Source: http://oiprodat.com/2014/08/31/videovigilancia-y-privacidad-en-la-empresa-privada/
Timestamp: 2019-11-15 13:27:26+00:00

Document:
Videovigilancia y privacidad en la empresa privada – Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos
El artículo 3 de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre), de Protección de Datos de Carácter Personal, en su apartado a) define “Datos de carácter personal” como:
El RLOPD (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), Reglamento de desarrollo de la LOPD, en su artículo 5f) cita:
Dictamen 4/2007 adoptado el 20 de junio de 2007:
Almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real o a través del tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con dichas imágenes, con independencia del tipo de soporte empleado (digital o analógico).
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras (1).
Instrucción 1/2007, de 16 de mayo, de la APDCM (Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid), sobre el tratamiento de datos personales a través de sistemas de cámaras o videocámaras en el ámbito de los Órganos y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid(2).
Instrucción 1/2009, de 10 de febrero, de la APDCAT (Autoridad Catalana de Protección de Datos), sobre el tratamiento de datos de carácter personal mediante cámaras con fines de video vigilancia(3).
[Derogada] Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada (4).
[Derogado en todo lo que se oponga a la nueva Ley de seguridad privada] Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad privada (5).
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (6).
Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus), de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (7).
Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de seguridad privada (8).
Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada (11).
Seguridad y comprobación de las instalaciones
Control de acceso de vehículos a zonas delimitadas
Monitorización de pacientes (Sanidad)
En espacios protegidos por el derecho a la intimidad, como pueden ser baños y aseos.
Salas para cambiarse la ropa en el trabajo.
Obtener imágenes de espacios públicos. No obstante, podrían tomarse imágenes parciales y limitadas de vías públicas cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas.
Captación de imágenes para finalidad de marketing (por ejemplo, en un centro comercial usar las cámaras para conocer los hábitos de consumo y poder influir en las posibles ventas de productos).
Empresa que adopta el sistema: Responsable de fichero (Data Controller): Cuando una empresa decide incorporar un sistema de video vigilancia, y su finalidad, debe cumplir con los principios de protección de datos de carácter personal.
Empresa que visiona y registra las grabaciones por encargo del responsable: Encargado del tratamiento (Data Processor): En el caso de que exista un encargado de tratamiento, es decir, una empresa de seguridad contratada para vigilar y custodiar las imágenes, la relación entre responsable y encargado deberá formalizarse y conllevará también otras obligaciones.
Empresa de seguridad que decide, por delegación, que medios, y con qué finalidad, se implantarán y gestionarán: Responsable del tratamiento (Data Controller): Si la empresa donde se ubica el sistema de videovigilancia delega en una tercera empresa el diseño, la instalación y la operación del sistema dentro de un marco más amplio de un proyecto de seguridad, habiendo sido decisión de la tercera empresa de seguridad privada implementar el sistema de videovigilancia y los fines del mismo, nos encontramos ante otro responsable del tratamiento. Téngase en cuenta que en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, conocida como la LOPD, se define en su artículo 3.d):“Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. En ese caso, en el cartel de “zona videovigilada” deberá constar la tercera empresa de seguridad como ante quién ejercer los derechos, si procede, por parte de los afectados. Debe analizarse con detenimiento cada caso concreto para poder discernir si nos encontramos ante este supuesto o ante el planteado en el párrafo anterior.
Empresa de mantenimiento de la instalación: Encargado del tratamiento (Data Processor): En el caso de ser una empresa distinta de la que vigila y custodia las imágenes. Siempre que tenga o pueda tener acceso aunque sea ocasional al visionado, deberá formalizarse mediante el preceptivo contrato de acceso a datos o cláusula de confidencialidad por prestación de servicio sin acceso específico a datos.
