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Timestamp: 2019-08-21 23:12:16+00:00

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Acuerdos de Paz – Protocolos y Anexos- Entrega final | Vientos Estereo
Publicamos la ultima parte de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Disposición final del armamento: Es el procedimiento técnico por el cual las armas de las FARC- EP se utilizan para la construcción de 3 monumentos a saber: uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano en lugar a ser determinado por la organización política surgida de la transformación de las FARC-EP, en acuerdo con el Gobierno Nacional.ProcedimientoPara efectos de la DA, al día de la entrada en vigor del Acuerdo Final se le denomina “día D”. La DA implica una fase de Planeamiento y otra de Ejecución.
Cantidad de armas por tipo correspondientes a integrantes de las FARC-EP que sean miembros del MM&V, y de aquellos autorizados a salir de los campamentos para cumplir tareas relacionadas con elproceso de paz (60 en total a nivel nacional y 10 por cada ZVTN y hasta 8 por cada PTN).
Cantidad de armas de acompañamiento, granadas y municiones por tipo, así como el armamento demilicias que será transportado a las ZVTN y PTN entre el día D+7 y el día D+30.
Cantidad y tipo de armamento inestable que se destruirá y geo referenciación de los depósitos(caletas).
Lugar y oportunidad en que se realizará la destrucción del armamento inestable de las FARC-EP.Toda esta información deberá permitir un planeamiento al detalle del MM&V con los responsables de la seguridad de este para lograr una actividad eficiente, segura y con el secreto necesario, de acuerdo a los protocolos.Fase de ejecuciónEl día D+5 las unidades de las FARC-EP inician el desplazamiento hacia las ZVTN y PTN correspondientes transportando el armamento individual con su dotación de munición.El MM&V monitorea y verifica este procedimiento.
Se deberá asegurar que los desplazamientos del CI-MM&V se realicen por rutas seguras, sin minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG).
Para este efecto las FARC-EP suministran la información pertinente y se realizan todas las coordinaciones con el Gobierno Nacional y el CI-MM&V.
D+150 se almacena el 40% restanteLos pasos anteriores en el proceso de Dejación de las Armas por parte de las FARC-EP, se darán de manera secuencial, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC- EP que guía el fin del proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.En forma similar a lo establecido en el párrafo anterior, entre el día D+150 y el día D+180 las Naciones Unidas proceden a la extracción de todas las armas almacenadas, previamente inhabilitadas para su utilización como armas de guerra y a la destrucción de las granadas y municiones.Esta actividad deberá estar adecuadamente coordinada entre las FARC-EP, CI-MM&V y el Gobierno Nacional debido al esfuerzo logístico y de seguridad que ello implica.
Para cada arma se llena un formulario que incluye los siguientes datos: o Tipo de arma (ametralladora, fusil, pistola, hechiza, etc). o Calibre (.50, 7.62 mm, etc.)
o Modelo (M16 A1, AK-47, etc.)
o Nombre de quien la porta.
o El observador u observadora del CI-MM&V comprueba los datos del formulario del arma con la inspección ocular de la misma.
o Tipo de arma.
o Nombre del combatiente que porta el arma.
Se archivan los formularios de manera segura y confidencial. El CI-MM&V será el custodio de la información referente a la DA.ARMAS DE ACOMPAÑAMIENTO, DE MILICIAS, GRANADAS Y MUNICIONESEl CI-MM&V será el encargado de verificar el cumplimiento de éste protocolo. Con este fin coordinará con el responsable de las FARC-EP en cada campamento.
El día D+60 se procede al almacenamiento en contenedores de las armas de acompañamiento, las de las milicias, granadas y municiones que hasta el momento se encontraban en armerillos temporales.ALMACENAMIENTO DE LAS ARMAS Y MUNICIONESEl almacenamiento de las armas y municiones se llevará a cabo en contenedores acondicionados a tales efectos.El área designada para su ubicación deberá adecuarse de la siguiente manera:
“Artículo xxx: La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así: Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.
