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Timestamp: 2020-05-29 23:25:55+00:00

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Archive: 2017 febrero - Faura-Casas
Nuevos plazo para remitir las facturas
febrero 22, 2017 Nuestra opinión Autor: Ferran Julià Molí
Desde el 1 de enero de 2017 el plazo para remitir las facturas a los clientes que sean empresarios o profesionales se ha visto reducido significativamente, con lo que hay que enviar las facturas antes del día 16 del mes siguiente a la fecha en que se haya producido el devengo del IVA.
Hasta el 31 de diciembre de 2016 se establecía el plazo de un mes para enviar la factura al cliente desde la fecha de su expedición, que debía ser antes del día 16 del mes siguiente a la fecha del devengo del IVA. En resumen, hasta el 31 de diciembre de 2016 los plazos para emitir y remitir las facturas eran:
Para expedir la factura, el plazo se establecía desde que se devengaba el IVA de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, hasta el día 16 del mes siguiente.
Para remitir la factura al cliente se establecía otro plazo de un mes desde que se emitía la factura.
Publicado el Decreto ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de grupos de interés de Cataluña
febrero 22, 2017 Nuestra opinión Autor: Caterina Bartrons
El pasado 16 de febrero se publicaba en el Diario Oficial el Decreto ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de grupos de interés de Cataluña.
Esta norma convierte el Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat en uno nuevo, que es válido también para todas las entidades integrantes del sector público en Cataluña (ayuntamientos, corporaciones de derecho público, consejos comarcales, diputaciones, consorcios, universidades públicas).
Hay que tener en cuenta que en Cataluña hay más de 2.000 organismos del sector público con el deber de registrar su relación con los lobbys desde julio de 2015, a raíz de la Ley de transparencia (Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno – DOGC núm. 6780, de 31 de diciembre de 2014). El registro pues, se convierte en un elemento esencial dentro del sistema de integridad pública adoptado para profundizar y regenerar el sistema democrático y para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. La existencia de un Registro general refuerza la transparencia, porque permite que todos los ciudadanos puedan hacer el seguimiento de la actividad de los grupos de interés ante las diversas administraciones en un único punto, supone un gran ahorro de recursos públicos, porque libera las administraciones del gasto necesario para crear y mantener un registro propio, al tiempo que reduce las cargas a los ciudadanos, las entidades y las empresas al establecer el principio de inscripción única.
Conviene destacar que la Ley de transparencia establece que el objetivo del Registro es profundizar en la transparencia administrativa como medida de control democrático y de prevención de la corrupción, así como también la voluntad de ahorrar recursos y cargas a los ciudadanos y evitar inseguridad jurídica entre lobbys y administraciones.
Recordar que son grupos de interés (también, lobbys o stakeholders) las personas físicas o jurídicas y las organizaciones sin personalidad jurídica que, de forma lícita, realizan actividades susceptibles de influir directa o indirectamente en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, en la elaboración de propuestas normativas o en la toma de decisiones, en defensa de un interés propio o de terceros o de un interés general.
En la actualidad, el Registro de grupos de interés de la Generalitat tiene más de 1.400 grupos inscritos.
Link a grupos de interés
febrero 20, 2017 Noticias Autor: Faura-Casas Auditors-Consultors
Publicada la orden que desarrolla las normas legales de cotización para el 2017.
febrero 16, 2017 Nuestra opinión Autor: Tomàs Villarroya Moreno
El pasado 9 de febrero se publicó la Orden ESS/106/2017, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017.
Aunque la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de PGEº 2016 se ha prorrogado automáticamente ante la ausencia de una nueva Ley, se ha publicado en el BOE la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017, con efectos desde el 1 de enero, que deja sin efecto las cuantías fijadas en el art. 115 de aquélla.
Las bases de cotización tienen un importante aumento: la máximas se incrementan en un 3% en los regímenes que las tengan establecidas, como ya determinó el artículo 9 del Real Decreto-ley 3/2016, y las mínimas en un 8% en los casos en que estén referenciadas al SMI, en consonancia con el Real Decreto 742/2016 que lo regula para el presente ejercicio (salvo algunas bases mínimas como la de los trabajadores autónomos, que por el momento se congela en la misma cantidad establecida para 2016).
La Orden mantiene idéntica estructura y únicamente se actualizan algunos valores.
No se produce modificación en los coeficientes para calcular la cotización en los convenios especiales de Seguridad Social, los tipos de cotización por desempleo, que se mantienen en 7,05% para contratos indefinidos y 8,30% para contratos temporales, el porcentaje para cotizar al FOGASA de 0,20% y el de formación profesional del 0,70%.
Protocolo de pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por alumnos y residentes en ciencias de la salud
febrero 15, 2017 Nuestra opinión Autor: Eduard Casanovas
El pasado 6 de febrero se publicó en el BOE la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud.
El citado protocolo pretende conciliar (i) el derecho a la protección de datos, (ii) la disponibilidad del sistema sanitario para la docencia y formación graduada, especializada e investigadora y (iii) el incremento de presencia de alumnos y residentes que entran en contacto con los pacientes y sus datos de salud.
