Source: https://www.scribd.com/document/117381605/Relatoria-V-Conferencia-Nacional-de-Acceso-a-la-Informacion-Publica
Timestamp: 2017-07-25 20:03:44+00:00

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Relatoría V Conferencia Nacional de Acceso a la Información PúblicaUploaded by Adriana LeónRelated InterestsPublic AdministrationState (Polity)Political CorruptionRegulationConstitutional RightRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: Relatoría del eventoView MoreRelatoría del eventoCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentAgenda V Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública IPYS – Defensoría del Pueblo 6 y 7 de noviembre NM Lima HOTELPRIMER DIA Martes 6 de Noviembre
Palabras de bienvenida, objetivos del evento e inauguración
Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo (e) EXPOSICIONES
9:15-10:30 Mesa 1: UN DIAGNOSTICO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
“Problemas de atención urgente: el acceso a la información pública en el Perú” Uninforme del IPYS
MirkoLauer, Presidente del IPYS Roberto Pereira, Asesor Legal de IPYS
Comentarios: • Ricardo Salazar, Especialista en Derecho Administrativo.
Mesa 2: UN DIAGNOSTICO DESDE EL ESTADO
“Un balance a 10 años de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Perú”
Fernando Castañeda, Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo • Rocío Vargas, Secretaría de Gestión Pública de la PCM Comentarios: • • Javier Velásquez Quesquén, Congresista de Concertación Parlamentaria Luis Iberico, Congresista de Alianza por el Gran Cambio
Mesa 3: CASOS EMBLEMÁTICOS DE VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: LAS VICTIMAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY
Caso Arellano Serquén Caso Fabiola de la Cuba Caso Gobierno Regional del Callao
Mesa 4: AVANCES Y RETOS DE LA TRANSPARENCIA EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Congresista Víctor Isla, Presidente del Congreso de la República
14:45-16:15GRUPOS DE DISCUSIÓN
Transparencia en las contrataciones del Estado: la Transparencia en los Programas Sociales. Ana Teresa Revilla
• La Transparencia en el ámbito de la Seguridad y la Defensa. Renzo Chiri, Oficial del Programa de Libertades Informativas del IPYS
• La Transparencia en los procesos electorales. Fernando Tuesta, Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP.
• Las excepciones al acceso de Información del Estado. Elena Alvitez, Profesora de Derecho Constitucional en la PUCP
• La relación entre Protección de Datos y el Acceso a la Información Pública. Omar MendezIrigoyen, Abogado del IPYS.
SEGUNDO DÍA Miércoles 7 de noviembre
Mesa 1: Los modelos comparados de Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Lic. Ángel Trinidad Zaldivar. Comisionado del IFAI de México. • Dr. Alejandro FerreyroYazigi. Representante del Consejo para la Transparencia de Chile. Moderador:
Comentarios: • Dr. Samuel Abad Yupanqui. Especialista en Derecho Constitucional
Dr. Julio Arbizú González. Procurador Especializado Anticorrupción.
Mesa 2: El camino hacia una autoridad autónoma de transparencia y acceso a la información en el Perú
Dr. Eduardo Vega. Defensor del Pueblo. Fernando Castañeda, Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo
Comentarios: • Sra.Luz Salgado. Fuerza Popular
Presentación de las conclusiones de las mesas temáticas y preguntas
PRIMER DÍA PALABRAS DE BIENVENIDA MIRKO LAUER Presidente del Instituto Prensa Y Sociedad En nombre del Instituto Prensa Y Sociedad , el periodista MirkoLauer dio la bienvenida a los participantes a la V Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública . Señaló que el IPYS junto con la Defensoría del Pueblo durante cinco años ha venido desarrollando este espacio en el que la sociedad civil y los funcionarios públicos que tienen que ver con los asuntos de transparencia, pasan revista a la problemática. El presidente del IPYS señaló que se ha avanzado mucho en la materia. Precisó que hasta hace unos años se discutía cómo implementar mejor la ley pero ahora vemos que la ley como fue diseñada no es suficiente para satisfacer a plenitud las demandas informativas de los ciudadanos. Por eso, en representación del IPYSapoyó la propuesta de la Defensoría del Pueblo, lanzada desde esta conferencia el año pasado, de crear una Autoridad Autónoma que resuelva las diferencias, de modo que los peticionarios no tengan que recurrir al Poder Judicial ante una negativa de información. Lauer adelantó que esta sería sin duda uno de los temas centrales que abordaría esta conferencia. Finalmente, agradeció en nombre del IPYS a la Defensoría del Pueblo por acompañar una vez más en la organización de la Conferencia, y hacer público también el agradecimiento a Open Society Institute, sin cuyo apoyo esta reunión no hubiera sido posible.
El Dr. Eduardo Vega Luna dio inicio a su intervención con un saludo especial a MirkoLauer, Presidente del IPYS y a la presencia del Congresista Luis Iberico, así como al licenciado Ángel Trinidad Zaldívar, Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) de México. El titular de la Defensoría señaló que no cabe duda que el acceso a la infomacion pública es un rasgo característico de todo estado democrático y un derecho fundamental de todo ciudadano que es garantizado en diversos paises atraves de leyes especiales y mediante el establecimiento de órganos con facultades de promoción, fiscalizacion y resolución de controversias.
Vega destacó que en Perúeste derecho fue reconocido como fundamental en la Constitución Politica de 1993 y su desarrollo legal se pudo concretar hace 10 años con la promulgación de la Ley 27806. Precisó sin embargo que hoy resulta oportuno realizar un balance sobre el impacto de esta ley para superar la cultura del secreto y fortalecer un estado mucho más transparente.
A criterio del defensor del Pueblo un buen gobierno es aquel que considera la transparencia y el acceso a la información pública como una oportunidad para que las personas conozcan las decisiones que se toman en sus distintos niveles y no como una amenaza para el ejercicio de sus funciones. “Esta forma de entender el acceso a la información pública implica remover cualquier obstáculo que haga tediosa o impracticable la entrega de información pública”, comentó, pues este enfoque tiene notorias bondades por el impacto positivo sobre los derechos de las personas y en última instancia sobre su calidad de vida. Asimismo Vega destacó que la falta de transparencia facilita que las decisiones sobre temas tan importantes como por ejemplo el destino de las inversiones públicas se tomen con criterios ajenos a la realidad de la ciudadanía y en especial de los más pobres. Con transparencia,señaló, todos los ciudadanos tienen la posibildad de incidir en el proceso de toma de decisiones y prevenir la corrupción. Más importante tal vez, cuando se trata de inversiones de impacto en la vida de los pobres, prevenir la corrupción puede significar facilitarles salir de la pobreza. En efecto, la cultura del secreto permite que la inversión pública no llegue a su destino y que se desvíe, observó Vega, afectando los objetivos y la calidad de la gestión gubernamental. Por ello constituye un imperativo ético que el etado cautele las inversiones públicas, asimilando oportunamente las denuncias, expectativas e inquietudes de la población, a través de los mecanismos de informacion y participación. El funcionario lamentó que solo advertimos estos problemas tiempo despues cuando ejecutadas las inversiones públicas, los medios de comunicación dan cuenta de actos de corrupción. Para asegurar el impacto de la ley de transparencia y acceso a la información pública es necesario consolidar lo avanzado y evitar cualquier posible regresión, comentó. Vega dijo estimar que la tarea de acabar con la cultura del secreto permanece inconclusa pues un sector importante de nuestra población no la conoce o no la utiliza. En ese sentido, señaló que algunos funcionarios siguen poniendo trabas con interpretaciones retorcidas, con cobros ilegales o con incumplimiento de plazos para entregar la información. “No es casual que en el año 2011 la defensoría haya recibido 1118 quejas por incumplimiento de la ley”, continuó Vega. La Defensoría considera por lo tanto que el modelo peruano,si bien ha representado un avance en la cultura de la transparencia, luego de diezaños necesita ser perfeccionado para garantizar realmente al derecho a la información pública.
Para la institución, este perfeccionamiento puede lograrse de diversas maneras. Vega señaló que luego de un estudio del Banco Mundial (BM)la Defensoría ha elaborado y desarrollado unanteproyecto de ley para la creación de una autoridadnacional autónoma y especializada en nuestro país el cual ha contado con el apoyo de distintas instituciones públicas y privadas y la colaboración de instituciones garantes de acceso a la información publica de México y Chile. A continuación, el titular de la Defensoría señaló que las investigaciones realizadas en el tema demuestran que el marco institucional existente en nuestro país no ha logrado corregir oportunamente los incumplimientos a la ley. Solo en los últimos 5 años, apuntó, la Defensoría ha recibido un promedio de 1200 quejas anuales, y en las cuales se ha verificado un 70% de vulneración del derecho a la información. Asimismo, la notoria dilación de los procesos de Hábeas Data desincentiva al ciudadano a buscar pena judicial a pesar de tener motivos fundados Por lo expuesto, el Defensor del Pueblo destacó que resulta de trascendencia que esta V Conferencia Nacional detalle los obstáculos que enfrenta el acceso a la información pública y analice la experiencia del IFAI de México ydel Consejo para la Transparencia de Chile, en sus labores de promoción y garantía del acceso a la información pública. Vega culminó su intervención haciendo votos de confianza en el que al final de la conferencia se habrá podido avanzar hacia consensos y certidumbres. “Para que el ciudadano conozca que el acceso a la información pública es un derecho y no una gracia. Para que el funcionario público cumpla con sus obligaciones y sea proactivo. Para que el marco institucional garantice el real acceso a la información de calidad”, señaló. Con estas palabras, el Defensor del Pueblo declaró inaugurada la V Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública
Mesa 1: UN DIAGNÓSTICO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
ROBERTO PEREIRA Asesor Legal del IPYS
El Dr. Pereira inició su intervención adelantando que realizaría una suerte de balance, y algunas conclusiones que se han podido trabajar desde la experiencia en el IPYS y con otras organización a las que se han arribado luego de 10 años de promulgada de la Ley de Acceso a la Informacion Pública y todo el marco jurídico que se ha desarrollado alrededor de esta norma.
Pereira destacó que el Perú fue uno de los primeros países en tener una ley, y a partir de ahí en cada país el desarrollo ha sido distinto. “Si bien el Perú ha sido pionero y su norma ha sido referente en la legislación comparada, sin embargo, hay aspectos de la implementación de la transparencia al acceso a la información pública en los que el Perú se ha quedado rezagado en el tiempo, y amerita revisar estos aspectos”, precisó. La importancia de este tema, según el asesor legal del IPYS radica en que la transparencia en el acceso a la información pública, más allá de tener un componente subjetivo de derecho fundamental y de interés concreto de algunas administraciones públicas, constituyen paramétros que van a dar cuenta de la calidad del estado constitucional. “La manera cómo se gestiona la cosa pública está estrechamente vinculada con las obligaciones de transparencia y con una de sus expresiones que es el acceso a la información pública”, comentó.
Al respecto, Pereira preciso que la exposición de ideas de su intervención serían divididas en dos grandes grupos:1) Temas positivos avanzados y, 2) Algunos problemas en el desarrollo de la implementación de este marco jurídico sobre la transparencia de la información pública. 1) Aspectos Positivos A partir de la vigencia de esta norma, comentó Pereira, ha quedado deslegitimada por lo menos en el plano formal la cultura del secreto. “Ya no se justifican las actitudes que niegan información de manera injustificada o las concepciones patrimonialistas en los que el estado es dueño de la información. De manera que ahora existe un parámetro formal, uninstrumento jurídico exigible y vinculante que permite atacar de manera cierta aquellas manifestaciones de la cultura del secreto, No estamos desprotegidos tenemos un referente normativo importante en la ley”, sostuvo. El abogado también destacó que el derecho al acceso a la información pública, por otro lado, forma parte de las obligaciones intermnacionales del estado. Precisó que el estado puede incurrir en responsabilidad internacional, y que de hecho, hay un caso importante fallado por la corte Interamericana, el caso Claux Reyes, donde se estableció la responsabilidad del estado chileno.
