Source: http://ricardocifuentesabogados.com/derecho-constitucional/irretroactvidad-de-la-ley/vigencia-de-la-ley-en-el-tiempo-consejo-de-estado
Timestamp: 2013-12-09 13:36:11+00:00

Document:
↑ Return to SENTENCIAS FAVORABLES.IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO. CONSEJO DE ESTADO	VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO – Contrato. Ley procesal y ley sustancial / CONTRATACIÓN ESTATAL – Aplicación de la ley en el tiempo / PRINCIPIO DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY NO PROCEDIMENTAL – Excepciones
CONTRATO ADICIONAL – Régimen contractual. Vigencia de la ley en el tiempo / CONTRATO ADICIONAL – Ley tributaria Los contratos adicionales, sin perjuicio de su independencia frente al contrato principal, se rigen por el estatuto contractual vigente al momento de la celebración del contrato principal del cual derivan su existencia – mas no su validez – como contratos adicionales a aquel que se encuentra en curso o en trámite; por lo tanto, como se observa en materia de existencia y regulación contractual es obvio que los contratos adicionales deben ir bajo la misma norma que reguló el inicial, con mayor razón si se tiene en cuenta que por regla general el contrato adicional se sigue por las estipulaciones del contrato principal en aquellas cláusulas en las cuales no se adicionó. Es bueno destacar que el artículo 38 de la ley 153 de 1887 exceptúa a la regla relativa a que en “todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración” El punto de discusión del demandante, refutado por el demandado, de la celebración del contrato adicional y sometido a las leyes vigentes del principal si bien es cierto, no tiene ninguna incidencia con la vigencia de los tributos, porque es la Constitución Política la que determinó que las contribuciones sólo pueden aplicarse a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. La Sala observa por tanto que aunque es cierto que los contratos se rigen por la ley vigente al momento de celebración del contrato principal, salvo las excepciones indicadas en el artículo 38 de la ley 153 de 1887, aspecto que jurídicamente sólo sirve para realizar el juicio de validez de los negocios jurídicos, no resulta cierta la pretendida extensión de las normas vigentes de la celebración del principal con los hechos relativos a las contribuciones, en los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables etc.., porque, se repite, es la Constitución Política la que determinó que se aplicarán a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Basta indicar, a manera de reflexión, que la ley de creación de una contribución con cargo a un contratista por la celebración de un contrato de obra, principal o adicional, no es aspecto jurídico que determine la validez ni del contrato principal ni del adicional.
CONTRIBUCION ESPECIAL – Contrato adicional / TEORIA DE LA IMPREVISION – Imposición tributaria. Imprevisión inexistente De las pruebas se evidencia que en efecto el contrato principal celebrado en 1989, recayó sobre obra pública para la ampliación y pavimentación de una carretera, celebrado con una entidad de derecho público como en efecto lo es INVÍAS (antes Fondo Vial Nacional), encuadrando entonces en el supuesto normativo primero de la ley 104 de 1993 y su subrogatoria 241 de 1995, pues cumple con los primeros dos supuestos de la norma: la naturaleza (objeto) del contrato y la calidad de su cocontratante (entidad pública). Frente al último supuesto, la Sala encuentra que a diferencia de la argumentación del demandante, los contratos adicionales suscritos (0461, 753-7 y 753-8 todos de 1995) sí eran susceptibles de ser afectados por la ley 104 de 1993 pues adicionaron el valor del contrato como expresamente lo dispuso la ley al limitar la imposición de la contribución especial a aquellos “contratos ‘de’ (sic) adición al valor” del existente, en este caso del principal 753 de 1989, con lo cual la situación fáctica se adecua no sólo al supuesto jurídico impositivo por ser ese el hecho económico sino también al decreto ley 222 de 1983 que previó que el contrato adicional era necesario, entre otras, cuando se requiriera modificar el valor convenido (art. 58 ib). Por otra parte, y de las cláusulas pertinentes aceptadas y estipuladas por las partes, el contratista aceptó el sometimiento y la aplicación de la ley 104 de 1993 frente a aquellos contratos adicionales que se suscribieron con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma y sobre los cuales únicamente se hizo el descuento tributario con el agravante de que no dejó salvedad sobre su voluntad, estipulación que desvirtúa en forma flagrante el requisito de la imprevisibilidad que caracteriza a la teoría del mismo nombre, pues conocía para la época de celebración del contrato adicional en qué medida sería el impacto de imposición tributaria y sin embargo no tocó los pactos económicos de la negociación. Y se destaca que en el evento hipotético que hubiese hecho salvedad su contenido sería leonino. De tal suerte que si bien es cierto la conducta imputada por el actor a la contratante sí se acreditó pues a los valores adicionales estipulados, por las partes, bajo la vigencia de la ley 80 de 1993, INVÍAS le descontó al contratista el 5% por concepto de contribución especial, también lo es que esa conducta no fue anormal, ni falente ni transgresora de las normas invocadas por la demandante; ni el daño fue de aquellos llamados antijurídicos entendido como aquel que el administrado, en este caso el contratista, no está obligado a soportar, pues por el contrario lo aceptó con pleno conocimiento de causa y de la ley cuya ignorancia, por lo demás, no sirve de excusa.
Bogotá D. C., dos (2) de septiembre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 73001-23-31-000-1996-4029-01(14578)
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Referencia: SENTENCIA CONTRACTUAL I. En cumplimiento de la decisión adoptada por la Sala en sesión del 29 de mayo de 2003, la cual consta en el acta 019, en el sentido de fallar con prelación el presente proceso, dada su naturaleza e importancia, se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida, el día 30 de octubre de 1997, por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda (fols. 115 a 123 c. ppal).
QUINTA. Que el Instituto Nacional de Vías pagará a la sociedad demandante, intereses comerciales sobre las cantidades líquidas reconocidas en la sentencia durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria e intereses moratorios después de ese término, tal como lo prescribe el artículo 177 del C. C. A.” (fols. 40 a 42 c. ppal). C. HECHOS:
Plazo o duración, su plazo o duración fue originalmente de dos (2) años siguientes a la fecha de su iniciación y prorrogado en múltiples ocasiones, mediante los contratos adicionales mencionados arriba, el último de los cuales concedió un plazo para la ejecución hasta el día 30 de marzo de 1996. Valor: el valor del contrato se estimó, inicialmente en valor a origen del contrato, en $896’.980.000,oo, para luego ser adicionado, mediante los contratos adicionales indicados, para completar la suma requerida para la ejecución íntegra del objeto contratado, todo calculado sobre valores básicos o a origen del contrato, valores que fueron ajustados a la fecha de ejecución, es decir, que las adiciones en valor del contrato se hicieron sin contar con ajustes.
Como no se observa causal de nulidad procesal que invalide lo actuado, se procede a decidir previas las siguientes, III. CONSIDERACIONES:
Que se aportarán al proceso en originales o en copia y que ésta podrá consistir en trascripción o reproducción mecánica del documento (art. 253). Que para que la copia tenga el mismo valor del original es necesario que la copia se obtenga una de las siguientes formas: autorizado por notario o autoridad facultada para ello previa orden judicial; autenticado por notario o compulsado en el curso de inspección judicial (art. 254).
B. RÉGIMEN APLICABLE y VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO: Es indispensable tratar este tema porque el contrato principal y los contratos adicionales fueron suscritos en distintos años y bajo vigencias de estatutos contractuales diferentes. Por tanto la Sala acudirá a la legislación que regula la vigencia de la ley en el tiempo y la diferencia entre las leyes procesales y sustanciales.
