Source: http://conciencia-ambiental09.blogspot.com/2009_08_01_archive.html
Timestamp: 2017-07-28 18:47:12+00:00

Document:
Conciencia Ambiental: 1/08/09 - 1/09/09
EL ESPECTADOR30 DE AGOSTOLa mina de oro de La Colosa en Cajamarca (Tolima) se perfila como el proyecto de exploración más importante de Colombia que además impulsaría la economía del país, a pesar de la polémica que suscitó entre defensores del medio ambiente en sus primeras fases.La mina de oro de La Colosa fue descubierta por la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti, en un hito minero que la convirtió, según el presidente de la compañía, Rafael Hertz, en "el yacimiento más grande hallado en los últimos 10 años en todo el mundo".La tradición de la minería subterránea en Colombia se restringía al carbón y a otros metales, y a pesar de que en la actualidad se están desarrollando otros proyectos en materia áurea, ninguno de ellos ha alcanzado el potencial de La Colosa, que podría generar 800.000 onzas de oro al año.Esto se debe, según fuentes de la empresa, a que la inversión extranjera se ha sentido atraída por las mejoras en seguridad en Colombia y a la facilidad de acceso a esta mina.Sin embargo, el proyecto de exploración está paralizado desde hace más de un año, cuando las autoridades ambientales de Tolima señalaron que las primeras perforaciones impactaban sobre la reserva forestal en la que se encuentra y en los acuíferos colindantes.El responsable del desarrollo ambiental de la multinacional, Lucas Ramírez, explicó que esa reserva fue delimitada en 1952, con el fin de ser explotada, y que aún quedan evidencias de que se desarrolló la ganadería y la agricultura en tiempos pasados.El terreno que gestiona Anglo Gold en Cajamarca abarca numerosos pastos, zonas rocosas y rastrojos, y el bosque protegido se halla alejado del área de trabajo, en la cima de una montaña que supera los 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar.En cuanto al manejo de los acuíferos, la vocera de la empresa, Carolina Rueda, resaltó que en las 52 plataformas ya perforadas no se ha encontrado ninguno, pero que "habría que hacer los estudios completos para determinar si los hay y qué se va a hacer con ellos".Además, el área de exploración se encuentra entre dos nacimientos de agua, las quebradas La Colosa y La Arenosa, de las que, según Rueda, "no se ha extraído más para las exploraciones que lo que exige el consumo doméstico".La vocera opinó que la polémica medioambiental responde a "una discusión anticipada frente a un tema sobre el que no se tienen respuestas todavía porque no se han hecho los estudios necesarios".Y es que el Gobierno de Álvaro Uribe hizo público que La Colosa contaba con 12,3 millones de onzas del metal de "recursos inferidos" , categoría que indica que se conoce que pueden existir estas reservas, pero que no está probado.La empresa había solicitado un área de sustracción de 515,75 hectáreas de la reserva forestal para culminar la etapa de exploración, pero el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sólo le autorizó operar en 6,39 hectáreas.El pasado 14 de agosto, el Gobierno impuso nuevas limitaciones de perforación dentro de las 6,39 hectáreas y solicitó que la empresa presentara una serie de estudios que, a juicio de Rueda, "no son usuales para la etapa en que nosotros estamos, que es temprana, lo que implica un aumento de los costos y demora en la exploración".Anglo Gold tendría que invertir 200 millones de dólares más en este proyecto, que espera retomar cuanto antes en los estudios de "prefactibilidad y factibilidad" , y reconoce que "si los resultados no aseguran que es técnica, económica, social y ambientalmente factible, no se podrá desarrollar".La Colosa ocuparía el tercer lugar entre las minas de oro más importantes de Latinoamérica, tras la de Yanachocha, en Perú, y la Escondida, en Chile.
Aumentan exigencias ambientales a Anglogold para exploración en Cajamarca
NUEVO DÍAViernes 21 de Agosto de 2009 El Ministerio de Ambiente resolvió fortalecer las exigencias ambientales a Anglogold en el tema de la sustracción parcial y temporal de la llamada reserva forestal central, donde se encuentran La Colosa y La Bélgica, a fin de proteger los posibles efectos sobre los cuerpos hídricos y ante una eventual irregularidad suspender las actividades de exploración de manera inmediata.Según informó esa cartera, la decisión fue tomada después de una "exhaustiva revisión de los recursos interpuestos por la Procuraduría General de la Nación, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima; la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Río Coello; Usocoello, y la multinacional Anglogold Ashanti".En los puntos que resalta la cartera Ambiental está "monitorear la calidad y cantidad de las corrientes de agua que abastecen los acueductos del Espinal, Chicoral, Coello y el Distrito de Riego de Usocoello, aún cuando no se encuentren en el área del proyecto. El diseño de este programa será verificado y aprobado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam; y será ejecutado por una universidad o entidad científica reconocida a nivel nacional e internacional".A esto se añade "que la resolución inicial ordenaba también el monitoreo de fauna, flora, cantidad y calidad de aguas superficiales y subterráneas cercanas a la zona de exploración".De acuerdo con el Ministerio, "el objetivo es garantizar que ante cualquier irregularidad que afecte la calidad del recurso hídrico, las actividades de exploración serán suspendidas de manera inmediata, para lo cual se contará con una veeduría adicional conformada por un grupo de investigación científica en el área de Ciencias Exactas y de la Tierra, con 10 años de experiencia y cuyos miembros tengan doctorados o posdoctorados en hidrogeología, biología, ecología, hidrología, geología entre otras especialidades."En el documento, que aún no está socializado, el Ministerio asume "un seguimiento permanente a las actividades desarrolladas por la empresa y los resultados arrojados por los distintos monitoreos, con el fin de establecer las medidas de prevención y control que se requieran, para lo cual pedirá una validación aleatoria de los datos de monitoreo del recurso hídrico al Ideam".Recalca, la cartera Ambiental "que la sustracción parcial y temporal otorgada por este Ministerio no lo obliga ni condiciona a otorgar la sustracción definitiva ni la licencia ambiental para la explotación, como fue la preocupación de la ciudadanía y de los entes de control. El Ministerio no está autorizando proyecto alguno distinto a una sustracción temporal de una reserva forestal". Advierte que en "el evento que la empresa Anglogold Ashanti requiera utilizar cualquier recurso natural - como concesión de agua y aprovechamiento forestal - este trámite deberá ser surtido ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima.
La Colosa: ¿El juego de la desinformación o la estrategia de la precaución?
NUEVO DÍAJueves 20 de Agosto de 2009CRISTIAN CAMILO FRASSER LOZANO En columna publicada el pasado 16 de Agosto en el diario EL NUEVO DÍA, el profesor Carlos Montealegre caracteriza el proyecto minero La Colosa como un juego de la desinformación, y concluye que el Gobierno debe intervenir para regular la producción de información veraz y oportuna. Para el debate, siempre será saludable que personas ligadas a la academia sometan al escrutinio los temas cruciales de la coyuntura departamental. El ejercicio realizado por el profesor Montealegre tiene la virtud de invitar al debate desde la academia, y el defecto de caracterizar la situación como una simple falla de información. El profesor Montealegre afirma que normalmente no es necesario que las empresas tramiten permisos de exploración. Sin embargo, soslaya que de acuerdo con la ley 2da de l959, en zonas de Reserva Forestal sí es necesario ese tipo de permisos. La multinacional inició trabajos en la zona sin solicitar dicha autorización, lo que le ha valido una investigación por parte del Min. Ambiente. El profesor Montealegre, subraya que el permiso sólo representa el uno por ciento del total del área solicitada, pero omite que en la resolución 814 (equivalente al permiso de exploración) esas hectáreas no están georreferenciadas. El economista en mención, señala que existen imprecisiones y referenciales parciales en las cifras puntuales sobre remoción de roca y consumo de agua. El método científico, permite realizar pronósticos del comportamiento de variables a partir de la simulación de distintos escenarios, con lo cual, el margen de imprecisión y error se disminuye. Los economistas conocen bien este método, pues construyen rangos en los que se encontraría el valor esperado de una variable. En ese sentido, la cantidad de material rocoso que se remueva depende del tenor por tonelada de roca. La cifra de 600 mil toneladas diarias corresponde a la experiencia en Yanacocha-Perú, y en efecto, es exagerada para dimensionar el proyecto La Colosa, pero con experiencias internacionales similares, se pueden calcular rangos más aproximados. Si el tenor oscila entre 1 y 2 gramos por tonelada de roca, ha dicho la Procuraduría Agraria del Tolima, el material rocoso que se removería estaría entre 25 mil y 50 mil toneladas diarias, con una consideración adicional, en el área del yacimiento existen pendientes de hasta 45 grados, lo que genera gran dificultad para su manejo y aumenta la probabilidad de contaminación. En el tema del agua, un especialista reconocido internacionalmente, como Robert Moran, estima un consumo de agua, entre 630 y 950 millones de metros cúbicos por año. Sorprende que el profesor Montealegre afirme que existe consenso sobre el tipo de mineralización pero no sobre el tipo de explotación. Si se acepta que el mineral se encuentra diseminado en pequeñas cantidades (oro invisible o microscópico), su forma de explotación es minería a cielo abierto. El tipo de mineralización determina el tipo de explotación. Adicionalmente, por estudios de la Procuraduría y Cortolima, se conoce la importancia ambiental que representa la zona, por ejemplo, según Cortolima, en el área se hallan 63 especies de aves, entre ellas, el Perico Paramuno en vía de extinción. Por todo lo mencionado anteriormente, sugiero que la conclusión a la que llega el profesor Montealegre es equivocada. En primera instancia, olvida que con la resolución 814 los estudios de monitoreo y seguimiento ambiental, serán seleccionados y contratados por la multinacional, haciendo inviable la idea de que el Gobierno realice estudios técnicos independientes. Y en segunda medida, porque si bien es cierto que aún no se cuenta con información más amplia y profunda sobre el tema, también lo es que existen datos perfilados sobre los posibles efectos ambientales, económicos y sociales del proyecto minero que lo configuran como una amenaza potencial. Y en ese sentido, la actitud correcta es asumir el Principio de la Precaución contemplado en el Numeral 6 del artículo 1ero de la ley 99 de 1993, que estipula: "cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente". En un símil con la teoría de juegos desarrollada por la ciencia económica, y que el profesor Montealegre conoce bien, si el proyecto minero es el juego de la desinformación, entonces, el óptimo para los tolimenses consiste en que los ciudadanos utilicen como estrategia dominante el Principio de la Precaución. De ahí, que el movimiento ambientalista hace bien en informar a la ciudadanía sobre los riesgos que trae consigo el proyecto minero.
