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BOE.es - Documento BOE-A-2003-11273
Documento BOE-A-2003-11273
«BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2003, páginas 21879 a 21883 (5 págs.)
BOE-A-2003-11273
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2003/04/08/15
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la Mediación Familiar.
En la sociedad civil, la familia constituye el núcleo originario y básico para el desarrollo personal de sus miembros. La estabilidad familiar constituye el índice más significativo de paz social ; al contrario, los conflictos familiares comportan dolorosas secuelas para los miembros de la familia en conflicto, que frecuentemente conllevan dolorosas secuelas para sus protagonistas, y por ende, en su entorno social. En suma, está claro que los conflictos familiares deben ser remediados de la manera más efectiva posible mediante la búsqueda de mecanismos que coadyuven a la estabilidad familiar, o, al menos, que alivien las tensiones que surjan.
El modo habitual para resolver estos conflictos es acudir a los tribunales ; sin embargo, y por muy diversos motivos, este método ha demostrado no ser el medio más acertado para resolver o aliviar los conflictos familiares.
La familia, como institución social básica y viva, es y ha sido continuamente el centro de muchas y muy diversas problemáticas que no siempre obtienen una respuesta aceptable fuera de su propio ámbito. Por ello, debe ser bien recibido cualquier instrumento o medida que ayude a gestionar la resolución efectiva de las crisis familiares, a través de la participación de los propios familiares en conflicto.
La mediación familiar supone, pues, una fórmula para resolver conflictos familiares, recomponiendo la propia familia desde dentro, en un clima de cooperación y respeto mutuo ; para este fin, los miembros de la familia en conflicto solicitan y aceptan la intervención confidencial de una tercera persona ajena, neutral y cualificada, denominada mediador, que trabajará con y para la consecución de un acuerdo justo, duradero y aceptable para los familiares en conflicto, en el sentido de mantener las responsabilidades de cada miembro de la familia, y especialmente con los más dignos de protección, cuales son los hijos.
Por eso, la mediación familiar viene cobrando en la actualidad mucha relevancia como solución de los conflictos familiares y, con ello, como el método más efectivo para alcanzar la paz social.
Como tal institución, la mediación familiar se inició en los Estados Unidos de América, en la segunda mitad de los años 70, habiéndose extendido rápidamente por distintos países de su entorno.
Más recientemente, y por lo que a nuestro entorno europeo se refiere, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su Recomendación de 21 de enero de 1998 (R98), precisamente en base a los escalofriantes datos aportados por los respectivos estados miembros sobre el índice de separaciones y divorcios y su coste social y económico, recomendó la implantación de dicho instrumento, implantación que se ha venido llevando a cabo de forma sucesiva y sistemática. En concreto, en España, existen ya diversas comunidades autónomas que han regulado e implantado dentro del ámbito de sus respectivos territorios, este instrumento de resolución, siendo lógico pensar que en un futuro cercano lo asumirán el resto de las comunidades autónomas.
La buena disposición que suele acompañar su empleo, es el motivo por el que viene siendo utilizado en distintos países como en los Estados Unidos de América y Canadá (países pioneros) así como en otros muchos del entorno europeo, favorecido ello por la promulgación de distintas recomendaciones europeas, la última de ellas de fecha 21 de enero de 1998, del Consejo de Europa.
Por su parte, cada país ha adoptado distintas variantes en el uso de esta institución ; así en unos países tiene carácter obligatorio y previo a la vía judicial, en otros tiene carácter público y gratuito, en otros privado y retribuido, en unos países referido principalmente a conflictos conyugales, y principalmente a cuestiones que afecten a los hijos, en otros a todo tipo de conflictos surgidos con otros miembros familiares ; finalmente, en unos se relacionan a departamentos gubernamentales relacionados con asuntos sociales o familia, y en otros, relacionados con aquellos que tutelan el sistema judicial.
La presente Ley, que tiene como finalidad la adopción de esta institución en la Comunidad Autónoma Canaria, opta por establecerlo como un sistema voluntario y extendido a cualquier conflicto que pueda surgir entre cónyuges, parejas de hecho, entre padres e hijos o entre hijos, y, en general, entre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o aquellos que surjan entre personas adoptadas y sus familiares biológicas o adoptivas.
Por otra parte, la presente Ley no crea, aunque tampoco excluye, el establecimiento de algún órgano público de mediación ; en cambio, sí contempla la posibilidad de que los ciudadanos con pocos recursos puedan acceder a estos servicios mediante el establecimiento de un mecanismo similar al establecido en nuestro país para acceder a la justicia gratuita o turno de oficio.
