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Timestamp: 2019-10-19 09:22:06+00:00

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STC 74/2006, 13 de Marzo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 295599
STC 74/2006, 13 de Marzo de 2006
Ponente: Jorge Rodríguez Zapata Pérez
Número de Recurso: 1474-2003
Recurso de amparo 1474-2003. Promovido por don F.M. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en grado de apelación, agravó su condena por un delito de robo en una casa de ejercicios. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: condena agravada en apelación sin necesidad de celebrar vista pública (SSTC 167/2002 y 170/2002); prueba de indicios respecto al elemento casa habitada. Voto particular.
Sentencia citada en: 1717 sentencias, 6 artículos doctrinales, una resolución administrativa
STC 74/2006, de 13 de marzo de 2006
En el recurso de amparo núm. 1474-2003, promovido por don F.M., representado por el Procurador de los Tribunales don Francisco Inocencio Fernández Martínez y asistido por el Abogado don Ignacio Moreno Garrido, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Primera, de 17 de enero de 2003, dictada en el rollo de apelación 434-2002, dimanante del procedimiento abreviado 324-2002 del Juzgado de lo Penal núm. 15 de Madrid. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 13 de marzo de 2003, el Procurador de los Tribunales don Francisco Inocencio Fernández Martínez, en nombre y representación de don F.M., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento.
Por Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 15 de Madrid, de 21 de octubre de 2002, se condenó al demandante de amparo, como autor penalmente responsable de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a una pena de prisión de dos años con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas, así como a indemnizar al propietario de la Casa de Ejercicios San José en la cantidad de 3.047?13 euros por el dinero sustraído en total y en el valor de la linterna y el televisor sustraídos el día 13 de septiembre de 2001 en el importe que se determine en ejecución de Sentencia.
La Sentencia contiene la siguiente relación de hechos probados: "El acusado don F.M., mayor de edad y sin antecedentes penales, en el establecimiento ?Casa de Ejercicios San José? sita en la avenida de los Reyes Católicos, de la localidad de El Escorial, en la provincia de Madrid, realizó los siguientes hechos:
El acusado fue detenido el día 1 de agosto de 2001 por la Guardia Civil al haberse identificado sus huellas en la inspección ocular realizada en relación con los hechos del día 19 de junio de 2001, prestando declaración el mismo día uno en dependencias de la Guardia Civil de la localidad de El Escorial, donde, tras reconocer haber cometido los hechos del citado día 19 de junio, se le preguntó acerca de si había entrado en el mismo lugar para cometer otros robos, reconociendo el acusado que así había sido, admitiendo acto seguido haber ejecutado los hechos de los días 6, 18 y 30 de julio de 2001, ratificando dichos reconocimientos en la declaración que prestó en el Juzgado de Instrucción nº 1 de San Lorenzo de El Escorial el mismo día 1 de agosto, siendo puesto en libertad con la misma fecha".
En el fundamento jurídico primero de esta resolución se afirma que tales hechos son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas de los arts. 237, 238.1, 2 y 3, 240 y 74 del Código penal. También se señala que los hechos "han quedado acreditados tanto por los reconocimientos de los mismos realizados por el acusado en la declaración prestada ante la Guardia Civil con la asistencia de Abogado, luego ratificada expresa y pormenorizadamente en el Juzgado de Instrucción con asistencia también de Abogado, y reiterando tal reconocimiento en el acto del juicio oral; acreditándose también los hechos por el testimonio en el acto del juicio oral del que era en su día director del establecimiento, en relación con las denuncias que aparecen diligenciadas en la causa y las diligencias de inspección ocular llevadas a cabo por la Guardia Civil en el lugar de los hechos tras su ejecución; siendo a señalar que el acusado nunca ha admitido haber ejecutado los hechos del día 13 de septiembre, pero ha de hacerse notar que la Guardia Civil logró encontrar huellas en la ventana del comedor y en cristales rotos (folio 80) y que dichas huellas pertenecían al acusado, según se hace constar por informe dactiloscópico (folios 88 y siguientes)".
