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Timestamp: 2019-10-19 04:34:08+00:00

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Dictamen de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre el Proyecto de Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:239 (IX Legislatura)
La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, a la vista del Informe emitido por la Ponencia que ha examinado el Proyecto de Ley aludido y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento de la Cámara de 26 de junio de 1997 (vigente para la tramitación de este Proyecto de Ley), tiene el honor de elevar a la Excma. Sra. Presidenta de las Cortes de Aragón el siguiente
Proyecto de Ley de Identidad y Expresión
de Género e Igualdad Social y no Discriminación
Artículo 1.— Definiciones.
Artículo 3.— Objeto.
Artículo 4.—. Reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada.
Artículo 5.— No discriminación por motivos de identidad de género, expresión de género o características sexuales.
Artículo 6.— Personas trans menores de edad.
TÍTULO I: TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO
Artículo 7.— Documentación administrativa.
Artículo 8.— Servicios de asesoramiento y apoyo a las personas transexuales, sus familiares y personas allegadas.
Artículo 9.— Conﬁdencialidad y respeto a la privacidad.
Artículo 10.— Medidas contra la transfobia.
Artículo 10 bis (nuevo) [anterior artículo 30].— Atención a víctimas de violencia por transfobia.
TÍTULO II: DE LA ATENCIÓN SANITARIA A LAS PERSONAS TRANS
Artículo 12.— Atención sanitaria a personas trans.
Artículo 13. — Consentimiento informado y decisión compartida para personas trans menores de edad.
Artículo 14.— Atención sanitaria a personas intersexuales.
Artículo 15.— Atención sanitaria en el ámbito reproductivo y sexual.
Artículo 16.— Formación de los profesionales sanitarios.
Artículo 17.— Campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Artículo 18.— Unidad de identidad de género.
Artículo 19.— Guías de Recomendaciones.
TÍTULO III: MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
Artículo 21.— Actuaciones en materia de transexualidad en el ámbito educativo.
Artículo 22.— Protocolo de atención educativa a la identidad de género.
Artículo 23.— Planes y contenidos educativos.
Artículo 24.— Acciones de sensibilización, información, formación y divulgación.
Artículo 25.— Universidad.
TÍTULO IV: MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Artículo 26.— Políticas de fomento de la igualdad y no discriminación en el empleo.
Artículo 27.— Acciones en el ámbito de la responsabilidad social empresarial.
TÍTULO V: MEDIDAS EN EL ÁMBITO SOCIAL
Artículo 28.— Medidas para la inserción social de las personas trans.
Artículo 29.— Apoyo y protección en situación de especial vulnerabilidad.
Artículo 30.— [Artículo suprimido por la Ponencia].
TÍTULO VI: MEDIDAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR
Artículo 31.— Protección de la diversidad familiar.
Artículo 32.— Adopción y acogimiento familiar
Artículo 33.— Violencia en el ámbito familiar.
TÍTULO VII: MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD Y PERSONAS MAYORES
Artículo 34.— Protección de los jóvenes
Artículo 35.— Protección de las personas trans mayores.
TÍTULO VIII: MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL OCIO, LA CULTURA Y EL DEPORTE
Artículo 36.— Promoción de una cultura inclusiva.
Artículo 37.— Deporte, ocio y tiempo libre.
TÍTULO IX: MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO
Artículo 38.— Cooperación internacional al desarrollo.
TÍTULO X: COMUNICACIÓN
TÍTULO XI: MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
Artículo 41.— Protocolo de atención policial a la identidad de género.
TÍTULO XII: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS EN ATENCIÓN A LA IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO
Artículo 42.— Contratación administrativa y subvenciones.
Artículo 43.— Formación de las empleadas y los empleados públicos.
Artículo 44.— Evaluación de impacto normativo sobre la identidad o expresión de género.
Artículo 45.— Medidas de remoción y cese e indemnización.
Artículo 46.— Concepto de persona interesada.
Artículo 47.— Inversión de la carga de la prueba.
TÍTULO XIII: RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 48.— Responsabilidad.
Artículo 49.— Concurrencia de sanciones.
Artículo 50.— Infracciones.
Artículo 51.— Reincidencia.
Artículo 52.— Sanciones.
Artículo 53.— Graduación de las sanciones.
Artículo 54.— Prescripción.
PRIMERA (antes única).— Cómputo del plazo de residencia para ser beneficiario de la renta mínima de inserción.
SEGUNDA (nueva).—. Favorecer la visibilidad.
TERCERA (nueva).— Plazo para la cancelación de datos personales.
PRIMERA.— Modificación de las condiciones que deben reunir los establecimientos y servicios sociales especializados.
SEGUNDA.— Regulación del comité consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género.
SEGUNDA BIS (nueva).— Plazo para la elaboración del Plan integral sobre educación en Aragón.
TERCERA.— Desarrollo reglamentario.
CUARTA.— Entrada en vigor.
La transexualidad es una condición presente en todas las culturas de la humanidad y en todo tiempo histórico. Los estudios científicos de todo orden nos enseñan que las manifestaciones de identidad de género del ser humano son variadas y que cada cultura hace su propia interpretación de este fenómeno. Las respuestas que las distintas sociedades han dado a esta realidad humana han sido muy diversas a lo largo del tiempo, y en las distintas geografías de nuestro mundo. Algunas sociedades han aceptado en su seno una realidad de género no estrictamente binaria y han articulado mecanismos sociales y leyes que promueven la integración de las personas trans en la sociedad. Otras, por desgracia, han manifestado diversos grados de rechazo y represión de las expresiones de identidad de género provocando graves violaciones de los derechos humanos de las personas trans.
La deﬁnición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento y, como estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras una decisión adoptada por unanimidad en dos importantes sentencias de 2002, no es un concepto puramente biológico sino, sobre todo, psicosocial.
En la persona imperan las características psicológicas que conﬁguran su forma de ser y se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física. La libre determinación del género de cada persona ha de ser aﬁrmada como un derecho humano fundamental, parte inescindible de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Las personas trans en nuestra sociedad han protagonizado una larga lucha para conseguir desarrollarse socialmente en el género al que sienten pertenecer. Las dificultades que se encuentran en este proceso son incontables y de toda índole, y el sufrimiento que provocan es considerable. Es necesario por tanto crear un marco normativo que facilite este proceso, permitiendo la progresiva adaptación de la persona y el desarrollo completo de sus potencialidades humanas.
