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Timestamp: 2019-05-23 01:41:47+00:00

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jaimeconcheirodelrio.com - Artículos jurídicos
Ante la imposibilidad de transcribir los numerosos artículos publicados en diversos medios periodísticos y jurídicos haremos una transcripción de los más importantes, haciendo una enumeración al final de los que consideramos de relevancia.
La Voz de Galicia________________________
______Urbanismo_______________________
jaime concheiro del río jurista
«El vicio viene de conceder licencias y luego no vigilar que se cumplan»
Jurista y registrador de la propiedad
Se ha afirmado con razón que el ansia de libertad no constituye un patrimonio exclusivo de las personas físicas. Del mismo modo, el intenso amor a la tierra y a la propiedad supone una cualidad peculiar, extensiva tanto a los bienes de las personas como a los integrantes de las corporaciones locales. Este sentimiento destaca de manera muy especial en la comunidad gallega debido a una serie de factores, entre los que destacaremos el minifundio que predomina en la misma. A lo largo de los siglos, Galicia se ha caracterizado por un amor exacerbado a esos bienes que le han permitido cuando menos la supervivencia.
Paradójicamente, la propiedad rústica gallega ha sido la eterna abandonada por parte de los poderes públicos, destacando en los tiempos actuales un tratamiento claramente discriminatorio por parte de la Unión Europea hacia todo lo concerniente al agro gallego, tanto en lo referido a sus productos agrícolas como a los ganaderos, y también hacia determinadas industrias, entre la que destaca fundamentalmente la de construcción naval.
Cuando se está debatiendo la subsistencia de 315 municipios en Galicia, no deja de resultar sorprendente que los expedientes relativos a los conflictos existentes entre los municipios limítrofes se manifiesten de forma abrumadora en nuestra comunidad. Los expedientes de deslinde se tramitan por los municipios correspondientes, incumbiendo su resolución a las comunidades autónomas, siendo susceptibles de ser recurridas sus resoluciones en la jurisdicción contencioso-administrativa. Podemos asegurar entonces que el deslinde administrativo en general es un título insuficiente para llegar a adquirir la propiedad, afectando solo al estado posesorio y encontrándose sometido entonces al procedimiento judicial del orden jurisdiccional civil.
Como afirmó el famoso jurista Ennecerus, nunca debemos olvidar que en la defensa de la propiedad se encuentra también la defensa de la libertad.
plaza pública Registrador de la propiedad
Fuera de ordenación, un limbo jurídico urbanístico
Se ha afirmado que en ningún país europeo se puede privar tan fácilmente a un particular de su propiedad como en España, ya que como consecuencia de cambios, por ejemplo en la legislación de costas, carreteras o urbanismo, se privan o limitan las facultades del propietario sin indemnización compensatoria. Un ejemplo paradigmático lo constituye la situación de los bienes declarados «fuera de ordenación» como consecuencia de una actuación urbanística, de tal modo que edificaciones construidas con licencias otorgadas legalmente al amparo de planes anteriores, de repente se convierten en incompatibles con las determinaciones del nuevo plan, y, en consecuencia, adquieren dicha condición. La situación de un edificio u obra que se encuentre «fuera de ordenación» comporta que no pueden otorgarse licencias para obras de mejora o de reedificación, autorizándose tan solo aquellas de pequeña reparación, higiene, ornato y conservación del inmueble que se encuentre en dicha situación.
El legislador en disposiciones recientes reconoce una serie de perjuicios que afectan a los edificios calificados como «fuera de ordenación»: por lo que respecta al valor catastral, se corrige a la baja su valor, aplicándole un coeficiente de 0,80 por ciento; se cercena la posibilidad de hipotecarlos al prohibir a las entidades de crédito la titulización de las hipotecas sobre dichos bienes, facultándose a los bancos, como consecuencia de la disminución del valor del bien, para exigir en su caso garantías adicionales; las indemnizaciones derivadas de un siniestro asegurado solo se limitarán al valor real de un bien tasado como «fuera de ordenación». Asimismo, la propia Ley del Suelo dispone que el valor de tasación de esta clase de bienes se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil, sin embargo, a pesar de reconocer el perjuicio experimentado por los propietarios, excluye la posibilidad de que estos sean indemnizados. Nos encontramos en presencia de un supuesto más de expropiación legislativa, pues, de no mediar esta declaración del legislador, nos encontraríamos ante un supuesto de daño reparable por la vía de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
En La Coruña, la revisión del Plan General de Ordenación establece un límite de alturas de los edificios que dejará fuera de ordenación un gran número de ellos. La Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia establece en el artículo 47 un determinado número de metros librea y de zonas verdes por cada 100 metros cuadrados edificables. Esta exigencia plantea un grave problema para dejar sin efecto la calificación de «fuera de ordenación» de los edificios afectados, en el supuesto de que hayan sido asignados a otras edificaciones con objeto de autorizar las alturas correspondientes. Por ello entiendo que lo más conveniente para reconducir la situación urbanística a su primitivo estado, tal como al parecer es lo que pretende el Ayuntamiento, quizá sea ineludible acudir a una revisión del plan, con lo cual se ganará en seguridad jurídica.
Deslindes confiscatorios en las costas
Ha sido enorme la alarma social que ha provocado el anuncio de que el organismo competente en costas pretende finalizar los kilómetros que le faltan por deslindar en Galicia. La vigente Ley de Costas, del año 1988, establece con carácter obligatorio el deslinde de todo el dominio público marítimo-terrestre, y los ejemplos que se desprenden de algunas de sus actuaciones justifican sobradamente ese temor colectivo. No es mi deseo incrementar el pánico de los ciudadanos, pero el frío y objetivo análisis jurídico de las disposiciones de la ley nos lleva a considerarla como una de las más atentatorias de multitud de principios constitucionales, además de violadora del derecho de propiedad.
La ley considera como bienes de dominio público marítimo-terrestre, entre otros, la ribera del mar y de las rías, señalando que dicha zona se extiende hasta donde alcanza el mar en su flujo y reflujo, donde son sensibles los efectos de las mareas y, donde no lo sean, hasta donde alcancen los mayores temporales conocidos. La gran novedad es esa citada extensión a los temporales conocidos, aun cuando revistan un carácter extraordinario, frente a los ordinarios de la legislación tradicional. De esta forma, el dominio público incluiría los terrenos que pueden alcanzar dichos temporales, cualquiera que sea su naturaleza y origen, aunque no respondan a periodicidad previsible alguna. La monstruosidad jurídica que envuelve a esta normativa alcanza grados incalificables si se tiene en cuenta que, en numerosas ocasiones, se ha aplicado con carácter retroactivo, como ha ocurrido en Sagunto, Gandía, Barcelona, etcétera. No es, pues, de extrañar que pudiera extenderse al llamado Prado Mayor, paraje de sierra Espuña que en la actualidad está a más de mil metros de altura, pero que es una playa fósil, donde se pueden encontrar hasta dientes de tiburón.
El deslinde es un expediente administrativo cuyo alcance y efectos están determinados por las disposiciones transitorias de la ley, en las que se detalla la expoliación posible. En la primera de ellas se dispone que los titulares de terrenos declarados de propiedad particular en virtud de una sentencia firme antes de la entrada en vigor de la ley gozarán únicamente de un derecho de ocupación y aprovechamiento del ahora declarado dominio público, pudiendo optar solamente a una concesión por un plazo de treinta años, prorrogables a otros treinta. Si la ley no respeta las sentencias judiciales, todavía lo hace menos con las inscripciones realizadas al amparo del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, cuya protección es todavía menor, sin perjuicio -¡no faltaría más!- del ejercicio de las oportunas acciones judiciales. Las expropiaciones que, al amparo de los preceptos citados, se están realizando han gozado de la bendición del Tribunal Constitucional, por entender este que el justiprecio es la concesión que se le adjudica al propietario. ¡Vaya vara de medir la utilizada por el tan independiente organismo!
A una norma de este calibre habría que aplicarle los más duros calificativos admitidos en derecho, dado que se infringen en ella los artículos de la Constitución española números 9 (principio de seguridad jurídica y aplicación retroactiva de derechos restrictivos), 14 (igualdad de los ciudadanos ante la ley), 33 (violación del derecho de propiedad privada y la herencia), 24 (tutela judicial efectiva) y 47 (privación de viviendas). Y, como colofón, el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que garantiza que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Leyes sobre marismas y paseos marítimos
H asta hace pocos años han conservado su vigencia dos leyes gemelas, ambas promulgadas el 24 de julio de 1918, promovidas por el famoso ministro catalán de Fomento Francisco Cambó. La denominada: ley Cambó, de Paseos Marítimos de Barcelona y Ley de Desecación y Saneamiento de Marismas. La primera de ellas establecía que los terrenos que se ganen al mar, así como los de la zona marítimo-terrestre, comprendidos dentro del proyecto que se apruebe, se cederán al Ayuntamiento de Barcelona como bienes patrimoniales, pudiendo ser enajenados una vez concluido el paseo marítimo realizado a expensas del ayuntamiento. Con la indudable finalidad de evitar, hablando en términos coloquiales, que se le viese el plumero de favorecer al municipio catalán, se estableció sutilmente en la disposición adicional que se autorizaba al Gobierno a aplicar la referida ley a cualquier otro ayuntamiento del litoral. El alcance práctico de esta ley, no es preciso enfatizarlo, consistía en que todos los terrenos situados tierra adentro del paseo carecerían de condición dominio público en virtud de la privación de tal carácter en aplicación de esta ley, y sin que pueda decirse, respecto de los mismos, que las murallas arquitectónicas levantadas sobre ellos respondiesen a una actividad previa de despojo ilegitimo y usurpador de parcelas demaniales. Esta ley fue ignorada durante mucho tiempo, empezando a aplicarse por numerosos ayuntamientos en la década de los setenta, hallándose actualmente sumida en el olvido.
La otra ley de la misma fecha se hallaba encaminada a favorecer el saneamiento y desecación de marismas y demás, fundada en la consideración de estas, como improductivos focos de infección, teniendo por objeto variar su naturaleza a través de la desecación y atribuirlas a la propiedad particular del propietario de la concesión. Destacar que la posible reversión al Estado de las expresadas concesiones no tendría lugar cuando las mismas se hubiesen otorgado a un ayuntamiento, a una diputación o a una mancomunidad de ayuntamientos o diputaciones, lo que puede tener gran relevancia en la actualidad.
Ambas leyes han perdido su vigencia a partir de la Ley de Aguas de 1985 y la de Costas de 1988. De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones transitorias de esta última, y de acuerdo con la interpretación jurisprudencial, cabe la posibilidad de que subsistan propiedades de carácter privado, o concesiones de las marismas desecadas transformadas en propiedad privada del concesionario como consecuencia de la transformación física del terreno. Un grupo muy interesante de concesiones es el integrado por aquellas, otorgadas a perpetuidad, cuyo objeto no es solo el saneamiento de la marisma sino también una específica utilización, las cuales subsistirán mientras se cumplan sus finalidades de interés público, el cual no se verá transgredido cuando, por ejemplo, se destine a otros fines, como la construcción de viviendas, que revistan igualmente otro interés público a juicio de la Administración, tal como ha reconocido la jurisprudencia en numerosos casos, lo cual no deja de revestir una gran trascendencia en la actualidad dado que, una vez realizada la urbanización, se transmuta el carácter de los terrenos pasando a ser de propiedad privada.
Será preciso tener presentes estas disposiciones, que permitirán ostentar un auténtico derecho de propiedad frente al Estado mediante el examen minucioso de estas normas y al amparo de aquellos supuestos reconocidos jurisprudencialmente. Todo ellos nos permite afirmar que las leyes Cambó, al igual que el Cid, están ganando batallas cien años después de la muerte de su autor.
Línea abierta Jurista | Jaime Concheiro del Río
Autonomía municipal y responsabilidades compartidas
E l ansia de libertad no constituye un patrimonio exclusivo de las personas físicas. La autonomía como instrumento de expresión de libertad representa la finalidad suprema que pugnan por alcanzar todas las personas tanto naturales como jurídicas, sin que los municipios constituyan una excepción en este punto, debiendo ser reguladas sus pretensiones autonomistas por las sucesivas legislaciones.
La autonomía municipal se halla sujeta a una serie de controles y limitaciones establecidas principalmente por la legislación autonómica. Además, no debe olvidarse la obligación que tienen los municipios de ajustarse a lo dispuesto en diversas normas estatales de carácter sectorial (costas, carreteras...).
A pesar de la existencia de estas limitaciones, el Estado español se caracteriza por un vergonzante desarrollo urbanístico y por una situación de corrupción generalizada tan enquistada en nuestra sociedad que ha llegado a considerarse como algo normal e inevitable. Una de las principales deficiencias de que adolece nuestro urbanismo radica en las dilaciones desproporcionadas de los procedimientos judiciales, que dan lugar a la nefasta consecuencia de que cuando se dictan sentencias declarativas de ilegalidad de determinadas actuaciones, pueden haber prescrito las acciones penales correspondientes.
Los propios ayuntamientos, o por lo menos la mayoría de ellos, no son ajenos a la influencia de las grandes esferas de poder. Y las Administraciones autonómicas no ejercen sus funciones de control de forma diligente y correcta, amparadas muchas veces en esta laxitud de los procedimientos judiciales y en la indignante e insultante impunidad en la que se amparan tan antijurídicas actuaciones.
Por lo que respecta a las responsabilidades derivadas de las ilegalidades cometidas por las Administraciones públicas, la legislación hace responsable a la Administración de cualquier tipo de lesión que sufran los particulares en sus bienes y derechos Y que sea imputable a la Administración por el ejercicio de una actividad, por ejemplo el otorgamiento de una licencia declarada ilegal. Esto es aplicable a todo tipo de Administraciones públicas, tanto estatal como autonómica o municipal, comprendiendo tanto los daños materiales como los morales.
Cuando la licencia objeto de anulación por los tribunales se ha ajustado a lo dispuesto en el planeamiento urbanístico, existirá una responsabilidad solidaria y compartida entre la Administración local y la autonómica.
En este punto es de resaltar que la Ley de la Ordenación de la Edificación señala la responsabilidad de los denominados agentes de la edificación, entre los cuales se encuentra en primer lugar el promotor, el cual es responsable por los proyectos emitidos para la solicitud de licencia en el caso de que no se ajuste a la normativa aplicable. La responsabilidad que debe soportar el promotor puede ser extracontractual, la anteriormente referida, y la contractual en caso de que sea promotor vendedor, en cuyo caso responderá con arreglo a las normas del Código Civil, sumando su responsabilidad a la de las Administraciones. También será responsable el Estado en aquellos supuestos en que se haya producido un mal funcionamiento de los servicios públicos.
En el ámbito penal son frecuentes los supuestos en que los solicitantes de las licencias y los ayuntamientos actúan de consuno para la consecución de actuaciones ilegales. En estos casos podrá existir un delito de prevaricación, que es aplicable a todos aquellos que participaron en la promoción y autorización de dichas actuaciones, debiendo serles aplicables las responsabilidades patrimoniales correspondientes, y no exclusivamente a los técnicos.
