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Timestamp: 2019-08-23 18:14:09+00:00

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﻿ Sentencia 2004-00832 de agosto 16 de 2007
SENTENCIA 2004-00832 DE 16 DE AGOSTO DE 2007
Sentencia 2004-00832 de agosto 16 de 2007
Rad. AG 660012331000200400832 01
EXTRACTOS: «Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 17 de febrero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la que se negaron las súplicas de la demanda.
Durante el tiempo de vigencia del acuerdo fueron recaudados $ 1.925.441.282. Dicho cobro no tenía ningún asidero jurídico, lo que configuró un pago de lo no debido por parte de los usuarios del servicio. La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha señalado que las declaraciones de nulidad de actos administrativos que imponen tributos tienen solo efectos hacia el futuro, a diferencia del efecto hacia el pasado que tiene la declaración de nulidad de actos administrativos de otra naturaleza, por lo que no se pueden modificar las situaciones jurídicas consolidadas. En el presente caso esas situaciones no existían, dado que los afectados estaban legitimados para demandar en acción de reparación directa por el daño antijurídico causado por la declaratoria de nulidad del acto mencionado y la falla del servicio en la que incurrió el municipio por tal declaración. Al respecto mencionaron varias providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a partir de las cuales concluyeron:
“Hechas la aclaraciones anteriores, si los miembros del grupo que representamos todavía poseen acciones administrativas contra el municipio de Pereira por haberse decretado la nulidad del Acuerdo 51 de 2001, que se repite es la causa del daño del cual se demandaría los perjuicios, entonces sus situaciones jurídicas no se han consolidado y por lo tanto, es posible aún demandar la indemnización de los perjuicios” (fl. 45, cdno. 1) (subrayado y negrilla del original).
El municipio de Pereira señaló como ciertos algunos hechos de la demanda y negó otros. En su criterio, el cobro del impuesto discutido tenía fundamento en el artículo 338 de la Constitución Política y en el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, concordante con los criterios fijados por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de esa norma. Como lo reconocieron los demandantes, la declaratoria de nulidad de actos que imponen tributos solo tiene efectos hacia futuro. El impuesto establecido en el Acuerdo 51 de 2001 expiró el 31 diciembre de 2003, por lo que, al momento de declararse la nulidad del acto, todas las situaciones jurídicas relacionadas con él se encontraban consolidadas. Significa lo anterior que esa declaración no brinda ningún derecho a los demandantes, pues no configura una acción, omisión u operación administrativa del municipio, como tampoco podía configurar una vía de hecho, para revivir la posibilidad de reclamar el restablecimiento del derecho. Tampoco puede acusarse al municipio de enriquecimiento sin causa, dado que los beneficios del tributo fueron destinados a mejorar la seguridad de toda la comunidad. La acción idónea era la de nulidad y restablecimiento del derecho que ya se encontraba caducada, pues el acto había sido publicado el 13 de agosto de 2001. Indicó que la presentación de algunos recibos de pago de teléfono no acredita el daño reclamado, además de que, en caso de una eventual indemnización, debía establecerse en el proceso el monto de lo pagado por cada usuario, para efectos de la posible indemnización (fls. 73 a 101, cdno. 1).
La Empresa de Telecomunicaciones de Pereira presentó la contestación extemporáneamente (fl. 121, cdno. 1).
3. Fracasada la conciliación y practicadas las pruebas, decretadas mediante auto del 27 de septiembre de 2004, se dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para presentar concepto. Este último y la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira guardaron silencio (fls. 132,133, 151, 152 cdno. 1; 237, cdno. 2).
1. La acción de grupo, consagrada en el artículo 88 de la Constitución, puede ser interpuesta por el número de personas señaladas en la ley, con el objeto de obtener la reparación de los daños que han padecido todos ellas, cuyo origen tiene causa común, y está reglamentada en los artículos 3º, 46 a 67 y demás normas concordantes de la Ley 472 de 1998.
El juez competente, por otra parte, está obligado valorar la procedencia de la acción en el auto admisorio (L. 472, art. 53, par.). Debe entenderse, en consecuencia, que, en el presente caso, el tribunal no podía admitir la demanda sino cuando tuviera claridad respecto del cumplimiento del requisito mencionado y de los demás previstos en el mencionado artículo 46...
Debe agregarse que, por constituir la exigencia anotada uno de los requisitos de procedencia de la acción de grupo y con el fin de cumplir con la carga que le impone el parágrafo del artículo 53 de la Ley 472, el juez de conocimiento podría, inclusive, ordenar la práctica de las pruebas conducentes para establecer su cumplimiento, antes de la admisión de la demanda.
Lo expresado no se opone, en absoluto, a la previsión contenida en el artículo 55 de la Ley 472. La integración al grupo solicitada por uno de sus miembros no demandantes, antes de la apertura a pruebas, o el acogimiento a la sentencia por parte quien no concurrió al proceso, dentro de los 20 días siguientes a la publicación de aquella, constituyen simplemente mecanismos para buscar, respecto de todos los afectados, o del mayor número posible de ellos, su presencia en el proceso, en el primer caso, y la reparación del perjuicio, en el segundo. Pero la claridad sobre la conformación del grupo por un número mínimo de veinte (20) personas debe existir al momento de la admisión de la demanda.
Por razones similares, el cumplimiento del requisito anotado no se opone a la posibilidad que, conforme al artículo 56 de la ley, tiene cualquier miembro del grupo de manifestar su deseo de ser excluido del mismo, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, con el fin de no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia. A ello no obsta el hecho de que, al momento de admitir la demanda, el juez deba tener certeza sobre la procedencia de la acción formulada y, concretamente, en cuanto ahora interesa, sobre la existencia de un grupo conformado al menos por 20 personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales.
Si no se entendieran las normas mencionadas en los anteriores términos, resultaría inane la intención del legislador de proteger a grupos particularmente relevantes, por su número y por las condiciones de uniformidad exigidas en la ley, de acuerdo con el artículo 88 de la Constitución Política, mediante el otorgamiento a quienes lo conforman de una acción especial, con un trámite expedito. En efecto, su objetivo se cumplirá siempre que se permita su ejercicio a un grupo que reúna los requisitos exigidos, al margen de que no todos sus miembros estén interesados en formularla o de que algunos soliciten su exclusión, y aun de que no resulten prósperas las pretensiones de todos los demandantes, o las de ninguno de ellos”.
