Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/782187809
Timestamp: 2020-07-15 10:50:19+00:00

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Sentencia de Tutela nº 155/19 de Corte Constitucional, 4 de Abril de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 782187809
Ponente: DIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA SVLUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ AVALEJANDRO LINARES CANTILLO
LIBERTAD DE EXPRESION FRENTE A DERECHOS AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA EN REDES SOCIALES. En el presente caso, se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales a una publicación realizada por la accionada en la red social Facebook, en la cual indica que el accionante, quien es servidor público, pertenece a un cartel de la corrupción al interior del Hospital Universitario de Santander y acompaña con fotografías y nombres de otros directivos de la entidad. Solicita que se protejan sus derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad y que se ordene a la accionada eliminar la referida publicación y presentar en la red, las disculpas por la afectación causada. La Sala analiza la jurisprudencia constitucional sobre los derechos invocados; aborda aspectos relacionados con el derecho a la libertad de expresión y libertad de expresión en internet, e indica algunos parámetros constitucionales para establecer el grado de protección que debe recibir la libertad de expresión, cuando entra en conflicto con derechos de terceras personas. La Corte concluye que no se vulneran los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad de un servidor público, cuando un ciudadano en ejercicio de su libertad de expresión y de su derecho a ejercer control al poder político, lo cuestiona y relaciona con la comisión de actuaciones contrarias a la ley, si sus afirmaciones representan una opinión y no una supuesta información. Se NIEGA el amparo invocadoRecibo Relatoria:
Acción de tutela instaurada por S.F.G. contra J.J.C. León
en el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados por los correspondientes jueces de instancia, que resolvieron la acción de tutela interpuesta por S.F.G. contra J.J.C.L..
La acción de tutela objeto de pronunciamiento fue fallada, en primera instancia, por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de B.; y, en segunda instancia, por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de B., seleccionada para revisión y repartida a esta S. . A continuación se exponen los hechos relevantes y las decisiones de instancia.
S.F.G. interpuso acción de tutela en contra de J.J.C.L. por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, toda vez que la señora C. compartió en su cuenta de F. una publicación en la que se indicaba que el accionante pertenecía a un cartel de la corrupción al interior del Hospital Universitario de Santander.
1.2. El 5 de febrero de 2018 la señora J.J.C.L. compartió en su cuenta de F. una publicación en la que aparece la foto y el nombre del accionante, junto con el de otros directivos del Hospital Universitario de Santander, la cual tiene el siguiente encabezado: “EL CARTEL DE LA CORRUPCIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (HUS) // POR LA DIGNIDAD DE LA SALUD RENUNCIEN YA…”. Así mismo, después de exponer las fotos y los nombres de los mencionados funcionarios, la publicación señala: “VERGÜENZA NACIONAL // TU Y YO SOMOS VICTIMAS DE LA CORRUPCIÓN PASALO A 10 CONTACTOS Y DEMOS A CONOCER A ESTOS CORRUPTOS // BASTA YA DE PERSECUCIÓN ACOSO LABORAL DESPILFARRO DEL DINERO DE LA SALUD”.
1.3. El 8 de febrero de 2018 el señor S.F.G. interpuso acción de tutela para que se protegieran sus derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad. Señaló que “durante los 34 años de servicios como funcionario público (…) nunca he sido declarado responsable de la comisión de conductas penales, disciplinarias o fiscales contra el erario público”, razón por la cual la publicación hecha por la señora C.L. afecta sus derechos fundamentales, pues ha tenido que justificar su conducta ante diferentes personas allegadas que lo interrogan por los motivos de las acusaciones. En consecuencia solicitó se ordenara a la accionada eliminar la referida publicación y, en su lugar, presentar en su perfil de F. las correspondientes disculpas por la afectación causada a sus derechos .
2.1. J.J.C.L. señaló que, si bien es cierto compartió en su cuenta de F. la publicación referida, no fue quien la creó, y en todo caso, el 9 de febrero había procedido a eliminarla del perfil de su cuenta de la mencionada red social, pues había entendido que esta no era la mejor manera para luchar contra la corrupción. Indicó que es trabajadora del Hospital Universitario de Santander y lo que la motivó a compartir la publicación que denuncia un cartel de la corrupción en esta entidad fue “el sentimiento de impotencia que tengo al igual que el gran número de personas que nos hemos visto afectadas por las malas decisiones tomadas por estos funcionarios de la institución de salud (…) únicamente me encuentro indignada por todas los errores (SIC) que observo día a día en nuestro Hospital y nada ocurre para remediarse; y al ver la imagen me nació ese sentimiento de irritación como a todos los que prestamos nuestros servicios en la entidad”. Finalmente, precisó que la publicación había circulado en las redes sociales mucho antes de que ella la compartiera en su cuenta de F. y ha sido replicada por muchas otras personas. Por lo tanto, solicita se denieguen las pretensiones de la acción de tutela .
El 20 de febrero de 2018, el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de B. profirió sentencia de primera instancia en la que amparó los derechos fundamentales de S.F.G. y ordenó a la accionada realizar una nueva publicación en la misma red social, retractándose de las imputaciones hechas al accionante, con la indicación completa de su nombre y empleo público, manteniéndola publicada por un término mínimo de cinco días, siendo además visible para los mismos usuarios de las red social para los que fue visible la publicación inicial.
Adujo que la señora J.J.C.L. le imputó al actor un conducta susceptible de sanción penal carente de veracidad, “pues la publicación no se acompañó de los respectivos fallos de responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal ni se hizo alusión a la fuente a través de la cual podrían ser consultados para verificar la imputación que ella difundió a través de su red social F.. En cambio, el accionante si acreditó con las certificaciones de los folios 6 a 8 la ausencia de antecedentes de tipo penal, disciplinario y fiscal en contra de él. SI bien la accionada no fue la creadora de la imagen ni la primera en publicarla, como sostuvo en la contestación, si se encargó de difundir su publicación, lo que en criterio de este despacho si constituye una violación de los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad” .
La accionada impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. A los argumentos expuestos en la contestación de la tutela, agregó que el accionante no había demostrado con ninguna prueba los supuestos perjuicios causados con la publicación por ella compartida. Además, señaló que el señor F.G. había pegado en varios lugares del Hospital Universitario de Santander copias de la decisión de primera instancia, vulnerando su derecho a la honra, pues solamente buscaba burlarse de ella ante sus compañeros de trabajo.
El 3 de abril de 2018 el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de B. confirmó la sentencia de primera instancia. El juez de segunda instancia hizo referencia a algunas decisiones de la Corte Constitucional en las que se estudiaron casos en los que se alegaba la vulneración al buen nombre por comentarios realizados en redes sociales, y concluyó que en el presente caso la publicación realizada por la accionada contenía información que vulneraba el buen nombre, la honra y la dignidad de las personas señaladas, entre ellos el accionante.
Esta Corte es competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en virtud del Auto del veinticinco (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017), proferido por la S. de Selección Número Ocho, que escogió el expediente para revisión.
Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela promovida por S.F.G.
2.1. Antes de examinar el fondo del asunto objeto de estudio, es preciso que esta S. analice la procedencia de la acción de tutela interpuesta por S.F.G. contra J.J.C.L..
2.2. La tutela puede ser interpuesta por S.F.G. contra J.J.C.L.
2.2.1. S.F.G. puede interponer la acción de tutela objeto de análisis (legitimación por activa), por cuanto es un ciudadano, actuando en nombre propio, que alega la vulneración de sus derechos fundamentales . Así mismo, la acción de tutela resulta procedente contra J.J.C.L. (legitimación por pasiva), dado que la accionante se encuentra en una situación de indefensión respecto de la accionada, tal como se explicará a continuación.
2.2.2. En relación con el estado de indefensión, este Tribunal ha precisado que esta situación se configura cuando la persona afectada en sus derechos por la acción u omisión del particular carece de medios físicos o jurídicos de defensa, o los medios y elementos con que cuenta resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental, razón por la cual se encuentra inerme o desamparada. Así pues, ha indicado que “el estado de indefensión es un concepto de naturaleza fáctica que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos”.
De acuerdo con lo anterior, en cada caso concreto el juez de tutela debe determinar, de conformidad con los hechos y circunstancias particulares, si una persona se encuentra frente a una situación de indefensión, con el fin de establecer la procedencia de la acción de tutela contra un particular. Ahora bien, de manera específica la jurisprudencia constitucional ha señalado que en los casos en los que se divulga o publica información u opiniones a través de medios de comunicación de alto impacto social, que trascienden la esfera privada, como es el caso de internet y las redes sociales, y sobre las cuales el demandante o afectado no tiene control, se genera, en principio, una situación de inferioridad que se enmarca en la hipótesis de un estado de indefensión. No obstante, en todo caso debe valorarse la situación específica que se presenta, esto es, el grado de sujeción del accionante y la incidencia de dicha indefensión en los derechos fundamentales que se alegan vulnerados.
2.2.3. En el asunto que se estudia encuentra esta S. que, si bien el accionante no se encontraba en un grado de sujeción fuerte respecto de la accionada, carecía de medios físicos o jurídicos idóneos para repeler el ataque a sus derechos al buen nombre y a la intimidad. En efecto, la publicación contra la que se dirige la tutela contiene el nombre y la foto del accionante, y en esta se lo señala de pertenecer a un cartel de la corrupción, situación que tiene una incidencia directa y acentuada sobre sus derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad, pues lo relaciona con la comisión de posibles conductas punibles. Además, aunque los contenidos publicados en F. pueden reportarse ante esta misma plataforma por infringir las normas comunitarias de dicha red social, no es claro que la publicación compartida por la accionada transgrediera tales reglas, pues no se trata de un mensaje que incite al odio o a la violencia o que se enmarque en alguna de las categorías de contenidos que la propia red social califica como inaceptables. Por ende, en este caso se configura una situación fáctica de indefensión debido a que el accionante no tenía como controlar la circulación de la publicación en la que aparecía su foto y su nombre relacionado con una red de corrupción en una entidad pública. Además, el señor F.G. se encuentra imposibilitado para contrarrestar de forma actual y oportuna la posible vulneración de sus derechos, derivada de la referida publicación. Por lo anterior, la tutela procede en este caso en contra de un particular, dado que el demandante se encuentra en un estado de indefensión respecto de la demandada.
