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Timestamp: 2020-08-13 03:46:43+00:00

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Discurso de Miguel de la Madrid Hurtado en su Sexto Informe de Gobierno - Wikisource
Sexto Informe de Gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. lo. de septiembre de 1988.
Discurso del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1988. Honorable Congreso de la Unión;
Por sexta y última ocasión comparezco antes esta representación popular para cumplir con el mandato constitucional, en su artículo 69, de informar a la nación sobre el estado que guarda la administración pública.
El informe escrito que hoy presento se acompaña de un texto complementario, y de siete anexos en los que se detalla la actividad correspondiente a los programas específicos.
Dentro del presente mes, los secretarios y el jefe de Departamento del Distrito Federal dará cuenta al Congreso, del estado que guardan sus respectivos ramos, en los términos del artículo 93 constitucional.
Comparezco respetuoso ante esta sesión solemne del honorable Congreso de la Unión, consciente de que, al hacerlo en presencia de los invitados del honorable Poder Judicial Federal y los ciudadanos gobernadores de los estados, realizamos un acto de colaboración de Poderes y de unión federal de la más alta importancia en el protocolo de la República que constituye, además, el cumplimiento de un deber de información ante la nación.
Hoy inicia su primer período de sesiones la Quincuagésima Cuarta Legislatura; su composición, tanto por el número de diputados que la integración como por su naturaleza pluripartidista, hace evidente las significativas transformaciones que ha experimentado el país.
Como representantes del cambio libremente decidido por la ciudadanía, reciban ustedes mis más respetuosos parabienes.
México ha mostrado, a lo largo de su historia, la capacidad para reformar, por la vía legal, su vida social.
Hoy queda en sus manos, como legítimos representantes del pueblo, avanzar en este camino, que es más democrático, más abierto y de mayor equilibrio entre los poderes Ejecutivos y Legislativo.
México ha enfrentado en los pasados seis años los mayores retos de su historia contemporánea.
La crisis que hemos atravesado cimbró los cimientos mismos de nuestra estructura social.
Hoy podemos decir con orgullo que, gracias a la voluntad del pueblo y a la fortaleza de nuestra instituciones políticas, hemos superado dificultades que hubieran doblegado a otras sociedades.
Podemos felicitarnos, los mexicanos, porque nuestra vialidad como nación está reafirmada: salimos adelante.
Lo hemos hecho con respeto a las libertades y con paz social.
Lo hemos hecho con apego a la Constitución.
Unidos hicimos que fueran falsos los vaticinios de quienes, con desconocimiento de la fortaleza del pueblo de México, pronosticaban el derrumbe de las instituciones.
En la lucha contra la adversidad, nos hemos fortalecido como nación.
Durante los veinticinco años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo conoció un periodo de auge continuo.
Esta prosperidad hizo pensar que el crecimiento y la estabilidad constituían una tendencia inalterable.
México aprovechó esta circunstancia y con gran esfuerzo se fomentaron patrones de desarrollo que permitieron avances significativos en casi todos los campos de la vida nacional.
Sin embargo, desde principios de los setentas, fue notorio que estos logros fueron muy desiguales, lo que provocó serias distorsiones que, con el tiempo, llegaron a convertirse en profundos desequilibrios estructurales.
Esto se ha expresado con crudeza en el ámbito social: Un alto grado de concentración del ingreso y la riqueza, e incapacidad para satisfacer adecuadamente las necesidades básicas de la población al ritmo de su rápido crecimiento.
A principios de la década de los ochentas, a los desequilibrios internos se sumaba un desorden económico mundial caracterizado por altas tasas de interés, desplome de los precios de la materias primas, políticas proteccionistas y rigidez de los países industrializados ante la deuda externa.
Ejemplo de ello fue el hecho de que en 1982, por primera vez en 43 años, cayó el producto interno bruto de América Latina en su conjunto.
Frente a la inestabilidad e incertidumbre mundial, el país intentó cerrarse, y optó por no reconocer lo que pasaba en el exterior.
Esta actitud provocó, a su vez, mayores desequilibrios, nos hizo perder tiempo y ocasionó que cualquier cambio en el entorno interno o externo se convierte en un serio problema coyuntural.
Así, en 1982 se inició la crisis económica más grave de nuestra historia reciente.
El país tenía que afrontar la carga asfixiante de una deuda externa de 91 mil 552 millones de dólares, sin contar con los recursos necesarios para hacerlo y con una fuerte dolarización y fuga de capitales.
La magnitud del déficit público no tenía precedente y el resultado fue el crecimiento desbocado de la inflamación.
Existía temor de que se produjera una ola de quiebras con consecuencias gravísimas para el para el aparato productivo y el empleo.
Peor aún, se vivía un ambiente de resentimiento y desconfianza.
Las recriminaciones que se hacían entre sí los diversos sectores llegaron a sugerir la ruptura de los acuerdos básicos que nos conforman como nación.
Ante esta situación, me comprometí a actuar con decisión y firmeza para evitar que el país se nos deshiciera entre las manos.
Decidí atacar los problemas en su raíz.
Ofrecí enfrentar la crisis que vivía México, no para regresar al estado anterior a ella, sino para iniciar una nueva etapa de nuestra historia.
Me propuse erradicar las causas que la produjeron, efectuando los cambios cualitativos necesarios.
Me propuse también impulsar un cambio en las conductas, fomentando el sentido y el valor del trabajo, la disciplina, la perseverancia y la responsabilidad cívica.
Me propuse, en suma, llevar a cabo una transformación profunda de la nación, una auténtica renovación nacional.
Se trataba de dotar a nuestra sociedad de mecanismos acordes con las grandes transformaciones que están sucediendo a nivel nacional e internacional para sentar las bases de un crecimiento firme, duradero y más justo.
La renovación nacional requería democratizar integralmente; ensanchar representación y participación ciudadanas; establecer una gestión eficaz y honesta de los recursos públicos; lograr equilibrio presupuestal y saneamiento de las finanzas públicas; fortalecer la planeación democrática; impulsar al descentralización de la vida nacional avanzar en la reestructuración del aparato público para fortalecer la rectoría del Estado dentro del régimen de economía mixta; revisar los instrumentos de la política comercial y del proteccionismo industrial para hacer más competitiva a la economía mexicana y limitar los privilegios y aplicación de instrumentos de justicia social, y perfeccionar los sistemas de administración y procuración de justicia.
La renovación nacional ha sido compleja y profunda, ha actualizado la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno; ha sido labor de transformación, de actualización y depuración de principios y estructuras, de tareas y responsabilidades, en los ámbitos políticos, jurídico, económico y social.
No ha sido un cambio estridente ni retórico; hemos efectuado una renovación eficaz.
La renovación ha procedido bajo la guía de la razón.
Ha tenido presente la necesidad impostergable de llevar a cabo el proceso de cambio estructural, en todos los órdenes, con la convicción de que las transformaciones económicas, para ser efectivas, deben ser paralelas a la renovación política y de que construyen las dos facetas del proceso de renovación nacional.
Siete tesis políticas conformaron la acción y el pensamiento de esta administración.
Ellas recogen los valores y principios de la Revolución Mexicana, se sustentan en nuestra Constitución, retoman las demandas más sentidas de la sociedad e incorporan directrices fundamentales para que la nación enfrente los nuevos retos: nacionalismo revolucionario; democratización integral; sociedad igualitaria; renovación moral; descentralización de la vida nacional, desarrollo, empleo y combate a la inflación; así como la planeación democrática, constituyeron no una manera oferta política sino auténticos compromisos y directrices de mi gobierno.
Orientados por estas tesis, integramos el Plan Nacional de Desarrollo, reafirmamos objetivos y fijamos estrategias, realizamos reformas y emprendimos acciones que se han venido ejecutando con tenacidad y firmeza.
Desde un principio se estableció lo que se iba a hacer y en ello se ha perseverado.
Ha habido congruencia entre razones y obras, entre lo dicho y lo hecho.
Mi gobierno concibió a la renovación política como fin en sí misma y como condición para enfrentar la crisis; ésta ha significado realizar acciones en los siguientes frentes de la política del Estado mexicano: renovar la moral social; promover reformas jurídicas en materia de procuración e impartición de justicia; democratizar, descentralizar y redistribuir atribuciones entre los distintos niveles de gobierno; fortalecer la división de Poderes; y enriquecer la participación ciudadana y perfeccionar los procedimientos electorales.
Renovar ha sido apoyarse en el estado de derecho, en la democracia, en el diálogo, en el consejo y en la concertación.
De manera destacada se ha fortalecido el pacto federal impulsado el desarrollo de los gobiernos estatales y municipales.
Con este propósito modificamos el artículo 115 de la Ley Fundamental.
Todas las legislaturas estatales reformaron sus constituciones para adecuarlas a este nuevo marco jurídico.
La Federación transfirió competencias, facultades y recursos, para llevar los procesos de toma de decisiones hasta el ciudadano, apoyando así la autonomía de las comunidades.
Estamos logrando una democracia territorialmente más extendida y enraizada.
Mi gobierno es defensor del derecho; ha impulsado y garantizado sin restricciones el ejercicio pleno de los derechos individuales, de libre expresión de ideas, creencias, manifestación, imprenta, tránsito, domicilio, propiedad y trabajo.
El ejercicio del derecho de manifestación no tiene precedentes.
La libertad de prensa se prueba con la prensa misma.
En el ámbito de la administración, procuración e impartición de justicia y seguridad pública, se promovió la más amplia reforma jurídica que abarcó preceptos constitucionales, leyes códigos y reglamentos en esta materia.
Con ellos se buscó agilizar el proceso de impartición de justicia para hacerla más pronta y expedita y permitir al ciudadano defenderse ante los actos excesivos de autoridad.
Reconocemos, empero, que aún subsiste importantes problemas de seguridad pública que se han agravado por la situación económica y el intenso proceso de urbanización, y que tanto los procesos de prevención e investigación policiaca, como los de impartición de justicia y los judiciales, todavía no son todo lo ágiles que se quisiera y subsisten fenómenos de deslealtad y corrupción.
El Poder Judicial Federal se vigorizó mediante la reforma que devuelve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su original, de intérprete definitivo de la Constitución.
Se aumentó el número de tribunales que velan por el control de la legalidad.
La independencia del Poder Judicial de las entidades federativas se fortaleció al hacer inamovibles a los magistrados de los tribunales de justicia.
Esta renovación moral ha permitido generar actitudes de eficiencia y honestidad en el manejo de los recursos que la nación nos confirió.
En estos seis años, hemos promovido el autocontrol del gobierno federal y sus entidades más como un medio de carácter preventivo que punitivo.
Cuando hemos detectado irregularidades, se ha aplicado la ley.
La rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional y la consolidación de un sistema de planeación democrática, con pleno respeto a las libertades económicas y procurando el equilibrio de los sectores públicos, social y privado, se apoyan en las reformas a los artículos 25, 26, 27 y 28 de nuestra Carta Magna.
La estrategia de renovación económica reconoce que, sin una economía estructuralmente saneada y fortalecida, no puede haber crecimiento sostenido y progreso social efectivo.
Sabemos de la gran necesidad que tenemos del crecimiento económico; sin embargo, mientras éste no tenga las condiciones y características adecuadas, no será suficiente para promover el desarrollo social que mejore sustancialmente el bienestar de los mexicanos.
Ya conocemos los perniciosos resultados del crecimiento inflacionario, generación de empleo de escasa productividad e ineficiencia productiva y comercial.
La crisis nos ha obligado a buscar de nuevo el crecimiento productivo, con estabilidad de precios y la ampliación del bienestar social.
Debemos recuperarlo en el contexto de un mundo ampliamente intercomunicado y mucho más competitivo.
Debemos dar a las generaciones jóvenes, la posibilidad de un desarrollo más promisorio.
El Plan Nacional de Desarrollo definió como sus estrategias fundamentales, la reordenación económica y el cambio estructural.
Esto obligó necesariamente al saneamiento y reorganización del sector público, a su reconversión industrial, a la racionalización de la protección comercial y a la promoción de un crecimiento económico con bases firmes y permanentes.
La situación no ofrecía alternativa.
No existían los márgenes de maniobra necesarios para continuar con una política de intervencionismo estatal creciente e indiscriminado que buscaba resolver todo por la vía del gasto público o de la reglamentación excesiva; ni había fondos para financiarla ni era aconsejable seguir congestionando el aparato estatal y complicando la actividad de los particulares.
Por su parte, la política de ingreso del sector paraestatal permitió aumentar el ahorro de las empresas públicas y racionalizar los subsidios.
El gasto público constituyó un instrumento fundamental de la estrategia del plan, al adecuar su magnitud, estructura, ejecución y destino a las necesidades de la reordenación económica y el cambio estructural.
La política de gasto mantuvo como propósitos invariables:
Promover el desarrollo social, inducir un comportamiento adecuado de la demanda interna, fortalecer la capacidad del aparato productivo y distributivo, y asegurar eficiencia, honradez, control y disciplina en el ejercicio del presupuesto.
En los seis años de mi administración, las finanzas públicas han experimentado un saneamiento considerable.
Como resultado de este proceso, el balance fiscal ha mostrado, antes del pago de intereses, un superávit sin precedente.
La deuda ha sido uno de los problemas económicos más apremiantes.
Es un compromiso que ha lastrado el crecimiento económico.
De haber seguido el camino del conflicto, se habría impedido el acceso de nuestras exportaciones a los mercados externos, se nos habrían cerrado los mercado financieros internacionales públicos y privados, tendríamos dificultades para aportar los bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de nuestro aparato productivo y nuestros complementos de alimentos básicos.
En un clima de confrontación el turismo internacional que viene a México no hubiera crecido de 3 a 6 millones de turistas.
México está a la vanguardia de las negociaciones con los acreedores internacionales.
En los últimos años hemos insistido en el principio de corresponsabilidad entre deudores y acreedores y en la adecuación del servicio de la deuda a la capacidad real de pago de los países.
Mucho es lo que hemos obtenido en las renegociaciones, pero aún es insuficiente.
Para que la renovación nacional perdure, se ha buscado que descanse en medidas estructurales de naturaleza permanente, que reflejen las nuevas condiciones de desarrollo del país.
Así, avanzamos en el proceso de transformación y adecuación la administración pública a las necesidades del desarrollo.
Con este propósito establecimos una política de racionalización de la estructura del gobierno federal y de desincorporación de entidades paraestatales que no responden a los criterios de prioridad ni sentido estratégico que definen la Constitución y las leyes, impulsando, en cambio, el fortalecimiento y reconversión de las entidades que tienen este carácter.
Pusimos en práctica también un amplio programa de simplificación regulatoria y administrativa.
Parte fundamental de la renovación económica es el intenso proceso de racionalización de la protección comercial.
Ya no era sostenible una planta productiva incapaz de competir en el exterior.
Por ello, nos propusimos inducir mayor eficiencia en la industria nacional y hacer más competitivas sus exportaciones.
Este proceso fue reforzado con medidas de política financiera, cambiaria y fiscal.
El desarrollo social constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia general de renovación.
Se elevaron a rango constitucional los objetivos de justicia social sentidos por la población y se promovieron reformas y adiciones legales para garantizar la vigencia de los derechos sociales en materia de salud, vivienda, educación, ecología y protección al salario.
La divisa de la política social ha sido hacer más con menos y mitigar el deterioro en el nivel de vida de la población ocasionado por la crisis.
En estos seis años, a pesar de la notable reducción del gasto público y del aumento de la demanda, derivado del aumento de población, se logró no sólo continuar la operación de los servicios sociales básico que presta el Estado, sino aun incrementar su cobertura.
No todo lo que propusimos y ofrecimos se ha logrado pero, irrevocablemente, la nación ya se orienta a ello.
Lo que hemos realizado ha sido fruto del vigor, del talento, de la capacidad de adaptación y de la vocación de renovación de la sociedad.
Para mí, ha sido un inmenso orgullo presidir los esfuerzos del gran pueblo de México.
La crisis ha provocado un elevado costo social.
Sin embargo, no haber actuado, habernos dejado llevar por la inercia y haber intentado mantener un crecimiento artificialmente sostenido era una irresponsabilidad que hubiera acarreado peores consecuencias.
El costo de haber hecho esto hubiera sido, en el corto plazo, una inflación más elevada, problemas de desempleo mayores y costos de financiamiento inmanejables, así como conflictos sociales muy graves.