“ARTÍCULO 300. DE LOS CONTRATOS QUE SE ESTÁN PERFECCIONANDO. Los contratos que a la fecha de vigencia de este estatuto se estuvieren tramitando continuarán dicho procedimiento conforme a las normas antes vigentes”. Y en la Ley 80 de 1993, Estatuto Contractual vigente, se indica:
Pero en este caso surge el interrogante ¿qué pasa con los contratos adicionales suscritos en vigencia de la ley 80 de 1993 pero que adicionan un contrato principal celebrado bajo la vigencia del decreto ley 222 de 1983? ¿cuál es el régimen contractual aplicable a esos contratos adicionales si éste se concibe como un nuevo contrato?. La respuesta a dichos interrogantes la suministran las mismas disposiciones de los distintos estatutos contractuales precitados porque ambos ordenamientos claramente disponen y coinciden en que los contratos que se estuvieren tramitando continuarían contractualmente sometidos a la norma anterior vigente o que los contratos en cursocontinuarían sujetos a las normas vigentes en el momento de su celebración o iniciación.
“a) Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y b) Las que señalan penas para el caso de la infracción de lo estipulado; la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido”
“El concepto del equilibrio económico o financiero del contrato nació de la jurisprudencia y de la doctrina como una necesidad de proteger el aspecto económico del contrato, frente a las distintas variables que podrían afectarlo para garantizar al contratante y al contratista el recibo del beneficio pactado. Respecto del contratista dicho equilibrio implica que el valor económico convenido como retribución o remuneración a la ejecución perfecta de sus obligaciones debe ser correspondiente, por equivalente, al que recibirá como contraprestación a su ejecución del objeto del contrato; si no es así surge, en principio, su derecho a solicitar la restitución de tal equilibrio, siempre y cuando tal ruptura no obedezca a situaciones que le sean imputables”. Como ya se anotó en el caso bajo juicio el contrato celebrado se regía por el decreto ley 222 de 1983 en el cual se hizo referencia al tema del equilibrio financiero[4] en dos eventos de causalidad diferente: 1) en la modificación del contrato, por acuerdo entre los contratantes o por la Administración, unilateralmente y 2) en el reajuste de precios. En este estatuto se aludió al equilibrio económico financiero del contrato de la siguiente manera:
- Sentencia de 7 de marzo de 2002[9]: “La Sala concluye que la fijación de nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes, con carácter general, es una medida que se ajusta a la noción del denominado ‘hecho del príncipe’ y, por lo tanto, puede incidir en el ámbito contractual. Luego, no es acertado aseverar, por lo menos no bajo un juicio absoluto e inmodificable, que los impuestos fijados por la ley no pueden constituir factor que altere la ecuación económica de los contratos, pues ello puede resultar contrario al principio de igualdad antes las cargas públicas. Lo que ocurre es que el ‘hecho del príncipe’ no opera, a priori, como factor desencadenante de la ruptura del equilibrio económico de los contratos; de allí que serán las particularidades de cada caso las que permitirán llegar a tal conclusión, siendo indispensable incorporar en el análisis de la hipótesis concreta, el criterio de previsibilidad,… Así las cosas, el contratista debe probar la existencia objetiva del ‘hecho del príncipe’, esto es, la fijación de nuevos tributos o el incremento de los ya existentes, las condiciones iniciales del contrato que considera se han alterado por causa de éste, dada la imprevisibilidad de dichas medidas, y que, por ende, para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales en esas ‘nuevas condiciones’ ha debido asumir cargas anormales, extraordinarias, causantes de un detrimento patrimonial que no está obligado a soportar…”. De tal suerte que tanto en el hecho del príncipe como en la teoría de la imprevisión gozan de elementos o presupuestos comunes que deben acreditarse en forma concurrente a fin de permitir al contratista afectado exigir de su cocontratante el restablecimiento financiero del contrato, dentro de esos elementos comunes está, de una parte, la imprevisibilidad y de otra, la alteración extraordinaria y anormal de la ecuación y como elementos diferenciadores se encuentra, siguiendo la nueva jurisprudencia, que mientras en el hecho del príncipe el acto general proviene de la Administración con calidad de contratante en la teoría de la imprevisión se trata de un hecho exógeno a las partes.
D. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LA LEY 104 de 30 de diciembre de 1993[10] El legislador mediante la ley precitada consagró, con una vigencia de dos años a partir de su promulgación, unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia entre otras, y en el capítulo tercero determinó la causación de la contribución especial en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 62. El artículo 123 de la ley 104 de 1993 quedará así: ‘Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, departamentos o municipios, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición, a excepción de los contratos de construcción de vías terciarias y los de adición a éstos. PARÁGRAFO. La celebración o adición de contratos de concesión de obra pública no causará la contribución establecida en este capítulo’”. Posteriormente en diciembre de 1997, la ley 104 de 1993 fue derogada en forma expresa mediante la ley número 418[12], la cual tendría vigencia por dos años a partir de su promulgación y en su texto incluyó disposiciones de contenido casi igual a las previstas en la derogada ley 104 de 1993 relativas a la contribución especial, salvo en cuanto a la creación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (art. 122). En efecto, se lee:
“’el artículo revisado tampoco resulta contrario a lo preceptuado por el artículo 363 de la Constitución Política, al disponer que las personas naturales o jurídicas cuando ‘celebren contratos de adición al valor de los existentes’ deberán igualmente pagar la contribución del 5% sobre el valor de dicha adición. El contrato adicional si bien es cierto que se refiere a un objeto predeterminado entre la Administración y el contratista, tiene autonomía en cuanto a la determinación de ‘plazos’ y al ‘valor’ del pago’. Se agregó por la Corte que, en el supuesto de la norma, se estaba ante ‘una realidad nueva, no prevista en el contrato principal’ y que, por tanto, no se presentaba la violación de las normas fundamentales, en especial la que prohíbe la retroactividad de las normas tributarias….
Esta Sección del Consejo de Estado en fallo proferido el día 18 de julio de 2002[16], también en el caso específico del contrato de obra, diferenció entre el concepto de obras adicionales y entre mayores cantidades de obra ejecutada: “Para la Sala no es claro si tales obras son realmente obras adicionales o corresponden más bien a mayores cantidades de obra ejecutada, circunstancia que no puede ser desconocida puesto que unas y otras obedecen a hipótesis distintas y, por ende, adquieren implicaciones jurídicas propias. En efecto, en los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra ejecutada supone que ésta fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, surgiendo así una ‘prolongación de la prestación debida’, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual. Esta situación justifica que en determinados casos se celebren contratos adicionales, o que, si esto no ocurre, se restablezca la ecuación contractual ya sea al momento de liquidar el contrato, o a través, de la acción judicial correspondiente, a condición, claro está, de que si el contrato fue liquidado por las partes de común acuerdo, el contratista se haya reservado el derecho a reclamar por ello. En cambio, la realización de obras adicionales supone que éstas no fueron parte del objeto del contrato principal, y por lo tanto implican una variación del mismo; se trata entonces de obras nuevas, distintas de las contratadas, o de ítems no previstos, pero que su ejecución, en determinadas circunstancias resulta necesaria. Por tal razón, si para éstas no se celebra contrato adicional, ni son reconocidas al momento de liquidar el correspondiente contrato, su reclamación resulta procedente en virtud del principio que prohíbe el enriquecimiento sin justa causa, para lo cual debe acudirse a la acción de reparación directa. En este caso se puede concluir, que el pago que se reclama corresponde realmente a mayores cantidades de obra ejecutada, y no a obras adicionales”. A título conclusivo la Sala considera que la contribución especial señalada en la ley 104 de 1993 es aplicable a los contratos adicionales pero no a las adiciones de contrato por las razones ya explicadas.
. de 28 de junio de 1995 firmado por PAVIMENTOS COLOMBIA LTDA, con acuso de recibo de INVÍAS, se descontó $848.853 (copia simple, fol. 23 c. ppal). . de 16 de agosto de 1995 firmado por PAVIMENTOS COLOMBIA LTDA, con acuso de recibo de INVÍAS, se descontaron $1’.745.718 y $383.644 (copias simples, fols. 24 y 26 c. ppal).
