Source: https://www.tuabogadodefensor.com/wp-content/cache/page_enhanced/www.tuabogadodefensor.com/extradicion-en-espana/_index.html_gzip
Timestamp: 2018-12-11 20:27:33+00:00

Document:
Extradicion en España: Abogados especialistas en extradicion
TU ABOGADO DEFENSOR > DERECHO PENAL > EXTRADICIÓN A ESPAÑA
Causas para la no extradición
Proceso judicial de extradición
La detención preventiva del extraditado
Convenios de extradición con España
Extradición de España con Estados Unidos
Extradición de España con Colombia
La extradición es el proceso en virtud del cual un Estado entrega a otro Estado a un ciudadano a fin de que sea juzgado por los Tribunales del Estado requirente, o bien para que, en su caso, cumpla la pena que aquellos le hubieren ya impuesto.
La extradición o el procedimiento de extradición en España se regula por Ley 4/1985, de 21 de Marzo, de Extradición Pasiva.
Para que pueda pedirse o proponerse la extradición, será requisito necesario que se haya dictado auto motivado de prisión o recaído sentencia firme contra el acusado al que se refiera el proceso en curso.
Durante el procedimiento de extradición, para lo que necesitará de un Abogado expertos en extradición, que se divide en dos fases, una judicial y otra gubernativa, habrá de estarse a lo que dispongan los órganos jurisdiccionales; si se ha decretado la prisión provisional del reclamado deberá procederse según determina el artículo 104. 1 ó 2 del Reglamento Penitenciario.
La extradición pasiva es un procedimiento por el cual un país solicita de otro que una persona que va a ser juzgada en el pais de la comisión del delito pueda hacerlo.
En defensa de los intereses de dicha persona, evidentemente, precisa de un Abogado especialista en extradiciones.
Hechos que pueden dar lugar a la extradicón
Se podrá conceder la extradición por aquellos hechos siguientes:
para los que las Leyes Españolas y las de la parte requeriente señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo o a una pena más grave;
Se concederá la extradición condicionándola a que la Representación Diplomática en España del país requeriente, en el plazo que se le exija, ofrezca garantías suficientes de que el reclamado será sometido a nuevo juicio en el que deberá estar presente y debidamente defendido.
La solicitud de extradición se formulará por vía diplomática, o directamente por escrito del Ministro de Justicia de la parte requeriente al Ministro de Justicia español, debiendo acompañarse:
La sentencia condenatoria o el auto de procesamiento y prisión o resolución análoga según la legislación del país requeriente con expresión sumaria de los hechos y lugar y fecha en que fueron realizados.
Si el hecho estuviere castigado con alguna de las penas a que se refiere el número 6. del artículo 4, el Estado requeriente dará seguridades, suficientes a juicio del Gobierno Español, de que tales penas no serán ejecutadas.
Cuando se trate de delitos de carácter político, no considerándose como tales los delitos de terrorismo;
Los delitos o crímenes contra la Humanidad previstos por el Convenio para la Prevención y Penalización del Crimen de Genocidio adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.
Cuando se trate de delitos militares tipificados por la Legislación Española y sin perjuicio de lo establecido al respecto en los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por España;
Los delitos cometidos a través de los medios de comunicación social en el ejercicio de la libertad de expresión.
Los delitos que sólo son perseguibles a instancia de parte (calumnia o injuria, etc.), con excepción de los delitos de violación, estupro, rapto y delitos de abusos deshonestos.
Cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal conforme a la Legislación Española o la del estado requeriente.
Cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo esté siendo en España por los mismos hechos que sirvan de base a la solicitud de extradición.
Podrá, no obstante, accederse a ésta cuando se hubiere decidido no entablar persecución o poner fin al procedimiento pendiente por los referidos hechos y no haya tenido lugar por sobreseimiento libre o cualquier otra resolución que deba producir el efecto de cosa juzgada.
Cuando el Estado requeriente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.
Cuando el Estado requeriente no hubiera dado las garantías exigidas suficientes.
Cuando la persona reclamada sea menor de dieciocho años en el momento de la demanda de extradición y teniendo residencia habitual en España, se considere que la extradición puede impedir su reinserción social, sin perjuicio de adoptar, de acuerdo con las autoridades del Estado requeriente, las medidas más apropiadas.
Detención preventiva del extraditado
El trámite de la detención preventiva del extraditado
La solicitud de detención preventiva se remitirá por vía postal, telegráfica o cualquier otro medio que deje constancia escrita, bien por vía diplomática, bien directamente al Ministerio de Justicia, bien por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y si en ella constaren todas las circunstancias necesarias, se procederá a la detención del reclamado, poniéndolo a disposición del Juzgado Central de Instrucción de guardia en plazo no superior a veinticuatro horas para que, si lo estima procedente, decrete la prisión provisional, que dejará sin efecto si transcurridos cuarenta días el país requeriente no hubiere presentado en forma la solicitud de extradición.
