Source: http://estudioton.com.ar/publicaciones/graziabile/De%20la%20emerg.crediticia%20a%20la%20emerg.procesal%20concl.htm
Timestamp: 2019-03-20 15:02:26+00:00

Document:
DE LA EMERGENCIA CREDITICIA
A LA EMERGENCIA PROCESAL
Concursos y Ejecuciones
por Darío J. GRAZIABILE
...el subdesarrollo argentino puede estar asociado
con un tipo de anomia que presupone ineficacia social.
Hay una clase de inobservancia generalizada
de normas jurídicas, sociales, convencionales, técnicas, conceptuales y morales
que conducen a situaciones en que algunos están peor
sin que nadie esté mejor de lo que ocurriría si estas normas fueran observadas,
o en que hay muchos que están mucho peor
frente a tal vez algunos pocos que están un poco mejor.
"Un país al margen de la ley"
La impronta y reciente historia argentina, cuyo desenlace comienza a fines del año pasado, y que aun hoy y por mucho tiempo seguiremos padeciendo, ha producido en la legislación económica y procesal muchos vaivenes que los juristas y operadores jurídicos deberán afrontar y resolver, cada uno a su manera.
Se trata de una emergencia económica, debiendo entenderse por tal, como lo ha dicho la Corte, a la "situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico-social, con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, origina un estado de necesidad al que hay que ponerle fin". Eso debió hacerse, tratar de "ponerle fin", no de agravarlo.
La catarata de legislación que ha ahogado el sistema jurídico argentino, ha dado las mil y una interpretaciones e incluso "buceando" en la conciencia del legislador para conocer cual es el beneficio que se pretende lograr.
Sucintamente, primero el "corralito", después el "corralón", la emergencia económica y la devaluación, la pesificación, la emergencia crediticia y productiva, la ley "tapón" y la reforma de la ley 25.589. Todas ellas, "de emergencia", como si ello fuese el fundamento último, sin ninguna otra norma superior que la condicione. Justificándose también en le hecho de que resultan simples reglamentaciones de los derechos amparados por nuestra Carta Magna.
No sólo fueron leyes, sino primero decretos, después leyes y luego más decretos y leyes, reglamentaciones, comunicaciones y todo tipo de artilugios jurídicos y no tanto, utilizados a los fines de sobrellevar el "default" internacional declarado y la crisis económica interna del país; incluso librados, en algunos momentos a "lo que Dios quiera".
A nuestro fines, sólo nos interesa el efecto que produce la legislación reciente en forma procesal dentro de las ejecuciones individuales y los concursos como procesos. Para ello, debemos tener en cuenta primordialmente, que éste tipo de disposiciones (las procesales), se aplican a los procesos en trámite en forma inmediata, siempre que ello, no importe afectar la validez de los actos cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior.
Pareciera que la legislación que determina los efectos procesales de la crisis económica, esto es la suspensión o no de determinadas acciones judiciales o etapas de la misma, queda terminada, culminada y vigente hasta el fin de la emergencia, por lo que corresponde ahora dar un vistazo sobre el lugar donde hemos quedado parados (y no varados espero).
El primer eslabón evolutivo de la especie suspensiva procesal de la legislación argentina del tercer milenio. El Decreto 214/2002
La primera norma que tiene influencia procesal es el Decreto 214/2002. La pésima técnica jurídico-legislativa empleada nos lleva a interpretaciones insólitas como ésta.
Este Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, intitulado "Reordenamiento del sistema financiero", publicado el 4 de febrero de 2002, de muy mala técnica legislativa, comienza teniendo por vistos los Decreto 1570 del 2001 ("corralito") y la Ley 25.561 ("devaluación" y "pesificación") y disponiendo, textualmente, en su artículo 12 que "A partir del dictado del presente Decreto, se suspende por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias en los que se demande o accione en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados por las disposiciones contenidas en el Decreto N° 1570/01, por la Ley N° 25.561, el Decreto N° 71/02, el presente Decreto, las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA y del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA dictadas en consecuencia y toda otra disposición referida a dichas materias" el resaltado es nuestro-.
