Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-ij-1-de-agosto-25-de-1998?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920418af6f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-25 17:28:03+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA IJ-1 DE AGOSTO 25 DE 1998 UNIFICACION
SENTENCIA IJ-1 DE 25 DE AGOSTO DE 1998
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR DAÑOS OCASIONADOS POR AGENTES DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS. CUMPLIMIENTO DE TRATADOS INTERNACIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO INTERNACIONAL, DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, AGENTE DIPLOMÁTICO, RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL, RATIFICACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:325 DE ENERO DE 1999, PÁG.63
Sentencia IJ-001 de agosto 25 de 1998
Rad. IJ-001
Actor: Vitelvina Rojas Robles
Demandando: Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso de la República - Representado por el Ministerio del Interior
Santa fe de Bogotá, D.C., agosto veinticinco de mil novecientos noventa y ocho.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de las partes contra la sentencia de 9 de febrero de 1995 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuya parte resolutiva se dispuso:
“1. Declárase que la Nación Colombiana, Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores debe responder administrativamente por los perjuicios ocasionados a Vitelvina Rojas Robles, Grace Kelly Cuervo Rojas y César Augusto Cuervo Rojas, con la muerte del señor César Julio Cuervo Pineda, ocurrida en esta ciudad el 10 de octubre de 1991.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Nación Colombiana Ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores, a pagar por concepto de indemnización de perjuicios las siguientes sumas:
I. Por perjuicios morales subjetivos a Vitelvina Rojas Robles, Grace Kelly Cuervo Rojas y César Augusto Cuervo Rojas, el equivalente a un mil (1.000), gramos oro para cada uno de ellos.
El precio del oro se determinará conforme a certificación que al efecto expida el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de esta providencia.
II. Por perjuicios materiales, a Vitelvina Rojas Robles, la suma de sesenta y ocho millones doscientos siete mil quinientos veintiséis pesos con ochenta y un centavos ($68’207.526.82)(sic); a Grace Kelly Cuervo Rojas la suma de tres millones quinientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y tres pesos con sesenta y un centavos ($3.542.283.61) y César Augusto Cuervo Rojas la suma de dieciocho millones ocho cientos setenta y un mil novecientos setenta y seis pesos con sesenta y siete centavos ($18.871.976.67).
Las anteriores sumas serán actualizadas hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia como se indicó en la parte motiva.
3. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a los artículos 176 y 177 del CCA.
5. Sin condena en costas. (235-236, c. 1)”.
En ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la señora Vitelvina Rojas Robles y sus hijos menores Grace Kelly y Cesar Augusto Cuervo demandaron a la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores - Congreso de la República representado en el caso por el Ministerio del Interior, por las consecuencias deducidas de la aplicación de la inmunidad jurisdiccional que confiere la Ley 6ª de 1972.
En efecto, solicitan declarar al Estado Colombiano patrimonialmente responsable “como consecuencia del acto legislativo consistente en haber expedido, sancionado y promulgado la Ley 6ª de 1972, la cual aprobó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ley que estableció la inmunidad de jurisdicción diplomática”, por cuya aplicación se les impide accionar para obtener la reparación consecuencial por la muerte de su esposo y padre, contra la Embajada de USA.
Los interesados reclaman indemnización equivalente de 4.000 gramos de oro para cada uno de los actores y como compensación por perjuicios materiales la cantidad de un mil seiscientos millones de pesos.
Se afirma que a las 21.30 horas del día 10 de octubre de 1.991, en la calle 114 A con Autopista Norte fue arrollado el ciudadano César Julio Cuervo Pineda por el automotor de placa diplomática CD-0744 de propiedad de la Embajada de los Estados Unidos, vehículo que iba conducido por el coronel del ejército de ese país, Edmundo Scott Cowan.
Los demandantes habían presentado reclamación directa ante la embajada correspondiente, querella que fue denegada el 14 de octubre de 1.992. Acudieron luego ante la Corte Suprema de Justicia pero su demanda fue rechazada por falta de jurisdicción. Para su decisión adujo la Corte que la Embajada de los Estados Unidos se encuentra protegida por la inmunidad que consagra la Convención de Viena, incorporada a nuestra legislación por la Ley 6ª de 1972.
Agregan los demandantes que el día de los hechos, el fallecido Cuervo Pineda contaba con 46 años, se encontraba vinculado laboralmente con el Icel y la Secretaría de Educación del Distrito, y que los fines de semana desarrollaba labores agrícolas en el municipio de Ciénaga (Boy). Finalmente que su cónyuge e hijos menores dependían económicamente de su desaparecido esposo y padre.
En el caso, el tribunal halló responsable al Estado colombiano de conformidad con las consideraciones transcritas en esta providencia, pero dicha decisión fue objeto de impugnación por las partes.
B. Las apelaciones
Inconformes las partes con la providencia de primera instancia recurrieron en apelación con los siguientes argumentos y propósitos.
Los demandantes para que se tengan en cuenta los perjuicios materiales representados en la privación de las utilidades derivadas de la explotación del predio rural ubicado en Ciénaga (Boyacá), que era asistido por el causante. Alegan que la providencia recurrida se contradice cuando afirma que nada impide a los sucesores la explotación y obtención de utilidades, de lo cual infieren que entonces, sí había utilidad. Pretenden que el cálculo de la indemnización para los hijos se proyecte para hasta cuando cumplan 25 años.
Las entidades demandadas en sustentación conjunta aducen como razón para que se desestime la demanda que la institución de las inmunidades diplomáticas es consubstancial a las relaciones interestatales, asunto éste que no admite acuerdo en contrario y que afectaría de nulidad absoluta cualquier pacto que pretenda desconocer tal institución.
Luego de transcribir el texto correspondiente al preámbulo de la Convención de Viena, los apoderados de las entidades demandadas afirman que el reconocimiento de la institución de los privilegios y prerrogativas diplomáticas no es discrecional ni está sujeto a limitaciones sino que constituye requisito “sine qua non” para las relaciones entre Estados, aún para aquellos que no sean partes de este pacto universal pues para ellos rige como norma consuetudinaria del derecho de gentes.
Evocaron el sistema interamericano existente desde antes de la Convención de Viena, cuando en el año de 1928 se suscribió la Convención de la Habana, cuyo artículo 19 establece que los funcionarios diplomáticos están exentos de toda jurisdicción civil o criminal del Estado ante el cual se encuentran acreditados. Aportan a su recurso aspectos doctrinarios para reafirmarse en torno a los privilegios que en este caso existen sin necesidad de tratados aunque algunas naciones hayan creído necesario confirmarlos por vía contractual.
Textualmente anotan que “de hacer carrera la tesis que sustenta el fallo impugnado el Estado Colombiano será responsable ante los particulares por la sola existencia de normas de derecho internacional general, y aún mas, por el simple hecho de existir como estado en una sociedad de naciones jurídicamente organizada ...”. Sostienen también que si como consecuencia de la aceptación de principios y normas del derecho de gentes de la nación tiene que responder por cualquier perjuicio que se considere derivación de aquellas, se le estaría obligando a retirarse de la comunidad de las naciones y a renunciar en últimas a su personería internacional”.
Finalmente agregan por vía general, que el respeto de las inmunidades diplomáticas es imperativo del derecho internacional, que dichas inmunidades no implican impunidad; y en el caso concreto, que no existe en el expediente mención alguna o demostración de la culpabilidad del agente diplomático y que está comprobado que la Embajada de los Estados Unidos toma una póliza de cobertura para amparar la responsabilidad civil de sus agentes. Que no obstante lo anterior el Estado colombiano resulta condenado, siendo totalmente ajeno a los hechos y que las consecuencias de tal concepción son de magnitud impredecible y que en consecuencia sería necesario expulsar a todos los funcionarios internacionales, que no se podrían recibir delegaciones extranjeras.
En concreto, se muestran inconformes con la decisión del tribunal, pues habría que admitir la responsabilidad del Estado colombiano “por la sola existencia de normas de Derecho Internacional general, y aún más, por el simple hecho de existir como Estado ...”; denuncian la falta de responsabilidad del agente diplomático, de quien dicen no se demostró su culpabilidad; señalan inexistencia de la relación de causalidad, en tanto que no se practicó el dictamen de alcoholemia ni de las condiciones físicas en que se encontraron el diplomático y la víctima; insisten en que la inmunidad de jurisdicción conduce a una nulidad por falta de jurisdicción y que no es aplicable en el sub lite el principio iura novit curia porque el fallador debe someterse al imperio de la ley y en el caso lo es la Ley 6ª de 1972.
C. El concepto del ministerio publico
En un denso y bien documentado estudio, con antecedentes legislativos y citas doctrinarias el delegado del Ministerio Público manifestó su aquiescencia con lo resuelto por el tribunal pero formuló reparos en cuanto aquel afirmó que la responsabilidad del Estado legislador sólo se compromete en la hipótesis de textos legales, declarados inconstitucionales.
Al punto dijo:
“Es claro que para estos casos la declaratoria de responsabilidad del Estado puede proceder, quedando por determinar si igual ocurre en la hipótesis en la cual la ley se ajusta a la constitución, que es precisamente lo que la sentencia de primera instancia no analiza. La solución al problema ha girado en torno de una lucha entre los poderes del soberano y la protección efectiva del patrimonio del particular, en donde la postura clásica se inclinó por la ausencia de responsabilidad y sólo hasta 1938 se reconoció su existencia, con el famoso fallo francés en el proceso de la sociedad La Fleurette”.
