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Timestamp: 2017-02-26 07:49:58+00:00

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Equipo Nizkor - Sentencia que ratifica la condena de Alberto Rafael Santofimio Botero como coautor responsable del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago Cuervo Jiménez y Julio César Peñalosa Sánchez.
Sentencia que ratifica la condena de Alberto Rafael Santofimio Botero como coautor responsable del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago Cuervo Jiménez y Julio César Peñalosa Sánchez
Aprobado acta Nº 311 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil once
1. Mediante sentencia del 11 de octubre de 2007, el Juez 1º
Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca declaró al
señor Alberto Rafael Santofimio Botero coautor penalmente
responsable de un concurso de tres conductas punibles de
homicidio con fines terroristas, cometidas en las personas de
Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñalosa Sánchez
y Santiago Cuervo Jiménez. Le impuso 24 años de prisión, 10 de inhabilitación en el
ejercicio de derechos y funciones públicas, la obligación de
indemnizar los perjuicios causados y le negó la suspensión
condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
2. El 22 de octubre de 2008 el Tribunal Superior de
Cundinamarca lo revocó, para, en su lugar, absolver al
3. El apoderado de la parte civil y el delegado de la Fiscalía
interpusieron casación.
En auto del 1º de junio de 2009 fueron admitidas las
demandas presentadas.
Recibido el concepto del señor Procurador Tercero Delegado
para la Investigación y el Juzgamiento, la Sala resuelve el
1. Aproximadamente a las 7:30 de la noche del 18 de agosto
de 1989, cuando el entonces precandidato a la presidencia de
la República de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento, se
encontraba en una manifestación en el parque principal de la
localidad de Soacha (Cundinamarca), recibió varios impactos
de arma de fuego, que le causaron la muerte.
Los disparos, hechos de manera indiscriminada, también
causaron el deceso de Santiago Cuervo Jiménez, escolta del
doctor Galán Sarmiento, y del concejal Julio César Peñalosa
Sánchez, además de lesiones a varias personas.
2. En relación con esos hechos, en sentencia del 19 de
agosto de 1999 fueron condenados José Édgar Téllez
Cifuentes, alias “Pantera” o “Pascua”, y Johan Lozano
Rodríguez. En esa providencia, el funcionario dispuso compulsar copias
para que se investigase la posible participación en el delito
del señor Alberto Rafael Santofimio Botero, pero la
actuación iniciada culminó con resolución inhibitoria del 9 de
febrero de 2000, emitida por un Fiscal Delegado de la Unidad
3. A la investigación fueron vinculadas muchas personas más,
entre ellas, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”,
lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe de la
organización criminal dedicada al narcotráfico, conocida como
“Cartel de Medellín”. Aquel admitió su participación en el
hecho y aceptó cargos para someterse a sentencia
4. Posteriormente fueron recaudados nuevos medios
probatorios, entre ellos, declaraciones del citado Jhon Jairo
Velásquez Vásquez y de Carlos Alberto Oviedo Alfaro,
recibidas el 28 y 29 de abril y el 2 de mayo de 2005. Estas
personas, en especial el primero, señalaron a Santofimio
Botero de haber influenciado y convencido a Escobar Gaviria
de ordenar la muerte de Galán Sarmiento, en el entendido de
que sería elegido presidente de Colombia, cargo desde el
cual no descansaría hasta lograr la extradición, a los Estados
Unidos, de Escobar Gaviria, a la cual éste se oponía
públicamente, a través de una campaña de terror que acudía
a muertes selectivas, empleo de bombas, etc., a efectos de
que, presionado, el Estado optara por la no entrega de sus
nacionales al país del norte.
Con fundamento en las últimas pruebas señaladas, el 11 de
mayo de 2005 la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos
Humanos dispuso apertura formal de investigación en contra
de Alberto Rafael Santofimio Botero, en contra de quien,
luego de ser escuchado en indagatoria, el 18 del mismo mes
se decretó su detención preventiva por el concurso de delitos
de homicidio y lesiones con fines terroristas y concierto para
En la actuación fue admitida parte civil, integrada por Gloria
Pachón de Galán, Luis Alfonso Galán Corredor, Juan Manuel,
Claudio Mario y Carlos Fernando Galán Pachón.
Adelantada la investigación, el 21 de diciembre de 2005 la
Fiscalía acusó a Santofimio Botero como coautor mediato
del concurso de las tres conductas de homicidio con fines
terroristas, previstas en el artículo 209 del Decreto 180 de
1988, el cual fue adoptado como legislación permanente por
el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991, norma aplicada por
Como el delegado del Ministerio Público desistió de la
impugnación inicialmente interpuesta, la decisión causó
ejecutoria el 11 de enero de 2006.
También fueron imputadas las conductas de concierto para
delinquir y lesiones personales con fines terroristas, respecto
de las cuales, en autos del 13 de febrero y 10 de marzo de
2006, se declaró la extinción de la acción penal en razón de
haber operado el instituto de la prescripción.
Luego de realizar las audiencias preparatoria y pública,
fueron proferidos los fallos reseñados.
Invoca la causal primera, segunda parte, violación indirecta
de los artículos 7º (por aplicación indebida), 232 y 238 del
Código de Procedimiento Penal, 29 del Código Penal y 29 del
Decreto 180 de 1988 (por exclusión), con fundamento en lo
cual formula tres cargos, producto de errores de hecho, que
Primero. Falso raciocinio, causado por la errada valoración
hecha por el Tribunal del testimonio de Jhon Jairo Velásquez
Vásquez, con fundamento en su prontuario criminal, su tardía
presentación (16 años luego del suceso) y la inadmisión del
miedo como excusa.
La Corporación también erró al restar eficacia a la declaración con la excusa de una supuesta preparación por la utilización que hiciera alias “Popeye” de un vocablo propio de expertos en leyes, además del cambio sorpresivo de versión, tachado como “anormal en el
quehacer judicial”.
Por oposición, la Fiscalía señala que Velásquez Vásquez fue
persona cercana al jefe del “Cartel de Medellín”, encargado
de ejecutar tenebrosas misiones, contexto dentro del cual
pudo narrar con detalle circunstancias anteriores y posteriores
al homicidio de Galán Sarmiento, entre ellas, el móvil, la
identidad de quienes tomaron la decisión de causar la muerte,
la participación de Santofimio Botero y su rol en la
organización liderada por Pablo Escobar Gaviria.
Considera que el testigo merece credibilidad, en tanto explicó las razones de existencia y actividad del denominado
grupo de “Los extraditables” y de haber guardado silencio por tanto tiempo, lo cual, unido a la cercanía del testigo con Pablo Escobar y al hecho de haber sido condenado
como coautor del delito, torna eficaz su relato, en cuanto la
experiencia enseña que la narración de un coasociado en una
empresa criminal, que acepta su responsabilidad, reviste
credibilidad, por cuanto de primera mano conoció el suceso y
prestó su concurso para llevarlo a cabo.
Frente a la experiencia, las razones del declarante para
explicar la demora en referir lo acaecido se muestran
convincentes, coherentes y válidas, circunstancias
desatendidas por el Tribunal. Tales versiones, además, resultaron corroboradas, en tanto (i) el grupo “Los Pepes” (“Perseguidos por Pablo Escobar”) realizó muchos atentados contra el liderado por Pablo Escobar; (ii) Santofimio Botero recibió dinero del “Cartel de Cali”, organización narcotraficante que conservó su poder aún después de la captura en el año 2005 de sus líderes, los hermanos Rodríguez Orejuela; y, (iii) los autores de los delitos investigados y otros miembros del “Cartel de Medellín” fueron muertos de manera violenta y, según lo narrado por Luis Carlos Aguilar Gallego, alias “El Mugre” , los subalternos de Pablo Escobar le obedecieron hasta el día de su deceso.
Así, el relato de alias “Popeye” no surgió tardío, pues lo
entregó cinco meses después de la muerte de Pablo Escobar,
admitiendo su propia responsabilidad y prosiguió con el
señalamiento de Santofimio Botero apenas seis semanas
después de la extradición de Miguel Rodríguez Orejuela, esto
es, cuando la causa de sus temores, que le impidió
testimoniar espontáneamente con antelación, había
desaparecido, pues se constituye en regla de experiencia que
una persona en situación de debilidad y vulnerabilidad frente
a los enemigos prefiere callar o mentir para preservar su vida
y la de su familia. Así estaba Velásquez Vásquez: detenido y
sin el apoyo de Escobar Gaviria.
El Tribunal, entonces, razona erradamente cuando acude al
mecanismo de encontrar pequeñas contradicciones sobre
aspectos no sustanciales, tales como la fecha en que tuvo
lugar una reunión en donde se decidió dar muerte a Galán
Sarmiento, pues, según una interpretación, ello pudo suceder
a finales de julio de 1989, pero conforme a prueba
documental igual pudo haberse llevado a cabo en agosto del
mismo año. La conclusión judicial no tuvo en cuenta la
máxima de la experiencia conforme con la cual quien hace
varias veces el mismo relato no siempre conserva identidad
en todos los temas y la credibilidad no puede ser medida
desde la coincidencia absoluta en las diferentes
La declaración de Velásquez Vásquez fue corroborada por
otros medios de prueba, igualmente valorados erradamente
por el Tribunal, así:
(i) Al testimonio de Carlos Alberto Oviedo Alfaro, el Tribunal
debió concederle credibilidad, en tanto estaba respaldado por
el dicho de Alberto Villamizar Cárdenas. Si bien aquél no fue
testigo de los hechos, sí precisó la fuente de su conocimiento
y las circunstancias en que lo obtuvo, tornándose creíble.
Además, la declaración de Villamizar Cárdenas verificó que
Pablo Escobar no actuaba solo y, para atentar contra sus
enemigos, era receptivo a los consejos de sus asesores
políticos, entre ellos Alberto Santofimio Botero.
Entonces, Villamizar Cárdenas y Oviedo Alfaro narran la
verdad sobre los comentarios escuchados de Escobar Gaviria
sobre la muerte de Galán Sarmiento, máxime que, al
hacerlos, el jefe del “Cartel de Medellín” admitía su propia
participación en el crimen.
(ii) El Tribunal pasó por alto que el testimonio de Luis Carlos
Aguilar Gallego, alias “El Mugre”, es idóneo para demostrar la
estrecha relación existente entre Escobar y Santofimio con
posterioridad a 1983, es decir, cuando el primero estaba en la
clandestinidad. La Corporación, además, cercenó esa
declaración, pues dejó de apreciar su señalamiento respecto
de que, en el tema del homicidio de Galán, “Popeye” fue el
hombre más cercano a Pablo Escobar y, por tanto, conocía
(iii) El juez colegiado desconoció el dicho de Velásquez Vásquez atinente a que el acusado cumplía como asesor político de la organización de Escobar Gaviria en el tema de extradición, y que tales asertos eran respaldados por los de Pablo Elías Delgadillo Buitrago, quien a su vez los escuchó de Gonzalo Rodríguez Gacha y Orlando Chávez Fajardo. A Delgadillo Buitrago se imponía creerle porque aportó
información veraz sobre los ejecutores materiales del crimen,
pero el Tribunal tergiversó sus palabras, pues, por oposición a
lo concluido en el fallo, sus explicaciones ponen en evidencia
que la relación entre Escobar y Santofimio persistía en el
año de 1989, es decir, para cuando Hernando Durán Dussán
aspiraba a la Presidencia de la República, como igual lo
confirmó Francisco Diego Londoño White al explicar la actitud
de Santofimio Botero de interceder, en 1986, ante el
Gobierno de turno, a favor de la causa de la no extradición.
Así, no es cierta la inferencia del Tribunal respecto de la
ausencia de prueba sobre la relación entre Santofimio y
Escobar con posterioridad a 1984.
Segundo. Falso juicio de existencia por suposición de
pruebas, que llevó al Tribunal a descartar la tesis del móvil del
crimen, consistente en que la muerte de Galán Sarmiento
reportaba beneficios a Escobar Gaviria, en tanto eliminaba un
contradictor y la posibilidad de ser extraditado, y a
Santofimio Botero, quien excluía de la contienda electoral a
su más fuerte rival.
Para negar la tesis, la Corporación acudió a elementos
probatorios no allegados al juicio, como artículos periodísticos
del “Diario Nacional” del 25 de julio de 1989 y la edición
electrónica de la “Revista Soho”, documentos que, además,
falsean la historia política, porque para la época de la muerte
de Galán Sarmiento aún no se había celebrado la consulta
interna del Partido Liberal para escoger candidato
presidencial, la cual tuvo lugar en 1990.
