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Timestamp: 2018-09-25 23:46:55+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-36 DE MAYO 3 DE 2018 UNIFICACION
SENTENCIA SU-36 DE 03 DE MAYO DE 2018
CONTENIDO:SOBRE LA POSIBILIDAD DE CANCELAR LOS TÍTULOS Y REGISTROS OBTENIDOS MEDIANTE ACTIVIDADES DELICTIVAS Y LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS TERCEROS DE BUENA FE EN LAS ACTUACIONES RESPECTIVAS. SE EXPLICA QUE, SI BIEN EL JUEZ PENAL PUEDE DAR POR CONFIGURADO EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES CON OCASIÓN DE LA CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE UNA SERIE DE OPERACIONES DE DISPOSICIÓN DE BIENES, COMO PRODUCTO DE LA CUAL LOS ACTIVOS DEL DEUDOR DESPARECEN O DEJAN DE EXISTIR SIN HABER SOLVENTADO SUS DEUDAS, NO OBSTANTE QUE, POR SU CUANTÍA Y LA DE LOS BIENES OBJETO DE DISPOSICIÓN, HABRÍA ESTADO EN CONDICIÓN DE HONRARLAS, LO QUE NO PUEDE HACER ES, A PARTIR DE ESA CONCLUSIÓN GLOBAL, CONCLUIR TAMBIÉN QUE, CONFIGURADO EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES, CADA UNO DE LOS NEGOCIOS INDIVIDUALES QUE SE REALIZARON DENTRO DEL DESIGNIO DEFRAUDATORIO, SEA, A SU VEZ, FRAUDULENTO. ES POSIBLE QUE ASÍ LO ESTABLEZCA EN ALGUNOS CASOS, EVENTO EN EL CUAL HABRÁ TÍTULO FRAUDULENTO SUSCEPTIBLE DE DAR LUGAR A CANCELAR LOS REGISTROS, PERO EN LOS NEGOCIOS REALES Y DE BUENA FE, NO HABRÍA LUGAR A APLICAR ESA DISPOSICIÓN. EN CONCLUSIÓN, SI BIEN ES LEGALMENTE ADMISIBLE EN UN PROCESO PENAL POR EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES LA CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS Y REGISTROS OBTENIDOS ILÍCITAMENTE, PARA ELLO SON REQUISITOS INDISPENSABLES: (I) QUE SE GARANTICEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA DEFENSA DE LOS TERCEROS DE BUENA FEY (II) QUE LA ILICITUD AFECTE DIRECTAMENTE EL RESPECTIVO TÍTULO. EN ESE SENTIDO, TAL Y COMO LA MISMA NORMA LO PREVÉ, ES DEBER DEL JUEZ PENAL REALIZAR TODAS LAS ACTUACIONES TENDIENTES A GARANTIZAR TALES MANDAMIENTOS CONSTITUCIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, FACULTADES DEL JUEZ, JUEZ PENAL, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, ALZAMIENTO DE BIENES, TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE
Sentencia SU-036 de mayo 3 de 2018
En virtud de la revisión de las providencias de tutela dictadas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca —en única instancia—, y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en primera y segunda instancia, respectivamente.
Mediante Auto del 28 de junio de 2012, la Sala de Selección No. 6 seleccionó para revisión el expediente T-3.505.020 y, a continuación, mediante Auto del 9 de agosto de 2012, la Sala de Selección Nº 8 escogió para revisión el expediente T-3.561.879 y ordenó su acumulación al primero de ellos. Posteriormente, a través de Auto del 31 de octubre de 2013, la Sala de Selección Nº 10 seleccionó para revisión el expediente Nº T-4.037.820, y en el mismo auto se dispuso su acumulación con el expediente Nº T-3.505.020.
1.1. El 7 de mayo de 2001, el señor Carlos Enrique Alonso Hernández inició un proceso ordinario laboral en contra de la empresa S.V.I. de Colombia, representada legalmente por María Constanza Arias Lozano y Manuel Santos Muñoz, con el propósito de declarar “que las demandadas son solidariamente responsables en los pagos y condenas, que se conde[ne] al pago de cesantías, vacaciones, primas de servicio, intereses a las cesantías, indeminizaciones, salarios mensuales que se dejaron de cancelar, aportes a la seguridad social [de] las sumas indexadas, sanción por la no consignación de la[s] cesantías en tiempo, las costas y prejuicios del proceso”(1).
1.2. En dicho proceso, los demandados se opusieron de las pretensiones del actor, advirtiendo que éste, “se vinculó mediante tres (3) diferentes contratos: i) a partir del 10 de marzo de 1999 hasta el 30 de septiembre de 1999, mediante contrato de trabajo, como Director de Operaciones, con un[a] asignación mensual de $900.000 –contrato que feneció por renuncia voluntaria del trabajador –ii) mediante contrato de prestación de servicios con vigencia a partir del 2 de octubre de 1999 hasta el 31 de enero de 2000, con una asignación de $1.600.000 por concepto de honorarios profesionales iii) mediante contrato de trabajo a partir del 1 de febrero de 2000 hasta el 22 de diciembre de 2000, con una asignación mensual de 2´600.000”(2).
1.3. Entretanto, el 26 de julio de 2002, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Resolución 01664, “por la cual se autoriza la liquidación de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada: Seguridad y Vigilancia Integral de Colombia Ltda, S.V.I. de Colombia”(3).
1.5. El 5 de agosto de 2005, la Fiscalía 258 adscrita a la Unidad Décima Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Bogotá, profirió resolución de acusación en contra de María Constanza Arias Lozano y Manuel Santos Muñoz, como presuntos coautores del delito de alzamiento de bienes, “al considerar que éstos en calidad de socios de la empresa Seguridad y Vigilancia Integral de Colombia Ltda. S.V.I. de manera dolosa se insolventaron para frustrar la garantía del posible pago de acreencias de carácter laboral que tenían con el señor Carlos Enrique Alonso Hernández, extrabajador, en razón de la demanda laboral que promovió en el Juzgado 6° Laboral del Circuito de la ciudad, cuyas pretensiones alcanzaban la suma de $100.000.000, cifra que no fue garantizada, pues solo se reservó la suma de $13.000.000”(4). Dicha decisión fue confirmada por la Fiscalía 13 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 2 de febrero de 2007.
1.6. El 11 de agosto de 2005 el señor Carlos Enrique solicitó decretar medida cautelar sobre un valor entre el 30% y el 50% del total de las pretensiones ($100.000.000), porque, en su opinión, no se habían realizado las respectivas reservas, sin embargo, los demandados en dicho proceso, afirman que tales reservas sí fueron efectuadas, por valor de trece millones de pesos ($13.000.000)(5).
1.7. El 27 de octubre de 2006, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá(6) dictó sentencia condenatoria por valor total de veintisiete millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y dos pesos ($27.547.782), por concepto de auxilio de cesantías, prima de servicios, vacaciones, intereses a las cesantías, salario, indemnización por despido e indemnización moratoria por no consignación del auxilio de cesantías correspondiente al año 1999. Igualmente, ordenó el pago diario de sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos ($66.666), desde el 26 de diciembre de 2000, hasta cuando se produzca el pago definitivo de tal obligación.
1.8. Tal determinación, fue adoptada por el juez laboral, al considerar, entre otras razones, que no se acreditó en el expediente la existencia de un contrato de prestación de servicios, motivo por el cual, aplicó la presunción prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1990(7), para concluir “que la relación de trabajo personal acreditada en el proceso se rigió por un contrato de trabajo”(8).
1.10. El Juzgado 3º Penal Municipal de Bogotá profirió sentencia absolutoria el 30 de septiembre de 2009, por cuanto luego de analizar el material probatorio aportado a la denuncia penal, estableció que para el momento de la venta de los bienes muebles e inmuebles, y las liquidaciones de las empresas de propiedad de los procesados, “entre estos y el aquí denunciante Carlos Enrique Alonso Hernández no existía ninguna relación jurídico-obligacional, como lo denomina la Corte Suprema de Justicia, y por ello mismo, los señores María Constanza Arias Lozano y Manuel Antonio Santos Muñoz no tenían la calidad de deudores, con relación al señor denunciante, ni este la de acreedor (...)”(9).