Que interpretábamos de esto, que "todos los procesos judiciales", lo que quiere decir "todos" los originados por "créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras" de lo que surgía que todas estas "causas" quedan incluidas, siempre que la relación jurídica fuese con una entidad financiera, cuando fueran afectadas por las disposiciones que se detallan, quedaban SUSPENDIDOS POR 180 DIAS. Es decir que todo este tipo de operaciones (créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras) afectadas por la devaluación y pesificación (Dto 1570/01, Ley 25.561,Dto. 71/02, Dto. 214/02, etc) es decir, todas aquellas nominadas en dólares estadounidenses, que fueran reclamadas judicialmente quedaban suspendidas por ciento ochenta días.
No desconocemos que quizás o seguramente de los "considerandos", surgiría que dicha suspensión estaba dirigida a los depósitos afectados por el "corralitos", pero el decreto no decía eso. ¿Por qué llegamos a este análisis?, porque el decreto no solo se refería a créditos con el sistema financiero, sino que su "pesificación" también afectaba al sector privado. Si realmente sólo se refería a las consecuencias del "corralito", sólo debió suspenderse tales procesos, es decir los depósitos financieros, lo que no se hizo.
Es decir, que "literalmente" quedaban suspendidos todos los procesos judiciales en lo que se demandaban en virtud de relaciones jurídicas con entidades bancarias o no "en dólares", afectadas por la devaluación y pesificación, abarcando en estos casos, las ejecuciones, y por qué no, los procesos concursales.
La primera involución o retroceso de la especie suspensiva procesal de la legislación argentina del tercer milenio. El Decreto 320/2002
El legislador-ejecutivo, el 15 de febrero del corriente año, tuvo que volver al comienzo y precisar los términos del Dto. 214 a fin de determinar su verdadero alcance.
Por el art. 3º de este decreto se reforma el art. 12 del Dto. 214/02 especificando, en su primer párrafo, que: "A partir del dictado del presente decreto, se suspende por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días el cumplimiento de las medidas cautelares en todos los procesos judiciales, en los que se demande o accione contra el Estado Nacional y/o las entidades integrantes del sistema financiero, en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados por las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 1570/01, en la Ley Nº 25.561, en el Decreto Nº 71/02, en el presente decreto, en el Decreto Nº 260/02, en las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA y en las Circulares y demás disposiciones del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA dictadas en consecuencia y toda otra disposición referida a dicha normativa" el resaltado nos pertenece-.
Así se trata de clarificar que la suspensión afectaba a los reclamos por el denominado "corralito", quedando fuera de tal alcance los juicios ejecutivos y concursales. Se limita también a las demandas contra el Estado y las entidades financieras, cuando quedaba involucrada la libre disponibilidad de fondos, a fin de evitar la concurrencia masiva a los tribunales de quienes ven afectados sus derechos.
En consecuencia, a los fines que estamos persiguiendo, estos decretos se convirtieron en "harina de otro costal".
La segunda evolución de la especie suspensiva procesal de la legislación argentina del tercer milenio. La ley 25.563
15 de febrero del corriente año con vetos parciales del Poder Ejecutivo Nacional se promulga y publica en el Boletín Oficial la Ley 25.563 que declara la emergencia productiva y crediticia en el país.
Esta ley, es el principio del problema actual y el mismo surge de su artículo 1º, el que reza así: "Declárase la emergencia productiva y crediticia originada en la situación de crisis por la que atraviesa el país, hasta el 10 de diciembre de 2003. Las modificaciones que por la presente se introducen a las leyes que aquí se mencionan, regirán mientras dure la emergencia salvo que se establezca un plazo menor, sin perjuicio de cumplirse y mantenerse hacia el futuro los efectos correspondientes de los actos perfeccionados al amparo de su vigencia" volvemos a resaltar nosotros-.
Sin entrar a analizar las distintas posiciones vertidas sobre el derecho transitorio, entre las cuales encontramos a aquellos que interpretan que la ley 25.563 produce reformas momentáneas en la ley concursal y los otros que afirman que las modificaciones quedan incorporadas a la ley reformada. Por nuestra parte creemos, que más allá de lo que determine el art. 1º de la ley, hay reformas que son definitivas, porque su naturaleza así lo determinan y otras que son transitorias por la emergencia, por lo que nos enrolamos en el segundo grupo.
¿Cuáles son las normas de la ley 25.563 que tienen ingerencia procesal?. En principio diríamos todas, porque el concurso es eminentemente procesal y todas tendrían ingerencia en el proceso, sin embargo sólo vamos a referirnos a aquellas que afectaban estrictamente las ejecuciones y al concurso como trámite procesal.
