Source: http://noticiasfueradefoco.blogspot.com/2008/02/
Timestamp: 2017-07-26 10:28:37+00:00

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F U E R A D E F O C O: febrero 2008
“ESTOY DISPUESTO A APOYAR CUALQUIER ESPACIO DE INVESTIGACIÓN”
El presidente del Concejo Municipal se manifestó a favor de la creación de una comisión investigadora de la gestión de Ezequiel Martín Balbarrey. La iniciativa fue presentada la semana pasada por los integrantes del bloque Santa Fe es el Centro. Para el concejal Jorge Henn es necesario saber lo que pasó durante el gobierno justicialista.El presidente del Concejo Municipal, Jorge Henn, se manifestó a favor de la creación de una comisión investigadora de la gestión del ex intendente Ezequiel Martín Balbarrey. “Nosotros no podemos menos que apoyar cualquier instancia que nos diga que fue lo que pasó y si hubo cuestiones que se hicieron mal en la ciudad de Santa Fe, de lo contrario, no estaríamos cumpliendo con el compromiso que hemos contraído con la sociedad”, dijo el edil en el programa Fuera de Foco.“Es bueno que esto ocurra y el ingeniero Barletta hizo mención de algunas irregularidades a partir de una auditoria. Nosotros no creemos en el mensaje de no mirar para atrás, porque los funcionarios deben preocuparse en serio”, sostuvo Henn.La semana pasada, los concejales Cristian Huser y Héctor Acuña, del bloque Santa Fe es el Centro, anunciaron la presentación de un proyecto de decreto donde se propone la creación de una “comisión investigadora” encargada de investigar las posibles irregularidades cometidas en la pasada gestión justicialista.“Conozco el proyecto por los comentarios periodísticos, todavía no lo pudimos ver exhaustivamente, pero si es un proyecto de investigación sobre lo que pasó en la gestión Balbarrey, personalmente creo que tiene que ser apoyado y se debe averiguar. Después si algunas cuestiones no son como dice el partido que lidera Oscar Martínez, se sabrá, pero para esto están las comisiones investigadoras y personalmente estoy dispuesto a apoyar cualquier espacio de investigación”, concluyó el concejal Jorge Henn.
“ES MOLESTO DECIRLE A LA GENTE QUE VAMOS A AUMENTAR LAS COSAS”
El ministro Antonio Ciancio pasó por la Cámara de Diputados y defendió el aumento de tarifas de la EPE. Lo acompañó el titular de la empresa, Daniel Cantalejo, que describió la situación como de “deterioro mayúsculo”. Los diputados justicialistas propusieron un incremento de alcance más acotado y defendieron la gestión de Jorge Obeid. Con los nuevos valores de la electricidad ingresarán a la empresa 200 millones de pesos extras por año.El 30 de noviembre pasado, el entonces titular de la Empresa Provincial de la Energía, Luís El Halli Obeid, afirmaba en un comunicado de prensa: “Creo que la EPE queda mejor que nunca, en un excelente estado de situación. La EPE está potente, su estructura de personal nunca ha sido tan alta como la que tiene hoy. En estos cuatro años hicimos un esfuerzo fenomenal, el grado de compromiso que logramos del staff de conducción de la empresa, de las 150 o 200 personas que la conducen en toda la Provincia, es de una moral tan alta que a mí mismo me impresiona”.Sin embargo, pese a este alentador panorama, el ex funcionario admitió: “Hay un dato que es elocuente: el atraso tarifario nos generó déficit que obligó a que el Estado provincial haya salido en auxilio nuestro prestándonos 40 millones de pesos para obras, de los 117 millones de pesos que invertimos. De déficit operativo nos quedarán, con atrasos, otros 30 millones de pesos totalizados en este año, que son insignificantes prácticamente en los alrededor de 1.150 millones que la EPE puede facturar. Esos 30 millones se pueden resolver”, aseguró Luís El Halli Obeid.A noventa días de estas declaraciones la situación de la distribuidora eléctrica santafesina se presenta muy diferente, y el aumento de tarifas anunciado por las nuevas autoridades de la EPE se ha instalado con fuerza en el debate político provincial. Un anticipo de lo que se viene se pudo ver ayer por la tarde en la Cámara de Diputados.Convocados por los diputados del Frente para la Victoria, Mario Lacava y Luís Rubeo, pasaron por la comisión de Labor Parlamentaria, el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, y el titular de la Empresa Provincial de Energía, Daniel Cantalejo.Frente a los legisladores de la oposición, Cantalejo sostuvo que la EPE se encuentra en un estado de “deterioro mayúsculo” y defendió la necesidad del aumento de tarifas, señalando que el incremento previsto “no afectará la economía familiar” de los usuarios residenciales.Por su parte, desde el justicialismo abundaron las críticas hacia lo que denominaron “tarifazo”, pronosticaron mayor inflación porque las empresas trasladarían a sus precios el aumento y reivindicaron a coro lo actuado durante la gestión de Jorge Obeid. Esto dio origen a un cruce de acusaciones donde no faltaron las menciones a la debacle del año 2001 y al fallido intento privatizador de la EPE durante la gestión de Carlos Reutemann.Cuando se calmaron los ánimos, Cantalejo precisó que la empresa necesita una inversión de 200 millones anuales para “torcer la curva exponencial de deterioro” en que se encuentra, advirtiendo que sin el aumento propuesto, “el 2008 cierra con un déficit de 150 millones, más otros 50 millones que vienen de arrastre del 2007”. En relación al impacto inflacionario del aumento de tarifas, el titular de la EPE relativizó esa posibilidad, argumentando que salvo en el sector frigorífico y en el comercio, el consumo de electricidad no tiene demasiada incidencia en el precio de los productos.El encuentro, además sirvió, para que los diputados justicialistas presentaran su propio esquema de aumento de tarifas. “Coincidimos en que la empresa necesita inversiones y un plan de obras”, dijo Luís Rubeo, “por lo que nosotros decimos: de 0 a 500 Kw. de consumo que no se aumente la tarifa; de 501 Kw. en adelante que se incremente un 20 por ciento como lo plantea el Ejecutivo actual; para los casos sociales, que tienen asignados 300 Kw., pedimos que se incremente esa banda porque sabemos de muchos casos que están encima de ese consumo y no pueden pagar la tarifa; planteamos también que los jubilados tengan asignada la misma cantidad de consumo que el caso social, hoy tienen asignados 240 Kw. y si incorporan una lamparita pierden el beneficio; y lo otro que proponemos es un proceso de control muy severo de la evasión, que para nosotros es el principal problema que tiene la empresa”.Este esquema fue escuchado con atención por los funcionarios del ejecutivo provincial, quienes se comprometieron a estudiarlo, aunque sin alentar demasiadas expectativas. En los cálculos de Cantalejo, el incremento de tarifas le reporta a la EPE unos 150 millones de pesos netos por año, lo que sumado al aporte del Tesoro Provincial permitiría cerrar el ejercicio sin sobresaltos.BalanceFinalizado el encuentro, el ministro Antonio Ciancio realizó un balance de lo conversado: “Me voy muy tranquilo, creo que nuestro diagnóstico y las propuestas que propusimos a la sociedad tienen un fundamento cierto, al margen de alguna cuestión de índole política, los temas técnicos que hemos tratado con la oposición tienen un grado de racionalidad que vamos a atender y analizar. Y vamos a ver en cuanto podemos tomar en consideración la propuesta que han hecho de dejar una banda tarifaria congelada. En principio me parece que no es bueno, yo creo que toda la sociedad debe saber cuanto cuesta el servicio y debe afrontar en alguna medida el costo de ese servicio”, aseguró.“No le cambia la vida a un jubilado un peso cincuenta de aumento cada dos meses, que se sepa que las cosas tienen un valor distinto que hace unos meses”, insistió el funcionario.- ¿Tiene costo político la decisión del aumento?, preguntó Fuera de Foco.- No, ninguno. La verdad que el tema del costo político, a un técnico como yo, es una frase que no llego a dimensionar. Nosotros estamos haciendo un trabajo técnico político serio. Yo pertenezco al socialismo desde mi más tierna juventud. Pero yo no me manejo con ese tema.Ciancio insistió en que la situación de la distribuidora eléctrica provincial es muy mala y reveló que en varias oportunidades, durante la gestión anterior, no se cumplieron los compromisos de pago con el mercado eléctrico mayorista. “Quiero advertir que no fue una sola vez que la EPE no le pudo pagar a Cammesa la factura. Antes se demoró un pago de 20 millones de pesos y por lo menos hubo dos o tres episodios que nosotros no quisimos divulgar para no echar nafta al fuego, pero esta es una empresa que llego boqueando y nos la entregaron para que nos hiciéramos cargo del problema, y hoy por hoy, responsablemente, hay que asumir la situación y la oposición (antes oficialismo) nos tiene que acompañar”, reclamó el ministro.Cuando se le preguntó porque se llegó a esta situación, Ciancio apuntó a la gestión anterior: “El estado en su momento tomó la decisión de no hacer frente a una realidad que es molesta. Recién me hablaban de costo político, y es molesto decirle a la gente que vamos a aumentar las cosas, pero en última instancia, nosotros estamos aquí, no para ser paternalistas o condescendientes, sino para decirle a la gente cual es la situación real y como afrontarla”.A finales de 2007, Luís El Halli Obeid dejaba la conducción de la EPE declarando: “Yo me voy satisfecho, a plenitud”, la empresa “queda impecable y funciona diez puntos”.
