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Timestamp: 2020-07-10 02:26:37+00:00

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nOTA INFORMATIVA 1/2018. reduccion por irregularidad en irpf hornorarios letrado. sts 950/2018 nº429/2018 DE 19 DE MARZO
Declara el Tribunal Supremo la procedencia de la reducción del, actualmente, el 30% en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Reducción de los rendimientos obtenidos con un periodo de generación superior a dos años (artículo 32.1 de la Ley del IRPF). Lo son los que proceden del ejercicio profesional como abogado en el asesoramiento o defensa en litigios que se han prolongado en el tiempo más de dos años y se perciben a su finalización, en un único periodo impositivo. Interpretación de la excepción prevista en el párrafo tercero del citado artículo, que excluye la reducción a los rendimientos que procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual los obtenga. La interpretación de tal excepción ha de hacerse por referencia a los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo, no atendiendo a lo que, real o supuestamente, sean las características del sector o profesión. Una vez los rendimientos queden encuadrados entre los definidos en el párrafo primero, corresponde a la Administración la carga de probar que concurren las circunstancias de exclusión del párrafo tercero. En este caso, los rendimientos percibidos en 2009, procedentes de un proceso judicial, son aislados y episódicos respecto del conjunto de los obtenidos en el ejercicio. Ha lugar al recurso de casación, dada la procedencia de la reducción del 30 por 100.
Roj: STS 950/2018 - ECLI: ES:TS:2018:950
Id Cendoj: 28079130022018100086
Ponente:Francisco José Navarro Sanchís
Número Sentencia: 429/2018 Número Recurso: 2070/2017
Numroj: STS 950:2018
Ecli: ES:TS:2018:950
Voces sustantivas: Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Procedimiento administrativo, Base imponible, Conceptos jurídicos indeterminados, Obligados tributarios, Personas naturales, Período impositivo, Rendimientos irregulares, Renta, Órgano de administración, Base imponible, Capacidad económica, Contribuyente, Denominación, Impuesto sobre sociedades, Liquidación provisional, Procedimientos de gestión, Profesiones liberales
Voces procesales: Arbitraje, Prueba, Procesos concursales, Quiebra, Recurso de casación, Recurso de casación para la unificación de doctrina, Carga de la prueba, Conexión, Derecho de defensa, Pronunciamiento sobre costas
1. El presente recurso de casación tiene por objeto la sentencia pronunciada el 27 de marzo de 2017 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ES: TSJM:2017:2968), que desestimó el recurso nº 882/2015 , en que se había impugnado la resolución de 26 de mayo de 2015 , dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, desestimatoria a su vez de la reclamación formulada contra la liquidación provisional del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio 2009, en cuanto a la reducción prevista en el artículo 32.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF).
2. Los hechos relevantes para la decisión de este recurso son los siguientes:
a) Don Jacobo , que ejercía la actividad de abogado, autoliquidó el IRPF del ejercicio 2009 utilizando el método de estimación directa simplificada.
b) Con posterioridad, la Administración tributaria inició un procedimiento de comprobación limitada, del que resultó una liquidación provisional por importe de 54.935,14 euros, en la que se modifican los rendimientos de la actividad profesional, por entender que se habían declarado indebidamente los ingresos y descontado gastos que no se consideraban deducibles. En particular, la Administración consideró incorrecta la reducción del 40 por 100 efectuada por el sujeto pasivo sobre los rendimientos netos de su actividad con un periodo de generación superior a dos años.
c) Agotada la vía administrativa, el Sr. Jacobo formuló reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, que fue estimada en parte, en lo relativo a la sanción impuesta -que quedó anulada-, y desestimada respecto a la solicitud de rectificación de la autoliquidación de 2009, en cuanto a la mencionada reducción del 40 por 100. En su resolución de 26 de mayo de 2015 , el TEAR consideró que no resultaba de aplicación la reducción a los rendimientos que proceden del ejercicio de una actividad que de forma habitual produce rendimientos irregulares. Razona el órgano administrativo de revisión que el propio interesado admite que en 2007 y 2011 también percibió rendimientos generados en varios años, lo que demuestra que, aunque desarrolle varios tipos de asesoramiento y al margen de cómo minute los honorarios, su actividad da lugar de forma regular a la obtención de rendimientos derivados de la asistencia jurídica en procedimientos judiciales que se prolongan más de dos años, pero los honorarios se devengan por cada actuación y el periodo de generación no se corresponde con la duración del pleito ni de cómo se facturen para el cobro.
