Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=638829
Timestamp: 2019-05-19 07:21:57+00:00

Document:
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL MINISTRO DEL INTERIOR, SEÑOR RODRIGO HINZPETER.
Gaspar Alberto Rivas Sanchez
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA PARA INVESTIGAR SOBRE PROYECTO HIDROAYSÉN.
ANÁLISIS SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA AUSTRAL POR TRAMO DE PARQUE PUMALÍN. Proyectos de acuerdo.
INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
1. Acusación Constitucional deducida por los diputados señores Sergio Aguiló Melo , René Alinco Bustos , Lautaro Carmona Soto, Juan Luis Castro González , Alfonso De Urresti Longton , Marcos Espinosa Monardes , Rodrigo González Torres, Hugo Gutiérrez Gálvez , Tucapel Jiménez Fuentes , Roberto León Ramírez , Fernando Meza Moncada , Manuel Monsalve Benavides , Alberto Robles Pantoja , Guillermo Teillier Del Valle y de la diputada señora Cristina Girardi Lavín , en contra del señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg , Ministro del Interior y Seguridad Pública , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 N° 2 letra b) de la Constitución Política de la República, y 37 y siguientes de la Ley 19.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional.
PRESENTACIÓN ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Hugo Humberto Gutierrez Galvez
Sesión 67ª, en martes 9 de agosto de 2011
(Especial, de 16.35 a 18.28 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, y Bertolino Rendic, don Mario.
-	Integración de comisión encargada de conocer la acusación constitucional en contra del Ministro del Interior, señor Rodrigo Hinzpeter	9
-	Prórroga de plazo a Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para investigar sobre proyecto HidroAysén	10
-	Análisis sobre construcción de Carretera Austral por tramo de Parque Pumalín. Proyectos de acuerdo	10
1.	Acusación Constitucional deducida por los diputados señores Sergio Aguiló Melo, René Alinco Bustos, Lautaro Carmona Soto, Juan Luis Castro González, Alfonso De Urresti Longton, Marcos Espinosa Monardes, Rodrigo González Torres, Hugo Gutiérrez Gálvez, Tucapel Jiménez Fuentes, Roberto León Ramírez, Fernando Meza Moncada, Manuel Monsalve Benavides, Alberto Robles Pantoja, Guillermo Teillier Del Valle y de la diputada señora Cristina Girardi Lavín, en contra del señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Ministro del Interior y Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 N° 2 letra b) de la Constitución Política de la República, y 37 y siguientes de la Ley 19.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional	33
2.	Proyecto iniciado en moción de los señores diputados González, Accorsi, Auth, Ceroni, Farías, Núñez, Tarud, Tuma, Vargas, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que “Modifica el artículo 15 de la Constitución Política de la República, estableciendo el plebiscito como medio de participación ciudadana”. (boletín N° 7853-07)	44
3.	Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Accorsi, Chahín; Espinoza, don Fidel; Jarpa, Sabag, Torres, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Molina, doña Andrea; Saa, doña María Antonieta y Zalaquett, doña Mónica, que “Modifica la ley N° 20.422, para establecer reserva legal de empleos para personas con discapacidad.”. (boletín N° 7855-13)	46
4.	“inciso quinto del artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1929-11 INA. (6433). Acogido. Se tomó conocimiento	49
5.	“artículo 38 ter de la ley N° 18.933”. Rol 1915-11 INA. (6434). Acogido. Se tomó conocimiento	50
6.	“inciso quinto del artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1923-11 INA. (6437). Acogido. Se tomó conocimiento	51
7.	“38 ter de la ley N° 18.933”. Rol 1916-11 INA. (6439). Acogido. Se tomó conocimiento	51
8.	“inciso quinto del artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1932-11 INA. (6442). Acogido. Se tomó conocimiento	52
9.	“inciso quinto del artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1918-11 INA. (6446). Acogido. Se tomó conocimiento	53
10.	“inciso quinto del artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1914-11 INA. (6465). Acogido. Se tomó conocimiento	53
11.	Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional “Sobre el Sistema Nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización”. (boletín 5083-04) (S). Rol 2009-11 CPR. (6456). Se tomó conocimiento	54
12.	Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de inciso quinto del artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1900-11 INA. (6363). Se tomó conocimiento	55
1	Oficio:
-	De la Comisión de Derechos Humanos, constituida como investigadora acerca de las eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica Hidroaysén, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 60 días el plazo concedido para la realización de su cometido.
-Asistió el ministro de Obras Públicas , señor Laurence Golborne Riveros.
-Estuvieron presente los senadores señores Antonio Horvath Kiss, Ignacio Walker Prieto y Jaime Quintana Leal.-
-Se abrió la sesión a las 16.35 horas.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El acta de la sesión 61ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 62ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, voy a citar a reunión de Comités sin suspender la sesión, inmediatamente después de proceder al sorteo de la Comisión de Acusación Constitucional.
El señor SILBER.- Señor Presidente , junto con el diputado Osvaldo Andrade , solicito que, dada la gravedad del tema que debemos abordar, cite a reunión de Comités con suspensión de la sesión.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , no lo creo conveniente, porque varias comisiones van a sesionar simultáneamente con la Sala y no quiero atrasar nuestro trabajo.
El señor MELERO ( Presidente ).- De conformidad con lo preceptuado en los artículos 38 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y 305 del Reglamento de la Corporación, corresponde designar por sorteo a los cinco diputados que integrarán la Comisión encargada de conocer e informar sobre la procedencia de la acusación constitucional entablada por 15 señores diputados en contra del ministro del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter.
El señor Secretario procederá a efectuar el sorteo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Con la venia de la Sala, me permito informar a las señoras diputadas y los señores diputados que, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, se procederá a excluir del sorteo a los señores diputados que indicaré, por las razones que en cada caso señalaré.
Por ser patrocinantes del libelo acusatorio, a los diputados señores Aguiló, don Sergio, N° 2; Alinco, don René, N° 3; Carmona, don Lautaro, N° 21; Castro, don Juan Luis, N° 22; De Urresti, don Alfonso, N° 28; Espinosa, don Marcos, N° 33; a la diputada señora Girardi, doña Cristina, N° 39; a los diputados señores González, don Rodrigo, N° 42; Gutiérrez, don Hugo, N° 43; Jiménez, don Tucapel, N° 53; León, don Roberto, N° 57; Meza, don Fernando, N° 64; Monsalve, don Manuel, N° 68; Robles, don Alberto, N° 85, y Teillier, don Guillermo, N° 102.
Por ser miembros de la Mesa de la Cámara, a los diputados señores Melero, don Patricio, N° 63; Araya, don Pedro, N° 6, y Bertolino, don Mario, N° 14.
Finalmente, excluiré el N° 38 por no estar asignado a ningún diputado o diputada .
Informo a la Sala que no hay diputadas ni diputados con permiso constitucional, ni que se encuentren en la situación contemplada en el artículo 61, inciso final, de la Constitución Política de la República.
-Efectuado el sorteo en la forma prescrita por el Reglamento, resultaron designados para integrar la Comisión de Acusación, los diputados señores Pedro Velásquez, N° 112; José Pérez, N° 80; Iván Norambuena, N° 74; Gaspar Rivas, N° 84, y Germán Verdugo, N° 114.
El señor MELERO ( Presidente ).- En consecuencia, la Comisión que conocerá de la acusación constitucional queda integrada por los diputados señores Pedro Velásquez, José Pérez, Iván Norambuena, Gaspar Rivas y Germán Verdugo.
El señor MELERO ( Presidente ).- Recabo el asentimiento de la Sala para acceder a la petición de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, constituida como investigadora acerca de las eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén, en el sentido de prorrogar en sesenta días el plazo de que dispone para la realización de su cometido.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Esta sesión se motivó en una presentación suscrita por cincuenta y dos honorables diputados y diputadas, con el objeto de “tratar la situación de la construcción de la Carretera Austral, en particular el tramo que debería pasar por el denominado “Parque Pumalín”, y que uniría a Chile con la Región de Aysén, analizando, por tanto, la situación de dicho parque, los motivos que han impedido que se construya con más celeridad el tramo indicado de la Carretera Austral, y analizar las condiciones bajo las que se encuentra en nuestro país el dueño del Parque Pumalín, señor Douglas Tompkins”.
A esta sesión han sido citados el ministro de Obras Públicas , señor Laurence Golborne Riveros, y el ministro de Relaciones Exteriores , señor Alfredo Moreno Charme.
El tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido por la Democracia, ha sido cedido al diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , agradezco a los diputados y a las diputadas que nos apoyaron en la iniciativa de realizar esta sesión especial, en la cual se aborda un tema relacionado con mi Región de Aysén.
Asimismo, saludo la presencia del ministro de Obras Públicas , señor Golborne , porque el Ejecutivo juega un rol importante en el tema que vamos a tratar.
Señor Presidente , junto con varios diputados solicitamos esta sesión especial para tratar la situación de la construcción de la Carretera Austral, en particular el tramo que debería pasar por el denominado “Parque Pumalín”, y que uniría a Chile con la Región de Aysén -mi región-, analizando, por tanto, la situación de dicho parque, los motivos que han impedido que se construya con más celeridad el tramo indicado de la Carretera Austral, y analizar las condiciones bajo las que se encuentra en nuestro país el dueño del Parque Pumalín, señor Douglas Tompkins”.
Ese análisis resulta de gran importancia. De todos es conocido que Chile está interrumpido; la Región de Aysén y la provincia de Palena están aisladas del resto del país, situación que afecta a la población aysenina y la soberanía nacional.
Para solucionar ese problema de aislamiento, diferentes gobiernos han elaborado diversos estudios técnicos, pero no han podido avanzar en la construcción de la Carretera Austral debido a que el trazado debe pasar por el Parque Pumalín, de propiedad del ciudadano norteamericano y autodenominado filántropo, Douglas Tompkins.
Como es de público conocimiento, el señor Tompkins se ha convertido en un férreo opositor a cualquier trazado de la Carretera Austral que cruce por el Parque Pumalín, al punto de proponer una ruta costera, lo que implicaría mayores costos al Estado chileno, todo con el fin de que la vía pública no pase por el Parque Pumalín.
La permanente oposición de Tompkins, sumada a la falta de voluntad política, dan como resultado que la carretera no se construya y que los habitantes de las zonas extremas del sur de Chile sigan aislados y postergados.
El señor Tompkins ha hecho lo que ha querido con los gobiernos de turno. Además, ha transformado el Parque Pumalín en un fuerte impenetrable, al punto de desconocerse, incluso de parte de las autoridades, cuáles son las verdaderas actividades que allí se realizan, por lo que me temo que podríamos estar ante una nueva Colonia Dignidad. Ello explica, el nivel de oposición del señor Tompkins al trazado para la construcción de la Carretera Austral.
Este extranjero se ha atrevido a desafiar al Gobierno y al Estado chileno, señalando públicamente que en los próximos veinte años no se avanzará en la construcción de la Carretera Austral, contrariando lo anunciado por el Presidente de la Republica .
Cabe señalar que este verdadero latifundista, que dice ser filántropo, ha comprado sus terrenos a punta de presiones sobre los colonos, anulando así los esfuerzos del Estado por poblar ciertas localidades. Así lo expresaba, ya en 2006 el entonces senador por la Décima Región de Los Lagos, Sergio Páez , quien dijo: “La gente está aterrada porque desconoce si sus títulos son o no válidos, enfrentan a la falange de abogados de Tompkins que los acosan y presionan a vender. Y donde venden, el norteamericano despuebla, anula todo esfuerzo de colonización e inversión que ha hecho el fisco en la Carretera Austral, colegios, salud y para mejorar las condiciones de vida de la gente”.
Lo anterior resulta preocupante, en particular porque este extranjero, que se rebela contra el Estado chileno, impide el avance y progreso de regiones postergadas, como la que represento; anula los esfuerzos de colonización del Estado, y presiona y abusa de los colonos para que le vendan sus propiedades. Este extranjero ha adquirido tal cantidad de terrenos en Chile, que fácilmente podrían comprender toda una provincia o más, lo cual es preocupante desde la perspectiva geopolítica. Por eso, es necesario que se informe sobre la situación jurídica de este extranjero en Chile y la forma como adquiere propiedades en nuestro territorio.
Señor Presidente , hago un llamado al gobierno del señor Piñera a legislar para regular la adquisición de propiedades por extranjeros, demostrando así, con hechos concretos, su verdadera voluntad política para avanzar no sólo en estudios técnicos, sino también, de una vez por todas, en la construcción del tramo de la Carretera Austral que uniría a Chile con Palena y la Región de Aysén. Lo llamo a expropiar, si fuera necesario, a este extranjero invasor, tal como hace a diario el Ministerio de Obras Públicas con miles de chilenos anónimos, cuando construye autopistas, calles u otras obras públicas.
La mejor demostración de que el señor Tompkins no quiere que la Región de Aysén y Palena se desarrollen, es su férrea oposición a la construcción de la Carretera Austral. Nos quiere mantener en el más completo aislamiento. La Región de Aysén, nuestra región, es una isla dentro del continente. Nos parece inconcebible la compra de cientos de miles o de millones de hectáreas que ha hecho el señor Tompkins. Tiempo atrás, también compró lo que otrora era la Estancia Chacabuco, principal empresa ganadera de la Región de Aysén, que generaba mano de obra y producía carnes y lana. El señor Tompkins terminó con la empresa, llevando a la calle a una importante cantidad de trabajadores.
Señor Presidente , por su intermedio, deseo expresar al señor ministro que no nos parece que este señor, que aún tiene visa de turista, se oponga y mande más que el Estado chileno cuando se trata de construir obras estratégicas como dicha carreta era. Por eso, le pido al ministro Golborne y al Ejecutivo que revisemos la situación, la forma y las condiciones en que el señor Tompkins ha adquirido esas miles y miles de hectáreas de territorio nacional. Pido que el Estado chileno y la Cámara revisemos y nos situemos en el lugar para saber qué hace el señor Tompkins en el Parque Pumalín. No sabemos si lo explota o si lo protege. Nadie sabe qué hace al interior del parque. ¿Es un territorio privado? Reitero, no podemos permitir esta situación.
