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Timestamp: 2018-04-22 03:39:56+00:00

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Elvira Robles Medina
1 REFLEXIONES SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS ABOGADOS ESPAÑOLES ANTE EL RETO DE LA ORALIDAD EN EL JUICIO CIVIL. MARÍA MARCOS GONZÁLEZ Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de Alcalá (España) I. INTRODUCCIÓN. La Ley española 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero 1, apuesta por la efectividad de la tutela judicial civil con el claro propósito, entre otros, de acercar la Justicia a los ciudadanos 2. No se trata de un mero maquillaje externo que mejore la imagen de la Justicia, sino de afrontar reformas estructurales del proceso civil que les permitan a nuestros jueces acceder a un mayor conocimiento y a un mejor seguimiento de cada caso 3. Desde esta perspectiva, el legislador ha optado por articular los procesos civiles ordinarios bajo los principios de publicidad, inmediación y oralidad 4 al entender que bajo estos principios los jueces están en condiciones, por un lado, de conocer mejor qué es lo verdaderamente controvertido y, por otro, de practicar y valorar más adecuadamente las pruebas presentadas por las partes 5. Nos parece importante dejar constancia de la finalidad que se persigue con los señalados principios, -y de forma especial con la oralidad, tema en el que nos centraremos en esta Comunicación-, puesto que la opción legislativa a favor de los mismos no es consecuencia de la mera adscripción a una moda procesal de 1 BOE núm. 7, de 8 de enero (RCL 2000, 34). 2 ( ) Así la realidad del proceso disolverá la imagen de una Justicia lejana, aparentemente situada al final de trámites excesivos y dilatados, en los que resulta difícil percibir el interés y el esfuerzo de los Juzgados y Tribunales y de quienes lo integran (Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, I, párrafo 4º). 4º. 3 V. Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, I, párrafo 4 La Ley diseña los procesos declarativos de modo que la inmediación, la publicidad y la oralidad hayan de ser efectivas. En los juicios verbales, por la trascendencia de la vista; en el ordinario, porque tras demanda y contestación, los hitos procedimentales más sobresalientes son la audiencia previa al juicio y el juicio mismo, ambos con la inexcusable presencia del juzgador (Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, XII, párrafo 8). 5 V. Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, I, párrafo 4º. Dicha Exposición también afirma que la presente ley no exagera la importancia de la inmediación en el proceso civil ni aspira a una utopía, porque, además de la relevancia de la inmediación para el certero enjuiciamiento de toda clase de asuntos, la ordenación de los nuevos procesos civiles en esta Ley impone concentración de la práctica de la prueba y proximidad de dicha práctica al momento de dictar sentencia (Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, IX, párrafo 19º). 1
2 los últimos tiempos 6, sino que responde a una profunda convicción sobre los beneficios que la oralidad, en concreto, aporta a la Administración de Justicia para que la misma cumpla su papel de tutelar los derechos privados de los justiciables de forma más eficiente y efectiva 7. Por tanto, la señalada ley procesal no defiende la oralidad por la oralidad, sino que relaciona dicha oralidad con la consecución de unos objetivos de eficiencia y efectividad de la tutela judicial civil que se alcanzan con la presencia del juez en las actuaciones judiciales 8 y con la emisión de la resolución sin dilaciones indebidas en el tiempo. De este modo, la apuesta por la oralidad en la configuración del nuevo sistema procesal español, aparece directamente vinculada con los principios de inmediación y publicidad, puesto que, como es bien sabido y ha sido suficientemente defendido, la consecución de la inmediación en la actuación del juez y de la publicidad de las resoluciones judiciales precisan de la oralidad como forma del proceso 9. Siendo esta triple interdependencia entre los principios señalados de gran interés científico, -y en particular desde una perspectiva constitucional procesal-, no es en este aspecto en el que nos vamos a centrar a lo largo de estas páginas por considerar que este tema ya ha sido objeto de atención preferente por la doctrina. II. OBJETO DE LA COMUNICACIÓN. Nuestro objetivo es más limitado y pretende solamente aportar algunas reflexiones sobre la oralidad en sí misma considerada y la implicación que su incorporación al proceso civil tiene sobre los nuevos hábitos que deben adquirir los futuros abogados que intervengan en los procesos civiles. 