Backup de imágenes en el CLOUD: Encargado del tratamiento (Data Processor): Los datos en formato imagen suelen consumir mucho espacio de almacenamiento en disco pese a utilizar técnicas de compresión. Si las grabaciones deben conservarse hasta un mes permaneciendo activas, pero hasta tres años canceladas, no es descabellado pensar en éste supuesto. El CSP (Cloud Services Provider) que almacenará los datos será considerado un Encargado del tratamiento. Debe tenerse en cuenta en qué país se almacenarán las imágenes por si al estar fuera del EEE(Espacio Económico Europeo) debe contemplarse una TID (Transferencia Internacional de Datos).
Creación e inscripción del fichero de video vigilancia.
Principio de calidad de los datos personales.
Contrato del artículo 12 de la LOPD, si existe un Encargado del tratamiento.
Redactado / Actualización del Documento de Seguridad.
Juicio de idoneidad: si el tratamiento de datos personales a través de la video vigilancia constituye una medida susceptible de conseguir el objetivo que se pretende.
Juicio de necesidad: si los fines perseguidos pueden alcanzarse o no de una manera menos intrusiva, teniendo en cuenta la protección de los datos de carácter personal, debiendo argumentar el responsable del fichero que dicha medida es necesaria por no existir otra más moderada para la consecución de tal propósito con la misma eficacia.
Juicio de proporcionalidad: si la medida adoptada es proporcional resultando equilibrada en atención a la ponderación entre la finalidad perseguida y el grado de restricción del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, con expresa mención a si de la referida medida derivan más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre la protección de datos.
Mención al ejercicio de los derechos ARCO
Finalidad de la recogida de las imágenes (“Zona videovigilada”)
Referencia a la LOPD
Cuando se trate de la mera captación de imágenes que se reproduzcan en tiempo real sin que se incorporen a un fichero de datos de carácter personal.
Cuando el tratamiento de la imagen se encuentre vinculado a los fines policiales recogidos en el art. 22 de la LOPD.
Cuando el responsable del tratamiento tuviera fundadas dudas en relación con la coincidencia existente entre las imágenes tratadas y la correspondiente a la persona que ejercite sus derechos. En dicho supuesto se deberá denegar la solicitud del interesado, fundamentando la resolución en la carencia de la certidumbre necesaria.
Cuando el sistema de cámaras o videocámaras disponga de herramientas u otros productos de «software» adecuados para el reconocimiento de imágenes, el responsable del tratamiento podrá denegar la solicitud del interesado si el porcentaje de coincidencia entre la imagen aportada en su solicitud y la imagen objeto de tratamiento no permite asegurar que esta última corresponda al interesado. En este supuesto deberá ofrecerse al afectado la información relativa al porcentaje de coincidencia que el sistema de reconocimiento haya facilitado en el procedimiento de búsqueda.
Para plenamente aceptado que la única forma de videovigilancia justificada es aquella necesaria «para cumplir requisitos de producción y seguridad laboral», eso sí, siempre que se lleve a cabo con las garantías necesarias. Entre esas garantías figura obligatoriamente el deber de advertir a la plantilla (no es suficiente con un cartel con un símbolo) y de explicar en qué casos las grabaciones serán examinadas por la dirección de la empresa y en qué circunstancias las imágenes podrán ser entregadas a las autoridades judiciales.
Conforme a lo exigido por el artículo 4.2 LOPD, los datos (es decir, las imágenes grabadas) no podrán ser utilizadas por parte del empresario, para fines distintos que los propios de vigilancia y control.
Deberán respetar el principio de proporcionalidad, es decir, el empresario podrá adoptar esta medida cuando no exista otra más idónea para conseguir los fines perseguidos de vigilancia y control. En este sentido, el Tribunal Constitucional en Sentencia de 10 de julio de 2000, consideró que la instalación de videovigilancia con la finalidad de control en determinados puestos laborales, era conforme al principio de proporcionalidad.
Se recomienda que con el objeto de reforzar el principio de información, además de la comunicación a la representación sindical, se disponga de información referente a la existencia de un sistema de videovigilancia en tablones de anuncios o en la intranet corporativa de la empresa, en el caso de existir.
