Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve13sep2017.html
Timestamp: 2017-09-24 06:48:31+00:00

Document:
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del miércoles 13 de septiembre de 2017
De la Junta, con designación de presidencias del Comité de Administración y del Consejo Editorial; del Gobierno de la Ciudad de México, contestación a punto de acuerdo
Análisis del V Informe de Gobierno, en materia de política interior
Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, PVEM
Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Morena
Abel Murrieta Gutiérrez, PRI
Martha Hilda González Calderón, PRI
Alejandra Gutiérrez Campos, PAN
Alicia Barrientos Pantoja, Morena
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente, 276 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (11:48 horas): Se abre la sesión.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se informa a la asamblea que el orden del día con los asuntos correspondientes a esta sesión se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se recibieron de la Junta de Coordinación Política comunicaciones, por lo que se designa a la presidenta del Comité de Administración, y a la presidenta del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para asegurar que en los mensajes y recomendaciones preventivas de preparación, auxilio o recuperación que emitan, se prevea el uso de lenguas indígenas, según las comunidades en riesgo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, remítase a la Comisión de Protección Civil para su conocimiento.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es el análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política interior. Para dar cumplimiento a la fracción I del artículo 3o. del Acuerdo aprobado, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de intervenciones a las y los siguientes diputadas y diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El orden es el siguiente: Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Morena, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por cinco minutos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenos días, compañeros legisladores, diputada presidenta. Para nosotros los diputados de Encuentro Social, el mesianismo, el clientelismo, el paternalismo y el autoritarismo son los más arraigados y terribles obstáculos para la promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
El desarrollo democrático y cívico del país implica forzosamente la promoción y el fortalecimiento de la cultura democrática y la identidad nacional, es precisamente algo que no fue olvidado en el ámbito de la política interior durante este año. Por lo menos mencionándolo, en la práctica sería necesario revisar si los instrumentos mostrados han sido realmente los que dotan de mayor profundidad la forja de la cultura y de la identidad.
Es loable, por supuesto, la manera solemne y con un claro sentido de responsabilidad histórica con que se celebró el centenario de la promulgación de nuestra Constitución, así como el sin número de ceremonias cívicas, publicaciones y exposiciones con el mismo fin.
El fortalecimiento de la identidad nacional, no obstante, es preocupante que los únicos elementos que encontramos no vayan dirigidos a la formación de conductas, hábitos, actitudes y aprendizajes que realmente sean contundentes para la construcción de una identidad y cultura de manera más profunda.
Por otro lado, es interesante el esfuerzo en materia de política interior hecho por el gobierno federal para fortalecer y promover una relación participativa y respetuosa, capaz de contrastar y no solo incluir a la ciudadanía y sus organizaciones, así como sus puntos de vista respecto a los temas que atañen a cada dependencia y entidad de la administración pública federal.
Es notorio que a pesar de habernos tardado varias décadas y también varios colores en encontrar que sólo así era posible gobernar, por fin en este informe me encuentro con que realmente el esfuerzo en la política interior en nuestro país se ha orientado a involucrar a la sociedad civil organizada en la administración pública federal.
Prueba clara de ello es precisamente la consulta popular México por la vida, que a pesar de que la Ley de Consulta Popular está diseñada para hacer casi imposible una consulta ciudadana, este año fueron las mismas organizaciones, los mismos mexicanos de principios y valores, quienes sostuvieron para México una relación participativa y responsable, una correlación fortalecida entre gobierno y ciudadanos, quienes durante tan solo dos meses desplegaron un potencial vertebrado sin precedentes que, en próximas fechas sabremos, dará como resultado la cifra históricamente más grande respaldo ciudadano a un tema de interés nacional.
Desde esta tribuna un saludo lleno de admiración y de respeto a todos esos ciudadanos que se han dedicado a defender los derechos humanos de los no nacidos por ser la voz de los que deben nacer, por no olvidar jamás al mismo tiempo a la protagonista de esta protección y de este amor, la mujer.
En otro tema, me congratulo con la institucionalización y exitosa comunicación del servicio para la recepción de todas las llamadas de emergencia en el país con un modelo homologado, desarrollado por la UNAM –por cierto, una felicitación muy amplia a la Universidad Autónoma de México, baluarte de nuestro país por este esfuerzo en conjunción con el gobierno– a los beneficios de este modelo que es 24 X 365 y disponible para más de 240 tipos diferentes de emergencia.
A esos beneficios se une uno que es especialmente importante para el tema que nos ocupa y que nos importa de manera estratégica: Los niños. No se trata del 911, sino del 911. Solo así, como se ha mencionado, será posible que los pequeños puedan ser protegidos también en las emergencias. Por supuesto esto se volverá realidad si sus padres, pero sobre todo las instituciones públicas, informan y difunden adecuadamente este enfoque, esta adecuación, para lo cual me consta por diálogo reciente que tuve con los encargados que están ocupados en el tema.
En el marco de la glosa este informe, en cuanto a la política interior, me es muy importante señalar en énfasis que se ha puesto en aplicar la reforma constitucional en derechos humanos. Su implementación y la presión hacia el cumplimiento de criterios no vinculantes de derecho internacional no será una buena noticia si antes no es claramente definida la naturaleza y fuente de los derechos humanos.
No podemos ser ingenuos a los intereses de instituciones internacionales como riesgo de esta propuesta.
En ese sentido tenemos sólo una profunda deuda con los mexicanos que queriendo hacer uso de su derecho a la vida, a la seguridad, a vivir en paz, se han encontrado con que sus hijos están desaparecidos o han sido violentados.
¿Qué respuesta les podemos dar hoy? Aunque se han dado pasos –indudablemente– no hay forma de argumentar a esta familia que en justicia reclama por el dolor que está atravesando.
Finalmente en el Partido Encuentro Social apreciamos los esfuerzos que se han realizado, pero advertimos que será necesario –en el tema de inteligencia– corregir lo que se está haciendo para asegurar que no se convierta en un asunto que actúe sobre la intimidad de la persona.
Pero además le queremos poner énfasis a tres puntos que son fundamentales para lograr la gobernabilidad que México requiere:
Número 1. Tiene que ponerse a la persona como centro de los derechos humanos, y con base en estos,...
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada, concluya, por favor.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: ...entonces tendremos una fuerte política de Estado. Concluyo en un momento.
Número 2. La completa integración y cooperación entre gobierno, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
Y finalmente, el compromiso real, como número 3, con la seguridad como eje prioritario y estratégico.
Con estos ejes como columna apuntalando nuestra política interior, podemos estar tranquilos y decir, como lo dijo en algún momento muy importante de la historia Fernando Sabater: la gobernabilidad del país no puede depender de grupos a los que el país no les importa. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Como siguiente orador se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Carlos Gutiérrez García: Las y los mexicanos han transformado su forma de ver la política. No son más simples espectadores. Hoy se involucran, participan y exigen que la clase política esté a la altura de sus ejemplos.
Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la ciudadanía ha hecho valer su voz, estamos aquí para representar sus intereses y contribuir a terminar con la desconfianza y la falta de credibilidad en las instituciones.
En cumplimiento con lo que establece el artículo 69 de nuestra Carta Magna, el Ejecutivo federal ha presentado su V Informe sobre el estado que guarda la administración pública federal. Acatando dicho precepto, estamos dispuestos a comenzar un diálogo constructivo entre poderes con la finalidad de robustecer nuestra democracia mediante un puntual análisis sobre los resultados de las políticas públicas que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene un compromiso claro con la sociedad, y en congruencia con esta responsabilidad hacemos nuestra las justas demandas de la sociedad.
Para nosotros la gobernabilidad democrática debe caracterizarse por la capacidad, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. De ello depende la credibilidad y la solidez de nuestras instituciones.
Cinco años de administración nos permiten hacer una valoración de los objetivos alcanzados y las materias en las que el país sigue rezagado. Si bien hay progresos que deben reconocerse, la realidad es que aún tenemos muchas metas que cumplir con el enorme reto de garantizar un desarrollo integral para la mayor parte de la población.
En cuanto a la consolidación de nuestra democracia, cabe destacar que durante el presente año se llevaron a cabo procesos electorales en el estado de Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz, en los cuales se demostró la diversidad y el nivel de participación de los ciudadanos, la democracia se impuso y estas experiencias deben servir para garantizar un proceso equitativo en 2018.
La ciudadanía está dispuesta a participar y sabe que mediante su voto puede castigar las malas gestiones, la corrupción y la opacidad. Lamentablemente en materia de seguridad no se ha conseguido consolidar la paz en muchas regiones de nuestro país.
El V Informe de Gobierno señala que entre 2013 y 2016, se entregaron 8 mil 283 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito destinados a la realización de acciones en materia de prevención de la violencia y la delincuencia en las 32 entidades federativas.
A pesar de lo anterior, la gente sigue padeciendo el flagelo de la inseguridad. Tan solo basta mencionar que de acuerdo con el Índice de Paz México 2017, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, en nuestro país la paz se deterioró 4.3 en comparación con el año anterior.
Asimismo, se subraya que la brecha entre los estados más y menos pacíficos continúa en aumento. La tasa de homicidio doloso se incrementó en un 18.4 por ciento, y el 61 por ciento de estas muertes se cometieron con armas de fuego.
México no está en paz. Es urgente revisar las acciones que se han realizado en esta materia y valorar su los recursos destinados a garantizar la seguridad de la población han sido invertidos en forma adecuada. Es imperativo hacer un balance de los resultados de las políticas públicas en esta materia, fallar en este aspecto es inadmisible.
Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Inegi durante el mes de junio de 2017, muestras que el 74.9 de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro.
Es cierto que se han puesto en marcha programas para la prevención del delito y para la prevención social, de la violencia y la delincuencia. Sin embargo, los delitos de alto impacto han seguido creciendo.
De acuerdo con las estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública si comparamos el primer trimestre de 2017 con el mismo lapso 2016 los delitos de alto impacto se incrementaron, es decir, los homicidios dolosos y los culposos, los secuestros del fuero federal y del fuero común, al igual que las extorsiones, los robos en todas sus modalidades y las violaciones.
Los datos son contundentes y por ello es imperativo dar resultados concretos en uno de los temas que más aflige a la población. Sin seguridad no existe posibilidad de desarrollo.
Sabemos que la tarea es compleja, pero para atenderla es preciso hacer un análisis de las acciones implementadas y los resultados alcanzados. Sabemos que existe la voluntad para mejorar el entorno y la seguridad cotidiana de la sociedad. Lamentablemente la percepción de la ciudadanía nos muestra que no basta con la voluntad, se requieren resultados palpables.
La puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio implicó un avance en la procuración de justicia del país. Sin embargo, pese a que se han implementado acciones concretas para lograr la profesionalización de los servidores públicos que trabajarán bajo el mismo sistema, es preciso reforzar esas acciones para erradicar la narrativa que culpa a este sistema del incremento de los delitos.
Las y los diputados turquesa queremos refrendar nuestro compromiso con la sociedad, queremos ser un factor de unión y de diálogo anteponiendo el interés de las y los mexicanos por encima de grupos o partidos políticos.
En Nueva Alianza...
El diputado Carlos Gutiérrez García: ... buscamos contribuir a la gobernabilidad, la consolidación de la democracia, la seguridad y el combate a la corrupción porque sabemos que esos temas son los que más afectan a nuestros representados, que son los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra a la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Diputadas y diputados, la política interior en la actualidad está desatinada, está además fuera del contexto de lo que debería ser la política interior, que es velar por el bien común de los habitantes de un Estado.
Lo dijimos el año pasado y hoy lo reiteramos, el gobierno federal no reconoce la crisis de confianza y legitimidad, sino todo lo contrario, cada día le abona más. Durante este año han estado peor, porque pasaron de la Casa Blanca a la estafa maestra y al paso exprés de manera exprés.
Temas altamente sensibles para la sociedad mexicana, como el combate a la corrupción y el respeto y garantía de los derechos humanos, no son una prioridad para el gobierno que encabeza Peña Nieto. En el marco del combate a la corrupción los mexicanos nos seguimos sorprendiendo con las noticias que muestran cómo, desde el poder público, se tejen redes de intereses cuyo fin fundamental es saquear la riqueza pública.
El tema de la estafa maestra no es más que una muestra de cómo muchos de los integrantes del gobierno conciben el servicio público como un medio en donde los problemas del país no les interesan. La grave desigualdad económica en la que viven millones de mexicanos son solamente riqueza para ellos.
Hoy vemos con preocupación cómo el esquema de saqueo de los recursos del erario público ya se ha convertido en un modus operandi, que abarca a prácticamente todas las instituciones del gobierno, incluso el esquema que utilizó el PRI en las elecciones en 2012 y que no fue castigado.
