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Timestamp: 2018-10-17 14:50:02+00:00

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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL DEL D.F - Derecho procesal penal
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL DEL D.F.
Encuentra su fundamentación en el Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
También denominado Representante social (en tanto defensor de los intereses de la sociedad).
Unidad o jerarquía: todos los funcionarios que lo integran, forman un solo órgano y actúan para la institución del MP.
Indivisibilidad: el conjunto de actos que realizan los agentes de cualquier tribunal se tienen realizados por la institución.
Irrecusabilidad: dentro de un proceso no puede recusarse el MP como Institución y en materia federal no pueden recusare sus agentes como personas individuales.
El MP tiene un doble papel según la legislación secundaria:
- Tiene carácter de autoridad en la averiguación previa. Emite actos autoritarios donde no se requiera del conocimiento de los destinatarios para su validez jurídica, contra estos actos procede el juicio de amparo.
- Al momento de ejercitar la acción penal ante el juez, el MP pierde el carácter de autoridad para convertirse en una parte procesal y el juez adquiere el carácter de autoridad.
El monopolio del MP en la acción penal la ha perdido a la luz de la reforma constitucional del año pasado, los particulares ya podrán ejercer la acción penal.
Atribuciones del Ministerio Público de la Federación:
El jefe del Ministerio Público de la Federación es el Procurador General de la República, tendrá importantes funciones que cumple por si o por medio de Agentes del Ministerio Público de la Federación.
La Procuraduría General de la República se rige en cuanto a su organización y funcionamiento por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR) y su Reglamento.
Debe comparecer ante el Congreso de la Unión para informar cuando se discutan leyes relacionadas a actividades del MP de la Federación
Interviene en los asuntos que traten sobre controversias constitucionales entre la Federación y un estado o municipio; entre estados – con municipios o D.F. o entre poderes del mismo Estado.
Solicitar a la SCJN que conozca de juicios de amparo
Denunciar ante la SCJN las tesis contradictorias que sostengan las Salas que la integran, o los Tribunales Colegiados de Circuito
Al Ejecutivo Federal, proponerle proyectos de iniciativas o reformas de leyes, reglamentos o tratados internacionales relacionados con la competencia del a Procuraduría General de la República; medidas tendientes a mejorar la procuración e impartición de justicia.
Investigar y perseguir los delitos del orden federal, apoyado por la AFI
Vigilar el cumplimiento de la constitución y la ley
Promover la rápida y eficaz procuración e impartición de justicia
Velar por el respeto de los derechos humanos
Intervenir en los casos en que la Federación sea parte, se afecten sus intereses económicos o tenga interés legal.
Al abrir investigaciones se podrá asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito y restituir al ofendido el goce de sus derechos menoscabados por el delito
Pedir al juez el arraigo de personas y aseguramiento o embargo provisional de bienes y conceder también la libertad bajo caución al inculpado
Funciones de la Agencia Federal de Investigaciones:
Diseño de estrategias y mecanismos de control para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, comparecencia, presentación, cateos, detención y mandamientos del MP de la Federación y autoridad judicial
Con el auxilio de la agencia se ordenan cateos, declaraciones de testigos, inspecciones en el lugar de los hechos y en los objetos del delito, peritajes de distinta índole, careos y confrontaciones, recolección y certificación de documentos.
Atribuciones del Ministerio Público del Orden Común
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se rige por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (LOPGJDF) y su reglamento.
Artículo 3o.- Corresponde al Ministerio Público:
Pedir al juez la práctica de las diligencias para comprobar la responsabilidad del acusado;
Artículo 9oBis.- Desde el inicio de la Averiguación el Ministerio Público tendrá la obligación de:
Hacer cesar, cuando sea posible, las consecuencias del delito;
Recibir la declaración escrita o verbal correspondiente e iniciar la averiguación del caso, en los términos del Código
Informar a los denunciantes o querellantes sobre su derecho a ratificar la denuncia o querella en el mismo acto y a recibir su ratificación inmediatamente, o a recibirla dentro de las 24 horas siguientes.
Iniciar e integrar la averiguación previa
Practicar las diligencias inmediatas procedentes
Expedir gratuitamente, a solicitud de los denunciantes o querellantes, copia simple de su declaración
Trasladarse al lugar de los hechos, para dar fe de las personas y de las cosas afectadas por el acto delictuoso, tomando ahí mismo declaraciones y realizar todas las diligencias inmediatas del caso
Proponer el no ejercicio de la acción penal en su caso
Solicitar al denunciante o querellante datos para la identificación del probable responsable y datos relacionados con la comisión del delito
Dar intervención a la policía judicial para efectos de su competencia
Solicitar la reparación del daño, informando a la víctima sobre el alcance y significado del otorgamiento del perdón, si decide otorgarlo.
6.2 EL MINISTERIO PÚBLICO EN MÉXICO
En consonancia con nuestro sistema de gobierno, contamos con un Ministerio Público Federal, que se ocupa fundamentalmente de la persecución de los delitos federales, un Ministerio Público local, tiene como propósito esencial perseguir los delitos del orden común.
El fundamento constitucional lo encontramos en los art. 21 constitucional y en los arts. 102, A) y 122 Base Quinta, inciso D).
El Art. 122 Base Quinta, inciso D) constitucional, señala que el Ministerio Público en el Distrito Federal, estará a cargo de un Procurador General de Justicia.
7. ÓRGANO DE LA DEFENSA: Se integra por el inculpado y el defensor.
- EL INCULPADO: Es la persona física en contra de quien el MP formula la inculpación, es a quien se le atribuye el delito.
El art. 20, apartado A), Fracción IX constitucional establece las siguientes garantías “Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí o por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.
Posibilidad de que obtenga la libertad bajo caución, cuando proceda
Estar informado acerca de la naturaleza y causa de la acusación
Declarar o permanecer callado, sin que reciba presión alguna o violencia física o moral
Derecho a un pronto proceso
A ser careado si lo solicita, con quienes depongan en su contra y en presencia del juez
A declarar en audiencia pública
A ser juzgado en tribunales establecidos previamente y con leyes dictadas con anterioridad al hecho
No podrá aplicarse en su agravio una ley en forma retroactiva
No se le podrán imponer penas crueles, injustas, infamantes, inusitadas o trascendentales
El sujeto activo del delito es quien participó, de algún modo en la comisión del hecho delictivo, es la persona física que como autor, partícipe o encubridor intervino en la comisión del delito.
El inculpado por el delito puede serlo una persona que de ninguna manera haya participado en la realización del hecho delictivo.
Entendemos la imputabilidad como la capacidad del individuo al cometer el delito, de comprender el carácter ilícito de éste y de conducirse de acuerdo con esa comprensión. No pueden figurar como inculpados, los imputables, los toxicómanos, los muertos, sus sucesores testamentarios o legítimos, los animales, ni los objetos.
Presencia y ausencia en el proceso. La extradición
Nada impide que el procedimiento se inicie sin que se conozca ni esté identificado el inculpado, es bastante con que se tenga noticia del delito, pero es condición para la realización del procedimiento la presencia física del inculpado.
Obligaciones del inculpado:
Someterse a los actos de su procesamiento = estar presente en ellos
La extradición: Tiene un carácter jurídico (se resuelve como juicio) y político (porque depende de la soberana voluntad del país requerido).
La extradición es la institución jurídico política por virtud de la cual un Estado llamado requirente, solicita de otro, llamado requerido, el envío de uno de sus nacionales, para que compurgue una pena o para que se le juzgue por algún delito.
Extradición activa: cuando el Estado requiere la entrega del extraditable
Extradición pasiva: surge cuando el Estado requerido entrega al sujeto extraditable
Existen limitaciones a la extradición art. 15 constitucional:
No se extraditan reos políticos
Ni delincuentes del orden común que tengan la condición de esclavo
Cuando el tratado tenga menos garantías
Sin su presencia resultarían nulos los actos del juicio, no puede concebirse la relación procesal sin el defensor y habrá reposición del proceso por no haberse nombrado defensor o no nombrársele el de oficio en los términos que señala la ley (art. 431 III Y VI Bis CPPDF).