1.12. Posteriormente, en el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia, el Juzgado ordenó dar cumplimiento a lo dispuesto en el acápite “Otras determinaciones”, es decir, que amparado en lo previsto por los artículos 21(10) y 66(11) del Código de Procedimiento Penal(12), ordenó la cancelación de la anotación Nº 6 del 15 de febrero de 2002 contenida en el certificado de matrícula inmobiliaria Nº 50 N - 20126280 y de la escritura pública Nº 6664 del 18 de diciembre de 2001(13), así como la cancelación de la anotación Nº 7 del certificado de libertad y tradición y matricula inmobiliaria Nº 50 N – 20187858 y, por ende, de la escritura pública Nº 601 del 22 de mayo de 2002(14).
1.13. Dicha decisión, fue adoptada por el Juzgado Penal del Circuito, teniendo en cuenta que, antes de iniciar el trámite de liquidación de la empresa de vigilancia, ésta contaba con varios muebles e inmuebles que fueron enajenados, los cuales no se encontraban relacionados al momento de decretarse dicha liquidación, ya “que la venta de gran parte de estos activos se llevó a cabo, precisamente, con posterioridad a la notificación de la demanda laboral promovida en contra de la mencionada entidad (...)”(15), sin tener en cuenta la calidad de acreedor laboral del denunciante. En ese mismo sentido, expuso el Juzgado que, de conformidad con la condena impuesta por el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Bogotá, quedaba comprobada la calidad de deudores de María Constanza Arias Lozano y Manuel Antonio Santos Muñoz.
2.3. A ellos agregan que la parte motiva de la sentencia de la Sala de Casación Penal, admitió expresamente que “el momento de configuración del delito de alzamiento de bienes es altamente discutido cuando se cuestionan obligaciones controvertidas judicialmente”(16), omitiendo, a su juicio, realizar una valoración que verificara la conducta dolosa de los inculpados.
2.9.1. Mediante escrito del 1º de agosto de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre las pretensiones del recurso de amparo, aduciendo que el sujeto pasivo del delito de alzamiento de bienes estaba satisfecho, por cuanto entre los procesados y el denunciante existió una relación laboral, que si bien no tenía el carácter ejecutivo, ni había sido declarada judicialmente al momento de la ocultación de los bienes, si fue “materializado en el contrato de trabajo con anterioridad a que los enjuiciados trasfirieran el dominio de todos los bienes que debían servir para satisfacer dicha obligación, lo que realizaron con el único propósito de insolventarse y de esta manera perjudicar los intereses patrimoniales de su empleado”(17).
2.10.1. Los señores Luis Javier Uribe Uribe y Blanca Libia Mejía Restrepo, adultos mayores de 83 y 77 años, respectivamente, manifestaron que las sentencias penales cuestionadas les arrebataron su derecho de propiedad inscrita sobre el inmueble de habitación identificado con matrícula inmobiliaria Nº 50N-20187858, ubicado en la Carrera 10 Nº 134B – 05, apartamento 303 del edificio Parque de Lisboa, el cual adquirieron legalmente a la “Academia de Formación en Seguridad Colombo Latina Ltda”, según consta en la escritura pública de compraventa Nº 1282 del 12 de marzo de 2004.
3.4. Los accionantes fueron citados a comparecer al Juzgado Tercero Penal Municipal, por solicitud de la parte denunciante, el 31 de julio de 2007 (audiencia pública), 13 de junio (audiencia pública)(18) y 11 de julio de 2008(19) (continuación de audiencia pública), citaciones que reposan, respectivamente, a folios 264 y 265 del cuaderno 3 del expediente y, 123 y 196-197 del cuaderno 4 del mismo.
3.5. No obstante lo anterior, manifestaron los demandantes, que jamás tuvieron conocimiento de la etapa investigativa del proceso penal, por lo cual sorprende la afirmación de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que una vez “auscultado minuciosamente” el expediente, se concluyera que fueron llamados al proceso para ejercer su derecho de defensa, dado que ellos fueron citados con ocasión de la prueba testimonial solicitada por la parte denunciante, en su calidad de compradores del inmueble anteriormente descrito a la sociedad S.V.I de Colombia Ltda., representada legalmente por la señora María Constanza Arias Lozano, más aún, cuando en el acta de continuación de la diligencia pública del 25 de noviembre de 2008, se hizo la siguiente anotación: “Se deja constancia que el señor ofendido y apoderado de la parte civil Dr. Carlos Enrique Alonso manifiesta que desiste de los testimonios que fueron ordenados en la vista preparatoria y escuchar en declaración”(20), es decir, que los testimonios de Luis Gabriel Miranda Buelvas y Diana Romelia Verbel Padilla fueron desistidos por el mismo denunciante y apoderado de la parte civil.
3.6. Dictada la sentencia penal de condena y, comoquiera que en ella se disponía la cancelación del registro sobre el apartamento en comento, el 27 de septiembre de 2010, los actores interpusieron incidente de nulidad contra la sentencia del Juzgado Catorce Penal, resuelto negativamente el 28 de septiembre del mismo año, en el que dicho juzgado manifestó que los hoy demandantes no tenían personería jurídica dentro del proceso, como tampoco ostentaban ninguna vinculación al mismo, “y que bien pudieron en su oportunidad hacerse partes y reclamar sus derechos de manera oportuna. También afirmó el Juzgado que los accionantes debieron haberse presentado durante la etapa investigativa o en la de la causa, por lo que formular el incidente después de que el proceso culminara, parecía más bien una estrategia o maniobra dilatoria para perjudicar el normal desarrollo”(21).
En síntesis, pidieron tutelar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la familia y, como consecuencia de ello, revocar la providencia del Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá del 27 de julio de 2010, que revocó la sentencia del 30 de septiembre de 2009 del Juzgado Tercero Municipal de la misma ciudad, al igual que el fallo del 16 de enero de 2012 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, “en cuanto no permitieron nuestra intervención como terceros de buena fe afectados por la comisión de un delito respecto de la tradición del inmueble de nuestra propiedad”(22).
3.10.3. En relación con el fondo del asunto, dijo que, en el acápite de la providencia atacada referente a la tensión entre los derechos de la víctima del delito de alzamiento de bienes y los terceros incidentales, se realiza un especial énfasis en la Sentencia C-775 de 2003(23) de la Corte Constitucional, al igual que el fallo del 30 de mayo de 2011, con radicado Nº 35.675 de la Sala de Casación Penal, “en las que se resalta que los intereses de la víctima de un ilícito prevalecen sobre los del tercero incidental porque el delito, no puede servir de fuente lícita de creación de derechos, dando alcance a los principios de verdad, justicia y reparación”(24).
3.10.4. Por otro lado, expuso que tal y como lo reconoce el apoderado de los accionantes, resulta claro que tuvieron conocimiento de la apertura del proceso penal, toda vez que durante el juicio fueron citados en tres oportunidades, de manera que “no habría manera alguna de hacer prevalecer dentro del proceso penal los intereses patrimoniales invocados por ellos como quiera que se imponía restablecer los derechos de la víctima”(25).
a. Copia de la escritura pública Nº 6664 del 18 de diciembre de 2001.
b. Folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al apartamento 201 ubicado en la Calle 128B Nº 19-55 interior 2.
4.2. Los accionantes adquirieron el apartamento 303, del Edificio Parque de Lisboa en la ciudad de Bogotá, tal y como consta en la Escritura Pública Nº 1282 del 12 de marzo de 2004, de la Notaría Sexta del Circulo de la misma ciudad, registrada en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, cuyo vendedor fue la “Academia de Formación en Seguridad Colombo Latina Ltda.”, representada legalmente por el señor Leonardo Arias Amézquita.
4.4. Señalaron que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dispuso cancelar las escrituras públicas y las anotaciones 10, 11 y 17 del folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-20187858 concernientes al apartamento de su propiedad, decisión que afectó de manera directa su derecho de dominio.
