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Timestamp: 2017-05-29 14:17:09+00:00

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Propuesta Reforma Fiscal PRI by Carlos Santillan - issuu
No. Gaceta: 225
IniciativasDel Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con aval de grupo, la que contiene proyecto de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta,
del Impuesto al Valor Agregado y Federal de Derechos; del Código Fiscal de la Federación y se
abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.Sen. Manlio Fabio
Beltrones RiveraCC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y por el inciso H del artículo 72,
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos
162 y 163, párrafo 2, del Reglamento del Senado de la República, los suscritos, Senadoras y
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sometemos a consideración del H. Congreso de la Unión, teniendo como Cámara de origen la de
Diputados, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan o
derogan diversas disposiciones de la leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor
Agregado; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley Federal de Derechos, y se abroga la Ley
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al tenor de la siguiente
I.MARCO GENERALDurante la última década la economía mexicana ha experimentado una notoria falta de dinamismo,
reflejado en tasas de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) muy por debajo de lo que
otras naciones de nuestro continente han logrado alcanzar en el mismo periodo. Considerando las
tasas de crecimiento real del PIB durante el periodo 2000-2009 (base 2000=100), encontramos
que la economía peruana registra un incremento del 59.6%; la de Colombia del 42.9%, la de Chile
del 37.5% y la de Brasil del 32.8% (tasa acumulada para el periodo); mientras que la economía de
México registra un magro 13%.
Lo anterior, se acompaña y explica por una muy débil formación bruta de capital fijo, que secompara de manera muy desfavorable con lo alcanzado en otras economías. En efecto, según el
dato para el año 2007, mientras que en México la formación bruta de capital fijo, como porcentaje
del PIB, se ubicó en un 21.4%, en China significó el 40.1%; en España el 30.7% y en Corea el
El débil dinamismo de nuestra economía ha provocado que durante las últimas tres décadas, el
PIB per cápita se haya prácticamente estancado, con una tasa de crecimiento de apenas el 0.2%;
aún si consideramos solamente las dos décadas recientes, para así eliminar los efectos negativos
de las profundas crisis experimentadas en la década de los años ochenta del siglo pasado,
encontramos que el crecimiento del PIB per cápita, para ese período, fue de apenas 0.6%; como
se constata en los indicadores de desarrollo social y humano, ello se ha traducido en un
crecimiento sustancial del número de personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza
extrema, que según los datos más recientes del INEGI, significaría alrededor de más de 6 millones
de mexicanos en esa condición.
El virtual estancamiento de la economía ha sido acompañado, especialmente durante la primera
década del nuevo siglo, de un grave deterioro del poder de compra del salario, lo que medido por
el indicador de su referente base, es decir el salario mínimo legal, acumula casi un 60% de
deterioro. Para paliar la debilidad de los ingresos tributarios, se ha recurrido al expediente de
aumentar los precios de los bienes públicos de consumo generalizado, como la electricidad, las
gasolinas y el diesel, provocando un impacto negativo aún mayor sobre el poder de compra de las
En paralelo con lo anterior, hoy tenemos en México la peor distribución del ingreso y la riqueza de
toda nuestra historia. Mientras que las familias menos favorecidas han visto reducir su participación
en el ingreso nacional, las más poderosas, económicamente hablando, lo han incrementado a
niveles sin referente a escala mundial, como se comprueba con los indicadores del INEGI a este
Pero lo peor, si es que puede haber algo todavía más negativo que el deterioro del salario y la
concentración del ingreso a niveles de ofensa social, es la incapacidad del sistema económico para
generar los empleos que demanda una población que sigue creciendo. Al rezago acumulado, que
provoca para millones de personas la necesidad de ocuparse en actividades informales -o peor
aún, delictivas- se ha sumado la imposibilidad que enfrentan las nuevas generaciones de encontrar
De nada sirven las irreales cifras del desempleo abierto que periódicamente presume el gobierno.
Si a ellas atendemos, México está en mejor condición que Estados Unidos o que la mayoría de los
países de la Unión Europea. Solo que los jóvenes no viven de esas cifras, como tampoco los
adultos que en edad tan temprana como los 40 0 50 años, no consiguen colocarse en un empleo
Son múltiples los factores que explican el comportamiento macroeconómico antes referido, pero de
entre ellos se destaca la debilidad estructural de las finanzas públicas en México.
Esa condición ha estado presente por varias décadas, pese a las diversas reformas tributarias que
han tenido lugar desde la aprobación, en diciembre de 1978, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, de las varias reformas al impuesto sobre la renta, o de la más reciente reforma que dio
lugar a la creación del impuesto empresarial a tasa única.
En una perspectiva comparada, frente al promedio de carga fiscal total observada para los países
de la OCDE (35.9% en 2008), para México, en el mismo año, la carga fiscal total (como porcentaje
del PIB) se ubicó en 20.4%, y de ese porcentaje, 5.6 puntos porcentuales corresponden a los
derechos por el petróleo. Ahora bien, si al porcentaje del 20.4% se descuentan los ajustes por
ingresos negativos del impuesto especial sobre producción y servicios y los subsidios al empleo, la
carga fiscal total en México, para el año 2008, se ubicó en 18.7% del PIB (incluye derechos porpetróleo).
Otros análisis al respecto son todavía más pesimistas, pues estiman que al cierre del ejercicio
fiscal inmediato anterior (2010), nuestro país alcanzó una recaudación tributaria equivalente a tan
sólo 10 puntos porcentuales respecto al PIB (no incluye petróleo), lo que nos coloca al final de la
lista de esfuerzo tributario, no solo entre las naciones que forman la OCDE, sino en América Latina
en su conjunto, excluidos Haití y quizá Guatemala.
Es evidente, y en ello coinciden los analistas económicos de México y del extranjero, que en
nuestro país el sistema tributario presenta un problema estructural que conduce al
desaprovechamiento de las potencialidades de recaudación que podríamos alcanzar,
considerando, entre otros indicadores: el tamaño de nuestra economía; la población total; la
población económicamente activa, y el número potencial de contribuyentes.
Hemos llegado a un punto en que es necesario y urgente adoptar medidas que permitan un cambio
de fondo en el diseño y objetivos del sistema tributario mexicano.
Por razones económicas, fiscales y sociales, no es admisible seguir por la ruta de incrementar los
impuestos, de manera generalizada, a quienes ya contribuyen hoy en día a sostener el gasto
estatal. De persistir en esa ruta, nuestra economía perderá, aún de manera más notable,
competitividad ante el exterior; se desalentará, aún más, el ahorro y la formación de capital, se
incrementarán las prácticas de evasión o elusión fiscales; se reducirá el número de contribuyentes
y, más temprano que tarde, los ingresos derivados del petróleo serán insuficientes para sostener,
en el mejor escenario, el nivel de recaudación hoy observado.
Sin pretender exagerar el argumento, podemos afirmar que no estamos lejos de un colapso de las
finanzas públicas – hasta ahora evitado gracias a los elevados precios del crudo en el mercado
mundial - derivado de la insuficiencia creciente de ingresos tributarios que financien el gasto del
De llegar a esa situación, indeseable para todos, las únicas salidas serían incurrir en déficits cada
vez mayores, que inevitablemente nos regresarían a épocas que creíamos superadas, o a la
drástica reducción del ya de por sí insuficiente gasto público en la atención de los derechos
sociales de todos los mexicanos, como es el destinado a educación, salud, construcción de
vivienda, dotación de infraestructura y servicios básicos, y también la seguridad pública.
Quienes suscribimos la presente Iniciativa, estamos convencidos que es el momento de tomar
decisiones que permitan atender lo inmediato para poner orden en las finanzas del Estado, y trazar
una ruta de fortalecimiento de las finanzas públicas, en beneficio de quienes menos tienen y
también en provecho de las clases medias; cambios que promuevan la inversión privada y pública,
la competitividad con el exterior, la competencia interna, y sobre todo, que contribuyan a elevar la
calidad de vida de los mexicanos y sus familias.
Tenemos que reconocer que los innegables y profundos cambios que el avance democrático ha
hecho posible no se han traducido, durante los últimos diez años, o más, en la generación de
bienes públicos que beneficien a la sociedad y hagan crecer nuestra economía, en aras de generar
los empleos estables y justamente remunerados, que nuestra sociedad requiere.
Hoy enfrentamos la peor situación de muchas décadas: el ánimo social ha decaído por la
incapacidad del gobierno de ofrecer seguridad y justicia; millones de mexicanos no tienen
posibilidad alguna de obtener un empleo formal y estable; para millones de jubilados o
pensionados, el ingreso que perciben, después de varias décadas de trabajar, es por completo
insuficiente. Pero además, si consideramos los mejores cálculos sobre el costo a futuro del sistema
público de pensiones y jubilaciones, estamos ante un enorme “boquete” de las finanzas estatales,
que muy pronto podrían llevarnos al extremo de no tener recursos para pagarlas. Los cálculos más
optimistas al respecto, estiman que el déficit en esta materia equivale a más del cien por ciento delPIB; los pesimistas lo estiman en más del 130%
La calidad de la educación se ha deteriorado de manera alarmante en sus niveles básicos; los
servicios de salud están saturados por la irresponsable conducta gubernamental que convirtió el
llamado “seguro popular” en fuente de millones de nuevos derechohabientes, sin otorgar los
recursos necesarios para ampliar la infraestructura, el equipamiento y el personal de los servicios
públicos de Salud, necesarios para dar respuesta a los nuevos demandantes de sus servicios.
Los legisladores del PRI estamos convencidos de la necesidad impostergable de poner sobre la
mesa del debate nacional, en el espacio institucional de que disponemos para tal efecto, que es el
H. Congreso de la Unión, iniciativas y propuestas concretas, específicas, como las que en esta
Iniciativa postulamos.
México es un país “sobre diagnosticado”; no hay asunto público en el cual no contemos con
estudios, modelos, perspectiva comparada, debates y reflexiones. Lo mismo vale para los temas
políticos, que para la educación, la vivienda, los impuestos o el gasto.
Sabemos lo que México requiere; los cambios que son necesarios e impostergables para trazar
una nueva ruta en la que, con orden y de manera concertada entre quienes tenemos
responsabilidades ante la sociedad, demos respuesta a las demandas de nuestra sociedad y a las
exigencias que como Nación tenemos que atender.
De eso trata la presente Iniciativa.
No escapa en forma alguna a nuestra comprensión que los cambios que proponemos en materia
de ingresos tributarios deberán ser acompañados de profundas reformas en la estructura del gasto
En los últimos años, se han multiplicado, de manera injustificada, el número de organismos
estatales, tanto en el ámbito Federal como en los Estados, Municipios y el Distrito Federal; las
plazas de mandos superiores, con elevados sueldos y prestaciones, han aumentado en forma
exponencial, a lo que se agrega el gasto asociado al personal profesional, técnico y administrativo,
que trabaja al servicio de esos cargos.
De igual forma, se observa una alarmante ausencia de control y rendición de cuentas sobre el
gasto público destinado a la compra de bienes y servicios y a la inversión en obras; las instancias y
mecanismos de control interno en los gobiernos Federal, las entidades federativas y municipios,
han perdido eficacia; la opacidad, discrecionalidad y, en no pocos casos, la corrupción, afectan de
manera creciente el destino y uso del gasto público.
Habrá que adoptar, cuanto antes, medidas radicales para detener y revertir tales situaciones,
empezando por las instancias ejecutoras del gasto público, y también mediante reformas legales o
reglamentarias que aprueben el H. Congreso de la Unión, las legislaturas locales y los cabildos
Por mandato constitucional, corresponden a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
las facultades exclusivas en materia de aprobación del Presupuesto de Egresos y revisión de la
Cuenta Pública. En respeto a esa norma constitucional y a las atribuciones de la Colegisladora, las
Senadoras y los Senadores del PRI que suscribimos la presente iniciativa, dejamos al criterio,
conocimientos y experiencias de quienes integran la Cámara de Diputados, determinar las
acciones de reforma legal, o los nuevos criterios y reglas a incluir en el próximo Presupuesto de
Egresos de la Federación (2012) con el objetivo de reducir el gasto corriente, incrementar el gasto
de inversión en áreas cruciales para el desarrollo nacional, así como imponer las medidas de
transparencia y rendición de cuentas que permitan a la sociedad evaluar la eficiencia y honradezcon la que se ejerce el gasto autorizado por la Cámara de Diputados.
II. HACIA UN NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO
Frente a las corrientes teóricas e ideológicas extremas, quienes suscribimos la presente Iniciativa
hemos buscado encontrar el punto de equilibrio en el que se conjuguen, al mismo tiempo, las
ventajas y virtudes del mercado y la responsabilidad indeclinable del Estado mexicano para ejercer
la rectoría del desarrollo nacional, contribuir a superar los problemas de pobreza y marginación,
fomentar el empleo y trazar para México una ruta de crecimiento sostenido, que sea la base para
generar empleos estables y adecuadamente remunerados, como el medio idóneo para mejorar las
condiciones de vida de los mexicanos y sus familias.
El Estado mexicano por su formación histórica, tiene un compromiso social al que no puede
renunciar, a riesgo de desaparecer.
Al Estado corresponde la tutela social de los sectores desprotegidos, la promoción del progreso a
favor de quienes menos tienen, y la moderación de la opulencia que a tantos ofende.
Al plantear la imperiosa necesidad de realizar reformas al sistema tributario, lo hacemos con visión
de mediano y largo plazo. Sabemos que nuestras propuestas, reflejadas en esta Iniciativa,
constituyen apenas la primera parte; el cimiento de una nueva casa, a la que otros habrán de
añadir nuevos componentes, en pluralidad de ideas y propuestas; siempre pensando en el bien de
México y en el progreso de los mexicanos.
Tenemos una visión integral de lo que requiere el sistema tributario mexicano, por ello,
proponemos los primeros cambios, los más urgentes y necesarios, para desatar un ciclo virtuoso
de reformas que habrán de completarse en el futuro inmediato.
Nuestra propuesta se funda en cuatro ejes rectores:
1.Ampliar la base de contribuyentes;2.Disminuir las tasas impositivas en los niveles de bajos ingresos;3.
Reformar o derogar normas, legales o reglamentarias, que propician la elusión y evasión
Elevar los niveles de recaudación, y en el mediano y largo plazos alcanzar niveles
suficientes para atender los requerimientos del gasto público, que de inmediato deberá ser
reordenado en sus objetivos, ser eficiente en su aplicación y transparente para fines de rendición
de cuentas ante la sociedad.
Para ampliar la base de contribuyentes es necesario propiciar la incorporación a la formalidad de
millones de personas y establecimientos que hoy en día operan en los mercados informales; para
ello proponemos varias medidas.
Entre ellas, la adecuación de regímenes especiales de tributación que habiendo sido, quizá,
justificados, han cumplido su objetivo y ahora constituyen vías para la elusión o evasión tributarias.
Sobre todo, proponemos una medida que, además de representar un beneficio general para todos
los consumidores, estimulará el interés de las personas para formalizar su condición ante el fisco,
mediante el establecimiento de un mecanismo de devolución garantizada de una parte importante
del impuesto al valor agregado pagado en cada transacción mercantil por la que se pague dichoimpuesto.
De la tasa general – nominal - del impuesto al valor agregado (del 16 por ciento), 3 puntos de esa
tasa, que equivalen a cerca del 20 por ciento del monto pagado, serían reembolsados por la
autoridad hacendaria al consumidor, a través de depósito o transferencia bancaria, en un plazo no
mayor a un mes. La única condición exigible al consumidor sería demostrar estar inscrito en el
Registro Federal de Contribuyentes, a través del documento oficial que para tal efecto expida la
autoridad hacendaria. De esta forma, la tasa efectiva del impuesto al valor agregado se ubicaría en
Consideramos que la reducción de la tasa efectiva, acompañada del medio de control-devolución
que proponemos, fomentará la incorporación a la formalidad tributaria de millones de consumidores
y establecimientos mercantiles, permitiendo expandir de manera significativa la base de causantes.
Dada la reducción que proponemos de la tasa efectivamente pagada de impuesto al valor
agregado y para evitar distorsiones en el cobro del impuesto, que además son fuente de prácticas
de evasión o elusión, proponemos suprimir la actual diferencia de tasa en las zonas fronterizas.
En contrapartida de lo anterior, proponemos mantener la tasa cero de impuesto al valor agregado
solamente en los alimentos de consumo generalizado que constituyen la base de la canasta
alimentaria de la población de menores ingresos (la que se ubica en los primeros cuatro deciles, en
la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares).
La tasa cero, actualmente vigente, aplica a todos y cada uno de los productos destinados a la
alimentación, sin importar si los mismos forman parte del consumo popular o del consumo de la
población de mayores recursos; más aún, al aplicarse la tasa cero por ciento a todo producto
destinado a la alimentación, el beneficio se otorga por destino, sin importar si el producto realmente
es consumido como alimento o tiene un uso diferente.
Con lo anterior, se desnaturalizó el beneficio que originalmente pretendió otorgarse a los sectores
de la población de menores ingresos y se convirtió en un subsidio generalizado, altamente
Basta analizar las últimas cifras de ingreso-gasto de los hogares, para darnos cuenta de que,
aproximadamente, de cada 100 pesos de consumo afecto a la tasa del cero por ciento, solamente
el 3% lo ejercen los dos primeros deciles de la población de menores ingresos, en tanto que casi el
50% es absorbido por los dos últimos deciles de la población de mayores ingresos.
Dicho de otra forma, para disminuir en tres centavos el costo de vida de los cinco millones de
familias más pobres de este país, hay que subsidiar con cincuenta centavos a los cinco millones de
Adicionalmente a la enorme regresividad que se verifica en la aplicación de la tasa del cero por
ciento en productos destinados a la alimentación, el sacrificio fiscal que ello implica, supera por
mucho los niveles de gasto social en los rubros más importantes del país. En efecto, considerando
cifras emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Informe de Finanzas
Públicas, la reducción en ingresos por la tasa del cero por ciento en alimentos es del 1.3 puntos del
Es por ello que proponemos incluir, en la Ley, los alimentos que seguirán sujetos a tasa cero de
IVA, que serían los siguientes:
·animales y vegetales que no estén industrializados,
carne en estado natural;
tortillas, masa, harina y pan, sean de maíz o trigo;
leche natural y huevo, cualquiera que sea su presentación;·
·azúcar, mascabado y piloncillo;
aceite comestible; y
atún y sardinas enlatadas.No escapa a quienes suscribimos la presente Iniciativa, la polémica y el debate que provoca una
medida como la que ahora proponemos; estamos dispuestos a discutir en todos los foros públicos
y de especialistas la necesidad y pertinencia de lo que proponemos. A lo que nos negamos es a
admitir que el tema tenga un carácter de tabú.
Ese debate está presente en las filas de nuestro propio partido, pues existen opiniones,
respetables, que interpretan una expresión contenida en los documentos básicos del PRI, respecto
del cobro de impuesto al valor agregado en alimentos, como una tajante prohibición de admitir no
sólo que se cobre ese impuesto, sin distingo, a tales productos, sino incluso que se promueva y
discuta una propuesta como la que hacemos en esta Iniciativa.
De nuestra parte, consideramos que el compromiso del PRI, a que se refiere esa parte de nuestros
documentos básicos, que compartimos y respaldamos a plenitud, es con las clases populares, con
los sectores más desprotegidos y vulnerables, así como con las clases medias.
Para hacer efectivo ese compromiso es que en esta Iniciativa proponemos una canasta básica de
alimentos (con tasa cero de impuesto al valor agregado) lo suficientemente amplia como para
mantener la protección a los sectores populares y de clase media.
Los indicadores estadísticos disponibles, en especial la Encuesta de Ingreso-Gasto de los
Hogares, señalan que los alimentos que estamos proponiendo incluir en la canasta básica a tasa
cero, constituyen la base de la dieta diaria de las familias de menores ingresos, y que representan
la parte mayor del gasto que destinan a la alimentación.
Analicemos con objetividad y veracidad el impacto que sobre la población de menores ingresos
tiene establecer una canasta de alimentos en tasa cero como la que proponemos en esta Iniciativa,
enmarcada en el contexto integral de nuestra propuesta, con reducción significativa de la
tasa efectiva del impuesto al valor agregado, así como la reducción y simplificación propuestas en
materia del impuesto sobre la renta. Se verá, entonces, que el efecto neto sobre la población de
menores ingresos será neutro o incluso favorable.
De igual forma, proponemos mantener la tasa cero para las medicinas de patente, para así evitar
un impacto negativo en el gasto que en tales productos realizan los sectores de menores ingresos,
así como las clases medias. Es nuestra convicción que en tanto el Estado no tenga la capacidad y
recursos para asegurar a toda la población el abasto suficiente y oportuno de medicinas de
patente, éstas deberán permanecer en tasa cero.
Mención especial merece el tratamiento que proponemos en esta Iniciativa para los productores
rurales, tanto en lo que hace al impuesto al valor agregado como en materia del impuesto sobre la
Por su condición de actividad estratégica para el desarrollo nacional, por la seguridad alimentaria
en beneficio de todos los mexicanos; por el histórico rezago social que aún padecen millones de
habitantes del campo; por la necesidad de proteger el ingreso familiar en esas áreas, es que nos
pronunciamos, y así lo proponemos, por mantener el tratamiento que desde hace varios lustros se
ha otorgado, en materia del impuesto al valor agregado, a los productores rurales.
De esta forma, los productores del campo continuarán recibiendo el beneficio de la tasa cero en la
venta de su productos, ya sean vegetales o animales, sin industrializar, así como en la compra demaquinaria, equipos, semillas y demás insumos y servicios que requieren para su actividad.
De igual forma, tal medida seguirá repercutiendo, positivamente, en el precio de los productos que
el sector rural aporta para la alimentación diaria del conjunto de la población, así como en la
competitividad del sector en los mercados internacionales y ante los productos importados que se
ofrecen en el mercado nacional.
Como mencionamos antes, en materia del impuesto sobre la renta a las personas morales con
actividad empresarial, proponemos que la reducción de la tasa máxima que ya está contemplada
en la Ley hoy vigente, se continúe en forma gradual hasta ubicarla en 25 por ciento. Para tal
