Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/laboral/prestacion-cese-actividad-trabajadores-autonomos_12_1124685002.html
Timestamp: 2017-11-22 14:38:27+00:00

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Prestación o subsidio de incapacidad temporal de trabajador autónomo
Al no especificar el art.331.1.a LGSS -EDL 2015/188234- qué tipo de ingresos son computables para determinar si las pérdidas alcanzan el 10% de los ingresos procedentes de la actividad empresarial, a efectos de lucrar la prestación por cese de actividad, podría entenderse que son computables todos los ingresos que perciba el trabajador autónomo y guarden relación con el desempeño de su actividad profesional por lo que, en principio, cabría pensar que son computables los importes percibidos por el trabajador autónomo en concepto de subsidio de incapacidad temporal.
La respuesta ha de ser negativa por varias razones. En primer lugar porque si el cese de actividad del trabajador autónomo que da lugar a la prestación prevista en el Título V del RD Leg 8/2015, de 30 de octubre, (LGSS) -EDL 2015/188234- se justifica en la insuficiente rentabilidad del negocio, los ingresos que se han de computar serán tan solo aquellos que se obtengan del desarrollo de la actividad profesional, pues son los únicos que evidencian la rentabilidad del negocio y es claro que el subsidio de incapacidad temporal resulta inocuo a estos efectos. Por otra parte, su cómputo como ingreso puede resultar un elemento distorsionador; sobre todo, cuando la situación de incapacidad temporal se prolongue en el tiempo y el trabajador autónomo haya tenido que proceder al cierre del establecimiento, en cuyo caso los ingresos se cifrarían en el importe del subsidio pese a que la rentabilidad del negocio sería, en realidad, nula. Además, se ha de tener en cuenta que a efectos fiscales, las prestaciones sociales de los trabajadores autónomos, como el subsidio de incapacidad temporal, no se computan como ingresos de la actividad económica, sino como rendimientos del trabajo personales del trabajador, no contabilizándose su importe a la hora de determinar la existencia de pérdidas o beneficios de la actividad, por lo que su cómputo como ingreso de la actividad económica a efectos de lucrar la prestación por cese de actividad supondría una discordancia respecto a las normas fiscales. Al hilo de lo expuesto cabe subrayar que ni el Plan General de Contabilidad ni el Plan General de Contabilidad de las Pequeñas y Medianas Empresas contienen normas específicas para las personas físicas, indicando qué ingresos y gastos deben incluirse, como vinculados con su actividad económica y cuáles deben quedar fuera, pero las prestaciones sociales percibidas a título personal por el trabajador autónomo, por los administradores o por los trabajadores de la empresa no figuran en el plan de cuentas en concepto de ingresos propios de la empresa Pero es que además si tenemos en cuenta que también pueden lucrar la prestación por cese de actividad los socios de sociedades de capital cuando cesan involuntariamente en el cargo de consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la misma, siempre y cuando la sociedad haya incurrido en las pérdidas previstas en el art.331.1.a).1.º, es obvio que para cuantificar el volumen de pérdidas de dicha sociedad no pueden computarse como ingresos de la misma el subsidio de incapacidad temporal percibido por los socios, puesto que solo se pueden computar en la cuenta de resultados los ingresos obtenidos por la persona jurídica, lo que conduce a afirmar que el subsidio de incapacidad temporal tampoco puede ser computado como ingreso del trabajador autónomo, pues lo contrario llevaría a manejar dos conceptos de ingresos de la actividad profesional a efectos de la prestación de cese de actividad, distintos; según el beneficiario fuera una persona física o una persona jurídica, lo que resulta absurdo y, por consiguiente se ha de rechazar.
Por último y aun cuando no existe una respuesta unánime en la doctrina jurisprudencial acerca de la cuestión planteada y a la espera de que nuestro Alto Tribunal se pronuncie al efecto, cabe destacar que la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia se han inclinado por no computar el subsidio de incapacidad temporal como ingreso a efectos de determinar las pérdidas que justifican el devengo de la prestación por cese de actividad y en tal sentido se han manifestado, entre otras, la STSJ Extremadura 5-6-14, rec 231/14 -EDJ 2014/112040-, la STSJ Asturias 30-12-14, rec 2672/14 -EDJ 2014/248774-, la STSJ Navarra 27-2-15, rec 20/15 -EDJ 2015/68782-, la STJ Andalucía, sede de Granada, de 12-3-15, rec 2760/14 -EDJ 2015/83071- y, las STSJ Aragón 1-7-15, rec 389/15 -EDJ 2015/120181- y 11-11-16, rec 712/16 -EDJ 2016/217917-, la STSJ Castilla-León, sede Valladolid, 9-3-16, rec 97/16 -EDJ 2016/25138- y la STS País Vasco 21-3-17, rec 547/17 -EDJ 2017/83914-.
