Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2011/03/
Timestamp: 2017-08-18 18:11:25+00:00

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1. En Bruselas (24 y 25 de marzo) se ha hablado mucho sobre la difícil situación económica y se han aprobado conclusiones que apuestan por poner en marcha medidas que contribuyan a superar la situación de crisis y a la consiguiente recuperación económica. Por ello, también cabe decir que se ha hablado de empleo y de la necesidad de su recuperación para mejorar la situación de un número importante de trabajadores o personas desempleadas que son quienes sufren más directamente las consecuencias de una crisis que en modo alguno, por si a alguien se le olvida, provocaron.
Pero, y de aquí el título de esta entrada del blog, ¿cuál es la importancia real que se le otorga al empleo en la reunión y conclusiones de Bruselas, y en los documentos preparatorios que han servido, más o menos, para llegar a tales conclusiones? Sinceramente, tengo la sensación que dicha importancia está muy subordinada a la que alcanzan todas las medidas propuestas de ámbito económico, y que además estamos perdiendo, o debilitando si queremos ser más prudentes, un punto de referencia importante de las políticas sociales que es la calidad del empleo (formación, conciliación, estabilidad,…) que pueda crearse o que ya se está creando, y cantidad sin calidad puede ser pan para hoy y hambre para mañana.
2. Dicho sea incidentalmente, la preocupación por cómo reactivar la economía catalana ha estado bien presente en la reunión del gobierno y de las principales fuerzas políticas y sociales que tuvo lugar, casualmente, el día 25 de marzo, es decir el mismo día que se aprobaban las conclusiones europeas.
En las conclusiones de la reunión catalana, cuya concreción práctica es conveniente esperar para saber cómo se trasladarán a la realidad cotidiana, se destaca que la creación de empleo ha de ser el principal objetivo del país y en esa manifestación todos estaremos de acuerdo, aunque ya no parece que se esté en el resto del contenido del documento a juzgar por las reacciones de las diferentes fuerzas políticas y sociales. Será buenos conocer como se lleva a cabo una de las conclusiones que es de la integrar y reformar la formación profesional (reglada y continua) “para adaptarla al modelo productivo, actual y futuro”, y cómo se consigue “el traspaso definitivo de fondos y competencias de la formación continua”, tanto tiempo reivindicado por los gobiernos catalanes … desde 2004. Igualmente, habrá que seguir con atención cómo se concretan las medidas de fomento de empleo que se pretenden impulsar dirigidas a los sectores más intensivos en empleo y que combinen actividad formativa y laboral, el impulso de nuevos planes de empleo en sectores generadores de empleo (atención a las personas, energías renovables, servicios turísticos) y en los que se incorporen personas que integran los colectivos más protegidos en términos de bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social; también, la letra pequeña de las ayudas económicas en forma de créditos a jóvenes sin titulación reglada para favorecer su reincorporación a los estudios, o cómo garantizar, mediante la contratación de técnicos de empleo, la atención individualizada a más de 40.000 personas en situación de desempleo. Sin olvidar en fin, cómo mejorar los procesos formativos para los perceptores de la Renta Mínima de Inserción y facilitar que quienes agoten la prestación extraordinaria estatal por desempleo (hasta el 16 de febrero el PRODI, y a partir de esa fecha el PREPARA) puedan acceder a la RMI. Está por ver, además, y en la misma línea que alguna propuesta del Consejo europeo al que en seguida me referiré, cómo puede afectar al ámbito laboral el acuerdo alcanzado de pactar con los agentes económicos y sociales “un conjunto de medidas que permitan la creación de una marco específico para las pequeñas y medianas empresas, las microempresas y los autónomos, incluida la contratación pública”.
Por cierto, como documento de trabajo para la citada reunión se presentó un detallado informe económico elaborado por el “Consejo asesor para la reactivación económica y el crecimiento”, que en sus 48 páginas incluye un amplio número de medidas que deberían adoptarse, a juicio de sus miembros, para mejorar la situación de la economía catalana. En materia de empleo y relaciones laborales el documento recupera las tesis defendidas por el grupo de 100 economistas vinculados a FEDEA en el marco de su propuestas sobre reactivación laboral en España (probablemente la relación entre varios miembros del Consejo y el grupo citado de economistas sea bastante estrecha) y defiende las bondades del contrato único y la descentralización “máxima” de la negociación colectiva. Desde luego, si alguien quería dinamitar la reunión antes de empezarla, iba por buen camino con estas dos propuestas y especialmente con la primera, y me imagino la sorpresa (y quizás también preocupación) con que serían recibidas estas propuestas en el ámbito laboral del Departamento de Empresa y Empleo, básicamente por la Secretaria General de Empleo y el Director General de Relaciones Laborales y de Calidad en el Trabajo, que finalmente fueron dejadas totalmente de lado en las conclusiones de la reunión, algo que probablemente ya pudiera estar previsto por sus redactores por tratarse según ellos de orientaciones estratégicas “que no son competencia de la Generalitat de Cataluña”.
