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Timestamp: 2018-09-20 09:23:19+00:00

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﻿ Sentencia 55566 de febrero 13 de 2013
SENTENCIA 55566 DE 13 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:CAUSACIÓN DE INTERESES MORATORIOS SOBRE REAJUSTES PENSIONALES Y PENSIONES OTORGADAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 100 DE 1993. EL RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES MORATORIOS, NO SE CAUSA SOBRE REAJUSTES PENSIONALES NI TAMPOCO SOBRE PENSIONES QUE NO SE RIJAN POR LA LEY 100 DE 1993. ESTO DEBIDO A QUE TALES INTERESES SE IMPONEN SOLAMENTE FRENTE A PENSIONES CONCEDIDAS BAJO LA VIGENCIA DE LA PRECITADA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERÉS MORATORIO EN LA MESADA PENSIONAL, REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL
Sentencia 55566 de febrero 13 de 2013
Rad. 55566
Esta corporación ha sentado su posición frente al reconocimiento de los intereses moratorios, en el sentido de que no se causan sobre reajustes pensionales y mucho menos sobre pensiones que no se rigen por la Ley 100 de 1993, como aquí acontece, pues fue concedida a la luz de la Ley 33 de 1985. Entre los múltiples pronunciamientos, en sentencia con Rad. 32002 del 24 de enero de 2008, se expuso:
‘Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante..., no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que claramente dispone: ‘(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)’.
‘Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma de ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley’...”.
X. Quinto cargo
Acusa la sentencia de violar “indirectamente en concepto aplicación indebida del artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social, respecto del artículo 1º de la ley 33 de 1985 y el artículo 127 Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social, los artículos 1608 y 1649 del Código Civil, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el artículo 4º de la Ley 700 de 2000 y los artículos 2º, 4º, 60, 53, 230 y 245 Constitucional y el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, todo ello a consecuencia de evidentes errores de hecho en que incurrió el tribunal, por haber dejado de estimar algunas pruebas, según se aprecia a continuación:
“1º—Dar por demostrado, sin estarlo, que el sueldo que devengaba el demandante de $ 771.936 corresponde al salario mensual que devengaba en el último año de servicios.
2º—No dar por demostrado, estándolo, que el salario devengado por mi poderdante durante el último año de servicios prestados al Banco Cafetero (hoy Liquidado) era la suma de $ 1.139.097,60.
3º—No dar por demostrado, estándolo, que el demandante había cumplido los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985 para el otorgamiento de la pensión de jubilación oficial que se reclama en este proceso.
4º No dar por demostrado, estándolo, que la demandada se encuentra en mora de pagar la pensión de jubilación oficial reclamada por mi poderdante, en los términos del artículo 1608 del Código Civil”.
Señala como pruebas dejadas de apreciar por el tribunal las siguientes:
“‘1. La documental obrante a folio 106 del expediente, correspondiente a la contestación del hecho tercero (3), (...) el Banco Cafetero mediante su apoderado indica textualmente que “Es cierto únicamente en cuanto al último sueldo mensual del demandante equivalente a $ 711.938’.
2. La documental de folio 5 del expediente, contentiva de la demanda introductoria del proceso, donde se encuentra el hecho tercero del mismo que indica lo siguiente: ‘Tercero. Que el señor Leonel Alzate Echeverri al momento de la terminación del contrato de trabajo con el Banco Cafetero, tenía un sueldo mensual de setecientos once mil novecientos treinta y seis pesos $ 711.936 M/cte, y un salario promedio de $ 1.139.097.60.
3. La documental de folio 370 a 373 correspondiente a la conciliación laboral suscrita entre Banco Cafetero y el demandante, que en el numeral 3º que indica los siguiente: ‘3º Que el último sueldo del señor Leonel Alzate Echeverri fue la suma de $ 711.936’ y más adelante se señala en la liquidación de cesantías (fl. 371) que el trabajador recibía como contraprestación, primas legales, primas extralegales, primas de vacaciones, pago de vacaciones en dinero que no fueron tenidas en cuenta para liquidar el IBL para la liquidación de la pensión, porque solo se tomó el sueldo mensual del demandante.
4. La documental obrante a folio 25 de cuaderno principal, mediante la cual el Banco Cafetero admite que el demandante solicitó la pensión de jubilación el día 24 de julio de 2006.
5. Las documentales de folios 17 a 22 correspondiente al agotamiento de la vía gubernativa en la cual se solicitaba la pensión de jubilación oficial, recibida por el Banco Cafetero el 22 de marzo de 2007.
