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Timestamp: 2020-03-28 20:44:20+00:00

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¿Acaso el escándalo del “denominado robo hormiga” en la Tesorería General de Chaco llamó la atención de alguien más que la publicación en un solo medio escrito y la denuncia del dirigente peronista Atilio Velázquez? Pareceriera ser que a nadie más interesó este tema tan grave. La confirmación de la más desprolija y desvergonzada malversación de caudales públicos no parece llamar la atención de nadie más, ni siquiera a aquellos que en las cámaras de televisión o en las página de diarios se rasgan las vestiduras por la posibilidad que las leyes de presupuesto facultan al Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo, cualquiera sea, desde De la Rúa para acá, para que reordene partidas y redistribuya recursos sin la intervención de nadie más o, en todo caso, de alguna orden presidencial.
A través de los superpoderes se destinaron recursos presupuestarios de distintas áreas del presupuesto nacional con fines diferentes a los asignados en el presupuesto. Las mayorías parlamentarias, tanto de radicales como de peronistas, año a año autorizan los denominados superpoderes a la Jefatura de Gabinete desde la gestión de Fernando de la Rúa y que continuó con los Kirchner a niveles exhorbitantes. En su momento, Elisa Carrió, ahora socia de Mauricio Macri y Ernesto Sanz “para defender la República”, había amenazado a los legisladores que votaron los superpoderes de acusarlos ante la Justicia de “infames traidores a la patria”. No sólo eso, también anunció que plantearía la nulidad de la acción porque violaba la Constitución Nacional cuando se otorgaban tales poderes a funcionarios del Ejecutivo, cuando en realidad son facultades que son exclusivas del Congreso de la Nación.
Dudosa “legalización” de los superpoderes, desvíos y anarquía
La ficción de la pelea política en Chaco fue legalizada por la ley 4787, de Organización y Funcionamiento de la Administración Financiera del Sector Público. El artículo 106 autorizó al Gobernador y, a su vez, al Ministerio de Hacienda y Finanzas para hacer uso de cualquiera de los recursos depositados en el tesoro provincial, utilizándolos para cualquier destino o asignación, con la sola condición de devolverlos -como máximo- antes de que venza el mandato del gobernador de turno, sin importar a qué partida se afecten los fondos, con la sola excepción de que no sea dinero que provenga de la toma de créditos. Este instrumento resultó ser la fuente legal que disparó el extraordinario abuso por parte del poder ejecutivo en el uso financiero de los recursos públicos en Chaco, que fue intenso y creciente, a tal punto que la administración y destino de los fondos se enmarcó en un sistema absolutamente anárquico y desviado.
Aquella norma fue sancionada durante el segundo gobierno del radical Ángel Rozas, y es hija -bastante dilecta y pródiga- de una ley de facto (1095/72), que tenía un artículo bastante parecido pero no igual. Aunque fue redactada en tiempos en que no funcionaba la legislatura por la destrucción de la República, aquella ley era más rígida de la que hoy está en vigencia. Efectivamente, el art. 60 de la ley 1095 disponía que “no obstante lo dispuesto en el artículo 11, el poder ejecutivo o los funcionarios autorizados al efecto, podrán disponer la utilización transitoria de fondos para efectuar pagos, cuando por razones circunstanciales o de tiempo, deba hacerse frente a apremios financieros. Dicha autorización transitoria no signficará cambio de financiación ni de destino de los recursos y deberá quedar normalizada en el transcurso del ejercicio, cuidando de no provocar daño en el servicio que deba prestarse con fondos específicamente afectados. Similar criterio deberá observarse, cuando por idénticos motivos, deban efectuarse transferencias transitorias de fondos de rentas generales para la atención de obligaciones emergentes de contratos suscriptos por la provincia y financiados con fondos especiales de la Nación u otros organismos, bajo la responsabilidad de la autoridad que lo disponga”.