2. Las razones de su no cómputo como ingreso se fundamentan: (1) en primer término, en una interpretación literal o gramatical de la regulación prevista en el título V «Protección por cese de la actividad» –art.327-350- LGSS/2015 -EDL 2015/188234-; (2) haciendo también una interpretación sistemática del régimen jurídico de la prestación de cese de actividad tal y como aparece previsto en la determinación del hecho causante de la misma cuando regula los supuestos de interacción de la prestación de cese de actividad con otras prestaciones como la incapacidad temporal, la maternidad y paternidad (art.343 LGSS/2015); (3) con base en una interpretación lógica del concepto y finalidad del subsidio de incapacidad temporal, relacionándola con su tratamiento fiscal y contable al tener presente que quien devenga la prestación es una persona física y no jurídica; y (4) finalmente, diversos pronunciamientos de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, vienen abonando el criterio de no inclusión del subsidio de incapacidad temporal en la partida de ingresos.
3. Los términos y conceptos que utiliza la LGSS -EDL 2015/188234- para describir la situación legal de cese de actividad del trabajador autónomo se están refiriendo siempre a «la actividad económica o profesional finalizada», o la «inviabilidad» de proseguir la misma, cuando responda a la concurrencia, entre otras causas, «de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional». Y con más énfasis, se vinculan las pérdidas al «desarrollo de la actividad en un año completo», cuando se establece que «existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad.» Literalmente, los términos actividad económica o profesional están vinculados al desarrollo del negocio o prestación desplegada o creada.
4. Una interpretación sistemática del régimen jurídico de la prestación del cese de actividad para trabajadores autónomos regulado en la LGSS/2015 -EDL 2015/188234- en la que afecta a la dinámica e interacción con otras prestaciones, y en particular con el subsidio de incapacidad temporal, revela que la percepción de éste ni es causa de extinción, ni de suspensión ni de incompatibilidad (art.343 LGSS/2015). El dato de que la LGSS repare, con detalle, si el hecho causante de la protección por cese de actividad se produce encontrándose el trabajador autónomo bien en incapacidad temporal, maternidad o paternidad, está poniendo de manifiesto el tratamiento de esta interacción en un plano estricto en materia de prestaciones de Seguridad Social, atendiendo a la finalidad que cumplen cada una de estas prestaciones para justificar el régimen específico de percepción que justifica las mismas. Concretamente, «en el supuesto en que el hecho causante de la protección por cese de actividad se produzca mientras el trabajador autónomo se encuentre en situación de incapacidad temporal, este seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en la misma cuantía que la prestación por cese de actividad hasta que la misma se extinga, en cuyo momento pasará a percibir, siempre que reúna los requisitos legalmente establecidos, la prestación económica por cese de actividad que le corresponda. En tal caso, se descontará del período de percepción de la prestación por cese de actividad, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de la situación legal de cese de actividad» (art.343.1 LGSS/2015).
No tiene sentido desde el plano de la finalidad de cobertura de una situación de pérdida de ganancia a que responden ambas prestaciones, que por el hecho de que el trabajador autónomo haya estado en situación de incapacidad temporal, el subsidio percibido en el último año al cese de su actividad compute como ingreso para detraerlo de la cuenta de pérdidas. El sistema específico de protección por el cese de actividad es de carácter voluntario y tiene por objeto dispensar a los trabajadores autónomos determinadas prestaciones y medidas ante la situación de cese total -definitivo o temporal- en la actividad que originó el alta en el régimen especial, no obstante poder y querer ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo. Y el subsidio de incapacidad temporal está anudado a la situación de perjuicio en la que trabajador se encuentra al tener que soportar una enfermedad o tener un accidente, de origen laboral o común, que le impida temporalmente desarrollar su actividad laboral. Dicha incapacidad temporal, o no definitiva, provoca una correlativa carencia de ingresos que el sistema de Seguridad Social incorpora a su acción protectora debido a la suspensión del contrato de trabajo que supone, pero manteniéndose vivas una serie de obligaciones, pero lo que pretende es suplir la carencia de rentas derivada de la incapacidad para trabajar, consiste en un subsidio, o prestación periódica, tasada por la norma.
