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Timestamp: 2020-07-08 02:01:38+00:00

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Empresas archivos | José María González Abogados
En una sociedad de capital1 (sociedad limitada o sociedad anónima, por ejemplo) el socio minoritario está frecuentemente maniatado por los socios que representan las mayoría, que son los que controlan la sociedad. No obstante, tiene reconocidos una serie de derechos que puede ejercitar ante la sociedad en amparo de sus intereses tanto políticos como económicos2.
Estos derechos han de ejercitarse con cautela y mesura, pues no es admisible tampoco el llamado «abuso de la minoría» que pueda entorpecer el normal desarrollo de la sociedad de capital.
Ha de primarse el interés social sobre el interés particular, salvo cuando este último se ejercita legítimamente
De contenido económico, es el principal derecho del socio que no interviene en el control de la sociedad. En muchos casos, la razón de ser socio viene por la participación en las ganancias. Así, es nulo cualquier acuerdo social que excluya indefinidamente el reparto de dividendos.
La problemática para disfrutar de este derecho es que requiere un acuerdo expreso de la Junta de la sociedad. Y es ahí donde empiezan los problemas: lo que a unos (los minoritarios) les interesa, probablemente no interese a los otros (los mayoritarios, que pueden obtener beneficios indirectos evitando el reparto).
El acuerdo social para reparto de dividendos ha de observar algunas condiciones. Tras el reparto de dividendos, el patrimonio neto de la sociedad no puede ser inferior al capital social. A sensu contrario, hasta ese límite sí se pueden repartir beneficios. Además, los beneficios jamás podrán ser a costa del patrimonio neto de la sociedad, solo a costa de las reservas disponibles.
La alternativa a la distribución de beneficios es la constitución de reservas voluntarias de la sociedad o suspenderlas por tiempo definido con fundamento a las necesidades de la empresa. Y es aquí donde el socio minoritario tiene un arma para conseguir el reparto: impugnar el acuerdo por abuso de derecho por los mayoritarios. El no reparto de beneficios, en definitiva, ha de tener un fin concreto y justificado.
Además del ya comentado, legalmente se le reconocen otros derechos exigibles frente a la sociedad dirigida por la mayoría. Pueden tener una función de verdadera fiscalización. Entre los más importantes, que podrán ser ejercitados concurriendo los requisitos necesarios, destacamos:
Ejercicio de la acción de responsabilidad por la realidad de las aportaciones no dinerarias y el valor que se les haya atribuido.
Solicitar la convocatoria de Junta General de la sociedad.
Solicitar informes o aclaraciones acerca de los asuntos que se van a tratar en la Junta General según consten en el orden del día. Frente a este derecho, el órgano de administración de la sociedad no puede oponerse alegando que la publicidad solicitada perjudica los intereses sociales.
Requerir la presencia de un notario que levante acta de la Junta General.
Impugnar los acuerdos nulos y anulables del consejo de administración.
Examinar la contabilidad de la sociedad. El socio podrá estar asistido de un experto contable y tendrá acceso a los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas.
Nombramiento, con cargo a la sociedad, de un auditor de cuentas.
Derecho de veto del socio minoritario
Existe una especie de derecho de veto en la adopción de determinados acuerdos sociales. Así, en algunos casos se exige la unanimidad para su adopción. Ello supone en la práctica que cualquier socio tiene la facultad de decidir con su voto que el acuerdo propuesto no sea aprobado. Entre tales acuerdos, mencionamos:
Aumento del capital social que se realice elevando el valor nominal de las participaciones sociales (salvo que se realice con cargo a las reservas o beneficios de la sociedad).
Reducción de capital que no afecte por igual a todas las participaciones.
Devolución de capital por restitución de aportaciones a los socios que no se efectúe a prorrata de las respectivas participaciones sociales.
Modificación de los estatutos introduciendo causas de separación o exclusión de los socios no previstas legalmente.
Percepción por los socios de la cuota resultante de la liquidación en bienes distintos del dinero.