NUEVO DÍADomingo 16 de Agosto de 2009CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE HERNÁNDEZ (*)Es tanta y tan diversa como contradictoria la información que los diferentes medios han puesto a disposición de la comunidad sobre La Colosa que, a estas alturas, es difícil saber quién tiene la razón: los contradictores o los promotores del proyecto. Las primeras diferencias surgen con los permisos y el área para adelantar la exploración. En esta etapa se establece, mediante muestreo, la cantidad de oro, su ubicación y distribución. Normalmente, una empresa minera no requiere de permisos o licencias ambientales para explorar. A Anglo Gold Ashanti se le exigió permiso para explorar y la autoridad ambiental lo otorgó para un sector de aproximadamente seis hectáreas, área que representa un poco más del uno por ciento del proyecto completo, que es de 515 hectáreas.Hay consenso en que el mineral esta distribuido superficialmente, pero el método de explotación no podrá ser definido hasta tanto se concluya la etapa exploratoria. Por lo demás, buena parte de los temas ambientales relacionados con la mina son objeto de desinformación o de referencias parciales. Por ejemplo, los opositores dicen que para obtener un kilogramo de oro es necesario remover 150 toneladas de tierra y que la remoción diaria podría ser de 600 mil; para cumplir con esta tarea se necesitaría que 500 volquetas de 50 toneladas cada una, realizara un viaje de ida y regreso en una hora durante las 24 horas del día, situación que parece improbable.El tema del agua no es ajeno a controversia e imprecisiones. Se estima que La Colosa utilizará 600 millones de metros cúbicos al año, equivalente a 70 mil metros cúbicos por hora; los defensores hablan de 250 metros cúbicos por hora. Para tener algún punto de referencia, un hogar promedio consume 20 metros cúbicos al mes y una piscina olímpica contiene dos mil 500 metros cúbicos. Según los defensores, La Colosa utilizaría el equivalente a diez piscinas por día y agregan que Usocoello consume diariamente 691 piscinas.De otra parte, según Cortolima, en la zona de explotación se encuentran 161 nacimientos de agua; los defensores mencionan dos: La Colosa y La Arenosa. Aquí, además del número de nacimientos existentes, el punto es cuántos de ellos se verán afectados en términos de su caudal y la calidad del agua.Algún opositor en internet se preguntaba con toda razón: "¿Qué pasará con el milenario bosque de niebla, su biodiversidad y las especies en vía de extinción que allí habitan?" Sus defensores argumentan que la reserva forestal se perdió desde hace treinta años, como resultado de la actividad agrícola y ganadera de la zona. Argumentan que hoy sólo hay potreros y apenas queda un cinco por ciento de bosque primario. Existen muchos interrogantes sobre asuntos no menos importantes: el uso del cianuro, la eventual contaminación de los depósitos subterráneos de agua y la lluvia ácida generada por las emanaciones de óxido nitroso son algunos de ellos. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar la etapa del cierre de la mina. Al igual que con las anteriores, sobre esta hay diferencias entre las partes: en un extremo, nos describen un paisaje desolador caracterizado por montañas de piedra y tierra, similar al resultado final de la explotación minera en Yanacocha (Perú); los defensores en cambio, presentan las fotografías del proyecto Island Copper en Canadá, al que le falta poco para ser un paraíso, porque la empresa minera asumió seriamente el proceso de restauración del hábitat. El Gobierno, como responsable de la decisión final, debe informar a la ciudadanía con argumentos técnicos, exactos, oportunos y objetivos para evitar esta proliferación de información que responde a intereses particulares y sesgados. Es deber del Gobierno recurrir al concepto de un experto, no vinculado a ninguna de las partes, cuya opinión ayude al Tolima a tomar la mejor decisión desde el punto de vista ambiental, técnico, económico y social.(*) Economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.Universidad de Ibagué. Publicado por
NUEVO DÍA. AGOSTO 15 DE 2009. El panorama para el proyecto minero más promisorio del país, La Colosa, se despejará en dos o tres semanas.El ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa Posada, señaló que su cartera se encuentra en el proceso de terminar la evaluación de las objeciones enviadas por AngloGold Ashanti a la autorización de sustracción parcial y temporal del área de reserva forestal."Hay la posibilidad de que la empresa pueda desarrollar actividades de exploración, es decir, hacer perforaciones para cuantificar la distribución y la cantidad de oro", manifestó Costa.El funcionario indicó que la autorización emitida por el Ministerio del Ambiente no implica un permiso para la explotación.Para esto, la minera sudafricana tendrá que adelantar un proceso de licenciamiento ambiental. Sin embargo, Costa dijo que la empresa todavía no ha solicitado este aval para el proyecto.A principios de mayo de este año, el Ministerio del Ambiente autorizó a AngloGold para la sustracción en La Colosa, pero la autorización está muy por debajo del área que había solicitado en un principio la compañía, pues ante la petición de 515 hectáreas por parte de la empresa, el Gobierno aprobó una superficie mínima de 6.39 hectáreas.Es decir, que el área autorizada para exploración equivale a 1.24 por ciento de lo solicitado por la compañía. Por este motivo, AngloGold objetó ante el Ministerio reparos a la autorización.El presidente de la minera en Colombia, Rafael Herz, aseguró que se está a la expectativa de la respuesta del Gobierno para evaluar si con el permiso otorgado se puede adelantar el proyecto.La Colosa se ubica en Cajamarca, Tolima, zona considerada de reserva forestal e hídrica, razón por la cual el proyecto ha causado polémica entre grupos ambientalistas, congresistas y políticos de la región que se oponen a la iniciativa minera con el argumento de que puede causar daños irreparables en la zona.Frente a esto, AngloGold asegura que maneja los más altos estándares ambientales internacionales en cuanto a exploración y explotación.En caso de que se adelante la fase de explotación en La Colosa, la empresa inyectará recursos por dos mil 500 millones de dólares para la construcción de la mina. BOGOTÁ, COLPRENSA
El costo ambiental de un desarrollo arcaico. La amazonia brasileña en el umbral de una nueva era
Marina SilvaInforme-DiplóLa Amazonia brasileña se encuentra en una situación límite. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva debe decidir si desea liderar la transición hacia nuevos parámetros de desarrollo global o prefiere continuar avalando la sobreexplotación de los activos sociales y ambientales en beneficio de una minoría.Varios estudios recientes han expuesto diferentes facetas del modelo económico arcaico y predatorio que todavía predomina en la Amazonia brasileña. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el gobierno federal, las administraciones estatales y municipales, y la sociedad civil –lo que dio como resultado una reducción continua de los índices de deforestación desde 2005–, el hecho es que el 17% del bosque tropical brasileño ya ha sido consumido; y los mecanismos y prácticas que destruyen la biodiversidad, perjudican los servicios ambientales (1), generan conflictos sociales, empobrecen la cultura, marginan poblaciones, agravan el calentamiento global y comprometen la imagen de Brasil, continúan vigentes. La edición de junio de 2009 de la revista Science (2) incluye un estudio sobre el tema, firmado por investigadores del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), que bautiza este modelo como “boom-colapso”, en alusión al efecto “sube y baja” que caracteriza la economía de la región: grandes ganancias financieras para un pequeño grupo al principio, seguidos de pérdidas y perjuicios para la sociedad en general. Los investigadores constataron que, en el corto plazo, mejoran los indicadores socioeconómicos, como por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, los beneficios duran alrededor de una década y media, agotándose cuando se terminan la explotación de madera y la productividad de la ganadería. En ese momento, entonces, los municipios pasan a presentar índices de calidad de vida parecidos a los del período anterior a la deforestación, con una diferencia fundamental: perdieron la oportunidad de hacer un uso adecuado de los activos naturales y de crear una economía sostenible con una distribución de la renta más ecuánime. Sumado a eso, heredan suelos degradados, desempleo, concentración agraria, éxodo rural, miseria urbana y, por supuesto, el fin de los bosques y de los recursos naturales disponibles. El año pasado se publicaron asimismo otros importantes trabajos realizados por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que describen las prácticas deletéreas de poderosos grupos empresariales y sus negocios globales, lo que causó un fuerte impacto en la opinión pública. En octubre de 2008, la ONG Repórter Brasil redactó una lista de las empresas establecidas en San Pablo que se benefician con el avance predatorio de la actividad agropecuaria y maderera ilegal sobre el bosque, además de mantener relaciones comerciales con propietarios e inversores rurales que explotan el trabajo