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Timestamp: 2018-12-13 13:14:45+00:00

Document:
MINUTO DE SILENCIO POR DIECISÉIS PALESTINOS MUERTOS A MANOS DE FUERZAS DE OCUPACIÓN ISRAELÍES
REGULACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CREACIÓN DE AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ENMIENDA DE LEGISLACIÓN APLICABLE A SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS EN MATERIA DE SERVICIOS NO REGULADOS, FIJACIÓN TARIFARIA Y CUMPLIMIENTO DE PLANES DE DESARROLLO POR PRESTADORES. TRÁMITE A COMISIÓN ESPECIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Sesión 5ª, en martes 3 de abril de 2018
(De 16:16 a 18:36)
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera, y el Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver.
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 3ª y 4ª, ordinarias, en 20 y 21 de marzo de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).
Con los dos siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
2) El que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (boletín N° 11.101-19).
Con el primero comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que perfecciona los beneficios otorgados a bomberos por accidentes y enfermedades y la demás legislación aplicable a dichas instituciones (boletín N° 11.465-22).
Con el segundo señala que ha prestado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre la República de Chile y los Estados Unidos de América Respecto a la Asignación de Oficiales de Seguridad de a Bordo y su Anexo", firmado en Santiago, Chile, el 11 de agosto de 2017 (boletín N° 11.568-10) (con urgencia calificada de "suma") (Véase en los Anexos, documento 1).
Con el tercero indica que aprobó el proyecto de ley sobre fomento a las artes escénicas (boletín N° 11.408-24) (Véase en los Anexos, documento 2).
Remite copia de las sentencias definitivas dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las normas que siguen:
-Artículo 1°, letra b), inciso tercero, y letra d), inciso segundo, de la ley N° 19.386, que establece normas para la enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria.
-Artículo 199, inciso segundo, del Código Civil.
-Inciso primero del artículo 75 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades.
-Artículos 332, N° 4; 339, incisos primero y segundo; 493, inciso primero, y 494, inciso primero, del Código Orgánico de Tribunales.
-Artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal.
-Artículos 3°, letra b), 7° y 8° del Código del Trabajo.
-Inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 3.607, que establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados.
-Artículos 5° y 28 de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
-Artículos 11 y 12, inciso primero, ambos de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.
Remite antecedentes sobre la explotación de cobalto en nuestro país: consulta realizada en nombre del Senador señor De Urresti.
Responde petición, expedida en nombre del Senador señor De Urresti, acerca del estado del proyecto sobre manejo de residuos orgánicos del programa "Quiero Mi Barrio", del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Del señor Alcalde de Temuco:
Adjunta respuesta a solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor García, sobre la autorización para la extracción de áridos desde el río Cautín por parte de la empresa individualizada.
Del señor Alcalde de Cañete:
Atiende solicitud, expedida en nombre del Senador señor Navarro, para informar sobre el estado, en esta comuna, de los subsidios habitacionales indicados.
Del señor Director Nacional de la ONEMI:
Informa solicitud, enviada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los incendios forestales ocurridos en la Región del Biobío.
Del señor Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional:
Contesta requerimientos, formulados en nombre del Senador señor De Urresti, con relación a las siguientes materias:
-Acuerdo de "Mejoramiento de Resiliencia al Cambio Climático de la Pequeña Agricultura en la Región de O'Higgins".
-Antecedentes sobre el décimo aniversario del "Convenio de Hermanamiento Hospitalario entre Hospitales Pediátricos, Dr. Exequiel González Cortés de Chile y Hospital del Niño, Dr. Osvaldo Aliaga Uría de Bolivia".
-Convenio suscrito por Chile y Uruguay, en el año 2010, en materia de política sobre trasplante de órganos.
-Acreditación de la AGCID ante el Fondo de Adaptación del Cambio Climático, e iniciativas implementadas con dichos recursos.
Del señor Director Nacional de FONASA:
Consigna antecedentes sobre las fallas del sistema electrónico institucional para la venta de bonos: consulta efectuada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Director Regional del Trabajo de Valparaíso:
Expide informe sobre los resultados de las acciones y programas de fiscalización aplicados al sector agrícola de temporada en la Región: consulta realizada en nombre de la Senadora señora Allende.
Da respuesta a petición del Senador señor Navarro relacionada con el funcionamiento de la Tenencia de Chillán Oriente.
De la señora Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional de Los Lagos:
Comunica que se ha designado Presidente al señor Fernando Hernández Torres.
Informa que se ha designado Presidente al señor Alberto Martínez Quezada.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Antofagasta:
Anuncia que se ha designado Presidente al señor Mario Gilberto Acuña Villalobos.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de O'Higgins:
Expresa que se ha designado Presidenta a la señora Carla Andrea Morales Maldonado.
Del señor Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ENAP:
Incluye datos relativos al proceso de relocalización de las familias de Villa El Triángulo y Nueva El Triángulo de Hualpén: materia consultada por el Senador señor Navarro.
Anexa antecedentes relativos al "Proyecto de creación de valor, en los sectores agropecuario, alimentario y forestal de la Región de Los Ríos": solicitado en nombre del Senador señor De Urresti.
Se han recibido, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral correspondientes al año 2017 de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
De los Senadores señoras Órdenes y Muñoz y señores Lagos, Quintana y Soria, con la que inician un proyecto que modifica la Ley de Tránsito para disminuir la velocidad máxima permitida en zonas urbanas (boletín Nº 11.647-15) (Véase en los Anexos, documento 3).
De los Senadores señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República hacer presente al Gobierno de Brasil que el Gobierno de Chile y su pueblo repudian y condenan el crimen alevoso de la Concejala señora Marielle Franco Da Silva en la ciudad de Río de Janeiro (boletín N° S 1.970-12) (Véase en los Anexos, documento 4).
Se han recibido diversos documentos de las Comisiones del Senado, con los que informan que se han constituido y han elegido en sus Presidencias a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que en cada caso se indica:
-Comisión de Relaciones Exteriores: señor Ricardo Lagos Weber.
-Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización: señor Pedro Araya Guerrero.
-Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: señor Rabindranath Quinteros Lara.
-Comisión de Economía: señora Ximena Rincón González.
-Comisión de Transportes y Telecomunicaciones: señor Alejandro Navarro Brain.
-Comisión de Defensa Nacional: señor Carlos Bianchi Chelech.
-Comisión de Minería y Energía: señora Yasna Provoste Campillay.
-Comisión de Hacienda: señor Juan Pablo Letelier Morel.
-Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: señor Francisco Huenchumilla Jaramillo.
-Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales: señora Isabel Allende Bussi.
-Comisión de Agricultura: señora Carmen Gloria Aravena Acuña.
-Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: señora Adriana Muñoz D'Albora.
-Comisión de Trabajo y Previsión Social: señora Carolina Goic Boroevic.
-Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: señora Adriana Muñoz D'Albora.
-Comisión de Educación y Cultura: señora Yasna Provoste Campillay.
-Comisión de Vivienda y Urbanismo: señor Alejandro Navarro Brain.
-Comisión de Obras Públicas: señor Alfonso de Urresti Longton.
-Comisión de Salud: señor Guido Girardi Lavín.
De la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, con la que informa que ha elegido Presidente al Senador señor Manuel José Ossandón Irarrázabal.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, antes de entrar al Orden del Día le pido un minuto de silencio ante la matanza de dieciséis ciudadanos palestinos por fuerzas de ocupación de Israel.
Creo que corresponde que el Senado guarde un minuto de silencio por ellos.
Ruego ponerse de pie.
El señor ARAYA:- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ARAYA.- Señor Presidente, solicito que el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06), que se encuentra radicado en la Comisión de Gobierno, sea visto además por la Comisión de Defensa Nacional.
La razón de esta petición estriba en que la referida iniciativa contiene materias relativas al rol de las Fuerzas Armadas.
La Comisión de Defensa de la época rechazó en general el proyecto por un aspecto vinculado con el financiamiento. Sin embargo, creemos necesario que durante la discusión particular contemos también con el informe de dicha Comisión.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Le parece a la Sala que el proyecto que mencionó el Senador señor Araya pase además a la Comisión de Defensa Nacional?
1.- Mantener el criterio de integración de la Comisión Especial sobre Zonas Extremas, y disponer que para sesionar requiera un quorum de cinco señores Senadores.
2.- Fijar un nuevo plazo, hasta las 12 del viernes 20 de abril, para presentar indicaciones, en Secretaría, al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública (boletín Nº 11.536-04).
3.- Otorgar un nuevo plazo, hasta las 12 del viernes 20 de abril, para presentar indicaciones, en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines números 9.692-07 y 9.696-07, refundidos).
4.- Recomendar a las Comisiones permanentes la revisión de los proyectos de ley y mociones susceptibles de archivar de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Corporación.
El primer acuerdo de los Comités plantea que la Comisión Especial de Zonas Extremas -normalmente no legisla, pero, sí, discute sobre los problemas vinculados con las zonas extremas- quede integrada por los 15 parlamentarios representantes de las regiones correspondientes y, además, que para sesionar se requiera un quorum de cinco Senadores.
En caso de que en alguna oportunidad se le encargara el examen de un proyecto de ley, ahí se determinarían las condiciones específicas para ello.
Señor Secretario, por favor, reitere el último acuerdo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo último que acordaron los Comités fue que las Comisiones permanentes revisen los proyectos de ley radicados en ellas y que son susceptibles de archivar de acuerdo a lo que establece el Reglamento.
El señor MONTES (Presidente).- Sobre el particular, debo señalarles a Sus Señorías que en la actualidad hay 405 proyectos y mociones en las diversas Comisiones. Entonces, cada una de estas podría analizar y evaluar cuáles ya no corresponde seguir discutiendo, porque fueron superados por distintas situaciones, y cuáles sí. Ello, para ver la manera de programarlos dentro de la tabla respectiva.
No debemos olvidar que el hecho de que las iniciativas tengan urgencia implica prioridad, pero no exclusividad. Por lo tanto, en muchas de ellas puede haber distintos tipos de avance.
Boletín N° 11092-07
El señor MONTES (Presidente).- A continuación, corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La relación de este proyecto se efectuó en la sesión anterior.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (11.092-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Harboe, Araya, De Urresti, Espina y Larraín):
En primer trámite: sesión 82ª, 18 de enero de 2017 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (11.144-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (Mensaje de la Presidenta de la República precedente):
En primer trámite: sesión 2ª, 15 de marzo de 2017 (se da cuenta).
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 3ª, en 20 de marzo de 2018.
Sesión 4ª, en 21 de marzo de 2018 (queda pendiente la discusión en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, solo cabe recordar que el inciso tercero del artículo 25 y el artículo 50 son de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables, y que los artículos 33, incisos tercero y sexto; 47; 48, inciso sexto; 49, inciso primero; 57 y 58 tienen rango orgánico constitucional, por lo que deben ser aprobados con 25 votos afirmativos.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, solo quiero plantear una consideración de forma.
El señor Secretario acaba de establecer cuáles son los artículos que serían de rango orgánico constitucional.
Entonces, a propósito de lo que ha ocurrido últimamente, quisiera saber si esa definición es oficial o vamos a seguir sujetos a lo que califique el Tribunal Constitucional con posterioridad.
Mi consulta es para la Secretaría, señor Presidente.
El señor PIZARRO.- ¡No le pida eso al señor Secretario...!
¡Propongo que le mandemos un oficio a la autoridad pertinente...!
El señor MONTES (Presidente).- Hay que tener más capacidad de autocrítica, señor Senador.
El señor PUGH.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, esta materia es realmente relevante.
En la sesión anterior se tocó el caso puntual de lo que está ocurriendo en el mundo, esto es, cómo los datos personales son ocupados con distintos fines, los cuales a la larga pueden ser perjudiciales tanto para otras personas cuanto para el Estado.
Por lo tanto, la supervisión de dichos datos debe ser de la mayor trascendencia.
Lo que se nos ha presentado ahora es una oportunidad para hacer realidad algo que me gustaría traer a colación: nuestra política nacional de ciberseguridad, cuyo lanzamiento se realizó en abril del año pasado y que en estos momentos se encuentra en su fase de implementación. La protección de datos personales es una de sus características.
Sin embargo, acá llama la atención la forma como se ha tratado de estructurar una orgánica en la cual la tuición de la Agencia que se crea es entregada a un Ministerio en particular: en este caso, al de Hacienda.
Ahora bien, son muchos los elementos que se debieran tomar en consideración. Algunos de ellos surgen al comparar las normativas desarrolladas en otros países, en especial los de habla hispana, con las que han elaborado naciones anglosajonas, de las cuales hemos tratado de sacar las mejores experiencias.
¿Qué dicen ellas? Básicamente, que la autonomía de estos organismos es fundamental para asegurarles a todas las personas que la legislación se va a cumplir y que sus derechos estarán garantizados.
En nuestro país existen diversas organizaciones que se han preocupado de velar por la protección de los datos personales. Y quiero traer a colación una de ellas: el Servicio de Registro Civil e Identificación, que depende del Ministerio de Justicia. Las mismas leyes últimamente han facultado al referido Servicio para avanzar mucho más en la materia.
En el rol modernizador del Estado, resulta fundamental hoy día garantizar la protección de dichos datos para su administración.
Por lo tanto, para optimizar recursos, lo ideal sería que las entidades que ya existen sean capaces, con sus medios, procesos y procedimientos, de amparar y respaldar aquello.
En lo personal, me preocupan algunos artículos del proyecto en comento. No es el momento de discutirlos. Pero en general se relacionan con la dependencia, la jerarquía: de qué forma el Estado puede garantizar la protección de los datos personales con quienes tienen las mejores facultades.
El Ministerio de Justicia de alguna manera asegura a todos que esto se pueda hacer así, para darnos a quienes entreguemos nuestros datos a terceros o al Estado la tranquilidad de que serán ocupados de forma correcta.
La sociedad de la información del siglo XXI requiere esos datos. Ello no lo podemos dejar ni postergar.
En consecuencia, se trata de una iniciativa de ley necesaria, que se halla en coherencia con la política nacional de ciberseguridad. Pero ha de ser revisada en cuanto a la forma como se va a llevar a cabo, específicamente en lo que respecta a las dependencias: es decir, determinar quiénes debieran tener la jerarquía y las atribuciones para controlar el cumplimiento de lo que se plantea; discutir la autonomía, en fin. Y lo más importante, si finalmente se decide que esto va a quedar en un Ministerio en particular, que así sea.
Señor Presidente, he seguido la discusión de este proyecto con bastante atención.
El informe de la Comisión de Constitución tiene más de 600 páginas. Hay mucha información procesada. Y ello ha sido gracias al trabajo de Senadores que pudieron ver en Europa cómo funciona en la práctica la normativa sobre la materia.
Me alegra mucho que estemos a la altura de las legislaciones modernas, que precisamente hoy, en el siglo XXI, abordan lo relativo al tráfico de datos personales por las redes, y lo más importante, su protección, a fin de que las personas se sientan resguardadas.
Por consiguiente, apoyo totalmente lo que se está planteando.
Espero que durante la discusión particular podamos ver cada uno de los aspectos a que me referí.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos debatiendo tiene por objeto modernizar y actualizar la regulación existente en torno a los datos personales, que hoy se encuentra contenida principalmente en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
Nuestro país se ha ido quedando un poco atrás en la legislación vinculada con esta materia.