Lo que caracteriza una verdadera democracia es el buen funcionamiento de todas las instituciones con la exigencia efectiva, en los casos de incumplimiento, de las responsabilidades establecidas por la ley tal y como corresponde a un auténtico Estado de derecho.
tribuna Jurista | Jaime Concheiro del Río
Si los tribunales aplicasen las sanciones previstas en el artículo 397 del Código Civil para los supuestos de fraude o abuso procesal, la duración de estas situaciones de incertidumbre se vería sin duda acortada. De todas formas, la mejor solución a los problemas derivados de las ilegalidades urbanísticas debe buscarse en unas eficaces medidas preventivas para impedir que lleguen a producirse, y procurar así que la historia deje de ser, como decía el canciller alemán Konrad Adenauer, «la suma total de aquellas cosas que hubieran podido evitarse».
Una solución para evitar demoliciones
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ tribuna | Jaime Concheiro del Río Urbanismo y derechos básicos: el caso de O Piricoto
tribuna Jurista |
Jaime Concheiro del Río La ejecución rápida de las sentencias urbanísticas
L a existencia de un Estado de derecho tiene mucho que ver con el respeto que se preste al derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado en el artículo 24 de la Constitución. Un sistema eficaz que garantice el cumplimiento de las sentencias es el único camino real para asegurar la plena satisfacción de ese derecho.
Hay un campo en el que el incumplimiento de sentencias firmes reviste una especial gravedad: es el ámbito urbanístico, donde estos comportamientos proliferan y afectan especialmente al interés general, a la vez que favorecen el fraude inmobiliario.
El Tribunal Constitucional ha venido a señalar, en sentencia del 27 de abril del 2010, que el procedimiento incidental de ejecución previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) constituye el instrumento procesal idóneo para que la Administración pública y las demás partes afectadas puedan decidir, sin contrariar el contenido de la sentencia, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución, especialmente los plazos y los medios para cumplirla, pero también la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones de las sentencias dictados con la finalidad de eludir su cumplimiento. El mismo mecanismo puede servir para fijar la indemnización procedente en caso de imposibilidad legal o material de llevar a cabo la ejecución. Una concepción tan amplia del incidente de nulidad facilitará sin duda la rápida ejecución de las sentencias.
Para conseguir este objetivo es precisa la máxima divulgación de dicho procedimiento para que su utilización reiterada ponga límites al interminable y repudiable sistema que campa por sus respetos en el ámbito jurídico español, caracterizado por los incidentes de ejecución que las partes afectadas instan para dilatar el procedimiento, intentando modificar lo ya resuelto.
Lo que se plantea con mayor frecuencia es la posible legalización de las actuaciones urbanísticas cuando el fallo ordena la demolición de una construcción o la paralización de un desarrollo urbanístico. El Tribunal Supremo ha afirmado que la Administración, en estos casos, debe demostrar que la modificación no tiene la finalidad de convertir lo ilegal en legal sino de atender razonablemente al interés público. Así, elaborar un plan especial con el único objetivo de legalizar una construcción declarada ilegal debe considerarse como un acto de motivación arbitraria. No lo sería si la modificación del planeamiento afecta a un ámbito más amplio que la parcela o actuación urbanística declarada ilegal.
La LJCA reconoce únicamente a las partes afectadas para instar la ejecución forzosa del fallo, pero en materia urbanística rige la teoría de la acción pública, lo que permite la existencia de la «figura del paracaidista», persona que insta el ejercicio de la acción pública dejándose caer en la fase de ejecución aunque carezca de derecho a indemnización alguna, con la importante consecuencia de impedir la paralización de la ejecución cuando las partes afectadas hubiesen llegado a un acuerdo para desistir del procedimiento. Así lo ha reconocido una sentencia del Tribunal Supremo del año 2010. En caso de que alguna de las partes boicotee el procedimiento de ejecución, la tantas veces citada ley ha introducido la técnica de las multas coercitivas, las cuales pueden imponerse con carácter reiterado.
Si se ha afirmado, con razón, que «en el momento de dictar sentencia se hace jurisprudencia pero no justicia», con el procedimiento señalado se aceleraría la ejecución de sentencias y, por ende, se lograría una plena eficacia del derecho a una tutela judicial efectiva.
Los planes generales de urbanismo y sus controles
L os planes generales de ordenación urbana constituyen el instrumento que utiliza el derecho urbanístico para pasar de una legislación abstracta, general, a otra que viene a determinar el estatuto jurídico de cada una de las parcelas del terreno que integran el municipio.
La competencia para la elaboración de los planes de ordenación corresponde en primer término a los municipios, por el principio de autonomía municipal. Esta está dotada de una profunda discrecionalidad, si bien sujeta a determinados límites con el fin de evitar los peligros que podrían derivarse para el interés público: el ordenamiento debe garantizar un cierto nivel en la calidad de vida y la cohesión social.
La jurisprudencia ha señalado los tres cauces por virtud de los cuales se puede llevar a cabo el control de la discrecionalidad: un control ciudadano a través de la información pública y la posibilidad de ejercitar una acción pública; un control autonómico en el momento de la aprobación definitiva del plan y un control jurisdiccional.
Por lo que se refiere al control de las comunidades autónomas, la Ley de Bases de Régimen Local proclama que el mismo abarca un doble aspecto: la discrecionalidad y la legalidad.
En cuanto al primer aspecto, los acuerdos de suspensión y denegación de la aprobación definitiva del planeamiento solo podrán fundamentarse en los motivos de interés supramunicipal, legalidad y racionalidad administrativa.
La racionalidad urbanística se refiere al principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, mediante la cual se pone freno estrictamente jurídico a la discrecionalidad, porque la misma consiste en la libertad de elegir entre soluciones igualmente justas.
Por lo que hace referencia al control de la legalidad, se trata de un control estrictamente jurídico, incluyendo dentro de las normas los principios generales del derecho, procurando el respeto a los aspectos reglados, los cuales no pueden ser revisados por el plan (por ejemplo, la calificación de suelo urbano).
Una vez ultimado el expediente, las consellerías correspondientes podrán adoptar las siguientes decisiones: a) aprobar definitivamente el plan, pudiendo la aprobación ser parcial hasta que se subsanen las deficiencias observadas; b) señalar las deficiencias y modificaciones que procede introducir hasta que una vez subsanadas y aprobadas por el municipio se eleve el documento para su aprobación definitiva; c) denegar la aprobación definitiva en el caso de que el plan se estime inviable.
La proliferación en nuestra patria, y concretamente en Galicia, de numerosos casos de ilegalidades y de prácticas fraudulentas hacen necesaria a nuestro juicio la adopción de las siguientes medidas: un control rígido por parte de las comunidades autónomas de los planes de ordenación, dotándolas a tal efecto de los medios necesarios para un examen lo más detallado posible de los planes antes de ser aprobados y reforzando la responsabilidad penal, administrativa y patrimonial de los órganos urbanísticos, que debería ser compartida o solidaria, al igual que las competencias.
Con relación al control jurisdiccional, la saturación de nuestros tribunales impone la necesidad de crear una jurisdicción especial para dotar de la máxima celeridad a los procedimientos urbanísticos; parece insuficiente la existencia de una fiscalía especial. Así mismo debería limitarse la amplia discrecionalidad de que gozan los municipios.
Cuando las ilegalidades se hacen públicas una vez transcurridos varios años, los llamados a soportar los mayores perjuicios son, como siempre, los adquirentes de buena fe de los bienes afectados, y los autores de los desaguisados es posible que ya hayan levantado el vuelo de sus cargos.
De no adoptar estas medidas, no nos engañemos, seguiremos como siempre, cambiando algo para que todo siga igual.
Jaime Concheiro del Río Jaime Concheiro del Río
Los perversos efectos del agente urbanizador
La figura del agente urbanizador fue introducida en nuestro ordenamiento por la Ley 6/1994, de la Comunidad Valenciana, reguladora de la actividad urbanística; siendo más tarde adoptada ?con denominaciones diversas? por todas las legislaciones autonómicas, excepto la catalana. El expresado sistema ha llegado a ser el único procedimiento urbanizador existente en Valencia y en Castilla-La Mancha, mientras que en las otras comunidades suele revestir un carácter supletorio de otros sistemas de ejecución del planeamiento.
El nuevo modelo tiene su origen en la diferenciación entre el proceso urbanizatorio y el proceso edificatorio. Consiguientemente, considera la actividad urbanizadora como una actividad empresarial, trasladando el centro de gravedad del sistema del derecho de propiedad a la libertad de empresa. Como consecuencia de esto, se confiere a una persona ?pública o privada? la responsabilidad de ejecutar la actuación urbanizadora, sin necesidad de ser propietario civil de los terrenos. Para que la figura entre en juego es preciso que la Administración apruebe un Proyecto de Actuación Integrada presentado por el propio agente.
Esta situación de manifiesta inferioridad del propietario ha producido un profundo malestar, dando lugar a que el Parlamento Europeo ?como consecuencia de las más de 15.000 quejas presentadas ante la Eurocámara? haya dictado una resolución instando al Gobierno español a adaptar su legislación urbanística a la normativa comunitaria. En realidad, lo que ha ocurrido ?debido a la gran discrecionalidad del sistema de selección y de redacción de las bases del programa? es que, mediante una aplicación desviada de la ley, los propietarios valencianos se han visto enfrentados a un dilema diabólico: pagar una millonaria cuota de urbanización para poder conservar su propiedad, o bien someterse a una expropiación a precio de saldo.
En Galicia, el agente urbanizador viene regulado por vez primera en la Ley 9/2002, bajo la denominación de «concesión de obra urbanizadora». Este sistema puede establecerse como subsidiario del de compensación, o bien una vez haya transcurrido el plazo de dos años a contar desde la aprobación definitiva del planeamiento correspondiente. Se podrá instar de oficio por el municipio, o también por iniciativa de cualquier persona, aunque no ostente la condición de propietaria del suelo. Uno de los principales defectos de los que ?a mi juicio? adolece la ley gallega es que, debido a la brevedad de los plazos que se establecen para presentar otras alternativas, el primer optante goza de una situación de privilegio, lo cual se presta a confabulaciones con la Administración. Pero tal vez los mayores aspectos vejatorios sean los derivados de nuestra deficiente legislación urbanística y expropiatoria, de la que se han eliminado las exigencias de declaración de utilidad pública y de necesidad de ocupación. Los propietarios podrán ser desposeídos con una desmedida facilidad mediante el pago de unas ridículas cantidades. Le queda al propietario únicamente la facultad de discutir el justiprecio, si bien dada la lentitud con que hasta ahora venían desarrollándose los procesos, en muchos casos han sido los herederos los beneficiarios de las cantidades reclamadas. Sería necesario modificar dichas leyes, adaptándolas al derecho comunitario, que ha venido a incluir el derecho de propiedad entre los derechos y libertades fundamentales.
al día | Jaime Concheiro del Río Registrador de la Propiedad
Luces y sombras del mercado inmobiliario
El previsible estallido de la burbuja inmobiliaria ha puesto en evidencia las deficiencias de nuestra legislación, así como los fraudes, ilegalidades y abusos que han venido campando a sus anchas en un sector tan trascendental de nuestra hoy maltrecha economía. Las consecuencias de la crisis afectarán, en mayor medida, a las personas más desprotegidas, como son aquellas que pierdan su puesto de trabajo y los compradores de inmuebles que corren el peligro de verse desposeídos de sus pisos, o de perder las cantidades pagadas a cuenta.
Nuestra legislación contempla una serie de medidas encaminadas a proteger los intereses de los compradores. Así, un antiguo decreto de 1968, cuya vigencia ha sido reconocida por la Ley de Ordenación de la Edificación, obliga a los promotores a asegurar las cantidades anticipadas por los adquirentes. Existen, asimismo, otras disposiciones que imponen la obligación de facilitar toda la información necesaria a los compradores. El problema fundamental es que estas medidas, en los supuestos de euforia económica, no se cumplen, porque la elevada cuantía de la demanda, alimentada por las expectativas de suculentas ganancias, hace que no se repare en estos detalles, e incluso se realicen las transmisiones a través de documentos privados que a nadie le interesa que pasen por el fisco. Los supuestos mayores de desprotección jurídica se dan en aquellos casos en que las compras de las viviendas se realizan sobre plano. Al no existir en nuestras leyes la posibilidad de que estos documentos privados tengan acceso al Registro de la Propiedad, los futuros adquirentes se encuentran totalmente expuestos a las vicisitudes que pueda sufrir la empresa vendedora: embargos, situaciones de insolvencia o venta de la misma finca o piso a diferentes personas. Esta deficiencia debería de ser corregida, arbitrando un medio para que las compras de viviendas futuras realizadas privadamente pudieran tener acceso registral mediante una figura semejante a una anotación preventiva, con la cual quedarían a salvo de los inconvenientes antes expresados.
La legislación reguladora de la vivienda en las distintas autonomías adolece en muchos casos de deficiencias. Tratándose de la gallega, haremos mención de una que esperamos que sea subsanada por la ley que próximamente se debatirá en el Parlamento. Nos referimos a la posibilidad que admite vender las viviendas terminadas sin exigir la obtención de la licencia de primera ocupación, bastando acreditar la mera solicitud de ese documento. La exigencia de esa licencia en la mayor parte de los casos impide a los adquirientes la ocupación de su vivienda por espacios muy dilatados de tiempo, debido a que las empresas suministradoras de energía, gas, agua, etcétera, no prestan estos servicios hasta que se dispone de la licencia definitiva. De todas formas, lo verdaderamente importante es, no solo disponer de leyes técnicamente perfectas, sino el arbitrar los medios para que las Administraciones implicadas vigilen con diligencia su cumplimiento. No olvidemos que el fin primordial de las normas reguladoras del mercado es velar por su seguridad y transparencia, sin dejar resquicios para el fraude tributario.
tribuna | Jaime Concheiro del Río Jurista
Ley del Paisaje: entre la satisfacción y el recelo
El Parlamento gallego ha iniciado los debates en torno al anteproyecto de Ley de Protección del Paisaje, cuya idea más generalizada va unida a la sensación de disfrute en la apreciación de la imagen de un territorio. El paisaje es, por tanto, una construcción cultural. No es un mero lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos. Las numerosas normas relativas al medio ambiente en general contrastan con las muy escasas referidas a la protección del paisaje. En esta materia fueron pioneras en Europa la ley francesa de 1992 y la ordenanza suiza de 1991. Dentro de nuestro territorio, las únicas comunidades que cuentan con una ley de estas características son Cataluña y Valencia. El anteproyecto de ley gallega encuentra sus principios inspiradores en el Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre del 2000, y ratificado por España en noviembre del 2007.