A pesar de eso, Pereira sostuvo que no queda claro si es una suerte de compromiso internacional, pero el estado peruano voluntariamente se ha sumado a la iniciativa de la sociedad por el gobierno abierto, y en ese marco ha mostrado su voluntad de cumplir una serie de estándares en materia de transparencia y acceso a la información pública. En ese marco, citó como ejemplo el reciente decreto que amplia el secreto militar para unas materias que no estaban dentro del ámbito del secreto militar el cualpodría colisionar con algunos compromisos que el estado ha suscrito y no se condice con una norma que extiende el secreto militar a ámbitos para los que no está justificado.
Acto seguido, Pereira destacó que a partir de la vigencia de la ley al acceso a la información pública, se han implementado una serie de garantías formales para el derecho al acceso a la información pública y para garantizar la transparencia. “Tenemos funcionares responsables nombrados, se han implementado procedimientos específicos. La transparencia activa ha sido uno de los pilares a través de los cuales el estado ha demostrado su afán de cumplimiento de estas obligaciones. Por lo menos desde el punto de vista formal ha habido un desarrollo extendido en el estado de la incorporación de estas garantías formales”, comentó. Pereira apuntó sin embargo que en cuanto a los cumplimientos sustantivos, es decir en la atención concreta de solicitudes, vemos que estas se cumplen dependiendo de la buena o mala voluntad o convencimiento de los titulares de las instituciones. Asimismo, comentó que hay ámbitos de la administración pública que son históricamente reacios a incorporar las obligaciones de transparencia, porque tienen en su ámbito funcional aspectos que deberían colisionar con otros derechos o bienes constitucionales en los que se plantea una lógica de transparencia absoluta. Para el abogado de IPYS, en materia de cumplimiento sustantivo el incremento de los estándares legales es muy pobre. “En Perú lo que se ha hecho es cumplir lo mínimo que establece la ley. No se ha concebido la ley con una suerte de piso a partir del cual las administraciones públicas tienen que incrementar sus niveles de transparencia. Es como el alumno que aprueba con once. No tenemos experiencias salvo algunas muy puntuales con administraciones públicas que han hecho esfuerzo por incrementar estos estándares”, lamentó. Sin embargo para Pereira también hay que destacar esfueros institucionales importantes. Saludó la labor de la Defensoría del Pueblo por ser una institución que acompaña este proceso desde la gestación de la ley y tiene una línea de trabajo específica en la materia: produce informes, atiende quejas, capacita en materia de transparencia. Asimismo, destacó el trabajo de La Secretaria de Gestión Pública de la PCM, pues ha asumido dentro del Poder Ejecutivo la responsabilidad de hacerle acompañamiento a este proceso. También apuntó que la Contraloría General de la República ha ido incorporando en sus planes de auditoría algunas acciones de control respecto del cumplimiento de esta normativa. “Tenemos una comunidad de funcionarios públicos sensibilizados. Nos encontramos en diversos foros, se comparten trabajos, reflexiones y eso es importante porque se forma una masa crítica dentro de la propia administración pública que puede generar cambios importantes los cuales generan cambios importantes dentro de las instituciones en las que les toca estar”, continuó Pereira Destacó asimismo la función del Tribunal Constitucional(TC) a través de sus decisiones garantistas. “Si uno hace un balance de las decisiones que tiene el TC en esta materia son un referente importante en el cuerpo jurisprudencial en esta materia”, precisó. Para el letrado, el TC ha desarrollado un criterio jurisprudencial importante, incluso antes de la vigencia de la ley de transparencia y acceso a la información pública.
En el ámbito del Poder Judicial (PJ),Pereira estima que la protección es más bien variable. Hay tendencias jurisprudenciales que protegen el derecho pero encontramos un buen grupo de sentencias en los que parece que el PJ no ha internalizado los criterios garantistas del TC. Esa es la razón por la cual según el abogado, siguen llegando casos de Hábeas Data al TC que no deberían llegar porque son claros en cuanto a la vulneración del derecho fundamental. “Creo no obstante que el Poder Judicial dentro de sus limitaciones ha hecho esfuerzos y hay experiencias importantes de trabajo con jueces que han visto resultados favorables en los estándares de protección al derecho de acceso a la información pública”, añadió. Pereira también destacó que existen organizaciones civiles muy comprometidas con el tema: IPYS, Consejo de la Prensa, Pro Ética, CAD, DAR, Suma Ciudadana. “Hay más organizaciones sociales que hoy se dedican de manera exclusiva con líneas de trabajo específicas y que tienen como herramienta el derecho de acceso a la información pública para garantizar la vigencia de otros derechos fundamentales”, dijo. El IPYS se encarga a capacitar a periodistas. IPYS por ejemplo se dedica a pedir información, y evaluamos de esa manera como se comporta frente a pedidos de información 2) Aspectos problemáticos. Para Roberto Pereira, hay debilidad institucional en el cumplimiento pues el modelo peruano lo que ha hecho es establecer responsabilidades al interior de sus instituciones, entre el titular y algunos funcionarios. El cumplimiento ha quedado librado al control intrainstitucionaly la sanciones que establece la propia entidad. No existen por lo tanto incentivos para cumplir, sobretodo cuando tenemos una marcada cultura del secretismo en los hechos, advirtió. Cuando hay incumplimientos lo que le queda al ciudadano es o ir a la Defensoría del Pueblo a interponer una queja o a plantear una demanda de Hábeas data. “Es muy complicado que un ciudadano redacte una demanda, la presente y sobre todo que se ponga a litigar con un procurador público”, dijo. Consideró que esto le quita legitimidad al estado porque se presenta como un ente que no quiere dar información. “También está el cumplimiento de mínimos legales”, continuó Pereira. “Quizá la expresión más gráfica de esto lo que se ha llamado Transparencia Activa. Es decir, la publicación de información por mandato de ley periódicamente en los portales de acceso a la información pública se hace en un lenguaje burocrático. Luego están las barreras linguisticas. ¿A qué población está dirigida la información? Hay nuevas demandas de información, el estado y la población han cambiado. Tiene que haber una lógica de incrementar los estándares de cumplimiento de la transparencia” El asesor de IPYS comentó a continuación que también hay un problema de información pues es dispersa e insuficiente. “¿Qué tenemos como herramientas de información?”, preguntó.“El informe que por el mandato del artículo 22 del texto único ordenado de la ley tiene que hacer la PCM para remitir al Congreso todos los años. La Defensoría del Pueblo produce información a partir de sus quejas. El PJ también a partir de las sentencias que publica, y el TC. Ya sabemos que
hay una obligación de publicar todas las acciones de garantía pero parece ser que eso no es tan regular”. A continuación Pereira pasó a mostrar cuadros comparativos donde se destaca que las solicitudes reportadas a la PCM se han incrementado de 40,000 a casi 70,000 anuales entre el 2003 y el 2010. De estas se han atendido el 95%. Sin embargo estas cifras tienen los siguientes problemas según el abogado: 1) “En primer lugar son cifras muy agregadas, no se sabe qué se está pidiendo, a quién se está pidiendo, dónde se está pidiendo. No se sabe por otro lado si el término atendidoalude a una mera cuestión formal de haberle respondido a la persona o si de verdad se ha satisfecho su derecho a acceso a la información pública. Es decir si se le ha proporcionado información concreta, oportuna y cierta.” 2) Hay dificultad para conocer satisfacción del derecho a acceso a la información pública. 3) Se excluye información que TC considera contenido de derecho a acceso a la información pública. Entonces hay descoordinación entre el informe que dice “estos no son pedidos de acceso a la información pública” y el TC que dice que sí. 4) Hay entidades que no envían información. Por ende, no están reflejadas en este informe. Por ejemplo de 194 gobiernos locales cumplieron con enviar su información a la PCM solo 56 en el 2010. En el caso de los gobiernos locales distritales es peor: de 1,638 solo 204 cumplieron. Por ende, no existen en ese informe. El siguiente cuadro presentado por Pereira abordó el tema “¿Qué información tenemos en la DP?” 1) En el 2003: se presentaron 261 quejas. En el 2004: 493 quejas. Entre el 2008 y 2011: 1,200 quejas promedio anual. (70% fundadas) 2) En los informes anuales de la Defensoría 2001 – 2010 los rubros que más se repiten son: Incumplimiento del plazo legal. Cobros indebidos o excesivos. Alegación de excepciones no previstas o invocadas de manera extensiva. Exigencias de requisitos no previstos (formularios). Falta de designación de los funcionarios responsables. Falta de incorporación del procedimiento de acceso en el (TUPA)
3) La supervisión de transparencia activa de la Defensoría del Pueblo tiene los siguientes indicadores: Nivel de cumplimiento últimos 3 años: Gobiernos Regionales: entre el 60% al 80%
Gobiernos Locales: entre 40% al 60%
4) Sentencias del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional: Análisis instituciones más demandas en 150 sentencias publicadas (enero 2009 – mayo del 2010) La ONP:26.2%. Gobiernos locales 25.4%. Ministerios 13.8% = 70% MTPE. Poder Judicial 9.2%.
5) Otros aspectos problemáticos a 10 años de la promulgación de la la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: - Insuficiente capacitación y difusión: algunos esfuerzos institucionales y organizaciones civiles. Pero no corresponde a una política general del estado. - En el Congreso: se le ha dado inutilidad al Informe PCM – Conocimiento y archivo. Se puede aprovechar para el control político. Tienen información que puede servirle al Congreso. - Ausencia de sanciones. Existe un régimen sancionador insuficiente. Hay que ser preciso en materias de sanciones
Conclusiones: El Doctor Pereira destacó lanecesidad de replantear la institucionalidad de cumplimiento: En esta línea, observó que la Autoridad de Cumplimiento propuesta por la DP es esencial. “Han proliferado los reguladores en materia económica pero no en materia institucional. Hay que echarle un vistazo a las experiencias comparadas. Y considerar penalizar incumplimientos vía presupuesto”, comentó. Finalmente, Pereira dejó a consideración de la audiencia dos ideas clave: 1) Tomarse en serio la política de Estado: “Hay que invertir en institucionalidad. Poner la información para que sea accesible al común de los mortales. No todo tiene que estar en papel. Hay que replantear estos criterios. Requiere que estado asuma como tal estas políticas” 2) Ver la oportunidad de revisión normativa: Ley y Reglamento. “10 años es una buena oportunidad para revisar estándares legales y poder modificarlos y enriquecerlos”, concluyó.
