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Timestamp: 2016-12-03 20:06:38+00:00

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⭐CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria MINISTERIO DE EDUCACION - ARGENTINA SERIE ESTUDIOS
CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria MINISTERIO DE EDUCACION - ARGENTINA SERIE ESTUDIOS
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Elena Medina Rojas
1 SERIE ESTUDIOS ASPECTOS TEORICO METODOLOGICOS SOBRE EVALUACION DE LA FUNCION INVESTIGACION EN LAS UNIVERSIDADES Roberto Follari 2 CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria MINISTERIO DE EDUCACION - ARGENTINA2 ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS SOBRE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES CONSULTOR: DRr. ROBERTOoberto FOLLARIFollari3 24 CAPÍTULO CUESTIONES PRELIMINARES...55 a. La necesidad de criterios epistemológicamente construidos...55 b. La investigación como función: una primera aproximación...77 CAPÍTULO EVALUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES a. Desconocimiento de los efectos b. Reforzamiento de conductas? c. Quiénes son los responsables? d. La pretensión de lo técnicamente impoluto e. La improbable voluntad de evaluación por las Universidades, y los secretos de la gestión f. Cabe una tabla comparativa de instituciones? g. Juicios interno y externo: tensiones y disimetrías h. Trabajar sobre el sistema de educación superior i. Explicitar los criterios j. Multiplicar las visitas k. El inevitable desajuste de lo educativo en la sociedad del fair play CAPÍTULO INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD Acerca de la Investigación en general La Universidad profesionalista La investigación aislada La Universidad dentro de las políticas generales de investigación en Argentina CAPÍTULO EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Evaluación de las investigaciones Evaluación de la función investigación en las Universidades Acerca del Programa Nacional de Incentivos a la Investigación Sobre la noción de docente/investigador Son positivos los Incentivos? Algunas propuestas operativas para mejorar el Sistema Acerca del Manual de Procedimientos BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL ANEXO OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DE TRABAJO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVOS, DE LA S.P.U.(*)5 46 CAPÍTULO 1 : CcUESTIONES PRELIMINARES a. a. La necesidad de criterios epistemológicamente construidos Es habitual entender la tarea de evaluación como un quehacer eminentemente técnico, para el cual se requiere de instrumentos precisos, indicadores fiables y máximo cuidado tanto en la confección como en la aplicación de aquellos instrumentos. Tal necesidad es indiscutible. Sin apelación a técnicas consistentes, la evaluación sería simplemente una apreciación voluntarista, cargada de opinión y de prejuicios. Pero esta necesidad no debiera hacer olvidar lo que la epistemología francesa (es decir, G.Bachelard, y la aplicación de este a la ciencia social hecha por P.Bourdieu) ha enfatizado: si no se sabe qué hay que medir, de nada servirá medirlo bien. Dicho de otra manera, existe una primacía del orden epistemológico sobre el metodológico, que hace que este último deba subordinarse a aquel. De lo contrario, se corre el riesgo de hacer altas precisiones sobre lo obvio o lo irrelevante. El sentido común construido acerca de la ciencia desde el auge positivista tiende a promover una actitud muy diferente, basada en la idea de neutralidad de las técnicas, y en la asunción de que estas carecen de supuestos. La ilusión de una medición neutra se impone fuertemente, más aún cuando en los organismos encargados de realizar evaluaciones de las Universidades, el evitar las tomas de partido parcial resulta imprescindible, y la legitimación del proceso por la supuesta total objetividad de la actividad se hace necesaria. Sin embargo, la neutralidad valorativa, axiológica, no puede confundirse con neutralidad teórica. Dicho de una manera diferente: la objetividad no se consigue simplemente a partir de la remisión a datos acerca de la realidad, sino que se conquista por la mediación que inevitablemente supone la elección de un punto de vista teórico/conceptual. No otra cosa es lo que muestra la epistemología contemporánea, de la cual ya está desterrada la noción tradicional de una mirada que pueda captar lo real directamente, y se admite casi unánimemente la existencia de carga teórica en la observación misma. La ilusión de poder captar lo real exclusivamente a partir de los datos, no advierte que estos no pueden hablar por sí mismos, es decir, que ellos son siempre el resultado de una pregunta implícita del investigador. No existe modo alguno de que la condición de las Universidades nos sea revelada con la aplicación de técnicas cuyos supuestos conceptuales no hubieran sido discutidos y admitidos luego de una decisión racionalmente sistemática. Por lo dicho, debemos prevenir, en el sentido de Bourdieu, acerca de cómo el cuidado y la vigilancia en el orden metodológico han obturado el acento necesario en el 57 previo ordenamiento epistemológico de cualquier pesquisa empírica. Lo metodológico debe ser riguroso, y si no lo fuera, ninguna búsqueda empírica sería confiable. Pero a la vez, si las razones epistemológicas primeras no están suficientemente ordenadas, corremos el riesgo de confiar ingenuamente en el valor de la metodología por sí mismo. Como ya señalamos, no es esperable desde la necesidad sistémica que orienta la evaluación de las instituciones, que la mayoría de sus realizadores conozcan este tipo de disgresiones y recaudos conceptuales. Sus urgencias son fundamentalmente operativas. En muchos casos, quienes provienen de las ciencias sociales, han asumido implícitamente el modelo que se da de ellas tomado de las ciencias físico - naturales, y consiguientemente su supuesta objetividad y neutralidad teórica. Y quienes provienen de estas últimas