Nuestra normativa data de 1999. Y si bien en su momento significó poner a Chile a la vanguardia respecto de la protección de los datos personales, claramente los avances tecnológicos del último tiempo han derivado en la obsolescencia de dichas normas, siendo del todo necesaria una reforma integral en este ámbito.
El mercado de los datos hoy en día ha tomado tal relevancia que en muchos casos incluso ha venido a sustituir a los mercados de bienes tangibles. La era digital, el uso de redes sociales, el comercio electrónico y la masificación y automatización del tratamiento de datos actualmente son una cuestión del día a día. Por ello se requiere una legislación acorde a las necesidades de estos tiempos y que cumpla con los estándares internacionales.
En tal sentido, durante la discusión de esta iniciativa se tuvieron a la vista los estándares de la OCDE, así como las normas de la Unión Europea en materia de tratamiento de datos, que hoy en día son las más avanzadas a nivel global.
De este modo, convergen acá dos intereses legítimos que se deben tutelar: por una parte, la libre circulación de la información; y por la otra -lo que es aún más importante-, la protección de los datos personales. Es decir, que el flujo de datos que se realiza hoy en día se haga siempre con respeto a los derechos de las personas titulares de aquellos.
Un aspecto innovador que también se abordó en este proyecto es la transferencia internacional de datos personales, figura que, dada la globalización en que nos encontramos insertos, resulta cada vez de más frecuente ocurrencia, permitiendo así que incluso en tales casos se respeten los derechos de los titulares de los datos y que haya mayor estrictez con los países que no cuentan con niveles de protección adecuados.
En esta línea, existe un práctico consenso en orden a requerir una autoridad de control que se haga cargo de dar eficacia al marco normativo de protección de datos que se crea mediante la ley en proyecto, situación de la que también se encarga esta iniciativa.
Ahora bien, la naturaleza jurídica de esta entidad, así como su grado de autonomía, son de los puntos que han generado mayor debate al interior de la Comisión de Constitución y que probablemente van a provocar lo propio en esta Sala.
En cuanto a la tramitación legislativa, cabe hacer presente que, si bien ahora se trata de la discusión en general y de la votación de la idea de legislar, en la Comisión de Constitución hubo una labor importante. En primer lugar, se constituyó una Comisión técnica, compuesta por asesores de Senadores y de los Ministerios de Hacienda y de Economía, encargada de hacer converger un texto único entre la moción y el mensaje; luego de ello se trabajó en él para introducir las modificaciones acordadas durante el debate. De este modo, el texto cuenta con relativo consenso entre los miembros de la Comisión de Constitución y el Ejecutivo; por ende, resulta un gran avance hacia su aprobación en el estado actual.
En honor al tiempo, solo haré referencia a cuál es el grueso de este proyecto de ley y a qué estamos regulando, para posteriormente, durante la discusión en particular, remitirme a temas puntuales del articulado.
En primer término, se determinan el objeto y el ámbito de aplicación de la ley, así como sus exclusiones.
Se actualizan las definiciones legales.
Se incorporan principios en materia de protección y tratamiento de datos.
Se amplían los derechos de los titulares: los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), y también, el derecho a la portabilidad.
Se regulan más estrictamente las obligaciones y los deberes del responsable de datos dispuestos según el régimen pertinente.
Se aumentan los estándares para el tratamiento de datos personales sensibles y se consagra una regulación especial para ciertos tipos de datos personales sensibles: salud, biometría y perfil biológico humano.
Se reglan en forma especial los datos personales de niños, niñas y adolescentes.
Se contempla una regulación más clara y una fijación de estándares mínimos para el tratamiento de datos realizado por organismos públicos.
Se regula la transferencia internacional de datos personales.
Se crea -y este es un punto central- la Agencia de Protección de Datos, autoridad de control de carácter técnico y autónomo encargada de resguardar los derechos y las libertades de los titulares de datos y de regular y fiscalizar su tratamiento.
Se elabora un nuevo catálogo de infracciones, distinguiéndose entre leves, graves y gravísimas y consignándose las circunstancias agravantes y atenuantes; y se crea un registro nacional de cumplimiento de las sanciones.
Se establecen procedimientos administrativos de tutela de derechos por infracción de la ley y procedimientos de reclamación judicial.
Finalmente, se crea un modelo de prevención de infracciones que incentiva y promueve el cumplimiento de la ley por parte de los responsables de los datos.
Señor Presidente, considero muy importante aprobar este proyecto el día de hoy. Porque para nadie es un misterio la discusión generada a raíz de la filtración de datos que tuvo Facebook. Y nuestro país, al no contar con una legislación adecuada en esta materia, se halla expuesto a una situación similar.
Por esa razón, voy a votar a favor.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una comunicación del Senador señor Pizarro mediante la que solicita permiso constitucional, a contar del miércoles 4 de abril, para participar, en representación del Senado de Chile, en las Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer término, quiero señalar que nos encontramos viviendo un cambio de época en que se están transformando de manera radical la economía, la gestión de negocios, la gestión del día, el mercado laboral.
Mencionaré algunas cifras que ilustran el cambio de época que estamos viviendo.
El año 2000, en Chile no teníamos los famosos teléfonos inteligentes; hoy día hay 7,9 millones. Las ventas en línea eran de 0 por ciento; en 2018 han llegado a 29,7 por ciento. El 8,7 por ciento de los hogares tenían acceso a Internet; en la actualidad la cifra llega a 66,5 por ciento. El 0 por ciento de la población tenía banda ancha; hoy día la conexión supera el 20 por ciento. Los dispositivos de almacenamiento eran los disquetes, con capacidad de hasta 4,1 megas; en 2018 tenemos discos duros que almacenan hasta dos terabytes.
A nivel mundial, hacia el año 2005 el flujo de datos -es decir, la gestión transfronteriza o internacional de datos- era de 4,7 terabytes por segundo; hoy estamos hablando de 211,3 terabytes por segundo. O sea, dicho flujo se ha multiplicado por 45 en solo trece años.
En otras palabras, en la actualidad existe un cambio completo en la forma de administración de modelos de negocio y, particularmente, del desarrollo de lo que se denomina "economía de datos".
Voy a ilustrar con casos cotidianos.
Si ustedes creen que son libres al momento de elegir una película en Netflix, solo quiero comentarles que cuando escogen generan un patrón de consumo; este se almacena en datos, y luego las ofertas que les llegan se relacionan con ese patrón de consumo y no necesariamente con la total libertad que podrían tener para almacenar.
Hoy día existe la posibilidad de que, a través de la Internet de las cosas, ciertos refrigeradores almacenen un conjunto de datos sobre elementos que están en su interior y cuando ellos se van acabando disparan un dispositivo electrónico al supermercado para que mande determinada cantidad de productos.
Es decir, hoy día los datos están manejando un conjunto de elementos, no solo en el ámbito de los negocios, sino también en el de la vida cotidiana.
Nuestra Ley de Protección de Datos, del año 1999, en su oportunidad fue pionera en América Latina; sin embargo, ahora se halla completamente desfasada. La evolución tecnológica, el desarrollo de mercados, la transferencia transfronteriza, la globalización financiera son algunos de los factores que han superado a la normativa legal vigente.
El habeas data, que fue el recurso que le permitía a la gente reclamar ante la Corte de Apelaciones cuando sentía cierta vulneración de sus datos personales, es prácticamente inaplicable.
La verdad es que resulta muy difícil para un ciudadano saber, primero, si sus datos personales están siendo almacenados (derecho a conocer quién tiene nuestros datos); segundo, la razón del almacenamiento; tercero, el uso de los datos, y, finalmente, si ellos están siendo transferidos, vendidos o cedidos a terceras personas y cuál es la responsabilidad de los terceros adquirientes.
Nada de eso regula la ley vigente.
Por eso, se hizo un estatuto jurídico acorde a los desafíos del siglo XXI, con derechos sustantivos que, por un lado, asumen los desafíos de la ciencia y la tecnología, y por otro, le permiten a nuestro mercado tener una regulación lo suficientemente equilibrada, de una parte, para darles debida protección a los datos personales de todos los ciudadanos, y de otra, para motivar que Chile sea un país que pueda exportar servicios globales o desarrollar la industria del offshoring.
Ciertamente, Chile necesita normas especiales en materia de protección de datos, pero que también regulen la posibilidad de que ellos se intercambien.
Hoy día -para que Sus Señorías sepan- nuestro país no es considerado seguro a nivel internacional, toda vez que sus normas en materia tanto de derecho sustantivo cuanto procedimental no garantizan la debida y adecuada protección de los datos personales.
Veamos ahora la importancia de los datos para Chile.
Las exportaciones nacionales de servicios globales, desde el año 2008 al 2011, aumentaron de 800 millones a más de mil millones de dólares. Me estoy refiriendo a tecnologías de la información, soporte técnico remoto, desarrollos web, infraestructura, manejo de ciclo de vida de computadores, captura y procesamiento de datos, etcétera.
Por consiguiente, para Chile es muy importante contar con normas que permitan el desarrollo de tales industrias y que validen la transferencia transfronteriza de datos de nuestro país hacia el resto del mundo.
En lo referente a datos y negocios, veamos la realidad chilena y la europea.
Mientras en Finlandia el 50,8 por ciento de las empresas usan cloud computing, en Chile solo la utiliza un 7,7 por ciento. Y la proyección hacia el año 2025 señala que a lo menos 70 por ciento de las empresas medianas y grandes del mundo van a emplear la referida tecnología.
En definitiva, las preguntas son: cuando una empresa manda sus datos a la nube, ¿cuál es el grado de protección de ellos?; ¿qué certeza tiene aquella de que el almacenamiento que realiza la empresa dedicada al almacenamiento y protección de datos establece un grado de resguardo?; ¿cuán salvaguardadas se hallan las informaciones que entregan las empresas?
Señor Presidente, en materia legislativa, un conjunto de Senadores de la Comisión de Constitución presentamos una moción; el Gobierno de la Presidenta Bachelet propuso un proyecto sobre protección de datos personales; la referida Comisión fusionó ambas iniciativas y logramos incorporar elementos propios de los estándares de la Unión Europea, de la OCDE y de las Naciones Unidas.
No dejamos de observar los estándares de la APEC y de diversos organismos de nivel mundial.
La idea era ir sacando lo mejor de cada uno de esos estándares y elaborar un texto que, por un lado, proteja los datos personales de los ciudadanos, pero que, a la vez, posibilite que Chile se transforme en una plataforma de exportación de servicios globales.
¿Qué reconoce principalmente la ley en proyecto?
En primer lugar, establece un catálogo de definiciones.
Definimos qué es dato personal, qué es dato sensible.
Incorporamos dentro del concepto de dato personal los datos que hoy día son objeto del desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, la información biométrica, todo lo relativo a la información genética y los datos sobre otras áreas en que la ciencia actualmente está desafiando al Derecho.
Consagramos un catálogo en torno a los denominados "derechos ARCO", es decir, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incorporando un derecho moderno en la legislación internacional: el derecho a la portabilidad, en virtud del cual cualquier ciudadano va a poder portar su información almacenada en determinada parte a otro lugar, en la medida que el consentimiento y la ley lo permitan.
Se establece también la factibilidad de que esos derechos sean gratuitos, para que la gente pueda ejercerlos sin ningún tipo de restricciones.
Se estatuye como fuente de tratamiento principal el consentimiento. Es como elemento base de la licitud del tratamiento. O sea, las personas han de consentir en el tratamiento de sus datos personales, salvo en cuanto también lo disponga la ley. Porque hay casos en los cuales puede no mediar el consentimiento pero la ley impone la obligación de hacer almacenamiento de datos; por ejemplo, en los casos del sistema judicial y del Ministerio Público; en materia de seguridad, etcétera.
Se dispone que el consentimiento debe ser libre, informado y específico.
En cuanto a la finalidad, se preceptúa que hay fuentes de acceso público respecto de datos necesarios para la ejecución de determinados contratos.
Igualmente, se da cuenta de la realidad actual del intercambio de información en materia comercial.
Señor Presidente, a mi juicio, es importante destacar las normas que incorporamos en materia de transferencia internacional de datos. Ellas van a permitir que nacionales, sean personas naturales o jurídicas, realicen transferencias internacionales en condiciones de seguridad. Y eso es muy significativo para el negocio y el desarrollo de las industrias.
De otro lado, cabe connotar que se establece un modelo de prevención.
Con la ley en proyecto hemos buscado, a través del mejoramiento de ellos, elevar los estándares de calidad de empresas que se dedican al tratamiento de datos personales, al almacenamiento o a la creación de burós. Para eso, establecimos un modelo de prevención. Es decir, que las empresas adopten un modelo preventivo, un gobierno corporativo de protección de datos personales; y eso les va a servir como atenuante frente a un eventual proceso infraccional.
Adicionalmente, fijamos una categoría de infracciones leves, graves y gravísimas, justamente para ir graduando de acuerdo a la envergadura de la infracción de que pueda ser objeto un ciudadano. Y se crea una institucionalidad lo suficientemente flexible para adecuarla a las nuevas realidades tecnológicas, pero también lo suficientemente robusta, con facultades. Y se hace depender del Ministerio de Hacienda, a la usanza o modalidad de la Unidad de Análisis Financiero, justamente para dar debida protección en el ámbito de los datos personales.
Sobre esta materia, es relevante señalar que, en cuanto a institucionalidad, no existe un modelo único a nivel internacional.
Algunos países separan las normas sobre transparencia respecto de la protección de datos personales. Otros las tienen reunidas en una misma mano. Es el caso de ICO, en el Reino Unido, o de INAI, en México. Pero naciones como España tienen la Agencia de Protección de Datos Personales, institución especializada y separada de las normas sobre transparencia.
En Chile quisimos iniciar la institucionalidad pertinente dentro del Ministerio de Hacienda, con un servicio público especializado, cuyo director será una persona especializada en esta materia, solo con funcionarios de carácter técnico. Dicho servicio tendrá como objetivo supervigilar y fiscalizar el desarrollo del mercado, particularmente en los ámbitos público y privado.
¿Por qué digo esto? Porque originalmente el proyecto del Gobierno tenía una diferencia: la Agencia de Protección de Datos Personales solo iba a poder fiscalizar al sector privado, el tratamiento de datos por parte de este.
En la Comisión de Constitución consideramos que no era adecuado, toda vez que el Estado es un gran tratador de datos personales a través de los servicios públicos.
En razón de ello, incorporamos en la Agencia de Protección de Datos Personales la facultad de fiscalizar, e incluso de aplicar sanciones, a las instituciones públicas y privadas.
Con ello velamos por lo que se denomina "oferta unívoca del Estado". Es decir, el ciudadano va a tener una sola institución a la cual recurrir, independiente de si el tratador del dato es un órgano público o un ente privado.
¿Cuál es la importancia práctica de lo que he señalado, señor Presidente? Que esta normativa nos va a permitir mejorar los estándares de protección de los datos personales, pues hoy día en este ámbito se afecta a millones de chilenas y chilenos.
Quienes estamos acá, y la gente que nos escucha no sabemos a ciencia cierta quién tiene los datos personales.
En la actualidad hay un conjunto de personas naturales y jurídicas cuya actividad principal es el tratamiento de datos de las personas. No sabemos en qué condiciones. No conocemos el precio de venta de los datos. Ignoramos si los venden, los ceden o los transfieren a organismos nacionales o internacionales.
