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Timestamp: 2019-04-19 22:28:38+00:00

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Registro Oficial. 18 de OCTUBRE del 2004
Lunes, 18 de octubre del 2004 - R. O. No. 444
25-470 Proyecto de Ley Reformatoria\n al Código Civil.
25-471 Proyecto de Ley de Creación\n de las Veedurías Sociales de la Actividad Legislativa\n del Congreso Nacional.
25-472 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley Orgánica de Control Constitucional..
2157 Confiérese la condecoración\n "Policía Nacional" de "Tercera Categoría",\n a la Subteniente de Policía del Servicio de Sanidad Leonor\n Zoila Piedad Cristina Neira Armas..
2159 Confiérese la condecoración\n "Al Mérito Institucional" en el grado de "Caballero",\n a los suboficiales Segundo de Policía César Domingo\n Llumitaxi Puma y César Roberto Mieles Cedeño.
2160 Confiérese la condecoración\n "Al Mérito Profesional" en el grado de "Gran\n Oficial" al Mayor de Policía de Sanidad doctor Edison\n Marcelo Jácome Segovia..
2161 Asciéndese al grado\n inmediato superior al Capitán de Policía de Línea\n Marco Antonio Zapata Albán.
2162 Confiérese la condecoración\n "Policía Nacional" de "Segunda Categoría"\n a varios mayores de Policía de Intendencia.8
2163 Dase de baja de las filas policiales\n al Mayor de Policía de Intendencia Manuel Antonio Chica\n Anchundia..
2164 Confiérese la condecoración\n Escuela Superior de Policía "General Alberto Enríquez\n Gallo" al señor S. Antonio Ruiz Roldán.
2165 Dase de baja de las filas policiales\n al Coronel de Policía de E.M. Juan Mario Alvarracín\n Parreño.
\n PRIMERA SALA:
0060-2004-HC Confírmase la resolución\n subida en grado y niégase el recurso de hábeas\n corpus interpuesto por el ciudadano Manuel Rodrigo González\n Escorza.
0085-2004-HD Revócase la resolución\n venida en grado y concédese el hábeas data propuesto\n por la señora Isabel Alexandra Montalvo Jaramillo.
0513-2004-RA Revócase la resolución\n pronunciada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo, Distrito de Quito y niégase la acción\n de amparo constitucional planteada por el señor Sergio\n Iban Reina Quiroz.
0023-2004-HD Niégase el hábeas\n data propuesto por el doctor Juan Tama Márquez y confírmase\n la resolución del Juez Sexto de lo Civil de Cuenca..
0515-2004-RA Deséchase la acción\n de amparo constitucional interpuesta por el doctor Manuel Roberto\n Yanqui Salazar.
0526-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n propuesto por el señor Lenin Marcelo Reyna Reyna y otros.
0535-2004-RA Niégase el amparo interpuesto\n por el señor Héctor Sinchiguano Llumiluisa y otro\n y confírmase la resolución del Juez Primero de\n lo Civil de Napo..
0582-2004-RA Niégase por improcedente\n la acción de amparo interpuesta por el señor Zhiliang\n Yin y confírmase la resolución del Juez Primero\n de lo Civil de Guayaquil27
0583-2004-RA Inadmítese el amparo\n interpuesto por el doctor Hugo Ernesto Loor Lino y revócase\n la resolución del Juez primero de lo Civil de Manabí.
0588-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional propuesto\n por Mario Sebastián González Quiñónez
0596-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n propuesto por el señor Jorge Edilberto Tenorio Ordóñez.
0608-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n planteado por el señor José Rigoberto Arias Tinitana.
0738-2004-RA Niégase el amparo interpuesto\n por el señor Bruno Andrés Frixone Franco y otro\n y confírmase la resolución del Juez Noveno de lo\n Civil de Pichincha.
RJE-PLE-TSE-4-28-9-2004 Destituyese del cargo de Ministro\n Conjuez, al abogado Hugo Manuel Briones Fernández y suspéndese\n sus derechos políticos por el lapso de un año a\n partir de la presente fecha.
RJE-PLE-TSE-5-28-9-2004\n Destituyese\n del cargo de Ministro Conjuez, al abogado Francisco Javier Cedeño\n López y suspéndese sus derechos políticos\n por el lapso de un año a partir de la presente fecha.