6. Las documentales de folios 48 a 54 correspondiente a la Resolución 876 P. 2008, emanada del Banco Cafetero que niega la pensión de jubilación al demandante”.
En la demostración del cargo indica el censor:
“‘El ad quem al despachar la sentencia objeto del recurso, aplico (sic) indebidamente el artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social, que establece la remuneración del trabajador para establecer el IBL pensional, cuando claramente el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, establece que será el promedio de lo devengado por el trabajador en el último año de servicios y el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, indica cuales son los elementos constitutivos del salario y al respecto indica que no solo corresponde a la remuneración ordinaria [sueldos] ‘... sino todo lo que recibe el trabajador en especie o como contraprestación del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje en ventas y comisiones’.
Quiere decir lo anterior que la sentencia debió tener en cuenta el salario promedio devengado por el demandante durante el último año de servicios prestados por el trabajador a la demandada, es decir, no tuvo en cuenta otros valores recibidos como contraprestación por el demandante y que se hallan relacionados en la conciliación celebrada entre las partes entre las partes en conflicto (fl. 371), como son: las primas legales, primas extralegales, primas de vacaciones, pago de vacaciones en dinero, las cuales no fueron tenidas en cuenta para liquidar el IBL de liquidación de la pensión, pues solo tuvo en cuenta el sueldo mensual que devengaba el trabajador.
Por otra parte, existe una presunción legal (C.C. art. 66) en contra de la demandada, respecto del salario devengado por el trabajador durante el último año, según el hecho tercero, la cual esta plenamente acreditada en el proceso, pues en hecho tercero se indicaba que el actor tenía ‘un salario promedio de $ 1.139.097,60’ (fls. 5 y 106 del exp.). Al no ser contestado por la demandada al momento de pronunciarse sobre los hechos de la demanda se genera automáticamente la presunción a que me refiero; presunción que no fue tenida en cuenta por el tribunal en la sentencia que se le enrostra en el presente cargo.
La presunción legal a que me refiero, esta plenamente establecida en el artículo 18 de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la cual dispone lo siguiente:
3. Un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos.
Quiere decir lo anterior, que la presunción legal (juris tantum) le permitía a la demandada probar la inexistencia de dicho valor o, demostrar el valor real, pero guardo silencio al respecto, produciéndose en forma automática la presunción en virtud de ley positiva, por ende, ‘... debe producir el importante efecto jurídico de relevar de la carga de la prueba a quien la alega en su favor” (Casación jul. 30/39, XL VIII, 312).
Así las cosas, el valor del salario de $ 1.139.097,60, objeto de la presunción legal reclamada en este cargo, la cual debe indexarse según la fórmula contenida en la sentencia 32.002 que utilizó el tribunal para estos efectos, sobre la cual no recae inconformidad alguna por parte del actor.
75% del salario (f) $ 5.505.638,40 = $ 3.608.072,30
El valor de la mesada pensional es de $ 3.608.072,30, si se toma el salario real del demandante que corresponde a la suma de $ 1.139.097,60, según la presunción legal.
Igualmente el tribunal no tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
1) Que el deudor había sido constituido en mora con la reclamación del derecho pensional (elemento formal). Exigidos por el artículo 4º de la Ley 700 de 2000 y a los cuales se refiere el numeral 1º del artículo 1608 del Código Civil, a partir del 22 de marzo de 2007, fecha en la cual se presentó el agotamiento de la vía gubernativa.
2) Que exista un retardo o demora en el cumplimiento de una obligación pensional (elemento material)- Hecho material de no haber pagado la pensión hasta la fecha, que se aprecia mediante la Resolución 876 P de 2008, emanada del Banco Cafetero, mediante la cual que niega la pensión de jubilación.
3) Que el retardo sea imputable al deudor, por culpa o dolo (elemento subjetivo) que corresponde a las consideraciones del banco demandado para no pagar la pensión, porque en la documental de folios 48 a 53 correspondiente a la Resolución 876 P de 2008, donde se considera equivocadamente que mi poderdante perdió el régimen de transición.
Al no tener en cuenta las documentales señaladas anteriormente, se absolvió a la demandada, cuando en realidad, debió ser condenada al pago de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por encontrarse la demandada en mora en el pago de las mesadas pensionales causadas entre el 18 de agosto de 2006 hasta la fecha”.
