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Timestamp: 2019-10-24 02:51:23+00:00

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﻿ Sentencia C-303 de mayo 22 de 2013
SENTENCIA C-303 DE 22 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:DIFERENCIACIÓN ENTRE LA ACEPTACIÓN SIMPLE DE LOS CARGOS IMPUTADOS POR EL ENTE ACUSADOR, Y LA ACEPTACIÓN CONDICIONADA. EN EL PRIMER CASO, EL ALLANAMIENTO O LA DECLARATORIA DE CULPABILIDAD SE FORMULA ANTE EL JUEZ, E IMPLICA UN DESCUENTO PUNITIVO AUTOMÁTICO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN PROCESALY EN EL SEGUNDO CASO, LA ACEPTACIÓN CONDICIONADA SE FORMULA ANTE EL ENTE ACUSADOR MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LOS PREACUERDOS, Y CUYO EFECTO EN TÉRMINOS PUNITIVOS NO ESTÁ PRE-ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN. PERO ESTO EN MODO ALGUNO EQUIVALE A IMPEDIR LA ACEPTACIÓN CONDICIONADA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. LA FALTA DE PREVISIÓN DE UN DESCUENTO PUNITIVO POR EL RECONOCIMIENTO CONDICIONADO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL NO COMPROMETE EL DERECHO DE DEFENSA Y LAS RAZONES POR LAS QUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PREVÉ EL DESCUENTO PUNITIVO PARA LA ACEPTACIÓN SIMPLE DE LOS CARGOS, NO SE ENCUENTRAN PRESENTEN EN LA ACEPTACIÓN CONDICIONADA, POR LO QUE NO HAY LUGAR A LA ASIMILACIÓN NORMATIVA. SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DE ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 286, 288.3, 351, 356.5 Y 367 DE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACEPTACIÓN CONDICIONAL, RESPONSABILIDAD PENAL, PROCESO PENAL, DISMINUCIÓN DE LA PENA, ACEPTACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS
Sentencia C-303 de mayo 22 de 2013
Ref.: Expediente D-9278
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 286 (parcial), 288.3 (parcial), 351 (parcial), 356.5 (parcial) y 367 (parcial) de la Ley 906 de 2004.
Actor: David Hassan Saade Morad.
1.1. Disposiciones demandadas.
ART. 286.—Concepto. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías.
ART. 288.—Contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:
ART. 351.—Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.
ART. 367.—Alegación inicial. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros.
2. Asuntos a resolver y metodología de análisis.
Ahora bien, aunque el contenido de esta aseveración no se desprende del texto legal, y aunque los imputados sí pueden participar en la audiencia realizando todas las intervenciones que sean compatibles con la naturaleza de este acto procesal de carácter informativo (por ejemplo, solicitando explicaciones adicionales al fiscal para que aclare el sentido de su imputación), lo cierto es que esta falencia interpretativa no afecta la aptitud del cargo, toda vez que el fundamento de la acusación no se estructura en torno a esta consideración, sino que gira alrededor de dos argumentos: primero, la imposibilidad para controvertir los términos de la imputación de la Fiscalía; es decir, el actor no afirma que la disposición sea contraria al ordenamiento superior porque prohíba al imputado participar en la audiencia, sino porque no existe un escenario específico para impugnar la orden de dar inicio a la investigación ni para refutar los términos de la imputación efectuada por la Fiscalía; en este sentido, el actor afirma en la demanda que “su representación en esta audiencia viene a resultar inocua, por cuanto ningún reproche puede hacer frente a los términos de los delitos que se le vienen imputando, limitación ésta que se extiende al propio imputado”; dentro de esta misma línea, en el escrito de corrección afirma que “al omitir el constituyente la posibilidad de que el imputado controvierta, desde ese preciso momento, la comunicación que le es puesta de presente —con la finalidad de persuadir al delegado de la Fiscalía frente a los términos de la misma”; en otras palabras, el fundamento del reproche del peticionario no es la tesis de la prohibición para participar dentro de la audiencia (hacer preguntas, pedir aclaraciones, etc.), sino la de que el imputado no tiene la posibilidad de controvertir o impugnar el acto mediante el cual se le informa sobre la existencia de la investigación en su contra.
