Source: http://revistalatinacs.org/071/paper/1118/38es.html
Timestamp: 2017-05-01 06:16:09+00:00

Document:
Abel Suing, Carlos Ortiz, Verónica González (2016): “Configuración de las autoridades de regulación de la televisión en los países andinos”. Revista Latina de Comunicación Social, 71, pp. 730 a 749
10.4185/RLCS-2016-1118 | ISSN 1138-5820 | RLCS # 71 | 2016 | | |
http://www.revistalatinacs.org/071/paper/1118/38es.html
DOI: 10.4185/RLCS-2016-1118 Configuración de las autoridades de regulación de la TV en los países andinos
Abel Suing [CV] [ ORCID] [ GS] Docente investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL - arsuing@utpl.edu.ec Carlos Ortiz [CV] [ORCID] [ GS] Docente investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL – ccortiz@utpl.edu.ec Verónica González [CV] [ORCID] [ GS] Docente investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL – vegonzalez@utpl.edu.ec Abstracts [ES] Introducción. El propósito de la investigación es conocer la adecuación de los reguladores de televisión del área andina a los estándares internacionales de la Unesco, en momentos de reforma de la legislación sobre comunicación. Las hipótesis son: Los reguladores se crearon a través de leyes, su independencia tiene soporte constitucional; y, las resoluciones que adoptan promueven los derechos a la comunicación. Metodología. Es cualitativa a partir del análisis de las normativas legales y resoluciones. Las variables estudiadas son: Leyes de creación, naturaleza, autonomía financiera, objeto, funciones, composición y decisiones. Resultados y Conclusiones. Se pretende cubrir desde elementos constitutivos hasta impactos de nuevas formas de comunicación. La Autoridad Nacional de Televisión de Colombia es el regulador que más funciones ejecuta en relación a la protección de los televidentes. No existen garantías de órganos profesionales libres de influencias ni cualificación de sus integrantes. Las resoluciones han normado aspectos administrativos.
[EN] The objective of this research article is to evaluate the adequacy of television regulators in the Andean region according to the international standards set by UNESCO at times of reforms in communications legislation. The hypotheses that guide this research are that television regulators were created by law, that their autonomy has constitutional support, and that their resolutions promote communication rights. Method. The study is based on a qualitative method that involves the review of regulatory documents and resolutions and the analysis of such variables as: regulator-creation laws, regulatory authority types, financial autonomy, purposes, functions, composition and resolutions. Results and conclusions. The legislation of the regulatory authorities aims to cover from their constituent elements to the impacts of the new forms of communication. Colombia’s national regulatory authority is the regulator in the Andean region with the largest number of functions in relation to the protection of television viewers. The legislation does not guarantee the participation of associations of television professionals that are free from influences nor that their members of the regulators are qualified to perform their job. The resolutions adopted by the television regulatory authorities have focused on the regulation of the administrative aspects of television. Keywords [ES] Consejo regulador; derechos a la comunicación; televisión; audiovisual; políticas de comunicación. [EN] Regulatory council; communication rights; television; audiovisual sector; communication policies.
Contents [ES] 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. 4. Discusión y conclusiones. 5. Referencias bibliográficas.
Entre 2005 y 2015 varios gobiernos latinoamericanos modificaron sus marcos reguladores de comunicación para institucionalizar mecanismos de equilibrio que generen confianza entre actores públicos, privados y comunitarios. Los cambios ocurridos evidencian la importancia de los medios de comunicación en el fomento de la democracia y su contribución para la cohabitación de varias corrientes de pensamiento en la sociedad (Carniel y Sábes, 2014: 274).
Los medios de comunicación en la historia reciente de América Latina se han mostrado cercanos a los poderes políticos (Lagos y Uganda, 2011: 89) pero además “han sido poco regulados, en comparación con los de Europa o Estados Unidos” (Becerra, 2014: 63). Hoy los medios deben enfrentar “un torbellino de transformaciones para cuyos desafíos no hallan, por el momento, respuestas novedosas” (Becerra, 2014: 74).
Se justifica la aplicación de mecanismos de regulación, en tanto se limite la influencia de poderes económicos y políticos en el trabajo de los medios y que como consecuencia inmediata se consoliden los sistemas democráticos, objetivo reconocido y respaldado por iniciativas supranacionales (Carniel y Sábes, 2014: 274). Sin embargo, más que ausencia de regulación lo que ocurre es falta de aplicación de las normas porque “no hay ningún país americano que no tenga ya regulación sobre medios de comunicación” (Gómez, 2013: 43).
Las autoridades de regulación de la comunicación y del audiovisual tienen un recorrido importante en Europa pero no en América Latina, en general su instauración ocurre bajo el argumento del impacto que el tratamiento de la imagen tiene en la sociedad contemporánea (Carniel, 2009: 21). “La emisión de contenidos audiovisuales afecta a varios derechos fundamentales reconocidos por las Constituciones de las democracias tradicionales y, al mismo tiempo, atañe a los intereses –que no siempre son coincidentes– de los múltiples protagonistas de la comunicación audiovisual” (Pavani, 2014: 371). El marco de referencia en el campo de la regulación en democracia son los derechos a la comunicación, desde donde también se aboga para que la información sea un bien público que requiere ser protegido y fomentado (Lagos y Uganda, 2011: 100; Checa, 2013: 14), así la democratización de la comunicación audiovisual implicaría “centrarse en criterios de responsabilidad en la producción y emisión de los mensajes audiovisuales y el respeto a los derechos reconocidos legalmente” (Carniel, 2009: 29).