disciplinas, soportan de hecho la normalización de su actividad en el sentido aportado por la teoría de T. Kuhn: es decir, desconocen su propia ubicación al interior de un determinado paradigma, y suponen que la naturaleza habla en consonancia con ese punto de vista con el cual se está familiarizado automáticamente a partir de sus procesos de formación como científicos. De manera que tampoco suelen advertir la necesidad de presupuestos conceptuales, ya que los que ellos asumen nunca han sido percibidos como tales, sino como si ellos no existieran y la realidad se mostrara directamente a lo empírico sin mediación ninguna. Por lo antedicho, el requerimiento de someter el rigor metodológico a la previa reflexión epistemológica acerca de los criterios y las técnicas a utilizar, es mayoritariamente desconocido, al margen de lo que explícitamente pudiera señalarse al respecto por los actores de la situación. Si asumimos lo antedicho, encontramos algunas consecuencias para la actividad de evaluación en educación superior: a) a. Nunca los índices son por sí mismos expresivos de la realidad a secas, sino solamente de aquel aspecto de la realidad que nos ha interesado destacar, y están presentados según la perspectiva de ese particular interés. Es por ello que por más que un informe incluya datos confiables y abundantes, este podría resultar discutible, y aún irrelevante. b) b. La tarea primera de la evaluación consistirá en la determinación conceptual de cuáles son los aspectos que vale la pena analizar y - en su caso- medir (por supuesto, puede darse importancia también a variables cualitativas que solamente pueden apreciarse sin medición específica). La discusión acerca de cuál es el propósito de la evaluación, si esta se practica con relación a parámetros contextuales locales o a valores absolutos comparables con otras instituciones, o la de qué entendemos por calidad de las funciones universitarias, es absolutamente determinante sobre el conjunto del proceso. No se trata de incluir un inocuo marco teórico que fuera malamente entendido como una especie de introducción a la temática, o como un conjunto de generalidades previas. Por el contrario, tal marco es el camino para establecer los aspectos constitutivos de la tarea, aquellos de los cuales dependerá todo lo demás. Por ello, la claridad en estas cuestiones se hace imprescindible. c) c. Las técnicas a utilizar, a fines de determinar los logros según indicadores específicos en cada caso, deberán siempre estar orientadas por los criterios conceptuales iniciales. Esto significa que la definición teórica de qué se entiende por políticas de investigación, por ejemplo, o qué por investigador formado deberán ser las que estipulen la manera de categorizar los datos relativos a lo que efectivamente 68 se realiza en la institución objeto de la evaluación. En ningún caso podemos suponer que de los datos vamos a extraer las categorías ordenatorias de estos, como a menudo suele suponerse a partir del sentido común de los científicos, con su fuerte corte empirista de arraigada vigencia. b. b. La investigación como función: una primera aproximación Respecto de la evaluación sobre la investigación, es visible que existen dos procesos interrelacionados pero fuertemente distinguibles: 1. 1.La evaluación de los investigadores y las investigaciones individuales; 2. 2.La evaluación de la investigación como función universitaria, dentro de la evaluación general de las instituciones. Por supuesto, la segunda evaluación supone la existencia de la primera. De lo contrario, no podríamos saber cuántos investigadores hay en la institución, cuántos son de CONICET, cuántos participan del Programa de Incentivos, cuáles son sus categorías respectivas, cuántas pesquisas se ocupan de cada temática, cuántas son de ciencia básica o de aplicada, etc. Pero a su vez resulta obvio que la función investigación a nivel institucional no es simplemente una sumatoria o combinación de los logros de los investigadores individuales. Desde este punto de vista, queremos por ahora resaltar un rasgo inicial y decisivo a evaluar en las instituciones, tal cual es si hay una política de investigación específica; y - por supuesto- si la hubiera, qué características tiene. Uno de los puntos decisivos: Existen políticas efectivas en cuanto a orientar la investigación en algún sentido? Este es sin duda un tema delicado, y aquí los puntos de vista divergen. Sin embargo, nos atrevemos a plantear que las dos actitudes más radicales (una: no debe para nada pretenderse influir sobre la libre elección temática de los investigadores; segunda, debe establecerse desde la institución cuáles son las áreas prioritarias, y financiar sólo lo que se adecua a ellas) resultan problemáticas y poco plausibles. Si se planifica de una manera rígida, determinante, ello implica que la institución fija con exclusividad temas y áreas decisivas para investigar. La idea de servir a una orientación de la investigación (en tanto esta depende de recursos públicos sobre cuyo legítimo uso hay que dar cuenta) puede llevar sin quererlo a dejar fuera lisa y llanamente a muchos potenciales investigadores, u obligarlos a fingir interés por temáticas que no les son afines (para poder participar así del financiamiento). Es sabido que los investigadores asumen con fuerza la noción de que tienen libertad para elegir, y además hay suficientes razones para ello: nuestro país ha sufrido regímenes autocráticos en los que se ha pretendido forzar al mundo científico desde racionalidades políticas que le son externas. Pero la tendencia académica a sentir que la legitimidad del propio rol está dada automáticamente por la adscripción a lo científico, y que esto de por sí implica necesariamente un beneficio social, tiene también que ser revisada. Que se investigue 79 ampliamente sobre cualquier temática, aún cuando esta fuera radicalmente irrelevante, resulta sin dudas problemático, y más en tiempos en que los recursos flaquean. Puede establecerse algunos mecanismos