La norma de facto fue derogada durante el gobierno radical. El ex gobernador Rozas, con apoyo de una legislatura que controlaba, aprobó sus propios superpoderes a través de la Ley 4787. El artículo 106 de esa norma estableció que “el poder ejecutivo podrá disponer la utilización transitoria de fondos con afectación específica para efectuar pagos distintos a lo que dichos fondos están destinados, cuando por razones circunstanciales o temporales deba hacerse frente a apremios financieros para lo que no existan disponibilidades suficientes. Esa utilización transitoria no implicará cambio en el destino o la aplicación final de los fondos utilizados. Solo podrán autorizarse cuando no provoquen daños o demoras en el servicio, la obra, el proyecto o el programa que deban ejecutarse o financiarse con tales fondos, y deberán ser objeto de reposición antes de la finalización de ejercicio en el que tenga lugar o antes de la finalización del mandato del poder ejecutivo en el último año de su gestión. La modalidad prevista en este artículo no podrá ser aplicada con relación a fondos provenientes del uso del crédito para la ejecución de proyectos o programas financiados por organismos extranjeros o internacionales”
En la práctica, la ley 4787 convirtió a los presupuestos públicos anuales de Chaco y a la división de poderes en una mera ilusión para la opinión pública porque da una idea de cuántos recursos tendrá asignado cada sector, pero de ninguna manera se custodia o garantiza que tales fondos estén disponibles cuando el organismo que lo tiene presupuestado lo requiera. En definitiva, esta norma fue sancionada para legalizar la malversación de fondos que, persistente y continuamente, se produjo a partir de la vigencia de aquella ley, que hace de escudo y protege a los funcionarios que tienen el poder de destinar y desviar fondos públicos previamente presupuestados. Mientras tanto y durante muchos años, el Tribunal de Cuentas -como órgano de control externo de la administración- también constribuyó por omisión a la “legalización” del batifondo imperante en la administración financiera del Estado, que se consuma en la Cámara de Diputados cuando los legisladores no apruebaron ni desaprobaron las cuentas generales de los ejercicos anuales desde la recuperación del sistema democrático. No analizaron ni trataron tales cuentas, permitiendo sus aprobaciones tácitas por el solo vencimiento de los plazos. De esta manera participaron en el blanqueo de las graves irregularidades financieras que se acumularon durante tantos años.
Sistema paralelo de administración financiera
El sistema de administración financiera paralela creado en el gobierno de la Alianza fue potenciado y utilizado con mayor intensidad y alcance en la actual gestión de gobierno. La única ventaja operativa que obtuvieron fue la mayor rapidez en la disposición de fondos, pero generaron consecuencias muy negativas e inevitables como la evasión de los controles internos y externos de la hacienda pública y la ausencia de controles alternativos. En definitiva, aplicaron un mecanismo express y sumamente lábil para disponer más que discrecionalmente de los fondos públicos, explotando una legislación de dudosa constitucionalidad, poco transparente y que puso y pone en crisis al sistema republicano de gobierno y el destino final de los recursos públicos presupuestados. Paralelamente, operó una estructura de personal afectado al sistema que aprovechó la labilidad de los controles y la ausencia de auditoría contable para producir desvíos de fondos que por su magnitud aparecen como insignificante frente al volumen global de los recursos administrados al margen de los controles habituales. Esto confirma que cuando se desactivan o fallan los sistemas de controles, inexorablemente se producen desvíos irregulares de los dineros públicos. Son efectos colaterales, sistémicos e inevitables, que incuban y se multiplican cuando se aplican sistemas paralelos que se diseñan para eludir las reglas básicas y más elementales de buena administración y de control financiero.
¿Cómo se justificaron las transferencias y los desvíos?