esclavo. La divulgación del trabajo, titulado “Conexiones sustentables San Pablo-Amazonia: quién se beneficia con la destrucción de la Amazonia” (3), dio como resultado la firma de tres pactos empresariales para el control de las cadenas productivas de la madera, la ganadería y la soja oriundas de la Amazonia. La organización Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña publicó, en abril de 2008, el informe “La hora de la cuenta – Ganadería, Amazonia y coyuntura” (4), en el que explica que la Amazonia se consolidó como una importante región productora de carne debido a la instalación de megafrigoríficos, financiados con recursos públicos subsidiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil del orden de los 6.000 millones de reales en 2008, un récord histórico. De ese monto, casi nada se destinó al aumento de la productividad y la recuperación de tierras degradadas o abandonadas. El informe muestra incluso que uno de los factores centrales para la viabilidad de la ganadería en las principales regiones productoras de la Amazonia es la invasión y la posesión ilegal de tierras públicas, acompañada de deforestación irregular. A comienzos de este mes, Greenpeace Brasil divulgó por su parte, después de tres años de estudios, el informe “La farra del buey” (5). Allí, la organización ambientalista revela que la destrucción de la Amazonia se debe mayoritariamente al sector ganadero, responsable de una de cada ocho hectáreas de bosques tropicales destruidas en el planeta. Ese trabajo analiza las fuertes inversiones gubernamentales destinadas a ese sector, con el objetivo de consolidar el liderazgo de Brasil en la exportación de carne bovina y duplicar su participación para alcanzar los dos tercios del mercado mundial de aquí a 2018. El informe hace también una lista de varias empresas nacionales e internacionales que se abastecen de productos de esa cadena productiva ilegal y antiética, y acusa al BNDES de contribuir a la devastación ambiental, en la medida en que financia a los frigoríficos sin exigir contrapartidas ambientales. La novedad que introdujo el estudio de Greenpeace fue su sociedad con el Ministerio Público Federal para iniciar acciones civiles públicas en el Estado de Pará contra los frigoríficos y las redes de venta minorista citados en el texto. La medida generó diferentes reacciones: grandes cadenas minoristas, como Wal-Mart, Carrefour y Pão de Açúcar, suspendieron las compras a los frigoríficos involucrados, exigiendo a los proveedores trazabilidad y garantías socioambientales confiables para los productos provenientes de la Amazonia. Las entidades ruralistas ya intentaron descalificar el estudio e intimidar a sus autores con procesos judiciales, en lugar de adoptar técnicas productivas sustentables que favorezcan la ganancia de productividad, trazabilidad y recuperación de las áreas degradadas. A pesar de las evidencias recabadas en los estudios citados y de importantes resultados alcanzados en el ámbito del Programa de Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia, la ideología y las fuerzas que sustentan el modelo predatorio continúan en plena forma debido, especialmente, a la postura equivocada de algunos sectores del gobierno federal y del Congreso Nacional. Teniendo en cuenta las urgencias de nuestro tiempo –sintetizadas por la confluencia del agravamiento del calentamiento global y la situación dramática de las poblaciones pobres en todo el planeta– la persistencia de un patrón de desarrollo arcaico en Brasil –país clave para iniciar el viraje necesario hacia un modelo de base sustentable– es muy preocupante. Desde los ministerios que definen políticas vitales para la Amazonia llegan discursos y medidas que aumentan esa preocupación, al converger en el desmantelamiento de la legislación ambiental y la defensa de facilidades económicas para sectores que especulan con tierras en la región (6), y al negarse a asimilar métodos que eviten nuevas deforestaciones. Esos sectores fueron premiados recientemente con una regularización agraria que distribuyó más de 60 millones de hectáreas de tierras públicas, buena parte de ellas a personas y grupos que las invadieron y promovieron su deforestación a gran escala. O sea, las autoridades responsables de las políticas de desarrollo tratan a los bosques como un obstáculo y no como un beneficio para la nueva economía del siglo XXI. La voz del pueblo Tal postura, no obstante, está siendo confrontada por las constantes alertas tanto de respetados formadores de opinión como de la propia sociedad. En una investigación realizada por el Instituto DataFolha en mayo pasado, el 96% de la población brasileña defendió la legislación ambiental y dio un mensaje claro a los productores rurales: pide respetar los límites establecidos por la ley para la protección de bosques, ríos, suelos y biodiversidad (7). Ya no se acepta la justificación de la producción de alimentos a costa de la destrucción ambiental. Se ha llegado así, a un umbral. El gobierno brasileño necesita hacer una elección clara: liderar una transición que convierta a Brasil en una referencia mundial en la búsqueda de nuevos parámetros de desarrollo, o seguir siendo fiador del pasado, garantizando sobrevida a una concepción de mundo ya superada, que se basa en otorgar privilegios y permitir la sobreexplotación de los activos sociales y ambientales para usufructo de algunos pocos, sin medir las consecuencias. La investigación de Datafolha mostró que los brasileños quieren empleo, renta y acceso a bienes de consumo, pero no a cualquier precio. Quieren también seguridad ambiental, compromiso ético y visión a largo plazo para crear hoy las condiciones para un salto civilizatorio indeclinable. En la Amazonia ese dilema se plantea de varias maneras. La explotación ganadera y maderera irregular es sólo uno de los aspectos. Otro, de igual importancia, es la puesta en marcha de obras de infraestructura. El conocimiento acumulado sobre las debilidades del bioma amazónico recomienda cuidados especiales en ese tipo de proyectos, comenzando por el imprescindible proceso de licenciamiento ambiental, hecho en forma y tiempo adecuados. Frente a eso, las maniobras para evitar o flexibilizar los procedimientos exigidos por la legislación con el objetivo de acelerar la aprobación de las obras, como se intenta, por ejemplo, con la ruta BR 319, son inaceptables. La historia enseña que, realizadas en discrepancia con las contingencias ambientales, esas obras son inductoras de procesos económicos y sociales que pueden redundar en verdaderas catástrofes sociales, culturales, ecológicas y económicas en toda el área de influencia del emprendimiento, en vez de generar los beneficios esperados. Brasil vive un momento crucial, que exige, para que sea posible prosperar, elecciones valientes en pos de un cambio de rumbo y de patrones. Las alternativas ya existen, tienen fuerte base tecnológica, una concepción política e institucional innovadora y sectores de punta dispuestos a superar sus límites adoptándolas. Se trata de un desafío que no es sólo de los brasileños. Se impone a toda la comunidad global. Evidentemente, el país que detenta un patrimonio tan significativo como la Amazonia tiene una misión especial que cumplir. Una misión domesticadora, en términos del siglo XXI. Si antes, en la historia de la humanidad, domesticar significaba dominar, sojuzgar e imponer, hoy quiere decir tener la capacidad de reinventar la civilización, sumando el ambiente natural como parámetro para la superación de los excesos y equívocos de la sociedad de consumo, en una perspectiva anticipatoria de la sociedad sustentable que se pretende consolidar. Brasil es candidato natural a ser una gran nación para navegar el futuro y no puede continuar preso de las peores amarras de su historia, sin utilizar plenamente lo que ésta le ofrece como herramienta liberadora: los excepcionales recursos naturales y la igualmente excepcional diversidad social y cultural. A lo largo de las últimas décadas, esta opción ya fue realizada por crecientes contingentes sociales en los espacios académicos, comunitarios, empresariales, de organizaciones de la sociedad civil y en nichos de excelencia del sector público. De esa nueva cultura han emanado continuas demostraciones de que dar el salto cualitativo es posible y viable. Falta la opción decidida de aquellos que tienen mucho poder en el proceso decisorio del país y en la implementación de grandes políticas, es decir, los gobernantes y los sectores empresariales de peso. Marina Silva es senadora de la República Federativa del Brasil por el Estado de Acre en representación del Partido de los Trabajadores (PT), fue ministra de Medio Ambiente (2003-2008). Traducción: Claudia Solans Notas: 1 Los servicios ambientales son funciones ecológicas y procesos que aseguran el equilibrio de los ecosistemas y posibilitan la supervivencia y el bienestar de todas las especies en el planeta. 2 Science, Vol. 324, Nº 5.933, Nueva York, junio de 2009. 3 www.reporterbrasil.org.br/documentos/conexoes_sustentaveis.pdf 4 www.amazonia.org.br/arquivos/308285.pdf 5 www.greenpeace.org.br/gado/FARRAweb-alterada.pdf 6 Véase Dario Pignotti, “Polémica diplomacia del cárbono”, en el dossier “Amazonia, el espacio geoestratégico del siglo XXI”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2009. 7 http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=891 M.S. © LMD ed. Brasil