Que el juzgador erró se demuestra con la indagatoria de
Alberto Rafael Santofimio Botero y los testimonios de Jairo
de Jesús Ortega Ramírez, Iván de Jesús Duque Escobar,
Julio César Turbay Ayala, Ernesto Samper Pizano y César
Gaviria Trujillo, quienes al unísono afirmaron que para la
época de su muerte Galán Sarmiento solamente era
precandidato, condición desde la cual aspiraba a obtener la
candidatura única.
Tercero. Falso juicio de existencia por omisión, en tanto los
jueces no valoraron los testimonios de José Gilberto y Miguel
Ángel Rodríguez Orejuela, quienes reconocen su amistad y
relaciones con el acusado. Éste fue condenado por recibir
dineros del “Cartel de Cali”, del que aquellos eran jefes. Los testimonios, entonces, ratificaban el aserto de Velásquez
Vásquez, en el entendido de que antes y después del
escándalo del denominado “proceso 8.000”, aquellos y el
acusado tuvieron relaciones fluidas, primero ocultas y luego
públicas, desde donde se infiere que igual mecanismo se
utilizó entre Escobar Gaviria y Santofimio Botero, y, por
tanto, resultaba razonable concluir que si el procesado no
tuvo escrúpulos para actuar de esa manera con el “Cartel de
Cali”, tampoco los tendría para hacer lo propio con el jefe del
“Cartel de Medellín”.
Solicita se case el fallo absolutorio y se mude por
condenatorio, en tanto los yerros probados son
trascendentes, pues esas equivocaciones llevaron a concluir
en la duda, cuando existía certeza sobre al responsabilidad
Postula cinco cargos con fundamento en la segunda parte
de la causal primera, violación indirecta por falta de aplicación
de los artículos 29 del Código Penal y 29 del Decreto 180 de
1998, y aplicación indebida del artículo 7º del Código de
Procedimiento Penal. Dice que los jueces incurrieron en errores de hecho, que
Primero. Falso raciocinio al deducir la poca fiabilidad del
testigo Jhon Jairo Velásquez Vásquez, lo cual sustentó en
oposición al principio lógico de contradicción, en tanto afirmó
era inadmisible descalificar a una persona por su pasado
delictivo, pero agregó que el entorno criminal de aquel lo
tornaba poco fiable, además de no haber acreditado, como
máxima de la experiencia, que siempre, o casi siempre, un
delincuente falta a la verdad, y, en el caso de “Popeye”, las
condenas en su contra se han sustentado en sus
confesiones, esto es, que ha narrado la verdad a la justicia.
Segundo. Falso juicio de existencia por omisión y falsos
raciocinios que llevaron al Tribunal a restarle eficacia a la
declaración de Jhon Jairo Velásquez Vásquez. Como éste
afirmó que Santofimio “determinó” a Escobar a cometer el
crimen, el juez colegiado infirió que su relato fue preparado,
pues el término es propio de expertos en leyes, pero omitió
revisar todas las intervenciones del declarante previas a su
dicho incriminador, de las cuales surge el empleo constante
de términos jurídicos, situación que resta mérito a la
Para el Tribunal, el tardío y sorpresivo cambio de versión
resta confianza a ésta, pues no creyó la excusa del peligro
que para “Popeye” representaban, primero, Pablo Escobar
Gaviria y, luego, los hermanos Rodríguez Orejuela, en cuyas
acciones influía Santofimio Botero. Por tanto, el relato novedoso, que no retractación, fue
consecuencia del miedo, temor demostrado pero que el
juzgador no admitió por haber excluido pruebas indicativas de
su fundamento real, en tanto a los autores materiales del
hecho se les causó la muerte y se acreditó el accionar
violento de “Los Pepes” en contra de los seguidores de Pablo
Escobar, además de que el propio Velásquez Vásquez fue
víctima de un atentado en el sitio de reclusión. La excusa,
entonces, antes que inverosímil, resultaba admisible.
Para el Tribunal, los individuos con amplios historiales
criminales no experimentan temor. No hay tal, pues la
experiencia indica que ningún individuo, por avezado
delincuente que sea, está exento de experimentar miedo y
tomar cautelas para evitar riesgos, como demuestra la propia
historia de Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez
Orejuela en su lucha contra la extradición, contexto dentro del
cual resalta que “Popeye” acudió a la justicia pocos meses
después de que los últimos fueran entregados a los Estados
Tercero. Falso raciocinio sobre las inconsistencias relativas a
la fecha de ocurrencia de la reunión en la que se planeó el
crimen, pues el Tribunal hizo derivar la ausencia de
credibilidad en el hecho de que Velásquez Vásquez no fue
exacto en todas su intervenciones, cuando lo cierto es que un
relato presentado en varias intervenciones a lo largo del
tiempo se va nutriendo de detalles.
El juez colegiado señala como inconsistencia profunda que
“Popeye” hubiese fijado como época de la reunión en la finca
“Marionetas” pocos días antes del fallido atentado hecho a
Galán Sarmiento el 4 de agosto en Medellín, de donde surge
que ello habría ocurrido a finales de julio de 1989. Pero,
agrega el Tribunal, documentalmente se acreditó que el
automóvil utilizado en aquel atentado fue adquirido a finales
de junio de ese año, de donde surgiría la mentira, pues tal
reunión habría sucedido hacia el 22 de junio. Además,
evidenciada la contradicción, en la audiencia pública
Velásquez Vásquez quiso enmendarla aludiendo a que tal
encuentro ocurrió un mes o un mes “larguito” antes del
Cuarto. Falso raciocinio y falso juicio de identidad sobre las
declaraciones de Carlos Alberto Oviedo Alfado, Pablo Elías
Delgadillo Buitrago y Luis Carlos Aguilar Gallego, alias “El
Mugre”, que, para el Tribunal, no corroboran a Velásquez
Vásquez, porque, además de ser testigos “de oídas”, Oviedo
señaló que Santofimio le relató sobre la muerte de Galán
luego del atentado del 4 de agosto de 1989 y no antes, como
dijo “Popeye”. Para la Corporación, Delgadillo y Aguilar no
precisaron la época de lo vínculos entre el acusado y Pablo
La apreciación es errada en cuanto parte de exigir exactitud
en los relatos, cuando lo corriente es que entre varias
versiones sobre un mismo hecho se presenten variaciones.
La reunión entre Oviedo y Escobar Gaviria, tenida por
inexistente por el Tribunal en tanto dedujo que los dos eran
enemigos, se torna verídica, pues el juzgador dejó de apreciar
que ella se sustentó en el hecho de que el jefe del “Cartel de
Medellín” pretendía le fueran aclaradas algunas muertes y
brindar muestras de confianza a su por entonces enemigo, “El
Hombre del Overol”. Creíble la reunión, a la vez resultaba
confiable el relato de Oviedo Alfaro, según el cual, en ese
entonces Pablo Escobar le refirió el compromiso de
Santofimio Botero en el crimen.
La Corporación no creyó a Delgadillo Buitrago respecto de la
relación existente entre Santofimio Botero y Escobar
Gaviria, porque el testigo no concretó época alguna, pero el
juzgador desconoció aspectos declarados que permitían
colegir lo echado de menos, como que refirió la etapa de las
candidaturas, del movimiento “Morena”, de las actividades del
grupo “Los Extraditables”, eventos sucedidos en el año de
Así, el dicho de Velásquez Vásquez sí encontraba respaldo
en los tres testimonios referenciados.
Francisco Diego Londoño White señaló que el acusado
participó en la búsqueda de contactos entre “Los
Extraditables” y el gobierno del presidente Virgilio Barco
Vargas (1986-1990). Para el juzgador, de este relato no
surgía responsabilidad, pues en tales gestiones igual
participaron un ex Presidente y un ex Procurador General de
la Nación, a quienes, con el mismo rasero y en forma absurda
habría de imputárseles el crimen. La inferencia desconoció el
sentido común, pues las condiciones de una y otra mediación
fueron diversas.
La conclusión judicial es errada, porque no se infiere la
culpabilidad de Santofimio por haber participado en esos
acercamientos, sino que estos ratifican aquello señalado por
Igual se equivocó al acudir a pruebas inexistentes (la Revista
Soho y el Diario Nacional), desde donde dio por hecho que
Galán Sarmiento ya era candidato presidencial y, por ende,
que al acusado no le reportaba beneficio alguno su muerte.
La conclusión dejó de lado muchos testimonios que
acreditaron que por entonces no se había escogido candidato
único a las elecciones, luego, sin Galán como rival,
Santofimio tenía posibilidades de ser elegido.
La regla genérica del Tribunal sobre la imposibilidad de acudir
a una pancarta pública para señalar que se causará la muerte
de alguien, dejó de considerar que en el caso específico el
hecho sí tuvo ocurrencia.
Sin esas equivocaciones, el Tribunal ha debido conferir la
eficacia que, con grado de certeza, merecía el dicho de
Velásquez Vásquez, quien estaba en condiciones
privilegiadas para percibir la participación del procesado en la
toma de decisión para matar a Galán Sarmiento, además de
que su relato fue ratificado con otras pruebas.
Solicita se case el fallo del Tribunal y se ratifique el de
primera instancia, en el entendido de que Santofimio Botero
es coautor impropio, pues se demostró pertenecía al “Cartel
de Medellín” como asesor político en temas de extradición,
motivo por el cual, al lado de otros partícipes, tenía dominio
En principio, el defensor postuló que las demandas no fueran
admitidas por cuanto no reunían las exigencias propias de la
casación, aspecto sobre el cual la Corte no se detendrá, por
cuanto, como tiene dicho, con la admisión de los escritos se
entienden superadas las falencias técnicas y se genera el
deber de revisar el fondo del asunto.
El apoderado se opuso a las pretensiones de los
impugnantes, porque el Tribunal no descalificó el testimonio
de Velásquez Vásquez por tratarse de un criminal, sino por su
personalísimo perfil, por la terrible organización a la que
pertenecía, por su rol de ejecutor material y por cuanto se
jactaba de ello. Además, por el lenguaje utilizado y sus
Estima irrelevantes las conclusiones de los recurrentes,
respecto de que las personas con antecedentes criminales
pueden sentir temor. Es reprochable que señalen de
pequeñas las contradicciones resaltadas en el fallo.
Censura la falta de rigor de los demandantes en el análisis de
los testimonios de Oviedo Alfaro, Villamizar Cárdenas, Aguilar
Gallego, Delgadillo Buitrago y Londoño White, de los que,
además, no se precisa su trascendencia sobre el sentido del
Señala que en el expediente sí obra prueba (9 testimonios)
indicativa de que Galán Sarmiento había ganado la consulta
para las elecciones, y, entonces, su muerte no reportaba
beneficios a Santofimio Botero. El Tribunal, por lo demás, no
supuso prueba, pues acudió a fuentes documentales
Dice que se falseó la verdad probatoria, por cuanto el Tribunal
sí apreció los testimonios de los hermanos Rodríguez
De la condena proferida contra el acusado por
enriquecimiento ilícito no se puede deducir su capacidad
moral para delinquir. Además, una persona no puede ser
penalmente responsable por su pasado y obran múltiples
testimonios que señalan a Santofimio Botero como fogoso
El Procurador Tercero Delegado para la Investigación y el
Juzgado recomienda a la Sala case el fallo y ratifique la
condena de primera instancia. Sus razones son:
1. El Tribunal no atacó la integridad de los argumentos del
juzgador de primera instancia, por tanto, estos permanecen
incólumes, además de que el procedimiento de aquel no
acudió a un cabal y comprensivo juicio de valor y se muestra
alejado de los predicados axiológicos y conceptuales
adecuados al examen de todas las circunstancias que
rodearon la comisión del delito.
La Corporación estructuró la duda desde la apreciación
aislada de la prueba y, por ello, sus conclusiones fueron
desacertadas y lesivas de las reglas de la sana crítica,
porque, además, incurrió en sofismas de composición, al
tomar una parte de prueba por el todo, y de división, al fundar
el todo probatorio en una de sus partes.
2. La veracidad de Velásquez Vásquez no puede ser
demeritada por sus antecedentes criminales, en tanto
personas con un pasado intachable también mienten,
además, la relación de aquel con el “Cartel de Medellín” le
permitió percibir eventos como las reuniones del acusado con
Pablo Escobar, aspecto que aparece corroborado por otros
declarantes, quienes precisan la condición de Santofimio
Botero como asesor político de esa organización criminal y
su animadversión con Luis Carlos Galán Sarmiento.