El “negocio de la mendicidad” preocupa a muchos comunicadores: “pidiendo ganan más que yo, con mis lícitas actividades”, han dicho sin sonrojarse algunos. Otros, azuzan a la resentida y alicaída clase media con declamaciones y enojos acerca del destino del dinero que reciben. Un artículo para desmentir la pobreza de los pobres santafesinos. “Mío es el mundo como el aire libre… otros trabajan porque coma yo…”, es el título de una nota aparecida en el diario Nueva Época en la década del 20. Se trata de un artículo en donde se pretendía desmentir la pobreza de los pobres santafesinos. Decía que “la plaga de la mendicidad callejera” había evolucionado hacia una actividad legal. “Actualmente el pordioserismo en Santa Fe es un comercio tan bien organizado o quizás mejor organizado que el del ramo de especies comestibles”. Los mendigos de ambos sexos no imploran la caridad pública. La exigen como un diezmo que las gentes duras o blandas de corazón deben oblar si no se quieren evitar un mal rato. —Necesito comer, señor, me estoy cayendo de debilidad, dice un sujeto que viste un buen saco montañac con ribetes de trencilla negra y calza unos excelentes botines de elásticos. La frase, adecuada a los tiempos, se escuchó no hace mucho: “son pobres pero se compran zapatillas que yo ni me puedo comprar”. Nótese además con qué éxtasis describe el periódico la reacción de la “buena gente” y cuáles eran sus esperables reacciones, que son modificadas para evitar un mal momento: “El interpelado mira al postulante con abiertos deseos de pegarle, pero hay gente, se intimida pensando en el espectáculo que armará aquel si le niega un tributo y, en vez de un garrotazo le da una moneda. El mendigo saca su monedero, coloca allí la pieza cobrada, enciende un pitillo encerando la extremidad de que debe chupar, con el fósforo y se pierde entre una nube de humo y otra nube de admiración”. Los ejemplos abundaban, y así lo escribe Nueva Época, el gran portavoz del patriciado santafesino. —Señor, 50 centavos para un remedio de mi hijito. El individuo es una buena persona y no cabe la menor duda de que hará una obra de bien. ¡Qué fácil le es, sin sacrificio ninguno, quitar su dolorosa preocupación de esa mamá afligida pagar el precio de un laxante que volverá los colores y la alegría al pobre niño, tendido según se lo imagina, allá en el oscuro ángulo de un habitáculo, con las manitas cruzadas sobre el pecho y los ojos devorados por la fiebre. El caballero ha abierto su portamoneda y el rostro de la mujer se ha iluminado. Pero hete aquí que cuando todo va a terminar con un bello acto de generosidad, la señora en desgracia habla al benefactor con un tono inusitado y de súbito, como quien dispara un tiro sin aviso previo, le cierra un ojo. El señor experimenta la sensación de un calofrío que le corriera por la espina dorsal, le tiemblan las piernas y se pierde o se salva, según sea de flaca o de estoica su moralidad. Nueva Época sugería poner fin a tamaña afrenta: “El gobierno, si por los medios que tiene a su alcance no consigue disminuir las legiones de traficantes de la sociedad, debe ir pensando al menos en gravar el comercio de la mendicidad con un fuerte impuesto ya que la situación de ese gremio es notoriamente desahogada”.
Personas desconocidas se llevaron las ciento cincuenta cruces que recordaban los muertos de la inundación de 2003. Ocurrió en las primeras horas del sábado pasado cuando comenzaban los preparativos del festival “La plaza de la Casa”. La Policía recuperó treinta cruces dejadas en un comercio robado de la zona. Las organizaciones de inundados vinculan el hecho con el escrache realizado al ex intendente Martín Balbarrey.Por segunda vez robaron las cruces clavadas en la Plaza de Mayo en memoria de las víctimas de la inundación de 2003. El hecho ocurrió sábado pasado, antes de las siete de la mañana, cuando comenzaban los preparativos del festival “La plaza de la Casa”. A esa hora se produjo un corte de energía eléctrica en la zona, que fue aprovechado por personas desconocidas, para arrancar los ciento cincuenta recordatorios dejados por las organizaciones de inundados.A poco de ocurrido el robo, un comerciante de la zona denunció que en el interior de su local habían aparecido una veintena de cruces, luego que le rompieran la vidriera para sacarle un equipo musical. Algunos testigos citados por fuentes policiales identificaron a un hombre joven vestido de negro como el responsable de la sustracción.Sin embargo, esta versión oficial resulta poco creíble para los integrantes de la Carpa Negra y la Marcha de la Antorchas. Consultada por Fuera de Foco, Graciela García confirmó lo ocurrido, agregando que pasado el mediodía del sábado, concurrió a la Seccional Primera de Policía para retirar las cruces recuperadas.Para la integrante de Marcha de las Antorchas, no es posible que una sola persona, como señala la Policía, haya cargado más de cien cruces para dejar alguna de ellas en un comercio ubicado a varias cuadras de la Plaza de Mayo. “Nos dijeron que las encontraron en Corrientes al 3000”, dijo García, “no es posible que un solo muchacho se les haya llevado caminando”, agregó.La militante además comentó, que en la seccional policial le tomaron declaración antes de restituirle las cruces encontradas. “Me preguntaron cuantas había, desde cuando estaban clavadas y si teníamos permiso”, dijo entre sorprendida e indignada.En su declaración policial, Graciela García dejó constancia de las sospechas que tiene. “Les dije que el primer robo ocurrió en julio de 2005, a los pocos días que habíamos marchado hacia la Municipalidad para escarcharlo al intendente. Ahora la historia se repite después que le pedimos al ministro Ciancio que lo saque a Balbarrey”.Como se recordará, el lunes 18 de febrero, varios militantes de agrupación Marcha de las Antorchas se concentraron frente al Ministerio de Agua y Servicios Públicos de la provincia, para protestar por el regreso de Martín Balbarrey a dicha repartición como director general de Alertas Hidrológicas.RestituciónLuego de recuperadas, treinta de las ciento cincuenta cruces robadas, los integrantes de las agrupaciones Carpa Negra y Marcha de la Antorchas volvieron a colocar los recordatorios en el centro de la Plaza de Mayo. “Fuimos el sábado a la tarde antes el festival y las clavamos otra vez. Dijimos algunas palabras, hicimos un minuto de silencio y recordamos a todos nuestros muertos por su nombre”, dijo García.En los lugares donde faltan las cruces ahora puede verse una madera con un moño negro.
