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Timestamp: 2017-10-19 23:44:00+00:00

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Sentencia T.S.J. Cataluña 6261/2010, de 30 de septiembre. Nulidad del despido objetivo. Responsabilidad civil por daños del administrador. Levantamiento del velo - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cataluña 6261/2010, de 30 de septiembre
Despido objetivo: Nulidad. Responsabilidad civil por daños del administrador: La exigencia de tal responsabilidad no es materia del orden jurisdiccional social. La exigencia de responsabilidad se ha fundado no en su actuación como administrador, sino en la existencia de fraude de ley en la utilización de la sociedad, por lo que el juzgador ha acudido a la doctrina del "levantamiento del velo". De los hechos probados no pueden extraerse elementos suficientes que justifiquen la extensión de la responsabilidad al socio mayoritario y administrado. Desestimación del recurso.
NIG: 43148 - 44 - 4 - 2009 - 0013817
ILMO. SR. DANIEL MARTÍNEZ FONS
En Barcelona a 30 de septiembre de 2010
SENTENCIA núm. 6261/2010
En el recurso de suplicación interpuesto por Cristobal frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Tarragona de fecha 14 de julio de 2009 dictada en el procedimiento n.º 623/2009 y siendo recurridos PROSER TARRAGONA, S. L., INTEGRAL DE ACEROS, S.L. y Hilario. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DANIEL MARTÍNEZ FONS.
Primero.-Con fecha 13 de mayo de 2009 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 14 de julio de 2009 que contenía el siguiente Fallo:
"Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por D. Hilario, con D.N.I. n.º NUM000, contra INTEGRAL DE ACEROS, S.L., D. Cristobal y PROSER TARRAGONA, S.L., sobre despido, debo declarar y declaro NULO el despido efectuado, y condeno conjunta y solidariamente a la empresa demandada INTEGRAL ACEROS, S.L. y a D. Cristobal, a estar y pasar por dicha declaración, con abono de los salarios de tramitación desde el 23-4- 2009 hasta la notificación de la presente resolución, sin perjuicio de que se deduzcan las cantidades que el trabajador ha percibido por los trabajos realizados por cuenta ajena.
Se absuelve a PROSER TARRAGONA, S.L. de los pedimentos de la parte actora."
Primero.-El actor D. Hilario, inició prestación de servicios para la empresa demandada INTEGRAL ACEROS, S.L., dedicada a la actividad de fabricación, montaje de estructuras metálicas y calderería, el 25-2-2002, ostentado la categoría profesional de Jefe de Equipo y percibiendo un salario mensual con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 2.366,29 euros.
(docum. n.º 1 y 2 de FGS y docum. n.º 2 de la actora)
Segundo.-El pasado día 20-4-2009 la empresa demandada INTEGRAL ACEROS, S.L., comunicó al actor que no había trabajo y que se procedería a despido debido a la situación económica de la empresa.
El día 22-4-2009 se entregó al demandante carta de despido por causas objetivas, en la que se ponía de manifiesto la grave crisis económica que afectaba a la empresa, fijándose la indemnización de 20 días de salario por año de servicio, que no se ponía a su disposición debido a la falta de recursos financieros.
(confesión actor, testifical Sr. Severino)
Tercero.-La empresa demandada INTEGRAL ACEROS, S.L., no abonó a los actores la indemnización por despido objetivo.
Cuarto.-La empresa INTEGRAL ACEROS, S.L., fue constituida el 31-5-1994, teniendo la mayoría de las participaciones sociales el codemandado D. Cristobal, siendo asimismo el Administrador único hasta el 6-11-2008.
En fecha 6-11-2008 el codemandado D. Cristobal junto con el otro socio D. Alejandro, vende todas las participaciones de la empresa, a D. Doroteo, que actúa en nombre y representación de la empresa OSMAN HABITAT, S.L, siendo nombrado Administrador único de la empresa INTEGRAL ACEROS, S.L., D. Doroteo. El precio de la compraventa de las participaciones sociales se estableció en 30.143 euros.
