Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500056.html
Timestamp: 2019-03-22 10:19:02+00:00

Document:
SENT.56-2015 GACETA
SENTENCIA: 56/2015.
EXPEDIENTE Nº: 475/2008.
PARTES: Empresa Petrolera Andina S.A. (EPAN S.A.) contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Petrolera Andina S.A., contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fs. 82 a 90, en lo que solicita anular obrados por los vicios con que habría sido emitida la Resolución Administrativa Nº 1736 de abril de 2008 y/o alternativamente dejar sin efecto la misma y la Resolución Administrativa Nº SSDH 1220/2007 de 4 de octubre de 2007, emitida por la Superintendencia General del SIRESE y la Superintendencia de Hidrocarburos (SH), respectivamente; la providencia de admisión de fs. 113, los memoriales de apersonamiento y contestación de fs. 243 a 249; los memoriales de réplica y dúplica de fs. 253 a 255 y 259 a 268 de obrados y los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: La Empresa Petrolera Andina S.A. manifiesta que conforme a su objeto social, suscribió contratos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre los cuales se aquellos suscritos para el área “Río Grande, Campo Río Grande” y el área “Grigota, Campo los Sauces”. Dentro del contrato de operación correspondiente al “Campo Río Grande”, se encuentra la Planta de Absorción de Río Grande que se dedica a la separación de líquido (Gas Licuado de petróleo y Gasolina Natural), para la adecuación del gas natural. El gas licuado de petróleo (GLP) obtenido de dicha planta, es un producto utilizado para consumo domiciliario e industrial de mercado interno. Dicha planta se encuentra bajo control y administración de Petrolera Andina S.A., formando parte de los activos declarados en el contrato de operación para la explotación del Campo “Río Grande”.
Expresa que la Superintendencia de Hidrocarburos, mediante Resolución Administrativa SSDH 1120/2007 resolvió aprobar una nominación de GLP en cantidad mayor a la especificada por los representantes de la Empresa Petrolera Andina S.A., sin tomar en cuenta; i) la capacidad de la Planta; ii) las condiciones de operabilidad de los equipos de compresión a través de los que se recibe gas natural; iii) la composición de gas que se recibe; y iv) particularmente no disgregó las fuentes que serían utilizadas para cumplir dicha programación, en razón a que la producción máxima de los campos de “Río Grande” y “Los Sauces” en ese periodo alcanza a una cantidad notoriamente inferior a la señalada por YPFB y aceptada por la Superintendencia de Hidrocarburos. Señaló, que si la intención era entregar otras cantidades de Gas, del Sistema Gasyrg era necesario que se especifique de esa manera, dejando establecido que la entrega de esa materia prima (Gas Natural) no es responsabilidad de Petrolera Andina S.A. y su obligación era simplemente procesarla si su capacidad técnica así lo permite.
Afirma que el gas que emerge del sistema de transporte GASYRG no está bajo control de la empresa demandante, por ello no se puede prever cantidades, ni composición de los gases que pueden provenir del mismo, a efecto de establecer cuanto de ese gas será procesado por la Planta Río Grande, consecuentemente la cantidad de GLP producido de esa fuente. Por ello, a partir de la nacionalización la producción de gas que fluye por este sistema Gasyrg, depende de YPFB bajo supervisión de la Superintendencia de Hidrocarburos, y bajo ningún precepto fue responsabilidad de la empresa.
Sostiene que no obstante lo argumentado, la SH emitió la Resolución Administrativa Nº SSDH 1120/2007 de 4 de octubre, aprobando la nominación y programación para la producción y demanda de GLP en el mercado interno para el mes de octubre de 2007 en firme, asignando a la Planta de Río Grande una producción de 263 TMD, determinación contra la cual presentó recurso de revocatoria, a objeto de que sea dejado sin efecto, emitiéndose la Resolución Administrativa SSDH Nº 1313/2007 de 22 de noviembre que sin el correcto análisis de los argumentos expuestos, rechazó el recurso, confirmando la resolución recurrida de revocatoria.
Refiere que ante tal determinación, la empresa Petrolera Andina S.A. interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por la Superintendencia General del SIRESE a través de la Resolución Administrativa Nº 1736 de 24 de abril de 2008, confirmando las resoluciones recurridas.
