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CONSTITUCION WEB: Alegato Ruda sobre la cuestión de las Islas Malvinas (1964)
Alegato Ruda sobre la cuestión de las Islas Malvinas (1964)
Islas Malvinas intervención del representante argentino, S. E. Embajador Dr. José María Ruda, en el Subcomité III del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobré la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
[9 de septiembre de 1964]
Desde entonces, 1833, la República Argentina ha reclamado a Gran Bretaña la reparación debida por el agravio inferido. En estos 131 años no ha consentido, ni consentirá jamás, la separación de parte del territorio nacional, por medio de un acto ilícito e inaceptable.
Venimos a la Subcomisión a reiterar nuestros derechos a las Malvinas ante la comunidad internacional, apoyados por la voluntad y el sentimiento unánime del pueblo argentino y por una sólida e ininterrumpida posición de protesta frente a la violencia, mantenida por todos los Gobiernos argentinos desde 1833, sin distinción.
La historia de las Islas Malvinas no comienza en 1833, ni en 1765.
Por el contrario, estas islas fueron la preocupación de las Cancillerías europeas desde mucho tiempo atrás y numerosos incidentes diplomáticos habían tenido lugar en el Siglo XVIII, relacionados con las mismas.
Para comprender la ilegitimidad del acto británico de 1833, es necesario analizar acontecimientos anteriores, que no están expuestos en el documento A/AC. 1091L. 98/Add. 2, que tiene esta Subcomisión a su consideración, pero que señalan claramente la arbitrariedad de la acción cometida en 1833.
No vamos a entrar a analizar en detalle quien fue el descubridor de las Islas Malvinas. La documentación publicada en esa época demuestra fehacientemente que esas islas fueron descubiertas por navegantes españoles. En los mapas y planisferios españoles de comienzos del siglo XVI figuran ya las islas. El primer mapa es de Pedro Reinel (1522-23) que marca un archipiélago a la altura del paralelo 53°55' de latitud sur.
Luego se destacan los trabajos de Diego Rivero, cartógrafo principal de Carlos V, que insertó las islas en los mapas llamados Castiglione (1526-27) Salviati (1526-27), Rivero (1527) y dos planisferios de 1529.
Luego se suceden el mapa del Yslario de Santa Cruz de 1541, el planisferio de Sebastián Gaboto de 1544, el mapa de Diego Gutiérrez de 1561 y el de Bartolomé Olives de 1562, entre otros. Al piloto Esteban Gómez de la expedición de Magallanes, en 1520, es a quien debe atribuirse el descubrimiento del archipiélago. También navegaron esa zona Simón de Alcazaba en 1534 y Alonso de Camargo en 1540. Todos ellos pilotos de barcos españoles, que navegaban hacia el Estrecho de Magallanes, descubierto también por España y una de las bases de sus derechos a las Islas, como adyacentes a dicho estrecho. Sarmiento de Gamboa tomó. en 1580, posesión simbólica del estrecho y de las islas adyacentes, de acuerdo a los métodos de la época y en 1584 fundó un establecimiento.
En realidad, hasta mediados del siglo XVIII en Londres se ignoraba, a ciencia cierta, la existencia de las Islas Malvinas y, a veces, se las confundía con unas hipotéticas Islas Pepys, tal era el desconocimiento de la época. Fue entonces cuando Inglaterra, en 1748 a sugerencia del Almirante Anson, decidió enviar una expedición a “descubrir” y poblar las Islas Malvinas y Pepys. Gran Bretaña consultó a España y ante la resistencia de Madrid, desistió de sus propósitos. Citemos aquí las instrucciones que recibió el representante británico para informar a la Corte de Madrid: “Como no hay intención de hacer ningún asiento en alguna de dichas islas y como las corbetas de S. M. no quieren ni recalar ni tocar en parte alguna de la costa española, el Rey no alcanza a comprender en manera alguna como este proyecto puede causar resentimiento en Madrid”. La principal cuestión que se debatió durante esta primera escaramuza diplomática sobre las Islas, fue si los británicos teman algún derecho a penetrar en esas regiones.
