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Timestamp: 2014-08-23 19:46:35+00:00

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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTEPROGRAMA 2009 DE IGUALDAD DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE
I. Género y Medio Ambiente
Marco Nacional II. Las Políticas de Equidad Social en el Distrito Federal
III. Contexto de Género en el Distrito Federal
IV. Programa de Igualdad de Género y Medio Ambiente Presentación
Introducción Programa Institucional de Igualdad de Género y Medio Ambiente Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Estrategias Institucionales
“Las mujeres tienen una función vital en el manejo ambiental y el desarrollo. Su participación plena es, por tanto, esencial para lograr el desarrollo sustentable”. Principio 20, Declaración Política de Río, 1992. I.	GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE Panorama Internacional
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades". Esta definición fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. Sin embargo, el tema del medio ambiente tiene antecedentes más lejanos. En este sentido, las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el tema, enfocándose inicialmente en el estudio y la utilización de los recursos naturales y en la lucha para que los países ejercieran control de sus propios recursos naturales. En los primeros decenios de existencia de las Naciones Unidas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente apenas figuraban entre las preocupaciones de la comunidad internacional. La labor de la Organización en ese ámbito se centraba en el estudio y la utilización de los recursos naturales y en tratar de asegurar que los países en desarrollo, en particular, controlaran sus propios recursos. En la década de los sesenta se concertaron acuerdos sobre la contaminación marina, especialmente sobre los derrames de petróleo, pero ante los crecientes indicios de que el medio ambiente se estaba deteriorando a escala mundial, la comunidad internacional se mostró cada vez más alarmada por las consecuencias que podía tener el desarrollo para la ecología del planeta y el bienestar de la humanidad. Las Naciones Unidas han sido uno de los principales defensores del medio ambiente y uno de los mayores impulsores del "desarrollo sostenible".1 A partir de los sesenta se empezaron a concertar acuerdos y diversos instrumentos jurídicos para evitar la contaminación marina y en los setenta se redoblaron esfuerzos para ampliar la lucha contra la contaminación en otros ámbitos. Asimismo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo, 1972 se incorporó a los temas de trabajo de la comunidad internacional la relación entre el desarrollo económico y la degradación ambiental. Tras la conferencia fue creado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que hasta el día de hoy sigue siendo el principal organismo mundial en la materia. Desde 1973 se han creado nuevos mecanismos y se han buscado medidas concretas y nuevos conocimientos para solucionar los problemas ambientales mundiales. Para la ONU la cuestión del medio ambiente es parte integrante del desarrollo económico y social, los cuales no se podrán alcanzar sin la preservación del medio ambiente. De hecho, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el 7º Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). En los últimos diez años, pese a los numerosos compromisos con el medio ambiente por parte de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional, se ha visto un grave deterioro en el planeta. A pesar de la existencia de un cuerpo sustancial de leyes nacionales, regionales e internacionales que abordan las cuestiones medioambientales, se requiere de un avance global sistemático, sobre todo en lo referente a la participación de las mujeres y la transversalización de género. Ante la continua marginalización de de los temas de género y medio ambiente, el movimiento de mujeres y las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) han liderado los mayores esfuerzos para garantizar la participación de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género. Junto con algunos gobiernos nacionales y organizaciones internacionales, han reconocido que la participación en las cuestiones medioambientales no sólo constituye un derecho de las mujeres, sino que las mujeres y los hombres se relacionan de manera diferenciada con su entorno, y tienen necesidades, conocimientos, responsabilidades y control sobre recursos naturales diferentes.2 A partir de 1995, los compromisos internacionales que abordan diversos aspectos del medio ambiente han establecido estándares globales nuevos y controversiales. Cabe señalar que aunque muchas de estas convenciones, declaraciones y acuerdos incluyen referencias a las mujeres y a las cuestiones de género, la mayoría no incorpora por completo la perspectiva de género como una cuestión transversal. Algunos de los documentos signados son: la Agenda 21 (Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques, 1992); la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos (Agenda Hábitat, 1996); el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático (1997); los Informes sobre el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Foro Mundial del Agua (1997, 2000, 2003, 2006 respectivamente); la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Medioambientales (Convención de Aarhus, 1998); el Protocolo de Basilea sobre desechos peligrosos (1999); el Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidad (2000); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); la Convención de Estocolmo sobre Agentes Contaminantes (2001); y el Plan de Ejecución de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002).
El Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), organizó la Primera Reunión Global de de Mujeres sobre el Medio Ambiente en 2004: las Mujeres como Voz del Medio Ambiente (WAVE, por sus siglas en inglés).
Aunque la realización de las conferencias y aprobación de leyes recientes implica que se han tomado acciones, en el frente político se requiere de la implementación de dichos acuerdos en la construcción de políticas públicas en la materia. Con respecto a las cuestiones de mujeres y de género, la base de conocimiento y la experiencia acumulada en los últimos diez años todavía no es suficiente para abordar las implicaciones de las crisis medioambientales actuales.
El 10 de diciembre de cada año la comunidad internacional celebra el Día de los Derechos Humanos, en conmemoración del aniversario de la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración garantiza los derechos fundamentales y la libertad de todos los seres humanos sin distinción alguna, tales como los basados en la raza, color, sexo, religión, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esta Declaración sirvió de punto de partida para otras medidas subsiguientes que se tomaron con respecto a la defensa específica de los derechos humanos de la mujer. Otros acuerdos claves de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos son: la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Convención contra el Genocidio (1948), la Convención de Ginebra (1949), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención contra la Tortura (1984), y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), los cuales contienen medidas específicas sobre los derechos de la mujer y sustentan el principio de la no discriminación por razones de género. El único tratado que aborda de manera amplia los derechos humanos de la mujer es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y su Protocolo facultativo (1999). Otros instrumentos internacionales importantes son la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado (1974) y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), la Declaración y Programa de Acción de Vienna (1993), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994), el Programa de Acción de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhagen, 1995), la Plataforma de Acción de la Cuarta Mundial de las Mujeres (Beijing, 1995), y finalmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000). A pesar de que estos convenios no tienen condición de tratado (por ej. no se pueden hacer cumplir legalmente), representan compromisos de parte de las autoridades nacionales e internacionales para abordar y defender los asuntos relacionados a los derechos humanos de la mujer. Los instrumentos mencionados abordan la mayoría de los aspectos de derechos humanos de la mujer, a pesar de que representan sólo una fracción de los compromisos existentes (resoluciones, declaraciones, leyes, políticas, etc.). Todos estos compromisos constituyen un amplio o comprensivo mandato para la promoción e institucionalización de los derechos de la mujer y de la igualdad de género de parte de la comunidad internacional, los gobiernos nacionales y la sociedad civil. A pesar de que existe un esquema conceptual sobre los derechos humanos de la mujer en principio y en teoría, el funcionamiento de este esquema o hacer costumbre de los derechos sigue siendo el mayor reto de la comunidad internacional, de los gobiernos nacionales, de la sociedad civil y de otros actores. De acuerdo con el Objetivo K de la Declaración de la Plataforma de Beijing, las Mujeres y el Medio Ambiente del INSTRAW (United Nations International Research and Trainig Institute for the Advancement for Women), se debe fomentar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos medioambientales a todos los niveles. Para el INSTRAW, las acciones que deben tomar los gobiernos, las organizaciones internacionales, las instituciones del sector privado y las ONG´s son las siguientes: garantizar la participación equitativa de las mujeres a todos los niveles de toma de decisiones sobre asuntos medioambientales; aumentar el acceso a de las mujeres a la información, educación, las capacidades y la tecnología; alentar la protección y el uso de conocimientos, innovaciones y prácticas de mujeres locales e indígenas, además de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y la biodiversidad; reducir el riesgo que puedan correr las mujeres frente a peligros medioambientales e impulsar a instituciones a abordar el impacto de degradación del medio ambiente en las mujeres; empoderar a las mujeres como productoras y consumidoras; mejorar la inclusión de asuntos de género y mujeres en el trabajo que realizan la Comisión sobre el Desarrollo sostenible, la Global Environment Facility y otras instituciones financieras y de la ONU.
