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Timestamp: 2019-09-19 02:54:22+00:00

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﻿ Sentencia 1996-00104 de marzo 27 de 2014
SENTENCIA 1996-00104 DE 27 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL – RECLUTAMIENTO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. ES UNA CARGA DEL EJÉRCITO NACIONAL IDENTIFICAR, MEDIANTE LOS EXÁMENES FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS QUE SE PRACTICAN ANTES DEL RECLUTAMIENTO DE LOS CONSCRIPTOS, A AQUELLOS ASPIRANTES O CANDIDATOS QUE PRESENTARAN ENFERMEDADES MENTALES O PREDISPOSICIÓN PARA SUFRIRLAS, PUES ES INDUDABLE QUE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE DESEMPEÑA EL SERVICIO DE LAS FUERZAS MILITARES, NO SON LAS ADECUADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE UN BUEN ESTADO DE SALUD DE PERSONAS CON PROPENSIÓN MÓRBIDA A SUFRIR ATAQUES PSICÓTICOS. ASÍ, CUANDO LOS CUERPOS ARMADOS DEL ESTADO FALLAN EN LA REALIZACIÓN DE ESOS EXÁMENES, Y PERMITEN EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAS QUE PADECEN CONDICIONES MENTALES QUE PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO ANORMALES SE CONFIGURA LA FALLA DEL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, SERVICIO MILITAR, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ENFERMEDAD MENTAL
Sentencia 1996-00104 de marzo 27 de 2014
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN II
Radicación: 08001-23-31-000-1996-00104-01
Demandante: Luis Alberto Aguilar y otros
7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en un proceso que, por su cuantía (fl. 15, cdno. 1)(3), tiene vocación de doble instancia.
8.1. El señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, nacido el 14 de enero de 1976, es hijo de los señores Luis Alberto Aguilar y Alba Moreno, y hermano de Zuleima, Liliana y Diego Alberto Aguilar Moreno, según se observa en las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento arrimados al expediente (fls. 3-6, cdno. 1).
8.2. Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio Nacional “José Hilario López”, del cual egresó el 16 de julio de 1993 por culminación del ciclo académico. Como estudiante de dicho centro educativo, fue exaltado mediante la Resolución 70 del 16 de julio de 1983 (fl. 96, cdno. 1) “Por la cual se condecora el mejor alumno del undécimo grado de cada una de las tres jornadas del colegio durante el período lectivo 1992-1993”, expedida por la rectoría del aludido centro educativo, en la que se resolvió “PROCLAMAR como MEJOR ALUMNO, del grado undécimo de BACHILLERATO, jornada de la mañana, a YIMMY OSWALDO AGUILAR MORENO” [resaltado y mayúsculas del original], todo ello según certificaciones y constancias remitidas al proceso por las autoridades competentes del aludido colegio (fls. 91-99, cdno. 1).
8.3. El señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno prestó su servicio militar obligatorio como soldado conscripto del Ejército Nacional, hecho respecto del cual no se presentó controversia a lo largo del proceso, y que está acreditado con las afirmaciones que se vierten en un acta elaborada por la junta médico laboral de la entidad demandada (fl. 88 y ss., cdno. 1).
8.4. A partir del mes de marzo de 1994, cuando el conscripto Jimmy Orlando Aguilar Moreno prestaba sus servicios de soldado en un batallón de Policía Militar en Barranquilla, exhibió un estado de ánimo y unos comportamientos que resultaron anormales para sus compañeros y superiores en la escala de mando, razón por la cual fue llevado a diversos centros asistenciales y, posteriormente, licenciado del servicio por incapacidad para la prestación del mismo. Este hecho fue relatado en el testimonio que, dentro del proceso contencioso administrativo, rindió el señor Paulo César Palta Herrera quien, para la época de los hechos, estaba prestando su servicio militar en el mismo batallón del demandante. Dijo el declarante:
... Yo sí conozco a Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, desde cuarto, quinto y sexto de bachillerato, éramos compañeros de estudio, después de que salimos del colegio nosotros nos fuimos para el Ejército, salimos como el día 9 de julio de 1994 de prestar servicio pero no recuerdo la fecha exacta en que ingresamos, pero fue en el año 1993, primero nosotros con Jimmy nos tocó prestar el servicio en el mismo batallón, era el batallón de Policía Militar de Barranquilla, en el barrio el Paraíso, pero yo estaba en otro pelotón con distinto alojamiento y Jimmy estaba o le tocó en otro dentro del mismo batallón, en el ballón(sic) estuvimos, luego, después de jurar bandera, a todos los de la compañía nos dieron licencia por doce días para abandonar el batallón, después de terminada la licencia, nos incorporamos otra vez al mismo batallón, luego de eso dividieron los batallones, dejan a unos ahí mismo y a otros los mandan para las bases, a mí me tocó en la base del Puente Pumarejo en Barranquilla y a Jimmy le tocó ahí mismo, en el mismo pelotón, los primeros días el hombre estaba bien, respondía a todo, luego ya pues, tuvo presión de un cabo de apellido Gutiérrez, la presión consistía en que él quería que Jimmy hiciera todo, lo poma a voltear por todo, le hacía dar vueltas por toda parte, hacer ejercicios, le decía soldado pernicia, por todo le decía que a tierra, traiga la tula, de ahí se empezaron a notar bastantes cambios en el él, porque él era una persona que comía demasiado, dejó de comer, no dormía cuando le tocaba descansar, se mantenía por allá dando vueltas, diciendo cosas raras, y el hombre nos comentaba que el cabo se la tenía montada, porque si él estaba durmiendo, lo llamaba, lo despertaba, porque si Jimmy terminaba guardia, tenía que seguir prestando la guardia porque el cabo le decía que sí no la prestaba lo ponía a voltear, hacer ejercicios, entonces el hombre comenzó a no entenderle a nadie, como el cabo lo mantenía con presión, Jimmy hablaba era de eso que el cabo me la tiene montada... hablaba era de eso, un día él se desnudó, se tiró al tanque donde nos llevaban el agua a nosotros, es como un aljibe, el hombre no sabía nadar, entonces ya se quería como ahogar allá dentro, nos tocó que tirarnos a sacarlo, luego una vez yo estaba de guardia en el Puente Pumarejo yo solté la guardia y cuando llegué a la base el sargento me dijo que fuera a controlar a Jimmy porque no le entendía a nadie, yo lo llamé y le dije que qué era lo que le pasaba, él me dijo que quería matar al cabo, él estaba en un puesto de guardia donde había otro compañero Peñaranda... entonces Jimmy, le decía a Peñaranda que lo matara, que él no aguantaba más, entonces Peñaranda estaba asustado porque Jimmy estaba con su fusil, entonces luego a mí me tocó que coger Jimmy, hubo que quitarle el fusil, el hombre se quería matar, amarrarlo con una manila, vestirlo porque se había quitado el camuflado, la camisa y la camiseta, sacarlo de la base a la carretera y en un bus lo llevamos para el batallón, él habló directamente con el coronel, el coronel me dijo que lo lleváramos a una clínica, a él lo llevaron a una clínica, no recuerdo el nombre de la clínica, de ahí me tocó que regresarme a la base, de ahí sé que a Jimmy lo trasladaron para Bogotá, ya como a los dos o tres meses fue que el hombre regresó a Barranquilla, ya estábamos en otra base, no recuerdo el nombre, donde habían unos polvorines de Indumil... estuvo con nosotros unos días, pero estaba mal, a mí me reconocía, conmigo no tenía ningún problema, pero con los demás no los reconocía, se le olvidaban los nombres, y me decía que ese cabo que todavía ahí, mantenía como esa sicosis con el cabo, él permaneció con nosotros unos 15 días, durante ese tiempo el sargento y el teniente no permitían que él hiciera nada, lo dejaron desarmado, él mantenía en el alojamiento o por ahí dando vueltas en la base, ellos como que no encontraron más nada, sino devolverlo definitivamente para la casa, él regresó el día que ya salimos, fue al batallón por la libreta porque es personal la entrega, pero el hombre no había mejorado en nada, si porque el hombre cambió la personalidad totalmente, él era una persona muy callada, muy de su casa, y ahora ya salía mucho, ya decía palabras fuertes el hombre… (fls. 69-71, cdno. 1).
8.5. El 1º de febrero de 1994, el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno fue internado en el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario “San Isidro” de Cali, en donde se elaboró una historia clínica cuyos datos fueron remitidos al presente proceso mediante oficio del 8 de julio de 1998, suscrito por el gerente del hospital, en el cual se consignó (fls. 97 a 99, cdno. 1):
Nº DE HOSPITALIZACIONES A LA FECHA: Tres
EVOLUCIÓN DEL CUADRO CLÍNICO: Febrero 1º de 1994, Paciente que consulta por cuadro de 2 meses de evolución, en ese momento se encontraba prestando servicio militar en Barranquilla empezó a presentar cambios en el comportamiento, se desvestían en el batallón, se metía en un tanque, intentó arrojársele a un carro, no comía ni dormía, fue valorado por médico que formula stelazine y benadril. Estuvo 13 días en el Hospital Mental de Barranquilla, mejoró y le dieron salida. Regresó a Cali, permanecía pensativo, soez, disminución del apetito, afecto plano, suspicaz, asindético, en ocasiones incoherente, delirios referenciales, persecutorios y grandiosos mal sistematizados, alucinaciones auditivas y visuales, hacen diagnóstico de psicosis esquizofreniforme de la adolescencia, se manejó con stelazine 20 mg/d, akineton 4 mg/d, sinogán 25 mg/noche.
El paciente evoluciona favorablemente, iba a ser trasladado al Hospital Militar en Bogotá, en vista de que nunca llegaron por el paciente y por su buena evolución, deciden dar salida en febrero 9 de 1994. Posteriormente asistió a 3 controles por consulta externa en mayo 27 de 1994, agosto 22 de 1994, septiembre 22 de 1994; en las dos primeras consultas persistía con afecto hostil, soez, ideas referenciales mal sistematizadas, se aumentó la dosis de stelazine de 5 mg/d a 20mg/d progresivamente.
En la última consulta encontraron que el paciente había tenido buena evolución, disminuyeron stelazine a 10 mg/d, piportil/mes, fenergan 50 mg/noche, akineton 4 mg/d. El paciente no volvió a controles.
Abril 26 de 1995. Hospitalización 2, con historia de haber suspendido los medicamentos hace 4 meses, cuadro de 4 días con cambios de comportamiento, se enojaba con facilidad, so tornó logorreico, aceleración motriz, actitud hostiI, soez, no dormía no comía, el día de ingreso se tornó agresivo de hecho con el padre, encuentran paciente con aceleración psicomotriz, logorreica, incoherente, negativista, experiencias de pasividad, lectura del pensamiento, autista, alucinaciones auditivas formadas, alucinaciones visuales no formadas, se hace diagnóstico de 1) Síndrome esquizofreniforme, a) Episodio esquizofrénico agudo, b) Psicosis tóxica; se manejó con largactil 600 mg/d, sinogan 25 mg/d, akineton 4 mg/d. EI paciente evoluciona satisfactoriamente y dan salida en mayo 8 de 1995, con igual medicación.