Y en segundo lugar, el reproche de constitucionalidad se sustenta en la prohibición tácita para aceptar condicionalmente los cargos que se formulan en contra del sindicado y acceder a los beneficios punitivos propios del allanamiento. Así, en la demanda se afirma lo siguiente: “el imputado una vez puesta a conocimiento de él la situación fáctica y jurídica que lo vincula de manera activa o pasiva (sea por delito por acción o por omisión) a una conducta de interés para el derecho penal, pretende aceptar su responsabilidad, por cuanto reconoce su intervención en la conducta a él puesta de presente, pero no desea hacerlo en los términos dados por el titular de la acción penal, sino que reconoce su participación en los hechos criminales que se le imputan pero en diferente modalidad o grado de participación y condiciona su aceptación de cargos pero es bajo estas específicas circunstancias (…) no obstante lo anterior, el fiscal, como dueño del acto procesal decide no variar los términos de la misma, por lo que el imputado muy a pesar de reconocer su intervención activa en el ilícito no en la modalidad y/o formas de la imputación, decide, como es lógico, no allanarse, e irse a juicio con todas las prerrogativas que ello implica, dando las resultas de la actuación un fallo en los mismos términos propuestos por el ahora procesado-condenado cuando ostentaba la calidad de imputado, no obstante sin derecho a ninguna clase de descuento punitivo”. Una línea argumentativa semejante se encuentra en el escrito de corrección.
Por otro lado, aunque en la demanda se afirma que únicamente es posible acceder al descuento punitivo del 50% de la pena a través del allanamiento durante la audiencia de formulación de cargos, la acusación se sustenta, no en que esta sea la única oportunidad procesal para obtener el beneficio descrito, sino en otras tres consideraciones: por un lado, que el derecho de defensa comprende la facultad controvertir los términos de la imputación desde el mismo momento en que se propone, es decir, desde la audiencia de formulación de cargos; por otro lado, que impedir el allanamiento condicionado riñe con la justicia premial, que constituye un elemento estructural del proceso penal acusatorio; y tercero, que circunscribir el descuento punitivo del 50% a la aceptación pura y simple de los cargos, y no preverlo para la aceptación condicionada, termina por equiparar dos circunstancias sustancialmente distintas: el rechazo de los cargos, y el reconocimiento de la responsabilidad. Por este motivo, la eventual falencia hermenéutica no afecta la aptitud de la demanda.
Por último, los intervinientes señalan que el escrito de impugnación no explicó en qué sentido existe una oposición entre la ley y el texto constitucional. A juicio de esta corporación, dicha apreciación es infundada, toda vez que el demandante sí ofreció razones específicas que apuntaban a demostrar la contradicción entre el derecho al debido proceso, y las normas relativas al procedimiento penal, así: (i) Con respecto al artículo 286, se sostiene que el derecho de defensa debe ser reconocido desde el inicio de cualquier procedimiento judicial, y que en este caso la norma impide controvertir el acto de imputación; (ii) Con respecto a los artículos 288, 351, 356 y 357 del Código de Procedimiento Penal, se afirma que la prohibición de la aceptación condicional de los cargos o de la declaración de culpabilidad en la audiencia de formulación de la imputación, en la audiencia preparatoria y en la alegación inicial del juicio, transgrede el derecho de defensa porque impide atacar los términos en que son planteados los cargos por parte del ente acusador, desconoce la justicia premial como elemento estructural del proceso penal, y equipara injustificadamente la hipótesis del rechazo de los cargos o de la declaratoria de inocencia, con la aceptación condicional y la declaratoria de culpabilidad condicionada. De este modo, el actor no se limita a afirmar la incompatibilidad entre los preceptos legales demandados y el artículo 29 de la Carta Política, sino que además individualiza los componentes de tal derecho que, a su juicio, son desconocidos por la normativa legal.
