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Timestamp: 2019-04-18 13:22:59+00:00

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Procedencia del recurso de agravio constitucional en delitos de lavado de activos - Actualidad Legal
Boletín Nº 412
Procedencia del recurso de agravio constitucional en delitos de lavado de activos
EXP. N.° 05811-2015-PHC
NADINE HEREDIA ALARCÓN
En Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Urvióla Hani, Presidente; Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan.
Recursos de agravio constitucional interpuestos por el procurador público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público y el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delito de lavado de activos y pérdida de dominio, contra la sentencia de fojas 1407, de fecha 14 de agosto de 2015, emitida por la Sexta Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la demanda de hábeas corpus de autos.
Con fecha 16 de febrero de 2015, doña Nadine Heredia Alarcón interpuso demanda de hábeas corpus contra el Fiscal Titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio del Ministerio Público, solicitando que se declare nula y sin efecto legal la Resolución N.° 1 del 29 de enero de ese año, emitida en la carpeta de investigación fiscal 480-2014, y como consecuencia de ello, se disponga la nulidad de todo tipo de resolución fiscal o judicial emitida en la carpeta de investigación fiscal 480-2014, y el archivamiento de dicha investigación preliminar.
Se alega que a través de la resolución cuestionada, el Ministerio Público reabre, en su opinión, de manera irracional y arbitraria una nueva investigación penal en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos, sobre hechos que ya han sido materia de investigación en la carpeta fiscal 122-2009, por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, razón por la cual solicita se tutele su derecho a la tutela procesal efectiva. Sostiene que el contenido principal de la presunción de inocencia comprende la interdicción constitucional de la sospecha permanente. De ahí que resulte irrazonable que una persona se halle en un estado permanente de investigación fiscal o judicial. Sin embargo, refiere que si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, ello debe ser en concurrencia con la existencia de una causa probable y la búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal.
De otro lado, asegura que se ha vulnerado el principio del ne bis in idem y el derecho a la cosa decidida en sede fiscal, pues considera que las resoluciones que declaran no ha lugar a formalizar denuncia penal adquieren un estatus inamovible o cosa decidida, quedando abierta la posibilidad de reabrir la investigación solo si se presentan dos supuestos que se sustentan en el principio de seguridad jurídica: a) cuando existan nuevos elementos probatorios no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público, o, b) cuando la investigación ha sido deficientemente realizada.
Agrega la demandante que a través de la carpeta fiscal 122-2009, el Ministerio Público la investigó a profundidad por los mismos hechos por los que hoy, nuevamente, se pretende investigarla a través de la carpeta fiscal 480-2014, pese a que en la primera investigación, luego de once meses y de la realización de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento del delito investigado, se dispuso su archivamiento por parte del Fiscal Superior competente, más aún cuando, en dicha oportunidad, la procuraduría pública no solicitó ningún tipo de acto de investigación u ofrecimiento de pruebas adicionales. Asimismo, refiere que en la carpeta fiscal 122-2009, sí se llegó a analizar el delito de lavado de activos, procediéndose a desestimar su existencia como tal. Y que en la carpeta fiscal 480-2014, no se evidencia la existencia de un hecho nuevo que amerite una nueva investigación penal.
El procurador público a cargo de la Defensa Jurídica del Ministerio Público contestó la demanda y solicitó que sea declarada improcedente, por estimar que la pretensión demandada carece de contenido constitucionalmente protegido, y que no existe ni afectación ni amenaza al derecho a la libertad individual en la medida en que los actuados aún se encuentran en sede fiscal. Asimismo, sostiene que la demandante pretende evitar que se le investigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Refiere que no existe inminencia de lesión de su derecho a la libertad individual, ni certeza del acto vulnerador de su derecho invocado, pues la demandante solo presume que el fiscal demandado, al instaurar investigación preliminar en su contra, la va a encontrar responsable de la comisión del delito de lavado de activos, sacando conclusiones por adelantado sin que hayan culminado las investigaciones al respecto.
Señala que la investigación preliminar en la carpeta fiscal 480-2014 nace a partir de la denuncia de parte del 24 de noviembre de 2014, efectuada por el ciudadano Carlos Huerta Escate, tomando en cuenta los hechos nuevos puestos a conocimiento del despacho del fiscal emplazado, razón por la cual era necesario determinar o desvirtuar la existencia de incremento patrimonial injustificado de la demandante y su entorno familiar. Finalmente, manifiesta que la demanda ha sido planteada a fin de que se tutele el derecho al debido proceso de la recurrente, sin que exista conexidad de dicho derecho con la libertad personal, y que la decisión adoptada en la carpeta fiscal 122-2009 no constituye cosa decidida, dado que fue deficientemente desarrollada, pues no se efectuó una pericia contable que permitiese verificar si existía o no un desbalance patrimonial n los sujetos sometidos a investigación; ni se efectuó una investigación que abarque el origen de los fondos con los que se habrían efectuado los depósitos en las cuentas bancarias de Nadine Heredia Alarcón.
El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, mediante sentencia de fecha 8 de junio de 2015, declaró fundada en parte la demanda por afectación del derecho al debido proceso (ne bis in idem) en el extremo referido al inicio de investigación preliminar contra la demandante con el propósito de determinar la procedencia y destino de los ingresos analizados en la investigación 122-2009; en consecuencia, nula la Resolución N.° 1 del 29 de enero de 2015, emitida en la carpeta fiscal 480-2014, y nulos todos los actos posteriores que se deriven de la referida investigación fiscal. Por otro lado, ordenó al Ministerio Público que se abstenga de continuar investigando sobre los hechos que ya han merecido investigación en la carpeta fiscal 122-2009, entre el periodo del 20 de octubre de 2005 al 5 de marzo de 2009; y declaró infundada la demanda en lo demás que contiene. A consideración del juez constitucional de primer grado, la investigación llevada a cabo a través de la carpeta fiscal 122-2009 y su resultado ostentan la condición de cosa decidida, dado que fue revisada en dos instancias que llegaron a la misma conclusión de declarar no ha lugar a formular denuncia penal en contra de la demandante; y que existe triple identidad entre las investigaciones realizadas en las carpetas fiscales 122-2009 y 480-2014. Argumenta que no resulta aplicable al caso el criterio establecido en la STC 02725-2008-PHC/TC, dado que este solo es permitido cuando las resoluciones fiscales no se pronuncien sobre la ilicitud de los hechos denunciados, puesto que a través de la carpeta fiscal 122-2009 se archivó la investigación por haberse acreditado el origen lícito de las transferencias de dinero hacia doña Nadine Heredia Alarcón entre el 20 de octubre de 2005 y el 5 de marzo de 2009.
La Sala superior competente confirmó la apelada en el extremo referido a la inviabilidad de la prosecución de indagaciones efectuadas en la carpeta fiscal 122-2009; la revocó en el extremo que declaró infundada la demanda, y, reformándola, declaró fondada la pretensión accesoria. En consecuencia, declararon nula la Resolución N.° 1 del 29 de enero de 2015, emitida en la carpeta fiscal 480-2014, e insubsistente todo lo actuado en sede fiscal, ordenando el archivo definitivo de dicha carpeta fiscal para todos sus efectos. El ad quem sostiene que, aunque resulta cierto que no hay un escrupuloso examen de algunas vertientes argumentativas expresadas por la fiscalía en la carpeta fiscal 122-2009, ello es irrelevante, toda vez que el grueso de los yerros en la reapertura de la investigación y la propia carpeta 480-2014 afectarían el derecho de defensa y resultarían irregulares, dado que la investigación efectuada por el fiscal emplazado no indica a qué delito se encontrarían vinculados los fondos considerados ilícitos, además de carecer de indicios concurrentes como lo exige el Decreto Legislativo 986.