RICARDO SALAZAR Especialista en Derecho Administrativo Luego de agradecer la invitación a este V evento, el Dr Salazar destacó que el acceso a la información pública es un tema que va ganando terreno. “En la primera reunión se hablaba de la necesidad de la ley, hoy estamos asistiendo a una situación en la que hay cosas avanzadas y tareas por realizar”, observó. Para el abogado, es necesario plantear cosas en un escenario nuevo, aprovechar lo que a nivel de la cultura política ya se ha vuelto costumbre, es decir el pedir información, pero también romper esos diques u obstáculos que impiden que la información se entregue de manera sostenida y clara. La primera idea que compartió Salazar es que el derecho al acceso a la información es un derecho constitucional. “El derecho a la petición es un derecho fundamental que se basa en que los seres humanos renunciamos a una cuota de nuestra libertad. Pero esta renuncia también implica a nuestro favor la posibilidad de pedir a quien ejerce el poder y la obligación subsecuente a contestar del estado”, comentó. Esto está consagrado en el artículo segundo de la constitución y ha sido desagregado en la normativa en el caso de esta especialidad, básicamente en el derecho administrativo, y que tiene como una de sus modalidades el derecho de petición de la información, regulado por el artículo 110 de la ley. Partiendo de esa premisa, para Salazar lo que se avance en materia del derecho al acceso a la información tiene que ser la reafirmación de este derecho constitucional. Hay que trabajar tal vez más en materia de quiénes están obligados a brindar información, y para esto nos puede ayudar mucho el concepto de administración pública que comprende a todo tipo de personas naturales o jurídicas sean o no del estado que por alguna razón están ejerciendo función administrativa. Salazar destacó que el mismo concepto es aplicable en el ámbito jurisdiccional. “Estamos concentrándonos en entidades estatales pero falta comprender a aquellas personas privadas que ejercen función administrativa y no entregan información arguyendo que son de carácter privado”, señaló. Salazar identificó 5 instrumentos básicos que utiliza la administración pública para su funcionamiento. 1) 2) 3) 4) 5) Los reglamentos Los actos administrativos 27444 Los actos administración interna. Organización administrativa Contratación administrativa Ejecución física o material
En el caso de los reglamentos hay que fomentar la pre publicación de los proyectos de reglamento, comentó, pues la población tiene derecho a saber ruta que esta siguiendo el estado. “Hoy lo público tiene que construirse de manera participativa”, dijo Salazar.
En los procedimientos administrativos el abogado advirtió que hay que reafirmar que terceros también pueden acceder a información, sobre todo en casos que tienen relevancia social. Para Salazar, en los actos de administración interna la problemática es variada. En los casos de planificación y presupuesto hay que hacer un seguimiento para que siempre estén con información actualizada en los portales. En ese sentido, los rubros de tesorería y contabilidad son más de interés de órgano de control. En lo que se refiere a personal sin embargo, el abogado señaló que hay un requerimiento altísimo de información. Finalmente, comentó que en materia de contratación pública hay que reforzar estas vías directas e indirectas de acceso. “El CEASE ha cumplido rol importante en esta materia. Debe ser extendida esta experiencia a otros ámbitos de contratación pública. Es muy laborioso por ejemplo estar pidiendo individualmente información en materia de concesiones cuando eso debe estar abierto para cualquier ciudadano”, observó Salazar. A continuación el abogado pasó a identificar las modalidades de trabajo de la administración pública: 1. 2. 3. 4. 5. Policía Prestación de servicios públicos Promoción y fomento aplicación de políticas públicas Regulación como actividad de fijación de parámetros o criterios Alianzas público-privadas.
Salazar apuntó que cada una de estas modalidades de acción del estado tienen sus fuentes de información a las cuales se puede acceder. “Estamos acostumbrados a pedir información sobre el resultado final pero no durante el camino, y como consecuencia muchos errores se cometen en ese tramo. Si la población participa en la construcción de lo público entonces con mayor razón hay que trabajar escenario de acceso a la información de manera preventiva, es decir antes de que se tomen las decisiones”, advirtió. Otro aspecto importante para el especialista en derecho administrativo es la necesidad de integrar los diferentes medios que da el estado en materia de acceso a la información, para que el ciudadano tenga una paleta de posibilidades de manera más ordenada. Es así que en el tema de responsabilidad del funcionario público también existe esa necesidad de integrar. Salazar enfatizó que existe un esfuerzo colectivo del estado y comunidad civil e identificó que por lo general hay tres tipos de actitudes en el funcionario público en materia de acceso a la información: a) La primera es que los funcionarios públicos como algo natural sueltan información sin mayor problema, y que son aliados del sistema. b) Hay un segundo grupo de funcionaros que eluden sus responsabilidades. Persuasión y sensación de riesgo es la manera de trabajar con ellos. Hay que hacerles recordar que están afectando derechos constitucionales
c) Existen los que están decididos a no soltar información. Para Salazar una ellos ameritan una sanción más grave. A continuación el abogado saludó a todas las instituciones, entre ellas a IPYS, por el esfuerzo enorme que realizan para generar cultura de transparencia y acceso a la información. Hizo un llamado a fortalecer la alianza con entidades cuya actuación es favorable al tema de transparencia y acceso a la información. “Hay que establecer lazos que desde ambos lados se genere comunidad conjunta”, precisó. Por último, Salazar abordó dos temas claves: 1) Es necesario brindar capacitación a todo nivel. Sugirió que IPYS, y las entidades públicas aprovechen aulas virtuales de disponibilidad libre. “Nuestra experiencia con aulas virtuales gratuitas ha sido sobresaliente”, destacó. 2) Instó a todos los actores de la sociedad civil a pensar en escenario global. “Por ejemplo en materia administrativa se habla de derecho administrativo global por lo tanto va haber un replanteamiento de figuras y en la manera de ejercer derechos como por ejemplo el derecho al acceso a la información”, concluyó. ******************************************************************************** Mesa 2: UN DIAGNOSTICO DESDE EL ESTADO
FERNANDO CASTAÑEDA Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo Luego de saludar a los presentes del Dr. Castañeda hizo una introducción sobre las labores y funciones de la Defensoría del Pueblo como un órgano constitucional autónomo que defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la adecuada prestación de los servicios públicos (artículo 162 de la Constitución Política). En ese sentido, el ejercicio del derecho a acceso a la información pública, como derecho humano y fundamental y protegido por el artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política, es de especial interés para la institución Luego de esta breve introducción, el Dr. Castañeda pasó a hacer las siguientes precisiones desde las perspectiva de la Defensoría del Pueblo: ¿Qué requerimos para que un ciudadano ACCEDA efectivamente a información pública de calidad? Ciudadanos que conocen su derecho
Ciudadanos que ejercen su derecho Funcionarios capacitados que cumplensus funciones Normas adecuadas que regulen el acceso a la información pública La existencia de un órgano garante autónomo.
Teniendo cuenta este esquema general, el funcionario pasó a compartir un balance general y destacar los siguientes elementos: Han habido avances en la materia, y la Defensoría cree que para esto es clave poner a disposición del público la información a través de los portales institucionales, por los siguientes motivos: Primero, se uniformiza, a un formato más amigable, algunos contenidos mínimos de información de interés general. Segundo, se destaca el uso de otras herramientas informáticas como facebook, twitter, blogs, para colocar más información a disposición de la ciudadanía. Castañeda destacó que el Perú se ha adherido a un modelo de gobierno abierto y en ese contexto la elaboración del Plan de Acción del Perú - la generación de indicadores para evaluar su cumplimiento – es clave. Otro elemento importante es la existencia de un premio a las buenas prácticas de forma que puedan beneficiarse instituciones que destacan en el cumplimiento de sus obligaciones. Acto seguido, Castañeda se refirió a la propuesta de modificación del reglamento de la Ley 27806, de la cual destacó los siguientes elementos: • La información que se publica en los Portales de Transparencia Estándar constituye un piso mínimo. Función de las formalidades exigidas a las solicitudes de información: facilitar el acceso a la información y no constituirse en un obstáculo para la satisfacción de este derecho. Se fortalece la figura del funcionario responsable, para que adecuadamente sus funciones. pueda cumplir
Obligaciones específicas de los funcionarios que poseen la información solicitada
A continuación el expositor procedió a identificar algunos retos en la materia: PROBLEMA DE FONDO N° 1 a) SUBSISTEN LOS PROBLEMAS DE FONDO QUE ORIGINAN LOS INCUMPLIMIENTOS A LA LEY Las personas no conocen ni ejercen adecuadamente su derecho de acceso a la información pública. Existen algunos factores que pueden incidir en el conocimiento amplia de la ley de acceso. Por ejemplo no está traducida al quechua y aymara. 6 de cada 10 peruanos es de
lengua materna quechua o aymara. “Es necesario reflexionar sobre políticas de reconocimiento y difusión”, comentó Castañeda. b) FACTORES que inciden en el CONOCIMIENTO que puede tener un buen sector de la población sobre el acceso a la información como derecho *Diversidad idiomática: La Ley 27806 no está traducida al quechua ni al aymara y 7 de cada 10 peruanos (68.2%) que viven en zonas rurales tienen una lengua materna distinta al castellano • 6 de cada 10 peruanos en 4 departamentos [Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco] tienen al QUECHUA como lengua materna al QUECHUA 3 de cada 10 peruanos en Puno tiene como lengua materna al AYMARA [CENSO INEI, 2007]
*De la revisión de 100 sentencias de habeas data emitidas por el Tribunal Constitucional • 6 de cada 10 (58%) casos fueron declaradas improcedentes [48%] e infundados [10%]. ¿Qué aspectos recurrentes se presentaron?: • • • Se solicitó información sobre una empresa privada No se precisó el tipo de información requerido Se solicita información, pero no se pagó los costos de reproducción
Finalmente, el Dr. Castañeda señaló que se están rechazando casos por temas que nunca debieron llegar al TC. Esto debido a que los ciudadanos tienen poco conocimiento de los alcances de la ley y de cómo funciona. PROBLEMA DE FONDO N° 2 Castañeda explicó que los funcionarios públicos tienen muchos obstáculos para cumplir adecuadamente con sus obligaciones, problemática que pasó a detallar de la siguiente manera: En 4 años [2008 al 2011] la Defensoría del Pueblo recibió un promedio anual de entre 1200 a 1400 quejas a nivel nacional, identificándose los siguientes problemas: • • • No se entrega la información a pesar del pago realizado y del cumplimiento del plazo Se entrega información pero no es la requerida No se cumple con los criterios establecidos por el TC (por ejemplo: costos), dando lugar a cobros ilegales o arbitrario No se designa funcionario responsable No se justifica porqué la información solicitada sería confidencial
Se niega información basada en excepciones no contempladas en la ley
En el 70% de estas 1200 quejas el ciudadano tiene la razón, se advierte la vulneración de dicho derecho fundamental Asimismo, el funcionario detalló que en los reportes de la Defensoría de la Pueblo sobre los Portales en los últimos tres años,el promedio de cumplimiento de la obligación de difundir información fluctúa, presentándose los siguientes indicadores: • • Gobiernos Regionales: cumplimiento entre el 60 y el 80% Municipalidades provinciales: cumplimiento entre el 40 y el 60%
Para la Defensoría del Pueblo, esto es síntoma de algo detrás que no está siendo abordado, observó Castañeda PROBLEMA DE FONDO N° 3 Desde la perspectiva de la DP, no existe una instancia administrativa que resuelva controversias y fije criterios vinculantes en tiempos menores que el sistema judicial. En ese contexto, se señaló que de 100 sentencias que llegaron al TC, en 7 de cada 10 (66%) el proceso duró más de 570 días. “Es un plazo dilatado y no es acorde con la propia naturaleza del derecho de acceso de transparencia y acceso”, manifestó el expositor. PROBLEMA DE FONDO N° 4 Para Castañeda, no existe un sistema que registre y analice los pedidos y generación información valiosa. “No sabemos cuántos pedidos de acceso a la información pública se plantean en total: sólo 3 de cada 10 entidades obligadas cumplieron con reportar en el 2011 a la PCM (33.66%)”, detalló. PROBLEMA DE FONDO N° 5 No se conserva adecuadamente la información que se produce o posee. En ese sentido en materia de conservación y eliminación de archivos por ejemplo en Enero del 2009 desaparecieron más 41 mil documentos del archivo central del Ministerio de Salud. Luego, en agosto del 2011,la prensa denunció la destrucción de 5,000 carpetas de crédito perteneciente al BANMAT. Por eso, la Defensoría considera que deben existir medidas de seguridad y conservación y también criterios de cómo destruir información.