Primero tenemos el art. 2º que modificaba el art. 43 y ampliaba el plazo de exclusividad (no nos interesa ahora la eliminación del límite para la quita). De allí surgió como consecuencias procesales, que se han fijado períodos de exclusividad de 180 días.
La segunda norma de afección procesal es la del art. 8 que disponía la prórroga por 180 días más de los períodos de exclusividad ya fijados. Es decir que todos los períodos de exclusividad ya establecidos se ampliaban.
En el tercer puesto, encontramos el art. 9 que suspendía las ejecuciones en los concursos preventivos.
En cuarto lugar, teníamos el art. 10 que determinaba una ampliación por un año del plazo para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor a través de un acuerdo homologado. Este término se contaba desde la exigibilidad de las obligaciones. Este artículo aplicable para los acuerdos consistentes en esperas, determinó que el vencimiento de las obligaciones concordatarias se posponían por un año. Esto quiere decir que se ampliaba el plazo para el cumplimiento de cada uno de los vencimientos en un año.
El art. 11 significa la quinta norma de ingerencia procesal concursal, pues suspendía los trámites de pedidos de quiebra por 180 días. Dejando a salvo las medida cautelares que creyere el Juez conveniente tomar. Aquí se trata solamente de los pedidos de quiebra por acreedor, no abarcando los casos de quiebras decretadas contempladas en el art. 16-, ni el decreto de una quiebra indirecta, pues a la misma se llega a través de una petición condicionada de la propia quiebra por parte del deudor al presentarse en concurso preventivo.
La sexta y última disposición suspensiva, fue el difícil art. 16 referido a las ejecuciones, incluidas las tramitadas en procesos concursales.
Dicha norma prescribía la suspensión "por el plazo de 180 días" de la "totalidad de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias...", estipulando finalmente excepciones de diferente naturaleza: créditos alimentarios, créditos derivados de la responsabilidad de la comisión de delitos penales, créditos laborales, créditos derivados de al responsabilidad civil y contra las empresas aseguradoras y las obligaciones surgidas con posterioridad a la ley. Conforme la literalidad del artículo, se suspendían los procedimientos de las ejecuciones, sin embargo se ha entendido, después de una segunda lectura, como reconoce Peyrano, que la suspensión allí dispuesta afectaba únicamente a los actos de liquidación de bienes y no a las etapas precedentes destinadas a arribar a la sentencia que rechace o mande llevar adelante la ejecución, de lo que se desprende que no comprendía los procesos ejecutivos en su fase de conocimiento, que podían proseguir su tramitación sin obstáculo legal.
He dejado aparte las excepciones que pasaban a ser la regla en las ejecuciones individuales, pues siendo la excepción aquellos créditos "que NO recaigan sobre la vivienda del deudor o sobre otros bienes afectados por el mismo a producción, comercio o prestación de servicios", debía concluirse que quedan comprendidas en la regla general las ejecuciones individuales que recaían sobre estos bienes. Esta conclusión permite colegir que quedaba delimitado el término "ejecuciones" a los actos de liquidación de algunos bienes del deudor, quedando a salvo la posibilidad de agredir otros bienes del deudor no alcanzados por la excepción (regla) de la norma. Se interpretaba el término "ejecuciones" en forma restrictiva, entiendo por tal el acto de la subasta judicial. Estamos aquí frente a una disposición que excluye, taxativamente, bienes del embargo y la ejecución, como lo son también por ejemplo, los casos de los arts. 219 C.P.C:, 3878 del C.Civil y 1º de la ley 9.551, sólo que en este caso su fundamento es la emergencia declarada.