Mediante resolución de fecha 4 de setiembre de 2015, la Sala superior aclara la sentencia de vista en el extremo resolutivo, en el sentido de que el archivo definitivo de la carpeta fiscal 480-2014 comprende tanto a doña Nadine Heredia Alarcón como a los demás investigados en dicha carpeta.
El procurador público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público y el Fiscal emplazado interponen por separado recursos de agravio constitucional, invocando el supuesto excepcional de procedencia regulado por la STC 2748-2010-PHC/TC, a fin de que se revoque la sentencia de vista en todos sus extremos.
1. A través de la STC 02748-2010-HC/TC y la STC 01711-2014-HC/TC, el Tribunal Constitucional estableció como doctrina jurisprudencial vinculante la procedencia del recurso de agravio constitucional a fin de que esta instancia revise, en forma excepcional, la sentencia estimatoria emitida en un proceso constitucional destinado a la revisión judicial de procesos penales sobre lavado de activos, entre otros casos.
2. Sobre el particular, cabe mencionar que la responsabilidad principal de un Tribunal Constitucional es asegurar una interpretación del ordenamiento jurídico conforme a la Constitución. Lo previsto en la Constitución y lo que se desprende razonablemente de ella es, sin duda alguna, el punto de partida y, a la vez, el parámetro a la labor de todo intérprete vinculante de la Constitución.
3. Constitución contiene un conjunto de disposiciones que no pueden ser comprendidas de manera aislada entre sí. Por lo mismo, las diferentes disposiciones constitucionales deben ser leídas de manera sistemática, ya sea con otras disposiciones constitucionales o con disposiciones recogidas en tratados de los cuales el Perú es parte.
4. En este sentido, conviene tener presente lo señalado en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, la cual obliga a desarrollar una comprensión de esta misma Constitución y del ordenamiento jurídico peruano de acuerdo con lo establecido en los tratados sobre derechos humanos de los cuales el Perú es parte. A ello debe añadirse como también cuenta en esta interpretación la jurisprudencia emitida por los organismos con interpretación vinculante de esos tratados, tal como bien lo señala el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
5. En esa misma línea de pensamiento, existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional donde incluso se ha dicho que una interpretación literal y aislada de una disposición constitucional puede más bien ser una alternativa inconstitucional. En ese tener lo resuelto en la STC 05854-2005-AA, caso Lizana Puelles. En esa sentencia este Tribunal Constitucional procede a realizar una interpretación sistemática de lo previsto en varias disposiciones constitucionales y de lo recogido a nivel convencional, para luego así habilitar una interpretación donde no se deja exenta de control de constitucionalidad la actuación del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral.
6. Precisamente, cuando este Tribunal afirmó (STC 02663-2009-HC/TC, f. j. n.° 9) que “en aplicación del artículo 201 de la Constitución, más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202 de la misma, es competente para revisar, vía RAC, las sentencias estimatorias que bajo el pretexto de proteger ciertos derechos fundamentales, convaliden la vulneración real de los mismos o constitucionalicen situaciones en las que se ha producido un abuso de derecho o la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta contravención de los dispositivos, principios y valores materiales de la Constitución”, realizó una interpretación del inciso 2 del artículo 202 según el principio de unidad de la Constitución.
7. De otro lado, no debe descartarse ab initio que una sentencia estimatoria de segundo grado pueda ser lesiva de otros bienes constitucionales. Su calidad de estimatoria no implica necesariamente que sea conforme a la Constitución. Su verificación está por tanto abierta al control por parte del Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional; más aún, cuando se trata de preservar el orden constitucional. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, dicho recurso procede también, inclusive cuando se trate de sentencias estimatorias de segundo grado, de manera excepcional, en los siguientes casos: a) tráfico ilícito de drogas, b) lavado de activos, c) terrorismo (STC 01711-2014-PHC/TC, f. j. n.° 4).
8. En el caso concreto se trata de un proceso de hábeas corpus relacionado con una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos. La comisión de este delito ha sido considerado por el Tribunal Constitucional como pluriofensivo, dado que afecta diferentes y específicos bienes constitucionales como los siguientes:
- La credibilidad y transparencia del sistema financiero (artículo 84 de la Constitución): los capitales financieros se colocan ahí donde el sistema mismo es fiable y transparente, y no en aquellos donde existe inseguridad y sospecha sobre la procedencia de los activos que ingresan al sistema económico a través de los instrumentos financieros legales.
- La libre competencia (artículo 61 de la Constitución): ningún agente económico del sistema financiero que obtiene sus activos de manera legal y leal, puede competir en igualdad de condiciones con aquellos agentes que cuentan con activos originados en ilícitos.
- La estabilidad y seguridad del Estado (artículo 44 de la Constitución): la sofisticación cada vez más creciente de las formas de “legalizar” dinero proveniente de actividades ilícitas de un particular o de organización criminales nacionales o internacionales, desestabiliza y genera inseguridad en el Estados y en la sociedad.
- El sistema democrático (artículo 43 de la Constitución): toda democracia se asienta no solo en la libertad, igualdad y propiedad, sino también en la estimulación permanente de creación de riqueza como señala el artículo 59 de la Constitución; sin embargo, la creación de riqueza a la que se alude es aquella que se genera mediante instrumentos y actividades permitidas legalmente, mas no aquellas que provienen de actividades ilícitas.
- La administración de justicia (artículo 139 de la Constitución), por cuanto el delito de lavado de activos dificulta y obstaculiza ostensiblemente el proceso de investigación llevado a cabo por las autoridades competentes.
11. Por ello, este Tribunal considera que, en aplicación del artículo 201, de una interpretación sistemática del artículo 202 de la Constitución y conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, es competente para revisar, vía recurso de agravio constitucional, específicas sentencias estimatorias en los siguientes casos: a) tráfico ilícito de drogas, b) lavado de activos; y, c) terrorismo.
12. De otro lado, la investigación de lavado de activos iniciada contra la demandante debe dilucidar si se ha afectado el artículo 35 de la Constitución, que establece como bien tutelado, en lo que le resulte aplicable, “la transparencia en cuanto al origen de (los) recursos económicos (de las organizaciones políticas)”; disposición constitucional que es desarrollada por la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos.
13. Por ello, este Tribunal considera que, en aplicación del artículo 201, de una interpretación sistemática del artículo 202 de la Constitución y conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, es competente para revisar, vía recurso de agravio constitucional, específicas sentencias estimatorias en los siguientes casos: a) tráfico ilícito de drogas, b) lavado de activos; y, c) terrorismo.
Delimitación de la pretensión materia de los recursos de agravio constitucional interpuestos contra la sentencia de segunda instancia
14. El procurador público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público sostiene que la sentencia de vista:
- Contiene una motivación aparente al haber expresado erróneamente que la investigación recaída en la carpeta fiscal 480-2014, vulnera el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal.
- No ha tomado en consideración que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias, por lo que no existe amenaza o violación del derecho a la libertad personal.
- No motiva las razones por las que estima la demanda de hábeas corpus.
