuando la ejecución es física o jurídicamente imposible, caso planteado en el reciente de 25 de septiembre de 1985 (R.A. núm. 442/1985) y resuelto en el sentido de que en tal circunstancia no cabe exigir la ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan podido incurrir los que hayan causado esa imposibilidad. Pero en este supuesto la imposibilidad ha de ser declarada expresamente en resolución motivada por el Juez o Tribunal competente, lo que, además, en la jurisdicción contencioso-administrativa está previsto en el art. 107 de la Ley reguladora de esa jurisdicción. En el presente caso ni la Administración ha considerado tal imposibilidad, aplicando dicho artículo, ni la Sala Sentenciadora la ha declarado, antes bien la Administración resolvió, como se ha dicho, que la Sentencia se cumpliera en sus propios términos.
3. Hechas las anteriores precisiones queda delimitado el objeto del recurso de amparo que consiste en determinar si la Sala sentenciadora en su Auto de 5 de julio de 1985 ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la Constitución al denegar la adopción de las medidas adecuadas a la ejecución de la Sentencia. La Sala en este Auto no afirma expresamente que la Administración haya cumplido la Sentencia, sino que rechaza la pretensión del recurrente a que se dejen sin efecto los nombramientos producidos sin consecuencia alguna perjudicial para el actor, por carecer de interés en ello, ya que su interés se limita a la reparación del perjuicio que se le produjo o postergación que sufrió a consecuencia de la Orden anulada y a su reposición en la situación jurídica individualizada que le corresponde. Parece, pues, que lo que se aplica es el viejo principio de que, salvo en los casos en que se admite la acción popular, no está legitimado para ejercer una acción quien no tiene un interés personal en ello, según el conocido adagio point d'interêt, point d'action. El mismo art. 24.1 de la Constitución garantiza a todos la tutela judicial efectiva en el ejercicio de «sus derechos e intereses legítimos», lo que supone que, con arreglo a este artículo, el derecho constitucional a dicha tutela sólo existe en defensa de derechos e intereses personales.
El derecho a exigir que las Sentencias se cumplan sin dilaciones indebidas, si bien no se confunde con el derecho a su ejecución, se encuentra en íntima relación con el mismo, pues es claro que el retraso injustificado en la adopción de las medidas indicadas afecta en el tiempo a la efectividad del derecho fundamental (SSTC núms. 26/1983, de 13 de abril, y 67/1984, de 7 de junio). En el caso presente, la Sentencia de la Sala Quinta se dictó el 28 de octubre de 1981. El recurrente pidió la ejecución el 28 de junio de 1982, sin que conste aún que la Sentencia haya sido ejecutada. No puede oponerse a esta larga dilación que la Administración dictó la Resolución de 12 de enero de 1983, por la que se reponía al recurrente en su situación jurídica individualizada, pues es lo cierto que a partir de esa fecha no sólo multiplicó sus escritos el recurrente en protesta por lo que entendía que se trataba de un simulacro de ejecución, sino que la misma Sala reiteró la petición de informes a la Administración sobre la forma en que se había cumplido la Sentencia y se interesó por la misma el Fiscal General del Estado. Es decir, y esto es lo esencial, que no consta ni en el momento presente que la Sentencia se haya cumplido en sus propios términos, ni siquiera en lo que se refiere, como se ha dicho, al legítimo interés del recurrente.
STS 837/2010, 29 de Septiembre de 2010
ATC 91/2014, 28 de Marzo de 2014

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