En democracia los “actores políticos lo tienen claro: necesitan de los medios de comunicación para difundir y recibir retroalimentación; en otras palabras, construir relaciones […] con la ciudadanía” (Lagos y Uganda, 2011: 92) que nunca deben implicar la utilización del poder político sobre los medios de comunicación, esta condición reafirma la importancia de diseñar políticas e instituciones que velen por un equilibrio democrático. Las autoridades independientes del audiovisual y la televisión cultivan “valores democráticos” en tanto la democracia liberal lo haga (Botella, 2006: 3). “Un consejo audiovisual siempre contribuye a mejorar las posibles imperfecciones de los medios de comunicación y del sistema democrático” (Palomar, 2008: 124) más aún si lo hace en relación a estándares internacionales hasta alcanzar el pleno ejercicio de los derechos de las personas (Gómez, 2013: 40; Varios, 2015).
Los derechos a la comunicación suponen considerar las libertades de expresión y de información y una modalidad de la libertad de empresa “de manera que los principios y los instrumentos de la regulación del mercado y la regulación de la comunicación pública a menudo aparecen mezclados” (Barata, 2007). La libertad de expresión “ampara, de una parte, el derecho a fundar o utilizar los medios de comunicación para ejercer la libertad de expresión y, de otra, el derecho de la sociedad a contar con medios de comunicación libres, independientes y plurales” (Gómez, 2013: 49).
La libertad de expresión es considerada como un derecho, sin el cual se hace imposible ejercer otros derechos humanos igualmente importantes (Gómez, 2013: 30; Lagos y Uganda, 2011: 100), pero “no es un derecho absoluto y, como tal, admite reglamentaciones y restricciones” conforme lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Gómez, 2013: 31), es decir incluso bajo el argumento de la libertad de expresión es pertinente la constitución de una autoridad de regulación. “La garantía de la libertad de comunicación constituye el exponente máximo de la penetración de estas autoridades en la garantía de derechos” (Palomar, 2008: 122).
En las constituciones de los países latinoamericanos modificadas en la última década se expresa la “voluntad de cambio con los gobiernos anteriores y todas ellas, aunque en mayor medida la ecuatoriana, reseñaban los derechos de comunicación de la ciudadanía como una ampliación del clásico derecho de libertad de expresión” (Jorge, Frutos y Galarza, 2015). La información y la comunicación pública moderna “desempeñan funciones fundamentales en la conformación del espacio común de deliberación y representación política. Desde entonces, es común reconocer que sin información y acceso al espacio comunicacional la libertad de expresión y otros derechos sociales tienden a ser conculcados” (Sierra, 2013: 89).
La pluralidad en el escenario público es otra de las fronteras que persigue la conformación de autoridades audiovisuales independientes, es la “base de una opinión pública libre, que, de hecho, es una exigencia constitucional” (Palomar, 2008: 122). La pluralidad con carácter universal es fundamental para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios audiovisuales (García, 2010: 8) y es también “condiciónesencialparael cumplimientode las libertades deexpresión, información y comunicación […], constituye un factor clave para fortalecer la democracia” (Carniel y Sábes, 2014: 277). El pluralismo que interesa en el campo de la televisión “no se alcanza automáticamente a través de la multiplicación de canales, sino con la variedad de contenidos y con la garantía de que se impida la concentración de los medios” (Pavani, 2014: 373).
Los antecedentes de la regulación están relacionados con aspectos naturales, jurídicos y administrativos: El espectro radioeléctrico (Ariño, 2008), la corrección de las fallas del mercado y los equilibrios sociales mediante la intervención de los monopolios públicos para impedir toda ineficiencia económica que perjudique a los consumidores (Culebro y González, 2013: 53; Hazlett, 2004: 235).
Las primeras autoridades de regulación del audiovisual que se han convertido en referentes internacionales son la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América (FCC), la Oficina de Comunicaciones de Reino Unido (Ofcom) y el Consejo Audiovisual de Cataluña, con la particularidad importante que la Ofcom es un regulador convergente (Michalis y Smith, 2016) es decir, fusiona “en una sola autoridad la regulación de las telecomunicaciones y la regulación audiovisual” (Botella, 2007). Estas instituciones permiten identificar un conjunto de estándares o prácticas que orientan la conformación de autoridades de regulación en otros países. Una autoridad de regulación de televisión independiente, compatible con los estándares internacionales, debería contar con las siguientes características (Carniel, 2009: 8; Gómez, 2013: 52; Pavani, 2014: 377):
Poseer personalidad jurídica propia, no adscrita a ningún órgano de la administración pública, con plena capacidad para obrar en derecho público y privado. Organismo público creado a través de norma legal.
Autonomía organizativa, normativa y presupuestaria.
Carácter colegiado que permite el contraste de opiniones.
Sistema de elección de los miembros: Requisitos. Previsión de incompatibilidad con otras actividades. Inamovilidad. Número de integrantes. Reconocida vinculación con la materia. Reelección limitada.
Ámbito territorial proporcional.