efecto, se reduciría al 27% en 2013, al 26% en 2014, hasta quedar establecida, en 2105, en el 25
por ciento. La gradualidad permitirá distribuir el sacrificio fiscal a lo largo de un periodo razonable,
así como evaluar los efectos de esta medida sobre los niveles de recaudación, el comportamiento
del ahorro y la inversión, y el crecimiento del PIB.
El objetivo que se busca alcanzar con la reducción de la tasa al 25% es fomentar el ahorro interno
de las empresas y la reinversión de utilidades en las mismas, para así desatar un círculo virtuoso
que propicie el aumento sostenido del PIB y la mayor generación de empleos.
Tratándose del impuesto sobre la renta aplicable a personas físicas, proponemos una nueva tarifa
que permitirá mantener la protección a quienes perciben un ingreso de hasta cuatro salarios
mínimos, beneficiar a los sectores de ingresos medios y aumentar la tasa máxima aplicable a los
causantes de muy elevados ingresos (de casi medio millón de pesos de ingresos mensuales), al 35
Consideramos que la tarifa propuesta se apega a los principios de proporcionalidad y equidad
establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución y además constituye un instrumento
de justicia tributaria que permite cumplir con otro principio elemental: que quienes más tienen, más
Esta adecuación de la tarifa no impactará negativamente la reinversión de utilidades de las
empresas, pues mientras esas utilidades se mantengan invertidas y generando crecimiento, el
impuesto se determinará considerando la tasa del 25%.
En esta Iniciativa se propone introducir en la Ley del Impuesto sobre la Renta el derecho de los
padres de familia a deducir, en el monto que se determinaría en la propia Ley y cumpliendo con los
requisitos señalados en la misma, el pago por concepto de colegiaturas de sus hijos, o de ellos
mismos o sus dependientes en línea directa. La deducción sería aplicable tanto para los niveles
educativos señalados hoy en día como obligación del Estado en el artículo 3º constitucional
(preprimaria, primaria y secundaria) como para el nivel de bachillerato; esto último en virtud de que
en el H. Congreso de la Unión se encuentra en proceso de trámite legislativo una Iniciativa de
reforma al citado artículo constitucional para incluir como obligación del Estado proporcionar
educación de nivel bachillerato, que seguramente merecerá el respaldo de los grupos
parlamentarios representados en ambas Cámaras.
Para hacer realidad la incumplida promesa de simplificación tributaria, a favor de las personas
morales y las personas físicas con actividad empresarial, proponemos que aquellas con ingresos
de hasta un máximo anual de 20 millones de pesos puedan optar por un régimen simplificado, con
una tasa anual fija del 5 por ciento sobre sus ingresos brutos, antes de cualquier deducción. Esas
personas seguirían presentando declaraciones parciales, mensuales, aplicando la misma tasa del
5%, sin deducciones.
Conviene precisar que cuando una persona opte por el régimen simplificado, las autoridades
fiscales solamente podrán realizar verificaciones, conforme a la Ley, sobre sus ingresos, más no
sobre los gastos, lo que viene a reforzar las garantías a favor del contribuyente.Tratándose de los productores rurales, en la misma intención, antes expuesta, de conservar el
estímulo que reciben en materia de impuesto al valor agregado, proponemos establecer que, en lo
que hace al impuesto sobre la renta, el régimen opcional simplificado contemple un límite anual
máximo de ingresos brutos de hasta cuatro millones de pesos, y que la tasa aplicable sea del 3 por
ciento del ingreso bruto obtenido. Esta medida beneficiará a millones de productores minifundistas,
tanto del sector social como del privado, cuya actividad principal sigue siendo la siembra de maíz.
Más adelante detallaremos otros aspectos importantes que contiene esta Iniciativa; por ahora
queremos dejar establecido que, de acuerdo a los ejercicios de cálculo de impacto sobre la
recaudación tributaria, el efecto de nuestras propuestas será crecientemente positivo conforme se
avance en la reglamentación de las nuevas medidas y en la instrumentación de los procedimientos
y sistemas que permitan su adecuada administración por parte de las autoridades hacendarias.
Los cálculos y proyecciones de impacto en la recaudación total de los impuestos a que se refiere
esta Iniciativa nos indican que el efecto conjunto de las reformas en el impuesto sobre la renta, en
el impuesto empresarial a tasa única y en el impuesto al valor agregado, producirán un efecto
positivo en la Hacienda Pública del orden de un punto porcentual del PIB, de manera directa.
Además, se obtendrán beneficios adicionales, estimados en el equivalente a medio punto
porcentual del PIB, de la mayor eficiencia recaudatoria en la medida que maduren los efectos de la
reforma, por el combate a la evasión y elusión fiscales y por la promoción de la formalidad.
Por el resultado esperado de las medidas antes expuestas, es que la presente Iniciativa contempla
una reforma a la Ley Federal de Derechos para otorgar un importante estímulo para la inversión en
la que es y seguirá siendo la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos, a través de su
subsidiaria de Exploración y Producción.
Considerando el período de ajuste que dichas autoridades requieren para la instrumentación de los
nuevos sistemas, es que nuestra propuesta considera que la entrada en vigor de las medidas
contenidas en el proyecto de Decreto debe establecerse a partir del 1 de enero del año 2013. Lo
anterior permitirá, además, que la presente Administración Pública Federal concluya su mandato
sin enfrentar incertidumbre respecto de las estimaciones de ingresos tributarios con que cuenta
conforme a las normas legales y reglamentarias hoy vigentes.
III.CONTENIDO DETALLADO DE LA PROPUESTAAl tenor de los ejes rectores anteriores, pasamos ahora a detallar el contenido fundamental de
nuestra propuesta, explicado para cada ley e impuesto:
Se propone modificar el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos preceptos regulan el
régimen de las actividades empresariales de las personas morales, con base en lo siguiente:
· Sustituir el régimen de devengado por flujo de efectivo.
· Disminuir, gradualmente, la tasa nominal para personas morales, hasta ubicarla en 25%.
· Integrar en el impuesto sobre la renta los elementos más importantes del impuesto empresarial
a tasa única, abrogando este último.
· Establecer un régimen opcional de tributación simple.
1. Régimen del Flujo de Efectivo.
Las personas morales contribuyentes del impuesto sobre la renta, se encuentran obligadas
actualmente a acumular los ingresos conforme estos se devenguen a su favor; igualmente, estos
contribuyentes pueden realizar la deducción de sus gastos cuando éstos se devengan a cargo.El concepto de devengado implica la obligación de acumular los ingresos o el derecho a deducir el
gasto, aún cuando el primero no haya sido efectivamente percibido en efectivo, en bienes o en
servicios, y el segundo no haya sido realmente erogado.
Tratándose de las inversiones en el régimen de devengado, éstas se deducen anualmente en el
por ciento que corresponda al número de años de vida útil del bien de que se trate, o en un sólo
ejercicio – deducción inmediata – aplicando una tasa de descuento sobre el valor de la inversión y
en atención al número de años en que se depreciaría linealmente dicha inversión.
Asimismo, el régimen de devengado implica que la compra de mercancías, materias primas,
productos terminados y semiterminados, se deduzca hasta el ejercicio en el que el bien sea
enajenado y bajo la mecánica de costo de lo vendido.
Por último, este régimen aplicado a deudas y créditos impone la necesidad de reflejar los efectos
fiscales de la inflación mediante el ajuste anual acumulable o deducible.
Llama particularmente la atención que tratándose de inversiones y de compras, el sistema es
asimétrico ya que la acumulación del ingreso devengado por la enajenación es total en un sólo
ejercicio - al devengarlo - en tanto que la deducción de estos bienes se prolonga por todo el
periodo de vida útil de los mismos.
Esta asimetría se constituye en un elemento que desincentiva la inversión en activos fijos
productivos y, por ende, en el desarrollo y crecimiento de las empresas mexicanas.
Cabe destacar que el régimen de devengado únicamente aplica a personas morales en el
impuesto sobre la renta. Efectivamente, para efectos del impuesto al valor agregado y del impuesto
empresarial a tasa única, estos contribuyentes están en un régimen de flujo de efectivo; más aún,
el impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como de algunas personas morales, ya se
observa también en flujo de efectivo.
Por lo anterior, la presente Iniciativa propone homologar el régimen de acumulación y deducción de
las personas morales con actividades empresariales con el del impuesto al valor agregado con el
propio impuesto sobre la renta de las personas físicas, de forma tal que la base del gravamen se
reconozca en flujo de efectivo.
Con esta reforma, las personas morales que realicen actividad empresarial estarán obligadas a
acumular los ingresos hasta el momento en el que efectivamente los mismos sean percibidos,
tendrán derecho a efectuar las deducciones sólo cuando las erogaciones correspondientes hayan
sido efectivamente realizadas.
Esta medida, además de eliminar la asimetría que hoy se observa en el impuesto sobre la renta
empresarial, llevará el momento de pago al momento en el que se tienen los ingresos para efectuar
el mismo, facilitando con ello el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitando cargas
financieras implícitas en el anticipo impositivo del régimen de devengado.
Adicionalmente, debe destacarse que la deducción de las inversiones en flujo de efectivo, se
traducirá en un impulso a la inversión y al crecimiento de la planta productiva de las industrias
mexicanas y en un elemento promotor de la inversión extranjera.
Asimismo, el establecimiento del régimen de flujo de efectivo permitirá simplificar de manera
importante la determinación de este impuesto, al resultar innecesarios los ajustes por inflación y
cambiarios, al tiempo de permitir a las autoridades fiscales una fiscalización más eficiente a través
del registro de operaciones en el sistema financiero.2. Disminución de la tasa.
Considerando que el promedio de las tasas impositivas en el impuesto sobre la renta de las
personas morales de los sistemas tributarios de los países miembros de la OCDE es del 25%,
estimamos procedente ubicar, gradualmente, a lo largo de un periodo que culminaría en el año
2015, en dicho nivel la tasa nominal de este gravamen en México.
Lo anterior, implica disminuir gradualmente la tasa nominal hasta ahora vigente, que es del 30%
hasta 2012 -en los términos de la reforma aprobada en el año 2009 - para disponer un esquema de
transición que permita ubicarla en el 25%, en el año 2015.
Se aclara que esta disminución no implica una reducción equivalente en la tasa efectiva del
impuesto sobre la renta, ya que esta última, tenderá a incrementarse por las propias medidas
establecidas en esta iniciativa.
Para tales efectos, la tasa del 30% se mantendría en vigor durante el presente y el siguiente
ejercicio fiscales (2011-2012); en 2013 la tasa bajaría al 27%, anticipando la previsión vigente; en
2014 la tasa sería del 26% y para el ejercicio fiscal de 2015 se aplicaría la tasa objetivo de la
reforma que proponemos, al quedar en el nivel del 25%. Para tales efectos, en las disposiciones
transitorias aplicables a la Ley del Impuesto sobre la Renta se detallan las normas legales
La disminución progresiva en la tasa nominal del impuesto sobre la renta, generará mayor ingreso
disponible para que el sector productivo pueda reinvertir utilidades, y con ello, generar crecimiento
económico, empleo y mejores remuneraciones para los trabajadores.
El sacrificio fiscal que esta medida pudiera implicar, no se transformará de manera directa en una
utilidad adicional libre de gravamen para los empresarios, ya que nuestro sistema impositivo
integra el impuesto empresarial con el impuesto personal, de forma tal que el primero es un
anticipo del segundo.
Por tanto, las utilidades de las empresas pagarán, a partir del año 2015, el 25% sólo en la medida
en que las mismas permanezcan invertidas en las empresas, pero podrán pagar una tasa mayor si
los empresarios disponen de dicha utilidad toda vez que, en este último caso, la tasa nominal
podría llegar al 35% en los términos de la tarifa del impuesto de las personas físicas.
Con esta medida, el impuesto sobre la renta empresarial se ubica de manera clara y previsible en
niveles competitivos a nivel internacional; fomentará la reinversión de las utilidades de las
empresas para el crecimiento y desarrollo de las mismas, así como de la planta laboral y de los
3. Integrar en el impuesto sobre la renta los elementos más importantes del impuesto
empresarial a tasa única, abrogando este último.
En el año 2008 entró en vigor el impuesto empresarial a tasa única; dicho gravamen, se causa
cuando el impuesto sobre la renta en un ejercicio es menor al primero, de forma tal que se
consideró un impuesto mínimo y de control, complementario al impuesto sobre la renta.
La recaudación estimada para este gravamen en el año 2008 – primer ejercicio de aplicación - fue
de 69,7 miles de millones de pesos. Al cierre del ejercicio fiscal de 2010 la recaudación observada
fue de 45 mil millones de pesos. Este sólo dato de la caída recaudatoria en un periodo muy corto –
caída del 50% en sólo tres años -, sería suficiente para reanalizar la viabilidad de mantener en
vigencia un impuesto que hace compleja la operación empresarial y cuya recaudación refleja una
clara tendencia a la baja.Además, en los hechos este impuesto ha afectado seriamente el desarrollo de la planta productiva
en nuestro país, al constituirse en una carga fiscal adicional al impuesto sobre la renta. En efecto,
actualmente las personas morales que pagan impuesto sobre la renta pueden distribuir sus
utilidades - por las cuales ya se pagó el 30 % - sin el pago de ningún impuesto adicional.
Asimismo, quien percibe la utilidad por la que ya se pagó el impuesto sobre la renta, la acumula a
sus demás ingresos y acredita el impuesto pagado por la empresa. Ello implica una carga fiscal
integrada a una tasa nominal del 30% sobre las utilidades, lo cual se refleja de manera directa en
la tasa interna de retorno esperada por quienes invierten capital en el sector productivo.
Con el impuesto empresarial a tasa única se paga un impuesto del 17.5% sobre los flujos
remanentes de la producción. Sin embargo, cuando dichos flujos remanentes se constituyen en
utilidad distribuible, sobre los mismos se causa el impuesto sobre la renta a la tasa del 30% de
manera adicional, lo que implica, que la carga tributaria nominal en estos casos pueda alcanzar el
Lo anterior, incide de manera negativa en la inversión productiva nacional y extranjera, al afectar
de manera directa la tasa interna de retorno de cualquier inversión, haciendo que nuestro país sea
poco competitivo y limitando el potencial de desarrollo económico.
Adicionalmente, debe recordarse que al aprobarse la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única,
se estableció un periodo de tiempo para revisar la eficiencia de este impuesto y, en su caso,
determinar su permanencia o su derogación considerando que dicho periodo ha llegado a su fin y
el momento de revisar el gravamen es ahora.
Por lo anterior, en esta iniciativa se propone abrogar el impuesto empresarial a tasa única y
trasladar, parcialmente, sus efectos de control al impuesto sobre la renta, de manera tal que la
integración de ambos impuestos implique una mayor neutralidad en la carga directa que hoy
enfrentan las actividades empresariales, sin perder recaudación y sin fomentar o permitir el uso de
figuras elusivas sobre las cuales este impuesto tiene un efecto directo.
Con las consideraciones anteriores se analizaron los elementos reales que constituyen la base de
este impuesto. Si bien, en términos legales la base se constituye por la diferencia entre los
ingresos y las deducciones, en términos económicos la base está dada en función de los
componentes que no son objeto de este impuesto, es decir, los sueldos y salarios, las regalías y
los intereses, fundamentalmente.
El que los intereses no sean objeto del impuesto empresarial a tasa única implica, para quien los
paga, la imposibilidad de deducirlos, lo que se transforma en una carga fiscal aplicable a la
inversión. En efecto, el crecimiento en activos productivos de las empresas, tanto en México como
en el resto del mundo, guarda una estrecha relación con la posibilidad de obtener financiamiento
para la adquisición de activos; así, una carga fiscal sobre los costos financieros que enfrentan las
empresas para su desarrollo, se estima como una barrera al crecimiento económico y a la
Cabe destacar que resulta antieconómico el establecer un impuesto de control sobre el impuesto a
la renta, cuyo resultado sea impedir que la base de este último crezca en la coyuntura económica.
Además y hay que comentarlo, en materia de intereses ya existen en la Ley del Impuesto sobre la
Renta los mecanismos de control necesarios para impedir una erosión artificial de la base
gravable. Por ello, no se estima viable que al integrarse ambos impuestos continué la carga hoy
existente sobre los intereses pagados.
Respecto de los sueldos y salarios, se estima que el impuesto empresarial a tasa única ha
generado cambios en las conductas fiscales elusivas y evasivas, derivadas del amplio espectro de
prestaciones exentas del impuesto sobre la renta personal. En efecto, en los últimos años se ha
observado el crecimiento de figuras jurídicas creadas exprofeso para evadir el impuesto sobre la
renta, teniendo como claro ejemplo de ello, a las sociedades cooperativas o empresas de serviciosa través de las cuales se pretende desnaturalizar el concepto de pagos por la prestación de un
servicio personal subordinado para simular el pago de prestaciones exentas.
Más aun, el crédito al salario, ahora denominado subsidio al empleo, ha dejado de ser un ingreso
adicional disponible para los trabajadores y se ha convertido en un componente del sueldo o
salario pagado por el Estado en sustitución del patrón.
Por lo anterior, consideramos necesario rescatar y mantener el efecto tributario que el impuesto
empresarial a tasa única tiene actualmente en materia de sueldos y salarios, estableciendo la no
deducción de las erogaciones efectuadas por este concepto y manteniendo las exenciones
actualmente aplicables para los trabajadores que perciben dichos ingresos.
Se destaca que con este cambio los trabajadores no sufrirán efecto o impacto alguno, pues su
régimen de tributación permanecerá sin cambio.
No obstante, también consideramos necesario el evitar una doble tributación sobre la fuente del
salario que pudiera verificarse al no ser deducible para el patrón y sí acumulable para el trabajador.
Por ello, se propone continuar con un crédito similar al que actualmente tiene la Ley del Impuesto
Empresarial a Tasa Única, incorporándolo al impuesto sobre la renta y hasta por el monto
resultante de aplicar la tasa del 25% sobre los ingresos gravados de los trabajadores, o con la tasa
correspondiente a los períodos de transición.
Con la medida anterior, el impacto fiscal que pudiera sufrir el patrón, se equipara al que hoy tiene
en el impuesto empresarial a tasa única, pero con los beneficios de poder aplicar los atributos
fiscales propios del impuesto sobre la renta.
Igualmente, en materia de regalías coincidimos plenamente con la opinión expresada en el
dictamen aprobatorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en el sentido de que sea
identificado con claridad que los pagos por regalías han sido utilizados como medios para
erosionar la base del impuesto sobre la renta, por lo que estimamos conveniente mantener la carga
fiscal que actualmente establece la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, ahora en la Ley
del Impuesto sobre la Renta, mediante la no deducción de los pagos efectuados por este concepto.
4. Establecer un régimen opcional de tributación simple
La presente iniciativa propone crear un régimen opcional para las personas morales y las personas
físicas que realicen actividad empresarial, con ingresos anuales de hasta 20 millones de pesos,
consistente en aplicar una tasa reducida - 5% - sobre el total de ingresos percibidos, sin deducción
Tratándose de los productores rurales, ese sistema simplificado aplicaría para aquellos con
ingresos anuales de hasta 4 millones de pesos, con una tasa reducida de 3 por ciento sobre los
ingresos totales percibidos, igualmente sin deducción alguna
Este régimen opcional se constituye así en una buena opción de simplificar el cumplimiento de la
obligación de pago en el impuesto sobre la renta.
Cabe destacar que este régimen opcional no sería aplicable a aquellos contribuyentes que hoy
aplican algún régimen de excepción en el propio impuesto sobre la renta; tal es el caso de quienes
consolidan fiscalmente, de las sociedades de inversión de capitales que hoy gozan de un
diferimiento de impuesto sobre la renta y de quienes tributan en el régimen de pequeños
contribuyentes, entre otros.
Si bien este régimen genera una facilidad de pago, consideramos necesario el que no genere
efectos fiscales paralelos adversos al Fisco Federal o a terceros. Por ello, se regula de maneraespecífica y neutral el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas, así como de los dividendos que pueden distribuirse con cargo a la utilidad que ya pagó
impuestos, a efecto de evitar un incremento irreal en la cuenta de utilidad fiscal neta.
Quienes opten por este régimen simplificado, tendrán la garantía de que las autoridades fiscales
solamente podrán revisar sus ingresos, pero no sus gastos.
El impuesto empresarial a tasa única, en tan sólo tres ejercicios de vigencia ha perdido su
potencial recaudatorio, tal como lo demuestran las cifras de recaudación observada al cierre del
2010. Por la integración de la base de este impuesto es previsible que la tendencia continúe siendo
decreciente hasta estabilizarse en el valor de una base correspondiente al valor de las
contraprestaciones al trabajo personal subordinado, exentas en el impuesto sobre la renta, así
como al valor de los intereses.
Respecto del componente salarial de la base gravable del impuesto empresarial a tasa única y,
como ya se señaló en el apartado anterior, éste se integraría al impuesto sobre la renta; por lo que
hace a los intereses y como también ya se señaló, gravar estos equivale a establecer un impuesto
al crecimiento de la actividad económica, es decir, a la inversión financiada en activos fijos, gastos,
y cargos diferidos.
Por lo anterior, se propone la abrogación del impuesto empresarial a tasa única llevando como un
gasto no deducible al impuesto sobre la renta el valor de la nómina exenta de este último
gravamen, con lo cual, se mantiene el primordial elemento de control establecido en la Ley cuya
abrogación se propone, al tiempo de no impactar negativamente la recaudación Federal derivada
de este gravamen.
Sin duda alguna, uno de los temas más sensibles en materia impositiva es el impuesto al valor
agregado y, mayormente en materia de alimentos. Por ello, las líneas generales de la propuesta
que se pone a consideración de esta Legislatura, son las siguientes:
1. Establecimiento de una devolución garantizada de tres puntos de tasa sobre la general del
16%, recuperable para quienes adquieran bienes o servicios en el mercado formal.
2) Homologación territorial de la tasa general.
3) Establecimiento de una canasta básica alimentaria sujeta a tasa cero en el pago del impuesto
al valor agregado, para mantener la protección a los sectores de menores y medianos ingresos.
4) Incrementar la recaudación y la eficiencia en el impuesto al valor agregado, cerrando brechas
de evasión y elusión fiscales.
El impuesto al valor agregado entró en vigor en México en 1980, sustituyendo al impuesto sobre
ingresos mercantiles, el cual tenía efectos económicos negativos por piramidarse en los costos de
cada una de las etapas de producción, distribución y venta.
Desde su creación, el impuesto al valor agregado mostró su eficiencia al no impactar con cargas