3. No es cierta la conclusión del Tribunal respecto de la
carencia de pruebas que respalden a Velásquez Vásquez,
pues obran las declaraciones de Aguilar Gallego y Delgadillo
Buitrago, quienes ratifican al primero en cuanto a la condición
del sindicado como asesor del “Cartel de Medellín”. Por otra parte, que Oviedo Alfaro no pudiera entrevistarse con
Escobar Gaviria es una inferencia que desconoce cómo el
aludido declarante precisó no era uno de los enemigos de
aquel, razón por la cual “fue complaciente en su visita”. El Tribunal contempló el testimonio de Oviedo Alfaro de
manera fragmentaria y omisiva, para inferir la existencia de la
supuesta enemistad, desde la cual no era factible que Pablo
Escobar le hiciera tales confidencias.
Concluye en la existencia de certeza sobre la participación de Santofimio Botero en el hecho y la
acertada valoración del juez de primera instancia, de donde deriva la intervención de aquel de manera directa y fundamental en la decisión de asesinar a Galán
Sarmiento, pues existían intereses comunes entre el procesado y la organización delictiva para cometer el delito, dentro de la cual se incrustó a título de coautor impropio, pues si bien no intervino en todas las etapas del suceso, su aporte fue indispensable y ostentaba el dominio funcional del hecho.
Comoquiera que las demandas de los recurrentes cuestionan,
en su integridad, las razones del Tribunal, la Corte se
detendrá en cada una de ellas, para confrontarlas con los
argumentos de los demandantes y con lo que objetivamente
dicen los medios de prueba allegados, para, luego de valorar
estos de manera conjunta, y con apego a los lineamientos de
la sana crítica, concluir en lo que ellos demuestran.
En principio, el Tribunal reseñó así el testimonio de Velásquez
“… sostuvo que fue miembro del ala militar del Cartel de
Medellín y hombre de “confianza” de PABLO ESCOBAR
Que, en tal condición, supo que la muerte del doctor
GALÁN se comenzó a gestar desde cuando éste expulsó
a ESCOBAR del movimiento “NUEVO LIBERALISMO”,
pero ALBERTO SANTOFIMIO acogió a ESCOBAR en su
grupo “ALTERNATIVA POPULAR” y comenzaron a
adelantar proselitismo político, en Medellín, junto con
JAIRO ORTEGA. Este salió elegido a la Cámara de
Representantes y como suplente ESCOBAR, escenario
en el cual SANTOFIMIO actuaba como asesor.
Una vez ESCOBAR pasó a la clandestinidad, huyéndole
a la persecución del Estado, fundó el grupo “Los
Extraditables”, en el cual “la parte política era
comandada por ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO bajo
cubierta”.
Como la persecución a ESCOBAR arreció y GALÁN
arremetía contra la mafia, y las encuestas “lo
disparaban”, ESCOBAR atendía las citas más privadas
en una “casita”, localizada a unos 10 kilómetros de la
finca “Las Marionetas”; allí se reunieron con
SANTOFIMIO, quien traía un mensaje urgente: que
GALÁN era seguro presidente de la República, pues
tenía el apoyo de los Estados Unidos. Le advirtió: “Si
GALÁN es Presidente te extradita, te lo digo con todo el
convencimiento, PABLO mátalo”. Agrega que después
de discutir delante de él sobre las consecuencias,
SANTOFIMIO le dijo a PABLO: “GALÁN te va a cobrar la
muerte de RODRIGO LARA BONILLA”. Luego de un
intercambio de opiniones, “PABLO se quedó en silencio
por espacio de cinco minutos… cuando el patrón
pensaba ALBERTO SANTOFIMIO lo miraba y le decía
‘PABLO MÁTALO’. El patrón le devolvía la mirada y no le
contestaba nada. ESCOBAR rompe el silencio y me
ordena que busque a RICARDO PRISCO LOPERA…”…
Continúa su narración acerca de que en tres días
pusieron en ejecución el plan para darle muerte a
GALÁN en su visita a la Universidad de Medellín, el cual
se frustró, pero ESCOBAR no se quedó quieto, sino que
se reunió en una finca con los demás socios de “Los
Extraditables”, entre ellos GONZALO RODRÍGUEZ
GACHA y decidieron que los hombres al servicio de éste
ejecutaran el crimen, cometido que culminó con la
muerte de GALÁN en la localidad de SOACHA…
De otro lado, PABLO ESCOBAR admitió que JHON
JAIRO VELÁSQUEZ VÁSQUEZ, alias “Popeye”, fue uno
de sus lugartenientes que se entregó con él y ocuparon
juntos la cárcel de “La Catedral”… pero negó cualquier
vinculación de él o de su organización con el homicidio
del doctor GALÁN SARMIENTO” (folios 33 y siguientes,
sentencia del Tribunal).
El Tribunal sustentó la absolución de Alberto Rafael
Santofimio Botero, en varios aspectos puntuales,
encaminados a justificar la escasa eficacia que le mereció el
anterior relato de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias
“Popeye”, prueba que, dijo, era la única existente sobre la
responsabilidad de aquél. De tales tesis cabe precisar:
1. La personalidad del testigo. Para el Tribunal, el declarante
es hábil y la sanidad de sus sentidos le permitió percibir la
realidad de manera adecuada, pero, no obstante aclarar que
no pude descalificarse a priori todo testigo vinculado a
actividades delictivas, en este caso ese aspecto “constituye
uno de los parámetros para establecer su credibilidad”, en
tanto lo cierto es que “su entorno delictual no permite
calificarlo como testigo fiable, por cuanto fue integrante de
una terrible organización criminal” y, además, fue ejecutor del
secuestro de Andrés Pastrana Arango y coautor de la muerte
de Galán Sarmiento.
La Corte encuentra contradictorio el argumento, en tanto la
premisa inicial de que el pasado delictivo de una persona no
puede sustentar la credibilidad de su relato, resulta negada
sin explicación alguna, pues cuando menos se exigía un
razonamiento respecto de si el caso analizado constituía una
excepción a la regla propuesta. Lo cierto es que, sin más, la
tesis se niega para, finalmente, tener como no confiable el
testimonio por provenir de quien tiene antecedentes penales.
Si bien no lo pone de manifiesto, la deducción del Tribunal comportaría que dentro del normal desenvolvimiento de las cosas en el diario vivir se constituye en un parámetro admisible que el pasado
criminal de un individuo lo convierte, sin más, en un testigo mentiroso, y, correlativamente, que las personas sin antecedentes criminales siempre declaran la verdad. Las
dos posturas resultan igual de desatinadas, por cuanto
carecen de soporte en la realidad. No resulta exótico
encontrar personas sin tacha penal alguna que falseen la
verdad, como otras que, habiendo pasado por los estrados
judiciales, se deciden por narrar lo realmente acaecido.
Por lo demás, como con acierto precisan los recurrentes, la
inferencia se muestra igualmente contradictoria si se analiza
la fuente del “prontuario” criminal, que se constituye en el
argumento para negar eficacia a su señalamiento. En efecto,
las condenas proferidas en contra de Velásquez Vásquez se
originaron en la confesión hecha de su participación en el
secuestro de Andrés Pastrana Arango y en el homicidio acá
investigado, así como en su admisión irrestricta de los cargos
formulados por la Fiscalía.
De tal forma que si el sustento para no creer al testigo deriva
de esos antecedentes, resulta contradictorio que
precisamente para hacerse a tal prontuario, esto es, para que
fuese condenado, sus palabras, al admitir como suyos los dos
delitos señalados, se tuvieron por verídicas, por confiables.
En esas condiciones, si para la justicia las palabras de
Velásquez Vásquez son ciertas cuando admite su
responsabilidad en los delitos que conforman sus
antecedentes penales, no parece coherente que tales
antecedentes sirvan para señalarlo como mentiroso en otro
asunto, cuando se ha demostrado que aquellas fueron
ciertas. Cuando menos era de esperarse que con
razonamientos probatorios y jurídicos se verificara la
diferencia entre una y otra situación. El Tribunal no lo hizo.
Desde otra perspectiva, se tiene que hace años la Corte ha
precisado que la condición moral del testigo no es suficiente
para negarle poder de convicción a sus afirmaciones, en
cuanto éste depende de que resista el análisis desde los
parámetros de la sana crítica. En sentencia del 26 de
noviembre de 2003 (radicado 15.962), la Sala dijo:
“Si bien la valoración del testimonio involucra aspectos
como la personalidad del declarante, no menos cierto es
que el conjunto de valores morales o éticos que la
integran no constituyen condición que por sí misma
descalifique o acredite un testimonio, de modo que
corresponde al juzgador deducir o aprehender la verdad
bajo los parámetros de la libre persuasión, desechando
lo que contraría la realidad probatoria y el sentido
No obstante, sobre este particular aspecto el Tribunal tampoco hizo mención alguna, en tanto soportó el descrédito dado a su relato solamente en su condición de
confeso delincuente, afirmación que, dentro del mismo
argumento, aparece negada por la propia Corporación, pues
de entrada admitió que Velásquez Vásquez era testigo hábil y
la sanidad de sus sentidos le permitió percibir la realidad de
2. La declaración tardía. Para el Tribunal, “la forma y el
contenido en que se ingresó” el testimonio de cargo al
proceso, crea incertidumbre, como que se allegó 16 años
luego de sucedido el crimen, además de resultar “inquietante”
el empleo de la expresión “determinó”, propio de versados en
leyes, de donde surge que pudo haber sido aleccionado en su
El temor por las posibles retaliaciones en su contra, que fue la
excusa dada para respaldar la declaración morosa, resulta
inadmisible para el juez colegiado, porque el recorrido
criminal del testigo impedía que fuera de fácil intimidación.
Por lo demás, agrega, la causa del temor habría
desaparecido con la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la
captura de los hermanos Rodríguez Orejuela en 1995.
2.1. Como refieren quienes avalan la decisión de condena, el
supuesto lenguaje jurídico del declarante, que se ha
presentado exclusivamente cuando sindicó al acusado (pues
ese es el motivo para señalarlo de contrariar la verdad), parte
de haber pasado por alto las múltiples intervenciones
procesales de Velásquez Vásquez, donde es evidente que no
es infrecuente que acudiese a términos legales.
Así, en sus indagatorias iniciales, esto es, en las que, al decir
del Tribunal, habría narrado la verdad, pues no señaló a
Santofimio Botero, Jhon Jairo Velásquez Vásquez hizo
referencia a conceptos de claro contenido jurídico, como
pérdida de investidura, homicidio, sometimiento a la justicia,
extradición por vía administrativa y al “gran jurado” de los
tribunales de los Estados Unidos, expresiones todas ellas de
uso un poco restringido a quienes se mueven en los estrados
judiciales, algunas de las cuales datan de 1994, esto es, con
mucha antelación a aquellas que el Tribunal dedujo eran
Si a ello se agrega que el paso por centros de reclusión y el
ejercicio de postulación y de impugnación dentro de las
actuaciones judiciales seguidas en contra de una persona,
hace que aún el no versado en el derecho adquiera cierto
conocimiento jurídico, la conclusión del Tribunal no deja de
resultar intrascendente.
Ahora, si en razón de que un lego utiliza un concepto señalado como exclusivo del “lenguaje judicial”, se infiere mentira en su dicho, habría de concluirse, en contra de los hechos del diario vivir, que quien no es abogado y emplea un concepto jurídico, siempre, o casi siempre, falta a la verdad (pues su dicho, de necesidad, ha sido
preparado) y, con el mismo rasero, que toda persona no profesional en el derecho, pero cuidadosa de no utilizar una palabra “legal”, siempre, o casi siempre, relata la verdad, posturas ambas totalmente inadmisibles por contrariar el sentido común.
Además, el verbo “determinar”, cuyo uso dio lugar a la
incertidumbre del Tribunal, si bien es jurídico, en cuanto a
forma de participación criminal, también lo es que no resulta
de una especialización tal, como para que su uso cotidiano
resulte exótico.
El juzgador de segunda instancia pasó por alto cómo, desde
las versiones rendidas en 1994, Velásquez Vásquez describía
la realidad política del país en la década de los 80, reseña a
grandes rasgos coincidente con la verdad histórica, con la
puesta de presente por el juzgador de instancia y con la
referida por personalidades de la política que comparecieron
Por esa línea y siguiendo la argumentación del Tribunal,
habría de concluirse que como el relato del testigo se
aproxima a la realidad histórica del país, como igual relataron
los calificados observadores del acontecer nacional, entonces
su relato igualmente hubo de ser preparado, inferencia que
desde la sana crítica no resiste un análisis serio.
