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BOE.es - Documento BOE-A-2016-10669
Documento BOE-A-2016-10669
Pleno. Sentencia 171/2016, de 6 de octubre de 2016. Conflicto positivo de competencia 2761-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Competencias sobre ordenación general de la economía, medio ambiente y energía: interpretación conforme de los preceptos reglamentarios que atribuyen competencias a la Administración del Estado en función de la potencia de instalaciones térmicas de generación de electricidad (STC 32/2016).
«BOE» núm. 276, de 15 de noviembre de 2016, páginas 79956 a 79970 (15 págs.)
BOE-A-2016-10669
Si bien la disposición final cuarta del Real Decreto invoca también como título habilitante el art. 149.1.13 CE, se señala –con una extensa cita de la jurisprudencia constitucional en la materia– que este título de ser interpretado de forma estricta cuando concurre con una materia o título competencial más específico, y que no toda norma o medida con incidencia económica puede encontrar cobertura en dicho precepto constitucional, si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general. Ello lleva a afirmar que en relación con los preceptos impugnados, bien encajen en materia de medio ambiente, o bien en materia de energía, la Generalitat ostenta competencias compartidas, y por ello le corresponde el ejercicio de las funciones ejecutivas, de acuerdo con lo previsto en el art. 111 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), y solo excepcionalmente el Estado podrá reservarse el ejercicio de las mismas.
En cuanto al concreto examen de los preceptos impugnados, considera la demanda que el artículo 13 viene a reservar al Estado funciones ejecutivas, que de acuerdo con el canon de constitucionalidad expuesto, corresponden a la Generalitat, como son: el «análisis de costes y beneficios» de los proyectos de instalaciones que están ubicadas en Cataluña; la realización de la «evaluación completa» en Cataluña; así como la decisión de qué proyectos de instalaciones quedan eximidos de efectuar el análisis de costes y beneficios individualizado. Una regulación respetuosa con el esquema de distribución de competencias comportaría que el Estado incorpore o agregue los datos facilitados por las Comunidades Autónomas para llevar a cabo tanto la evaluación completa en todo el territorio español (apartado 1), como el análisis de costes y beneficios (apartado 3) y que reconozca a la Generalitat la función de decidir los supuestos eximidos del análisis de costes y beneficios individualizados, como una parte más del procedimiento de autorización de las instalaciones sobre las que tiene competencia (apartado 4).
La propia Directiva 2012/27/UE prevé que estos documentos, tanto la evaluación completa como el análisis de costes y beneficios, puedan estar formados por un conjunto de planes, mapas y proyectos regionales o locales, lo que contradice el hecho de que solo se pueda llevar a cabo desde una perspectiva estatal, afirmando –como se ha hecho en la contestación al requerimiento de incompetencia– que requiere valores y parámetros de alcance nacional para realizar una evaluación homogénea, que a su vez permita realizar la comparación en diversos puntos de la geografía nacional en condiciones equivalentes, y que no pueda limitarse a agregar las evaluaciones que realicen las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios.
La disposición final primera introduce un nuevo art. 121 bis en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en virtud del cual se prevé, en el primer apartado, un trámite previo o simultáneo a la solicitud de autorización administrativa de la instalación, consistente en que el peticionario presente ante el órgano estatal el análisis de costes y beneficios individualizado para adaptar el funcionamiento de la instalación proyectada a la cogeneración de alta eficiencia, siempre que recaiga sobre una instalación cuya potencia térmica total sea superior a 20 megavatios (MW); y en el segundo apartado atribuye al órgano estatal la potestad de denegar la autorización, si no contempla la cogeneración de alta eficiencia, cuando el análisis de costes y beneficios sea favorable a su incorporación. Entiende la demanda que la modificación introducida determina que se atribuya a la Administración del Estado la competencia para resolver las autorizaciones de nuevas instalaciones térmicas de generación de electricidad o de modificación de las existentes, cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW.
