Source: http://www.diputado85.com/2012/07/
Timestamp: 2019-08-23 03:19:40+00:00

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julio 2012 ~ ¡ B I E N V E N I D O S !
"DIPUTADO 85"
Aunque usted no lo crea, en El Salvador la mayor parte de los periodistas no sabe por qué se celebra el día del periodista el 31 de julio, y nuevamente quiero recordarles por qué nació esa celebración: El 31 de julio de 1824 salió por primera vez el “Semanario Político Mercantil” y el Director de este primer periódico fue: el Presbítero Miguel José Castro y esta idea nació cuanto el Prócer José Matías Delgado ordenó traer de Guatemala una Imprenta la cual fue pagada con dineros del pueblo y fue instalada en una casa ubicada en lo que ahora es el parqueo del Banco Agrícola Comercial, en el centro de San Salvador,frente al ex cine Apolo, en la Avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
Ese día 31 de Julio de 1824–3 años después de haber logrado la Independencia de Centroamérica de 1821–Salió a circulación el primer periódico llamado “Semanario Político Mercantil” con el Titular o “madera” “Portador de Buenas Nuevas”. Revisando esta historia, el fallecido periodista de Diario Co Latino, Julio Escamilla Saavedra, llamado cariñosamente “Cabra tipa” solicitó a la Asamblea Legislativa hace 43 años que esa fecha- el 31 de julio- fuera denominado como “Día del Periodista” y la Asamblea de esa época aprobó por mayoría este Decreto en 1969.
¿Pero qué pasa con los periodistas actuales? Si retrocedemos esos 43 años, cuando muchos de estos periodistas se valían del empirismo o convertirse en autodidacta para hacer del periodismo, una profesión que permitiera decirle al pueblo un poco de la verdad, que actualmente lo ocultan muchos medios de comunicación y periodistas que están sujetos al dominio del poder, aparentemente tienen miedo a ser despedidos de sus trabajos si critican al actual gobierno y especialmente al presidente y a sus funcionarios.
Ante la difícil situación que vive el pueblo salvadoreño y la desconfianza que le tienen a los medios de comunicación debido a la manipulación que hacen estos medios en los noticieros y en las noticias publicadas.Yo me pregunto ¿quiénes son los corruptos, los dueños de los medios, los periodistas serviles y menteros o el gobierno? En algunas entrevistas en televisión o en radio, algunos de estos periodistas de los “grandes medios de comunicación” afirman que ahora es muy difícil determinar si hay corrupción entre muchos periodistas o en los dueños de los medios de comunicación y lamentablemente, estos “periodistas” se hacen ignorantes de esta realidad, ya que saben perfectamente que los propietarios de los medios de comunicación les dicen frecuentemente “ que la empresa funciona siempre y cuando la derecha o la empresa privada les paguen los anuncios que se publican y con ese dinero les pagan los salarios- y esto en cualquier parte del mundo se llama corrupción-, gracias a la autocensura que ellos imponen”.
Para refrescarles la memoria, hace muchos años de acuerdo a lo que investigué, algunos periodistas, en horas tempranas de la mañana visitaban la casa presidencial y aprovechaban que el presidente de la República – perteneciente a la Dictadura militar- salía a caminar en los jardines centrales de la casa de gobierno y estos periodistas- muy cercanos al dictador- caminaban cerca de él y conversaban sobre los temas políticos y en ese lugar, el presidente cuando terminaba su recorrido por el jardín, se despedía de estos periodistas y les decía “ojalá que aprovechen la noticia que les di y para mientras aquí tiene su menta y – en ese momento- el presidente, les enrollaba un billete de 50 o 100 colones y se los introducía en la bolsa del saco o de la camisa y los periodistas se iban tranquilos con la famosa menta”.
¿Por qué se le llama menta? Porque es el nombre que tiene un dulce con sabor a menta y que estaba enrollado en papel celofán y desde esa fecha, hay muchos periodistas menteros, pero hora reciben el pago debajo de la mesa, en efectivo, sin testigos o reciben favores de otra naturaleza.
En la actualidad, tanto periodistas como medios de comunicación tienen en internet y en la tecnología moderna un instrumento que facilita la investigación de cualquier tema, inclusive permite que la radio y la televisión y los periódicos transmitan por medio de computadoras con el software adecuado utilizando la internet .Los actuales periodistas utilizan el teléfono celular para una comunicación fácil y transmitir fotografía a los medios de comunicación .
Lamentablemente, ahora muchos que cubren el periodismo creen que sacar un carrera universitaria en la rama periodística es todo para ser un buen periodista y se olvidan de la práctica, la investigación y cubrir fuentes de información y por eso, muchos periodistas autodidactas o empíricos sobresalieron en su trabajo, especialmente cubriendo la guerra en nuestro país, ya que la única Universidad que tiene licenciaturas en periodismo es la Nacional y resto de universidades privadas solo ofrece de comunicaciones y Relacione públicas ¡¡¡Felicidades a los periodistas este 31 de julio de año 2012!!!
Forma que deberá la Asamblea Legislativa elegir a los nuevos funcionarios de primero y segundo grado.
de Periodista René Hurtado, el miércoles, 25 de Julio de 2012 a la(s) 18:12 ·
En la reunión de casa presidencial, el presidente Funes-que tuvo participación atacando a la Sala de lo Constitucional – se reunió con a ARENA, FMLN,GANA, PDC y entre otras cosas decidieron –vagamente- que la asamblea tiene la obligación de cumplir con todas las sentencias que emita la Sala de lo Constitucional, pero muchos de estos diputados han pretendido minimizar esta situación y siguen –vulgarmente- amenazando a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Para que ustedes amigos lectores no sean capturados por la campaña mediática de GANA, FMLN,PCN, PDC sobre las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, les explico el procedimiento que obligadamente tiene que seguir la Asamblea Legislativa de acuerdo a la Constitución para elegir a los nuevos magistrados y al nuevo fiscal y le ruego leerlo con atención.
Sentencia 19-2012
La Constitución es un complejo estructurado y organizado que se caracteriza por asignar atribuciones y competencias a diferentes órganos, mediante las cuales ordena los cometidos de estos, de manera que se posibilite la complementariedad entre sí y se garanticen la responsabilidad, el control y la limitación del poder en el proceso de adopción de las decisiones estatales –Sentencias de 11-XI-2003 y de 13-V-2011, pronunciadas en los procesos de Inc. 17-2001 y 7-2011, respectivamente–.
En ese contexto, el art. 131 ord. 19° Cn. establece que le corresponde a la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública al Presidente y Magistrados de la CSJ – entre otros–. Dicha disposición constitucional contiene una prescripción habilitante para el Legislativo, es decir, que cuenta con el margen estructural que la Constitución le ha conferido para la concreción de sus preceptos –Sentencia de 7-X-2011, Inc. 20-2006–.