Hace más de dos años, con el entonces diputado Galilea , actual subsecretario de Pesca , y un grupo importante de diputados, solicitamos una sesión especial para tratar esta misma situación, pero no obtuvimos respuesta. Se hicieron denuncias similares a las que hoy realizo, pero no obtuvimos respuestas de parte del gobierno de turno. Entonces, ¿quién manda acá? ¿Tan grande es el poder del señor Tompkins? Supuestamente, él protege la Patagonia; pero, sin lugar a dudas, nos está condenando al aislamiento total.
Tal vez, todo esto sea una política para impedir que Chile y la Región de Aysén se desarrollen. Al respecto, creo representar al ciento por ciento de la población de esa región.
Me gustaría que el senador Horvath pusiera atención y dejara escuchar al señor ministro . Sé que el senador es amigo del señor Tompkins. Si quiere defenderlo, le pido que tome el micrófono y lo haga. Seguramente, tiene hartas cosas que decir.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , por favor, diríjase a la Mesa.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , ¿puede hacer callar al senador Horvath?
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , puede continuar.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , el señor Tompkins impide construir la carretera, impide el desarrollo de mi región, nos quiere mantener en el aislamiento más supremo. Por eso, debemos tomar las medidas pertinentes. Habíamos invitado al señor canciller. ¿Cómo es posible que un extranjero con visa de turista adquiera propiedades, incalculables cantidades de terreno, a través de figuras como corporaciones o fundaciones? No está solo: cuenta con la complicidad de ciertos personajes, como senadores, parlamentarios y otros chilenos; también con la de algunos gobiernos anteriores.
Los ayseninos exigimos que la construcción de la Carretera Austral continúe por donde nosotros queremos, no por donde quiere el señor Tompkins, quien quiere que pase por el sector costero para desarrollar tres o cuatro embalses que no corresponden.
Nosotros queremos que se construyan 70 u 80 kilómetros de la Carretera Austral y que pasen por donde deben pasar: por territorio chileno. No es posible que este gringo invasor mande más que todos los chilenos, que el Estado chileno y que el gobierno de turno.
Los chilenos, especialmente la gente de Aysén y Palena , desde Melinka a Villa O’Higgins, exigimos que el Gobierno nos comunique cuándo continuará la construcción del camino y en qué condiciones legales reside el señor Tompkins en nuestro país.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Informo a la Sala que el ministro de Relaciones Exteriores envió una nota, excusando su inasistencia, por tener compromisos contraídos con anterioridad.
Solicitó ser representado por el subsecretario, pero los Comités no entregaron la autorización, motivo por el cual no se encuentra presente.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , felicito a mi colega de distrito, el diputado René Alinco , por la iniciativa de pedir, junto a varios parlamentarios, entre los cuales me incluyo, esta sesión especial.
Quienes vivimos en los territorios australes conocemos de las enormes limitaciones, dificultades y, lo que es más terrible, lo que ha significado la irresponsabilidad con que el Estado ha visto a los territorios australes. Si sumamos Palena, Aysén y Magallanes, estamos hablando de más de un tercio de la superficie de Chile continental.
La carretera Panamericana Sur llegó a Puerto Montt por la década del 60 y ahí se estancó hasta el día de hoy. No existe conectividad por un camino de calidad, como merecen los chilenos que viven en los territorios australes.
Señor Presidente, por su intermedio le pido al senador Horvath que no interrumpa al ministro, para que pueda escuchar. Estamos en una sesión especial.
Lamento que no esté presente el ministro de Relaciones Exteriores , porque quería abordar un tema relativo a estos personajes internacionales que transitan por el país y que, con visa de turista de manera permanente, ejercen comercio, compran, venden e interfieren en la vida de las comunidades y de las regiones. Por eso, era muy importante contar con la opinión formal del ministro de Relaciones Exteriores .
Después de esta interrupción, quiero reiterar lo que significa este camino para la gente de la Región de Aysén: es la diferencia entre mantenerse en el subdesarrollo y lograr la incorporación plena de los territorios australes que el país merece.
Un tercio de Chile está desconectado del resto de país. En mi opinión, esto obedece, ni más ni menos, a la actitud absolutamente irresponsable de un Estado que no ha sido capaz de integrar de manera eficiente sus territorios.
Los kilómetros que faltan en materia de apertura de caminos son pocos. Pero, más que el camino de tierra por el que estamos luchando, las regiones australes necesitan un camino eficiente, que asegure la conectividad, con todas las normas y características que permitan hacer realmente eficiente el transporte de la gente y de los emprendimientos para el progreso de la Región de Aysén.
La ausencia de ese camino mantiene a la Región de Aysén con uno de los índices más bajos de desarrollo a nivel nacional. Los altos costos que pagamos por los combustibles, los servicios básicos esenciales y los productos para el abastecimiento regular son una consecuencia sustantiva de no tener conectividad.
Rafael Castro , un camionero de nuestra región a quien todos conocemos, me señaló: “David, cuando tomo mi camión y me embarco en Santiago para llegar a Puerto Montt, pago 85 mil pesos en peajes. Cuando subo ese camión a un barco para recorrer 700 kilómetros desde Puerto Montt hasta Chacabuco, pago 850 mil pesos, es decir, diez veces el valor de lo que significa desplazarse por tierra los mil kilómetros que separan Santiago de Puerto Montt”. ¿Quién paga ese costo? La vecina y el vecino que, con mucha atención, están siguiendo esta sesión desde la Región de Aysén, quienes, cuando van a la panadería de la esquina o al supermercado ven que, con la misma plata, cada vez alcanza para pagar menos cosas. Lo están pagando los ayseninos y las ayseninas y, en general, la gente que vive en los territorios australes.
¡Cuántos discursos se han realizado, a fin de señalar que los ayseninos no son chilenos, sino doblemente chilenos, por vivir en esas condiciones extremas de aislamiento! ¿Sabe lo que dicen los ayseninos? “No queremos que se diga que somos doblemente chilenos. Sólo queremos ser chilenos y tener las mismas posibilidades y oportunidades que cualquier chileno radicado en cualquier otro punto del país, sin más y sin menos”.
Cada habitante de nuestra región que quiere acceder a salud, a educación y a otro tipo de cosas debe salir de ella. Nuestros hijos deben salir de la región. Personalmente, tengo a dos de mis hijos fuera de la región, uno de los cuales se encuentra cursando sus estudios. Existe un fuerte desarraigo humano, afectivo, personal y familiar, lo que, sin duda, repercute. ¿Cuál es la causa? La irresponsabilidad de un Estado que, hasta hoy, no ha sido capaz de abrir ese camino para que se incorpore definitivamente ese gran potencial que, para algunos, incluso, podría significar la solución a tantos problemas que hoy se demandan con mucha fuerza en nuestro país, y que, en el último tiempo, han sido fuente de grandes disputas en nuestra región.
Todos los obstáculos que tenga esta carretera, el señor Tompkins, como señaló el diputado René Alinco , o lo que sea, no debe ser óbice para no terminar con el aislamiento de la zona austral. Sin duda, deben impulsarse todas las acciones que permitan a la brevedad posible lograr la integración efectiva de esos territorios.
Confío plenamente en que mi Gobierno va avanzar de manera sustantiva en cumplir los compromisos que asumió: de aquí a su término, la carretera debe estar unida. Para ello, entregamos a nuestro ministro de Obras Públicas , presente en la Sala, toda la energía y la fuerza. La gente de la Región de Aysén, el territorio y el país necesitan una integración efectiva y real. Esperamos que se superen las dificultades y que no haya ninguna limitación ni personaje oscuro en nuestra región que sea obstáculo para que logremos terminar el aislamiento que hoy nos está perjudicando.
Desde la Cámara de Diputados hago un llamado al Gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, para que dispongan sin dilación alguna y a la mayor brevedad el inicio de los trabajos que permitan esa apertura.
Tampoco nos olvidemos que esa carretera es muy importante, por los costos asociados, que se le asigne no sólo al tramo respecto del cual se está hablando, sino que a toda su extensión, la prioridad presidencial para que se convierta en una política de Estado y para que este Gobierno, en el cual confiamos, cumpla con una demanda ciudadana tan relevante, que no va a tener sentido solo para los 100 mil habitantes de nuestra región, sino que demostrará que forma parte de una visión estratégica, de país y de Estado, que construye de manera armónica en su territorio.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , aprovecharé la presencia del ministro para expresar algunas consideraciones en esta sesión especial, que es muy importante, porque ha puesto en discusión un tema que, a pesar de ser regional, no deja de ser relevante para el desarrollo de Chile en su conjunto.
Todos los presentes en esta Sala están de acuerdo con la idea de construir esa carretera tan anhelada por la gente que vive en la Región de Aysén. No cabe absolutamente ninguna duda al respecto. No me imagino que alguien se oponga a una obra de esa naturaleza. Es muy probable que muchas de las razones que se dan para justificar el atraso en su construcción son absolutamente aceptables, ciertas y valederas.
Por lo tanto, el compromiso que debe existir entre la Cámara de Diputados y el Ministerio de Obras Públicas es sobre fechas, plazos y cómo el Gobierno va a encarar la ejecución de esa carretera. No me imagino una cosa distinta. Eso es lo obvio.
Me referiré a los problemas de conectividad que tenemos en Palena.
Cuando decimos que se debe aumentar la conectividad con ese tipo de carreteras, estamos señalando que se debe hacer en su conjunto. Esa es una zona aislada, tanto como Aysén; pero allá, señor ministro , por intermedio del señor Presidente , junto con la construcción de esa gran carretera que unirá por tierra a Aysén con el continente, se deben realizar las otras carreteras no menores que están consideradas.
No es cierto que se deba optar entre construir la carretera que pide la gente de Aysén o realizar la carretera por la costa. No puede ser una cosa contradictoria, no es lo uno o lo otro. No se puede hacer caso a un señor que señale: “¿Por qué no la hacen por acá en vez de por allá?” Ése es un problema del caballero que lo dijo, pero la necesidad que tiene el país es avanzar en la construcción de carreteras en los lugares donde vive la gente.
Al respecto, quiero señalar tres o cuatro lugares al señor ministro , por intermedio del señor Presidente , que me parecen muy importantes.
Junto con construir la carretera que piden los habitantes de Aysén, es necesario ejecutar la carretera por la costa. La gente de la provincia de Palena requiere que se construya para ir desde Chaitén a Santa Bárbara , a Caza Pesca, a Loyola y a Chumeldén.
Si usted avanza a los fiordos, se va a encontrar con la península de Huequi, Buill, Reldehue, Ayacara y Poyo. Esa gente también necesita la construcción de una buena carretera. En Chaitén viven los pescadores artesanales y la única gente que se quedó a vivir luego del desastre del volcán Chaitén .
Si uno avanza de Huequi hacia el norte, se va a encontrar con Río Negro y Hornopirén. El Ministerio de Obras Públicas está comprometido con la pavimentación del camino a caleta Puelche , desde donde se cruza a caleta La Arena, y se sigue hasta Río Negro y Hornopirén, más o menos 60 kilómetros. Allí deben vivir 6 mil, 7 mil u 8 mil personas, que necesitan esa carretera.
Por lo tanto, no es cierto el planteamiento de que se debe construir una u otra carretera. Se debe construir la carretera que pide la gente de Aysén, pero ése no es impedimento para que se ejecuten los caminos, las carreteras y se asfalten otras vías -lo que sea necesario-, en los lugares donde vive la gente de la provincia de Palena.
Reitero, no me gusta escuchar que la carretera debe hacerse por acá o que un señor diga que hay que ejecutarla por la costa. Lo de Aysén es perfectamente posible; el Ministerio de Obras Públicas analizará las posibilidades desde el punto de vista de la ingeniería y el Ministerio de Hacienda desde el punto de vista del presupuesto; pero nosotros tenemos que velar por la construcción de las carreteras que necesita la gente.
Señor ministro , por su intermedio, señor Presidente , también tenemos problemas de conectividad hacia el sur. Si uno va a Melinka, eso es por mar, comprobará que hay empresas navieras que prestan un mal servicio. Las barcazas son de tan mala calidad que, además, de que, a veces quedan al garete, llevan a la gente casi como animales y la transportan en medio de temporales. La última vez se le cayó la rampa a la barcaza, lo que pudo producir el hundimiento de la nave, con las consecuencias que ello puede acarrear, menos mal que no ocurrió en el golfo, sino que saliendo de él.
Lo que hay que hacer allí es mejorar la conectividad marítima, la que también tiene que ver con Aysén, Quellón y toda esa zona.
Pero, junto con el mejoramiento de transporte marítimo, se debe modernizar la infraestructura portuaria, porque hay navieras que van a distintos lugares, pero no todos tienen donde atracar las naves. Don Baldo , una gran barcaza, transporta mucha gente y vehículos. De los once o doce posibles lugares a los que puede llegar, sólo en cuatro o en cinco hay infraestructura para atracar.
Entonces, tenemos problemas de todo tipo, por lo que el ministerio correspondiente tendrá que ver cómo conseguir los recursos. Pero tenemos que enfrentar todos los temas, ya que no es justo que se resuelva solo uno.
Es necesario cumplir con la gente de Aysén, pero también se deben satisfacer las necesidades de la población de Palena. En consecuencia levanto mi voz en el Congreso para decir a la gente de Palena que también quiere que el Ministerio de Obras Públicas construya sus caminos lo antes posible.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Marisol Turres
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , que bueno que tengamos esta sesión, porque, para nosotros, la gente del sur, es tremendamente importante que el ministro , que llegó hace poco a su cargo, conozca cuál es la realidad que vive una gran cantidad de chilenos, que ven el desarrollo por los canales locales de televisión. En realidad, son sólo algunos; son quienes tienen suministro eléctrico.