Los actos reguladores ponen fin a la vía administrativa, siendo posibles los recursos ante el poder jurídico.
Las características señaladas son congruentes con lo expuesto por la Unesco (2008: 14) en los Indicadores de Desarrollo Mediático:
“El sistema regulador existe para cuidar el interés público. Los órganos reguladores deben gozar de autonomía e independencia de la interferencia política o comercial y sus integrantes deben elegirse mediante un proceso transparente y democrático. Sus atribuciones y responsabilidades deben establecerse por la ley, incluyendo los requisitos legales explícitos para promover la libertad de expresión, diversidad, imparcialidad y el libre flujo de la información. La autoridad reguladora debe contar con los recursos necesarios para cumplir con su papel”.
Para alcanzar la configuración señalada, la Unesco propone algunos indicadores que permiten medir la independencia del sistema regulador:
Garantías legislativas explícitas de la autonomía e independencia de la interferencia partidista o comercial.
Garantías legislativas de la independencia del órgano regulador.
Atribuciones y responsabilidades del órgano regulador establecidas claramente en la ley.
Los integrantes del órgano regulador son elegidos mediante un proceso transparente y democrático diseñado para minimizar el riesgo de la interferencia partidista o comercial (por ejemplo, con reglas establecidas sobre la incompatibilidad y elegibilidad).
Se garantiza un financiamiento adecuado y consistente para el órgano regulador, mediante disposición legal para salvaguardar su independencia y/o protegerlo de las presiones presupuestarias coercitivas.
Los medios de verificación sugeridos para comprobar la aplicación de los indicadores son:
Alguna ley pertinente sobre el rol, la composición y el financiamiento de la autoridad reguladora.
Alguna disposición constitucional pertinente sobre la independencia del órgano regulador.
Informes de organismos con credibilidad sobre la autonomía institucional efectiva del órgano regulador.
Los indicadores y medios de verificación propuestos constituyen estándares internacionales que capitalizan la experiencia de los entes de regulación existentes, a pesar de aquello debería considerarse una revisión de los modelos presentados en virtud de la incidencia de los desarrollos tecnológicos como la televisión digital o la televisión por Internet (Botella, 2007).
“Los entes reguladores nacidos, en su mayoría, con la misión de supervisar la radio y la televisión se deparan ahora con un movimiento de intensa velocidad, en el cual los medios convencionales son tan sólo una de las plataformas utilizadas para la distribución masiva de contenidos audiovisuales. A días de hoy, es difícil establecer claras fronteras entre las telecomunicaciones, los medios de comunicación tradicionales e Internet” (Carniel, 2009: 3).
Aparte del proceso digital los elementos de independencia, capacidad de sanción y conformación son las cualidades más destacadas en las potestades de las autoridades de regulación. Los organismos independientes de regulación del audiovisual “se han generalizado en todos los países europeos, […] y, más modestamente, en América Latina y Asia” (Botella, 2006: 1) “y se puede afirmar que conforman una tendencia entre países democráticos” (Carniel, 2009: 2). Para que el andamiaje administrativo y jurídico que se instituya sirva a sus objetivos es “condición sine quoa non” que “la autoridad responsable esté dotada de un alto nivel de autonomía respecto los poderes político y económico [….] La premisa central es dejar bien clara la separación entre los actores que operan en el sector y quien tiene el poder de regular” (Carniel, 2010: 45). En más de un estudio se ha concluido que los ciudadanos, los medios de comunicación y los gobiernos prefieren autoridades independientes (Barata, 2007; Botella, 2006: 3; Pavani, 2014: 367).
La capacidad de sanción es necesaria para el efectivo cumplimiento de las funciones de las autoridades de regulación (Carniel, 2011: 60), se ha manifestado que “todos los organismos reguladores en el ámbito audiovisual tienen capacidad sancionadora.
La experiencia europea (y estadounidense) es unánime: Los organismos de regulación son organismos administrativos; y, en tanto que tales, deben tener poder sancionador” (Botella, 2006: 2).
En cuanto a la composición se ensayan algunas fórmulas como nombramientos proporcionales desde la Presidencia de la República, la Presidencia de la Asamblea Nacional o mediante designación parlamentaria de sus miembros, por amplias mayorías y con requisitos adicionales (Botella, 2006: 3), sin embargo, y pese a que se logre equilibrio en las cuotas “la cuestión va a ser la de nombrar profesionales” (Bourdon, 2006).
Cuando se habla de convergencia, debería entenderse a “la integración entre redes de comunicación y servicios de comunicación, entre infraestructuras y contenidos audiovisuales” (Pavani, 2014: 372). “El debate sobre la convergencia regulatoria entre el sector de las telecomunicaciones y el audiovisual es una realidad en el ámbito de la Unión Europea” (García, 2010: 6). Pero aunque las estadísticas muestren que la televisión sigue siendo el medio de comunicación más utilizado para informarse “el porcentaje de IPTV (Internet Protocol Television) está creciendo cada año” (Pavani, 2014: 366).
La convergencia obligaría a ampliar el objeto de análisis: “Hoy en día la información y el entretenimiento a escala masiva no solo son producidos y distribuidos por los medios masivos […], sino también, y de forma creciente, a través de las redes de telefonía y de servicios de Internet.” (Becerra, 2014: 65), sobre esta base toma más fuerza la reflexión sobre “¿Qué deberíamos regular y por qué? Esta pregunta se ha planteado en un momento en el que Internet es cada vez más una plataforma a través de la cual la gente ve material audiovisual” (Ariño, 2008).