que permitan combinar la libertad de elección temática (que entendemos en última instancia irrenunciable) con ciertas prioridades estratégicas. Puede hacerse algunas convocatorias especiales para investigar sobre temas específicos, al margen de los llamados generales y habituales. O puede, dentro de estos mismos, establecerse un canon diferencial favorable para aquellas temáticas que se juzgue prioritarias (en cualquiera de las dos opciones, nos parece recomendable que el monto no sea en ningún caso más del 50% superior en el caso de las prioridades, que en las temáticas que no aparecen como tales. Lo contrario, lleva a la ficcionalización forzosa por los investigadores: o presentar como prioritario lo que no lo es, o pasarse a los temas prioritarios aunque no se tenga la vocación ni la capacitación requerida). En todo caso, algún tipo de precisión sobre prioridades sociales y académicas (estos dos criterios son mutuamente concurrentes en algunos casos, pero en otros visiblemente no; por ejemplo, un tema como partículas elementales en física) debiera aparecer, siquiera como simplemente indicativo para los investigadores. Si tales precisiones no existen en absoluto en una Universidad, la tarea de investigación puede de hecho dar igual cabida a las urgencias que a lo secundario, y sobre todo se invisibiliza el horizonte social que va más allá de lo científico (y que no siempre se hace patente para el científico mismo, en razón de que interpreta según la percepción propia de su particular comunidad científica), el cual es la condición legitimatoria del sistema científico como un todo, y por ello la base de su persistencia misma. Sin embargo, en este dificultoso tema se mezcla otra cuestión que es decisivo dilucidar para el conjunto de la temática investigación: se trata de la conflictiva relación entre administradores de la investigación, e investigadores propiamente dichos. Esta es una dualidad de puntos de vista que advertimos permanentemente; y muy claramente aparece hoy en la gestión, recepción y práctica del Sistema Nacional de Incentivos. Los habitus (P.Bourdieu) de unos y otros son sumamente diferentes, y tienden permanentemente a chocar. Por cierto, no es el caso que encontremos una libre discusión entre ambos puntos de vista, o que se dé siquiera la posibilidad de tal diálogo. Más bien, nos hallamos ante la supremacía estratégica de los administradores dentro del sistema, ya que son ellos los responsables tanto de las decisiones, como de la gestión en su conjunto. Los investigadores, en cambio, quedan concernidos por decisiones que ellos no han tomado, y sobre las que a menudo no se los ha consultado. El resultado es esperable: la disconformidad frontal de estos últimos, mientras los primeros a menudo no son directamente enterados al respecto, o en su caso no comprenden los motivos que se aduce. Lo cierto es que mientras quien administra propone sin advertirlo sus propios puntos de vista particulares como si fueran automáticamente los buenos para el sistema (por ej., que exista un formato único para evaluar todos los investigadores o todas las investigaciones, de modo de simplificar los procedimientos), desde lo académico se sufre la presión de responder a la intrínseca racionalidad científica, a la vez que a requerimientos administrativos que no le son inherentes, y que a veces chocan con ella. Por ej., cuando para evaluar ciencias sociales se usan formatos y criterios propios de las 810 ciencias físico-naturales, sin que se haya advertido por quienes los han configurado, las fuertes diferencias que existen al respecto (tema este sobre el que vamos a ahondar más adelante, al referirnos al Programa Nacional de Incentivos). Por esto uno de los puntos centrales para evaluar la investigación en las instituciones será el relativo a la formación del personal encargado de la dirección y coordinación de los procesos. Se trata de investigadores respetados, de alto nivel, o -en cambio- de quienes sólo se ocupan de llegar a cargos políticos o administrativos? Solamente ubicando en esos sitios a académicos de excelencia, y que además representen mínimamente la diferencialidad de disciplinas que en la institución se ponen en juego, es que podremos disminuir esta distancia de estilos y culturas entre la administración y los investigadores. Aquellos académicos que lleguen a hacerse cargo de la gestión, pronto advertirán las restricciones que esta impone, y dejarán de razonar solamente en términos de las valoraciones del científico aislado en su propia disciplina o campo temático. Pero seguramente, no abandonarán de cuajo la referencia a la diferencialidad disciplinar como importante, o la percepción de los criterios de temporalidad y estilo propios de los científicos, etc. (esto los pone fuera de las fuertes reducciones de la visibilidad que desde los sitiales técnicos puede practicarse sobre aquellos que son los sujetos reales de la investigación sustantiva). Se hace importante dentro de este rubro, advertir si las Direcciones de Investigación de las universidades cuentan con personal y con equipamiento y base edilicia suficientes (a menudo -excepto en las nuevas instituciones fundadas en los últimos años- tales oficinas se han configurado en tiempos anteriores al surgimiento del Sistema Nacional de Incentivos, a partir del cual la actividad se multiplicó en algunos casos hasta más del 1000% en cuanto a número de investigaciones y de investigadores, y más aún en cuanto a los procedimientos evaluativos y administrativos propios de cada pesquisa). Hay que determinar si dicho personal responde a características como las que ya hemos planteado. También, si existen modalidades de participación decisional equitativas para las diferentes unidades académicas, y si el presupuesto se distribuye de manera razonable entre estas (no necesariamente equivalente para todas, dado que hay especialidades que pueden contar con mejores investigadores, o disciplinas que requieren mayor equipamiento). Finalmente, si las representaciones