. de 27 de septiembre de 1995, en iguales condiciones que los anteriores, se descontó $263.012 (copia simple, fol. 25 c. ppal). . de 23 de noviembre de 1995, suscrito por la sociedad contratista y con acuso de recibo de la contratante, se menciona el contrato adicional 753-7-89 y se descontó $16’.636.414 (copia simple, fol. 28 c. ppal).
Valor ley 104-93
$338’.111.268,82
$848’.853,00
63 y 63P
Obra y ajuste
$7’.747.257,36
$383.644,00
64 y 64P
3383-0
$35’.252.770,31
$1’.745.718,00
48 y 49D
$5’.311.227,82
$263.012,00
$154’.240.889,48
$16’.636.414,00
67 y 67P
$224.325,45
$11.109.00
$62’.168.398,01
$3’.078.581,00
70 y 70P
$8’.726.962,73
$432.160,00
71 y 71P
$9’.239.260,18
$457.529,00
67, 70 y 71D
. Cuando las partes pactan la revisión de precios, dentro de límites fijados por la ley, y acaece un hecho sobreviniente que en su criterio da lugar a la aplicación de la cláusula de revisión de precios, si hay lugar a ello, deben consignar el acuerdo en actas, que suscribirán las partes y se reconocerán con el índice a que refiere la norma transcrita. . Cuando las partes no pactaron la cláusula de revisión de precios, el afectado puede asistir al juez del contrato para pedir la declaración del hecho de la variación (hecho objetivo) y su incidencia en el afectado (hecho subjetivo) y solicitar, en consecuencia su indemnización de los perjuicios padecidos. De otra, que para el reconocimiento de perjuicios, en vía judicial, no basta que el afectado solicite: 1) la declaración del hecho del perjuicio en su contra y 2) la consecuente indemnización; es necesario, además, que demuestre en el proceso, ante el juez, la real variación negativa de los precios (hecho objetivo), la incidencia de esta variación en su contra (hecho subjetivo) y los demás perjuicios que la asunción de la misma variación le produjo. Y finalmente, en relación con el estatuto contractual anterior que aunque para el ajuste de precios tratado en artículo 86 del decreto ley 222 de 1983 se autorizó el pacto de fórmulas contractuales (matemáticas o no), el legislador extraordinario no las reguló en sí mismas, vacío que suplen las partes dentro de la autonomía de la voluntad y respetando las bases de la realidad económica.
“CLÁUSULA OCTAVA. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES. El valor básico del acta por la obra será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra por los valores unitarios consignados en la cláusula segunda de este contrato. El valor básico del acta por la obra ejecutada cada mes se ajustará para cada grupo de obra, de acuerdo con el parágrafo Ajustes de esta misma cláusula. PARÁGRAFO PRIMERO. ACTAS DE OBRA. Dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras, se elaborará por el Interventor y el contratista un acta mensual que registre el valor de la obra ejecutada. Este valor debe corresponder al menos a la cuota parte establecida en el programa de trabajo e inversiones para el mes correspondiente. El contratista deberá presentar la respectiva cuenta de cobro dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la elaboración del acta de obra. El valor de cada acta será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra ejecutada por los precios unitarios que figuran en la cláusula segunda de este contrato (o nuevos precios fijados durante el desarrollo del contrato). Las actas de obra mensual tendrán el carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales….
P1 = Po x I Io En la cual los componentes tienen los siguientes significados: P1 = Valor ajustado del acta para cada grupo de obra. Po = Valor básico del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios consignados en la cláusula segunda. I = Valor del ‘índice de costos de construcción de carreteras’ para el correspondiente grupo de obra. El valor del índice será calculado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte según lo establecido en las Proposiciones 6757 y 6758 del 18 de agosto de 1965 de la Junta de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios y la resolución No. 10001 del 26 de noviembre de 1976….