El Tribunal omitió hacer referencia a partes de la versión de
Velásquez Vásquez, como el ingreso de Pablo Escobar al
Congreso de la República, la afiliación de Santofimio Botero
al grupo político “Nuevo Liberalismo” y la expulsión del mismo
por parte de Galán Sarmiento, la postura de algunos políticos
respecto de la presencia de la mafia del narcotráfico en el
poder legislativo, así como otros hechos relevantes y que
causaron impacto en la época, como, por vía de ejemplo, la
intervención de un piloto norteamericano en el tráfico de
drogas, la Comisión Constituyente en el Gobierno del
presidente César Gaviria Trujillo, la caída de la extradición,
Tales aspectos denotan en el declarante el empleo de un
léxico, que no solamente se aleja del normal, sino que tiene
cierta aproximación al vocabulario jurídico. Y ello sucedía con
mucha antelación al momento en el cual se utilizó la
expresión “determinar”.
En ese contexto, relatar que Santofimio Botero “determinó”
a Pablo Escobar a matar a Galán Sarmiento, no tiene nada de
exótico, pues se presenta en medio de una narración
caracterizada por el uso de expresiones de contenido jurídico,
motivo por el cual aciertan los recurrentes y el Ministerio
Público, en tanto no asiste la razón al Tribunal, ni a la defensa
que lo respalda, cuando parte de ese vocablo para señalar en
el testigo una inclinación a mentir.
Como acaba de reseñarse, el razonamiento del ad quem no
solamente riñe con el desarrollo común de las cosas, sino que
parte del hecho de haber descontextualizado el dicho del
deponente, en tanto al haber presentado de manera aislada la
expresión “determinó”, le dio trascendencia de sorpresiva, de
exótica, cuando lo cierto es que ese léxico especializado fue
de uso corriente en las diversas intervenciones procesales del
testigo. Sobre este aspecto la jurisprudencia de la Sala se ha
pronunciado así (sentencia del 11 de marzo de 2009,
radicado 26.789):
“Así mismo, la Corte, en anteriores oportunidades
|1|, ha
rechazado “la utilización descontextualizada de frases, giros idiomáticos o
expresiones utilizadas por los testigos para plantear conclusiones
probatorias sustentadas en interpretaciones sesgadas o erróneas de su
El tema lo ha reiterado para precisar que no le está dado al
juzgador valerse de la sintaxis de la expresión para negar lo
que la declaración afirma de manera contextualizada
(sentencia del 8 de octubre de 2008, radicado 25.484):
“Aunado a lo anterior, la Corte, en pretérita oportunidad, ha
tenido la ocasión de rechazar la utilización
descontextualizada de frases, giros idiomáticos o
expresiones utilizadas por los testigos para plantear
conclusiones probatorias sustentadas en interpretaciones
sesgadas o erróneas de su contenido:
“[…] no es válido plantear incertidumbres a partir de la
estricta sintaxis de frases […], ni tampoco de las
limitaciones que en la narración de sucesos complejos
tenga una persona, cuando del contexto de su dicho
sea posible extraer, como sucede en este asunto, que
las distintas acciones y circunstancias a que hizo
mención fueron atribuidas, de manera inequívoca, a
un solo individuo o sujeto en particular”
En fin, desacertada la apreciación del sentenciador de
segundo grado al catalogar como no creíble la versión del
testigo de cargo por el hecho de haber utilizado en su
lenguaje el término “determinó”.
2.2. La presentación tardía del señalamiento fue explicada por
alias “Popeye”, como consecuencia del temor por las
acciones que podía tomar el hoy acusado, dada la influencia
que Escobar Gaviria y sus subalternos aún detentaban para
Nótese cómo la nueva inferencia es construida por el Tribunal
desde el mismo hecho: el prontuario criminal, en tanto fue
utilizado para decir que el pasado delictivo torna mentiroso al
testigo, y, de nuevo, que la misma situación fáctica le impide
Aparte de enunciar la deducción, el Tribunal no ofreció
referente alguno a partir del cual ésta pueda ser considerada
como una máxima de la experiencia, en el entendido de que
siempre, o casi siempre, el dicho de una persona incursa en
delitos es contrario a la verdad, inferencia que de necesidad
debe ir aparejada con la opuesta, es decir, que siempre, o
casi siempre, quien no tiene antecedentes penales narra la
verdad. El sentido común permite tener las dos premisas
como inconsistentes y, por tanto, inadmisibles como máximas
Sobre lo que debe entenderse como una regla de experiencia
y la forma como debe ser construida, la Corte tiene dicho
(auto del 10 de marzo de 2009, radicado 30.356):
“Frente a un caso donde el demandante en casación
presentó un argumento similar en el propósito de
demostrar la existencia de un error de raciocinio, la Corte
hizo las siguientes precisiones sobre la estructura lógico
formal de la regla de la experiencia como criterio auxiliar
de la valoración racional de la prueba…
“[…] como lo ha dicho la Corte, en pertinente cita de la
Delegada, las reglas de la experiencia corresponden al
postulado ‘siempre o casi siempre que se presenta A,
entonces sucede B’, motivo por el cual es posible
efectuar pronósticos, referidos a predecir el acontecer
que sobrevendrá a la ocurrencia de una causa específica
(prospección), y diagnósticos, predicables de la
posibilidad de establecer a partir de la observación de un
suceso final su causa eficiente (retrospección).
“Es este orden de ideas, la variable argumental
propuesta por el casacionista, vale decir, ‘el que
generalmente miente en parte generalmente miente en
todo’, no es admisible ni válida como regla de la
experiencia, en razón a que no se ha determinado su
vocación de reiteración y universalidad…”.
En otra decisión, en forma más amplia, la Corte reiteró el
criterio así (sentencia del 4 de marzo de 2009, radicado
23.909):
“Acerca de las reglas de experiencia, como criterio de
valoración probatoria inherente a la sana crítica, la Corte
ha decantado una pacífica y reiterada doctrina
acuerdo con la cual,
“La experiencia es una forma específica de conocimiento
que se origina por la recepción inmediata de una
impresión. Es experiencia todo lo que llega o se percibe
a través de los sentidos, lo cual supone que lo
experimentado no sea un fenómeno transitorio, sino un
hecho que amplía y enriquece el pensamiento de
“Del mismo modo, si se entiende la experiencia como el
conjunto de sensaciones a las que se reducen todas las
ideas o pensamientos de la mente, o bien, en un
segundo sentido, que versa sobre el pasado, el conjunto
de las percepciones habituales que tiene su origen en la
costumbre; la base de todo conocimiento corresponderá
y habrá de ser vertido en dos tipos de juicios, las
cuestiones de hecho, que versan sobre acontecimientos
existentes y que son conocidos a través de la
experiencia, y las cuestiones de sentido, que son
reflexiones y análisis sobre el significado que se da a los
“Así, las proposiciones analíticas que dejan traslucir el
conocimiento se reducen siempre a una generalización
sobre lo aportado por la experiencia, entendida como el
único criterio posible de verificación de un enunciado o
de un conjunto de enunciados, elaboradas aquéllas
desde una perspectiva de racionalidad que las apoya y
que llevan a la fijación de unas reglas sobre la
gnoseología, en cuanto el sujeto toma conciencia de lo
que aprehende, y de la ontología, porque lo pone en
contacto con el ser cuando exterioriza lo conocido.
“Atrás se dijo que la experiencia forma conocimiento y
que los enunciados basados en ésta conllevan
generalizaciones, las cuales deben ser expresadas en
términos racionales para fijar ciertas reglas con
pretensión de universalidad, por cuanto, se agrega,
comunican determinado grado de validez y facticidad, en
un contexto socio histórico específico.
“En ese sentido, para que ofrezca fiabilidad una premisa
elaborada a partir de un dato o regla de la experiencia ha
de ser expuesta, a modo de operador lógico, así:
siempre o casi siempre que se da A, entonces sucede
El Tribunal no realizó esfuerzo alguno para plasmar
referentes a efectos de verificar que los antecedentes de una
persona se constituyen en indicativo necesario desde el cual
se deduzca que esa situación, por sí sola, elimina cualquier
posibilidad de sentir temor. Lo único que hizo la Corporación fue plasmar su afirmación
respecto de que, por el recorrido criminal de “Popeye”, éste
no podía sentir miedo. Tal modo de construir un razonamiento
resulta inadmisible, pues más que un argumento válido se
torna en una simple especulación, en tanto no parece admitir
discusión que todo ser humano, con conciencia y voluntad,
tiene arraigado ese sentimiento, en mayor o menor escala,
según las condiciones de cada cual, pero existente.
La excusa del temor, entonces, se muestra coherente. No
obstante, el Tribunal agregó que aún en tal supuesto debía
descartarse, en tanto el motivo del miedo habría
desaparecido con la captura de los jefes del “Cartel de Cali”
(Velásquez Vásquez afirmó que la probada relación de estos
con Santofimio Botero se tornó en su contra) y la muerte de
Pablo Escobar (entre 1994 y 1995), desde donde no se
justificaba el silencio guardado hasta el año 2005.
En contra de la postura defensiva, coincidente con la del
Tribunal, es admisible la tesis de los recurrentes, en tanto la
experiencia ha enseñado que aún desde prisión, los
delincuentes, en especial aquellos involucrados en hechos de
alguna relevancia, siguen detentando poder y dedicados a
En principio, puede resultar admisible la tesis del Tribunal respecto de que lo tardío de la sindicación permite sospechar de la sinceridad. Sucede, no obstante, que esa circunstancia fue analizada de manera aislada, sin que la Corporación se hubiese detenido en apreciar que el testimonio fue rendido pocos meses después de
haberse producido la muerte de Pablo Emilio Escobar
Gaviria y la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela.
De tal manera que si la situación se valora desde la
perspectiva de la causa del temor a narrar la verdad y el
momento en que ella habría desaparecido, no hay tal dilación,
en tanto solamente transcurrieron unos meses desde que
objetivamente habrían cesado los motivos del miedo.
3. Las contradicciones en la versión 3.1. Para el Tribunal, la sindicación hecha por Velásquez
Vásquez está en abierta contradicción con lo sostenido sobre
los mismos hechos en ocasiones anteriores, especialmente
en lo relacionado con las motivaciones políticas del homicidio.
De la declaración de 1994, resaltó que Rodrigo Lara Bonilla,
Galán Sarmiento y Santofimio Botero habían expulsado a Escobar Gaviria de su movimiento político y “se le fueron encima buscando su extradición”. De Santofimio afirmó que no tuvo participación alguna en el suceso y, por el contrario, se convirtió en “blanco” de Escobar, lo
cual enfatizó por cuanto “Yo toda la muerte de LUIS CARLOS
GALÁN SARMIENTO me la sé completica y ningún político ni
conservador, ni liberal, ni de izquierda tuvo que ver
intelectualmente o con un solo comentario en la muerte”.
Esa postura la confrontó con la de 2005, para cuestionar
como inadmisible que por muchos años hubiese callado que
el acusado “determinó” a Pablo Escobar para matar a Galán
Sarmiento, si en verdad fue testigo de esa situación.
De esa última intervención, resaltó la contradicción con la
dada muchos años atrás, en donde precisó que Escobar
Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, se
reunieron en una finca en donde decidieron causar la muerte
mediante un atentado en la Universidad de Antioquia. Se
pregunta el Tribunal en cuál de los dos relatos se encuentra la
3.2. El Tribunal resalta que el testimonio de “Popeye” no
compagina con otras pruebas. Se detiene en el relato del
testigo de la reunión en donde el acusado incitó a Pablo
Escobar a matar a Galán Sarmiento, tras lo cual aquel ordenó
a Velásquez Vásquez contratara a los sicarios, a quienes, al
día siguiente, Escobar ordenó preparar el atentado en la
Universidad de Medellín, evento que igual quiso utilizar para
atacar a sus enemigos del “Cartel de Cali” y dispuso se
utilizara un carro, pero que fuera adquirido a nombre de
Hélmer Herrera Buitrago, alias “Pacho Herrera”. Velásquez
Vásquez agrega que la compra del carro (marca Mazda) la
hizo en tiempo récord, en dos o tres días, datos que
apuntarían a finales del mes de julio de 1989.