2. Por providencia de 7 de junio de 2016, el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y en su representación y defensa, por la Abogada del mismo, frente al Gobierno de la Nación en relación con el artículo 13 y las disposiciones finales primera y cuarta del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/21/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Se acordó también dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días y, por medio de la representación procesal que determina el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aporte cuanto documentos y alegaciones considere convenientes, así como comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuvieran impugnados o se impugnaren los citados preceptos, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC; y publicar la incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Tras hacer referencia al contenido de la regulación que efectúa el Real Decreto, considera necesario destacar dos antecedentes relevantes para el presente conflicto. Por un lado, el hecho de que el Dictamen emitido por el Consejo de Garantías Estatutarias 3/2016 excluye la inconstitucionalidad de la atribución de competencias al Estado que realizan los apartados 1 y 3 del artículo 13; por otro, que el Gobierno, en la contestación al requerimiento formulado por el Gobierno de Cataluña vino a afirmar, en relación con lo previsto en la disposición final primera, que «en ningún caso se cuestiona la competencia de la Generalitat de Cataluña para otorgar autorizaciones sobre instalaciones de producción que estén en su territorio y que el aprovechamiento que generen sólo se proyecte sobre la propia Comunidad», añadiendo que «el hecho de que lo previsto en el nuevo art. 121 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sea de aplicación a todas las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW es el evitar que alguna instalación de producción de competencia estatal con estas características quede fuera del ámbito de aplicación, incumpliendo por tanto lo dispuesto en la Directiva de eficiencia».
Con independencia de que, siendo éste el argumento, no existe, en principio inconstitucionalidad en la atribución de competencia al Estado, además se ha señalado en la contestación al requerimiento, que «la preparación de esta evaluación completa sólo puede desarrollarse desde una perspectiva estatal. El alcance de la evaluación debe ser sobre todo el territorio nacional y debe elaborarse sobre un amplio enfoque temporal y geográfico», por lo que –afirma el Abogado del Estado– para lograr esta finalidad es necesario que el Estado ostente competencias para analizar y excluir del análisis tal y como dispone el artículo 13.
El Abogado del Estado –como más ampliamente se expone en los antecedentes– rechaza las vulneraciones denunciadas, señalando que los preceptos impugnados responden a un adecuado ejercicio de las competencias estatales contempladas en el art. 149.1.13, 22 y 25 CE.
La omisión absoluta de cualquier alegación en relación con lo dispuesto en los citados apartados impide que este Tribunal pueda entrar a pronunciarse sobre los mismos, y así lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, ya que es carga del recurrente argumentar los motivos por los que las disposiciones impugnadas transgreden el orden constitucional, y cuando esa carga no se observa es justo hablar de una falta de la diligencia procesalmente exigible, pues «la promoción de un conflicto requiere que se justifique la afección de las normas constitucionales y estatutarias definidoras del orden competencial, correspondiendo a la Comunidad Autónoma demandante la carga de alegar la competencia propia que se entiende menoscabada o vulnerada, así como la de justificar ese menoscabo o vulneración determinante de la existencia de un verdadero conflicto constitucional sobre el que deba pronunciarse este Tribunal (STC 44/2007, de 1 de marzo, FJ 9), y, en el presente caso, esa ausencia de alegación impide considerar justificada la existencia de invasión, menoscabo o condicionamiento del ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma» (STC 123/2014, de 21 de julio, FJ 4).
El objeto del Real Decreto 56/2016 es, conforme a su preámbulo, «el impulso y la promoción de un conjunto de actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético, que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda energética de la instalación, equipos o sistemas consumidores de energía, además de disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables, a fin de asegurar la aplicación efectiva y oportuna de la citada Directiva 2012/27/UE de Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. En este sentido, se trata también de profundizar en el desarrollo del mercado de los servicios energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto de la demanda como de la oferta de dichos servicios». El Real Decreto transpone parcialmente la citada Directiva, principalmente en lo relativo a auditorías energéticas, sistemas de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos, así como en lo relativo a la promoción de la eficiencia energética en los procesos de producción y uso del calor y del frío.
Los títulos competenciales estatales que debemos tomar en consideración son, pues, los establecidos en las reglas 13 («bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica») y 25 («bases del régimen … energético») del art. 149.1 CE, invocados expresamente en la disposición final cuarta del Real Decreto; así como también el título competencial previsto en el artículo 149.1. 23 («legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección»), que tiene un carácter complementario, en la medida en que las actuaciones reguladas para la mejora de la eficiencia energética, contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, con ello a su vez, al cumplimiento de los objetivos sobre cambio climático.