El Tratado de paz de 1604, entre España e Inglaterra, volvió las cosas y los derechos al status quo ante bellum, quedando sin efecto los que se hubieran podido adquirir con anterioridad a su firma, inclusive los del pretendido descubrimiento inglés. Posteriormente en el Tratado de Madrid de 1670, se convino que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas, colonias y dominios que poseyera en América; pero este reconocimiento de la soberanía inglesa en América del Norte era acompañado en contra partida por otra cláusula que disponía que “los súbditos de Gran Bretaña no dirigirán su comercio, ni navegarán a los puertos o lugares que el Rey Católico tiene en la dicha India, ni comerciarán con ellos”. Más aún. el tratado de Madrid de 1713, estableció: “Su Majestad Británica ha convenido en promulgar desde luego las más fuertes prohibiciones y debajo de las más rigurosas penas a todos los súbditos a fin de que ningún navío de la Nación inglesa se atreva a pasar a la mar del Sur ni a traficar en otro paraje alguno de las Indias españolas”. Esta disposición de prohibir la navegación y el comercio a Gran Bretaña en zonas que no hubieran estado abiertas al tráfico a fines del siglo XVII fue ratificada nuevamente en Utrecht en 1713.
En consecuencia, en 1749, momento en que intentó Gran Bretaña enviar la primera expedición, no podía considerar res nulius, sujeta a apropiación, a las Islas Malvinas. Recién en febrero de 1764 se produce el primer intento de colonización por parte de Luis Antonio de Bougainville, marino francés, que fundó Puerto Luis en la Malvina Oriental, a nombre del Rey de Francia. España se sintió lesionada en sus derechos por esta fundación e inició negociaciones con Paris, para obtener la entrega del establecimiento francés. Inglaterra envió por entonces una expedición clandestina que fundó Puerto Egmont, en 1766, en el Islote Saunders, vecino a la Malvina Occidental, en el lugar que Bougainville había llamado Port de la Croisade. España, mientras tanto, protestó formalmente ante el Gobierno francés obteniendo el reconocimiento de sus derechos de dominio. El Rey Luis XV ordenó a Bougainville la entrega de Puerto Luis previo pago de todos los gastos en que se había incurrido. La entrega se cumplió solemnemente, en una ceremonia el 1° de abril de 1767 en el mismo Puerto Luis reconociéndose así los derechos legítimos de la Corona Española a estas islas. Previamente, el Gobierno había dictado una Real Cédula el 4 de octubre de 1766 que declaraba a las Islas dependientes de la Capitanía General de Buenos Aires y se nombró a Don Felipe Ruiz Puente como Gobernador. Los españoles quedaron ocupando Puerto Luis con pobladores españoles y con un establecimiento militar, cambiándosele el nombre por el de Puerto Soledad. En el islote Saunders quedaba la pequeña guarnición británica de Puerto Egmont que se había establecido en 1766. En el momento del traspaso de Francia a España del establecimiento de Puerto Luis, los ingleses permanecieron silenciosos y no hicieron ninguna reserva de su supuesta soberanía. España, solucionado su diferendo con Francia, dirigió su atención a Puerto Egmont, y la guarnición británica fue desalojada del Islote Saunders por las fuerzas españolas de la Escuadra del Río de la Plata al mando del Gobernador de Buenos Aires, Buccarelli, el 10 de junio de 1770. España había reaccionado en forma clara y categórica frente a ambos intrusos e hizo respetar sus derechos de soberanía, retirando a los franceses por la vía diplomática y a los ingleses por la vía de la fuerza. Gran Bretaña se sintió lesionada en su honor por la acción de armas contra Puerto Egmont y reclamó ante la Corte de Madrid.