Sin embargo, la Sentencia considera que no resulta de aplicación el subtipo agravado de robo con fuerza en casa habitada, con la siguiente argumentación: "En el art. 241 del Código Penal, donde se describe el expresado subtipo agravado, se exige que el robo se cometa en ?casa habitada?, haciendo el propio precepto una interpretación auténtica acerca de lo que debe entenderse por ?casa habitada? a tales efectos, prescribiendo que se considera por tal ?todo albergue que constituye morada de una o más personas?. Por lo tanto, debe alegarse y quedar acreditado que el lugar del robo es un edificio donde residen habitualmente personas. Y en el hecho enjuiciado se ha alegado que es una ?casa de ejercicios?, sin mayor explicación, no resultando de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral que en tal lugar se residiera habitualmente por alguna persona, por lo que el principio constitucional de inocencia, o en último caso el principio in dubio pro reo, debe llevar a no tener como probado que la expresada ?casa de ejercicios? constituyera la morada de alguna persona".
Contra la anterior resolución interpuso recurso de apelación el Ministerio Fiscal, impugnando tanto la valoración de la prueba, por no considerarse casa habitada el lugar en que se produjeron los hechos, como la inaplicación del art. 241 CP.
"Ciertamente no ha habido ni en las actuaciones ni en el juicio oral una prueba directa y específica encaminada a probar si la ?Casa de Ejercicios San José? en la que tuvieron lugar los robos era una casa habitada o no. Como no suele ser habitual entrar en ese tipo de prueba cuando se denuncia un robo en un piso, o en un apartamento, o en un chalet. Lo cual no quiere decir que de la propia realidad probada se puedan extraer datos suficientemente esclarecedores de la naturaleza del lugar en que se produce el hecho delictivo. Así ya el solo nombre de ?Casa de Ejercicios? -alegada por el denunciante y corroborada por la diligencia de inspección ocular llevada a cabo por la Guardia Civil- denota en nuestro contexto cultural que se está en presencia de un edificio destinado a albergar a personas que durante unos días deciden dedicar su tiempo al descanso o a la reflexión espiritual y que la atención -tanto espiritual como material- suele estar a cargo de alguna organización o congregación religiosa que tiene su sede en dicho edificio. Este dato se ve reflejado en la diligencia de inspección ocular (folio 80, vuelto) en la que la Guardia Civil habla de Sala de la Comunidad, así como en el documento obrante al folio 186 aportado por el denunciante cuando declaró ante el Juez de instrucción. Datos todos ellos que el Juez de lo Penal tuvo a su disposición al haberse dado por reproducida la documental en el acto del juicio oral.
Y si como tiene declarado el Tribunal Supremo (STS 1272/2001, de 28 de junio) el fundamento de la agravación por realización del robo en una casa habitada está en el incremento del riesgo que supone su realización en una vivienda a la que pueden concurrir, en cualquier momento sus moradores con el consiguiente riesgo a bienes jurídicos de carácter personal, o también que esa circunstancia encierra una mayor antijuridicidad porque además de lesionar el patrimonio ajeno invada la intimidad de una persona (STS 18/2000, de 17 de enero), en el presente caso se puede apreciar que los moradores de la Casa de Ejercicios, sobre todo los permanentes, vieron afectado no sólo su patrimonio sino también el ámbito de su intimidad domiciliaria".
Contra la anterior resolución se instó incidente de nulidad de actuaciones, inadmitido por providencia de 18 de febrero de 2002, por entender que no existía defecto de forma generador de indefensión, ni incongruencia omisiva.
El recurrente fundamenta su demanda de amparo en la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
Se denuncia que la Audiencia Provincial ha procedido a aplicar el subtipo agravado del art. 241 CP, incrementando en un año la pena impuesta en la instancia, al considerar -en contra de la valoración del Juzgado- que el lugar de comisión de los hechos era "casa habitada", sobre la base de una nueva valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, entre otras la testifical del denunciante, y sin celebrar vista. Lo cual, a tenor de la STC 167/2002 dictada por el Pleno de este Tribunal, no podía realizarse sin inmediación y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Insiste la demanda en que la Audiencia Provincial no se ha limitado a hacer una interpretación del concepto "casa de ejercicios", sino que realiza una nueva valoración de la prueba, refiriéndose expresamente a la testifical del denunciante. También se señala que no nos encontramos ante un piso o vivienda en donde cualquier debate acerca de si es o no casa habitada estaría fuera de lugar, sino ante una casa de ejercicios, que puede dedicarse a desarrollar las más diversas actividades y que aunque cuente con instalaciones para tener moradores, ello no supone que los tenga y, de tenerlos, habría que precisar en qué forma, puesto que en función de su destino podríamos estar ante un "establecimiento abierto al público" y no una casa habitada. En definitiva, se afirma que pese a que la propia Audiencia reconoce que no hay pruebas de la Casa de Ejercicios San José fuera una casa habitada, no obstante, y sobre la base del testimonio del denunciante en el acto del juicio, se afirma que dicha casa se utiliza como residencia permanente por una comunidad religiosa, lo que no deja de ser una pura conjetura y especulación carente de la más mínima prueba.
