Source: https://es.scribd.com/document/335308308/Reabren-la-denuncia-de-Nisman
Timestamp: 2019-07-17 13:56:07+00:00

Document:
Reabren la denuncia de Nisman | Delito | Justicia
Cargado por Pablo Sevillano
La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal protagonizó hoy un antes y un después en la historia judicial argentina. Resolvió la reapertura de la investigación iniciada por el fiscal fallecido Alberto Nisman sobre la ex presidenta.
guardarGuardar Reabren la denuncia de Nisman para más tarde
Escrituras de Arribas
Informe Universidad Nacional de Jujuy
La OEA pide la liberación de Milagro Sala
Bonadio rechazó la presentación de Cristina Kirchner
Cámara Federal de Casación Penal - Sala I - 777 DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
REGISTRO N° 2614/16.1
//la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 29 días del mes de diciembre del
año dos mil dieciséis, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por la doctora Ana
María Figueroa como
Presidenta, y
los doctores Mariano
Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales, a los
efectos de resolver los recursos de casación interpuestos a
fs. 3540/3554 y fs. 3555/3571 por el señor Fiscal General y por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
pretensa querellante, por
intermedio de su presidente Ariel Adolfo Cohen Sabban y con
Gabriel Leonardo Camiser, respectivamente la
presente causa CFP 777/2015/CFC2 del registro de esta Sala,
caratulada “FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina
s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta
ciudad, en la causa CFP 777/2015/CFC1–CA2 de su registro,
con fecha 27 de septiembre de 2016, resolvió: “CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 3415/27 en todo cuanto decide
y ha sido materia de apelación” (cfr. fs. 3501/3516 vta.). En definitiva, mediante dicha decisión, el a quo resolvió confirmar el pronunciamiento dictado con fecha 5 de agosto de 2016 por el titular del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 3 de esta ciudad, Daniel
Fecha de firma: 29/12/2016 Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
#24608143#170248418#20161229153948328
Rafecas, en
reactivación de las presentes actuaciones efectuado por la
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en su carácter de pretensa querellante (fs. 3415/3425).
Asimismo, entendió que devenía improcedente –en razón de la decisión adoptada– analizar el pedido formulado por la DAIA de ser tenida como parte querellante. II. Que contra dicho pronunciamiento, el señor Fiscal General, doctor Germán Moldes y la Delegación de
–pretensa
querellante– por intermedio de su presidente, Ariel Adolfo
Cohen Sabban y con el patrocinio letrado de los doctores
Leonardo Camiser,
3540/3554
3555/3571,
respectivamente, sendos recursos de casación, que fueron concedidos por el a quo a fs. 3576/3586. Que radicadas las presentes actuaciones ante esta
instancia (fs.
notificadas las
dispuesto en los arts. 464 y 465 del C.P.P.N., se presentó
3597/3607 el
instancia, Javier A. De Luca y postuló el desistimiento del
Ministerio Público Fiscal de grado inferior, con invocación de lo dispuesto en el art. 443 del C.P.P.N. Por su parte, se presentó a fs. 3609/3654 Alberto Teodoro Indij, en su carácter de vicepresidente primero y presidente en ejercicio de la Delegación de Asociaciones
querellante–,
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
interpuesto. Asimismo, en dicha ocasión, acompañó copia
certificada del estatuto de la asociación y de las actas del Consejo Directivo.
III. a) Recurso de casación interpuesto a fs. 3540/3554 por el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Germán Moldes.
El representante del Ministerio Público Fiscal encauzó su impugnación por la vía prevista en los incisos 1º y 2º del art. 456 del C.P.P.N. Explicitó el agravio actual y cierto sobre el
su impugnación,
recurrida afecta y limita el alcance y el ejercicio de la
función requirente que es propia del Ministerio Público Fiscal.
presentación canalizo la intención de que se restablezca el debido proceso en la tramitación de la causa y que se permita al Ministerio Público Fiscal ejercer su derecho a la defensa en juicio” (cfr. fs. 3540). Luego de discurrir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto y efectuar una reseña de los hechos
relevantes de las presentes actuaciones,
investigación formulado por el Ministerio Público Fiscal
(ahora impulsado también por los pretensos querellantes)
la historia argentina reciente.
también sepultaron
tan obstinado servicio
las sangrientas
y macabras
circunstancias en que terminaron los días del denunciante,
sin otra culpa que la de haber tratado de cumplir con su trabajo, impide a los argentinos conocer los entretelones de un inexplicable y vergonzoso tratado internacional cuya finalidad no fue otra que la de prodigar impunidad a los
sindicados como
atentado terrorista que se recuerde” (cfr. fs. 3548). Así, contextualizó lo que a su criterio demuestra la importancia de la investigación de un conjunto de hechos que podrían tener características criminales y el gravamen que la resolución adversa a sus intereses le causa al impedirle, mediante el archivo de la denuncia, probar su hipótesis imputativa. En este sentido, consideró que “[l]a decisión
que lo impide (a) se aparta de la solución normativa que
329:5323),
razonamientos con
desnaturaliza la esencia de los instrumentos e institutos
330:1072)
demuestra que, esencialmente, contiene asertos dogmáticos para fundar la decisión (Fallos: 328:4497 y 329:3006)”.