El gobernador de la provincia cargó duramente contra los integrantes del Colegio de Magistrados. Calificó a los directivos de la entidad como “energúmenos del pasado” y dijo que es “una inmoralidad” que los ministros de la Corte Suprema hayan sido elegidos con criterios partidarios. Lo hizo en el acto de cierre del Foro Social, Económico y Político de Santa Fe. La disputa estalló tras los cambios introducidos en el mecanismo de selección de jueces. Este lunes las partes en conflicto se verán las caras en el acto de apertura del año judicial. El gobernador de la provincia Hermes Binner continuó con su escalada verbal contra las caras visibles de la corporación judicial. El escenario elegido esta vez, fue el acto de cierre del Foro Social, Económico y Político de Santa Fe, realizado el sábado por la tarde en la ciudad de Rosario, donde compartió tribuna con monseñor Jorge Casaretto y el ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco. Allí el mandatario reivindicó la tarea realizada en los primeros meses de gobierno en el campo de la justicia.“Hemos podido dar señales claras de que queremos modificar la justicia, porque esta justicia, no es justicia”, disparó Binner, frente a los dos mil asistentes al foro que colmaron las instalaciones del Patio de la Madera. “Nosotros queremos una justicia que funcione y generamos un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no para decirles a los jueces que es lo que tienen que decidir, sino para aliviarles el trabajo, para que hagan su tarea y se comprometan con la sociedad a llevarla adelante”.El mandatario además criticó los mecanismos utilizados en los últimos años para designar los integrantes del máximo tribunal provincial. “Por eso el gobernador el autolimitó en la designación a dedo de los jueces de la Corte Suprema, porque también es una inmoralidad elegirlos por partido político”, en alusión al sistema de reparto de cargos instrumentado entre el Partido Justicialista y un sector del radicalismo.Pero el momento más duro del discurso fue cuando se refirió a los integrantes del Colegio de Magistrados, con quienes mantiene una fuerte polémica, a partir de los cambios introducidos en el mecanismo de selección de jueces. “No vamos a dejar pasar a estos energúmenos del pasado”, dijo un Binner enérgico, en medio de los aplausos.La semana pasada, el titular del Colegio de Magistrados, cuestionó que la entidad ya no pueda participar en todas las instancias del proceso de selección de jueces. “No tenemos la participación orgánica que hemos tenido hasta ahora, hemos pasado a ser meros colaboradores, porque así lo dice el Decreto 164 dictado por el Poder Ejecutivo”, había dicho el camarista Daniel Rucci.La réplica del gobernador sorprendió a varios: “Los viejos privilegios crujen, tenemos que avanzar en políticas nuevas”, señalando la voluntad del gobierno de introducir cambios en la justicia.Este rumbo fue ratificado públicamente el sábado. “Hemos reformado el Consejo de la Magistratura para que haya una formación transparente de los jueces en su elección, para que la sociedad tenga el derecho de tener las mejores mujeres y hombres que entiendan sobre la cuestión de justicia”, explicó Binner, antes de le embestida.“Por eso elaboramos un plan que tiene que ver con garantizar la participación de la sociedad en su conjunto, donde tenemos una entrevista pública, en la que participan fundamentalmente los académicos y los colegios de abogados. Y hubo sectores del privilegio que siempre estuvieron con el dedo indicando éste sí a aquél no, que hoy se quejan porque en esa última instancia no están. No están a propósito, porque creemos en una nueva justicia. Y nosotros no vamos a dejar pasar a estos energúmenos del pasado, que verdaderamente han castigado la posibilidad de tener justicia en nuestra provincia”, afirmó el gobernador, casi al final de un discurso.Esta escalada verbal del gobernador contra el gremio de los jueces seguramente profundizará la polémica por el rediseño del Consejo de la Magistratura. Tanto en el plano político como el personal es casi seguro que habrá réplica. Para Binner, los integrantes del Colegio de Magistrados son en parte responsables del estado en que se encuentra la justicia santafesina, y si se toma al pie de la letra el significado de “energúmeno”, algunos despachos de tribunales estarían ocupados por personas “furiosas, alborotadas o poseídas por el demonio”.
El represor denunciado como empleado de la Defensoría del Pueblo se llama Juan Andrés Cabrera. Ingresó al organismo en 1991 promovido por el actual diputado provincial Norberto Nicotra. En el año 2000 Maria Angélica Gastaldi firmó su retiro voluntario otorgándole un beneficio de $34.000. Vive en Rosario pero tiene su domicilio electoral en la localidad cordobesa de Cosquín.La semana pasada, la diputada provincial Alicia Gutiérrez (ARI), presentó un pedido de informes referido a la actuación en el ámbito de la administración pública Provincial, de un represor conocido como Jorge o Andrés Cabrera, acusado judicialmente por su participación en varios casos de privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio cometidos en el centro clandestino “Quinta de Funes” y durante el denominado “Operativo México”.La legisladora pedía precisiones sobre la fecha de ingreso al estado; funciones asignadas; responsables de las reparticiones en donde Cabrera hubiera prestado servicios; y en particular tareas desarrolladas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.Consultada por Fuera de Foco, Alicia Gutiérrez explicó: “Cabrera primero fue empleado del Poder Ejecutivo, tengo entendido que en algún momento ocupó lugares de importancia como habilitado de algún ministerio y luego pasó a la Defensoría del Pueblo.”A partir de las declaraciones de otro represor - Eduardo “Tucu” Constanzo - y de investigaciones periodísticas que revelaron documentos de la inteligencia mexicana, se pudo establecer con un alto grado de certeza, que uno de los integrantes del grupo de tareas que participó el denominado “Operativo México” de enero de 1978, cuando se intentó secuestrar y asesinar a exiliados Montoneros en la capital azteca, era Jorge o Andrés Cabrera.“Esto no es nuevo para los querellantes de la Quinta de Funes, hace varios años, Eduardo Constanzo lo había dicho a los medios, pero no sabíamos quién era “el Barba”. Cuando después de 30 años se liberan los documentos de la Operación México y se conoce la información en poder del gobierno mexicano, ahí se comprobó que una de las personas que participo de ese operativo – además de Amelog - era un tal Jorge o Andrés Cabrera, apodado “el Barba”, que utilizaba documentos falsos y que fue detenido y expulsado del país por parte de las autoridades mexicanas”, agregó Alicia Gutiérrez.La presentación de Alicia Gutiérrez sumó nuevos elementos a los ya aportados por el “Tucu” Constanzo, en una entrevista radial lograda por el periodista José Maggi en el programa Trascendental (LT8).“Pero lo que yo quiero decirle es la gente de la patota que anda afuera. Por ejemplo Cabrera alias el Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que la torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas lo torturó, es el que tortura a Cambiaso y Pereira Rossi dentro del camioncito en boulevard Oroño al fondo, cuando estaban haciendo la avenida de Circunvalación. En democracia empezó a trabajar en la Defensoría del Pueblo, pero no trabaja más, no sé dónde anda”, reveló el represor rosarino bajo arresto domiciliario, al tiempo que clamaba protección, porque según dijo, “están buscando cómo me sacan de mi casa para mandarme a una cárcel para que me maten, y me pase lo mismo que le pasó a (Héctor) Febres, porque lo que ellos pretenden es que no llegue al juicio oral”.La reconstrucción de la trayectoria de Jorge o Andrés Cabrera continuó esta semana, cuando Rosario/12 publicó su foto y la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia. Maria Bressa, confirmó el paso de este personaje por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.-¿Lo conoció a Cabrera?-Conocí a un Andrés Cabrera, pero nunca vi su legajo. No olvidemos que esa persona ingresó a la Defensoría en la misma época que yo, cuando se creó la Defensoría. Yo ingresé como una abogada más con un staff administrativo que el primer defensor formó según su criterio.-¿Quien fue el primer Defensor del Pueblo?-Norberto Nicotra.-¿En que año ingresó Cabrera?-La Defensoría empezó a funcionar en noviembre o diciembre de 1991. Yo no tuve contacto con el que era un empleado administrativo, que se retiró en el año 2000 con un retiro voluntario, con una jubilación anticipada que se ofrecía a los empleados públicos. Allí se retiró y nunca más lo vi.Según relató Alicia Gutiérrez, “en la Defensoría estaba, nada más y nada menos, que en la atención de las víctimas de cualquier tipo de delito, justamente él que había sido victimario”.Identidad cambiadaEl paso del “Barba” Cabrera por la administración pública provincial encierra varios secretos y groseras paradojas. De acuerdo a los documentos obtenidos por Fuera de Foco, el verdadero nombre del personaje identificado por Eduardo “Tucu” Constanzo, Maria Bressa y los querellantes de la causa Quinta de Funes, es Juan Andrés Cabrera, nacido en Rosario el 9 de julio de 1950, con domicilio en Av. San Sebastián al 2300 de la localidad de Pérez.La confusión sobre su identidad surgió con las primeras declaraciones de Constanzo - que lo llamó Jorge - y en una deliberada táctica de camuflaje dentro de los pliegues de la burocracia estatal que se prolonga hasta nuestros días. En la actualidad, Cabrera no figura en los padrones electorales de Santa Fe, pese a que vive con su familia en la ciudad de Rosario, donde ellos si tienen domicilio electoral. En la base de datos publicada por el diario La Nación, para consultas de los lugares de votación en las últimas elecciones presidenciales, aparece registrado en una mesa de la ciudad cordobesa de Cosquín.Juan Andrés Cabrera ingresó a la Defensoría del Pueblo de la mano de Norberto Nicotra. El 11 de diciembre de 1991, el entonces defensor y actual diputado provincial del justicialismo, firmó la Resolución Nº 020 donde se lo designaba en la planta de personal temporario del organismo con una remuneración equivalente a la categoría 16. El nombramiento alcanzó a otras 13 personas, entre ellas, María Bressa, actual Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia.En diciembre de 1995, Cabrera logra que el Defensor del Pueblo Norberto Nicotra firme su pase a planta permanente. Pero como apenas había logrado terminar la escuela secundaria, siguió cobrando la categoría 16. Sin embargo, este cambio en su situación de revista le permitió poner a toda su familia (esposa y cinco hijos) bajo la cobertura del IAPOS. Luego, su carrera dentro del estado siguió sin sobresaltos hasta finales del año 2000.Ese año se aprobó el régimen de retiro voluntario para el personal legislativo. Las razones declamadas por el entonces gobernador Carlos Reutemann eran las clásicas del credo neoliberal sobre la necesidad de “achicar el estado”. Para personajes como Cabrera esto significó una buena oportunidad de llevarse algo de dinero.Según la Resolución Nº 2845, firmada por María Angélica Gastaldi el 6 de diciembre de 2000, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe acordó otorgarle a Juan Andrés Cabrera la suma de $ 33.495,92, en concepto de licencias no gozadas y retiro voluntario. En el artículo 2 de la Ley Nº 11.787, se estableció que “el agente que esté sometido a proceso penal” no podía acogerse a los beneficios del retiro voluntario. Si en la provincia de Santa Fe no hubiera reinado la impunidad durante tantos años, la actual integrante de la Corte Suprema de Justicia podría haber evitado el pago de un beneficio ilegitimo a un represor de la dictadura.Como sostuvo la legisladora del ARI en su reciente proyecto, “la gravedad de la situación radica en que, a la impunidad de la que gozó el represor Cabrera hasta el presente, por la comisión de crímenes aberrantes durante la vigencia del terrorismo de estado, se suma el paradójico y triste amparo recibido del Estado provincial a partir de la restauración de las garantías constitucionales”.Pero esta situación no nos debe sorprender. En los últimos 25 años la administración pública provincial fue un cómodo refugio para muchos de los responsables de los perores crímenes de la pasada dictadura. Personajes como Víctor Brusa, Rodolfo Riegé, Nicolás Correa, Mario Facino, Enrique Álvarez o Rodolfo Isach, ocuparon cargos de importancia en la estructura del estado con el respaldo de la dirigencia del partido justicialista. Ninguno fue repudiado y actualmente gozan de una escandalosa impunidad.