Desde diversas pruebas, sobre el asunto del automotor, el
Tribunal refirió:
“Por el contrario, está demostrado, con abundante
prueba documental y testimonial… que la camioneta
marca Mazda… utilizada en el fallido atentado en
Medellín… fue comprada en Armenia, a nombre de
HÉLMER HERRERA BUITRAGO, el 22 de junio de
1989, esto es, mes y medio antes del fallido atentado
contra el doctor GALÁN en la Universidad de Medellín, y
no tres días antes en ésta última ciudad, como lo
asegura el testigo de cargo”.
Soportado en lo anterior y en otros medios de prueba, el
Tribunal concluyó:
“Esas pruebas ponen de manifiesto no solo la capacidad
de fabulación del testigo, sino su inclinación permanente
a faltar a la verdad, acomodando los hechos a su
Ello explica, también, el por qué en el debate público,
para salvar esta profunda inconsistencia, cuando se le
preguntó por parte del Juez en qué fecha fue la última
vez que vio a SANTOFIMIO en compañía de PABLO
ESCOBAR, contestó que en la caleta “MARIONETAS”,
‘más o menos un mes, mes y medio larguito antes de la
muerte del doctor GALÁN’…
Además, si el vehículo de marras fue comprado el 22 de
junio, colígese que el plan del atentado debió fraguarse
antes de esa fecha”.
3.3. De lo primero, las inconsistencias internas, la Corte debe
reiterar que la credibilidad del testimonio de quien ha
entregado varias versiones no deriva de la exactitud de todo
su contenido. Sobre el tema, en sentencia del 5 de noviembre
de 2008 (radicado 30.305) expuso:
“Cuando dentro de un proceso una misma persona rinde
varias versiones, la regla de experiencia enseña que
bien pueden no coincidir en estricto sentido unas y otras.
Es más, una perfecta coincidencia podría conducir a
tener el testimonio como preparado o aleccionado. Las
posibles contradicciones en que haya incurrido no son
suficientes para restarle todo mérito, pues “en tales
eventos el sentenciador goza de la facultad para
determinar, con sujeción a los parámetros de la sana
crítica, sin son verosímiles en parte, o que todas son
increíbles o que alguna o algunas de ellas tienen aptitud
para revelar la verdad de lo acontecido”
. Por manera que si
el declarante converge en los aspectos esenciales, el juzgador no
podrá descartar sus dichos”.
La Sala igualmente ha explicado que lo relevante a la hora de
conceder mérito a los relatos del testigo es su concordancia
en aquellos aspectos que sean esenciales, y no
necesariamente en los secundarios. En fallo del 30 de octubre
de 2008 (radicado 29.351) razonó así:
“No se puede desconocer que asiste razón el
demandante, como así también lo admite el Ministerio
Público en su concepto, cuando asegura que constituye
regla de la lógica, útil para establecer la veracidad de un
dicho, la ausencia de contradicciones en su interior.
Sin embargo, esa uniformidad se debe predicar respecto
de lo esencial, no en cuanto a aspectos meramente
accesorios de la versión porque incluso en tal caso
puede despertar desconfianza y hasta contrariar una
regla de la experiencia, como así lo ha entendido la
Corte: “La idea del censor en cuanto a que se transgredió la
sana crítica únicamente la fundamenta en el hecho de
que no podía otorgarse credibilidad al testigo porque no
fue absolutamente exacto en sus intervenciones, cuando
precisamente lo que enseña la experiencia es que un
mismo hecho narrado por una persona en instantes
distintos por regla general no guarda total
correspondencia en su texto o en alguna de sus
circunstancias, e igualmente que los cambios en los
cuales incurre, inclusive cuando están referidos a
aspectos fundamentales, no constituyen una razón para
el descrédito definitivo de todas sus afirmaciones. En
este último evento, que no es el de examen -se aclara- la
regla es que el testigo resulta sospechoso y que es
indispensable por lo tanto escudriñar y analizar con
suma rigurosidad las causas de la inconcordancia, en
aras de determinar en dónde mintió y en dónde no lo
hizo. Es que ni siquiera la retractación del testigo, como
lo ha expresado la Sala, es por sí misma una causal que
destruya de inmediato lo que ha sostenido en sus
afirmaciones precedentes, o que conduzca a su
descrédito total, sino una circunstancia que debe llevar al
establecimiento del motivo de las versiones opuestas, el
cual debe ser apreciado por el Juez para determinar si le
otorga credibilidad a alguna de ellas y con qué alcances,
naturalmente teniendo en cuenta las demás pruebas del
Entonces, aún si son admisibles contradicciones en lo
fundamental de un testimonio sin que ello en todos los
casos conspire contra su credibilidad, con mayor razón,
por tanto, cuando se detectan en lo accesorio de la
deposición, insuficiente para inferir automáticamente que
la prueba deba desecharse, pues siempre será
necesario, se reitera, determinar su convergencia con el
acervo probatorio”. Bajo tales premisas, la Corte observa que los aspectos sobre
los cuales el juzgador de segundo nivel edificó las
incongruencias, en realidad no comportan la trascendencia
dada por el juzgador, al extremo de restarle toda eficacia.
En principio, resáltese que la diferencia entre la versión inicial
y la final respecto del señalamiento de Santofimio Botero, en
modo alguno puede encuadrarse dentro de tales
inconsistencias, como que es evidente el propósito claro de
ocultar su participación al comienzo, para sindicarlo al final, y
en ese contexto se explica la primera postura de mostrar al
acusado casi como víctima de Pablo Escobar (así lo dejaba
por fuera del delito), para, al final, precisar que los dos eran
Confrontadas las diferentes intervenciones de Velásquez
Vásquez (las de 1994 y las del 2005), deriva irrefutable que
las dos coinciden en lo esencial, como bien resaltan los
recurrentes y el Ministerio Público, en especial en lo relativo a
que Escobar Gaviria se asesoraba de políticos afines, entre
ellos el procesado.
Lo último es corroborado por Luis Carlos Aguilar Gallego,
Pablo Elías Delgadillo Buitrago y Orlando Chávez Fajardo,
quienes indican que el vínculo Escobar-Santofimio se
mantenía para cuando Hernando Durán Dussán, Galán
Sarmiento y el indagado aspiraban a ser candidatos para las
elecciones de 1990 y para aquella época en que “Los
Extraditables” adelantaban contactos con personalidades
para frenar la extradición.
Desde tales medios de prueba, entonces, se muestra
contraria a la verdad la excusa del sindicado respecto de que,
después del rechazo público que hiciera de Pablo Escobar en
1983, no tuvo más contactos con el narcotraficante,
evidenciándose que tal acto fue una simple mampara, pues a
la sombra siguieron las relaciones, porque los eventos
señalados por esos declarantes sucedieron en 1989.
Sobre la inexactitud de la fecha del fallido atentado en
Medellín, valorada la situación probatoria en su conjunto, no
aislada como hizo el Tribunal y lo respaldó la defensa, se
desprende que el hecho carece de la trascendencia conferida.
De la jurisprudencia reseñada se concluye que no puede
exigirse exactitud entre dos relatos, máxime si se trata de
fechas. Menos admisible resulta el tema cuando entre las dos
versiones ha mediado más de una década.
De esa apreciación conjunta se derivan explicaciones que
justificarían la imprecisión de fechas, pues no fue en la
audiencia pública, como enfatizó el Tribunal, donde
Velásquez Vásquez quiso enmendar el asunto. Así, desde el
26 de agosto de 1994 el testigo advirtió a la justicia que “yo
tengo muy buena memoria para los hechos mas no para las
, aserto reiterado en abril del 2005 al insistir: “tengo
una mente privilegiada para narrar los hechos... para las
fechas soy supremamente malo”
(folio 139, cuaderno 44).
Surge nítido, en consecuencia, que el ejercicio comparativo
del juzgador resultó incompleto. Desde tal procedimiento,
entonces, resaltó un hecho que, de haber valorado las
pruebas sobre la adquisición del automotor conjuntamente
con las versiones del testigo reseñadas por la Corte, de
necesidad lo hubieran conducido a tenerlo por justificado.
Por el contrario, el Tribunal dejó de advertir que desde el
inicio existió completa concordancia en el testigo respecto de
la asesoría prestada por Santofimio Botero a Pablo Escobar,
como también sobre el tema de su imprecisión en las fechas,
lo cual no surge como una simple excusa, sino que encuentra
respaldo cuando, por vía de ejemplo, hizo alusión al
secuestro del hoy ex presidente Andrés Pastrana Arango,
hecho que el declarante ubicó diez años después de su real
Por lo demás, el Tribunal incurrió en un yerro adicional, pues
desde la incongruencia de la fecha aludida concluyó que la
totalidad del relato estaba plagado de errores, en el entendido
de que quien miente en parte generalmente miente en todo,
argumento inadmisible como regla de experiencia, dada la
ausencia de referentes sobre su reiteración y universalidad,
máxime que, por lo contrario, la práctica judicial ha enseñado
que no necesariamente el contenido total de un testimonio es
mentiroso cuando hay falacia en alguno de sus apartes (en
este sentido, confrontar auto del 10 de marzo de 2009,
radicado 30.356).
3.4. Decantado lo anterior, es preciso detenerse en si el relato
de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, resulta
eficaz en su última postura de sindicar a Santofimio Botero,
no obstante que años atrás lo excluyó del hecho.
La Corte advirtió en anterior apartado que resultaba
inadmisible la tesis del juzgador de segunda instancia, según
la cual, el perfil de Velásquez Vásquez lo hacía inmune al
La excusa del declarante, esto es, la estadía en prisión de
Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela, por
representar un peligro contra su integridad, le impedía hacer
el señalamiento, dada la condición de aquellos como socios y
amigos del acusado, encuentra soporte probatorio en la
actuación, y, por tanto, resulta de buen recibo.
Así, Luis Carlos Aguilar Gallego, alias “El Mugre”, relató cómo
los subalternos de Pablo Escobar le obedecieron hasta el día
de su muerte. Velásquez Vásquez refirió la muerte causada a
los autores materiales del homicidio de Galán Sarmiento, los
hermanos Rueda Rocha y Rueda Silva, el primero luego de
fugarse de la prisión y, el segundo, en la Cárcel Modelo de
Bogotá; agregó que todos quienes de alguna manera
participaron en el asesinato, “absolutamente todos están
muertos”, y no de muerte natural.
En ese contexto, surge coherente que la versión inicial, antes
del cambio en el año 2005, estuvo motivada en el temor real,
derivado de las situaciones que objetivamente habían
sucedido, esto es, no fue producto de inconsistencias, sino
consecuencia de una justificación razonable y, por lo mismo,
4. El testimonio de Velásquez Vásquez no fue corroborado
por prueba sólida alguna. Para el Tribunal:
(i) La prueba documental desmiente al declarante sobre la
fecha en que tuvo lugar la reunión en la cual se acordó dar
muerte a Galán.
(ii) Carlos Alberto Oviedo Alfaro (quien dijo haber visitado a
Escobar en la cárcel, quien le relató que por Santofimio
había hecho lo de Galán, pues le insistió que tenía que
matarlo, o, de lo contrario, como presidente lo extraditaría) lo
contradice en cuanto a la fecha en la cual el acusado intervino
ante Escobar Gaviria para provocar la muerte.
(iii) El encuentro entre Oviedo y Escobar, en donde
supuestamente el último refirió al primero los detalles de la
participación de Santofimio en la muerte de Galán, no pudo
tener lugar porque aquellos dos eran enemigos, y, si
aconteció, no es creíble que Escobar le hiciera una confesión
(iv) Los testimonios de Pablo Elías Delgadillo Bravo, Luis
Carlos Aguilar Gallego, alias “El Mugre”, y Diego Londoño
White no corroboran a Velásquez Vásquez, porque no
precisan las fechas de los vínculos entre el sindicado y
Escobar y de ellos se deduce que dicha relación fue anterior a
1984 cuando hacían política juntos como miembros del
(v) Que Santofimio Botero hubiese mediado ante
personalidades de la vida nacional a favor de la causa de la
no extradición no lo hace responsable del crimen, en la
medida en que, de ser así, también aquellos serían
4.1. Ya se dijo que la no concordancia de dos relatos en todos
los temas, como sucede con las fechas señaladas en los
testimonios de Velásquez Vásquez y Oviedo Alfaro, en modo
alguno significa faltas a la verdad. Por el contrario, dadas las
distancias existentes entre la época del suceso narrado y
aquella en que es relatado, ellas se deben entender como
divergencias naturales.