A continuación, la procuraduría consignó una síntesis histórica de los argumentos esbozados para negar la indemnización por daños ocasionados en razón de la aplicación de leyes constitucionales, en Francia se dijo que “El Estado no debe ser responsable de las consecuencias de las leyes que, en atención al interés general prohiban el ejercicio de una industria: que del Estado no pueden reclamarse otros créditos que los nacidos de contratos formalizados por el Estado o de disposiciones formales de las leyes”.
En Alemania se establecía que los perjuicios patrimoniales causados por el soberano a los particulares, en razón de la expedición de leyes, sólo serían resarcibles si así lo mandaba la ley.
La irresponsabilidad del Estado legislador se edificaba sobre el concepto de soberanía en cuanto ella se impone a todos sin que pueda reclamarse compensación alguna; o bien sobre la naturaleza misma de la ley que por ser de carácter general no puede ocasionar perjuicios a un particular.
Luego, la posición reseñada cedió ante el auge de nuevas doctrinas, terreno en el cual se destaca León Duguit, quien en 1911 expuso:
“Ahora bien, suponiendo el caso de una ley cuya aplicación entrañe un perjuicio para uno o muchos individuos ¿puede el Estado ser declarado responsable frente a ellos? No, con seguridad, si el Estado legislador es soberano. Pero si, como creo haberlo demostrado, la noción de soberanía es irreal y caduca, y si, por otra parte, en las concepciones jurídicas actuales, el Estado se configura por los administrados como un asegurador de todos riesgo que deriva de su actividad general, ¿no debe concluirse que este seguro cubre igualmente el riesgo resultante de la aplicación de una ley, ya que, en definitiva, toda ley tiene por finalidad crear un servicio público o regular su funcionamiento?”.
Y para Garrido Falla, también citado en el concepto del Ministerio Público, en apoyo de un cambio de actitud frente a la irresponsabilidad del Estado legislador:
“Las condiciones para que se dé la responsabilidad del Estado legislador han sido estrictamente exigidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado; a) En primer lugar, es necesario que la ley no haya querido excluir la reparación, bien expresamente (por ejemplo, la ley de 13 de abril de 1946 que ordenó el cierre de las “casas de tolerancia” precisando que <<no da lugar a ninguna indemnización”), bien implícitamente porque así lo deduzca el Juez Administrativo de la intención y circunstancias de los trabajos preparatorios (C. d’ E., 7 de junio de 1940, Syndicat du Commerce des Bles). B) Es necesario además que el perjuicio sea especial y de una “gravedad suficiente”. En cuanto a la primera exigencia, dado el carácter general de la ley, habría que descubrir un perjuicio especial del reclamante o de un pequeño grupo de individuos ... c) En fin, es necesario tener en cuenta también la finalidad perseguida por la ley; por tanto, “la naturaleza de las actividades a las que afecta”. A tal respecto, es evidente que la responsabilidad del Estado se descarta cuando la ley tiende a suprimir actividades represivas o fraudulentas ... en el arret Compagnie Générale de la Grande Peche (ene. 14/38) se rechazó el recurso de dicha sociedad, que introducía alcohol de contrabando en los Estados Unidos y que solicitaba reparación por los daños resultantes de un decreto destinado a poner fin a tal fraude. Además la jurisprudencia parece excluir la responsabilidad cuando la ley actúa en “interés general preeminente”, como puede serlo la protección de la salud pública o la lucha contra el alza de los precios (C. d’ E., 15 de julio de 1949, Ville d’Elheuf, y C. d’ E., 23 de enero de 1952, Transways de Limoges)”.
Hoy, puede afirmarse que la responsabilidad del Estado legislador, es aceptada con fundamento en el principio de igualdad ante las cargas públicas, que la indemnización es un deber cuando quiera que se produzca un desequilibrio, salvo expresa exclusión del legislador. Sobre el particular convergen la jurisprudencia francesa y la española cuyo tribunal supremo en sentencia del 25 de septiembre de 1987 manifestó que si a nadie le es lícito dañar a otro menos puede serlo para el Estado en razón de regulaciones generales de cualquier rango, incluidas las leyes y que así lo imponen los principios constitucionales y los implícitos en las leyes.
El caso sub judice se contrae a una demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Congreso de la República para que indemnicen los perjuicios morales y materiales que por aplicación de la Ley 6ª de 1972 aprobatoria de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, no pueden reclamar directamente, mediante acción ordinaria contra el agente productor del daño ante la jurisdicción nacional. Lo anterior porque la precitada ley estableció la inmunidad jurisdiccional en favor de los agentes diplomáticos y en el caso presente el señor Julio César Cuervo Pineda pereció en accidente de tránsito a manos de un agente diplomático miembro de la delegación de USA.
Previamente a esta demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado colombiano, los actores intentaron similares pretensiones ante la jurisdicción ordinaria, accionando contra la embajada de USA, en cuyo caso la Corte Suprema de Justicia rechazó su demanda, aduciendo falta de jurisdicción, con invocación expresa de la Ley 6ª de 1972 por la cual se aprobó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, fechada el 18 de abril de 1961.
A. El fallo de primera instancia.
El a quo, retuvo la responsabilidad patrimonial del Estado, según consignó en su providencia de primera instancia, objeto de esta apelación, en los siguientes términos:
“La demanda, tal como está concebida la pretensión primera, se funda en la responsabilidad de la administración, más propiamente del Estado en su concepto total, como resultado de un acto legislativo, concretamente de la expedición y sanción de la Ley 6ª de 1972, por medio de la cual se aprobó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ya que ella dio lugar a la aplicación en nuestro medio de la inmunidad jurisdiccional de los agentes diplomáticos y, en el caso concreto tuvo como consecuencia que la conducta de Edmund Scott Cowan, agente diplomático de la misión norteamericana, no pudiera ser juzgada por los jueces colombianos para determinar su responsabilidad en el accidente de tránsito que causó la muerte de César Julio Cuervo Pineda, impidiendo también que la embajada propietaria del vehículo respondiera extracontractualmente por los daños que, ocasionó tal hecho.
A juicio de la Sala, en principio, el planteamiento de la demanda no se puede acoger porque es claro que el hecho mismo de la expedición de la Ley 6ª de 1972 no ocasionó perjuicios a los actores ni lesionó ninguno de sus derechos puesto que su contenido normativo se limita a ratificar la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados que la suscribieron, entre ellos Colombia y los Estado Unidos de América, estableciendo la inmunidad de jurisdicción para los miembros de las misiones diplomáticas acreditadas ante el respectivo Estado receptor y, por otra parte, para que se presente la responsabilidad por el acto legislativo es necesario que éste sea violatorio de mandatos constitucionales que otorguen específicos derechos a las personas que se sienten lesionadas por su expedición, todo ello dentro de la organización jerárquica del sistema jurídico, o que la misma ley dada la naturaleza de la materia regulada ordena la indemnización de aquellos que, como resultado de su aplicación, vean disminuido su patrimonio en forma más gravosa que la que corresponde al común de quienes integran el conglomerado social sometido al imperio de la norma.
A lo anterior se agrega que, en el caso concreto, no es posible aducir una relación de causa a efecto entre el hecho dañino (la muerte de César Julio Cuervo Pineda en un accidente de tránsito ocasionado por un agente diplomático) y la expedición o aplicación de la ley que contiene la inmunidad de jurisdicción puesto que ésta sólo impide que la conducta del agente sea sometida a la decisión de nuestros jueces. Es evidente también que en la ejecución del hecho no participó ningún agente del Estado, ni se produjo como consecuencia del desarrollo de la función estatal en alguno de los campos propios de la misma.
Pero todo lo anterior no es óbice para el fallador, en aplicación del principio iura novit curia que le permite buscar sin limitaciones el ámbito jurídico aplicable a cada caso, y en aras de la justicia como valor supremo o como fin último del derecho, encontrar solución al conflicto, imputándole al Estado la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados a los actores porque si bien no es responsable del hecho, sí colocó a nacionales colombianos en la imposibilidad de obtener justicia a través de sus jueces naturales que lo son los de la Nación de la cual hacen parte, y a cuya estructura normativa deben cobijarse en su totalidad.
En efecto, el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental que corresponde a todos los habitantes del territorio nacional (C.N., art. 229) que correlativamente implica la obligación del Estado de ejercer tal función pública con desarrollo de la soberanía misma y, si en especiales casos, renuncia a su potestad en razón de intereses superiores como pueden serlo las relaciones internacionales, debe asumir ante el perjudicado por omisión, el resarcimiento del daño que la persona no puede obtener por medio de los procedimientos normales aplicables al común de los residentes en el territorio. Lo anterior es así en razón de la igualdad de las personas ante la ley, principio consagrado sin limitaciones en el artículo 13 de la Constitución Nacional según el cual, “Todas las personas son libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Y, si se hacen excepciones en virtud de tratados internaciones, el Estado debe asumir las consecuencias nocivas.
