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Timestamp: 2019-01-23 06:09:54+00:00

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﻿ SENTENCIA SP3210-2017/45814 DE MARZO 8 DE 2017
SENTENCIA SP3210-2017 DE 08 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:INDICIO DE PERTENENCIA A GRUPO ALZADO EN ARMAS, DE ESA SOLA MEMBRESÍA NO ES POSIBLE AFIRMAR QUE EL ENJUICIADO DEBE RESPONDER POR EL DELITO ATENTATORIO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA, DE LA MISMA MANERA QUE LA DEMOSTRACIÓN DE ANTECEDENTES CONDUCTUALES POSITIVOS DEL PROCESADO NO ES IDÓNEA PARA SUSTENTAR LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD FRENTE A LA IMPUTACIÓN DE UNA CONDUCTA PUNIBLE, LA ACREDITACIÓN DE ANOTACIONES NEGATIVAS SIMILARES O NO AL COMPORTAMIENTO ATRIBUIDO, ANTERIORES, CONCOMITANTES O POSTERIORES A ESTE, TAMPOCO ES EFICAZ PARA, CON BASE EN UN APARENTE PERFIL ANTISOCIAL DEL IMPLICADO, ASEGURAR SU COMPROMISO EN EL DELITO ENDILGADO EN AUSENCIA DE OTROS ELEMENTOS QUE DE MANERA EFECTIVA LO COMPROMETAN, PUES VALORACIONES DE ESE CALADO CONSTITUYEN UNA INACEPTABLE MANIFESTACIÓN DEL PROSCRITO DERECHO PENAL DE AUTOR, EN DESMEDRO DE SU PAR OPUESTO, EL DERECHO PENAL DE ACTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:INDICIO, DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA, TERRORISMO, SEGURIDAD PÚBLICA, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, MIEMBROS DEL GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY
Sentencia SP3210-2017/45814 de marzo 8 de 2017
Rad.: 45814
Dra. Eugenio Fernández Carlier
(Aprobado en acta 77)
Bogotá D.C., ocho de marzo de dos mil diecisiete.
EXTRACTOS: “Demanda(1)
Al amparo de las causales previstas en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, formula dos cargos en orden jerárquico, por nulidad y por violación indirecta de la ley sustancial.
Primer cargo: Nulidad por infracción al debido proceso
Pregona que desde la definición de situación jurídica, así como en la calificación sumarial y las sentencias no se precisaron los hechos terroristas endilgados al incriminado, además, no hubo una seria y juiciosa investigación de los mismos.
Que la imprecisión se advierte cuando pese a que se mencionan varios eventos terroristas, su defendido no fue acusado por el concurso de delitos de terrorismo, dejando su intervención a una multiplicidad de sucesos indeterminados, en una clara afrenta del debido proceso y del derecho de defensa.
Para el casacionista, esa vaguedad se repitió en los fallos, pues no se indicó en qué actos terroristas participó M. A., por lo cual solicita casar el fallo impugnado y declarar la nulidad del proceso.
Segundo cargo: Violación indirecta de la ley sustancial. Falso raciocinio
Denuncia la aplicación indebida del inciso 2º del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, porque no mediaba la certeza suficiente para condenar a su defendido como responsable del delito de terrorismo y, por el contrario, surgían múltiples dudas que debieron ser resueltas en su favor.
Expone que los juzgadores acudieron a una deficiente construcción indiciaria, porque de las declaraciones de V. B. M., M. Z. M., J. J. P. y H. L. F. tomaron hechos indicadores para establecer la responsabilidad del procesado, sin que ninguno de esos deponentes hubiera presenciado a M. A. haciendo o instalando artefactos explosivos, ni tampoco lo observaron en alguna intervención en la fase de consumación de los atentados terroristas.
Consecuentemente, solicita a la Corte casar el fallo a fin de absolver a su asistido del delito que le fuera achacado.
El Procurador Segundo Delegado se muestra conforme con la petición del demandante de casar la sentencia por razón del segundo cargo, dando así aplicación al principio de resolución de duda en favor del procesado, ante la confusión que ofrecen los deponentes en sus relatos, los cuales no esclarecen lo acontecido e impiden estructurar la certeza necesaria para condenar.