Lo anterior implica que la Asamblea Legislativa posee la atribución de concretar el mandato establecido en el art. 131 ord. 19° Cn.; o sea que forma parte de los márgenes estructurales de acción del legislador, elegir, de entre una lista de candidatos, al funcionario que corresponda y que reúna los requisitos para serlo.
Ahora bien, a pesar de que la Asamblea Legislativa cuenta con la posibilidad para realizar elecciones de segundo grado, dicha atribución no es absoluta, ya que la propia Constitución establece límites que deben ser respetados al momento de designar a una persona en un cargo público.
En ese sentido, la Constitución prescribe cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que quieran ser electas como funcionarios públicos –ya sea mediante elección de primer o segundo grado–; por ello, determina los requisitos para optar a los cargos de: Diputados –art. 126 Cn.–, Presidente de la República –art. 151 Cn.–, Magistrados de la CSJ –art. 176 Cn.–, Fiscal General de la República –art. 192 inc. 3°, en relación con el art. 177 Cn.–, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República –art. 198 Cn.–, entre otros.
Es obligación de la Asamblea Legislativa verificar tales requisitos de manera previa, pues sólo mediante su cumplimiento y debida acreditación documentada, está habilitada para elegir a una determinada persona a fin de que desempeñe un cargo público. Lo anterior implica que la discrecionalidad para elegir funcionarios públicos en elecciones de segundo grado, está circunscrita a personas que reúnen los requisitos establecidos previamente por la Constitución, y no debe estar sujeta a repartos de cuotas partidarias en que se prescinda de tales exigencias constitucionales.
3. Así, debe tenerse en cuenta que la exigencia de ciertas cualidades y condiciones en los aspirantes a ejercer un cargo o función pública se efectúa en forma acorde con los intereses que se pretenden alcanzar con ese desempeño. Ello implica que, mediante tales exigencias, se pretende asegurar el cumplimiento del interés general para el cual dicho cargo o función fueron establecidos, por encima del interés particular que dicha persona pueda tener en ese ejercicio.
Si bien el derecho a optar a cargos públicos –art. 72 ord. 3o Cn.– consiste en la posibilidad de que todos los ciudadanos, sin distinción alguna, sean elegibles para un cargo como funcionario público, debe entenderse que su ejercicio está sometido a ciertos requisitos y condiciones que pueden encontrarse en las disposiciones constitucionales o en la ley secundaria. Esto significa que –al igual que el resto de derechos fundamentales– el derecho en cuestión no es absoluto, sino que puede ser objeto de limitaciones y regulaciones por parte del mismo constituyente o del legislador.
4. En el contexto apuntado, por ejemplo, se encuentran los requisitos exigidos de moralidad y competencia notorias. Este tipo de exigencia constitucional apunta a asegurar en el candidato, además de la cualificación técnica, profesional, empírica o académica requeridas para el idóneo desempeño de las responsabilidades y funciones inherentes al cargo o empleo –todo esto comprendido en la “competencia notoria” del candidato–, la probidad, honestidad y rectitud requeridas para desempeñar con dignidad la investidura – lo que se comprende en la expresión “moralidad notoria”, exigida por la Constitución–; y, en suma, para que el ejercicio de la función pública conduzca a realizar el interés general y a hacer efectivos los derechos protegidos constitucionalmente.
Consecuentemente, es posible aseverar que aquellos candidatos en quienes no pueda constatarse los requisitos impuestos por la Constitución, no deben ser designados como funcionarios públicos, ya que dejarían de ofrecer la garantía necesaria del cumplimiento efectivo de las respectivas funciones asignadas, de modo que generen un alto grado de confianza y legitimidad en el ejercicio independiente de las funciones públicas que se les confían.
5. A. Ahora bien, dado que la Constitución establece la competencia de la Asamblea Legislativa para designar al Presidente y Magistrados de la CSJ –art. 131 ord. 19° Cn.–, quienes deben reunir los requisitos establecidos en el art. 176 Cn., se advierte que le corresponde a aquella verificar el cumplimiento de cada uno de ellos.
Así, la Asamblea Legislativa, previo a la designación de un funcionario público, debe acreditar que el candidato seleccionado cumple con los requisitos previamente establecidos. Para ello, tiene la obligación de documentarse.
B. a. El deber u obligación de documentarse implica que, para el caso de elecciones de segundo grado, el Órgano encargado de la designación debe contar con los elementos documentales necesarios y suficientes que permitan acreditar que los candidatos a determinado cargo son objetivamente idóneos para desempeñarse en el mismo, por contar con la cualificación técnica, profesional y personal requeridas. Ello implica que dicha obligación cobra especial importancia para el establecimiento de los requisitos específicos de moralidad y competencia notorias.
Así, en virtud de tal deber de documentarse, el art. 99 del RIAL establece que a las propuestas de los candidatos “... deberán agregarse los atestados en que se comprueben los requisitos constitucionales o legales...”, ya que las mismas “... pasarán a estudio de la Comisión Política, para que antes de la elección pueda determinarse, por cualquier medio, si las personas propuestas para el cargo reúnen los requisitos referidos...”. Asimismo, dicha disposición establece, como parte de la obligación en mención, que la Comisión podrá solicitar un informe de los antecedentes de los candidatos, a los funcionarios que estime conveniente.
Y es que la única manera para poder acreditar que los candidatos a un cargo público son idóneos es mediante la documentación o información que establece el cumplimiento de los requisitos constitucionales o legales; es por ello que la disposición del RIAL antes aludida determina que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa “... analizará las hojas de vida y comprobará todos los atestados y, si lo considera procedente, entrevistará a los candidatos que cumplen los requisitos establecidos...”.
b. Lo anterior implica que la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Política –o de la Subcomisión creada para tal efecto (art. 100 del RIAL)–, forzosamente debe reunir y analizar la documentación pertinente que establezca o demuestre que determinados candidatos cumplen con los requisitos constitucionales –o legales– para optar a un cargo público, lo que, además, posibilitará que la lista de postulantes sea depurada y que se pueda tomar la decisión que corresponda, conforme con el dictamen presentado.
c. Además de la exigencia reglamentaria señalada, la Asamblea Legislativa debe también dar cumplimiento a los principios que estructuran el procedimiento legislativo –ya sea para la producción de normas generales y abstractas o para la elección de funcionarios–, entre ellos el de publicidad parlamentaria.
El principio en mención opera en una doble dirección: desde la Asamblea Legislativa hacia los ciudadanos –que se concreta, en un marco de libre información, en la publicidad de agendas, debates, votaciones y decisiones legislativas–; y desde los ciudadanos hacia el Órgano Legislativo –que se concreta en la concurrencia ordenada de individuos o grupos de ciudadanos, por medio de sus representantes y dejando a salvo el caso de asuntos excluidos de la publicidad, a las Comisiones o al Pleno de la Asamblea, no sólo para exponer puntos de vista o necesidades, sino incluso propuestas concretas que requieran la actividad legislativa–.