Sin embargo, el proceso de reconocimiento de la identidad de género en la sociedad occidental está lejos de concluir. En los países de tradición judeo cristiana y buena parte de los de tradición islámica, la identidad de género fue asociada a la homosexualidad y por tanto proscrita, primero como trasgresión de la norma religiosa y como violación de las normas penales después. No es sino hasta el siglo XX cuando se comienza a hablar de transexualidad en términos médicos, por efecto de los escritos de los profesores Magnus Hirschfeld y David Oliver Cauldwell que establecieron las categorías de travestidos y transexuales sobre las que posteriormente Harry Benjamin diseñó sus diagnósticos iniciales de transexualidad y, ﬁnalmente, de trastorno de disforia de género. Desde entonces, si bien se abandonó progresivamente la criminalización de la conducta, han sido términos médicos los que han calificado a las personas trans como afectadas por una enfermedad o trastorno. Durante cerca de setenta años la transexualidad ha ﬁgurado como enfermedad en los principales manuales de diagnóstico y en las principales clasiﬁcaciones de enfermedades como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-IO) de la Organización Mundial de la Salud o el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas DMS-R de la American Psychiatric Association (APA) bajo los caliﬁcativos de «trastorno de la identidad sexual» o «desorden de la identidad de género» cuyo diagnóstico médico asociado era la «disforia de género». Al igual que con la homosexualidad, ha hecho falta un largo camino para que autoridades médicas, asociaciones científicas y profesionales reconsideraran esta clasificación médica en sus bases científicas, valoraran los componentes de prejuicio que la componen y el efecto estigmatizador de dichas clasificaciones. Recientemente, la propia APA ha retirado su diagnóstico de trastorno de la identidad de género y son muchas las voces que abogan en los terrenos científicos y sociales por la definitiva despatologización de la transexualidad y por la consideración de la misma como una más de las manifestaciones de la diversidad sexual del ser humano. En este proceso de reconocimiento se han dado ya muchos pasos a nivel global, europeo y nacional, al convertir el tratamiento de la identidad de género en cuestión de derechos humanos.
Las normas internacionales sobre derechos humanos consagran como principios básicos la igualdad y la no discriminación. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece la afirmación inequívoca de que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». El artículo 2 de la misma Declaración afirma posteriormente que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición». Mandato que la propia ONU ha declarado que implica el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género.
En el año 2011, se adopta la Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU bajo la rúbrica «Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género», siendo la primera resolución de las Naciones Unidas que versa de forma expresa sobre la igualdad, la no discriminación y la protección de los derechos de todas las personas cualquiera sea su orientación sexual, expresión e identidad de género y que condena formalmente cualquier acto de violencia o discriminación en cualquier parte del mundo. Su aprobación abrió el camino al primer informe oficial de las Naciones Unidas sobre ese tema, preparado por la Oﬁcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denominado «Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género», y al reciente informe «Nacidos libres e iguales: Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos».
Posteriormente, en septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos adopta una nueva Resolución (27/32) en la que se lamenta de las violaciones de los derechos humanos y requiere al Alto Comisionado para que ponga al día el informe A/HRC/19/41 con la intención de compartir buenas prácticas y maneras de vencer la violencia y discriminación de las personas LGTBI y de aplicar las leyes y standars internacionales de derechos humanos ya existentes. Así, en 2016 nace el Informe «Living free and equal» que provee de un análisis de más de 200 ejemplos de lo que los Estados están haciendo para abordar la violencia y discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.
En el ámbito del Consejo de Europa, ﬁnalmente, incide en esta materia el informe del Comisario de Derechos humanos del Consejo de Europa de julio de 2009 y la Recomendación CM/Rec(2010)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre medidas para combatir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, adoptada el 31 de marzo de 2010.
En esta misma línea, en España, nuestro artículo 14 de la Constitución Española declara que: «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Mientras que el artículo 9.2 establece que: «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o diﬁculten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica cultural y social», tras reconocer como derecho fundamental, el del libre desarrollo de la personalidad. Nuestra carta magna reconoce igualmente el respeto a la intimidad y a la propia imagen, el derecho a la salud, el trabajo y el acceso a la vivienda.
En desarrollo de este mandato de respeto a la identidad, se promulgó la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que permite el cambio de la inscripción relativa al sexo en el registro civil y, con ello, el cambio del nombre, de la documentación oﬁcial y del estatus ciudadano adscrito al sexo registrado.
El Estado español, sin embargo, no se ha limitado al simple reconocimiento a las personas adultas de la rectificación registral del sexo, siendo muchas las normas que proscriben la discriminación en el trabajo. La identidad de género ha recibido tutela igualmente en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio de protección a la infancia y la adolescencia o en la reciente reforma del Código Penal.
También, con posterioridad al año 2007, diversas Comunidades Autónomas, en concreto las de Navarra, País Vasco, Galicia, Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares y Valencia, han dado un paso adelante al garantizar, no solo el reconocimiento de la identidad de género en el trato con sus ciudadanos, sino al añadir igualmente una cartera de servicios y políticas públicas a favor de la integración de las personas trans en la sociedad.
Tal es, por consiguiente, el origen de la presente ley, manifestación y reflejo de la voluntad expresada por entidades de la sociedad civil de establecer un marco que garantice el respeto a los referidos derechos, y que evite cualquier discriminación. Una voluntad sustentada en la constatación de la necesidad de restablecer la plenitud de los derechos de las personas trans, de dar respuesta a una demanda social ineludible e impostergable y de sentar las bases que permitan una vida plena y digna para un colectivo que históricamente ha visto vulnerados sus derechos.
En esta línea, el reconocimiento legal del derecho a la libre autodeterminación de la identidad de género de toda persona emana del propio Estatuto de Autonomía de Aragón, que parte del establecimiento en su artículo 12 del derecho de todas las personas a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, así como al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal.
La ﬁjación en el Estatuto de Autonomía de derechos y principios rectores, que deben guiar la actuación de los poderes públicos, como el de promoción de las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, o el impulso de políticas tendentes a la mejora y equiparación de sus condiciones de vida [palabras suprimidas] (artículos 6, 11 y 20), sin duda redundan en la necesidad de esta ley.
La presente Ley resulta fundamental como instrumento que guíe la actuación de los poderes públicos aragoneses para la efectividad del reconocimiento del derecho de todas las personas a su identidad de género libremente manifestada, al libre desarrollo de su personalidad conforme a la misma, y al consecuente respeto a su integridad física y psíquica, garantizando así el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual e identidad de género, tal y como dispone el artículo 24.a del Estatuto de Autonomía de Aragón.
La propia transversalidad del derecho a la identidad de género que se pretende consagrar, impone la necesidad de establecer principios y medidas de actuación en numerosos sectores de intervención de las Administraciones públicas aragonesas. En el ámbito sanitario, la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, parte de los principios de concepción integral de la salud, universalización de la atención sanitaria, aseguramiento y ﬁnanciación pública e integración funcional. Pese a que la propia Comunidad Autónoma de Aragón introdujo la cirugía de cambio de sexo en la Cartera de Servicios de Atención Especializada del Sistema de Salud de Aragón, la insuﬁciencia de dicha medida exige la adopción de una política sanitaria que garantice de manera efectiva y plena el derecho a la salud sin discriminación alguna por expresión o identidad de género.
El Estatuto de Autonomía de Aragón dota a los poderes públicos aragoneses de instrumentos y competencias para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de sus ciudadanos en el ámbito educativo, social, cultural, de atención a la familia, de protección a personas menores y mayores, de actuación de las Administraciones públicas y de procedimiento administrativo. Todo ello habilita al legislador aragonés para realizar un planteamiento de atención integral en las diversas materias que afectan a la situación de las personas trans sin necesidad de interferir en las competencias estatales o de otras Administraciones. La presente ley, por ello, no define cuales son los presupuestos para el cambio de nombre o sexo registral en el registro civil y de hecho define sus propios ámbitos de actuación basándose en las necesidades de atención de las personas trans y en las manifestaciones de sus ciudadanos sobre un principio de libre manifestación de su condición y de la necesidad de amparo en la ley.
