Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-039-06.htm
Timestamp: 2019-03-23 16:32:22+00:00

Document:
C-039-06
Considera el demandante que la hipótesis que plantea la disposición acusada para el retiro de la carrera diplomática y consular y, consecuencialmente del servicio, de los funcionarios públicos escalafonados en el cargo de Embajador, viola el debido proceso pues se trata de un retiro forzado asimilable a una forma de destitución, pues el retiro de los servidores públicos debe ser consecuencia de un proceso reglado, con todas las garantías de defensa, circunstancia que no se presenta en la denominada “actividad de actualización”. Encuentra la Corte que no le asiste razón al actor. El artículo 33 del Decreto-Ley 274 de 2000, regula la evaluación a la que se someterán los funcionarios de carrera diplomática y consular escalafonados en el más alto rango de esa carrera, esto es, el cargo de Embajador, y la denomina “actividad de actualización”, fijando los criterios que orientan ese sistema de evaluación de dichos funcionarios y definiendo como causal de retiro la no participación en esa actividad o la no superación del puntaje previamente establecido, en concordancia con el artículo 70 ibidem que fija las causales de retiro. El artículo 125 de la Constitución, dispone que el retiro de la carrera se puede producir: “por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales establecidas en la Constitución y la ley”. En el caso que se estudia, el legislador ha supeditado el retiro de la carrera diplomática y consular y del servicio a la no participación en la actividad de actualización o a la no superación del puntaje requerido, sin que se advierta en ello una contradicción de la norma acusada con la disposición constitucional, pues es precisamente en desarrollo de la misma que se fija como causal de retiro la señalada en la norma acusada.
El legislador cuenta con una amplia libertad de configuración para establecer otras causales de retiro de la carrera de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley Fundamental, sin contrariar los principios constitucionales que se persiguen con la misma, como la estabilidad e igualdad de los trabajadores. En esa medida, puede establecer el procedimiento de evaluación y las consecuencias negativas que se derivan para quienes no participen de la misma o no la superen como sucede en el asunto en cuestión. Fue precisamente lo que hizo el legislador extraordinario al fijar los criterios generales y regular las diversas etapas de la carrera diplomática y consular, así como deferir a una resolución ministerial la regulación de los aspectos puntuales en la realización de la “actividad de actualización”, entre ellos el señalamiento del porcentaje para aprobar esa actividad. Esa facultad que confiere la ley al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través de resolución ministerial establezca las modalidades y condiciones de la “actividad de actualización”, en modo alguno viola la igualdad de oportunidades de los trabajadores, como lo sostiene el actor. Si bien el artículo 125 de la Carta Política hace previsiones sobre el retiro de los servidores de carrera y confiere al legislador la competencia para señalar otras, no significa lo anterior que la ley sea la única facultada para regular las situaciones y condiciones de la actividad de actualización de los Embajadores y fijar un porcentaje para aprobar esa actividad dentro del tope mínimo que la ley ha establecido al respecto
Reprocha el actor, que quienes ejercen el cargo de Embajador por libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, no sean evaluados pues con ello se presenta una discriminación injustificada. Pues bien, los cargos de libre nombramiento y remoción por su propia naturaleza pueden ser removidos en cualquier momento, en ellos los actos de desvinculación de los servidores públicos adscritos a esos cargos no requieren ser motivados, mientras que para el retiro de funcionarios de carrera la regla es la motivación del acto, que puede provenir por alguna de las causales de retiro contempladas en la Constitución y la ley. No se puede pretender extender las regulaciones del sistema de carrera a servidores públicos que no se encuentran inscritos en ella y que por lo tanto no están cubiertos con los derechos derivados de la misma, como lo es la estabilidad en el empleo. A Contrario sensu tampoco se puede pretender so pretexto de una presunta vulneración de la igualdad, que los servidores de carrera escalafonados en el cargo de Embajador se sustraigan a su deber de someterse a la evaluación de su desempeño, pues se estaría desconociendo uno de los principios rectores de la carrera, cual es el mérito que garantiza la permanencia en el empleo verificable a través de los mecanismos de evaluación que consagre la ley a fin de determinar la idoneidad en el desempeño del cargo.