de las unidades académicas a los organismos universitarios centrales (de las Facultades ante los organismos de investigación dependientes de los rectorados), son por su parte propias de criterios de calidad investigativa, o lo son de decisiones netamente políticas, de modo que en este último caso el representante representa más los intereses de las autoridades (o los suyos propios) que los de la comunidad de investigadores, etc. El criterio que hemos esbozado sigue pareciéndonos central: aquellos que realicen la tarea de dirección de la investigación, deben ser investigadores de alto nivel. De lo contrario se producen paradojas muy indeseables, como que académicos que desconocen las diferencias teóricas en los más altos niveles envíen a científicos a ser evaluados por sus adversarios conceptuales, o por personas con mucha menor calidad intelectual que el evaluado, y otras situaciones por el estilo. La creciente dualidad entre burocracia y vida académica, entre administración y actividad de docencia e investigación, entre racionalidad de poder político y racionalidad de prestigio científico, tiende a institucionalizarse y cristalizarse. Tener en cuenta esta contradicción será básico en el proceso de evaluación de la investigación como función institucional. 911 Por supuesto, la sola calidad académica no garantiza de por sí la capacidad para una buena administración de la investigación. Es condición necesaria, pero no suficiente. Habrá que advertir en los otros rubros especificados (existencia de políticas, equidad en la distribución de recursos, asunción de la diferencialidad disciplinar para aplicar criterios, etc.) si quien está encargado de estas actividades, realiza la gestión de manera suficientemente válida. Las características de la intervención y participación en los organismos regionales y nacionales establecidos para el manejo del Sistema de Incentivos (y en su caso, de CONICET) serán sin duda otro ítem importante para evaluar en estos casos. 1012 CAPÍTULO 2 : EVALUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Proponemos problemas de esta cuestión nodal, que estructura a su interior la problemática de la evaluación de la investigación (la cual sería ininteligible sin esta más global). Vale la pena subrayar una serie de acápites dignos de ser tenidos en cuenta en cuanto a los procesos de evaluación universitaria, los cuales, sin pretensión de exahustividad, se presentan a continuación. a. a.desconocimiento de los efectos No se evalúa las consecuencias de la evaluación. Si bien el documento de CONEAU Lineamientos para la eevaluación Iinstitucional hace notar que las evaluaciones segunda o tercera ya no serán iguales a la primera (p.17), es decir, que ya se podrá evaluar con relación a lo detectado en dicha evaluación primera, lo cierto es que incluso a nivel internacional esta cuestión aparece como una de las que más urge resolver. Es sabido que la legitimación de la evaluación depende de su capacidad para orientar modificaciones concretas en la vida institucional. Es este el eje del discurso sobre la evaluación: proponer que no se trata de un mecanismo punitorio, y menos un ritual para cumplimentar obligaciones legales, sino de configurar la información y la valoración que surja de ella, que permitan orientar efectivamente la acción en una dirección determinada. Luego de un cierto tiempo de aplicación de las evaluaciones en las Universidades de nuestro país, es de esperar que surja la pregunta sobre qué efectividad han guardado en relación con la finalidad que se proponen. En la Reunión Post V Conferencia de la INQAAHE 1 (la V Conferencia se realizó a comienzos de mayo de 1999 en Santiago de Chile. La Reunión posterior fue 1 La INQAAHE es la Red Internacional de Agencias de Acreditación) 1113 organizada por la Univ. Nacional de Cuyo en colaboración con CONEAU, en Mendoza, el 7 de mayo. La INQAAHE es la Red Internacional de Agencias de Acreditación), el representante del Comité Nacional de Evaluación de Francia alertó sobre la cuestión. Se preguntó explícitamente qué es lo que ocurre si la Universidad del caso no toma ninguna de las medidas recomendadas o -al menos- no trabaja en esa dirección. El seguimiento de las acciones de cambio fue planteado como uno de los problemas principales a resolver para la evaluación en toda Latinoamérica. Esto se liga a otra cuestión que trataremos más adelante, y es que la evaluación no puede ser -en estricto sentido- permanente. Es notorio que este es un rasgo que se acentúa constantemente en la bibliografía sobre el tema. Pero si no se asume la evaluación como un hito preciso datado en el tiempo, difícilmente pueda establecerse con precisión cuáles son los logros que se consigue entre una evaluación y la que sigue. Las evaluaciones deben ser propuestas como expresión de un corte sincrónico preciso, lo cual ayuda a tipificar sus consecuencias. Es este un tema que no puede soslayarse. La evaluación vale por sus consecuencias. La segunda evaluación deberá operar en torno a cuál es la medida en que se resolvió problemas detectados en la primera (además -por supuesto- de atender a los nuevos puntos de urgencia surgidos, o los nuevos logros obtenidos). De lo contrario, la tendencia a manejar la evaluación como un ritual se acentuará, a la vez que puede deslegitimarse ante la comunidad universitaria y la población en general. b. b.reforzamiento de conductas? Ligado a lo anterior, se encuentra el problema de si debe premiarse o castigarse de alguna manera por los resultados a las Universidades. Por supuesto, descartamos de plano la idea de castigo, y por cierto así surge también de manera prístina de los documentos emitidos por CONEAU (Lineamientos..., p.11). Naturalmente, si los castigos existieran, el resultado sería una oposición férrea a los procesos de evaluación, la cual por ahora no se verifica, aunque exista cierta oposición silenciosa que se trasunta, por ejemplo, en los bajos niveles de participación efectiva de la comunidad universitaria