Claudia CiobanuIPS, Bucarest, agosto 2009www.ipsnoticias.net/ Para combatir el capitalismo en el Sur es necesario lograr un decrecimiento en el Norte, según el profesor emérito de la Universidad de París Sur XI, Serge Latouche, quien promueve e investiga ese sistema al que define como prácticas alternativas a la destrucción del ambiente y al aumento de la pobreza. El economista francés propone abandonar "el objetivo del crecimiento por el crecimiento mismo, una meta demente con consecuencias desastrosas para el ambiente", subrayó. La necesidad de crear una sociedad del "decrecimiento" deriva de la certeza, explica, de que los recursos de la Tierra y los ciclos naturales no pueden sostener el crecimiento económico, la esencia misma del capitalismo y de la modernidad. En lugar del sistema dominante actual, Latouche propone "una sociedad con una sobriedad asumida, trabajar menos en tener mejores vidas, consumir menos, pero de mejor calidad, producir menos basura y reciclar más", explicó. La nueva sociedad significa "recuperar el sentido de la mesura y una huella sostenible desde el punto de vista ecológico", señaló Latouche, "y encontrar la felicidad en la convivencia con los demás y no en la acumulación desesperada de aparatos". Autor de varias obras y artículos sobre la racionalidad occidental, el mito del progreso, el colonialismo y el posdesarrollo, Serge Latouche describe los principales principios de la sociedad del decrecimiento en sus libros "Le Pari de la décroissance" ("La apuesta por el decrecimiento") y "Petit traité de la décroissance sereine" ("Pequeño tratado del decrecimiento sereno"), publicado en 2006 y 2007 respectivamente. Serge Latouche explicó a IPS de qué se trata la sociedad del decrecimiento. IPS: ¿Qué características tiene una sociedad del decrecimiento? ¿Existen prácticas actualmente compatibles con su propuesta? Serge Latouche: Decrecimiento no significa crecimiento negativo. Crecimiento negativo es una expresión contradictoria que sólo revela el domino que la idea de crecimiento ejerce en el imaginario colectivo. Por otro lado, el decrecimiento no es una alternativa al crecimiento, sino una matriz de alternativas que permitirán reabrir el espacio a la creatividad humana, una vez eliminado el yeso del totalitarismo económico. La sociedad del decrecimiento no será la misma en Texas, que en (el sureño estado mexicano de) Chiapas ni en Senegal ni en Portugal. El decrecimiento volverá a lanzar la aventura humana hacia una pluralidad de destinos posibles. Se pueden encontrar los principios del decrecimiento en propuestas teóricas e iniciativas desarrolladas en el Norte y en el Sur. Por ejemplo, el intento de los neo-zapatistas de Chiapas de crear una región autónoma. También hay experiencias en América del Sur, con indígenas, entre otras, como lo que ocurrió en Ecuador, donde se incorporó a la Constitución el objetivo del Sumak Kausay (buen vivir). En el Norte también empiezan a propagarse iniciativas que promueven el decrecimiento y la solidaridad. Las AMAP (Asociaciones para el Mantenimiento de una Agricultura Campesina, en francés, entre grupos de consumidores y granjas locales a fin de abastecerse) son ejemplos de autoproducción como el PADES (Programa de Autoproducción y Desarrollo Social, que implica asumir todas las actividades de producción de bienes y servicios, para sí y para la comunidad, sin contrapartida monetaria). El movimiento de Ciudades en Transición comenzó en Irlanda y su propagación al resto del mundo puede ser una forma de producción desde abajo, que se asemeja mucho a la sociedad del decrecimiento. Las localidades tratan, primero, de lograr la autosuficiencia energética dado el agotamiento de recursos y, en general, promueven la búsqueda de la resiliencia, (la capacidad de adaptarse a los cambios del ambiente). IPS: ¿Cuál sería el papel de los mercados en una sociedad de decrecimiento? SL: El sistema capitalista es una economía de mercado, pero éstos no son instituciones exclusivas del capitalismo. Es importante hacer la distinción entre el Mercado y los mercados. Éstos últimos no obedecen a una ley de competencia perfecta y eso es para mejor. Siempre incorporan elementos de la cultura del don, que la sociedad del decrecimiento trata de redescubrir. Implica vivir en comunidad con otros, desarrollar relaciones humanas entre compradores y vendedores. IPS: ¿Qué estrategias puede desarrollar el Sur para eliminar la pobreza, sin hacer lo que hizo el Norte de dañar el ambiente y empobrecer al Sur? SL: En los países africanos no es necesario ni deseable reducir la impronta ecológica ni el producto interno bruto. Pero no por eso hay que concluir que se debe construir una sociedad del crecimiento. Primero es claro que el decrecimiento en el Norte es una condición necesaria para poder abrir alternativas en el Sur. Mientras Etiopía y Somalia se vean obligadas a exportar alimento para nuestros animales domésticos en plena escasez y mientras engordemos nuestro ganado con soja cultivada gracias a la destrucción de la selva amazónica, vamos a estar asfixiando todo intento de autonomía real del Sur. Animarse al decrecimiento en el Sur significa iniciar un círculo virtuoso que implica romper la dependencia económica y cultural con el Norte, reconectar una línea histórica interrumpida por la colonización, reintroducir productos específicos que fueron abandonados y olvidados, así como valores "anti-económicos" relacionados con el pasado de esos países, y recuperar técnicas y conocimientos tradicionales. Esas iniciativas deben combinarse con otros principios, válidos en todo el mundo, como reconceptualizar lo que entendemos por pobreza, escasez y desarrollo. Por ejemplo, reestructurar la sociedad y la economía, restablecer prácticas no industriales, en especial agrícolas, y redistribuir, relocalizar, reutilizar y reciclar. IPS: La sociedad del decrecimiento implica un cambio radical en la consciencia humana. ¿Cómo se lograr eso? ¿Puede ocurrir en cualquier momento? SL: Es difícil romper con la adicción al crecimiento, en especial porque es lo que interesa a las corporaciones multinacionales y los poderes políticos que las sirven, para mantenernos esclavizados. Las experiencias alternativas y los grupos disidentes, como cooperativas, sindicatos, asociaciones para preservar la agricultura campesina, algunas organizaciones no gubernamentales, sistemas de permuta local, redes de intercambio de conocimiento, son laboratorios pedagógicos para la creación del "nuevo ser humano" que requiere la sociedad. Son universidades populares que promueven la resistencia y contribuyen a descolonizar el imaginario. Seguro, no tenemos mucho tiempo, pero el curso de los acontecimientos puede contribuir a acelerar la transformación. La crisis ecológica, junto con la económica y financiera, puede servir de choque saludable. IPS: ¿Los actores políticos convencionales pueden desempeñar algún papel en la transformación? SL: Todos los gobiernos son, lo quieran o no, funcionarios del capitalismo. En el mejor de los casos, pueden, como mucho, disminuir o suavizar procesos sobre los cuales ya no tienen ningún control. Para nosotros es más importante el proceso de auto-transformación de la sociedad y de los ciudadanos que la política electoral. Aunque los últimos logros relativos obtenidos en ese terreno por ecologistas franceses y belgas, quienes adoptaron algunos puntos de la agenda del decrecimiento, parecen un signo positivo
Martes 04 de Agosto de 2009 00:00
Las determinaciones que tenga que tomar el Estado, las regiones y las comunidades sobre la operación o no de la megaminería en nuestros países, no deben de estar soportadas sobre las perspectivas de las empresas multinacionales explotadoras, tampoco sobre supuestos de inmensos ingresos para el desarrollo colectivo regional; sino que deben obligatoriamente estar basadas en la óptica de las comunidades afectadas, desde la historia real y las consecuencias de las actividades mineras ya desarrolladas o en desarrollo en países vecinos, siempre viendo la actividad como una oportunidad, para evaluar y decidir, siempre en favor de las comunidades y los países. El establecimiento de la mina, a sólo cinco kilómetros en línea recta, del casco urbano, nos deja incluidos en los radios más cercanos de los microsismos por las detonaciones diarias de explosivos, y generará la destrucción a mediano plazo de la meseta, con suelos derivados de piroclastos, y aún de las vulnerables casas y edificaciones en general. Los terrenos invadidos para instalar las estructuras de explotación de la Mina La Colosa, se encuentra en una reserva forestal de carácter nacional protegida por la ley 2ª de 1.959; hoy violada por la empresa Anglogold Ashanti que pretende expandirse hasta donde exista una pizquita de oro. Y parece que a nadie le importa y nadie acata o hace cumplir la normatividad. Si estas violaciones se realizan ahora sin ningún permiso, ¿qué será de Cajamarca y sus gentes cuando tengan alguna autorización para una exploración o explotación? La explotación minera nos dejará miles de hectáreas de tierra cultivable desaparecida, nos dejará para la eternidad una región indeseable, envenenada con cianuro, metales pesados y gases tóxicos de procesos químicos y explosiones; nos