Su ámbito de aplicación abarca los Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS); los Centros sanitarios privados que colaboran (concierto u otras formas de gestión indirecta) con el SNS en la asistencia, docencia o investigación; y en las Entidades sanitarias privadas acreditadas para la formación en ciencias de al salud.
En líneas generales regula aspectos tales como la presencia de personal en formación (diferenciando alumnos en prácticas de los residentes) a las consultas médicas, el acceso a la historia clínica para uso asistencial, de investigación y/o docencia, así como la garantía de la confidencialidad y formación en esta materia.
Para consultar el texto completo: enlace
La revisión de precios de los contratos del Sector Público después de la entrada en vigor del Real decreto 55/2017
febrero 15, 2017 Nuestra opinión Autor: Marcos Sánchez
La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, estableció un nuevo régimen de actualización de valores monetarios. La política de desindexación obedece a la necesidad de actuar contra los perjuicios asociados al uso indiscriminado de la indexación, mecanismo que consiste en vincular la evolución de un valor monetario a la de un índice de precios. Este real decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, con respecto a las revisiones de valores monetarios motivadas por variaciones de costes, dentro de la habilitación dispuesta en los artículos 4 y 5 de esta ley. Se enmarca asimismo en la habilitación otorgada por el artículo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre en la redacción dada por el apartado tres la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo. En particular, el artículo 4.3 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, remite al desarrollo reglamentario el establecimiento de los principios generales que rigen todas las revisiones valores monetarios motivadas por variaciones de costes, así como los criterios para la interpretación de los principios de eficiencia y buena gestión empresarial en los supuestos susceptibles de revisión, los supuestos en los que puede aprobarse un régimen de revisión periódica y predeterminada en función de precios individuales o índices específicos de precios, las directrices para el diseño de una fórmula en las revisiones periódicas y predeterminadas, los componentes de costes que se incluirán en las fórmulas de revisión periódica y predeterminada, los supuestos y límites para la traslación de los costes de mano de obra al valor monetario sujeto a revisión periódica y predeterminada y, finalmente, los componentes de la fórmula que incentiven el comportamiento eficiente.
Adicionalmente, el artículo 5.1 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, establece que se desarrollará por real decreto el contenido mínimo de la memoria económica prevista para los regímenes de revisión periódica no predeterminada y de revisión no periódica. En este ámbito, el objetivo del Real Decreto es regular unos contenidos mínimos para esta memoria que permitan justificar y verificar la oportunidad de este tipo de revisión.
Por su parte, el artículo 89.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, condiciona la revisión periódica y predeterminada de los contratos a lo que prevé el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2015.
Artículo 9- Revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público diferentes a los contratos de obras y los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas
Los precios contenidos en los contratos del sector público a los que es de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, distintos a los contratos de obras y los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, sólo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada.
Procede la revisión periódica y predeterminada de estos precios, transcurridos dos años desde la formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, cuando concurran acumulativamente las siguientes circunstancias:
A estos efectos, en la memoria que acompañe al expediente de contratación, el órgano de contratación deberá justificar el carácter recurrente de la variación de los diferentes componentes de coste a considerar en la fórmula de revisión de precios, el cumplimiento de los principios y límites contenidos en los artículos 3, 4, 5 y 7, así como el periodo de recuperación de la inversión del contrato. Deberá justificarse asimismo que los índices elegidos son aquellos que, con la mayor desagregación posible de entre los disponibles al público, mejor reflejen la evolución del componente de coste susceptible de revisión en cuestión.
Cuando se utilice una fórmula tipo aprobada por el Consejo de Ministros, sólo se exigirá la justificación del período de recuperación de la inversión.
En los contratos de gestión de servicios públicos, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no es exigible a los efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada.
Para que pueda producirse la revisión periódica y predeterminada, los pliegos deben especificar, al menos:
No será exigible la especificación de las cuestiones contenidas en las letras a), b) y c) anteriores, en caso de que se utilice una fórmula tipo aprobada por el Consejo de Ministros.
La revisión no podrá tener lugar transcurrido el periodo de recuperación de la inversión del contrato.
Cuando para un determinado tipo de contrato haya una fórmula tipo de revisión, aprobada por el Consejo de Ministros, el órgano de contratación deberá incluir esta fórmula en los pliegos.
En caso de que no haya fórmula tipo, el órgano de contratación justificará el cumplimiento del principio de eficiencia y buena gestión empresarial mencionada en el artículo 4, según lo dispuesto en los apartados 7 y 8.
Para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el órgano de contratación incluirá en el expediente de contratación un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes, emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
A estos efectos, el órgano de contratación:
c) Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública por un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones en este trámite, el órgano de contratación debe valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria.
