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Timestamp: 2018-02-22 18:50:48+00:00

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Revocación de la Resolución 131/2008(de la C.N. de D. de la C.) Por Incompetencia del Órgano Emisor.Corresponde Dictarla a la Secretaría de Comercio y a la C.N. de D. de la Competencia
by Dra. Adela Prat on abril 20, 2015
REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 131/2008(C.N. de D. de la C.) POR
INCOMPETENCIA DEL ÓRGANO EMISOR.CORRESPONDE DICTARLA A LA
SECRETARÍA DE COMERCIO Y A LA C. N. DE D. DE LA COMPETENCIA.
RESUELVEN QUE NO ES NECESARIO LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN CUANTO LA LEY IMPONE LA INTERVENCIÓN DE LOS SINDICATOS.
CSJ 94/2.012 (48-F) c/ CS1
“Federación Única de Viajantes de la Rpca. Argentina y otro c/Yell Argentina
S.A. s/cobro de salarios” – CSJN – 07/04/2.015.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación– con el voto de sus Ministros Sres. Dres.
Ricardo Luis Lorenzetti, Carlos S. Fayt, Juan Carlos Maqueda y de la Sra. Dra. Elena I.
Higton de Nolasco– dictó la siguiente SENTENCIA:
I. Hacer lugar al Recurso de Queja,
II. Declarar procedente el Recurso Extraordinario, y
III. Dejar sin efecto la sentencia apelada. Con costas.
A.-Sentencia de la C.N.A.del Trabajo dejada sin efecto-
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al confirmar la sentencia
de primera instancia, rechazó la demanda, promovida por la F.U.V.R.A. y por la
Asociación de Vendedores de la Industria, Comercio y Servicios, con el objeto de que la
demandada les abonase el `aporte patronal´ destinado al Fondo de Investigación y
Perfeccionamiento Gremial y Profesional.
Ello así por estar previsto en el Art. 30 de la CCT 308/75 – de Viajantes de Comercio-,
en relación con CIENTO CUARENTA Y DOS (142) trabajadores, categorizados como
“Auditores Comerciales Externos“ y, por lo tanto, se los `excluyó´ de las disposicio-
–nes de la citada Convención Colectiva del Trabajo.
Para resolver como lo hizo, la Sala consideró que:”las Entidades Sindicales, carecían de
legitimación para obtener una decisión sobre el punto discutido, ya que no actuaron en
ejercicio de un Mandato (expreso o tácito), de los trabajadores involucrados“.-
Sostuvo que: “eran estos últimos, como sujetos de cada Contrato de Trabajo, los únicos
habilitados para discutir el encuadramiento en un determinado `régimen jurídico´ del
vínculo que habían creado en ejercicio de la autonomía privada“(considerandos 1º y 2º)
El Dictamen al que adhiere la Corte expresa: “la Cámara, sostuvo, en síntesis, que
la procedencia de la acción requiere la intervención de los Trabajadores“.
Y continúa expresando: “el Tribunal entendió que las Entidades reclaman en base
a su `representatividad´ que no les ha sido reconocida y con sustento en un
CCT cuya aplicación global a 142 trabajadores indicados en el escrito de inicio,
no puede predicarse en forma abstracta“.(del Dictamen de la P.F.).
3º) Las recurrentes impugnan el fallo con base en la existencia de `cuestión federal´,
de arbitrariedad y de gravedad institucional, dado que la sentencia le impide
incorporar a su Patrimonio los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos
como Asociación Sindical, afectando su derecho a la propiedad.(Art.17,C.N.).
Sostienen que lo resuelto `contradice´lo dispuesto en los Convenios de la OIT Nros. 87,
y 98,(Art.75, inc. 12 de la C.N.), afecta su derecho a la negociación colectiva (Art.14
bis de la C.N.) y desconoce el carácter de fuente del Derecho del Trabajo, de los
Afirman, que demandaron en su carácter de Administradores del Fondo creado
por el CCT celebrado oportunamente – y homologado por la Autoridad de Aplicación-,
en representación de un `interés colectivo´, por lo que es un contrasentido exigir la
conformidad de los Titulares de los Contratos de Trabajo, como condición para
la admisibilidad de la pretensión.
Entienden afectada la garantía de acceso a la justicia.
B. -Sentencia de la Corte de la Nación-
4º) “Que, si bien el Recurso Extraordinario se invoca por diversas causales de
descalificacion del fallo, se aprecia que, – en lo sustancial -, las apelantes impugnan
por arbitrario lo resuelto en materias de `derecho común´–como son las atinentes
al alcance de la representatividad sindical y a la aplicación de disposiciones con-
-tenidas en las CCT-, que, como regla, son ajenas a la instancia del Art.14º de la Ley 48.