Lo trascendente deriva de la coincidencia de los testigos en
los aspectos principales, como que Pablo Escobar se
asesoraba de políticos afines a su causa, entre ellos,
Santofimio Botero. Por lo demás, ya se advirtió, desde un comienzo Velásquez
Vásquez fue firme en referir, tanto en 1994 como en 2005, la
dificultad que siempre ha tenido para concretar fechas,
precisamente el aspecto sobre el cual el Tribunal edifica la
incongruencia, dejando de lado que, ante la excusa no
refutada del declarante, el tema dejaba de tener
4.2. El otro argumento del juzgador para negar eficacia al
relato de Oviedo Alfaro, consistente en que mal podía
Escobar Gaviria hacerle confidencias, pues los dos eran
enemigos, partió de una valoración parcial de la declaración,
esto es, la inferencia fue producto de omitir apartes
importantes de la prueba, procedimiento que comportó su
En efecto, el propio Oviedo Alfaro relató que esa reunión no
se produjo precisamente entre enemigos declarados, sino
entre los representantes de dos grupos de narcotraficantes en
la búsqueda de no agredirse en el curso de “sus negocios”.
Dijo que la visita en la cárcel a Escobar Gaviria tenía el
propósito de hacer valer un cierto pacto entre los “carteles”
del Norte del Valle y de Medellín, por cuanto se habían
producido agresiones de éste contra aquel. Explicó:
“… me dice el compadre Orlando {Henao Montoya}…
que había que ir a hablar con Pablo en La Catedral
porque las cosas se estaban poniendo muy malucas y
Pablo desde la cárcel está atropellando mucha gente de
nosotros. Vladimir al instante contestó el hombre es el
Médico, o sea Oviedo, que ya habló con él, no tiene
vínculos directos con Pacho Herrera, y Pablo lo respeta
porque es compadre de don Orlando” (folio 148,
cuaderno 44).
Cuando el declarante procede a detallar los pormenores de
su encuentro con Pablo Escobar surge nítido que se trataba
de una reunión, no personal, sino entre el jefe del “Cartel de
Medellín” y el representante del “Cartel del Norte del Valle”,
con el fin de hacer respetar un pacto de no agresión. Así se
“… nos sentamos y {Pablo Escobar} me preguntó:
Doctor, cuénteme por qué está don Orlando enojado. Le
contesté, don Pablo, mi compadre y su gente le
expresan que lo han respetado y no se prestan para
nada en su contra, como ha sido el acuerdo entre la
gente del Norte del Valle y usted. Pero, doctor Pablo, en
la pelea con la gente de Cali, su gente ha matado a
varias personas cercanas a don Orlando. Que qué está
pasando…”
En lo reseñado queda claro que para cuando se produjo ese
encuentro en la cárcel de La Catedral realmente Pablo
Escobar no era enemigo ni de Oviedo Alfaro ni del grupo por
él representado (el “Cartel del Norte del Valle”), como
equivocadamente, sin explicación, concluyó el Tribunal y
avala la defensa. De suerte que el hecho base carece de verificación, desde
donde la conclusión resulta errada y, por el contrario, con
similar línea de pensamiento se tiene que si la supuesta
enemistad tornaba imposible un encuentro, no existiendo ésta
el mismo resultaba viable. Por contera, si se tiene por
imposible que alguien revele secretos a su enemigo, no
existiendo tal enemistad ello resulta admisible. No puede desconocerse que Oviedo Alfaro afirmó que en una
oportunidad anterior Pablo Escobar había ordenado su
muerte por haber cumplido como defensor de Hélmer Herrera
Buitrago en un proceso penal que cursó por un crimen
preparado por el propio Escobar Gaviria.
Desde esa referencia podría asistir razón al Tribunal en su
tesis, compartida por el defensor, de la enemistad, pero de
nuevo, como pregonan los recurrentes y el Ministerio Público,
la conclusión solamente puede admitirse desde la distorsión
de las palabras reales de la prueba, en tanto Oviedo Alfaro
explica que Escobar Gaviria desistió de darle muerte,
precisamente en respeto de los vínculos personal, de amistad
y afecto de Oviedo con Orlando Henao Montoya, de todo lo
cual deriva que Pablo Escobar fue complaciente con la visita
de Oviedo Alfaro.
4.3. El Tribunal dedujo que los testimonios de Aguilar Gallego,
Delgadillo Buitrago y Londoño White no ratificaban a
Velásquez Vásquez, por no especificar las fechas de los
vínculos entre Escobar Gaviria y Santofimio Botero,
deduciéndose que solamente existió mientras hicieron política
en su paso por el Congreso y que no estaba vigente en la
época del homicidio de Galán.
De la lectura integral de las versiones rendidas por los dos
primeros, deriva incontrastable que si bien no hubo
interrogatorio encaminado a precisar las fechas de los
diversos eventos relatados, lo cierto es que de su contexto se
deduce, sin mayores elucubraciones, la época a la cual hacen
Así, Aguilar Gallego, alias “El Mugre”, declaró el 28 de
septiembre de 1994 e hizo referencia a detalles de la muerte
de Galán Sarmiento, los cuales, aclaró, le fueron relatados
por Pablo Escobar Gaviria. Obsérvese el siguiente aparte de
“PREGUNTADO: Sírvase manifestar si Pablo Escobar
Gaviria, José Gonzalo Rodríguez Gacha y las demás
personas que conformaban el grupo Los Extraditables
tenían algún candidato especial que querían apoyar para
que fuera presidente y lograr así la no extradición,
CONTESTÓ: Yo sé que el señor Santofimio fue muy
amigo de él, o sea del señor Pablo Escobar, pero Galán
era el más reacio con la extradición y el que más la
apoyaba… respecto del señor Durán Dussán, por
intermedio de terceras personas me di cuenta que el
patrón {Escobar Gaviria} le mandaba razones, ya que
este señor nunca llegó a atacar la extradición y como en
esos momentos era el candidato con mayor opción,
después de Galán, a él, o sea al patrón, le convenía
mantenerse bien con él” (folios 3 y 4, cuaderno 21).
Nótese cómo se relacionan los vínculos de Pablo Escobar y
Alberto Santofimio para la misma época de las pre-candidaturas en las que participó Galán Sarmiento, con
aquella cuando operaron “Los Extraditables” y en la que
Durán Dussán coincidió en su aspiración con Galán
Sarmiento. No admite discusión, entonces, que la época relacionada por
el testigo es la cercana al año de 1989, en tanto los varios
eventos referidos coincidieron para ese entonces. Para
cuando Pablo Escobar hizo política con el acusado, de
manera pública (año 1984), el grupo de “Los Extraditables” no
existía y tampoco el señor Durán Dussán competía con Galán
Por tanto, las quejas de los impugnantes, acompañados por
el concepto de la Procuraduría, tienen asidero, porque
solamente a partir de la tergiversación de las palabras del
testigo puede llegarse a la conclusión del Tribunal,
respaldada por el señor defensor, de que de allí surge que los
nexos entre Escobar y Santofimio se limitaron a la época
cuando hicieron política conjuntamente como miembros del
Lo propio sucede con la declaración de Pablo Elías Delgadillo
Buitrago, quien, al igual que Aguilar Gallego, declaró varios
años antes de los señalamientos de Velásquez Vásquez. En
su intervención del 4 de septiembre de 1997, manifestó que a
mediados de 1989 tuvo un encuentro con Gonzalo Rodríguez
Gacha, alias “El Mexicano”, con el fin de abordar el tema de
los enfrentamientos con el hombre de las esmeraldas, Víctor
Carranza. Explicó lo que sigue:
“PREGUNTADO: Hablaron de organizar alguna clase de
grupo de autodefensa o qué otra cuestión. CONTESTÓ:
No, es que el interés de Gonzalo {Rodríguez Gacha} era
matar a don Víctor {Carranza} y así apoderarse de todas
las mismas y así unir el occidente de Boyacá, con la
región de Rionegro, Cundinamarca, y con el Magdalena
Medio y así crear una especie de república
independiente y me habló de un grupo político que se
llamaba Morena, que quien lo dirigía políticamente eran
el doctor Hernando Durán Dussán y que este doctor iba
a ser el candidato de ellos a la Presidencia de la
República. Me habló de que él integraba el grupo de Los
Extraditables y que él manejaba eso con Pablo Escobar.
Que el asesor político de ellos era el doctor ese del
Tolima Alberto Santofimio Botero” (folio 177, cuaderno
“En los días que estuve hablando con Orlando Chávez
Fajardo, después de que salió de la cárcel, me comentó
que quienes habían sido autores materiales de la muerte
del Dr. Galán y sus amigos eran Jaime Rueda Rocha,
Éver Rueda Silva, Orlando Chávez Fajardo, un tal ‘piño’,
hermano de Jaime Rueda Rocha. Que los autores
intelectuales habían sido Los Extraditables Gonzalo
Rodríguez Gacha, Pablo Escobar. Que las personas que
intervinieron en la toma de la decisión de la muerte del
doctor Galán fueron el doctor Alberto Santofimio Botero,
el Dr. Hernando Durán Dussán y otros parlamentarios
que no se acordaba bien el nombre y que no estaban de
acuerdo que el Dr. Galán llegara a ser presidente,
puesto que implantaba la extradición en Colombia” (folio
186, cuaderno 39).
“Según Gonzalo Rodríguez Gacha, él se reunía
periódicamente con el Dr. Hernando Durán Dussán en el
departamento del Meta en fincas de propiedad de
Gonzalo. Según Orlando Chávez Fajardo, quien estuvo
en varias reuniones, él mismo me comentó, reuniones
del crimen para planear éste, estas reuniones se hicieron
en la finca Chihuahua de Pacho (Cundinamarca), estuvo
Alberto Santofimio Botero y Hernando Durán Dussán
como asesores políticos del grupo Morena y Los
Extraditables… PREGUNTADO: De acuerdo a lo que
nos acaba de referir, se puede desprender que tanto
Alberto Santofimio Botero como Hernando Durán Dussán
eran perfectamente conocedores del plan de asesinar al
Doctor LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, qué nos
puede decir al respecto? CONTESTÓ: Claro, es que si
ellos eran los asesores políticos, lo eran también
intelectuales” (folio 190, cuaderno 39).
De nuevo surge evidente que en el relato sí hay precisión
sobre la época de los nexos entre Escobar y el procesado,
esto es, alrededor de 1989, año en el cual Durán Dussán fue
precandidato. Producto, también, del cercenamiento de apartes de la versión de Francisco Diego Londoño White, fue la deducción del Tribunal de que ésta no respaldaba los cargos de Velásquez Vásquez, en tanto no especificaba las fechas de los contactos entre Pablo Escobar y
En efecto, para responder aspectos relevantes posteriores a
1984, el testigo precisó que Escobar y “Los Extraditables”
intentaron acercamientos con el gobierno de Virgilio Barco
Vargas, acudiendo a los servicios, a modo de intermediarios,
de varios políticos, entre ellos Santofimio Botero
De nuevo, como sucede con los declarantes anteriores, la
inferencia del Tribunal erró por haber contemplado
parcialmente la prueba, pues del contexto reseñado deriva
que tal época es cercana a 1989, y no anterior a 1984, como
tuvo por cierto sin mayor análisis el juzgador de segundo
4.4. Dijo el Tribunal que mal podía deducirse responsabilidad
por el hecho de que Santofimio Botero hubiese intervenido a
favor de la no extradición, en tanto tal proceder igualmente
fue observado por prestantes personas de la vida nacional, a
quienes con el mismo rasero debía trasladárseles el cargo.
El aserto resulta atendible, en cuanto, en verdad, de esa
circunstancia aislada no puede derivarse un hecho indicador,
como que el mismo sería pregonable de todos los ciudadanos
que, en su momento, se opusieron a ese instrumento de
El Tribunal lo desvirtuó a partir de la única consideración
consistente en la no demostración de los vínculos entre
Santofimio y Escobar con posterioridad a 1984. Como atrás verificó la Corte, fue la lectura parcializada de las
pruebas la que impidió al juzgador de segunda instancia
constatar que probatoriamente sí se acreditaron esos nexos
para 1989. Por tanto, la argumentación judicial de segundo
grado queda sin piso y el indicio construido por el de primera
instancia permanece incólume.