(2) Que analizando «la cuestión desde la perspectiva de la legislación contable, interpretada, en caso de laguna o vacío, a la luz de la legislación tributaria, en la que se vienen a aplicar las normas contables (aunque en ocasiones con alguna diferencia o variación, como hemos dicho, en cuyo caso debemos dar preferencia al concepto contable y no al tributario) y por tanto, en la medida de lo posible, ha de llevarse a cabo una interpretación uniforme. El artículo 25 del Código de Comercio -EDL 1885/1- obliga a todos los empresarios, también a los autónomos, a la llevanza de una contabilidad ordenada. Obviamente en el caso de los autónomos esa contabilidad no se refiere a su persona, sino a su actividad empresarial. El artículo del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad -EDL 2007/194098-, nos dice que el Plan General de Contabilidad es de aplicación obligatoria para todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, sin perjuicio de aquellas empresas que puedan aplicar el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). El Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas vienen aprobados por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre -EDL 2007/194244-. Lo que determina la aplicación de este plan de PYMES no es la forma jurídica de la empresa, puesto que el artículo 2 nos dice que "podrán aplicar este Plan General de Contabilidad de Pymes todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros. b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros. c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta". Y añade que "las empresas perderán la facultad de aplicar el Plan General de Contabilidad de Pymes si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior". Por tanto el hecho de ser persona física no es determinante de la aplicación del Plan Contable para las PYMES, sino las características económicas de la actividad. (...)»
En una primera aproximación el artículo 331 LGSS -EDL 2015/188234- vincula el concepto de «pérdidas», y esto interesa destacarlo, al concepto «del desarrollo de la actividad», que no es otro que el de la actividad empresarial en su conjunto, solución que, como interpreta la STSJ Asturias de 18-5-2016, rec. 907/2016 -EDJ 2016/124242-, es congruente con lo dispuesto en el art.52.c) -EDL 2015/182832- en relación con el 51 ET para los despidos por causas económicas objetivas, tomando como centro de imputación de los ingresos y gastos a la empresa, y no a la persona, ora se trate de un establecimiento familiar o personal, ora de una empresa propiamente dicha, y por ello parece debe establecerse una separación entre lo que son ingresos y gastos derivados del desarrollo del negocio o de la actividad empresarial de lo que son otros ingresos que el titular del negocio pueda tener por razones diferentes al ejercicio de su actividad, en su conjunto. Y es que, como luminosamente razona la STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 9-3-2016, rec. 97/2016 -EDJ 2016/25138-, si en el caso de personas físicas tomásemos como centro de imputación de ingresos y gastos para el cálculo de las pérdidas a la persona, y no a su actividad, el resultado sería que se computarían como gastos los de naturaleza exclusivamente personal (vivienda, alimentación, ocio, etc.), lo que no parece estar en sintonía con la finalidad de la norma. Siguiendo en esta misma línea argumentativa, y como una vez más apunta con finura la misma sentencia de la Comunidad Castellano-Leonesa antes referenciada, si el socio administrador de la sociedad limitada, encuadrado en el RETA, se jubila por alcanzar la edad de jubilación, su pensión de jubilación no se considera un ingreso de la empresa computable en su contabilidad, pese a que sea renta sustitutiva del trabajo y pese a que en la legislación tributaria tenga la consideración de rendimiento del trabajo, propio del trabajador, pero no de la empresa.
Desde esta perspectiva, si el concepto de pérdidas a efectos contables implica que tan solo se producen si la diferencia entre ingresos y gastos es negativa, teniendo en cuenta que la normativa de referencia (por orden cronológico, L 32/2010, de 5 agosto -EDL 2010/149555-, L 35/2014, de 26 diciembre -EDL 2014/217107-, y art.331 RD Leg 8/2015, de 30 octubre -EDL 2015/188234-) guarda silencio sobre si hemos de computar, o no, como ingreso el subsidio por incapacidad temporal, parece oportuno acudir a otras parcelas del Derecho, en concreto a la normativa contable y tributaria, para buscar respuestas, y ni del RD 1514/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad -EDL 2007/194098-, ni del RD 1515/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas -EDL 2007/194244-, se advierte, como analiza la STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 9-3-2016, rec. 97/2016 -EDJ 2016/25138-, la existencia de normas específicas para las personas físicas, detallando qué ingresos y gastos deben incluirse, como vinculados con su actividad económica, y cuáles deben quedar fuera, por tratarse de materias estrictamente personales. Mas del conjunto de sus previsiones y análisis del plan de cuentas y de sus diversas previsiones no parece exista suficiente base jurídica para la inclusión de las prestaciones sociales percibidas a título personal por el trabajador autónomo, por los administradores o por los trabajadores de la empresa en concepto ingresos propios. Si, además, el artículo 331 LGSS -EDL 2015/188234- vincula, como hemos visto, el concepto de «pérdidas» al «desarrollo de la actividad», el subsidio por incapacidad temporal no debe computarse como ingreso para determinar si se tienen beneficios o pérdidas y si estas últimas superan el 10 por ciento.