Además de suponer un desarrollo del derecho establecido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía y dar cumplimiento a los mandatos estatutarios dirigidos a los poderes públicos contenidos en otros preceptos anteriormente mencionados, la Comunidad Autónoma de Aragón ostenta competencias suficientes en distintas materias para la regulación de todos y cada uno de los aspectos que aborda esta ley, como es el caso de las contempladas en el Estatuto de Autonomía sobre atención social (71.34.ª), políticas de igualdad social (71.37.ª), personas menores (71.39.ª), deporte (71.52.ª), sanidad y salud pública (artículo 71.55.ª), enseñanza (73), medios de comunicación social (74), Seguridad Social (75.1.ª), protección de datos de carácter personal (75.5.ª) y Administraciones públicas aragonesas (75.11.ª).
Por otro lado, parece igualmente necesario contemplar en la presente ley las especialidades del Derecho civil aragonés recogidas en el Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, para garantizar el derecho de las personas trans menores de edad a un desarrollo y formación conforme con su personalidad [palabras suprimidas por la Ponencia].
La ley sigue en su deﬁnición de identidad de género y expresión de género el criterio de la Agencia de Derechos fundamentales de la Unión Europea que a su vez obtuvo la definición tras un extenso trabajo de consulta con las principales organizaciones trans europeas e internacionales. El concepto de identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, y otras como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género está generalmente acompañada del deseo de vivir y recibir aceptación como miembro de dicho género, e incluso del deseo irrenunciable de modificar, mediante métodos hormonales, quirúrgicos o de otra índole, el propio cuerpo.
La presión social, familiar y en el ámbito laboral, por otro lado, pueden crear situaciones en las que es conveniente el apoyo psicológico para una mejor auto integración del proceso de tránsito. Todo ello, sin embargo, ha de hacerse a requerimiento de la persona interesada y sin un sometimiento a patrones ﬁjos de manifestación de la sexualidad o de la identidad, ya que cada persona es única en sus características y vivencias al respecto. Ha de entenderse que la mayoría de las personas trans no demandan que se les preste apoyo médico porque se sientan enfermas sino por los obstáculos sociales que encuentran a su libre desarrollo como personas que realizan una manifestación libre de su género. Las personas trans no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones respecto a la manifestación de su identidad en el campo social, ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse su vez en vulneraciones de los derechos de dichas personas, considerando, así mismo, la existencia de las personas no binarias con comportamientos de género fluido o no normativo. Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien establezca los detalles sobre su identidad como ser humano.
La ley se divide en una exposición de motivos, trece títulos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
El título Preliminar dedicado a las disposiciones generales establece los objetivos, el ámbito de la ley, la definición de las personas amparadas por la misma entre las que se resalta la situación de las menores de edad y los principios rectores de la administración en el tratamiento de las personas amparadas. La ley establece como objetivos el de reconocer el derecho a la libre manifestación de la identidad de género y el de erradicar toda forma de discriminación como consecuencia de dicha manifestación. La ley contempla como sujetos de derecho a todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma sin contemplación de su nacionalidad, pues una norma de igualdad y no discriminación no puede comenzar por establecer exclusiones o distinciones entre las afectadas por la discriminación. En lo referente a las personas destinatarias de los mandatos de la norma, estas son toda la persona física o jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su domicilio o residencia, que se encuentren o actúen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Resulta obligado resaltar el compromiso que la Comunidad Autónoma de Aragón adquiere con esta ley en relación a la protección de las personas trans menores de edad. Si con frecuencia las personas trans adultas han sufrido discriminación o han sido desatendidas, este abandono es especialmente grave cuando afecta a las menores de edad que, por su desprotección natural y por su estadio de desarrollo, sufren con mayor gravedad la negativa al reconocimiento de su identidad o la desatención médica a sus necesidades de aﬁrmación. En cumplimiento del mandato de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio de protección a la infancia y la adolescencia y bajo el criterio rector de atención al interés superior de las personas menores, la presente ley les ofrece [palabra suprimida], a ellas y a sus guardadores legales, amparo [palabras suprimidas] frente a toda exclusión, plena atención a sus necesidades sanitarias y protección el sistema educativo.
El título I dedicado al tratamiento administrativo de la identidad de género establece los principios generales del tratamiento administrativo y el derecho a una documentación adecuada a la identidad de género manifestada en las relaciones con la Administración pública aragonesa, lo que es de especial interés para quienes se encuentran en el tránsito hacia la rectiﬁcación de sexo registral, o no pueden acceder al mismo por su edad o por su condición de extranjeros. La Comunidad Autónoma compromete igualmente el sostenimiento de un servicio de asesoramiento y apoyo a las personas transexuales, sus familiares y personas allegadas, el respeto de la confidencialidad e intimidad en todos sus procedimientos y compromiso ﬁrme en la realización de acciones contra la transfobia y el respeto en su proceder a la identidad y expresión de género de toda persona en su relación con la Administración.
El título II dedicado a la atención sanitaria a las personas trans, establece el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria de las personas transexuales en el servicio aragonés de salud y regula la unidad de identidad de género. La asistencia a las personas trans menores de edad, se establece bajo los principios de tutela del mejor interés de la persona menor y de respeto a su voluntad bajo el principio de reconocimiento progresivo de su madurez, conforme establecen los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos del niño, y los protocolos de las principales organizaciones pediátricas internacionales y el derecho civil aragonés. En lugar de establecer prohibiciones que atentarían contra los derechos de las personas menores afectadas y constituirían un maltrato, o de fijar barreras de edad que no tienen en cuenta su desarrollo individual [palabras suprimidas], se establece un sistema de atención individualizado y basado en las necesidades específicas de cada persona menor, y en el que se provee de los oportunos tratamientos en el momento adecuado en atención a su desarrollo. La ley, establece además salvaguardas en interés de la persona menor y el deber de consulta a la misma en toda medida que le afecte.
La ley contempla igualmente la elaboración de las guías e instrucciones médicas adecuadas a los principios de consentimiento informado, descentralización, atención integral multidisciplinaria y profesional. Se contempla igualmente la realización de estudios, estadísticas y programas de formación de los profesionales sanitarios.
En el caso de las personas intersexuales, y de manera novedosa, la presente norma garantiza la integridad corporal de las personas intersexuales menores de edad hasta que estas deﬁnan su identidad sentida y les ofrece protección de su intimidad y dignidad frente a prácticas de exposición y análisis, de carácter abusivo. La protección de las personas intersexuales exige el reconocimiento de la diversidad de los cuerpos humanos y la erradicación del prejuicio según el cual existe un único patrón normativo de corrección corporal, que lleva a que [palabras suprimidas] sean operados en su infancia para asimilarlos al patrón normativo de hombre o mujer, sin saber cuál es la identidad de dicha persona y cometiendo con ello frecuentes errores que luego condicionan gravemente la vida de la persona intersexual. Sin conocimiento de la identidad de género sentida por la persona intersexual, cualquier intervención quirúrgica que asimile a la persona menor a una identidad puede ser una auténtica castración traumática.
El título III, sobre medidas en el ámbito de la educación, crea un tratamiento específico de la identidad de género en el sistema educativo, siempre sobre la base de considerar el sistema educativo como un espacio de entendimiento, seguridad y no discriminación y promoviendo que el mismo actúe como factor de integración y formación cívica en los principios de respeto y no violencia. Esta ley impulsa medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas. Para ello promueve la integración en los currículos autonómicos, en los planes docentes y de convivencia medidas de formación y de respeto a la diversidad de género en todos los niveles educativos, así como la adopción de un protocolo de atención a la identidad de género que sirva de guía al personal docente y de servicios en la atención a la comunidad educativa.