Las negociaciones diplomáticas, en las que intervino también Francia, fueron largas y engorrosas y finalmente se llegó a una solución el 22 de enero de 1771. El embajador de España en Londres, Príncipe de Masserano, declaró que su monarca “desaprueba la susodicha empresa violenta y se compromete a restablecer las cosas al estado al que se hallaban antes del episodio”, agregando: “la restitución a su Majestad Británica del Puerto y Fuerte llamado Egmont no puede ni debe afectar, en modo alguno, la cuestión de derecho anterior de soberanía de las Islas Malvinas”. El mismo día fue aceptada esta declaración por el Gobierno de Su Majestad Británica, bajo la firma de Lord Rochfort, expresando que Su Majestad Británica, consideraría a dicha declaración del Príncipe de Masserano, con el entero cumplimiento del convenio de parte de Su Majestad Católica, como una satisfacción de la injuria hecha a la Corona de la Gran Bretaña. De este acto diplomático se destaca, en primer término, su naturaleza de aceptación de la declaración española, aceptación que no contiene ningún rechazo de la expresa reserva hispánica de soberanía sobre las Islas. El silencio de Gran Bretaña ante una reserva escrita tan expresa, no puede ser interpretado sino en su verdadera naturaleza, es decir como su aceptación, tal como se desprende del título original del documente británico, que no se llama counterdeclaration, como lo llamó Lord Palmerston en 1834, sino acceptance, de acuerdo a la edición oficial de los State Papers de 1771.
Debemos destacar, además, que en toda la documentación de estas negociaciones diplomáticas, así como en los documentos finales, se habla únicamente de la entrega de Puerto Egmont al status qua ante, pero no de las Islas Malvinas en general, las que sí, claramente, están comprendidas en expresa declaración española de soberanía. Por otra parte, durante todas las negociaciones y en forma ininterrumpida, desde que le fue entregado por Francia, España siguió ocupando Puerto Soledad, sín la menor reacción ni reserva por parte de Inglaterra.• Es más, según consta en el acta por la que se devuelve Puerto Egmont, se especifica que el Reino Unido lo recibe de manos del “Comisario General de Su Majestad Católica en Puerto Soledad”. Ambos poseedores se encontraron frente a frente y se respetaron durante tres años, pero los que tenían que predominar eran quienes tenían derechos más legítimos.
El 22 de mayo de 1774, los ingleses abandonaron voluntariamente el islote Saunders, llamado por entonces, por los ingleses, Isla de Falkland, en singular. Cuando se retiran los ingleses de esta isla dejan en ella una placa de plomo que decía lo siguiente: “BE IT KNOWN TO ALL NATIONS THAT FALKLAND's ISLAND WITH THIS PORT”…“
Debemos destacar que se menciona la “Falkland's Islandn o sea el posesivo singular, lo que demuestra, unido a la aceptación británica de la posesión española de Puerto Soledad, que las pretensiones inglesas estuvieron limitadas, en la época en que estuvieron en Puerto Egmont, a este establecimiento exclusivamente y no a todo el Archipiélago.
En 1776 creó el Virreinato del Río de la Plata, incluyendo las mencionadas islas, que pertenecían a la Gobernación de Buenos Aires, e Inglaterra no dijo nada.
Más aún, no sólo ejerció España la posesión efectiva entre 1774 y 1811, sino que no hizo valer Gran Bretaña derechos sobre Puerto Egmont en diversos instrumentos de fines del Siglo XVIII y relativos a problemas territoriales, cuando tenía total y público conocimiento de la ocupación soberana de España del Archipiélago. Así, en el Tratado de Paz de Versalles de 1783, al finalizar la guerra de independencia de los Estados Unidos, se ratificaron estipulaciones anteriores de 1670, 1713 y otras que prohibían navegar a los ingleses en el Atlántico Sur. Más aún, con motivo del conflicto que se suscitó cuando Inglaterra quiso fundar una población en Nootka Sound, en la costa occidental del Canadá se firmó la Convención de San Lorenzo de 1790. Este Convenio otorgó la libre navegación a los ingleses en el Pacífico, bajo tres condiciones. La primera, que esta navegación no sería un pretexto para realizar comercio ilícito con los dominios españoles, prohibiéndola dentro de las “diez leguas marítimas de ninguna de las costas ya ocupadas por España, la segunda que existiría libre comercio entre los establecimientos fundados en el Pacífico Norte desde 1789 y los que se fundaran en lo sucesivo y finalmente el art. 7° de la mencionada Convención establecía: “Se ha convenido también por lo que hace a las coatas tanto orientales como occidentales de América Meridional y a las islas adyacentes, que los súbditos respectivos no formarán en lo venidero ningún establecimiento en las partes de estas costas situadas al Sur de las partes de las mismas costas y de las islas adyacentes ya ocupadas por España”.