5.2. El Juzgador igualmente construyó una prueba indirecta
desde el supremo interés que tenía Santofimio Botero en
“sacar del camino” a su más fuerte rival para lograr la
El Tribunal descarta el indicio. Dice que se trata de una
apreciación subjetiva, en tanto la experiencia indica que (i)
ese no es el medio para dirimir disputas en el campo político,
(ii) Galán Sarmiento, según notas periodísticas de una revista
y un diario, ya había sido elegido candidato único, luego su
muerte no le reportaba beneficio alguno al acusado, y, (iii) el
empleo de una pancarta en una manifestación, invitando al
“entierro de Galán”, no demuestra intención homicida del
Por oposición al esfuerzo argumentativo del apoderado del
sindicado, que avala la tesis del Tribunal, para la Corte asiste
razón a los sujetos procesales recurrentes y al Ministerio
Público por cuanto el Tribunal explicó que llegó a su
deducción desde las palabras de dos notas periodísticas no
aportadas al juicio.
Por lo demás, desde la memoria histórica nacional y varias
pruebas allegadas en forma válida deriva que no es cierto el
hecho del cual partió la conclusión judicial. En efecto, para el
momento en que se ocasionó su deceso, Galán Sarmiento no
era candidato presidencial, sino que, junto con otras
personas, aspiraba ser escogido en esa condición por el
Partido Liberal. Para ese entonces, los demás precandidatos, entre ellos el hoy indagado, no habían sido
descartados y, por ende, contaban con opción.
La Corte no estima necesario acudir a todos los elementos de juicio que dan cuenta de esa situación. Baste indicar que el mismo Alberto Rafael Santofimio Botero, en su indagatoria
, precisó que para 1989 participaba en la consulta interna del Partido Liberal para
escoger candidato a las elecciones presidenciales a realizarse en 1990, y, agregó, otros aspirantes eran Durán Dussán, Ernesto Samper Pizano, Jaime Castro y William Jaramillo y precisó que finamente el escogido fue César Gaviria Trujillo
. En escrito del 6 de octubre de 1994
, el Secretario General
del Partido Liberal Colombiano certificó las personas que
intervenían en la consulta para escoger candidato
presidencial para los comicios de 1990, entre ellas señaló a
Galán Sarmiento y a Santofimio Botero.
El también precandidato, hoy ex presidente, Ernesto Samper
Pizano, declaró que ante la ausencia de Galán, tanto él -Samper- como Santofimio, se habrían visto favorecidos ante
la necesidad de “barajar y repartir de nuevo”, es decir, de
someter a nuevo escrutinio la elección del candidato único del
La reseña es suficiente para concluir en lo ostensible del
yerro del Tribunal al inferir la ausencia de motivo en
Santofimio, pues la muerte de Galán en nada lo beneficiaba,
como que el último ya había sido elegido como candidato. De
nuevo, como el hecho a partir del cual se construyó la
inferencia resultó contrario a la verdad, la deducción de la
primera instancia cobra plena vigencia.
Desde la realidad histórica, se observa que la regla planteada
sin argumentos por el Tribunal, según la cual, nadie mata a su
rival político para despejar el camino, no encuentra sustento
en la realidad de los días que corrían en la Colombia de hace
20 y más años. Por ese entonces, la eliminación del oponente político era un
fenómeno que lejos estaba de ser impensable o de
considerárselo como de imposible ocurrencia. Piénsese, sin ir
más lejos, que por aquellas calendas fueron muertos de
manera violenta la gran mayoría, por no decir la totalidad, de
los integrantes del movimiento político de la Unión Patriótica,
precisamente por su ideología partidista.
Si bien el origen y características del episodio violento citado
puede tener diferencias con el contexto dentro del cual se dio
la muerte del doctor Galán Sarmiento, lo cierto es que en los
dos sucesos subyace un fenómeno común: la muerte del otro
por diferencias de ideología política, lo cual deja sin sustento
alguno la pretendida regla de experiencia construida por el
5.3. Sobre la existencia de una pancarta, que se hizo pública
en una manifestación presidida por Santofimio Botero, sí
asiste razón al Tribunal y a la parte que concuerda con éste.
En efecto, en un país con muchos episodios de elecciones, es
de uso frecuente, a través de los diversos medios de
comunicación, el vocabulario que habla de “muertos”, de
“resurrecciones”, de “entierros”, en el contexto de políticos
que hoy no logran el favor de los votantes (se “mueren”, son “enterrados”), pero mañana sí (“resucitan”).
En ese contexto, al hecho aislado, sin ningún otro referente,
de que una pancarta invitase al “entierro de Galán”, no puede
dársele connotación diversa a ese léxico propio de las
elecciones, lo cual aparece respaldado por normas de sentido
común, como la atinente a que ante el crimen que se planea
cometer, normalmente nadie tiende a dejar rastros, menos de
esta índole, esto es, públicos, escritos, detectables por
muchas personas y medios de comunicación. Igual, fue el
público el que empleó la pancarta desde donde no puede
inferirse, sin otro elemento de juicio, que ella fuese de la
autoría del acusado.
El elemento de que se trata, en consecuencia, no puede
sustentar cargo alguno, pero su incidencia es nula, en tanto
los restantes soportan con suficiencia los argumentos del
juzgador de primer nivel, que el Tribunal no derruyó en forma
Lo que quiso tener por probado el juzgador de primera
instancia no fue la capacidad para cometer específicamente
el delito de homicidio, sino para acudir a vías ilícitas.
La condena por enriquecimiento ilícito, proveniente de dineros
de los señores Rodríguez Orejuela, respalda, no la inclinación
a matar del acusado, sino la veracidad del señalamiento de
Jhon Jairo Velásquez Vásquez, respecto de los vínculos que
mantenía el sindicado no solamente con el jefe del “Cartel de
Medellín”, sino con los jefes del “Cartel de Cali”, a sabiendas,
en el último caso, de sus actividades delictivas, desde donde
fundadamente puede inferirse que otro tanto hizo con
Escobar Gaviria, prevalido de idéntico conocimiento.
6. Los errores del Tribunal son trascendentes, en tanto
resquebrajan la totalidad de los argumentos de que se valió
para revocar la condena de primera instancia. Por modo que
la Corte debe proferir el fallo de reemplazo que, en esencia,
se sustenta en las valoraciones probatorias ya referidas, las
cuales, por otra parte, coinciden con las planteadas por el a
6.1. Respecto de la materialidad de los comportamientos
juzgados e imputados a Alberto Rafael Santofimio Botero
en la resolución acusatoria, dígase que el asunto no fue
objeto de cuestionamiento. Además, aparece acreditado con
grado de certeza que se incurrió en un concurso homogéneo
y sucesivo de tres homicidios con fines terroristas,
concretados en las personas de Luis Carlos Galán Sarmiento,
Julio César Peñalosa Sánchez y Santiago Cuervo Jiménez.
Para la demostración del tipo objetivo, baste hacer referencia,
además de los testimonios que describen los hechos, a la
prueba técnica constituida con las necropsias, actas de
inspección a los cadáveres y registros civiles de defunción,
que no dejan incertidumbre respecto de la muerte violenta
que, con disparos de armas de fuego, se causó a los aludidos
Que el acto planeado y llevado a cabo tenía connotaciones de
terror, no llama a discusión. En efecto, a voces del
diccionario, el terror comporta una sucesión de actos de
violencia ejecutados para infundir temor, miedo, espanto,
pavor de un mal que amenaza o de un peligro que se teme.
Cuando se ejecuta una acción mediante el uso indiscriminado
de la violencia contra la población civil y ello difunde el pánico
y presiona a las autoridades, ese acontecer está signado por
El terrorismo repercute tanto en lo particular (afecta bienes
jurídicos individuales fundamentales) como en lo colectivo
(altera las condiciones de la vida social hasta el punto de
poner en peligro la propia estabilidad del Estado) y comporta
un ingrediente de dimensión ideológica pues los actos
llevados a cabo tienen como finalidad exigir algún objetivo o
concesión de carácter político como condición para cesar la
Sobre ese elemento, cabe precisar que la totalidad del
material probatorio indica un claro acuerdo de voluntades,
dentro de la lucha terrorista emprendida por el “Cartel de
Medellín” y “Los Extraditables”, para, por medio del caos, de
causar temor generalizado en la población, de la zozobra,
presionar al Estado colombiano con el fin de que no
entregase a sus nacionales a los Estados Unidos, política
dentro de la cual se convino eliminar al que la organización
consideraba muy seguro presidente de Colombia, Luis Carlos
Galán Sarmiento, quien había prometido hacer efectivo ese
instrumento de cooperación internacional y, específicamente,
en contra de Pablo Emilio Escobar Gaviria.
No obra incertidumbre respecto de que ese tipo de conductas
desarrolladas por el grupo de que se trata estructuraban una
finalidad terrorista. Tanto es así, que por esa época el Estado
se vio precisado, casi de manera permanente, a legislar al
amparo del Estado de Sitio previsto en la Constitución de
1886, normatividad encaminada a repeler la agresión de ese
tipo de organizaciones consideradas en todo momento como
Baste, a modo de ejemplo, señalar el Decreto 1038 de 1984,
mediante el cual se declaró turbado el orden público y en
estado de sitio el territorio nacional, el cual se fundamentó en
“Que en diversos lugares del país han venido operando
reiteradamente grupos armados que han atentado contra
el Régimen Constitucional, mediante lamentables hechos
de perturbación del orden publico y suscitando
ostensible alarma en los habitantes;
Que para conjurar la grave situación especialmente en
los departamentos de Caquetá, Huila, Meta y Cauca, el
Gobierno declaró turbado el orden público y en estado
de sitio el territorio de dichos departamentos por medio
del Decreto 615 de 14 de marzo anterior;
Que el Gobierno ha utilizado para el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales los medios que le atribuye
la legislación ordinaria, sin que haya bastado su efecto
para recobrar la normalidad;
Que con posterioridad a la expedición del Decreto 615
de 1984, han tenido lugar asaltos a poblaciones por obra
de grupos armados, entre ellos los ocurridos sobre
Acevedo en el departamento del Huila, Corinto en el
departamento del Cauca, Sucre y Jordán Bajo en el
departamento de Santander, Giraldo en el departamento
de Antioquia y Miraflores en la comisaría del Guaviare;
Que por la acción persistente de grupos antisociales
relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose
gravemente el normal funcionamiento de las
instituciones en desafío criminal a la sociedad
colombiana, con sus secuelas en la seguridad
ciudadana, la tranquilidad y la salubridad publicas y en la
Que recientemente ocurrieron actos terroristas en las
ciudades de Medellín, Cali y Bogota, causantes de la
destrucción de numerosos vehículos de transporte
Que al anochecer del día de ayer fue asesinado el señor
Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla”.
“Que mediante el Decreto número 1038 de 1984 se
declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo
el territorio nacional, para combatir las perturbaciones
producidas por bandas de terroristas y narcotraficantes;
Que aún persisten los factores de perturbación
invocados en el mencionado decreto, tales como la
violencia proveniente de grupos armados y la acción
desestabilizadora de los narcotraficantes;
Que es urgente buscar mecanismos que conduzcan al
restablecimiento del imperio del derecho y el
fortalecimiento de la justicia;
Que por medio de los Decretos 2047, 2147 y 2372 del
presente año, el Gobierno creó mecanismos para lograr
que quienes hubieren cometido los delitos que dieron
origen a la declaratoria de turbación del orden público se
sometan a la justicia colombiana;
Que resulta conveniente complementar los instrumentos
anteriores con el propósito de hacer viable el logro de
tan importante objetivo,
ARTÍCULO 1o. Mientras subsista turbado el orden
público y en estado de sitio todo el territorio nacional,
quienes antes del 5 de septiembre de 1990 hayan
cometido cualquiera de los delitos establecidos en la Ley
30 de 1986 y demás normas que la adicionan o
modifican, o cualquiera de los delitos de competencia de
los jueces de orden público o especializados, tendrán
derecho a rebaja de pena o condena de ejecución
condicional, para los casos que expresamente se
señalen en este Decreto…”.
La reseña (mínima, entre la prolífica legislación de entonces)
demuestra que por la época de los hechos juzgados, el
accionar de los grupos dedicados al narcotráfico, en especial
el denominado “Cartel de Medellín”, era tenido por el
legislador excepcional como terrorista, en cuanto no se
estaba ante simples comportamientos propios de los negocios
de estupefacientes, sino que se habían unido esfuerzos para
presionar a las instituciones en aras de lograr su objetivo de
que se prohibiese la extradición, lo cual hacían a través de
actos violentos dirigidos contra la población civil con el
evidente propósito, logrado, de causar temor generalizado.
En ese contexto, el mismo material probatorio permite deducir
que respecto de Galán Sarmiento la conducta punible se
realizó con conciencia y voluntad, esto es, que en el
desarrollo de todo el recorrido criminal, desde su ejecución
hasta su consumación se pusieron en movimiento las esferas
cognoscitivas y volitivas, de donde surge el dolo directo como
forma de esa conducta punible.
