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Timestamp: 2018-07-21 01:53:18+00:00

Document:
Ley K 2434 - Consejo de la Magistratura
CONSOLIDADA POR: Ley 4312
SANCIÓN: 15/04/2008
PROMULGACIÓN: 21/04/2008 - Decreto Nº 237/2008
PUBLICACIÓN: B.O.P. Nº 4619 - 12 de mayo de 2008; pág. 1-3.-
Artículo 1º - El Consejo para la designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia –artículo 204- y el Procurador General de la Provincia –artículo 217- ambas normas contenidas en la Constitución de la Provincia de Río Negro, se integrará de la forma que se encuentra prevista en el artículo 221 de la misma y con el objeto señalado en el artículo 204, de la Constitución Provincial.
El Consejo de la Magistratura creado según las normas contenidas en el Capítulo V de la Constitución Provincial, habrá de integrarse conforme lo dispone el artículo 220 de ella y con el objeto previsto en el artículos 222 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
En cuanto a la elección de los miembros que integrarán ambos Consejos será de aplicación:
Lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución Provincial.
Lo que al respecto reglamenta la presente Ley.
DE LA INTEGRACION DE CADA CONSEJO
a) El Gobernador o el Vicegobernador, en el caso previsto en el artículo 180, inciso 1º) de la Constitución de la Provincia, presidirá el Consejo para la designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General.
Este organismo creado conforme las normas contenidas en el artículo 204 de la Constitución Provincial se integrará además con los representantes que sean designados por la Legislatura de la Provincia, de acuerdo a su reglamento interno y a las expresas disposiciones del artículo 3º de la presente Ley. También lo integrarán los abogados que fueran electos de conformidad al inciso 2º) del artículo 221 de la Constitución de la Provincia y conforme lo estipula el contenido del artículo 4º de la presente Ley.
Los abogados integrantes del Consejo de la Magistratura, serán considerados como representantes del Colegio de Abogados de la Circunscripción a la que pertenecen.
b) Integrará el Consejo de la Magistratura, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el que en caso de impedimento será reemplazado por quién corresponda siguiendo el orden de subrogancia previsto en la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este Consejo estará integrado además por un presidente de Cámara o Tribunal del Fuero o Circunscripción Judicial que corresponda al asunto en tratamiento, según lo determina la presente Ley. En caso de existir más de una Cámara del Fuero correspondiente a la Circunscripción Judicial, el miembro integrante del Consejo de la Magistratura, será el presidente de la Cámara que ejerza la Superintendencia, en el momento de la sesión. Para la designación de un camarista, el Consejo será integrado por el presidente de la Cámara donde haya que cubrir la vacante concursada. Para la designación de jueces especiales letrados, se deberá integrar el Consejo de la Magistratura con un presidente de la Cámara en lo Civil, siendo de aplicación -en el caso que corresponda- las disposiciones sobre subrogancia que se mencionan en el párrafo primero del presente. Los legisladores y abogados que integran este Consejo serán designados conforme se estipula en los artículos 3º y 4º, de esta Ley y los últimos deberán reunir los requisitos de los artículos 203 y 210 de la Constitución Provincial, según el caso.
El señor Procurador General integrará este Consejo en reemplazo del presidente de Cámara o Tribunal, cuando se trate de concursos para cubrir cargos o juzgamientos de miembros del Ministerio Público.
DE LA INTEGRACION DE LOS REPRESENTANTES
DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
Artículo 3º - Por expresa aplicación de lo dispuesto en los artículos 204 e inciso 1º) del artículo 221, de la Constitución de la Provincia, la Legislatura anualmente y en sesión preparatoria, designará entre sus miembros a quienes integrarán ambos Consejos, asimismo se elegirá un suplente para cada uno de ellos que reemplazará a su respectivo titular, en caso de ausencia o impedimento de éste.
Para la elección de los legisladores, será de aplicación expresa el contenido del reglamento interno de la Legislatura, el que deberá adecuarse a las disposiciones de la presente Ley, respetando en lo posible la proporcionalidad de la integración política del cuerpo.
Cada miembro suplente deberá pertenecer al mismo Bloque legislativo que el miembro titular integrante del cuerpo al que eventualmente deba reemplazar. Para el caso de que la designación del miembro titular recaiga en un legislador que pertenezca a un Bloque legislativo unipersonal, corresponde a éste la nominación del suplente.
DE LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS ABOGADOS EN LA PROVINCIA
Artículo 4º - Integrarán ambos Consejos normados por la Constitución Provincial, los abogados matriculados habilitados para el ejercicio de la profesión con residencia habitual dentro de cada Circunscripción Judicial.
Los abogados matriculados serán convocados, en el plazo que fije la presente Ley, por el presidente del Consejo de la Magistratura, a fin de concretar el acto eleccionario, conforme lo determina la norma del inciso 2º) del artículo 221 de la Constitución de la Provincia. Para tal fin, se confeccionarán en cada Circunscripción Judicial, los respectivos padrones para la elección única, directa y secreta que deberá ser supervisada por el Colegio de Abogados de cada Circunscripción Judicial, organismos que han de designar las respectivas Juntas Electorales.
Se elegirán tres representantes titulares y la misma cantidad de suplentes. De esos tres (3) representantes a elegir dos (2) corresponderán a la lista que obtenga la mayoría de los votos y uno (1) corresponderá a la minoría; en tanto y en cuanto esa minoría hubiera obtenido el veinticinco por ciento (25%) de los votos emitidos, como mínimo.
El mandato de los electos será por dos (2) años y no podrán ser reelectos en forma inmediata.
Artículo 5º - El domicilio legal -sede natural- del Consejo para la Magistratura, será la Capital de la Provincia de Río Negro, pero las sesiones se realizarán en la Circunscripción Judicial correspondiente al asunto que resulte motivo especial de la convocatoria.
Artículo 6º - Presidencia de los Consejos: Las sesiones de ambos Consejos, son presididas:
a) El Consejo para la designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General, por el Gobernador de la Provincia.
b) El Consejo de la Magistratura, por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro.