Los desvíos se justificaron con simples “papelitos”, así de simple y sorprendente, genéricamente llamados MIE (Movimientos de Ingresos y Egresos), que alegremente van de un lado a otro, que habitualmente circulan desde la Subsecretaría de Hacienda hacia la Tesorería General para que se transfieran los fondos o de la Tesorería General al Banco del Chaco para que se acrediten las transferencias. Además, ahora se investigan cuentas de particulares en los que se acreditaron fondos públicos en el marco de un funcionamiento financiero anárquico y fuera de control, totalmente expuestos a desvíos irregulares y a actos de corrupción, que todo indica que fueron acumulándose a lo largo de muchos años, aunque la punta del iceberg recién comienza a conocerse.
¿Por qué recién ahora explota la malversación?
Durante el interinato de Juan Carlos Bacileff Ivanoff, el Tesorero General de la Provincia inició un sumario en la Dirección de Movimientos de Fondos y Cuentas Bancarias. En la parte preliminar a la orden del sumario se puntualiza que se “detectan irregularidades en las transferencias bancarias realizadas mediante la modalidad “Interbanking”, que resulta necesario investigar y esclarecer a fin de deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder. Aquí es donde salió a flote el robo hormiga, que en detalle se verá más adelante.
Ese sumario, y alguna documentación que trascendió, abrió la puerta al conocimiento de que en el período 2013/2014 se movieron con los papelitos MIE por lo menos 5.487 millones de pesos, según la denuncia presentada ante la justicia penal por el ex diputado y contador, Atilio Velázquez. Sólo para tener una referencia comparativa, vale recordar que el Presupuesto de la Provincia del Chaco de 2013 fue de poco más de 15 mil millones de pesos. En la denuncia de Velázquez se pusieron en evidencia dos ejemplos muy concretos: en primer término, el reclamo presentado por la contadora Silvia Acuña y la Directora de Educación Técnica, Karina Maggio, para la restitución de 60 millones de pesos a la cuenta del Ministerio de Educación denominada INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica), Plan Mejoras; el segundo ejemplo, fue el reclamo de Cesar Lemos, Subsecretario de Infraestructura Escolar, por la restitución de 40 millones a la cuenta del Ministerio de Educación, denominada Componente Equipamiento Pacto Federal Educativo. Ambas cuentas son llevadas por el Banco del Chaco, pero vaya a saber adónde fueron esos 100 millones de pesos. No habrán notado, quizás, ambos funcionarios que el gobierno de Capitanich tiene tiempo para reponer tales recursos, por aplicación de Art. 106 de la Ley 4787, hasta el día anterior a la finalización de su mandato, licencia o ventaja que constituye un verdadero disparate en términos de buena administración de recursos y gastos, lo que espontáneamente facilita o auspicia los desvíos de fondos públicos.
Explosión de “papelitos”que valieron oro
En su denuncia, Velázquez afirma que estos recursos se movieron utilizándose simples “MIE”, lo cual es apenas un ejemplo en la administración y el manejo desordenado y desastrozo de millones de pesos públicos. No existieron ni existen límites para el manejo de discrecional de los recursos públicos por parte de las autoridades financieras del Ejecutivo. Ni siquiera cuando los recursos pertenecían a otro poder del Estado, como el Judicial o si correspondían a un organismo extra poder, como el Instituto del Defensor del Pueblo. Mientas los papelitos (MIE) justificaban los movimientos y desvíos, los recursos no necesariamente fueron depositados en las cuentas autorizadas por el Presupuesto público.
¿De dónde surge el monto de 5.487 millones de pesos?