Por providencia de 14 de julio de 2004, la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Penal núm.15 de Madrid y a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid para que el plazo de diez días remitieran testimonio del procedimiento abreviado núm. 324-2002 y rollo de apelación núm. 434-2002, interesándose al tiempo que se emplazara al quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Por otra providencia de la misma fecha se acordó la apertura de la correspondiente pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión, concediéndose un plazo común de tres días a los recurrentes y al Ministerio Fiscal para que formularan alegaciones sobre el particular, conforme a lo previsto en el art. 56 LOTC. Evacuado dicho trámite, mediante Auto de 30 de julio de 2004 la Sala Primera acordó conceder la suspensión solicitada en cuanto a la pena privativa de libertad, y denegarla en cuanto a las condenas de contenido patrimonial.
Una vez recibidas las actuaciones, a través de una diligencia de ordenación de la Sección Segunda de este Tribunal de 22 de octubre de 2004 se dio vista de las mismas a la parte recurrente y al Ministerio público por término de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme a lo establecido en el art. 52 LOTC.
El día 16 de noviembre de 2004 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, interesando la denegación del amparo solicitado.
Destaca el Fiscal, en primer lugar, que la consideración de la Casa de Ejercicios San José, situada en la avenida de los Reyes Católicos de El Escorial (Madrid) como casa habitada o no es una cuestión de mera legalidad ordinaria, en la que el Tribunal Constitucional no puede entrar a decidir como si constituyese una nueva instancia judicial en materia de interpretación de las normas penales, afirmando que tanto la Sentencia del Juzgado de lo Penal como la de la Audiencia Provincial cumplen en su motivación al respecto el canon básico del derecho a la tutela judicial efectiva, pues ninguna de ellas incurre en arbitrariedad, irracionalidad o error patente, por lo que ha de desestimarse cualquier posible alegación de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de cualquiera de las dos Sentencias en el punto concreto que se discute, si concurre la agravante específica de casa habitada en el delito continuado de robo con fuerza en las cosas.
Por otra parte, se señala que la afirmación contenida en la demanda, en cuanto a que la Audiencia Provincial ha realizado una valoración distinta de la declaración del denunciante de la que hizo el Juzgado de lo Penal, y que esa distinta valoración es la que ha determinado que se considere incluida la casa de ejercicios en el concepto de casa habitada del artículo 241 CP, no responde a lo que consta en la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid. "La argumentación de la Sala toma en consideración lo que una casa de ejercicios denota en nuestro contexto cultural, en cuanto supone la atención por un grupo de personas religiosas con sede en el inmueble; comprueba que en el caso de la casa de ejercicios de que se trata en los hechos responde a esta concepción a partir de prueba documental que reseña: la inspección ocular el folio 80 y el documento que obra al folio 186; de lo que concluye que el inmueble está habitado de forma continua por unas personas (la comunidad religiosa) y de forma sucesiva o eventual por otras (los ejercitantes que se dedican a la reflexión). En consecuencia, la argumentación no se sustenta en las declaraciones del testigo a que se refiere el demandante de amparo, sino a la concepción cultural de lo que son y cómo funcionan las casas de ejercicios, comprobada en el caso concreto mediante prueba documental.
