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Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. TÍTULO VIII. De las Responsabilidades (Vigente hasta el 01 de Enero de 2010).
Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León (Vigente hasta el 01 de Enero de 2010).
Publicado en BOCL núm. 88 de 09 de Mayo de 2006 y BOE núm. 135 de 07 de Junio de 2006
Vigencia desde 29 de Mayo de 2006. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2009 hasta 01 de Enero de 2010
TÍTULO VIIIDe las Responsabilidades
Responsables Las autoridades y el personal al servicio de las entidades comprendidas en el artículo 2 de esta Ley que, mediando dolo o culpa graves, adopten resoluciones o realicen actos u omisiones con infracción de las disposiciones de esta Ley, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda de la Comunidad o en su caso a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquéllos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria en que puedan haber incurrido. Estarán igualmente obligados y en los mismos casos quienes actúen en virtud de delegación o encomienda de gestión.
Hechos que generan responsabilidad patrimonial Constituyen infracciones sujetas a las responsabilidades previstas en el artículo anterior:
a) Incurrir en alcance o malversación en la administración de los fondos de la Comunidad.
b) Administrar los recursos de la Hacienda de la Comunidad o de la respectiva entidad sin sujetarse a las disposiciones que regulen su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
c) Comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la presente Ley o en la del presupuesto que le sea aplicable.
d) Dar lugar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones o al expedir documentos en el ejercicio de sus funciones.
e) No rendir las cuentas legalmente exigidas.
f) No justificar la aplicación de los fondos correspondientes a anticipos de caja fija y pagos a justificar.
Tipos de responsabilidad 1. Cuando el acto o la resolución se haya dictado mediante dolo, la responsabilidad alcanzará a todos los daños y perjuicios que conocidamente deriven de la resolución adoptada con infracción de esta Ley.
2. En el caso de culpa grave, las autoridades y demás personal de los entes del sector público autonómico sólo responderán de los daños y perjuicios que sean consecuencia necesaria del acto o resolución ilegal.
Responsabilidad de los interventores y ordenadores de pagos En los términos fijados por los artículos anteriores, están también sujetos a la obligación de indemnizar a la Hacienda de la Comunidad o, en su caso, a la respectiva entidad, los interventores, en el ejercicio de la función interventora respecto a los extremos a los que se extiende la misma, y los ordenadores de pago que no hayan salvado su actuación en el respectivo expediente mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución.
Diligencias previas 1. Cuando se tenga noticia de que se ha producido un hecho constitutivo de las infracciones a que se refiere el artículo 294, o cuando haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 163 de esta Ley sin haberse justificado los mandamientos de pago a que se refiere, los superiores de los presuntos responsables o los órganos competentes en cada caso instruirán las oportunas diligencias previas y adoptarán, con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda de la Comunidad o de la respectiva entidad, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la Consejería de Hacienda y, en su caso, del Tribunal de Cuentas, para que procedan según sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos.
2. El interventor que en el ejercicio de sus funciones advierta la existencia de infracciones lo pondrá en conocimiento de la Consejería de Hacienda a los efectos previstos en el número anterior.
Procedimiento 1. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas para el enjuiciamiento contable en los supuestos de alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, la responsabilidad derivada de las resoluciones, actos y omisiones a que se refiere el artículo 293 en los casos de las letras b) a f) del artículo 294, se exigirá mediante el correspondiente expediente administrativo.
2. El acuerdo de incoación del expediente, su resolución y el nombramiento de instructor corresponderá a la Junta de Castilla y León cuando se trate de autoridades de la Comunidad Autónoma, y al titular de la Consejería de Hacienda en los demás casos. El expediente se tramitará siempre con audiencia del interesado e informe del servicio jurídico competente.
Resolución 1. El procedimiento deberá resolverse dentro del plazo de seis meses, transcurrido el cual sin que se dicte y notifique resolución expresa, se producirá su caducidad.
2. La resolución correspondiente deberá pronunciarse sobre los daños y perjuicios causados a la Hacienda de la Comunidad o a la respectiva entidad, y los responsables tendrán la obligación de indemnizar en la cuantía y plazos que se señalen.
Régimen de la indemnización 1. La indemnización de los daños y perjuicios declarados por la resolución del expediente a que se refiere el artículo anterior tendrá la consideración de derecho económico de la Hacienda de la Comunidad o de la entidad correspondiente, y se procederá a su cobro, en su caso, por la vía de apremio.
2. El obligado al pago de la indemnización deberá abonar asimismo el interés previsto en el artículo 47 de esta Ley sobre el importe de los daños y perjuicios desde el día en que se causaron.
3. Cuando por insolvencia del deudor directo la acción derive hacia los responsables subsidiarios, el interés se contará desde la fecha en que éstos sean requeridos para satisfacer las obligaciones de pago.
Presupuesto de las Cortes de Castilla y León Las Cortes de Castilla y León remitirán a la Consejería de Hacienda el proyecto de su presupuesto dentro del plazo que se establezca en cada ejercicio para la elaboración del anteproyecto de presupuestos generales de la Comunidad con objeto de incorporarle al proyecto de los mismos.