Sin embargo, la consideración de los agravios resulta procedente en el caso, de
manera excepcional, por cuanto la decisión prescinde de dar adecuado tratamiento
a la controversia, de acuerdo con los términos en que fue planteada por las
partes, derecho aplicable y la prueba rendida.(Fallos: 327: 5224 y 5438, 328: 533).
5º) “Que, en efecto, se advierte que las argumentaciones de la Cámara con respecto
a la falta de legitimación de las Entidades Sindicales para articular el reclamo, van
más allá del cuestionamiento específico llevado a su conocimiento.
Este último, se hallaba referido `únicamente´ a lo examinado en origen sobre la
calificación de las tareas del colectivo de trabajadores, en relación con el cual se
requirió el pago del Aporte Patronal“.
“La Cámara, pues, carecía de facultades para expedirse sobre el tema que, por otra
parte, no formó parte de la discusión, ya que al integrarse la litis, la demandada
no opuso defensa alguna vinculada con los alcances de la representación invocada
por las actoras, ni solicitó que los empleados involucrados fuesen citados a juicio“.
6º)”Que, sin perjuicio de que, lo señalado constituye motivo suficiente para invalidar
el fallo, se estima apropiado observar que, en lo que atañe a la sustancia de la decisión,
el Tribunal de Alzada no se hizo debido cargo del planteo de las actoras.
Se fundó en que, su aptitud para reclamar como lo hicieron – derivada de su condición
de Asociaciones Gremiales con Personería Gremial-. No obstante, en virtud de la cual
se hallaban facultadas para defender los intereses colectivos del Sector.
“Al respecto, la Cámara omitió ponderar que se encontraba acreditado que ambas
organizaciones cuentan con Personería Gremial, por lo que, están legalmente habilitadas
para ejercer la Representación de los Trabajadores que se desempeñan como Viajantes
de Comercio y de la Industria (y a los Jubilados de esa Actividad– en el caso de la Federa-
-ción-) en toda la República Argentina“.
“No podía desconocerse, entonces, que las demandantes gozaban del derecho de
defender y representar los intereses colectivos del Sector.(Art. 31, inc. a, de la Ley
23.551),función que, según lo ha enfatizado esta Corte, constituye una de las más
relevantes que la Ley reconoce a los S indicatos.(Fallos: 326:2150 y causa “Asociación
de Trabajadores del Estado s/Acción de Inconstitucionalidad“, scia.del 18/6/2013).
7º) “Que, por otro lado, se advierte que, el Tribunal de Alzada tampoco reparó en
que, en razón de la Personería Gremial que detentan, la Ley reconoce también
a las actoras el derecho a contituir Patrimonios de Afectación.(Art.31,inc. d, de la
Ley 23.551), circunstancia sumamente relevante para la adecuada solución del
litigio, ya que justamente la Contribución Patronal reclamada tiene por finalidad
la formación de un Fondo de tales características (afectado a la `Investigación y
Perfeccionamiento Gremial y Profesional´, Art. 30 de la Convención Colectiva del
Trabajo 308/75)”.
8º)”Que, por lo demás, se aprecia que el fallo apelado impuso la actuación de las
Asociaciones Gremiales peticionarias de una condición que no está establecida
en la norma aplicable“.
Ello es así, pues se les exigió contar con el consentimiento de los trabajadores,
cuando la Reglamentación sólo impone tal requisito a los Sindicatos, cuando
asumen la defensa de los intereses individuales de sus representados, pero no
cuando, como en este caso, procurar salvaguardar intereses colectivo.(Art. 22º,
del Decreto 467/88, reglamentario de la Ley 23.551).
“Se han puesto en discusión los alcances del Art. 58, de la Ley Nº 25.156, en
cuanto a sí de su contenido propio puede derivarse la atribución invocada por
la Comisión Nacional de la Competencia, para dictar la resolución anulada, que
fue encuadrada en lo dispuesto por el Art. 35, de la misma Ley.”
“La primera de las normas citadas dispone: “Derógase la Ley Nº 25.156. No
obstante ello, las causas en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley y….
…continuarán tramitando de acuerdo con sus disposiciones ante el Órgano de
Aplicación de dicha norma, el que subsistirá hasta la constitución y puesta en
funcionamiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia“.