RJE-PLE-TSE-15-6-10-2004\n Calificar como\n emergente la contratación del servicio de: producción\n de Web Banners y de video Flash Digital, alojamiento de video\n Flash Digital y el envío de los webbanners a la mayor\n cantidad de usuarios..
ORDENANZAS\n METROPOLITANAS DE QUITO:
0127\n Que reforma\n la Sección IV del Capítulo V del Título\n H del Libro Primero del Código Municipal, del arrendamiento\n de inmuebles municipales.
0128\n Que determina\n las condiciones en las que se debe mantener a los perros y otros\n animales domésticos..
0129\n Que reforma\n la Ordenanza No 029, referente al comercio, en espacios de circulación\n pública del Capítulo II del Título IV, del\n Libro II del Código Municipal..
-\n Cantón San Pedro de Pelileo: Que restringe el uso de las calles de\n la ciudad por las cooperativas de transporte de pasajeros y carga.\n \n
NOMBRE: "REFORMATORIA AL CÓDIGO
\n CIVIL".
CÓDIGO: 25-470.
AUSPICIO: H. JORGE GUAMAN CORONEL.
\n INGRESO: 22-09-2004.
\n A COMISIÓN: 28-09-2004
No obstante el principio de la incapacidad absoluta para suceder,\n el Libro Tercero del Código Civil ha previsto como excepción\n el hecho de que puede suceder de manera testamentaria una persona\n que no existe al tiempo de abrirse la secesión, pero cuya\n existencia se espera, es decir que pueden suceder los inexistentes;\n pero esta circunstancia de "cuya existencia se espera",\n no puede estar abierta por siempre y se ha limitado dicho condicionante\n a 15 años, contados desde la apertura de la sucesión.
Es imprescindible reducir este plazo a fin de determinar tiempos\n coherentes y reales que faciliten la administración de\n los bienes, eso si, dejando a salvo el derecho latente instituido\n por el causante.
Este plazo de 15 años, en esta época de tensiones\n y velocidad es excesivo y por el contrario ha planteado una serie\n de problemas de orden jurídico pues en el tiempo intermedio\n entre la apertura de la sucesión y los 15 años,\n los bienes materia de la asignación son administrados\n por una tercera persona que puede ser quien ha previsto el testador\n o por sus herederos, y el derecho del que está por existir\n permanece en suspenso 15 años sin que nadie pueda disponer\n de dichos bienes, y recién luego de este plazo procederán\n a suceder los legitimarios, hasta ello habrán pasado una\n serie de sucesos jurídicos que empantanan más el\n ya conflictivo mundo de la sucesión por causa de muerte.
f.) Dr. Jhon Argudo Pesantez, Prosecretario General del Congreso\n Nacional.
NOMBRE: "DE CREACIÓN DE\n LAS
\n VEEDURÍAS SOCIALES DE LA
\n ACTIVIDAD LEGISLATIVA
\n DEL CONGRESO NACIONAL".
CÓDIGO: 25-471.
AUSPICIO: H. JORGE GUAMAN
\n CORONEL.
\n A COMISIÓN: 28-09-2004.
La actividad legislativa ejecutada durante los últimos\n tiempos, ha motivado que el Congreso Nacional desarrolle su actividad\n con base a los escándalos políticos que se presentan\n en el país, es decir la actividad se ha convertido en\n reaccionaria frente a hechos nacionales antes que prepositiva,\n cuando debiera ser el plan de trabajo formulado por los diputados\n el que marque la actividad que cumpla el Congreso Nacional en\n respuesta a su tarea constitucional de legislar y fiscalizar.
Este hecho y el ningún control social que se ejerce\n hacia esta función del Estado hace imprescindible que\n dentro del marco conceptual puro de la soberanía, se establezcan\n veedurías a la actividad legislativa, todo ello enmarcado\n dentro de las disposiciones constitucionales, veedurías\n que se ejecutarían de manera transversal y no vertical\n a fin de no romper la estructura de la división de poderes\n del Estado.
Todo esto demanda que el pueblo, como originario de la soberanía,\n deba ejercer sus derechos a fiscalizar y controlar las acciones\n que realizan y efectúan sus mandatarios, entre ellos sus\n diputados.
NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY
\n ORGÁNICA DE CONTROL
\n CONSTITUCIONAL".
CÓDIGO: 25-472.
