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Timestamp: 2018-12-13 17:23:27+00:00

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La Nueva Reforma del Código Penal y sus incidencias en la Protección de Datos de Carácter Personal
Antonio Jimenez Gil 7 octubre, 2015 0 Comentarios
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El pasado 1 de julio de 2015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo por el que se modifica la Ley Orgánica 19/1995, de 23 de noviembre del Código Penal (en adelante, Reforma del Código Penal). Esta reforma profundizó en la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», que ya fue reconocido en la modificación del Código Penal del año 2010. Adicionalmente, esta Reforma del Código Penal ha traído importantes modificaciones que afectan de una forma indirecta a la Protección de Datos de Carácter Personal.
Sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Administradores.
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En primer lugar, no podemos decir que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sea un elemento nuevo, pero sí podemos decir que a pesar de introducirse el artículo 31 del Código Penal en su reforma del año 2010, no ha sido hasta la entrada en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo cuando se ha desarrollado la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los administradores.
Así, las más importantes modificaciones en esta materia de responsabilidad de las personas jurídicas han sido las siguientes:
Nuevo Artículo 31 Código Penal.
“El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.”
Por su parte el artículo 31 bis determina los casos en los que las personas jurídicas serán penalmente responsables:
Nuevo Artículo 31 bis Código Penal.
Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:
En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
Como se puede ver, las modificaciones son de un importantísimo calado, lo que ha forzado a las empresas a establecer sistemas y protocolos para minimizar los riesgos de incurrir en responsabilidad penal.
Por otro lado, cabe mencionar que son los propios administradores de las sociedades los primeros interesados en desplegar todas las medidas a su alcance para la prevención de comisión de delitos por los que pudieran ser declarados responsables.
Relevancia a efectos de la Protección de Datos de Carácter Personal.
Vistas las modificaciones de la nueva reforma del Código Penal es preciso ver su conexión con la protección de datos de carácter personal.
En primer lugar, es preciso recordar que la protección de datos de carácter personal regulada en la LOPD desarrolla la protección de un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Constitución Española (en adelante, CE) que consagra la protección de la intimidad y privacidad del ciudadano respecto al uso y vulneración de sus datos personales.
Artículo 18 CE.
Pues bien, las sanciones y penas más severas de nuestro ordenamiento jurídico se recogen en el Código Penal, y determinadas vulneraciones de derechos relacionados con la protección de datos de carácter personal encuentran también su espacio en el Código Penal.
Así, se recogen en el artículo 197 y siguientes del Código Penal los deitos que guardan una estrecha relación con la protección de datos de carácter personal, pues la comisión de estos delitos tiene generalmente lugar cuando la empresa, que realiza un tratamiento de datos de carácter personal, incumple las obligaciones técnicas y organizativas dispuestas en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su reglamento de desarrollo RD 1720/2007.
En este sentido, la protección de datos de carácter personal se encuadra como una de las principales responsabilidades de los Compliance Officer o de los órganos delegados encargados de la supervisión y cumplimiento de los modelos de cumplimiento normativo.
Para concluir es preciso decir que, bajo mi punto de vista, la reforma del Código Penal era muy necesaria en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas se refiere, pues alrededor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas habían surgido múltiples interpretaciones que merecían una aclaración por parte del legislador.
En este sentido, la nueva reforma supone un estimulo a la necesidad de incorporar a las empresas sistemas de prevención de la comisión de delitos, pues sólo con una diligente gestión y prevención de los riesgos, la empresa podrá eximirse de responsabilidad penal. Adicionalmente, la reforma prevé la existencia de un órgano de supervisión del modelo de prevención implantado en las empresas, lo que refuerza la necesidad de incorporar en las empresas la figura del Compliance Officer.
Sin embargo, pudiera parecer que la condena a una persona jurídica pudiera ser aplicable de facto por no disponer ésta de un modelo de prevención implantado en la empresa de forma diligente. Bajo mi punto de vista, este razonamiento y forma de actuar puede suponer una vulneración flagrante de la presunción de inocencia, motivo por el que suscribo la reciente Sentencia, de 2 de septiembre de 2015, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
“Esta Sala todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del fundamento de la responsabilidad de los entes colectivos, declarable al amparo del art. 31 bis del CP. Sin embargo, ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heterorresponsabilidad, parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal.”

References: artículo 31
 Artículo 31
 artículo 31
 Artículo 31
 artículo 18

Artículo 18
 artículo 197