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Timestamp: 2019-03-22 22:16:23+00:00

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Sentencia nº 300/2018 de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 27 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 705106357
Sentencia nº 300/2018 de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 27 de Febrero de 2018
Número de Recurso: 5010/2016
Número de Resolución: 300/2018
Número del procedimiento: 5010/2016
REC.ORDINARIO(c/a) núm.: 5010/2016
Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo número 5010/2016 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por el procurador don Luis Ortiz Herraiz, en nombre y representación de doña Carmen que ha sido defendida por el letrado don Dietmar Luickhardt, contra la desestimación presunta, por silencio administrativo de la reclamación administrativa previa formulada por doña Carmen ante la Oficina Nacional de Gestión Tributaria solicitando la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador por aplicación de normativa estatal reguladora del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que estima contraria al Derecho de la Unión Europea por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, siendo parte recurrida la Administración General del Estado.
Por la representación procesal de doña Carmen , se interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta por silencio administrativo, de la reclamación administrativa previa formulada ante la Oficina Nacional de Gestión Tributaria solicitando la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el cual fue remitido y admitido por Auto de esta Sala de 22 de septiembre de 2016 que declaró la competencia de este Tribunal para el conocimiento del mismo, reclamándose el expediente administrativo que, una vez recibido, se puso a disposición del Procurador don Luis Ortiz Herraiz para que, en la representación que ostenta, formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando que la Sala dicte sentencia: &lt;&lt;[...] dicte en su día Sentencia por la que, estimando íntegramente la misma, acuerde, la concesión de la cantidad de CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (105.344,92€), cantidad que deberá ser incrementada con la cuantía que en concepto de intereses de demora que legalmente correspondan desde la fecha en que fuera realizado el ingreso antedicho hasta la fecha en que se haga efectiva la indemnización solicitada, al quedar acreditados todos los requisitos que la Ley establece para dicho reconocimiento; todo ello con expresa CONDENA EN COSTAS a la Administración demandada para el caso de que se opusiese&gt;&gt;.
Por Auto de 9 de febrero de 2017 se acordó no haber lugar al recibimiento a prueba, contra el que se interpone recurso de reposición por la representación procesal de doña Carmen , que se resuelve por Auto de 24 de abril de 2016, estimándolo y procediendo a la apertura del procedimiento a prueba, se admitieron las propuestas y por resolución de fecha 12 de junio de 2017 se acordó sustanciar el pleito por conclusiones sucintas, concediéndose a las partes el término sucesivo de diez días, cumplimentándose dicho trámite por la representación procesal de doña Carmen y por el Abogado del Estado, con el resultado que puede verse en las actuaciones.
Y por resolución de 17 de julio de 2017 se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia del día 20 de febrero de 2018, en cuyo acto tuvo lugar su celebración , habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Objeto del recurso y fundamentos de la pretensión.-
Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo número 5010/2016 por la representación de doña Carmen contra la desestimación presunta por silencio administrativo, de la reclamación administrativa previa formulada ante la Oficina Nacional de Gestión Tributaria solicitando la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por aplicación de normativa estatal reguladora del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que estima contraria al Derecho de la Unión Europea por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, siendo parte recurrida la Administración General del Estado.