3. Interpuesto contra la expresada resolución recurso contencioso-administrativo, fue desestimado en la sentencia contra la que se dirige este recurso de casación. La Sala de instancia razona del siguiente modo, sintéticamente expuesto (FJ 3º):
1. Por medio de su representación procesal, el Sr. Jacobo preparó recurso de casación mediante escrito presentado el 17 de abril de 2017.
2. En tal escrito identificó como infringidas las siguientes normas: (i) el artículo 32, apartado 1 de Ley del IRPF ; (ii) los artículos 105 y 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria (LGT ) y 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; (iii) los artículos 24 de la Constitución Española , 67 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LJCA ) y 218 LEC ; y (iv) los artículos 1 , 10 y 38 CE .
3. También considera conculcadas: (i) la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, contenida en las sentencias de 15 de julio de 2004 (casación para la unificación de doctrina 1364/1999; ES:TS:2004.5235 ) y 1 de febrero de 2008 (casación para la unificación de doctrina 183/2003 ; ES:TS:2008:406); (ii) la doctrina de las sentencias del Tribunal Constitucional 20/1982 , de 5 de mayo ( ES:TC:1982 : 20 ), 144/1991 , de 1 de julio ( ES:TC:1991 : 144 ), 88/1992 , de 8 de junio ( ES:TC:1992 : 88 ) y 91/1995 , de 19 de junio (ES:TC:1995:91); y (iii) la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 15 de julio de 2002 (casación 2313/2000; ES:TS :2002:5315).
4. La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso mediante auto de 20 de abril de 2017 y la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo lo admitió a trámite en otro de 21 de junio de 2017, en el que, considerando que concurre la circunstancia de interés casacional objetivo prevista en el artículo 88.3.a) LJCA , señala que la cuestión que presenta ese interés consiste en lo siguiente:
"Precisar si los rendimientos netos de actividades económicas con un período de generación superior a dos años, y los calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, quedan exceptuados de la reducción contemplada en elartículo 32.1, párrafo primero, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando proceden de una actividad que de forma habitual genera ese tipo de rendimientos".
1. La parte recurrente formalizó su recurso de casación mediante escrito de interposición presentado el 19 de julio de 2017.
2. Inicia su escrito denunciando que la sentencia impugnada ha incurrido en incongruencia extra petitumy omisiva, con infracción de los artículos 24 CE , 67 LJCA y 218 LEC y con desconocimiento de la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Constitucional 20/1982 , 144/1991 , 88/1992 y 91/1995 , ya referenciadas. Precisa que el artículo 32.1 LIRPF contempla dos supuestos de reducción: (i) rendimientos con un periodo de generación superior a dos años y (ii) rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, siendo así que su pretensión se refería a los primeros. No obstante, la sentencia argumenta y decide respecto de los segundos y nada dice sobre los primeros, pese a haber acreditado los requisitos necesarios para su reducción. De acuerdo con ello, interesa la casación de la sentencia recurrida por incongruente y el dictado de otra nueva que analice y resuelva su verdadera pretensión.
3. En segundo lugar denuncia la infracción del artículo 32.1 LIRPF y "normas complementarias sobre carga de la prueba" .
4. Solicita que se reconozca que le es aplicable la regla general de reducción del artículo 32.1 LIRPF y que no lo es la excepción esa norma, contemplada en el párrafo tercero del mismo precepto, por lo que procede la casación de la sentencia recurrida y, con estimación del recurso contencioso-administrativo, la anulación de los actos administrativos impugnados, reconociendo el derecho a la reducción de la base imponible del IRPF de 2009, con la consecuente devolución de lo indebidamente ingresado, más los intereses de demora.