Por lo anterior, la Corte considera que la valoración de la relación de causalidad debe ser definida en términos jurídicos y atendiendo la naturaleza de los intereses protegidos y a la concepción solidarista de la Carta. En el ejemplo presentado, una valoración semejante estaría constituida por la evidencia de la omisión en los deberes en el proceso de producción, la afectación del principio de confianza de los consumidores, la realización de diferentes daños y el fundamento del deber de reparar los daños a partir de la verificación de una relación de imputación de estos últimos al sujeto que omitió el deber. Así las cosas, sería indiferente, para efectos de establecer la uniformidad en la relación de causalidad, por ejemplo, determinar la medida del principio de confianza de cada uno de los consumidores o, precisar la oportunidad de la compraventa, e incluso, determinar la medida de los perjuicios sufridos por cada uno de los consumidores, si solo fue la imposibilidad de utilizar el producto, o si dicho defecto generó otro tipo de perjuicios. Y sería contrario al propósito constitucional excluir la acción de grupo en estos casos, con el argumento de que no existen condiciones comunes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas, por cuanto existe una multiplicidad de ventas del producto defectuoso. Las condiciones uniformes se predican, a pesar de la multiplicidad de ventas individuales, por la situación uniforme de los compradores frente a la elaboración y distribución del producto defectuoso que les ocasionó el daño específico”.
“Por tanto, pensamos que si se trata de daños derivados de los mismos hechos y con varios responsables cuya responsabilidad se enmarca en normas jurídicas distintas, no por ello habrá que inadmitir la demanda. Aquí debe tenerse en cuenta que la causa jurídica de la responsabilidad es el hecho dañoso y no la norma jurídica aplicable (1) . Así por ejemplo, si hay un accidente aéreo en el que sufren daños todos los pasajeros, y la culpa es imputable al transportador contractual y al fabricante del avión, no por ello habrá condiciones de responsabilidad diferentes que impidan una acción de grupo frente a dos responsables. El hecho, en el espacio y en el tiempo, es el mismo con dos coautores...
En cambio habrá daño de naturaleza diversa, y por lo tanto no cabría la acción de grupo, si por ejemplo, unos consumidores alegan que el medicamento X les produjo una alergia, y otros alegan que el medicamento Z, les produjo migrañas, sí (sic) ambos productos adolecen de defectos diferentes, aunque sean elaborados por un mismo laboratorio. Pero en ese caso la acción no procedería a falta de “una misma causa” de los daños, lo que corrobora que en el fondo, esa “causa común” es el verdadero factor de conexión que hace posible la acción de grupo” (2) .
En el caso sub lite, los demandantes hacen referencia a varios hechos, como generadores de los perjuicios que reclaman, entre los cuales se encuentran: la prohibición, impuesta a los transportadores, de transitar por las principales vías de la ciudad de Bogotá; la implementación del sistema Transmilenio; la omisión por parte de la Alcaldía Distrital de dar cumplimiento al Acuerdo 04 de 1999; la expedición de las resoluciones 392 y 1388 de 2003 de la Alcaldía de Bogotá; la expedición de los decretos 114, 115, del 16 de abril de 2003 de la secretaría de tránsito y transporte y la omisión de indemnizar plena y previamente a los propietarios de vehículos de servicio público de transporte urbano de pasajeros de Bogotá, D.C.
Con base en lo anterior, la Sala advierte que, si bien para los demandantes son varios los hechos que causaron los perjuicios que reclaman, esto no implica que los perjuicios sufridos por cada uno de los demandantes, tenga una causa diferente. Todos los hechos narrados, constituyen una pluralidad de causas que resultan comunes y por lo tanto uniformes, respecto de todos los miembros del grupo. En consecuencia, el segundo requisito de procedibilidad está cumplido” (3) .
En esos casos, sin duda, se genera un perjuicio que habrá de considerarse jurídico en tanto el particular está obligado a soportarlo en cumplimiento de sus deberes constitucionales (C.P., art. 95) y en obedecimiento de los mandatos legales o administrativos que los desarrollen en cada evento concreto. Ese tipo de perjuicio tiene una causa de justificación expresa y concreta, consistente en un título que lo legitima (6) , en este caso, la exacción de un tributo.
El perjuicio aducido por el actor, tal como se deriva de su planteamiento, se causó con la aplicación de la Ordenanza 044 de 1998, y su antijuridicidad se derivó de su declaración de nulidad proferida por el Consejo de Estado. En consecuencia, habiendo decisión judicial sobre la ilegalidad del acto en virtud del cual el actor sufrió —según dice— el detrimento patrimonial que pretende se le repare, en otros términos, habiendo operado la institución de la cosa juzgada respecto de la ilegalidad del acto, él ha dejado de existir como objeto de cualquier acción que pretenda su nulidad, de manera que los daños causados por tal acto, “debidamente acreditados en cuanto a su ocurrencia y cuantía, habilitan al perjudicado para demandarlos por la cuerda propia de la acción de reparación directa” (7) .
Inconstitucionalidad de requisitos adicionales para acceder a la justicia. De acuerdo con lo que se dijo en la parte general de estas consideraciones, si una de las finalidades de la jurisdicción contenciosa es servir como vía para discutir la responsabilidad del Estado y, de ser procedente, declararla permitiendo la reparación de los daños que le hubieren sido imputables, resulta útil tener en cuenta que “cualquier actuación por parte de la Administración que incida en el ámbito vital de un sujeto, que no sea legal, habilita inmediatamente a ese sujeto con una acción... para defender la integridad de su ámbito vital” (9) .
Con lo dicho, no se trata de obviar los requisitos de procedencia de las diferentes acciones diseñadas por el legislador o los referentes al agotamiento de ciertas vías previas a la jurisdicción; se trata, en cambio, de aclarar que no le está permitido al juez, en un Estado social de derecho, exigir el cumplimiento de requisitos que no consulten los preceptos constitucionales o, aun más, que vayan en franca contradicción con ellos.
Si bien es cierto, el hecho de que el juez sea parte del Estado supone para los particulares una garantía en el sentido de ser un tercero imparcial a la hora de solucionar un conflicto entre ellos, es precisamente la inserción del juez en el aparato estatal, lo que “plantea el problema de redefinir su imparcialidad cuando tiene que resolver un litigio en el que una de las partes es el Estado o uno de sus agentes: la independencia del juez tiene que referirse entonces también al Estado” (10) .
Es el caso del juez contencioso administrativo, cuyo desempeño debe observar celosamente el principio según el cual debe administrar justicia otorgando trato igual a las partes. La imparcialidad del juez contencioso es un presupuesto necesario para que la sociedad confíe en él como encargado de definir la responsabilidad de las entidades estatales y la vigencia de los derechos de los asociados (11) como administrador del, ya mencionado, mecanismo de cierre del sistema de protección y garantía. La importancia del juez contencioso es un asunto que compromete a la institución judicial con la vigencia del Estado social de derecho (12) , más ahora, cuando ha sido admitido que la contencioso administrativa es una “justicia de tutela de derechos”.
