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Timestamp: 2019-10-22 19:56:33+00:00

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Recurso de Reclamación 81/2018-Ca derivado del Incidente de Suspensión en la Controversia Constitucional 183/2018 | José Fernando Franco González Salas
Recurso de Reclamación 81/2018-Ca derivado del Incidente de Suspensión en la Controversia Constitucional 183/2018
Las figuras de la apariencia del buen derecho y en peligro en la demora en materia de suspensión en la controversia constitucional.
En la sentencia dictada en el recurso de reclamación, la Segunda Sala determinó modificar el auto recurrido en el que el Ministro Instructor otorgó la suspensión solicitada para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban hasta ese momento, para limitar la concesión a los actos ministeriales o judiciales ciertos y concretos que sujeten formal o de facto a algún funcionario o exfuncionario federal a un proceso penal de carácter local por conductas cometidas en sus funciones oficiales, ello con base en los principios de apariencia del buen derecho y peligro en la demora.
Si bien comparto la conclusión de la ejecutoria, una de mis diferencias radica en hacer extensivos a la controversia constitucional, los principios de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que rigen en materia de suspensión en el juicio de amparo.
En efecto, partiendo de la lógica de la obligatoriedad que produce el criterio mayoritario del Pleno de este Tribunal, contenido en la jurisprudencia P./J. 109/2004, de rubro “SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO (APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA)”. , y de tener presente que en anteriores asuntos resueltos por la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, con base en las figuras en cita, no formulé la reserva respectiva, sustento mi criterio en las siguientes razones.
La controversia constitucional es un medio de regularidad disponible para los Poderes, órdenes jurídicos y órganos constitucionales autónomos, para combatir normas y actos por estimarlos inconstitucionales.
Sin embargo, atento a su teleología, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, sino sólo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional .
En ese sentido, las controversias constitucionales están encaminadas a combatir los actos autoritarios de carácter federal o local enumerados en el artículo 105, fracción I , de la Constitución, cuya finalidad consiste en salvaguardar el federalismo y la supremacía constitucional que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes jurídicos señalados, a través de un juicio contradictorio en el que se realiza todo un proceso integrado con la demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia.
Por su parte, el objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos de personas tanto físicas como morales, previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
En cuanto al juicio de amparo, la Corte Interamericana ha establecido que éste se encuentra en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", reconociéndolo, por su naturaleza, como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada.
En este juicio, a diferencia de la controversia constitucional, se ventila un procedimiento no contradictorio, en el que la autoridad responsable debe rendir un informe al cual debe acompañar toda la documentación pertinente para justificar la constitucionalidad del acto que se le reclama y, si no lo hace, el juzgador puede requerírsela. Por regla general, esto basta para que el órgano jurisdiccional haga el escrutinio respetivo y dicte sentencia.
De estas precisiones se advierte que se trata de dos medios de control constitucional con objetos de tutela diferentes, en tanto la naturaleza jurídica de la controversia constitucional va dirigida esencialmente a la preservación de los límites que la propia Constitución establece entre las facultades de los entes federativos; mientras que el juicio de amparo, como garantía constitucional por excelencia, busca la protección de los derechos humanos previstos en la Constitución en los tratados internaciones de los que el Estado mexicano es parte.
Esta distinción me lleva a considerar que las figuras de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, previstas para la suspensión en el juicio de amparo, no pueden hacerse extensivas a la controversia constitucional.
Estas figuras fueron creadas para ser aplicadas en el juicio de amparo; tienen su origen en jurisprudencia emitida por este Tribunal Constitucional, y fueron retomadas por el legislador nacional al emitir la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
La comprobación de estos presupuestos para la concesión de la suspensión se sustentó en el artículo 107, fracción X, constitucional, al establecer que para el otorgamiento de la medida suspensional, debía tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implicaba que debía atenderse al derecho aducido como violado.
Así se advierte de las jurisprudencias P./J. 15/96, de rubro “SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO (APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA)”. y P./J. 16/96, de rubro “SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO”.
Aunado a lo anterior, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene una sección específica que regula a detalle esta medida cautelar en los artículos 14 a 18, por lo que, en mi opinión, no resultan aplicables las reglas previstas en la Ley de Amparo para esta institución.
De esta manera, aun cuando el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares del caso, de ello no puede desprenderse la aplicación de los presupuestos de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora para conceder la medida cautelar, en tanto la naturaleza jurídica de cada medio de control constitucional es distinto.
Precisada mi perspectiva en cuanto a la aplicación de estos principios en materia de suspensión en controversia constitucional, me parece importante destacar mi posición en el asunto en concreto, partiendo de la obligatoriedad del criterio del Pleno de este Tribunal que sostiene que en la suspensión en controversia constitucional, son aplicables las figuras de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.
La solución del asunto consistente en otorgar la suspensión solo por lo que respecta a los actos ministeriales o judiciales ciertos y concretos que sujeten formal o de facto a algún funcionario o exfuncionario federal a un proceso penal de carácter local por conductas cometidas en sus funciones oficiales, parecería, en principio, atender a los principios de apariencia del buen derecho y peligro en la demora.
Sin embargo, también es cierto que los efectos de la suspensión propuestos podrían implicar una afectación a la función de procuración de justicia a que está obligado el Estado mexicano como lo mandata el artículo 21 de la Constitución General, la cual constituye una institución jurídica fundamental del orden jurídico mexicano.
Lo anterior representa, en mi opinión, un obstáculo para que, conforme al criterio sustentado en las ejecutorias emitidas por esta Segunda Sala, pueda otorgarse la suspensión con base en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues la aplicación de dichos principios está condicionada a las directrices del artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la Materia, entre ellas, que la suspensión no podrá otorgarse cuando se afecten instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión no podría sustentarse, en estricto sentido, solo en la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, sin antes verificar si existiere un motivo por el que, conforme a la Ley Reglamentaria de la Materia, no procediera su otorgamiento.
Al respecto considero que podría fijarse un criterio que de manera excepcional modulara el criterio absoluto que la Segunda Sala ha sostenido al estudiar la procedencia de la suspensión en controversias constitucionales, con base en los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, consistente en que estos principios no pueden soslayar los requisitos previstos en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la Materia, como lo es, entre otros, que con el otorgamiento de la suspensión puedan afectarse instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como en el caso, la función del Estado mexicano de investigar la comisión de los delitos conforme al artículo 21 de la Constitución General.
Dicha regla general, a mi parecer, podría tener su excepción cuando la negativa de la suspensión también pueda afectar otra institución fundamental del orden jurídico mexicano; en este asunto podría ser el principio de división de poderes entre la Federación y las entidades federativas, establecido en el primer párrafo del artículo 41 constitucional , en tanto corresponde a la Federación la investigación de los delitos del fuero federal en atención a su régimen de competencias, salvo las excepciones expresamente previstas en la Constitución y en las leyes aplicables.

References: artículo 105
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 105
 artículo 18
 Artículo 105
 artículo 21
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 21
 artículo 41