1. En cuanto al primer cargo postulado indica que en la resolución de acusación de primer grado, así como en su confirmación, se abordaron tres atentados terroristas; al edificio inteligente de Chambacú, Merquefácil y las instalaciones de Electrocosta, además de otras tareas que cumplía el procesado en el grupo subversivo, lo cual desdibuja alguna imprecisión en los hechos.
Que de la misma manera los juzgadores individualizaron los acontecimientos, se ahí que en su criterio se preservó el debido proceso y el derecho de defensa, pues no se sorprendió al incriminado con hechos nuevos.
Por ello asegura que el reproche no tiene vocación de prosperidad.
2. En relación con la segunda censura, luego de transcribir apartes de los testimonios resaltados por el demandante, aduce que dieron cuenta del comportamiento de M. A. al interior de la organización delictiva, pero no hicieron mención en concreto a algún atentado terrorista perpetrado por él, además, los deponentes ofrecieron datos vagos e imprecisos, surgiendo duda probatoria de la responsabilidad penal de aquel, amén de tratarse de testigos que buscaban beneficios por colaboración con la justicia.
En estas condiciones, estima que la presunción de inocencia no fue desvirtuada, lo que amerita casar el fallo a fin de absolver al enjuiciado.
La Corporación advierte que a diferencia de lo que por lógica se impone de examinar preliminarmente los desafueros con aptitud de afectar la validez del trámite judicial, esto es, la denuncia relacionada con la falta de claridad fáctica, así como la deficiente investigación, se acometerá el estudio del cargo por violación indirecta de la ley sustancial que el defensor funda en la infracción del principio de resolución de duda en favor del procesado, toda vez que para la Sala es evidente la prosperidad de tal reparo.
Son dos aristas que llevan a no analizar el reproche por nulidad: de un lado, la prevalencia de la presunción de inocencia y, de otro, el principio de solución menos traumática para los objetivos del proceso penal, porque al imponerse una sentencia estimativa de absolución hace inoficioso analizar la censura que apuntaría a retrotraer la actuación al momento apropiado a fin de enmendar algún yerro de estructura o de garantía.
Además, el rol de la corporación de garante y protector de los derechos y garantías fundamentales, impone que al sopesar las variables de solución del asunto, cuando como aquí, se advierte la incertidumbre probatoria, atienda no solo los fines del proceso, sino respete al ciudadano, pues una decisión de anulación procesal redundaría en últimas en mayores cargas a este al verse avocado nuevamente al trámite judicial.
Con esa óptica, se analizará la queja del defensor relacionada con que pese a que ninguno de los declarantes presenció a M. A. haciendo o colocando artefactos explosivos, el tribunal tomó de ellos hechos indicadores cuando dieron cuenta de la pertenencia de aquel a la agrupación subversiva de las FARC para deducirle así responsabilidad penal en el delito de terrorismo, en lo que califica como una deficiente construcción indiciaria.
En primer lugar, se advierte que el Ad quem estuvo de acuerdo con el defensor cuando en el recurso de apelación denunció que el fallo de condena se había soportado en los informes de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por ello, la corporación los marginó de la decisión acatando lo preceptuado el artículo 314 de la Ley 600 de 2000 que mina su valor probatorio, ya que solo pueden servir de criterio orientador de la investigación.
Así, apoyado en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la tarifa legal negativa cuando se trata de las actividades de los organismos de policía judicial al recepcionar entrevistas o exposiciones de informantes y la restricción de su aptitud probatoria al ser simplemente guía de la actividad investigativa, sin que puedan ser utilizados como evidencia, el juez plural excluyó de la sentencia los aludidos informes de inteligencia del DAS que señalaban a M. A., alias “J. E.” como integrante del grupo subversivo, hombre de confianza del cabecilla del frente XXX, alias “M. C.”, además de experto en fabricación de explosivos y encargado de coordinar y ejecutar varias actividades terroristas en la ciudad de Cartagena para los años 2002 y 2003.
En tales informes se indicaba que efectuó las siguientes actividades terroristas:
“1. Elaboró un petardo explosivo que detonó al interior de las instalaciones de la Subestación de la Empresa Electrocosta, ubicada en la zona industrial de Mamonal.
