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Timestamp: 2018-12-11 18:41:16+00:00

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﻿ SENTENCIA C-104 DE FEBRERO 10 DE 2004
SENTENCIA C-104 DE 10 DE FEBRERO DE 2004
CONTENIDO:CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA. NO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA, EL HECHO DE QUE EN UNA LEY DE TRÁNSITO SE ESTABLEZCA LA NATURALEZA DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA Y OTROS TÓPICOS QUE GUARDAN ESTRECHA RELACIÓN CON EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN, POR CUANTO APUNTAN A QUE TODOS LOS CONDUCTORES RECIBAN UNA EDUCACIÓN MERAMENTE TÉCNICA, NO FORMAL NI ESPECIALIZADA, QUE MEJORE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DEL PAÍS. SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 Y 56 DE LA LEY 769 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA, FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA, CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Sentencia C-104 de febrero 10 de 2004
Sentencia C-104 de 2004
Ref.: Expediente D-4693
Actor: Javier Isaza Santos
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 56 de la Ley 769 de 2002 “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
Bogotá, D.C., febrero diez de dos mil cuatro.
Se transcribe el texto completo de cada uno de los artículos demandados de la Ley 769 de 2002, según publicación en el Diario Oficial 44.893 del seis de agosto de 2002.
ART. 15.—Constitución y funcionamiento. El Ministerio de Transporte reglamentará la constitución y funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios, en lo pertinente a educación no formal.
Las nuevas licencias de conducción contendrán, cómo mínimo, los siguientes datos: nombre completo del conductor, número del documento de identificación, huella, domicilio y dirección; fecha de expedición y organismo que la expidió.
ART. 18.—Facultad del titular. La licencia de conducción habilitará a su titular para manejar vehículos automotores de acuerdo con las categorías que para cada modalidad establezca el reglamento.
4. Certificado de aptitud física, y mental para conducir expedido por un médico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud antes de que entre en funcionamiento el RUNT o ante el RUNT una vez que este empiece a operar.
PAR.—Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la recategorización y/o refrendación de la misma, se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación motriz, valiéndose para su valoración de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos, que permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Transporte según los parámetros y límites internacionales entre otros: las capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campímetría, los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.
ART. 56.—Obligatoriedad de enseñanza. Se establecerá como obligación en la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional.
La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra varios artículos que forman parte de una ley de la República.
El ciudadano Javier Isaza Santos demanda en acción pública de inconstitucionalidad los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 56 de la Ley 769 de 2002.
En su escrito el actor aduce que estos artículos son inconstitucionales por consagrar una “terminología inadecuada de la educación para el trabajo”, la cual en su sentir no debe hacer parte de una normatividad que regula la circulación y el tránsito. Así mismo, parte de su argumentación se encamina, de manera general, a cuestionar el régimen de competencias que establecen las normas demandadas. Así pues, le parece inadmisible al ciudadano que la ley le hubiese conferido competencia a la Superintendencia de Puertos y Transporte para vigilar y supervisar a los centros de enseñanza automovilística (CNTT, art. 14, par. 1º); que el Ministerio de Transporte sea competente para clasificar a los centros de enseñanza, de acuerdo con las categorías existentes (CNTT, art. 16.2) y que esa misma autoridad administrativa reglamente el examen general de aptitud y conocimientos específicos de conducción (CNTT, art. 18). Finalmente, afirma que el artículo 56 también es inconstitucional, por imponer la obligación a todas las instituciones educativas de impartir cursos de tránsito y seguridad vial en los niveles preescolar, educación básica y media vocacional.
La Sala Plena de esta corporación advierte que las apreciaciones del demandante, reseñadas anteriormente, no constituyen verdaderos cargos de inconstitucionalidad; se trata, tan solo, de valoraciones subjetivas sobre el contenido de las normas acusadas, sin explicar de manera clara, cierta, directa y suficiente las razones por las cuales estas desconocen la Constitución Política.
Sin embargo, considera la Corte procedente adelantar un examen de constitucionalidad en relación con el único cargo formulado realmente por el demandante, el cual se encuentra encaminado a desvirtuar, de manera global, la constitucionalidad de las disposiciones legales acusadas, por violación al principio de unidad de materia.
