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Timestamp: 2020-08-03 10:13:34+00:00

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Sentencia nº 825 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 737669989
Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de julio del 2018, que dice así:
Sobre el recurso de casación interpuesto por G. de la Cruz
Batista (a) A., dominicano, mayor de edad, no porta cédula,
domiciliado en la calle P., al lado del colmado E.,
residencial Los L.I., Moca, provincia E., República
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do 00244, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Cristóbal el 19 de septiembre de 2016,
debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de
Oído a la Licda. A.D.P., por sí y por el Licdo.
M.Á.R.C., defensores públicos, en la formulación
de sus conclusiones, en representación del recurrente;
Procurador General de la República, L.. I.H. de
por el Licdo. M.Á.R.C., defensor público, en
a-qua el 8 de noviembre de 2016, mediante el cual interpone dicho
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la cual declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso,
fijando audiencia para el día 3 de julio de 2017, a fin de debatirlo
oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la
Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los
pudo efectuar por motivos razonables; produciéndose la lectura el
somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los
Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; y las
que el 30 de abril de 2015, el Procurador Fiscal Adjunto del
Distrito Judicial de San Cristóbal, L.. Fernelis A. Rodríguez
Castillo, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio contra el
ciudadano G. de la Cruz Batista (a) A., por el hecho de
este supuestamente asociarse ilícitamente con otra persona para
asaltar y ultimar de herida de arma de fuego, al señor Francis Fidel
Geraldino Lugo (occiso), momentos en que este último se
desplazaba en una motocicleta; imputándolo de violar las
disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 382, 383, 385, 295 y 304
del Código Penal Dominicano; acusación que fue acogida de manera
total por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de
San Cristóbal, el cual emitió auto de apertura a juicio contra el
Distrito Judicial de San Cristóbal, el cual dictó la sentencia marcada
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“PRIMERO: Declara a G.C.B. (a) A.E.C., de generales que constan, culpable de los ilícitos de asociación de malhechores, homicidio voluntario seguido de robo agravado y porte ilegal de arma de fuego, en violación a los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 383 del Código Penal Dominicano y 39 de la Ley 36-65, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas en la República Dominicana, en perjuicio del hoy occiso F.F.G.L.; en consecuencia, se le condena a cumplir treinta (30) años de reclusión mayor a ser cumplidos en la Cárcel Pública de Azua; SEGUNDO: Declara la absolución del ciudadano J.M.P. (a) N., en virtud de las disposiciones legales contenidas en el artículo 337.5 del Código Procesal Penal, por haber sido solicitado por el Ministerio Público; en consecuencia, se ordena el cese de la medida de coerción impuesta en su contra en etapa preparatoria a propósito de este hecho; rechazando, en consecuencia, la solicitud de condena al Estado Dominicano, al pago de una indemnización a favor del imputado, conforme lo establece en el artículo 255 del Código Procesal Penal, por no tratarse de un proceso de revisión; TERCERO: Rechaza las conclusiones principales del abogado del imputado G.C.B. (a) A.E.C., toda vez que la responsabilidad de su patrocinado quedó plenamente probada en los tipos penales de referencia, en el inciso primero, con pruebas lícitas, suficientes y de cargo, capaces de destruir su presunción de inocencia;
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imputado recurrente, contra la referida decisión, intervino la
sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00244, ahora impugnada en
“PRIMERO: Declara con lugar el recurso de
apelación interpuesto en fecha diecisiete (17) del mes de
mayo del año dos mil dieciséis (2016) por el Licdo.