Dicho sea de paso, uno de los problemas más complejos que hemos debido vivir en el último tiempo es la adquisición por empresas multinacionales de compañías nacionales que tienen y administran bases de datos.
Entonces, surge la pregunta: si en el proceso de venta las bases de datos tuvieron un valor relevante al momento de realizarse la transacción, ¿no sería adecuado que las empresas respectivas se rigieran asimismo por los estándares más estrictos en materia de la protección de datos?
Es lo que corresponde. Pero, lamentablemente, la legislación que tenemos hasta ahora no lo contempla de ese modo. Sí lo hace este proyecto de ley.
Por ejemplo, hoy día, cuando una persona se traslada en Uber o en Cabify o arrienda en Airbnb o en alguna otra plataforma, los datos de los recorridos y los de los arriendos quedan almacenados. El valor que el ciudadano paga por esa red social no es económico: es el valor que adquieren los datos al autorizarle al dueño de la plataforma la transferencia, el tratamiento, la venta y la cesión de ellos.
Por eso, no debemos sorprendernos cuando de pronto nos llega determinado tipo de información a nuestro correo electrónico, o bien, cuando a través de las plataformas de televisión o de otros medios recibimos cierto tipo de ofertas en función de nuestros patrones de consumo. Ello sucede porque, sin haber leído debidamente los contratos que generalmente existen en materia informática o tecnológica hemos autorizado la transferencia de nuestros datos al apretar una y otra vez "Acepto" sin ninguna consideración.
Señor Presidente, habiendo conocido vastamente las legislaciones nacional e internacional, me permito señalarles a Sus Señorías que se trata de un proyecto que desde el punto de vista del derecho sustantivo está muy bien logrado y que desde el ángulo del derecho procesal contiene garantías explícitas al objeto de que los ciudadanos puedan ejercer el amparo con respecto a sus datos.
Esta iniciativa recibió un amplio respaldo en la Comisión de Constitución, donde fue aprobada por la unanimidad de sus miembros.
Además, contó con la participación activa de personeros del Gobierno precedente, como doña Bernardita Piedrabuena y don Roberto Godoy.
Por lo expuesto, recomiendo a esta Honorable Sala la aprobación de este proyecto de ley.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, las nuevas tecnologías han abierto horizontes hasta hace poco insospechados, posibilitando la existencia de enormes flujos de información y, consecuentemente, generando vastos depósitos de información personal.
Hoy, en la llamada "era digital", la información es un bien demasiado valioso. Ya no solo se trata de conocer el nombre o el RUT, e incluso, el domicilio de una persona. Desde los flujos comerciales a las aficiones personales son susceptibles de ser pesquisadas, organizadas y convertidas en bases de datos predictivas.
¿Por qué los supermercados y las grandes tiendas premian con puntos y beneficios a los consumidores a cambio de que entreguen su RUT? Ciertamente no lo hacen para fidelizar a sus clientes, sino porque el cruce de datos permite establecer hábitos de consumo, preferencias, frecuencias y presupuestos. Con esa información, sumamente personalizada y segmentada, diseñan y modifican estrategias de venta y publicidad.
Lo mismo ocurre con las redes sociales y los servicios en línea. La enorme cantidad de antecedentes que las personas depositan, a veces sin siquiera notarlo, en las distintas plataformas ofrecidas por Internet hace posible definir tendencias y costumbres, hábitos y creencias, redes de amistades, temores, sueños y anhelos.
Tal es la importancia que ello cobra que el propio Presidente de la República delegó la dirección de su Secretaría de Comunicaciones, no en un sociólogo o un comunicador, como solía ocurrir, sino en un reconocido experto en el manejo del llamado "big data", que no es otra cosa que la gestión y el análisis de enormes volúmenes de información que no pueden ser procesados de manera convencional.
Nadie pone en duda que los beneficios de un uso adecuado de datos personales pueden ser fabulosos. Sin embargo, el rápido avance de las tecnologías y el desarrollo del conocimiento asociado al tratamiento de antecedentes pueden, eventualmente, perjudicar los derechos de que son titulares.
Todas las bases de datos generan grandes oportunidades y, simultáneamente, grandes amenazas.
Un caso reciente es el que conocimos hace algunas semanas, cuando quedó al descubierto la utilización de registros de más de cincuenta millones de personas obtenidos desde Facebook, los que fueron empleados de manera más que cuestionable para fines electorales y comerciales. Facebook sufrió pérdidas económicas importantes, pero más han perdido quienes quedaron expuestos a una violación masiva de su privacidad.
La regulación del tratamiento de datos personales es necesaria y urgente para garantizar el respeto y resguardo de los titulares.
Cuando en 1999 se dictó la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, solo se perseguía regular la comunicación de antecedentes, pero se dejó fuera el tratamiento, la cesión, la transferencia y las responsabilidades de los tratantes. La tecnología de la época no permitía siquiera avizorar que el escenario sería completamente distinto apenas dos décadas después.
Hoy, nuestra legislación, en este como en muchos otros casos, se encuentra obsoleta y desactualizada. A la fecha, el tratamiento y la circulación de datos personales han adquirido un gran valor, lo que obliga a resguardar su uso legítimo. Al mismo tiempo, se debe prevenir y sancionar su uso ilegítimo.
Chile requiere un marco regulatorio flexible, que se adapte al rápido desarrollo tecnológico y, a la vez, sea lo suficientemente fuerte y eficaz para prevenir vulneraciones a los derechos de las personas y situaciones que pueden afectar gravemente el orden social e incluso la seguridad del país. Esta es la importancia y complejidad del proyecto en debate.
Un aspecto destacable de la iniciativa es la incorporación de los denominados "derechos ARCO", lo que asegura a quienes vean vulnerados sus datos personales los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento que puedan hacer de ellos determinadas empresas.
Pero el articulado no solo se encarga de reconocer derechos. También establece sanciones para quienes infrinjan la normativa y crea, para ello, una nueva institucionalidad: la Agencia de Protección de Datos Personales, encargada de velar por el cumplimiento de la ley.
Quienes critican el texto -porque los hay- apelan a que las nuevas reglas propuestas implicarán altos costos económicos para las empresas que se dedican a manejar bases de datos. Además, exponen que la fiscalización -por cierto, hoy inexistente- podría resultar demasiado invasiva.
Lo concreto, señor Presidente, es que los antecedentes personales son el recurso más valioso de la era digital. La masificación de Internet, el uso de grandes volúmenes de información y la expansión del comercio electrónico son precisamente parte de la nueva economía digital. Chile no puede quedarse atrás. La utilización de datos personales debe ser estrictamente regulada, y quienes los empleen en forma maliciosa o abusiva deben recibir sanciones de acuerdo con la gravedad de sus faltas.
Si queremos ser un país desarrollado y empinarnos a la altura de los estándares de la OCDE, debemos contar con leyes y regulaciones más modernas, que comprendan la defensa de los derechos y de la privacidad de las personas y que se hagan cargo de ello, y no solo de las necesidades de quienes aspiran a seguir ganando dinero -o elecciones- con la información sobre el prójimo.
El señor MONTES (Presidente).- Hay una solicitud del Honorable señor Araya para abrir la votación.
El señor BIANCHI.- Sobre la base de conservar el tiempo.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para ello en esos términos?
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, parto por felicitar a los autores de la iniciativa que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.
El país tiene la posibilidad de contar con un marco que resguarde la privacidad de sus ciudadanos acorde con el avance tecnológico existente y el valor de la información.
La ley N° 19.628 es del año 1999, cuando conceptos como big data, inteligencia artificial e incluso red social eran desconocidos y posiblemente muy lejanos, por lo que la aprobación del proyecto se hace imperativa tomando en especial consideración que Chile no se halla catalogado de "puerto seguro" para la transferencia transfronteriza de datos personales, situación en la que sí se encuentran países de la región como Argentina y Uruguay, lo que repercute en el no aprovechamiento de una enorme oportunidad para ser más competitivo en un mercado y un mundo más globalizados.
El texto, además de cumplir con una deuda pendiente de Chile como miembro de la OCDE, permitirá facilitar los usos beneficiosos e innovadores de los antecedentes en un entorno de negocios y tecnológico en constante evolución, lo que en última instancia garantizará la competitividad económica.
No obstante lo anterior, esta oportunidad de mejorar nuestros estándares de protección no debe implicar una sobrerregulación que se traduzca en aumentos en las estructuras de costo, especialmente para la pequeña y la mediana empresas, lo que las haría menos competitivas con relación al resto no solo a nivel local, sino también a nivel mundial.
Asimismo, jamás podemos desproteger, detrás del escudo de la privacidad, otras garantías de enorme relevancia, como la libertad de expresión.
De esta manera, el texto debe buscar ese tan anhelado balance entre la protección de los datos personales de los ciudadanos y la libertad de expresión y el ser debidamente informado, no solo circunscrito a los medios de comunicación social, sino también al llamado "ciudadano de a pie", el que, gracias al desarrollo de las tecnologías, tiene una oportunidad y -por qué no decirlo- un deber de informar en forma responsable y seria.
Por todo lo anteriormente explicitado, se debe apoyar la iniciativa. No obstante, es preciso seguir principios como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo del cual Chile es uno de los 35 países miembros, y tomar en consideración, pero a la vez adaptarla a nuestras realidades jurídica y económica, la normativa de la Unión Europea, de manera que no exista una sobrerregulación que se traduzca en una discriminación a alguna industria y la pérdida de competitividad.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hemos escuchado varias intervenciones relevantes.
Estimo significativo que el proyecto, el cual prácticamente contó con unanimidad en todos y cada uno de sus artículos, haya sido trabajado con la coordinación de los entonces integrantes de la Comisión de Constitución, dos de ellos hoy día ministros de Estado.
A mi juicio, más allá de profundizar en la importancia del articulado, no es menor saber quién será la contraparte en el caso del Ejecutivo -lamento que no se encuentre aquí alguien que lo represente, pues me había parecido ver al Ministro Secretario General de la Presidencia-, considerando que igualmente se crea una nueva institucionalidad. La Agencia de Protección de Datos es un elemento fundamental. En la Administración anterior se trabajó con Bernardita Piedrabuena y el equipo de Hacienda, principalmente, para elaborar la arquitectura de esa entidad.
Hoy día se registra un absoluto consenso en la necesidad de actualizar nuestra legislación.
Me parece asimismo importante, con relación a la seguridad, pero también al dinamismo económico, poder identificar transparencia, primero, en la labor de tratamiento de antecedentes, y segundo, el no aprovechamiento o tráfico ilegal de bases de datos. Muchas veces, producto del acopio de estas en farmacias, recintos hospitalarios o situaciones en que la confidencialidad no se halla debidamente cautelada, el material es empleado y prácticamente distribuido en un mercado bastante opaco, el cual no sabemos en qué termina.
Ahora ello se regulará y reconocerá, y en el Estado y los ciudadanos existen tranquilidad y certeza respecto de cómo será la utilización.
El recurso más valioso -es relevante la portada de The Economist de mayo de 2017- se encuentra constituido precisamente por los datos. La batalla por la supremacía digital se expresa en la discusión que en la actualidad enfrenta a potencias como Estados Unidos y China.
Juzgo que nuestro país se está poniendo al día con el ordenamiento en examen. Estamos avanzando. Ojalá el Ministro pueda hacerse presente en el transcurso del debate, para entender cuál será el tratamiento de la Agencia por parte del Ejecutivo, especialmente desde el punto de vista institucional. No sacamos nada con una copiosa legislación, discutida, consensuada, si no disponemos, en definitiva, de organismos en que el ciudadano puede requerir sus derechos o exigir una investigación ante infracciones.
Valoro la labor realizada. La Comisión seguirá trabajando con la misma disposición. Cabe agradecer, además, tanto a la Secretaría del órgano técnico como a los equipos del Ejecutivo. Pero es fundamental, para que el proyecto se convierta lo antes posible en ley de la República, contar con la contraparte de quien continuará con el tratamiento del asunto por el Gobierno.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, quiero felicitar a la Comisión de Constitución, porque considero que este es un gran proyecto, el cual viene a resguardar los derechos y también las obligaciones de quienes usan nuestros datos.
Cabe agregar -es posible que muchos lo digamos- lo relativo a la competitividad del país en términos económicos, en un mundo claramente digitalizado que cada día avanza con mucha rapidez. Y Chile, siendo muy moderno en algunas normativas, se estaba quedando atrás en este aspecto.
Solo deseo mencionar que en la discusión particular probablemente será preciso vincular al Consejo para la Transparencia, en especial desde el punto de vista de los datos públicos, que también se hallan incorporados en la ley, ya que es la institucionalidad relacionada con estas materias, y hoy día se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que competiría con esa figura.
Respecto de lo planteado por el colega que me precedió en el uso de la palabra, creo que nuestro Gobierno estará muy preocupado, sin duda, de instalar eficientemente esta última entidad, porque ello sigue el camino de nuestro desarrollo.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, pienso que esta Corporación tiene que comenzar a debatir sobre los grandes temas. Nos hallamos ante un gran avance, pero diría que es un punto de partida, y lo que estamos viviendo es la punta de un iceberg.
El Senador señor Harboe decía que nos encontramos en una nueva era, en circunstancias de que se trata, en realidad, de una metamorfosis. Lo que estamos experimentando es un trance. Lo ocurrido durante cuatro mil 500 millones de años, desde que se formó la Tierra, ha sido una fase continua de evolución, de procesos biológicos e interacción con el medioambiente, lo que originó la vida y la llevó hasta donde la conocemos y a la creación de los seres humanos.
Esa etapa natural finaliza y comienza una evolución que ya carece de la temporalidad de la biológica y resulta mucho más rápida: es a escala tecnológica. En la actualidad, el ser humano ha podido intervenir los genomas a través de la inteligencia artificial y modificar la estructura de cualquier ser vivo.
Nos hallamos en una era distinta, donde la rapidez de los procesos -y ello tiene que ver con lo que estamos discutiendo- implica mucho más que los datos. Estos últimos determinan que toda nuestra vida, todo lo que somos, todos nuestros sentimientos, emociones y pensamientos, se ordenen de manera diferente, porque cada vez que entran a la red se transforman en un código binario -cero uno- y transitan a la velocidad de la luz. Entonces, sobre la base de la velocidad biológica, con instituciones biológicas, con estados biológicos, con partidos biológicos, con estructuras que se podrían calificar de analógicas, se tiene que enfrentar una nueva realidad, cual es una era cuántica, con otras aceleraciones. Por lo tanto, es una carrera contra la obsolescencia total. La celeridad de los cambios hoy día no tiene parangón. Ello justamente obedece al tránsito en esferas distintas.
El oro y el poder en el mundo venidero son los datos. Son lo que en este momento tiene valor. Para la humanidad constituyen precisamente el desafío más importante.
Cabría preguntarse no solo por la privacidad. Me parece que esta fue un paréntesis en la historia de los seres humanos y terminó. Más allá de los esfuerzos que podamos desplegar por una regulación -y creo que es preciso hacerlos-, es necesario pasar a una escala planetaria.
En la actualidad, Google y Facebook saben más de nosotros mismos que aquello que incluso nos es posible anticipar que pudiéramos ser. Sus datos pueden hacer legibles aspectos de nuestras vidas que no vemos. Pueden comprender mejor nuestro inconsciente. Pueden establecer correlaciones que no advertimos entre objetos y entre objetos y seres humanos.