En el mediano plazo, nos hubiera significado un grave retraso en un mundo cuya interacción, querámoslo o no, es cada vez mayor.
Necesitábamos ratificar principios, renovar instituciones y, en suma, trazar el camino por el que México se incorporará eficazmente al siglo XXI, como país soberano plenamente viable.
El sacrificio de estos años de austeridad no ha sido en balde.
Hoy tenemos una perspectiva distinta:
Las bases políticas y económicas han sido renovadas.
Están fortalecidas las instituciones.
Frenamos las tendencias de deterioro de nuestra economía y de nuestra sociedad.
Dejemos sentadas bases más sólidas y firmes para una nueva etapa de crecimiento sostenido, eficiente y más equitativo.
Llevamos a cabo el proceso de renovación en un marco de paz social.
Los mexicanos tenemos fe en el destino nacional, pero sabemos que para forjarlo sólidamente se requiere esfuerzo continuo y disciplina en el trabajo.
Muchas de las transformaciones estructurales llevadas a cabo en estos años han tenido ya resultados concretos.
Otras, en contraste, se harán evidentes en el futuro.
El costo del cambio, lo hemos reconocido, ha sido muy alto para la mayoría de la población.
En muchas ocasiones, el pueblo mexicano, con entendible desesperación, ha demandado alivio inmediato a su situación.
Sin embargo, ha comprendido con madurez que para alcanzar un bienestar duradero, era necesario el saneamiento real de país.
Esto es lo que se propuso la renovación nacional.
No hay evoluciones lineales.
Todo avance supone la superación de inevitables tropiezos.
Hay que aprender de las circunstancias adversas.
En estos años, los mexicanos no sólo aprendimos a vivir y sobrevivir en la crisis, sino que logramos modificar nuestras conductas.
Partimos de la necesidad de ser realistas y de la aceptación de que sólo con trabajo y esfuerzo podríamos superar nuestros problemas.
Sin embargo, hay que reconocerlo, desconocíamos al principio la profundidad y el enraizamiento de la crisis.
Las circunstancias nos obligaron a mantenernos cada vez más alertas y a agilizar nuestra capacidad de respuesta.
Fue como si hubiésemos atravesado por un rápido de la historia.
La agitación fue considerable, pero también fue mucho lo que avanzamos como nación.
1. Política del Estado Mexicano
Nuestras acciones políticas se orientaron al mantenimiento del orden constitucional, la protección de las garantías individuales, el respeto a la división de Poderes y al fortalecimiento del sistema federal y del municipio.
Convocamos a la consulta popular para analizar el estado que guardaba la reforma política, perfeccionar el sistema electoral, revisar la forma de integración del Senado de la República y promover una más amplia participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal.
Ampliar la vida democrática del país reclamaba revisar las normas y procedimientos que regulan la participación ciudadana en la vida política y la integración de la representación nacional.
Como resultado de la consulta popular, surgió la demanda de fortalecer la división de poderes.
Con respecto al Poder Legislativo, se promovieron la instauración de dos periodos ordinarios de sesiones, la ampliación de la Comisión Permanente y la modificación del calendario electoral.
Ahora se renovará cada tres años la mitad del Senado.
La integración de la Cámara de Diputados se realiza con una representación más plural y una mejor proporcionalidad.
A partir de la próxima administración, se abrevia el plazo entre las elecciones federales y el cambio de poderes y se modifica la fecha del informe presidencial.
El sistema político mexicano cuenta con un nuevo Código Federal Electoral, que regula y norma ordenada y claramente todas las fases del proceso.
Aspecto esencial de la renovación política fueron las elecciones de julio pasado.
Fue un proceso electoral de importancia histórica.
Se dio conforme a la Constitución y a las leyes electorales de la República.
Fue ordenado, pacífico y ampliamente vigilado.
Tal fue mi compromiso y el de todos los mexicanos.
Las campañas electorales resultaron competitivas y polémicas; con ellas se enriqueció en la práctica el pluralismo político y se produjo una recomposición de las fuerzas y de los partidos que las representan.
Esta importante renovación electoral marca el inicio de una nueva y mejor etapa de nuestro desarrollo político.
A la crisis hemos respondido con más libertad y más democracia.
Los resultados logrados son mérito y responsabilidad de todos los mexicanos y de los partidos políticos.
El pueblo fue el autor y el mejor testigo de los comicios.
Hemos elegido un nuevo perfil de pluripartidismo y decidido una nueva proporción entre los partidos representados en la Cámara de Diputados.
Hay senadores de oposición.
Exhorto a autoridades, partidos y ciudadanos a consolidar lo actuado y a seguir perfeccionando nuestra democracia en la paz y el derecho.
El camino a la democracia es proceso permanentemente inacabado; las recientes elecciones deben verse como un peldaño más hacia etapas superiores.
Con las recientes elecciones federales, fue electa la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
La integrarán 66 representantes, 40 de ellos electos por el principio de mayoría relativa y 26 por representación proporcional.
Este cuerpo permitirá una mayor participación ciudadana en la gestión de los asuntos del Distrito Federal, entre otros los relativos a educación, salud y servicios públicos básicos; analizará la información trimestral sobre la ejecución de los presupuestos y programas presentada por la autoridad administrativa de la ciudad capital; aprobará los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia; y podrá promover ante el Congreso de la Unión leyes y decretos en materias relativas al Distrito Federal.
Se reformó el marco legal de los cuerpos de inspección o apoyo que habían asumido funciones policiacas, sin que legalmente les correspondiera.
Fue implantado el Programa Nacional de Seguridad Pública para promover acciones de modernización, moralización y profesionalización de las policías del país.
En esta materia, queda aún mucho por hacer.
Las inercias del pasado han presentado serias resistencias al cambio; aún tenemos que lamentar fenómenos de corrupción e insuficiencia; el problema de la seguridad pública sigue siendo grave.
Empero, debemos reconocer también la encomiable labor de los policías leales y honestos que arriesgan y pierden sus vidas en defensa de la sociedad.
Propósito fundamental del actual régimen ha sido que la población participe en los beneficios del desarrollo económico y social, atendiendo a las características de su crecimiento, estructura, dinámica y distribución geográfica, tanto en las áreas rurales como en las urbanas.
Se implantó el Programa Nacional de Población y fue descentralizada su ejecución instalando en cada entidad federativa consejos estatales y, en algunos casos, municipales de población.
La tasa anual de crecimiento de la población se sitúa ahora en el 19%.
Se han acentuado las tendencias hacia una mejor distribución territorial del crecimiento poblacional.
Ha sido relevante la constitución del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo origen data de las trágicas experiencias de los sismos de 1985.
En el Sistema participan los tres niveles de gobierno, con el concurso de todos los sectores de la población.
1.2 Reforma jurídica y procuración de justicia
El primer día de mi mandato convoqué a una consulta nacional para renovar la administración y procuración de justicia, de donde surgió un derecho moderno en la materia.
Esta renovación jurídica abarcó reformas constitucionales, sustitución de varias leyes y promulgación de otras donde sólo había reglamentos.
La Procuraduría General de la República llevó adelante la mayor reforma orgánica de su historia reciente.
La administración central se redujo y la desconcentración tuvo avances trascendentales.
Además de sus tareas tradicionales, el Ministerio Público Federal emprendió actividades que marcan nuevos rumbos en la procuración de justicia.
Entre ellas figuran la orientación legal, el sistema de participación social y su comparecencia ante la comunidad a la que sirven, en compañía de la Policía Judicial Federal, para atender quejas y sugerencias.
México sigue cumpliendo su parte en la lucha contra el narcotráfico y esperamos que todos cumplan la que les corresponde.
Debemos actuar con más energía sobre las causas del narcotráfico; sin embargo, debe señalarse que nuestra contribución es insuficiente si no se combate la demanda en los grandes centros de consumo y las actividades ilícitas que trae consigo, como el tráfico de armas y la corrupción.
El narcotráfico es un grave problema de carácter internacional.
Para combatirlo se requiere, por ello, un vigoroso esfuerzo de alcance mundial.
El narcotráfico es cuestión de Estado y de seguridad nacional.
Para afrontarlo se ha renovado la legislación en la materia.
En su combate participan heroicamente el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, la Procuraduría General de la República y los gobiernos estatales.
Muchos mexicanos han perdido la vida en esta tenaz lucha.
Este es un hecho que merece el reconocimiento de todos.
El Programa de Atención a la Farmacodependencia es un instrumento básico para prevenir y erradicar la drogadicción en nuestro territorio.
Con la participación de la sociedad, sobre todo de padres de familia y maestros, se integraron más de 12 mil comités y subcomités.
Expreso mi solidaridad y aprecio a quienes han concurrido en esa noble tarea por México.
Renuevo la exhortación a los grupos sociales para combatir las causas y consecuencias de la drogadicción.
En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se han realizado perseverantes esfuerzos en el perfeccionamiento del sistema de procuración de justicia, así como en la profesionalización y depuración de sus cuadros y la modernización de sus laboratorios y equipos de investigación.
Se ha premiado el desempeño eficiente y se han sancionado los casos de deshonestidad.
Se reformó el reglamento interior de esta procuraduría, que subordina a la Policía Judicial y al Ministerio Público.
La renovación moral de la sociedad ha sido compromiso y norma de conducta permanente de mi gobierno.
Ofrecí inducir esta gran cruzada mediante el ejemplo del gobierno.
La guía fundamental de esta renovación ha sido el derecho, síntesis de la moral social de la República.
Destacan el nuevo título cuarto de la Constitución, la Ley de Responsabilidades de Servicios Públicos y la nueva Ley de Entidades Paraestatales.
Los gobiernos estatales modificaron su legislación para adecuarla al marco federal vigente en la materia.
Como resultado de las reformas jurídicas y administrativas, se diseño el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, se cuenta con recursos legales para atender las quejas, denuncias e inconformidades de los particulares; se verifica la correcta operación de las empresas del sector paraestatal; se sujetan a concurso y licitación las obras públicas y las adquisiciones; se definieron con los gobiernos estatales procedimientos permanentes de evaluación de la obra pública federal coordinada, y se emprendió la vasta y compleja tarea de simplificación administrativa.
Con la política de austeridad presupuestal se ha agilizado la administración de sueldos y prestaciones para los servicios públicos.
Asimismo, se mejoró la asignación de plazas, dando atención especial a los sectores prioritarios de salud, educación, procuración y administración de justicia y seguridad nacional, sin que ello significara un aumento equivalente del número de plazas a nivel total.
El perfeccionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos ha sido objetivo destacado de mi gobierno.
Por su parte, las reformas a la Ley de Obras Públicas han permitido la simplificación en los trámites y procedimientos; alcanzar grados mayores de productividad y eficiencia; así como agilizar la administración en la construcción de la obra pública a la cual sujetamos al procedimiento de concurso o licitación en 70%.
Estamos conscientes de que la vigilancia y el control en el manejo de los recursos públicos es una tarea de carácter permanente.
En este último año hemos reforzado particularmente la disciplina y el control financiero.
Adicionalmente a las auditorías de 1987 que ya se efectuaron a las entidades del sector paraestatal, di instrucciones para que auditores externos revisen los estados financieros del primer semestre de este año.
Esa información será de gran utilidad para hacer una entrega de la administración ordenada, transparente y apegada a la ley.
Estamos preparados para presentar cuentas claras a la nación; legaremos una administración pública más honesta y eficiente.
Mi compromiso ha sido y sigue siendo el manejo transparente y honrado de los recursos que el pueblo nos confió.
1.4 Fuerzas armadas.
Las fuerzas armadas han cumplido los compromisos adquiridos con el pueblo de México.
A través de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y la directiva que expedí al principiar la administración, así como su programa conjunto de acción, la modernización del Ejército y la Fuerza Aérea se ha realizado con la actualización de la planeación estratégica, el reajuste de la división territorial y del dispositivo estratégico, la creación y reubicación de unidades e instalaciones, y el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación y transporte.
En el último año, mediante la presencia permanente de unidades navales de superficie y aéreas en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, la Armada de México cubrió la vigilancia del 72% de las áreas estratégicas de los mares nacionales, lo que representó un incremento de 41% respecto a lo realizado en el año de 1982.
Nuestros soldados y marinos, con riesgo de sus propias vidas, se han entregado a esta tarea con dedicación no igualada por organismos similares de otros países, que también se ven afectados por estas actividades ilícitas.
Las fuerzas armadas han reiterado constantemente su lealtad inquebrantable a las instituciones de la República, su respeto a las libertades y a la democracia, su ejemplar patriotismo.
Dejo testimonio expreso de mi reconocimiento personal a su ejemplar tarea en estos seis años.
Al iniciar mi mandato me comprometí a continuar la acción internacional de México apegado a una política de principios, basada en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados y cooperación internacional para el desarrollo.
Estos principios fueron elevados a rango constitucional, mediante la reforma al artículo 89 de nuestra Carta Magna.
Con Guatemala y Belice se impulsó una relación particularmente estrecha y equitativa.
En varias ocasiones me reuní con los mandatarios de ambos países, suscribimos numerosos acuerdos de cooperación económica, técnica y cultural, y se establecieron comisiones interparlamentarias que contribuyen a reafirmar la comunicación política y el sentido de cooperación.
La ayuda que préstamos a los refugiados guatemaltecos que se encuentran en territorio nacional, ha sido preocupación constante de mi gobierno.
Con Estados Unidos de América pocas naciones como México tienen el cúmulo de intercambios de personas, bienes y servicios, y asuntos políticos de interés común.
Seis veces me reuní con el Presidente de ese país.
Siempre insistimos en la necesidad, para ambos gobiernos, de una relación digna y respetuosa, cordial y de beneficio recíproco y equitativo.
Rechazamos con firmeza el uso de las presiones, las medidas unilaterales y los juicios e informaciones que no corresponden a la realidad.
Al final de estos seis años, nuestra actitud constructiva ha rendido beneficios ; los momentos de dificultad e incomprensión se han ido superando y hemos confirmado nuestra voluntad de entendimiento y colaboración.
Mi gobierno ha mantenido un esfuerzo sostenido de cooperación bilateral con países de todas las regiones del mundo, de diverso grado de desarrollo y de distintas estructuras políticas y económicas.
Especial empeño se ha puesto en estrechar las relaciones con países a los que nos unen mayores afinidades políticas y con aquellos que ofrecen mayores oportunidades de cooperación.
Con este fin, realicé visitas de Estado a 21 países del continente americano, Europa Occidental y Asia.
La política exterior de México ha impulsado nuevas formas de concertación, especialmente con América Latina.
Ante la gravedad del conflicto centroamericano, se creó el Grupo Contadora, reforzado por su grupo de apoyo, con el objeto de propiciar, mediante la negociación diplomática, la pacificación del área y la cooperación para su desarrollo; se estableció el Consenso de Cartagena, para atender el problema de la deuda externa; y, finalmente, se constituyó el mecanismo permanente de consulta y concertación política para estrechar la comunicación y promover la integración de América Latina.
Con la primera reunión de ocho presidentes se inauguró una nueva etapa para la unidad y la integración regionales.
En la segunda reunión de presidentes en Punta del Este se constatará la consolidación de este mecanismo.
Esta labor contribuyó a propiciar la celebración de las negociaciones entre las grandes potencias, que por vez primera han acordado eliminar uno de los sistemas de armamento nuclear; ello podría iniciar el cambio hacia una reducción más amplia, o incluso la prohibición total de las armas estratégicas y a negociaciones que limiten el armamento convencional.
Los nuevos mecanismos de concertación política no actúan en menoscabo de los organismos internacionales establecidos.
Por el contrario, uno de sus propósitos es apoyarlos con iniciativas y estímulos políticos conjuntos.
Sólo mediante el desempeño eficaz de sus funciones será posible asegurar una coexistencia mundial pacífica y una cooperación entre estados que se traduzca en estabilidad y progreso económico y social para todos.
Por ello, México ha seguido apoyando decididamente a la Organización de las Naciones Unidas y se ha esforzado, junto con los demás países latinoamericanos, en actualizar la Organización de los Estados Americanos.
Somos fervientes partidarios del derecho internacional y sus instituciones.
2.1 Situación económica interna
Al inicio de mi administración las condiciones económicas imperantes eran particularmente desfavorables.
La inflación crecía, el desempleo aumentaba y la actividad se había estancado.