En este sentido, el señor Isaza Santos argumenta que el Código Nacional de Tránsito Terrestre, además de reglamentar el tema que anuncia en su título, es decir, lo referente a la circulación de personas y vehículos por la vía pública, sus limitaciones y sanciones, “también reglamenta aspectos de la educación, en lo referente al los centros de enseñanza automovilística para conductores e instructores en conducción, la naturaleza de ellos, su constitución y funcionamiento, su clasificación, la inspección y vigilancia de los centros de enseñanza, limitación a los certificados que expiden y programas de enseñanza obligatoria en todos los establecimientos educativos en los niveles preescolar, educación básica y media vocacional, entre otros”.
A su juicio, dichos temas, debido a la importancia dada por el constituyente a la educación en el artículo 67 superior, deben ser tratados en la ley general que regula este derecho y no en una ley de tránsito “que disminuye su contenido”.
Ahora bien, dado que, a juicio del demandante, un Código de Tránsito Terrestre no puede regular el tema educativo, le corresponde a la Corte determinar si vulnera o no el principio de unidad de materia el hecho que el legislador, en el mencionado código, hubiese incluido algunos aspectos referentes al derecho a la educación, en concreto, lo atinente a la naturaleza, constitución y funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística, su supervisión y vigilancia, determinadas competencias en la materia que fueron asignadas a ciertas autoridades administrativas distintas al Ministerio de Educación Nacional, así como la reglamentación del examen de conducción, y finalmente, la imposición a ciertos centros de enseñanza de impartir unos cursos en materia de seguridad vial y tránsito.
3. Ausencia de violación del principio de unidad de materia.
En el presente caso, el actor, claramente, aduce que el tópico central de la Ley 769 de 2002 es la regulación del derecho a la libertad de circulación e indica que el tema relacionado con la naturaleza y función de los centros de enseñanza automovilística (CNTT, art. 12), la formación de instructores en conducción suministrada por dichos centros (CNTT, art. 13), la constitución y funcionamiento de los mismos (CNTT, art. 15), la capacitación brindada a las personas para conducir un vehículo particular (CNTT, art. 14) y un vehículo de servicio público (CNNT (sic), art. 16), la expedición de la licencia de conducción (CNNT (sic), art. 17, inc. final), la reglamentación y vigencia del examen de aptitud y conocimientos específicos de conducción (CNNT (sic), art. 18, par.), los requisitos para obtener la licencia de conducción (CNNT (sic), art. 19, num. 3º), la recategorización de dicho permiso (CNNT (sic), art. 20) y la obligación impuesta de impartir cursos de tránsito y seguridad vial en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional (CNNT (sic), art. 56), en su criterio, son temas que no guardan relación alguna de conexidad con la materia propia de la ley.
Los diversos intervinientes y el señor Procurador General de la Nación, coinciden en afirmar que la regulación de los centros de enseñanza automovilística, la concesión de licencias de conducción y la recategorización de las mismas, contenida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre no desconocen el principio de unidad de materia, por cuanto existe una clara relación temática entre el contenido general de la ley y las normas demandadas. A idéntica conclusión arribaron en relación con la obligación de impartir unos cursos de tránsito y seguridad vial en los centros de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional de impartir unos cursos de tránsito y seguridad vial, previamente diseñados por el Gobierno Nacional.
Al respecto, considera la Corte que el principio de unidad de materia, no debe interpretarse de manera estricta ni absoluta(8), por cuanto una aplicación rígida del mismo conllevaría a la inoperancia de la función del legislador y a la inobservancia del principio democrático. Así fue explicado en la Sentencia C-657 de 2000, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, en los siguientes términos(9):
“... resulta de interés destacar que la aplicación del principio de unidad de materia debe ceñirse al objetivo que inspiró su consagración constitucional —lograr la coherencia normativa—, ya que un entendimiento excesivamente restringido e impropio terminaría por obstaculizar y hacer inoperante la labor legislativa que, como lo ha expresado esta corporación, comporta el principio democrático de mayor entidad en el campo de los valores fundantes de nuestro Estado social de derecho.