Mayo 15 de 1995. Consulta por el servicio de urgencias con cuadro de dos días sin dormir, se quejaba de cefalea y prurito generalizado, incoherencia, encuentran paciente inquieto, afecto aplanado, suspicaz, hostil, irrelevante en ocasiones, asindético, ideas místicas, no alucinaciones, hostil, demandante, deciden hospitalizarlo y suspenden largactil, se manejó con stelazine 30 mg/d, akineton 6 mg/d, sinogan 50 mg/noche, se hace diagnóstico de síndrome esquizofreniforme, a) Episodio ezquizofrénico agudo. El paciente evoluciona favorablemente, dan salida en mayo 25 de 1995 con igual medicación. El paciente no vuelve a controles.
EXÁMEN FÍSICO Y PSIQUIÁTRICO. Mayo 24 de 1995. Paciente con ropa del servicio, colaborador, psicomotor normal, afecto aplanado, pensamiento normal, coherente, relevante, logorreico, no se evidencian delirios, lípico, no alteración de la sensopercepción ni del sensorio, juicio de la realidad no comprometido.
ANTECEDENTES PERSONALES: Producto de madre de 38 años, embarazo a término, no enfermedades neonatales, adecuado desarrollo sicomotor, ingreso al colegio a los 6 años, buen rendimiento escolar, terminó bachillerato a los 17 años.
PERSONALIDAD PREVIA: Era muy independiente, le gustaba mucho estudiar, tenía pensado estudiar ingeniería electrónica y trabajar para su familia.
ANTECEDENTES FAMILIARES: Buena relación con sus hermanos y padres. No hay antecedentes de enfermedad mental en la familia.
TRATAMIENTO ACTUAL: (Mayo/95)
Stelazine 30 mg/d, akineton 6 mg/d, sinogan 50 mg/d.
IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA DE TRABAJO:
1. ESQUIZOFRENIA DE TIPO DIFERENCIADA CRÓNICA (resaltado y mayúsculas del original).
8.6. Advertida la situación de enfermedad del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, el Ejército Nacional decidió llevar a cabo una junta médica para evaluar la aptitud del mencionado soldado para la prestación del servicio y, como conclusión, se determinó que era inhábil para continuar en la milicia, razón por la cual se le licenció. En la respectiva acta se consignó lo siguiente:
B. Análisis de la hoja de vida médica: EPISODIO PSICÓTICO AGUDO.
C. Antecedente del informativo: SIN.
II. CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS
PSIQUIATRÍA: 20-ABR-94: AFECCIÓN POR EVALUAR: ENERO-94, CON MANIFESTACIONES DE CARACTERÍSTICAS PSICÓTICAS.
DIAGNÓSTICO: HOSPITALIZACIÓN EN LA CLÍNICA DE LA PAZ DEL 10-FEB-94 A 10-MAR-94, SIENDO TRATADO CON HEUDÉPTICOS, SEDANTES Y ANTIPARKINSONIANOS CON MEJORÍA SIGNIFICATIVA DEL PROCESO MÓRBIDO. SE CONTINUÓ EN OBSERVACIÓN DE LA ENFERMERÍA DEL EJÉRCITO CON REDUCCIÓN DE MEDICAMENTO. TERAPIA GENERAL CON BUEN RESULTADO. ESTADO ACTUAL: ASINTOMÁTICO… Diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones: Episodio psicótico agudo.
Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de la capacidad sicofísica para el servicio: LE DETERMINA INCAPACIDAD RELATIVA Y PERMANENTE. NO APTO.
Evaluación de la disminución de la capacidad laboral; LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL TREINTA Y UNO PUNTO CINCO POR CIENTO (31.5%).
Imputabilidad del servicio: AFECCIÓN DIAGNOSTICADA EN EL SERVICIO PERO NO POR CAUSA Y RAZÓN DEL MISMO (mayúsculas del texto citado).
8.7. Una vez que el soldado Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno fue retirado del servicio militar, continuó presentando problemas en su salud mental, situación que implicó una desmejora en su calidad de vida y la de su familia, según lo describen los diferentes testimonios que se practicaron durante el proceso contencioso administrativo. Al respecto puede citarse la declaración del señor Sigifredo José Varela Ortiz (fl. 67 y ss., cdno. 1), en la que se dijo:
Pues él hizo el bachillerato, luego se lo llevaron para el cuartel, quedó de por ahí unos cuatro meses, lo mandó el batallón al psiquiátrico, yo fui a verlo, pero lo vi en malas condiciones, como psiquiátricamente muy mal, y de allí me di cuenta que del hospital lo regresaron no sé si fue al hospital o si fue al batallón, luego me di cuenta que del batallón lo habían enviado a la casa, lo dieron de baja o le dieron la baja, él apareció hasta sin libreta militar, puedo decir que antes de que se fuera Jimmy para el batallón las relaciones de él con su familia eran muy buenas, ellos compartían todo en la casa, ellos tenían esa tienda y con esa tienda se alimentaban, de esa tienda vivían, en general las relaciones en su familia eran buenas, Jimmy nunca tuvo problemas con su familia, era buen estudiante, creo que terminó el bachillerato como de 16 o 17 años más o menos, cuando llegó Jimmy del batallón a la casa los padres se deprimieron mucho, la mamá lo iba a visitar al psiquiátrico, ellos sufrieron mucho con el problema de Jimmy, los veía azarados… reunían entre ellos para llevarlo al hospital para la atención médica o psicológica, a los padres les dio muy duro encontrar en ese estado a su hijo a quien habían enviado sano, ese estado de Jimmy también afectó moralmente a los hermanos porque uno los veía azarados, preocupados por el estado del hermano menor, los hermanos me contaron que una vez que sacaban al hermano … éste por la condición en que se encontraba agredía a los hermanos...(4).
8.8. Mediante despacho comisorio, al señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno se le citó en dos ocasiones ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca “…con el fin de ser remitido al señor médico laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social... para dictaminar sobre la merma de su capacidad laboral y del goce fisiológico...” (fls. 105 y 106, cdno. 1), no obstante lo cual, en el proceso no se aprecia que el demandante hubiera comparecido.
8.9. Tal como se reseñó más arriba en los acápites correspondientes al trámite procesal —párr. 6—, la Sala de Subsección “B” oficiosamente dispuso requerir al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que efectuara, con base en su experticia, un estudio psiquiátrico en la persona de Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno con miras a clarificar algunos aspectos probatorios que permanecían oscuros de cara a la decisión que debía emitirse en el sub lite. En respuesta a dicha solicitud, al expediente se remitió el “Informe técnico médico legal psiquiátrico radicación interna 2014C-06010300010” calendado el 31 de enero de 2014, elaborado por una médico psiquiatra forense de la mencionada institución, quien consignó varias apreciaciones científicas en relación con el caso clínico del exsoldado, vertidas con base en las preguntas formuladas en el auto en el que se decretó la práctica del medio de convicción bajo análisis. Según lo menciona la psiquiatra, para la realización del dictamen se tuvieron en cuenta las técnicas fijadas por el estado del arte en la ciencia médica psiquiátrica, incluida la valoración de los antecedentes del paciente —con base en una copia de la historia clínica compulsada de las piezas procesales que reposan en el plenario—, así como también la realización de una entrevista de más de dos horas de duración, en la que el especialista indagó por los antecedentes del evaluado y plasmó sus impresiones respecto a los signos exhibidos por el señor Aguilar Moreno. Como resultado de la pericia, el Instituto Nacional el Medicina Legal y Ciencias Forenses consignó los siguientes datos y conclusiones que son de interés para el proceso:
Implementación del protocolo de evaluación básica y guías complementarias en psiquiatría y psicología forense, compilado, noviembre de 2012 del INMLCF, que incluye:
Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que implica:
— Estudio de la información allegada por el solicitante en la pericia —esto es, el Consejo de Estado—.
— Entrevista semiestructurada, examen mental y evaluación psiquiátrica forense.
— Diligenciamiento consentimiento informado, se toma huella dactilar de dedo índice derecho en el formato.
MOTIVOS DEL PERITAJE
Valoración psiquiátrica y/o psicológica forense… Qué es un trastorno esquizofreniforme de la adolescencia, cómo se diagnostica, cuáles son las causas que pueden determinar el surgimiento, cuáles son las causas que pueden determinar la ocurrencia de crisis psicóticas en personas que padecen de un trastorno esquizofreniforme de la adolescencia, qué actividades están contraindicadas para la persona que padece trastorno esquizofreniforme de adolescencia, es posible afirmar que el trastorno esquizofreniforme padecido surgió por el hecho de haber prestado servicio militar obligatorio, cuál es la posibilidad de que una persona que padezca trastorno esquizofreniforme de la adolescencia, padezca crisis propias de una enfermedad psiquiátrica por virtud de alteraciones de la vida cotidiana tales como cambio de residencia, interacción con nuevas personas, cambios en los hábitos, entre otras... según oficio sin número fechado del 10-04-2013, recibido el 2013-07-25...
El examinado es un hombre que viene con el abogado defensor, ingresa al consultorio por sus propios medios, mantiene contacto visual con el perito, suspicaz, psicomotor normal.
Apariencia: actitud cooperadora, viste adecuadamente para su género y edad, mostrando buen cuidado personal, con conocimiento de normas formales de interrelación.
Humor y afectividad: Afecto distrófico, humor congruente, niega ideas de muerte, niega ideación suicida o plan estructurado.
Lenguaje: Responde normalmente a estímulos del entrevistador, con buena producción, comprende las preguntas, contesta con utilización de lenguaje normal, se observa en buen desempeño en información.
Percepción: refiere alucinaciones auditivas, autorreferenciales ocasionales.
Contenido del pensamiento y tendencias mentales: proceso del pensamiento, agrupa las ideas y asociaciones normalmente, caracterizado por respuestas simples pero relevantes, ideación delirante de contenido paranoide con interpretación delirante.
Sensorio y cognición: Lúcido, orientado en tiempo, lugar y persona, memoria reciente y de fijación conservada, levemente disminuida la remota; concentración y atención levemente disminuidas, lectura y escritura adecuados, capacidad visoespacial normal, pensamiento abstracto levemente disminuido para lo esperado a la edad y procedencia sociocultural, información e inteligencia clínicamente con leve disminución para lo esperado a la edad y procedencia sociocultural.
Impulsividad: Con referencias a alteraciones en el control de impulsos en episodios psicóticos, reconoce las conductas sociales básicas.
Juicio e introspección: Debilitados.
Sueño: Insomnio de reconciliación ocasional.
Se trata de un adulto de área urbana y de estrato socioeconómico bajo proveniente de familia nuclear, siendo los padres los encargados de prodigar los cuidados necesarios para la estructuración de la personalidad del evaluado, con historia de trastorno mental psicótico desde los 18 años por lo que ha requerido varias hospitalizaciones en instituciones de salud mental.