En el anteproyecto gallego se señalan una serie de instrumentos para la protección, ordenación y gestión del paisaje. La Xunta estará obligada a delimitar las grandes áreas paisajísticas de Galicia, inventariando sus valores e identificando las zonas que necesiten medidas especiales de protección, al tiempo que deberá redactar unas directrices destinadas a precisar la calidad adecuada para cada paisaje y las acciones específicas para conseguirla, teniendo carácter vinculante para los instrumentos de planificación sectorial y urbanística. Se establece, además, la necesidad de incorporar, en todos los estudios de impacto ambiental, otro estudio relativo al impacto o integración paisajística. Destaca, por su importancia, la creación del Observatorio Gallego del Paisaje, cuya finalidad fundamental es el asesoramiento de la Xunta en esta materia. No puede por menos que merecernos un juicio favorable la regulación contenida en el anteproyecto citado, el cual viene a coincidir en lo básico con las leyes suiza y francesa, que han logrado resultados muy satisfactorios. No obstante, sería deseable que el texto definitivo de la ley recogiese, entre otros aspectos, la necesidad de incluir la consulta previa a los organismos competentes en materia de medio rural para la aprobación de los Catálogos del Paisaje. Además, sería muy importante que tanto las directrices como la delimitación de las áreas en que son aplicadas fuesen resultado de un convenio entre la Administración autonómica y los municipios, como exige la ley francesa, que está considerada como una de las más perfectas en la materia.
La experiencia nos enseña, sin embargo, que no basta con la elaboración de leyes técnicamente aceptables, sino que es preciso, además, esmerarse en su correcta y equitativa aplicación. Es necesaria la consecución de un equilibrio entre lo verdaderamente necesitado de protección y los intereses de los ciudadanos, para no incurrir en excesos que vayan en contra de la auténtica finalidad de las normas urbanísticas, que no es otra que la consecución de una vivienda digna, dentro de un entorno lo más bello y acogedor posible. En ese eterno enfrentamiento entre conservación y desarrollo, el paisaje así entendido está llamado a convertirse en un elemento conciliador, mediante el que se pueda lograr una interacción armoniosa entre el hombre y aquellos espacios territoriales dotados de un gran valor estético y natural.
__________Otras materias________________
Línea abierta | Jaime Concheiro del Río
Precisiones sobre la entrega de la vivienda hipotecada
E n el artículo publicado el pasado día 16 hicimos mención a los efectos de la entrega de la finca hipotecada al acreedor mediante la simple entrega de las llaves, aludiendo a la creencia de que mediante dicho acto quedaba el deudor liberado del crédito. Esta confusión se debe a que dicha figura es admitida en el sistema americano, pero no por las normas vigentes en España. Cuando el deudor se vea imposibilitado para seguir pagando el crédito hipotecario, no le queda otra opción que requerir al acreedor para que se avenga a la rescisión del contrato hipotecario mediante entrega de la finca constatándola en escritura pública, o bien acudir a la autoridad judicial, fundándose en razones de fuerza mayor o de imposibilidad sobrevenida.
La entrega de la vivienda no debe confundirse con su adquisición por parte del acreedor hipotecario en el ejercicio de la acción ejecutiva mediante subasta, que normalmente se realiza por un tipo inferior al pactado en la constitución de la hipoteca. Si es el propio acreedor el que se adjudica la vivienda, sin hacer uso del derecho de ceder el remate a un tercero, la doctrina y algunas sentencias aisladas consideraron que los efectos de la posible depreciación de la finca no deben repercutir exclusivamente sobre el deudor, de tal forma que el acreedor hipotecario no podría (consecuencia del principio de la responsabilidad patrimonial universal proclamado en el art. 1911 del Código Civil) acudir, para cobrar la diferencia entre el valor atribuido a la finca en la adjudicación de la subasta y el importe del crédito, a la persecución de los restantes bienes del deudor.
En un primer momento la jurisprudencia acudió a la figura del enriquecimiento injusto para eludir dicha posibilidad en tres sentencias de la Audiencia de Baleares. Sin embargo, el Supremo en sentencias del 2003 y el 2006 entendió que no existía enriquecimiento injusto ni abuso del derecho.
Días pasados se hizo público el auto judicial de la Audiencia Provincial de Navarra del 28 de diciembre de 2010, que impide que el acreedor pueda extender la acción ejecutiva al resto de los bienes del deudor basándose en que el valor de la finca es suficiente para cubrir el principal de la deuda reclamada, debido a que dicha finca fue valorada en una cantidad superior a la adeudada. Como argumento destaca que la pérdida de valor que pudiera haber experimentado la finca hipotecada es directamente achacable a la crisis económica y que moralmente sería repudiable que dichas consecuencias recayesen sobre la parte más débil, el deudor.
Dicho auto, que es firme, ya que no cabe recurso de casación por razón de la cuantía, no sienta jurisprudencia, si bien sienta un novedoso precedente susceptible de ser aplicable con carácter retroactivo. En él late la teoría del enriquecimiento injusto, si bien aplicada a un supuesto específico y circunstancial, que por no reunir los requisitos legales del enriquecimiento injusto tradicional supone más bien, dado que puede existir un empobrecimiento, la aplicación del principio de equidad. Esta tesis se deduce igualmente de una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, que ha considerado saldadas las deudas pendientes que mantenía con la banca y otros acreedores una pareja de jubilados cuando ya no tenían más activos que enajenar. Avala igualmente dicha teoría la tesis favorable a la reclamación por parte del deudor de las cantidades entregadas en pago del crédito hasta la adjudicación, dada la consideración del valor de tasación como valor auténtico de la finca, pudiendo argüirse, además, la discriminación que se produciría entre los deudores que hubieran pagado muy poco y aquellos otros que hubiesen abonado una cantidad importante.
Sería deseable que se modificase la ley de forma que las ejecuciones en las que la entidad acreedora se adjudica el bien subastado conllevaran aparejada la remisión total de la deuda. De esta forma se mitigaría la injusticia de que adolece nuestro sistema de ejecución hipotecaria.
Un sangrante abuso de Hacienda
La ley tributaria establece, para los sujetos pasivos del IRPF, la obligación de efectuar e ingresar en el Tesoro determinadas cuotas de retención a cuenta del impuesto total definitivo de las cantidades que están obligados a satisfacer por los trabajos o servicios prestados por aquellas entidades o profesionales que se hallen igualmente sujetas al impuesto sobre la renta de las personas físicas. La Hacienda estatal suele incurrir en una práctica defectuosa, consistente en que cuando alguna de las retenciones que figuran en la relación presentada con motivo de la autoliquidación del impuesto no aparecen debidamente ingresadas o se duda del efectivo ingreso, procede indebidamente a reclamar el importe de las mismas al sujeto al cual se le ha practicado la retención correspondiente. Esta práctica viciosa, muy generalizada por la Administración tributaria, aparte de los perjuicios que ocasiona al sujeto pasivo de la obligación principal, es susceptible de originar un enriquecimiento injusto de la Hacienda pública (que puede alcanzar cantidades desorbitantes) en el supuesto de que el retentor haya efectuado la retención aun cuando no haya sido detectada o lo haga con posterioridad.
La práctica que estamos examinando es totalmente ilegal (si bien muy cómoda para la Administración), puesto que el pago de la obligación principal (junto con la remisión anual y de las cuotas retenidas que según la ley debe efectuarse con anterioridad a la apertura del plazo del ingreso del impuesto IRPF) y la obligación de retener e ingresar las cuotas retenidas por parte del retentor son totalmente independientes. Así lo ha declarado la jurisprudencia en numerosas sentencias, especialmente en una reciente, del 10 de junio del 2010, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid referida a un supuesto de declaración de impuestos sobre la renta con derecho a devolución en la que se declaró que la administración no puede condicionar la devolución de la cuota diferencial a la prueba del efectivo ingreso de las retenciones, pues esa prueba no es exigible al contribuyente, ya que la obligación de efectuar retención y de ingresar su importe en el Tesoro se impone al retenedor y es independiente de las obligaciones y derechos tributarios de la persona que percibe las rentas sujetas al impuesto. Se reconoce por tanto el derecho a la devolución del importe total de la cuota diferencial que figura en la autoliquidación del contribuyente y en su caso en la correspondiente relación anual.
Así se establece claramente en los números 2 y 5 del real decreto legislativo 3/2004 que aprobó el texto refundido de la Ley del IRPF que admite el derecho a deducir de las cuotas del impuesto la cantidad que debió ser retenida aun cuando esta no se hubiese practicado y aunque no hubiera sido ingresada en el tesoro por el retenedor.
Por otra parte, el obligado al pago de la cuota tributaria no tiene el carácter del obligado subsidiario.
Lo más sorprendente de este proceder manifiestamente ilegal es que no haya sido destacado en los medios de comunicación ni que sepamos en ningún estudio doctrinal.
Como ha dicho Ignacio Ruiz-Jarabo, que estuvo al frente de la Agencia Tributaria: «Los ciudadanos estamos en una situación de indefensión total». «El contribuyente inspeccionado es literalmente atropellado en sus derechos, con graves perjuicios económicos, en ocasiones irreversibles».
Los citados abusos, junto con otros que también podríamos mencionar, conforman un viciado sistema tributario incompatible con un Estado de derecho.
Tribuna | Jaime Concheiro del Río
La justicia tributaria agrava la crisis
El Tribunal Económico Administrativo Central, en resolución del 29 de junio pasado, declaró nulas de pleno derecho todas las liquidaciones del IVA, practicadas por la Agencia Tributaria, correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 todavía no prescritas, así como las relativas a anualidades prescritas recurridas y pendientes de sentencia firme. El fundamento de dicha resolución radica en que el tribunal considera que las liquidaciones del IVA deben referirse a los correspondientes períodos trimestrales o mensuales, en su caso, y no a los anuales. El criterio de la liquidación anual viene practicándose con carácter habitual desde el año 1986 de entrada en vigor de la LIVA. Esta doctrina impedirá a Hacienda el ingreso de 5.100 millones de euros, según algunas estimaciones realizadas, con el inconveniente añadido de la enorme carga de trabajo que supondrá la revisión de todas estas liquidaciones, habiendo sido objeto de suspensión las relativas al año 2009.
Por consiguiente no se ha producido en estos casos un error de gestión interna sino de la aplicación, que ahora se corrige, por un órgano de la propia Administración. La sentencia rechaza la posibilidad de que la Administración tributaria pueda realizar nuevas actuaciones, dada la nulidad radical de las antes practicadas, prevaleciendo en este punto el principio de seguridad jurídica de los contribuyentes y que los tribunales no pueden estar ordenando retrotraer las actuaciones sine díe otorgando a los órganos de inspección la posibilidad de pronunciarse de nuevo, y calificar de otra forma los hechos controvertidos, dando lugar en su caso a una nueva calificación que fuera más perjudicial para el interesado.
Esta sentencia, que consideramos una de las más importantes desde la promulgación de la Constitución, deja abierta la posibilidad de ser aplicada a otros importantes tributos, como es el caso del Impuesto sobre SSociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en los cuales se practican pagos fraccionados de carácter trimestral, en los casos de gestión o de inspección tributaria que se practiquen por años, y no con carácter trimestral como en el caso del IVA, lo cual supondría un caos para la Administración tributaria.
Un caso en que peligró el contenido de las arcas públicas fue el resuelto por la sentencia del Tribunal Constitucional en el año 1989 que declaró inconstitucional la acumulación de rentas de los cónyuges, dando lugar a las declaraciones separadas, y, con el fin de salvar económicamente al Estado, consideró que su aplicación tendría un carácter pro futuro y no retroactivo. Vino a consagrar la denominada teoría de la prospectividad que se viene aplicando con carácter general para todos los casos.
Junto a la desazón que nos produce que en un momento de recesión económica mermen los ingresos estatales, no deja de confortarnos, como juristas, el respeto a la legalidad así como la independencia del Tribunal Económico Administrativo Central.
línea abierta | Jaime Concheiro del Río Jurista
Huelgas abusivas y sus consecuencias jurídicas
Uno de los derechos fundamentales que se atribuyen al trabajador para la defensa de sus intereses es el denominado derecho de huelga. La situación de desigualdad o inferioridad en que se encuentran los trabajadores respecto de los empresarios se trata de corregir por las normas laborales a través de la denominada función tuitiva del derecho del trabajo.
El derecho de huelga se halla regulado por el decreto ley 17/1977 de 4 de marzo. La principal función de la huelga es la de ser un instrumento de presión o de lucha pacífica por los trabajadores para influenciar en negociaciones o situaciones de conflicto laboral con los empresarios. Esta materia ha cobrado gran notoriedad por el intolerable conflicto de los controladores aéreos.
El decreto confiere a la autoridad gubernativa la facultad de acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios llamados «mínimos». El artículo 28.2 de la Constitución exige que el ejercicio del derecho de huelga se concilie con la necesidad de asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad (considerándose tales, entre otros, el transporte, sanidad?).
El Tribunal Constitucional ha declarado que, cuando la huelga afecte a los servicios esenciales de la comunidad, la autoridad gubernativa puede exigir el cumplimiento de los servicios que, excediendo del carácter de mínimos, sean indispensables para la preservación de los servicios esenciales de la comunidad, basándose en la doctrina jurisprudencial de que el instrumento de presión que la huelga representa cede cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si su pretensión no tuviera éxito, al margen de la obligación de cumplir los servicios impuestos con el fin de que la huelga no sea ilegal, sin perjuicio de su derecho a recurrir contra dicha decisión.
Por otra parte, la huelga puede revestir el carácter de abusiva cuando se ejercite en forma anormal o contraria a los fines económico-sociales del servicio. Esta doctrina ha sido reconocida por la jurisprudencia con relación precisamente a transportes aéreos de personas y mercancías, sobre todo en aquellos casos en que, por ejercitarse en fechas punta de vacaciones o festivos, ocasiona unos daños para la economía nacional y para los usuarios de los servicios notoriamente desproporcionados.
Con relación a las consecuencias jurídicas, las huelgas ilegales irradian daños y pérdidas que deben ser imputadas a los participantes activos con sus correspondientes sanciones, mientras que las abusivas se regirán de acuerdo a las normas de la responsabilidad civil (art. 7.2 del Código Civil). Algunas sentencias han admitido la posibilidad de exigir la acción de responsabilidad a los sindicatos convocantes de la huelga. Igualmente podría plantearse la responsabilidad de los huelguistas por los daños ocasionados por las amenazas de la convocatoria de huelga. Creemos que en caso de mala fe (amenazas), la responsabilidad será exigible si finalmente la huelga llega a convocarse y es declarada abusiva o ilegal, por la retroactividad de sus efectos.
Nos sorprende que el Gobierno en ningún momento haya esgrimido estas armas en el reciente conflicto de los controladores (aludió tan solo a la posibilidad de imponer un arbitraje obligatorio), obviando el poder de disuasión que para los convocantes tendría el saber que el incumplimiento de sus obligaciones supondría los perniciosos efectos de quedar incursos en la responsabilidad patrimonial consiguiente con todos sus bienes presentes y futuros.