En fin, si me permiten formular desde este blog una sugerencia al gobierno catalán, y más en concreto a los responsables de empresa y empleo, no hubiera sido una mala idea incorporar al Consejo de sabios a alguna persona con conocimientos de la normativa laboral que hubiera podido ayudar a revisar, cuando menos, algunas de las propuestas formuladas en el Informe; un texto, en el que me bastan los dedos de una mano para contar cuántas veces aparece la palabra “trabajadores”, y además me sobra alguno.
3. Vuelvo a Bruselas. En el Consejo europeo nuevamente la “introducción de reformas en el mercado laboral” parece que sigue siendo la pócima mágica que contribuirá a la reducción del desempleo, reformas que en el terreno económico han de ir acompañadas, según aprobó el Consejo, de un plan plurianual de cada estado de medidas de saneamiento (¿dónde se aplicará la tijera?) “que incluya objetivos específicos de déficit, ingresos y gastos, así como la estrategia prevista para alcanzarlos y un calendario de ejecución”. Esas reformas laborales, supongo, deben ser adoptadas por los Estados de acuerdo a su específica realidad en materia de relaciones de trabajo, aunque ciertamente han de tomar como punto de referencia las orientaciones de política de empleo para el período 2011- 2014, algunas de las cuales son recogidas en las conclusiones del Consejo y calificadas de reformas estructurales, que de forma muy esquemática podrían resumirse a mi parecer como “trabajar más, más tiempo, de manera más flexible, y con mejor preparación formativa”.
En las conclusiones se remite a las decisiones que adopte cada Estado para poner en marcha medidas con el fin de “conseguir que el trabajo sea más atrayente; ayudar a los desempleados a volver a trabajar; luchar contra la pobreza y fomentar la inclusión social; invertir en la educación y la formación; lograr un equilibrio entre flexibilidad y seguridad; reformar los sistemas de pensiones”. De no menor importancia, pero está por ver si también alcanza al ámbito laboral, que no se olvide que es competencia de cada Estado, es la manifestación favorable por parte del Consejo de la propuesta formulada por la Comisión “de proponer formas de eximir a las microempresas de determinadas reglamentaciones futuras”. Por cierto, las medidas que han de adoptarse (y probablemente ahí se incluya la relativa al afloramiento del trabajo irregular o sumergido en España que ha sido anunciada recientemente, y no concretada, por el Presidente del Gobierno, así como también el proyecto de ley de reforma de la negociación colectiva tras el acuerdo, o no, de los agentes sociales) deberán incluirse en los programas nacionales de reforma que deben ser presentados durante el mes de abril que comienza mañana y que serán evaluados en el Consejo europeo de junio.
Frente a la rapidez con que deben acometerse reformas estructurales en el ámbito de las relaciones de trabajo, decepciona leer la escueta referencia en el número 15 a la conveniencia de explorar e impulsar la introducción de un impuesto de alcance mundial sobre las transacciones financieras (bueno, si quieren ver la botella medio llena piensen en que, como mínimo, ya hay una referencia al respecto en un documento de los 27 Estados) y que el Consejo simplemente “toma nota del propósito de la Comisión de elaborar, a más tardar en otoño de 2011, un informe sobre la fiscalidad del sector financiero”. ¡Cuán largo me lo fiais, amigo Sancho!
4. Sin duda, la última reunión del Consejo será recordada y conocida por la aprobación del “pacto por el euro”, o por citar el título exacto, “Pacto por el euro plus. Refuerzo de la coordinación de la política económica a favor de la competitividad y convergencia”, que ha merecido duras críticas del sindicalismo europeo. Dicho pacto, en aquello que ahora me interesa resaltar relativo al empleo, debe tener unos objetivos concretos y cubrir áreas prioritarias fundamentales para impulsar justamente la competitividad y la convergencia, acordándose unos objetivos comunes por parte de todos los Jefes de Estado y de gobierno, si bien nuevamente será cada Estado el que los concrete en su territorio “con la combinación de medidas que ellos mismos decidan, teniendo en cuenta los retos específicos a los que se enfrentan”. Justamente uno de los objetivos perseguidos es el impulso del empleo (que se añade al del impulso de la competitividad, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el reforzamiento de la estabilidad financiera), en el bien entendido que la obligación política de llegar a un acuerdo en un texto que deben suscribir 27 Estado lleva a equilibrios tales como que se recoja en las conclusiones que un Estado miembro puede no incluir actuaciones en alguna de las áreas citadas si puede demostrar que ello no es necesario.