2.3.1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno desde el momento en que ocurrió la acción u omisión que origina la violación o amenaza de los derechos fundamentales que se alega, pues de otra forma se desvirtuaría el propósito mismo de esta acción, esto es, el de proporcionar una protección urgente o inmediata a los derechos fundamentales cuando estén siendo vulnerados o amenazados. En el presente caso se advierte que la acción de tutela fue interpuesta el 8 de febrero de 2018, esto es, tres días después de que la accionada compartiera en su cuenta de F. la publicación que el demandante considera violatoria de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, esta S. considera que la presente acción de tutela se presentó en un término razonable y oportuno.
2.4.1. En casos similares la jurisprudencia constitucional ha señalado que, “en razón a la afectación a los derechos a la honra y al buen nombre que se puede causar con las publicaciones de información en medios masivos de comunicación, la acción de tutela resulta o, al menos, puede resultar, en razón de su celeridad, en el mecanismo idóneo para contener su posible afectación actual y, en principio, irreparable” , dado que en situaciones como la que se estudia, es imperiosa una intervención judicial actual e inmediata que impida que la posible vulneración a los derechos se siga prologando en el tiempo de manera indefinida como consecuencia de la publicación realizada por la accionada en F..
2.4.2. Así entonces, la acción de tutela es medio judicial efectivo que provee el ordenamiento jurídico colombiano para desatar controversias en las que presuntamente existe una vulneración del derecho al buen nombre o a la honra. Debe tenerse en cuenta que el accionante no busca establecer una responsabilidad civil o penal, sino específicamente, el restablecimiento de sus derechos a la honra y al buen nombre. En efecto, sólo la protección que brinda la Constitución Política a los mencionados derechos es completa puesto que no se limita al establecimiento de responsabilidades, sino que permite además evitar una vulneración de derechos o restaurarlos si es del caso. Por lo tanto el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, y esta S. continuará con el estudio del caso.
3.1. En el caso bajo estudio el accionante señala que la señora J.J.C.L. realizó afirmaciones en su cuenta de F. que afectan sus derechos fundamentales. Por lo tanto, esta S. deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Se vulneran los derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad de un servidor público cuando un particular comparte en sus redes sociales una publicación en la que se hacen afirmaciones en su contra y se insinúa la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones junto a otros funcionarios, teniendo en cuenta que los hechos que dan lugar a la publicación han sido denunciados ante las autoridades competentes y son de conocimiento público pero el accionante no ha sido condenado ni acusado de cometer tal delito?
“(…) constituyen aspectos de la órbita privada, los asuntos circunscritos a las relaciones familiares de la persona, sus costumbres y prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los espacios limitados y legales para la utilización de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general todo "comportamiento del sujeto que no es conocido por los extraños y que de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación" que éstos tienen de aquel”.
4.2. Así entonces, a partir de los diversos aspectos que abarca el derecho a la intimidad, la Corte ha considerado que este derecho se presenta en distintos grados, a saber: (i) personal, (ii) familiar, (iii) social y (iv) gremial . Por tanto, puede afirmarse que el derecho a la intimidad está instituido para garantizar a las personas una esfera de privacidad en su vida personal, familiar, social y gremial, lo que implica una abstención por parte del Estado o de terceros de intervenir injustificada o arbitrariamente en dicho ámbito.
4.3. Lo anterior comprende de manera particular la protección de la persona frente a la divulgación no autorizada de los asuntos relacionados a ese ámbito de privacidad . Este último aspecto ha sido considerado por la Corte como parte del principio de libertad que fundamenta el derecho en mención. En efecto, se ha señalado que el derecho a la intimidad está sustentado en cinco principios que aseguran la inmunidad del individuo frente a la innecesaria injerencia de los demás:
(i)	El principio de libertad, de acuerdo con el cual el registro o divulgación de los datos personales de una persona requiere de su consentimiento libre, previo, expreso o tácito o que el ordenamiento jurídico imponga una obligación de relevar dicha información con el fin de cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo.
(ii)	El principio de finalidad, el cual exige que la recopilación y divulgación de datos de una persona atienda a una finalidad constitucionalmente legítima.
(iii)	El principio de necesidad, de acuerdo con el cual la información personal que deba divulgarse debe tener una relación de conexidad con la finalidad pretendida mediante su revelación.
(iv)	El principio de veracidad, el cual exige que los datos personales que puedan divulgarse correspondan a situaciones reales.
(v)	El principio de integridad, que exige que la información que se divulga se presente de manera completa .
4.4. La Corte ha establecido entonces que el derecho a la intimidad constituye un área restringida que “solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley” .
“el derecho al buen nombre tiene carácter personalísimo, relacionado como está con la valía que los miembros de una sociedad tengan sobre alguien, siendo la reputación o fama de la persona el componente que activa la protección del derecho. Se relaciona con la existencia de un mérito, una buena imagen, un reconocimiento social o una conducta irreprochable, que aquilatan el buen nombre a proteger, derecho que es vulnerado cuando se difunde información falsa o inexacta, o que se tiene derecho a mantener en reserva, con la intención de causar desdoro contra el prestigio público de una persona”.
4.6. Así entonces, el derecho al buen nombre protege a las personas frente a las expresiones o informaciones ofensivas o injuriosas, falsas o tendenciosas, o que se tiene derecho a mantener en reserva, las cuales distorsionan el concepto público que se tiene del individuo, pues se considera que la reputación de una persona es uno de los elementos más valiosos de su patrimonio moral y social. Por ende, en cada caso resulta necesario establecer si las expresiones o informaciones cuestionadas corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, información u opinión.
4.7. Finalmente, en lo que tiene que ver con el derecho a la honra, debe señalarse que este se encuentra establecido en el artículo 21 de la Constitución Política, y ha sido asociado por la jurisprudencia constitucional a la valoración de comportamientos en ámbitos privados. Esta Corte ha dicho que la honra hace referencia a “la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan” , y protege el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, garantizando la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad, por lo que se deriva de la propia dignidad de la persona. En el mismo sentido, en la Sentencia T-322 de 1996 se indicó que el núcleo esencial del derecho a la honra lo integran tanto la perspectiva interna, esto es, la estimación que cada persona hace de sí misma, y la perspectiva externa, que consiste en el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada individuo. Además, precisó que para que pueda tenerse como afectado este derecho, esos dos factores deben apreciarse de manera conjunta.
5.1.1. El artículo 20 de la Constitución Política reconoce la garantía de toda persona para expresar y difundir libremente su pensamiento y opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, los cuales son libres y tienen responsabilidad social. Dicha norma proscribe la censura y garantiza además el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el contenido del citado artículo constitucional, siguiendo los fines que éste persigue, y los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre la materia, concluyendo que éste se compone por: (i) la libertad de expresión stricto sensu, la cual consiste en la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión -sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser molestado por ellas; (ii) la libertad de información, con sus componentes de libertad de búsqueda y acceso a la información, libertad de informar y la libertad y derecho de recibir información veraz e imparcial sobre sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole a través de cualquier medio de expresión; (iii) la libertad de prensa, que comprende la libertad de fundar medios masivos de comunicación y de administrarlos sin injerencias, y la libertad de funcionamiento de los mismos, con la consiguiente responsabilidad social; (iv) el derecho a la rectificación en condiciones de equidad; y (v) las prohibiciones de censura, pornografía infantil, instigación pública y directa al genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el delito.
5.1.2. La Corte Constitucional ha considerado que la libertad de expresión es un pilar del Estado Social de Derecho y un principio fundamental de los regímenes democráticos, donde se respeta la dignidad humana y se valora la participación de la ciudadanía y de todos los sectores, lo que permite consolidar sociedades pluralistas y deliberativas. En razón de lo anterior, ha señalado que la libertad de expresión es objeto de un grado reforzado de protección, el cual se fundamenta en (i) consideraciones filosóficas sobre la búsqueda de la verdad; (ii) razones derivadas del funcionamiento de las democracias; (iii) motivos atinentes a la dignidad y autorrealización individual; (iv) consideraciones sobre la preservación y aumento del patrimonio cultural y científico de la sociedad; y (v) en motivos históricos y consideraciones prácticas sobre la incapacidad estatal de intervenir apropiadamente en esta esfera. Por ende, este Tribunal ha sintetizado que la libertad de expresión cumple las siguientes funciones en una sociedad democrática: (i) permite buscar la verdad y desarrollar el conocimiento; (ii) hace posible el principio de autogobierno; (iii) promueve la autonomía personal; (iv) previene abusos de poder; y (v) es una “válvula de escape” que estimula la confrontación pacífica de las decisiones estatales o sociales que no se compartan.
5.1.3. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Al respecto ha señalado que la libertad de expresión “constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. Esto significa que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia, debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue”.
5.1.4. En cuanto a la libertad de expresión stricto senso, la jurisprudencia constitucional ha distinguido ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegido, en términos del alcance y el contenido de este derecho, a saber: (1) su titularidad es universal; (2) existen ciertos tipos específicos de expresión respecto de los cuales la presunción de amparo de la libertad de expresión es derrotada; (3) hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que otros, lo cual tiene efectos directos sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones; (4) se protegen tanto las expresiones del lenguaje convencional, como las manifestadas a través de conductas simbólicas o expresivas; (5) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa; (6) se protegen tanto las expresiones socialmente aceptadas como las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias; (7) el ejercicio de la libertad de expresión conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; y (8) se imponen obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares.
5.2.1. La jurisprudencia constitucional ha deslindado los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información, lo que repercute en la imposición de diferentes restricciones en su ejercicio. En efecto, si bien ambas libertades aluden a la posibilidad de comunicar algo que se quiere expresar, la principal diferencia entre ellas es que la libertad de expresión abarca todas las declaraciones que pretendan difundir ideas, pensamientos, opiniones, entre otros; mientras que la libertad de información se refiere únicamente a la capacidad de “enterar o dar noticias sobre un determinado suceso” . Esta caracterización dual es importante porque es lo que le ha permitido a este alto Tribunal sostener que los principios de veracidad e imparcialidad son propios de la libertad de información. Particularmente, la libertad de expresión en sentido estricto goza de una gran amplitud en sus garantías y por ende sus límites son mucho más reducidos. Al respecto ha señalado la Corte:
“Esta diferencia determina que la libertad de opinión tenga por objeto proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas. Entretanto, la libertad de información protege aquellas formas de comunicación en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido. Por tal razón, en este último caso se exige que la información transmitida sea veraz e imparcial, esto es, que las versiones sobre los hechos o acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser contemplado. Tal exigencia, está ligada a un aspecto fundamental, y es que en el caso de la libertad de información no sólo está involucrado el derecho de quien transmite, sino el de los receptores de la información, los cuales, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 20 constitucional, tienen derecho a que se proteja la veracidad e imparcialidad de la información que reciben”.