Ambos presidentes tienen en aquellas sesiones y en caso de empate, doble voto.
Las sesiones son públicas, salvo aquellas en que por el tenor del tema en tratamiento se disponga fundadamente por mayoría del Cuerpo, el carácter de reservado de la misma.
Artículo 7º - Autoridades del Consejo de la Magistratura: El Presidente del Consejo de la Magistratura es el jefe administrativo del mismo y quien, en razón de ese cargo, tiene las facultades y obligaciones emergentes de la representación que ejerce, entre ellas la de dictar Reglamentos Generales del Consejo de la Magistratura, ello previa aprobación de los mismos a cada una de las integraciones del Consejo de la Magistratura de cada circunscripción, quienes deberán expedirse en sesión especialmente convocada para ello.
Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo de la Magistratura y su Presidente es asistido por:
a) En general: Por el Secretario del Consejo de la Magistratura, quien tendrá jerarquía equivalente al cargo de Secretario de Cámara, debiendo asimismo cumplir con los requisitos de dicho cargo (artículo 80 inciso b.- de la Ley Provincial Nº 2430). Es designado mediante concurso de oposición y antecedentes, por el Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial y tiene estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta. Solo puede ser removido por decisión de la autoridad que lo designa.
b) En el procedimiento de designación de magistrados y funcionarios serán además asistidos por los siguientes cuerpos:
1. Comisión Evaluadora: La Comisión Evaluadora de los antecedentes de los aspirantes inscriptos, que se compone por tres (3) miembros, uno (1) en representación de los abogados de las cuatro circunscripciones judiciales, uno (1) en representación del Poder Legislativo y uno (1) por el Poder Judicial –Superior Tribunal de Justicia o Ministerio Público según corresponda-. En este último caso actuará un representante u otro según sea el cargo concursado. Dichas designaciones se efectúan anualmente por el Presidente del Consejo a propuesta de cada uno de los sectores representados, e incluirán la de sus correspondientes suplentes. Dichos sectores deberán informar sus representantes titulares y suplentes propuestos dentro de los cinco (5) días de requeridos por el Presidente del Consejo.
2. Jurado Examinador: Funcionará un Jurado Examinador, a tal fin anualmente el Presidente del Consejo de la Magistratura elaborará una lista de jurados examinadores para actuar en los concursos de oposición que se realicen en el siguiente año. Dicha lista de Jurados Examinadores estará compuesta por las nóminas de representantes que en número de cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes eleven: a) el Poder Judicial a través del Superior Tribunal de Justicia y del Ministerio Público, b) los abogados de las cuatro circunscripciones judiciales y c) el Poder Legislativo.
Para ser Jurado se requiere ser abogado, desempeñarse como juez, fiscal, o como abogado de la matrícula, tener en todos los casos diez (10) años de ejercicio de la profesión como mínimo, o ser profesor universitario titular o adjunto de derecho. A tal fin las instituciones informarán la nómina de sus representantes a este cuerpo en el plazo de veinte (20) días de ser formalmente requeridos. En cada caso, las entidades deberán remitir los antecedentes profesionales, judiciales o académicos de los propuestos, indicando su especialidad o especialidades, y expresar el modo en que la entidad realizo la selección.
En cada concurso actuará un jurado Examinador de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes conformado por especialidades, que surgirá del sorteo que al efecto realizará la Secretaría del Consejo de la Magistratura, no pudiendo integrar el mismo quienes tengan, su domicilio profesional en la jurisdicción donde se produzca la vacante. Los Jurados que actúen en cada concurso deberán declarar bajo juramento no encontrarse comprendidos en esa situación al aceptar el cargo, lo que debe tener lugar –a más tardar- a los cinco (5) días de notificados de su designación. En caso contrario, se presumirá que el jurado no acepta desempeñarse como tal en ese concurso.
Cuando la falta de aceptación no tuviere causa justificada, el Presidente podrá disponer la exclusión del reticente de la lista de jurados, solicitando su reemplazo.
Las causales de excusación y recusación de los integrantes de la Comisión Evaluadora del Jurado Examinador se regirán por las previsiones de los artículos 15 y concordantes de la presente Ley, siendo sustanciadas –cuando corresponda- por el Secretario del Consejo y resueltas por su Presidente.
Los integrantes titulares y suplentes del Consejo de la Magistratura no podrán integrar, en ningún caso, la Comisión Evaluadora ni el Jurado Examinador.
Artículo 8º - Gastos de Funcionamiento: Los gastos que demanden el traslado de los integrantes de cada Consejo, como de las autoridades consignadas en el artículo 7º de esta Ley, hasta el lugar asiento de la sesión o actividades que correspondan, como así los gastos de estadía y funcionamiento, serán afectados a las partidas presupuestarias del Poder Ejecutivo (Consejo del artículo 204 de la Constitución Provincial) o del Poder Judicial (artículo 211 de la Constitución Provincial) según corresponda.
Artículo 9º - Consejo del artículo 204 de la Constitución Provincial. Funcionamiento: El Gobernador, en carácter de Presidente del Consejo normado por el artículo 204 de la Constitución Provincial, debe, dentro del plazo de treinta (30) días corridos desde que se hubiera producido la vacante, convocar al organismo que él preside. Determina en esa oportunidad, la fecha de realización de la audiencia pública y la de celebración de la reunión de la totalidad de los miembros que integran el Consejo, las que pueden realizarse en la misma fecha y no puede tener una antelación inferior a los cuarenta (40) días corridos de haberse notificado aquella convocatoria a los consejeros.
La nominación se efectúa conforme lo determinado por el artículo 204 de la Constitución Provincial con una antelación de por lo menos treinta (30) días corridos a la fecha de la audiencia pública. En igual plazo y con la misma formalidad, un veinticinco por ciento (25%), como mínimo, del total de los miembros del Consejo, puede realizar la postulación a la que se alude en el artículo 204 de la Constitución Provincial, elevando la misma debidamente firmada, al señor Gobernador en su carácter de presidente del Consejo y a los restantes miembros del mismo.