En la mayoría de los casos la DETENCIÓN supone un paso previo de la tramitación extradicional habitual normal, que se puede considerar iniciada por la presentación de la documentación extradicional ante el país requerido.
Plazo de detención del extraditable
Precisamente entre este momento y el de la detención del reclamado transcurre un plazo señalado en los Convenios que suele ser de 40 días (40 días en el Convenio Europeo y en la mayoría de los bilaterales; 45 días en los Tratados de España con Estados Unidos y con México, 60 días en el de Corea, etc.) cuyo transcurso determinaría la puesta en libertad del reclamado detenido.
Decreto de libertad del extraditable
Procedimiento judicial de extradición
La extradición se llama activa, cuando el estado español, solicita la extradición de un ciudadano, español o extranjero, fuera, generalmente de la Unión Europea (si es de la Unión Europea se llama Orden Europea de Detención y Entrega), para ser juzgado en España, con arreglo a la legislación española, por la comisión de un delito tipificado conforme al Código Penal español, en este caso se dice que nos encontramos ante un caso de extradición activa. (art. 824 a 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
Se solicita la extradición por el estado español, en forma de suplicatorio, a través generalmente de la Audiencia Nacional y Ministerio de Asuntos Exteriores español.
Convenios de Extradición de España
España ha firmado tratados de extradición, multilaterales y bilaterales con muchos paises, configurando dichos convenios con los acuerdos que en cada uno se expresan, y siempre que no sean contrarios al orden público de la legislación española y no se contraponga a la misma.
El Tratado de extradición de Estados Unidos con España, se establece en virtud del acuerdo Instrumento previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25 de Junio de 2003, para la aplicación del Tratado de Extradición entre España y EEUU de 29 de mayo de 1979 y Tratado Suplementario de Extradición de 25 de enero de 1975, 9 de febrero de 1988 y 12 de marzo de 1996, hecho ad referendum en Madrid el 17 de diciembre de 2004.
Convenio-extradicion-eeuu-españa
Si la extradición se concede por un delito de los que dan lugar a extradición, deberá también ser concedida por cualquier otro delito especificado en la solicitud incluso si éste último delito es punible con una pena privativa de libertad inferior a un año, siempre que concurran los demás requisitos exigidos para la extradición.
Cuando el delito por el que se solicita la extradición pueda ser castigado con la pena de muerte según la legislación de la parte requirente, y no sea punible con la pena de muerte con arreglo a la de la Parte Requerida, la Parte Requerida podrá conceder la extradición con la condición de que no se imponga la pena de muerte a la persona en cuestión, o, si por motivos de procedimiento de la Parte Requirente esto no pueda hacerse, con la condición de que, de imponerse la pena de muerte, la misma no se ejecutará.
Si la Parte Requirente acepta la extradición con las condiciones establecidas en el presente artículo, dicha Parte estará obligada a cumplirlas.
Si la Parte Requirente no acepta las condiciones, se podrá denegar la solicitud de extradición.
La documentación de la extradición
Si procede de los Estados Unidos, una copia de la declaración de culpabilidad y de la sentencia, si se hubiere pronunciado; o Si procede de España, una copia de la sentencia.
Extradición España con la República de Colombia
La extradición entre España y la República de Colombia, se regula por el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para desarrollar el Convenio de Extradición Hispano-Colombiano de 23 de julio de 1892.
1. Homicidio, comprendiendo el asesinato, parricidio, envenenamiento, infanticidio y aborto.
2. La tentativa de los crímenes especificados en el número anterior.
3. Estupro, violación, rapto y atentados con violencia contra el pudor.
5. Incendio ó inundación voluntaria en casas ó campos.
6. Robo ó la sustracción con violencia de dinero, fondos, documentos ó cualquiera propiedad pública ó privada, y toda sustracción fraudulenta ejecutada con violencia, intimidación, horadamiento, fractura ó allanamiento de morada.
7. Secuestro ó detención de personas para exigir dinero del secuestrado, de su familia ó relacionados, ó para otro cualquier fin ilícito.
8. Falsificación, expendición y circulación fraudulenta de documentos públicos ó privados.
9. Falsificación ó suplantación de actos oficiales del Gobierno ó de la autoridad pública, inclusos los de los tribunales de justicia, ó la expendición y uso fraudulento de los mismos.