Otro medio de protección del socio es la necesidad de su consentimiento expreso para que determinados acuerdos puedan ejecutarse frente a él. Ello será cuando el acuerdo le afecte individualmente.
Tales casos son la creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, sea mediante acuerdo o modificación de los estatutos; así como cualquier modificación de los estatutos que afecte a sus derechos individuales.
Pero no serán inválidos los acuerdos adoptados sin el consentimiento del socio, solamente resultarán no exigibles frente a él. Aunque por la propia naturaleza del acuerdo, en muchas ocasiones no podrá llevarse a efecto en absoluto sin el consentimiento.
Por tanto, vemos cómo el socio minoritario sí es alguien en la sociedad, legalmente tiene diversas posibilidades de intervenir en la sociedad, y de protegerse frente a ella ante acuerdos que le perjudiquen.
1. ⇧ Las Sociedades de Capital están reguladas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
2. ⇧ De interés para el tema son las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2009 y 10 de marzo de 2011.
En la relación entre socios de una entidad mercantil cada vez cobra más importancia los pactos parasociales1. Los pactos parasociales, o acuerdos extra-estatutarios, son acuerdos adoptados entre los socios (todos o algunos) de una sociedad con el objetivo de regular ciertos aspectos no establecidos estatutariamente, así como complementar o especificar las relaciones internas, legales o estatutarias por las que se rige ésta. Son necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones entre los socios, y de estos con la sociedad.
Los pactos parasocialales poseen un carácter autónomo y accesorio
Los pactos han de estar perfectamente redactados para que su aplicación, exigencia y cumplimiento de obligaciones sea ágil y efectivo. No dejan de ser un contrato entre los socios en el que se regulan derechos y obligaciones. Pero no todos los pactos parasociales que llegan a nuestras manos están redactados de forma comprensiva de todas las situaciones posibles (o al menos, las más comunes). Ello se debe a la falta de costumbre y experiencia en este tipo de documentos.
Puede darse el caso que uno de los socios no cumpla con sus obligaciones contenidas en el contrato. A falta de regulación en el propio contrato para resolver esta situación, la Ley nos ofrece varias herramientas o acciones.
Pactos de relación: Regulan las relaciones directas de los socios (acuerdos de adquisición preferente, obligación de ceder o adquirir participaciones en determinadas situaciones, pactos de no agresión, etc.)
Pactos de atribución: Atribuyen ventajas a la sociedad (pactos de obligación adicional de financiación a la sociedad por los socios, pactos de no competencia, etc.)
Pactos de organización: Regulan la organización y funcionamiento de la sociedad, estableciendo el marco necesario para la toma de decisiones en el desarrollo del negocio (composición del órgano de administración, pactos sobre disolución de la sociedad, pactos sobre quórums reforzados, etc.)
Pactos suscritos por parte de los socios. Acciones frente a su incumplimiento
Nos vemos en la esfera del Derecho Civil, donde los socios que podrán ejercer acciones civiles entre ellos.
a) Acción de cumplimiento forzoso
El socio que se vea perjudicado por el incumplimiento de otro socio podrá requerir a éste para que cumpla con su obligación. Caso de desatender el requerimiento, tendrá una acción frente a él que podrá ejercer ante los Tribunales de Justicia.
El gran iconveniente de esta vía es el tiempo necesario para ver satisfechas las expectativas. Los Tribunales no son nada rápidos, por lo que su ejercicio, como primera opción, no es ágil.
b) Acción de indemnización de daños y perjuicios
Dependiendo de la naturaleza del incumplimiento sí puede ser una solución más atractiva que la anterior, puesto que la vida de la sociedad continuará su curso pero a medio plazo el socio será indemnizado. En estos casos, el incumplimiento ha de ser fácilmente cuantificable económicamente para que prospere de la mejor manera la acción.
Estaríamos en un caso ante el que el socio perjudicado soportaría realmente las consecuencias del incumplimiento, pero se vería económicamente indemnizado.