Tal como se indicó anteriormente, a juicio del actor, el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal transgrede el derecho de defensa, por cuanto implícitamente impide al imputado controvertir la imputación que se formula en su contra. En efecto, su papel dentro de esta audiencia se limita a expresar si entendió los términos de la acusación, y si se allana a los mismos, pero ni él ni el abogado que lo representa, tienen la posibilidad de atacar el acto mismo de la imputación o los términos en que se formula, ni de aclarar los hechos en que se fundan los cargos. De esta manera, la presencia del imputado, de su abogado, e incluso del juez, es totalmente inocua porque desde una perspectiva material, no es posible concretar la defensa: “El legislador (…) estableció que la formulación es un acto de mera comunicación (…) actuación preliminar en la que deben encontrarse presentes, tanto el fiscal, como titular de la acción penal; el imputado, como sujeto pasivo del actuar del Estado; el defensor de este último, en un acto que si bien se entiende encaminado a la salvaguardia de los intereses del receptor de la imputación, nada puede hacer en ese sentido; y finalmente el juez, cuya actuación se limita a verificar si s entendieron o no los términos de la imputación y en caso de un allanamiento a cargos, si se hace de manera libre consciente y voluntaria, siendo finalmente ésta la misma función que cumple el defensor”.
Por otro lado, contrariamente a lo que supone el peticionario, la formulación de la imputación es justamente el acto que posibilita la defensa en los procedimientos penales, al menos en dos sentidos. De una parte, porque como el ejercicio de este derecho solo es viable cuando se tiene conocimiento de la existencia de un proceso en contra de una persona, y como en esta audiencia se comunica a dicha persona su calidad de imputado, la medida no solo no desconoce este derecho, sino que lo materializa y hace efectivo. En este sentido, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “toda persona acusada de un delito tendrá derecho (…) a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”; aunque ni el texto constitucional ni los instrumentos internacionales de derechos humanos exigen una formalidad específica para este acto informativo, el legislador previó un acto procesal especial para la materialización de este deber, exigiendo que la comunicación se efectúe en esta audiencia, con la presencia del imputado, su abogado y el juez.
De otra parte, como no es posible defenderse frente a ataques indeterminados que no individualizan unos hechos concretos ni una acusación particular, la previsión de esta audiencia especial en la que se señalan al imputado las circunstancias fácticas que se consideran relevantes, así como la calificación provisional de la conducta (C.P., arts. 286y 188), hace viable el ejercicio del derecho de defensa. En otras palabras, la norma acusada desarrolla la exigencia del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político de que “durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser informada sin demora, en un idioma que comprende y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”, y la comprensión que de este precepto ha hecho el Comité de Derechos Humanos, en el sentido de que dentro de la información suministrada se debe señalar “tanto la ley como los supuestos de hecho en que se basa [la acusación]”(2)(3).
En otras palabras, la celebración de la audiencia constituye el punto de partida para el ejercicio del derecho al debido proceso, de modo que la ausencia de previsión de recursos frente al acto de imputación no impide atacar el fundamento empírico o jurídico de los cargos, sino que solamente difiere en el razonablemente en el tiempo esta posibilidad. Por estas razones, la Corte considera infundada la acusación del demandante, en el sentido de que el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal desconoce el derecho de defensa por no prever un sistema de recursos frente al acto de imputación.
