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julio 2018 - Blog Jurídico | Lefebvre
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Estima parcialmente el recurso de una mujer que hizo comentarios sarcásticos en Twitter sobre la baja médica de un subordinado
El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la publicación en cuentas privadas de redes sociales de fotografías previamente difundidas en internet de forma abierta no implica una intromisión en el derecho al honor y a la propia imagen, sino que se enmarca en los “usos sociales” legítimos de la red.
Sin embargo, considera que la aportación de datos privados de alguien, aunque acompañen y hagan referencia a la imagen difundida, sí constituye una injerencia ilegítima en el derecho a la intimidad personal.
Así lo estima el alto tribunal en una sentencia en la que estima parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen que el demandante consideraba vulnerados por determinados comentarios e imágenes publicados en Twitter.
En los tuits enjuiciados, la demandada, que había sido superior jerárquica del demandante en la empresa municipal en la que trabajaba, hacía comentarios sarcásticos sobre la presencia de éste en determinados actos sociales en un periodo en que él se encontraba de baja laboral. Algunos tuits iban acompañados de imágenes del demandante en actos públicos de un partido político y en eventos del mundo de la moda.
OPINIONES Y HECHOS VERACES
El Supremo descarta la intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante. Las expresiones de los tuits consisten fundamentalmente en opiniones, comentarios sarcásticos y críticas respecto del demandante, en relación con hechos veraces (su presencia en actos sociales en un periodo en que se encontraba de baja laboral) y sobre una cuestión que presenta un cierto interés general, como es el absentismo laboral injustificado, sin emplear expresiones insultantes o vejatorias.
Los magistrados tampoco aprecian intromisión en el derecho a la propia imagen porque concurren circunstancias que excluyen el carácter ilegítimo de la afectación de este derecho. En primer lugar, las imágenes incluidas en los tuits eran fotografías, captadas con la expresa anuencia del propio demandante, que ya se encontraban publicadas en páginas de diversas redes sociales, por personas distintas de la demandada y cercanas al demandante, sin objeción alguna de éste a su publicación previa.
La Sala Primera entiende que la prestación del consentimiento para la publicación de la propia imagen en internet conlleva el consentimiento para la difusión de esa imagen cuando tal difusión, por sus características, sea una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes publicados en internet.
Aunque en otras sentencias se ha negado que la publicación de una fotografía de quien no tenía la consideración de personaje público, en las ediciones en papel y digital de un periódico, tuviera esa naturaleza de “consecuencia natural” del carácter accesible de la fotografía en internet, no puede decirse lo mismo respecto de la utilización privada en cuentas de Twitter o de otras redes de particulares de las imágenes que se hallan disponibles al público en internet.
Los “usos sociales” legítimos de internet como son la utilización en las comunicaciones típicas de la red (mensajes de correo electrónico, tuits, cuentas de Facebook o Instagram, blogs…) de las imágenes referidas a actos públicos previamente publicadas en la red, bien retuiteando el tuit en que aparece la imagen, bien insertándola directamente en otro tuit o en la cuenta de otra red social, bien insertando un ‘link’ al sitio web donde la imagen se encuentra publicada, en principio excluirían el carácter ilegítimo de la afectación del derecho a la propia imagen.
SÍ HAY INTROMISIÓN ILEGÍTIMA EN LA INTIMIDAD
En cambio, la Sala sí considera que la información sobre la situación de baja laboral del demandante y las conjeturas sobre la enfermedad causante de la baja constituyen una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad personal.
La información relativa a la salud no sólo es una información íntima, sino que además es especialmente sensible desde este punto de vista y, por tanto, digna de especial protección desde la garantía del derecho a la intimidad. Además, la demandada había sido la superior del demandante en la empresa, con lo que sí se considera intromisión ilegítima en la intimidad la revelación de datos privados conocidos a través de la actividad profesional de quien los revela.
Por ello, los magistrados estiman parcialmente el recurso de casación, declaran la intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal del demandante y condenan a la demandada al abono de una indemnización de 6.000 euros, a cesar inmediatamente en la intromisión, con supresión definitiva de los tuits objeto del litigio, y a que se abstenga de realizar en lo sucesivo nuevas intromisiones ilegítimas en la intimidad del demandante.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes por unanimidad informar a favor del Proyecto de Orden Ministerial por el que se dispone la fecha en la que se hará efectivo el inicio de actividad de secciones de apelación en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cataluña y Madrid.
