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Timestamp: 2020-07-13 12:19:41+00:00

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Medidas en el ámbito de empleo y Seguridad Social introducidas en el Real Decreto-ley 19/2020. - Abogados Arpa
El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, publicado en el BOE el día 27 de mayo de 2020, entrando en vigor hoy, introduce algunas medidas en el ámbito de empleo y Seguridad Social que conviene destacar.
De entre las medidas aprobadas en este ámbito, cabe destacar la establecida en el artículo 9 del Real Decreto-ley, a través de la cual las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 durante cualquiera de las fases de la epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de accidente de trabajo, a los efectos del artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Ahora bien, esta previsión se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, acreditando este extremo mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia.
Para finalizar, el Real Decreto-ley contiene una serie de Disposiciones -adicionales, transitorias, derogatoria y finales-, de las cuales, se van a destacar las que se refirieren a continuación:
Se establece como excepción a la limitación del gasto en la Administración del Estado el abono de la cantidad asignada al ejercicio 2020 en el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de 12 de marzo de 2018.
Se regula un régimen para los jóvenes, nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular de entre los 18 y los 21 años que hayan sido empleados en el sector agrario con base en el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, cuando finalice su vigencia.
Establece que las moratorias acogidas a un Acuerdo marco sectorial y suscritas con anterioridad al 28 de mayo de 2020, fecha de entrada en vigor de esta norma, cumplirán con la obligación de entrega previa de la información simplificada (art. 7.6 de este Real Decreto-ley) cuando:
Asimismo, se establece que estas moratorias deberán cumplir las obligaciones de transparencia en relación con los contratos recogidas en el artículo 7 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, en el plazo de un mes desde el 28 de mayo de 2020.
Establece los efectos de la calificación como contingencia profesional derivada de accidentes de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma (art.9 de este Real Decreto-ley).
Las solicitudes de prestaciones por desempleo formuladas al amparo del artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, que se encuentren pendientes de resolución se resolverán conforme a lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley; mientras que, respecto a las solicitudes hayan sido denegadas a fecha 28 de mayo de 2020, se podrán volver a presentar con arreglo a lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley
Se derogan los siguientes artículos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19:
Artículo 16 ter, relativo a la formalización en escritura pública de la moratoria hipotecaria.
Artículo 20, relativo a la suspensión de las operaciones de portabilidad en lo que respecta a los operadores de proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.
Asimismo, a partir del 1 de junio de 2020, se deroga la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que establecía la suspensión de los plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se modifica el artículo 103.c) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, que queda redactado como sigue:
Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 55 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y su redacción queda como sigue a continuación:
Se modifica el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Básicamente, se añade una disposición adicional al mismo, a través de la cual se establece que las fundaciones bancarias no estarán obligadas a realizar dotaciones al fondo de reserva durante el año 2020.
Se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, añadiendo un apartado 11 al artículo 33, que consiste en lo siguiente:
«11. El Fondo procederá a la instrucción de un expediente para la comprobación de la procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados, respetando en todo caso los límites previstos en los apartados anteriores. Concluida la instrucción del expediente, el órgano competente dictará resolución en el plazo máximo de tres meses contados desde la presentación en forma de la solicitud. La notificación al interesado deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las obligaciones con cargo al Fondo, sin que en ningún caso pueda obtenerse por silencio el reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte por aplicación de los límites previstos en los apartados anteriores. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo solo podrá dictarse de ser confirmatoria del reconocimiento de la obligación, en favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias y dentro de los límites previstos en los apartados anteriores. En todo caso, a efectos probatorios, se podrá solicitar un certificado acreditativo del silencio producido, en el que se incluirán las obligaciones con cargo al Fondo que, dentro de los límites previstos en los apartados anteriores, deben entenderse reconocidas. Contra dicha resolución podrá interponerse demanda ante el órgano jurisdiccional del orden social competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación si el acto fuera expreso; si no lo fuera, dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que deba entenderse estimada la solicitud conforme a lo establecido en el apartado anterior por silencio.»
Se modifica el apartado 1 del artículo 324 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en los siguientes términos:
Se modifica el apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, relativo a las condiciones sobre el aplazamiento de las deudas tributarias, estableciendo que no se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento.
Se modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en los siguientes términos:
Modificación del apartado 4 del artículo 17. Se ajustan algunas imprecisiones con la finalidad de aclarar aspectos presupuestarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad:
«4. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado, no existirá obligación de cotizar y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la aportación por contingencias comunes, de las mutuas colaboradoras o, en su caso, entidad gestora correspondiente, en el caso de la aportación por contingencias profesionales y cese de la actividad, y con cargo a los presupuestos de las entidades correspondientes en el caso del resto de aportaciones.»
Modificación del apartado 2 del artículo 24. Queda redactado de la siguiente manera:
Modificación del apartado 3 de la disposición adicional séptima, dándole la siguiente redacción:
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Modificación del apartado 1 del artículo 21 en los siguientes términos:
«1. Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decretoley, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, en la forma definida en el artículo 16, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En todo caso, los contratos de arrendamiento financiero se entenderán incluidos dentro del ámbito de aplicación objetivo de la suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior.»
Modificación del apartado 1 del artículo 48 que queda redactado como sigue:
Modificación del apartado 6 del artículo 52, en los siguientes términos:
«6. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: a) El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento.»
Se modifica el apartado e) del artículo 3 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, quedando redactado de la siguiente manera:
Se añade a la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, un nuevo apartado:
Se modifica, con efectos desde el 6 de mayo de 2020, el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, en los siguientes términos:
Modificación apartados 1, 2 y 3 del artículo 2. Su redacción quedará como sigue a continuación:
Se añade el apartado 5 al artículo 2:
Se modifica el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, en los siguientes términos:
Modificación del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 1 incluyendo, en su caso, al Instituto Social de la Marina, en la comunicación previa que se debe efectuar de la renuncia al expediente de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación.
El artículo 4, que recoge medidas extraordinarias en materia de cotización, queda modificado en los siguientes apartados:
Apartado 4: se establece que, para el control de las exoneraciones de cuotas, será suficiente la verificación de que el Servició Público de Empleo Estatal, y ahora también con esta modificación, del Instituto Social de la Marina, en su caso, proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el periodo de que se trate
Apartado 5: las exenciones en la cotización previstas en este artículo no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el apartado 1 del artículo 20 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

References: artículo 9
 artículo 156
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 2
 resolución 

Artículo 16

Artículo 20
 artículo 103
 artículo 55
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 33
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 324
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 21
 artículo 16
 artículo 48
 artículo 52
 artículo 108
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 20