5.2.2. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que en ocasiones es difícil realizar una distinción tajante entre libertad de expresión y libertad de información, pues una opinión lleva de forma explícita o implícita un contenido informativo, de la misma manera en que una información supone algún contenido valorativo o de opinión. Lo anterior implica que si bien en principio no pueda reclamarse absoluta o total veracidad e imparcialidad sobre los juicios de valor, sí se deben hacer tales exigencias respecto a los contenidos fácticos en los que se funda esa opinión. Y de forma correlativa, es exigible también que los emisores de información permitan que los receptores puedan distinguir entre el contenido meramente informativo y la valoración u opinión sobre los mismos.
5.3.1. La protección especial que tiene la libertad de expresión en nuestro ordenamiento jurídico implica que existe una presunción constitucional en favor de esta, razón por la cual, cuando el ejercicio de la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales, se debe otorgar, en principio, una primacía a la libertad de expresión. Lo anterior no implica que la libertad de expresión sea un derecho absoluto que no admita limitaciones, pues “dicha primacía cesará cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de las circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado, y con cumplimiento de las condiciones constitucionales que admiten la limitación de esta libertad”. Por lo tanto, en estos eventos lo que procede es realizar un ejercicio de ponderación entre los derechos, valores o principios en conflicto, pero teniendo presente la presunción de prevalencia ya mencionada.
5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha considerado que la libertad de expresión debe ejercerse responsablemente, pues no puede irrespetar los derechos de los demás. En sentencia T-110 de 2015 precisó la Corte: “En consecuencia, no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra. En esa misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público” . Así entonces, ha afirmado esta Corporación que la libertad de expresión debe prevalecer en caso de conflicto con otros derechos a menos que se logre comprobar que en la información divulgada exista una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales .
5.3.3. En el mismo sentido, en su Observación General N° 34, el Comité de Derechos Humanos indicó que el derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales, razón por la cual puede restringirse para proteger el “respeto de los derechos o la reputación de otras personas o a la protección de la seguridad nacional y el orden público, o de la salud y la moral públicas. Sin embargo, cuando un Estado parte impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, estas no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho.” Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado expresamente que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5.” No obstante, ha precisado que el derecho a la libertad de expresión deja un margen muy reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público. En relación con esto, especificó que las restricciones deben cumplir de forma concurrente con los siguientes requisitos: (i) estar previamente fijadas por ley -en sentido formal y material-, para que no queden al arbitrio del poder público; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana (“el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”); y (iii) ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad).
5.3.4. A su vez, la Corte Constitucional ha señalado que toda limitación a la libertad de expresión se presume sospechosa, por lo que debe estar sometida a un juicio estricto de constitucionalidad, el cual impone verificar que la restricción que pretende imponerse: “(i) esté prevista en la ley; (ii) persiga el logro de ciertas finalidades imperiosas, que han de estar relacionadas con el respeto a los derechos de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública; (iii) sea necesaria para el logro de dichas finalidades; y (iv) no imponga una restricción desproporcionada en el ejercicio de la libertad de expresión. Adicionalmente, es preciso verificar que (v) la medida restrictiva sea posterior y no previa a la expresión objeto del límite, como también, el que (vi) no constituya censura en ninguna de sus formas, lo que incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita”.
“La libertad de expresión permite que las personas protesten de forma pacífica frente a las actuaciones arbitrarias, inconvenientes o abusivas del Estado. Tal actitud contribuye a disuadir a los gobernantes de conductas contrarias al bien común. Una sociedad democrática, respetuosa del principio de la libertad de expresión, permite a los ciudadanos que se expresan poner sobre aviso al resto de la comunidad acerca de aquellas actuaciones estatales que sean reprochables e inaceptables. Además, la probabilidad de que un abuso sea conocido, divulgado y criticado desestimula a quienes ejercen algún poder de incurrir en excesos o atropellos”.
5.4.2. En consecuencia, toda restricción a los discursos que versen sobre asuntos de interés público o involucren críticas al Estado o sus funcionarios es vista con sospecha, debido a que: “(i) a través de ellos no sólo se manifiesta el estrecho vínculo entre democracia y libertad de expresión, sino que se realizan todas las demás finalidades por las cuáles se confiere a ésta una posición preferente en los estados constitucionales; (ii) este tipo de discursos suelen ser los más amenazados, incluso en las democracias más vigorosas, por cuanto quienes detentan mayor poder social, político o económico pueden llegar a ser afectados por tales formas de expresión y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su poder para censurar dichas manifestaciones y reprimir a sus autores”.
5.4.3. En el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha resaltado la importancia que tiene el discurso sobre asuntos de interés público. Para este tribunal, “el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público”. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en publicación denominada “Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión”, afirmó:
“la jurisprudencia interamericana ha definido la libertad de expresión como, “el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad” ; ha enfatizado que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población.”
5.4.4. De otra parte, sobre los asuntos que pueden considerarse de interés público, la Corte Constitucional ha precisado que no resulta suficiente la simple curiosidad generalizada para calificar un asunto como uno de valor público sino que “[e]s preciso examinar que el contenido de una información obedezca a un verdadero y legítimo interés general de conformidad con la trascendencia y el impacto social. Así, la libertad de información toma ventaja cuando de la magnitud misma de los hechos surge la necesidad de conocimiento público y se despierta el interés general”. En consecuencia, se exige un interés público, real, serio y además, actual, donde nunca es de recibo una finalidad meramente difamatoria o tendenciosa.
5.4.5. Como consecuencia de lo anterior, la Corte ha resaltado la importancia de proteger las expresiones o discursos sobre funcionarios o personajes públicos “a quienes por razón de sus cargos, actividades y desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública e inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. Además, su mayor exposición ante el foro público fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión”. La Corte ha justificado esta amplitud en la protección que se debe garantizar a los discursos dirigidos en contra de estas personas, además del interés público que generan las funciones que realizan, en el hecho de que se han expuesto voluntariamente a una mayor visibilidad al ocupar un determinado cargo y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública.
5.4.6. No obstante, se ha precisado que no toda información u opinión relacionada con un funcionario público tiene relevancia o interés público, sino sólo aquellas referidas “(i) a las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo público; (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones”. Así entonces, por ejemplo, cuestiones relativas a la vida privada de una persona que nada tienen que ver con las funciones públicas que desempeñe o que no tengan relevancia para evaluar la confianza depositada a dicha persona, no estarían amparadas, en principio, por la protección constitucional reforzada que se le otorga a los discursos sobre funcionarios públicos.
5.4.8. De otro lado, la Corte ha señalado que tanto los medios de comunicación como los ciudadanos, “tienen derecho a denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan conocimiento en virtud de su función, por lo que no están obligados a esperar a que se produzca un fallo para comunicar al respecto”. En Sentencia T-213 de 2004, en la que se estudió un caso en el que a través de un libro se cuestionaba la conducta y el desempeño de una F., esta Corporación admitió que la sociedad tiene el derecho de reprochar una conducta de un funcionario público que se considere irregular, amañada o maliciosa, pese a que la situación haya sido ya dirimida en sentido contrario ante los órganos jurisdiccionales del Estado, por cuanto no puede existir un monopolio sobre la verdad en cabeza del sistema jurídico. Dijo la Corte:
Por otra parte, pretender un monopolio absoluto sobre el reproche en cabeza del sistema jurídico, conduciría a paralizar el proceso de transformación del sistema de valores de la sociedad, en la medida en que sólo resultarían legítimos los reproches jurídicamente sancionados”.
5.4.10. Así entonces, aunque no se puede exigir que una información dada a conocer por un ciudadano tenga un grado de certeza equiparable a la convicción judicial, pues no se requiere que una persona tenga una certidumbre absoluta sobre las afirmaciones que realice, “quien haga uso de medios masivos de comunicación (las redes sociales están incluidas) debe realizar previamente una diligente labor de constatación y confirmación de la información” esto es, debe verificar razonablemente si la información que difundió contaba con un mínimo de fundamentación fáctica.
5.5.1. Los nuevos escenarios digitales han facilitado y democratizado el ejercicio de la libertad de expresión, pues a través de estos la comunicación de opiniones e informaciones se transmite de manera ágil e inmediata por cualquier persona a un público muy amplio. Esto ha implicado que el discurso y el debate público han dejado de estar en manos exclusivas de personajes públicos o de los medios tradicionales de comunicación, pues la ciudadanía ha utilizado esta poderosa herramienta para expresarse, denunciar, organizarse y movilizarse. En términos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “[e]n la actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en Internet un instrumento único para desplegar, incrementalmente, su enorme potencial en amplios sectores de la población” . En particular, las redes sociales han servido para estos propósitos:
“En este contexto, las redes sociales se muestran como una posibilidad para ejercer de manera exponencial el derecho a la libre expresión, con un alcance masivo que no ofrecía, y aún no ofrece, el acceso restringido de los medios de comunicación tradicional. Lo anterior, en tanto a través de las nuevas tecnologías cualquier persona es una potencial comunicadora de información de cualquier tipo (noticiosa, personal, profesional, etcétera) o de opiniones con un alcance determinado por el uso que otras personas hagan de las mismas redes. Situación que marca una importante diferencia con los medios tradicionales en los que sólo ciertas personas, de ordinario periodistas, ejercían la autoría del material publicado y ello solamente a través de canales especializados”.
5.5.2. En el informe “Libertad de expresión e internet”, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA explicó y aplicó al entorno digital el contenido de los principios consagrados en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptados por la OEA, a saber: (i) acceso, que consagra la igualdad de oportunidades para todas las personas, de recibir, buscar y difundir información por cualquier medio de comunicación; (ii) pluralismo, que se refiere a la maximización del número de personas y la diversidad de voces que participan en la deliberación pública, para lo cual los Estados deben “preservar las condiciones inmejorables que posee Internet para promover y mantener el pluralismo informativo”; (iii) no discriminación, que implica la adopción de medidas positivas para prevenir y corregir situaciones discriminatorias que impidan a ciertos grupos poblacionales ejercer libremente sus expresiones; y (iv) privacidad, que se refiere al deber del Estado de respetar y proteger la información personal de todas las personas, y garantizar que terceros se abstengan de realizar conductas abusivas o intromisorias sobre la misma.