Un proyecto llamado "Target" fue capaz de detectar embarazos antes de que las mujeres conocieran su estado. Incluso puede estructurar sensaciones, sentimientos y emociones diseñados, que no nos pertenecen y que se incorporan. Puede establecer patrones dentro de nosotros al manejar justamente todas las circunstancias o, como decía, hacer legibles todos los aspectos de nuestra vida.
Hoy día, Google y Facebook se hallan enterados de adonde vamos, de lo que nos gusta, y no solo de nuestro periódico habitual, sino también de la parte de su contenido que leemos. Por lo tanto, nos tienen completamente identificados. Somos un sistema hipertransparente.
El problema de los datos es justamente la hiperopacidad con que se manejan, porque su recolección se halla totalmente descentralizada. Todos utilizamos teléfono y, a partir del aparato, entregamos nuestros antecedentes, pero la disposición de ellos es oscura.
La experiencia reciente del proyecto Cambridge Analytica, mencionada por algunos colegas, determina precisamente cuál es el desafío de la humanidad, cómo vamos a ser intervenidos, en qué forma las emociones se usarán a nivel prerreflexivo para influir en las personas.
¿Se termina el liberalismo? Entendido como que cada ser humano es el que mejor puede tomar decisiones y saber de sí mismo, considero que la respuesta es afirmativa.
¿Porque qué son el dataísmo, Silicon Valley, el transhumanismo? Se vinculan con la idea de que los datos son lo más importante. Y lo que todos tenemos que hacer es registrarlos, ponerlos en el flujo de antecedentes, y un algoritmo va a darles sentido y decirnos lo que debemos hacer.
En el mundo liberal, el sentido se lo da uno: es interno, íntimo. En el mundo del dataísmo van a darlo los datos, los algoritmos, y se nos dirá con quién pololear, con qué pareja salir.
Además, no podemos competir con una inteligencia artificial que todavía -menos mal- es específica. No puedo rivalizar con waze.
Hoy día se dice: "Claro, la inteligencia artificial es la de un insecto". Pero ningún insecto logra aterrizar aviones, a diferencia de los algoritmos, o predecir climas.
Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el riesgo inminente que corremos hoy día? Lo han planteado algunos filósofos muy interesantes como Nick Bostrom, quien dice que estamos a un paso de la superintelingencia, que es el momento en que los datos que nutren la inteligencia artificial se podrán autoprogramar, superando a la inteligencia humana.
Entonces, el tema de los datos va mucho más allá de los datos: es una cuestión planetaria que debe ser abordada.
Con este debate, Chile da inicio a una reflexión.
Lo que estoy señalando va a cambiar completamente nuestras vidas. Por ejemplo, en el ámbito laboral la mitad de los puestos de trabajo va a desaparecer como consecuencia de la inteligencia artificial.
Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Nada más que sistemas de funciones matemáticas alimentados por datos. Mientras más datos tengan, más inteligentes son.
¿Y qué estamos haciendo los seres humanos? Les estamos traspasando el poder que teníamos a los algoritmos, que van a superarnos.
Cuando yo miro este celular, me pregunto si se trata de capacidades aumentadas o disminuidas. ¿Son capacidades aumentadas o disminuidas para nosotros? A mi juicio, son disminuidas. Si lo pierdo, no tengo memoria. Los jóvenes ya no escriben: envían mensajes de texto. No van a leer, no van a necesitar aprender idiomas, no van a necesitar manejar. ¿Por qué? Porque todo va a estar acá. Vamos a ser totalmente dependientes de los datos y de estas tecnologías.
¿Cómo se encara este problema? ¿Cómo se les hace frente a los hipermonopolios de Facebook y Google, que perciben utilidades millonarias y que pueden derivar hacia el trabajo no solo de los datos, sino que pueden dedicarse también a la inteligencia artificial o a la ingeniería genética con el objeto de hacer hombres o seres humanos inmortales? Porque los dueños de Facebook y de Google quieren ser inmortales. Por eso invierten en estas tecnologías, pues poseen todos los recursos del mundo. De hecho, Google obtuvo utilidades cercanas a los 80 mil millones de dólares en 2015 y Facebook, casi la mitad. ¡Son incontrarrestables! ¡Son poderes incontrarrestables!
¿Cómo se enfrenta eso? ¿Cómo vamos a manejar nuestros datos?
Tal vez, cada uno de nosotros debería tener una nube con nuestro nombre. No importa si los datos llegan por Facebook, por Google o por Twitter. Deberían estar almacenados en una nube personal y que cada ser humano pueda decidir cómo darles sentido.
Creo que tiene que haber una conciencia global. La gestión o la democratización de la inteligencia artificial representan un desafío a futuro tan importante como el cambio climático. De eso dependerá si seguirá existiendo lo humano o si va a quedar, definitivamente, inmerso en un mundo donde seremos esclavos de estas plataformas.
El camino que iniciamos al discutir este tema, a la escala de lo que está pasando en el planeta, aparece como algo pequeño, como algo menor. Sin embargo, pienso que es el comienzo de un proceso en que el principal desafío de la democracia será democratizar la inteligencia artificial, democratizar los datos. Si no lo hacemos, vamos a ser gobernados y controlados por los datos; vamos a ser controlados por suprapoderes, con los cuales no vamos a poder competir, porque eso es imposible.
Hoy día, estas inteligencias alimentadas por datos, por algoritmos, son específicas. Watson, por ejemplo, va a eliminar a los médicos en el futuro, porque ningún facultativo puede analizar 25 millones de estudios médicos que se han efectuado en los últimos 30 años y que aumentan en 500 mil anualmente. Watson lo hace en un segundo. No vamos a poder competir con esa inteligencia específica.
El desafío de la humanidad es que estamos creando una inteligencia que pensamos que está al servicio de los seres humanos, pero que nos conoce mucho mejor de lo que nosotros la conocemos a ella. Además, cuenta con un lenguaje propio y entiende el nuestro, así como también nuestras emociones; pero nosotros no la entendemos a ella.
En el mundo que viene el desafío es saber qué pasaría cuando en la nube Watson le enseñe a Waze cosas propias del ámbito de la salud y Waze, por su parte, le enseñe a Watson acerca de geolocalización, con lo que se irán intercambiando inteligencias.
¿Cómo vamos a enfrentar ese mundo?
Por eso, valoro este proyecto, que está dando inicio a una conversación sobre algo que, tal vez, representa el principal desafío de nuestra humanidad, en el sentido de responder qué queremos ser: una sociedad de seres humanos gobernada por un sentido de lo humano o gobernada por el sentido de lo que señalan los transhumanistas.
¿Qué dicen los transhumanistas? ¿Qué señala Ray Kurzweil, que es el líder más importante del transhumanismo y, además, jefe de inteligencia artificial de Google y fundador de la Singularity University y de Silicon Valley? Él afirma que los seres humanos somos algoritmos anacrónicos y no podemos competir con las máquinas. Sostiene que vamos a ser reemplazados por las máquinas, que debemos ser reemplazados por estas. Ningún sistema democrático, ningún ser humano, ningún cerebro humano puede gestionar y analizar la inmensidad de datos cada vez mayor. Por tanto, desde la perspectiva de los transhumanistas, el destino de los seres humanos es que tengamos continuadores evolutivos: los algoritmos y las máquinas.
Frente a esa visión hay otra que esgrimen los hiperhumanistas. Estos sostienen que hay que preservar lo humano. Tal vez, la única manera de preservar lo humano sea aumentando las capacidades de inteligencia de nuestro cerebro para poder competir con las máquinas. Es un desafío apasionante. En mi opinión, este Congreso debiera estar cada vez más cerca de esa discusión. Por eso me parece muy muy importante lo que estamos haciendo.
Para mí, hay tres grandes desafíos que debe abordar la humanidad. Primero, la inteligencia artificial; luego, el cambio climático, y, finalmente, cómo vamos a gobernar la salud del planeta, las grandes migraciones y el mundo que viene.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Agradecemos su intervención, señor Senador.
¡Le queda difícil al Senador señor Coloma...!
No sé si será posible intervenir después de lo que hemos escuchado.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, este es un proyecto que yo definiría, a lo menos, como intrigante, en una triple dimensión.
La palabra "intrigante", en este caso, no es peyorativa, pues ella dice relación con algo que genera intriga, que genera dudas y que provoca ganas de conocer lo que hay detrás.
La primera cosa es que hasta ahora -me parece bien- la lógica del Parlamento había apuntado mucho más a la búsqueda de la transparencia. Transparencia que se llevó, en un momento dado, hacia la desnudez, en que parecía que constituía un mérito por sí mismo el hecho de que todo el mundo supiera todo acerca de todos.
Digo lo anterior porque fue un aspecto que se discutió a propósito de otro proyecto de ley hace algunos años. En esa oportunidad hice la advertencia por lo menos -fui de quienes no aprobaron la iniciativa- sobre el hecho de cómo se podían entender las compensaciones propias de la vida. Hay espacios, obviamente necesarios, de modo particular en el ámbito público, respecto de lo que significa el conocimiento transparente de las cosas, pero no necesariamente de los procesos, como vimos el otro día, porque la manera en que se llega a una conclusión tiene que ver con las lógicas propias del debate. No es eso lo que uno busca en el ámbito público, sino que aquello que se resuelva sea transparente, así como también la forma en que se utilizan los recursos.
Hasta ahora, aquí había una ola en que se buscaba todo lo que apuntara a fortalecer lo que se consideraba como valor excluyente, único. Y hoy día hay un correlato, una suerte de visión distinta a través de este proyecto que persigue -así lo dice su nombre- regular la protección.
Fíjense en el detalle: pasamos de la transparencia a la protección. ¿Por qué? Porque también con la vida uno se da cuenta de que la transparencia en sí misma no es un valor, pues tiene que ver con los fines que uno busca. Y hay espacios para la intimidad que son fundamentales. Me refiero a los datos íntimos de cada cual que pueden estar relacionados con la salud, con cosas familiares, con muchos aspectos que son parte de la complejidad de la vida. La vida no es simple y tiene espacios distintos para cada uno.
Entonces, me parece que esta primera intriga queda bien resuelta, porque si se busca, de manera objetiva, una lógica de mayor transparencia, encuentro muy racional que exista una política de protección de datos, en términos de que no se entienda que hay una disponibilidad igual si se trata de una persona o de una cosa. Creo que esa es una primera respuesta correcta.
El segundo elemento dice relación con lo que planteó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra -algo alcancé a oír y ya lo habíamos conversado con él-: es intrigante pretender que en Chile se quiera limitar el acceso a los datos, cuestión que hoy día ha desbordado por completo lo que este Parlamento y los parlamentos de todo el mundo pudieran hacer al respecto.
Se debería estar viendo -no sé si ya se planteó- cómo regular lo que pueden hacer Facebook, Google o distintos buscadores que tienen información personal -no digo que esto sea ilegal-, la cual, probablemente, han obtenido de buena forma. Y nosotros hemos sido parte de los dadores de información, que a veces ni siquiera sabemos que ellos han logrado obtener.
Me he dado cuenta, a propósito de cosas que uno va viendo en la vida, de que cuando se hace una consulta empleando estos buscadores luego le replican a uno entregando una solución a la pregunta que se planteó o aportan información sobre el tema consultado; y después llegan respuestas que uno ni siquiera había pensado como alternativa.
¿Por qué digo esto? Porque la ley manda, permite o prohíbe, pero siempre debe tratar de ubicarse en el espacio-tiempo. Y, francamente, veo que esta intriga no se halla bien resuelta, en el sentido de cómo vamos a pretender regular una situación que ya excedió por mucho lo que la normativa puede implicar. Objetivamente, si hoy día se estableciera que la publicación de cualquier dato personal tiene que ser autorizada, imagínense lo que sería el mundo si se debieran autorizar los ya existentes. A mi juicio, ello sería imposible.
Esto no quiere decir que uno no haga un esfuerzo al respecto. Me parece que esta reflexión se está iniciando, lo cual resulta positivo. Pero seamos prácticos. Es muy naíf pretender que de esta manera se controlará y se logrará tal protección. A mi juicio, es a lo menos algo difícil de conseguir.
La tercera intriga, que me supera por completo, es cómo termina generándose una Agencia de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Hacienda. Considero que esta sí es la mayor de las intrigas. ¿Qué tiene que ver Hacienda, conceptualmente, respecto de la tutela de una Agencia de esta naturaleza?
No me refiero a si debe o no debe crearse dicha Agencia. Si va a existir, pienso que tendría que ser mucho más autónoma; poseer su lógica propia, su objetivo propio, su destino propio y no estar condicionada a que, al final, algo tan sensible como la protección de los datos quede entregada al Gobierno de turno, ya sea el actual, el que venga o el que fue. Ello no tiene nada que ver.
Asimismo, tampoco sé qué tiene que ver, conceptualmente, el Ministerio de Hacienda con la protección de datos.
Entiendo que aquí hay una idea y un ánimo de legislar. Como se ha explicado, se trata de un tema que hay que abordar en algún minuto, pero admitamos que estamos haciéndolo como respuesta a otras leyes aprobadas.
También reconozcamos que nos encontramos ante un mundo que se ha desbordado. Con esto no quiero decir que sea malo que a veces el mundo se desborde. Es necesario y sano que algunas cosas se desborden. Gracias a ello han caído mitos y han mejorado condiciones de vida. Yo no soy trágico respecto del mundo. Si uno observa la situación actual, es probable que la tierra nunca haya tenido tantos seres humanos, seres humanos sapiens (para no caer en nada que después pueda ser replicado, porque sabemos que se habla de seis tipos de humanos, como ya fue explicado adecuadamente). Y, dentro de nuestra segregación, nunca ha habido lo que tenemos hoy día. De igual forma, es probable que los grados -no sé si de felicidades- de formas de combatir la pobreza en la actualidad sean mucho más exitosos que en cualquier otro momento de la historia. O sea, hay desbordes positivos.
Sin embargo, tratar de regular a esta altura la información sobre datos personales es algo que encuentro de una complejidad que va más allá de un proyecto de ley. No estoy criticando la iniciativa que nos ocupa; me refiero a la tarea y a la envergadura de esta.
Y a todo evento espero que en la discusión en particular sea completamente modificado el concepto y la naturaleza de la Agencia de Protección de Datos Personales o como se llame, que no se entienda que los datos quedan a disposición o bajo el control de una autoridad determinada. En esta materia sí que solicitaría la máxima autonomía. Si estamos pidiendo autonomía en las finanzas públicas y en materia electoral, a mi juicio, la autonomía en materia de manejo de datos personales es mucho más relevante -insisto-, más allá de lo precaria que pueda ser esta implementación.
Señor Presidente, este debate ha sido interesante. Creo que con esto se inicia una discusión gigantesca.
Tengo entendido que el Gobierno -a lo menos así lo vi en su programa- tiene ideas para incorporar sobre la materia. Considero que es un buen momento hacerlo a través de las indicaciones.
Nos encontramos ante esos temas que se deben abordar, aunque existan esas intrigas consustanciales a ellos.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, hemos sido convocados para analizar un proyecto de ley, resultado de la fusión de una moción y un mensaje, que constituye una aspiración de larga data, sobre todo cuando estamos viviendo la Cuarta Revolución Industrial, donde hay sistemas ciberfísicos y donde está en ciernes un darwinismo tecnológico que, sin lugar a dudas, pone en jaque el derecho a la honra de las personas, que viene a ser complementario del derecho a la intimidad.