En la actualidad recibe medicación antipsicótica (estelazine, sinogán) de forma irregular, no se controla psiquiátricamente desde hace varios años, y persista la sintomatología psicótica consistente en ideación delirante de contenido paranoide, alucinaciones auditivas autorreferenciales, insomnio ocasional, irritabilidad, leve deterioro cognitivo y alteración funcional con impacto importante por las repercusiones que se generan en su funcionamiento psicológico, la interacción social y laboral son propias del trastorno mental. Vive con una hermana que lo apoya y cuida de él y mantiene contacto frecuente con el resto de familiares especialmente con la madre.
Sobre la personalidad, en esta entrevista se detectan rasgos paranoides, impulsividad, es educado en lo social.
Por lo descrito anteriormente en la evaluación psiquiátrica realizada se evidencia sintomatología compatible con esquizofrenia indiferenciada.
A la evaluación psiquiátrica realizada al señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, se encuentra sintomatología psicótica de 20 años de evolución, compatible clínicamente con esquizofrenia indiferenciada Vs Paranoide.
Refiere además recuerdos recurrentes con vivencias padecidas como traumáticas en función de la prestación del servicio militar, lo que constituye reacciones emocionales.
En la personalidad en esta entrevista se detectan rasgos paranoides, impulsividad, es educado en lo social.
El inicio de la enfermedad fue durante la prestación del servicio militar, asociado al parecer de acuerdo con lo dicho por el examinado, con vivencias estresantes y dificultades en la adaptación al mismo.
De acuerdo con la información aportada por el solicitante de la pericia y a través de la historia clínica recopilada en la presente entrevista, encontramos que el entrevistado presenta el trastorno mental descrito que compromete la funcionalidad global. Se documenta tratamiento psiquiátrico desde el 01-02-1994, con historia de dos meses de evolución de los síntomas, realizándose inicialmente diagnóstico presuntivo de síndrome esquizofreniforme de la adolescencia (por presentar síntomas psicóticos de más de un mes y menos de seis meses de duración).
Durante los años subsiguientes y hasta el año 1998, informa el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario San Isidro Cali, que se controló por consulta externa y requirió otra hospitalización en el año 1995, por descompensación aguda de los síntomas psicóticos, y se realiza el diagnóstico de esquizofrenia tipo indiferenciada crónica (por la persistencia de síntomas psicóticos durante más de seis meses).
En los últimos años según lo relatado por el examinado, el curso de la enfermedad ha sido hacia la cronicidad y han persistido síntomas predominantes con ideas delirantes de contenido paranoide y alucinaciones auditivas sin grave alteración del comportamiento, por lo que es pertinente desde la nosología psiquiátrica vigente el diagnóstico de esquizofrenia indiferenciada Vs paranoide.
La esquizofrenia es uno enfermedad psiquiátrica caracterizada por un conjunto variable de síntomas que incluyen el delirio y las alucinaciones conocidos como los síntomas clásicos de la psicosis: la desorganización del pensamiento, síntomas deficitarios en función cerebral como la reducción de las emociones, el lenguaje, la motivación y la disminución de la función cognitiva. Los síntomas afectivos son muy comunes, particularmente la depresión. La esquizofrenia generalmente comienza durante la adolescencia o la adultez temprana y tiende a presentar un curso crónico fluctuante acompañado de incapacidad. Su diagnóstico es primariamente clínico, pero altamente replicable en manos de profesionales expertos.
La denominación de los trastornos mentales; se realiza desde la ciencia utilizando clasificaciones nosológicas. En Europa se utiliza el sistema de codificación de la clasificación internacional de enfermedades (10ª revisión) o CIE-10; de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en Norteamérica se ha desarrollado su propia clasificación DSM V de la American Psychiatric Association, las dos nosologías tienen consenso científico.
La denominación del trastorno en mención, se realizó de acuerdo a los criterios del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales —DSM— y se enuncia como trastorno esquizofreniforme. Este diagnóstico se realiza cuando se presentan características idénticas a la esquizofrenia con excepción de dos diferencias: la duración total de la enfermedad (incluidas las fases prodrómica, activa y residual) es de al menos 1 mes, pero de menos de 6 meses y no se requiere que exista deterioro de la actividad social o laboral durante alguna parte de la enfermedad (aunque puede haberlo). La duración exigida para el trastorno esquizofreniforme es intermedia entre la del trastorno psicótico breve (en el que los síntomas duran al menos 1 día, pero menos de 1 mes) y la esquizofrenia (en la que los síntomas se prolongan durante al menos 6 meses).
El diagnóstico del trastorno esquizofreniforme se establece de dos maneras. En la primera se aplica el diagnóstico sin otro calificativo cuando el episodio de enfermedad ha durado entre 1 y 6 meses y el sujeto ya está recuperado. En el segundo caso, el diagnóstico se aplica cuando un sujeto presenta síntomas, sin que hayan transcurrido 6 meses que se requieren para el diagnóstico de esquizofrenia. En este caso, el diagnóstico del trastorno esquizofreniforme debe calificarse de “provisional”, ya que no hay seguridad de que el sujeto vaya a recuperarse de la alteración dentro del período de 6 meses. Si la alteración persiste más allá de los 6 meses, debe cambiarse el diagnóstico por el de esquizofrenia.
Con respecto a la etiología de la enfermedad, la causa del trastorno esquizofreniforme, la esquizofrenia y los trastornos psicóticos es desconocida. Se plantea como una categoría diagnóstica que abarca un grupo de trastornos, probablemente de causa heterogénea, que exhibe diferentes presentaciones clínicas, respuestas el tratamiento y curso de la enfermedad. Las investigaciones realizadas en los últimos años iniciaron una nueva era de conocimiento de los factores de riesgo de la esquizofrenia. Por otra parte, los métodos de estudio del genoma completo han revolucionado el campo del mapeado genético de la esquizofrenia. Estudios genéticos recientes sugieren que la variación genética rara y la variación genética común tienen una función importante en la arquitectura genética de la esquizofrenia, que el modelo poligenético es correcto, e indican una superposición de los factores genéticos que confieren susceptibilidad a la esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos.
Sobre la actividad laboral, las expectativas laborales de los pacientes con trastornos psicóticos, deben estar ajustadas a las condiciones del paciente y a las exigencias del empleo, tratando de mantener la actividad laboral hasta donde sea posible y mediante una evaluación integrada se emiten recomendaciones laborales con la implementación de medidas de manejo de estrés agudo y crónico, que tiene valor en la profilaxis y terapéutica de los trastornos sicóticos. En este caso estarían contraindicadas para una persona que padece trastorno esquizofreniforme Vs. esquizofrenia, el uso de armamento, realización de turnos nocturnos, exposición a situaciones de alto estrés psíquico y clima laboral hostil.
No es posible afirmar que el trastorno esquizofreniforme por él padecido surgió por el hecho de haber prestado el servicio militar obligatorio. Pero sí es importante anotar que uno de los modelos explicativos de la etiología de estos trastornos mentales, es el modelo estrés-diátesis para la integración de factores biológicos; psicosociales y ambientales: una persona puede tener una vulnerabilidad específica (diátesis) que, cuando es afectada por un factor estresante, permite que se desarrollen los síntomas del trastorno esquizofreniforme o esquizofrenia, sin ser la causa.
Determinar con exactitud la posibilidad de que una persona que padece trastorno esquizofreniforme de la adolescencia, padezca crisis propias de una enfermedad psiquiátrica por virtud de alteraciones de la vida cotidiana tales como cambio de residencia, interacción con nuevas personas, cambios en los hábitos, entre otras, no es factible desde una ciencia probabilística como lo son las ciencias de la salud. Se dispone de información con respecto a la influencia del estrés agudo y crónico que, aunque no es el causante de la enfermedad, si influye en el inicio y curso de la misma.
El examinado requiere tratamiento psiquiátrico con controles periódicos y medicamentos permanentes, intervención psicosocial, terapia ocupacional y psicoterapia que, de acuerdo con los hallazgos de esta valoración, es susceptible de realizarse en modalidad ambulatoria.
Nota: la conclusión que se formula en el presente informe del resultado el estudio pericial del caso que nos ocupa, se refiere únicamente a la situación que existía en el momento de practicarse el estudio y con los elementos sumariales dispuestos por la autoridad, y por ellos los resultados no pueden extrapolarse a otras circunstancias o condiciones ambientales, por esta razón, en caso de producirse variación en sustancias o modificación de tales circunstancias, convendría una nueva valoración y efectuar un nuevo análisis situacional (fls. 214 y ss., cdno. ppal.).
9. Para emitir un pronunciamiento frente al asunto sub iudice, previa determinación de la existencia del daño cuya indemnización reclaman los demandantes, la Sala deberá dar solución al siguiente interrogante. Aun cuando se dirá que el régimen de responsabilidad aplicable para el juzgamiento del asunto concreto es el objetivo, en todo caso deberá establecerse si en el proceso se demostró que la enfermedad mental que padeció el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno fue causada por el maltrato que recibió durante el tiempo en que prestó su servicio militar obligatorio, como lo sostienen los actores, o si es una condición de salud que padecía el demandante desde antes de su incorporación al servicio, que es lo que se afirma en la sentencia de primera instancia como fundamento para negar las pretensiones de la demanda.
10. En lo que tiene que ver con el daño, la Sala considera que el mismo se encuentra demostrado en el proceso, comoquiera que con la historia clínica proveniente del hospital “San Isidro” de Cali, y con el acta de la junta médico laboral elaborada por el Ejército Nacional, pudo establecerse que en los primeros meses de 1994, el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno padeció un episodio psicótico que implicó su retiro del servicio militar, así como su reclusión en diversos centros asistenciales de salud mental, en los que pudo determinarse que el paciente presentaba una “psicosis esquizofreniforme de la adolescencia”, que se materializó en comportamientos que resultaban peligrosos, tanto para él como para sus compañeros de milicia.
10.1. De acuerdo con los testimonios rendidos dentro del proceso, la enfermedad mental que padecía el señor Jimmy OswaIdo Aguilar Moreno, implicó para él un radical cambio en su estilo de vida comoquiera que, de ser un estudiante destacado en su época de bachillerato, pasó a ser una persona taciturna y nerviosa, cuya salud era dependiente de consultas médicas y del consumo de fármacos para el control de su condición mental, lo que le ha impedido desplegar las actividades que normalmente desarrollaba antes de que su enfermedad mental tuviera manifestación externa. Tal situación, indudablemente, implicó para el mencionado demandante un cambio en la vida del exsoldado(5), la cual puede definirse como el daño que se cause a “...cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tulelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración o indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia...”(6). Ahora bien, cuando la mencionada alteración proviene de un menoscabo de la salud del sujeto, debe hablarse de daño a la salud, tal como lo dejó definido la Sala Plena de la Sección Tercera, en los siguientes términos:
En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio material, diferente del moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones(7).
10.2. De manera que las pruebas del plenario dan plena cuenta de que el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno sufrió un daño en su salud, pues su estado psicofísico se vio afectado por las crisis esquizofrénicas que tuvieron lugar a partir del mes de febrero de 1994, cuando se encontraba prestando servicio militar obligatorio en un batallón del Ejército Nacional en la ciudad de Barranquilla.