10. La fabricación de moneda falsa, bien sea metálica ó en papel, títulos ó cupones falsos de la Deuda pública, billetes de Banco u otros valores de crédito, de sellos, timbre, papel sellado, cuños y marcas de administraciones del Estado y la expendición ó uso fraudulento de los mismos.
11. Peculado y la sustracción ó malversación criminal de fondos públicos de una u otra Parte, cometida por empleados ó depositarios.
12. La defraudación ó malversación criminal de caudales privados llevada a cabo por un banquero, comisionista, administrador, síndico, director, miembro, cajero ó empleado de una Sociedad, Compañía ó Empresa.
13. El abuso de confianza y defraudación ejecutada por cualquiera persona dependiente, en detrimento de sus principales ó jefes.
14. Bancarrota ó quiebra fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras.
15. Ocultación, sustracción, sustitución ó corrupción de menor; usurpación del estado civil.
16. El daño causado en los ferrocarriles y telégrafos, buques de vela ó de vapor, que pueda poner en peligro la vida de los pasajeros ó empleados.
17. Los daños intencionales en diques, acueductos y obras de utilidad pública, así como los mismos actos respecto a la explosión de minas, máquinas de vapor, y el empleo criminal de sustancias explosivas, cuando de estos actos resulten peligros para la vida ó para la propiedad.
18. Piratería, conforme al derecho de gentes.
19. Destrucción ó pérdida de un buque, causada intencionalmente; conspiración y tentativa para conseguirlo, cuando hubiesen sido intentadas por cualesquiera personas en alta mar.
20. Motín promovido por individuos de la tripulación u otras personas a bordo de un buque en alta mar, con el propósito de rebelarse contra la autoridad del capitán ó comandante de dicho buque, con cualquier fin ilícito, ó que por fraude ó violencia se apoderen ó traten de apoderarse del mismo.
Tratado de extradición entre España y Brasil
Convenio de extradición entre España y Brasil
Tratado de extradición entre España y Ecuador
Convenio de extradición entre España y Ecuador
Tratado de extradición entre España y Perú
Convenio de extradicion entre España y Perú
Más sobre el tratado o convenio de extradición entre España y Perú
Tratado de extradición entre España y China
Convenio de extradición entre España y China
Tratado de extradición entre España y Marruecos
Convenio de extradición entre España y Marruecos
Dentro de los 26 Tratados bilaterales ratificados por España, la mayoría son con países americanos, como algunos de los que reflejamos anteriormente, empezando por Canadá y Estados Unidos y seguido por los latino-americanos: Brasil y todos los hispano-americanos (Argentina, Méjico, Perú, Venezuela, Colombia, Uruguay, Paraguay, Cuba, Bolivia, Ecuador y los centros-americanos con sólo dos excepciones: Nicaragua —al parecer está a punto el Canje de los Instrumentos de ratificación— y Honduras —la negociación está en una fase inicial—.
Dentro de estos bilaterales hay Estados del quinto continente como Australia, africanos como Marruecos y Liberia y asiáticos como Corea. También algunos europeos como Monaco y Yugoslavia que no son parte del Convenio europeo.
Del Convenio Europeo de Extradición, que son miembros 37 países. Además de los países europeos de mayor población y peso político —Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, etc.— o más próximos a España, como Portugal, también son parte los países del Benelux, los nórdicos, Turquía y Suiza, y se van incorporando los países del Este —Chequia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria— y los surgidos de la desmembración de la URSS y de Yugoslavia —Ucrania, Moldavia, los países bálticos, Croacia, Eslovenia, Macedonia, etc.— También se ha adherido Israel. Sin embargo, aunque la Federación Rusa lo ha firmado, todavía no lo ha ratificado.
La ausencia de Tratados de extradición
En ausencia de Tratado, de acuerdo con el artículo 13.3 de la Constitución española procede la aplicación de «la Ley, atendiendo al principio de reciprocidad» precepto que no convierte al mencionado principio en fuente autónoma de la extradición, sino en requisito complementario de la Ley positiva, que está constituida actualmente por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva, en cuyo artículo 1.° se dispone que, en ausencia de Tratado «las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición pasiva se regirán por la presente Ley» y se reitera que «la extradición sólo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad».
En cualquier caso la Extradición en España se realiza mediante un procedimiento de contradicción a efectos de comprobación de la licitud y pertinencia de la reclamación del extraditado.
Fuente de información principal: Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva , Convenio Europeo de Extradición de 1957 y Orden Europea de Detención y Entrega
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN EXTRADICIÓN
Si necesita un abogado especialista en extradición

References: artículo 104
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 1