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Timestamp: 2019-10-15 01:11:37+00:00

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STS 327/2014, 24 de Abril de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 510596250
Número de Resolución: 327/2014
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No existe ningún vicio procesal cuando su concurrencia se afirma entre los hechos probados. En estos casos, cuando la presencia del dolo o del elemento subjetivo del injusto ha sido objeto de debate, lo que no está permitido es realizar la afirmación de su concurrencia en los hechos probados de modo gratuito, es decir, sin explicar por qué se realiza tal afirmación que ha sido cuestionada por la parte. Esta explicación forma parte de la motivación que toda sentencia debe contener y ordinariamente esa intención o propósito ha de inferirse de los datos objetivos o circunstancias que rodearon el hecho por la vía de la prueba de indicios. Podrá ser suficiente que la inferencia citada, aun no explicada, aparezca como una evidencia a partir de tales datos objetivos y en tal caso no es necesario un razonamiento al respecto cuyo lugar adecuado es el de los fundamentos de derecho. Pero esta cuestión nada tiene que ver con el vicio procesal de la predeterminación del fallo, sino con el tema de la prueba: el problema es si en verdad puede afirmarse como probada la realidad o intención que la resolución judicial dice que concurre. Se desestima la casación.
Sentencia citada en: 114 sentencias, un artículo doctrinal, un formulario
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente:
En los recursos de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos penden, interpuestos por Melchor y Vidal , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Tercera, que condenó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito de estafa y delito de falso testimonio respectivamente; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Andrés y Bece Inst, SL., representados por los Procuradores Sres. Ruiz de Velasco y García Mugica respectivamente, y dichos recurrentes representados por los Procuradores Sres.Diez Espi y Amador Guallar.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, incoó Diligencias Previas con el número 3545 de 2008, contra , Melchor y Vidal , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Zaragoza, cuya Sección Tercera, con fecha 16 de abril de 2013, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: A lo largo del año 2005, Andrés , propietario de una vivienda situada en la CALLE000 nº ' NUM000 , NUM001 ' NUM002 de esta ciudad, contrató de forma verbal -dada la amistad que les unía- con Vidal -acusado-, de profesión decorador, aunque sin titulación oficial, mayor de edad y sin antecedentes penales, la ejecución de unas obras de reforma en-la citada vivienda por un importe de 48.000 euros, obras que se ejecutaron en su mayor parte -salvo planos sencillos y otras afectantes a la dirección- por el otro acusado Melchor , de profesión constructor, mayor de edad y sin antecedentes penales, el cual las llevó a cabo con algunas deficiencias que no vienen al caso.
Antes y durante la ejecución de las obras, el Sr. Andrés entregó al Sr. Vidal la cantidad de 45.000 euros, no habiéndose acreditado a lo largo de la causa que éste diera parte o todo ese dinero al constructor Sr. Melchor , -que actuaba como administrador y representante de la entidad "Rece Inst S.L.", ni tampoco que existiera vinculo contractual alguno entre el Sr. Melchor y el Sr. Andrés .
A pesar de ello, en el mes de julio de 2006, y pese a que, como hemos dicho, no existía relación contractual alguna entre el Melchor y el Sr. Andrés -si existía entre éste y el Sr. Vidal -, el primero de ellos como Administrador Único y representante de "Rece Inst S.L." y en nombre , de ésta -folio 505-, presentó demanda civil de juicioordínaio contra el Sr. Andrés en reclamación de la cantidad de 70.486,66 euros, intereses y costas - procedimiento número 841/2006 del Juzgado de Primera Instancia Número Once de esta ciudad-, aduciendo que había realizado las obras de la citada vivienda de la CALLE000 por encargo del Sr. Andrés , así como que ya había recibido de éste la cantidad de 20.000 euros por las mismas, todo lo cual era incierto. Con el escrito de demanda el Sr. Melchor presentó una factura -denominándola pro- formaque iba dirigida al Sr. Andrés -folio 93-, por el importe ya referido una vez descontados los 20.000 euros que se decían recibidos por el Sr. Melchor , factura que iba firmada por éste, y ello con la finalidad de lograr una sentencia estimatoria de sus pretensiones y obtener el correspondiente beneficio económico del sr. Andrés .
El día 22 de diciembre de 2006, se celebró la correspondiente vista del citado procedimiento civil en el Juzgado de Primera Instancia Número Once de Zaragoza, al cual compareció como testigo el Sr. Vidal quien manifestó que el Sr. Andrés sólo le encargó -y acordaran- la decoración y dirección de las obras, no su ejecución, trabajos. por los que recibió los 45.000 euros antes citados, negando incluso que hubiera contratado las obras de ejecución de reforma del piso con Andrés , faltando con dichas declaraciones a la verdad de forma consciente.
El referido procedimiento civil nº' 841/2006 concluyó con sentencias coincidentes en primera y segunda instancia en las que se desestimó íntegramente por falta de acción, la demanda interpuesta por el Sr. Melchor en nombre y representación de "Bece Inst S.L", condenando a ésta en costas -de ambas instancias y cuyo importe ascendió a 14.862,07 euros.
Como consecuencia de ser demandado en el citado procedimiento civil el Sr. Andrés padeció un trastorno adaptativo que le provocó malestar, sofocos, palpitación, dolores de cabeza, estrés y ansiedad que precisó tratamiento psicológico durante poco más de dos meses -folio 976-.
FALLO: Se tiene por preparado por la representación de Melchor y Vidal recurso de casación contra la Sentencia dictada en las presentes actuaciones. Por la representación de Melchor , por Infracción de Ley del art. 849.1 de la L.E.Cr .; por error en la apreciación de le prueba, al amparo del art. 849.2 de la L.E.Cr .; por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 de la L.E.Cr ., y por infracción del art. 852 de la L.E.Cr .
Por la representación de Vidal , por vulneración de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la L.E.Cr .; par infracción de Ley al amparo de lo dispuesta en los arts. 849.1' de la L.E.Cr , en relación can el art. 458.1 del Código Penal ; por infracción de Ley, por error en la apreciación de la prueba; por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851 de la L.E.Cr .
Expidase por el Secretario Judicial copia certificada del presente auto al recurrente.
Expidase y entréguese por el Sr. Secretaria testimonio de la resolución, recaída y votos particulares si los hubiere.
Expídase igualmente para su remisión directa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la certificación ordenada en el articulo 861 de la ley citada.