Y finalmente quedaban exceptuados de la suspensión aquellos "casos en que hubiera comenzado a cumplirse la sentencia de quiebra, con la correspondiente liquidación de bienes". Sabemos que el fin propio de la quiebra, desde el dictado de su sentencia, es la liquidación de los bienes del deudor que fueron desapoderados que componen el patrimonio del sujeto in malis. La interpretación de esta parte del articulo fue realizada conjuntamente con su primer párrafo, por lo que se ha entendido que la liquidación de bienes en cumplimiento de la sentencia de quiebra- comienza con al ejecución de aquellos, es decir con su subasta judicial. Concluyéndose así, que no se suspendían aquellas quiebras en las cuales se había vendido algún bien, sin importar la naturaleza y el destino del mismo. Se ha interpretado también, compatibilizando todo el artículo, que lo que quedaba suspendida, por ser una ejecución, era la liquidación anticipada de bienes concursos especiales-, siempre que no se hubiera comenzado la liquidación general de los bienes en la quiebra, concluyéndose que ello guardaba coherencia con la suspensiones de las ejecuciones en los concursos preventivos determinada por el art. 9 de la ley. No creemos que esa haya sido la dirección que debió tomar la interpretación, pues en el concurso preventivo, las ejecuciones son siempre especiales y anticipadas por no haber liquidación en el proceso principal-, en cambio en la quiebra, existiendo la posibilidad de vender bienes en el proceso general, estas subastas también quedarían alcanzadas por la disposición si se hubiesen comenzado.
En el tercer párrafo el artículo 16 se disponía la suspensión de las "medidas cautelares trabadas" y prohibía "las nuevas medidas cautelares", siempre que recaigan "sobre aquellos bienes que resulten indispensables para la continuidad de las actividades relacionadas con el giro habitual del deudor". Al respecto no cabe más que interpretar que la ley se refería a aquellas medidas que impedían la utilización, por parte del deudor, de aquellos bienes necesarios para su giro habitual. Por lo que no quedaban suspendidas todas las medidas por el sólo hecho de recaer sobre dicho bienes, sino sólo aquellas que impedían su empleo. Esta disposición debe interpretarse conjuntamente con el art. 11 que permitía la aplicación de las medidas determinadas por el art. 85 L.C.Q. (medidas precautorias), en caso de haberse suspendido un pedido de quiebra, pues estas cautelares no podían afectar bienes destinados al giro habitual del deudor, conforme el artículo que venimos analizando.
La segundo involución o retroceso de la especie suspensiva procesal de la legislación argentina del tercer milenio. La ley 25.589
La ley 25.589 publicada en el Boletín Oficial del 16 de mayo de 2002, vuelve algunas "cosas" procesales al status quo anterior a la emergencia y deja algunos "regalitos" de difícil dilucidación procesal.
Los problemas procesales y de derecho transitorio que deja planteada la nueva ley se circunscriben exclusivamente al ámbito concursal, pues respecto a las ejecuciones individuales, no tenemos este efecto negativo de la nueva legislación la que se limita, en este aspecto, a "pulir" los términos y alcances de la ley 25.563. Finalmente, creemos que las reformas introducidas, al texto de la ley 24.522 (no al de la 25.563) resultan definitivas para el régimen concursal.
A ello debe agregársele que la ley 25.563 se "autodefinía" como de orden público, cosa que no pasa con la 25.589, entonces una ley "común" suprime los beneficios de una ley de orden público.
Teniendo en cuenta que quedan derogadas casi todas las norma suspensivas a excepción del art. 16, así quedan afectados definitivamente los procesos concursales y las ejecuciones individuales:
Períodos de exclusividad
La ley 25.589 en su artículo 1º, modifica nuevamente el art. 43 de la ley 24.522 determinando un período de exclusividad de 90 días, ampliables por 30 días más.
Al respecto la ley contiene también una norma de derecho transitorio, su artículo 20 dispone que: "Esta ley entra a regir el día de su publicación y se aplica a los concursos en trámite. La aplicación de esta ley no modifica los plazos o fechas establecidas en cada caso por el juez, pero queda derogada expresamente la previsión contenida en el primer párrafo del artículo 43 de la ley 24.522, texto según ley 25.563 que autorizaba a extender el período de exclusividad. En función de ello, el juez no podrá por ninguna razón ampliar o prorrogar el período de exclusividad ya establecido, ni suspender, postergar o modificar la fecha de la audiencia informativa prevista por el artículo 45, quinto párrafo, ley 24.522". Los principales problemas procesales que determina esta norma pueden surgir si se interpreta que la ley 25.589 sólo se aplica a los "concursos en trámite" y no a los procesos nuevos, creemos que no, que la reforma es definitiva.
