Source: https://vlex.co.cr/vid/sentencia-n-000001-s1-774008825
Timestamp: 2020-01-22 21:17:54+00:00

Document:
Sentencia Nº 000001-S1-F-2019 de Sala Primera de la Corte, 09-01-2019 - Jurisprudencia - VLEX 774008825
Sentencia Nº 000001-S1-F-2019 de Sala Primera de la Corte, 09-01-2019
20160004001195-1475958-1.rtf
*160000851028CA*
Exp: 16-000085-1028-CA
Res. 000001-S1-F-2019
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las catorce horas cinco minutos del nueve de enero de dos mil diecinueve.
Ejecución de Sentencia dentro del proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por NELSY ROJAS PÉREZ, casada, oficios del hogar, vecina de Cartago; contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representado por la apoderada general judicial M.M. Álvarez, de calidades desconocidas. Figura como apoderado especial judicial de la actora, el licenciado L.G.ómez S., soltero, abogado, vecino de S.J.é. Las personas físicas son mayores de edad.
1.- Con base en la sentencia firme de la S. Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no. 2015001376, dictada a las 9 horas 5 minutos del 30 de enero de 2015, la actora presenta la respectiva liquidación para que en sentencia se apruebe la cancelación de los siguientes extremos: a) Costas personales por la presentación y trámite del recurso de amparo: ¢150.000,00 y b) Costas del proceso de ejecución a liquidar en el momento procesal oportuno.
2.- La actora renunció expresamente al proceso conciliatorio.
3.- El juez B.S.S., en sentencia no. 1202-2016, resolvió: “Se rechaza por falta de legitimación activa la pretensión de costas personales del recurso de amparo. Se resuelve el asunto sin especial condenatoria en costas.”
4.- El licenciado Gómez S., en su expresado carácter, formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.
5.- En los procedimientos ante esta S. se han observado las prescripciones de ley. Interviene en la decisión de este asunto la magistrada suplente Y.ín A.ón C..
Redacta el magistrado R. Loáiciga:
I.- El 20 de enero de 2015, la señora C.N.S.C. presentó un recurso de amparo a favor de la señora N.R.P.érez en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por haber estado sometida ésta última a una espera excesiva para tratar un padecimiento en su rodilla. La S. Constitucional por resolución no. 2015-1376 de las 9 horas 5 minutos del 30 de enero de 2015, estimó quebrantado el derecho a la salud de doña N., al quedar demostrado que debió esperar por más de cuatro años para ser valorada e intervenida quirúrgicamente en su rodilla izquierda; motivo por el cual, acogió el recurso, ordenó a las autoridades administrativas la atención de la amparada y condenó a la Caja al pago de los daños, perjuicios y costas causados con los hechos que sirvieron de base a esa declaratoria. En ese marco, doña N. formuló proceso de ejecución de sentencia, donde su ruego se restringió al reconocimiento de las costas personales generadas con la presentación del recurso de amparo; así como los costos generados al interponer el proceso de ejecución de sentencia. La Caja contestó negativamente, argumentó que al haber sido presentado el recurso por una tercera persona a favor de la ejecutante, esta última carece de legitimación activa para cobrar las partidas de cita. En cuanto a las costas del proceso de ejecución, aduce, que al no haberse solicitado rubro indemnizatorio alguno sino únicamente costas; resulta improcedente el reconocimiento de esa partida. El Tribunal concedió la razón a la parte ejecutada. Por falta de legitimación activa rechazó la partida de costas del recurso de amparo y sin especial condenatoria en costas el proceso de ejecución. Inconforme la ejecutante recurre.
II.- Formula dos censuras de naturaleza sustancial. En la primera de ellas, sostiene, según lo resuelto en el fallo controvertido la amparada no tiene legitimación activa para cobrar las costas del proceso, en razón de que una tercera persona lo presentó a su favor; de manera tal, se interpreta que será ese tercero quien tenga la legitimación para el cobro de las costas. Dicha posición, asegura violenta los numerales 13 y 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) así como el 190 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). El numeral 33 de la LJC, establece que cualquier persona puede presentar un recurso de amparo y es por medio de pronunciamientos jurisprudenciales, donde se afirma que en los casos donde no sea el titular del derecho lesionado quien interponga un recurso, se entenderá que será a favor de aquella; para ello cita el voto no. 13706-2004 del 30 de noviembre de 2004. Afirma, según lo resuelto por la S. Constitucional, será solo el amparado quien podría efectuar el reclamo de la condena impuesta en el recurso de amparo; por ser quien detenta el derecho subjetivo derivado de una declaratoria con lugar. Manifiesta, la legitimación vicaria que prevé el numeral 33 de cita no comprende el derecho a efectuar el cobro de costas, daños y perjuicios. Cita pronunciamientos de esta S. que respaldan su argumentación. Apunta, se quebranta a su vez el numeral 190 de la LGAP toda vez que con el planteamiento esbozado en la sentencia se estaría otorgando un derecho indemnizatorio a una persona totalmente ajena a la situación que sirvió de base a la condena. En su segundo agravio acusa violación de los artículos 193 del CPCA, en razón de que no existe justificación legal para que se exima a la Caja del pago de las costas del proceso de ejecución; pues de acogerse el primer agravio la ejecutada resulta vencida y solo por el hecho de serlo le corresponde el pago de dichos estipendios.
