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Timestamp: 2019-12-12 11:47:00+00:00

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DERECHO CONSTITUCIONAL por Rosa Avelina Soto García alumna de derecho. – Saber para emprender
DERECHO CONSTITUCIONAL por Rosa Avelina Soto García alumna de derecho.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se rige por cuatro principios fundamentales: el de la supremacía, primacía, legalidad e inviolabilidad.
De acuerdo a lo solicitado en la actividad 5, en el presente documento se hablará sobre la primacía y supremacía de la Constitución Mexicana.
Se dice entonces que, la primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes diferenciados. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están infraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto imperativamente en aquella. La primacía en cambio, no se sustenta en la jerarquía, sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferentes razones. Toda supremacía implica, en principio, primacía (de ahí su utilización en ocasiones equivalente).[1]
“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”[2]
“La preferencia o primacía de la ley”… consiste en que las disposiciones contenidas en una ley de carácter formal, no pueden ser modificadas por un reglamento. Este es un principio basado en la autoridad formal de las leyes, reconocida en el inciso f) del Artículo72 de la Constitución, según el cual “en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”.
La Constitución, es producto de un acto soberano del pueblo para instituirla como Carta Fundamental de un orden jurídico, es por ello que implica dos condiciones que son: la de Poder Constituyente como portador de la voluntad soberana del pueblo y en consecuencia autor de la Constitución; y como producto de éste, los Poderes Constituidos, los cuales adquieren sus facultades de un documento superior constitutivo de ellos, que es la Constitución. [3]
La Supremacía es necesaria porque se requiere de una norma que fundamente todas las demás leyes y normas conformadoras del orden jurídico, esa es la Constitución; ella obliga a todos los demás ordenamientos a seguirla en su contenido, a no contravenirla, a respetarla por ser la ley de mayor jerarquía. Una Constitución es suprema por ser fundamental y es fundamental por ser suprema.”
Así pues, la Constitución es la cúspide de todo ordenamiento jurídico, hace fluir el principio de legalidad en los poderes públicos, de seguridad jurídica de los actos de autoridad, de constitucionalidad en todas las actuaciones realizadas por los poderes constituidos, en pocas palabras, es la fuente de legitimidad del actuar público.[3]
Hans Kelsen concebía a la Constitución como suprema por ser esta la que fundaba a todo el sistema jurídico. La norma suprema es la que establece cómo se deben crear todas las normas jurídicas del sistema. Para que estas puedan ser vigentes y válidas, deben contener otro requisito también previsto por la Constitución: señalar cuál es el órgano competente para expedirlas. Al ser la Constitución la norma fundante, se encuentra en la cúspide del sistema jurídico. De la norma fundamente emana la validez de todo acto jurídico y, por consecuencia, existe una adecuación connatural —formalmente hablando— de dichos actos hacia ella, ya que estos se encuentran vigentes como consecuencia de los principios de validez antes mencionados pues, de lo contrario, cualquier norma jurídica que no cumpla con las formalidades previstas a nivel constitucional para su creación será considerada como inválida. Por ende, la adecuación de los actos a la Constitución, es decir, su constitucionalidad, dependerá únicamente del cumplimiento de los procesos formales de creación normativa, pero no de la observancia de contener y respetar principios y derechos fundamentales, o de cualquier otro tipo de contenido material.[4]
Las acciones de inconstitucionalidad son uno de los juicios de control de constitucionalidad previstos en la Constitución federal, y se encuentra en su artículo 105, fracción II.
El objetivo de los juicios de control de constitucionalidad es justamente revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades respeten la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad, en concreto, sirven para reclamar la inconstitucionalidad de una norma general. El tipo de control constitucional que se ejerce mediante este juicio suele llamarse “control abstracto”, pues no es necesario probar que la norma reclamada ha producido un daño específico, sino que basta argumentar hipotéticamente y de manera abstracta cuál es la afectación que su vigencia provoca a uno o más artículos de la Constitución federal.
Este juicio se tramita únicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los 30 días naturales posteriores al de la publicación de la norma que busca reclamarse, y puede ser iniciado por un número cerrado de actores gubernamentales previstos en la fracción II, del artículo 105 de la Constitución. Lo anterior quiere decir que las acciones de inconstitucionalidad no están disponibles para los ciudadanos, sino que funcionan como un mecanismo de control entre los poderes del estado.