4.5. Adicionaron que la Corte Suprema de Justicia, en los folios 62 y siguientes de su providencia, precisó que solamente fueron llamados a comparecer al proceso penal, los ciudadanos Tulia Lozano de Arias, Leonardo Arias Amézquita, Nelson Zambrano Ariza, Giovany Lobo Vargas, Diana Romelia Verbel Padilla y Luis Gabriel Miranda Buelvas, “de donde se infiere con toda claridad que nosotros nunca fuimos llamados a tal proceso y que incurrieron los sentenciadores en vía de hecho cuando nos quitan nuestra vivienda, para dársela a los procesados penalmente que nunca han sido propietarios del inmueble”(26), desconociendo así, a juicio de los demandantes, su derecho a ser escuchados en el trámite del asunto y, por lo tanto, exponer las razones de su defensa.
“Frente al bien identificado con matrícula inmobiliaria Nº 50N 20187858 cuyos últimos propietarios registrados son Luis Javier Uribe Uribe y Blanca Libia Mejía Restrepo, se advierte que en la audiencia preparatoria del 14 de junio de 2007 a petición de la parte civil el juez de instancia ordenó escuchar a los padres de la procesada: Tulia Lozano de Arias y Leonardo Arias Amézquita, quienes antes que aquellos fueron titulares del inmueble.
4.8. Bajo tal escenario, de conformidad con el certificado de libertad y tradición expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá -Norte-, no se encuentran los nombres de los condenados en la causa penal, como tampoco se evidencia el registro de alguna demanda que afecte el dominio del inmueble, sobre todo, porque no se observa que el demandante del proceso laboral(27) haya realizado la inscripción de su demanda. Con esto, a juicio de los tutelantes, no tiene sentido la expedición de un certificado de libertad y tradición, cuando luego de ocho años de haberse celebrado la compraventa del inmueble, la Corte Suprema desconozca su derecho de propiedad, máxime, cuando en ningún momento fueron citados al proceso, a sabiendas de que siempre, desde el momento de su adquisición, han residido en el apartamento objeto de esta controversia.
4.9. Ahora, en relación con la afirmación de la Sala de Casación Penal sobre el origen delictivo del apartamento de los demandantes, éstos manifestaron que no se tuvo en cuenta la Escritura Pública Nº 1282 de la Notaria Sexta y la inscripción de la compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en donde consta que dicho contrato goza de presunción de legalidad y de buena fe exenta de culpa, hasta que no se demuestre lo contrario, situación que no sucedió en el presente caso.
4.10. En ese sentido, consideraron que las entidades accionadas desconocieron los artículos 83 de la Carta Política y 769 del Código Civil referentes a la presunción de la buena fe, como también, se apartaron de lo dispuesto por esta Corporación en Sentencias T-422 de 1992(28) y T-460 del mismo año(29), que tratan, la primera, sobre la necesidad de exponer -al momento de establecer criterios de diferenciación- una argumentación objetivamente razonable que permita comprender el porqué de tal distinción, siempre, a través de la imposición de medios adecuados, proporcionales y oportunos; y, la segunda, en relación con el principio de la buena fe, entendido como una guía de las relaciones tanto entre particulares, como entre los ciudadanos y las instituciones del Estado.
4.11. Así las cosas, cuestionaron que los fallos del Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, presumieron la mala fe “en cada una de las personas naturales y jurídicas que intervenimos en la cadena de traspasos relacionados con nuestro apartamento”(30), sin tener elementos probatorios suficientes para ello, ordenando que su apartamento se convierta en feudo de los procesados penalmente cuando éstos nunca fueron propietarios.
4.12. Finalmente, expresaron que si bien el artículo 40 del Decreto 1250 de 1970(31), establece la posibilidad de cancelar un registro o inscripción de un título cuando existe una orden judicial que así lo determine, no es menos cierto que tal decisión judicial no puede obedecer a una conducta caprichosa que adolezca de un verdadero juicio que despliegue todos los mecanismos de defensa de los titulares del inmueble.
4.13.1. Anotaron los actores, que tales decisiones cumplen con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, tanto generales como especiales dictados por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005(32). En relación con los primeros, declararon que (i) el asunto presta una especial relevancia constitucional por la flagrante vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa; (ii) no fue posible agotar todos los recursos a su alcance, por cuanto no fueron vinculados a juicio alguno; (iii) se cumple con el principio de inmediatez, por haber sido interpuesta la acción dentro del término razonable dispuesto para ello; (iv) se cumple con la irregularidad procesal, toda vez que no formaron parte del contradictorio; (v) se identificaron de manera razonable los hechos y derechos vulnerados; y, que (vi) la sentencia que se cuestiona no es una providencia de tutela.
4.13.2.3. Violación directa de la Constitución, dado que “se desconocieron todos nuestros derechos constitucionales, anteponiendo, con equivocada interpretación además, la aplicación legal a los mandatos del Estatuto Superior, en flagrante violación del artículo 4º de la misma Carta Política”(33).
4.14. En ese contexto, los accionantes solicitaron como medida provisional, ordenar a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá -Sede Norte-, abstenerse de cancelar la matrícula inmobiliaria Nº 50N-20187858, como también, a la Notaría Sexta del Circulo de la misma ciudad para que se inhiba de realizar modificación alguna a la Escritura Pública Nº 1282 del 12 de marzo de 2004, hasta tanto exista un pronunciamiento del juez de tutela al respecto.
4.16.1. Del asunto, inicialmente conoció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual, por medio de pronunciamiento del 24 de abril de 2012, declaró la no procedencia de la acción de tutela, por cuanto la misma se encauzaba a dejar sin efectos la providencia de la Sala de Casación Penal de la misma Corporación que definió, en última instancia, la denuncia formulada por el señor Carlos Enrique Alonso Hernández en contra de María Constanza Arias Lozano y Manuel Antonio Santos Muñoz, por la presunta comisión del delito de alzamiento de bienes, por lo tanto, “la Corte concluye que no puede haber estudio de fondo en torno al reclamo planteado contra una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, órgano límite de la jurisdicción ordinaria”(34).
4.16.3. En ese sentido, una vez surtido el trámite del proceso de selección y repartido el proceso para su revisión, la Magistrada Sustanciadora (e), mediante Auto del 17 de agosto de 2012 puso en conocimiento de la Sala Plena el asunto avocado, por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y, al mismo tiempo, dispuso la suspensión de términos mientras la Sala Plena adopta la decisión respectiva. Lo anterior, en virtud de lo descrito por el artículo 53 del reglamento de la Corporación(35) vigente para la época de los hechos.
4.16.4. Posteriormente, el suscrito Magistrado, por medio de Auto 207 del 18 de septiembre de 2012, accedió a la solicitud de medida provisional y, en consecuencia, ordenó la suspensión de la orden sexta de la parte resolutiva de la sentencia del 27 de julio del 2010 del Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá y del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 16 de enero de 2012 dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvían la denuncia interpuesta por el señor Carlos Enrique Alonso Hernández, con radicado Nº 2004-540-01, en contra de los ciudadanos María Constanza Arias Lozano y Manuel Antonio Santos Muñoz por la comisión del delito de alzamiento de bienes, así:
Segundo: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Norte, como dependencia de la Superintendencia de Notariado y Registro, que como consecuencia de la suspensión provisional, se abstenga de cancelar las inscripciones de las matrículas inmobiliarias Nº 50N-20187858 y Nº 50N-20126280, en cumplimiento de las referidas órdenes, o, en caso de que ya se haya inscrito las cancelaciones, inscribir en el folio de la matrícula respectivo una anotación acerca de la suspensión de dichas órdenes hasta que la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronuncie sobre el tema.
4.17. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(36)
a. Certificado de libertad y tradición expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá del inmueble identificado con el número de matrícula 50N-20187837(37).
b. Copia de la escritura pública 1282, del 12 de marzo de 2004, en donde consta la venta del inmueble ubicado en la Carrera 16 Nº 136-05 de Bogotá(38).
c. Fotocopias de las cédulas de los accionantes(39).
d. Copias de las declaraciones extrajuicio rendidas por las señoras Rosa Isabel Patiño Flórez y Martha Cecilia Marcote Vargas en donde certifican que los demandantes adquirieron el bien inmueble a través de compraventa desde el año de 2004, y que residen en él hasta la fecha(40).
e. Copia de la sentencia del 27 de julio de 2010 del Juzgado Catorce Penal del Circuito, que resolvió el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria del Juzgado Tercero Penal Municipal, con ocasión de la denuncia interpuesta por el señor Carlos Enrique Alonso Hernández en contra de María Constanza Arias Lozano y Manuel Antonio Santos Muñoz, por la presunta comisión del delito de alzamiento de bienes(41).
g. Copia de la sentencia de tutela dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 24 de abril de 2012, que declaró la no procedencia del recurso de amparo contra las decisiones de los órganos límites de la jurisdicción(42).