1.- Acusa que la citada resolución objeto de la demanda violó los derechos fundamentales del debido proceso y seguridad jurídica, por cuanto conforme fundamentó en el recurso jerárquico: a) Se desvirtúa que la Superintendencia de Hidrocarburos puede atribuir a la Empresa Petrolera Andina S.A. una obligación sobre hechos, circunstancias y actos que están bajo tutela de terceros y no así bajo el control del administrado, como es el caso de que se le asigne la obligación de entregar una determinada cantidad de GLP por medio de la Planta de Río Grande, cuando la producción y transporte está en manos de otros sujetos, sobre quienes no se tiene control; b) Se realiza una justificación técnica que demuestra las cantidades que producen los Campos “Rió Grande” y “Los Sauces”, sobre cuya producción si tiene control efectivo, diferenciándose de los Campos que son explotados por terceros, sobre los que la empresa no tiene control alguno; c) Se realiza una justificación técnica sobre la composición histórica que han tenido los gases provenientes del sistema GASYRG y YABOG que también influyen en las supervisiones de la producción de la Planta Rió Grande; d) Se reclama la nulidad de la resolución impugnada por carecer la misma de causa, falta de fundamentación y estar ilógicamente motivada.
De lo anterior, afirma que no existe coherencia entre los fundamentos de la Resolución Administrativa Nº 1736 y de la expresión de agravios formulada en el recurso jerárquico, es decir, entre lo reclamado y la relación de los hechos, que fueron ignorados por la resolución impugnada, sin expresar las razones legales y técnicas, por las cuales no quiere fuere disgregadas las fuentes de aprovisionamiento de la Planta Río Grande, a efecto de deslindar cualquier responsabilidad posterior por los inconvenientes que puedan emerger del tratamiento de los gases que recibe la Planta. Acusa, que no señala en qué norma jurídica se sustenta el hecho de atribuir a la empresa Petrolera Andina S.A. una obligación que está condicionada a un acto de tercero, además no se ha fundamentado en derecho las razones por las que se estaría atribuyendo una responsabilidad por actos de terceros. Esta pretensión de fondo jamás ha sido analizada, evaluada y menos considerada por la Superintendencia General del SIRESE, consiguientemente la resolución impugnada carece de motivación y fundamentación, porque no resuelve los puntos apelados en instancia de revocatoria y jerárquica, citando como precedente las Sentencias Constitucionales (SC)Nºs 0752/2002-R de 25 de junio y 577/2004 de 15 de abril, emitidas por el Tribunal Constitucional, existiendo en la resolución impugnada transgresión de los fallos jurisprudenciales descritos, así como de los arts. 28 incs. b) y e) y 30 inc. a) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), art. 8. I del DS Nº 27172 del Reglamento de la Ley 2341, art. 16 incs. a) y h) de la CPE (abrogada).
2.- Refiere asimismo, que existió violación del principio de legalidad, señalando que de acuerdo a las certificaciones avaladas por YPFB, los campos “Los Sauces” y “Río Grande”, cuya explotación se encuentra bajo responsabilidad de la Empresa Petrolera Andina S.A. y que son aportantes de gas a la Planta Río Grande, tuvieron una producción similar a la que fue nominada en el Comité de Producción de Demanda (PRODE) por sus representantes. Según los documentos señalados, evidenciarían que la diferencia, en relación a la cantidad global nominada, proviene de gases originados en otros Campos Gasíferos que no se encuentran bajo tuición, administración o responsabilidad de la empresa demandante, basando su aseveración en un Informe Técnico, también avalado por YPFB, que evidencia que esas cantidades adicionales de producto no vienen de los Campos de Explotación de Gas “Los Sauces” y “Río Grande”.
Manifiesta que la administración pública, al asignar responsabilidad a la empresa sobre actos de terceros y sobre los cuales el administrado no tuvo control y negarse a discriminar las mismas, incurrió en ilegalidad, señalando tanto la Superintendencia de Hidrocarburos Sectorial como la General, que tienen potestades para nominar atribución que no estaría en discusión, sino el hecho de atribuir obligaciones de terceros, o en su caso negarse a diferenciarla como correspondía, lo cual importa que la administración pública ha privado al acto administrativo dictado de uno de sus elementos esenciales como es la causa exigido por el inc. b) del art. 28 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y no basarse únicamente en las atribuciones de la administración pública extremo que no está en discusión. Por ello afirma que el sustento de un acto administrativo en una norma jurídica, hace el principio de legalidad, el que se constituye, a su vez, en uno de los pilares fundamentales de la administración pública, garantizándose de esa forma el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones del administrado, y no estarán sujetos a la voluntad y arbitrariedad de quienes circunstancialmente le toca cumplir una función pública, lo contrario supondría transgredir el art. 32 de la CPE (abrogada).