Asimismo, entenderá en todas las causas promovidas a partir de la entrada
en vigencia de esta ley: Constituido el Tribunal, las causas serán giradas a éste,
a efectos de continuar con la substanciación de las mismas“.(Ley 25.126,Art.58)“
“Por su parte, el Art. 35, de la misma Ley establece: “El Tribunal en cualquier
estado del procedimiento podrá imponer el cumplimiento de condiciones que
establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva“.-
“Cuando se pudiere causar una grave lesión al Régimen de Competencia, podrá
ordenar las medidas que según sus circunstancias fueren más aptas para prevenir
dicha lesión. Contra esta resolución, podrá interponerse recurso de apelación con
efecto devolutivo, en la forma y términos previstos en los Arts. 52 y 53. En igual
sentido podrá disponer de Oficio o a pedido de parte la suspensión, modificación
o revocación de las medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes
o que no pudieron ser conocidas al momento de su adopción“.-
“En varios precedentes el Tribunal ha precisado los alcances de la pimera norma
citada en el considerando anterior, en orden a las atribuciones que, con carácter
transitorio, corresponden a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
y a la Secretaría de Comercio, respectivamente“.-
“Esos antecedentes –que no han sido objeto de un estudio detallado en la
resolución impugnada-, revelan una clara y consistente posición de esta Corte que
distingue las tareas de investigación, instrucción y asesoramiento, transitoriamente
a cargo de la Comisión, y la actividad resolutiva que, en tanto no se constituya
el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, corresponde a la Secretaría
de Comercio.(Fallos: 330: 2527, 331: 781, 334: 1609, 335: 335: 14-S y CSJ, in re:
(47–A9, “AMX Argentina“, resuelta el 30/12/2.012, Fallos: 779 : 2111).
“Entre otras potestades, se ha hecho una referencia explícita a la atribución del
Secretario de Comercio de disponer: “el cese o abstención de la conducta imputada“.
(Fallos: 330 : 2527 y 334: 1609, considerando 7º, último párrafo), mención que no
fue tenida en cuenta por el Tribunal a quo cuando interpretó que el ejercicio
de las potestades del Art. 35.”
“Se han puesto en discusión los alcances del artículo 58 de la Ley 25.156, en
cuanto así de su contenido puede derivarse la atribución invocada por la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia para dictar la resolución anulada, que fue
encuadrada en lo dispuesto por el Art. 35, de la misma Ley“.
“La primera de las normas citadas dispone: “Derógase la Ley 22.262.No obstante
ello, las causas en Trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
contnuaraán tramitando de acuerdo con sus disposiciones ante el órgano de
aplicación de Justicia norma, el que subsistirá hasta la constitución y puesta en
funcionamiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Asimismo,
enetenderá en todas las causas promovidas a partir de la entrada en vigencia de esta
Ley.Constituído el Tribunal las causas serán giradas a éste a efectos de continuar
con la substanciación de las mismas”(Ley Nº 25.156, Art. 58).
“Por su parte, el Art. 35 de la misma ley establece: “El Tribunal en cualquier
establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva. Cuando se
pudiere causar una grave lesión al régimen de competencia, podrá ordenar las
medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión.
Contra esa resolución podrá interponerse recurso de apelación con efecto
devolutivo, en la forma y términos previstos en los artículos 52 y 53.” En igual
sentido podrá disponer de oficio o a pedido de parte la suspensión, modificación o
revocación de las medidas dispustas en virtud de las circunstancias sobrevinientes o
que no pudieron ser conocidas al momeno de la Solicitud.”
“Esa exégesis es insuficiente porque no ha tenido presente que, de acuerdo con el
régimen de la Ley Nº 22.262, entre las atribuciones de la autoridad ejecutiva se
incluyeron las de disponer: a) que no se innove respecto de la situación existente,
b) Ordenar el cese o la abstención de la conducta imputada“.
(Art. 26, incs. a y b de la Ley 22.262); ratificado por la Ley Nº 24.307(Art. 29),
autorizó el ejercicio de la Competencia de los incisos a y b del Art. 26 de la Ley
Nº 22.262 “en cualquier estado de la causa” y que al referirse dicha Norma
ampliatoria de Competencia a la “Autoridad de Aplicación de la misma sin hacer
distinciones, podía inferirse razonablemente que ello aludía al Secretario de
Comercio, extendiéndole potestades cuyo ejercicio la Ley ya le había otorgado
(Art. 26 incs. a, y b de la Ley 22.262) y no a la Comisión Nacional de la
Competencia y b de la Ley 22.262) a la que la Ley referida no le confería
ninguna de esas atribuciones“.