Para el impulso del empleo, cada Estado, dentro de su amplio margen de autonomía, deberá prestar atención a diversas medidas (que, por cierto, en España venimos ya aplicando desde hace un cierto tiempo) tales como la reforma del mercado laboral “para fomentar la flexiguridad” (por una vez no se vuelve a insistir sobre la dualidad del mercado de trabajo y la necesidad de aprobar formular contractuales “flexibles” que en buena parte de las ocasiones sólo conducen a la descausalización de la extinción del contrato de trabajo), el incremento de la tasa de actividad con mención expresa a la participación de más de un miembro de la unidad familiar en el mercado de trabajo, políticas que apuesten por el incremento de la formación permanente del conjunto de la población, reformas fiscales que incentiven el acceso al trabajo y desincentiven la permanencia en situación de inactividad por percibir (políticas pasivas de empleo), y una protección económica de cuantía semejante al salario neto a percibir en caso de acceso al trabajo (quizás el debate no deba centrarse sólo en las “prestaciones pasivas” sino también en los bajos salarios que percibe una buena parte de la población trabajadora, ¿no les parece?). Los avances que se consigan deberán tomar en consideración cómo afectan las medidas adoptadas en los índices de desempleo de larga duración, del juvenil, y de las tasas de actividad. Además del sindicalismo europeo, las centrales sindicales españolas de ámbito estatal más representativas también se han mostrado muy críticas con el Pacto, argumentando que “la creación de empleo se presenta como consecuencia de las reformas de los mercados laborales, que impulsen la flexiguridad, y nunca a medida alguna que potencie la inversión y el crecimiento económico. Y esto es un profundo error. Es bien sabido que las reformas laborales, por sí solas, no crean empleo, como ha vuelto a demostrar la reciente reforma en España”.
No me he olvidado de la mención recogida en el texto aprobado al impulso de medidas que contribuyan a “la reducción del trabajo no declarado”, y esta parece que puede ser una de las medidas estrella del gobierno español en el inminente nuevo conjunto de reformas para “cumplir” con nuestros deberes europeos (auguro más trabajo para mis buenos amigos y amigas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que durante una primera etapa del plan deberán mostrar su cara más “amable” y en la segunda su faz mucho más “dura”). Pero como jurista que soy, creo que hay que esperar a conocer su contenido real para poder formular una valoración de su impacto, ya no sobre la actividad económica sino sobre el grado de flexibilidad que pueda predicarse durante un cierto tiempo de la normativa laboral y señaladamente de la tantas veces modificada Ley sobre infracciones y sanciones del orden social.
5. Ahora bien, las referencias de contenido laboral no se agotan en el apartado dedicado al impulso de empleo, sino que también se encuentran en los restantes objetivos propuestos, siempre subordinadas al objetivo prioritario de la mejora de la economía (esperemos que esa mejora redunde en beneficio de toda la ciudadanía y no sólo de una parte minoritaria de la población).
El debate sobre cómo ajustar los salarios al crecimiento de la productividad se plantea de forma muy clara en las propuestas contenidas para alcanzar el objetivo del impulso de la competitividad, en el bien entendido (soy muy pesado con estas referencias, pero no lo soy porque desee alargar el artículo innecesariamente sino porque los redactores de las conclusiones lo repiten una y otra vez para tranquilidad de los Estados) que cada país será responsable de las medidas concretas que deban adoptarse para lograr ese objetivo, y que ello deberá hacerse con pleno respeto de las tradiciones nacionales de diálogo social y relaciones laborales. Los agentes sociales, las organizaciones empresariales y sindicales, mantendrán su autonomía en el proceso de negociación colectiva (pero ello ocurre no porque lo digan unas conclusiones de un Consejo europeo, sino porque existen unas Constituciones y unas leyes en los Estados que así lo establecen), pero se llama por el Consejo a la “revisión de los acuerdos de fijación de salarios y, cuando sea necesario, del nivel de centralización del proceso de negociación y de los mecanismos de indexación”, y también a la adopción de medidas ejemplares en el sector público que contribuyan a los esfuerzos de competitividad en el sector privado, siendo no menos importante desde luego, y así se reconoce de forma expresa en las conclusiones, que tales medidas (reducción o congelación de salarios, por citar los ejemplos más recientes en varios países europeos, y España no es una excepción) pueden tener en los salarios negociados en el sector privado.
En fin, el “incremento de sostenibilidad de las finanzas públicas” pasa nuevamente por tomar en consideración, y reducirlo, el gasto en materia de pensiones, atención sanitaria y prestaciones sociales. Ciertamente, no hay nada nuevo en el texto que no se haya dicho ya en otros documentos comunitarios y en especial en el libro verde de reforma de las pensiones, y de ahí que se insista (España ya ha sido un alumno aplicado y ha hecho los deberes, al menos hasta que el Parlamento apruebe definitivamente el Proyecto de Ley sobre Adecuación, Adaptación y Modernización del Sistema de Seguridad Social) en que el ajuste de las pensiones debe tomar como referencia la situación demográfica nacional, “por ejemplo mediante el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida o mediante el incremento de la tasa de actividad”, y que deben limitarse (todos estamos de acuerdo en teoría, pero la realidad de muchas empresas va por un camino totalmente opuesto) los planes de jubilación anticipada y potenciarse los incentivos para conseguir una mayor presencia de los “trabajadores de edad avanzada” (55 y más años) en el mercado de trabajo.
La Resolución 727/2011, de 1 de marzo, publicada en el Boletín Oficial autonómico del día 23, establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la contratación para fomento del empleo, dentro de las medidas anti crisis del Gobierno de Navarra para el ejercicio del año en curso.
La norma tiene por finalidad regular las bases de concesión de subvenciones para el año 2011 para facilitar la contratación laboral de trabajadores desempleados inscritos en las Oficinas del servicio autonómico de empleo. Dado que se trata de una medida anticrisis, el período de su aplicación se concentra entre la fecha de su publicación y el 30 de noviembre.