5.5.3. Por otra parte, la Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet, adoptó una serie de principios sobre la materia dentro de los que se estableció que las mismas prerrogativas y límites que tiene la libertad de expresión en medios tradicionales de comunicación, como periódicos, programas radiales, o de televisión, entre otros, aplican también para su ejercicio en internet: “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita")”.
Así mismo, esta Declaración señaló que “al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses”. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha establecido que el amparo a la libertad de expresión y sus respectivos límites se aplican a internet y a las redes sociales de la misma manera que a los demás medios de comunicación, por lo que las restricciones deben analizarse a la luz de los mismos estándares.
“el libre acceso y la decisión autónoma sobre el contenido de las publicaciones, la difusión inmediata en un número de destinatarios exponencialmente alto, la indisponibilidad de la información una vez incorporada en la red social y la espontaneidad con la que la misma se expande, exige una especial atención en relación con la veracidad e imparcialidad de la información u opinión que se publica, por la posibilidad de afectación de los derechos de terceras personas. De manera que, si bien la percepción sobre las redes sociales puede ser desprevenida y, en este sentido, entendida por la mayoría de los usuarios simplemente como una actividad de comunicación entre conocidos o de ocio, el hecho que tenga una alta potencialidad de afectar derechos exige de los usuarios una conciencia, cuidado y observancia de los presupuestos constitucionales a la hora de publicar contenido que va más allá de lo personal o de una mera opinión”.
5.5.6. En suma, dados los peligros potenciales que se generan con el uso de internet, es claro “que la protección de los derechos fundamentales se hace necesaria en escenarios virtuales por la multiplicidad y las características de las plataformas que se encuentran alojadas en internet. La jurisprudencia constitucional, no ha sido ajena al debate y reconoce que las garantías de carácter fundamental son objeto de protección, aún en los casos en que la afectación o puesta en peligro de los bienes jurídicamente tutelados se lleve a cabo en la red”.
5.5.8. Por ejemplo, en las sentencias T-145 de 2016 y T-243 de 2018, la Corte estudió dos casos en los que a través de redes sociales se hacían señalamientos e imputaciones delictivas a particulares, sin que existiera una condena penal en su contra. En estas oportunidades se protegieron los derechos al buen nombre y a la honra de las personas afectadas con los comentarios. Para la Corte las afirmaciones realizadas afectaban gravemente los derechos de las peticionarias, puesto que se trataba de expresiones ofensivas e injuriosas, así como informaciones falsas o erróneas, pues se les endilgaba la comisión de determinados delitos sin que existiera una sentencia judicial que así lo soportara, por lo que se ordenó el retiro de las publicaciones y la rectificación de la información.
5.5.9. Por otra parte, la Corte ha abordado el análisis de casos que, como el que se estudia en esta oportunidad, se refieren a situaciones en las que a través de redes sociales se realizan acusaciones y señalamientos en contra de funcionarios públicos. Al respecto resulta relevante citar la Sentencia T-277 de 2018, en la que se estudió la tutela interpuesta por el exalcalde de G., quien solicitaba la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, vulnerados supuestamente por un particular que en su cuenta de F. había realizado varias publicaciones en las que lo señalaba de cometer actos de corrupción durante su gestión como Alcalde. La Corte negó la acción de tutela y protegió el derecho a la libertad de expresión del demandado, pues tuvo en cuenta que las opiniones emitidas por este se enmarcaban dentro de un discurso especialmente protegido, esto es, el dirigido a cuestionar un funcionario público por ejercicio de sus funciones, además de que las expresiones no contenían un lenguaje agraviante o una ofensa insidiosa y estaban soportadas en noticias y documentos judiciales expedidos con motivo de las acusaciones e investigaciones seguidas contra el exalcalde. Sostuvo la Corte:
Al momento de posesionarse como funcionario público, el accionante debía estar preparado para la exposición de sus actuaciones ante los medios o la comunidad en general y las críticas o quejas ante las instancias de control, las cuales además de legítimas resultan válidas frente a temas de interés público”.
Por tanto, en el mencionado caso la Corte privilegió el derecho a la libertad de expresión como mecanismo para fomentar el adecuado funcionamiento de las instituciones en un sistema democrático y el adecuado desempeño de sus funcionarios, sobre los derechos al buen nombre y a la honra de un servidor público.
5.5.10. No obstante todo lo anterior, esta Corte advierte que los parámetros que en materia de libertad de expresión en internet se han fijado hasta el momento no son definitivos y estáticos, ya que están en constante construcción. Esto debido a que se trata de nuevos escenarios a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión, cuyas dimensiones e impacto hasta ahora se empiezan a conocer, además de que nos encontramos frente a tecnologías emergentes en continua evolución, por lo que las reglas que hoy se fijen pueden resultar obsoletas en un futuro.
Parámetros constitucionales para establecer el grado de protección que debe recibir la libertad de expresión cuando entra en conflicto con derechos de terceras personas
“no sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones10, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos11. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos”.
“[s]i bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de información y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo es que se les restringe, por su mayor compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad altamente reglada, que impone mayor prudencia y respeto, por ejemplo, al expedir opiniones y dar información. En esa medida, claro está que deviene diferente el ámbito de la libertad de expresión de los servidores públicos, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales debe activar su derecho/deber de difundir o expresar información oficialmente relevante”.
No obstante, debe considerarse que las limitaciones a la libertad de expresión de los servidores públicos tienen algunas especificidades dependiendo del sector del poder público al que pertenezca el respectivo funcionario. Por ejemplo, si el mensaje proviene de un congresista en el ejercicio de sus funciones, no debe perderse de vista que a estos funcionarios los ampara la inviolabilidad parlamentaria “por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo”, tal como lo establece el artículo 185 de la Constitución Política, por lo que el ejercicio de la libertad de expresión en estas circunstancias es amplísimo. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido que en virtud de la disciplina y la estructura militar, así como de la seguridad, “pueden es-tablecerse límites razonables a la libertad de expresión en relación a los funciona¬rios al servicio de las fuerzas armadas en el marco de una sociedad democrática”. Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los miembros de la rama judicial tienen restricciones en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, las cuales apuntan a garantizar la imparcialidad y autonomía de la administración de justicia, pues, por ejemplo, “existe un consenso regional en cuanto a la necesidad de restringir la participación de los jueces en las actividades político-partidistas”.
6.1.2. Persona jurídica: la jurisprudencia constitucional ha aceptado que el derecho a la libertad de expresión puede ser ejercido por personas jurídicas . En este punto hay que evaluar quién es la persona jurídica que se expresa, pues la protección a las opiniones puede ser más amplia si al ejercer la libertad de expresión también se ejercen otros derechos fundamentales o se garantizan principios o valores constitucionales. Por ejemplo, la protección a la libertad de expresión que pueda tener una empresa u organización privada que transmite un mensaje cuyo interés es exclusivamente particular y no público, puede ser menor, dadas las circunstancias, a la protección que tenga un partido político o cualquier agremiación social con intereses públicos que, en ejercicio de sus derechos políticos, transmita un mensaje. De igual forma, la libertad de expresión tiene una dimensión especialmente significativa cuando es ejercida por un medio de comunicación, dada la importante función que tiene el periodismo en una democracia, caso en el cual, además de tener en cuenta la mayor protección que puede tener la libertad de expresión, debe evaluarse también la relación entre la libertad de expresión del medio y la libertad de expresión de las personas naturales que hacen parte del medio y comunican una opinión. Al respecto ha dicho la Corte: “Es igualmente pertinente, en este ámbito, la relación entre la libertad de expresión del medio de comunicación en tanto persona jurídica, y la libertad de expresión de las personas naturales que forman parte de la estructura organizacional de tales personas jurídicas – por ejemplo, los editores, redactores, reporteros y otros periodistas o comunicadores sociales, que contribuyen a la transmisión de expresiones de terceros, a la vez que ejercen su propia libertad de expresión. La relación existente entre ambas libertades, y a su vez entre dichas libertades y la libertad de expresión de quien efectivamente está comunicando un mensaje a través de tales medios o personas, ha de dilucidarse en cada caso concreto con especial atención a los distintos intereses en juego, para llegar a una solución que logre el máximo nivel de armonización concreta entre todos ellos, y a su vez con los intereses del receptor y, en especial, del público en general”.
6.1.3. Periodistas: la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados tienen un deber de protección especial hacía los periodistas para protegerlos de los riesgos que se derivan del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información. Para este Tribunal, “el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el ejercicio de la libertad de expre-sión. Para tales efectos, la Corte ya se refirió al deber especial de protec¬ción de periodistas en riesgo”. En cuanto a las medidas que deben adoptar las respectivas autoridades para cumplir su obligación de protección de periodistas en riesgo especial, señaló la Corte:
“los Estados tienen la obligación de adoptar medidas especiales de prevención y protección de los periodistas sometidos a un riesgo es-pecial por el ejercicio de su profesión. Con respecto a las medidas de protección, la Corte destaca que los Estados tienen el deber de brindar medidas de protección a la vida y la integridad de los periodistas que estén sometidos a ese riesgo especial por factores tales como el tipo de hechos que cubren, el interés público de la información que difunden o la zona a la cual deben acceder para cumplir con su labor, así como también a aquellos que son objeto de amenazas en relación con la difu¬sión de esa información o por denunciar o impulsar la investigación de violaciones que sufrieron o de las que se enteraron en el ejercicio de su profesión. Los Estados deben adoptar las medidas de protección nece¬sarias para evitar los atentados a la vida e integridad de los periodistas bajo tales condiciones”.
(xix) En razón de la gran cantidad de registros, formatos y secciones utilizadas por los medios de comunicación, no siempre resulta fácil hallar la línea divisoria entre las opiniones y las informaciones. (xx). En este sentido, resultan relevantes, como criterios de distinción, las características del medio, la finalidad perseguida en el programa, la presentación gráfica de la publicación, su extensión, el uso de un tono frio y descriptivo o, al contrario, subjetivo y valorativo, en que prima la personalidad del autor, su estilo, entendimiento y lenguaje particulares”.