Consecuentemente, la publicidad es el medio a través del cual la discusión social adquiere una dimensión política y la discusión parlamentaria toma una proyección social – Sentencia de 21-VIII-2009, Inc. 24-2003–, lo cual es un elemento fundamental de la democracia representativa.
C. Así las cosas, la Asamblea Legislativa no está habilitada para elegir a funcionarios que no reúnan los requisitos establecidos para optar a un determinado cargo público; las prescripciones habilitantes, antes que atribuir potestades discrecionales ilimitadas, le imponen el deber de exponer las razones por las que considera que una persona concreta es la idónea para ser designada en un cargo público.
Dicha obligación también se encuentra establecida en el RIAL, específicamente en el art. 52, el cual prescribe que: “...[l]as comisiones emitirán dictámenes por resolución de la mayoría de sus miembros, razonando sus acuerdos y propuestas”. Tal afirmación tiene sustento en que, como se sostuvo anteriormente, la Comisión Política es la encargada de analizar las propuestas de los candidatos a funcionarios y, además, de emitir el dictamen correspondiente, con base en el cual la Asamblea Legislativa podrá designar a la persona propuesta, en caso de aprobarse el mismo.
En ese sentido, tal como lo establece la disposición mencionada, y para el caso del dictamen emitido por la Comisión Política con motivo de la elección de funcionarios públicos, se debe cumplir, además de ciertos requisitos mínimos, con la expresión de las “...razones por las que se dictamina”. Ello implica que es obligatorio que en el correspondiente dictamen se justifique por qué se estima que una determinada persona reúne los requisitos esenciales para ejercer un cargo público y qué sustenta tal conclusión, ya que el mismo es vital para la elección definitiva del funcionario.
Así, si bien respecto al requisito de moralidad y competencia notorias el legislador posee discrecionalidad para elegir al funcionario que tenga la cualificación técnica, profesional y personal necesaria para el ejercicio de un cargo público, se deben dar las razones por las que, con base en la documentación recabada, tal persona es idónea para desempeñar una función pública. Todo ello después de un procedimiento revestido de publicidad, en la doble dirección que se ha señalado.
En consecuencia, la Asamblea Legislativa debe tener en cuenta, durante la realización del procedimiento establecido en el RIAL para la elección de funcionarios, toda la documentación presentada por los postulantes para un cargo público y, con base en la misma, proponer y elegir a la persona que posea las mejores credenciales técnicas, profesionales y personales para el ejercicio de la función que le corresponda, explicitando la fundamentación objetiva capaz de sostener tal decisión, la cual en definitiva implica una concreta opción en favor de uno de los candidatos.
Los diputados se puedn tardar todo lo que quieran. La corte se integra perfectamente y puede trabajar con los 5 del 2009, los 5 del 2006 y los cinco suplentes, de los cuales ya llamaron tres, solo faltaría llamar otros dos, pero es necesario que salgan de la corte los cinco abogados 2012 intrusos y golpistas de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador .
El artículo 183 de la Constitución de la República
La Sala de lo Constitucional es la única que puede declarar inconstitucional una Ley y la Corte Centroamericana es un organismo político que no tiene nada que ver en la resoluciones en la corte suprema. Los partidos ARENA,PCN,FMLN, GANA y PDC, han desviado lo jurídico a lo político dentro de la campaña presidencial de la año 2014 y están violando la Constitución de la República, como lo han hecho toda la vida y los salvadoreños debemos a prender a respetarla y no es cuestión partidaria.
El artículo 183 de la Constitución de la República es claro cuando define a la Sala de lo Constitucional…Por favor léanlo, y analicen. No se dejen engañar.
ARTICULO 183.- La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano.
JUZGUE USTED SI EL PRESIDENTE FUNES PUEDE SER IMPARCIAL ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.
¿Sabe usted por qué el presidente Mauricio Funes, los partidos derechistas de GANA, PCN,ARENA,FMLN y PDC están en contra de la Sala de lo Constitucional?
1. Miembros de la OIE (Organismo de Inteligencia del Estado), dan seguimiento físico al Presidente Jaime. Este solicitó audiencia al Presidente Funes, la que a pesar de haberla concedido, no pudo llevarse a cabo, porque tras hacerlo esperar en Casa Presidencial durante una hora, el Presidente Jaime tuvo que retirarse.
2. En el 2010 la Sala de lo Constitucional emitió sentencia contra algunos artículos de la Ley General del Presupuesto, en la que declaró su inconstitucionalidad por cuanto autorizaban al órgano ejecutivo a transferir dineros de un ministerio a otro, sin control de la Asamblea Legislativa; así como también, se sostuvo en dicha sentencia que la cuenta denominada “partida secreta” no tiene respaldo legal, y por ende, debe rendirse cuenta de los gastos. El Presidente Funes muy molesto contra la Sala sostuvo públicamente “que lo estaban obligando a someterse al chantaje de los partidos políticos cada vez que solicitara transferencias de fondos”.
3. En el 2011, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 743 que obligaba a la Sala de lo Constitucional a votar por unanimidad sus sentencias, sabiendo que uno de los magistrados –Néstor Castaneda- se negaba a suscribir fallos relevantes o que afectaban a sectores políticos. Ese Decreto aprobado sin discusión en menos de dos horas, fue sancionado y ordenada su publicación en el Diario Oficial por el Presidente Funes, la misma tarde del jueves 2 de junio en que fue aprobado.
4. En el mismo mes de junio 2011, el Presidente Funes ordenó al Director del Diario Oficial, no publicar las sentencias de la Sala de lo Constitucional si éstas no estaban firmadas por los 5 miembros, a pesar que dicho tribunal había declarado inaplicable el Decreto 743 por ser contrario a la Constitución.
5. El Presidente Funes responsabilizó a la Sala de lo Constitucional de la seguridad pública en el país, si se declara inconstitucional los nombramientos como Ministro de Justicia y Seguridad Pública y Director de la Policía Nacional Civil, de los generales Munguia Payés y Salinas.
6. Cuando en abril de 2012 se eligió magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República, el Presidente Funes dijo ante los medios de comunicación que había sido una “buena elección”; dijo también que el doctor Ovidio Bonilla era un “prestigioso abogado de oriente”. Respecto a la elección de Astor Escalante sostuvo que en su trabajo como titular del ministerio público “demostró su capacidad”. Ambas elecciones han sido declaradas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional.
7. El Presidente Funes respaldó públicamente la decisión de la Asamblea Legislativa de acudir a la Corte Centroamericana de Justicia con sede en Managua, con el propósito de no cumplir los fallos de la Sala de lo Constitucional, e invitó a ésta respetar la decisión de la referida Corte Centroamericana, a pesar de no tener competencia para revisar los fallos constitucionales.
8. El día viernes 29 de junio 2012, la Asamblea Legislativa aprueba un Decreto que permite que la Corte Suprema de Justicia se reúna sin convocatoria del Presidente de la misma (como lo establece la Ley Orgánica). Ello con el propósito que los magistrados recién electos tomen posesión de sus cargos el domingo primero de julio, aun sin convocatoria del todavía Presidente Jaime. Este Decreto fue sancionado por el Presidente Funes la misma noche de ese viernes y ordenó su publicación en el Diario Oficial. Esto permitió la toma de posesión de los cargos a los magistrados cuya elección fue declarada inconstitucional el 5 de junio 2012.