El informe, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, explica que el proyecto de orden remitido por el Ministerio de Justicia fija en el próximo 1 de septiembre la fecha de efectividad tanto de las salas de apelación como de una plaza de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Cataluña y Madrid.
El texto aprobado por el Pleno del CGPJ señala que, “sin perjuicio de la felicitación por la presentación del proyecto”, procedería igualmente hacer efectiva de manera inmediata la totalidad de las restantes plazas recogidas en el Real Decreto 229/2017, como la relativa a la segunda Sección de Apelación Penal prevista en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Con todo, el Pleno augura que la entrada en funcionamiento de estas plazas de magistrado y Secciones de Apelación Penal contribuirá a paliar “la situación de desequilibrio” producido en las Salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia a raíz de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Según el órgano de gobierno de jueces, esto conlleva hacer efectivas las tres plazas de magistrado creadas en las Salas de lo Civil de los tribunales superiores de Justicia de Cataluña y de Madrid, de modo que sus Secciones de Apelación inicien su actividad “con todos sus integrantes”, y las seis creadas en la Sala Civil en Andalucía.
El Pleno decidirá las tres plazas de la Sala Segunda entre todas las candidaturas e incluye cinco nuevos aspirantes a la plaza de la Sala Tercera
Según informa el órgano de gobierno de jueces en una nota, el pasado martes la Comisión Permanente aprobó las ternas de candidatos a cada una de las plazas, seleccionando a siete de los veintidós que optaron a la Sala Tercera y a seis para cada una de las ofertadas en la Sala Segunda, de un total de 34 aspirantes.
Sin embargo, el Pleno tendrá en cuenta esas candidaturas a la hora de decidir el destinatario de cada una de las tres plazas de magistrado de la Sala Segunda, ya que el vocal Vicente Guilarte así lo ha solicitado haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 16.6 del Reglamento 1/2010, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.
Entre los 34 candidatos que se presentan a cada una de las plazas de la Sala Segunda se encuentran Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Ángel Hurtado Adrián, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y presidente del tribunal que juzgó el caso Gürtel y los magistrados de la Audiencia Nacional Carmen Lamela e Ismael Moreno.
En cuanto a la plaza de la Sala Tercera, se encuentran, entre otros aspirantes, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Jesús María Calderón González, Ignacio de la Cueva, Miguel de los Santos y María Asunción Salvo, además de Edilberto Narbón Laínez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Dice que la exposición a productos químicos y agentes biológicos como los turnos de trabajos bastan para conceder la ayuda
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una enfermera de urgencias a cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia natural al entender que en su puesto de trabajo, sobre el que no se hizo un examen “específico”, tiene riesgos que pueden perjudicar las tomas alimenticias del menor.
En una sentencia de la Sala de lo Social del alto tribunal estima el recurso presentado por la trabajadora del SUMMA 112 contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, al igual que el juzgado de los Social número 2 de Toledo, confirmó la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que le denegó el cobro de dicha prestación al considerar que su trabajo no es una actividad de riesgo.
La enfermera de la Unidad de Asistencia Domiciliaria Rural de urgencias médicas en Castilla-La Mancha solicitó a la Seguridad Social, tras finalizar su baja por maternidad en 2012, la prestación de riesgo por lactancia natural, ya que tuvo que alimentar a su hijo exclusivamente de este modo por razones médica.
Según relata la sentencia del alto tribunal, el informe de evaluación de riesgos de su puesto de trabajo que se realizó entonces sólo aludía a riesgos “genéricos” por el manejo de productos químicos (alcohol, lejía), los cortes y pinchazos con material utilizado en limpieza y desinfección, la exposición a agentes químicos y biológicos (vómitos, sangre, fluidos corporales) y la carga mental por trabajo nocturno y a turnos.