Será objeto de subvención la contratación de duración indefinida, incluida la de los trabajadores fijos discontinuos, por una cuantía de 1.600 euros si el contrato es a tiempo completo, si bien se reducirá a 1.100 si ya se hubieran recibido ayudas al amparo de la normativa anticrisis de los años 2.009 y 2010; igualmente, lo serán los contratos temporales para obra o servicio determinado y el de necesidades de la producción siempre que la duración mínima sea de 12 meses (salvo que la modalidad contractual del artículo 15.1 b de la LET no lo permita porque el convenio colectivo de aplicación no incorpore dicha posibilidad), que suponga incremento de la plantilla de los centros de trabajo ubicados en la autonomía, y que la persona contratada sea un desempleado no perceptor de prestaciones contributivas por desempleo, por una cuantía de 700 euros, o de 1.100 si se produce una novación en contrato indefinido; por último, los contratos temporales de fomento de empleo de las personas con discapacidad, para los que se prevé una subvención de 1.100 euros.
En los contratos celebrados a tiempo parcial, con una jornada igual como mínimo al 50 % de la de un trabajador a tiempo completo, y en los contratos de trabajadores fijos discontinuos, las cuantías referenciadas se abonarán en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
La tramitación se efectuará en régimen de evaluación individualizada. El plazo para la presentación de solicitudes es de 15 días naturales a contar a partir de la publicación del texto. La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 3 meses para dictar y notificar la resolución, a contar a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para la tramitación, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada.
La percepción de estas ayudas será incompatible con las previstas en diversas normas estatales de fomento de empleo dictadas entre 2006 y 2011, salvo cuando se trate de personas con discapacidad contratadas al amparo del contrato temporal de fomento del empleo, así como también se recoge la incompatibilidad con respecto a otras posibles ayudas percibidas de la administración autonómica o de otras administraciones públicas.
La Orden EYE 278/2011, de 11 de marzo, establece las bases reguladoras de las líneas de ayudas destinadas a trabajadores desempleados que participen en programas personales de integración y empleo (PIE). La norma fue publicada en el Boletín Oficial autonómico del día 22 y entró en vigor el 23. El punto de referencia de este programa, que combina acciones formativas con percepción de rentas, es el plan regional de empleo 2008- 2011, y tiene por finalidad fomentar la empleabilidad de las personas desempleadas que hayan agotado las prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo, con una atención personalizada y con acceso preferente en el acceso a las acciones formativas y a las contrataciones previstas por las entidades locales y entidades sin ánimo de lucro previstas en el Plan de Empleo.
Los sujetos deberán estar inscritos como desempleados no ocupados en el servicio autonómico de desempleo desde 12 meses como mínimo con anterioridad, suscribir el compromiso de participación en las acciones formativas, no percibir ningún tipo de prestación por desempleo, ni reunir los requisitos para participar en algún programa estatal “cuya finalidad sea sustancialmente idéntica a la del presente programa”, carecer de rentas superiores al IPREM mensual, y estar empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma como mínimo desde el 1 de abril de 2008, siendo justamente una causa de extinción de la ayuda el traslado de la residencia a una localidad fuera de la Comunidad Autónoma. En la cuantía de las rentas de que disponga el sujeto solicitante no se computará, en su caso, la indemnización percibida por extinción del contrato.
Será la correspondiente resolución de convocatoria de las ayudas la que fije el plazo para presentación de solicitudes. La autoridad administrativa laboral deberá dictar y notificar la oportuna resolución en un plazo máximo de 3 meses desde la finalización del período de 3 meses previsto para la realización previa de acciones formativas, y en caso de no hacerlo se entenderá denegada la solicitud. Las ayudas se concederán por orden de presentación, siempre y cuando esté completo el expediente, hasta el agotamiento de la partida presupuestaria asignada al efecto.
1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà dimarts, 22 de març, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de febrer.
2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer hi ha un total de 1.769.773 afiliats, dels quals 653.279 són de països UE (379.183 homes i 274.096 dones), i 1.116.494 són de països no UE (619.034 homes i 497.460 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,65 %.
Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de febrer de 2010 era de 1.817.985. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 48.212 persones Cal destacar la lleugera recuperació de l’afiliació en el regim general desprès de sis mesos de davallada (2.509) i la caiguda del regim agrari (11.670). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 194.963 del mes de febrer de 2010 als actuals 197.992.
Per règims, el 64,13 % pertany al general, el 10,10 % al règim de la llar familiar, el 14,30 % a l’agrari, el 11,19 % al d’autònoms, el 0,25% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de febrer de 2010 eren els següents: el 64,85 % pertanyien al general, el 9,77 % al règim de la llar familiar, el 14,36 % a l’agrari, el 10,72 % al d’autònoms, el 0,25% al del mar i el 0,04% al del carbó.
Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (162.603 i 115.168, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (32.638 i 21.535), dels romanesos i marroquins en l’agrari (85.453 i 72.274), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (35.209 i 18.619).
Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (389.597, 22,01 %), seguida de Madrid (384.046, 21,70 %), Andalusia (212.803, 12,02 %) i la Comunitat Valenciana (194.007, 10,96 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 8.552 persones, un 2,15 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (398.148, 21,90 %), seguida de Madrid (391.296, 21,52 %), Andalusia (218.909, 12,04 %) i la Comunitat Valenciana (199.764, 10,99 %).
En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 232.586 persones (20,49 %), de les quals 161.585 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 194.356 treballadors, un 17,12 %, dels quals 131.084 són de països no UE, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 149.774, un 13,20 %, dels quals 93.323 són de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 126.765 treballadors, un 11,17 % del total, dels quals 89.033 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.420, 27,99 %), del sector de l’hostaleria (38.873, 19,63 %), i del sector de la construcció (30.659, 15,49 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.028). El mes de febrer de 2010 les dades eren les següents: l’hostaleria ocupava la primera posició amb 235.634 persones (19,99 %), de les quals 165.005 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 198.550 treballadors, un 16,84 % dels quals 136.215 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupava a 175.110, un 14,85 %, dels quals 101.119 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 132.187 treballadors, un 11,21 % del total, dels quals 95.156 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.452, 26,39 %), del sector de l’hostaleria (36.816, 18,88 %),i del sector de la construcció (35.396, 18,16 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 25.954).
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (285.913), i els marroquins es situen en la segona posició amb 212.649 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (149.761), seguits dels colombians amb 101.203, dels xinesos amb 80.942, dels bolivians amb 79.508, dels peruans amb 65.572, dels italians amb 59.749, i dels búlgars amb 52.560. Les dades del mes de febrer de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (280.316), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 221.682 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (177.339), seguits dels colombians amb 112.091, dels xinesos amb 75.424, dels bolivians amb 71.478, dels peruans amb 69.710, dels italians amb 59.934, i dels portuguesos amb 57.167.
3. La mitja del mes de febrer d’afiliats estrangers a Catalunya és de 389.597, dels quals 109.146 són de països UE i 280.451 de països no UE.
Per règims, el 75,67 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,21 % en el de la llar familiar, el 4,47 % en l’agrari, el 10,49 % en el d’autònoms i el 0,16 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de febrer de 2010 eren els següents: el 76,76 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,95 % en el de la llar familiar, el 4,47 % en l’agrari, el 9,64 % en el d’autònoms i el 0,17 % en el del mar.
Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (40.567, 25.856 i 23.713, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (7.696, 3.485 i 3.195), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.262 i 4.121), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (9.728 i 3.759).
En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.048 (17,66 %), dels quals 41.027 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 51.481 afiliats (17,46 %), dels quals 37.333 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.768 afiliats (12,47 %), dels quals 28.449 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 36.014 (12,22 %), dels quals 24.963 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 34.707 (11,77 %), dels quals 27.486 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.474, 25,63 % del total), de l’hostaleria (8.239, 20,16 %) i de la construcció (4.854, 11,88 %). Les dades del mes de febrer de 2010 eren les següents: en el règim general de Seguretat Social, el primer lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.539 afiliats (17,19 %), dels quals 38.822 eren de països no UE; el segon lloc era per a l’hostaleria, amb 51.808 (16,95 %), dels quals 40.867 eren de països no UE; els afiliats en el sector de la construcció eren 41.747 (13,66 %), dels quals 32.926 eren extracomunitaris, i ocupaven el tercer lloc; ocupava el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, la indústria manufacturera, amb 38.003 (12,43 %), dels quals 26.876 eren de països no UE; en cinquè lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.446 afiliats (12,25 %), dels quals 29.461 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.300, 24,22 % del total), de l’hostaleria (7.159, 18,65 %) i de la construcció (5.576, 14,52 %).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (51.059), seguits dels romanesos (34.207), i els equatorians ocupen la tercera posició (28.556). A continuació trobem els xinesos (22.253), dels bolivians (21.889), dels italians (19.780), dels colombians (18.614), dels peruans (16.084), dels francesos (13.117), i dels pakistanesos (11.112). Les dades del mes de febrer de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (54.639), seguits dels equatorians (35.189), dels romanesos (32.858), dels xinesos (20.871), dels colombians (20.389), dels bolivians (19.732), dels italians (19.646), dels peruans (17.227), dels francesos (13.275), dels argentins (12.110), dels pakistanesos (10.752), i dels alemanys (7.763).
Cuelgo en esta entrada del blog el enlace de la ponencia "La nueva realidad jurídica y social de la inmigración. Una aproximación al marco normativo y su impacto sobre la protección social de las personas inmigradas", presentada en el I Congreso Internacional de las migraciones de Andalucía el 17 de febrero, ligeramente revisda y actualizada con notas, puesta al día 23 de marzo.
Agradezco muy sinceramente a las entidades organizadoras de este importante Congreso internacional su invitación a participar como ponente en el mismo, a fin y efecto de presentar mis consideraciones sobre la nueva realidad del fenómeno migratorio y cómo impacta en el ámbito jurídico en las políticas de protección social. Mi ponencia es de carácter general, y deberá ser completada, y en especial enriquecida, con las excelentes comunicaciones presentadas al Congreso.
1. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado día 16 la ley de economía social,fruto de una larga historia de propuestas anteriores, con acuerdo entre todos los grupos parlamentarios sobre su contenido, y ya es raro leer un debate parlamentario en el que se muestre tanto grado de coincidencia. La satisfacción era también claramente perceptible en la “foto de familia” de los representantes de los distintos grupos parlamentarios y de las entidades de ES que asistieron el día 16 al Pleno. Con mucha rapidez, el MTIN hacía público el mismo día el “Balance del programa de fomento de la economía social 2004-2011”, en el que se expone lo siguiente sobre la nueva ley:
“La Ley de Economía Social, aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad, da cumplimiento con el compromiso del programa del Gobierno en la presente legislatura y ratificado por el Presidente del Gobierno en el encuentro de
18 de febrero de 2010 con los representantes de la economía social. La Ley responde a la demanda histórica del sector, reconocer como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.
Mediante esta Ley se reconocen y visualizan los valores sociales de las entidades y empresas que forman la economía social:
- Primacía de las personas y del fin social sobre el capital.
- Aplicación de los resultados en función del trabajo y servicio prestado por los socios, y en el caso de empresas que prestan servicios sociales los resultados se dirigen a intensificar dichas acciones.
- Compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad.
Además, supone un impulso en las funciones desarrolladas por el Consejo para el Fomento de la Economía Social, como por ejemplo el desarrollo del catálogo de entidades que la conforman”.
2. La nueva ley, pendiente de publicación en el BOE cuando redacto esta entrada del blog, consta de 9 artículos, 7 disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. La norma, que entrará en vigor transcurrido 1 mes de su publicación, se ubica, constitucionalmente hablando, en el marco del artículo 149.1 13ª de la Constitución, como legislación básica dictada por el Estado para hacer uso de sus competencias en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Destaco en estas disposiciones finales la introducción de nuevas (enésimas) modificaciones de la Ley General de Seguridad Social, a fin de seguir potenciando las notificaciones electrónicas de actos administrativos, mediante la publicación en el tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social, si bien su práctica concreta se efectuará, según se establece en la disposición final tercera, “en los términos que se determinen por orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración”.
Suelo fijarme con detalle en las disposiciones adiciones de las leyes aprobadas por el Parlamento, y no lo hago porque no valore la importancia del articulado de la ley, que ciertamente es importante en la gran mayoría de las ocasiones, sino para saber si se introducen algunas modificaciones normativas que poco o nada tienen que ver con el título de la norma y con su contenido específico. Pues bien, seis disposiciones adicionales sí tienen directa relación con la economía social: la primera, versa sobre las medidas a adoptar por el MTIN para disponer de una información estadística adecuada, solvente y fiable sobre las entidades de economía social, debiendo adoptar las medidas oportunas para ello en colaboración con otros departamentos ministeriales y otras administraciones (autonómicas, sin duda) “que pudieran tener competencia en la materia registral”; la segunda, trata sobre la financiación de las actuaciones de fomento de la economía social y del Consejo regulado en el artículo 9, con una llamada obligada a la austeridad económica y con la remisión a futuros convenios de colaboración que puedan establecerse con las Comunidades Autónomas “en los que se concretarán los recursos que se aporten”; la tercera regula de forma específica la consideración de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como organización singular de economía social y que tiene cabida en la misma de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la ley (“entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior”); la cuarta, permite que las empresas de la ES sean tomadas en consideración por el gobierno, en atención a sus especiales características, en la elaboración de sus estrategias de mejora de la productividad y de la competitividad empresarial; la quinta, fija la obligación del gobierno de remitir al Congreso un informe sobre los efectos y las consecuencias de la aplicación de la norma, en un plazo de dos años desde su entrada en vigor; en fin, de especial interés es la incorporación en el Senado de la disposición adicional séptima, en la que el gobierno se compromete a la aprobación en 6 meses desde la entrada en vigor de la nueva ley a la aprobación de un programa de impulso a las entidades de ES, programa en el que deberá prestarse especial atención a las entidades “de singular arraigo en su entono y a las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos”, y que deberá incluir entre otras tres medidas expresamente recogidas en este precepto ahora objeto de comentario: la posibilidad de que las entidades de ES puedan operar en cualquier actividad económica “sin trabas injustificadas”, la actuación y revisión de la Ley 4/1997 de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, y la revisión de la normativa de subvenciones recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, “con el objeto de simplificar los procedimientos regulados en la misma”.
Bueno, he dejado para una referencia aparte de las restantes disposiciones adicionales la sexta, incorporada en el Senado y que trata sobre “ejercicio de actividades sanitarias por titulados universitarios de licenciado en psicología o graduado en el ámbito de la psicología”, en la que se dispone la obligación del gobierno de remitir a las Cortes un proyecto de ley que regule la actividad de la psicología sanitaria, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, y que regula determinadas disposiciones con carácter transitorio sobre el ejercicio de las actividades sanitarias. Como desconozco las razones que han llevado a la incorporación de este texto a la ley de ES simplemente dejo constancia de la misma, no sin dejar de insistir en que es una mala técnica jurídica la de incorporar preceptos que nada tienen que ver con el contenido sustantivo de la norma (nuevamente recuerdo cómo se reguló la relación laboral especial de los profesionales de la abogacía que prestan sus servicios en bufetes, y las dificultades reales para llegar a conocer el contenido de la disposición adicional en una norma de adaptación de disposiciones de la UE de contenido fiscal).