Los medios de comunicación han difundido hace poco la noticia de la rebelión de los indígenas del oriente de Bolivia contra Evo Morales por no haberles entregado los títulos de propiedad de sus tierras, tal como había prometido hace más de un año. Esto constituye una de las manifestaciones de lo que significa la propiedad de las tierras para todos los seres humanos, independientemente de su nivel cultural.
Debido a este amor a la propiedad, especialmente aquella en la que uno vive o de la cual se vive, las leyes deberían hacerse eco de este sentimiento tan arraigado; ya en el s. XVIII, la denominada escuela histórica del Derecho, representada por Savigny, consideraba el derecho como la manifestación del espíritu del pueblo.
En los últimos tiempos se vienen produciendo una serie de acontecimientos que ponen de manifiesto la endeble protección jurídica del derecho de propiedad en España.
En el derecho español ha dejado de tener el carácter de un derecho absoluto, como en el derecho romano, no existiendo, en consecuencia, una concepción unitaria del derecho de propiedad, sino diversos estatutos de la misma, determinados por las leyes en función de la naturaleza de los bienes de que se trate, de acuerdo con su función social.
Esta función delimitadora de la propiedad constituye una auténtica expropiación legislativa por no conferir derecho a indemnización alguna. A modo de ejemplo la Ley de Costas de 1988, entre otras medidas, ha incorporado al dominio público marítimo-terrestre terrenos que eran de propiedad privada.
Si unimos la concepción de la propiedad, antes expuesta a una legislación urbanística dotada de una enorme discrecionalidad (como se manifiesta en la posibilidad de que un plan de ordenación deje fuera de ordenación a multitud de edificios) y en la cual uno de los instrumentos fundamentales es el de la expropiación forzosa, estamos dotando a la Administración de una patente de corso para efectuar la distribución del aprovechamiento urbanístico de formas caprichosas o arbitrarias, dando lugar a la denominada como «lotería urbanística».
La figura jurídica de la expropiación forzosa está consagrada en el artículo 33 de la Constitución Española, que permite que su titular sea privado de su propiedad por razones de utilidad pública o interés social.
Las deficiencias del sistema jurídico de protección de la propiedad tienen su origen en una legislación de expropiación forzosa que data del año 1954, y que las leyes posteriores, lejos de corregir sus errores, las han acentuado, eliminando la necesidad de acreditar la utilidad pública o el interés social de la actividad a realizar, así como la necesidad de ocupación, aparte de permitir la toma de posesión de los terrenos sin el previo pago del justiprecio, el cual se viene realizando con una tardanza intolerable y en una cuantía frecuentemente ridícula.
Debe tenerse en cuenta que la protección de la propiedad constituye una manifestación de la defensa de la libertad, debiendo los poderes públicos tenerla muy presente ya que junto con la seguridad y la resistencia a la opresión fueron proclamados como los derechos naturales del hombre en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
tribuna | Jaime Concheiro del Río Jurista y registrador de la propiedad
Delitos muy graves: lo urgente es legislar
La función del derecho consiste en buscar en cada momento las soluciones más equitativas a los diversos problemas que continuamente nos ofrece la realidad social. Lo ideal sería que pudiésemos anticiparnos a los acontecimientos, con lo cual podrían evitarse o paliar más eficazmente determinadas conductas o problemas de gran trascendencia. La imposibilidad de ejercitar esa función previsora motiva que las leyes vayan siempre a remolque de la realidad, intentando dar solución a las necesidades demandadas en cada momento.
Cuando tienen lugar graves acontecimientos delictivos (como es el caso de Seseña) provocan, lógicamente, una situación general de alarma social, exigiendo una regulación más rigurosa de ciertas figuras penales que impidan en lo posible la repetición de situaciones de gran dramatismo. Ante esta reacción los poderes públicos, apoyados por un cierto sector social e intelectual, defienden la tesis de abstenerse de adoptar medida alguna alegando la falta de objetividad por la influencia de la carga mediática del momento. Se ha llegado a acuñar la expresión de «no legislar en caliente». Lo cierto es que esta actitud va a provocar que la adopción de las medidas deseables se posponga indefinidamente llegando incluso a quedar en el olvido. La reacción solo llegará, si llega, cuando estos delitos otrora aislados se generalicen, convirtiéndose en una auténtica plaga social.
Un autor tan poco sospechoso de conservador como es Hegel, en cuya doctrina se inspiró la revolución marxista, en su prefacio a la Filosofía del derecho, hacía mención a una de las metáforas más bellas de la historia de la filosofía, diciendo que la teoría y la filosofía, simbolizadas en el búho de Minerva, que despliega sus alas al anochecer, siempre llegan tarde; solo se constituyen como conocimiento una vez que la vida real de las sociedades produjo los acontecimientos y las circunstancias que motivan la reflexión del teórico y el filósofo. Sostiene Hegel que la misión del sociólogo y del político, y por extensión del jurista, es anticiparse en lo posible a los hechos históricos, no pudiendo su función agotarse en la mera contemplación del mundo, sino que su deber es transformarlo.
Entendemos que el Derecho debe actuar con la mayor rapidez ante determinados hechos de especial gravedad, reforzando la seguridad de la sociedad, implantando una regulación realista y justa; no olvidemos que su función primordial consiste en la defensa de los derechos fundamentales, entre los cuales ocupa un papel prioritario el derecho a la vida. Lo contrario obedece a un progresismo mal entendido, que respetamos pero no compartimos, que en determinados casos termina anteponiendo los derechos de los delincuentes a los de las víctimas.
El derecho, para ser justo, debe buscar un equilibrio entre ambos intereses contrapuestos, debiendo inspirarse siempre en la idea latente en la famosa frase de la ilustre ferrolana Concepción Arenal: «Odia el delito y compadece al delincuente».
La reconversión del sector financiero que España necesita está acometiéndose sin haberse dotado previamente de las herramientas adecuadas. Lo cual no deja de ser escandaloso y de graves e imprevisibles consecuencias jurídicas y económicas. Dejando a un lado las fusiones entre las cajas de una misma región, nos ceñiremos a las que pueden tener lugar entre las pertenecientes a distintas autonomías.
Estas fusiones (las más recomendadas por los expertos) tropiezan con obstáculos insalvables para llevarlas en este momento a término, debido al veto de los gobiernos regionales. Sabido es que la LORCA exige el consentimiento simultáneo de los distintos gobiernos autonómicos para autorizar dichas fusiones, entendidas en el sentido mercantilista del término, que tienen lugar mediante la disolución de las sociedades fusionadas y la creación de una entidad nueva, o bien mediante la fusión por absorción, en la que, únicamente se extingue la entidad absorbida.
Para salvar este obstáculo el Banco de España, sutilmente, ha echado mano de una singular y extraña figura denominada SIP, esto es, Sistema Institucional de Protección, importada de una directiva europea del 2006, a través de un real decreto y de una circular del 2008, para su aplicación longa manu a las, impropiamente llamadas, fusiones interregionales entre las cajas. Las citadas disposiciones no establecen propiamente una regulación de los SIP, limitándose a señalar las líneas generales a las cuales deberán ajustarse, exigiendo principalmente, entre otras, que el sistema integral de protección de las entidades de crédito sea a través de un acuerdo contractual temporal o a través de un régimen legal de asignación de responsabilidades, que las incluya y proteja, y en particular, garantice su liquidez y solvencia cuando resulte necesario a fin de evitar una situación concursal. Al tratarse de una figura escasamente regulada, queda al ámbito de la voluntad de las partes el diseño del contenido del SIP que quieran constituir, respetando los requisitos mínimos señalados y los principios generales del derecho. Sin embargo, la necesidad de autorización por el Banco de España, para poder gozar de las ayudas económicas del FROB, convierte en ilusoria dicha libertad de pacto, que quedará sometida al diseño que quiera otorgarle dicho organismo, debiendo constituir auténticos supuestos de integración con consecuencias similares a los de una fusión para poder acceder a las citadas ayudas.
Tal vez dentro de unos años las fusiones virtuales se recordarán no como el SIP, sino como el RIP de las cajas.
La competencia en tiempos de crisis
La defensa de la competencia es una disciplina que tiene como principal finalidad la de intentar conseguir una situación del mercado en que la oferta y la demanda actúen con la máxima libertad, con lo cual los precios sean el resultado únicamente del puro funcionamiento de ambas fuerzas. En nuestro derecho, el organismo al que incumbe esta función en el ámbito estatal es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cuya configuración actual es producto de la Ley 15/2007, que vino a refundir en uno solo los dos organismos anteriormente existentes, así como a otorgarle una independencia funcional con respecto al Gobierno. La citada comisión desempeña sus facultades a través de la Comisión Nacional -a la que incumbe la función resolutoria de los expedientes- y de la Dirección de Investigación -que realiza la instrucción de ellos-. En diversas comunidades están actuando los generalmente denominados tribunales autonómicos de defensa de la competencia, como es el caso de Galicia, donde nos encontramos con el Tribunal propiamente dicho y el Servizo Galego de Defensa da Competencia -con facultades instructoras-.
A pesar del silencio de la ley del 2007, debe entenderse que establece de forma tácita la obligación de que los organismos autonómicos (los cuales están dotados únicamente de funciones ejecutivas) ajusten su regulación a la diseñada por la misma para el ámbito estatal. En los tiempos de crisis en que vivimos se multiplican las prácticas restrictivas de la competencia a través de diversas figuras, entre las que proliferan las de concertación de precios. Baste con citar los sectores más afectados, como son el lácteo, los relacionados con los derivados del petróleo y, con toda probabilidad, el sector eléctrico.
La Administración se enfrenta a enormes dificultades a la hora de probar dichas infracciones, no quedándole otro remedio que acudir a las pruebas indiciarias o por presunciones, que están admitidas por la jurisprudencia. Sin duda, estas dificultades son las que han motivado que en la nueva ley se admita, como importante novedad importada del Derecho Comunitario, el denominado «sistema de clemencia», que consiste en eximir de sanción, o bien reducirla, a las empresas o personas físicas que colaboren con la Administración a la hora de sacar a la luz y combatir este tipo de infracciones. Esta medida se encuentra pendiente, para poder ser aplicada, de un desarrollo inminente de carácter reglamentario. Aún cuando la ley no se pronuncia al respecto, entiendo que los organismos autonómicos podrán hacer uso de esta figura, como consecuencia de que se encuentran facultados para imponer las correspondientes sanciones.
Sería este el momento apropiado para acometer las reformas apuntadas, dotando de los máximos medios posibles al mencionado órgano autonómico, para poder así enfrentarse, con independencia y máxima eficacia, a los retos que plantea la compleja situación en que nos hallamos.
Como se desprende de lo que hemos expuesto, la defensa de la competencia descansa en una profunda y aparente paradoja: se trata de una legislación que defiende la libertad mediante normas prohibitivas del ejercicio de la misma.
Ejecutivos inmunes ante la crisis
Existe un sentimiento de amplio consenso que considera notoriamente excesivas las retribuciones e incentivos que determinadas empresas vienen otorgando a sus principales ejecutivos y directivos. Esta práctica consolidada encuentra su justificación en el intento de las empresas de fichar a los más destacados, dentro de un marco de libre competencia, en una economía de mercado. Ante un proceso de crisis tan agudo como el que estamos padeciendo, la tolerancia generalizada se transforma en una reacción de profunda indignación y rechazo frente a los escandalosos beneficios que se les atribuyen a dichos altos ejecutivos. El supuesto que más ampollas ha levantado últimamente es el de las primas concedidas por la empresa americana AIG, la cual se salvó de la quiebra merced a las cuantiosas ayudas del Estado. Tanto el presidente de la nación como el Congreso y hasta el Ministerio Fiscal están forzando una solución para obtener la devolución de las ayudas concedidas. Se está incluso gestando un proyecto de ley para evitar que puedan volver a producirse este tipo de situaciones.
Fenómenos parecidos han ocurrido en algunos países europeos. Uno de los más escandalosos es el que ha tenido lugar en Francia, a propósito de unas opciones sobre acciones (stock options) que, en caso de ejercitarse, proporcionarían unos beneficios desmesurados, y que ya han provocado numerosas reacciones desfavorables. Alemania ha aprobado una ley para evitar estos excesos y Suecia va a fijar la retribución variable en función de los objetivos para los altos ejecutivos de las empresas estatales.
Todo ello me sugiere unas reflexiones. Si bien es cierto que el derecho suele ir, normalmente, a remolque de la sociedad, esto no exime que se haga uso de la llamada «fantasía previsora», para establecer las condiciones a que deben sujetarse las cuantiosas ayudas que se conceden a las empresas. Porque también inspiran enormes reproches los beneficios concedidos a los directivos de aquellas empresas que, aunque no hayan recibido ayudas estatales, a pesar de estar experimentando pérdidas y despidiendo a trabajadores, siguen dispensando un trato de favor a sus altos ejecutivos.
En España, estas retribuciones podrían moderarse, a pesar de estar pactadas, aplicando la doctrina denominada de la cláusula rebus sic stantibus, aceptada por nuestra jurisprudencia, por haberse producido una alteración desproporcionada de las condiciones del contrato. Lo expuesto nos trae a la memoria los multimillonarios beneficios obtenidos por Villalonga y demás ejecutivos de Telefónica, en virtud del ejercicio en el año 1999 de unas opciones sobre acciones de la compañía, que se habían concedido por el propio consejo de administración, y que tuvieron una enorme repercusión económica, social y hasta política, llegando incluso a provocar un cambio legislativo en la materia. Sostengo la teoría de que los accionistas afectados pueden todavía reclamar los perjuicios sufridos, ejercitando la acción del enriquecimiento injusto, cuyo plazo de prescripción es el de quince años, que todavía no ha transcurrido.
Todos estos sucesos ponen de manifiesto la ligereza con que son abordados ciertos problemas que poseen una enorme importancia para el conjunto de la sociedad, y que deberían ser tratados de manera sosegada y con la ayuda de expertos. Pero, sin duda, es más fácil legislar a golpe de escándalo.
La entrega de la vivienda al acreedor hipotecario
En España, la mayor parte de las viviendas se adquieren recurriendo al crédito hipotecario. En garantía de la cantidad que se va a destinar a la compra de la finca, se constituye un gravamen consistente en un derecho real de hipoteca a favor del acreedor, que generalmente es una entidad financiera. Una exigencia de esta es que las partes tasen la finca hipotecada en una cantidad para que sirva de tipo en la subasta en caso de ejecución.