9. El Presidente Funes habría dado órdenes al Director del Diario Oficial de no publicar las sentencias de inconstitucionalidad dictadas por la actual Sala de lo Constitucional, a pesar de existir una ley que obliga su publicación.
10. En las primeras semanas de julio 2012, la sociedad civil realizó una marcha en protesta por la toma de posesión de los cargos por parte de los magistrados electos en abril 2012. Miembros de la policía nacional impidieron que esta marcha masiva se acercara a protestar ante la Asamblea Legislativa. Por otro lado, los dirigentes políticos del FMLN y su militancia realizaron frente a la Corte Suprema de Justicia protestas en contra de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, la que fue protegida por la misma policía nacional.
11. Desde el viernes 14 de julio 2012, algunos sindicalistas del órgano judicial, acompañados de personas ajenas a la institución se tomaron las instalaciones de la Corte Suprema, con el propósito de asegurar la asunción al cargo de Presidente de la misma por el doctor Ovidio Bonilla. La policía nacional, que depende jerárquicamente del Presidente Funes, acompañó la realización de esos actos ilegales.
12. Los sindicalistas “envalentonados” y avalados por el doctor Bonilla, ordenaron la apertura de puertas de los despachos de la Corte Suprema y la Sala de Sesiones de Corte Plena, utilizando para ello los servicios de un cerrajero. A pesar del llamado por el magistrado Florentín Meléndez al Ministro de Justicia solicitando la intervención policial para evitar la toma del edificio de la Corte Suprema y la violencia ejercida en las puertas de la misma, han hecho caso omiso. El Ministro ha sostenido que no interviene por no haberlo autorizado el Presidente Funes.
APOYO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala y las Salas de lo Constitucional de Honduras y Costa Rica, expresamos nuestro apoyo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, ante los ataques que sufre con motivo de sentencias que ha dictado en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.
Sabemos que el funcionamiento normal del Estado de Derecho de nuestro tiempo implica que en ocasiones el Tribunal Constitucional, o quien haga sus veces, deba anular actos de otros Poderes ú Órganos fundamentales del Estado, cuando detecta que contravienen la normativa constitucional. Y aunque es posible que se llegue a discrepar de las razones o la motivación en que se apoyan, por encima de ese ejercicio, lo que exige la Constitución es que esas sentencias se respeten y cumplan en los términos en que ellas mismas lo disponen.
La independencia de los jueces, especialmente de los jueces constitucionales, es un elemento esencial del Estado de Derecho, constituyendo, además, una garantía de los ciudadanos, pues como apuntó en su obra Eduardo J. Couture, si los jueces no son independientes y tienen miedo, el ciudadano no podrá dormir tranquilo.
Reiteramos nuestra solidaridad con la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador ante el difícil trance que enfrentan, pero a la vez, hacemos votos por que todos los interesados se aboquen a la búsqueda de una solución de la que salga beneficiado el hermano país y su institucionalidad.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRESENTA DENUNCIA POR ACTOS VIOLENTOS ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Desde la presidencia en funciones de la Corte Suprema de Justicia se han emitido dos escritos para denunciar ante la Fiscalía General de la República y ante la Policía Nacional Civil las actitudes y acciones violentas de varios empleados del Órgano Judicial y de personas extrañas a la institución dentro de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo así el deber constitucional con fundamento en el artículo 241 de la Constitución y artículo 265 No. 1 del Código Procesal Penal.
Los actos descritos, se señala, “podrían constituir delitos penales”, motivo por el cual se denuncian ante la Fiscalía General de la República a la espera de que se tomen las medidas legalmente procedentes para investigar lo sucedido, que no sólo han dañado bienes propiedad del Estado, sino que han puesto en riesgo el resguardo de delicados expedientes judiciales de la Sala de lo Constitucional y de otros despachos y oficinas judiciales, ante la amenaza de continuar abriéndose despachos judiciales con el uso de la fuerza.
En la nota al Director General de la Policía Nacional Civil, el presidente en funciones de la CSJ le expresa lo siguiente: “Confío en que la institución policial salvaguarde el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, conforme a la nueva doctrina de la seguridad pública y dentro del marco del desempeño de una función policial profesional y ajena a toda actividad partidaria, tal como lo dispone el artículo 159 d ella Constitución de la República”
Al referirse a las muestras de violencia se hace referencia a que en varias ocasiones este mes un grupo de empleados del Órgano Judicial y acompañantes que no laboran en el Órgano Judicial se tomaron el edificio de la Corte Suprema de Justicia y el de las oficinas administrativas mediante la fuerza, dañaron bienes e impidieron el acceso y la salida de otros empleados del Órgano Judicial a las instalaciones de la Corte.
En la denuncia a la Fiscalía se manifiesta que desde el día 29 de junio hasta el 1 de julio del presente año, varios empleados del Órgano Judicial se tomaron el edificio de la Corte Suprema de Justicia, cerrando por medio de medidas de fuerza los acceso al mismo. Posteriormente, desde el día 13 al 16 de julio volvieron a tomarse violentamente el edificio d ella Corte Suprema de Justicia y, además, el de las oficinas jurídicas y administrativas, dañando bienes, propiedad de la Corte y obstaculizando el ingreso y salida del personal judicial.
La denuncia también señala que en horas de la mañana del día 16, varias personas irrumpieron el despacho del presidente de la Corte Suprema y del Órgano Judicial, así como el salón de la Corte Plena, dañando con taladros y herramientas de cerrajería las puertas de acceso y violentando sus sistemas de seguridad. Ello se realizó en presencia del personal de la Corte Suprema de la cuarta planta del edificio central, periodistas y funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras personas. Estos hechos continuaron produciéndose durante la mañana de este día en otras oficinas de la cuarta planta.
En la denuncia interpuesta ante el general Ramón Salinas Rivera, Director General de la Policía Nacional Civil, la CSJ señala que el mismo lunes 16 cuando varias personas abrían a la fuerza el despacho presidencial, el Dr. Florentín Meléndez, en su calidad de presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Justicia y Seguridad en la que se pedía auxilio inmediato de la fuerza pública para frenar los hechos. Desde el Ministerio se respondió que para actuar necesitaban primero una requisición firmada por Corte Plena, por lo que los hechos continuaron desarrollándose sin impedimento de ninguna autoridad.
Finalmente, la nota al Director de la Policía Nacional Civil señala que, “en virtud de lo anterior, y tomando en cuenta el mandato constitucional y legal de la institución policial a su cargo, a fin de evitar que estos hechos se produzcan en el futuro, le solicito, en la calidad antes mencionada y con la aprobación de Corte Plena, se garantice en futuras ocasiones similares que se pudieran presentar, la inmediata presencia de personal policial en los contornos de ambos edificios, con el objeto de garantizar el libre acceso y salida de las instalaciones de la corte, al personal y funcionarios de este Órgano del Estado, así como a los usuarios de la Administración de Justicia”.