Resulta inconstitucional, entonces, que el juez de lo contencioso, con base en una concepción errada del privilegio de la autotutela administrativa, desconociendo el principio constitucional de la imparcialidad, imponga cargas desproporcionadas y al margen de la ley a los particulares, como condición para el ejercicio de su derecho a acceder a la jurisdicción.
La autotutela no consiste en imponer a los ciudadanos la carga de iniciar procesos administrativos cada vez que una actuación u omisión de una entidad pública le genere un perjuicio que considere antijurídico; ello supondría efectos no queridos por el derecho derivados de una interpretación restrictiva del derecho a acceder a la administración de justicia, como que no habría sino una vía judicial para dar aplicación al artículo 90 de la Constitución, en tanto quedarían vacías de contenido las disposiciones legales que prevén acciones de responsabilidad diferentes a la de restablecimiento del derecho.
En conclusión: la acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo ilegal cuando tal ilegalidad ha sido declarada judicialmente, pues tal declaración deja a la vista una falla en el ejercicio de la función pública. Por ello, la demanda no podía ser rechazada” (13) .
Los decretos mencionados, son decretos leyes. El 1064 proferido en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente mediante la Ley 489 de 1998, y el 1065, es de aquellos llamados por la jurisprudencia “mixtos” por contener unas disposiciones proferidas por el Presidente en desarrollo de competencias extraordinarias otorgadas por el legislador y otras en desarrollo de sus facultades constitucionales ordinarias...
… con ocasión de las demandas de inconstitucionalidad presentadas, precisamente, en contra de los decretos 1064 y 1065 de 1999... (14) .
En conclusión, la Corte Constitucional, en esa oportunidad, respecto de los actos que interesan para este caso, asumió competencia para su control de exequibilidad y aclaró que la tenía aun respecto de todo el contendido del 1065 en tanto se trataba de un decreto-ley, al margen de la naturaleza jurídica de las facultades que hubiesen dado origen a algunas de las disposiciones en él contenidas.
“Los decretos leyes 1064 y 1065 de 1999 ... fueron expedidos por el Presidente de la República con fundamento en las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998.
Como el indicado precepto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz), “a partir de la fecha de la promulgación de la Ley 489 de 1998” (es decir, desde el 29 de diciembre de 1998, Diario Oficial 43458), y los decretos objeto de demanda lo fueron el 26 de junio de 1999, es evidente que, cuando se dictaron, el Presidente de la República carecía por completo de facultades constitucionales para expedir normas con fuerza de ley (Const. Pol., art. 150, num. 10).
En efecto, por virtud de lo fallado, para el momento en que los aludidos decretos fueron puestos en vigencia, puede entenderse que no existía la norma habilitante y, por tanto, el jefe de Estado no gozaba de la investidura legislativa extraordinaria”.
Habiendo proferido esa decisión, que hizo tránsito a cosa juzgada, las normas que generaron el perjuicio aducido por el actor fueron declaradas inexequibles y sacadas del ordenamiento jurídico. Ninguna otra acción podría haberse intentado para cuestionar su legalidad, pues, como se deriva de la sentencia de la Corte la inexequibilidad de las mismas se derivó de la inexistencia absoluta de competencia para proferirlas por la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba su expedición. En consecuencia, la cosa juzgada material operó respecto de los decretos en cuestión con un alcance tal que, —ni siquiera admitiendo la procedencia de un control dual sobre aquel que contenía normas de naturaleza administrativa—, es improcedente cualquier nuevo pronunciamiento sobre su juridicidad.
Términos de caducidad. La antijuridicidad del daño la deriva el actor del mencionado pronunciamiento judicial, por lo que tal declaración es el punto de partida para el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa, que es la que ejerció el interesado.
Pretensiones de la demanda. Debe anotarse que, pese a que entre los perjuicios materiales cuya indemnización se pretende, se relacionan algunos de carácter salarial y prestacional, ello no supone que, necesariamente, el proceso deba ser llevado por la vía de la acción laboral, pues, de una parte, las demás pretensiones incoadas en la demanda no podrían ser objeto de estudio por parte del juez laboral porque excederían el límite de su competencia material; de otra parte, admitir que siempre que estén de por medio perjuicios cuya indemnización deba tasarse de acuerdo con criterios laborales debe ejercerse una acción ante la jurisdicción especial del trabajo, traería consecuencias no queridas por el derecho, como que la acción de reparación directa jamás resultaría apta para reclamar perjuicios antijurídicos causados por actuaciones, hechos u omisiones administrativas si dentro de ellos hay algunos derivados de una relación laboral.
Conclusión. La elección de la acción de reparación directa fue adecuada, pues, como se desprende de lo dicho y de acuerdo con la narración de los hechos que motivaron la demanda, una falla en la función legislativa (ordinaria y extraordinaria) generó los perjuicios aducidos por el actor.
En conclusión: la acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de perjuicios causados por la aplicación de una norma que ha sido declarada inexequible, pues tal declaración deja a la vista una falla en el ejercicio de la función pública. Por ello, la demanda no podía ser rechazada” (15) .
La Sala ha precisado que la responsabilidad extracontractual del Estado puede provenir de un acto administrativo que ha sido declarado ilegal, en la medida en que dicha declaratoria reconoce la anomalía administrativa presentada (16) . Procedencia de la acción, que solo tiene lugar cuando quiera que entre el daño antijurídico causado y el acto administrativo general no media acto administrativo particular que pueda ser atacado en sede jurisdiccional.
El perjuicio aducido por el actor, tal como se deriva de su planteamiento, se causó con la aplicación de la Ordenanza 044 de 1998 y su antijuridicidad se derivó de su declaración de nulidad proferida por el Consejo de Estado. En consecuencia, habiendo decisión judicial sobre la ilegalidad del acto en virtud del cual el actor sufrió —según dice— el detrimento patrimonial que pretende se le repare, en otros términos, habiendo operado la institución de la cosa juzgada respecto de la ilegalidad del acto, él ha dejado de existir como objeto de cualquier acción que pretenda su nulidad, de manera que los daños causados por tal acto, ‘debidamente acreditados en cuanto a su ocurrencia y cuantía, habilitan al perjudicado para demandarlos por la cuerda propia de la acción de reparación directa’” (17)(18) .