5.1.2. En virtud de ello, de conformidad con lo previsto por el Auto 100 de 2008 de esta Corporación, los actores interpusieron la acción de tutela directamente en la Secretaría General de esta Corte Constitucional, quien mediante Auto del 28 de junio de 2012, a través de la Sala de Selección Nº 6, dispuso su conocimiento.
5.2.3. Lo anterior —dijo—, en concordancia con la jurisprudencia constitucional, que en reiterados pronunciamientos ha concluido que, al existir diversos sistemas de interpretación sobre determinados problemas jurídicos, le es dable al juzgador adoptar por cualquiera de ellos, claro está, siempre y cuando su disertación sea producto de un juicio serio, prudente y motivado, lo cual, a juicio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ocurrió en el presente asunto.
5.2.4. Más adelante, acotó que luego de una lectura detenida del fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue posible evidenciar una inconformidad de los accionantes con la interpretación normativa que hiciere dicha corporación, sobre todo, cuando éstos tuvieron conocimiento de la actuación penal a la que fueron citados; de ahí que no puede existir —dentro del proceso penal— ninguna prevalencia de los derechos patrimoniales de los accionantes sobre los de la víctima del delito.
5.2.5. Finalmente, calificó el escrito de tutela, como un texto que cumple todas las características de un alegato de conclusión, dirigido a controvertir decisiones legalmente ejecutoriadas, “sin exponer las razones jurídicas y fácticas, actuación ésta que deslegitima la finalidad del recurso de amparo”(43).
5.3.2. Señaló que la sentencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia tuvo pleno respaldo “en los elementos materiales probatorios introducidos en debida forma en el juicio, los que analizados en conjunto y confrontados con disposiciones legales en materia civil y laboral, relacionadas con la naturaleza o no de acreedor del denunciante Carlos Alonso Hernández, llevaron a la conclusión de que los actores sí fueron autores responsables del delito por el que fueron llevados a juicio penal”(44).
5.3.4. En relación con el debate sobre la relación obligacional del denunciante y los sindicados, dijo que la Corte Suprema definió el asunto bajo el amparo del principio de integración de las legislaciones civil y laboral, transcribiendo textualmente el aparte correspondiente de la providencia atacada sobre ese punto, así: “pueden existir obligaciones que por ser claras, expresas y exigibles gozan de título ejecutivo y por lo tanto, se pueden perseguir inmediatamente por la vía ejecutiva y otras que surgen como consecuencia de alguna de las fuentes de derechos personales y cuya cuantía en términos patrimoniales se debe inferir a través de un proceso ordinario”(45).
5.3.7. Por otro lado, en su orden, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria concedió el amparo respecto a los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y buena fe de los ciudadanos Tulia Lozano de Arias, Leonardo Arias Amézquita, Luis Javier Uribe Uribe, Blanca Libia Mejía Restrepo, Luis Gabriel Miranda Buelvas y Diana Romelia Verbel Padilla -quienes fueron vinculados al presente trámite constitucional por dicho Colegiado-(46), ordenando, en consecuencia, revocar y dejar sin efectos el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 16 de enero de 2012. Igualmente, ordenó revocar el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia del Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá del 27 de julio de 2010, dejando sin efecto jurídico las cancelaciones de las anotaciones del registro inmobiliario allí dispuestas.
2.1.2. Igualmente, ésta corporación es competente para conocer el asunto con radicado T-3.505.020, en atención a lo previsto, entre otros, por el Auto 100 de 2008 de esta corporación, según el cual, ante los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que no resuelven el fondo de las acciones de tutela interpuestas contra los fallos dictados por sus Salas, el peticionario podrá “solicitar a la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente”(47).
2.3.2. La acción de tutela contra decisiones judiciales, encuentra su génesis “(i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política, que vincula a todos los poderes públicos (C.P., art. 4º); (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales (C.P., arts. 2º y 85); (iii) en la existencia de la Corte Constitucional, a quien se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, y dentro de tal función, la de interpretar el alcance de las normas superiores y proteger los derechos fundamentales (C.P., art. 241); (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública, en defensa de sus derechos fundamentales (C.P:, art. 86)”(48).
2.3.3. No obstante lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que, si bien es posible controvertir las providencias judiciales mediante el recurso de amparo, en todo caso, dicha posibilidad es de carácter excepcional y restrictivo, “en razón a que están de por medio, los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces, y el sometimiento general de los conflictos a las competencias ordinarias de éstos”(49).
2.3.4. En ese escenario, también ha explicado esta Corporación, que los jueces de la República, al igual que las demás autoridades del Estado, tienen como finalidad primordial garantizar a los ciudadanos el goce efectivo de sus derechos constitucionales, razón por la cual todas sus actuaciones “constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales”(50), bajo la estricta observancia de la Constitución y la ley.
2.3.5. Al respecto, esta corporación en Sentencia T-217 de 2010(51), señaló:
2.3.6. Así las cosas, la Corte ha construido una sólida doctrina constitucional, tanto en los fallos de control abstracto de constitucionalidad, como en los de control concreto de tutela, respecto a la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, en los que ha determinado ciertos eventos y condiciones que deben satisfacerse al momento de acudir a ella. En efecto, a partir de “un ejercicio de sistematización sobre la materia, en la Sentencia C-590 de 2005, la Corte distinguió entre requisitos generales y causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Los primeros, denominados también requisitos formales, se refieren a los presupuestos cuyo cumplimiento es condición necesaria para que el juez pueda entrar a evaluar de fondo la controversia planteada. Los segundos, conocidos como requisitos materiales, se refieren concretamente a los defectos o vicios en que debe incurrir una decisión judicial, para que se entienda contraria al orden jurídico y violatoria de los derechos fundamentales”(52).
(ii) Que previamente se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, a menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. El agotamiento de los mecanismos de defensa dispuestos por el legislador para salvaguardar los derechos que se consideran conculcados, se constituye como un deber de la parte accionante, atendiendo la naturaleza de la acción de tutela, la cual fue constituida bajo estrictos parámetros de subsidiariedad y residualidad. De ocurrir lo contrario, “se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”(53).
(iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez. La acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un término que obedezca criterios razonables y proporcionales a la ocurrencia del hecho que generó la vulneración. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que, “al momento de determinar si se presenta el fenómeno de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, es necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario; (ii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección o de persona que se encontraba en una situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable”(54).
(iv) Que tratándose de una irregularidad procesal, la misma debe tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Respecto a este requisito, debe acotarse que, al tratarse de una irregularidad procesal, ésta debe tener un alto grado de incidencia en la decisión final que se adopte, tanta, que de no haber sido advertida oportunamente, dicha decisión pudiese tener un rumbo jurídico diferente. “No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-590-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio”(55).
h. Violación directa de la Constitución”(56).
2.3.9. En síntesis, la procedencia excepcional del mecanismo de amparo contra providencias judiciales, se relaciona directamente con la verificación de la configuración, tanto de los requisitos generales como de, al menos, una causal específica de procedibilidad, tal y como antes se explicó. “De este modo se protegen los elevados intereses constitucionales que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, al tiempo que se garantiza el carácter supremo de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales”(57).
Expediente T-3.505.020: la acción de tutela fue radicada por los accionantes el 24 de mayo de 2012 en la Secretaría General de esta Corporación, quien por medio de auto del 31 de mayo de 2012, dispuso que, en cumplimiento del Auto 100 de 2008, “se procede a radicar copia de la providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia acompañada por el correspondiente escrito presentado por Luis Javier Uribe Uribe y Blanca Lilia Mejía Restrepo”(58). Así las cosas, el mecanismo constitucional fue incoado tres meses y tres días después de dictado el fallo de la Sala de Casación Penal.