Los derechos adquiridos que se protegen son la estabilidad laboral y permanencia en el servicio, en el sentido de que los trabajadores inscritos en carrera no pueden ser retirados del servicio por actos arbitrarios del nominador, sino a consecuencia de las causales que para el efecto establezca la ley. No se adquiere un derecho a permanecer en el servicio per se, pues esa permanencia y estabilidadad se sujetan a los principios de eficacia y eficiencia en la función pública, los cuales son verificables mediante procesos de evaluación de los servidores de carrera. El hecho de que el legislador en el Decreto 274 de 2000, estableciera por primera vez la evaluación de los Embajadores de carrera mediante una “actividad de actualización”, no contraría el ordenamiento constitucional, y particularmente no desconoce los derechos consolidados de dichos funcionarios. Se trata de dar desarrollo a la regla general de carrera consagrada en el artículo 125 de la Carta Política en virtud de la cual el ingreso y la permanencia en el servicio público se sujetan al principio del mérito como criterio de evaluación.
La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un cuerpo consultivo del Presidente de la República, quien la puede convocar para el estudio de asuntos propios del ramo de las relaciones exteriores, en los cuales se incluye la reglamentación de la carrera diplomática y consular, es decir, cuando el Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria expide decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes (CP. art. 189-11), pero en manera alguna le corresponde intervenir en el ejercicio propio de las funciones del legislador, ya sea este ordinario o extraordinario, como sucede en el asunto sub examine, pues el Presidente de la República habilitado para ello por el Legislador en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 150-10 de la Carta, expidió el Decreto 274 de 2000, por medio del cual reguló el servicio exterior de la República y la carrera diplomática y consular, facultades encontradas ajustadas a la Constitución por esta Corte. En ese orden de ideas, no comparte la Corte el planteamiento del actor cuando sostiene que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores fue ignorada por el Gobierno al expedir el decreto en cuestión, pues el Presidente de la República ejerció sus facultades como legislador extraordinario para lo cual no requería la opinión de dicho órgano.
La “actividad de actualización” es un requisito esencial para el desempeño del cargo de Embajador, al cual se tienen que someter todos los servidores de carrera diplomática y consular que desempeñan ese cargo, mientras estén en ejercicio del mismo y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. Lo contrario, es crear una diferencia de trato injustificada entre quienes ejercen el cargo de Embajador de carrera, y entre éstos y los demás servidores públicos que hacen parte de la carrera diplomática y consular con fundamento solamente en la edad, lo cual resulta absolutamente injustificado y, por lo tanto, contrario al orden jurídico-constitucional. En efecto, sólo por el hecho de llegar a la edad de los sesenta años los Embajadores de carrera quedan eximidos del cumplimiento de uno de los requisitos de carrera, como lo es la evaluación de servicios propia de los regímenes de carrera, mientras que los demás funcionarios escalafonados en la misma categoría que no han llegado a dicha edad sí deben someterse a la evaluación correspondiente. Lo mismo sucede con los demás servidores de carrera diplomática y consular, que se encuentran sujetos a evaluaciones anuales mientras estén en ejercicio de sus cargos. Se trata entonces de una distinción absolutamente irrazonable.
Bogotá, D. C., primero (1) de febrero de dos mil seis (2006).
“Artículo 33. Actividad de actualización. Los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular que se encuentren en la categoría de Embajador, deberán realizar cada cuatro años una actividad de actualización para Embajadores de acuerdo con lo que se determine mediante Resolución Ministerial.
PARAGRAFO.- Lo previsto en este artículo aplicará para funcionarios escalafonados como Embajadores hasta llegar a la edad de 60 años”.
IV. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
El Procurador General de la Nación en concepto No. 3913 de 5 de septiembre de 2005, solicita declarar exequibles las expresiones “la resolución ministerial debe señalar un porcentaje para aprobar la actividad de actualización, el cual deberá ser como mínimo del 60% del puntaje máximo establecido” y “Si el funcionario no participare en la actividad respectiva o no obtuviere el puntaje requerido, será retirado de la Carrera Diplomática y Consular y, por lo tanto, del servicio”, contenidas en el artículo 33 del Decreto 274 de 2000, por los aspectos analizados.
Inicia su intervención el Procurador General de la Nación, realizando unas consideraciones generales sobre la carrera diplomática y consular. Para ello se refiere a las sentencias C-504 y C-401 ambas del 2001, en la primera de las cuales se declaró exequible la habilitación legislativa que mediante el numeral 6° del artículo 1° de la Ley 573 de 2000 hiciera el Congreso al Presidente de la República para dictar las normas que regularan el servicio exterior, su personal de apoyo y la carrera diplomática y consular; y la segunda, que declaró la exequibilidad del precepto de esa misma ley que facultaba al Gobierno para regular las características y disposiciones que sean competencia de la ley, referentes al régimen de personal. Luego de ello, la Vista Fiscal se refiere al Decreto 274 de 2000 expedido en ejercicio de las facultades legislativas, en el cual se clasifican los cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores como de: libre nombramiento y remoción, carrera diplomática y consular y carrera administrativa (art. 5).