La Plataforma de Acción de Pekín3 recomienda reforzar la participación y capacidad de liderazgo de la mujer en un bien concebido enfoque integral, multidisciplinario e intersectorial de gestión ambiental. Entre las acciones a emprender, la Plataforma de Acción propone que los gobiernos:
Garanticen la existencia de oportunidades para que las mujeres (incluidas las indígenas) parti¬cipen a todos los niveles en la toma de decisiones sobre el medio ambiente;
Faciliten e incrementen el acceso de las mujeres a la educación y fuentes de información, para elevar su conocimiento, destrezas y oportunidades de participar en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, y
Tomen medidas para introducir una perspectiva de género en la elaboración y aplicación, entre otras cosas, de mecanismos para la explotación sensible y sustentable de los recursos naturales, técnicas de producción y el desarrollo de la infraestructura en zonas rurales y urbanas. (Regresar al menú superio
Marco Nacional Derechos Humanos de las Mujeres. En México, la lucha por la vigencia, protección y respeto por los Derechos Humanos ha tenido una evolución gradual y en las últimas décadas, el reconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres ha avanzado sustancialmente. Actualmente existe un conjunto de instrumentos para su protección y se reconoce que los derechos son específicos, personales y universales para todas las mujeres. En este marco, el Estado Mexicano ha firmado acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres para dar cumplimiento a estos instrumentos, avanzar para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres e impulsar las acciones que permitan su desarrollo pleno en todos los ámbitos de la vida. En el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos de las Mujeres destaca la Convención Sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, adoptada por México en 1980 y ratificada en 1981. México adoptó su protocolo facultativo en 1999 y lo ratificó en 2001. La Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer fue realizada en Pekín (Beijing) en 1995 y su Plataforma de Acción constituye un marco vigente desde donde los gobiernos deben construir programas y acciones para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. En el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Belem Do Pará), que entró en vigencia en 1995 y fue ratificada por México en noviembre de 1996, es el único tratado en el mundo que aborda un tema específico en relación con la violencia contra las mujeres y establece obligaciones para los Estados a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. La búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades y de trato, se ha reflejado en: a) la reforma a los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —que prohíben la discriminación por razones de género y establecen la plena igualdad jurídica entre el hombre y la mujer—;b) el establecimiento del Programa Nacional de la Mujer 1996-2000; c) la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (enero de 2001) y la creación del propio Instituto como órgano ejecutor, y d) la presentación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2001-2006 (Proequidad), instrumento normativo para todas las dependencias federales. El artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que “las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo” y que “su completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable”. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 coloca al medio ambiente como prioridad y señala que se debe incorporar a grupos de interés específicos en la formulación de las políticas públicas que promuevan la sustentabilidad, partiendo siempre de un esquema de equidad entre mujeres y hombres. Otros programas a nivel federal que incluyen este enfoque son: Proequidad, del Instituto Nacional de las Mujeres, y el Programa Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Derecho humano a un ambiente sano. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), “En las últimas décadas, el concepto y la práctica de los derechos humanos se ha ido transformando para ampliar su espectro e incluir la importancia de la protección del medio ambiente en la garantía de ciertos derechos fundamentales. Resulta esencial valorar la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza, particularmente porque el modelo actual de desarrollo ejerce una creciente presión en la capacidad del entorno natural de amortiguar impactos negativos, lo que repercute directamente en el bienestar de las personas, de las especies animales y vegetales, y de los ecosistemas”. 4 Ante esta situación, en 1994 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la relatora especial Fatma Zohra Ksentini, redactó una nota en la que se expusieron los métodos de estudio del medio ambiente y sus relaciones con los derechos humanos. Como resultado se reconoció que la permanencia del planeta Tierra es imprescindible para la generación y preservación de la vida y requiere acciones urgentes en virtud de la escala actual del daño ambiental y su impacto en el ser humano, en su bienestar, en su dignidad y, en definitiva, en el goce efectivo de sus derechos fundamentales. A pesar de que se ha identificado la forma en que la degradación y alteración de los ecosistemas afectan no sólo la salud y calidad de vida sino también la supervivencia de todas las especies vivas, el análisis de la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos aún es limitado y poco difundido. Ante este rezago, las personas tienen una escasa conciencia de su derecho al medio ambiente sano y desconocen que éste es esencial para garantizar sus derechos a tener una calidad de vida y salud adecuadas. Aunado a lo anterior, tampoco comprenden la magnitud y los alcances de los daños producidos por la degradación del ambiente. La importancia de asegurar este derecho ambiental, tiene dos finalidades importantes: por un lado, garantizar las condiciones a todos los seres humanos para llevar a cabo una vida digna que asegure su bienestar y, por otro, replantear la relación entre el ser humano y la naturaleza que faciliten un desarrollo viable que avale la vida y la reproducción social de las generaciones presentes y futuras. Para la CDHDF el concepto de derechos humanos se ha ido construyendo a lo largo de la historia y ha experimentado un proceso de construcción normativa y conciencia social que ha dado como resultado que el contenido de los derechos se amplíe. Como fundamento de este contenido se establecen las condiciones necesarias para que todo ser humano goce de una vida plena, libre, segura y sana, cuestiones que están relacionadas con la justicia y la dignidad. Si bien existen diversas definiciones del concepto de derechos humanos, la CDHDF utiliza la siguiente: “Los derechos humanos son un conjunto de valores y normas que buscan establecer condiciones para que la persona se desarrolle plenamente en todos los campos de su vida, sin interferencias de las autoridades, de gobierno ni de otros ciudadanos, y que permiten a los seres humanos vivir en igualdad, libertad y dignidad con otras personas. Por ello son inherentes a todas y a todos desde el momento de nacer, sin distinción de edad, sexo, etnia, nacionalidad, clase social o forma de pensar. Además, son irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles y el Estado debe respetarlos y garantizarlos”.5 Los derechos humanos tienen las siguientes características:
Son inherentes a la persona. Por su propia naturaleza están unidos a la persona de modo que no pueden ser separados de ella; todos(as) nacemos con ellos, su origen radica en la dignidad humana.
Son irrenunciables. En tanto pertenecen a cada persona, no pueden ser concedidos a otra ni se puede renunciar a ellos.
Son universales. Pertenecen a todas las personas sin importar el lugar en que se encuentren e independientemente de su sexo, edad, posición social, partido político, creencia religiosa, origen familiar, capacidad económica o cualquier otro factor.
Son inalienables. Ninguna persona o autoridad puede quitarlos u otorgarlos ni siquiera el propio titular puede hacer imposible su puesta en práctica.
Son integrales. Forman parte de un todo que no se puede dividir. No puede haber un derecho que tenga mayor peso que otro. La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás.