dejarán un desierto en toda la extensión de la palabra, terreno improductivo, sin agua y de condiciones extremadamente peligrosas para cualquier hábitat; nos dejarán sin labriegos y sin sus productos, sin economía y sin esperanza. Miles de hectáreas de tierras en el tercer mundo, en donde hubo y aún hay megaminería, se encuentran sin restaurar, sin un árbol y unas gotas de agua para los campesinos. No se restauraron en ese entonces ni se restauraran nunca, es imposible económicamente hoy, los inmensos cráteres y los montículos de deshechos contaminados son y serán el fiel testimonio del engaño, de la corrupción, del incumplimiento, de las falsas promesas de las multinacionales, y la desidia de los estados cómplices de la depredación y el abandono.Sería muy importante calcular, para la ratificación del NO; cuánto trabajo y riqueza generará la mina de la Colosa para la región en los 15 años de explotación, cuánto trabajo y riqueza genera la agricultura y la ganadería para la región en manos de los tolimenses; el oro, el suelo, los bosques y el agua se acabaran y nosotros, nativos, queremos perdurar. Necesitamos realizar ya, las investigaciones sobre la futura economía local, quien de los habitantes actuales se quedaría en disposición de laborar, de pagar impuestos, de generar dinámica económica, quien nos compraría productos agrícolas y ganaderos cianurizados. Cuál sería la actividad futura para adsorber la mano de obra local que quedará, como se reivindicaría la región para retomar su progreso dentro de treinta Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla ' ); //-->">años.Por: Evelio CamposEcotierra – Cajamarca
Andrés Idárraga Franco - 09 de jun/2009Tomado de http://www.censat.org/noticias/2009/6/9/Exploracion-en-La-Colosa-entre-ingenuidades-e-insinuaciones/A la AngloGold Ashanti S.A. –AGA- le formularon cargos por haber iniciado la exploración en una zona de reserva forestal en el Departamento del Tolima, Colombia; al parecer, sin contar con la autorización del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; sin embargo, en compensación les otorgaron, ahora sí, el permiso para seguir haciéndolo. En tan solo dos años (2003-2004) se produjeron en el Municipio de Cajamarca 73 violaciones a los derechos humanos, entre asesinatos, amenazas y desapariciones forzadas a manos de miembros del Ejército de Colombia y los paramilitares. (1) Casualmente, cuatro años más tarde (2007), se realiza el anuncio por parte del gobierno nacional sobre del descubrimiento de una de las más grandes reservas de oro del mundo, luego de la desaparición, la intimidación, la pacificación y el asesinato a los pobladores del lugar, de lo cual sin duda alguna, de nuevo el capital privado transnacional resulta beneficiado.Allí mismo, en Cajamarca, la empresa AngloGold Ashanti S.A. (AGA) desde el año 2003 pretende hacer un gran complejo minero el cual incluye: dos campamentos (“Bélgica” y “La Colosa”) con capacidad para alojar hasta 150 personas, un casino, unidades sanitarias, enfermerías, bodegas y helipuertos. Cada plataforma (170 en total) es de 100m2. Lo cual constituye un área de 17.000m2. Sin tener en cuenta que dichas plataformas no van a estar una junto a la otra; éstas van a estar en promedio a 400 metros de distancia entre ellas, lo cual implica el desaparecimiento, maltrato y/o desplazamiento de la flora y fauna, propia del área de reserva, en mucho más de 1.7 hectáreas.Para el mes de diciembre del 2008, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, negar el permiso solicitado por la empresa AGA con fines de exploración de un total de 515.75 hectáreas de Reserva Forestal (2), por considerar que iría en contra de las normas constitucionales y legales de protección y defensa de los recursos naturales, y de los derechos colectivos; todo esto, en el marco del proyecto minero llamado La Colosa, en el Municipio de Cajamarca, Tolima. Exploración que busca, entre otros minerales: Cobre, Molibdeno, Oro, Plata, Platino y Zinc. La pretendida zona de exploración abarca las veredas La Luisa, La Paloma y El Diamante, en el Municipio de Cajamarca y más específicamente en las microcuencas de las quebradas La Colosa y La Arenosa, componentes de la quebrada La Guala, subcuenca del río Bermellón, cuenca del río Coello, aguas de las que dependen distintos productos alimenticios que se producen en el lugar, tales como arroz, arracacha, café, fríjol, arveja, maíz y frutas como tomate de árbol, curaba, granadilla, mora, uchuva, breva y naranja, entre otros productos alimenticios que se compran en todo el país. Por ello, a Cajamarca la llaman “la despensa alimenticia de Colombia”.El área de 515.75 hectáreas, que esta empresa pretende explotar, se encuentra entre los 2600 y 3400 m.s.n.m. Allí encontramos gran variedad de animales, entre otros: armadillos, osos perezosos, ardillas, guaguas, zorros, cusumbos, aves, (un total de 134 individuos representados en 15 familias, 29 géneros y 31 especies), anfibios (representados en 27 especies, 15 géneros y ocho familias) y 3 especies distintas de reptiles.El proyecto minero conlleva no sólo la exploración de minerales, sino también el levantamiento de la veda nacional de las especies Quercus humboldtii (roble), Ceroxylon quindiense (palma de cera), familia Cyatheaceae (la palma boba o Palma de helecho); así como musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas, lama, capote, broza y demás especies y productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte del hábitat de tales especies.(3)La población en los territorios que afectan directamente el proyecto minero (Veredas La Luisa, La Paloma y El Diamante) para el año 2005 se encontraba en 574 personas. Las mismas y hasta menos de las que posiblemente serán desplazadas de su hábitat, profesiones, cultura y actividades económicas con el inicio de la fase de explotación.El Representante Legal de AGA, con oficio Radicado en el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda con el No. 4120-E1-20644 del febrero 25 de 2008 –tan solo cuatro días después de que la autoridad local ambiental ordenara la suspensión de los trabajos ilegales que venían desarrollando en la zona-, solicitó la sustracción de la área de Reserva Forestal Central en un total de 515,75 hectáreas ubicadas en Cajamarca, a pesar de que para ese entonces, por cuenta propia y en complicidad de las autoridades ambientales (Cortolima y el Ministerio de Ambiente), ya habían iniciado los trabajos de exploración.La anterior afirmación la hacemos teniendo presente no sólo la misma Resolución del Ministerio de Ambiente, sino también, un artículo de la revista ambiental Catorce 6, de su edición número 11, abril-mayo de 2009, de la página 14 titulado “Minería de oro ¿un panorama opaco?”. (No podríamos continuar sin mencionar que dicha revista es financiada, entre otras empresas, por la misma AngloGold Ashanti S.A. y Bancolombia).En dicho artículo, se informa que al momento de la suspensión (21 de febrero de 2008) AGA ya había realizado la prospección geológica de la zona, tomando muestras del suelo y del agua, y llevaba casi un año de exploración, haciendo un total de 74 perforaciones.(4)La misma ex directora de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Gloria Lucía Álvarez, hoy asesora ambiental de AGA, afirmó: “la empresa tenía perfectamente claro que estaba operando dentro de una reserva forestal. Pero es que en este caso específico, el Ministerio ya se había pronunciado. Había dicho que la etapa de exploración era compatible con la reserva y que no había que hacer sustracciones”.(5)Hasta el momento y sin autorización, la empresa AGA ha realizado tres de las cuatro fases del proceso exploratorio (6); en la tercera, según el mismo Ministerio de Minas se han intervenido “6840 m2, más los accesos, correspondientes a 57 perforaciones de tipo multipozo, en su mayoría. En la fase cuatro se estima que se instalarán para perforación 170 plataformas, lo cual implica una intervención total de 17.000 m2, más los accesos nuevos”.