Source: https://www.slideshare.net/MARZV/ley-80-de-1993
Timestamp: 2017-06-28 02:10:04+00:00

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Taller ley 80 de 1993 decreto 4747 ...
by Orlando Zuluaga M...
Estatuto General de la contratación pública en Colombia
Walo Curvelo
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LEY 80 DE 1993 (Octubre 28) Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PúblicaNota General I: En el desarrollo de los procesos administrativos que conllevan la contrataciónpública; los cuales son reglamentados por medio de la Ley 1150 de 2007; sobre las modalidades deselección, publicidad y selección objetiva, sufre algunas modificaciones en lo relacionado con lasmodalidades de selección y señala disposiciones generales en materia de publicidad y selecciónobjetiva en los procesos de contratación pública, con el único animo de propender por la aplicacióneficiente y eficaz de la función pública como pilar del avance estatal. Decreto 066 de 2008.Departamento Nacional de Planeación.Nota General II: El Legislador mediante su función primordial emite nuevos espacios en virtuddel desarrollo de la gestión en materia de contratación pública, para que en aras de buscar comoúltimo fin la transparencia, legitimidad, legalidad, eficacia y veracidad, en la aplicación de lasdirectivas nacionales; para que los derechos y obligaciones emanados de éste acuerdo devoluntades en el cual interviene el Estado; sean respetados y cumplidos para tener comoconsecuencia lógica la maximización y protección de los recursos públicos. Ley 1150 de 2007.Congreso de la República.• Reglamentado Parcialmente por el Decreto 3629 de 2004 del Ministerio de Hacienda y CréditoPúblico El Congreso de Colombia, DECRETA CAPITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALESArtículo 1. Del objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigenlos contratos de las entidades estatales.Nota General. La ley 80 de 1993 fue concebida para convertirse en el marco normativo de laactividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó:“…su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglasy principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre elEstado. No se trata, pues, de un ordenamiento de un ordenamiento de tendencia reguladora ycasuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia. Sólo recoge lasnormas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la únicalimitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal.Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confierea las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos deorden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o lasnecesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo elaparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos quepueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fines 2.
estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantaciónde unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, elestatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, deobligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas delpoder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a losparticulares que por delegaciones especiales, adscripciones o convenios celebran contratos anombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. Miércoles 23 de septiembre de 1992.Pág. 11).Conc: 3, 13, 20, 23, 26, 28, 32, 34, 35; C. Nal, Art. 150 Inciso final.Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solosefectos de esta ley:1. Se denominan entidades estatales:a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritosespeciales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y losmunicipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, lassociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta porciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas enlas que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellasadopten, en todos los órdenes y niveles.Conc: Ley 489 de 1998 Art. 93, 112;b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, laFiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contraloríasdepartamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la RegistraduríaNacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias,las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado alos que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.Conc: 13, 21, 22; CCA Art. 149 Par. 1; Decreto 1010 de 2000 Art. 7, 62; Circular Externa 007de1996 Superbancaria Título V Capítulo I No. 7.1 Literal a); Ley 590 de 2000 Art. 12; Sentencia CorteConstitucional 0374 de 1994; Ley 446 de 1998 Art. 49 Par. 1 y 2.2. Se denominan servidores públicos:a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades deque trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta enlas cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de losfuncionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue lacelebración de contratos en representación de aquéllas.Conc: Corte Constitucional Sentencia 0230 de 1995b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos enrepresentación de éstas.Conc: Ley 489 de 1998 Art. 110 a 114 3.
3. Se denominan servicios públicos:Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente ycontinua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cualesel Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.PARÁGRAFO. Derogado. Ley 1150 de 2007. Art. 32. Congreso de la República. Para lossolos efectos de esta ley, también se denominan entidades estatales las cooperativas y asociacionesconformadas por entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presenteestatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebren contratospor cuenta de dichas entidades.Nota. Mediante el Decreto 4375 de 2006, expedido por el Departamento Nacional dePlaneación, se modificaron Las reglas de selección de las entidades territoriales. Determinó quela entidad demandante del bien, obra o servicio, deberá invitar a todas las cooperativas oasociaciones de entidades territoriales que puedan ejecutar el contrato, para que oferten y entreellas se adelante un concurso. Igualmente se estableció su obligación de inscribirse en el RegistroÚnico de ProponentesNota Jurisprudencial. El texto subrayado en el literal a) del numeral 1º de la disposición encomento fue declarado exequible por la Corte Constitucional, por los cargos analizados, ensentencia C 629 del 29 de julio de 2003 expediente D 4448 con ponencia del magistrado AlvaroTafúr Galvis. En la parte motiva de la sentencia se explicó lo siguiente:1. El demandante considera que el texto subrayado del artículo 2° de la Ley 80 de 1993 violaostensiblemente lo dispuesto en los artículos 150 numeral 7, 300 numeral 7 y 313 numeral 6 de laConstitución Política, por cuanto al establecer que solo las sociedades de economía mixta conparticipación estatal superior al 50% tienen el carácter de entidades estatales y se sujetan por endea las reglas establecidas en el mencionado estatuto, deja por fuera de dicha normatividad a todasaquellas sociedades de economía mixta en las que el porcentaje de la participación estatal en elcapital social es igual o inferior al 50%. Lo que lleva a que el Estado permita en forma inconscientela falta de control sobre una cantidad determinada de dineros que siendo públicos requieren sercontrolados.2. La Corte Constitucional precisó que el hecho de que el legislador determine la sujeción de unrégimen especial a las sociedades de economía mixta, no resulta contrario a los artículos 150-7-,300-7- y 313-6- invocados por el actor como transgredidos, toda vez que no se desconocen losefectos directos que de las normas constitucionales se derivan. La disposición acusada contenidaen la Ley 80 de 1993 determina un tratamiento especial, circunscrito al ámbito de la contratación,para señalar que, entre otras entidades, las sociedades de economía mixta con aporte estatalsuperior al 50%, tienen el carácter de entidades estatales y por ende a los contratos que celebrenles son aplicables las disposiciones que en dicho estatuto se contienen, para las entidadesestatales.3. La Corte señaló que el legislador no incurrió en violación de los artículos invocados por eldemandante, pues su actuación se cumplió dentro del marco constitucional de configuración enmateria de estructuración de la administración del Estado. No se adujo violación de los principiospropios de la función administrativa, pues las sociedades de economía mixta no ostentanlegalmente características dentro de las cuales no cabe el ejercicio de "función administrativa" yaque conforme a la misma ley deben cumplir actividades industriales y comerciales conforme alderecho privado. Además, el hecho de que el aporte estatal en el capital social de estas sociedades 4.
sea igual o inferior al 50%, no afecta el carácter institucional de la sociedad de economía mixta"como vinculada" al Estado.4. Por último, la Honorable Corporación indicó que la circunstancia de que a las sociedades deeconomía mixta con participación estatal (capital social igual o inferior al 50%) no les seanaplicables los principios de la contratación de las entidades estatales, sino aquellos propios de lacontratación entre particulares no implica que de la gestión de las mismas estén ausentes losprincipios que informan la gestión de los recursos del Estado.Nota Jurisprudencial. El Literal b) del numeral 1º fue declarado exequible por la CorteConstitucional en sentencia C 374 del 25 de agosto de 1994, siendo Magistrado Ponente JorgeArango Mejía. Las razones que sustentaron la exequibilidad, fueron las siguientes:1. No le asiste razón al actor, toda vez que los artículos 2 y 11 de la ley 80 de 1993 en los aspectosdemandados son un cabal desarrollo de la constitución. Cuando el artículo 2 del Estatuto enmención dice: "para los solos efectos de esta ley" se denominan entidades estatales,evidentemente, se está refiriendo a la capacidad para contratar de que trata el artículo 352constitucional. La Corte señaló que no existe contradicción entre los artículos 352 y 150, incisofinal, de la Constitución Política, porque la última parte de la primera norma establece que es la leyOrgánica del Presupuesto la que regulará "la capacidad de los organismos y entidades estatalespara contratar", y el último inciso de la segunda establece que al Congreso le compete expedir elestatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administraciónnacional.2. El legislador fue consciente de la modificación que estaba introduciendo en relación con lacompetencia de algunos entes, que, sin estar dotados de personería jurídica, podían contratardirectamente. Así, en la exposición de motivos de la referida ley se expresó:"El proyecto respecto de la competencia para contratar alude a entidades estatales, sin que seanidentificadas con la noción de personalidad jurídica. Lo anterior significa que al referirse a lacompetencia y por tanto, a los sujetos del contrato, no se "hable solamente de personas comoocurría en el pasado, sino por lo que hace al sector oficial de la contratación, a la parte pública delcontrato, al extremo público del contrato hablamos de entidades públicas y al hablar de entidadespúblicas no es necesario que ellas tengan personería jurídica." (Gaceta del Congreso No. 75 deseptiembre 23 de 1992, Pág. 16).Nota Jurisprudencial. El aparte en cursiva del numeral 2º literal a) fue declarado exequible porla Corte Constitucional en sentencia C 949 del 5 de septiembre de 2001 con ponencia de la Dra.Clara Inés Vargas Hernández. La providencia se fundamento en las siguientes razones:1. Las normas acusadas establecen quienes tienen la denominación de servidores públicos paraefectos de la contratación administrativa, clasificación que en sentir de la Corte no vulnera preceptoalguno de la Carta, pues en primer lugar es razonable que el legislador haya tomado en cuenta uncriterio orgánico-funcional -el ejercicio de funciones oficiales en las entidades estatales relacionadasen el artículo 2°-, con el objeto de determinar qué personas tienen la calidad de servidorespúblicos en materia de contratación estatal.2. La definición de servidor público que trae el artículo impugnado no desconoce la que al respectoconsagra el artículo 123 Superior, ni pretende disminuir la responsabilidad de los funcionarios queal servicio del Estado participan en los procesos de contratación administrativa en contravención delo dispuesto en los artículos 6° y 90 de la Carta, puesto que en ningún momento los apartes del 5.