10.3. Los testimonios también dan cuenta del sufrimiento que para la familia del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, ha implicado la condición mental de éste, en la medida en que tanto los padres como los hermanos se han visto compelidos a prestar todas las atenciones que demanda el cuidado de un enfermo mental, con las características que exhibe el caso clínico del mencionado señor.
10.4. Del mismo modo debe decirse que, comoquiera que en el proceso se demostró la relación de parentesco en el primer y segundo grados de consanguinidad que existe entre el enfermo y los señores Luis Alberto Aguilar (padre) Alba Moreno (madre), Zuleima Aguilar (hermana), Liliana Aguilar Moreno (hermana) y Diego Alberto Aguilar Moreno (hermano), entonces puede inducirse que la afectación psicofísica que ha sido padecida por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, implicó para sus familiares cercanos una situación de congoja y dolor(8).
10.5. En lo que tiene que ver con los daños de orden material, respecto de los cuales se dice en la demanda que existe un lucro cesante padecido por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, correspondiente a los salarios dejados de percibir porque supuestamente perdió el 100% de su capacidad laboral, la Sala estima que en el proceso no hubo demostración en tal sentido y, antes bien, cuando se solicitó al demandante que compareciera ante el médico legista del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, el mencionado señor se abstuvo de asistir a la respectiva diligencia, razón por la cual resultó imposible determinar si era cierto que la pérdida de la capacidad laboral del demandante fue total.
10.6. No obstante, en el informe elaborado por la junta médico laboral del Ejército Nacional, se determinó que la afectación de la salud mental padecida por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno “…le produce una disminución de la capacidad laboral del treinta y uno punto cinco por ciento (31.5%)...”, afirmación esta que demuestra que, si bien no fue total para el demandante la pérdida de la posibilidad de trabajar, el daño por lucro cesante sí se produjo, pues hubo una pérdida de la capacidad labor en un porcentaje de 35.1%.
10.7. En el orden de ideas anteriormente expuesto, la Sala estima que en el proceso se evidenciaron daños de tipo material e inmaterial, razón por la cual será procedente su indemnización, en caso de que se estructure responsabilidad a cargo de la entidad demandada, lo cual pasa a estudiarse en lo subsiguiente.
11. En lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad aplicable para la solución del caso concreto, debe precisarse que la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue entre la responsabilidad aplicable a la administración por daños sufridos en ejercicio del servicio militar obligatorio —y con ocasión del mismo—, de la que surge de aquellos daños padecidos por un integrante de las Fuerzas Armadas incorporado voluntariamente al servicio. Dicha distinción tiene su fundamento razonable en que mientras en el primer caso la prestación del servicio militar es impuesta a algunos ciudadanos por el ordenamiento jurídico(9), en la segunda eventualidad, por su parte, la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, con lo que asume los riesgos inherentes que implica el desempeño de la carrera militar.
11.1. Lo anterior implica que las personas que prestan servicio militar obligatorio, sólo están obligadas a soportar las cargas que son inherentes a éste, tales como la restricción a los derechos fundamentales de libertad y locomoción; pero no los riesgos anormales o excepcionales(10). En contraste, quienes prestan el servicio en forma voluntaria, asumen todos aquellos riesgos que naturalmente están relacionados con el desempeño de las actividades de la milicia.
11.2. Del mismo modo, si se trata de determinar la responsabilidad en el caso de los daños causados a quien presta servicio militar obligatorio; la imputación se hace con base en la teoría del riesgo excepcional, bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad. No obstante, en aquellos casos en los que aparezca demostrado que el daño se ha producido a causa de un deficiente funcionamiento del servicio porque —por ejemplo— existe un incumplimiento de las obligaciones y deberes que tiene el Estado para con este tipo de soldados, se aplicará también el régimen subjetivo de falla probada del servicio, evento este en el cual los dos regímenes de responsabilidad —objetivo y subjetivo— coexisten y no se excluyen(11).
11.3. Así, frente a los perjuicios ocasionados a soldados que prestan el servicio militar obligatorio, comoquiera que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado al someterlos a la prestación de un servicio, que no es nada distinto a la imposición de un deber público, entonces la organización estatal debe responder por los daños que provengan i) de un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado, ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(12).
11.4. No debe perderse de vista que, en tanto el Estado imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado, pues se trata de una persona que se encuentra sometida a la custodia y cuidado de aquél y, si en determinadas situaciones dicha persona se ve envuelta en una situación de riesgo, ello implica que la administración debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública, a menos que demuestre que el daño provino de una causa extraña.
11.5. Igualmente, en relación con los soldados que prestan servicio militar obligatorio, el principio iura novit curia reviste una característica especial, toda vez que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado, con fundamento en uno cualquiera de los regímenes de imputación antes mencionados, para lo cual deberá tener el que mejor se adapte al caso materia de estudio(13).
11.6. En lo que tiene que ver con la posibilidad que tiene la administración de exonerarse de responsabilidad, en cada caso concreto en el que se invoque por parte de la entidad demandada la existencia de una causa extraña como generadora del daño, será necesario analizar los detalles de tiempo, modo y lugar en que se produjo el mismo, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido co-causalmente a su generación. En consecuencia, la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material de los daños ocasionados a conscriptos, no es suficiente para que el menoscabo sea considerado como no atribuible a la administración pública, pues se requiere, además, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le sería imputable fáctica o jurídicamente.
11.7. Se afirma lo anterior en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño, sea la actuación o el hecho de un tercero o de la propia víctima pero que, en todo caso, tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, caso en el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad pues, aún en esa eventualidad, es posible que le sea atribuible jurídicamente el daño(14).
11.8. En el caso concreto, se demostró por parte de los demandantes que el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno estaba prestando su servicio militar en condición de soldado bachiller conscripto, lo cual es una afirmación que se ha hecho a lo largo del proceso —desde la presentación del libelo introductorio—, y que no ha sido controvertida por la demandada en la contestación de la demanda y demás alegaciones. Igualmente, en los varios informes médicos que reposan en el expediente, incluido uno que fue rendido por la junta médica del Ejército Nacional, se hace mención del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno como un soldado que se encontraba prestando su servicio militar obligatorio en calidad de bachiller, razón por la cual es posible afirmar que se trata de un conscripto y, en ese orden, el litigio podría ser resuelto con base en un régimen objetivo de responsabilidad.
11.9. De todas formas, como el criterio jurisprudencial de la Sala ha sido que en aquellos casos en los que se alegue y/o demuestre la existencia de una falla del servicio, la misma debe ser estudiada con miras a generar mensajes a la administración para que enderece la prestación del servicio a parámetros de corrección; entonces en el caso concreto se estudiará primero el tema de la falla del servicio que alegan los demandantes y posteriormente, para ahondar en argumentos, se demostrará que, aún si no hubiera sido evidenciado un defecto en la prestación del servicio por parte de la entidad demandada, sería posible endilgarle responsabilidad, con aplicación de los parámetros básicos del régimen objetivo de responsabilidad.
12. Así, en lo que tiene que ver con la falla de la administración, aunque en el libelo introductorio y en el recurso de apelación se alega que el Ejército Nacional incurrió en un defecto del servicio por el supuesto mal trato que fue dispensado al exsoldado Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno por parte de uno de los suboficiales que estaba a su mando, la Sala considera que, si bien en el expediente reposa el testimonio del señor Paulo César Palta Herrera que dice que al demandante se le imponían cargas extraordinarias y se le proferían insultos, lo cierto es que dicha prueba no es suficiente, por sí sola, para afirmar que el demandante fue sometido a tratos extremadamente rudos, que no hubieran sido los normalmente dispensados a los demás soldados que estaban prestando servicio militar obligatorio lo cual se corrobora por el hecho de que en el expediente no reposa actuación disciplinaria alguna surgida de los maltratos que supuestamente se le dispensaron al hoy accionante en reparación.
12.1. Frente a lo anterior debe precisarse que, aunque todo lo que fue dicho por el mencionado testigo ofrece credibilidad, la Sala considera que la afirmación de que un cabo de apellido Gutiérrez, “...quería que Jimmy hiciera todo, lo ponía a voltear por todo, le hacía dar vueltas por toda parte, hacer ejercicios, le decía soldado pernicia, por todo le decía que a tierra…”, por sí sola no implica que al exconscripto se le hubiera dispensado un trato que estuviera por fuera de los reglamentos del Ejército, pues el trato fuerte de los superiores a los inferiores en la cadena de mando, siempre que esté dentro de los parámetros de racionalidad y respeto a los derechos humanos, es una característica propia de la disciplina militar.
12.2. Así las cosas, la Sala considera que con las afirmaciones vertidas por el testigo Paulo César Palta Herrera no se demuestra que el demandante hubiera sido sometido a una presión extraordinaria por parte de sus superiores, pues lo cierto es que la mayoría de las afirmaciones vertidas por el declarante, son apreciaciones personales que requerirían ser contrastadas con los puntos de vista que pudieran tener otros testigos de los hechos, lo cual es imposible de llevar a cabo en el presente proceso, en razón a que en el expediente no reposan otros testimonios que corroboren las apreciaciones fácticas de los demandantes. Así las cosas, la Sala considera que no es posible predicar la existencia de una falla del servicio por los supuestos malos tratos que le habrían sido dispensados al señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno.
12.3. Antes bien, en el expediente se observa que cuando las autoridades militares se percataron de que la salud del demandante no estaba bien, realizaron las gestiones que eran necesarias para que el soldado fuera remitido lo antes posible a una clínica, lo cual efectivamente se realizó, según se corrobora de los informes que reposan en el expediente y que fueron aludidos en el acápite de hechos probados de esta providencia.
12.4. A pesar de lo anterior, la Sala considera que en el proceso sí se demostró la ocurrencia de una falla del servicio, pero por motivos diferentes, según pasa a explicarse:
12.4.1. En efecto, en el expediente está evidenciado que el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno fue ingresado al Ejército Nacional para que prestara su servicio militar obligatorio, y al momento de su admisión no se advirtió por parte de la entidad demandada que aquél padecía una enfermedad mental —o una predisposición a padecerla—, situación que, de haberse percatado en forma oportuna, lo habría convertido en una persona no apta para la prestación del servicio militar.
12.4.2. Así, al no advertir esa situación, a pesar de que dentro de los protocolos de ingreso de los soldados al Ejército se practican exámenes físicos y psicológicos a los aspirantes(15), la entidad demandada incurrió, a juicio de la Sala, en una evidente falla del servicio que, según se verá en acápites ulteriores, tiene nexo de causalidad con las crisis psicóticas que el conscripto padeció durante su desempeño militar, en la medida en que se trata de afecciones de salud que fueron padecidas durante la prestación del servicio y con ocasión del mismo.
12.4.3. Para la Sala es inaceptable que, a pesar de la minuciosidad con que deben practicarse los exámenes de ingreso al Ejército Nacional, se hubiera permitido que una persona con predisposición para el padecimiento de enfermedades mentales, hubiera sido reclutada para la prestación del servicio militar en una fuerza armada que, por las características de las actividades bélicas que despliega, tiene un ambiente que indiscutiblemente es contraproducente para una persona que padece, o tiene predisposición a padecer, trastornos psíquicos, punto en el cual es muy diciente el informe rendido por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando allí se consigna que en el caso del señor Jimmy Oswaldo Aguilar eran “… contraindicadas para una persona que padece trastorno esquizofreniforme Vs. Esquizofrenia el uso de armamento, realización de turnos nocturnos, exposición a situaciones de alto estrés psíquico y clima laboral hostil...”.
