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Timestamp: 2019-04-21 14:31:52+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 74-1, de 17/01/2014
cve: BOCG-10-A-74-1
El capítulo II establece el régimen aplicable a las revisiones periódicas y no periódicas de los valores monetarios del sector público y de los precios regulados, que, con carácter general no podrán realizarse según índices de precios o fórmulas que los contengan, si bien se admite que excepcionalmente se haga en virtud de precios o índices específicos de precios. En un contexto de estabilidad de precios y de salarios, carece de sentido que el precio regulado de una prestación sujeta a obligación de servicio público o el de un contrato público se indexe a la evolución de precios de bienes y servicios sin incidencia directa en el coste de dicha prestación o suministro. Por este motivo, se establece también con carácter común a ambos tipos de revisión que, cuando vengan justificadas por la evolución de los costes, éstos deberán ser evaluados conforme al principio de eficiencia y buena gestión empresarial. En particular, salvo que
expresamente se apruebe por real decreto, no cabrá considerar revisables los costes asociados a la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. . Con estas previsiones no sólo se eluden los efectos de segunda ronda sino que se evita una evolución de los precios que remunere costes innecesarios o deficientemente gestionados con arreglo a los criterios de eficiencia y buena gestión empresarial, lo que generaría un incentivo perverso y alimentaría injustificadamente la inflación.
Este IGC, de cuyo cálculo y publicación mensual será responsable el Instituto Nacional de Estadística (INE), establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente la zona euro. Esa tasa será igual a la del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la UEM menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999. Cuando la tasa de variación de este índice se sitúe por debajo de 0%, se tomará este valor como referencia, lo que equivaldría a la aplicación de la regla de no revisión. Cuando la tasa de variación de este índice supere el objetivo a
medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo (2%), se tomará este valor como referencia. De esta forma, se asegura que los contratos a los que se aplique este nuevo índice contribuyan a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el medio plazo.
Para garantizar la aplicación homogénea y coherente de la ley, la disposición derogatoria única deroga las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la misma. Se derogan también expresamente los artículos 90 y 91 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Por otro lado, las disposiciones finales primera, segunda y tercera modifican tres leyes. Las disposiciones finales primera y segunda modifican la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, respectivamente. Los contratos de arrendamiento, de uso muy extendido, suelen contener cláusulas de revisión. En consecuencia, resulta conveniente modificar expresamente las leyes citadas para proteger la seguridad jurídica de quienes firman contratos de arrendamiento.
La disposición final sexta establece la fecha de entrada en vigor, que será la del día siguiente a la publicación de la ley en el "Boletín Oficial del Estado".
Artículo 4. Régimen aplicable a la revisión periódica de valores monetarios.
1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) y b) no podrán ser objeto de revisión periódica en función de índices de precios o fórmulas que los contenga.
Artículo 5. Régimen aplicable a la revisión no periódica de valores monetarios.
1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) y b) podrán ser objeto de revisión no periódica siempre que se justifique en una memoria económica específica para este fin.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de revisiones periódicas y no periódicas.
Hasta la entrada en vigor del real decreto previsto en el artículo 4.3 se mantiene vigente el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
Disposición transitoria segunda. Régimen de revisión de los contratos del sector público.
El régimen de revisión de precios de los contratos del sector público cuyo expediente se haya iniciado antes de la entrada en vigor del real decreto citado en el artículo 4.3 será el que esté establecido en los pliegos o en el contrato. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimiento negociado sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley XX, de XXXX de XXXX, de desindexación de la economía española, sin perjuicio de la revisión de carácter extraordinario que pudiera derivarse de la aplicación del artículo 5 de dicha ley.
Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la energía y materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas."
"Artículo 92. Coeficiente de revisión.
Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante fórmulas, el resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el artículo 89.2 a los índices de precios que se determinen según lo previsto en el apartado 6 del citado artículo, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y
periodos determinados en el apartado 4 del mismo artículo, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio que corresponda satisfacer."
Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en la fijación de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
No obstante, las disposiciones finales primera y segunda se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado para dictar legislación mercantil y civil, reconocida en el 149.1, apartados 6.ª y 8.ª de la Constitución y la disposición final tercera se dicta al amparo de la competencia del Estado sobre contratos y concesiones administrativas, reconocida en el 149.1.18.ª de la Constitución Española.
Disposición final quinta. Plazo de aprobación del real decreto de revisión.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley deberá aprobarse el real decreto citado en el artículo 4.3.
TV IGCt = TV IPCA UEMt - a * (TV IPCA ESPt,1999 - TV IPCA UEMt,1999)

References: Artículo 4
 artículo 3

Artículo 5
 artículo 3
 real decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 89
 artículo 149
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 4