Una vez presentadas las nominaciones se efectuará una amplia difusión de las mismas sin perjuicio de dicha difusión se publicará obligatoriamente en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de circulación provincial, y en la página oficial de la Provincia de Río Negro en Internet, durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas propuestas para el cargo.
A partir de la última publicación en el Boletín Oficial de la nómina de postulantes, se abrirá un proceso de consulta pública por el término de diez (10) días corridos, en el que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos pueden presentar por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los postulantes incluidos en el proceso de selección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad en relación a los propuestos.
El Consejo debe tratar obligatoriamente las objeciones planteadas, convocando –por intermedio de su Presidente- a los postulantes a que efectúen sus descargos o brinden explicaciones sobre las mismas, pudiendo optar por efectuarlas en la audiencia pública, quedando recién allí habilitada la vía para proceder a la selección. No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento, o que se funden en cualquier tipo de discriminación. Cuando se rechacen impugnaciones se debe fundar tal decisión.
El Consejo luego de realizar la audiencia pública, debe analizar y resolver fundadamente la o las designaciones, previo a considerar las objeciones que se efectuaran en relación a los postulantes.
En el supuesto de que fuesen dos (2) o más las vacantes, las propuestas correspondientes se analizarán y resolverán por separado.
La asistencia de los miembros de este Consejo es una carga pública, las decisiones deben ser fundadas en todos los casos y se adoptan por simple mayoría de votos.
Las decisiones de este Consejo son cumplimentadas por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 10 - El Consejo de la Magistratura entiende en las designaciones de los magistrados y funcionarios judiciales de conformidad a lo preceptuado por el inciso 1 del artículo 222 de la Constitución de la Provincia y conforme el procedimiento reglado en la presente Ley.
Producida una vacante y contando con la previsión presupuestaria de la misma, el Presidente del Consejo de la Magistratura, deberá realizar los siguientes actos:
a) Dentro de los quince (15) días hábiles de producida la vacante y luego de certificada la previsión presupuestaria de la misma, mediante resolución fundada llamará a concurso público de antecedentes y oposición para inscripción de aspirantes para cubrir el cargo, que el Secretario instrumentará, indicando al mismo tiempo la fecha de cierre. Asimismo el Presidente podrá convocar a concurso para cubrir las eventuales vacantes que se produzcan por posibles ascensos o movimientos dentro de la misma Circunscripción Judicial. Si así fuera, se deberá especificar en forma expresa en el llamado concurso, cuales son las vacantes eventuales. En estos casos el procedimiento de selección se desarrollará parcialmente llevándose a cabo las acciones previstas en los incisos a) y c) del artículo 12 de esta Ley. En caso de producirse, efectivamente, la vacante prevista como eventual, se realizará una convocatoria a rendir examen de oposición y a sesión del Consejo de la Magistratura conforme lo disponen los incisos b) y d) del artículo 12 antes citado. Este procedimiento no podrá ser utilizado en el caso de que la eventual vacante se produzca en otra Circunscripción Judicial.
Tanto la convocatoria como las demás etapas del concurso público de antecedentes y oposición para la cobertura de cargos de magistrados y funcionarios judiciales se sujetarán al principio de publicidad y amplia difusión de lo actuado, recurriendo para tal fin a medios de difusión tanto tradicionales como de nueva tecnología, propiciando la participación ciudadana en los procesos de selección, mediante la facilitación y accesibilidad de aquella información pública referida a los cargos concursados, como a sus aspirantes.
b) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de dictada aquella resolución deberá notificar fehacientemente a los demás integrantes del Consejo de la circunscripción de que se trate, con remisión de la resolución a la que se refiere el apartado anterior.
c) Ordenará la correspondiente publicación del concurso en el Boletín Oficial por tres (3) días y en los medios gráficos y electrónicos que permitan su mayor difusión, especificando:
1. Cargo a cubrir y sede de las funciones del mismo.
2. Requisitos que deberán acreditarse para la designación.
3. Datos a consignar por el aspirante, fecha de cierre de concurso, lugares en los que se podrán retirar o acceder a los formularios de inscripción y presentar las solicitudes y documentación obligatoria, como asimismo todo otro dato conducente a clarificar el trámite del procedimiento de designación.
4. Se deberán, además, consignar el nombre de los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Evaluadora y de los Jurados sorteados para el concurso.
I.- Los formularios de inscripción de los aspirantes podrán presentarse hasta la fecha del cierre del concurso en el domicilio legal del Consejo, personalmente, por correo o por tercero autorizado, debiendo acompañarse la siguiente documentación:
a) Antecedentes curriculares completos incluyendo los de filiación, profesionales, académicos y laborales que en formulario de inscripción se exijan, adjuntando una foto tipo carnet.
b) Documentos de identidad con la constancia del último domicilio.
c) Título de abogado, cuyo original deberá ser exhibido al momento de la inscripción.
d) Experiencias adquiridas en el desempeño de cargos públicos anteriores o en el ejercicio profesional.
e) Títulos universitarios de grado, de posgrado o doctorado; otros estudios cursados, que guarden vinculación con el cargo al que se aspira. La antigüedad en el ejercicio de la profesión se considerará a partir de la fecha de expedición del título de abogado.
f) Conferencias dictadas o mesas redondas, congresos, jornadas, simposios, o cualquier otro evento científico o técnico en que haya participado, indicando –en su caso- el carácter en que intervino, fecha en los que tuvieron lugar, la institución patrocinante, el tema desarrollado y los trabajos presentados que guarden relación con la función del cargo a cubrir.
h) Ejercicio de la docencia universitaria. Cargos desempeñados, especificando modo de designación, período, universidad y cualquier otro dato que pueda resultar de interés.
i) Trabajos doctrinarios publicados.
j) Declaración jurada del aspirante de no estar incurso en ninguna de las inhabilidades establecidas por la Constitución Provincial o las leyes, manifestando el conocimiento y la aceptación de las condiciones fijadas en el procedimiento del concurso. Cualquier inexactitud que se compruebe en ella dará lugar a la exclusión del concursante, sin perjuicio de las demás consecuencias a las que pudiera dar lugar su conducta.
k) Informe del Registro Nacional Reincidencia y Estadística Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, o la institución que en el futuro cumpla sus mismas funciones.
l) Certificación del Colegio de Abogados de su matrícula que haga constar si le han sido aplicadas sanciones por su Tribunal de Ética.
m) Para el caso de quienes sean o hayan sido magistrados o funcionarios judiciales, informe del área competente sobre la existencia o no de sanciones de cualquier tipo.
n) Todo otro antecedente que considere valioso.
o) Recusación de aquellos integrantes titulares y suplentes de la Comisión Evaluadora o del Jurado Examinador sorteado cuando existan causales conforme lo dispuesto en la presente Ley, acompañando la prueba de que intente valerse.