Garantía de defensa adecuada
Se eleva al rango de garantía constitucional, el derecho del inculpado a una defensa adecuada (Art. 20 constitucional).
Con “adecuada” entendemos:
Que el defensor se halle presente en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de ellas
Que le sean facilitados los datos que solicite para su defensa y que ahí consten
Podrá consultar el expediente relativo en la oficina del MP
Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que sean tomadas en consideración al dictarse la resolución
Que se le conceda la libertad provisional que proceda
Que se le permita comunicarse con las personas que solicite
Que se designe un traductor en caso necesario.
Que asesore sobre la naturaleza y consecuencias jurídicas de los hechos que se le imputan
Que esté presente en las audiencias y diligencias con intervención del inculpado
Que formule las alegaciones que sean favorables
Especies de defensor.
Son 4 las formas en que puede asumir su defensa:
Por si será asistido por un defensor de oficio que
Por persona de su confianza nombre el tribunal
Por abogado particular
Por defensor de oficio
Permite a los inculpados carentes de recursos económicos con los que acceder a a un abogado particular, o bien a quienes no deseen nombrarlo, estar asistidos por un defensor de oficio cuyos emolumentos son pagados por el Estado.
Los arts. 86 CFPP y 69 CDF admiten la posibilidad de que sean varios los defensores del inculpado.
El caso en que sean varios inculpados en un mismo proceso, todos pueden ser asistidos por el mismo defensor, a condición de que no se trate de defensas incompatibles, por existir intereses jurídicos opuestos entre los encausados.
8.1 INTERVENCIÓN DEL OFENDIDO Y LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL.
Diferencia entre el ofendido y la víctima del delito: La víctima sufre la afectación o puesta en peligro de su esfera jurídica, de modo indirecto, por la comisión del delito. Ej. Familiares del ofendido, la propia familia del inculpado.
a) Garantías constitucionales del ofendido y la victima que se dan en el proceso penal
I. A recibir asesoría jurídica
II. A coadyuvar con el MP
III. A que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera
IV. A que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda
V. Si la víctima u ofendido son menores. No tendrán obligación de carearse con el inculpado, en delitos de violación o secuestro.
8.2 EL RESPONSABLE CIVIL
El sistema de procesamiento penal mexicano permite que pueda enjuiciarse a una persona atribuyéndole la comisión de un delito que afecta los valores sociales, se le impondrá una pena que será el pago de la reparación de los daños causados al ofendido  genera la acción de reparación, porque el hecho delictivo no produce solamente daño social, sino que es un daño susceptible de apreciarse patrimonialmente y que debe ser reparado.
El MP en México está obligado a ejercitar ambas pretensiones (acción penal y demandarse el pago de daños), que integrarán la res judicanda.
La reparación del daño proveniente del delito:
Es PENA PÚBLICA: cuando el MP la reclama al inculpado, dentro del mismo proceso que se le instruye. Se exigirá de oficio por el MP.
Es RESPONSABILIDAD CIVIL: si quien ejercita la acción no es el MP, sino directamente el ofendido por el delito o sus representante legal, y no en contra del inculpado por el delito, sino de algún tercero distinto a él. Se tramitara en forma de incidente.
Están obligados a reparar el daño en los términos del artículo 29:
Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes
Los directores de internados o talleres por delitos de menores de 16
Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles por delitos de sus trabajadores
Las sociedades o agrupaciones, por delitos de sus socios o gerentes directores
El estado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores públicos
9. AVERIGUACIÓN PREVIA
Existen dos grandes etapas en que se desenvuelve el procesamiento en general:
Sumario o instructorio: lo identificamos con la averiguación previa, la autoridad que la preside prepara el ejercicio de la acción penal, y practicadas las diligencias correspondientes, se determina si existen los mínimos requisitos para solicitar al órgano jurisdiccional su intervención con el fin de que establezca si existe un delito y la responsabilidad de su autor e imponga las sanciones correspondientes.
Plenario o procedimiento principal: se realizan los actos procesales (acusación, defensa, juzgamiento), iniciándose con el auto de radicación (para algunos con el auto de formal prisión) y concluyendo con la sentencia definitiva.
La averiguación previa: Es el procedimiento que precede a la consignación ante los tribunales y establece las diligencias legalmente necesarias para que el MP pueda resolver si ejercita o no la acción penal. Responde en su origen a la potestad del MP, de investigar y perseguir los delitos. Art. 21 constitucional.
La investigación se realiza en la averiguación previa y la persecución se realiza ante el juez cuando ya se integro la averiguación previa.
Es el 1er procedimiento penal y su titular es el MP, se inicia a través de la denuncia y la querella, que se enmarca dentro de los requisitos de procedibilidad, junto a ellos se encuentra también la declaratoria de procedencia, actos jurídicos similares a la querella, la declaratoria de perjuicios, etc.
Ofendido: si es titular pero también que con ese carácter reconoce la ley en suplencia del sujeto pasivo que no puede.
Sujeto pasivo: el otro polo del activo, reciente en su esfera jurídica el delito. Ej. En un homicidio – el muerto.
La averiguación previa se integra con los siguientes actos procedimentales: a) los requisitos de procedibilidad: denuncia, querella, la autorización, la declaratoria de perjuicios y la declaratoria de procedencia; b) la actividad investigatoria; c) la resolución que dicte el MP.
9.1 REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD: es una condición sin cuya concurrencia no puede iniciarse la averiguación previa o no puede terminarse si ya se inició.
La denuncia y la querella son requisitos de procedibilidad, según el art. 16 constitucional.
a) Denuncia: es el acto procesal por el que cualquier persona, verbalmente o por escrito, ante el MP (policía dependiente de él, en materia federal) relata hechos probablemente delictuosos que son perseguibles de oficio.
b) Querella: constituye una narración de hechos probablemente delictuosos, que formula ante el MP o, en su caso, ante la policía dependiente de él, de manera oral o escrita
Similitudes entre la denuncia y la querella:
Constituyen un relato de actos probablemente delictuosos
Ambas se formulan ante el MP o policía ministerial
Pueden realizarse de manera verbal o por escrito
La denuncia la formula cualquier persona sobre delitos perseguibles de oficio
La querella solo puede formularla el ofendido por el delito y tratándose de delitos perseguibles a instancia del ofendido, además de contener la expresa manifestación de que se castigue al responsable del hecho delictivo.
La delación: es la denuncia que no suscribe el denunciante, quien con asentimiento de la autoridad, oculta su identidad.
c) Autorización: es el requisito de procedibilidad por el que, en determinados casos, preferentemente referidos a servidores públicos de cierto rango, se remueven legalmente las inmunidades que les otorga la ley.
La inmunidad constituye un impedimento transitorio para la aplicación de la ley, de modo que con la autorización que se otorgue por el órgano competente, de modo que removido el impedimento, cobrará plena aplicabilidad la ley.
d) Declaratoria de perjuicios: tratándose de delitos fiscales como el contrabando o el encubrimiento de contrabando, el Código Fiscal de la Federación señala como requisito para su perseguibilidad, la declaratoria que habrá de formular la autoridad hacendaria, de que el Fisco Federal, con la conducta de infractor, ha sufrido o pudiera haber sufrido perjuicios.
Declaratoria de procedencia: constituye una forma de de remoción de las inmunidades
Se admite como principio la igualdad de todos frente a la ley, las excepciones al principio enunciado, se analizan a través de la inviolabilidad y la inmunidad o fuero.
- Inviolabilidad: el favorecido con ella, queda sustraído a la aplicabilidad de la ley, significa que inviolabilidad e impunidad, son términos equivalentes.