Aunque resulten imbricados los títulos competenciales citados, dado que el más específico a los efectos del presente conflicto es el contemplado en el art. 149.1.25 CE, hemos de centrar en él nuestro análisis. Igualmente, debemos tener en cuenta, en relación a lo previsto en la disposición final primera de la norma controvertida, el título competencial recogido en el art. 149.1.22 CE («autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad Autónoma o el transporte de energía salga de su ámbito territorial»), pues es en este título estatal en el que se encuadra ese concreto precepto, con el alcance que ya examinamos en la STC 181/2013, de 23 de octubre, FJ 4.
A su vez, dichos títulos han de ser puestos en relación con el art. 133.1 EAC que atribuye a la Generalitat la competencia compartida en materia de energía que incluye las submaterias siguientes: «a) La regulación de las actividades de producción, almacenaje y transporte de energía, el otorgamiento de las autorizaciones de las instalaciones que transcurran íntegramente por el territorio de Cataluña y el ejercicio de las actividades de inspección y control de todas las instalaciones existentes en Cataluña; b) La regulación de la actividad de distribución de energía que se lleve a cabo en Cataluña, el otorgamiento de las autorizaciones de las instalaciones correspondientes y el ejercicio de las actividades de inspección y control de todas las instalaciones existentes en Cataluña; c) El desarrollo de las normas complementarias de calidad de los servicios de suministro de energía; d) El fomento y la gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética». Carácter compartido de la competencia autonómica que ha de ser entendido en el sentido que ya expresamos en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 60.
Finalmente, a efectos de completar el canon de enjuiciamiento aplicable, es preciso referirse, puesto que es cuestión debatida en el presente proceso, a la doctrina constitucional en torno a los requisitos de carácter formal y material que han de cumplir las bases estatales. En la STC 4/2013, de 17 de enero, FJ 5, citada por las SSTC 32/2016, FJ 4, y 62/2016, de 17 de marzo, FJ 7, el Tribunal declaró que «el ámbito de lo básico, desde la perspectiva material, incluye las determinaciones que aseguran un mínimo común normativo en el sector material de que se trate y, con ello, una orientación unitaria y dotada de cierta estabilidad en todo aquello que el legislador considera en cada momento aspectos esenciales de dicho sector material (STC 223/2000, de 21 de septiembre, FJ 6, con cita de las SSTC 1/1982, de 28 de enero; 48/1988, de 2 de marzo; 147/1991, de 4 de julio, y 197/1996, de 28 de noviembre)».
Las citadas SSTC 32/2016, FJ 4, y 62/2016, FJ 7, recuerdan que «[P]or lo que hace a la perspectiva formal, en el ámbito de la energía eléctrica, la doctrina constitucional entiende que el concepto de bases comprende las normas básicas con rango legal sobre la ordenación del sector eléctrico, y también, de manera excepcional y de acuerdo con la doctrina constitucional sobre el concepto material de bases, normas de carácter reglamentario y actos de naturaleza ejecutiva, especialmente, pero no sólo, con respecto al régimen económico del sector (STC 18/2011, FJ 8). Nuestra doctrina ha fijado los requisitos que deben cumplirse, de modo que se ha admitido que a esta perspectiva atiende «el principio de ley formal... en razón a que sólo a través de este instrumento normativo se alcanzará... una determinación cierta y estable de los ámbitos de ordenación de las materias en las que concurren y se articulan las competencias básicas estatales y reglamentarias autonómicas. También precisamos que como excepción a dicho principio de ley formal... el Gobierno puede hacer uso de la potestad reglamentaria, para regular por Decreto alguno de los preceptos básicos de una materia, cuando resulten, por la competencia de ésta, complemento necesario para garantizar el fin a que responde la competencia sobre las bases (STC 98/2001, de 5 de abril, FJ 7, con cita de la STC 69/1988, de 19 de abril, FJ 5)» (STC 14/2004, de 13 de febrero, FJ 11). En el caso de la ordenación del sector eléctrico la intervención de la norma reglamentaria, amparada tanto en el título general relativo a la planificación de la economía (art. 149.1.13 CE) como en el más específico relativo al sector energético (art. 149.1.25 CE), se justifica por su importancia para el conjunto de la economía nacional y por su carácter esencial para la totalidad de los sectores económicos y para la vida cotidiana (STC 148/2011, de 28 de septiembre, FJ 6), así como en los casos en los que la propia norma legal lo reclama para completar la regulación de la disciplina básica por ella definida y conseguir la exigible calidad y seguridad en el suministro y también por su carácter marcadamente técnico, justificativo de su tratamiento por normas reglamentarias (STC 4/2013, FJ 5)».