texto cuestionado los exonera de la responsabilidad que les corresponde según la falta en quehayan incurrido al participar en el proceso contractual.3. En virtud de la cláusula general de competencia, los servidores públicos sólo pueden hacer loque la Constitución y la Ley les autorice, y suscribir contratos estatales las personas que conformea la ley tienen la facultad de comprometer la responsabilidad de la entidad en la que ejercen elempleo público. Las consideraciones que justifican atribuirle la calidad de servidores públicos aestos funcionarios no están relacionadas únicamente con el tema de la responsabilidad, sinotambién con la capacidad de contratación, en la medida en que si estas asociaciones y fundacionesde participación mixta manejan recursos públicos, su ejecución para los fines de la correspondienteentidad debe hacerse a través de la institución del contrato estatal.4. Tratándose de las asociaciones y fundaciones de participación mixta es obvio que se les atribuyala calidad de servidor público a los representantes legales y funcionarios de los niveles directivo,asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos enrepresentación de aquéllas, pues en virtud del acto de delegación estas personas comprometencontractualmente la respectiva entidad. Finalmente, se concluyó que no existe obstáculoconstitucional alguno que le impida al legislador atribuir el carácter de servidores públicos, paraefectos de los contratos estatales, a los particulares que ofician como representantes legales y a losfuncionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes de las asociaciones yfundaciones de participación mixta, en quienes se deleguen la celebración de contratos enrepresentación de éstas entidades.Nota Jurisprudencial. El texto subrayado en el numeral 2º del literal a) fue declarado exequiblepor la Corte Constitucional mediante sentencia C 230 del 25 de mayo de 1995, siendo MagistradoPonente el Dr. Antonio Barrera Carbonell. Del texto de la providencia se destaca:1. En criterio del actor, la norma acusada les reconoce, a los representantes y directivos de lasasociaciones y fundaciones de participación mixta en quienes se deleguen la celebración decontratos, la condición jurídica de servidores públicos, distinción que no encaja dentro de lasclasificaciones de la norma constitucional que sólo cataloga como tales a "los miembros de lascorporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidadesdescentralizadas territorialmente y por servicios", según lo señala el artículo 123 de la Constitución.2. Pese a los cargos formulados, la Corte señaló que tanto el inciso final del artículo 123, como elaparte último del inciso 1o. del art. 210 admiten que los particulares puedan desempeñar funcionespúblicas y administrativas, bajo un régimen jurídico especial. En tal virtud, parte de dicho régimenobviamente lo puede constituir la inclusión de las corporaciones y fundaciones de participaciónmixta como entidades estatales y de sus funcionarios directivos o de quienes celebren contratos pordelegación como servidores públicos. Las corporaciones y fundaciones de participación mixta hansido reconocidas como entidades descentralizadas indirectas, es decir, constituyen modalidades dela descentralización por servicios. Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el Estadoen cuanto participan en el cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidospropios de éste, hasta el punto de que aquél al asociarse a ellas les entrega a título de aporte oparticipación bienes o recursos públicos.3. Se concluyó que estando vinculadas dichas fundaciones o corporaciones de alguna manera alcumplimiento directo o indirecto de funciones públicas y teniendo a su cargo el manejo de recursoso dineros públicos, podía el legislador a efectos de controlar su inversión, mediante el sistema de lacontratación, asimilar a servidores públicos a sus representantes o delegados para la contratación,con el fin de hacerles aplicable el estatuto de contratación. Por ende, es claro que el legislador estáfacultado para emplear la noción de servidor público que consagra el artículo 123 constitucional y 6.
cobijar con determinados propósitos, a quienes desempeñan funciones públicas, a través de laadministración o manejo de bienes o recursos públicos.Nota Jurisprudencial. El literal b) del numeral 2º fue declarado exequible por la CorteConstitucional, mediante sentencia C 949 del 5 de septiembre de 2001 con ponencia de laMagistrada Clara Inés Vargas Hernández. La decisión se fundamento en las siguientesconsideraciones:1. La norma acusada no significa que en una corporación pública los únicos que ostenten la calidadde servidores públicos sean los miembros a quienes se les reconoce la capacidad de suscribircontratos en nombre de aquéllas, pues es bien sabido que todos los miembros de las corporacionespúblicas con o sin capacidad de suscribir contratos, tienen la calidad de servidores públicos envirtud del artículo 123 Superior, que expresamente les atribuye esta condición.2. La asignación de la calidad de servidores públicos a los miembros de las corporaciones públicasque tienen la capacidad de suscribir contratos en nombre de la entidad a la que pertenecen,equivale a entregarles la titularidad de la función administrativa en virtud de la cual puedencomprometer la responsabilidad de la corporación en materia contractual. Por su parte, losmiembros de estas corporaciones individualmente considerados no son titulares de la funciónadministrativa, pero por ello no dejan de ser servidores públicos, porque lo son para otros efectos,y como tal deben responder penal, disciplinaria y fiscalmente.3. Finalmente, cabe observar que la jurisprudencia constitucional ha expresado que el alcance de lanoción de servidor público contenida en las disposiciones bajo examen no puede asimilarse a unestatuto de la función pública, pues la intención del legislador fue vincular a las reglas decontratación pública y al sistema de responsabilidad consecuente, a las personas sujetas a unarelación laboral subordinada y a quienes en calidad de representantes o funcionarios del niveldirectivo, asesor o ejecutivo que perteneciendo a entidades en las cuales el Estado tieneparticipación mayoritaria, desarrollan actividades que contribuyen a la realización de ese cometido.Nota Jurisprudencial. El Parágrafo de la disposición en comento fue declarado exequible por laCorte Constitucional en sentencia C 040 del 26 de enero de 2000 siendo Magistrado Ponente el Dr.Fabio Morón Díaz. La declaratoria se fundamento en las siguientes razones:1. Someter a las cooperativas y asociaciones que conformen las entidades territoriales al EstatutoGeneral de Contratación de la Administración Pública, lejos de contrariar la Constitución Política, ladisposición en comento la desarrolla fehacientemente pues, es bien sabido que este último,propende por hacer efectivos los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad enla contratación pública. De otra parte, la Corporación, lo encuentra consonante con los artículos286 y 288 de la Carta, conforme a los cuales las entidades territoriales -que son losdepartamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas, y las regiones y provinciasque se constituyan en los términos de la Constitución y de la Ley- deben ejercer sus competenciascon observancia de los principios coordinación, concurrencia y subsidiariedad, todo lo cual haceconstitucionalmente válida la previsión normativa contenida en el parágrafo del artículo 2º de la Ley80.2. Respecto de la crítica del demandante que tacha la contratación directa de exclusionista ycontraria a la igualdad de oportunidades, tampoco encuentra la Corte que haya un principio derazón suficiente en ese argumento pues, no es cierto que dicha clase de contratación implique quela entidad estatal contratante pueda inobservar los principios de economía, transparencia y deselección objetiva. Por último, la Honorable Corporación aclaró que los cargos que se formulen porun ciudadano contra una norma integrante del orden jurídico, para pedir a esta Corte que la 7.