6 Defendida desde hace décadas por numerosos procesalistas de diferentes países, bajo el liderazgo de CHIOVENDA (V. CHIOVENDA, G. Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Madrid, 2000, editorial Reus, pp ). Un interesante estudio Histórico- Comparado de esta cuestión puede verse en FRANCOZ RIGALT, A. La oralidad en el proceso civil, 7 Esta es precisamente la principal finalidad que pretende la nueva Ley procesal. En palabras de la Exposición de Motivos justicia civil significa ( ) una respuesta judicial más pronta, mucho más cercana en el tiempo a las demandas de tutela, y con mayor capacidad de transformación real de las cosas (Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, I, párrafo 2º). 8 Por otro lado, en cuanto a lo procedimental, frente a la dispersión de la práctica de la prueba, se introduce una novedad capital, que es la práctica de toda la prueba en el juicio o vista, disponiéndose que las diligencias que, por razones y motivos justificados, no puedan practicarse en dichos actos públicos, con garantía plena de la presencia judicial, habrán de llevarse a cabo con anterioridad a ellos (Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, XI, párrafo 4º). 9 Dejamos de lado la cita bibliográfica sobre esta cuestión, porque será abundante en otros trabajos presentados a este Congreso, y remitimos a una fuente de carácter fenomenológico, de la realidad mejicana actual, donde se puede percibir con claridad cómo la lucha por la publicidad y la inmediación del juez reclaman la oralidad (V. 2
3 Al respecto, consideramos que la opción del legislador en favor de la oralidad no significa, de ningún modo, un desprecio hacia la forma escrita -de la que no es posible desentenderse absolutamente en casi ningún proceso- sino que, por el contrario, esta opción pone de manifiesto que hay determinados objetivos que se alcanzan de modo más satisfactorio a través de la forma oral, mientras que otros reclaman la forma escrita. Cuales sean estos objetivos los precisaremos a continuación. Por el momento, nos interesa insistir en que la señalada dualidad de formas oral y escrita- exige que el uso de cada una de ellas respete las reglas y técnicas propias de la misma sin que, a nuestro juicio, se pueda considerar, por tanto, que es forma oral la mera lectura en alta voz de escritos procesales previamente presentados en el juzgado por la parte. No puede ser de otro modo puesto que la eficiencia procesal está reñida con la inútil repetición de actuaciones procesales y tal sería el caso si los Letrados duplicaran la reproducción de los mismos escritos procesales al presentarlos de forma escrita, primero, y de forma oral, después. III. MANEJO DE LAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL. Planteada así la cuestión de la oralidad en el proceso civil -como un método alternativo y complementario de la escritura-, nos parece decisivo el conocimiento, y aplicación, por parte de los intervinientes activos en el proceso civil, y en particular de los abogados, de las técnicas de actuación oral puesto que, de no ser así, las reformas introducidas por el legislador en esta materia no alcanzarían todos los objetivos que con las mismas se han pretendido. Como ya hemos señalado, la oralidad se ha instaurado en el proceso civil con la intención de que contribuya a que los Tribunales puedan determinar con más precisión cual es el objeto del proceso y puedan esclarecer los hechos de forma más eficiente en la fase probatoria. Entendemos que esto es así porque la oralidad potencia la contradicción entre las partes a través del debate oral, sobre los hechos y los fundamentos jurídicos, que se llevará a cabo en las audiencias convocadas al efecto; este debate entre los abogados de las partes procesales (en la mayoría de los supuestos), si es realmente tal, necesariamente contribuirá a poner de manifiesto los aspectos en los que difiere la argumentación jurídica de ambas partes procesales así como a un mayor esclarecimiento de los hechos jurídicos acontecidos que se discuten en el proceso. En consecuencia, a nuestro juicio, si la práctica forense española, bajo el nuevo marco normativo, se caracterizara por la mera realización de actuaciones orales pero sin que las mismas se desarrollaran conforme a las técnicas adecuadas a cualquier buen orador podríamos afirmar que dicha oralidad no estaría cumpliendo de forma plena con la finalidad para la que fue introducida por el legislador puesto que se estaría prescindiendo de algunas de las ventajas que la oralidad podría aportar al proceso civil sobre la forma escrita. Esta conclusión, -que podría compartirse sin dificultades especiales desde un planteamiento abstracto de las actuaciones procesales civiles-, adquiere aún mayor fuerza cuando se consideran actuaciones procesales concretas para las que el legislador procesal de 2000 ha derogado el régimen de escritura en el que estas 3