Finalmente, se ha optado por vincular esta institución al departamento que en esta Comunidad Autónoma tenga en cada momento las competencias relacionadas con la Administración de Justicia, al entender que pese a que la institución tiene innumerables beneficios de orden social, igualmente beneficia a la Administración de Justicia en tanto en cuanto viene llamada a resolver conflictos familiares en sentido amplio, y mucho más si se tiene en cuenta que los acuerdos que se obtengan han de ser ejecutados, en su caso, por los tribunales competentes.
La presente Ley tiene por objeto la regulación de la actividad de la mediación familiar, que se desarrolle total o parcialmente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Canaria, por personas físicas o jurídicas, acreditadas conforme al procedimiento que en la misma se regula.
Artículo 2. Concepto y finalidad de la Mediación Familiar.
La mediación familiar es un procedimiento extrajudicial y voluntario en el cual un tercero, debidamente acreditado, denominado mediador familiar, informa, orienta y asiste, sin facultad decisoria propia, a los familiares en conflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo y la búsqueda por éstos de acuerdos justos, duraderos y estables y al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos, o poner fin a los ya iniciados o bien reducir el alcance de los mismos.
Artículo 3. Conflictos objeto de mediación familiar.
Podrán ser objeto de mediación familiar, cualquier conflicto familiar y que verse sobre materias respecto de las cuales el ordenamiento jurídico vigente en cada momento reconozca a los interesados la libre disponibilidad, o, en su caso, la posibilidad de ser homologados judicialmente ; entendiendo por conflicto familiar aquel que surja entre cónyuges, parejas de hecho (estables o no), entre padres e hijos, entre hijos, o los que surjan entre personas adoptadas y sus familias biológicas o adoptivas.
Con carácter preferencial deberá estar dirigida a aquellos conflictos derivados del ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visita y relación de
padres con menores y de éstos entre sí, los relativos a pensiones, al uso de domicilio familiar, a la disolución de bienes gananciales o en copropiedad, así como en general aquellos otros que se deriven o sean consecuencia de relaciones paterno filiales.
Artículo 4. Principios informadores de la mediación familiar.
Todas las actuaciones derivadas del procedimiento de mediación familiar deberán estar presididas por los siguientes principios:
1. Voluntariedad y rogación de las partes en conflicto, en el sentido de que el procedimiento sólo podrá iniciarse a instancia de todas las partes en conflicto, pudiendo éstas apartarse o desistir en cualquier fase del procedimiento ya iniciado, siempre que no hubieran suscrito acuerdo alguno sobre los conflictos objeto de la mediación.
2. Flexibilidad y antiformalismo, en el sentido de que la mediación familiar se ha de desarrollar sin sujeción a procedimiento reglado alguno, a excepción de los mínimos requisitos establecidos en la presente Ley.
3. Inmediatez y carácter personalísimo, en el sentido de que todos los participantes, incluido el mediador familiar, han de asistir personalmente a todas las sesiones, sin que puedan valerse de representantes o intermediarios.
4. Confidencialidad y secreto profesional, en el sentido de que el mediador familiar actuante no podrá desvelar ningún dato, hecho o documento del que conozca relativo al objeto de la mediación, ni aún después, cuando finalice la misma.
5. Imparcialidad y neutralidad del mediador familiar actuante, en el sentido de que éste debe garantizar el respeto de los puntos de vista de las partes en conflicto, preservando su igualdad en la negociación, absteniéndose de promover actuaciones que comprometan su necesaria neutralidad o la vulneración de derechos o intereses superiores, principalmente relativos a los menores.
6. Reserva de las partes, en el sentido de que igualmente estas se obligan a guardar reserva de los datos, hechos o documentos de los que hayan tenido conocimiento en el curso de la mediación.
De los mediadores familiares y de las entidades de mediación familiar
Artículo 5. De los mediadores familiares.
El profesional de la mediación familiar, salvo que otra disposición legal superior establezca lo contrario, deberá tener formación universitaria en las carreras de Derecho, Psicología o Trabajo Social y estar inscrito en sus respectivos colegios profesionales, así como inscritos en el Registro Público de Mediadores Familiares de la Comunidad Autónoma Canaria.
En el caso de los mediadores que carezcan de la titulación de Derecho, deberán contar en el ejercicio de sus funciones con el debido asesoramiento legal.
Artículo 6. De las entidades de mediación familiar.
Los mediadores familiares, para el ejercicio de tal actividad, pueden crear o integrarse en personas jurídicas, tanto de carácter público como privado. En cualquier caso, las personas jurídicas habrán de tener como único objeto social el desempeño de la mediación familiar, estar integrada al menos, por un mediador familiar debidamente acreditado e inscrito, pudiendo además estar integrada por titulados de otras profesiones o actividades que puedan servir como equipo multidisciplinar que colabore con el mediador familiar actuante, en la consecución de los acuerdos precisos para el buen fin de las mediaciones familiares que lleven a cabo.