VI.- Igualmente, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que una vez aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se efectuará una declaración presidencial con forma de declaración unilateral del Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas, citando la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero de 2016, pidiendo al Secretario General que se dé la bienvenida al Acuerdo Final y lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero, generando una documento oficial del Consejo de
Seguridad, y anexando a dicha Resolución 2261 el texto completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Mona Frøystad
El proyecto de ley de amnistías, indultos y tratamientos penales especiales antes indicado, se presentará ante el Congreso de la Republica al día siguiente de la entrada en vigencia del “Acto Legislativo 01 de 7 de julio de 2016, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
El acto legislativo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se presentará ante el Congreso de la Republica al día siguiente de la entrada en vigencia del “Acto Legislativo 01 de 7 de julio de 2016, por medio del cual se establecen instrumentos
jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
(i) Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, (ii) Sala de Amnistía o indulto,
7o.- Régimen de la extradición, mediante la incorporación a la Constitución Política del texto establecido en el numeral 72 del acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz de 15 dic 2015, salvo la mención “(…) En el Acuerdo final de paz (..)”, existente en su último párrafo.
Las partes acordaran otro artículo transitorio que incorporará a la Constitución Política la literalidad del Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y el compromiso sobre derechos humanos”, alcanzado el 15 de diciembre de 2015. Lo acordado en este párrafo modifica lo establecido en el punto IV del acuerdo alcanzado entre las partes en fecha 12 de mayo de 2016 exclusivamente en lo referido a la incorporación del Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y el compromiso sobre derechos humanos” a la Constitución Política
V.- De este Acuerdo Especial se firman cinco ejemplares originales e idénticos, uno para cada una de las partes, uno para cada país garante y uno para ser remitido al
Consejo Federal Suizo para su depósito, el cual no deberá ser de acceso público hasta la firma del Acuerdo Final de Paz.
Por la Delegación del Gobierno Nacional
Idun Aarak Tvedt
Por Noruega como país garante
Por la Delegación de Paz de las FARC EP
Por Cuba como país garante.
LEY DE AMNISTÍA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES.
CAPITULO I AMNISTÍAS DE IURE
Artículo 14. Amnistía de iure. Se concede amnistía por los delitos políticos de “rebelión”,“sedición”,“asonada”,“conspiración” y “seducción, usurpación y retención ilegal de mando» y los delitos que son conexos con estos de conformidad con esta ley, a quienes hayan incurrido en ellos.
Respecto de quienes exista un proceso en curso por los delitos mencionados en los artículos 14 y 15 de la presente Ley, la Fiscalía General de la Nación solicitará inmediatamente la preclusión ante el Juez de Conocimiento competent.
Respecto de quienes ya exista una condena por los delitos mencionados en los artículos 14 y 15 de la presente Ley, el Juez de Ejecución de Penas competente procederá a aplicar la amnistía.
La Sala de Amnistía e Indulto analizará cada caso de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz y en esta ley, así como de acuerdo con los criterios devaloración establecidos en el artículo 22 de esta ley, y decidirá sobre la procedencia o no de tales amnistías o indultos.
Personas que, por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos, hayan sido perseguidas penalmente, entre otros, por los delitos contemplados en los artículos 112 (lesiones personales con incapacidad menor a 30 días), 265 (daño en bien ajeno), 353 (perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial), 353A (obstrucción a vías públicas que afecte el orden público), 356A (disparo de arma de fuego), 359 (empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos), 429 (violencia contra servidor público), 430 (perturbación de actos oficiales) y 469 (asonada) del Código Penal colombiano.
Casos de participación determinante en los denominados crímenes: crímenes de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, o reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, sin perjuicio de la facultad contemplada en el numeral 2 del artículo 27 de esta Ley.
Parágrafo.-Si por los hechos o conductas objeto de las amnistías o indultos previstos en esta Ley hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones impuestas como resultado de las mismas, las amnistías o indultos previstas en esta ley las cobijarán; el funcionario competente deberá adoptar a la mayor brevedad la decisión que extinga tanto la acción como la sanción, a través de los mecanismos jurídicos correspondientes. En caso de que esto último no ocurra en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el interesado podrá solicitar la extinción de la acción o sanción ante la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la utilización de otros recursos o vías legales que considere.
Hacer tránsito a cosa juzgada material y sólo podrá ser revisada por el Tribunal paralaPaz.
Anula o extingue la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativaderivada de la conducta penal.
Opera hacia futuro y no tiene efectos retroactivos laborales, disciplinarios, administrativos o fiscales.