No obstante, el Gobierno de la República Argentina envió a las Malvinas en 1820 a la fragata “La Heroína”. El comandante de nave, Don David Jewett, notificó a los buques que se hallaban en las aguas de las Islas Malvinas, las leyes argentinas que
regulaban la caza y la pesca en la zona y les hizo saber que los transgresores serían enviados a Buenos Aires para ser juzgados. Además, en solemne ceremonia, tomó posesión formal de las islas que pertenecían a la Argentina, como heredera de España. Nadie se opuso a la afirmación del derecho argentino al archipiélago ni interpuso reclamación alguna, a pesar de que la comunicación fue publicada en periódicos de Estados Unidos y otros países.
En 1823, el Gobierno de Buenos Aires designó Gobernador de las Islas Malvinas a Don Pablo Areguatí.
Este mismo año, el Gobierno concedió tierras, así como el derecho a la explotación del ganado salvaje existente y a efectuar pesquerías en la ida Malvina Oeste, a Don Jorge Pacheco y a Don Luis Vernet. Una expedición llevó los elementos para el nuevo establecimiento, que sólo prosperó parcialmente, por enfrentar factores climáticos adversos. Por segunda vez, los concesionarios volvieron a llevar grupos de nuevas familias en enero de 1826, las que quedaron establecidas allí.
En ningún momento Inglaterra objetó el establecimiento argentino en las Islas Malvinas, a pesar que se habían realizado actos jurídicos sumamente importantes entre los dos partes, como la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de febrero de 1825. Este instrumento no contiene reserva alguna británica sobre las Islas Malvinas, a pesar de la acción del comandante de 'La Heroína' en 1820 y otros actos que el Gobierno había realizado y autorizado sobre las islas.
El 31 de mayo de 1831 se presentó en Puerto Soledad la corbeta norteamericana Lexington, enarbolando pabellón francés con señal al tope de proa para pedir prácticos y se dirigió al muelle. Así consiguieron desembarcar los marinos norteamericanos, que destruyeron el establecimiento y ejecutaron otras depredaciones. La razón de esta acción, fue el rechazo del Gobierno argentino de una reclamación del Cónsul norteamericano, que pretendía la devolución inmediata de uno de los barcos pesqueros todavía detenido, y que el Comandante político militar de las Malvinas cesase toda intervención vinculada con actividades de ciudadanos de Estados Unidos en esta zona. La acción de la Lexington provocó un incidente diplomático entre Argentina y Estados Unidos, que terminó con una virtual ruptura de relaciones entre ambos países.
Durante su estadía en Buenos Aires, el representante de Estados Unidos entabló estrecha relación con el Encargado de Negocios inglés y sus conversaciones, que han quedado documentadas en la correspondencia que han publicado los respectivos países. demuestra cómo se unieron los intereses de estas dos poderosas naciones, en un momento dado para desalojar al joven y débil país de las Islas Malvinas.
El 3 de enero de 1833, casi 60 años después del retiro voluntario de 1774, los británicos cometieron este acto de fuerza en Puerto Soledad, en la isla Malvina del Oeste, donde jamás habían estado en tiempo alguno.
Como dijimos al comienzo de esta exposición, este acto de fuerza, arbitrario y unilateral, que nunca fue ni será consentido por la República Argentina, no puede generar o crear derecho alguno en favor de Gran Bretaña, No se hizo esperar la reacción de los argentinos. La población de Buenos Aires demostró su indignación ante el hecho y en las Islas el resto de los pobladores, que resistían al invasor, fueron enviados a Londres, para ser juzgados bajo distintos pretextos y jamás retornaron. El 15 de enero el Gobierno reclama ante el Encargado de Negocios inglés en Buenos Aires, quien contestó manifestando no tener instrucciones. Se vuelve a insistir el 22 de enero; continuando el Ministro inglés en actitud pasiva. El Ministro Manuel V. Massa dio cuenta mientras tanto de los hechos, en una circular, a las Cancillerías americanas.