Indicó que la decisión del a quo se apartó de los
baremos establecidos por el ordenamiento
procesal para
formular una denuncia, exigiendo requisitos
contenido de la pieza procesal para sostener que no existía definición del hecho denunciado por el fallecido Fiscal, Alberto Nisman.
recurrente aseguró
argumentación, el
formales e intrínsecos exigidos en los arts. 175, 176 y 177
del C.P.P.N. y manifestó que “antes existe sí un hito, ‘la mácula’ de fácil advertencia que indicó el camino de un nuevo análisis de los hechos conocidos, y la concatenación de esos conocimientos sería la que llevó al fiscal Nisman a proponer a la autoridad jurisdiccional el análisis de un nuevo caso” (cfr. fs. 3549). Agregó a ello que “frente a este panorama, sí fue el apego exagerado a fórmulas del rito lo que llevó a
la Sala a proceder en el modo en que lo hizo…” (cfr. fs.
Explicó que el motivo por el cual acompañó a la causa diversos recortes periodísticos estaba dado por la cantidad de datos concretos y documentados vinculados al presente proceso que de allí surgían. Por otro lado, hizo hincapié en la relevancia que la valoración del testimonio aportado por Roberto García Moritán ante el juez federal Claudio Bonadio podría tener para la presente causa. Así, transcribió que el mencionado testigo —que, según recordó, se desempeñaba al momento de los hechos como vicecanciller del gobierno que suscribió el
acuerdo–, manifestó que “no tengo la menor duda que el memorándum de entendimiento perseguía la impunidad de los presuntos responsables del atentado a la AMIA” (cfr. fs. 3549 vta.). Agregó el recurrente que el testigo referido “…
opinó que el acuerdo internacional firmado con Irán debía buscar el fin espurio de encubrir ya que, de lo contrario, es difícil entender que haya redactado el punto séptimo –
levantamiento de las circulares
rojas–
bastara la firma del acuerdo para su entrada en vigor sin
parlamentaria, como
delegación iraní amenazó al fiscal Alberto Nisman para que
captura libradas
acusados de organizar y perpetrar el atentado a la AMIA…”
(el resaltado pertenece al original, cfr. fs. 3550). Insistió con que el testimonio referido se sumara a las razones ya enumeradas y detalladas por esa parte
desde los inicios de los actuados que otorgan sustento a la necesidad de apertura de la denuncia. Expresó que resultaba pertinente “…contar con las copias certificadas de estos
necesidad imperiosa de dejar de mandarnos papelitos, de
esgrimir excusas y divagaciones farragosas y, de una buena vez, ponernos a trabajar” (cfr. fs. 3550).
la contradicción que
reconocimiento que en el año 2005 el entonces Presidente de
la Nación, Néstor Kirchner había efectuado públicamente
respecto de la responsabilidad del Estado Argentino en la
desviación de la investigación del atentado a la AMIA y el
acuerdo al que en el año 2013 arribó Cristina Fernández de
Kirchner con el Estado que representaba a los prófugos. En dicha inteligencia, expresó que “…señalé una
y otra vez que las construcciones sobre las que se asienta
conforma por decisiones
usufructo de la actividad delictiva. Esta sola combinación de escandalosas decisiones impone que sean revisadas por
el superior, quien con una mirada neutral e imparcial, advertirá la verdadera existencia de mérito para iniciar un curso investigativo que arroje luz sobre los oscuros puntos de los hechos denunciados” (cfr. fs. 3550 vta.). En dicho marco de análisis, expresó que el juez
federal de primera instancia para arribar a la decisión que
fuera confirmada
producida por Angelina Abbona –entonces Procuradora del
investigación; prueba que consideró ilegal. Con idéntico tenor, criticó la decisión adoptada
por el a quo en su anterior intervención y manifestó que
las irregularidades que tuvo
estuvieron destinadas a “ensuciar el proceso y dilatar los
tiempos…” (cfr. fs. 3550 vta.).
Asimismo, manifestó que “…afincados en una falsa legalidad, luego de descartar los elementos de convicción que venían a diluir la primera negativa de investigación señalados tanto por la querella como por este Ministerio Público Fiscal y referidos tanto a la inconstitucionalidad del Memorándum decretada y a la escucha telefónica entre
el ex Canciller Timerman y el presidente de la DAIA, se
mis argumentos que
sustancialmente les señalaban el bochorno de la decisión
adoptada” (cfr. fs. 3550 vta.). Expresó que el sólido edificio fáctico y jurídico
al que hace referencia la resolución recurrida no resulta
argumento válido en tanto
“…pretende erigirse sobre
prueba ilegítima o ilícitamente producida y aviesamente agregada a las actuaciones por la indebida e inopinada intervención de Angelina Abbona [en ese entonces Procuradora del Tesoro de la Nación] y sus compinches en
un exceso criminal de las funciones que le competían por expresas previsiones normativas, situación que hoy está corroborada y en proceso de juzgamiento…”. A ello, agregó que el juez de primera instancia omitió evaluar el casi medio centenar de medidas de prueba
de primera instancia, Gerardo Pollicita,
había requerido al formular el requerimiento de instrucción
e impulsar el inicio de la investigación.
Consideró que resultaba imposible que en poco más
capacidad de leer centenares de fojas, escuchar y evaluar
horas y horas de grabaciones y analizarlas.