fiscales permanentes los costos de producción y venta y limitar la carga económica en el
consumidor final, quien es el pagador único del gravamen.
En su origen, se estableció como una medida de apoyo, a las clases de menores ingresos, laexención de este impuesto en la enajenación de los productos alimenticios básicos. Para dicha
exención, se señalaron, de manera taxativa en la propia ley, los productos cuya venta gozaban de
Posteriormente, esta exención sufrió una transformación de un impacto negativo trascendente en
la recaudación y en las finanzas públicas. La exención se transformó en una tributación a la tasa
del cero por ciento para todos los alimentos, sin distinción alguna.
En este punto cabe resaltar que cuando un acto o actividad está exenta del impuesto al valor
agregado, el contribuyente que realiza esa actividad se constituye en el pagador del impuesto por
todo el valor agregado previo a su actividad, de forma tal que la recaudación sólo se ve disminuida
por el valor agregado efectivo posterior a la enajenación.
Por el contrario, la tasa cero implica que quien asume, para efectos económicos y de ingresos, el
pago del impuesto al valor agregado sea el Estado Mexicano, lo que no sólo impacta
negativamente y de manera muy importante la recaudación, sino que también genera un enorme
incentivo a la elusión y evasión fiscales.
La transformación de la exención a la aplicación de la tasa cero se acompañó también de una
enorme ampliación del universo de productos a los cuales se les aplica el tratamiento de beneficio,
al pasar de una enumeración taxativa de productos básicos – canasta básica alimentaria – a una
norma genérica de destino del producto.
En efecto, como señalamos en la parte inicial de esta exposición de motivos, y ahora conviene
reiterar a la letra: la tasa cero actualmente vigente, aplica a todos y cada uno de los productos
destinados a la alimentación, sin importar si los mismos forman parte del consumo popular o del
consumo de la población de mayores recursos; más aún, al aplicarse la tasa cero por ciento a todo
producto destinado a la alimentación, el beneficio se otorga por destino, sin importar si el producto
realmente es consumido como alimento o tiene un uso diferente.
de la población de menores ingresos y se convirtió en un subsidio generalizado altamente
Basta analizar las últimas cifras de ingreso-gasto de los hogares, para darnos cuenta de que
aproximadamente de cada 100 pesos de consumo afecto a la tasa del cero por ciento, solamente
el 3% lo ejercen los dos primeros deciles de la población de menores ingresos en tanto que, casi el
Adicionalmente a esta enorme regresividad que se verifica en la aplicación de la tasa del cero por
cifras emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Informe de Finanzas Públicas,
la reducción en ingresos por la tasa del cero por ciento en alimentos es del 1.3 puntos del PIB.
Adicional a este enorme sacrificio fiscal, los estudios más recientes en materia de impuesto al valor
agregado demuestran que la segmentación de tasas – existencia de varias tasas – es el principal
instrumento para la evasión y la elusión fiscal en este tipo de gravámenes.
En efecto, si medimos la eficiencia de los impuestos, observaremos que a menor número de tasas
y de tratamientos preferenciales y a mayor ampliación de la base, la recaudación se incrementatanto por el efecto sistémico como por la brusca disminución de las tasas de evasión.
Como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso del impuesto al valor agregado aplicado en Chile
cuya recaudación es superior a los 8 puntos del PIB, con una tasa del 18%, en tanto que en
México, con una tasa de 16% dicha recaudación ronda 4 puntos del PIB. Así, la eficiencia del
impuesto al valor agregado en Chile, por punto de tasa, duplica la eficiencia del impuesto al valor
agregado en México, tanto por la inexistencia de segmentación de las tasas, como por la
disminución de la evasión que ello produce, aún con una canasta básica alimentaria excluida de la
cadena tributaria.
Adicionalmente, debe resaltarse que los impuestos al valor agregado tienen en su estructura una
mecánica de autofiscalización y de autocontrol. En efecto, para que un contribuyente pueda
acreditar el impuesto que a él le trasladan, debe, necesariamente, contar con un comprobante
fiscal de la operación que dio lugar a dicho traslado; ello implica que nadie se sustraiga de la
cadena tributaria pues, al intentar hacerlo, impacta con el costo del impuesto al resto de dicha
Con base en lo anterior, las brechas de evasión y elusión fiscal las encontramos fundamentalmente
en dos consideraciones:
· En la simulación de los productos cuyo destino no es la alimentación y que, aún y cuando se les
da esta calidad de forma indebida, se les aplique la tasa del cero por ciento y obtener la devolución
·El mercado informal.Con base en lo anterior y respecto de la tasa cero consideramos conveniente retomar el espíritu
inicial de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y gravar los alimentos a la tasa general, dejando
en tasa cero únicamente la canasta básica alimentaria que proponemos, la que, reiteramos,
protege a la población de menores ingresos y a las clases medias.
Para ello se propone establecer en la propia Ley, de manera limitativa, los bienes de la canasta
alimenticia a los cuales será aplicable la tasa del cero por ciento. Esta canasta está conformada
por los productos alimenticios de mayor consumo y de mayor impacto en la economía de las
familias de menores ingresos de nuestro país.
Precisamos que, conforme al Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado hoy vigente,
en la categoría de “vegetales” están incluidos productos como el maíz, frijol, arroz, trigo y otros
granos de consumo generalizado (de manera enunciativa, no limitativa, ya que también incluye
productos como la lenteja, el haba y el garbanzo). Esa misma interpretación está presente en la
Iniciativa que sometemos a consideración del H. Congreso de La Unión, por lo que, sin lugar a
duda alguna, esos productos están incluidos en la canasta sujeta a tasa cero que proponemos.
Esta medida, se acompaña de una disminución de la tasa efectiva para pasar del 16% nominal al
13% como tasa efectiva, cuando los bienes se adquieran en el mercado formal, lo anterior en virtud
de la devolución garantizada de tres puntos que se propone en la presente Iniciativa.
Bajo esta mecánica, el efecto real que observarán las familias mexicanas que adquieran bienes en
el comercio formal, será la de la disminución de la tasa del 16% nominal al 13% de tasa efectiva,
en tanto que, quienes adquieran bienes en el mercado informal, al no tener derecho a esta
devolución, no verán disminuido dicho costo.
Conjuntamente y para evitar evasión por la segmentación de las tasas, también se propone
homologar al 16% la tasa reducida que hoy aplica en las fronteras, con el mismo mecanismo dedevolución garantizada.
Así, en síntesis, la reforma propone una disminución de la tasa efectiva para todos los
contribuyentes, con el consecuente estímulo para reducir la informalidad y con ello ampliar la base
de quienes pagan impuestos, acompañada del establecimiento de una canasta básica alimentaria
sujeta a la tasa del cero por ciento en todo el país, eliminando los tratamientos preferenciales en
las fronteras norte y sur del país, que son fuente de elusión y evasión en perjuicio de todos.
De manera complementaria a las reformas establecidas, fundamentalmente en el impuesto al valor
agregado, se estima necesario proponer reformas al Código Fiscal de la Federación en dos
· Justicia de ventanilla
· Que la información derivada de las devoluciones del impuesto al valor agregado no pueda ser
utilizada para fines de fiscalización.
Actualmente, el Código Fiscal de la Federación establece para el caso de negativa de devolución
de cantidades solicitadas por el contribuyente, dos medios de defensa aplicables: el recurso de
revocación y el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Los dos medios de impugnación con que cuenta el contribuyente para hacer valer su derecho a la
devolución, están diseñados, en lo fundamental, para contribuyentes de mediana y gran capacidad
económica y que pueden absorber, en su estructura de costos, los honorarios de profesionistas
que se requieren para ejercer cualquiera de estas vías de acción. Sin embargo, los pequeños
contribuyentes se ven, en los hechos, imposibilitados a ejercer sus derechos a través de estas vías
La situación anterior, sería aún más grave para aquellos consumidores finales que, en los términos
de la reforma propuesta a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se ubiquen en la hipótesis de
devolución garantizada y esta no se realice. Pretender que los procedimientos ordinarios hoy
vigentes sean aplicados para la obtención de esta devolución implicaría, en los hechos, hacer
nugatorio el derecho ante un acto arbitrario de la autoridad administrativa.
Por lo anterior, se propone establecer una vía de justicia expedita y eficaz, para cuyo ejercicio los
contribuyentes no se vean obligados a contratar los servicios de un profesionista y cuyos
resultados se constituyan, además, en un control de legalidad del actuar cotidiano del Servicio de
Bajo esta tesitura, se estima conveniente que el procedimiento sea opcional pero limitado a
devoluciones y siempre que el monto de éstas no exceda de cien mil pesos. Para otro tipo de
inconformidades o para devoluciones de cantidades mayores, continuarán vigentes las vías de
acción actualmente existentes.
Por último, es importante que la población que tendrá acceso a la devolución del impuesto al valor
agregado en los términos propuestos en esta iniciativa, no sienta un infundado temor de que el
ejercicio de este derecho puede producir actos de molestia en su persona por parte de las
Por ello, se propone establecer en el Código Fiscal de la Federación que la información derivada y
relativa a estas devoluciones de impuesto al valor agregado, no podrá ser utilizada por las
autoridades fiscales como instrumento para la programación de auditorías, revisiones de gabinete
u otras facultades de comprobación, a ejercerse directamente con los contribuyentes de que setrate.
Cabe señalar que esta medida de ninguna manera es un salvoconducto para quienes no cumplan
con sus obligaciones fiscales pues, para estos casos, las autoridades fiscales cuentan con
facultades para hacer efectivo el cobro de las cantidades que, en justicia, corresponden cobrar
E. Ley Federal de Derechos
Nuestra propuesta consiste en establecer, con un esquema gradual aplicable a lo largo de los tres
años siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto contenido en esta Iniciativa,
que Petróleos Mexicanos Exploración y Producción, pueda reflejar entre los factores de costo
deducibles, para fines del pago de derechos, el costo en que se incurra por las inversiones que
realice para la exploración, recuperación secundaria y mejorada, así como para el mantenimiento
de la instalaciones productivas. Esto será un gran incentivo para la empresa paraestatal, a fin de
dar prioridad a los proyectos para reponer reservas de hidrocarburos y para lograr incrementar el
coeficiente de recuperación de los yacimientos que explota.
Estamos seguros de que tal medida permitirá fortalecer la capacidad de inversión de PEMEX y sus
empresas subsidiarias, al empezar a solucionar el grave problema que enfrentan por la desmedida
extracción fiscal de sus ingresos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos, Senadoras y Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de la Cámara
de Diputados el siguiente:PROYECTO DE DECRETO
Artículo Primero. Se REFORMAN los artículos 6, décimo sexto párrafo; 8, quinto párrafo; 9,
cuarto párrafo; 10, primer párrafo; 11, primero, cuarto y último párrafos; 12, segundo párrafo; 13,
sexto párrafo; 14, fracciones I y III; tercer y cuarto párrafos del artículo; 16, fracciones I y II, inciso
a); 17, primer párrafo; 18; 20, fracciones II, V y X; 21, primer párrafo; 22, fracciones VIII y IX, tercer
párrafo; segundo párrafo del artículo; 24, fracción II inciso b) y párrafo segundo del artículo; 29,
fracciones II, IV y IX; 30, tercer párrafo; 31, fracciones II, VIII, IX, XIII y XV; 32, fracciones I y VII;
33, fracción VI y último párrafo del artículo; 36, segundo párrafo; 37, primero y quinto párrafos; 39,
fracción III; 43, primer párrafo; 45, fracción II; 46, primer párrafo; 58, primer párrafo; 64, segundo
párrafo; 71 segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo párrafos; 71-A, fracción II, inciso c); 73,
primer párrafo; 78, segundo y tercer párrafos; 88 tercer y quinto párrafos; 89, cuarto párrafo de la
fracción I, tercer párrafo de la fracción II y séptimo párrafo del artículo; 107, segundo párrafo; 109,
fracciones VIII, XVII, segundo párrafo; séptimo párrafo del artículo; 113 (tarifa); 123, fracción II,
tercer párrafo; 124, primer párrafo; 127, primer párrafo; 130, primer párrafo; 136 primer párrafo;
142, fracción IV; 143, segundo párrafo; 148, último párrafo; 149, primer párrafo; 151, primer
párrafo; 165, primer párrafo; 172, fracción X, segundo y tercer párrafos; 177 (tarifa); 193, fracción I;
215, segundo párrafo; 224, fracciones IV, V, IX, X, XIII, segundo y quinto párrafos y XIV, se
ADICIONAN los artículos 8, quinto párrafo, fracciones I, II, III y IV, pasando el actual quinto a ser
sexto; séptimo, octavo, noveno incisos a), b) y c), pasando el actual sexto a ser décimo párrafo; 10,
con un último párrafo; 10-A; 11, con un último párrafo pasando el actual último a ser penúltimo; 29,
fracción XII; 32, fracciones XXVIII, XXIX y XXX; 36 con un noveno párrafo pasando el actual
noveno a ser décimo; 45 último párrafo; 79, último párrafo; 92-A, 92-B, 92-C, 92-D, 92-E, 92-F;
145, último párrafo; 176, fracción IX; 215 con un tercer párrafo y se DEROGAN los artículos 16,
fracción I, incisos b) y c) y fracción II, incisos b) y d); 19; 20, fracciones VI y XI; 22 fracción VIII
segundo párrafo; tercer párrafo del artículo; 29, fracciones VI y X; 31, fracciones X, XII, XVI, XX,XXI, XXII y XXIII; artículo 32, fracción XXVII y el último párrafo del artículo; 38; 42, fracción VII; la
Sección III Del Costo de lo Vendido 45-A; 45-B; 45-C; 45-D; 45-E; 45-F; 45-G; 45-H; 45-I; 79,
fracción IV; 80 fracción II; 81, cuarto párrafo; 84; 86, fracción XVII y segundo párrafo de la fracción
XVIII; 124, segundo y tercer párrafos; 133, fracción XII; 151, segundo párrafo; 172, fracciones VII,
segundo párrafo y XVI; 174; 220, 221; 221-A; de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar
“Artículo 6. ………………………………………………………………………………….
No se tendrá derecho al acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero, cuando su retención
o pago esté condicionado a su acreditamiento en los términos de esta Ley. Igualmente, lo
dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los contribuyentes que opten por determinar el
impuesto sobre la renta a su cargo de conformidad con las disposiciones del Capítulo X, del Título
Artículo 8. …………………………………………………………………….…………….
Para los efectos de esta Ley, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos
diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, cuyo concepto se señala a
I. Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de
sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso
del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la
utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente, y no la de ser
enajenados dentro del curso normal de sus operaciones.
II. Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan
reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o
explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral.
También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de
bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado.
III. Cargos diferidos son aquellos que reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior,
excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la prestación de un servicio
público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la
duración de la actividad de la persona moral.
IV. Erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son aquellas que tienen por objeto la
investigación y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o
distribución de un producto, así como con la prestación de un servicio; siempre que las
erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus
servicios, en forma constante. Tratándose de industrias extractivas, estas erogaciones son las
relacionadas con la exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos
susceptibles de explotarse.
Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan
por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar
beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas,
tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en
su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las
erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios
o miembros de sociedades cooperativas. La previsión social debe otorgarse en forma general enbeneficio de todos los trabajadores.
Asimismo, se considera previsión social, las aportaciones a los fondos de ahorro, cuando además
de ser generales el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto
aportado por los trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del
salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de
1.3 veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al
año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el
Igualmente, se considera previsión social los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen
en beneficio de los trabajadores, cuando los beneficios de dichos seguros cubran la muerte del
titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal
remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, que se entreguen como pago único
o en las parcialidades que al efecto acuerden las partes y los pagos de primas de seguros de
gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores, del cónyuge o la
persona con quien viva en concubinato o de ascendientes o descendientes en línea recta, de
Tratándose de gastos que conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas se generen
como parte del fondo de previsión social a que se refiere el artículo 58 de dicho ordenamiento y se
otorguen a los socios cooperativistas, los mismos se considerarán previsión social cuando
Que el fondo de previsión social del que deriven se constituya con la aportación anual del
porcentaje, que sobre los ingresos netos, sea determinado por la Asamblea General.
Que el fondo de previsión social esté destinado en términos del artículo 57 de la Ley
General de Sociedades Cooperativas a las siguientes reservas:
1.Para cubrir riesgos y enfermedades profesionales.2.Para formar fondos y haberes de retiro de socios.3.Para formar fondos para primas de antigüedad.4.
Para formar fondos con fines diversos que cubran: gastos médicos y de funeral, subsidios
por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades
culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga.
Acreditar que al inicio de cada ejercicio la Asamblea General fijó las prioridades para la
aplicación del fondo de previsión social de conformidad con las perspectivas económicas de la
Artículo 9o. ...............................................................................................................
La cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, se
considerará como una operación de financiamiento; la cantidad que se obtenga por la cesión se
tratará como préstamo, debiendo acumularse las rentas cobradas conforme al contrato, aun
cuando éstas se cobren por el adquirente de los derechos. La contraprestación pagada por la
cesión se tratará como crédito o deuda, según sea el caso, y la diferencia con las rentas tendrá eltratamiento de interés.
Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 25%.
………….…….………………………………………………………………………………
El contribuyente podrá optar por determinar el impuesto sobre la renta a su cargo de conformidad
con este artículo o aplicando lo dispuesto en el Capítulo X del presente Título, siempre que, en
este último caso, se cumpla con los requisitos que al efecto establece dicho Capítulo.
Artículo 10-A. Las personas morales que determinen el impuesto sobre la renta a su cargo
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley, podrán aplicar, en contra del impuesto
causado en el ejercicio, un crédito fiscal consistente en el monto que resulte de aplicar el factor
0.25 al monto de las erogaciones efectivamente pagadas por los conceptos a que se refiere el
Capítulo I, del Título IV de esta Ley, considerando al efecto sólo aquellas erogaciones que sirvieron
de base para calcular el impuesto sobre la renta de cada persona que percibió el ingreso.
El crédito fiscal aplicable en el ejercicio no excederá del monto del impuesto causado en el mismo.
El contribuyente que no aplique en el ejercicio el crédito a que se refiere este artículo, pudiendo
haberlo hecho conforme a este precepto, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores.
La aplicación del crédito a que se refiere este artículo estará supeditada a que efectivamente se
entreguen las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo tengan derecho a percibir
los trabajadores, que se dé cumplimiento a los requisitos que regulan dicho subsidio y siempre que
el impuesto que a ellos corresponda, en los términos del artículo 113 de esta Ley, haya sido
efectivamente enterado.
No será aplicable el crédito a que se refiere este artículo, tratándose de contribuyentes que opten
por determinar el impuesto sobre la renta a su cargo en los términos del Capítulo X, del Título II de
Artículo 11. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y
enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa del 35% sobre los dividendos
o utilidades distribuidos. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán
con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar
el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el
factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa del 35%.
Cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece
esta Ley, en lugar de aplicar la tasa del 35% a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las
personas morales aplicarán la tasa del 10% al resultado de multiplicar dichos dividendos o
utilidades por el factor 1.3333. Tratándose de las personas morales que se dediquen
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que distribuyan
dividendos provenientes de su cuenta de utilidad fiscal neta aplicarán la tasa del 10% al resultado
de multiplicar dichos dividendos o utilidades por el factor 1.2307, y al resultado obtenido se le
aplicará la reducción del 25%.
II. Para los efectos del artículo 88 de esta Ley, en el ejercicio en el que acrediten el impuestoconforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta
calculada en los términos de dicho precepto, la cantidad que resulte de dividir el impuesto
acreditado entre el factor 0.3333.
Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 165
fracciones I y II de esta Ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicando
sobre los mismos la tasa del 35%. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se
adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo.
Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán
multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa del 35%.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a quienes tributen conforme a lo establecido en el
Capítulo X del presente Título, de esta Ley.
Artículo 12. …………………………………………………………………………………
Para los efectos de esta Ley, se entenderá que una persona moral residente en México se liquida,
cuando deje de ser residente en México en los términos del Código Fiscal de la Federación o
conforme a lo previsto en un tratado para evitar la doble tributación en vigor celebrado por México.
Para estos efectos, se considerarán enajenados todos los activos que la persona moral tenga en
México y en el extranjero y como valor de los mismos, el de mercado a la fecha del cambio de
residencia; cuando no se conozca dicho valor, se estará al avalúo que para tales efectos lleve a
cabo la persona autorizada por las autoridades fiscales. Para estos efectos, se considerará
efectivamente cobrado el ingreso por la enajenación en la fecha en la que se cambie de residencia.