“Reordenamiento” llama la gestión Barletta al inminente aumento de la tasa municipal. Los números no están incluidos en el presupuesto 2008 presentado ante los concejales, pero formarán parte de una ordenanza especial. El criterio base es eliminar el desfasaje entre el avalúo fiscal de las propiedades que utiliza la provincia y el considerado por la municipalidad. Según el intendente entre uno y otro valor hay diferencias de cuatro a cinco veces. Desde el Bloque Justicialista coinciden en la necesidad de actualizar los montos de la tasa, pero reclaman certezas sobre su implementación. En algunos sectores de la ciudad el impacto del incremento sería mayor al reconocido por el intendente.El intendente Mario Domingo Barletta llamó “reordenamiento” al inminente aumento de la tasa municipal. Se trataría de achicar las evidentes discrepancias que surgen de comparar el avalúo fiscal de las propiedades realizado por la provincia y los montos que emergen del cálculo que efectúa la Municipalidad. También se revisarían las alicuotas aplicadas en las diferentes zonas de la ciudad en función de las mejoras recibidas y la estructura de servicios.En declaraciones a Fuera de Foco, Barletta señaló que el retraso es de “cuatro a cinco veces” entre una y otra estimación. Aunque los números no aparecen en el Presupuesto 2008 presentado ante los concejales, el funcionario adelantó que se ingresará en breve una proyecto de ordenanza de política fiscal para poner en caja la situación y “dar fiel cumplimiento a lo que establece la ley, que es la consideración del avalúo fiscal de las propiedades que determina el impuesto inmobiliario”.Esta situación, según Barletta, “se ha estado obviando, quizás por la simpatía política que puede generar no aumentar las tasas”. Hay que recordar que en el año 2000 se efectuó un operativo de revaluo fiscal de todas las propiedades urbanas de la provincia con el objetivo de incrementar la recaudación del Impuesto Inmobiliario.Sin embargo, la mayor duda es cuál será la metodología que empleará la gestión para llevar adelante esta política: ¿será escalonada? ¿será de una sola vez? ¿cómo reaccionarán los vecinos que podrían ver la tasa multiplicada por cuatro o cinco veces? La respuesta deberá llegar pronto: la intención del gobierno de la ciudad es que el nuevo monto figure en las boletas del trimestre junio-julio-agosto.Por otro lado, el intendente marcó como otra cuestión a corregir el desequilibrio que se genera en la zonificación. “En función de cómo quede el esquema (de avalúo) vamos a hacer un análisis de las diferentes zonas, porque también hay fuertes desactualizaciones, entonces vamos a corregir esas disparidades e inequidades en función de un nuevo análisis del importe que se determine”.Como ya se puede apreciar en las discusiones cotidianas de la ciudad, el debate por el "reordenamiento"de la Tasa Municipal, será uno de los más intensos que deba enfrentar la gestión de Mario Barletta. Algunos sectores empresarios ya manifestaron su oposición y los diferentes bloques legislativos recién se está acomodando al nuevo escenario. Consultado por Fuera de Foco, el concejal Luciano Leiva, presidente del bloque justicialista, adelantó su criterio sobre esta controvertida cuestión."Primero queremos ver de que se trata, seguramente el Ejecutivo enviará una propuesta porque ahora noesta contemplado en el presupuesto. En todo caso habrá que analizar la equidad y la justicia que tenga ese aumento, y al menos por sus dichos, el intendente esta en esta línea de pensamiento. Tenemos que ver si hay un aumento razonable que no castigue a los que menos recursos tienen en la ciudad. Si es así, puede que uno lo vea viable, pero se analizará sobre la propuesta", sostuvo el edil."Lo que si es cierto, es que probablemente haya injusticias, porque los que pueden aportar un poco más no lo hagan. Por eso lo encuentro razonable en términos generales", remarcó Leiva.Respecto al rol que jugará el bloque justicialista en el Concejo Municipal, Luciano Leiva descartó cualquirea posición "obstructiva" y reivindico la necesidad de una "oposición propositiva que tenga un proyecto de alternativa para determinadas cuestiones"."Nosotros no compartimos la idea de ponerle piedras a la acción de gobierno, lo que tenemos que hacer es criticar lo que no está bien hecho y proponer alternativas. Esto es dificil porque los gobiernos son poco permeables a tomar propuestas de la oposición", concluyó el concejal.