Estas norma producen la existencia de períodos de exclusividad de diferente duración, sino hubo pronunciamiento del juez, el período de exclusividad del concurso en trámite tendrá la duración determinada por la ley 24.522 (un máximo de 60 días); si el juez fijo un nuevo plazo o prórroga conforme la ley 25.563, este se respeta conforme el art. 20 ley 25.589 (plazo de 180 días o ampliación de 180 días), si no se fijó plazo alguno se aplica el nuevo determinado por la reforma (un máximo de 120 días). Sin embargo, si se cree que la prórroga está establecida por ministerio legis y en el transcurso del período de vigencia de la misma el deudor acomodó o adecuó su negociación al nuevo plazo de vencimiento establecido por la Ley 25.563 por lo cual, por aplicación congruente con lo establecido en el art. 1 de la Ley 25.563, se trata de efectos correspondientes a actos perfeccionados al amparo de su vigencia.
Aquí es donde, por primera vez, vemos la emergencia procesal, porque si bien, la ley determina la forma en que las nuevas normas afectarán los procesos en trámite, puede ser que los plazos fijados por la primera ley reformadora, hayan quedado como derechos adquiridos para los concursados (conf. arts. 17 y 28 C.N.). El caso típico es el del deudor que se presentó en concurso preventivo estando en vigencia la ley 25.563, que tiene en miras, para afrontar la crisis que lo afecta, la posibilidad de tener un período de exclusividad de 180 días prorrogables por 180 días más, y no ha llegado a la etapa en que el juez fije expresamente dicho término. Pero esto fue derogado y ahora tiene un plazo de 90 días ampliables a 30 más. ¿No ha quedado adquirido para el concursado, el derecho del período de exclusividad que determinaba la ley 25.563?. En principio, tratándose de una norma procesal, no existe tal derecho adquirido, porque la reforma es aplicable a los proceso en trámite. Sin embargo, podría afirmarse que, no se trata solo de una modificación de tinte procesal, pues el período de exclusividad es mucho más que ello, es allí donde el deudor verá sellada su suerte y puede ser que el plazo que se determine para conseguir el acuerdo sea vital y primordial para los resultados del concurso. Es un caso dudoso, que sin perjuicio de cada proceso en particular, por seguridad jurídica, debemos inclinarnos, en principio, por la constitucionalidad de la norma.
Cumplimiento del acuerdo homologado
Si bien la nueva ley no deroga la prórroga otorgada de 1 año para el cumplimiento de los acuerdos homologados, le pone un tope conforme surge del art. 9, el que reza: "El plazo establecido por el artículo 10 de la ley 25.563, concluye el día 30 de junio de 2002. A partir de esa fecha se reanudan los plazos que hubieran sido afectados por esa norma".
Es decir, que lo que se hace es "cortar" la prórroga al 30 de junio pasado. Pero aquí tiene ingerencia nuevamente el art. 20 de la ley 25.589, porque según este si se fijo expresamente por el juez la prórroga continúa su vigencia después de la reforma. Es decir, que cuando el juez se expidió otorgando la prórroga, se prolonga en el tiempo, por un año, el cumplimiento de las obligaciones nacidas por acuerdos homologados, contado desde la fecha de exigibilidad de la misma. En consecuencia, esta prórroga, no tiene un vencimiento común, como los demás plazos determinados por las leyes de reformas, sino que el mismo dependerá de cada obligación.
Pero que pasa cuando no hubo pronunciamiento judicial; aquí como no se fijó la prórroga, si se tiene como prorrogado el cumplimiento de la obligación ipso iure, dicha prórroga culminó el 30 de junio por lo que en tal fecha se reanuda el plazo suspendido el 15 de febrero, respecto a la obligación concordataria más próxima en su vencimiento, en cuanto a las de vencimiento posterior, las mismas deberán cumplirse teniendo en cuenta el plazo existente entre una y otra contado a partir del vencimiento de la primera, luego de reanudado su plazo el 30 de junio, conforme lo prescripto por el art. 9 segunda parte.
Así tenemos la segunda emergencia procesal, pues aquí también podemos tener derechos adquiridos por los concursado, determinados por la ley 25.563, como así también los derechos adquiridos por los acreedores al homologarse oportunamente el acuerdo. Puede darse que el concursado pretenda que se aplique la prórroga de la ley 25.563 y también que los acreedores quieran que no se aplique ésta, ni siquiera con el tope de la ley 25.589, y que se respete el acuerdo homologado. Por lo que tendremos obligaciones concordatarias que vencerán cada una a su suerte. No hubiese sido mejor, más allá del yerro inicial léase ley 25.563-, respetarse todos los plazos, tanto los fijados por el juez como los legales determinados por la ley 25.563, si bien lo primero fue malo lo segundo podría ser peor.