declare inconstitucional, no pueden fundarse, entonces, en sus desarrollos específicos, ni referirse asu ejecución práctica o a los abusos que puedan cometerse por los operadores jurídicos en casosconcretos. Puesto que el juicio de constitucionalidad implica la confrontación en abstracto entre elcontenido de la disposición acusada y la preceptiva fundamental, las demandas que busquen suinexequibilidad deben aludir a ella en los mismos términos.Conc: 3, 8, 11, 13, 14, 50, 51, 68; C. Nal. Art. 123, 286, 319, 321, 365 a 370; Decreto 1333 de1986 Art. 273; Decreto 855 de 1994 Art. 14; Decreto 2681 de 1993 Art. 1; Ley 100 de 1993 Art.194, 195; Decreto 1461 de 2000 Art. 11; Decreto 2504 de 2001 Art. 2; Decreto 2170 de 2002 Art.14; Concepto 267 de 1998 Junta Central de Contadores; Circular Externa 04 de 2003Superintendencia de la Economía Solidaria; Sentencia; Circular Externa 0007 de 2003 Título IIICapítulo VI No. 1 Superintendencia de la Economía Solidaria; Sentencia Corte Constitucional 0040de 2000.Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán enconsideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan elcumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y laefectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en laconsecución de dichos fines.Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidadesestatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaborancon ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.Nota de Vigencia: La frase “además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza elEstado,” que se encuentra en el precedente inciso queda derogada en virtud de la Ley 1150 de2007, emitida por el Congreso de la República. Conc: 1, 2, 20, 23 a 26, 34, 35, 49 a 51, 62; C. Nal Art.113, 209, 365 a 370.Artículo 4. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de losfines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigenciapodrán hacer al garante.2. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniariasy garantías a que hubiere lugar.3. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos quealteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienessuministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por loscontratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuandodichas condiciones no se cumplan.Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menosuna vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 8.
5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste alos requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad deexigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto,con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normasextranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. Conc: Decreto 679 de 1994 Art. 26. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran endesarrollo o con ocasión del contrato celebrado.7. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra elcontratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagarcomo consecuencia de la actividad contractual.8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contratolas condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casosen que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratacióndirecta. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a losprocedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesispara la ejecución y pactarán intereses moratorios.Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado interesesmoratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor históricoactualizado. Conc: C. Civil 1617; Ley 598 de 2001 Art. 6 Par; Decreto 679 de 1994 Art. 19. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidaden el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempoposible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos yprocedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias osituaciones litigiosas que llegaren a presentarse.10. Adicionado. Ley 1150 de 2007. Art. 19. Congreso de la República. Respetarán el ordende presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, eljefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas,de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de talmanera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro serápúblico.Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sidopresentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitosprevistos en el contrato del cual se derivanNota Jurisprudencial. La Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar sobre el numeral 7ºdel artículo en comento por las razones expuestas en la sentencia, mediante providencia C 965 del21 de octubre de 2003, siendo Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. 9.
En esta providencia la Corte no pudo emitir fallo en consideración a que el cargo formulado por elactor era inepto, ya que las razones en que se fundaba no eran ciertas, es decir, no eranpredicables o consecuentes con la proposición jurídica prevista en la misma.Nota Jurisprudencial. El aparte subrayado en el numeral 8º fue declarado exequible por la CorteConstitucional mediante sentencia C 965 del 21 de octubre de 2003 expediente D 4539 conponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil. La declaratoria de exequibilidad se fundamento en lassiguientes consideraciones:1. El reconocimiento de intereses moratorios por cuenta de las entidades estatales, tiene un clarofundamento constitucional en los principios superiores de equidad, igualdad, justicia material,buena fe y garantía del patrimonio de los particulares frente al Estado. A juicio de la Corporación,en las relaciones de orden pecuniario que se presentan entre el Estado y los particulares, y porvirtud de los principios citados, las dos partes deben recibir un mismo trato jurídico, de manera quesi el Estado cobra a los particulares intereses corrientes y moratorios por el incumplimiento de susobligaciones, de igual manera debe asumir esa carga cuando también incumple. Institutoresarcitorio de la mora que también encuentra sustento jurídico en el principio de responsabilidadpatrimonial de la administración pública (Constitución Política art. 90).2. La ley 80 de 1993 en el artículo 4º se encarga de la determinación de la tasa de interés aplicablea la mora, que es "equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado". Apartir de lo expresado, teniendo en cuenta que el artículo 1617 del Código Civil fija el interés legal"en seis por ciento anual", el interés que prevalece en el régimen de contratación pública se calculacon base en una tasa del 12% anual. El interés fijado en la norma no tiene un alcance imperativo, ysólo opera con carácter supletorio cuando las partes contratantes se abstengan de pactardirectamente los intereses de mora.3. En sentido contrario al que afirma el actor, el sistema de liquidación de intereses de moraconsagrado en el inciso 2° del numeral 8° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, que le reconoce alcontratista la actualización y un interés de mora promediado en el doble del interés legal civil, esdecir, del doce por ciento (12%) anual, en la medida en que no incorpora un factor paracompensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, no conlleva una doble actualización endetrimento del patrimonio público. En este contexto, la tasa del doble del interés legal buscaamparar al acreedor por el daño antijurídico que le representa el retardo injustificado de la entidaden el pago de la obligación, pero sin consideración a su poder adquisitivo.Nota Jurisprudencial. Respecto del texto señalado en letra cursiva en el numeral 8º, la CorteConstitucional se declaró inhibida de fallar, por las razones expuestas en la sentencia, medianteprovidencia C 965 del 21 de octubre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. Conc: 2, 3, 23, 39, 50, 51, 52, 68; Código Civil Art. 1592 y 1617; CCA Art. 178; C. de P. C. Art. 58; C. de Co Art. 867; Decreto 2269 de 1993 Art. 10; Decreto Reglamentario 855 de 1994 Art. 20; Decreto 679 de 1994.Artículo 5. De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines deque trata el artículo 3 de esta ley, los contratistas:1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco dela misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. 10.
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca elequilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia desituaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe porincumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida almomento del nacimiento del contrato.2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objetocontratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante eldesarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe enlas distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieranpresentarse.3o. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivadosdel contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren.Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni laadjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumasadeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones,demandas y reclamaciones por parte de éste.4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.5. No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin deobligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informarinmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentespara que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de estaobligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria decaducidad del contrato.Nota Jurisprudencial. La Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar sobre el apartesubrayado en el inciso 2º del numeral 1º, por las razones expuestas en la sentencia, medianteprovidencia C 965 del 21 de octubre de 2003 siendo Magistrado Ponente el Dr. Rodrigo Escobar Gil.Conc: 3, 6, 18, 31, 52, 53; Ley 40 de 1993 Art. 25; Decreto Reglamentario 2269 de 1993 Art. 1;Ley 418 de 1997 Art. 90; C. Nal. Art. 83Artículo 6. De la capacidad para contratar. Pueden celebrar contratos con las entidadesestatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. Tambiénpodrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales.Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior ala del plazo del contrato y un año más.Nota Jurisprudencial. El aparte subrayado en el inciso 1º fue declarado exequible por la CorteConstitucional, mediante Sentencia C 949 del 5 de septiembre de 2001 con ponencia de la Dra.Clara Inés Vargas Hernández. Los fundamentos de la decisión fueron los siguientes:1. El Estatuto de contratación les reconoce capacidad contractual a los consorcios y unionestemporales sin exigirles como condición de su ejercicio la de ser personas morales. 11.
2. Al censurarse el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, por considerar que le otorgaba capacidadcontractual a ciertas entidades que carecen de personería jurídica, la Corte fue enfática al expresarque siendo éste un atributo de naturaleza legal nada impedía que el legislador no lo tuviera encuenta para efectos de regular lo concerniente a la capacidad para contratar. En la intervención delos consorcios y uniones temporales como uno de los extremos de la relación contractual, laautonomía de la voluntad está expresada por las actuaciones de sus miembros, que son los que alcelebrar el respectivo contrato finalmente responden por las acciones u omisiones que se presentencon ocasión de la gestión contractual consorcial o de la asociación temporal. Por estas razones,resultó claro para la Corte que las normas acusadas no desconocían ningún principio ni reglaconstitucional, y por lo tanto debían ser declaradas exequibles.Conc: 5, 7, 21, 22, 52; C. Civil Art. 633, 1502, 1503, 1504; Ley 716 de 2001 Art. 4º Par. 3;Concepto 532 diciembre 10 de 2001 Junta Central de Contadores; Concepto 543 diciembre 10 de2001 Junta Central de Contadores.Artículo 7. De los consorcios y uniones temporales. Para los efectos de esta ley se entiendepor:1. Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuestapara la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todasy cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, lasactuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato,afectarán a todos los miembros que lo conforman.Conc: Concepto 567 de 2002 Junta Central de Contadores2. Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una mismapropuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendosolidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero lassanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato seimpondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de launión temporal.PARÁGRAFO 1. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unióntemporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en lapropuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo dela entidad estatal contratante.Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos losefectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen lasrelaciones entre ellos y su responsabilidad.PARÁGRAFO 2. (Derogado Ley 223 de 1995 Art. 285)Nota. Texto de la norma derogada.(Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicará el régimen previstoen el Estatuto Tributario para las sociedades pero, en ningún caso, estarán sujetos a dobletributación). 12.
