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Timestamp: 2018-11-17 16:10:10+00:00

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Los avances en la libertad de empresa, propiciados por la reforma laboral de 2012 mediante la recuperación de las facultades empresariales de ordenación de las actividades productivas y de las relaciones laborales, han estado durante todos estos años sujetos a los avatares de una doctrina judicial en gran parte reticente a cualquier alejamiento, por mínimo que fuese, de los tradicionales esquemas protectores del trabajo, centrados en la limitación de aquellas facultades y en la rigidez del marco normativo laboral. Los principios de la legislación franquista, basada en la represión de las libertades colectivas, en el intervencionismo administrativo y en la protección paternalista de los derechos laborales individuales, limitando drásticamente las facultades empresariales, se han resistido a morir, y la consagración de los derechos colectivos (libertad sindical, derecho de huelga, negociación colectiva) ha convivido con una regulación del contrato individual de trabajo inspirada en dichos principios.
Algo se ha avanzado, sin embargo. Trabajosamente, pero sin pausa, las exigencias de la libertad de empresa en una economía de mercado, que reconoce la Constitución en su artículo 38, han estado cada vez más presentes en las relaciones laborales, avanzando hacia un nuevo equilibrio entre la tutela de los derechos laborales y las facultades organizativas y directivas de la empresa. Uno de los puntos fundamentales de esta evolución doctrinal y judicial, ha sido el relativo a las decisiones empresariales acerca del ajuste del volumen de empleo en la empresa. En la normativa franquista, mantenida durante largo tiempo en la nueva regulación constitucional de las relaciones laborales (aquello del “atado y bien atado” no estaba tan carente de fundamento), la libertad de empresa se garantizaba a la hora de entrar en el mercado de trabajo pero no a la hora de “salir” del mismo, precisando los ajustes de plantilla de una autorización administrativa. Frente a ello, la reforma laboral intentó garantizar la libertad de decisión empresarial también a la hora de abandonar o reducir la producción, con la consiguiente reducción de la plantilla. Se suprimió, por ello, la autorización administrativa para los despidos colectivos, dejando la decisión al respecto (si bien con respeto de los importantes condicionamientos procedimentales establecidos) al empresario. Ahora bien, la decisión del empresario quedaba sujeta al control judicial a posteriori, que se ejercía no solo en relación con los aspectos indemnizatorios y procedimentales sino también sobre el fondo del asunto.
Aquí estaba la verdadera prueba de fuego del alcance de la reforma y del respeto por la misma de la libertad de empresa. La doctrina judicial, a la hora de controlar la causa de los despidos colectivos, fue evolucionando en un sentido cada vez más sensible a las exigencias de la libertad de empresa, tratando de evitar, sobre todo, que el juez se erigiese en un “sustituto” del empresario, decidiendo por el mismo acerca de los parámetros fundamentales de la empresa.
A esta evolución, ciertamente, no ayudaron mucho algunas intervenciones normativas posteriores del propio gobierno de la reforma (que parecía, por momentos, temeroso de ser acusado de abandonar el amplio consenso socialdemócrata vigente en Europa) ni, sobre todo, la Sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la constitucionalidad de la reforma. En esta sentencia (8/2015, de 22 de enero), si el Tribunal sostiene, acertadamente, que la norma suprema permite políticas legislativas diferenciadas y no impone por tanto un preciso modelo normativo para la ordenación de las relaciones laborales (cerrando el paso a los tan habituales intentos de pretender que el aval constitucional ampara solo los propios planteamientos políticos), lo que debería haber bastado para afirmar la constitucionalidad de la reforma, añade, sin embargo, innecesariamente, que con la reforma, en realidad, apenas cambiaba nada y que el legislador se habría limitado a introducir mayor precisión en la regulación laboral, en pro de la seguridad jurídica y de la facilitación de la labor interpretativa.