M.Á.R.C., defensor público, actuando
a nombre y representación del imputado G. de la
Cruz Batista, en contra de la sentencia núm. 301-03-2016-SSEN-00058, de fecha seis (6) del mes de abril
del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal
Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo
dispositivo figura copiado en parte anterior de la
presente sentencia; en consecuencia, por efecto de lo
establecido en el artículo 422.1, y sobre la base de los
hechos fijados en la indicada sentencia, dicta
directamente la sentencia del caso; SEGUNDO: Modifica el ordinal primero de la sentencia núm. 301-
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Considerando, que el recurrente G. de la Cruz Batista (a)
A., por medio de su abogado, propone contra la sentencia
impugnada, el siguiente motivo:
“Único Vicio: Sentencia manifiestamente infundada. (artículo 426.3 del Código Procesal Penal). (…)de lo expresado por la Corte a-qua (lo cual subrayamos), en nada constituye respuestas a lo alegado por la defensa, ya que simplemente se limita a decir que el tribunal de fondo pudo establecer la responsabilidad del imputado como autor principal con los testigos de cargo, motivos estos que constituyen meros enunciados genéricos que
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“10) Que sobre otro de los argumentos que contiene el primer motivo, donde el recurrente señala: “…que el imputado G.C.B. (a) A., en todo momento admitió la participación en el hecho, en el sentido de que fue la persona que conducía la motocicleta, y que su acompañante iba en la parte trasera de la misma, y fue este quien realizó los disparos que le provocaron la muerte de F.F.G.L., por lo que no se le pudo retener responsabilidad de porte ilegal de armas, ni tampoco de homicidio voluntario, ni de robo, sino la de cómplice, dado que no tuvo una participación directa en el hecho; tampoco resultan suficientes las pruebas testimoniales vertidas por el testigo C. de J.L., ni la del agente policial que participó en la investigación, por lo que la defensa considera que por el solo testimonio de una de las víctimas resultan suficientes, máxime con las contradicciones que se aprecian, quedan dudas serias sobre la participación en grado de autor del imputado, sino como cómplice”. Que sobre este argumento esta Corte luego observa contrario a lo dicho por la parte recurrente que el Tribunal a-quo
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(a) A., quien también iba en una motocicleta en compañía de otra persona hasta ahora desconocida, pudiendo reconocer dicho testigo al imputado G.C.B. (a) A., quien tenía una pistola en las manos, con la cual le realizó tres o cuatros disparos, pero él logró escapar, y cuando mira hacia atrás, ve a su primo en el suelo que estaba boca abajo, ahí ve que se le pega, le dispara y le quita una pistola marca Taurus calibre 9mm, serie TGS99991, y cuando salió de donde está escondido, el motor no estaba ahí. Así mismo, de valoración del testimonio del agente actuante oficial de la Policía Nacional, J.A.P.B., el Tribunal a-quo pudo establecer que el mismo, al conocer la información de que habían llevado muerto al hospital de Barsequillo Haina, el raso F.F.G.L., quien falleciera a consecuencia de heridas de arma de fuego, se trasladó al lugar del crimen, recogió las informaciones y evidencias pertinentes, las cuales constan en el acta de inspección levantada al efecto, donde se hace constar que se encontraron tres casquillos 9 milímetros; y en fecha 13 de enero recibió dicho agente una llamada del coronel M. de Las Caobas, donde le informa que había apresado a J.M.P., después de haberle
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Considerando, que el alegato del recurrente planteado en su
único motivo, versa de manera específica sobre la valoración de los
medios de pruebas y el quántum de la pena, refiriendo que hubo
inobservancia por parte de la alzada, sobre tales aspectos;
Considerando, que contrario a lo planteado, al examinar la
decisión de la Corte en ese sentido, se puede observar que esta luego
de hacer un análisis al fallo del tribunal de primer grado, dio
respuesta a sus reclamos; que para ello examinó no solo las
declaraciones de los testigos sino los hechos comprobados en dicha
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Considerando, que la Corte a-qua determinó, a través de su
correcto razonamiento, que los elementos de pruebas, sopesados y
valorados en su justa medida por el Tribunal a-quo, fueron
recogidos con la observancia de lo que establece la ley, y que
además, a través de dicho examen probatorio, esencialmente las
declaraciones del testigo a cargo C. de J.L., comprobó
fuera de toda duda razonable, que el hoy recurrente G. de la
Cruz (a) A., fue la persona que ultimó al ciudadano Francis
Fidel Geraldino Lugo (occiso), tal como lo razonó la alzada; de ahí,
que el quántum de la sanción penal aplicada está debidamente
justificada conforme una verdadera fundamentación jurídica, legal y
legítima, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones del artículo
339 del Código Procesal Penal;
Considerando, que a criterio de esta Segunda Sala, la prueba es
el medio regulado por la ley para descubrir y establecer con certeza
la verdad de un hecho controvertido, la cual es llevada a cabo en los
procesos judiciales con la finalidad de proporcionar al juez o al
tribunal el convencimiento necesario para tomar una decisión acerca
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hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados
mediante cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición
expresa, por medio del cual las partes pueden aportar todo cuanto
entiendan necesario, como ha sucedido en el presente caso, donde
las declaraciones del testigo C. de J.L., como bien
expone la alzada, fueron puntuales para con lo cuestionado; en tal
sentido, el alegato externando por el recurrente carece de asidero
jurídico, por lo que se rechaza;
trata y la confirmación en todas sus partes de la decisión recurrida,
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tribunal halle razones suficientes para eximirla total o parcialmente”; en la
especie, procede eximir al imputado del pago de las costas
generadas del proceso, toda vez que el mismo se encuentra siendo
asistido por el Servicio Nacional de Defensa Pública, toda vez que el
la Defensoría Pública, establece como uno de los derechos de los
defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados en
costas en las causas en que intervengan”, de donde deriva la
imposibilidad de que se pueda establecer condena en costas en el
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por G. de la Cruz Batista (a) A., contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00244, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San
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Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas generadas por estar asistido de la defensa pública;

References: artículo 337
 artículo 255
 artículo 422
 artículo 39
 artículo 339
 artículo 339
 artículo 339
 artículo 39
e contrario
 artículo
339