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Timestamp: 2019-01-19 18:58:34+00:00

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﻿ SENTENCIA C-779 DE JULIO 25 DE 2001
SENTENCIA C-779 DE 25 DE JULIO DE 2001
CONTENIDO:ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA. CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONES. LA REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN MATERIA FINANCIERA NO DESNATURALIZA LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Sentencia C-779 de julio 25 de 2001
SENTENCIA NÚMERO C-779 DE 2001
Ref.: Expediente D-3332
Actor: Héctor Ángel Collazos Fierro
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6º, 27, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 67, todos en forma parcial, de la Ley 454 de 1998 y artículos 19 y 103, ambos en forma parcial, de la Ley 510 de 1999.
Bogotá, D.C., a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil uno.
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, esto es, los artículos 6º, 27, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 67, todos en forma parcial, de la Ley 454 de 1998, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.357 del 6 de agosto de 1998, y los artículos 19 y 103, ambos en forma parcial, de la Ley 510 de 1999, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.654 del 4 de agosto de 1999. En Negrilla lo demandado y lo resaltado por el demandante:
“Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa se expiden otras disposiciones”.
“ART. 6º—Características de las organizaciones de economía solidaria. Son sujetos de la presente ley las personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general, observando en su funcionamiento las siguientes características:
PAR. 2º—Tienen el carácter de organizaciones solidarias entre otras: cooperativas, los organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la economía solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, las precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas, las empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las características mencionadas en el presente capítulo.
1. Tres representantes del Gobierno Nacional que serán el director del Departamento Administrativo de la Economía Solidaria, quien lo presidirá, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, y el Ministro de Desarrollo Económico o su delegado.
4. Rea/izar, de oficio o a solicitud de parte interesada, visitas de inspección a las entidades sometidas a supervisión, examinar sus archivos, determinar su situación socioeconómica y ordenar que se tomen las medidas a que haya lugar para subsanar las irregularidades observadas en desarrollo de las mismas. Los informes de visitas serán trasladados a las entidades vigiladas. En cuanto fuere necesario para verificar hechos o situaciones relacionados con el funcionamiento de las entidades supervisadas, las visitas podrán extenderse a personas no vigiladas.
7. Imponer sanciones administrativas institucionales. Cuando el Superintendente de la Economía Solidaria, después de pedir explicaciones a los administradores o a los representantes legales de cualquier institución sometida a su vigilancia, se cerciore de que éstos han violado una norma de su estatuto o reglamento, o cualquiera otra legal a que deba estar sometido, impondrá al establecimiento, por cada vez, una multa a favor del Tesoro Nacional de hasta doscientos (200) salarios mínimos, graduándola a su juicio, según la gravedad de la infracción o el beneficio pecuniario obtenido, o según ambos factores. Las multas previstas en este numeral podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 208 del presente estatuto.
ART. 39.—Actividad financiera y aseguradora. El artículo 99 de la Ley 79 de 1988 quedará así: La actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada por las instituciones financieras de naturaleza cooperativa, las cooperativas financieras, y las cooperativas de ahorro y crédito, con sujeción a las normas que regulan dicha actividad para cada uno de estos tipos de entidades, previa autorización del organismo encargado de su control.
PAR.—En concordancia con las previsiones del artículo 335 de la Constitución Política, la superintendencia encargada de la vigilancia de la entidad infractora, adelantará las medidas cautelares establecidas en el numeral 1º del artículo 108 del estatuto orgánico del sistema financiero respecto de las entidades que adelanten actividad financiera sin haber recibido la autorización pertinente, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3º del artículo 208 del mismo ordenamiento.
ART. 40.—Cooperativas financieras. Son cooperativas financieras los organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Estas cooperativas son establecimientos de crédito.
a) Demostrar ante la Superintendencia Bancaria experiencia no menor de tres (3) años en el ejercicio de la actividad financiera con asociados como cooperativa de ahorro y crédito o multiactiva o integral con sección de ahorro y crédito, en una forma ajustada a las disposiciones legales y estatutarias.