Trasladado lo expuesto al caso sub examine, se encuentra que el 10 de octubre de 1991 el nacional colombiano César Julio Cuervo Pineda encontró la muerte al ser atropellado por un vehículo de propiedad de la Embajada de los Estados Unidos de América, conducido por un agente diplomático al servicio de dicha embajada, ocasionando evidentes perjuicios de orden moral y material a los familiares de la víctima. Así mismo, está demostrado que, dada la condición del actor del hecho y la propiedad del vehículo, nuestra Corte Suprema de Justicia en sus salas de Casación Civil y Penal, se abstuvo de conocer tanto lo relativo a la responsabilidad penal del agente, como la extracontractual del propietario del vehículo, en aplicación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas aprobada por la Ley 6ª de 1972 que concede inmunidad de jurisdicción en ambos casos, dando lugar a que los actores se vieran en la imposibilidad de obtener acceso a la administración de justicia por un hecho ocurrido en el territorio nacional, además que se menoscabó su derecho a ser iguales ante la ley, impidiéndose así que aquellos a quienes se podía imputar el hecho respondieran de los perjuicios que se les ocasionaron”.
Aunque en últimas, la Sala prohíja la decisión del a quo, es necesario hacer algunas precisiones conceptuales sobre lo expuesto en la parte considerativa que acaba de transcribirse, a fin de sentar claridad y doctrina sobre el tema sub análisis.
En primer lugar no es acertado el criterio según el cual la responsabilidad por el acto legislativo, demande la vulneración de mandatos superiores por cuanto la responsabilidad estatal se deriva independientemente de la licitud o ilicitud de la conducta de la administración, pues la reparación deviene de la antijuridicidad del daño.
En cuanto a la afirmación relativa a la “imposibilidad de obtener justicia a través de sus jueces naturales” en que habría colocado el legislador a los damnificados, es expresión que debe referirse a la imposibilidad de demandar directamente ante la justicia ordinaria, al agente productor del daño, entendido éste como la muerte del señor César Julio Cuervo Pineda. En estricto sentido y con la orientación que esta Sala otorga a este proceso, debe entenderse que lo afirmado por el tribunal no obsta para que en este proceso administrativo los damnificados con un fundamento fáctico distinto (el desequilibrio de las cargas públicas ante la ley), acudan ante la jurisdicción contencioso administrativa en demanda contra el Estado colombiano, con lo cual se asegura precisamente el acceso a la justicia nacional y al derecho que tiene todo ciudadano a demandar en reparación en igualdad de condiciones en su territorio y ante jueces nacionales.
En síntesis, debe tenerse presente que mientras en el fallido proceso ordinario el demandado era Edmund Scott, y el daño, la muerte de César Julio Cuervo, en este proceso, el demandando es el Estado colombiano y el fundamento es el desequilibrio de las cargas públicas ante la ley. Aquí, la muerte de Cuervo sólo se tendrá en cuenta como factor objetivo para el cálculo de la indemnización a que halla lugar y no es materia de juicio la conducta de Scott.
B. La causa petendi y su prueba.
En el caso sub examine fueron aportados los siguientes medios de convicción que interesan en la definición de la controversia:
1. Copia auténtica del croquis del accidente de tránsito, fechada el día 10 de octubre de 1991, mediante la cual se registró que en la autopista norte a la altura de la calle 114 A Nº 33 fue arrollado el señor César Julio Cuervo Pineda con un vehículo de propiedad de la Embajada Norteamericana conducido por el señor Edmund Scott Cowan.
2. El informe del accidente de tránsito fechado el 11 de octubre de 1991 suscrito por el agente Norbeiro Caicedo Parra y dirigido al Juez Quinto de Instrucción Criminal permanente de esta ciudad. De dicho informe se destaca lo siguiente:
“Comedidamente me dirijo a usted para dejar constancia de lo sucedido el día 10 del mes corriente en la autopista norte con calle 114 A 32, en sitio (sic) hubo un homicidio en accidente de tránsito producido por un vehículo de la embajada americana.
Se procedió con el procedimiento (sic) en cual obstaculizado por la inmunidad que cubre a los diplomáticos, cuya situación motivó a que fuera imposible que se practicara cualquier examen de beodez o alcoholemia al conductor de dicho vehículo y cuyas placas son CD 0744 y conducido por el teniente coronel Edmund Scott Cowan de la embajada americana, y los señores de dicha embajada no quisieron prestar ningún tipo de colaboración” (fl. 36, c.p.).
3. Constancia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, suscrita por el Director General de Protocolo, doctor Jaime Acevedo Sánchez, en la cual se indica que el propietario del automotor distinguido con las placas CD 0744 es la embajada norteamericana. Así mismo se describe en dicho documento las características del automotor, en efecto se anota:
“Que el vehículo tiene las siguientes características:
Marca: Chevrolet Tipo: Astro Cargo Van
Modelo: 1989 Color: Beige y dorado
Serie: 1GCDM1528KB1 Placas: CD 0744
Manifiesto: 37315 Fecha: agosto 3 de 1989
Aduana: Bogotá
“Se encuentra registrada ante la dirección del protocolo desde el día 24 de agosto de 1989 y figura como propietario la Embajada de los Estados Unidos de Norte América.
El vehículo fue importado con autorización de este Ministerio P-085/89 del 18 de abril de 1989” (fl. 40, cdno. 1).
4. La providencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de abril 8 de 1992, en cuyo pronunciamiento se abstuvo la alta corporación de avocar el conocimiento y trámite de la investigación penal seguida contra el teniente Edmund Scott Cowan por considerar que:
“El teniente coronel Edmund Scott Cowan tiene rango diplomático y como tal goza de los privilegios e inmunidades concedidos a esta clase de personal. Es de rigor referir que el instrumento internacional aludido prevé que “la persona del agente diplomático es inviolable, sin que pueda ser objeto de ninguna forma de detención o arresto” (art. XXIX). No estará de más recordar que dentro de esta misma preceptiva se advierte que “... la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el estado receptor, no le exime de la jurisdicción del estado acreditante...” (art. XXXI, num. 4º de la convención), lo cual significa que la conducta del funcionario queda sometida a las autoridades judiciales de su propio país”. (fl. 45-46, c. 1).
5. El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en auto de 8 de marzo de 1993 mediante la cual confirmó en súplica ordinaria el auto de 16 de febrero de 1992 en virtud de la cual se rechazó la demanda por falta de jurisdicción, presentada por los señores Vitelvina Rojas Robles y otros contra la Embajada de los Estados Unidos de Norte América.
De dicha providencia se retiene el siguiente aparte:
“Por lo tanto, mediante los procedimientos diplomáticos pertinentes, el Estado, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores (art. XLI, num. 2º de la convención) se encuentra en la obligación, en primer lugar, de prevenir, evitar o impedir la violación de normas colombianas ... Y en segundo término, le corresponde al mismo Estado en caso de violación, hacer que se respeten las leyes colombianas, que en materia extracontractual prescriben que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización ...” (C.C., art. 2341), lo que se traduce en el deber de procurar u obtener si fuere el caso, las reparaciones o resarcimientos de los perjuicios correspondientes, mediante seguridades previas (v. gr. pólizas u otras garantías) o cancelaciones posteriores. b) La tendiente a verificar u obtener de acuerdo con los procedimientos y la fuerza ordinaria o especial de la diplomacia, según fuere el caso, la renuncia expresa o tácita a la inmunidad de jurisdicción (art. XXXII), a fin de restablecer para dichos efectos el imperio del poder jurisdiccional colombiano dentro del territorio nacional. c) La de procurar, en defecto de la efectividad de las acciones anteriores, que opere en consecuencia el deber jurisdiccional a cargo del Estado acreditante con relación a los eventuales casos no sometidos a jurisdicción ni a solución conforme al Estado colombiano (art. XXXI, num. 4º Convención de Viena citada). d) En últimas el Estado colombiano otorga la garantía de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que sufran los habitantes de Colombia cuando resultan causados por el hecho imputable de haber concedido la inmunidad jurisdiccional correspondiente (art. 90, inc. 1º de la Carta), aun cuando resulte injustificable en el campo de las relaciones internacionales” (págs. 62-64, c.p.).
6. El escrito dirigido por el señor John B. Craig, ministro consejero de la embajada de los Estados Unidos de América, al señor Rudesindo Rojas Robles calendado el 12 de octubre de 1992, en virtud del cual le comunica la decisión adoptada por la embajada con respecto a la reclamación de perjuicios que el citado ciudadano elevó por la muerte del señor César Julio Cuervo Pineda, en el accidente de tránsito con el teniente coronel Edmund Scott Cowan. Al respecto se retiene lo siguiente:
“La embajada ha estudiado con cuidado el documento de solicitud de perjuicios y todos los demás documentos adjuntos que ilustran los hechos del accidente, el valor de los perjuicios estimados, y los pronunciamientos de las autoridades judiciales colombianas sobre el reconocimiento de la condición diplomática del coronel Cowan y del consiguiente fuero especial a que tiene derecho ante las autoridades judiciales colombianas.
Consideramos oportuno dejar constancia que el coronel Cowan en ninguna de sus actuaciones relacionadas con este deplorable accidente quiso eludir ninguna responsabilidad al respecto, ni le restó atención ni cooperación con las autoridades de tránsito, salvo el ejercicio de los derechos de inmunidad diplomática contra la detención de él y de su vehículo, que le garantizan la ley y las autoridades colombianas por su condición de diplomático. Prueba de esta cooperación del coronel con las autoridades judiciales es, entre otras, el sometimiento voluntario al examen de alcoholismo que le fue practicado por el médico de la unidad judicial en el lugar del accidente, el cual dio resultado negativo, tal como aparece en la anotación que hace el juzgado permanente en el acta de levantamiento del cadáver.