Remítase también causa a efectos de lo dispuesta en el párrafo tercero del articulo 861.
Se mantiene la situación de libertad de los condenados.
Una vez hecho, emplácese a las partes para que en el plazo de QUINCE DÍAS, comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, formalizando el recurso de casación.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Melchor y Vidal , que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
RECURSO INTERPUESTO POR Melchor
PRIMERO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim ., por infracción de los arts. 248 , 250.1.2 y 6 , 15.1 y 16.1 CP , y arts. 392.1 y 390.1.2 CP .
CUARTO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ . denuncia vulneración del principio de presunción de inocencia art. 24 CE .
RECURSO INTERPUESTO POR Vidal
PRIMERO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ . denuncia vulneración del principio de presunción de inocencia art. 24 CE .
SEGUNDO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim . por aplicación indebida del art. 458.1 CP .
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día ocho de abril de dos mil catorce.
Articula este recurrente cuatro motivos: el primero por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim , de los arts. 248 , 250.1.2 y 6 , 15.1 , 16.1 , 392.1 y 390.1.2 CP ,; el segundo por infracción de Ley, art. 849.2 LECrim , error en la apreciación de la prueba; el tercero por quebrantamiento de forma, art. 851.1 LECrim , predeterminación del fallo; y el cuarto por infracción precepto constitucional, art. 5.4 LOPJ , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia , art. 24.1 CE .
Por razones metodológicas y no obstante haberse articulado en último lugar, debemos analizar con carácter prioritario, el motivo cuarto por infracción precepto constitucional. A continuación el motivo por quebrantamiento de forma, y por último los motivos por infracción de Ley, del art. 849, comenzando por el de error en la apreciación de la prueba.
El motivo cuarto por infracción en concepto de violación del art. 24.1 y 2 CE , al entender que se ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia al ser objetable la valoración de la prueba que hace la sentencia recurrida desde la perspectiva de la necesaria racionalidad y congruencia que debe requerirse para configurarla como prueba de cargo, que permita la inferencia lógica necesaria para acreditar la culpabilidad del recurrente.
Así, como venimos afirmando en recientes sentencias 698/2013 de 18.7 , y 447/2013 de 6.6 , nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de 8.5 ; en virtud del art. 852 LECrim , el recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5 ).
Expuestas estas consideraciones previas el recurrente entiende, en primer lugar, no acreditado el extremos de los hechos probados que refiere que " A lo largo del año 2005, Andrés , contrató de forma verbal con Vidal , la ejecución de unas obras de reforma en su vivienda de la CALLE000 , nº NUM000 - NUM001 NUM002 . De Zaragoza, por un importe de 48.000 euros, obras que se ejecutaron en su mayor parte por el otro acusado Melchor ", y lo que no reconoce la sentencia es que este recurrente, Sr. Melchor de forma autónoma acordó con el Sr. Andrés la ejecución de las obras que se realizarían en exclusiva por aquel, quien cumplió con las funciones encomendadas, pero no cobró las cantidades que entre el Sr. Andrés y el Sr. Melchor , de forma verbal, se habían acordado.
En segundo lugar la declaración como probado de que "en el mes de julio de 2006 y pese a que, como antes se ha dicho, no existía relación contractual alguna entre el Sr. Melchor y el Sr. Andrés , el primero de ellos como administrador único de "Bece Inst. SL", y en nombre de este, presentó demanda civil", cuando no existe prueba alguna de que no existiera relación alguna entre el recurrente y el Sr. Andrés .
Y por último la declaración como probado de que el acusado Sr. Melchor presentó la demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad contra D. Andrés "aduciendo que se había realizado las obras en la citada vivienda de la CALLE000 por encargo del Sr. Andrés , así como que había recibido de este la cantidad de 20.000 E, por las mismas, todo lo cual era incierto. Insistiendo el recurrente en que no hay prueba de tal respecto y por el contrario sí que el Sr. Andrés entregó 20.000 E a cuenta.
Impugnaciones del recurrente que no pueden ser atendidas.
La Sala de instancia para llegar a valorar en su fundamento de derecho primero:
- Las sentencias dictadas en la jurisdicción civil por el juzgado 1ª instancia 11 de Zaragoza de 10.1.2007 , y por la Audiencia Provincial de Zaragoza de 12.7.2007 , que confirmó aquella, que desestimaron la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por el hoy querellado contra el querellante, por falta de acción en base a que no existió relación contractual entere la actora, representada por el Sr. Melchor y el demandado Sr. Andrés , pues la relación contractual era entre éste y el otro acusado Sr. Vidal , el cual si contrató con el demandado Sr. Andrés .
-La declaración del querellante Sr. Andrés quien dijo en el plenario que solo contrató con Vidal la reforma de su vivienda, por importe de 48.000 E, importe que representaba la totalidad de los trabajos a realizar en la vivienda.
- el informe pericial (folios 562 a 605), que tasa el valor de la reforma en 27.252,53 E (folio 573) y el pago por parte del Sr. Andrés al acusado Vidal de 45.000 E, que éste pretende justificar por sus labores de decorador y la redacción de unos planos (folios 127 y 128), carentes de entidad.
- Las testificales del Director y Subdirector de la Central Multicaja : Luis Pablo y Narciso , que intervinieron en las operaciones crediticias para la ejecución de la reforma de la vivienda, quienes dijeron que el Sr. Vidal se comprometió en la ejecución total de las obras -no solo lo que afecta a la decoración- puesto que era lo único que sabia hacer y podía hacer y por lo que cobró un precio absolutamente desproporcionado.
-la testifical de la Sra. Daniela , empleada de la Empresa Bece Inst. SL, del acusado, y a quien este requirió para la elaboración de una factura relativa a la ejecución de unas obras que no se había encargado el Sr. Andrés , ni tampoco le había abonado cantidad alguna.
-Las declaraciones de los propios acusados en el proceso civil reproducidas visual y sonoramente en el juicio oral penal y que vinieron a ser coincidentes unas con otras.
El motivo tercero por quebrantamiento de forma, art. 851.1 LECrim , en cuanto se dan en la sentencia recurrida contradicción entre los Hechos Probados, los Fundamentos de Derecho y el Fallo. Y en cuanto que se consignan como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico implican la predeterminación del fallo.