El propósito de esta investigación es conocer la adecuación de las autoridades de regulación de la televisión de los países del área andina a los estándares internacionales sugeridos por la Unesco, en el marco de los Indicadores de Desarrollo Mediático. Las autoridades de regulación de la televisión del área andina son jóvenes en comparación a sus pares europeos o norteamericanos, nacen en momentos de transición política hacia el predominio de legislaciones que fomentan los derechos de los ciudadanos.
Determinar si las autoridades de regulación de la televisión del área andina han sido creadas a través de leyes pertinentes que establezcan su rol, composición y financiamiento.
Establecer las disposiciones constitucionales que soporten la creación e independencia de las autoridades de regulación de la televisión en el área andina.
Determinar las características y tendencias de las resoluciones de las autoridades de regulación de la televisión del área andina.
Las autoridades de regulación de la televisión del área andina se crearon a través de leyes pertinentes sobre sus roles, composición y financiamiento.
La creación de las autoridades de regulación de la televisión del área andina tienen el soporte constitucional pertinente sobre la independencia de los órganos reguladores.
Las resoluciones de las autoridades de regulación de la televisión del área andina promueven la justicia, la libertad de expresión, las libertades de criterios y de propiedad, la programación de servicio público y la accesibilidad de los servicios difusivos para el público en general.
La metodología es cualitativa a partir del análisis de las normativas legales, las Constituciones y las resoluciones de las autoridades de regulación de televisión de los países del área andina. La base de datos legislativa alojada en el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Competencia (Observacom, 2016) fue la principal vía para acceder a las normativas legales de la televisión en cada país andino.
Los países investigados integran la Comunidad Andina de Naciones: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia (CAN, 2015). Las autoridades de regulación son las reconocidas en la Plataforma Iberoamericana de Reguladores de Televisión (PRAI, 2016; ANTV, 2015):
Bolivia: Autoridad de Regulación y Fiscalización de las Telecomunicaciones (ATT, 2016). Colombia: Autoridad Nacional de Televisión (ANTV, 2016).
Ecuador: Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM, 2016).
Perú: Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV, 2016).
La información tiene origen, además de los cuerpos legales señalados, en los sitios Web de las autoridades de regulación, la fecha de corte es febrero de 2016. Para el análisis de las decisiones se consideran las últimas resoluciones publicadas, que en lo posible cubran un año de ejercicio administrativo. Las variables estudiadas son: Leyes de creación, naturaleza, autonomía financiera, objeto, funciones, composición y decisiones.
Todas las autoridades de regulación se crean mediante leyes (cuadro 1). El Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú tiene el origen más antiguo a diferencia del CORDICOM de Ecuador que aparece en 2013 a través de una ley orgánica, es decir que incide sobre derechos fundamentales a diferencia de otras leyes. Las autoridades de Colombia y Perú señalan específicamente a la televisión en sus denominaciones, mientras que el nombre de la autoridad de Ecuador es genérico pero aborda a la información y comunicación. El nombre de la autoridad de Bolivia abarca las telecomunicaciones y transporte.
Por su naturaleza las autoridades de regulación del área andina son instituciones públicas, en Bolivia y Perú están supeditadas a ministerios relacionados con comunicación o telecomunicaciones; y, en Colombia y Ecuador tienen autonomía administrativa.
Las leyes de creación de las autoridades de Bolivia y Perú describen las fuentes de financiamiento (cuadro 1) y determinan el origen de los fondos. El Consejo de Regulación de Ecuador financia sus actividades con asignaciones del presupuesto general del Estado pero no se específica una proporción de las asignaciones. La Autoridad de Televisión de Colombia no explica autonomía financiera, depende de las rentas asignadas al Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Cuadro 1. Descripción de autoridades de regulación de televisión en el área andina
Variables / información
Nombres de las autoridades
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación – CORDICOM
Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV Leyes de creación BO
Nace en abril de 2009, en el marco de nuevas disposiciones legales establecidas por el Gobierno Nacional a través del Decreto Supremo 0071 luego se sustenta en la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Ley 164. 8 Agosto, 2011 CO
Ley Orgánica de Comunicación, 25 de junio de 2013, modificada el 18 de diciembre de 2015 PE
Ley de Radio y Televisión (LRTV). LEY Nº 28278, de 2004
Institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica supeditada al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Cuenta con independencia administrativa
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del Orden Nacional.
Cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía funcional y administrativa.
Órgano autónomo, plural y consultivo, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el cual se brindará apoyo administrativo y logístico.
Cuenta con patrimonio propio, independencia financiera, legal y técnica. Realizará sus actividades con los siguientes recursos: a) Tasas de regulación. b) Derechos o Patentes. c) Recursos del Tesoro General de la Nación. d) Donaciones y créditos nacionales o extranjeros. e) Otros determinados por norma expresa. CO
Apoyada financieramente por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión –FONTV.
Tiene autonomía financiera, su financiamiento proviene del Presupuesto General del Estado.
Empleará parte de los ingresos recaudados por concepto de derechos, tasas, canon y multas señalados en Ley de Telecomunicaciones.