Los aspirantes que se inscriban en los concursos de oposición y antecedentes para ocupar cargos en el Poder Judicial, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para el cargo al que aspira a la fecha de cierre del concurso, y no estar comprendidos en las causales de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Asimismo su inscripción importa el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas por la Constitución Provincial, la presente Ley, el Reglamento General del Consejo de la Magistratura y la propia convocatoria.
Deberán, además, constituir domicilio y denunciar número de fax o dirección de correo electrónico que constituya a los efectos del concurso en el que participa, en los que acepta expresamente la validez de las notificaciones que al respecto se le cursen.
Las copias de los documentos que acrediten la información suministrada junto al formulario de inscripción deberán contar con su correspondiente certificación notarial o judicial.
Artículo 11 - Cierre del período de inscripción: El día y hora del cierre de la inscripción se labrará un acta donde consten las inscripciones registradas hasta ese momento para el cargo en concurso, la que será refrendada por los funcionarios autorizados para recibirlas.
Cerrado el período de inscripción y recibidas todas las inscripciones registradas, el Secretario del Consejo de la Magistratura, deberá en un plazo no mayor a cinco (5) días:
1. Elaborar la nómina de aspirantes inscriptos que cumplan con los requisitos de inscripción, procediendo a difundir por tres (3) días la misma por lo menos en los medios en los que se hubiese publicado el llamado a concurso, indicando lugar y fecha de vencimiento del plazo de Consulta Pública que es de diez (10) días, contado desde la última publicación en el Boletín Oficial, plazo dentro del cual pueden presentase impugnaciones fundadas a los aspirantes inscriptos.
2. Sustanciar si correspondiera, las recusaciones presentadas contra los integrantes de la Comisión Evaluadora y Jurado Examinador, elevándoselas al Presidente para su resolución.
3. Vencido el plazo del inciso 1, deberá dar traslado de las impugnaciones recibidas a los aspirantes respectivos para que en el plazo de cinco (5) días efectúen el descargo de las mismas y ofrezcan la prueba en que aquél se funde.
4. Vencido el plazo para presentar impugnaciones y descargos, se remitirá a los integrantes titulares del Consejo de la circunscripción que corresponda y a la Comisión Evaluadora, copia de toda la documentación acompañada por cada uno de los presentantes, incluyéndose las impugnaciones y descargos en su caso.
5. Los integrantes del Consejo de la Magistratura procederán, toda vez que se encuentren en poder de la documentación, a efectuar el correspondiente análisis pudiendo requerir a la Secretaría del Consejo dentro de los cinco (5) días de recepcionada la misma, los informes y aclaraciones necesarias y pertinentes para una clara y mejor resolución.
6. Vencido el plazo del inciso precedente y evacuadas las requisitorias efectuadas, la secretaria del Consejo emitirá el acta de cierre de la etapa de inscripciones e impugnaciones, notificando de ello al Presidente del Consejo.
Artículo 12 - Cerrada la etapa de inscripciones e impugnaciones y notificada al Presidente del Consejo de la Magistratura, éste procederá a:
a) Convocar a los aspirantes a realizar el examen de aptitud psicofísica para el cargo, por parte de una junta médica designada por el Poder Judicial, que debe estar integrada al menos por un Médico Clínico, por un Psicólogo con probada experiencia clínica y un Médico Psiquiatra, que debe emitir los dictámenes de aptitud para el cargo previo a la realización del examen de oposición. Previo a encomendar la elaboración de dichos exámenes, la presidencia definirá las características del cargo a ocupar y lo transmitirá a la Junta Médica para el diseño de las pruebas médicas, psicológicas y psicotécnicas para evaluar a los postulantes. El resultado de estos exámenes tendrá carácter de reservado.
b) Convocar a la Comisión Evaluadora para que en el plazo de veinte (20) días de recepcionados evalúe los antecedentes de los aspirantes inscriptos, elaborando un informe fundado calificándolos e informando el resultado de dicha evaluación, a los evaluados y a los integrantes del Consejo. El mismo podrá ser impugnado por parte del aspirante, dentro del quinto día de notificado, por error material o arbitrariedad manifiesta, la que será resuelta por el Consejo en la sesión de designación. Dicha Comisión elaborará su informe sobre la base de una grilla común de calificación de los antecedentes de los aspirantes, bajo pautas objetivas considerando y valorando:
1. Antecedentes profesionales y laborales teniendo en cuenta las actividades desarrolladas y los cargos desempeñados, los períodos de su actuación, las características de las funciones desarrolladas, antigüedad, experiencia y, en su caso, los motivos del cese. Se considerarán especialmente aquellas vinculadas con la especialidad de la vacante a cubrir.
2. Antecedentes académicos, obtención del título de Doctor en Derecho o denominación equivalente, teniendo en cuenta la calificación lograda en el examen de tesis y la materia sobre la cual versa la misma.
3. Publicaciones científico jurídicas valorando especialmente la calidad de los trabajos y su trascendencia con relación a la concreta labor que demande la vacante a cubrir.
4. El ejercicio de la docencia e investigación universitaria, teniendo en cuenta la institución donde se desarrollaron las tareas, los cargos desempeñados, la naturaleza de las designaciones y la vinculación con la especialidad de la vacante a cubrir. Se valorará asimismo, sobre las mismas pautas, la participación en carácter de disertante o panelista en cursos, congresos, seminarios y eventos de similares características de interés jurídico con vinculación del cargo a cubrir.