Ya sostuve en su momento que esta sentencia era un torpedo en la línea de flotación de la reforma cuya constitucionalidad avalaba, y que podía provocar una cierta involución interpretativa judicial que provocara la vuelta a los viejos esquemas interpretativos mortificadores de la libertad de empresa.
Pues bien, los temores se confirman. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2018 (841/2018), apoyándose expresamente en la del Tribunal Constitucional citada, sostiene que, en contra de lo que pretendía, según su Exposición de Motivos, la ley de la reforma laboral (que el juez solo pudiese comprobar la concurrencia de la causa alegada por el empresario para el despido), “no puede dudarse de la persistencia de un ámbito de control judicial más allá de la búsqueda de concurrencia de la causa como hecho”. No solo cabe un control judicial de la causa de despido alegada, sino que “es necesario, además, un control de razonabilidad pleno y efectivo sobre la medida extintiva comprobando si las causas alegadas y acreditadas, además de reales, tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y también, si la medida es plausible o razonable en términos de gestión empresarial”. La decisión empresarial ha de ser “adecuada a las circunstancias causales concurrentes” y por tanto “proporcional”, debiendo excluirse “en todo caso, como carentes de “razonabilidad” y por ello ilícitas, aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores”.
Nuevamente vemos aquí al juez vistiendo los ropajes del empresario y valorando sus decisiones desde el punto de vista de la “gestión empresarial”. ¿De verdad se piensa que el juez tiene los instrumentos conceptuales necesarios para valorar si una medida empresarial (repárese en que no solo extintiva sino también modificativa) es plausible o razonable desde el punto de vista de la gestión empresarial? Recordando la doctrina administrativa que se sentó durante el franquismo para la autorización de los despidos colectivos, se dice que las causas del despido han de ser “reales, actuales, proporcionales”, y se concluye con una afirmación inquietante: “La empresa no tiene un poder absoluto en orden a configurar el tamaño de su plantilla, sino que ha de actuar con respeto a todos los derechos e intereses en presencia”. Si la empresa hace surgir “por su sola voluntad, la causa organizativa invocada, sin que el hecho que la motiva (venta de parte de la maquinaria) aparezca justificado por la necesidad”, no pueden aceptarse las medidas extintivas de contratos pretendidas. La reducción de la capacidad productora de la empresa por la venta de una parte de su infraestructura productiva, no puede pues admitirse como causa de despido. Repárese en que se exige que se acredite la “necesidad” de la medida, lo que vuelve a incidir en la restricción de las decisiones empresariales acerca del volumen de la producción y de la plantilla.
http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/11/iStock-891455746-e1542297833596.jpg 493 750 Federico Durán López http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/02/Logo_Blog_2_600.jpg Federico Durán López2018-11-16 09:00:592018-11-15 17:08:36¿Retrocede la Libertad de Empresa?
http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/10/IMG_0458-e1539948580341.jpg 1000 1500 Centro de Estudios Garrigues http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/02/Logo_Blog_2_600.jpg Centro de Estudios Garrigues2018-10-19 13:39:332018-10-19 13:39:33El Centro de Estudios Garrigues radiografía los eSports en una exitosa jornada
Durante años hemos debatido si cabe aportar nuevas pruebas, y con qué límites, en un procedimiento económico-administrativo o, luego, en un proceso contencioso-administrativo, cuando tales pruebas no se habían practicado ni su resultado se había incorporado al expediente en el procedimiento de gestión o inspección inicial. Los órganos económico-administrativos se han inclinado frecuentemente por una concepción estrecha de esa vía de revisión, asumiendo que la prueba debe proceder del previo procedimiento de gestión o inspección. Por el contrario, los jueces y tribunales han sido conscientes de las exigencias derivadas del artículo 24 de la Constitución y normalmente han admitido pruebas en el proceso no practicadas con anterioridad.
