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Timestamp: 2019-12-13 20:55:54+00:00

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Centro de Estudios Tributarios - La norma espejo del artículo 8 bis: ley N° 20.431.
El día 19 de Febrero de 2010 se publicó la Ley 20.420 que incorporó el nuevo artículo 8 bis al título preliminar del D.L. 830 de 1974 sobre Código Tributario, el que explícita y detalladamente señala cuales son los derechos mínimos de los contribuyentes que la ley reconoce, y que garantiza a través de las herramientas que el mismo cuerpo legal establece en el inciso 2° de este artículo para su debido resguardo. De acuerdo a la historia fidedigna de su establecimiento, el objetivo que se tuvo presente para la inclusión de esta declaración fue el refundir en la ley marco sobre asuntos tributarios, las granjerías mínimas de los sujetos pasivos de la obligación impositiva, diseminadas hasta esa fecha en la propia Constitución, leyes de derecho común y pronunciamientos administrativos, tal como otras legislaciones ya lo han hecho, equiparando, además, en cuanto a su categoría normativa, tanto sus deberes como sus derechos fundamentales.
El proyecto de Ley (Boletín N°3.8445-05) fue presentado por el senador Baldo Prokurica con fecha 13.04.2005, fundamentando en su moción que “Los derechos fundamentales garantizados por la Constitución deben reflejarse necesariamente en el campo tributario. Aunque la Carta Fundamental no contenga, de manera explícita, una enunciación o catálogo de lo que podría llamarse "derechos del contribuyente", ello no significa que éstos no existan, pues son expresión de los derechos de todas las personas, por lo que deben ser respetados, amparados y promovidos por el Estado. Por lo mismo, su ejercicio puede ser garantizado por el legislador, como complemento y desarrollo de las normas constitucionales, enunciándolos sistemáticamente a través de una ley especial, como está ocurriendo en diversos países de Europa y América”
Esta última afirmación se ratifica si observamos que otras legislaciones foráneas ya han reproducido en categoría legal lo que sus cartas fundamentales también enuncian genéricamente.
Es el caso, por ejemplo, de España, que en el artículo 34 de la Ley 58/2003, General Tributaria, establece un completo catálogo de los derechos y garantías de los obligados tributariamente y, avanzando algo más, crea el Consejo para la Defensa del Contribuyente, integrado en el Ministerio de Hacienda, encargado de velar por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atender las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuar las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.
También la legislación francesa considera normas en materia de protección del contribuyente, estableciendo las garantías que a éstos se reconocen en los casos de fiscalización, consagradas en los Artículos L. 47 a L. 52-A del Libro de Procedimientos Fiscales.
Por su parte, en los Estados Unidos destaca la “Declaración de los derechos de los contribuyentes de California” del año 2003, que tiene muchas similitudes con la redacción final del nuevo artículo 8 bis. Dicha legislación establece, además, una oficina del defensor de los derechos de los contribuyentes, a la cual pueden éstos recurrir en caso de desacuerdo con algún empleado de la oficina de impuestos o si desea obtener más información sobre sus derechos.
La moción parlamentaria proponía inicialmente la creación de un nuevo artículo 5 bis al título preliminar del Código Tributario, aspecto que finalmente fue reemplazado por una indicación del ejecutivo, prefiriéndose ubicar el artículo en un nuevo párrafo 4° sobre “Derechos de los contribuyentes”, a continuación del artículo 8°, precisamente para dar un carácter declaratorio a estos derechos, sin perjuicio de premunir a sus titulares de un procedimiento eficaz para asegurar su cumplimiento.
En su texto primitivo, el proyecto contemplaba la enunciación de doce derechos numerados en el artículo, los que finalmente fueron refundidos en sólo diez, que son los que actualmente contempla la ley, sin que dicha síntesis excluyera a alguno de los propuestos por el autor de la moción.
Por otra parte, el proyecto inicial sólo consideraba el tema relativo a los derechos de los contribuyentes, mas con el avance de la discusión y las valiosas indicaciones del ejecutivo y las cámaras revisoras, se aprovechó la oportunidad de efectuar otras reformas e inclusiones al código tributario, como fueron las modificaciones al artículo 11 sobre notificaciones; al artículo 26 sobre el poder vinculante de pronunciamientos del Servicio; el nuevo límite a la labor fiscalizadora del Servicio incorporada al artículo 59; y la existencia de un artículo transitorio para aquellos lugares donde todavía no están en funcionamiento aun los tribunales tributarios independientes.