Las decisiones tomadas por un intendente suelen provocar el enojo de los vecinos y la reacción, muchas veces interesada, de sus portavoces en los medios de comunicación. Y por ellos, también, se deslizan sospechas acerca de los negocios del Lord Mayor de la Ciudad con los conflictos generados en ella. ¡Qué enojado estaba el diario Santa Fe en noviembre de 1920! No se estaba efectuando el servicio de barrido de las calles porque la intendencia no cumplía el contrato con la empresa concesionaria. Para este periódico, el del radical Pedro Gómez Cello era un gobierno que perseguía sin miramientos a los evasores, pero que incumplía constantemente sus obligaciones. Ella puede si quiere no cumplir sus compromisos, pero ¡ay de aquel y de aquellos que no los cumplan con la municipalidad! ¡Qué aberración! La intendencia es un poder soberano, algo así como un poder despótico. Ella dicta la ley, aunque sea en contra del sentido común y de los intereses del pueblo, es decir, de la ciudad. Ella cobra por vía de apremio, pero si se le antoja no paga a nadie. Cobradora lo es en un sentido que no tiene rival; pagadora no. Analizaba la situación como aberrante. Pocos días antes había habido una huelga de obreros de esa empresa, lo que no le parecía mal al periódico (una rara avis entre los reaccionarios diarios de la época). Pero por falta de pago de la intendencia, la concesionaria los había despedido a todos. “La ciudad no puede permanecer ni un día, ni una hora sin ese servicio, como no puede el propio intendente dejar de mudarse de ropa interior dos o tres veces a la semana. La limpieza está por sobre todas las cosas, como está la higiene por sobre toda ponderación”. (Nota: ¿dos o tres veces por semana? ¿En noviembre? ¿En Santa Fe, aunque sea 1920?) Y deslizaba una sospecha: El intendente doctor Gómez Cello, era médico y si la situación sanitaria continuaba agravándose…
Cuando se habilite el nuevo vaciadero de líquidos cloacales los camiones atmosféricos no podrán descargar una parte importante de los desechos que transportan. Comercios e industrias de Santa Fe utilizan este servicio para eliminar sus efluentes. No se cumplen las normas dictadas por la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia. Si no se toman medidas puede surgir un circuito clandestino de líquidos residuales.El nuevo vaciadero de líquidos cloacales para camiones atmosféricos, construido al costado de la Ruta Nacional 168, se encuentra terminado hace varios meses y espera su habilitación. De acuerdo a lo informado por Aguas Santafesinas solo falta la firma de un convenio para culminar con la cesión en comodato del terreno utilizado para la construcción de la nueva planta. Por su parte, desde la Municipalidad de Santa Fe señalaron que esperan conocer el estudio de impacto ambiental para darle el visto bueno y autorizar el funcionamiento del lugar.Esta nueva planta receptora de líquidos cloacales significa un importante avance para la ciudad, ya que, permitirá suspender la descarga de camiones atmosféricos que actualmente se realiza en la zona del Club Náutico Sur e iniciar la recuperación de este sector severamente dañado por la acumulación de desperdicios.El sistema de descarga es totalmente controlado, los líquidos serán succionados del camión, una muestra de ellos será analizada “in situ” en un laboratorio y luego pasarán al caño de la cloaca máxima que vuelca los efluentes domiciliarios en las aguas del río Colastiné.Sin embargo, cuando el nuevo vaciadero entre en funcionamiento, lejos de significar una solución definitiva, provocará otros problemas ambientales, tan graves como los que afectan al sur de la ciudad.En la actualidad, los camiones atmosféricos también transportan residuos de las graseras de comedores, hospitales y escuelas; bentonita desechada por empresas constructoras; y residuos con pastina de las fábricas de mosaicos, entre otros elementos contaminantes. Pero cuando entre en funcionamiento el nuevo vaciadero solo podrá descargarse los líquidos cloacales de origen domiciliario.Este cambio en la operatoria de las empresas poceras anticipa un nuevo problema con el manejo de efluentes de la ciudad: ¿En donde serán arrojados los otros líquidos residuales que habitualmente transportan los camiones atmosféricos?El tema ya fue planteado a las nuevas autoridades municipales por representantes del sector. Claudia Bernal, integrante de la cámara de empresas de camiones atmosféricos, le dijo a Fuera de Foco: “Hemos conversado con toda la gente que ha pasado por la municipalidad. Hace años que se viene buscando una respuesta, para que si se hace algo nuevo, sea para bien. Estamos a la espera que nos den una entrevista. La hemos pedido apenas asumieron para exponer nuestra inquietud y que usen nuestro conocimiento. Somos los más interesados para que todo se haga correctamente y que cuidemos nuestro río porque lo estamos destruyendo”, sostuvo.La empresaria explicó que en los camiones van mezclados toda clase de líquidos. “Cuando se inaugure este nuevo vaciadero solamente se va a poder llevar líquidos cloacales de casa de familia, y como la mayoría de las poceras trabajamos con un solo camión eso va ser una gran traba para nosotros”, que provocará, entre otras cosas, un incremento en el precio del servicio.“La municipalidad nos tiene que dar el lugar para volcar los otros líquidos. Hasta el momento no hay ningún tipo de novedad. La cláusula que pone Aguas Santafesinas para poder inaugurar el sitio de la Ruta 168 es que esté listo otro vaciadero para tirar los otros líquidos”, aseguró.Según Bernal, las consecuencias de la nueva operatoria se sentirán en varios sectores. “Nosotros con el pozo de la casa de familia estamos trabajando sin tener demasiada ganancia porque sabemos lo que le cuesta a la gente vaciarlo cada dos o tres meses. Para nosotros lo más importante es trabajar con las empresas. Vamos a tener que subir el precio porque es mayor la distancia y mayor el tiempo que usamos para la descarga que es por manguera. Eso nos lleva mucho más tiempo”, advirtió.Pero el impacto mayor lo sentirán las empresas que no tendrán forma de deshacerse de sus residuos. “Cuando una fábrica de mosaicos (que tiene como residuo la pastina) llene su piletón, la única forma que tiene de sacarlo es con un camión atmosférico”, si no lo pueden hacer, “no van a poder seguir produciendo”, señaló la empresaria.Frente a esta situación se potencia el riesgo de las descargas clandestinas de los líquidos residuales no admitidos en el vaciadero de la Ruta 168. “Hay gente que tiene los tanques sin pintar con el nombre, entonces son como NN y no se pueden controlar”, sinceró Bernal.Un dato sorprendente aportado por Claudia Bernal es que los camiones atmosféricos realizan su trabajo sin ningún tipo de control por parte de la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia, pese a que existen normas dictadas al efecto. Desde el 1º de Junio de 2007 rige la Resolución Nº 145 que establece “requisitos para el transporte, operación y vuelco de líquidos de origen sanitario provenientes del desagote de pozos absorbentes por medio de camiones atmosféricos”.La norma firmada por Marcelo Terencio establece en sus fundamentos, la necesidad de “adoptar medidas preventivas y, en su caso correctivas ante episodios de contaminación como consecuencia de la mala gestión de las cargas” de estos camiones. En el Artículo 1º se establece que quedan “expresamente excluídas” de la reglamentación, “las operaciones de transporte y disposición final de líquidos o residuos de origen industrial de cualquier naturaleza”, que deberán regirse por las reglamentaciones específicas.La reglamentación para la operatoria de los camiones atmosféricos – que todavía no se cumple - establece que deberán circular con planillas o guías de transporte numeradas, donde deben constar los datos del lugar extracción, su recepción y descarga final.Se establece además, que el transportista aceptará la carga únicamente cuando cumpla con las características de líquido de origen sanitario proveniente de pozo absorbente, quedando expresamente prohibido el transporte de líquidos o residuos industriales.Por su parte, Aguas Santafesinas tiene prohibido recibir en la planta de vaciado, camiones que contengan ácidos, sangre, licores de curtiembre, baños de cromado y similares, líquidos y semisólidos ácidos o alcalinos, que contengan hidrocarburos, aceites y grasas, solventes, cromo, plomo y otros metales pesados, cianuros, pesticidas, pastas o pastina de marmolería o fábrica de mosaicos.En el caso que la carga sea rechazada en la planta de vaciado, el camión será precintado y el número de precinto deberá constar en el formulario de carga y descarga del vehículo. Cumplido este trámite el líquido deberá ser devuelto a su lugar de origen, debiendo el transportista obtener constancia escrita de la recepción, con la firma del generador y el número de precinto correspondiente.En todos los casos, el generador del líquido rechazado tendrá la obligación de aceptar la carga rechazada, firmar el correspondiente remito e informar a la autoridad competente sobre el tratamiento o destino final que le dará a la carga en cuestión.Como se puede apreciar el problema no es menor. Cientos de establecimientos comerciales e industriales de la ciudad utilizan el servicio de los camiones atmosféricos para deshacerse de los líquidos residuales que genera su actividad. Si las autoridades no controlan el manejo de estos efluentes puede surgir un nuevo y grave problema ambiental.
El primer informe de sindicatura que ordenó la Municipalidad arrojó algunas sorpresas. Mucho tiempo atrás, cada intendente dejaba a su sucesor un completísimo inventario del patrimonio. En el siglo XIX era práctica obligada por ley que cada intendente que finalizara su mandato realizara un inventario de las existencias de la municipalidad y la presentara a su sucesor. En 1873, el ejecutivo cesante dejaba para sus sucesores una campana de cristal, un candelero de latón, dos serruchos, uno de los cuales estaba en mal estado, un carro fúnebre, con su correspondiente correa, todo nuevo y en condiciones, se aclaraba, con dos juegos de cortinas, una azul y otra negra. También era propiedad municipal una silla bastante usada, una llave del cementerio de San Antonio y 39 mulas. Entre otras cosas más, la municipalidad contaba ese año con seis escaleras de pino para encender faroles, 208 faroles con sus hierros, lámparas y fibras correspondientes, 78 bancos de pinos para la plaza principal, estando 16 de ellos en mal estado. Como si fuera poco, la descripción incluía también una regla fina, dos sillas extendibles, tres mochilas de lata y siete linternas de kerosene, todas ellas en mal estado.