(7) Es decir, que en el área de Reserva Forestal, sin autorización, ni plan de manejo ambiental o de recuperación del área, se sustrajo ilegalmente para una actividad minera 1.7 Has., hasta el momento sin reclamos o investigaciones por parte de los organismos de control a las autoridades responsables del cuidado de nuestras zonas de reserva ambiental y forestal.Sin embargo, la Doctora Bertha Cruz Forero, Directora de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente emite la resolución 814/09, y premiando a la transnacional AGA (legalizando lo ilegal), autoriza la sustracción de 6.39 hectáreas de reserva forestal con fines de exploración; resolución en la cual determina como impactos severos (5.1. Evaluación de Impactos): “el cambio de las características del suelo, cambio del paisaje, la alteración de la cobertura vegetal, de la biodiversidad y de la dinámica ecosistémica; la modificación de los hábitat naturales, el desplazamiento de la fauna, de la dinámica de sus poblaciones y comunidades y la alteración de la biodiversidad; socialmente, la generación de expectativas, la migración de la población y la modificación de la ocupación laboral”. Durante las etapas de adecuación y construcción “la emisión de partículas, la alteración de la calidad del agua, aporte de sedimentos a las corrientes superficiales, activación de los procesos erosivos, generación de procesos de inestabilidad y alteración del patrimonio arqueológico”. Y durante la etapa de perforación “la generación de expectativas y demanda de servicios públicos y sociales urbanos. Durante la etapa de desmantelamiento, la migración de población”.La misma resolución del Ministerio de Ambiente, plantea que en “relación con los impactos ambientales durante esta etapa son puntuales y temporales, están relacionados con: - La alteración de la calidad físico química y biológica del recurso hídrico originados por el aporte de sedimentos, material orgánico, zonas de depósito de material, aguas residuales o por derrames de combustibles; - Remoción y pérdida del suelo; - Procesos erosivos, generación de estériles y escombros, hundimiento, fenómenos de remoción en masa, modificación del paisaje; - Pérdida de cobertura vegetal y capa superficial del suelo en terrenos con relieve pronunciado generando desestabilización de pendientes; - Afectación de la fauna por pérdida de ecosistemas, generación de ruido; - Afectación del patrimonio cultural; - Es un cambio escénico del paisaje natural y cultural, ocasionado por la infraestructura del proyecto”.A pesar de que el proyecto minero se encuentra en terrenos de Reserva Forestal de acuerdo con la ley 2ª de 1959, resulta desconcertante e indignante, que el Ministerio considere que “Si los resultados de la exploración determinan que es viable pasar a la etapa de explotación, se deberá iniciar el trámite de sustracción definitiva de la reserva forestal y de Licencia Ambiental”(8) , lo cual es muestra de la voluntad del gobierno colombiano de acabar con la reserva forestal y su diversidad, a cambio de finitas e irrisorias regalías, sin tener en cuenta los grave impactos ambientales y socio-económicos arriba descritos.Mal presagio. ¿Para qué permitir la exploración en 6.39 Has., si al fin y al cabo esta zona está protegida? El Ministerio orgullosa y “sabiamente” en su resolución, le plantea a la empresa transnacional realizar la fase IV de exploración, en la cual “solo se podrán adelantar en áreas de pastos y rastrojos”, como si éstos le sobraran a la tierra o no tuvieran alguna función dentro del ecosistema.(9)El actual Ministro de Ambiente, según la Revista Semana del pasado 04 de junio afirmó que “su gabinete no ha aprobado ni aprobaría un proyecto que genere tal impacto ambiental… tan solo se aprobó la exploración que tiene un impacto mínimo en el medio ambiente”.(10) Lo extraño es que si no se aprobará dicho proyecto, ¿para que causar ese daño “reversible” a los ecosistemas forestales con la sustracción de las 6.39 Has y de paso desgastar a todas las autoridades en esta discusión? ¿No hubiera bastado acaso con la suspensión definitiva de las actividades exploratorias y la debida reparación por los daños ambientales causados por la transnacional AGA, tal y como lo recomendó la Procuraduría General de la Nación? ¿Para qué hacer revegetalizaciones y restauraciones hídricas en las áreas afectadas por la exploración durante por lo menos tres años, si al fin de cuentas, según el ministro, un proyecto minero en este lugar nunca se dará?De nuevo las organizaciones preocupadas por el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable, tenemos que abrir la discusión frente a las autoridades, entre otras cosas, sobre la interpretación de la ley, desde nuestro punto de vista, siempre favorable a los intereses del capital privado y no de los ciudadanos, y alrededor de quién tiene la competencia para reglamentar el uso y funcionamiento de las zonas de reserva ¿el Ministerio de Ambiente con base en el numeral 18 del artículo 5 de la ley 99 de 1993 o son los instrumentos de planificación definidos en los PONCA y los EOT?Finalmente, debo señalar que en su momento y como consecuencia de la suspensión de la actividad exploratoria por parte de Cortolima, el Presidente de AGA Colombia, Rafael Herz afirmó que “La empresa siente una doble injusticia”, pues según él, ellos iniciaron su programa de exploración en el 2003 “en un momento en el que otras empresas no estaban dispuestas a apostarle a Colombia por temas de seguridad”(11). Quizás el señor Herz espere una carta de agradecimiento del movimiento ambientalista colombiano, antes de que el Presidente Uribe le dé alguna condecoración, gracias a su buena voluntad de iniciar inversiones en un país con tantas “incertidumbres para el capital privado” y haber arriesgado sin mayores cálculos: US$140 millones.Para que no crea que tenemos algo contra este tipo de acciones violadoras de los derechos colectivos y ambientales de nuestro país, le decimos señor Herz: GRACIAS.Ahora, ¿Será que la Doctora Álvarez, luego de haber sido la directora de una de las instituciones ambientales del país, no tenía idea de que se tenía que solicitar la licencia para realizar la exploración? En todo caso estará por verse si en el marco de una investigación disciplinaria al ex-ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el ecológico Juan Lozano, continuará afirmando lo mismo. Esperamos que así lo sea. En cualquier caso, nos gustaría ver el pronunciamiento que según la asesora ambiental de AGA y ex directora de la CAR, doctora Álvarez, realizó el Ministerio de Ambiente.Y ¿qué va a pasar con los daños ambientales causados por las 74 perforaciones correspondientes a las etapas I, II y III de exploraciones (ilegal) realizadas por la AngloGold Ashanti S.A.? Esperamos tener respuestas pronto por parte de los señores y señoras de Cortolima y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.Notas: (1) A mediados de agosto de 2003, fueron detenidos de manera arbitraria 59 campesinos y dejados semanas después en libertad. El 2 de noviembre fueron asesinados cinco miembros de la comunidad, entre ellos dos dirigentes sindicales y un defensor de derechos humanos; seguidamente, se produjeron desapariciones forzadas: los cuerpos de Marco Antonio Rodríguez Moreno de 63 años, Germán Bernal Vaquero de 55, Ricardo Espejo de 30 y José Céspedes de 30, fueron encontrados descuartizados en una fosa común. El 10 de abril de 2004 fueron asesinadas otras cinco personas, entre ellas un bebé de seis meses, a manos de las Fuerzas Militares pertenecientes a la VI Brigada. Los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que una de las víctimas murió por disparo de arma de fuego realizado a menos de 60 centímetros. El Ejército y la Policía coparon y controlaron totalmente la región mediante la “Operación Pijao”. En: http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/153-edicion-130/792-ahora-si-entiendo-por-que%E2%80%A6-oro-en-cajamarca-(tolima).html consultada el 05 de junio de 2009. (2) Para el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, Capítulo I DE LAS ÁREAS DE RESERVA FORESTAL, las zonas de Reserva Forestal son: Artículo 206: “Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras - protectoras. Y más adelante, el artículo 208 establece “La licencia –para actividades económicas dentro de una zona de reserva forestal- sólo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta (sic) contra la conservación de recursos naturales renovables del área”. (3) Resolución 0814 del 04 de mayo de 2009. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (4) Revista ambiental Catorce 6 Numero 11 abril-mayo de 2009. Minería de oro ¿un panorama opaco? Bogotá, Colombia. Página 15. (5) Ídem. (6) Prospección geológica a nivel regional; prospección geológica superficial a nivel detallado; realización de perforaciones para la toma de muestras a diferentes profundidades con una separación de 100 m. en las áreas de mayor interés y con separaciones de 200 a 400 metros entre pozo y pozo en áreas de menor interés; y la realización de perforaciones distanciadas cada 50 metros, para la obtención de muestras que se emplean en pruebas piloto de tipo metalúrgico. (7) Resolución 0814 del 04 de mayo de 2009. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (8) Resolución 0814 del 04 de mayo de 2009. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. "9. Consideraciones". Página 25. (9) Los pastos y rastrojos poseen gran importancia pues tienen funciones de aireación y fertilización del suelo y el porte de bacterias necesarias para la asimilación de minerales por las plantas. Es decir, son un recurso fundamental para la fertilidad del suelo, lo que a su vez, evita la erosión. Otros estudios demuestran que hasta el 60% de los nutrientes absorbidos por las plantas quedan en la biomasa de rastrojos. (10) Revista Semana 04 de Junio de 2009. En: http://www.semana.com/noticias-medio-ambiente/debate-efectos-mina-oro-tolima/124727.aspx (11) Revista ambiental Catorce 6. Op. Cit. Página 15 Publicado por