Cita a su vez el parágrafo primero del artículo 5 del decreto parcialmente acusado, que determina que el cargo de Embajador es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, y dispone que para el ejercicio de dicho cargo no se requiere pertenecer a la carrera diplomática o consular. Hace una breve alusión a la facultad constitucional del Presidente de la República para dirigir las relaciones internacionales y nombrar a sus agentes diplomáticos y consulares, así como de la importancia y trascendencia de las funciones que ejerce un Embajador como representante del Presidente de la República, lo que pone de presente los méritos y calidades que esa dignidad exige, razón por la cual requieren ser evaluados y calificados, a fin de determinar si se dan los méritos y calidades que les permitieron ingresar y ascender en la carrera para establecer su permanencia o su retiro.
Aduce el Ministerio Público, que los Embajadores se encuentran sometidos a un proceso de evaluación diferente al que consagra la ley para los demás servidores de la carrera diplomática y consular, pues en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 acusado, cada cuatro años se realiza una actividad de actualización en la que deben participar y aprobar quienes desempeñan el cargo de Embajador so pena de ser retirados del servicio. Se trata de una actividad que desarrolla el artículo 125 de la Constitución, quien defirió al legislador la regulación de las condiciones de los procesos de evaluación de los servidores públicos, sin que puedan ser excluidos de dichos procesos los Embajadores, pues la Carta Política no consagra ninguna excepción al respecto. De ahí, que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya expedido la Resolución No. 3349 de 29 de julio de 2000 “por la cual se reglamentan las actividades de actualización de los embajadores de Carrera Diplomática y Consular y se establece el procedimiento para adoptar el porcentaje de aprobación de dicha actividad”, en la cual se dispone que esa actividad constará de cuatro temas de gran importancia para la prestación del servicio exterior, a saber: Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Política Consular y Migratoria; Política Multilateral y de Cooperación Internacional; y, Política de Integración.
Por otra parte, tampoco se presenta la aludida violación del principio de igualdad de oportunidades que consagra el artículo 53 de la Constitución, por el hecho de no proceder la evaluación de los Embajadores que han sido nombrados por el Presidente en ejercicio de su facultad de libre nombramiento y remoción de sus agentes diplomáticos y consultares (CP. art. 189, num. 2), pues se trata de dos situaciones distintas que impiden establecer tratamientos igualitarios.
2. Problemas jurídicos que se plantean
El tema de la carrera administrativa, como se sabe, ha sido ampliamente desarrollado por esta Corporación, la cual en su variada jurisprudencia ha reiterado los fines constitucionales que se persiguen con la implementación de la misma, como son: la eficiencia y la eficacia en el servicio público, principios en virtud de los cuales los servidores públicos han de ser seleccionados por medio de concurso público que garantice el acceso al servicio con fundamento exclusivamente en el mérito; la garantía de igualdad de oportunidades de los trabajadores para acceder al desempeño de cargos y funciones públicas, como lo establecen los artículos 40 y 53 de la Carta Política; por último, la protección de los derechos subjetivos del trabajador a la estabilidad y permanencia en el cargo, “el sistema para el retiro de la carrera y los beneficios propios de la condición de escalafonado, pues esta corporación ha señalado que las personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos subjetivos adquiridos, que deben ser protegidos y respetados por el Estado”[1].
Recientemente, en la sentencia C-1119 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, se recordó precisamente que “Con la carrera administrativa buscó el Constituyente garantizar la estabilidad del trabajador al servicio del Estado, de suerte que sólo ante el incumplimiento de las condiciones fijadas por el legislador para el ejercicio y desempeño del cargo, pueda ser retirado del mismo previo cumplimiento del procedimiento para ello establecido que garantice su derecho de defensa, con lo cual se buscó eliminar el factor de discrecionalidad que orientaba de antaño la provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado. Con la implementación de la carrera administrativa se crean instrumentos que permiten el ingreso, ascenso y permanencia en el servicio en igualdad de oportunidades, con fundamento solamente en el mérito laboral, académico y profesional, según los parámetros que para el efecto establezca el legislador dentro de los límites constitucionales consagrados en la Ley Fundamental.