San Salvador, 17 de julio de 2012.
Comunicado de ultima hora Dr. Florentin Melendez nuevo presidente de la corte suprema.
al pueblo salvadoreño y a los trabajadores del Órgano Judicial.
La Corte Suprema de Justicia se dirige al pueblo salvadoreño y a los trabajadores del Órgano Judicial, para informarles lo siguiente:
La situación por la que atraviesa el Órgano Judicial es irregular y excepcional debido a que a esta fecha no se ha logrado integrar en su totalidad la Corte Plena, con los Magistrados propietarios que debían ser electos y asumir sus funciones el 1 de julio recién pasado, para el período 2012-2021, de conformidad con lo prescrito por la Constitución y la ley, y según lo determinado por la Sala de lo Constitucional en sentencias firmes y obligatorias, tal como lo establece la Constitución en el artículo 183.
Debido a esta situación extraordinaria, la Corte llamó a Magistrados suplentes para que llenaran vacancias e iniciaran sus funciones a partir del 1 de julio y fungieran en sus cargos hasta que se normalizara la situación, a fin de garantizar el funcionamiento básico de sus actividades, todo de conformidad con la ley.
De igual manera, al haber finalizado el 15 de julio el período de 3 años para el que fue designado como Presidente de la Corte Suprema de Justicia el Dr. Belarmino Jaime, ejercerá las funciones de Presidente, de manera provisional, el Dr. Florentín Meléndez, designado por la Asamblea como Primer Vocal de la Sala de lo Constitucional, funciones que asume a partir del 16 de julio del presente año hasta que sea electo el nuevo Presidente propietario por la Asamblea Legislativa, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica Judicial, que en el artículo 2 dice lo siguiente: “La Corte Suprema de Justicia está compuesta de quince Magistrados y uno de ellos será el Presidente. Este será también el Presidente del Órgano Judicial y de la Sala de lo Constitucional y lo designará la Asamblea Legislativa. En defecto del Presidente de la Corte, ejercerán sus funciones los vocales de la Sala de lo Constitucional, en el orden de su designación.”
La Corte Suprema de Justicia continúa funcionando con los Magistrados suplentes legítimamente convocados, y su llamamiento cesará cuando la Asamblea Legislativa elija a los nuevos Magistrados y tomen posesión de sus cargos.
La Corte Suprema de Justicia había dispuesto que el despacho presidencial permanecería cerrado a la espera que sea electo el Presidente propietario. Sin embargo, al momento de redactar el presente comunicado, las puertas de acceso al referido despacho fueron violentadas por cerrajeros para lograr el ingreso del Dr. Ovidio Bonilla.
A los funcionarios judiciales, al personal de los tribunales, y a los jefes y personal administrativo en general, se les llama a mantenerse en sus cargos realizando las labores cotidianas, a la espera de que se normalice la situación, ya que actualmente no hay motivo alguno para dejar de prestar los servicios de justicia a la población.
Se les informa, además, que sus puestos de trabajo, sus derechos y prestaciones laborales, así como sus salarios y su estabilidad laboral, están garantizados por la Constitución y la ley; y se les llama a contribuir al normal funcionamiento de la institución y a la prestación de los servicios judiciales a los usuarios.
El Órgano Judicial continuará funcionando en todas sus dependencias administrativas y en todos los tribunales que operan en el país, hasta donde las circunstancias lo permitan, esperando que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, colabore para la realización normal de sus funciones, tal como lo ordena la Constitución en el artículo 86, garantizándose así los servicios públicos de justicia a que tiene derecho el pueblo salvadoreño.
San Salvador, 16 de julio de 2012.
Conozca quién es el Dr. Ovidio Bonilla Flores que ha sido nombrado inconstitucionalmente como presidente de la Corte Suprema por los partidos GANA , PCN; FLMN y PDC .
Los periodistas salvadoreños que cubrimos la guerra, lamentamos el irrespeto a la Constitución de la República de los partidos políticos GANA,FMLN,PCN y Partido Demócrata Cristiano, quienes de manera insolente y malcriada no quieren cumplir la resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Si estos partidos extremistas de la Asamblea Legislativa cumplen ésta amenaza del golpe de estado, los periodistas y todos los salvadoreños no tendrán protección constitucional para defender la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa, especialmente, en este mes de julio que celebramos el día del periodista.
Para que ustedes juzguen amigos lectores, les publico una síntesis de muchas resoluciones de la Sala de lo Constitucional que ha emitido y ahora de manera sinvergüenza, los partidos políticos GANA, FMLN, PCN y Partido Demócrata Cristiano, no quieren cumplir y continúan amenazando a los 4 magistrados de Sala de lo Constitucional de El Salvador que por primera vez, demuestra que los salvadoreños tienen tres Órganos de Estado y los tres son iguales y no existe primer Órgano del Estado.
Estos partidos políticos GANA, FMLN, PCN y Partido Demócrata Cristiano, están repitiendo lo que durante 20 años realizó el partido ARENA y los partidos PCN y PDC para violar la Constitución de la República, con la diferencia que estos elegían a magistrados de la Sala Constitucional de ideología derechista y empresarial y que el mismo FMLN denunció cuando era oposición.
En lo personal, como profesional del periodismo, me resisto a creer, que estos hombres y mujeres que lucharon para cambiar estas sinverguenzadas que hacía la derecha y las que condené, ahora se repitan con más frialdad y descaro, por ello, no puedo, ni debo quedarme callado.
1. 1. Inconstitucionalidad 61-2009. Sentencia de 29 –VII-2010.
Mediante esta sentencia se declararon inconstitucionales algunas disposiciones del Código Electoral que exigían que los candidatos a diputados estuvieran afiliados a un partido político, lo cual permitió que pudieran presentarse candidaturas independientes.
También se estableció que eran inconstitucionales las listas bloqueadas y cerradas, con lo cual se reconoció el derecho que tienen los ciudadanos a votar libremente por la persona que consideren idónea.
1. 2. Inconstitucionalidad 57-2011. Sentencia de 7-XI-2011.
Se declararon inconstitucionales ciertas disposiciones del Código Electoral por considerar que mediante estas “reaparecía” el sistema de listas cerradas bloqueadas; asimismo, en esta sentencia se privilegia el voto por persona y la necesidad de respetar la libertad y plena capacidad de opción en materia electoral del ciudadano.
Se aclaró además que aunque en la sentencia se interpreta que la Constitución permite la opción de voto por lista o bandera, ello no significaba que se avalara la imposición de una prelación prefijada por los partidos, por encima de la decisión de los ciudadanos.