“¿Qué hacer?”, preguntó el funcionario de la Defensoría, y a continuación planteó las siguientes propuestas: 1) Crear una Autoridad Nacional con atribuciones para capacitar, asesorar técnicamente, fiscalizar, sancionar y resolver 2) Brindar capacitación continua a los funcionarios [Conferencias Nacionales de Acceso a la Información Pública] que difundiría y capacitaría el derecho a los funcionarios a través de cursos presenciales y aulas virtuales. De esa manera La autoridad acompaña a los funcionarios y posteriormente fiscaliza • • Impulsaría y llevaría a cabo la firma de convenios de colaboración Brindaría asesoría técnica para mejorar los procedimientos [calificación de las solicitudes, la negativa a entregar información, etc]
3) Implementar la fiscalización de la correcta aplicación de la norma: • Fiscalizaría los portales de transparencia (transparencia activa). Ya se habla en otros países de transparencia proactiva, todavía no hemos avanzado salvo excepciones Fiscalizaría el procedimiento de acceso y atención de solicitudes (transparencia pasiva)
4) Establecer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones: se investigaría y decidiría, cuando corresponda, la aplicación de sanciones por el incumplimiento a las normas de transparencia y de acceso a la información pública. Norma general sin tipología 5) Resolución de conflicto entre los sujetos obligados y las personas ante la negativa de la entrega de información pública, sentando criterios administrativos vinculantes. Finalmente el expositor abundó en los siguientes puntos, a manera de síntesis • • Existen avances, hay que reconocerlo. Creemos en el valor que está detrás No con el afán de denunciar sino de contribuir al tema existen problemas: Las personas no conocen ni ejercen adecuadamente su derecho de acceso a la información pública Los funcionarios públicos tienen obstáculos para cumplir adecuadamente con sus obligaciones No existe una instancia administrativa que resuelva controversias y fije criterios vinculantes en tiempos menores que el sistema judicial No existe un sistema que registre y analice los pedidos y generación información valiosa No se conserva adecuadamente la información que se produce o posee
Debe crearse una Autoridad Nacional con atribuciones para capacitar, asesorar técnicamente, fiscalizar, sancionar y resolver. El objetivo final es que el ciudadano acceda a la información pública.
A manera de conclusión, el Dr. Castañeda compartió una reflexión del expresidente de los Estados Unidos, James Madison: “Un gobierno popular sin información popular o sin los medios para adquirirla está ya en la antesala de una farsa o de una tragedia o quizá de ambas cosas”
Rocío Vargas Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros La expositora inició su intervención señalando que a 10 años de la ley su ánimo era el de trasaladar preocupaciones y un diagnóstico en términos generales. En ese sentido señaló: “Podemos decir que estamos complacidos 10 años después, dada la norma y otras normas conexas obviamente hay un avance en términos de cambio de infraestructura”. Haciendo esta mirada general, comentó que a lo largo de este año le había tocado coordinar algunas de las sanciones en el marco de las funciones de la PCM como coordinar, supervisar y evaluar las políticas en materia de transparencia, ética y vigilancia ciudadana. Todas ellas, precisó, tienen como base el reconocimiento del derecho al acceso como derecho fundamental pues a su entender, ninguna gestión pública sin este enfoque va a lograr resultados. “No hay que pasar con onces”, continuó la funcionaria. Y explicó que bajo este rol garante de derechos, la Secretaría de Gestión Pública ha elaborado una ley de protección de datos personales. “Gracias a nuestra labor, por ejemplo, las remuneraciones de los funcionarios públicos se pueden verificar, aunque aún hay dificultades pues no se muestra el 100% de la remuneración”, detalló. En el concepto manejado por la PCM, la funcionaria observó que para la correcta aplicación de la ley se deberían presentar los siguientes elementos: 1) Determinarcuál debería ser el perfil de los funcionarios responsables del acceso a la información 2) Aclarar las excepciones para evitar interpretaciones antojadizas o amplias que niegan información aduciendo protección por excepción 3) Existencia de archivos para reconstrucción y destrucción de información, reglas claras.
4) Portales de transparencia estándar. Se debe mejorar el piso mínimo 5) Sanciones a quienes antojadizamente no entregan información pública. La expositora comentó que para este fin se convocó a un grupo de entidades públicas, Defensoría, Contraloría, Ministerio de Economía, organizaciones civiles, quienes colaboraron con propuestas de modificación normativa. Precisó que hay varios aspectos como excepciones y sanciones que encuentran limitaciones a ser abordadas desde un reglamento. “Desde el Congreso quizá esta posibilidad deba ser contemplada, una modificación de la ley que permita sortear estos obstáculos”, comentó a continuación. Acto seguido, la Dra Vargas sostuvo que la Secretaría de Gestión Pública ha desarrollado un grupo de trabajo para formular plan que contiene compromisos concretos en materia de transparencia, los cuales fueron aprobados por la PCM y presentados en Brasilia. “No eran suficientes los compromisos, era preciso tener acciones concretas y coordinadas con más de 30 organizaciones, y se han elaborado 21 indicadores que nos permitirán hacer seguimiento donde las organizaciones cumplan con su rol de vigilancia y nosotros con rol de rendir cuentas”, manifestó. A poco más de un año de esta gestión detalló que existen sin embargo retos pendientes, los cuales detalló de la siguiente manera a manera de conclusión: 1) Coincidimos en la necesidad de mejorar capacitación para poseedores de información. Promover ejercicio en la ciudadanía 2) Estamos de acuerdo que se requiere de más recursos de todo tipo, pues la PCM supervisa los 19 portales del estado. Pedir que se publiquen las remuneraciones de trabajadores de estado. Toda persona que ejerza actos de función pública debe revelar ingresos que percibe. 3) Estamos de acuerdo que labor que prevenga y fiscalice debe ser fortalecida. Damos capacitación a demanda, solicitada por entidades públicas. Creo que para el 2013 debemos ser más proactivos a través de mecanismos virtuales. 4) Creemos en el gobierno abierto,la transparencia,la ética pública y la participación ciudadana como elementos inherentes a la gestión pública. Debemos proponerlos como contenidos característicos de gestión pública democrática y que sirven para luchar contra la corrupción.
Comentarios: JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN Ex Congresista de la República Luego de saludar a los presentes el expositor dio inicio a su presentación confesando tener sentimientos encontrados respecto a esta ley. “Hay que decir categóricamente que hemos
avanzado con relación a hace 10 años, pero al mismo tiempo creo hemos querido adecuar modelos que no se ajustan a la realidad del país”, precisó. A continuación, el ex congresista explicó que esta ley se promulgó en un contexto en el que se retornaba a la democracia, y en el que había que ir a esa otra reforma de consolidar valores democráticos. En ese sentido, más que proponer que saltemos a otra etapa, formuló la pregunta: “¿Qué podemos hacer para mejorar a esta ley e ingresar a esta nueva etapa?” “Nosotros a raíz de esta emblemática sentencia del TC en el caso ArellanoSerquén en el 2004, doble dimensión de este derecho. Una dimensión individual y colectiva. A partir de ahí hemos dado esta ley y hemos hecho camino al andar”, precisó. El expositor continuó señalando que hemos avanzado en dos grandes obligaciones que la ley le impuso al estado, en primer lugar, el derecho de todos de acceder a la información pública sin mayores restricciones, con excepciones establecidas por la ley. La segunda gran obligación, comentó, es la de todas las entidades públicas y la de poner este derecho a disposición de los ciudadanos. “En eso sí se ha avanzado. En el gobierno anterior implementamos un portal de transparencia estándar, por ejemplo”, manifestó. Asimismo, destacó que el nivel de cumplimiento en los gobiernos regionales y locales ha incrementado pues se han incrementado las solicitudes atendidas. A su criterio, también hemos avanzado en implementar planes de acción con medidas concretas. Como reflexión final, el Dr Velásquez comentó que la cultura de secretismo no se cambia de la noche a la mañana. La otra gran reflexión que compartió es que una sociedad pierde legitimidad cuando campean la inseguridad y corrupción. En ese sentido, manifestó tener preocupación por las compras secretas militares aludidas por los otros expositores. “Me parece importante que se discuta la creación de una autoridad administrativa. Hay que seguir monitoreando políticas públicas y velar porque cualquier modificación que se haga, no sea a través de un reglamento sino de una ley y que participen los actores y la sociedad civil en su conjunto”, concluyó.
LUIS IBERICO Congresista de la república El Congresista Iberico inició su exposición manifestando preocupación por las adquisiciones militares a las cuales este gobierno pretende darles carácter secreto. A continuación precisó que al margen de los esfuerzos importantes en el Perú quedan ciertos paradigmas o frenos que nos impiden llegar a esa transparencia en la administración pública.
Iberico comentó que a parte de su labor congresal también ejerce la docencia y dicto periodismo de investigación en una universidad local, y uno de los primeros ejercicios que les encomienda a sus alumnos es aplicar la ley de transparencia y acceso a la información pública. “Solamente uno de mis diez grupos ha recibido respuestas. Todos los que no han recibido respuesta han remitido sus cartas a municipalidades distritales”, dijo. El expositor saludó sin embargo que esta ley nos ha puesto a los peruanos a la vanguardia en materia de instrumentos jurídicos para saber cómo se usa la plata de nuestros impuestos. Hay avances que hay que aplaudir no solamente de parte del estado sino también del lado de la ciudadanía, manifestó. Subrayó también que invertir en transparencia arroja balances positivos no solamente en plano económico. “Por corrupción se pierde 3% del PBI. También a nivel político y social. Todo produce sensación social de deterioro, debilitamiento de instituciones, corrupción contra la que hay que luchar”. En ese contexto, estima que la Comisión de Fiscalización del Congreso debe trabajar en la prevención, y la mejor vacuna para eso es la transparencia. “Cuando se abren las puertas y ventanas estas alimañas de la corrupción desaparecen”, enfatizó. “Nosotros teníamos legislación dispersa y hemos creado una sola ley y reconozco no solo a la PCM sino a otras instituciones. Acá se ha hablado sobre la propuesta interesante de crear autoridad autónoma para transparencia y acceso a la información pública. Tenemos iniciativa legislativa pero no de gasto desde el congreso. Me parece importantísimo en ese sentido que haya surgido una propuesta concreta desde la Defensoría del Pueblo.”, continuó Iberico Para finalizar el Congresista comentó que hay diferentes entidades que hacen esfuerzos en esta materia como la PCM y la Defensoría, pero que hay otras cosas pendientes, como la capacitación del ciudadano. “La autoridad para el acceso a la información debe ser una institución con autonomía frente al gobierno nacional. Debe tener especialización: funcionarios que deben prepararse constantemente y a dedicación exclusiva y en todos sus ángulos” “Pongamos el tema en debate. No nos conformemos con lo avanzado”, concluyó. Mesa 3: CASOS EMBLEMÁTICOS DE VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: LAS VICTIMAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY PANEL CASUÍSTICO 1) Dr. Omar Méndez Abogado de IPYS. Área de Libertades Informativas Caso Julia Arellano Serquén.