2. Colocación de bombas incendiarias con reloj temporizado en las Subestaciones Eléctricas de Electrocosta, ubicadas en los sectores de Manga y Ternera.
3. Activación de un artefacto explosivo en los almacenes Vivero ubicado en el centro comercial Paseo de la Castellana y el barrio San Diego.
4. Detonación de un petardo explosivo en la parte trasera del supermercado Merquefácil, ubicado en la entrada del barrio Blas de Lezo.
5. Activación de un artefacto explosivo colocado en una torre de interconexión eléctrica en cercanías del antiguo botadero de basuras del barrio Henequen.
6. Activación de artefactos explosivos camuflados en varias materas en las instalaciones del edificio inteligente del sector Chambacú y subestación Eléctrica del barrio Manga, donde falleció un civil y un técnico antiexplosivo de la Policía Nacional.
7. Fabricó junto con el miliciano M., el artefacto explosivo que accidentalmente se les detonó en inmediaciones de la calle de la lengua ubicada en el barrio Los Calamares de Cartagena, en esta acción falleció alias M. y resultó con heridas en uno de sus brazos y cuello F. M., alias J. E”.
Se ocupó entonces el juzgador del material probatorio subsistente, esto es, las declaraciones rendidas por ex integrantes del citado grupo armado: V. B. M., M. Z. M., H. L. F. y J. J. P., y luego de citar apartes de sus atestaciones concluyó que “si bien ninguno declara que estuvo presente al momento de la colocación de los artefactos explosivos, también es que los relatos allegados constituyen indicios de la real participación del encartado dentro de las acciones reprochadas”.
Tuvo en cuenta para ello que los deponentes aceptaron ser miembros de la organización delictiva, misma a la cual pertenecía M. A., y que conocían de las acciones que este desarrollaba al interior del grupo, su cargo, funciones, las personas a su disposición, etc.
En ese sentido, estimó el juez colegiado que mediaban “indicios anteriores a la comisión del injusto, pues adviértase que el señor V. B. M. manifiesta que el señor F. M. A., fue quien elaboró los artefactos explosivos que afectaron las instalaciones del edificio inteligente de Chambacú y la subestación eléctrica de Manga. De esa apreciación, sumado a su cercana relación con el sentenciado, hace inferir razonablemente que en efectiva forma el encartado tuvo participación en los hechos acusados”.
Consideró también acreditado el compromiso penal del enjuiciado en lo afirmado por M. Z. M. cuando aseveró que acompañó a alias “J. E.” al campamento “E. P.”, lugar en el cual un guerrillero apodado “Y.” quedó encargado de traer unos explosivos en unos bultos de yuca para entregárselos a él, “(…) dichos indicios construidos a partir de las declaraciones de estos deponentes, constituyen el marco de responsabilidad del encartado de los hechos aducidos. El hecho que los mismos no se hayan desarrollado en forma extensa en el fallo confutado, no quiere decir que se deba omitir su presencia, pues se tiene que el iudex a quo valoró de manera completa los dichos de J. J. P., H. L. F. y M. Z., encontrando los puntos de convergencia en la realización del tipo por parte del encartado.
Por eso, pese a que el juez de primer grado hizo mención a los varios actos terroristas que afectaron a Cartagena durante los años 2002 y 2003 incluyendo, por ejemplo, los que afectaron a las empresas Vikingos, Ecopetrol, Proleca, Almacenes Vivero, hoteles Santa Clara, Las Américas y Caribe, así como el Concurso Nacional de Belleza, la consideración del tribunal de desechar los informes del DAS implica delimitar tales atentados a los que se podían establecer a partir del material probatorio subsistente.
Pero además, la demarcación fáctica proveniente de la resolución de acusación es sustancial, dado que constituye el componente conceptual, fáctico y jurídico de la pretensión punitiva del Estado, sobre el cual se ha de soportar el fallo.