Por otro lado, se agravió por la omisión en la
que incurrió el
explicación, las calificaciones legales alternativas que
Concretamente, manifestó que “…nada dicen y de
omisión funcional a la persecución de delincuentes signada
por el art. 274 del Código Penal. Se daría ésta porque,
sin siquiera una explicación mínimamente verosímil,
manera inmotivada
o fundada
inconfesables o
propuesto o evitado
efectivizar que los acusados del atentado sean sometidos a
la acción de la Justicia Argentina”. Sin perjuicio de ello, consideró que no debía
limitarse el análisis de la presente causa a la opinión o discusión sobre calificaciones jurídicas, sino que debía
mediante las medidas de prueba propuestas, para luego poder
discutir sobre su adecuación típica.
pública instituido en
cabeza del Ministerio Público Fiscal y la necesidad de
controvertidas como sucede en el caso, con el objeto de
esclarecer los hechos denunciados.
procesal y el deber de impulsar la acción penal –para
comprobar o descartar los hechos–, el que inspiró al fiscal
requerimiento de instrucción y proponer
En este sentido, expresó “El norte que guía la acción de este Ministerio Público, tanto por parte del agente fiscal en estas actuaciones, como de quien suscribe esta presentación, es aquella indicación sustancial de la Constitución Nacional, la que manda a conocer y decidir sobre los hechos que se pongan en conocimiento de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público
(arts. 116 y 120 de la C.N.)” (cfr. fs. 3553).
denunciados, sino
actuación frente a una situación de conocimiento liminar.
pedidas por el Sr. Fiscal de grado –por su referencia
pretende investigar–, son útiles y conducentes (art. 199
ponderamos como
posterioridad a la iniciación
recursiva pero que mal pueden tener lugar de continuar
vigente el injustificable cerrojo a la investigación” (cfr. fs. 3553).
Criticó la decisión por resultar prematura frente a los hechos denunciados y a las medidas propiciadas por el fiscal federal, pues “en el estado embrionario del proceso de conocimiento, no hay posibilidades de negar con certeza que [no] existió delito”.
fiscales de la causa hemos presentado y evaluado son el
apoyo incuestionable en que asentaron esta afirmación”.
constancias de la causa y una revisión amplia de
sucedido (cfr. fs. 3553).
recurrida] fue no considerar la validez y entidad de la
parcialmente eco de ella, y desde esa limitada visión del
expediente, adoptar una resolución que impide sin motivos
valederos la labor del Ministerio Público; además, para hacerlo no se ha reparado en que el conjunto de elementos con que se cuenta hasta ahora indica la probabilidad legal
y legítimamente
esbozada de
pueden ser delictivos”.
hechos descriptos
En base a lo expuesto en la pieza recursiva, el
representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se case o se anule la sentencia recurrida (cfr. fs. 3554). Hizo reserva del caso federal.
3555/3571 por la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA), en su carácter de pretensa querellante, por intermedio de su presidente Ariel Adolfo Cohen Sabban.
pretensión, los motivos previstos en ambos incisos del art.
456 del C.P.P.N. Consideró que la decisión recurrida aplicó
sustantiva e
inobservó
procesales. Luego de reseñar los antecedentes del caso, la recurrente se pronunció respecto de la admisibilidad del recurso de casación, para lo cual citó la doctrina expuesta en el Plenario “Zichy Tyssen” de esta Cámara Federal de Casación Penal. Asimismo, indicó que la decisión impugnada es de aquéllas recurribles ante esta instancia. La pretensa querellante se agravió por la errónea interpretación del art. 42 y ss. del C.P. En este sentido, expresó que el a quo descartó el inicio de la investigación por inexistencia de delito, a pesar de haber afirmado que la firma del Memorandum no fue un mero acto preparatorio sino un acto de importancia para ser examinado desde la óptica penal. Así dijo “…el Dr. Ballestero decide ignorar por
completo lo establecido en los arts. 42 a 44 del Código Penal, los cuales establecen parámetros para la aplicación de posibles penas luego de que se establezca mediante la
eventual responsabilidad del delito
tentado” y que “parece entender que los delitos tentados
carecen de pena y sobre todo que no resulta necesaria una investigación”.
Argumentó que resulta contradictoria la decisión de rechazar el pedido de reactivación de la causa frente al reconocimiento que en la sentencia se efectúa respecto a la relevancia que, desde la óptica del derecho penal, podría tener el acto denunciado.
la alegada
arbitrariedad e inobservancia de las normas del código de
recurrente se
antojadiza apreciación de las probanzas y constancias de la causa.
Sostuvo que la resolución recurrida desconoce la coherencia y razonabilidad que un acto jurisdiccional debe
respetar al confirmar el rechazo de la apertura de la investigación mediante meras afirmaciones dogmáticas, sin sustento racional y legal.
desconocimiento que el
efectuó respecto del valor probatorio de la conversación
mantenida entre Borger y Timerman como nuevo elemento de
cuestionamientos relativos a su admisibilidad, resulta
arbitrario en
reconoció ya la validez de la misma, al rechazar un planteo
de nulidad formulado por la defensa de Héctor Timerman.
Señaló, además, la contradicción existente entre
los fundamentos de los votos de los únicos dos magistrados
recurrida, en
que la comunicación telefónica entre
Borger y Timerman –cuya validez se cuestionaba–, podría
tener en las presentes actuaciones.
En este sentido, indicó que mientras el doctor
Freiler consideró
mencionado, el
doctor Ballesteros sostuvo que era en esta causa donde
su validez,
otorgándole –de
manera– entidad como valor probatorio. Contrarió la opinión expuesta por el magistrado
que consideró que la verdad del atentado terrorista no
vía elíptica,
expresando como
argumento disidente que “de la correcta investigación de la presente causa pueden surgir elementos que permiten y/o
por lo menos ayuden a arribar a la verdad sobre los móviles y los responsables del mayor atentado terrorista en suelo argentino”. Agregó, en sustento de dicho análisis, que no se
federal promovió la
investigación y juzgamiento del eventual encubrimiento del atentado y de las irregularidades en su investigación –cuyo
juicio se está llevando a cabo en el Tribunal Oral en lo
2– públicamente
entonces presidente Cristina Fernández, no adopta idéntica postura con respecto a la denuncia formulada por Nisman,
entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la AMIA.