La Constitución Política ha previsto como .obligación\n de Tribunal Constitucional el dirimir la competencia o los conflictos\n de ésta, que se originen en atribuciones prevista en la\n Carta Magna. Por ello, corresponde al Tribunal Constitucional\n ser el ente competente para conocer e conflicto de competencias\n existente entre la administrador de justicia ordinaria y la jurisdicción\n especial indígena, a la luz del principio de la diversidad\n cultural y de; reconocimiento expreso de la Constitución,\n sobre la facultad otorgada a las autoridades de los pueblos indígena?\n para resolver los conflictos internos.
A fin de establecer de manera expresa que ésta es la\n tarea del Tribunal Constitucional, conforme decisiones que se\n están produciendo por parte de organismos de esta naturaleza\n en el contexto internacional, bien valdría que el Ecuador\n se actualice y dé paso al ejercicio de los mandatos constitucionales,\n por lo que es imperiosa la reforma a la Ley Orgánica de\n Control Constitucional.
El tema de la administración de justicia indígena\n ha provocado el interés de la comunidad jurídica\n nacional e internacional. En varios países de la Región\n Andina y, sobre todo, la Corte Constitucional Colombiana ha dictado\n fallos para fortalecer el ejercicio de una norma constitucional\n similar a la del Ecuador, referente a la facultad que tienen\n las autoridades de los pueblos indígenas para resolver\n los conflictos.
La Resolución No 2004-449-CS-PN de agosto 3 del 2004\n del H. Consejo Superior de la Policía Nacional;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio No 1484-SPN de septiembre 21 del 2004, previa\n solicitud del General Inspector Lcdo. Jorge Fernando Poveda Zúñiga,\n Comandante General de la Policía Nacional, con oficio\n No 0897-DGP-PN de septiembre 1 del 2004;
De conformidad con los Arts. 4 y 19 en concordancia con el\n Art. 5 literal a) del Reglamento de Condecoraciones de la Policía\n Nacional; y,
Art. 1.- Conferir la condecoración "Policía\n Nacional" de "Tercera Categoría", a la\n señora Subteniente de Policía de Servicio de Sanidad\n Leonor Zoila Piedad Cristina Neira Armas, por haber cumplido\n 15 años de servicios activo y efectivo a la institución.
La Resolución No 2004-062-CCP de enero 28 del 2004\n del H. Consejo de Clases y Policías;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio No 1511-SPN de septiembre 27 del 2004, previa\n solicitud del General Inspector Lic. Jorge Fernando Poveda Zúñiga,\n Comandante General de la Policía Nacional, con oficio\n No 0958-DGP-PN de septiembre 21 del 2004;
De conformidad con el Art. 3 reformatorio al Art. 10 del Reglamento\n de Condecoraciones de la Policía Nacional, expedido mediante\n Acuerdo Ministerial No 101 de fecha 16 de mayo del 2002; y,
Art. 1.- Conferir la condecoración "Al Mérito\n Institucional", en el grado de "Caballero", a\n los señores suboficiales Segundo de Policía Llumitaxi\n Puma César Domingo y Mieles Cedeño César\n Roberto.
La Resolución No 2004-758-CsG-PN de agosto 30 del 2004,\n dictada por el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio No 1458-SPN de septiembre 17 del 2004, previa\n solicitud del Comandante General de la Policía Nacional,\n con oficio No 0940/DGP/PN de septiembre 9 del 2004;
De conformidad con los Arts. 4, 5 literal a) y 15 del Reglamento\n de Condecoraciones de la Policía Nacional; y,
Art. 1.- Conferir la condecoración "Al Mérito\n Profesional" en el grado de "Gran Oficial", al\n Mayor de Policía de Sanidad Dr. Edison Marcelo Jácome\n Segovia, quien con fecha 30 de junio del 2004, ha cumplido 30\n años de servicio en la institución.
La Resolución No 2004-485-CS-PN de agosto 24 del 2004,\n emitida por el del H. Consejo Superior de la Policía Nacional;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante No 1461-SPN de septiembre 17 del 2004, previa solicitud\n del Comandante General de la Policía Nacional con oficio\n No 0937B/DGP/PN de septiembre 9 del 2004;
Art. 1.- Ascender al grado inmediato superior, con fecha 23\n de diciembre del 2003, al Capitán de Policía de\n Línea Marco Antonio Zapata Albán, perteneciente\n a la Quincuagésima Primera Promoción de Oficiales\n de Línea de la Policía Nacional del Ecuador, quien\n se ubica en lista de clasificación 1 y en la antigüedad\n número treinta (30) de su promoción.
f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario Genera\n de la Administración Pública.
