Source: http://docplayer.es/13550020-Exposicion-de-motivos.html
Timestamp: 2018-11-18 04:29:30+00:00

Document:
Silvia Díaz Mendoza
1 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 330 y 333 y deroga los artículos 332 y 334 del Código Penal Federal, bajo la siguiente Exposición de Motivos La presente iniciativa de reforma al Código Penal, tiene como objetivo garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, los cuales se encuentran plasmados en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Asimismo, busca facilitar el acceso a los servicios médicos de salud en hospitales federales. Estamos frente a un imperativo que deriva del derecho a la protección de la salud, reconocido como garantía individual por nuestra Carta Magna, cuya finalidad es la procuración de la salud y el bienestar de las personas. En este sentido el Estado tiene un deber correlativo de proporcionar los elementos necesarios para salvaguardarla, de modo tal que quede asegurado el acceso efectivo a los servicios. Los derechos reproductivos se encuentran vinculados con la salud reproductiva que, de acuerdo con la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), El Cairo, 1994, es la promoción de la toma de decisiones saludables, voluntarias y seguras en lo relativo a la vida sexual y reproductiva de individuos y parejas, incluyendo las decisiones sobre el tamaño de la familia y el momento del matrimonio, las cuales son fundamentales para el bienestar humano. La sexualidad y la reproducción son aspectos vitales de la identidad personal y son elementos clave para la creación de relaciones personales y sociales plenas, dentro de distintos contextos culturales. A partir de la CIPD se ha reconocido que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y tienen que ver con todo lo relacionado a la sexualidad y la reproducción de las personas, entendidas como dos funciones diferentes pero que se encuentran muy vinculadas. Como consecuencia de ésta, en el Programa de Acción de El Cairo se definió que estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, y que las personas deben poder disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Para hacer efectivos estos derechos es necesario considerar los factores económicos, políticos y sociales que impactan en el ejercicio de los mismos. En e! ámbito de la
2 reproducción y la sexualidad, las desigualdades sociales y de género limitan la posibilidad de las personas de ejercer su libertad sexual; utilizar los medios para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual; tener acceso a los servicios de salud reproductiva; interrumpir legalmente un embarazo en condiciones de calidad; acceder a la justicia cuando ha sido vulnerada su esfera de derechos y disponer de la información necesaria para tomar decisiones libres y responsables en estas materias. En este contexto, la interrupción del embarazo es considerado como un problema de salud pública y de justicia social por los efectos que tiene en la salud de las mujeres, es decir, es un asunto en el cual las mujeres mueren por interrumpir el embarazo en condiciones clandestinas e inseguras. Se estima que a nivel nacional el número de abortos es de 102 mil al año (según el Consejo Nacional de Población) y 553 mil 100 (según el Instituto Alan Guttmacher, 1994), considerándose como la cuarta causa de muerte materna en el país. Independientemente del problema de salud pública que el aborto representa, también es un problema social en el sentido de que retrata las diferencias sociales que existen entre las mujeres en el país, pues las que tienen suficientes medios económicos para practicarse una interrupción en condiciones seguras no arriesgan su salud ni su vida, mientras que las que no cuentan con estos medios recurren a clínicas clandestinas e inseguras para interrumpir su embarazo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, publicados en 1997, cada año se practicaban alrededor de 50 millones de interrupciones del embarazo en el mundo; de éstas, 20 millones se realizaban en condiciones inseguras y provocaban la muerte de 78 mil mujeres. Casi la totalidad de las muertes asociadas al aborto inseguro (99 por ciento) ocurren en regiones y países con altos niveles de pobreza y marginación social. En los países desarrollados el riesgo de morir por complicaciones en las interrupciones de embarazo es de 1 por cada 3 mil 700 procedimientos, mientras que en los países en vías de desarrollo el riesgo es mucho mayor, de 1 por cada 250 procedimientos (Population Reports, 1997). Para el año 2000, la Organización Mundial de la Salud calculó que a escala internacional se realizaron alrededor de 19 millones de abortos en condiciones inseguras de los cuales 18.5 millones (97.5 por ciento) ocurrieron en países del mundo en desarrollo (Ahmany Shah, 2002). Estas importantes diferencias entre regiones y países obedecen a la situación jurídica del aborto y la disponibilidad de servicios de salud. En los países desarrollados las leyes permiten el aborto por razones amplias, y las mujeres tienen acceso a servicios de salud donde la interrupción del embarazo se realiza en forma segura por personal capacitado. En contraste, la mayoría de los países en desarrollo tienen legislaciones restrictivas que permiten el aborto sólo en algunas circunstancias, o lo prohíben totalmente y en donde los servicios con calidad son inaccesibles. Por ello, en la CIPD se reconoció que el aborto es un problema de salud pública y que todos los gobiernos debían "ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas (...y) reducir el recurso de aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de plantificación familiar" (párrafo 8.25 del Programa de Acción de El Cairo). México es uno de los países que tiene una legislación restringida, ya que permite las interrupciones del embarazo sólo por ciertas circunstancias y los servicios de salud en ocasiones son inaccesibles. Existen siete razones por las cuales una mujer puede acceder a un aborto legal sin ser sancionada: por violación o inseminación artificial no