EVALUACIÓN DE RIESGOS “ESPECÍFICOS”
El tribunal señala que la situación que en casos como el que se ha estudiado, la empresa está obligada a suspender el contrato mientras el menor no alcance nueve meses si no ha podido adoptar las condiciones o el tiempo de trabajo ni cambiar a la trabajadora de puesto. La enfermera, a laque se le ha reconocido el riesgo durante el embarazo en dos ocasiones –apunta el Supremo–, disfrutó tras su reincorporación posterior a la baja por parto dos permisos sucecivos y una excedencia para cuidar de su hijo.
Aunque consta que la empresa no ofreció ni la modificación de condiciones, ni la recolocación alguna, el Supremo indica que el hecho de que haya disfrutado de varios permisos y de una excedencia evidencia que no se hizo una evaluación de riesgos “específicos”, ni “hace particular mención ni precisión sobre la afectación de las condiciones del puesto sobre la eventual situación de lactancia de la trabajadora”. Añaden los magistrados que la constatación del listado de riesgos comunes de dicha actividad basta para sostener que no cabe duda del efecto que algunos de ellos tiene sobre la lactancia materna.
Para llegar a esta conclusión, la Sala ha revisado su doctrina y recurre a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 19 de octubre de 2017, en la que impone a un empresario el deber de determinar directamente o por medio de los servicios de prevención, la evaluación del riesgo de las trabajadora en periodo de lactancia. Es decir, se requiere un examen específico que tenga en cuenta su situación individual para determinar si su salud o la de su hijo están expuestas a un riesgo.
PELIGRO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES
Asimismo, la Sala destaca que el mero desempeño de la actividad laboral dificulta la lactancia natural. En este sentido, el tribunal dice que para reconocer este derecho no basta con que exista un peligro de transmisión de enfermedades de la madre al hijo, sino también con la “imposibilidad real” de que el menor realice las “imprescindibles tomas alimentarias”.
“No cabe, pues, limitar la perspectiva de la presencia de riesgos a la exposición a contaminantes transmisibles por vía de la leche materna, porque con ello se estaría pervirtiendo el objetivo de la norma que pretende salvaguardar el mantenimiento de la lactancia natural en aquellos casos en que la madre haya optado por esa vía de alimentación del hijo”, subraya el tribunal.
En el caso de trabajo a turnos o con horarios y jornadas que impidan la alimentación regular del menor, el Supremo ve necesario tomar en consideración la efectiva puesta a disposición de la trabajadora de las condiciones necesarias que permitan la extracción y conservación de la leche materna.
Explica que al ser representante diplomático no necesita contar con la decisión al respecto del Estado al que representa
El Tribunal Supremo ha reconocido la legitimidad que tiene un embajador para recurrir ante los tribunales del Estado en el que está destinado la extradición de un ciudadano de su país sin necesidad de contar con una decisión al respecto de la autoridad competente del Estado que representa.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido esta facultad al embajador de Turquía en España, Ömer Önhon, que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2017 por el que se rechazó extraditar al escritor alemán de origen turco, Erdogan Akhanli, reclamado por las autoridades turcas.
Antes de entrar sobre el fondo del asunto, los magistrados plantean en la sentencia si un embajador, en calidad de jefe de la misión diplomática, “tiene en el Estado receptor la facultad de decidir sobre la formulación de un recurso o si por el contrario requiere la decisión al respecto de la autoridad competente del Estado que representa”.
En este sentido, la Sala recuerda que el artículo 3 de la Convención de Viena contempla como funciones principales de una misión diplomática “representar” al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger los intereses de su país y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional.
También su deber es negociar con el gobierno del Estado receptor, enterarse por todos los medios lícitos de los acontecimientos e informar de ello al gobierno de su país, así como fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre ambos Estados.
“REPRESENTAR” Y “PROTEGER”
La resolución del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Trillo, explica que aunque ni ese artículo ni ningún otro de la Convención de Viena expresa que un embajador pueda decidir entablar una acción judicial contra un acuerdo del gobierno del Estado receptor, el término “representar” hace entender que “está facultado para ejercitar una acción judicial” como en este caso concreto.
Añade que sí se menciona el término “proteger” y que en su artículo 25 se prevé que el estado receptor dará toda clase de facilidades para el desempeño de las “funciones de la misión”.
Por su parte, el abogado del Estado consideró que el embajador turco en España carece de legitimación para interponer un recurso porque, a su entender, “ni es la persona sujeta a extradición ni consta que haya intervenido en el procedimiento de extradición ante el Ministerio de Justicia ni ante la Audiencia Nacional”.