No 2162
La Resolución No 2004-733-CsG-PN de agosto 23 del 2004,\n dictada por el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio No 1459-SPN de septiembre 17 del 2004, previa\n solicitud del Comandante General de la Policía Nacional,\n con oficio No 0938/DGP/PN de septiembre 9 del 2004;
Art. 1.- Conferir la condecoración "Policía\n Nacional" de Segunda Categoría" a los mayores\n de Policía de Intendencia Oleas Baquero César Antonio,\n Narváez Fuel Julio Heriberto, Chica Anchundia Manuel Antonio,\n Morillo Vaca José Vicente y Parra Novoa Rodrigo Fabián,\n por haber cumplido 20 años de servicios a la institución.
La Resolución No 2004-757-CsG-PN de agosto 30 del 2004\n del H. Consejo de Generales de la Policía Nacional;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio No 1463-SPN de 17 de septiembre del 2004, previa\n solicitud del General Inspector Lcdo. Jorge Fernando Poveda Zúñiga,\n Comandante General de la Policía Nacional, con oficio\n No 0936-DGP-PN de septiembre 9 del 2004;
De conformidad a lo que establece el Art. 46 y 66 literal\n a) de la Ley de Personal de la Policía Nacional; y,
Art. 1.- Dar de baja de las filas policiales, con fecha de\n su expedición, al Mayor de Policía de Intendencia\n Manuel Antonio Chica Anchundia, por solicitud voluntaria con\n expresa renuncia a la transitoria.
La Resolución No 2004-73 8-CsG-PN de agosto 23 del\n 2004, dictada por el H. Consejo de Generales de la Policía\n Nacional;
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio No 1460-SPN de septiembre 17 del 2004, previa\n solicitud del Comandante General de la Policía Nacional,\n con oficio No 0939/DGP/PN se septiembre 9 del 2004;
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 en concordancia\n con el Art. 4 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía\n Nacional; y,
Art. 1.- Conferir la condecoración Escuela Superior\n de Policía "General Alberto Enríquez Gallo"\n al señor S. Antonio Ruiz Roldan, por haber obtenido la\n Primera Antigüedad en la promoción de inspectores\n C.N.P. de España, en reciprocidad a la condecoración\n enviada para el señor Cadete que obtuvo la Primera Antigüedad\n de la Promoción de Subtenientes de Línea de la\n Escuela Superior de Policía.
No 2165
La Resolución No 2004-764-CsG-PN de agosto 30 del 2004\n del H. Consejo de Generales de la Policía Nacional,
El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio No 1462-SPN de septiembre 17 del 2004, previa\n solicitud del Comandante General de la Policía Nacional,\n con oficio No 0937A/DGP/PN de septiembre 9 del 2004;
De conformidad a lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley de Personal\n de la Policía Nacional; y,
Art. 1.- Dar de baja de las filas policiales con fecha 1 de\n septiembre del 2004, al Coronel de Policía de E.M. Juan\n Mario Alvarracín Parreño, por cumplir el tiempo\n máximo en situación transitoria.
No. 0060-2004-HC
En el caso signado con el No. 0060-2004-HC
El Dr. Jaime Vayas Machado, comparece ante el Alcalde del\n Distrito Metropolitano de Quito, e interpone recurso de hábeas\n corpus, a favor del señor MANUEL RODRIGO GONZÁLEZ\n ESCORZA, a fin de que se disponga su inmediata libertad. En lo\n principal manifiesta:
Que el señor Manuel Rodrigo González Escorza,\n por un supuesto accidente en la parroquia de Lloa, barrio Arauco,\n que según versiones de la denunciante, ha ocurrido el\n día 11 de julio del 2004, a eso de las 11 horas, se procede\n a detenerlo a las 16h30, siendo conducido a los calabozos de\n 107 Sur, en donde se encuentra detenido hasta el momento, pero\n sin orden constitucional de encarcelamiento, por lo que su detención\n es ilegítima.
Por lo expuesto y amparado en lo dispuesto en el Título\n II. Capítulo I de la Constitución Política\n de la República, interpone la presente acción de\n hábeas corpus, a fin de que se ordene la inmediata libertad\n del detenido Manuel Rodrigo González Escorza.