3 consentida (ambos delitos); por afectación grave a la salud de la mujer; por peligro de muerte de la mujer embarazada; por culpa o imprudencia; por malformaciones genéticas ó congénitas del producto y por razones socioeconómicas. Sin embargo, sólo la causal por violación se encuentra vigente en todo el país. Con respecto a las demás, éstas se localizan en los diferentes códigos penales locales, y por ello cada entidad federativa las regula de diferente manera. En nuestro país existe una tendencia nacional a regular la práctica de la interrupción del embarazo para que se realice en condiciones gratuitas y de calidad en las situaciones previstas por la ley. En este sentido, en el 2003, organismos de la ONU y de la OEA hicieron importantes señalamientos a México, entre los que destacan los del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que recomendó "que todos los estados de México revisen su legislación de modo que, cuando proceda, se garantice el acceso rápido y fácil de las mujeres al aborto" 1 También el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró en el mismo año el "Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México" y propuso importantes medidas para hacer efectivos los derechos reproductivos de las mujeres en México como: "emitir reglamentación para asegurar el acceso a los servicios de salud para casos de aborto por causas legales y sancionar al personal de salud que los obstaculice". Desde hace varios años, distintos estados de la República han emprendido una revisión de su marco jurídico sobre aborto ya que la mayoría de la legislación sobre el tema data de El Distrito Federal, Morelos y Baja California Sur son ejemplos de cambios normativos recientes, en los que se han ampliado causales de aborto o establecido un procedimiento para que las mujeres tengan un acceso a la práctica en las situaciones permitidas por la ley (Grupo de Información en Reproducción Elegida). Conforme a lo anterior y debido a la estructura federal de nuestro país, las disposiciones sobre el aborto contenidas en el Código Penal Federal resultan generalmente irrelevantes para el tratamiento de este tema a nivel estatal y sólo resultarían aplicables si el aborto se llevara a cabo bajo jurisdicción federal exclusivamente. Sin embargo, el Código Penal Federal, desde su promulgación en 1931, no ha sido modificado en materia de aborto y aunque este ha influido en las legislaciones estatales del país; en la actualidad encontramos que existen textos penales estatales, que establecen excepciones de no punibilidad más amplias. Este es el caso del Distrito Federal, cuyos Código Penal y de Procedimientos penales cuentan con un marco jurídico fortalecido que establece el procedimiento específico sobre la interrupción legal del embarazo y regula cinco de las siete causales vigentes. Es decir, el Código Penal Federal ha quedado atrás y ha dejado de ser modelo para otros ordenamientos. A pesar de que el tema del aborto corresponde regularlo a los estados y no a la federación, es importante promover su modificación porque a partir de la reforma, la prestación de servicios médicos por instituciones públicas federales de salud se hace más accesible. Al contar con un marco jurídico sólido los funcionarios públicos adscritos a las instituciones de salud federales podrán prestar con mayor confianza los servicios médicos necesarios en los casos en que por ley la interrupción del embarazo esté permitida. Bajo este contexto, la presente iniciativa tiene la intención de garantizar una adecuada protección a la vida, salud e integridad corporal de las mujeres, al tiempo que se les asegure el pleno goce de sus derechos. Por lo que se propone modificar el artículo 330 y
4 derogar el 332 del Código Penal Federal, con el fin de que sean las autoridades locales a las que les corresponda aplicar los supuestos legales establecidos en la materia. Actualmente, los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal regulan algunas de las causales por las cuales una mujer puede acceder a la interrupción legal del embarazo, pero éstas no tienen ninguna aplicación porque la legislación aplicable es de carácter local y no federal. Sin embargo, sí corresponde a nivel federal regular la prestación de los servicios públicos de salud que se brinda en los hospitales federales. Por ello, proponemos modificar el artículo 333 y derogar el 334 del mismo ordenamiento, con el fin de establecer con claridad que los funcionarios públicos adscritos a las instituciones públicas de salud federal, a los que les corresponda prestar los servicios de interrupción legal del embarazo, estarán sujetos a las legislaciones locales en la materia y con ella crear certeza jurídica. Con lo anterior las mujeres podrán acceder a los servicios públicos federales de salud a realizarse el procedimiento de interrupción legal del embarazo conforme a las excluyentes autorizadas en cada legislación y los prestadores de servicios se sentirán protegidos por la ley. Las anteriores propuestas de reformas a la legislación federal abordan el tema del aborto, tomando en cuenta las condiciones y necesidades sociales existentes en nuestro país. Dichos cambios normativos fortalecerán el marco jurídico federal en esta materia y permitirán tanto en el supuesto de que el embarazo sea consecuencia de un delito, como cuando existan razones médicas para interrumpirlo (malformaciones congénitas o genéticas del producto, grave riesgo de afectación a la salud de la mujer o peligro de muerte), que las instituciones públicas de salud federal competentes para practicar la interrupción de! embarazo, brinden un servicio de calidad a las mujeres que así lo requieran partiendo de una decisión libre, responsable e informada. En el caso del aborto nos encontramos ante un problema de salud pública y justicia social antes que uno moral por lo que corresponde a un estado laico actuar en consecuencia. Por los motivos expuestos, presento a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de Decreto que reforma los artículos 330 y 333 y deroga los artículos 332 y 334 del Código Penal Federal. Artículo Artículo 330. Al que hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento, la prisión será de tres a seis años, y si mediare violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión. Artículo Artículo 332. Derogado
5 Artículo 333. Los servidores públicos federales a los que les corresponda brindar los servicios tanto médicos como de procuración de justicia en los casos de interrupción legal del embarazo estarán sujetos a los supuestos establecidos en las leyes locales en la materia y serán considerados como excluyentes de responsabilidad penal. Artículo 334. Derogado. Transitorio Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Nota 1 Recomendación 245, Secretaría de Relaciones Exteriores, Compilación de recomendaciones a México de los mecanismos internacionales y comités de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de estados Americanos, México, Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días de abril de dos mil siete. Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)

References: artículo 4
 artículo 330
 artículo 333
 Artículo 330
 Artículo 332
 Artículo 333
 Artículo 334