La sentencia objeto del recurso fija como hechos probados aspectos que no lo han sido, incluyendo términos determinantes para el posterior fallo, como " no existía relación contractual alguna entre el Sr. Melchor y el Sr. Andrés ", expresión simplemente corroborada por la declaración del querellante " todo lo cual era incierto" , argumento que deriva de la desestimación de una demanda en un procedimiento civil, pero que en ningún caso debería haber derivado en un procedimiento penal.
En el caso concreto la expresión "no existía relación contractual entre el Sr. Melchor y el Sr. Andrés " no tiene carácter técnico jurídico, al ser el término "contrato" de uso común y general, y no puede entenderse predeterminante del fallo en cuanto no es sino reiteración de lo ya expuesto en el factum en el sentido de que con quien contrató el Sr. Andrés , de forma verbal, dada la amistad que les unía, por el otro acusado Vidal .
El motivo segundo por infracción art. 849.2 LECrim , al haberse incurrido en error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en la causa.
El motivo cuestiona la declaración de la testigo Daniela , al ser manifestaciones viciadas y las de los testigos Sr. Luis Pablo y Narciso que carecen de valor probatorio al ser propuestos por la acusación y muestra su disconformidad con el escaso y nulo valor probatorio que la sentencia ha dado a los documentos aportados por dicha parte, (folios 61, 89, 192 a 194 y 387 a 389), relativos a facturas de materiales y trabajos realizados en la vivienda del querellante y que en su totalidad fueron abonadas por el recurrente; quien aportó los libros contables de la entidad "Bece Inst SL", que emitió la factura pro-forma y en dicha contabilidad aparece el abono realizado por el propietario de la vivienda Sr. Andrés al recurrente por 20.000 E.
Como hemos dicho en reiterada jurisprudencia -por todas STS. 539/2013 de 27.6 - el ámbito de aplicación del motivo de casación previsto en el art. 849.2 LECrim . se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza que sí hubieran tenido lugar, o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.
Pues bien en el caso presente los "documentos" designados no acreditan error alguno por cuanto en relación a las testificales de Daniela , Luis Pablo y Narciso no son documentos ya que no garantizan ni la certeza ni la veracidad de lo dicho y quedan sometidas a la libre valoración del Juzgador de instancia. No de otra forma decíamos en STS. 55/2005 de 15.12 " ni las declaraciones de los testigos efectuadas en la instrucción en las que tienen lugar en el juicio oral, transcritas en la correspondiente acta, tienen la virtualidad documental a los efectos de la casación prevista en el art. 849.2 LECrim , En realidad las declaraciones de los testigos requieren para su valoración, de la percepción por el Tribunal en el momento del juicio, pues solo entonces podrá este formar su necesaria convicción sobre los hechos, de acuerdo con el art. 741 LECrim .
-Los documentos relativos a las facturas emitidas a cargo de Bece-Inst SL, solo acreditarían la ejecución de los trabajos en la vivienda del querellante pero no tienen virtualidad por sí mismos para modificar el sentido del fallo, dado que la sentencia admite que el recurrente Sr. Melchor ejecutó trabajos de reforma en la vivienda del Sr. Andrés , pero no por encargo de éste -con quien no mantuvo relación contractual alguna- sino del otro acusado Vidal .
Y en cuanto a la veracidad de la factura de la empresa del recurrente y del abono por parte del querellante de 20.000 E, como con acierto resalta la acusación particular en su escrito de impugnación del recurso "la única prueba que existe es el certificado de 29.7.2009 emitido por la Agencia Tributaria (folio 440) del que resulta que dicha sociedad "no presentó declaración modelo 347 del ejercicio 2005", y además haberlo hecho por tratarse de una operación superior a 3.000 E, lo que confirma la declaración de la testigo Sr. Daniela cuando afirma que el Sr. Melchor le dio los datos para preparar la factura a nombre de D. Andrés meses después de la fecha que consta como de emisión de la misma; que hasta que ella se fue de la empresa (sobre el mes de octubre de 2006), no existía en la contabilidad ningún apunte relativo a entrega de cantidades por D. Andrés . Es más, ni siquiera existía una cuenta contable que tuviera titular del Sr. Andrés , pues no era cliente de Bece Inst SL".
Por consiguiente aquel documento carece de la necesaria literosuficiencia en cuanto su contenido aparece contradicho por otras pruebas valoradas por la Sala.
El motivo primero por infracción del art. 849.1 LECrim , al entender que se han aplicado incorrectamente los arts. 248 , 250.1.2 y 6 CP , y arts. 392.1 y 390.1.2.
Se argumenta en el motivo que la actuación del recurrente en el periodo comprendido entre 2005-2007 no es constitutiva de delito de estafa ni de ningún otro tipo, al no existir conducta delictiva alguna, por no concurrir los presupuestos que la Ley establece para ello.
No existió voluntad ni intención de engañar al juzgador dado que el recurrente se limitó a presentar una demanda de reclamación de cantidad ante el juzgado de 1ª instancia 11 de Zaragoza en reclamación del importe de unas obras por él realizadas y ejecutadas correctamente, sin que por el propietario de la vivienda en que se habían realizado, Andrés se hubiese abonado la totalidad de las mismas, con independencia de que entregara cantidades al otro acusado Vidal , cuyo concepto resulta desconocido y ajeno al recurrente, siendo lo cierto que éste presupuesto verbalmente obras al querellante y este simplemente abono 20.000 E, aproximadamente el 20% del presupuesto establecido.
Por tanto el Sr. Melchor no tiene ni ha tenido intención alguna de estafar ni engañar a nadie, ni al Sr. Andrés ni al Juzgado, simplemente procedió a reclamar judicialmente una cantidad que él entendía que por los trabajos realmente realizados y ejecutados en la vivienda del querellante CALLE000 le correspondía.
Asimismo y en relación al delito de falsedad en documento mercantil, arts. 392.1 y 390.1.2, en base a la factura pro forma que se acompañó a la demanda civil en reclamación de cantidad (folio 93), de fecha 23.1.2006 "con anagrama de la entidad B.C (querellada) y formada por el querellado Sr. Melchor y dirigida a Andrés por la obra llevada a cabo en la CALLE000 , en la que se contienen diversos conceptos (ventana, derribo, tabiqueria, etc) su precio y al fina una entrega a cuenta de 20.000 E, que se descuentan, totalizando la factura 67.286,24 E, factura que según el juzgador en la sentencia recurrida no responde a la realidad pues el Sr. Andrés no hizo ningún encargo al Sr. Melchor ni le abonó cantidad alguna y su única finalidad era su aportación defraudatoria al proceso civil iniciado por el Sr. Melchor .