*BO: Bolivia, CO: Colombia, EC: Ecuador, PE: Perú
Fuentes: Gaceta oficial de Bolivia, 2009; Asamblea Legislativa Plurinacional, 2011; Congreso de Colombia, 2012; Registro Oficial del Gobierno de Ecuador, 2013; Congreso de la República del Perú, 2004; CONCORTV, 2016-a. Elaboración: Propia
El objeto de las autoridades de regulación de los países andinos (cuadro 2), va desde un papel promotor de buenas prácticas (Perú) e interlocución (Colombia) hasta un rol de regulador y controlador (Bolivia y Ecuador), que correspondería más a su esencia en tanto promueve y ejecuta políticas de comunicación relacionadas a derechos y libertades del público. En el caso de Bolivia se regulan las telecomunicaciones y el transporte, el objeto no es específico respecto a la televisión Cuadro 2. Objeto de las autoridades de regulación de televisión en el área andina
Bolivia / Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT
Fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de Telecomunicaciones y de Transportes. Colombia / Autoridad Nacional de Televisión – ANTV
Ser interlocutor con usuarios del servicio de televisión y la opinión pública en relación con difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes.
Ecuador / Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación - CORDICOM
Constituye parte de la institucionalidad para la regulación y el control dispuesta en la Ley Orgánica de Comunicación.
Perú / Consejo Consultivo de Radio y Televisión - CONCORTV Propiciar buenas prácticas en la radio y televisión. Fuentes: Gaceta oficial de Bolivia, 2009; Asamblea Legislativa Plurinacional, 2011; Congreso de Colombia, 2012; Registro Oficial del Gobierno de Ecuador, 2013; Congreso de la República del Perú, 2004; CONCORTV, 2016-a. Elaboración: Propia
Las funciones de las autoridades de regulación (cuadro 3) pueden agruparse en ocho grandes agregados:
Jurídicas y administrativas.
Relacionadas con el espectro radioeléctrico.
Relacionadas con los derechos a la comunicación.
Capacidad de sanción.
Relacionadas a la televisión pública.
Relacionadas a la industria y el mercado.
Academia e investigación. Las funciones administrativas conciernen al cumplimiento de la ley y la elaboración de reglamentos, manuales y procedimientos de aplicación, además se establece la responsabilidad ante el Congreso y audiencias públicas para atender llamamientos. En cuanto al espectro radioeléctrico, excepto en Bolivia donde el organismo regulador comprende a las telecomunicaciones, las autoridades de regulación emiten un análisis previo a las concesiones y observan la gestión de las frecuencias para televisión, se espera su participación a través de recomendaciones en las veedurías de los concursos públicos para otorgar servicios de radiodifusión de forma equitativa.
Hay atención a los derechos a la comunicación de parte de casi todas las autoridades de regulación, de manera particular en el Consejo de Regulación de Ecuador. La autoridad de Bolivia no menciona los derechos a la comunicación en sus funciones. Se propone identificar y establecer mecanismos para clasificación de franjas y contenidos de programación, así como diseñar e implementar estrategias pedagógicas orientadas a audiencias familiares para desarrollar un espíritu crítico, además de difundir las formas de comunicación de grupos sociales, étnicos y culturales en pro de garantizar pluralismo informativo. La capacidad de sanción no está presente en las funciones de todas las autoridades de regulación. Las autoridades de Ecuador y Perú no aplican sanciones, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú podrá emitir opiniones no vinculantes en los procesos administrativos. Las autoridades de Bolivia y Colombia cuentan con potestad para sancionar a quienes violen las normas que amparan los derechos de los ciudadanos. Las autoridades de regulación de Bolivia, Colombia y Perú llevan funciones de representación y enlace internacional ante asociaciones del ramo para coordinar políticas y estándares de operación. La autoridad de Ecuador no lleva funciones de este tipo. En relación a televisión pública solo la autoridad de Colombia tiene competencia.
Cuadro 3. Funciones de las autoridades de regulación de televisión en el área andina
Jurídicas / Administrativas
Cumplir y hacer cumplir la Ley y reglamentos, velar por la correcta aplicación de principios, políticas y objetivos.
Asistir al Gobierno en el estudio y preparación de materias relativas a servicios de televisión.
Elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y su funcionamiento.
Ser responsable ante Congreso de atender requerimientos y citaciones.
Participar en Audiencias Públicas.
Crear instancias administrativas y operativas necesarias para cumplir sus funciones.
Adjudicar las concesiones y licencias de servicio de televisión.
Elaborar informe vinculante para adjudicación o autorización de frecuencias del espectro radioeléctrico para funcionamiento de estaciones de TV abierta.
Elaborar informe para que autoridad de telecomunicaciones proceda a resolver terminación de concesión de TV por incumplimiento de objetivos.
Actuar como veedor en concursos públicos para otorgar autorizaciones de servicios de radiodifusión.
Coordinar asuntos relativos a gestión, administración y control de espectro radioeléctrico.
Participar en la elaboración del Plan Nacional de Asignación de Frecuencias.
Formular observaciones y recomendaciones en proceso de distribución equitativa de frecuencias.
Regular el acceso universal a la comunicación e información.
Establecer mecanismos para ejercicio de derechos de usuarios de servicios de comunicación e información.