La política colonialista de la época tiene uno de sus ejemplos más típicos en el caso de las Islas Malvinas.
Se abusó en aquella oportunidad de un país que se encontraba en vías de organización luchando como hoy lo hacen los nuevos países africanos y asiáticos para su progreso político y económico.
Gran Bretaña sostuvo en 1834, de acuerdo a la nota de Lord Palmerston, que "el descubrimiento y la subsiguiente ocupación" eran la fuente de sus derechos, agregando que estos derechos adquirieron una sanción adicional por el hecho de que España devolvió a Gran Bretaña en el año 1771 el fuerte de Puerto Egmont.
En cuanto a la ocupación, ella en ningún modo puede, en primer término, ser llamada “subsiguiente” al descubrimiento, por cuanto al primer navegante inglés que le atribuyen haber visto las Islas los propios ingleses, es Davis en 1592, y 174 años después, recién en 1766, los ingleses establecen Puerto Egmont. La presencia de los ingleses, contestada por España, sólo existió en un lugar llamado Puerto Egmont entre 1766 y 1774, con la protesta de España y las contingencias resultantes y abandonada voluntariamente. La primera ocupación efectiva fue de Francia en 1764 que reconoció los derechos de España, entregándole a ésta su establecimiento, por lo cual la ocupación efectiva española es anterior a la presencia británica. Continuó durante los ocho años que los ingleses estuvieron en Puerto Egmont y posteriormente. Se ha dicho, con suma razón, que la ocupación inglesa sólo reúne caracteres negativos: fue ilícita, por ser violatoria de los tratados vigentes; fue clandestina, esto es, tenida oculta hasta el momento en que los españoles llegaron a comprobarla; fue tardía, porque sobrevino después de la ocupación efectuada por los franceses a quienes la entregaron a España; fue contestada, porque España le opuso resistencia y finalmente una reserva explícita fue parcial, porque se redujo a Puerto Egmont y mientras tanto España poseía Puerto Soledad y todo el archipiélago; fue brevísima, pues sólo llevó ocho años; y fue precaria, puesto que desde 1774 quedó abandonada.
Más aún, los estados americanos, en 1933, durante la Vila. Conferencia Internacional Americana de Montevideo, consagraron una doctrina fundamental del derecho americano al establecer: “Los Estados contratantes consagran en definitiva como norma de su conducta, la obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por la fuerza, ya sea que ésta consista en el uso de las armas, en representaciones diplomáticas conminatorias o en cualquier otro medio de coacción efectiva. El territorio de los Estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de fuerza impuestas por otro Estado, ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aún de manera temporal”.
Y así, a través de las Asambleas Generales, la Argentina recordó anualmente sus derechos a las Islas dejando constancia que la información que proporcionaba el Remo Unido con relación a las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, en nada afectan la soberanía argentina sobre dichos territorios, de que la ocupación que detenta Gran Bretaña es en virtud de un acto de fuerza, jamás aceptado por el Gobierno argentino y de que reafirma los imprescriptibles e inalienables derechos de la República. Mientras tanto, en la Organización de Estados Americanos, mi país sostuvo que en América debían terminar las situaciones coloniales.
La X Conferencia interamericana, reunida en Caracas en 1954, aprobó la Resolución 96 sobre Colonias y Territorios ocupados en América, que declara “que es voluntad de los pueblos de América que sea eliminado definitivamente el coloniaje mantenido contra el sentir de los pueblos e igualmente la ocupación de territorios”. Proclamó además “la solidaridad de las Repúblicas Americanas con las justas reclamaciones de los pueblos de América en relación con los territorios ocupados por países extracontinentales” y repudió por último, “el uso de la fuerza para mantener los sistemas coloniales y la ocupación de territorios en América”.
Hoy este Subcomité III del Comité de los 24 se va a ocupar de la situación de las Islas Malvinas.
Las Islas Malvinas se encuentran en situación particular diferente del caso colonial clásico. De hecho y de derecho pertenecían a la República Argentina en 1833 y estaban gobernadas por autoridades argentinas y ocupadas por pobladores argentinos. Estas autoridades y pobladores fueron desalojados por la violencia, no permitiéndose su permanencia en el territorio.