III.- En lo que atañe al primer cargo el juzgador de instancia al resolver el punto del reconocimiento de las costas por la presentación del recurso de amparo, brindó los siguientes sustentos: “…Frente a esta solicitud, hay que establecer que el recurso de amparo fue presentado por la señora C.N.S.C. a favor de la señora N.R.P.érez (…) aspecto que es permitido en la amplia legitimación que admite la jurisdicción constitucional en beneficio de otra persona, sin que la beneficiaria sea directamente parte procesal en el asunto. (…) en estricto apego al bloque de legalidad aplicable, debe rechazarse esta liquidación puesto que la señora Rojas Pérez, no fue quien presentó el recurso de amparo y por tanto debe rechazarse (…) por cuanto no existe legitimación activa para reclamar las costas procesales por un recurso de amparo que no presentó…”. Esta Cámara ha expresado puntualmente, que en casos como el sometido a estudio existe plena legitimación de la persona amparada de efectuar la acción pertinente para el reclamo de las partidas correspondientes, en el marco de una declaratoria emitida por la S. Constitucional (Ver resolución no. 615-2012 de las 9 horas 10 minutos del 23 de mayo de 2012). Así, se ha explicado que la condena al pago de daños perjuicios y costas proviene de un quebranto a una garantía constitucional que tiene la persona amparada, es por ello que es aquella quien detenta el derecho subjetivo de reclamarlos. En la especie, como bien lo expone el objetante, fue una tercera persona quien formuló un recurso de amparo a favor de la aquí ejecutante, por lo tanto lo que la primera ostenta es una legitimación vicaria (únicamente para interponer a favor de otra persona un recurso según lo postula el numeral 33 de la LJC). Cabe decir que quien acude en un recurso de amparo a favor de un tercero, no está relacionado en nada con la condena que se genere con la lesión al derecho fundamental de la persona amparada; razón por la cual resultaría improcedente que éste acuda a efectuar un reclamo en atención a una eventual condenatoria. En el caso de estudio, la condena por daños y perjuicios impuesta a la parte ejecutada surge del quebranto al derecho fundamental a la salud de doña N.. Fue ella quien sufrió el detrimento a su salud y es por supuesto ella quien ostenta el derecho subjetivo para plantear el reclamo por los daños generados con ese quebranto. Sin duda alguna lleva razón el casacionista, es doña N. la legitimada para realizar el reclamo respectivo –en este caso únicamente a la partida de costas dado que a eso se limitó su ruego- y es por ello que el embate debe acogerse.
IV.- Su segundo cargo está referido a la denegatoria del reconocimiento de las costas del proceso de ejecución. Al respecto, interesa resaltar, que esta S. ha señalado que dicho proceso (ejecución de sentencia constitucional), puede considerarse muy próximo a uno de conocimiento, toda vez que a éste se trae un fallo constitucional que contiene una condena de daños, perjuicios y costas con el objeto de que estos sean demostrados y cuantificados. Así, la vía de la ejecución de sentencia resulta ser la única donde el favorecido con un pronunciamiento constitucional puede dilucidar un reclamo de esta naturaleza. En la especie, doña N. planteó un recurso de amparo el cual fue declarado con lugar. Acude a la vía contenciosa con el objeto de que se verifique la procedencia de su pedimento (costas del amparo y ejecución según condena constitucional). Los sustentos ofrecidos por el Tribunal para el rechazo de esa partida fueron “… al no haber obtenido ningún rubro indemnizatorio propio de la ejecución de la sentencia constitucional, pero contando con una condenatoria en abstracto susceptible de ejecución, se considera justificada la presentación del proceso de ejecución de sentencia por parte de la señora Rojas Pérez, lo que hace que aunque no haya obtenido nada a su favor, se resuelva sin especial condenatoria en costas…”. La ejecutante difiere de lo resuelto, al sostener que de aceptarse la procedencia de su reclamo en cuanto a las costas por medio de este recurso no se dan en la especie los supuestos para exonerar a la ejecutada al pago de las costas.