1. 3. Inconstitucionalidad 1-2010. Sentencia de 25-VIII-2010
Se declararon inconstitucionales ciertas disposiciones de la Ley del Presupuesto para el Ejercicio Financiero 2010 que habilitaban al Órgano Ejecutivo a que realizara transferencias entre partidas de distintos Ramos y a que asignara discrecionalmente los excedentes de los ingresos previstos, con los que inicialmente se aprobó el presupuesto.
Se consideró que la Ley Suprema salvadoreña entiende que las transferencias de un ramo a otro constituyen verdaderas modificaciones al presupuesto, es decir, que si el Ejecutivo las efectuara estaría “reformando” el presupuesto. Por ello, deja claro que esa potestad le corresponde a la Asamblea Legislativa
1. 4. Inconstitucionalidad 15-2011. Sentencia de 4-XI-2011.
Se declaró inconstitucional la disposición de la Ley de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Financiero Fiscal del año 2011 que habilitaba al Consejo de Ministros para hacer transferencias de recursos entre diferentes Unidades Primarias de Organización del Ejecutivo, sin autorización del Legislativo, lo que incluye a Unidades que pertenecen a ramos distintos de la Administración Pública.
Asimismo, em esa sentencia se determinó que no existía inconstitucionalidad en la creación de las partidas de “gastos imprevistos”, ya que la incorporación de tales partidas en los presupuestos forma parte de las facultades que tiene el Legislativo para garantizar a cada institución estatal la eficacia en el cumplimiento de sus fines.
1. 5. Inconstitucionalidad 37-2004. Sentencia de 26-I-2011.
En esta sentencia se estableció que en la reclamación de tutela del medio ambiente debe otorgarse una amplia legitimación y, por tratarse de un derecho constitucional, tanto a los jueces ordinarios como a la Sala de lo Constitucional puede solicitárseles ejercer su control constitucional cuando consideren que se ha vulnerado el referido derecho.
Se indicó que el reconocimiento del derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona es una norma que se proyecta sobre todo el orden jurídico, pues la constitucionalización del medio ambiente encarga a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos naturales y defender y restaurar el medio ambiente.
1. 6. Inconstitucionalidad 85-2010. Sentencia de 25-V-2011
Se declaró inconstitucional el acuerdo legislativo mediante el cual se había acordado nombrar una Comisión Especial Investigadora sobe posibles abusos de la Inspectora General de la Policía Nacional Civil contra miembros de esa institución.
La Sala de lo Constitucional estableció que dicho acuerdo no cumplía con la norma constitucional debido a que no determinaba los asuntos concretos objeto de investigación y, además, porque se habían atribuido un mecanismo de control que la Constitución no contempla, pues existen otras instituciones, de carácter administrativo y jurisdiccional, que podían corregir cualquier irregularidad de dicha inspectoría e, incluso, otras comisiones permanentes que podían subsanar cualquier irregularidad con origen normativo.
Además, se afirmó que el objeto de la investigación no era de interés nacional, ya que se centraba en los problemas que supuestamente afectaban a un determinado grupo de personas, no a la sociedad en su conjunto, vulnerando el artículo 131 ord. 32° de la Constitución.
1. 7. Inconstitucionalidad 13-2012. Auto de Admisión de fecha 20-VI-2012.
La Sala de lo Constitucional admitió una demanda mediante la cual unos ciudadanos solicitan se declaren inconstitucionales ciertos artículos del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información (en adelante RLAI), por la supuesta vulneración del principio de indelegabilidad de funciones ya que –según los demandantes– se está delegando a los jefes de las entidades convocantes, la potestad de elaborar instructivos que delimiten el procedimiento a seguir por cada entidad para nombrar una comisión encargada de planificar, organizar y ejecutar la asamblea para la elección de las ternas.
Asimismo, se admitió la demanda a fin de enjuiciar la constitucionalidad del art. 29 RLAI– por vulnerar los arts. 168 ord. 14° –potestad reglamentaria– y 131 ord. 5° Cn. –facultad de crear leyes– en tanto que los reglamentos no deben adicionar situaciones que la ley no establece.
De igual forma, se admitió la demanda para controlar la facultad que se confiere al Presidente de la República en dicho reglamento para rechazar las ternas propuestas cuantas veces lo desee, con lo cual considera que se transgrede el principio de legalidad, en tanto que se atribuye al Presidente de la República facultades que la Ley de Acceso a la información no establece.
1. 8. Inconstitucionalidad 7-2011. Sentencia del
La Sala de lo Constitucional, en relación a la conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció que aquellos candidatos que opten a una Magistratura del TSE –distinta a la de los propuestos por la CSJ–, sin que haya un tercer partido en la última elección presidencial, no deben tener afiliación partidista. Lo anterior debido a que la Constitución expresa que “Tres de ellos [de los miembros del TSE] [provendrán] de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección…”, y en la elección del 2009 solo compitieron dos partidos políticos, originándose una laguna en la solución para el caso específico.
En la sentencia, la Sala invalidó, a partir de esa fecha, la elección de los Magistrados del TSE Julio Eduardo Moreno Niños y Oscar Morales Herrera, en tanto que la misma no fue realizada conforme a la Constitución (art. 208 Cn.); y por lo tanto, deberá procederse a nombrar a quienes habrán de sustituirles, entre candidatos sin afiliación partidaria.
1. 9. Inconstitucionalidad 55-2003. Sentencia de 2-IX-2009.
La Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 120-A de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LTTTSV), la cual exoneraba del pago de multas impuestas a transportistas a partir de la entrada en vigencia del decreto impugnado. En su sentencia, la Sala estableció que independientemente de la naturaleza de la infracción que motiva la adopción de una sanción de tipo patrimonial, una vez impuesta ésta en la esfera jurídica del sujeto que no cumplió con el supuesto hipotético previsto en la disposición, aquella se transforma automáticamente en una obligación jurídica de pago a favor del Estado.
Así, en el caso de la sanción patrimonial como obligación jurídica de pago, que nace como producto o consecuencia jurídica de la materialización de una infracción administrativa tipificada por el legislador, no puede ser exonerada ni por el Legislativo ni por el Ejecutivo, tal como está consagrado en el art. 232 Cn. De acuerdo con esta disposición constitucional la sanción pecuniaria como una categoría impropia de ingreso público representa una deuda a favor del Estado, en virtud de la finalidad que define su existencia.
10. Amparo 590-2009. Auto de Improcedencia del 3-II-2010.
La demanda fue formulada por el partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA, en ese caso se determinó que la Sala de lo Constitucional no se encuentra habilitada para revisar la forma en la que la Asamblea Legislativa asigna o estructura los cargos en su Junta Directiva y en sus comisiones, puesto que ello implicaría interpretar y aplicar la normativa legal y reglamentaria que establece la configuración interna y administrativa de los entes que componen la Asamblea Legislativa.
En dicha resolución se subrayó que de conformidad con el artículo 125 de la Constitución, los Diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo, por lo que estos, una vez han sido elegidos, no pueden estar sujetos a los intereses o lineamientos de un determinado partido o grupo político.