5. Acreditación de carreras jurídicas de postgrado, teniendo en cuenta las normas con arreglo a las cuales se lo ha obtenido y las calificaciones logradas. Serán preferidos aquellos estudios vinculados al perfeccionamiento de la labor judicial y a la materia de competencia de la vacante a cubrir.
6. La calificación será obtenida promediando los puntajes que cada uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora le asignen.
7. La Comisión Evaluadora bajo pena de nulidad, deberá encabezar el acta de evaluación explicitando los criterios de evaluación, asignando el puntaje que entienda pertinente a cada caso y a cada ítem evaluatorio de los antecedentes acreditados por los aspirantes.
8. Para superar la evaluación de antecedentes se deberá obtener por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del puntaje máximo posible conforme el inciso 1 del artículo 13 de esta Ley.
9. El Secretario del Consejo de la Magistratura, una vez recibido el resultado de la evaluación de antecedentes, los publicará por un (1) día en los mismos medios en que se publicara la convocatoria.
c) Convocar a los aspirantes inscriptos a rendir un examen de oposición de carácter obligatorio y excluyente, en un plazo no inferior a los treinta (30) ni superior a los noventa (90) días, debiendo notificarlos fehacientemente sobre lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo, comunicando el programa general de examen y los nombres de los integrantes del Jurado, titulares y suplentes sorteados, quienes deberán evaluar los exámenes en un plazo no superior a los quince (15) días de realizados. Para la realización de dichos exámenes se seguirán las siguientes pautas:
1. Se debe garantizar el anonimato de los postulantes examinados frente al Jurado y hasta después de realizada la Entrevista Funcional, salvo en los casos en que dichos exámenes no sean superados por los postulantes y no lleguen a dicha etapa. Para tal fin se deberán usar alias y reglamentar un procedimiento que garantice este requisito.
2. El Jurado Examinador deberá ajustar su cometido a los procedimientos y criterios básicos de evaluación establecidos en el Reglamento General.
3. El examen de oposición será escrito, bajo pautas objetivas y consistirá en el planteo a cada concursante de uno o más casos reales o ficticios, para que cada uno de ellos proyecte por escrito una resolución, sentencia o actuación que le corresponda según el cargo en concurso. Podrá recurrirse a exámenes total o parcialmente orales cuando por el cargo en concurso así lo disponga la convocatoria.
4. El examen debe versar sobre temas directamente vinculados a la función que se pretenda cubrir y con ella se evaluará tanto la formación teórica como la práctica.
5. Los exámenes se efectuarán en forma simultánea para todos los postulantes.
6. El ingreso al recinto donde se desarrollen los exámenes será reservado.
7. La ausencia de un postulante al examen de oposición determinará su exclusión automática del concurso, sin admitirse justificaciones de ninguna naturaleza y sin recurso alguno.
8. El Jurado Examinador calificará el examen de cada concursante bajo pautas objetivas comunes, valorando la consistencia jurídica de la solución propuesta dentro del marco de lo razonable, la pertinencia y el rigor de los fundamentos, y la corrección del lenguaje utilizado.
9. La calificación será obtenida promediando los puntajes que cada uno de los jurados, sin deliberación previa, le asignen a cada examen.
10. El Jurado, bajo pena de nulidad, deberá encabezar el acta de evaluación explicitando los criterios de evaluación, asignando el puntaje que entienda pertinente a cada caso y a cada ítem evaluatorio.
11. Para superar el examen de oposición se deberá obtener por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del puntaje máximo posible conforme el inciso 2 del artículo 13 de esta Ley.
12. El Secretario del Consejo de la Magistratura, una vez recibido el resultado de los exámenes de oposición, los publicará por un (1) día en los mismos medios en que se publicara la convocatoria consignando los alias de los aspirantes, pero sin identificarlos.
d) Convocar a sesión del Consejo determinado la fecha y el lugar de la misma, a fin de realizar en el mismo acto y en el orden que expresa seguidamente:
1. El tratamiento y resolución en única instancia y sin recurso de las impugnaciones de los aspirantes inscriptos y cualquier otra reclamación o recurso que contra decisiones, opiniones o actos se hubiesen realizado en el procedimiento de evaluación.
2. La elaboración de la lista de aspirantes en concurso a considerar, para lo cual deberán excluirse aquellos que no hubiesen resultado aptos para el cargo en la revisión psicofísica, y quienes en la evaluación de antecedentes o el examen de oposición no alcancen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del puntaje máximo asignado en el artículo 13 de esta Ley. A tal fin se identificarán los aspirantes que no superaron el examen de oposición.
3. Realizar la entrevista de evaluación funcional de los aspirantes en concurso, las que serán públicas. La entrevista se realizará previo a conocer el resultado del examen de oposición de los aspirantes que lo superarán y tendrá por objeto valorar su motivación para el cargo, la forma en que se desarrollará eventualmente la función, sus puntos de vista sobre los temas básicos de su especialidad y sobre el funcionamiento del Poder Judicial, estableciendo pautas que permitan calificar la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Al finalizar las entrevistas, el Secretario del Consejo labrará el correspondiente acta.
4. Finalmente pasarán a considerar los antecedentes los resultados de las evaluaciones, exámenes y entrevistas de los aspirantes.
Artículo 13 - El Consejo sesionará válidamente con la presencia de por lo menos seis (6) de sus integrantes, debiendo encontrarse entre ellos un (1) representante del Poder Judicial, uno (1) de los abogados de la circunscripción judicial y un (1) legislador como mínimo.
Luego de considerar la evaluación de antecedentes, exámenes de oposición y los dictámenes psicofísicos de aptitud para el cargo en concurso y resultados de la entrevista funcional de los aspirantes en concurso, procederá a efectuar las designaciones, las que serán adoptadas por mayoría absoluta de los miembros del Consejo que estén presentes.