La inviolabilidad será absoluta, cuando todos los actos del favorecido con ella, estén exentos de la aplicación de la ley; será relativa, cuando sólo algunos de esos actos salgan del marco de aplicabilidad legal.
- Inmunidad: implica un privilegio procesal para el favorecido con ella porque impide temporalmente la aplicación de la ley, por el tiempo que subsista el impedimento, a diferencia de lo que sucede en la inviolabilidad en que se cancela de plano la aplicación de la ley, que su beneficiario solo estará eximido de la aplicación de ella, mientras dure el obstáculo relativo, que es transitorio.
Inmunidad presidencial.- El presidente de la República durante su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. El párrafo 4to del art. 111 Constitucional establece como se puede remover la inmunidad, señalado que sólo podrá ser acusado por la Cámara de Diputados ante la cámara de Senadores.
Inmunidad de otros servidores públicos.- La cámara de diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado y sólo en primer caso, se le pondrá a disposición de la autoridad competente, en el concepto de que será reinstalado en su cargo, si es declarado inocente en sentencia.
Inmunidad diplomática.- disfrutan de ésta los Jefes de Estado y Agentes diplomáticos extranjeros que se encuentren oficialmente en el país, a quines no podrá aplicarse nuestra ley, si bien podrían ser juzgados en su país de origen según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Inmunidad por reciprocidad internacional.- Art. 5º. III y IV CPF, dispone que los delitos cometidos a bordo de un buque extranjero surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República, o a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio o en atmosfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras, si el delincuente o el ofendido fueren de la tripulación y no se turbare la tranquilidad pública, se remitirán a los dictados de la reciprocidad internacional.
Inmunidad en la extradición.- El Estado requirente no puede procesar al extraditado por delitos cometidos antes de la extradición y que no figuren en la demanda y sean inconexos con los fijados en ella.
Inmunidad de procesamiento a militares extranjeros.- No podrá someterse a juicio a los militares extranjeros por delitos cometidos en territorio nacional si se encuentran en él con autorización otorgada por nuestro país.
Inmunidad de tipo administrativo.- Disfrutan de ella los magistrados, jueces y agentes del MP en el orden común y los agentes del MP federal. La autorización para el juzgamiento deberá otorgarse por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal o por el Procurador de Justicia que corresponda.
Si llegare a ordenarse o efectuarse una detención sin que exista la previa suspensión den el empleo, se procederá en términos de la fracción XIX del artículo 225 CPF.
El juicio de procedencia tiene el efecto de determinar si se remueve o no la inmunidad o el privilegio procesal del favorecido, y si por ende, se le pone o no a disposición de la autoridad que proceda.
Concluida la investigación, el MP estará en condiciones de determinar si ha lugar o no, a ejercitar la acción penal.
Arraigo: se le estima como una medida precautoria dictada por el juez o en algunos casos por el MP, cuando hubiere temor de que se ausente, sustraiga a la acción de la justicia u oculte, la persona contra quien se prepare el ejercicio de la acción o se instruya un proceso penal.
Arraigo ministerial
Art. 271 CPDF: En delitos de competencia de los juzgados de paz en materia penal o cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, el probable responsable podrá quedar arraigado en su domicilio, con la facultad de trasladarse al lugar de su trabajo.
Las condiciones para que este arraigo se decrete, serán las siguientes:
a) Que proteste el inculpado presentarse ante el MP cuando éste lo disponga
b) Que no existan datos de que pretenda sustraerse a la acción de la justicia
c) Que realice convenio con el ofendido o sus causahabientes ante el MP de que reparará el daño causado
d) Que tratándose de delitos por imprudencia ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, el presunto responsable no hubiese abandonado al lesionado, ni participado en los hechos en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas
e) Que alguna persona se comprometa, bajo protesta, a presentar al probable responsable cuando así se resuelva.
El Arraigo así ordenado, no podrá prolongarse por más de 3 días; transcurridos éstos, el arraigado podrá desplazarse libremente.
Arraigo en la LFCDO
El Juez podrá dictar, a solicitud del MP Federal el arraigo del acusado en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud, mismo que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación y que no exceda de 90 días.
Arraigo decretado por el juez
La autoridad judicial podrá a petición del MP decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización, por el tiempo indispensable (no exceda de 30 días naturales en el primer caso, ni de 60 en el segundo), siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia.
Actual reglamentación del arraigo judicial
Fuero Común (art. 270 Bis CPPDF)
Elimina la obligación para el MP de fundar y motivar la petición de arraigo
Limita la medida cautelar del arraigo a 30 días naturales, sin conceder prorrogar a petición del MP
Cambia la hipótesis que se establece para la concesión del arraigo, al no importar las características del hecho imputado ni las circunstancias personales del inculpado, siendo bastante con que exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia
Conserva la audiencia de éste cuando pida que queden sin efecto las medidas cautelares, para determinar si deben o no mantenerse
El MP deberá fundar y motivar su petición
El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, pero no excederá de 30 días, prorrogables por otros 30 días, a solicitud del Ministerio Público
Se toma en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél
El Juez resolverá, escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo.
Arraigo dentro del proceso
El CFPP (art. 205) y el CDF (art. 301) establecen el arraigo dentro del proceso: “Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable el imputado no deba ser internado en prisión preventiva y existan elementos para suponer que podrá sustraerse a la acción de la justicia, el MP podrá solicitar al juez fundada y motivadamente o éste disponer de oficio, con audiencia del imputado el arraigo de éste, sin exceder del término en que deba resolverse el proceso”.
Arraigo de testigos
“Cuando hubiere de ausentarse alguna persona que pueda declarar acerca del delito, el juez a pedimento de cualquiera de las partes interesadas, podrá arraigar al testigo por el tiempo que fuere estrictamente indispensable para que rinda su declaración. Si resultare que el arraigado lo fue indebidamente, tendrá derecho de exigir que se le indemnice de los daños y perjuicios causados por el arraigo”:
La finalidad es evitar que pueda sustraerse a la acción de la justicia antes de que se concluya la instrumentación legal de la averiguación previa, o antes de que concluya el proceso penal.
FLAGRANCIA, CUASIFLAGRANCIA Y FLAGRANCIA POR EQUIPARACIÓN
En los casos de delito flagrante cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Publico.
El caso urgente, autoriza al MP, cumplidos ciertos requisitos a detener, a una persona mientras practica la investigación preliminar correspondiente.
Las detenciones en flagrancia y por caso urgente, constituyen excepciones al principio general, solo procede la privación de la libertad de los gobernados en virtud de orden escrita de autoridad judicial.
Este tema se relaciona con el de la temporalidad de la averiguación previa, o sea, con la determinación del tiempo que dispone el MP, conforme a la ley.
No hay problema cuando es una averiguación previa sin detenido, que es el caso ordinario, pues al no afectarse la esfera jurídica de nadie, poco importa el tiempo que emplee en ello.
En cambio, cuando la averiguación previa se instruye con detenido, la interrogante de cuánto tiempo debe durar la averiguación previa, lo resuelve el art. 16 constitucional, cuarto párrafo.
Existe delito flagrante cuando:
El inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito (flagrancia propiamente dicha)
Inmediatamente después de ejecutar el delito, el inculpado es perseguido materialmente y detenido (cuasiflagrancia)
El inculpado es señalado como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere participado con él en la comisión del delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito, o aparezcan sus huellas; siempre y cuando se trate de un delito grave; no haya transcurrido un plazo de 48 hrs (72 en el orden común) desde el momento de la comisión de los hechos delictivos; se haya iniciado la averiguación respectiva y no se hubiere interrumpido la persecución del delito (flagrancia por equiparación)
Habrá caso urgente (art. 194 CFPP y 269 CDF) y el MP podrá ordenar por escrito la detención, bajo su responsabilidad, fundando y expresando los indicios que acrediten:
Que el indiciado haya intervenido en la comisión de un delito catalogado como grave (ART. 194 CFPP).