Artículo 48. Recursos contra las resoluciones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas:Las resoluciones adoptadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrán ser recurridas en reposición ante la misma Sala, y en apelación ante la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz únicamente a solicitud del destinatario de la resolución.
Quenosetratededelitosdelesahumanidad,elgenocidio,losgravescrímenesdeguerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Artículo 55. De los beneficiarios de la Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial para Agentes del Estado. Los Agentes del Estado que al momento de entrar en vigencia la presente
ley lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz continuarán privados de la libertad en Unidad Militar o Policial, siempre que cumplan los siguientes requisitos concurrentes:
Quesetratededelitosdelesahumanidad,elgenocidio,losgravescrímenesdeguerra,la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
De conformidad con el numeral 68 del Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, de 15 de diciembre de 2015, las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones han definido, de mutuo acuerdo, confiar alas Naciones Unidas la designación del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Secretario Ejecutivo deberá reunir los requisitos previstos en dicho Acuerdo y ser de nacionalidad colombiana. Podrá ser hombre o mujer, de preferencia con experiencia en la administración de justicia. El secretario ejecutivo seleccionado será confirmado por el comité de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. La decisión de no confirmarlo deberá ser votada por la mayoría calificada que se establezca en el acuerdo de creación de dicho comité.
La designación del Secretario Ejecutivo se hará, a la mayor brevedad posible, por el responsable del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) de la Organización de Naciones Unidas, que es el mecanismo independiente acordado por las partes.
Hasta tanto sea creado dentro de la estructura del Estado el cargo de Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la Secretaría Ejecutiva de dicha jurisdicción, el Secretario Ejecutivo actuará transitoriamente como funcionario de la Organización de Naciones Unidas.
El Gobierno Nacional se compromete a proporcionarle al Secretario Ejecutivo la colaboración que este requiera para cumplir sus funciones transitorias. A la fecha del nombramiento del Secretario Ejecutivo, el Gobierno Nacional determinará el funcionario de alto nivel que servirá de enlace para el cumplimiento de este compromiso.
De conformidad con el numeral 16 del mencionado Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, el Gobierno se compromete a asegurar la creación de la Secretaría Ejecutiva, y a adelantar la consecución de recursos económicos que garanticen la oportuna y eficaz puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme a la normativa que regule la implementación de esta.
El Secretario Ejecutivo designado según lo previsto en el punto primero de este acuerdo, asumirá de manera transitoria las siguientes responsabilidades: “(a) Coordinar con el Ministro de Justicia el plan de creación y puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz así como el cronograma previsto para que esta pueda entrar en funcionamiento de manera oportuna, así como expresarle al Ministro de Justicia a la mayor brevedad las recomendaciones pertinentes; (b) impulsar la adopción de las decisiones y medidas necesarias para asegurar que la Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas puedan cumplir sus funciones desde el día mismo de su creación; (c) promover las decisiones y las medidas necesarias para que todos los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como los magistrados y fiscales de la misma, puedan entrar a funcionar de manera oportuna, en instalaciones idóneas, con los soportes técnicos, informáticos, administrativos y personales que estos requerirán; (d) adelantar la coordinación necesaria con los órganos que según el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz deberán presentarle informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de tal forma que estos puedan presentar tales informes de manera oportuna; y (e) adelantar las demás acciones necesarias con el fin de tener la capacidad institucional adecuada para que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda cumplir eficientemente sus responsabilidades según lo establecido en el acuerdo de creación de dicha jurisdicción, en especial para garantizar la infraestructura, la contratación del personal, la puesta en marcha de sistemas de información y de gestión de procesos judiciales y los demás recursos tecnológicos, así como los recursos suficientes para el funcionamiento de todos los órganos de esta jurisdicción tanto en la ciudad donde se ubicará como en los lugares a los cuales deban desplazarse los magistrados y fiscales en cumplimento de sus funciones.