De los ingresos que se determinen conforme a este artículo se podrá restar el saldo pendiente de
deducir de los activos enajenados por liquidación. El impuesto que se determine se deberá enterar
dentro de los 15 días siguientes a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal.
Para los efectos de determinar la utilidad o la pérdida fiscal del ejercicio derivada de las actividades
empresariales realizadas a través del fideicomiso, en las deducción se incluirá la que corresponda
a los bienes aportados al fideicomiso por el fideicomitente cuando sea a su vez fideicomisario y no
reciba contraprestación alguna en efectivo u otros bienes por ellos, y siempre que además no
hubiese deducido la erogación correspondiente a la adquisición de los mismos, considerando como
costo de adquisición el monto original de la inversión actualizado aún no deducido o el costo
promedio por acción según el bien de que se trate que tenga el fideicomitente al momento de su
aportación al fideicomiso y ese mismo costo de adquisición deberá registrarse en la contabilidad
del fideicomiso y en la cuenta del capital de aportación de quien corresponda. El fideicomitente que
aporte los bienes a que se refiere este párrafo, no podrá efectuar la deducción de los mismos en la
determinación de sus utilidades o pérdidas fiscales derivadas de sus demás actividades. No
obstante lo anterior, cuando los contribuyentes hubiesen deducido la erogación por la adquisición
de bienes aportados al fideicomiso, podrán optar por incluir en las deducciones correspondientes a
la actividad empresarial realizada a través del fideicomiso el costo de adquisición de los mismos,
siempre que acumulen a sus demás ingresos, en el ejercicio en que aporte el bien de que se trate,
un monto equivalente a la cantidad cuya deducción proceda en el fideicomiso, cumpliendo al efecto
los demás requisitos establecidos en este precepto; la deducción se ajustará a lo establecido en
Artículo 14. ………………………………………………………..……………………..
I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el quese hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal o la pérdida
fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso, se dividirá entre los
ingresos nominales del mismo ejercicio.
III. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el
artículo 10 de esta Ley, sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción que
antecede, pudiéndose acreditar contra el impuesto por pagar los pagos provisionales del mismo
ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos
provisionales, la retención que se hubiera efectuado al contribuyente en el periodo en los términos
del artículo 58 de la misma, siempre que los ingresos por los que se efectuó la retención hayan
sido efectivamente cobrados por el contribuyente, y el monto del crédito a que se refiere el artículo
10-A de esta Ley, considerando para la determinación de éste último sólo las erogaciones
efectivamente realizadas durante el periodo al que corresponde el pago provisional.
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables. Tratándose
de créditos o de operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán ingresos
nominales para los efectos de este artículo, los intereses conforme se obtengan, incluyendo el
ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u operaciones denominados en dichas
Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades en la que surja
una nueva sociedad, efectuarán, en dicho ejercicio, pagos provisionales a partir del mes en el que
ocurra la fusión. Para los efectos de lo anterior, el coeficiente de utilidad a que se refiere el primer
párrafo de la fracción I de este artículo, se calculará considerando de manera conjunta las
utilidades o las pérdidas fiscales y los ingresos de las sociedades que se fusionan. En el caso de
que las sociedades que se fusionan se encuentren en el primer ejercicio de operación, el
coeficiente se calculará utilizando los conceptos señalados correspondientes a dicho ejercicio.
Cuando no resulte coeficiente en los términos de este párrafo, se aplicará lo dispuesto en el último
párrafo de la fracción I de este artículo, considerando lo señalado en este párrafo.
Artículo 16. …….…………………………………………………………………………..
I. A los ingresos acumulables del ejercicio en los términos de esta Ley, se les sumarán los
siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio:
II. ……………………………………………………………………………………………..
a) El monto de las deducciones autorizadas por esta Ley.b) (Se deroga)
acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de
cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos
……………….……………………………………………………………………………….
Artículo 18. Para los efectos del artículo 17 de esta Ley, se considera que los ingresos se obtienen
cuando sean efectivamente cobrados, salvo que en otros artículos de esta Ley se establezca un
Para los efectos de esta Ley, los ingresos se consideran efectivamente cobrados cuando se
reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando correspondan a anticipos o a cualquier
otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del
acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar
En el caso de cheques se considerará que el ingreso se obtiene cuando el mismo sea cobrado o
cuando el contribuyente lo transmita a un tercero, excepto que dicha transmisión sea en
Tratándose de deudas no cubiertas por el contribuyente se considerará que su monto es un
ingreso efectivamente cobrado, en el mes en el que se consume el plazo de prescripción o en el
mes en el que se cumpla el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo
Tratándose de ingresos por la enajenación de bienes o prestación de servicios independientes, que
se exporten, en el caso de que no se perciba efectivamente el ingreso durante los 12 meses
siguientes a aquel en el que se realice la exportación, se entenderá efectivamente percibido el
ingreso en la fecha en que termine dicho plazo.
Artículo 20. …………………………………………………………………………..…….
II. Los ingresos derivados de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este
caso, se considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado por persona
autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se trata en la fecha en la que se
transfiera su propiedad por pago en especie.
V. La ganancia, derivada de la enajenación de títulos valor, acciones, partes sociales o certificados
de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como los ingresos
que deriven de la enajenación de activos fijos y terrenos, de la fusión o escisión de sociedades y la
proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en elextranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista. Tratándose de la enajenación por
fusión, o escisión, el ingreso se considerara efectivamente percibido en la fecha en que ocurra el
acto o hecho jurídico de que se trate; cuando se trate de reducción de capital o liquidación de
sociedades a que se refiere este párrafo, se considerará efectivamente cobrado el ingreso cuando
éste se perciba.
En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso acumulable el que
derive de la transmisión de bienes en dichos actos, cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación.
X. Los intereses devengados a favor efectivamente cobrados en el ejercicio, sin ajuste alguno.
Artículo 21. Para determinar la ganancia por la enajenación de títulos valor que representen la
propiedad de bienes, excepto tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos
semiterminados o terminados, así como de otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideran
intereses en los términos del artículo 9o. de la misma, de piezas de oro o de plata que hubieran
tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y de las piezas denominadas onzas troy, los
contribuyentes restarán del ingreso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el
cual se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo
comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a
aquél en el que se realice la enajenación.
………………………….…………………………………………………………………….
Artículo 22. ……………………………………………..………………………………….
VIII. La ganancia acumulable o la pérdida deducible de las operaciones financieras derivadas
referidas al tipo de cambio de una divisa, se determinará al vencimiento.
IX.................................................................................................................................
Las cantidades pagadas o percibidas por las operaciones descritas en esta fracción no se
Para los efectos de este artículo, se consideran cantidades iniciales, los montos pagados a favor
de la contraparte de la operación financiera derivada por adquirir el derecho contenido en el
contrato respectivo, sin que dicho pago genere interés alguno para la parte que la pague y que se
hubieran deducido para efectos de este impuesto. Dichas cantidades se actualizarán por el periodo
transcurrido entre el mes en el que se pagaron o se percibieron y aquél en el que la operación
financiera derivada se liquide, llegue a su vencimiento, se ejerza el derecho u obligación
consignada en la misma o se enajene el título en el que conste dicha operación, según sea el caso.
La cantidad que se pague o se perciba por adquirir el derecho o la obligación a realizar una
operación financiera derivada a que se refiere la fracción V anterior, se actualizará por el periodo
transcurrido entre el mes en el que se pague o se perciba y aquél en el que se liquide o se ejerza
el derecho u obligación consignada en la operación sobre la cual se adquirió el derecho uobligación.
Artículo 29. …………………………………………………………………………………
II. Las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios independientes o al
uso o goce temporal de bienes, que se utilicen para la administración de las actividades de la
empresa o la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, siempre que se
cumpla con los requisitos que para su deducibilidad establezca esta Ley.
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de la adquisición de bienes a que se
refiere los artículos 9, 21 y 24 de esta Ley, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en los citados
………………………….………………………………………………………………….
IV. Las inversiones efectuadas en territorio nacional, se podrán deducir cuando efectivamente se
pague el monto original de la inversión y hasta por el monto efectivamente erogado en el ejercicio.
Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable tratándose de inversiones en bienes que se
utilicen permanentemente en territorio nacional. En el caso de que el bien de que se trate no
permanezca en territorio nacional durante el período de vida útil del mismo, el monto deducido se
considerará ingreso efectivamente obtenido en el momento en que el bien de que se trate sea
IX. Los intereses a cargo pagados en el ejercicio, sin ajuste alguno.
XII. Las erogaciones efectuadas en la adquisición de terrenos ubicados en territorio nacional.
Tratándose de terrenos ubicados en el extranjero, la erogación, actualizada, se disminuirá del
ingreso obtenido por su enajenación.
Artículo 30. …………….……………………………….………………………………….
No serán deducibles las remesas que efectúe el establecimiento permanente ubicado en México a
la oficina central de la sociedad o a otro establecimiento de ésta en el extranjero, aun cuando
dichas remesas se hagan a título de honorarios, o pagos similares, a cambio del derecho de utilizar
patentes u otros derechos, o a título de comisiones por servicios concretos o por gestiones hechas
o por intereses por dinero enviado al establecimiento permanente.
………………………………….…………………………………………………………….Artículo 31. …………………………………………………………………………………
II. Que se encuentren efectivamente pagadas. Se consideran efectivamente pagadas cuando el
acreedor las reciba en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a
anticipos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien,
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las
obligaciones que den lugar a los ingresos.
VIII. En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan invertido en los
fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores o a
sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, sólo serán deducibles los intereses pagados que se
devenguen de capitales tomados en préstamos hasta por el monto de la tasa más baja de los
intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus socios o accionistas,
en la porción del préstamo que se hubiera hecho a éstos; si en alguna de estas operaciones no se
estipularan intereses, no procederá la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos
hechos a las personas citadas. Estas últimas limitaciones no rigen para instituciones de crédito,
sociedades financieras de objeto limitado u organizaciones auxiliares del crédito, en la realización
de las operaciones propias de su objeto.
En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o para la
realización de gastos o cuando las inversiones o los gastos se efectúen a crédito, y para los
efectos de esta Ley dichas inversiones o gastos no sean deducibles o lo sean parcialmente, los
intereses pagados que se deriven de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a
crédito, sólo serán deducibles en la misma proporción en la que las inversiones o gastos lo sean.
IX. Que los pagos hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Sólo se
entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante
traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o en otros bienes que no sean
títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la
fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a
un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es
efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma
de extinción de las obligaciones.
XI. En los casos de asistencia técnica o de transferencia de tecnología, se compruebe ante las
autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, cuenta con elementos técnicos
propios para ello; que se preste en forma directa y no a través de terceros, excepto en los casos en
que los pagos se hagan a residentes en México, y en el contrato respectivo se haya pactado que la
prestación se efectuará por un tercero autorizado; y que no consista en la simple posibilidad de
obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a cabo.
XIII.………………..………………………………………………………………………….
Si mediante el seguro se trata de resarcir al contribuyente de la disminución que en su
productividad pudiera causar la muerte, accidente o enfermedad, de técnicos o dirigentes, ladeducción de las primas procederá siempre que el seguro se establezca en un plan en el cual se
determine el procedimiento para fijar el monto de la prestación y se satisfagan los plazos y los
requisitos que se fijen en disposiciones de carácter general.
XV. Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se
adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación, siempre y cuando haya sido
efectivamente erogado. Tratándose de ajustes a precios de mercado en mercancías de
importación, que realicen partes relacionadas con posterioridad a la introducción en territorio
nacional de los bienes adquiridos, la deducción adicional procederá siempre que dicho ajuste sea
efectivamente erogado, que se cuente con el soporte documental correspondiente en los términos
del artículo 86, fracción XV de esta Ley y, en su caso, que se hayan pagado las diferencias
correspondientes a otros impuestos, aranceles y, en su caso, las retenciones que se establecen en
.... ………...................................................................................................................
Artículo 32. …………………………………………………………………..……………
I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de
contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las
disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro
Social. Tampoco serán deducibles los pagos del impuesto a los depósitos en efectivo, a cargo del
VII. Los intereses devengados efectivamente pagados por préstamos o por adquisición, de valores
a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así
como tratándose de títulos de crédito o de créditos de los señalados en el artículo 9o. de esta Ley,
cuando el préstamo o la adquisición se hubiera efectuado de personas físicas o personas morales
XXVIII. Los pagos por concepto de regalías.
XXIX. Las erogaciones que, para quien las reciba, se consideren ingresos de los señalados en el
artículo 110 de esta Ley.XXX. La adquisición de los bienes a se refiere el artículo 21 de esta ley, en cuyo caso se estará a
lo dispuesto en dicho precepto.
Artículo 33. …………………………………………………………………………………
VI. El contribuyente únicamente podrá disponer de los bienes y valores a que se refiere la fracción
II de este artículo, para el pago de pensiones o jubilaciones y de primas de antigüedad al personal
o a los socios de las sociedades civiles, en su caso. Si dispusiere de ellos o de sus rendimientos,
para fines diversos, cubrirá sobre la cantidad respectiva impuesto a la tasa establecida en el
Lo dispuesto en las fracciones II y III de este artículo no será aplicable si el fondo es manejado por
una administradora de fondos para el retiro y los recursos del mismo son invertidos en una
sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro. Los pagos que se efectúen por
pensiones o jubilaciones, con cargo a estas reservas, no se considerarán para los efectos del
crédito establecido en el artículo 10-A de esta Ley.
Artículo 36. …………………..…………………………………………………………….
No se considerarán dentro de la estimación de los costos directos e indirectos a que se refiere el
párrafo anterior, las erogaciones no deducibles conforme a esta Ley; los gastos de operación y los
financieros tampoco se incluirán en la estimación y en su caso se deducirán en los términos
Si de la comparación a que se refieren los tres párrafos anteriores resulta que el total de las
erogaciones estimadas actualizadas deducidas son menores a las efectivamente realizadas
actualizadas, la diferencia se deducirá en el ejercicio en el que se terminen de acumular los
ingresos relativos a la obra o a la prestación del servicio de que se trate.
Artículo 37. Las inversiones realizadas fuera del territorio nacional así como aquellas que no se
destinen de manera permanente a su uso en el país se podrán deducir mediante la aplicación, en
cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados en esta Sección, sobre el monto original de
la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta Ley. Tratándose
de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que represente
el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el
contribuyente, respecto de doce meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado
el ejercicio y en el que se termine su deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se
aplican para los ejercicios irregulares.
Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir del ejercicio en que
se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. El contribuyente podrá no iniciar
la deducción de las inversiones para efectos fiscales, a partir de que se inicien los plazos a que se
refiere este párrafo. En este último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho a
deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la
deducción conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los por
cientos máximos autorizados por esta Ley. Igualmente, los contribuyentes que deduzcan las
inversiones conforme al artículo 29, fracción IV de esta Ley y durante el periodo de vida útil dedichas inversiones las exporten, perderán el derecho a deducir las cantidades correspondientes a
los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la deducción conforme a este artículo y hasta
el ejercicio en que el bien sea exportado.
……………………………………….……………………………………………………….
Artículo 39. …………………………………………………………………………………
III. 15% para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los
señalados en la fracción IV del presente artículo.
Artículo 42.................................................................................................................
Artículo 43. Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, que no se
cantidad pendiente de deducir a la fecha en que se sufra.
Artículo 45. …………………………………………………………………………………
II. Si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a terceros, deberá considerarse
como deducible la diferencia entre los pagos efectuados y el ingreso obtenido por la participación
en la enajenación a terceros.
Lo dispuesto en este artículo, también será aplicable a las inversiones en territorio nacional.
Artículo 46. Los integrantes del sistema financiero determinarán, al cierre de cada ejercicio, el
ajuste anual por inflación, como sigue:
Artículo 58. Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por
intereses, deberán calcular el impuesto sobre la renta el último día del mes de calendario de que
se trate aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley sobre el monto de los intereses
reales positivos devengados a favor del contribuyente durante dicho mes. La retención del
impuesto sobre la renta se deberá efectuar el día siguiente a aquél en el que dicho impuesto se
haya calculado. Esta retención se considerará como pago definitivo del impuesto sobre la renta y
se enterará ante las oficinas autorizadas dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en el
que se hubiese efectuado la misma. Las personas morales residentes en México deberán
considerar la citada retención como pago provisional del impuesto sobre la renta hasta por el
monto que corresponda a los intereses efectivamente percibidos en el ejercicio de que se trate, en
tanto que los residentes en el extranjero estarán a lo dispuesto en el artículo 195 de la presente
Ley por los ingresos por intereses que obtengan de fuente de riqueza ubicada en territorionacional.
………….…………………………………………………………………………………….
Artículo 64. ………..……………………………………………………………………….
determinarlo conforme a lo previsto en el artículo 68 de esta Ley. Al resultado fiscal consolidado se
le aplicará la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley, en su caso, para obtener el impuesto a
pagar por la sociedad controladora en el ejercicio. La sociedad controladora podrá determinar el
monto del crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta Ley, por las erogaciones efectuadas por
dicha sociedad y aplicarlo en contra del impuesto sobre la renta consolidado causado en el
ejercicio; igualmente, la sociedad controladora podrá acreditar, contra el impuesto sobre la renta
consolidado causado en el ejercicio, el monto del crédito que sus sociedades controladas
determinaron en lo individual conforme al citado artículo 10-A de esta Ley, sin que el monto
acreditable exceda del impuesto que en lo individual cada sociedad haya causado en el ejercicio
por el cual se efectúa el cálculo y considerando únicamente la participación consolidable.
Artículo 71. ……………….………………………………………………………………..
La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio
inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o
restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho
ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del
inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la
consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para
estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que
se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo
establecido en los párrafos sexto y séptimo de este artículo, así como los dividendos que hubiera
pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido
de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3333. Las pérdidas que
provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e)
de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que
dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la
fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.
Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las
pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se
sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que dicha
sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el
párrafo anterior por el factor de 1.3333 se sumará en su totalidad.
……………………………………...………………………………………………………...
La sociedad controladora comparará el saldo del registro de utilidades fiscales netas de la
controlada que se desincorpora con el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas.