Discrepando el recurrente de tal valoración pues en ningún momento se falsificó documento alguno y en la referida factura son ciertos y reales todos y cada uno de sus elementos esenciales e identificadores, dado que el querellado como administrador de la entidad "Bece Inst SL" reconoce como propio y los conceptos que incluye lo son por unos importes que corresponden con los precios del mercado y por unas obras realmente ejecutadas.
Con carácter previo debemos recordar la doctrina de esta Sala, contenida entre otras en la STS. 807/2011 de 19.7 que establece los requisitos de este motivo casacional-:
) Pues bien en relación a la estafa procesal hemos recordado en STS. 366/2012 de 3.5 , 1100/2011 de 27.10 , 72/2010 de 9.2 , entre otras, que se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el órgano judicial a quien a través de una maniobra procesal idónea, se la induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. El resultado de ello es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en sentido amplio (el juez), con quien en definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado). Es más, también la jurisprudencia, en contra de parte de la doctrina, ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino la parte contraria, a la cual por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento (ordinariamente pruebas falsas o por simulación de un contrato) se le impulsa a que se allane, desista, renuncie, llegue a una transacción o, en cualquier caso, determine un cambio de su voluntad procesal como solución más favorable, lo que se denomina estafa procesal impropia ( STS 878/2004, 12 de julio )". En sentido similar la STS nº 603/2008 ; y la STS nº 7202008. De todos modos, deberán quedar excluidos de la estafa los casos en los que el acto de disposición no venga motivado por el engaño.
Siendo así en el caso presente la sentencia recurrida considera probado: "A lo largo del año 2005, Andrés , propietario de una vivienda situada en la CALLE000 nº ' NUM000 , NUM001 ' NUM002 de esta ciudad, contrató de forma verbal -dada la amistad que les unía- con Vidal - de profesión decorado, la ejecución de unas obras de reforma en-la citada vivienda por un importe de 48.000 euros, obras que se ejecutaron en su mayor parte -salvo planos sencillos y otras afectantes a la dirección- por el otro acusado Melchor , de profesión constructor. Antes y durante la ejecución de las obras, el Sr. Andrés entregó al Sr. Vidal la cantidad de 45.000 euros, no habiéndose acreditado a lo largo de la causa que éste diera parte o todo ese dinero al constructor Sr. Melchor , -que actuaba como administrador y representante de la entidad "Rece Inst S.L.", ni tampoco que existiera vinculo contractual alguno entre el Sr. Melchor y el Sr. Andrés . A pesar de ello, en el mes de julio de 2006, y pese a que, como hemos dicho, no existía relación contractual alguna entre el Melchor y el Sr. Andrés -si existía entre éste y el Sr. Vidal -, el primero de ellos como Administrador Único y representante de "Rece Inst S.L." y en nombre , de ésta -folio 505-, presentó demanda civil de juicio ordinario contra el Sr. Andrés en reclamación de la cantidad de 70.486,66 euros, intereses y costas - procedimiento número 841/2006 del Juzgado de Primera Instancia Número Once de esta ciudad-, aduciendo que había realizado las obras de la citada vivienda de la CALLE000 por encargo del Sr. Andrés , así como que ya había recibido de éste la cantidad de 20.000 euros por las mismas, todo lo cual era incierto. Con el escrito de demanda el Sr. Melchor presentó una factura -denominándola pro-forma que iba dirigida al Sr. Andrés -folio 93-, por el importe ya referido una vez descontados los 20.000 euros que se decían recibidos por el Sr. Melchor , factura que iba firmada por éste, y ello con la finalidad de lograr una sentencia estimatoria de sus pretensiones y obtener el correspondiente beneficio económico del Sr. Andrés . El referido procedimiento civil nº' 841/2006 concluyó con sentencias coincidentes en primera y segunda instancia en las que se desestimó íntegramente por falta de acción, la demanda interpuesta por el Sr. Melchor en nombre y representación de "Bece Inst S.L", condenando a ésta en costas -de ambas instancias y cuyo importe ascendió a 14.862,07 euros.
Del anterior relato fáctico se desprende:
-La inexistencia de relación contractual entre el propietario de la vivienda el querellante Sr. Andrés y el recurrente Sr. Melchor - constructor- por cuanto aquel había contratado la ejecución de las obras de reforma con el otro acusado Sr. Vidal , a quien abonó en total 45.000 E, importe que se ajustaba a la totalidad de los trabajos a realizar en la vivienda, y quien a su vez subcontrató en la mayor parte con el Sr. Melchor .
-Que pese a ello y no haber contratado directamente con el Sr. Andrés , el hoy recurrente presentó demanda civil contra el propietario de la vivienda en reclamación de 70.486,86 afirmando haber realizado las obras por encargo de aquel y haber recibido ya del mismo la cantidad de 20.000 E, lo que no era cierto.
Conducta esta constitutiva de la estafa procesal por cuanto tal reclamación, acompañada de una factura en la que se especificaban las obras realizadas, tenia entidad suficiente para haber podido superar la profesionalidad del juez y las garantías del proceso al poner en grado de verosimilitud suficiente para producir el error razonable del Juez (SSTS. 1441/2005 de 5.12 , 670/2006 de 21.6 , 754/2007 de 2.10 , 603/2008 de 10.10 ).
En efecto si la estafa procesal consiste en la utilización de un procedimiento judicial para obtener un beneficio ilícito, el reconocimiento judicial de un derecho que no se tiene, para cuyo reconocimiento se utiliza una maniobra engañosa de naturaleza procesal, en el caso presente el carácter fraudulento de la actuación procesal del demandante con la presencia del animo de lucro en la conducta de quien, consciente de que el demandado nada le adeuda, pretende obtener un beneficio económico ilícito, mediante una resolución judicial provocada por aquel, amparado en una factura falsa, de suerte que la presentación de demanda con apoyo en esa documentación constituye la puesta en escena suficientemente engañosa para suscitar el error del Tribunal civil al que iba dirigida ( STS. 603/2008 de 10.10 ).