La economía estaba al borde del colapso.
Había desconfianza generalizada en el sistema financiero del país.
Habíamos perdido el control de los mercados cambiarios.
La incertidumbre, el desánimo, la especulación y el miedo nos habían paralizado.
En estas circunstancias, era imposible avanzar en la superación de los graves problemas que nos afligían.
Era necesario definir, con base en un análisis realista y sereno, una estrategia que nos señalara el rumbo a seguir.
Lo urgente era restablecer la calma y el orden.
Por ello, definí un programa destinado a controlar los aspectos más negativos de la crisis.
El Programa Inmediato de Reordenación Económica hizo posible restablecer las condiciones mínimas necesarias para la operación del aparato productivo.
Mediante la definición de pautas claras y realistas en el manejo de la política económica, se restableció la certidumbre en la viabilidad económica del país.
La recuperación de la confianza y la consolidación de la nacionalización bancaria permitió que volvieran a operar con eficacia las instituciones financieras.
Los mercados cambiarios funcionaron nuevamente con reglas claras y estables.
La mayor certidumbre sentó las bases para avanzar en la solución de nuestros problemas.
Las medidas que se adoptaron no fueron fáciles.
Destruida la ilusión, compartida por propios y extraños, de que el petróleo sería un recurso suficiente para superar nuestros atrasos, tuvimos que enfrentar y aceptar el hecho de vivir con una austeridad acorde con nuestros medios, los que se vieron reducidos por el endeudamiento externo, la baja en los precios del petróleo y los efectos destructivos de la inflación.
El sector público puso la muestra.
De un déficit primario de las finanzas públicas, es decir, de una situación en la que los gastos, excluyendo el servicio de la deuda pública, superaban a los ingresos gubernamentales en 7.3% del Producto Interno Bruto, se pasó a un superávit primario de 4.2% en 1983.
Durante los seis años de mi administración, a diferencia de los años anteriores, en que año con año el saldo primario fue siempre deficitario, las finanzas públicas han arrojado un superávit primario, que en 1987 alcanzó 4.7% del producto.
En el Plan Nacional de Desarrollo se establecieron dos líneas de estrategia:
La reordenación económica y el cambio estructural.
Con esta estrategia fue posible disminuir la inflación de 117% sobre la base anual, en abril de 1983, a menos de la mitad en junio de 1985.
Al mismo tiempo, se logró recuperar un crecimiento modesto de la actividad económica, que pasó de tasas negativas de 0.6 y 4.2% en 1982 y 1983, a un crecimiento positivo de 3.5 y 2.5% en 1984 y 1985.
El choque externo en 1986 fue de magnitud muy considerable.
La pérdida de ingresos por exportaciones petroleras fue equivalente a la pérdida de la producción total de alimentos del país.
Durante ese mismo año no recibimos crédito neto del exterior.
Mediante una política económica adecuada, que incluyó ajustes fiscales adicionales, el manejo realista del tipo de cambio y una política monetaria y crediticia restrictiva, pudimos hacer frente con eficacia al rudo golpe económico procedente del exterior.
A pesar de que la disminución de los ingresos alcanzó el 7% del producto, el superávit primario de las finanzas públicas fue positivo: 1.6% del producto, y se logró una acumulación de reservas internacionales en el Banco de México por casi mil millones de dólares.
Sin embargo, no fue posible evitar que la inflación alcanzara 105% y el producto decreciera 4%.
Estos resultados deben evaluarse a la luz del choque externo sufrido.
Como proporción del producto, su impacto fue superior al pago por reparaciones de guerra que sumió a varios países europeos en las peores hiperinflaciones de la historia en el período de entreguerras.
Hacia mediados de 1987, la economía nacional parecía haber superado lo más grave de la crisis de 1986.
Se había recuperado un crecimiento moderado de la actividad económica y habíamos efectuado otra renegociación de la deuda externa obteniendo un importante financiamiento adicional para la recuperación y el crecimiento.
El producto interno bruto creció alrededor de 3.4 en el segundo semestre de 1987, en comparación con el mismo período de 1986.
Este crecimiento se registró de manera natural; es decir, no fue forzado por una inyección artificial de la demanda.
En 1987 se alcanzó uno de los superávits primarios de las finanzas públicas más altos de nuestra historia.
Las exportaciones no petroleras crecieron 24% por encima de los altos niveles alcanzados en 1986, año en que crecieron 41%, respecto de 1985, y se acumularon reservas internacionales por casi 7 mil millones de dólares.
Asimismo, cabe destacar que la situación financiera de la mayoría de las empresas mejoró substancialmente.
Esta visión acerca del desenvolvimiento de la economía fue compartida por la mayoría de los sectores.
Las perspectivas eran halagüeñas.
Hubo repatriación sustancial de capitales.
Sin embargo, hacia finales del año las expectativas se revirtieron.
El problema surgió porque la inflación no había sido suficientemente controlada.
Cuando los aumentos de precios son elevados, la evolución de los mercados financieros se caracteriza por una gran incertidumbre, y la economía se vuelve sumamente vulnerable ante eventos desfavorables, aun cuando la situación general de la economía sea sana.
La incertidumbre proveniente de elevadas tasas de inflación es terreno fértil para que cualquier acontecimiento inesperado propicie la especulación.
El acontecimiento que desencadenó el deterioro de las condiciones prevalecientes en la última parte de 1987 fue el derrumbe de las cotizaciones en los mercados bursátiles del mundo.
En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, el efecto se vio magnificado por las condiciones prevalecientes de sobrevaluación de las acciones.
Se desató así la especulación contra el peso en los mercados cambiarios, a pesar de la fortaleza de la balanza de pagos del país y de la acumulación de reservas internacionales.
Estas condiciones especulativas contagiaron rápidamente al resto de la economía, propiciando una aceleración de la inflación, que amenazaba con volverse hiperinflación descontrolada.
Para evitarlo era necesario hacer frente a la coyuntura de manera decidida.
Negociamos entonces el Pacto de Solidaridad Económica, que se firmó el 15 de diciembre de 1987.
Por ello, los sectores firmantes del pacto acordaron seguir una estrategia basada tanto en el reforzamiento de las condiciones macroeconómicas para que la reducción de la inflación sobre bases permanentes fuera viable, como en la participación concertada de los sectores para asegurar el éxito y disminuir el costo de la estabilización de precios.
Mediante sucesivas concertaciones, ocurridas en febrero, marzo, mayo y agosto, se han logrado avances innegables.
La meta de alcanzar una inflación mensual de 2% se obtuvo.
La inflación de julio, medida con base en el índice nacional de precios al consumidor, fue de sólo 1.7%; es decir, apenas algo más de un décima parte de la inflación de 15.5% de enero.
A partir de mayo, el índice de precios de la canasta básica, que tiene una gran incidencia en el costo de la vida, ha registrado aumentos mensuales inferiores al 1.5%.
Esta cifra, no sólo es la más baja observada en el año, sino también la más baja desde junio de 1981.
Estos avances se han obtenido a pesar de circunstancias sumamente adversas.
La sequía que afectó al país en el primer semestre del año propició el encarecimiento de los alimentos.
El pacto enfrentó el escepticismo inicial de diversos grupos sociales.
La evolución de la economía internacional ha sido desfavorable, en especial en lo referente a los bajos precios de exportación del petróleo, las altas tasas de interés y el aumento de precios de las importaciones de alimentos.
A diferencia de otros países que han tenido éxito en la erradicación de altas tasas de inflación, el pacto no ha contado con financiamiento externo neto.
No podemos afirmar que el éxito definitivo haya sido alcanzado.
Aún falta mucho por hacer.
La concertación seguirá vigente hasta el último día de mi mandato y, por tanto, el sector público continuará cumpliendo escrupulosamente con los compromisos adquiridos.
Lo que sí puedo afirmar, de manera categórica, es que se está haciendo frente a la situación mediante la estrategia requerida por las circunstancias y que, hasta ahora, las partes del pacto han cumplido, en lo general, con lo estipulado.
En la pasada coyuntura inflacionaria, algunos querían decisiones espectaculares.
¡Como si tales decisiones por sí mismas, pudieran resolver los problemas!
Las respuestas tienen que ser complejas, como heterogénea es la realidad y deben ser el resultado de un consenso social.
Es preciso sumar esfuerzos paciente y tenazmente para que la participación no lleve a confrontaciones que impidan resolver los problemas.
La concertación, que es una de las expresiones de la participación democrática, consiste en aprovechar el talento y la energía de todos para superarlos.
Ya no son tiempos de esperar del gobierno soluciones mágicas para todas las cuestiones.
El Pacto de Solidaridad Económica estableció normas claras, precisas, que permiten que las agrupaciones sociales y los ciudadanos conozcan las posibilidades y límites de su acción y el gobierno asuma su papel de conductor de la organización y participación de la sociedad.
En última instancia, la concertación y el diálogo significan una nueva forma de acuerdo entre los grupos fundamentales de la sociedad: una muestra de que nuestra transformación ya ha dado frutos trascendentes.
2.2 Cambio estructural en la economía.
En décadas pasadas la economía nacional tuvo un gran dinamismo.
Sin embargo, a pesar del elevado crecimiento y los importantes avances alcanzados en materia social, persistían diversas formas de desigualdad y desequilibrios derivados de fallas estructurales que llegaron a constituirse en rezagos profundos.
Ante estas condiciones de debilidad estructural y el impacto de la transformación observada de la esfera internacional, el Plan Nacional de Desarrollo emprendió una estrategia de cambio estructural para sentar las bases de un crecimiento firme, duradero y más justo.
Esta estrategia se concentró en cinco áreas fundamentales: saneamiento de las finanzas públicas, reorganización del sector público, reconversión industrial, racionalización de la protección comercial y descentralización de la vida nacional.
Las transformaciones de fondo en las políticas de gastos e ingresos públicos han permitido que las finanzas públicas experimenten un saneamiento considerable.
La reducción del gasto ha ido acompañada de una mejor asignación y de medidas para asegurar su ejercicio eficiente y honesto.
La reforma fiscal permite compensar el efecto negativo de la inflación sobre los ingresos públicos, a la vez que estimula la inversión productiva, a través de la reducción de las tasas impositivas.
Los precios y tarifas públicos han contribuido a superar ineficiencias en la operación de las empresas públicas, la eliminación gradual de subsidios injustificados y la rehabilitación financiera de las entidades paraestatales.
Los ajustes introducidos a las políticas de ingresos y egresos públicos han permitido erradicar los efectos nocivos que los abultados déficits públicos ejercen sobre los niveles de demanda y crecimiento de los precios.
Avanzamos en el proceso de modernización y adecuación de la administración pública a las necesidades del desarrollo.
Se ha racionalizado la estructura administrativa del gobierno federal y desincorporado entidades paraestatales que no corresponden a los criterios de prioridad ni sentido estratégico que definen la Constitución y las leyes de la República.
El proceso de reconversión industrial se ha impulsado mediante la modernización productiva de las ramas tradicionales, la integración de grupos industriales y de entidades controladoras, así como el fomento de las ramas modernas, y la creación de industrias de la alta tecnología.
Se han identificado requerimientos de rehabilitación financiera, modificación de la política de subsidios y de precios y tarifas, así como la adecuación de los tamaños de las plantas y líneas de producción de las empresas públicas.
Cabe señalar que la realización plena de la reconversión industrial rebasa el corto plazo.
En el caso de la pequeña y mediana industrias, el proceso de modernización implica vincularlas eficientemente con la gran industria, especialmente la de exportación.
Se han tomado diversas medidas para impulsar la microindustria, incluyendo una ley especial sobre la materia.
Desde el inicio de esta administración, en el Plan Nacional de Desarrollo se señaló el propósito de efectuar el cambio estructural en el las políticas de comercio exterior y de protección industrial.
En una primera etapa se sustituyó en forma gradual y concertada con el sector productivo el permiso de importación por el arancel, instrumento más ágil y transparente, que permite otorgar una protección adecuada a la industria nacional.
También fue eliminado el sistema de precios oficiales de importación, sustituyéndose por un mecanismo de protección más eficiente contra prácticas desleales de comercio internacional.
2.3 Política de gasto.
Dada la importancia fundamental del gasto público en el desarrollo del país, y sobre todo en tiempos de escasez de recursos, su asignación adecuada y eficiente, de acuerdo con las prioridades sociales, es una necesidad insoslayable.
Hemos impuesto una estricta disciplina presupuestal.
El gasto público no puede sustituir a los esfuerzos y compromisos empresariales para invertir, a la eficiencia y productividad de los obreros, a la organización y capacidad de producción de nuestros hombres del campo y a la oportunidad y calidad del comercio.
El gasto público es un instrumento de política económica que, usado con mesura, eficiencia y honradez puede ayudar a alcanzar estabilidad de precios, fomento de la infraestructura básica, incrementos en las coberturas de los servicios públicos y una mejor distribución del ingreso.
Este criterio requirió de profundos cambios sustantivos en el gasto que le permitieron enfrentar sus desequilibrios, modificar inercias y hábitos y atender las demandas sociales prioritarias en un contexto de gran escasez de recursos.
En 1987, el gasto público programable representó 20% del producto; siete puntos porcentuales menos que en 1982.
Sin embargo, se ha avanzado en la atención a las demandas sociales en rubros prioritarios, como educación, salud, vivienda y protección ecológica.
2.4 Empresa pública.
La empresa pública es un elemento importante para el desarrollo.
No es aceptable una empresa pública ineficiente, que preste servicios de mala calidad, que distraiga recursos de lo prioritario y represente una pesada carga fiscal, que sea pagada por la comunidad.
Por el contrario, la empresa pública es una pieza fundamental de la estrategia de desarrollo y, por lo mismo, debe contribuir al bienestar social.
Durante mi mandato, uno de los objetivos ha sido el de consolidar la empresa pública, retirándola de aquellas actividades en las que su participación no es ni estratégica ni prioritaria, y haciéndola más fuerte y eficiente en aquellos campos en los que su contribución al desarrollo es necesaria.
Más calidad y no cantidad es lo que ahora necesitamos.
De 1 mil 155 entidades del sector público existentes a principios de 1983, se decidió la desincorporación de 765.
La desintegración de muchas de ellas aún se encuentra en ejecución.
Para atender necesidades impostergables, se crearon 59 entidades nuevas.
Así, en actualidad quedan 449 entidades públicas.
Estas cifras no incluyen 339 empresas no bancarias, en las que participaban las instituciones de crédito nacionalizadas y que fueron ofrecidas en venta a particulares por ser innecesarias para su operación.
Al mismo tiempo, se ha aumentado la eficiencia de las empresas paraestatales.
Ello ha permitido reducir los subsidios a las industrias públicas que les otorga el gobierno federal, de 2.8% del producto en 1983 a menos de 1.3% en 1988.
Con las políticas adoptadas, las empresas públicas están en mejores condiciones para hacer frente a los requerimientos crecientes de la sociedad y constituyen un sólido apoyo para la rectoría económica del Estado.
2.5 Financiamiento del desarrollo.
La política de financiamiento del desarrollo ha sido pilar fundamental de la estrategia económica de mi administración.
Se han adoptado diversas medidas para estimular el ahorro de los sectores público, social y privado, financiar sanamente el gasto público e inducir la inversión productiva.
Los ingresos del sector público aumentaron como proporción del producto 28.9% a 30.6% entre 1982 y 1985; sin embargo, el avance se vio interrumpido por factores adversos, como los terremotos de 1985 y la busca caída del precio del petróleo, así como el aumento de la inflación.
La reforma fiscal de 1987 tuvo como objetivos: romper el círculo vicioso en que la inflación atrapó a los ingresos públicos; propiciar el cambio estructural, eliminando los sesgos en contra de la inversión productiva y de la capacitación de las empresas que viciaban al sistema tributario anterior; restituir la equidad tributaria, y combatir la evasión.
Paralelamente, se adoptaron programas de descentralización, modernización y simplificación fiscal.
Como consecuencia, los ingresos pasaron de 28.8% del producto en 1986 a 31.3% en 1987.
Desde 1982, se eliminó el anonimato en las sociedades mercantiles.