PARÁGRAFO 3. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidadesprevistas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contratoestatal, la responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en esta ley para losconsorcios.Nota Jurisprudencial. La Corte Constitucional, Sala Plena, en sentencia C – 949 de 2001,Magistrada Ponente Clara Inés Vargas Hernández, declaró exequible el artículo 7º de la Ley 80 de1993. De la parte motiva de esta providencia se destaca:1. La Ley 80 de 1993, al crear las figuras de los consorcios y uniones temporales y constituirlascomo sujetos de la contratación administrativa, reconoce una realidad del mundo negocial que sonlos denominados “contratos de colaboración económica”, que en la actualidad se celebran para laefectiva realización de proyectos de contratación pública altamente especializados e intensivos encapital y así mismo indispensables para que el Estado Social de Derecho, cumpla los cometidospara los cuales fue instituido.2. La intervención de los consorcios y uniones temporales como uno de los extremos de la relacióncontractual, la autonomía de la voluntad está expresada por las actuaciones de sus miembros, queson los que al celebrar el respectivo contrato finalmente responden por las acciones u omisionesque se presenten con ocasión de la gestión contractual consorcial o de la asociación temporal. Siquienes actúan en nombre de los consorcios y uniones temporales son personas naturales que deconformidad con la ley civil tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, talespersonas son las llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u omisiones delas cuales se puedan derivar algún tipo de responsabilidad. Según el artículo 52 de la Ley 80 de1993, “Los consorcios y uniones temporales responderán por las actuaciones y omisiones de susintegrantes, en los términos del artículo 7 de esta ley”.La institución de las uniones temporales y de los consorcios tiene la aptitud legal para cumplir coneste mandato constitucional, por cuanto el canon constitucional señala el deber de que las personasse sometan al ordenamiento jurídico, y estos sujetos contractuales también se someten a la normasuperior en la medida que sus miembros responden ante el Estado por todas sus actuaciones.Conc: 5, 6, 8, 13, 32 Par. 2, 52, 34, 35; C. de Co. Art. 98, 832, 1225; Decreto 2326 de 1995 Art. 2No. 4; Ley 633 de 2000 Art. 51 Par 2; Concepto 30642 de 2000 DIAN; Concepto 532 diciembre 10de 2001 Junta Central de Contadores; Concepto 543 diciembre 10 de 2001 Junta Central deContadores; Concepto 567 de 2002 Junta Central de Contadores.Artículo 8. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.1. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con lasentidades estatales:a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.b) Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata elliteral anterior estando inhabilitados.c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción dederechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. 13.
e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado.f ) Los servidores públicos.Conc: Decreto 2326 de 1995, Art. 14g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundogrado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente hayapresentado propuesta para una misma licitación o concurso.h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal ocualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo deafinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmentehaya presentado propuesta, para una misma licitación o concurso.i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como lassociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.j) Adicionado. Ley 1150 de 2007. Art. 18. Congreso de la República. Las personasnaturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos depeculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, asícomo sus equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades deque sean socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas”.Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5)años contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentenciaque impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), seextenderán por un término de cinco (5) años contado a partir de la fecha de ocurrencia del hechode la participación en la licitación o concurso, o de la de celebración del contrato, o de la deexpiración del plazo para su firma.2. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con laentidad respectiva:a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la entidadcontratante. Esta incompatibilidad solo comprende a quienes desempeñaron funciones en losniveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir dela fecha del retiro.b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad,segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor,ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan elcontrol interno o fiscal de la entidad contratante.c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo,asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones decontrol interno o de control fiscal.d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan elcarácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedadesde personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro 14.
de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parienteshasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tengaparticipación o desempeñe cargos de dirección o manejo.e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se predica respectode la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo al que la misma estéadscrita o vinculada.PARÁGRAFO 1. La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2o. de este artículo no seaplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas,cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debedesempeñar en ellas cargos de dirección o manejo.Inciso Adicionado. Ley 1150 de 2007. Art. 18. Congreso de la República. En las causalesde inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos desaparecen por muerte o pordisolución del matrimonio.PARÁGRAFO 2. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno Nacional determinará quedebe entenderse por sociedades anónimas abiertas.Nota Jurisprudencial. El literal d) del numeral 1º de la disposición en comento fue declaradoexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C 489 del 26 de septiembre de 1996,siendo Magistrado Ponente el Dr. Antonio Barrera Carbonell. En esta providencia se declaró estarsea lo resuelto en sentencia C 178 del 29 de abril de 1996.La decisión se fundamento en las siguientes consideraciones:1. Las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con las entidades estatales no constituyenpropiamente una materia disciplinaria, dado que ellas inciden directamente en la capacidad de lossujetos privados para contratar. Las inhabilidades e incompatibilidades son parte necesaria yobligada de un régimen de contratación, pues ellas aluden a una materia que es específica yconsustancial de éste, como es la atinente a la regulación de las incapacidades de los sujetosprivados que intervienen en la regulación contractual.2. Contrario a lo que expresa la demanda, no se vulnera el principio de la unidad de materiacuando el legislador alude en alguna forma al tema disciplinario para construir las causales deinhabilidad o de incompatibilidad en que pueden estar incursos los contratistas del Estado. La ley80 de 1993 reguló tanto la capacidad de los sujetos públicos como la capacidad o competencia delos sujetos privados que intervienen en las relaciones jurídicas a que dan lugar los contratosestatales. En tal virtud, estableció que están habilitadas para celebrar contratos con las entidadesestatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes (art. 6o.). Porconsiguiente, no pueden acordar contratos con las entidades estatales las personas incapaces, lascuales, según el régimen de la contratación estatal, son quienes se catalogan como tales conformea la ley civil o comercial u otros estatutos, e igualmente las que están incursas en causales deinhabilidad o de incompatibilidad.Nota Jurisprudencial. Los literales g) y h) del numeral 1º fueron declarados exequibles por laCorte Constitucional mediante sentencia C 415 del 22 de septiembre de 1994 con ponencia delMagistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Las razones de la exequibilidad fueron: 15.
1. Las disposiciones acusadas no introducen límites a la actividad económica y a la iniciativaprivada. Por el contrario, el carácter reconocidamente taxativo y restrictivo del régimen deinhabilidades e incompatibilidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general ínsitoen la contratación pública de manera que implique el menor sacrificio posible al derecho deigualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con elEstado. La adjudicación del contrato a uno de los miembros de la familia, en todo caso, representaun provecho familiar que, puede, inclusive, estimular la colusión contra el Estado y los demásparticipantes, así como también, antes de la apertura de la urna, llevar a la ruptura del secretorespecto de las ofertas y sus condiciones.El constituyente en los artículos 126, 179 - 5 y 6 y 292 de la Constitución Nacional busca ponertérmino al fenómeno del nepotismo que vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades y deacceso al servicio público en todas sus múltiples manifestaciones.2. Finalmente, la Corte explicó que las inhabilidades fijadas por la ley encuentran en sí mismasdebido sustento constitucional, las consecuencias negativas que ellas engendren a susdestinatarios, en términos de reducción de su libertad y de sus posibilidades de acción, en modoalguno las torna inconstitucionales.Nota Jurisprudencial. El inciso 2º del Literal i) del numeral 1º fue declarado exequible por laCorte Constitucional mediante Sentencia C 489 del 26 de septiembre de 1996, Magistrado PonenteDr. Antonio Barrera Carbonell. En esta providencia se explicó: “se declarará la exequibilidad delacápite acusado correspondiente al inciso final del ordinal 1o. del art. 8o., porque el señalamientode la vigencia de los efectos de la inhabilidad, no contradice ninguna norma superior, pues ellegislador no sólo puede establecer esos términos como complemento de la regulación de lasmedidas que constituyen inhabilidades, sino que es su deber hacerlo a fin de impedir la vigencia deinhabilidades intemporales, con lo cual se impediría el retorno al pleno ejercicio de la capacidad delcontratista y se consagraría de paso una especie de muerte civil, que adicionalmente atentaríacontra el derecho al trabajo”.Nota Jurisprudencial. El Literal b) del numeral 2º fue declarado exequible por la CorteConstitucional mediante Sentencia C 429 del 4 de septiembre de 1997, Magistrado Ponente Dr.Alejandro Martínez Caballero. Las principales consideraciones fueron:1. La finalidad perseguida por el Legislador con esta norma fue asegurar la imparcialidad, eficacia,eficiencia, moralidad y transparencia de la contratación administrativa, así como la salvaguarda delinterés general que rige la contratación pública.2. En búsqueda del principio de la transparencia, la norma acusada excluye a los familiares dedeterminados servidores de la posibilidad de contratar con la entidad de la cual forma parte elfuncionario. Disposición que en criterio de la Corte es ajustada a derecho, pues entre los miembrosde un mismo grupo familiar existen nexos de lealtad y simpatía, que podrían parcializar el procesode selección, y se perdería el principio de objetividad. Cuando la ley toma en consideración lainfluencia de ese factor familiar, no se está violando el principio de la buena fe, que debe regir lasrelaciones entre el Estado y los particulares (CP art. 83) sino que, con base en la experiencia socialcotidiana, y en perfecta armonía con las propias disposiciones constitucionales (CP art. 126), estáreconociendo la manera como las relaciones familiares pueden afectar la imparcialidad de la acciónadministrativa y de la función pública.3. La Honorable Corporación señaló que las disposiciones demandadas no vulneran el derecho a aligualdad, pues los familiares de los servidores señalados en la norma se encuentran en situación deafectar la imparcialidad de los procesos de contratación administrativa. La diferencia de trato 16.