2) En cuanto al delito de falsedad documental, la STS. 37/2013 de 30.1 recordó que como es sabido el CP. 1995 despenalizó para los particulares una especifica modalidad o falsedad ideológica cual es la del nº 4 "faltar a la verdad en la narración de los hechos", pero ello no quiere decir que resulta atípica cualquier modalidad de falsedad cometida por particulares que puede ser calificada como de naturaleza ideológica, calificación esta que según se constata en la jurisprudencia ( STS. 26.9.2002 ), debe manejarse con la máxima precaución, pues carece de concreción en nuestro derecho positivo, constituyendo una construcción doctrinal cuyos contornos no están bien delimitados ni tienen el mismo alcance según que el sector doctrina que la utiliza sea uno u otro.
En este sentido la muy reciente STS. 211/2014 de 18.3 recuerda que: El Código Penal vigente excluyó de las falsedades punibles las cometidas por particulares en documentos públicos, oficiales o mercantiles, cuando se ejecutaban faltando a la verdad en la narración de los hechos.
Supuesto que seria el analizado dado que la sentencia recurrida considera que la factura pro forma de 23.1.2006, con el anagrama de la sociedad que administraba el querellado Sr. Melchor , firmada por éste y dirigida al querellante, por la obra llevada a cabo en la CALLE000 , en la que se contienen diversos conceptos -ventana, derribo, tabiqueria, etc...-. Su precio y al fina una entrega a cuenta de 20.000 E, que se descuentan, totalizando la factura 67.286,24 E, no responde a la realidad pues el Sr. Andrés no hizo ningún encargo al Sr. Melchor , ni le abonó cantidad alguna, y su única finalidad era su aportación defraudatoria al proceso civil que inició el Sr. Melchor .
Y en lo atinente al elemento subjetivo, hemos dicho en STS 1015(2009 de 28-10, que el delito de falsedad documental requiere la voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que requiere trastocar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no es, y a la vez atacando la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, se logren o no los fines perseguidos ( STS349/2003 de 3.3 ). Intención maliciosa que ha de quedar acreditada y probada, rechazándose la imputación falsaria cuando esa supuesta falsedad no guarda entidad suficiente para perturbar el tráfico jurídico, ni idoneidad para alterar la legitimidad y veracidad del documento. Lo importante es que aquella mutatio veritatis recaiga sobre extremos esenciales y no inanes, inocuos o intranscendentes.
El dolo falsario -hemos dicho en STS. 900/2006 de 22.9 -, que no es sino el dolo del tipo del delito de falsedad documental, que se da cuando el autor tiene conocimiento de los elementos del tipo objetivo, esto es, que el documento que se suscribe contiene la constatación de hechos no verdaderos. El aspecto subjetivo viene constituido por la conciencia y voluntad de alterar la verdad, siendo irrelevante que el daño se llegue o causarse o no. Así lo proclama la S. 12.6.97, según la cual, la voluntad de alteración se manifiesta en el dolo falsario, se logren o no los fines perseguidos en cada caso concreto, implicando una clara mentalidad - conciencia y voluntad- de trastocar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no es ( STS. 26.9.2002 ).
El dolo falsario requiere el conocimiento en el agente que altera conscientemente la verdad por medio de una mutación o suposición documental y ataca también la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, como reflejo verdadero de lo que contienen, expresan o prueban ( STS. 1235/2004 de 25.10 ).
En el caso presente difícilmente puede ponerse en duda la existencia de este elemento subjetivo en quien como el recurrente requirió a personas empleadas en su empresa la elaboración de esa factura relativa a la ejecución de unas obras que no le habría encargado el Sr. Andrés , ni tampoco abonado cantidad alguna.
El motivo primero por el cauce previsto en el art. 5.4 LOPJ , por haberse infringido el principio de presunción inocencia, art. 24 CE , al no haber quedado en absoluto la comisión del delito de falso testimonio por insuficiencia de la prueba de cargo que pueda considerarse incluida dentro del concepto "mínima actividad probatoria de cargo".
Considera el motivo que la afirmación del Sr. Vidal de que él simplemente fue contratado para decorar, aconsejar, optimizar el espacio y dirigir las obras de reforma del piso que el querellante acababa de comprar y que un tercero iba a ejecutar, no ha sido contradicha por ninguna prueba de cargo capaz de evidenciar que "estuviera faltando a la verdad de forma consciente" pues este recurrente no es constructor y nunca lo ha sido por lo que en estas circunstancias difícilmente podía haberse comprometido a acometer las obras de reforma; el querellante Sr. Andrés y el constructor Melchor tuvieron una relación directa, sin intervención del Sr. Vidal , todas las facturas de compra de materiales para la reforma fueron emitidas por diferentes proveedores a nombre de la empresa del Sr. Melchor , las facturas emitidas a nombre de la empresa constructora propiedad de éste, Bece Inst SL, acreditan que la intención de las partes fue que el querellante Sr. Andrés contrataba la ejecución de los trabajos de reforma con dicha constructora y con el Sr. Vidal la decoración, asesoramiento técnico y duración de las obras.
Retomando la doctrina jurisprudencial ya expuesta en el motivo cuarto del anterior recurrente el ámbito de conocimiento de esta Sala casacional cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia queda delimitado por estos tres aspectos:
la constatación de la racionalidad de las deducciones y conclusiones alcanzadas por la Sala sentenciadora, lo que es de mayor importancia en los supuestos de prueba indiciaria. Por ello el límite de control casacional en materia de presunción de inocencia está precisamente en el intento de nueva valoración de la prueba, lo que pertenece en exclusiva al tribunal sentenciador.
Por ello no cabe confundir la presunción de inocencia con la disconformidad del recurrente con la valoración de la prueba efectuada por la Sala: " cuando en la instancia judicial se produce una actividad probatoria y el resultado de tal actividad es apreciado por órgano judicial en uso de su libertad de apreciación, como expresivo de la culpabilidad del antes presuntamente inocente, no puede entenderse vulnerado tal derecho, pues la presunción que solo lo es con el carácter de iuris tantum, queda destruida por la prueba apreciada libremente por el Juzgador......".
En definitiva el control que compete al Tribunal Supremo respecto de la verificación de la prueba de cargo suficiente para acreditar la efectiva concurrencia de todos y cada uno de los elementos del delito de que se trate no consiste en cuestionar "la específica función judicial de calificación y subsunción de los hechos probados en las normas jurídicas aplicables, sino en verificar que la actividad probatoria se ha practicado con las garantías necesarias para la adecuada valoración ", en comprobar " que el órgano de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada "; y en " supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante ". De modo que solo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado ( SSTC. 8/2006 de 16.1 , 92/2006 de 27.3 ).