Por otro lado, discurrió sobre las omisiones en las que incurriera el a quo. Manifestó que “…se omite por completo el tratamiento de lo esbozado por mi representada
interpuesto, relativo a las ‘notificaciones rojas’”. Concretamente, recordó la recurrente que “…más allá de la explicación brindada por el juez instructor y sus halagos al ex canciller Timerman, lo cierto es que el sentido común indica que si el Memorándum de Entendimiento entraba en vigencia (como pretendieron en todo momento los
denunciados), tarde o temprano se iban a dar de baja las notificaciones rojas”.
redactado el Memorándum
llevado adelante el interrogatorio
personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una
notificación roja, la consecuencia lógica, una vez que las
mismas se “presenten ante la justicia”, era la baja de las notificaciones rojas”. A ello agregó que “…llamativamente el Memorandum dejó `afuera´ a los imputados iraníes sobre los que no pesaban notificaciones rojas”. En sustento de su hipótesis manifestó que si el
único propósito perseguido por el régimen iraní con el acuerdo era dar de baja las notificaciones rojas, tal como
Memorandum permite, mediante un análisis lógico e integral
situación, concluir
firma traería
corolario la evidente baja de las notificaciones iraníes y
su impunidad. Criticó por arbitrario el fundamento utilizado
por el juez de primera instancia para sostener que la
“diplomacia real”
la “diplomacia paralela”
enfrentadas como rivales. Agregó que la consideración efectuada por el juez
de primera instancia respecto de D’Elia y Esteche, a los
cuales aludiera
“inclasificables”,
contradictoria con la solución a la que arribó al rechazar
la reactivación de la causa, pues ellos también se encuentran denunciados. Tildó de prematuras y arbitrarias las decisiones
adoptadas por los magistrados intervinientes en el presente legajo en cuanto rechazaron la reactivación de la denuncia, sin considerar todos los fundamentos expuestos en la causa.
se agravió por la denegación del
querellante en las actuaciones que pretendía, invocando que
devienen aplicables.
Expresó que “…si como se sabe, la desestimación de la denuncia no causa estado, no se advierte el motivo
jurídico por el cual no podría mi representada presentarse como querellante en la actualidad, tal como ha solicitado”.
En sustento de su pretensión de ser tenida como
parte querellante, alegó que la DAIA reviste el carácter de ofendida exigido para el reconocimiento de la legitimación que solicita. En dicha inteligencia, criticó por arbitrario que
considerado que la jurisdicción
encontraba habilitada para constituirse en la calidad que pretendía, pues dicho fundamento descarta la posibilidad de que se reabra la investigación, así como omite examinar que el Fiscal impulsó la acción, requiriendo cincuenta medidas
de prueba; todo lo cual imponía que su pedido de ser tenida como querellante fuera analizado.
decidido y se tenga a la DAIA como parte querellante en las
Por último, peticionó la producción de un
medidas probatorias, las
cuales enumeró,
considerando la trascendencia de los hechos denunciados y su gravedad institucional, así como también requirió que se llevaran a cabo todas aquellas que habían sido solicitadas
por el Fiscal Federal
instrucción. Sostuvo, en consonancia con lo expuesto, que “la razonabilidad y viabilidad de las medidas que anteceden terminan por acreditar el carácter prematuro de las resoluciones de primera y segunda instancia”.
Finalmente, solicitó que se case la resolución
su representada
las medidas probatorias
apartamiento de la causa de los jueces inferiores, conforme
lo dispuesto en el art. 173 del C.P.P.N. Hizo reserva del caso federal.
radicadas las actuaciones
instancia (fs. 3595) y notificadas las partes a tenor de lo
previsto en los arts. 464 y 465 del Código Procesal Penal de la Nación, se presentó el abogado particular de Héctor Timerman, doctor Alejandro Rúa (fs. 3593/3594 vta.). En
dicha ocasión,
la pretensa
querellante en base a la falta de acreditación del poder
especial que autoriza al presidente a ejercer la pretensión en nombre de la DAIA.
Puntualmente, refirió
constituirse en tal carácter no fue acompañado debidamente
con el poder especial exigido por los arts. 82 y 83 del
solicitó, en
definitiva, que
intime al señor Cohen Sabban a agregar el mandato especial
del caso, para verificar que se encontraba apoderado para
la fecha en que se concretó su primera presentación en
este trámite,
cuando recurrió
su pretensión querellante y
recursiva”.
certifiquen actuarialmente las presentes actuaciones para luego determinar cómo deberá quedar integrado el tribunal. Por su parte, el señor Fiscal General ante esta instancia, Javier A. De Luca, se presentó a fs. 3597/3607
en la oportunidad prevista por el art. 465 del C.P.P.N. y
interpuesto por el representante del Ministerio Público
lo precedió
instancia (art.