En la calificación sumarial del 28 de enero de 2009, pese a que se concluyó que la pertenencia y tareas que cumplía M. A. en el grupo subversivo acreditadas testimonialmente “bastan para deducir su implicación en el delito de terrorismo, esto es, en los actos preparatorios de los actos que llenaron de miedo a la ciudad de Cartagena durante los años 2002 y 2003”, se precisó que “Son entonces tres los atentados que de manera equivalente los declarantes le endilgan al procesado afectando al edificio inteligente de Chambacú, Merquefácil y las instalaciones de Electrocosta”, aspecto fáctico que no fue alterado en la confirmación de la acusación emitida el 1º de octubre de 2009 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el tribunal.
Para este estudio tampoco se puede desatender que el delito de terrorismo —tipificado en el artículo 343 de la Ley 599 de 2000—, protege el bien jurídico de la seguridad pública, es un tipo de peligro que no demanda la lesión efectiva de la vida o la integridad de las personas, porque basta con generar temor o zozobra en la población con el empleo de elementos o medios potencialmente.
En relación con este ilícito de conducta instantánea la CSJ en CSJ SP, 7 mayo 2010, rad. 31510 precisó que: “en el juicio de adecuación típica no basta la verificación del uso de las armas de destrucción así como de su nítido carácter peligroso o dañino sobre los bienes subsidiarios protegidos -vida, libertad, integridad física o de las edificaciones, medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices-, sino que el elemento subjetivo del tipo debe aparecer consolidado, de tal forma que sea claro que el agente persigue provocar o fomentar un estado de incertidumbre colectiva frente a la garantía de gozar de la paz y tranquilidad pública propios del Estado Constitucional”.
A su turno, en CSJ SP. 1º oct. 2014, rad. 40401 se insistió en que debe mediar un nexo entre la realización de los “actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices” con los aludidos verbos rectores a través de la utilización de medios capaces de causar estragos “de modo que sin una tal articulación de aquellos actos, con los referidos medios y la consecución de la provocación o mantenimiento del estado de zozobra o terror en la población, no se configura el referido tipo penal”.
Con base en lo anterior, a efectos de verificar o desvirtuar el proceso de adecuación típica en el delito de terrorismo en relación con el procesado se analizarán detalladamente las declaraciones que tuvo en cuenta el tribunal para edificar la condena:
De un lado, J. J. P., para el momento en que rindió declaración estaba detenido por el delito de rebelión dada su pertenencia a las FARC, y luego de hacer patente su deseo de declarar para colaborar con la justicia, dijo que en enero de 2002 conoció a alias “J. E.”, quien venía acompañado de varios estudiantes y se dirigían hacia el campamento de “M. C.”, jefe del frente 37 de esa agrupación subversiva para realizar una “escuela política militar” y luego hacer un curso de “explosivista”. Añadió que “J. E.” era el encargado de “reclutar” estudiantes en las universidades de Cartagena y de Atlántico para que hicieran parte de las milicias. Y al indicarle que señalara los actos terroristas en los cuales había participado el procesado, expresó: “bueno a mí personalmente no me consta, me consta que era el segundo al mando de las milicias de Cartagena”.
Por su parte, M. Z. M., también miembro de las FARC y con su ánimo de colaborar con la justicia, en su declaración afirmó que en una ocasión le llevó $ 1.500.000 a “J. E.” por pedido de alias “T.”, y en otra oportunidad, a mediados de 2001 lo acompañó al campamento “El Pavo”, lugar en el que un guerrillero apodado “Y.” quedó encargado de traer unos explosivos en unos bultos de yuca para entregárselos a “J. E.”. Finalmente, aseguró que el grupo de “explosivistas” estaba conformado por “J. E.”, así como los conocidos con los motes de “R.”, “T. M.”, “M.”, “M.” y “E. C.”. Y al preguntarle en que atentados había participado M. A. afirmó que: “de lo que yo me acuerdo fue unos cajeros que le pusieron en Cartagena unos petardos, bueno también ese explosivo lo utilizaron en el edificio chambacú, con ese mismo explosivo cuando le iban a hacer el atentado a B. C. aquí en Cartagena”.
Al insistirle en que fuera más preciso dijo: “(…) tengo conocimiento por lo menos en el edificio de chambacú fue él, porque él era el que recibía el explosivo y él estaba metido en el combo del explosivo, en los petardos que le pusieron a los cajeros, porque el (sic) mismo me contó que habían puesto unos petardos en los cajeros, pero que M. C. dijo que no era lo que él quería, que él quería más”.