La empresa debe proceder, en su caso, a la inscripción del fichero de videovigilancia en el RGPD (Registro General de Protección de Datos); deberá proceder a cancelar las imágenes en el plazo de un mes, pudiendo conservar aquellas que registren una infracción o incumplimiento de los deberes laborales; y deberá, dar cumplida respuesta a los derechos de acceso y cancelación que potencialmente pudieran solicitar los trabajadores.
Se deberían formalizar, en su caso, contratos de acceso a datos por cuenta de terceros, por mandato del artículo 12 de la LOPD y 20 y siguientes del RLOPD, en el supuesto que intervengan empresas de seguridad en el mantenimiento del sistema, y ello implique un acceso a las imágenes, ya sea este puntual o continuado.
Y por último, deberán adoptarse las correspondientes medidas de seguridad.
Por último, y en lo atinente a la publicidad de sus datos, el párrafo tercero del citado artículo 2 añade que: “el Registro de Vehículos (…) será público para los interesados y terceros que tengan interés legítimo y directo, mediante simples notas informativas o certificaciones”.
(1) AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
(2) APDCM (Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid) Instrucción 1/2007, de 16 de mayo, sobre el tratamiento de datos personales a través de sistemas de cámaras o videocámaras en el ámbito de los Órganos y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.
(3) APDCAT (Autoridad Catalana de Protección de Datos). Instrucción 1/2009, de 10 de febrero, sobre el tratamiento de datos de carácter personal mediante cámaras con fines de video vigilancia.
Javier Álvarez Hernando. GUÍA PRÁCTICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. TEMA 6. Páginas 267 a 297. Editorial Lex Nova. Junio 2011.
Javier Álvarez Hernando. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA VIDEOVIGILANCIA EN ESPAÑA. Blog de Javier Álvarez Hernando. Enero 2011.
APDCM. GUIA DE VIDEOVIGILANCIA. COMUNIDAD DE MADRID.
Juan Carlos Galvañ Barceló. LOPD Y VIDEOVIGILANCIA: ¿PUEDO INSTALAR CÁMARAS O NO? Blog ACTUALIDADLOPD.COM. 18 de Diciembre de 2010.
AEPD. CANAL DEL RESPONSABLE DEL FICHERO. VIDEO VIGILANCIA. DESCARGA DE DOCUMENTOS EN PDF. Página web.
(4) BOE nº 186. Ley [derogada – ver (11)] 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. 4 de Agosto de 1992. 18489.
(5) BOE nº 8. Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. 10 de Enero de 1995. 607.
(6) BOE nº 75. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 29 de Marzo de 1995. 7730.
(7) BOE nº 308. Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus), de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 23 de Diciembre de 2009. 20725.
(8) BOE nº 60. Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, para adaptarlo a las modificaciones introducidas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 10 de Marzo de 2010. 3996.
(9) AEPD. INFORME 0650/2009 DEL GABINETE JURÍDICO. “La consulta plantea, si la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 27 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios, modifica el criterio hasta ahora mantenido por la Agencia Española de Protección de Datos, en relación con el tratamiento de las imágenes a través de sistemas de videovigilancia por razones de seguridad”. 2009.
(10) MINISTERIO DEL INTERIOR. Informe sobre instalación y mantenimiento de cámaras de video-vigilancia en las vías públicas. (Marzo de 2009).
(11) BOE nº 83. “Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.
(12) AEPD. “Informe 0427/2010 sobre placas de matrícula de vehículos”. Gabinete Jurídico.
(13) AEPD. “Informe 0425/2006 sobre matrículas de vehículos y concepto de dato de carácter personal”. Gabinete Jurídico.
(14) SAN 5832/2013. Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso. “En relación al recurso 89/2012 sobre videovigilancia en el estacionamiento de un centro comercial”. Pronunciada el 26 de diciembre de 2013.
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References: artículo 3
 artículo 5
 Real Decreto 

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Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 12
 resolución 
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 2
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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