Además, el coronel portaba en regla sus documentos de identidad y de tránsito, conforme a lo exigido por la ley colombiana a los diplomáticos. Así mismo, tiene los seguros de tránsito obligatorios exigidos para él y su vehículo.
La embajada ha revisado con cuidado su solicitud y la documentación proporcionada por las autoridades judiciales. Desafortunadamente, lamenta no poder tomar ninguna acción respecto a la familia del extinto, por considerar que la conducta del Coronel Cowan en el accidente estuvo ajustada a las leyes colombianas” (fl. 49-50, c. 1).
Conforme al texto del libelo esta demanda tiene como fundamento de hecho tanto la muerte del esposo y padre de los demandantes, como la aplicación de la Ley 6ª de 1972. Una sana interpretación de la demanda impone entender, como ya se dijo, que se acciona por las consecuencias derivadas de la aplicación del precitado texto legislativo y que el deceso de Cuervo constituye apenas una referencia obligada para el cálculo de la indemnización si a ella hay lugar, atendiendo a la naturaleza del hecho dañino y la relación existente entre el fallecido y los demandantes.
C. El régimen jurídico aplicable.
La Convención de Viena es un tratado internacional suscrito por el Estado colombiano, regularmente incorporado a la legislación interna, con la observancia de los procedimientos constitucionalmente establecidos y convertida en Ley 6ª de 1972.
De acuerdo con la Constitución Política, en su artículo 224, para la validez de los tratados, éstos deberán ser aprobados por el Congreso de la República, aunque a renglón seguido faculta al Presidente de la República para darles aplicación provisional, cuando sean de naturaleza económica y comercial, con cargo de enviarlos inmediatamente al Congreso para su aprobación. Señálase pues una regla general y una excepción.
La Convención de Viena, aparte de su claridad normativa sobre la inmunidad jurisdiccional de los agentes diplomáticos, fue incorporada a la legislación nacional y por tanto no hay duda sobre su aplicación al caso sub análisis, para que por contera, se abra camino la causa de responsabilidad patrimonial que contra el Estado nos ocupa.
La norma cuya aplicación se invoca es del siguiente tenor:
“Artículo XXXI
1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad su jurisdicción civil y administrativa excepto si se trata:
a) De una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión;
3. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a), b) y c) del parágrafo 1º de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.
4. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante”.
La convención obedece a un acto complejo del Estado colombiano integrado por la intervención de las voluntades de dos autoridades estatales, a saber, el Congreso y el Presidente de la República en ejercicio de sus funciones de conformidad con los artículos 189 y 150 de la C.P. Conforme al artículo 82 del CCA es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las consecuencias de su adopción como ley y de su aplicación en cumplimiento de compromisos internacionales. Si bien el Estado colombiano es soberano para el manejo de sus relaciones internacionales, ello no obsta para que ante la jurisdicción contencioso administrativa colombiana pueda ser convocado a responder por las consecuencias de sus actos que como en el caso presente se trata de un acto complejo. Los privilegios que conceda a estados o a sus diplomáticos acreditados, corren a cargo de la Nación, y no sería equitativo que revertieran a cargo de una persona en particular.
Si del cumplimiento del tratado, como en el caso particular que nos ocupa, deviene para los actores un perjuicio cuya autoría material radica en cabeza de un agente diplomático, la Nación colombiana debe asumir las consecuencias patrimoniales derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y respecto de las relaciones diplomáticas entre los Estados. Entonces, se encuentra claramente establecido el factor de imputación de la responsabilidad impetrada respecto del ente demandado por su titularidad jurídica exclusiva y excluyente para el manejo de las relaciones internacionales que constitucionalmente implican una operación compleja con participación de las tres ramas del poder público, a saber, el ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República a quien corresponde la dirección de las relaciones internacionales y por ende la negociación de los tratados; el legislativo, que incorpora los tratados internacionales como texto de derecho interno mediante leyes, y el judicial, representado en el caso por la Corte Constitucional mediante el control automático que ejerce sobre dichas leyes.
El ejercicio de la titularidad de las relaciones internacionales por parte del Estado implica una actuación suya cuyas consecuencias conforme al artículo 90 de la C.P. deben ser por él asumidas y en el caso los afectados perdieron la oportunidad de demandar al autor material del daño y al propietario del vehículo automotor, todo lo cual justifica fehacientemente la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano en la especie.
En el sub judice, estima la Sala que es pertinente aplicar el régimen de la responsabilidad por daño especial, que es el que corresponde aplicar cuando por la actividad legítima del Estado se causa un daño. En el caso presente la incorporación a la legislación nacional del texto de la Convención de Viena de fecha del 18 de abril de 1961 —en desarrollo de una operación compleja de naturaleza pública consistente en la negociación y firma del dicho tratado, su incorporación como ley nacional y la sujeción a los controles jurisdiccionales de conformidad con la Constitución— y su aplicación produjeron un daño consistente en el desequilibrio de las cargas públicas que los actores no deben soportar.
La incorporación en el ordenamiento jurídico interno, de los tratados internacionales, está regulada por la Constitución Política de 1991 y por las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, que son el derecho de los tratados en el orden internacional. Para que dichos tratados se perfeccionen y produzcan efectos en el orden nacional colombiano se pueden citar cuatro etapas que son comunes para la aprobación de los tratados en el seno de la comunidad internacional, a saber: la negociación, la suscripción o firma, los controles internos por las otras ramas del poder público y finalmente la ratificación. En Colombia el control interno es de dos tipos: el control político (C.P., art. 150, num. 16) y el control jurídico (C.P., art. 241, num. 10).
La aplicación del texto normativo en el sentido de conferir la inmunidad conduce a un enfrentamiento de derechos reconocidos por el ordenamiento colombiano; de un lado la condición del diplomático que goza de la inmunidad para ante los jueces colombianos, y de otro lado el derecho que tienen todos los residentes en Colombia para accionar ante sus jueces naturales para que se respeten sus derechos, se les proteja o se les garantice conforme al derecho positivo vigente, y demandar y ser demandados. Si excepcionalmente como en este caso y por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar complejo como ya se dijo.
En síntesis, puede afirmarse que el título de imputación jurídica sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad para el Estado, lo constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales (Congreso y Presidente de la República), que causa daño antijurídico, respecto del cual, el administrado no está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que sea equitativo imponer al Estado, en representación de la sociedad, la obligación de reparar el perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no es cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la C.P.
D. Antecedentes jurisprudenciales.
a) En Francia
Avalan el criterio expuesto, serios antecedentes jurisprudenciales conocidos por la doctrina francesa sobre la materia que se estudia, relacionados con la denominada responsabilidad del Estado “du fait des lois”, y la llamada responsabilidad del Estado “du fait des traites ou accords internacionaux” regularmente incorporados en el orden jurídico interno.
En efecto, la responsabilidad nacida por la entrada en vigor de una ley se estudió con ocasión del fallo del Consejo de Estado Francés del 14 de febrero de 1938, respecto de la sociedad anónima de productos lácteos “La fleurette”, allí el juez administrativo condenó al Estado a pagar a un particular una indemnización en reparación de un daño causado por la entrada en vigor de un texto legislativo con fundamento en la ruptura de la igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas, engendrada precisamente por la aplicación de la Ley 29 de 1934. Esta jurisprudencia, que fue la culminación de un proceso iniciado con el rechazo sistemático de toda posibilidad de responsabilidad del Estado por los perjuicios directamente causados por la adopción de una ley, comenzó con sentencia del 11 de febrero de 1838 (Duchaletet), cuando el texto legislativo prohibía la fabricación del tabaco hechizo para proteger el monopolio del Estado en la materia, pasando por la sentencia Couiteas a propósito de la Ley 16 de marzo de 1915 que prohibía la fabricación de abshinte, así se llegó a la sentencia del 4 de julio de 1989 (50 años después de la sentencia La fleurette), por la cual el Consejo Constitucional tuvo la ocasión de afirmar la existencia de la responsabilidad del Estado legislador en el caso en que una ley crea un daño especial y anormal en eventos relacionados con la modalidad de aplicación de las privatizaciones, dejando sentado que tal responsabilidad se justifica por el principio constitucional de la igualdad de todos ante las cargas públicas.
De otro lado la responsabilidad del Estado, comprometida en razón de los tratados o acuerdos internacionales regularmente incorporados en el orden jurídico interno, quedó expresada por el Consejo de Estado Francés en sentencia de 30 de marzo de 1966 en el caso denominado Compañía General de Energía Radio Eléctrica, fallo que mereció las siguientes consideraciones de esa corporación
“...que la responsabilidad del Estado es susceptible de comprometerse con fundamento en la igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas, para asegurar la reparación del perjuicio nacido de las convenciones suscritas por Francia con otros estados e incorporadas regularmente en el orden jurídico interno, a condición, de una parte, que ni la convención misma ni la ley que ha eventualmente autorizado la ratificación puedan interpretarse como habiendo entendido excluir toda indemnización, y de otra parte, que el perjuicio por el cual se demanda la reparación sea de una gravedad suficiente y presente un carácter especial ...” (Droit Administratif; Jean Francois Lachaume, Les grandes decisions de la jurisprudence. Themis. Puf, París 1993).