También H. L. F. de igual condición de pertenencia al grupo subversivo, detención y colaboración con la justicia que los anteriores, expresó que alias “Y.” era el encargado de traer el explosivo y que “J. E.”, junto con los apodados “E. E.”; “C. o D.”; “T. M.” y “R.” habían participado en el atentado que hicieron cuando la visita del Presidente de los Estados Unidos a la ciudad de Cartagena, pero que no alcanzaron a detonar los artefactos por defectuosos y no prepararlos bien, y que luego habían participado en el del edificio Chambacú y unos cajeros.
De otro lado, V. B. M., conocido con los alias de “E. E.”, “C.”, “D.” o “C.”, afirmó estar condenado a 30 años por los delitos de terrorismo, homicidio y homicidio en el grado de tentativa en relación con el atentado al edificio Chambacú y la Subestación Electrocosta del barrio manga, agregando que quería beneficios por delatar a las personas que en algún momento participaron en esos sucesos.
En ese sentido, señaló que “en la casa de F. M. muchas veces se guardaron explosivos que sirvieron para hacer detonar las bombas que explotaron en el 2002, como fueron las ya mencionadas, Merquefácil y unas que no explotaron en el vivero La Castellana y vivero San Diego, hechos en los cuales participó directamente su primo Á. A. (a) G.” (…) No es como se dice que yo fui el autor, coautor, en el expediente reza que soy el coautor de esos hechos por declaración que hizo U. L. F. (a) Cambalache que dijo que yo había participado en la fabricación de las materas bombas, pero no es como dice, yo no soy explosivista, porque la función que yo desempeñaba en la guerrilla esa no era mi actividad (…) los explosivistas eran M. A. G. M. alias C., F. M. A. (A) J. E., hay un señor que se mató en un taxi (A) M. que se llamaba R. D. J. V. si no estoy mal. Yo directamente no tuve participación en esos hechos, los que mencioné antes fueron los que participaron en los hechos que fabricaron las bombas y las hicieron en una casuchas subiendo a Henequén”.
Evidentemente, como lo pone de manifiesto el demandante y lo avala el delegado del Ministerio Público en su concepto, ninguno de los declarantes presenció algún acto específico de terrorismo desplegado por M. A. en cuanto a la colocación o activación de artefactos explosivos al edificio inteligente de Chambacú, a Merquefácil o a las instalaciones de Electrocosta.
Esta fue la razón por la cual el juzgador acudió a la prueba construida o circunstancial para edificar el compromiso penal del enjuiciado, lo cual motivó al demandante a denunciar un yerro fáctico por falso raciocinio.
Es sabido que por regla general al indicio se llega mediante un proceso lógico deductivo. A partir de una regla de la experiencia y la comprobación de un hecho indicador, se infiere la existencia de otro, y en este caso, para los juzgadores de las manifestaciones de los declarantes surgían “indicios anteriores a la comisión del injusto” que permitían predicar la responsabilidad del enjuiciado en el delito de terrorismo.
Sin embargo, no se tomó únicamente el eje común de los deponentes, como ex miembros de las FARC, de dar cuenta de la pertenencia de M. A. a esa organización subversiva, porque también se tuvo en cuenta que indicaron que él se desempeñaba como “explosivista”, y es en este último aspecto en que se advierte el desafuero intelectivo judicial, porque se asumió que tal condición lo llevaba necesariamente a ser el autor de los atentados terroristas, cuando no mediaba prueba si tal calidad al interior de la agrupación estaba relacionada con quien conseguía los materiales o sustancias explosivas, preparaba los artefactos, los activaba, etc.
Dada la unidad de prueba que medió en la investigación por los dos ilícitos endilgados al procesado se ahondó en el delito de rebelión, desatendiendo el concerniente al terrorismo, porque no se precisaron aspectos de los atentados, autoría, partícipes, sustancia empleada, cantidad de la misma, estragos causados, etc.