Artículo 7. De los derechos del mediador familiar.
El mediador familiar siempre puede optar por renunciar a alguna mediación solicitada, no iniciando la misma o finalizando alguna ya iniciada, en ambos casos mediante escrito motivado justificativo de las causas.
Igualmente, el mediador familiar, salvo pacto expreso y voluntario al respecto, tiene derecho a la percepción de una compensación económica u honorarios, así como al reintegro de los gastos que la mediación le cause.
Sus honorarios profesionales serán los mismos que establezcan las normas orientadoras de sus respectivos colegios profesionales.
Artículo 8. De los deberes del mediador familiar.
El mediador familiar a lo largo de toda su actuación de mediación debe:
Inculcar a las partes la necesidad de velar por el interés superior de los hijos, particularmente de los hijos menores.
Tener en cuenta el interés de la familia o de la relación.
Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones disponiendo de la información y del asesoramiento suficiente para que desarrollen los acuerdos de una manera libre, voluntaria y exenta de coacciones.
Mantener la reserva y el secreto profesional, respecto de los hechos conocidos en el curso de la mediación, aún después de haber cesado su mediación.
No intervenir como mediador familiar cuando haya intervenido como profesional a favor o en contra de alguna de las partes, ni actuar posteriormente en caso de litigio entre las partes, ni aún en calidad de testigo.
Artículo 9. De los deberes de las partes en litigio.
Desarrollo de las actuaciones de mediación familiar
Artículo 10. Iniciación del proceso.
El proceso de mediación familiar se iniciará mediante solicitud escrita en tal sentido realizada por todas las partes en conflicto, o de cualquiera de ellas con el consentimiento de la otra.
Artículo 11. De la propuesta y designación de la persona mediadora.
El mediador familiar habrá de ser aceptado por las partes en conflicto, pudiéndose designar del siguiente modo:
Mediante designación de las partes en conflicto, o de una de ellas con el consentimiento de la otra.
Mediante designación por la entidad mediadora a la que se haya solicitado la mediación.
Mediante designación del colegio profesional o del organismo público competente en mediación familiar de entre los profesionales inscritos en sus respectivos colegios así como en el Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad Autónoma Canaria.
Artículo 12. De la reunión inicial.
Artículo 13. Duración del proceso de mediación familiar.
Artículo 14. Terminación del proceso de mediación.
El proceso de mediación familiar terminará mediante sesión, de la que se levantará el acta final, en la cual, o bien se expresarán con la debida separación y claridad los acuerdos aceptados por las partes o bien la imposibilidad de acuerdo alguno con sus motivos.
Del acta final, se librarán tantos ejemplares como partes en conflicto hayan.
Artículo 17. Infracciones muy graves.
d) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas leves en un periodo de un año.
a) El abandono de la función mediadora, aún con causa justificada, sin haberlo comunicado con la antelación suficiente para disponer la sustitución del mediador.
Gratuidad de la mediación
Artículo 21. Gratuidad de la mediación.
La prestación del servicio de mediación será gratuita para aquellas personas que reúnan la condición de beneficiarias del derecho de asistencia jurídica gratuita en cada momento vigente.
Cuando el beneficio de mediación familiar gratuita corresponda sólo a una de las partes en conflicto, la otra sólo tendrá que abonar la mitad del coste u honorarios de la mediación.
La consejería competente en materia de mediación familiar determinará reglamentariamente los requisitos y condiciones de dicha gratuidad, así como los plazos y cuantías de los honorarios que se satisfarán a los mediadores en dichos supuestos de gratuidad.
Artículo 22. De la competencia.
En los supuestos de mediación familiar, será competente la consejería que en cada momento tenga atribuidas competencias en Justicia.
Artículo 23. Del Registro de Mediadores.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, la consejería competente en materia de mediación familiar creará el Registro de Mediadores Familiares, en donde se inscribirán las personas físicas y jurídicas que reúnan los requisitos de capacidad y aptitud para el desempeño de esta función, en los términos expresados en la presente Ley.
Su organización y funcionamiento, deberán ser desarrollados reglamentariamente dentro del plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposiciones final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza a la consejería competente en materia de mediación familiar para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, dicte las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.
Disposiciones final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de Canarias".
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 2003.
(Publicada en el "Boletín Oficial de Canarias" número 85, de 6 de mayo de 2003)
Entrada en vigor: 7 de mayo de 2003.
Publicada en el BOC núm. 85, de 6 de mayo de 2003.
SE MODIFICA el párrafo 1 del preámbulo y los arts. 3, 4.4, 4.5, 5, 6, 8, 14, 17.b) y SE AÑADE la disposición transitoria única, por Ley 3/2005, de 23 de junio (Ref. BOE-A-2005-12817).

References: artículo 12
 resolución 

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 17

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23