Adhiero absolutamente a las palabras de mi colega David Sandoval . En todo caso, un tema como el de la Carretera Austral no solo afecta a la Undécima Región, sino que también a la Región de Los Lagos. Tengo parientes y muchos vínculos allá. Muchas familias del sur tienen gente en Chiloé, en Palena, en Puerto Montt. Siempre hay un vínculo y mucho cariño. En Puerto Montt, donde una va se encuentra, por ejemplo, con un chaitenino. Tengo familia que vive en el sector de la Carretera Austral, en la provincia de Palena. Si bien en la vida de mucha gente de la zona hay dolor y dificultades, la Carretera Austral tiene una importancia geopolítica. Por lo tanto, la gente que habita en el sector tiene una relevancia fundamental para la soberanía, pero sus condiciones de vida son realmente indignas. ¡Cómo es posible que familias de nuestro país deban recorrer días para adquirir zapatos a sus hijos porque no tienen ningún lugar cercano donde comprarlos ni tampoco los enseres para su hogar, con la consiguiente dificultad para trasladarlos.
En el mes de abril, el Presidente de la República con el ministro de Obras Públicas de ese entonces visitaron la zona, y con parlamentarios de la región recorrimos gran parte de la Carretera Austral, desde Puerto Montt, su primer tramo, Caleta Gonzalo , Chaitén , en fin, y vimos las grandes dificultades existentes para construir y avanzar; pero ello no obsta a que el Gobierno dé un trato igualitario y digno a todos los chilenos
que viven en esa zona. Generalmente, los criterios de inversión que se utilizan para terminar las obras públicas dicen relación con el número de beneficiarios directos; sin embargo, vivir en esas condiciones es tan duro que nunca va a ser rentable invertir muchos recursos allá. En la medida en que haya una carretera podremos no solo desarrollar el turismo -la gente asocia Carretera Austral a turismo; lo piensa como una aventura, ir a mojarse un poquito, porque llueve durante todo el año-, sino que mejorar la calidad de vida de la gente de esa zona, que es una realidad que nadie se la imagina. Santiago no es Chile, es la mitad. Son pocos los habitantes de esa zona, pero necesitamos que esto avance.
Señalo al ministro que la Carretera Austral parte en Puerto Montt y, en su primer tramo, lleva a tomar el transbordador de caleta La Arena, hasta la caleta Puelche , durante diecisiete años no se terminó de pavimentar unos sesenta kilómetros, y todavía queda mucho por avanzar. Su construcción significaría tener menos accidentes y menos barro en el camino para que se trasladen los niños a sus escuelas.
La Carretera Austral produjo un cambio fundamental para toda la gente de esa zona que antes se movilizaba solo en lanchas. Hoy, sí hay un camino, pero permanentemente se debe trabajar en su mantención, ripiándolo, etcétera. Espero que su pavimentación termine lo antes posible.
Después, el segundo tramo, que va desde caleta Puelche hasta Hornopirén, es un camino peligroso y también la gente de ese sector necesita una mejor conectividad.
Se ha hablado mucho en la zona de la conexión bimodal. Por ahora, es mejor eso que no tener nada, pero esa conexión siempre está sujeta a las condiciones climáticas. Cualquiera que se informe del tiempo en los canales nacionales sabe que allá llueve 300, 310 ó 320 días del año. Entonces, tenemos que tomar conciencia que esa gente hace soberanía en condiciones muy difíciles. Ojalá tuviéramos una carretera que una nuestro país.
Hoy vemos marchas y protestas por la educación. ¡Qué distante está eso de la realidad que tienen miles de niños que viven en las condiciones de esa zona, con un profesor unidocente que hace clases a un grupo de diez, doce o quince niños! No hay más. A diferencia de lo que ocurre en el centro del país o en las grandes ciudades, esos niños están lejos de pensar siquiera en calidad de la educación. ¡Si todavía existen zonas en que los niños ni siquiera pueden ir todo el año a clases, porque las condiciones de los caminos y de vida que tienen no lo permiten! ¿Qué oportunidad tienen ellos?
Se habla mucho de desigualdad, pero la desigualdad va mucho más allá de las universidades -dicen- para ricos y pobres. Por lo menos, cada uno de los jóvenes que asisten a ellas pueden tomar un bus y llegar a algún lugar. Allá, no hay absolutamente nada. En algunos casos, hay huellas y solamente se puede acceder a caballo. Realmente es otro Chile, donde miles de familias tienen que ir a Argentina para recibir una atención médica, porque en esa zona de nuestro país no existen las condiciones necesarias para cuidar de su salud y la de su familia. En definitiva, hablamos casi de otro Chile.
En el mes de abril, el Presidente de la República y el anterior ministro de Obras Públicas se comprometieron a realizar una senda de penetración para el estudio de la continuación de la Carretera. No sé en qué etapa está eso, pero es tremendamente importante.
Hoy, rindo un homenaje al Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), a quienes debemos la construcción de esa Carretera que, de alguna manera, ha permitido conectar a un gran número de chilenos que vive en esa zona, pero el CMT, obviamente, no se manda solo, y el resto de la obra no la hará solo. Probablemente, para una empresa no es rentable hacer esto, pero necesitamos -hablo por las miles de familias que no tienen voz- que, efectivamente, este Gobierno haga un esfuerzo importantísimo en una inversión no rentable desde el punto de vista económico pero que, socialmente, puede cambiar la vida de muchos niños y familias.
Por último, el señor Tompkins compró miles y miles de hectáreas de terrenos durante los gobiernos anteriores, y divide a Chile en dos. ¿Por qué la gente vendió? Porque la situación en la que viven no les permite llevar una vida digna. Por último, con los recursos que recibieron por la venta de terrenos se compraron una casa chiquitita en Chaitén, otros, en Puerto Montt, o en cualquier ciudad, con el objeto de lograr una mejor calidad de vida para sus hijos. Tampoco fue así; porque las viviendas sociales les cambiaron absolutamente su estilo de vida.
A lo mejor, hablamos de otro Chile, donde su gente necesita ver el desarrollo y sentirse tan importante e igual en derechos como el resto de los chilenos.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, en primer lugar, valoro el sentido de esta sesión especial.
En esta ocasión, aprovecho de rendir un homenaje a un hombre de nuestra región, promotor de la Carretera Austral, impulsor, generalmente a través de sus tareas, del desarrollo de esas provincias, quien falleció el día domingo en Puerto Montt, me refiero a nuestro gran amigo y periodista, servidor público, funcionario de la Conama, don Manuel Fuentes , a quien conocí justamente en mi labor parlamentaria, cubriendo temas vinculados con la provincia de Palena y la Carretera Austral, en Puerto Montt.
Quiero expresar a su familia y a todos quienes recuerdan a Manuel como un ejemplar periodista, pero, por sobre todo, un gran amigo. Mis condolencias en el día en que sus restos son sepultados en el camposanto de Puerto Montt.
Señor Presidente , por su intermedio, digo al ministro que en la Sala todos coincidimos en la importancia que el ministerio que dirige implemente todas aquellas medidas y acciones tendientes a avanzar en una materia en la que si bien se ha hecho bastante durante los años anteriores, tiene a miles de chilenos -lo señaló muy bien el diputado Ascencio - viviendo en situaciones complejas, lo cual también fue ratificado por la diputada Marisol Turres .
Antes de profundizar en los aspectos centrales de esta sesión especial solicitada por el diputado Alinco y otros colegas, quiero expresar que la Carretera Austral, como el ministro muy bien lo sabe, no solamente está centrada y circunscrita a la provincia de Palena o Coyhaique, sino que nace en Puerto Montt, contempla un camino turístico de montaña, y recorre 1.240 kilómetros hasta llegar a Villa O’Higgins.
En su primer tramo, ya en Puerto Montt, la Carretera Austral presenta graves dificultades, y aquí quiero ahondar un poco en lo que planteó el diputado Gabriel Ascencio. El señor ministro debe conocer muy bien el primer transbordo que tiene la Carretera en caleta La Arena, donde existen serias complicaciones: su precariedad y los incumplimientos de los contratos que el Ministerio subvenciona hacen que la gente del lugar sufra en forma reiterada, sobre todo en los meses de invierno.
En semanas anteriores fuimos testigos de cómo los trasbordos, muchas veces de manera arbitraria, dejan a miles de personas aisladas. Sin duda, la gente más afectada es la que pertenece a la comuna de Hualaihué, a sectores como caleta La Arena, Contao , Ayacara , Río Negro, Hornopirén y todas aquellas localidades que se ubican en el tramo de la rampa del Puelche hacia el sur.
Entonces, desde ese punto de vista -repito-, quiero profundizar en lo que planteó el diputado Alinco en su intervención: el aislamiento de la provincia de Palena, en la Región de Aysén, respecto del resto del país, lo cual, no cabe duda, afecta a compatriotas, quienes muchas veces deben trasladarse -la diputada Turres también lo expresó-, incluso fuera de nuestras fronteras para recibir tratamientos médicos. No se trata de que la gente que habita en las zonas aledañas a Argentina prefiera ir allá, sino que necesita hacerlo, no sólo porque va a tener una mejor atención, sino porque la conectividad es mejor.
Asimismo, tal situación, como muy bien lo expresó el diputado Alinco en su intervención, afecta la soberanía de Chile, la cual debe existir en todo su territorio.
Entonces, espero, igual que el diputado Alinco , que este Gobierno ojalá implemente el tramo que falta para la conectividad de la Carretera Austral, por el Parque Pumalín o no; pero debe buscarse una solución. Soy de la idea de que no debería haber trabas para atravesar por el Parque y que aquí tiene que aplicarse los mismos criterios que se emplean respecto de cualquier ciudadano cuando el Ministerio de Obras Públicas requiere realizar obras de infraestructura por el bien del país, como ocurre hoy en Osorno con la construcción de la Ruta 215, y que la gente está reclamando. Seguramente en las próximas semanas, cuando el señor ministro se halle ciento por ciento habituado en su nuevo cargo, recibirá los grandes reclamos de la gente de Osorno sobre la Carretera Austral. Se trata de pequeños agricultores o de la gentes de Pargua, camino a Chiloé, a quienes les están pagando un precio bastante irrisorio por la expropiación de sus terrenos.
En este caso puntual, consideramos que una ruta que significa la conectividad definitiva al territorio nacional de las regiones de Aysén, Los Lagos y en particular de la provincia de Palena, será trascendental para su desarrollo.
Por lo tanto, no hay que descartar, desde ningún punto de vista, señor ministro , que un tramo de la ruta pueda pasar por el Parque Pumalín. No obstante ello -como lo planteó el propio diputado Ascencio -, también existen muchas localidades costeras que no verían con malos ojos la realización de esta obra por ahí. Pero se debe buscar el bien común, lo que sea más atractivo desde el punto de vista de la conectividad, lo que acorte los tiempos, lo que facilite las cosas, porque tampoco es menor el hecho de que una ruta por la costa implicaría, por lo menos, cuatro transbordos para llegar a Coyhaique desde nuestra región.
Lo anterior, como una parte de mi intervención, para señalar la importancia de esta sesión.
Por su intermedio, señor Presidente , y en nombre de todos los habitantes de la Región de Los Lagos, en especial del alcalde de Hualaihué , don Fredy Ibacache , quien ha tenido una sistemática preocupación por lo que está ocurriendo con los transbordos en la zona, le señalo al señor ministro : “Preocúpese de lo que está pasando en caleta La Arena.”. Ojalá que el Ministerio sea riguroso respecto de la empresa que presta el servicio, porque, en definitiva, ahí hay recursos del Estado, y ésta debe brindar un servicio adecuado a la ciudanía, lo que hoy no se está cumpliendo, pues la gente que utiliza los trasbordos todos los inviernos sufre sus arbitrariedades.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana.
El señor SANTANA.- Señor Presidente , recuerdo que en 2005 hubo un movimiento en el cual la gente de Palena, de la Región de Aysén, exhibía en cada casa, en cada camino, en la misma Carretera Austral, carteles con un eslogan que decía: “¡Camino a Chile ahora!”.
Eso fue hace seis años; y la situación viene desde mucho antes.
Lo que hemos visto desde esa fecha hasta ahora, antes del Gobierno del Presidente Piñera, es absolutamente nada. Hace 15 años, el Presidente Frei le dijo a la gente de Hualaihué que le iba a pavimentar Pichicolo a Hornopirén. Después llegaron el Presidente Lagos , la Presidenta Bachelet , y hasta la fecha no se ha hecho nada.
Creo que la mirada y la diferencia que tiene que marcar el actual gobierno es que esto no es un problema de la zona austral de Chile, sino un problema de país. Aquí hay variables geopolíticas. Esto no solamente beneficia a quienes viven ahí que, obviamente, han sufrido la postergación y el aislamiento, la falta de conectividad y el acceso a los servicios básicos. Esa situación y esa historia es por todos conocida y los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra fueron muy explícitos.
El elemento diferenciador que debe dar este gobierno en cuanto a encontrar una solución es que ésta tenga una mirada, como expresé, geopolítica, una mirada de país, tal como en alguna época se dijo que el puente sobre el canal de Chacao no sólo beneficiaba a la gente de Chiloé, sino también generaba conectividad y alargaba el país en más de 200 kilómetros.
Si uno revisa por qué esa mirada no ha existido en los últimos 20 años, la respuesta es simple: un historial señala que sólo se han pavimentado 34 kilómetros sobre una extensión de 1.240, y que si tomamos los últimos 20 años, eso representa prácticamente pavimentar 1,7 kilómetros por año.
Tiempo atrás, el senador Horvath me contó que existen tres estudios de factibilidad que han estado guardados por 20 años. De hecho, creo que hoy hacer un upgrade en materia de tecnología de la construcción podría facilitar, inclusive, los tiempos.
Yo tengo esperanza, ministro , y creo que el Presidente Piñera ha dado señales muy concretas, primero, porque su antecesor, el ministro De Solminihac visitó la zona y, junto con parlamentarios de las regiones involucradas, estuvimos revisando la materia.