El Secretario Ejecutivo también asumirá las siguientes responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos sobre dejación de armas de las FARC-EP y concesión de amnistías, indultos y tratamientos especiales, incluidos los diferenciados para los Agentes del Estado: (a) Recibir las manifestaciones de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz y de puesta a disposición de la misma; (b) preparar un informe, con destino a la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el nombre y la identificación precisa de cada una de las personas que han manifestado su sometimiento a dicha jurisdicción en la cual conste la información básica pertinente, como por ejemplo, la Sala a la cual solicita acceder, la petición formulada, los elementos relevantes para calificar si la conducta mencionada tiene relación con el conflicto armado, y de existir un expediente, cuál es su ubicación y donde se encuentra a disposición de los órganos de la JEP en el evento de que deseen consultarlo; (c) recibir, original o copia según el caso, de las actas de compromiso suscritas en cumplimiento de los acuerdos sobre dejación de armas, aplicación de la Ley 418 de 1997 y las demás normas vigentes o que se expidan en el futuro sobre amnistías, indultos y tratamientos penales especiales, en particular los diferenciados para Agentes del Estado, e incluir en su informe a los órganos de la JEP la información pertinente sobre dichas actas de compromiso para facilitar el oportuno inicio de las actividades de cada órgano de la JEP. En el evento de que el solicitante haya firmado un acta de compromiso, indicar el número de radicación de la misma para su ágil consulta; (d) Recibir de parte de la Misión de Monitoreo y Verificación (MMV) información sobre dejación efectiva de armas e incluirla en el informe a los órganos de la JEP o del Estado en lo que sea pertinente, en especial respecto de los que solicitan amnistías e indultos; (e) En su informe a los órganos de las JEP, el Secretario Ejecutivo agrupará los casos de conformidad con los parámetros establecidos en el Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, de 15 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que luego los complemente con base en los criterios que adopten las Salas.
El Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz cumplirá las responsabilidades mencionadas en el punto 7 de este acuerdo, contrastando la identificación de las personas que efectúen las manifestaciones de sometimiento y las solicitudes recibidas con base en las reglas acordada en la Mesa de Conversaciones, así: (a) Respecto de los integrantes de las FARC-EP con base en los listados entregados y verificados por el procedimiento definido en la Mesa de Conversaciones; (b) Respecto de los miembros activos o en retiro de la Fuerza Pública, con base en los listados que elabore para el efecto el Ministerio de Defensa Nacional; (c) Respecto de las demás personas, con base en la providencia judicial pertinente.
El Secretario Ejecutivo presentará ante las autoridades judiciales la información pertinente sobre el sometimiento de una persona a la JEP en el evento de que cursen procesos judiciales en su contra.
Para el cumplimiento de sus responsabilidades, el Secretario Ejecutivo organizará y pondrá en funcionamiento provisionalmente la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz de tal forma que se encuentre lista para operar de manera definitiva una vez sea creada mediante los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano. Con este fin, avanzará en la consecución de la sede de la Secretaría, la organización de su infraestructura, la contratación de personal, el alistamiento logístico, técnico e informático, así como en la consecución de recursos suficientes para financiar su funcionamiento y el de toda la Jurisdicción Especial para la Paz.
Este acuerdo tendrá vigencia desde el momento de su firma, quedando sin efecto si las partes concluyeran las actuales conversaciones sin alcanzar un Acuerdo Final de Paz.
De este Acuerdo Especial se firman cinco ejemplares originales e idénticos, uno para cada una de las partes, uno para cada país garante y uno para ser remitido al Consejo Federal Suizo para su depósito, el cual no deberá ser de acceso público hasta la firma del Acuerdo Final de Paz.
Humberto de la Calle Delegación del Gobierno Nacional
Garante Noruega
Iván Márquez Delegación de Paz de las FARC EP
Garante Cuba
RespectoalosintegrantesdelasFARC-EPquevayanaparticiparenelprocesodedejación de armas, se aplicará la suspensión de la ejecución de órdenes de captura conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 418 de 1997 modificada por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016. La suspensión se producirá desde el inicio del desplazamiento a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), suspensión que se mantendrá durante dicho desplazamiento y hasta la culminación del proceso de dejación de armas o hasta que el Gobierno lo determine en caso de que se incumpliera lo establecido en el acuerdo de dejación de armas.
Adicionalmente,seaplicaráloestablecidoenelanteriornumeralrespectoalosmiembros de las FARC-EP por fuera de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) para adelantar actividades propias del proceso de paz.
La aplicación de las dos medidas anteriores se hará conforme a lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 88 de la Ley 418 de 1997 modificada por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016.
Las personas privadas de la libertad por pertenecer a las FARC EP, que tengan condenas o procesos por delitos indultables según las normas en vigor a la fecha del inicio de la dejación de armas, serán objeto del indulto previsto en la Ley 418 de 1997 y sus posteriores reformas, exclusivamente para las conductas que las leyes permiten indultar. El indulto se otorgará con efectos desde el momento en el que se inicie el proceso de dejación de armas.