3.- Por otra parte, acusa de violados los principios de razonabilidad, racionalidad y justicia, señalando que la nominación realizada por la Superintendencia de Hidrocarburos a la Planta Río Grande por encima de la cantidad producida por los Campos “Los Sauces” y “Río Grande”, que se encuentran bajo explotación de la Empresa Petrolera Andina S.A. y la omisión de disgregar o establecer que esa diferencia proviene de terceros, es un abuso de poder, y además esta asignando una responsabilidad sin tomar en cuenta que el cumplimiento de la misma esta dejada a la voluntad de un tercero y se omite reconocer tal hecho jurídico. No se puede imponer metas que no tienen un respaldo en situaciones de hecho vinculadas a quien asume esa obligación como es la Empresa Petrolera Andina S.A., cayendo en la emisión de un acto irracional y no razonable.
Finalmente afirma, que existe violación del principio de no discriminación y confesión extrajudicial de parte, señalando que la Superintendencia de Hidrocarburos en otros actos similares a los impugnados, ha disgregado las obligaciones impuestas a la Empresa Petrolera Andina S.A., con relación a los actos que se encuentran bajo tuición y los que están bajo control de terceros, hecho que fue reclamado reiteradamente y que de manera discrecional es negado por la autoridad pública, diferenciando en el caso señalado el origen de los gases que recibe la Planta de Río Grande, actuando de esta manera en forma razonable, racional y justa, entre tanto y de manera inexplicable omite considerar tal aspecto, englobando una obligación que no está en manos de la Empresa Petrolera Andina S.A., constituyendo dicha resolución en una confesión expresa y plena prueba que los reclamos formulados tienen asidero legal y técnico, y particularmente en una confesión extrajudicial de parte, por lo que solicitó en sentencia se declare probada la demanda, y anular obrados por los vicios con las que se emitió la resolución impugnada, y la que la precede, y se emita una nueva resolución disgregando las obligaciones que se encuentran bajo responsabilidad de la Empresa Petrolera Andina S.A. con otras que sean atribuidas a terceros, sobre la que la empresa demandante no tendría ninguna injerencia.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por proveído de fs.113, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, apersonándose con poder de representación Carlos Crispín Quispe Lima, Juan Carlos Zambrana Pérez y Julio César Beyer Pacheco otorgado por Luis Fernando Vincenti Vargas, Ministro de Hidrocarburos y Energía, contestan negativamente la demanda por memorial presentado en fecha 10 de junio de 2010, cursante de fs. 243 a 249 de obrados, manifestando:
1.- Mediante Resolución Administrativa SSDH 1120/2007 de 4 de octubre, la entonces Superintendencia de Hidrocarburos dispuso aprobar la nominación y programación para la producción y demanda de GLP en el mercado interno para el mes de octubre de 2007, y la estimación correspondiente para los meses de noviembre y diciembre de 2007, según el cuadro señalado para el efecto. La negativa a suministrar GLP, tanto por las productoras como por las refinerías, se consideró violación de las garantías de continuidad e ininterrumpibilidad del servicio público. Asimismo las refinerías quedan obligadas a adquirir el petróleo crudo asignado y procesarlo para el abastecimiento de GLP y derivados en el Mercado Interno, conforme a las asignaciones aprobadas por la Superintendencia de Hidrocarburos, las mismas que son de cumplimiento obligatorio, salvo las justificaciones a su incumplimiento, resolución contra la cual la empresa demandante interpuso recursos de revocatoria y jerárquico respectivamente, basando su determinación en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y DS Nº 28384 Reglamentario.
Refiere con relación al PRODE, que aún no estuvo conformado y tampoco fueron reglamentadas mediante disposición expresa las atribuciones que confieren la ley. Señala que los arts. 136, 137 y 139 de la CPE (abrogada) establece que los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, por ello constituye propiedad pública inviolable.