4 actuaciones se encontraban inmersas según la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil (de 1881) y, en su lugar, ha impuesto que se desarrollen según la forma oral. Es el caso, por ejemplo, (1) de la definitiva derogación de la formulación por escrito de preguntas rígidas y formalistas, -característica de la arcaica prueba de confesión en juicio y del interrogatorio de testigos a través del pliego de posiciones-, sustituida en la nueva ley por la implantación de un sistema de interrogatorio libre, desarrollado de forma oral, a través del que se busca la máxima espontaneidad y flexibilidad en la realización de preguntas, con el fin de evitar la inutilidad de una declaración preparada 10. Ante esta nueva regulación de los citados medios de prueba, no parece discutible que los abogados que desempeñen su profesión en el ámbito civil deben formarse, al menos, en técnicas de interrogatorio oral - que difieren en gran medida de las técnicas de interrogatorio escrito- cuyo correcto uso es precisamente lo que permitirá que la prueba de interrogatorio pueda convertirse en un instrumento jurídico caracterizado por la espontaneidad y la flexibilidad, tal y como la concibe la nueva ley procesal. Con claridad manifiesta la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 11 esta nueva concepción del modo como deben desarrollarse los referidos medios de prueba al afirmar, por un lado, que la confesión, es en exceso tributario de sus orígenes históricos, en gran medida superados y, por añadidura, mezclada con el juramento, es sustituida por una declaración de las partes, que se aleja extraordinariamente de la rigidez de la absolución de posiciones. Esta declaración ha de versar sobre las preguntas formuladas en un interrogatorio libre, lo que garantiza la espontaneidad de las respuestas, la flexibilización en la realización de preguntas y, en definitiva, la integridad de una declaración no preparada ( ) y, por otro, en cuanto al interrogatorio de testigos, consideraciones semejantes a las reseñadas respecto de la declaración de las partes, han aconsejado que la ley opte por establecer que el interrogatorio sea libre desde el principio. En esta sede se regula también el interrogatorio sobre hechos consignados en informes previamente aportados por las partes y se prevé la declaración de personas jurídicas, públicas y privadas, de modo que junto a especialidades que la experiencia aconseja, quede garantizada la contradicción y la inmediación en la práctica de la prueba. También es el caso, por otro lado, (2) de la sustitución del anterior trámite del escrito de conclusiones, propio de la legislación procesal derogada 12, por una formulación actual de conclusiones orales 13, a menos que las partes prefieran 10 Al respecto, V. ABEL LLUCH, X. El interrogatorio de partes, (enero 2007), 47 páginas, 11 Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, XI, párrafo 7º y 19º respectivamente. 12 Art. 669 LEC 1881 para el juicio de mayor cuantía y art. 701 para el juicio de menor cuantía. 13 Sobre esta novedad legislativa, V. SOLANO MARTIN, M. Incidencia de la oralidad en la formulación de las conclusiones; de la instructa a las conclusiones 4
5 informar por escrito o el tribunal lo estime oportuno 14, en la que las partes intervinientes ilustran al juez, de forma ordenada, clara y precisa, por un lado, sobre los hechos controvertidos y, por otro, sobre los argumentos jurídicos en los que fundamentan sus pretensiones 15 (artículo 433 LEC). La exigencia de oralidad de este trámite de conclusiones reclama también, a nuestro juicio, el uso de técnicas de expresión oral que son precisamente las que les permitirán a las partes, a través del debate, evidenciar ante el Juez las diferencias de posturas jurídicas y rebatir los argumentos de la parte contraria. IV. LA ORATORIA JURÍDICA EN LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS ABOGADOS. Planteada, siquiera de forma introductoria, la necesidad de instaurar en el