El estudio que la Suprema Corte lleva a cabo en este juicio es el de contrastar la norma impugnada con los artículos constitucionales que potencialmente puede violar. Si la Suprema Corte determina que la norma impugnada efectivamente afecta algún artículo constitucional por una mayoría de al menos ocho votos, dicha norma se invalida; es decir, es eliminada del ordenamiento jurídico, y pierde validez. Deja de existir. Cuando no se alcance la mencionada mayoría calificada en la votación, el asunto será desechado, y la norma impugnada permanecerá dentro del sistema jurídico.[5]
EJEMPLO DE UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2010. MATRIMONIO IGUALITARIO.
Vo. Bo. V I S T O S; Y R E S U L T A N D O: Cotejó: 1.
PRIMERO.- Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil diez, en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Chávez Chávez, en su carácter de Procurador General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan: “I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada — a) Autoridad emisora: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, — II. Norma general cuya invalidez se reclama — Se demanda la declaración de invalidez de los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 29 de diciembre de 2009, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio.”
2. SEGUNDO.- Los argumentos y conceptos de invalidez que se hacen valer son, en resumen, los siguientes: I. Estudio preliminar a) Concepción contemporánea de familia, a la luz de la reforma al artículo 4° constitucional, de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.
a) Violación de los artículos 146 y 391, contenidos en el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal, al artículo 16 de la Constitución Federal.
(i) Sobre la falta de motivación en la reforma a la nueva definición que otorga a la institución jurídica del matrimonio.
El derecho fundamental al matrimonio y a fundar una familia, no puede vedarse por cuestiones de raza, nacionalidad o religión.
(ii) Sobre la falta de motivación del artículo 146, en relación con el diverso 391, que permite el acceso de los cónyuges y concubinos del mismo sexo a la figura jurídica de la adopción.
b) Violación del artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, al artículo 4°, primer párrafo, de la Constitución Federal.
c) Violación del artículo 391, en relación con el diverso 146, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, a los artículos 1° y 4°, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal.
(i) Naturaleza jurídica de la adopción.
(ii) Principio constitucional del interés superior del menor y su relación con la adopción.
(iii) Interés superior del menor tutelado en instrumentos internacionales.
(iv) Interés superior del menor, de acuerdo con los criterios judiciales federales.
d) Violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, por parte de los artículos que se impugnan de la legislación civil del Distrito Federal.
e) Violación al artículo 133 de la Constitución Federal.
Dadas las votaciones mayoritarias alcanzadas en los temas que se abordaron, el Señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia declaró que la acción de inconstitucionalidad se resolvió en los términos propuestos. En la sesión privada extraordinaria celebrada el cinco de octubre de dos mil diez, por unanimidad de nueve votos de los Señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia, se aprobó en sus términos el texto del engrose de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, por el propio Pleno, en su sesión pública del pasado dieciséis de agosto de dos mil diez, en el sentido de reconocer la validez de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal.[6]
[1] M. Figuerero, «El Yo Acuso Argentino: Capítulo 530 – Diferencia entre las categorías de supremacía y primacía, en los tratados internacionales.», El Yo Acuso Argentino, 21-ago-2012. .
[2] «Justia México :: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos > TÍTULO SÉPTIMO :: Ley de Mexico». [En línea]. Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-septimo/#articulo-133. [Accedido: 10-nov-2019].
[3] «Primacía de la Constitución federal – Blog de Derecho-Costitucional». [En línea]. Disponible en: http://derecho-costitucional.blogspot.es/1505926998/primacia-de-la-constitucion-federal/. [Accedido: 10-nov-2019].
[4] Gerard Rv, «supremacia-y-primacia», 10:59:28 UTC.
[5] «¿Qué es una acción de inconstitucionalidad?», El Juego de la Suprema Corte. [En línea]. Disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2860. [Accedido: 08-nov-2019].
[6] L. G. Velasco, «ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2010. PROMOVENTE: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.», p. 331.
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References: Artículo72
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 4
 artículo 391
 artículo 133