12.4.4. En este punto se pone de relieve que la prestación del servicio militar es una carga que de forma obligatoria se impone a algunos ciudadanos, de tal manera que, una vez que se ha clasificado a una persona como apta para ingresar al Ejército Nacional, ello constituye una orden perentoria para que el ciudadano se someta a la prestación del servicio. Por tal razón, le es exigible a la entidad reclutadora que ejerza un control minucioso y detallado respecto de las condiciones de salud de aquellas personas que son sometidas a la prestación del servicio, pues constituiría un error de graves consecuencias, tanto para las Fuerzas Armadas como para las personas reclutadas, el que ingresen a la milicia aspirantes que padecen dolencias de salud que, eventualmente, pueden implicar un serio peligro tanto para su propia integridad física, como para la seguridad de la institución misma en sus componentes humanos y materiales.
12.4.5. Podría argumentarse en contra de lo anterior que no existe en la medicina un examen que permita determinar, a ciencia cierta y con total grado de seguridad, cuáles personas sufren o son propensas a padecer enfermedades mentales, lo que constituiría un motivo para eximir de responsabilidad a la entidad demandada por aplicación de la teoría de la relatividad en la falla del servicio(16). No obstante, la Sala considera que dicha teoría no es aplicable al caso concreto por cuanto, por un lado, el Ministerio de Defensa Nacional no demostró que hubiera utilizado todos los medios técnico científicos que tenía a su alcance para evaluar la salud mental del ex conscripto Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno al momento de su reclutamiento y, por otra parte, porque el servicio militar obligatorio es una carga que se impone al ciudadano, de manera que no sería razonable y justo hacer recaer sobre el particular las consecuencias del empleo de exámenes diagnósticos imperfectos para la selección del personal apto para ingresar a la institución castrense. En otros términos, la falibilidad de los mecanismos utilizados para la selección de las personas aptas para el servicio, es un riesgo que debe asumir la entidad reclutadora, pues la persona reclutada ya está soportando la carga de la prestación de un servicio en forma obligatoria.
12.4.5.1. Frente a este punto, es pertinente que la Sala ponga de relieve que en el informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se dejó en claro que, aun cuando las enfermedades psiquiátricas son afecciones cuyo diagnóstico depende del análisis de múltiples factores, su detección es posible cuando los exámenes son realizados por personas instruidas para tal fin o, en los términos del dictamen, “…su diagnóstico es primariamente clínico, pero altamente replicable en manos de profesionales expertos...”.
12.4.5.1.1. Con base en dichas afirmaciones, para la Sala es claro que sí existen en el estado del arte de la ciencia médica, procedimientos científicos encaminados a la detección de casos en los que las personas son propensas al padecimiento de enfermedades como las que se describen en los hechos del presente caso, análisis cuya práctica debe ser encargada a profesionales que sean expertos en el estudio de este tipo de casos, que es precisamente lo que brilla por su ausencia en el caso de autos.
12.4.5.2. Ello quiere decir que si una persona ingresa al servicio militar obligatorio sin que se le realicen los exámenes que son pertinentes para detectar el tipo de afecciones que se discuten en el sub lite, en el evento en que lleguen a manifestarse estas últimas por causas imputables a las actividades desempeñadas en conscripción, entonces debe la entidad pública soportar las consecuencias de haber admitido a un soldado con tendencias mentalmente mórbidas y, en el mismo orden, deben indemnizarse los perjuicios que para él se generaron debido a la manifestación o empeoramiento de las afectaciones en la salud.
12.4.5.3. No se pasa por alto que en un caso reciente, la Sala se abstuvo de declarar responsabilidad a cargo de la administración, pero bajo la consideración de que no existían en el plenario de aquella oportunidad pruebas científicas que explicaran el surgimiento de la afectación fisiológica del paciente, y en atención a que la enfermedad mental del paciente fue detectada durante el proceso de incorporación del conscripto. Dicho caso difiere notoriamente del que es ahora materia de estudio, en el cual se reprocha —precisamente— el que se hubiera incorporado al soldado sin que se detectara la predisposición mórbida de la condición mental del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, lo cual debería haberse encontrado si los exámenes previos al ingreso se hubieran hecho de forma diligente(17).
12.4.5.4. En el presente caso para la Sala es claro que, si bien es posible que el “trastorno esquizofreniforme de la adolescencia” existiera desde antes de la vinculación del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno al servicio, en el entendido de que las afecciones psíquicas crónicas no aparecen de un día para otro y, antes bien, suelen tener un desarrollo que involucra la historia vital del paciente —como se dijo en el dictamen pericial—; también es factible que las manifestaciones de dicha enfermedad en el presente caso, sólo se dieran cuando el hoy demandante ingresó al servicio militar y, en ese sentido, en el proceso está demostrado que el conscripto se encontró con unas circunstancias que le eran contraindicadas —manejo de armamento, cubrimiento de turnos de guardia, etc.—, que desencadenaron las crisis psicóticas que hoy se lamentan, cuyas consecuencias adversas son, por esa razón, causalmente imputables a la conducta de la entidad demandada.
12.4.5.5. Para la Sala no es de recibo el argumento de la preexistencia de la condición psiquiátrica como un motivo para afirmar la ausencia de una falla del servicio, pues lo cierto es que la predisposición es una característica propia de todas las enfermedades psiquiátricas las cuales, según se deduce del informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pueden permanecer latentes y carentes de síntomas, y manifestarse sólo cuando se presentan eventos detonantes dentro de lo que el perito denominó “modelo diátesis-estrés”, sucesos que, cuando son causalmente atribuibles a la actividad anormal del Estado, deberían de tener virtud suficiente para que pueda endilgarse responsabilidad a la administración.
12.4.6. La Sala advierte, en todo caso, que cuando los exámenes de admisión de los soldados en situación de conscripción se realizan —como suele suceder— de forma masiva e impersonal, sin atender a las circunstancias específicas de cada recluta, con ello se pasan por alto los criterios de admisión consagrados en la normatividad pertinente —tal como se mencionaron en el párrafo 12.4.2 de esta providencia—, lo que constituye una falencia por parte de los organismos de reclutamiento, situación esta que, a su vez, hace necesaria la implementación de más estrictos controles al momento del ingreso, cuyos procedimientos deben ser vigilados por los organismos de control. Por tal razón, se enterará del contenido de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación, a efectos de que dicha entidad vigile de manera especial el procedimiento de incorporación de los soldados conscriptos, con miras a evitar, por la vía de la realización de exámenes más pormenorizados, que en el futuro se permita la vinculación al servicio militar obligatorio, de personas propensas a sufrir trastornos psicoafectivos o psicológicos.
12.4.7. Es indudable, entonces, que cuando el Ejército Nacional permite el ingreso a sus filas de personas que no son aptas para la prestación del servicio, con ello incurre en una falla administrativa que, de tener consecuencias adversas para la persona reclutada o para sus familiares, es idónea para generar responsabilidad en cabeza de la referida entidad.
12.5. En síntesis, si bien la Sala considera que en el proceso no se demostró que al señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno se le hubiera sometido a malos tratos por parte de sus superiores jerárquicos dentro del Ejército Nacional, lo cierto es que se evidenció que, el mencionado exsoldado fue reclutado por la institución castrense, sin que en el momento de la incorporación se hubiera advertido que el demandante padecía —o tenía predisposición a sufrir— enfermedades mentales, conocimiento este que ha debido tenerse en razón de los minuciosos exámenes que deben efectuarse al momento del ingreso a la Fuerza Armada y que, según el dictamen rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, podría haberse detectado si la incorporación del soldado se hubiera realizado con la asistencia de profesionales expertos.
13. Determinado lo anterior, lo procedente ahora es establecer la imputabilidad causal del daño a la entidad demandada, aspecto en el cual la argumentación se centrará en dos ejes temáticos: por un lado, debe estudiarse si la enfermedad mental padecida por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno tuvo origen en el servicio que prestó como conscripto en el Ejército Nacional o si, por el contrario, se trató de una dolencia que ya padecía el demandante antes de convertirse en soldado; en segundo orden, en caso de considerarse que la “psicosis esquizofreniforme” que padecía el demandante era preexistente a su incorporación al Ejército, será necesario estudiar si el hecho o la posibilidad de la eventual preexistencia de una enfermedad mental, es una situación que exime de responsabilidad a la entidad demandada, con el argumento de la ocurrencia de un hecho propio y exclusivo de la víctima.
13.1. Frente a lo primero, la Sala considera que con las pruebas arrimadas al expediente no es posible establecer si la enfermedad mental denominada “psicosis esquizofreniforme de la adolescencia” sufrida por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, fue adquirida antes o con posterioridad a la incorporación del demandante al servicio militar obligatorio, pues en el expediente no reposa la prueba técnico científica que es necesaria para la determinación de ese hecho, y la situación de que el padecimiento tenga el mote de ser “...de la adolescencia”, en modo alguno implica que esté demostrado que el mismo se inició antes de la incorporación al Ejército Nacional, como equivocadamente se consideró en la sentencia y la vista fiscal emitidas durante la primera instancia.
13.1.1. En efecto, en el expediente está demostrado que el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno nació el 14 de enero de 1976, de tal manera que en febrero de 1994, que es la época en que empezaron a manifestarse los signos de su enfermedad mental, tenía tan solo 18 años de edad, razón por la que es factible considerar que, aún cuando el paciente ya había terminado el ciclo básico secundario de su bachillerato, para esa época todavía era un adolescente, lo que hacía válido que su enfermedad fuera calificada como “... de la adolescencia”(18), sin que ello implique, en modo alguno, que fuera padecida antes de que el señor Aguilar Moreno ingresara a prestar su servicio militar.
13.1.2. Además, según lo dicho en el informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es imposible establecer un momento específico en que tenga origen una enfermedad como la padecida por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar, pues se trata de una afección cuya etiología es desconocida, y depende de factores genéticos y ambientales. No obstante, según el mismo informe, sí es posible determinar factores que puedan desencadenar la ocurrencia de crisis relacionadas con el trastorno psicótico, que para el caso lo fueron las condiciones en que se prestó el servicio militar obligatorio por una persona no apta, por cuanto —dice la pericia— “… la influencia del estrés agudo y crónico... aunque no es el causante de la enfermedad, sí influye en el inicio y el curso de la misma…”.