En cuanto a los hechos que sirven de fundamento a la pretensión accionada en el presente recurso, escasamente reflejados en el proceso y su expediente, no se cuestionan de contrario y quedan acreditado en las actuaciones, a saber: 1º.- La recurrente en su condición de hija y heredera de su madre, cuya identificación no consta, de nacionalidad alemana, adquirió por título de sucesión determinados bienes situados en las Palmas de Gran Canarias. 2º.- En fecha 29 de noviembre de 2011 se le práctico por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones, resultando una cuota de 105.472,25 €, al quedar sujeto al régimen que para el mencionado Impuesto se establecía en la Legislación estatal, sin poder beneficiarse de las reducciones de la cuota previstas en la Legislación de la Comunidad Canaria. 4º.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 3 de septiembre de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Unión del día 10 de noviembre de 2014; asunto C-127/2012, había declarado que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , era contrario a los artículos 63 del Tratado Fundacional de la Unión Europea y el artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992. 5º.- A la vista de dicha sentencia, se presenta por la recurrente escrito ante el Ministerio de Hacienda en el que, con invocación de la mencionada sentencia del TJUE y acogiéndose al derecho a la indemnización que procediese por incumplimiento del Derecho Comunitario por el Reino de España, se le reintegrase la cantidad pagada por el Impuesto liquidado, en la diferencia resultante de haberle aplicado la normativa autonómica. 6º.- A la vista de dicha reclamación, se adopta el acuerdo del Consejo de Ministros que se impugna, por el que se desestima la reclamación por considerar que no existen los presupuestos de la responsabilidad de España por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el presente supuesto.
A la vista de lo declarado por la Administración demandada, se funda la demanda en considerar que, en el supuesto de autos, concurren los presupuestos para la reclamación de responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y, en concreto, que el incumplimiento de la norma comunitaria está suficientemente caracterizada y existe una relación de causalidad directa e inmediata entre el daño ocasionado y el mencionado incumplimiento normativo por parte del Estado Español.
Ha comparecido el Abogado del Estado que se opone a la pretensión insistiendo, como ya se hace en la motivación del acuerdo impugnado, que debía ser emplazada en este proceso, como corresponsable, en su caso, a la Comunidad Autónoma de Canarias, dado que se trata de un Impuesto transferido por el Estado a dicha Comunidad; de otra parte, que la pretendida vulneración del Derecho de la Unión no está suficientemente caracterizada y debía denegarse la reclamación efectuada.
A la vista del objeto del recurso, las pretensiones y alegaciones de las partes, es necesario comenzar por señalar que esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo ha dictado ya sentencias -entre ellas las números 1566/2017 y 1600 de 2017 , de fechas 17 de octubre y 24 de noviembre, dictadas en los recursos contencioso-administrativos números 6/2017 y 5062/2016, en que se cuestionaban resoluciones del Consejo de Ministros de contenido idéntico al que se impugna en este proceso, hasta el punto de que el mismo acuerdo del Consejo de Ministros se adoptó para los supuestos en ellos enjuiciados y el presente, como cabe concluir del mencionado acuerdo y el Anexo a que se remite. Todo ello obliga a reproducir los argumentos que se exponen en dicha sentencia para la estimación de la pretensión de la recurrente, por imponerlo la unidad de doctrina y la igualdad en la aplicación e interpretación de las normas. En este sentido hemos declarado en la mencionada sentencia:
" Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, desestimatorio de la solicitud indemnizatoria formulada por la aquí recurrente... en concepto de responsabilidad patrimonial derivada del abono del impuesto de sucesiones como heredera de su (esposo) --madre--, en aplicación de una normativa declarada contraria al derecho de la Unión Europea por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014.
Litisconsorcio pasivo de la Comunidad Autónoma.-
Como ya declaramos en la sentencia de referencia:
" Un orden lógico jurídico de enjuiciamiento exige examinar en primer lugar la cuestión invocada por la Abogacía Estado en su escrito de contestación a la demanda y relativa a la necesidad de que sea emplazada la Comunidad Autónoma...
Los fundamentos jurídicos 62 y 63 de la sentencia del Tribunal de Justicia que hemos trascrito revelan que es el criterio de conexión de la legislación española la que da origen al trato diferenciado que se declara disconforme con el derecho europeo."
Concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento de la normativa europea.-
Siguiendo lo ya declarado en nuestra sentencia " Superado por lo expuesto el obstáculo procesal esgrimido por la Abogacía del Estado, vamos a proceder seguidamente al examen, a la luz de los escritos de demanda y contestación, de las razones expresadas en la resolución impugnada para denegar la reclamación de responsabilidad patrimonial.