En caso de que este último fuera superior al primero se estará a lo dispuesto en el párrafo
siguiente. Si por el contrario, el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas fuera
inferior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la sociedad controlada que se
desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de
1.3333. La controladora, en este último caso, podrá tomar una pérdida fiscal en los términos del
artículo 61 de esta Ley por un monto equivalente a la utilidad acumulada, la cual se podrá disminuir
en la declaración del ejercicio siguiente a aquél en que se reconozcan los efectos de la
desincorporación. El saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas se disminuirá conel saldo del mismo registro correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora.
Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad controladora comparará el saldo
de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad controlada que se desincorpora con el de la
cuenta de utilidad fiscal neta consolidada. En el caso de que este último sea superior al primero
sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma
cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora. Si por el contrario el saldo
de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior al de la sociedad controlada que se
1.3333 y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la
misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora, hasta llevarla a cero.
Adicionalmente, la sociedad controladora deberá disminuir del pago provisional consolidado del
mes en el que se verifique el supuesto de desincorporación, el monto del crédito a que se refiere el
artículo 10-A de esta Ley correspondiente a la sociedad que se desincorpora, que se hubiese
acreditado en contra del pago provisional consolidado del mes anterior a aquel en el que se verificó
el supuesto de desincorporación. Lo dispuesto en éste párrafo será igualmente aplicable cuando
disminuya la participación consolidable de la sociedad controladora en una o algunas de sus
sociedades controladas, en el monto que resulte de dicha disminución.
Artículo 71-A. …………………………………..………………………………………….
II. ...…..………………………………………………………………………………………
Cuando el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sea inferior al
de las sociedades controladas y de la controladora, se considerará utilidad la diferencia entre
ambos saldos y se multiplicará por el factor de 1.3333.
Artículo 73. La sociedad controladora que enajene el total o parte de las acciones de alguna de
sus sociedades controladas, determinará el costo promedio por acción de dichas acciones de
conformidad con los artículos 24 y 25 de esta Ley. Del costo promedio por acción de las acciones
que enajene determinado conforme a este párrafo, disminuirá los dividendos actualizados pagados
por la sociedad controlada por los que hubiera pagado el impuesto en los términos del primer
párrafo del artículo 11 de esta Ley de no haber consolidado fiscalmente, multiplicados por el factor
de 1.3333 o de 1.5385, si los dividendos se pagaron después del 1° de enero de 2013, en la
proporción que corresponda a dichas acciones. Dichos dividendos se actualizarán por el periodo
comprendido desde el mes en que se pagaron y hasta el mes en que se enajene el total o parte de
las acciones de la sociedad controlada. En el caso de que el resultado de multiplicar los dividendos
actualizados por el factor de 1.3333 o de 1.5385, según corresponda, sea mayor que el costo
promedio por acción de las acciones, el excedente formará parte de la ganancia. Cuando la
enajenación de acciones de la sociedad controlada dé como resultado la desincorporación de
dicha sociedad, no se disminuirán del costo promedio por acción de las acciones que se enajenen,
los dividendos actualizados multiplicados por el factor de 1.3333 o de 1.5385, según corresponda,
a que se refiere este párrafo, y se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 71 de
Artículo 78. …………………………………………………………………………………
El impuesto por los dividendos o utilidades que las sociedades que consolidan se hubieran pagado
entre sí en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba efectuar el pago, y que no se
hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba
efectuar el pago del impuesto diferido de conformidad con el artículo 70-A de esta Ley, se calculará
aplicando la tasa del artículo 10 de esta Ley vigente en el ejercicio fiscal en que dichos dividendosfueron pagados o dichas utilidades fueron distribuidas conforme a la mecánica que se establece en
el primer párrafo del artículo 11 de esta Ley o aplicando lo dispuesto en este último precepto citado
tratándose de dividendos distribuidos a partir del 1º de enero de 2013.
La sociedad controladora podrá optar por calcular el pago del impuesto sobre la renta diferido por
los dividendos o utilidades a que se refiere el párrafo anterior, aplicando la tasa del artículo 10 de
esta Ley vigente en el ejercicio fiscal en que se deba efectuar el pago del impuesto diferido,
conforme a la mecánica que se establece en el primer párrafo del artículo 11 de esta Ley. Para tal
efecto, los dividendos o utilidades se actualizarán desde el mes en que se pagaron o distribuyeron
y hasta el mes en que deba pagarse el impuesto diferido de conformidad con el artículo 70-A de
esta Ley, tratándose de los dividendos o utilidades distribuidos con posterioridad al 1º de enero de
2013, el impuesto diferido por los dividendos o utilidades se calculará conforme al artículo 11 de
esta Ley, debiendo enterar directamente a las autoridades fiscales el monto que corresponda a la
participación no consolidable.
Artículo 79. ..……………………………………………………………………………….
Las personas morales a que se refiere este artículo, podrán aplicar el régimen opcional establecido
en el Capítulo X de este Título, únicamente respecto de sus ingresos propios, sin poder aplicarlo
por los ingresos de sus integrantes, aún cuando en los términos de este capítulo, cumplan por
cuenta de ellos con las obligaciones establecidas en esta Ley.
Artículo 80. ….……………………………………………………………………………..
………...……………………………………………………………………………..............
Artículo 81. ……………...………………………………………..………………………..
Artículo 84. (Se deroga).
Artículo 86. ……..………………………………………………………………………….
XVIII.………………………………………………………………………………………….
Artículo 88. …………………………………………………………………………………
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los contribuyentes determinarán la utilidad fiscal
neta del ejercicio, restando del resultado fiscal del ejercicio, disminuido de las partidas no
deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las fracciones VIII y
IX del artículo 32 esta Ley, el monto del impuesto que resulte de aplicar la tasa del 35% sobre
dicho resultado fiscal.………………………………………………………………………………………………..
Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca la utilidad fiscal
neta determinada, el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse del saldo de la cuenta
de utilidad fiscal neta que la persona moral tenga a la fecha en que se presente la declaración
complementaria. Cuando el importe actualizado de la reducción sea mayor que el saldo de la
cuenta a la fecha de presentación de la declaración referida, se deberá pagar, en la misma
declaración, el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa del 35% a la cantidad que
resulte de sumar a la diferencia entre la reducción y el saldo de la referida cuenta, el impuesto
correspondiente a dicha diferencia. Para determinar el impuesto que se debe adicionar, se
multiplicará la diferencia citada por el factor de 1 y al resultado se le aplicará la tasa del 35%. El
importe de la reducción se actualizará por los mismos periodos en que se actualizó la utilidad fiscal
neta del ejercicio de que se trate.
Artículo 89. …………………………………………………………………………………
I. …………..………………………………………………………………………………
Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la cuenta de
utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que
corresponda aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 10 de esta Ley. Para estos
efectos, el monto de la utilidad distribuida deberá incluir el impuesto sobre la renta que le
corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se
multiplicará la misma por el factor de 1.3333 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 de
II. …………..………………………………………………………………….……………..
Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo anterior no provenga de la cuenta
de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que
corresponda a dicha utilidad, aplicando a la misma la tasa prevista en el artículo 10 de esta Ley.
Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida gravable deberá incluir el impuesto sobre la
renta que le corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a dicha
utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.3333 y al resultado se le aplicará la tasa del
artículo 10 de esta Ley. Cuando la utilidad distribuida gravable provenga de la mencionada cuenta
de utilidad fiscal neta se estará a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 11 de esta Ley y
dicha utilidad se deberá disminuir del saldo de la mencionada cuenta. La utilidad que se determine
conforme a esta fracción se considerará para reducciones de capital subsecuentes como
aportación de capital en los términos de este artículo.
Del Régimen opcional para actividades empresariales
Artículo 92-A. Las personas morales residentes en México, cuyos accionistas en su totalidad sean
residentes en México, obligadas al pago del impuesto sobre la renta de conformidad con el
presente Título, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido de un
monto equivalente a 4’373,342 unidades de inversión, en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo
10 de esta Ley, podrán optar por determinar y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo,
aplicando la tasa del 5% a la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio, sin deducciónalguna.
Tratándose de personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas y pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen
excedido de un monto equivalente a 874,668 unidades de inversión, podrán optar por determinar y
pagar el impuesto sobre la renta a su cargo aplicando la tasa del 3% a la totalidad de los ingresos
obtenidos en el ejercicio, sin deducción alguna.
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentará ante las oficinas
Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este Capítulo, no podrán aplicar el crédito a que
se refiere el artículo 10-A de esta Ley.
Los contribuyentes que inicien actividades, podrán optar por aplicar lo dispuesto en el presente
Capítulo, siempre que estimen que sus ingresos no excederán los montos a que se refiere este
artículo y no se ubiquen en los supuestos establecidos en el artículo 92-B de esta Ley.
En el caso de que durante el ejercicio se exceda el límite de ingresos señalado en este artículo, los
contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán tributando en los términos de este
Capítulo hasta el cierre del ejercicio, pero deberán determinar el impuesto a su cargo del mismo en
los términos del artículo 10 de esta Ley y considerarán los pagos provisionales efectuados como
acreditables. En este caso, al determinar el impuesto del ejercicio podrán aplicar el crédito a que se
refiere el artículo 10-A de esta Ley.
Artículo 92-B. Los contribuyentes que opten por tributar conforme al régimen establecido en el
presente Capítulo, deberán cumplir con las demás disposiciones previstas en esta Ley, salvo que
expresamente se señale un tratamiento distinto en este Capítulo.
Una vez ejercida la opción que establece este Capítulo, el contribuyente deberá pagar el impuesto
con base en la misma por lo menos durante los cinco ejercicios subsecuentes, incluso cuando
durante dicho periodo se inicie el ejercicio de liquidación. Quienes paguen el impuesto conforme a
este capítulo no podrán disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de
disminuir al momento de ejercer la opción.
Las personas morales que tributen de conformidad con los Capítulos IV, VI, VII-A del presente
Título; las sociedades de inversión de capitales que opten por aplicar lo dispuesto en el artículo 50
de esta Ley, los integrantes del sistema financiero, los organismos descentralizados que realicen
actividades empresariales ,las personas morales con fines no lucrativos que tributen en los
términos del Título III de esta Ley, las asociaciones en participación y los fideicomisos los
residentes en el extranjero y las sociedades en liquidación no podrán optar por determinar y pagar
el impuesto sobre la renta a su cargo conforme a este Capítulo.
No será aplicable lo dispuesto en este Capítulo por los ingresos procedentes de fuente de riqueza
ubicada en el extranjero.
Artículo 92-C. Los contribuyentes que ejerzan la opción establecida en este Capítulo, deberán
efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17
del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago.
El pago provisional será la cantidad que resulte de aplicar a la totalidad de los ingresos obtenidos
en el mes al que corresponda el pago, sin deducción alguna, la tasa del 5% o del 3%, según
Artículo 92-D. Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de lasempresas, los contribuyentes que opten por tributar conforme a este Capítulo, considerarán como
renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 120 y 127, fracción III de la Ley Federal
del Trabajo, la que resulte de conformidad con el artículo 16 de esta Ley.
Artículo 92-E. Los contribuyentes que opten por aplicar lo establecido en este Capítulo, en lugar
de aplicar lo establecido por la artículo 88 de esta Ley llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta del
régimen opcional. Dicha cuenta se adicionará anualmente con la utilidad fiscal neta del ejercicio la
que resulte de acuerdo con lo siguiente:
I. El monto total de los ingresos obtenidos en el mismo, sin deducción alguna, se multiplicará por
el coeficiente de utilidad que corresponda a dicho ejercicio.
II. Al resultado obtenido conforme a la fracción anterior se le aplicará la tasa del 35%.
La utilidad fiscal neta del ejercicio se obtendrá de restar al monto obtenido conforme a la
fracción I el monto que resulte conforme a lo previsto en la fracción II, ambas de este artículo.
El coeficiente de utilidad a que se refiere la fracción I de este artículo, se determinará dividiendo la
utilidad que hubiese resultado para el mismo ejercicio en los términos del artículo 10 de esta Ley,
de no haber aplicado este régimen opcional, entre el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio,
sin deducción alguna.
La cuenta a que se refiere este artículo será independiente de la que, en su caso, hubiesen llevado
con anterioridad en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de esta Ley.
Las personas que opten por tributar conforme a este Capítulo y que distribuyan dividendos que no
provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 88 de esta Ley ni de la
cuenta de utilidad fiscal neta del régimen opcional a que se refiere este artículo, estarán a lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 de esta Ley.
Cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta del régimen
opcional a que se refiere este artículo los contribuyentes calcularan el impuesto que corresponda a
dichos dividendos o utilidades aplicando a los mismos la tasa del 35%. Para estos efectos, los
dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba
pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los
dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le
aplicará la tasa del 35%.
Al impuesto determinado conforme al párrafo anterior se le restará el impuesto sobre la renta
efectivamente pagado por dichas utilidades en los términos del artículo 92-A de esta Ley y la
diferencia se enterará conjuntamente con el pago provisional correspondiente tendrá el carácter de
definitivo y no será acreditable.
Artículo 92-F. Las personas físicas que únicamente realicen actividades empresariales y que
tributen conforme a las Secciones I y II, de Capítulo II, del Título IV de esta Ley, podrán aplicar lo
dispuesto en el presente Capítulo y determinar y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo en el
ejercicio aplicando al total de los ingresos obtenidos, sin deducción alguna, la tasa que
corresponda en los términos del artículo 92-A de esta Ley. La opción a que se refiere este precepto
deberá ejercerse por todos los ingresos obtenidos por la actividad empresarial y deberá aplicarse
por un periodo no menor de cinco ejercicios.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, también podrá ser aplicado por las personas físicas que,
además de los ingresos a que se refiere dicho párrafo, obtengan ingresos del Capítulo VI, del
Título IV de esta Ley, aún cuando por estos ingresos no será aplicable la opción a que se refiere elpresente Capítulo.
Quien ejerza la opción a que se refiere este artículo, no podrá aplicar las deducciones autorizadas
en el artículo 176 de esta Ley.
Quienes apliquen lo dispuesto en este artículo estarán a lo señalado en el artículo 132 de esta Ley,
para los efectos de determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de las
Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, deberán presentar ante las oficinas
autorizadas, su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al ejercicio que se deba
declarar. Asimismo deberán efectuar los pagos provisionales que correspondan conforme a lo
previsto por el artículo 92-C de esta Ley.
Artículo 107. ……………………………………………………………………………….
Para los efectos de este artículo también se consideran erogaciones los gastos, las adquisiciones
de bienes y los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras. No se tomarán en
consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que
califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, cuando se demuestre que dicho
depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación
para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones financieras ni
los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes o
descendientes, en línea recta en primer grado, ni los depósitos efectuados a las cuentas del
contribuyente por la autoridad fiscal cuando éstos deriven de cantidades cuya devolución proceda
Artículo 109. …………………………………………….…………………………………
VIII. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por
las empresas para sus trabajadores cuando cumplan con lo establecido en el artículo 8 de esta
………...…………………………………………………………………………………...
XVII. ….……………….……………………………………………………………………..
Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de
seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios, que provengan de contratos de seguros de vida
cuando la prima haya sido pagada directamente por el empleador en favor de sus trabajadores,
siempre que los beneficios de dichos seguros se entreguen únicamente por muerte, invalidez,
pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado de
conformidad con las leyes de seguridad social y siempre que en el caso del seguro que cubre la
muerte del titular los beneficiarios de dicha póliza sean las personas relacionadas con el titular a
que se refiere la fracción I del artículo 176 de esta Ley y se cumpla con lo establecido en el artículo
8 de esta Ley. La exención prevista en este párrafo no será aplicable tratándose de las cantidades
que paguen las instituciones de seguros por concepto de dividendos derivados de la póliza de
seguros o su colectividad.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones,
haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades,que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley,
reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general
de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y
fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos que para ser considerados previsión social
establece el artículo 8 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión
social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley.
Artículo 113. …………………………………………………………………………Límite inferiorLímite superiorCuota fijaPor ciento para
inferior$$$%0.01496.070.001.92496.084,210.418.956.404,210.427,399.42237.3410.887,399.438,601.50582.3616.008,601.5110,298.35786.5517.9210,298.3620,770.291,112.4321.3620,770.3032,736.833,493.7923.5132,736.8449,990.004,437.7925.0049,990.0169,850.005,853.7028.0069,850.01101,000.006,571.8930.00101,000.01251,000.007,515.9532.00251,000.01459,500.008,459.8933.50459,500.01En adelante9,403.8935.00Artículo 123. ............................................................................................................
II. ………………………………………………………..……….........…………………….
En el caso de ingresos por enajenación de acciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de
………………………………………...…………………………………………………
Artículo 124. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección determinarán la deducción por
inversiones aplicando lo dispuesto en los artículos 29, fracción IV o 37 de esta Ley, según
corresponda. Para estos efectos, se consideran inversiones las señaladas en el artículo 8 de esta
.……………………………………………….………………………………………………
Segundo párrafo (Se deroga).Tercero párrafo (Se deroga).
Articulo 127. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales
mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a
aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas
autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se
refiere esta Sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el
último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta Sección
correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores
que no se hubieran disminuido. Al monto determinado como impuesto a cargo en el pago
provisional, se le podrá disminuir el crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta Ley,
considerando, para este último, sólo las erogaciones efectivamente realizadas en el periodo al que
corresponde el pago provisional y aplicando la tasa que corresponda conforme a la tarifa del
artículo 113 de esta Ley, sobre el monto de dichas erogaciones, en sustitución del factor 0.25,
siempre que además se hayan cumplido los demás requisitos establecidos en el citado artículo 10A de esta Ley. No procederá la aplicación del crédito establecido en este párrafo cuando los
contribuyentes opten por la deducción del 35% establecida en el segundo párrafo del artículo 142
Articulo 130. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, deberán calcular el impuesto del
ejercicio a su cargo en los términos del artículo 177 de esta Ley. Para estos efectos, la utilidad
fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables
obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, las
deducciones autorizadas en esta Sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. A
la utilidad fiscal así determinada, se le disminuirá la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales
determinadas conforme a este artículo, pendientes de aplicar de ejercicios anteriores; el resultado
será la utilidad gravable. Los contribuyentes calcularán el monto del crédito a que se refiere el
artículo 10-A de esta Ley, considerando para éste sólo las erogaciones efectivamente realizadas
en el ejercicio y, en lugar de aplicar el factor 0.25, aplicarán sobre dichas erogaciones la tasa que
corresponda conforme al artículo 177 de esta Ley, la cantidad que resulte la podrán acreditar en
contra del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio y hasta por el monto del impuesto
sobre la renta que corresponda a la utilidad gravable a que se refiere este artículo, sin considerar
los demás ingresos que pudieran resultar acumulables en el mismo ejercicio y aplicando sobre
dicha utilidad fiscal la tarifa del artículo 177 de esta Ley; siempre y cuando además se cumplan los
requisitos previstos en el citado artículo 10-A de esta Ley.
Artículo 133. .............................................................................................................
Artículo 136. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 134 de esta Ley, deducirán las
erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o
cargos diferidos conforme al artículo 29, fracción IV de esta Ley.
…………………………………………………………………………….………………….Artículo 142. …...…………………………………………………………….…………….