C.P.P.N.), doctor Germán Moldes, considerando
llamadas “nuevas
intentan sustentar la reactivación de la investigación, no son pruebas, ni nuevas, y aunque por su intermedio se
intentara probar algo, no sería otra cosa que más de lo mismo: un hecho no delictivo.
constituían delito alguno, ni una ayuda a los delincuentes,
ni la omisión de promover su persecución, sino que se
de tratativas diplomáticas
delitos cuya
captura un magistrado
ordenara, de
conformidad con el pedido del fiscal denunciante.
imprescindible la remisión
Consideró fundamentos que
sido expuestos
dictamen, presentado con anterioridad en
actuaciones tuvieron en esta instancia (CFP 777/2015/CFC1). Sostuvo el señor Fiscal General que “La hipótesis
de la denuncia y la de los fiscales de las instancias
anteriores, tiene
defecto básico
difícil de comprender para un lego, pero que no pueden
desconocer los abogados y magistrados,
esclarecido de una vez para evitar malentendidos en la comunicación de las alternativas de este proceso”. Dijo que “…un proceso penal no culmina con la
descripción de sospechas de la comisión de un delito, la
cometido y, ante su fuga, con su declaración de rebeldía
por no someterse al proceso y pedido de captura de la
fuerza pública”
Memorándum constituye un
intento de traer o presentar a los imputados al proceso, porque para la continuidad del proceso en forma natural y legal, es necesario contar con los imputados frente al
juez de la causa. Traerlos al proceso por la fuerza o por acuerdo entre los abogados defensores y los fiscales o tribunales (como ocurre todos los días con los abogados
presentar exención de
prisión), no
delito alguno. Ninguna negociación diplomática en el mismo sentido puede ser considerada una ayuda al imputado para eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la acción de ésta (277, 1º, inc. a), CP) o una acción
tendiente a dejar de promover la persecución o represión
contrario. ¡Se trata de traerlos al proceso para que los juzguen!…”. Expresó que “…este Acuerdo no fue otra cosa que una especie de reforma del procedimiento penal (asunto de mera jerarquía legal) para este caso en especial, porque la Argentina no tiene el poder de hecho para capturar y traer por la fuerza a estos imputados que no se encuentran
en el país, con el fin de someterlos a la acción de la Justicia Argentina y que el proceso continuara”.
denunciadas no podían constituir delito pues se trataban
del ejercicio de facultades constitucionalmente atribuidas
términos del acuerdo no podían interpretarse como una ayuda
autoridad o sustraerlos a su acción, en los términos de los
arts. 274 y 277 C.P. y que “esta conclusión, por ser un asunto de puro derecho, no era ni sería susceptible de ser
modificada por la incorporación y valoración
nueva, ni por la profundización de la pesquisa, en tanto
delictiva”. Descartó la relevancia de las manifestaciones del
Embajador Roberto García Moritán considerando
dichos resultan meras opiniones e inferencias que, además de no ser técnicas desde el punto de vista jurídico penal,
están desprovistas de datos y de objetividad, y concluyó que “…la hipótesis sostenida por García Moritán no podría modificar las conclusiones acerca de la atipicidad de la conducta”.
mera voluntad
montada sobre la causalidad incapaz de alcanzarlo. Ello
sustentan en un pedido de captura del magistrado a cargo de la causa, y por ello, sólo podían ser desactivadas por
el juez de la causa en la que habían sido ordenadas. El intercambio de misivas entre la Cancillería e Interpol, así como las manifestaciones de su titular Ronald Noble, no dejaron lugar a dudas ya desde el inicio de esta causa. De allí que las manifestaciones de García Moritán carezcan de relevancia penal, y por ello, no tiene importancia si se incorporan o no a esta causa”. En cuanto a las pruebas incorporadas por la ex Procuradora del Tesoro de la Nación, señaló que ellas no tuvieron origen ilícito, por lo que si resultan de interés para conocer la verdad y su introducción al proceso no viola garantías de ninguna de las partes, no se advierte cómo puede fundamentarse su invalidez.
Público Fiscal,
contenido de las conversaciones entre
Timerman y Borger, que puede ser oída por cualquiera desde Internet y cuyo origen y obtención se desconoce, no resulta
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
novedoso sino que allí se refleja la posición pública que asumió la República Argentina, al menos, desde el pedido de captura de los acusados.
conversación surge la
conclusión exactamente contraria a la sostenida por los
acusadores: el representante de la AMIA se opone a las
alternativas, a pesar de que Timerman le daba a entender
que estaría dispuesto a discutirlas. Allí Borger se limita
a protestar por las tratativas con Irán, es decir, su
nunca conmovería
antemano, de acordar cualquier cosa con ese país”.
declaración de inconstitucionalidad del
Entendimiento con Irán —presentada como nuevo hecho por los
recurrentes—
pudiera depender la tipicidad de la conducta denunciada, en tanto solo viene a decir que el acto se encontraría en pugna con la Constitución pero no que es delictivo. Por lo demás, descartó la posible aplicación del delito constitucional de traición, que había sido esgrimido
encuadrarían los hechos denunciados.
Fiscal, alegando
de legalidad previsto
Constitución Nacional, advirtió la posible violación del principio ne bis in ídem y una posible maniobra de forum shopping frente a la existencia de la causa Nº 14.305/15 que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 11.
particular de Héctor Timerman, doctor Alejandro Rúa, en
actuaciones, especialmente desde que la DAIA se presentó y pidió la reactivación de la causa y ser tenida por parte querellante (ello ocurrió el 2 de agosto de 2016, fs. 3367 a 3410), se observa que no ha presentado el debido poder especial para querellarse por los hechos que denuncia y contra las personas que lo hace”. En dicho entendimiento y en tanto “la carencia del poder especial se exige a las asociaciones para actuar como querellantes en sede penal, según los arts. 82 y 83 del CPPN…”, solicitó que se suspenda el trámite del recurso de casación interpuesto por la DAIA hasta que la Cámara de Casación resuelva acerca del déficit de personería aquí señalado.