... En el fundamento jurídico cuarto de la resolución recurrida se invoca como primera razón para la denegación de la solicitud indemnizatoria, tal como ya adelantamos, la inexistencia del requisito de una violación suficientemente caracterizada del derecho europeo.
Conforme decíamos en la referida sentencia de 12 de junio de 2003, conferir derechos a los particulares «[...] no supone otra cosa que el que la vulneración de la norma comunitaria prive al particular del disfrute de ese derecho originándole un perjuicio individualizado y, por tanto, indemnizable» sin que quepa «[...] confundir la idea de conferir derechos a los particulares con la de tener por objeto conferir derechos»."
La relación de causalidad.-
" Respecto a la inexistencia de relación de causalidad, razón expresada en el fundamento jurídico quinto de la resolución recurrida, con fundamento en que la sentencia de 3 de septiembre de 2014 no ha declarado la incompatibilidad de la norma española con el derecho europeo y en que en ningún momento la sentencia invalida la norma nacional, en cuanto el incumplimiento que declara deriva de la existencia de una diferencia de trato y no de la mera existencia del impuesto, así como en la falta de acreditación por los reclamantes de que la diferencia de trato se ha producido y que ello es consecuencia del simple hecho de no ser residente en España, carece de consistencia y debe rechazarse. En gran medida ese rechazo se justifica con lo dicho en el precedente.
Firmeza de las liquidaciones a que se refiere la lesión.-
" La tercera razón que expresa la resolución recurrida para denegar la indemnización se circunscribe, conforme ya anunciamos, a la intangibilidad de las resoluciones firmes (fundamento jurídico sexto).
3º A estos efectos, ya la sentencia del Pleno de la Sala, de 2 de junio de 2010 (recurso contencioso administrativo 588/2008 ), entendió que las normas referidas al instituto de la cosa juzgada deben interpretarse de modo estricto y no extensivo, por lo que la cosa juzgada alcanza a las pretensiones invocadas en el proceso ya fenecido pero no a las distintas y esto último -que sean distintas- cabe apreciarlo respecto del petitum o bien jurídico cuya protección se solicita en un supuesto de reclamación por responsabilidad patrimonial»"
La cuantía de la indemnización.-
" La cuarta razón que recoge la resolución recurrida para denegar la indemnización (fundamento séptimo) es que algunos de los reclamantes pretenden el resarcimiento del importe total de lo ingresado en su día por el impuesto.
... Ejercida [en el plazo] la acción de responsabilidad patrimonial, circunstancia expresamente reconocida en el fundamento de derecho tercero de la resolución recurrida y acreditada, conforme a lo hasta aquí expuesto, la concurrencia de los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para apreciar la responsabilidad patrimonial por violación del derecho comunitario por un Estado miembro, procede la estimación del recurso contencioso administrativo y, con revocación de la resolución impugnada, por contraria a derecho, condenamos a la Administración demandada a que abone a la actora la diferencia entre la cuota autoliquidada por el impuesto de sucesiones y la que resultaría por aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma de (Baleares) Canarias vigente al momento del devengo del impuesto, más los intereses legales."
La estimación íntegra del presente recurso de casación determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , la imposición de las costas del mismo a la recurrida, si bien la Sala haciendo uso de las facultades reconocidas en el párrafo tercero del mencionado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en cuatro mil euros (4000 €), más IVA, la cantidad máxima a repercutir por todos los conceptos.
Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Doña Carmen , contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016 mencionado en el primer fundamento que se anula por no estar ajustado al ordenamiento jurídico.
Condenar a la Administración demanda al pago de la cantidad resultante de restar de lo abonado por el impuesto de sucesiones lo que debiera de abonarse en aplicación de la normativa autonómica de la Comunidad Autónoma de Canarias al tiempo del devengo del impuesto, más los intereses legales.
Imponer las costas a la Administración estatal hasta el límite de 4.000 euros.

References: resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 40
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139