Entiende nuestro Gobierno y así lo hemos venido afirmando en las últimas Asambleas Generales que este principio de libre determinación de los pueblos, reconocido en el inciso 2°, Artículo 1 de la Carta, debe ser considerado en estos casos excepcionales a la luz de las circunstancias que lo condicionan en su ejercicio.
El principio fundamental de la libre determinación no debe ser utilizado para transformar una posesión ilegitima, en una soberanía plena, bajo el manto de protección que le darían las Naciones Unidas.
Esta recta interpretación del principio de libre determinación se basa precisamente en la Resolución 1514 (XV), cuya finalidad principal, no debemos olvidar, es terminar con el colonialismo en todas sus formas.
La Declaración, en su artículo 2°, reafirma el principio de que todos los pueblos tienen derecho de libre determinación y que en virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
En América, la organización regional adoptó una resolución en la Xa, Conferencia de Cancilleres, estableciendo “la necesidad de que los países extracontinentales que tienen colonias en el territorio de América no tarden en ultimar las medidas comprendidas en los términos de la Carta de las Naciones Unidas para permitir que los pueblos respectivos puedan ejercer plenamente su derecho de autodeterminación, a fin de que se elimine definitivamente el coloniaje en América”. Pero, teniendo específicamente presente la situación de los estados cuya unidad e integridad territorial es afectada por ocupaciones extranjeras, declaró en esa misma resolución que ella “no se refiere a territorios que son materia de litigio o reclamación entre países extracontinentales y algunas repúblicas americanas”. Esta resolución fue transmitida a las Naciones Unidas.
El futuro de estas Islas, separadas de la República Argentina, está fuera de toda lógica y realidad. Geográficamente, se encuentran cerca de nuestras costas patagónicas, gozan de su mismo clima y tienen una economía similar a nuestro sur. Se encuentran enclavadas en plena plataforma continental, que por el Derecho Internacional, después de las Convenciones de Ginebra de 1958, pertenece al Estado costero de pleno derecho.
Más aún, si analizamos con detención el mismo documento que nos presenta la Secretaría de las Naciones Unidas, sobre base de datos exclusivamente ingleses, se observará como se manifiesta en dichas Islas el sistema colonial en el aspecto económico. La propiedad de la tierra está prácticamente en manos de la Falkland Islands Company Limited, en cuyo directorio, en Londres, figuran miembros del Parlamento británico.
Esta Compañía, que no dudamos en llamar monopolista. posee 1.230.000 acres de las mejores tierras, en dominio absoluto, en las que pastan trescientas mil ovejas. El propietario que le sigue es la Corona Británica con 56.500 acres. La compañía con sus subsidiarias, controla todo el comercio de exportación e importación. El monopolio de la lana, principal riqueza, se encuentra en sus manos.
1°: La República Argentina reclama con firmeza el restablecimiento de su integridad territorial, mediante la devolución de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, que fueron tomadas por Gran Bretaña en un acto de fuerza. Única solución que impone la justicia. La República Argentina, respetuosa de los derechos fundamentales del hombre y de las obligaciones emanadas de la Carta de las Naciones Unidas, tendrá especialmente en cuenta el bienestar y los intereses materiales de los actuales pobladores de las Islas Malvinas. En la misma forma como, al amparo de las garantías que otorga nuestra Constitución, los hombres de todas las razas y credos del mundo se han integrado a la vida de la Nación.
2°: La República Argentina no aceptará, sin embargo, que se desnaturalice el principio de libre determinación, aplicándolo, para consolidar situaciones producto de un anacronismo colonial, en detrimento de sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas.
Churchill y Roosevelt declararon, el 14 de agosto de 1941, en la costa del Atlántico: “... y deseamos que se restituyan los derechos soberanos y la independencia a los pueblos que han sido despojados de dichos derechos por la fuerza”.
Señores delegados: puedo asegurar que América Latina entera está firmemente unida en su decisión de eliminar los últimos vestigios del colonialismo que aún se mantienen enclavados en este Hemisferio.
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 Artículo 1
 Resolución 
 artículo 2
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 resolución 
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