La señora Wilma Andrade de Morales, Alcaldesa encargada\n del Distrito Metropolitano de Quito, mediante providencia de\n 16 de julio de 2004, ha dispuesto que el detenido sea conducido\n a su presencia, con la correspondiente orden de privación\n de libertad, y cumpla con esta disposición el señor\n Jefe de la Unidad de Vigilancia Sur, a cuya orden dice encontrarse\n el recurrente, y presente todos los informes documentos que consideren\n necesarios.
El 23 de julio del 2004, la señora Alcaldesa encargada,\n resuelve negar el recurso de hábeas corpus interpuesto,\n por improcedente.- Indica que el Dr. Hernán Dávila\n Moncayo.
Juez Segundo de Tránsito de Pichincha, mediante oficio\n Nro. 2004-233-JSTP de 21 de julio de 2004, informa que se ha\n dictado instrucción "fiscal Nro. 3225-EV, en contra\n del recurrente, por haber participado en un accidente de tránsito\n y por haber atropellado al señor José Luis González,\n en estado de embriaguez, por lo que ha sido confirmada su detención.
PRIMERO: Que esta Sala es competente para conocer resolver\n el recurso de hábeas corpus, en virtud de lo dispuesto\n en el artículo 276 numeral 3 de la Constitución\n Política de la República, en concordancia con la\n norma constante en el artículo 93 de la misma Constitución;\n y, el artículo 31 de la Ley de Control Constitucional;
SEGUNDO: Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna,\n que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo\n que declara su validez;
TERCERO: Que el recurso de hábeas corpus previsto por\n la Constitución, es la garantía del derecho esencial\n de la libertad; y, que, permite a cualquier ciudadano, por sí\n o por interpuesta persona, acudir ante el Alcalde o quien haga\n su veces, para presentar este recurso, a fin de que la autoridad\n recurrida, exhiba la boleta de privación de la libertad\n debiendo la autoridad municipal, observar y verificar si la orden\n de detención es legítima, o si ella cumple con\n los requisitos legales;
CUARTO: De fojas 5 a la 15 del expediente enviado por la Alcaldía\n del Distrito Metropolitano de Quito, consta la causa seguida\n por la Fiscalía, en donde se da inicio a la instrucción\n fiscal, en contra del imputado, señor Manuel Rodrigo González\n Escorza, solicitando al Juez se dicte el auto de prisión\n preventiva;
QUINTO: Que a fojas 16 del expediente enviado por la Alcaldía\n consta el auto dictado por el señor Juez Segundo de Tránsito\n de Pichincha, confirmando la detención del señor\n Manuel González Escorza, quien ha sido detenido por haber\n producido un atropello en estado de embriaguez, hasta cuando\n el suscrito Juez disponga lo contrario.- A fojas 19 consta el\n oficio Nro. 2004-233-JSTP de fecha 21 de julio del 2004, suscrito\n por el señor Juez Segundo de Tránsito de Pichincha,\n quien informa a la Alcaldía del Distrito Metropolitano\n de Quito, que confirma la detención del mencionado ciudadano;
SEXTO: Que del análisis del expediente enviado por\n el inferior, se establece que se ha emitido la boleta constitucional\n de encarcelamiento, en contra del ciudadano Manuel González\n Escorza, - por presunto accidente de tránsito con atropellamiento\n al señor José Luis González Ortiz, en estado\n de embriaguez;
SÉPTIMO: Que, en todo caso, las aseveraciones del recurrente\n en el presente caso, deberán ser desvirtuadas ante las\n autoridades correspondientes; esto es, ante el Fiscal y el Juez\n de Tránsito, por ser los competentes para disponer la\n libertad del recurrente;
OCTAVO: Que, por lo manifestado en los considerandos que anteceden,\n la orden de detención del accionante, se encuentra ajustada\n a las disposiciones constitucionales y legales, observando las\n garantías del debido proceso, por lo que el recurso de\n hábeas corpus, se vuelve improcedente;
\n En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia,\n negar el recurso de hábeas corpus, interpuesto por el\n ciudadano Manuel Rodrigo González Escorza.
Devolver el proceso a la Alcaldía del Distrito Metropolitano\n de Quito, para los fines legales consiguientes.- Notifíquese.
f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal, Primera\n Sala.
RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue discutida y aprobada por los doctores Miguel A.\n Camba Campos, Milton Burbano Bohórquez y René de\n la Torre Alcívar, Magistrados de la Primera Sala del Tribunal\n Constitucional que suscriben, a los treinta días del mes\n de septiembre de dos mil cuatro.- Lo certifico.
f.) Dra. Carmen Estrella Cahueñas, Secretaria (E),\n Primera Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 7 de octubre del 2004.- f.) Secretario de\n la Sala.