La extensión de la jurisprudencia citada en primer lugar, llamada “du fait de lois” a los tratados internacionales, tuvo como reparo el hecho de que el tratado continúa siendo un acto internacional cuyo contencioso escapa a la tradicional competencia de la jurisdicción administrativa. Sin embargo se optó por mantener la competencia de la jurisdicción especializada atendiendo a que el tratado regularmente incorporado en el orden jurídico interno produce efectos de derecho y consecuencias que el juez administrativo puede apreciar en materia de responsabilidad sin efectuar un juicio sobre la manera como el ejecutivo conduce las relaciones internacionales del Estado.
b) En Portugal
En caso semejante el Consejo de Estado de Portugal, al resolver el recurso Nº 33534, con fecha 10 de mayo de 1994 acordó, con ocasión del ejercicio del derecho indemnizatorio propuesto ante los tribunales portugueses según las reglas generales de competencia, la responsabilidad civil extracontractual del Estado Portugués, por acto efectuado materialmente por las fuerzas armadas americanas estacionadas en las Islas Azores. Dijo el alto tribunal que por imperativo del numeral 5 del artículo 8º de la Convención OTAN los tribunales portugueses son internacionalmente incompetentes para conocer de las demandas indemnizatorias contra los Estados Unidos de América por daños originados en los actos ilícitos culposos de sus fuerzas armadas estacionadas en las Islas Azores, y “que para obviar el sacrificio que para los ciudadanos nacionales, consistiría en la necesidad de, en tales casos, recurrir a los tribunales americanos, el Estado portugués asume por la misma cláusula de la convención referida la responsabilidad objetiva por el resarcimiento de tales daños obligándose al pago de la indemnización respectiva” (recurso 33534 rel. C.E. José Da Cruz Rodríguez). Esta responsabilidad objetiva a cargo del Estado portugués fue retenida como una solución para compensar la renuncia que aquella Nación hizo a la jurisdicción de sus tribunales, y también para obviar la onerosidad y dificultades que para sus nacionales constituía la exigencia de recurrir a los tribunales americanos.
c) En Colombia
Esta corporación ha construido una base jurisprudencial sólida respecto del daño especial como fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado, como cuando afirma que “el tribunal acertadamente manejó este caso con base en el régimen de responsabilidad por daño especial, caracterizado por presentarse en aquellas situaciones en las que la administración en desarrollo de una actividad legítima afecta los derechos de una persona por el rompimiento de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas, a cuya consecuencia se causa daño especial al administrado, cuya situación particular no puede enmarcarse dentro de un régimen distinto de responsabilidad” (sent. de julio 16 de 1994, exp. 8965, C.P. Daniel Suárez Hernández).
En otro caso se dijo que con apoyo en la teoría del daño especial, el Estado debe indemnizar el daño siempre que resulte anormal y excepcional en relación con lo que deben soportar los demás integrantes de la comunidad (sent. abr. 19/94; exp. 7096, C.P. Juan de Dios Montes).
Igualmente esta corporación con ponencia de quien elabora este proyecto, en sentencia del 25 de septiembre de 1997 en el expediente 10.392, actor Carmen Haydee González se precisó:
1. Que el hecho administrativo que causa el daño provenga de una actuación legítima de la administración amparada por la normatividad legal vigente o la misma Constitución, que rompe la igualdad frente a las cargas públicas que deben soportar determinados administrados.
3. Y que haya un nexo de causalidad entre el hecho administrativo legal y el perjuicio ocasionado.
En tales condiciones se exige que para hablar del daño especial como presupuesto de responsabilidad de la administración este debe ser anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, es decir, que solo unos pocos ciudadanos resultan sacrificados en su patrimonio como contrapartida de que la comunidad obtenga beneficios que le representa un mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios”.
Por todo lo anterior es claro que, teniendo los nacionales derecho a que se respete su integridad personal y patrimonial y a ejercer las acciones de ley para el restablecimiento de sus derechos conculcados, en igualdad de condiciones, en el caso presente los demandantes experimentan una doble limitación por virtud del privilegio de inmunidad jurisdiccional conferido por el Estado colombiano. De un lado porque quedan privados de la posibilidad de demandar en Colombia la reparación a que tienen derecho, en acción contra el ejecutor material del daño, y de otra parte porque consecuencialmente se desequilibraron las cargas públicas que deben soportar todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, al imponérseles la necesidad de demandar ante la justicia del estado acreditante, lo cual sí está permitido por la Convención de Viena, salvo renuncia a la inmunidad en los términos allí establecidos, hecho que no ocurrió en este caso.
Al aceptar la responsabilidad del Estado en el caso concreto que se falla, no se prohíja sin beneficio de inventario la expresión optimista de Leon Duguit según la cual el Estado debe ser un asegurador por vía general, pues se trata de una situación excepcional; tampoco se comparte la apreciación del Ministerio Público según la cual el Estado habría abdicado su soberanía al conceder una inmunidad jurisdiccional al cuerpo diplomático, pues precisamente en ejercicio de ella desarrolló la actividad compleja que dio origen a este proceso.
Al respecto vale recordar el pensamiento del maestro Hauriou cuando afirma:
“Hay dos correctivos de la prerrogativa de la administración reclamados por el instinto popular, cuyo sometimiento respecto del poder público puede formularse en estos dos brocardos: que haga, pero que obedezca la ley; que haga, pero que pague el perjuicio”.
E. La legitimación
Por activa, los documentos allegados dan certeza del matrimonio que el 1º de julio de 1945 (sic) contrajo la demandante Vitelvina Rojas Robles con el hoy occiso César Julio Cuervo Pineda en el estado de Táchira, República de Venezuela (fl. 19), y registrado el 17 de marzo de 1993 en la Notaria 1ª del Círculo de Bogotá. Y con los registros civiles de nacimiento de los actores Grace Kelly y César Augusto Cuervo Rojas se probó que son hijos del finado César Julio Cuervo Pineda, fallecido el 10 de octubre de 1991. Que Grace Kelly nació el 24 de junio de 1975 y por tanto contaba con 15 años de edad al producirse la muerte de su padre, mientras que César Augusto, quien nació el 18 de abril de 1984 tenía 7 años de nacido.
Por pasiva, la Nación estuvo representada en este caso por los Ministros del Interior y Relaciones Exteriores respectivamente. Para los fines que interesan al proceso, se sabe que por expresa disposición del artículo 149 del CCA el Congreso de la República es representado por el Ministro del Interior, mientras que en todo aquello que se relaciona con la suscripción de tratados internacionales su esfera compete al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad administrativa que para el caso particular, y en atención al postulado del artículo 115 de la Constitución, junto con el Presidente de la República constituye gobierno.
Sobre la calidad del agente dañino, la Sala aprecia el informe de accidentes de la Secretaría de Tránsito (fl. 33) según el cual el automotor que arrolló al occiso César Julio Cuervo se distingue con las placas CD-0744 y era conducido por el Teniente Coronel Edmund Scott Cowan, quien por información del Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos de América “era miembro diplomático acreditado de la misión militar de los Estados Unidos en Colombia”.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene establecido que “no solo los agentes diplomáticos tienen inmunidad de jurisdicción, con las salvedades referidas, sino que también la tienen los Estados, según principios y costumbres de Derecho Internacional, sobre todo porque no resultaría lógico que la tuviese el agente diplomático y no la tuviese el Estado acreditante. Y, por lo demás, se ha sostenido por la doctrina internacional, que los estados deben gozar de inmunidad de jurisdicción, en razón de principios como los de soberanía, independencia e igualdad jurídica” (autos de 12 de junio y 12 de agosto de 1992 proferidos por la Sala de Casación Civil).
Apelando al contenido del literal e del artículo 1º de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, se tiene que “por agente diplomático se entiende el jefe de la misión o un miembro del personal diplomático de la misión”.
Antes de cerrar este capítulo conviene destacar que el director general de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó (fl. 40) que el vehículo Chevrolet modelo 1989, color beige y dorado, distinguido con las placas CD-0744 “se encuentra registrado ante la dirección de protocolo desde el día 24 de agosto de 1989 y figura como propiedad de la Embajada de los Estados Unidos de América”.
F. El daño
Aunque consistente el daño, como ya se dijo, en el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, es preciso referirlo materialmente a todos los hechos de la causa petendi para el cálculo de la indemnización.
Con el acta de levantamiento fechada el 11 de octubre de 1991, distinguida con el Nº 1297 (fl. 35), se probó el hecho de la trágica muerte de César Julio Cuervo Pineda. Y para compensar los perjuicios que reclama la parte actora, aquí se ha visto que el Tribunal de Cundinamarca reconoció perjuicios materiales para cada uno de los actores del proceso con sujeción a los ingresos permanentes del occiso César Julio Cuervo Pineda. Así, el fallador a quo reconoció que para la época de su fallecimiento, Cuervo Pineda se encontraba laboralmente vinculado con dos entidades oficiales, razón por la cual consideró que:
“En consecuencia la indemnización se liquidará tomando los ingresos de 1991 provenientes del ICEL ($ 253.662.90 mensuales) sumándolos a lo percibido como docente ($ 192.595 mensuales), para un total mensual de $ 446.258.