«1. Cada cinco años el Ministerio de Industria, Energía y Turismo llevará a cabo y notificará a la Comisión Europea, una evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, que contendrá la información indicada en el anexo III.
En los casos en que a evaluación prevista en el apartado 1 del presente artículo y el análisis mencionado en el apartado 3 no determinen la existencia de un potencial cuyas ventajas sean superiores a su coste, con inclusión de los costes administrativos de la realización del análisis de costes y beneficios contemplado en el apartado siguiente o en el art. 121 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, según corresponda, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá eximir a las instalaciones de la realización de dicho análisis de costes y beneficios.»
La cogeneración se concibe como la generación simultánea de energía térmica y de energía eléctrica o mecánica en un único proceso, a partir de una misma fuente de energía primaria, que permite aprovechar el calor que se produce. La Directiva 2012/27/UE parte de considerar que los sistemas de cogeneración de alta eficiencia y los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración tienen gran potencial para el ahorro de energía primaria, razón por la cual prescribe en su artículo 14 la obligación de que los Estados lleven a cabo la evaluación exhaustiva y actualizada de este potencial, con el fin de «facilitar información a los inversores sobre los planes nacionales de desarrollo y contribuir a un entorno estable y propicio a las inversiones». Se pretende así que las instalaciones nuevas de generación de electricidad y las ya existentes que hayan sido objeto de una reforma sustancial o cuyo permiso o licencia se haya actualizado, vayan equipadas con unidades de cogeneración de alta eficiencia para recuperar el calor residual procedente de la producción de electricidad, siempre que el análisis de costes y beneficios sea favorable; y este calor residual podría luego transportarse a donde se necesite mediante redes de calefacción urbana. A su vez, para llevar a cabo esta evaluación completa, se dispone la realización por los Estados de un análisis de costes y beneficios que abarque todo el territorio, atendiendo a las condiciones climáticas, a la viabilidad económica y a la idoneidad técnica, que deberá permitir la determinación de las soluciones más eficientes en relación con los recursos y más rentables en relación con los costes, para responder a las necesidades de calefacción y refrigeración.
El ámbito estatal de la actividad a realizar, y por tanto el carácter supraterritorial de la actividad descrita, conllevan la exigencia ineludible de una coordinación homogénea, desarrollada por un único titular, como único medio para integrar los diversos componentes multisectoriales, interterritoriales y temporales implicados, lo que hace imposible el fraccionamiento de la actividad. Nos encontramos pues ante un supuesto en el que el alcance supraterritorial de la actividad ejecutiva justifica su ejercicio por el Estado, en los términos expresamente reconocidos por la doctrina constitucional, esto es, «cuando además del alcance territorial superior al de una Comunidad Autónoma del fenómeno objeto de la competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza, no sea susceptible de fraccionamiento y aun en este caso, dicha actuación no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperación y coordinación, sino que requiera una grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar la atribución a un único titular, que forzosamente deba ser el Estado, o cuando sea necesario recurrir a un ente con capacidad de integrar intereses contrapuestos de varias Comunidades Autónomas» (por todas, STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 6).
El precepto controvertido ha de reputarse pues acorde con el orden constitucional de distribución de competencias, pues si bien el mismo contempla una medida ejecutiva de carácter básico, el alcance supraterritorial de la actividad a realizar, la exigencia de una coordinación de datos que supera la perspectiva autonómica, así como el carácter esencial de la coherencia y homogeneidad técnica de la actuación de las Administraciones públicas en la valoración y elaboración de estos parámetros en orden a la posterior planificación del potencial de uso de esta fórmula de eficiencia energética, hacen inviable la descentralización de dicha actividad y exigen la coordinación por un único sujeto, que necesariamente ha de ser el Estado, pues como este Tribunal ya ha tenido ocasión de afirmar «es legítimo que el Estado ejerza, en aquellos supuestos en los que aparezcan esas circunstancias (supraterritorialidad, necesidad de coherencia y homogeneidad técnica) facultades de coordinación» (STC 53/2016, de 17 de marzo, FJ 5).