“En este aspecto, la armonización de los dos principios analizados -la eficiencia y la eficacia de la función pública- con la protección de los derechos que corresponden a los servidores estatales resulta de una carrera administrativa diseñada y aplicada técnica y jurídicamente, en la cual se contemplen los criterios con arreglo a los cuales sea precisamente el rendimiento en el desempeño del cargo de cada trabajador (el cual garantiza eficiencia y eficacia del conjunto) el que determine el ingreso, la estabilidad en el empleo, el ascenso y el retiro del servicio, tal como lo dispone el artículo 125 de la Constitución. Estos aspectos, en una auténtica carrera administrativa, deben guardar siempre directa proporción con el mérito demostrado objetiva y justamente.
En ese orden de ideas, los fines propios de la carrera resultan estropeados cuando el ordenamiento jurídico que la estructura pierde de vista el mérito como criterio de selección y sostén del empleo, o cuando ignora la estabilidad de éste como presupuesto indispensable para que el sistema opere”[2].
En esa misma línea de pensamiento, más recientemente la Corte en sentencia C-954 de 2001[3], recogiendo la jurisprudencia sobre la carrera administrativa como regla general para el acceso a los empleos públicos, señaló que la justificación de esa regla de acceso a la administración pública, encuentra su fundamento constitucional en los objetivos que persigue la función pública, que no son otros que los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 superior, así como en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que rigen la función administrativa, en virtud de los dispuesto por el artículo 209 de la Ley Fundamental. En ese sentido, luego de recordar la definición que de la carrera administrativa consagra el artículo 1 de la Ley 443 de 1998, así como los principios rectores del sistema de carrera, establecidos en el artículo 2 de la misma ley[4], se expresó por la Corte en la sentencia aludida que:
“La carrera administrativa es entonces un instrumento eficaz para lograr la consecución de los fines del Estado, el cual requiere de una organización adecuada que le permita alcanzarlos, con un recurso humano que no sólo sea calificado sino que pueda desarrollar su función en el largo plazo, es decir, con vocación de perdurabilidad. Por esta razón, se erige como un sistema que armoniza los principios que rigen la función pública, consagrados principalmente en el Preámbulo y en los artículos 1, 2, 122 a 131 y 209 de la Carta, con la protección del derecho al trabajo”.
Se debe recordar que la finalidad misma de la carrera administrativa es reclutar un personal óptimo y capacitado para desarrollar la función pública. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines estatales, la carrera permite que quienes sean vinculados a la administración bajo esta modalidad, ejerzan de manera calificada la función pública que se les asigna, ya que dicho sistema está diseñado para que ingresen y permanezcan en él aquellas personas que tengan suficientes calidades morales, académicas, intelectuales y laborales para asumir con eficiencia y honestidad dicho servicio. Existe entonces una estrecha relación entre el cumplimiento de los fines del Estado y la prioridad que el constituyente otorga a la carrera administrativa, que se explica en la naturaleza del sistema y en los principios que lo fundan”[5].
La Ley 573 de 2001[6], otorgó al Presidente de la República facultades extraordinarias, para entre otros asuntos: “6. Dictar las normas que regulen el servicio exterior de la República, su personal de apoyo, la carrera diplomática y consular, así como establecer todas las características y disposiciones que sean competencia de la ley referentes a su régimen de personal”, disposición ésta que fue declarada exequible por esta Corte en las sentencias C-401 y C-504 de 2001[7]. Con fundamento en la habilitación legislativa, el Presidente de la República expidió el Decreto 274 de 2000 del cual hace parte el artículo 33 cuestionado, por medio del cual se regula el servicio exterior de la República, así como la carrera diplomática y consular.
El artículo 5 del Decreto 274 clasifica los cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a saber: de libre nombramiento y remoción; de carrera diplomática y consular; y, de carrera administrativa. En el artículo 6 se indican cuáles cargos son de libre nombramiento y remoción, disponiendo en el parágrafo 1° que el cargo de Embajador es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y, por tanto, para el ejercicio del mismo no será requisito pertenecer a la carrera diplomática y consular. Con todo, el mismo parágrafo establece que en la planta externa de dicha entidad se mantendrá “un 20% del total de cargos de embajador con el fin de designar en dichos cargos a funcionarios de la carrera diplomática y consular, a medida que se presenten las vacantes”.