En el caso presente la sentencia de instancia llega a la convicción de que este acusado Vidal faltó conscientemente a la verdad en el acto del juicio del procedimiento ordinario civil instado por el coacusado Melchor contra el hoy querellante Vidal al declarar que "el Sr. Andrés sólo le encargó -y acordaron- la decoración y dirección de las obras, no en ejecución, trabajos por los que recibió los 45.000 E antes citados, negando incluso que hubiese contratado las obras de ejecución de reforma del piso con Andrés " (fundamento jurídico tercero) y para llegar a tal convicción se remite a las pruebas tenidas en cuenta en relación con el anterior acusado, que como de forma detallada resalta el querellante en escrito de impugnación del recurso, son:
- La sentencia de 10 de enero de 2007 dictada por el Juzgado de 1e. instancia núm. 11 de Zaragoza (F 199) desestimatoria de !a demanda en cuyo fundamento de derecho tercero concluye que el actor carece de acción para dirigirse contra el demandado porque la relación contractual que subyace en el procedimiento, arrendamiento de obras, b fue entre el demandado y el Sr. Vidal y a éste le entregó el dinero adecuado y conveniente para la naturaleza del contrato suscrito siendo total ! y absolutamente increíble que el importe entregado al mismo, 45.000.' euros, haya sido en pago de unos honorarios por su labor de decorador; mes bien lo contrario el contrato fue entre el demandado y el citado Sr. Vidal y et objeto del mismo fue la reforma do la vivienda adquirida por el demandado , comprometiéndose éste último a realizar las mismas y entre estas obligaciones, si así lo consideró oportuno, efectuar subcontratas que debe él abonar con las cantidades que le fuesen entregadas por la propiedad, en modo alguno duplicar gastos de manera injustificado e injustificable. Por dio la actora carece de acción directa contra el dueño de la obra, que ya pagó al contratista.....".
- La Sentencia de 12 de julio de 2007 (f. 204), dictada por la Audiencia Provincia en orado de apelación , que acepta los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de la sentencia apelada y ratifica que" la prueba practicada demuestra que no hubo pacto alguno entre " Bece Inst SL" y D. Andrés ,.,, Pero, mes aún carece de explicación lógica que el decorador o interiorista cobre 42.000.- euros ( sic) únicamente por la explicación de la obra y el proyecto . , limitándose a poner en contacto al dueño y ala constructora....'
- Las declaraciones testificales de la testigo Da. Daniela ( empleada de" BECE INST, SL. quien afirma que la obra de CALLE000 la ejecutó el Sr. Melchor por cuenta de Vidal y de los testigos D. Luis Pablo y D. Narciso (d irector y subdirector de la oficina bancaria donde el Sr. Andrés entregaba al Sr. Vidal el dinero que previamente había extraído de su cuenta) que declaran conocer que Andrés contrató la obra de reforma de su vivienda con Vidal y que, al no tener éste albañiles, la subcontrató a su vez con el Sr. Melchor .
- Los recibos por entrega de cantidades extendidos de puño y letra por Vidal (folios 36 a 41) en los que se reconoce recibir la cantidad correspondiente "...en concepto de adelanto para la obra de su piso en CALLE000 NUM000 , NUM001 . NUM002 . Do Zaragoza"; "... en concepto adelanto obra en CALLE000 NUM000 , NUM001 NUM002 .";"... en concepto de reforma de su piso de CALLE000 NUM000 , NUM001 . NUM002 "; " en concepto de adelanto de la obra realizada en CALLE000 NUM000 NUM001 . NUM002 "; " en concepto de señal o adelanto por la obra realizada en el piso de CALLE000 NUM000 NUM001 de Zaragoza" y, por último, "en concepto de adelanto de la obra de CALLE000 ".
- El informe pericial sobre la obra de reforma realizada en la vivienda (f. 145) que valora la obra ejecutada en fa cantidad de 27.252,53.- euros.
- La reproducción en el plenario de la declaración testifical prestada por Vidal en el acto del juicio del procedimiento civil celebrado el 22 de diciembre de 2006 en la que declara bajo juramento que D. Andrés le encargó la decoración y diseño del piso, lo que consistía en hacerle planos y asesorarle como decorador, que su trabajo no incluía el importe de ejecución de las obras, negando que hubiera contratado la obra de reforma de la vivienda y que por aconsejar al Sr. Andrés cobró 33.000.- euros en sucesivas entregas por las que extendió recibo mas otros 12,000.- euros en abril de 2006.
Consecuentemente la Sala ha valorado prueba lícitamente obtenida y practicada en el juicio oral, sin que sus conclusiones resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitivamente, arbitrarias, no apreciándose, por ello, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, sin que las alegaciones del recurrente puedan merecer favorable acogida. Así que el Sr. Vidal no fuera constructor, no imposibilita que contratase con el querellante la ejecución de las obras pues tal como destaca la sentencia en su fundamento de derecho primero, aquel subcontrató al constructor Melchor la efectiva realización de la obra; que este último aportase en el pleito civil diversas facturas por trabajos que se dice realizados en la vivienda del querellante, no acredita que tales trabajos se ejecutaran por encargo directo de este, que la factura emitida por la sociedad Bece Inst SL, del Sr. Melchor a cargo del Sr. Andrés acredite la relación directa entre ambos para la ejecución de las obras de reforma y con el recurrente solo la decoración, asesoramiento técnico y duración de las obras, deviene inaceptable, por cuanto la sentencia considera falsa aquella factura y en cuanto a los trabajos realizados por el Sr. Vidal considera inverosímil la pretensión de justificar 45.000 E, por su trabajo de decorador carecen de entidad.
El motivo segundo por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim , por aplicación indebida del art. 458.1 CP . al no darse los elementos objetivos y subjetivos que exige dicho precepto.