Durante su etapa de discusión existió relativo consenso entre parlamentarios, miembros de las comisiones, representantes del Ministerio de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos, en torno a la conveniencia de la inclusión de estos derechos, los que además de generar certeza a los contribuyentes acerca de lo que pueden o no pueden exigir de la autoridad tributaria, irrogan nuevas cargas a ésta; por ejemplo en cuanto al límite temporal de los procesos de revisión.
Por último, el proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Ejecutivo sin mayores alteraciones, publicándose el día 19 de Febrero de 2010, momento desde el cual tiene plena vigencia.
El Artículo 8º bis del Código Tributario dispone que, sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes los siguientes:
La primera parte es una norma de conducta a esta altura exigible de cualquier ciudadano, en especial de quien detente una autoridad o posición.
Respecto a la segunda, cabe indicar que la Ley de Transparencia de los actos públicos contiene un mandato general a este respecto. Que la generalidad de los actos de los órganos del Estado son públicos, en particular aquella información exigida por el propio afectado.
Corresponde a una reiteración de que los créditos contra el Fisco deban ser pagados por éste sin mora o retraso no excusable, tal y como se tratare de una deuda exigible entre dos sujetos de derecho. De esta forma se evita un perjuicio patrimonial al contribuyente (costo de oportunidad) y un enriquecimiento temporal sin causa del Fisco.
Sobre los cuatro numerales anteriores: Ley de Transparencia en plenitud.
Reiteración de lo ya establecido en el artículo 35 del código tributario, otras leyes sobre protección de datos privados, y las instrucciones históricas del Servicio.
Este derecho se emparenta con su plus ultra establecido en el remozado artículo 59, que dispone plazos máximos de auditorías fiscales, materia que por su gravitación será analizada separadamente.
También recoge a nivel administrativo-tributario el principio de celeridad consagrado en el artículo 7° de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.
9° Derecho a formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos se trate y debidamente considerados por el funcionario competente.
Estos dos últimos corresponden a un aterrizaje legal de la garantía constitucional sobre derecho general de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución Política, además de la consagración en materia de procesos tributarios del principio de contradictoriedad, establecido en el artículo 10 de la Ley 19.880.
Como medida instrumental para la difusión y pleno conocimiento de estos derechos, la ley obliga al Servicio a exhibir en sus dependencias la nómina que reza el artículo 8 bis.
De acuerdo a lo señalado, esta Ley establece dos clases de derechos:
- Aquellos derechos que constituyen principios de relación, de buenas costumbres, como es el numeral 1°, el que ya se encontraba establecido en la Ley de Bases y derechos que dicen relación con el cumplimiento de ciertos procedimientos que deben cumplirse en un plazo y de una forma determinada. En este caso el contribuyente puede solicitar que se restablezca el imperio del derecho conforme al procedimiento del párrafo 2° del Libro Tercero del Código Tributario, y, además, solicitar que se persiga la responsabilidad administrativa del funcionario a través del sumario administrativo, puesto que el incumplimiento de esos derechos conlleva la infracción de un deber de todo funcionario, cuyas sanciones, de conformidad al Estatuto Administrativo, van desde la amonestación a la destitución.
- Otros más sustanciales, de carácter eminentemente administrativo-tributarios, que dicen relación con garantizar el ejercicio racional y oportuno de la labor fiscalizadora del Servicio, función que no debe menoscabar derechos inalienables de todo contribuyente, como aquél derecho a recibir sin mora las devoluciones que procedan o al acceso a la información tributaria que le propia.
Formando parte del debate de la Comisión de Hacienda, el ex Subdirector Jurídico del SII intervino señalando que se había considerado la legislación comparada para generar el decálogo de derechos; en particular, los derechos reconocidos expresamente por la Ley 58/2003, General Tributaria Española, por la Ley Federal de derechos de los contribuyentes mexicana, los que fueron comparados con el proyecto de ley contenido en la moción. Sostuvo que el proyecto recogía razonablemente el contenido de los derechos explicitados en la Circular N° 41 de 2006 del Servicio de Impuestos Internos.
Es sin duda destacable la incorporación de estos derechos al rango legal específico, circunstancia que tiene un innegable valor simbólico, además de práctico; pero también se hace necesario reconocer que estos derechos ya eran reconocidos por la autoridad tributaria en diversos pronunciamientos, que se refundieron en el texto legal ya publicado.

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 34
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 26
 artículo 59
 Artículo 8
 artículo 35
 artículo 59
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 8