6.1.4. Grupos históricamente discriminados, marginados o en una especial situación de vulnerabilidad: esta Corporación ha reiterado la especial protección constitucional que tienen las personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados, marginados o en una especial situación de vulnerabilidad, por lo que, en aquellos casos en los que se tomen medidas que disminuyan la protección de un derecho de estos grupos, se presume una situación de discriminación que debe ser desvirtuada para que tenga validez la medida adoptada. Al respecto ha dicho:
“se puede señalar que cuando entren en juego los derechos de grupos de especial protección, dentro de los que se incluyen los grupos tradicionalmente discriminados, y sean introducidas normas jurídicas que supongan para ellos afectación o disminución de sus derechos, opera prima facie una presunción de discriminación, basada en los criterios sospechosos que su trato desigual plantea. Dicho de otro modo, para preservar la validez y vigencia de tal Derecho, resulta necesario desvirtuar este supuesto de hecho discriminatorio del que se parte. // En tales circunstancias se emplea el mencionado escrutinio judicial estricto, conforme al cual se debe demostrar que la actuación y las reglas dispuestas, a pesar de generar un efecto adverso en un grupo marginado o discriminado, obedece i) a una finalidad imperiosa, ii) es necesaria para lograr dicha finalidad y iii) es proporcionada, en el sentido de no sacrificar en exceso otros intereses constitucionalmente específicos en aras de promover la finalidad”.
(iii) Los discursos que constituyen, en sí mismos, el ejercicio de otros derechos fundamentales distintos a la libertad de expresión. En estos casos la libertad de expresión se constituye en el medio para materializar otros derechos, de lo cual se deriva la especial protección en estos ámbitos, a saber: (a) la correspondencia y demás formas de comunicación privada, (b) los discursos estéticos, morales, emotivos o personales, manifestados a través de expresiones verbales, artísticas, o de conductas simbólicas o expresivas, sin perjuicio de la protección constitucional explícita de la libre expresión artística; (c) la objeción de conciencia; (d) el discurso religioso; (e) el discurso académico, investigativo y científico; (f) las expresiones realizadas en el curso de manifestaciones públicas pacíficas; (g) el discurso cívico o de participación ciudadana, y (h) el discurso de identidad, que expresa y refuerza la propia adscripción cultural y social.
“en casos en los que potencialmente esté de por medio la preservación de los derechos de menores de edad, en particular ante transmisiones de imágenes a través de los medios de comunicación que pueden ser perjudiciales para su bienestar y desarrollo integral, los jueces han de prestar especial atención a su protección, y a la armonización concreta de los derechos enfrentados, sobre la base de la prevalencia de los derechos de los niños –que puede vencer, por mandato expreso del artículo 44 de la Constitución, la primacía ab initio de la libertad de expresión (…). Sin embargo, el carácter prevaleciente de los derechos de los menores de edad no otorga a las autoridades completa discrecionalidad para limitar la libertad de expresión a su agrado (…) no pueden invocarse como un comodín para limitar la libertad de expresión cada vez que se anticipe que quizás algún niño sea receptor de la información, las opiniones y las imágenes divulgadas por un medio masivo de comunicación. Se debe recordar que en este tipo de casos, el juez constitucional ha de garantizar que, por virtud de la protección de los derechos de los niños, no se termine restringiendo indebidamente la libertad de expresión”.
A este respecto, son pertinentes tres precisiones generales. (a) Si bien es difícil distinguir cuáles formas de comportamiento o actividades tienen por propósito fundamental la comunicación de ideas, y cuáles surten este efecto de manera incidental o secundaria -no se puede equiparar la acción o el comportamiento con la expresión, puesto que toda conducta puede comunicar alguna idea o información a sus observadores sin que esa sea necesariamente la intención de quien la ejecuta-, la determinación de si una determinada conducta cae bajo la órbita de aplicación de la libertad de expresión compete a los jueces en cada caso concreto. (b) También es necesario distinguir entre los casos de “expresión simbólica”, que no va acompañada por comunicaciones verbales o escritas , y los casos en que la “expresión” en sentido verbal se transmite a través de conductas como marchas, manifestaciones o distribución de volantes : a menudo, las Cortes deben resolver casos cuyas circunstancias contienen alguna expresión como tal, pero también involucran conducta física: distribución de panfletos, demostraciones, uso de pancartas y carteles; en otros casos, se pronuncian sobre casos que involucran meramente la conducta de quien pretende transmitir por esa vía un mensaje. La caracterización de este tipo de conductas como “expresión” constitucionalmente protegida depende de las circunstancias de cada caso en particular, y el peso que se otorgue al elemento comunicativo de la conducta dentro del proceso de apreciación judicial. En síntesis, los criterios relevantes para caracterizar una conducta simbólica como expresión protegida son: la intención del actor, y las convenciones generalmente aceptadas sobre el significado de un comportamiento y su rol como medio de comunicación no lingüística. (c) Otro problema importante en este ámbito es el de distinguir entre las afirmaciones legítimas de la libertad de expresión a través de la conducta, y conductas que corresponden a la invocación de derechos diferentes que también implican la libertad o autonomía personal y apuntan hacia la autorrealización – por ejemplo, derecho a publicitar bienes y servicios, a hacer donaciones a campañas políticas, a escoger una determinada opción sexual o a utilizar una determinada apariencia personal. En estos casos, el ejercicio de los derechos conexos a través de conductas puede tener una relación indirecta con la libertad de expresión y un elemento genérico de sentido comunicativo, sin que por ello se subsuman bajo la órbita de protección de la libertad de expresión, puesto que ello haría a esta libertad imposible de distinguir de otros derechos conexos, y abarcaría conductas o intereses que no se relacionan como tal con la expresión”.
6.4.1. En este mismo sentido, la Corte entiende que el silencio también es una forma de expresión, la cual puede venir acompañada de gestos o cualquier expresión simbólica que determine lo que se quiere expresar, o puede simplemente no estar acompañada de nada. En efecto, si bien el silencio puede implicar la ausencia de determinada información, este acto comunicativo a su vez transmite otra información que puede ser interpretada por el receptor sin necesidad de que haya sido expresada por medio del lenguaje convencional. El silencio entonces sólo cobra sentido a través de la interpretación del acto comunicativo, el cual dependerá del contexto en el que este se produzca y de las particularidades de cada situación.
El silencio también pueden considerarse una forma de respuesta, y por ende de expresión, ante situaciones que puedan suponer una afrenta a los derechos al buen nombre o a la honra. Así, en circunstancias en las que una persona vea afectados estos derechos, puede reaccionar exigiendo una precisión o rectificación de lo informado, u optar por el silencio y la indiferencia como un mensaje de rechazo ante tal opinión. El silencio entonces puede ser en ocasiones mucho más elocuente que lo que se expresa a través de comunicaciones verbales o escritas.
6.5. Por qué medio se comunica: la jurisprudencia constitucional ha precisado que la libertad de expresión protege también el medio que se usa para comunicar. En efecto, “la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio seleccionado por quien se expresa, y la protección constitucional se extiende a dicho proceso de transmisión y difusión, así como al medio utilizado, ya que la libertad constitucional que se estudia protege tanto el contenido de la expresión como su forma”. Por tanto, las opiniones pueden expresarse a través de libros, periódicos, revistas, videos, audios, películas, obras de teatro, pinturas, fotografías, programas de televisión, emisiones radiales, páginas de internet, redes sociales, cartas, manifestaciones públicas, el uso de prendas con mensajes expresivos, entre muchos otros. No obstante, cada medio o foro en particular plantea sus propias especificidades y complejidades constitucionalmente relevantes, que repercuten en el alcance de la libertad de expresión en cada caso. Por tanto, en el ejercicio de ponderación en los casos en que entren en conflicto derechos de terceros con el derecho a la libertad de expresión, es fundamental que el juez valore el medio o el foro a través del cual se expresa la opinión, ya que este incide en el impacto que tenga la expresión sobre los derechos como el buen nombre, la honra o la intimidad.
Por ejemplo, es importante tener en cuenta que un mensaje difundido a través de las redes sociales como F. sólo puede ser visto, en principio, por los contactos que la persona tenga en su cuenta, sin embargo, dado que existe la posibilidad de que este pueda ser compartido por todos sus contactos en sus respectivas cuentas, su posibilidad de propagación es vasta, por lo que el mensaje tiene la potencialidad de llegar a una audiencia amplísima e indeterminada durante un término indefinido. De igual manera, en el caso de las redes sociales debe mirarse también el tipo de cuenta desde la que se publica el mensaje, esto es, si es una cuenta personal, institucional o de un medio de comunicación, si pertenece a un personaje público o a alguien con influencia en el mundo virtual, o si por el contrario se trata de la cuenta de una persona sin reconocimiento público. En consecuencia, como se dijo, debe valorarse cuidadosamente las características específicas de cada medio y el contexto en el que este se usa en cada caso concreto.
6.5.3. Esta Corte ha analizado las particularidades de la protección jurídica de la libertad de expresión en relación con distintos medios a través de los cuales se produce el mensaje. Por ejemplo, ha indicado “(a) la intangibilidad de los libros de literatura en tanto creaciones estéticas unitarias de sus autores, la forma en que dicha intangibilidad se ha de armonizar con los derechos de terceros y la diferencia entre los libros y los medios de comunicación masiva impresos en cuanto al manejo de la información en ellos consignada, dado su impacto y el espacio reflexivo que permiten a los receptores , (b) las distintas dimensiones de la libertad artística y sus vínculos con los derechos de los espectadores de todas las edades , (c) la relación entre el ejercicio de la fotografía y la camarografía, las libertades de información y expresión y otros derechos fundamentales , (d) las diferencias entre los programas de televisión informativos y los dramatizados para efectos de los deberes en el manejo de los datos ”, así como también la especial protección constitucional de las expresiones artísticas, las particularidades de las comunicaciones radiales y los riesgos que representan las redes sociales para los derechos de terceras personas.
6.5.4. Por otra parte, existen foros o escenarios que por su importancia para la democracia protegen en mayor medida las expresiones que se profieran en ellos. Por ejemplo, el Congreso de la República, las asambleas departamentales o los concejos municipales, son escenarios propios de una democracia en los que se debaten asuntos de interés general, por lo que la libertad de expresión ejercida a través de tales foros tiene una mayor amplitud, en virtud del adecuado funcionamiento de un sistema democrático. En la Sentencia T-244 de 2018, en la que se estudió la tutela interpuesta por el Alcalde de Bogotá en contra de un Concejal por las afirmaciones hechas por este en un debate en el Concejo Distrital, que el accionante consideraba violatorias de su buen nombre, la Corte consideró que las expresiones se habían realizado en el marco de la discusión de un proyecto de acuerdo en una sesión del Concejo, lo que implicaba “de manera necesaria, el debate jurídico político respecto de las propuestas a través de las cuales se pretende determinar el gasto público y el desarrollo económico y social de la ciudad. Solo de esta manera una Corporación, cuya génesis es esencialmente democrática -está sujeta al escrutinio popular-, puede materializar la participación y el pluralismo que determinan la expedición de acuerdos”, y en el caso concreto se advirtió que el Concejal “expuso su posición sobre el pasado profesional del A.M., el cual vinculó estrechamente con sus propuestas actuales respecto de los sistemas de transporte de la capital”.