13.1.3. Tampoco se puede perder de vista que la Sala ha estudiado casos similares al de autos, en los que ha considerado que cuando la enfermedad mental del conscripto no ha tenido manifestaciones en la vida previa del paciente, ni tampoco ha sido detectada en los momentos iniciales de la incorporación, pero se manifiesta cuando ya se ha reclutado al soldado bachiller, es dable entender que la prestación del servicio fue un factor que, a pesar de no haber generado la existencia misma de la enfermedad, sí fue determinante en el desencadenamiento y desarrollo de la misma, tal como le sucedió a Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno. Así, en la sentencia del 29 de julio de 2013; manifestó la Subsección “B”:
18.5. Adicionalmente, en el expediente está evidenciado que el señor... fue ingresado a las Fuerzas Militares para que prestara su servicio militar obligatorio, y al momento de su admisión no se advirtió por parte de la entidad demandada que aquél padecía una enfermedad mental —o una predisposición a padecerla—, situación que, de haberse percatado en forma oportuna, lo habría convertido en una persona no apta para la prestación del servicio militar.
18.5.1. En efecto, en lo concerniente con la falla del servicio que se le endilga a la parte accionada, esta pretende exculparse alegando que el soldado padecía la enfermedad desde antes de su ingreso a las Fuerzas Militares, hecho según el cual, pese a que el conscripto padecía una enfermedad mental —esquizofrenia paranoide—, fue sometido a dos exámenes de actitud psicofísica por parte del cuerpo médico de la Fuerza Aérea Colombiana, diagnosticado como apto para la prestación del servicio militar obligatorio, y como consecuencia de ello fue incorporado a las filas…(19).
13.1.4. En ese orden de ideas, con las pruebas arrimadas al proceso, no es posible afirmar en forma categórica, como lo hace el a quo, que la enfermedad ya existía antes de que el señor Aguilar Moreno se convirtiera en soldado conscripto, lo que a su vez implicaría que el daño cuyo resarcimiento se pretende en la demanda no tiene nexo de causalidad con el servicio militar al que fue sometido en el año 1994, situación que, se reitera, no es la del caso de análisis.
13.2. Ahora bien, en relación con lo segundo, esto es la relevancia del momento en que se adquirió la enfermedad mental por parte del señor Aguirre Moreno, no puede perderse de vista que la Sección Tercera, en un caso idéntico al de autos, fijó el siguiente criterio:
En este orden de ideas, para que surgiera el deber del Estado de reparar los perjuicios sufridos por Julián Aníbal Ossa Restrepo al contraer una enfermedad mental mientras prestaba el servicio militar obligatorio, era necesario acreditar que la enfermedad fue causada o al menos desarrollada o por el maltrato que recibió en el establecimiento militar o por la falta de una o asistencia médica oportuna que hubiera aminorado sus efectos, o inclusive que de ser conocida su labilidad síquica sin que esta constituyera una enfermedad que lo incapacitara para prestar el servicio, no se hubieran tomado las precauciones para alejarlo de las situaciones que generaran un agravamiento del estado.
IV. De acuerdo con el concepto emitido por la junta médica de la dirección de sanidad del Ejército, la enfermedad, que padecía el conscripto no se produjo por causa ni en razón del servicio. En otros términos, afirmó la entidad demandada que su reclutamiento y el trato que se le brindó durante su permanencia en el Ejército no guardan ninguna relación causal con la afección sufrida por éste.
V, Así las cosas, si bien se demostró que el joven Julián Aníbal Ossa Restrepo exteriorizó una enfermedad mental mientras estaba prestando servicio militar obligatorio y dicha enfermedad le produjo una pérdida de la capacidad Iaboral deI 31.5%, no hay lugar a condenar a la entidad demandada “porque no se acreditó la relación causal entre una actuación u omisión administrativa y el daño producido. Por el contrario, obra prueba en el expediente de que la causa de la enfermedad fue ajena al servicio, prueba que la parte demandante no logró desvirtuar y por lo tanto, conserva su valor(20).
13.3. En contraste con el criterio que en aquella oportunidad tuvo en cuenta la Sección Tercera, la Sala de la Subsección “B” considera que en el presente caso lo importante no es determinar si la enfermedad o la predisposición del demandante a sufrirla fueron adquiridas con ocasión del servicio militar que estaba prestando —prueba que resulta imposible, según lo dicho en el informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses—, sino que lo pertinente es estudiar si las crisis psicóticas que padeció el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, ocurrieron por causa y razón del servicio. Ello se justifica porque, de situarse la importancia de la discusión en el momento en el que se produjo la enfermedad mental y no en la ocurrencia de los episodios críticos de la misma, con ello se estaría exigiendo a los interesados la prueba de un hecho que, por las características mismas de las enfermedades mentales, es imposible de evidenciar en muchos de los casos.
13.4. Sobre ese mismo punto, la Sala llama la atención acerca de la condición de desventaja que soportan las personas que padecen trastornos psiquiátricos en la medida en que, si la responsabilidad estatal frente a ellos está condicionada a la preexistencia de una enfermedad que por definición puede estar determinada por factores genéticos —como ocurre también con muchas otras enfermedades catastróficas tales como el cáncer o malformaciones óseas—, se caería en el absurdo de que la obligación resarcitoria de la administración estaría siempre excluida frente a casos como el presente, bajo el dudoso argumento de la preexistencia de la enfermedad, conclusión esta que, además de contrariar los más elementales postulados relacionados con la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad(21), significaría un mensaje erróneo de cara al cuidado de otras personas que, por el hecho de sufrir enfermedades congénitas o predisposiciones a ciertas afectaciones, se verían en la imposibilidad de perseguir el resarcimiento de los daños relacionados con el desarrollo o empeoramiento de dichas condiciones mórbidas no detectadas en el momento del ingreso al cuerpo armado, en el marco de la prestación del servicio militar obligatorio.
13.5. En ese sentido, lo relevante en dichas eventualidades no puede ser la época del surgimiento de ciertas enfermedades, sino que lo es el agravamiento o manifestación de las mismas, o su detonación por las condiciones que son propias de la prestación del servicio militar, que muchas veces están contraindicadas para las personas que padecen dichas afecciones, las cuales pueden permanecer carentes de síntomas durante la época previa a la incorporación al servicio.
13.5.1. Frente a lo que resulta verdaderamente relevante para la solución del caso concreto, en el expediente reposa el acta de la junta médico laboral llevada a cabo por el Ejército Nacional el 27 de abril de 1994, en la que se dice que las “lesiones” padecidas por el accionante constituyen una “afección diagnosticada en el servicio, pero no por causa y razón del mismo”, lo que podría eventualmente dar lugar al entendimiento de que las crisis psicóticas sufridas por el señor Aguilar Moreno, no tienen relación de causalidad con la prestación del servicio militar obligatorio.
13.5.2. Sin embargo, la Sala considera que lo dicho en la aludida acta no es prueba suficiente que permita predicar que las crisis psicóticas no tienen relación con el servicio, pues se trata de una afirmación de la entidad demandada, que bien pudo haber estado influida por el interés de ésta en evitar una ulterior condena judicial originada de una afección de salud que, debido a sus características, pudo haberse originado en el servicio. De manera que lo dicho en el acta de la junta médico laboral elaborada por el Ejército Nacional, es una afirmación que proviene de la entidad demandada y que, por tal razón, debería haberse sometido a contraste con otros estudios científicos de los cuales pudiera presumirse neutralidad en relación con los intereses que están en juego dentro de la presente contención.
13.5.3. Por el contrario, según se aprecia de las pruebas arrimadas al plenario, en especial los testimonios y la información remitida al expediente por el colegio donde el demandante cursó sus estudios de bachillerato, es claro que el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, antes de vincularse como conscripto al Ejército Nacional, era una persona que desarrollaba actividades que podían ser consideradas como normales, lo cual fue corroborado por los médicos psiquiatras del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario “San Isidro” de Cali, quienes en su informe remitido al litigio manifestaron que la primera vez que el demandante asistió al centro psiquiátrico fue en febrero de 1994 y, además, dictaminaron en relación con la personalidad previa del paciente, que “Era muy independiente, le gustaba mucho estudiar, tenía pensado estudiar ingeniería electrónica y trabajar para la familia”.
13.5.4. Lo anterior aunado a lo que se consignó en el informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según el cual el trastorno psicótico del demandante tiene una evolución cuyo punto de partida se ubicó, precisamente, 20 años antes de la realización del estudio, esto es, en la época en que el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno inició su período de conscripción. En dicho análisis también pudo establecerse que la enfermedad del hoy demandante en reparación no había tenido manifestación antes de que fuera incorporado al Ejército Nacional, lo cual es perfectamente factible según las características de la enfermedad denominada “Trastorno esquizofreniforme de la adolescencia”.
13.5.5. Ello quiere decir que el demandante no presentaba problemas en su salud mental antes de que se incorporara al servicio y que, una vez se encontraba activo en un batallón en Barranquilla, empezó a presentar los síntomas de un trastorno psicótico, lo que indica que las condiciones en las que se prestaba el servicio contribuyeron como detonantes en el deterioro de la salud mental del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno.
13.5.6. Al respecto, no puede pasarse por alto lo que dijo la perito psiquiatra forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en relación con el impacto que el servicio militar puede tener en una persona predispuesta al padecimiento de afectaciones psicoafectivas, pues es claro que estaba contraindicado para el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, el desarrollo de las actividades propias de la milicia, como lo son la prestación de turnos de guardia, el manejo de armamento y el ambiente laboral hostil.
13.5.7. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se considera que las pruebas del expediente son suficientes para afirmar que el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno no padecía episodios psicóticos antes de su incorporación al servicio militar, y que el deterioro de su salud mental ocurrió en forma posterior, en circunstancias que indican que existe un nexo de causalidad entre la prestación del servicio y el padecimiento de los quebrantos de salud.
13.6. Ahora bien, se reitera en este punto que para la Sala es claro que era una carga del Ejército Nacional identificar, mediante los exámenes físicos y psicológicos que se practican antes del reclutamiento de los conscriptos, a aquellos aspirantes o candidatos que presentaran enfermedades mentales o predisposición para sufrirlas, pues es indudable que las condiciones en las que se desempeña el servicio en las Fuerzas Militares, no son las adecuadas para el mantenimiento de un buen estado de salud de personas con propensión mórbida a sufrir ataques psicóticos. Así, cuando los cuerpos armados del Estado fallan en la realización de esos exámenes, y permiten el reclutamiento de personas que padecen condiciones mentales que pueden ser consideradas como anormales, y quienes, además, durante la vinculación al servicio sufren episodios de agravación de sus enfermedades, es procedente deducir que la prestación del servicio es una causa probable del desarrollo de las crisis que puedan tener las personas que, como el demandante en el caso de autos, padecen condiciones mentales calificables como mórbidas.
13.7. En el orden de ideas anteriormente expuesto, la Sala considera que la falla del servicio cometida por el Ejército Nacional al permitir el ingreso a sus filas de una persona mentalmente enferma, o predispuesta a sufrir ese tipo de enfermedad, tiene directo nexo de causalidad con las crisis psicóticas que fueron padecidas por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno durante el tiempo en que estuvo vinculado a la entidad demandada como soldado conscripto.