(docum. n.º 1 y 2 de D. Cristobal)
Quinto.-La empresa INTEGRAL ACEROS, S.L., hasta el 6-11-2008 era propietaria de la Finca Urbana Parcela n.º 130-B, porción de terreno edificable sita en Tarragona, Polígono Riu Clar, con una superficie de 3.027 metros cuadrado, en su interior hay una nave industrial que consta de planta baja, compuesta de almacén o taller y una porción a despacho, tratero, aseos, duchas y vestuarios, con una superficie de 1.461 metros cuadrados, y planta primera destinada a oficinas con una superficie construida de 90 metros cuadrados, en total la nave tiene una superficie construida de 1.551 metros, 60 decímetros cuadrados.
Dicho solar fue adquirido por compra al Institut Català del Sol el 29-7-1999. El indicado solar y nave tenía una hipoteca a favor del Banco Sabadell, por un total de 350.300 euros.
(docum. n.º 1 y 2 de D. Cristobal, docum. n.º 13 a 24 de la empresa Proser Tarragona, S.L.)
Sexto.-En fecha 6-11-2008 la empresa INTEGRAL ACEROS, S.L., a través de su Administrador D. Doroteo, venden la reseñada parcela y nave descritas anteriormente, a la empresa PROSER TARRAGONA, S.L., en la cuantía de 700.000 euros, más 112.000 euros de IVA, y otros 102.560 euros, más 16.409 euros de IVA, por la instalación eléctrica, equipos de aire acondicionado, cableado, instalación de salida de humos, instalación perimetral de aire a presión y vigas carril para soportación de puentes grúa.
De la cantidad objeto de compra PROSER TARRAGONA, S.L. retuvo la suma de 350.300 euros, a fin de abonar la hipoteca al Banco de Sabadell, S.L.
(docum. n.º 13 a 28 de Proser Tarragona)
Séptimo.-La empresa PROSER TARRAGONA, S.L., constituida el 31-7-1990, tiene como objeto social la realización de proyectos de arquitectura para edificaciones industriales y colectivas, proyectos de ingeniería, proyección de instalaciones industriales, compra venta de bienes muebles y obra civil, explotando una gasolinera, sita en C/ Riu Montsant, Tarragona.
En fecha 6-11-2008 PROSER TARRAGONA, S.L., cede en arrendamiento a INTEGRAL DE ACEROS, S.L., la nave que acaba de comprar, por un plazo de dos años, que finalizará el día 6-11-2010. El precio del arrendamiento se fija en 300.000 euros mensuales.
(docum. n.º 26 y 27 de Proser Tarragona)
Octavo.-El demandante ha prestado servicios desde el 25-6-2009 al 3-7-2009.
Noveno.-El demandante ostenta la cualidad de Delegado de Personal desde octubre de 2007.
(docum. n.º 1 del actor)
Décimo.-- En fecha 8-5-2009 se intentó la conciliación ante el organismo público competente que tuvo lugar intentado sin efecto, respecto a Integral de Aceros, S.L. y sin avenencia respecto a D. Cristobal y Proser Tarragona, S.L., según papeleta presentada el día 21-4-2009.
Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada Cristobal, que formalizó dentro de plazo, y que las partes contrarias, a las que se dió traslado no lo impugnaron, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
Primero.-Frente a la sentencia de instancia, que estimó la demanda interpuesta por D. Hilario frente a Integral de Aceros, SL, Proser Tarragona, SL y D. Cristobal en reclamación de despido objetivo, el demandado D. Cristobal, ahora recurrente, interpone el presente recurso de suplicación en base a dos motivos.