Asimismo, en idéntica oportunidad procesal, se presentó Alberto Teodoro Indij, Vicepresidente primero de
la DAIA a cargo interinamente de la presidencia –conforme acreditara mediante las actas del Consejo Directivo de la asociación— y mantuvo el recurso de casación interpuesto (fs. 3609/3654). En dicha ocasión, acompañó copia certificada de
la reforma del estatuto de la DAIA y de las actas de
presentación de la asociación como parte querellante en estas actuaciones. Resaltó que surge del capítulo I, art. 5.6 del
estatuto referido el reconocimiento del derecho de la DAIA para intervenir judicialmente ante todos los fueros y en
formular querellas. V. Que en la oportunidad prevista por los arts.
465, cuarto párrafo y 466 del C.P.P.N., se presentó a fs.
3810/3815 el
ante esta instancia,
doctor Javier A. De Luca (Dictamen Nº. 10836) oportunidad en la que remarcó como cuestión previa la necesidad de adoptar una decisión respecto de la falta de personería de la DAIA para actuar en la presente causa. Recordó que
jurídicas se
les exigió
especial para querellar otorgado ante notario por escritura pública, invocando el viejo plenario de la Cámara Criminal y Correccional “Farías de Fiori, Estela” del 14/5/54, y el art. 1184 del Código Civil derogado.
Asimismo, expuso los fundamentos por los cuales
entendió que el recurso de casación interpuesto por la DAIA debía ser rechazado. En idéntica ocasión, se presentó a fs. 3825/3839 vta. la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), por intermedio de su presidente Ariel Adolfo Cohen
Sabban, oportunidad en
entendió se encontraba acreditada —mediante las diversas presentaciones efectuadas en la causa— la representación del Presidente de la asociación para actuar en la presente causa su nombre, acompañó el poder especial para querellar otorgado a favor de los doctores Santiago Kaplun y Gabriel L. Camiser (fs. 3825/3827 vta.). A fs. 3841/3850 la defensora de Andrés Larroque, doctora Lucila Larrandart, presentó memorial durante el
término de oficina en el que solicitó que se rechace el recurso interpuesto por la DAIA. Por último, se presentó el defensor particular de Héctor Timerman a fs. 3853/3880 vta. y 3914/3953 vta., ocasión en la que expuso los argumentos por los cuales consideró que debía confirmarse la decisión recurrida, así
reiteró los planteos
había formulado
respecto de la personería de la pretensa querellante, la integración de este Tribunal para resolver los recursos de casación y sobre la violación del principio ne bis in ídem. VI. Que en la oportunidad prevista por los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó
constancia a fs. 3981, se celebró la audiencia para que las
partes informen el día 19 de diciembre del corriente año, a
la parte recurrente —Delegación
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)– representada por Ariel Cohen Sabban y por Alberto Teodoro Indij, Presidente y Vicepresidente de la asociación, respectivamente, junto
con los doctores Santiago Kaplun y Gabriel L. Camiser, ocasión en la que se expusieron los argumentos que dieran susento a su recurso y criticaron la resolución recurrida. Además, presentaron breves notas, las que lucen agregadas a fs. 3961/3975 vta. requirieron que se case la resolución
intervinientes en la desestimación de la denuncia.
particulares de Héctor Timerman, doctores Alejandro Rúa y
3976/3980. Por último, la defensora particular de Andrés
Larroque, doctora Lucila Larrandart, discurrió sobre los
peticionó el rechazo del recurso. En idéntica oportunidad, el señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Javier A. De Luca, quien no se
encontró presente en la audiencia, presentó breves notas tal como se desprende de fs. 3976/3980.
De este modo, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borisnky y la doctora Ana María Figueroa. El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
pretensa querellante: Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
La cuestión bajo estudio merece una definición previa con relación a su discutibilidad en esta sede y en esta oportunidad. Se trata de un filtro analítico que debe realizarse aun cuando, como en el caso, el recurso de casación interpuesto haya sido concedido por el a quo (cfr. fs. 3576/3586). En ese marco y luego de oídos los argumentos de las partes, comienzo por señalar, entonces, que el recurso
Israelitas Argentinas (DAIA), en su carácter de pretensa
querellante, contra la resolución dictada por la Sala I de
la Cámara Nacional de Apelaciones en
Correccional Federal de esta ciudad que confirmó el rechazo
de la reactivación de las presentes actuaciones actuaciones resulta formalmente admisible. Al respecto, y en relación con la impugnabilidad
objetiva ya
oportunidad de reseñar
resolución que confirma el auto que desestimó la denuncia
delito resulta
efectos–
equiparable a definitiva (cfr. C.F.C.P., Sala IV: causa Nro. 1671 caratulada: "BURIN, Marcos Saúl y otro s/recurso
de queja", Reg. Nro. 2200.4, rta. el 09/11/1999; causa 5816 caratulada: “ESTERSON, Abel Ignacio y otra s/recurso de casación”, Reg. Nro. 8651.4, rta. el 28/5/2007; causa Nro. 1443 caratulada “BERMAN”, Reg. Nro. 2027.4, rta. 31/8/99 y causa Nro. 1502 “NARVAEZ, Eduardo y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2069.4, rta. el 17/9/99; causa Nro. CCC 53290/2015/CFC1 caratulada: “NN s/ falsificación de
documentos públicos s/recurso de casación”,
1440/16.4,
9/11/16;
causa CFP 12587/2014/CFC1,
caratulada: “KOLINA s/recurso de casación”, Reg. 866/16, rta. el 7/7/2016; entre muchas otras). Por otro lado, con relación a la impugnabilidad subjetiva, cabe reseñar que devienen aplicables al caso las consideraciones esgrimidas por esta Cámara al pronunciarse en el sentido de que el pretenso querellante posee la facultad de recurrir ante esta instancia, dado que “…a
quien se le ha denegado su pretensión para asumir tal
(querellante) no
correspondiente, sino
se ha pronunciado,
constitucional del debido proceso contemplado en el art.