6.5.5. Así mismo, las expresiones realizadas en el curso de manifestaciones públicas pacíficas constituyen un discurso especialmente protegido, tal como se señaló en el acápite 6.2., pues en este escenario se ejerce, por medio de la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y manifestación pública y pacífica. En efecto, este derecho presupone la posibilidad de comunicar aquello que se quiere decir públicamente, por lo cual la misma Constitución dispuso que las limitaciones de la libertad de reunión y manifestación sólo pueden ser establecidas por el Legislador. Por tanto, a los mensajes comunicados a través de este escenario no se les puede imponer las mismas restricciones o cargas que se podrían exigir en otros foros, como por ejemplo, internet.
6.6. Esta S. advierte que los anteriores parámetros constitucionales deben analizarse en conjunto en cada caso y no de manera inconexa, ya que todos ellos están relacionados directa o indirectamente, por lo que sólo su valoración agregada permitirá resolver de forma adecuada la tensión entre derechos. Así mismo, es importante señalar que dichos parámetros no constituyen una lista taxativa de todos los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de resolver un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos de terceras personas, pues las particularidades de cada caso pueden ser infinitas, por lo que tales parámetros, lejos de constituirse en unos criterios cerrados y definitivos, sólo son una guía, extraída de la propia jurisprudencia constitucional, para orientar la labor del juez al resolver cada caso, quien siempre debe partir de la especial protección que tiene el derecho a la libertad de expresión en nuestro ordenamiento y, por tanto, encontrar el remedio judicial más adecuado para no sacrificar innecesariamente tal derecho y garantizar el máximo margen posible de expresión libre de cualquier interferencia.
En consecuencia, el juez debe hallar un delicado y complejo balance entre la amplia protección que se debe brindar a la libertad de expresión y el respeto de derechos como el buen nombre, la honra o la intimidad, apuntando siempre a buscar la medida menos lesiva para libertad de expresión, pero asegurando al mismo tiempo que el ejercicio de esta no sea usado como una herramienta de difamación y desinformación en tiempos en donde las “noticias falsas” se apoderan de la opinión pública y se propagan rápidamente a través de los distintos escenarios digitales.
Análisis de la publicación compartida por la señora J.J.C.L. en su cuenta de F.
Esta S. debe determinar si J.J.C.L. vulneró los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad de S.F.G. al compartir en su cuenta de F. una publicación en la que aparecía relacionado su nombre como parte de un cartel de la corrupción en el Hospital Universitario de Santander, entidad en la que se desempeña como Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico.
De los hechos del presente caso y del contexto en el que se originó la opinión proferida por la accionada, se advierte que, por una parte, su derecho a la libertad de expresión goza de una amplia protección, y por otra, el ejercicio del mismo tuvo un impacto sobre los derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad de S.F.G., tal como se expondrá a continuación. Por tanto, con el fin de encontrar un remedio judicial apropiado y balancear adecuadamente los derechos en tensión, esta S. procede a dar aplicación en el caso concreto a los parámetros constitucionales analizados en el anterior acápite.
7.1. Quién comunica: en el presente caso se tiene que la señora C.L. no es la autora del mensaje que originó la acción de tutela. La accionada compartió en su muro de F. dicho mensaje, el cual estaba circulando en la red social y cuyo autor se desconoce. Esto no implica en modo alguno que la persona que comparta o reenvíe un mensaje que no es de su autoría no tenga ningún tipo de responsabilidad por la información que transmita, sin embargo, esta es distinta de la que debe asumir el creador del mensaje, pues él es quien origina la información cuyo contenido puede resultar lesivo para los derechos de terceros y permite que esta llegue a otras personas. Por tanto, debe valorarse que la accionada no fue quien creó el mensaje y originó su divulgación, pues se limitó a compartir el mensaje en su cuenta de F., el cual, se reitera, ya estaba circulando en la red social.
7.1.1. De otro lado, en este punto también debe considerarse que, si bien es cierto la accionada labora en la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, las opiniones que emitió y por las que fue demandada por el señor F.G. no las realizó en el ejercicio de sus funciones como servidora pública, sino como particular a través de su cuenta personal de la red social F., en la que compartió una publicación en la que se denunciaba un supuesto “cartel de la Corrupción” en el referido Hospital. Por ende, en esta oportunidad no le son oponibles las limitaciones a la libertad de expresión que tienen los servidores públicos cuando emiten opiniones en el ejercicio de sus funciones.
De igual manera, se advierte que la accionada no es una figura pública, por lo que el impacto de sus opiniones es reducido en relación con el público al que pueden llegar. Así mismo, no debe perderse de vista que el interés de la accionada, tal como lo expresó en la contestación de la tutela, era denunciar las irregularidades presentadas en la entidad pública en la que labora, es decir, no tenía ningún interés personal o económico en las opiniones difundidas, ni tampoco se advierte una intención dañina o una animadversión personal de la señora C.L. en contra del accionante, y tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, “quien pretende contribuir a la discusión política está en una situación distinta a quien busca promover sus propios intereses económicos, personales u otros”. En consecuencia, en este caso la libertad de expresión, analizada desde la persona que comunica, goza de una amplia protección al no estar sometida a restricciones especiales.
7.2. De qué o de quién se comunica: la opinión de la señora C.L. está dirigida a cuestionar las actuaciones de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por supuestos actos de corrupción. Esto es, el mensaje de la accionada versa sobre actos públicamente relevantes, de interés general, y no simplemente sobre cuestiones de la vida privada del accionante. En efecto, el señor F.G., quien es una de las personas que aparece en la publicación compartida por la accionada, se desempeña como Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico del Hospital Universitario de Santander, y lo allí expresado se dirige a señalarlo de realizar conductas irregulares en el ejercicio de su cargo. Por ende, las expresiones proferidas por la accionada se enmarcan dentro de un discurso especialmente protegido, tal como se advirtió en el acápite 6.2., pues se trata de una opinión sobre un asunto de interés público, esto es, la corrupción que puede tener lugar en una entidad pública, y se dirige a cuestionar las actuaciones de funcionarios públicos. En consecuencia, la protección a la libertad de expresión en este contexto es reforzada y cualquier restricción que se imponga está sujeta a condiciones más rigurosas.
7.2.1. De otra parte, la Corte tiene en cuenta que la publicación compartida por la accionada se da en el marco de una amplia controversia que se ha generado en el departamento de Santander sobre las posibles irregularidades y actos de corrupción en el Hospital Universitario, lo que ha llevado a que durante este año varios empleados del Hospital hayan entrado en asamblea permanente por el supuesto direccionamiento de las licitaciones de contratación. En efecto, “las cooperativas que le prestan el servicio al hospital denunciaron un aparente direccionamiento de las licitaciones que se realizan al interior de la organización en el que se quiere contratar a la cooperativa llamada Integrasalud que es de Antioquia y dar empleo a médicos, auxiliares, administrativos de esa región para ejercer su labor en el HUS”. Así mismo, se ha denunciado el despido masivo de empleados, por lo que la propia accionada afirmó a un medio de comunicación local que en noviembre del 2017 alrededor de 30 de sus compañeros fueron despedidos: “Los dejaron sin empleo porque participaron en las marchas que se hicieron el año pasado. Ellos se desempeñaban como auxiliares de enfermería, médicos, personal de laboratorio clínico y trabajadores del área administrativa”. Estas situaciones que han sido puestas en conocimiento de los respectivos entes de control y ha generado también debates en la Asamblea Departamental de Santander. En estos debates la señora C.L. ha participado como vocera de los trabajadores del Hospital y ha señalado directamente al Gerente del Hospital como el responsable de la persecución laboral: “Fui perseguida laboralmente, todavía tengo persecución laboral al interior del Hospital, pero no me importa. Llevaré esto a nivel nacional, si me toca. El Hospital está en una situación difícil, yo si quiero invitarlos, pero que no avisen el día que vayan a visitar, para que entren y vean realmente las condiciones en las que se encuentran los pacientes y la institución”. Por tanto, la opinión proferida por la accionada trata sobre un tema del que ya tenía noticia, no sólo la comunidad del Hospital donde labora, sino la opinión pública en general, tanto a nivel local como nacional. La señora C.L. no está abriendo una discusión sobre la cual no tuviera conocimiento la ciudadanía o no se conocieran otros elementos de juicio o informaciones sobre el asunto.
7.2.2. Ahora bien, aunque las expresiones consignadas en la publicación compartida por J.J.C. aluden a la posible comisión de delitos por parte del accionante, pues su nombre y su foto aparecen relacionados como parte de un “cartel de la corrupción”, al que también se lo señala de “acoso laboral” y “despilfarro del dinero de la salud”, lo cierto es que no existe una acusación precisa, concreta y detallada en contra del señor F.G., esto es, no se detallan las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que, de manera específica, el accionante haya incurrido en una conducta punible. En suma, advierte esta S. que en el presente caso la opinión de la accionada tiene una protección reforzada por tratarse de un discurso especialmente protegido. No obstante, también debe valorarse que en lo expresado por la señora C.L. se relaciona al accionante, de manera general e imprecisa, con eventuales responsabilidades penales, sin que se especifiquen o aclaren las razones que llevan a la demandada a realizar estos señalamientos en contra del accionante, esto es, si se trata de una denuncia precisa y concreta en su contra, o si se trata de una expresión de protesta o crítica general sin que exista una acusación real.
7.3. A quién se comunica: la opinión expresada por la señora C.L., objeto de cuestionamiento en esta acción, fue comunicada, en principio, a un grupo determinado de personas, esto es, los contactos que ella tiene en su cuenta de la red social F.. Sin embargo, la potencialidad que tiene dicha publicación de llegar a personas diferentes a las que componen los contactos de la accionada en la mencionada red social es alta, pues, como se verá más adelante cuando se analice el medio a través del cual se emitieron las opiniones, la publicación compartida por la accionada puede ser a su vez compartida por los contactos de su cuenta de F., llegando entonces a un público mucho más amplio e indeterminado. En efecto, no sólo debe valorarse el impacto del mensaje por la audiencia a la que efectivamente llegue este, también debe tenerse en cuenta el riesgo probable del impacto a destinatarios distintos a los que inicialmente estaba dirigido, así no se concrete dicho riesgo, el cual, en todo caso, debe ser asumido por el emisor. Por tanto, el impacto que tengan las expresiones emitidas por la accionada sobre los derechos fundamentales del señor F.G. probablemente es elevado, en razón a la gran cantidad de destinatarios a los que pudo llegar el mensaje.