De un facsímil que publicó el único medio de comunicación que abordó públicamente el tema, aunque titulándolo como robo hormiga, surge que efectivamente la Contaduría General de la Provincia objetó una decisión de la Tesorería, aunque el sumario se redujo a la Dirección de Movimientos de Fondos y Cuentas Bancarias, a cargo de Nancy Junco. Aquel organismo de control interno advirtió que no sólo Junco tuvo la clave para hacer los “disparos” de fondos entre las diferentes cuentas, sino que también contaban con ella el propio Tesorero, Carlos Miguel Olivera, y la contadora María del Carmen Fernández, según el dato que la Contaduría General obtuvo del propio Banco del Chaco. La contadora Fernández, según algunos de sus propios colegas en la Tesorería General, sería “un poder dentro del poder”, con derivaciones concretas y visibles
En el período auditado 2013 y 2014 se objetó el manejo de un total de los 5.487 millones de pesos. Según la Contaduría General, “se han podido obtener indicios respecto de que la mayoría de las transacciones se han referido a transferencias efectuadas entre o a organismos del Estado Provincial o entes con participación del mismo, respecto de las cuales, en la totalidad de los casos sólo están respaldadas por notas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Subsecretario de Hacienda e incluso el Tesorero General de la Provincia por los resúmenes bancarios donde se incluyen estas transacciones, no lográndose constatar la existencia de órdenes de pago ni la autorización de esta Contaduría General, según lo establece expresamente el Art. 175 de la Constitución de la Provincia del Chaco”. O sea que el informe de Contaduría puso al descubierto que los miles de MIE fueron nada más que “papelitos” de almaceneros que si se investigara objetivamente quedaría demostrado que fueron instrumentos ajenos o desconocidos según los procedimientos establecidos por el art. 106 de la Ley 4787, que hasta este momento vienen “legalizando” la malversación de fondos públicos que se acumulan por años, lo que a su vez comprueba la pésima gestión en materia de administración financiera y económica del Estado, sistemáticamente expuesta a desvíos y a actos de corrupción.
Efecto colateral: robo de hormiga
Una referencia inolvidable de la política de los 90 fue graficada por el dirigente hotelero y líder de una de las tantas CGT que existen hoy en el país, Luis Barrionuevo, quien alguna vez dijo: “sí, cuando se hacen gárgaras algunas gotas se tragan”. En medio de tanto descontrol y “papelitos” se han detectado irregularidades en algunas transferencias que no solamente carecen de la indispensable documentación respaldatoria, sino que -además- habrían terminado en cuentas particulares.
Nancy Junco llegó a la Dirección de Movimientos de Fondos y Cuentas Bancarias por un acomodo denunciado por la anterior conducción de la Asociación Sindical de Contaduría y Tesorería. Cuando el Tesorero firmó la Resolución 053/10 para promocionar a Junco como directora, el sindicato no solamente se opuso sino que judicializó la resolución ante la Cámara Contencioso Administrativo. La organización gremial advertió que había en el organismo otras personas con más capacidad para ocupar el cargo y que era necesario llamar a concurso para llenar la vacante para designar a la persona que tuviera los mejores antecedentes y rindiera los mejores exámenes. El Tesorero Olivera, que había promocionado a Junco de manera definitiva, en julio de 2010 resolvió ceder un poco. Cuando su resolución fue cuestionada en los Tribunales, firmó la Resolución 083/10, a través de la cual nombró a Junco como directora provisoria.
La Cámara Contencioso Administrativo pidió un informe al Gobierno en el marco del trámite del juicio iniciado por el Sindicato. El asesor general de gobierno, Miguel Garrido, emitió un dictamen que fue agregado al expediente, en el cual claramente estableció que el Contador general y el Tesorero no tenían facultades para designar o promocionar al personal. Aún así, para liquidar este pleito, el Tribunal dictó la sentencia 89/12, considerando que el Sindicato había cuestionado la Resolución 053/10, pero como el Tesorero había dejado sin efecto tal instrumento a través de la Resolución 083/10, sentenció que el pleito debía ser declarado como “cuestión abstracta”. Así se terminó el juicio, aunque resultaba claro que el Sindicato no contaba con la Resolución 083/10 al momento en que inició el juicio porque tal instrumento no existía. Así es que Junco permanece en la misma función, salvo que el 13 de noviembre de 2014 le iniciaron un sumario, en el que se dispuso que mientras se tramite el mismo “pasará a desempeñarse en la Dirección de Programación y Control de la Ejecución Financiera”. No obstante ello, de hecho conserva el cargo y las atribuciones de directora y el control de los ingresos, que superan -con comodidad- los 23 mil pesos mensuales.