Finalmente, el art.331 LGSS -EDL 2015/188234- define lo que debe entenderse por situación legal de cese de actividad, excluyendo la voluntariedad, y vinculándolo directamente a la existencia de determinadas, concretas y específicas causas motivadoras de la cesación en el ejercicio de la actividad, siendo una de ellas las económicas, técnicas, productivas y organizativas determinantes de la inviabilidad de proseguir en su desempeño, que se entenderá concurrente, en lo que ahora interesa, cuando las «Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad».
2. El sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios del mismo, cuya gestión corresponderá a las entidades previstas en el artículo 344.5 -EDL 2015/188234- ».
Uno de los requisitos exigidos por el art.330.1 LGSS -EDL 2015/188234- para el nacimiento del derecho a la prestación es el de: «Encontrarse en situación legal de cese de actividad” (letra c). Y el artículo 331 LGSS dispone que se encuentran en esa situación legal de cese de actividad: "todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes: (...) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional". Expresa el precepto adicionalmente que "Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad".
Este último artículo, como el precedente art.5, L 32/2010, de 5 agosto -EDL 2010/149555-, por la que se estableció un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, hablan de: "situación legal de cese de actividad", "pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad", es decir, están referidos a la actividad económica.
Lo que la ley exige entonces es que las pérdidas se generen con ocasión "del desarrollo de la actividad". El subsidio de incapacidad temporal no es un ingreso computable fiscalmente como renta de actividades económicas sino, al contrario, una renta sustitutiva del ejercicio de la actividad económica. Incluso la percepción del subsidio, según la propia normativa de la Seguridad Social, exige el cese de la actividad.
Como algunas Salas han considerado en este mismo sentido, STSJ Castilla-León (Valladolid) de 9-3-16 (rec 97/16) -EDJ 2016/25138- o STSJ Asturias núm 1145/16 de 24 mayo (rec 836/16) -EDJ 2016/110451-, debe establecerse una separación entre lo que son ingresos y gastos derivados del desarrollo de la actividad, de lo que son otros ingresos y gastos que la persona física pueda tener por razones diferentes al ejercicio de su actividad.
Es cierto que Alguna Sala (TSJ Madrid, núm 792/14, de 13 octubre (rec 50/14) EDJ 2014/226000) ha considerado que debe computarse la prestación de incapacidad temporal. El argumento es que, de no encontrarse de alta y cotizando, el autónomo no tendría derecho al percibo de tal prestación (máxime si se toma en consideración que la baja es por contingencias profesionales) y la incapacidad temporal está dirigida a sustituir y compensar la falta de ingresos directos de la actividad, dada la situación de incapacidad temporal para desarrollar la misma. Nos parece, sin embargo, un argumento un poco forzado y hasta cierto punto "sofístico".
En el supuesto contemplado en el actual art.331.1 LGSS -EDL 2015/188234-, la referencia de la causa es a la actividad: «todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes: a) "Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional". Y el precepto sigue diciendo que "Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad".
Centrándonos en las causas entonces, cuando se habla de ellas en el art. 52.c -EDL 2015/182832- en relación con el art. 51 ET, para los despidos por causas económicas objetivas, se considera los ingresos de la empresa, del negocio y no los de su titular, es decir, los que pueda tener por razones diferentes al ejercicio de su actividad: "se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior".
Computar la cantidad que se percibe, en muchos casos, como prestación o subsidio de incapacidad temporal, la que precede al cese de actividad del trabajador autónomo, y hacerlo como "ingresos" de la actividad a los efectos de calcular si las pérdidas superan el 10 por ciento de los ingresos, supondría entonces, frente a tal propósito legislativo, una restricción del derecho, que, insistimos, no es la confesada.