Con correcto amparo procesal en el artículo 191 b) LPL el recurrente pretende la revisión del sustrato fáctico declarado probado por la sentencia de instancia. La primera de las pretensiones revisorías se refiere al hecho probado cuarto de la sentencia de instancia. El recurrente al amparo de los documentos obrantes en autos y foliados con los n.º 1 y 2 del ramo de la prueba del ahora recurrente, pretende que se modifique el referido hecho probado en el sentido que se suprima que D. Alejandro vendió, junto con el ahora recurrente sus participaciones, en la empresa a D. Doroteo. La revisión propuesta no puede prosperar. Como ha señalado la Sala en numerosas ocasiones, para proceder a la revisión del sustrato fáctico declarado probado por el Magistrado a quo es necesario que la modificación postulada sea trascendente para el signo del fallo, es decir, debe constituir un elemento de hecho que tenga relevancia, más o menos inmediata, para la parte dispositiva de la sentencia. Es contrario a la economía procesal la constancia de datos que ninguna relación guardan con el objeto litigioso o que tan sólo guardan una relación lejana. Pues bien, en el presente caso, aquello que resulta determinante para el sentido del fallo es que D. Cristobal fue tenedor de la mayoría de las participaciones societarias y actuó de administrador único de la sociedad hasta la fecha de venta de las participaciones.
En segundo lugar, pretende el recurrente que se modifique el hecho declarado probado séptimo, modificándose que el importe del arrendamiento de la nave industrial pactado entre PROSER TARRAGONA, SL e INTEGRAL DE ACEROS, SL que en el hecho ahora combatido se fija en 300.000 euros mensuales, siendo el precio de arrendamiento estipulado de 3000 euros mensuales, según se desprende del documento n.º 27 aportado por PROSER TARRAGONA, SL. Asimismo, se solicita que se adicione al hecho probado que la arrendataria en mutuo acuerdo con la arrendadora pactaron la exención del arrendamiento de la nave durante un período de un año. Ambas adiciones son intrascendentes para modificar el sentido del fallo, si bien es cierto que, en relación con el precio del arrendamiento cabe advertir, como bien indica el recurrente, un error mecanográfico en la redacción del precio del arrendamiento estipulado. En este sentido, debe admitirse la modificación del hecho probado a los solos efectos de corregir el referido error mecanográfico.
Segundo.-Al amparo de lo dispuesto en el artículo 191.c) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, presenta la demandada el segundo motivo del recurso de suplicación, que tiene por objeto examinar la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia por parte de la sentencia de instancia.
Se alega por la recurrente, en primer lugar, que la sentencia de instancia infringió lo dispuesto en los artículos 10 LEC, por falta de legitimación pasiva, así como los artículos 1, 11 y siguientes, 39 y siguientes, 57 y siguientes, 69 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a sensu contrario, los artículos 6.4 y 7.2 Código Civil. Entiende el recurrente que tras vender sus participaciones en la sociedad INTEGRAL DE ACEROS, SL, conforme a lo dispuesto en los estatutos societarios no cabe atribuir al ahora recurrente responsabilidad alguna, y menos, responsabilidad por la extinción de los contratos de algunos de los trabajadores de la empresa cinco meses después de la transmisión de las participaciones. En este sentido, se viene a señalar que la sentencia de instancia con la atribución de responsabilidad al recurrente conculcaría lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en relación con el 133 de la Ley de Sociedades Anónimas.
El motivo no puede prosperar, puesto que el presente proceso no tiene por objeto la acción individual de exigencia de responsabilidad del administrador social como parece entender el recurrente. Efectivamente, no se ventila en ahora la acción directa de exigencia de responsabilidad civil por daños contemplada en el artículo 69 Ley Sociedades de Responsabilidad Limitada, que implica una responsabilidad personal e ilimitada del administrador social en base a la existencia de un daño directo en el patrimonio de los eventuales afectados por un comportamiento ilícito del administrador societario, sino si cabe extender o no la responsabilidad al recurrente en el proceso extinción. Materia que, además, no es competencia de este orden jurisdiccional. Por consiguiente, no cabe por tanto, admitir el primer motivo de censura jurídica invocado por el recurrente. En el presente caso la exigencia de responsabilidad del hoy recurrente se ha fundado, no ya en su actuación como administrador, sino en la existencia de fraude de Ley en la utilización de la sociedad, por lo que el juzgador ha acudido a la doctrina del "levantamiento del velo".