El artículo 189.2 de la Constitución le confía como misión especialísima al Presidente de la República la de dirigir las relaciones internacionales y es precisamente para ello que se le reviste de la facultad de nombrar a los agentes diplomáticos y consulares. Ello tiene sentido en la medida en que cuando el Presidente de la República actúa como Jefe de Estado y dirige las relaciones internacionales, está en juego la política de esas relaciones exteriores bajo los principios que precisa el artículo 9 de la Constitución. Eso explica la autonomía de que debe disponer el Jefe de Estado en este aspecto, autonomía que en todo caso está sometida a controles estrictos, no técnicos sino políticos, como el que ejerce el Congreso de la República.
Así, las condiciones de dirección y confianza que caracterizan a los cargos de Embajador y Cónsul General Central resultan incuestionables pues se trata de servidores que se desempeñan como agentes directos del Jefe de Estado en el servicio exterior. Ante ello, tiene sentido que el Gobierno Nacional cuente con una fundada discrecionalidad para su designación y que ella se explique como una excepción racional al régimen de carrera…
En ese sentido, el parágrafo del artículo 6 no invierte la regla general de la carrera, pues corresponde al principio de razón suficiente el mantener la discrecionalidad del Jefe del Estado en la dirección de las relaciones exteriores y el reconocer la relación de plena confianza y dirección que desempeñan los Embajadores en representación directa del Jefe del Estado en el servicio exterior.
Entonces, como se trata de construir una regla que armonice el sistema de carrera y esas facultades del Presidente, es necesario conciliar estos dos aspectos y es por ello que, con buen criterio, la parte final del parágrafo demandado establece un porcentaje en la planta externa con el fin de designar en dichos cargos a funcionarios de carrera”[8].
El capítulo II del Decreto 274 de 2000 regula lo relacionado con la carrera diplomática y consular, el ingreso a la misma, los ascensos, las etapas del proceso de selección, la evaluación y calificación del desempeño, la actividad de actualización, permanencia, alternación y retiro de la misma. El artículo 32 del decreto en cuestión, dispone que los funcionarios de esa carrera especial serán evaluados anualmente y si durante el tiempo del servicio en cualquiera de las categorías se obtienen dos calificaciones definitivas insatisfactorias, será retirado de la carrera y del servicio[9]. De esa evaluación anual de desempeño y de su calificación respectiva, se exceptuó a los funcionarios de carrera diplomática y consular escalafonados en la categoría de Embajador[10]. No obstante, el artículo 33 acusado, establece una “actividad de actualización” a la cual deben someterse los servidores públicos que se encuentren en dicha categoría cada cuatro años, y la no participación en ella o la no superación del puntaje requerido para su aprobación fijado en resolución ministerial constituye causal de retiro de la carrera diplomática y consular y del servicio, así lo determina igualmente el artículo 70 del Decreto 274, al establecer las causales de retiro de los funcionarios de la carrera en mención[11].
Encuentra la Corte que no le asiste razón al actor. El artículo 33 del Decreto-Ley 274 de 2000, regula la evaluación a la que se someterán los funcionarios de carrera diplomática y consular escalafonados en el más alto rango de esa carrera, esto es, el cargo de Embajador, y la denomina “actividad de actualización”, fijando los criterios que orientan ese sistema de evaluación de dichos funcionarios y definiendo como causal de retiro la no participación en esa actividad o la no superación del puntaje previamente establecido, en concordancia con el artículo 70 ibidem que fija las causales de retiro, como ya se vio.
Esa facultad que confiere la ley al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través de resolución ministerial establezca las modalidades y condiciones de la “actividad de actualización”, en modo alguno viola la igualdad de oportunidades de los trabajadores, como lo sostiene el actor. Si bien el artículo 125 de la Carta Política hace previsiones sobre el retiro de los servidores de carrera y confiere al legislador la competencia para señalar otras, no significa lo anterior que la ley sea la única facultada para regular las situaciones y condiciones de la actividad de actualización de los Embajadores y fijar un porcentaje para aprobar esa actividad dentro del tope mínimo que la ley ha establecido al respecto[12]. Ahora presumir que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuará de manera arbitraria y caprichosa en la regulación de las condiciones de la “actividad de actualización” para lograr el retiro de un funcionario de carrera escalafonado en el cargo de Embajador, es partir de la mala fe de esa entidad y desconocer por completo que todas las entidades y órganos del Estado se encuentran sujetas al principio de legalidad, circunstancia que de ninguna manera puede ser admitida por esta Corporación.