No. 0085-2004-HD
PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL
En el caso signado con el No. 0085-2004-HD
Isabel Alexandra Montalvo Jaramillo, comparece ante el Juzgado\n Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha, y en base a\n lo que dispone el artículo 94 de la Constitución\n Política de la República, y artículo 34\n y siguientes de la Ley de Control Constitucional, presenta recurso\n constitucional de hábeas data, en contra del Gerente General\n del Banco Central del Ecuador. La accionante en lo principal\n manifiesta:
Que mediante acto administrativo, que considera nulo, la autoridad\n demandada, la destituyó de su puesto de trabajo, fundamentándose\n en un irregular proceso de supresión de puestos;
Que la autoridad aduce que la desvinculación por supresión\n de puestos, se ha realizado en base a auditorías administrativas,\n exigidas por el artículo 66 de la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa, las cuales no conoce\n y que motivan el presente recurso;
Que por ser su derecho y porque el artículo 97 de la\n Constitución, exige de los ecuatorianos comportamiento\n adecuado, presentó al señor Gerente General del\n Banco Central, la petición de que se les entregue copias\n certificadas de toda la documentación, que le sirvió\n de base para la supresión de su puesto.-'Lamentablemente,\n a pesar de haber transcurrido mucho tiempo y dada la urgencia\n del asunto, el Gerente General del Banco Central no la ha atendido,\n violando su derecho de petición.
Que concretamente, la autoridad demandada se servirá\n proporcionar, como manda la letra a) del artículo 35 de\n la Ley de Control Constitucional, todos y cada uno de los documentos,\n bancos de datos e información en base a los cuales, decidió\n su desvinculación del Banco Central del Ecuador, por supresión\n de su puesto de trabajo, especialmente el informe realizado por\n la Empresa COPSIL, en el que se habría fundamentado.
En la audiencia pública celebrada ante el Juez inferior,\n los abogados de las partes fueron escuchados, así como\n también se escuchó al abogado de la Procuraduría\n General del Estado.- El señor Juez de la causa manda agregar\n al proceso la documentación presentada, y concede el término\n de veinticuatro horas para que legitimen su intervención.
El Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha,\n resuelve declarar sin lugar el recurso de hábeas data\n propuesto, por considerar que existe la vía expedita en\n nuestro ordenamiento procesal civil, para obtener las copias\n requeridas.
PRIMERO: Que el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el\n numeral 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, en concordancia con los artículos\n 12 número 3 y 62 de la Ley de Control Constitucional,\n es competente para conocer y resolver el presente caso;
SEGUNDO: Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna,\n que pueda incidir en la resolución de la presente causa,\n por lo que se declara su validez;
TERCERO: Que, el artículo 94 de la Constitución\n Política de la República, consagra el derecho de\n toda persona, para acceder "a los documentos, banco de datos\n e informes que sobre sí misma, o sus bienes consten en\n entidades públicas o privadas, así como a conocer\n el uso que se haga de ellos y su propósito"', de\n ello se advierte que la persona natural o jurídica, está\n facultada para requerir del poseedor de la información,\n que diga relación a ella, le sea entregada en los términos\n que establece la norma constitucional;
CUARTO: Que el hábeas data, de acuerdo con el artículo\n 35 de la Ley de Control Constitucional, tiene por objeto obtener\n del poseedor de la información, que éste le proporcione\n al recurrente, en forma completa, clara y verídica; obtener\n el acceso directo a la información; obtener de la persona\n que posee la información que la rectifique, elimine o\n no la divulgue a terceros; y, obtener certificaciones 'o verificaciones,\n sobre que la persona poseedora de la información la ha\n rectificado, eliminado, o no lo ha divulgado;
QUINTO: Que la accionante, a través de este recurso\n de hábeas data, requiere a la institución demandada,\n a fin de que se le proporcionen todos y cada uno de los documentos,\n bancos de datos e información en base de los cuales, se\n decidió su desvinculacíón del Banco Central\n del Ecuador, por supresión de su puesto de trabajo;
SEXTO: Que, en la especie, del expediente consta que la accionante,\n habiendo sido separada del cargo por supresión de partida,\n desconoce los antecedentes que llevaron a la Gerencia General\n del Banco Central del Ecuador, a tomar tal decisión, siendo\n derecho del peticionario, tener el conocimiento de esa información,\n que se refiere a su persona;
SÉPTIMO: Que, finalmente, la información requerida\n por la accionante, no es de aquellas expresamente excluidas del\n hábeas data, de conformidad con el artículo 36\n de la Ley del Control Constitucional, es decir, no afecta al\n sigilo profesional, ni la concesión del recurso, puede\n obstruir la acción de la justicia, ni se trata de documentos\n reservados, por razones de seguridad nacional. Al efecto, se\n debe tener presente que los derechos y garantías, deben\n interpretarse del modo que más favorezca a su efectiva\n vigencia, de conformidad con el inciso segundo del artículo\n 18 de la Constitución, ni se puede exigir al peticionario\n el cumplimiento de requisitos o condiciones, no establecidos\n en el Código Político, o en las leyes para el ejercicio\n de sus derechos, tal como se ordena en la misma disposición\n constitucional;
1. Revocar la resolución venida en grado; en consecuencia,\n conceder el hábeas data, propuesto por la señora\n Isabel Alexandra Montalvo Jaramillo.