1. El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta de la Administración General del Estado se opuso al recurso en escrito registrado el 30 de octubre de 2017.
2. Destaca que la norma que contiene el último párrafo del artículo 32.1 LIRPF no existía con anterioridad, sino que fue introducida en nuestro sistema tributario por la Ley 35/2006, que, en virtud de su disposición final octava , se aplica al ejercicio 2009.
3. Opina que las sentencias del Tribunal Supremo invocadas de contrario no son aplicables al caso litigioso pues se refieren a liquidaciones del IRPF de ejercicios anteriores a la entrada en vigor del artículo 32.1 LIRPF .
4. Dicho precepto introdujo una novedad trascendente en la materia (la excepción del último párrafo) que lo diferencia de todos los precedentes, imponiendo un régimen sustantivo respecto de aquellas actividades que de forma habitual obtienen rendimientos irregulares , o que sean obtenidos en un periodo de generación superior a dos años, como puede ser el caso de la abogacía.
5. Considera que la actividad propia de la abogacía tiene pleno encaje en la previsión contenida en el último párrafo del artículo 32.1 LIRPF , puesto que de forma regular o habitual los expedientes propios de la actividad de abogado exigen una dedicación superior a dos años, cobrándose los honorarios, o una parte sustancial de los mismos, una vez terminado el expediente.
6. Razona que el matiz introducido por la Ley 35/2006 en la regulación de los rendimientos irregulares obliga a calificar en abstracto las actividades profesionales, de manera que si en ellas es habitual que los rendimientos se perciban después de dedicar más de dos años de trabajo a un encargo o asunto, y la actividad viene a desarrollarse mediante una sucesión de ese tipo de encargos o asuntos, los rendimientos no pueden calificarse fiscalmente como irregulares.
7. Matiza que podría admitirse que una renta se calificase de irregular a efectos tributarios cuando la prestación constituyese la única actividad desarrollada por el sujeto pasivo a lo largo de un periodo superior a dos años, concurriendo en tal caso una excepción cualificada, como es el caso resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en las Palmas (Sección 1ª), del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la sentencia de 13 de octubre de 2015 (recurso nº 415/2013 ).
8. Añade que el legislador ha querido que en las actividades profesionales o económicas en que esa circunstancia concurre habitualmente, la corrección del exceso de progresividad del impuesto no pueda justificarse en el hecho de que el asunto haya exigido un esfuerzo desplegado en varios ejercicios. Simplemente, la nueva norma no admite la calificación como renta irregular cuando en el ejercicio de la actividad las operaciones supuestamente irregulares se suceden con habitualidad. Invoca en este sentido las sentencias de las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia de la Comunidad Valenciana -Sección 3ª- de 2 de noviembre de 2012 (recurso nº 543/2010; ES:TSJCV:2012:6394 ) y de Cataluña -Sección 1ª- de 16 de octubre de 2015 (recurso 309/2012; ES:TSJCAT :2015:11043).
9. Considera que la sentencia recurrida no es incongruente, pues ha tenido en cuenta los dos supuestos que contempla el artículo 32.1 LIRPF y concluye que no es aplicable la reducción pretendida del 40%.
10. Frente a la prueba y su carga, razona que es cuestión ajena al recurso de casación. En cualquier caso -añade-, la apreciación conjunta de la prueba permitir concluir que los rendimientos obtenidos en el año 2009 lo fueron con regularidad y habitualidad, a la vista de que la sentencia recurrida, en el fundamento de derecho primero, dice: "...Corrobora que se trate de una actividad por la que se percibe de forma regular este tipo de rendimien¬tos, el que en 2007 también hubiera el reclamante percibido rendimientos generados en varios años, concretamente 4 facturas entre 48, y tal y como el mismo reconoce, y la exis¬tencia de otra reclamación interpuesta por aquél referida al ejercicio 2011, con la misma pretensión de reducción del 40% de los honorarios percibidos por un pleito que ha durado varios años...".