Son interdependientes. Todos se relacionan entre sí por su origen y porque se requiere de cada uno de ellos para el desarrollo pleno del ser humano.
Son imprescriptibles. Una vez reconocidos, no pierden vigencia ni caducan, aun y cuando las situaciones que los llevaron a reivindicarlos hayan cambiado. (pp14)
Son progresivos. Los derechos que se reconocen se suman a los ya existentes para enriquecer y perfeccionar a las normas y valores que los integran.
Los derechos humanos han sido consagrados en instrumentos jurídicos nacionales, regionales e internacionales,6 y su surgimiento histórico (mas no jerárquico) los ha clasificado en “tres generaciones”: los derechos civiles y políticos (primera generación), los económicos, sociales y culturales (segunda generación) y los de solidaridad7 o relativos a la paz, el desarrollo y al medio ambiente sano (tercera generación). 8 Fue hasta 1972 que la comunidad internacional comenzó a crear la normativa en torno al derecho humano al medio ambiente sano. En la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, acordada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, se estableció en su primer principio que las personas tienen el “derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal, que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”. A partir de este instrumento se reconoce que un medio ambiente sano es esencial en la protección de la salud y la calidad de vida de las personas, lo que con el tiempo instigó a algunos países a incorporar en sus ordenamientos nacionales el reconocimiento al derecho a un medio ambiente sano como parte del corolario de derechos humanos actualmente reconocidos.9 La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, contempla en su artículo 24 el derecho de todos los pueblos a un medio ambiente favorable a su desarrollo. En 1988, este avance regional también se dio en el Sistema Interamericano con el Protocolo Adicional de San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual contempla en su artículo 11 el derecho humano a un medio ambiente sano y además establece que los Estados promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Es necesario hacer hincapié en la importancia de este instrumento, puesto que hace vinculante para México el reconocimiento y la protección del derecho humano en cuestión. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, si bien no es un tratado del derecho ambiental, establece en su artículo 24 que para asegurar el derecho de los niños al nivel más alto de salud, es necesario tomar en consideración los peligros y los riesgos derivados de la contaminación ambiental. Este instrumento internacional, vinculante para los Estados Parte y por tanto para México, establece una condición importante sobre la relación entre la calidad del aire y la garantía del derecho a la salud y, en general, al bienestar y desarrollo de los niños. Para efectos de este informe y como se verá más adelante, esto es de especial relevancia en el análisis de los riesgos por una mala calidad del aire para grupos de mayor vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran los niños. La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, estableció en su primer principio que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. Este principio fortalece una reflexión esencial en torno al contenido del derecho humano a un medio ambiente sano que se venía desplegando desde la Declaración de Estocolmo: los problemas del medio ambiente son los problemas del desarrollo que ha sido desigual para las sociedades humanas y nocivo para los sistemas naturales.10 Para replantear el modelo de desarrollo que continúa negando para muchos las condiciones mínimas de vida, la Declaración de Río establece en su principio diez la necesidad del acceso adecuado a la información para que las personas conozcan las situaciones que ponen en peligro a sus comunidades y para que participen en la toma de decisiones. El Estado no sólo tiene que fomentar esta participación, sino que debe proporcionar el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos que aseguren la protección del ambiente. México respaldó sus compromisos internacionales a nivel interno, primeramente con la adopción de una ley marco ambiental como prerrequisito para garantizar la existencia de un sistema jurídico coherente de política y gestión ambiental, 28 con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1988. El paso más trascendente se dio en 1999 con la reforma al artículo 4° constitucional en el que se incluyó el párrafo quinto que establece: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.11 Además, el marco jurídico constitucional de este derecho fue respaldado por una serie de artículos que contemplan la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos, regulan la actividad de las empresas, de los sectores social y privado, así como establecen la distribución de competencias para legislar sobre desarrollo, preservación del medio ambiente y protección ecológica.12 Para Astrid Puentes Riaño, directora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, “el disfrute de los derechos a la vida, la salud y la dignidad no son reales en un sitio donde el aire y el agua que consume están altamente contaminados, o cuando una persona o un grupo de personas deben forzosamente abandonar su casa por causa de un derrame de residuos peligrosos en las inmediaciones”.13 Por tanto, la garantía del derecho humano a un medio ambiente sano resulta en el fortalecimiento de toda una estructura de derecho que fomenta la toma de decisiones a favor de la protección ambiental que favorece la calidad de vida de la población.14 El Informe especial sobre seguridad humana en la ciudad de México, 2006-2008, plantea que: “El ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el ser humano que hacen posible la existencia y desarrollo de las personas y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.15 La degradación ambiental y sus consecuencias pueden comprenderse mejor si se analiza la relación sociedad-naturaleza: la apropiación de elementos del medio natural por el ser humano para su posterior transformación y consumo (satisfacción de necesidades), afecta al medioambiente. Luciano d’Andrea señala que las grandes ciudades constituyen hoy el contexto social en el que se juegan las posibilidades de una vida digna para casi la mitad de la población del planeta.16 Las ciudades se han consolidado como los territorios concentradores de las principales actividades económicas, sociales, políticas y culturales,17 como es el caso del Distrito Federal, el cual se convirtió en el centro de la actividad productiva, política y comercial del país. Analizar la problemática desde la ZMVM permitirá dimensionar la problemática ambiental, la vulnerabilidad aún mayor y creciente presión sobre las políticas ambientales que se llevan a cabo en el Distrito Federal y permitirá dar cuenta de la necesidad de incentivar políticas similares en los estados y municipios vecinos. De lo contrario, será muy difícil garantizar la sustentabilidad de la urbe y el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano de quienes compartimos la ZMVM.18 Marco jurídico federal19 . Derecho a un medio ambiente sano. Antes de los años setenta prácticamente no se aplicaba en México ningún criterio ambiental, a pesar de que había indicios de efectos crecientes en términos de contaminación atmosférica y gene-ración de residuos. No es sino hasta 1971 cuando aparece la primera ley ambiental, denominada Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, la cual estaba orientada a establecer criterios de salud y salubridad. En 1982 se publica la Ley Federal de Protección al Ambiente con un enfoque más amplio, al introducir por primera vez normas, principios y preceptos legales relativos a la conservación, protección, restauración y mejoramiento del ambiente.20 En 1987 se modifica la Constitución Política con el fin de asignar facultades al Estado para la preservación y restauración del equilibrio ecológico; y en 1988 se aprueba la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa), que hasta el momento constituye la base jurídica de la política ambiental nacional. En 1996, se reforma la LGEEPA para incorporar modificaciones, entre las que destacan: el establecimiento de un proceso de descentralización de la administración, ejecución y vigilancia ambiental para promover una mayor participación de las autoridades locales; la ampliación de los márgenes legales de participación ciudadana en la administración ambiental dualista del mencionado juicio, la que obliga a los quejosos a demostrar un daño personal y directo, en contraposición al tipo de afectación general que se produce al lesionar derechos sociales como el derecho al medio ambiente, en el que un solo acto u omisión de autoridad o de un particular puede dañar bienes aprovechados por actores incluso indeterminados”. Los mecanismos de participación social enunciados en la LGEEPA de manera muy general, sin prever los procedimientos necesarios para su adecuado funcionamiento, y en particular para evitar la discrecionalidad de la autoridad. La Ley de Planeación –en la que se sustenta el Sistema de Planeación Democrática– no desarrolla adecuadamente los principios generales y bases necesarios para el ejercicio del derecho a la participación, los cuales están plasmados en la Constitución. En términos generales, ni la Constitución ni los Códigos Civil o Penal, ni la LGEEPA, o demás leyes sectoriales, contienen los mecanismos procesales necesarios para tutelar y hacer efectivo el derecho a un ambiente sano. La responsabilidad ambiental no está debidamente desarrollada en el sistema jurídico vigente y está discriminada en distintos ordenamientos administrativos civiles o penales desvinculados entre sí y que no son eficientes para resolver los problemas de reparación de daños ambientales.23 Marco jurídico del Distrito Federal. Medio Ambiente. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las disposiciones legales aplicables en materia ambiental, el Distrito Federal tiene competencias concurrentes con la federación en materia de ambiente24 y exclusivas en materia de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales y de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Respecto de las concurrencias, al igual que lo que ocurre con los estados y municipios, compete al Distrito Federal la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en su territorio jurisdiccional, a menos que se trate de asuntos que la LGEEPA u otras leyes encomienden expresamente a la federación.25 La Ley Ambiental del Distrito Federal26 establece los grandes objetivos de la política ambiental local, los instrumentos y procedimientos para su aplicación y las autoridades responsables en materia ambiental: la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal; la Secretaría del Medio Ambiente; las jefaturas delegacionales, y la Paot. Otro objetivo de la política local ambiental es regular el establecimiento de las áreas naturales protegidas de competencia del DF; y también prevenir y controlar la contaminación de aire, agua, y suelo. Derecho al agua. Normatividad internacional. El derecho humano al agua está reconocido en diversos instrumentos internacionales en los que se encuentran referencias explícitas e implícitas;27 en particular está amparado por el párrafo 1 del artículo 11 referente al derecho a un nivel de vida adecuado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).