IV. Las comisiones y honorarios efectivamente pagados, siempre que dichas erogaciones no se
consideren, para el perceptor, como ingresos por salarios y en general por la prestación de un
servicio personal subordinado de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de esta Ley.
Artículo 143………………….……………………………………………………………..
El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el
tercer párrafo del artículo 127 de esta Ley, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos
del mes o del trimestre por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que se refiere
el artículo 142 de la misma, correspondientes al mismo periodo. Al monto determinado como
impuesto a cargo en el pago provisional, se le podrá disminuir el crédito a que se refiere el artículo
10-A de esta Ley, considerando, para este último, sólo las erogaciones efectivamente realizadas
en el periodo al que corresponde el pago provisional y la tasa que corresponda al monto de dichas
erogaciones conforme a la tarifa del artículo 113 de esta Ley, en sustitución del factor 0.25, y
siempre que se hayan cumplido los demás los requisitos establecidos en el citado artículo 10-A de
esta Ley. No procederá la aplicación del crédito establecido en este párrafo cuando los
Artículo 145. ………………….……………………………………………………………
Los contribuyentes calcularán el monto del crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta Ley
considerando únicamente las erogaciones efectivamente realizadas y la tasa que conforme al
monto de dichas erogaciones corresponda conforme a la tarifa del artículo 177 de esta Ley, en
sustitución del factor 0.25, y lo podrán acreditar en contra del impuesto sobre la renta que resulte a
su cargo en el ejercicio; en este caso, el monto máximo que los contribuyentes podrán acreditar en
la declaración del ejercicio, será hasta por el monto del impuesto sobre la renta que corresponda a
la utilidad derivada de los ingresos a que se refiere este Capítulo, sin considerar los demás
ingresos acumulables que pudiera haber tenido el contribuyente, y aplicando al efecto la tarifa del
artículo 177 de esta Ley. Además, deberán haber cumplido los requisitos previstos en el citado
artículo 10-A de esta Ley, no podrán aplicar el crédito a que se refiere este párrafo, los
contribuyentes que opten por aplicar la deducción del 35% a que se refiere el segundo párrafo del
142 de esta Ley
Artículo 148. ………………………………………………………………………………
Cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se refiere este artículo y sufran
pérdidas en la enajenación de acciones, certificados de aportación patrimonial emitidos por
sociedades nacionales de crédito y partes sociales, podrán disminuir dichas pérdidas en el año de
calendario de que se trate o en los tres siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de
esta Ley, siempre que tratándose de acciones, de los certificados de aportación referidos y partes
de partes sociales, se cumpla con los requisitos que fije el Reglamento de esta Ley. La parte de la
pérdida que no se deduzca en un ejercicio, excepto la que se sufra en enajenación de bienes
inmuebles, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el
que se sufrió la pérdida o se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato
anterior al ejercicio en el que se deduzca.
Artículo 149. Los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de acciones, partes
sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito,disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente:
Artículo 151. Para actualizar el costo comprobado de adquisición de certificados de participación
inmobiliaria no amortizables, se procederá como sigue:
Artículo 165. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por
dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas podrán acreditar, contra el impuesto
que se determine en su declaración anual, el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que
distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere
este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el
monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o
utilidad percibido y además cuenten con la constancia a que se refiere la fracción XIV del artículo
86 de esta Ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando
la tasa 35% al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad por el factor de 1.5385.
Artículo 172. ……………………………………………...…………….…………….……
VII. …………………………………………………………………………………….……..
X. …......................………………………………………………………………………….
Tratándose de intereses pagados en los años anteriores a aquél en el que se inicie la explotación
de los bienes dados en arrendamiento y que no hubiesen sido deducidos al erogarse, éstos se
podrán deducir, procediendo como sigue:
Se sumarán los intereses pagados de cada mes del ejercicio correspondientes a cada uno de los
ejercicios improductivos. La suma obtenida para cada ejercicio improductivo se actualizará con el
factor de actualización correspondiente desde el último mes de la primera mitad del ejercicio de
que se trate y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que empiecen a producir
ingresos el bien o los bienes de que se trate.
….…….……………………………………………………………………………………
Artículo 174. (Se deroga)
Artículo 176. ……………………………………………………………………………….
IX. Las erogaciones efectuadas por concepto de colegiaturas en instituciones de educación
privada, que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos dela Ley General de Educación, erogadas a favor del propio contribuyente, de su cónyuge o de la
persona con quien viva en concubinato o de sus ascendientes o descendientes en línea recta. El
monto máximo de la deducción anual por cada beneficiario no podrá exceder de las cantidades
que a continuación se señalan por nivel educativo:
Nivel educativoLímite anual de deducciónPreescolar$14,200.00Primaria$12,900.00Secundaria$19,900.00Profesional técnico$17,100.00Bachillerato o su equivalente$24,500.00Para aplicar la deducción de las erogaciones a que se refiere esta fracción, los contribuyentes
deberán efectuar el pago correspondiente mediante cheque nominativo, traspasos de cuenta en
Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, tarjeta de crédito, débito o de servicios y deberán recabar
de las instituciones educativas el comprobante respectivo.
Los montos máximos establecidos en este artículo se actualizarán anualmente conforme al índice
nacional de precios al consumidor.
Artículo 177. …………………………………………………………………….…………Límite inferiorLímite superiorCuota fijaPor ciento
límite inferior$$$%0.015,952.840.001.925,952.8550,524.92107.406.4050,524.9388,793.042,848.0810.8888,793.05103,218.006,988.3216.00103,218.01123,580.209,438.6017.92123,580.21249,243.4813,349.1621.36249,243.49392,841.9641,925.4823.51392,841.97599,880.0053,253.4825.00599,880.12838,200.0070,244.4028.00838,200.121,212,000.0078,862.6830.001,212,000.123,012,000.0090,191.4032.003,012,000.125,514,000.00101,518.6833.505,514,000.12En adelante112,846.6835.00Artículo 193. ……………………………………………………………………………….
Las utilidades en efectivo o en bienes que envíen los establecimientos permanentes de
personas morales extranjeras a la oficina central de la sociedad o a otro establecimientopermanente de ésta en el extranjero, que no provengan del saldo de la cuenta de utilidad fiscal
neta o de la cuenta de remesas de capital del residente en el extranjero, respectivamente. En este
caso, el establecimiento permanente deberá enterar como impuesto a su cargo el que resulte de
aplicar la tasa del 35%. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán
el impuesto sobre la renta que se debe adicionar a los dividendos o utilidades distribuidos, se
multiplicará el monto de dichas utilidades o remesas por el factor de 1.5385 y al resultado se le
Artículo 215. ………………………………………………………………………….……
En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y
deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la determinación del precio o monto de la
contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas
operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes
independientes en operaciones comparables, ya sea que éstas sean con personas morales,
residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el
país de residentes en el extranjero, así como en el caso de las actividades realizadas a través de
fideicomisos. Para estos efectos, se considerará efectivamente cobrado en el ejercicio respecto del
cual la autoridad determine el monto o precio de la contraprestación.
Artículo 220. (Se deroga).
Artículo 221. (Se deroga).
Artículo 221-A. (Se deroga).
Artículo 224. Los fideicomisos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 223 de
esta Ley, estarán a lo siguiente:
IV. El fiduciario deberá retener a los tenedores de los certificados de participación el impuesto
sobre la renta por el resultado fiscal que les distribuya aplicando la tasa del 25% sobre el monto
distribuido de dicho resultado, salvo que los tenedores que los reciban estén exentos del pago del
impuesto sobre la renta por ese ingreso. Igualmente el fiduciario determinará el crédito a que se
refiere el artículo 10-A de esta Ley, y en su caso lo dividirá entre el número de certificados de
V. Los tenedores de los certificados de participación que sean residentes en México o residentes
en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país acumularán el resultado fiscal
que les distribuya el fiduciario o el intermediario financiero provenientes de los bienes, derechos,
créditos o valores que integren el patrimonio del fideicomiso emisor de dichos certificados, sin
deducir el impuesto retenido por ellos, y las ganancias que obtengan por la enajenación de los
citados certificados, salvo que estén exentos del pago del impuesto por dichas ganancias, y podrán
acreditar el impuesto que se les retenga por dicho resultado y ganancias, contra el impuesto sobre
la renta que causen en el ejercicio en que se les distribuya o las obtengan. Asimismo los tenedores
podrán acreditar el monto del crédito que determine el fiduciario en términos del artículo10-A de
esta Ley que en lo individual le corresponda.…………..……………………………………………………………………………………
IX. Cuando se enajene alguno de los bienes inmuebles fideicomitidos antes de haber transcurrido
el periodo mínimo al que se refiere la fracción IV del artículo 223 de esta Ley, la fiduciaria deberá
pagar, dentro de los quince días siguientes al de la enajenación, el impuesto por la ganancia que
se obtenga en dicha enajenación, que resulte de aplicar la tasa del 25% al monto de dicha
ganancia determinado en los términos del Capítulo IV del Título IV de esta Ley, por cuenta de los
tenedores de los certificados de participación, sin identificarlos, y este impuesto será acreditable
para los tenedores a los cuales la fiduciaria les distribuya dicha ganancia, siempre que ésta sea
acumulable para ellos, sin que se les deba retener el impuesto por la distribución de esa ganancia.
X. Cuando el resultado fiscal del ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes
fideicomitidos sea mayor al monto distribuido del mismo a los tenedores de los certificados de
participación hasta el 15 de marzo del año inmediato posterior, la fiduciaria deberá pagar el
impuesto por la diferencia, aplicando la tasa del 25% a esa diferencia, por cuenta de los tenedores
de los referidos certificados, sin identificarlos, dentro de los quince días siguientes a esa fecha, y el
impuesto pagado será acreditable para los tenedores de dichos certificados que reciban
posteriormente los ingresos provenientes de la citada diferencia, siempre que sea acumulable para
ellos, sin que se les deba retener el impuesto por la distribución de dicha diferencia.
XIII. …………………………..………………………………………………………...........
Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 25% al monto
de la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes inmuebles y deberá pagarse dentro de los
quince días siguientes a la enajenación de los certificados de participación correspondientes.
Para los contribuyentes del impuesto sobre la renta será acumulable la ganancia en el ejercicio en
que enajenen los certificados o la fiduciaria enajene los bienes fideicomitidos, actualizando su
monto por el periodo comprendido desde el mes en que se aportaron los bienes al fideicomiso
hasta el mes en que se enajenaron los certificados o los bienes inmuebles, y el impuesto pagado
conforme a lo dispuesto en esta fracción se considerará como pago provisional del impuesto de
XIV. Cuando los fideicomitentes aporten bienes inmuebles al fideicomiso que sean arrendados de
inmediato a dichos fideicomitentes por el fiduciario, podrán diferir el pago del impuesto sobre la
renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes hasta el momento en que
termine el contrato de arrendamiento, siempre y cuando no tenga un plazo mayor a diez años, o el
momento en que el fiduciario enajene los bienes inmuebles aportados, lo que suceda primero. Al
terminarse el contrato de arrendamiento o enajenarse los bienes inmuebles por el fiduciario se
pagará el impuesto causado por la ganancia que resulte de aplicar la tasa del 25% al monto
actualizado de dicha ganancia por el periodo transcurrido desde el mes en que se aportaron los
bienes al fideicomiso hasta el mes en que se termine el contrato de arrendamiento o se enajenen
los bienes por el fiduciario.”
Articulo Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de esta
Ley, se estará a lo siguiente:I. En relación a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estará a lo siguiente:
1. Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
durante el ejercicio fiscal de 2013 se aplicará la tasa del 27%, en el ejercicio fiscal de 2014 la tasa
del 26% y en el ejercicio de 2015 la tasa del 25%.
2. Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor 1.3333, durante
el ejercicio fiscal de 2013 se aplicará el factor 1.3698, y durante el ejercicio fiscal 2014 se aplicará
el factor 1.3513.
3. Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se daba aplicar el factor 0.3333, durante
el ejercicio fiscal de 2013 se aplicará el factor 0.3698, y durante el ejercicio fiscal de 2014 se
aplicará el factor 0.3513.
II. Lo dispuesto en el artículo 10-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no será aplicable contra
el impuesto sobre la renta correspondiente a los ejercicios anteriores a la entrada en vigor de este
III. Para la determinación de los pagos provisionales del ejercicio inmediato siguiente a la entrada
en vigor de este Decreto, los contribuyentes, en la determinación del coeficiente de utilidad, no
considerarán la deducción que en su caso hubiesen efectuado en los términos del artículo 220 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente antes de la entrada en vigor del presente Decreto,
pudiendo aplicar, en su caso, el por ciento de deducción correspondiente al bien de que se trate
conforme a la Sección II del Capítulo II del Título II de esa Ley.
IV. Las reformas al artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, serán aplicables para
determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del
Trabajo, correspondiente al ejercicio fiscal en que entra en vigor el presente Decreto y los
V. Los contribuyentes del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que con anterioridad a la
entrada en vigor de este Decreto hubiesen acumulado los ingresos devengados a favor no
cobrados, en los términos de dicha Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán no acumularlos
cuando los mismos sean efectivamente cobrados con posterioridad a la entrada en vigor de este
Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto hubiesen acumulado
ingresos derivados de contratos de obra inmueble, en los términos del artículo 19 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, podrán no acumular dichos ingresos cuando los mismos sean
Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto hubiesen celebrado
contratos de arrendamiento financiero o realizado enajenaciones a plazos, y hubiesen optado por
considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado, no podrán acumular las
cantidades efectivamente cobradas con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto,
correspondientes a los montos previamente acumulados.
Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este artículo deberán identificar, en sus registros
contables, aquellas operaciones e ingresos que no habiéndose cobrado en efectivo, en bienes, en
servicios o en crédito que se acumularon en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, y vincularlos debidamente con los
registros contables al momento en que los ingresos sean efectivamente cobrados.
El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias parael control y en su caso fiscalización de estos ingresos.
VI. Para los efectos del artículo 9-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se entenderá por saldo
pendiente de deducir el monto original de la inversión que corresponda al activo fijo, gasto o cargo
diferido de que se trate disminuido del monto deducido conforme a los artículos 39, 40 y 41 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto.
En el caso de activos fijos por los que se hubiera optado por efectuar la deducción inmediata en los
términos del artículo 220 de dicha Ley, vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto,
se considerará como saldo pendiente por deducir el que hubiera correspondido de no haber optado
por dicha deducción, en cuyo caso, se aplicarán los porcientos máximos de deducción establecidos
en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes, hasta el 31 de
diciembre de 2012, de acuerdo al tipo de bien del que se trate.
VII. Los contribuyentes que hubiesen adquirido terrenos, cuya contraprestación no hubiese sido
deducible conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este
Decreto, al momento de enajenar dichos terrenos en lugar de acumular el ingreso obtenido podrán
determinar y acumular la ganancia que resulte de restar al ingreso obtenido por la enajenación, el
monto original de la inversión, ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo
aquel en el que se realice la enajenación. Tratándose de personas físicas se estará a lo dispuesto
en el Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las personas físicas en lugar
de acumular la ganancia podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta siempre que cumplan con lo establecido en dicho precepto.
Lo dispuesto en el párrafo anterior en ningún caso será aplicable a los contribuyentes que optaron
por deducir los terrenos conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, ni a los contribuyentes que
hubiesen aplicado lo dispuesto en la fracción LXXXVI del Artículo 2 de las Disposiciones
Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el
1° de enero de 2002, ni quienes, al amparo de cualq uier otro precepto, hubieran efectuado la
deducción al adquirir dicho terrenos.
Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable para las personas físicas que obtengan
ingresos de los señalados en el Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por
la enajenación de bienes inmuebles, cuyo monto original de la inversión no se hubiese deducido.
Los contribuyentes que efectúen las deducciones a que se refiere esta fracción y sufran pérdidas
en la enajenación de bienes inmuebles podrán disminuir dichas pérdidas en el año de calendario
de que se trate. Tratándose de personas físicas dicha pérdida se podrá disminuir en el año en que
se sufra o en los tres siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley del Impuesto
VIII. Los contribuyentes que conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción VIII del
artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de
este Decreto, hubiesen acumulado la ganancia o deducido la pérdida al cierre del ejercicio fiscal de
2012, por operaciones financieras derivadas referidas a un tipo de cambio de divisas cuya fecha de
vencimiento sea posterior a la entrada en vigor de este Decreto, deberán disminuir o adicionar,
según corresponda, la ganancia o la pérdida acumulada o deducida, del resultado neto de la
operación cuyo ejercicio o cancelación se verifique con posterioridad a la entrada en vigor de este
IX. Los contribuyentes que durante el periodo transcurrido entre el primero de enero de 2005 y el
31 de diciembre de 2012 hubiesen adquirido mercancías, materias primas, productos terminados o
semiterminados, que al 1° de enero de 2013 se encue ntren en su inventario y cuya deducción se
encuentre referida al momento de su acumulación por enajenación por formar parte del costo de lovendido en los términos de la Sección III, del Capítulo II, del Título II de la Ley del Impuesto sobre
la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán continuar
aplicando lo dispuesto en dicha Sección por la enajenación que de dichos bienes realicen con
posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto. Lo dispuesto en este párrafo únicamente será
aplicable a los bienes por cuya adquisición la contraprestación correspondiente haya sido
efectivamente pagada, total o parcialmente, antes del 31 de diciembre de 2012.
Cuando se enajenen los bienes a que se refiere el párrafo anterior y no sea efectivamente cobrada
el total de la contraprestación que corresponda a dicha enajenación, la deducción del costo de lo
vendido se aplicará en la proporción que represente, en el ejercicio de que se trate, el ingreso
efectivamente percibido respecto del total de la contraprestación pactada.
Tratándose de los bienes a que se refiere el primer párrafo cuya contraprestación por la
adquisición sea efectivamente pagada en su totalidad con posterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, los contribuyentes podrán deducir dicha erogación, en cuyo caso no serán
aplicables las disposiciones de la Sección III, del Capítulo II, del Título II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto.
Para los efectos de esta fracción, los contribuyentes deberán levantar un inventario físico de
mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, al 31 de diciembre del 2012
que fueron adquiridas en el periodo transcurrido entre el 1° de enero de 2005 y el 31 de diciembre
de 2012 identificando el valor de los bienes cuya contraprestación se pagó antes del 31 de
diciembre de 2012 y el que se pagó o pagará posteriormente y entregarlo a las autoridades fiscales
a más tardar el 15 de febrero del año inmediato siguiente. Asimismo, el Servicio de Administración
Tributaria, podrá emitir reglas de carácter general para el registro, contabilidad y en su caso
fiscalización de los inventarios por los cuales se aplique la opción establecida en esta fracción.
Los contribuyentes que apliquen la opción establecida en este precepto, en cuyo inventario existan
mercancías iguales a las adquiridas con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto,
considerarán, al momento de enajenarlas, que las últimas entradas son las primeras salidas.
Cuando los bienes reportados en el inventario a que se refiere esta fracción, por deterioro u otras
causas no imputables al contribuyente pierdan su valor, se podrá efectuar la deducción
correspondiente, siempre que los mismos no hayan sido deducidos previamente y se cumpla con
los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los
contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, productos
semiterminados o terminados a que se refiere este párrafo, siempre que antes de proceder a su
destrucción, se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos
deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, dedicadas a la atención de
requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud de
personas, sectores, comunidades o regiones, de escasos recursos, cumpliendo con los requisitos
que para tales efectos establezca el Reglamento de dicha Ley.
Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto hubiesen efectuado
erogaciones por la adquisición de mercancías, materias primas, productos semiterminados o
terminados, y a la entrada en vigor de este Decreto no les hubieran sido físicamente entregados y,
por ende, no se encuentren en el inventario a que se refiere esta fracción, deberán aplicar lo
dispuesto en la Sección III, del Capítulo II del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta
vigente antes de la entrada en vigor de este Decreto, respecto de dichos bienes; en caso de existir