11. Amparo 163-2007. Sentencia de 9-XII-2009.
La demanda fue presentada por la Universidad de El Salvador (UES), la cual reclamaba contra el permiso ambiental otorgado por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales para construir el Club de Golf & Villas en las Veraneras, por considerar que la zona de la construcción era hábitat de numerosas especies y estaba enmarcada en el complejo de arrecifes Los Cóbanos, pero pese a ello, dicho Ministro no había ponderado la oposición presentada por la UES, y tampoco había realizado las consultas públicas que la ley le ordenaba.
Se emitió una sentencia favorable, pues no constaba que, efectivamente, la autoridad demandada hubiera ponderado la oposición de la UES al proyecto turístico.
12. Amparo 354-2004. Sentencia de 2-X-2009
La demanda de amparo fue presentada por el señor Schafik Jorge Hándal Hándal, contra omisiones del Fiscal General de la República que consideraba violatorias de su derecho constitucional de acceso a la jurisdicción. Lo anterior, debido a que en el marco de la campaña política para las elecciones presidenciales de 2004, dos ciudadanos, presuntamente, se habían dedicado a publicitar campos pagados y a hacer afirmaciones que le estaban causando un grave daño a su imagen no sólo como persona pública sino como candidato presidencial del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); ante lo cual el peticionario había interpuesto dos denuncias ante el Ministerio Público Fiscal, sin que este hubiere actuado.
En dicha sentencia se aclara que el Fiscal General de la República se había limitado a mencionar las supuestas diligencias que habían motivado el retraso en la presentación de las denuncias del señor Hándal a sede judicial, mas no había presentado ni una sola prueba que certificara la realización de las mismas.
En consecuencia, la sentencia fue favorable al demandante. Se determinó que la inexistencia de plazo para la presentación del requerimiento en sede judicial no se convertía en una facultad para que el Fiscal General de la República pusiera en marcha el Órgano Judicial cuando quisiera.
Asimismo, se dejó expedita la acción indemnizatoria correspondiente a favor de los familiares del señor Shafick Hándal; aclarando que, no obstante el fallecimiento del actor, atendiendo al tipo de derecho, a que la lesión había sido oportunamente reclamada y a la falta de prueba de que sus efectos hubieran cesado, la Sala no podía obviar dictar una sentencia de fondo pronunciándose sobre el agravio planteado.
13. Amparo 584-2008 y acumulados. Sentencia de 3-XII-2010.
En este proceso se cuestionaba el art. 83 inc. 2°, letras b) y d) de la Ley General de Educación, que impone a los propietarios de centros de educación privada del país –cumplir con ciertos requisitos para poder incrementar el monto de la matrícula y las colegiaturas mensuales.
En la sentencia la Sala de lo Constitucional estableció que la intención del legislador es hacer partícipes a los padres de familia, quienes juegan un papel importante en el proceso educativo de sus hijos, de todas las medidas que pueden incidir, positiva o negativamente, en el normal desenvolvimiento de las actividades educativas que reciben sus hijos en el centro de enseñanza.
Además, se sostuvo que el enfoque social e interés general de la educación prevalecía sobre los intereses que persiguen los particulares que se dedican a la enseñanza, en cuanto coadyuvan con el deber del Estado de brindar este servicio a la población.
14. Amparo 934-2007. Sentencia de 4-III-2011.
Ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se inició proceso de amparo promovido por el Presidente y Representante Legal de la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet (INDATA), contra actuaciones y omisiones de INFORNET, S.A. DE C.V. reclamando contra la supuesta recolección, tenencia, comercialización y uso indebido de datos personales, sin que la sociedad demandada contara con la autorización expresa y por escrito de los titulares, lo cual estaría vulnerando el derecho a la protección de datos personales o de autodeterminación informativa de las personas que se encontraban en el supuesto planteado.
En la sentencia pronunciada por este Tribunal se declaró ha lugar al amparo solicitado por (INDATA), quien actuaba en virtud de un interés difuso o colectivo, por violación al derecho a la autodeterminación informativa de los titulares de los datos cuyo uso y tratamiento realizaba INFORNET, S.A. de C.V. y se le ordenó que permitiera a los particulares interesados el acceso a la base de datos que tenía en su poder, con el objeto de que pudieran actualizar, rectificar o anular aquellos datos estrictamente personales que no constaban en registros públicos –y de los que por ley tuvieran el carácter de reservados–; o que, constando en dichos registros, no estuviesen actualizados, debiendo realizar tal actividad de forma gratuita.
15. Amparo 8-2012. Auto de admisión de 8-II-2012
Mediante dicha resolución se admitió la demanda de amparo presentada por una persona que había prestado sus servicios para la Fuerza Armada de El Salvador, a la cual se le estaba denegando atención médica hospitalaria, debido a que la Comisión Técnica de Invalidez del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada −IPSFA− determinó que únicamente tenía un cuarenta y tres por ciento de discapacidad, puesto que, supuestamente, no había tomado en consideración las heridas que había sufrido en el servicio militar durante los años 1981 y 1983. Al demandante también se le había suspendido la pensión por invalidez temporal bajo el argumento de que no se había reincorporado al proceso de rehabilitación profesional.
En consecuencia, ante las presuntas vulneraciones del derecho a la salud, seguridad social y a recurrir del peticionario se admitió la demanda.
Además, se adoptó una medida cautelar según la cual, la Comisión Técnica de Invalidez, la Gerencia General y el Consejo Directivo, todos ellos del IPSFA, a través de los canales correspondientes, debían asegurar que el actor pueda recibir por parte del Hospital Militar el tratamiento médico y de rehabilitación determinado en una resolución que había adoptado la misma Comisión Técnica Evaluadora del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados del Conflicto Armado el 19-X-2011.
16. Amparo 32-2012. Auto de admisión de 15-II-2012.
La Sala de lo constitucional admitió la demanda de amparo incoada por un médico neonatólogo contra el Director, el Sub Director y el Consejo Directivo –todos ellos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS−, así como contra la Directora del Hospital Primero de Mayo, la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, el Consejo Superior de Salud Pública y la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, pues las omisiones y la falta de diligencia de estas, supuestamente habrían permitido la utilización de manera rutinaria del medicamento denominado Midazolam con alcohol bencílico en el Hospital Primero de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, lo cual vulneraría el derecho a la salud de los niños y niñas de dicho hospital.
El demandante aseguró que diversas investigaciones médicas han demostrado que dicho medicamento es considerado como “veneno neonatal”. Asimismo, señala que dicha situación se agrava al considerar que el Midazolam consumido era de tipo genérico con alto contenido de alcohol bencílico, el cual es considerado tóxico para recién nacidos.
En consecuencia, al admitir la demanda se adoptó una medida cautelar que consistía en que las autoridades demandadas tendrían que asegurarse de que se suspendiera el uso de dicha sustancia −temporalmente− en los recién nacidos de dicho centro, debiendo las autoridades hospitalarias asegurar la aplicación de un medicamento alternativo apropiado, mientras se tramita el presente proceso de amparo.