En tanto que “el derecho al agua en una garantía indispensable para asegurar un nivel de vida adecuado, puesto que es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia”.28 Asimismo, está estrechamente vinculado con otros derechos reconocidos en el Pidesc: el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental (párrafo 1 del artículo 12), a un medio ambiente sano (párrafo 2, inciso b del artículo 12), a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11) y a una alimentación adecuada (artículo 11). El derecho humano al agua implica que todas las personas puedan disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.29 La Observación general núm. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité Desc) de Naciones Unidas precisa la fundamentación jurídica, el contenido normativo y las obligaciones del Estado y los agentes no estatales, en relación con el derecho al agua. También en esta observación se identifican posibles violaciones en la materia, y se proponen medidas y estrategias para la aplicación de este derecho en el plano nacional. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas.30 Contexto en el Distrito Federal31 . Derecho al agua. Para diagnosticar y proponer soluciones a la compleja problemática del agua en el Distrito Federal es indispensable pensar en función de la Cuenca y de la Zona Metropolitana del Valle de México (Zmvm)32. En la zona de influencia de dicha cuenca confluyen 56 municipios del Estado de México, 39 de Hidalgo, 4 de Tlaxcala y las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, dentro de las cuales habitan 19.6 millones de personas.33 Por su parte, la Zmvm, que hasta 2005 comprendía las 16 delegaciones del Distrito Federal y sólo 28 municipios del Estado de México, comprende actualmente las 16 delegaciones con sus 8 720 000 habitantes34 y 59 municipios mexiquenses con sus 10.5 millones de residentes,35 lo que suma, un total de 19 239 910 habitantes según el II Conteo de Población y Vivienda 2005.36 También deben considerarse las condiciones geográficas y climatológicas de la ciudad de México, ubicada en una llanura lacustre a 2 240 metros sobre el nivel del mar (Msnm)37 y con abundantes lluvias. Debe tomarse en cuenta la historia de la fundación de la ciudad y de la construcción de las obras hidráulicas. La Cuenca del Valle de México, es endorreica (que vierte hacia adentro), estaba formada por cinco lagos que juntos tenían una extensión de 1100 km2y que a partir del siglo XVI fue drenada casi en su totalidad para construir la ciudad de México; en 500 años cambiaron estas áreas lacustres por 1400 km2de asfalto y edificaciones, uno de los cambios hidrológicos y ambientales más drásticos registrados en la historia de la humanidad.38 Desde el punto de vista de diversos expertos y expertas, la problemática actual que enfrenta el Distrito Federal tiene como raíz histórica el proceso de desecación de los lagos iniciado por los españoles en el periodo colonial para la construcción de la ciudad.39 Por haber edificado la ciudad sobre lagos se han generado “años de lucha contra la naturaleza”.40 La alta densidad de población –y los hábitos de consumo– han generado una fuerte demanda de agua en las últimas décadas. Según datos oficiales de 2004, se suministra un caudal promedio diario de 32.7 m3/s de agua en el Distrito Federal41: el uso doméstico representa 44%, mientras que el industrial, comercial y el de servicios representan 21%; sin embargo, por concepto de pérdidas por fugas se estima el 35%.42 La zona de recarga de estos acuíferos, al sur y sur poniente de la ciudad, y las áreas externas de abaste-cimiento en el Estado de México se encuentran amenazadas por el crecimiento de la mancha urbana y el proceso de agotamiento de las reservas subterráneas de agua43. En particular el acuífero de la ciudad representa 46.9% de las aportaciones de agua.
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II. LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 propone una agenda para la ciudad y establece el rumbo de la acción de la administración pública. Se divide en siete ejes estratégicos, donde confluyen las atribuciones y facultades de dependencias específicas de la Administración Pública del Distrito Federal, de forma que se ha establecido un modelo básico de articulación de la gestión en torno de objetivos y estrategias explícitos, de donde se desprenden líneas de política que señalan las acciones que habrán de ordenarse en los programas sectoriales y especiales que prevé el proceso de planeación establecido en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. Los siete ejes del programa son:
Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes. Equidad. Seguridad y justicia expedita. Economía competitiva e incluyente. Intenso movimiento cultural. Desarrollo sustentable y de largo plazo. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos.
El tratamiento de cada uno de los ejes programáticos tiene tres perspectivas transversales que marcan la forma como se realizarán las líneas de política. Las perspectivas transversales son:
Equidad de género. Ciencia y tecnología. Desarrollo de la vida pública en la ciudad.
La equidad de género es una de las prioridades y por ello cada una de las dependencias de la administración pública en el Distrito Federal habrá de enfocar su quehacer de acuerdo con esta perspectiva de forma que oriente el conjunto de su actividad. El objetivo de largo alcance es lograr que las mujeres alcancen un efectivo ejercicio de sus derechos y se destierren los mecanismos de subordinación y discriminación que constituyen un lastre para nuestra sociedad. El Gobierno democrático de la Ciudad de México impulsa una cultura de equidad y no discriminación, incorporando la perspectiva de género en las políticas públicas que garanticen la construcción de una Ciudad con Equidad, libre, segura, amable y corresponsable, para acceder al goce y disfrute de los derechos de las mujeres y sus familias. En este marco, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, comprometido con la vigencia, respeto y defensa de los derechos de las mujeres, signó el Decálogo por la Equidad de Género para avanzar en la transversalidad en todas las acciones de gobierno y en la construcción de una Ciudad con Equidad.
El Decálogo por la Equidad de Género establece las siguientes líneas fundamentales:
Impulsar la capacitación en materia de políticas públicas con perspectiva de género a todo el personal que labora en las dependencias a nuestro cargo.