La ciudad de Santa Fe soportó la primera lluvia de importancia del año. Algunos barrios se inundaron durante pocas horas y no hubo evacuados. Las precipitaciones del 8 de febrero equivalen a la sexta parte del agua caída en marzo de 2007. En caso de un nuevo desastre la Municipalidad debería coordinar acciones de evacuación y asistencia con la Provincia. Al frente de la estructura operativa de Defensa Civil fue designado Carlos Filomena. Durante las inundaciones de 2003 este personaje conducía la repartición y abandonó la ciudad para asistir a un casamiento. Estuvo imputado por estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.Entre la madrugada y la tarde del viernes 8 de febrero llovieron 84 milímetros sobre la ciudad de Santa Fe. Esta fue la primera tormenta del año y la segunda de importancia que tuvo que afrontar la gestión del intendente Mario Barletta. Algunos barrios del norte y el suroeste estuvieron anegados por algunas horas pero no hubo que realizar evacuaciones. Pero más allá de esta circunstancia fortuita, el agua caída apenas equivale a la sexta parte de la precitaciones que provocaron la gran inundación de marzo de 2007.Con la tranquilidad del cielo despejado y las calles escurriendo, el secretario de Obras Públicas de la municipalidad, Roberto Porta, sostuvo que “esta lluvia nos permitió ver los primeros resultados del trabajo que venimos realizando desde los primeros días de gestión, cuando pusimos en marcha un operativo integral e intensivo para limpiar los desagües y bajar el nivel de agua en los reservorios”.En comparación con la lluvia del 14 de diciembre, el funcionario consideró que se ha mejorado la capacidad de escurrimiento y sólo se han detectado problemas en los sectores obstruidos por la basura arrojada por los vecinos.Esperando la temporada de lluvias, las autoridades locales apuestan al refuerzo de la capacidad de bombeo, la profundización de los reservorios y la limpieza de los desagües. Pero todos saben que frente a una contingencia climática de gravedad será decisiva la colaboración y el auxilio de la provincia para sobrellevar una emergencia. Y aquí pueden comenzar los problemas.Presente griegoCinco días antes de terminar su mandato como gobernador, Jorge Obeid firmó el Decreto 2994 aprobando la nueva estructura orgánica y funcional de la Dirección Provincial de Defensa Civil. Esta norma, a la que tuvo acceso Fuera de Foco, no fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Según el mandatario saliente, esta dependencia “ha quedado considerablemente desactualizada, no solo por las exigencias de la realidad socioeconómica, sino también por las distintas reglamentaciones que se han sancionado en los últimos años”. Para llevar adelante este proceso de modernización y reforma fue designado Carlos Filomena con el cargo de Subdirector General.Se trata del mismo personaje designado por Carlos Reutemann como Director de Defensa Civil durante su segunda gobernación, que en los días trágicos de abril de 2003, se ausentó de la ciudad para asistir a una fiesta de casamiento en Paraná.De esta manera, Carlos Filomena es el funcionario de carrera de mayor jerarquía dentro de la estructura provincial de defensa civil. Por encima de su cargo solo se encuentran los responsables políticos de la repartición designados por la gestión de Hermes Binner: Horacio Locatelli como director provincial y Marcos Escajadillo como subsecretario de Protección Civil.En la nueva organización del gabinete provincial el Ministerio de Seguridad es el responsable de “entender en la elaboración y dirección de programas para la prevención de catástrofes, organizando un sistema de Defensa Civil provincial, en coordinación y colaboración con otros organismos nacionales, provinciales, municipales y de la sociedad civil”. (Ley Nº 12.817) Y para la ejecución de estos programas Daniel Cuenca deberá confiar en la experiencia y capacidad de Carlos Filomena.Entre las atribuciones de este caracterizado funcionario, el Decreto 2994 establece: ser el nexo entre los empleados de la repartición y el director general; supervisar la planificación, coordinación y empleo de los medios de comunicación para un sistema de alarma; y supervisar la elaboración de proyectos de leyes, decretos, normas o acuerdos necesarios para la defensa civil, entre otros.Como se puede observar, se trata de competencias en las que Carlos Filomena defeccionó durante las inundaciones de 2003, demostrando severas limitaciones de índole profesional y personal.La fiestitaEn agosto de 2003, el entonces titular de la Dirección Provincial de Defensa Civil, Carlos Filomena habló con el programa De Radio Somos – emitido por LT10 - sobre su actuación durante la inundación del Río Salado. Allí aseguró que Carlos Reutemann nunca le pidió la renuncia y confesó sentir remordimientos por haber asistido a una fiesta el 4 de mayo, cuando un tercio de la ciudad de Santa Fe estaba bajo agua."La inundación nos encontró desparramados. El jefe de operaciones estaba actuando en el norte de la provincia, a mí el agua me encontró del otro lado del Salado, por un día y medio no pude entrar a mi oficina. Hubo personal nuestro que tuvo problemas en sus casas", expresó.Como se recordará, a los cinco días que el río inundó Santa Fe, Filomena se ausentó de la ciudad para asistir a una fiesta de casamiento en Paraná. Mientras el funcionario brindaba y festejaba, miles de santafesinos se refugiaban en los techos de sus casas para proteger las pocas pertenencias que habían podido salvar del agua.La boda se llevó a cabo en el Golf Club de Estudiantes de Paraná el 4 de mayo de 2003. "Esa noche en algunos momentos me preguntaba para qué había ido. Estaba muy preocupado, no estaba con ánimo. Fui a la ceremonia religiosa, pero no estaba de ánimo para estar en la fiesta, ni siquiera estuve bailando. Y me volví temprano", aseguró Filomena en el reportaje radial."No sé si la palabra es arrepentimiento, pero a veces tengo remordimientos por haber asistido a esa fiesta (…) son cosas que uno no piensa, muchas veces está sobresaturado, con la mente en otra cosa y bueno... toma medidas que con el tiempo uno dice por qué hice tal cosa. Le puede pasar a usted, le puede pasar a cualquiera”.Carlos Filomena fue imputado de estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación durante la catástrofe hídrica del río Salado en abril de 2003, que ocasionó 23 muertes directas, miles de evacuados y daños millonarios. En su caso, el juez de Instrucción Jorge Patrizzi dictó la falta de merito, medida que fue apelada por el fiscal Ricardo Favaretto, estando la resolución en manos de la Corte Suprema de Justicia Provincial.
Las crónicas de los carnavales santafesinos de 1900 traen algunas particularidades. Además del lenguaje cargado de metáforas casi irrisorias, y de la descripción de los festejos de la alta sociedad, el pueblo “raso”, también festejaba, aunque con incidentes. Trámites para poder usar disfraces. El carnaval es una de las fiestas más antiguas de la humanidad. Es una fiesta de orígenes paganos, relacionados al culto al dios del vino, Baco y que, de a poco, se fue arraigando en la tradición cristiana. Santa Fe era una ciudad muy religiosa y durante mucho tiempo, los días de carnaval eran feriados y había grandes festejos. Tras el primer carnaval del siglo XX, el diario Nueva Época realizó su obligada crónica. No le gustó a ese periódico cómo se había festejado ese 1900. “Faltó entusiasmo en los festejos de carnaval; hubo ausencia completa de animación, pero con todo logramos proporcionar al pueblo algunos momentos de alegría, que en algo habrán compensado sus infinitas amarguras” escribía un periodista. La proclamada decadencia del carnaval es notoria; apenas queda el recuerdo del bullicioso alborozo con que en otros años se celebró. Las gentes se mostraron desganadas –el retraimiento general se hizo visible lo mismo en el corso que en las calles, muy especialmente el primer día. El corso había tenido un trayecto demasiado extenso (nueve cuadras), aunque la iluminación había sido irreprochable: espléndidas las combinaciones de luces multicolores que formaban los inmensos arcos distribuidos con perfecto acierto en todo el recorrido. No hubo otro adorno. Los balcones engalanados podían contarse con los dedos de las manos y los palcos apenas alcanzaron a siete, incluso el del Club del Orden, en el que se congregaron muchas de nuestras familias distinguidas. Menos mal, algo es algo. La crónica de Nueva Época, utiliza un lenguaje “florido” imposible, para bien o para mal, de encontrar en los periódicos actuales. Por ejemplo, en la segunda noche de festejos, llovió. Y así lo publica el diario: El corso se iniciaba con marcada animación, pero a eso de las diez a las nubes se les ocurrió ponerse de duelo obligando la lluvia fina y persistente a retirarse por intervalos a la mayor parte de las familias. Después se dedica a realizar la crónica del baile organizado en el Club del Orden. Luego de describir minuciosamente el vestuario de las damas santafesinas, salió el sol y había que volver a los hogares. Y así describe ese momento el diario: Hacía ya una hora que el rubio Febo había asomado su brillante cabellera en el oriente, cuando se dieron cuenta que era necesario salir de ese éxtasis en que se vivía volviendo a la realidad de la vida; principiaron a desfilar por la alfombrada escalera las dichosas parejas y el salón un momento antes tan lleno de luces, bullicio y alegría quedó sumido en la oscuridad y en el silencio. El pueblo carnavalero Más allá de los copetudos, también el pueblo raso festejaba. En el año 1900 se habían expedido 311 permisos de disfraz, aunque no todos fueron utilizados. Ese año el pueblo “ha sabido guardar admirable compostura”, explicaba el diario Nueva