3. Yendo brevemente al articulado de la ley, cabe destacar que se trata de una norma marco, es decir que afectará a todas las entidades de la ES pero que al mismo tiempo permite respetar la normativa específica aplicable a cada una de ellas, de tal manera que el texto tiene a mi parecer una especial relevancia política, en cuanto al reconocimiento institucional que se efectúa de la ES y de las entidades que forman parte de la misma, y algo menos en cuanto a contenidos concretos que sean de aplicación directamente a todas y cada una de ellas. Coincido por ello con la tesis expuesta en el preámbulo de la norma, en cuanto a que su objetivo básico es la configuración de un marco jurídico que “… suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica por medio de las actuaciones de definición de la economía social, estableciendo los principios que deben contemplar las distintas entidades que la forman”. La mayor concreción de que se trata de una norma marco se refleja tanto en el artículo 1, al que me refiero a continuación, como en el artículo 5.3 que remite a la regulación de las entidades de EC a sus normas sustantivas específicas.
4. La norma, tal como dispone el artículo 1, fija un marco jurídico común para todas las entidades, y permite también poner en marcha medidas de fomento a su favor, “en consideración a los fines y principios que les son propios”. Dada la existencia de competencias autonómicas en la materia, la ley es de aplicación, obviamente, a todas las entidades de la ES que actúen dentro del Estado, aplicación que se llevará a cabo sin perjuicio de las competencias autonómicas referenciadas. La ES se sitúa en el ámbito privado y se lleva a cabo por entidades que persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general económico, o ambos, siempre y cuando actúen en base a los principios orientadores enunciados en el artículo 4 y de los que me interesa destacar los de la inserción de personas en riesgo de exclusión social y la generación de empleo estable y de calidad. Pero, ciertamente la lista es más amplia y conviene recordarla: primacía de las personas y del fin social sobre el capital; aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica “principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios, o por sus miembros, y en su caso al fin social objeto de la entidad”; promoción de la solidaridad interna y con la sociedad; y último, y no menos importante ni mucho menos, la independencia respecto a los poderes públicos.
Me siento bien reflejado en el artículo 5, que concreta qué entidades forman parte de la ES y cuáles pueden llegar a formar parte de la misma. Y digo que me encuentro bien reflejado porque en mi actividad investigadora he prestado atención a varias de ellas en publicaciones efectuadas desde hace muchos años, tal como sería el casos de las cooperativas, las sociedades laborales y las mutualidades, y más recientemente de las empresas de inserción y los centros especiales de empleo. También formarán parte de la ES las fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, las entidades singulares como la ONCE a la que me he referido con anterioridad, y otras entidades que cumplan con los principios antes enumerados, que realicen actividad económica, “y que sean incluidas en el catálogo de actividades establecido en el artículo 6 de esta Ley”. Dicho catálogo será elaborado, y mantenido, por el MTIN en coordinación con las Comunidades Autónomas, y tendrá carácter público.
5. Con respecto a las reglas sobre organización y representación de las entidades de ES, la norma reconoce su derecho a constituir asociaciones para la defensa de sus intereses y agruparse entre sí, de acuerdo con lo dispuesto en la LO 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. La norma también concreta cómo debe medirse la representatividad de las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal, remitiendo para un mayor detalle de las reglas genéricamente enunciadas en el artículo 7 al desarrollo reglamentario. Repárese en la importancia de la adquisición de la condición de representatividad ya que ello permitirá la presencia en órganos de participación institucional de la Administración General del Estado que afecten a los intereses económicos y sociales, y a ejercer tareas de representación, en el mismo ámbito estatal, cuando guarden relación con su propia naturaleza o actividad. Los tres criterios que se recogen en el artículo 7 son los siguientes: en primer lugar, agrupar como mínimo a la mayoría de las entidades de ES a que se refiere el artículo 5; en segundo término, representar como mínimo al 25 % del total de empresas o entidades asociadas (directamente o a través de organizaciones intermedias) a las confederaciones intersectoriales antes citadas; en fin, representar como mínimo en la mayoría de las entidades de ES al 15 % del total de las entidades o empresas asociadas a las confederaciones intersectoriales que cumplan con los requisitos enunciado en los dos casos anteriores. Dado que se trata de una norma de ámbito estatal, la norma sólo puede hacer una mención al derecho de participación institucional en sede autonómica para las organizaciones representativas en cada autonomía “en la forma que se prevea por las Comunidades Autónomas”.
En fin, sobre el fomento y difusión de la economía social, y siempre dentro del respeto a las competencias de otros departamentos que no sean el MTIN, y de las propias de las autonomías y por consiguiente con potenciación de los mecanismos de colaboración y cooperación con estas para potenciar la labor de fomento, se reconoce esta tarea como de interés general y a tal efecto se adoptarán las medidas oportunas que posibiliten que la ES tenga una mayor presencia en la vida económica y social, de las que deseo expresamente destacar la relación de las entidades de ES con las políticas activas de empleo. De tal manera, estas asumen un papel relevante, en especial, y se trata de una novedad significativa introducida durante la tramitación del Senado, “a favor de los sectores más afectados por el desempleo, mujeres, jóvenes y parados de larga duración”, muy relacionado ciertamente con la creación de un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales en el marco de la ES.