Cumplir con responsabilidad los compromisos adquiridos en el comité intersecretarial, la red de enlaces de género y el Comité Interdelegacional de género, para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres de la Ciudad de México
Rendir cuentas a la ciudadanía de los avances logrados, así como de los obstáculos para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas como eje rector de un gobierno transparente y democrático.
Asignar presupuestos con perspectiva de género que permitan ejecutar los programas y acciones para elevar la calidad de vida de las mujeres y su acceso a los beneficios del desarrollo.
Impulsar acciones permanentes al interior de cada dependencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, promoviendo una cultura de la denuncia.
Avanzar en la implementación de acciones que garanticen el acceso de las mujeres a una justicia pronta y expedita, que les permita gozar a ellas y a sus familias de una Ciudad segura, amable, que proteja su integridad física y su derecho al ejercicio pleno de la libertad.
Crear condiciones para el goce y disfrute de un medio ambiente y desarrollo sustentable que contribuya a elevar la calidad de vida de las mujeres y sus familias a través de servicios e infraestructura urbana así como a ampliar la cobertura de los servicios de salud integral, con calidad, calidez y accesibilidad económica, especialmente los relativos a la salud sexual y reproductiva.
Impulsar una cultura de equidad entre los géneros y de no discriminación con programas recreativos, culturales y educativos que contribuyan a la recuperación de los espacios públicos, al acceso a la producción artística y cultural, así como a reducir el analfabetismo, la deserción escolar y la incorporación de las mujeres a la educación media superior y superior, especialmente en las zonas de mayor marginalidad.
Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo que mejoren la situación económica de las mujeres con programas que disminuyan sus condiciones de marginación y pobreza a través del fomento al empleo y capacitación para el trabajo, la creación de redes comerciales y planes de ahorro y crédito.
III.	CONTEXTO DE GÉNERO EN EL DISTRITO FEDERAL De acuerdo con el Diagnóstico de Derechos Humanos en el Distrito Federal (2008), las mujeres en el Distrito Federal representan 52% de la población total, lo que hace de ésta la segunda entidad que concentra el mayor número de habitantes del país (8 720 916 personas). En las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón se concentra casi la mitad de la población del Distrito Federal y también el número más alto de mujeres.
En el año 2006 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el documento Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México, en el que se expone cómo, al desagregar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) con indicadores de género, éste se ajusta a la baja por la pérdida de desarrollo humano atribuible a la desigualdad de género. Se confirma lo anterior al observar que el Distrito Federal tiene el IDH más alto del país: 0.8830. Al introducir los indicadores de género, éste baja a 0.8758 y sigue siendo el más alto del país, pero las desigualdades por concepto de género que persisten en la capital de la República inciden negativamente en la medición del desarrollo de la entidad, que entonces se ubica en los niveles que registraba en el último tercio de la década de 1990. En cuanto a la participación política de las mujeres en el Distrito Federal, de acuerdo con los datos del Instituto Federal Electoral, se destaca que 51.8% del padrón electoral está integrado por mujeres (39 148 387), y el otro 48.2% por hombres (36 439 051). Respecto de la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, según datos proporcionados por ésta, se subraya que 77.3% de sus integrantes son hombres (51) y 22.7%, mujeres. En cuanto al gabinete del Gobierno del Distrito Federal, está integrado por mujeres en 35.7% (10 personas), y en 64.3% por hombres. En relación con la participación de las mujeres en el Poder Judicial, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la composición en los juzgados de primera instancia es la siguiente: en civiles hay 43.5% mujeres y 56.5% hombres; de arrendamiento, 52.3% mujeres y 47.6% hombres; familiares, 45% mujeres y 55% hombres; penales, 29% mujeres y 71% hombres; el juzgado mixto de primera instancia en Islas Marías, está conformado sólo por una mujer. La violencia contra las mujeres conforme a datos de la Encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres, 2003 (ENVIM) indica que 42.2% de las mujeres del Distrito Federal reportó haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, contra 34.5% que lo reportó en el ámbito nacional. La segunda Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) realizada por el INEGI en 2006, señala que el Distrito Federal se encuentra entre las 10 entidades que superan la media nacional de violencia contra las mujeres; 71.3% de las encuestadas señalaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia emocional, física, sexual o económica en el seno familiar, laboral, estudiantil o afectivo. La Endireh también señala que en el Distrito Federal hay un total de 3 844 431 mujeres mayores de 12 años, de las cuales alrededor de 19% sufren algún tipo de violencia (505 096 padecen violencia en sus familias, lo cual representa 13% del total), y 0.0027% fueron asesinadas en 2006. La incidencia de violencia contra las mujeres en el Distrito Federal afectó a 733 612 mujeres mayores de 12 años, de las cuales 33.7% sufre violencia emocional; 24.3% violencia económica, 10.9% violencia física y 6.5% violencia sexual, lo que, sin disponer aún de los datos específicos sobre las causas que originaron los asesinatos durante 2006 y 2007, brinda una guía del comportamiento social como antecedente que genera un contexto de permisibilidad en referencia a la violencia contra las mujeres. La Red de Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal (Uapvif) reporta que, en 2006, 96% de las víctimas atendidas fueron mujeres, de las cuales 85% sufrió violencia psicoemocional, 78% violencia psicosexual y 81% de los casos manifestó haber sido agredida por su pareja. Esto no significa necesariamente que los índices de violencia contra las mujeres sean mayores que en el resto de la República, sino que en el Distrito Federal es más visible y que hay una mayor cultura de la denuncia. Según la Endireh 2006, la violencia contra las mujeres perpetrada por la pareja alcanzó 43.2% en el ámbito nacional; también se da la violencia sexual (9%), económica (23.4%) y psicológica (37.5%). En el Distrito Federal se encontró que 38% vivía violencia emocional, 19% violencia física y 10% violencia sexual. De acuerdo con el INMUJERES DF, en el Distrito Federal 7 de cada 10 mujeres fueron agredidas por su esposo, o ex esposo; además, 80% de las situaciones de violencia comienza entre el noviazgo y el tercer año de vivir en pareja. La entonces Dirección General de Equidad y Desarrollo Social, a través de las 16 Unidades de Violencia Familiar, atendió en el año 2002 a 11 158 mujeres, víctimas de violencia familiar. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal en 2002, por medio del área de Desarrollo Personal y Colectivo, atendió de manera directa 3 909 casos de violencia, de los cuales en 3 752 la mujer era la receptora. En cuanto al tipo, 1 678 mujeres sufrían maltrato psicoemocional, 1 591 psicofísico, 171 psicosexual y 312 recibían los tres tipos de maltrato. Dos de las problemáticas apremiantes identificadas en relación con la violencia contra las mujeres son el asesinato y el hostigamiento sexual. En el Distrito Federal, en 2006, el asesinato de mujeres presentó 104 casos, y hasta el 30 de junio del 2007, 45 casos.