La política interior no está dirigida a combatir las prácticas corruptas, la Secretaría de la Función Pública no actúa y la Procuraduría General de la República está pasmada y se queda quieta ante los casos de corrupción.
Lo que está ocurriendo en política interior en materia de corrupción es dejar pasar, dejar hacer. Eso se denomina omisión, impunidad y complicidad.
El caso Odebrecht es la muestra de quienes abusaron de sus cargos. Es increíble que en países con estructuras anticorrupción más débiles, como Guatemala, Perú, Brasil y Colombia han tenido mayores avances en la persecución del delito y no les ha temblado la mano para llegar a las cabezas más altas del gobierno. Aquí hay un pacto de impunidad.
En materia de derechos humanos ni se diga, la asignatura está más que pendiente. A pocos días de cumplir tres años del horrendo crimen de desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal ahora ya ni siquiera mantiene su verdad histórica, porque nunca fue ni ha sido una respuesta que resuelva por qué desaparecieron los jóvenes y tampoco dónde están.
En la fracción ciudadana no vamos a aprobar la Ley de Seguridad Nacional, que pretende militarizar el país. En México se siguen matando periodistas sin que los crímenes sean esclarecidos.
La legislación sirve, pero en la medida en que se engrane con la ejecución de la misma y las sanciones de los crímenes. Al gremio informativo nuestro más amplio reconocimiento y solidaridad.
El gobierno mexicano debe asumir una actitud de dignidad ante la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Ayer ni llamada hubo.
También en política interior no podemos ser omisos ante las violaciones a los derechos humanos de las personas que ingresan a nuestro país de Sudamérica. La práctica del feminicidio sigue siendo una amenaza a las vidas de las mujeres. Debemos y estamos obligados a revisar el impacto real de las alertas de género.
La presumida generación de gobernadores y funcionarios jóvenes son la muestra de la desmedida ambición. Los Duarte, Borge, Medina y funcionarios involucrados en los casos de Odebrecht, estafa maestra, Paso Exprés, la Jornada Nacional contra el Hambre, por decir lo menos, son casos que deben ser investigados, perseguidos y sancionados.
Teneos que estar alerta. Lo peor que le puede pasar a este país es que el próximo año presenciemos de nuevo el uso de recursos públicos para comprar votos y voluntades.
Requerimos una verdadera política interior, que marque rumbo claro en materia de anticorrupción y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Le decimos a Peña Nieto, desde esta tribuna y a todos los funcionarios: El tiempo se les agotó y han perdido una oportunidad para resarcir daños. Basta de simulación, frivolidad y engaño a la sociedad mexicana. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Y se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas: Con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, cuando se habla de la política interior de un país, nos remitimos y nos lleva a pensar en las acciones y decisiones que toma el gobierno para tener y mantener el desarrollo ordenado en todos sus conceptos.
México no es ajeno a esta idea y es la Secretaría de Gobernación la encargada de llevar esta tarea y las actividades concernientes para mantener una paz social, tener una convivencia política, resolver conflictos sociales, etcétera.
A lo largo y ancho de nuestro territorio existen diversos problemas, intereses particulares o de grupo, que conllevan diferencias, que en algunas situaciones se traducen en conflictos, donde el gobierno tiene que establecer opciones de soluciones y así llegar a acuerdos.
Por lo anterior y revisando el Quinto Informe del presidente Enrique Peña Nieto, se puede apreciar que el gobierno de la República ha llevado a cabo una política interior sustentada en el diálogo y la construcción de acuerdos, como medios indispensables para fortalecer las condiciones de gobernabilidad democrática, escuchando a todos los actores sociales y políticos.
El diálogo ha sido la pauta para buscar coincidencias y actuar en corresponsabilidad, comprendiendo que una democracia plural, como la nuestra, requiere de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, para generar los resultados que la sociedad espera y evitar situaciones de parálisis o de polarización que no favorecen el avance del país. Porque los acuerdos que el país necesita y merece no pueden que darse en lo electoral, no pueden hacerse pensando en la lógica de lo inmediato, sino que deben realizarse pensando en el bienestar y el futuro de México.
Gracias a los acuerdos durante estos cinco años, el gobierno de la República ha podido poner en marcha una agenda de profundas transformaciones que modificó las bases estructurales del crecimiento económico, dejando atrás viejos paradigmas que limitaban el desarrollo.
Con ello se puso fin a varios años de estancamiento en los que no fue posible generar los consensos necesarios para sacar a cambio los cambios de fondo que le hacían falta al país. Y estos cambios no fueron posibles por la intolerancia y la falta de buena política que en el pasado llevó a nuestro país a situaciones de encono y polarización, en las que no se tuvo la capacidad para concretar una agenda común que uniera, no que dividiera a los mexicanos.
Se apostó por una política de confrontación basada en visiones únicas que separan en lugar de acercar, que descalificaban en lugar de argumentar, que destruían en lugar de contribuir.
El diálogo ha sido la pauta para impulsar la relación de respeto y colaboración entre los Poderes de la Unión, comprendiendo que la pluralidad no debe separarnos ni llevar a distanciamientos innecesarios, sino que debe ser la base para enriquecer el debate público y generar mejores soluciones, siempre en beneficio del interés nacional.
El diálogo ha sido la constante de este gobierno. En todo gobierno se ha puesto por delante, antes de cualquier otra determinación.
A través del diálogo también se han podido distender conflictos y canalizarlos por la vía pacífica. Se escuchan y se atienden las exigencias de todos los grupos sociales con total apertura y ánimo constructivo para buscar alternativas de solución.
Toca al Legislativo revisar las acciones del Ejecutivo, que ha presentado en este quinto informe.
Pero también nos toca a nosotros contribuir con el buen desarrollo del país. También nos toca a nosotros hacer política interior. Nos corresponde dejar de lado los intereses personales o de grupo para sólo pensar en uno, el interés de México.
No podemos trabajar en esta Cámara en base a consignas electorales, en base a frentes coyunturales que han sido pensados para impulsar un interés de una sola persona.
Aquí se debe realizar mucha política y eso conlleva diálogo y no cerrazón. Llegar a consensos y no impulsar las diferencias. Así como revisamos el informe del Ejecutivo, realicemos nosotros nuestro trabajo y la ciudadanía revisará y calificará la actuación de cada uno de nosotros. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Jesús Izquierdo Rojas, Partido Verde Ecologista de México.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas: Buenas tardes, diputados y diputadas. En México no contamos con instituciones públicas sólidas, muy por el contrario, la democracia mexicana está enredada por un diseño institucional que atrapa a las instituciones y las ata a intereses partidistas o de grupos impidiendo que se consoliden restándoles autonomía, y corrompiendo sus fines.
Las reformas estructurales nunca se materializarán si no se combate a fondo el problema de la corrupción, y desafortunadamente podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que el sexenio de Peña Nieto es el más corrupto y más impune de toda la historia de México.
En materia electoral, un diseño constitucional corrupto mantiene secuestrada a la institución autónoma encargada de la función estatal de organizar las elecciones que tanto tiempo y dinero costó crear, así como a los tribunales electorales mediante el sistema de reparto de cuotas partidarias.
El 5o. Informe señala que en el ámbito electoral se fortaleció el sistema de fiscalización electoral, así como la independencia de las autoridades jurisdiccionales locales. Para desgracia de los mexicanos, ninguna de las afirmaciones es cierta. Las elecciones federales de 2015 y los comicios locales de 2016 y 2017 evidenciaron la vulnerabilidad en las instituciones electorales, y el fracaso de la reforma constitucional en materia política del 10 de febrero de 2014.
Las elecciones en este año en Veracruz, Nayarit, Coahuila, y especialmente en el Estado de México ensuciadas por la abierta participación del gobierno federal y los gobiernos locales, mediante el desvío de recursos públicos y la utilización facciosa e ilegal de los programas sociales durante los comicios.
Desde esta tribuna exigimos la renuncia de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales por su incapacidad de detener las irregularidades en el proceso electoral, como el uso de recursos públicos por parte del gobierno federal y estatal.
Las irregularidades registradas en la selecciones de este 2017 son una muestra de lo que se prepara en los próximos comicios del próximo año. Las elecciones en el estado de México y Coahuila deben ser anuladas a fin de que se convoque a elecciones extraordinarias, aún es tiempo de impedir que se atropelle la voluntad popular.
Durante 2017 hemos advertido como desde la Presidencia de la República y desde los gobiernos de los estados en donde se celebraron elecciones, se pusieron en prácticas contrarias a la Constitución y a la ley para favorecer al Partido Revolucionario Institucional y sus aliados, en los estados de Nayarit, Coahuila y el estado de México advertimos como actuaron maquinarias electorales al servicio de los intereses partidarios.
El INE ha demostrado que carece de independencia para organizar y conducir el proceso electoral presidencial de 2018, con un órgano electoral al servicio del gobierno, la democracia vuelve a estar en riesgo, estamos retrocediendo. El INE está secuestrado por los intereses del gobierno y los partidos políticos han abdicado para cumplir con su labor.
Les comparto un breve recuento. Primero, el INE desechó atraer las elecciones del estado de México tras las críticas al Instituto Electoral del Estado de México, pese a estar facultado para ello y tratarse de un proceso electoral cuestionado, tanto por los partidos de oposición, como por analistas independientes.
Segundo. El Congreso del estado de México aprobó en sesión realizada el 30 de marzo, que 67 de los 90 programas sociales del estado de México se mantuvieran vigentes durante el periodo de campaña.
Tercero. La presión sobre el electorado en el uso indebido de programas sociales y la violación de los principios de equidad e imparcialidad, así como la violación de principios de no entrega masiva, de programas sociales, tanto por parte de los candidatos y de diversos funcionarios del gobierno federal.
Cuarto. El Tribunal Electoral ordenó retirar spots de Morena y del PAN, pero no sancionó al PRI aunque su candidato Alfredo del Mazo haya incurrido en un acto ilegal al utilizar imágenes de anuncios del gobierno mexiquense para promover su campaña.
Quinto. El aumento al tope de gastos de campaña de las elecciones locales dio por resultado los comicios más caros de la historia y que fueran más inequitativos.
Sexto. Hasta la fecha no existe una sola persona en la cárcel por la compra y coacción del voto, uno de los delitos más comunes y decisivos a la hora de definir al triunfador en una elección que ni el INE ni la Fepade ni en tribunal electoral han querido impedir.
El fraude sembrado este año contaminará de manera irreversible la elección presidencial del próximo año. El sistema electoral mexicano se encuentra al borde del colapso ante el fracaso de las instituciones encargadas de garantizar la equidad de los comicios. El sistema electoral en su conjunto está rebasado.
Estamos ante la presencia de una operación de estado para ganar el Estado...
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas: ... donde la compra y la coacción del voto se dan a vista de todos y es ahí donde más se nota la ausencia del INE.
Enrique Peña Nieto miente cuando habla de gobernabilidad democrática. En México no tenemos elecciones libres, justas y auténticas. No tenemos la fortaleza institucional. México es un Estado fallido. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Erik Juárez Blanquet: Con su venia, señora presidenta. Señores y señoras diputados. El V Informe de gobierno marca el ocaso del sexenio de los presidentes de nuestro país. Así lo marcan tanto las leyes no escritas como el sistema político de nuestro propio calendario electoral, porque el VI Informe de gobierno es mero protocolo de despedida.
El Grupo Parlamentario del PRD considera que con este informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, demuestra que su gestión pasará al tiradero de la historia, en lo que respecta al México en paz que nos prometió. Ya podemos asegurar que fue un fracaso rotundo.
Hoy México vive la mayor crisis humanitaria por la violencia y del abierto reto a las instituciones por el crimen organizado y el narcotráfico en vastas regiones de nuestro país, así como por la interminable lista de casos de corrupción y de impunidad que ponen a su gobierno en la más absoluta falta de legitimidad, como nunca se había registrado en la historia de nuestro país.
Tenemos que decirlo –sin ningún cálculo político– que se registran enormes retrocesos en cuanto al respeto y la promoción de los derechos humanos, marcada gravemente por los grotescos casos de tortura y abusos cometidos por las policías federales, estatales y municipales, y por el personal de las Fuerzas Armadas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
No ha habido –compañeros– avances significativos en los casos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de Apatzingán, de Tlatlaya, de Tanhuato y Nochistlán, entre otros.
Se siguen acumulando y han puesto en evidencia las graves deficiencias de las investigaciones y la incapacidad del gobierno para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.
El Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, poco podrán hacer en el corto plazo para enfrentar la corrupción sexenal y el legado priista.
Quedan por delante diferentes nombramientos de quienes lo encarnarán en la fiscalía contra los delitos de corrupción, el nuevo auditor superior federal, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, en los que el presidente ejercerá una influencia decisiva.