proceso civil español actuaciones procesales auténticamente orales, en cumplimiento de la voluntad del legislador, dedicaremos las siguientes páginas a examinar si la formación jurídica que se ofrece a los futuros abogados españoles cubre, de algún modo, estos aspectos de Oratoria y Retórica Forense 16 o si, por el contrario, los títulos oficiales que les habilitan para ejercer la profesión de abogado no justifican de ningún modo que el alumno haya adquirido este tipo de conocimientos instrumentales, en cuyo caso estaríamos ante cierta falta de preparación de nuestros abogados para actuar de forma eficiente en los juicios civiles orales 17. orales, Aspectos prácticos de la prueba civil (enero 2005), 22 páginas, 14 Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, XII, párrafo 11º. También se realiza por escrito el trámite de conclusiones cuando se hallan realizado diligencias finales (art. 436 Ley de Enjuiciamiento Civil 2000). 15 Artículo 433 Ley de Enjuiciamiento Civil Trascribimos, a continuación, algunas definiciones de qué sea Retórica seleccionadas por un estudioso de la Retórica Forense: partamos de un definición de Retórica, y la que considero más ajustada es la que propone el profesor francés OLIVER REBOUL en su Introduction à la rethorique : la retórica, dice, es el arte de la persuasión por el discurso. Por supuesto, es una definición extraída de los clásicos. ARISTÓTELES consideraba la Retórica como la facultad de tener en cuenta lo que es adecuado en cada caso para convencer. Según CICERÓN, el primer deber del orador es hablar apropiadamente para persuadir. Y para TÁCITO, es orador el que puede hablar bella y elegantemente sobre cualquier cuestión, de forma apropiada para convencer, acorde con la dignidad del tema y con las circunstancias, y sabiendo agradar a sus oyentes (GUERRA GONZÁLEZ, R. Retórica Forense. Los juristas hablamosescribimos bien?, Comunicación hecha el 1 de febrero de 1999 en el Foro Académico organizado por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, p.15, 17 (Para el abogado) ser experimentado en las vistas es esencial, al no tener el abogado demasiado tiempo para reaccionar debidamente a las alegaciones de la parte contraria ( ). Incluso cuando se trata de abogados experimentados, si con carácter previo a la celebración de la vista no ha existido una completa fase de alegaciones, la 5
6 Esta falta de preparación, si se diera, puede pasar una factura elevada a los profesionales españoles puesto que, como consecuencia de aquella falta, los clientes podrían verse inclinados a prescindir de los servicios de los letrados españoles y, en su caso, solicitar asistencia letrada a abogados de otros países europeos, ejercientes en España 18, que acrediten cierto dominio de estas técnicas de expresión oral o bien a profesionales de formación anglosajona -cada vez más presentes en nuestro país como consecuencia de la globalización-, quienes, por lo general, suelen tener conocimientos avanzados de dichas técnicas 19. Procederemos a examinar esta cuestión desde un doble enfoque temporal: en primer lugar, desde la situación actual de los vigentes planes de estudio de la Licenciatura en Derecho y de los planes de estudio de las Escuelas de Práctica Jurídica españolas. Al examen de esta situación actual le dedicaremos escasas líneas ya que está llamada a desaparecer ante la entrada en vigor de profundas reformas que afectan a los dos planes de estudios mencionados, sobre las que nos detendremos. Y, en segundo lugar, centraremos nuestra atención en el estado de esta cuestión, en un futuro inminente -que tendrá lugar en un plazo máximo de tres años, fecha en la que entrará en vigor la nueva Ley española 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales- en el que el panorama de la formación de los abogados diferirá en gran medida de la situación actual. En cuanto a la primera etapa temporal, la actual, podemos afirmar -si bien con carácter general y, por tanto, sin hacer mención a algunas honrosas excepciones- que ni en los estudios de la Licenciatura en Derecho de las Universidades españolas ni en los cursos de Práctica Jurídica impartidos por los vista puede convertirse en una auténtica trampa (NIEVA FENOLL, J. Los problemas de la oralidad, Justicia 2007, p.111). 18 Al respecto, V. Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro estado miembro de la Unión Europea. (BOE núm. 186, sábado 4 de agosto 2001, pp y ss.). A través de este Real Decreto se hace efectivo en España lo previsto en la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero (DO L 77 de , p.36) en la que se regula, de forma específica para los abogados, un nuevo sistema de libre establecimiento de profesionales en el ámbito de la Unión Europea, que persigue suprimir obstáculos a la libre circulación de personas y servicios. La información sobre la situación actual de las profesiones jurídicas en la Unión Europea puede encontrarse en 19 Los sistemas anglosajones disponen de técnicas muy elaboradas de interrogatorio de testigos, que varían en función de si el testigo es de la parte que conduce el interrogatorio ( examination-in-chief ) o de la parte contraria ( crossexamination ). Las habilidades de la oratoria forense se estudian y ejercitan a lo largo de la carrera profesional. Hay instituciones, como la Nacional Institute of Trial Advocacy, que se dedican a mejorar estas técnicas. Los moots siguen utilizándose fuera de la etapa universitaria para practicar los argumentos ante otros colegas o incluso ante un jurado falso antes de la audiencia real (CAIRNS, D.J.A. [Socio de Bernardo Cremades y Asociados], Oratoria forense anglosajona y española, Expansión, martes 24 de junio de 2008, p.49). 6
7 Colegios de Abogados se concede ninguna importancia a estas materias 20. Por otro lado, también es escasa tanto la participación de Universidades españolas en competiciones internacionales de debate jurídico ( moots ) 21, como la organización, a nivel nacional, de eventos entre Facultades de Derecho en los que se promocione el debate jurídico y la oratoria 22. En cuanto a la posible modificación de esta situación en un futuro inmediato, como consecuencia de las profundas reformas a las que en la actualidad están siendo sometidos los estudios universitarios de Derecho y los programas de las Escuelas de Práctica Jurídica, en nuestro país, nos detendremos a continuación con el fin de exponer, siquiera de forma resumida, el sentido y contenido de las reformas señaladas y de examinar si la nueva formación prevista satisface adecuadamente los aspectos que son objeto de nuestra atención en estas páginas. Ciertamente, como ya hemos advertido, en España nos encontramos inmersos en una profunda reforma de la profesión de abogado por un doble motivo: en primer lugar, los estudios de Derecho están siendo objeto de una completa transformación que derogará la actual Licenciatura en Derecho para sustituirla por el Grado en Derecho y, en segundo lugar, el acceso a la profesión de abogado no podrá realizarse con la sola colegiación del estudiante que finalice sus estudios universitarios en Derecho, como venía siendo hasta ahora, sino que requerirá de la aprobación de un curso impartido en una escuela de Práctica Jurídica que irá seguido de un examen oficial. Y en coherencia con el planteamiento que venimos haciendo, y sobre el marco de esta revisión completa de la formación jurídica que adquirirá un abogado en España, conviene que nos preguntemos si los diseñadores de la planificación académica tanto del Grado en Derecho como del Master en Práctica Jurídica- han otorgado la debida importancia a las cuestiones relativas a la expresión oral. 1. La Oratoria Jurídica en el Grado en Derecho. Tal y como acabamos de exponer, el actual título de Licenciado en Derecho (plan de 1953 en muchos casos) expedido por las Universidades 20 Qué cualidades retóricas adornan a los juristas actuales? ( ) he llegado a la conclusión de que, respecto a la retórica, la única preocupación de los abogados es ganar el pleito y si el éxito les acompaña, consideran magnífica su oratoria. En cuanto a los fiscales, como tantas otras cosas, las cualidades oratorias se les suponen. Y respecto a los jueces, el poder no necesita persuadir (GUERRA GONZÁLEZ, R. Retórica Forense, cit, p.15). 21 A pesar de esta escasa presencia, la Universidad Carlos III de Madrid ha sido la vencedora de la XV edición del Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, (octubre-marzo 2008) V. 22 Merece la pena resaltar la reciente creación de un evento de estas características, desde prestigiosas empresas y despachos profesionales, abierto a todos los universitarios y no solo a estudiantes de Derecho (puede verse en el siguiente sitio web: 7