2.- En respuesta a la presunta violación de los derechos fundamentales del debido proceso y seguridad jurídica, señaló que la resolución impugnada contiene los argumentos legales que enervan la pretensión del demandante en los cuatro puntos, no es cierto que se omitió la motivación, por ello la citada resolución de ninguna manera es violatoria de los derechos fundamentales del debido proceso y la seguridad jurídica y menos transgredió los fallos jurisprudenciales pronunciados por el Tribunal Constitucional, habiéndose por el contrario dado cabal aplicación a lo determinado en los arts. 28 y 30 de la Ley 2341 LPA y el parágrafo I del art. 8 del DS Nº 27172 de 15 de septiembre de 2003.
3.- Respecto a la presunta violación del principio de legalidad, sostiene que las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Afirma que la Resolución SSDH 1120/2007 de 4 de octubre, fue pronunciada en observancia de la normativa consignada y en sujeción a la Constitución, a la Ley y al ordenamiento jurídico que rige la materia.
Sobre la violación de los principios de razonabilidad, racionalidad, justicia, de no discriminación y confesión extrajudicial, manifiesta que la Superintendencia de Hidrocarburos no dispuso ninguna nominación, sino una aprobación, no habiéndose incurrido en ninguna arbitrariedad y menos aún en una ilegalidad. Expresa que la Superintendencia de Hidrocarburos tenía como una de sus atribuciones específicas, velar por el abastecimiento de los productos derivados de los hidrocarburos y establecer periódicamente los volúmenes necesarios de estos para satisfacer el consumo interno; por lo que en uso de esa atribución aprobó la referida nominación utilizando un promedio de los meses anteriores producidos por YPFB ANDINA, por consiguiente, la nominación efectuada de ninguna manera fue arbitraria y menos irracional, sino de acuerdo a la producción que normalmente producía YPFB ANDINA S.A.
Con relación a la violación del principio de no discriminación y confesión extrajudicial de parte, señala que la Resolución SSDH 1120/2007 de 4 de octubre, en ningún momento discriminó a ninguna de las empresas refinadoras y menos a la empresa demandante ya que la asignación de petróleo crudo se enmarcó en la normativa que rige la materia, en este caso los DS Nos 28418 de 21 de octubre de 2005 y 28701 de 1 de mayo de 2006, respectivamente.
Concluye señalando que la entidad demandada, emitió en correcta aplicación de normas vigentes y según la competencia al órgano regulador, solicitando que en sentencia se declare improbada la presente demanda, y deliberando en el fondo mantener con total validez la Resolución Administrativa Nº 1736 de 24 de abril de 2008.
CONSIDERANDO III: Que por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en fase administrativa se agotó con la resolución del Recurso Jerárquico; por consiguiente, corresponde a éste Tribunal, analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, sin embargo, conforme lo dispone el art. 109. I de CPE, que señala: “todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”. Por su parte los arts. 115 y 117. I de la misma norma, garantizan el derecho al debido proceso, que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30 num. 12) de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial (LOJ), que señala: “(…) impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”.
Consecuentemente, al existir denuncia de falta de motivación y fundamentación en la resolución impugnada, y otros aspectos cuestionados en la pretensión del actor y que vulnera derechos y garantías constitucionales y del principio de legalidad corresponde su análisis y consideración, estableciendo que por el principio de eficacia previsto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado, el objeto de la controversia versará únicamente en determinar: Si la resolución impugnada carece de motivación y fundamentación según los establecido por los arts. 28 inc. e) y 30 inc. a) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, y la consiguiente vulneración de derecho al debido proceso y seguridad jurídica.
Por Resolución Administrativa SSDH 1120/2007 de 4 de octubre (de fs. 1 a 6 Anexo), la Superintendencia de Hidrocarburos resolvió aprobar la nominación y programación para la producción y demanda de GLP en el mercado interno para el mes de octubre de 2007, en firme y la estimación correspondiente para los meses de noviembre y diciembre del mismo año, según lo volúmenes establecidos para cada empresa productoras de GLP.
Contra la referida resolución, la Empresa Petrolera Andina S.A. interpuso recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante Resolución Administrativa SSDH Nº 1313/2007 de 22 de noviembre, que resolvió rechazar el recurso de revocatoria y confirmar en todas sus parte el acto administrativo impugnado (de fs. 28 a 31 Anexo)
Notificada con la citada resolución, la Empresa Petrolera Andina S.A. interpuso Recurso Jerárquico, con los mismos argumentos invocados en el recurso de revocatoria, mereciendo la Resolución Administrativa Nº 1736 de 24 de abril de 2008, emitido por la Superintendencia General del SIRESE, que resolvió confirmar la Resolución Administrativa SSDH Nº 1313/2007 de 22 de noviembre (de fs. 52 a 57 Anexo).