PAR.—La Superintendencia Bancaria podrá establecer planes de ajuste para la conversión en cooperativas financieras de las cooperativas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren sometidas a su vigilancia.
ART. 41.—Cooperativas de ahorro y crédito. Son cooperativas de ahorro y crédito los organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera exclusivamente con sus asociados, su .naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
PAR. 1º—El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación para las cooperativas de ahorro y crédito de mantener un fondo de liquidez en entidades de segundo grado de la economía solidaria que desarrollen actividad financiera, y determinar sus características, modalidades y sanciones.
PAR. 2º—Las cooperativas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, podrán optar por la transformación en cooperativas de ahorro y crédito dentro del año siguiente a esa fecha. En consecuencia si es del caso, deberán dar aviso a la Superintendencia Bancaria para fijar un plan de ajuste que permita ajustarse a la relación establecidas en el artículo 43 de la presente ley.
ART. 42.—Aportes sociales mínimos. Las cooperativas financieras deben acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados equivalente a una suma no inferior a mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000). Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con secciones de ahorro y crédito, deberán acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados no inferior a quinientos millones de pesos ($ 500 millones).
ART. 46.—Excepciones a la conversión y especialización. No estarán obligadas a convertirse ni a especializarse las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito que estén integradas por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada.
19.1. Adiciónase un primer inciso al artículo 113 cuyo texto es el siguiente: Sin perjuicio de las medidas que las entidades financieras deban adoptar en cumplimiento de las disposiciones que dicte el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 48, literal i), de este estatuto, la Superintendencia Bancaria podrá adoptar individualmente las medidas previstas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de este artículo.
6.(sic) Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 6º del artículo 13 de la Ley 454 de 1998, las instituciones financieras de naturaleza cooperativa sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria podrán convertirse en sociedades anónimas, en circunstancias excepcionales y con autorización previa de la Superintendencia Bancaria, mediante reforma estatutaria adoptada por su asamblea general. En este caso, los asociados recibirán acciones en proporción a sus aportes en la fecha de la respectiva asamblea que determina la conversión.
9. Con el objeto de evitar que una institución financiera incurra en causal de toma de posesión, de sus bienes o para subsanarla, y siempre y cuando la Superintendencia Bancaria considere que dichas medidas pueden contribuir a restablecer la situación de la entidad, se aplicarán las siguientes normas especiales:
a) Los plazos del numeral 1º del artículo 56 de este estatuto serán de cinco (5) y veinte (20) días, respectivamente;
b) El plazo del numeral 3º del artículo 56 de este estatuto será de ocho (8) días;
c) El plazo previsto en el artículo 57 de este estatuto será de quince (15) días:
d) Los plazos del numeral 1º del artículo 58 de este estatuto serán de quince (15) y diez (10) días, respectivamente;
b) Se aplicarán las reglas del artículo 68 y las de esta ley, aun cuando la cesión de activos y pasivos no alcance el porcentaje fijado por el numeral 5º del artículo 68 de este estatuto;
c) La decisión de cesión podrá adoptarse por acuerdo de la junta directiva o del órgano que haga sus veces:
e) No se aplicará lo previsto en el numeral 3º del artículo 68 de este estatuto. En su lugar se publicará un aviso en un periódico de amplia circulación nacional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se haya recibido la autorización de la Superintendencia Bancaria. Dentro de los diez días siguientes a la publicación del aviso mencionado, las personas que sean parte en negocios fiduciarios, celebrados en razón de las calidades de la entidad, podrán oponerse a la cesión. En este evento, el interesado podrá solicitar que la cesión se realice a otra institución, lo cual podrá aceptar la entidad fiduciaria. En caso contrario la misma podrá poner fin al contrato anticipadamente, sin que haya lugar a indemnización de perjuicios por tal hecho. Lo dispuesto en este inciso no se aplicará a los negocios fiduciarios de garantía, así como tampoco a aquellos que tienen por objeto desarrollar procesos de titularización o en los cuales existan terceros que sean titulares de derechos derivados de dichos negocios, eventos en los cuales, si hubiere desacuerdo sobre la cesión, la misma se realizará a la fiduciaria que designen los interesados por el procedimiento que establezca el gobierno. Respecto de los demás contratos no se requerirá el consentimiento del contratante cedido;
f) Cuando se transfiera el total o parte del activo de una institución a otra entidad, dicha transferencia se podrá realizar en virtud de una escritura pública en la cual se señalarán en forma global los bienes que se transfieren, señalando su monto y partida de acuerdo con el último balance de la entidad. En estos casos, la transferencia de los bienes y sus correspondientes garantías y derechos accesorios, operará de pleno derecho, sin necesidad de notificaciones, inscripciones, ni aceptación expresa de los obligados. Lo anterior sin perjuicio de que en el caso de títulos valores deba realizarse el endoso correspondiente y que en el caso de bienes cuya tradición por ley deba efectuarse por inscripción en un registro, la misma se realice conforme a las normas correspondientes, evento en el cual en la misma escritura o en otra escritura posterior, cuando se trate de bienes que requieren esta clase de solemnidad, deberán individualizarse dichos bienes. En el caso de que un tercero hubiere adquirido los activos por un acto oponible a terceros con fecha cierta anterior a la escritura, el mismo no será afectado en sus derechos;
ART. 103.—Sustitúyase como numeral 6º del artículo 2º del estatuto orgánico del sistema financiero, el artículo 40 de la Ley 454 de 1998”.
Corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional determinar si los artículos 6º, 27, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 67 de la Ley 454 de 1998 y artículos 19 y 103 de la Ley 510 de 1999, demandados todos en forma parcial, contrarían los preceptos constitucionales de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991 y en especial los contenidos en los artículos 1º, 13, 38, 58, 60, 83 y 333 de la Constitución Política, de acuerdo con los cargos formulados por el demandante.
La Sala comparte lo expuesto por el apoderado especial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al considerar preciso referirse a las normas demandadas por el actor, en razón a que al transcribirlas en su demanda, prima facie, parecería estar impugnando sólo las expresiones de la norma que resalta en negrilla, las cuales en su mayoría por sí solas no contienen una proposición jurídica completa que permitan a esta corporación realizar un juicio de constitucionalidad; sin embargo, al observar el escrito tanto de la demanda inicial, como de aquella presentada para subsanarla, se establece que se pretende impugnar parcialmente cada artículo en la parte transcrita en su demanda y que las expresiones resaltadas, no son cosa distinta a su estilo propio para llamar la atención de la corporación haciendo énfasis en éstas. Estilo que también utiliza al señalar los preceptos constitucionales que considera infringidos; además, en su análisis y motivación de inconstitucionalidad abarca más allá de las simples expresiones normativas aparentemente demandadas, con lo cual se considera que realmente ha habido recomposición de la demanda y por esta razón al transcribir las normas demandadas en el capítulo II se resalta la norma transcrita por el actor y sobre la cual entiende la Sala que versa la impugnación y en negrilla lo resaltado por éste, a fin de no variar la voluntad del ciudadano al ejercer la acción pública de inconstitucionalidad.
En este sentido es dable señalar lo expresado por esta Corte, en Sentencia C-84 de 1995, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero:
“En efecto, las formalidades son un medio de concreción del derecho sustancial y no un fin en sí mismo, sobre todo en los casos de acciones ciudadanas, las cuales no tienen por qué ser adelantadas por expertos en derecho.
1. Contra el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 454 de 1998.
El juicio de inconstitucionalidad formulado por el actor se basa en la interpretación literal de la expresión contenida en el numeral 1º del mencionado artículo al señalar como una de las características de las organizaciones de economía solidaria, el “estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario" (la negrilla es fuera de texto).
A fin de poder establecer el verdadero sentido de la norma, nos remitimos a la misma Ley 454 de 1998, que en su artículo 2º define la economía solidaria como: “sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía".
De lo anterior, se puede establecer que el legislador en el numeral 1º del precepto demandado al referirse a “una actividad socioeconómica”, lo hizo en forma enunciativa y para referirse a un género de las actividades sobre las que puede recaer la voluntad de los asociados y no como lo entiende el actor como una limitante, restrictiva o única alternativa a la cual debía circunscribirse el objeto social a desarrollar por las empresas de economía solidaria.
Por lo tanto, debe entenderse de acuerdo a lo expresado por el legislador y como se desprende de una interpretación integral o sistemática de las normas que regulan la economía solidaria autorizada por el artículo 5º de la Ley 153 de 1887 y artículos 27 y 30 del Código Civil, que las empresas de economía solidaria pueden desarrollar actividades sociales, económicas, culturales y/o ambientales de acuerdo con el tipo o clase de entidad que se conforme siguiendo los parámetros establecidos en los artículos 62, 63 y 64 de la Ley 79 de 1988.
Con relación al derecho a la igualdad esta corporación expresó en Sentencia T-234 de 1994, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:
"4. La justificación del trato jurídico distinto de una situación jurídica equiparable, sólo es posible si se demuestra que ella resulta claramente de la finalidad perseguida por la norma que establece la distinción. En términos de la Corte Europea de Derechos Humanos, “No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas”. En este orden de ideas, es necesario tener en consideración los objetivos de la norma que establece la distinción, “los cuales —continúa la Corte— no pueden apartarse de la justicia y de la razón, vale decir no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana” (1) .
(1) CEDH. Sentencia del 23 de julio de 1968, pág. 34
4.1. Para que quien aplique el derecho justifique un trato diferenciado debe probar tres elementos: 1) empírico: que se trate de casos diferentes; 2) normativo: que exista un fin normativo que justifique racional y proporcionalmente la diferencia de trato, y 3) valorativo: que la medida adoptada sea adecuada, —razonable— a la luz de los principios y valores constitucionales".
Conforme a lo anterior, no se considera vulnerado el derecho a la igualdad invocado por el actor en primera instancia por cuanto su apreciación no corresponde al sentido de la norma y en segundo lugar, porque para considerar cercenado el derecho a la igualdad se debe partir de situaciones de hecho o de derecho iguales, que en el presente cargo no se presentan en razón a que el actor enfrenta dos (2) instituciones jurídicas diferentes, de una parte, las empresas de economía solidaria y de otra parte, la sociedades comerciales. Cada una de ellas tiene su propia naturaleza jurídica, sus particularidades que las hacen diferentes entre sí y susceptibles de un tratamiento diferente por parte del legislador en su regulación.
Se considera por el demandante, que esta norma contraría los postulados de la participación democrática y pluralista consagrados en el artículo 1º de la Carta magna, al no tener en cuenta a las entidades que conforman el sector solidario para la conformación de la junta directiva del Fones, pues, un solo representante es insuficiente frente al número de entidades que conforman el sector, siendo por demás selectiva y discriminatoria al tener en cuenta sólo a las entidades que aportan.
Mediante la Ley 454 de 1998, se crea el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria (Fones) con personería jurídica, patrimonio propio y naturaleza solidaria vinculado al Departamento Nacional de la Economía Solidaria y sometido al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Como lo consagra el artículo 21 de la Ley 454 de 1998, el Cones está conformado por un (1) representante de cada uno de los componentes del sistema, elegidos democráticamente por el respectivo sector a través de sus órganos de integración de acuerdo con los estatutos del Cones. De tal manera que no es cierta la afirmación en que basa el actor el cargo formulado, pues son dos (2) los representantes del sector solidario, que en suma equivale al 40% del total de miembros que integran la junta directiva del Fones, existiendo suficiente representatividad del sector solidario o privado. Frente al 60% de representatividad del Estado que se explica en razón a que parte de los recursos que lo conforman son “públicos" y se encuentran destinados en gran parte a otorgar créditos a sus afiliados, no siendo procedente que su manejo y administración quede a discreción de los particulares.
Lo anterior en cumplimiento del precepto constitucional contenido en el artículo 2º en virtud del cual dentro de los fines del Estado, se encuentra el facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, administrativa, política y cultural de la Nación.
Tampoco se considera discriminatoria dicha cualidad, pues precisamente no es lo mismo ser aportante y afiliado al Fones, que ser extraño al mismo; no se está en condiciones de igualdad ni se puede predicar ésta de situaciones o posiciones diferentes. Se está entre iguales en la medida en que se es aportante al Fones y con derecho a tener la representatividad en su órgano directivo.
De otra parte, se considera que esta regulación deriva de la competencia propia del legislador asignada por la misma Carta Política, en su artículo 150 numeral 7º, con lo cual se desvirtúa el cargo de inconstitucionalidad formulado.
3. Contra el numeral 1º del artículo 36 de la Ley 454 de 1998.
Por cuanto vulnera los artículos 13, 58 y 83 relacionados con el derecho a la igualdad, el principio de buena fe, libre asociación y promoción por parte del Estado, al asignar a la Superintendencia de la Economía Solidaria la verificación de los estados financieros de las entidades vigiladas, insinuando que éstos adolecen de credibilidad y haciendo incurrir en gastos a las entidades al tener que convocar a asamblea para aprobarlos luego de ajustarlos por las objeciones que formule el ente de control, en lugar de haber previsto la misma norma aplicable a las sociedades comerciales en los artículos 39 y 40 de la Ley 222 de 1995, según las cuales es viable su rectificación, presumiendo por demás su autenticidad.
La norma impugnada, deriva del ejercicio de la función de hacer las leyes, por parte del legislativo contenida en el numeral 8º del artículo 150 de la Constitución Política según el cual corresponde al Congreso expedir las normas a las cuales debe sujetarse el gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la misma Constitución en el numeral 24 del artículo 189, correspondiendo al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, entidades cooperativas y sociedades mercantiles, entre otras.
Función que ejerce el Presidente de la República por conducto de la Superintendencia de Economía Solidaria, por disposición de la Ley 454 de 1998 respecto de las organizaciones de la economía solidaria que no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado y en cumplimiento de las mismas disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 150 numeral 7º y 211.
4. Contra el inciso segundo del artículo 39, artículos 40, 41, 42, 45 y 46 de la Ley 454 de 1998.
Respecto a los cargos formulados por el actor sobre los criterios que debió tener en cuenta el legislador para establecer montos mínimos inferiores a los señalados en el artículo 46, así como para la no reducibilidad de los aportes, se considera que no procede un pronunciamiento por la Sala por cuanto no constituyen un juicio de constitucionalidad respecto de las normas impugnadas sino una apreciación particular del actor, siendo por demás aspectos que competen a la autonomía del legislador en ejercicio de sus funciones, concretamente la señalada en el numeral 19 literal d) del artículo 150 de la Constitución Nacional.
Para el presente análisis precisa la Sala remitirse al artículo 1º de la Ley 454 de 1998 en que el mismo legislador señala que el objeto de la misma es determinar el marco conceptual que regula la economía solidaria, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa en ejercicio de las facultades constitucionales asignadas por los artículos 58 y 333 de la Constitución Nacional.
Ahora veamos cómo el artículo 150 en su numeral 19 literal d) señala que corresponde al Congreso hacer las leyes y a través de ellas ejercerá la función de dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.
Con mayor razón ha de intervenir el Estado en los eventos en que las empresas de economía solidaria acorde a establecido en la ley realicen actividades financieras, puesto que la misma Constitución Política en su artículo 335 califica estas actividades como de “interés público" las cuales sólo pueden ser ejercidas previa autorización del mismo Estado conforme a la ley la cual tiene a su cargo regular la forma como el gobierno intervendrá en estas materias.
El mismo artículo 39 de la Ley 454 de 1998 en su inciso final indica que para los efectos de esta ley habrá de entenderse por “actividad financiera" la captación de depósitos, a la vista o a término de asociados o de terceros para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados o de terceros.
Advierte además, que sólo las cooperativas financieras podrán prestar sus servicios a terceros no asociados.
Finalmente y como lo señala el apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no existe vulneración al principio de la igualdad, puesto que las normas impugnadas por esta razón resisten al “test de igualdad, en la medida en que encuentra razones que fundamentan dicho tratamiento, las cuales son proporcionales con el objetivo buscado por el legislador dentro del sector cooperativo financiero cual es evitar al máximo las circunstancias del riesgo de la defraudación".
En primer término, debemos señalar que en cuanto a la derogatoria que de las normas que le sean contrarias hace el artículo 67 de la Ley 454 de 1998 respecto de la normatividad contenida en la Ley 79 de 1988, nada tiene que ver este cargo con las normas citadas por el actor como vulneradas, pues no hace relación a la unidad de materia. Por lo tanto, se considera que no existe cargo de constitucionalidad a ser considerado por la Sala debiéndose declarar respecto de éste la ineptitud sustantiva de la demanda, no sin antes expresar que la derogatoria general, expresa o tácita de normas va ínsita en la labor propia del legislador.
Concordante con esta disposición el artículo 71 del Código Civil señala que la derogatoria puede ser expresa o tácita, ya sea porque la nueva ley expresamente deroga la antigua o porque contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la anterior. Así mismo la derogatoria de una ley puede ser total o parcial.
Igualmente, el artículo 72 ibídem expresa: “La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley".
Respecto de la unidad de materia se considera por la Sala que existe conexidad temática respecto de la “regulación financiera" dado que dentro de ésta se encuentra involucrado el sector solidario al permitirse bajo determinadas circunstancias realizar actividades financieras.
"El objeto de dicho mandato constitucional es lograr la tecnificación del proceso legislativo, en forma tal que las distintas disposiciones que se inserten en un proyecto de ley guarden la debida relación o conexidad con el tema general de la misma, o se dirijan a un mismo propósito o finalidad, o como tantas veces se ha dicho, “que los temas tratados en los proyectos tengan la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen". Con ello se busca evitar que se introduzcan en los proyectos de ley temas que resulten totalmente contrarios, ajenos o extraños a la materia que se trata de regular en el proyecto o a la finalidad buscada por él". (negrillas fuera de texto) (2) .
(2) Corte Constitucional Sentencia C-133 del 1º de abril de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
En el caso en comento, si bien es cierto que la Ley 510 de 1999 tiene entre otros por objeto “dictar disposiciones en relación con el sistema financiero y la Superintendencia Bancaria”, resulta lógico que estas disposiciones involucren a las empresas del sector solidario en cuanto a las actividades financieras desarrolladas por éstas, resultando compatibles las materias por su conexidad temática y teleológica. No sobra recordar que se trata de instituciones financieras de naturaleza cooperativa sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Por lo tanto, las normas señaladas no vulneran los artículos 158, ni 169 de la Carta.
Por todo lo expuesto, la Sala considera que deben declararse exequibles las disposiciones demandadas, excepto el artículo 67 de la Ley 454 de 1998 respecto de la cual se declarará inhibida esta corporación para pronunciarse por ineptitud sustantiva de la demanda.
1. Declarar EXEQUIBLES el numeral 1º del artículo 6º, artículo 27 en la parte demandada, el numeral 1º del artículo 36, el inciso segundo del artículo 39, la expresión: “Estas cooperativas son establecimientos de crédito" del artículo 40, la expresión “entidad que la impartirá únicamente cuando acrediten el monto de aportes sociales mínimos que se exija para este tipo de entidad" del inciso segundo del artículo 41, artículo 42 en la parte demandada, artículo 45 y artículo 46 de la Ley 454 de 1998, pero, únicamente por los cargos aquí analizados.
2. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo con relación al artículo 67 de la Ley 454 de 1998 por ineptitud sustantiva de la demanda.
3. Declarar EXEQUIBLE el numeral 7º del artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 19 de la Ley 510 de 1999, pero, únicamente por los cargos aquí analizados.
4. Declarar EXEQUIBLE el artículo 103 de la Ley 510 de 1999.

References: artículo 208
 artículo 99
 artículo 335
 artículo 108
 artículo 208
 artículo 43
 artículo 113
 artículo 48
 artículo 13
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 58
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 22
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 150
 artículo 36
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 39
 artículo 46
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 335
 artículo 39
 artículo 67
 artículo 71
 artículo 72
e contrario
 artículo 67
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 36
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 67
 artículo 113
 artículo 19
 artículo 103