En efecto, los dispositivos de orden constitucional que consagran y promueven la unidad de materia (C.P., arts. 158 y 169), “no pueden ser entendidos dentro del criterio de una rigidez formal por cuya virtud se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre normas que, en apariencia, se refieren a materias diversas pero cuyos contenidos se hallan ligados, en el ámbito de la función legislativa, por las finalidades perseguidas, por las repercusiones de unas decisiones en otras, o, en fin, por razones de orden fáctico que, evaluadas y ponderadas por el propio legislador, lo obligan a incluir en un mismo cuerpo normativo disposiciones alusivas a cuestiones que en teoría pueden parecer disímiles””.
En el mismo sentido, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que un proyecto puede tener diversidad de contenidos temáticos, siempre y cuando entre los mismos exista una relación de conexidad objetiva y razonable. Al respecto cabe recordar la Sentencia C-992 de 2001, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, mediante la cual la Corte estableció lo siguiente(10):
“... la unidad de materia no significa simplicidad temática, de tal manera que un proyecto solo pudiese referirse a un único tema. Por el contrario, la jurisprudencia reiterada de esta corporación ha sostenido que un proyecto puede tener diversidad de contenidos temáticos, siempre y cuando entre los mismos exista una relación de conexidad objetiva y razonable. Sin embargo la Corte ha sido clara en señalar que no puede haber proyectos que traten de diferentes materias. Ello ocurriría cuando entre los distintos temas que hagan parte de un proyecto no sea posible encontrar una relación de conexidad, de manera que cada uno de ellos constituya una materia separada. En este caso, tendría plena aplicación el artículo 158 de la Carta, sin que para sanear el vicio baste con incorporar las distintas materias en el título de la ley, puesto que si bien el artículo 169 exige que haya precisa correspondencia entre el título de las leyes y el contenido de las mismas, no se trata de un requisito meramente formal, al punto que pueda satisfacerse con la simple enunciación en el título de diversas materias que no sea posible englobar en una sola conforme a algún criterio de conexidad”.
Aunado a lo anterior, la Corte ha sostenido que dicha conexidad no tiene que ser directa y estrecha, “puede manifestarse de diferentes formas: Bien sea que exista entre ellas una relación temática (conexidad material), o que compartan una misma causa u origen (conexidad causal), o en las finalidades que persigue el legislador con su creación (conexidad teleológica), o que razones de técnica legislativa hagan conveniente incluir en una ley determinada regulación”(11).
En este orden de ideas, no cabe duda que el tema central de la Ley 769 de 2002 es la regulación de una faceta del ejercicio del derecho a la libertad de circulación, cual es la referida al tránsito terrestre, lo cual no obsta para que el legislador, actuando válidamente dentro de su margen de maniobra, hubiese incluido en esta normatividad otros tópicos que guardan una estrecha relación de conexidad material con el mencionado derecho fundamental, como son aquellos concernientes a la educación o al medio ambiente sano.
En tal sentido, la misma ley, en algunas de sus disposiciones, consagra expresamente la relación existente entre el tema de la educación y aquel de la libre circulación. Así por ejemplo, en el inciso final del mismo artículo 1º establece que son principios rectores de este código la seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización (negrilla fuera del texto). En esta medida, puede observarse cómo el legislador reconoce, desde el título I del código, la relación existente entre el tema de la educación y el tópico principal de esa ley; tanto es así que, se insiste, la educación fue erigida en principio fundamental del Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Ahora bien, un examen sistemático de las normas demandadas evidencia que existen realmente dos grandes temas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre que guardan una íntima relación material con aquel de la educación: por una parte, los artículos referidos a los conocimientos, habilidades y destrezas que deben adquirir, en unos centros de enseñanza automovilística debidamente autorizados y vigilados por las autoridades competentes, las personas que deseen obtener una licencia de conducción; por otra, las disposiciones normativas relacionadas con la obligación que tienen los centros de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional de impartir unos cursos de tránsito y seguridad vial, previamente diseñados por el Gobierno Nacional.
En lo que concierne a las disposiciones acusadas que regulan los centros de enseñanza automovilística, su naturaleza, sus funciones, la autorización para su creación, así como la inspección y vigilancia que se ejercen sobre los mismos, considera la Corte que todas ellas se encuentran relacionadas con el ejercicio responsable del derecho a la libre circulación, por cuanto todas estas normas legales apuntan, en últimas, a que las personas que deseen conducir en el futuro un vehículo automotor cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio de una actividad riesgosa, es decir, se pretende que todos los conductores hayan recibido una educación meramente técnica, no formal ni especializada, que mejore las condiciones de seguridad vial del país.