El título IV, determina una serie de medidas en el ámbito laboral y de la responsabilidad social empresarial, estableciendo el compromiso de crear medidas efectivas en el fomento de la igualdad y no discriminación en el empleo y en las estrategias de responsabilidad social corporativa.
El título V, dedicado a medidas en el ámbito social, focaliza su atención en la inclusión de uno de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad y con frecuencia sometido a marginalidad y a situaciones de especial vulnerabilidad. Colectivo que hasta ahora, no siempre recibía atención por aplicación de normas y reglamentos de adscripción al género registral o por simple abandono y omisión. Tiene especial relevancia en este apartado, el compromiso de extender la tutela ofrecida a las víctimas de violencia de género a las mujeres transexuales, el compromiso de tutelar a las personas menores expulsadas de sus hogares con respeto a su manifestación de identidad y la atención a las víctimas de violencia por transfobia.
El título VI relativo a medidas en el ámbito familiar, se dedica a la protección y garantía de la diversidad familiar, incluyendo los posibles casos de violencia en el ámbito familiar.
El título VII, sobre medidas en el ámbito de la juventud y de las personas mayores, aborda los mecanismos de protección y fomento del desarrollo personal en dos etapas especialmente necesitadas de apoyo como son la juventud y la edad avanzada garantizando en todo caso el respeto y la adecuada asistencia a los mismos.
El título VIII, dedicado a medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte, promueve una cultura y un ejercicio del deporte inclusivo y pretende, en la medida en que las competencias de la Comunidad Autónoma alcanzan, la erradicación de las normas de segregación o los mecanismos de exclusión de las personas trans.
El título IX, sobre medidas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, expresa el compromiso de esta Comunidad Autónoma con el derecho a la vida, la igualdad y la libertad de aquellas personas que por su identidad de género sufren persecución, violencia o criminalización en los países donde dichos derechos son negados o ignorados.
El título X, dedicado a la comunicación, aborda en el ámbito de las competencias autonómicas la promoción de la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la identidad y expresión de género, contribuyendo a un trato del colectivo exento de estereotipos.
El título XI, regula una serie de medidas en el ámbito policial, que pretenden impulsar un protocolo de atención a la identidad de género en los cuerpos y fuerzas de seguridad destinado en especial a paliar las consecuencias [palabra suprimida] que sufren quienes son víctimas de los delitos de odio por razón de su identidad.
El título XII, relativo a medidas administrativas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas en atención a la identidad y expresión de género, regula los principios aplicables a la contratación administrativa, concesión de subvenciones, formación del empleo público en atención a la identidad de género así como el compromiso de que las futuras normas de la Comunidad Autónoma valoren su posible impacto normativo en las cuestiones atinentes a la discriminación por identidad o expresión de género. De cara a los procedimientos administrativos de esta Comunidad Autónoma, establece igualmente la condición de personas interesadas en el procedimiento, las medidas de remoción cese e indemnización y la inversión de la carga de la prueba en los casos que presenten indicio de prueba por discriminación.
Finalmente, el título XIII se refiere a las infracciones y sanciones y disposiciones especiales sobre el procedimiento de los temas relativos a esta ley. Las Cortes de Aragón optan porque sus mandatos no queden en una simple declaración de intenciones y, con respeto a otros ordenes sancionadores y a la preferencia del orden penal, establece un catálogo de infracciones y sanciones para las conductas especialmente graves y atentatorias de la paz social y de los derechos de las personas amparadas por la ley. Sanciones, que en sus expresiones más graves pueden [palabras suprimidas] impedir recibir ayudas de los fondos públicos de esta Comunidad Autónoma para quienes demuestren una conducta discriminatoria especialmente grave o sea reincidente en las infracciones.
La norma concluye con las previsiones relativas a su implantación efectiva y desarrollo reglamentario a ﬁn de asegurar la más temprana implantación y efectividad de los derechos aquí enunciados.
Con la aprobación de esta ley, la Comunidad Autónoma protege y reconoce el esfuerzo que las organizaciones sociales, los partidos políticos, las familias y las personas trans [palabras suprimidas] han hecho durante años para que el respeto a la igualdad y dignidad de todas las personas sea en Aragón una realidad sin exclusiones.
Artículo 1.— Deﬁniciones.
a) [antes letra i] Acoso discriminatorio: será acoso discriminatorio cualquier comportamiento o conducta que, por razones de expresión o identidad de género o pertenencia a un grupo familiar, se realice con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregado.
b) [antes letra d] Discriminación directa: hay discriminación directa cuando una persona haya sido, sea o pueda ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga o comparable, por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a un grupo familiar.
c) [antes letra e] Discriminación indirecta: hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a un grupo familiar.
d) [antes letra f] Discriminación múltiple: hay discriminación múltiple cuando además de discriminación por motivo de expresión o identidad de género o pertenencia a un grupo familiar, una persona sufre conjuntamente discriminación por otro motivo recogido en la legislación europea, nacional o autonómica. Específicamente se tendrá en cuenta que a la posible discriminación por expresión o identidad de género, se pueda sumar la discriminación por razón de género, por orientación sexual o por pertenencia a colectivos especialmente vulnerables.
e) [antes letra g] Discriminación por asociación: hay discriminación por asociación cuando una persona es objeto de discriminación como consecuencia de su relación con una persona, un grupo o familia LGTBIQ.
f) [antes letra h] Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de discriminación por identidad de género o expresión de género como consecuencia de una apreciación errónea.
g) [antes letra a] Identidad sexual o de género: la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y pudiendo involucrar la modiﬁcación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.
h) [antes letra c] lntersexualidad: variedad de situaciones en las cuales una persona nace con una anatomía reproductiva o genital que no parece encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino.
i) [antes letra m] LGTBIQ: Siglas que designan colectivamente a Lesbianas, Gays, y personas Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y «Queer», comprendiendo este último concepto a cualesquiera colectivos no incluidos en los anteriores.
k) [antes letra b] Trans: Toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer.
m) [antes letra k] Victimización secundaria: se considera victimización secundaria al perjuicio causado a las personas que hagan expresión de su identidad de género que, siendo víctimas de discriminación, acoso o represalia, sufren las consecuencias adicionales de la mala o inadecuada atención por parte de los responsables administrativos, instituciones de salud, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cualquier otro agente implicado.
2. Las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón previstas en su Estatuto de Autonomía, sus administraciones públicas, así como cualquier entidad de derecho público o privado vinculada dependiente de las mismas garantizarán el cumplimiento de la ley y promoverán las condiciones para hacerla efectiva en el ámbito de sus respectivas competencias. En este sentido, apoyarán acciones afirmativas sobre identidad sexual y de género, así como al movimiento asociativo existente en la Comunidad Autónoma en el ámbito de la identidad de género, y sus propios proyectos.
c) A ser tratado de conformidad a su identidad de género en los ámbitos públicos y privados y en particular a ser identiﬁcado y acceder a documentación acorde con dicha identidad.
d) A que se respete su integridad física y psíquica así como a sus opciones en relación a sus características sexuales y su vivencia de la identidad o expresión de género.
f) A proteger el ejercicio efectivo de su libertad y sin discriminación en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, especialmente, en las siguientes esferas:
3.º Aﬁliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, deportivas, profesionales y de interés social o económico.