También recorrimos la Carretera Austral con el Presidente y llegamos hasta la Undécima Región, donde, obviamente, pudimos percatarnos de la complejidad que ahí existe en materia de conectividad.
Me quedo con la sensación de que en la larga espera por resolver esta problemática de conectividad, que no solamente es terrestre, sino también digital, se ha hecho un esfuerzo importante, y que superaremos los problemas en este Gobierno.
Creo que la señal más importante en la zona fue lo que pasó con Chaitén. Porque en 2008, 2009, el gobierno anterior manifestó: “Chaitén está muerto”, y, por lo tanto, la única alternativa que tenían los chaiteninos era irse a otros lugares, abandonando sus casas, hogares y campos. Actualmente, Chaitén está más vivo que nunca; sus escuelas están funcionando; en los últimos meses, se generó la opción de tener una conectividad digital de primer nivel; los niños ya han entrado al colegio; se están regularizando los caminos.
Desde ese punto de vista, hemos visto en el Gobierno un cambio de mentalidad, en cuanto a entender que el desarrollo no sólo se tiene que concentrar en Santiago o en las regiones más grandes, sino también en los sectores más apartados y aislados. Espero -y tengo toda la confianza del mundo- que éste va a ser un Gobierno de los hitos en materia de desarrollo humano y de disminución de las desigualdades.
Por eso, por intermedio de la Mesa, le pido al ministro que, con la misma fuerza con que el ministro De Solminihac trabajó este tema, nos pueda señalar cuál es el plan -lo conocemos en parte- y cómo se va a desarrollar este proyecto. Tengo entendido que el camino entre Pichicolo y Hualaihué o caleta Larenas y Hualaihué tiene un proceso inicial de ensanchamiento, de expropiación, de una primera pasada en materia de ripiado para, luego, poder asfaltar, lo que obviamente resolvería en gran parte la solución esperada por la gente de Hornopirén.
También entiendo el problema que se ha producido, porque nunca se ha logrado expropiar ni medio metro en el parque Pumalín . Pero creo que eso ya está resuelto, ya que de los 174 kilómetros que se han destinado para ello, aproximadamente 100 kilómetros debieran pavimentarse y 55 debieran pasar por el parque Pumalín . Espero tener muy pronto esa confirmación.
Concuerdo también en que se ha ido solucionando en parte el problema de la Carretera Austral, la cual se ha ido complementando con algunos caminos interiores, principalmente respecto de la Península Huequi, ya que es un lugar donde vive mucha gente y donde hoy está concentrado un alto porcentaje de la población de Chaitén, la que también debe estar preocupada respecto de su conectividad con este potencial camino interior.
Valoramos también el sistema bimodal que se habilitó hace un par de meses y que disminuyó de treinta y cuatro a veinte horas el trayecto desde Coyhaique a Puerto Montt, lo que constituye un avance y una solución para quienes viven en Palena-Futaleufú, ya que la única alternativa terrestre que tenían era por el lado argentino. Ello les ha facilitado la conectividad y el tiempo de desplazamiento, aun cuando no es la solución definitiva, que es la construcción de un camino que va a beneficiar a una población que representa más de 255 mil kilómetros cuadrados y que supera el 30 por ciento de nuestra cobertura geográfica.
Sólo espero que al término de este Gobierno le podamos decir al país -porque ésta no es sólo una solución para los habitantes de la provincia de Palena, en la Región de Aysén y de Magallanes, sino de todo Chile- que hemos sido capaces de entregar un Chile más conectado y más extenso del que existe hoy.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Miodrag Marinovic, a quien el Comité del Partido por la Democracia le ha cedido seis minutos de su tiempo.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , quiero saludar al ministro de Obras Públicas ; asimismo, a los parlamentarios que pidieron esta sesión y a los diputados señores Alinco y Sandoval , quienes comparten con los parlamentarios de las regiones australes muchos problemas y anhelos.
El 22 de diciembre de 1978, en la zona austral de nuestro país, en el sector del Canal Beagle, donde están las islas Picton , Lennox y Nueva, además de la isla Navarino y todo el borde de la frontera austral de nuestro territorio, había miles de chilenos que estaban dispuestos a dar la vida por la patria. ¿Y para qué? ¿Era para defender tres islas, para defender un territorio alejado donde habitan pocas personas, o para dar una señal al mundo y al país de que Chile estaba dispuesto a defender las zonas australes, que representan más del 30 por ciento de nuestro país? Ese 30 por ciento del país hoy vive en una condición insular, tal como lo han señalado todos los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Por lo tanto, es fundamental tener una política proactiva para integrar esos territorios.
Debo decir, también, con mucha fuerza, que espero que el Gobierno dé una clara señal para que la Carretera Austral, que tiene su punto de inicio en Puerto Montt, a partir de ahora termine en el Canal Beagle o en el Cabo de Hornos. Se debe dar continuidad territorial a todo lo que tenga relación con la integración de nuestras zonas australes. Es fundamental integrar todas las riquezas, las potencialidades turísticas y pesqueras y muchos otros elementos que para el futuro del país serán muy importantes. Digo esto porque nuestros vecinos valoran su Patagonia; lo que era para Chile Laguna del Desierto , para nuestros hermanos argentinos es el Lago del Desierto. Ellos, con visión geopolítica, con inteligencia de futuro, rápidamente conectaron al Lago del Desierto con el resto de las provincias australes de Chubut y de Santa Cruz para poder decir: “aquí estamos nosotros para hacer soberanía en nuestros territorios.”.
Ése es el sentido por el cual, en su momento, muchos chilenos estuvieron dispuestos al sacrificio para defender nuestro país y para integrar nuestras regiones australes al desarrollo.
Por eso, hoy hemos presentado un proyecto de acuerdo que busca un pronunciamiento de su excelencia el Presidente de la República para que la Carretera Austral no solamente llegue hasta la Región de Aysén, sino que también nos permita conectar a los chilenos que viven en Magallanes y, especialmente, gracias a la continuación con mucho más fuerza de la senda de Vicuña y Yendegaia , integrar también a los habitantes de Puerto Williams y de Isla Navarino, cuyos habitantes están haciendo patria en la capital de la provincia antártica chilena.
Por eso, es fundamental que aquellos que hoy están trabajando en el Cuerpo Militar del Trabajo, en áreas absolutamente alejadas, se les aplique el rol subsidiario del Estado; se necesita que el Gobierno ponga los recursos para abrir un segundo frente en Vicuña y en Yendegaia para trabajar desde la bahía de este último lugar hacia el norte, y de la zona de Azopardo hacia el sur, para que no tengamos que esperar quince años más para que los chilenos de Puerto Williams puedan decir que al fin pueden viajar por tierra hacia el resto del territorio. Por eso, es importante asignar esos recursos.
Lo mismo sucede con el camino de Fiordo Stein a Puerto Natales. Mucho hemos hablado y sabemos sobre los Campos de Hielo Sur, cuya parte más austral está cerca de la Península Stein. Por eso, es fundamental hacer ese camino para ahorrar catorce horas de navegación en lo que hoy es el tramo desde ese sector hacia Puerto Natales y para que a nuestros pescadores no se les echen a perder los productos. Además, ese ahorro de catorce horas de navegación significa un menor costo para todo lo que son las actividades turísticas y el desarrollo empresarial. Por eso, es importantísimo que podamos avanzar en estos elementos.
Invito a que el proyecto de acuerdo que se ha presentado, en concomitancia con lo que ha sido el sentido de esta sesión, que tiene por objeto dar a conocer la fortaleza y la importancia que tiene para el país nuestra Carretera Austral, sea aprobado por todos nuestros colegas, para que no haya ningún propietario de una vivienda intermedia que se oponga a que Chile austral sea integrado a nuestra zona central. Por esa vía, entrego mi apoyo al proyecto y le pido al ministro que, en esta materia, ayude a las regiones australes a que puedan ser, físicamente, parte integral de nuestro territorio.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , quiero comenzar saludando la decisión de los diputados Alinco , Sandoval y otros que, con agudeza, han planteado un asunto que para nuestro país tiene mucha más importancia que la que le podemos dar nosotros, en términos prácticos.
Digo esto porque hasta hace muchos años, como dice la gente de la Undécima Región, Chile comenzaba en Arica y terminaba en Puerto Montt; después, daba un salto y llegaba hasta Punta Arenas. Es la queja de los habitantes de la Undécima Región.
La visión de estadista del entonces Presidente Pinochet hizo que cambiáramos nuestra mirada respecto de una región que requería ser vista de otra manera. Por cierto, como lo manifestaron la colega Marisol Turres y otros diputados de las regiones Décima , Undécima y Duodécima, como el diputado Marinovic , existe una distancia sideral en el trato que el Estado les da a esos connacionales respecto del que nos da a nosotros, que vivimos en zonas distintas y que, de alguna manera, somos privilegiados.
Es necesario destacar que esa vía, que se llama Carretera Presidente Pinochet -a algunos les da miedo decirlo-, posee una tremenda virtud, cual es integrar miles y miles de hectáreas al territorio nacional. Tiene la virtud de hacernos pensar que Chile tiene un tremendo potencial económico y ambiental en esos lugares. Para quienes hemos tenido la suerte de conocer esa zona, de visitarla no sólo en verano, sino también en invierno, cuando hay mal tiempo, hemos podido darnos cuenta de sus grandes necesidades, como lo acaban de señalar los diputados que han intervenido.
Me parece que esta sesión tiene un claro objetivo: que la unanimidad de la Cámara le solicite al Gobierno, representado por el Presidente de la República y el ministro de Obras Públicas , Laurence Golborne , que se preocupe de agilizar la construcción de ese camino que, al parecer, por diversas razones que no vale la pena mencionar, se quedó atrás, se quedó sólo en algunas ideas que no se han concretado. Por cierto, la idea de construir una carretera por el centro del país tiene una lógica, tal como lo plantearon la diputada Marisol Turres y los diputados Sandoval y Alinco : dar la oportunidad real de que podamos cubrir todo nuestro territorio, en este caso, la Undécima Región.
Hacer una carretera costera genera no sólo un problema adicional relacionado con su costo, sino, además, impide la integración que tanto buscamos.
En esta oportunidad, quiero pedirle al Gobierno del Presidente Piñera, a mi Gobierno, que contribuya a definir, lo más pronto posible, la construcción del tramo que se estudió y que, como lo indica la lógica, debe apuntar a integrar un territorio que, hasta hoy, a nuestro país le ha sido hostil, porque no nos hemos preocupado de él. Entonces, es necesario que esa preocupación, que nace durante el gobierno del Presidente Pinochet, se concrete, año tras año, en un número importante de kilómetros de avance que permitan a los chilenos tener la opción real de recorrer su país, de punta a punta, por el interior, sin tener que pasar por países vecinos.
Se acaba de discutir el tema relacionado con el paso hacia Argentina, en la Décima Región, que se encuentra cerrado, lo que ha creado problemas no sólo al tránsito comercial entre ese país y Chile, sino también a los chilenos que tienen que cruzar por territorio argentino para poder llegar, incluso, a sus hogares, en la Undécima Región.
Por eso, es absolutamente imprescindible acelerar al máximo la construcción de ese tramo porque, en realidad, es muy necesario, no sólo para los habitantes de la Undécima Región, sino también para todo el país, porque es Chile el que necesita su integración y no sólo los escasos compatriotas que están dando una tremenda lucha y que cada día nos están diciendo que hay lugares en los cuales les cuesta mucho ser chilenos, porque el resto de los chilenos no nos preocupamos por ellos.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, cedidos por el Comité de la Unión Demócrata Independiente, el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , quiero reiterarle al ministro que el artículo 1°, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República -es deber no sólo del Presidente de la República , sino de todos los ministros, darle cabal cumplimiento- dispone lo siguiente: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.”.
Su inciso quinto establece: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.”.
Por su parte, el inciso tercero del artículo 3° establece: “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.”.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decir al ministro que para que Chile tenga la continuidad geográfica hasta el canal Beagle, en la provincia Antártica, ampliando la carretera austral, no hay argumentos más contundentes que los dos artículos que acabo de leer de la Constitución Política de la República.
Una cosa es generar una discusión muchas veces casi artificial, en la que le echamos la culpa a un tercero, en este caso, al señor Tompkins, por haber adquirido un territorio que la Constitución le ha permitido adquirir -mientras sea legal, bienvenido sea-, y una cosa distinta es que el Estado no haya llevado a cabo una política que permita aplicar las mismas disposiciones que se le aplican a cualquier ciudadano, a cualquier vecino que esté afecto a expropiación, en este caso al señor Tompkins. Sin embargo, hasta la fecha ello no se ha llevado a cabo.
Para no generar mayores dudas ni tampoco victimizar a ese empresario, el Estado debiera generar las condiciones para que esa zona, que actualmente es privada, pueda ser objeto de expropiación, iniciar la construcción de los caminos correspondientes y, sobre todo, como bien dice la propia Constitución Política de la República, darle una integración al territorio nacional, no sólo para favorecer el desarrollo económico, que es fundamental, sino que también para incrementar la seguridad nacional, en términos de estrategia. Por lo tanto, la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas es fundamental en esta materia.
A mi juicio, tanto el Ministerio de Obras Públicas como todos los órganos del Estado deben dar fiel cumplimiento a la Constitución. De esa forma podremos generar la integración total del territorio de nuestro país.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , he escuchado con mucha atención al diputado Velásquez , que me antecedió en el uso de la palabra. Tiene toda la razón en lo que dice, pero es sabido que muchas veces las leyes se dictan pero no se aplican.
Cuando se escucha a los colegas decir que una señora no puede salir, que falta un camino de acceso, etcétera, se están refiriendo a temas netamente comunales, regionales.
Ahora estamos hablando de la Carretera Austral, cuya construcción favorecerá a todo el país. Entonces, debemos tener la visión estratégica de qué queremos hacer con esa carretera. Sin duda, si se construye, todos los problemas que han mencionado los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra se van a solucionar, pero no mencionemos detalles menores de cada región.