El artículo 19, número 4°, de la Carta Fundamental resguarda el derecho a la honra de la persona. Y el derecho a la intimidad, como el resguardo de las injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas o de sus familias, se encuentra reconocido en la gran mayoría de las normativas constitucionales de las naciones. Por ello, la aprobación de este proyecto de ley nos permitirá quedar en el mismo nivel de los países más desarrollados.
La Agencia de Protección de Datos Personales será un aporte muy valioso al debido tratamiento de la materia, ya que también constituye una preciada aspiración.
A este respecto, debo manifestar que siendo Diputado, en el año 2008, entregué al entonces Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, una propuesta legislativa para crear una Agencia Nacional de Protección de Datos, basada en la experiencia de otros países.
Esto pone en relieve otros temas que también me gustaría que se abordaran. Por ejemplo, el derecho al olvido en Internet, ya que muchos de los datos que circulan en los motores de búsqueda han sido obtenidos de diversos bancos de datos que ya han perdido vigencia, de manera que sus titulares están en su legítimo derecho a que se eliminen.
Por otra parte, en el citado numeral 4° del artículo 19 de la Constitución se garantiza "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona".
La disposición referida fue concebida para incorporar el derecho a la intimidad de la persona como una prerrogativa que debe ser objeto de tutela jurídica en el ámbito constitucional.
Este derecho, con la evolución tecnológica, ha ido variando profundamente, por lo que resulta imperioso ampliar su ámbito de protección, así como establecer adecuados instrumentos de tutela jurídica, ya que el advenimiento de la informática se ha convertido en un instrumento fundamental para el desarrollo de la sociedad. Toda persona registrada en un banco de datos se encuentra expuesta a una vigilancia continua e inadvertida, lo que, indudablemente, afecta o puede afectar los aspectos más sensibles de su vida privada, por lo cual se comienza a exigir un reconocimiento sobre el uso y control de sus datos.
La protección de la intimidad en este orden de cosas ante los sistemas informáticos no implica de modo alguno impedir el proceso electrónico de intercambio de informaciones -absolutamente necesario, como se ha dicho, para el funcionamiento de todo Estado moderno-, sino que busca el aseguramiento democrático de la información tecnológica y con pleno respeto de los derechos humanos.
De esta forma, si un derecho a la intimidad en la vida del ser humano ha sido perfectamente viable, el tratamiento y el almacenamiento tecnológico de sus datos son también plenamente posibles.
El derecho a la protección de los datos personales de todo ser humano debe ser reconocido, entonces, con carácter fundamental, porque resulta insoslayable que el contacto permanente de las personas con sus semejantes al interior de la comunidad social de la cual forma parte, así como también todos aquellos avances tecnológicos que se han ido desarrollando en la sociedad han ido transgrediendo aquellos ámbitos que forman parte de la intimidad personal.
Por lo tanto, concurro con mi voto favorable al proyecto de ley para que, a la brevedad, se discutan las indicaciones que habrá de presentarse a su texto, a fin de contar con la adecuada regulación de los datos personales y con una Agencia para su protección, lo que constituye una indispensable necesidad.
Señor Presidente, como hemos señalado, estamos frente a una Cuarta Revolución Industrial, en la que el acceso democrático a la información resultará vital. Y, claramente, la necesidad de resguardar el derecho a la intimidad de las personas, que es un complemento de nuestra garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 4°, en términos del derecho a la honra de la persona, va en la dirección de garantizar, finalmente, que estos sistemas resguarden la intimidad de las personas.
Por eso, voto favorablemente, y espero presentar algunas indicaciones durante la tramitación legislativa, para los efectos de, finalmente, ir avanzando en el resguardo del derecho a la intimidad, que es tan necesario.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, 50 millones de personas se vieron afectadas por la filtración de datos desde Facebook.
Parlamentarios de los dos lados del Atlántico han reclamado sobre este tema. La Senadora demócrata Amy Klobuchar y el Senador republicano John Kennedy piden que concurran a la Comisión del Congreso de Estados Unidos Mark Zuckerberg junto a los ejecutivos de Google y Twitter.
En el caso de Europa, el parlamentario británico Damian Collins, quien preside la Comisión a cargo de los temas digitales, solicita explicaciones a Facebook y a Cambridge Analytica, filial de la empresa británica de marketing Strategic Communication Laboratories (SCL), que maneja los asuntos de big data.
Cuando uno mira lo que ha significado la filtración de Facebook, nota que no solo ha tenido impacto en la Bolsa de Nueva York, con una caída de 6,8 por ciento en las acciones de dicha empresa, sino que también hombres y mujeres del mundo se han visto claramente vulnerados en sus datos.
Cuando uno analiza este proyecto de ley no puede sino concluir que es necesario e importante, y que, además, da pasos significativos desde el punto de vista del resguardo de la información y los datos personales.
Sin lugar a dudas, el mundo cambia con gran rapidez. Hoy, la riqueza está basada en el conocimiento, en la información. ¿Cuánto de lo que pasa ahora tiene que ver con la información que cada uno de nosotros provee en los distintos sistemas y redes?
Si una empresa como Facebook tuviera que ser castigada por esta futura ley, señor Presidente, sufriría una sanción económica: debería pagar 233 millones de pesos. "¡Qué extraño!", diría uno.
Ello no implica que me oponga a la iniciativa -de hecho, ya la voté favorablemente y así figura en la pantalla, como le consta al señor Presidente-, pero sí considero importante hacer un llamado de atención hacia lo que el conocimiento significa en las distintas determinaciones que tomamos todos los días, cómo impacta en las decisiones del comercio de nuestro país. Diferentes medios de comunicación señalan que el retail tiene menores stocks de productos en sus tiendas porque hombres y mujeres están comprando por internet, lo cual, obviamente, genera enorme impacto en las familias de los trabajadores de esas tiendas, quienes ya no van a poder vender las cantidades que vendían años atrás.
El comercio va cambiando. El desarrollo y la innovación han ido afectando a nuestro país.
Creo, señor Presidente, que este es un tema de gran relevancia al que no le hemos tomado el peso.
Hace doce, trece o catorce años se anticipaba algo de lo que está sucediendo hoy día. Sin embargo, el escándalo de Facebook, sus implicancias en la última elección presidencial norteamericana, cómo lo que estamos pensando afecta no solo las decisiones políticas sino también las de desarrollo en el planeta, son una realidad que nos debe llevar a una reflexión.
Yo celebro este proyecto de ley, pero considero que ya está desfasado, por la velocidad con la que se mueve el mundo y por cómo la información está siendo utilizada. Más de alguno ha visto la película Ex machina. ¿Parece surrealista? Sí, pero, si esto continúa a la velocidad que lleva, claramente aquello sucederá.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, solo quiero plantear dos puntos en cuanto a este proyecto de ley.
El primero ya lo mencionó el Senador Coloma. Nosotros acá queremos proteger a los ciudadanos, queremos proteger el derecho que tienen sobre sus datos.
Se afirmaba aquí que probablemente eso será difícil de conseguir en el mundo moderno, por toda la información que nosotros mismos ponemos en distintas plataformas. Sin embargo, si lo que realmente quiere hacer esta iniciativa es proteger los datos, uno debe partir de la base de que los quiere resguardar de todos aquellos que deseen mal utilizarlos. Y esto lo puede hacer tanto el mundo privado como el propio Estado o gobierno.
En ese sentido, yo tengo muchas dudas acerca de que lo indicado sea que la Agencia que se crea, para proteger los datos -de hecho, su nombre apunta a ello-, que es precisamente lo que el proyecto persigue, dependa del Ministerio de Hacienda; o sea, dependa, de alguna manera, del gobierno de turno.
Si este tema es tan importante y nosotros realmente queremos proteger los datos de los ciudadanos, entonces, señor Presidente, creo que debemos volver a la idea que se discutió en el seno de la Comisión: que la Agencia sea una institución verdaderamente autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y además, en mi opinión, colegiada. ¿Por qué? Porque, si este asunto es tan relevante, no puede depender de una sola persona; debe haber distintas opiniones. Estoy pensando en una institución como el Banco Central, que funciona como órgano colegiado.
De esa manera, señor Presidente, podríamos garantizar que los datos de los ciudadanos quedarán protegidos no solo respecto del sector privado, sino también respecto del propio Estado. Y, por supuesto, también que la Agencia, a través de esta autonomía, no estará expuesta a las influencias del gobierno de turno, porque, evidentemente, para cualquiera de ellos puede ser tentador tener acceso a los datos de los ciudadanos.
Por otra parte, señor Presidente, existe una problemática con relación a las atribuciones de la Agencia. Ojo con esto: la entidad poseerá atribuciones sumamente amplias, sobre todo si uno las analiza en combinación con las que se le asignan a su Director.
En general, los órganos de la Administración deben tener más bien carácter preventivo y de amparo de derechos. Sin embargo, aquí se va más allá y se entregan funciones sancionatorias que no debieran estar en un órgano de la Administración sino en un tercero: un tribunal.
Adicionalmente, se incurre en un error que como Congreso también hemos cometido con otras instituciones.
Los invito a revisar el artículo 31 del proyecto (página 72 del comparado), relativo a las funciones y atribuciones de la Agencia, que establece que ella deberá: "a) Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias"; "b) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los principios, derechos y obligaciones establecidos en esta ley"; "c) Resolver las solicitudes y reclamaciones que formulen los titulares en contra de los responsables de datos"; "d) Investigar y determinar las infracciones"; "e) Adoptar las medidas preventivas o correctivas que disponga la ley". O sea, acá tenemos a una institución que dictamina, fiscaliza y sanciona. Y eso es un problema: incluir todo en un mismo organismo.
En tal sentido, señor Presidente, hago un llamado a que en la discusión particular tengamos especial cuidado con las funciones y atribuciones que le demos a la Agencia, porque puede ser que incurramos en el mismo error que ya hemos cometido con otras entidades, porque luego el Tribunal Constitucional revisa la normativa y establece que no se pueden incorporar en una sola institución las facultades de reglamentar, fiscalizar y sancionar. De hecho, el Director del organismo podrá "Interpretar administrativamente las disposiciones legales en materia de tratamiento y protección de los datos personales e impartir instrucciones para su aplicación y fiscalización" (artículo 33 bis, letra e)).
En definitiva, señor Presidente, los dos puntos que quería hacer presentes son: primero, la necesaria autonomía de la Agencia, ojalá como un órgano colegiado -asunto que, a mi juicio, no se halla bien resuelto actualmente en el texto-, y segundo, sus funciones y atribuciones, demasiado amplias a mi parecer, por lo que habría que involucrar a un tercero que, en mi opinión, debiera ser un tribunal.
Creo que este es un proyecto que hay que apoyar -yo lo voy a votar a favor-, pero cuidado con lo que aprobemos en la discusión particular.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, Facebook, Google, YouTube, tienen dueño. O sea, no son parte de una nube imaginaria. ¡No! ¡Tienen dueño! Detrás de estas plataformas hay un consorcio, una persona de carne y hueso, que, como dijo el Senador Girardi, posee muchísimo poder.
Pareciera ser que en el inconsciente colectivo existe la creencia común de que detrás de dichas plataformas hay personas objetivas, sin intereses, sin alma, carentes de propósitos en la vida, y que solo están para servir.
Recientemente YouTube anunció el cambio de algoritmos para que no se difundieran "noticias falsas", pero sí podrá seguir haciendo uso del sitio el usuario que pague.
Está claro que para acceder a determinadas plataformas y contenidos, sobre todo cuando son progresistas, de izquierda, o hacen referencia a procesos liberales, existe más dificultad. El controlador puede poner trabas para el acceso. En muchas ocasiones -lo puede comprobar cualquier Senador- en YouTube existen "malos videos", que no figuran, y "buenos videos", con cientos de miles de visitas. Ello se explica porque hay un algoritmo utilizado por alguien para determinar qué mostrar en el primer pantallazo.
Señor Presidente, estamos frente a una sociedad de la información que tiene una dirección: la dirección que le imprime el dueño de la plataforma.
Se trata de plataformas a las cuales se accede de manera voluntaria. Yo no sé si alguno de los Senadores presentes se ha dado el tiempo de leer los compromisos que uno adquiere cuando acepta las exigencias para entrar a una de ellas. No lo creo; simplemente, uno da su consentimiento. Y por lo tanto queda absolutamente salvada la posibilidad de reclamo ulterior por el uso de datos personales.
Creo que hay un debate pendiente en el mundo sobre estas plataformas y, particularmente, respecto del uso de estos datos, que además no tienen país: son transnacionales. ¿Cómo bloquear a YouTube? Estas plataformas se han dado una especie de autorregulación.
Chile, con este proyecto de ley, está protegiendo determinados datos, pero les recuerdo que cuando uno va a comprar a un supermercado o a una farmacia le piden el carné de identidad. Cada vez que ello ocurre yo pregunto: "¿Para qué me lo pide?". Y me responden: "Porque puede tener descuentos". Pero yo no quiero descuentos. La verdad es que a millones de chilenos se los engatusa con este mecanismo para sustraerles el RUT y pasarlos a la base de datos de la farmacia o el supermercado. Muchos no tienen conciencia de que es algo voluntario. ¡Voluntario!
A mi juicio, es necesario un debate mucho más amplio, educativo, pedagógico, sobre aquello.
Comparto la inquietud de la Senadora Von Baer cuando pregunta por qué el Ministerio de Hacienda debe tener la tuición de estos datos.
Hace ya 16 o 18 años, siendo Diputado, presenté el primer proyecto para regular el lobby en Chile, después de visitar Washington y de haber estado en el Capitolio con muchos Senadores y empresas del rubro. Ahí proponía que la Contraloría General de la República fuera el organismo que regulara y tuviera tuición sobre la materia. El Gobierno, a través de dos de sus Diputados regalones, ingresó otra iniciativa en la que planteaba que ese organismo fuera el Ministerio de Justicia, dejando la legislación relativa al lobby al arbitrio de la contingencia política y el poder de turno.
En este caso, concuerdo en que el órgano encargado de la protección de datos personales debe ser colectivo y tener una definición que vaya mucho más allá de un Ministerio altamente técnico, pero también altamente politizado. ¡Qué más politizado que el Ministerio de Hacienda para tomar decisiones acerca de la vida de las personas!
Por eso, espero que en la discusión particular determinemos que el poder que se le confiere a la Agencia tendrá mecanismos de control.
¿Qué pasa si no se cumple la ley? Multa de 20 a 50 por ciento de la remuneración mensual del jefe superior del servicio infractor, considerando incluso circunstancias atenuantes, la que se duplica en caso de reincidencia, y suspensión en el cargo por cinco días. ¿Y cuando se trate de datos sensibles? Multa del 50 por ciento de la remuneración mensual del jefe superior del servicio, con la posibilidad de una suspensión en el cargo de hasta treinta días.
Las sanciones a los funcionarios infractores se determinan de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo.
En el caso de las infracciones gravísimas señaladas en el artículo 38 quáter del proyecto, habrá multas por hasta el doble del beneficio pecuniario obtenido mediante la infracción. Si no puede calcular cuál es el beneficio pecuniario, entonces se aplicará una multa de hasta 50 por ciento del sueldo mensual del funcionario.