2. Toda persona cuya identidad de género sea la de mujer [palabras suprimidas por la Ponencia] y sea víctima de la violencia de género o de cualquier forma de violencia contra la mujer, incluidas las victimas de trata, tendrá acceso, en condiciones de igualdad, a la protección integral contemplada en la legislación estatal en la materia y en la Ley 4/2007, de 22 de mayo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres víctimas de Violencia en Aragón, así como a todos los recursos asistenciales existentes.
Artículo 4.— Reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada.
1. Toda persona tiene derecho a construir para sí una autodeﬁnición con respecto a su cuerpo, sexo, identidad y expresión de género y su orientación sexual.
1. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación, acoso, penalización o castigo por motivo de su identidad o expresión de género. En particular, las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género manifestada, que es como la persona se presenta ante la sociedad, con independencia de su sexo legal, y así obraran las instituciones y Administraciones públicas aragonesas en todos y cada uno de los casos en los que participen.
2. A los efectos de esta ley se considera prohibida toda forma de discriminación por razón de identidad de género, expresión de género o características sexuales incluyendo la discriminación, directa o indirecta, por asociación y por error, la discriminación múltiple, el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, así como la victimización secundaria por inacción de quien tiene un deber de tutela.
b) Derecho a recibir el tratamiento médico que precisen para su bienestar conforme a su transexualidad, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/20015, de 22 de julio, de protección a la infancia y la adolescencia, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la Convención de Derechos del niño y atendiendo al Derecho civil aragonés.
c) Derecho a ser oídos y expresar su opinión en atención a su madurez y desarrollo en relación a toda medida que se les aplique.
2. Toda intervención pública deberá estar presidida por criterio rector de atención al interés superior de la persona menor y dirigida a garantizar el libre desarrollo de su personalidad [palabras suprimidas] conforme a la identidad autopercibida y a evitar situaciones de sufrimiento e indefensión.
3. El amparo de las personas trans menores de edad en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de los servicios de protección de personas menores cuando se aprecie a existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género.
de la identidad de género
1. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar todas las medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias, a ﬁn de asegurar que en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participen, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con la identidad de género que manifiesten, y se respetará la dignidad y privacidad de la persona concernida y la heterogeneidad del hecho familiar.
2. Al objeto de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación, la Comunidad Autónoma de Aragón proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos, y de toda índole.
3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de acreditación con base en los siguientes criterios:
a) Los trámites para la expedición de la documentación administrativa prevista en la presente ley serán gratuitos, no requerirán de intermediación alguna, y en ningún caso implicarán la obligación de aportar o acreditar cualquier tipo de documentación médica.
c) No se alterará la titularidad jurídica de los derechos y obligaciones que correspondan a la persona ni se prescindirá del número del documento nacional de identidad, siempre que este deba figurar. Cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerá el nombre elegido por razones de identidad de género, los apellidos completos y el número de Documento Nacional de Identidad o Número de Identidad de Extranjero.
d) Se habilitarán los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para adaptar los archivos, bases de datos y demás ﬁcheros de las Administraciones públicas aragonesas, eliminando toda referencia a la identificación anterior de la persona, a excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial a cargo del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con lo establecido en la letra anterior.
4. Las Administraciones públicas aragonesas facilitarán el asesoramiento necesario para realizar los cambios oportunos en ﬁcheros de organismos privados o de carácter estatal, de acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
a) De información, orientación y asesoramiento a las personas trans y no binarias, incluido el legal y de asistencia social, con inclusión de sus familiares y personas allegadas en relación con las necesidades de apoyo especíﬁcamente ligadas a la condición de persona trans siguiendo los principios de cercanía y no segregación.
2. Para garantizar la participación de las asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la identidad de género en el desarrollo y gestión de los servicios de asesoramiento y apoyo a las personas transexuales, sus familiares y personas allegadas se creará un Comité Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género.
3. La composición y funcionamiento de dicho Comité se determinará reglamentariamente incluyendo representantes de las asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la identidad de género, de los Departamentos competentes en materia de educación, sanidad y servicios sociales, de la Unidad de Identidad de Género y del propio servicio de información, orientación y asesoramiento.
4. Las Administraciones públicas aragonesas garantizarán en cualquier caso que en todos los ámbitos de aplicación de la presente ley se aportará al personal profesional las herramientas necesarias para la no discriminación y se contará con el personal especializado necesario en las diferentes materias, según se precise en los distintos protocolos de actuación.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón velará por el respeto a la conﬁdencialidad de los datos relativos a la identidad de género de las personas trans en todos sus procedimientos.
2. Como consecuencia de la expedición de la documentación citada en el artículo 7 o de la rectificación de sexo registral, las Administraciones públicas aragonesas habilitarán los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para la cancelación [palabras suprimidas] del acceso a los datos en archivos, bases de datos y demás ﬁcheros pertenecientes a las Administraciones aragonesas que incluyan cualquier referencia a la identiﬁcación anterior de la persona o cualquier dato que haga conocer su realidad trans, excepción hecha de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la persona a cargo del Departamento competente en materia de sanidad.
4. Se garantiza el derecho de todas las personas beneﬁciarias de esta ley al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las Administraciones públicas aragonesas y de las entidades privadas en territorio aragonés, conforme a lo establecido en el apartado anterior y a la normativa [palabra suprimida] sobre protección de datos.
3. Emprenderán campañas de sensibilización, dirigidas al público en general, a fin de combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la identidad de género, y para obtener el respeto efectivo de la identidad de género de las personas trans.
5. Defenderán eficazmente en materia de identidad de género el tratamiento pluralista, la no difusión de los prejuicios que conducen a la discriminación o que incitan a la violencia por motivos de identidad o expresión de género en los medios de comunicación de titularidad pública o privada.
7. Fomentarán, incluyendo en la planificación y subvención de actividades académicas y de investigación, que las universidades del sistema universitario de Aragón atiendan a la formación y la investigación en materia de identidad de género, estableciendo convenios de colaboración si ello fuera aconsejable, para:
c) Ser atendidas en proximidad sin sufrir desplazamientos y gastos innecesarios, así como a solicitar la derivación voluntaria a los centros de atención especializada pertinentes a su tratamiento dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de precisarse un desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón será el personal facultativo quien solicite la derivación.
c) bis. Recibir tratamiento médico relativo a su transexualidad proporcionado por profesionales pediátricos, si están en edad pediátrica.
c) ter. Recibir tratamiento en condiciones de igualdad, con especial incidencia en la pubertad, y con derecho a su libre autodeterminación.
d) Solicitar, en caso de duda, una segunda opinión según regula el Decreto 35/2010,de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, del ejercicio del derecho a la segunda opinión médica.
a) Proporcionará tratamiento hormonal a las personas trans [frase suprimida].
b) Proporcionará el proceso quirúrgico genital, aumento de pecho y masculinización de tórax, siendo la gestión de las listas de espera ajustada a la máxima transparencia, agilidad y eﬁcacia.
d) Prestará tratamientos que tiendan a la modulación del tono y timbre de la voz cuando sean requeridos
e) Proporcionará tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad que se determinará siguiendo criterios objetivos, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados.
f) [nueva] Proporcionará tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados.