- Desconoce la legislación y doctrina nacional, así como las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la flexibilidad del principio de imputación necesaria en la investigación o diligencias preliminares en el delito de lavado de activos y la autonomía del delito previo en relación con este delito.
- Desconoce las excepciones establecidas por el Tribunal Constitucional sobre la institución de la cosa decidida.
15. Por su parte, el fiscal emplazado sostiene, entre otros argumentos, que la sentencia de vista no hace un adecuado análisis para verificar la existencia o no de los tres elementos que constituyen la cosa decidida y el ne bis in idem, pues: a) no se distingue ni diferencian los hechos investigados en cada carpeta fiscal; b) en la carpeta 122-2009 no existen pericias contables que permitan sostener que ha existido una investigación seria y objetiva de todas las transacciones económicas de la demandante; c) no se distingue la temporalidad concreta de los hechos entre las dos investigaciones fiscales seguidas contra doña Nadine Heredia Alarcón; y, d) no se ha considerado que las personas comprendidas en ambas investigaciones no son exactamente las mismas.
16. Teniendo en cuenta los argumentos presentados en los recursos de agravio constitucional, se aprecia que la pretensión de la parte emplazada está destinada a que se revise la sentencia de vista y se verifique si se encuentra o no debidamente motivada, conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
Sobre la procedencia de la demanda
17. De los argumentos planteados en los recursos de agravio constitucional, se aprecia que son varias las objeciones que se alegan con relación a la regularidad de la emisión de la sentencia de segundo grado, principalmente vinculadas con la justificación brindada para estimar la demanda de hábeas corpus.
18. Por ello, es importante recalcar la línea jurisprudencial de larga data que este Tribunal Constitucional tiene con relación a la procedibilidad del hábeas corpus, como proceso constitucional de tutela del derecho a la libertad individual y que se desprende del propio Texto Constitucional. Así,
“el artículo 200, inciso 1, de la Constitución establece expresamente que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo formulado por una presunta afectación del derecho a la libertad individual o de sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para que ello ocurra el hecho denunciado necesariamente debe redundar en un agravio del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal. Por ello, el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional prevé que no proceden los procesos constitucionales cuando: (...) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
Que respecto a la procedencia del hábeas corpus, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que si bien el juez constitucional puede pronunciarse sobre la eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales conexos, tales como los derechos al debido proceso, de defensa, a la tutela procesal efectiva, etc., ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre estos derechos y el derecho a la libertad personal, de modo que la amenaza o violación al derecho constitucional conexo incida también, en cada caso, en una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual” (ATC 02293-2014-HC/TC, este criterio ha sido también ampliamente recogido en otros pronunciamientos: Cfr. 00520-2014-HC/TC, STC 01524-2014-HC/TC, STC 01608-2013-HC/TC, ATC 07716-2013-HC/TC, ATC 03034-2013-HC/TC, RTC 339-2014, RTC 00498-2014-PHC/TC, RTC 05323-2011-PHC/TC, RTC 04929-2011-PHC/TC, RTC 05309-2011-PHC/TC, RTC 03288-2012-PHC/TC, RTC 00001-2014-PHC/TC, RTC 00226-2014-PHC/TC, etc).
19. En tal sentido, para este Tribunal queda claro que la revisión de los procesos de hábeas corpus, necesariamente debe involucrar una amenaza o afectación del derecho a la libertad individual o de algún derecho que presente conexidad directa con este derecho, cuyo perjuicio recaiga en el beneficiario de dicho proceso.
20. En ese orden de ideas, cabe precisar que la sentencia de segundo grado emitida en los presentes autos ha justificado la procedencia de la demanda de la recurrente con la siguiente argumentación:
“la pretensión encuadra dentro de los alcances del inciso 13 de[l artículo 25 del Código Procesal Constitucional], pues se funda en la arbitrariedad del ente persecutor, si bien la norma específicamente se refiere a actos policiales, ello no excluye a cualquier ente persecutor que, tenga como fin, la apertura de una investigación penal, toda vez que la protección de la norma, entendemos, se sustenta en el artículo 1 de la Constitución en concordancia con el inciso 1 del artículo 2, en cuanto garantizan la dignidad, la integridad moral, física, como el bienestar de toda persona residente, nacional o no, en el país (...)” (sic, f. 1408).
21. Como es de verse, la justificación aludida aparenta razonabilidad en términos jurídicos, dado que la Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima efectúa una interpretación extensiva del supuesto contenido en el inciso 13 del artículo 25 del Código Procesal Constitucional, con relación a la tutela que se pudiese brindar a través del proceso de hábeas corpus, entendiendo que dicho supuesto incluye al Ministerio Público en su calidad de titular de la acción penal, persecutor del crimen. Sin embargo, es importante recordar que la procedibilidad de una demanda constitucional no se encuentra sujeta solo al ejercicio del derecho de acción, pues su especial naturaleza tuitiva requiere de la exposición y meridiana acreditación de hechos cuya presunta amenaza o lesión recaiga directamente en el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, cuya tutela resulte urgente. Por ello,
“Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien la actividad del Ministerio Publico en la investigación preliminar del delito, al abrir investigación y emitir dictámenes se encuentra vinculadas al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, tales actos no configuran un agravio directo y concreto del derecho materia de tutela de hábeas corpus. Las actuaciones del Ministerio Público (...) son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva” (STC 00270-2013-HC/TC, f. j. n.° 2).
22. En tal sentido, aun cuando la interpretación efectuada por la Sala revisora pareciera razonable en términos jurídicos, ello no termina por justificar la procedibilidad de la demanda de hábeas corpus de autos, pues su finalidad es cuestionar la ampliación de investigaciones dispuestas por un fiscal en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, sin justificar, suficientemente, la existencia de alguna amenaza o afectación de su derecho a la libertad individual, o algún derecho conexo con ella que, en términos reales, incida en tal derecho. Ocurre todo lo contrario: la propia recurrente admite a fojas 14 de la demanda que la actuación fiscal que denuncia no incide de manera negativa en su libertad personal; hecho que a todas luces demuestra que su pretensión no se encuentra referida en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de su derecho a la libertad individual y/o sus derechos conexos.
23. Lo expuesto constituiría razón suficiente para declarar la improcedencia de la demanda de habeas corpus. Sin embargo, pese a cuan discutible resulta que la accionante, al interponer la demanda de habeas corpus, en lugar de un amparo, conviene verificar, dada la naturaleza del presente caso, si se presentan los presupuestos para reconvertir el proceso en uno de amparo y así emitir pronunciamiento de fondo sobre si se ha afectado o no el principio ne bis in idem en agravio de la demandante.
24. Al respecto, cabe mencionar que algunos de los principios que sustentan la excepcional figura de la reconversión son los de suplencia de queja deficiente o el de adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales. En concreto, la suplencia de queja es la facultad de los jueces constitucionales para adecuar las pretensiones de los quejosos cuando se advierta un error o una omisión en el petitorio de su demanda y se sustenta en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que exige al juez constitucional la relativización de las formalidades, presupuestos y requisitos cuando así lo justifique el cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales.
25. En este sentido, conviene observar que, en principio, más que hacer frente a una amenaza cierta e inminente al derecho a la libertad personal, nos encontramos ante la alegación de la vulneración del principio-derecho ne bis in idem a través de la apertura de una segunda investigación fiscal por lavado de activos a doña Nadine Heredia Alarcón. Siendo ese el derecho invocado y la investigación el supuesto acto lesivo, estamos, pues, ante una pretensión que en puridad debería abordarse mediante el proceso de amparo, siempre y cuando cumpla con las reglas establecidas por mismo Tribunal para la reconversión de procesos.
26. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la reconversión debe guiarse por las siguientes reglas: i) no es obligatoria para los jueces constitucionales de primera instancia, mas sí para los de segunda y última instancia: ii) deberá observar que el plazo de prescripción de la demanda no haya vencido; iii) deberá verificar la legitimidad para obrar del demandante; iv) en ningún caso se podrá variar el petitorio ni la fundamentación fáctica de la demanda; v) ha de existir riesgo de irreparabilidad del derecho; vi) solo si existe una necesidad apremiante de evitar la ocurrencia de un daño irreparable en los derechos fundamentales involucrados; y, vii) deberá preservar el derecho de defensa del demandado.
27. En el caso que se analiza, el proceso se encuentra en sede del Tribunal Constitucional. A su vez, la demanda de habeas corpus se interpuso el 16 de febrero de 2015 contra la Resolución 1 del 29 de enero de 2015, en la que se abre una nueva investigación fiscal contra la accionante. En el amparo contra resoluciones judiciales, el plazo para interponer una demanda es de 30 días hábiles (artículo 44 del Código Procesal Constitucional), de modo que la demandante también habría cumplido con el requisito de presentar su demanda dentro del plazo fijado para interponer la demanda de amparo. De otro lado, en la medida en que el habeas corpus ha sido interpuesto por la propia accionante, tampoco existe cuestionamiento respecto de su legitimidad para obrar.
28. De igual modo, no existe variación del petitorio o fundamentación fáctica del caso. En cuanto a la irreparabilidad del derecho y/o a la urgencia del caso, cabe precisar que la definición respecto del cuestionamiento de una doble apertura de investigación fiscal a la demandante (ne bis in idem en el ámbito fiscal), así como el interés público que supone dicha investigación, dado el presunto enriquecimiento patrimonial aparentemente producto de lavado de activos, justifica la mayor celeridad y el examen urgente del Tribunal Constitucional. Finalmente, cabe destacar que los emplazados se han apersonado al proceso y ejercido plenamente su derecho de defensa. En consecuencia, habiéndose cumplido los requisitos para proceder a la reconversión del presente proceso, toca ahora examinar si en el presente caso se ha vulnerado o no el principio ne bis in idem en perjuicio de la accionante.
Análisis extraordinario de la pretensión: principio ne bis in idem y las investigaciones fiscales materia de cuestionamiento
29. El análisis que corresponde efectuar sobre los actuados se centra en determinar si es legítimo en términos constitucionales investigar por segunda vez a la demandante respecto a los hechos vinculados a presuntos depósitos dinerarios que ha venido recibiendo en sus cuentas bancarias, dado que, según ha sostenido a lo largo del presente proceso, estos hechos ya han investigados a través de la carpeta fiscal 122-2009, en la que luego de once meses y de la realización de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento del delito investigado, se dispuso su archivamiento por parte del Fiscal Superior competente, sin que en dicha oportunidad la procuraduría pública solicitara algún acto de investigación u ofrecimiento de pruebas adicionales.
30. Al respecto, cabe precisar que este Tribunal ha establecido que la decisión fiscal de no ha lugar a formalizar denuncia penal genera un estatus inamovible, por dos razones:
a) La posición constitucional del Ministerio Público, lo encumbra como el único órgano persecutor autorizado a promover el ejercicio público de la acción penal, es decir, ostenta el monopolio acusatorio que le asigna el artículo 159 de la Constitución Política, en otras palabras, es el fiscal quien decide qué persona debe ser llevada ante los tribunales por la presunta comisión de un delito; b) Si bien las resoluciones de archivo del Ministerio Público no están revestidas de la calidad de la cosa juzgada, sin embargo, tienen la naturaleza de cosa decidida que las hace plausibles de seguridad jurídica. Este Tribunal ha señalado en precedente sentencia (Exp. N.° 0413-2000-AA/TC, f. j. n.° 3, caso lngrid del Rosario Peña Alvarado), que el principio de cosa decidida forma parte del derecho fundamental al debido proceso en sede administrativa, por lo que, frente a su transgresión o amenaza, necesariamente se impone el otorgamiento de la tutela constitucional correspondiente. Es necesario acotar que, el fiscal no es una simple autoridad administrativa, pues su actividad se orienta a la legalidad y no a los intereses administrativos o de los administrados.
Se trata, entonces, de una decisión discrecional que implica una valoración de hechos e interpretación de disposiciones en mérito de la cual se decide si se está técnicamente en condiciones de ejercer la acción penal y cuál es el modo más adecuado de hacerlo, pero sin soslayar que, los actos del Ministerio Público, no se legitiman, ‘desde la perspectiva constitucional, en sí misma, sino a partir del respeto pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la persona, de conformidad con d artículo 1 de la Constitución’” (STC 2725-2008-PHC/TC, fundamentos 16 y 17).
31. Sin embargo, dicho estatus se adquiere únicamente si la investigación fiscal ha cumplido, en términos razonables, con agotar la actividad necesaria para definir la atipicidad del hecho investigado. Por ello, es posible afirmar que resulta constitucionalmente legítimo el ejercicio de las facultades de investigación del Ministerio Público, pese a existir un archivamiento primigenio, en dos supuestos:
a) Cuando existan elementos probatorios nuevos no conocidos con anterioridad por la autoridad. [La justificación de una nueva investigación del Ministerio Público debe sustentarse en la existencia de nuevos medios probatorios cuya falta de conocimiento en la primera investigación, hubieran permitido variar el sentido de la primera decisión]. De este modo, una segunda investigación, proceso o procedimiento solo puede estar justificada si existen elementos probatorios nuevos no conocidos con anterioridad por la autoridad y que hagan posible o que revelen la necesidad de una nueva investigación de la conducta ilícita. Por tanto, la nueva investigación, proceso o procedimiento no puede estar sustentada en los mismos elementos de prueba que dieron lugar a la primera decisión y que tiene la calidad de cosa juzgada o cosa decidida [...].
b) Cuando se aprecia de manera objetiva que la primera investigación, proceso o procedimiento ha sido deficientemente realizado. [Una segunda investigación encuentra] su justificación en la necesidad de que la primera decisión sea obtenida en el marco de una investigación, proceso o procedimiento jurídicamente válido. Es decir, corresponde verificar de manera objetiva si la primera investigación, proceso o procedimiento ha sido realizado observando los derechos y principios constitucionales, los procedimientos establecidos y las diligencias y actuaciones necesarias y relevantes para el esclarecimiento de la [presunta] conducta ilícita, a fin de que la decisión definida y definitiva válidamente produzca la calidad de cosa juzgada o cosa decidida. Por tanto, una primera decisión obtenida en el marco de una investigación, proceso o procedimiento objetiva y razonablemente deficiente queda claro que no puede ser considerado como jurídicamente válido” (Cfr. 2493-2012-PA/TC, f. j. n.° 6).
32. En el presente caso, corresponde evaluar cuáles fueron los términos del archivamiento de la investigación desarrollada en la carpeta fiscal 122-2009, a fin de verificar si existe o no lesión al principio ne bis in idem y, por lo tanto, si es o no posible una segunda investigación por parte del Ministerio Público.