“Debe considerarse que si bien en principio toda nulidad que se decrete por el contencioso administrativo tiene efectos retroactivos, en este evento, tratándose especialmente de asuntos tributarios, deberá tenerse en cuenta que las normas impositivas tienen aplicación dentro de determinados periodos fiscales y por ello, así hayan sido derogadas, la nulidad que se ordene no puede afectarlas en cuanto al lapso en que tuvieron vigencia. O sea que debe ser una nulidad con efectos hacia el futuro. Por ello procede la decisión de mérito y no la inhibitorio (sic), porque no hay sustracción de materia. Y no habiéndola, hay competencia para decidir de fondo” (19) .
Sin embargo la Corte Constitucional en Sentencia C-066 de 1997, de 11 de febrero de 1997, al considerar la exequibilidad del artículo 38 (20) de la Ley 142 de 1994, en el que se establece que los efectos de la nulidad de actos administrativos, relacionados con servicios públicos domiciliarios, “solo producirá efectos hacia el futuro”, determinó que estos no comprendían la indemnización de perjuicios:
Califica el actor como irracional la parte del artículo 38 de la ley objeto de control que limita los efectos de la declaratoria de nulidad, única y exclusivamente hacia el futuro, argumentando que ello significa que el restablecimiento del derecho o la reparación del daño solamente proceden hacia adelante, a partir del momento en que la jurisdicción contencioso administrativa profiera el fallo, lo cual, en su sentir, no se aviene con lo dispuesto en el artículo 90 constitucional. También ataca la segunda parte del artículo diciendo que si la buena fe se presume, “declarada la nulidad de un acto o contrato, estos de todas maneras pueden quedar vigentes cuando hayan sido celebrados de buena fe ... Por lo tanto... la jurisdicción contencioso administrativa tendría que entrar a demostrar la mala fe (o quien ejerza la respectiva acción contractual...) a fin de poder proferir el fallo de anulación”.
No encuentra la Corte fundamento alguno que sirva para declarar la inexequibilidad del artículo 38 sub júdice, a partir de los argumentos esgrimidos por el demandante. Como sucede con la disposición anteriormente examinada, el artículo 38 de la Ley 142 de 1994 consagra dos supuestos de hecho: primero, la sola anulación de los actos administrativos relacionados con los servicios públicos domiciliarios; y segundo, las consecuencias posibles de tal determinación jurisdiccional, es decir, el restablecimiento del derecho o la reparación del daño, en cuanto al primero, efectivamente la ley restringe el ámbito temporal de la anulación de los actos administrativos al momento de su declaratoria y hacia adelante, exclusivamente, con el fin de que todas las actuaciones consolidadas antes de la misma queden incólumes. Hasta aquí nada ha dicho el legislador sobre las posibles condenas patrimoniales, restablecimiento de derechos o reparación de daños a que haya lugar, sino simplemente se ha referido a la desaparición del acto anulado, a su exclusión del mundo jurídico, lo cual, se repite, sucede desde el momento en que así lo disponga la jurisdicción competente y hacia el futuro.
Otra cosa sucede en relación con las consecuencias a que puede llevar la anulación de un acto administrativo, segundo supuesto de hecho del artículo 38, cuya lectura, contraria a la efectuada por el actor, en ningún momento limita la reparación o el restablecimiento a los daños causados o derechos conculcados después de la declaratoria de nulidad. No. Precisamente el legislador, previendo esta segunda posibilidad, separó la redacción de la norma buscando, de una parte, garantizar la estabilidad y seguridad jurídica en los asociados con la intangibilidad de las actuaciones amparadas por un acto administrativo posteriormente declarado nulo; y de otra, que los daños antijurídicos o los derechos cuya materialización o vulneración se desprendan de dicha declaratoria, puedan ser reparados o restablecidos, no desde el momento en que se profiera el fallo y hacia adelante únicamente, sino desde su efectiva verificación, incluso si ella se retrotrae a un momento anterior a la expedición del fallo. Luego, son diferentes los efectos en el tiempo de la anulación de los actos administrativos, que por orden del legislador solamente pueden ser ex nunc, y las consecuencias de la misma en cuanto a la reparación de daños o el restablecimiento de derechos que, dependiendo de las circunstancias, pueden tener efectos ex tunc, con lo cual, en manera alguna, el legislador ha desbordado lo prescrito en el artículo 90 constitucional”.
Sin duda el caso más conocido es el de la Sentencia C-149 de 1993 (22) , en el cual se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 6ª de 1992 y se ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público reintegrar la totalidad de las sumas recaudadas por concepto de las disposiciones inconstitucionales. En esta oportunidad la Corte Constitucional encontró que al momento de proferir el fallo la mayor parte del tributo declarado inconstitucional había sido recaudado, por lo tanto la única manera de realizar la “justicia querida por el Constituyente” era mediante la devolución de las sumas ilegítimamente percibidas por el fisco” (23) .
— Mediante Acuerdo 51 de tres de agosto de 2001, el concejo municipal de Pereira creó el impuesto de telefonía pública básica conmutada (art. 1º). El sujeto activo del tributo era el municipio de Pereira (art. 4º). El hecho generador del tributo era la línea telefónica asignada a los usuarios de la Empresa de Teléfonos de Pereira (art. 2º), quienes eran los sujetos pasivos del mismo (art. 5º) y lo pagarían con la factura del servicio (art. 3º); de acuerdo con una estratificación, determinada en el acuerdo, se pagarían tarifas mensuales que iban de los $ 400 hasta los $ 8.000 (art. 6º). Los recursos obtenidos serían destinados al mejoramiento de equipos de telecomunicaciones destinados a programas de seguridad y convivencia ciudadana (art. 8º). El impuesto se cobraría a partir del día siguiente al de la expedición del acuerdo, que lo fue el tres de agosto de 2001, hasta el 31 de diciembre de 2003 (art. 9º) (fls. 32 a 35, cdno. 1).
— Obran en el proceso las actas de discusión del acuerdo mencionado, cuyo proyecto fue presentado por la alcaldía del municipio (fls. 182 a 234, cdno. 2). Respecto del fundamento legal de dicho acuerdo, la ponencia del proyecto señaló:
“1. Existe alrededor del proyecto una competencia desde el punto de vista jurídico del proyecto (sic), según lo que establece la Ley 97 [de] 1913 la cual es [sic] artículo primero, literal i) determina el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urabanos (sic) avalado por la Ley 84 [de] 1915, leyes en la cuales se ampararon los municipios de Medellín, Manizales y Cali, quienes en los años 70, 80 y 98 implementaron el impuesto en sus respectivas ciudades generando con ello ingresos para programas de seguridad. Según lo establecido en el Decreto-Ley 1333 o régimen político municipal, esta compiló el artículo 1º de la Ley 97 de 1913 pero omitió en parte incluir el literal i) relativo al impuesto de teléfonos, sin embargo según lo conceptuado por la oficina jurídica del municipio el literal i) del artículo primero de la Ley 97 de 1913 (sic) y que prueba de ello es la vigencia de dicho impuesto que tienen las ciudades de Cali, Medellín y Manizales” (fls. 194 y 195, cdno. 2).