2.4.2. En ese sentido, el precedente constitucional aplicado al asunto que se analiza, ha puntualizado que la configuración del defecto sustantivo se presenta cuando: (i) la decisión que se cuestiona se fundamenta en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, “por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso”(59), no se encuentra vigente por haber sido derogada(60), o ha sido declarada inconstitucional”(61); (ii) cuando existe un desconocimiento de las sentencias con efectos erga omnes que ha proferido esta corporación, mediante los cuales han definido el alcance de las normas constitucionales; “(iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática(62); (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada(63); o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”(64).
2.4.3. Ahora bien, resulta pertinente manifestar que, los jueces de la República gozan de autonomía e independencia al momento de adoptar decisiones sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, esencialmente, al momento de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico vigente. No obstante, dicha facultad no tiene la calidad de absoluta, por cuanto se trata de “una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado social de derecho”(65).
2.5.2. Bajo tal panorama, la jurisprudencia constitucional ha expresado que “al ignorar completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina dictando una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera derechos fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que para configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a los siguientes requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto, que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la deficiencia no resulte atribuible al afectado”(66).
2.5.3. En ese mismo camino, la jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido dos modalidades del defecto procedimental, a saber: (i) absoluto, que se presenta cuando el funcionario judicial adopta su decisión apartándose integralmente del procedimiento asignado al caso en concreto, “bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto(67), u ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso(68)”(69). Y, (ii) un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que tienen origen cuando el funcionario argumenta su providencia en razones “formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia”(70).
2.6.2. Así entonces, inicialmente, el artículo 53 del Decreto 50 de 1987(71), estableció que “[d]emostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, el juez que esté conociendo del proceso ordenará inmediatamente la cancelación de los títulos espúreos y del registro correspondiente”.
“(...), no encuentra la Corte vicio de inconstitucionalidad alguno en que el legislador le haya impuesto al juez penal la obligación de ordenar la cancelación de los títulos espurios, pues además de ser consustancial a su misión la restitución de los bienes objeto del hecho punible para restablecer el estado predelictual, (restitutio in pristinum) la adquisición de ellos aún por un tercero de buena fe, no es lícita en razón del hecho punible que afecta la causa de su derecho y que el juez penal debe declarar de oficio para restablecer el derecho de la víctima.
Aceptar la pretensión del actor de anonadar la integridad del precepto acusado, implicaría reconocer que el delito puede ser fuente o causa lícita de aquellos derechos que la Constitución denomina 'adquiridos con justo título' y que deben ser protegidos por la ley aun en detrimento de los derechos del legítimo titular, de los que pretendió despojarlo el autor del hecho criminal. (...)”(72).
2.6.4. Tal línea jurisprudencial, fue recogida por el legislador, en el artículo 61 del Decreto 2700 de 1991(73), que estipuló:
“ART. 61.—Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento del proceso en que aparezca demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y del registro respectivo.
2.6.5. Posteriormente, con la expedición de la Ley 600 de 2000(74), el legislador, en el artículo 66, contempló la posibilidad de cancelar los registros obtenidos fraudulentamente por parte del funcionario que se encuentra asumiendo el conocimiento del asunto, agregando que las previsiones de dicho acto, se realizarían “sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental”.
Estas razones llevan a la Sala a concluir que la cancelación de títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un proceso penal, al tiempo que materializa el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y el debido proceso que le asiste a las mismas, conforme a los cánones constitucionales aquí analizados”(75).
2.6.7. Tal como se pone de presente por la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia de esa corporación, en doctrina que no es objeto de este pronunciamiento, ha señalado que la cancelación puede afectar a terceros adquirentes de buena fe, con base en la consideración conforme a la cual el delito no puede ser fuente de derechos, el cual, según la tesis de esa Corte, tiene efectos de raigambre civil, cuya finalidad pretende la protección al titular legítimo de los bienes, “y en lo procesal da plena legitimidad a la medida restitutoria por naturaleza -tratándose de inmuebles-, de la cancelación de los títulos y registros obtenidos fraudulentamente, sin importar en cabeza de quien se encuentren ellos para el momento en el cual se haga operativa la medida”(76).
2.6.10. Bajo ese aspecto, esta Corporación, en relación con los presupuestos dentro de los cuales debe garantizarse la protección de los derechos de los terceros, determinó que, “se deduce que el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 600 de 2000 respondió a la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional acerca de la necesidad de garantizar los derechos de los terceros de buena fe en las actuaciones dirigidas a cancelar los títulos y registros obtenidos mediante actividades delictivas”(77).
2.6.11. Por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, señaló que, “la ausencia de todo esfuerzo orientado a promover la comparecencia de los terceros con interés y de contera decretar la cancelación del registro de la adquisición de dos bienes respecto de los cuales eran los titulares del derecho de dominio, sobre los cuales además se ordenó el embargo y secuestro, configura un claro desconocimiento de los derechos de defensa, contradicción e impugnación”(78).
2.6.14. Así entonces, al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 del C.P.P., solo cabe disponer la cancelación de títulos y registros que sean producto directo de la actividad criminal, sin que, por el contrario quepa esa posibilidad en relación con títulos y registros obtenidos en negocios en los cuales intervienen personas que se encuentren incursas en conductas delictivas, cuando estas conductas sean ajenas a la obtención del respectivo título. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que, la consagración de dicho articulado, “trata de la cancelación de registros obtenidos de manera fraudulenta, [que] puede darse en cualquier momento de la actuación cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro”(79).
2.6.15. En Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 2° de agosto de 1994(80), citada en la Sentencia T-259 de 2006 de esta Corte, esa Corporación, en vigencia del artículo 61 del anterior C.P.P., expresó que convenía “(...) enfatizar que la cancelación de registros obtenidos en forma fraudulenta a que alude el artículo 61 del Código de Procedimiento Penal vigente, es medida que compete dictar al juez penal en procesos en los cuales se haya cuestionado su autenticidad o legitimidad (falsedad en documentos, estafa, extorsión, etc.) y no en aquellos, como el presente, en los que el homicidio imputado al procesado recurrente nada tiene que ver con la autenticidad o legitimidad de la escritura de venta de un inmueble a su compañera”.
2.6.16. Dicha postura ha sido reiterada por dicha sala de Casación Penal, entre otras, en la Sentencia del 13 de marzo de 2013(81), en la que señaló:
2.6.17. Posteriormente, esta Corte hizo alusión a la Sentencia del 18 de octubre de 1995(82), mediante la cual dicha Sala casó parcialmente una providencia condenatoria, de igual manera, en lo atinente a la orden de cancelar dos escrituras y sus registros sobre un bien inmueble. Dijo entonces la Corte Suprema:
“(...) mal se puede, para efectos de obtener el restablecimiento del derecho, ordenar la cancelación una escritura que se corrió mucho tiempo antes de la consumación del hecho ilícito que origina la condena.
2.6.18. En segundo lugar, el artículo 66 del CPP dispone que la cancelación de títulos y registros procede “(...) sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental”.
2.6.20. Así, en la Sentencia T-516 de 2006(83) este tribunal puntualizó que para llevar a cabo una orden de cancelación de registros obtenidos fraudulentamente “debe proceder la oportunidad de la controversia por parte del mismo sindicado y de los terceros incidentales de buena fe que pueden concurrir al proceso o a la actuación penal para hacer valer sus derechos”(84). Agregó la Corte que, en dicho trámite, el funcionario judicial debe procurar tanto proteger a la víctima del delito como a los terceros de buena fe(85) y que el derecho que tienen los terceros a intervenir en el curso del proceso penal puede ser protegido por vía de la acción de tutela(86).