13.8. Ahora bien, para la Sala es preciso aclarar, en gracia de discusión, que si en el presente caso no se hubiera demostrado la existencia de una falla del servicio por parte del Ejército Nacional, aún existida responsabilidad a cargo de la entidad que lo representa judicialmente —Ministerio de Defensa Nacional— pues, como anteriormente se dijo, cuando se trata de juzgar casos en los que se ha causado daño a conscriptos en el marco de las actividades propias del servicio militar obligatorio, debe aplicarse un régimen objetivo de imputación de la responsabilidad, en el cual basta con que los interesados en la indemnización acrediten la existencia del daño y su nexo con el servicio, y a la entidad demandada, para exonerarse de responsabilidad, le compete demostrar que el daño se produjo por una causa extraña.
13.8.1. En el caso de análisis, la Sala considera que en el proceso logró demostrarse satisfactoriamente la existencia del daño padecido por los demandantes, y que una causa probable del mismo fue la vinculación al servicio militar obligatorio del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, pues se evidenció que dicho señor llevaba una vida normal antes de la incorporación al servicio, y no registra antecedentes clínicos previos de crisis psicóticas. Por el contrario, la entidad demandada no logró demostrar una causal eximente de responsabilidad, y en el evento en que se demostrase que la psicosis esquizofrénica padecida por el exsoldado preexistía a su vinculación al servicio, ello no eximiría de responsabilidad al Ministerio de Defensa Nacional, pues era obligación del Ejército Nacional advertir la mórbida condición de salud mental del aspirante y, con base en esa información, evitar el ingreso de dicha persona a sus filas.
13.8.2. Del mismo modo se reitera que, según las características con las que se describe a la enfermedad mental psicótica desde un punto de vista científico —tal como quedaron plasmadas en el informe pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses—, entonces es posible que la condición mórbida permanezca sin síntomas durante la vida del paciente, mientras no se den los sucesos que son detonantes de las crisis que caracterizan una afectación como la esquizofrenia. En el presente caso el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno permaneció sin síntomas de alteraciones psiquiátricas durante toda su vida anterior a la prestación del servicio militar obligatorio, y vio manifestada su enfermedad sólo cuando se vinculó a este último, razón esta por la que podría pensarse que, si el hoy demandante no se hubiera vinculado al Ejército Nacional en calidad de conscripto, podría haber permanecido asintomático de su enfermedad por el resto de su vida y, por tanto, no habría sufrido el daño que hoy se lamenta.
13.8.3. Del mismo modo, no se discute en el presente punto la posibilidad que existe de que la enfermedad se hubiera manifestado por factores diferentes a la prestación del servicio militar, pero lo cierto es que en dicha eventualidad no se estaría reclamando la indemnización de los perjuicios que son materia de estudio en el presente pronunciamiento.
14. En los términos anteriormente expuestos, la Sala encuentra que en el presente caso están dadas las condiciones para predicar responsabilidad a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, por los daños padecidos por los demandantes con ocasión de las crisis psicóticas que fueron padecidas por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, las cuales detonaron durante su tiempo de vinculación como conscripto del Ejército Nacional. En ese orden, la sentencia de primera instancia será revocada para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, según se especifica en el subsiguiente acápite de liquidación de perjuicios.
17.(sic) Respecto del daño moral ocasionado, con base en las pruebas practicadas dentro del trámite contencioso se tiene acreditado que los señores Luis Alberto Aguilar y Alba Moreno son los progenitores del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, y que Zuleima Aguilar Moreno, Liliana Aguilar Moreno y Diego Alberto Aguilar Moreno son los hermanos del conscripto que padeció las crisis psicóticas a principios del año 1994.
17.1. Se insiste en que los daños padecidos por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno y su familia con ocasión de las crisis, psicóticas que aquél padeció, fueron acreditados a partir de lo que fue dicho en los testimonios rendidos en el transcurso del trámite contencioso administrativo.
17.2. En todo caso, de acuerdo con la jurisprudencia a la que se ha hecho alusión en apartes precedentes de la presente providencia, por aplicación de las máximas de la experiencia puede inferirse que tanto el directamente afectado —señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno— como su familia, han tenido sentimientos de congoja y dolor debido a las crisis psicóticas padecidas por aquél(22).
17.3. Ahora bien, en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de 1.000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes y, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13.232—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(23).
17.4. Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(24), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “...la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…(25), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(26). En ese orden, la Sala observa lo que se ha decidido en casos similares al de autos(27), y determina la indemnización de perjuicios de carácter moral por los trastornos psicoafectivos padecidos por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, en una suma equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo, para el mencionado señor; de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores Luis Alberto Aguilar y Alba Moreno —padres del enfermo—; y de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hermanos, señores Zuleima Aguilar Moreno, Liliana Aguilar Moreno y Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno.
18. En lo atinente al daño sufrido por las alteraciones graves de las condiciones de existencia que padeció el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, en la demanda se solicita una indemnización de perjuicios en un monto de $ 40.000.000, bajo el título de daño por “merma del goce fisiológico”.
18.1. Al respecto, como se dijo en párrafos anteriores de esta sentencia, la Sala considera que en el proceso se demostró, con base en los testimonios practicados ante el a quo, que las crisis psicóticas padecidas por el demandante recién mencionado, causaron para él un cambio radical en su estilo de vida, lo que significa que hubo una demostración del daño según ha sido definido en los casos de alteraciones graves a las condiciones de existencia.
18.2. Ahora bien, tal como se reseñó en apartes previos de la presente providencia, en reciente oportunidad la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación adoptó el criterio según el cual, cuando los daños relacionados con el goce de la vida provienen de una alteración de la salud del sujeto, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico, o al daño a la vida de relación, o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud, cuya indemnización debe tasarse con base en la aplicación de criterios objetivos los cuales, en todo caso, no fueron fijados de manera positiva en la ya citada sentencia del 14 de septiembre de 2011(28).
18.3. De manera que, en tanto el daño a la salud comporta un perjuicio de orden extrapatrimonial respecto del cual no se establecieron parámetros objetivos para su tasación en la sentencia referida, entonces, para su determinación concreta, se siguen aplicando los criterios de arbitrio judicial que fueron establecidos por la Sala Plena de esta Sección en la sentencia del 4 de mayo de 2011, en reiteración de criterios que habían sido manifestados anteriormente en otras providencias:
25. Debe aclararse en este punto que esta corporación ha dicho que los daños de orden “fisiológico” pueden tener un carácter genérico, en la medida en que una afectación corporal de determinado tipo puede tener consecuencias presumibles respecto de todos los casos, sin que sea necesaria, una demostración particular en este punto; o bien puede ser de carácter subjetivo, comoquiera que no todas las personas realizan las mismas actividades cotidianamente, o las mismas no tienen el mismo significado para las condiciones de existencia de las diferentes personas:
“Para cuantificarlo, la Sala tomará en cuenta lo expuesto en la sentencia de 13 de (SIC) de 1997, expediente 12.499... en lo pertinente se expuso: “Para la cuantificación del daño debe tenerse en cuenta que los perjuicios fisiológicos pueden ser genéricos, es decir, aquellos que se producen en todas las personas que padecen la lesión y que no necesitan otras pruebas para su reconocimiento, vgr: pérdida de sentidos como la vista, la audición, el habla, de órganos como los de la reproducción; o, pueden ser específicos, que se presentan por incidencia de la lesión, en las actividades placenteras o el goce espiritual que disfrutaba la víctima antes de producirse el evento dañoso y que deben acreditarse en el expediente, tales como la pérdida de la extremidad superior de un pianista, o, un tenida, una extremidad inferior de un ciclista, etc. Es cierto que en estos casos de entrada hay lugar al reconocimiento de esta índole de perjuicios, si se demuestra que la víctima ejercía la actividad o pasatiempo y su relación directa con el goce de vivir”(29)(30).
18.4. Así las cosas, aplicados los criterios jurisprudenciales al caso que en este momento se analiza, la Sala observa que si bien se acreditó que las crisis psicóticas que padeció el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno implicaron un cambio en la forma como éste se relacionaba con la vida, lo cierto es que en el proceso no se demostró que el mencionado demandante desplegara una especial actividad de goce que se hubiera visto perjudicada por la afectación de su salud mental. Aún así, el componente objetivo del daño a la salud está demostrado en el presente caso, en la medida en que al demandante se le diagnosticó la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje del 31,5%.
18.5. Del mismo modo, se advierte que en la jurisprudencia no se localiza algún caso semejante en el que se hubiera reconocido alguna indemnización por el daño a la salud sufrido por una persona que padece crisis psicóticas esquizofreniformes, razón por la cual deberá aplicarse el arbitrio judicial entendido en su sentido lato para determinar, en el caso concreto, el monto del perjuicio por ese rubro específico.
18.6. De esta forma, la Sala estima que es procedente reconocer a favor del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno una indemnización equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de la presente providencia, como indemnización de los perjuicios que él padeció por el menoscabo o merma en sus condiciones de salud.
19. En lo que tiene que ver con los daños materiales, en la demanda se solicitó su indemnización tanto por daño emergente como por lucro cesante:
19.1. En lo relacionado con el daño emergente, los demandantes solicitaron el pago de una indemnización equivalente a $ 30.000.000, por concepto de los gastos que supuestamente fueron erogados para afrontar la enfermedad mental padecida por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno. No obstante, en el proceso no se aprecia prueba alguna que acredite los gastos en que incurrieron los demandantes y, por tal razón, no habrá lugar a reconocimiento alguno por el rubro indemnizatorio que se viene aludiendo.
19.2. En lo tocante con el lucro cesante, en la demanda se solicita su reconocimiento sólo a favor del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, y en un monto que asciende a $ 100.000.000, calculado con base en el hecho de que el mencionado señor, según dicen los accionantes, perdió el 100% de su capacidad laboral. De conformidad con lo que fue expuesto en acápites anteriores de esta providencia, en el proceso sólo se demostró, de acuerdo con lo dicho por la junta médico laboral adelantada por el Ejército Nacional, que el aludido demandante padeció una pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje del 31.5% y, en ese orden de ideas, habrá lugar a reconocerle una indemnización de perjuicios por lucro cesante teniendo en cuenta el referido índice.
19.2.1. Del mismo modo, se aclara que en el proceso no se demostró que el demandante, antes de la ocurrencia del daño, se dedicara al desarrollo de alguna actividad económica concreta, razón por la cual será procedente efectuar el cálculo del lucro cesante, como si el demandante devengara el salario mínimo ($ 616.000)(31). De dicha suma sólo se tendrá en cuenta el 31.5%, habida cuenta del porcentaje demostrado de la pérdida de capacidad laboral, con lo que se obtiene una renta base de liquidación de $ 194.040.
19.2.2. La tasación del tipo perjuicio que en este momento se analiza, comprende dos momentos, debido o consolidado, que incluye los meses transcurridos entre la época de ocurrencia del daño y la fecha de la presente sentencia; y otro futuro o anticipado, que consiste en el período de tiempo existente entre la fecha en que se profiere la presente sentencia y el final de la vida probable que tenía el occiso, determinada al momento de la ocurrencia del hecho dañoso.