En efecto, una de las motivaciones fundamentales para la expedición del Código de Tránsito y Transporte consistió en la necesidad de contrarrestar los altos índices de accidentalidad que se registran en el país, debido al ejercicio indebido de circular libremente(16). Es por ello que el legislador, por medio de las disposiciones demandadas, consideró necesario imponer algunos requisitos y limitaciones a su desarrollo. De ahí que se le exija a quien conduce total idoneidad, adiestramiento y destreza, lo cual indiscutiblemente, garantiza a su vez, el cabal ejercicio del derecho a la libertad de circulación(17).
Al respecto, la Corte en Sentencia C-780 de 2003, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, consideró exequible la obligación legal de renovar las licencias de conducción que no cuenten con ciertos requisitos técnicos, e igualmente, hizo énfasis en la idoneidad del conductor, así como en la obligación del Estado de asegurarse que quienes conducen automotores sean personas capacitadas para ello, “pues en el ejercicio de esta actividad, que tradicionalmente el derecho ha considerado como “peligrosa, se ven implicados caros intereses públicos como lo son la protección general de la vida y la integridad física de la ciudadanía expuesta al riesgo correspondiente”.
Más allá de los conocimientos y destrezas que deben adquirir en los centros de enseñanza automovilística quienes van a conducir un automotor, el nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre prevé la impartición obligatoria en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, de unos “cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional”. A juicio de la Corte, se trata también en este caso de un tema que guarda una estrecha relación temática con el ejercicio de la libertad de circulación.
En efecto, la puesta en marcha de estos cursos elementales busca mejorar las condiciones en las cuales las personas ejercen su derecho a una movilidad libre y segura; conocer y acatar las normas del tránsito y respetar los derechos de los demás en los espacios públicos, mejorará sin duda las condiciones de seguridad vial en el país(18). Así pues no se trata, como lo sostiene el demandante, de un tema inconexo a aquel sobre el cual gravita todo el Código de Tránsito Terrestre.
En consecuencia, el hecho de que en una ley de tránsito se establezca la naturaleza de los centros de enseñanza automovilística, algunas de sus funciones, lo relacionado con su vigilancia y supervisión, la formación de instructores en conducción, la capacitación de las personas que aspiran conducir vehículos automotores y motocicletas particulares o un vehículo de servicio público no vulnera el principio de unidad de materia. Tampoco lo desconoce el hecho de que se haya dispuesto que sea el Ministerio de Transporte el ente encargado de reglamentar el examen nacional de aptitud y conocimientos específicos de conducción, el cual se exige para presentar y aprobar la expedición de la licencia de conducción por primera vez o por refrendación.
Finalmente, de igual forma, no es inconstitucional por violación al principio de unidad de materia que en un código se haya establecido la obligación de impartir cursos de tránsito y seguridad vial en los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional.
Declarar EXEQUIBLES los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 56 de la Ley 769 de 2002 “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, por el cargo analizado en esta providencia.
(1) Ver Auto 288 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(2) Sentencia C-504 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 624 de 1989 “por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador.
(3) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1544 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger y C-1552 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(4) Sentencia C-1052-2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(5) Sentencia C-568 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(6) Auto 288 de 2001.
(7) Al respecto pueden consultarse las sentencias C-025 de 1993, C-328 de 1995, C-6657 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-540 y 618 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda, C-714 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-198 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
(8) Al respecto pueden consultarse las sentencias C-025 de 1993, C-328 de 1995, C-6657 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-540 y 618 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda, C-714 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-198 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
(9) … (sic).
(10) En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(11) Sentencia 714 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, Sentencia C-025 de 1993, C-523 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y la Sentencia C-1185 de 2000, M.P. Carlos Gaviria.
(12) Sentencia C-434 de 1996.
(13) Ley 769 de 2002, artículo 1º—Ámbito de aplicación y principios: “Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito...”.
(14) Sobre el derecho a la libre circulación, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias C-518 de 1992.