En nuestro sistema hipotecario, a diferencia de otros ?como es el norteamericano?, el deudor no puede liberarse del crédito garantizado con la mera entrega de la propiedad al acreedor hipotecario, lo que viene a entenderse como una dación en pago. Ello es así porque, cuando el deudor no ha satisfecho íntegramente el crédito al acreedor, este puede perseguir, para satisfacer la cantidad pendiente de pago, la totalidad de los bienes presentes y futuros del deudor; esto es aplicable incluso cuando la finca hubiese sido adjudicada mediante subasta, cobrando consiguientemente el importe del remate. El sistema español puede ocasionar la dramática consecuencia de que la mayoría de los deudores, además de haber perdido su trabajo, se vean desposeídos de su exiguo patrimonio, constituido con harta frecuencia exclusivamente por la vivienda hipotecada y el coche.
Esta responsabilidad patrimonial universal es desconocida por los profanos en la materia. Es una práctica frecuente, sobre todo por parte de los extranjeros, el acudir a la entidad hipotecaria y entregarle las llaves de su vivienda, con la creencia de que así queda liberado totalmente del pago de la deuda. Debido al tintineo de las llaves al ser entregadas, esta práctica ha sido bautizada como efecto sonajero.
En el derecho español, esta idea subyace también en la mente de numerosos deudores, que pretenden librarse de la deuda entregando la vivienda a la entidad acreedora. Entendemos que esto debería ser admitido en nuestro derecho, como lo es en el americano, pero el sistema español viene a favorecer la posición de la entidad acreedora, que se queda con la finca hipotecada, cuyo valor, en el momento de la constitución de la hipoteca, consideró más que suficiente para garantizar la deuda. El derecho, para ejercer su función de realización de la justicia, debe pretender que ninguna de las partes del contrato se halle en una situación de superioridad respecto a la otra. Pero, al parecer, esta norma no rige para las entidades poderosas, como los bancos, que gozan de numerosos privilegios, además del mencionado. El grupo parlamentario Convergencia i Unió (CiU) se mostró partidario de reformar la legislación, de forma que la entrega de la vivienda compensase la deuda hipotecaria. Sin embargo, esta postura ha sido recientemente rechazada por el ministro de Fomento.
Un supuesto digno de mención es el contemplado por determinadas sentencias, que entienden que, cuando el acreedor se adjudica la finca hipotecada mediante subasta, no puede reclamar cantidad alguna al deudor, pues en su día ambos consideraron como verdadero valor de la finca, para constituir la hipoteca, el señalado a efectos de tasación en la respectiva escritura pública, entendiendo que en caso contrario se produciría un enriquecimiento injusto a favor del acreedor. De esta forma, con esta doctrina que consideramos acertada, se atenúa, aunque sea en casos concretos, la injusticia de que adolece el sistema español de garantía hipotecaria.
Jaime Concheiro es jurista
U no de los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas es el de sucesiones y donaciones, en el que pueden modificar tarifas, aplicar reducciones, etcétera, pero no suprimir de manera absoluta el impuesto.
AL DÍAOtra vez el desastre
HACE BASTANTES años que el prestigioso canciller alemán K. Adenauer decía que «la historia era la suma total de aquellas cosas que hubieran podido evitarse». Esta idea ha acudido a mi mente al contemplar el estremecedor espectáculo de una nueva marea negra, tantas veces vivido en Galicia, condenada a sufrir estas catástrofes ecológicas como víctima de una especie de maldición bíblica . Corresponde a la autoridad judicial competente la determinación de las causas del siniestro. Yo me limitaré a dejar patente la ausencia de una regulación internacional y comunitaria que impida o restrinja en gran medida la posibilidad de que accidentes de este tipo puedan volver a producirse.
A raíz del accidente del buque Exxon Valdez en Alaska en 1989, Estados Unidos adoptó una serie de medidas tendentes a la sustitución de los petroleros de casco único (como el Prestige ) por petroleros de doble casco. La encomiable premura norteamericana a la hora de afrontar este problema ha conducido a que, a partir de 2005, los petroleros de casco único desaparezcan de sus aguas, lo cual mucho nos tememos que conducirá, irremediablemente, a que estos buques comiencen a operar en otras regiones del mundo (incluida la Unión Europea, donde no será obligatorio el doble casco hasta el 2015), con el consiguiente riesgo ecológico que ello conlleva. La Comisión Europea, ante esta amenaza, se ha apresurado a intentar acelerar la sustitución de los petroleros de casco único por petroleros de doble casco mediante una serie de Propuestas de Directivas y de Reglamento de Seguridad Marítima, las cuales es presumible que tardarán mucho tiempo en traducirse en legislación aplicable (la cual está constituida en la actualidad por la Directiva 93/75/CEE -con sus modificaciones- y la Directiva 2002/59/CE). Por otra parte, de las disposiciones citadas se desprende que las medidas establecidas en las mismas van dirigidas a paliar las consecuencias del siniestro una vez que éste se ha producido, o cuando se detecte un riesgo inminente del mismo, haciendo notar la ausencia de normas eficaces de carácter preventivo. Sería preciso que los países miembros de la Unión Europea suscribiesen una Convención que permitiese la inspección de los buques en alta mar, para comprobar si reúnen las condiciones de seguridad (y no sólo en los puertos, como ocurre en la actualidad). Asimismo, los Estados miembros deberían poder restringir o impedir la circulación de los buques a través de la zona económica exclusiva, que en la actualidad está establecida en 200 millas desde la costa; o, cuando menos, en aquellas zonas que revistiesen especial peligro -como es el caso de la zona de Fisterra-, lo cual implicaría una modificación del derecho a la libre circulación en alta mar, consagrado en la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982.
TRIBUNALos «resabios» del Ministerio de Hacienda
A PESAR del gran desconcierto creado por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de julio del año en curso, uno no acaba de creerse que sean víctimas del mismo expertos como Solbes y algún otro alto cargo de su departamento. El favorable régimen fiscal establecido para las plusvalías en el IRPF por el RDLeg 7/1996, declarado inconstitucional por haber sido establecido en virtud de un decreto y no de una ley (y no por razones de fondo) disponía que, merced a las reducciones establecidas para las ganancias, las plusvalías quedaban exentas de tributación a los diez años, en el caso de bienes inmuebles adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, y en plazos más breves para los demás elementos patrimoniales. A nuestro juicio, es indudable que el régimen instaurado por el real decreto citado conserva su vigencia, porque su contenido ha sido recogido en la vigente Ley del IRPF de 1998, así como por el texto refundido del 2004. Y así, esta disposición, que nació con el carácter de provisional, permanece actualmente en vigor, a pesar de que no faltan opiniones que sostienen que ha sido derogada. No en vano suele decirse que no hay nada tan permanente como lo transitorio.
Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se nos transmite el mensaje de que la cuestión no está clara, y que requiere un estudio detenido, intentando al mismo tiempo tranquilizar a los contribuyentes, los cuales lógicamente temen que, en caso de considerar derogado el RDLeg 7/1996, les sean exigidos los tributos relativos a las plusvalías no prescritos, o que no se hallen amparados por una situación de firmeza judicial o administrativa. No es preciso ser perro viejo para poder vaticinar cuál va a ser el desenlace de esta duda cartesiana. El Ministerio de Economía, haciendo gala de su magnanimidad, simulará ponerse una venda en los ojos y eximir de tributación a todas las plusvalías generadas al amparo de dicho real decreto legislativo, y aprovechará la situación para poner punto final al régimen instaurado en el mismo (cuando cualquier intento de reclamación estaría abocado al fracaso). La ocasión la pintan calva: el Tribunal Constitucional dixit. Para atenuar el impacto de la inflación en el cálculo de las ganancias, se limitará, como ha sido tradicional en nuestro régimen fiscal, a establecer unos coeficientes de actualización (que oscilan entre el 1 y el 2) que producirán el efecto de arañar únicamente una ínfima porción de los incrementos derivados de la depreciación del valor de los bienes.
Para conseguir instaurar un sistema de tributación de las plusvalías equitativo y con vocación de permanencia sería preciso deducir del valor de las ganancias el importe global de la inflación acumulada en el período en que aquéllas se generaron, pues de otra forma el impuesto estará gravando ganancias ficticias, lo cual hace tambalear algunos de los principios básicos de nuestro sistema impositivo, como son el de capacidad económica y el de no confiscatoriedad (art. 31 CE).
ALDÍA | Jaime Concheiro del Río Jurista
La regulación de la huelga, un asunto pendiente
Se entiende por huelga 'el cese temporal y colectivo de la prestación de trabajo por parte de los trabajadores afectados'. Por imperativo constitucional, la regulación del derecho de huelga debe abordarse mediante una ley orgánica, dado que la Constitución española lo define como un «derecho fundamental de los trabajadores». Sin embargo, transcurridos casi 30 años desde la promulgación de la Constitución en 1978, sigue sin cumplirse el mandato constitucional.
Constituye una opinión muy generalizada la de que los sucesivos Gobiernos se han abstenido de promulgar una ley orgánica reguladora del derecho de huelga por el temor de enfrentarse a los sindicatos, los cuales, en estos días, han manifestado en los medios de comunicación que consideran que el derecho está suficientemente regulado, rechazando una ley, tal como lo han solicitado determinados sectores profesionales en los últimos días. Resulta, cuando menos, sorprendente que defiendan a ultranza una regulación contenida en un decreto preconstitucional, la cual no ofrece soluciones adecuadas a los problemas que plantean los tiempos modernos.
Es indudable que la principal función de la huelga es la de ser un instrumento de presión de los trabajadores para influenciar en negociaciones o situaciones de conflicto laboral con los empresarios. Pero existe, además, otra función de la huelga, cuya consagración legal sería conveniente, que no es otra que la de servir de expresión de protesta o de manifestación de actitudes o posiciones, tanto dentro como fuera del ámbito de las relaciones laborales. De este modo, la huelga serviría como medio de protesta frente a determinadas opciones políticas o legislativas, entrando ya en el ámbito de las huelgas políticas y de solidaridad, que muestran inequívocamente el carácter social del derecho de huelga. Además, es preciso delimitar claramente lo que debe entenderse como «defensa de los intereses de los trabajadores», acudiendo a una interpretación generosa de esos intereses, así como de la huelga en general, considerándola como derecho ejercitable frente a todo y frente a todos, con la única salvedad de la exigencia de licitud en el fin, situando el ilícito únicamente en la huelga política subversiva del orden democrático. En este punto, han sido muy notorias las discrepancias jurisprudenciales, llegando a admitirse en alguna sentencia del Constitucional -de 1993- la huelga política, dado que los huelguistas actuaban en su doble condición de trabajadores y de ciudadanos, dirigiéndose a la realización de los principios de democracia e igualdad social. De este modo, la distinción entre huelgas de motivación profesional y huelgas de motivación sociopolítica no hace más que recoger el hecho real del carácter pluridimensional de los fines objeto de la huelga, como hecho social y como forma de posición de un estado de opinión frente a una determinada coyuntura económica, social o política.
Las sociedades de inversión mobiliaria de capital variable (sicav) están, una vez más, de actualidad en la prensa económica especializada, que dedica su atención estos días a la denominada Cartera de Inversiones Canarias, sicav que el inversor Ram Bhavnani y Caja Canarias lanzaron el pasado enero. Dicha sociedad, por haber fijado la inversión mínima en un millón de euros, está encontrando grandes dificultades para alcanzar el número de inversores requerido por la ley.
Las sicav son instituciones de inversión colectiva que tienen por objeto la inversión en activos e instrumentos financieros, y cuyo capital social es susceptible de aumentar o disminuir dentro de los límites fijados en sus estatutos, sin necesidad de acuerdo de la junta general. Fueron creadas en el año 1984, por la Ley Reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, con la finalidad de facilitar el desarrollo de dicho tipo de inversión a todos los hogares españoles en el mercado de capitales (el que fue calificado como «capitalismo popular»). Por esta razón, las sicav han sido dotadas de unos extraordinarios beneficios fiscales.
Es precisamente la tributación de este tipo de sociedades la que ha suscitado las más encontradas controversias, debido a la utilización abusiva que se ha realizado de ellas con la finalidad de obtener fraudulentamente importantes beneficios fiscales, ya que este tipo de sociedades tributa al 1%, frente al 35% exigible a las restantes sociedades. La normativa vigente en esta materia (Ley 35/2003 y su reglamento) establece que, para que se pueda constituir una sicav, el capital mínimo deberá ser de 2,4 millones de euros, con un mínimo de 100 accionistas y la autorización de la CNMV. Pero la legislación no se pronuncia respecto al porcentaje mínimo que deberá tener cada accionista. Así, en la mayor parte de los casos, más del 99% de una sicav pertenece a una sola persona, mientras que el resto se reparte entre diversos inversores, que generalmente son solo meros testaferros o mariachis para alcanzar el mínimo de socios exigido. Los inspectores de Hacienda llevan años intentando que este tipo de sociedades, que son utilizadas por las grandes fortunas para canalizar sus inversiones, no gocen de privilegios respecto al resto de los contribuyentes. En esta lucha, las sicav han gozado siempre de la ayuda de los distintos Gobiernos, de los partidos políticos y hasta del mismo Parlamento. Es en dicha lucha en la que se ha visto últimamente implicado el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que ha dictado una resolución contraria a la jurisprudencia que hasta el momento habían dictado los tribunales de Justicia. Con esta última resolución del TEAC se está dando carta blanca a uno de los más grandes focos de deducción del que astutamente se sirven muchas empresas que reinvierten sus beneficios en este tipo de entidades. La interpretación literal de la ley realizada por el TEAC viene a contradecir no solo el espíritu de la norma, sino también -de manera flagrante e ignominiosa- los principios fundamentales contenidos en el artículo 31 de la Constitución, que consagra la obligación de todos los españoles de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad.
Paraísos fiscales: una doble moral
El enorme escándalo provocado por la difusión de la evasión fiscal derivada de las cuentas secretas de Liechtenstein, uno de los principales paraísos fiscales enclavado en el pleno corazón de la civilizada vieja Europa, no acaba de esfumarse de los principales periódicos del continente. Esta evasión ha llegado a ser calificada como lacerante chantaje de los paraísos fiscales y centros off-shore a la globalización, fundándose en que dicho Principado era el destino inversor de casi 200 grandes fortunas. Según datos de la OCDE, estos enclaves que representan los paraísos fiscales acumulan un patrimonio privado de entre 5 y 7 billones de dólares, cinco veces más que hace dos decenios, lo que supone el 13% del PIB global.
Por paraísos fiscales se conocen aquellos territorios que poseen un sistema fiscal que ofrece una escasa o nula tributación, generalmente con los denominados impuestos directos (renta, sociedades, sucesiones?), y que facilita la elusión fiscal de contribuyentes pertenecientes a otras jurisdicciones mediante el traslado de su residencia o la constitución de sociedades o fundaciones. Entre las notas que distinguen estos refugios fiscales destaca la amplia protección del secreto bancario y la ausencia de convenios internacionales y colaboración con los demás Estados.