El Dr Omar Méndez expuso el caso de la jueza Julia Arellano Serquén. Se trata del caso de Hábeas Data de mayor tiempo. Ex magistrada de la Corte Superior de Lambayeque no fue ratificada en el año 2001 e hizo un pedido de acceso exigiendo que se le entregue copia de no ratificación, El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) denegó pedido, y en su demanda la Dra Arellano llegó al Tribunal Constitucional. El TC acoge pedido y declara fundada la demanda en el 2004. El CNM vuelve a denegar informe a pesar de existir sentencia. La Dra Arellano plantea entonces un proceso de amparo para que se cumpla sentencia. En el 2011, el TC declara fundado el amparo, pero en la etapa de ejecución de sentencia se realizan acciones dilatorias de parte del CNM, pidiendo aclaración de la sentencia. Según últimas coordinaciones aún no se entrega este pedido de información. Hace 11 años que Dra no conoce motivos por los cuales no fue ratificada. “En el litigio estratégico que realizamos desde el IPYS citamos muchas veces el caso Arellano Serquén, a pesar que no se cumple la sentencia”, explicó el Dr. Méndez al finalizar su presentación. 2) Dánae Rivadeneyra Periodista de INFOS Investigación seguridad ciudadana en Lima y Callao.Hábeas Data contra Gobierno regional del Callao. Dánae Rivadeneyra, periodista de INFOS, presentó la investigación realizada sobre el Programa de Inserción Social para personas con conductas en Riesgo del Gobierno Regional del Callao.Un primer acercamiento con ex delincuentes "plantados", arrojó dudas iniciales sobre la cantidad de integrantes del Programa. Algunas versiones señalaban 12, otras 40. Un documento obtenido durante la investigación, reveló que el presupuesto asignado a dicho programa era mucho mayor que el que se requería para ese número de beneficiados. Ante esto, la periodista realizó un pedido de información al Gobierno Regional del Callao que fue denegado alegando que se trataba de información personal protegida por la Ley de Protección de Datos. Se trataba de la misma respuesta recibida meses antes frente a otra investigación, la cual derivó en la Solicitud de Acceso a la Información Pública por el caso "Los Gestores" En aquella ocasión, el entonces Presidente del Congreso Daniel Abugattás se vio obligado a facilitar la información solicitada. En el caso del Gobierno Regional del Callao, tras ser declarada improcedente la solicitud, la periodista, con la asesoría de IPYS, presentó una demanda de Hábeas Data, la cual fue admitida a trámite y está pendiente de resolución. 3) Adriana León Jefa de Prensa de IPYS Casos Tula Benites y Fabiola de la Cuba Adriana León expuso dos casos de demandas de Hábeas Data en los que el Poder Judicial le dio la razón al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) frente al Congreso por violar la Ley 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. En cuatro años, fueron dos los juicios en los que el Poder Judicial favoreció a IPYS y ordenó al Congreso entregar la información requerida. En el primero de estos juicios, de agosto de 2011, el Poder Judicial confirmó la sentencia que declara fundada la demanda de Habeas Data presentada por IPYS contra el Congreso por no entregar información sobre una donación que el entonces presidente del Congreso, Luis Alva Castro, hizo a la empresa de espectáculos Fabiola de la Cuba Producciones S.A. En la segunda ocasión, se trataba de un pedido de información presentado por IPYS en setiembre de 2007, que buscaba acceder al registro del debate parlamentario que culminó con una sanción a la ex congresista aprista Tula Benites. En aquél momento, el Parlamento acordó darle a ese debate el carácter de secreto, hecho que IPYS consideró injustificado, calificándolo como una restricción inconstitucional al derecho al acceso a la información pública. De esta manera, la resolución emitida por el Trigésimo Juzgado Civil de Lima, declaró improcedente el argumento del Congreso que para no entregar la información se ampara en el art. 51 de su reglamento, el cual indica que las sesiones serán secretas "para tratar temas que puedan afectar los asuntos de seguridad nacional y orden interno que lo requieran". El juzgado señaló que el pedido del IPYS no está dentro de las restricciones que establece la Ley de Transparencia, ya que tratándose de un derecho fundamental, la Constitución sólo permite limitaciones a su ejercicio si la publicación de la información solicitada pone en peligro la seguridad nacional, vulnera la intimidad personal, o si contraviene una prohibición expresa de una Ley del Congreso. Éste, dijo el juez, no era el caso . ********************************************************************************
Licenciado Ángel Trinidad Zaldivar. Comisionado del IFAI de México. Un modelo para cada país
I Introducción Luego de saludar a la audiencia y agradecer la invitación el Licenciado Zaldívar inició su exposición con una revisión breve sobre los antecedentes del derecho a la información en el mundo: Si bien la primera ley de acceso a información de la que se tenga conocimiento data de 1776 (Suecia), destacó que en la última década la tendencia en la promulgación de leyes y decretos concernientes a este derecho ha experimentado un dramático ascenso. En cuanto al continente americano, hay ya 22 países con Ley aprobada. EnAmérica Latina, 13 países han aprobado leyes de acceso a la información y 2 países cuentan con decretos del poder ejecutivo en la materia, destacó. II Modelo de la OEA A continuación, el expositor procedió a analizar los modelos existentes para la protección efectiva del derecho a acceso a la información, destacando en primer lugar la ley modelo de la OEA donde saltan los siguientes elementos: Corte Interamericana de DDHH  El caso Claude Reyes vs. Chile  Establece que el acceso a la información es un derecho universal  Establece el derecho de “buscar y recibir información” del gobierno  Establece la obligación de crear normas e instituciones  Declaración Americana: reconoce el derecho a la libertad de investigación, de opinión, y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio (Art. 4) Convención Americana: protege el derecho y la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole (Art 13)
Zaldívar asimismo destacó los puntos relevantes de la mencionada ley modelo, las cuales resumió en los siguientes puntos:  Principio de máxima publicidad: Cualquier información pública es accesible por definición y reservada por excepción. Información: En posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública. Asistencia: La autoridad pública deberá asistir al solicitante (suplencia de la queja). Reenvío: Cuando la autoridad pública no es la correcta, ésta deberá re-enviar la solicitud a la autoridad correcta.
Aplicación de la Ley: Toda autoridad (Ejecutivo, Legislativo, Judicial; órganos independientes o autónomos; organizaciones privadas que reciben fondos públicos, directa o indirectamente (Art. 3º) Prevalencia: En caso de inconsistencia, esta ley prevalecerá sobre cualquier otra ley (Art. 4º) Costos: No podrá exceder más que el costo de los materiales. Posibilidad de “sin costo” en casos de interés público. Casos de pobreza, sin costo de reproducción o envío. Supremacía de interés público: No aplica la reserva cuando el beneficio de la sociedad que proporciona la publicidad es mayor que el daño causado al interés protegido. Las excepciones no aplican en casos de violaciones graves de los derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Mediación: Una vez recibida una apelación, la Comisión podrá mediar entre las partes a fin de lograr la entrega de la información sin necesidad de agotar el proceso de apelación. Comisión de Información: Deberá tener autonomía operativa, de presupuesto, de decisión y el Poder Legislativo deberá aprobar el presupuesto que debe ser suficiente para que pueda cumplir con sus facultades de manera adecuada. Educación Formal: El [Ministerio de Educación] deberá garantizar que los módulos educativos básicos sobre el derecho de acceso a la información se proporcionen a estudiantes en cada año de educación primaria y secundaria.
En la siguiente parte de su exposición el funcionario mexicano abordó el tema de los Informes Relatorías Especiales de ONU y CIDH (2011), explicando en ese sentido que el marco institucional y jurídico que garantiza el ejercicio del derecho a la información en el Ejecutivo Federal, no siempre existe a nivel estatal y municipal, procediendo a detallar las siguientes recomendaciones: 1.- Garantizar que las resoluciones de los órganos de transparencia sean definitivas e inatacables. 2.- Asegurar que las resoluciones de los órganos de transparencia no sean desafiadas por las autoridades. 3.- Dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia a efecto de que puedan desarrollar sus funciones sobre todos los sujetos obligados por la legislación de acceso a la información. 4.- Considerar como sujetos obligados por la legislación de acceso a la información a las entidades de interés público, particularmente a los partidos políticos, así como a otros entes que reciben financiamiento público.
5.- Profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, garantizando el acceso a las sentencias de los órganos judiciales y a una versión pública de las averiguaciones previas concluidas o inactivas durante un plazo razonable. III El Modelo Mexicano El licenciado Zaldívar inició esta parte de su exposición revisando el artículo 6 de la reforma de la Constitución mexicana, el cual a la letra dice: “El derecho a la información será garantizado por el Estado” y explicando las interpretaciones que ha tenido, las cuales resumió de la siguiente manera: 1ª Interpretación del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Colegiado): Que no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información…tampoco supone que los gobernados tengan un derecho frente al Estado para obtener información en los casos y a través de sistemas no previstos en las normas relativas, es decir, el derecho a la información no crea a favor del particular la facultad de elegir arbitrariamente la vía mediante la cual pide conocer ciertos datos de la actividad realizada por las autoridades, sino que esa facultad debe ejercerse por el medio que al respecto se señale legalmente”. 2ª Interpretación del Poder Judicial de la Federación (SCJN) “…esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal derecho es básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso. Si las autoridades públicas (…) asumen (…) actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales…pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y la de ocultación, en lugar de enfrentar la verdad…” En ese contexto, el expositor procedió a comentar la Ley de Transparencia del estado mexicano, promulgada en el año 2002, destacando los acápites siguientes: Artículo 1. La Ley es de orden público. Finalidad: Garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Artículo 2. Toda la información gubernamental es pública.
Artículo 6. En la interpretación se favorecerá el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información. Se interpretará conforme a la CPEUM; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados. Zaldívar comentó a continuación que en el marco de esta ley es que se configura el Fundamento Legal del Órgano Garante Mexicano (LFTAIPG), destacando los siguientes puntos: • Exposición de motivos que envió el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, se establece que “se prevé la existencia de un órgano con autonomía de operación, presupuestal y, lo más importante, de decisión [por lo que se optó] por crear un órgano alejado de las decisiones políticas de la administración centralizada”. Artículo 33. El IFAI es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Artículo 34 tercer párrafo. El Instituto para efectos de sus resoluciones, no estará subordinado a autoridad alguna, adoptará sus decisiones con plena independencia.
De esta manera, en el año 2002 se dicta el decreto de creación del IFAI: Considerandos, párrafo quinto establece que “la naturaleza jurídica del IFAI es aquella que le permita ejercer con toda plenitud la autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, indispensables para asegurar su independencia en relación con otros órganos o dependencias de la propia administración pública” Artículo 1.- El IFAI es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios…contará con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión… Artículo 2.- El Instituto tendrá por objeto promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencia y entidades Posteriormente, en el año 2007, la reforma del Artículo 6 de la Constitución estableció lo siguiente: Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública…podrá ser reservada temporalmente…deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. II. La información de la vida privada y los datos personales será protegida con ciertas excepciones.
III. Toda persona, sin acreditar interés alguno, tendrá acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. V. Se deberán preservar los documentos en archivos administrativos actualizados … VI. Se deberá hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada. IV ¿Qué es el IFAI? Zaldívar explicó brevemente que la naturaleza Jurídica del IFAI es ser un organismo descentralizado, no sectorizado, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Tiene como objeto resolver controversias, promover y difundir en materia de 2 Derechos Humanos: Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales en poder de las dependencia y entidades de la Administración Pública Federal. Tiene autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Sus resoluciones son definitivas y no pueden ser atacadas por las instancias gubernamentales. El ámbito de su competencia abarca de manera directa el Poder Ejecutivo, la AdministraciónPública Federal(Acceso a Información Gubernamental yDatos Personales) Poder Judicial, SCJN, Tribunales Federales, Consejo de la Judicatura, Poder Legislativo: Cámara de Diputados yde Senadores y Órganos Constitucionales Autónomos. El funcionario detalló que desde su funcionamiento en el 2003, ha procesado 845,293 solicitudes de información, es decir 251 solicitudes por día calendario y que las resoluciones del IFAI son inatacables por las autoridades gubernamentales. Al respecto, consideró importante señalar la tesis de la Primera Sala de la SCJN, que estableció que “el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que las resoluciones del IFAI, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación” V.- Hacia la Autonomía Constitucional De Órgano de la APF a Órgano de Estado En el marco del camino hacia la autonomía constitucional, Zaldívar subrayó los siguientes aspectos relevantes: • Ámbito de Competencia. Precisar entes públicos federales obligados: Ejecutivo, Legislativo y Judicial (salvo SCJN) órganos constitucionales autónomos, tribunales
administrativos, universidades, sindicatos, partidos políticos o cualquier otro ente federal. Si IFAI conocerá en 1ª o 2ª instancia. • Armonización en Entidades federativas. Facultad de Atracción, Criterios Interpretativos Vinculantes y determinación de parámetros de Transparencia Proactiva para conocer en forma similar información en los 3 órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Inatacabilidad de Resoluciones. Que las autoridades no impugnen las resoluciones de IFAI. No exceptuar de la definitividad ciertas materias como seguridad nacional o estabilidad económica (¿Reservar Deuda Pública?). Archivos. Regulación nacional uniforme de la gestión documental. Facultad del Congreso para emitir Ley General de Archivos. Responsabilidades y sanciones en acceso a la información. Instancia especializada e independiente a cargo de responsabilidades administrativas. Acciones de Inconstitucionalidad por IFAI y órganos garantes estatales. Medio de control constitucional que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, que denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma de carácter general de menor jerarquía (ley, reglamento). Si la SCJN declara una norma como contraria a la Constitución no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna. Nombramiento de Comisionados. Designación que garantice independencia e imparcialidad, a través de mecanismos de contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Perfil de Comisionados. Requisitos legales a cumplir considerando trayectoria con reconocida solvencia moral, no haber sido candidato u ocupado un cargo de elección popular, o dirigente de un partido, en los últimos 2 años, y otros. Relevo de Comisionados. Renovación escalonada que asegure transmisión de conocimientos, experiencia y continuidad del trabajo institucional.