establecida por la norma acusada, lejos de ser discriminatoria, constituye un instrumento apto parala efectividad del derecho a la igualdad, al excluir influencias familiares que, en los procesos decontratación administrativa, podrían perturbar la selección objetiva de las mejores propuestas.Conc: 2, 9, 10, 20, 44, 52, 57; C. Nal Art. 1, 127, 209; C. Penal Art. 50; Decreto Extraordinario1950 de 1973 Art. 125; Decreto 1042 de 1978 Art. 4 y ss; Ley 37 de 1993; Ley 44 de 1993 Art. 1;Decreto 1421 de 1993 Art. 29 y 146; Ley 136 de 1994 Art. 70; Decreto 679 de 1994 Art. 4 y ss;Decreto 856 de 1994 Art. 4 y ss; Decreto 1824 de 1994 Art. 14; Ley 418 de 1997 Art. 90; Ley 617de 2000 Art. 70; Ley 643 de 2001 Art. 10; Ley 716 de 2001 Art. 4; Decreto 1333 de 1986 Art. 273;Ley 734 de 2002 Art. 54.Artículo 9. De las inhabilidades e incompatibilidades sobrevenientes. Si llegare asobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previaautorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una licitación oconcurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechossurgidos del mismo.Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unióntemporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidadcontratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio ounión temporal.Nota Jurisprudencial. Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediantesentencia C 221 del 16 de mayo de 1996 siendo Magistrado Ponente el Dr. José GregorioHernández Galindo. Los fundamentos de la decisión fueron los siguientes:En nada se ofende el imperio de la Constitución por haberse establecido que el hecho de sobreveniruna causal de inhabilidad o incompatibilidad en cabeza de quien ya es contratista da lugar a laobligación de éste de ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante, o a lade renunciar a su ejecución si aquello no fuere posible. Tampoco se vulnera la Carta por consagrarque quien participa en un proceso de licitación o concurso y resulta intempestivamente afectadopor inhabilidades o incompatibilidades deba renunciar a dicha participación, ni se desconoce lanormatividad superior por prever, como lo hace la norma, la cesión en favor de un tercero de laparticipación en el consorcio o unión temporal que licita o es contratista cuando la causa deinhabilidad o incompatibilidad se radica en uno de sus miembros.Se trata de evitar en tales casos que el contratista, pese a su situación, prosiga vinculadocontractualmente con el Estado, o que el aspirante a serlo continúe tomando parte en los procesosde adjudicación y selección, y ello independientemente de si la persona incurrió en la causalcorrespondiente por su propia voluntad o por un motivo ajeno o externo a su deseo, puesto que laley parte del supuesto, enteramente ajustado a la Carta, de que en las aludidas condiciones, detodas maneras, no es posible ya la contratación, por lo cual debe interrumpirse si se ha iniciado, oimpedir que se perfeccione con el afectado en el evento de que todavía no exista vínculocontractual. Conc: 8, 10, 44, 52; C. Civil Art. 1502. 17.
Artículo 10. De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No quedancobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, laspersonas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que lasentidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes aquienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legaleshagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal oestatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de laConstitución Política. Conc: 8, 9; C. Nal Art. 60Artículo 11. De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrarcontratos estatales. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2º:1. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escogercontratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso.2. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el Presidente de la República.3. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva:a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, lossuperintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado de laRepública, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala Administrativadel Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación,el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacionaldel Estado Civil.b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de losdistritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y losrepresentantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territoriosindígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales queregulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades.c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los ordenes y niveles.Nota Jurisprudencial. El numeral 1º de la disposición analizada fue declarado exequible por laCorte Constitucional mediante sentencia C 374 del 25 de agosto de 1994 con ponencia delMagistrado Jorge Arango Mejía.Mediante sentencia C 178 del 29 de abril de 1996 con ponencia del Magistrado Antonio BarreraCarbonell la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la sentencia C 374 de 1994. Losfundamentos de la decisión fueron los siguientes:1. No le asiste razón al actor, toda vez que los artículos 2 y 11 de la ley 80 de 1993 en los aspectosdemandados son un cabal desarrollo de la constitución. Cuando el artículo 2 del Estatuto enmención dice: "para los solos efectos de esta ley" se denominan entidades estatales,evidentemente, se está refiriendo a la capacidad para contratar de que trata el artículo 352constitucional. La Corte señaló que no existe contradicción entre los artículos 352 y 150, incisofinal, de la Constitución Política, porque la última parte de la primera norma establece que es la leyOrgánica del Presupuesto la que regulará "la capacidad de los organismos y entidades estatales 18.
para contratar", y el último inciso de la segunda establece que al Congreso le compete expedir elestatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administraciónnacional.2. El legislador fue consciente de la modificación que estaba introduciendo en relación con lacompetencia de algunos entes, que, sin estar dotados de personería jurídica, podían contratardirectamente. Así, en la exposición de motivos de la referida ley se expresó:"El proyecto respecto de la competencia para contratar alude a entidades estatales, sin que seanidentificadas con la noción de personalidad jurídica. Lo anterior significa que al referirse a lacompetencia y por tanto, a los sujetos del contrato, no se "hable solamente de personas comoocurría en el pasado, sino por lo que hace al sector oficial de la contratación, a la parte pública delcontrato, al extremo público del contrato hablamos de entidades públicas y al hablar de entidadespúblicas no es necesario que ellas tengan personería jurídica." (Gaceta del Congreso No. 75 deseptiembre 23 de 1992, Pág. 16).3. Por último, se indicó que si la Nación, los departamentos, municipios y distritos, son personasjurídicas, y las entidades estatales a que se refiere la ley 80, no lo son, por fuerza los contratos queestas últimas celebren corresponden a la Nación, a los departamentos o a los municipios. Laactuación del funcionario competente, a nombre de la correspondiente entidad estatal, vincula a laNación, al departamento o al Municipio como persona jurídica. Al fin y al cabo, todos los efectos delcontrato se cumplirán en relación con la respectiva persona jurídica: ella adquirirá o enajenará losbienes, si de ello se trata; si se contraen obligaciones económicas, se pagará con cargo a supresupuesto.Nota Jurisprudencial. El Numeral 2 del artículo en cuestión fue declarado exequible por la CorteConstitucional mediante sentencia C 374 del 25 de agosto de 1994 con ponencia del Dr. JorgeArango Mejía. (Ver primera nota jurisprudencial citada en el análisis de este artículo).Nota Jurisprudencial. El literal a) del numeral 3º fue declarado exequible por la CorteConstitucional mediante sentencia C 374 del 25 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Dr. JorgeArango Mejía. (Ver primera nota jurisprudencial citada en el análisis de éste artículo)Nota Jurisprudencial. El literal b) del numeral 3º fue declarado exequible por la CorteConstitucional, mediante sentencia C 178 del 29 de abril de 1996 con ponencia del Dr. AntonioBarrera Carbonell salvo la expresión "los contralores departamentales, distritales y municipales”,por ya existir cosa juzgada constitucional respecto de estas expresiones. Las consideracionesprincipales de la exequibilidad referida fueron:1. Con respecto a la capacidad o competencia de los sujetos públicos, la ley 80 señaló cuales eranlas entidades estatales, con personería jurídica, y los organismos o dependencias del Estado a loscuales se autoriza para celebrar contratos, obviamente en este último caso con referencia alrespectivo sujeto de imputación jurídica (Nación, Departamento, Municipio, Distrito etc.), así comolos órganos que tienen la representación para los mismos fines (arts. 2 numeral 1o. y 11). Lacompetencia y la capacidad de los sujetos públicos y privados para celebrar contratos es unamateria propia y de obligada regulación dentro de un estatuto de contratación estatal, porque talesmaterias atañen a las calidades o atributos específicos que deben tener dichos sujetos, con el fin deque puedan ser titulares y hacer efectivos los derechos y obligaciones que emanan de la relacióncontractual.2. A juicio de la Corte, la norma del art. 11 de la ley 80 de 1993 se encuentra vigente, porque nocontradice los preceptos mencionados de la ley 179 de 1994, antes por el contrario, es concordante 19.