De nada servirá –pues– todo el entramado legal si los servidores públicos se siguen y nos seguimos amparando en el fuero constitucional, principalmente, el presidente de la República.
En días pasados, como ya todos lo saben y lo han podido percibir, junto con el PAN y Movimiento Ciudadano, logramos impedir la imposición del fiscal carnal. Esta fue una importante victoria para el pueblo de México.
Nosotros vamos a seguir luchando con mucha determinación para lograr una verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República porque un fiscal a modo jamás va a investigar ni a castigar a los responsables del desfalco del erario público cometidos por las empresas trasnacionales Odebrecht, e Higa, de OHL y el Sistema Nacional Anticorrupción quedará peligrosamente incompleto, y todo su andamiaje institucional quedará en una mera simulación.
Por otro lado, compañeras y compañeros, es necesario decir que en cuanto al proceso electoral en curso, en el PRD consideramos que los niveles de corrupción electoral que se alcanzaron en las elecciones de Coahuila y el estado de México, con la participación del gobierno federal, de los secretarios del gabinete, deben ser combatidos, sobre todo el desvío de recursos públicos y el uso electoral de los programas sociales, lo cual no debe volver a repetirse en el proceso electoral nacional en el que ya estamos inmersos.
Por ello, el PRD exige al gobierno federal que se blinden tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, así como los presupuestos estatales, para impedir su uso faccioso y evitar un posible conflicto político de proporciones peligrosas para la democracia y la legitimidad de los procesos electorales concurrentes del próximo año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario del PRD convoca a todas fuerzas políticas representadas en esta Cámara para que erijamos un acuerdo político mínimo para sentar las bases de un verdadero México en paz, con un sólido estado democrático, social de derecho incluyente, igualitario y justo.
Señor presidente Enrique Peña Nieto, sobre su gestión usted es el responsable por los graves errores y omisiones cometidos que lo colocan a usted frente a la evaluación final de su sexenio. Reconozca sus responsabilidades, no le haga más daño a México y a la investidura presidencial, y tome posesión del único lugar que le corresponde, el socavón de la historia. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Patricia Sánchez Carrillo: Buenos días, o buenas tardes ya. Con el permiso de la Presidencia.
El día de hoy, y con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, ha realizado una análisis de las acciones realizadas por el gobierno federal en las materias de seguridad pública, justicia y derechos humanos.
El análisis también se ha enfocado en la revisión de las acciones y programas que el Poder Ejecutivo Federal ha implementado durante el inicio de la actual administración, y que han conllevado desde reformas estructurales de gran trascendencia hasta el incremento de presupuestos destinados para la atención en las materias antes señaladas.
La conclusión a la que hemos llegado los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN es clara y contundente: la administración de Peña ha fallado. En ese tenor, el Partido Acción Nacional responsablemente reproduce en esta tribuna, la más alta de nuestro país, el clamor de millones de ciudadanos, que justificadamente se sienten defraudados por el actual gobierno federal por el incumplimiento de su deber, de garantizarles las condiciones necesarias para vivir en paz, el combate frontal de la corrupción y que sus derechos humanos sean respetados por cualquier autoridad, teniendo como consecuencia que se impida su desarrollo personal, social y económico.
En materia de seguridad pública, con las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Públicas Federal, publicadas el 2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, el actual gobierno nos aseguró que se concretaba una nueva visión de seguridad de Estado. Eso se conseguiría con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, confiriendo sus tareas en esta materia de policía federal, así como las del sistema penitenciario federal y prevención del delito, a la Secretaría de Gobernación.
No obstante que el Poder Legislativo le otorgó al gobierno de la república que la Secretaría de Gobernación asumiera la función de formular y aplicar la estrategia de seguridad pública, por considerarlo estratégico para el combate a la delincuencia, la coordinación de los tres niveles de gobierno y el respeto a los derechos humanos, son diversos los datos y las cifras representadas por la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, las que han señalado el contundente fracaso de la supuesta nueva visión de seguridad del Estado, y denunciando que se ha contribuido con el debilitamiento institucional en diversas zonas de nuestro país, así como se han incrementado los índices de delincuencia.
El gobierno de la República, lejos de atender los reclamos de esos colectivos sociales, ha preferido una política de no involucramiento con las sociedades civiles que continúan reclamando y exigiendo mejores condiciones de seguridad en nuestro país.
El gobierno se ha empecinado en una estrategia de seguridad pública que ha demostrado ser ineficaz por sus pocos resultados, a pesar de los datos que contradicen las cifras proporcionadas por las autoridades.
Al respecto, cabe señalar un merecido reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, quienes, a pesar de estrategias equivocadas y a la implementación de políticas públicas insuficientes del actual gobierno, han cumplido en la medida de lo posible con su deber de hacerle frente a la delincuencia que se ha extendido en nuestro país sofocando la tranquilidad de los ciudadanos y sus familias.
Un ejemplo es el reporte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de las más de 30 mil que no son localizadas, tanto del fuero común como del federal. Estas son cifras del 31 de diciembre de 2016.
En cuanto a la promoción de los derechos humanos durante la gestión de Enrique Peña, continúan las exigencias en diversas organizaciones nacionales e internacionales, para que se investiguen debidamente y sancionen las violaciones de derechos humanos.
De igual forma, ha predominado el llamado urgente para emprender acciones que detengan las agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos. Son diversos los informes que detallan las deficiencias de la actual administración en los temas de desaparición, tortura, impunidad y abuso de autoridad, entre otros.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coincide con las diversas agrupaciones sociales que han llegado a la conclusión de que no existe una política clara y eficaz de Estado en materia de derechos humanos, tampoco en materia de justicia. Por tanto, es nuestro deber denunciar que el actual gobierno ha perdido la oportunidad importante con el motivo de la implementación del nuevo sistema de justicia...
La diputada Patricia Sánchez Carrillo: Sí, presidenta. Sobre las instituciones del actual gobierno encargadas de la procuración de justicia y persecución de los delitos pesan múltiples críticas. Sin embargo, cabe señalar que ha sido la propia sociedad civil quien ha dado esa importante llamada y ha señalado el fracaso de este sistema de gobierno, ya que pesan hechos...
La diputada Patricia Sánchez Carrillo:... como el de la Casa Blanca y otros.
En fin, señoras y señores diputados, en materia de seguridad, de justicia, la protección de los derechos humanos del gobierno priista han fracasado. –Ya, ya, no se desesperen, ya va.
La diputada Patricia Sánchez Carrillo: Es cuanto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Patricia Sánchez Carrillo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra a la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Erika Lorena Arroyo Bello: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Al individuo la seguridad le brinda confianza, a la sociedad armonía, a ambos les aporta paz. Por eso la seguridad de los pueblos es el más sagrado de los deberes. Como precisó José de San Martín.
En un Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, velar por la paz no solo implica preservar la seguridad de la comunidad, sino asegurar que se garanticen los derechos humanos de todos y todas, y que la integridad de las personas esté en el centro de todas las acciones encaminadas a preservar la paz.
Consciente de que recuperar la seguridad representa una de las mayores exigencias de la sociedad, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, planteó una de las cinco metas nacionales de su Plan de Desarrollo Un México en Paz.
Congruente con ese fundamento, su gobierno ha trabajado para hacer del ideal una realidad, a través de una mayor seguridad, una justicia democrática y un respaldo irrestricto a los derechos humanos. Por un lado, con acciones concretas para mejorar la seguridad ha logrado, entre otras cosas, neutralizar a 107 de los 122 delincuentes más peligrosos, así como disminuir la incidencia de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes. De igual manera, implementar el número único de emergencia 911.
Crear a la división de Gendarmería bajo un modelo policial de proximidad con el ciudadano, y a la Gendarmería Ambiental con más de mil efectivos capacitados en la vigilancia de nuestros recursos naturales. De igual manera, impulsar la carrera policial a nivel nacional, capacitando ya a la fecha a 512 mil efectivos y más de 8 mil mandos de todas las fuerzas policiacas del país.
Por otro lado, a favor de la justicia democrática y para abatir la impunidad se han realizado las siguientes acciones. Se ha puesto en marcha la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, con una inversión de 20 mil millones de pesos, para hacer la justicia más eficiente, cercana y eficaz.
Se ha implementado también el sistema nacional anticorrupción, cuyas leyes secundarias aprobamos los diputados de esta legislatura, que permite prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, así como investigar y procesar a quienes incurran en estos ilícitos.
Por último, refrendando su respaldo a los derechos humanos, se ha logrado reducir las recomendaciones de la CNDH para las instituciones de seguridad en un 30 por ciento entre el 2012 y 2016.
Se ha impulsado el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, se han ampliado y fortalecido los instrumentos para garantizar una mejor atención a las víctimas, y se ha fortalecido también el mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas.
Sabemos que aún falta, pero tampoco podemos negar que ha habido avances. Asumimos nuestra responsabilidad, como diputados priistas coincidimos con el llamado que hizo el presidente de la República al Congreso de la Unión.
Es necesario aprobar una legislación democrática en materia de seguridad interior, que nos brinde la certeza a los ciudadanos y encauce la acción de las Fuerzas Armadas. Por eso, esta es una prioridad de nuestra agenda legislativa.
Asimismo, decididos a avanzar definitivamente para lograr un México en paz, seguiremos trabajando para prevenir y sancionar la violencia política de género, impulsaremos diversas propuestas que contribuyan a consolidar el sistema de justicia penal, protegeremos y asistiremos oportuna y eficazmente a las víctimas y a sus familiares. De igual manera, trabajaremos en prevenir, combatir y erradicar los delitos que atentan contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros compromisos legislativos que discutiremos, dictaminaremos y aprobaremos en su momento.
Es momento de avanzar y profundizar. A un año de que concluya la presente administración, a gobierno y a diputados nos corresponde avanzar y profundizar. Al gobierno, avanzar en el fortalecimiento de las condiciones de gobernabilidad democrática que se requieren para seguir encauzando el desarrollo del país.
A los diputados, profundizar legislativamente en las decisiones que contribuyan a perfeccionar el marco jurídico para consolidar el México en paz que todos queremos. Pues más allá de intereses partidistas debemos privilegiar el interés superior de la nación.
México es un gran país. Los invito, invito a todas las fuerzas políticas a sumarse, sin regateos, sin chantajes, con la firme convicción, pero sobre todo, con la responsabilidad de servir a México. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Con la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, concluimos la primera ronda.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Para la segunda ronda se han inscrito los siguientes diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos: diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y diputado Abel Murrieta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Institucional.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En consecuencia, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su venia, diputada presidenta, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En el pasado, a pesar de la experiencia adquirida en materia de protección civil, teníamos una política reactiva y con lenta capacidad de respuesta, lo cual no permitía actuar con mayor velocidad ante eventualidades, como los eventos de la semana pasada.
El Sistema Nacional de Protección Civil carecía de infraestructura suficiente, no había coordinación que permitiera actuar oportunamente y agilizar la transferencia de los recursos y apoyos a la población. No se contaba con ninguna gestión integral de riesgos a nivel nacional. El Atlas Nacional de Riesgos carecía de información actualizada y completa.
Por todo ello, al inicio de la administración se puso en marcha una política de protección civil integral basada en tres ejes: primero, enfoque preventivo. Segundo, reacción oportuna y coordinación. Tercero, atención ante emergencia.
En este sentido, se han emprendido las siguientes acciones. Primero, en materia de prevención se hace uso de tecnologías y se brinda capacitación puntual a servidores públicos. Actualización del Atlas Nacional de Riesgos, además de que se hizo del conocimiento de la ciudadanía.
Integración de los sistemas de monitoreo y de alerta del país en uno solo: el Sistema Nacional de Alteras. Promoción de la cultura de autocuidado y la autoprotección. Campañas de información a población en zonas de riesgo, incluidas campañas en diez lenguas indígenas más habladas. Jornadas de protección civil y en materia de reacción y coordinación. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre dependencias y órganos de gobierno, trabajo con otros poderes, con la academia y con la sociedad.
Se impulsó la homologación de la normatividad local con la Ley General de Protección Civil. Elaboración del reglamento de la ley, inclusión de los temas de protección civil y prevención de desastres como parte de la agenda de seguridad nacional. Implementación de una gestión integral de riesgos, con protocolos para la atención de desastres unificados y actualizados.
Firma de convenios con el sector privado para fortalecer la colaboración institucional y actuar, juntos, antes, durante y después de una emergencia. Con la industria de la construcción para respaldar los procesos de reconstrucción. Con los sectores aéreos y de autotransporte para facilitar los puentes de comunicación, el traslado de ayuda humanitaria y las labores de evacuación y rescate.