De la suma total mensual se descontará un 25% que se considera destinado a los gastos personales de la víctima, obteniéndose la suma de $ 334.693.50 que se dividirá en tres partes: el 50% para la esposa y el 25% para cada uno de los hijos, de donde la base para la indemnización de la cónyuge es de $ 167.346.75 y la de cada uno de los hijos $ 83.673.37.
La indemnización de la esposa corresponderá desde la fecha de la muerte, 10 de octubre de 1991, hasta la vida probable de la víctima por ser ésta última la de mayor edad según los documentos allegados. La de los hijos corresponderá hasta que cada uno de ellos llegue a la edad de 18 años, tal como lo ha venido señalando la jurisprudencia. Para la liquidación se aplicarán las fórmulas de matemáticas financieras de común uso en estos casos y las indemnizaciones se dividirán en histórica o consolidada y futura”.
Alega el impugnante que con las declaraciones vertidas a folio 26 y ss. del cuaderno 2 se probaron otras fuentes de subsistencia que el occiso derivaba de la actividad agrícola, lo cual en principio podría ser cierto. Sucede sin embargo que los testimonios de Vicente y Cecilio Caro Cruz tan sólo dan a entender que el occiso utilizaba una franja aproximada de 3 hectáreas de terreno que heredó de su padre, ubicada en jurisdicción de Ciénaga (Boyacá), para cultivar en compañía de aquellos ciertas variedades como papa, fríjol y alverja. Y que los ingresos netos para César Julio Cuervo oscilaban entre $ 600.000 y $ 700.000 por cosecha.
En tales circunstancias no puede afirmarse que desde el punto de vista probatorio los ingresos que así se registraron con carácter ocasional deban ser tenidos como permanentes, pues el aspecto contingente de las actividades agrícolas hace necesario acreditar contable y tributariamente el ingreso real. Al parecer olvidó el apelante que a folio 30 del cuaderno principal aparecen dos declaraciones extrajuicio según las cuales Martha Leonor Pardo y Alfonso de Jesús Díaz reconocen que “César Julio no tenía ingreso diferente al de su profesión como docente, lo cual le servía para su congrua subsistencia”.
Perjuicios materiales para la señora Vitelvina Rojas R
En lo que se refiere a la estimación de estos perjuicios en favor de la señora Vitelvina Rojas Robles se aprecia que el a quo al desarrollar las operaciones de liquidación del lucro cesante trabajó con estricta sujeción a las pautas trazadas por la jurisprudencia de la corporación. Y si tanto las operaciones desarrolladas por el tribunal como el resultado obtenido no ameritan objeción, la Sala simplemente actualizará los montos reconocidos en favor de la demandante, precisando que lo hará con apoyo en el IPC suministrado por el DANE teniendo en cuenta para ello el último índice referido en la sentencia (405.60, enero/95) y el que corresponde al mes de julio de 1998 (780.20), para lo cual se tendrá presente la siguiente fórmula:
Vp = 68.207.526.81 x 1.92
Vp = 131.321.350.50
En los anteriores términos se reconocerá en favor de la señora Vitelvina Rojas Robles por concepto de perjuicios materiales la cantidad de $ 131.321.350.50.
Perjuicios materiales para los menores Grace Kelly y César Augusto Cuervo Rojas.
La Sala estima razonable, en este caso en particular, conforme lo solicita el apelante, reconocer perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de los menores Grace Kelly y César Augusto Cuervo Rojas hasta que éstos cumplan los 25 años de edad. Aparece acreditado testimonial y documentalmente que los actores dependían económicamente de la víctima. Se trataba de una familia que gozaba de especiales condiciones sociales y culturales, con aspiraciones académicas y profesionales, tanto que el padre desempeñaba la docencia en el Colegio Distrital Antonio Nariño, había culminado estudios en pedagogía matemática e ingeniería de sistemas. Los hijos cursaban el bachillerato y la primaria con perspectivas de llegar a ingresar a la educación profesional con apoyo cierto del padre. Tan es así que luego de la muerte de su progenitor la menor Grace Kelly ingresó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano a cursar la carrera de biología marina, según constancia visible a folio 126, matrícula cuyo costo a abril de 1993 fue de $ 452.201. Y el menor César Augusto continuó sus estudios en el colegio Louis de Broglie de esta ciudad, según constancia que obra a folio 127 del cuaderno 1.
Ese entorno familiar trasmite a la corporación la convicción de que los menores sin duda alguna hubieran recibido ayuda económica por parte de su progenitor hasta cumplir los 25 años, edad en la que los hijos suelen concluir los estudios suficientes para permitirles atender su manutención. La liquidación se efectuará con base en los siguientes criterios:
1. Se tendrá en cuenta que la víctima percibía como ingresos mensuales la suma de $ 446.258, del que se descuenta el 25% ya que se presume que dedicaba este monto para su sostenimiento. El valor resultante, es decir, la cantidad de $ 334.693.50 se distribuye la mitad para la cónyuge, es decir $ 167.346.75, y la otra mitad para los dos hijos menores, esto es, el monto de $ 83.673.37.
2. La indemnización de perjuicios según el criterio atrás establecido favorece a cada uno de los menores Grace Kelly y César Augusto Cuervo Rojas hasta la edad de 25 años.
3. Se actualiza la suma que beneficia a cada uno de los menores de conformidad con el índice de precios al consumidor suministrado por el DANE el cual para la época de los hechos marcó 205.59 y por otra parte el que rige para el mes de julio de 1998 (780.91).
Siguiendo las pautas atrás señaladas se procede de conformidad con las siguientes operaciones aritméticas y teniendo en cuenta las fórmulas aceptadas por esta corporación:
Vp = valor presente que se busca
If = índice final
Ii = Índice inicial
4. Se calculan dos períodos a) vencido, causado o consolidado que transcurre desde el 10 de octubre de 1991, fecha de los hechos, hasta el 31 de julio de 1998 (81.7 meses) y b) el futuro o anticipado que corre desde el 1º de agosto de 1998 hasta la fecha en que cada uno de los menores cumpliría los 25 años de edad.
Período causado o vencido.
Acorde con lo anterior para calcular la liquidación correspondiente al período vencido, causado o consolidado para cada uno de los menores, se aplica la fórmula:
S = indemnización vencida
i = interés técnico legal del 6% anual, o 0.004867 mensual.
n = tiempo para liquidar —número de meses—
S = $ 317.823.68 x 100.03 = $ 31.793.095.18
Según la liquidación precedente a cada uno de los menores Grace Kelly y César Augusto Cuervo Rojas por el período causado les corresponde la cantidad de $ 31.793.095.18.
Período futuro o anticipado
a) El menor César Augusto Cuervo Rojas nació en abril 18 de 1984. Este período se calcula desde el 1º de agosto de 1998 hasta el día en el cual se espera el menor cumpla los 25 años de edad. Es decir, un total de 128.6 meses, para liquidar los perjuicios se aplica la formula tradicionalmente aceptada por esta corporación a saber:
S = suma que se deduce
Ra = Renta acuatizada
i = interés técnico legal del 6% anual o 0.004867 mensual
n = número de meses
S = 317.823.68 x 95,419
S = 30.326.500.98
La menor Grace Kelly Cuervo Rojas nació el 24 de junio de 1975. Este período se calcula desde el 1º de agosto de 1998 hasta el día en el cual se espera la menor cumpla los 25 años de edad, junio 24 del año 2000. Es decir, un total de 22.8 meses. Para liquidar los perjuicios se aplica la fórmula tradicionalmente aceptada por esta corporación a saber:
S = 317.823.68 x 21.53
S = $ 6.843.058.62
Resumen perjuicios materiales:
1. Para César Augusto Cuervo Rojas
En fin, la Sala confirmará, pero haciendo hincapié en la precisión doctrinaria y fundamentos aquí consignados.
1. Confírmanse los numerales 1º, 3º, 4º y 5º de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de febrero de 1995 por las razones dadas en los considerandos de este proveído.
2. Modifícase el numeral 2º de la sentencia del rubro, el cual quedará así:
Como consecuencia de la anterior declaración condénase a la Nación, ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores, a pagar por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos de un mil (1.000) gramos de oro fino en favor de cada uno de los demandantes, Vitelvina Rojas Robles, Grace Kelly Cuervo Rojas y César Augusto Cuervo Rojas.
El precio del gramo oro será el que certifique el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de esta providencia.
Condénase igualmente a los ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de la señora Vitelvina Rojas Robles la suma de ciento treinta y un millones trescientos veintiún mil trescientos cincuenta pesos con cincuenta centavos ($ 131.321.350.59).
En favor del menor César Augusto Cuervo Rojas la suma de sesenta y dos millones ciento diecinueve mil quinientos noventa y seis pesos con 16/100 ($ 62.119.596.16).
Igualmente en favor de la menor Grace Kelly Cuervo Rojas la suma de treinta y ocho millones seiscientos treinta y seis mil ciento cincuenta y tres pesos con 80/100 ($ 38.636.153.80).
3. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a su apoderado judicial que ha venido actuando en el proceso.