Me parece que el nivel de las multas para cautelar que no se haga mal uso de información sensible es extremadamente bajo.
Para qué hablar de lo ocurrido con La Polar o con la colusión de las farmacias, donde se utilizaron bases de datos y, sin el consentimiento necesario, se manipuló la información de cientos de miles de personas que fueron perjudicadas económicamente. Ahí los infractores recibieron como pena el dictar charlas de ética o charlas comunitarias.
Siento que las sanciones no están bien tratadas en el proyecto. No son disuasivas. Está claro que la venta de estas bases de datos o de esta información puede producir enormes utilidades, pero también enormes perjuicios a los usuarios que dieron sus datos, ya sea de manera consentida o no consentida.
En cuanto a la confidencialidad, el artículo 50 establece que los funcionarios públicos deben guardar confidencialidad absoluta tratándose de datos relativos a sanciones por infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias. Sin embargo, esto se contradice, por ejemplo, con lo que hemos señalado respecto de los abusadores de niños. ¿Cómo conseguimos, entonces, esa información sensible?
Creo que hay que ser muy específicos en cuanto a la excepcionalidad de los datos que no serán de libre acceso para los ciudadanos.
Otra disposición que también vale la pena mencionar es el artículo 51, que obliga a la indemnización del daño patrimonial y extrapatrimonial, con prescripción de tres años.
En definitiva, se protege a quienes han sido objeto de sanciones penales, administrativas, disciplinarias, pero se permite, por una normativa aprobada por este Senado -que yo voté en contra- que haya un DICOM de los infractores del Transantiago. O sea, es posible publicar el DICOM de los infractores del Transantiago para saber quién no pagó una tarifa de 600 o 700 pesos, pero, respecto de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias, de autoridades o de quien fuere, se nos impone confidencialidad.
Debemos tener reglas claras.
Un obrero o trabajador debe tener derecho a la misma confidencialidad de sus datos personales.
Por último, señor Presidente, considero necesario revisar el artículo 57, que señala que es lícito el manejo de los datos personales, para los fines establecidos en la ley, que efectúen el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y los demás tribunales especiales creados por ley.
¿Me están diciendo que el SERVEL podrá vender el padrón electoral, en el que figuran nombres, profesiones, más otros datos personales, y financiarse con aquello? ¿Me están diciendo que todos esos organismos tendrán la facultad de hacer lícito el manejo y uso de estos datos?
Yo siento que tenemos que revisar las categorías de aquello.
No todas las personas pueden pagar por el acceso a dicha información, y no me parece adecuado que existan algunos organismos del Estado para los cuales sea lícito usar tal información y otros que no. O sea, hay datos que se consideran sensibles cuando se trata de que los tenga el ciudadano común, pero no para que ciertos órganos públicos los puedan utilizar, aun sin el consentimiento de su titular.
Me parece que ahí se da una vulneración. Es demasiada la excepcionalidad. Hacemos un proyecto de ley para resguardar los datos personales, pero facultamos a nueve instituciones para que, sin el consentimiento del afectado, hagan uso de sus datos sensibles, personalísimos.
Por lo tanto, vale la pena analizar cómo nos vamos a excluir o autoexcluir del cumplimento de la ley en proyecto, tema que deberemos abordar en la discusión particular.
Voy a votar a favor, señor Presidente, porque creo que estamos frente a una regulación necesaria, pero traduciré las observaciones que he formulado en indicaciones que deberán estudiarse adecuadamente en el debate pormenorizado de la iniciativa.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ahora estamos votando la idea de legislar, señor Senador. Ya se fijará plazo para la presentación de proposiciones específicas y luego vendrá la votación en particular.
Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, en relación con el proyecto mismo y en función de lo que han expresado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, quiero decir que el concepto de "transparencia" no debe aplicarse solamente al ámbito público, sino también al ámbito privado, sin menoscabar los derechos, libertades y garantías personales de cada miembro de nuestra sociedad. Y eso hace necesario que la regulación del tratamiento de los datos personales y las bases que los contienen sean regulados según un equilibrio de pesos y contrapesos.
En caso de continuar su tratamiento como un proyecto independiente de la Ley de Transparencia, se estima necesario considerar su sistematización y compatibilización con la mencionada norma.
Esta iniciativa crea la Agencia de Protección de Datos Personales, la cual se define como un organismo público autónomo, descentralizado, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda. Además, se determina que estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública, sin perjuicio de las normas que establezca esta ley en proyecto, y se indica que el domicilio del mencionado organismo estará en la ciudad de Santiago.
Sobre el particular tengo algunas observaciones, básicamente en función de sus facultades, que son las siguientes.
-Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias que le corresponda vigilar.
-Impartir instrucciones de carácter general a personas naturales o jurídicas.
-Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los principios, derechos y obligaciones establecidas en esta ley en proyecto. Para efectos de fiscalización se podrá solicitar la entrega de cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario.
-Resolver las solicitudes y reclamaciones que formulen los titulares en contra de los responsables de datos.
-Investigar y determinar las infracciones en que incurran los responsables de datos y ejercer, en conformidad a la ley, la potestad sancionatoria. Para este efecto, puede citar a declarar a las personas involucradas, tomar declaraciones, adoptar medidas preventivas y correctivas, de acuerdo a la ley.
Al respecto, mis observaciones son que, primero, dada la trascendencia de la materia, que deberá ser regulada por la Agencia de Protección de Datos Personales, la que incluso puede solicitar la entrega de "cualquier documento, libro o antecedente que considere necesario", no se estima adecuado -y comparto lo expresado por muchos señores Senadores- que esta deba encontrarse bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.
Concretamente, ello podría derivar en un control político de carácter partidista del organismo y un acceso indirecto a toda base de información pública o privada.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ya señaló, con relación a la Ley del SERNAC, que la potestad de requerir antecedentes a organismos públicos, que podría incluir información secreta o reservada de cualquier persona, contraviene el principio de publicidad y la garantía al respeto y protección de la vida privada.
Asimismo, las facultades investigativas, decisorias de infracciones y sancionatorias que el proyecto de ley otorga a la Agencia proyectada son de una constitucionalidad cuestionable y derivan en el peligro de que la iniciativa pueda ser observada a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya lo estableció en relación con la ley del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), en donde se determinó que estas facultades sancionatorias solo pueden ser determinadas por un tribunal independiente e imparcial.
La razón de la cuestionable constitucionalidad de las facultades de la Agencia proyectada se encuentra en que, en mi opinión, las decisiones sobre infracciones y facultades sancionatorias son jurisdiccionales de carácter sancionador y no deben abandonar el ámbito de los tribunales de justicia.
Una vez más, considero que obviamente estamos frente a una institución que podría tener la potestad de ser juez y parte a la vez, violando el principio del debido proceso que debe ser celosamente guardado en cualquier proceso sancionador.
Finalmente, el establecimiento del domicilio de la mencionada Agencia en la ciudad de Santiago atenta contra el principio de la descentralización. Y, evidentemente, la mayoría de los Senadores somos de regiones y no todo debe estar concentrado en la Región Metropolitana.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, antes que todo, deseo agradecer al Senador Durana, que representa a Arica y Parinacota, por mencionar a las regiones.
En cuanto al proyecto de ley, considero que lo primero que deberíamos aclarar, en forma muy sustantiva, es qué o a quiénes se pretende proteger. ¿Hablamos de proteger los datos o a las personas? Lo anterior es bastante determinante en la manera como se estructura el proyecto en definitiva, porque entiendo que estamos discutiéndolo solo en general.
Recordemos que las Naciones Unidas han advertido que actualmente los Estados y las empresas tienen una capacidad inédita de vigilar, interceptar y almacenar datos. Pero también los grupos de interés, los grupos políticos, religiosos, etcétera, pueden acceder a dicha información y utilizarla con distintos fines. Por consiguiente, su alcance va mucho más allá de lo que establece la legislación tradicional.
Por ejemplo, en nuestro país hay una normativa vigente, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, que lo que hace, principalmente, es regular el uso de datos económicos; y la iniciativa en debate entrega la tutoría en este ámbito al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, deberían considerarse más bien los derechos de los ciudadanos, que tienen un estatus no referido solamente a lo económico.
Por cierto, el manejo de los datos económicos y la economía del conocimiento y de la sociedad de la información son un negocio. Además, hay que considerar lo que expresó el creador de Facebook: "Todos me entregan a diario su intimidad de manera gratuita y después se quejan de que haga negocio".
En consecuencia, esto no tiene que ver solamente con los negocios que se pueden hacer en las redes, sino mucho más con el uso de esa información que afecta a las personas. Y este es uno de los puntos más débiles del proyecto.
Obviamente, no se trata solo de anticipar que vienen nuevas formas de hacer negocios y que eso tendrá un impacto en el mercado laboral y en el empleo, sino también de ver cómo esto afectará a la democracia. Se debe considerar el complejo uso de los datos para manipular a la opinión pública y crear lo que hoy se denomina la "posverdad", a través de sistemas políticos o campañas electorales, y también de la cultura, de los modos de actuar, de pensar y de sentir de la población, que por lo demás son transmitidos y aprendidos.
Este es el actual debate en los congresos europeos. No están tan preocupados de cuál es el negocio, sino del futuro de la democracia. Y no se encuentran en una circunstancia cómoda. Los parlamentos italianos, franceses y alemanes reconocen que no han encontrado fórmulas para abordar lo realmente significativo de esta verdadera "cuarta revolución industrial" de la que hablamos aquí.
Por consiguiente, juzgo que la iniciativa encara el tema con una preocupación más del siglo XX que del XXI, pues se mantiene la creencia de que la generación de agencias estatales dotadas de determinadas facultades, como dictaminar, fiscalizar y sancionar, será suficiente. Y ello es una demostración de ingenuidad.
La verdad es que, además de que el proyecto tiene aspectos constitucionales que se han relevado aquí (recordemos que, nos guste o no, el Tribunal Constitucional ya expresó algo respecto a esta materia), se supone que la Agencia que se creará será un organismo no politizado; pero la experiencia demuestra que en Chile esa separación es casi inútil, porque finalmente los organismos se terminan politizando. Por lo mismo, tampoco se garantiza que tendrá el carácter de estar por sobre el bien y el mal en la contingencia.
Por tal razón, me parece que el enfoque que se da a este tipo de iniciativas tiene que ver mucho más con una forma diferente de mirar el futuro, ya que siempre se han visto los datos como un capital de negocio, pero no como derechos de los ciudadanos.
Por consiguiente, estimo que será necesario hacer un largo y profundo debate del proyecto, porque la materia que quiere abordar es de extraordinaria significación para el futuro de cada uno de nosotros, para nuestros valores, creencias y libertades públicas.
La transparencia de la información que cada uno recibe día a día, y a partir de la cual uno se hace una imagen de lo que pasa en su país, en el mundo, e incluso en su entorno, no se aborda en la presente iniciativa. Y lo que terminaremos haciendo será un texto legal que ordene la comercialización de algunos de nuestros datos y no de otros. Pero la verdad es que no va por ahí lo más urgente, profundo y significativo.
De todas maneras, como idea de legislar, pienso que se trata de una materia relevante en el siglo XXI. Pero creo que necesitamos pensar mucho acerca de cómo vamos a abordar una materia que, en verdad, ningún Congreso de país alguno que ha legislado sobre ella ha logrado resolver satisfactoriamente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la discusión sobre los datos personales y su tratamiento es un debate relativo a valores, un debate ético, un debate que debería partir por el aspecto constitucional.
Tratar este asunto "por la ventana" -disculpen la expresión- configura una situación bastante parcial. Necesitamos definir en la Carta Fundamental qué se entiende por "datos personales" y, por sobre eso, qué equilibrio queremos establecer en nuestra sociedad entre lo público y lo personal, entre lo público y lo individual.
En algunos lugares se obliga a las personas a entregar datos personales en el barrio donde viven. Tienen que registrarse junto con los integrantes de la familia y no pueden moverse de ese domicilio sin informar. Y no estoy hablando de un país autoritario, de una dictadura, sino de Suiza, donde tal regulación surge de un concepto de lo público. Se pretende proteger con esa información ciertos bienes comunes.
Personalmente, estimo que el equilibrio de la dimensión de lo público, que no es lo mismo que lo estatal, está absolutamente menospreciado en nuestra sociedad. La información de dicho ámbito con el fin de resguardar bienes públicos debería estar definida.
El proyecto en análisis busca un equilibrio entre lo público y lo individual. Por desgracia, a mi juicio, su presentación tiene un carácter reactivo, pues con él se reacciona al cambio de tecnología y al uso que algunos hacen de nuestros datos. La iniciativa trata de limitar esa utilización, pero no parte necesariamente de una visión del equilibrio.
La verdad es que hoy en día los datos de todos los que estamos aquí, en la Sala, se encuentran fuera de nuestro control. ¡Absolutamente fuera de nuestro control!
¡Nos persiguen, nos siguen, a través de los celulares!
¡Nos persiguen, nos siguen, a través de lo que firmamos!
A mí siempre me llamó la atención que en la farmacia me dijeran a qué seguro de salud estaba asociado. ¡Incluso saben cuáles medicamentos uno toma y cuáles no!
Señor Presidente, con este marco legislativo estamos reaccionando a una situación de manejo de datos absolutamente desbalanceado por parte, yo no diría del mercado, sino de ciertos agentes que operan esa información con total desequilibrio para los intereses tanto públicos como individuales.
Por ello, es necesario realizar un esfuerzo para regular esta realidad. Vamos a fijarles normas a quienes hacen uso de nuestros datos, más allá de lo individual y del interés público.
En ese sentido, debemos partir por la definición de "lo público": cuáles datos queremos que sean de dominio público y cuáles no.
Evidentemente, hay antecedentes de la vida privada que no pueden ser utilizados si el titular no los entrega para ese fin (esa es una definición de principios), siempre que la ley no obligue a otra cosa.
Así, la ley nos obliga a entregar nuestros datos económicos. El Servicio de Impuestos Internos tiene derecho a emplearlos, porque existe un bien público que proteger.
¿Pero cuál es el límite para la entrega de esa información? Es lo que deberemos precisar.
Esta iniciativa significa un esfuerzo inicial muy relevante en esa dirección, aunque con cierto -creo yo- rezago.
Por ende, señor Presidente, necesitamos definir el marco del pacto social en el cual queremos circunscribir este proyecto.
Soy absolutamente partidario de la idea de legislar, pero también de que precisemos ciertas cosas.
Yo tengo una discrepancia con cierta reflexión del Senador Navarro.
Estoy a favor de que los datos personales de la gente que rompe las normas de convivencia del pacto social (los que delinquen, los que roban) sean tratados de otra forma.
Creo que no es bueno el liberalismo excesivo -ahí lo individual es todo-, en que ha caído nuestro país y numerosas otras naciones que se han basado en determinado concepto de los derechos. Pasamos de los derechos del individualismo a la protección del individualismo, más allá de los intereses colectivos. Y así dejamos en el anonimato a actores que violentan la convivencia social.
A mi juicio, uno de los problemas sociales que enfrentamos hoy es la necesidad de restablecer bienes públicos como la convivencia y la protección de las normas.
Planteo estos criterios genéricos, señor Presidente, porque considero que requerimos buscar los equilibrios, más allá de las definiciones que propone este proyecto, más allá de los ámbitos que aborda.
