Source: https://tc.vlex.es/vid/-514149494
Timestamp: 2020-01-22 03:22:02+00:00

Document:
STC 72/2014, 8 de Mayo de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 514149494
Número de Recurso: 581-2004
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 3 de febrero de 2004, el Abogado de la Generalitat de Cataluña, en representación y defensa de su Gobierno, promueve recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 4.5, 25.1, 25.2 —letras a), b) y c)—, 38.1 —primer inciso del párrafo segundo—, 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones. La impugnación se fundamenta en los motivos que, resumidamente, se exponen a continuación:
Se inicia el recurso con un planteamiento general, en el que, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la jurisprudencia de este Tribunal, se reconoce el carácter exclusivo de la competencia estatal ex art. 149.1.21 CE y se señala el carácter expansivo de la misma. Asimismo, se advierte que el objeto de la regulación de la Ley debería ceñirse al instrumento o medio técnico a través del cual se transmiten contenidos o se prestan servicios, pero no referirse a las eventuales necesidades de carácter público que se pretenden satisfacer por medio de ese instrumento.
Pasa a analizar el Abogado de la Generalitat de Cataluña, a continuación, lo dispuesto en el art. 4.5 de la Ley general de telecomunicaciones, conforme al cual, el Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración del Estado de la gestión directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional. El mismo precepto añade que, en caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público, el Gobierno, por propia iniciativa o a instancia de una Administración pública territorial y previo informe preceptivo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con el mismo carácter excepcional y transitorio, podrá acordar igualmente la asunción por la Administración general del Estado de la gestión directa de los correspondientes servicios o de la explotación de las correspondientes redes, o bien la intervención de la prestación de los servicios.
El apartado cuarto del escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad se dedica a denunciar la vulneración de la autonomía local por los artículos 4.5 y 25.1 y 2, letras a), b) y c) de la Ley general de telecomunicaciones. Con base en consideraciones similares a las expuestas en los apartados anteriores, se afirma que el legislador —estatal o autonómico— puede delimitar el ámbito material en el que debe desarrollarse la autonomía local. Pero, una vez determinado ese ámbito, las entidades locales deben poder intervenir también en la imposición de las obligaciones de servicio público o, incluso, en supuestos excepcionales y con carácter temporal, deberían poder asumir la gestión de servicios y la explotación de redes de comunicación electrónicas en su ámbito territorial, o bien decretar su intervención (por ejemplo, la red que se utiliza como soporte de servicios locales de radiodifusión sonora o televisión). De lo contrario se impediría a los entes locales que, llegado el caso, puedan llevar a cabo una actuación auténticamente autónoma en los ámbitos materialmente afectados por la Ley.
Por su parte, el art. 38.1 vulneraría, a modo de ver de la representación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, la competencia autonómica en materia de defensa del consumidor y del usuario. En su primer párrafo, el citado artículo establece que los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, así como los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios finales podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios. En su segundo párrafo, se añade que para el supuesto que las partes no se sometan a las juntas arbitrales de consumo o que éstas no resulten competentes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá reglamentariamente un procedimiento conforme al cual los usuarios finales podrán someterle dichas controversias, cuya resolución podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Se aborda, por último, la regulación relativa a la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos de telecomunicaciones contenida en el título IV de la Ley general de telecomunicaciones (arts. 39 a 42). En concreto, los reproches del Abogado de la Generalitat se centran en lo dispuesto en los artículos 40.5 y 41.3. En el primero de ellos se atribuye al Ministerio de Ciencia y Tecnología la competencia para realizar los controles adecuados en orden a asegurar que los equipos puestos en el mercado han evaluado su conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente. En el apartado tercero del art. 41, por su parte, se exige, además de la evaluación de la conformidad, la autorización del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el caso de los aparatos que utilicen el espectro radioeléctrico con parámetros de radio no armonizados por la Unión Europea. Se trataría en ambos casos de competencias ejecutivas en materia de evaluación y control de conformidad de los aparatos de telecomunicaciones con las especificaciones técnicas previstas en las disposiciones que les son aplicables, sin hacer referencia alguna a las facultades autonómicas en materia de industria, a diferencia de lo que ocurría en la normativa anterior (Ley 11/1998).
Mediante providencia de 24 de febrero de 2004, el Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 4.5; 25.1; 25.2 a), b) y c); 38.1 —primer inciso del párrafo segundo—; 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de Telecomunicaciones. Se ordenó igualmente y conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Por último, se ordenó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
Mediante escrito registrado el 8 de marzo de 2004, la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ofreció la colaboración de la Cámara, anunciando que esta no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones.
El 23 de marzo de 2004 se registró en el Registro General del Tribunal Constitucional el escrito de alegaciones presentado por el Abogado del Estado en nombre del Gobierno. En el mismo solicita que se dicte Sentencia desestimatoria del presente recurso de inconstitucionalidad en todos sus extremos.
Después de recordar la jurisprudencia de este Tribunal en la que se delimita la competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.21 CE (SSTC 167/1993, 168/1993 y 244/1993) se razona por qué se considera que la imposición de obligaciones de servicio público a los operadores de telecomunicaciones respeta las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas en las materias afectadas.