2.6.22. Adicionalmente, respecto al incidente de cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, en la citada sentencia se señaló que, si bien la medida a adoptar en ese trámite se orienta a dejar vigente un estado de cosas existente con antelación a la comisión de un ilícito, dicha decisión, en cuanto que toca con “(...) aspectos esenciales de la garantía del derecho a la propiedad privada como lo son el registro y los gravámenes sobre bienes sometidos a aquél, sólo podrá ser tomada luego de haberle permitido al sindicado y a los terceros de buena fe ejercer su derecho de contradicción, entendiéndose que se trata de una medida provisional, hasta tanto se profiera sentencia condenatoria(87). En tal sentido, el artículo 66 de la Ley 600 de 2000 precisa que dicha cancelación procederá ´sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental´”. (Negrilla fuera de texto original)
2.6.23. Así las cosas, es claro que los funcionarios judiciales tienen el deber de garantizar a los terceros de buena fe el ejercicio de su derecho de defensa, de conformidad con lo previsto por el artículo 29 de la Carta Política “y para efectos directamente relacionados con su intervención en el proceso penal, so pena de incurrir en una causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”(88).
2.6.24. En ese mismo sentido, la Corte, en la Sentencia T-259 de 2006(89), analizó de manera detallada las implicaciones constitucionales del artículo 66 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos) y los derechos de los terceros de buena fe. Puntualizó la Corte que si bien el referido artículo autoriza la cancelación de los registros de los bienes obtenidos a través de acciones delictivas, “(...) al mismo tiempo, dispone que el funcionario judicial deberá velar por los derechos de los terceros de buena fe. Para ello debe ofrecerles la oportunidad de que participen en el proceso y, si fuere procedente, ordenará embargar los bienes en disputa. De esta forma, el funcionario judicial debe procurar tanto proteger a la víctima del delito como a los terceros de buena fe”.
2.6.25. Para arribar a tal conclusión, la Corte apoyó su postura, en primer término, en la decisión adoptada por este Tribunal en la Sentencia C-245 de 1993(90), dictada con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991(91), que trataba sobre la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente. En ese entonces, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la norma en comento, “en el entendimiento de que se trata de un procedimiento preventivo en esta materia”.
2.6.26. Como fundamento de su decisión, la Sala Plena hizo alusión a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, al dictado el 3º de diciembre de 1987, a través del cual se pronunció sobre la acusación de inconstitucionalidad del artículo 53 del Decreto 50 de 1987, que trataba sobre la “cancelación de registros falsos”. En dicha providencia la Corte Suprema de Justicia, al paso que destacaba la necesidad de que el juez penal proceda a la cancelación de título cuando ello sea necesario para lograr la restitución de los bienes objeto del hecho punible para restablecer el estado predelictual, (restitutio in pristinum) , puntualizó que “... tal decisión sólo puede adoptarse una vez que se haya dado oportunidad a los poseedores o adquirentes de buena fe de los bienes objeto del delito y sujetos a registro, de hacer valer sus derechos en el proceso penal” .
“Reitera la Corte Constitucional la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de exigir que para adoptar la resolución que se autoriza por el artículo demandado, debe proceder la oportunidad de la controversia por parte del mismo sindicado y de los terceros incidentales de buena fé que pueden concurrir al proceso o a la actuación penal para hacer valer sus derechos;”(92).
2.6.28. Igualmente, la Sentencia T-259 de 2006 citó el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(93), por medio del cual casó parcialmente una providencia condenatoria, esencialmente respecto a la orden de cancelación de una escritura de compraventa sobre un bien inmueble. En aquella época, la Corte Suprema determinó que si la orden de anulación del título escriturario y su correspondiente registro, se toma a espaldas del titular del derecho de dominio, quien siendo extraño a la comisión del hecho punible resultaría obligada a responder civilmente por un hecho que no cometió, es palmario el desconocimiento de las prerrogativas inherentes a la defensa de sus derechos patrimoniales.(94)
2.7.12. Por el contrario, estima la Corte que, si los terceros pueden hacer valer sus derechos en trámite incidental, como se dispone por la ley, es obvio que en dicho trámite obran sobre las posiciones propias, no sobre las de sus causahabientes, y que, por consiguiente, no están sometidos a la suerte de aquellos. Dicha postura, ha sido expuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que, “debe entenderse que el tercero incidental tiene la oportunidad de probar un mejor derecho sobre el de la víctima, pues de lo contrario ningún sentido tendría promover un incidente en el que indefectiblemente será vencido por el interés superior de aquella”(95).
2.8.1.5. Los accionantes dan cuenta de la circunstancia de haber sido citados a comparecer al Juzgado Tercero Penal Municipal, por solicitud de la parte denunciante, en calidad de testigos, el 31 de julio de 2007 (audiencia pública), 13 de junio (audiencia pública)(96) y 11 de julio de 2008(97) (continuación de audiencia pública), citaciones que reposan, respectivamente, a folios 264 y 265 del cuaderno 3° del expediente y, 123 y 196-197 del cuaderno 4 del mismo. Expresan, igualmente, que en el acta de continuación de la diligencia pública del 25 de noviembre de 2008, se dejó “... constancia que el señor ofendido y apoderado de la parte civil Dr. Carlos Enrique Alonso manifiesta que desiste de los testimonios que fueron ordenados en la vista preparatoria y escuchar en declaración”(98), es decir, que los testimonios de Luis Gabriel Miranda Buelvas y Diana Romelia Verbel Padilla fueron desistidos por el mismo denunciante y apoderado de la parte civil.
2.8.1.8. Ponen de presente los actores que en la providencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 16 de enero de 2012, se ordenó que, además de las cancelaciones que habían sido dispuestas por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá, se cancelaran las escrituras públicas y las anotaciones 10, 11 y 17 del folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-20187858 concernientes al apartamento de su propiedad, decisión que afectó de manera directa su derecho de dominio, sin que hubiesen sido citados al correspondiente proceso.
2.8.1.10. De esa manera, respecto al Exp. T-3.561.879, es posible observar que el juzgado accionado, en acatamiento del principio de restablecimiento del derecho de las víctimas del delito de alzamiento de bienes previsto en el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal(99), luego de decretar la cancelación de la matrícula inmobiliaria y la escritura pública del apartamento de propiedad de los demandantes -ampliamente identificado en la presente providencia-, dispuso:
“Lo anterior, por cuanto considera esta instancia que dichas transacciones estuvieron encaminadas a insolventar el patrimonio de la sociedad, siendo efectuadas luego de que fuera notificada a los procesados la demanda laboral instaurada en su contra y antes de que se diera inicio al proceso de liquidación de S.V.I. de Colombia LTDA, configurándose por tanto el tipo penal de alzamiento de bienes agravado que nos ocupa y en consecuencia, menester que los bienes vuelvan a su estado anterior, a fin de garantizar el crédito reclamado por el denunciante así como el pago de los perjuicios derivados de la infracción”(100).
“Auscultado minuciosamente el expediente, respecto del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria Nº 50N 20126280, se tiene que por orden del juez de conocimiento -emitida en la audiencia preparatoria del 14 de junio de 2007-, los señores Luis Gabriel Miranda Buelvas y Diana Romelia Verbel Padilla, propietarios del bien, fueron citados al proceso en 3 oportunidades, para lo cual las comunicaciones se libraron a la dirección del domicilio, que resulta ser el mismo que el apoderado de ellos registró en un incidente de nulidad que promovió luego de proferido el fallo de segunda instancia.
Además, pese a que en el referido memorial los afectados con la medida adujeron la violación del derecho al debido proceso por cuenta de no haber sido vinculados al proceso como acusados o haber tenido la oportunidad de rendir versión libre o indagatoria, importante es precisar que ellos no fueron objeto de imputaciones que comprometieran su responsabilidad penal”(101).
2.8.1.14. Bajo ese aspecto, mientras que la sentencia del Juzgado Catorce Penal del Circuito limitó su decisión en decretar las cancelaciones de las anotaciones y escrituras públicas de los bienes inmuebles objeto de debate -entre los cuales se encontraba el apartamento de vivienda de los accionantes del Exp. T-3.561.879-(102), sin hacer mención alguna sobre los derechos de quienes para el momento de la decisión figuraban como propietarios de éstos, la providencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia si se pronunció de manera expresa sobre la situación de los demandantes de ambos asuntos de tutela, al considerar, en esencia, que en relación con el Exp. T-3.561.879 las citaciones al proceso en calidad de testigos fueron suficientes para comprender e informarse de la existencia del proceso penal que a la postre culminaría con una afectación directa de sus intereses patrimoniales y, respecto al Exp. T-3.505.020 que, si bien es claro que los accionantes jamás fueron vinculados al proceso, no era posible ponderar a su favor los derechos como terceros de buena fe, sobre los de las víctimas del delito de alzamiento de bienes.