V.- A la luz de lo que postula el numeral 193 inciso 3) del CPCA la parte vencida puede ser exonerada del pago de las costas cuando: “Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar…” . Lo anterior en criterio de esta S. no sucede en el caso de estudio, dado que, por medio de esta impugnación se concedió razón a la ejecutante en razón a lo manifestado por la recurrente respecto de su legitimación activa para cobrar el extremo de costas del proceso de amparo. Si bien, según se indicó supra, el pedimento de la ejecutante se limitó al pago de costas, ese hecho no implica en lo absoluto que el proceso de ejecución de sentencia constitucional pierda su naturaleza. Ello, toda vez que, aún y cuando la ejecutante no haya rogado el cobro de daños y perjuicios y se haya limitado a las partidas por costas, aun así debió acudir a la vía contenciosa como única sede para ello, en busca del reconocimiento de su derecho; lo cual evidentemente le generó gastos que deben ser compensados en criterio de esta Cámara. En efecto, según lo esgrime el casacionista, no se observa razón para quebrar el principio de condena al vencido ni para exonerar a la ejecutada del pago de esos emolumentos, en virtud de la razón que le fue concedida a la parte en lo relativo al cobro de las costas generadas por la presentación del recurso de amparo. Así este embate debe de acogerse también.
VI.- En consecuencia, se declara con lugar el recurso. Se anula el fallo recurrido. Se condena a la parte ejecutada al pago de las costas personales por la presentación del recurso de amparo, las cuales se fijan en ¢150.000,00 según lo establece el numeral 46 del Decreto Ejecutivo no. 36562-J del 18 de mayo de 2011, vigente a la fecha de presentación del recurso de amparo cuya resolución se ejecuta (20 de enero de 2015); así como ambas costas del proceso de ejecución a favor de la señora N.R.P.érez. Respecto de estas últimas, deberá la parte ejecutante realizar la correspondiente liquidación.
Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula el fallo impugnado. En su lugar, fallando por el fondo, se condena a la Caja Costarricense del Seguro Social al pago de ¢150.000,00 por concepto de costas personales generadas de la presentación del recurso de amparo; además del pago de ambas costas del proceso de ejecución a favor de la señora N.R.P.érez. En cuanto a estas últimas deberá la ejecutante efectuar la respectiva liquidación. S. el voto la magistrada R.M..
L.G.R. Loáiciga
R.án Solís Z.R.ío R.M.
William Molinari Vílchez Y.ín A.ón C.
Voto salvado de la magistrada R.M.
Me aparto del criterio de mayoría en los siguientes términos: cuando la S. Constitucional emite una resolución estimatoria en un recurso de amparo, o bien en un habeas corpus, ésta condena de manera abstracta al pago de los daños y perjuicios ocasionados producto a una violación de un derecho fundamental. Ese reconocimiento a favor del ofendido, responde como aquel derecho de recibir una reparación integra por los daños recibidos. Esa determinación de los daños le corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, tal y como lo contempla el artículo 56 de la Ley de la jurisdicción constitucional: “Artículo 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la S. Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia S. considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción”, así como los numerales 179 y 180 del Código Procesal Contencioso Administrativo: “Artículo 179. Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias. Artículo 180. 1) En el escrito inicial, el interesado deberá hacer una exposición clara y precisa de los hechos en que se fundamenta. Con dicho escrito, deberá aportar y ofrecer la prueba pertinente. 2) En relación con los daños y perjuicios cuya indemnización se pretende, deberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y la estimación prudencial y específica de cada uno de ellos.” De la anterior normativa, se puede colegir que la naturaleza del proceso de ejecución de sentencia constitucional, es la demostración y reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados, con base a los hechos que motivaron esa estimatoria. Si bien es cierto, existe una sentencia constitucional que ha ordenado el pago de los daños ocasionados, así como las costas del proceso, lo cierto es que el reconocimiento de esos rubros no se da con esa condenatoria, sino en el proceso de ejecución de sentencia, donde se acreditan y demuestran los extremos concedidos. Por tal razón, una vez que la S. determina la lesión al derecho fundamental y realiza la condena en abstracto, es ahí donde nace el derecho de ejecutar esa reparación, la cual debe ser proporcional con la violación decretada. Por lo anterior, las costas no son más que una consecuencia del costo que tiene la interposición del recurso, por lo que al interponerse un proceso de ejecución de sentencia, donde se renuncia a la indemnización de los daños al pretender únicamente las costas, es claro que se desnaturaliza el propósito del proceso, representado además un enriquecimiento sin causa a favor del gestionante quien no interpone una pretensión propia del proceso. En razón de lo expuesto, al no existir motivo para litigar, rechazo el recurso interpuesto.
R.ío R.M.
ATREJOSA/larce

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 Artículo 180