El Pacto de Solidaridad Económica incluyó un ajuste inicial de precios y tarifas del sector público; la acumulación de certificados de promoción fiscal para determinar la base del impuesto sobre la renta; la depuración de subsidios; el ajuste a la tarifa a personas físicas, para evitar la sobregravación por efecto de la inflación; la corrección de rezagos acumulados en derechos; en apoyo a la apertura de la economía, la eliminación del impuesto adicional a las importaciones, y la reducción a 20% del arancel máximo; y para reforzar la economía familiar, la disminución del 6% a una tasa cero en el impuesto al valor agregado para las medicinas y alimentos procesados.
Los resultados son alentadores.
Durante los primeros seis meses de 1988, los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta aumentaron 11.9% en términos reales, en comparación con el mismo período de 1987.
La recaudación proveniente de las empresas creció 29.8% real en ese mismo lapso.
2.6 Política financiera.
La mayor disponibilidad de recursos financieros, es condición para la expansión de la capacidad productiva y de la infraestructura para la generación de empleos.
Para ello, se han ofrecido rendimientos reales atractivos para los ahorradores.
Las nuevas condiciones nos indujeron a promover una nueva legislación para el sistema bancario y financiero.
Se promulgó una ley para el servicio público de banca y crédito, y nuevas leyes orgánicas para el Banco de México y todas las instituciones de fomento; se reformó la Ley del Mercado de Valores y se promulgaron nuevas leyes de Sociedades de Inversión y de Organizaciones Auxiliares de Crédito.
Se avanzó en la racionalización del sistema bancario.
El número de instituciones de crédito se redujo de 60 a 18 y se mejoró su estructura.
Se corrigieron los severos problemas financieros que a fines de 1982 afectaban a varias instituciones.
Con estas acciones, el sistema de banca múltiple es hoy más moderno y eficiente.
En cuanto al sistema de fomento, se liquidaron dos bancos y varios fondos y fideicomisos.
Los que permanecieron en operación se vincularon a los bancos de desarrollo afines a su actividad.
Se modificó el nivel y estructura de las tasas preferenciales, reduciéndose a casi la mitad el monto de los subsidios financieros y se mejoró su asignación.
En los últimos años, los intermediarios financieros no bancarios han tenido un desarrollo sin precedente, lo que les permite ser un complemento valioso del sistema bancario.
2.7 Política de deuda.
El país ha podido hacer frente a las difíciles condiciones prevalecientes sin aumentar su posición deudora.
De diciembre de 1982 el día de ayer, la deuda externa de país se incrementó en 9 mil 252 millones de dólares.
En el mismo período, el aumento de las reservas internacionales que constituyen un activo del país sobre el exterior fue de 10 mil 223 millones de dólares.
De esta manera, las reservas monetarias del Banco de México alcanzaron al día de ayer la cantidad de 12 mil 55 millones de dólares.
Esto contrasta con un endeudamiento neto de 76 mil millones de dólares entre 1972 y 1982.
Es de señalar que la posición deudora neta es influida no sólo por las disposiciones y amortizaciones de créditos y por la valoración de las reservas, sino también por la valuación de los pasivos y activos denominados en monedas distintas del dólar y por los descuentos y quitas aplicados a algunos pasivos con el exterior.
Si se excluye la participación de estos elementos, se obtiene el uso efectivo de recursos crediticios del exterior, el cual ha sido negativo por 7 mil 113 millones de dólares.
Por lo que toca la deuda pública denominada en moneda nacional, también ha habido una disminución.
Entre 1982 y 1987 disminuyó en más del 15% en términos reales.
Se estima que para fines del este año sea de casi 25% menor en términos reales.
El alto servicio de la deuda externa representa un lastre para el desarrollo económico del país.
Se contrató en décadas pasadas para financiar la planta productiva y las inversiones necesarias, y acelerar así el crecimiento.
Sin embargo, también se usó para compensar desequilibrios internos y externos originados por problemas económicos estructurales.
La renegociación de la deuda abarcó tanto el endeudamiento del sector público como al sector privado.
De acuerdo con el calendario vigente en 1982, durante el período 1982-1988 el sector público debía cubrir amortizaciones por 49 mil 488 millones de dólares; estos pagos se redujeron a 27 mil 450 millones.
La sobretasa aplicada a la deuda mexicana se redujo de 1.1/8 en 1982 a 13/16 en la actualidad.
Ello representó un ahorro de intereses por 300 millones de dólares anuales.
En marzo pasado se realizó un canje de deuda pública vigente por nuevos bonos del gobierno mexicano.
La operación fue por un monto de 3 mil 665 millones de dólares, a un precio promedio de 69.77 centavos por dólar.
Se obtuvo así una disminución de la deuda externa por 1 mil 108 millones de dólares y un ahorro por concepto de intereses de 1 mil 537 millones en los próximos 20 años.
Aunque los resultados de esta operación fueron limitados, es justo señalar que fue la primera ocasión en los tiempos recientes en que un gobierno deudor captó directamente los beneficios del descuento vigente en el mercado de su deuda externa pública.
El problema de la deuda externa no está resuelto, pero hemos logrado avances innegables.
Por medio de la negociación firme, hemos obtenido mejores términos y condiciones que otros países que recurrieron al enfrentamiento.
Aún estamos insatisfechos con lo hasta ahora logrado.
Debe seguirse insistiendo en una mayor corresponsabilidad y entendimiento de los acreedores, para la solución del problema que ellos contribuyeron a propiciar.
2.8 Planeación democrática.
Con el propósito de orientar la acción pública e impulsar la participación de todos los sectores sociales en los asuntos nacionales, se consolidó el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
El soporte legal, administrativo y de concertación que nos proporciona el sistema, nos ha permitido emprender con firmeza y decisión las transformaciones que conforman la renovación nacional.
En tiempos de crisis, una planeación flexible pero clara es un instrumento que permite orientar el rumbo y evitar la confusión de las presiones inmediatas.
El eje central de la estrategia de gobierno lo constituyó el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.
Anualmente, de conformidad con la ley, informamos al honorable Congreso de la Unión sobre los avances alcanzados y los obstáculos enfrentados en su aplicación.
Sus observaciones han sido incorporadas en la adaptación y corrección del plan.
La planeación nacional se ha apoyado en el fortalecimiento de las relaciones de coordinación con las entidades federativas, haciendo compatibles y orientando en una sola dirección los esfuerzos de los tres niveles de gobierno.
Durante mi administración se articularon acciones que han coadyuvado al avance de la descentralización y al desarrollo regional, y buscando una mejor distribución de las actividades productivas y del bienestar social.
El carácter democrático de la planeación ha quedado de manifiesto con el fortalecimiento de la participación social, que hizo posible que en diciembre del año pasado, el gobierno de la República propiciara la concertación del Pacto de Solidaridad Económica con los sectores obrero, campesino y empresarial .
La renovada vigencia del pacto, es prueba evidente de que los mexicanos somos capaces de enfrentar la adversidad de manera solidaria y que a través del diálogo franco y honesto se puedan armonizar intereses y encontrar soluciones, en beneficio de la sociedad.
3.1 Protección al empleo y al salario.
Es indudable que las crisis golpean con mayor fuerza a los grupos de menores ingresos.
A lo largo de esta administración, la política económica ha buscado militar los efectos de la crisis, mediante la aplicación de medidas para proteger el empleo y los salarios.
La estrategia antiinflacionaria surgida del Pacto de Solidaridad Económica ha disminuido los costos sociales, en términos de actividad económica y empleo.
De haberse basado el programa en el uso exclusivo de políticas antiinflacionarias tradicionales de corte recesivo en las condiciones prevalecientes a finales de 1987, se hubiera dado lugar más a una severa contracción de la actividad productiva y el empleo, que a una disminución efectiva de la inflación.
Los sectores firmantes del pacto acordaron seguir una estrategia que combina las necesarias medidas de austeridad fiscal, monetaria y crediticia, con la concertación de ajustes de precios-clave en la economía congruentes con una inflación a la baja.
Así, se ha logrado que dichas medidas de austeridad tengan un impacto mayor en el abatimiento de la inflación, y uno menor en cuanto a la disminución de la actividad económica y la consecuente pérdida de empleos.
Si bien la actividad económica muestra tasas de aumento bajas en la primera parte del año, su variación siguió siendo positiva, en términos anuales.
El índice de la producción manufacturera en los primeros seis meses de este año fue de 3.5% mayor al del mismo período de 1987.
Respecto del empleo, el personal ocupado en la industria manufacturera tuvo un aumento de 0.9% en el periodo de enero a mayo, en comparación con el nivel del mismo lapso de 1987, aunque en los últimos meses se observa un menor dinamismo.
En general, el costo de la importante disminución de la inflación en términos de actividad económica y empleo es bastante moderada, respecto de lo que podría haber sido si la disminución de la inflación se hubiera efectuado sin recurrir a la concertación.
En mi administración se han realizado diversas acciones directas en apoyo del empleo.
Los programas regionales permitieron la creación de cerca de 1 millón de empleos entre 1983 y 1987.
Mediante dichos programas, a partir de 1984 se otorgaron más de 162 mil becas de capacitación para personas sin trabajo.
El Proyecto de Capacitación de Mano de Obra, que se ejecutará entre 1988 y 1991, con financiamiento parcial del Banco Mundial, permitirá el otorgamiento de 160 mil becas adicionales a desempleados y la capacitación de 75 mil trabajadores de empresas medianas y pequeñas.
También debe destacarse el Servicio Nacional de Empleo, que hoy opera en todas las entidades de la República con oficinas en 79 ciudades.
A pesar de la crisis, el desempleo abierto no rebasó durante 1986, año del desajuste petrolero, los niveles de 1983.
En la actualidad, las tasas de desempleo son substancialmente inferiores a las del inicio de esta administración.
Esto debe evaluarse a la luz del frente crecimiento de 3.2% anual de la población económicamente activa como resultado de la incorporación a la fuerza de trabajo de las generaciones nacidas en la década pasada y la mayor participación de la mujer en el mercado laboral.
En este régimen, el número de asegurados permanentes del Seguro Social aumentó 33%, lo que significa un incremento de 1 millón 904 mil asegurados.
El éxito de esta estrategia se refleja en que entre enero de 1983 y agosto de 1988, de los 65 mil 757 emplazamientos recibidos sólo estalló el 1.8% además de que se redujo substancialmente el promedio de duración de las huelgas y las horas-hombre perdidas por estos movimientos.
Se han simplificado los trámites administrativos y se ha logrado una mayor celeridad en la tramitación de los juicios, abatiéndose el rezago de expedientes.
Mediante la asignación del gasto público, se ha buscado proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Paralelamente, se ha conservado y hecho más selectivo el subsidio a la alimentación de población de bajos ingresos.
Se ha vigorizado y ampliado la acción de Fonacot.
Estimular la creciente participación del sector social en el desarrollo nacional ha sido objetivo de mi administración.
Se impulsó su desarrollo a través del financiamiento y apoyo técnico a la producción de las sociedades cooperativas agrícolas, pesqueras y de transformación, uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo y empresas sindicales; se puso especial empeño en la organización de las unidades agroindustriales para integrar a la mujer al desarrollo.
Se otorgó asistencia y asesoría para mejorar las condiciones de organización y administración de las unidades productivas y de servicios; y se dio apoyo a dos institutos regionales en Querétaro y Guerrero para el desarrollo gerencial, y la elaboración y operación de proyectos por el sector social.
3.2 Educación.
La historia de México registra el alto valor que le hemos otorgado siempre a la educación; nuestro pueblo la considera fundamental para alcanzar una sociedad más libre, democrática, solidaria y productiva.
Por ello, propusimos la revolución educativa, con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios en todos sus niveles.
Para alcanzar este fin, se decidió impulsar una mejor preparación del profesorado.
En consecuencia, a partir del presente ciclo escolar, tomará su lugar en las aulas la primera generación de maestros de preescolar y primaria con nivel de licenciatura.
Asimismo, se han revisado y actualizado permanentemente los planes y programas de estudio en los distintos niveles educativos.
Se inicia así una nueva etapa en el desarrollo cualitativo de la educación mexicana.
El rezago histórico en la alfabetización se redujo drásticamente.
El índice de analfabetismo pasó de 14.3% en 1982 a 6.1% en 1987.
Con las tareas programadas para este año, orientadas a más de 800 mil adultos, dicho índice se reducirá a poco más de 5%, habiendo casi cumplido con la meta que nos propusimos al inicio de mi gestión.
Se continuó el perfeccionamiento y distribución del libro de texto gratuito, que garantiza la unidad y el carácter obligatorio de la educación primaria.
En estos seis años se han distribuido cerca de 500 millones de ejemplares.
A partir de este mes, estarán disponibles en todas las bibliotecas públicas los primeros títulos de los libros de texto para la educación secundaria.
En este sexenio la matrícula escolar creció en cerca de 2 millones de alumnos, se abrieron 28 mil planteles nuevos y se incorporaron al servicio casi 200 mil maestros.
La escolarización ha sido notable en los jardines de niños y la educación superior.
La educación preescolar ha experimentado una fuerte expansión.
En el ciclo que está por iniciarse, la matrícula será casi de 2 millones 700 mil niños, habiendo crecido a una tasa anual de 9.2% en estos seis años.
En educación primaria sigue atendiendo al 100% de la demanda efectiva.
Al haber llegado prácticamente al fin de la expansión cuantitativa de este servicio, el esfuerzo se ha concentrado en elevar su calidad y mejorar modalidades como la primaria para indígenas y la de adultos.
Ahora contamos con libros y materiales didácticos para el 82% de los grupos étnicos del país y la cobertura de primaria se amplió a 527 mil niños indígenas.
En la primaria para adultos se pasó de 653 mil a 733 mil en el sexenio.
La educación secundaria atiende virtualmente la totalidad de la demanda en el medio urbano, si bien en el rural habrá que ampliar la cobertura.
La matrícula de este servicio creció a una tasa anual del 3.9% en el período 1982-1987.
Las pequeñas localidades rurales se atienden a través de la telesecundaria.
Por los logros alcanzados hasta ahora, la educación básica de 11 años se presenta como una realidad posible para el futuro próximo.
Se ha dado impulso a la educación media superior terminal, ya que sin descuidar la formación integral del educando, permite la preparación de los profesionales que requiere nuestra planta productiva.
La matrícula en educación superior ha crecido a una tasa anual de 3.4% durante el sexenio, distribuyéndose más adecuadamente por áreas de estudio.
La descentralización de la educación básica y normal es fundamental para el cambio estructural.
La primera etapa de este programa está cumplida.
Toca ahora a los consejos de educación estatales, profundizar en los aspectos de regionalización y operación de los servicios descentralizados.
La cultura es parte fundamental del proyecto de desarrollo nacional.
La política en este aspecto se ha orientado a robustecer nuestra identidad nacional, enriquecer y preservar nuestro mosaico cultural y proteger nuestro vasto patrimonio histórico y artístico.
De los logros de esta política destaca la creación de una amplia red de bibliotecas públicas; en 1982 existían 351, hoy son más de 2 mil 500.
En todas las capitales estatales y en los municipios que tienen escuela secundaria hemos instalado bibliotecas.
Se decretó una ley federal para regular el funcionamiento de esta red.
Durante estos seis años se han abierto 86 nuevos museos, la mayor parte de carácter regional.
Ofrecí al comienzo de mi administración un programa para fortalecer nuestra identidad cultural en las fronteras.
La presencia de este programa es hoy una realidad tanto en la frontera norte como en la sur.
La cuantiosa obra editorial realizada con más de 32 millones de libros cada año, el refuerzo a las actividades artísticas escolares, la diversidad de programas educativos y culturales en los medios electrónicos y el fortalecimiento de la cultura popular, son testimonio de la dinámica y fructífera actividad cultural que, con pleno respeto a la libertad, ha realizado mi gobierno.
El gobierno de la República dio prioridad a la alimentación, impulsando la producción, transformación, comercialización y distribución de productos básicos.
La evolución de la producción agrícola permitió, en el sexenio, la autosuficiencia en trigo, arroz y azúcar, también se obtuvo en huevo y carne de ave; la captura de especies marinas de consumo popular registró un importante incremento.
Lo anterior se reflejó en la reducción de 73% en las importaciones de alimentos básicos realizada por Conasupo de 1983 a 1988.
Durante el sexenio ampliamos la cobertura de los programas de asistencia social, entre los que destaca el Programa Nutrición y Salud que beneficia a 1.7 millones de personas de áreas rurales dispersas.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia distribuyó 996 millones de raciones alimenticias a más de 3 millones de beneficiarios.