En dicha resolución se sostiene que los derechos fundamentales de los niños y las niñas parten del supuesto de que este constituye un segmento poblacional especialmente vulnerable que, como tal, amerita la institucionalización de medios y mecanismos especiales para su protección.
17. Amparo 142-2012. Auto de admisión de 20-VI-2012.
Recientemente, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda de amparo planteada por la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet (INDATA) en contra de la sociedad DICOM EQUIFAX, S.A. DE C.V. para controlar la constitucionalidad de las actividades que esta última realiza para la obtención de datos de determinados sujetos, y la forma en que posteriormente son utilizados, pues –a juicio de la asociación demandante– dicho tratamiento estaría vulnerando el derecho a la autodeterminación informativa –art. 2 Cn.- de las personas cuyos datos son objeto del mismo puesto que: (i) recopila y comercializa los datos personales sin el consentimiento del titular, (ii) impide el acceso a dicha información respecto de quien es titular, y (iii) porque no justifica la fuente de información de los datos personales.
Se adoptó en dicho caso una medida cautelar en el sentido que mientras se tramite el proceso de amparo, DICOM EQUIFAX S.A. de C.V. deberá asentar que la información que brinda está sometida a un proceso constitucional por la presunta vulneración del derecho a la autodeterminación informativa, es decir, tiene la obligación de informar, al difundir los datos a terceros, que los mismos están siendo objeto de un proceso de amparo.
18. Amparo 188-2009. Sentencia de 22-VI-2012
La Sala de lo Constitucional emitió una sentencia favorable a un grupo de ciudadanos del departamento de Santa Ana contra actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por haber otorgado un permiso ambiental a favor de una sociedad de electricidad.
Los demandantes señalaron que la autoridad demandada había concedido el permiso ambiental al representante de la sociedad propietaria del proyecto sin considerar los problemas que se señalaron dentro del estudio de impacto ambiental realizado por tal ministerio. Con la finalidad de ser escuchado y haciendo uso del derecho contenido en el artículo 25 letra “a” de la Ley del Medio Ambiente, este grupo de habitantes presentaron un escrito que contenía una serie de observaciones y su oposición tanto al estudio de impacto ambiental realizado como al otorgamiento del permiso solicitado por la sociedad peticionaria, el cual nunca fue contestado. Por otra parte el Ministro señaló que la ley no obliga a dar intervención a terceras personas ajenas al proyecto y que se había apegado a lo que estrictamente señalaba la ley.
En su sentencia las Sala establece que los peticionarios no tuvieron ninguna participación en el procedimiento ni recibieron notificación de ninguna resolución emitida en dicho trámite, lo cual vulneraba sus derechos de audiencia, defensa, salud y medio ambiente sano, ya que la participación de personas que se oponen a la realización de un determinado proyecto –con potenciales efectos negativos al medio ambiente y a la salud– no puede restringirse mediante una interpretación literal de la ley.
En ese sentido; la Sala establece que las personas que podrían resultar afectadas por un proyecto de impacto ambiental tienen derecho a conocer, al menos, cómo fueron valoradas sus opiniones, cuáles son las medidas adoptadas para prevenir o subsanar los posibles daños que se plantean en la oposición y, finalmente, si el permiso fue otorgado. Para ello es fundamental la notificación formal, y no solo la publicación en la página web del MARN, de las resoluciones emitidas en aquellos procedimientos en que han participado como interesados.
19. Amparo 375-2011. Auto de admisión de 3-II-2012.
La Sala de lo Constitucional admitió demanda para controlar la constitucionalidad de la supuesta negativa atribuida al Presidente Ejecutivo del Grupo Dutriz a brindar el derecho de respuesta al actor, pese a haberlo solicitado este los días 25-IX-2005, 10-IX-2010 y 17-II-2011, según lo afirma el demandante.
Dicha situación podría vulnerar los derechos constitucionales al honor y de respuesta del pretensor –contenidos en los artículos 2 y 6 inc. 5° de la Constitución de la República–, debido a que no se le ha dado la oportunidad de ejercer su derecho de respuesta, en tanto que no se ha publicado un escrito en el que se plantean explicaciones y aclaraciones sobre diversas noticias referidas a su persona, contenidas en el periódico La Prensa Gráfica desde el año 2005, las cuales considera que lesionan su dignidad humana por estar basadas en informaciones falsas, tergiversadas e incompletas.
20. Amparo 206-2012. Auto de admisión de 4-VII-2012.
La Sala de lo Constitucional admitió una demanda presentada por los Directores del Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia contra una sentencia pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaraban ilegales ciertas decisiones adoptadas por la referida Superintendencia en un procedimiento contra una sociedad dedicada al rubro de las harinas.
En la demanda se expone que durante el procedimiento administrativo contra dicha sociedad (por supuestas prácticas anticompetitivas), la Superintendencia de Competencia había solicitado al Juez Primero de lo Civil de San Salvador que autorizara el registro de aquella con prevención de allanamiento, tal como lo indica el artículo 13 letra r) de la Ley de Competencia; pero dicha empresa acudió a la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde se decidió que era necesario hacer un estudio de la resolución judicial, lo cual –según dicen demandantes en amparo- no era competencia de dicha Sala. Asimismo, los demandantes alegaron falta de motivación en la decisión emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo.
La Sala de lo Constitucional ordenó una medida cautelar que consiste en suspender los efectos de la sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo cuestionada en la demanda de amparo, mientras se mantenga la veracidad de los motivos que dieron lugar a dicha medida.
21. Amparo 356-2012. Auto de admisión de 4-VII-2012.
La Sala de lo Constitucional admitió una demanda con el objeto de controlar la supuesta omisión atribuida al Presidente de la República de nombrar a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública –IAIP– de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Los demandantes indicaban que los artículos 52 y 53 de la citada ley establecen que al funcionario demandado le corresponde nombrar a los referidos comisionados en un plazo de 30 días a partir de las ternas que le sean presentadas, pero que en el presente caso, el Presidente de la República no había cumplido con la aludida obligación. Asimismo, señalan que efectuaron consultas en los portales informáticos de ciertos ministerios a efecto de verificar la información oficiosa; sin embargo, afirman que aquella no ha sido publicada, por lo que lo procedente sería recurrir al IAIP, lo cual no es posible ante la omisión de la autoridad demandada.
La admisión de la demanda se realizó ante la supuesta vulneración de los derechos constitucionales a la protección no jurisdiccional y de acceso a la información pública, debido a que se estaría privando a los actores de la garantía institucional y de los mecanismos de tutela del derecho de acceso a la información pública cuyo conocimiento ha sido atribuido legalmente al IAIP.

References: resolución 
 artículo 183
 artículo 183
 artículo 241
 artículo 265
 artículo 159
 artículo 183
 artículo 2
 artículo 86
 artículo 131
 artículo 120
 resolución 
 artículo 125
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 artículo 13
 resolución