Lo anterior no es obstáculo para que a esa evaluación y análisis global, puedan eventualmente incorporarse también informaciones o datos proporcionados por las propias Comunidades Autónomas en relación con instalaciones situadas en su territorio, siendo la vía adecuada para ello, la utilización de los instrumentos de colaboración previstos en el bloque de la constitucionalidad, sin que corresponda a este Tribunal «determinar, ni tan siquiera sugerir, cuáles son las técnicas y cauces precisos para dar curso a la necesaria cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas» (STC 3/2014, FJ 4), pero sin que esa función colaborativa pueda llevar a sustituir la perspectiva global y el alcance nacional de la función de evaluación y análisis que aquí se contempla y que justifican su atribución a un órgano del Estado.
6. La disposición final primera introduce un nuevo artículo 121 bis («trámites previos») en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que si bien no se reproduce totalmente dada su extensión, viene sustancialmente a establecer lo siguiente:
«1. Con carácter previo o simultáneo a la solicitud de autorización administrativa, el peticionario presentará ante la Dirección General de Política Energética y Minas un análisis de costes y beneficios de adaptar el funcionamiento de la instalación proyectada a la cogeneración de alta eficiencia de acuerdo con lo dispuesto en el anexo IV parte 2 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, en los siguientes casos.
b) Cuando se lleve a cabo una renovación sustancial de una instalación térmica de generación de electricidad, cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW…
4. En todo caso, lo dispuesto en apartados anteriores se aplicará a las instalaciones a las que es aplicable la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y sus disposiciones de desarrollo sobre las emisiones industriales, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en las mismas.»
El argumento que sustenta la impugnación de este precepto es exclusivamente el de considerar que el mismo es incoherente con el criterio establecido en el art. 111 del Real Decreto 1955/2000 que delimita la competencia para otorgar y denegar autorizaciones administrativas de las instalaciones térmicas de generación de electricidad. Considera el Gobierno de la Generalitat que el establecimiento de 20 megavatios (MW) térmicos como umbral delimitador de la competencia de autorización no respeta el canon de constitucionalidad que resulta del art. 149.1.22 CE y del art. 133 EAC, en los términos en que ha sido interpretado por la propia doctrina constitucional, e infringe el art. 3.13 a) de la Ley del sistema eléctrico. Este umbral de 20 MW no es relevante ni significativo para determinar el aprovechamiento infra o supracomunitario de una instalación de producción de energía eléctrica, cuando es éste el criterio delimitador que deriva de los preceptos señalados y del canon de constitucionalidad aplicable, por lo que resulta contrario a lo señalado tanto en el art. 149.1.22 CE como en el art. 133 EAC y a lo señalado por la STC 32/2016.
El precepto contempla el régimen de otorgamiento de las autorizaciones para el funcionamiento o renovación de instalaciones térmicas de generación de electricidad que apliquen la cogeneración de alta eficiencia, exigiendo la presentación –previa o simultánea– por parte del peticionario, de un análisis de costes y beneficios, en aquellos supuestos en que la potencia térmica total de la instalación sea superior a 20 MW, tal y como se señala en la Directiva en su artículo 14.5. En lo que respecta a la exigencia de dicho trámite previo, no es función propia de este Tribunal pronunciarse en abstracto sobre cuestiones o aspectos de carácter técnico que vengan establecidos por el legislador como consecuencia de la evolución tecnológica y su impacto sobre la eficiencia energética, por lo que nuestro examen ha de limitarse a examinar si las nuevas facultades de autorización de las instalaciones, atribuidas en el precepto a un órgano estatal, infringen la delimitación constitucional y estatutaria de competencias que deriva de lo dispuesto en el art. 149.1.22 CE y en el art. 133 EAC en los términos señalados por la doctrina constitucional en esta materia.