7.4. Cómo se comunica: el mensaje objeto de esta controversia fue comunicado de manera escrita, a través de un lenguaje claro con frases cortas y contundentes, escritas en letra mayúscula y acompañado de imágenes. En efecto, la publicación compartida por J.J.C. en su cuenta de F., en la que denunciaba y rechazaba las supuestas irregularidades cometidas por funcionarios del Hospital Universitario de Santander, está compuesta por las siguientes frases: “EL CARTEL DE LA CORRUPCIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (HUS) // POR LA DIGNIDAD DE LA SALUD RENUNCIEN YA // VERGÜENZA NACIONAL // TU Y YO SOMOS VICTIMAS DE LA CORRUPCIÓN PASALO A 10 CONTACTOS Y DEMOS A CONOCER A ESTOS CORRUPTOS // BASTA YA DE PERSECUCIÓN ACOSO LABORAL DESPILFARRO DEL DINERO DE LA SALUD ”. Así mismo, a estas expresiones se acompañan las fotos y los nombres de los funcionarios públicos presuntamente involucrados en el denominado “cartel de la corrupción” de dicha entidad.
7.5. Por qué medio lo comunica: como ya se anotó en el acápite 7.3., el mensaje publicado por la señora C.L. tiene la potencialidad de llegar a un público amplio e indeterminado, toda vez que fue reproducido a través de la red social F.. En efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte, las redes sociales tienen la capacidad de amplificar de manera exponencial el derecho a la libertad de expresión, pues su capacidad de penetración e impacto sobre la audiencia es elevada, toda vez que tienen un alcance masivo, inmediato y sin mayores restricciones. Además, los contenidos publicados en las redes sociales pueden ser a su vez compartidos por las demás personas que hacen uso de las mismas redes, de tal forma que la opinión expresada por una persona tiene la potencialidad de llegar a una pluralidad indeterminada de receptores durante un tiempo indefinido, situación que incrementa el impacto que el mensaje pueda tener sobre los derechos de terceras personas.
7.5.1. En el presente caso se advierte que, tal como lo afirmó la accionante, la publicación por ella compartida en su cuenta de F. también ha sido compartida en la misma red social por otras personas, por lo que el medio empleado por la señora C.L. para expresar su opiniones potencia el impacto que estas puedan tener en los derechos al buen nombre y a la intimidad del accionante. No obstante, el nivel de buscabilidad y encontrabilidad del mensaje es bajo, pues al buscar las expresiones contenidas en la publicación, o el nombre del accionante en un motor de búsqueda, no se encuentra ninguna página en donde repose el mensaje, ya que este fue compartido por la accionada en su cuenta personal de F. y no en una página de internet. De igual manera, debe valorarse que el mensaje provino de la cuenta personal de la accionada, quien no tiene un reconocimiento o figuración pública, por lo que el impacto de sus opiniones, desde esta arista, es reducido.
7.6. Valoración de los parámetros: analizados en conjunto cada uno de los anteriores parámetros, la S. concluye que en este caso la libertad de expresión de J.J.C.L. goza de una amplia protección, debido principalmente a que su opinión se enmarca dentro de un tipo de discurso protegido, pues se orienta a ejercer un control democrático de la gestión pública y de sus funcionarios. No obstante, para resolver la tensión de derechos que se presenta, es preciso considerar también otros aspectos que potencian el impacto sobre los derechos fundamentales del accionante. En concreto, debe tenerse en cuenta que las expresiones proferidas por la accionada relacionan al accionante, de manera general e imprecisa, con la comisión de posibles conductas punibles, sin que se aclare si se trata de una acusación concreta y detallada en contra del señor F.G., o si lo que se comunica corresponde a una expresión de protesta y crítica general que no contiene una acusación real sobre una persona en específico. Además, debe valorarse que el mensaje fue difundido a través de una red social mediante una publicación con un alto grado de comunicabilidad, circunstancias que implicaron, como ya se explicó, que el mensaje llegara a un número indeterminado de receptores de manera ágil y durante un término indefinido.
7.6.1. En consecuencia, la Corte debe encontrar el remedio judicial más adecuado para garantizar de la forma más amplia posible el derecho a la libertad de expresión de la señora C.L., sin desconocer la garantía de los derechos fundamentales del accionante. La S. no comparte la solución adoptada por los jueces de tutela de instancia, consistente en ordenarle a la accionada retractarse de las afirmaciones hechas sobre el accionante, toda vez que esta decisión supone, en este caso, restringir innecesaria y desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión, e impide que un discurso especialmente protegido sea conocido por la sociedad, silenciando de esta manera la denuncia pública ciudadana sobre actuaciones irregulares en la administración pública. En efecto, el derecho a la libertad de expresión es un derecho complejo, pues como ya se dijo, a través de este se pueden garantizar otros derechos fundamentales, en este caso los derechos políticos a través del control a la gestión pública, los cuales deben protegerse no sólo permitiendo a la accionada expresar sus denuncias, sino también asegurando a la ciudadanía la posibilidad de recibir y sopesar la opinión de la señora C.L. y conocer si sus acusaciones son precisas y concretas o expresan una protesta y crítica general sobre un asunto de interés público, sin que impliquen una denuncia real sobre una persona determinada. El retracto, en este contexto, imposibilita lograr estos fines del derecho, pues el emisor de la expresión se ve obligado, por una orden judicial, a desdecirse de sus afirmaciones, sin que quede claro cuál era su alcance y significado, esto es, qué tan fuertes y serios eran los señalamientos expresados.
“[P]ara esta Corporación, una palabra no es constitucional o inconstitucional en sí misma considerada. Las palabras son herramientas que tienen múltiples y variados usos. Algunos de los cuales pueden implicar una discriminación, una exclusión o un ataque a ciertas personas o grupos de personas, pero otros usos pueden no tener tales consecuencias. // Los jueces constitucionales no deben ocuparse de la existencia de una palabra. Deben ocuparse de cuál sea el uso que se le dé, la manera de emplearla. Existen palabras vulgares y ofensivas que, por ejemplo, pueden expresar cariño, amistad o compañerismo, si se usan en ciertas circunstancias y de cierta manera (con una determinada entonación, o acompañada de ciertos gestos corporales). De igual forma, expresiones absolutamente inofensivas y sin un aparente significado insultante, pueden convertirse en la peor de todas las ofensas, si se usan con tal propósito. Nuestro hablar obtiene sentido a partir del resto de nuestras actuaciones. Es la manera cómo se usen las herramientas lingüísticas lo que definirá que se quiere decir o hacer con ellas”
7.6.4. La Corte valora la defensa de los intereses públicos asumida por J.J.C.L. y sus denuncias por las posibles irregularidades ocurridas en el Hospital Universitario de Santander, lugar en el que labora y que se encarga de la prestación de un servicio público y un derecho fundamental de suma importancia como lo es la salud. No obstante, las expresiones compartidas por la señora C.L. sobre las actuaciones como servidor público de S.F.G. no son claras, en principio, para establecer si se trata de una opinión o si, por el contrario, es una información que pretende describir los actos realizados por el accionante, afirmaciones sujetas a prueba.
7.6.5. En efecto, la publicación compartida por la accionada contiene unas afirmaciones generales e imprecisas, lo que genera un mensaje abierto en su sentido, que no determina cuáles son las acciones concretas que se denuncian y quién las cometió. Además, como ya se dijo, el mensaje refiere la comisión de actos de corrupción, situación que tiene un impacto sobre el derecho al buen nombre del señor F.G.. En este contexto, sobre el emisor del mensaje recae una carga mínima para posibilitar un debate y un diálogo informado sobre un asunto de interés público. Para la Corte, el que una expresión esté amparada constitucionalmente, como en este caso, no implica que pueda manifestarse irresponsablemente. No obstante, no es limitando o impidiendo la libertad de expresión como se contrarrestan los excesos de esta, sino controlándola con más libertad de expresión. De esta manera se puede lograr un adecuado balance entre la garantía más amplia posible de la que debe gozar la libertad de expresión, el respeto de los derechos de terceras personas y la posibilidad de que la ciudadanía tenga más información para evaluar asuntos de interés público.
7.6.6. En este caso la responsabilidad que tiene la accionada es la de aclarar si el mensaje compartido corresponde a una opinión (sea de protesta, de indagación general frente a una situación que genera inconformidad en la señora C.L., o del tipo que sea) o a una información que da cuenta de una acusación precisa y detallada contra el accionante. Si se trata de una opinión de este tipo, de manera alguna la accionada puede estar obligada a presentar algún tipo de sustento o elemento probatorio para fundamentar su dicho. Cuestión diferente es que no se trate de una acusación amplia, vaga y genérica que se sitúa en el terreno de las opiniones, sino determinada y precisa, sindicando al accionante de un acto concreto, pues en este caso la accionada tendrá la responsabilidad de dar sustento a la información divulgada. Las cargas que genera manifestar una opinión no son nunca las que se imponen al presentar una información.
7.6.8. Esta S. concluye que reenviar mensajes a través de las redes sociales en los que se hacen acusaciones y señalamientos generales sobre funcionarios públicos por actuaciones en el ejercicio de sus funciones, de los cuales ya tiene conocimiento la ciudadanía, es un discurso amparado constitucionalmente. Sin embargo, el derecho a participar en el control político no puede desconocer los derechos de terceras personas, por lo que se hace necesario encontrar un delicado balance, que en el presente caso consiste en que la accionada aclare si lo expresado corresponde a una opinión, en este caso para elevar su voz de protesta e indignación por el manejo administrativo del Hospital en el que labora, o si se trata de una acusación precisa y detallada, a partir de hechos concretos, en contra del señor F.G., esto es, si lo divulgado es una información y no una mera opinión. Por supuesto, ninguna persona está obligada a precisar, desarrollar o fundamentar una opinión, pues expresarla en un Estado Social de Derecho es una acto ampliamente libre, sobre todo en casos como el que se analiza, en el que el ejercicio de los derechos políticos (en especial, el ejercicio del control al poder) está en juego. Por eso, la única carga que debe soportar una persona como la señora C.L. es aclarar que su manifestación no correspondía a una información y que, por tanto, no se le puede exigir sustentar sus expresiones.