Según el art. 268 del CDF “Son graves los delitos sancionados con pena de prisión cuyo término medio aritmético exceda de cinco años”.
Que exista riesgo fundado de que inculpado pueda sustraerse a la acción de la justicia
Que por la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir el MP a la autoridad judicial, para solicitar la orden de aprehensión.
Ningún indiciado será retenido por el MP, por más de 48 horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertado o ponérsele a disposición del juez.
La averiguación previa con detenido, ahora durará máximo 48 horas salvo el caso de que se trate de delincuencia organizada, podrá prolongarse la detención y por ende la investigación, por otras 48 horas más.
La obligación, al dictar el auto de inicio, de ratificar la detención en tratándose de delito flagrante o caso urgente, o en su caso, de decretar la libertad con las reservas de ley, se cuida el respeto de los derechos humanos del inculpado, formula la presunción de su incomunicación, para el caso de que se hayan excedido los plazos establecidos en la norma constitucional, e invalida por eso las declaraciones que haya emitido.
DETERMINACION DEL MINISTERIO PÚBLICO
La averiguación previa puede concluirse por el MP con las sig. Determinaciones:
No ejercicio de la acción penal o archivo
Consignación o ejercicio de la acción penal,
Consignación sin detenido, con pedimento de orden de aprehensión
Solamente procederá en dos casos: cuando el indiciado esté privado de la libertad por orden del MP, por tratarse de un caso de “flagrancia” o “caso urgente”.
El MP una vez practicada la averiguación previa, deberá hacer una valoración del material probatorio que recabó en dicho procedimiento penal y determinar si están satisfechos los requisitos (serán los presupuestos generales de la acción penal).
La existencia de una denuncia o querella
Que dicha denuncia o querella, se refiera a hechos que la ley señale como delitos
Que esos delitos tengan señalada en la ley cuando menos pena privativa de la libertad
Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito
Que existan datos que hagan probable la responsabilidad del indiciado
¿Cuánto puede dilatar una averiguación previa sin detenido?
No hay plazo para concluir con la averiguación
Los casos de flagrancia, cuasiflagrancia, flagrancia por equiparación y caso de urgencia, son los únicos que justifican la detención del indiciado sin orden aprehensoria de juez.
No ejercicio de la acción penal en sus especies provisionales y definitivas
El MP decretará el archivo o no ejercicio de la acción penal, en cualquiera de estos supuestos:
Cuando practicada la averiguación previa, no se satisfagan los requisitos del art. 16 (en ausencia de denuncia o querella)
Cuando exista demostrada alguna causa que excluya el delito (art. 15 CPF, 29 CPDF)
En caso de estar evidenciada alguna circunstancia que extinga la acción penal, como la muerte del indiciado, la prescripción, el perdón del ofendido en delitos perseguibles por querella necesaria
Esta determinación del MP no adquiere el rango de cosa juzgada, al no tratarse de una resolución judicial, quedando abierta la posibilidad de que se encuentren por el MP elementos de prueba para volver a actuar en la averiguación previa.
Sin detenido: la regla general, el art. 16 nadie puede ser privado de la libertad sin una orden de juez. EL MP debe practicar la averiguación previa sin detenido
Con detenido: en la flagrancia y en el caso de urgencia, cualquiera puede poner al detenido frente a una autoridad judicial. Tiene 48 horas para recabar la averiguación previa porque considera el constituyente que es un término razonable para satisfacer los presupuestos generales del delito
La constitución autoriza a cualquiera para hacer la detención del delincuente y el MP lo debe retener en caso de urgencia.
Si pasadas las 48 horas no se integra la averiguación, se puede pedir el arraigo, ya esta constitucionalizado y los plazo se extendieron a 40 días y 80 si existen los mismos motivos porque el que se otorgó al inicio, pero ahora ya solo se aplica en delincuencia organizada y ya no se otorga la garantía de audiencia.
RECURSO PROCESAL DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, CONTRA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y EL DESISTIMIENTO
El MP no es el dueño de la acción penal, es un órgano del Estado al que éste encarga la persecución de los delitos por medio de su ejercicio.
El art. 16 C. regula los requisitos que deberá satisfacer el MP para estar en aptitud legal de ejercitar la acción penal.
A propósito del ejercicio de la acción pena, dos son los principios que rigen en esta materia:
Legalidad.- Se da en los países democráticos, satisfecho los presupuestos generales de la acción, el MP se encuentra legalmente obligado a ejercitarla ante el juez. Este principio, coloca los derechos del individuo por encima de los intereses de Estado, de tal suerte que la omisión del órgano acusador en consignar, hacer surgir la posibilidad para el gobernado, de interponer los recursos que concede la ley, con el fin de obligarlo a cumplir con su deber.
oportunidad.- Queda al arbitrio del MP ejercitar la acción penal, con independencia de si se cumplen o no los requisitos de la acción penal. Es adoptada por los regímenes de gobierno absolutistas o despóticos, en los que están por encima de las garantías individuales, los intereses del Estado. Este criterio de la oportunidad también rige en materia militar.
Si el MP satisface los prepuestos generales de la acción penal para ejercitarla pero el delito tiene una pena alternativa a la prisión solicitara al juez una orden de comparecencia en vez de una orden de aprehensión.
La diferencia entre estas:
- Orden de aprehensión: es privativa de la libertad implica una privación de la libertad. Afecta más gravemente a la libertad
- Orden de comparecencia: el delito por el que se gira tiene señalada pena alternativa a prisión, no priva de la libertad.
La adición al artículo 21 C. permitió encausar al procedimiento penal a la senda de la legalidad, pues conforme al nuevo párrafo cuarto, “Las resoluciones del MP sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley”.
Ejercitada la acción penal el MP pierde carácter de autoridad y se vuelve en parte procesal.
Concepto: Es una potestad (derecho y deber) del MP de instar la actividad jurisdiccional del Estado, para que resuelva sobre la pretensión punitiva que aquel plantea (conflicto de intereses que surge en la sociedad), aplicando la ley.
El art. 21 constitucional establece un organismo para el manejo de la acción penal. El art. 16 constitucional establece los presupuestos generales de la acción penal
Las resoluciones de no ejercicio y desistimiento de la acción penal, son susceptibles de ser impugnadas por vía jurisdiccional, por medio del juicio de amparo indirecto.
Es pública: por el órgano que la ejercita y porque persigue un fin público, que consiste en l aplicación de la pena al delincuente, en defensa de los intereses sociales
Es indivisible: abarca a todos los participantes en un delito, lo que quiere decir que no hay una acción penal para cada uno de ellos.
Es autónoma: no depende del derecho abstracto de castigar que corresponde al Estado, ni del concreto que asiste al juez.
Es única: envuelve a todos los delitos que se hubieren cometido con una conducta delictiva, lo que quiere decir que no existe una acción para cada delito
Es intrascendente: no vas más allá de la persona del inculpado, no alcanza a sus familiares o terceros, puesto que solo se dirige a la persona a quien se imputa el delito.