También se ha dicho que se quieren expropiar terrenos para construir la Carretera Austral. Tengo en mis manos copia del decreto que garantiza que habrá una franja de cien metros de franja para su construcción.
También se menciona que se hará un estudio. Pues bien, hay un estudio listo, y el ministro lo sabe; existe un estudio hecho por la Dirección de Vialidad que tiene 90 por ciento de vigencia.
En consecuencia, lo que corresponde analizar es si se construye o no la carretera. Podremos realizar muchos discursos, sacarnos los ojos, decir que esto está mal, etcétera, pero la verdad es que llevamos muchos años hablando de la necesidad de construir esta carretera, y el tramo más importante que falta por construir tiene un costo de 100 millones de dólares. Para eso hay que tener voluntad. Si queremos sacar adelante la Patagonia, debemos entregar los 100 millones de dólares necesarios para la construcción de esa obra.
Si analizamos la situación, nos damos cuenta de que esa región no tiene conectividad suficiente para realizar viajes expeditos durante todo el año, sin restricciones; a ese objetivo debemos apuntar.
Cuando vemos el potencial turístico de esa zona, comprobamos que el mayor flagelo que la afecta es la falta de caminos asfaltados, los hoyos en los caminos, la carestía de los combustibles y de los artículos de primera necesidad. Por eso considero que la construcción de la carretera es una decisión estratégica.
El señor Tompkins es un ciudadano más de Chile y, en consecuencia, debe respetar las leyes del Estado. Por lo tanto, si el Estado necesita construir una carretera, sea quien sea el dueño del terreno, tendrá que entregárselo al Estado, porque Chile no puede estar partido por la mitad, en que, para continuar viaje hacia el sur, los ciudadanos deben dar la vuelta por Argentina, porque no hay accesos directos por el propio territorio.
Entonces, no podemos tolerar ese abuso. Muy ecologista será el señor Tompkins, pero hay que decirle que nadie pretende ir a incendiar los bosques del sur. Lo que la gente quiere es conocer y disfrutar el paisaje del sur del país.
Me parece de pésimo gusto que un extranjero tenga dividido el país. En este caso debemos tener los pantalones bien puestos para decirle: “Señor Tompkins, si usted vive aquí, debe respetar nuestras leyes; si no le gusta, entréguenos el terreno, como lo ha prometido tantas veces, para construir un parque ecológico que disfrute todo Chile”. Si él quiere, que se vaya y compre lo que quiera, haga lo que quiera, pero que entregue ese terreno.
No entremos en discusiones sobre el señor Tompkins; estoy consciente de que hay senadores y diputados que lo defienden. No tengo el gusto de conocerlo, ni me interesa hacerlo; lo que me interesa es conocer el lugar, el parque, la carretera, y que haya un compromiso serio y responsable del Gobierno de construir la carretera.
No demos excusas; tomemos el toro por las astas y digamos que la construcción de la Carretera Austral es fundamental para el desarrollo del país, para el turismo y para tener conectividad integral en el territorio.
Existen alternativas que permiten la construcción de la carretera. Cuando se hacen sesiones especiales, creo que se parte al revés, porque el ministro que asiste a la Sala debe escuchar veinte o más discursos antes de dar el parecer del Ejecutivo. A lo mejor, si el ministro interviniera en primer lugar, quizás nos ahorraría muchos de los discursos de los diputados, porque es posible que el Gobierno ya haya adoptado decisiones sobre la materia.
Podremos elaborar muchos proyectos de acuerdo, pero lo interesante es escuchar al ministro para que nos diga qué piensa el Gobierno respecto de la construcción de la Carretera Austral y cuáles son los planes que tiene al respecto.
Los estudios pertinentes ya están hechos, la franja se debe ocupar y se tiene que construir el camino por donde corresponde. El señor Tompkins quiere que los trasbordos se hagan hacia el interior del mar y eso, sin duda, implicará un costo enorme, y la mayoría de los días no se podrá realizar, por las características del oleaje del mar de la zona.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decir al ministro que hay financiamiento disponible para este objetivo, porque existe un instrumento que se creó para financiar la construcción de caminos, y se llama impuesto específico. Pero ocurre que actualmente no se está ocupando para los fines que se creó.
Por lo tanto, el Ejecutivo debe exigir que le entreguen los 100 millones de dólares necesarios para la construcción de la Carretera Austral y, de ese modo, estará financiado el costo de esta gran obra, y nosotros pagaríamos felices el impuesto específico correspondiente, porque sabemos que con ello estaremos favoreciendo a toda la Patagonia chilena, comprobaremos que nuestros impuestos están cumpliendo su propósito y Chile se conectará de norte a sur sin intervalos.
Reitero al señor ministro que tiene la franja de los cien metros, el estudio hecho por la Dirección de Vialidad, vigente en 90 por ciento, y si se hacen valer los derechos por el impuesto específico a los combustibles, que pagamos todos, antes de que se elimine, finalmente podremos construir la carretera austral.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , después de escuchar todas las argumentaciones políticas esgrimidas por los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, se comprueba la existencia de un tremendo respaldo al Ministerio de Obras Públicas y al Gobierno, a fin de que avance en una necesidad de país, de Estado.
El único territorio en Chile que vio disminuida su superficie en el siglo XX fue la Región de Aysén, con la pérdida de Laguna del Desierto. La comuna de O’Higgins es una de las más aisladas del territorio y eso debe preocuparnos. Por eso, agradezco la voluntad, la disposición y las palabras de los señores diputados.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero recordar al ministro que hace unos tres meses se dictó la política nacional de desarrollo de localidades aisladas, que concentra una serie de iniciativas, desde el ámbito del Ejecutivo , para impulsar ese desarrollo.
Por lo tanto, junto con agradecer la voluntad y la disposición expresadas, pido que nos pongamos a trabajar en pos de la conectividad y de la integración efectiva de la zona austral de Chile.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , esta sesión especial ha sido bastante interesante. Han salido muchos elementos sobre el tema que nos convoca. Todos hemos coincidido, aunque con algunas diferencias, por supuesto, en que la construcción de la Carretera Austral es una necesidad de Estado.
Comparto el 99 por ciento de lo expresado por el diputado Ulloa . Pero en este asunto debemos solicitar al Ejecutivo que las cosas se vayan materializando.
Por eso, los proyectos de acuerdo -patrocino dos de los tres que se presentaron- coinciden en lo mismo: en que unir Aysén y Palena con Chile mediante la Carretera Austral es urgente y necesario.
Entonces, ¿a quién le corresponde esta tarea importante? Obviamente, a nosotros, como legisladores y como fiscalizadores, pero también al Ejecutivo , y por ello debemos escudriñar los motivos por los cuales no se está realizando este proyecto.
No conozco al señor Douglas Tompkins; ni siquiera le he dado la mano ni he conversado con él, pero sé de sus actitudes. Hay todo un ejército de mercenarios de la ecología financiados por este señor y por empresas y fundaciones norteamericanas. Participan los señores Juan Pablo Orrego , Patricio Segura , Carlos Garrido , Peter Hartmann , Fernando Dougnac , Hernán Sandoval , Carlos Cuevas , Flavia Liberona, Juan Carlos Cárdenas , Manuel Baquedano , Lucio Cuenca y una infinidad de defensores de nuestra tierra, defensores de la Patagonia, que lo único que buscan es que permanezcamos en el aislamiento y en el subdesarrollo.
Una sociedad, un pueblo que desea desarrollarse, sin duda, necesita conectividad. No hay país en el mundo que se oponga a la construcción de los caminos y a la conectividad, en general.
En Aysén decimos que el trazado debe hacerse por tierra; no por mar, como se plantea, porque eso significa cinco o seis transbordos, porque todos sabemos que no es muy operativo.
Otro punto importante que queremos pedir al Ejecutivo , sea a través del Ministerio de Justicia o de la Contraloría General de la República, es que fiscalice o se haga una auditoría para saber de dónde provienen, cómo llegan y qué se hace con las platas que trae el señor Tompkins desde el extranjero. Se trata de miles y miles de millones de dólares.
Tengo en mi poder algunos documentos extraídos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que demuestran cómo se financia esta campaña para oponerse a la construcción de la carretera y a proyectos de desarrollo que significan el progreso y el despegue definitivo de la gente de Aysén.
No es casualidad que se opongan. Aquí hay un compromiso de gobiernos anteriores. Si mal no recuerdo, en la administración de don Ricardo Lagos Escobar se diseñó una franja de cien metros o más para la construcción de la carretera. Por lo demás, el señor Tompkins no respeta ni cumple los acuerdos.
También es necesario que la Cancillería estudie la legalidad de la permanencia de este señor en territorio chileno.
Según estipula la ley, a los hermanos peruanos, bolivianos y, en general, latinos que por diferentes razones están en forma ilegal en Chile se los sanciona y saca del país. En cambio, el señor Tompkins, con visa de turista, hace y deshace y, además, se le abren las puertas de las máximas instancias de poder. Creo que eso no debiera ocurrir.
Insisto en que en nuestro territorio deben mandar los chilenos. No quiero que pase lo que sucedió en México, donde también un gringo invasor -no se llamaba Tompkins, sino Houston- empezó a comprar terrenos y más terrenos en ese país. A poco andar, los mexicanos se dieron cuenta y quisieron recuperarlos, pero fue imposible. Luego, el gran imperio norteamericano declaró la guerra a ese pueblo y todos sabemos en qué terminó. México perdió millones de hectáreas de tierra, que pasaron a ser norteamericanas.
En esta materia, estamos ante una política, una estrategia, una filosofía del señor Tompkins para impedir que la Patagonia se pueble. Necesitamos más habitantes en esa zona y mayor desarrollo. Somos una región que no tiene universidades ni industrias, por la falta de caminos y conectividad terrestre.
Para viajar por tierra desde la Región de Aysén, hay que pasar por territorio argentino. Es increíble, pero eso se hace desde hace años. En caso contrario, hay que hacerlo vía marítima. Si bien es cierto hoy existe un sistema bimodal, no es suficiente para los tiempos que vivimos.
Por eso, solicito a la honorable Cámara de Diputados apoyar los proyectos de acuerdo, porque no sólo favorecerán a la Región de Aysén y sus habitantes, sino también a todo el pueblo chileno.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el ministro de Obras Públicas , señor Laurence Golborne.
El señor GOLBORNE ( ministro de Obras Públicas ).- Señor Presidente , en primer lugar, felicito a la honorable Cámara de Diputados por convocar a esta sesión sobre un tema tan importante como es la conexión e integración de todo nuestro territorio nacional.
Por las palabras que he escuchado, me siento muy contento de que exista un consenso tan amplio respecto de la necesidad de que procedamos a la integración de nuestro país hasta las zonas más australes. Tal como lo planteó el diputado Marinovic, ojalá que la conexión por tierra llegue hasta el canal Beagle. Es un sueño difícil, que probablemente tomará tiempo, pero, sin duda, es un objetivo país que va más allá de las rentabilidades sociales, porque implica una visión geopolítica y estratégica, de integración y de seguridad nacional.
Espero que este consenso se traduzca en los apoyos a las acciones que debamos emprender. El Presidente Sebastián Piñera tiene muy clara esta visión geoestratégica. La primera instrucción que me dio al hacerme cargo de esta cartera fue trabajar en la construcción de la Ruta 7 Norte y 7 Sur, para que, en esta primera etapa, lleguemos hasta la derivación hacia Villa O’Higgins o Puerto Yungay, que entiendo que es la zona donde termina la carretera propiamente tal.
Estamos trabajando en esa línea, por un camino que tenga el servicio que necesitamos. El camino de la costa, como planteó el diputado Alinco, implicaría una serie de transbordos, lo cual, seguramente, no es lo más conveniente para los intereses de Chile. Por lo tanto, el diseño deberá responder a esos intereses.
Para ello contamos con las herramientas legales para desarrollar las expropiaciones que se requieran para materializar esta obra. Es así como ya estamos trabajando en ello. Trabajaremos en una senda de penetración y le pediremos a la Fundación Pumalín que nos ayude y firme el Plan de Manejo Forestal requerido para realizar esa obra. Ojalá podamos contar con su colaboración. En caso contrario, buscaremos y encontraremos otro camino. Probablemente usaremos un diseño posterior y obtendremos la aprobación para iniciar las expropiaciones, quizás sin tener la RS, aunque sea por decreto presidencial.
Por lo tanto, vamos a avanzar decididamente en la construcción de la rutas 7 Norte y 7 Sur, de Coyhaique hasta Puerto Yungay.
En todas las zonas relacionadas con el Parque Pumalín, están consideradas estas expropiaciones. Los tramos Huinay-Leptepú, Fiordo Largo-Caleta Gonzalo y Santa Bárbara serán expropiados.
La ruta será por tierra y, como bien mencionó la diputada Marisol Turres, inicialmente tendrá tramos bimodales, con tres transbordos que reducirán fuertemente los tiempos. Digo inicialmente, porque en forma paralela con la construcción de la ruta de los demás tramos se trazará la senda y el camino por tierra para evitar esos transbordos, lo que podrá tomar más tiempo, pero igual avanzaremos en la conexión de nuestro país.