La única referencia que consta en la sentencia de la Audiencia Provincial a la declaración del testigo es un añadido entre paréntesis que dice literalmente ?el denunciante declaró en el acto del juicio que la Casa está abierta todo el año?. Es declaración no figura como tenida en cuenta en la sentencia del Juzgado de lo Penal, pero nada añade ni quita a las respectivas argumentaciones de las dos sentencias, ya que la discusión no se centraba en si en los momentos de los robos la casa estaba cerrada por algún motivo, sino que en ambas sentencias se considera la casa de ejercicios en su funcionamiento ordinario, considerando el Juez de lo Penal que no responde al concepto de casa habitada -al no haberse acreditado que personas concretas residiesen habitualmente- y la Sala que si responde a ese concepto por resultar acreditado lo contrario y existir el ámbito de intimidad que es protegido por la agravante específica".
La representación procesal del demandante de amparo formuló sus alegaciones mediante escrito que tuvo su entrada en el Registro de este Tribunal el día 26 de noviembre de 2004, en el que se afirma y ratifica en los argumentos ya expuestos en la demanda.
Por providencia de 9 de marzo de 2006 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 13 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, de 17 de enero de 2003 que, estimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, revoca parcialmente la Sentencia condenatoria de instancia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 15 de Madrid, en el sentido de considerar aplicable el subtipo de robo agravado del art. 241 del Código penal (CP), al entender que el lugar de comisión de los hechos era "casa habitada", discrepando en este punto de la valoración realizada al respecto por el Juez de lo Penal y con la consecuencia de incrementar en un año la pena impuesta en la instancia.
Sin embargo, este Tribunal también ha afirmado expresamente que existen otras pruebas, y en concreto la documental, cuya valoración sí es posible en segunda instancia sin necesidad de reproducción del debate procesal, porque, dada su naturaleza, no precisan de inmediación (SSTC 198/2002, de 28 de octubre, FJ 5; 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8; 119/2005, de 9 de mayo, FJ 2; AATC 220/1999, de 20 de septiembre, FJ 3; 80/2003, de 10 de marzo, FJ 1). Y desde la STC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 15, venimos sosteniendo que no es aplicable la doctrina sentada por la STC 167/2002 a aquellos supuestos en los que el núcleo de la discrepancia entre la Sentencia absolutoria y la condenatoria es una cuestión estrictamente jurídica (sobre la base de unos hechos que la Sentencia de instancia también consideraba acreditados) para cuya resolución no es necesario oír al acusado en un juicio público, sino que el Tribunal puede decidir adecuadamente sobre la base de lo actuado. Allí recordábamos que el Tribunal Europeo (SSTEDH de 29 de octubre de 1991, caso Jan-Ake Andersson c. Suecia y caso Fedje c. Suecia), precisando su doctrina en relación con la STEDH de 26 de mayo de 1988, caso Ekbatani c. Suecia, ha establecido que no existe violación del derecho a un proceso justo cuando no se reproduce el debate público con inmediación en la apelación en los supuestos en que "no se plantea ninguna cuestión de hecho o de derecho que no pueda resolverse adecuadamente sobre la base de los autos". Doctrina aplicada posteriormente en las SSTC 113/2005, de 9 de mayo, FFJJ 3, 4 y 5; 119/2005, de 9 de mayo, FJ 3; y 170/2005, de 20 de junio, FJ 3, en la que consideramos que la rectificación por parte del órgano de apelación de la inferencia realizada por el de instancia, a partir de unos hechos base que se consideran acreditados en ésta, era una cuestión de estricta valoración jurídica que podía resolverse adecuadamente sobre la base de lo actuado, sin que fuera necesario, para garantizar un proceso justo, la reproducción del debate público y la inmediación, puesto que se trata simplemente de efectuar una deducción conforme a reglas de lógica y experiencia, a la que ninguna garantía adicional añade la reproducción de un debate público en contacto directo con los intervinientes en el proceso.
Una vez delimitado el marco doctrinal a aplicar, debemos analizar ahora cuáles son las circunstancias del presente caso y, en concreto, la naturaleza tanto de las cuestiones sometidas al Tribunal de apelación, como de la discrepancia entre las dos resoluciones y de los medios de prueba valorados en la segunda instancia.
