Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15766
Timestamp: 2020-06-02 21:44:57+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2018-15766
Documento BOE-A-2018-15766
«BOE» núm. 279, de 19 de noviembre de 2018, páginas 112222 a 112234 (13 págs.)
«Vistos los Libros del Registro a mi cargo, resuelvo suspender la inscripción de los títulos relacionados, de conformidad con los siguientes
Estar las fincas inscritas a favor de la mercantil, Marítima Cabo Torres, Sociedad Limitada, con C.I.F.: (…), en pleno dominio, y no de la entidad, Proyectos y Obras Arcasan, Sociedad Limitada.
La licencia está anulada por la sentencia del tribunal supremo de 4 de enero de 2011.
No describirse la parcela objeto de cesión, con arreglo a lo dispuesto en los artículo 9 de la Ley Hipotecaria y 53 [sic] de su Reglamento.
Existir discrepancias entre algunas de las superficies que constan en la fincas que se pretenden inscribir y la superficie que consta en las certificaciones catastrales, lo que hace que por ejemplo la parcela de cesión a viales mida 146 metros, y no los 138 metros de la licencia, y por tanto la finca resto no puede medir lo que consta en el título y en la certificación catastral, pues se estaría invadiendo las fincas colindantes y el vial público.
Llanes, 6 de julio 2018.–El Registrador: (firma ilegible) Fdo.: Enrique Aznar Rivero.»
Segundo. Sobre la titularidad de la finca y el tracto sucesivo abreviado.
Tal como se expone en la nota de calificación las fincas figuran inscritas en el Registro a favor de la mercantil Marítima Cabo Torres, S.L. y, pese a que en la Escritura de Segregación, Parcelación y Agrupación presentada ante el Registro se hace constar fehacientemente por el Sr. Notario que Proyectos y Obras Arcasan, S.L. "mediante escritura autorizada por el que fue Notario de Oviedo Don José María Moutas Cimadevilla el día 25 de Mayo de 2009, bajo el número 1.051 de orden de su Protocolo, absorbió a la Sociedad ‘Marítima Cabo Torres, S.L.’, con la consecuente extinción por disolución sin liquidación de la Sociedad absorbida, íntegramente participada por la Sociedad absorbente, con transmisión en bloque y a título universal del patrimonio de la absorbida al de la absorbente...", haciendo constar igualmente que dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Asturias y que todo lo anterior "resulta de copia autorizada de dicha escritura, que he tenido a la vista, y en la que asevero yo, el Notario, que en lo omitido por innecesario, no existe nada que altere, modifique, condicione, limite o contradiga en modo alguno lo expresado", sin embargo el Sr. Registrador considera que es necesario inscribir como operación previa dicha escritura de absorción.
Tercero. Vigencia de la licencia y falta de incidencia de la anulación del PGOU sobre las licencias anteriores a dicha anulación.
Esgrime el Sr. Registrador en su nota de calificación como segundo defecto que "la licencia está anulada por la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 2011".
Cuarto. Descripción de la parcela objeto de cesión.
Efectivamente, en la Licencia que sirve de fundamento a los Títulos presentados a inscripción ante el Registro de Llanes se impone una cesión obligatoria de terreno, cuya representación gráfico descriptiva consta mediante certificación catastral incorporada a la Escritura complementaria de fecha 1 de Junio de 2018, con lo que entendemos que estaría suficientemente descrita en dicha Escritura complementaria, y la calificación del Sr. Registrador, dicho sea con el máximo respeto, sería errónea.
Quinto. Sobre las discrepancias entre título y certificaciones catastrales.
Finalmente, constituye el cuarto de los defectos recogidos en la nota de calificación la existencia de ''discrepancias entre algunas de las superficies que constan en las fincas que se pretenden inscribir y la superficie que consta en las certificaciones catastrales, lo que hace que por ejemplo la parcela de cesión a viales mida 146 metros y no los 138 de la licencia, y por tanto la finca resto no puede medir lo que consta en el título y en la certificación catastral, pues se estaría invadiendo las fincas colindantes y el vial público''.
Consecuentemente con lo anterior, entiende esta parte que el Registrador contraviene lo dispuesto en el art. 9 de la LH, sin que pueda formularse duda objetiva alguna sobre la identidad de las fincas que están perfectamente descritas, y georreferenciadas en las certificaciones catastrales incorporadas a la Escritura modificativa presentada ante el Registro y que es la misma georreferenciación que sirvió de base al informe técnico en el que se sustenta la licencia municipal para la segregación, que por cuestiones técnicas desconocidas para esta parte ha dado ínfimas diferencias de medición, en cualquier caso muy lejanas al diez por ciento de la cabida de las fincas por lo que debe entenderse que, conforme al referido artículo 9 de la LH, "existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca", máxime cuando además la única diferencia de cabida que recoge el Sr. Registrador en su calificación es la referida a la porción de terreno que se cede al Ayuntamiento, y como ya hemos adelantado más arriba dicha porción no es objeto de la solicitud de inscripción presentada por mi mandante.»