4. La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de las usuarias del Sistema Sanitario, sin que quepa condicionar el acceso a los servicios ofertados o la prestación de asistencia sanitaria especializada a que las personas trans incluidas las menores de edad, previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico alguno.
Artículo 13.— Consentimiento informado y decisión compartida para personas trans menores de edad.
1. (anterior apartado 3) El consentimiento informado para recibir el tratamiento, de acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información documentación clínica, será otorgado:
b) Si es menor de doce años, por su representante legal, pero deberá ser oído en atención a su desarrollo y madurez y en todo caso si tiene suficiente juicio, conforme a lo establecido en el Derecho Civil aragonés.
d) Si la persona menor se encuentra emancipado o cuenta con catorce años cumplidos, por la propia persona menor con la mera asistencia de sus padres o guardadores legales.
2. (anterior apartado 4) La negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad podrá ser recurrida ante la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento a la persona menor. Asimismo, en caso de divergencia de criterio entre los progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al Juez para que resuelva. En todo caso se atenderá al criterio del interés superior de la persona menor.
1. El sistema sanitario público de Aragón velará por la erradicación de las prácticas de modificación genital en bebes recién nacidos atendiendo únicamente a criterios quirúrgicos y en un momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida. Todo ello con la salvedad de los criterios médicos basados en la protección de la salud de la persona recién nacida.
1. bis. El sistema sanitario público de Aragón evitará la realización de hormonación inducida hasta que la persona intersexual o sus tutores legales así lo requieran en función de la identidad sexual sentida.
1. ter. Se procurará conservar las gónadas con el fin de preservar un futuro aporte hormonal no inducido, incluyendo en los controles los marcadores tumorales.
2. Se formará al personal sanitario haciendo especial hincapié en el respeto, en la corrección de trato y la privacidad.
3. El Departamento competente en materia de Sanidad garantizará a las personas intersexuales los mismos derechos y prestaciones recogidos en este título respecto a las personas transexuales.
1. El sistema sanitario público de Aragón promoverá la realización de programas especíﬁcos que den respuesta a las necesidades propias de las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, y en particular las relativas a la salud sexual y reproductiva.
2. Estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida incluyendo como beneﬁciarias a todas las personas con capacidad gestante y/o sus parejas.
3. (nuevo) Antes del inicio de los tratamientos hormonales se ofrecerá la posibilidad de congelación de tejido gonadal y células reproductivas para su futura recuperación.
2. El Departamento competente en materia de sanidad establecerá las medidas adecuadas, en estrecha colaboración con las sociedades profesionales correspondientes y con las universidades del sistema universitario de Aragón para asegurar, en el marco del fomento y participación en las actividades de investigación en el campo de las ciencias de la salud e innovación tecnológica, el derecho de los profesionales a recibir formación especíﬁca de calidad en materia de transexualidad, así como el derecho de las personas transexuales a ser atendidas por profesionales con experiencia suﬁciente y demostrada en la materia.
Artículo 17.— Acciones de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Con independencia de los derechos y obligaciones a los que hacen referencia los artículos anteriores, y con el objetivo de mejorar la calidad de la información ofertada, [palabras suprimidas por la Ponencia] el Departamento competente en materia de sanidad elaborará guías de recomendaciones dirigidas específicamente a personas transexuales, que aborden sus necesidades sanitarias más frecuentes.
Artículo 20.— Estadísticas y tratamiento de datos.
3. El secreto estadístico obliga a las Administraciones públicas a no difundir en ningún caso los datos personales de las personas transexuales e intersexuales cualquiera que sea su origen.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón velará por que el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad o expresión de género con amparo a todas las personas que lo componen.
4. La Administración autonómica, en colaboración con el Comité Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género elaborará un plan integral sobre educación en Aragón que partirá de un estudio de la realidad existente en la Comunidad Autónoma que analice la percepción que se tiene de estas cuestiones por parte de todas las personas que integran la comunidad educativa y que contemplará las medidas necesarias para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas por su identidad o expresión de género en el ámbito educativo. Las medidas previstas en este Plan Integral se aplicarán en todos los niveles y ciclos formativos.
5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón incluirá en las áreas o materias de los currículos de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional, educación permanente y enseñanzas de régimen especial contenidos que sensibilicen en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la identidad de género.
6. La Administración autonómica garantizará que se preste apoyo psicopedagógico y psicosocial por parte de las estructuras de asesoramiento y orientación educativa en aquellas situaciones en que lo requieran.
7. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón coordinará los recursos del sistema educativo y sanitario y asegurará que los métodos, recursos educativos y de apoyo psicológico sirvan para efectuar la posible detección temprana de aquellas personas en educación infantil que puedan estar incursas en un proceso de manifestación de su identidad de género que diﬁera con el asignado, con el ﬁn de elaborar con previsión suﬁciente un posible plan de acción para la mejor integración del alumnado en el centro, tutelar su devenir en el sistema educativo y prevenir las situaciones de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral de las personas menores.
1. El respeto a las manifestaciones de identidad de género que se realicen en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a su identidad. Sin perjuicio de que en las bases de datos de la Administración educativa se mantengan los datos de identidad registrales, se adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse al alumnado, haciendo ﬁgurar en dicha documentación el nombre elegido, evitando que dicho nombre aparezca de forma distinta al que se muestra al resto [palabras suprimidas] del alumnado.
3. La prevención de actitudes o comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos o transfóbicos que impliquen prejuicios y discriminación por razón identidad o expresión de género en orden a una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias y atentatorias contra la diversidad.
4. Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado trans por el nombre elegido por éste, o en caso de que se acredite que no cuenta con las suﬁcientes condiciones de madurez, el indicado por alguno de sus representantes legales. Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los procesos de evaluación, sin perjuicio de asegurar en todo caso la adecuada identificación de la persona a través de su documento nacional de identidad o, en su caso, numero de identiﬁcación de extranjero, en expedientes académicos y titulaciones oficiales en tanto no se produzca el cambio registral.
5. El respeto a la imagen física del alumnado trans, así como la libre elección de su indumentaria. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumnado trans a vestir aquel con el que se sienta más identiﬁcado.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para transformar los contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica basadas en la identidad o expresión de género, garantizando así en la enseñanza pública, concertada y privada una escuela para la inclusión y la diversidad. Los contenidos del material educativo empleado en la formación del alumnado, cualquiera sea la forma y soporte en que se presente, promoverá el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual.
3. Los centros educativos de la Comunidad Autónoma promoverán acciones que permitan detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso y evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas por motivos de identidad o expresión de género. Estos compromisos quedaran expresados de manera explícita en sus planes de convivencia.
1. Se impartirá al personal docente formación adecuada que incorpore la diversidad sexual y de género en los cursos de formación, y que analice como abordarla en el aula para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas con prejuicio o discriminatorias dentro del sistema educativo, basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier identidad de género o expresión de género.
2. Se realizaran acciones de fomento del respeto y la no discriminación de la personas por motivo de identidad o expresión de género en los centros educativos, y en particular entre las asociaciones de madres y padres del alumnado.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en colaboración con las universidades del sistema universitario de Aragón, promoverá acciones informativas, divulgativas y formativas entre el personal docente en torno a la diversidad en cuestión de identidad o expresión de género, que permitan detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso, así como evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas por estos motivos.