2.- Ingresando al desarrollo de la primera controversia de falta de motivación y fundamentación en la resolución impugnada, y que vulneraría el derecho al debido proceso y seguridad jurídica, de antecedentes se establece:
2.1. Los fundamentos expuestos tanto en el recurso jerárquico y la demanda, versan sobre la resolución que aprueba una nominación con una cantidad mayor de GLP y especifican los siguientes aspectos: 1) la capacidad de la Planta; 2) las condiciones de operabilidad de los equipos de compresión a través de los que se recibe gas natural; 3) la composición de gas que se recibe; y 4) que no DISGREGÓ las fuentes que serían utilizadas para cumplir la programación; esto en razón de que la producción máxima de los campos de “Río Grande” y “Los Sauces” que en el periodo citado alcanza a la cantidad inferior a la señalada por YPFB y aceptada por la Superintendencia de Hidrocarburos. Señaló que dicha resolución no es clara en cuanto a la intencionalidad de entregar otras cantidades de Gas, del Sistema GASYRG, que era necesario aclarar, dejando establecido que la entrega de la materia prima (Gas Natural) no es responsabilidad de la Empresa demandante, siendo su obligación procesarla simplemente, según su capacidad técnica.
Los alegatos expresados y señalados precedentemente, si bien es cierto que fueran resueltos mediante Resolución Administrativa Nº 1736 de 24 de abril de 2008, que consta de cuatro partes, que sin embargo no enervan o resuelven los argumentos legales utilizados en la resolución, relativos a atribuir una obligación a la empresa Petrolera Andina S.A. sobre hechos, circunstancias y actos que están bajo tutela de terceros y no así bajo el control de la empresa demandante, como es la del caso en que se le asigne la obligación de entregar una determinada cantidad de GLP por medio de la Planta Río Grande, cuando según alega el actor, la producción y transporte de los insumos está en manos de otros sujetos, sobre quienes no se tendría control, ni injerencia alguna.
Realiza también una justificación técnica, expresando cantidades producidas por los Campos “Río Grande” y “Los Sauces”, que señala que sobre su producción sí se tiene control efectivo, diferenciándola de la proveniente de Campos que son explotados por terceros, sobre los que no tendría control alguno. Efectúa una justificación técnica sobre la composición histórica que han tenido los gases provenientes del sistema GASYRG y YABOC, que según el demandante influyen en las previsiones de la producción de la Planta Río Grande.
La falta de pronunciamiento y respuesta de cada uno de los alegatos formulados, en el que contenga aspectos legales y técnicos por las cuales NO SE QUIERE DISGREGAR las fuentes de aprovisionamiento de la Planta Río Grande, que le permitiría deslindar cualquier responsabilidad posterior por los inconvenientes que puedan emerger del tratamiento de los gases que recibe la Planta, que permita refutar o refrendar las cantidades de producción que están bajo control de la Empresa Petrolera Andina S.A., sustentando jurídicamente el hecho para atribuir a la empresa bajo una obligación que estaría condicionada a un acto de un tercero, extremos que no han sido satisfechos por la entidad demandada con la debida motivación y fundamentación, lo que sin duda vulnera el derecho al debido proceso y seguridad jurídica denunciados por la empresa demandante.
Si bien la motivación y fundamentación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, no es menos cierto que debe responder todos los puntos de agravio demandados, lo que no sucedió en el caso de autos; al expresar la autoridad de recurso jerárquico, sus convicciones que justifiquen razonablemente su decisión, precedidas de informes técnicos, entendiéndose que las normas del debido proceso no fueron efectivamente cumplidas, encontrándose omisión indebida al debido proceso, al haber incumplido a momento de emitir Resolución, sin los presupuestos exigidos por el art. 28 inc. e) de la Ley 2341 (Fundamento).- que establece: “Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto…”, norma relacionada con el art. 30 inc. a) del mismo cuerpo legal, concordante con el art. 31. II del DS Nº 27113, que puntualiza: “Los actos administrativos serán motivados con referencia a hechos y fundamentos de derecho”…que resuelvan recursos administrativos.