En materia de acción oportuna y liberación de los recursos, perfeccionamiento de los mecanismos de auxilio a la población. Se agilizaron los tiempos de respuesta y la entrega de los recursos del Fonden, ahora se entregan a menos de 48 horas. Se puso en marcha el Plan MX para coordinar y articular por primera vez en la historia de nuestro país la respuesta de todas las instancias de gobierno de la República ante una emergencia, incluido el Plan DN-III-E.
Se estrenó la sede del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, Cenaced, que conjunto con los esfuerzos de los sectores, social y privado, para coadyuvar en las acciones que en materia de atención emprenda el gobierno. En reconocimiento a la experiencia de México y a sus políticas en la materia, fuimos sede de la Plataforma Global para la Prevención de Riesgos de Desastres, el foro internacional más importante en la materia, sin embargo tenemos que seguir sumando esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad, por eso hagámoslo nosotros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputada Ana Guadalupe Perea Santos.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra, a la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. Las y los mexicanos que nos eligieron como sus representantes demandan acciones efectivas para solucionar los problemas que más les preocupan.
Eso hace que la interlocución con el Poder Ejecutivo, en el marco de la glosa del V informe sea más importante, razón por la cual las y los diputados de Nueva Alianza buscaremos que este espacio sea útil para ambos y de este modo lograr un progreso en temas como la justicia, el respeto a los derechos humanos, la transparencia y el combate a la corrupción.
El inicio del nuevo sistema penal acusatorio ha implicado un reto mayúsculo para las instituciones de todo el país. La reforma constitucional de 2008 es un hito en la concepción de la justicia penal en México. Este busca lograr un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la aplicación expedita de justicia para las víctimas de un delito mediante los juicios orales.
Sin duda se han realizado esfuerzos para capacitar a las policías y ministerios públicos, lo cual celebramos. Lamentablemente y, a pesar de que se cuenta con el marco jurídico adecuado, la implementación del nuevo sistema aún no ha dado los resultados esperados. Sabemos que este es un proceso que requiere tiempo, sin embargo los índices de impunidad no han mejorado.
En el índice global de impunidad México ocupa el lugar 58 de 59 países con los mayores niveles de impunidad. De acuerdo con cifras de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública durante 2015, se inició averiguación previa en el 6.3 por ciento del total de los delitos. Esto significa que un 93.7 por ciento de los delitos no se denuncian o no se inicia averiguación previa.
Estamos conscientes que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo para abatir la impunidad y lograr una procuración de justicia efectiva, pero aún falta mucho camino por recorrer si queremos recobrar la confianza de la ciudadanía.
Se reconocen los avances en la modernización de la Procuraduría General de la República, particularmente el establecimiento del programa en materia de desarrollo tecnológico para que cuente con infraestructura de vanguardia.
En otro asunto, consideramos oportuno que el Ejecutivo federal nos haga mención de las acciones del Programa Nacional de Derechos Humanos mediante el cual se promueve el mecanismo de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal para lograr mayor incidencia en las políticas públicas de derechos humanos, ya que se busca actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y prácticas de los servidores públicos federales en esta materia.
Ciertamente también aquí se han hecho esfuerzos para promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país, sin embargo esto no es suficiente ya que aún existen señalamientos de vulneración de los derechos humanos en los actos de gobierno.
Del mismo modo continúan las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Otro aspecto que no podemos soslayar y que ha cobrado una importancia toral en los últimos años, es el combate a la corrupción. Sabemos que el gobierno federal ha realizado esfuerzos en aras de que los órganos internos de control promuevan acciones de mejoras para prevenir posibles actos de corrupción, así también como el perfeccionamiento de la apertura de datos de las compras públicas del gobierno.
Contamos ya con un marco jurídico para combatir la corrupción, y la sociedad espera que no exista tolerancia para quienes abusan o se benefician de los cargos públicos.
En Nueva Alianza sabemos reconocer los logros y los avances de esta administración, pero no podemos dejar de señalar las áreas de oportunidad que aún se tienen para mejorar su desempeño.
Somos conscientes de que las y los mexicanos esperan una clase política más responsable, más autocrítica, que asuma que el respeto a la ley no es una dádiva de los servidores públicos, sino es su obligación.
Sabemos que todavía existen retos para consolidar las transformaciones jurídicas que iniciaron con esta administración.
Estamos seguros que el esfuerzo conjunto conseguirá que podamos dar un mejor país a todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señora presidente. Buenas tardes compañeros. Hay autoridad legal y autoridad moral. La autoridad legal es la que se adquiere a través del cumplimiento de las normas constitucionales electorales que han de definir una elección de llevar a alguien al mando. Respecto a la autoridad moral de Enrique Peña Nieto no tengo ninguna observación, ciertamente hubo desaseos e inconsistencias en la elección de 2012, pero eso fue hace cinco años, y de alguna manera es nuestro presidente legítimo, y así lo reconozco.
Sin embargo, respecto a la otra autoridad, a la autoridad moral, ahí sí hay muchos cuestionamientos. Esta es tan importante como la anterior, y a veces más importante. La autoridad moral es la que se adquiere en manos de un gobernante cuando éste cumple con su pueblo, cuando gobierna con sensatez, probidad y honestidad, cuando cumple con lo ofrecido y mejora las condiciones generales de su país, cosa que notoriamente no ha hecho el actual presidente de la República, a pesar de lo que se informa en el documento que nos acaba de hacer llegar.
No en balde hay un rechazo generalizado a la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Vean ustedes las estadísticas y las encuestas serias que se han hecho, y aproximadamente tiene el apoyo de solamente una quinta parte de la población de la República, un 19 por ciento. ¿Cuánto sería esto?
Y recordando que nuestra República es representativa en términos constitucionales, cosa que significa que nuestro presidente no es otra cosa que nuestro representante, fíjense entonces el rechazo de los representados, la falta de confianza que se tiene en su figura.
Eso es notoriamente un fracaso en materia de política interior, de tal manera que es válido decir con elementos en la mano, que ha sido un fracaso en esos términos la presidencia de Enrique Peña Nieto.
De muchos de los temas que hay en materia de política interior, elecciones, derechos fundamentales del hombre y demás, destaco dos en esta ocasión. En primer lugar la corrupción y, en segundo lugar, la seguridad pública.
De la corrupción no en balde han hablado en esta tribuna el día de hoy todos los diputados que no somos parte del oficialismo. Es el tema, es lo que nos tiene agobiados a los mexicanos, y no parece haber remedio o haber intenciones por parte de la Presidencia de la República de que haya algún remedio.
Decía Emilio Portes Gil, presidente de la República y fundador de partidos, que cada sexenio en este país salen comaladas de millonarios. Pues en este sexenio se han multiplicado estas comaladas y los tenemos por todos lados. Lo sabemos por las denuncias, lo sabemos por la prensa, lo sabemos por los documentos que aquí nos llegan y lo sabemos en lo anecdótico.
Ahí está el caso de la vergonzosa estafa maestra con la complicidad de universidades oficiales; está Odebrecht; está el saqueo que hizo Emilio Lozoya Austin, de Pemex; y muchos casos más, para los cuales no ha movido un sólo dedo la Presidencia de la República, lo cual es vergonzoso.
Sí dicen aquí los corifeos del régimen: hay mucho que hacer, hay agenda pendiente, hay asignaturas todavía en la mesa. Pero éste es un informe que se refiere a lo que se ha hecho, y no se ha hecho lo suficiente. Falta mucho, falta mucho por resolver y estamos los mexicanos en un 80 por ciento por lo menos totalmente insatisfechos.
Y el segundo tema, amigos, es la seguridad pública. Es notorio que ha sido un fracaso la actual administración en materia de políticas públicas de seguridad pública. Los mexicanos tenemos miedo. Los mexicanos cambiamos nuestros hábitos cotidianos por miedo.
Recuerdo en este momento la definición de seguridad que nos han dado los colombianos, seguridad es el derecho a vivir sin miedo, pues en México no tenemos ese derecho. Cotidianamente se atenta contra nuestros derechos fundamentales por la ineficacia del gobierno de enfrentar ese terrible problema. Se atenta contra el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la libertad sexual, el derecho a la propiedad, y tantos más.
De tal manera que, sin dejar de reconocer que hay responsabilidad por parte del gobiernos locales, tanto del estado como municipales, debo recordar que la conducción genérica de la seguridad pública está en manos del gobierno federal y no sólo no ha resuelto el problema, sino que es errático en las soluciones que todavía quiere proponer.
Cito como ejemplo dos iniciativas de ley que están ahí pendientes, la Ley de Seguridad Interior y la ley que pretende establecer el Mando Único, que no muestran otra cosa que los desaciertos conceptuales que tiene el gobierno de la república en manos de Enrique Peña Nieto en ese tema. De tal manera que mi crítica es contundente. Mi crítica no hace más que reproducir y traer a esta tribuna lo que opina el 80 por ciento de los mexicanos.
Y, si bien demando una rectificación en estos dos temas, con optimismo digo que todavía hay tiempo. Que tenemos más de uno año de gobierno por delante, nos guste o no. De tal manera que ojalá –lo que parece que de darse sería un milagro republicano–, ojalá y se rectifiquen y ojalá que empecemos a ver a comisarios en la cárcel u ojalá y empecemos a ver esos caudales devueltos al patrimonio nacional, de tal manera que se empiece a sembrar ese producto en riesgo de extinción, que es la confianza. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo. Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en menos de un año de que termine este sexenio, el Gobierno de la República sigue cumpliendo con los compromisos pactados al inicio de su administración.
Si bien en este camino han existido diversas posturas y confrontaciones políticas, se han atendido adecuadamente las complejas situaciones sacando siempre las crisis nacionales con unidad y enfocándose en trabajar para dar los resultados que exige cada uno de los mexicanos.
Un gran ejemplo de esto es que el Gobierno de la República ha tomado la igualdad de género como un tema primordial en la consolidación de un país con sociedades de derechos para las mujeres. Se ha hecho un trabajo sin precedentes para prevenir, atender y erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, así como su empoderamiento.
Es así como se ha impulsado la creación de centros de justicia especializados en mujeres que ofrecen oportunidades para que las mujeres, además de tener un empoderamiento personal al interior de su familia, al interior de su trabajo también cuenten con este empoderamiento.
Asimismo, se puso en marcha la línea 01800 Háblalo, en el que las víctimas de la violencia pueden denunciar, pueden encontrar atención profesional. Esto lo pueden hacer de forma confidencial y gratuita y sirve las 2 horas del día y los 365 días del año. Se crea además una cultura de cambio desde dentro del Gobierno federal, en el cual hoy hay una política de cero tolerancia al acoso y al hostigamiento sexual dentro de cada una de sus oficinas.
Esta adición de respeto y protección a los derechos humanos se ve reflejado también en el tema de migración. En administraciones anteriores el retorno de nuestros connacionales repatriados se hacía en condiciones que ponían en riesgo su integridad, que ponían en riesgo sus garantías de respeto a sus derechos humanos, y así como dificultades para tener sus documentos de identidad y la falta de aprovechamiento de las capacidades que habían adquirido en Estados Unidos.
Ante esta situación, el Gobierno de la República pone en marcha el Programa Somos Mexicanos, para recibir dignamente a las y los mexicanos que regresan a territorio nacional. Ahora se recibe a los repatriados en puntos y horarios fijos, se les brinda atención médica, se les brinda alimento, ropa, albergues, comunicación con sus familias, traslado a sus estados de origen, así como la canalización al Servicio Nacional de Empleo, y además se les expide su CURP.
Otra de las áreas prioritarias para el gobierno de la República ha sido la seguridad, y no es para menos, ya que se trata de una de las funciones primordiales del Estado y este se debe cumplir para que haya paz en nuestro país. Para ello, el gobierno de la República privilegió la generación de inteligencia normativa, estratégica y táctica, a través de la cooperación interinstitucional.
Trabajando de manera coordinada con los poderes Legislativo y Judicial, así como con los gobiernos locales y la sociedad civil, se ha modificado el esquema de combate al crimen organizado, adaptándose a alternativas de acción, como es la prevención social, la violencia y el delito. Este cambio de estrategias para combatir la delincuencia ha permitido la neutralización de 107 objetivos relevantes, que participan como piezas claves de la estructura delictiva, en lo que va de este sexenio.
Aprovecho, compañeras y compañeros, para recordarles que dentro de esta Cámara están pendientes dos iniciativas que son fundamentales para el combate a la delincuencia en este país: La primera es la de Mando Mixto o Mando Único y la otra es la de Seguridad Interior. Nuestro país necesita, nuestros ciudadanos exigen estas iniciativas.
Atendiendo al reclamo también de la sociedad, se puso en marcha el número de llamadas de emergencia 911, el cual ofrece atención especializada para 242 tipos de incidentes, que pueden ser de seguridad, pueden ser médicos y pueden ser de protección civil y ha prestado auxilio oportuno a la población, sobre todo se prestó oportuno auxilio en estos tiempos del terremoto que vivimos la semana pasada.