VI.- Conclusiones En sus conclusiones el funcionario mexicano mencionó los siguientes puntos: • Triada: Acceso a la Información + Transparencia + Rendición de Cuentas son elementos definitorios de la Democracia. Hoy el ciudadano demanda conocer resultados de la acción pública, para evaluar a sus políticos y administradores públicos, y en su caso se finquen responsabilidades y se apliquen sanciones.
La reforma al art. 6º Constitucional fue el primer paso para eliminar asimetrías en el ejercicio del derecho de acceso a la información, ante multiplicidad de sujetos obligados y órganos garantes en distintos niveles de gobierno. Aún subsisten diferencias en la interpretación de las leyes de transparencia y hay diversidad de criterios en resoluciones de los órganos garantes. Es necesario integrar las bases y principios del art. 6º Constitucional en un Modelo Sistémico a todo nivel de gobierno y hacia todo ente público. Esquema que respetando el Federalismo, uniforme criterios de interpretación de los órganos garantes de acceso a la información en condiciones de igualdad. 1ª Condición: Dotar de Autonomía Constitucional a Todos los Órganos Garantes para blindar su actividad de cualquier dependencia jerárquica. 2ª Condición: Expedir una Ley General Reglamentaria de las Bases y Principios del art. 6º Constitucional que homologue el ejercicio de derecho. El IFAI debe seguir la misma ruta de otros órganos que fueron parte del Poder Ejecutivo y que evolucionaron a ser Autónomos. Autonomía Constitucional da independencia frente a los Poderes del Estado. Un organismo con autonomía constitucional se somete sólo a la Constitución y a las Leyes que regulan su organización, funcionamiento y atribuciones lo que asegura su certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La consolidación del Derecho de Acceso a la Información requiere de instituciones independientes que lo garantice
******************************************************************************** Dr. Alejandro FerreyroYazigi. Representante del Consejo para la Transparencia de Chile. El Dr. Ferreyro inició su exposición anunciado que abordaría tres temas puntuales: 1) Historia de la Ley de Transparencia en Chile, 2) Transformaciones relevantes en la instalación del derecho y 3) Desafíos institucionales. 1) Historia de la Ley de Transparencia/Chile El expositor discutió los siguientes puntos: • Comisión Nacional de Ética Pública del Presidente Frei (1994)
Primeros intentos legislativos: o o Proyecto de ley de acceso de 1995. Archivo. Ley de Probidad Administrativa (1999). Fallas en el diseño por una implementación
Moción Senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri (Enero 2005) Comisión Asesora Presidencial de Probidad y Transparencia (Nov. 2006) Casos emblemáticos: fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia Claude Reyes v/s Estado de Chile). Reforma Constitucional: un nuevo artículo 8°. Ley 20.285 sobre Acceso a la Información publicada en el Diario Oficial el 20 de Agosto de 2008 que entro en vigencia el 20 de Abril de 2009.
Ferreyro continuó precisando algunos aspectos de la ampliación del concepto constitucional de transparencia, a partir de la Ley 20.285: en el sentido que se considera pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. El Derecho al acceso a la información en Chile está protegido por la Ley 20.285, cuyo artículo dice: “ Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier Órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley” Ferreyro comentó acto seguido como la transparencia produce valor público destacando los siguientes puntos de su exposición: La implementación de una cultura de la transparencia trae consigo una serie de beneficios, tanto para los organismos del Estado, para la ciudadanía y el país en general, lo que podría resumirse en la afirmación “todos ganan”:  Mayor legitimidad y credibilidad del aparato público, al brindar confianza en la labor de los organismos y de los propios funcionarios. Mayor preocupación por hacer las cosas bien. Mayor inserción del país, imagen y reputación internacional. Mayor participación y control de los ciudadanos del accionar público. Contribución a la educación cívica: mayor conocimiento de la labor del Estado.
Lo que impacta, finalmente, en un aporte a la profundización de la democracia y al ejercicio de tres derechos esenciales: Libertad de expresión Control social Participación ciudadana
En el siguiente punto de su presentación, el expositor pasó a detallar qué es el Consejo de la Transparencia, explicando que es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y atribuciones para fiscalizar y sancionar el cumplimiento de esta Ley. Asimismo, tiene por objetivo promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los Órganos de la Administración del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información. Asimismo, precisó que la autonomía tiene como razón de ser que la misma favorece el acceso al derecho, en cuanto tiene funciones de promoción, difusión y capacitación. Es más que un tribunal para resolver conflictos sobre acceso a información. También proyecta credibilidad y confianza y genera jurisprudencia especializada, así como favorece la concreción de dos principios legales:Gratuidad y Oportunidad. 2) Transformaciones relevantes en la instalación del derecho Ferreyro inició esta parte de su exposición destacando avances en el ámbito regulatorio, los cuales resumió de la siguiente manera: Existen en el marco legal chileno diez instrucciones generales impartidas, regulando las materias de: Enlaces, Recepción de reclamaciones, Transparencia activa, Costos de reproducción y Definición de documentos de carácter secreto ó reservado Procedimiento administrativo de acceso a la información pública.
También compartió los siguientes datos estadísticos en cuanto a capacitación: Capacitación presencial:En el ámbito de la promoción se efectuaron un total de 333 actividades de capacitación en la modalidad presencial, con más de 13.820 participantes y presencia en el 100% del territorio nacional, focalizadas en organismos de gobierno, municipalidades y sociedad civil. Capacitación a distancia: Se lanzó el 2011 y a la la fecha se han realizado 12 imparticiones, los cuales incluyen el desarrollo de seis cápsulas educativas.
En cuanto a difusión y como tema de interés público el funcionario chileno precisó que se han producido más de 3.410 apariciones en prensa desde abril de 2009 a septiembre de 2012
Otro dato relevante compartido es que desde el 2009 se han recibido 143.587 solicitudes de información. 48,69% de estas corresponden a solicitudes a ministerios sociales. Por otro lado la distribución de solicitudes por Ministerios es como sigue: Ministerio del Trabajo y Previsión Social (17,02%) Ministerio del Interior y Seguridad Pública (15,71%) Ministerio de Educación (14,21%)
3. Desafíos institucionales Al culminar su presentación, el Dr. Ferreyra menciono los siguientes puntos como desafíos pendientes de su institución: • Implementación de portal de Transparencia: Construcción y financiamiento del mismo. La existencia de un gobierno corporativo. Implementación, evaluación y ampliación del piloto en los Municipios. Diagnóstico y recomendación de la situación de los archivos. Activa participación en instancias de mejora. Open government: Colaboración en grupos de trabajo de todas las instancias de la sociedad civil.
******************************************************************************* Dr. Samuel Abad Especialista en Derecho Constitucional El Dr. Abad inició su exposición comentando que han pasado 10 años de la ley de acceso, pero en su momento nunca se pensó en una autoridad, pues en su momento en lo que se pensaba era sentar los fundamentos y no se pensó en una institución que cumpliera ese rol. “¿Qué modelo seguir?”, preguntó el abogado.“¿Ombudsman, tribunales, institución política autónoma?.La Defensoría del Pueblo desarrolla importante labor, pero es hora de pensar en una entidad especializada. Es importante apostar por una institución autónoma. No creemos que la DP pueda tener fuerza vinculante.”, comentó. “¿Cómo lo hacemos?”, fue la siguiente pregunta. A consideración del Dr Abad, se trata de un proceso evolutivo y cultural. Si bien contamos con buena ley no contamos con desarrollo normativo, explicó. “Hay que promover el debate, ver que las autoridades se compren el pleito”, manifestó. Asimismo, señaló que un tema trascendente y no coyuntural es la existencia de una autoridad que no copie sino que se nutra de otras experiencias “¿Qué debería tener esta institución?”, continuó Abad.“Contar con propuesta de ley que permita crear esta institución. Si no tiene autonomía no va a funcionar. No puede depender de un
ministerio”. Debe tener autonomía presupuestal, lo cual no es fácil en el marco constitucional peruano. Y finalmente, designación de sus funcionarios. Al respecto el expositor fue enfático: “Solo doy una sugerencia. Que la designación no recaiga en el Congreso. Ya vemos lo que pasa con la Defensoría del Pueblo” “10 años después, hay que seguir avanzando. El 2002 salíamos de una etapa donde la transparencia no era una regla. No debemos seguir en temas coyunturales sino trascendentes. Una apuesta es crear esta institución”, culminó el Dr. Abad. Dr. Julio Arbizú González. Procurador Especializado Anticorrupción. El Dr. Arbizu anotó que de la totalidad de casos de la Procuraduría, el 80% están relacionados con delitos de peculado y colusión. “Si existiera transparencia en las compras públicas seguramente veríamos reducido casos de corrupción”, consideró. Para el funcionario, esto tiene que ver con el concepto de corrupción. La corrupción afecta derechos fundamentales. Afecta severamente derecho a la transparencia. “Frente al dilema del sistema a escoger, debemosdescartar al PJ, o la DP en razón a lo difícil que supondría reforma constitucional. Necesitamos una institución autónoma en decisión y presupuesto”, consideró. Sugirió asimismo que esta institución debería resolver aquellas negativas a las solicitudes que se plantean a nivel administrativo. Debería contar con autonomía en decisión y presupuesto. Arbizu también se refirió al artículo 22 de la ley actual que establece que es la PCM la que debe entregar consolidado de pedidos de acceso al Congreso. Para el funcionario esto constituye un saludo a la bandera, puesto que solo llegan a la PCM el 30% de las solicitudes, y una vez que ese informe anual llega al congreso se archiva de inmediato. “Todos se olvidan del informe en el fondo y la forma. Prueba de esa ineficacia el Congreso no entrega información. El Congreso parece ser una isla donde este derecho no tiene validez”, subrayó. Concluyendo con sus comentarios el expositor dijo: “Una institución autónoma podría resolver los casos en segunda instancia, tener capacidad logística para poder ir mejorando en el camino.El gran reto es que nos decidamos a hacerlo” Mesa 2: El camino hacia una autoridad autónoma de transparencia y acceso a la información en el Perú Victor Isla Presidente del Congreso de la República Se inició esta exposición recordando el marco en el que fue aprobada la ley de acceso a la información pública, cuando en el 2001 y ante un déficit informativo el Congreso de la República decidió brindar al país una ley que desarrolle el numeral 5 del artículo segundo de la Constitución.