en los procesos evaluativos. Pero sin duda si se estipulara castigos podría aparecer una oposición activa, que es casi inexistente actualmente en las Universidades nacionales. Planteado en esos términos el problema, aparece como muy claro y de fácil solución. Bastaría con no castigar. Pero también puede enfocarse desde el lado opuesto: debe premiarse a quienes obtienen mejores resultados? (Esto lleva a la discusión de que si se lo hiciera, cabe discutir qué es mejores resultados. Si se trata de proponer índices absolutos, o en cambio, términos relativos a las posibilidades y recursos de cada institución. Si bien hay acuerdo en contextualizar las evaluaciones -y por tanto en no plantear índices mutuamente comparativos- la problemática no es simple. La trataremos en un punto aledaño). Todavía puede decirse de esta manera: qué ocurre si no se premia a los que obtengan mejores resultados? Porque si no ocurre nada, esto sin duda tranquiliza a todos los actores del sistema: podemos evaluarnos, no sufriremos consecuencias negativas por ello. Pero a la vez, ello convierte a la tarea en una especie de ritual sin 1214 resultados. Al menos, así lo dejaron notar los representantes de la Universidad Nacional de Sur en la reunión de mayo de 1999 hecha en Mendoza y antes aludida: Con el financiamiento, antes y después de la evaluación nos fue igual. Entonces: para qué nos evaluamos?. Es destacable también la intervención del Rector de la Universidad. Nacional de Cuyo, quien apuntó que por el Convenio de la UNC con el Ministerio de Educación para hacer la evaluación (1994), a los sectores que aparecieran rezagados se les daría apoyo económico para mejorarlos. Pero mucho dinero no se dio, y hubo un pequeño incremento de los profesores con dedicación exclusiva (uno de los problemas detectados) del 8% al 11%, ciertamente insuficiente. En México, los documentos oficiales sobre evaluación universitaria destacan su relación con el financiamiento: En este programa se destaca que la evaluación tendrá sentido en la medida en que sus resultados orienten la definición de políticas para el desarrollo institucional y para la asignación de recursos. Circunstancia que implica una relación estrecha y dinámica entre la evaluación, la planeación y el financiamiento de este nivel educativo (Documento de la IX Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de ANUIES 2, En pg. 49 de la Revista de la Educación. Superior de ANUIES num.75. Bastardillas nuestras). También es el caso explícito con las Universidades catalanas, según lo señaló específicamente la representante de la Agencia de Evaluación que depende de la Generalitat de esa región española, en la Reunión Post V Conferencia ya aludida. El financiamiento -sentenció- se otorga según el logro de objetivos. Como se ve, en diversas latitudes se liga evaluación a financiamiento, y es visible que uno de los factores decisivos que contribuyó a constituir el Estado evaluador a nivel internacional, es el del control del gasto universitario, en el doble sentido de intentar disminuir la carga de gasto estatal, y de poder saber cómo se ejerce y con qué racionalidad. De modo que si aquellos que han cumplimentado mejor la evaluación no son premiados de alguna manera (y el financiamiento es sin duda al respecto la instancia privilegiada), se sienten castigados. Pero si -en cambio- se otorgara financiamiento diferencialmente de acuerdo a los resultados de las evaluaciones, el celo de las Universidades respecto de estas aumentaría notablemente (por ej., se discutiría mucho más los nombres de los evaluadores propuestos por CONEAU; se disputaría sobre la comparabilidad de los criterios estipulados por diferentes evaluadores para Universidades a su vez diferentes, etc.), y por cierto las no-premiadas se considerarían objetivamente castigadas. Puede hacerse bizantina la discusión de si el no-premio es igual al castigo. Las teorías neoconductistas asociadas a la discusión sobre comportamientos reforzados y sostenidos -por una parte- y extinguidos por la otra, muestran que estos últimos desaparecen con el solo hecho de no ser reforzados positivamente. Dicho de otro modo, 2 ANUIES es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, órgano de representación de estas instituciones, aunque a la vez ligado a las políticas oficiales hacia el sector. 1315 que para abandonar un comportamiento basta conque no se nos premie, no es requerido que se nos castigue. Pero no es claro qué sería no ser premiado sin ser castigado, si a la vez otros son premiados. El presupuesto universitario es un monto total establecido, y de él se fija lo que corresponderá a cada Universidad. Si a otros se les da más, es sinónimo de que a uno se le da menos. Salvo que se acordara que en ningún caso se bajará el presupuesto a una Universidad, y que sólo se lo subirá a algunas. Pero aún así, como el sistema en su conjunto crece año a año, no subir respecto a un ejercicio anterior, se hace sinónimo de -proporcionalmente- bajar. De manera que diferenciar Universidades en términos de financiamiento de acuerdo a los resultados de la evaluación, inevitablemente producirá efectos de rechazo por quienes se sientan castigados. Por ahora, en cambio, se sienten castigados los que creen que han hecho una buena tarea de conducción, y entienden que eso se refleja en las evaluaciones respectivas. A nivel de las consecuencias en cuanto a conflicto, esta segunda opción es menos problemática: que no se premie el mejor resultado, produce menos consecuencias de rechazo a que se lo premie. Pero creo que no puede entenderse en estos limitados términos la cuestión. Se trata más bien de que la evaluación como proceso tiene escaso significado si no ofrece resultados en términos de consecuencias favorables o desfavorables. Esto se advierte claramente para la evaluación de los resultados de aprendizaje en el aula: la tendencia de cierta pedagogía supuestamente progresista a suprimir la diferencialidad de los resultados, achata hacia abajo, eliminando