También se trabajó en la implementación de dos grandes subtemas, en voz de la ciudadanía, en temas de procuración y administración de justicia tenemos el sistema penal acusatorio, y en materia de transparencia y rendición de cuentas tenemos el sistema nacional anticorrupción.
Tenemos también que reconocer que se ha dado esta inclusión gracias a las tecnologías de la información y comunicación y esto nos ha permitido abrir un escenario político en más de 65 millones de mexicanos conectados a esta red. Parte de esto es la Estrategia Nacional Digital que se lleva en México para tener un país ciberseguro.
Es necesario entender que vivimos en dos mundos, vivimos en el mundo digital y vivimos en el mundo en el que estamos en este momento y, en particular, la economía digital en nuestro país está entrando a este sistema de seguridad, al cual tenemos que seguir protegiendo, y esto se da gracias también al Plan Nacional de Desarrollo.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde continuamos trabajando para concretar nuestra agenda legislativa, dispuesto a dar el debate y respetando siempre las opiniones que difieran a la nuestra, consensando las posturas contrarias, pero defendiendo con firmeza nuestros valores y puntos de vista, los cuales son en esencia nuestros representados. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Sofía González Torres.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada presidenta. Ciudadanos que nos siguen por el Canal del Congreso, diputadas, diputados, el informe que estamos analizando en esta glosa es demasiado optimista, describe a un país que sólo está en la imaginación del Ejecutivo federal, pero la realidad es distinta.
No existe el crecimiento económico necesario, sigue el aumento del desempleo, nuestro sistema de procuración de justicia no funciona, las instituciones policiacas no han sido capaces de reducir la violencia y la delincuencia, los delitos de alto impacto van avanzando.
Mientras el informe señala que disminuyó la delincuencia del fuero común en un 6.6 por ciento, en mayo de 2017 se alcanzó la cifra record de homicidios de más de 2 mil 186. En ningún país del mundo ni en Colombia con Pablo Escobar ni en Siria se ha llegado al actual índice de asesinatos en un solo mes.
En el informe existe un derroche de cifras y número alegres que se vuelven un insulto para la ciudadanía. Según los homicidios dolosos disminuyeron 5.5 por ciento, los secuestros disminuyeron el 20 punto por ciento, la extorsión disminuyó 20 por ciento, y que los robos se hicieron en el 19.3 por ciento.
Sin embargo, las cifras principales, ya que no demuestra una verdadera reducción en los niveles de inseguridad, más bien, la ciudadanía ya no tiene confianza en la procuración de justicia y por ende, no denuncia, ya que reina la impunidad.
La disminución en los índices de la denuncia no significa que reduzca la delincuencia, existen casos de secuestro que desde 2008 no han sido resueltos, recientemente el padre de una víctima así lo denunció.
De 2014 a 2016 se contabilizaron 70 mil 141 asesinatos en una guerra contra el narco que no está dando resultados y sólo está generando más violencia. Los ataques a las autoridades municipales no han cesado, el 1 de enero de 2016, arteramente en su domicilio fue asesinada la presidenta municipal, Gisela Mota. Y a la fecha no se han atrapado a los verdaderos responsables.
El homicidio de líderes sociales, como Arturo Hernández Cardona, en el estado de Guerrero, sigue impune. Dan vergüenza las cifras en ceros respecto en materia de trata de personas.
Respecto a la desaparición forzosa no habla de soluciones, sólo de cifras. La Comisión de Seguridad reporta 30 mil 942 desaparecidos. En la Cámara de Diputados existe una iniciativa en contra de la desaparición forzosa. En la Comisión de Justicia ni siquiera ha pre dictaminado.
A estas cifras se agregan los 600 millones de pesos en seguridad que se han gastado de 2013 a 2016. ¿Vale la pena continuar invirtiendo más y más dinero en una estrategia de seguridad que ha resultado equivocada? Les pregunto.
A esto agregamos los casos graves generados por el Estado, como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa o la masacre de Tlatlaya. Por eso decimos no a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y a la Ley de Suspensión de Garantías del Artículo 29 Constitucional.
De ninguna manera vamos a permitir que mediante las leyes se legitimen las atrocidades. El actual gobierno y autoridades militares no han demostrado tener el mínimo de condiciones para hablar de una Ley de Seguridad Interior. Por ello, es imposible transitar ante tales negligencias.
En materia de derechos humanos reconocemos el esfuerzo, pero una oficina no puede con el resto de las instituciones que sistemáticamente violan los derechos.
En materia de política migratoria, las violaciones a los extranjeros que transitan por nuestro país están a la vista todos los días. El Instituto Nacional de Migración actúa como oficina privada. No se está generando una política integral para ampliar el nuevo número de visitantes a nuestro país.
La agresión a ciudadanos de diversos países limita el acceso de divisas. Se restringe el turismo y por ello la desilusión y la decisión de circular.
Compañeros, no hay invierno que dure cien años. La primavera y el cambio verdadero están por llegar en el 2018. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Alejandro Ojeda Anguiano.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Con la venia de la Presidencia. El día de ayer el presidente Peña señaló que los últimos cinco años han sido de progreso constante y que para superar las condiciones actuales necesitaremos cinco años más al PRI. Estamos convencidos de que seguir por ese camino nos conducirá a la debacle social, política y económica.
Compañeras y compañeros diputados, México vive una crisis humanitaria de dimensiones sin precedente: homicidios, desapariciones forzadas, casos de tortura cada vez más frecuentes, desplazamiento forzado de muchas poblaciones en nuestro país y un sinnúmero grave de violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, en nuestro país el gobierno del presidente Peña sigue manteniendo un discurso triunfalista que contrasta lamentablemente con la realidad, realidad que no es gratuita. El descrédito de las instituciones, los altos niveles de corrupción, la impunidad asociada y un mayor deterior del Estado de derecho han sido los detonadores.
No solo hablamos de desconfianza del ciudadano en las instituciones o de la capacidad o indolencia de muchos funcionarios públicos. Tampoco nos referimos solo a la existencia de un Ferrari en una casa de interés social o de un secretario de Estado vinculado familiarmente con la delincuencia organizada que roba hidrocarburos.
Tampoco hablamos solo de la cifra negra de delitos no denunciados, que es superior al 23 por ciento. O de la eficiencia magra de un 10 por ciento de la procuración de Justicia o de la falta de garantías que día a día merma el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los que habitamos en el territorio nacional.
Y qué decir del autoencierro de las personas que prefieren no salir de noche por temor a ser víctimas del crimen. O de nuestros jóvenes, a quienes el gobierno de Enrique Peña solo ha dejado tres opciones: empleos muy mal pagados para sostener la economía nacional, enrolarse en el crimen organizado o migrar al país vecino. No, no podemos hablar de estos hechos en forma aislada, hablamos más bien de la corrupción generalizada en las estructuras del Estado y de la descomposición social que de ello se ha desencadenado y, en ocasiones, también se auspiciado desde ahí: corrupción, impunidad, ineficiencia, patrimonialismo, opacidad, delincuencia rampante en las más altas esferas del poder público que se han traducido en violencia y también desafortunadamente en desesperanza.
Los casi 110 mil elementos militares desplegados en promedio mensual a lo largo y ancho de país, no han coadyuvado más que para mantener el control territorial de la delincuencia, mientras que también otros más de 50 mil elementos del Ejército en labores de seguridad pública, solamente ha ocasionado que los gobernadores no asuman la responsabilidad que les corresponde, así lo demuestran los múltiples operativos conjuntos en varias entidades y regiones del país, que es Tamaulipas, el estado de México, Michoacán, Guerrero, Jalisco y las regiones de La Laguna y la Tierra Caliente, pues no se ha contribuido con ello en la disminución de los índices de violencia, mucho menos a reducir la presencia delincuencial. Estos territorios siguen siendo los más violentos e inseguros de la República.
Ciudadanas y ciudadanos, el país dista tanto de la realidad peñista que parecen dos lugares diferentes, la inacción de la justicia es estremecedora, para muestra un botón. Debemos señalar que en materia de trata de personas se iniciaron tan solo ocho averiguaciones previas y se consignó a tres personas frente al tamaño de este flagelo que está considerado México como país, el país número uno en trata de personas en toda Latinoamérica y por la ONU también a nivel mundial.
Las víctimas también, compañeras y compañeros, siguen en aumento y las instancias de atenderlas son completamente inútiles. Lo mismo sucede con aquellas destinadas a la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, cuántos de ellos han sido asesinados y cuántos acallados por sus investigaciones. La realidad es que nuestro país es el tercero más peligroso para ejercer esta profesión de acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras.
En el combate a la delincuencia organizada, siendo esta una prioridad gubernamental, resultan irrisorios los reportes que nos envía el Ejecutivo federal en donde asegura que ha incautado menos de 42 millones de dólares, cuando por cálculos conservadores el monto del lavado de dinero en nuestro país supera los 40 mil millones de dólares. Es decir, nos reporta una eficiencia en este rubro del uno por ciento.
Mientras tanto, el compromiso del gobierno peñista con el combate a la corrupción se ha limitado solamente a cubrirse las espaldas con un fiscal a modo.
Compañeras y compañeros, el México de hoy reclama justicia pronta, imparcial y expedita. Reclama verdad para las víctimas, reclama protección para los comunicadores, condiciones de seguridad para todas y todos los mexicanos. Reclama esperanza para la juventud.
El diputado Rafael Hernández Soriano: El México de hoy reclama hoy la vigencia de un Estado democrático y de derecho, pero sobre todo el México de hoy, las mexicanas y los mexicanos reclamamos el fin del régimen corrupto e ineficaz que gobierna este país. Por su atención, gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Everardo López Córdova: Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores legisladores. Actualmente nos encontramos en uno de los peores momentos en la historia reciente en este país no solo por la inseguridad, por la corrupción rampante, por el mal rumbo de la economía, sino lamento decirlo, el retroceso democrático que ha significado estos cinco años del gobierno priista.
Vivíamos en un país regido por el autoritarismo en el que pensábamos diferente, teníamos que ser limitados nuestros canales de participación. Hoy parece que el PRI gobierno quiere regresar a esos años.
Aquí, en este mismo recinto, en el México del siglo XXI, hemos alcanzado la construcción de un espacio en el que darse el debate y la deliberación, ese debate, ese diálogo que tanto asusta al PRI gobierno.
Todos los que integramos esta Cámara debemos de tener presente que el desencanto por la democracia es una realidad, y lo es por sujetos como Javier Duarte que se robó hasta el dinero dirigido para el tratamiento de los niños con cáncer en Veracruz. Su voracidad no tuvo límite.
Qué decir de Borge que vendió terrenos a muy bajo precio a su mamá y a sus cómplices para fomentar su enriquecimiento ilícito. Y el otro Duarte, el de Chihuahua, el que se creó un banco para guardar su dinero mal habido y que ahora cínicamente se dice perseguido político.
Por todos estos priistas de la nueva generación es que los mexicanos están desencantados con la democracia. La ciudadanía está cansada y decepcionada, no cree en la clase política y no confía en las instituciones, no confía en sus gobernantes.
Y asumiendo la responsabilidad que tenemos como legisladores en este desencanto, también tenemos que señalar que el gobierno de Peña Nieto está aniquilando los ánimos democráticos de este país, suprimiendo el diálogo y la libertad de expresión, espiando a los activistas y comprando el voto, dejando que reine la corrupción y la impunidad. Quienes más recienten este escenario tan adverso, son los ciudadanos que día con día ven vulnerados sus derechos fundamentales.
El caso Pegasus es una muestra palpable de la vocación autoritaria y tramposa del régimen priista.
Hoy los diputados de Acción Nacional manifestamos nuestro más profundo rechazo e indignación y enérgica condena en sus espionajes ejercidos desde el gobierno federal.
Por otro lado, celebramos que activistas y periodistas comprometidos alcen la voz, denuncien esta intromisión del gobierno. Son esas voces de resistencia y esa sed de justicia lo que hace que podamos salir adelante. Reza el dicho: árbol que nace torcido jamás su rama endereza.
En este sexenio sobran evidencias del gen antidemocrático y corruptor del Partido Revolucionario Institucional.
Este gobierno ha demostrado no querer ayudar a la gente que más lo necesita, quiere seguir usando a los más vulnerables como botín político. Así lo vimos en las elecciones pasadas, particularmente lo que ocurrió en el estado de México y en Coahuila, fue muestra de que el PRI se aferra a una posición de mando sin principios ni vacilaciones. Con cinismo, con desmesura total, el gobierno federal se encargó de orquestar sendas elecciones de Estado.