Expone el opositor que el recurrente le enrostra al tribunal la falta de apreciación de la demanda y su contestación, lo que no resulta cierto, dado que dichas piezas procesales se deben acusar como erradamente apreciadas, pero jamás como no apreciadas.
Agrega que no se discute que a la fecha de desvinculación del trabajador de la entidad demandada aquel ostentó la calidad de trabajador oficial, pero insiste en que solo a partir del 5 de julio de 1994, los servidores de la entidad mutaron a empleados públicos, fecha para la cual el demandante ya se había retirado de la entidad, hecho que aconteció el 1º de octubre de 1993, y a pesar de ello el recurrente le endilga al tribunal la aplicación indebida de los artículos 27 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo que no aplican a esta clase de trabajadores, normas que además no tuvo en cuenta el ad quem, por lo que no se incurrió en la aplicación indebida de esas normas.
Expone el replicante con relación al acta de conciliación, de la que se afirma solo se tuvo en cuenta el sueldo por un valor de $ 711.936, y no los factores salariales que allí se indican, los cuales fueron ignorados para liquidar el IBL de la pensión, es claro que dichos factores no aplican para liquidar la pensión, sino para liquidar prestaciones sociales, toda vez que, no es el promedio del salario devengado en el último año de servicios el que se debe tener en cuenta para liquidar la pensión consagrada en la Ley 33 de 1985, pues el IBL de las personas que pertenecen al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 está determinado en su artículo 36.
Adiciona que de no aplicarse la disposición consagrada en la Ley 100 de 1993, de todas formas, no puede prosperar lo pretendido por el demandante, dado que, el artículo 3-2 de la Ley 33 de 1985 dispone los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación deprecada — norma que fue modificada por la Ley 62 de 1985—. Por tanto, no le asiste razón al recurrente cuando afirma que el salario promedio que se debió tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación es la suma de $ 1.139.097,60 pues lo cierto es, que el actor devengó como último sueldo mensual la suma de $ 711.936, por lo que debió la parte interesada demostrar su dicho en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto a los supuestos errores tercero y cuarto, tampoco incurrió en error el tribunal, toda vez que los pilares, para reconocer el derecho pensional fueron eminentemente jurisprudenciales.
Finaliza la argumentación del cargo indicando que no fue capricho de la entidad demandada negarle la pretendida pensión, sino que obedeció a la aplicación de lo dispuesto en la Sentencia C-789 de 2002 proferida por la Corte Constitucional, que dispuso que para aquellos casos, que como el demandante, se trasladaron al régimen de ahorro individual para retornar al de prima media con prestación definida es necesario establecer que la equivalencia del ahorro efectuado en el respectivo fondo de pensiones corresponda al aporte que debía realizarse en el seguro social, aspecto que el demandante no acreditó.
Pretende el recurrente con el cargo formulado, en primer lugar, que se le incluyan ciertos factores salariales que el ad quem no tuvo en cuenta al momento de establecer el IBL para liquidar la primera mesada pensional, y en segundo lugar, obtener el pago que por concepto de intereses moratorios consagra el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Frente al primer aspecto se ha de indicar que, olvida la censura que dicho planteamiento es eminentemente jurídico, por lo que debió acusar la vía directa en la modalidad de infracción directa del artículo 1º de la Ley 62 de 1985, toda vez que, es dicha disposición la que establece los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones de empleados oficiales, y no las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social que rigen para los trabajadores particulares.
No obstante lo anterior, si se superaran los defectos de técnica indicados, encontraría la Sala que no incurrió en error el ad quem al determinar que el IBL era la cuantía de $ 711.936, toda vez que, el actor no probó que sobre los factores salariales consignados en el acta de conciliación, los cuales pretende sean incluidos (fls. 370-373,) la pasiva los haya tenido en cuenta para realizar los aportes correspondientes a la caja de previsión respectiva, como lo dispone el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Frente al segundo aspecto, esto es, el reconocimiento del pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la Sala se remite a las consideraciones expuestas al resolver conjuntamente los cargos primero a cuarto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Descongestión, el 30 de septiembre de 2011, en el proceso seguido por Leonel Alzate Echeverri contra el Banco Cafetero en Liquidación.

References: artículo 141
 artículo 288
 artículo 141
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 127
 artículo 141
 artículo 4
 artículo 48
 artículo 1608
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 127
 artículo 18
 artículo 31
 artículo 4
 artículo 1608
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 141
 artículo 36
 artículo 3
 artículo 177
 artículo 141
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 141