Diseñar e implementar estrategias pedagógicas para que teleaudiencias familiar e infantil desarrollen espíritu crítico.
Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con orientación a programas educacionales y/o culturales.
Establecer y administrar reconocimientos a personas que contribuyan al desarrollo integral y cultural del país, mediante su trabajo en radiodifusión. X
Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias.
Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación de grupos sociales, étnicos y culturales. Garantizar pluralismo e imparcialidad informativa.
Capacidad de sanción
Sancionar a quienes violen, con prestación de Ss público de TV, disposiciones constitucionales y legales que amparan derechos de familia y niños.
Coordinar implementación de políticas de prevención contra toda forma de discriminación y llevar a cabo procesos sancionatorios.
Emitir opinión no vinculante, dentro del procedimiento administrativo sancionador.
Asistir, colaborar y acompañar reuniones con organismos internacionales de telecomunicaciones y cubrir obligaciones económicas de participación.
Elaborar y mantener los planes técnicos fundamentales de UIT y establecer el estándar técnico para operar y mejorar los servicios de telecomunicaciones.
Proponer la celebración de convenios nacionales e internacionales que permitan el desarrollo de la radiodifusión.
Velar por el fortalecimiento y desarrollo de la TV Pública. Ejecutar planes y programas de prestación del servicio público de televisión.
Industria / Mercado Promover y desarrollar la industria de la televisión.
Regular el régimen general de las tarifas y precios. Garantizar competencia y evitar las prácticas monopolísticas en su operación y explotación. X
Coordinar avance, desarrollo de tecnologías de información y comunicación, brindando apoyo y asesoría técnica a nivel territorial y sectorial.
Elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre el contenido de los medios de información y comunicación.
Propiciar investigaciones académicas que promuevan mejoramiento de la radiodifusión.
Apoyar iniciativas con fines académicos, destinadas a la preservación y archivo de los programas de producción nacional.
*Las iniciares BCEP corresponden a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú respectivamente.
Los elementos de mercado como promoción de la industria de televisión, desarrollo de tecnología de comunicación o la competencia de mercado constan como funciones de las autoridades de Bolivia y Colombia, en tanto que las funciones de investigación académica figuran como compromisos de las autoridades de Ecuador y Perú.
Las autoridades de regulación de televisión en el área andina están conformadas de varias maneras, por ejemplo la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de Bolivia posees tres niveles de organización:
El Consejo se constituye en la instancia de participación social y es responsable de proyectar, proponer y evaluar políticas, ejercer el control social sobre la gestión del Director Ejecutivo de la ATT. El Consejo estará compuesto por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda o su representante, en calidad de Presidente del Consejo; el Viceministro de Telecomunicaciones; el Viceministro de Transportes, y dos representantes de organizaciones sociales y/o usuarios. El representante del Ministro será designado mediante resolución ministerial expresa. Los representantes de las organizaciones sociales y/o usuarios serán designados según reglamento emitido por el Ministerio cabeza de sector.
La Autoridad Nacional de Televisión de Colombia está integrada de la siguiente forma:
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o el Viceministro delegado. Un representante designado por el Presidente de la República. Un representante de los gobernadores del país.
Un representante de las universidades públicas y privadas legalmente constituidas y reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, acreditadas en alta calidad conforme a la publicación anual del SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior), con personería jurídica vigente, que tengan por lo menos uno de los siguientes programas: derecho, comunicación social, periodismo, psicología, sociología, economía, educación, negocios internacionales, administración financiera, pública o de empresas; ingeniería de telecomunicaciones, eléctrica, electrónica, mecatrónica, financiera, civil, de sistemas o mecánica; cine y televisión. Las universidades señaladas, además, deberán tener programas de maestría y/o doctorados en áreas afines con las funciones a desarrollar. Un representante de la sociedad civil.
Los requisitos y calidades para integrar la Autoridad Nacional de Televisión son: Ser ciudadano colombiano mayor de 30 años. Tener título profesional en derecho, comunicación social, periodismo, psicología, sociología, economía, educación, negocios internacionales, administración financiera, pública o de empresas; ingeniería de telecomunicaciones, eléctrica, electrónica, mecatrónica, financiera, civil, de sistemas o mecánica; cine y televisión. Tener título de maestría o doctorado en áreas afines con las funciones del cargo. En caso de no contar con título de maestría o doctorado, deberá acreditar al menos diez años de experiencia y una especialización en los sectores a que hace referencia el numeral segundo del presente artículo. Tener ocho años o más de experiencia profesional en el sector de las tecnologías de la información, de las telecomunicaciones, cultura y educación.
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación de Ecuador se integra con:
Un representante de la Función Ejecutiva, quien lo presidirá. Un representante de los Consejos Nacionales de Igualdad. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Los integrantes del CORDICOM cumplirán los siguientes requisitos: Tener nacionalidad ecuatoriana o ser extranjero legalmente residente en el Ecuador; No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con quienes sean o hayan sido socios o accionistas en un porcentaje superior al 6% del capital social, o con propietarios, directivos y administradores de medios de comunicación social, durante los dos años anteriores a la fecha de su designación; No ejercer funciones de administración o gerencia de los medios de comunicación social o trabajar bajo relación de dependencia en medios de comunicación social, ni haberlo hecho durante los dos años anteriores a la fecha de su designación; y, Estar en goce de los derechos políticos y de participación.
El Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú se conforma con:
Un representante del Consejo de la Prensa Peruana;
Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sólo con derecho a voz; Un representante de las Facultades de Comunicación Social y Periodismo elegido por sus Decanos; Un representante de los titulares de autorizaciones de servicios de radiodifusión sonora y de televisión comercial; Un representante de los titulares de autorizaciones de servicios de radiodifusión sonora y de televisión educativa; Un representante del Colegio de Periodistas del Perú; Un representante de las asociaciones de consumidores; Un representante designado por la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA); Un representante del Colegio Profesional de Profesores del Perú; Un representante de la Asociación Nacional de Centros. Los miembros del Consejo Consultivo de Radio y Televisión deben ser personas con idoneidad moral, destacada trayectoria y experiencia profesional, no menor de diez años.
En las autoridades de regulación están presentes representantes de los gobiernos nacionales y locales a través de delegación de los ministerios o directamente del Presidente de la República, representantes de organizaciones sociales, de la Academia, de los medios de comunicación, organizaciones de periodistas. La forma de elección es por designación o postulación y no en todos se señala la cualificación de los postulantes.
En otro aspecto de esta investigación se determina que el soporte o mención a las autoridades de regulación de la televisión en las Constituciones de los países andinos ocurre únicamente en la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia. La Constitución Política de Colombia en su Art. 77 señala que “La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco miembros, la cual nombrará al Director. Los miembros de la Junta tendrán período fijo. El Gobierno Nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La Ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la Entidad” (Procuraduría, 2016).
Finalmente, y de acuerdo a los objetivos de la investigación, se presentan en el cuadro 4 las decisiones tomadas durante el último año de ejercicio por las autoridades de regulación de los países andinos y que están publicadas en los respectivos sitios Web. En Ecuador el Consejo de Regulación de la Comunicación no tiene competencia para emitir resoluciones, según el Art. 55 de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, relacionado con la institucionalidad para la Regulación y Control, la Superintendencia de la Información y Comunicación es “el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria […] que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación” (Registro Oficial del Gobierno de Ecuador, 2013), para efecto de comparación se incluyen las decisiones de esta Superintendencia.
Cuadro 4. Decisiones de las autoridades de regulación de televisión en el área andina
País / Autoridad
Bolivia / Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT RAR-ATT-DJ-RA TL LP 1689/2015.
RAR-ATT-DJ-RA LP 226/2015. ATT en el DAKAR 2016. Licencia de uso de frecuencias radioeléctricas de carácter excepcional - rally Dakar 2016 a favor del Ministerio de Culturas y Turismo. 08/01/2016 RAR-ATT-DJ-RA TL LP 32/2015 La ATT y la ADSIB suscriben contrato de autorización de servicios de certificación digital.
12/02/2016 RAR-ATT-DJ-RA-TL LP 1211/2014, RAR-ATT-DJ-RA-TL LP 32/2015
Bolivia ingresa a la era de la firma digital. Estándares técnicos y otros lineamiento establecidos para el funcionamiento de las entidades certificadoras. 10 /02/ 2016
Colombia / Autoridad Nacional de Televisión – ANTV
Resolución ANTV 093 de 2015
"Por la cual se establece la programación del Canal Señal Institucional".
Resolución ANTV 115 de 2015
"Por la cual se fija el valor por suscripción por mes que servirá de base para determinar el componente variable de la concesión de televisión por suscripción satelital para el año 2015".
Resolución ANTV 114 de 2015
"Por la cual se actualiza el valor de compensación de que trata la Resolución 045 de 2012".
Resolución ANTV 113 de 2015
"Por la cual se fijan los valores actualizados del "factor variable-valor por suscriptor mes" de los contratos de concesión de televisión por suscripción, de sus prórrogas, expansiones y de la licencia única para la presentación del servicio de televisión por suscripción, para el año 2015".
Ecuador / Superintendencia de Información y Comunicación -SUPERCOM
RESOL.003-2016-DNJRD
Normas deontológicas y Clasificación de audiencias y franjas horarias.
RESOL.004-2016-DNJRD
Copias de programas o impresos.
RESOL.002-2016-DNGJPO
Contenido violento. 26/01/2016 RESOL.003-2016-DNGJPO
Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.
RESOL.004-2016-DNGJPO
Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.
Perú / Consejo Consultivo de Radio y Televisión - CONCORTV D.S 020-2014-MTC
Modifica Plan Maestro para Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú.
Fuente: Portales Web de las Autoridades de Regulación de los países Andinos.
Las autoridades de regulación de la televisión en los países andinos se crean mediante leyes en las que señalan la naturaleza, autonomía financiera, objeto, funciones y composición. Son instituciones públicas y no todas poseen independencia administrativa ni financiera. Al contar con el respaldo jurídico a través de leyes orgánicas se atiende el respeto a los derechos fundamentales, cuya cautela es una de las premisas que ánima el debate y creación de órganos de regulación. El marco legal permitiría que los órganos de regulación de los países andinos promuevan y velen por que los ciudadanos ejerzan sus derechos y expresen libremente sus opiniones en sociedades democráticas.