“Quiero dirimir primero que todo dirimir (sic) un tema que hubo en comisión, cuando hablaron de la vigencia del proyecto, me entraron dudas con respecto a su implementación, entonces hay dos fallos del Consejo de Estado cuando insisten en que todo impuesto debe aplicarse a partir de la vigencia siguiente. Lo cierto de la aplicación corresponde directamente de la Constitución y esa parte sí quería como dejarla bien clara.
El tema que hoy quiero explicar es:
1. La no aplicabilidad de la Ley 97 de 1913 que es el que falta o la ley que le permitiría al concejo de Pereira crear un impuesto nuevo que es el de teléfonos urbanos. En el artículo 172 y 244 del Decreto-Ley 1333 se enumeran claramente todos los impuestos posibles a cobrar. Adicionalmente en el artículo 233 el legislador incorporó otros impuestos si aquí se hubiese incorporado el famoso impuesto de telefonía urbana estaba salvado el proyecto pero dijo que solamente se consideró el impuesto extracción de arena y similares y el impuesto de delineación urbana y el impuesto del uso de las vías públicas por excavaciones de las mismas.
En ella el artículo 385 de la misma ley dice, están derogadas las normas de carácter legal sobre la organización y funcionamiento de la administración municipal no codificadas en este estatuto.
La visión de la administración municipal es que como en 1986 la Ley 97 había creado el impuesto entonces se supone que eso venía vigente es decir que antes de 1986 cualquier municipio de Colombia tenía el impuesto creado a los teléfonos podría seguir creándolo.
En Colombia solo hay 3 municipios que tienen impuesto de teléfonos creado y son Medellín, Manizales y Cali.
La administración argumenta que hay un fallo del Consejo de Estado donde en Medellín demandaron porque en el Acuerdo 19 de 1994 dijeron que extendiéramos el impuesto legalmente creado en Medellín y que se puede estar cobrando a los teléfonos móviles.
La administración habla de que como los teléfonos celulares no fueron autorizados por la Ley 97 de 1913 porque en esa época no había entonces saquemos los celulares pero dejemos el resto.
Quiero dejar constancia de que cada uno de los concejales conoce el concepto de legis de la página 517 facultad impositiva de los concejos municipales, el impuesto de los teléfonos está derogado y eso es suficientemente claro.
Si el impuesto es creado hoy en cualquier momento se puede demandar y nadie nos garantiza que en cualquier momento lo aumenten.
Honorables concejales los invito a que reflexionen y que acepten el concepto del Consejo de Estado.
Quiero decirle que inmediatamente el acuerdo sea enviado para sanción y enviado al área metropolitana gustosamente pondremos la demanda respectiva para que realmente se dirima algo que en ningún momento he encontrado desafortunadamente en la jurídica del municipio” (fls. 218 y 219, cdno. 2).
El concejal Juan Carlos Valencia Montoya secundó lo dicho por el anterior concejal y citó dos sentencias del Consejo de Estado (fl. 220, cdno. 2). En el mismo sentido se pronunció el concejal Óscar del Río Arando, quien manifestó:
“Espero que los honorables concejales entiendan que si este proyecto tienes (sic) vicios jurídicos como lo han manifestado varios colegas este proyecto debe ser aplazado o dejarlo sobre la mesa, por lo menos hasta que haya claridad por parte de la oficina jurídica del municipio y si esto no es así, me permito anunciar un voto negativo al proyecto de acuerdo” (fl. 222, cdno. 2).
— Se encuentra acreditado el pago del “impuesto de teléfonos” mediante la factura del servicio a la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A., correspondiente al período comprendido entre el primero de diciembre de 2001 y el 31 del mismo mes y año, por el demandante Germán Tobón Marín; así mismo el pago correspondiente a los meses de septiembre y diciembre de 2003, de los usuarios María Germania García Montoya y José Leoctavio Zapata Aguirre, respectivamente (fls. 17, 22, 27, cdno. 1).
— Mediante sentencia del cinco de marzo de 2004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, expediente 13.584, se confirmó la nulidad del citado Acuerdo 51 de 2001, declarada en la sentencia del cinco de septiembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda (fls. 157 a 181, cdno. 1). El fallo señaló lo siguiente:
Se ha tenido en cuenta que el Decreto-Ley 1333 de 1999 fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 76 de la Ley 11 de 1986 con el fin de “codificar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y el funcionamiento de la administración municipal...”.
En el mismo decreto el artículo 385 dispuso que “conforme a lo dispuesto en el artículo 76, literal b) de la Ley 11 de 1986, están derogadas las normas de carácter legal sobre organización y funcionamiento de la administración municipal no codificadas en este estatuto” (destaca la Sala), lo cual generaba una amplia discusión en torno a la vigencia de las normas anteriores a esta codificación.
Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al estudiar sobre su constitucionalidad, precisó que el ejecutivo no tenía facultad para derogar normas legales, por cuanto “La facultad de codificar consiste en establecer, sentar, definir de manera sistemática y ordenada las normas relativas a determinada área del comportamiento social, es una atribución legislativa que, por tanto, incluye las de innovar, modificar, adicionar, refundir y derogar las normas vigentes, para que toda la materia quede en un solo cuerpo legal” (24) (destaca la Sala).
Este criterio ha sido expuesto también por la Corte Constitucional al señalar que “(...) la Ley 11 de 1986 autorizó al gobierno para “codificar” normas constitucionales y legales, lo que como se ha dicho, incluyó la atribución en cabeza de este, por expresa autorización del legislador ordinario, de eliminar normas repetidas o derogadas, inclusive las constitucionales, dejando en cabeza del ejecutivo la más absoluta discrecionalidad en la definición sobre si las normas relacionadas con el tema estaban o no vigentes y acerca de si merecían, por no estar repetidas, ser incluidas en el estatuto” (destaca la Sala) (25) .
Por todo lo anterior, reitera la Sala que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 172 del Decreto 1333 de 1986, el tributo previsto en el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 no ha sido derogado y por lo tanto se encuentra vigente, criterio que también expuso la Corte Constitucional en Sentencia C-504 de 2002 al estudiar sobre la vigencia de los literales d) e i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 al señalar que “ (...) los literales acusados han mostrado siempre una vigencia impositiva no susceptible de afectación por dispositivos, que como el del artículo 385, pretenden derogarlos tácitamente al amparo de facultades inexistentes”.