Los aspirantes son evaluados con un máximo de cien (100) puntos, según la siguiente asignación máxima:
1. Evaluación de Antecedentes, hasta veinte (20) puntos.
2. Examen de Oposición, hasta cuarenta (40) puntos.
3. Entrevista Personal, hasta cuarenta (40) puntos.
Para poder ser designado el aspirante debe haber superado las distintas etapas del procedimiento de designación, (impugnaciones, evaluación de antecedentes, examen de oposición, examen psicofísico y entrevista personal) y haber acumulado un mínimo de setenta (70) puntos.
La calificación emergente del orden de mérito que supere los setenta (70) puntos tendrá una vigencia de un (1) año.
Si en la deliberación previa, alguno de los miembros propusiere declarar desierto el concurso, en primer lugar se votará dicha moción. Si la misma no prosperare se pasará a considerar y votar por mayoría absoluta seleccionando de entre los tres (3) mejores calificados a la persona que deba cubrir la vacante. Dicho número de aspirantes podrá incrementarse hasta llegar a cinco (5) cuando la diferencia entre las calificaciones sea mínima.
Deberán excusarse de integrar el Consejo quienes estén comprendidos en las causales previstas en el artículo 15 y concordantes de esta Ley, en cuyo caso serán reemplazados por sus respectivos suplentes. La resolución que se dicte será fundada y se limitará a:
a) Resolver las impugnaciones, reclamos o recursos planteados en el procedimiento y que no hayan sido resueltas en etapas previas.
b) Declarar desierto el concurso.
c) Nominar los ganadores.
Artículo 14 – Dictada la decisión sobre el concurso, conforme el artículo anterior, se procederá en instancia única y sin recurso, a la designación conforme se encuentra previsto en el inciso 1) del artículo 222, de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
Artículo 15 – Los miembros integrantes del Consejo de la Magistratura, su Secretario y los integrantes de la Comisión Evaluadora y del Jurado Examinador, podrán ser recusados y deberán excusarse por los siguientes motivos:
a) Parentesco con alguno de los aspirantes inscriptos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
b) Tener o haber tenido por sí o por medio de sus consanguíneos o afines, dentro de los grados referidos, sociedad o vinculación comercial o profesional con algún aspirante.
c) Tener causa judicial pendiente con algún aspirante.
d) Tener causa judicial en trámite radicada en el organismo jurisdiccional cuyo cargo se concursa o que en etapas procesales posteriores recaiga en dicho organismo.
e) Enemistad manifiesta y grave con el aspirante.
f) Amistad íntima con el mismo.
g) Ser acreedor, deudor o fiador del aspirante o viceversa.
h) Ser o haber sido autor de denuncia o querella contra algún aspirante, o denunciado o querellado por éste, ante los tribunales de justicia, o denunciado ante un tribunal académico o ante una autoridad administrativa, con anterioridad a la designación para intervenir en el concurso que tramita.
i) Haber emitido opinión, dictamen o recomendación que pueda ser considerado como prejuzgamiento acerca del resultado del concurso que se tramita.
j) Haber recibido de algún aspirante algún beneficio.
k) Haber sido sancionado por transgresiones a la ética profesional, o cualquier otra circunstancia que por su gravedad justifique la separación de alguno de los miembros de los cuerpos citados en el caso concreto.
l) Cualquier otra causa que pueda hacer dudar razonablemente al concursante de la imparcialidad de cualquier integrante de los cuerpos del Consejo.
Artículo 16 - El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales, en tanto y en cuanto la parte investigada pudiese requerir sanciones que excedan el límite normado en el inciso 7º) del artículo 200 de la Constitución Provincial, que establece facultades del Superior Tribunal de Justicia en la materia.
Artículo 17 - El Consejo de la Magistratura, de conformidad a la norma del inciso 4º) del artículo 222 de la Constitución Provincial, previo juicio oral y público, y por el procedimiento que en la presente Ley se establece podrá disponer sanciones de suspensión de uno (1) a sesenta (60) días y destitución del magistrado o funcionario acusado, y en su caso, la inhabilidad para ejercer cargos públicos, sin perjuicio de las penas que puedan corresponderle y le sean aplicadas por la justicia ordinaria.
Artículo 18 - Las cuestiones de procedimiento, serán sustanciadas y las atribuciones de trámites estarán a cargo de la presidencia, como así también las órdenes de disciplina y dirección.
Artículo 19 - El Consejo de la Magistratura, será convocado por su presidente con la expresa determinación del motivo de la convocatoria y en cumplimiento de los deberes que procesalmente le son impuestos por esta Ley. Actuará como organismo del estado provincial constituyendo su sede dentro de la Circunscripción Judicial que eventualmente corresponda según el tema de la convocatoria.
Artículo 20 - Producida la convocatoria, deberán analizarse los impedimentos de los miembros integrantes del Consejo de la Magistratura, los que serán reemplazados por quienes sean los sustitutos legales -en algunos casos- y en otros, por los suplentes los que también resultarán convocados en forma conjunta con los titulares.
Artículo 21 - Los miembros integrantes del Consejo de la Magistratura, podrán ser recusados y deberán excusarse por los siguientes motivos:
a) Parentesco con el enjuiciado, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
b) Enemistad manifiesta y grave con el enjuiciado.
c) Amistad íntima con el mismo.
d) Ser acreedor o deudor del acusado.
e) Haber intervenido o tener interés en la causa que motiva el enjuiciamiento.
Artículo 22 - La recusación deberá formularse en los plazos y condiciones previstos en los artículos 52 y concordantes del Código de Procedimientos en lo Penal, debiendo ofrecerse la prueba pertinente en el mismo escrito.
Artículo 23 - Constituyen causales de enjuiciamiento las siguientes:
a) Mal desempeño de la función.
b) Comisión de delito doloso.
c) Imposibilidad física ó mental para ejercer el cargo.
d) No reunir las condiciones que la Constitución y las leyes establezcan para el desempeño del mismo.
e) La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias.
f) Desórdenes graves de conducta.