Tenemos que precisar ciertas situaciones.
También debemos ver cómo garantizamos que los datos personales que circulan y se venden no sean falsos. ¡Hay muchos datos falsos! Las mismas empresas que los generan los legitiman, los comercializan o los promueven. Y, además, conllevan el asesinato de imagen de personas, cierto subjetivismo o una descalificación tremenda.
Por último, quiero compartir la duda que planteó la Senadora Von Baer -entiendo que fue la primera en hacerlo aquí, en la Sala- sobre la autonomía de la Agencia de Protección de Datos Personales.
Creo que George Orwell nunca imaginó este "hermano grande" en esta era del big data. Quizá tuvo alguna intuición acerca del temor de que a uno lo controlaran en exceso y de la crítica al Estado totalitario. Con todo, el fenómeno del totalitarismo del manejo de los datos no puede -¡no puede!- estar a cargo de un agente del gobierno de turno.
¡Eso es de una violencia y de un peligro absolutos!
He visto en otros países cómo gobiernos usan los datos de sus adversarios, violentando su vida privada de forma grotesca y destruyendo incluso a sus familias por fines cortoplacistas, con lo cual transforman el manejo de la información en un arma ilegítima.
Por lo mismo, estimo que la Agencia que se crea debe ser absolutamente autónoma. Y se deben precisar sus atribuciones.
En lo relativo a la mala utilización de los datos, será necesario establecer las sanciones, las cuales no pueden ser pecuniarias solamente. No basta con decir: "Te multo y pagas con plata". En mi opinión, tenemos que entrar a definir cuándo el tráfico de datos personales se transforma en un delito.
En lo personal, pienso que habría que calificar muchas de esas prácticas como delitos penales, porque atentan contra bienes públicos y personales de gran valor.
Señor Presidente, voy a votar a favor de la idea de legislar. Me parece que esta iniciativa es tremendamente importante.
Me inquieta la falta de una definición de equilibrio entre los bienes públicos y los personales. Por eso me preocupa que no haya una definición constitucional en esa materia.
En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones existe una propuesta que se trabajó durante un año. Se va a enviar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Creemos que ello debe ser simultáneo con este debate. Y espero que entre todos tratemos de ponernos al día en una legislación que es urgente para garantizar las libertades.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ha pedido la palabra la Senadora señora Muñoz.
¿Es para un punto de Reglamento?
La señora MUÑOZ.- Solo de Reglamento,...
El señor COLOMA.- ¡Estamos en votación!
La señora MUÑOZ.- ... para pedir...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Primero terminaremos la votación, Su Señoría.
La señora MUÑOZ.- Muy bien.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Alguien más hará uso de la palabra?
Falta el voto del Senador señor Navarro.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Esperemos al Senador señor Navarro.
Parece que no hay caso con el computador de Su Señoría.
Entonces, sumaremos su voto.
¿Cómo vota, señor Senador?
--Se aprueba en general el proyecto (42 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se ha propuesto como plazo para presentar indicaciones el jueves 10 de mayo.
El señor LETELIER.- ¡Es mucho!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Hay acuerdo de la Sala?
El señor COLOMA.- El Gobierno lo está sugiriendo.
El señor NAVARRO.- ¡Está bien!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Gobierno propuso el plazo que señalé: 10 de mayo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz para plantear una cuestión de Reglamento.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, le solicito que recabe el asentimiento de la Sala para que se tramite a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos -se trata de un acuerdo de esta tomado el día de hoy- un proyecto de ley de mucha importancia ciudadana que está desde el 21 de diciembre de 2016 en la Comisión de Obras Públicas: el relativo a los servicios públicos sanitarios, los servicios no regulados, la fijación tarifaria y el cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores.
El señor COLOMA.- ¡No, señor Presidente!
La señora MUÑOZ.- Está sin tramitación desde el año 2016.
Por su intermedio, señor Presidente, pido que la Sala permita el traslado propuesto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No se requiere unanimidad, sino mayoría.
La señora MUÑOZ.- Sería importante que diera las razones por las cuales desde hace más de un año la referida iniciativa no tiene tramitación en la Comisión de Obras Públicas.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Su Señoría, vamos a escuchar al Senador señor Coloma y luego, si es necesario, pondremos en votación la solicitud formulada.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, hay un dato de hecho que el Senador De Urresti, miembro de la Comisión de Obras Públicas, puede corroborar.
El proyecto en comento se discutió ampliamente; hubo una serie de intervenciones, pero el Ministro de Obras Públicas del Gobierno anterior -me refiero a Alberto Undurraga- pidió que no lo siguiéramos tramitando hasta que ellos incorporaran una indicación sustitutiva.
Eso pasó en la Comisión de Obras Públicas.
No se trata de que el referido órgano técnico no haya querido tramitar la iniciativa: el Ejecutivo solicitó un trámite distinto para plantear una indicación atendida la complejidad de la materia.
Entonces, me parecería un error sacar el proyecto de la Comisión de Obras Públicas -al Senador De Urresti le consta que sucedió lo que acabo de señalar- para darle otra tramitación.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero explicar por qué yo respaldo la petición de la Senadora Muñoz.
En primer término, hay una Comisión especializada en materia de recursos hídricos.
El señor COLOMA.- No: es la de Obras Públicas.
El señor LETELIER.- Estamos ante una situación que requiere un debate regulatorio nacional, la cual dice relación con un recurso escaso, que no es igual en todas las regiones de nuestro país.
Hay un proceso de fijación tarifaria -a su respecto la Superintendencia tiene varios ejercicios en los últimos veinte años- que considero muy positivo.
Existe una serie de materias -fue el origen de la primera parte del debate en la Cámara de Diputados, a mi juicio no muy bien llevada- sobre ciertos cobros no regulados.
Pero hay un conjunto de temas que se han ido agudizando en el tiempo.
Uno ha visto lo que ha pasado con diversas empresas, como Aguas Andinas, en la Región Metropolitana, donde hay cortes del servicio.
Se registró una situación escandalosa en La Reina, Providencia y Las Condes, donde ocurrió un problema con la calidad del agua, lo que provocó una crisis sanitaria de gran magnitud.
Uno se pregunta de quiénes son las aguas después de que nosotros las compramos y pagamos para que las traten y salgan de las plantas respectivas.
Se halla en discusión una serie de temas.
Entonces, me parece del todo racional -porque la Comisión de Obras Públicas tiene muchos otros asuntos propios de ese sector- que el proyecto en cuestión sea visto por la Comisión Especial de Recursos Hídricos.
Si la Comisión de Obras Públicas considera necesario revisarlo en segundo término, no tengo problemas. Pero creo que deberíamos respetar la división de nuestro trabajo que hemos hecho y la existencia de las Comisiones especializadas que hemos creado. Porque, en definitiva, todos los proyectos van a llegar aquí, a la Sala.
Señor Presidente, yo apoyo la petición de la Senadora Muñoz, pues me parece que conduce a una buena división del trabajo.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, en la línea de lo que señaló el Senador Letelier, debo expresar que en la Cámara de Diputados el proyecto en comento solo fue visto por la Comisión de Recursos Hídricos, porque, como dijo Su Señoría, es el órgano especialista que concentra toda la información sobre la materia (también en la sanitaria). En el ámbito de los recursos hídricos, va en la línea de lo que ya ha hecho el Parlamento respecto de las aguas grises, por ejemplo.
En tal sentido, consideramos muy importante respaldar la solicitud formulada por la Presidenta de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos del Senado.
El señor COLOMA.- Eso es parte del problema.
La señora PROVOSTE.- Como manifesté, en la Cámara de Diputados este proyecto fue visto solo por la Comisión de Recursos Hídricos (basta ver su tramitación).
Por consiguiente, nos parece relevante que, dada la gran urgencia que reviste para la comunidad, la iniciativa en referencia sea analizada por la Comisión Especial ya individualizada.
El señor COLOMA.- ¡Acá se vio en Obras Públicas!
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, no es el momento para hacer un debate sobre el fondo de la iniciativa.
Está clara la relevancia que la ley en proyecto tiene para miles y miles de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país.
Yo comprendo las razones de los Senadores Coloma y De Urresti. Sin embargo, no entiendo por qué es un problema que nosotros, como Comisión de Recursos Hídricos, veamos la iniciativa mientras ustedes tramitan la gran cantidad de proyectos que tienen acumulados en la Comisión de Obras Públicas, de la que son integrantes.
El señor COLOMA.- ¡No tenemos acumulación!
La señora MUÑOZ.- Entonces, señor Presidente, yo pido que seamos competentes como Comisión.
Según expresó la Senadora Provoste, en la Cámara de Diputados el proyecto en comento fue visto solo por la Comisión de Recursos Hídricos.
Por tanto, yo les solicitaría una vez más que tuvieran a bien permitir que una iniciativa que está detenida desde el 21 de diciembre de 2016 sea tramitada.
¡Ustedes todavía no la ponen en tabla!
El señor COLOMA.- ¡Estuvo en tabla tres veces!
La señora MUÑOZ.- ¡Ha pasado un año!
Pero, señor Presidente, existe negativa.
Es mi planteamiento a la Sala por intermedio de Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este es un tema de fondo en torno a la tramitación de las iniciativas.
A mi juicio, sobre el particular debiera operar una norma de ética, de respeto en cuanto a las Comisiones especializadas.
Hoy en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que presido, se acordó solicitar el traslado del proyecto (boletín N° 9.656-15) que modifica el artículo 3º del decreto ley N° 3.059 para permitir que los cruceros internacionales de más de 400 pasajeros recalen en los puertos chilenos.
Esa iniciativa está apoyada por todas las cámaras de comercio, tiene el respaldo unánime de la Comisión.
Sin embargo, se mandó a la Comisión de Trabajo hace más de un año y no ha sido tratada.
Así, el ímpetu que teníamos en las ciudades puerto -hoy día sus alcaldes estuvieron en el Senado con el señor Presidente- se detuvo.
Por lo tanto, yo quiero hacer la misma solicitud...
El señor COLOMA.- ¡Vamos a cambiar todo, señor Presidente...!
El señor NAVARRO.- ... -fue acordado esta mañana por unanimidad en la Comisión de Transportes- y apoyar lo que ha planteado la Senadora Adriana Muñoz, porque me parece del todo justo y necesario.
Es preciso dinamizar nuestra labor. Señor Presidente: no tenemos proyectos. Si las Comisiones los evacúan con mayor rapidez, esta Sala va a poder trabajar más.
No estoy de acuerdo en que este asunto se revise de manera interminable por las Comisiones, salvo que exista un buen argumento, que no escuché del Senador Coloma,...
El señor COLOMA.- ¿Cómo que no? ¡Se lo di, pues!
El señor NAVARRO.- ... quien en otros tiempos me ha paralizado proyectos por años en la Comisión de Agricultura -el relativo al etiquetado de los vinos, por ejemplo-, donde terminan muriendo. ¡Esa instancia parece el cementerio de algunas iniciativas...!
Entonces, dejemos que la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos proceda, por el bien de la productividad y la eficiencia de este Senado.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, efectivamente, en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos se tomó hoy el acuerdo a que se hizo referencia.
Luego revisé el boletín, y al parecer -estoy aprendiendo; así que si me equivoco, por favor, corríjanme-, además del problema sobre la tramitación, tiene un informe de inconstitucionalidad.
La señora EBENSPERGER.- Por lo tanto, antes de decidir si se ve en la Comisión de Obras Públicas o en la Especial sobre Recursos Hídricos, y en aras de la economía procesal, deberíamos revisar si existe o no ese informe de inconstitucionalidad.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, es solamente para una cuestión de orden. ¡No entendí muy bien qué tenían que ver los cruceros de más de 400 pasajeros con el tema de los recursos hídricos...!
El señor MONTES (Presidente).- ¡Es que andan por el agua, señor Senador...!
El señor INSULZA.- Como sea, quisiera intervenir después, cuando se debata el proyecto pertinente.
El señor MONTES (Presidente).- Estamos discutiendo la solicitud de la Senadora señora Muñoz para cambiar el tratamiento de un proyecto.
El señor INSULZA.- Entonces, no voy a hablar ahora.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Les parece si cerramos el debate y votamos?
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Obras Públicas, cuando comenzó la tramitación del proyecto en comento estimé que había que ser riguroso en el principio de pertinencia.
Yo entiendo que hoy día, al revisar y ver en la pantalla esta iniciativa, puede surgir legítimamente lo que se ha planteado. Tengo la mejor opinión de la visión de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos; pero debemos ser precisos respecto de lo que ha ocurrido aquí.
Esta iniciativa llegó de la Cámara de Diputados con una situación bastante inédita: solo fue revisada por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación; fue aprobada prácticamente por unanimidad en la Sala, pero cuenta con un informe en Derecho que señala su inconstitucionalidad.
Dado lo anterior, siendo yo Presidente de la Comisión de Obras Públicas, tomé la decisión, por la importancia del fondo del proyecto, para abordarlo y no declarar la inconstitucionalidad -lo que lo dejaría a fojas cero y eliminaría lo tratado en la otra Cámara-, de comenzar a verlo y recibir opiniones de distintos gremios, de organizaciones de defensa del agua, de sanitarias y de otras instituciones. Y el Ejecutivo -representado en ese momento por el Ministro Undurraga- señaló que, entendiendo que existía un objetivo loable en lo que se pretendía legislar, no obstante que la tramitación no había sido del todo adecuada, formularía una indicación que permitiera aprovechar el trámite legislativo que ya se había cumplido en la Cámara Baja y que se hiciera cargo de la inconstitucionalidad de algunas normas.
Entonces, me gustaría señalar, para no someter el punto a una votación, que mañana sesionaremos en la Comisión de Obras Públicas -yo soy su Presidente- y que ese es, precisamente, uno de los proyectos que veremos como primera prioridad. Y, más allá de la pertinencia de que vaya también a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos -a mi juicio, debe ir-, quiero connotar que los integrantes de nuestra Comisión estamos con esa disposición. Además, la Secretaría colaboró desde el punto de vista del informe.
Nosotros vamos a poner en tabla la iniciativa en comento. Solo tenemos una pequeña dificultad: que, como corresponde, citamos al Ministro del ramo a la primera sesión. No obstante, ese será el primer punto que discutiremos.
Por lo tanto, quiero decirles a los colegas que legítimamente han planteado esto: el proyecto va a llegar a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos. Pero yo les pido, por un principio de oportunidad de conocimiento de lo que ya existe, que podamos despacharlo con las observaciones que se han hecho y sigamos adelante con la tramitación.
Solo me resta reiterar que en la Comisión escuchamos por lo menos a unas ocho organizaciones (defensoras del agua, sanitarias, en fin); al Superintendente; al Ministro y a su equipo. Y el plazo en el que no se ha tramitado la iniciativa es producto de un incumplimiento del Ejecutivo, el cual iba a presentar algunas indicaciones para salvar la inconstitucionalidad.
No sé si esa información sirve para aclarar la situación. Pero, como Presidente de la Comisión de Obras Públicas -también lo fui el 2016-, les digo que pueden tener la absoluta certeza de que trataremos el proyecto.
El señor MONTES (Presidente).- Si no entiendo mal, lo que el señor Senador sugiere es que la Comisión de Obras Públicas vea con prontitud la iniciativa en comento y que después pase a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos.
¿Habría acuerdo para proceder de esa forma?