Como hemos dicho en STS. 318/2006 de 6.3 , el delito de falso testimonio definido en el art. 458 del Código penal , se comete cuando una persona llamada a prestarlo en causa judicial se aparta sustancialmente de la verdad tal como ésta se le representa, es decir, miente en lo que sabe y se le pregunta. Decir la verdad es un deber moral sin cuyo cumplimiento la vida social, basada en la confianza mutua, se hace harto difícil. No siempre, sin embargo, la mentira -acto inmoral- recibe una respuesta punitiva porque en una sociedad plural y libre sólo un reducido núcleo de la moral debe estar respaldado por la coacción penal, siendo éste seguramente uno de los más certeros indicadores del grado de libertad garantizado en cada grupo social a sus miembros. La reacción penal frente a la mentira sólo es admisible -y obligada- cuando ésta lesiona concretos bienes jurídicos, individuales o colectivos, cuya salvaguarda es indispensable para una sana y pacífica convivencia. Así, por ejemplo, faltar a la verdad en la declaración que se presta como testigo en un procedimiento judicial es delito porque el testimonio es uno de los medios de prueba sobre los que se puede basar la convicción del juzgador sobre los hechos que han de constituir la premisa menor del silogismo judicial. Existe, pues, la posibilidad de que un testimonio falso, si induce a error al juez o tribunal ante el que se presta y es valorado como verdadero, provoque una resolución injusta, esto es, un pronunciamiento en que no se realice el valor superior de la justicia y se lesione un interés que debe ser protegido por el poder judicial. Esta es la razón fundamental por la que, en una sociedad democrática, el falso testimonio es tipificado como delito en la Ley penal. De acuerdo con esta «ratio», el CP 1995 ha prescindido de la casuística tipología que presidía la regulación del falso testimonio en los textos anteriores y distingue únicamente, en su art. 458, dos tipos delictivos según la importancia de los bienes jurídicos que pueden ser vulnerados como consecuencia de una alteración sustancial de la verdad en la declaración prestada por un testigo en causa judicial: el falso testimonio dado en contra del reo en causa criminal por delito -castigado con pena más severa en consideración a las privaciones o restricciones de derechos, incluso fundamentales, que podrían eventualmente derivarse de una condena provocada por la declaración falaz- y cualquier otro falso testimonio dado en causa judicial, que constituye el tipo básico. El tipo agravado, a su vez, figura en el apartado 2 del citado artículo acompañado de un subtipo aún más grave definido por la concurrencia de una condición objetiva de punibilidad: la de que, como consecuencia del testimonio, hubiera recaído sentencia condenatoria (véase la STS 1624/2002, de 21 de octubre ).
Para la persecución de este delito, no se exige autorización del Tribunal en el que se prestó la declaración, conforme ya declaró el Tribunal Constitucional en su Sentencia 99/1985, de 30 de septiembre , pues este requisito no está previsto por el legislador. El falso testimonio ha de prestarse en causa judicial, esto es, ante cualquier procedimiento que tenga esta naturaleza; correlativamente no será posible ante órganos de naturaleza administrativa. Es un delito especial y propio, en tanto que solamente pueden cometerlo aquellos que sean testigos en causa judicial, como analizaremos más adelante, y los "extranei" pueden participar mediante un acto de inducción, pero difícilmente mediante cooperación necesaria. No requiere resultado alguno para su consumación, sin perjuicio de que el dictado de una sentencia condenatoria se prevé como una condición objetiva de punibilidad. En cuanto a la falsedad de las declaraciones, ha de recaer sobre aspectos esenciales a efectos del enjuiciamiento, y no sobre cuestiones intrascendentes, debiendo referirse a hechos y no a opiniones o simples juicios de valor. No se trata de la credibilidad mayor o menor del testigo, sino de que falte sustancialmente a la verdad; dicho de otra manera: que mienta en aquello que le es preguntado. Así, pues, el delito se integra de dos elementos: el subjetivo, constituido por el dolo integrado por la conciencia de la alteración de la verdad (imposible de cometer por imprudencia) y la voluntad de emitir la falsa declaración (lo que habrá de ser puesto en relación con la teoría del error), sin que sea preciso que se abarque la trascendencia que pueda tener en la posterior resolución judicial, a la que la declaración sirve como medio de prueba; y el objetivo, consistente en la falta a la verdad sobre extremos sustanciales o esenciales, pues junto al falso testimonio pleno, existe otra figura, calificada por la doctrina clásica como falso testimonio parcial, en la que se pena la reserva, inexactitud o reticencia en la declaración, que no obstante no sea sustancial o esencial (artículo 460), y que puede ser apreciado, sin quiebra del principio acusatorio, en cuanto se trata de un delito homogéneo con el previsto en el art. 458, por cuanto los elementos típicos de aquél están incluidos en éste, y de menor gravedad punitiva.
En definitiva el elemento básico de la acción delictiva recogida en el art. 488.1 consiste en faltar maliciosamente a la verdad en el testimonio prestado en causa judicial, de tal forma que la falsedad debe resultar evidente o puesta de manifiesto por el resto de las pruebas practicadas.
Pero junto con este elemento objetivo, resulta precisa la concurrencia de un elemento subjetivo, el dolo, puesto que este delito, según el actual Código Penal, es eminentemente intencional, excluyéndose la modalidad imprudente.
El dolo en este tipo de delitos se plasma en la prestación intencionada de una declaración falsaria. El tipo delictivo descrito tiene un dolo inherente que no exige más que abarcar la lesión jurídica que pueda producir consciente y voluntariamente, para que el dolo característico de este delito alcance realidad, sin que sea necesaria la intención adicional de provocar un determinado perjuicio en la Administración de Justicia.
La sentencia de esta Sala 265/2005 de 1.3 , con cita de la 5.5.95 confirma esta tesis, sin exigir que el autor de estos hechos obre con una especial animosidad o intencionalidad de perjudicar a alguna de las partes en litigio. El delito de falso testimonio consiste en la consciente y deliberada falsedad o mentira de la declaración del testigo... se requiere, por tanto, no solo la objetiva falta de verdad en la declaración... sino además, el dolo directo, consistente en conocer la falsedad y querer así expresarla.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto se ha de añadir que la incriminación de los delitos de falso testimonio exige inexcusablemente para su apreciación contar con la verdad judicialmente declarada en la sentencia conclusión del procedimiento en el que dichas declaraciones se han evacuado. La razón es sencilla, el falso testimonio se acredita mediante el juicio de contrate de lo declarado por el testigo con la verdad judicial expresada en la sentencia. Solamente si se produce una contradicción efectiva puede estimarse que adquiere relevancia jurídico penal la declaración testifical, pues el bien jurídico protegido, que indudablemente es la efectividad del sistema de justicia, únicamente se ve afectado en aquellos casos en que la declaración del testigo ha tratado de hurtar al Juez o Tribunal sentenciador el conocimiento de la verdad material de los hechos, y en el ámbito forense la verdad material de los hechos es la que queda reflejada en el resultado de la prueba reseñado en sentencia.