La suspensión de las ejecuciones individuales y las quiebras
Por suerte el art. 12 de la ley 25.589 mejora notablemente la redacción del art. 16 de la ley 25.563 y disipa todas las dudas que podían generarse, creando una nueva.
El nuevo problema de la emergencia procesal, se plantea respecto al momento en que comienza a contarse el plazo de suspensión, pues el art. dice que "Se suspenderán por el plazo de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la vigencia de la presente" el resaltado es nuestro-. ¿A qué ley se refiere a la ley 25.563, a la cual pertenece el art. 16 o a la ley 25.589 que lo reforma?. En principio ahora los 180 días son corridos, atento la previsión de la reforma, pues anteriormente la ley nada decía y como el término era procesal debían considerarse días hábiles. Desde cuando se cuenta, es una cuestión difícil, pero ahora, creo que debería serlo desde la sanción de la ley 25.563, pues su artículo 16, si bien reformado por la ley 25.589, es el cual dispone la suspensión y el plazo. Esto quiere decir, que ahora, las suspensiones vencerían el 14 de agosto de este año, quedando sin efecto, las suspensiones dispuestas conforme la redacción anterior del artículo.
En el caso de "juicios ejecutivos, ejecuciones de sentencias o ejecuciones extrajudiciales", sólo se suspenden los "actos de subasta" en dos casos: cuando se trate de "inmuebles en los que se encuentre la vivienda del deudor" o "sobre bienes afectados por él el deudor- a la producción, comercio o prestación de servicios".
Que es lo que se suspende, solo el acto de remate, ni sus actos preparatorios, ni la ejecución misma que pueda seguirse a través de medios no afectados por la norma suspensiva, como así tampoco, los actos posteriores cuando el remate ya se produjo. Es decir, que solamente se suspenden las subasta de la vivienda del deudor no incluye terrenos, casas de fin de semana, inmuebles rentados-, o de bienes afectados al "giro del deudor" incluidos muebles e inmuebles-. Consiste en diferir temporáneamente la realización de ciertos bienes, en los específicos supuestos previstos taxativamente, debido a la situación de gravedad socioeconómica reinante.
Siendo las excepciones de esta caso general: los créditos alimentarios, los derivados de la responsabilidad por delitos penales, los laborales, los causados en responsabilidad civil, incluidas las aseguradoras, los de causa posterior a la ley y la liquidación de bienes en la quiebra. Ya por creación jurisprudencial se han incluido otras excepciones, teniendo en cuenta la finalidad del régimen.
Así expuesto, la "liquidación de bienes en la quiebra" queda exceptuada de la suspensión, es decir que continúa. En este caso, hubo precisión respecto a la redacción de la ley anterior, por lo que se disipan los mismos problemas interpretativos de la ley 25.563. Se ha dicho que, la norma "no afecta en ningún caso a los procesos falenciales, ni aún cuando los bienes a subastar consistan en el inmueble en el que se encuentra la vivienda del deudor o los bienes afectados a la producción, comercio o prestación de servicios. Y esta expresión "liquidación de bienes en la quiebra", resulta comprensiva de todos los casos en que se rematen los bienes del fallido, sin que quepa distinguir si se liquidan en el proceso principal o si el remate se ordena en el marco de un concurso especial".
Por último, se suspende "la ejecución de medidas cautelares" cuando produzcan el "desapoderamiento de bienes afectados a la actividad de establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesiten para su funcionamiento". De esta manera se posibilita al deudor que continúe con su actividad comercial, fabril o afín. También debe tenerse presente que no se impide la traba de la medida cautelar sino sólo su ejecución.
Que la sucesión de todas estas normas desde el comienzo "declarado" de la emergencia económica, crediticia, social y todas las demás posibles de la Argentina, nos deja una sensación "rara" que queda reflejada en la cita de Nino al comienzo del texto.
Esperemos que sea para mejor, y podamos contar con un próximo capítulo de la historia del país, que deje de lado todas estas "emergencias" y que la "evolución" culmine de la mejor manera posible. Y ahora sí, QUE SEA JUSTICIA.
18/07/02 - Trabajo a ser publicado próximamente en Doctrina Judicial

References: artículo 12
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 10
 artículo 16