Tercero.-Como segundo motivo de censura jurídica alega el recurrente la infracción de la jurisprudencia sobre el levantamiento del velo, puesto que en opinión del recurrente no concurren aquí ninguna de las circunstancias que permiten, traspasando el límite de la personalidad jurídica, atribuir responsabilidades propias del empresario a los socios o al administrador de la sociedad. En este sentido, razona el recurrente que no existió abuso alguno de la forma jurídica con la finalidad de perjudicar a los trabajadores de la empresa.
Al objeto de resolver este segundo motivo de recurso no es ocioso recordar que, tal y como ha señalado la jurisprudencia (STS 26-12-2001), "levantar el velo de una persona jurídica consiste en hacer abstracción de su personalidad, o de alguno de sus atributos, en hipótesis determinadas. Como es conocido la doctrina equivale a una reacción o modalización del principio de separación de patrimonios, resultado de la constitución de una persona jurídica, originariamente construido en el derecho alemán. Las fuentes de esta teoría son jurisprudenciales, no legales, porque el fenómeno equivale a una derogación de las reglas de la persona moral o jurídica: el levantamiento del velo tiene lugar siempre con ocasión de un litigio donde el juez estima que los principios de la persona jurídica han sido en realidad desconocidos por los propios socios o componentes de la entidad. Doctrina y jurisprudencia parten de que la regla debe ser el respeto de la personalidad moral; pero a seguido admiten la necesidad ocasional de levantar el velo, porque lo impone "la realidad de la vida y el poder de los hechos" o "la preeminencia de las realidades económicas sobre las formas jurídicas"; hasta se apela al interés público o a la equidad. De ahí que haya sido necesario construir un inventario de las situaciones que caracterizadamente autorizan el levantamiento, destacando entre ellas la confusión de patrimonios, la infracapitalización, el fraude, la persona jurídica ficticia y la conclusión de contratos entre la persona física y "su" sociedad. Este sería el planteamiento ante el caso de una sociedad única, cuya personificación moral, con la consiguiente limitación de responsabilidad, se quiere sobrepasar, para alcanzar la de los socios".
Por otra parte, es menester recordar que para apreciar fraude de Ley la jurisprudencia (por todas, STS 5-12-1991), ha venido señalando que se requiere la constatación de dos extremos, la realización de una conducta que suponga la violación de una norma jurídica en cuanto contradiga su finalidad, y que la norma o Ley de cobertura en la que se ampara esta conducta no proteja la finalidad perseguida por el autor.
Pues bien, sobre la responsabilidad de D. Cristobal, esta Sala de lo Social parte de los hechos declarados probados de la sentencia recurrida, de los que, a juicio de la Sala, no pueden extraerse elementos suficientes que justifiquen la extensión de la responsabilidad al socio mayoritario y administrador. Siendo cierto que la operación presenta algunos indicios de irregularidad, el hecho es que los elementos concurrentes no permiten afirmar sin lugar a dudas el fraude o el abuso de la personalidad jurídica en beneficio propio y en perjuicio de los integrantes de la empresa. En este sentido, los indicios de irregularidad de la operación que se ponen de manifiesto por parte del juzgador a quo puedan justificar una eventual acción de responsabilidad de las reguladas en el artículo 69 LSRL.
Que debemos estimar y estimamos el recurso presentado por D. Cristobal contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Tarragona de 14 de julio de 2009, dictada en autos 623/2009, seguidos a instancia de D. Hilario contra la mercantil PROSER TARRAGONAL SL; INTEGRAL DE ACEROS SL y el ahora recurrente, revocando la sentencia de instancia y absolviendo al recurrente de la responsabilidad solidaria respecto de la extinción contractual del actor.
Asi mismo procede acordar la devolución al recurrente del depósito efectuado en el momento de recurrir.
La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art. 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita, intente interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, n.º 47, N.º 0965 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.
La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), N.º 0965 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.
Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.

References: artículo 191
 artículo 191
 artículo 133
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69
 resolución