33. Cabe recordar que en reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha manifestado que
“[E]l ne bis in idem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide, que una persona sea sancionada o procesada dos veces por una misma infracción pese a la existencia de identidad de sujeto, hecho y fundamento. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de sanciones como de procedimientos cuando concurra la referida triple identidad entre ambos procesos” (Cfr. STC 10192-2006-HC/TC y STC 1604-2013-HC/TC).
34. En el caso de autos, el Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, don Eduardo Octavio Castañeda Garay, mediante Disposición Fiscal de fecha 22 de abril de 2010, declaró no ha lugar a la formalización de denuncia penal contra doña Nadine Heredia Alarcón. por considerar que las diversas operaciones bancarias efectuadas a su favor, entre el 20 de octubre de 2005 y el 5 de marzo del 2009, se encontraban debidamente justificadas con los contratos, recibos por honorarios, declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta presentadas durante la investigación y las declaraciones de los investigados (Cfr. considerando segundo, f. j. n.os 1078 y 1079). Asimismo, el referido fiscal, pese a verificar la existencia de antecedentes judiciales de los investigados Ilan Paul Heredia Alarcón (investigación archivada por lavado de activos) y Arturo José Belaúnde Guzmán (denuncias por delitos de estafa y falsedad genérica, falsificación documentaría, falsedad ideológica, fe pública y receptación), consideró lo siguiente:
“precisando la Ley 27765 —Ley de Lavado de Activos— que el origen ilícito referido debe guardar correspondencia con los delitos tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, extorsión, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, defraudación tributaria, contra el patrimonio en su forma agravada, delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales —siendo los criterios de similitud la complejidad de las conductas ilícitas y la forma organizada de criminalidad— no se encuentra en la información analizada en el presente caso, respecto del investigado Belaunde Guzmán, vinculación ninguna con los ilícitos a los que se refiere la norma acotada a efectos de considerarse como delito precedente de Lavado de Activos, por lo que, en atención al principio de legalidad establecido en nuestra Constitución Política, las conductas desarrolladas por este resultan atípicas.
Cuarto: Por las consideraciones antes expuestas, resulta acreditado el origen licito de las transferencias de dinero que, por su modalidad, motivaron la presente investigación siendo que las actividades desarrolladas por los investigados no se encuadran en las formas típicas de conversión, transferencia, adquisición, utilización, guarda, custodia, recepción, ocultamiento o tenencia de dinero, bienes, efectos y ganancias de origen ilícito propias del delito de Lavado de Activos; en consecuencia esta Fiscalía Especializada, en uso de sus atribuciones conferidas en el Decreto Legislativo 052 —Ley Orgánica del Ministerio Público—”.
35. Contra dicha decisión, la Procuradora Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, doña Amelia Julia Príncipe Trujillo, promovió una queja de Derecho, la cual fue resuelta por el Fiscal Superior Penal de Lima, don Mateo G. Castañeda Segovia, mediante Disposición Fiscal de fecha 5 de julio de 2010, que confirmó la decisión del Fiscal Provincial, por las siguientes consideraciones:
“En cuanto a que no se ha efectuado una adecuada investigación de tos hechos y a que si bien es cierto la investigada ha presentado supuestos contratas y recibos por honorarias profesionales, ello no significa que esté actuando necesariamente dentro del marca de legalidad, esta Fiscalía Superior considera que la investigación preliminar en el presente caso ha cumplido con los estándares y estrategias del FECOR en la investigación de delitos lavado de activos, investigaciones delicadas en las cuales resulta muy importante determinar cuál es el delito precedente o delito fuente y asimismo precisar durante la investigación y especialmente al final de ella cuál es la conducta concreta del lavado de activos cometidos dentro del amplio repertorio de conductas previstas en la Ley.
En lo referente a que no se ha realizado una pericia contable a fin de verificar si estos dineros han salido a no de las empresas para las que supuestamente prestó servicios profesionales la investigada, pudiendo tratarse de empresas fachada, esta Fiscalía Superior considera que el Fiscal Provincial decide su estrategia de la investigación y dentro de ella y de acuerdo a sus avances puede disponer la realización de pericias contables decidiendo también el objeto de ellas, es él quien debe decidirlo; no se deciden pericias de fórmula o de ritual investigativo, sino cuando resulta necesario y útil al éxito de la investigación, en el presente caso, no existe delito precedente ni la precisión de una imputación concreta en torno a alguna conducta de lavado de activos [...] es absolutamente prescindible la pericia reclamada por la Procuraduría Pública del Estado.
En cuanto al extremo [de no haberse solicitado vía carta rogatoria las declaraciones de los representantes de las empresas a las que prestó servicios la investigada], tenemos que en los actuados existe reiterada actividad por parte del Fiscal provincial mediante cartas rogatorias solicitando información y recibir la declaración de los representantes de las empresas aludidas, sin embargo en el caso de Venezuela existen serios problemas con la cooperación judicial internacional y rio contestan ninguno de los pedidos realizados. Esta situación no puede mantenerse en forma indefinida y habiendo transcurrido un tiempo suficientemente razonables el Fiscal Provincial debía resolver la investigación, como así lo hizo.
[...] [Respecto de las denuncias en contra de Arturo Belaunde Guzmán por delitos de estafa, falsedad genérica, falsificación de documentos, falsedad ideológica y fe pública] constituirían delito precedente que exige el delito de lavado de activos debido a que el tipo penal indica como delitos precedentes a otros similares que generen ganancias. Esta interpretación no es de recibo, pues [...] [cuando el artículo 6 de la Ley 27765] se refiere a otros delitos similares se debe interpretar similares en gravedad y además que generen ganancias patrimoniales ilícitas. Por esta razón se excluyen los delitos que pretende la quejosa sean considerados como delitos precedente [...] En los actuados de la investigación preliminar no encontramos elementos ni información de delitos precedentes o delitos fuente del delito de lavado de activos.
SEXTO: Finalmente, en cuanto al argumento que no se habría tenido en cuenta su escrito presentado el 28 de abril de 2010, donde solicitó ahondar las investigaciones respecto de lo publicado el 05 de abril en el diario el Correo bajo el título Cónyuge de Ollanla Humala recibió dinero desde una firma venezolana fantasma, [...] esta Fiscalía Superior considera que resulta sorprendente que se presenten escritos cuando las investigaciones ya concluyeron e incluso existía resolución y además resulta extraño que se presente una publicación periodística luego de 23 días de conocida; sin embargo, entramos a merituarlo, se trata de un recorte periodístico se escribe que Nadine Heredia recibió en su cuenta bancaria 7,962 dólares de parte de VENEVAL el 30 de marzo de 2007, seis años después de la cancelación formal de las operaciones de esta compañía, esta información periodística no afecta la investigación realizada ni sus resultados, es una situación que en todo caso debe ser aclarada por The Daily Journal, pero por sí sola carece de mérito suficiente para significar la comisión del delito de lavado de activos por parte de Nadine Heredia Alarcón.
SETIMO: Que del estudio de los actuados del presente recurso de queja y contrastados sus argumentos con los actuados y los fundamentos de la resolución impugnada de la 2.a Fiscalía Provincial FECOR, se llega a la conclusión que el recurso debe desestimarse; que no encontramos indicio ni evidencia objetiva concreta que sirva para formalizar la correspondiente acción penal —ni causa probable para continuar la investigación preliminar— no habiéndose llegado a evidenciar con medios probatorios idóneos que los investigados hayan materializado en algún momento las conductas prohibidas de conversión, transferencia, adquisición, utilización, guarda, custodia, recepción, ocultamiento o tenencia de dinero, bienes, efectos y ganancias provenientes de actividades ilícitas como el Tráfico Ilícito de Drogas u otro delito precedente taxativamente indicado en la Ley 27765 vigente” (sic, f. 490).