El segundo núcleo de objeciones del actor se refiere a que según la ley los descuentos punitivos previstos por el legislador para la aceptación pura y simple de responsabilidad, no se extienden al reconocimiento condicionado, es decir, cuando se admite la comisión de un delito, pero en términos distintos a los propuestos por el ente acusador, con variaciones en la modalidad, el tipo penal o grado de participación, aunque referidos al mismo núcleo fáctico. Esta limitación legal se presenta en tres momentos procesales: (i) En la audiencia de formulación de imputación, cuando el sujeto puede allanarse a la misma y obtener una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible, según se dispone en los artículos 286, 288 y 351 del Código de Procedimiento Penal; (ii) en la audiencia preparatoria, cuando el acusado puede aceptar los cargos que se proponen en su contra, y obtener una rebaja de hasta la tercera parte de la pena, según las previsiones del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal; (iii) en la alegación inicial del juicio, en la que el presunto autor del delito puede declararse culpable, y obtener una rebaja de hasta una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados, según se establece en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal(4). A juicio del accionante, tal restricción es incompatible con el derecho de defensa, con el principio de equidad y de justicia, y con los lineamientos constitucionales del proceso acusatorio.
— En primer lugar, el derecho de defensa comprende el derecho a ser informado sobre el inicio, desarrollo y conclusión del procedimiento penal, y sobre todas las circunstancias relevantes del mismo que tengan incidencia en la configuración de la responsabilidad penal. Esta prerrogativa incluye, por ejemplo, el derecho a que el inicio de la investigación sea comunicado oportuna y formalmente al imputado, y que a partir de ese momento, todas las determinaciones adoptadas por el ente acusador o por el juez cuenten con un sistema de publicidad apropiado para que le imputado o acusado tenga acceso efectivo a esta información.
— En segundo lugar, comprende el derecho a controvertir las resoluciones adoptadas dentro del procedimiento, y especialmente aquellas que tienen incidencia en la configuración de la responsabilidad, a través de un sistema adecuado de recursos.
— En tercer lugar, comprende el derecho a aportar pruebas e impugnar el material probatorio existente, a efectos de que la determinación de la responsabilidad penal se ajuste plenamente a la realidad de los hechos.
— Finalmente, el debido proceso comprende el derecho a contar con la asistencia jurídica necesaria durante el procedimiento penal. Al igual que en los casos anteriores, este componente del derecho de defensa no sufre ninguna lesión o menoscabo por la inexistencia del beneficio punitivo para la hipótesis de la aceptación condicionada de la responsabilidad.
Por otro lado, la medida ahora cuestionada tampoco tiene ninguna incidencia en el sistema de acuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el presunto infractor de la ley penal, que es el escenario natural en el que se materializa la denominada por el actor “justicia premial”, y que es el procedimiento consistente con el rol de la Fiscalía General de la Nación de ejercer la acción penal. Aunque en este contexto la negociación viene a depender de la voluntad del ente acusador, y los efectos en términos punitivos no necesariamente coinciden con los previstos en la legislación para la aceptación simple de responsabilidad, estas diferencias tienen sustento en las diferencias entre uno y otro fenómeno, tal como explicó en acápites anteriores(5).
6. Análisis de constitucionalidad de los preceptos demandados.
— En primer lugar, el actor demanda la expresión “comunica”, contenida en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, ya que a su juicio, el carácter meramente informativo de la audiencia de formulación de la imputación limita injustificadamente el derecho de defensa de los presuntos infractores de la ley penal, quienes en la audiencia únicamente juegan un rol pasivo y no pueden, ni controvertir el acto de imputación, ni presentar las aclaraciones a los cargos que se formulen en su contra.
Por las razones expuestas, el carácter informativo de la audiencia de formulación de acusación no desconoce el derecho al debido proceso, y en consecuencia, la expresión “comunica” contenida en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal será declarada exequible.