Los asesinatos de mujeres tienen causas múltiples que han de indagarse con el fin de impulsar las medidas de prevención y sanción más adecuadas. Se trata muchas veces de violencia de género, derivada de la misoginia, pero hay variantes, como asesinatos por la pareja, crímenes de odio, feminicidio, etcétera. Algunas de las problemáticas identificadas como apremiantes en el Distrito Federal respecto de la violencia contra las mujeres son: el desconocimiento de las mujeres en cuanto a sus derechos en general, y en particular en cuanto a su derecho a vivir libres de violencia. Conclusiones La problemática Género y Medio Ambiente es uno de los temas fundamentales que se debaten en los eventos internacionales. Una de las principales preocupaciones es la condición femenina y las medidas para eliminar las desigualdades y desequilibrios, así como el derecho a reivindicar espacios políticos, sociales y económicos, que han evolucionado a la par con las concepciones de desarrollo. Internacionalmente se ha reconocido que la participación en las cuestiones medioambientales no sólo constituye un derecho de las mujeres, sino que las mujeres y los hombres se relacionan de manera diferenciada con su entorno, y tienen necesidades, conocimientos, responsabilidades y control sobre recursos naturales diferentes. Tanto Género como Medio Ambiente son cuestiones que cruzan transversalmente todos los ámbitos de la acción pública y de la planificación de desarrollo, además de estar íntimamente relacionadas entre sí. De ahí la importancia de potenciar la integración entre ambas. Asimismo, desarrollar la vertiente de Género y Agua resulta fundamental para el diseño de políticas públicas en la Ciudad de México.
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IV.PROGRAMA 2009 DE IGUALDAD DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE Presentación De acuerdo con la ONU, la problemática Género y Medio Ambiente es uno de los temas fundamentales que se debaten en los eventos internacionales. Una de las principales preocupaciones es la condición femenina y las medidas para eliminar las desigualdades y desequilibrios, así como el derecho a reivindicar espacios políticos, sociales y económicos, que han evolucionado a la par con las concepciones de desarrollo. Aún ahora todavía no se ha tomado conciencia de la necesidad de tratar la problemática de medio ambiente con un enfoque de género, así como tampoco ha existido un reconocimiento de la transversalización del tema, para -desde esta perspectiva- enseñar a la población a preservar, cuidar y proteger el medio ambiente. Las mujeres no pueden ser vistas sólo como víctimas de los cambios ambientales, también desempeñan un papel fundamental en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales en sus funciones de consumidoras y educadoras y tienen una participación directa en la conservación y explotación de dichos recursos, aunque cuentan con serias limitaciones para acceder a ellos y controlarlos. Se requiere visibilizar el papel de de las mujeres como productoras, usuarias, conocedoras y administradoras del medio ambiente y también como agentes de degradación y daños ambientales. Todo ello está relacionado con los roles que se le han adjudicado socialmente tanto fuera como dentro del hogar. Sin embargo, y debido a la invisibilidad de los roles que desempeñan las mujeres, su participación en la toma de decisiones de los proyectos medio ambientales, todavía hoy, es marginal. En la región latinoamericana, sobresalen tres problemas medio ambientales. El primero relativo al medio urbano: la calidad del aire amenaza la salud humana y la escasez de agua es común. Esto afecta especialmente a las mujeres de las zonas rurales, pues son las principales encargadas -junto con las niñas y niños- del abastecimiento familiar. El segundo de los problemas es el del agotamiento y la destrucción de recursos forestales, debido a la tala indiscriminada y al uso de leña como fuente energética para la alimentación del hogar. En este caso hemos de volver de nuevo la vista hacia las mujeres, principales consumidoras por su trabajo doméstico de este tipo de recurso. El tercero es el impacto regional del calentamiento global de la tierra que implica mayor cantidad de desastres (huracanes, inundaciones...), con grandes impactos sobre todo en las mujeres y hombres más pobres. Para enfrentar estos problemas, tenemos que estar claros que hombres y mujeres se ven afectados de forma distinta por esta problemática y desarrollan estrategias de superación diferentes. Todas estas cuestiones las tenemos que tomar en cuenta a la hora de incorporar la perspectiva de género en las iniciativas ambientales. Tanto Género como Medio Ambiente son cuestiones que cruzan transversalmente todos los ámbitos de la acción pública y de la planificación de desarrollo, además de estar íntimamente relacionadas entre sí. De ahí la importancia de potenciar la integración entre ambas.
Introducción El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 define el buen gobierno como aquel que defiende los derechos, busca el progreso social y asume el compromiso inquebrantable con el combate de la desigualdad, la discriminación y la pobreza. De acuerdo con la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal la planeación presupuestal debe incorporar la progresividad, la perspectiva de género, así como apoyar la transversalidad y prever el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres. De igual manera, dicha ley obliga a los entes públicos a incluir en sus Programas Operativos Anuales recursos fiscales que tengan como propósito erradicar la discriminación de género, identificando al mismo tiempo su impacto en el desarrollo de las mujeres y vinculándolas con otras funciones de gasto para potenciar su efecto. El Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008 establece que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán introducir la perspectiva de género en la ejecución de sus programas. Deberán asimismo integrar un informe trimestral, donde informarán sobre las acciones realizadas en materia de equidad de género, la programación de las erogaciones y el ejercicio de los recursos. Para el Ejercicio Fiscal 2008 el Decreto de Presupuesto citado dispuso la creación de una Comisión Interinstitucional de Género del Distrito Federal que tenga por objeto dar seguimiento al presupuesto destinado a la perspectiva de equidad de género, así como integrar un informe trimestral para informar a la Asamblea sobre las acciones realizadas en esta materia. En el contexto del Decálogo por la Equidad de Género y acorde a las políticas iniciadas por la Red de Enlaces de Género del Gobierno del Distrito Federal, se propone la implementación del Programa de Igualdad de Género y medio Ambiente. Hasta el momento, la mayoría de las dependencias de la administración del Distrito Federal han avanzado en la construcción de presupuestos y en implementar acciones a través de los enlaces, pero no se cuenta, en la mayoría de las dependencias, con un programa que implemente la transversalidad de forma sistemática y a largo plazo.
Programa Institucional de Igualdad de Género y Medio Ambiente, 2009 La institucionalización de la perspectiva de Género en la Secretaría de Medio Ambiente, se refiere a su aplicación en la estructura y funcionamiento, desde la estructura numérica (cantidad de mujeres y hombres), pasando por la forma de funcionamiento y por los procesos de toma de decisiones. Asimismo, implica replantear, de esta perspectiva, las medidas, programas y proyectos que la institución ejecuta o implementa hacia el exterior, con consecuencias en otras instituciones o ámbitos de la sociedad. Institucionalizar la perspectiva de género supone la modificación de la cultura institucional en cuestiones técnicas y políticas que impactan en la planeación y la operación cotidiana. La Secretaría del Medio Ambiente se ha propuesto cumplir con los objetivos y acciones establecidos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y dar cumplimiento al Decálogo por la Equidad de Género y con ello contribuir a:
Instituir la perspectiva de género y medio ambiente como criterio fundamental y permanente en la formulación y ejecución de las políticas públicas.
Promover e incrementar las oportunidades de desarrollo bajo un ambiente igualitario y cerrar las brechas de desigualdad que puedan llegar a enfrentar las mujeres en la Secretaría del Medio Ambiente.
Erradicar la violencia y discriminación de que son objeto las mujeres y consolidar el pleno uso de sus derechos.