«1. En relación única y exclusivamente al segundo defecto alegado en la nota de calificación y relativo a que «la licencia esta anulada por la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 2011» solo considero preciso alegar que lo que ha anulado la Sentencia del Tribunal Supremo es el Plan Urbanístico para su concesión y, si bien es cierto, que tal nulidad comporta la de los instrumentos normativos creados a su amparo (sentencia del Tribunal Supremo 15-10-2013) también es cierto, respecto de los actos administrativos dictados según lo acogido a un instrumento de Planeamiento, que solo la propia sentencia o la administración actuante es la que debe decidir el concreto alcance la nulidad declarada según doctrina sentada por la Resolución de la DGRN de fecha veintinueve de Abril de 2018 que señala literalmente "... En consecuencia, según todo lo expuesto, no puede sostenerse que la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que se anula el acuerdo de aprobación del Estudio de Detalle que da origen al Proyecto de Normalización determine ‘per se’ la nulidad de todas los actos llevados a cabo con posterioridad sobre la finca matriz en su ejecución, y con ello la creación de la finca objeto de venta, siendo por ello necesario primero que se determine por los tribunales, y luego se ejecute por la administración, el concreto alcance de la nulidad declarada..." siempre teniendo en cuenta que, como dice la citada resolución "... Igualmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado de forma reiterada que ‘aunque en puridad de doctrina la declaración de nulidad de una disposición general, por ser de pleno derecho conforme a lo dispuesto en los artículos 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 28 y anteriores de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, produzca efectos 'ex tunc' y no 'ex nunc', es decir, que los mismos no se producen a partir de la declaración, sino que se retrotraen al momento mismo en que se dictó la disposición declarada nula, esta eficacia, por razones de seguridad jurídica y en garantía de las relaciones establecidas, se encuentra atemperada por el artículo 73 de la LJCA, en el que con indudable aplicabilidad tanto a los supuestos de recursos administrativos como en los casos de recurso jurisdiccional, se dispone la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la disposición general declarada nula, equiparando la anulación a la derogación, en que los efectos son 'ex nunc' y no 'ex tunc', si bien sólo respecto de los actos firmes, permaneciendo en cuanto a los no firmes la posibilidad de impugnarlos en función del ordenamiento jurídico aplicable una vez declarada nula la disposición general..." entendiendo, por tanto, que la declaración de nulidad de un instrumento de ordenación urbanística no afecta a actos administrativos firmes como es el caso pero, en todo caso, compitiendo a los organismos jurisdiccionales o administración actuante la facultad de disponer la nulidad o, en su caso, la revisión de los mismos.
2. Considerando en atención a la citada Resolución y artículo 73 de la LJCA procede la admisión del recurso y la inscripción de la escritura calificada».
1. Constituye el objeto de este recurso decidir si procede inscribir una escritura de segregación y agrupación de fincas. El Registrador opone los siguientes defectos:
2. En relación al primer defecto, alega el recurrente que dicha calificación contraviene el principio de tracto sucesivo abreviado, y que debería aplicarse la doctrina contenida en la Resolución de 28 de septiembre de 2001 en la que se admitió que «acompañándose a la escritura de cancelación testimonio de los particulares del cambio de denominación y de la escritura de escisión, inscritas en el Registro Mercantil, ningún inconveniente hay en que, por el mecanismo del tracto abreviado, se haga constar la cancelación, previa la inscripción de la transmisión de la hipoteca causada por dicha escisión».
3. Procede analizar el segundo defecto, en el que el registrador considera que, dado que el plan urbanístico que sirvió de base para la concesión de licencia (ésta de fecha 2008) fue anulado por Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 2011, es necesario que el Ayuntamiento certifique que dicha licencia se ajusta a la actual normativa urbanística de Llanes.
4. Por otro lado, y en relación con la ejecución de sentencias firmes dictadas por los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ha de recordarse lo que ya expresó este Centro Directivo en su Resolución de 21 de abril de 2015. El artículo 103.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dispone que «la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia».
5. Además, desde el punto de vista de procedimiento registral la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 2011 no puede ser tenida en cuenta a los efectos impedir la inscripción pretendida. Y ello porque es principio fundamental el de especialidad, principio que en el ámbito urbanístico tiene su manifestación, entre otros, en el artículo 65.1.g) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, según el cual «serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: (…) g) Los actos administrativos y las sentencias, en ambos casos firmes, en que se declare la anulación a que se refiere la letra anterior, cuando se concreten en fincas determinadas y haya participado su titular en el procedimiento». Según doctrina reiterada de esta Dirección General debe exigirse la identificación suficiente de los asientos a los que se refieren los mandamientos judiciales cancelatorios, de acuerdo con el principio de especialidad registral, no siendo suficientes a estos efectos expresiones genéricas o indeterminadas que además de no cumplir los requisitos de claridad y determinación de acuerdo con las exigencias legales y reglamentarias, no permiten conocer exactamente el ámbito, extensión y alcance de la cancelación ordenada (cfr. Resoluciones de 30 de septiembre de 2005, 19 de febrero de 2007, 10 de septiembre de 2009, 15 de junio de 2010 y 21 de julio de 2011, entre otras).
6. Por lo que se refiere al tercero de los defectos señalados por el registrador en su nota de calificación, referido a la falta de descripción de la porción de finca que será objeto de cesión, el artículo 9 de la Ley Hipotecaria contempla como una de las circunstancias esenciales de la inscripción de la descripción de la finca objeto de la misma, con expresión de sus situación, superficie y linderos, lo que es reiterado por el Reglamento Hipotecario en las reglas 2.ª y 3.ª del artículo 51.
7. Por último, debe hacerse referencia a la cuestión de la falta de coincidencia de la descripción resultante de las certificaciones catastrales con la descripción expresada en la licencia.

References: artículo 9
 artículo 9
 Resolución 
 resolución 
 artículo 73
 Resolución 
 artículo 73
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 103
 artículo 65
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 51