18 de nuestra Constitución Nacional, tiene la facultad de
acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario, y, lógicamente, a esta Cámara Nacional de Casación Penal a través del recurso de
casación” (cfr.
C.F.C.P,
caratulada “CELLES, Francisco
s/recurso de casación”, Reg. Nro. 869.4, rta. el 23/06/97;
Sala I: causa Nro. 37, caratulada “BORENHOLTZ, Bernardo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 44, rta. el 28/9/93; y Fallo Plenario nº 11, “ZICHY THYSSEN”, del 23/06/2007).
instauración de este órgano judicial “intermedio” al que le ha sido confiada la reparación de los perjuicios irrogados a las partes en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte Suprema, sino también porque su intervención –atento a su especificidad– asegura que el
objeto a revisar por el Máximo Tribunal sea “un producto
seguramente más elaborado”
318:514
325:1549, entre otros). Por lo demás y para concluir en este punto, es preciso señalar que la recurrente cumplió con la carga de efectuar un relato preciso y concreto de los hechos, fundó los agravios que la resolución le causa, citando de manera
disposiciones que considera
erróneamente aplicadas en el caso, y explicó la solución que pretende, todo ello en función de lo dispuesto en el art. 463 del C.P.P.N.
cuestionamiento de la defensa, acompañado
Fiscal General ante esta instancia, doctor Javier A. De
Luca, vinculado
la Delegación de Asociaciones
Argetinas (DAIA), Ariel Adolfo Cohen Sabban, para actuar en
la pretensa querellante,
es preciso formular
algunas aclaraciones. En las diversas presentaciones tanto la defensa, incluso con anterioridad a la concesión de los recursos por
parte del a quo, como el señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Javier A. De Luca (dictamenes de fs. 3810/3815, 3810/3815 y 3976/3980) plantearon la ausencia del poder especial de la DAIA para querellar en la presente causa exigido por el código de procedimiento. Concretamente, el defensor particular de Héctor Timerman, doctor Alejandro Rúa, indicó que la DAIA, desde su presentación inicial en este expediente solicitando la
Federal, Alberto N. Nisman, no acreditó correctamente la
invocada, ni presentó
exigen las disposiciones del Código Procesal Penal de la
querellar,
tornaría inadmisible su
pretensión. Por su parte, el señor Fiscal General ante esta
instancia expuso sobre la exigencia del poder especial para
querellar que
presentar las personas jurídicas
citando las previsiones del art. 1184 del Código Civil, la
doctrina del plenario de la Cámara Criminal y Correccional
“Farías
Fiori, Estela”
Ahora bien, el art. 83 del C.P.P.N. dispone que
criminal deberá
efectuarse por escrito, acreditando los extremos exigidos
para ello –entre ellos, la personería invocada–.
contenga dicha pretensión, deberá formularse
personal, o por mandato especial, con asistencia letrada,
especificando: 1) nombre, apellido, domicilio real y legal
del querellante; 2) relación sucinta del hecho en que se
supiere;
extremos de personería que invoca, en su caso; y 5) la
petición de ser tenido por querellante y la firma.
instrumento la decisión de promover, en representación de otro, el proceso penal respecto de un hecho determinado, se encuentra íntimamente relacionada con las responsabilidades emergentes del acto. Es que, en definitiva, en virtud de la representación, un sujeto (representante) está legitimado (con legitimación indirecta) para realizar los actos que impliquen ejercicio de un derecho o de una facultad cuya titularidad corresponde a otra persona (representado). El
fundamento de la legitimación del representado y la esencia
de la representación misma es el “poder” suficiente para participar en un acto en nombre del representado. La representación de las personas jurídicas, así
como todas las normas que regulan su funcionamiento, se
societario— y sus modificaciones. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, al regular la representación de las personas jurídicas de manera específica en el art. 358, distinge dos situaciones:
la actuación por representación y la actuación por mandato. En particular, legisla sobre la representación de manera
autónoma en la parte general de los actos jurídicos, lo que
permite independizar el contrato de mandato
representación denominada –para el caso de las personas jurídicas- “representación orgánica”. Ello con razón de la teoría orgánica de las personas jurídicas que adopta la nueva legislación. Entonces, el órgano que tendrá como función la representación de la persona jurídica, será aquel designado por el estatuto constitutivo. Ahora bien, desde su presentación inicial en el presente proceso, el Presidente de la DAIA acompañó copia del estatuto social –reformado en los últimos años conforme la voluntad de sus miembros– del que se desprende la
expresa posibilidad de la DAIA para querellar en causas
miembros y defender sus derechos. En este sentido, el art. 2 del estatuto dispone que “la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (D.A.I.A.) ejerce y ejercerá la representación política de sus entidades miembros y de la comunidad Judeo-Argentina
autoridades y/o Poderes Públicos
Internacionales, en toda cuestión que sea de interés de las entidades asociadas o de personas pertenecientes a la
requerida expresamente o que la misma asociación, de por si lo considere conveniente y/o necesario para la mejor
consecución de sus objetivos”. Por su parte, surge del art. 5.6. del estatuto
referido que: “…a los fines de cumplir los objetivo podrá:
…Intervenir judicialmente ante todos los fueros y en todas
las jurisdicciones querellas”.