Sobre la posibilidad de asunción de la gestión de redes o servicios por la Administraciones públicas, se entiende que una interpretación del art. 4.5 de la Ley impugnada conforme a la Constitución implicaría que sólo resulta de aplicación a la intervención por el Estado en materias propias de su competencia, en tanto que corresponderá a las Comunidades Autónomas la gestión directa o la intervención de los servicios de comunicaciones electrónicas y de la explotación de redes cuando el motivo de la actuación pública esté relacionado con el ejercicio de una competencia atribuida estatutariamente. A modo de ver del Abogado del Estado, la normativa o contrato existente permitirá a estas últimas intervenir y, en su ausencia, también la normativa sectorial puede habilitarles para la adopción de medidas específicas de intervención. En supuestos excepcionales, la Comunidad Autónoma podrá instar al Estado para que se lleve a cabo la intervención.
Tampoco las competencias autonómicas en materia de defensa del consumidor y del usuario se verían vulneradas por lo dispuesto en el art. 38.1 de la Ley general de telecomunicaciones, para esta parte procesal. El artículo 34 de la Directiva del servicio universal obliga a los Estados miembros a garantizar un procedimiento extrajudicial de solución de conflictos que afecten a los consumidores y se refieran a asuntos regulados por la citada Directiva. En cumplimiento de esta obligación, el art. 38.1 establece un procedimiento administrativo especial de resolución de controversias individuales de los abonados que tendría carácter subsidiario —y no alternativo, como se mantiene en la demanda— que se aplica sin perjuicio de lo establecido en la legislación de consumidores y usuarios, con base en la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones (art. 149.1.21 CE). Así, el procedimiento arbitrado por el legislador estatal tendría carácter residual, ya que sólo operaría en la medida en que la legislación de consumidores y usuarios no pueda hacer efectivo el derecho de estos. Además, el artículo impugnado no impediría que las Comunidades Autónomas, al amparo de sus competencias en materia de consumidores y usuarios, regulen los derechos de los mismos y los procedimientos de resolución de los conflictos que se deriven de los incumplimientos por los operadores, entre los que se pueden incluir procedimientos administrativos.
Aborda, en último lugar, el escrito del Abogado del Estado las alegaciones relativas a los arts. 40.5 y 41.3, referidos a la regulación de la conformidad de los aparatos.
Por providencia de 6 de mayo se señaló, para deliberación y votación de la presente Sentencia, el día 8 del mismo mes y año.
El presente recurso de inconstitucionalidad fue promovido por el Abogado de la Generalitat de Cataluña, en representación y defensa de su Gobierno, contra los artículos 4.5, 25.1, 25.2 —letras a), b) y c)—, 38.1 —primer inciso del párrafo segundo—, 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones.
Resulta necesario hacer dos precisiones antes de abordar el enjuiciamiento de los artículos sobre los que se mantiene la controversia competencial. La primera es relativa a la modificación que, tras la interposición de este recurso, se ha producido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, lo que nos obligará a redirigir el análisis sobre la constitucionalidad de los preceptos impugnados pues, de conformidad con nuestra doctrina, las cuestiones que se controviertan habrán de decidirse considerando las prescripciones del nuevo Estatuto de Autonomía que resulten ser de aplicación (STC 207/2011, de 20 de diciembre, FJ 3, por todas).
Tras las precisiones anteriores, procede establecer el marco competencial en el que debe insertarse el examen de la impugnación, para destacar después la jurisprudencia constitucional que resulta de aplicación.
Sin negar que la regulación controvertida se inscriba en la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones, la parte demandante se queja principalmente de que el Estado, al llevar a cabo dicha regulación, ha vulnerado las competencias sectoriales de la Generalitat concurrentes en la materia regulada. Pero, antes de pasar al análisis concreto de cada uno de los preceptos impugnados, debemos realizar una advertencia acerca del modo en el que se plantea la demanda, pues esta, en algunos puntos, carece de una fundamentación suficiente, de acuerdo con lo que venimos exigiendo en nuestra jurisprudencia. A este respecto, hemos de recordar que la impugnación de las normas por supuestos vicios de inconstitucionalidad precisa de una fundamentación que contenga un análisis y una argumentación suficientes en la demanda, pues “cuando lo que se encuentra en juego es la depuración del ordenamiento jurídico resulta carga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida” (por todas, STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 1), y ello porque hay una presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley que no puede desvirtuarse sin más, prescindiendo de una razón suficientemente fundada [SSTC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 b); 22/2012, de 16 de febrero, FJ 2 b), y 165/2013, de 26 de septiembre de 2013, FJ 13 a)].
Entrando ya al análisis de los distintos preceptos impugnados, comenzaremos con la queja relativa al art. 25.1 y 2, letras a), b) y c).