Pues bien, dada la trascendencia de este debate, adquiere especial relevancia la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:3091). El Alto Tribunal resuelve un recurso de casación contra una Sentencia de la Audiencia Nacional (la de 22 de septiembre de 2016 de la Sección Sexta de la Sala de la Audiencia) en un proceso en el que se discutía la procedencia de haber aportado ante el TEAC los justificantes referidos a una devolución de IVA en favor de un empresario no establecido, justificantes que habían sido requeridos por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria sin haber sido entregados a aquélla.
La doctrina que va a sentar el Tribunal Supremo ha de ponerse en primer lugar en el contexto de la evolución más reciente de la cuestión. Tras una postura previa más vacilante, el Tribunal Supremo dictó la decisiva sentencia de 20 de junio de 2012 (recurso de casación núm. 3421/2010) en la que claramente se inclinó en favor de la necesidad de admitir la práctica de la prueba en el proceso contencioso sin que aquélla se viera limitada por la prueba practicada en la vía administrativa previa. En un sentido parecido se pronuncia luego el Tribunal Supremo en las sentencias de 10 de noviembre de 2014 (recurso de casación núm. 2015/2013) y de 20 de abril de 2017 (recurso de casación núm. 615/2016). En ésta última, la Sala reconoce precisamente el derecho de una entidad no establecida a probar su derecho a una devolución de IVA aportando en un recurso de reposición las pruebas no aportadas antes en el procedimiento de gestión.
El TEAC, por su parte, en Resoluciones de 11 de octubre de 2011, 16 de febrero de 2012 o 23 de enero de 2014, había rechazado la aportación en un procedimiento de revisión de documentación que pudo aportarse en un procedimiento de gestión o inspección anterior sin hacerlo, pero apuntando ya que la base de su postura era el abuso de derecho o el abuso procesal que se producía de forma que esta doctrina debía aplicarse con prudencia para evitar cualquier indefensión. No obstante, en una Resolución de 6 de noviembre de 2014, el TEAC volvía a sostener que el debate probatorio debía producirse “naturalmente” ante el órgano de gestión o de inspección y solo cabía aportar nuevas pruebas previa justificación de la imposibilidad de haberlas aportado con anterioridad. Sólo en la Resolución de 2 de noviembre de 2017, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2017, el TEAC asume que el reclamante puede aportar pruebas ante el órgano económico-administrativo que no había aportado con anterioridad. Pero aún en esta resolución el TEAC introduce la exigencia de que tales documentos o pruebas justifiquen materialmente lo pretendido sin que el tribunal deba realizar ninguna actividad de comprobación que sólo competería a los órganos de gestión o inspección.
Ahora, en la sentencia del pasado 10 de septiembre, el Tribunal Supremo asume una postura concluyente para afirmar que el reclamante puede aportar cualquier clase de pruebas en el procedimiento económico-administrativo, sin otro límite que el derivado de la necesidad de evitar el abuso de derecho. La sentencia parte de una concepción de los tribunales económico-administrativos, conforme a la cual la vía de revisión administrativa tiene perfiles “cuasi jurisdiccionales”, de forma que, como sucede en el proceso contencioso, no puede entenderse como una nueva instancia sino como “[u]n auténtico proceso, autónomo e independiente de la vía administrativa”, en el que pueden invocarse nuevos motivos, “[c]on posibilidad de proponer prueba y aportar documentos que no fueron presentados ante la Administración para acreditar la pretensión originariamente deducida”. Así entiende el Alto Tribunal las propias referencias a la prueba recogidas en el artículo 236.4 de la LGT o en el artículo 57 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, así como la amplia extensión de las facultades que a los órganos económico-administrativos atribuyen los artículos 237.1 y 239.2 de la LGT.
Por este motivo, la sentencia llega a afirmar que no sería propiamente de aplicación en el ámbito tributario el artículo 112.1 de la Ley 30/1992, ni actualmente el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, que excluye la prueba en un recurso administrativo cuando su falta de realización anterior fuera imputable al interesado, pues las previsiones en contra de la normativa tributaria impedirían la aplicación supletoria de este precepto.