La Audiencia Provincial, por el contrario, considera probado que la Casa de Ejercicios San José era un edificio habitado de modo permanente por una comunidad religiosa y de forma ocasional por otras personas, una conclusión a la que se llega no a partir de la prueba directa practicada en el acto del juicio (puesto que afirma que no se practicó prueba directa respecto de este extremo), sino mediante prueba indiciaria, a partir "de la propia realidad probada", de la que "se pueden extraer datos suficientemente esclarecedores de la naturaleza del lugar en que se produce el hecho delictivo". Esos datos son, fundamentalmente, el nombre "Casa de Ejercicios", que "denota en nuestro contexto cultural que se está en presencia de un edificio destinado a albergar a personas que durante unos días deciden dedicar su tiempo al descanso o a la reflexión espiritual y que la atención -tanto espiritual como material- suele estar a cargo de alguna organización o congregación religiosa que tiene su sede en dicho edificio", y la propia estructura del lugar, reflejada en la prueba documental obrante en autos que se cita. Por tanto, los indicios se extraen de la propia Sentencia de instancia y de la prueba documental obrante en autos y que se dio por reproducida en el acto del juicio, a partir de los cuales se realiza una inferencia que le permite concluir que se trataba de una casa habitada, lo que implica "una relación directa del edificio con la intimidad domiciliaria y personal de sus habitantes", que constituye la razón de ser de la agravación. Para lo cual no era necesario reproducir en la segunda instancia el debate procesal con inmediación y contradicción, puesto que se trata simplemente de efectuar una deducción conforme a reglas de lógica y experiencia, a la que ninguna garantía adicional añade la reproducción de un debate público en contacto directo con los intervinientes en el proceso (STC 170/2005, de 20 de junio, FJ 3).
En definitiva, en las circunstancias del presente caso, en que el órgano de apelación se limita a realizar un determinada interpretación del concepto de casa habitada y a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a partir de "la realidad probada" y de la documental obrante en autos, puede concluirse que no era necesario para garantizar un proceso justo la reproducción del debate público y la inmediación en la segunda instancia. No existe, por tanto, vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
Denegar el amparo solicitado por don F.M..
Voto particular que formula la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde respecto a la Sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 1474-2003.
Con el mayor respeto hacia la decisión de los Magistrados que con su voto han hecho posible la Sentencia, disiento de la fundamentación que se contiene en el fundamento jurídico 3 y del fallo que alcanza, desestimatorio de la queja de la demanda de amparo relativa a la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) debido a la falta de inmediación en la valoración de la prueba testifical realizada en la segunda instancia que dio lugar a la aplicación del subtipo de robo agravado del art. 241 CP. La Sentencia mayoritaria desestima la queja porque la Audiencia se había limitado a "efectuar una deducción conforme a las reglas de la lógica y experiencia", con cita de la STC 170/2005, de 20 de junio (FJ 3), y porque "las declaraciones y los datos aportados por el testigo no son decisivos en la argumentación", con cita de la STC 113/2005, de 9 de mayo (FJ 4). Sin embargo, según mi criterio, el primer argumento no se ajusta al tipo de razonamiento contenido en la Sentencia impugnada, y el segundo ni se aviene con el contenido del derecho a la garantía de inmediación en la valoración de las pruebas de cargo, ni fue la razón utilizada a tal efecto en nuestra citada STC 113/2005 en que se apoya la decisión de la mayoría. Que la prueba irregularmente valorada no fuera "decisiva" -"esencial" o "única" en los términos de nuestra consolidada jurisprudencia- sólo conduciría, según nuestra jurisprudencia, a que no pudiera declararse una añadida vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a que se ordenase la retroacción de actuaciones para que el órgano judicial efectuara una nueva valoración con respeto a las garantías constitucionales. Si lo que en realidad la mayoría sostiene es que la prueba era irrelevante, debe entonces afirmarse que tal conclusión no deriva directamente de la argumentación de la Sentencia de apelación. En cualquier caso, ni tal irrelevancia eliminaba la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, ni, por último, compete a este Tribunal efectuar un juicio positivo sobre la relevancia de cada prueba, más allá de la valoración exteriorizada por el órgano judicial.
Según constante doctrina jurisprudencial que parte de la STC 167/2002, de 18 de septiembre, se produce una conculcación del derecho a un proceso con todas las garantías cuando un órgano judicial que no ha asistido a la práctica de una prueba de carácter personal la valora como prueba de cargo. No incurre en este reproche el órgano de apelación que se limita a inferir un dato fáctico nuevo a partir de los hechos constatados con inmediación por la Sentencia de instancia, esto es, y en los términos de la STC 170/2005, de 20 de junio, que "se limita a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a partir de unos hechos base que se consideran acreditados en ésta" (FJ 3).