Artículo 24 - Se considerará incurso en la causal de mal desempeño al funcionario cuando:
a) Realice actos reiterados de manifiesta arbitrariedad.
b) Dejase de cumplir en forma reiterada, obligaciones expresamente señaladas en las disposiciones vigentes.
c) Dejase vencer repetidamente los términos sin pronunciarse en cuestiones sometidas a su consideración, sin que pueda aceptarse como justificación la falta de reclamación por los interesados.
d) Demostrare reiteradamente ignorancia inexcusable de la legislación vigente, por errónea aplicación de la misma, en autos, resoluciones y/o dictámenes.
e) Hiciere abandono de sus funciones.
f) Dejar de cumplir las disposiciones contenidas en las normas de orden público.
Artículo 25 - La imputación de un delito, cuya comisión se atribuya a un magistrado o funcionario judicial, deberá ajustarse a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 26 - La autoridad que hubiere intervenido, en la recepción de la denuncia o en la investigación de hechos presuntivamente delictuosos de los que pudiera resultar autor un magistrado o funcionario judicial, deberá de inmediato poner los mismos en conocimiento del presidente del Consejo de la Magistratura.
Artículo 27 - Toda persona capaz que tuviese conocimiento de un hecho previsto en los artículos anteriores podrá denunciarlo.
Si se tratara de un delito dependiente de instancia o acción privada, solo podrá denunciarlo quién se encuentre comprendido en las disposiciones del Título XI, del Libro Primero del Código Penal.
El denunciante no será parte de las actuaciones pero deberá comparecer siempre que le sea requerido.
Artículo 28 - La denuncia se presentará por escrito ante la presidencia del Consejo de la Magistratura.
El escrito contendrá los datos personales y domicilio real del denunciante, la relación de los hechos en que se funde y el ofrecimiento de pruebas. Si ésta fuera documental y estuviera en su poder deberá acompañarla en el mismo acto.
La denuncia no comprenderá a más de un magistrado o funcionario judicial salvo en los casos de conexión o participación en los hechos en que se les imputare.
Artículo 29 - Recibida la denuncia, el presidente del Consejo de la Magistratura, hará ratificar al denunciante, y si fuere preciso hará completar aquellas exigencias procesales del artículo anterior.
Artículo 30 - El Superior Tribunal de Justicia en ejercicio de su función de superintendencia, o el Consejo de la Magistratura -en su caso- podrán también de oficio, disponer la formación de causa respecto de los magistrados y funcionarios involucrados.
Artículo 31 - Recibida la denuncia, el presidente del Consejo de la Magistratura, procederá de la siguiente manera:
a) Si la denuncia fuera manifiestamente arbitraria o maliciosa, o si los hechos en que la misma se hubiere fundado, no fueran los previstos en el artículo 199, de la Constitución de la Provincia, producirá un informe sobre su opinión y lo pondrá en conocimiento -junto a la denuncia recibida- de los restantes miembros del Consejo, para que la cuestión planteada sea resuelta en la primera reunión que se realice.
b) Si la denuncia fuera prima-facie admisible, el Presidente del Consejo de la Magistratura procederá a disponer una investigación de los hechos denunciados y elaborar un sumario de prevención mediante el procedimiento establecido en el reglamento judicial (reglamentario de la Ley Orgánica del Poder Judicial). A tales efectos tendrá amplias atribuciones de instrucción y podrá delegar la misma en el Auditor Judicial General, así como utilizar el personal, infraestructura y elementos del Poder Judicial.
ANALISIS DEL SUMARIO
Artículo 32 - Finalizada la investigación de los hechos, e incoado el sumario de prevención pertinente, el presidente del Consejo de la Magistratura convocará al Consejo a una reunión, con remisión de copia de todo lo actuado.
En esa reunión el cuerpo podrá:
a) Si no existieran méritos suficientes para imponer sanciones, absolver al funcionario involucrado.
b) Si de la investigación realizada y del sumario incoado, surgiere que el funcionario involucrado ha incurrido en conductas sancionables con las penas previstas en el inciso 7º) del artículo 206 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, elevará las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, para que proceda conforme a las normas establecidas en el Reglamento Judicial (Reglamentario de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y oportunamente, si correspondiere, aplicar las referidas sanciones.
c) Si de la investigación realizada y del sumario incoado surgiere la comisión de alguno de los hechos previstos o circunstancias mencionadas en los artículos 23 y 24 de la presente Ley y/o artículos 199 y concordantes de la Constitución Provincial, que merecieran alguna de las sanciones previstas en el artículo 222 de la Constitución y/o 17 de la presente Ley, pasará las actuaciones al Procurador General de la Provincia, a fin de que formule la requisitoria pertinente. En el mismo acto se notificará al funcionario involucrado, de la iniciación de la causa, y de la constitución del Consejo de la Magistratura, incluyendo a sus miembros suplentes.
Asimismo, y si el Consejo lo estimara necesario, podrá -previo a la formulación de la requisitoria- ordenar la ampliación de la investigación y del sumario realizado por el presidente. Si el funcionario involucrado fuere un miembro del Ministerio Público, la requisitoria y la tarea acusatoria estará a cargo de un Fiscal de Cámara de distinta Circunscripción Judicial a la que pertenece el imputado, el que será designado por sorteo.
Artículo 33 - En el supuesto de dar curso a una denuncia, por las causales previstas en los artículos 199 inciso 1-a) de la Constitución Provincial y/o artículo 23 incisos a) y d) de esta Ley, el Consejo de la Magistratura se atendrá preponderantemente, al resultado de los recursos interpuestos en los expedientes donde se objeta el desempeño del funcionario cuestionado y/o la opinión de sus colegas de Cámara emitida en los respectivos votos cuando correspondiere.
Artículo 34 - Requisitoria: Resuelto por el Consejo de la Magistratura llevar a juicio al funcionario involucrado en los hechos investigados, correrá vista al Procurador General o al Fiscal de Cámara correspondiente, por el término de diez (10) días hábiles a fin de que:
a) Formule la requisitoria correspondiente.
b) Solicite el sobreseimiento del imputado.