INVESTIGACIÓNEn la zona de influencia de la Serranía de San Lucas vino la gran minería, se reforzó el Ejército, y en lugar de tranquilidad, hubo mayor tensión. Las sospechosas muertes de dos líderes así lo demuestran. Investigación especial de Semana.com. Martes 28 Julio 2009Si hay un lugar de Colombia donde se han puesto a prueba los dos pilares del gobierno Uribe, confianza inversionista y seguridad democrática, ha sido en la agreste y rica región entre el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, cuyo corazón es la Serranía de San Lucas. Desde 2003 allí llegaron grandes y pequeñas empresas mineras en una versión contemporánea de la fiebre de oro. La gigante multinacional Anglo Gold Ashanti, con el estudio más completo jamás realizado sobre posibles depósitos de oro y otros metales en todo el país, vio la promesa en esta región y para 2004 había reservado un poco más de un millón de hectáreas en títulos mineros. Le siguieron San Lucas Gold y Uragoldcorp. También las nacionales, Promoción de Proyectos Mineros, Mineros de Antioquia y Mineros S.A. (ver cuadro). No era terreno fácil para desarrollar un proyecto minero, sin vías de acceso, sin mayor presencia estatal, deterioro ambiental, cultivos ilegales y cocinas de coca, y con un largo y cruento dominio de grupos armados, primero del ELN, luego de las Farc y desde comienzo de los noventa, de los paramilitares. En medio de esas aguas turbulentas, los mineros artesanales y sus familias han sobrevivido con lo del día, barequeando duro al rayo del sol, en tierras sin títulos. Era de esperarse que tras las multinacionales, llegarían los hombres armados como moscas a la miel. Dijo la Defensoría en 2006 que las Farc querían “restringir la explotación industrial de las minas auríferas”, pero más probable es que buscaran una tajada del negocio en expansión. Precisamente para ayudarles a los nuevos inversionistas, y más a los extranjeros, a medírsele a zonas como ésta, el gobierno promete la seguridad democrática. Se reforzó la presencia militar en la Serranía y sus alrededores. E incluso algunas mineras grandes firmaron convenios especiales de protección con las Fuerzas Armadas, aunque oficialmente el Ejército lo negó cuando Semana.com se lo preguntó (ver respuesta del general Ricardo Vargas, comandante de la Quinta Brigada). Los convenios son secretos pero según pudo establecer Semana consisten en que el Ejército se compromete a garantizar la seguridad de las actividades de las empresas, y éstas, le pagan una suma anual. Para evitar desvíos de los que sucedieron con los paramilitares, estos pactos de protección se cuidan de dejar por escrito que los dineros que se aporten a los militares no se pueden usar para labores ofensivas, ni para comprar armas o municiones. Los mineros artesanales Mientras las grandes mineras alistaban su desembarco en la zona, el Ministerio de Minas les dio a los mineros tradicionales un plazo muy corto para legalizar sus títulos, hasta el 31 de diciembre de 2004. Si no lo lograban, las recién llegadas podrían reclamarlos para ellos. Asustados porque temían que con las nuevas reglas de juego se quedarían sin minas y sin pan, y sospechando con sabiduría, que también implicaría una mayor puja violenta por el oro, los mineros comenzaron a reunirse. En San Lucas, Santa Rosa sur y otros pueblos, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) convocó a la gente; en Remedios, Antioquia el llamado lo hizo la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, sólo para citar dos ejemplos. Algunos militares en terreno –y como suele suceder en el círculo vicioso de desconfianza del largo conflicto colombiano – creyeron que si los pequeños mineros rechazaban a los nuevos inversionistas era porque eran guerrilleros. Y se pusieron en la tarea de vigilarlos. Hasta ahí cumplían con su deber, quizás buscando al enemigo en el lugar equivocado, pero debían cerciorarse, pues no se puede desconocer que estas guerras irregulares no todo es como aparece. Sin embargo, es probable que los militares hayan ido más allá de lo que la ley permite, pues entre fines de 2006 y comienzos de 2007, dos líderes mineros, Alejandro Uribe y Carlos Mario García, murieron con balas de soldados en circunstancias muy sospechosas. Fusilado y sin registro Alejandro Uribe, de 29 años, era el noveno de diez hijos y padre de dos niños. Dedicaba sus días a la minería, a su trabajo en la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (Municipio de Morales), donde vivía, y participaba activamente en Fedeagromisbol. Era uno de los que más se oponía a la llegada de las compañías mineras. Consideraba que las grandes empresas estaban llegando sin consultarles a ellos, los mineros, que se habían hecho a esas tierras con generaciones de arduo trabajo. El 19 de septiembre de 2006, él y su amigo Emiliano García, fiscal de Fedeagromisbol, salieron a las 9 de la mañana desde su vereda hacia otra llamada Las Culebras, pensado regresar el mismo día. Pero Alejandro no volvió. Sus vecinos, preocupados, salieron a buscarlo y en el camino, otros campesinos les dijeron que habían visto pasar su cuerpo sin vida colgando como saco en una mula conducida por soldados. Oficialmente el comandante del Batallón Nueva Granada, dijo que Uribe era un guerrillero caído en combate; que había liderado una estrategia de las Farc y el ELN para organizar a los campesinos en contra el Estado. El informe oficial a la Fiscalía decía que le habían encontrado un fusil AK 47, una granada de mano, 54 cartuchos, 5 proveedores para fusil, un chaleco negro, documentos, un casete pequeño y otro grande marca Sony. (Vea el reporte).“Para el mes de marzo de 2006, Alejandro Uribe (alias Andrés) participó en una ‘reunión de área’, allí dirigió a los asistentes a impedir la entrada de las multinacionales AngloGold Ashanti y Kedahda S.A”, según reza textualmente en otro documento elaborado por los militares. Como las versiones de la comunidad y del Batallón Nueva Granada sobre Uribe y las circunstancias de su muerte eran tan contradictorias, Semana.com pidió información oficial del caso al Ejército. Después de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia por el derecho al acceso a la información que favoreció a Semana.com, el Ejército respondió a las preguntas de la revista sobre éste y otros casos de muertes sospechosas en la región. (Ver resumen del caso en que la Corte Suprema avaló el acceso a la información del Ejército). La gran sorpresa fue que la Dirección de Operaciones del Ejército no tenía ningún dato sobre Alejandro Uribe. Ni su muerte ni la operación en la que ocurrió fueron reportadas ante los superiores como es obligación hacerlo. (Ver respuesta del general Matamoros).Según le dijeron a Semana.com fuentes cercanas al caso, el dictamen de Medicina Legal de Alejandro Uribe decía que su cuerpo tenía tatuajes por dos disparos, uno por la espalda, lo que indica que se hicieron a menos de 50 centímetros de distancia. Es decir, fue fusilado. Hasta ahora, el proceso por esta muerte se encuentra en investigación preliminar. La Fiscalía aún no ha ordenado capturar ni incluir a ningún militar en el caso. Después de que se conociera la muerte de Uribe, cerca de 1.300 personas, lideradas por el presidente de Fedeagromisbol, Teófilo Acuña, se movilizaron hacia el casco urbano de Santa Rosa Sur para protestar porque estaban convencidos de que éste no era guerrillero. Incluso, la Iglesia Católica expresó su preocupación con lo ocurrido. La gestión de Acuña para movilizar a la gente aparece mencionada en un informe de inteligencia militar como uno de los indicios que llevaban a pensar que él era guerrillero. Entre su supuesto actuar delictivo, citan también una reunión que realizó en la vereda Las Culebras, del municipio de Río Viejo (Sur de Bolívar). Allí, le dijo a la gente que “de ninguna manera se podía permitir que fuera a entrar una multinacional en el Sur de Bolívar, como lo había hecho la Sociedad Kedahda (la filial original de la AngloGold en Colombia) en el corregimiento de Buena Seña, del mismo municipio, ni mucho menos que fueran a explotar el oro de las minas de San Lucas”. Por eso, dice el informe militar, está realizando “reuniones de proselitismo político en pro del ELN, aprovechándose de la inocencia del campesino”. (Lea el informe) Semana.com le preguntó a Acuña sobre dicho encuentro y el porqué de su actitud contra la minera. Él confirmó que había dicho eso en la reunión porque temía que con la llegada de la multinacional se quedaran sin sustento cerca de 35 mil personas que viven de la minería en la zona. Con base en aquel informe inteligencia militar, Acuña fue detenido el 26 de abril de 2007 acusado de rebelión por un fiscal de Simití (Bolívar), pero como no hubo pruebas suficientes, quedó libre. Sin embargo, tuvo que salir de la región amenazado y hoy recibe protección del mismo Estado. (Ver informe de la ONG Human Rights First).El pasado 2 de marzo otros tres integrantes de la junta de Fedeagomisbol fueron arrestados. En las aguas turbias donde han sucedido estos acontecimientos, seguramente es difícil para las autoridades trazar líneas tajantes entre población civil y guerrilla. Sin embargo, por los hechos graves aquí descritos, un muerto fuera de combate y procesos judiciales que se caen a la primera revisión seria, cabe preguntarse si los militares no han confundido la protesta social legítima con subversión armada. Y más paradójico aún, si con estos actos irregulares, en lugar de contribuir a la seguridad de la zona y de las empresas están socavándola. La otra pregunta obligada es si tuvieron que ver las compañías en estos actos irregulares del Ejército. Es muy difícil decirlo. La más grande, la AngloGold, y el blanco de las críticas de Fedeagromisbol, lo niega rotundamente. La trayectoria de la Anglo en el mundo no es impecable, pues fue cuestionada en el Congo por haber financiado en 2003 al grupo ilegal Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) para