alguna otra erogación por dichos bienes en fecha posterior a la entrada en vigor del presente
Decreto la misma no será deducible, cuando se erogue y, en su caso, formará parte del costo de lo
vendido. Cuando se enajenen los bienes a que se refiere este párrafo y no sea efectivamente
cobrada el total de la contraprestación que corresponda a dicha enajenación, la deducción del
costo de lo vendido se aplicará en la proporción que represente el ingreso efectivamente percibido
respecto del total de la contraprestación pactada.Lo dispuesto en esta fracción se aplicará con independencia de lo establecido en las fracciones IV
y V del artículo 3° del Decreto por el que se Refor man, Adicionan, Derogan y Establecen Diversas
Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece
los Subsidios para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1° de diciembre de 2004.
Cuando los contribuyentes deduzcan la adquisición de bienes en los términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y éstos se deterioren o pierdan su valor por causas no imputables al
propio contribuyente, su destrucción no se considerará como faltante de inventarios en la
determinación que puedan hacer las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de
comprobación, siempre que se hayan ofrecido en donación conforme a las disposiciones fiscales
Las deudas correlativas a las deducciones efectuadas en el ejercicio fiscal de 2012 y en los
ejercicios anteriores, que efectivamente se eroguen con posterioridad a la entrada en vigor de este
Decreto, serán deducibles, en su caso, conforme a las disposiciones vigentes hasta el 31 de
X. Los contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre Renta que con anterioridad a la entrada en
vigor de este Decreto hubiesen realizado operaciones en moneda extranjera, estarán a lo
1. Tratándose de contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto,
hubieran deducido la adquisición de bienes o de servicios cuyo pago se verifique en moneda
extranjera con posterioridad al 1° de enero del 201 3, determinarán la ganancia o la pérdida
cambiaria, acumulable o deducible según corresponda, considerando la fluctuación de la moneda
ocurrida entre el último día del ejercicio en que se efectuó la deducción y el día en que la misma se
2. En el caso de los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto
hubieran acumulado ingresos devengados en moneda extranjera cuyo cobro efectivo se verifique
después del 1° de enero del 2013, acumularán o dedu cirán adicionalmente, según corresponda, la
ganancia o la pérdida cambiaria deducible, considerando la fluctuación de la moneda ocurrida
desde el día en que se acumuló el ingreso y hasta el día en que el mismo efectivamente se cobre.
3. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto hubieran
contraído obligaciones o adquirido derechos por operaciones diferentes a las señalada en los
numerales 1 y 2 de este precepto, cuya solventación en moneda extranjera se verifique a partir del
1° de enero del 2013, ajustarán el ingreso acumulab le o la erogación deducible, con la ganancia o
la pérdida cambiaria que resulte en dicha operación al momento de su solventación. En este caso,
se dará el tratamiento de interés en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta a la ganancia o
la pérdida cambiarias que resulte.
Para los efectos de este precepto la pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de
considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana, establecidas por el Banco de México, que al efecto se
publique en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día en que se solvente la
XI. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto hubiesen
efectuado inversiones en los términos de la Sección II, del Capítulo II del Título II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, que no hubiesen sido deducidas en su totalidad con anterioridad a la
entrada en vigor de este Decreto, aplicarán la deducción de dichas inversiones conforme a la
citada Sección II del Capítulo II del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el
31 de diciembre de 2012, únicamente sobre el saldo pendiente de deducir en los términos de dicha
Sección y considerando como monto original de la inversión el que correspondió en los términos dela misma.
Cuando los contribuyentes enajenen los bienes de activo fijo a que se refiere el párrafo anterior,
podrán disminuir del ingreso acumulable efectivamente cobrado, la parte del monto original de la
inversión deducible, no deducida hasta ese ejercicio, actualizada; si la contraprestación por la
enajenación se cobra parcialmente, la deducción se aplicará en la proporción que corresponda al
ingreso percibido, respecto del total de la contraprestación pactada. Igualmente si los bienes de
que se trata dejan de ser útiles para la obtención de ingresos o se pierden por caso fortuito o
fuerza mayor, los contribuyentes podrán deducir en el ejercicio en que ello ocurra la parte del
monto original de la inversión deducible aún no deducida, actualizada.
Tratándose de contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto hubiesen
aplicado el estímulo establecido en el artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicarán
lo dispuesto en las fracciones II y III del artículo 221 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente
hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, cuando los bienes de que se trate se enajenen,
se pierdan o dejen de ser útiles.
Tratándose de contribuyentes que se encuentren en proceso de fabricación de bienes de activo fijo
de largo proceso de fabricación, aplicarán sobre dichos bienes las disposiciones de la Sección II
del Capítulo II del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada
en vigor de este Decreto, considerando como monto original de la inversión el total de las
erogaciones efectuadas para la adquisición o fabricación de dichos activos hasta antes de la
entrada en vigor de este Decreto y, podrán deducir conforme al artículo 29, fracción IV las
erogaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto. Lo dispuesto en
este párrafo únicamente será aplicable tratándose de inversiones cuya deducción no hubiese
iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto y siempre que, respecto de las
mismas no se hubiese aplicado lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la
Los contribuyentes a que se refiere esta fracción llevarán un registro específico de las inversiones
cuya deducción se efectuó conforme a las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta
anteriores a la entrada en vigor de este Decreto, anotando los datos de la documentación
comprobatoria que las respalde y describiendo en el mismo el tipo de bien de que se trate, el por
ciento máximo de deducción que correspondió y el ejercicio en el que se inició la deducción.
Los contribuyentes que hayan iniciado la utilización de los bienes de activo fijo en los cuatro meses
anteriores a la entrada en vigor de este Decreto, podrán optar por deducir en 2013 las cantidades
efectivamente erogadas para la adquisición de dichos bienes, en lugar de aplicar las disposiciones
de la Sección II del Capítulo II, del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente antes de
la entrada en vigor del presente Decreto, lo anterior será aplicable únicamente tratándose de
inversiones que resulten deducibles conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 29 de la
XII. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto hubiesen
devengado intereses a favor que hubiesen acumulado conforme a las disposiciones de la Ley del
Impuesto sobre la Renta vigentes antes de la entrada en vigor de este Decreto, no estarán
obligados a acumularlos cuando efectivamente los perciban.
Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto hubiesen devengado
intereses a cargo que hubiesen deducido conforme a las disposiciones de la Ley del Impuesto
sobre la Renta vigentes antes de la entrada en vigor de este Decreto, no podrán deducirlos cuando
efectivamente los eroguen.
Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable respecto de intereses cuya deducción proceda en
los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.XIII. Para los efectos del segundo párrafo del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los
contribuyentes que opten por determinar el impuesto a su cargo en los términos del Capítulo X, del
Título II de la citada Ley, y que al hacerlo tengan pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios
anteriores pendientes de aplicar, no perderán el derecho para aplicar dicha pérdida en ejercicios
posteriores, siempre que no hayan transcurrido más de 10 ejercicios desde que se sufrió la pérdida
y hasta que la misma se aplique y siempre que hubiesen tributado cinco ejercicios seguidos en los
términos del Capítulo X del Título II de la citada Ley.
En ningún caso podrán aplicarse las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para determinar el
impuesto a cargo en los términos del Capítulo X del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
XIV. Tratándose de pago en especie con bienes adquiridos antes de la entrada en vigor del
presente Decreto, en lugar de acumular el ingreso en los términos del artículo 20 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes podrán acumular la ganancia. En este caso, para
determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado por
persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se trata en la fecha en la que
se transfiera su propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso las
deducciones que para el caso de enajenación permite la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre
disposiciones fiscales. Tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos
semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido
se determinará conforme a lo dispuesto en la Sección III, del Capítulo II del Título II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta vigente antes de la entrada en vigor del presente Decreto.
XV. Los pagos que se perciban con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, por
recuperación de un crédito deducido por incobrable en los términos de la Ley del Impuesto sobre la
Renta vigente al 31 de diciembre de 2012, serán acumulables en el momento en que
efectivamente se perciban en los términos del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
XVI. Las personas físicas que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto hubiesen
iniciado la deducción de inversiones en los términos del artículo 174 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, continuarán aplicando la deducción en los
términos de dicho precepto hasta deducir el monto original de la inversión que proceda conforme al
XVII. Los contribuyentes determinarán el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere
el artículo 88 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al 31 de diciembre del 2012. Cuando se
distribuyan dividendos o utilidades que provengan de dicha cuenta, no se estará obligado al pago
del impuesto establecido en el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Las personas morales que reciban dividendos o utilidades provenientes del saldo de la cuenta
de utilidad fiscal neta a que se refiere el párrafo anterior, acumularán dichos dividendos o utilidades
al saldo existente que a su vez tengan en su cuenta de utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de
2012 en este caso los dividendos percibidos se actualizarán únicamente por el periodo transcurrido
desde su percepción y hasta que los mismos se distribuyan.
Las personas físicas que perciban dividendos o utilidades provenientes del saldo de la cuenta
de utilidad fiscal neta a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, los acumularán a sus
demás ingresos y podrán acreditar, contra el impuesto que se determine en su declaración anual,
el impuesto sobre la renta correspondiente a la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades,
siempre que los dividendos o utilidades distribuidos se adicionen con el impuesto pagado por la
sociedad. Para estos efectos el impuesto pagado por la sociedad se determinará conforme a lo
1. Determinarán la tasa que conforme al artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
corresponda a los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio en el que se efectúa elcálculo, considerando los propios dividendos o utilidades percibidos.
2. A la unidad se le restará la tasa que corresponda conforme al numeral anterior.
3. La unidad se dividirá entre el resultado del numeral 2 de esta fracción.
4. A los dividendos o utilidades percibidos se les aplicará el factor obtenido conforme al numeral
anterior y el monto obtenido se multiplicará por la tasa del numeral 1, el resultado así determinado
será el impuesto que corresponda adicionar a las utilidades y que podrá acreditarse por la persona
En el caso de que la tasa aplicable a la persona física sea inferior al 30%, el impuesto a cargo
de la persona moral que se adicionara a los dividendos y se acreditará se determinará
multiplicando los dividendos por el factor 1.4285 y el resultado se multiplicará por la tasa del 30%.
Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades provenientes de la cuenta a que
se refiere el primer párrafo de esta fracción harán constar esta circunstancia en la constancia que
expidan en los términos de la fracción XIV del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo Tercero. Se ABROGA la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1° de octubre de 2007.
Artículo Cuarto. Las obligaciones derivadas de la Ley que se ABROGA conforme al Artículo
Tercero de esta Ley, que hubieran nacido por la realización durante su vigencia, de las situaciones
jurídicas o de hecho previstas en dicha Ley, deberán ser cumplidas en los montos, formas y plazos
establecidos en dicho ordenamiento y conforme a las disposiciones, resoluciones a consultas,
interpretaciones, autorizaciones o permisos a que se refería la Ley que se deroga.
Artículo Quinto. Se REFORMAN los artículos 2-A, fracción I, inciso a), b); 5, fracción I, 15,
fracciones V y XIII, y 25, fracción III; se ADICIONAN los artículos 7-A y 7-B; se DEROGA el
artículo 2 y 5, último párrafo; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:
Artículo 2. (Se deroga).
Artículo 2o.-A……………………………………………………..……………………......
a). Carne en estado natural; tortillas, masa, harina y pan, sean de maíz o trigo; pastas secas; leche
natural y huevo, cualquiera que sea su presentación; azúcar, mascabado y piloncillo; sal; aceite
comestible; atún y sardinas enlatadas; animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el
Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada.b) Medicinas de patente.
Artículo 5. …………….…………………………………………………………………….
bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación,
por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley o a las que se les aplique la tasa de
0%. Para los efectos de esta Ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones
efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta,
aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones
parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará
para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta Ley, el monto equivalente al impuesto al
valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado
que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones
sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta.
Artículo 7-A. Las personas físicas que no siendo contribuyentes del impuesto al valor agregado
reciban el traslado del impuesto en los términos de esta Ley, podrán obtener la devolución del
monto que resulte de aplicar al impuesto trasladado la tasa del 18.75%. Lo dispuesto en este
artículo también será aplicable tratándose de personas físicas que realicen actos o actividades
gravados por esta Ley, únicamente por el impuesto que les hubiese sido trasladado y que no
resulte acreditable por no cumplir con lo dispuesto en la fracción I del artículo 5 de esta Ley.
La devolución a que se refiere el párrafo anterior será automática cuando se cumplan los
I. Estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
II. Adquirir los bienes o servicios o el uso o goce temporal de los mismos, de personas físicas o
morales que se encuentren inscritas ante el Registro Federal de Contribuyentes y que emitan
comprobantes fiscales digitales en los términos establecidos en esta Ley y en el Código Fiscal de
III. Obtener y conservar una impresión del comprobante digital que ampare el pago de la
contraprestación y el traslado expreso y por separado del impuesto. Dicho comprobante, además
de cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, deberá contener la leyenda
“impuesto al valor agregado sujeto a devolución automática en los términos del artículo 7-A de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado”.
IV. Proporcionar a quien enajena el bien, presta el servicio u otorga el uso o goce temporal, de que
se trate, el número de la cuenta bancaria en la que las autoridades fiscales depositarán los montos
de la devolución que corresponda conforme al presente artículo.
Cuando el pago de la contraprestación que dé lugar al traslado del impuesto al valor agregado se
realice en parcialidades, la devolución automática procederá únicamente por el impuesto que se
traslade por cada una de las parcialidades.
Las personas físicas que habiendo adquirido bienes, servicios o uso o goce temporal de bienes, no
cuenten con documento digital que ampare dichos actos, podrán solicitar la devolución delimpuesto a que se refiere este artículo aplicando lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de
la Federación. Para ello, deberán conservar copia del comprobante respectivo con el dispositivo de
seguridad y con los demás requisitos que establecen las disposiciones fiscales.
Igualmente, no procederá la devolución automática a que se refiere este artículo, cuando en los
términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley, la erogación para la adquisición del bien, el
servicio o uso o goce temporal, sólo sea parcialmente deducible en los términos del último
precepto citado, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la
Quien al pagar la contraprestación y recibir el traslado del impuesto no proporcione los datos
requeridos para solicitar la devolución automática podrá, en los términos del artículo 22 del Código
Fiscal de la Federación, solicitar posteriormente la devolución correspondiente, cumpliendo con los
requisitos que se establecen en otras disposiciones fiscales.
El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas de carácter general que estime
necesarias para efectos de realizar y facilitar la devolución a que se refiere este artículo.
7-B-. Las autoridades fiscales contarán con un plazo de treinta días naturales para efectuar la
devolución automática del impuesto a que se refiere el artículo 7-A de esta Ley, siempre y cuando
se cumpla con los requisitos establecidos en dicho precepto.
Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en este artículo, las autoridades
fiscales pagarán intereses sobre la cantidad actualizada, mismos que se calcularán al día siguiente
del vencimiento de dicho plazo y hasta que se efectúe la misma, aplicando, en lo conducente, lo
dispuesto en el artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación.
Cuando la devolución no pueda efectuarse dentro del plazo establecido en el presente artículo por
causas imputables a quien enajena el bien, presta el servicio u otorga el uso o goce temporal del
bien de que se trate, se impondrá a éstos una multa del 50% al 100% del monto de los intereses
que deba pagar la autoridad fiscal al solicitante de la devolución por exceder el plazo para efectuar
Artículo 15. …………………………….…………………………………………………..
V. El transporte público terrestre de personas, excepto por ferrocarril y por autobús siempre que en
este último caso el servicio sea foráneo. Para estos efectos, se entiende por servicio foráneo aquel
cuya distancia de recorrido sea mayor a 25 kilómetros y siempre que atraviese al menos dos
XIII. Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo, cuando el
convenio con el Estado o el acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal, donde se presente el
espectáculo, no se ajuste a lo previsto en la fracción VI del artículo 41 de esta Ley. La exención
prevista en esta fracción no será aplicable a las funciones de cine, por el boleto de entrada.
Artículo 25. ………………….……………………………………………………………..
III. Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación en territorio
nacional no den lugar al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa del 0%conforme a los artículos 2-A y 2-B de esta Ley.”
…………………………………………………………..…………………………………..”
Artículo Sexto. Se ADICIONAN los artículos 22-D, 22-E y 41-A con un último párrafo; del Código
“Artículo 22-D. Una vez transcurridos los plazos a que se refiere el sexto párrafo del artículo 22 de
este Código, sin que las autoridades fiscales hayan realizado las devoluciones correspondientes,
los contribuyentes que hayan solicitado devoluciones de hasta cien mil pesos, podrán acudir ante
dichas autoridades para acreditar la procedencia de la devolución solicitada, caso en el cual las
autoridades contarán con un plazo de cinco días para efectuar la devolución o, en su caso, emitir la
En los casos en que el contribuyente acredite que la devolución era procedente, las autoridades
fiscales deberán pagar los intereses que correspondan desde el momento en que se presentó la
solicitud y hasta el momento en que se efectúe la devolución.
Para los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que se configura la negativa
ficta a que se refiere el artículo 37 este Código, transcurrido el plazo de cinco días sin que se
notifique la resolución al interesado, pudiendo éste interponer los medios de defensa
Artículo 22-E. Los contribuyentes a los que se les niegue expresamente la devolución solicitada,
podrán optar por aplicar lo previsto en el artículo 22-D de este Código. La interposición de este
medio será optativa para el contribuyente y, en contra de la resolución que se emita procederá el
recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia
Artículo 41-A………………………………………………………………………………..
No será lo aplicable lo dispuesto en este artículo, respecto de la información que les haya sido
proporcionada por los particulares como consecuencia de la aplicación de lo previsto por el artículo
7-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.”
Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación.
Artículo Séptimo. Lo dispuesto en los artículos 22-D y 22-E del Código Fiscal de la Federación,
será aplicable a las devoluciones que se soliciten con posterioridad a la entrada en vigor de la
Artículo Octavo. Se reforma el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como
“Artículo 254………………………………………………………………………………
El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos, e inversiones deducibles,
relacionados con el petróleo crudo y gas asociado extraídos, sin considerar las inversionesrealizadas en exploración, en recuperación secundaria, en recuperación mejorada, y en
mantenimiento de las instalaciones productivas, así como los señalados en las fracciones V, VI y
VII del presente artículo, no excederá el valor de 6.50 dólares de los Estados Unidos de América
por barril de petróleo crudo equivalente del volumen total del mismo en el año de que se trate.
Artículo Noveno. Las inversiones realizadas por el organismo público descentralizado
denominado “Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción”, en exploración; recuperación
secundaria; recuperación mejorada y mantenimiento de sus instalaciones productivas, se
deducirán en los términos previstos en el Artículo Octavo del presente decreto, por el equivalente
del 25%, del 50% y del 75%, respectivamente, de las inversiones efectuadas en los años 2013,
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero del año 2013.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de marzo de
(SIGUE LISTA DE FIRMANTES)All pages:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455InfoSaveLikeShareDownloadMorePropuesta Reforma Fiscal PRI Published on Mar 16, 2011 Propuesta Reforma Fiscal PRImexicofiscalFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