8 españolas está en proceso de extinción 23. En su lugar, las Universidades españolas que deseen ofertar estudios de Derecho deberán diseñar, antes del próximo año 2010, el nuevo Grado en Derecho cuya particularidad más sobresaliente quizá, a los efectos de estas páginas, es que las Universidades carecen de unas directrices oficiales sobre el contenido propio del título referido, por lo que cada Universidad goza de autonomía para diseñarlo. No es el momento de entrar en un análisis detallado del proceso de adaptación de la Universidad española al sistema europeo, motivo de la actual reforma en la que estamos involucrados. Al respecto, basta con señalar, a nuestro juicio, que el Ministerio de Educación y Ciencia se ha limitado a promulgar un Real Decreto (1393/2007) 24 que contiene los aspectos básicos a los que debe atenerse toda configuración de un título de Grado ofertado por una Universidad española, con independencia de cual sea la carrera ofertada; por tanto, las Universidades españolas que diseñen título de Grado en Derecho deberán respetar los elementos estructurales característicos de todos los Grados y contenidos en dicho Real Decreto. Una síntesis de uno de estos elementos estructurales la encontramos en las siguientes palabras de la Exposición de Motivos del Real Decreto 1393/2007 los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias así como en los procedimientos para evaluar su adquisición. Esta idea clave del nuevo sistema universitario se completa con el Anexo 1, nº 3, apartado 3.2 del referido Real Decreto que establece con carácter general que, como mínimo, se garantizarán las siguientes competencias básicas, en el caso del Grado; 1. Poseer y comprender conocimientos en un área de estudios. 2. Aplicar los conocimientos. 3. Elaboración y defensa de argumentos. 4. Resolución de problemas. 5. Reunir e interpretar datos relevantes. 6. Transmitir ideas, problemas y soluciones. 7. Desarrollar habilidades de aprendizaje. Queda claro, por tanto, que el Grado en Derecho, al igual que los demás Grados, debe contener no solo las materias jurídicas pertinentes sino también un elenco de competencias y habilidades a adquirir por los alumnos. Ante la ya señalada omisión por parte del Ministerio competente en la elaboración de directrices propias del título de Grado en Derecho, en el que se indicara al menos la estructura básica del título, la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades españolas ha elaborado una propuesta 23 Sobre este proceso de reforma que afecta a todas las titulaciones universitarias se puede encontrar abundante información en el sitio web del Ministerio de Ciencia e Innovación, V. 24 V. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, 30 octubre 2007, pp y ss.). 8
9 de directrices generales propias del título de Grado en Derecho 25 que ha sido ratificada sucesivamente en sus reuniones anuales desde el año Y en consonancia con esta nueva metodología docente instaurada por el Real Decreto, la propuesta de la Conferencia de Decanos sobre el Grado en Derecho, no contiene solamente la relación de materias que deberán ser superadas por los alumnos, para obtener un título oficial de Grado, sino que también condiciona dicha obtención a la adquisición por parte de cada alumno de ciertas habilidades y competencias. Y es precisamente en este punto donde adquiere especial relevancia la materia objeto de nuestro estudio puesto que la misma ha sido configurada, en la propuesta de la Conferencia de Decanos, como una de las competencias y habilidades propias del Grado en Derecho que todos los alumnos deberán adquirir en sus respectivas Facultades y cuyo dominio deberá ser acreditado, junto con las demás competencias y habilidades, como condición previa y obligatoria a la obtención del título de Graduado en Derecho por una determinada Universidad. En efecto, dispone la señalada propuesta que el Grado en Derecho debe permitir obtener no sólo conocimientos sino también competencias y habilidades. Se entiende que, como mínimo, deben recogerse en un Grado en Derecho las siguientes: ( ) discusión colectiva del conocimiento, oratoria y técnicas de argumentación ( ) Y además defiende que el programa formativo pretende que los estudiantes que culminen el Grado puedan desarrollar su capacidad de organización, análisis y síntesis transmitiendo en lenguaje verbal y escrito las conclusiones que alcance. 2. La Oratoria Jurídica en las Escuelas de Práctica Jurídica. De mayor trascendencia que la reforma de los estudios del Grado en Derecho para la cuestión que estamos analizando, es la reforma española del acceso a la profesión de Abogado y de Procurador, en la que brevemente nos detendremos en este epígrafe. A través de esta reforma, llevada a cabo en la citada ley 34/2006, de 30 de octubre y que entrará en vigor en octubre de , se ha dado oportuna satisfacción a una pretensión reclamada desde hace años por los representantes de estas profesiones 28 que consiste en la necesidad de que quienes actúen ante los 25 Por tratarse de un órgano de mera autoridad no tiene carácter vinculante pero probablemente será respetada, en líneas generales, en las propuestas que elaboren los órganos soberanos de cada Facultad de Derecho de España. 