Época. No abusó de las franquicias de que gozaba ni produjo acto alguno censurable. El juego con agua se hizo con moderación en todas las secciones fuera del corso en que era tolerado por las autoridades. La conducta de la policía ha sido también correctísima. Pero hubo un incidente. Una mujer, Paulina de Milani, quemó con caldo hirviendo al niño de 10 años Casimiro Leyes. El delito de Casimiro, el “rapazuelo”, según el diario, había sido permitirse “el lujo de arrojarle un balde con agua”. Controlados Esto de los permisos de disfraz tenía un par de décadas. Fue en 1877 cuando el gobierno de la provincia debió dictar un decreto para que nadie se pasara de la raya. Ese año, se iban a festejar los carnavales los días 11, 12 y 13 de febrero; por eso el 24 de enero se publicó la norma que decía que únicamente si podían usar pomos y bombas, pero no echar “aguas corrompidas o fétidas”. Se podía usar disfraz, claro, pero antes se tenía que sacar un permiso en la jefatura policial; luego debía exhibirse una tarjeta que indicara la autorización. Se cuidaban mucho las formas por entonces: se prohibía terminantemente usar disfraces que representaran al clero. Únicamente podían usarse disfraces o jugar con agua desde las 2 de la tarde y hasta que terminaran los bailes de máscaras, que debían hacerse con conocimiento de la policía. Santa Fe atravesaba difíciles momentos políticos, y apenas un mes más tarde, se desataría una revolución que intentaría derrocar al gobernador. Los movimientos no habrán sido desconocidos por la policía, que además prohibió que los disfraces llevaran armas como accesorio, ni siquiera en caso de que los trajes las requirieran. Categorías:
A casi cinco años de la inundación del río Salado se siguen pagando las “reparaciones extraordinarias” establecidas por las leyes emergencia hídrica. Los padrones de beneficiarios se publican periódicamente en el Boletín Oficial. A finales de enero el diputado justicialista Alberto Hammerly cobró $ 4.700 por los supuestos daños sufridos en un galpón abandonado de barrio Roma.Se van a cumplir cinco años de la mayor tragedia vivida por la ciudad de Santa Fe y todavía quedan vecinos que deben peregrinar a las oficinas de la ex Secretaria de Promoción Comunitaria, hoy Ministerio de Desarrollo Social, para intentar cobrar “la reparación extraordinaria con destino a los menoscabos o pérdidas sufridos como consecuencia de la catástrofe hídrica producida por el desborde del Río Salado en los meses de abril y mayo del año 2003”, según el frío texto de los documentos oficiales.Periódicamente pueden leerse en el Boletín Oficial de la Provincia los padrones de los beneficiarios del pago establecido por las leyes 12.183 y 12.259. Allí se aclara que la difusión del “listado” se hace para que la población pueda presentar “impugnaciones o denuncias”. Si alguno de los posibles lectores de la hoja de gobierno, detecta una irregularidad, tiene un plazo de “tres días hábiles posteriores a su publicación” para presentarse en la mesa de entradas de Almirante Brown 6998 con su queja.Esta rutina de la burocracia estatal se repite con notable frecuencia. Superada esta instancia, los beneficiarios “que no fueren objeto de impugnaciones o denuncias” podrán concurrir con su documento de identidad y fotocopia de la 1ª y 2ª hoja del mismo, al Nuevo Banco de Santa Fe, sucursal que corresponda, para recibir su pago.Esto fue lo que sucedió con un grupo de vecinos de Santa Fe, Recreo y Elisa, convocados a cobrar en la edición del 25 enero de 2008 del Boletín Oficial de la Provincia. Según puede leerse en el aviso firmado por el Ministro de Desarrollo Social, Pablo Farias, este pago de la “reparación extraordinaria” estaba dirigido a titulares de locales, comercios informales y galpones afectados por la inundación. Uno de los beneficiarios es un conocido dirigente justicialista.En la esquina de Vera y Lamadrid, el actual diputado provincial Alberto Nazareno Hammerly, posee un galpón de considerables dimensiones. Sus enormes portones permanecen siempre cerrados, y según los vecinos, hace años que no se registra actividad. Algunos recuerdan que allí se guardaban maderas y materiales de construcción. Otros aventuran que también hubo mercaderías.En esta zona de barrio Roma las casitas son bajas y las paredes del depósito se elevan varios metros por encima de los humildes techos. En abril de 2003 el agua del río Salado superó los marcos de las puertes. Para la mayoría de los vecinos el monto de la reparación económica fue mínimo. Tratándose de casas con poca superficie cubierta y baja categoría catastral las tablas pergeñadas por el Ente de la Reconstrucción hacían muy difícil que el dinero alcanzara para recuperar algo de habitabilidad. En promedio, cada familia recibió entre 5.000 y 6.000 pesos.Por los 229 metros cuadrados declarados por Hammerly como superficie de su galpón, el Gobierno de la Provincia acordó un pago de $ 4.756,33. Nadie presentó denuncias o impugnaciones. El dinero fue retirado del banco por una apoderada el 31 de enero pasado. Los portones de calle Vera 4235 siguen cerrados con manchas de herrumbre.
A lo largo de las sesiones legislativas del año 2007 el senador nacional Carlos Reutemann pronunció solo dos palabras. Ninguno de los proyectos presentados por el representante de los santafesinos fue debatido en el recinto. Te contamos de qué se tratan. No vale reírse.Un estudio de la revista El Parlamentario contabilizó la cantidad de palabras pronunciadas durante las sesiones del Senado de la Nación en el año legislativo 2007. Entre los más locuaces estuvo el senador socialista Rubén Giustiniani que utilizó 24.938 vocablos a lo largo del año. En el extremo opuesto de la tabla se ubicó la representante justicialista Roxana Latorre que abrió la boca para pronunciar 47 palabras. El caso de Carlos Reutemann es más sorprendente, apenas participó en los debates para decir “Afirmativo” en dos oportunidades.Al tope de este curioso ranking de parlanchines y mudos aparece el senador radical Gerardo Morales, con 42.205 palabras en su haber, seguido de cerca por Jorge Capitanich con 36.486 palabras pronunciadas. Para consuelo del justicialismo santafesino hubo cinco senadores que no emitieron palabra alguna a lo largo del año, y otros nueve, igual que Carlos Reutemann, solo hablaron en dos ocasionesEl año pasado el ex gobernador santafesino tampoco habló demasiado. Solo pidió la palabra en una oportunidad para referirse al conflicto con Uruguay en su condición de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta única intervención le alcanzó para figurar en el puesto 50° del ranking de palabras de la revista El Parlamentario.Pero tratándose de un ex gobernador que ostenta el privilegio de ser considerado el “máximo elector” dentro de la interna partidaria, el caso de Carlos Reutemann, merece un abordaje más profundo.Quienes conocen de cerca la actividad parlamentaria saben que los discursos legislativos están motivados por factores, tales como: situaciones políticas coyunturales, fundamentación del voto, toma de posición en los debates, argumentación de proyectos propios, o simplemente necesidad de figuración. Las dos palabras pronunciadas a lo largo de 2007 indicarían que el senador por Santa Fe solo tuvo necesidad de expresarse cuando las votaciones en el recinto fueron de carácter nominal, en el resto de las ocasiones su voluntad pudo manifestarse con el brazo levantando o un movimiento de cabeza.Descartadas las motivaciones políticas o personales a la hora de hacer uso de la palabra es necesario preguntarse: ¿Que pasó con sus proyectos?Según el sitio en Internet del Senado de la Nación Argentina (www.senado.gov.ar) el senador Carlos Reutemann presentó a lo largo de 2007 más de cien iniciativas legislativas. La mayoría corresponde a Proyectos de Declaración (97) en donde el legislador manifiesta su beneplácito, agradecimiento, reconocimiento o felicitaciones, a personajes o actividades de distinto tipo.Solo por mencionar algunos ejemplos, Carlos Reutemann se acordó del aniversario de numerosos establecimientos escolares e instituciones de la provincia. También felicitó a los periodistas y medios de comunicación que recibieron nominaciones o premios durante el 2007. Declaró su satisfacción por el 400º aniversario de la llegada de los Jesuitas a la provincia. Apoyó la realización de dos seminarios sobre derechos humanos. Condenó la agresión sufrida por Alicia Kirchner en Rió Gallegos. Agradeció las gestiones del Rey de España en el conflicto con Uruguay. Y felicitó a dos investigadoras rosarinas por sus logros en el área de la…Psicolinguística.El senador santafesino también presentó algunos Proyectos de Comunicación (5), entre los cuales podemos mencionar: prioridad a los frigoríficos de capitales nacionales en la distribución de la cuota Milton; pedido de informes sobre comisiones aplicadas en tarjetas crédito o débito; emergencia agropecuaria para los departamentos Vera y 9 de Julio; asistencia para comunas y municipios inundados; y solicitud para que se profundicen las campañas de prevención contra el SIDA.Pero Carlos Reutemann también se hizo tiempo para elaborar algunos Proyectos de Ley (6) que constituyen una muestra interesante de sus prioridades legislativas. En uno de ellos evidencia que mantiene intactos sus reflejos políticos. El 29 de marzo de 2007 propuso declarar zona de desastre y emergencia a los sectores de la provincia afectados por la lluvia y el granizo. Superada esta instancia, el 20 de abril de 2007 impulsó la creación de juzgados y vocalías de cámara federales para Rosario y Santa Fe. Finalmente, el 6 de septiembre de 2007, el senador nacional sintió la necesidad de regular el ejercicio de la profesión de los graduados en museología en la República Argentina.