2. Devolver el expediente al Juez de origen, para los fines\n legales consiguientes.- Notifíquese.
RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por los doctores Milton Burbano\n Bohórquez, Miguel A. Camba Campos y René de la\n Torre Alcívar, Magistrados de la Primera Sala del Tribunal\n Constitucional que suscriben, a los treinta días del mes\n de septiembre de dos mil cuatro.- Lo certifico.
f.) Dra. Carmen Estrella Cahueñas. Secretaria (E),\n Primera Sala.
No. 0513-2004-RA
Magistrado ponente: Doctor Miguel Camba\n Campos
En el caso signado con el Nro. 0513-04-RA
Sergio Iban Reina Quiroz, comparece ante el Tribuna Contencioso\n Administrativo Distrito Quito, e interpone acción de amparo\n constitucional en contra del Director Nacional de la Dirección\n Nacional de Rehabilitación Social El accionante en lo\n principal manifiesta:
Que con fecha 2 de febrero de 2004, fue notificado con k acción\n de personal No 227-DNRS-DRH, en la cual se puso en su conocimiento\n que ha sido destituido de sus funcionen de Técnico "B"\n del Centro de Detención Provisional di Quito y con servicios\n últimos en el Centro de Rehabilitación Social de\n Varones Quito No 2, aduciendo que ha violado le literales e)\n y g) del artículo 50, literales k) y l) del artículo\n 27 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y Homologación del Sector Público.\n Indica que la realidad es que, se le instauró e sumario\n administrativo por evasión de los internos Cirkvecic Dejan,\n Fidel Ruiz Ibarra y-Néstor Medina Pérez del Centro\n de Rehabilitación Social de Varones Quito No 2.
Que la decisión del Director Nacional de Rehabilitación\n Social, es una decisión por demás absurda y ligera,\n por cuanto se lo destituye por que supuestamente se violó\n las disposiciones legales antes referidas, las mismas que no\n tienen relación alguna con la base del sumario administrativo,\n que era investigar y sancionar la evasión de los internos\n antes descritos.
Que la destitución de la que ha sido objeto por parte\n de la autoridad demandada, vulnera expresas normas legales y\n constitucionales, al habérsele sancionado por faltas administrativas\n que no ha cometido, y que no han sido objeto de la investigación,\n violentando el artículo 23 numerales 26 y 27, en concordancia\n con el artículo 24 numerales 1, 10, 11, 13, 14 y 16; y,\n artículo 35 de la Constitución Política\n de la República; artículos 122, 199 numerales 2\n del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva, causándole un daño\n inminente, grave e irreparable, porque su remuneración\n es el sustento para la manutención de su persona y familia.
Con los antecedentes expuestos, y con fundamento en el artículo\n 46 de la Ley de Control Constitucional, deduce amparo constitucional\n a efectos de que se adopten las medidas urgentes, destinadas\n a cesar la lesión o evitar el peligro de los bienes protegidos\n y en todo caso, para que cese el cumplimiento de la medida adoptada\n ilegalmente por el señor Director Nacional de Rehabilitación\n Social, se ordene su inmediato reintegro y se le cancele todos\n los valores y rubros que ha dejado de percibir.