El artículo 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros, y entre estos y terceros países, viene paradójicamente a proteger dichos enclaves. Al amparo de dicho precepto, la Unión Europea ha iniciado un procedimiento contra España por contemplar en su legislación medidas restrictivas a la inversión en los paraísos fiscales. Lo curioso del caso es que este procedimiento se inicia justo en el momento en el que el Gobierno español ha dictado un real decreto de medidas de impulso a la actividad económica, en el cual se contempla la exención de impuestos a la compra de deuda pública desde dichos enclaves; medida que ha sido criticada por numerosos fiscalistas, pero que sin embargo está contemplada por la mayoría de los países europeos.
Lo expuesto no hace más que poner de relieve la doble moral que utiliza en este punto la Unión Europea, que se escandaliza cuando se destapan fraudes fiscales como el de Liechtenstein y, sin embargo, combate las medidas dirigidas contra la inversión en estos paraísos, basándose en el artículo 56 del tratado antes citado. No obstante, no se esfuerza por buscar una solución a la existencia de esos refugios, que no solo sirven de santuario a la evasión de impuestos, sino también para blanquear fondos vinculados con el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas. Dicha solución pasa por adoptar de manera coordinada la medida de establecer como excepción al principio de libertad de circulación de capitales aquellos movimientos que tengan lugar entre los Estados miembros y los territorios que se consideren paraísos fiscales. Pero la misma tropezaría con una serie de intereses ocultos y de gran influencia en el ámbito económico, que convierten a la misma en una medida poco menos que utópica, lo cual no debe de extrañarnos -mal que nos pese- porque, como afirmó el economista John Kenneth Galbraith, los defraudadores fiscales existirán siempre.
Un Consello de Segunda: el Consultivo de Galicia
En el ámbito estatal, el Consejo de Estado constituye el órgano supremo consultivo del Gobierno, gozando de un gran prestigio y consideración. En el ámbito autonómico, la mayor parte de las comunidades autónomas han creado sus respectivos consejos consultivos, que vienen a desempeñar una réplica del Consejo de Estado, con competencias diversas en cada caso concreto. Varios de estos consejos han surgido en virtud de la previsión contenida sobre la posibilidad de su creación en los estatutos de autonomía correspondientes, como es el caso de Madrid y Asturias. En otras comunidades autónomas, a pesar de la ausencia de la correspondiente previsión estatutaria -como ocurre en Galicia o Valencia-, su creación se ha producido mediante una ley específica, basándose en la potestad de autogobierno de que gozan las autonomías al amparo del artículo 148.1.1 de la Constitución, como ha reconocido el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 1992.
Los consejos autonómicos ofrecen múltiples diferencias en lo referente a su composición, forma de actuar, incompatibilidades, sistema de nombramientos, etcétera. Lo que a mi juicio reviste una mayor relevancia es lo referente a sus competencias. Determinados consejos están dotados de la importante función de emitir con carácter preceptivo dictámenes consultivos sobre los anteproyectos de ley y reglamentos ejecutivos; y en algunos casos, además, sobre los anteproyectos de decretos legislativos. Otros consejos, entre los que se encuentra el gallego, pueden dictaminar con carácter igualmente preceptivo sobre los reglamentos dictados en ejecución de una ley, aparte de otras facultades que son comunes a los demás órganos similares. El Consello Consultivo gallego viene, de esta forma, a tener notablemente mermadas sus facultades consultivas, al no estar facultado para dictaminar con carácter preceptivo sobre los anteproyectos de ley, salvo que el Gobierno autonómico lo solicite potestativamente. Es preciso tener en cuenta que la ley es la disposición de rango superior. Por el contrario, el reglamento desempeña una función de mero desarrollo de la misma, y está llamado a realizar una regulación de aquellos detalles y pormenores que sirven de complemento a la norma principal, sin poder sobrepasarse o transgredir los elementos esenciales de la misma. Al limitar de esta forma la función del Consello, se viene a desperdiciar el enorme caudal de conocimientos y experiencia de que suelen estar revestidos sus miembros, corriendo el riesgo de que las leyes, al prescindir del tamiz de los expertos, puedan incurrir, no solo en supuestos de manifiesta arbitrariedad, sino también en defectos de técnica jurídica y de adecuación al resto del ordenamiento jurídico.
De hecho, han sido muchas las normas emanadas del Parlamento gallego que han sido declaradas -total o parcialmente- no ajustadas a la Constitución. La expresada limitación de las facultades consultivas induce a pensar que los redactores de la ley creadora del Consello deseaban soslayar la opinión de los expertos para hacer uso de una mayor libertad a la hora de legislar, o bien que en su subconsciente latía la idea que en su momento expresó el famoso conde de Romanones, al decir: «Señorías, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos».
Propuesta para introducir legalmente la dación en pago
Una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra reconoció los efectos liberatorios de la dación en pago, impidiendo que el acreedor pudiese reclamar el importe del crédito no satisfecho sobre el resto de los bienes del deudor. Entre otras cosas sostuvo que el defecto de una tasación de la finca en el momento de la ejecución habría que atenerse al valor asignado por ambas partes en el momento de constitución de la hipoteca. Esta tesis fue corroborada pocos días después por otra sentencia del juzgado mercantil de Barcelona. La enorme repercusión mediática y social de las novedosas sentencias ha propiciado la creación de una subcomisión en el Parlamento encargada de estudiar la reforma del sistema de ejecución hipotecario.
Hay que diferenciar dos supuestos: la llamada dación en pago (de carácter extrajudicial) adjudicación de la finca hipotecada al acreedor, que en determinados sistemas, como el americano, suele materializarse mediante la simple entrega de las llaves al mismo (el llamado efecto sonajero) con la cual se opera la extinción de la deuda hipotecaria; y por otro lado la adjudicación mediante subasta en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
Entiendo que el supuesto extrajudicial podría ser admitido mediante el acuerdo de ambas partes plasmado en escritura pública. En defecto de acuerdo, por invocación legal del principio de equidad el deudor podría dirigirse a la autoridad judicial, la cual aplicando el referido principio y teniendo en cuenta la imposibilidad de seguir cumpliendo con sus obligaciones hipotecarias, podría resolver que la entrega de la finca liberase al deudor de pagar el resto del crédito, mediante la ponderación equitativa de todas las circunstancias del caso y con audiencia del acreedor.
El otro supuesto es el relativo a la ejecución hipotecaria mediante subasta. El sistema vigente establece la adjudicación de la finca al acreedor estimando el valor de la misma en un 50 %, elevado recientemente al 60?% del tipo de tasación, pudiendo el acreedor hipotecario reclamar el resto del crédito sobre el patrimonio del deudor.
Esta estimación es inconstitucional por su carácter arbitrario del valor. Debe ser corregida de forma que se dote al deudor de la facultad de exigir una tasación en el momento previo a la entrega de dicha finca. Se evitaría así la arbitrariedad legislativa, siendo aplicable además lo relativo a la posibilidad de acudir a la autoridad judicial. Sería preciso dotar de mayor transparencia y publicidad a las subastas siguiendo el modelo de las subastas notariales.
Con relación a la reciente sentencia del TC en la que se pretendía declarar la inconstitucionalidad del sistema de ejecución hipotecaria, el fracaso del recurso radica en que las alegaciones realizadas en vez de fundarse en criterios abstractos y generales deberían aludir a preceptos concretos como el que establece el valor de la finca en un 60?%. El voto particular del vicepresidente no deja de ser un brindis al sol.
En la defensa de la propiedad se encuentra la defensa de la libertad y el fin primordial de la Justicia es la protección de los sectores más desfavorecidos.
opinión Jurista
Justicia y eficacia ante la crisis
La improvisación ha supuesto siempre un factor de influencia muy negativa para la adopción de medidas trascendentales. La imposición por la UE al Gobierno español de la corrección urgente de la elevada cuantía del déficit público lo vino a colocar en una comprometida situación, que le dejaba escasas alternativas.
Analizaremos algunas de las medidas adoptadas a la luz de los principios constitucionales pertinentes (Sarkozy pretende reformar la Constitución para que las medidas que se adopten tengan un carácter más estable y no supeditado a la voluntad de cada gobernante). Primero: la supresión de la retroactividad de las medidas relativas a la ayuda de dependencia viene a violar flagrantemente el artículo 9.3 de la Constitución española. Segundo: en cuanto a las medidas relativas a las pensiones y a la rebaja de los sueldos de los funcionarios y de los trabajadores de todas las Administración públicas, infringen no solo el Pacto de Toledo, sino también el principio de capacidad económica consagrado en el artículo 31 de la Constitución (que establece que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad ?»). Por otra parte, en relación a los funcionarios y trabajadores, rige el principio de la función tuitiva del derecho del trabajo consagrado tanto legalmente (artículo 9.2 de la Constitución) como por la jurisprudencia constitucional, violando los derechos adquiridos en virtud del acuerdo alcanzado por los sindicatos de la función pública.
Con las medidas adoptadas se viene a imponer un sacrificio importante a determinadas clases débiles y necesitadas de protección, discriminándolas negativamente con respecto a las demás. El fuerte rechazo provocado por estas ha llevado a que el Gobierno, si bien con contradicciones, plantee la posibilidad de crear un impuesto para las grandes fortunas, o si acaso una modificación al alza de las tarifas del IRPF. Estas medidas tienen el grave riesgo de promover una huida de los grandes capitales hacia otros territorios dotados de una fiscalidad más favorable, o su refugio en los paraísos fiscales, que aun hoy en día subsisten en diversos países (entre ellos algunos europeos). Algo parecido podría suceder con las sicav.
Con todo ello, en definitiva serían, como siempre, las clases inferiores y medias las que vendrían a soportar el mayor peso de los tributos. Lo que es indudable es que por la vía de una gestión tributaria más eficaz se podrían eliminar las enormes bolsas de fraude existentes en nuestro país sin necesidad de elevar los tipos tributarios, cuya influencia en la recaudación no sería tan importante como vulgarmente se cree. Debemos reconocer que al Gobierno, a pesar de la ilegalidad, no le quedaba otra opción inmediata que adoptar dichas medidas. A medio plazo existe un abanico de posibilidades entre las que debe primar la reducción de los gastos de todas las Administraciones, la supresión de ministerios, la enajenación de activos, etcétera.
La errada política de gastos ha dilapidado de tal forma las arcas estatales que estas se han venido a quedar sin recursos para destinarlos a inversiones públicas. No debemos olvidar que la Gran Depresión de 1930 fue superada mediante las medidas keynesianas de fuerte inversión en obras públicas, tan denostadas por los neoliberales, y que sin embargo han recobrado su vigencia en la triste crisis que estamos padeciendo, la cual debe su origen, en parte, a la deficiente y cuasi delictiva intervención de determinadas entidades financieras y agencias de rating , principalmente en EE.?UU.
Delitos múltiples y muy graves: la doctrina Parot
Los últimos casos de graves delitos cometidos contra la vida han producido una tan profunda alarma social que ha despertado un movimiento favorable al establecimiento del cumplimiento íntegro de las penas y a la implantación de la cadena perpetua en los supuestos de mayor gravedad. En nuestro sistema penal, la duración de la pena aplicable a los delitos constituye un problema que se desarrolla
en dos fases diferenciadas. En la primera, de naturaleza judicial, el juez determinará la pena correspondiente a cada caso concreto, dentro de los límites fijados por la ley. En la segunda, de carácter ejecutivo, se le atribuye a la Administración penitenciaria la adecuación de la pena, tanto cuantitativa como cualitativamente, a las circunstancias personales del penado. Cuando se trata de una pluralidad de delitos cometidos por la misma persona, cuyas penas sean jurídicamente acumulables, la norma aplicable permite al juez sumarlas o reducirlas a una figura única, hasta completar el límite máximo establecido, al cual le serán aplicables las reducciones previstas, en su caso, por la ley. Dichas reducciones poseen una gran trascendencia, de tal forma que condenados a cientos o miles de años salen a la calle antes de 15 o 20. Sirva de ejemplo el caso de De Juana Chaos. Este supuesto y otros semejantes alentaron un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, iniciado por una sentencia del 2006 dictada a propósito del caso Parot . Dicho cambio consiste en que las penas múltiples no se refunden en una sola, sino que conservan su individualidad y se irán cumpliendo por el reo, con los avatares y beneficios penitenciarios que les correspondan, por separado, siguiendo el orden de gravedad de las penas, hasta que se alcancen los límites impuestos por el Código Penal.
Con esta doctrina, un recluso sujeto a penas muy graves es casi imposible que deje de cumplir el límite máximo de condena efectiva previsto en la ley. La referida doctrina ha sido aplicada igualmente por el Tribunal Supremo en dos recientes sentencias impuestas al llamado violador de Vall d'Hebron y al violador del ascensor. No han faltado voces autorizadas que se han alzado en contra del alargamiento excesivo de la pena de prisión, con el correspondiente alejamiento de la función resocializadora proclamada por el artículo 25.2 de la Constitución. Sin embargo, la mayor parte de los autores -y no digamos el sentir popular- se muestran horrorizados por la posibilidad de un acortamiento tan amplio de las penas a reos sin síntoma alguno de arrepentimiento o de posibilidad de reinserción, lo cual contradice el principio de seguridad jurídica proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución, que sin duda debe prevalecer sobre los demás.
La pena capital ha sido abolida por la Constitución, pero la cadena perpetua, con revisión tras algunos años de cumplimiento efectivo, se halla implantada en los ordenamientos penales de países de nuestro entorno, con consolidada democracia, como Francia, Alemania, Italia o Austria, donde se han sucedido Gobiernos de todos los colores políticos. Actualmente, la incorporación de España al Estatuto del Tribunal Penal Internacional -y cuyo artículo 77 incluye entre sus penas la reclusión perpetua «cuando así lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado»- deja en entredicho la oposición española a recogerla en su derecho interno. Lo que es indudable es que nuestro ordenamiento precisa con urgencia una profunda revisión del sistema penal y penitenciario, que satisfaga adecuadamente las necesidades propias del Estado de derecho en que vivimos.
SGAE: con ella llegó el escándalo
La Sociedad General de Autores y Editores, que preside el inefable Teddy Bautista, ha tenido este verano un inusitado protagonismo en los medios de comunicación. Su desmesurado afán recaudatorio lo ha llevado a ciertos comportamientos presuntamente delictivos, como es la intención de cobrar un canon en ciertos municipios, por la representación de obras clásicas, tales como Fuenteovejuna, El alcalde de Zalamea y, más recientemente, también el Festival de Rock del Zaidín. Este escandaloso y habitual comportamiento va unido a la incomprensible pasividad de las autoridades competentes.
Con arreglo a la legislación vigente sobre propiedad intelectual, los autores de las obras de cualquier índole (científica, literaria y artística) ostentan un derecho de plena disposición y de explotación exclusiva sobre las mismas, cuya duración abarca toda la vida del autor y ochenta años después de su muerte, transcurridos los cuales pasan al dominio público.