SENTENCIA DEFINITIVA.- nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene art. 23 y 110 CPF
MUERTE DEL INCULPADO: habida cuenta del carácter intrascendente de la acción penal, lo que no se extingue es la acción reparadora de daños ni el decomiso de los objetos e instrumentos del delito. art 91 CPF
AMNISTÍA: al declarar extinguida la acción el Estado otorga una especie de perdón y cubre de olvido ciertas conductas delictivas (92 CPF y 104 CPDF). Se dicta cuando hay conflictos internos en el país, hay descontento de la sociedad (en grupo) con el régimen de gobierno
PERDÓN DEL OFENDIDO: opera solamente tratándose de delitos de querella necesaria, tendrá que otorgarse por el ofendido por el delito o su representante legal (93 CPF y 140 CPDF)
PRESCRIPCIÓN: debía denominarse caducidad ya que esta extingue la acción penal en relación con todo tipo de delitos, y será de orden público (100 y sigs. CPF y 105 y sigs. CPDF). La ley señale en algunos casos extingue la pena
SOBRESEIMIENTO: cuando adquiere carácter de cosa juzgada (arts. 139 y 304 CFPP y 324 CDF)
Una nueva ley que suprima o modifique el tipo penal (117 CPF y 121 CPDF)
PAGO: el interés afectado ha sido satisfecho (100 CPDF penúltimo párrafo)
Acción penal y acción civil en el proceso penal
La reparación del daño proveniente de delito que deba ser hecha por el delincuente tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público.
La Ley sanciona con multa el incumplimiento del Ministerio Público, a la obligación anterior. El mismo dispositivo legal aclara que cuando la reparación deba exigirse a tercero, tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente, en los términos que fije el Código Federal de Procedimientos Penales y autoriza para recurrir a la vía civil.
El MP estará obligado a solicitar, la condena en lo relativo a la reparación de daños o perjuicios y probar su monto, y el juez a resolver lo conducente. El art. 49 establece que el afectado podrá optar en cualquier momento por el ejercicio de la acción civil correspondiente.
Orden de aprehensión: es privativa de la libertad
La actividad investigadora del MP tenderá al acreditamiento del cuerpo del delito.
El cuerpo del delito no es el OBJETO del delito, porque realísticamente se distingue el objeto material del delito del objeto jurídico del delito, en ninguno de los dos importa al cuerpo del delito.
Objeto material: persona o cosa sobre la que cae la conducta delictiva Ej. En delito de lesiones es el lesionado
Objeto jurídico: es el objeto de la protección penal, es decir el bien jurídico tutelado Ej. En el delito de homicidio la vida, en el delito de robo es la propiedad.
Instrumento del delito: todo aquello que sirve para cometer el delito Ej. Un palo
Efecto del delito: consecuencia de la comisión delictiva. Ej. La lesión que se deja en la cara, el decremento patrimonial
El tipo penal se integra con elementos objetivos, subjetivos y normativos:
I. Objetivos o materiales o externo: son perceptibles por medio de los sentidos
conducta: comportamiento humano activo u omisivo
La calidad de los sujetos activo y pasivo: si el sujeto activo no cumple la calidad no hay delito Ej. Peculado es necesario que el sujeto activo sea un servidor público, sino lo eres no lo puedes cometer; en la violación que el sujeto sea activo
El resultado material: existen tipos penales no precisan de ningún resultado material Ej, la portación de armas basta con que traiga un cuerno de chivo para cometer el delito d exportación de armas. A estos delitos se les llama de mera conducta. Ej. En el robo se necesita una conducta y el resultado material seria el decremento del patrimonio.
El nexo causal: debe existir en los delitos de resultado material, debe existir un vínculo entre la conducta del sujeto y el resultado material.
Medios comisivos: hay delitos cuyo tipo penal para configurarse requiere que al resultado se llegue por la conducta pero a través de ciertos medios, si al resultado se llega a la conducta pero por medios distintos al que fija el tipo penal no hay delito. Ej. Al que tenga copula por medio de la violencia física o moral es el medio comisivo que se requiere para el delito de violación, si se obtiene la copula por medio distinto de la violencia física o moral no será el delito de violación.
Circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión: la conducta del sujeto activo debe darse en cierto lugar Ej. Robo en casa habitación exige una circunstancia de lugar; o en cierto tiempo que sería el aborto en cualquier momento de la preñez.
II. Subjetivos: están relacionados con el propósito de la conducta, que forma adopto la conducta
Dolo: cuando el individuo conociendo los elementos de la descripción típica quiere el resultado o lo acepta, no solo se necesita la intención sino en la aceptación del resultado habiéndotelo presentado previamente.
Culpa: el individuo ni quiere el resultado ni lo acepta y a pesar de eso se da. Es el incumplimiento de un deber de cuidado que era a su cargo.
En los delitos culposos debe haber un resultado material, son sancionados por el azar. Tiene ciertos elementos:
Incumplimiento al deber de cuidado
Hecho donde el resultado era previsible, o que era previsible y espera a que no se dé el resultado
III. Normativos: para cuya integración se requiere hacer una valoración
De valoración jurídica.- le da un servidor público en el uso de sus funciones, debe estar expedido en el ejercicio de sus funciones. Ej. En documentos públicos expedidos por una autoridad que no estaba en uso de sus funciones.
De valoración cultural.- que la valoración se haga a la norma de cultura Ej. Al que distribuya publicaciones obscenas se tiene que hacer valoración para saber que es obscena.
El cuerpo del delito a nivel federal se acredita probando los elementos objetivos y los normativos, si el tipo penal lo requiere. CPPF art. 168
En materia del fuero común el cuerpo del delito se acredita con los elementos objetivos, subjetivos y normativos. CPPDF art. 122.
Es probable responsable cuando de las pruebas puede deducirse fundadamente que el inculpado participo dolosa o culposamente en el hecho delictivo y no tiene una causa de justificación.
Los actos jurídicos procesales, son jurídicos porque están regulados por el Derecho y procesales porque se encuentran dentro del proceso penal.
Actos procesales: son actos jurídicos (definidos como comportamientos humanos voluntarios, susceptibles de exteriorización y provistos de eficacia en el campo del Derechos) que se realizan como parte de un proceso y que normalmente producen sus efectos dentro de ese ámbito. Se clasifican según quien los realice en:
Actos del juez.- autos, sentencias o resoluciones judiciales
Actos de las partes.- realización compete a las partes o pruebas, querella o denuncia
Actos realizados por terceros
Los requisitos que deben cumplir loa actos procesales, se distinguen entre presupuestos, requisitos y condiciones:
Presupuestos.- son aquellas condiciones fácticas o jurídicas independientes, anteriores y externas al acto mismo de cuya concurrencia depende que el acto produzca sus efectos jurídicos
Admisibilidad: de modo que un acto será admisible sólo cuando la ley faculte, tolere o exija su realización
Eficacia. Posibilidad de que produzca determinada consecuencia de derecho
Requisitos.- Son las circunstancias concurrentes con el acto mismo, necesarias para que produzca sus consecuencias en el campo del derecho
De lugar: los actos deben practicarse en la sede del órgano jurisdiccional que esté conociendo del proceso, concretamente en el sitio en que se ubique su residencia, y por excepción fuera de dicho lugar como la inspección , reconstrucción de hechos o exhorto (exhortante le pide al exhortado realice un acto procesal)-
De tiempo: se deben practicar en días y horas hábiles.
Se da consignación con detenido y se tiene 72 horas para la averiguación previa, y 48 horas para tomar la declaración preparatoria.
De forma: será el aspecto externo que deben revestir los actos procesales de acuerdo a la ley, pueden ser orales o escritos, el idioma será el español, debe haber inmediación (exige la directa presencia y dirección del juez en su realización), la concentración (impone la realización en una sola o en varias próximas audiencias, secreto que serán las declaraciones de testigos, y la publicidad que se dará en la declaración preparatoria y la audiencia de juicio.
Condiciones de los actos.- se dan a posteriori de ellos
Actos procesales afectados de nulidad absoluta, nulidad relativa y actos irregulares
Los afectados de nulidad absoluta.- son aquellos que presentan un defecto insubsanable, que impide al actor tener eficacia, produce efectos (efectos ex tunc) aquellos en los que la declaración de nulidad absoluta produce efectos que se retrotraen al momento de la realización del acto.