En cualquier caso, se ve la importancia de incluir este mecanismo en el propio contrato con fines disuasorios para el incumplimiento. Incluso en el propio contrato se puede especificar la cuantía indemnizatoria o, al menos, las bases para su cálculo.
c) Acción de remoción
Será aplicable cuando el incumplimiento del socio se manifiesta con una acción, y no con una omisión (como lo sería en el primer caso de los expuestos).
Ante una acción expresa que contraviene lo contratado, además de la acción indemnizatoria antes expuesta, el socio perjudicado puede solicitar de los Tribunales que se rehaga lo mal hecho del modo correcto según lo estipulado en los pactos parasociales.
La principal dificultad de esta solución recae en el derecho que terceras personas ajenas a la sociedad pueden adquirir con la acción primera del socio que incumple. Esta acción no puede afectarle, salvo que se tomen las debidas cautelas de modo urgente.
d) Resolución del contrato de los pactos parasociales
Ante el incumplimiento puede plantearse la resolución del contrato, esto es, de los pactos parasociales. Lo más efectivo para ello es que esta opción esté recogida en el propio contrato.
Dependiendo de cual sea la situación social y relación entre socios, esta puede ser la solución más conveniente. El socio que se ve afectado por un incumplimiento (socio en el que se habían generado unas expectativas en la acción del otro socio) dejará en el futuro de albergar tales expectativas.
Esta resolución también puede llevar aparejada una indemnización por daños y perjuicios.
Pactos parasociales suscritos por todos los socios
Las acciones expuestas no son, a la vista queda, soluciones perfectas. El mejor mecanismo para la protección de los pactos parasociales es que éstos tengan la fuerza necesaria para prevenir/disuadir su incumplimiento.
La verdadera fuerza de este tipo de contratos está en que sea omnilateral, es decir, firmado por todos los socios, e incluso por la sociedad. Así podrán ser oponibles frente a lo sociedad (no limitándose a una relación privada entre socios). El socio cumplidor podrá impugnar el incumplimiento de otro socio por la propia vía de la sociedad.
Aun así, la oponiblilidad de los pactos para sociales frente a la sociedad no es fácil. Según qué casos, los Tribunales exigen que, además de la infracción del contrato, se infrinja la Ley, los Estatutos sociales o que el incumplimiento lesione en beneficio de uno o varios socios (o de un tercero) los intereses de la propia sociedad. Este último caso es difícil de determinar en no pocas situaciones; podrá concurrir cuando el acuerdo adoptado infringiendo el contrato se imponga de modo abusivo por la mayoría en su interés propio (y no de la sociedad) y en detrimento de los otros socios.
En cualquier caso, como en todos los ámbitos jurídicos, el incumplimiento plantea dificultades de conviencia (en este caso social) y de reparación. No cabe duda que los pactos suscritos por todos los socios van a ser más ágiles y efectivos que los suscritos solo por parte de algunos de ellos.
Por lo tanto, es recomendable que el contrato sea suscrito simultáneamente a la constitución de la sociedad, al igual que se redactan los Estatutos. Ofrecen a las sociedades mercantiles mecanismos con los que mejorar su negocio, facilitar la relación entre los socios y dar respuesta a problemas que afecten a su funcionamiento. Son, además, una herramienta de gran valor para los socios minoritarios.
El contrato ha de contener medidas que por sí misma eludan el incumplimiento, entre ellas opciones de compra o cláusulas penales.
La evolución doctrinal y jurisprudencial, aunque contradictoria, avanza hacia la unión de los ámbitos societario y contractual en el contexto de los pactos parasociales, consecuente con las demandas actuales de las sociedades, otorgando mayor eficacia y oponibilidad a los mismos.
1. ⇧ Su fundamento estriba en el principio general de autonomía de la voluntad de las partes, consagrado en el artículo 1255 del Código Civil: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni el orden público”, así como en el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital: “En la escritura y en los Estatutos se podrán incluir, además, todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social elegido”.
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Un proceso de inspección tributaria puede finalizar mediante la firma de un acta con acuerdo. Las actas con acuerdo pueden ser propuestas como elemento probatorio en los procesos que sean tramitados por una administración distinta de aquélla que suscribió.... Leer más...
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References: Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1255
 artículo 28