3.4 Salud, asistencia y seguridad social
Se elevó a rango constitucional el derecho a la protección de la salud.
Cumplir con esta garantía social hizo prioritaria la consolidación del Sistema Nacional de Salud, que ha permitido extender y mejorar los servicios.
Actualmente, el 94% de la población tiene acceso a servicios permanentes de atención a la salud, y a pesar del aumento de más de 9 millones de mexicanos en el sexenio, el número de compatriotas sin acceso a estos servicios disminuyó de 14 a 5 millones de habitantes.
Además, se atiende a las comunidades rurales dispersas, muchas de ellas indígenas, cubriendo el 97% de las localidades de 500 a 2 mil 500 habitantes.
La salud de la población ha registrado en mejoramiento general, alcanzándose prácticamente las metas del Programa Nacional.
Durante el sexenio, la tasa de mortalidad general descendió de 5.7 a 4.5 defunciones por mil habitantes y la mortalidad infantil de 33 a 23 defunciones por mil nacidos vivos registrados; hoy la esperanza de vida de los mexicanos es de 69 años, lo que significa un incremento de 4.3 años durante el sexenio.
Se otorgó atención especial a los programas preventivos de salud pública.
Con el Programa Nacional de Vacunación contra la poliomielitis se alcanzó una cobertura del 90% de la población susceptible, siendo posible su erradicación para 1990.
El paludismo continúa descendiendo; la vacunación intensiva disminuyó el número de casos de sarampión.
Para la prevención y detección del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, se dotó a laboratorios estatales y regionales con equipo especializado, se estableció una amplia orientación al público y se ha proscrito la comercialización de la sangre.
Trabajamos intensamente en el combate contra las adicciones a través del consejo nacional y los consejos estatales en esta materia.
Mediante la Ley de Asistencia Social, se confirió al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia la responsabilidad de proporcionar y coordinar los servicios asistenciales bajo criterios de estricta institucionalidad y un gran impulso a la descentralización.
Ello permitió concertar esfuerzos para atender a los grupos más desprotegidos, mediante la formación de sistemas estatales y municipales de asistencia social.
A la fecha, 29 entidades federativas han expedido leyes de asistencia social.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia atiende a 26 millones de mexicanos, mientras que en 1982 cubría sólo 4.5 millones.
Los programas prioritarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ha sido: asistencia social alimentaria a desamparados, integración social y familiar, rehabilitación y promoción del desarrollo comunitario.
A mi esposa Paloma, mi más cariñoso agradecimiento por su dedicación en estas tareas, como presidenta del Patronato del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como por su labor al frente del Patronato del Voluntariado Nacional.
Esta institución ha realizado encomiables labores en materia de desarrollo de la comunidad, reforestación, vacunación, autoconstrucción y alfabetización.
Durante mi administración, el Instituto Mexicano del Seguro Social amplió su cobertura mediante el aumento de su productividad: su población derechohabiente creció a una tasa anual de 5%.
Asimismo, continuó otorgando servicio médico a los pensionados por incapacidad permanente, parcial, y a sus beneficiarios; canceló los adeudos por servicios médicos a no derechohabientes de escasos recursos y continuó la atención médica de urgencias a población abierta.
Se han incorporado nuevos grupos a su protección, entre los que destacan los estudiantes de educación media superior y superior.
El Seguro Social está reconstruyendo el Centro Médico Nacional y estableció nueve centros médicos regionales más, para la desconcentración de la atención especializada.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a partir de un proceso de renovación legal, administrativa y financiera, reorientó el otorgamiento de las prestaciones y servicios a la salud, pensiones, vivienda y protección al salario y a la niñez.
Así, este instituto cubre 40% más derechohabientes que en 1982 y constituyó reservas actuariales para el pago de pensiones que han permitido elevar la pensión mínima del 44% del salario mínimo en 1982 al 100% o poco más desde 1985.
En los últimos tres años, la atención a la salud recibió proporcionalmente más recursos que en toda la historia del instituto.
Por lo que toca a vivienda se ha beneficiado, en este sexenio, acerca de 97 mil trabajadores, lo que representa el 40% de todo lo alcanzado desde su fundación.
El crecimiento acelerado de las ciudades nos ha obligado a otorgarle una gran importancia a la política de desarrollo urbano.
Se ha desalentado el crecimiento de las áreas metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey, y se ha dado gran impulso a las ciudades medias que ha crecido a tasas más altas que las registradas en las grandes metrópolis.
Esta tendencia se ha traducido, en lo inmediato, en un aumento en la demanda de servicios urbanos, particularmente en las ciudades fronterizas y en los puertos.
Para resolver algunos de los problemas más agudos, en Tijuana, Ciudad Juárez, La Paz, Manzanillo, Coatzacoalcos-Minatitlán, Acapulco-Puerto Marquez, Mazatlán y en el puerto Lázaro Cárdenas, se emprendieron proyectos integrales de regeneración urbana y saneamiento ambiental.
Se han construido 16 mil 280 hectáreas de reservas territoriales en 53 ciudades, para propiciar el orden en el crecimiento urbano.
Se dio prioridad a la ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, para evitar que continúe su rezago con relación al crecimiento de la población.
Se ampliaron estos servicios en las ciudades medias, en las cuales se tiene una cobertura de 83% de agua potable y de 67% en alcantarillado; al inicio de mi administración la cobertura nacional era de 66% para agua potable, hoy es de 83% y 43% para alcantarillado, hoy es de 67%.
Hemos apoyado el inicio de la construcción del tren ligero en Guadalajara y Monterrey.
La política de vivienda es un factor complementario del ingreso y bienestar de las familias.
Para ello, se promulgó la Ley Federal de Vivienda y se corrigieron los problemas financieros que estaban deteriorando a las instituciones públicas que actúan en este ámbito, principalmente en el caso del Infonavit.
En general, se ampliaron los financiamientos en todos los programas de vivienda popular y de interés social.
Al término de esta administración se habrán construido 1.5 millones de viviendas, 30% más que todo lo hecho con financiamiento público de 1925 a 1982.
Por primera vez, pudimos atender anualmente la necesidad de vivienda que genera el incremento demográfico.
Queda pendiente el reto de abatir el déficit acumulado, pero éste ya no aumentó.
Con el propósito de financiar operaciones de conversión de la vivienda de alquiler en vivienda en propiedad, se instituyó el Programa Casa Propia, que ha beneficiado a más de 8 mil familias.
Asimismo, se otorgaron estímulos para la vivienda en renta.
Los programas públicos de vivienda han apoyado la descentralización.
El 85% de los recursos de estos programas se han orientado fuera de las tres grandes zonas metropolitanas.
3.7 Ecología.
Con las reformas constitucionales correspondientes y la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, se ha normado el propósito de mi administración de enfrentar los problemas relativos.
Esta ley prevé la coordinación sectorial, precisa atribuciones de los tres niveles de gobierno y abre opciones de participación ciudadana para atender las causas y los efectos de la problemática ecológica.
A nivel nacional, continuamos la ejecución de 100 acciones ecológicas identificadas como necesarias.
La mayoría de las ciudades medias cuenta ya con rellenos sanitarios, y algunas de ellas con depósitos para desechos industriales que requieren de un manejo especializado.
Se han ejecutado acciones de saneamiento en las ciudades fronterizas.
Celebramos varios convenios para eliminar o reducir la contaminación producida por empresas industriales.
La acción ecológica demanda mejorar el manejo de nuestros recursos naturales.
Durante esta administración casi se han triplicado las áreas naturales protegidas: de 1.5 millones en 1982 a 5 millones de hectáreas en diversas regiones del país a finales de 1988.
Una de ellas, Sian Kaán, fue declarada patrimonio ecológico de la humanidad.
Las tareas menores derivadas y complementarias que aún están en ejecución, forman parte de los programas normales de las dependencias correspondientes.
La reconstrucción constituyó un gran reto para la creatividad y fraternidad de los mexicanos.
Para alcanzar las metas que nos propusimos, fue fundamental la movilización y el apoyo solidario de la sociedad en su conjunto.
Sólo de este modo fue posible que muchos mexicanos recuperaran su vivienda, que ahora se cuente con más y mejor infraestructura hospitalaria y de comunicaciones, y que las escuelas sean más seguras y funcionales.
El recuento de las actividades de reconstrucción realizadas, muestras que las metas alcanzadas fueron muy superiores a las previstas originalmente, y que se lograrán en un lapso tan breve que ha sido motivo de reconocimiento internacional.
El mérito en el gran esfuerzo realizado para reconstruir, ha sido de todos los mexicanos` somos un pueblo que sabe luchar y vencer en forma solidaria las más diversas contingencias.
Agradezco nuevamente la cooperación internacional que recibimos con motivo de la tragedia de los terremotos.
4. Política Sectorial
4.1 Desarrollo rural integral
La contribución del campo al desarrollo económico y social de nuestro país ha sido y sigue siendo fundamental.
La articulación de las políticas agraria, de producción y de bienestar social, a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, ha establecido las bases del cambio estructural en el agro.
Se promulgó la Ley de Distritos de Desarrollo Rural y una nueva Ley Forestal y su Reglamento.
Durante mi administración, el sector agrícola creció a una tasa anual de 1.5%, superior a la de la economía en su conjunto.
Para 1988 se estima alcanzar una producción de alrededor de 27 millones de toneladas de los 10 principales cultivos en una superficie de 15 millones de hectáreas.
En cuanto al producto interno agrícola, la agricultura mexicana ocupa el décimo tercer lugar a nivel mundial.
El mejoramiento de las condiciones de vida de los productores ha merecido la atención prioritaria de mi gobierno.
El fomento a la agroindustria ha contribuido a generar empleos y elevar niveles de ingresos de los productores y trabajadores del campo.
Destaca el impulso a la producción y a la productividad agrícola.
En 1987 se suministró asistencia técnica a 14.2 millones de hectáreas, 4.9 millones más que en 1983.
Se pretende consolidar la cobertura alcanzada para 1988.
Con el fin de aumentar la productividad, se prestó asistencia técnica fitosanitaria.
En el subsector pecuario la asesoría a productores se triplicó.
La política financiera para el sector agropecuario ha procurado mantener crecimientos reales en la oferta de crédito, principalmente de avío, y sostener tasas de interés preferenciales para los productores de bajos ingresos.
En el período 1983-1987, el número de beneficiados se incrementó en 663 mil y la superficie atendida pasó de 9.9 millones de hectáreas a 11.1 millones de hectáreas; con ello, la cobertura del crédito en la superficie sembrada aumentó del 43% al 52%.
A pesar del deterioro en los términos del intercambio internacional, el sector agropecuario ha realizado un gran esfuerzo exportador.
La balanza comercial agropecuaria y forestal evolucionó de un déficit de 512 millones de dólares en 1983, el más alto de la historia reciente, a un superávit de casi 1 mil 161 millones de dólares en 1986, el cual disminuyó a 434 millones en 1987, principalmente por el descenso de los precios internacionales del algodón, café y jitomate.
Las importaciones alimentarias de Conasupo han registrado un descenso medio anual de 24%.
La política de infraestructura hidráulica dio prioridad a la terminación de obras en proceso, con objeto de lograr un mayor impacto en la producción.
Durante la presente administración, se construyeron 80 presas.
Se incorporó una superficie de 451 mil 537 hectáreas al riego en el período 1983-1987 y se tecnificaron 467 mil 381 hectáreas de temporal, rehabilitándose 218 mil 164 hectáreas.
Para 1988 se abrirán 57 mil 700 hectáreas al riego, se tecnificarán 26 mil 800 y se rehabilitarán 17 mil 500.
México ocupa el sexto lugar en superficie irrigada a nivel internacional.
En materia agraria nos propusimos continuar con la tarea de hacer justicia a los hombres que trabajan la tierra y producen los alimentos que todos consumimos.
No obstante que la culminación del reparto masivo de tierras está por alcanzarse, mi gobierno publicó resoluciones dotatorias de tierras por 5 millones 55 mil hectáreas, correspondiendo al período que cubre este informe 399 resoluciones que amparan 392 mil hectáreas.
Se ejecutaron resoluciones para entregar físicamente poco más de 8 millones de hectáreas a 233 mil 261 campesinos.
Para regularizar la tenencia de la tierra, y con base en reformas a la Ley Federal de la Reforma Agraria que permitieron agilizar procedimientos, entregamos 1 millón 358 mil certificados de derechos agrarios a campesinos, y 290 mil 62 certificados de inafectabilidad a pequeños propietarios, cifras superiores a las de todo el historial agrario.
Logramos también expedir un alto volumen de documentación acreditante de derechos a colonos y nacionaleros, y resolvimos numerosos casos pendientes de grupos indígenas.
Estos logros son resultado del programa de catastro rural, el cual quedará totalmente concluido al finalizar mi administración.
A fin de consolidar la estructura interna de los núcleos agrarios y su integración en unidades de desarrollo rural, se promovieron y fomentaron acciones básicas de organización en 16 mil 292 ejidos y comunidades.
4.2 Pesca y recursos del mar
Con el esfuerzo conjunto de todos los sectores, en los seis años de mi administración se alcanzó una producción pesquera estimada en alrededor de 7 millones 800 mil toneladas, que permitió a nuestro país ubicarse como la undécima potencia pesquera más importante del mundo.
La producción pesquera nacional creció en los últimos cinco años a una tasa promedio anual de 8%.
Se diversificaron las ventas externas de productos pesqueros; hoy comerciamos, además del camarón, que sigue siendo el principal producto de exportación, algas, sargazos, atún y especies de escama.
En el presente sexenio los ingresos de exportación del sector se estiman en casi 3 mil millones de dólares.
La promulgación de la nueva Ley Federal de Pesca en 1986, ha renovado el sistema jurídico que orienta y encausa el desarrollo de esta actividad.
Asimismo, la nueva Ley Federal del Mar proporciona un régimen jurídico integral que permite el aprovechamiento de las riquezas marinas y submarinas que existen en nuestros litorales.
En este sentido, el derecho de los estados costeros a establecer una zona económica exclusiva de 200 millas constituye una conquista fundamental.
4.3 Fomento industrial y comercio exterior
La puesta en marcha de programas de apoyo a la industria evitó la quiebra generalizada de empresas y la pérdida masiva de empleos, lo que parecía inminente a finales de 1982.
Mediante una serie de medidas se propició el saneamiento y recuperación financiera de las principales empresas privadas del país.
Además, se ha logrado que el número de establecimientos industriales aumente un 10% y que el personal ocupado en la industria crezca un 20%.
La coordinación de las políticas sectoriales y macroeconómicas impulsó en forma selectiva la inversión privada, con lo que se amplió su participación en la inversión total de 54% en 1982 a 67% en 1987 lo cual compensó, en cierta medida, la disminución de la inversión pública.
La reconversión industrial ha significado un conjunto de transformaciones dirigidas a aumentar la productividad, la competitividad interna e internacional y la rentabilidad de la producción de importantes sectores.
Se ha puesto énfasis en la eficiencia necesaria de la planta productiva y la incorporación, innovación y adaptación de nuevas tecnologías.
Las empresas maquiladoras han tenido un gran impulso por su importante contribución a la creación de empleos, la flexibilidad de sus procesos productivos y su aportación al desarrollo regional.
Actualmente, dicha actividad emplea al 14% de la fuerza laboral del sector manufacturero y realiza exportaciones por 1 mil 400 millones de dólares anuales.
La sustitución gradual y concertada del permiso de importación por el arancel ha agilizado las transacciones comerciales, al simplificar la estructura de la protección.
Con la suscripción del Pacto de Solidaridad Económica, se aceleró el Programa de Desgravación Arancelaria.
Actualmente, el 96% de las importaciones se encuentra libre del requisito de permiso previo y los aranceles aplicables se encuentran entre cero y 20%.
Este proceso de liberalización comercial, favoreció la adquisición de insumos importados y de bienes finales en beneficio del aparato productivo y de los consumidores, combatiéndose las prácticas monopólicas y las presiones inflacionarias, sin cancelar la protección de las ramas productivas que así lo requieren.
Las exportaciones de manufacturas, que mantuvieron una tasa media anual de crecimiento de 18% en los últimos cinco años, hoy representan alrededor del 56% de las exportaciones totales, el doble que en 1983.
En mayo y junio pasados, las exportaciones mensuales de manufacturas superaron, por primera vez en la historia del país, los 1 mil millones de dólares.