En efecto hay que precisar la índole de la relación entre el proceso principal y el proceso por el falso testimonio. Es innegable que en el ámbito del procedimiento se distingue entre una verdad material, referida a la realidad, y, en una dimensión estrictamente procesal, una verdad judicial. Estas distensiones referidas a los fines del proceso tienen aplicación en el campo del falso testimonio y un ejemplo de la utilización de la verdad judicial como termino de caracterización de lo falso, puede verse en el fundamento jurídico 5º de la STS. Sala 5ª de 22.9.1989 , al decir que a efectos jurídico-penales solo cabe repuntar falso testimonio en virtud de la contradicción entre aquel y los hechos que, en la resolución final se han acogido como probados, es decir, como verdaderos.
Por lo expuesto debemos significar que, si bien es cierto que el fundamento de la decisión debe buscarse en las pruebas practicadas en el propio juicio, no lo es menos, dada la peculiaridad de este delito y la acción típica que se describe en el precepto penal, que ello en principio no autoriza a revisar las conclusiones sentadas en el anterior proceso que, como la jurisprudencia recuerda, ha de imponer el término valido de comparación con la declaración del testigo, para apreciar si es o no falsa. Así en la sentencia antes citada se expresa que, para reprochar penalmente la falsedad del testimonio y estimar realizado este elemento esencial del tipo delictivo, es necesario contar con el dato preciso de una verdad procesalmente establecida.
En el caso presente la sentencia de instancia considera probado que "el día 22 de diciembre de 2006 se celebró la correspondiente Vista del citado procedimiento civil en el juzgado de 1ª Instancia 11 de Zaragoza, al cual compareció como testigo el Sr. Vidal , quien manifestó que el Sr. Andrés solo le encargó -y acordaron- la decoración y dirección de las obras, no en ejecución, trabajos por los que recibió los 45.000 euros antes citados, negando incluso que hubiera contratado las obras de ejecución de reforma del piso con Andrés faltando con dichas declaraciones a la verdad deforma consciente".
Siendo así la comisión del delito de falso testimonio del art. 458 CP , debe ser mantenida. Así en relación al elemento objetivo la sentencia recurrida, fundamento derecho 3º, considera que la declaración prestada por el recurrente en la vista del procedimiento civil, manteniendo que los 45.000 E que le había abonado Andrés era por su labor de asesoramiento como decorador y no por haber contratado con él la ejecución material de las obras de reforma no respondía a la verdad y era falsa, destacando la "contradicción esencial existente entre lo declarado por el testigo y la verdad formalizada y judicialmente declarada en el pleito civil donde se cometió el delito" y a "la verdad material probada en esta causa penal".
El recurrente cuestiona la concurrencia del elemento subjetivo por cuanto su declaración de que no había contratado con el querellante la ejecución de los trabajos de reforma de la casa que este último acababa de adquirir, esta era la verdad tal y como a él se le representaba y esta era su convicción por lo que no estaba faltando a la verdad deforma maliciosa y no tenia conciencia indubitada de estar palmaria y deliberadamente faltando a la verdad.
Afirmación del recurrente contradicha por el resto de las pruebas, en particular las consideraciones contenidas en las sentencias civiles sobre la inverosimilitud de un pago de 45.000 Euros al Sr. Vidal por su labor de decorador.-mención que no consta en los recibos expedidos por el mismo- y por las testificales y pericial antes analizadas, que llevan a la sentencia recurrida a la convicción de que este acusado sea consciente de la mendacidad de su declaración cuando declaró que aquella cantidad cobrada, que excedía de forma sensible la valoración pericial de las obras realizadas 27.252,53 E, lo que por su trabajo de decorador y no como precio de contrato de ejecución de obras de reforma que de forma verbal, concretó con el querellante.
El motivo tercero por infracción de Ley, error en la apreciación de la prueba, al amparo del art. 849.2 LECrim .
El motivo incide en que no hay prueba de cargo bastante para condenar al Sr. Vidal y la escasa prueba no ha sido valorada adecuadamente. Impugnación ajena al cauce casacional del art. 849.2 LECrim , y que ha sido ya analizada en los motivos precedentes.
El motivo cuarto por quebrantamiento de forma, art. 851.1 LECrim , por predeterminación del fallo, por la utilización en los hechos probados de expresiones como "faltar a la verdad de forma consciente" que condicionan el resultado final de la inducción lógica que tiene que presidir una resolución.
Dando por reproducida la doctrina jurisprudencial expuesta en el ordinal tercero del recurso interpuesto por el anterior recurrente, el motivo debe ser desestimado por cuanto es claro que la fundamentación jurídica y el fallo de cualquier sentencia deben referirse a los hechos que se han declarado probados. En este sentido, todo relato fáctico predetermina el fallo. Pero no esa la predeterminación prohibida por la Ley de 4.3.2014, como ha señalado la jurisprudencia la predeterminación del fallo es aquella que se produce exclusivamente por conceptos jurídicos que definen y dan nombre a la esencia del tipo penal aplicado, sustituyendo la necesaria narración fáctica por una afirmación jurídica que califica lo ocurrido.
En el caso presente la frase designada por el recurrente es de uso vulgar y entendimiento sencillo y no predetermina el fallo en el sentido prohibido por la Ley, no siendo ocioso señalar que igualmente es frecuente como recuerdan las SSTS. 253/2007 de 26.3 , 702/2006 de 3.7 y 1328/2001 de 5.7 , que se alegue en casación este vicio procesal cuando en los hechos probados se afirma la existencia de un determinado propósito o intención de la conducta del acusado, de modo que con tal afirmación se hace posible la incardinación de lo ocurrido en una determinada norma penal que exige el dolo como elemento constitutivo de todo tipo penal doloso o un determinado elemento subjetivo del injusto (por ejemplo, cuando se habla de que se obró con propósito de causar la muerte o con ánimo de lucro). Se dice que estas afirmaciones han de hacerse en los fundamentos de derecho tras exponer las razones por las cuales se entiende que existió esa concreta intención o propósito.
Desestimándose ambos recursos, se les condena en costas, art. 901 LECrim .
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación, interpuestos por Melchor y Vidal , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Tercera, que condenó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito de estafa y delito de falso testimonio respectivamente; y condenamos a los recurrentes al pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos.
STSJ Murcia , 7 de Noviembre de 2005
SAP Valencia 353/2012, 15 de Octubre de 2012
AAP Santa Cruz de Tenerife 168/2009, 2 de Junio de 2009

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