Compañeras y compañeros diputados, los cinco años de esta administración han servido para ejemplificar lo que no debe de hacer en cuanto al fomento de la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento a la democracia.
Los que creemos en el diálogo y en la libertad, vemos con preocupación que el gobierno federal no quiere enderezar su camino que busque un retroceso político más grande. Pero no lo vamos a permitir. Los que formamos parte del Frente Ciudadano por México, no daremos ni un paso atrás. Es tiempo de que recuperemos el rumbo de este país. Creemos que uniendo voluntades podemos salvaguardar los derechos de toda la gente que está cansada del PRI-gobierno.
Con el Frente Ciudadano, estaremos generando una alternativa nacional, un nuevo rumbo para este país, un nuevo régimen en donde el ciudadano sea verdaderamente el que mande, ése es el futuro de México que le espera y vamos por él. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias diputado José Everardo López Córdova.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Abel Murrieta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros diputados y público del Canal del Congreso.
México en paz. Sin lugar a dudas, todos los temas de la administración pública federal son relevantes, pero de especial importancia resulta la gobernabilidad y la paz interior de nuestro país.
Estas dos áreas nos son comunes a todas las actividades que desarrollamos los ciudadanos. No podríamos hablar de desarrollo económico sin paz y gobernabilidad, y así hablaríamos de todas las demás actividades.
Este ambiente da lugar a que todos podamos vivir en tranquilidad y desarrollar nuestro proyecto de vida. Un requisito democrático del que me permito destacar dos características: la paz es indispensable y la seguridad es irrenunciable.
Indispensable porque es una condición elemental para permitir el desarrollo de una vida plena. Irrenunciable porque es una responsabilidad primogénita de todo estado democrático. Por eso, como ha dicho el presidente Peña Nieto, su administración trabaja para fortalecer las condiciones de gobernabilidad democrática que se requieren para el desarrollo del país.
En esa tesitura estableció una estrategia integral para mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad. Quienes conocemos los antecedentes que privaban en el pasado dentro del Sistema Nacional de Seguridad, sabemos la importancia de la coordinación que actualmente se ha logrado.
Nadie puede negar que anteriormente había grandes diferencias, había falta de coordinación, incluso se llegaba al extremo de enfrentamientos entre instituciones de seguridad, afectando los resultados en esta materia.
Hoy, la situación es diferente. Ya hablamos de coordinación no sólo entre los tres poderes. Hablamos de coordinación con los ciudadanos, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con los 32 estados y con los municipios. Ésta es una gran diferencia.
También el presidente incrementó el uso de sistemas de inteligencia para combatir la delincuencia organizada. Gracias a esto se ha logrado neutralizar el 88 por ciento de los objetivos prioritarios.
No solamente el gobierno ha logrado reducir en un 11 por ciento la incidencia delictiva del total de 2012 al 2016. No se vale establecer casuísticamente la estadística. La estadística y las tendencias se hacen con periodos mucho más largos, que los que hoy pretenden denotar en contra de la actividad de seguridad pública.
También el presidente ha sido aliado de las mujeres, esto tampoco lo cuentan, 28 de los 35 Centros de Justicia para las Mujeres en 24 entidades federativas han sido construidos en esta administración.
Para quienes han criticado en materia de derechos humanos, creo que están equivocados. Hoy como nunca se ha abierto al escrutinio de la sociedad civil, de las organizaciones nacionales e internacionales. No concibo la crítica ni concebí hace unos años que un expediente de los más graves del país esté abierto a la sociedad.
Y también hay que recordar que ha cumplido, no como lo hacían en los años anteriores, hoy sí se cumplen los fallos de la Corte Interamericana. Promovió la ley que permite prevenir y erradicar la tortura, y sobre todo se ha implementado un nuevo sistema penal acusatorio de corte democrático para hacer de la justicia y robustecer los derechos humanos.
Para valorar en su justa dimensión el gran esfuerzo que representa hay que recordar el pasado al inicio del presente sexenio, hoy pocos quieren acordarse. Sólo esta administración ha invertido 9 de cada 10 pesos para el nuevo sistema penal. Esto es unir la acción a la palabra y no estar diciendo que antes se había promovido un nuevo sistema penal acusatorio.
No estamos ajenos a las críticas o a las fallas que se han venido planteando, las cuales son comunes a los demás países que han cambiado su sistema penal. Es necesario seguir trabajando para identificar las áreas de oportunidad para mejorar y fortalecer el nuevo sistema.
El presidente Peña Nieto lo ha dicho, hablando de coordinación, seguirá muy cerca con las entidades federativas y municipios, y con el Poder Legislativo y Judicial. Asimismo se ha puesto en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. Durante estos años se han afianzado los lazos de confianza de colaboración entre poderes y órdenes de gobierno.
Hay más confianza en México robusteciendo la gobernabilidad democrática. México pasó del decimotercer país al octavo país más visitado del mundo. La inversión extranjera aumenta, acumulada, alcanzó más de 156 mil millones de dólares. Más de 120 empresas nacionales y extranjeras comprometieron inversiones superiores a los 80 mil millones de pesos. Esto habla de la confianza en la gobernabilidad de nuestro país.
Un gobierno de realizaciones y transformaciones, como lo describió nuestro coordinador, César Camacho, a cinco años de resultados del gobierno del presidente Peña Nieto.
Sentó un record de empleos, casi 3 millones. Bajaron las tarifas de comunicaciones. Que la transformación que impulsó 13 reformas que nadie ha dicho que no fueran necesarias. Podremos criticarlas, pero en el fondo todos estamos de acuerdo. No engañemos a la sociedad.
Por eso a un año del término de esta administración es momento de replantear los retos, sobre todo es una ocasión que, más allá de banderas partidarias, los representantes populares actuemos como lo que somos; ciudadanos. No concebimos los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, el origen del servidor público sin la mística de hacer lo que en la calle cuestionamos, de hacer lo que como ciudadanos pensamos y de hacer lo que como ciudadanos exigimos: quitarnos la bandera partidista al momento de llevar a cabo nuestra función.
Hay diputados y bancadas que se olvidan, esta administración ha combatido la corrupción y es la que más acciones penales contra servidores públicos ha tenido. Pero qué vergüenza que vengan a esta tribuna a engañar. Un diputado sonorense sí se acuerda de que Padrés también. ¿Por qué no lo menciona? Quítense las banderas partidistas y digamos la verdad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 7o, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida a la Presidencia de la República para su conocimiento. Buenas tardes. Señores diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos al punto de las iniciativas, al rubro de iniciativas, y comenzamos con la que presenta un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Está suscrita por los diputados César Camacho Quiroz y Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, y es la propia diputada González Calderón quien la sustenta, hasta por cinco minutos.
La diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, señor presidente. Para mí es un honor el poder venir a presentar ante este pleno una iniciativa que se ha venido construyendo con diversas organizaciones de la sociedad civil, con instituciones del gobierno federal. Pero, particularmente, quiero agradecerle al coordinador César Camacho, la bondad que tuvo de ver esta iniciativa y de impulsarla con todo lo que da.
Porque estamos hablando, compañeras y compañeros, de los niños invisibles, de aquellas niñas, aquellos niños, aquellos adolescentes que están relacionados, que tienen un familiar en algún reclusorio. Aquellas niñas y aquellos niños que hoy por hoy, no son objeto de ninguna política pública.
Es impresionante que en los reclusorios estos niños sean considerados como los futuros delincuentes. Es ahí donde el Estado tiene que velar si el valor fundamental es su infancia, por estos niños, que en el universo de niños vulnerables se pierde.
Por eso es que quiero agradecer, porque en esta iniciativa hay muchas historias de vida, hay muchas historias de niñas y niños que viven, si bien les va, con un familiar. Pero también están viviendo con algún vecino, o seguramente muchos de ellos están viviendo en la calle, por no ser objetos de la atención del Estado.
Este es un ejercicio que se vino construyendo, que se vino tejiendo a lo largo de muchos meses y en donde la sociedad civil estuvo poniendo atención para poder estar modelando un formato, en donde estos niños se puedan primero visibilizar.
Desde que un adulto entra a un reclusorio, no importando cuál haya sido el delito, hoy por hoy el Estado –que es la propuesta que venimos a poner a su consideración– hoy el Estado tiene que tener un protocolo para que estos niños primero sean visibles y, a través de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, podamos estar viendo cuál es el futuro de ellos. Que se les pueda estar acompañando hasta que ellos puedan obtener la mayoría.
Aquí estamos trabajando, no solamente para la generación de aquellos que hoy están purgando una condena. Hoy estamos trabajando precisamente en las futuras generaciones, en aquellas niñas y niños que hoy son objeto de discriminación, que hoy no forman parte de los programas sociales porque no los tenemos registrados.
Niñas y niños que hoy por hoy no pueden o son objeto de estigmatización. Es increíble que hasta hace algunos años podían registrarse, y no porque no se quisiera, porque no se tenía el cuidado que estas niñas y estos niños también tenían derechos y por supuesto debían de crecer en ambientes protegidos.
Por eso es que a mí me honra presentar esta iniciativa que va acorde con las reglas de Bangkok, que va acorde también con las recomendaciones de las Naciones Unidas y que habla precisamente de las reglas para el tratamiento de las reclusas y los reclusos y medidas no privativas, para que muchas mujeres, para que muchos hombres que estén purgando una condena por lo menos sepan que sus hijos no van a repetir los mismos esquemas de violencias que ellos tuvieron.
Esta iniciativa con proyecto de decreto propone una serie de reformas y adiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Hoy, compañeras y compañeros, tenemos la posibilidad de construir, no solamente un mejor futuro para ellos, sino para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Gracias, coordinador.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Martha Hilda González Calderón. Su iniciativa se turna a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez para su opinión.
Diputado Pedro Noble, me imagino que usted se va a adherir a la iniciativa, adelante, por favor, expréselo. También...
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): También. De igual manera, gracias, presidente, si me permite, el diputado Matías lo ha pedido.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ...claro, Matías Nazario. A todos los que quieran adherirse, la iniciativa está disponible en esta Secretaría, aquí al lado derecho de la Mesa Directiva, para quienes quieran suscribirla.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se concede la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante, Ale.
La diputada Alejandra Gutiérrez Campos: Con permiso, señor presidente.
La diputada Alejandra Gutiérrez Campos: Señores legisladores, este periodo ordinario requiere resultados concretos y benéficos para la gente.
Por eso, una servidora y los legisladores de Acción Nacional comenzamos nuestra labor presentando iniciativas que buscan alternativas para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Pero sobre todo, de los trabajadores y de las trabajadoras de este país para que tengan un ingreso digno y suficiente que les permita atender las necesidades, no sólo básicas sino acceder a una vida mejor para ellos y para toda su familia.
La política salarial actual no ha sido suficiente para elevar el poder adquisitivo de la población trabajadora de este país. Existen numerosas voces que piden modificar la manera en que se determina el salario mínimo y que éste se ajuste a la realidad de los costos de la vida de todas las familias. Ya basta de seguir echándole agua a los frijoles, ya no podemos seguir así.
Por eso, Acción Nacional, desde hace tiempo emprendió una campaña para promover un salario mínimo digno, sin embargo, la respuesta del PRI gobierno y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha sido que lo mínimo que un trabajador debe de ganar es la cantidad de 80 pesos con 4 centavos.
Ante tal política salarial y a la negativa del gobierno de aprobar esta propuesta, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional constantemente presenta nuevas alternativas distintas a la de incrementar el salario, proponiendo incentivar la inversión y la colaboración de los sectores productivos y patronales desde una modificación a la política fiscal que desde el inicio del sexenio hemos dicho que es tóxica, recaudatoria y cuyos recursos son malgastados en muchas ocasiones.
Hemos propuesto generar, desde ejercicios fiscales anteriores, recurrentemente, incentivos fiscales para la contratación de personas con discapacidad, adultos mayores, reducir el IEPS en las gasolinas y la respuesta en todos los casos ha sido un no rotundo.
Por eso, tenemos que seguir insistiendo y les pedimos a todos se sumen por las familias mexicanas.
Esta iniciativa que presento permitirá la deducibilidad del impuesto sobre la renta al 100 por ciento para los patrones que otorguen prestaciones sociales. Y seguiremos insistiendo hasta el último momento para que se realicen los ajustes necesarios a la política fiscal errónea del gobierno, pues este no garantiza la mejor calidad de vida de los trabajadores mexicanos y a pesar de ello sigue en la terquedad de decir no a cualquier propuesta que se presenta aquí.
En el mes de julio de 2017 la Coparmex presentó el documento denominado Manifiesto hacia una nueva cultura salarial, en el que demanda al Poder Ejecutivo federal asuma e implemente una serie de políticas públicas orientadas a incrementar un salario mínimo general suficiente, para que las personas ocupadas logren satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias de su familia. Entre ellas, la deducibilidad de forma plena en las prestaciones sociales, incluyendo el pago de productividad y el ahorro para el retiro.