Libramiento de fondos a las Cortes Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de Castilla y León se librarán por la Consejería de Hacienda sin justificación, en firme y por trimestres anticipados.
Gestión económica de los centros docentes no universitarios La gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios se regirá por lo establecido en su normativa específica resultando de aplicación supletoria las disposiciones de esta Ley.
Convenios 1. Los convenios que celebren la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, sus organismos autónomos o los entes públicos de derecho privado con otras Administraciones Públicas o con entidades públicas de ellas dependientes, excepto cuando den lugar a contratos o canalicen o instrumenten subvenciones, y en los que se prevea realizar una aportación económica con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad para la financiación de los mismos, deberán concretar los siguientes extremos:
a) La cuantía de la aportación.
b) La forma y los plazos para realizar la correspondiente transferencia de fondos.
c) Las justificaciones o rendiciones de cuentas que sean precisas.
d) Las consecuencias del incumplimiento por parte del perceptor de sus obligaciones o del incumplimiento total o parcial de la finalidad o del objeto del convenio.
2. El Consejero o, en su caso, el Presidente o máximo representante de la entidad, necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir el convenio en los siguientes casos:
a) En los mismos supuestos que se precise para la celebración de contratos en razón de la cuantía.
b) Cuando el gasto que derive del convenio sea de cuantía indeterminada.
Contratación de auditorías externas En aquellos casos en que, de acuerdo con lo establecido por la normativa reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería de Hacienda contrate a auditores de cuentas y sociedades de auditoría para colaborar con la Intervención General en la realización por ésta de actuaciones de control, dichos auditores y sociedades deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine la Intervención General de la Administración de la Comunidad.
Acceso a la información correspondiente a las auditorías realizadas por auditores privados La Intervención General de la Administración de la Comunidad en el ejercicio de sus funciones de control podrá acceder a los documentos de trabajo que hayan servido de base a los informes de auditoría del sector público autonómico realizados por auditores privados.
Competencias para autorizar transferencias de crédito en los presupuestos de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, del Ente Público Regional de la Energía y del Instituto Tecnológico Agrario Los Presidentes de los entes públicos de derecho privado Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, Ente Público Regional de la Energía e Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, podrán autorizar, respecto del respectivo presupuesto, las siguientes transferencias de crédito:
a) Las que se produzcan entre créditos para operaciones corrientes cualquiera que sea el programa al que afectan.
b) Las que se produzcan entre créditos para operaciones de capital dentro del mismo programa.
Régimen presupuestario del Consejo de la Juventud El régimen presupuestario del ente público de derecho privado Consejo de la Juventud de Castilla y León será el establecido por esta Ley para las empresas públicas y las fundaciones públicas.
Disposición adicional octava redactada por el número 2 de la Disposición final tercera de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 7/2015, 30 diciembre, de Medidas Tributarias («B.O.C.L.» 31 diciembre).
Régimen presupuestario, contable y de control del Consejo Consultivo El régimen presupuestario del Consejo Consultivo de Castilla y León es el establecido para las entidades y órganos con dotación diferenciada con presupuesto limitativo en el título IV de esta Ley.
Su régimen contable y de control interno es el establecido para los organismos autónomos por la presente Ley.
Régimen presupuestario y contable del Consejo Económico y Social El régimen presupuestario del Consejo Económico y Social es el establecido para las entidades y órganos con dotación diferenciada con presupuesto limitativo en el título IV de la presente Ley. El Pleno del Consejo elaborará anualmente el correspondiente anteproyecto de presupuesto de gastos que remitirá a la Consejería de Hacienda para su incorporación al de presupuestos generales de la Comunidad. Su régimen de contabilidad es el establecido para los organismos autónomos por esta Ley.
Funciones respecto de las haciendas locales La Consejería de Hacienda ejercerá las funciones que corresponden a las competencias atribuidas a la Comunidad respecto de las haciendas locales, en los términos definidos por el Estatuto de Autonomía y las leyes vigentes en la materia.
Funciones respecto de las instituciones financieras y crediticias ...
Disposición adicional duodécima derogada por la disposición derogatoria de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 9/2007, 27 diciembre, de Medidas Financieras («B.O.C.L.» 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2008
Disposición adicional duodécima introducida, en su actual redacción por artículo 57 de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 1/2012, 28 febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras («B.O.C.L.» 29 febrero).
Disposición adicional decimotercera introducida por disposición final cuarta de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 9/2012, 21 diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.C.L.» 28 diciembre).
Hasta que por la Intervención General de la Administración de la Comunidad se apruebe un plan especial de contabilidad para las universidades públicas su régimen de contabilidad será el previsto en esta Ley para la Administración General de la Comunidad y los organismos autónomos.
1. Queda derogada la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, excepto los artículos 122, 122 bis y 131, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.
2. En particular quedan derogadas las siguientes disposiciones:
- El párrafo segundo del artículo 14 de la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.
- El apartado 4 del artículo 48 de la Ley 18/1988, de Acción Social y Servicios Sociales.