con éstos, salvo en lo que concierne con la competencia de los Presidentes de la SalaAdministrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales para celebrarcontratos, que actualmente se encuentra asignada al Director Ejecutivo de Administración Judicial yal Director Seccional de la Rama Jurisdiccional, conforme a los arts. 99 numeral 3 y 103 numeral 3de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Dicho de otra manera, la LeyOrgánica de Presupuesto regula la competencia para contratar referida especialmente a la facultadde comprometer recursos y la ley general de contratación reglamenta como un todo la capacidadde los sujetos públicos y privados para obligarse a través de las relaciones contractuales, teniendoen cuenta como referente necesario lo regulado en dicha ley orgánica.Nota Jurisprudencial. El literal c) del numeral 3o. fue declarado exequible por la CorteConstitucional mediante sentencia C 178 del 29 de abril de 1996, Magistrado Ponente Dr. AntonioBarrera Carbonell. Igualmente, en esta providencia la Corte Constitucional señaló que el art. 11 dela ley 80 de 1993 no contradice los preceptos consagrados en la ley 179 de 1994 y que por elcontrario los ratifica. En este orden de ideas se indicó que la ley general de contrataciónreglamenta lo concerniente a la capacidad de los sujetos públicos y privados para obligarse a travésde las relaciones contractuales, teniendo como referente necesario lo regulado en la ley orgánica yen el artículo 352 del estatuto constitucional.Conc: 2, 5, 12, 23, 34, 35; Decreto 111 de 1996 Art. 110; C. Nal Art. 189 No. 23, 300 No. 9, 313No. 3, 352; Decreto Reglamentario 679 de 1994 Art. 6; Decreto 1333 de 1986 Art. 278, 334; Ley446 de 1998 Art. 49; Resolución 0431 de 2003 Superbancaria; Concepto 002 del 7 de febrero de2003 Junta Central de Contadores.Artículo 12. De la delegación para contratar. Los jefes y los representantes legales de lasentidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos ydesconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñencargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.Nota Jurisprudencial. Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediantesentencia C 374 del 25 de agosto de 1994 con ponencia del Magistrado Jorge A. Mejía. En estaprovidencia se indicó que si la Nación, los departamentos, municipios y distritos, son personasjurídicas, y las entidades estatales a que se refiere la ley 80, no lo son, por fuerza los contratos queestas últimas celebren corresponden a la Nación, a los departamentos o a los municipios. Laactuación del funcionario competente, a nombre de la correspondiente entidad estatal, vincula a laNación, al departamento o al Municipio como persona jurídica.Al fin y al cabo, todos los efectos del contrato se cumplirán en relación con la respectiva personajurídica: ella adquirirá o enajenará los bienes, si de ello se trata; si se contraen obligacioneseconómicas, se pagará con cargo a su presupuesto. En tratándose de la Nación, verbigracia, éstaes una sola: la ley 80 se limita a señalar, en diferentes campos y materias, qué entidades estatalestienen capacidad para contratar y cuál funcionario obra a nombre de tales entidades.Inciso Adicionado. Ley 1150 de 2007. Art. 21. Congreso de la República. En ningún caso,los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de ladelegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.Parágrafo. Adicionado. Ley 1150 de 2007. Art. 21. Congreso de la República. Para losefectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo querealiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa ensu ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentraciónadministrativa no procederá ningún recurso 20.
Conc: 11, 14, 25; Decreto Reglamentario 679 de 1994 Art. 7; Decreto 1290 de 1994 Art. 8;Decreto 1985 de 1994 Art. 1; Decreto 2150 de 1995 Art. 37; Ley 489 de 1998 Art. 9, 10, 12 y 61literal f); C. Nal Art. 211; Decreto 883 de 2000; Decreto 109 de 2000; Decreto 1421 de 2000;Decreto 1936 de 2000; Resolución 0431 de 2003 Superbancaria; Resolución 4276 de 2003 DIAN.Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos quecelebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por lasdisposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas enesta ley.Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país endonde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia.Conc: Concepto 22740 de 2004 expedido por la Contraloría General de la República.Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podránsometerse a la ley extranjera.Inciso Derogado. Ley 1150 de 2007. Art. 32. Congreso de la República. Los contratosfinanciados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personasextranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales,podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientosde formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.Nota Este artículo fue reglamentado por el Decreto 1896 de 2004 que a su vez fue modificado porel Decreto 2166 de 2004Nota Jurisprudencial. La Corte Constitucional en sentencia C 249 de 2004 expediente D 4869declaró la exequibilidad de los incisos segundo, tercero y cuarto de esta disposición. Losfundamentos de la decisión fueron los siguientes:1. Argumentos del demandante: las normas acusadas violan el último inciso del artículo 150superior, toda vez que las facultades allí insertas sólo se pueden desarrollar dentro de los límites ycondiciones previstos en la Carta. Que correlativamente las reglas censuradas violan lo dispuestoen el artículo 4 constitucional, en tanto éste dispone que todas las personas residentes enColombia, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, están sometidas a la Constitución y a laLey Colombianas, salvo los casos expresamente exceptuados por el ordenamiento superior,circunstancia ésta que no obra en el presente caso. Siendo del caso reconocer que los contratoscelebrados por el Estado Colombiano quedan sometidos a nuestro ordenamiento jurídico, a menosque se utilicen los instrumentos y los procedimientos que el mismo constituyente autoriza para laaplicación de la legislación extranjera, lo cual no se da en el presente asunto.Las disposiciones acusadas vulneran el artículo 13 superior por cuanto el Legislador le defirió a lasentidades estatales, sin fórmula constitucional alguna, la potestad discrecional de someterse a lalegislación y a los reglamentos extranjeros en materia de contratación. Que también se vulnera elartículo 100 de la Carta, el cual contempla el llamado principio de igualdad de derechos civiles ygarantías entre nacionales y extranjeros. Por donde, los textos impugnados establecen unadiscriminación que atenta contra la situación jurídica de los nacionales colombianos, sin justificaciónobjetiva y razonable. 21.
Los incisos censuradas infringen el derecho al trabajo que estipula el artículo 25 superior, toda vezque se propicia un espectro de posibilidades de contratación a favor de los contratistas extranjeros,reduciendo notoria e injustamente las opciones laborales de los nacionales colombianos,desatendiendo a la vez el inciso segundo del artículo 2 de la Carta Política.2. Argumentos de la Corporación:“En consonancia con el libre ejercicio de la actividad económica y la iniciativa privada el primerinciso del artículo 13 de la ley 80 establece un orden de precedencia normativo para la celebraciónde los contratos por parte de las entidades estatales, fijando al efecto la regla general según la cuallos contratos estatales se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en lasmaterias particularmente reguladas en esa ley. De lo cual se sigue que en cada hipótesiscontractual el ordenador del gasto deberá indagar primero sobre la eventual existencia de reglasespecialmente previstas en el Estatuto de Contratación Pública para el mejor desarrollo de sugestión, para luego sí, en caso positivo, aplicar los respectivos dispositivos de este Estatuto, y sólode manera subsidiaria y residual, las normas comerciales y civiles. De este modo el Legisladorestableció un Estatuto mixto que a un tiempo le da cabida tanto a principios y reglas protectoras dela gestión estatal como a dispositivos abiertos a la iniciativa privada y la libre empresa. Así, nosencontramos con que nuestro ordenamiento jurídico provee a un mismo tiempo disposiciones dederecho público y de derecho privado a la contratación estatal, a cuyos efectos deben articularseadecuadamente los respectivos contenidos normativos, en la perspectiva de la legalidad,oportunidad y conveniencia del gasto”.“Por lo tanto, conforme al primer inciso del artículo acusado le corresponde al operador jurídicorealizar una labor de interpretación sistemática en orden a la aplicación de las reglas pertinentes,que bien pueden corresponder simultáneamente a las de la ley 80 de 1993 y a las de los códigos decomercio y civil; sin que por otra parte ello pueda llegar a propiciar algún tipo de intangibilidad odispensa frente a los controles estatales que la Constitución y la ley estipulan en torno al gastopúblico. Consecuentemente, cada hipótesis contractual del Estado es susceptible de gobernarse porprincipios y reglas tanto de orden público como de orden privado, donde la intensidad de lapreeminencia del primero sobre el segundo dependerá del grado de regulación normativa que elEstatuto Contractual Estatal establezca para el respectivo caso. Y al decir Estatuto ContractualEstatal debe entenderse la ley 80 de 1993 junto con todas las demás disposiciones que válidamentela complementan, modifican y derogan”.En consonancia con el criterio del lugar de celebración de los contratos (lex loci contractus), elinciso segundo “se erige sobre el respeto a la aplicación de la norma extranjera en relación con loscontratos celebrados en el exterior por representantes del Estado Colombiano, lo cual entraña claraarmonía con el principio de soberanía nacional que a cada Estado le corresponde, pues, siendoColombia un Estado Social de Derecho, lo lógico y jurídico es que la soberanía que legítimamenteinvoca para expedir y aplicar sus normas de contratación no se la puede negar a otros Estados.Asimismo, con apoyo en el criterio del lugar de ejecución de los contratos (lex loci solutionis), lanorma deja al arbitrio de las partes la aplicación del régimen extranjero en la ejecución de loscontratos suscritos en el exterior, siempre que tal ejecución no se realice en Colombia. Por lomismo, cuando el contrato suscrito en el extranjero deba ejecutarse en Colombia, forzoso serádarle aplicación a la legislación colombiana, de conformidad con el criterio del lugar de ejecucióndel contrato. Lo cual no atenta contra ningún canon constitucional, antes bien, reivindica laprimacía de la normatividad contractual interna en la ejecución en Colombia de contratoscelebrados en el exterior. Por contraposición, la preceptiva extranjera sólo es aplicable en laejecución que se haga en el exterior de un contrato celebrado también en el exterior”. 22.