3. Las universidades del sistema universitario de Aragón, y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de las acciones de lnvestigación y Desarrollo de la Comunidad Autónoma, adoptarán medidas de apoyo a la realización de estudios y proyectos de investigación sobre la realidad de las personas transexuales, transgénero e intersexuales.
4. Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado o personal trans por el nombre elegido y el género manifestado. Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades laborales, docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los exámenes, sin perjuicio de asegurar la adecuada identiﬁcación de la persona. El acceso de los servicios ofertados en ningún caso estará condicionado a que las personas trans, incluidas las menores de edad, previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico alguno.
5. Si se realizan actividades o existiesen espacios diferenciados por razón de sexo, se adoptarán las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos identiﬁcados en función de los sexos puedan utilizarse en igualdad de condiciones y dignidad por las personas libremente en atención a su identidad de género manifestada. Se adoptarán las medidas precisas para garantizar que los espacios y equipamientos en función del sexo cumplan la misión para la que fueron creadas sin menoscabo alguno para las personas que los usan en función de la identidad de género sentida, y que dichas instalaciones se disfrutan en condiciones de igualdad y respeto a la realidad de personas en atención a su identidad y expresión de género, evitando cualquier acto de prejuicio, hostigamiento y violencia física o psicológica, tanto estructural como circunstancial.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón incluirá en su actuación las medidas de formación, orientación, inserción, y prevención de la exclusión, encaminadas a la inserción y la sostenibilidad en el empleo que garanticen el ejercicio del derecho al trabajo para las personas susceptibles de discriminación por motivos de identidad o expresión de género.
b) El fomento en el ámbito de la formación del respeto de los derechos de igualdad y no discriminación de las personas por motivos de identidad o expresión de género.
d) La prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación por identidad de género, en materia de acceso al empleo, contratación y condiciones de trabajo.
g) La incorporación en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo de criterios de igualdad de oportunidades y medidas de bonificación fiscal o subvención para la integración laboral de las personas trans en las empresas.
h) La incorporación en las convocatorias de ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar, de cláusulas que contemplen la heterogeneidad del hecho familiar.
3. En las ofertas de empleo público realizadas por las Administraciones públicas aragonesas se reservará un cupo no inferior al uno por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales.
2. Sin perjuicio de lo que disponga al respecto la normativa especíﬁca sobre empleo y servicios sociales, las administraciones públicas competentes elaborarán un programa marco de actuación para la inserción y atención social del colectivo de personas trans en riesgo de grave exclusión. Se atenderá de manera específica a la situación de aquellas personas trans que hayan sido expulsadas de sus hogares por razón de la manifestación de su identidad de género con situación de desvalimiento. Si la persona expulsada fuera menor de edad los servicios sociales de la Comunidad Autónoma interesarán ante la autoridad oportuna los trámites necesarios para el acogimiento de la persona menor y la adopción de las medidas oportunas en relación a su guarda y custodia ante el supuesto de abandono o maltrato del menor por sus responsables.
1. Se llevaran a cabo medidas de prevención de la discriminación y apoyo a la visibilidad de las personas trans, como colectivo vulnerable. En particular, se adoptarán medidas especíﬁcas de apoyo, mediación y protección en los supuestos de personas menores, adolescentes y jóvenes que estén sometidos a presión o maltrato psicológico en el ámbito familiar a causa de su expresión o identidad de género.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón adoptará los mecanismos necesarios para la protección efectiva de menores en atención a su identidad o expresión de género, que se encuentren bajo su tutela, ya sea en centros de menores, pisos tutelados o recurso en el que residan, garantizando el respeto absoluto a su identidad o expresión de género, y unas plenas condiciones de vida.
6. Se adoptarán las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos identiﬁcados en función del sexo en los centros de personas menores, pisos tutelados, centros de atención a personas con diversidad funcional, residencias de la tercera edad y de estudiantes o en cualquier otro recurso que acoja a personas especialmente vulnerables, puedan utilizarse por las personas libremente en atención al género sentido.
7. Las Administraciones públicas aragonesas prestarán especial protección a las personas que por tradición o cultura pudieran sufrir un mayor nivel de discriminación por razón de identidad o expresión de género.
Artículo 30.— [Artículo suprimido por la Ponencia, que pasa a ser el artículo 10 bis].
Artículo 32.— Adopción y acogimiento familiar.
2. En los centros de personas menores se trabajará la diversidad familiar con el fin de garantizar que los y las menores que sean susceptibles de ser adoptados o acogidos sean conocedores de la diversidad familiar por razón de identidad o expresión de género.
1. Se reconocerá como violencia familiar y se adoptarán medidas de apoyo, mediación y protección, a cualquier forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de identidad o expresión de género de cualquiera de las personas que lo integran, incluyendo el no respeto por progenitores, tutores legales o hermanos a la identidad o expresión de género de las personas menores.
Medidas en el ámbito
de la juventud y personas mayores
Artículo 34.— Protección de los jóvenes.
1. El lnstituto Aragonés de la Juventud promoverá acciones de asesoramiento e impulsará el respeto a la identidad de género, difundiendo las buenas prácticas realizadas en materialización de este respeto.
3. En los cursos para personas mediadoras, monitoras y formadoras juveniles se incluirá formación sobre la expresión e identidad de género que les permita fomentar el respeto y proteger los derechos de las personas trans en su trabajo habitual con las personas adolescentes y jóvenes.
Artículo 35.— Protección de las personas trans mayores, con discapacidad y dependientes.
1. Las personas trans mayores, las que tengan discapacidad y las dependientes tienen derecho a recibir de los servicios públicos sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada a sus necesidades, en el ámbito sanitario, social y asistencial.
2. Las personas trans mayores, las que tengan discapacidad y las dependientes tendrán derecho al acogimiento en residencias adecuadas a su identidad de género y a recibir un trato que respete su individualidad e intimidad, y especialmente, dicha identidad de género. En todo caso, la identificación de la persona trans residente ante el personal del centro, las demás residentes o frente a terceras personas, habrá de respetar su identidad de género con independencia del nombre y sexo reflejado en su expediente, aún cuando no hubiese procedido a la rectificación en Registro Civil de la mención de sexo.
4. La Administración competente en materia de residencias, centros de día y pisos tutelados promoverá que dichos recursos concierten protocolos de colaboración con la Unidad de Identidad de Género y con los servicios de asistencia y apoyo con el fin de establecer el tratamiento más adecuado para las personas trans y la mejor difusión de buenas prácticas en relación a los problemas específicos de la transexualidad en la vejez, la discapacidad y la dependencia
3. La Red Aragonesa de Bibliotecas deberá contar con un fondo bibliográﬁco específico en materia de identidad sexual y de género, en cualquier caso, respetuoso con los derechos humanos y acorde al reconocimiento de la expresión o identidad de género.
1. Las Administraciones públicas aragonesas promoverán y velarán para que la participación en la práctica deportiva y de actividad física se realice en términos de igualdad, sin discriminación por motivos de identidad o expresión de género. En los eventos y competiciones deportivas que se realicen en la Comunidad Autónoma de Aragón se considerará a las personas que participen atendiendo a su identidad sexual sentida, sin perjuicio del oportuno cumplimiento de las normas de rango superior que rijan las competiciones internacionales.