A su vez, el autofinanciamiento de las importaciones en la industria manufacturera se elevó del 26% en 1982 a 82% en los primeros cinco meses de 1988.
En contraste, las exportaciones petroleras, que representaron el 76% de las exportaciones totales, hoy sólo constituyen el 34%.
Los apoyos a las exportaciones han propiciado cambios radicales en el aparato productivo.
El saldo positivo acumulado en la balanza comercial de 1983 a junio del 1988, que suma 51 mil millones de dólares, supera al déficit acumulado por toda la economía en los 30 años anteriores.
Esto se ha logrado por una política cambiaría adecuada y con el mayor apoyo crediticio a las exportaciones.
Mientras que en 1982, el Banco Nacional de Comercio Exterior otorgó créditos por 5 mil 222 millones de dólares, en 1988 se asignarán 8 mil 176 millones de dólares, es decir 56% más en términos reales.
Con la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, en 1986, nuestro país obtuvo un trato especial, en el cual se consideró el carácter prioritario del sector agrícola, se apoyó la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y se ratificó la plena soberanía que tenemos sobre nuestros recursos naturales, en particular sobre los energéticos.
Al ser miembros plenos del GATT, obtuvimos nuevos instrumentos de negociación comercial a nivel multilateral que ahora son indispensables ante los procesos de renegociación en marcha de las relaciones económicas internacionales y las tendencias proteccionistas de algunos países.
La política de promoción activa y selectiva de la inversión extranjera, con estricto apego a la ley vigente en la materia, partió de la formulación de lineamientos generales de apoyo y la determinación de las áreas prioritarias en las que se requiere su participación.
La inversión extranjera autorizada de 1983 a 1987 alcanzó los 10 mil 295 millones de dólares, destacando el aumento observado en 1987, de 3 mil 877 millones de dólares.
La inversión extranjera representa el 9% de la total.
Desde 1981 se percibieron signos preocupantes en el sector energético.
La demanda interna de energía crecía a tasas muy elevadas que requerían inversiones públicas de gran magnitud para satisfacerla.
Para corregir el desequilibrio financiero del sector, se decidió revisar la política de precios de venta de los energéticos en el país, para abatir los subsidios indiscriminados que provocan un consumo dispendioso de energía.
Complementariamente, se redujo el preso relativo de la inversión del sector energético en la inversión pública total.
No obstante, se aseguró el abasto interno de energía, y se optimizó la capacidad existente de exportación de crudo, manteniendo una plataforma de exportación de 1 millón 500 mil barriles diarios hasta 1985 y desde 1986 de 1 millón 350 mil hasta la fecha.
Procedimos a ordenar la administración y las finanzas de Petróleos Mexicanos y a elevar su eficiencia y productividad, con un estricto control de costos.
Asimismo, dimos prioridad al Centro Petroquímico Independencia de San Martín Texmelucan.
Para consolidar la autonomía y dinamismo de esta estratégica industria, mi gobierno concluyó la construcción de la primera etapa del Complejo Petroquímico Morelos e inició la segunda etapa, que se encuentra en un 75% terminada.
Con estas inversiones, se ampliará la capacidad de producción de petroquímicos básicos en 2 millones 800 mil toneladas anuales.
Es de hacerse notar que la tecnología usada en la construcción de estos proyectos es totalmente nacional.
La crisis petrolera mundial de 1986 provocó que los precios internacionales del petróleo alcanzaran niveles inferiores a los 10 dólares por barril y, consecuentemente los ingresos derivados de las exportaciones petroleras se vieran seriamente afectados.
Para apreciar el impacto negativo de los precios del petróleo, baste señalar que el precio internacional del petróleo vigente el 1 de diciembre de 1982 fue de 28.23 dólares el barril, en tanto que el actual es de alrededor de 12.50 dólares.
Actualmente, las reservas de hidrocarburos probadas suman 69 mil millones de barriles, nivel alto que nos asegura la disponibilidad de energía y permite mantener las exportaciones.
Es la cuarta del mundo.
En lo que respecta a fertilizantes, durante la presente administración, la producción de Fertimex aumentó de 3.4 millones de toneladas en 1982 a un estimado de 4.3 millones de 1988; es decir; se registró un incremento del 26.4%.
Más de la mitad de la producción se concentra en la Unidad Industrial Lázaro Cárdenas que se terminó en esta administración y en las que se ubican en la zona del Istmo.
En materias de electricidad, se ha puesto énfasis en diversificar las fuentes de energía primaria, intensificar la incorporación de partes y equipos nacionales elevar los índices de productividad y sanear la situación financiera del sector.
De 1982 a la fecha, la demanda de energía eléctrica ha crecido a una tasa media anual de 5.5%.
Para responder a tal dinámica, la capacidad instalada se incrementó en 6 mil 575 megawatts, para sumar, al término de este año, casi 25 mil megawatts, 36% más que en 1982.
En estos seis años se han incorporado al sistema eléctrico 3.8 millones de nuevos usuarios.
33% más que en 1982, alcanzando un número total de 15 millones de cuentahabientes.
Entre las obras generadoras de electricidad terminadas en esta administración, destacan las centrales hidroeléctricas Carlos Ramírez Ulloa en Guerrero y ángel Albino Corzo en Peñitas, Chiapas; las termoeléctricas de Manzanillo I y Manzanillo II, y las de San Luis Potosí; la conclusión de la carboeléctrica Río Escondido y las geotermoeléctricas Cerro Prieto II y III en Baja California, en operación y exportando energía a nuestro vecino del norte.
Cabe reconocer los avances logrados en la diversificación de fuentes de energía.
Del aumento señalado en la capacidad instalada, el 49% proviene de fuentes distintas a los hidrocarburos.
Actualmente se encuentran en proceso de construcción más de 15 centrales eléctricas con una capacidad conjunta de casi 6 mil megawatts.
En el sexenio, se continuaron las inversiones necesarias para introducir la generación de electricidad a partir de la energía nuclear.
En la minería enfrentamos un mercado externo difícil, caracterizado por una demanda poco dinámica y precios a la baja.
No obstante, el sector tuvo capacidad de respuesta para satisfacer los requerimientos del mercado interno, así como para promover el desarrollo de nuevas regiones y generar empleos productivos.
Se ha buscado centrar los esfuerzos en la producción y transformación de minerales estratégicos, como hierro, carbón, azufre y fósforo.
La minería proveyó al país de 6 mil 200 millones de dólares por concepto de exportaciones durante los últimos seis años.
En cuanto a la producción minero-metalúrgica, México ocupa el decimosegundo lugar mundial.
Por producto es el primero en plata, segundo en fluorita y bismuto, y cuarto en plomo, zinc y azufre.
El sector público alentó la concurrencia de nuevos capitales para articular con la industria nacional.
A través de la Comisión de Fomento Minero y del Fideicomiso de Minerales no Metálicos se ha dado un fuerte impulso a la mediana y pequeña minería.
A principios de 1988 se finalizó la reorganización del Grupo Siderúrgico Paraestatal Sidermex, conformado ahora por un total de 26 empresas.
Destacan por su importancia Altos Hornos de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas.
En el caso de Fundidora de Monterrey, por falta de viabilidad técnica y económica, nos vimos obligados a declararla en quiebra y proceder a su cierre.
4.6 Comunicaciones y transportes
Durante mi mandato se continuó avanzando la renovación de las comunicaciones y los transportes.
Con el Sistema de Satélites Morelos se descongestionó la red federal de microondas y se amplió la capacidad de transmisión de señales de telefonía, televisión, radio y teleinformática, logrando comunicar a un centenar de apartadas comunidades rurales.
Ocupamos hoy más del 75% de la capacidad del Satélite Morelos I y, con la puesta en operación de Morelos II, garantizamos la comunicación interna del país hasta el año 2000.
Entre 1983 y 1988 los teléfonos aumentaron de 6 a 8.6 millones, se instalaron cuatro centrales para el servicio de larga distancia e introdujimos nuevos sistemas digitales.
Fueron creados los organismos descentralizados Telégrafos Nacionales y Servicio Postal Mexicano; con ello se avanzó en la modernización de estos servicios, se redujo la carga que representaba para el erario y se avanzó hacia una operación más ágil.
En 1983 había sólo 1 mil 200 kilómetros de carreteras de cuatro o más carriles, hoy existen más de 3 mil 800 kilómetros de este tipo de caminos, entre los que destacan los de Guaymas-Hermosillo-Nogales, Guadalajara-Colima-Manzanillo, Mérida-Progreso y Chihuahua-Delicias.
Se construyeron los grandes puentes Antonio Dovalí Jaime en Coatzacoalcos y el Tampico sobre el río Pánuco.
Durante mi administración se promovió la regulación y fomento del autotransporte federal.
El volumen de carga manejado alcanzó la cifra de 1 mil 750 millones de toneladas.
Se impulsó la construcción de tres centrales de servicios de carga, así como la de 26 de pasajeros; dentro de estas últimas destacan las de Guadalajara y Puebla, cuya capacidad de servicio las distingue a nivel mundial.
Se aceleró la modernización del Sistema Ferroviario Nacional.
Fue promulgada una nueva Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México y se mejoró su operación, imagen e infraestructura.
La red ferroviaria se amplió en más de 400 kilómetros, se rehabilitaron otros 2 mil 400 y contamos con modernos servicios sobre vías renovadas o nuevas, como la México-Querétaro, la México-Veracruz y la Manzanillo-Guadalajara-Monterrey.
Cabe destacar la notable mejoría del servicio de pasajeros en las rutas principales.
A través de los puertos nacionales se embarca y se recibe el 80% de las exportaciones e importaciones que realiza el país, Durante esta administración se incorporaron al sistema dos nuevos puertos, Altamira y Progreso, y se modernizaron otros trece, destacando Mazatlán, Manzanillo, Guaymas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos.
La flota mercante nacional incrementó sus embarcaciones de 26 mil 700 a 34 mil 450 y su capacidad pasó de 2 a 4 millones de toneladas.
El transporte aéreo fue objeto de cambios sustantivos.
De 1983 a la fecha entraron en operación seis nuevos aeropuertos a la red nacional y se rehabilitaron ocho más para el servicio troncal.
Actualmente el país cuenta con 59 aeropuertos y está ubicado entre los diez primeros lugares a nivel internacional por cobertura aeroportuaria.
Frente a los bajos niveles de eficiencia de las líneas aéreas nacionales y los problemas que con el tiempo se habían acumulado en su operación, administración y situación financiera, se emprendió su reorganización.
Se adaptó para ello un esquema en el que se atiendan las rutas con el tipo adecuado de aeronaves, se impulse la aviación regional, se promueva la inversión privada y se libere al gobierno federal de onerosas cargas presupuestales.
Para sustituirla está en proceso de integración una nueva empresa, que deberá operar sobre bases rentables y eficientes con lo que se libera el gobierno federal de los cuantiosos subsidios que otorgaba a la anterior y se garantizará un buen servicio a los usuarios.
Desde el principio de esta administración se determinó la necesidad de disminuir gradualmente los subsidios y su traslado de las materias primas y bienes intermedios a los consumidores finales.
Para ello, se redefinió el papel de Conasupo, con el objeto de que se dedicara a las tareas de regulación y no de abasto masivo e incrementara su eficiencia operativa y administrativa.
Se promovió la participación del sector privado en el proceso de comercialización, con lo que ahora es responsable de dos tercios del abasto nacional de granos básicos.
Los subsidios vía precios se han reducido en términos reales.
Para apoyar a las familias de más bajos ingresos, se ha mantenido una orientación selectiva de subsidios específicos.
Así, se fortalecieron los subsidios correspondientes al Programa de Distribución de Leche Rehidratada que beneficia a 1.9 millones de familias.
150% más que en 1983, y los destinados al Sistema de Cupones para la Adquisición de Tortilla Subsidiada, con una cobertura de 7.5 millones de habitantes en 16 entidades federativas y en la zona metropolitana de la ciudad de México.
Elemento sustancial de la modernización comercial ha sido la operación y desarrollo del Sistema Nacional para el Abasto.
Su labor de promoción permitió la construcción o modernización de 136 centros de acopio de productos hortifrutícolas, cárnicos y pesqueros.
Actualmente el sistema opera en 27 estados de la República, cuenta con nueve centrales de abasto y beneficia a 46 mil productores, los cuales dan servicio a una población estimada de 30 millones de habitantes.
Se estableció el Servicio Nacional de Información de Mercados y se incrementó su cobertura en todo el país para orientar e informar a los productores rurales y a los consumidores, sobre los precios al mayoreo vigentes en los principales centros de abasto del país.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución, se han ampliado y fortalecido las acciones de la Procuraduría Federal del Consumidor y del Instituto Nacional del Consumidor.
Los programas de ambas entidades han resultado de gran utilidad para el cumplimiento del Pacto de Solidaridad Económica.
4.8 Turismo
En el periodo 1983-1988, el sector turismo generó empleos a una tasa anual de crecimiento de 2.9%.
Se estima que se recibirán aproximadamente 30 millones de turistas extranjeros, con una derrama de ingresos por 12 mil millones de dólares, lo cual supera en 30 y 45% respectivamente, lo alcanzado en los seis años previos.
El saldo acumulado en la balanza turística fue de 7 mil 704 millones de dólares, 136% superior al de los seis años anteriores.
La planta hotelera creció 12% y su índice de ocupación aumentó en 4 puntos.
El turismo nacional se ha mantenido en un nivel promedio cercano a los 33 millones de viajeros.
El esfuerzo de inversionistas privados se materializó en la construcción de casi 30 mil habitaciones nuevas; Fonatur apoyó la construcción del 75%, así como la remodelación y rehabilitación de 21 mil cuartos y, mediante el mecanismo de sustitución de deuda pública por inversión, se construirán 14 mil cuartos adicionales.
Actualmente se cuenta con 310 mil cuartos que nos sitúan en el octavo lugar mundial, a pesar de la destrucción o daños registrados en cerca de 16 mil cuartos con motivo de los sismos de 1985.
El nuevo polo turístico Bahías de Huatulco, cuyo desarrollo se inició en 1984, operará con 1 mil 420 cuartos a finales de 1988.
Se promulgó una nueva Ley Federal de Turismo y cinco reglamentos que norman esta actividad.
Se ha fortalecido el desarrollo turístico con un nuevo esquema de regulación y operación del transporte y se capacitaron más de 50 mil trabajadores en más de 100 localidades del país.
Los avances en la calidad, diversidad y amplitud de nuestra oferta de servicios turísticos son resultado de una mejor coordinación de la administración pública del turismo y de una intensa concertación con los sectores social y privado.
El desarrollo tecnológico y científico es fundamental en el proceso de renovación nacional que vive nuestro país y condicionante de su futuro desarrollo.
Para fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel, el Conacyt, la Secretaría de Educación Pública y las instituciones de educación superior fortalecieron sus programas de posgrado, orientando las becas hacia las instituciones nacionales de mayor calidad, y recurriendo a las extranjeras sólo en forma complementaria.
Para estimular a los grupos de investigación de excelencia, se estableció el Sistema Nacional de Investigadores que actualmente cuenta con 3 mil 987 becarios.
Se ha puesto especial atención en orientar la Selección de tecnologías avanzadas para apoyar el desarrollo equilibrado en las diversas ramas de la economía.
Hubo avances importantes en el campo de la biotecnología, en informática y en el desarrollo de nuevos materiales, especialmente en lo referente a los superconductores.
Para estimular la participación del sector productivo en la investigación y desarrollo tecnológico, el Conacyt apoyó 119 proyectos de riesgo compartido.
Se ha promovido la cooperación técnica internacional, para apoyar los programas dirigidos a fortalecer la capacidad productiva del país.
Fue instituido el Programa México como un mecanismo de concertación del gobierno de la República con los sectores privado, de investigación científico y desarrollo técnico, el obrero y el campesino.
Su objetivo ha sido el de coadyuvar a fortalecer la infraestructura científico-tecnológica nacional.
Ha manejado recursos por 40 mil millones.
Se ha procedido a institucionalizar este programa a través de una asociación civil.
5. Descentralización de la Vida Nacional y política Regional
5.1 Descentralización de la vida nacional
La descentralización de la vida nacional fue una demanda reiterada de la sociedad que incorporamos a nuestras políticas prioritarias.
Se adecuó el marco jurídico para sustentar la descentralización como un proceso irreversible.