— En segundo lugar, el peticionario impugna la expresión “posibilidad del investigado de allanarse a la imputación” contenida en el artículo 288.3 y la expresión “determinados” y “comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación” contenida en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. A su juicio, estas normas desconocen el derecho al debido proceso, la justicia y la equidad y las bases constitucionales del modelo acusatorio, por cuanto únicamente confieren el beneficio del descuento punitivo de hasta la mitad de la pena imponible, para la hipótesis de la aceptación simple de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la acusación, pero no para la aceptación de los mismos con modificaciones en el tipo penal, la modalidad del delito o el grado de participación; dado que en ambos casos se reconoce la responsabilidad y se contribuye efectivamente con la justicia, la restricción normativa desconocería una de las bases fundamentales sobre las cuales se erigió el procedimiento penal, como es la promoción de las negociaciones y acuerdos entre el ente acusador y los presuntos infractores de la ley penal, para incentivar la colaboración con la justicia y evitar el desgaste injustificado del aparato judicial.
— En tercer lugar, el peticionario demanda la expresión “que el acusado manifieste si acepta o no los cargos”, contenida en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal. A su juicio, esta disposición vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto únicamente concede el beneficio de la reducción de hasta la tercera parte de la pena, cuando en la audiencia preparatoria el imputado acepta los cargos formulados por la fiscalía, pero no cuando se reconoce la responsabilidad penal, pero en unos términos distintos a los propuestos por el ente acusador. Por las mismas razones expuestas en relación con la norma anterior, la limitación procesal no se considera vulneratoria del derecho al debido proceso, y será declarada exequible.
— Finalmente, el accionante demanda la expresión “sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable”, contenida en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal. En su parecer, nuevamente, se vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto la norma únicamente concede la rebaja de una sexta parte de la pena imponible cuando en la alegación inicial del juicio el acusado se declara culpable en los términos propuestos por la fiscalía, pero no cuando la reconoce en otros términos. Por las mismas razones anteriores, la medida no se considera contraria al debido proceso, y será declarada exequible por este cargo.
1. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “comunica” contenida en el artículo 286 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.
2. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “posibilidad del investigado de allanarse a la imputación”, contenida en el artículo 288.3 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.
3. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “determinados” y “comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación” contenida en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.
4. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “que el acusado manifieste si acepta o no los cargos” contenida en el artículo 356.5 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.
5. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable” contenida en el artículo 367 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.
(2) Observación General 13 del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Documento disponible en: http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5bCCPR%5d.html#GEN13. Último acceso: 9 de mayo de 2013.
(3) Lo anterior no significa que únicamente a partir de este momento se pueda ejercer el derecho de contradicción, pues existen hipótesis en las que el indiciado tiene conocimiento de las investigaciones en su contra durante la etapa de la indagación; en estos casos, el presunto infractor de la ley penal podría intervenir en el procedimiento para orientar las pesquisas de la Fiscalía. Lo que ocurre es que entonces es que esta audiencia se ofrecen todas las condiciones al imputado para ejercer adecuadamente sus derechos, pues no solo se le comunica formalmente sobre el procedimiento en su contra, sino que se individualizan los hechos relevantes que dan lugar a la investigación, y se efectúa la calificación jurídica provisional de la conducta. En fases anteriores, como no se ha fijado la litis o el alcance de la controversia jurídica, la defensa ofrece dificultades y limitaciones que se superan con el acto de imputación. Sobre el derecho de defensa con anterioridad a la audiencia de formulación de imputación cfr. la Sentencia C-127 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).
(4) Debe aclararse que en la alegación inicial del juicio es posible la declaración parcial de responsabilidad, es decir, con respecto de algunos de los cargos formulados por la fiscalía. Esta modalidad, prevista en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, es distinta del allanamiento condicionado, pues en este caso se altera alguno de los términos del cargo formulado por el ente acusador (por ejemplo, se modifica el tipo penal, el grado de participación o la modalidad delictiva).
(5) Código de Procedimiento Penal, artículo 350.

References: artículo 286
 artículo 29
 artículo 286
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 286
 artículo 356
 artículo 367
 artículo 286
 artículo 286
 artículo 288
 artículo 351
 artículo 356
 artículo 367
 artículo 286
 artículo 288
 artículo 351
 artículo 356
 artículo 367
 artículo 14
 artículo 367
 artículo 350