Ciertamente, el Tribunal Supremo mantiene como límite que la actitud del reclamante no sea abusiva o maliciosa. Por este motivo, el reclamante debe ser consciente de que aportar tardíamente como prueba un documento o justificante requerido en su día y negado por el interesado supone un riesgo, bien por la inadmisión de la prueba o bien por una valoración de la misma contraria a las pretensiones de aquél. Pero, más allá de este límite, la doctrina del Tribunal Supremo obliga a entender definitivamente superadas las dudas del TEAC. Es más, el Tribunal Supremo no permite que se presuma un abuso por la mera aportación de documentos requeridos antes por el órgano de gestión y no aportados entonces. Por lo tanto, los tribunales económico-administrativos han de actuar a estos efectos como un órgano judicial admitiendo la prueba que no sea abusiva y apreciando su suficiencia sin que esta valoración de la prueba pueda confundirse con ninguna comprobación pretendidamente reservada a los órganos de aplicación de los tributos.
La doctrina comentada debería afectar a la propia concepción de los litigios en materia tributaria, en los que ha adquirido una extraordinaria importancia la prueba de los hechos cuando tradicionalmente se centraban en un debate sobre la correcta interpretación de la base legal del acto administrativo impugnado. Los tribunales económico-administrativos deberían adaptarse a esta nueva visión en la cual cabría incluso matizar la ausencia de contradicción y usar con más frecuencia los informes a los que se refiere el artículo 236.3 de la LGT. Por último, ese acceso a la prueba en el proceso contencioso-administrativo podría ser usado también por la Administración más allá del contenido del expediente administrativo lo que afectaría a la concepción tradicional del papel de la Abogacía del Estado.
Félix Plaza participa en la Jornada de Derecho Deportivo organizada por Lawyerpress y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
24 septiembre, 2018 /en NOTICIAS /por Centro de Estudios Garrigues
El director del Centro de Estudios Garrigues asistió como ponente a la jornada sobre Derecho Deportivo que se celebró en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con motivo de la presentación del libro “Derecho Deportivo. Una radiografía en sus aspectos más cruciales”.
El volumen, prologado por José María Alonso, decano del Ilustre Colegio Abogados de Madrid, recoge 25 artículos de los principales despachos y profesionales del Derecho Deportivo, entre los que se incluye el artículo de Félix Plaza, socio de Garrigues, “Los derechos de traspaso y la tributación por la adquisición de jugadores a clubes extranjeros, una cuestión controvertida”.
Durante la jornada, que contó con la participación de los principales juristas especializados en esta área del derecho, se celebraron diversas mesas redondas como la titulada “La fiscalidad en el deporte, en la picota” en la que participó Félix Plaza, director MBA in Sports Business & Law y del Programa Executive en Gestión Deportiva SBA Sport Business Administration.
http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/09/18.09.18-Mesa-Fiscalidad-14-e1537777898499.jpg 1000 1500 Centro de Estudios Garrigues http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/02/Logo_Blog_2_600.jpg Centro de Estudios Garrigues2018-09-24 10:42:362018-09-24 11:43:41Félix Plaza participa en la Jornada de Derecho Deportivo organizada por Lawyerpress y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Arranca el ‘LLM in International Transactions’ en la Universidad de Fordham en Nueva York
21 septiembre, 2018 /en NOTICIAS /por Centro de Estudios Garrigues
El LLM es una formación acorde con el actual entorno empresarial internacional, destinada a asociados de nuestra firma, que les brinda valiosas oportunidades de aprendizaje que contribuirán a su desarrollo personal y profesional en Garrigues.