También el INEGI, el 28 de agosto de 2017, presentó la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto a los Hogares en 2016, cuyos datos muestran una desigualdad y la insuficiencia del ingreso de las familias. Esto reduce considerablemente la capacidad adquisitiva de nuestras familias y la calidad de vida de las mismas. Cada vez hay más pobres.
El ingreso por trabajo es la principal fuente de ingresos de los hogares, es el 64 por ciento, pero es insuficiente. Por lo que las familias deben buscar otras fuentes de ingreso.
Por ello, propongo derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y contribuir a la atención de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para poder alcanzar su objetivo ocho, que es trabajo decente y crecimiento económico, para en 2030 lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos, hombres y mujeres, incluidos los jóvenes, las personas con discapacidad y la igualdad de remuneración para el trabajo igual.
Por lo expuesto, señoras y señores diputados, es imperioso tomar decisiones en favor de la economía de las familias e incorporar en esta responsabilidad a los sectores productivos.
No podemos esperar a que se siga incrementando la desigualdad y que el poder adquisitivo de las personas se siga mermando, que cada vez les alcance para menos. Por eso, los exhorto a sumarse a esta iniciativa de reforma. Y al Ejecutivo le pedimos que ya dejemos de ser una fábrica de pobres. Cerremos el paso a la pobreza, los mexicanos se lo merecen. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Alejandra Gutiérrez Campos. Se turna su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, la diputada María Elida Castelán Mondragón, quien presentará una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Antes de que haga uso de la palabra la diputada Castelán Mondragón. Le informo a la asamblea que también presentará en esta misma intervención, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y un proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y, por lo tanto, esta Mesa será flexible con el tiempo en el uso de la palabra de la diputada Castelán Mondragón. Adelante, diputada.
La diputada María Elida Castelán Mondragón: Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna, la más alta de la nación, a presentar un bloque de tres iniciativas que integran en su conjunto, derechos fundamentales que han sido vulnerados, sobre todo para las clases más desprotegidas del país.
En primer término presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo propósito es que el Estado se obligue a velar por la soberanía y seguridad alimentaria y no únicamente se limite a otorgarlos, como expresamente ya lo hace el texto constitucional.
Con esta reforma se fortalece la potestad del Estado de ser un ente jurídico que tutele en su justa dimensión el derecho a la alimentación, pero al mismo tiempo protege integralmente tal derecho a través de dos mecanismos, la protección contra el hambre y la adecuada alimentación, derechos con los cuales se logrará garantizar por medio de la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria.
La superación de las condiciones de pobreza y hambre que sufren muchos de nuestros connacionales, tal como se demuestra en el estudio realizado por el Coneval, titulado Dimensiones de la Seguridad Alimentaria. Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto, en donde se da cuenta que nueve entidades federativas: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, tienen porcentajes de población con carencias de acceso a la alimentación entre el 25 y 35. Es decir, entre una cuarta y una tercera parte de quienes habitan en aquellas entidades de la República.
En consecuencia, es indispensable señalar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que entró en vigor en 2001 se encuentra rebasada en la actualidad, pues no se logra ni la seguridad alimentaria ni menos aún la soberanía alimentaria que dan como consecuencia el derecho a la alimentación.
Por tal motivo, compañeras y compañeros diputados, está en nuestras manos velar por la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria de millones de mexicanos que esperan hagamos lo conducente.
En el mismo tenor presento la iniciativa por la cual se reforma el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dado que el crecimiento acelerado de nuestra sociedad obliga a actualizar nuestros marcos jurídicos para estar en la vanguardia en materia de igualdad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Durante decenios se ha librado una batalla entre hombres y mujeres que buscan la igualdad de oportunidades y derechos en diferentes ámbitos, por tal motivo propongo que el Instituto Nacional de las Mujeres –Inmujeres– en su programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres incluya los criterios contenidos en los convenios y tratados internacionales en la materia, con la finalidad de instaurar las mejoras necesarias en la implementación de políticas de igualdad de género.
Por último, presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 256 y adiciona el 256 Bis de la Ley Federal del Trabajo, la cual propone la actualización y mejoramiento de las disposiciones de autotransportes que provee los fundamentos en términos generales de una cultura de seguridad vial tan necesaria, tan necesitada y necesaria en nuestro país.
Es indispensable decir que al normar la duración máxima de viaje a nueve horas, sirve para reducir la alta tasa de accidentes que de acuerdo con la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados, se presenta año con año agravándose en vehículos con exceso de peso y cuya incidencia se estima de 5 mil personas y más de 30 mil lesionados.
Las largas jornadas de trabajo de los conductores por carretera, les provoca fatiga, que de acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso de la Energía, las consecuencias de la fatiga más significativas encontramos: manejar demasiado rápido, adormecimiento y desmayo, rebases peligrosos y otras acciones temerarias.
En suma la iniciativa presentada el día de hoy busca generar mayor certidumbre de que los trabajadores de autotransportes estén salvaguardados del exceso y duración de jornadas laborales al igual que se protejan las vidas de terceros y se busque la seguridad vial como fin último de todo trabajador comprendido en la categoría de autotransporte. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por lo que respecta a la primera iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Y por lo que toca a la iniciativa que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, túrnese a la Comisión de Igualdad de Género también, por supuesto para dictamen. Y la tercera que reforma el artículo 4o. de la Constitución, a la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias, diputada.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 19, 21 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adelante, diputada.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su venia, presidenta. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 2o., fracción II, establece una limitante al uso de las adecuaciones, abre un gran pórtico de posibilidades para modificar este supuesto en ejecución, ya que su redacción resulta una fórmula muy peligrosa en la que en nombre del mejoramiento del cumplimiento de metas y objetivos se está ocultando, precisamente el incumplimiento de un programa derivado de una mala administración monetaria del mismo.
La normatividad presupuestaria permite hacer cuántas adecuaciones presupuestales quiera o requiera el Ejecutivo federal al Presupuesto en ejecución, con la única limitante prevista en el artículo 58 de la Ley del Presupuesto que establece.
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales.
Con base a esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. La interpretación de este artículo permite al Ejecutivo federal modificar el presupuesto por cuantiosas cantidades de dinero, con la única condición de reportarlo en los informes trimestrales.
A efecto que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados solamente pueda emitir su opinión, opinión que la ley presupuestaria no equipara autorización. Por tanto, la ley debería ordenar al Ejecutivo federal a solicitar autorización a la Cámara de Diputados, cómo funciona en otros países, como Argentina y España.
Es ineludible resaltar la importancia de la aplicación del derecho presupuestario como el derecho al presupuesto que tenemos todos los ciudadanos frente al Estado y como la necesaria ordenación jurídica de los gastos públicos.
En ése tenor es obligatorio insistir en el respeto que debe guardar el Ejecutivo federal al principio de especialidad presupuestaria al momento de ejecutar el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque la observancia de dicho principio es acatar la voluntad ciudadana representada en el Poder Legislativo que permitirá avanzar una democracia con mayor participación de todos los actores involucrados en el crecimiento económico del país y en la mejor atención de las necesidades públicas.
Por lo mismo, la excepciones o la flexibilidad en la aplicación del principio de especialidad presupuestaria durante la ejecución del gasto público, que debe ser transitoria, circunstancial, excepcional.
Por tanto, las adecuaciones presupuestarias deben realizarse para atender una verdadera necesidad pública, un gasto inesperado y no tanto para atender otras razones de corte político o individual.
Se trata de saber llegar a la óptima combinación entre confianza y desconfianza que permita dejar hacer y controlar al Ejecutivo federal en la disposición del dinero público, y con esto evitar la corrupción y la demostración de la voluntad de transparencia y rendición de cuentas.
Los vacíos y excepciones en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permiten que se inyecten recursos a programas que tienen menores requisitos de rendición de cuentas, utilizándolos como un atajo en el ejercicio del gasto.
Por eso someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2, fracción II; y adiciona la fracción II Bis; artículo 19, fracciones II, III y V; artículo 21, fracciones I, II y III; y artículo 58, fracción III, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer:
Primero. En el artículo 2 que las adecuaciones presupuestarias sean autorizadas por la Cámara para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores del gasto.
Segundo. En el artículo 19 para que, en el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal,la Secretaría de Hacienda deberá solicitar la aprobación de la Cámara. El límite máximo de ampliación autorizado a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen será hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o por la Cámara en ley posterior.
En el caso de las entidades reconocidas como Centros Públicos de Investigación, sus excedentes de ingresos propios se destinarán a las mismas sin requerir autorización de la Cámara, a la cual se le informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación dentro de los 30 días naturales siguientes en que fueron ejercidos.
Tercero. En el artículo 21 para que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría solicita autorización a la Cámara para ejecutar las normas de disciplina presupuestaria.
Cuarto, y último. En el artículo 58 para que cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, el gobierno federal a través de la Secretaría deberá solicitar autorización de la Cámara anexando la información que la justifique.
Con base en esta información la Cámara, con apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, determinará la procedencia de dichas adecuaciones. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada. Túrnese...
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Con qué objeto, señor diputado? A ver, sonido en la curul del diputado. Diputado Cuitláhuac García. Sí, diputado.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Gracias, presidenta. Preguntarle a la diputada si nos podemos adherir a su iniciativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada. Adelante, señor diputado. Muchas gracias. Se pone a su disposición, de usted y de cualquier otro diputado que quiera adherirse, en la Secretaría de la Mesa. Reitero, túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el presentan y por sus compañeros de grupo parlamentario. Adelante, por favor.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En el Partido Verde, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población siempre ha ocupado un lugar preponderante, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, hemos presentado diversas iniciativas para garantizar la igualdad de oportunidades entre los diferentes sectores de la sociedad con la finalidad de generar condiciones adecuadas para que, sin importar el género, la edad, el color de la piel, el estado civil o la situación social, se puedan ejercer plenamente los derechos que consagra nuestra Carta Magna y a partir de ello acceder al bienestar y a una vida digna.
Bajo esta línea programática, ahora presentamos a esta soberanía una iniciativa cuyo objeto es incentivar a los generadores de empleo para que abran sus vacantes a un sector poblacional que posee una gran experiencia, y que además cuenta con la fortaleza para seguir aportando lo mejor a nuestro país. Me refiero a todas aquellas personas que han cumplido ya los 50 años de edad y que en muchas ocasiones enfrentan serias dificultades para encontrar un empleo, debido a su edad.
Nuestro país experimenta un intenso y acelerado proceso de cambio. Veamos que para ahora, en el año 2015 y de acuerdo a las proyecciones que tiene el Consejo Nacional de Población, 3 de cada 10 mexicanos son menores de 15 años y solo 1 de estos 10 mexicanos tiene más de 60 años de edad, pero esto va a cambiar para el año 2050.
Para el año 2050 esta composición será de la siguiente manera. Solo 2 de cada 10 mexicanos tendrán menos de 15 años y la población de adultos mayores representará más del 22 por ciento de la población total de nuestro país.
Un indicador de las condiciones sociales de los adultos mayores o quien está próximo a ser un adulto mayor, que es su situación en el empleo.
Las dificultades para acceder a un puesto de trabajo formal es un problema que se presenta en buena parte de esta población, pero se ha observado desde el inicio de la década de los ochenta que las tasas van descendiendo en la participación económica de este sector, las cuales no corresponde necesariamente a un retiro voluntario.
Es decir, la dificultad para encontrar un empleo se presenta aún entre personas no consideradas viejas y que además están en total plenitud de sus capacidades. Claro que a mayor edad, mayor es la dificultad para encontrar un trabajo.
Si bien en el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo ya se estipula que las condiciones de trabajo deben estar basadas en el principio de igualdad sustantiva, sin que pueda establecerse diferencias o exclusiones por motivo del origen ético o su nacionalidad, el sexo, la edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o por su estado civil, es un hecho que en nuestro país el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el mercado laboral suprime a la población que rebasan los 35 años de edad.
La oferta para este segmento poblacional se reduce a empleos de menor salario y nula participación, oportunidad de crecimiento dentro de la empresa. Esto según el informe que presentó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, denominado Ofertas laborales en México.
En la actualidad esta situación se ha entendido como una nueva forma de maltrato laboral, incluso como una manera de discriminación, situación que afecta por igual a las mujeres y a los hombres y que se expresa a veces de una manera muy sutil. Por ejemplo, cuando se rechaza a una persona para un empleo, se le dice que está sobrecalificado.
En otras ocasiones de forma muy abierta se especifica el límite de edad para las contrataciones. De ahí que no podemos obtener un empleo estable a partir de los 35 años de edad y esto se entiende como un atentado a la dignidad de las personas, que impacta de manera negativa, no solo a quien lo padece, sino también a toda su familia.