4. La norma acusada no desconoce derechos adquiridos
La Constitución Política consagra en el artículo 58 la protección de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, sin que puedan ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. En ese sentido, los servidores públicos que ingresan al servicio del Estado mediante el sistema de carrera son titulares de unos derechos subjetivos que no pueden ser desconocidos, tales como la estabilidad en el empleo, los beneficios propios del escalafonamiento, la garantía de no ser retirado del empleo sino por razones objetivas y justas previamente definidas en la ley. En ese sentido le asiste razón al demandante cuando sostiene que una ley posterior no puede desconocer los derechos de quienes ingresaron a la carrera diplomática y consular con fundamento en las normas vigentes al momento de su ingreso. Sin embargo, las leyes que han regido el sistema de carrera desde su establecimiento en la legislación colombiana[13], han tenido por finalidad garantizar el acceso al servicio con fundamento exclusivamente en el mérito, y la estabilidad del trabajador con base en la eficiencia y eficacia de la función pública, con lo cual se persigue que la Administración se encuentre conformada por servidores públicos aptos e idóneos, para que la labor que desempeñan se encuentre acorde con los fines que el interés general espera de quienes prestan sus servicios al Estado.
5. El artículo 33 del Decreto 274 de 2000 no vulnera el artículo 225 de la Constitución Política
En efecto, el artículo 225 de la Ley Fundamental elevó a rango constitucional la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores “cuya composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo del presidente de la república”. En desarrollo de lo dispuesto por la norma constitucional, el legislador expidió la Ley 68 de 1993[14], en la cual se consagra entre otros aspectos, por quiénes estará integrada (art. 1), las calidades para ser miembro de la misma (art. 2), y las funciones que ejerce (art. 3).
El artículo 3 citado, dispone como lo establece la Constitución, que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un cuerpo consultivo del Presidente de la República, y en tal carácter “estudiará los asuntos que éste someta a su consideración”, entre los cuales se encuentra la reglamentación de la carrera diplomática y consular (numeral 5). Se trata entonces, de la posibilidad que tiene el Presidente de la República para convocar dicha Comisión, para tratar asuntos que a su juicio considera deben ser de conocimiento de la misma dada la trascendencia de los mismos, y atendiendo la importancia de los miembros que la integran[15], pero, como bien lo señala la Vista Fiscal, no es una obligación del Presidente de la República convocarla.
Ahora bien, obsérvese que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un cuerpo consultivo del Presidente de la República, quien la puede convocar para el estudio de asuntos propios del ramo de las relaciones exteriores, en los cuales se incluye, como se señaló la reglamentación de la carrera diplomática y consular, es decir, cuando el Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria expide decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes (CP. art. 189-11), pero en manera alguna le corresponde intervenir en el ejercicio propio de las funciones del legislador, ya sea este ordinario o extraordinario, como sucede en el asunto sub examine, pues el Presidente de la República habilitado para ello por el Legislador en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 150-10 de la Carta, expidió el Decreto 274 de 2000, por medio del cual reguló el servicio exterior de la República y la carrera diplomática y consular, facultades encontradas ajustadas a la Constitución por esta Corte, como ya se vio.
6. El parágrafo del artículo 33 del Decreto-Ley 274 de 2000 es inconstitucional
En ese sentido, como bien lo afirma el Ministerio Público la “actividad de actualización” es un requisito esencial para el desempeño del cargo de Embajador, al cual se tienen que someter todos los servidores de carrera diplomática y consular que desempeñan ese cargo, mientras estén en ejercicio del mismo y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. Lo contrario, es crear una diferencia de trato injustificada entre quienes ejercen el cargo de Embajador de carrera, y entre éstos y los demás servidores públicos que hacen parte de la carrera diplomática y consular con fundamento solamente en la edad, lo cual resulta absolutamente injustificado y, por lo tanto, contrario al orden jurídico-constitucional. En efecto, sólo por el hecho de llegar a la edad de los sesenta años los Embajadores de carrera quedan eximidos del cumplimiento de uno de los requisitos de carrera, como lo es la evaluación de servicios propia de los regímenes de carrera, mientras que los demás funcionarios escalafonados en la misma categoría que no han llegado a dicha edad sí deben someterse a la evaluación correspondiente. Lo mismo sucede con los demás servidores de carrera diplomática y consular, que se encuentran sujetos a evaluaciones anuales mientras estén en ejercicio de sus cargos. Se trata entonces de una distinción absolutamente irrazonable, razón por la cual será declarada inexequible.