Aunque no existe autonomía administrativa y financiera para todos los reguladores del área andina sus leyes de creación disponen que el objeto, su razón de ser, sea la regulación y control de la televisión, aún en el caso más distante que es Bolivia no hay una desvinculación completa porque mantiene relación con actividades de telecomunicación. Este marco denota la valoración de la televisión y su impacto en la democratización de la comunicación.
Las funciones de las autoridades de regulación son varias, pero coinciden en ocho aspectos que abarcan elementos administrativos, de supervisión del espectro radioeléctrico, derecho a la comunicación, sanción, relaciones internacionales, televisión pública, industria e investigación académica. Se pretende cubrir desde los elementos constitutivos de la relación entre ciudadanos hasta evaluar los impactos de las nuevas formas de comunicación. Son 34 las funciones que en conjunto realizan las autoridades de regulación del área andina, de estas 13 cumple la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia, éste es el regulador que más funciones ejecuta en la relación de la televisión y la protección de los televidentes.
Las funciones de los reguladores tienen como factores comunes, al igual que el objeto, los derechos a la comunicación y las libertades de expresión e información, considerando que deben desarrollarse en una economía de mercado, pretenden ubicar condiciones para las relaciones de las personas en tanto son ciudadanos y agente económicos.
La primera hipótesis de la investigación: “Las autoridades de regulación de la televisión del área andina se crearon a través de leyes pertinentes sobre sus roles, composición y financiamiento” se cumple conforme se aprecia en la información presentada en los cuadros 1, 2 y 3.
De acuerdo a su conformación, las autoridades de regulación guardan relación con el Poder Ejecutivo de sus gobiernos y aunque medie una instancia de revisión y apelación para la designación de los integrantes siempre estará presente el riesgo de influencia de los grupos políticos en el poder. Los consejos de regulación de Colombia, Ecuador y Perú incluyen a representantes de la academia y la sociedad civil, pero esto que debería ser un elemento importante para una mayor pluralidad y profundidad en las decisiones, no cuenta con garantías de cualificación de sus integrantes, excepto en Colombia, por lo tanto, no existen garantías de órganos profesionales y en lo posible libres de influencias políticas o económicas.
En lo referente al soporte constitucional que tendrían las autoridades de regulación del área andina debe señalarse que no ocurre en todos los casos. Únicamente la Constitución Política de Colombia en su Art. 77 señala que Autoridad Nacional de Televisión es una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. Por lo tanto, la segunda hipótesis: “La creación de las autoridades de regulación de la televisión del área andina tiene el soporte constitucional pertinente sobre la independencia del órgano regulador” no se cumple.
Finalmente y luego de conocer las resoluciones tomadas por los reguladores se determina que en el último año han normado en su mayoría aspectos administrativos, han existido pocas decisiones relacionadas con protección y promoción de los derechos a la comunicación. En Ecuador y Perú se han considerado los derechos de los ciudadanos en lo relacionado al acceso a la televisión digital terrestre y contenidos emitidos hacia niños y adolescente. Llama la atención que sea poca la actualización de resoluciones publicadas en los sitios Web de las autoridades de regulación de Perú y Colombia. Luego de conocer las resoluciones de los reguladores del área andina puede concluirse que no hay suficiente evidencia que permita asegurar que promueven la justicia, la libertad de expresión, la programación de servicio público y la accesibilidad para el público en general, con lo cual la tercera hipótesis no es aceptada. También debe señalarse que para contar con un criterio más exacto deberían estudiarse a fondo los antecedentes y justificación de cada resolución, lo que en relación a la presente investigación es una futura línea de trabajo.
En correspondencia a los estándares de la Unesco las autoridades de regulación del área andina deben avanzar hacia contar con mayores elementos tanto en normas jurídicas como reglamentarias que permitan asegurar, en conjunto, que hay garantías de independencia del sistema regulador. Pese a no contar con evidencia que demuestre interferencia partidista o comercial en las decisiones de los reguladores no se dispone de elementos en las leyes de constitución que blinden, promuevan o cualifiquen la conformación y completa independencia de los reguladores.
Falta también avanzar hacia condiciones que aseguren que los integrantes de las autoridades de regulación sean elegidos mediante procesos transparentes y democráticos diseñados para minimizar el riesgo de la interferencia partidista o comercial. En cuanto a la autonomía financiara deberían explicitarse las fuentes de los fondos, pero en general se garantiza un financiamiento adecuado y consistente.
Aún queda camino por andar, pero existen condiciones favorables para que las autoridades de regulación de la televisión en el área andina promuevan y garanticen los derechos a la comunicación lo que derivaría hacia mayores niveles de democracia en cada país.
*Investigación financiada. El artículo es fruto del proyecto de investigación “La transición hacia la televisión digital en la región” que forma parte del programa de investigación en Educomunicación y Cultura Digital en la Zona 7 de Ecuador financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Fecha de inicio del programa: 05 de enero de 2015. Fecha de terminación del programa: 23 de diciembre de 2016. 5. Referencias bibliográficas
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DOI: 10.4185/RLCS-2016-1118 - En el interior de un texto:
… A Suing, C Ortiz, V González (2016: 730 a 749)…
… A Suing et al, 2016 (730 a 749)…
Artículo recibido el 15 de julio de 2016. Aceptado el 20 de julio.
Publicado el 29 de julio de 2016.

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