el estímulo representado por el resultado favorable y discriminado. Este es el tema de la distinción, que sociológicamente ha trabajado muy bien P.Bourdieu: cada sector social, y cada sujeto dentro de estos, busca establecer la diferencia que lo señala con una posición comparativamente favorable, a través de signos que sean lo más visibles e inequívocos que resulte posible. En términos nuevamente de Psicología comportamental (y no es que adhiramos a ella, sino solamente que se dedica a trabajar experimentalmente estos específicos problemas), un comportamiento que desconoce su resultado no se fija. No queda reforzado. De modo que poco podemos esperar como efectivo resultado de las evaluaciones, si no existe algún preciso trabajo de seguimiento de sus efectos, y alguna diferenciación que sea su consecuencia. Si no fuera en términos de financiamiento (que parecen los más habituales y esperables), habría que determinar en cuáles. Por ej., el ya aludido representante de la Universidad. Nacional del Sur señaló que la evaluación les ha ofrecido prestigio ante otras instituciones (incluso a nivel internacional, ya que convocaron a directivos de universidades de otros países a discutir los resultados). Esta es una veta que podría explorarse: lo cierto es que se trata de una problemática insoslayable si no se quiere sufrir las consecuencias de una progresiva anemización y ritualización de los procesos evaluativos en los cuales las Universidades argentinas están hoy embarcadas. 1416 c. c.quiénes son los responsables? También ligado a lo anterior, surge el problema de qué es lo que se evalúa cuando se evalúa a una Universidad determinada. A ella sola, a sus autoridades, a las políticas educativas globales, al presupuesto recibido (es decir, a las prioridades gubernamentales al establecerlo)? Es notoria la relación de esta cuestión con la tratada en el punto anterior. Una Universidad puede tener magros resultados, porque la asignación presupuestal fue muy pobre, porque las políticas educativas le impidieron estimular determinadas áreas disciplinares, o porque el Sistema Nacional de Incentivos fija pautas que le pasan por encima. Por supuesto, en ningún caso toda la responsabilidad por el funcionamiento de una institución de educación. superior puede ser depositada solamente fuera de ella misma. Seguramente hay factores endógenos jugando. Pero parece un tema central el que los evaluadores -a través de los Comités de Pares respectivos- se hagan cargo de establecer hasta donde les sea posible, qué de lo que advierten puede adjudicarse a las políticas internas de la institución, y qué depende de otros factores. De lo contrario, las instituciones pueden ser cotejadas con una especie de modelo ideal que está muy lejos de las condiciones concretas en las cuales se realiza la actividad universitaria argentina y la latinoamericana en general (la cuestión de contrastación con un ideal también será objeto de un punto específico de este Informe). Las universidades (o en todo caso -y resulta peor aún- sólo sus autoridades), pueden ser exclusivamente responsabilizadas por cuestiones que están fuera de sus resortes institucionales de resolución. Cuando se habla de contextualizar la evaluación debiera entenderse no sólo adecuarla a la especificidad de cada institución, sino también enmarcarla dentro de las condiciones socioeconómicas del país, y de las políticas económicas y educativas globales. Si bien las universidades son autónomas, no puede dejar de advertirse que mecanismos de financiamiento como el FOMEC o el Sist. Nacional de Incentivos, implican intervenciones externas de fuerte alcance al interior de las Universidades. Y que los mecanismos de estos programas (e incluso, por cierto su existencia misma; por qué estos y no otros?) en general no han sido puestos a discusión con las Universidades, o lo han sido sólo en una segunda instancia, tras la iniciativa de la Secretaría de Políticas Universitarias (caso Sistema de Incentivos). Y no está de más recordar que la distancia operativa entre las autoridades y las burocracias dirigentes, respecto de los actores directos del sistema (docentes y alumnos) es informativamente enorme, de modo que los universitarios en su conjunto (depositarios últimos de estas políticas) son siempre los últimos en enterarse, y simplemente asumen las pautas establecidas, o protestan contra ellas: rara vez pueden intervenir en su formulación. De modo que responsabilizar a las Universidades por algunos de los desequilibrios que ha producido el Sistema de Incentivos, por ejemplo, parece poco plausible. Por supuesto, hay que señalar tales desequilibrios, pero a su vez advertir cuál es su fuente causal. De lo contrario se producen incomprenssiones mutuas entre los evaluadores y los directivos universitarios, de lo cual da una muestra el Anexo con comentarios realizado por el Rector de la Universidad. Nacional de Luján en el Informe final respectivo a esa Universidad publicado por la CONEAU. 1517 Viene a cuento aquí lo señalado oportunamente por Alain Bienaymé, representando al Comité Nacional de Evaluación francés: En principio, se puede entender que El Estado central no ha quedado ileso a partir de la serie de evaluaciones realizadas. Para este efecto, el Comité ha preparado reportes generales relacionados no sólo con sus actividades, sino con áreas estratégicas clave para el desarrollo del sistema global (en Evaluación, promoción de la calidad y financiamiento de la educación superior, SEP, México, p. 43). Como se ve, el problema se liga al de cuál es el objeto de la evaluación, si las instituciones individuales, o el sistema en su conjunto, partes de este, etc. Tema que continuaremos más adelante. d. d.la pretensión de lo técnicamente impoluto La evaluación no es neutral. Es este un aspecto en que se ha avanzado decisivamente. La ficción de neutralidad con la cual a menudo se busca desembarazarse de los aspectos conflictivos del proceso evaluativo, al menos en el caso argentino ha sido en gran