Incluso, si bien en la calificación sumarial se delimitaron tres atentados terroristas “al edificio inteligente de Chambacú, Merquefácil e instalaciones de Electrocosta”, de esta última sede no hay claridad ya que indistintamente se menciona el ataque perpetrado a una torre de interconexión eléctrica, así como los realizados al interior de la subestaciones eléctricas del barrio Manga, otra de la zona industrial de Mamonal, así como del barrio la Ternera.
Aunque los declarantes M. Z. M., H. L. F. y V. B. M. relacionan a alias “J. E.” con el atentado al edificio inteligente Chambacú, se anula la verificabilidad del indicio de responsabilidad la imprecisión latente en el expediente ya que no se aclararon circunstancias modales y temporales del mismo.
Y de tener que tales marcos fácticos quedaron explicitadas con las copias allegadas de otra actuación adelantada en contra de M. A. G. M. alias “C.”; V. B. M., alias “C.”, “E.” y “H.”; L. M. A., alias “I. M.” y G. R. D., alias “M. C.”, por los hechos “sucedidos el día 19 de abril de 2002, cuando se produjo el estallido de dos bombas, una en el edificio inteligente ubicado en el barrio Chambacú de esta ciudad donde perdiera la vida la señora C. M. B. y la otra una hora después en las instalaciones de la planta de Electrocosta situado en el barrio Manga de Cartagena, donde perdió la vida instantáneamente el agente C. M. M. y heridas de consideración del uniformado C. A. J. C. cuando trataba de desactivar el artefacto explosivo”, extraña que si se trataba de los mismos hechos, en el diligenciamiento que ocupa la atención de la Sala no se haya hecho mención a las pérdida de vidas humanas y la afectación de la integridad de otra, o a los estragos causados.
Además, en las citadas copias obra la resolución de acusación de 21 de abril de 2003 contra las citadas personas, así como como la sentencia de 15 de junio de 2006 emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cartagena mediante la cual fueron condenados como coautores de los delitos de terrorismo en concurso con doble homicidio y un homicidio en el grado de tentativa, sin que en el texto de las mismas providencias se haya hecho alguna mención a alias “J. E.” o a F. M. A..
Igual vacío se advierte en relación con las tiendas Merquefácil, en tanto no se precisó su ubicación, tiempo de ocurrencia, si se trató de atentados terroristas a cajeros electrónicos a su interior, afectaciones, etc.
En ese sentido, se debilita la concordancia que debe caracterizar la coexistencia de indicios, esto es, que los hechos inferidos guarden armonía entre sí como partes que integran un mismo fenómeno Lo mismo ocurre con su convergencia en tanto impide arribar a una cabal y contundente conclusión que M. A. fue quien accionó los artefactos explosivos.
Subsistiría el indicio de pertenencia al grupo alzado en armas, no obstante, de esa sola membresía no es posible válidamente afirmar que el enjuiciado debe responder por el delito atentatorio de la seguridad pública, porque frisaría con el proscrito derecho penal de autor, en el cual no tiene incidencia lo que las personas son, sino lo que hacen, por eso en CSJ SP, 10 jun. 2015, rad. 40478 se indicó:
“(...) el sistema de protección de los bienes jurídicos inmanentes al mismo [Estado social de derecho] está sustentado en el principio de derecho penal de acto, por virtud del cual la condición de punible de una hipótesis normativa tiene como exclusivo fundamento el concreto hecho (como sinónimo de acción u omisión humana) del sujeto en la ejecución de un comportamiento previsto como delito, y la correlativa sanción también tiene a la vez como sustento solamente ese hecho individual(2).
Es por lo anterior que esta corporación tiene establecida una inveterada, pacífica y reiterada línea jurisprudencial, según la cual, de la misma manera que la demostración de antecedentes conductuales positivos del procesado no es idónea para sustentar la ausencia de responsabilidad frente a la imputación de una conducta punible(3), la acreditación de anotaciones negativas similares o no al comportamiento atribuido, anteriores, concomitantes o posteriores a este, tampoco es eficaz para, con base en un aparente perfil antisocial del implicado, asegurar su compromiso en el delito endilgado(4) en ausencia de otros elementos que de manera efectiva lo comprometan, pues valoraciones de ese calado constituyen una inaceptable manifestación del proscrito derecho penal de autor, en desmedro de su par opuesto, el derecho penal de acto”.