Magistrados: Dolly Pedraza de Arenas—Mario Alario Méndez—Ernesto Rafael Ariza Muñoz—Germán Ayala Mantilla—Germán Rodríguez Villamizar—Jesús María Carrillo Ballesteros—Julio Enrique Correa Restrepo—Miren de la Lombana de Magyaroff—Javier Díaz Bueno—Silvio Escudero Castro—Clara Forero de Castro—Delio Gómez Leyva—Roberto Medina López—Ricardo Hoyos Duque—Luis Eduardo Jaramillo—Carlos Arturo Orjuela—Nicolás Pájaro Peñaranda—Libardo Rodríguez Rodríguez—Daniel Manrique Guzmán—Daniel Suárez Hernández—Manuel Santiago Urueta—Juan Alberto Polo Figueroa—Juan De Dios Montes Hernández.
No obstante compartir la decisión de la Sala, estimo que frente a un asunto de tanta trascendencia en el cual se involucran diferentes aspectos concernientes a la responsabilidad del Estado derivada de la aplicación de tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional, el título de imputación jurídica ha debido quedar definido con toda claridad a fin de darle certeza y seguridad a la evolución jurisprudencial en la materia.
1. Se afirma en la motivación del fallo que “en todo caso, la garantía de acceder a la administración de justicia (C.P., art. 229) no puede sufrir excepción y para que se haga efectiva en el caso sub judice se abre paso la demanda contra el Estado colombiano quien legítimamente conduce sus relaciones internacionales, asume obligaciones de la misma estirpe mediante tratados, promulga, cumple y hace cumplir sus propias leyes”.
Esta aseveración desconoce que la inmunidad de jurisdicción es un principio general de derecho internacional que tiene respaldo en el artículo 9º de la Carta Política, que se funda en los principios de soberanía e independencia expresado en el aforismo par in parem non habet imperium.
Así mismo, afirmar que el derecho de acceso a la administración de justicia “no puede sufrir excepción alguna” equivale a decir que la ley que lo contenga es inconstitucional y por lo tanto, cualquier juez en un caso particular estaría llamado a inaplicarla (C.P., art. 4º) y a abrirle paso a la acción que se intentase en contra de un Estado extranjero por los actos o hechos producidos en nuestro país.
Tal privilegio no es inconstitucional no sólo porque está fundamentado en el artículo 9º de la Carta Política en cuanto constituye un principio general de derecho internacional, sino porque en las diferentes oportunidades en las que la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con el mismo lo ha encontrado ajustado a la Constitución. (Véanse entre otras sentencias C-203/95, C-137 y 442/96).
2. Si bien es cierto que en la jurisprudencia francesa la responsabilidad por el hecho de las leyes arranca con el célebre caso La fleurette del 14 de febrero de 1938, ya en Colombia desde el año de 1910, en el Acto Legislativo Nº 3, artículo 4º, norma que hoy recoge el artículo 336 de la actual Constitución se había señalado que
“Ninguna ley que establezca el monopolio podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedarse privados del ejercicio de una industria lícita”.
3. Considero que ha debido reafirmarse que en el presente caso el fundamento de la responsabilidad estatal no puede ser otro que el daño antijurídico causado por las autoridades públicas (C.P., art. 90), que han privado del derecho de acceso a la justicia a quienes han padecido la lesión de uno de sus derechos. El título de imputación aquí sería el daño especial que la actividad legítima del Estado de acatar las reglas y pactos del derecho internacional puede causarle a los asociados al imponerles la carga de demandar en el territorio del Estado causante del daño y consecuencialmente, impedirles el acceso al aparato judicial nacional.
Aunque compartí lo resuelto en este asunto, considero conveniente aclarar mi voto en relación con los siguientes aspectos:
• La Ley 6ª de 1972 aprobó la Convención de Viena de 1969 sobre inmunidad jurisdiccional de los agentes diplomáticos. Este concepto, el de inmunidad, implica un privilegio que el Estado le reconoce a quienes representan a otras naciones ante nuestro país; y en mi sentir, lo que acontece es que aquél asume la responsabilidad que se deriva de los hechos antijurídicos a través de los cuales esas personas causen daño a otras, como si se tratara de un agente suyo.
• En efecto, considero que esa responsabilidad emana del artículo 90 de la Constitución Política, en concordancia con el 9º, 224 y 229 del mismo estatuto.
• Por eso no comulgo con la teoría de que exista una restricción del derecho de acceso a la administración de justicia, no obstante que deba recurrirse a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la civil, que podría señalarse como la natural en los casos en que no existe esa inmunidad.
• De otro lado, pienso que el criterio de que en el caso de los hijos la indemnización debe comprender su derecho a ser protegidos en lo que se refiere a su educación y los aspectos concomitantes hasta los 25 años, no debe adoptarse como insular, sino como derrotero para todos los eventos similares.
Septiembre 18 de 1998
Aunque compartí la decisión de la Sala y la mayor parte de los fundamentos de la providencia, considero necesario hacer la siguiente precisión:
En el presente caso no existe responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por el hecho del legislador, o por una falla del servicio legislativo, por cuanto la conducta legislativa se ajustó a la Constitución y a la ley. En efecto, la actividad del Estado en el presente caso fue legítima, desarrolló lo normado en un tratado de derecho internacional, fundado en propósitos nobles y loables, cuales son el necesario respeto de las relaciones diplomáticas entre los Estados; que han existido siempre como un principio del derecho de gentes, incluso independientemente de las previsiones que las legislaciones nacionales o internacionales hubieren realizado sobre el punto.
Este propósito que se refleja en la Convención de Viena, lo acogió el Estado colombiano en ejercicio de una actividad legítima, que no lo exime del deber de reparar los daños antijurídicos que se causen con ello, pues el artículo 90 de la Constitución Política consagró la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el caso sub lite, está presente el daño antijurídico que se materializa en la imposibilidad en que se encontraron los demandantes, para perseguir ante el juez natural competente la declaratoria de responsabilidad y su correspondiente indemnización, del directo causante del daño. No obstante, se precisa que el papel del legislador formó parte del proceso de adopción de los principios y normas internacionales contenidos en el tratado, pero su actividad no fue la que produjo el daño. Así quedó expuesto en el fundamento jurídico de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano, declarada en sentencia de septiembre 8 de 1998, proceso IJ 002, actor Leonor Judith Fandiño de Tarazona, del cual fui ponente.
Entonces se afirmó:
“...desde el punto de vista de la aprobación de la convención, no es predicable la existencia de un error legislativo en la Ley 6ª de 1972, que dicho sea de paso se limitó a aprobar el texto íntegro de la Convención de Viena, sobre inmunidad de jurisdicción, elaborada y fruto de la conferencia realizada en Viena el 18 de abril de 1961, a más que no podría endilgarse omisión en la labor legislativa, bajo el entendido de que las leyes internas no podrían modificar, derogar o suspender un tratado internacional, lo cual no significa, desde luego, que la necesidad de cumplir con los convenios internacionales impida que a nivel interno, en caso de conflicto entre los intereses nacionales con respecto a las obligaciones internacionales, no pueda ser objeto de revisión observando los procedimientos adecuados para ello que tiendan a una eventual modificación o enmienda del tratado o convenio”. (fl. 30).
En síntesis, por virtud de la participación del ejecutivo, del legislativo y del poder judicial colombiano, se privó a la víctima de la posibilidad de demandar directamente al dañador material para pretender la indemnización del daño y por ello debe responder patrimonialmente el Estado colombiano.
A pesar de haber compartido la decisión de la sentencia de la referencia, así como parte de sus consideraciones, he estimado oportuno en asunto de tanta importancia hacer algunas precisiones en cuanto al fundamento jurídico de la responsabilidad, en los términos siguientes:
1. No se puede hablar de responsabilidad del Estado legislador porque se trata en el asunto sub judice de la aplicación de normas de un tratado público, que, por esencia, constituye un acto complejo, pues intervienen, de una parte, dos o más Estados, y de otra parte, en lo que concierne a nuestro país, intervienen las distintas ramas del poder público, cuyas voluntades se funden en una sola, que es la voluntad del Estado colombiano. De manera que no puede de ese acto complejo, de naturaleza bilateral o multilateral, extraerse la ley que aprueba el tratado, para deducir de allí responsabilidad alguna.
Dentro de ese mismo orden de ideas, el caso “La Fleurette” a que se hace alusión en los considerandos sirve ciertamente de ilustración en cuanto a los antecedentes que de la responsabilidad del Estado legislador da cuenta el derecho francés, pero las circunstancias de dicho caso son diferentes a las planteadas en el asunto examinado, pues allá se trataba de la aplicación de una ley, mientras que aquí se está en presencia de la aplicación de un tratado multilateral.
2. El suscrito considera que la aplicación de un tratado internacional en el punto relativo a la inmunidad de los agentes diplomáticos frente al Estado en donde cumplen su misión, que se traduce en la imposibilidad de perseguirlos en ciertos casos ante los jueces nacionales, no constituye una denegación de justicia, como lo da a entender la sentencia cuando afirma que “... la garantía de acceder a la administración de justicia (C.P., art. 229) no puede sufrir excepción...”, por cuanto el derecho internacional prevé procedimientos que le permiten al interesado buscar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por dichos agentes. No puede invocarse entonces una pretendida denegación de justicia como fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado. El acceso a la justicia existe en el caso sub examine, aun cuando sea por un camino distinto del previsto por el derecho nacional para los asuntos en los que se encuentren involucrados servidores públicos, por lo cual mal puede hablarse de denegación de justicia en el caso analizado.