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 artículo 72
 artículo 31
 artículo 3
 artículo 32

Artículo 8
 artículo 58
 artículo 57

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 10
 artículo 10
 artículo 113

Artículo 11
 artículo 88
 artículo 165

Artículo 12

Artículo 14

artículo 10
 artículo 58
 artículo
10

Artículo 16

Artículo 18
 artículo 17

Artículo 20
 artículo 14

Artículo 21
 artículo 9

Artículo 22

Artículo 29

Artículo 30
 artículo 86

Artículo 32
 artículo 9

artículo 110
 artículo 21

Artículo 33
 artículo 10

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 29

Artículo 39

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 58
 artículo 10
 artículo 195

Artículo 64
 artículo 68
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 71
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 32

artículo 61

artículo 10

Artículo 71

Artículo 73
 artículo 11
 artículo 71

Artículo 78
 artículo 70
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 70
 artículo 11

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 84

Artículo 86

Artículo 88
 artículo 32

Artículo 89
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10

artículo 10
 artículo 11

Artículo 92
 artículo
10
 artículo 10
 artículo 92
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 92
 artículo 50

Artículo 92

Artículo 92
 artículo 123
 artículo 16

Artículo 92
 artículo 88
 artículo 10
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 11
 artículo 92

Artículo 92
 artículo 92
 artículo 176
 artículo 132
 artículo 92

Artículo 107

Artículo 109
 artículo 8
 artículo 176
 artículo
8
 artículo 8

Artículo 113
 artículo 24

Artículo 124
 artículo 8
 artículo 123
 artículo 10

artículo 113
 artículo 10
 artículo 142
 artículo 177
 artículo 123

artículo 10
 artículo 177
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 artículo 10

Artículo 133

Artículo 136
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 artículo 29
 artículo 110

Artículo 143
 artículo 127
 artículo 142
 artículo
10
 artículo 113
 artículo 10

Artículo 145
 artículo 10
 artículo 177

artículo 177

artículo 10

Artículo 148
 artículo 149

Artículo 149

Artículo 151

Artículo 165
 artículo
86

Artículo 172

Artículo 174

Artículo 176

Artículo 177

Artículo 215

Artículo 220

Artículo 221

Artículo 221

Artículo 224
 artículo 223
 artículo 10
 artículo10
 artículo 223
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 220
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 artículo 120
 artículo 19
 artículo 9
 artículo 220
 artículo 147
 artículo 36
 Artículo 2
 artículo 149

artículo 22
 artículo 3
 artículo 220
 artículo 221
 artículo 29
 artículo 36
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 artículo 61
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 artículo 11
 artículo 177
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artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 5

Artículo 7
 artículo 5
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 artículo 22
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 22

Artículo 15
 artículo 41

Artículo 25
 artículo 22
 artículo 37
 resolución 

Artículo 22
 artículo 22
 resolución 

Artículo 41
 artículo
7
 artículo 254