Las sociedades de gestión son asociaciones privadas sin ánimo de lucro que se hayan facultadas por la ley, previa autorización del Ministerio de Cultura, para ejercer las facultades de gestión y explotación por cuenta de los titulares de los respectivos derechos, que se lo han encomendado mediante el oportuno contrato. Resulta cuando menos chocante que, mientras los estatutos de las mismas necesitan la aprobación del Ministerio de Cultura, dichas asociaciones gozan, en cambio, de libertad para fijar las tarifas de los usuarios. A pesar de que la ley exige que la gestión de los derechos se realice de forma equitativa, eficaz y proporcional, paradójicamente es justamente lo contrario lo que caracteriza la actuación de dichas entidades. La aplicación arbitraria ha sido reconocida por el Tribunal Supremo y por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y se ha puesto de manifiesto en eventos de gran notoriedad.
Sería necesario que se estableciese un procedimiento para el cobro de los derechos, con el fin de garantizar la defensa de los usuarios. Constituye un hecho notorio la prepotencia y la actitud avasalladora que suelen emplear los agentes de las entidades en sus gestiones recaudatorias.
Además, deberían realizarse auditorías periódicas, que podrían descubrir el destino de los fondos provenientes de obras pertenecientes al dominio público, o de autores que no le han encargado la gestión a las entidades.
Existe hoy un amplio debate sobre la exigencia de un canon, predeterminado por la ley, por la venta de aparatos, equipos y soportes, aptos para la realización de obras legalmente protegidas. La base fundamental de rechazo radica, sin duda, en que en el fondo de este canon subyace una profunda injusticia, que no es otra que la de partir de la base de que todo el que compra un aparato de esta clase, o un cedé, lo utilizará para la realización de copias privadas, sin que exista la posibilidad legal de comprobar el uso real que se llegará a efectuar de las mismas.
La gestión del canon digital corresponde igualmente a las referidas entidades, con los acostumbrados abusos que se gastan los gestores y sus esbirros.
Toda la historia del pensamiento político tuvo como fundamental preocupación la de determinar cuál era la mejor forma de gobierno. El origen de esta disputa se remonta a los tiempos de Herodoto, en los que los defensores de la democracia designaban al gobierno popular con “el más bello de los nombres: igualdad de derechos”, y lo definían como aquel en el que “el gobierno tiene que rendir cuentas y todas las decisiones son tomadas en común”. Sin embargo, el elogio más célebre lo encontramos en el discurso de Pericles a los atenienses en homenaje a los primeros muertos en la guerra del Peloponeso, en el cual alababa a la democracia porque no era un gobierno a favor de pocos, sino de muchos; en el que la Ley es igual para todos y, por tanto, es un gobierno de leyes y no de hombres; la libertad es respetada, así en la vida privada como en la vida pública, donde no vale la pertenencia a este o aquel partido, sino el mérito. En contraposición, las más famosas condenas de la democracia las encontramos en la República de Platón y en la Política de Aristóteles. Para el primero, mientras la oligarquía es el gobierno de los ricos, la democracia no es el gobierno del pueblo, sino de los pobres contra los ricos. El principio de la democracia sería la libertad, pero es una libertad que rápidamente se convierte en licencia por falta de frenos morales y políticos, cual es la característica del hombre democrático. En parecidos términos, Aristóteles define la democracia como gobierno de los pobres, lo cual representa un gobierno a favor de una sola parte y, por tanto, un gobierno corrupto, según la definición del buen gobierno, con base en el criterio del bien común.
Los clásicos del pensamiento político moderno eran, por lo menos hasta la Revolución Francesa, fundamentalmente monárquicos y contrarios a la democracia. Así pensaban Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu, Kant y Hegel. El que es considerado como padre de la democracia moderna –Rousseau- se inspira en la idea de una asociación mediante la cual “cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo, y permanezca tan libre como antes”. El tema rousoniano de la libertad como autonomía, o de la libertad definida como la obediencia a la Ley que nos hemos dado, se convierte, después de las revoluciones americana y francesa, y luego del nacimiento de las primeras doctrinas socialistas y anarquistas, en uno de los principales argumentos a favor de la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, la cual, si no es democrática, no puede ser nada más que autocrática. El progreso de la democracia corre paralelo al fortalecimiento de la convicción de que el hombre, después del iluminismo, como dice Kant, salió de la minoría de edad, y debía decidor libremente su vida individual y colectiva. Cada vez que un número mayor de individuos conquista el derecho de participar en la vida política, la autocracia retrocede y la democracia avanza. Toda la historia del pensamiento político puede ser considerada como una larga, ininterrumpida y apasionada discusión entorno a las distintas maneras de limitar el poder: entre éstas se encuentra el método democrático. Uno de los argumentos fuertes a favor de la democracia es que el pueblo no puede abusar del poder contra sí mismo.
Con la pretensión de construir auténticas democracias, en los últimos tiempos han surgido en Latinoamérica unas peculiares formas de gobierno que muchos califican como “democracias sin liberalismo”, por no darse en las mismas el elemento institucional vertebrador de dichos sistemas: el liberalismo político.
El “populismo” o nacionalismo popular es un fenómeno con fuerte raigambre en Latinoamérica, alcanzando su máxima expresión en Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador. Sin dejar de reconocer la dificultad que entraña la búsqueda de características comunes a todas las manifestaciones de este fenómeno político y social, debido a la enorme variedad de sus particularidades internas, no es menos cierto que es posible descubrir algunos elementos que pueden servir como nexo de unión.
En primer lugar, destaca en todos ellos la personalidad carismática y absorbente de sus líderes, los cuales suelen ejercer el poder de una forma presidencialista en grado sumo. Asimismo, late en todos ellos el imperioso deseo de cambiar de la forma más rápida posible las Constituciones políticas. Este carácter ha cobrado enorme actualidad estos días debido al proyecto de Hugo Chávez, rechazado mediante Referéndum popular. Ese anhelo reformista está ligado a un propósito desmesurado por lograr la reelección o perpetuarse en el poder, por creerse dichos caudillos populares los únicos investidos de las cualidades necesarias para lograr los cambios que demandan sus respectivas sociedades.
Los cabecillas de estos movimientos, en sus encendidos discursos, impregnados de espíritu revolucionario, suelen invocar a figuras de tanto relieve en Hispanoamérica como Bolívar, el Che o Evita Perón. Dichos líderes populistas acostumbran a movilizar a grandes masas en contra de las elites partidistas, utilizando en su favor un escenario de enormes brechas de disparidad económica y social presente en casi todos los países de América Latina –que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es la región del mundo con mayores desigualdades-. La técnica que utilizan para conseguir el poder es la de erigirse en liberadores y protectores de las clases oprimidas, mediante la utilización de prácticas clientelistas, lo cual no deja de constituir una fraudulenta apariencia, porque el líder se convierte para los marginados en un referente paternalista y autoritario. La ausencia de una auténtica libertad de prensa y de opinión constituye otro elemento peculiar de estos sistemas, en los cuales se viola la libertad de expresión con el fin de que los ciudadanos no puedan disentir y manifestar los errores y deficiencias del mismo.
No faltan autores que opinan que se está germinando en Latinoamérica un nuevo populismo, diferente a las opciones políticas que dominaron la escena en los últimos 15 años. Este nuevo populismo neoclásico supondría, en cierta medida, una recuperación del histórico nacionalismo latinoamericano, y utilizaría a su favor el alubión de críticas dirigidas a las políticas económicas dirigidas por los organismos financieros internacionales. Este cambio de signo tendría su razón de ser en el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela a finales de los años 90, y sus sucesivas victorias electorales, así como el triunfo de Lula da Silva en Brasil y de Evo Morales en Bolivia.
En definitiva, puede afirmase que los sistemas calificados como de “populistas” no tienen en común con los sistemas democráticos más que su origen basado en la expresión de la voluntad popular a través de las urnas, la cual muchas veces no reúne las condiciones requeridas de libertad y limpieza democrática, merced a las irregularidades del sistema. El ejercicio del poder es totalmente autocrático, y el respeto a los derechos fundamentales brilla por su ausencia, por lo que puede hablarse de una democracia puramente formal. No obstante, la reciente derrota de Hugo Chávez en las urnas puede interpretarse como un síntoma esperanzador de que el pueblo va adquiriendo la conciencia de su poder y de sus derechos. El futuro del pueblo latinoamericano está en manos de sus ciudadanos, los cuales necesitan adquirir la convicción de que son potencialmente titulares de los derechos necesarios para alcanzar una auténtica democracia y que, tal como se reconoció en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, son fundamentalmente libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión.
LA PROPIEDAD PRIVADA, UN ESPACIO DE LIBERTAD.
En los últimos tiempos se vienen produciendo una serie de acontecimientos de enorme trascendencia social, política, e incluso jurídica, que ponen de relieve los graves defectos de nuestra legislación urbanística, así como la endeble protección jurídica del derecho de propiedad. Frente a la teoría romanista del mismo como un derecho absoluto, que confería a su titular el más amplio señorío que podía tenerse sobre una cosa, la concepción moderna, consagrada en nuestra Constitución, le confiere el carácter de un derecho subjetivo debilitado.
En nuestra Constitución, el derecho de propiedad ni siquiera ostenta el carácter de un derecho fundamental, no pudiendo, en consecuencia, su violación ser objeto del recurso de amparo constitucional. La protección conferida al mismo está consagrada en el Art. 33 de la Constitución Española, del cual se desprende (en relación con el Art. 348 Código Civil) que el contenido del derecho de propiedad es el que se haya delimitado por las leyes, pudiendo su titular ser privado del mismo por razones de utilidad pública o interés social, a través de la figura jurídica de la expropiación forzosa. En consecuencia, no existe en nuestro derecho una concepción unitaria de la propiedad, sino diversos estatutos de la misma, determinados por las leyes en función de la naturaleza de los bienes de que se trate, de acuerdo con la función social que están llamados a desempeñar.
Esta tendencia delimitadora de la propiedad –que a mi juicio constituye una auténtica expropiación legislativa- se ha manifestado a lo largo de una serie de leyes sumamente controvertidas, que ocasionaron un grave malestar en los afectados por las mismas, y que fueron prácticamente todas ellas objeto de los correspondientes recursos de inconstitucionalidad, que no prosperaron, pero la argumentación que sirvió de base al reconocimiento de su legalidad ha sido, en muchos casos, tan discutible como criticada por los principales juristas. Citaremos, a modo de ejemplo, la Ley de Costas de 1988, que, entre otras medidas, ha incorporado al dominio público marítimo-terrestre terrenos que hasta ese momento eran de propiedad privada, convirtiendo los títulos dominicales en otros concesionales por tiempo limitado. Algo parecido había sucedido con la Ley 29/1985, de Aguas. Podríamos citar numerosas leyes, pero nos limitaremos a citar las más recientes de Ordenación Farmacéutica de Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, declaradas en su momento parcialmente inconstitucionales y que, en su última redacción, consagran una medida tan dudosamente constitucional por su carácter confiscatorio como es la jubilación forzosa de los farmacéuticos. A todo lo expuesto añadiremos las deficiencias de una legislación de expropiación forzosa que data del año 1954, y que las leyes posteriores, lejos de corregir sus errores, los han acentuado, eliminando la necesidad de acreditar la utilidad pública o el interés social de la actividad a realizar, así como la necesidad de ocupación, aparte de permitir la toma de posesión de los terrenos sin el previo pago del justiprecio, el cual se viene realizando con una tardanza intolerable y en una cuantía frecuentemente ridícula.
Si unimos la concepción de la propiedad antes expuesta a una legislación urbanística dotada de una enorme discrecionalidad, y en la cual uno de los instrumentos fundamentales, cuando no constituye un sistema autónomo, es el de la expropiación forzosa (con las deficiencias apuntadas), estamos dotando a la Administración de una patente de corso para efectuar la distribución del aprovechamiento urbanístico de formas a veces tan caprichosas o arbitrarias que el término de “lotería urbanística” ha venido a ser acuñado como algo inherente a nuestro sistema.
La necesidad de adaptación de nuestra legislación urbanística a las exigencias de la legislación de la Unión Europea ha cobrado una especial y relevante significación en la actualidad a propósito de las Resoluciones dictadas por el Parlamento Europeo en diciembre de 2005, motivadas por la avalancha de un número considerable de reclamaciones (alrededor de 15.000) sobre muy diversos aspectos de la actividad urbanística valenciana, entre las que se incluían quejas motivadas por la aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana, realizada sobre todo a través de la figura del llamado “agente urbanizador”.
Una de las citadas Resoluciones del Parlamento Europeo insta a las normas futuras de expropiación a que respeten los derechos de los propietarios, recomendando especialmente la inclusión en la nueva Ley de una definición clara del concepto de interés público, con la finalidad de descartar la posibilidad de que pueda ser utilizado para la promoción de intereses con un carácter más privado que público. Insta, además, a la adaptación de todas las medidas que puedan afectar a la propiedad y a todos los derechos fundamentales a través de cualquier Plan de urbanización, con la finalidad de compatibilizar nuestra legislación con la europea.
El concepto estatutario de la propiedad conduce a que la doctrina dominante considere que el derecho a edificar no forma parte del derecho de la propiedad (a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, como es el caso de Alemania), sino que es conferido por la Administración a través de los Planes de Ordenación. Los abusos, e incluso supuestos de corrupción, tan abundantes en la actualidad, se hayan enormemente facilitados por esta concepción del derecho a urbanizar y edificar como algo dotado de un carácter fundamentalmente público en el cual al propietario del suelo le corresponde un papel prácticamente testimonial. La urgente necesidad de acabar con esta vergonzosa situación impone la necesidad de cumplir los mandatos del Parlamento Europeo, de los cuales ya se había hecho eco recientemente el propio Tribunal Constitucional, en una Sentencia de 3 de marzo de 2005, en la que se refleja una reacción frente al exagerado concepto de interés público, que sirve muchas veces de encubrimiento a verdaderos intereses privados, sobre todo en el campo urbanístico. Además, señala la necesidad de que las expropiaciones singulares sean contempladas en las leyes generales como supuestos excepcionales debidamente justificados, cumpliendo los requisitos señalados para las expropiaciones generales.
Los poderes públicos deben tener muy presente, en definitiva, que la propiedad, junto con la seguridad y la libertad, constituyen los pilares fundamentales de un estado de derecho, y su adecuada protección y respeto es lo que diferencia una auténtica democracia de una república bananera.
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_____ARTICULOS FARMACEUTICOS_____
En este apartado expondremos los artículos más relevantes escritos por este autor sobre la materia del Derecho de farmacias.
LA FARMACIA ESPAÑOLA ANTE EL DESAFÍO EUROPEO.
La Comisión Europea ha iniciado un expediente contra España por estimar que determinados extremos de su legislación sobre instalación y apertura de farmacias infringen la normativa comunitaria sobre libertad de establecimiento, no discriminación y libre circulación de capitales. A pesar de constituir una realidad indudable que la farmacia española goza de una consideración favorable, tanto a nivel nacional como extranjero (que ya desearían para sí otras instituciones), debido a su carácter oligopolista es objeto de constantes ataques, no sólo por parte de la legislación nacional, sino también (y sobre todo) por determinadas legislaciones autonómicas –buena muestra de ello lo constituyen la legislación extremeña, la de Castilla-La Mancha y la gallega-, así como por determinados grupos de presión. Es ahora la Comunidad Europea la que se enfrenta con el sistema español.