Primero: Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones “la resolución ministerial debe señalar un porcentaje para aprobar la actividad de actualización, el cual deberá ser como mínimo del 60% del puntaje máximo establecido” y “Si el funcionario no participare en la actividad respectiva o no obtuviere el puntaje requerido, será retirado de la Carrera Diplomática y Consular y, por lo tanto, del servicio”, contenidas en el artículo 33 del Decreto-Ley 274 de 2000, por los cargos analizados en esta sentencia.
Segundo: Declarar la INEXEQUIBILIDAD del parágrafo del artículo 33 del Decreto-ley 274 de 2000, que dispone “Lo previsto en este artículo aplicará para funcionarios escalafonados como embajadores hasta llegar a los sesenta años”.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial) del Decreto-Ley 274 de 2000 “por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la carrera diplomática y consular”.
Con el acostumbrado respeto, me permito aclarar el voto en relación con la decisión adoptada mayoritariamente por esta Corporación, en la sentencia de la referencia, en el sentido de estar de acuerdo con la parte resolutiva de la misma. Sin embargo, me aparto de las consideraciones expuestas en dicho fallo, en relación con la designación del cargo de embajador, por las razones que expresé en el salvamento de voto a la Sentencia C292/01[16], por lo cual me remito integralmente a los argumentos expresados en ese momento.
ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-039 DEL 2006 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Si bien del artículo 189-2 de la Constitución, se deriva que la designación de los embajadores y cónsules es función privativa del Presidente de la República, en mi criterio, en razón a que el Constituyente no señaló expresamente la calidad de los empleos de embajadores y cónsules, esto es, si son de carrera o de libre nombramiento y remoción, necesariamente hay que incluirlos dentro de la regla general de cargos de carrera. Es por ello que considero, que tales empleos deben formar parte del escalafón de la carrera diplomática y consular, pues es éste el sistema general de nombramiento de los empleos del Estado implantado por el Constituyente. No obstante lo anterior, el legislador en el parágrafo primero del artículo 6 del decreto 274 de 2000, cataloga los empleos de Embajador y Cónsul General Central como de libre nombramiento y remoción. Quiere esto significar, a mi entender, que el cargo de Embajador puede ser, a la vez, de libre nombramiento y remoción y de carrera. A mi juicio, esto es violatorio de la Constitución, concretamente de lo dispuesto en los artículos 125 superior, 13, 40-7 que establecen la carrera administrativa, el principio de igualdad, el derecho de acceso a los cargos públicos y los demás principios que rigen la función pública.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33, parcial, del Decreto-Ley 274 de 2000, “Por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la carrera diplomática y consular”.
1. En primer lugar, me permito reiterar mi posición sostenida en Salvamento de Voto frente a la sentencia C-292 del 2001, en cuanto se declaró exequible el parágrafo primero del artículo 6 del decreto 274 de 2000, decisión a la cual la presente sentencia se remite en su parte motiva, por cuanto he sostenido que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto Supremo, el principio general que rige en Colombia es el de la carrera administrativa para todos los empleos de los órganos y entidades del Estado, y la excepción la constituyen los cargos de libre nombramiento y remoción, los de concurso público y los de elección popular.
En este sentido, he afirmado que si bien del artículo 189-2 de la Constitución, se deriva que la designación de los embajadores y cónsules es función privativa del Presidente de la República, en mi criterio, en razón a que el Constituyente no señaló expresamente la calidad de los empleos de embajadores y cónsules, esto es, si son de carrera o de libre nombramiento y remoción, necesariamente hay que incluirlos dentro de la regla general de cargos de carrera. Es por ello que considero, que tales empleos deben formar parte del escalafón de la carrera diplomática y consular, pues es éste el sistema general de nombramiento de los empleos del Estado implantado por el Constituyente.
2. En segundo lugar, me permito dejar constancia mediante esta Aclaración de Voto de que en su momento presenté una propuesta para restringir la declaración de exequibilidad parcial de la disposición acusada exclusivamente a los cargos examinados en la presente demanda, propuesta que fue acogida en esta decisión, por cuanto considero que la norma acusada plantea otros problemas.
[1] Cfr. T-419/92, C-479/92, C-292/01.
[2] Sent. C-479 de 1992 MMPP José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
[3] MP Jaime Araujo Rentería.