Esta semana se ha inaugurado la tercera edición del LL.M. in International Transactions. El programa se desarrolla en el marco del International Training Program (ITP) de la firma y, a través del Centro de Estudios Garrigues, cuenta con la colaboración de la Universidad de Nebrija y la School of Law de Fordham University, una de las instituciones docentes más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos.
Se trata de una formación acorde con el actual entorno empresarial internacional, destinada a asociados de nuestra firma, que brinda valiosas oportunidades de aprendizaje que contribuirán a su desarrollo personal y profesional en Garrigues. Cuenta con un equipo docente internacional formado por destacados académicos y expertos abogados en diferentes campos del derecho, así como otros profesionales de instituciones públicas y grupos multinacionales.
El programa ofrece una formación multidisciplinar de carácter jurídica y empresarial, así como en soft skills, necesaria para asesorar en la negociación e implementación de transacciones comerciales y corporativas, así como en la resolución de conflictos que de ellas se derivan. Esta formación es de carácter internacional pues muchas operaciones afectan a más de un ordenamiento jurídico y en las que se da una combinación del derecho civil continental con las instituciones del derecho anglosajón.
La formación ha comenzado con una primera etapa que se desarrolla en Nueva York (EE.UU.). Durante dos semanas intensivas los estudiantes asistirán a las clases impartidas en la School of Law de Fordham que les servirán para familiarizarse con el sistema legal norteamericano y las principales instituciones del derecho anglosajón.
El curso continúa con una formación online que se prolongará hasta el mes de abril en la que se estudian, desde una perspectiva comparada, aspectos teóricos y prácticos de diferentes áreas tales como el gobierno corporativo, insolvencia, derecho de la competencia, mercados financieros o privacidad. El LLM finaliza con un periodo presencial de varias semanas en el Centro de Estudios Garrigues en Madrid centrado en la resolución de casos prácticos multidisplinares y diversas ponencias sobre temas relevantes para un abogado internacional (técnicas de negociación, lobby & advocacy, herramientas TIC para abogados, tecnologías disruptivas que afectan a los abogados, transformación digital, etc.).
http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/09/Group-photo2.jpg 1959 2957 Centro de Estudios Garrigues http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/02/Logo_Blog_2_600.jpg Centro de Estudios Garrigues2018-09-21 10:42:572018-09-24 11:45:07Arranca el ‘LLM in International Transactions’ en la Universidad de Fordham en Nueva York
El Centro de Estudios Garrigues acoge a los alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Chile
10 septiembre, 2018 /en NOTICIAS /por Centro de Estudios Garrigues
La Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Estudios Garrigues han llegado a un acuerdo para el desarrollo de un programa internacional sobre derecho de los negocios.
Los alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuya facultad de derecho ha sido reconocida como la mejor Facultad de Sudamérica por séptimo año consecutivo en el prestigioso ranking QS World University, asisten en el Centro de Estudios Garrigues a un programa que se centrará en el estudio de diversas materias relacionadas con la Práctica Internacional del Derecho de los Negocios.
De la mano de los mejores profesionales en cada campo jurídico, los estudiantes podrán disfrutar de diversas clases y actividades que les permitirán profundizar en los desafíos del asesoramiento jurídico internacional o los fundamentos del Derecho Europeo. La formación continuará en días sucesivos con el estudio, tanto práctico como teórico, de materias como International M&A, arbitraje internacional, legislación corporativa internacional o fiscalidad internacional. A través de las diferentes sesiones, los participantes analizarán las cuestiones más controvertidas que afectan a las operaciones corporativas internacionales de mayor relevancia (fijación de precio en operaciones, fijación de garantías financieras, cláusulas contractuales, implicaciones fiscales, etc.).
Además, los alumnos de la universidad chilena verán enriquecida su estancia en Madrid con la visita a las instituciones más destacadas en las que se lleva a cabo la práctica jurídica en España (Tribunal Constitucional, la Corte Arbitral, la sede de La Bolsa y el Despacho Garrigues, entre otras).