poder explotar la mina Mongbwalu.Sin embargo, en septiembre de 2007, esta compañía minera suscribió, ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, un pacto global de responsabilidad social por el cual se comprometieron a tener buenas prácticas en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Además, según explicaron voceros de la empresa a Semana, la minera devolvió el 92 por ciento de las áreas que había pedido originalmente. Y hoy tiene solicitadas 102 mil hectáreas, de las cuales tiene ya concesionadas y firmadas 36 áreas que ocupan 64 mil hectáreas. La Anglo ha desarrollado cuatro proyectos de exploración en el Sur de Bolivar, en Barranco de Loba, San Martín de Loba, en Buena Seña y Río Viejo y en todos, para hacer los muestreos de suelo y roca o perforar, se concertó con la comunidad con la cual se hicieron talleres y en Buena Seña se hizo una aula escolar. Los voceros aclararon que ninguno de estos proyectos está abierto en este momento porque la empresa tiene otras prioridades de exploración en el país. La AngloGold no perseveró directamente en las explotaciones del Sur de Bolívar porque se cree que las reservas de oro allí econtradas no son superiores a las cinco millones de onzas troy, que son los proyectos que esta empresa suele acometer directamente. Aunque explicaron que sí seguirán en tareas de exploración y explotación en sociedad con las compañías B-2 Gold y Mineros de Antioquia. Sobre las minas de la Fedeagromisbol, la AngloGold explicó que nunca tuvo interés en sus terrenos (como en efecto lo demuestran los mapas de Ingeominas que consultó Semana) y que, por el contrario, intentaron asesorarlos en la legalización y que, pese a que en las reuniones se mostraban interesados, afuera los seguían criticando duramente. Fedeagromisbol sin embargo, no persistió en su resistencia para preservar la explotación artesanal de las minas de la que hablaban en sus proclamas; que no querían allí mineras grandes porque estas explotarían en unos pocos años las minas que a ellos, a pequeña escala, les darían sustento por una o dos generaciones . Pero apenas consiguieron los derechos legales sobre sus minas, los vendieron a la San Lucas Gold Corporation, una empresa minera estadounidense, por 500 millones de pesos de inversión inicial que deberán destinarse a inversión social y 250 millones de pesos semestralmente durante seis periodos para el fortalecimiento de esa Federación. Además, la compañía debe contratar para sus actividades a personal de la región. El caso GarcíaUnos meses después de la muerte de Uribe, de lado antioqueño de las estribaciones de la Serranía de San Lucas, en Remedios, hubo otra muerte sospechosa. La de Carlos Mario García, a quien reconocían como un joven de 22 años, servicial con su comunidad e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros y del grupo juvenil de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc).El trabajo de la Acvc en defensa de los derechos humanos fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les otorgó medidas cautelares en 1999 y 2000 a sus miembros amenazados. Esta organización también se opuso a las mineras. El domingo 25 de marzo de 2007, García salió con un amigo a hacerle el favor al vecino de llevarle una madera por el río Altamar.El lunes, la emisora Colombia Estéreo pasó la noticia de que el Batallón Calibío del Ejército había dado de baja en combate al guerrillero Carlos Mario García. El coronel Jorge Alberto Segura presentó el cadáver envuelto en una bolsa negra y dijo que García había muerto durante la ‘Operación Atenea’ y que sus hombres se habían incautado de un fusil AK-47, un proveedor y municiones. Supuestamente, en este operativo se desmanteló una sastrería de las Farc. La gente de Remedios que conocía al joven García no creyó la versión oficial. Y menos cuando en esa zona los mineros habían reportado hasta ese momento otras seis muertes más en circunstancias extrañas. Una multitud de 350 campesinos marcharon hasta donde los militares a reclamar el cadáver del muchacho y luego se fueron a un campamento en la vereda Puerto Nuevo Ité, creado para albergar refugiados en peligro. Otro medio centenar de campesinos entre adultos, niños, ancianos y mujeres viajaron a Bogotá en abril de 2007 para denunciar ante las autoridades su situación. Juan*, el joven menor de 18 años que acompañaba a Carlos Mario aquella mañana de domingo, relató ante la Procuraduría lo que les sucedió después de que salieron a llevar la madera:“Íbamos en una balsa por el río Altamar cuando unos militares nos dijeron que los pasáramos al otro lado de la orilla. En los camuflados tenían insignias del Batallón Calibío. Les hicimos el favor. Ahí, nos dijeron que teníamos que ir donde el teniente porque nos iba a hacer unas preguntas. Nos dejaron esperando como media hora, entonces Carlos Mario y yo les dijimos que nos teníamos que ir porque nos iba a coger la tarde…nos llevaron a las malas hasta un sitio llamado Rancho Tembleque. Llegaron otros siete soldados y sólo me llevaron a mí y dejaron a Carlos Mario. Me pararon en una loma y un soldado me encañonó y otro le dijo que esperara un momento y bajó el fusil. Yo me tiré a una cañada y salí corriendo. Entonces los militares me hicieron varios disparos y me persiguieron, pero alcancé a volarme”. (Lea la declaración) En la misma petición que hizo al Ejército por el caso de Alejandro Uribe, Semana pidió información sobre el de este joven de Remedios. El general Gustavo Matamoros, por entonces Jefe de Operaciones del Ejército, remitió una carta con los datos del caso, pero en lugar de esclarecer los hechos, ésta presentaba nuevas inconsistencias. Según este informe oficial, Carlos Mario García era un guerrillero muerto en combate y desde antes, fuentes de inteligencia lo habían identificado como tal y lo habían visto portando un fusil AK-47. Sin embargo, después de su supuesta muerte en combate, el informe asegura que García portaba “un fusil K-Orinco y un bolso que después del levantamiento del cadáver la Fiscalía encontró que se trataba de tres proveedores”. Semana.com consultó a un conocedor de tipos de armas y éste aclaró que debe haber un error porque no existen fusiles K-Orinco. Se puede tratar, sin embargo, de un fusil Norinco, que es una copia china de los fusiles estadounidenses R-15. Y además explicó que el fusil Norinco nada tiene que ver con un AK-47 que según inteligencia era el arma que le habían visto. Para colmo de incoherencias, al final del reporte, el Comando del Ejército aseguró que “el material incautado fue una pistola y una granada de fragmentación”, sin informar qué pasó con el fusil ni con los proveedores que supuestamente portaba cuando cayó. Tampoco informan sobre ninguna sastrería desmantelada en esa acción militar. (Lea la respuesta del Ejército). Además, los militares aseguraron que “los testigos afirman que alias ‘Flash’ (como identifican a Carlos Mario) se dedicaba a realizar trabajos extorsivos consistentes en cobros de dinero a ganaderos y mineros de la región”, una versión negada radicalmente por los cientos de personas que se movilizaron cuando lo mataron. (ver video) Un año y siete meses después de ocurridos estos hechos, en octubre de 2008, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, el presidente Álvaro Uribe destituyó a los comandantes de este Batallón Calibío por haberse comprobado en una investigación interna que éste era muy poco riguroso en sustentar las operaciones con los respectivos planes de batalla y que era alto el riesgo de que algunos de sus miembros hubieran realizado ejecuciones extrajudiciales de civiles. Semana.com consultó por los procesos de los destituidos de este batallón y la Fiscalía informó que “ninguno de los militares citados aparecen en el banco de datos de la Unidad de Derechos Humanos, en la que se encuentran procesados tanto por el viejo sistema penal como por el nuevo en lo ateniente a ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’”. O sea, los destituyeron, pero no los están investigando. La persecución a los miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) no se detuvo con la muerte de García. Entre fines de 2007 y comienzos de 2008 toda la junta directiva de esta entidad fue detenida bajo los cargos de rebelión. Hoy todos, menos uno de ellos, fueron liberados pues las pruebas contra ellos eran frágiles.A juzgar por los hechos aquí descritos, hay suficientes dudas de que ni Alejandro Uribe, de Morales, ni Carlos Mario García, de Remedios, reportados como muertos en combate, eran realmente guerrilleros, como para que las autoridades emprendan una investigación a fondo. Y también, que es muy probable que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por cuenta de unos militares que, con o sin la complicidad de empresas mineras, creyeron equivocadamente que garantizarles la seguridad era acallar a plomo todo debate público sobre su entrada a esta olvidada región. Es un perfecto retrato en pequeño de los riesgos que tiene la filosofía oficial de pensar que la confianza inversionista se construye con una seguridad sólo basada en ofensiva militar. Y con frecuencia sucede como en esta región, que el oro prometido se vuelve plomo

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 Artículo 206
 artículo 208
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución