Source: http://justiciabol.blogspot.com/2017/01/
Timestamp: 2019-10-16 10:20:35+00:00

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Justicia en Bolivia: January 2017
Destituyen a fiscal que liberó a 2 violadores de niña
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, determinó la destitución de la fiscal de materia de Cochabamba, Erika Tejada, por el sobreseimiento a dos sindicados de violación y tortura a una niña de 12 años, que fue interceptada por cuatro sujetos el 29 de abril de 2016 al salir de su unidad educativa en Sacaba.
"Es una decisión de la Fiscalía General el prescindir de los servicios de esta doctora, la cual ha sido notificada con el memorándum de destitución, porque en el análisis de cuaderno de investigaciones evidenciamos que ha habido ciertas situaciones que no se han enmarcado en la ley", informó.
Además se iniciará un proceso disciplinario a Tejada, quien liberó a dos de los principales sospechosos de ese violento hecho y que se querelló contra la madre de la víctima por presuntas amenazas.
La Fiscal Departamental de Cochabamba, Janeth Álvarez, deberá en el transcurso de las próximas horas emitir una resolución jerárquica que resuelva la objeción planteada por la madre de la víctima al sobreseimiento a favor de los dos sindicados.
Elecciones del Órgano Judicial Ejecutivo reconoce “cuoteo” en elección de postulantes
El presidente de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, reconoció que para la selección de los candidatos a magistrados del Órgano Judicial hubo “amiguismo, presión y cuoteo”.
Aseguró que eso no volverá a suceder este año cuando se realizarán las elecciones para elegir a las nuevas autoridades del Órgano Judicial.
“Hay que hacer una mejor selección, hemos admitido el error que se tuvo en la anterior legislatura de haber hecho una selección en función de criterios de amistad, de amiguismo, de presión y de cuoteo de una u otra organización, eso se ha acabado”, señaló García Linera, quien se encuentra como presidente en ejercicio porque Evo Morales viajó a República Dominicana.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental, se eligen por voto popular, pero previamente los candidatos son nombrados por la Asamblea Legislativa que está dominada por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del Presidente.
En 2011, se realizó la primera elección con ese procedimiento, lo que provocó una ola de críticas porque la justicia lejos de mejorar empeoró.
En una autocrítica, García Linera admitió este miércoles los problemas.
Pese a eso, informó que se mantendrá la atribución de seleccionar candidatos en manos de la Asamblea Legislativa y que no se atenderá la solicitud de que intervengan “notables” en ese trabajo.
“Hay propuestas de alguna gente que quiere arrebatarle a la Asamblea y que quede en manos de unos notables de apellidos conocidos en el café o en el juego del tenis, no va a ser así”, enfatizó el mandatario.
Sin embargo, aseguró que esta vez se hará una selección “fundada en criterios de la capacidad, de profesionalidad, de su idoneidad en el conocimiento y en el ejercicio de la justicia, de su reconocimiento en la sociedad, como personas de ley, como personas honestas, como personas transparentes”.
Las elecciones judiciales se llevarán adelante este año 2017. El Gobierno ha decidido encarar los cambios con fuerza y por eso ha nombrado en el cargo de ministro de Justicia a Héctor Arce, el abogado de confianza de Morales.
Cambiarán la forma de elegir a los candidatos a magistrados
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará cambios en los criterios de preselección de postulantes a cargos dentro del Órgano Judicial. En octubre saldrá la convocatoria para el nuevo proceso electoral.
"Serán criterios de capacidad de las personas, de su profesionalidad, de su idoneidad, de su reconocimiento de la sociedad como personas de ley, personas transparentes. Vamos a modificar los criterios de selección", adelantó el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.
Explicó que pese a que algunas voces hablan de delegar a un grupo de "notables" para que se encargue del proceso previo a la votación, el Gobierno descarta esa posibilidad y reivindica las facultades de los senadores y disputados.
"La preselección se hace en la Asamblea, hay propuestas que eso se le arrebate a la Asamblea y quede en manos de notables. No va a ser así, pueden venir sugerencias o recomendaciones, pero nadie la va a quitar a la Asamblea la potestad de hacer la selección", enfatizó.
Admitió que se tiene que hacer un mejor trabajo, para no cometer los mismos errores que en 2011, cuando avales de organizaciones sociales, dirigentes o otras instancias determinaron elegir a los actuales magistrados.
Anunció además que "la gran reforma de la justicia comienza este año con la aprobación del nuevo Código de procedimiento penal", proyecto que se encuentra en la Asamblea Legislativa y que espera ser debatido en las próximas semanas.
﻿La mala administración de la justicia y una deficiente gestión pública son dos de los puntos más negativos en la gestión de Evo Morales, a juicio del presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Ludwig Valverde.
Respecto al primer tema, el politólogo apuntó que en los últimos años se ha observado que ya no se toma en cuenta los méritos de las personas para acceder a un cargo público, sino que pesa más la militancia política.
En su opinión, se ha postergado la meritocracia, desvalorizándola y superponiendo los intereses cooperativos y sindicales, por encima de los méritos en la administración del Estado.
En esa línea, Valverde, puntualizó que, por ejemplo, el Gobierno no da una solución efectiva al problema del agua que afecta a pobladores de por lo menos siete departamentos de Bolivia.
Otro elemento que muestra una deficiente gestión del Gobierno, en criterio de Valverde, es la crisis de la justicia.
El Gobierno intentó transformar la justicia con la elección de los magistrados mediante el voto popular, “pero como han reconocido los mismos mandatarios, los resultados son exiguos y los elegidos no han hecho un buen trabajo”.
Otro intento por transformar la justicia en el país fue la organización de la Cumbre Nacional, que fracasó, en criterio de Valverde, porque participaron personas y organizaciones allegadas al MAS, dejando de lado a instituciones académicas y profesionales vinculados al área de la administración de justicia.
Un otro elemento que denota la crisis en la justicia es la subordinación de este Órgano Judicial al Ejecutivo, a los intereses políticos del partido de Gobierno.
Otro aspecto negativo en la gestión del gobierno de Evo Morales, a decir de Valverde, es la corrupción que sigue vigente, pese a la aprobación de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es una norma altamente punitiva para sancionar los actos de corrupción que dañan al erario nacional.
Valverde señaló que esta norma se aplica para luchar contra la corrupción y también para perseguir a los opositores.
En esta gestión de Gobierno se destaparon casos de corrupción como el del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), en el que están involucrados dirigentes indígenas y campesinos, que eran considerados la vanguardia moral del país.
Valverde observó que el Gobierno no tiene información cuantificable de qué porcentaje de casos de corrupción se han resuelto en el país.
Un punto alto para el Gobierno es la aprobación de la Ley 045 para luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Sin embargo, esta norma se ha desvirtuado porque, paradójicamente, en los últimos años se ha desarrollado una suerte de racismo a la inversa. Sectores que otrora eran discriminados ahora excluyen a los sectores de mestizos, urbanos y de clase media.
Justicia Denuncian y pierden su trabajo
Varios funcionarios del Órgano Judicial perdieron su fuente laboral por denunciar hechos de corrupción y no fueron restituidos pese a haber recurrido a la justicia constitucional.
En el Consejo de la Magistratura, se sabe de dos funcionarios que denunciaron a un extécnico de la Unidad de Políticas en Potosí, sentenciado posteriormente a ocho años de prisión por extorsionar al personal administrativo, pero ellos siguen sin trabajo.
Es el caso del extécnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura en Potosí, Pedro Cayo, de la exfuncionaria Carmen Martínez y otros.
Según la sentencia que determinó ocho años de prisión contra Félix Córdoba, extécnico del Consejo de la Magistratura de Potosí, Cayo y Martínez fueron testigos de cargo en la denuncia.
Consultado sobre estas personas, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, anunció que serán restituidos a nuevos cargos luego de que cada caso sea tratado en Sala Plena.
“Se podría designarlos en nuevos cargos, está en análisis en Sala Plena, es discutible”, agregó Choque.
Cayo y Martínez recurrieron al Ministerio de Trabajo que, en septiembre de 2016, dispuso medidas de protección para ambos trabajadores, lo que implica la restitución a su fuente laboral y el pago de salarios adeudados.
Esta resolución, firmada por el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, no fue cumplida por el Consejo de la Magistratura.
El presupuesto para Justicia está más de 5 años congelado
El presupuesto del Órgano Judicial se mantiene congelado desde hace más de cinco años. Para esta gestión, se presupuestaron 796 millones de bolivianos, por lo que no se crearán nuevos juzgados y las autoridades judiciales tendrán que realizan ajustes internos para algunos ítems de jueces con recursos propios. El Notariado Plurinacional le adeuda un monto de más de 35 millones de bolivianos que deben ser desembolsados anualmente.
En los últimos cinco años, el Estado no modificó el techo presupuestario judicial que llega a 0,59 por ciento del Presupuesto General del Estado. Empero, aprobó nuevas leyes que requieren más juzgados y personal.
“No contamos con presupuesto para la creación de ningún juzgado más. Desde 2012 al 31 diciembre de 2015, se crearon alrededor de mil cargos con recursos propios, juzgados y tribunales”, señaló el director general Administrativo y Financiero del Órgano Judicial, Roger Palacios, haciendo un repaso de los nuevos ítems creados ante la ausencia de un presupuesto adecuado por parte del Estado.
Ante esta situación, agregó que se está proyectando la gestión de los recursos de la dirección del Notariado Plurinacional que no fueron desembolsados hasta el momento para solucionar las necesidades en el servicio de justicia.
Palacios dijo que el Órgano Judicial, en sus tres últimos años de gestión, dejó de percibir 94 millones de bolivianos de su presupuesto total; 60 millones por la implementación de la gratuidad judicial y 35 millones por la Ley del Notariado.
Según Palacios, para la recuperación de este último monto, se están realizando las gestiones correspondientes: se concluyó con los informes de auditoría y, una vez revisados y aprobados por la Contraloría General del Estado, tendrá que haber una reunión entre las máximas autoridades judiciales, del Ministerio de Justicia y del Notariado para establecer los procedimientos y plazos para el desembolso.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, admitió que el problema de la administración de justicia es muy complejo, todo implica recursos, actualmente hay infraestructuras inconclusas, se inauguró en El Alto una “megaconstrucción”, pero hay otras obras paralizadas por falta de recursos económicos.
De los 796 millones de presupuesto, un 60 por ciento corresponde a recursos propios y sólo el 40 por ciento del Tesoro General del Estado.
Ante la Fiscalía General en Sucre León denuncia a cinco vocales y una juez del TDJ de La Paz
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Fiscal Boyan justifica rechazo de denuncias contra el “Borolas”
La fiscal Susana Boyan justificó ayer, las razones por las que rechazó la denuncia por asesinato que se tenía contra Miguel Ángel Suaznabar Portillo, alias el “Borolas”, implicado en varios crímenes, además de ser señalado como el presunto cabecilla del grupo delincuencial denominado “Cartel Family”.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, recordó que el “Borolas” está vinculado con los delincuentes de “Cartel Family”, donde su hermana, Yéssica Suaznabar, era la líder y ahora está detenida por la agresión a dos jóvenes en la pasada gestión.
La autoridad mencionó que el sindicado fue imputado en el caso del asesinato de Fabián Gastón Ávila, a quien habría apuñalado, según declaraciones de testigos e imágenes de video que debían ser analizados por la Fiscalía.
“Después de la muerte de Fabián Gastón Ávila, el 8 de agosto de 2015, esta persona apuñaló a otro ciudadano en las puertas de la discoteca La Diosa, por este tema estaba en la cárcel, pagó una fianza y luego salió”, mencionó la autoridad.
Sin embargo, ayer Boyan contradijo al Viceministro y asumió la responsabilidad por el rechazo de la denuncia que implicaba al Borolas.
“Luego de haber realizado los actos investigativos, se tiene un testigo presencial, que era clave para el caso, el mismo que luego de un desfile identificativo, ha identificado a las personas que habrían estado en el lugar de los hechos, y no ha reconocido al denominado Borolas”, aseguró Boyan.
La fiscal también arguyó que en la inspección técnica ocular, las imágenes de las cámaras de seguridad emitieron imágenes de muy mala calidad, que no permiten identificar rostros ni visualizar el vehículo en el cual se trasladaban los presuntos asesinos de Ávila.
Sin embargo, para la Policía, la fiscal no realizó el trabajo investigativo adecuado y denunciaron que Suaznabar ni siquiera fue citado para descartar el lugar donde este se encontraba.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que el país requiere hasta 900 fiscales para avanzar en el mejoramiento de la justicia en el país.
Actualmente, cumplen funciones en el país 508 fiscales.
La justicia es una cuestión que incumbe a la sociedad y al Estado y no solamente a los operadores del sistema, dijo ayer Guerrero al sostener la necesidad de incorporar un mayor número de representantes del Ministerio Público para un mejor accionar.
“El problema es estructural. Ojalá que ahora los legisladores puedan hacer verdaderas reformas acorde a la realidad, a lo que estamos viviendo todos los días, no es un tema sólo de operadores de justicia”, indicó.
Según estudios, el trabajo de la Fiscalía ha sido desnaturalizado y ésta es considerada por muchos como una agencia de cobranzas y venganzas, es decir, usando mal el sistema de justicia penal para que se solucione los conflictos de la sociedad en temas civiles, familiares y hasta laborales, olvidando que el derecho penal es el último recurso a emplear en una sociedad democrática.
Ante esta situación, Guerrero demando la necesidad de incrementar el número de fiscales en todo el país —que está por debajo del promedio de América Latina— para brindar una oportuna atención, iniciar cambios estructurales y, sobre todo, mentalizar a la población que el Ministerio Público no es una agencia de cobros.
“En número de fiscales (508) estamos por debajo del promedio a nivel Latinoamericano; sin embargo, hay que fortalecer no sólo el área fiscal, también hay asistentes fiscales, tenemos una Instituto de Investigaciones Forenses. En La Paz son 125 fiscales, por lo menos quisiéramos tener unos 200 fiscales para tener una mayor cobertura”, señaló.
En ese marco, Guerrero suscribió ayer un acuerdo con el Ministerio de Justicia para avanzar en las mejoras del sistema judicial, la política criminal y lucha anticorrupción.
El Órgano Judicial la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, a la cabeza del Ministerio de Justicia y de Gobierno, firmaron ayer, el “Acta de Acuerdo de Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Justicia”, con el fin de implementar las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia.
El documento fue suscrito por el Ministerio de Justicia (cabeza de sector), Ministerio de Gobierno, Fiscalía General, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Se está trabajado en un enfoque político que permitirá garantizar a la población el acceso pleno a la Justicia a través de siete ejes estratégicos: celeridad, cobertura, reingeniería, transparencia y lucha contra la corrupción, política criminal, la independencia y coordinación y gestión financiera, con resultados proyectados hasta el 2025”, explicó la ministra de Justicia, Virginia Velasco Condori.
El sector Judicial expuso también cuatro fortalezas del Plan Sectorial, consideradas como el núcleo de la transformación de la Justicia, que son: la legitimidad popular, la cualidad concertada, la legalidad y la innovación.
Al mismo tiempo, Carlos Aparicio, viceministro de Seguridad Ciudadana, afirmó: “Ponderamos el esfuerzo que se realizó para llevar adelante un encuentro de la sociedad y de las instituciones relacionadas al ámbito de la justicia”.
El Acta de Acuerdo fue aprobado por el Ministerio de Justicia, según Resolución Ministerial Nº 17/2017, de fecha enero de 2017, que cuenta con dictamen favorable de compatibilidad, consistencia y concordancia emitido por el Ministerio de Planificación y Desarrollo MPD/BPC/DGSPIE Nº005/2017, enmarcados en la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado.
“A raíz de la convocatoria lanzada por el Ministerio de Justicia el año pasado para aportar y contribuir en la formación del Plan Sectorial de Desarrollo integral de Justicia, el Ministerio Público se sumó de manera inmediata a este importante esfuerzo sectorial, esperanzados en contar con un plan que integre las necesidades del sector justicia, bajo un enfoque amplio e innovador respecto al tipo de justicia que la población boliviana demanda de nosotros como operadores de Justicia”, dijo el fiscal genral Ramiro Guerrero.
Así mismo el Tribunal Constitucional se comprometió a acompañar todo el proceso de implementación y ejecución del Plan desde el ámbito de sus competencias y atribuciones.
La Fiscalía presentó imputación formal contra Virginia Crespo y Willy Arias, vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que el 18 de noviembre de 2016, habrían dictado resoluciones en favor la Empresa China CAMC, según informó el fiscal Óscar Campero.
Como antecedente de ese caso, se tiene la supuesta influencia de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, quien entregó una suma de dinero a la expareja de uno de los vocales, ahora imputados.
“El suscrito fiscal ha emitido un requerimiento de imputación formal en contra de los vocales de la Sala Penal Primera, la doctora Virginia Crespo y el doctor Willy Arias Aguilar”, afirmó el fiscal Campero, según publicación de ANF.
Agregó que ambas autoridades judiciales fueron imputadas por los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato, y se espera que el Juzgado Primero Anticorrupción, a cargo de la doctora Cynthia Delgadillo, señale fecha y hora para la audiencia cautelar, en la que se definirá la situación jurídica de los imputados.
Por otro lado, en el Juzgado Primero Anticorrupción, donde se fue a consultar sobre el estado del proceso, inactivo desde el 18 de noviembre, el secretario del mismo señaló que la juez no se encontraba y que no tenía conocimiento de esa imputación y que en “este tipo de casos” no se brinda ningún tipo de información a quienes no son parte del proceso.
EL DIARIO intentó conocer la versión de los implicados, pero se informó que no se encontraban en su oficina y al llamado a su línea telefónica, el vocal Arias no contestó.
En el caso de Crespo, ya en anteriores oportunidades negó dar declaraciones sobre el tema amparándose en la Ley 025 que en determinados casos “le prohíbe” emitir declaraciones.
En criterio de expertos, al menos tres son las observaciones que hay en la resolución de Amparo Constitucional, que en primera instancia dictaron los miembros de la Sala Penal Primera en favor de la Empresa China CAMC, que el 27 de noviembre de 2015, impidió la ejecución de las Boletas de Garantía por un valor de 96,1 millones de bolivianos, ante el incumplimiento de contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa China Camc Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch para la construcción de la Vía Férrea Montero - Bulo Bulo, Tramo I.
Según los antecedentes, CAMC interpuso una demanda de Amparo Constitucional, aduciendo que la nota de 3 de noviembre de 2015 firmada por el Ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en el que comunicaba la resolución de contrato de construcción, vulneraba su Derecho a la Petición”.
Entre las observaciones de fondo, se tiene que los miembros de esta Sala no debieron admitir la demanda, porque no se agotaron otras instancias (principio de subsidiariedad), ya que la resolución de los contratos con esta empresa estarían regidos por otras normas (Ley 1178 – Ley de Administración y Control Gubernamentales – Safco de 1990) que hacían posible el rechazo del amparo, como se desprende del análisis del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que revocó lo dispuesto por los vocales de la Sala Penal Primera Virginia Crespo y Willi Arias.
“Es sospechoso para mí, que la jueza que acá en La Paz aceptó ello (concedió el amparo a favor de CAMC), lo haya hecho, tomando en cuenta, pero callándose, del terrible daño que le podía haber ocasionado al Estado boliviano, en caso de que no podamos ejecutar las boletas de garantía”, afirmó el vicepresidente Álvaro García, ante la consulta que le efectuó EL DIARIO el 20 de febrero de 2015, en vísperas del referéndum constitucional que el MAS perdió, cuando se había destapado el escandalo con Gabriela Zapata.
Es en este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la resolución 89/2015 el emitida por Crespo y Arias, que impedía la ejecución de las boletas de garantía de CAMC. Dicha revocatoria fue firmada por los magistrados del TCP, Virginia Andrade y Ruddy Flores.
El magistrado del Tribunal Agroambiental Bernardo Guarachi y la magistrada del Tribunal Constitucional Mirtha Camacho fueron acusados por presuntos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, la comisión de Justicia Plural de Diputados aprobó la acusación en contra de ambos.
El presidente de Justicia Plural, Lino Cárdenas, informó que este martes su comisión aprobó la acusación en contra de ambos magistrados. El pleno de Diputados decidirá si los envía a juicio de responsabilidades o rechaza la acusación.
“La comisión de Justicia Plural aprobó la acusación contra Bernardo Guarachi y Mirtha Camacho, ahora ya se ha remitido esos antecedentes a la presidencia de la Cámara de Diputados y se debe poner a consideración del pleno”, declaró Cárdenas.
“La acusación es por acciones presuntamente ilícitas que hubieran cometido”, declaró el legislador. La presidencia de la Cámara Baja tiene 13 días para poner en agenda la acusación en contra de estas autoridades.
El año pasado, esta misma comisión aprobó el juzgamiento de cuatro miembros del Consejo de la Magistratura que fueron suspendidos por los diputados, el caso ya se encuentra en el Senado para juicio de responsabilidades por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes. (ANF)
El pleno de la Cámara de Senadores sancionó ayer el proyecto de ley que crea la Comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, que se realizó en junio del año pasado.
“El pleno de la Cámara de Senadores sancionó el miércoles el Proyecto de Ley 388, que crea la Comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia realizada en junio de 2016 en Sucre”, explica un boletín del Senado.
La norma establece que esa comisión será presidida por el Ministro de Justicia y estará conformada por el Presidente de la Cámara de Senadores, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente del Consejo de la Magistratura, el Fiscal General del Estado, el Ministro de Gobierno, el Procurador General del Estado y un representante del Sistema de la Universidad Boliviana.
La norma establece que la Comisión estará vigente hasta el cumplimiento de las funciones establecidas en esa norma y sus miembros tienen el deber de asistir a todas las sesiones convocadas.
El magistrado Javier Peñafiel Bravo asumió ayer la presidencia del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia por decisión de Sala Plena, en reemplazo del Lucio Fuentes Hinojosa.
La nueva autoridad, posesionada por el Decano de la institución, Ricardo Soto, anunció que buscará el diálogo para que la Asamblea Legislativa apruebe el Código Procesal Agroambiental y solicitó a sus colegas magistrados/as, autoridades del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Organizaciones Sociales y Prensa, a trabajar de manera conjunta y coordinada a nivel institucional bajo el principio del servicio a la sociedad.
Peñafiel informó que por decisión de Sala Plena, esta gestión, la totalidad de los Juzgados Agroambientales deberán abrir puertas a la sociedad con la itinerancia y anunció la creación de nuevos Juzgados para llegar a las fronteras del país y no solo a las capitales o ciudades intermedias, además de establecer una verdadera estrategia y política de coordinación y cooperación con las organizaciones sociales.
También señaló que a pesar de no haber contado con recursos económicos suficientes, la Jurisdicción Agroambiental ha implementado políticas institucionales para acercar la justicia al pueblo. En ese mismo cometido, indicó que “se desarrollará una revista jurídica virtual, se establecerán mecanismos adecuados que permitan integrar a la Jurisdicción Agroambiental a los procesos educativos no sólo a nivel universitario, sino de primaria y secundaria”.
Destituyen a tres fiscales en Santa Cruz
El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Freddy Larrea, informó que por disposición de la Fiscalía General del Estado, se ordenó el cese de funciones de tres fiscales de Santa Cruz tras una evaluación del rendimiento y el servicio a la población que brindaban dichos investigadores.
El fiscal Larrea se limitó a indicar que fue una decisión institucional, por lo que evitó dar nombres de los fiscales destituidos. “Se está evaluando de acuerdo al rendimiento y la información que se tenga de cómo están trabajando nuestros fiscales, de cómo están operando, cómo están dando el servicio a la sociedad y de acuerdo a eso se está tomando decisiones”, aseguró.
El pasado 10 de enero, el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, realizó una visita sorpresa a diferentes módulos de Santa Cruz para verificar el trabajo de los fiscales y si estos estaban cumpliendo sus funciones a cabalidad.
En esa ocasión, anunció también que el Ministerio Público está preparando una evaluación para la implementación del nuevo modelo de gestión fiscal, para lo cual se está verificando el funcionamiento de las fiscalías corporativas y los ajustes que se deben realizar.
Además, Guerrero informó que en Santa Cruz se harían algunos cambios a raíz de algunas denuncias de los litigantes.
Los cambios en la Fiscalía también fueron de alguna manera anunciados por Guerrero el pasado 9 de enero durante la posesión de Freddy Larrea como fiscal de Distrito de Santa Cruz. Guerrero dijo dentro del Ministerio Público existe una “conspiración” en contra del nuevo modelo de gestión fiscal.
“Hay gente dentro del Ministerio Público que aún no quiere entender el nuevo modelo de gestión Fiscal que se encamina a evitar la corrupción y retardación de justicia, y viene conspirando”, aseguró Guerrero.
Guerrero anunció que desde la Fiscalía General ya se tenían identificados a estos funcionarios “que no quieren trabajar y vienen entrando en una guerra sucia dañando a la institución”, finalizó.
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Oswaldo Valencia, aseguró que la línea jurisprudencial contenida en la sentencia constitucional plurinacional 1262/2013, del 1 de agosto de 2013, relacionado al preaviso en el ámbito laboral, no fue modificada, lo que establece que la estabilidad de los trabajadores sigue vigente en el país.
Valencia sostuvo que el TCP seguirá aplicando la referida sentencia constitucional que establece la estabilidad laboral en el caso de preaviso, que solo es válido cuando sea aceptado por el trabajador.
Asimismo, remarcó que si el empleado rechaza el preaviso, tiene el derecho a pedir su reincorporación y en su caso a recurrir a un amparo constitucional, “eso no ha variado, eso no ha cambiado”, expresó.
Mientras tanto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia pidió respeto a la Constitución Política del Estado, al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a las normas laborales vigentes en el caso del preaviso.
“La figura del preaviso está vigente desde el año 1942; en la actualidad con restricciones sustanciales, definidas por la normativa laboral vigente”, remarca un boletín institucional.
Según ese documento, no se debe perder el foco de atención respecto de la previsión de la Constitución Política del Estado que prioriza la estabilidad laboral.
El sector empresarial considera que la mirada de los actores productivos, los trabajadores y el Gobierno Nacional debe dirigirse hacia la preservación y creación de mayores y mejores fuentes de empleo protegidos, como herramientas eficientes para garantizar estabilidad.
Los empresarios solicitaron que la posición definitiva que se asuma sobre ese tema se enmarque específicamente en los márgenes de la legalidad y respeto a la norma vigente, apegada a los datos de la realidad, “lo contrario supondrá daños a las capacidades para ampliar la inversión del país y generar nuevas fuentes de empleo digno, en detrimento sobre todo de la clase trabajadora”, remarca el boletín de prensa.
Hay 84 procesos que acosan a 17 magistrados titulares
De los 28 magistrados titulares y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al menos 17 tienen alrededor de 84 procesos de juicio de responsabilidades en su contra en la Asamblea Legislativa; de ese total, siete están con imputación y cinco con suspensión temporal de funciones por decisión de Diputados mientras termine el juicio en el Senado.
El informe corresponde al Comité de Ministerio Público de la Cámara Baja, donde se tienen 133 denuncias contabilizando de gestiones pasadas y de las cuales 84 corresponden a juicio de responsabilidades.
De las cinco autoridades suspendidas, cuatro son consejeros de la Magistratura: Freddy Sanabria, Roger Triveño, Cristina Mamani y Wilma Mamani, además del magistrado del TCP, Gualberto Cusi. El juicio para estas autoridades ya tiene tribunal de sentencia en el Senado, que en los próximos días deberá instalar el juicio propiamente dicho. Además de ellos, están con imputación los magistrados Bernardo Guarachi, del Tribunal Agroambiental, y Mirtha Camacho, del TCP, según datos del Comité de Ministerio Público de Diputados que proporcionó la legisladora del PDC Norma Piérola.
Las denuncias que enfrentan las 17 autoridades son por supuesta manipulación de cargos, prevaricato, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la CPE, destrucción de documentos, incumplimiento de deberes, omisión de declaración de bienes, falsedad ideológica y material, retardación, asociación delictuosa y extorsión.
En julio de 2014 fueron suspendidos los magistrados Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chanez, por vetar la Ley del Notariado, aprobada en enero de ese año, pero luego entró en vigencia. Velásquez renunció y su proceso se archivó; Cusi fue apartado por su salud, pero luego se reactivó su juicio. El caso Chanez fue el único que terminó con sentencia de destitución en un tribunal de juicio en el Senado, en enero de 2015.
Las denuncias contra magistrados son de hace más de dos años y en algunos casos fueron priorizadas por Diputados, tal como el de los consejeros, que tenían otras denuncias por extorsión que no avanzan, según Piérola. Sin embargo, el titular del Comité, Juan Cala, del MAS, atribuyó la demora a las acciones dilatorias de incidentes atribuidas a los propios magistrados que colaboraban con el requerimiento de información sobre las denuncias.
Están con informe de acusación Bernardo Guarachi, del Tribunal Agroambiental, y Mirtha Camacho, del TCP. Es el caso del consejero Roger Triveño, que criticó la celeridad de la suspensión por la denuncia de supuestas irregularidades en la designación de un juez en La Paz. En su descargo, Triveño dijo que no cometió ningún delito en la paralización de la designación como juez del abogado Juan Toledo Yana porque este tenía imputaciones en su contra y una ley, en 2012, prohibía el ejercicio de jueces imputados.
En el TCP, tres de los siete magistrados fueron cesados del cargo, excepto Gualberto Cusi, que aún sigue en juicio. Asumieron la titularidad Oswaldo Valencia, Macario Cortez (ambos con juicios) y Zenón Bacarreza
Juzgados provinciales no manejan un presupuesto
“El otro día he tenido que sacar de mi bolsillo para comprar papel bond para una causa”, respondió un juez de Quillacollo cuando se le consultó sobre las necesidades que tiene en su trabajo.
El juez, que prefirió guardar en reserva su nombre, dijo que los requerimientos a la Dirección Administrativa Financiera (DAF) demoran y a veces no llegan a tiempo, por lo que se deben resolver las necesidades en el momento.
Los juzgados de las provincias como Quillacollo y Sacaba no manejan ningún recurso económico, todo es administrado desde la DAF y los requerimientos se deben hacer con anticipación.
En una visita de OPINIÓN al Juzgado de Quillacollo se pudo evidenciar las carencias que hay en el mobiliario. Una de las oficinas no tenía ni siquiera una silla para que se siente el litigante y el escritorio en el que se atendía estaba deteriorado y viejo.
En Sacaba, los jueces también reclaman por los requerimientos. Una jueza que se sienta todos los días en una silla que está a punto de destrozarse, hizo el requerimiento hace más de un año, pero su demanda no es atendida.
El director de la DAF, Freddy Pinto, manifestó en una entrevista con este medio de comunicación que los requerimientos de los juzgados son constantes sobre todo en papel y tinta para impresora, que son los insumos que más se consumen.
Indicó que el presupuesto para este año es de 81 millones de bolivianos, 8 millones menos que la gestión pasada, por lo que los requerimientos se atenderán por orden de prioridades.
No hay jueces responsables en distritos
En los juzgados de Quillacollo y Sacaba no hay jueces responsables del funcionamiento de las Casas de Justicia de esos municipios.
Todos los juristas están bajo la dirección del presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ruddy Siles, y en la mayoría de los casos requiere permiso para emitir declaraciones a los medios de comunicación.
La información de las causas y de la mora procesal de los 10 juzgados de Sacaba se centraliza en la capital del departamento y lo mismo sucede con los 17 juzgados de Quillacollo.
Cuando se tienen necesidades o problemas en los juzgados se debe acudir a la máxima autoridad, por lo que los jueces sugieren que también se nombre un responsable en estas casas judiciales.
Litigante Sacaba
Estoy con un proceso de un hecho de Tránsito y ya demoró más de un año. En las provincias, hay mucha chicanería jurídica y no se puede reclamar porque si los denuncias es peor.
Estoy en esto desde marzo de 2016 y es la tercera audiencia a la que acudo, no sé cuántas más me faltan, pero considero que no es un proceso difícil de resolver. Ya me imagino cómo será para los casos penales.
La mayoría de los jueces no cumple con el procedimiento, pero no se puede meter a todos en la misma bolsa. Hay jueces malos y buenos. Algunos procesos deberían durar tres meses y se extienden a un año.
Es claro que hace falta más jueces, pero tienen que ser capacitados con carrera judicial, porque hay jueces que se tardan demasiado y no tienen nada de experiencia.
Willma Cartagena
Estoy volviendo a retomar una causa de estafa que inicié hace más de un año. La verdad dejé mi caso porque me aburrí, se tardaba mucho, había que estar detrás del juez todo el tiempo y a uno le afecta. Yo me enfermé, pero me di cuenta que realmente me afecta y debo seguir nomás. Espero que la atención haya mejorado y no sea solo el edificio lindo.
En Sacaba faltan jueces y auxiliares y en Quillacollo infraestructura
Dos realidades diferentes se viven en los juzgados de Sacaba y Quillacollo, los municipios que reciben mayor número de causas judiciales, después del Cercado.
Mientras que en Quillacollo una sala de audiencias es compartida con un juez, en Sacaba los operadores de justicia y litigantes se desenvuelven en la comodidad de un flamante edificio de su nueva Casa Judicial.
En Quillacollo el problema más agudo es la falta de infraestructura y en Sacaba, los recursos humanos.
Desde la entrada al edificio en Sacaba los litigantes reciben orientación de un policía sobre la ubicación de las instalaciones, no hay un servicio de plataforma para recibir las causas y tampoco una sala para el sorteo de las mismas, por lo tanto, el ciudadano debe buscar uno por uno el juzgado que le corresponde para ingresar su denuncia. Hay 10 juzgados en esa capital.
A primera vista, los tres juzgados civiles y comerciales tienen una fila de espera de litigantes, mientras que el tribunal agroambiental luce vacío. Un funcionario que no despega la vista de su celular, durante nuestra visita, es lo único que se puede observar detrás de la ventanilla de esa oficina, mientras otros tres escritorios permanecen vacíos.
Las oficinas de conciliación también tienen alta demanda y se registran filas.
Una jueza de Sacaba, que pidió guardar su nombre en reserva, contó que en ese municipio, a excepción de dos juzgados, se reciben hasta 50 memoriales y se realizan hasta tres audiencias al día.
Con el trabajo de un juez, un secretario y un oficial de diligencias por juzgado no se puede atender la alta demanda de causas que hay.
La jueza indicó que hace un año les habían prometido la incorporación de auxiliares, personal que se encarga de atender los memoriales y hacer las transcripciones, pero como el secretario es el que hace actualmente ese trabajo, no puede ayudar al juez y es ahí donde los procesos comienzan a tardar. En ese juzgado se inició el año con 30 causas pendientes de 2016 y asegura que hay otros jueces que deben resolver casos de hasta hace cuatro años atrás.
Ni siquiera la colaboración de un pasante de la carrera de Derecho con los que se cuenta en la mayoría de los juzgados es suficiente para atender a los litigantes y las causas.
La juez asegura que ingresa a las 7:15 horas y sale a las 20:00, todos los días.
"Ni siquiera haciendo esas horas extras logramos cubrir la demanda de la gente. Todo el personal se queda para tratar de evitar denuncias de parte de los litigantes por los retrasos, pero es imposible atender tantas causas".
QUILLACOLLO En el municipio más grande del Valle Bajo, la atención al litigante es caótica, hay incomodidad y los juzgados están repartidos a lo largo de tres cuadras de la calle Cleómedes Blanco, en tres edificios.
En el edificio principal, innominado funciona Derechos Reales en la planta baja y en tres pisos están las oficinas de 10 de los 17 juzgados que tiene ese municipio.
El edificio de apartamentos, pensado para ser habitado por familias, fue adecuado e improvisado para oficinas y la incomodidad con la que trabajan los juzgados es un problema.
Las salas de audiencias son de aproximadamente unos 18 metros cuadrados y más reducidos aún son los espacios donde trabajan el secretario y el pasante que ayudan al juez.
Hay archivadores y papeles de las causas que están acumulados en el piso de las oficinas del secretario y el juez a la espera de ser llevados al departamento de archivos. El espacio entre uno y otro escritorio está medido exactamente para que una sola persona pueda pasar. La justicia en Quillacollo funciona así hace más de diez años.
Las oficinas acomodadas en otros dos edificios en la misma calle fueron alquilados para que funcionen los juzgados de familia, niñez y adolescencia, laboral y conciliadores.
OPINIÓN visitó las instalaciones de estos dos edificios, de los cuáles se paga alquiler, y evidenció que también son oficinas adaptadas para la atención al público. Algunas no superan ni siquiera los 50 metros cuadrados.
Al igual que en Sacaba, en Quillacollo también hay problemas por falta de personal. Un funcionario del juzgado, que no se identificó, dijo que los pasantes son los que de alguna manera ayudan a aminorar las causas y devolver los memoriales y que pese a ello, se requiere de la presencia de los auxiliares.
La pareja del ex juez Oswaldo Aguilar, Cinthia Párraga, fue enviada a la cárcel San Roque imputada por el delito de concusión (cobros ilegales), en una audiencia de medidas cautelares que llevó adelante, hoy por la mañana, el juez 4° de Instrucción en lo Penal de la Capital, Hugo Michel.
El ex juez Oswaldo Aguilar se encuentra con detención preventiva en la carceleta de Camargo, también acusado por el supuesto delito de concusión, por denuncias presentadas por el secretario general de Alcaldía, Enrique Leaño y el vicerrector de la universidad San Francisco Xavier, Wálter Arízaga.
Juicio contra Cusi es suspendido por quinta vez
Por quinta vez quedó suspendido el reinicio del juicio contra el exmagistrado Gualberto Cusi. En esta oportunidad la ausencia de integrantes del Tribunal de Sentencia, conformado por la Cámara de Senadores, causó la nueva traba para que la causa prosiga.
La exautoridad del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es procesada por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
En 2014 inició la causa, pero en el caso de Cusi, por problemas de salud, se suspendió hasta finales de la gestión pasada. Zoraida Chánez y Ligia Velásquez, también exmagistradas, también fueron juzgadas por dejar sin efecto la vigencia de la Ley del Notariado.
El 17 de enero, de no suceder nada extraordinario, debería iniciarse nuevamente el proceso, mientras que desde el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia informaron que realizarán el seguimiento al caso.
Derechos Reales genera la mayoría de los ingresos
El 70 por ciento del presupuesto destinado anualmente al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) proviene de los recursos que genera Derechos Reales. Sin embargo, estos ingresos son depositados a una cuenta nacional y la distribución recién se la hace a fin de año. El restante 30 por ciento es asignado por el Tesoro General de la Nación (TGN).
Según el presidente del TDJ, Rudy Siles, este último monto no representa ni el 58 por ciento del TGN.
El responsable de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial, Freddy Pinto, indicó que desde que ya no se hacen ventas por timbres o valores y las notarias de fe pública tampoco dejan recursos económicos, el TDJ no tiene más fuentes de ingresos que Derechos Reales.
Señaló que el Gobierno tiene una deuda por ingresos de las notarias que asciende a 59 millones de bolivianos.
Conforman Tribunal de Sentencia con mayoría masista para juzgar a consejeros de la magistratura
El Senado conformó el Tribunal de Sentencia que juzgará a los miembros suspendidos del Consejo de la Magistratura, el que está presidido por el senador Milton Barón (MAS) y es de mayoría oficialista.
El pleno del Senado aprobó una resolución camaral la tarde de este martes en la que resolvió “elegir al senador Milton Leónidas Barón en calidad de presidente del Tribunal de Sentencia”, en el marco de la Ley 044 de Juzgamiento al Presidente, Vicepresidente y a altas autoridades judiciales.
Los consejeros que serán juzgados son: Cristina Mamani, Wilma Mamani, Roger Treviño y Freddy Sanabria acusados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes e incumplimiento de deberes.
El 89 por ciento del presupuesto de justicia es para pagar sueldos
El 89 por ciento del presupuesto 2017 del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba esta destinado al pago de sueldos del personal.
De los 81 millones de bolivianos que se tienen previstos para está gestión, y que todavía deben ser aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al menos 72 millones serán invertidos en la planilla del personal, el restante es para el pago de servicios, alquileres de oficinas, compra de insumos como papel y tonner y adquisición de computadoras e impresoras.
El responsable de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial, Freddy Pinto, informó que un juez gana un promedio de 12 mil bolivianos al mes, mientras que un secretario unos 3.800 y un oficial de diligencias cerca de 2.000 bolivianos.
En total, el TDJ en Cochabamba tiene 900 funcionarios, de los cuales, 173 son jueces, 527 son secretarios, oficiales de diligencia y asistentes, pero también está el personal del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y de la DAF.
En 2016, el TDJ contaba con un presupuesto de 89 millones de bolivianos, que de manera similar fueron distribuidos aproximadamente en un 90 por ciento al pago de sueldos, dijo.
Según Pinto, los números demuestran que el Tribunal no cuenta con más recursos para contratar personal y que este año ya se tuvo que hacer una reducción en la adquisición de algunos activos reales como computadoras para evitar que haya un desfase.
El presidente del TDJ de Cochabamba, Rudy Siles, solicitó el pasado viernes que los recursos sean incrementados para aumentar el personal que es, según la autoridad el principal problema que se tiene para eliminar la mora procesal. Esta gestión Cochabamba inició con 71.375 casos pendientes del 2016.
Un juez en Cochabamba resuelve hasta dos casos por día.
ALQUILAN OFICINAS Ante las denuncias de la compra de inmuebles por parte de los tribunales departamentales que hizo la ministra de Justicia, Virginia Velasco, el representante de la DPA indicó que en Cochabamba no se adquirió ningún inmueble desde el 2014 y que de manera contraria hace falta presupuesto para este fin.
“En la ciudad Cochabamba deben ser unas 15 oficinas que estamos alquilando para algunos juzgados. No tenemos infraestructura”, dijo.
Aseguró que se ha pedido a la Alcaldía de Cochabamba la colaboración para un comodato o un terreno para que se puedan construir nuevas oficinas.
Lo mismo sucede en provincias donde tampoco hay edificios propios y muchos funcionan bajo la modalidad de comodato.
Un ejemplo es lo que sucede con las oficinas de los juzgados de Quillacollo que ya quedaron pequeñas y pese a que la Alcaldía ya les ofreció un terreno en comodato no hay recursos para iniciar una construcción.
Soto destacó que la elección se hizo de manera "caballerezca”, y no con los problemas que hubo en el pasado cuando las constantes pugnas al interior de esta entidad provocaron que incluso en algún momento tenga dos presidentes paralelos.
El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, denunció una “conspiración” desatada dentro del Ministerio Público en contra del nuevo modelo de gestión fiscal que ha frenado -dijo- la corrupción y la retardación de justicia.
“Hay gente dentro del Ministerio Público que aún no quiere entender el nuevo modelo de gestión Fiscal que se encamina a evitar la corrupción y retardación de justicia, y viene conspirando”, insistió durante la posesión de Freddy Larrea como nuevo fiscal de Distrito de Santa Cruz en reemplazo de Gomer Padilla.
Guerrero señaló que viene trabajando para evitar que los malos funcionarios tomen contacto con los litigantes, lo que –añadió- generó una reacción de los afectados. “Hay quienes cobran para favorecer a alguien en desmedro de otro, esto tiene que terminar y para ello estamos trabajando”.
Nuevo fiscal de distrito pide evitar injerencias
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, posesionó hoy al nuevo fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea Melgar en reemplazo de Gómer Padilla, que además de dejar el cargo hizo conocer que se retiró del Ministerio Publico.
Luego de ser posesionado, Larrea pidió a sus colegas evitar cualquier grado de injerencia y recordó que los fiscales solo se deben a la Fiscalía General del Estado.
El nuevo fiscal también pidió a los representantes del Ministerio Publico cruceño una gestión sin corrupción y señalo que la institución tiene que lograr un mejor posicionamiento en la sociedad.
Pasado el acto de toma de sus funciones, el fiscal Guerrero habló de conspiraciones dentro del Ministerio Público y aseguró que ya tenía identificados a los malos funcionarios, "que desde dentro hacen guerra sucia y dañan a la institución (Fiscalía)"; sin embargo, no entró en más detalles.
Después del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que determinó que los argumentos de defensa del abogado Eduardo León pasen a un nuevo proceso por haber vulnerado sus derechos en primera instancia, la esposa del aludido, Graciela Mendoza, anunció un proceso contra los jueces, vocales y fiscales que resolvieron la detención preventiva en San Pedro del señalado jurista.
Mendoza explicó que las autoridades judiciales procedieron de manera coordinada contra León, usando como prueba una fotocopia simple que basa todo el caso de presunta falsedad material.
Luego de conocer el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, el abogado anunció que procesará por prevaricato a la juez Melina Lima, los vocales Rubén Ramírez, Virginia Crespo y Willy Arias, además de los fiscales de apellido Calderón y Campero, según detalló Mendoza.
“Se han vulnerado todos sus derechos constitucionales de Eduardo León y se tiene que revisar en nueva audiencia para su libertad”, declaró.
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, informó que la Sala Tercera instruyó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitir un nuevo fallo a favor del abogado Eduardo León, considerando que se vulneraron sus derechos fundamentales en el recurso de apelación a las medidas cautelares presentado por el imputado.
León guarda detención preventiva en penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, por el delito de falsificación de su Libreta de Servicio Militar para tramitar su título profesional en provisión nacional. /ABI.
Reforma judicial incorpora la notificación electrónica
La reforma judicial que impulsa la administración del presidente Evo Morales incorpora la notificación electrónica que obligará a los abogados y a los litigantes a tener un correo electrónico y whatsapp.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, explicó que uno de los problemas administrativos que generan la retardación de justicia y la corrupción es la notificación de las personas involucradas en procesos judiciales, toda vez que los encargados de entregarlas exigen un pago adicional a las partes.
En ese contexto, dijo que uno de los proyectos de ley enviados a la Asamblea Legislativa incorpora ese moderno sistema de gestión. “Hoy un ciudadano en los juzgados tiene que pagar al oficial de diligencia por notificar, el secretario de juzgado transcribe actas que deben ser pagadas, eso se eliminará porque habrá una notificación electrónica, por correo electrónico y se podrá ver en la computadora o el celular, entonces se podrá dar por notificado”, manifestó.
Señaló que si los litigantes no tienen acceso a Internet, el abogado tiene la obligación de contar con ese servicio para comunicar a su cliente la notificación para que asista a su audiencia.
Recordó que uno de los proyectos de ley establece sanciones para eliminar el abuso y engaño de los abogados a sus clientes y garantiza una justicia pronta, justa y oportuna.
Justicia inauguró oficinas de multiservicio en la ciudad de Cobija
(Cambio Digital).- Con el objetivo de mejorar el sistema de justicia en el país, el presidente Evo Morales participó hoy de la inauguración de las nuevas oficinas de multiservicio de justicia que se llevó a cabo en Cobija, departamento de Pando.
“Nos hemos dado cuenta que la retardación es como sinónimo de corrupción de la justicia boliviana”, dijo a tiempo de remarcar la realización de la Cumbre de Justicia que tuvo como resultado un conjunto de propuestas realizados desde los movimientos sociales y la población boliviana.
Lamentó que existan aún administradores de justicia que conserven una mentalidad colonial y piensen que se debe vivir de la justicia. También afirmó que mejorar el sistema judicial en Bolivia, “mucho dependerá el aporte del pueblo y los movimientos sociales”.
El ejecutivo de los fabriles de Pando, Edgar Zebalos, destacó que se haya tomado en cuenta la participación de los movimientos sociales en las precumbres de justicia, lo que permitió que desde las bases se presenten propuestas para mejorar esta situación.
El gobernador pandino, Luis Flores, dijo que la desconcentración de las oficinas del ministerio en las distintas regiones del país, permite al Gobierno escuchar de manera directa al pueblo, a las personas que más necesitan.
Estas oficinas darán servicio a la gente más humilde, a los que harán reclamos por servicios de empresas públicas o privadas. Tendrá una oficina de defensa del consumidor, una unidad de defensa de violencia contra las mujeres, entre otros ambientes.
La autoridad lamentó que los abogados sólo quieran lucrar de la justicia y dijo que en Cobija ya existirán oficinas de conciliación para solucionar conflictos en delitos menores y así evitar los largos y costosos procesos judiciales.
52% de la gente tolera que se ajusticie sin ley
En Cochabamba, donde un reciente linchamiento en el trópico se convirtió en espectáculo público generando un aparente repudio, el 52 por ciento de los ciudadanos “comprende” la justicia por mano propia aunque no sea legal y casi dos de cada 10 personas incluso piensan que el ajusticiamiento fuera de la ley es un “derecho”.
Los datos surgen de la nueva encuesta departamental del Foro Regional, un esfuerzo conjunto entre Ciudadanía, Ceres y Los Tiempos, que fue levantada entre el 29 de noviembre y el 18 de diciembre de 2016.
Además de ser tolerantes con la justicia por mano propia, casi el 50 por ciento de los consultados dijo que quisiera tener un arma de fuego para su protección y el 77 por ciento está de acuerdo con que los vecinos deben organizarse para defenderse.
Estas reacciones podrían explicarse por otros datos del estudio. Por ejemplo, más cochabambinos dicen haber sido víctimas de delincuentes en el último año. El porcentaje subió de 12,4 a 21 por ciento entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016.
Apenas uno de cada 10 ciudadanos declara sentirse “muy seguro” de que no va a ser víctima de un asalto o robo y a esto se suma que el 74 por ciento confía poco o nada en la justicia.
Estos datos y otros desarrollamos en esta primera entrega.
Pese a falta de recursos Tribunal de Justicia de La Paz resolvió 47% de la carga procesal
De acuerdo con el informe preliminar, hasta el 15 de noviembre de 2016 en juzgados de La Paz, El Alto y provincias del departamento, se atendieron un total de 267.000 causas y trámites judiciales. De esa cantidad, se han resuelto 124.887 causas y trámites judiciales, es decir, el 47 por ciento, informó la presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Carmen del Río Quisbert.
“El Año Judicial 2016 ha sido intenso para los 17 vocales, 240 jueces y los cerca de 1.000 funcionarios jurisdiccionales y administrativos que prestamos servicios en las 20 provincias del extenso departamento de La Paz”, afirmó Quisbert en su discurso.
La autoridad señaló que en la pasada gestión se tuvo varios desafíos en relación a la aplicación de un nuevo marco normativo en área civil y las propuestas que fueron llevadas a la Cumbre de Justicia.
En 2016, el TDJ gestionó cerca de 10.000 trámites entre solicitudes institucionales y particulares y otra gran variedad de trámites. Sala Plena, atendió cerca de 2.500 trámites entre Casos de Corte, Procesos Contenciosos Administrativos, Conflictos de Competencias positivos y negativos, diligenciamiento de provisiones citatorias, compulsorias y ejecutorias; posesión de jueces, designaciones, rotaciones y renuncias de personal subalterno.
“En total, la presidencia y Sala Plena del TDJ han atendido un movimiento general de 13.000 trámites en los 12 meses de la pasada gestión”, detalló Quisbert.
142.000 CAUSAS PENDIENTES
En este sentido, Quisbert afirmó que una de las razones de esta mora procesal tiene relación con el bajo presupuesto con el que cuenta el Poder Judicial, por lo que solicitó realizar y extremar esfuerzos para que las autoridades de la Dirección Nacional del Departamento Administrativo y Financiero del Órgano Judicial y la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, “garanticen nuestro presupuesto” con el cual por ejemplos se tiene proyectado concluir la construcción de una mejor infraestructura y la contratación de personal.
Remarcó que luego de un proceso de análisis, el TDJ concluyó que el cambio judicial será posible con el fortalecimiento de la “independencia institucional y la autonomía económica del Órgano Judicial”.
El informe de la autoridad se dio en el marco de su discurso en el acto de inauguración del año judicial en La Paz, acto que no contó con la presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, quien fue criticado por las afirmaciones que hizo el pasado miércoles, donde se declaró “admirador” del presidente Evo Morales, y expresó su respaldo para abrir la Constitución Política del Estado en el marco del proceso de cambio, con el fin de mejorar la administración de justicia, dejando en entredicho la independencia de poderes.
Ayer se realizó en Cochabamba el acto de inauguración del Año Judicial, ocasión en la que el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Rudy Siles, brindó su informe de gestión que reflejó una “carga procesal agobiante” en el sistema de justicia.
“De enero a diciembre nuestros juzgados de las distintas materias resolvieron un total de 71.433 causas, quedando pendiente para la presente gestión 71.375”, detalló durante su informe ante la presencia de autoridades judiciales locales y nacionales.
Recordó que la gestión 2016 también inició con 71.947 causas pendientes del 2015. “Esta relación de causas ingresadas, causas resueltas y causas en trámites pendientes de resolución permite apreciar que la carga procesal sigue incrementándose porcentualmente sin que se haya incrementado, por lo menos, en el mismo porcentaje el número de jueces”, agregó.
El presidente del TDJ señaló que en estas condiciones el Órgano Judicial “no está cumpliendo el papel que le asigna la Constitución Política del Estado” situación que provoca un malestar en la sociedad, pero que no es por la falta de compromiso de los jueces sino por la carencia de los recursos humanos.
“Nuestro departamento bordea los 2 millones de habitantes y cuenta con un solo juez por cada 80.000 habitantes aproximadamente en capital; y uno por cada 37.000 en provincia”, dijo.
Siles aseguró que de acuerdo con las estimaciones realizadas por el total de procesos que ingresan diariamente se requeriría, por lo menos, “triplicar el número de jueces y por supuesto, el personal de apoyo necesarios, una adecuada infraestructura y ello pasa por incrementar el presupuesto” para el Poder Judicial.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marcos Tordoya, destacó la labor de los jueces calificándola de “titánica” porque según los cálculos que realizó cada juez emitió dos sentencias por día en la pasada gestión. “Además de resolver esas dos sentencias también resuelve su despacho diario y otras actividades propias del juez”, finalizó.
CONCILIADORES EVITARON 671 JUICIOS
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, Rudy Siles, informó que en los 10 meses de trabajo los 30 conciliadores en el departamento, en el marco de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, lograron resolver 671 casos.
“Datos que esperemos sean incrementados durante la presente gestión, siendo la conciliación una alternativa de solución de controversias de manera pronta, pacífica y gratuita”, dijo Siles. Informó también que para la aplicación del Código Procesal se conformó una comisión de seguimiento para este temática al igual que la organización de una feria para dar a conocer los beneficios de conciliar en lugar de ir a un juicio.
Siles indicó también que en febrero sostendrá una reunión con miembros de la Organización de Estados Americanos, para avanzar en la capacitación del personal que incluye a los administradores de justicia en relación a nuevos modelos de políticas públicas, para implementar mejor el Código Procesal Civil en el país.
MAGISTRADO SUGIERE MARCHAS
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marcos Tordoya, dijo que si en verdad las autoridades quieren cambiar la justicia es necesario la dotación de más ítems para jueces y funcionarios judiciales.
Además, dijo: “Así como marchan los profesores y padres para más ítems, en el sector salud también marchan para pedir más ítems; nosotros los litigantes, los jueces deberíamos salir a pedir más ítems para funcionarios judiciales, porque caso contrario nunca vamos a solucionar la mora judicial”, indicó.
Al mismo tiempo, Tordoya mostró su conformidad con la propuesta que hizo el Gobierno de sancionar a los jueces y abogados que incumplan plazos procesales fijados por la norma.
“A mí me place que nuestro Presidente (Evo Morales) haya presentado proyectos de ley donde sancionará la retardación de justicia, sancionará la mala praxis de la abogacía y la mala fe de algunos litigantes, pero imagino que dentro de estos proyectos de ley también estaría viniendo la incorporación de ítems para más jueces que tanto necesitamos”, agregó el Magistrado admitiendo que el tema del presupuesto es importante para la reforma de la justicia al igual que el tema de la prevención.
Hay leyes para sancionar a los jueces, fiscales y abogados
En el país existen tres normas que establecen sanciones a los abogados, jueces y fiscales cuando son denunciados por mal desempeño en sus funciones. Se trata de la Ley de Ejercicio de la Abogacía, promulgada en 2013; la del Órgano Judicial, vigente desde junio de 2010, y, por último, está la Ley Orgánica del Ministerio Público, que rige desde julio de 2012.
Frente al anuncio del presidente Evo Morales de aprobar una ley para sancionar a los abogados, fiscales y jueces que incurran en actos que implique la retardación de justicia, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, afirmó que en las disposiciones legales de la Ley 025 del Órgano Judicial se estipulan sanciones para los jueces.
Similar situación contempla la Ley del Consejo de la Magistratura, que controla y vigila el desempeño de los jueces, mientras que el Ministerio Público tiene sus propios mecanismos internos para sancionar o destituir a un fiscal.
En el caso de los litigantes, la Ley del Ejercicio de la Abogacía especifica que las faltas cometidas por algún jurista debe ser analizada y procesada en los tribunales departamentales de ética, y algunos casos pasan al Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia, según la falta.
La Ley de la Abogacía contempla como falta leve el no asistir injustificadamente a un acto señalado por autoridad competente dentro de un proceso judicial, ocasionando dilación o perjuicio a la persona patrocinada, y la sanción para quienes cometan esta infracción es una llamada de atención y una multa equivalente a un salario mínimo.
En la propuesta de Morales, se prevé una multa de hasta 10 salarios mínimos y, en caso de reincidencia, la suspensión de la licencia para el ejercicio profesional por 10 años.
Por su lado, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Erwin Rojas hizo referencias a las normas que regulan las sanciones para las autoridades judiciales.
Explicó que para sancionar a los jueces existe un régimen disciplinario dependiente del Consejo de la Magistratura que contempla el tipo de sanción para las faltas leves, graves y gravísimas.
En el caso del Ministerio Público, la inasistencia de un fiscal por uno o dos días discontinuos al ejercicio de sus funciones sin la debida justificación está contemplada como una falta leve y la sanción pasa por una llamada de atención. En la reforma propuesta por Morales, el fiscal es obligado a asistir a la audiencia.
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Se priorizará meritoricracia en elección de jueces
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, aseguró ayer que se priorizará la “meritocracia” de los postulantes que pretendan ser elegidos como nuevas autoridades judiciales en el país.
“Nosotros tenemos el compromiso de quienes lleguen a la papeleta para ser sometidos a la votación del pueblo, sean personas que reúnan condiciones de profesionalismo, transparencia e idoneidad (...) entonces el criterio de la meritocracia va ser fundamental y de eso se trata a tiempo de elaborar el reglamento con el que vamos a seleccionar a estas personas”, informó según la agencia Abi.
Horas antes, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, informó que en octubre de este año se elegirá a las nuevas autoridades judiciales del país.
“Seguro ahora en febrero empezaremos a trabajar sobre los criterios, procedimiento y protocolos que se van a seguir para la elección, así como las convocatorias y limitaciones de quienes puedan participar en todo el proceso de selección”, remarcó el presidente de la Cámara de Senadores.
En octubre de 2011 Bolivia se eligió por primera vez por voto directo en las urnas a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Sin embargo, el sistema judicial en el país fue el más criticado durante los últimos años por las varias denuncias de corrupción, con consorcios de abogados, jueces y fiscales, retardación de justicia, prevaricato (resoluciones en contra de las normas en pleno conocimiento de que se comete un acto ilícito) y una suerte de hechos negativos que el Gobierno pretende cambiar con una reestructuración del sistema judicial.
TCP emitió 5.121 resoluciones y 6.786 decretos constitucionales en 2016
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Oswaldo Valencia, informó el jueves que en 2016 las instancias de control emitieron 5.121 resoluciones y 6.786 decretos constitucionales.
“De la suma de resoluciones emitidas por las diversas instancias dan como resultado un total de 5.121 resoluciones constitucionales y 6.786 decretos constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional; haciendo un promedio diario de 21 resoluciones y 28 decretos constitucionales”, precisó.
Por otro lado, resaltó que en el tema autonómico se resolvieron todas las causas ingresadas y sorteadas, cuyas declaraciones constitucionales fueron entregadas en acto público, siendo el último el pasado 14 de diciembre.
“130 están referidas a consultas sobre la constitucionalidad de Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos”, dijo.
Asimismo, sostuvo que “el año pasado se resolvieron más causas que en las anteriores gestiones, llegando a sortearse, inclusive, expedientes que ingresaron a ese Tribunal el 18 de noviembre de 2016”.
Valencia inauguró el Año Constitucional 2017 en un acto realizado en la Casa de la Libertad. ABI.
Según magistrado Flores TCP ordena a justicia emitir nuevo fallo sobre León
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que emita un nuevo fallo sobre las medidas cautelares contra abogado Eduardo León, al considerar que se vulneraron sus derechos en la instancia de apelación.
“Se ha verificado que el Tribunal, que ha considerado las medidas cautelares, que han dispuesto su detención preventiva, no han hecho una debida argumentación, ni una consideración adecuada de los elementos presentados en su defensa”, dijo el magistrado del TCP, Ruddy Flores, según ABI.
Flores explicó que el falló del TCP se originó por una acción de amparo constitucional que presentó el abogado, denunciando la vulneración de sus derechos.
“En observancia de los derechos fundamentes que asiste a cualquier ciudadano, se ha dispuesto que el Tribunal cautelar de remisión, en este caso el Tribunal Departamental de Justicia, emita un nuevo fallo, tiene que emitir un nuevo fallo que atienda todos los puntos que han sido presentados por el accionante”, acotó el magistrado, de acuerdo con la misma agencia.
León está detenido en el penal de San Pedro por supuestamente usar una liberta militar falsa para conseguir su título profesional de abogado.
Como se recordará en mayo de 2016, el abogado defensor de la expareja del presidente, Evo Morales, Gabriela Zapata, Eduardo León Arancibia fue aprehendido por personal de la Policía, bajo los cargos de “engaño a personas incapaces y asociación delictuosa”.
León abogó por Gabriela Zapata en el caso de tráfico de influencias entre la empresa China CAMCE y el Gobierno central.
Cuando abandonaba dichas instalaciones, el jurista fue aprehendido y trasladado a la Fiscalía de la urbe paceña, donde en contacto breve con los medios manifestó enfáticamente, “yo no soy ningún delincuente, esta es una medida más de amedrentamiento del gobierno pero no nos van a intimidar, seguiremos luchando contra la corrupción”
El abogado, a pesar pedidos de medidas cautelares, no pudo salir del penal. Como se recordará, el profesional estuvo también internado en el hospital debido a una gastritis, que deterioro su salud.
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