medida desarticulada por la producción de CONEAU. La distancia entre el Subproyecto 06 que fuera en su momento resistido fundadamente por las Universidades nacionales, y las actuales postulaciones (junio de 1999), es sin duda muy marcada. Incluso en países donde la tradición cuantitativista es fuerte en la burocracia dirigente de la educación superior, la pretensión de neutralidad ha desaparecido, ante la creciente conciencia por parte de los universitarios de que la cuantificación está siempre sujeta a determinantes previos a los cuales se subordina (cf. nuestro punto primero, de orden epistemológico). Así, en el documento de ANUIES ya referido (ANUIES es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación. Superior de México, órgano de representación de estas instituciones, aunque a la vez ligado a las políticas oficiales hacia el sector), al enumerarse los atributos de la evaluación, se incluye el de ser axiológica. La evaluación es, en última instancia, un acto de contrastación entre categorías referentes a la acción y categorías referentes a valores, se afirma. Y más adelante: La evaluación de la educ.ación superior no debe concebirse como la simple aplicación de instrumentos de medida, sino como un proceso que conduce a la emisión de juicios de valor sobre el estado que guarda este nivel educativo y el impacto social que produce 3 (Docum. de ANUIES precitado, que se referencia a su vez a otro anterior de la misma entidad, en pg. 65. La bastadilla es nuestra). En cuanto a los Lineamientos para la Evaluación Institucional publicados por CONEAU, encuentran en este punto uno de sus máximos aciertos. Se señala: se deberá captar el sentido de las prácticas indagando por qué los actores hacen lo que hacen y no otra cosa. Y luego: La evaluación no es neutral, como no es neutral ni desinteresado el lenguaje. Se debe asumir con honestidad y franqueza que hay valores 3 Documento de ANUIES precitado, que se referencia a su vez a otro anterior de la misma entidad, en pg. 65. La bastadilla es nuestra. 1618 que se aprecian y que se quiere que se instalen en un momento dado, con la conciencia de que ellos no son necesariamente eternos...estos señalamientos promueven confianza en los actores del sistema universitario, por una doble razón: a) a.porque están epistemológicamente bien formulados, y muestran el proceso de evaluación no como una acción tecnocrática eficientista, sino como espacio donde caben la reflexión teórica y los criterios conceptuales; b) b.porque bajan las ansiedades respecto del ser juzgados de acuerdo con rígidos parámetros cuantitativos sobre los cuales los actores del sistema no tienen control (en cuanto a saber cuáles serían esos parámetros, y quién los definiría). Es de destacar que la referencia al problema del sentido encuadra en una prolongada tradición epistemológica occidental opuesta a las pretensiones objetivantes del positivismo 4 (ver por ej., los desarrollos de Habermas en su temprano libro Conocimiento e interés, edit. Taurus, Madrid). Asociado a este punto, también es claro que se tendrá en cuenta aspectos tanto cuantitativos como cualitativos (Lineamientos, p.14, p.18, etc.). Incluso advertimos que tal postulación ha sido asumida en un medio menos proclive a lo cualitativo, como es el mexicano: La experiencia en materia de evaluación de la educación. superior ha mostrado la utilidad de usar métodos que combinan el manejo de información cuantitativa e información cualitativa. Si bien en ciertos aspectos es fundamental el uso de indicadores numéricos, en otros lo más importante es la consideración de factores de carácter cualitativo, sobre todo los que hacen a los procesos de generación y transmisión del conocimiento, que no son mensurables de modo objetivo (ANUIES, op.cit., p. 76) Cabe señalar que en el caso de los Lineamientos se produce una cierta vacilación en el punto, cuando al referirse a lo cuantificable se lo estipula en términos casi exclusivos de variables (p.28). No cabe duda que en múltiples casos nos encontraremos con datos tipificables en esos términos (número de alumnos, de docentes, de auxiliares, de investigaciones, etc.), pero no es evidente que en todos los casos tenga que darse así (p.ej., calificaciones de los alumnos, que no son standardizables en una unívoca escala para diferentes docentes, cátedras y especialidades). e. e. La improbable voluntad de evaluación por las Universidades, y los secretos de la gestión La asunción de la no-neutralidad de la evaluación es un aspecto decisivo del sinceramiento necesario entre los actores del sistema de educación. superior en torno a la evaluación. Nos parece necesario insistir sobre otros aspectos que contribuyan en la misma dirección, a los fines de coadyuvar a disminuir las tensiones (no a la ilusión de hacerlas desaparecer) que se dan en torno a la cuestión entre los actores del sistema de educación. superior. 4 Ver por ej., los desarrollos de Habermas en su temprano libro Conocimiento e interés, edit. Taurus, Madrid. 1719 Vamos a comenzar subrayando el hecho de que en Argentina, la evaluación ha sido instaurada por la Ley de Educación Superior. Es un requisito legal a cumplimentar para el mantenimiento y la existencia de las universidades. De modo que ellas están obligadas a cumplimentarlo. Por cierto que la autoevaluación es fijada con pautas propias, no determinadas por CONEAU. También, que para la evaluación externa y la intervención de la Comisión Nacional, se requiere un expreso pedido de parte de las autoridades de la Universidad del caso. Incluso, que la salvaguarda de la autonomía universitaria lleva a que los señalamientos de los evaluadores tengan carácter no-vinculante, de modo que la Universidad puede o no tomarlos en cuenta (recordar lo ya señalado más arriba sobre la posibilidad de efectos de la evaluación en el financiamiento u otros rubros) Pero sería una ficción (que tal vez algunos juzguen necesaria) adscribir a las Universidades el que estas hayan asumido la evaluación de manera