11. Entiende que la tesis del recurrente, valorando la prueba, podría admitirse si estuviéramos en un recurso de apelación, pero no es posible tal análisis en un recurso de casación cuyo objeto es fijar jurisprudencia con efectos erga omnes . A estos efectos, sostiene que cuanto existen pluralidad de rendimientos obtenidos y generados en un periodo superior a dos años, de forma continua y habitual -años 2007, 2009, 2011- concurre el supuesto de excepción del artículo 32.1 LIRPF , tercer párrafo, para no reconocer la reducción del 40%.
12. Por todo lo anterior, concluye que la sentencia recurrida es ajustada a Derecho, debiendo ser confirmada, con desestimación del recurso de casación.
Es cierto que la regulación ha cambiado sustancialmente a partir de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero sólo en la parte en que se introdujo la exclusión de la reducción, pero la tipificación de los casos a los que se reconocía la reducción del 40 por 100 permanecía igual a la establecida en su precedente inmediatamente anterior, el artículo 30 del texto refundido de la Ley del IRPF , aprobado por Real Decreto legislativo 3/2004, de 5 de marzo, y también semejante a versiones anteriores, como el artículo 27 de la Ley 44/1978 , precepto examinado en la sentencia precedente de esta Sala, referida al ejercicio 1986.
En el seno del proceso judicial sucede lo mismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de aplicación supletoria en nuestra jurisdicción, cuyo apartado 3 prescribe que"...incumbe al demandado...la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior...", esto es, los hechos en que se funde la pretensión de la demanda.
Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA , procede, en función de todo lo razonado precedentemente, responder a la cuestión suscitada en el auto de admisión, consistente en "precisar si los rendimientos netos de actividades económicas con un período de generación superior a dos años, y los calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, quedan exceptuados de la reducción contemplada en el artículo 32.1, párrafo primero, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando proceden de una actividad que de forma habitual genera ese tipo de rendimientos".
3. La carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que habilita la citada excepción incumbe a la Administración, que deberá afrontar los efectos desfavorables de su falta de prueba. Tal carga comporta obviamente la de justificar y motivar las razones por las que considera que la reducción debe excluirse.
1°) Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia.
2°) Haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador don Fernando Díaz-Zorita Cantó, en nombre y representación de DON Jacobo , contra la sentencia de 27 de marzo de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 882/2015 , sentencia que se casa y anula.
3°) Estimar el recurso contencioso-administrativo nº 882/2015 y, en su virtud, declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados en él, por ser disconformes con el ordenamiento jurídico, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración de nulidad, referidos en el fundamento quinto.
4º) No formular pronunciamiento expreso sobre las costas causadas en este recurso de casación ni tampoco sobre las devengadas en la instancia.
consulta vinculante dgt 14-03-2018. deduccion vivienda alquiler ANTE NUEVO CONTRATO
NÚM. CONSULTA V0679-18
FECHA SALIDA 14/03/2018
Residencia en vivienda alquilada desde el año 2014, practicando la deducción por alquiler de vivienda habitual. El arrendador tiene la intención de rescindir el contrato en abril de 2018 y celebrar un nuevo contrato de arrendamiento sobre la misma vivienda, incrementando la renta en 125 euros mensuales. Derecho a seguir practicando la deducción por alquiler de vivienda habitual.
Con efectos desde 1 de enero de 2015, la Ley 26/2014 ha suprimido el apartado 7 del artículo 68 de la LIRPF anteriormente reproducido relativo a la deducción por alquiler de la vivienda habitual.
En lo que respecta a la suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento, debe señalarse que el nuevo contrato celebrado con el mismo arrendador, se considerará, a los exclusivos efectos de la aplicación de la DT decimoquinta de la LIRPF, como continuación del anterior, por lo que no impedirá el derecho a seguir practicando la deducción.

References: resolución 
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 artículo 88
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
e contrario
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 217
 artículo 93
 artículo 32
 artículo 68