19.2.2.1. La tasación de la indemnización debida o consolidada se efectuará con aplicación de la fórmula que reiterativamente ha sido instrumentada por la Sala(32), según la cual:
19.2.2.1.1. Así, en el caso concreto, para la tasación del lucro cesante por indemnización debida o consolidada, se tendrá en cuenta el período de tiempo de 241,9 meses, que es el comprendido entre el 1º de febrero de 1994 —época de configuración del daño— y marzo de 2014 —tiempo en el que se profiere la presente providencia—. De tal forma, la indemnización debida o consolidada se calcula así:
S = $ 89.163.200
19.2.2.1.2. Como indemnización debida o consolidada se reconocerá al señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno la suma de $ 89.163.200.
19.2.2.2. La tasación de la indemnización futura o anticipada se realizará de acuerdo con la fórmula que ha sido reiteradamente aplicada por la Sala(33), de acuerdo con la cual:
19.2.2.2.1. Así, en el caso concreto, se tendrá en cuenta que para la época de ocurrencia del hecho dañoso, el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno —nacido el 14 de enero de 1976— tenía una edad de 18 años, y una vida probable de 57.82, según la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997 expedida por la Superintendencia Bancaria. Para determinar el período a liquidar, es necesario restar aquél lapso de tiempo que fue tenido en cuenta para el cálculo de la indemnización debida o consolidada. Así, el número de meses que debe tenerse en cuenta para la liquidación es de 453.84, y el cálculo se efectúa de la siguiente forma:
S = $ 35.466.298
19.2.2.2.2. Como indemnización futura o anticipada se reconocerá al señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno la suma de $ 35.466.298.
19.2.3. En el orden de cosas antes mostrado, por concepto de lucro cesante se reconocerá al demandante Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno la suma de $ 124.629.498.
20. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.
21. En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera —Subsección “B”— de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
REVÓCASE la sentencia apelada, esto es la proferida el 19 de septiembre de 2001 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y en su lugar se dispone:
1. De conformidad con la parte motiva de esta sentencia, DECLÁRASE a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, responsable de los daños sufridos por los demandantes con ocasión de los episodios psicóticos padecidos por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno cuando prestaba servicio militar, en hechos ocurridos a partir del mes de febrero de 1994.
A. Por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno; la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los señores Luis Alberto Aguilar y Alba Moreno; y la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores Zuleima Aguilar Moreno, Liliana Aguilar Moreno y Diego Aguilar Moreno.
B. Por concepto de indemnización de perjuicios por el daño a la salud padecido por el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, se reconoce en su favor la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
C. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales —lucro cesante—, la suma de $ 124.629.498 para el señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno.
5. Por secretaria EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código do Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.
7. Por secretaría ENTERAR del contenido de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación, a efectos de que dicha entidad vigile de manera especial el procedimiento de incorporación de los soldados conscriptos, con miras a evitar, por la vía de la realización de exámenes más pormenorizados, que en el futuro se permita la vinculación al servicio militar obligatorio, de personas propensas a sufrir trastornos psicoafectivos o psicológicos.
(3) En la demanda se estima el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios fisiológicos a favor del señor Jimmy Oswaldo Aguilar Moreno, en la suma de $ 40.000.000. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1995 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 9.610.000.
(4) Similares apreciaciones se vertieron en los otros testimonios rendidos a lo largo del trámite contencioso administrativo. Al respecto pueden verse las declaraciones de Hernando Daza (fl. 68, cdno. 1), Henry Rivillas Saa (fl. 72), Luz Argenidas Carballi (fl. 74) y Ana Cecilia Molina Valencia (fl. 75).
(5) Sobre la noción de este tipo de daño, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del 15 de agosto de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 19001-23-31-000-2003-00385-01, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval y otros; sentencia del 4 de mayo de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 2700123-31-000-1998-00027-01(17.396), actor: Antonio Euclides Valois Martínez y otros.
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 14 de septiembre de 2011, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222), actor: José Darío Mejía Herrera y otros.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2003, C.P. María Elena Giraldo Gómez, radicación 76001-23-31-000-1994-9874-01(14083), actor: Jorge Enrique Rengifo Lozano y otros, demandado: Departamento del Valle del Cauca.
(9) De acuerdo, con el artículo 216 de la Constitución “…todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.// La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar”.
(10) Se reiteran en este punto las consideraciones vertidas por la Sala, en las sentencias del 27 de noviembre de 2006 (exp. 15.583), y del 6 de junio de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(11) Al efecto cabe consultar la sentencia proferida el 18 de octubre de 1991, expediente 6667, a propósito de los daños causados a un recluso por el incumplimiento por parte del Estado, de la obligación de prestarle el servicio de salud.
(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, expediente 18586, C.P. Enrique Gil Bolero.
(13) Se acoge en este punto lo dicho por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia del 19 de abril de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubalá Aranda, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional. Se dijo en dicha providencia: “... En lo que refiere al derecho, de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cado caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”. // “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado...”.
(15) Según lo ordena el Decreto 2048 de 1993, “por lo cual se reglamenta la Ley 48 de 1993 sobre el servicio de reclutamiento y movilización”, en cuyos artículos 15 y siguientes se dispone: “ART. 15.—Todas las circunstancias sobre la capacidad sicofísica de los aspirantes a prestar el servicio militar, serán anotadas por el médico en la tarjeta de inscripción o incorporación del conscripto y refrendadas con su firma”; “ART. 16.—Terminado el primer examen médico, se elaborará un acta con la relación de los conscriptos aptos, no aptos, aplazados y eximidos y, la anotación de las causales de inhabilidad, aplazamiento o exención, la cual será suscrita por todos los funcionarios que en ella intervinieron”; “ART. 18.—Por la importancia que reviste el primer examen médico, éste debe ser cuidadoso y detallado, con el fin de evitar pérdidas posteriores de efectivos en las unidades”; “ART. 19.—Previamente a la incorporación de los conscriptos, podrá practicarse un segundo examen médico opcional, por determinación de las autoridades de reclutamiento o a solicitud del inscrito, para determinar inhabilidades no detectadas en el primer examen de aptitud sicofísica que puedan incidir en la prestación del servicio militar. Para tales efectos, el criterio científico de los médicos oficiales, prima sobre el de los médicos particulares...”.
(16) De acuerdo con dicha teoría, “la obligación a cargo de las autoridades… es un deber de carácter abstracto y, para determinar la ocurrencia de la falla del servicio, los aludidos deberes deben analizarse en relación con el caso concreto… verificando los medios con los que contaba la administración...” (C.E., S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia abr. 6/2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, rad. 25000-23-26-000-1995-01604-01(18.887), actor: Luz Mery Ruiz de Linares y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional). En el mismo sentido, puede consultarse la sentencia del 6 de marzo de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 66001-23-31-000-1996-03099-01(14443), actor Agrolácteos S.A.
(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 16 de octubre de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 52001-23-31-000-1995-07140-01, Nº interno 30·124, actor: Leonolfo Preciado Vidal y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
(18) Es comúnmente aceptado que la adolescencia es una “edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española), edad que está comprendida entre los 10 y los 19 años de edad. Frente al tema, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, tiene establecido que “A pesar de que no existe una definición de adolescencia aceptada internacionalmente, las Naciones Unidas establecen que los adolescentes son personas con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años” (Unicef, “La Adolescencia, una época de oportunidades”, Nueva York-2011, página 10, consultar en www.unicef,org). Al respecto también puede consultarse: W.H.O.-O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), Mclntyre, Peter. “Adolescent friendly health services: An agenda for change”, Oxford-2001, p. 5, disponible en www.who.int/child-adolescent-health.
(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 29 de julio de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 50001-23-31-000-1997-06061-01, actor: Ely Romero Zambrano y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana.
(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación 13.645(3919), actor: Julián Aníbal Ossa Restrepo y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
(21) Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en la Sentencia T-770 de 2010 —C.P. Nilson Pinilla Pinilla—, lo siguiente: “El artículo 13 de la Constitución Política, en su inciso final, dispone que el Estado tiene el deber de proteger de manera especial a aquellas personas que por sus condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta; con fundamento en ese mandato superior, esta Corte ha desarrollado un criterio de salud más amplio, no sólo propendiendo por el bienestar físico, sino por un sano equilibrio emocional, mental y psíquico del ser humano… // Al respecto, esta corporación precisó que “la salud constitucionalmente protegida no hace referencia únicamente a la integridad física sino que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico, mental y psicosomático de la persona [nota al pie de la sentencia citada: T-248 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo]”…// En el mismo sentido, diversos instrumentos internacionales se han ocupado de la protección de quienes sufren trastornos mentales; así, la declaración de los derechos de las personas con retraso mental, proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971, señala que tienen derecho a la “atención médica y al tratamiento físico” que requieran, “así como a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación”, que permita desarrollar al máximo su capacidad y actitudes...”.
(22) En el mismo sentido, puede consultarse la sentencia de esta Sala proferida el 14 de abril de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 19001-23-31-000-1997-05005-01(20587), actor: Luis Édgar Beltrán Rodríguez y otros, demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Allí se dijo: “26. Demostradas las relaciones de parentesco existentes entre los demandantes puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que entre ellos existe un lazo afectivo y, por lo tanto, que sufrieron pena, aflicción y dolor a causa de las lesiones sufridas por su padre, hermano, hijo y compañero, lo cual los legitima para reclamar la reparación de los perjuicios causados”.
(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), Belén González y otros-William Alberto González y otra, demandado: Nación-Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías, Invías.
(24) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “...descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios do razonabilidad...” (sent. jun. 16/94, C.I. Juan de Dios Montes Hernández, radicación 7445, actor: María Luisa Perdomo Lozada). Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, radicación 54001-23-31-000-1993-08025-01(N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.
(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 13232.
(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 16205.
(27) No se registra en la jurisprudencia un caso en el que se hayan reconocido perjuicios a los demandantes por el padecimiento de trastornos psicoafectivos padecidos por un familiar. Pero puede recurrirse a aquellos casos en los que se han reconocido indemnizaciones por lesiones corporales, y tasar los perjuicios morales en el caso de autos de conformidad con la comparación pertinente. Así, en la sentencia del 14 de abril de 2011 (ya reseñada en la nota al pie Nº 20), donde se juzgaba la indemnización de perjuicios morales que se debía a los familiares de un recluso que sufrió una lesión en su nervio ciático, se reconoció al herido una indemnización equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a sus padres una igual a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos.
(28) Ibídem, supra, nota al pie Nº 8.
(29) [26] Planteamientos que citó como suyos la Sala en la sentencia del 2 de mayo de 2002, C.P. María Helena Giraldo Gómez, radicación 7001-23-31-000-1994-3477-01(13477), actor: Ronis John Zambrano Hernández y otro.
(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 4 de mayo de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 27001-23-31-000-1998-00027-01(17.396), actor: Antonio Euclides Valois Martínez y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
(31) Aquí se aclara que se utilizará como punto de referencia el salario mínimo actualmente vigente ($ 616.000) en atención a que, si se actualizara a valor presente el salario mínimo que regía en el año 1994 ($ 98.700), se obtendría una suma inferior la cual, de aplicarse para la liquidación, implicaría un trato inequitativo para el demandante.
(33) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

References: Resolución 
 artículo 16
 Resolución 
 artículo 55
 artículo 115
 artículo 2
 artículo 132
 artículo 216
 artículo 13