Los compañeros de trabajo recuerdan a Junco como una jóven común y corriente, con algunas deudas hasta que llegó al cargo. Ha logrado superar varios embargos y disfruta de créditos bancarios por montos que superan los 200 mil pesos, que viene pagando religiosamente. Junco es la pareja de Juan Osvaldo Yensen. La fucionaria declaró que era vendedora ambulante de productos cosméticos en un juicio por daños derivados de un accidente de tránsito que protagonizara en la Ruta 11, cuando regresaban de la provincia de Santa Fe. Su vida cambió diametralmente. Perdieron el juicio porque en la causa penal iniciada con motivo del accidente había quedado probado que el auto de Junco estaba parado en la ruta, en la oscuridad y sin señalización, y que tales factores provocaron el accidente. A su pareja tampoco le iba muy bien. Inhibido por pedido del Banco de Corrientes, se presentó como un “cobrador independiente”. Así lo declaró en un juicio que se le seguía por otro accidente de tránsito que tenía como protagonista al abogado Cesar Marcelo Fernández, un joven y próspero letrado que inició varias ejecuciones contra empleados públicos en los tribunales monitorios de la provincia. Le deben a él o a su esposa, una jóven de apellido Olivera. Fernández tiene una consultora en la que Yensen figura como el encargado de préstamos y finanzas.
De la documentación recolectada en el sumario ya habría surgido que algunos de los “disparos” fueron a cuentas de personas que serían conocidas de Nancy Junco, entre las que estaría la señora Olegaria Romero, quien según algunos compañeros de trabajo sería su propia madre, una mujer de 80 años, con quien comparte domicilio según el padrón electoral.
Evidentemente Junco tiene habilidades para funcionar bien en los espacios en los que se mueve. No tardó mucho en acercarse al gobernador Jorge Capitanich, apenas éste regresó de desempeñarse como Jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación. La foto de ambos en las redes sociales corona el perfil personal de la pareja de la directora sumariada. Capitanich volvió y parece que todo sigue igual, y que no modificará el sistema paralelo de administración financiera que intensamente usufructuó a lo largo de su dos gestiones de gobierno.
La falta transparencia en las cuentas públicas presupuestadas en Chaco
Según informe elaborado por el CIPPEC, con los resultados de las mediciones que realizara en el período 2010/2013 en materia de transparencia en la administración de recursos y destino de los gastos previstos en los presupuestos anuales públicos, el Chaco se ubica en los lugares bajos y medios-bajos en el total de las provincias, o sea a nivel relativo nacional. En la escala de 0 a 10, en la que 10 representa la máxima transparencia en el manejo de los recursos presupuestarios, en enero de 2013 Chaco se ubicó en el último lugar del ranking de provincias argentinas, con 1,65 puntos, mientras que en el promedio de 2010 alcanzó un puntaje de 2,67 puntos, y en el año 2013 mejoró y llegó a un promedio de 4,53 puntos.
Es importante aclarar que los índices que se citan en el estudio realizado por el CIPPEC se miden el estado de la transparencia de las cuentas públicas de un gobierno en un momento determinado, lo que es distinto a realizar una evaluación del nivel de corrupción de una administración. En el estudio mencionado se advierte que: “un gobierno sin transparencia no es necesariamente un gobierno corrupto”, aunque luego agregan que: “si existiera un mal uso de los fondos públicos o actos de corrupción, la ciudadanía tendría menos información a su alcance para poder identificarlos y denunciarlos. Al estar más expuesto al control social y político, se reducen los incentivos u oportunidades para utilizar los fondos públicos en forma indebida, realizar gastos innecesarios o cometer actos de corrupción”.
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References: artículo 106
 artículo 11
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