Centraremos nuestro comentario en la censura que efectúa sobre el hecho de que sólo puedan ser propietarios o copropietarios de una farmacia los farmacéuticos titulados, entendiendo que la libertad de establecimiento y la libre competencia se verían favorecidas permitiendo la disociación entre la propiedad de la farmacia y la titularidad de la misma. Se argumenta que no es imprescindible la coincidencia en titularidad y propiedad, lo cual indudablemente es cierto. Otra cosa es que sea más conveniente el sistema propuesto por Europa. De permitir el libre acceso a la propiedad de las farmacias a personas o entidades ajenas a la profesión lo que se conseguiría, por el juego de la ley de la oferta y la demanda, es un incremento en el precio de las farmacias. No acertamos, en cambio, a comprender la repercusión positiva que tendría sobre la competencia en el mercado. Si lo que persiguen en último término todas las normas de defensa de la competencia es la plena satisfacción de los consumidores y usuarios, no ofrece ninguna duda que ésta se consigue de manera más eficaz cuando el farmacéutico es el propietario de la farmacia. Nadie vela tanto por sus intereses como el titular de la empresa que gestiona. De ahí la tendencia generalizada en todos los países de promover que los trabajadores de las empresas participen en la gestión, así como en el capital o en el accionariado de las mismas, con la finalidad de lograr su mayor implicación y estímulo. El sistema de las stock options persigue fundamentalmente la fidelización y el mayor grado de eficacia de directivos y trabajadores. Por otra parte, el sistema que propone Europa conseguirá que, a no tardar mucho, las farmacias estén copadas por las grandes multinacionales, de tal modo que esta fórmula servirá de base a la progresiva monopolización del mercado, que hoy por hoy está perfectamente diversificado y disperso por todos los ámbitos de la geografía nacional, prestando un eficaz servicio a todos los ciudadanos.
El derecho a la libertad de establecimiento que propugna la Comunidad Europea es un derecho que cede ante el superior a la salud pública de los ciudadanos, tal como lo ha proclamado, no sólo nuestro Tribunal Constitucional, sino también el artículo 46 del propio Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, al señalar a la salud pública como una de las excepciones al principio de libertad de establecimiento. La política de la Comunidad Europea está obsesionada con el establecimiento del principio de libre circulación de mercancías, capitales y servicios, y en muchos casos esta preocupación lleva a consecuencias erróneas. En materia de farmacias ha incurrido en un fallo de gran calado, cual es el de confundir las mercaderías con los medicamentos, cuya distinción es tan obvia que no merece la pena añadir comentario alguno. Esta confusión le ha llevado a que el Tribunal de Justicia haya permitido la venta por Internet de los medicamentos sin receta. En la medida que propugna ahora subyace, sin duda, la misma confusión. Por otra parte, la medida propuesta contradice lo dispuesto en el Art. 295 del Tratado de la Comunidad Europea de Roma de 1957, que obliga a la Comunidad a que respete los regímenes nacionales en materia de propiedad, y se olvida de que la finalidad última de la política de competencia es la de promover el bienestar de los consumidores, protegiendo la competencia en los mercados, tal como reconoció el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos Centrafarm/Winthrop, Terrapin/Terranova, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, así como en el asunto Windurfing. Todo lo expuesto nos revela la profunda paradoja que representa el hecho de que la aplicación de las medidas propuestas por Europa contribuyan a fomentar precisamente aquello que tratan de evitar.
Jaime Concheiro del Río Jurista El sector de las farmacias
La ordenación farmacéutica en España careció durante muchos años de una legislación específica. Actualmente está regida por la Ley de 25 de abril de 1997, cuya parca regulación, llena de imperdonables lagunas, hizo que el diseño del modelo de ordenación farmacéutica fuese traspasado a las comunidades autónomas.
La Comisión Europea ha iniciado un expediente contra España por estimar que determinados extremos de su legislación sobre instalación y apertura de farmacias infringen la normativa comunitaria sobre libertad de establecimiento, no discriminación y libre circulación de capitales. Uno de los extremos que es objeto de censura es el hecho de que solo puedan ser propietarios o copropietarios de una farmacia los farmacéuticos titulados (limitados, además, a una sola farmacia), entendiendo que la libertad de establecimiento y la libre competencia se verían favorecidas si se permite la disociación entre la propiedad de la farmacia y su titularidad. Sobre esta cuestión y con relación a la normativa de Alemania e Italia, la sentencia de 19 de mayo del 2009 del TJCE interpreta que dicha normativa no infringe los artículos 43 y 49 de la Tratado europeo, y los principios de derecho comunitarios debido a que tienen por fin garantizar un abastecimiento de medicamentos a la población seguro y de calidad, y no va más allá de lo necesario para alcanzarlos.
El otro punto objeto de controversia es el que sostiene que la planificación territorial establecida en España, basada en la población y distancias, no está justificada y atenta contra el principio de libertad de establecimiento establecido en la Constitución. La sentencia de 1 de junio del 2010 del TJCE dictada a propósito de la cuestión prejudicial promovida por el TSJ de Asturias, acerca de la normativa de dicha autonomía que limita la creación de una única farmacia por módulo de población y la obligación de respetar una distancia mínima entre oficinas, establece que restringiría la libertad de establecimiento cuando se impidiese la creación de un número suficiente de farmacias para garantizar una atención adecuada en las zonas con características demográficas particulares, cuestión que debe verificar el órgano jurisdiccional nacional.
La finalidad de la legislación en materia de Competencia es garantizar la existencia de una competencia suficiente, lo cual tiene mayor razón de ser en el ámbito sanitario. En un artículo publicado en el año 2006 ya defendimos la doctrina que en esencia vienen a recoger ambas resoluciones, basándonos fundamentalmente en el artículo 46 y el 295 del Tratado de la Comunidad Europea, que obliga a la Comunidad a respetar los regímenes nacionales en materia de propiedad y señala la salud pública como una de las excepciones al principio de libertad de establecimiento.
Tribuna Registrador de la propiedad | Jaime Concheiro del Río
Farmacéuticos: rebeldes con causa
E s indudable el prestigio que ha alcanzado el modelo español de farmacia, sobre todo en el ámbito europeo: los especialistas en la materia estiman que solo es superado por la farmacia francesa.
El legislador español, con ocasión de redactar una legislación básica en materia de farmacias (1997), perdió la oportunidad de elaborar una regulación unitaria y lo más completa posible aplicable a todo el territorio nacional.
Dichas lagunas dieron lugar a que el diseño del modelo de ordenación farmacéutica fuese desarrollado por las comunidades autónomas, dando lugar a regulaciones muy dispares y, en algunos casos, de dudosa constitucionalidad.
Hace pocos días los teletipos de todas las agencias de información transmitieron una noticia que parecía surrealista: las farmacias de Castilla-La Mancha se habían puesto en huelga porque llevan desde el mes de mayo con una deuda pendiente de 125 millones de euros, lo que implica que tienen los farmacéuticos que poner de su bolsillo el importe no cobrado por los medicamentos dispensados; muchos de ellos incluso han tenido que acudir al crédito personal con el consiguiente endeudamiento de sus familias.
La presidenta de Castilla-La Mancha ha justificado la falta de pago por la situación de insolvencia ocasionada por el anterior Gobierno. Sin embargo, a pesar de tratarse de una abogada del Estado, no solo no ha pedido disculpas a los farmacéuticos por una demora desproporcionada en los pagos debidos, sino que en lugar de ofrecer una vía de diálogo a aquellos, se ha pronunciado de una forma autoritaria e intolerante y ha anunciado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, alegando que las leyes están para cumplirse y que por consiguiente no tiene más remedio que aplicar las sanciones establecidas con carácter disciplinario por la respectiva legislación autonómica. ¿Cuántas son las leyes que se cumplen en España?
Si esta actitud proviniese de cualquiera de los variopintos personajes que adornan nuestra ilustre
pléyade de políticos podría ser considerada como una anécdota más; pero a una jurista de pro, que además ostenta la condición de número dos del PP, la mayoría de los ciudadanos no podemos por menos que manifestar nuestra sorpresa y nuestra profunda decepción.
Cabe preguntar cuál sería su reacción si esta actitud fuese adoptada por alguna Administración del PSOE. Además, la susodicha jurista, que está todavía paladeando las delicias del poder, nos está revelando la actitud que adoptará su partido si este llega a la Moncloa. Un mensaje de aplicación indebida de las leyes. ¿Cómo puede sancionar a los farmacéuticos por no cumplir un deber «literalmente establecido por la ley» pero que en este caso encuentra su razón de ser en el previo y grave incumplimiento de la propia autonomía manchega, que es a la que le incumbe la obligación de soportar los gastos de la sanidad autonómica? La Administración autonómica tendrá que soportar, si existe una auténtica justicia, unas sanciones mucho más graves que las que trata de imponer a los farmacéuticos.
Pero utilizando la prudentia iuris, es justo considerar, conforme al principio de lo que es causa de la causa es causa del mal causado, que no puede imponerse sanción alguna a los farmacéuticos porque estos actúan acuciados por un estado de necesidad. Qué gran virtud la de la prudencia si se aplicase también a la política. Pues esa virtud se le atribuye, y a veces críticamente, al presidente de la oposición, es decir, del PP.
Mucho nos tememos, con el deseo de equivocarnos, que si el famoso copago se hubiera practicado desde los tiempos de Abril Martorell, posiblemente no nos encontraríamos hoy en esta angustiosa situación en el ámbito sanitario, que nos podrá abocar a un pago único por parte de los usuarios, los cuales tendrán que reclamárselo después a la Administración.
Las farmacias son unas instituciones privadas de interés público sanitario, cuyo interés primordial es velar por la salud de los ciudadanos. Lo que en ningún momento han dejado de evidenciar.
Además de los artículos expuestos anteriormente consta de diversos artículos publicados en su etapa de colaborador en la Revista “ EL CORREO FARMACEUTICO”, como especialista en Derecho Farmaceútico como por ejemplo el siguiente artículo:
PUBLICACIONES en revistas jurídicas y prensa, entre las cuales podemos destacar, entre las más recientes, las siguientes:
- LA TRIBUTACIÓN DE LOS BUQUES EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Revista Impuestos, 1996.
- TRES SUPUESTOS DE POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD Y UNA FICCIÓN JURÍDICA DE DOBLE EFECTO EN EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, Revista Impuestos, 2001.
- PRÉSTAMO BILATERAL DE VALORES. EXAMEN DE SU RÉGIMEN FISCAL Y SU CARÁCTER COMO INSTRUMENTO DE FRAUDE EN LA RECIENTE ACTUALIDAD, Revista Impuestos, 2001.
- LA AMORTIZACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO Y DEL DERECHO DE TRASPASO EN LA NUEVA LEY DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES, Revista Impuestos, 1996.
- TRANSMISIÓN “INTER VIVOS” DE LA EMPRESA CONSTITUIDA POR UNA OFICINA DE FARMACIA. COMENTARIOS A LA DESAFORTUNADA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 23 DE ABRIL DE 1996.
- “IMPORTANTE INCIDENCIA DE LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN LA TRIBUTACIÓN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA” (en lo relativo a la amortización del Fondo de Comercio y de Derecho de traspaso), en la Revista Panorama del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Coruña, 1996. Publicado en la Revista Impuestos, 1996.
- “EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO EN LAS DISTINTAS ESFERAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO”, artículo publicado en el número 2 de la Revista Ferrol Xurídico, editada por el Colegio de Abogados de Ferrol, diciembre, 2002.
- “LA PROPIEDAD SEPARADA DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO”. Artículo ganador del premio nacional convocado por El Consultor de Los Ayuntamientos y de los Juzgados con motivo de su 150 aniversario, y publicado en el nº 11, de 15 de junio de 2003, de esta revista. Publicado igualmente en el Boletín del Colegio de Registradores de la Propiedad, nº de junio de 2003.
- COLABORACIONES en “LA VOZ DE GALICIA; “EL CORREO FARMACÉUTICO”, en su calidad de especialista en Derecho Farmacéutico; en la revista “CÍRCULO DE DIRIGENTES”, en el “BOLETÍN DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD”; en las revistas “ARTE GALICIA XXI” y “POESÍA GALICIA XXI”, DIARIO LALEY, CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS...
- EL RETORNO DE CRISTO; trabajo-ensayo publicado en la revista ARIMATHEA, editada por la Diputación Provincial de La Coruña.
- “LA TORRE DE HÉRCULES ANTE EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”, artículo publicado en el libro colectivo “EL INGLÉS COMO VOCACIÓN. HOMENAJE AL PROFESOR MIGUEL CASTELO”, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Coruña, 2003.
- Diversos ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS publicados en periódicos tales como “LA VOZ DE GALICIA”, “EL DIARIO DE FERROL”, “EL MUNDO”, “EXPANSIÓN”, etc., entre los que destacan:
- “EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y SU RÉGIMEN DE PROTECCIÓN”, artículo publicado en La Voz de Galicia y en la Revista Círculo de Dirigentes.
- “LA PREHORIZONTALIDAD”, artículo publicado en el número 5 de la Revista Ferrol Xurídico, editada por el Colegio de Abogados de Ferrol, 2004.
- “EFECTOS DE LA COSA JUZGADA MATERIAL”, artículo publicado en el nº 6 de la Revista Ferrol Xurídico, 2005.
- “LA REGULACION DE LA HUELGA: UN ASUNTO PENDIENTE”, publicado en la Voz de Galicia, el 20 de junio de 2008.
- “DESLINDES CONFISCATORIOS EN LAS COSTAS”, artículo publicado en la Voz de Galicia, el 5 de diciembre de 2008.
- “DELITOS MULTIPLES Y MUY GRAVES: LA DOCTRINA PAROT”, publicado en la Voz de Galicia, el 1 de marzo de 2009.
- “LA COMPETENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS”, publicado en la Voz de Galicia, el 12 de agosto de 2009.
- “SGAE: CON ELLA LLEGÓ EL ESCANDALO”, publicado en la Voz de Galicia, el 5 de octubre de 2009.
- “LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA COMO TITULO PARA FUNDAMENTAR EL EXPEDIENTE DE DOMINIO, publicado en el Diario La Ley.
- “LA SUBROGACION REAL COMO FUNDAMENTO DE LS PRINCIPALES EXENCIONES URBANISTICAS “, publicado en la revista del Centro de Estudios Financieros.

References: resolución 
 artículo 47
 artículo 34
 artículo 17
 artículo 397
 artículo 24
 resolución 
 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 artículo 33
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 56
 real decreto 
 artículo 56
 artículo 148
 artículo 9
 artículo 31
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 77
 artículo 46
 artículo 46
 ARTÍCULO 11