La Secretaría de Cultura intenta localizar varias obras de arte pertenecientes a los museos de la ciudad. Un relevamiento oficial detectó los faltantes. Las obras pueden estar prestadas o extraviadas. No existen inventarios actualizados del patrimonio artístico de los santafesinos.Las autoridades municipales presentaron recientemente un detallado relevamiento del estado de museos, salas y teatro, donde se consignaron severos problemas edilicios y de mantenimiento. "El estado de los edificios culturales no escapa a las generales de la ley en términos de lo que es la infraestructura para la tarea que llevamos adelante. Y no dejan de ser una muestra de la desidia y el desprecio para nuestros lugares emblemáticos", dijo al intendente Mario Barletta, en la conferencia de prensa realizada sobre el escenario de la sala mayor del Teatro 1º de Mayo.Para superar esta situación la administración municipal anunció una serie de trabajos con el objetivo de recuperar los espacios culturales de la ciudad.Pero las autoridades locales han detectado otros problemas en el área cultural, tanto o más graves, que el deterioro de los edificios.“Encontramos que ningún museo tenía su patrimonio y su inventario al día, en algunos casos ni siquiera existía”, aseguró al programa Fuera de Foco, el Secretario Cultura de la Municipalidad Damián Rodríguez Kees.“Cada museo tiene su patrimonio, estuvimos haciendo el inventario y en algunos casos encontramos faltantes de obras y otros elementos patrimonios de los museos. Ahí tenemos que ver como que faltan esas obras”, precisó el funcionario.Uno de estos casos se comprobó en el Museo López Claro, donde “existen muchísimas obras de gran valor pero no coinciden las obras que donó el maestro con lo que hay en el inventario. Estamos estudiando que es lo que paso: si la obra se deterioró, si la obra se perdió, o que pasó, estamos investigando”, dijo el Secretario de Cultura.En la actualidad, la Municipalidad de Santa Fe administra el Museo de la Ciudad, el Museo Municipal de Artes Visuales, el Museo Cesar Fernández Navarro y el Museo Cesar López Claro.Este último - donde se detectó uno de los faltante de obras - se constituyó a partir de la donación de más 2.000 trabajos del reconocido artista plástico santafesino, consistentes en pinturas, dibujos, grabados, cerámicas, esculturas y murales.
Para el mantenimiento de las vías que la empresa SEFECHA utiliza en su recorrido por el departamento Vera la provincia de Santa Fe destinas $ 6.000 por mes. En la otra punta de la geografía santafesina se invertirán 3.500 millones de dólares para la construcción de un tren de alta velocidad. Ambas realidades reflejan las asimetrías de una provincia que carece de política una ferroviaria para todo su territorio.La semana pasada doce personas resultaron heridas cuando el tren de la empresa SEFECHA (Servicios Ferroviarios Chaqueños) en el que viajaban descarriló y quedó volcado sobre el terraplén de las vías, a unos cinco kilómetros de La Sabana, en la provincia de Chaco. La formación había salido de la localidad santafesina de Cañada Ombú y se dirigía a la estación de Cacui, en las afueras de Resistencia.La mayoría de los pasajeros eran vecinos de Los Amores y Cañada Ombú – localidades del norte del departamento Vera – que regularmente viajan al Chaco para realizar compras y trámites. Para este sector de la provincia de Santa Fe el servicio de la empresa ferroviaria chaqueña es esencial para romper el aislamiento económico, social y territorial en que se encuentran, luego de la eliminación del ramal de pasajeros de la ex Línea Belgrano durante la década menemista.Según explicaron las autoridades de SEFECHA, el accidente se produjo por “el mal estado de las vías y durmientes, la falta de mantenimiento en la zona y la precaria situación de trabajadores de las cuadrillas del sector”.En dialogo con el programa Fuera de Foco, el presidente de la empresa Fabián Morán, sostuvo: “Nosotros tenemos un convenio con la Secretaria de Transporte de la Nación para reparar el sector que va de La Sabana a Charaday (en territorio chaqueños), pero a este otro sector que tenemos conveniado con el gobierno de Santa Fe, le falta mucha inversión para que podamos tener un ramal en buenas condiciones”.El funcionario no dudo en calificar al accidente del lunes 28 de enero como “una desgracia con suerte”, debido a que la formación descarriló, “por una vía estaba desnivelada y esto hizo que el convoy tenga que marchar por precaución a 12 kilómetros por hora. La máquina se fue deslizando despacito por el terraplén y esto fue amortiguando la caída. Hubo contusiones leves y solo una persona fracturada, pero todos fuera de peligro”, precisó Morán.“El día del accidente daba mucho miedo ver los rieles sin los clavos, los clavos sueltos, durmientes rotos, o el terraplén flojo por los hormigueros. Ahí tenemos una cuadrilla que no tiene relación de dependencia con SEFECHA y en la zona no tenemos gente con capacitación ferroviaria para atender el sector. Por eso tuvimos que disponer una cuadrilla nuestra de 20 personas que van a trabajar dos semanas en el sector para superar esta coyuntura”.Esta situación se explica por el escaso aporte que la provincia de Santa Fe realiza para el mantenimiento de las vías. “Nosotros estamos recibiendo un promedio de $ 2,5 por kilómetro recorrido por nuestros trenes, al mes serán unos $ 6.000. Pero este aporte no nos cierra para hacer el mantenimiento en ese ramal”, sostuvo Morán.De todos modos el funcionario se manifestó confiado en que la gestión de Hermes Binner pueda revertir esta situación. “Creo que en su debido momento vamos a tener que charlar sobre el tema del ferrocarril. Los funcionarios de Santa Fe tienen que apostar por este modo de transportar, al norte de la provincia le vendría muy bien, no solo por el tema de los pasajeros sino por la posibilidad de sacar carga por el Ramal F hacia el puerto de Barranqueras”.El presidente de la empresa ferroviaria chaqueña, recordó que hace algunos años se barajó la posibilidad de extender el servicio de pasajeros hasta la ciudad de Vera (200 kilómetros al sur del límite interprovincial) pero la falta de compromiso de las autoridades santafesinas frustró el proyecto. Recién el 6 de noviembre del año pasado se logró ampliar el recorrido 50 kilómetros hasta Cañada Ombú, con un servicio de tres frecuencias semanales hacia Resistencia. Para estos pueblos de la zona de los Bajos Submeridionales las vías del ferrocarril son la única alternativa de vinculación en épocas de grandes lluvias o inundación.“La situación en el norte de Vera es terrible. Quedan aislados por las lluvias y no tienen ningún tipo de comunicación más que el ferrocarril, aseguró Morán. Un claro ejemplo de este aislamiento, surge cuando se comprueba, que la mayoría de los pasajeros accidentados eran oriundos de las localidades de Cañada Ombú y Los Amores. “Es gente que toma el tren a la madrugada para llegar a Resistencia a las siete de la mañana y hacer sus compras o trámites. Asombra mucho ver la cantidad de personas que vienen de Santa Fe para ir a los hipermercados, hacer trámites y distintas gestiones, porque es la única conexión que tienen”.Los trenes de SEFECHA comenzaron a funcionar en el año 1996 durante la gobernación de Ángel Rozas. Las estadísticas oficiales hablan de 750.000 pasajeros transportados por año, entre los servicios metropolitano, de mediana y larga distancia que todos los días recorren 1.800 kilómetros. A pesar de esta performance, el gobierno nacional mantiene excluida a la empresa estatal chaqueña del sistema de subsidios para el transporte.Por su parte, la provincia de Santa Fe solo aporta $ 6.000 por mes para el mantenimiento de 50 kilómetros de vías, mientras las nuevas las autoridades aplauden sin cuestionar el megaproyecto del tren de alta velocidad Buenos Aires-Rosario a un costo de 3.500 millones de dólares.

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 artículo 2
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 Artículo 1
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