Io = Valor de ‘I’ para cada grupo de obra, correspondiente al mes de diciembre de 1989. Elaborada oportunamente el acta mensual de obra y presentada la cuenta con el lleno de todos los requisitos, dentro del término previsto en el parágrafo ‘Actas de Obra’ de este contrato, se ajustará aquella con el índice correspondiente al mes anterior a aquel en que se pague la obra ejecutada cuando ésta corresponda al menos a la cuota parte del programa de inversiones aprobado o se trate de obra ejecutada en forma adelantada. Cuando la obra ejecutada no corresponda al menos a dicha cuota parte, el índice de ajuste será el correspondiente al mes en que debido ejecutarse la obra de acuerdo con el programa de inversiones. Los ajustes se consignarán en actas que suscribirán las partes, y el Fondo Vial se compromete a incluir las partidas necesarias para su pago en el proyecto anual de gastos. Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, los ajustes se podrán hacer con ‘índices provisionales’, los que mensualmente serán suministrados por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Cuando se obtengan los ‘índices definitivos’, se harán los ajustes correspondientes. El contratista no podrá hacer reclamaciones por los resultados de los ajustes al aplicar los índices definitivos. Cuando el contrato entre en liquidación el contratista puede aceptar, la liquidación de los ajustes con los índices provisionales, renunciando a cualquier reclamación posterior por este concepto”. Por otra parte EN LOS CONTRATOS ADICIONALES frente a las obras complementarias e imprevistos no se hizo alusión; los contratantes estipularon que las demás cláusulas del contrato principal que no se hubiesen modificado o adicionado, con los contratos adicionales, quedaban vigentes. Por lo tanto, le asiste razón a la demandante (hoy recurrente) cuando dijo que la revisión económica del contrato, con base en el hecho del descuento por la contribución especial nada tiene que ver con los imprevistos en los costos de la ejecución del objeto contractual. Aún cuando el argumento de la recurrente encuentra prosperidad, éste no afecta la confirmación del fallo apelado, pues se recuerda que la decisión denegatoria de las pretensiones se sustenta, en forma principal y determinante, en que la conducta imputada y probada (descuento de la contribución especial) no fue irregular ni transgresora del ordenamiento superior, ni el daño fue antijurídico, como ya se explicó anteriormente.
[3] Sección Tercera. Expediente 12.083. Actor Labelco Ltda. [4] Frente al tema del equilibrio financiero del contrato ver sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, de 9 de mayo de 1996, proceso 10.151. Actor: Societe Auxiliaire D’Enterprises - SAE; de 13 de julio de 2000, expediente 12513. Actor Elkin de Jesús Bozón Pérez; de 13 de septiembre de 2001, expediente 12722. Actor: Juan Fernando Góngora; de 22 de noviembre de 2001. Expediente 13.356. Actor: Benhur Herrera y Cía Ltda. y de 14 de febrero de 2002. Expediente 12.924. Actor Isolux S.A. [5] En este sentido se pronunció la Sala en sentencia proferida el 29 de abril de 1999; expediente 14855.
[6] Tratado de Derecho Administrativo. Abeledo Perrot. Tomo IIIA. Reimpresión. Buenos Aires. Págs. 473 y 474. [7] Expediente. 14.577. Actor: Sociedad Pavimentos Colombia Ltda.. [8] Ib. (7). [9] Expediente 21588. Actor Consorcio Conascol S.A. [10] D.O. No. 41.158 de 31 de diciembre de 1993. [11] D.O No. 42.719 de 14 de febrero de 1996.
[12] D.O. No. 43.201 de 26 de diciembre de 1997. [13] D.O. No 43.827 de 23 de diciembre de 1999. [14] D.O. No. 45.043 de 23 de diciembre de 2002. [15] C-782 de 1999, expediente D-2361. Actor Gustavo Castilla Castilla.
© 2013 Ricardo Cifuentes Abogados.com. Return to top

References: artículo 38
 artículo 38
 artículo 177
 artículo 123
 artículo 363
 artículo 86
 resolución