(15) Así se dispuso en la Sentencia T-483 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell: “... los límites externos que se pueden imponer al derecho de locomoción, en lo que hace relación al orden público, en aspectos tales como la seguridad, salubridad y preservación o recuperación de la tranquilidad pública y la moralidad pública, encuentran su justificación esencial, en la necesidad de proteger los bienes jurídicos de los demás ciudadanos, considerados en forma individual y como comunidad”. Posición reiterada en la Sentencia C-110 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(16) En la ponencia para primer debate en la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, entre los motivos expuestos se indicó que “... algunos de los alcances modificatorios tienden a asegurar que las normas permitan una movilización segura y que, para ellos, las autoridades deben estar dotadas de los instrumentos pertinentes como forma de conseguir una reducción de la accidentalidad vial”. Ver Gaceta del Congreso Nº 153 de mayo de 2002.
(17) En este punto cabe destacar que, según el último boletín titulado “Accidentalidad vial nacional-2002”, publicado por el Fondo de Prevención Vial, el 12.66% de las causas probables de accidentalidad en las carreteras nacionales se deben a la impericia en el manejo. Después del exceso de velocidad, la impericia en el manejo es la segunda causal de accidentes.
(18) Directiva Ministerial 13 del 14 de agosto de 2003, dirigida a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación, cuyo asunto es la educación en tránsito y seguridad vial.
(19) Sentencia C-328 de 1995, Cifuentes Muñoz.
(20) En la Sentencia C-1090 de 2003, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández, la Corte estudió parcialmente la constitucionalidad del artículo 132 de la Ley 769 de 2002 y declaró inexequible la expresión “servicio público de transporte de pasajeros”, por considerar que sancionar únicamente al conductor de vehículo de servicio público que sea sorprendido fumando y no al de un vehículo particular, vulnera el artículo 13 de la Constitución que consagra el principio de igualdad. En dicho pronunciamiento, esta corporación hizo énfasis en la naturaleza peligrosa de la conducción, con el fin de justificar el hecho de que se sancione tanto al conductor de un vehículo de servicio público como de un particular, que sean sorprendidos fumando. Al respecto señaló lo siguiente: “Cabe recordar, que la actividad de conducir vehículos automotores ha sido calificada de vieja data por la jurisprudencia nacional y por la doctrina extranjera como una actividad riesgosa, que rompe el equilibrio que debe existir entre los asociados y que como tal coloca per se a la comunidad “ante inminente peligro de recibir lesión”. De tal manera, que en cumplimiento del deber de protección que tienen las autoridades de la República, y que consagra el artículo segundo constitucional, consideró el legislador que se debía sancionar pecuniariamente al conductor de un vehículo de servicio público de transporte de pasajeros que sea sorprendido fumando mientras conduce pues coloca a la sociedad ante un mayor riesgo al que usualmente se despliega con el ejercicio cotidiano de la mera actividad de conducción. En otros términos, el legislador estimó que fumar mientras se conduce implica un plus de riesgo, en términos de seguridad vial, y que tal comportamiento constituía una conducta reprochable que era preciso sancionar pecuniariamente”.
(21) En la ponencia para primer debate en la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, entre los motivos expuestos se indicó que “... algunos de los alcances modificatorios tienden a asegurar que las normas permitan una movilización segura y que, para ellos, las autoridades deben estar dotadas de los instrumentos pertinentes como forma de conseguir una reducción de la accidentalidad vial”. Ver Gaceta del Congreso Nº 153 de mayo de 2002.
(22) En este punto cabe destacar que, según el último boletín titulado “Accidentalidad vial nacional-2002”, publicado por el Fondo de Prevención Vial, el 12.66% de las causas probables de accidentalidad en las carreteras nacionales se deben a la impericia en el manejo. Después del exceso de velocidad, la impericia en el manejo es la segunda causal de accidentes.
(23) Directiva Ministerial 13 del 14 de agosto de 2003, dirigida a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación, cuyo asunto es la educación en tránsito y seguridad vial.
(24) Convención americana de los derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
(25) Sentencia T-518 de 1992.
(26) La Ley 115 de 1994 —ley general de educación—, en el artículo 36 define la educación no formal en los siguientes términos: “La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de esta ley”.

References: artículo 241
 artículo 56
 artículo 67
 artículo 158
 artículo 169
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 132
 artículo 13
 artículo 36
 artículo 11