Bajo los principios de integralidad, tolerancia, respeto a las diferencias y profesionalismo, nos hemos propuesto integrar la perspectiva de género en el quehacer institucional de la Secretaría del Medio Ambiente, hacer de la equidad de género un tema transversal en nuestras políticas públicas, en la construcción de presupuestos y en cada uno de los aspectos operativos de nuestra dependencia. En este sentido, la inclusión del enfoque de género comienza desde nuestras políticas internas hasta la atención que ofrecemos al público y deberá estar incluida en nuestros programas, en la planeación y evaluación, en la capacitación y en general en cada uno de los proyectos de nuestras direcciones generales y ejecutivas y en el quehacer diario de nuestra institución. Uno de nuestros objetivos es obtener un desarrollo institucional que refleje nuestra capacidad de comprender las diferencias y establecer un liderazgo respecto de la institucionalización de la perspectiva de género en la política ambienta y en la vida interna de nuestra institución.
Misión Institucional. El Programa de Igualdad de Género y Medio Ambiente tiene como objeto institucionalizar la perspectiva de género en la dependencia, para garantizar el respeto, protección y ejercicio de los derechos de las mujeres para disminuir la brecha de desigualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres.
Objetivos Institucionales. La institucionalización de la Perspectiva de Género tiene cinco ejes fundamentales: Políticas Públicas, Capacitación, Difusión, Investigación y Evaluación.
Objetivo General. Institucionalizar la perspectiva de género y medio ambiente en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas y estructura organizacional de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) del Distrito Federal.
La institucionalización de la perspectiva de género requiere transformar varios aspectos del quehacer gubernamental como las políticas públicas, las estructuras administrativas, las condiciones en la ejecución de los programas de gobierno y el entorno cultural. Identificando elementos claves para lograr esta institucionalización, se definieron los siguientes objetivos estratégicos:
Elaborar e implementar un programa de largo alcance para 2010-2012.
Incorporar la transversalidad de la Perspectiva de Género y Medio Ambiente en las políticas públicas y el rediseño de los procedimientos administrativos y programáticos. Fomentar acciones para la construcción de patrones socioculturales que favorezcan relaciones equitativas entre mujeres y hombres y su relación con el medio ambiente.
Políticas Públicas. Elaboración del Programa 2010-2012 y el Presupuesto para la ejecución de programas y acciones, 2010. Numeral 4 del Decálogo. Capacitación. Capacitar en materia de Equidad de Género a mandos medios y superiores, promoviendo la cultura de igualdad de género y medio ambiente. Numerales 1, 5, 7, 8 y 10 del Decálogo. Difusión. Al interno, promover en los centros de trabajo la igualdad de oportunidades entre los géneros. Al externo, promover la igualdad de género y medio ambiente para sensibilización. Numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Decálogo. Investigación. Al interno, crear la Red de Enlaces de Igualdad de Género en los centros de trabajo y obtener información para el diseño administrativo y programático. Realizar un diagnóstico de la situación laboral en la dependencia, en el marco del Medio Ambiente y el Género en el Distrito Federal. Al externo, generar indicadores e investigaciones que aporten elementos para el diseño de políticas públicas. Numerales 2, 9 y 10 del Decálogo. Evaluación. Al interno, aplicación de cuestionarios al personal de la dependencia. Al externo, Publicación de informes periódicos de las actividades en materia de Igualdad de Género y Medio Ambiente.
Estrategias Institucionales (Regresar al menú superior
Estrategias Institucionales Para alcanzar los objetivos institucionales planteados (objetivo general, objetivos estratégicos o líneas de acción generales y objetivos específicos) se identificaron una serie de acciones que, concatenadas entre sí, definen la ruta más eficaz para alcanzar dichos objetivos. Estrategias Institucionales
Políticas Públicas. Impulsar reformas o modificaciones a los ordenamientos jurídicos vigentes para armonizarlos con los instrumentos internacionales. Formular propuestas innovadoras de rediseño de las estructuras administrativas.
Capacitación. Impulsar programas de capacitación y especialización en Igualdad de Género y Medio Ambiente. Fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos de hombres y mujeres desde la perspectiva de género y medio ambiente, mediante el trabajo directo en las unidades de la dependencia.
Difusión. Desarrollar acciones de comunicación y difusión sobre los derechos de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres y el medio ambiente. Investigación. Fortalecer procesos participativos y organizativos de las mujeres en el medio ambiente. Propiciar acciones de corresponsabilidad con la sociedad civil.
Evaluación. Establecer un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas de igualdad sustantiva y medio ambiente.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE, 2009
ACCIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE
Readecuación del Programa de Igualdad de Género y Medio Ambiente
Revisión de Portal de la SMA para integrar el lenguaje de Género
Armado técnico del Portal de Igualdad de Género e incorporación de lenguaje de género al Portal de la SMA.
Diseño de estrategias y políticas de operación.
Firma de Convenio con el Inmujeres DF para Capacitación
Presentación del Programa de Igualdad de Género, Lanzamiento del Portal de Igualdad de Género y Medio Ambiente y adecuaciones al Portal de la SMA
Convocatoria para la integración de la Red de Enlaces de Género.
Firma de Convenio con el PUMA-Género y Agua-Agenda Azul
Creación y consolidación de Red de Enlaces para elaboración del Presupuesto 2010.
Evaluación y diagnóstico de necesidades de capacitación.
Diseño y elaboración de manual de capacitación
Capacitación a 154 funcionarios (139 mandos medios y superiores y a 15 enlaces de igualdad de género).
Evento interno con Enlaces de Género de la SMA.
Elaboración de Presupuesto 2010.
Elaboración de Programa 2010-2012.
Evento de Igualdad de Género y Medio Ambiente. Preparación. (Contenidos Género y Agua)
Evaluación y seguimiento del Programa de Igualdad de Género y medio Ambiente de la SMA del DF.