36. Como es de verse, la conclusión a la que llegaron el Fiscal Provincial y el Fiscal Superior a cargo de las investigaciones de la carpeta fiscal 122-2009 evidencia dos razones importantes por las que, luego de once meses, se declaró no ha lugar a formalizar denuncia penal en contra de la hoy demandante y los otros investigados: la falta de material probatorio que le permitiese determinar con claridad la ilicitud de los hechos investigados y la falta de investigación de un hecho que podría haber coadyuvado a esclarecer definitivamente los presuntos hechos ilícitos materia de dicha primera investigación. Al respecto, si bien resulta cierto que el Fiscal Provincial opinó a favor de no formular denuncia en contra de doña Nadine Heredia Alarcón y los otros ciudadanos investigados, no se evidencia que ello sea consecuencia clara y directa de haber determinado la licitud de los movimientos financieros de la investigada, pues su decisión se justifica únicamente en vincular el delito de lavado de activos a conductas típicas que podrían evidenciar la existencia de delitos fuente como lo son los “delitos tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, extorsión, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, defraudación tributaria, contra el patrimonio en su forma agravada, delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales”, lo que no termina por identificar la regularidad y licitud de las transferencias dinerarias a favor de doña Nadine Heredia Alarcón, más aún cuando la procuraduría solicitó una pericia contable, a fin de aclarar sus ingresos económicos, que no llegó a ser realizada.
37. Asimismo, se aprecia que la conclusión a la que arribó el Fiscal Superior evidencia, por un lado, una la falta de identificación de un delito fuente en la investigación, y por otro lado, no justifica las razones por las que no evalúa el pedido de la procuraduría respecto de investigar un depósito bancario efectuado a favor de doña Nadine Heredia Alarcón por una empresa venezolana que presuntamente, para el 30 de marzo de 2007, ya no operaba; motivación que a todas luces evitó aclarar la licitud o ilicitud de los ingresos de la demandante.
38. En tal sentido, se aprecia que la investigación desarrollada en la carpeta fiscal 122-2009 fue deficiente y, por lo tanto, no pudo adquirir la calidad de inamovible, pues se decidió su archivamiento sin ponderar, entre otros elementos, la complejidad que implica este tipo de indagaciones, el número de investigados y la necesidad de esclarecer la licitud o ilicitud de transferencias bancarias que vienen ingresando al sistema financiero a favor de la hoy demandante; hechos que necesariamente requieren de una investigación exhaustiva, pues es necesario determinar el origen de dicho ingreso económico, a fin de cumplir con nuestras obligaciones internacionales devenidas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional[1], la Convención Interamericana contra la Corrupción, las Reglas y Prácticas de Control de las Operaciones Bancarias, elaboradas por el Comité de Basilea, y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica, en cuanto sean aplicables, que exigen de los países firmantes el establecimiento de medidas para combatir el blanqueo de dinero.
39. Por ello, este Tribunal considera que la segunda investigación desarrollada en la carpeta fiscal 480-2014 no afecta el principio ne bis in idem, dado que el Fiscal emplazado dispuso la ampliación de la investigación, identificando nuevos hechos y material probatorio que no fueron materia de investigación en la carpeta fiscal 122-2009 (reporte UIF 025-2015-DAO-UIF-SBS y otras transferencias bancarias), y ha identificado también otros sujetos. Así, la Carpeta Fiscal 122-2009: Nadine Heredia Alarcón, Han Paúl Heredia Alarcón. Antonia Alarcón Cubas de Heredia, Lino Gregorio Bejarano Miranda, Arturo José Belaunde Guzmán, Eladio Mego Guevara, María Esther Zúñiga Loayza, Rocío del Carmen Calderón Vinatea y Victoria del Rosario Morales Erroch. Y la Carpeta Fiscal 480-2014: Nadine Heredia Alarcón, Han Paúl Heredia Alarcón, Antonia Alarcón Cubas de Heredia, Lino Gregorio Bejarano Miranda, Giuliana del Carmen Belaunde Lossio, Arturo José Belaunde Guzmán, Eladio Mego Guevara, María EstherVfmiga Loayza, Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Victoria del Rosario Morales Erroch, Susana Lourdes Vinatea Milla Vda. de Calderón, Santiago Gastañadui Ramírez, Mari bel Amelita Vela Arévalo. Todo Grapf S.A.C., Instituto para la promoción de la identidad y el desarrollo nacional, Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez. Martín Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto.
40. En suma, este Tribunal advierte que la segunda investigación, desarrollada en la carpeta fiscal 480-2014, no lesiona el principio ne bis in idem, ni otro derecho fundamental, dada la existencia de nuevos hechos y nuevos sujetos que, independientemente de cierta identidad de fundamento, permite justificar reabrir la investigación fiscal en contra de la demandante, razón por cual corresponde desestimar la demanda.
Sobre el ejercicio de las facultades de investigación del Ministerio Público
41. De acuerdo con el artículo 159 de la Constitución, corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito, así como ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. El contenido normativo de esta disposición en el marco del Estado Constitucional alude a la existencia de una verdadera obligación constitucional de los representantes del Ministerio Público de asumir desde el inicio la conducción y/o dirección de la investigación del delito, y ejercitar la acción penal pública de oficio o a petición de parte. Esta exigencia constitucional debe ser realizada, como es evidente, con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de que las conductas ilícitas no queden impunes. En efecto, siendo el Ministerio Público el que por mandato constitucional posee la prerrogativa de la investigación, le corresponde practicar o hacer practicar todas las diligencias y actuaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos, es decir, le corresponde reunir y examinar los elementos de juicio que revelen la existencia del delito y la vinculación de los imputados con los hechos delictivos, y esta actividad termina cuando la causa está tan aclarada que el fiscal puede decidir si debe o no formalizar la denuncia o la investigación preparatoria. Lo aquí señalado permite además cumplir con la disposición constitucional que exige la protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos y de la sociedad (artículo 44 de la Constitución), en los plazos señalados por ley.
42. Sin embargo, el Ministerio Público no goza de discrecionalidad absoluta o ilimitada en el cumplimiento de su obligación constitucional, sino que le es exigible que despliegue sus actividades dentro de los mandatos normativos (expresos e implícitos) contenidos en la Constitución y en el marco de los principios de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad que informan todo proceso, procedimiento investigación, tanto respecto del imputado cuanto también en beneficio de la parte agraviada. Por ello, los representantes del Ministerio Público en sus actuaciones y/o decisiones deben observar atentamente el contenido de los derechos y principios constitucionales. Esta obligación de todos los poderes públicos (que incluye al Ministerio Público) viene a ser la denominada eficacia vertical de los derechos fundamentales.
“Tal eficacia no es sino consecuencia de la naturaleza preestatal de los derechos fundamentales y, por tanto, del carácter servicial del Estado para con ellos, en tanto que la persona humana se proyecta en él como el fin supremo (art. 1 de la Constitución). En ese sentido, tenemos dicho que dentro de estos sujetos obligados para con el respeto y protección de los derechos fundamentales se encuentran todos los poderes públicos, es decir, los entes que forman parte del Estado, independientemente de su condición de órgano constitucional, legal o administrativo, y los grados e intensidad de autonomía que para con ellos el ordenamiento haya podido prever [...]” (STC 03179-2004-PA/TC, f. j. n.° 17).
43. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente recalcar que el ejercicio de las funciones del Ministerio Público no puede ni debe validar la existencia de investigaciones permanentes en el tiempo, pues ello implicaría un uso excesivo de sus funciones y el sometimiento constante de la persona investigada a sospecha, producto de una ineficiente o inconclusa investigación. Por ello, es necesario que una investigación fiscal cumpla con márgenes razonables que permitan eliminar la presunción de ilicitud de un hecho investigado, con el objeto de dar por finalizado el ejercicio constitucional de este tipo de facultades. Así, por ejemplo, una investigación de lavado de activos requiere del fiscal a cargo, de un especial celo y particular ejercicio de sus funciones, que puede partir del prolijo acopio de indicios razonables que identifiquen un irregular ingreso de dinero al sistema financiero sin justificación aparente; sin que ello signifique que toda la prueba se circunscriba a indicios, pues es necesaria la recolección de mayores elementos de prueba que permitan dilucidar la licitud o ilicitud de dicho patrimonio; siendo esta parte de la investigación una etapa importante para que con el pleno respeto de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales, se indague con profundidad y se reúnan los elementos indiciarios y probatorios respectivos, pues es menester que la investigación de delitos complejos determine con claridad si existe o no un hecho punible.
44. Así, aun cuando en el presente caso el ejercicio de las funciones del fiscal emplazado no lesione el derecho y principio invocado, ello no impide verificar que una segunda investigación por la presunta existencia de hechos ilícitos pudo haberse evitado si en la carpeta fiscal 122-2009 se hubiera llegado, mediante la pericia contable, a determinar con certeza la procedencia (lícita o ilícita) del dinero depositado a favor de doña Nadine Heredia Alarcón, lo cual hubiera permitido definir su situación jurídica. Por ello, a juicio de este Tribunal, es necesario notificar al Órgano de Control Interno del Ministerio Público con la presente sentencia a fin de que realice una investigación sobre la conducta funcional de los fiscales que tuvieron a su cargo la carpeta fiscal 122-2009 y determine si existió o no omisión de funciones al encarar dicha investigación.
Los efectos colectivos de la sentencia del hábeas corpus
45. Finalmente, un punto importante a tratar también viene a ser el alcance de los efectos de una sentencia constitucional, a propósito de la resolución aclaratoria de fecha 4 de setiembre de 2015, emitida por la Sexta Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dispuso el archivo definitivo de la carpeta fiscal 480-2014, comprendiendo tanto a doña Nadine Heredia Alarcón como a los demás investigados en ella.
46. Cabe formularse la pregunta de si los efectos de una sentencia que declara fundada una demanda de hábeas corpus pueden ser extendidos a otras personas que no han demandado en el proceso.
47. En principio, las sentencias judiciales en general, característica que comparten los procesos constitucionales de la libertad, tienen efectos interpartes. Bajo esta idea es que el Tribunal Constitucional, en alguna ocasión, ha denegado un pedido para que se extiendan los efectos de una sentencia constitucional.
48. No obstante, podemos afirmar que dicha regla general admite supuestos de excepción, en los que determinado acto afecte de manera homogénea a otros sujetos distintos del demandante. Al respecto, podemos utilizar como referencia la sentencia del caso Arellano Serquén (Exp. N.° 2579-2003-HD) en la cual este Tribunal Constitucional introdujo en la justicia constitucional peruana el concepto de “Estado de cosas inconstitucionales”, el cual había sido anteriormente adoptado por la justicia constitucional colombiana. Según este concepto, existen circunstancias estructurales que constituyen una violación de un número plural y significativo de personas, de modo tal que el acto lesivo materia de demanda no solo viola los derechos de quienes fueron demandantes, sino de otras muchas personas que se encuentran en las mismas circunstancias que el actor[2].
49. El Tribunal Constitucional decretó en la referida sentencia que al declararse el “estado de cosas inconstitucionales” se debe efectuar un requerimiento específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s), a fin de que realicen o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos fundamentales que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración. De este modo, se extienden los alcances inter partes de las sentencias a todos aquellos casos en los que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas (Cfr. Exp. 2579-2003-PHD, f. j. n.° 19).
50. En el caso que motivó la adopción del “estado de cosas inconstitucionales”, el Tribunal Constitucional identificó como acto violatorio de los derechos de la recurrente (y de otras personas situadas en la misma situación), la negativa del Consejo Nacional de la Magistratura de entregar a los jueces que se encontraban sujetos a proceso de ratificación ante el citado órgano copia del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación, referente a su conducta e idoneidad en el cargo, copia del acta de la entrevista personal y copia del video de la referida entrevista personal, lo que derivaba de la aplicación de un reglamento inconstitucional.
51. En el caso descrito, la situación calificada como inconstitucional por el TC, afectaba no solo a la demandante, sino a todos los que se encontraban en la misma situación. Conforme al criterio reseñado, el Tribunal Constitucional podría extender los efectos de sus sentencias constitucionales siempre que se trate de un determinado acto que resulte igualmente inconstitucional para otros sujetos aunque estos no hayan sido parte en el proceso. Así, por ejemplo, si en la sentencia de un habeas corpus correctivo se establece que las condiciones de reclusión de un determinado establecimiento penitenciario no cumplen los estándares mínimos, la sentencia podrá ser extensiva para todos los demás internos de dicho penal.
52. En el caso de procesos constitucionales incoados contra procesos judiciales o investigaciones fiscales podría ser aplicado este criterio siempre que se trate de una violación constitucional que afecte por igual a todos los coprocesados. Así, por ejemplo, si en la sentencia de hábeas corpus se determina que el Órgano jurisdiccional atenta contra el propio del juez predeterminado por ley, resulta evidente que ello no solo afectará al demandante, sino a todas las partes de dicho proceso judicial. Hay muchos otros supuestos, en cambio, en los que la violación al derecho constitucional de un procesado no significa necesariamente que los demás procesados se encuentren en la misma situación. Por ejemplo, si se determina que ha habido una violación del plazo razonable del proceso, esta difícilmente podría ser extendida a los demás procesados, en tanto la determinación de la presunta violación de este derecho exige evaluar la conducta de cada procesado.
53. En el caso de autos se aprecia que ante un pedido de aclaración de la sentencia de segundo grado del Procurador Público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público, el Ad quem decide expedir la Resolución de fecha 4 de setiembre de 2015 (f. 1481), precisando lo siguiente:
Segundo: que, ante tal pedido, resulta pertinente precisar que, si bien la demanda fue planteada solo por la favorecida Nadine Heredia Alarcón, no es menos cierto que, este Colegiado, al emitir la sentencia de fecha 14 de Agosto del presente año, ha tenido en cuenta no solo los perjuicios denunciados por la favorecida, sino también, la validez de la citada carpeta fiscal, ya que, desde una perspectiva constitucional, está afectada de nulidad insalvable; Tercero: Que por ende, el archivo definitivo de la Carpeta Fiscal N.° 480-2014, inevitablemente, comprende tanto a la demandante Nadine Heredia Alarcón como a los demás investigados en la misma, pudiendo ello desprenderse del extremo resolutivo de la Resolución N.° 1097, en cuanto ordena: “[…] archivar, definitivamente y para todos sus efectos, la carpeta fiscal 480-14 en donde corresponda [...]”, y así también de las consideraciones expuestas a continuación por los señores jueces superiores Súmar Calmet y Vigo Zevallos; por ende, a fin de evitar confusiones posteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 406 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos: ACLARARON que el archivo definitivo de la Carpeta Fiscal N.° 480-2014 comprende tanto a la demandante Nadine Heredia Alarcón como a los demás investigados en ella [...]” (sic) (el subrayado es nuestro).