Tampoco puede obviarse que esta prestación tiene naturaleza pública y está comprendida, en los términos previstos en el art.41 Const -EDL 1978/3879-, dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, por lo que la determinación de sus requisitos deberá interpretarse "pro beneficiario".
Al igual que el Texto que vamos a comentar, el art.5.1.a),3º, L 32/2010, de 5 agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos -EDL 2010/149555-, en su redacción dada por la Disposición final segunda, de la L 35/2014, de 26 diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social -EDL 2014/217107-, establecía que se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes: a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional. En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada. Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad. En el Preámbulo II, de dicha Ley, se declara que «En España, las prestaciones sociales a favor de los trabajadores autónomos o por cuenta propia tardan en aparecer hasta la segunda mitad del siglo XX por medio del concepto novedoso de Seguridad Social, cuyo ámbito subjetivo se extiende a todos los ciudadanos, de forma que la Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963 -EDL 1963/87- y el Texto Articulado de la Ley de Seguridad Social de 1966 establecen, por medio de un régimen específico y especial, el reconocimiento legal al trabajador autónomo o por cuenta propia de dicha protección social. En el contexto del marco jurídico vigente el Estatuto del Trabajo Autónomo de 2007 -EDL 2007/58349- se erige en la norma básica que regula la protección social del trabajador autónomo o por cuenta propia que, hasta su promulgación, venía contenida de forma parcial en la Ley General de Seguridad Social de 1994 -EDL 1994/16443- que deroga la Ley de 1975 -EDL 1974/1308- y de forma expresa en el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos -EDL 1970/1700-.
Como vemos el precepto indica que las pérdidas deberán referirse a las que se generen en el desarrollo de la actividad, "pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad", para luego establecer el nivel comparativo con los ingresos, señalando, "superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo". En este apartado nada dice sobre el origen de los ingresos, pero aunque omita tal indicación concluye que para dicho cálculo, se deberá excluir "el primer año de inicio de la actividad". Actividad que comienza y cierra el ciclo.
Entre las reglas hermenéuticas adquiere singular relevancia el elemento de la literalidad, y por el cual el intérprete ha de estar «al sentido propio de sus palabras», pero también, no menos cierto es que los fundamentales elementos interpretativos -lógico, gramatical e histórico- han de ponderarse en el marco de una interpretación sistemática del conjunto de la disposición y de la finalidad perseguida por la misma, si cuando aquellos primeros criterios hermenéuticos no llevan a solución clara alguna, TS Sala 4ª, núm 937, de 8-11-16, rec 102/16 -EDJ 2016/209004- y las en ella citadas.
También si observamos la norma de forma sistemática, el art.17, aptdo. 2.a)1.ª L 35/2006, de 28 noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -EDL 2006/298871- dispone que: En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo: a) Las siguientes prestaciones: 1.ª Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley -EDL 2006/298871-, rendimientos de trabajo, no ingresos para determinar beneficios o pérdidas de una actividad económica y de la misma forma, parece solución congruente con lo dispuesto en el art.52.c) -EDL 2015/182832-, en relación con el art.51 del Estatuto de los Trabajadores, para los despidos por causas económicas objetivas, en que el centro de imputación es la empresa: «Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa» reza el precepto, es decir son las pérdidas o la disminución de los ingresos y las ventas de la empresa lo que ha de ser valorado a la hora de determinar la situación económica y la rentabilidad del negocio, y ello ya se trate de un establecimiento familiar o personal ya estemos hablando de una gran empresa, y por ello debe establecerse una separación entre lo que son ingresos y gastos derivados del desarrollo del negocio, de lo que son otros ingresos que el titular del negocio pueda tener por razones diferentes al ejercicio de su actividad, como son aquellos de tipo prestacional. De la legislación fiscal y contable y, en particular a las previsiones del Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas -EDL 2007/194244-, aplicable, entre otros supuestos, a aquellas empresas cuya cifra de negocio no supere los cinco millones setecientos mil euros anuales (art. 2), ninguna de las dos normas contables, ni el PGC ni en el PGC propio de las PYMES, contiene normas específicas para las personas físicas, especificando qué ingresos y gastos deben incluirse, como vinculados con su actividad económica y cuáles deben quedar fuera, por tratarse de materias estrictamente personales. Pero del análisis del plan de cuentas y de sus diversas previsiones no se obtiene una base jurídica para la inclusión de las prestaciones sociales percibidas a título personal por el trabajador autónomo, por los administradores o por los trabajadores de la empresa en concepto de ingresos propios de la empresa, ni existe tal concepto en el plan de cuentas (...). Si atendemos, con valor interpretativo, a la normativa fiscal, es evidente que las prestaciones sociales de los trabajadores autónomos, como pueden ser una pensión de invalidez o de jubilación o el subsidio de incapacidad temporal, no se computan como ingresos de la actividad económica, sino como rendimientos del trabajo personales del trabajador, no contabilizándose su importe a la hora de determinar la existencia de pérdidas o beneficios de la actividad. En definitiva, tratándose de prestaciones por desempleo, cuando el legislador ha querido tomar en consideración el conjunto de ingresos o rentas del sujeto causante de la prestación, incluidas las de naturaleza prestacional, lo ha dicho expresamente, así ocurre por ejemplo en el art. 275.4 de la LGSS -EDL 2015/188234- en referencia al subsidio por desempleo, en el que se puede leer «A efectos de determinar los requisitos de carencia de rentas (...) se considerarán como rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional».