Destacan las reformas al artículo 115 constitucional, que fortaleció el municipio libre, y las que sistematizaron las facultades de los estados para organizar su estructura de poderes conforme a sus constituciones, sentando las bases para modernizar el sistema judicial a nivel local.
En tanto, se ha prohibido la instalación de industrias contaminantes o grandes consumidoras de agua en el Distrito Federal.
El gobierno de la República orienta las inversiones para el desarrollo de ciudades medias, con el propósito de dotarlas de infraestructura básica y servicios públicos; asimismo, se refuerzan los centros de integración rural para proporcionar a la población campesina servicios sociales básicos y de apoyo a sus actividades productivas.
En este contexto se apoyan las regiones con mayor dinamismo, como la Frontera Norte, la Costa del Golfo de México, el Bajío - Pacífico y la zona Centro-Norte.
Fueron establecidos centros regionales de decisión administrativa en Guadalajara y Monterrey, para facilitar a la población la tramitación de diversos asientos de jurisdicción federal.
Se concluyó la descentralización de los servicios de educación básica y normal, y de las juntas locales de caminos en las 31 entidades federativas.
Se transfirieron a 14 estados los servicios de salud a población abierta y en los restantes están sentadas las bases para llevar a cabo gradualmente este proceso.
Dentro del mismo proceso de descentralización, fueron transferidas 75 entidades federales a diferentes gobiernos estatales y se reubicaron fuera de la ciudad de México 40 organismos y unidades administrativas de la federación.
En forma concertada con los gobiernos de los estados y los sindicatos involucrados fueron trasladados al interior del país 62 mil servidores públicos, que aceptaron libremente este cambio.
La descentralización cultural nos permitió extender a las zonas más alejadas los beneficios y la promoción de nuestros valores nacionales.
Fortalecimos la expansión regional de los Institutos Nacionales de Radio y Televisión, y se apoyaron los sistemas de comunicación social de las entidades federativas.
5.2 Política regional
La adecuación de las distintas modalidades de inversión regional se ha sustentado en el funcionamiento de los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal, la creación de los correspondientes comités municipales y el establecimiento de subcomités regionales de los Coplade.
El Convenio único de Desarrollo se ha consolidado como un instrumento eficaz para articular la inversión pública con las prioridades definidas por las entidades federativas y ha permitido avanzar en la descentralización del gasto público, mediante la realización de proyectos productivos, de infraestructura básica de apoyo y para el desarrollo social, establecidos en los programas regionales y en los planes estatales de desarrollo.
Destacan las acciones ejecutadas en cumplimiento de los programas regionales del Mar de Cortés, de la frontera norte, de las zonas áridas, de la metropolitana de la ciudad de México y de la región centro y del sureste.
Dentro del marco de la política pluricultural que ha promovido mi gobierno, se ha trabajado intensamente por impulsar el desarrollo de los pueblos indios en todos los aspectos de su vida económica, social y cultural.
Se ha puesto especial atención en solucionar sus problemas de tenencia de la tierra, mejorar los servicios educativos y culturales que se les prestan, ampliar la cobertura de los servicios de salud y en fortalecer los de asesoría jurídica para la defensa de sus intereses.
En 1986 se constituyó el Consejo Consultivo del Instituto Nacional Indigenista integrado con representantes de las comunidades indias y se han promovido, con su activa participación, 11 comités de etno - desarrollo que funcionan como órganos dependientes de los Coplade.
5.3 Distrito Federal
Atender las necesidades más urgentes de la ciudad de México ha sido una de nuestras prioridades.
Su administración y la operación de sus servicios constituyen un reto formidable; como capital de la República es de interés y responsabilidad de todos los mexicanos.
Se avanzó en la integración de un sistema de vialidad y transporte urbano colectivo, que otorga preferencia a la transportación masiva de pasajeros.
Sobre base, el concluir la actual administración se habrá aumentado la red en operación del Metro de 78.8 a 141 kilómetros.
Ruta-100 cuenta con un parque vehicular de 7 mil 200 autobuses, en tanto que en 1982 era de 4 mil 500 unidades.
El servicio de Transporte Eléctrico aumentó sus líneas de trolebuses en más de 150 kilómetros, 58% más que en 1982, y se construyó el tren ligero que corre de Taxqueña a Huipulco, y próximamente hasta Xochimilco.
Con estas acciones, el sistema de transporte público operado por el gobierno de la ciudad aumentó su capacidad diaria de transportación de 7.7 millones a más de 11 millones de personas, o sea el 43%.
Se inició la obra civil de la ruta del metro ligero en la calzada Zaragoza, que tendrá una longitud de 13 kilómetros.
Fueron construidos alrededor de 1 mil kilómetros de vías primarias y secundarias, así como 10 distribuidores y puentes vehiculares.
Se ha actuado con oportunidad para evitar que el problema del agua y el drenaje deriven en conflictos de carácter social y sanitario.
El sistema hidrológico del valle de México ha perdido su equilibrio, lo que ha obligado a recurrir a fuentes de suministro que se localizan a más de 100 kilómetros.
Mediante importantes inversiones, se logró incrementar el caudal en cuatro metros cúbicos por segundo.
Se construyó el Acueducto Periférico Ramal Sur que recibirá el caudal proveniente de la tercera etapa del Sistema Cutzamala.
Fue ampliada la infraestructura para el desalojo de aguas negras y pluviales, destacando las obras del sistema de drenaje profundo, que aumentó su longitud de 86 a 93 kilómetros, y la construcción de los colectores semiprofundos de Iztapalapa y de Obrero Mundial.
Se encuentran en proceso de construcción diversas obras en la red primaria y secundaria para garantizar el suministro de agua a toda la población mediante tomas domiciliarias, y se ejecutan acciones para proporcionar el servicio de drenaje a la población asentada en zonas de difícil topografía.
Se han realizado esfuerzos importantes para salvaguardar la seguridad de los capitalinos, a fin de garantizar su integridad física y la de sus bienes.
Se ofrecen ahora mejores condiciones para el desempeño de una verdadera carrera policiaca, y se busca de manera permanente moralizar, profesionalizar y modernizar a las corporaciones de seguridad pública.
La Academia de Policía formó más de 20 mil elementos.
Recientemente se descentralizaron importantes contingentes de policía preventiva bajo la autoridad de las delegaciones.
Se incrementaron módulos de seguridad.
Con estas acciones será establecer sistemas de vigilancia más efectivos, que ayuden a superar los graves problemas de delincuencia en la capital de la República, que se han recrudecido por la situación económica y el crecimiento de la población.
La normatividad pública en el uso del suelo urbano constituye la condición básica para atacar de frente el problema de la regularización de la tenencia de la tierra y evitar la expansión horizontal, cada vez más costosa.
Así, fue actualizado el programa general de desarrollo urbano, que prevé el establecimiento de una área de conservación ecológica que abarca el 57% de la superficie del Distrito Federal.
El palpable deterioro del medio ambiente en el Valle de México afecta y preocupa a los distintos sectores de la sociedad.
Para atender el problema de la contaminación ambiental, entre otras medidas, se han adoptado nuevas técnicas para la disposición final de desechos sólidos en cinco rellenos sanitarios, en los cuales se maneja el 66% de la basura que se colecta en la ciudad.
También se mejoró la calidad del combustible para el autotransporte y el funcionamiento de las plantas termoeléctricas.
En lo que fueron los basureros a cielo abierto de Santa Cruz Meyehualco y Santa Fe, se construyeron los parques recreativos, lo que ayudó a incrementar las áreas verdes existentes en la ciudad de 2.4 a 4.5 metro cuadrados por habitante, no obstante el crecimiento poblacional.
En este rubro cabe mencionar que se realizaron acciones de recuperación, conservación y construcción de áreas verdes por más de 8 millones de metros cuadrados entre parques, jardines, zonas deportivas, áreas ecológicas y alamedas.
Se han plantado más de 45 millones de árboles y más de 45 mil hectáreas han sido preservadas al quedar constituidas como zonas de reserva ecológica.
Además, se han emprendido campañas de reforestación en el Desierto de los Leones, el Ajusco, Santa Catarina y Guadalupe, así como en los bosques de Chapultepec y Aragón y en las tradicionales Alameda Central y de Santa María la Ribera.
Se ha protegido la economía familiar y se ha favorecido el nivel de consumo de la población con la modernización del sistema de abasto y la ejecución de acciones para regular el mercado.
Se cuenta con 304 mercados públicos, 95 tiendas operadas por el Departamento del Distrito Federal y varias lecherías, en colonias populares.
Se ha estimulado la ejecución de programas de construcción y autoconstrucción de vivienda, aprovechando las diversas formas de participación, concertación y diálogo con la sociedad.
Gracias a esta política, se logró la reconstrucción de poco más de 90 mil viviendas destruidas por los terrenos de 1985, en beneficio de 450 mil habitantes, el equivalente a la población de Mexicali.
Se ha incrementado también la capacidad de atención con servicios de salud, protección social y educación, cultural y recreación para todos los habitantes del Distrito Federal.
Hace casi seis años protesté guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes de la República; ejercer con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la República que el pueblo me confiera en las urnas el primer domingo de julio de 1982, mirando en todo por bien y prosperidad de la nación, Este ha sido y será, hasta el último minuto de mi mandato, la más elevada declaración del compromiso político, legal, moral e histórico que asumí entre los mexicanos.
He gobernado para mantener y fortalecer la independencia nacional, proteger y acrecentar el disfrute de las libertades individuales y colectivas, enriquecer la vida democrática en lo político, económico, social y cultural y procurar la convivencia fraternal y armónica de todos los mexicanos.
He gobernado para preservar y afianzar la paz de la República.
Así lo haré hasta el fin de mi responsabilidad.
Asumí el gobierno en momentos difíciles para México.
En el transcurso de mi administración hemos enfrentado serios problemas y adversidades.
Hoy puedo decir con orgullo que no somos una nación vencida, y que contamos con cimientos más sólidos para que nunca lo seamos.
Hay mejores bases para el futuro; éste dependerá de nuestro esfuerzo.
Hemos vivido situaciones que a muchos parecieron insalvables.
Algunos consideraron que el país se nos deshacía entre las manos.
Actuamos con decisión y firmeza y avanzamos hasta lograr triunfos que nos enaltecen.
Ante la disyuntiva de prolongar una situación ficticia o afrontar la realidad por cruda que ella pareciera, optamos por lo segundo.
No ofrecí progresos cuantitativos importantes para el futuro inmediato, ni la mejoría súbita de nuestra situación.
Señalé que para superar la crisis, debíamos trabajar con mayor intensidad, producir con mejor calidad y ahorrar más que nunca.
Con el esfuerzo y apoyo del pueblo nos propusimos lograr cambios estructurales que habrían de transformar profundamente a la nación.
Este fue nuestro gran reto.
Las condiciones económicas internacionales y del país nos impusieron grandes sacrificios.
Sin embargo, se han atendido las necesidades básicas de la población y sentamos las bases para recuperar un desarrollo viable y sostenido.
Nuestra prioridad, definida desde el primer día de mi régimen, han sido el hombre; hemos avanzado en el perfeccionamiento de la democracia.
El gran propósito ha sido la renovación nacional.
Hemos reconocido como grave y preocupante la caída de los salarios y como salida válida para las mayorías está asociada a una política económica realista.
Por ello, la meta permanente de todos nuestros esfuerzos ha sido recimentar nuestra economía para lograr un crecimiento sólido sin inflación que sostenga una sociedad más justa.
Prometí hablar con la verdad.
He dicho al pueblo lo que se podía y lo que no se podía hacer.
He dicho lo que se ha logrado y en lo que he fallado.
He informado clara y responsablemente en todo momento.
He gobernado para todos los mexicanos con realismo, apegado a los principios de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución Mexicana.
El respeto y acatamiento a la voluntad del pueblo fue mi guía y sus derechos el fundamento y el límite de mi autoridad.
Hemos obtenido importantes logros en un clima de paz social, de libertad, de estabilidad y de conciliación.
Optamos por la prudencia, nunca aceptamos fórmulas riesgosas o aventureras que repercutirían en mayores costos políticos y sociales.
Hemos restaurado y reforzado la confianza en México.
Somos una nación respetada en el mundo.
Condujimos una política exterior activa, y digna como miembros responsables y plenos de la comunidad internacional.
En lo político, recogimos las demandas sociales.
Han surgido nuevas fuerzas, entró en juego una compleja heterogeneidad de intereses; los factores regionales y los elementos sectoriales han tenido mayor participación; el pluralismo político es un elemento vivo en nuestro sistema.
Hemos actualizado la legislación para redistribuir el poder mediante la descentralización; se han ensanchado los espacios de los partidos políticos y fomentando la libre participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.
Se han abierto espacios de expresión y de negociación que nos permiten encabezar la acción social y encauzarla dentro de la ley en un ambiente de paz y concertación.
Nuestro país es un ejemplo de lo que puede lograrse con un pueblo unido, esforzado y con fe en sí mismo.
De no existir estos elementos no hubiera sido posible enfrentar los problemas y salir airoso, orgullosos y dispuestos a seguir luchando por nuestro México.
Es parte del espíritu de cambio corregir y transformarse cuando así lo exige la realidad.
Mas el cambio que mejore las condiciones de vida de un país no se logra con promesas ilusorias o con nostalgia de un pasado que no volverá.
La alternación de un orden no conlleva necesariamente a una transformación para el bien del pueblo.
La anarquía es retroceso y riesgo para la soberanía nacional.
No la permitiremos jamás.
La sujeción al estado de derecho y el cumplimiento de sus normas es requisito fundamental para que los mexicanos convivan en un ambiente de justicia y paz social.
Hemos luchado y seguiremos batallando por mantener la unidad nacional.
Al inicio de mi gestión, convoqué a todos los mexicanos a emprender un vigoroso, solidario y creativo proceso de renovación nacional.
Hoy es preciso reconocer que con la decidida participación de todos los sectores sociales y de la gran mayoría de los mexicanos se ha avanzado substancialmente en el proceso de transformación que nuestro país reclama.
Con el reconocimiento de las naturales divergencias que caracterizan a una sociedad plural, participativa y profundamente democrática, mi gobierno ha cumplido la responsabilidad de articular, integrar y concertar esfuerzos, para transformarlos en aras del interés colectivo y avanzar hacia etapas superiores de organización política y social.
Empero, ni buscamos ni pretendemos la unanimidad.
En una democracia la responsabilidad del poder es de la mayoría, la cual debe respetar a las minorías.
En este sentido, el mandato popular ha sido claro y preciso: dirimir nuestras diferencias por la vía constitucional y situar en el diálogo la concertación y el entendimiento, nuestras más importantes divisas políticas.
El interés nacional es el límite de la negociación.
La pluralidad es signo vital de una sociedad democrática, nunca debe ser síntoma de una nación dividida o escindida.
Todos los mexicanos aspiramos a una comunidad más fuerte y unida.
Ampliemos el consenso en las cuestiones básicas de la República.
Nuestra historia demuestra la capacidad para crear, cambiar y adoptar prácticas nuevas, conservando los principios institucionales y los objetivos que nos unen.
La renovación nacional no culmina con las reformas emprendidas en mi administración; son punto de partida para progresivas conquistas que nos permitan resolver mejor los problemas del presente y encarar dignamente los retos del futuro.
El pueblo mexicano prefiere programas articulados y modernos y no actitudes de demolición.
En lo personal, ejercí el poder presidencial para adecuado a esta nueva realidad.
Rechacé desde el principio la pretensión de que en el país sólo existía la voluntad presidencial y de que la nación se hacía y consumía en un solo sexenio.
Mientras algunos hablaban de la necesidad de disminuir el poder presidencia, otros manifestaban su añoranza por un liderazgo personalista y mesiánico.
No creo en las redenciones carismáticas, como tampoco en el vacío de poder.
Creo en el liderazgo institucional y la presidencia democrática.
Los actos solitarios de un hombre, el Presidente de la República, no deciden el destino de México.
El presente y el futuro del país son el resultado de auténticos liderazgos populares en los ámbitos municipales, estatales y sectoriales, de la eficiencia de la burocracia y, sobre todo, de la solidaridad de cada mexicano con su patria.
El Presidente no actúa en el vacío, se desempeña en una sociedad viva, con una economía que reacciona a las decisiones gubernamentales, con una prensa y una opinión pública que goza de la más amplia libertad de expresión.