La acción se dirigió y realizó dentro de esa connotación
terrorista, que se demuestra por la escogencia del líder
(enemigo declarado del narcotráfico y amigo de la
extradición), tenido como virtual presidente, el escenario
donde se decidió cometer el crimen (una plaza pública), el
momento (en desarrollo de una manifestación), el armamento
de largo alcance utilizado y el accionar (disparos de ráfagas
de manera indiscriminada contra todo y contra todos), lo cual
significaba que se causara, como en efecto ocurrió, zozobra,
Ahora, que la participación de uno de los agentes activos del
delito tuviese motivaciones específicas (la animadversión
contra la víctima, su deseo de “quitar del camino” al rival
político), en modo alguno desvirtúa la tipificación de que se
trata, pues cuando intervino y logró su cometido, de
necesidad asumió que concretar el plan criminal implicaba
esa connotación terrorista, la cual admitió, cuando menos a
título de dolo eventual.
Aquellas motivaciones concretas, personales, podrían
estructurar causales específicas de mayor punibilidad, pero la
Corte no se detendrá en ese tema, en tanto el principio de
congruencia le exige respetar los lineamientos de la
acusación, que no se ocupó de ese aspecto. La prohibición de reforma perjudicial en contra del
condenado, en su condición de apelante único, constituye un
impedimento adicional, pues, al casar el fallo del Tribunal y
emitir el de reemplazo, el acusado adquiere esa calidad. En relación con Peñalosa Sánchez y Cuervo Jiménez igual
debe deducirse el dolo, en cuanto para causar la muerte
inicialmente querida se convino en realizar disparos de
manera indiscriminada en contra de la multitud asistente a la
manifestación presidida por Galán Sarmiento.
6.2. Sobre la responsabilidad de Alberto Rafael Santofimio
Botero, la Sala discurrió a espacio, como igual y en idéntico
sentido hizo el juzgador de primer nivel. A lo expuesto a lo
largo de esta providencia se remite, pues de allí surge la
existencia de prueba suficiente sobre su participación en los
A lo ya dicho, cabe agregar los siguientes argumentos que
surgen de la valoración conjunta del material probatorio:
(i) Con sustento en testimonios recibidos a diversos
personajes de la vida nacional, deriva el contexto histórico
previo al hecho juzgado, según el cual, desde el inicio de la
década de los años 80 el narcotráfico se constituyó en un
proyecto criminal, económico y político que, acudiendo, entre
otras vías, al asesinato selectivo y uso indiscriminado de
bombas, se propuso el exterminio de quienes se oponían a su
auge, al tiempo que se inició y defendió una cruzada contra la
Ese proyecto delictivo fue liderado, entre otros, por Pablo
Emilio Escobar Gaviria, jefe indiscutible del “Cartel de
Medellín” y su socio José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El
Mexicano”, y fue apoyado por políticos que igualmente se
oponían a la extradición de nacionales. Con el fin de avanzar
en su meta, Escobar Gaviria accedió al Congreso, como
suplente del Representante a la Cámara Jairo Ortega
Los objetivos de ese proyecto criminal y la férrea oposición a
la extradición se concretaron en atentados fallidos contra
personalidades como Alberto Villamizar y Enrique Parejo
González, y en la muerte violenta de Rodrigo Lara Bonilla y
Luis Carlos Galán Sarmiento; en contra del último, pesaba,
además, que se perfilaba como el seguro ganador de la
consulta interna del Partido Liberal, para ser escogido como
su candidato a la presidencia de la República.
Así, la actuación procesal demostró desde un comienzo que
la muerte de Galán Sarmiento fue consecuencia del accionar
de la mafia del narcotráfico, asociada con algunos políticos
defensores de la no extradición. La decisión de impedir que
Galán llegara a la presidencia y concretara su deseo expreso
de hacer efectivo el instrumento internacional de cooperación
se materializó por los ejecutores materiales Jaime Eduardo
Rueda Rocha y Éver Rueda Silva, a su vez subalternos de “El
(ii) A lo ya referido sobre la responsabilidad de Alberto
Rafael Santofimio Botero, deben adicionarse los siguientes
aspectos que ratifican esos medios de convicción:
(a) Que Santofimio continuó su relación con Pablo Escobar y
la mantuvo hasta la época de los hechos, surge también de
las declaraciones de los periodistas Fernando de Jesús
Álvarez Corredor y Juan José Hoyos Naranjo, así como de
Carlos Salomón Náder Simonds, respecto de las reuniones
detalladas por Aguilar Gallego, alias “El Mugre”. En particular, cabe descartar que Álvarez, en un artículo
periodístico señaló a Pablo Escobar como el principal
impulsor del “santofimismo” y, aparte de reiterar las llamativas
circunstancias que rodearon la decisión de Escobar de
ordenar la muerte de Santofimio (cancelada por “votación”),
ratificó que aquellos realizaban actividades políticas conjuntas
incluso después de la muerte de Galán, lo cual, además, fue
corroborado por el entonces Director de Instrucción Criminal
del Tolima, Hugo Alfonso Mosquera.
(b) Luis Carlos Galán Sarmiento siempre advirtió a sus
allegados sobre un atentado en su contra, en el cual estaría
involucrado Alberto Santofimio Botero, como consecuencia
de haber hecho las denuncias públicas aludidas.
En ese sentido obran los testimonios de su esposa, Gloria
Pachón de Galán, así como los de Felipe Zambrano Muñoz,
Mildred Socorro Jaramillo de Zambrano y Sara Sadovnik
Moreno; los últimos, al igual que Juan Cristóbal Velasco
Cajiao, confirman cómo Galán Sarmiento les advirtió que en
el evento de un atentado contra su vida miraran hacia el
Tolima, en alusión evidente a Santofimio Botero, pues se
trata de su tierra natal y públicamente era conocido como el
político o el Senador “del Tolima”.
En el mismo contexto, Rafael Francisco Amador Campo y
Alfonso Valdivieso Sarmiento coincidieron en las
prevenciones y la mala relación entre el acusado y Galán,
quien hizo cuestionamientos duros sobre las veleidades
políticas de Santofimio, particularmente por sus relaciones y
amistades que lo acercaban a dirigentes con trayectorias
oscuras, con nexos abiertos con el narcotráfico y con
personas cuyas prácticas políticas eran censuradas por Galán
Nótese, entonces, que realmente el ánimo de Alberto Rafael
Santofimio Botero estaba plagado de sentimientos de odio
para con aquél, quien no solamente le impedía su llegada a la
presidencia de la República, sino que puso en evidencia sus
vínculos delictivos, lo cual incidiría negativa y definitivamente
en su carrera política.
A su vez, deriva nítido que tanto el candidato como sus
allegados cercanos tenían serios motivos para inferir que
Santofimio Botero, valido de sus relaciones no santas, podía
acudir a la vía criminal para “quitar del camino” a su rival y
Estas razones refuerzan las expuestas en anteriores
apartados, pues finalmente tales presagios se concretaron en
el atentado final y, por eso, se ratifica la credibilidad otorgada
a John Jairo Velásquez Vásquez cuando refiere que
presenció el momento en el que Santofimio Botero llenó de
razones al jefe del “Cartel de Medellín”, hasta convencerlo
para que finalmente ordenara a “Popeye” realizar los actos
necesarios para matar a Galán Sarmiento. Igual se refuerza la
credibilidad de los declarantes a quienes Pablo Emilio
Escobar Gaviria les refirió que en el deceso investigado tuvo
participación el acusado.
6.3. En lo relativo al grado de participación, se observa que
en la acusación, de manera indistinta, la Fiscalía dijo que (i) el
acusado tuvo la capacidad de influir en forma determinante en
la voluntad de Escobar Gaviria para que ordenara el
, (ii) su influencia perversa en la mente de Pablo
Escobar fue fundamental, determinante y definitiva para que
el último tomara la irrevocable decisión
(folio 80); (iii) de lo
último derivaba su condición de ser uno de los autores
mediatos del homicidio, en su condición de miembro del ala
política de los “Extraditables”, que llevaron a cabo el hecho
utilizando a otros como instrumentos o ejecutores fungibles,
en virtud del aparato organizado de poder en que se había
constituido el “Cartel de Medellín”.
Concluyó que acusaría al sindicado “en calidad de coautor
mediato”, con lo cual, agregó, compartía “la solicitud que en
tal sentido elevara el abogado de la parte civil”
, aseveración
última equivocada, pues tal apoderado, según se lee en la
, se pronunció fue por la coautoría (no
mediata), pues “resulta claro que tenía dominio del hecho, lo
que quiere decir que su intervención fue disponiendo el sí y el
cuándo de la realización de los tipos penales”. Finalmente, en
la parte resolutiva señaló la coautoría sin especificación
Así, la acusación realmente no fue afortunada, pues de la
reseña surge que indistintamente mencionó la determinación,
la autoría mediata, la coautoría y la coautoría mediata, no
obstante lo cual los derechos de las partes, en especial de la
defendida, no sufrieron mella alguna, por cuanto, pudiendo
hacerlo, no cuestionaron la resolución para exigir precisión
sobre el tema y, lo trascendente, ejercieron su facultad de
contradicción respecto de todas esas formas de participación.
Por ello, cuando el juzgador de primera instancia hizo
referencia a tales inconsistencias y de manera probatoria y
jurídica se pronunció por la coautoría, no desconoció los
lineamientos de la acusación, ni afectó el derecho a la
defensa, en tanto aquella hizo referencia a ese instituto y, se
reitera, la defensa conoció el asunto y lo controvirtió a
espacio, además de que punitivamente los diversos grados
de participación propuestos tienen las mismas
consecuencias. Por ello, en respeto del principio de
congruencia, la Corte no ahondará en el tema.
6.4. Comoquiera que al acusado le fueron negados los sustitutos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y la libertad concedida fue consecuencia de la absolución que hoy se revoca, se
ordenará su captura para que entre a cumplir la totalidad de la
sanción, con la salvedad de que el tiempo que permaneció en
detención preventiva se abonará como parte cumplida de la
Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de
1. Casar la sentencia del 22 de octubre de 2008, proferida por
el Tribunal Superior de Cundinamarca.
2. Confirmar el fallo del 11 de octubre de 2007, mediante el
cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Cundinamarca condenó al señor Alberto Rafael Santofimio
Botero como coautor responsable de un concurso de tres
homicidios con fines terroristas, causados en las personas de
Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago Cuervo Jiménez y
Julio César Peñalosa Sánchez.
3. Ordenar la captura de Santofimio Botero, para que entre
a cumplir la pena impuesta, sobre la cual se tendrá como
parte cumplida el tiempo que el acusado estuvo en detención
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO SIGIFREDO
ESPINOSA PÉREZ CON ACLARACIÓN DE VOTO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE
1. Cf., entre otras, sentencias de 2 de julio de 2008, radicación 23438, y 8 de
octubre de 2008, radicación 25484. [Volver]
2. Sentencia de 8 de octubre de 2008, radicación 25484. [Volver]
3. Sentencia de 2 de julio de 2008, radicación 23438. [Volver]
4. Casación 23593 de abril 11 de 2007. [Volver]
5. Sentencia de 9 de abril de 2008, radicación Nº 22.548. [Volver]
6. Sentencia de 21 de noviembre de 2002, Rad. Nº 16472, y auto de 14 de febrero de
2006, Rad. Nº 24611. [Volver]
7. Sentencia de casación del 11 de octubre de 2001, radicado 16.471. [Volver]
8. Sentencia del 6 de diciembre de 200, rad. 13047. En el mismo sentido, sentencia del
5 de mayo de 1999, rad. 12885. [Volver]
9. Folio 497, cuaderno 42 [Volver]
10. Folio 130 cuaderno 44 [Volver]
11. folio 149, cuaderno 44 [Volver]
12. folio 385, cuaderno 36 [Volver]
13. folio 170, cuaderno 44 [Volver]
14. folio 172, cuaderno 44 [Volver]
15. folio 26, cuaderno 21 [Volver]
16. folio 152, cuaderno 48 [Volver]
17. folio 77 de la resolución acusatoria [Volver]
18. Folio 80 [Volver]
19. Hoja 82 [Volver]
20. Hoja 10 [Volver]
21. Folio 83 [Volver]

References: resolución 
 artículo 209
 artículo 4
 artículo 7
 resolución 

ARTÍCULO 1
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