2.8.1.15. No obstante, atendiendo lo previsto en el artículo 29 Superior, que dispone que “[t]oda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, cuyo espíritu constitucional se encuentra descrito en el artículo 66, inciso 4º de la Ley 600 de 2000(103) -que trata sobre la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente-, el cual claramente preceptúa: “[l]as anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental”, se observa que, precisamente, son estas normas, la primera de rango constitucional y la segunda de rango legal, las que fueron desatendidas en las providencias penales que hoy se estudian.
2.8.1.16. Lo anterior resulta evidente en el caso de los accionantes en el expediente T-3.505.020, en la medida en que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la providencia en la que dispuso la cancelación de los registros que acreditan la propiedad de los accionantes sobre un bien inmueble, admitió que los mismos no fueron vinculados al proceso penal, no controvirtió su carácter de adquirentes de buena fe y, sin embargo, dispuso la referida cancelación bajo la consideración exclusiva según la cual “... cuando no haya sido posible que los terceros de buena fe comparezcan a la actuación penal para hacer valer sus intereses y la medida de cancelación de los registros y títulos obtenidos fraudulentamente se imponga para salvaguardar los derechos de la víctima, es claro que a favor de los primeros se abre la posibilidad ante la jurisdicción civil para que persigan el pago de los perjuicios e indemnizaciones a que haya lugar.” Específicamente, en relación con los accionantes en este expediente, puntualizó que “... es evidente que estos últimos sujetos no fueron convocados al proceso penal; sin embargo, no es posible hacer prevalecer sus intereses patrimoniales como quiera que tal como se indicó atrás, bajo ninguna circunstancia, es posible que un delito goce de la función creadora de derecho. (...) Lo anterior, por supuesto, deja a salvo la posibilidad de que los terceros de buena fe exenta de culpa, persigan ante la jurisdicción civil el resarcimiento de los perjuicios causados.”
2.8.1.19. Los anteriores planteamientos resultan igualmente aplicables en el caso de los accionantes en el expediente T-3.561.879, caso que, sin embargo, exige una consideración adicional referida a la circunstancia de que, en este caso, la Sala de Casación Penal, consideró que sí habían sido oportuna y adecuadamente vinculados al proceso penal. A este respecto estima la Corte que las citaciones a los actores en calidad de testigos, independientemente de que la prueba testimonial haya sido desistida por el extremo solicitante, no pueden suplir la exigencia legal conforme a la cual los terceros adquirentes de buena fe pueden hacer valer sus derechos en trámite incidental que tiene como presupuesto ineludible el conocimiento que tales terceros deben tener sobre la circunstancia de que sus derechos están en entredicho en el proceso penal. Ese conocimiento no puede darse por establecido a partir de la mera existencia de unas citaciones a comparecer al proceso sin indicar el objeto ni los alcances de las mismas. Debe tenerse en cuenta, además, que la condición de testigo no convierte al convocado en una parte del proceso, en tanto que no goza de las facultades conferidas por el artículo 138 de la ampliamente citada Ley 600 de 2000(104) a los terceros incidentales, básicamente, cuando la norma dispone que una vez vinculados al asunto en dicha calidad, “podrá personalmente o por intermedio de abogado, ejercer las pretensiones que le correspondan dentro de la actuación. Podrá solicitar la práctica de pruebas relacionadas con su pretensión, intervenir en la realización de las mismas, interponer recursos contra la providencia que decida el incidente y contra las demás que se profieran en su trámite, así como formular alegaciones de conclusión cuando sea el caso. Su actuación queda limitada al trámite del incidente”. Lo anterior, bajo la estricta observancia de la norma antes descrita, que más adelante prevé que hay lugar a ello, cuando se compruebe la existencia de un interés económico dentro de la actuación procesal.
Expediente T-3.561.879: Revocar la sentencia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que negó la acción de tutela interpuesta por los señores Luis Gabriel Miranda Buelvas y Diana Romelia Verbel Padilla. En su lugar, conceder el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de los accionantes, y, por consiguiente, estarse a lo resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la sentencia del 13 de junio de 2013 en el Expediente T-4.037.820(105).
Segundo. Respecto al Expediente T-4.037.820, CONFIRMAR la providencia proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que a su vez confirmó la sentencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Ello, de conformidad y atendiendo lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Respecto al Expediente T-3.505.020, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de los señores Luis Javier Uribe Uribe y Blanca Libia Mejía Restrepo, y, en consecuencia, estarse a lo resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la sentencia del 13 de junio de 2013 en el Expediente T-4.037.820.
Cuarto. Respecto al Expediente T-3.561.879, REVOCAR la sentencia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que negó la acción de tutela interpuesta por los señores Luis Gabriel Miranda Buelvas y Diana Romelia Verbel Padilla. En su lugar, CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, en los términos registrados en la parte motiva de este fallo, y, en consecuencia, estarse a lo resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la sentencia del 13 de junio de 2013 en el Expediente T-4.037.820.
Magistrados: Alejandro Linares Cantillo—Carlos Bernal Pulido—Diana Fajardo Rivera, Impedimento aceptado—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Antonio José Lizarazo Ocampo—Gloria Stella Ortiz Delgado, Impedimento aceptado—Cristina Pardo Schlesinger—José Fernando Reyes Cuartas, Impedimento aceptadoz—Alberto Rojas Ríos.
1 Tomado de la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, cuaderno 34, folio 1017.
3 Folio 122, ídem.
4 Folio 83 del cuaderno 7.
5 Dicho aspecto, fue aceptado expresamente por el denunciante, en la sustentación del recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución de Acusación del 5 de agosto de 2005, en la que, afirmó, respecto a la responsabilidad solidaria de los señores María Constanza Arias Lozano y Manuel Santos Muñoz, teniendo en cuenta que la empresa se extinguió el 29 de diciembre de 2004, “no podrá responder más [allá] de lo que se consgin[ó] a [ó]rdenes del Juzgado 6º Laboral del Circuito por valor de $13.000.000”. Folio 809, cuaderno 34.
6 Folio 117 del cuaderno 7.
7 “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.
8 Folio 1020, cuaderno 34.
9 Folio 99, ídem.
10 “ART. 21.—Restablecimiento y reparación del derecho. El funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible”.
11 “ART. 66.—Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos. // También se ordenará la cancelación de la inscripción de títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente. // Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que tomen las decisiones correspondientes. // Las anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental. // El funcionario judicial ordenará, si fuere procedente, el embargo de los bienes, sin necesidad de requisitos especiales, por el tiempo que sea necesario”.
12 Ley 600 de 2000, norma vigente para el momento de los hechos.
13 Referentes a la compraventa del apartamento 201, edificio Arboleda III, Int. 2, Conjunto Sauces de la Calleja, celebrada entre Seguridad y Vigilancia Integral de Colombia S.V.I. de Colombia Ltda. y los señores Luis Gabriel Miranda Buelvas y Diana Romelia Verbel Padilla.
14 Correspondiente a la dación en pago del apartamento 303 del edificio Parque de Lisboa, efectuada por Seguridad y Vigilancia Integral de Colombia S.V.I. de Colombia Ltda. a la señora Tulia Lozano de Arias el 24 de mayo de 2002.
15 Folio 69, cuaderno 7.
17 Folio 141.
18 Remitida con un error, por cuanto aparece con el nombre de Luis Alberto Miranda Buelvas.
19 Remitida con el mismo error antes descrito, además de enviarlo a Diana Romelia Berdsell Padilla, confundiendo así el nombre de la accionante.
20 Folio 11 del expediente.
22 Folio 56.
23 M.P. Jaime Araújo Rentería.
24 Folio 91 del expediente.
25 Folio 92.
27 El señor Carlos Enrique Alonso Hernández interpuso demanda laboral en contra de la empresa SVI de Colombia, María Constanza Arias Lozano y Manuel Antonio Santos Muñoz, que correspondió por reparto al Juzgado 6º Laboral del Circuito de Bogotá, en la que solicitaba declarar que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 10 de marzo de 1999 hasta el 26 de diciembre de 2000, y como consecuencia, condenar a los demandados a cancelar las prestaciones que de ello se derivan por incumplimiento del contrato antes descrito.