____________ 1 Sistema de Información ONU. Medio ambiente y desarrollo sostenible. 2 Revisión y valoración de la implementación de la declaración de la plataforma de Beijing. Área Crítica K. Las mujeres y el medio ambiente. INSTRAW, ONU. 3 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Plataforma de Acción, Capítulo IV: La mujer y el medio ambiente. 4 Informe especial sobre el derecho humano a un ambiente sano y la calidad del aire en la ciudad de México, CDHDF, 2008, pp.13. 5 Amnistía Internacional, Manual para promotores juveniles en derechos humanos del Distrito Federal, México, Indesol/CDHDF/AI, 2003, p. 18. Véase también: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “Protección de los derechos humanos”, Serie Módulos educativos, núm. 1, México, IIDHF/CDHDF/Visión Mundial, 2003. 6 Entre los instrumentos internacionales que conforman el derecho internacional de derechos humanos se puede referir la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 7 La doctrina de los derechos humanos de solidaridad o de tercera generación fue elaborada por Karel Vasak a principios de los años setenta. Véase en: Barbara Kunicka-Michalska, “Derecho al medio ambiente como el derecho humano de la tercera generación”, ponencia para el Foro Científico del Grupo de Trabajo Jurisprudencia de CEISAL en Viena, Instituto de Ciencias Jurídicas de la Academia de Ciencias de Varsovia, Polonia, 1992. 8 Cinthya Herrera Sánchez, “Reconocimiento del medio ambiente sano como un derecho humano. Enfoque para el Estado de México”, en El derecho humano a un medio ambiente sano. Sexto Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2004. 9 Hasta 2005, 109 de aproximadamente 193 naciones en el mundo reconocen el derecho al medio ambiente sano y la obligación del Estado a prevenir los daños; 117 constituciones mencionan la protección al ambiente y a los recursos naturales, y 56 constituciones reconocen explícitamente el derecho humano a un medio ambiente sano. Este último grupo incluye a países como Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Grecia, Honduras, Corea, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, España, Estados Unidos, Venezuela, entre otros. Véase en: Earthjustice, Environmental Rights Report, Human Rights and the Environment-Materials for the 61st Session of the United Nations Commission on Human Rights, Ginebra, abril, 2005, p. 37. 10 Roberto Guimarãres y Alicia Barcena, “El desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe desde Río 1992 y los nuevos imperativos de institucionalidad”, en Enrique Leff (coord.), La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe, México, INE/Semarnat, 2002. 11 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999. 12 Véanse los artículos constitucionales 25, 27, 73 (fracciones XXIX-C, XXXIX-D y XXIX-G) y 122 (fracción V-J). 13 Astrid Puentes Riaño, Elementos de discusión y exigibilidad de los derechos humanos, véase en: http://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro 6/23_a.puentes.pdf (visitada el 19 de septiembre de 2008). 14 Informe especial sobre el derecho humano a un ambiente sano y la calidad del aire en la ciudad de México, CDHDF, 2008, pp.13-19 15 Artículo 5º de la Ley Ambiental del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 13 de enero de 2000, última reforma publicada el 30 de abril de 2007, disponible en http://www.asambleadf.gob.mx/al/pdf/010803000001.pdf. 16 Luciano d’Andrea, “Contribuciones teórico-metodológicas para el análisis de la relación. Servicios urbanos, gestión local y medio ambiente”, en Martha Schteingart y Luciano d’Andrea (comps.), Servicios urbanos, gestión local y medio ambiente, México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano-El Colegio de México, 1991, p. 57. 17 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Perspectivas del medio ambiente urbano en América Latina y el Caribe. Las evaluaciones GEO ciudades y sus resultados, México, PNUMA, 2004, p. 19. 18 18 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SMADF), “Observaciones proporcionadas para el Informe de la CDHDF”, oficio número SMA/DEJ/301/2008 de 29 de mayo de 2008. 19 Diagnóstico de Derechos Humanos del DF, 2008. Capítulo III, Seguridad Humana, Medio Ambiente, pp.129-157. 20 Portal de Internet del Plan Verde, Ciudad de México. Disponible en http://www.sma.df.gob.mx/sma/planverde/index.php?op=residuos. 21 Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) y Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (aida), “Reforma Constitucional: el derecho a un medio ambiente sano”, febrero del 2008 (mimeo). 22 Cemda, “Capítulo xiv.Derecho a un medio ambiente sano”, Informe de las organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México (1997-2006). Informe alternativo al iVInforme Periódico del Estado mexicano sobre la aplicación del pidesc, Organizaciones y Redes del Grupo Promotor del Informe Alternativo desca, México, 2007, pp. 125-130. 23 Samantha Namnum García, op. cit. 24 Véase en particular: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción xxix-g, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, arts. 4o y 7o. 25 Raúl Brañes Ballesteros, El acceso a la justicia ambiental en el Distrito Federal y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. El acceso a la justicia ambiental bajo el enfoque de la gestión administrativa de la legislación mexicana, México, PAOT, Diciembre 2004, p. 42. 26 Ley Ambiental del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal,13 de enero de 2000. En el artículo 4o, se precisa que “en todo lo no previsto por esta Ley, serán supletorias las disposiciones de: I. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; II. La Ley de Aguas Nacionales; III. La Ley Forestal; IV. La Ley de Sanidad Vegetal; V. La Ley de Sanidad Animal; VI. La Ley de Protección Civil para el Distrito Federal; VII. La Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; VIII. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; IX. La Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal; X. La Ley de Procedimiento. 27 Entre las referencias implícitas al derecho humano al agua destacan: el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos sobre el derecho a un nivel de vida adecuado; el párrafo 1 del artículo 6odel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho a la vida; la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (varios artículos). Entre las referencias explícitas destacan: la Observación general núm. 15 relativa al derecho al agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el párrafo 2, inciso h) del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; los párrafos 1 y 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales (1977), en materia de derecho internacional humanitario que establecen el derecho al agua potable (varios artículos); el capítulo 18 de la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; la Resolución 54/175 de la Asamblea General de 2000 que clarifica y reafirma el derecho fundamental al agua limpia. (Tomado de: Memoria del Foro Intersectorial sobre el Derecho al Agua en la Ciudad de México, 9 y 10 de marzo de 2005, Grupo Impulsor del Foro, op. cit., 2005; panel marco, ponencia de Areli Sandoval Terán de Deca Equipo Pueblo, A. C.). 28 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité desc), Observación general núm. 15 (2002), relativa al derecho al agua, párrafo 3. 29 Comité Desc, Observación general núm. 15 (2002), op. cit., párrafo 2. 30 Comité Desc, Observación general núm. 15 (2002), op. cit., párrafo 11. 31 Diagnóstico de Derechos Humanos del DF, 2008. Parte III, Seguridad Humana, Capítulo 11.Derecho al agua. Normatividad internacional. Contenido del derecho. 32 Memoria del Foro Intersectorial sobre el Derecho al Agua en la Ciudad de México, 9 y 10 de marzo de 2005, panel final de conclusiones, Grupo Impulsor del Foro, op. cit., 2005. 33 En<http://www.eco2site.com/News/Diciembre/mexico-semarnat.asp. 34 II Conteo de Población y Vivienda (2005) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en http://www.inegi.gob.mx, citado en: Cdhdf-Deca Equipo Pueblo, A. C., El derecho al agua en la ciudad de México, 2a. ed., folleto núm. 2 de la serie Desca, México, 2007. 35 Gobierno del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, p. 13. 36 “Panorama demográfico de la zmvm, 2005”, en Boletín Metrópoli/2025, núm.11, año 1, noviembre de 2006, en: http://www.metropoli.org.mx/htm/areas/0/boletin11.pdf, citado en: Deca Equipo Pueblo, A. C., “Desca en la ciudad de México…”, op. Cit 37 Alcanzando una altitud máxima de 3 930 msnm. Véase más información en la parte II. El Distrito Federal y los derechos humanos, capítulo 5.2 Contexto social. 38 Conferencia: “Cinco siglos de la Cuenca del Valle de México”, investigación del Centro Virtual de Información del Agua, en: http://www.agua.org.mx. Citado en: Deca Equipo Pueblo, A. C., “Desca en la ciudad de México…”, op. cit. 39 Conferencia del arquitecto Jorge Legorreta durante la mesa informativa y de discusión sobre el drenaje profundo en la ciudad de México, organizada por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (Uacm), el 27 de julio de 2007, citado en: Deca Equipo Pueblo, A. C., “Desca en la ciudad de México…”, op. cit. 40 Charla con el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacm), Ramón Aguirre, durante la segunda sesión del Consejo Ciudadano de la Procuraduría Social del Distrito Federal, el 9 de octubre de 2007, citado en: Deca Equipo Pueblo, A. C., “Desca en la ciudad de México…”, op. cit. 41 Cada metro cúbico por segundo equivale a mil litros por segundo. 42 Gobierno del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, p. 60, citado en: Deca Equipo Pueblo, A. C., “Desca en la ciudad de México…”, op. cit. 43 Citado en: Deca Equipo Pueblo, A. C., “Desca en la ciudad de México…”, op. cit.

References: artículo 15
 artículo 24
 artículo 11
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 11
 Artículo 5
 artículo 73
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 24
 Resolución