Entre dichas pruebas la Sentencia de apelación impugnada incluye el testimonio del denunciante relativo a "que la Casa está abierta todo el año". Que a la luz de la motivación de la Sentencia en cuestión pueda afirmarse que dicha valoración haya sido decisiva para sustentar el relato de hechos probados, por ser esencial o única (SSTC 105/2005, de 9 de mayo, FJ 1; 282/2005, de 7 de noviembre, FJ 1), o no haya datos suficientes para aseverarlo, constituye un análisis que en el marco propio de otro derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia, daría lugar, respectivamente, a la afirmación de la vulneración de este último derecho (si la prueba valorada sin inmediación fue esencial o única; por ejemplo, en las SSTC 197/2002, de 28 de octubre; 68/2003, de 9 de abril; 50/2004, de 30 de marzo), o a su negación, con retroacción de actuaciones para que se proceda sólo a la valoración de aquellas pruebas cuya práctica se haya efectuado rodeada de las garantías exigidas por el art. 24.2 CE (en las SSTC 200/2002, de 28 de octubre; 41/2003, de 27 de febrero; 96/2004, de 24 de mayo, entre otras).
Nuestra STC 113/2005 no supone excepción ni innovación alguna de esta doctrina. El argumento con el que se desestimó la queja por vulneración del derecho a la garantía de inmediación no fue el de que el testimonio mencionado por la Sentencia de apelación no fuera decisivo, sino el de que a tal mención no siguió una valoración del mismo. Así lo expresaba nítidamente la expresión "al margen de" utilizada por el Tribunal de apelación y así lo señalaba con precisión nuestra Sentencia: "Ciertamente se hace mención de las declaraciones del testigo, pero de la mera lectura del párrafo extractado se desprende que tal extremo no es empleado como premisa de la argumentación, toda vez que ésta se sustancia ?al margen? de esos datos" (FJ 4 ).
A diferencia del caso que dio lugar a la STC 113/2005, en el presente se valoró el testimonio del testigo denunciante, y así lo admite la Sentencia de la que discrepo, aunque matiza que no se valoró su credibilidad. En consecuencia, si el testimonio valorado sin inmediación no era "decisivo", debería haberse otorgado el amparo limitado a la estimación de la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías con retroacción de las actuaciones para el dictado de una nueva Sentencia de apelación en la que no se valoraran pruebas que careciesen de suficientes garantías.
En mi opinión, pues, no debió haberse alcanzado un fallo desestimatorio sobre la consideración de que el testimonio valorado en apelación sin inmediación no era decisivo. La sola valoración de esa prueba testifical sin inmediación debió conducir directamente a la declaración de vulneración del derecho al proceso con todas las garantías de acuerdo con la doctrina sentada en nuestra STC 167/2002.
Por lo demás, tampoco me resulta posible compartir la premisa de la irrelevancia de la prueba indebidamente valorada. En efecto, la Sentencia impugnada considera que el lugar en el que se cometieron los robos constituía "casa habitada" porque en él moraba una comunidad religiosa y porque lo hacía permanentemente, sustentando este último dato en que "el denunciante declaró en el acto del juicio que la Casa está abierta todo el año". Esta directa relación entre la prueba inválida y uno de los dos datos en los que se basó la acreditación de la realidad fáctica que permitió la aplicación del tipo agravado impide considerar en este proceso de amparo constitucional que dicha prueba fuera valorada como irrelevante por el órgano judicial en la constatación de los hechos.
En estas condiciones, no existiendo una ponderación individualizada de la incidencia que el primer dato tendría para acreditar la existencia de "casa habitada", no puede este Tribunal afirmar la irrelevancia de la prueba indebidamente valorada. Es obligado recordar de nuevo que, de conformidad con los límites de nuestro enjuiciamiento constitucional, procedía ordenar la retroacción de actuaciones para que el órgano judicial dictara una nueva Sentencia respetuosa con los derechos fundamentales del recurrente en amparo.
ATS, 5 de Febrero de 2018
STSJ Canarias 581/2011, 30 de Junio de 2011

References: resolución 
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in dubio
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 artículo 241
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