28 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
31 Nota de la Corte: dicho Decreto fue derogado por el artículo 104 de la Ley 1579 de 2012.
33 Folio 25 del expediente.
34 Folio 123.
35 “Artículo 53. Cambio de jurisprudencia. En caso de cambio de jurisprudencia, la Sala de Revisión tomará las medidas necesarias para que la Sala Plena disponga de un término razonable para tomar su decisión. Los estudios y propuestas que sobre el tema realice un magistrado, deberán ser sometidos junto con las ponencias respectivas, a consideración y análisis de la Sala Plena, si así lo solicita, para lo cual registrará en la Secretaría oportunamente, el correspondiente escrito sustentatorio. En este caso, el magistrado comunicará al presidente su propósito de intervenir de la manera indicada, con el fin de que se prepare el debate. A solicitud de cualquier magistrado, para los efectos de cambio de jurisprudencia, la Sala Plena podrá decretar la celebración de una audiencia pública, con participación de personas y entidades nacionales y extranjeras convocadas para tal fin. Mientras la Sala Plena adopta la decisión sobre cambio de jurisprudencia, se suspenderán los términos de los respectivos procesos”.
36 Dado que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante pronunciamiento del 24 de abril de 2012 ordenó la no remisión del proceso a la Corte Constitucional, los antecedentes de la intervención de la Sala de Casación Penal, se toman según lo consignado en dicha decisión.
37 Folio 36.
38 Folio 38.
39 Folios 44 y 45.
40 Folio 47.
41 Folio 48 a 74.
42 Folios 119 a 123.
43 Folio 112.
44 Folio 305.
45 Folio 306.
46 En este punto, la Sala Plena debe aclarar que, en principio, no era posible que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura adoptará una medida de protección respecto a los terceros con interés, teniendo en cuenta que estos, previamente, promovieron una acción de tutela que fue negada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. No obstante, como quiera que el recurso de amparo interpuesto por los señores Manuel Antonio Santos Muñoz y María Constanza Arias Lozano pretendía la protección de una causa propia, tal y como fue expuesto en los hechos de la demanda, resulta admisible que el juez de tutela procurara los mecanismos pertinentes para dicho propósito, entre ellos, la vinculación al proceso de los compradores de buena fe de los bienes objeto de reproche. Aunado a ello, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, en sede de revisión dispuso la selección y acumulación de los distintos expedientes que hacían parte integral del litigio constitucional planteado, entre ellos, el Exp. T- T-3.561.879, la misma, como órgano de cierre, está en capacidad de adoptar las medidas que correspondan para el caso, tal y como se hace en esta ocasión, confirmando la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
47 Corte Constitucional, Auto 100 de 2008.
48 Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
49 Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
50 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
52 Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
53 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
54 Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
56 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
57 Corte Constitucional, Sentencia SU-198 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
58 Folio 1° del cuaderno principal.
59 Sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005.
60 Ver sentencia T-205 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
61 Al respecto, consultar Sentencias T-804 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-522 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
62 Consultar Sentencias T-694 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-807 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
63 Corte Constitucional, Sentencia T-056 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.
64 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
65 Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
66 Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
67 Sentencia T-996 del 24 de octubre de 2003. MP. Clara Inés Vargas Hernández.
68 Ibídem. Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
69 Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Citas 61 y 62, hacen parte de la Sentencia T-781/11.
71 Antiguo Código de Procedimiento Penal, derogado por el artículo 573 del Decreto 2700 de 1991.
72 M.P. Jairo Duque Pérez.
73 Código de Procedimiento Penal vigente para esa época, el cual fue derogado por la Ley 600 de 2000.
74 Código de Procedimiento Penal vigente para dicha época, que, a su vez, derogó el Decreto 2700 de 1991.
75 Sentencia del 21 de noviembre de 2012, Ref. 39858.
77 Sentencia T-259 de 30 de marzo de 2006.
78 Sentencia del 28 de septiembre de 2011, Ref. 34317.
79 Sala de Casación Penal, Sentencia del 10 de junio de 2009, Ref. 22881.
80 Aprobada mediante Acta Número 83 de Julio 28 de 1994, M.P. Jorge Carreño Luengas
81 No. Ref. 40.397.
82 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 18 de octubre de 1995, dictada dentro del Proceso número 9083 y aprobada mediante el Acta No. 148 en octubre 11 de 1995, M.P. Edgar Saavedra Rojas.
83 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
84 “Sentencia C- 245 de 1993”.
85 “Sentencia T- 259 de 2006”.
86 “Sentencia T- 029 de 1998”.
87 “Sentencia C- 245 de 1993”.
88 Corte Constitucional, Sentencia T-516 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
89 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
90 M.P. Fabio Morón Díaz.
91 Código de Procedimiento Penal vigente para dicha época.
92 C-245 de 1993.
93 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 2 de agosto de 1994, aprobada mediante Acta Número 83 de Julio 28 de 1994, M.P. Jorge Carreño Luengas.
94 Dijo textualmente la Corte Suprema: “Si además, la orden de anulación del título escriturario y su correspondiente registro, se tomó a espaldas de la titular del derecho de dominio, esto es, la mujer Rosa Luna quien siendo extraña a la comisión del hecho punible resultaría obligada a responder civilmente por un hecho que no cometió, es palmar que respecto a ella se desconocieron las prerrogativas inherentes a la defensa de sus derechos patrimoniales”.
95 Sentencia del 21 de noviembre de 2012, No. Ref. 39858.
96 Remitida con un error, por cuanto aparece con el nombre de Luis Alberto Miranda Buelvas.
97 Remitida con el mismo error antes descrito, además de enviarlo a Diana Romelia Berdsell Padilla, confundiendo así el nombre de la accionante.
98 Folio 11 del expediente.
99 Ley 600 de 2000.
100 Folio 26 de la providencia.
101 Folios 56 y 57 de la providencia.
102 Debe recordarse, para mayor claridad, que en relación con el Exp. T-3.305.020, la decisión que afectó el bien inmueble de propiedad de los accionantes fue la dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
103 Código de Procedimiento Civil vigente para la época de los hechos.
104 “Artículo 138. Definición, incidentes procesales y facultades. Es toda persona natural o jurídica, que sin estar obligada a responder penalmente por razón de la conducta punible, tenga un derecho económico afectado dentro de la actuación procesal. // El tercero incidental podrá personalmente o por intermedio de abogado, ejercer las pretensiones que le correspondan dentro de la actuación. Podrá solicitar la práctica de pruebas relacionadas con su pretensión, intervenir en la realización de las mismas, interponer recursos contra la providencia que decida el incidente y contra las demás que se profieran en su trámite, así como formular alegaciones de conclusión cuando sea el caso. Su actuación queda limitada al trámite del incidente. // Se tramitan como incidentes procesales: // 1. La solicitud de restitución de bienes muebles o inmuebles, o de cauciones, cuando es formulada por persona distinta de los sujetos procesales y la decisión no deba ser tomada de plano por el funcionario competente. // 2. La objeción al dictamen pericial. // 3. La determinación de los perjuicios ocasionados por la imposición de medidas cautelares cuando se hubiere establecido la inocencia por providencia de fondo y siempre que no proceda acción civil. // 4. Las cuestiones análogas a las anteriores”.
105 En este punto, la Sala Plena debe aclarar que, en principio, no era posible que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura adoptará una medida de protección respecto a los terceros con interés, teniendo en cuenta que estos, previamente, promovieron una acción de tutela que fue negada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. No obstante, como quiera que la Corte Constitucional, en sede de revisión dispuso la selección y acumulación de los distintos expedientes que hacían parte integral del litigio constitucional planteado, entre ellos, el Exp. T- T-3.561.879, la misma, como órgano de cierre, está en capacidad de adoptar las medidas que correspondan para el caso, tal y como se hace en esta ocasión, confirmando la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

References: Resolución 
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 artículo 4
 artículo 53
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 artículo 61
 artículo 66
 artículo 66
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 artículo 61
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 artículo 29
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 artículo 66
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 artículo 138
 Resolución 
 artículo 104
 artículo 573