Nulidad relativa o anulabilidad.- se refiere a los actos realizados en ausencia de una circunstancia formal subsanable, que impide la producción de su efecto propio, y que solo puede declararse a instancia de parte. Produce efectos ex nunc, aquellos en los que la declaración de nulidad relativa produce efectos desde el momento mismo en que se produce dicha declaración.
Actos irregulares.- son los que se realizan con violación de algún requisito de menor entidad, del que no deriva una consecuencia procesal seria, sino mas bien faltas de tipo administrativo o disciplinario.
El órgano de la jurisdicción, dicta actos jurisdiccionales, no emite resoluciones sino, acaso, opiniones, como en tratándose de las recomendaciones que dicta en asuntos de extradición y las opinones que emite al ejercitar la Suprem Corte.
Cabe clasificar a los actos jurisdiccionales en:
Actos de decisión.- son las resoluciones judiciales, comprendiendo a :
AUTOS: deben contener una síntesis de la materia que tratan y la resolución de la juez, precedida de su motivación y fundamentación legal.
Lugar y fecha en que son dictados
Hechos (resultandos)
Considerandos que son los razonamientos jurídicos
Puntos resolutivos.- La parte final que es la dispositiva, en la cual figura el pronunciamiento o resolución
Firmas de la autoridad jurisdiccional y del secretario que autoriza la actuación
SENTENCIA: son las resoluciones que terminan con la instancia, dirimiendo la controversia sometida al conocimiento del juez.
Lugar en que se pronuncie
Nombre y apellidos del inculpago y su sobrenombre
Lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, grupo étnico, idioma, residencia o domicilio, ocupación, oficio o profesión
Hechos conducentes (Resultandos): integrado por la exposición de los antecedentes del caso, desde su inicio hasta el momento procesal que precede a la sentencia
Considerandos, a la parte en que deben figurar los razonamientos, las consideraciones y los fundamentos legales del fallo.- se analizan los argumentos legales de las partes y a su vez se exponen las consideraciones de la autoridad jurisdicción, invocando la doctrina y la tesis o precedentes de jurisprudencia aplicables al asunto.
Parte resolutiva.- decreta la condena o absolución y, las consecuencias de ellas derivadas, lo que debe ser congruente con la litis planteada por las partes
En el orden común se alude también a los DECRETOS (resoluciones de mero trámite): son resoluciones judiciales de metro trámite, cuyo propósito es la ordenación material del proceso y generalmente su fórmula se limita a la determinación del juez o tribunal. Ej. El acuerdo del juez para que se forme un nuevo tomo del expediente y facilitar su manejo o una orden al Secretario del tribunal, para que certifique algún hecho de la causa.
Actos de comunicación.- Son aquellos por los que se participa a un particular o a un órgano público, la realización de algún acto procesal o el requerimiento para que éste sea realizado.
Respecto a la forma que revisten los actos de comunicación, habrá que distinguir entre:
Exhortos: si se dirige a un tribunal de igual categoría
Requisitorias: si se dirige a un tribunal inferior
Oficios: si la autoridad judicial se dirige a funcionarios o autoridades no judiciales.
Como el proceso inicia con el auto de radicación, es a partir de este momento que surge la posibilidad de realización de los actos que corresponden a las partes y los demás participantes del enjuiciamiento.
Los actos de defensa, normalmente provienen del inculpado o su defensor y los de inculpación generalmente proceden del MP, reservándose para los testigos, o peritos los actos correspondientes a terceros.
Los actos de las partes y de los terceros tendrán que cumplir las condiciones de
Tiempo: puede enfocar desde una doble perspectiva, deben verificarse en días y horas hábiles, por una parte y por otra tendrán lugar en el plazo o momento determinado en la ley.
Lugar: en la sede del órgano jurisdiccional
Forma: aluden a su forma de producción y exteriorización que puede ser oral o por escrito, pública o secreta.
La primera resolución que dicta el juez al recibir la consignación (el pliego del ejercicio de la acción penal) se llama AUTO DE RADICACIÓN (inicia el proceso), con este auto se inicia el 2ndo procedimiento penal llamado PREINSTRUCCIÓN (art. 1 fracc. II CFPP), se integra con los siguientes actos procesales:
Confirmación de la detención que efectuó el MP
Concluye con la:
Resolución de auto de formal prisión o de vinculación al proceso
Auto de sujeción al proceso
Auto de liberación por falta de elementos para procesar
Cuando el MP ejercita la averiguación previa con detenido (flagrancia o caso de urgencia) no ha cumplido las 48 hrs o 96 (en caso de delincuencia organizada), se presenta ante el juez y se le deja a disposición a partir de ese momento, se abre el plazo constitucional de las 72 hrs para que resuelva si lo decreta forlmamente preso, sujeto al proceso o en libertad.
Lo primero que hace el juez es dictar el auto de radicación y ver si confirma la averiguación que realizó el MP, si el MP lo deja a su disposición con flagrancia y no fue así, el juez revoca el auto de RADICACIÓN y lo deje en LIBERTAD, es decir, cuando el MP incumple los requisitos constitucionales.
Si el MP lo acepta le pedirá al juez una orden de aprehensión.
¿Qué ocurre cuando el MP cumple con requisitos y se tardo en detenerlo?
Se exige responsabilidad al MP, la consecuencia es que si el inculpado confesó es nula la confesión.
Cuando consigna MP sin detenido, pide al juez una orden de aprehensión a comparecencia hecha la consignación, el juez examinara si cumplió los presupuestos penales, el MP para ver si las libra. Si se comprobó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad obsequiará la orden de aprehensión o comparecencia.
Cuando consigna MP sin detenido, pide al juez una orden de aprehensión o comparecencia hecha la consignación, el juez examinará si cumplió los presupuestos penales el MP, para ver si las libra. Si se comprobó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, obsequiará la orden de aprehensión o comparecencia.
El juez las libra y se la entrega al MP para que las cumpla a través de la policía ministerial, el MP le turna la orden a la policía ministerial, quienes irán por el inculpado y lo llevaran al reclusorio preventivo en caso de orden de aprehensión y si es comparecencia lo lleva a presentarse ante el juez.
La policía al llevarlo al reclusorio sella el oficio que le mando el MP, se pone el reo a disposición del juez durante 72 horas, dentro de las 48 tendrá que tomar declaración preparatoria al inculpado.
Cuando el MP cumple con los requisitos que establecen la ley pero excedió plazo de 42 o 96 (delincuencia organizada) las declaraciones no tendrán ningún valor.
No se inicia una averiguación con denuncia anónima (delación) o pesquisa. No obstante el MP las inicio.
Entre los requisitos para tomar declaración al inculpado esta:
Hacerle saber al inculpado el nombre de su acusador, hacer saber
La declaración preparatoria es de las diligencias más solemnes, la constitución dice que la preparatoria puede:
Tomarse públicamente cualquier persona puede presenciarla.
Naturaleza y causa de su acusación (testigos, acciones que hizo, inspección por parte del MP)
Delito que se le atribuye
Derecho o nombrar un defensor o nombramiento de defensor público
Si el delito permite libertad bajo caución
Preguntarle si quiere declarar, si no quiere declarar no significa que confiese el hecho delictuoso o parte de él, si dice que es inocente y no quiere declarar ya esta declarando al decir que es inocente.
No es declaración preparatoria porque no siempre quiere declarar.
Formas de tomar declaratoria:
1) Dictando de viva voz
2) Transcribiendo lo que se dice art. 200
3) A base de formular interrogantes al acusado por parte del juez, defensor, etc.
4) Rendir declaración preparatoria por escrito (se debe ratificar)
Una vez que hubo declarado las partes pueden interrogar al inculpado, en ejercicio de su derecho de guardar silencio.
Se leerá el acto de su declaración y se suscribe con su firma junto con la del defensor y el juez.
