Source: http://www.franciscosantana.net/2013/06/sobre-la-imposicion-de-costas-en-el.html
Timestamp: 2019-01-16 13:29:19+00:00

Document:
Sobre la imposición de costas en el proceso penal. Circunstancias para su procedencia (Sala Constitucional)
Para la revisión extraordinaria el hecho configurador de la procedencia no es el mero perjuicio, sino que, además, debe ser producto de un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, de la indebida aplicación de una norma constitucional, de un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces de instancias o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. Sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la sentencia.
Ahora bien, observa la Sala que, en el caso de autos, la solicitud de revisión constitucional versa respecto de la decisión dictada, el 16 de febrero de 2011, por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró: 1) sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Ernesto Da Silva Goncalves, con el carácter de defensor del ciudadano Diego Sancho Orlando Machimbarrena, contra la decisión dictada, el 14 de diciembre de 2010, por el Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, al término de la audiencia de conciliación, mediante la cual exoneró del pago de las costas al querellante en virtud del sobreseimiento decretado en dicho acto conforme a lo dispuesto en el cardinal 4 artículo 33 en relación con el artículo 322 del Código Orgánico Procesal Penal [aplicables ratione temporis]; y 2) confirmó la exoneración de las costas procesales a la parte querellante.
Denunció el solicitante que la decisión referida le produjo la violación de los derechos a la presunción de inocencia, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando “la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, exoneró al querellante del pago de las costas procesales, a pesar de haber sido decretado el sobreseimiento de la causa, porque consideró que la pretensión del acusador no era temeraria o de mala fe. Según las Juzgadoras ‘...la pretensión del Querellante se originó de unos daños ciertos y verificables sobre un inmueble de su propiedad, derivados de una presunta conducta negligente de parte del Querellado...’ y porque, además, ‘…el Querellante incurrió en gastos dentro del proceso que tuvo que cancelar, entre otros, la publicación de tres carteles en el periódico de circulación nacional…”.
Así se aprecia que, el Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el acta de audiencia conciliatoria declaró: “…conforme lo dispuesto en el ordinal 4 del artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal [aplicable ratione temporis], en relación con lo dispuesto en el artículo 322 ejusdem, decreta el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano Diego Sancho Orlando Machimbarrena, y por vía de consecuencia determina la terminación del presente procedimiento, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal. A tal efecto, en la oportunidad que pudiere quedar firme la presente decisión, procederá este tribunal a remitir el presente expediente, a la oficina de Archivo Judicial del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (…). De igual manera, en vista de lo decidido, este Tribunal fiel al criterio siempre ha mantenido en las diferentes decisiones que profiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con lo pautado en el artículo 254, de la citada Carta Política, los cuales refieren a la gratuidad de la justicia, exonera del pago de costas a la parte acusadora con ocasión del presente procedimiento...”.
Posteriormente, la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su sentencia del 16 de febrero de 2011 –decisión impugnada-, consideró ajustada a derecho la decisión tomada por el Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, al no imponer el pago de costas en dicho proceso “ello en razón de no haber procedido el ciudadano ALFREDO CARVALLO SANZ, parte Querellante, de manera temeraria, falsa o de mala fe al incoar la Acusación en contra del ciudadano DIEGO SANCHO ORLANDO MACHINBARRENA (sic), por la presunta comisión del delito de DAÑOS. En consecuencia se confirma la exoneración de las costas procesales a la parte Querellante”.
Partiendo de ello, esta Sala considera oportuno señalar que el Título IX, Capítulo I del Código Orgánico Procesal Penal establece las costas procesales como mecanismo procesal a través del cual se impone judicialmente la obligación a determinada persona de resarcir los gastos injustamente causados a la parte que tuvo la razón en juicio, lo que garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por cuanto evita que el proceso cause perjuicios a quien obtuvo la victoria procesal y el que resulte vencido o condenado (acusado, querellante, denunciante, Estado) contribuya con los gastos que se generaron con ocasión al proceso.
“… el principio general de interpretación de la Ley consagrado en nuestro derecho positivo, en el artículo 4 del Código Civil, según el cual:“(...) a la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador (...)”, resulta aplicable no sólo en un contexto lógico sino teleológico o finalista, con lo cual los elementos normativos deben ser armonizados como un todo, en el sentido de no poder hacer abstracción unos de otros, sino que los mismos han de ser tomados en cuenta al momento de hacer la correcta valoración del contenido del texto legal.
En relación al derecho a la tutela judicial efectiva, esta Sala en sentencia N° 708, del 10 de mayo de 2001, caso: Juan Adolfo Guevara y otro, ratificada en sentencia N° 1303, del 26 de junio de 2007, caso:Alejandro Rojas, interpretó con carácter vinculante los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:
En este orden de ideas, considera esta Sala, que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción, en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva”.
Etiquetas: Código Orgánico Procesal Penal Costas Costas en el proceso penal Derecho procesal penal

References: artículo 33
 artículo 322
 artículo 33
 artículo 322
 artículo 319
 artículo 26
 artículo 254
 artículo 4