El Presidente del Congreso indicó que desde entonces, con diversos matices, se ha buscado cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública. A continuación resaltó que siendo el Perú una sociedad politizada y ávida de consumo de noticias, esto plantea serios retos que desde el estado se asumen con responsabilidad. En ese sentido, identificó tres grandes áreas de información que se brindan desde el Congreso: la que corresponde al trabajo de cada uno de los congresistas, la producción legislativa en sí misma y la concerniente a la ejecución del gasto presupuestal. En cuanto al trabajo de los congresistas, Isla señaló que cada uno de ellos cuenta con un portal que cualquier ciudadano con una computadora puede acceder. Y si algún ciudadano desea profundizar en su averiguación, puede acceder a ella a través del Servicio Parlamentario. Respecto a la producción legislativa y fiscalizadora del Congreso, el parlamentario destacó que es un trabajo que se hace con total apertura. Los ciudadanos pueden asistir al pleno del Congreso, así como al trabajo de comisiones. “La transparencia es absoluta, no solo por el nivel de concurrencia, libre y sin problemas, sino por el acceso a la información generada, la cual se puede conseguir luego, si así se desea, a través de videos y/o transcripciones”, señaló. Isla consideró que en lo que se refiere a la ejecución de presupuesto, no existe entidad alguna que tenga mayor nivel de fiscalización por parte de los medios y a través de ellos de la sociedad. “Se puede encontrar en el portal del Congreso el presupuesto y su nivel de ejecución, los salarios y sueldos de los empleados, obreros, alta dirección, servicio parlamentario y congresistas”, indicó. De la misma manera, el expositor observó que paralelamente al trabajo en el portal web, se ha ingresado a un trabajo activo en las redes sociales con el objeto de poner de conocimiento público los principales momentos de la discusión y debate parlamentario, así como los trabajos, leyes y normas que viene desarrollando el Congreso. El parlamentario finalizó su intervención acotando: “Cumplimos con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de buena gana pues consideramos que aquel lugar donde se discuten las ideas y se preparan las leyes debe ser el primero en dar el ejemplo”. Asimismo, indicó que “manejar la información de manera justa, respetando su contexto y el honor de las personas es muy importante”. ********************************************************************************
Dr. Fernando Castañeda Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo Anteproyecto de Ley para crear una Autoridad Nacional Autónoma en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Perú El Dr. Fernando Castañeda inicio su intervención con la exposición de los siguientes puntos: 1) ¿Qué proponemos? Una autoridad nacional en materia de transparencia y acceso a la información
organismo público especializado [organismo técnico especializado] que reúna las siguientes características: Fiscalice y sancione los incumplimientos de la ley Resuelva controversias en sede administrativa, sentando criterios vinculantes Promueva y difunda el derecho a la población Capacite a los funcionarios públicos Asesore técnicamente a las instituciones obligadas
2) ¿Dónde existen este tipo de Autoridades? AMÉRICA DEL NORTE: • Comisionado de la Información de Canadá (1983) • Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de México(2002) AMÉRICA CENTRAL: • Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras(2007) • Instituto de Acceso a la Información Pública de ElSalvador(2010) AMÉRICA DEL SUR: • Consejo para la Transparencia de Chile(2008) EUROPA • • • • • • ASIA • • • Consejo Oficial de Información y el Tribunal de Acceso a la Información de Tailandia(1997) Consejo de Apertura Informativa de Japón(1999) Consejo de Revisión de Acceso a la Información de Turquía (2003) Comisión de Acceso a Documentos Administrativos de Francia(1978) Comité de Información de Islandia(1996) Comisionado de la Información de Irlanda (1997) Comisionado de la Información y el Tribunal de Información de Inglaterra (2000) Comisionado Escocés de la Información (2002) Comisión Federal de Acceso a la Información de Alemania(2005)
3) ¿Quiénes recomiendan la creación de este tipo de Autoridades? 1995: Especialistas elaboraron los Principios de Johannesburgo recomendando la implementación del derecho a una revisión por una autoridad independiente (Principio 14). 2008: Académicos, altos funcionarios y comisionados de 40 países en la Declaración de Atlanta: recomendaron a los Estados establecer mecanismos independientes como las Comisiones de Información.
2010: La OEA a través de la Ley ModeloInteramericanasobre Acceso a la Información Pública: recomendó a los Estados la conformación de una Comisión de Información con personalidad jurídica completa, autonomía operativa, de presupuesto y de decisión (artículo 54). 4) ¿Por qué una Autoridad en el Perú? EJEMPLO 1: En 4 años [2008 al 2011] la Defensoría del Pueblo recibió un promedio anual de entre 1200 a 1400 quejas a nivel nacional. • No se entrega la información: pese al pago realizado y del cumplimiento del plazo • Se entrega la información pero no es la requerida • No se cumple con los criterios establecidos por el TC (por ejemplo: costos) • No se designa funcionario responsable • No se justifica porqué la información solicitada sería confidencial • Se niega información basada en excepciones no contempladas en la ley En el 70% de las quejas se advierte la vulneración del derecho fundamental. El ciudadano tiene la razón EJEMPLO 2: en los últimostres años, el promedio de cumplimiento de la obligación de difundir información en los portales ha fluctuado: • • Gobiernos Regionales: entre el 60 y el 80% Municipalidades provinciales: entre el 40 y el 60%
¿Qué estrategia están llevando a cabo las autoridades garantes? Capacitan Asesoran técnicamente Fiscalizan Sancionan
5) ¿Por qué una Autoridad en el Perú? a) no se solucionan estratégicamente los problemas de fondo que originan los incumplimientos a la ley b) no existe una instancia administrativa que resuelva controversias en tiempos menores que el sistema judicial, estableciendo criterios vinculantes c) generaría políticas, parámetros y herramientas para lograr el acceso real a la información pública d) Permite la fiscalización de la correcta aplicación de la norma: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México (2011): • Ha fiscalizado 263 portales • Ha fiscalizado la atención de solicitudes de acceso en 279 instituciones Consejo para la Transparencia de Chile (2011): • Ha fiscalizado 324 portales de instituciones del Gobierno Central (93.38%), 16 universidades públicas y 57 hospitales
Sanción por el incumplimiento de las obligaciones Consejo para la Transparencia de Chile (2012): • Supervisó la transparencia activa en 345 municipalidades y solicitó la instrucción de sumarios a 30 de ellas • Total (agosto 2012): 48 sumarios: 39 en trámite y 9 terminados (5 sancionados y 4 archivados). La autoridad es necesaria porque no existe una instancia administrativa nacional que de manera especializada y estratégica analice y solucione los problemas de fondo que originan los incumplimientos a la ley • • • • Supervisiones focalizadas: trabajo, salud, gobiernos locales Convenios de colaboración y asistencia técnica Diagnóstico sobre las barreras para acceder a información pública Instructivos para uniformizar el procedimiento de acceso en dichos ámbitos Fiscalización y eventual sanción
No existe una instancia administrativa que resuelva controversias en tiempos menores que el sistema judicial, estableciendo criterios vinculantes EJEMPLO: De la revisión de 100 sentencias de habeas data emitidas por el Tribunal Constitucional • 6 de cada 10 (58%) casos fueron declarados improcedentes [48%] e infundados [10%]. ¿Qué aspectos recurrentes se presentaron?: • • • Se solicitó información sobre una empresa privada No se precisó el tipo de información requerido Se solicitó información, pero no se pagó los costos de reproducción
La autoridad nacional contribuiría con el sistema judicial En relación al proceso de habeas data: para demandar y tramitar se requiere que el ciudadano conozca de conozca de conceptos jurídicos: • • Tiene que saber como redactar su demanda y los escritos del proceso Tiene que saber qué contestarle al procurador del Estado cuando invoca las excepciones de ley
Si relacionamos el TIEMPO utilizado para impartir justicia con algunos de los temas resueltos: • 412 DÍAS: información sobre un proceso de compras de menor cuantía [STC 4885-2007PHD/TC. Caso Agencia de Viajes y Turismo Quiriqui Tours S.R.L] • 520 DÍAS:copia de información que se encontraría extraviada [STC 1410-2011-PHD/TC. Caso Pérez Rengifo y otros] 709 DÍAS:copia de un expediente administrativo[STC 058-96-HD/TC. Caso Mendoza Rodríguez]
1115 días: cobros desproporcionados en el procedimiento de acceso a la información pública [STC 01912-2007-HD/TC. Caso Nolte Pérez]
¿EN QUÉ TIEMPO RESUELVEN LAS AUTORIDADES GARANTES EN OTROS PAÍSES? Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México: • Consulta sobre el plazo de respuesta: máximo 50 días hábiles (art. 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública) Consejo para la Transparencia de Chile: • Promedio SARCs (mediación): 30 días calendario • Promedio de respuesta: 90 a 120 días calendario Generaría políticas, parámetros y herramientas para lograr el acceso real a la información pública Ejemplo 1: sistema de registro de pedidos de información: infomex. • No sabemos cuántos pedidos de acceso a la información pública se plantean en total: sólo 3 de cada 10 entidades obligadas cumplieron con reportar en el 2011 a la pcm (33.66%). [fuente: informe anual de la pcm sobre las solicitudes de acceso atendidas y no atendidas] Ejemplo 2: transparencia pro activa. Aquella que se enfoca en las necesidades de información de las personas y no sólo lo mínimo establecido en la ley. Ejemplo 3: ¿de qué vale tener reconocido el acceso como derecho constitucional si los ciudadanos no lo conocen? Existen un conjunto de factores que inciden en el conocimiento que puede tener un buen sector de la población sobre el acceso a la información como derecho Falta de acceso a servicios públicos: solo 3 de cada 10 peruanos que tienen una lengua materna distinta al castellano acceden a servicios básicos[upacifico, 2011] Falta de recursos económicos: 7 de cada 10 peruanos que viven en la sierra rural son pobres.De los que son pobres, 3 viven en extrema pobreza[mef 2009] Diversidad idiomática: la ley 27806 no está traducida al quechua ni al aymara • 7 de cada 10 peruanos (68.2%) que viven en zonas rurales tienen una lengua materna distinta al castellano[universidad del pacifico, 2011] • 6 de cada 10 peruanos en 4 departamentos [apurímac, ayacucho, huancavelica y cusco] tienen al quechua como lengua materna al quechua • 3 de cada 10 peruanos en puno tiene como lengua materna al aymara [censo inei, 2007] 6) ¿qué están haciendo las autoridades garantes? Instituto federal de acceso a la información pública de méxico • Convenios con organizaciones sociales • Utilización masiva de tecnologías de la información Instituto estatal de chiapas: traducción y difusión de la ley a lengua originaria beneficiando a 6.6 millones de personas [6.8% de la población mexicana] Consejo para la transparencia de chile: • Educación de la ley en aymara y rapa nui(isla de pascua) • Portal educativo «educa transparencia» (inicios 2011)
Campaña nacional de difusión de la ley de transparencia «puedes ver lo que pasa aquí» (agosto 2011)
DISEÑO DE LA AUTORIDAD NACIONAL ¿Qué características presenta la Autoridad en TAIP? • • • Organismo Técnico Especializado. Con autonomía técnica, funcional, administrativa, normativa y económica. El objetivo central de la Autoridad en TAIP es que las personas obtengan información de calidad para que puedan utilizarla en la mejora de sus condiciones de vida, ejerciendo los derechos que la Constitución le reconoce
 Para el logro de estos objetivos se requiere: PRIMERO: Que todas las instituciones, obligadas por el TUO de la Ley Nº 27806, que poseen información pública formen parte del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEGUNDO: Que funcione una Autoridad Nacional con facultades y atribuciones: 1) adecuadas y suficientes 2) ejercidas estratégicamente: bajo una lógica de prevención [promoción, mediación, asistencia técnica, fiscalización], siendo la sanción la última ratio. La autoridad tendría las siguientes atribuciones: Promovería y difundiría la transparencia en la gestión pública y el acceso a la información pública en la ciudadanía Ejecutaría y articularía labores de capacitación a funcionarios públicos Asesoraría a las instituciones obligados. Elaboraría y publicaría estudios e investigaciones. Elaboraría directivas e instrumentos que permitan el cumplimiento de las normas. Mediaría en las controversias que se presenten. Resolvería controversias sobre las negativas a las solicitudes de información. El modelo actual: o apelo o planteo Habeas Data. Supervisaría y fiscalizaría el cumplimiento de las normas de transparencia. Impondría sanciones por las infracciones a las normas de transparencia.
