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Timestamp: 2018-07-17 21:26:50+00:00

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Sentencia nº 30/2018 de Tribunal Constitucional, Pleno, 22 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 707094457
Sentencia nº 30/2018 de Tribunal Constitucional, Pleno, 22 de Marzo de 2018
Número de Recurso: 6305-2014
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 21 de octubre de 2014, la Abogada de la Generalitat de Cataluña, en representación del Gobierno de Cataluña, ha promovido conflicto positivo de competencia contra el Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
El Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, constituye el desarrollo reglamentario del apartado cuarto de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa (LOMCE), y desarrolla también parcialmente el apartado tercero de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), introducido también por la LOMCE.
El Real Decreto 591/2014 tiene un contenido fundamentalmente procedimental puesto que, básicamente, desarrolla el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la compensación de los gastos de escolarización, el procedimiento de liquidación y pago por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, en menor medida, el procedimiento de repercusión a la Administración autonómica de las cantidades pagadas. Tras examinar el contenido del real decreto impugnado, la Abogada de la Generalitat de Cataluña señala que aquel traslada a la Administración estatal el ejercicio de competencias en materia educativa que corresponden a las Comunidades Autónomas, por lo que su regulación vulnera las competencias de la Generalitat.
Procede, a continuación, el escrito de la Abogada de la Generalitat de Cataluña a examinar el marco competencial que, desde la perspectiva de la materia afectada, no es otro que los ámbitos materiales de la lengua propia y de la educación, para concluir que lo que se cuestiona en el presente conflicto es el hecho de que se atribuyan al Estado, mediante el Real Decreto 591/2014, funciones de ejecución en materia de educación para la aplicación de los principios y parámetros mínimos de uso de las lenguas oficiales, sustituyendo a la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias.
El Real Decreto 591/2014, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional trigésima octava LOE y, excediendo el ámbito competencial que corresponde al Estado en materia de educación, desarrolla un procedimiento de reconocimiento de un derecho de compensación por los gastos de escolarización, que comporta un control sobre el ejercicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y que, además, habilita para que sean órganos de la Administración General del Estado los que ejerzan actividades de carácter ejecutivo, de instrucción y resolución.
De acuerdo con el escrito de la Abogada de la Generalitat, no cabe dar a los términos “regulación” y “normas básicas”, contenidos en los artículos 149.1.1 y 149.1.30 CE, un entendimiento que incluya la reserva al Estado de funciones de mera ejecución administrativa o de ejecución sustitutoria por parte de los órganos del Ministerio de Educación.
Por providencia de 18 de noviembre de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y, en su representación y defensa, por la Abogada del mismo, frente al Gobierno de la Nación, en relación con el Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización, previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Se acordó, asimismo, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que, en el plazo de 20 días y por medio de la representación procesal que determina el artículo 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aportara cuantos documentos y alegaciones considerara pertinentes. Se acordó, también, comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a los efectos del artículo 61.2 LOTC, y publicar dicha incoación en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
El día 25 de noviembre de 2014, el Abogado del Estado se personó en el proceso, en nombre del Gobierno de la Nación, solicitando una prórroga del plazo inicialmente concedido para formular alegaciones, lo que así le fue aceptado por providencia de 27 de noviembre de 2014.
El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el día 7 de enero de 2015, instando la desestimación del conflicto, en atención a la argumentación que se sintetiza seguidamente.
Señala, en primer lugar, la inconcreción de los preceptos impugnados y de los motivos de impugnación. Para el Abogado del Estado, la Comunidad Autónoma de Cataluña no plantea un verdadero conflicto de competencia con el Estado, sino que reproduce la impugnación de la LOMCE.
Procede, a continuación, el escrito del Abogado del Estado a examinar las competencias del Estado en materia de educación. Y prosigue examinando, en detalle, el mecanismo de asunción de costes de escolarización diseñado por la LOMCE. Para el Abogado del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.1 CE y en el artículo 27 CE, que atribuyen al Estado la alta inspección y, en cuanto competencia que le es propia, la función de garantizar y salvaguardar el derecho a recibir la enseñanza en castellano. Ello tiene como consecuencia que no estemos ante una ejecución subsidiaria de una competencia ajena, que no se trate de una competencia de ejecución, sino de fijación de las bases mediante una norma jurídica; además, que no se trate de potestades de control del Estado sobre las Comunidades Autónomas, sino una mera acreditación de un hecho a través de un procedimiento administrativo y el ineludible cumplimiento de un deber constitucional que pesa sobre el Estado; y, finalmente, que no se imponga a la Comunidad Autónoma correspondiente una forma concreta de actuación.
Por providencia de 20 de marzo de 2018, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.
El presente conflicto positivo de competencia se promueve por la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).
Una vez recordado lo anterior, corresponde examinar la concreta impugnación realizada en el presente conflicto, para lo cual es necesario subrayar que la reciente STC 14/2018 , de 20 de febrero, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de aquellos preceptos de la LOE, en la redacción introducida por la LOMCE, que se encuentran explícitamente desarrollados por la norma impugnada en el presente proceso.
En efecto, la norma impugnada —el Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación—, tiene por objeto, tal y como dispone su artículo1, “regular, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a la compensación de los gastos de escolarización y el procedimiento de liquidación y pago por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de estos gastos a los representantes legales de los alumnos”.
La STC 14/2018 , de 20 de febrero ha declarado inconstitucionales y nulos, tanto la disposición adicional trigésima octava, apartado cuarto c), párrafos 3, 4 y 5, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 11 de aquella Sentencia, como el apartado tercero de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), añadido por la disposición final tercera LOMCE.
El recurso de inconstitucionalidad resuelto por la STC 14/2018 , de 20 de febrero y el presente conflicto positivo de competencia suscitan la misma controversia, por lo que la doctrina establecida en los fundamentos jurídicos 10, 11 y 12 de aquella, así como el resultado de la misma —la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del procedimiento relativo al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización—, determinan la estimación del presente conflicto y la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del Real Decreto 591/2014, de 11 de julio impugnados, por remisión a las argumentaciones realizadas en aquellos y a las que, de modo expreso, este Tribunal ahora se remite.
La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la norma impugnada no es obstáculo, sin embargo, para recordar los términos en los que la STC 14/2018 , de 20 de febrero, en su fundamento jurídico 11, limitó el alcance temporal de tal declaración, con fundamento, tanto en el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), como en la garantía del derecho a la educación de los alumnos que hayan sido escolarizados mediante este procedimiento (art. 27 CE, en conexión con el art. 87.4 LOE), y determinó el reconocimiento de la garantía de continuidad en la escolarización hasta el final de la enseñanza obligatoria, salvo cambio de centro producido por voluntad familiar o por aplicación de alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre derechos y deberes de los alumnos.
En consecuencia, la STC 14/2018 , de 20 de febrero, dispuso que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los tres últimos párrafos de la disposición adicional trigésima octava 4 c) LOE, además de preservar la cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), no afectaría a los actos firmes dictados en su aplicación, lo que habrá de tenerse en cuenta en el fallo de la Sentencia que ahora se dicta.
Dada en Madrid, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 82
 artículo 61
 artículo 149
 artículo 27
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo1
 Real Decreto