3. No es entonces acertado acudir al artículo 229 de la Constitución Política para fundamentar jurídicamente la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter extracontractual en el asunto del accidente que ha motivado este proceso; lo correcto hubiese sido la invocación del artículo 90 ibídem, lo que también se hace en la sentencia pero en concordancia con el artículo 229, pues el concepto de daño antijurídico que allí se consagra, se fundamenta precisamente en el principio de la igualdad ante las cargas públicas, lo que permite deducir responsabilidad del Estado cuando a algunos de los administrados se les imponen cargas especiales, en beneficio de toda la comunidad, las cuales no están obligados a soportar.
4. Para el desarrollo armonioso de las relaciones internacionales entre los Estados, se ha considerado como uno de los instrumentos jurídico políticos de mayor relieve el reconocimiento de la inmunidad diplomática a los agentes del Estado extranjero, lo cual puede implicar eventualmente, como en el caso o sub examine, que nacionales del Estado receptor, por causa de ese reconocimiento, se encuentren implicados en situaciones particulares que conlleven el deber de soportar cargas especiales en beneficio de un interés general superior, como es el que busca satisfacer la inmunidad diplomática, pero en dichos eventos, por razones de equidad, esa carga especial debe ser generalizada mediante el reconocimiento de una indemnización sufragada por el tesoro público.
En conclusión, estimo que el fundamento teórico de la responsabilidad en este caso es el principio de igualdad ante las cargas públicas y su fundamento jurídico, el artículo 90 de la Constitución Política.
Compartí la decisión adoptada mediante la sentencia de 25 de agosto pasado, pero creo del caso algunas precisiones.
I. Los particulares son responsables directa o indirectamente, esto es, por el hecho propio o por el hecho ajeno, según los casos, de los daños causados con culpa a terceros, en conformidad con lo establecido en el título XXXIV del libro cuarto del Código Civil, principalmente.
También el Estado es responsable de los daños que cause en desarrollo de sus actividades, pero su responsabilidad no tiene fundamento en la ley civil ni resulta de la culpa, sino de sus deberes de proteger y garantizar los derechos de los administrados, como es consecuencia de lo establecido, entre otras disposiciones, en los artículos 1º, 2º, 6º, 58 y, particularmente, en el artículo 90 de la Constitución, según el cual el Estado es responsable de los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
Para determinar esa responsabilidad, entonces, debe establecerse la actividad productora del daño, la imputación de esa actividad al Estado, el daño producido y la relación causal entre la actividad y el daño.
El Estado es responsable y debe resarcir daños tanto cuando cumple regularmente su actividad como cuando sea defectuosa, esto es, que la cumpla mal o tardíamente o no la cumpla.
La actividad dañosa se imputa al Estado, a quien por ende se atribuye la obligación de reparar el daño, bien si se trata de la conducta personal de un agente suyo o, también se ha dicho, integrado a la organización administrativa, bajo su autoridad o dependencia, cumplida en ejercicio de funciones referidas a los servicios a su cargo; bien si se trata del comportamiento impersonal de sus órganos. No son imputables, entonces, al Estado, las actividades puramente personales de sus agentes, distintas de las propias del servicio y sin vinculación al servicio.
El daño producido ha de ser antijurídico, que lo es cuando no se tiene el deber jurídico de padecerlo, cualquiera sea la causa que lo produzca, es decir, aun cuando derive de la actividad regular del Estado, y no sólo cuando esa actividad sea defectuosa; la antijuridicidad se dice del daño, no de la causa que lo origina.
Finalmente, la actividad imputable al Estado debe ser la causa del daño producido, pero deja de serlo, es decir, desaparece la relación causal, en la medida en que el daño resulte de la fuerza mayor, la conducta de la víctima o el hecho de un tercero.
II. Para el caso, el daño que debe indemnizarse es el que ha causado la Nación en cuanto a través de sus órganos, obrando conforme a derecho y en ejercicio de sus potestades, otorgó al agente diplomático inmunidad de jurisdicción y con ello privó injustamente al particular de su derecho a acceder a la administración de justicia, que garantiza el artículo 229 de la Constitución, para obtener la reparación del daño que le causó el agente diplomático. El daño que así causa la Nación es un daño antijurídico, en los términos del artículo 90, porque el particular no está jurídicamente obligado a padecerlo.
La Nación no es responsable de los daños causados por agentes diplomáticos, sino del que infiere en cuanto priva al damnificado del derecho de acceder a la justicia para obtener el resarcimiento del daño causado por el agente diplomático. El daño causado por el agente diplomático, desde luego, ha de tenerse en cuenta, pero sólo porque determina la medida del daño que se causa con la privación del acceso a la justicia.
III. Se dijo en la sentencia que “el título de imputación jurídica sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad para el Estado, lo constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales (Congreso y Presidente de la República), que causa daño antijurídico, respecto del cual, el administrado no está en el deber de soportar, pues la carga pública debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que sea equitativo, imponer al Estado en representación de la sociedad, la obligación de reparar el perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no es cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la C.P.”.
Según lo establecido en el artículo 13 de la Constitución, todas las personas son iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación. Pero la inmunidad establecida en la Convención de Viena es carga que, por igual, han de padecer todas las personas, sin distingos, y no sólo algunas.
De manera que el título de imputación jurídica no es el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, expresión del derecho a la igualdad de que trata el artículo 13 constitucional.
La Nación debe indemnizar al particular por el daño antijurídico que le causa por la acción de las autoridades y que resulta de la privación de su derecho a acceder a la administración de justicia, que le impide obtener la reparación del daño primigenio de que es autor el agente diplomático. La responsabilidad de la Nación, entonces, deriva del daño antijurídico causado por las autoridades.
Noviembre 4 de 1998.
Si bien comparto la decisión adoptada en la presente providencia, en el sentido de confirmar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, quiero formular las siguientes aclaraciones a la parte motiva de la misma:
El Estado sí debe ser condenado a reparar pero por razones diferentes a las expuestas, así:
1. Razones de Estado.
El Estado colombiano, al suscribir la Convención de Viena a través del Presidente de la República como su representante en materia de relaciones internacionales, actuó en ejercicio del poder soberano y lo hizo por razones de Estado.
En consecuencia, en pos de la consolidación y fortalecimiento de las relaciones internacionales, el Estado aceptó conceder inmunidad a los agentes diplomáticos acreditados en Colombia, lo cual significa que no se encuentran sometidos a la ley nacional como garantía de protección y salvaguarda a su esfera jurídica cuando actúan en ejercicio de sus funciones. Por vía de excepción, entre los límites al ejercicio del poder del Estado, se encuentra la función jurisdiccional.
Lo anterior conlleva dos consecuencias esenciales:
1. Por ser el Estado sujeto de derecho internacional, esto es, con plena capacidad jurídica para pactar, firmar y ratificar instrumentos internacionales, está obligado a cumplir sus compromisos.
2. El Estado asumió la responsabilidad por los perjuicios de orden patrimonial que se produzcan por la acción u omisión de los agentes diplomáticos con inmunidad dentro del territorio donde el Estado ejerce jurisdicción.
2. No existe una relación de discriminación o desigualdad.
Desde el punto de vista filosófico, el principio de igualdad se encuentra construido sobre un concepto de relación, esto es, que surge de un juicio valorativo de confrontación entre una situación, un hecho o circunstancia frente a otra de igual o similar naturaleza. De tal manera, se requiere un par a ser confrontado. Esto significa que si todos los residentes en Colombia soportamos un perjuicio causado por un diplomático extranjero, enfrentaríamos una situación absurda por cuanto no existiría con quien levantar un juicio de confrontación para establecer una relación de desigualdad o discriminación.
Lo anterior, implicaría admitir que todos los residentes en el país estamos eventualmente expuestos a ser objeto de un perjuicio producido por un agente diplomático extranjero e igualmente, todos estaríamos legitimados para reclamar una indemnización.
3. No hay responsabilidad por la ley del tratado.
La fuente de la responsabilidad estatal por las actuaciones de los agentes diplomáticos extranjeros que gozan de inmunidad, no se encuentra en la existencia de la ley aprobatoria del tratado ni en las actuaciones de las autoridades públicas que la hacen posible. Mal puede invocarse, entonces, que estas actuaciones originan una desigualdad en las personas ante las cargas públicas. Es principio general que tanto el tratado como la ley que lo aprueba producen efectos erga omnes, es decir, sus efectos, son de carácter general, impersonal y abstracto, en otros términos, vincula a todos los habitantes del territorio nacional.
4. La condición de garante del Estado colombiano.
El fundamento de la responsabilidad reside en la condición de garante o aval que adquiere el Estado al conferir status privilegiado a unos ciudadanos extranjeros, lo cual hace por razones de Estado, en virtud del principio de reciprocidad.

References: artículo 86
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 224
 artículo 82
 artículo 90
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 149
 artículo 115
 artículo 1
 artículo 115
 artículo 37
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 336
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 229
 artículo 90
 artículo 229
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 229
 artículo 90
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13