En efecto, si bien uno de los principios fundamentales del Estado colombiano fue definido por la Carta de 1991, como un Estado de autonomía regional (art. 1º), puede decirse que dicha autonomía en materia tributaria, no es ilimitada, sino derivada conforme lo señalan los artículos 287 (num. 3º) y para el caso de los municipios el 313 (num. 4º) de la Constitución Política, así
Ahora bien, descendiendo al caso en concreto, se observa que el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 en concordancia con la Ley 84 de 1915, le otorgó a los concejos municipales la facultad de crear el “impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas”. Sin embargo, se advierte que de dicho texto no puede identificarse correcta y concretamente algún criterio o pauta que permita entender la forma de determinar los elementos esenciales del tributo.
“(...) es del caso enfatizar desde ya que la expresión “y análogas” resulta claramente inconstitucional, en tanto riñe con el principio de la legalidad del tributo que entraña el artículo 338 superior. A decir verdad, no puede convalidarse ningún mandato legal que bajo el expediente de la autorización para crear tributos territoriales incurra en mandamientos de carácter indeterminado o ambiguo, ya que ello sería tanto como delegarle in genere a la respectiva entidad territorial el poder impositivo —que en el marco de la ley— quiso el Constituyente reservarle con exclusividad al Congreso de la República, con la subsiguiente pretermisión del obligado registro legal. Por lo mismo, al resolver sobre los cargos de esta demanda se declarará la inexequibilidad de la locución “y análogas” (negrilla fuera del texto).
“(...) el artículo 313-4 constitucional prevé el ejercicio de las potestades impositivas de las asambleas y concejos al tenor de lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, siempre y cuanto esta no vulnere el núcleo esencial que informa la autonomía territorial de los departamentos, municipios y distritos. Por lo mismo, la ley que cree o autorice la creación de un tributo territorial debe gozar de una precisión tal que acompase la unidad económica nacional con la autonomía fiscal territorial, en orden a desarrollar el principio de igualdad frente a las cargas públicas dentro de un marco equitativo, eficiente y progresivo” (subrayado y resaltado fuera del texto).
También comparte la Sala estas consideraciones de la Corte Constitucional, pues bien definió el principio de predeterminación y su finalidad, que como la misma autoridad constitucional lo señala, encuentra sustento en armonizar la unidad económica nacional con la autonomía fiscal territorial, todo con el propósito de respetar el principio de igualdad frente a las cargas públicas del Estado, en un sistema tributario que debe fundarse en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (Carta, art. 363).
“Al respecto nótese cómo la norma establece válidamente el sujeto activo y algunos sujetos pasivos —empresas de luz eléctrica y de gas—, y los hechos gravables, dejando al resorte del Concejo de Bogotá la determinación de los demás sujetos pasivos y de las tarifas. Es decir, en armonía con los artículos 338 y 313-4 de la Constitución Política, que a las claras facultan a las asambleas y concejos para votar los tributos de su jurisdicción bajo la concurrencia del ordenamiento superior y de la ley, los segmentos acusados guardan —con la salvedad vista— la consonancia constitucional exigida a la ley en materia de tributos territoriales” (negrilla fuera del texto).
No comparte esta sección del Consejo de Estado la anterior conclusión de la Corte Constitucional e insiste la corporación en que “El mencionado artículo no indica cuál es el hecho generador del impuesto de teléfonos; tampoco señala los sujetos pasivos, ni fija alguna pauta que permita identificarlos. En cuanto a la base gravable o las tarifas, no puede verificarse algún tipo de directriz” (26) .
Por ello, a juicio de la Sala, el impuesto sobre teléfonos urbanos autorizado por el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, ha perdido aplicabilidad y no puede desarrollarse pues carece de los requerimientos previstos en la Constitución Política (art. 338) y su establecimiento en forma particular conlleva la violación de los principios generales del derecho tributario de equidad y legalidad de los tributos.
Así las cosas, considera la Sala que, ante la ausencia de la precisa determinación legal de los elementos estructurales del gravamen, el concejo municipal de Pereira carecía de competencia derivada para desarrollarlo dentro de su jurisdicción y por tanto la sentencia apelada en cuanto lo retiró del ordenamiento jurídico al declarar su nulidad, debe ser confirmada y así se procederá” (fls. 166 a 174, cdno. 1) (subrayados y negrillas del original).
— De acuerdo con la comunicación de 25 de mayo de 2004, la dirección administrativa de la secretaría de hacienda de Pereira, por concepto del tributo fueron recaudados para los años 2001 y 2002 la suma de $ 949.229.317 y para el 2003 la suma de $ 976.211.965, para un total de $ 1.925.441.282 (fl. 31, cdno. 1). Posteriormente en comunicación del 20 de octubre de 2004, la secretaría de hacienda municipal señaló que el valor recaudado por dicho concepto fue, para el año de 2002, de $ 949.229.317 y, para el año de 2003, de $ 1.071.686.785, para un total de $ 2.020.916.102 (fl. 234, cdno. 2). Al expediente se adjuntó un disco compacto, remitido mediante oficio del 29 de octubre de 2004, de la subgerencia jurídica de la Telefónica de Pereira “con las conciliaciones con el municipio para que obren como pruebas relacionadas con el impuesto al servicio telefónico cobrado por el municipio de Pereira”; allí mismo se reporta un total recaudado de $ 2.135.907.718.74 (fl. 235, cdno. 2). Es el valor que la Sala tomará en cuenta para todos los efectos de la presente providencia, dado que es producto del reporte de lo recaudado a cada usuario del servicio telefónico de Pereira.
Cuando la Ley 97 de 1913, primero, y después la Ley 84 de 1915, decidieron conferir a los concejos municipales de Bogotá y del resto del país, respectivamente, autorizaciones para crear nuevos impuestos —superando de esta manera las facultades que tenían los municipios en virtud de la Ley 4ª de 1913—, hirieron expresa referencia a que los nuevos tributos se entendían sin perjuicio de los legalmente existentes. La primera de aquellas leyes comienza diciendo: “El concejo municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente” (se destaca). Y procede a hacer su enumeración: el de expendio a los consumidores de licores destilados, sobre el consumo de tabaco extranjero, el de extracción de arena, cascajo y piedra, sobre el servicio de alumbrado público, sobre el barrido y limpieza de las calles, el de patentes sobre vehículos en general, el de delineación, el de tranvías, el de colocación de avisos, sobre carbón mineral, por el uso del subsuelo, y sobre “telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas”.