El señor COLOMA.- Sí; está bien.
El señor MONTES (Presidente).- Cabe tener presente, sí, que todos los proyectos sobre agua tienden a ser un poco lentos y se demoran, pues tienen complejidades...
El señor DE URRESTI.- Perdón, pero...
La señora MUÑOZ.- ¡Ha pasado un año, señor Presidente!
El señor MONTES (Presidente).- Justamente por eso. Este no es el único proyecto en materia de agua que se ha demorado.
Entonces, aunque no estamos en condiciones de fijar tiempos, le solicitaría a la Comisión de Obras Públicas que lo tramite lo más rápido posible, ¡especialmente ahora que usted va a volver a presidirla, señor Senador...!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente,...
El señor MONTES (Presidente).- ¿Objeta el acuerdo Su Señoría?
El señor MONTES (Presidente).- ¿Les parece, pues, que el proyecto siga en la Comisión de Obras Públicas, con el compromiso de apurar su tramitación, y que pase posteriormente a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos?
El señor BIANCHI.- ¿La Senadora Muñoz está de acuerdo o no?
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, desconfío de una Comisión que durante un año, con o sin visos de inconstitucionalidad, no ha tramitado un proyecto ciudadano de tanta importancia.
El señor COLOMA.- ¡Fue su Gobierno...!
La señora MUÑOZ.- Entonces, si se comprometen con un plazo de uno o dos meses, yo estaría de acuerdo. De lo contrario...
El señor MONTES (Presidente).- Senador señor De Urresti, ¿está en condiciones de comprometerse en tal sentido?
La señora MUÑOZ.- ¡Vamos a poner nuestra confianza en una Comisión que demora en un año un proyecto ciudadano de esta naturaleza...!
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, seamos rigurosos. No me gusta que queden cosas en el aire.
La Comisión de Obras Públicas no funcionó el año pasado porque hubo un Senador que no asumió la Presidencia. Soy superresponsable en eso. No quiero que a mí se me impute determinada situación. Soy el más fiel defensor de los derechos del agua para todos los ciudadanos. Y aquí se dicen cosas que no corresponden a la realidad.
El señor DE URRESTI.- Por favor, pido respeto en esto. Durante mi Presidencia de la Comisión de Obras Públicas no solo se tramitó este proyecto: también vimos y despachamos el Fondo de Infraestructura, iniciativas sobre Concesiones, en fin.
El señor MONTES (Presidente).- Pero, señor Senador,...
El señor DE URRESTI.- No, señor Presidente: quiero que quede en la Versión Oficial lo que acabo de señalar, porque estas situaciones luego circulan.
Lo que yo hice fue pedir el informe, igual tramitar, avanzar, tener a todos los actores. Pero el Ejecutivo no presentó todas las indicaciones y, además, hubo un Senador que no asumió la Presidencia que supuestamente le correspondía.
Deseo ser claro y preciso para la historia de la ley. No es bueno que queden dudas en esta materia.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo en torno a la propuesta del propio Senador señor De Urresti en el sentido de que el proyecto pase posteriormente a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía?
La Senadora señora Muñoz lo acepta en el entendido de que esto va a ser rápido.
La señora PROVOSTE.- ¡Pongamos un plazo, señor Presidente!
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará lo propuesto, entendiendo que la Comisión de Obras Públicas despachará esta materia dentro de un plazo razonable.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, a propósito de la consulta del Senador Insulza, quiero reiterar que el proyecto de ley sobre cabotaje, que se aprobó en la Comisión de Transportes, fue enviado a la Comisión de Trabajo no obstante no tener ningún artículo en materia laboral.
Estamos hablando de transporte marítimo de pasajeros. La idea es que los cruceros internacionales puedan hacer recaladas en los puertos de Chile. Eso es bueno para nuestro país, para los cruceros, para dinamizar el turismo en muchas ciudades: Puerto Montt, Punta Arenas, Talcahuano, Valparaíso,...
La señora EBENSPERGER.- Y en el norte también.
El señor NAVARRO.- Por cierto, en todo el norte: en Iquique, en Arica pueden recalar los cruceros internacionales con pasajeros chilenos y extranjeros.
Existe unanimidad en todos los sectores de nuestro país, pues está salvaguardada la industria nacional de los cruceros, ya que solo se permite el cabotaje a las naves extranjeras con capacidad superior a 400 pasajeros y en Chile no existen barcos con tal característica.
El proyecto fue enviado a la Comisión de Trabajo por una cuestión relativamente laboral; empero, su contenido no tiene que ver con dicho ámbito.
Yo tengo preocupación por los trabajadores. Y si queremos enfrentar su situación, hay que hacerlo en una iniciativa de ley distinta.
Lo que se plantea no se halla entre las ideas matrices del proyecto a que me estoy refiriendo.
Yo pido que tal iniciativa se envíe desde la Comisión especializada a la Sala para tratarla y discutirla. Y si a alguien le surgen dudas acerca de si incluye elementos laborales, se envía a la Comisión de Trabajo. Pero la remisión a este órgano ha paralizado por ya más de un año ese importante proyecto de ley, que solo procura dinamizar la economía de muchas regiones que cuentan con puertos y son turísticas.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que ponga en votación mi solicitud.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Cuál es su solicitud a estas alturas? ¿Quiere que el proyecto pase desde Trabajo a qué Comisión?
El señor NAVARRO.- Parece que Su Señoría estaba distraído.
El señor MONTES (Presidente).- No, señor Senador.
Se encuentra en la Comisión de Trabajo, que no ha terminado su análisis.
El señor NAVARRO.- Pido que venga a la Sala.
El señor MONTES (Presidente).- No. Debe emitirse un informe, salvo que el Ejecutivo ponga urgencia.
El señor BIANCHI.- ¡Cómo va a venir sin informe de Comisión...!
El señor COLOMA.- ¡Sería algo inédito...!
El señor MONTES (Presidente).- Senador señor Navarro, conversemos sobre el punto y busquemos una solución de aquí a la sesión de mañana.
El señor NAVARRO.- ¡El proyecto no tiene nada que ver con la Comisión de Trabajo!
El señor BIANCHI.- ¡Así lo hace Maduro...!
El señor MONTES (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Secretario Ministerial de Transportes de la Quinta Región, para que informe acerca de LLAMADO A LICITACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE VALPARAÍSO Y POLÍTICA PÚBLICA SOBRE LA MATERIA.
Al señor Director General de la Policía de Investigaciones, solicitándole antecedentes relativos a EXTRANJEROS INGRESADOS A CHILE POR PASOS FRONTERIZOS ENTRE ENERO DE 2015 Y MARZO DE 2018 y a FACTIBILIDAD DE PRESENCIA PERMANENTE DE PERSONAL DE PDI EN COMUNA DE PORVENIR.
A los señores Gobernadores de las cincuenta y cuatro provincias chilenas, requiriéndoles indicar NÚMERO DE SOLICITUDES DE RESIDENCIA, DE REFUGIO Y DE NACIONALIZACIÓN RECIBIDAS POR DEPARTAMENTOS DE EXTRANJERÍA ENTRE ENERO DE 2015 Y MARZO DE 2018.
A la señora Gobernadora de Tierra del Fuego, para que informe sobre FACTIBILIDAD DE ESPACIO FÍSICO PARA INSTALACIÓN DE PERSONAL DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN COMUNA DE PORVENIR.
Al señor Ministro de Obras Públicas, al objeto de que dé antecedentes relacionados con CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA REGIÓN DEL MAULE EN PRÓXIMOS 20 AÑOS.
Al señor Ministro de Salud, pidiéndole MEDIDAS PARA REGULARIZACIÓN DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CURANIPE.
A la señora Secretaria Ministerial de Bienes Nacionales de Valparaíso, consultándole sobre POSIBILIDAD DE ENTREGA, A TÍTULO GRATUITO O EN COMODATO, DE PREDIO A AGRUPACIÓN DE FERIANTES LAS TORRES FORESTAL, DE VIÑA DEL MAR.
Al señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Quinta Región, inquiriendo acerca de EVENTUAL INJERENCIA DE SERVIU DE VALPARAÍSO SOBRE INMUEBLE DE DON NELSON AEDO MOLINA.
Al señor Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, preguntando respecto a FACTIBILIDAD DE MAYORES HORAS DE PSIQUIATRAS, NEURÓLOGOS Y PSICÓLOGOS INFANTILES EN COMUNA DE SAN ANTONIO.
Y al señor Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, reiterándole oficio mediante el cual se pidió información sobre INSCRIPCIÓN DE CESIONES DE DERECHOS INMOBILIARIOS RECAÍDAS EN BIENES RAÍCES DE SECTOR DE LAGUNA VERDE.
A los señores Ministro de Defensa Nacional y Comandante en Jefe del Ejército, solicitándoles remitir antecedentes en torno a MEMORÁNDUM DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON ISRAEL EN MATERIA MILITAR Y DE NUEVOS MÉTODOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN COMBINADOS.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo; a la señora Ministra del Medio Ambiente, y a los señores Subsecretario de Pesca y Superintendente del Medio Ambiente, requiriéndoles información acerca de FUNCIONAMIENTO EN CHILE DE EMPRESA SALMONERA NORTEAMERICANA COOKE AQUACULTURE.
A los señores Ministro de Economía, Fomento y Turismo; Subsecretario de Pesca, y Director del Servicio Nacional de Pesca, pidiéndoles informar con respecto a RECURSO DE PROTECCIÓN DE FEDERACIÓN DE PESCADORES DE ISLAS GUAITECAS CONTRA MEDIDAS DE SERNAPESCA ANTE EMERGENCIA DE MAREA ROJA EN AISÉN.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que remita antecedentes relativos a DENUNCIAS DE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA POR RELLENO ILEGAL DE HUMEDALES EN SECTOR LLANCAHUE-VUELTA DE LA CULEBRA.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y a la señora Ministra del Medio Ambiente, a fin de que se informe sobre DENUNCIAS RESPECTO A RELLENO DE HUMEDALES CON MIRAS A LOTEOS IRREGULARES Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, Y MEDIDAS PARA EVITARLO.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que se envíen antecedentes acerca de EXCLUSIÓN DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TIPO III; INSUFICIENCIA CARDIACA ETAPAS I Y II, Y USO DE MARCAPASOS COMO IMPEDIMENTOS PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA PROFESIONAL.
A la señora Ministra del Medio Ambiente, para que se informe acerca de SOLICITUD DE INVALIDACIÓN DE DECRETO DE RECONOCIMIENTO DE INCLUSIÓN DE ISLA TRES BOCAS EN SANTUARIO DE LA NATURALEZA.
A las señoras Ministras del Medio Ambiente y de Energía y al señor Alcalde de San Pedro de la Paz, a fin de que se proporcionen antecedentes relativos a ESTUDIOS DEMOSTRATIVOS DE RENTABILIDAD DE SISTEMA DE ENERGÍA DISTRITAL EN SAN PEDRO DE LA PAZ Y OTRAS NUEVE COMUNAS.
Al señor Alcalde de Valdivia, para que se informe en torno a FISCALIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES POR RELLENO DE HUMEDALES Y LOTEOS IRREGULARES EN SECTOR LLANCAHUE-VUELTA DE LA CULEBRA.
Al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, con el objeto de que envíe antecedentes en cuanto a FISCALIZACIÓN DE RELLENO DE HUMEDALES Y LOTEOS IRREGULARES EN SECTOR LLANCAHUE-VUELTA DE LA CULEBRA.
Al señor Director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, solicitándole antecedentes sobre LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OFTALMÓLOGOS INSERTA EN PROGRAMA SERVICIOS MÉDICOS 2018-2019 EN REGIÓN DE LOS RÍOS.
A los señores Director Nacional de Vialidad e Intendente de Los Ríos, planteándoles INCLUSIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ENTRE HUIPEL Y CENTINELA EN PROGRAMA ENFOCADO A CAMINOS BÁSICOS.
Y al señor Director Nacional del SERNAGEOMIN, requiriéndole antecedentes acerca de ORDEN DE PARALIZACIÓN DE OBRAS DE CONCESIÓN MINERA Y RESTABLECIMIENTO DE TERRENO INTERVENIDO EN RÍO VALDIVIA Y PARTE DE HUMEDAL.
Al señor Ministro de Obras Públicas, consultándole por ESTADO DE PROYECTO DE CAMBIO DE BALSA PARA CRUCE DE RÍO IMPERIAL ENTRE NEHUENTUE Y PUERTO SAAVEDRA.
Al señor Superintendente del Medio Ambiente, solicitándole INSPECCIÓN EN SECTOR PORTAL DE BOTROLHUE.
Al señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social, preguntándole sobre BENEFICIOS PARA SEÑOR OCTAVIO SEPÚLVEDA CARRASCO POR SU CALIDAD DE EXONERADO POLÍTICO.
Y al señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social, con la finalidad de que informe en torno a ESTADO DE TRAMITACIÓN DE JUBILACIÓN DE DON ALFREDO SÁEZ CATALÁN, DE PITRUFQUÉN.
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Salud, con el propósito de que remitan datos de últimos cinco años acerca de PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE DROGAS.
A los señores Ministro del Interior y Seguridad Pública y General Director de Carabineros de Chile, para que indiquen FUNCIONES Y COSTO DE CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVO CUERPO POLICIAL ANTITERRORISTA.
A los señores Ministro de Defensa Nacional y Comandante en Jefe de la Armada de Chile, pidiéndoles enviar información desglosada acerca de RECURSOS NAVALES INVERTIDOS EN TERRITORIO ANTÁRTICO.
Al señor Ministro de Hacienda, a fin de que precise el PRESUPUESTO DE INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO.
Al señor Ministro de Educación y a la señora Ministra del Medio Ambiente, para que indiquen RECURSOS INVERTIDOS EN INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ANTÁRTICA CHILENA.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y a los señores Alcalde de Lota y Presidente del Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, pidiéndoles informar sobre AVANCE DE PROYECTO DE BIOTRÉN HASTA COMUNA DE LOTA.
A los señores Alcalde de Concepción y Director de Aseo y Ornato de la Municipalidad local, solicitándoles antecedentes referidos a CANTIDAD DE CONTENEDORES Y CAMIONES USADOS EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN COMUNA DE CONCEPCIÓN.
A los señores Alcalde de Tomé y Gerente General de Empresa ESSBIO, requiriéndoles informar acerca de MEDIDAS MUNICIPALES PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR COLAPSO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SECTOR RAFAEL.
Y al señor Alcalde de Talcahuano, solicitándole antecedentes relativos a AVANCE DE RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE TALCAHUANO.
Al señor Jefe de Zona Metropolitana Este de Carabineros, pidiéndole informar en cuanto a MEDIDAS PARA MITIGACIÓN DE ATOCHAMIENTO POR OBSTRUCCIÓN VIAL EN CRUCE PUENTE LOS MORROS Y EN CONEXIÓN PUENTE SAN RAMÓN, COMUNA DE PIRQUE.
Al señor Contralor Regional de Aisén, consultándole sobre AVANCE DE PROCESO ADMINISTRATIVO POR DENUNCIA CONTRA SEÑORA ANDREA MACHIMAN, FUNCIONARIA DE SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL DE AISÉN.
--Se levantó a las 18:36.

References: artículo 75
 artículo 8
 artículo 52
 artículo 25
 artículo 50
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 31
 artículo 38
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 57
 artículo 3