Para contribuir a corregir esta situación proponemos una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que al igual que en otros países, que ya lo están haciendo en Latinoamérica, motivemos con una exención fiscal a quienes contraten a hombres y a mujeres que han cumplido 50 años o más de edad y que se encuentran en busca de un empleo para sostenerse ellos mismos o a su familia. Es cuanto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado. Y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 353 C y 353 D de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias, señora presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy presento una iniciativa que propone fortalecer el apoyo a los médicos residentes en nuestro país, a través de una modificación a la Ley General del Trabajo, la cual busca otorgar mayor protección anulando las famosas guardias de castigo, guardias que comprometen la salud física y mental de nuestros jóvenes.
Desafortunadamente el síndrome de Burnout, el cual es definido como una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador, se ha convertido en un problema dentro de nuestro sistema de salud, siendo los médicos residentes los que principalmente han presentado síntomas de padecerlo.
Dentro de la medicina existen varios factores que pueden provocar este padecimiento, algunos como cuestiones institucionales, exceso de carga de trabajo, desgaste físico y psicológico.
El síndrome inicia como un padecimiento con una gran carga emocional y de agotamiento en la persona, lo que deriva en las conductas de distanciamiento, apatía por las personas que atienden y creando dudas respecto al profesionalismo.
Físicamente y psicológicamente presentan agotamiento, despersonalización, escepticismo y una falta de realización personal, lo cual no sólo afectará a quien lo padece, sino que también directamente a los pacientes a cargo del profesional de la salud y a la misma institución médica.
Al estudiar la carrera de medicina se debe tener en cuenta que la duración es aproximadamente de 12 semestres, es decir, seis años, más un año de servicio social obligatorio, siendo así 7 años los necesarios para titularte como médico general, más 3 años más si deseas convertirte en un médico especializado.
Un médico para consumar una especialidad necesita realizar una residencia, la cual es un conjunto de horas-práctica que un médico deberá cumplir en un periodo de adiestramiento y a la par cubrir un programa escolar durante un tiempo determinado.
El médico residente es un profesional titulado, el cual ingresa a una unidad médica receptora de residentes, en la que llevarán a cabo su profesionalización en el área médica de su elección.
Desafortunadamente, nuestro país ha sido testigo, cada vez más, de forma frecuente, de una oleada de médicos residentes que han salido a las calles y han levantado la voz exigiendo un mejor trato laboral.
En México ya se han registrado casos de médicos residentes que sufren maltrato público de sus superiores. Incluso, casos de médicos residentes que mueren gracias al estrés provocado por los mismos.
Y es que realizar una residencia médica en México pareciera ser sinónimo de convivencia con catedráticos faltos de profesionalismo que aún tienen la creencia de que la forma de transmitir sus conocimientos es por medio de insultos, faltas de respeto, intolerancia y malos tratos, como alguna vez lo hicieron con ellos, generando una cadena de lo que coloquialmente es conocido como que las letras con sangre solamente te pueden entrar.
Este tipo de eventos dentro de la comunidad médica son comunes y con el tiempo, desafortunadamente, se han vuelto parte de la cotidianeidad, restándole importancia, pero esto debe de parar.
Si bien es cierto, la medicina es una profesión que requiere de un compromiso total en todos los sentidos, también es cierto que los profesionales de la salud en adiestramiento están aprendiendo y necesitan estar alertas, conscientes y con sus sentidos al cien por ciento para evitar cometer errores que puedan costarles la vida. Lo cual es aún más complicado cuando pasan más de 24 horas sin dormir o descansar.
En la actualidad, el sector salud ha encontrado en los residentes una manera muy útil de ahorrar en recursos humanos dentro de los hospitales de salud pública o seguridad social. Ya que en lugar de contratar personal prefieren tener residentes con mayor grado de experiencia o cargo de áreas o puestos en los que por ética debería haber un médico especialista titulado, no uno que está aprendiendo.
Los residentes médicos están siendo explotados por medio de las famosas guardias de castigo, las cuales al combinarse con sus guardias ordinarias los han orillado u obligado a cumplir con horarios de hasta 36 horas continuas de guardia, generando una gran desventaja: primero, para los residentes que se ven severamente afectados por el cansancio, agotamiento físico y la falta de sueño. Y segundo, para los pacientes, los cuales son los más afectados al toparse con médicos que después de 24 horas sin dormir son obligados a atenderlos, recetarlos y en ocasiones, incluso, hasta de operarlos, lo cual es altamente peligroso.
Yo le pregunto a cualquiera, ¿quién de ustedes se sometería a una cirugía con un médico que no ha dormido en más de 24 horas? Yo creo que ninguno. Pero en hospitales del sector salud en ocasiones no hay otra opción, tienes que hacerlo.
Muchos profesionales de la salud, por todas las causas mencionadas con anterioridad, sufren del síndrome Burnout, ya que se han perdido vidas tanto en pacientes como de médicos y ha habido errores por cansancio. Y para muchos les ha sido muy fácil juzgar a los médicos que se toman un momento de descanso después de una jornada agotadora, y no por el trabajo, sino por horarios extenuantes a los que son sometidos.
Existen médicos que ponen todo su esfuerzo en la residencia y aun así sus profesores truncan su titulación. Existen viejas prácticas que estoy seguro que pueden y deben cambiar por el bien de la sociedad en general.
Honremos esta profesión tan noble, honremos a los profesionales de la medicina, que deben ser vistos como galenos, especialistas, profesionales que dedican más de nueve años de su vida a prepararse y no permitamos que por cuestiones de presupuesto se sigan viendo solo como mano de obra barata.
Lo anterior nos lleva a buscar nuevas alternativas de preparación para que los profesionales de la salud tengan la formación adecuada, sin comprometer su propio bienestar y el de sus pacientes, ya que un médico enfermo no puede desempeñar bien sus labores. Esto, sin contar que los mayores beneficios estarán en sus pacientes, en el propio sistema de salud. Por lo que la implementación de estrategias que prevengan situaciones de riesgo debe ser una prioridad para nuestro país. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: “Hombre justo y honrado es aquel que mide sus derechos con la regla de sus deberes”. Henri Dominique, político orador y religioso francés.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sin duda la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido un parteaguas en la lucha de la dignidad humana, además de haber marcado grandes transformaciones jurídicas, económicas y sociales a nivel global.
En México, en el año 2011, se iniciaron importantes modificaciones a nuestra Carta Magna en esta materia. No obstante, necesario es recordar que todo derecho conlleva a responsabilidades y deberes que no se pueden dejar de lado. De tal suerte que si nos referimos al ejercicio de los derechos, también debemos cumplir con el accionar de los deberes. Lo cual no es aplicable a los gobiernos, sino a todos los integrantes de la sociedad, de la sociedad de México.
Si bien nuestra Constitución ya prevé los derechos humanos, es omisa en cuanto a la parte de los deberes, es una reflexión que todos debemos llevar a cabo.
En Nueva Alianza estamos firmemente comprometidos con impulsar, propiciar, defender y salvaguardar los derechos humanos de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos y mexicanas, pero también con que los ciudadanos responsables asumamos nuestros deberes.
Por ello, hoy presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de incorporar el concepto Deberes Humanos. Pues derechos y deberes humanos se encuentran indudablemente vinculados y su reconocimiento enriquece y fortalece nuestro sistema de protección y reconocimiento de ellos.
Más aún, los deberes humanos se encuentran ya reconocidos en diversos tratados internacionales que son vinculantes para nuestro país, como son: la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo que su incorporación en nuestra Carta Magna obedece, además a un obligado ejercicio de armonización del marco normativo mexicano en los estándares internacionales en dicha materia.
En Nueva Alianza estamos convencidos de esta manera, que podrá mejorar la situación de reciprocidad y vinculación, y con ello transitar hacia una sociedad más justa y equilibrada, en la cual por igual tenemos y ejercemos la corresponsabilidad de la sociedad y las instituciones del gobierno. Se exija y se cumpla con los principios que inspiran, orientan, comunican el tipo de sociedad que deseamos construir en estos tiempos modernos y sobre todo para estar a la vanguardia de un mundo globalizado, pero sobre todo garantizar y dar certeza a las mexicanas y a los mexicanos de los derechos humanos y de los deberes humanos. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Quiero informarle también a este pleno, que la diputada Teresa Lizárraga, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional se adherido a la iniciativa presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, presidenta, muy amable. Efectivamente, hoy venimos a presentar, amigas diputadas y amigos diputados, una iniciativa que reforma el artículo 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por segunda ocasión vengo a la tribuna a insistir en este precepto de ley que considero importante para la vida de millones de migrantes en este país y desde luego en el mundo. Esta iniciativa que precluyó y que fue turnada en su momento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, hoy venimos de manera emocionada, motivada porque creo que es un tema que vale la pena persistir.
¿En qué consiste esta iniciativa? Es algo muy sencillo que puede resolver un problema estructural en el paquete económico que manda el Ejecutivo federal cada año a esta Honorable Cámara de Diputados.
No existe un anexo específico en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que nos permita evaluar todo peso que se destine a atender el fenómeno migratorio en este país. Esto es existen muchos anexos en el paquete económico: De igualdad, de niñas, niños y adolescentes; de buscar la justicia, etcétera, pero no hay –insisto– un anexo que permita evaluar y permite de justificar cada peso que se destina en este país al fenómeno migratorio.
¿Por qué es importante esta iniciativa? La función importante porque, amigas y amigos, en este país es el segundo lugar en migrantes en el mundo después de la India que tiene 14.2 millones, nosotros tenemos 13.2 millones de personas que viven en el extranjero sin contar desde luego los que están –los de segunda, tercera y cuarta generación– en Estados Unidos, que es otro tanto mayor todavía.
Esta iniciativa nos va a permitir a nosotros, toda vez que el fenómeno migratorio es un tema diverso, multifactorial en sus causas y por tanto obliga a atenderlo desde un punto de vista transversal.
De ahí que todos los programas federales tienen que ver con el fenómeno migratorio, en salud, en Sedesol, en educación, etcétera, pero están ocultos los programas y no se distingue el gasto que es destinado a atender la migración o la política migratoria en este país, por tanto esta iniciativa le daría certeza.
Si, no significa mayores recursos públicos, no significa que esta iniciativa va a generar un costo adicional al presupuesto de gasto público anual, al contrario, va a ordenar cada peso que se destine, comprometiendo para que el Paquete Económico, de ahí la reforma del 2o. y el 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que exista un anexo específico que nos permita a nosotros medirlo. Ustedes saben que lo que no se puede medir no se puede controlar y mucho menos evaluar.
Creo que este país debe mucho a los migrantes. Veintisiete mil millones de dólares cada año las remesas que envían los migrantes a sus familiares, veintisiete mil millones de dólares. No se ha podido atender.
Cada vez el presupuesto destinado a la materia es menor, y cada vez las remesas enviadas por nuestros hermanos migrantes son mayores. Cada vez crece más la responsabilidad de las instituciones responsables de atender el fenómeno migratorio en este país, y cada vez se destinan a estas dependencias o entidades de la administración pública federal, se le destinan menos recursos públicos.
Ustedes saben que los derechos, los recursos propios que maneja el Instituto Nacional de Migración, esos recursos propios que se generan por derechos, el 80 por ciento se destina al turismo, que no es malo, y el 20 por ciento sólo de los recursos propios, se destinan a atender el fenómeno migratorio. Bueno, pues esta iniciativa nos va a permitir optimizar los recursos que vayan destinados a atender este fenómeno, y nos va a dar certeza, nos va a dar orden, y lo más importante, dar seguimiento y poder evaluar.
Actualmente –hay que reconocerlo y decirlo con toda energía– esos programas que hoy existen ahí ocultos, tienen subejercicios, y es un crimen social que cada peso que se destine al fenómeno migratorio, no se ejerza con eficiencia, con eficacia y con oportunidad. De ahí la importancia de esta iniciativa. Muchas gracias por su atención. Muy amables.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Gonzalo Guízar Valladares. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Compañeras y compañeros, se recibió solicitud de licencia de la diputada Marcela González Salas y Petricioli. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos referentes.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Marcela González Salas y Petricioli para separarse de sus funciones como diputada federal por la quinta circunscripción plurinominal a partir del 14 de septiembre del año en curso.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se consulta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada, comuníquese.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (14:30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 14 de septiembre de 2017, a las 11 horas. Muchas gracias. Buen provecho, que tengan buenas tardes.

References: artículo 3
 artículo 69
 Artículo 29
 artículo 7
 artículo 28
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 artículo 29
 artículo 4
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 artículo 29
 artículo 256
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 21
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 artículo 186
 artículo 56
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2