“En conclusión y por los fundamentos expresados, corresponde confirmar la
sentencia recurrida en lo concerniente a la revocación, por incompetencia, del
Órgano emisor de la Resolución 131/09 de la Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia“.
“La reciente Ley 26.156, –no resulta aplicable– en cuanto a que su entrada en
vigencia se produjo con posterioriodad al dictado de Resolución aquí imptugnada.
por ello, se hace lugar a la Queja, se declara admisible el Recurso Extraordinario y
se revoca la sentencia apelada“.
Por todo lo expuesto, corresponde admitir la Apelación, pues la sentencia
recurrida no constituye derivación razonada del Derecho vigente con aplicación
a los hechos comprobados de la causa lo que impone su descalificación como
acto jurisdiccional válido.(Art. 14, Ley Nº 48).
Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal
subrogante, se hace lugar a la Queja, se declara procedente el Recurso
Extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada.Con costas.
C.-Aspectos relevantes del Dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal-
“La Asociación Viajantes Vendedores de la República Argentina, como Entidad
de Primer Grado, cuenta con Personería Gremial y representa a la Categoría
de trabajadores que se desempeñan como Viajantes de Comercio y de la
Industria(…)con zona de actuación en todo la Argentina“.
En cuanto a “la Federación Única de Viajantes de Comercio de la R.A., tiene
personería gremial como Entidad de Segundo Grado y agrupa a las Asociaciones
de todo el país, que acreditan estar formadas exclusivamente por Viajantes y
Jubilados de esa actividad, con igual zona de actuación territorial que la antes
mencionada“.
“La Autoridad de Aplicación dispuso que los Empleadores comprendidos en el
CCT 308/75 deberán actuar como Agentes de Retención del aporte en estudio,
respecto del Personal incluido en la misma“.-
“La Cámara no pudo desconocer que ambas Asociaciones cuentan con Personería
Gremial y que, como tales, tienen derecho a representar los intereses colectivos
de los trabajadores Viajantes de Comercio comprendidos en su ámbito personal
de actuación“.(cf. inc. a, Art. 31, Ley 23.551)“.-
“La Cámara no ha valorado como es menester que la defensa del interés colec-
-tivo es una de las funciones principales de las Entidades Sindicales y que su
alcance deriva, entre otras normas, de los Arts. 2º, 3º, 5º, 23 y 31 de la Ley
Nº 23.551.Así lo ha reconocido la Corte en el marco de una Acción de Amparo,
cuando sostuvo que “no aparece como indebida la legitimación procesal que se
le ha otorgado al Sindicato amparista, Asociación que cuenta con personería
gremial, y por lo tanto, encargada de representar frente al Estado y los
Empledores, tal el caso de autos, los intereses individuales y colectivos de los
trabajadores.(Fallos: 326 : 2150)”.
“Las consideraciones efectuadas por el a quo en orden a la falta de legtimación
de las Entidades Sindicales y a la necesaria intervención de los trabajadores,
exceden el planteo del Recurso concedido, ya que tanto la sentencia de
Primera Instancia como el recurso interpuesto por la Actora, versaron sobre
la calificación de las tareas cumplidas por los dependientes cuyos aportes se
reclaman“.
“Repárese que la demandada no interpuso la defensa de falta de legitimación
activa de las Entidades reclamantes, ni ha requerido la citación a juicio de los
trabajadores“.
“El a quo tampoco tuvo en cuenta que la norma reglamentaria requiere el
consentimiento de los trabajadores, únicamente para el caso de que se trate
de conflictos que versan sobre intereses INDIVIDUALES (cf. Art. 22, Decreto
Nº 467/88)”.
“En suma, la Cámara no ha valorado como es menester que en la Causa
se ha trabado un conflicto de INTERESES COLECTIVOS, formulado por la
Entidad Sindical de Primer Grado y la Federación que la nuclea, ambas con
personería gremial, en calidad de Administradoras del Fondo mencionado y
con el fin de que se cumpla con la retención y posterior depósito del aporte
creado por la norma convencional, en ejercicio de los derechos que le reconoce
el marco legal(cf. incs. a y c Arts. 31 y 38 Ley 23.551)”.
“(…Por todo lo expuesto, opino que debe hacerse lugar a la Queja, declarar
procedente el Recurso Extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada, y
disponer la restitución de las actuaciones al Tribunal de origen para que, por
quién corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2.014.-
Fdo: Irma Adriana García Netto.-
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