[4] Ley 443 de 1998. Art. 1. “La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso. Para alcanzar estos objetivos, el ingreso, la permanencia y el ascenso en los empleos de carrera administrativa ser hará exclusivamente con base en el mérito, sin que motivos como raza, religión, sexo, filiación política o consideraciones de otra índole puedan tener influjo alguno. Su aplicación, sin embargo, no podrá limitar ni constreñir el libre ejercicio del derecho de asociación a que se refiere el artículo 39 de la Constitución Política”.
Art. 2. “Además de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, la carrera administrativa deberá desarrollarse fundamentalmente en los siguientes:
[5] C-954/01 ya citada.
[6] “mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución”.
[7] En la sentencia C-401 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis, se demandó el segmento normativo “así como establecer todas las características y disposiciones que sean competencia de la ley referentes a su régimen de personal” contenido en el numeral 6° del artículo 1 de la Ley 573 de 2000, el cual fue encontrado ajustado al ordenamiento superior. Posteriormente en la sentencia C-504 del mismo año, ante demanda presentada contra la totalidad del numeral 6 en cuestión, la Corte se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-401 que declaró exequible la expresión aludida, y declaró la constitucionalidad de la otra parte de la disposición demandada.
[8] Sent. C-292 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[9] El literal f) del artículo 32 que establece la concurrencia de dos calificaciones definitivas insatisfactorias como causa de retiro del servicio fue declarado exequible por esta Corporación en la sentencia C-292 ya citada. En esa oportunidad no se observó un exceso por parte del legislador extraordinario que comprometiera los principios de estabilidad y de mérito que fundamentan la carrera administrativa.
[10] Decreto 274 de 2000, art. 32 parágrafo.
[11] Artículo 70. Causales de retiro. Los funcionarios de la carrera diplomática y consular serán retirados de la carrera y, por lo tanto, del servicio, en los siguientes casos: …g) Por incurrir en las causales de retiro de que tratan los artículos 30, 32 literal f), 33, 34, 38 y 43 de este decreto…
[12] En la sentencia C-292/01, la Corte declaró exequibles los literales d) del artículo 29 y b) del artículo 32 del Decreto 274 de 2000, que disponen, el primero de los citados que, los temas, clase de prueba, metodología, procedimiento, práctica y calificación del examen de idoneidad profesional para ascenso se determinarán mediante resolución ministerial; y el segundo (literal b), que la metodología y el procedimiento para realizar el desempeño de los funcionarios se establecerá mediante resolución ministerial. Al respecto adujo la Corporación que: “…para la Corte es claro que de esa disposición [se refiere al artículo 125 de la Carta] no se sigue que la ley sea la única habilitada para regular absolutamente todo lo relacionado con el concurso para ascenso. El Gobierno Nacional, obrando como legislador extraordinario, al regular el servicio exterior y la carrera diplomática y consular, emitió disposiciones generales, desarrolló las diversas etapas de la carrera y expidió disposiciones finales y sobre régimen disciplinario. Pero situaciones tan puntuales como las referidas en el artículo 29 y relacionadas con un ámbito tan particular y específico como el servicio exterior no tienen por qué ser privativas del legislador pues nada se opone a que ellas sean establecidas mediante resolución ministerial. Ante ello, no puede decirse que ha existido violación de la reserva legal que en materia de carrera administrativa consagra la Carta. Por el contrario, los ámbitos que se relegan al ámbito de las resoluciones ministeriales son completamente congruentes con su naturaleza”.
[13] Ley 165 de 1938. Posteriormente la carrera administrativa fue elevada a canon constitucional en la reforma plebiscitaria de 1 de diciembre de 1957, art. 62.
[14] “por la cual se reorganiza la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y se reglamenta el artículo 225 de la Constitución Política de Colombia”.
[15] Ley 68 de 1993. Artículo 1. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores estará integrada por: 1. Los Expresidentes de la República elegidos por voto popular.

References: artículo 33
 artículo 70
 artículo 125
 artículo 125
 resolución 
 resolución 
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 150
 Resolución 
 resolución 
 artículo 33
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 33
 artículo 125
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 125
 artículo 2
 artículo 209
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 33
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 189
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 32
 artículo 33
 resolución 
 artículo 70
 artículo 33
 artículo 70
 resolución 
 artículo 125
 artículo 58
 artículo 33
 artículo 225
 artículo 225
 artículo 3
 artículo 150
 artículo 33
 resolución 
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 189
 artículo 6
 artículo 33
 artículo 6
 artículo 125
 artículo 189
 artículo 39
 artículo 209
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 32
 Artículo 70
 artículo 29
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 artículo 125
 artículo 29
 resolución 
 artículo 225
 Artículo 1