En el caso de los contratos de concesión de obra pública, el órgano de contratación podrá optar por incluir este trámite de información como parte de lo previsto en el apartado 3 del artículo 128 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
d) Enviar su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado deberá evacuar el informe preceptivo en un plazo no superior a veinte días, a contar desde el día siguiente a la recepción de la propuesta de estructura de costes mencionada en la letra d) anterior. En caso de que el Comité considere que la información remitida no es suficiente o requiera alguna aclaración, puede solicitar al órgano proponente información adicional. Este requerimiento suspende el plazo de evacuación del informe hasta que no haya respuesta del órgano de contratación.
En el caso de las comunidades autónomas y de las entidades locales, así como de los organismos y entidades dependientes, este informe podrá ser solicitado al órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera. En caso contrario, debe ser recaudado del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
En todo caso, el órgano de contratación comunicará a efectos informativos al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado y, en su caso, al órgano autonómico consultivo correspondiente, la estructura de costes incluida en el pliego.
Para los contratos con un precio inferior a cinco millones de euros, el órgano de contratación solicitará a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes. El órgano de contratación debe elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba. La propuesta de estructura de costes será sometida a un trámite de información pública por un plazo de 20 días, con carácter previo a la aprobación de los pliegos.
En caso de que se presenten alegaciones en este trámite, el órgano de contratación debe valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria.
El órgano de contratación comunicará a efectos informativos al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado y, en su caso, al órgano autonómico consultivo correspondiente, la estructura de costes incluida en el pliego.
Artículo 10 Período de recuperación de la inversión de los contratos
Se entiende por período de recuperación de la inversión del contrato aquel en el que previsiblemente puedan recuperar las inversiones realizadas para la correcta ejecución de las obligaciones previstas en el contrato, incluidas las exigencias de calidad y precio para los usuarios, en su caso, y se permita al contratista la obtención de un beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de explotación.
La determinación del período de recuperación de la inversión del contrato deberá basarse en parámetros objetivos, en función de la naturaleza concreta del objeto del contrato. Las estimaciones deben realizarse sobre la base de predicciones razonables y, siempre que sea posible, basadas en fuentes estadísticas oficiales.
Se define el período de recuperación de la inversión del contrato como el mínimo valor de n para el que se cumple la siguiente desigualdad, habiéndose realizado todas las inversiones para la correcta ejecución de las obligaciones previstas en el contrato:
a) El flujo de caja procedente de las actividades de explotación, que es la diferencia entre los cobros y los pagos ocasionados por las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos del contrato, teniendo en cuenta tanto las contraprestaciones abonadas por los usuarios como por la Administración, así como para otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión y financiación.
El flujo de caja procedente de las actividades de explotación comprenderá, entre otros, cobros y pagos derivados de cánones y tributos, excluyendo aquellos que graben el beneficio del contratista.
b) El flujo de caja procedente de las actividades de inversión, que es la diferencia entre los cobros y pagos que tienen su origen en la adquisición de activos no corrientes y otros activos equivalentes, tales como inmovilizados intangibles (entre ellos, derechos de uso de propiedad industrial o intelectual, concesiones administrativas o aplicaciones informáticas), materiales o inversiones inmobiliarias, así como los cobros procedentes de su enajenación.
Aunque no se prevea su efectiva enajenación en el momento de realizar las proyecciones, se incluirá como cobro procedente de las actividades de inversión el valor residual de los activos, entendido como el importe que se podría recuperar el término del contrato o bien de la vida útil del elemento patrimonial, en caso de que ésta finalice con anterioridad, ya sea para su venta en el mercado o por otros medios.
Para determinar el valor residual se analizarán las características de los elementos patrimoniales, como su vida útil, usos alternativos, movilidad y divisibilidad.
La estimación de los flujos de caja se realizará sin considerar las actualizaciones de los valores monetarios que componen FCT.
b es la tasa de descuento, el valor será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de este rendimiento medio los últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del mercado de deuda pública.
El instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de descuento podrán ser modificados por orden del ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para adaptarlo a los términos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público.
Informe ACCA-ICJCE sobre coyuntura económica mundial del cuarto trimestre de 2016.
febrero 15, 2017 Nuestra opinión Autor: Pere Ruiz
La ACCA – “Association of Chartered Certifies Accountants”, es una de las mayores asociaciones de auditores y otros profesionales de la contabilidad a nivel internacional, con miembros en 181 países. Entre los diversos documentos de trabajo que elabora ACCA, trimestralmente se presenta una encuesta sobre la situación económica global, elaborada por más de 1.500 profesionales de la contabilidad. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España ha firmado un convenio de colaboración con ACCA, fruto del cual el Instituto traduce al castellano la encuesta económica global elaborada por ACCA.
En el siguiente enlace encontrará el acceso a la última encuesta publicada por ACCA, relativa al cuarto trimestre de 2016 traducida al castellano:
Enllaç a l’enquesta econòmica global de ACCA.

References: artículo 9
 Real Decreto 
 Real decreto 
 real decreto 
 artículo 89
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 5
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 89
 Real Decreto 

Artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 128
 Real Decreto 

Artículo 10