La alegación del Abogado de la Generalitat es clara cuando se refiere a lo dispuesto en el primero de los apartados del art. 25. De todo lo alegado, puede extraerse que, a su juicio, a las Comunidades Autónomas debería corresponderles, al menos, una participación decisoria a la hora de imponer a los operadores las obligaciones de servicio público por necesidades “de la seguridad pública o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protección civil”. Dado que el precepto impugnado nada dice al respecto, se estaría vulnerando la competencia exclusiva en materia de protección civil, así como la competencia compartida en materia de seguridad pública ostentadas ambas por la Comunidad Autónoma de Cataluña, de acuerdo con lo dispuesto actualmente en los artículos 132.1 y 164 EAC. No sería suficiente para salvar la constitucionalidad del precepto impugnado, a modo de ver de la Generalitat, la previsión contenida en el artículo 4.3 de la Ley general de telecomunicaciones, según la cual, en materia de seguridad pública y de protección civil y en relación con el uso de las telecomunicaciones, el Gobierno ha de colaborar con los órganos responsables de las Comunidades Autónomas con competencias sobre las mencionadas materias, ya que del tenor literal de aquel precepto no se desprende que la participación de las Comunidades Autónomas deba de ser necesariamente decisoria.
Respecto a las obligaciones de servicio público que se mencionan en el apartado 2 del artículo 25, se alega en la demanda que estas persiguen finalidades de interés público en las que las telecomunicaciones son un simple medio para conseguir determinados objetivos prestacionales en ámbitos materiales diversos. En relación con estos, la demanda se refiere de modo concreto, aunque de forma no muy precisa, a la vulneración de la competencia autonómica en materia de educación, careciendo de la necesaria concreción respecto al resto de las competencias autonómicas implicadas, cuya posible vulneración no se razona mínimamente. Únicamente se hace referencia a que las competencias autonómicas concurrentes pueden ser vulneradas por la regulación contenida en las letras a), b) y c) del art. 25.2 de la Ley 32/2003, sin fundamentar los motivos que determinarían la inconstitucionalidad de este último.
La demanda impugna, a continuación, lo dispuesto en el art. 4.5 de la Ley 32/2003. Según dicho precepto, el Gobierno —con carácter excepcional y transitorio— podrá acordar la asunción por la Administración del Estado de la gestión directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con el actual texto refundido de la Ley de contratos del sector público, en dos situaciones diferentes. Por un lado —primer inciso del precepto—, cuando sea necesario para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional. Y, por otro —segundo inciso—, en caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público, por propia iniciativa o a instancia de una Administración pública territorial y previo informe preceptivo de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, pudiendo en este último caso acordar también, con las mismas condiciones, la intervención de la prestación de los servicios.
Los artículos 4.5 y 25.1 y 2, letras a), b) y c) de la Ley 32/2003 son objeto de impugnación también por considerar que vulneran la autonomía local. Con base en consideraciones similares a las expuestas respecto a la vulneración de las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas, se afirma que los citados artículos impedirían a los entes locales que, llegado el caso, puedan ejercer sus competencias de forma autónoma en los ámbitos materialmente afectados por la Ley. La parte demandante no identifica cuáles serían las competencias afectadas, ni cómo podrían verse vulneradas, lo que de por sí sería suficiente para que desestimáramos su pretensión. No obstante, de conformidad con lo que hemos dicho en los fundamentos jurídicos precedentes, ninguna vulneración de competencias ajenas se deriva de lo dispuesto en los artículos impugnados, que se limitan a prever una serie de facultades para el Estado que pueden encuadrarse sin dificultad en el título competencial previsto en el art. 149.1.21 CE.
El art. 38.1 de la Ley 32/2003 se impugna por vulneración de la competencia autonómica en materia de defensa del consumidor y del usuario. Como hemos visto en los antecedentes, en su primer párrafo, el citado artículo establece que los operadores que ploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios finales podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios. Para el supuesto de que las partes no se sometan a las juntas arbitrales de consumo o que éstas no resulten competentes, el segundo párrafo del precepto impugnado prevé que el Ministerio de Ciencia y Tecnología (hoy Ministerio de Industria, Energía y Turismo) establecerá reglamentariamente un procedimiento conforme al cual los usuarios finales podrán someterle dichas controversias, cuya resolución podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Queda por abordar, finalmente, la regulación relativa a la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos de telecomunicaciones contenida en el título IV de la Ley 32/2003 (arts. 39 a 42). En concreto, la impugnación de la Generalitat se centra en lo dispuesto en los artículos 40.5 y 41.3. Respecto al primero, los reproches de la demanda se dirigen a su primer inciso, que establece: “El Ministerio de Ciencia y Tecnología realizará los controles adecuados para asegurar que los equipos puestos en el mercado han evaluado su conformidad de acuerdo con lo dispuesto en este título”. Por su parte, el apartado tercero del artículo 41 se impugna en tanto que exige para poder poner en el mercado “aparatos de telecomunicación que utilicen el espectro radioeléctrico con parámetros de radio no armonizados en la Unión Europea”, además de la evaluación de la conformidad y el cumplimiento de la normativa aplicable, la autorización del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 581-2004.
SAP Girona 184/2008, 30 de Abril de 2008
SAP Cantabria 276/2008, 6 de Mayo de 2008

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 25
 resolución 
 artículo 41