26 Se puede encontrar información sobre estas reuniones en el siguiente enlace: 27 Disposición Final Tercera. 28 Todos los Congresos de la Abogacía española, de manera significativa el de León de 1970, el de Palma de Mallorca de 1989, el de La Coruña de 1995, el de Sevilla de 1999 y el de Salamanca de 2003 ( ), expresando el sentir unánime de la abogacía española, han reivindicado la garantía de una formación inicial igual para todos los profesionales de la abogacía. En particular, en el VI Congreso de la Abogacía Española se destacó la importancia fundamental de la formación profesional práctica y la necesaria homogeneidad en la evaluación de tal capacitación para equipararse a los profesionales de 9
10 tribunales de justicia y desempeñen actividades de asistencia jurídica acrediten adecuadamente su capacitación profesional para lo que no bastará la obtención de una titulación universitaria. De este modo se pone fin a la anómala situación en la que se encontraba la abogacía española caracterizada por que cualquier licenciado en Derecho que se diera de alta en un colegio profesional podía ejercer la profesión de abogado. De este modo, España se constituía como el único país de la Unión Europea en el que los abogados no necesitaban superar ningún filtro posterior a la licenciatura para ejercer como tales. Frente a esta situación, la nueva ley dispone que la persona que posea el título de Derecho no podrá ejercer como Abogado si previamente no ha realizado un curso de formación para letrados en el que también se incluirá un período de prácticas. Estos cursos se podrán impartir en Universidades públicas o privadas y por Escuelas de Práctica Jurídica (artículo 3). Superado el curso, el estudiante que aspire a obtener el título profesional deberá pasar un examen estatal de contenido común para toda España en el que se evaluará la formación práctica adquirida así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales (artículo 7). Muchas cuestiones de indudable interés plantea esta nueva ley, pero razones de espacio nos obligan a limitarnos a buscar respuesta a la pregunta que nos formulamos con anterioridad sobre el grado de interés que las cuestiones relativas a la formación de los abogados en la Oratoria Forense ha suscitado en esta reforma. Al respecto debemos afirmar con cierta satisfacción que el Reglamento 29 que desarrolla el contenido de las enseñanzas formativas que se deben impartir en las Escuelas de Práctica Jurídica refiere expresamente la relativa a argumentar, con corrección jurídica, tanto oralmente como por escrito (artículo 18, 1, g). Por lo expuesto, podemos concluir que tanto en el futuro Grado en Derecho como en las nuevas Escuelas de Práctica Jurídica las autoridades académicas deberán velar porque los alumnos adquieran competencias de expresión oral; el mayor éxito de este empeño dependerá de varios factores, entre los que destacan especialmente, la relevancia efectiva que se le conceda en el plan de estudios de cada institución, la profesionalidad de los profesores que se encarguen de la impartición de estas materias que deben ser auténticos expertos en las mismas- así como el interés de los alumnos en su adquisición. En cualquier caso el nuevo sistema está diseñado para potenciar este tipo de competencias en los abogados, por tanto los resultados que se obtengan en el futuro deberían ser satisfactorios. la Unión Europea, instando la regulación de la materia por parte de los poderes públicos (Exposición de Motivos de la Ley 34/2006, II, párrafo 1º). 29 Reglamento para la homologación de las escuelas de Práctica Jurídica y las prácticas de iniciación a la abogacía (aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de y modificado por el Pleno de 17 de febrero de 2006) Incluye las modificaciones acordadas por la Comisión Mixta, Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española- Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados de fechas 19 de octubre, 18 de diciembre de 2006 y 18 de enero de 2007) (v. en 10

References: resolución 
 Artículo 433
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Resolución 
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