facultad expresa
Asociación será dirigida y administrada por
Directivo formado por un Presidente, un Vicepresidente 1°,
Vicepresidente 4°, un Secretario General, un Prosecretario 1°, un Prosecretario 2°, un Prosecretario 3°, un Tesorero, un Protesorero 1°, un Protesorero 2°, un Protesorero 3°, 10 vocales titulares, 5 vocales suplentes y un Secretario de actas”.
establece entre los deberes del Consejo Directivo: “20.1.
Representar a la Asociación y administrar sus bienes”. Y al Presidente la atribuye “Ejercer la representación de la Asociación, pudiendo delegar la representación en alguno de los vicepresidentes”. Y además, conforme lo resaltó la querellante en
sus presentaciones, una
Vicepresidente Primero es “22.1. Reemplazar al presidente
en el orden designado en caso de muerte, ausencia,
licencia, enfermedad,
incapacidad, con
mismos deberes y atribuciones que tiene el Presidente”.
Conforme surge de las constancias de la presente las actas del Consejo Directivo de la DAIA
acompañadas en las diversas presentaciones efectuadas en la
causa, se desprende que se autoriza a los órganos
expediente en representación de la DAIA. De los documentos presentados por la pretensa querellante surge la facultad del Presidente y del Vicepresidente de representar a la asociación (cfr. en particular, copia certificada del acta de designación de autoridades oportunamente presentada ante el juez de primera instancia, actas del Consejo Directivo que facultan a querellar en este caso concreto, Acta de la Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial Electora de
la DAIA celebrada el 19 de noviembre de 2015).
En el caso, el presidente de la DAIA actúo, conforme lo faculta el estatuto societario, en el ejercicio de la representación orgánica que le fuera acordada por las normas estatutarias, en cumplimiento de un autorización expresamente otorgada por el Consejo Directivo.
Específicamente, el acta obrante a fs. 3644/3645 (acta nº 165 del directorio de la DAIA, de fecha 16 de mayo de 2016) consigna que “se aprueba que la DAIA se presente como parte querellante en la causa de la denuncia del Fiscal Alberto Nisman en trámite en el Juzgado Federal Nro. 3, así como también la causa contra Héctor Timerman, en el Juzgado Nro. 11”.
En este contexto, y luego de la lectura del estatuto de la DAIA y las actas del directorio acompañadas por la pretensa querellante en sustento de su personería,
no es posible afirmar, como lo hace la defensa, que el Consejo Directivo, conformado por las autoridades elegidas conforme la voluntad del órgano, careciera de facultades para acordar la presentación y actuación en el presente caso como parte querellante de la DAIA y su representación
Vicepresidente Primero de la DAIA, en su presentación de
fs. 3609/3654, las disposiciones del estatuto establecen
autoridades (Presidente, Vicepresidente), a quienes se les otorgan amplias facultades (cfr. Capítulo V del estatuto referido).
Por el contrario, es el Consejo Directivo el que ejerce la representación de la DAIA y quien, en razón de
las diversas normas citadas con anterioridad, se encuentra facultado para instituirse como querellante, por intermedio
de sus autoridades y según las indicaciones expresadas en las actas de directorio. Ahora, la razón de exigir poder especial fue
ejemplificada en
la doctora Graciana
Peñafort, abogada de Timerman, quien explicó que lo que se pretende es que un mandatario no comprometa al mandante que no ha consentido esa representación, a la eventualidad de tener que pagar las costas del proceso si su pretensión fracasa. Eso muestra que se trata, en definitiva, de un tema estrictamente societario acerca de la responsabilidad del representante legal (el presidente) en caso de obligar abusivamente a la asociación, que eventualmente podrá dar
lugar a una acción de daños pero que de ninguna manera
personería en
juicio. Eso,
cuando la lectura de los estatutos de la DAIA y demás
documentación aportada no permite concluir definitivamente que su presidente no tuviera las facultades que invoca; especialmente, cuando en un caso de tanta trascendencia pública y mediática no ha habido ninguna presentación de
voluntad expresada por Ariel Cohen Sabban.
instancia, ni las defensas, han efectuado una evaluación integral sobre la normativa actual que rige la materia, a
la luz del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ni se han hecho cargo de demostrar cuál es la interpretación
punto, limitándose
señalar que la norma del art. 1184 del viejo Código Civil
de la Nación se encontraba derogada.
consideraciones hasta aquí
expuestas, entiendo que corresponde rechazar el pedido de
la defensa de Héctor Timerman y del señor Fiscal General ante esta instancia de declarar inadmisible el recurso de
pretensa querellante; con
(arts. 530 y ss.).
1. c. Sobre la pretensión de la DAIA de ser
tenida como parte querellante.
La pretensión de la recurrente exige determinar si es posible reconocerle, a la luz de la legislación procesal federal vigente, legitimación para actuar como querellante en la presente causa. Dicho examen ha sido omitido en las resoluciones
jurisdiccionales dictadas en

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución

 resolución 

resolución 
 resolución