En este sentido se vienen a pronunciar distintas Salas de Tribunales Superiores de Justicia, TSJ Galicia Sala de lo Social, sec. 1ª, núm. 6820, de 13-12-16, rec 2522/16 -EDJ 2016/240598-, con cita de la STSJ de Castilla León (Valladolid) 9-3-16 (rec 97/16) -EDJ 2016/25138- y la STSJ Asturias 13-9-16 (rec 1528/16) -EDJ 2016/170449-, respecto a que la prestación o subsidio de IT no es un ingreso computable fiscalmente como renta de actividades económicas, pues por definición, la prestación de incapacidad temporal es una renta sustitutiva del ejercicio de la actividad económica, que tan solo tendrá la consideración de rendimientos del trabajo y dado que la L 32/2010 -EDL 2010/149555- no contiene, para determinar el concepto de pérdidas e ingresos, otros criterios distintos a los que resultan de la legislación contable, ha de concluirse que no cabe computar el subsidio de incapacidad temporal o cualquier otra prestación de Seguridad Social sustitutiva de las rentas del trabajo, como ingresos para determinar beneficios o pérdidas de una actividad económica.
De la misma forma, SSTSJ Asturias Sala de lo Social, núm. 1145, 24-5-16, rec 836/2016 -EDJ 2016/110451- y núm 793, 30-3-17, rec 429/17 -EDJ 2017/63912-, razonando sobre la relación entre la situación de IT y el cese de actividad, regulada en el art. 13 de la Ley 32/2010 -EDL 2010/149555-, en el caso de estar percibiendo la prestación por incapacidad temporal, indicando que «siempre que reúna los requisitos legalmente establecidos, pasará a percibir la prestación económica por cese de actividad en los términos que tal precepto señala, procediéndose en tal caso a descontar del periodo de percepción de la prestación por cese de actividad, el tiempo que hubiera permanecido en situación de incapacidad temporal. Por su parte, el art.17.1 del RD 1541/2011 -EDL 2011/235781- dispone que "En los casos del artículo 13.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, en que el hecho causante de la protección por cese de actividad se produzca mientras el trabajador autónomo se encuentre en situación de incapacidad temporal, la cotización a cargo del órgano gestor se realizará exclusivamente a partir de la fecha en la que se inicie el pago de la prestación por cese de actividad y por el período de la misma que reste hasta su extinción".
En definitiva, lo que la ley exige es que las pérdidas se generen con ocasión "del desarrollo de la actividad", nexo causal que no cabe extender al subsidio cuestionado; es más, cabría añadir, durante la percepción del subsidio es la propia normativa de la Seguridad Social, la que exige el cese de la actividad salvo que se declare qué otra persona se queda a cargo del establecimiento (DA 10ª RD 2319/1993, de 29 de diciembre -EDL 1993/19405- y Res. de 1 de marzo de 1994 de la Dirección General del INSS -EDL 1994/15092- citados. En el supuesto contemplado en el art. 5 de la Ley 32/2010 -EDL 2010/149555- tanto los ingresos como las pérdidas se ciñen a los "derivados del desarrollo de la actividad" que da lugar a su inclusión en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos».

References: artículo 25
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 344
 artículo 331
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 13