Para la Corte el error apreciativo se advierte al partir el tribunal de la premisa relacionada con que M. A. pertenecía al grupo guerrillero de las FARC, para llegar por esa vía a la conclusión que tuvo participación directa en los atentados terroristas, porque se edificó la equivocada regla de la experiencia según la cual, siempre o casi siempre que el sujeto hace parte de un grupo alzado en armas indefectiblemente participa en los actos violentos que despliega esa agrupación.
Nótese que no fue a través de la teoría que se asienta en el control o dominio de la voluntad en un aparato de poder organizado, para predicar que precisamente por esa estructura vertical o piramidal el procesado debía responder en cuanto dominó la voluntad del autor, ello a manera de coautor mediato, porque aquí se le ubicó en una participación directa, pese a que no se sabía su rol.
Hay que recordar que el derecho fundamental a la presunción de inocencia implica no considerar culpable a la persona hasta que mediante una sentencia en firme se declare cabalmente su responsabilidad penal. Por ser una presunción iuris tamtum puede derruirse mediante prueba de cargo que obviamente apunte a acreditar tanto la ocurrencia fáctica, como la ligazón jurídica con el procesado, y aquí la razón le asiste al demandante cuando repara en la construcción indiciaria, porque claramente no puede decirse que de los hechos indicadores surge como vínculo indisoluble del compromiso directo del procesado en el delito de terrorismo.
Así las cosas, se corrobora la violación de la ley sustantiva mediada por yerros probatorios, ya que es patente el error fáctico por falso raciocinio en la estructuración del nexo inferencial y en la fuerza de convicción de la prueba circunstancial, porque, se insiste, es tenue el nivel de probabilidad o posibilidad que por la simple pertenencia del procesado a la agrupación guerrillera se le pueda catalogar como la persona que activó artefactos explosivos en las instalaciones de Electrocosta, en el edifico inteligente Chambacú y en Merquefácil para los años 2002 y 2003 en la ciudad de Cartagena.
En estas condiciones no queda alternativa distinta que dar aplicación al principio de resolución de duda que apareja la obligación del juzgador de absolver al enjuiciado cuando al no tener la convicción de su responsabilidad, se encuentre ante el estado de incertidumbre.
Por lo tanto, ante la prosperidad del cargo casacional formulado por el defensor de F. M. A., avalado por el representante del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia en apego al principio de resolución de duda casará la sentencia condenatoria de segundo grado emitida en contra de aquel como coautor del delito de terrorismo, en su lugar, proferirá decisión absolutoria.
Como no se tiene noticia que el procesado haya sido capturado con ocasión de la orden emitida en su contra desde el 2 de febrero de 2007 cuando se libró la respectiva orden, se dispone su cancelación por parte de la Secretaría de la Sala, así mismo, se ordena al juez de primer grado la cancelación de los registros y anotaciones que haya originado este diligenciamiento en contra del enjuiciado.
1. CASAR la sentencia de 16 de julio de 2014 emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que condenó a F. M. A. como coautor del delito de terrorismo.
2. ABSOLVER, como consecuencia de lo anterior, a F. M. A. del citado delito.
3. DISPONER que la Secretaría de la Sala cancele la orden de captura.
4. DISPONER que el juez de primer grado cancele los registros y anotaciones que contra el procesado haya originado este diligenciamiento.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».
2 Jauchen, Eduardo M. “Derechos del Imputado”. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2005, páginas 26 a 33.
3 Cfr. CSJ. SP 8 jul. 2003, rad. 18025; SP docenov. 2003, rad 18363; SP 4 feb. 2004, rad. 13362, y SP 5 sep. 2013, rad. 36411, entre otras.
4 Cfr. CSJ. SP 16 abr. 2008, rad. 25543; SP 15 jul. 2008, rad. 28362; SP 21 mayo 2009, rad. 22825; SP 1 de jul 2009, rad 21977, y AP1282-2014, 17 mar 2014, rad 41741, entre otras.

References: artículo 207
 artículo 232
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 314
 resolución 
 artículo 343
 resolución 
 resolución 
 resolución