En su escrito en el que mostró contrario a la admisión del recurso de Ömer Önhon, afirmaba que una cosa es el poder de representación, “que solo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado”, y que otra cosa distinta es la decisión de litigar.
CONDICIÓN DE AISLADO EN LA PERSONA RECLAMADA
Tras resolver las dudas planteadas por esta cuestión, finalmente, los magistrados desestiman en el recurso porque “ni la condición de refugiado, ni la nacionalidad alemana de quien se pretende la extradición puede ponerse en duda”, ya que el artículo 4.8 de la Ley de extradición pasiva prevé como supuesto de denegación de entrega “el reconocimiento a la persona reclamada de la condición de aislada, reforzada”.
El Acuerdo de Consejo de Ministros que ha sido recurrido se basó en que Alemania reconoció al escritor la condición de refugiado en 1993 y que, posteriormente, le otorgó una protección reforzada al concederle la nacionalidad alemana, después de que las autoridades turcas le retiraran la suya.
La Sala concluye que “lo relevante es la condición de asilado” al margen de que la República de Turquía sea miembro del Consejo de Europa y que suscribiera la Convención Europea de Derechos Humanos, y que la persona cuya extradición se pretende hubiera abandonado España el mismo día de decretarse su libertad sin medida cautelar alguna.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado este miércoles en el Congreso de lo Diputados que no va a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del fiscal General del Estado, sino que introducirá mecanismos de transparencia en los procesos.
Así lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Justicia en la que ha hecho especial hincapié en la transparencia y ha destacado que es consciente de que los ciudadanos han perdido la confianza en el sistema por la “sospecha de injerencia política en las resoluciones judiciales, la falta de transparencia en la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o la opacidad en la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado”.
En este sentido, la titular de Justicia ha adelantado que no va a modificar los sistemas de elección de los vocales del Poder Judicial, ni del fiscal general del Estado; sino que se implantaran procesos en los que destaque la “transparencia, publicidad y participación de la ciudadanía”.
En concreto, sobre el CGPJ –que en el próximo mes de diciembre afronta la renovación de sus vocales– ha recalcado que tiene como “principal obligación garantizar la independencia judicial”. Y, ha añadido, que su reforma debe abordarse con “seriedad” pero “confiando en la institución”.
VALORACIÓN EFECTIVA DE MÉRITOS
Delgado ha explicado que los miembros del órgano de gobierno de los jueces deben ser elegidos a través de elementos de “protección, objetividad y transparencia”. Para ello se establecerán mecanismos de valoración efectiva de méritos; los candidatos presentarán su currículum y proyecto de actuación, que serán públicos; y se garantizará el proceso con independencia frente a cualquier directriz por parte de otro poder del Estado, “sin perjuicio de las obligadas relaciones institucionales”.
Sobre el Ministerio Público, la ministra ha aseverado que el Gobierno “va a ser escrupuloso en el respeto a la autonomía funcional del Ministerio Fiscal”. No obstante, Delgado –que antes era fiscal de la Audiencia Nacional– ha recordado que, aunque la Fiscalía tenga un “papel esencial”, “el diseño, desarrollo y aplicación de la política criminal” es competencia de Ejecutivo conforme al artículo 97 de la Constitución Española.
Los exámenes se realizarán a partir del próximo 7 de octubre en Barcelona, Granada, Valladolid y Madrid
El plazo de presentación de solicitudes para participar en este proceso de selección es de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE, es decir, a partir de este martes. Los aspirantes deberán ser mayores de edad, tener la nacionalidad española, ser licenciados o poseer el grado –título equivalente en el plan de estudios actual– en Derecho y no haber incurrido en ninguna de las causas de incapacidad que recoge el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 44 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Sin perjuicio de que el anuncio oficial se realice en el momento y por el cauce oportuno, “salvo supuesto de fuerza mayor”, dice el comunicado, el primer ejercicio tendrá lugar el próximo domingo 7 de octubre de 2018 en Barcelona, Granada, Valladolid y Madrid.

References: Real Decreto 
 artículo 16
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 25
 artículo 4
 artículo 97
 artículo 303
 artículo 44