Las personas privadas de la libertad por pertenecer a las FARC EP, que tengan condenas o procesos por delitos que las leyes en vigor en el momento del inicio de la dejación de armas no permitan indultar, en aplicación de lo establecido en el Código Penitenciario y Carcelario (ley 65 de 1993) y las normas que lo reglamentan, serán trasladadas a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), una vez que los miembros de las FARC EP en proceso de dejación de armas se hayan concentrado en ellas en cumplimiento del acuerdo de 23 de junio de 2016.
LaspersonasalasqueselesaplicaloestablecidoenesteAcuerdoseránlosmiembrosde las FARC-EP según el listado entregado al Gobierno Nacional por la persona designada expresamente por la anterior organización para ese fin, y verificado por el Gobierno Nacional según lo establecido en el “Acuerdo Final”, así como las personas calificadas como integrantes o colaboradores de las FARC-EP en una providencia judicial proferida con anterioridad al inicio de la ejecución de este Acuerdo y que no se reconozcan como tales
Paralosefectosprevistosenlosnumerales1,2y3,unapersonadesignadaporlasFARC- EP entregará al Gobierno Nacional un listado indicando expresamente las personas a las que se les aplica además el numeral 2, para que sea verificado por el Gobierno Nacional según lo establecido en el Acuerdo Final y luego entregado al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) establecido en el Acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Para los efectos previstos en los numerales 4 y 5, un delegado de las FARC-EP expresamente designado para ello entregará formalmente y por escrito al Gobierno Nacional, a la mayor brevedad, dos listados, uno con los y las integrantes de la organización que se encuentran privados de la libertad por cualquier delito y otro con las personas que se encuentran privados de la libertad por haber sido condenados o procesados por pertenencia o colaboración con las FARC EP y que no se reconozcan como tales. Los listados serán verificados por el Gobierno Nacional, según lo establecido en el Acuerdo Final, en el plazo más breve posible con el fin de cumplir lo acordado en los tiempos establecidos siempre que los listados hayan sido entregados en forma oportuna. El primer listado al que se refiere este numeral hará parte del listado final y único de integrantes de las FARC EP cobijados por el Acuerdo Final. A efectos de la aplicación de este Acuerdo, las FARC-EP podrá hacer entregas de listados parciales hasta el momento de entrada en vigor de la ley de amnistía.
A efectos de elaborar los listados mencionados en este acuerdo, de forma inmediata comenzaran a efectuarse las visitas de los abogados designados por las FARC- EP a los lugares donde se encuentren privados de libertad los prisioneros de las FARC-EP o acusados de serlo, para recolectar, a partir de los colectivos existentes, los nombres y demás datos personales y de procedimientos penales de todas las personas privadas de libertad por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. La Mesa de Conversaciones solicitará a la oficina del Alto Comisionado para la Paz la entrega de la información que obre en su poder sobre las personas privadas de la libertad, imputadas, acusadas o condenadas con ocasión a su pertenencia a las FARC-EP o acusados de pertenecer a esta sin que se reconozcan como tales. El Gobierno Nacional aportará a la Mesa de Conversaciones la información que obre en su poder, en poder de la Fiscalía o del Consejo Superior de la Judicatura, sobre personas procesadas y condenas por conductas relacionadas con su pertenencia a las FARC-EP o acusadas de colaborar o pertenecer a esta sin serlo.
El Gobierno expedirá los decretos reglamentarios y otras normas administrativas correspondientes para que se lleve a cabo el traslado y se cumplan las normas de vigilancia y custodia establecidas en este acuerdo.
Este acuerdo tendrá validez desde el momento de su firma y quedará sin efecto si las partes concluyeran las actuales conversaciones sin alcanzar un Acuerdo Final de Paz.
Firmado a los 24 días del mes de agosto de 2016 en La Habana, Cuba. Por el Gobierno Nacional
Negociadora Plenipotenciaria
Negociador Plenipotenciario
Delegado del Gobierno de Cuba
Delegado del Reino de Noruega
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References: artículo 3
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 14
 artículo 22
 artículo 27

Artículo 48

Artículo 55
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 88
 artículo 1