En este contexto, entendí la función presidencial como guía nacional y no sólo como tarea de arbitraje.
Traté de reconocer en hechos dispersos las tendencias sociales, a fin de encauzarlas en beneficio de la colectividad.
Procuré dejar fluir con mayor libertad las demandas, presiones y críticas, pues sólo así podía conocer lo que la sociedad deseaba.
Ni siquiera la agitación nos ha atemorizado; es signo de la vitalidad de un pueblo en transformación.
Sabremos encauzarla para la consolidación del movimiento renovador y evitar que se vuelva querella estéril.
En una sociedad tan heterogénea, concebí la institución presidencial como un espacio de articulación de las diversas fuerzas sociales que componen a la nación.
Por ello, mi labor política consistió en encontrar directrices de conciliación con propósitos definidos.
Procuré señalar a cada grupo y a cada mexicano las tareas que les correspondían para fortalecer la independencia, preservar las libertades y afianzar la justicia social.
Entendí la Presidencia de la República como mi gran oportunidad de servir al país, a mi país.
Me esforcé por hacerlo con dignidad y sobriedad republicana y con respeto al derecho de todos los mexicanos.
Sin sacrificar principios, omití acciones que trajeras un costo negativo para el país.
Procuré en todo momento servir a mi pueblo con seriedad, entrega total y responsabilidad institucional.
Sólo me preocupó el beneficio de México, no sólo el inmediato sino en el largo plazo.
Trabajar por México ha sido mi más grande honor y mi gran pasión y compromiso.
Mi profundo amor a la patria es mi motivación permanente.
Como Presidente, agradezco con emoción a mis compatriotas su perseverancia, su lucha, su sacrificio, su dignidad, su valor.
El pueblo de México ha sido en todo momento mi ejemplo a seguir.
Al término de mi gobierno, me quedaré con el calor que me brindó un pueblo al que amo y admiro.
Llevaré conmigo las expresiones de su apoyo, los recuerdos de alegrías y dolorosos momentos que el destino nos hizo compartir.
Guardaré en especial al aliento que me dieron hombres, mujeres, jóvenes y niños.
Aparte de momentos amargos y de angustia, la experiencia que he vivido ha resultado enriquecedora y apasionante.
Para mí, ha sido un privilegio servir a México en tiempos difíciles.
Hago un ferviente homenaje al pueblo de México por su calidad extraordinaria ante la adversidad y por su tenaz voluntad para vencer los obstáculos.
Estos días, estos meses, estos años, estas jornadas, se recordarán en México como un tiempo de heroísmo en que el principal protagonista fue el gran pueblo mexicano.
Mi agradecimiento cariñoso a mi querida Paloma, soporte firme en todo momento digna compañera de estos años inolvidables.
Reconozco también el apoyo y comprensión de mis hijos, el estímulo reconfortante de mi madre doña Alicia y la amistad y el afecto de mi hermana y su familia.
Gracias también a mis colaboradores por su leal y abnegado esfuerzo.
Tenemos los elementos suficientes para asegurar nuestra viabilidad como nación independiente.
Contamos con un vasto territorio, el treceavo de un mundo de 160 países.
La población actual, de 82 millones de habitantes, será de alrededor de 100 en el año 2000.
Estamos bien dotados de recursos naturales: energía suficiente, abundante patrimonio minero, amplios recursos agropecuarios, forestales y pesqueros.
Nuestro país destaca por una extensa infraestructura de comunicaciones y transportes.
Nuestra ubicación geográfica es un factor positivo para el desarrollo: estamos en posición de fácil comunicación con las áreas más industrializadas del mundo.
Norteamérica y Europa, y somos parte de la Cuenca del Pacífico, donde se está realizando un cambio espectacular hacia etapas superiores de progreso.
En el continente americano somos la frontera de América Latina con el norte desarrollado y el Caribe mestizo.
Los enormes litorales mexicanos nos ofrecen comunicación con el mundo y preciosos atractivos turísticos.
La plataforma continental y el mar patrimonial aguardan su racional aprovechamiento.
Tenemos un pueblo de enorme valor y reciedumbre, nos enorgullecemos de nuestro legado histórico y de la enorme riqueza y vitalidad de nuestra cultura plural.
Hemos mejorado constantemente nuestra calidad como pueblo.
Día a día se han elevado los niveles de educación, salud, alimentación y vivienda, aunque todavía nos falta un gran camino por recorrer en nuestro desarrollo hacia una sociedad más igualitaria.
Somos un país de instituciones sólidas con gran capacidad de adaptación al cambio.
Tenemos una elevada vocación para la democracia, practicamos y ampliamos las libertades, consideramos como el gran reto pendiente la justicia.
Nos sabemos imperfectos en muchos aspectos, pero la voluntad de superación es incontenible.
Los mexicanos somos un pueblo a la vez que resistente y heroico, imaginativo y creador.
Pueblo de artistas y conocedores del mundo mágico, hemos logrado también ser buenos agricultores, mineros, comerciantes y ahora extraordinarios obreros calificados que han levantado al país a ser la décima potencia industrial del mundo con el talento de una clase empresarial moderna cada vez más amplia y preparada.
Nuestro tejido social es rico y diverso.
El fenómeno asociativo se ha desarrollado a través de múltiples vías: partidos y asociaciones políticas, uno más maduros que otros, sindicatos obreros, ligas y uniones de campesinos, organizaciones populares, asociaciones de empresarios, sociedades de jóvenes, institutos de artes y ciencias, academias de artistas e intelectuales, colegios de profesionistas y agrupaciones de acción social.
Es la sociedad plural y dinámica que caracteriza a nuestros días; es nuestra riqueza más grande.
Para organizar políticamente a la nación, para guardar y fortalecer su soberanía, para garantizar las libertades y procurar la justicia social, para administrar servicios públicos y bienes nacionales está el Estado mexicano, con fuerzas armadas institucionales y leales y un servicio civil preparado y profesionalmente.
Es el mexicano un Estado al servicio de una sociedad de hombres libres que quieren vivir en paz, en libertad y con justicia.
No volveremos a tolerar la dictadura y jamás aceptaremos un poder totalitario.
Tenemos pues los elementos y la voluntad de seguir siendo una nación viable y soberana; libre y justa.
Construyamos con estas bases la grandeza nacional.
¡México es grande y grande es su destino!
Un gran país se construye con esfuerzo tenaz, con la convergencia de voluntades, con empuje, imaginación y talento.
Estamos por cerrar un capítulo más de la historia.
En ella también escribimos, como en otros momentos lo hicieron nuestros antepasados, nuestra vocación por el nacionalismo, la democracia y la justicia.
Durante casi seis años, hemos trabajado arduamente, hemos luchado contra adversidades externas e internas.
Las hemos superado.
Sigamos construyendo un México mejor.
Sigamos luchando unidos por crear un destino seguro de libertad, paz, justicia y democracia para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos.
¡Nada nos ha doblegado ni podrá vencernos!
¡México es más grande que sus problemas!
Y a todos mis compatriotas les pido: afiancemos la libertad, cuidemos la democracia, seamos tolerantes incluso frente a los insultos de nuestros adversarios políticos.
Mexicanos, el destino de México no puede ser puesto en duda.
Contestación del Dip. Miguel Montes García, Presidente del Congreso.
Ciudadano Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
Ciudadano presidente de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación;
Ciudadano presidente de la honorable Cámara de Senadores;
Ciudadanos secretarios de Estado;
Ciudadanos gobernadores constitucionales de cada una de las entidades de la República;
Ciudadanos servidores públicos federales y estatales;
Honorable cuerpo diplomático;
Compañeros legisladores;
Con la representación del Congreso de la Unión, en los términos de los artículos 6o. y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento del artículo 8o. del mismo ordenamiento, contesto el informe que usted ha rendido a la nación, en los términos concisos, generales y formales a que este artículo se refiere.
Con posterioridad, las dos Cámaras que constituyen este Congreso, analizarán en detalle dicho informe.
El acto en que el primer mandatario informa a sus mandantes del estado que guarda la administración pública, es de profunda esencia republicana, por eso deben conservarse y acentuarse su sencillez, su claridad y la verdad de su contenido.
Es también un acto de clara vocación democrática, más hoy, que el informe se rinde ante un Congreso plural, resultado de la voluntad electoral de las diversas corrientes ideológicas que, aglutinadas en partidos políticos, fueron sostenidas por los votos emitidos por una sociedad también ampliamente plural.
Hoy y después, su informe se ha de juzgar sin constreñirnos a su literalidad.
Se hace indispensable considerarlo dentro del marco más amplio de su momento histórico.
En el desarrollo de su gobierno prevaleció la característica de lealtad a los fines de la gobernación democrática establecidos firmemente en la Constitución del país y en congruencia, también, a los puntos esenciales de su plataforma política.
Por lo que ve a los primeros puede decirse que, hasta ahora, nadie podría considerar que han dejado de tener vigencia.
Las tesis constitucionales no han sido superadas ni pueden ser suplantadas.
Sus razones son buenas y tienden a conseguir para el pueblo mexicano la satisfacción de sus intereses materiales y culturales bajo el amplio rubro de la justicia social.
Independientemente de que sus fines no se hayan alcanzado plenamente, las propuestas constitucionales se conservan íntegras e incólumes en su valía, en su generalidad y en su solidez.
El fenómeno mismo del pluralismo representativo, ahora ampliamente favorecido y enriquecido, no ofrece, que sepamos, ninguna objeción operante a nuestra subestructura jurídica.
Nadie ha pedido que se modifiquen ni que se deroguen los principios sobre los derechos sociales del pueblo mexicano, ni las normas que garantizan las libertades personales.
La lucha es por su más acelerado cumplimiento, no por su sustitución.
Es muy conveniente, en estos momentos, llamar la atención sobre este punto.
El hecho que señalamos, la prevalecía de las bases constitucionales fundamentales no está a discusión.
Las voces de inconformidad que la libertad de expresión y de asociación y su propio vigor han permitido registrar sin temor alguno a la intolerancia, no lesionan los cimientos jurídicos de la organización nacional, ni el respeto que para ellos guarda y debe guardar la acción gubernamental.
Hay discrepancias, discrepancias importantes, pero nos resistimos a admitir que sean de tal profundidad que pudieran desmentir la unidad de los mexicanos, alrededor de las metas señaladas sobre el bienestar y el desarrollo de la población.
Pensamos que, en tal sentido, no se ha roto nuestra unidad y que nuestras diferencias no son sustanciales sino de orden accidental, susceptibles de buen entendimiento y superación.
Los mexicanos estamos andando, tal vez caminos distintos que tienen un mismo lugar de destino: el beneficio amplio de la nación.
Nos proponemos caminar esta ruta en paz y tranquilidad, conscientes de que sin ellas el presente se enturbia y desaparece el futuro.
Advertimos y compartimos, el ánimo firme de salvaguardar el orden jurídico interno, de salvaguardar la soberanía nacional dentro del orden jurídico internacional y de preservar la paz social y la concordia.
Así, nos explicamos las reformas a la Constitución Política del país iniciadas por usted y aprobadas por el Constituyente Permanente, tendientes a fortalecer y facilitar el trabajo del Poder Judicial Federal en su importante tarea de aplicar la ley para la justicia con la moderación de la equidad.
Y también, las que establecieron, a ese nivel constitucional, los principios por los que debe regirse la política internacional de México, principios enraizados en nuestra tradición y en nuestra historia.
Se explican, así mismo, las que tendieron a ampliar la representación popular para que cada tendencia política esté mejor representada en las Cámaras Legislativas.
La Asamblea de Representantes del Distrito Federal no es fin, sino principio de las nuevas formas de gobierno que la mayor concentración poblacional de nuestra patria sabrá darse para su mejor convivencia.
Consideramos que los lineamientos fundamentales de la administración se han apegado a los aspectos vertebrales de una política cuya naturaleza y esencialidad fue anunciada oportunamente y ha sido sostenida en congruencia.
Su valor intrínseco será analizado por el Congreso.
Por lo que ve a la observancia de los programas anunciados desde los primeros planteamientos de su postulación, y luego, durante el proceso sexenal, cabe considerar que las circunstancias históricas y principalmente económicas, a pesar de su rigor, no impidieron el cumplimiento de los capítulos más sustanciales.
Para no juzgar desaprensivamente cualquier acción de gobierno, para no incurrir en injusticia, hay que considerar lo logrado y además tomar en cuenta los daños que se evitaron mediante la acción controladora y que de haberse producido sus efectos habrían sido de severidad mayor.
El análisis reflexivo y detenido, conduce a ponderar con justeza y en toda su extensión el esfuerzo desempeñado.
En su momento, el juicio sereno de la historia dirá la última palabra.
El trato de la deuda pública, el destino de nuestros recursos hacendarios y la rectoría económica del Estado, son temas que se enfocan desde distintos ángulos por lo mexicanos, en función de su formulación ideológica y su militancia partidaria.
Sus voces se oirán en el Congreso.
Sin embargo, queda claro que la deuda pública es un gravamen que aún limita el desarrollo.
Su peso es una realidad que no puede soslayares.
En el último proceso electoral que vivió la nación huelga señalar la trascendencia de la renovación política.
Nos convencemos cada día más, de que la norma que pretende regir el fenómeno político deberá ser prudente y dinámica.
Para un fenómeno de tal celeridad en su cambio, es difícil encontrar una norma legislada que lo regule con más o menos permanencia.
Con humildad, todos los legisladores, debemos realizar un ejercicio que permita encontrar normas que eviten divisiones en los momentos en que la lucha política electoral radicaliza posturas y actitudes.
Toda evolución propiciada por un genuino sistema democrático como el nuestro, no tienen por qué desembocar en enfrentamientos ni en violencia, sino en la coexistencia inteligente de las diferencias, para que el fruto de las contradicciones sea óptimo y no lo aborte la intransigencia.
La autocrítica la ponderación serena de las discrepancias , la libertad, la apertura y la buena fe, se impondrán como instrumentos del trabajo político de todos los mexicanos.
Para avanzar en el desglose y cabal solución de los grandes problemas nacionales, México reclama de todos, las más altas miras.
Sería lamentable que agotáramos nuestros esfuerzos en querellas infértiles; útiles, cuando mucho, al abono de intereses llanamente sectoriales.
Creo que el Poder Legislativo, no deberá tratar los problemas de su competencia como si no fuese el órgano colegiado que su naturaleza impone.
La bondad objetiva de las proposiciones, vengan de quien vengan, ha de ser la que impere y así lo solicitamos de todos sus miembros, en beneficio de la unidad y en combate frontal a la división.
Sobre todo en la Cámara de Diputados caminamos en el filo entre la fertilidad y la esterilidad, sólo la concertación nos librará de la última.
La concertación alrededor de los grandes propósitos; más que la circunstancial, la programática; la inmediata y la mediata; más que superficial, la profunda y la patriótica.
La división de poderes habrá de mantenerse sin que ello signifique su subordinación ni falta de coordinación en los planes constructivos del gobierno todo.
Confiamos en que esta coordinación prevalezca para que los aspectos positivos de las diferencias se traduzcan en soluciones benefactoras y no en desorden y caos.
Los poderes entre sí son autónomos, pero de ninguna manera rivales o incondicionales unos a otros.
La incondicionalidad o la rivalidad irracionales sólo podrán acarrear detrimento para el pueblo.
Un trato equilibrado y respetuoso entre los poderes será un real avance democrático.
Reconocemos el esfuerzo austero, congruente, veraz, realizado para buscar el bien de la patria, por el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.
Cada grupo parlamentario, en los próximos días iniciará su evaluación sobre la obra de gobierno.
Esta presidencia agradece la paciencia y la tolerancia republicana, que el Presidente de México ha tenido en esta sesión y ante la nación, que la tolerancia de la mayoría de diputados y de senadores es fortaleza democrática, no debilidad.
Afirmamos que afrontaremos nuestras responsabilidades de mayoría con absoluto apego a la ley, sin que nos avergüence, porque no hay de qué ser mayoría.
Reciba usted la solidaridad de la mayoría de los legisladores mexicanos representantes de la mayoría del pueblo de México.
El pueblo de México no es enemigo de sí mismo, por eso apoya a su gobierno.
http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/54/1er/Ord/19880901.html
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 artículo 93
 artículo 115
 artículo 89
 artículo 28
 artículo 115
 artículo 8