De modo que la expresión “además de los existentes hoy legalmente”, referida a impuestos y contribuciones, es original de la Ley 97 de 1913 y lo que hace el Decreto-Ley 1333 de 1986 es reproducirla en forma textual al proceder a compilar las disposiciones vigentes, de carácter legal, para la organización y funcionamiento de la administración municipal.
Al momento de entrar en vigencia el Código de Régimen Municipal (14 de mayo de 1986, Diario Oficial 37.466), los impuestos municipales son los que allí se enumeran y describen. La lista incluye “los existentes hoy legalmente” y aquellos a que se refiere la Ley 97 de 1913 que se estimaron vigentes, es decir, los contenidos en las letras c., g. y j. de su artículo 1º. Los demás quedaron derogados tácitamente, por considerarse que habían perdido vigencia, de conformidad con el artículo 385 de dicho código.
Entre los no codificados por el Decreto-Ley 1333 de 1986, se encuentra el impuesto “sobre telégrafos y teléfonos urbanos”, que gravaba a los usuarios, así como el impuesto “sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas”, que gravaba a las respectivas empresas como unidades de explotación económica. Ambos impuestos, por consiguiente, están derogados...
IV. Se responde
El impuesto sobre teléfonos urbanos autorizado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, no se encuentra vigente. La normatividad que actualmente rige sobre impuestos municipales es la contenida en el Código de Régimen Municipal (D.L. 1333/86) y en las leyes posteriores que específicamente se refieran a la materia” (27) .
Aunque la Sentencia C-504 de 2002 del tres de julio de 2002, declaró exequibles los literales d) e i) del artículo 10 de la Ley 97 de 1913, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha manifestado que los impuestos de telefonía urbana fundamentados en dicha norma deben ser declarados nulos, pues no se indica cuáles son los elementos del tributo; en sentencia del 22 de febrero del 2002 dijo:
El literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 en concordancia con la Ley 84 de 1915, le otorgó a los concejos municipales la facultad de crear el “impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas“, pero sin dar ninguna referencia, pauta o directriz que le permitiera a estos entes determinar alguno de los elementos del tributo.
El mencionado artículo no indica cuál es el hecho generador del impuesto de teléfonos; tampoco señala los sujetos pasivos, ni fija alguna pauta que permita identificarlos. En cuanto a la base gravable o las tarifas, no puede verificarse algún tipo de directriz.
Por lo tanto el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 al carecer de los requerimientos previstos en la Constitución Política (art. 338) ha perdido aplicabilidad y no puede desarrollarse porque conllevaría la violación de los principios generales del derecho tributario de equidad y legalidad de los tributos. Porque bajo el nombre de “impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos” aparecerían los más disímiles y variados gravámenes, fruto de la creación antitécnica y contrariando el mandato constitucional.
Tal indefinición de la norma, haría que directamente los municipios crearan el tributo, prácticamente sin ningún límite legal, lo cual resulta contrario a los artículos 338, 303 y 313 numerales 4º de la Constitución Política actual, de acuerdo con el alcance descrito anteriormente.
El concejo municipal de Manizales estableció en el Acuerdo 389 del 11 de noviembre de 1998, dictado en vigencia de la Carta Política de 1991, los elementos del que llamó “impuesto de teléfonos”. Fijó el hecho generador, los sujetos pasivos, base gravable y tarifa, sin que existiera alguna norma superior que le diera los parámetros o los intervalos para determinar estos elementos propios de la ley que crea el gravamen, por lo cual, ante la ausencia de creación legal de los elementos estructurales del impuesto, el Concejo carece de competencia derivada para desarrollarlo.
El gravamen creado no puede identificarse con el previsto en el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, salvo por el hecho que utilizan la misma denominación, pero este no es un factor que permita establecer sus elementos.
Teniendo en cuenta lo precedente, no es necesario estudiar los demás cargos de la demanda contra el Acuerdo 389 de 1998, debiendo confirmarse, la sentencia de primera instancia que decretó su nulidad” (28) .
6. De lo anterior queda establecido que los usuarios del servicio telefónico del municipio de Pereira pagaron la suma de $ 2.135.907.718.74, por concepto del impuesto de telefonía urbana, creado por Acuerdo 051 de 2001 del concejo municipal de esa ciudad, entre el tres de agosto de ese año y el 31 de diciembre de 2003. Dicho acuerdo fue declarado nulo por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del cinco de marzo de 2004, por considerar que la norma que lo fundamentaba, literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, no especificaba los elementos del tributo. Debe anotarse que con anterioridad a dicha providencia la Sala de Consulta y Servicio Civil de la misma corporación, había señalado, en concepto del nueve de junio de 1999, que esa norma no se encontraba vigente y en reiterada jurisprudencia de la Sección Cuarta se ha aplicado la tesis expuesta en la sentencia citada, para declarar nulos acuerdos municipales que han creado impuestos de la misma naturaleza.
La declaración de nulidad del acto administrativo que sustentaba el impuesto de telefonía urbana configura una falla del servicio de la cual se deriva el daño antijurídico, cuya indemnización se solicita en la demanda. En efecto dicha de declaración convierte el pago de dicho impuesto en un pago indebido, dado que la declaración de nulidad de un acto administrativo, es, en sí misma, constitutiva de una falla del servicio. Mantener lo pagado indebidamente, por los miembros del grupo, en el patrimonio de la entidad demandada configuraría un enriquecimiento injustificado, y contrario a la ley, en su favor. Como lo ha manifestado la doctrina:
“Ya se había enunciado que el principio de legalidad es otro principio que tiene la virtud de permitir al juez conocer el contenido de las obligaciones administrativas. La existencia del principio de legalidad como principio que define los estados de derecho estudiados, puede pues ser constatado en el ámbito de la responsabilidad del Estado. En efecto, aun en el interior de la noción de falla del servicio público, el principio juega un papel importante para definir el alcance del concepto en estudio.
El punto de partida en este sentido es claro: existe para la administración la obligación de respetar la legalidad, lo cual equivale a decir que “la violación de la legalidad puede conllevar a la nulidad de un acto, pero constituye también, normalmente, una falla del servicio (29) .
... la ilegalidad es una condición necesaria para la existencia de una falla del servicio, lo cual equivale a decir que, para que la responsabilidad por falla del servicio sea declarada, forzosamente el acto jurídico que se encuentra al origen del perjuicio debe ser ilegal.