Por último, la existencia de un órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la ES se concreta en el Consejo para el fomento de la ES, órgano que se configura como de colaboración, coordinación e interlocución de la ES y de la AGE, integrado por representantes de la AGE y de las CC AA y entidades locales, de las confederaciones intersectoriales y sectoriales que cumplan los requisitos de representatividad antes explicados, de organizaciones sindicales más representativas, y de 5 personas de reconocido prestigio en la materia. A la espera del desarrollo reglamentario, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 27/1999 de 16 de julio, de cooperativas, por la que se creó el Consejo en una etapa anterior y en donde sus componentes eran regulados de forman diferente a lo previsto en la nueva ley.
Reprodueixo l'article publicat ahir dissabte en el Diari de Girona i que recull la meva valoració de la situació de Salt.
«S´ha de gestionar la situació a Salt amb criteris de racionalitat»
FRANCESC BENEJAM El professor Eduardo Rojo va ser ahir a Girona per impartir una conferència en el marc de les jornades sobre la reforma de la llei d'estrangeria. En finalitzar la seva ponència, va oferir les seves impressions a Diari de girona sobre la problemàtica que es viu a Salt.
És importantíssim. L'Ajuntament ho ha gestionat bé, i les diferents entitats i organitzacions no governamentals han fet i estan fent una feina excel•lent per evitar problemàtiques pitjors.
El Diario "El País" publica hoy domingo, en el suplemento de economía, un artículo con el mismo título de esta entrada del blog,cuya primera firmante es la profesora Margarita Ramos Quintana y que también hemos suscrito un amplio grupo de profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Como todo artículo de opinión, y por ello forzosamente de extensión limitada, podrá estarse de acuerdo con su totalidad o bien manifestarse algunas observaciones sobre aspectos concretos del mismo, como por ejemplo el debate sobre cuál es la estructura más adecuada para la negociación. Pero, en cualquier caso, el artículo tiene la virtud de plantear con seriedad y rigurosidad jurídica el debate sobre la reforma de la negociación colectiva en España en el momento álgido de la negociación entre los agentes sociales, y desactiva con firmeza y seriedad algunas de la tesis lanzadas desde determinado sectores del mundo económico sobre aspectos jurídicos de la actual, y futura, regulación. Por consiguiente, recomiendo fervientemente su lectura.
"La estructura de la negociación colectiva responde a un esquema complejo que ha ido tejiéndose y consolidándose a medida que la actuación y la interlocución de los agentes negociadores han ido alcanzando experiencia y madurez. En el momento actual, tratar de articular la negociación colectiva de condiciones de trabajo de la mayor parte de la población trabajadora en este país a través de la potenciación de los convenios colectivos de empresa encierra una opción de una radicalidad inexplicable, al constituir, de forma meridianamente clara, la desvertebración del sistema negocial y la fragmentación del régimen de condiciones de trabajo. Si al fortalecimiento del convenio empresarial le acompaña la propuesta de desaparición de convenios colectivos supraempresariales (provinciales o autonómicos) por la complejidad que esos niveles, se dice, entrañan, y se complementa con el mantenimiento de los convenios sectoriales de ámbito estatal, la desarticulación negocial empezaría a estar asegurada. Porque los convenios de sector estatal, prácticamente, se limitan a la articulación de los niveles inferiores de negociación y a establecer contenidos mínimos en limitadas materias relativas a condiciones de trabajo. Por el contrario, la negociación colectiva supraempresarial de ámbito inferior al estatal, con independencia del nivel que se escoja, ha desarrollado y, sin duda, puede seguir desempeñando un papel relevante de determinación y objetivación de condiciones de trabajo, como voces empresariales han reconocido.
Firman este artículo Margarita Ramos Quintana (Universidad de La Laguna), José Luis Monereo Pérez (Universidad de Granada), Antonio Baylos Grau (Universidad de Castilla-La Mancha), María Amparo Ballester Pastor (Universidad de Valencia), Manuel Álvarez de la Rosa (Universidad de La Laguna), José Luján Alcaraz (Universidad de Murcia), Jaime Cabeza Pereiro (Universidad de Vigo), Julia López López (Universidad Pompeu Fabra Barcelona), Jesús Galiana Moreno (Universidad de Murcia), Eduardo Rojo Torrecilla (Universidad Autónoma de Barcelona), Teresa Pérez del Río (Universidad de Cádiz), Juan López Gandía (Universidad Politécnica de Valencia), Joaquín Aparicio Tovar (Universidad de Castilla-La Mancha), María Nieves Moreno Vida (Universidad de Granada), Rosa Quesada Segura (Universidad de Málaga), José Luis Goñi Sein (Universidad Pública de Navarra), Gloria Rojas Rivero (Universidad de La Laguna) y Carlos Alfonso Mellado (Universidad de Valencia)".

References: Resolución 
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
 artículo 149
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 5