Respecto del inciso tercero se explicó que “apoyándose nuevamente en el criterio del lugar deejecución de los contratos (lex loci solutionis) esta norma deja al arbitrio de las partes la aplicacióndel régimen extranjero a los contratos que habiéndose celebrado en Colombia, bajo la leycolombiana, se ejecuten en el exterior; lo cual resulta coherente con el contenido normativo delsegundo inciso del artículo demandado. Frente al tema se hicieron las siguientes precisiones:Con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política todas las conductas, hechos yacontecimientos que ocurran en Colombia deben someterse al imperio de la Constitución y la ley denuestro país, en consonancia con el respeto y acatamiento que los nacionales y extranjeros ledeben profesar a las autoridades. Así entonces, por principio todo acto jurídico, todo contrato quese celebre en Colombia, debe sujetarse a la normatividad nacional. Por donde, al tenor delprenotado inciso se impone entender que “Los contratos que se celebren en Colombia”, debensometerse al régimen contractual nacional”.“Asimismo, la ejecución en el extranjero de los contratos celebrados en Colombia, en principiodebe sujetarse a la preceptiva nacional, a menos que las partes acuerden la aplicación del régimenjurídico extranjero a dicha ejecución contractual. Con igual criterio, si la ejecución en el extranjerosólo ocurre en forma parcial, en esa misma proporción se puede aplicar la ley extranjera en suejecución. Inteligencia jurídica ésta que a su vez no atenta contra el derecho a la igualdad de loscolombianos frente a los extranjeros, y por supuesto, frente al derecho al trabajo”.“Como bien se aprecia, en ejercicio de su soberanía el Estado Colombiano reconoció la existenciade un elemento extranjero para regular mediante ley la norma de conflicto aplicable a la ejecución–en país extraño- de un contrato celebrado en Colombia, destacándose, además, que la aplicacióndel derecho extranjero en tal evento no es forzosa. Por el contrario, ella queda al arbitrio de laspartes, correspondiéndole por tanto a los representantes de Colombia celebrar los respectivoscontratos estatales con cabal respeto y acatamiento hacia los imperativos de equidad, reciprocidady conveniencia nacional, según se ha visto. Para lo cual deberán atenderse las circunstancias yposibilidades de cada objeto contractual en orden a la realización de las tareas públicas encondiciones de viabilidad financiera, tecnológica y operativa”.“En concordancia con lo expresado la Corte acoge los planteamientos de la Vista Fiscal, quien alreferirse al inciso en comento concluye que tampoco se quebrantan los artículos 13, 25 y 100 de laCarta, en la medida en que no se privilegia a los extranjeros, pues según se ha visto, la eventualremisión a las normas extranjeras –para la ejecución en el extranjero- sólo puede tener lugardespués de perfeccionado el contrato en Colombia bajo la ley nacional; lo cual engloba el procesode selección, que al amparo de la legislación colombiana, frente a la igualdad para contratar,prefiere la oferta de bienes y servicios de origen nacional, según voces del inciso cuarto del artículo21 de la ley 80 de 1993, aspectos que en modo alguno son desconocidos por las disposicionesdemandadas”.“Como consecuencia de todo lo expuesto la Sala entiende que el inciso en cuestión ofrece dosinterpretaciones, a saber: (i) que la celebración de un contrato y su ejecución parcial en Colombiase someten al derecho extranjero; (ii) que la celebración en Colombia y la ejecución o parte de ellaen el territorio nacional, se sujetan a la ley nacional”.“La primera interpretación es inconstitucional por cuanto en el territorio de un Estado los actosjurídicos celebrados o ejecutados se someten a la Constitución y las leyes de ese Estado. Lasoberanía de un Estado se traduce en que los actos jurídicos celebrados o ejecutados en suterritorio se sujetan a su orden jurídico. No existe soberanía de un Estado si su Constitución yleyes no rigen en su propio territorio. Si el orden jurídico de un Estado no rige en su propio 23.
territorio, lo que quiere decir es que rige el de otro Estado extranjero, y eso hace que el Estado nosea soberano; por esta razón la primera interpretación es contraria a la Constitución”Frente al inciso cuarto se explicó que desde el punto de vista de los recursos vinculados a lacontratación estatal, “este inciso se refiere con exclusividad a los ingresos percibidos por elTesoro Público de parte de entes u organismos internacionales. Por lo mismo, este inciso esenteramente inaplicable en relación con aquellos contratos relativos a recursos del presupuestogeneral de la Nación o de los presupuestos territoriales, cuando tales recursos no correspondan adonaciones o empréstitos. Así por ejemplo, este inciso resulta inaplicable en relación con loscontratos de administración de recursos estatales que las autoridades competentes no hayanaforado legalmente a título de donación o empréstito. Por lo tanto, al decir la norma que losrespectivos contratos, “(...) podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lorelacionado con procedimientos de formación y ejecución y cláusulas especiales de ejecución,cumplimiento, pago y ajustes”. Tal discrecionalidad sólo puede asumirse, y por ende, ejercerseválidamente, dentro de los precisos linderos de los contratos relativos a recursos percibidos deentes u organismos internacionales, lo cual usualmente ocurre a título de empréstito o de donación.Por ello mismo, toda interpretación en contrario del inciso en comento, únicamente podría propiciaruna ejecución presupuestal extraña a la realización de los fines del Estado”.“El inciso cuarto del artículo impugnado entraña un precepto especial de contratación, que porvirtud de la misma ley 80 de 1993 permite la inaplicación del Estatuto de Contratación Pública en lahipótesis de los contratos relativos a fondos percibidos de los organismos multilaterales de crédito ocelebrados con personas extranjeras de derecho público u organismo de cooperación, asistencia oayuda internacionales. Lo cual encuentra justificación en el hecho de que Colombia hace parte deesos organismos internacionales, como por ejemplo el FMI o el BID, y al hacer parte de ellos puedeaceptar sus estatutos y régimen de contratación en cumplimiento de convenios, tratados yresoluciones de entidades supranacionales en los que el país ha participado activamente, como laONU y la OEA, con sus filiales”.“Por otra parte, -continúa la vista fiscal- nótese que en el caso de las donaciones la normaimpugnada se ajusta al artículo 62 superior, cuando dispone que el destino de las donaciones parafines de interés social no puede ser variado a menos que el objeto de las mismas desaparezca. Portanto no es razonable desconocer la voluntad de los donantes, la cual se puede plasmar en ladecisión de que la entidad receptora acoja sus reglamentos, mediante los cuales pueda interveniren la formación, adjudicación y ejecución de los contratos financiados con sus recursos. Porconsiguiente, de acuerdo con la interpretación asumida por esta Corporación el inciso cuarto delartículo acusado resulta constitucional”.Conc: 1, 2, 6, 18, 28, 31, 32, 34, 35; C. Civil Art. 1609; Ley 153 de 1887 Art. 38 y 39; DecretoReglamentario 679 de 1994 Art. 8; Ley 594 de 2000 Art. 42; Decreto 2170 de 2002 Art. 15;Decreto 1333 de 1986 Art. 273.Artículo 14. De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para elcumplimiento del objeto contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, lasentidades estatales al celebrar un contrato:1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucióndel contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación gravede los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación,podrán, en los casos previstos en el numeral 2o de este artículo, interpretar los documentoscontractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, 24.
cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente elcontrato celebrado.En los actos en que se ejercite algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse alreconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecholas personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones ytérminos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrioinicial.Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminaciónunilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puedeintentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley.2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación ymodificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratosque tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestaciónde servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratosde obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula dereversión.Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y deprestación de servicios. En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales seentienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente.PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o decooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación yarrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales delas entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2º de este artículo, oque tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en loscontratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de lascláusulas o estipulaciones excepcionales.Conc: 2, 15, 20, 23, 28, 77; CCA Art. 50, 85; Decreto 753 de 1956 Art. 1; Decreto 2304 de 1989Art. 15; Decreto 856 de 1994; Ley 594 de 2000 Art. 42; C. Nal Art. 223, 336, 365; Decreto 1333 de1986 Art. 273; Ley 527 de 1999 Art. 14; Ley 594 de 2000 Art. 42.Nota Jurisprudencial. Respecto del aparte subrayado en el inciso segundo numeral 1º de ladisposición en cita, la Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar, por las razones expuestasen la sentencia, mediante sentencia C 965 del 21 de octubre de 2003, expediente D 4539,Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.Las razones aducidas por la Corte fueron: “…para que se entienda estructurado en debida forma elcargo de inconstitucionalidad, se requiere que las razones o motivos en que dicho cargo se apoyasean totalmente "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. De acuerdo con loexpuesto, es evidente que el éxito del correspondiente juicio de inconstitucionalidad estasupeditado a que el actor ajuste su actuación a los requisitos establecidos en el artículo 2° delDecreto 2067 de 1991, en la forma como éstos han sido interpretados y aplicados por la Corte,para lo cual resulta relevante el hecho de que en la demanda se señale en forma clara, concreta,precisa y directa, la manera como la preceptiva impugnada viola las disposiciones constitucionalesque se citen”. Para la Corte, "aquellas demandas en las que se formulen cargos indeterminados eindirectos, que carezcan de un grado mínimo de razonabilidad y que no se dirijan a atacar el 25.
contenido material de la preceptiva impugnada, no están llamadas a prosperar ya que desbordan laconcepción abstracta que identifica el proceso constitucional y, por lo tanto, el ámbito decompetencia funcional del organismo de control que (...) se supedita al cotejo impersonal de lanorma legal acusada con los mandatos superiores”.Artículo 15. De la interpretación unilateral. Si durante la ejecución del contrato surgendiscrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedanconducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer conel objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativodebidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.Nota Jurisprudencial. La Corte Constitucional en sentencia C 1514 del 8 de noviembre de 2000declaró exequible esta disposición con ponencia de la Magistrada Martha Victoria Sáchica MéndezLas razones que sustentaron la decisión fueron las siguientes:1. La Corte considera que la interpretación unilateral, en los términos del artículo 15 de la Ley 80de 1993, resulta razonable, pues con el objeto de asegurar el cumplimiento de un mandato de laConstitución, el legislador ha autorizado a la administración para que, dadas las circunstanciasprevistas en la disposición, la prestación de los servicios públicos (elemento de su eficienteprestación) no se vea interrumpida mientras se resuelven las diferencias entre la administración y elcontratista sobre la ejecución del contrato.2. La interpretación unilateral no implica violación del principio de economía, pues indudablementeresulta más "económico" para los fines estatales, garantizar la normal prestación de los serviciospúblicos, que sujetarlos a las decisiones judiciales, cuya competencia, no se elimina por el ejerciciode la mencionada facultad.3. Finalmente, la Corte advirtió que no hay lugar a aceptar la solicitud de unidad normativapresentada por el apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su intervención, todavez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del decreto 2067 de 1991, dicha unidadsólo procede a criterio de la Sala Plena, cuando la norma es declarada inexequible, situación que notiene ocurrencia en esta oportunidad.Conc: 14, 16, 20, 23, 28, 40, 34, 35, 60 y 61; Decreto 1333 de 1986 Art. 273; Ley 105 de 1993Art. 32; Ley 550 de 1999 Art. 15; Resolución 4276 de 2003 DIAN.Artículo 16. De la modificación unilateral. Si durante la ejecución del contrato y para evitar laparalización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesariointroducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, laentidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión oadición de obras, trabajos, suministros o servicios.Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valorinicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenarála liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fuerennecesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.Nota Jurisprudencial. El texto subrayado en el inciso segundo de este artículo fue declaradoexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C 949 del 5 de septiembre de 2001 conponencia de la Dra. Clara Inés Vargas Hernández Los fundamentos de la decisión fueron: 26.
1. La modificación unilateral del contrato estatal es una facultad que el legislador le ha otorgado ala administración cuando ésta actúa como contratante en un negocio jurídico de carácter estatal.Esta medida debe adoptarse solamente cuando dentro de la ejecución de un contrato se presentencircunstancias que puedan paralizar o afectar la prestación de un servicio público que se debasatisfacer con este instrumento.2. Cuando las modificaciones alteran el valor del contrato en un 20% o más del valor inicial, elartículo 16 permite que el contratista pueda renunciar a la continuación de la ejecución, evento enel cual la entidad contratante debe ordenar la liquidación del contrato y adoptar de manerainmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto contractual,determinación que se juzga razonable si se tiene en cuenta que, de un lado, no parece justo quefrente a esta circunstancia se constriña al contratista para que culmine una obra que puedaacarrearle consecuencias económicas desfavorables.3. En caso de que el contratista haya renunciado a la continuación de la ejecución, las entidadesestatales están habilitadas para actuar de manera inmediata tomando las medidas indispensablesque aseguren la terminación del objeto del contrato, tanto más si se tiene presente que conforme alo prescrito en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, ellas tienen a su cargo la dirección general yresponsabilidad del ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato4. No tiene fundamento alguno la acusación contra las expresiones demandadas del artículo 18,toda vez que la facultad de la entidad estatal para tomar posesión de la obra o continuarinmediatamente la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista unavez sea declarada la caducidad de un contrato, debe someterse a los principios contenidos en elartículo 209 Superior y en la Ley 80 de 1993. Finalmente, se aclaró que la declaratoria decaducidad así como las restantes medios que pueden utilizar las entidades estatales para elcumplimiento del objeto contractual, son una herramienta de uso excepcional cuya finalidad esevitar la paralización o afectación grave del servicio con prevalencia del interés público social,justificación que constitucionalmente se considera razonable y proporcional.Conc: 14, 15, 40, 50, 60, 61; Decreto 1333 de 1986 Art. 273; Ley 105 de 1993 Art. 32; Ley 550 de1999 Art. 15.Artículo 17. De la terminación unilateral. La entidad en acto administrativo debidamentemotivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público loimponga.2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o pordisolución de la persona jurídica del contratista.3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afectende manera grave el cumplimiento del contrato.Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2o. y 3o. de este artículo podrácontinuarse la ejecución con el garante de la obligación. 27.
La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. Ental evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios deldeudor en concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancianecesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización delservicio.Nota Jurisprudencial. El aparte subrayado del numeral 2o. fue declarado condicionalmenteexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C 454 del 20 de octubre de 1994, conponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz "... en la medida en que la incapacidad físicapermanente impida de manera absoluta el cumplimiento de las obligaciones específicamentecontractuales, cuando ellas dependan de las habilidades físicas del contratista".Conc: 34, 35, 44, 50 y ss; C. Nal Art. 213; Decreto 1333 de 1986 Art. 273; Ley 105 de 1993 Art.32; Ley 550 de 1999 Art. 15; Ley 789 de 2002 Art. 50 Par. 2.Artículo 18. De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cualsi se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo delcontratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puedeconducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lodará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas decontrol e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoriade caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúeinmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otrocontratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se haráacreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.Nota Jurisprudencial I. Los textos subrayados fueron declarados exequibles por la CorteConstitucional, mediante sentencia C 949 del 5 de septiembre de 2001, Magistrada Ponente Dra.Clara Inés Vargas Hernández. En la parte motiva de la sentencia se explicó:1. La modificación unilateral del contrato estatal es una facultad que el legislador le ha otorgado ala administración cuando ésta actúa como contratante en un negocio jurídico de carácter estatal.Esta medida debe adoptarse solamente cuando dentro de la ejecución de un contrato se presentencircunstancias que puedan paralizar o afectar la prestación de un servicio público que se debasatisfacer con este instrumento.2. Cuando las modificaciones alteran el valor del contrato en un 20% o más del valor inicial, elartículo 16 permite que el contratista pueda renunciar a la continuación de la ejecución, evento enel cual la entidad contratante debe ordenar la liquidación del contrato y adoptar de manerainmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto contractual,determinación que se juzga razonable si se tiene en cuenta que, de un lado, no parece justo quefrente a esta circunstancia se constriña al contratista para que culmine una obra que puedaacarrearle consecuencias económicas desfavorables. Recommended
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Orlando Zuluaga Martinez

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