En este sentido, formulado el recurso jerárquico, con los mismos fundamentos que el Recurso de Revocatoria, fue resuelto mediante Resolución Administrativa Nº 1736 de 24 de abril de 2008 y la Resolución de Revocatoria Nº 1313 de 22 de noviembre de 2007, evidenciándose en ellas, que no se ha pronunciado sobre todos y cada uno de los motivos y puntos del recurso jerárquico planteados por el demandante; si bien el administrador en ambas instancias recursivas, identifica los puntos de agravios de los dos recursos referidos, sin embargo, no desarrollan y menos fundamentan sobre los aspectos cuestionados de la resolución recurrida, como exigen los arts. 28 y 30 de la Ley 2341, consiguientemente, las autoridades recurridas en instancia administrativa se encuentran en la obligación de pronunciarse respecto a los puntos controvertidos de las alegaciones efectuadas por el recurrente en sus actos impugnatorios, según su sana crítica y lo que corresponda de acuerdo a ley, y no limitarse únicamente sobre la competencia del administrador, que no fue motivo de cuestionamiento, siendo que es obligación de la autoridad administrativa resolver los puntos objetos de controversias, señalando claramente los aspectos que se acusan de lesionar los derechos del administrado, como exigen los arts. 28 inc. e) y 30 inc. a) de la Ley 2341.
Asimismo, si la autoridad de recurso jerárquico no se pronunció sobre los verdaderos aspectos apelados, en inobservancia de la norma, menos podría decirse que la Resolución se encuentra debidamente fundamentada y motivada sobre hechos que no son objeto de recurso; debiendo la autoridad de alzada, expresar sus convicciones determinativas que justifiquen y razonablemente su decisión, en cuyo caso, las normas del debido proceso, se tendrán por efectivamente cumplidas; sin embargo, al no haberse cumplido estos preceptos, ha existido por parte de la autoridad demandada, una omisión indebida al debido proceso, al incumplir al momento de emitir Resolución, con lo dispuesto por el art. 28 literal e) de la Ley 2341.
En este sentido, se constata que tanto la Resolución Administrativa Nº 1736 de 24 de abril de 2008 y la Resolución de Revocatoria Nº 1313 de 22 de noviembre de 2007, no contienen fundamentación y motivación sobre los aspectos cuestionados por el demandante, como tampoco se encuentra en el marco del principio de congruencia que hace a la garantía del debido proceso, y que marcan a la autoridad administrativa -en este caso SIRESE Ministerio de Hidrocarburos y Energía- un camino para poder llegar a la resolución de alzada, de esta forma se fija y establece un límite a su poder discrecional; en consecuencia, no es suficiente que una resolución de alzada, solo se refiera en la “relación de hechos”, a los puntos de agravio alegados en la apelación, sin que posteriormente sean desarrollados de forma individual y fundamentada, tal como se constata de la Resolución ahora impugnada; por lo que la actuación de las autoridades administrativas demandadas, han lesionado el debido proceso previsto por el art. 115 de la CPE.
Si bien es cierto que los actos administrativos, entre ellos la Resolución impugnada, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad, validez y eficacia, al amparo de los arts. 4. g) y 32 de la LPA; sin embargo, no es menos cierto que agotada la vía administrativa, dichos actos pueden ser sometidos a revisión en vía judicial, a través del control de legalidad en vía contencioso administrativa, sin que ello constituya una tercera instancia; debiendo centrarse, dicho control, en las normas que hubieran sido denunciadas de ser erróneamente aplicadas en instancia administrativa o que en su aplicación hubieren vulnerado derechos de los demandantes; por lo que la previa alegación y consideración en instancia administrativa de los motivos que deban servir de fundamento a la demanda contencioso administrativa, no es una mera exigencia rituaria desprovista de sentido, sino un elemento determinante del marco dentro del que debe desarrollarse el control de legalidad.
Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Superintendencia General del SIRESE al pronunciar la Resolución impugnada, incurrió en conculcación de normas legales, realizando una incorrecta aplicación e interpretación en su fundamentación jurídica, que no se ajusta a derecho, máxime si se vulneró derechos y principios fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en el art. 6º de la Ley 620 Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 82 a 90 y en su mérito, anula la Resolución Administrativa Nº 1736 de 24 de abril de 2008, emitida por la Superintendencia General del SIRESE, para que la actual autoridad a cargo, Ministerio de Hidrocarburos y Energía, emita nueva resolución motivada y fundamentada conforme al recurso jerárquico planteado.

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