La SCJN ha formado jurisprudencia en base al principio de inmediatez, estableciendo que vale más la averiguación previa que la declaración posterior, ya que es mejor una averiguación que está cercana a los hechos. Pero el principio de inmediatez procesal no consiste en dar valor a las diligencias más cercanas a los hechos, se refiere a que el juez presencie los actos del proceso.
En la declaración preparatoria, el inculpado puede solicitar la duplicidad del plazo constitucional 144 hrs.
Requisitos que deben satisfacer:
Solicite inculpado – que el plazo no lo puede el MP o de oficio
Lo solicite el inculpado en la declaración preparatoria o dentro de las 3 hrs. siguientes
Ofrecer pruebas (El MP no puede ofrecer pruebas) solo el inculpado o el abogado
El juez debe resolver antes de que venza el plazo la situación jurídica del inculpado
En sujeción a proceso
Formal prisión: Art. 19 constitucional una detención ante juez se prolongue de 72 horas (144) para que se extienda más de 144 hrs, el juez debe dictar el auto de formal prisión, deberá contener:
El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito
Los datos que arroje la averiguación previa (cuerpo del delito)
Comprobar probable irresponsabilidad del inculpado
El delito estuviera sancionado con pena privativa de libertad y sino el juez declarara acto de sujeción al proceso (pena alternativa).
Auto de libertad por falta de elementos en cualquiera de estos 4 casos:
1) Ante la incomprobación del cuerpo del delito
2) Cuando estado comprobado el cuerpo del delito no hay datos que acrediten la probable responsabilidad del inculpado
3) Este comprobada una causa de exclusión del delito art. 29 CPDF causas de exclusión del delito
4) Cuando se demuestre la existencia de una circunstancia que extinga la acción penal
Es el procedimiento penal que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste.
La instrucción puede tomar distintas formas, la.
Ordinaria.- es empleada en el enjuiciamiento por delitos graves
Sumaria.- se emplea en delitos de menor gravedad o de más o menos fácil investigación, que requieren una tramitación rápida pues las pruebas resultan ser tantas y tan convincentes que no precisan de una instrucción formal.
El art. 20 apartado A, establece que si el delito materia del proceso, tiene señalada en la ley un apena máxima que no exceda de 2 años de prisión, éste deberá hacerse en un término inferior a 4 meses.
La sumariedad y la tramitación ordinaria, se diferencian en la celeridad con la que deben manejarse los procesos respectivos. En la sumariedad la tramitación se facilita por diversas circunstancias, el tratamiento al proceso es mucho más rápido. En cambio en el juicio ordinario, los términos se vuelven más amplios partiendo de la necesidad surgida pero la propia complejidad y gravedad de los asuntos sometidos a ese trámite, ordenando que sea en 10 meses, cuando exista auto de formal prisión y el delito tenga señalada una pena máxima que rebase los 2 años; si es inferior, o se hubiere dictado auto de sujeción a proceso, la instrucción se terminará dentro de 3 meses.
Juicio sumario y ordinario en el orden federal
En el orden federal la tramitación del juicio sumario procede en 3 casos:
Caso sumarísimos cuando la pena del delito por el que se decidió la formal prisión no exceda de 2 años, sea o no alternativa o se trate de pena distinta a la de prisión, procede de manera oficiosa, es decir, sin que lo pidan las partes.
Se procurara cerrar la instrucción dentro de 15 días y a continuación se citará a una audiencia, la que se iniciara presentando el MP sus conclusiones, mismas que se pondrán a la vista del acusado y su defensor para que las contesten
Si las conclusiones del MP fueren acusatorias, en la propia audiencia el MP y la defensa podrán interrogar al inculpado sobre los hechos del juicio.
Se dará lectura a las constancias que señalen las partes, se oirán sus alegatos y finalmente, en la propia audiencia o bien dentro de los 5 días siguientes, se pronunciará la sentencia.
Si las conclusiones del MP fueren no acusatorias, se suspenderá la audiencia y se enviarán junto con el proceso respectivo, al Procurador General de la República, concediéndolo el plazo de 10 días para que manifieste si las confirma, modifica o revoca, sino contesta en ese plazo, se entenderán por confirmadas.
Corresponde al delito por el que se decretó formal prisión, exceda de 2 años de prisión sea o no alternativa, en este caso también se decretará la sumariedad de oficio y se procurara cerrar la instrucción dentro del plazo de 30 días. Sera necesario:
Que sea delito flagrante
Que no exista confesión judicial o bien que la ministerial esté ratificada ante el juez
Que el término medio aritmético de la pena correspondiente al delito por el que se decretó la formal prisión, no rebase de 5 años
Se da a solicitud de las partes, sea cual fuere la pena del delito materia de la formal prisión. Cuando se cumplan condiciones del art. 152 CFPP:
Que al notificarse de la formal prisión o dentro 3 días siguientes, se allanen a esa resolución
Que señalen no tener más pruebas que ofrecer
Que el juez no estime necesaria la práctica de otras diligencias
El juez citará a la audiencia que se celebrará de acuerdo con el juicio sumario.
El inculpado podrá optar por la ordinaria con solo solicitarlo dentro de los 3 días siguientes a la notificación que se le haga de la sumariedad.
En ordinario se tramitará de la siguiente forma:
Un mes antes de que venza los plazos máximos que para la terminación de la instrucción señala, (10 meses o 3 meses, según el caso) el juez deberá ordenar que se haga una relación de las diligencias pendientes, y también deberá oficial al superior jerárquico, que resuelva los recursos pendientes.
Dará vista a las partes por 10 días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
Transcurrido el plazo o cuando el juez considere agotada la instrucción, hará saber a las partes, y les concederá 10 días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes, y que puedan desahogarse dentro de los 15 días siguientes.
Durante ese término, el juez podrá ordenar también la recepción de las pruebas que considere necesarias para mejor proveer, e incluso podrá ampliar el término para su deshago, hasta por 10 días más.
Se declarará cerrada la instrucción cuando hubiesen corrido los plazos anteriores o las partes hubieran renunciado a ellos.
Con el auto que declara el cierre de instrucción, propiamente se inicia el siguiente procedimiento penal que es el de primera instancia
Procedimiento penal de primera instancia
En este procedimiento el MP precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el juez, quien valor las pruebas y pronuncia el fallo definitivo. Los actos procesales que integran este procedimiento son:
La audiencia de vista
Juicio sumario y ordinario en el orden común
En el fuero común, queda establecida la tramitación sumaria art. 305 CPPDF, deberá abrirse cuando:
El juicio sea de la competencia de los juzgados de paz
Se trate de delito flagrante
Exista confesión ministerial o judicial
Se trate de delito no grave
Igual que en materia federal, dentro de los 3 días siguientes a la notificación correspondiente, en la que se incluirá la información de este derecho, puede revocarse la apertura del procedimiento sumario a solicitud del inculpado y seguirse el juicio ordinario. También podrá pedir que se abra la sumariedad el defensor.
Notificada la formal prisión o la sujeción a proceso, se darán 3 días comunes a las partes para ofrecer pruebas, que se recibirán en una diligencia denominada audiencia principal.
Si al recibirse las pruebas, aparecieren nuevos elementos probatorios, el juez podrá señalara otro plazo de 3 días para aportarlas y fijara otra audiencia dentro de los 5 días siguientes, para su recepción.
La audiencia se desarrollará en un solo día, principiará por la recepción de las pruebas, luego las partes formularan verbalmente sus conclusiones, cuyos puntos esenciales se harán constar en el acta relativa y ahí mismo podrá dictarse la sentencia, o acaso, 3 días después.
Un proceso sumario podría concluirse por sentencia, a lo sumo en un plazo de 15 días, contados a partir de que se ponga el detenido a disposición de la autoridad judicial.