5. Se garantizará que las instalaciones son adecuadas para acoger a las distintas diversidades sexuales e identitarias, garantizando la integridad, dignidad y seguridad de las personas usuarias de las instalaciones, y salvaguardando los márgenes de privacidad necesarios para impedir el detrimento de los derechos fundamentales de las personas en función de sus diferencias en lo que se refiere a identidad o expresión de género para que todas las personas puedan hacer uso libremente de las instalaciones en igualdad.
Los planes de las Administraciones públicas aragonesas de cooperación para el desarrollo impulsarán expresamente aquellos proyectos que promuevan y defiendan el derecho a la vida, la igualdad, la libertad y la no discriminación de las personas por motivos de identidad o expresión de género en aquellos países en que estos derechos sean negados o dificultados, legal o socialmente, así como la protección de las personas frente a las persecuciones y represalias.
Artículo 39.— Tratamiento igualitario de la información y la comunicación.
Artículo 40.— Códigos deontológicos.
Se velará para que los medios de comunicación adopten, mediante autorregulación, códigos deontológicos que incorporen el respeto a la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de identidad o expresión de género, tanto en contenidos informativos y de publicidad, como en el lenguaje empleado, cualquiera que sea el soporte o el medio de difusión empleado.
En cualquier caso, se prestara especial atención a aquellas faltas o delitos de odio cometidos por motivo de identidad o expresión de género o por condición de intersexualidad, así como por la apariencia física que puede denotar mayor probabilidad de sufrir agresiones de este tipo.
Medidas administrativas para garantizar la igualdad
real y efectiva de las personas en atención
a la identidad o expresión de género
Artículo 43.— Formación de las empleadas y empleados públicos.
2. Asimismo en los Planes de formación se incluirán las materias concernientes al respeto de la diversidad en identidad o expresión de género.
1. Las disposiciones normativas incorporarán en el correspondiente informe sobre impacto por razón de género la evaluación del impacto sobre identidad de género, para garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de identidad de género o expresión de género.
3. El citado informe de evaluación sobre expresión e identidad de género debe ir acompañado en todos los casos de indicadores pertinentes en materia de identidad y expresión de género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten sobre personas trans, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas promoviendo la igualdad y la no discriminación por razón de identidad y expresión de género.
b) Las que, sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
1. En los procedimientos de la Administración autonómica, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de identidad o expresión de género, corresponde a aquél a quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de vulneración de los derechos de las personas trans e intersexuales las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas por la realización de las acciones u omisiones tipiﬁcadas en la presente ley. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a varias personas conjuntamente, [palabra suprimida] responderán de manera solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido [palabra suprimida] penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, [palabra suprimida] hecho y [palabra suprimida] fundamento.
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasara el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia ﬁrme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.
a) Utilizar o emitir expresiones vejatorias contra las personas o sus familias por su identidad o expresen de género en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas, o en las redes sociales.
h) La elaboración, utilización o difusión en Centros educativos de la Comunidad Autónoma de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo.
i) [nueva] La implantación, el impulso o la tolerancia de prácticas laborales discriminatorias en empresas.
a) Adoptar comportamientos agresivos o constitutivos de acoso, realizados en función de la identidad o expresión de género de una persona, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma.
A los efectos de lo previsto en esta ley, existirá reincidencia cuando el responsable o responsables de la infracción prevista en ella hayan sido sancionados anteriormente mediante resolución firme por la realización de una infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año, contados desde la notiﬁcación de aquélla.
f) El beneﬁcio que haya obtenido el infractor.
i) La pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado de ideología fehacientemente homofóbica, lesbofóbica, bifóbica, o transfóbica.
j) La reparación voluntaria de los daños causados o la subsanación de los hechos que dieron lugar a la comisión del tipo infractor, siempre que ello tenga lugar antes de que recaiga resolución definitiva en el procedimiento sancionador
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día [palabras suprimidas] en que la infracción se hubiera cometido.
1. La imposición de las sanciones previstas en el título anterior exigirá la previa incoación del correspondiente expediente sancionador cuya instrucción corresponderá al personal funcionario de la Dirección General u Organismo competente en materia de no discriminación a las personas por motivos de identidad y expresión de género.
a) A la persona titular de la Dirección General competente en materia de no discriminación de personas por motivos de identidad y expresión de género, cuando se trate de la imposición de sanciones por infracciones leves.
Disposición adicional primera [antes única].— Cómputo del plazo de residencia para ser beneﬁciario del Ingreso Aragonés de Inserción.
No se considerara interrumpido el tiempo de residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Aragón exigido por Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de lnserción y Normalización Social, y las normas de desarrollo de la misma, en los casos de traslados fuera de la comunidad autónoma derivados de situaciones constatadas de malos tratos, hasta un plazo máximo de nueve meses, contado a partir de la fecha de su entrada en vigor.
Disposición adicional segunda (nueva).— Favorecer la visibilidad.
Disposición adicional tercera (nueva).— Plazo para la cancelación de datos personales.
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Administraciones públicas aragonesas habilitarán los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para la cancelación del acceso a los datos establecidos en el artículo 9.2 que obren en archivos, bases de datos y demás ficheros pertenecientes a las Administraciones aragonesas.
Disposición final primera.— Modificación de las condiciones que deben reunir los establecimientos y servicios sociales especializados.
Se modiﬁca el artículo 33 c) del Decreto 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados, que pasa a decir:
La Unidad de Atención Sanitaria de la residencia de ancianos prestará la asistencia sanitaria y farmacológica prevista para las personas transexuales.»
Disposición final segunda.— Regulación del Comité Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de Aragón aprobara el reglamento que desarrolle la composición y funcionamiento del Comité Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género.
Disposición final segunda bis (nueva).— Plazo para la elaboración del Plan integral sobre educación en Aragón.
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón elaborará el Plan integral sobre educación en Aragón previsto en el artículo 21.4.
Disposición final tercera.— Desarrollo reglamentario.
2. Los gastos que impliquen las medidas contempladas en la presente ley, en virtud de su desarrollo reglamentario, se financiarán con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente a la entrada en vigor de las disposiciones adoptadas.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial de Aragón.
M.ª PILAR PRADES ALQUÉZAR
— Enmienda núm. 25, del G.P. Aragonés.
— Enmienda núm. 47, del G.P. Podemos Aragón.
— Enmienda núm. 55, del G.P. Aragonés.
— Enmienda núm. 56, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
— Enmienda núm. 60, del G.P. Popular.
Disposición adicional segunda (nueva):
— Voto particular formulado por el G.P. Popular frente al texto transaccional aprobado con la enmienda núm. 20, del G.P. Podemos Aragón.
— Votos particulares, formulados por los GG.PP. Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, frente al texto transaccional aprobado con la enmienda núm. 3 (referida inicialmente al artículo 1), del G.P. Podemos Aragón.
— Votos particulares, formulados por los GG..PP. Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, frente al texto transaccional aprobado con las enmiendas núms. 12 (referida al artículo 4), 17 y 18 (referidas al artículo 7) y 23 y 24 (referidas al artículo 8), todas ellas presentadas por el G.P. Podemos Aragón.
— Enmienda núm. 76, del G.P. Podemos Aragón.

References: artículo 133

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