voluntaria. Es cierto que en el proceso mismo se ha ido configurando paulatinamente una cierta cultura de la evaluación, y que las resistencias hoy son mucho menores que a comienzos de la década. Pero no lo es: a) a.que las autoridades puedan decidir si quieren evaluar o dejar de hacerlo. Esta segunda posibilidad es legalmente insostenible, de modo tal que la decisión de evaluación no responde a una disyuntiva, donde exista otra alternativa; b) b.que el conjunto de los actores del sistema se encuentre, en este punto, en consonancia con las decisiones de las autoridades. Por el contrario, las más de las veces desconocen por completo la existencia de estos procesos que se dan en el marco decisional de los Consejos Superiores. A su vez, los actores no sufren los constreñimientos que atañen a las autoridades en cuanto a cumplimiento de pautas externas y legales en el punto evaluación, de modo que sus tomas de posición no se ven compelidas como sí lo están las de los responsables institucionales. De modo que los actores de la aceptación formal son las autoridades universitarias, no las Universidades en cuanto al conjunto de sus actores cotidianos. Y a su vez, tal aceptación de las autoridades está legalmente exigida. Esta aceptación voluntaria ha jugado un rol importante a nivel discursivo en la legitimación de los procesos de evaluación, ante quienes los impugnaban sosteniendo que ellos lesionan la autonomía universitaria. La discusión al respecto podría ser bizantina e interminable. Lo cierto es que los procesos evaluativos ya están en curso y suficientemente sustentados. Bajarían las desconfianzas de docentes y alumnos hacia la evaluación, si se asumiera que esta es parte de los procesos de reforma estructural del Estado habidos a nivel mundial en los últimos años, y que inevitablemente se incluye dentro de estos, con sus inconvenientes y eventuales aciertos. Referencias a la libre voluntad de los universitarios para realizar la evaluación, promueven esperables rechazos y suspicacias, especialmente entre docentes y alumnos ligados a las ciencias sociales ( Estas críticas -de los evaluadores a las universidades- son usualmente mejor aceptadas por la comunidad académica perteneciente a las ciencias naturales que por los representantes de las humanidades y las ciencias sociales. Para estos últimos, la 1820 tradición, la epistemología y la ideología se combinan para explicar su rechazo a la crítica, A.Bienaymé, op.cit., p. 43). El peso legitimatorio del proceso evaluativo asignado a la autonomía decisional de las universidades puede advertirse si a su presencia discursiva en el caso argentino (Lineamientos, pgs. 8 a 10) se suma la que aparece explícitamente en otros países: a su manera en el francés (Bieynamé, ibid., p.42), y también en el mexicano ( Se reitera que la evaluación institucional es responsabilidad de cada casa de estudios, ANUIES, op.cit., p.74. Ver también p.78) Otra característica que suele adscribirse a la evaluación, es la de ser permanente (Lineamientos, p.9). Por supuesto, caaben diferentes acepciones de qué pueda entenderse a partir de tal afirmación. Una sería por ej., que se conforme un cuerpo permanente de especialistas institucionales, una secretaría o ente similar, dedicada a la evaluación en cada institución. Ello haría permanente la actividad en torno a la evaluación, pero no al análisis del objeto de evaluación (es decir, este no sería necesariamente objeto constante de evaluación, dado que los momentos de procesamiento de datos y confección de conclusiones, implicarían no estar evaluando a la vez lo que está ocurriendo en ese momento). También puede entenderse que toda la institución a la vez que actúa, tiene presente la evaluación de sus propias acciones. Pero este supuesto es poco concebible, dado que la evaluación requiere una toma de distancia respecto de la actividad evaluada: sólo diluyendo el significado específico de la expresión evaluación podría imaginarse que esta operara directamente al actuar. En todo caso, los momentos de evaluación externa (que no es la que recoge los datos, pero sí hace la apreciación sobre estos más productiva, por no estar afectada por la cercanía) no pueden de ningún modo ser permanentes. Y la evaluación interna, si quiere manejar datos confiables y globalizadores, debe operar haciendo cortes en el tiempo donde el conjunto de la información resulte internamente congruente: ello exige que haya cortes temporales respecto de los cuales la evaluación se realiza. Quizá estemos señalando una obviedad, pero en todo caso será necesario hacer un esclarecimiento más preciso de la noción de que la evaluación sea permanente. Desde ya, es periódica y afecta permanentemente la preocupación de los directivos de la Universidad, pero ello es una situación diferente. La adjetivación de ese proceso como constante, también puede promover escepticismo de parte de los académicos (que podrían entenderla como una postulación solamente retórica). Y sin duda que lo problemático se agudiza cuando se declara que la evaluación debe ser -e incluso que de por sí ella es - participativa (Lineamientos, pp ). Por supuesto que ello resulta deseable, y que de diversa manera todos los actores del sistema acordarían al respecto. Pero es sabido que hay muchos estudiantes y docentes que se oponen a la evaluación institucional o que, al menos, mantienen objeciones frente a ella. Y que en virtud de esta situación, y de la necesidad legal de evaluación, las autoridades universitarias se encuentran a menudo ante presiones contradictorias y que convergen duramente sobre ellas. La solución es a veces, hacer la evaluación con escasa información hacia los miembros de la comunidad universitaria: ello disminuye los factores de riesgo político en el proceso, y facilita su consecución sin conflictos. 19 Mostrar más
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 RESOLUCIÓN 
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 ARTÍCULO 1
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