Se regula un procedimiento sumarísimo
Para el seguimiento del juicio sumario se hace referencia al término medio aritmético de la pena del delito
Como condición para la sumariedad en la tramitación, se requiere que la confesión ministerial sea ratificada ante autoridad jurisdiccional
El CFPP autoriza sólo al procesado para solicitar la revocación de la sumariedad y optar por el juicio ordinario
Se extiende al defensor, si ratifica la petición respectiva el inculpado
Es omiso el termino para el ofrecimiento de pruebas
Decretado el procedimiento sumario, el juez abrirá un término de 3 días para el ofrecimiento y 5 para el desahogo, pudiendo otorgar otros 3 para ofrecer y otros 5 para desahogar éstos
Al declararse cerrada la instrucción, se citará a la audiencia de derecho, la que se celebrará dentro de los 10 días siguientes y se iniciará ésta, formulando conclusiones el MP, para que a continuación las conteste la defensa.
No se alude al cierre de instrucción, puesto que desahogadas las pruebas en la audiencia principal, las partes formularan verbalmente sus conclusiones
La sentencia puede dictarse en la audiencia de derecho o dentro de los 5 días siguientes, aceptando recurso de apelación.
La sentencia la podrá emitir el juez al terminar la audiencia principal o dentro de los 3 días siguientes, aceptando recurso de apelación.
Juicio ordinario en el orden común
Al notificarse el auto de formal prisión, se concederán a las partes 15 días comunes para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes, que se contarán a partir del siguiente a la notificación de aquel auto, las que se recibirán dentro de los 15 días posteriores.
Si al desahogar las pruebas, aparecieren nuevos elementos probatorios, el juez podrá señalar otro plazo de 3 días para aportarlas y 5 más, para desahogarlas.
Ahora bien, cuando el juez estime agotada la instrucción, dictará auto en ese sentido y se notificará a las partes.
Corridos o renunciados por las partes los plazos anteriores, o sino se hubiere promovido prueba, el juez declarará cerrada la instrucción, pondrá los autos a la vista de las partes para formar conclusiones, ordenará posteriormente la celebración de la audiencia de vista y finalmente pronunciará SENTENCIA definitiva (art. 315 CDF).
LA PRUEBA: es una constatación de hechos, es el instrumento que proporciona la convicción. De ahí su importancia, con referencia a la demostración de los elementos integrantes del cuerpo del delito de que se trate y la responsabilidad de su autor.
VERDAD FORMAL O MATERIAL: serie de acontecimientos ordenados
Los artículos 180 CFPP y 124 CPDF, otorgan al juez una amplísima potestad probatoria para acreditar el cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad del inculpado, autorizándole la utilización de los medios de prueba que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad histórica. La verdad será ese fenómeno que denominamos conocimiento y que se representa por la identidad que existe entre la realidad y la idea que de ella se tiene.
Cuando el juez considere estar convencido de haber alcanzado el conocimiento en un asunto, llega a un estado de certeza denominado la verdad real o material.
OBJETO DE LA PRUEBA: El objeto de la prueba es la cuestión a demostrar y puede ser cualquier hecho que trate de evidenciarse, podrá ser la existencia de los elementos del tipo penal, la inocencia del inculpado, la exigencia de alguna modificativa del delito, la conducta precedente del reo, etc.
ORGANO DE LA PRUEBA
Este concepto se aplica a todo aquel, que siendo extraño al proceso, o sea, sin ser parte en él, se incorpora para estar al servicio de los sujetos procesales y cumplir una función específica de colaboración para la obtención de los elementos de convicción.
Nos referimos a los testigos, peritos, intérpretes que responden a la producción de las pruebas testimonial, pericial y de traducción, en su orden, y que a través de su testimonio, peritación o interpretación introducen en el proceso penal los elementos de convicción cuya valoración tendrá que realizar el órgano jurisdiccional.
Ni el MP en la averiguación previa, ni el juez ya en el proceso, pueden figurar como órganos de prueba, por ser receptores de ella.
El medio de prueba, es todo aquello que es útil al juez para formar su convicción, es el instrumento que le permite alcanzar el conocimiento acerca del objeto de la prueba.
El art. 135 CDF asegura que la ley reconoce como medios de prueba: la confesión, los documentos públicos y privados; los dictámenes de peritos; la inspección ministerial y la judicial; las declaraciones de testigos y las presunciones.
No obstante reglamente además, la construcción de hechos, los cateos y visitas domiciliarias, la confrontación y los careos.
Se admitirá como prueba todo aquello que se ofrezca como tal (art. 20 V. Constitucional).
Respecto al valor que se asigna a las pruebas, dependerá siempre del sistema probatorio que rija el enjuiciamiento respectivo:
En un sistema tasado, el valor queda preestablecido en la propia ley
Sistema de prueba libre o de sana crítica, el valor dependerá del mayor o menor grado de credibilidad que produzcan en el ánimo del juez.
El enjuiciamiento civil, la carga de la prueba la reporta quien realiza una afirmación, pero también quien niega un hecho, si esa negativa es contraria a una presunción legal o envuelve una afirmación.
La presunción de inocencia que recoge como principio universal nuestra legislación, por la cual el inculpado está relevado de la obligación de probar su inocencia, la cual deberá presumirse, salvo prueba en contrario.
TRANSMISIBILIDAD DE LA PRUEBA
Quien ha anunciado la prueba y previamente a su introducción en el juicio, no vemos inconveniente para que desista de ella. Pero una prueba que ha ingresado al proceso, no importa quien la haya aportado, inclusive el propio juez, es lícito que pueda invocarla en su favor cualquiera de las partes, o que pueda hacer relación de ella el órgano jurisdiccional para fundar su sentencia en cualquier sentido que ella sea.
La prueba obtenida de manera ilícita, o sea, con violación de los derechos que confiere la ley o con infracción de las garantías individuales. Ej. La violación del domicilio en ausencia de orden judicial de cateo, cuando existe coacción en la obtención de una confesión.
De esta manera, no podrá otorgarse valor probatorio y habrá de declararse la nulidad de las probanzas obtenidas con desprecio de los derechos públicos subjetivos de los individuos, cono el derecho a la intimidad.
Un sistema probatorio es el conjunto de normas conforme a las cuales se regulan las pruebas en el enjuiciamiento y su forma de evaluarlas, a través de cada sistema probatorio, podremos saber cuáles pruebas pueden llevarse al proceso y qué valor demostrativo representan.
Existen diferentes tipos de sistemas:
Ordalico: “juicio de dios”. Rigió en la época del derecho canónico, el inquisidor era el director del juicio del proceso, el arbitro del conflicto. El inquisidor acusaba, defendía y juzgaba. Había una controversia entre el inculpado y Dios.
Tasado o prueba legal.- el legislador es quien determina los medios de prueba válidos en el proceso y les preestablece un valor demostrativo. Es utilizado preferentemente en Estados con régimen de gobierno dictatorial, hay arbitrio de la autoridad judicial.
Libre: libertad probatoria irrestricta, las partes pueden ofrecer todas las pruebas que convengan a sus intereses, las cuales habrán de ser valoradas por la autoridad, sin existir obligación de explicar las razones por las que se obtiene la certeza sobre los hechos justiciables. Es utilizado normalmente por el jurado popular.
Mixto: mezcla del sistema tasado y libre, algunos medios probatorios y su valor, aparecen señalados en la ley, al paso que otros se dejan a la libertad de las partes y son evaluados libremente por la autoridad
Sana crítica: participa de las características del libre, pero la autoridad tendrá obligadamente que expresar en sus resoluciones, los razonamientos por los cuales atribuyó o negó valor a las pruebas.
El art. 279 y 290 CFPP y246 y ss. CDF acogen este último sistema probatorio.

References: Artículo 21

Artículo 3

Artículo 9
 resolución

 artículo 29
 resolución 
 artículo 225
 resolución 
 ARTÍCULO 21
 artículo 21
 resolución 
 resolución

 resolución 

Resolución 
 resolución