- El segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del artículo 57 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
- La mención a los sistemas contables en el artículo 48 y los artículos 51, 53 y 54 de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de ordenación del Sistema Sanitario.
- El artículo 54 de la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes.
- La mención a los sistemas contables en el artículo 6.2 y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
- Los artículos 32, 33 34 y 35 del Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, aprobado por el Decreto 2/1998, de 8 de enero.
- La disposición adicional undécima de la Ley 4/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 1996.
- Los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley 21/1994, de 15 de diciembre, de creación de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.
- Los artículos 18, 19, 20 y 21 del Reglamento General de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, aprobado por el Decreto 49/1995, de 16 de marzo.
- El artículo 8 de la Ley 7/1996, de 3 de diciembre, de creación del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León.
- Los artículos 22 y 23 del Reglamento del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, aprobado por el Decreto 30/1997, de 13 de febrero.
- La disposición adicional sexta de la Ley 12/1997, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 1998.
- Los artículos 7, 8, 10, 11, 12 y el apartado 1 del artículo 13 de la Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
- Los artículos 25, 30, 31, 34, 35, 37 y 38 del Reglamento del Instituto Tecnológico Agrario, aprobado por el Decreto 121/2002, de 7 de noviembre.
- El apartado 1 del artículo 67 y el apartado 2 del artículo 73 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León.
- El apartado 3 del artículo 38 de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León.
- El Decreto 22/2003, de 6 de marzo, por el que se regulan las previsiones presupuestarias plurianuales.
- El artículo 48 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
3. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma materia que aquéllas.
Modificación de la Ley del Gobierno y de la Administración Se modifica el artículo 84 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 84
Creación, extinción y liquidación 1. La creación de las entidades institucionales y empresas públicas se efectuará por Ley.
2. Los anteproyectos de ley de creación de entidades institucionales o de autorización de constitución de empresas públicas deberán acompañarse de una propuesta de estatutos y del plan inicial de actuación de la entidad. El plan inicial de actuación, que será aprobado por el titular de la Consejería a que esté adscrita la entidad o la empresa, deberá contar con el previo informe favorable de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Hacienda, y su contenido incluirá al menos los siguientes extremos:
a) Los objetivos que la entidad deba alcanzar en el área de actividad encomendada.
b) Los recursos humanos, financieros y materiales precisos para el funcionamiento de la entidad.
3. La extinción requerirá Ley específica, salvo que en la de creación o en otra se hubieren establecido las causas, el procedimiento y los efectos de la misma.
Cuando las disposiciones sobre la extinción no regularen la liquidación de la entidad o empresa, ésta se llevará a cabo por Decreto de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Hacienda y a iniciativa de la Consejería a que esté adscrita.»
Modificación de la Ley de Fundaciones de Castilla y León Se modifica el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, y se introduce en él un nuevo apartado 3 con la siguiente redacción:
«2. El ejercicio de esta competencia por la Administración de Castilla y León, o entidades del sector público autonómico, deberá ser autorizado por la Junta de Castilla y León, excepto cuando sean constituidas por las universidades públicas de acuerdo con su normativa específica y no participe en la dotación fundacional en más del cincuenta por ciento ninguna otra entidad del sector público. El acuerdo de la Junta de Castilla y León determinará las condiciones y limitaciones que deba cumplir la creación de la persona jurídica fundacional.
3. Se consideran fundaciones públicas de la Comunidad a efectos de esta Ley aquellas en cuya dotación participen en más del cincuenta por ciento, directa o indirectamente, la Administración General de la Comunidad o las demás entidades del sector público autonómico.
Las propuestas de autorización de la constitución de fundaciones públicas deberán acompañarse de una memoria económica, que habrá de ser informada por la Consejería de Hacienda, y que habrá de justificar la suficiencia de la dotación inicialmente prevista para el comienzo de su actividad y, en su caso, de los compromisos futuros para garantizar su continuidad.»
Régimen de control de determinados entes Las menciones efectuadas por normas anteriores a esta Ley al sometimiento de entes públicos al control financiero se entenderán realizadas a la auditoría pública regulada en el capítulo IV del título VII de esta Ley.
Procedimientos de control 1. Conservarán su vigencia las atribuciones del régimen de control financiero permanente y del régimen de fiscalización previa de requisitos esenciales realizadas antes de la entrada en vigor de esta Ley.
2. Las disposiciones de los capítulos III,
IV y V del título VII de esta Ley no se aplicarán a los procedimientos de control iniciados antes de su entrada en vigor.
Desarrollo reglamentario La Junta de Castilla y León dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo de los preceptos de esta Ley y dentro del plazo de seis meses desde la publicación de la misma las relativas al control interno.
Entrada en vigor La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», excepto los capítulos II, III, IV, V y la sección 2.ª del capítulo VI del título IV, y las disposiciones adicionales séptima, octava, novena y décima que entrarán en vigor el 1 de enero de 2007.

References: artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 294
 artículo 163
 artículo 293
 artículo 294
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 artículo 57
 artículo 14
 artículo 48
 artículo 57
 artículo 48
 artículo 54
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 67
 artículo 73
 artículo 38
 artículo 48
 artículo 84
 artículo 6