El Centro de Estudios Garrigues, para hacer frente a las nuevas exigencias de la sociedad global, mantiene un conjunto de relaciones académicas e institucionales con algunas de las más reconocidas instituciones internacionales, a las que ahora tiene el placer de sumar a la prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Chile.
http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/09/UnivChile.jpg 884 1178 Centro de Estudios Garrigues http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/02/Logo_Blog_2_600.jpg Centro de Estudios Garrigues2018-09-10 18:15:572018-09-10 18:15:57El Centro de Estudios Garrigues acoge a los alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Chile
La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, preside el acto de entrega de la XVIII edición del Premio Jóvenes Juristas
7 septiembre, 2018 /en NOTICIAS /por Centro de Estudios Garrigues
Copresidieron el acto el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso y el presidente ejecutivo de Garrigues, Fernando Vives
Juan Antonio Mancilla Álvarez, de la Universidad de Deusto, recibió el primer premio
El prestigioso premio Jóvenes Juristas promovido por el Centro de Estudios Garrigues, con la colaboración de Thompson Reuters y la Fundación Garrigues, celebró el pasado día 5 de septiembre el acto de entrega de premios de su XVIII edición.
El acto contó con la participación destacada de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, del presidente ejecutivo de Garrigues, Fernando Vives, del presidente del consejo de redacción de Thomson Reuters, Javier Moscoso y del director del Centro de Estudios Garrigues, Félix Plaza,
Juan Antonio Mancilla Álvarez
Los tres primeros galardones recayeron sobre Juan Antonio Mancilla Álvarez (primer premio), Marta Ramos Gómez (segundo premio) y Sandra Vila Holgado (tercer premio).
Gema Tomás Martínez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, universidad de procedencia del ganador del primer premio, recibió asimismo la correspondiente distinción, de manos de la ministra.
También fueron distinguidos los finalistas: Javier de Diego de Mingo, Ignacio Felipe Rode, José Luis Fuentes Alcaide, Ander Gutiérrez Gárate, Jaume Hernández Hernández, Ana Jiménez-Tuset Bernat, Paola Hidalgo Herrero, Paula Ortega Elena y José Ignacio Soto Trujillo.
Durante la ceremonia, que contó con la presencia de Antonio Garrigues Walker, Presidente de Honor de Garrigues, la Ministra de Justicia definió este premio como “el máximo reconocimiento que se puede hacer a los jóvenes juristas en España”; algo que, sin duda, supondrá un impulso importante a sus carreras profesionales. Además, instó a los jóvenes a seguir trabajando en la búsqueda de la excelencia.
El tribunal de esta exigente edición, a cuya fase final han accedido de 30 jóvenes, ha estado formado por los siguientes prestigiosos juristas: José Maria Alonso Puig (Presidente), Jorge Jaime de Fuentes Corripio, Alberto de Martín Muñoz, Jacobo Barja de Quiroga López, Eduardo María Valpuesta Gastaminza y José Ramón Martinez Jiménez (que ejerció las funciones de secretario).
Al acto también acudieron distinguidos representantes de las más prestigiosas universidades españolas.
http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/09/Mesa-presidencial.jpg 1268 1900 Centro de Estudios Garrigues http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/02/Logo_Blog_2_600.jpg Centro de Estudios Garrigues2018-09-07 10:09:162018-09-07 10:15:24La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, preside el acto de entrega de la XVIII edición del Premio Jóvenes Juristas
http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/07/iStock-906197096-e1532419192547.jpg 667 1000 Abelardo Delgado Pacheco http://blog.centrogarrigues.com/wp-content/uploads/2018/02/Logo_Blog_2_600.jpg Abelardo Delgado Pacheco2018-07-27 08:49:442018-07-24 15:43:18La comprobación de valores en el Tribunal Supremo
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References: artículo 38
 artículo 24
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 236
 artículo 57
 artículo 112
 artículo 118
 artículo 236
 resolución 
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