 Sancionaría las siguientes infracciones: Infracciones leves a) No entregar la información solicitada dentro del plazo b) Proporcionar información desactualizada, incompleta y/o inexacta Infracciones graves a) Negarse a recibir injustificadamente solicitudes b) No responder las solicitudes
Infracciones muy graves a) Denegar información atribuyéndole falsamente la calidad de información clasificada b) Sustraer, destruir, extraviar, alterar y/o mutilar total o parcial las solicitudes o de los documentos del acervo documentario  La Autoridad estaría conformada por un Consejo Directivo, una Dirección General y sus respectivos órganos de Promoción y Difusión, Investigación, Jurídico y Fiscalización, Operaciones y Sistema.  El Consejo Directivo funcionaría de la siguiente manera: • • • • Integrado por 5 consejeros nombrados por Resolución Suprema. La labor de los consejeros es a tiempo parcial. Adopta sus decisiones por mayoría simple Mandato dura 5 años
 Una comisión especial nombraría a los consejeros, y estará integrada por: 2 miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros 1 del Congreso de la República 1 del Contraloría General 1 de la sociedad civil 1 de los medios de comunicación Defensoría del Pueblo actuaría como observador del proceso. El Presidente de la República nombra a los Consejeros de la Autoridad en TAIP a propuesta de la Comisión.
 Requisitos para ser consejero: • • • • Ciudadano o ciudadana peruana Tener mínimo de 35 años No contar con antecedentes penales ni judiciales Haberse desempeñado en la función pública, y/o en la actividad privada, y/o en el ámbito académico en temas relacionados con el objeto de la presente ley, con un mínimo de 7 años. Solvencia moral y trayectoria democrática comprobada
 El costo de la implementación de la autoridad sería el siguiente: Inversión para el inicio de operaciones:S/. 1.3 millones Gastos de personal en general:S/. 8 millones Costo anual de operación total:S/. 18 millones anuales
Luz Salgado Congresista de la República La Sra. Salgado inició su exposición saludando el debate que se plantea a partir de la propuesta de creación de una autoridad autónoma en materia de acceso a la información pública. Señaló asimismo que se trata de un proceso que debemos ir construyendo. “Por leyes y decretos no nos quedamos, hace falta disposición de quien está en la titularidad de cada organismo”, indicó. Para la congresista hay avances y retrocesos. Consideró que la tarea es que se modifique esta ley y que vaya al Congreso. Hizo la salvedad que el Congreso no podría proponer esta institución porque implica gasto. Sin embargo, precisó que dicha tarea ya forma parte del plan de gobierno. “El tema de archivo también me parece interesante”, continuó. “¿Cuántos documentos han pasado al Archivo general de la Nación? Me parece importante una ley que no necesariamente vaya a copiar las experiencias de otros países. Creo que esta preservación de los archivos y un protocolo de cómo se maneja es necesaria”. La expositora comentó de igual forma que en el transcurso de su mandato ha formulado 30 pedidos de información, y seis todavía no han sido contestados. La mayoría de estos casos son de la ONP, es decir de parte de los jubilados. También dijo recibir casos de los alcaldes distritales, quienes no saben cómo están sus pedidos en el MEF. Finalmente, concluyó su intervención con las siguientes palabras: “Hay un trabajo pendiente, todos creemos que la gobernabilidad tiene que estar orientada por la transparencia. Hay que dar mecanismos claros que nos sean con afán de persecución”. GRUPOS DE DISCUSIÓN • Transparencia en las contrataciones del Estado: la Transparencia en los Programas Sociales. Dr. Carlos Arroyo
El grupo de trabajo llegó a las siguientes conclusiones:
La falta de una perspectiva de “unidad” de los proyectos a ser ejecutados, constituye un problema. Se planteó como una herramienta que ayude a la fiscalización, el manejar un mismo código que ayude a visualizar las distintas etapas del proyecto en los diversos registros (CIAF, SNIP, SEASE, SINAD, entre otros). La ciudadanía no es conciente de la implicancias de declarar en falso mediante el uso de las Declaraciones Juradas. Se habló de la necesidad de capacitar a la población sobre la importancia de las Declaraciones Juradas y su manejo. En relación a los programas sociales, se concluyó que la transparencia se torna una herramienta clave.
Es necesario incidir en la obligación de los programas sociales en contar con un registro único de beneficiarios. Un problema que se detecto es la falta de supervisión y monitoreo en los programas sociales. Participación ciudadana resulta clave para el control del gasto público y la fiscalización. Se compartió la experiencia de las veedurías de ciudadanos. Uno de los problemas que afrontan estas veedurías es la falta de financiamiento. En la práctica, por ejemplo, las redes anticorrupción son autofinanciadas por los mismos ciudadanos mediante el sistema de cuotas. Se destacó la participación y el compromiso de la juventud en la realización de las veedurías. Se hablo de la experiencia de los ayuntamientos españoles en realizar concursos públicos dirigidos a la ciudadanía para la realización y ejecución de las veedurías. Se aporto como idea que el trabajo con la ciudadanía debería ser realizado desde programas y no como desarrollo de proyectos, ello con la finalidad de asegurar su continuidad, sostenibilidad y sobretodo su institucionalización.
• La Transparencia en los procesos electorales. Adriana León, IPYS El grupo de trabajo llegó a las siguientes conclusiones: La mayor preocupación sobre transparencia durante los períodos no electorales está relacionada al financiamiento de las organizaciones políticas. El origen de los dineros y cómo y en qué se gastan Mucho del financiamiento de los partidos y candidatos proviene del sector privado. Algo de público como es la franja electoral y la modalidad de financiamiento público directo pero que no se pone en práctica en el Perú pues la ley establece que éste se dará si el presupuesto alcanza. Como se trata de una medida impopular, este dinero no llega nunca a los partidos. Lo que queda entonces es un financiamiento privado. La Ley exige que los partidos sean transparentes en quiénes son los que aportan y en qué se gasta. Mucha de esa información no está a disposición de los partidos, por ejemplo, los partidos requieren información cronograma electoral. Es necesario entregarle a los partidos toda la información posible. Otro aspecto importante durante los procesos electorales es que los organismos electorales deben contratar personal y esos procesos deberían ser mucho más transparentes de lo que actualmente son ahora. Sin embargo, es algo todavía muy complicado. Es necesario incentivar la transparencia en la etapa de las elecciones internas de los partidos políticos.
Las orgs locales la ley no regula y hay distritos que reciben un presupuesto enorme por canon Los procesos de revocatorias no están ordenados en los procesos del origen de los recursos. Las normas más difíciles de cambiar son las normas electorales. Transparencia directa del presupuesto público. No se sincera el tema del financiamiento público. Los partidos no tienen ni locales. En la ONPE hay una gerencia que debe ver esos temas pero no está operativa. Hasta 60 UTS al año si estos ingresos no son demostrables Los organismo electorales ofertan puestos de trabajo y en el tema de las licitaciones se gasta mucho en poco tiempo. Sobre la información política, mientras más información se tenga sobre la parte de resultados contribuyes a aplacar las tensiones políticas. Por falta de transparencia se crean más problemas en el ámbito político. La exigencia de la hoja de vida tergiversa el principio. Es discutible. Los pequeños partidos o candidatos en losdistritos más alejados se les niega el padrón, no lo entregan a tiempo. No hay control y los partidos no pueden hacer campaña. Básicamente por cultura del secreto. Esto pasa también y mucho en los procesos de revocatoria. Falta de capacitación y burocracia contribuyen a que esto no sea transparente. Transparencia en la democracia interna. Por vacío legal pero también por conveniencia de los partidos, esto no se da. Los partidos defienden mucho sus espacios sobre procedimientos internos. Lo asumen como derecho privado. No hay elección interna que no sea cuestionada. Para facilitar esto los orgs electorales deben organizar estos procesos: por experiencia, porque tienen el personal y el equipo. Pero esto no ha progresado
• Las excepciones al acceso de Información del Estado. Miriam Vásquez, Contraloría General de la República El grupo de trabajo llegó a las siguientes conclusiones: La interpretación de las excepciones al derecho de acceso a la información debe ser restrictiva. Importancia de analizar lo que está detrás de las excepciones, es decir, identificar qué bien jurídico se pretende proteger con la excepción. Necesidad de ir restringiendo la brecha de la casuística Importancia de establecer criterios generales para la elaboración de lineamientos sobre excepciones para el acceso a la información. Dichos criterios, podrían ser establecidos por los órganos emisores de la normativa vigente.
• La relación entre Protección de Datos y el Acceso a la Información Pública. Omar MendezIrigoyen, Abogado del IPYS. El grupo de trabajo llegó a las siguientes conclusiones: Resulta importante la armonización entre la ley de protección de datos personales y ley de acceso a la información. Se revisaron casos en los que se cita ley de protección para negar información Normativas internas en entidades públicas para evitar discrecionalidad del possedor de la información. Ministerio de Salud si tiene estos lineamientos Mayor difusión en los aspectos más importantes en la ley de protección de datos personales. Hay dudas en que datos personales son protegidos, esto se podría dar porque la ley de transparencia atiende a un contexto diferente. Ley de Transparencia 2002 y Ley de Protección del 2011 Existe actualmente autoridad de protección de datos, es importante buscar consulta de esta entidad para que emita precisiones para interpretación Problema con relación a publicación de funcionarios públicos. Datos establece como dato sensible ingresos de funcionarios. Ley de Transparencia establece publicidad de remuneraciones. Tiene que ser interpretado a luz de principio de publicidad. Ajuste de precisiones debe ser necesario Ley de Protección es muy reciente y es normal que existan dudas con respecto a su interpretación. Ambas normas deben ser dos caras de una misma moneda Detectar casos en los que se pueda evidenciar tensión entre ambas normas con la finalidad de que sean judicializados, para buscar jurisprudencia que enriquezca interpretación de la normativa. Capacitación es aspecto clave en esto, es importante también mejor cultura de archivos como pieza fundamental de este proceso.
CLAUSURA Dra Claudia del Pozo, Primera Adjunta del Defensor del Pueblo La doctora Del Pozo manifestó que fue un privilegio haber compartido con todos estos dos días en un tema tan trascendental como es el acceso a la información pública y transparencia. “Este tema impone a los funcionarios un reto muy importante que permita administración más eficiente y que genere más confianza en los ciudadanos”, apuntó.
Asimismo, la funcionaria señaló que el Perú del 2012 es muy distinto al que vio nacer esta ley. En ese sentido, el solo hecho que funcionarios públicos consideren que tienen un compromiso en venir a este foro es algo por resaltar. Consideró sin embargo que aún quedan muchos retos. “Existe una disyuntiva especial, pues tenemos varias instituciones que se dedican a ver el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia. En ese sentido la creación de una autoridad autónoma es de vital importancia”, subrayó. Aprovechó la oportunidad para saludar y agradecer especialmente a los conferencistas extranjeros, Ángel Trinidad Zaldívar y AlejandroFerreyroYazigiasí como a nuestros comentaristas nacionales y todos los presentes. “La Defensoría del Pueblo siempre estará siempre dispuesta a evaluar y considerar cualquier iniciativa que fortalezca este derecho”, dijo,y con ese compromiso declaro clausurada la V Conferencia de Acceso a la Información Pública.
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