... En efecto, “cabe recordar aquí que, como en otras hipótesis que tocan con los actos administrativos, solo se compromete la responsabilidad del Estado cuando estos sean ilegales” (30) . Es así como dicha responsabilidad es declarada en el campo del contencioso de la función pública, cuando el acto administrativo es ilegal, ora porque hubo violación de las normas en el caso de un militar que fue ilegalmente clasificado en la carrera administrativa (31) , ora porque se ha aceptado una renuncia que no se presentó (32) . Pero evidentemente el campo de la función pública no es el único en el cual la ilegalidad del acto es necesaria para decretar la responsabilidad de las personas públicas. El campo de aplicación de este proceder solo exige la existencia de un acto administrativo a partir del cual el demandante solicita reparación. Como se ha dicho, desde que exista ilegalidad de cualquier acto administrativo, la responsabilidad del Estado por falla del servicio puede declararse. Así, por ejemplo, la inaplicación de tarifas preferenciales de electricidad (33) abre derecho a indemnización, al igual que todo el campo en donde está en juego un acto administrativo concerniente a impuestos...” (34) .
Resulta también pertinente hacer referencia a la jurisprudencia española citada en el fallo C-038/2006, en lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado por una ley declarada inexequible:
[P]or definición, la ley declarada inconstitucional encierra en sí misma, como consecuencia de la vinculación más fuerte de la Constitución, el mandato de reparar los daños y perjuicios concretos y singulares que su aplicación pueda haber originado (...) Existe, en efecto, una notable tendencia en la doctrina en el derecho comparado a admitir que, declarada inconstitucional una ley, puede generar un pronunciamiento de reconocimiento de responsabilidad patrimonial cuando aquella ocasione privación o lesión de bienes, derechos o intereses jurídicos protegibles” (35)[37] .
Valor presente = Vh índice final – julio de 2007
La suma ponderada de las indemnizaciones individuales asciende a la suma de $ 2.934’580.569,01; las indemnizaciones individuales fueron calculadas de acuerdo con el listado suministrado por los demandados en un CD, a partir de lo efectivamente recaudado por concepto de dicho impuesto. El listado se encuentra dividido en dos partes, la uno y la dos, que se adjuntan a la presente providencia, en 785 y 554 folios, respectivamente. Si bien en la lista se encuentran nombres de usuarios repetidos, la Sala ha conservado estrictamente el orden de la misma con el fin de evitar equívocos.
2. CONDÉNASE al municipio de Pereira a pagar por perjuicios materiales, la suma de dos mil novecientos treinta y cuatro millones quinientos ochenta mil quinientos sesenta y nueve pesos con un centavo ($ 2.934’580.569,01).
(Sic) 4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
(1) Tamayo Jaramillo, Javier, “De la Responsabilidad Civil”, T 1. n. 143 y ss.
(2) Javier Tamayo Jaramillo, “Las acciones populares y de grupo en la responsabilidad civil”, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie), Bogotá, 2001, pág. 260 y 261.
(3) Consejo de Esta (sic), Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 15 de marzo de 2006, radicación AG-250002325000200402582 01, actores: Hilda Rosa Ariza de Mendoza y otros.
(4) González Pérez, Jesús. Comentarios a la ley de procedimiento administrativo. Editorial Civitas, Madrid, 1991. Págs. 202 - 203.
(5) González Pérez, Jesús. Comentarios a la ley de procedimiento administrativo. Editorial Civitas, Madrid 1991. Págs. 202 - 203.
(6) En ese sentido, ver Henao, Juan Carlos. II Jornadas Colombo Venezolanas de Derecho Público. 1996, página 774.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 19 de abril de 200 (sic), Expediente 19517.
(9) García de Enterría, Eduardo. Óp. Cit. Pág. 68.
(10) Guarnieri, Carlo y Pederzoli. Óp. Cit. Pág. 130.
(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 15 de mayo de 2003, Expediente 23.205, actor: sociedad Cigarrería Playa Ltda.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 1999.
(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 15 de mayo de 2003, Expediente 23.245, actor: Bernardo Villalba Layton y otro.
(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 19 de abril de 2001, Radicado 19517, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del cinco de julio de 2006, Expediente 21.051, actor: municipio de Puerto Boyacá.
(19) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del siete de mayo de 1984, Expediente 6.665, actor: Pedro Silvio Pulido Quinto.
(20) ART. 38.—Efectos de nulidad sobre actos y contratos relacionados con servicios públicos. La anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos solo producirá efectos hacia el futuro. Si al declararse la nulidad se ordena el restablecimiento del derecho o la reparación del daño, ello se hará en dinero si es necesario, para no perjudicar la prestación del servicio al público ni los actos o contratos celebrados de buena fe.
(21) Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del cuatro de septiembre de 1997, Radicación 10.285, actor: Efraín Campo Trujillo.
(22)[49] En el año de 1992 el Congreso expidió una ley por medio de la cual se creaban unos bonos para el desarrollo social y la seguridad interna en los cuales debían invertir forzosamente las personas naturales y jurídicas cuyo patrimonio superara cierta cuantía. A juicio de la Corte Constitucional tales bonos realmente eran un impuesto el cual además se había establecido violando el principio de irretroactividad tributaria.
(24) Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, sentencia de noviembre 13 de 1986. Expediente 1507, M.P. doctor Hernando Gómez Otálora.
(25) Corte Constitucional, Sentencia C-046 de 1998 de febrero 26 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(26) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 22 de febrero de 2002, Expediente 12591, mencionada anteriormente.
(27) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de nueve de junio de 1999, Radicación 1201, solicitante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
(28) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 22 de febrero del 2002, Expediente 12.591, actor: Lucy Cruz de Quiñónez.
(29) Laurent Richer, La faute du service public dans la jurisprudence du Conseil d''Etat, Ed. Económica, 1978, pág. 20.
(30) Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, 15 de noviembre de 1977, Ponente: Betancur Jaramillo, actor: Luis Eduardo Quiroga, Expediente 1582, ACE, tomo XCIII, año LII, pág. 586.
(31) Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, 20 de marzo de 1973, Ponente: Orejuela Gómez, actor: Hernando Rondón, ACE, tomo LXXXIV, 437-438, 1er semestre de 1973, pág 104.
(32) Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, 11 de agosto de 1976, ponente: Camacho, actor: Nelson Sanín, ACE, tomo XCI, pág. 412.
(33) Consejo de Estado colombiano, 21 de julio de 1976, ponente: Pérez Vives, actor: Hotel San Diego S.A., Expediente 2447, ACE, tomo XCI, pág. 545.
(35)[37] STS de 29 de febrero de 2000, F.J. 4º.

References: artículo 338
 artículo 1
 artículo 88
 artículo 46
 artículo 53
 artículo 55
 artículo 56
 artículo 88
 artículo 90
 artículo 120
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 90
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 90
 artículo 1
 artículo 172
 artículo 233
 artículo 385
 artículo 76
 artículo 385
 artículo 76
 artículo 172
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 385
 artículo 1
 artículo 338
 artículo 313
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 385
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1