La potencia térmica de una instalación, medida en megavatios térmicos, que es el factor limitativo de cogeneración de energía introducido por el Real Decreto 56/2016 y la potencia eléctrica de las instalaciones a las que hace referencia la Ley del sector eléctrico (LSE) son dos referentes técnicos de distinta naturaleza. En otros términos, las instalaciones térmicas de generación de electricidad mediante cogeneración tienen una naturaleza y una finalidad propias, y utilizan una técnica de producción de energía eléctrica distinta de la convencional. La potencia térmica total instalada no es un concepto coincidente con el de potencia eléctrica al que se refiere la Ley del sector eléctrico; es decir, los megavatios de potencia térmica total de una instalación de cogeneración no coinciden necesariamente con los megavatios de potencia eléctrica, por lo que no resultan aplicables al presente supuesto las previsiones de la Ley del sector eléctrico a las que se remiten los recurrentes.
Afirmamos entonces que «no es misión de este Tribunal señalar en abstracto cuáles podrían ser los criterios técnicos más oportunos, adecuados o convenientes … ni valorar en abstracto si son suficientes, sino enjuiciar en concreto si los criterios legales cuestionados infringe o no el bloque de constitucionalidad (STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 13», y entendimos que «los datos de potencia instalada y de la tensión nominal de la línea que emplea el precepto impugnado son sin duda muy relevantes a la hora de valorar la proyección intra- o supracomunitaria de una concreta instalación eléctrica en el mercado del sector eléctrico y, por ello, pueden ser también datos relevantes para determinar a qué ente territorial le corresponde su autorización, sin que por sí mismos sean incompatibles con el criterio territorial que enuncia el art. 149.1.22 CE». Después de recordar que «ni el legislador estatal ni el autonómico pueden situarse en la posición propia del poder constituyente», señalamos que «el precepto impugnado puede ser objeto de una interpretación conforme a la Constitución. En la medida en que se entienda que la aplicación de los criterios legales cuestionados no conduce necesariamente a un resultado material distinto del que se desprende de la regla constitucional del aprovechamiento intra- o extracomunitario consagrada en el art. 149.1.22 CE. Así pues, debe descartarse la inconstitucionalidad del precepto impugnado en tanto que la aplicación de los criterios legales de potencia instalada y de la tensión nominal de la línea no tenga el efecto de alterar el resultado querido por el poder constituyente, sino que, por el contrario, aquel ha de ser entendido en el sentido de que la autorización estatal de las instalaciones que cumplan los criterios de potencia y tensión a lo que hace referencia procederá, en tanto que los mismos son indicativos de territorialidad, en los supuestos previstos en el art. 149.1.22 CE».
Señalado lo anterior, estamos en condiciones de pronunciarnos sobre la impugnación del artículo 13.4, precepto respecto del cual hemos de llegar a idéntica conclusión; esto es, la competencia para eximir o no de análisis individualizado de costes y beneficios, en la medida en que se inserta como trámite previo, en el procedimiento de autorización de las instalaciones con potencia térmica total superior a 20 MW, habrá de corresponder al titular de la competencia para el otorgamiento de la autorización, en los términos que acaban de señalarse; y, por ello, la referencia que en el citado precepto se efectúa a la Dirección general de política energética y minas ha de ser entendida en relación con aquellas instalaciones respecto de las cuales –y conforme a los parámetros doctrinales expuestos– le corresponda la competencia para el otorgamiento de la correspondiente autorización administrativa.
«Este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias que las reglas 13, 23 y 25 del art. 149.1 de la Constitución Española atribuyen al Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sobre protección del medio ambiente y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente.»
1.º Declarar que el art. 13.4 y la disposición final primera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, son conformes con la Constitución, interpretados en los términos señalados en el fundamento jurídico 6.
2.º Desestimar en lo demás el presente conflicto positivo de competencias
DICTADA en el Conflicto 2761/2016 (Ref. BOE-A-2016-5797).
DECLARA que el art. 13.4 y la disposición final 1 son conformes con la Constitución, interpretados en los términos del fj 6 y la desestimación en todo lo demás en relación con el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-2016-1460).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 121
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 13
 real decreto 
 Real Decreto 
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