54. Como es de verse, el ad quem procede a ampliar los efectos de la sentencia constitucional que emitió con fecha 14 de agosto de 2015 a favor de los otros investigados en la carpeta fiscal 480-2014, justificando su decisión en la existencia de un vicio de nulidad insalvable en dicha investigación, la cual supuestamente se encontraría sustentada en la sentencia que emitió; sin embargo, se aprecia que la motivación que expuso se encuentra destinada a restar validez a las investigaciones desarrolladas por el fiscal emplazado en la carpeta fiscal 480-2014, pues, según sostiene.
“que el D. Leg. 1106 le da autonomía al llamado delito de ‘Lavado de Activos’, empero consideramos que ello solo meramente declarativo toda vez que la autonomía (que se le reconoce) no se condice con lo que origina el delito de Lavado de activos: otro delito, y consecuentemente en no tener claro el delito fuente (o de origen) torna la investigación en inocua o vacía, ya que la propia Ley da un catálogo definido de los delitos que se pueden relacionar con los capitales ilícitos que se insertan en la economía regular y licita (sic, f. 1410).
[...] la información proporcionada por el ciudadano [denunciante]: es solo una noticia, no una investigación periodística y, consecuentemente, no reporta elementos, indicios o datos de mínima consistencia como para aperturar investigación alguna; en ese sentido el proceder serio de un autoridad es, recibida una notitia criminis indagar sobre la sostenibilidad de la imputación (en este caso) periodística, y si se trata de una investigación periodística la que se recoge: verificar la sostenibilidad de la imputación, cosa que no ha efectuado el Fiscal encargado del caso;
Recibido el reclamo de la hoy beneficiaría [el fiscal emplazado] procede a analizar las decisiones de su superior, respecto al archivamiento de tal proceso (carpeta fiscal 122­09), califica los argumentos de este y, siguiendo los criterios según su parecer, de sentencia del Tribunal Constitucional (respecto al tema de la llamada ‘Cosa Decidida Fiscal’): amplía la investigación a partir de lo que se aprecia como indicios de la comisión de evento criminoso;
Por aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Sr. Fiscal Provincial está impedido de revisar la decisión de un superior, en consecuencia ampliar o hacer investigación a partir de considerar impropio, por diversas razones, una conclusión de su superior jerárquico: violenta el estado de derecho, toda vez que le está vedado tal conducta por ministerio de la ley (por más que se afinque en sentencia del Tribunal Constitucional), si a ello se adiciona la endebles de los medios en que se sustenta su decisión de investigar, aun cuando aparatoso y mediático resulten su afirmaciones; este Colegiado debe agregar que la decisión del Sr. Fiscal: no precisa ni establece cual es el delito fuente, no hay referencias sobre los indicios concurrentes que existirían entre los actos de movimiento dinerario descubierto, con alguno de los delitos del catálogo establecido por el artículo 10 del DL 1106, ni de su vinculación con los ciudadanos que implica es decir no señala, y menos da razones, respecto a si investigará a partir del delito de narcotráfico, terrorismo o cualquier proveniente del catálogo fijado por la ley [...]” (sic, f. 1411 revés y 1412).
55. Como es de verse, los argumentos principales para invalidar la investigación de la carpeta fiscal 480-2014 no contienen razones jurídicas objetivas sobre la labor del fiscal emplazado. Todo lo contrario, inician con una justificación subjetiva respecto de la autonomía del delito de lavado de activos, para luego restar validez a la investigación, pues, a su juicio, no resulta suficiente el acopio de información periodística, sino que necesariamente el fiscal debería determinar el delito fuente o delito previo.
56. Al respecto, este Tribunal considera oportuno precisar que, si bien es cierto que la carpeta fiscal 480-2014 se inició como consecuencia de una denuncia de parte y luego de tomar conocimiento de diversas noticias periodísticas, ello no resta la legitimidad a la apertura de la referida investigación fiscal, ni mucho menos vicia dicho procedimiento, pues conocida una notitia criminis por parte de un representante del Ministerio Público, este está obligado a promover el inicio de una investigación a fin de dilucidar si existe o no sospecha de haberse cometido un delito, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y del principio de legalidad, más aún cuando, luego de efectuar diversas indagaciones al respecto, consideró pertinente disponer la ampliación de la investigación dada la existencia de indicios y hechos nuevos.
57. En el caso de doña Nadine Heredia Alarcón, la presunta violación del ne bis in idem, que en su momento la Sexta Sala Penal de Lima declaró a su favor, no constituye un asunto que pueda ser extendido de manera automática a todos los demás coprocesados, puesto que en cada caso deberá evaluarse si han sido también objeto de una segunda investigación, y además, si concurren los elementos conformantes del ne bis in idem: sujeto, hecho y fundamento. En tal sentido, no se aprecia que la justificación expuesta por el Ad quem permita evidenciar razonabilidad alguna para disponer la ampliación de los efectos de la sentencia de habeas corpus respecto de los otros investigados, razón por la cual corresponde también declarar su nulidad.
1. REVOCAR la sentencia del 14 de agosto de 2015 y su resolución aclaratoria del 4 de setiembre de 2015, emitida por la Sexta Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como la sentencia del 8 de junio de 2015, emitida por el Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, y, en consecuencia, DECLARAR INFUNDADA la demanda promovida por doña Nadine Heredia Alarcón, que debe ser entendida como una de amparo.
2. Notificar al Órgano de Control Interno del Ministerio Público con la presente sentencia a fin de que realice una investigación sobre la conducta funcional de los fiscales que tuvieron a su cargo la carpeta fiscal 122-2009, y determine si existió o no omisión de funciones en el desarrollo de dicha investigación.
URBIOLA HANI / BLUME FORTINI / RAMOS NÚÑEZ / SARDÓN DE TABOADA / LEDESMA NARVÁEZ / ESPINOZA-SALDAÑA BARRERA
[1] Ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa 27527, del 8 de octubre de 2001. La Convención y sus protocolos adicionales entraron en vigencia el 29 de setiembre de 2003.
[2] Así lo consideró el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 1969-201l-PHC/TC que corresponde a un hábeas corpus interpuesto contra el auto de apertura de instrucción que se dictó para el procesamiento penal de los hechos relacionados con los sucesos del penal de la isla El Frontón ocurridos en 1986. El recurrente solicitaba que se aplique de manera automática a todos los coprocesados lo resuelto en favor de otro procesado. (Teodorico Bernabé Montoya) en otro proceso de habeos corpus, en el que el Poder Judicial a través de sentencia fundada de segunda instancia dispuso el archivamiento de la causa en su favor.
Cfr. Botero Marino,Catalina, La acción de meta en el ordenamiento constitucional colombiano, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Bogotá, 2006, p. 175.

References: Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 201
 artículo 202
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 artículo 59
 artículo 201
 artículo 202
 artículo 35
 artículo 201
 artículo 202
 artículo 200
 artículo 5
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 159
 artículo 1
 artículo 6
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 artículo 159
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 artículo 406
 artículo 5
 artículo 10
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