Por lo tanto, me alegro de que estos proyectos de acuerdo vayan en la dirección de avanzar en esta ruta tan importante para el país y de contar con el apoyo de la honorable Cámara de Diputados para llevar a cabo las acciones que el Ministerio de Obras Públicas deberá realizar para materializar esta obra de tanta relevancia para Chile.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo presentado.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 411, de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Sepúlveda, doña Alejandra, y Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Velásquez, Ceroni, Alinco, Robles, Vallespín, Lorenzini y Rojas, que en su parte dispositiva expresa:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República , don Sebastián Piñera Echenique, la continuidad geográfica de Chile hasta el canal Beagle y provincia Antártica, ampliando la Carretera Austral.”.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura a la parte resolutiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 412, de los diputados señores Alinco, Espinoza, don Fidel; García, Lemus, Sandoval, Saffirio, Meza, Ulloa, Jaramillo y Walker, que en su parte dispositiva expresa:
1. Solicitar a su excelencia el Presidente de la República:
a) Instruya al señor ministro de Obras Públicas , con el objeto de que se avance en la construcción del tramo de la Carretera Austral que unirá a Chile con la provincia de Palena y la Región de Aysén, ordenando se realicen las expropiaciones que correspondan para tal fin.
b) Instruya al señor ministro de Justicia se sirva iniciar una auditoría a las corporaciones y/o fundaciones ligadas al señor Tompkins e informar de los resultados a esta Cámara.
2. Asimismo, esta Cámara acuerda mandatar a la Comisión de Zonas Extremas para que se constituya en el Parque Pumalín e informe a la Sala respecto de las actividades que en dicho lugar se realizan y la factibilidad de avanzar en la construcción de la Carretera Austral.”.
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará lectura al último proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 413, de los diputados señores Sandoval, García, Marinovic, Rojas, Calderón, Alinco, Santana, Bertolino, Pérez, don Leopoldo, y de la diputada señora Goic, doña Carolina, que en su parte dispositiva expresa:
1) Oficiar al Presidente de la República para que a través del Ministerio de Obras Públicas:
a) Se ejecuten todas las acciones tendientes a acelerar la pronta ejecución de los tramos correspondientes a la Ruta N° 7 Sector Norte, especialmente de aquellos considerados como prioridad presidencial, que atraviesan los territorios emplazados al interior del Parque Pumalín.
b) Se avance decididamente en el proceso de concretizar las expropiaciones de los terrenos necesarios para emplazar la ruta por los territorios del referido Parque Pumalín.
c) Que mientras se realicen los estudios de diseño de la Ruta 7 en el tramo de mayor dificultad territorial, comprendido entre Huinay y Pichanco, se avance decididamente en la habilitación de una senda de penetración que dé cuenta del futuro trazado.
d) Que mientras se ejecuten las labores de conexión terrestre en la zona se optimice el servicio de conexión marítima, de manera de reducir al máximo los tiempos de desplazamiento.
e) Que se optimicen y mejoren las condiciones de la Ruta N° 7 Sector Norte en el resto del trazado, especialmente en el tramo comprendido entre Chaitén y Coyhaique, avanzando más decididamente en el plan de pavimentación.”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.
Giovanni;Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.28 horas.
1.	Acusación Constitucional deducida por los diputados señores Sergio Aguiló Melo , René Alinco Bustos , Lautaro Carmona Soto, Juan Luis Castro González , Alfonso De Urresti Longton , Marcos Espinosa Monardes , Rodrigo González Torres, Hugo Gutiérrez Gálvez , Tucapel Jiménez Fuentes , Roberto León Ramírez , Fernando Meza Moncada , Manuel Monsalve Benavides , Alberto Robles Pantoja , Guillermo Teillier Del Valle y de la diputada señora Cristina Girardi Lavín , en contra del señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg , Ministro del Interior y Seguridad Pública , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 N° 2 letra b) de la Constitución Política de la República, y 37 y siguientes de la Ley 19.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional.
“En lo principal: formula acusación constitucional; en el primer otrosí: acompañan registro audiovisual que indica; en el segundo otrosí: se cite a declarar; en el tercer otrosí: se invite a declarar a personas que señala; en el cuarto otrosí: solicita diligencias; en el quinto otrosí: se tenga presente; en el sexto otrosí: certificado.
Los diputados que suscriben, domiciliados para estos efectos en la sede central de la Cámara de Diputados, Valparaíso, a la H Cámara de Diputados respetuosamente decimos:
Que, en ejercicio de la facultad establecida en el articulo 52 N°2 letra b de la Constitución Política de la República, venimos en acusar constitucionalmente al señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg , Ministro del Interior y de Seguridad Pública , por actos que constituyen infracción de la Constitución. En particular, acusamos al señor Hinzpeter de haber abusado notoriamente del poder que en tanto Ministro del Interior detenta mediante actos que constituyen flagrantes infracciones de la Constitución y las leyes. Presentamos esta acusación porque permanecer impávidos ante estos hechos nos haría cómplices de su intento de redefinir principios fundamentales de la república. Este intento unilateral de redefinición sólo puede ser impedido mediante una acción enérgica de la H. Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.
De acuerdo al artículo 52 N° 2 de la Constitución, en relación al artículo 37 y siguientes de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, una acusación constitucional debe ser presentada a la Cámara de Diputados por no menos de diez ni más de veinte diputados. Entre las autoridades que pueden ser acusadas constitucionalmente se encuentran los Ministros de Estado (art. 52.2.b), por (entre otras) la causal de “haber infringido la constitución o las leyes” (ibid). La acusación debe presentarse por escrito, mientras el sujeto pasivo de la acusación se encuentra en funciones o, en un período de tres meses siguientes a la expiración en su cargo (artículo 52 N° 2, inciso 30).
La acusación se presenta en este caso en contra del señor Ministro del Interior , don Rodrigo Hinzpeter Kirberg , quien se encuentra en el ejercicio del cargo desde el 11 de marzo del año 2010, de acuerdo al Decreto N° 167 del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial del 27 de Abril del año 2010.
I. LOS HECHOS SOBRE LOS QUE SE BASA ESTA ACUSACIÓN.
El día 3 de agosto de 2011 el Ministro del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg , hizo pública su decisión de no autorizar una manifestación a la que estudiantes secundarios, universitarios y profesores habían convocado para el día siguiente. Como consignan diversos medios de prensa, el Ministro justificó su decisión diciendo que “nuestro Gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda, en primer lugar porque el tiempo de las marchas a nuestro juicio se agotó, en segundo lugar porque hemos hecho una propuesta amplia, grande y generosa, para debatir los temas de educación que nos interesan, en tercer lugar porque son millonarias las pérdidas que han producido”.
Al día siguiente, por orden del Ministro del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg , en la ciudad de Santiago más de mil funcionarios de Carabineros de Chile impidieron violentamente la reunión y manifestación pacífica de estudiantes de enseñanza media de nuestro país. En efecto, alrededor de las nueve de la mañana de ese día, mientras se encontraban en las aceras y parques y antes que los estudiantes iniciaran marchas u otro tipo de legítimas manifestaciones para reclamar por una educación pública gratuita y de calidad para ellos y el conjunto de los niños y jóvenes de Chile, fueron reprimidos violentamente con carros lanza agua, bombas lacrimógenas, golpes de palos y detenciones. Luego de varias horas de represión a jóvenes y sobre todo a personas menores de edad, a las 13:00 horas 133 personas ya habían sido detenidas. En Valparaíso, Concepción y otras ciudades del país, la policía de Carabineros cumpliendo esta decisión ministerial, también impidió similares manifestaciones ciudadanas y reprimió a cientos de estudiantes.
El mismo día 4 de Agosto, desde las 18:00 horas por orden del Ministro del Interior , Rodrigo Hinzpeter Kirberg , en la ciudad de Santiago cientos de funcionarios de Carabineros de Chile, con gran violencia impidieron la reunión y manifestación pacífica de estudiantes, profesores, padres y apoderados, que se habían convocado en el sector céntrico de Santiago para expresar públicamente su malestar con el sistema educacional chileno.
El Ministro Hinzpeter sabía o debía saber de la manifestación que los estudiantes realiza-rían el 4 de agosto en el centro de Santiago no por una sino por varias vías. Primero, porque los convocantes lo habían comunicado públicamente; segundo, porque el Ministro se había reunido el día 3 de agosto, en su despacho, con representantes del Colegio de Profesores, la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios; y tercero, porque la Coordinadora de Estudiantes Secundarios había solicitado anticipadamente, en los términos que dispone el Decreto Supremo N° 1086 de interior de 1983, una autorización para realizar una marcha por la Alameda. Pese a esto, el Ministro del Interior y de Seguridad Pública no adoptó medidas para resguardar el orden público de manera pacífica y para asegurar el derecho constitucional de los estudiantes y profesores a reunirse sin permiso previo y sin portar armas.
Las actuaciones del Ministro del Interior reclamaron fundarse en su deber de mantener el orden público y la seguridad pública interior (art. 1° ley 20502), pero las consecuencias de su decisión, expuestas en el párrafo anterior, muestran que ésta fue claramente imprudente. En otras palabras, que ejerció las potestades que la ley le entrega para cumplir su función constitucional con imprudencia y falta de criterio. En tanto él es el funcionario que “concentra la decisión política” en materias relacionadas con el orden público y la seguridad pública interior (art. 1° ley 20502), es políticamente responsable por las decisiones que toma.
II. EL DERECHO DE REUNIÓN Y EL MINISTRO DEL INTERIOR.
El inciso segundo del numeral citado no contiene una regla contradictoria con el inciso primero. La referencia a las “disposiciones generales de policía” debe entenderse como una referencia a las disposiciones aplicables en principio al uso por cualquier ciudadano de bienes nacionales de uso público (calles, plazas, etc), y significa que las reuniones en bienes nacionales de uso público se someterán a las disposiciones generales sobre el uso de bienes de uso público por todos. Que sean disposiciones de policía implica que son disposiciones cuya finalidad es hacer compatible el uso de esos bienes por todos los habitantes de la república. Como sostuvo Alcibíades Roldán en su comentario al artículo 10 N° 6 de la Constitución de 1833, que en esta parte era el mismo texto, las reuniones en bienes nacionales están regidas por las disposiciones de policía, en cuanto ellas embarazan el derecho que poseen las personas que no forman parte de la reunión para servirse de esos mismos lugares, es decir, que esta libertad se halla limitada, como todas las demás, por el derecho ajeno ( Roldán , Elementos de Derecho Constitucional de Chile, 1913, p. 180). Que sean generales, por su parte, significa que este derecho no está sometido a un régimen especial por su contenido político, sino que a él se aplican en principio las mismas reglas que se aplican al uso general de esos bienes.
La razón para esta disposición fue explicada por el Presidente Arturo Alessandri Palma a la subcomisión de reformas que redactó la Constitución de 1925: “Las calles y plazas son bienes nacionales de uso público, es decir, todo habitante tiene derecho de reunirse donde se le antoje; como los congregados serán sólo una parte de la colectividad, ellos lesionan el derecho de los demás para transitar por esos lugares” (citado en Andrade, Elementos de Derecho Constitucional Chileno, 2' edición, 1971, p. 257).
De esto se sigue que las autoridades públicas no tienen potestad para prohibir manifestaciones. Como dice Leon Duguit (Elementos de Derecho Constitucional, §67), lo único que el legislador puede y debe hacer es dictar y establecer las necesarias medidas para que estas reuniones no constituyan el menor atentado a la libertad de los demás, ni a la tranquilidad y la seguridad públicas. Por eso, como nota Jorge Huneeus , la Constitución niega a la autoridad, en condiciones de normalidad constitucional, potestad para evitar reuniones, prohibiéndolas: tratándose de las reuniones en lugares públicos, la Constitución habla de las que en ellos se tengan, no de las que pudieren tener lugar.
Presupone, por consiguiente, que la reunión se verifica, y que mientras ésta se celebra, debe regirse por las disposiciones de policía. Luego éstas no pueden impedir reuniones futuras, sino que deben limitarse a vigilar las actualmente existentes (La Constitución ante el Congreso, 1890, p. 117).
El Decreto Supremo 1086 contiene reglas aplicables a las reuniones públicas. Dichas reglas constituyen la aplicación a las reuniones públicas de criterios de policía, en el sentido explicado en el apartado anterior. El Decreto aludido es explícito en este sentido, por cuanto invoca consideraciones de este tipo en su propia fundamentación: que el ejercicio de estos derechos tiene por límite el resguardo de un tercero y su uso no puede llegar hasta lesionar la libertad de otra persona o la conveniencia de la sociedad (considerando 30).
III. LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL COMO JUICIO POLÍTICO
Para lograr esta finalidad, entre otras cosas, la ley somete a su decisión la actuación de “las fuerzas de orden y seguridad pública” (art. 2° L 20502).
Dicho de otro modo, el hecho de que una potestad sea una potestad política, de ejercicio discrecional, no quiere decir que está más allá de toda impugnación. Para eso precisamente existe el mecanismo de la acusación constitucional. Dicho mecanismo es el modo de control aplicable decisiones políticas que constituyen abusos de poder en los términos establecidos por la Constitución. Esto es lo que distingue el juicio “político” del juicio judicial: el Congreso, en las acusaciones constitucionales, no ejerce funciones judiciales, no está desempeñando la facultad de juzgar, reservada en forma total y absoluta a los tribunales establecidos por la ley. Por eso llamamos a la acusación “juicio político” ( Schweitzer , “Juicio político o acusación constitucional” (1955), en Tavolari, (ed) Doctrinas Esenciales. Derecho Constitucional (2010), p 402).
Esta es la razón por la cual, como el mismo Schweitzer nota al analizar las causales de acusación constitucional, genéricamente considerados, rara vez constituirán delito los actos gubernativos en que participen el Presidente de la República y sus ministros de Estado , aunque comprometan gravemente el honor o la seguridad del Estado; en general tampoco constituirán delitos esos actos aunque infrinjan la constitución y las leyes.
IV. CAPÍTULOS DE LA PRESENTE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
De conformidad al artículo 51 de la ley orgánica del Congreso Nacional, la acusación debe desglosarse en capítulos. Estos son los “hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyen cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución Política, autorizan para interponerla”. La presente acusación se desglosa en tres capítulos. Acusamos al Ministro del Interior de infringir la Constitución por (a) no haber autorizado, por desviación de poder, una reunión que debía autorizar; (b) no haber actuado juiciosamente en resguardo del orden público, y (e) haber afectado derechos que sólo pueden ser afectados en estados de excepción constitucional, instaurando durante el 4 de agosto del presente año un verdadero estado de emergencia de facto.
Primer capítulo: infracción de la constitución por desviación de poder, al negar
autorización para la manifestación del 4 de agosto
El derecho a reunirse sin permiso previo. La constitución asegura en su artículo 19 N° 13 “el derecho a reunirse sin permiso previo”. Conforme al inciso 2° de esa disposición, “Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía”. El hecho de que las condiciones de ejercicio de este derecho estén en las ordenanzas generales de policía y no en la ley, que es la regla general para los derechos constitucionales, es una manera de enfatizar la escasa entidad de esas limitaciones: si la ley puede establecer limites y restricciones a los derechos fundamentales, es claro que fuentes normativas de jerarquía inferior a la ley no pueden hacerlo. Y las reglas para hacer operativo el derecho del artículo 19 N° 13 están contenidas no en la ley sino en un decreto supremo, el N° 1086 de 1983 del Ministerio del Interior. Es decir, la regulación del derecho de reunión cuando se tratare de una reunión en plazas, calles y demás lugares de uso público sólo puede afectar el derecho a reunirse sin permiso previo del modo en que las normas sub-legislativas (reglamentos, decretos, instrucciones) pueden afectar los derechos fundamentales. Eso quiere decir que la regulación no puede limitar ni restringir, sólo puede organizar, es decir, puede disponer formas de ejercicio del derecho que miren no a dificultar ese ejercicio, sino a facilitarlo y ordenarlo.
Esto quiere decir que cualquier interpretación del decreto supremo citado que lo entienda como dando a la autoridad potestad para negar autorización para una manifestación ciudadana sería claramente inconstitucional, y si el Ministro del Interior y las autoridades administrativas bajo su dirección usaran las potestades que dicho decreto le da para prohibir una manifestación ciudadana estaría infringiendo la constitución. En efecto, la constitución garantiza también, en su artículo 19 N° 26, que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.
La negativa del Ministro del Interior a autorizar la manifestación del 4 de agosto. El Ministro del Interior , don Rodrigo Hinzpeter , ha adoptado la decisión política de denegar la autorización a una manifestación solicitada por estudiantes universitarios, secundarios y profesores. Al justificar dicha decisión política, declaró a los medios de comunicación que “nuestro Gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda, en primer lugar porque el tiempo de las marchas a nuestro juicio se agotó, en segundo lugar porque hemos hecho una propuesta amplia, grande y generosa, para debatir los temas de educación que nos interesan, en tercer lugar porque son millonarias las pérdidas que han producido.”
El Ministro , en consecuencia, usó un poder que detenta para ordenar el ejercicio de sus derechos por todos los ciudadanos con el fin de fortalecer su propia posición en una negociación política, negando a quienes creían que su propuesta no era ni amplia ni grande ni generosa, y que creían que el tiempo de las movilizaciones no había terminado, la posibilidad de ejercer su derecho de reunión. Eso es usar una potestad pública para fines distintos que aquéllos para los cuales ella existe, que no son otros como se ha visto que los fines de protección de los derechos de terceros y el resguardo del orden público. Tratándose de derechos constitucionales como el contenido en el artículo 19 N° 13, esto constituye una desviación de fin que constituye una clara infracción de la Constitución.
En efecto, la desviación de poder, como lo han explicado Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en su conocido Tratado de Derecho Administrativo , no requiere para configurarse que el fin realmente perseguido sea un fin privado, es decir, que se trate pura y simplemente de un atentado contra la probidad administrativa. Hay también desviación de fin cuando se usan potestades públicas para fines distintos que aquéllos para los cuales la ley o la constitución las confieren: “Para que se produzca desviación de fin no es necesario que el fin perseguido sea un fin privado, un interés particular del agente o autoridad administrativa sino que basta que dicho fin, aunque público, sea distinto del previsto y fijado por la norma que atribuya la potestad “(5' edición (1992), tomo 1, p. 464).
Segundo capítulo: infracción de la constitución por no velar adecuadamente por la
En efecto, velar por el orden público y la seguridad pública interior no consiste en adoptar una posición de “duro” que impida a los ciudadanos ejercer sus derechos constitucionales, entre ellos el de reunirse sin permiso previo.	Significa desplegar los medios normativos y materiales que la ley le entrega al Ministerio de manera prudente y adecuada, para así lograr la finalidad que le encomienda la ley. Los hechos del 4 de agosto, cuando son comparados con las manifestaciones anteriores, muestran claramente que su desempeño estuvo por debajo del estándar legal. Tal manifiesto y grave incumplimiento de su deber de velar por la mantención del orden público como lo exige la ley (art. 3° b L 20502) constituye una infracción a la ley en los términos de lo establecido en el artículo 52 N° 2 literal b del texto constitucional.
El gobierno tomó la decisión política el día 4 de agosto de evitar la realización de la marcha que los estudiantes universitarios y secundarios, junto al Colegio de Profesores, habían convocado para comenzar en la Plaza Italia a las 10:00 AM en el caso de los estudiantes secundarios, y a las 18:00 en el caso de los estudiantes universitarios- Conforme a lo dicho en el primer capítulo, dicha decisión fue tomada por razones constitucionalmente impertinentes, por lo que fue una desviación de poder. Conforme a lo explicado en el segundo capítulo, fue una decisión política errada, en el sentido de que contribuyó a crear las condiciones para actos de violencia y disturbios como no se habían visto por décadas en las calles de Santiago. Pero adicionalmente fue una decisión que se implementó mediante instrucciones ilegales dadas a Carabineros de Chile, que dirigió su acción en contra de ciudadanos que estaban actuando lícitamente.
En efecto, la acción de Carabineros durante los hechos del 4 agosto se dirigió en contra de personas que se encontraban en la vía pública, pero todavía sin interrumpir el tránsito público ni realizando ninguna actividad ilícita. Como lo acreditan informaciones de prensa ampliamente difundidas, Carabineros (a) cerró el acceso a partes de la ciudad a personas que a su juicio era probable que estuvieran motivados por el ánimo de manifestarse en contra del Gobierno, y (b) atacó con carros lanza-agua y gases lacrimógenos a personas que no se encontraban en calles sino en plazas o veredas; a personas, en otras palabras, que no estaban siquiera participando en la “marcha” que el Ministro del Interior ilícitamente no autorizó. La acción de Carabineros en el sentido indicado fue suficientemente extendida, coordinada y sistemática como para entender que ella fue fruto de una orden, y en todo caso la responsabilidad política por la acción de las fuerzas de orden y seguridad es claramente del Ministro del Interior , quien tiene todos los medios legales y políticos para controlarla, para mesurarla cuando deviene desproporcionada, y para obtener su sanción cuando es ilícita.
Es precisamente este tipo de acciones las que la referencia constitucional a “disposiciones generales de policía” pretende excluir cuando se trata de reuniones protegidas por el artículo 19 N° 13. Las facultades generales de la policía no se extienden a interferir con las acciones lícitas de los ciudadanos. La policía sólo puede interferir con la acción de un ciudadano cuando éste actúa de modo ilícito, o de alguna otra manera interfiere con el orden público. Como sostenía Hauriou , “El desorden material es el síntoma que guía a la policía, como la fiebre guía al médico que pretende descubrir una enfermedad (citado aprobatoriamente por Garrido , “Las transformaciones del concepto jurídico de policía administrativa”, 11 Revista de Administración Pública (1953), pp. 16-17). La calificación jurídica de lo que Carabineros hizo en los hechos del 4 de agosto es indiscutible: impidió el ejercicio del derecho de locomoción, esto es, el derecho de moverse de un lugar a otro, e impidió el ejercicio del derecho de reunión. Ambas restricciones no son constitucionalmente aceptables en condiciones de normalidad. La constitución no puede ser más explícita al respecto: el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado (art. 39).
Lo anterior implica que el ejercicio de los derechos y garantías que la constitución asegura a todas las personas no pueden ser afectados en condiciones de normalidad. Lo que Carabineros de Chile, por instrucciones del Ministro del Interior , hizo en la jornada del 4 de agosto, es decir, afectar la libertad de reunión y de locomoción de ciudadanos chilenos, es explícitamente lo que sólo en virtud de la declaración de un estado de emergencia tiene cobertura constitucional: Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión (art. 43 inc. final).
En virtud de los antecedentes de hecho y de derecho invocados, y a lo dispuesto en el artículo 52 N° 2 de la Constitución Política de la República,
Declare ha lugar a la presente acusación constitucional, para que luego el Senado la acoja y, habiendo declarado la culpabilidad del señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg , Ministro del Interior y de la Seguridad Pública, lo destituya de su cargo en conformidad al artículo 53 N° 1 de la Constitución Política de la República, lo destituya de su cargo por infracción a los artículos 19 N°7, 19 N°13 y 39 de la misma Constitución.
(a) Camila Vallejo, Presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile.
(b) Giorgio Jackson, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica.
(c) Camilo Ballesteros Briones, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago.
(d) Fredy Fuentes, Vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios.
(e) Jaime Gajardo , Presidente del Colegio de Profesores de Chile A. G.
(f) Dante Muzzio , Periodista de Televisión Nacional de Chile.
(g) Laura Ortíz , Vocera ACES , Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios .
(h) Paloma Muñoz , Vocera Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios.
(i) Sebastián Rivas , Vocero Asamblea de Estudiantes Secundarios .
(j) Guillermo Petersen , Presidente Federación Estudiantes Universidad de Concepción .
Tercer otrosí. Solicitamos a la H. Cámara se invite al abogado constitucionalista, Don Fernando Atria , Doctor en Derecho Constitucional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez con el objeto de escuchar su opinión acerca de la presente acusación constitucional.
(a) Lorena Fríes, Presidenta del Directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
(b) Raúl Saldivar , Alcalde de la I. Municipalidad de La Serena .
(d) Sergio Lavanchy Merino , Rector de la Universidad de Concepción.
Cuarto otrosí. Solicitamos a la H. Cámara se oficie a la Corporación de Derecho Público Televisión Nacional de Chile para que ésta remita a la H. Cámara la copia íntegra del programa noticioso 24 Horas, de ese canal, difundido entre las 9,00 y 14,30 horas del día 4 de agosto del año en curso, como también copia íntegra de noticia emitida en el Noticiero Central de dicho Canal el día 8 de Agosto del año en curso, referida a represión de Carabineros de Chile vía lanzamiento de bombas lacrimógenas desde el aire y acción de sus carros lanza agua a ciudadanos que protestaban en sus domicilios el día 4 de Agosto de este año, en la noche.
Quinto otrosí. Solicitamos a la H. Cámara se tenga presente que designamos como diputado coordinador al Honorable Diputado señor Alfonso De Urresti.
(Fdo.): SERGIO AGUILÓ ; ALFONSO DE URRESTI ; GUILLERMO TEILLIER ; MANUEL MONSALVE ; TUCAPEL JIMÉNEZ ; CRISTINA GIRARDI ; FERNANDO MEZA ; HUGO GUTIÉRREZ ; LAUTARO CARMONA ; ALBERTO ROBLES ; RODRIGO GONZÁLEZ ; JUAN LUIS CASTRO ; RENÉ ALINCO ; ROBERTO LEÓN ; GABRIEL ASCENCIO ; MARCOS ESPINOSA ; diputados de la República ”.
2.	Proyecto iniciado en moción de los señores diputados González , Accorsi , Auth , Ceroni , Farías , Núñez , Tarud , Tuma , Vargas , y de la diputada señora Muñoz , doña Adriana .
Modifica el artículo 15 de la Constitución Política de la República, estableciendo el plebiscito como medio de participación ciudadana. (boletín N° 7853-07)
1° Que día a día existe un gran consenso nacional en torno a la incapacidad de nuestra institucionalidad política para satisfacer la demanda de participación democrática de la población en las decisiones sobre los grandes asuntos de interés nacional.
La crisis de las instituciones representativas, expresada en un divorcio creciente entre la población y sus representantes; los serios cuestionados a la legitimidad de un Congreso Nacional cuyos integrantes son electos a través de un sistema electoral que no asegura la representación proporcional de las fuerzas políticas del país, y la continua demanda de la ciudadanía por ser escuchada, nos obliga a hacer esfuerzos para avanzar hacia un régimen político que asegure la participación directa de la ciudadanía en la resolución de los grandes asuntos de la Nación.
2° Que estamos viviendo un periodo de expresión de un fuerte malestar ciudadano frente a las decisiones que día a día adopta el Gobierno y el Congreso Nacional.
Materias tan importantes para el desarrollo del país como el modelo educacional, el sistema previsional, la regulación del acceso y aprovechamiento de los recursos naturales o el aseguramiento de los derechos individuales vinculados al respeto de la diversidad, debieran ser resueltas por la autoridad previa consulta directa a la ciudadanía a través de plebiscitos para lo cual es indispensable modificar la Carta Constitucional vigente, pues ésta limita severamente el empleo de instrumento de participación democrática, limitando su uso, a la resolución de Conflictos entre el Ejecutivo y las cámaras legislativas con ocasión de la tramitación de reformas constitucionales.
3° Que, es indispensable avanzar con prontitud en los cambios institucionales que requiere el país para generar los canales institucionales de participación que están demandando los ciudadanos, pues de lo contrario corremos en riesgo, que el malestar y la frustración legítima derive hacia una crisis general del sistema político democrático y hacia el surgimiento de una escalada de violencia que termine por socavar la democracia chilena.
4° Que a juicio de los suscriptores de este proyecto, es un imperativo ético y político de la mayor envergadura proponer una reforma constitucional que cree esos caminos institucionales de resolución de conflictos y de expresión democrática de las mayorías, para lo cual, el mejor expediente es recurrir a la consulta directa a través del plebiscito.
Razón por la cual, sometemos a consideración del Congreso Nacional este proyecto de reforma constitucional cuya idea matriz es hacer del plebiscito vinculante un canal de participación y un método de resolución de estos conflictos de índole nacional.
Siempre será mejor, decía el gran jurista italiano Norberto Bobbio , contar que cortar cabezas y es preciso lo que debemos hacer, en lugar de reprimir a la ciudadanía que busca en las calle canales de expresión, debemos darle la oportunidad de que sus opiniones puedan ser contadas a través del mejor sistema que conocemos, como es la expresión de la voluntad popular a través de elecciones y plebiscitos. Nuestros problemas políticos se resuelven con más democracia, apelando para ello directamente al electorado y no a través de negociaciones de élites no sujetas al control democrático del Soberano.
5° Que por lo antes dicho, desde un punto de vista formal se propone reformar la Carta Fundamental, en su artículo 15, estableciendo al figura del plebiscito vinculante, convocado a iniciativa del Presidente de la república previa aprobación de la mayoría simple de los diputados y senadores en ejercicio, o bien a iniciativa de cualquiera de ambas Cámaras y aprobado por la mayoría de senadores y diputados en ejercicio, o en su caso, a requerimiento directo del 10% del electorado, lo que permite, evitar la resistencia de las magistraturas al empleo de este instrumento de participación.
Proponemos que el resultado de la consulta sea vinculante para el Presidente de la República y para todos los órganos del estado, sancionando el incumplimiento con la cesación en el cargo del Presidente de la República , declarado por el Tribunal Constitucional, única manera a nuestro juicio de asegurar la efectividad de las decisiones soberanas adoptadas por el Pueblo soberano.
Finalmente, postulamos una reforma formal del Artículo 32 N° 4 referido a la atribución presidencial de convocar a plebiscito, para adecuarla a la nueva redacción que proponemos al Artículo 15 antes indicado.
6° Que confiamos, en los miembros de ambas cámaras, entiendan la importancia y urgencia de concordar una reforma de esta envergadura que es ante todo la determinación de un procedimiento, que mejora la calidad de nuestra democracia y que sirve de instrumento para generar los grandes acuerdos sociales, políticos y económicos que Chile necesita para construir un proyecto nacional, fundado en principios de justicia social, paz y respeto al derecho de las personas como lo soñaron nuestros padres fundadores en los albores de nuestra bicentenaria República.
En mérito de lo expuesto, los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
1.- En el artículo 15.
a)	Remplázase el inciso segundo por el siguiente:
“Podrá convocarse a votación popular para las elecciones previstas por la Constitución y para plebiscitos vinculantes sobre asuntos de interés nacional.”
b) Agréguese los siguientes incisos 3° y 4°
“Los plebiscitos serán convocados por el Presidente de la República a iniciativa propia previa autorización de la mayoría de diputados y senadores en ejercicio , o a iniciativa de cualquiera de ambas Cámaras y aprobado por la mayoría de los senadores y diputados en ejercicio o a requerimiento del diez por ciento de los ciudadanos con derecho a sufragio. La ley establecerá los procedimientos y requisitos del requerimiento ciudadano para el plebiscito.”
“Podrán plebiscitarse toda clase de materias de interés público. Las consultas sobre las cuales deba pronunciarse la ciudadanía serán formuladas en términos claros y precisos. Cuando correspondan a la implementación de una política pública determinada, deberá indicarse en ella los medios jurídicos y económicos de su implementación como asimismo los plazos que tendrá la autoridad para ponerlas en ejecución”
“El resultado del plebiscito será vinculante para el Presidente de la República y para los demás órganos del Estado. La infracción de esta obligación será causal de cesación en el cargo del Presidente de la República , que deberá ser declarada por el Tribunal Constitucional, a requerimiento de un tercio de los diputados o senadores en ejercicio.”
2.- En el Artículo 32 N°4.
a) Reemplázase por el siguiente:
“Convocar a plebiscito en los casos previstos por esta Constitución.”
3.	Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Accorsi , Chahín ; Espinoza, don Fidel ; Jarpa , Sabag , Torres, y de las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica ; Molina , doña Andrea ; Saa, doña María Antonieta y Zalaquett , doña Mónica .
Modifica la ley N° 20.422, para establecer reserva legal de empleos para personas con discapacidad. (boletín N° 7855-13)
“Vistos: Los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; la Convención Iberoamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad del año 1999; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, del año 2006 de la ONU; la ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad; el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
1.- Nuestro país ha suscrito y ratificado la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad suscrita en Guatemala, el 7 de julio de 1999. En dicho instrumento y siguiendo el principio establecido en la carta de la OEA de que “la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera”, los Estados Partes se comprometes a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad'.
Para estos efectos, se contempla una lista de medidas que, sin ser taxativa, se refiere a la eliminación de la discriminación, provenga ella del sector público o del sector privado y a la promoción de la integración de los discapacitados en las distintas áreas de su participación social.
2.- A su vez, desde el año 2007 Chile ha ratificado la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo, adoptadas el 13 de diciembre de 2006 en Nueva York. Ella se sustenta en el reconocimiento de la dignidad y en los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos y desde su aprobación ha pasado a formar parte del sistema internacional de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se reconoce y proclama que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en todos los instrumentos de derechos humanos, sin distinción de ninguna índole.
En esta Convención los Estados Partes reconocen que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de actitud y entorno que limitan o impiden su participación plena y efectiva. en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas, vulnerando con ello sus derechos y libertades esenciales. La Convención asume, así, que la discapacidad no es una situación inherente de la persona sino que es producto de un entorno que impide en los hechos la concreción de la igualdad entre las personas”.
La Convención estatuye entre los principios generales que la inspiraron y que deben tenerse en consideración al momento de aplicar e interpretar las disposiciones que contiene, entre otros:
e) La igualdad de oportunidades_
3.- En este mismo documento, en el artículo 27 de la Convención de la ONU, relativo al trabajo y empleo, los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar y ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido en un mercado y un entorno laborales abiertos, inclusivos y accesibles, salvaguardando y promoviendo el ejercicio de este derecho para aquellas personas que adquieran una discapacidad durante el empleo. Con tal propósito los Estados Partes deberán, entre otras medidas, prohibir la discriminación en el empleo por motivos de discapacidad, permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, y a servicios de colocación y formación profesional; promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; y emplear a personas con discapacidad en el sector público.
4.- Que, del estudio de la legislación comparada se puede desprender que el fomento del empleo y la contratación de personas con discapacidad, ha sido una prioridad de las legislaciones europeas desde los años cincuenta, estableciendo mecanismos de inserción de ellas en el mercado laboral, fundamentalmente mediante la llamada reserva laboral, y de lucha contra la discriminación con el objeto de revertir la segregación social de las mismas.
5.- Que, en el anterior contexto, cabe por ejemplo citar la ley española, 13 de 1982, de Integración social de los Minusválidos, que en sus artículos 37 a 48 establece normas relativas a la integración laboral, siendo lo dispuesto en el artículo 38.1, tal vez uno de los puntos de mayor trascendencia de la misma. Al respecto, dicha norma establece, que “Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 % sean trabajadores minusválidos”.
Normas similares encontramos en Francia, en donde de acuerdo con la ley N° 75/534 de 1975, los órganos de la Administración del Estado, y los entes locales, así como los establecimientos públicos, cualquiera que sea su naturaleza, las empresas nacionales, las sociedades de economía mixta y las empresas privadas encargadas de un servicio público, tienen la obligación de contratar personas con discapacidad.
Asimismo, en Italia, el artículo 3° de la ley N° 68 del 12 de marzo de 1999, que establece las normas para el derecho al trabajo del discapacitado, dispone la reserva de empleo, en entidades públicas o privadas, para las personas que estando en edad de trabajar sufran de una disminución física, psíquica, sensorial o sufran de una disminución intelectual, entre otras, en razón de un 7% de los puestos laborales para aquellos empleadores que ocupen más de 50 dependientes, dos puestos de trabajo para aquellos que empleen entre 36 y 50 dependientes, y un puesto de trabajo para aquellos empleadores que ocupen entre 15 y 35 trabajadores.
En Latinoamérica por otra parte, la legislación Argentina ha contemplado la reserva laboral, estableciendo en la ley 22.431 que, “El Estado nacional, entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos- están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4°/0) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.” (Artículo 8').
6.- Que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile, un 12,9% de la población, equivalente a 2.068.072 personas, presenta algún tipo de discapacidad (De ese total, 1.204.576 (58,2%) son mujeres y 863.496 (41,8%) son hombres. La proporción por sexos de la población del país es de 50,7% de mujeres y 49,3% de hombres), y de ellos sólo un 27,5% realiza un trabajo remunerado, la que en el 16,3% es combinada con otro quehacer. En contraste, el 20,5% no realiza actividad alguna y el 44,1% hace solamente trabajo doméstico. Concentrándose la mayor cantidad de personas con discapacidad en los grupos etéreos de mayor edad, así, el 85.4% de las personas con discapacidad en Chile tiene más de 29 años, distribuyéndose en un 50.9% entre 30 y 64 años y un 35,1% en mayores de 65 años.
7.- Que en nuestro Congreso nacional se han discutido leyes tendientes a mejorar las herramientas normativas para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Ejemplos de ello los representan la aprobación de las Convenciones Internacionales que anteriormente se mencionaron y el despacho de la ley N° 19.284, para la plena integración de personas con discapacidad, de 1991 y la reciente ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
En los dos últimos textos legales se han incorporado normas tendientes a favorecer para capacitar e insertar laboralmente a las personas que padecen de algún tipo de discapacidad. Así por ejemplo el artículo 43 de la ley N°2.422 declara que “El Estado, a través de los organismos competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad”. Al Hablar de promover la acción positiva a favor de los discapacitados el legislador lo que está señalando es que establecerá algún tipo de discriminaciones a fin de propender a una verdadera igualdad de oportunidades entre las personas con discapacidad y las que no la poseen, a fin de evitar las discriminaciones negativas y permitir una verdadera inclusión e inserción social y laboral.
8.- Con la misma finalidad anteriormente señalada, un grupo de diputados en el año 2008 presentamos un proyecto de ley con la finalidad de consagrar la reserva de empleo para personas con discapacidad'', por medio del cual se modificaba el artículo 38 de la ley N° 19.284, agregando un nuevo artículo 38 bis. Lamentablemente, este proyecto, como muchos otros sobre discapacidad, debió ser archivado luego de la dictación de la ley N° 20.422, ya que esta ley sustituía casi en su totalidad a la ley anterior, no obstante ello, no se contempló la reserva de empleo a favor de las personas discapacitadas tal como lo pretendía normar el proyecto mencionado.
Por las consideraciones anteriormente expuestas los y las Diputados abajo patrocinantes venimos en presentar la siguiente iniciativa de ley:
ARTÍCULO ÚNICO: incorpórese el siguiente artículo 44 bis a la ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad:
“Artículo 44 bis: Toda unidad laboral, ya sea del sector público o privado, deberá reservar al menos un 2% de sus puestos de trabajo para trabajadores que, siendo idóneos para la función, posean alguna discapacidad de acuerdo al artículo 5 de la presente ley. La infracción a esta norma acarreará las sanciones y multas señaladas en el artículo 506 del Decreto Con Fuerza de Ley N°1, Código del Trabajo.”
? Santiago , 2 de agosto de 2011.
Oficio N° 6.433
Remite a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 2 de agosto de 2011 en el proceso Rol N° 1.929-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol de ingreso N° 147-2011, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal) en contra de Isapre Vida Tres S.A.
Oficio N° 6.434
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 2 de agosto de 2011 en los autos Rol N° 1.915-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa sobre reclamo interpuesto en contra de Isapre Consalud S.A. que se encuentra actualmente pendiente, ante el Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud, bajo el Rol de ingreso N° 1007753-2010.
Oficio N° 6.437
Remite a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 2 de agosto de 2011 en los autos Rol N° 1.923-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa sobre recurso de protección interpuesto en contra de Isapre Consalud S.A. que se encuentra actualmente pendiente, ante esa Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal), bajo el Rol de ingreso N° 8506-2010.
Oficio N° 6.439
Remite a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 2 de agosto de 2011 en el proceso Rol N° 1.916-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N° 6034-2010, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones (Secretaría Criminal) en contra de Cruz Blanca S.A.
Oficio N° 6.442
Remite a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 2 de agosto de 2011 en el proceso Rol N° 1.932-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunales la causa Rol N° 1002-2011, sobre el recurso de apelación de protección interpuesto ante la Corte Suprema.
9.	Oficio del Tribunal Constitucional.
Oficio N° 6.446
Remite a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 2 de agosto de 2011 en el proceso Rol N° 1.918-11-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante este Tribunal en los autos Rol N° 6223-2010- sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, 6223-2010- sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Secretaría Criminal.
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 4 de agosto de 2011.
Oficio N° 6.465
Remite a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 4 de agosto de 2011 en el proceso Rol N° 1.914-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este tribunal la causa sobre recurso de protección interpuesto ante esa Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal), en con-
tra de Isapre Consalud S.A. que se encuentra actualmente pendiente bajo el Rol de ingreso N° 6332-2010.
AVDA. PEDRO MONTT. S/N
11. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 5 de agosto de 2011.
Oficio N° 6.456
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 4 de agosto de 2011 en los autos Rol N° 2.009-11-CPR, proyecto de ley sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización. (boletín N° 5083-04).
12. Oficio del Tribunal Constitucional.
Oficio N° 6.363
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 2 de agosto de 2011, en el proceso Rol N° 1.900-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso 5° del artículo 38 de la ley N° 18.933, en los Autos Rol N° 6642-2010, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal), en contra de Isapre Consalud S.A., a los efectos que ella indica. Asimismo se adjunta copia del requerimiento y de la resoluci´no que declaró su admisibilidad.

References: artículo 15
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 61
 artículo 74
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 52
 artículo 37
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 52
 artículo 19
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 Artículo 32
 Artículo 15
 artículo 15
 Artículo 32
 artículo 27
 artículo 38
 artículo 3
 artículo 43
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 44
 artículo 5
 artículo 506
 resolución 
 artículo 38