Durante el trámite de las instancias del proceso de tutela la señora C.L. aclaró que el mensaje compartido en su cuenta de F. correspondía a una opinión
8.1. Como se acabó de analizar, si bien es cierto la libertad de expresión no tiene las cargas de veracidad e imparcialidad que se le imponen a la libertad de información, en casos como el presente, en el que una opinión tiene un impacto considerable sobre los derechos de terceras personas, resulta necesario que quede claro que lo expresado corresponde a una opinión en el marco de un discurso especialmente protegido, y no a una información que envuelve una acusación precisa y detallada sobre una persona concreta. En el presente caso esta S. constata que durante el trámite de la acción de tutela la señora C.L. aclaró que el mensaje compartido en su cuenta de F. correspondía a una opinión, tal como se explicará a continuación.
Así mismo, en la impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia la señora C.L. reiteró sus explicaciones y aclaró que no tiene soportes jurídicos sobre lo expresado en la imagen que compartió. Dijo la accionada: “es preciso indicar que si bien, reconozco que en su momento compartí una publicación en la red social “F.” la cual, como ha indicado este honorable juzgado carecía de todo soporte jurídico que permitiera legitimar lo compartido (…)”. Sobre los motivos que tuvo para compartir el citado mensaje, la accionada mencionó su preocupación por los actos de corrupción que se presentan en el Hospital donde labora y en el país en general. Señaló: “Hay que reiterar que la publicación que decidí compartir en su momento, fue producto de la coyuntura del momento, pues como colombiana, observo con mucho desdén, como la corrupción carcome día a día al país en el cual nací y vivo, y es producto de ese dolor, que tomé esa decisión errónea de “compartir” en “mi muro” tal publicación”.
8.3. Por lo anterior, esta S. observa que en el trámite de las instancias del proceso de tutela la accionada aclaró que el mensaje que compartió en su cuenta de F. correspondía a una opinión a través de la cual pretendía protestar y manifestar su descontento por los manejos de las directivas del Hospital Universitario de Santander. En efecto, la accionada señaló que, tal como lo sostuvo el juez de primera instancia, no tenía los soportes jurídicos para apoyar la acusación en contra del accionante.
De otro lado, la accionada indicó que lo que la motivó a compartir el mensaje fueron las emociones de indignación y rabia que sintió ante las cuestionadas e irregulares actuaciones y decisiones tomadas por los directivos del Hospital y la sensación de impotencia que le produce la corrupción en el país, sin embargo, reiteró que después de compartir el citado mensaje, entendió que este no era el mejor medio para luchar contra la corrupción. Es claro entonces que la publicación compartida por la accionada no contenía una acusación precisa, concreta y detallada sobre el señor F.G., esto es, no se trataba de una información, sino que correspondía a una opinión que expresaba una protesta por las supuestas actuaciones irregulares que se han presentado en la administración del Hospital Universitario de Santander. Además, la opinión de la accionada no se enmarca en ninguna de las categorías de discurso sobre las que se ha desvirtuado la presunción de cobertura constitucional de la libertad de expresión.
8.4. En consecuencia, la Corte entiende que los derechos fundamentales del accionante al buen nombre y a la intimidad no se han vulnerado, pues en el trámite del proceso de tutela quedó claro que lo expresado por la señora C.L. correspondía a una opinión proferida en el marco de un discurso especialmente protegido, sin que se hiciera alguna acusación precisa y detallada en contra del señor F.G. a partir de hechos concretos. No obstante, debido a que las aclaraciones proporcionadas por la accionada en relación con el mensaje compartido se hicieron en el transcurso de un proceso judicial y sólo obran en el expediente de la acción de tutela, el cual no goza de publicidad, la presente sentencia servirá como medio para hacerlas públicas y ofrecer a la ciudadanía mayores elementos de juicio que le permitan valorar de mejor manera el mensaje compartido por la señora C.L..
8.5. Por lo anterior, se revocarán las sentencias proferidas el 20 de febrero de 2018 por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de B., y el 3 de abril de 2018 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de B. y, en su lugar, se negará el amparo de los derechos fundamentales del accionante, toda vez que, en la contestación de la acción de tutela y en la impugnación de la sentencia de primera instancia, la accionada aclaró que el mensaje que motivó la presente acción correspondía a una opinión.
9.1. La S. estima importante referirse a lo expuesto por la señora C.L. en la impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia, referente a la actuación del accionante tendiente a divulgar la parte resolutiva de dicha Sentencia a través de fotocopias de la misma que fueron pegadas en varios lugares del Hospital Universitario de Santander, razón por lo cual ha sido objeto de burlas y señalamientos por parte de sus compañeros de trabajo. Esta S. advierte que en la Sentencia del juez de tutela de primera instancia nunca se impartió una orden orientada a publicar la providencia en el lugar donde trabajan el demandante y la demandada, por lo que al presentarse un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión del accionante y el derecho a la honra y a la intimidad de la accionada, es preciso aplicar nuevamente los parámetros constitucionales anteriormente expuestos a esta situación.
9.2. En primer lugar, debe estudiarse quién comunica el mensaje. En esta oportunidad es el señor S.F.G. el que ejerce su derecho a la libertad de expresión, quien es funcionario público y ocupa un cargo directivo en el Hospital Universitario de Santander. En segundo término al establecerse qué comunica el accionante, se advierte que lo que pretende difundir reviste un interés general, esto es, la parte resolutiva de la Sentencia de tutela de primera instancia, pues se trata de una decisión judicial en la que se tutela su derecho al buen nombre. En tercera instancia, al analizarse a quién se comunica el mensaje, se observa que este iba dirigido a una audiencia amplia e indeterminada, ya que el accionante divulgó dicha información en un lugar público, esto es, en una entidad pública como lo es el Hospital Universitario de Santander, por lo que lo ordenado en la Sentencia de tutela podía ser conocido no sólo por la comunidad que labora en el mencionado Hospital, sino por cualquier persona que se encontrara allí. En cuarto lugar, en relación a cómo se comunica el mensaje, debe considerarse que este tenía un alto grado comunicabilidad, pues se publicó de manera escrita a través de copias que contenían la parte resolutiva de la Sentencia de tutela de primera instancia. Finalmente, en cuanto al medio usado para comunicar el mensaje, esta S. advierte que el accionante usó diversos lugares visibles del Hospital Universitario de Santander para pegar las copias que contenían la referida sentencia, de tal manera que pudo ser leído con facilidad por muchas personas, pues, como se dijo, el mensaje llegó no sólo a la comunidad que trabaja en el Hospital, sino también al público en general que lo visitó durante el tiempo en que este estuvo publicado.
9.3. En suma, se advierte que S.F. tenía derecho a expresarse con la amplitud propia de este derecho, ya que lo comunicado resultaba de interés general, en la medida en que se trataba de una sentencia judicial que amparaba su derecho al buen nombre, el cual había sido afectado por la publicación compartida por la accionada en una red social, razón por la cual tenía un interés legítimo en difundir a la comunidad la decisión adoptada por el juez de tutela de primera instancia. Aunado a lo anterior, no se observa que se hayan empleado expresiones ofensivas o difamatorias en contra de la señora C.L., pues el accionante simplemente hizo pública la parte resolutiva de la mencionada Sentencia sin hacer ningún tipo de valoración o juicio.
9.4. La Corte entiende que no se presentó ningún abuso o extralimitación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte del accionante. Sin embargo, con el fin de que el público que pudo leer la parte resolutiva de la Sentencia del juez de tutela de primera instancia conozca la resolución de este asunto, se advertirá a las partes de este proceso que, en caso de que cualquiera de ellas lo desee, podrá publicar y difundir la parte resolutiva de la presente Sentencia a la comunidad de trabajadores del Hospital Universitario de Santander en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar que utilizó el señor F.G. para comunicar la parte resolutiva de la Sentencia de tutela de primera instancia.
10.1. S.F.G. interpuso acción de tutela en contra de J.J.C.L. por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, ya que la accionada compartió en su cuenta de F. una publicación en la que aparecía relacionado su nombre como parte de un cartel de la corrupción en el Hospital Universitario de Santander, entidad en la que se desempeña como Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico.
10.3. Esta S. concluyó que en el presente caso la libertad de expresión de J.J.C.L. gozaba de una amplia protección, debido principalmente a que su opinión se enmarcaba dentro de un tipo de discurso protegido. No obstante, se consideró también que en la opinión expresada por la accionada se relacionaba al señor F.G. con la comisión de posibles conductas punibles, al mencionarlo como parte de un “cartel de la corrupción”, y que dichas expresiones fueron difundidas a través de una red social mediante una publicación con un alto grado de comunicabilidad, circunstancias que implicaron que el mensaje llegara a un número indeterminado de receptores de manera ágil y durante un término indefinido.
10.4. En consecuencia, para compatibilizar el derecho a la libertad de expresión de la accionada de la forma más amplia posible, garantizando al mismo tiempo los derechos fundamentales del accionante, era necesario que la señora C.L. aclarara si lo expresado correspondía a una opinión a través de la cual elevaba su voz de protesta e inconformidad con los manejos administrativos presentados en el Hospital donde laboraba, o si por el contrario se trataba de una acusación precisa y detallada en contra del accionante a partir de hechos concretos, es decir, de una información. Sin embargo, esta S. advirtió que, tanto en la contestación de la acción de tutela, como en la impugnación de la sentencia del juez de tutela primera instancia, la accionada aclaró que sus afirmaciones compartidas en su cuenta de F. eran sus opiniones.
Primero: Por las razones y en los términos de esta providencia, REVOCAR las sentencias proferidas el 20 de febrero de 2018 por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de B., y el 3 de abril de 2018 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de B.. En su lugar, NEGAR el amparo a los derechos fundamentales del señor S.F.G..
Segundo.- ADVERTIR a S.F.G. y a J.J.C.L. que, en caso de que alguno de los dos esté interesado en publicar y difundir la parte resolutiva de la presente sentencia a la comunidad de trabajadores del Hospital Universitario de Santander, podrá hacerlo en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar que utilizó el señor S.F.G. para comunicar la parte resolutiva de la sentencia de tutela de primera instancia.

References: artículo 21
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 185
 artículo 44
 resolución