Con fecha 28 de abril de 2004, se llevó a cabo la audiencia\n pública a la que concurrieron las partes, así como\n el abogado de la Procuraduría General del Estado, tal\n como consta de la razón sentada por el Secretario de la\n Sala. De los escritos presentados, se infiere que el accionante,\n se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.\n Por su parte, el Procurador General del Estado, señala\n que no existe acto ilegítimo, por cuanto el acto administrativo\n impugnado, proviene de autoridad competente y guarda las solemnidades\n legales. Que no existe violación de derechos fundamentales,\n por lo que en el sumario administrativo se cumplieron con todos\n los pasos del debido proceso, que se garantizó su derecho\n a la defensa y a la seguridad jurídica. Que el accionante\n se refirió a la existencia de un informe del asesor jurídico\n de la Dirección Nacional de Rehabilitación que\n supuestamente, recomienda su anulación, pero es necesario\n tener presente que la mera expectativa no crea derecho",\n por lo que el recurrente, debía impugnar el acto por vía\n de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo\n y que, por lo mismo, no procede su revocatoria por improcedente.
Con fecha 19 de mayo de 2004, la Segunda Sala del Tribunal\n de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, resuelve conceder\n la acción de amparo constitucional solicitada por Sergio\n Iban Reina Quiroz, consecuentemente dispone que la administración\n restituya al actor al cargo del que fue destituido, para lo cual\n se concede el término de ocho días.- No ha lugar\n a las demás pretensiones del recurrente, resolución\n que es apelada para ante este Tribunal.
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso, de conformidad con lo que dispone el artículo\n 276, número 3 de la Constitución Política\n de la República.
SEGUNDA.- La acción de amparo procede, entre otros\n aspectos, ante la concurrencia simultánea de los siguientes\n elementos: a) Que exista un acto u omisión ilegítimo\n de autoridad pública; b) Que el acto viole o pueda violar\n cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio\n o tratado internacional vigente; y, c) Que el acto u omisión\n de modo inminente, amenace con causar un daño grave.
TERCERA.- Un acto es ilegítimo, cuando ha sido dictado\n por una autoridad que no tiene competencia para ello, que no\n se lo haya dictado con los procedimientos señalados por\n el ordenamiento jurídico, o cuyo contenido sea contrario\n al ordenamiento jurídico vigente, o bien que se lo haya\n dictado sin fundamento o suficiente motivación, por lo\n tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnado,\n no se basa solo en el estudio de competencia, sino también\n de su forma, contenido, causa y objeto.
CUARTA.- El acto impugnado consta en la acción de personal\n No. 227-DNRS-DRH, según la cual el Director Nacional de\n Rehabilitación Social, destituye del cargo al señor\n Sergio Iban Reina Quiroz, Técnico "B", del Centro\n de Rehabilitación Social de Varones Quito No. 2, por haber\n violado los literales e) y g) del Art. 50 y literales k) y 1)\n del Art. 27 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público.
QUINTA.- La indicada acción de personal, tiene su origen\n en el sumario administrativo que se le siguió, entre otros,\n a Sergio Iban Reina Quiroz, por evasión de los internos\n Cirkvecic Dejan, Ruiz Ibarra Fidel Ignacio y Medina Pérez\n Néstor Salomón, desde el Centro de Rehabilitación\n Social de Varones Quito No. 2 el 5 de diciembre de 2003, produciéndose\n la fuga.- Según se desprende de las investigaciones y\n de declaraciones de testigos, se responsabiliza al accionante\n de irregularidades cometidas en la evasión.- Durante el\n trámite del sumario administrativo, el actor no fue privado\n del derecho a la defensa; en la declaración que rindió\n ante la delegada del Jefe de Recursos Humanos de la Dirección\n Nacional, contó con la asistencia de su abogado defensor,\n habiéndose establecido, con prueba testimonial, la responsabilidad\n del actor.
SEXTA.- Si bien en la "explicación" de la\n acción de personal, se hace constar como fundamento de\n la destitución, por haber violado los literales e) y g)\n del Art. 50 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa y de Unificación y Homologación\n del Sector Público, que se refiere a causales de destitución\n diferentes del hecho que motivó el sumario administrativo,\n no es menos cierto que al haber fundamentado la resolución,\n también en el literal 1) del Art. 27 de la ley indicada,\n es causa de destitución al tenor del literal i) del Art.\n 50, de manera que se estaba imponiendo la destitución\n del actor, por

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