En el primer supuesto, recibida la requisitoria, el presidente del Consejo de la Magistratura, procederá a fijar fecha y hora de la audiencia pública donde se llevará a cabo el juicio oral. El funcionario enjuiciado y el Procurador General o el fiscal -en su caso- tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para ofrecer la prueba que corresponda. La audiencia será fijada con una antelación no menor a los treinta (30) días.
En la audiencia del juicio oral, se escuchará la defensa del imputado, se producirán las pruebas ofrecidas y se alegará. El Consejo de la Magistratura tendrá un plazo de cinco (5) días de realizada la audiencia para dictar su sentencia.
Artículo 35 - Si el Procurador General o el Fiscal designado en el primer sorteo -en su caso- solicitaran el sobreseimiento, el Consejo de la Magistratura considerará el pedido. Si acepta tal criterio, sobreseerá la causa sin más trámite. Si no acepta tal criterio, procederá a designar un acusador subrogante a fin de que formule la requisitoria lo que así deberá hacer, sin perjuicio de dejar a salvo su opinión adversa, si lo estimare conveniente.
Artículo 36 - El presidente del Consejo practicará toda la prueba ofrecida y que deba producirse fuera del Tribunal. La misma deberá estar ya practicada a la fecha del juicio oral.
Artículo 37 - El debate será oral y público. Sin embargo el Consejo resolverá, aún de oficio, que total o parcialmente tenga lugar en sesión secreta cuando así convenga por razones de moralidad u orden público.
La resolución será fundada y se hará constar en acta. El juicio continuará en audiencias diarias hasta su terminación pudiendo suspenderse por un término máximo de diez (10) días cuando circunstancias extraordinarias o inesperadas impidan su normal desarrollo o hagan necesaria alguna diligencia fuera de la sede asiento del Consejo de la Magistratura.
El Presidente dirigirá el debate. Ejercerá en la audiencia el poder de policía y disciplinario, pudiendo expulsar al infractor y aplicarle multa de hasta diez (10) Jus o arresto de hasta ocho (8) días.
La medida será dictada por el Tribunal cuando afecte al Procurador General, al imputado o a sus defensores.
Artículo 38 - Abierto el debate y en un solo acto, serán tratadas y resueltas todas las cuestiones preliminares, salvo que el Tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o difiera algunas, cuando ello convenga al orden del proceso.
La resolución que se dicte, será leída en la audiencia y además se incluirá en el acta del debate. Resueltas las cuestiones preliminares, el presidente del Consejo hará leer la requisitoria y a continuación el Consejo procederá a:
a) Escuchar al funcionario enjuiciado en la contestación de la requisitoria.
b) Escuchar la lectura de la parte sustancial de la prueba producida que no se reciba en la audiencia.
c) Realizar el examen del imputado, los testigos y peritos designados y ordenar los careos que estime necesarios.
d) Escuchar el alegato de las partes intervinientes.
e) Dictar su fallo.
Artículo 39 - Con la venia del presidente, podrán los restantes integrantes del Consejo, formular preguntas al imputado, peritos y testigos. Del mismo modo el imputado y el acusador podrán hacerlo. El presidente deberá rechazar de oficio o a petición de parte, las preguntas que considere sugestivas o capciosas, sin recurso alguno.
Artículo 40 - Si del debate resultara un hecho no mencionado en la acusación el fiscal podrá ampliar la misma. En tal caso el presidente informará al imputado que tiene el derecho a pedir la suspensión de la audiencia a efectos de preparar su defensa y ofrecer pruebas. Cuando este derecho sea ejercido, el Consejo suspenderá el debate por un término que fijará prudencialmente.
Artículo 41 - Terminada la recepción de la prueba, el presidente del Consejo, concederá la palabra sucesivamente al Procurador General y a la parte, pudiendo replicarse una sola vez.
En último término el presidente del Consejo preguntará al imputado si tiene algo que manifestar y a continuación cerrará el debate.
Artículo 42 - El secretario actuante, labrará un acta del debate sobre la base de la versión taquigráfica o fonoeléctrica. Firmarán el acta los miembros del tribunal, el fiscal, los defensores y el secretario.
Artículo 43 - Si el Consejo de la Magistratura estimara como absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las recibidas, podrá ordenar que el debate se reanude con ese fin y la discusión quedará limitada al examen de aquellas.
El Consejo de la Magistratura podrá disponer de oficio las medidas para mejor proveer que estime pertinentes.
Artículo 44 - El Consejo de la Magistratura para dictar sentencia, sesionará siempre en pleno y se pronunciará por mayoría de sus miembros.
Artículo 45 - El Consejo de la Magistratura deliberará en sesión secreta y apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
La sentencia será dictada en término no mayor de cinco (5) días y deberá ser fundada.
Si fuese condenatoria no tendrá otro efecto que disponer la suspensión o remoción del enjuiciado e inhabilitarlo para ocupar en adelante otro cargo judicial. Si la destitución se fundare en hechos que pudieran constituir delitos de acción pública se dará intervención a la justicia en lo Criminal. Si la sentencia fuera absolutoria, el imputado sin otro trámite se reintegrará a sus funciones. Contra el fallo no cabe recurso alguno, salvo el de aclaratoria que podrá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas.
Artículo 46 - Terminada la causa, el Consejo de la Magistratura, regulará de oficio el honorario de los letrados, peritos, intérpretes y demás auxiliares, que hayan intervenido, debiendo pronunciarse sobre toda otra cuestión accesoria.
Si hubiera recaído condena, las costas serán a cargo del magistrado o funcionario enjuiciado, a menos que el tribunal, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, disponga otra manera de satisfacerla. Si fuera absuelto las pagará el fisco.
Artículo 47 - Todo traslado vista, resolución o dictamen fiscal que no tenga un plazo específico, deberá producirse en cinco (5) días.
Artículo 48 - El magistrado o funcionario que de acuerdo a la presente Ley se encontrare suspendido preventivamente en el cargo o con licencia, percibirá el ochenta por ciento (80%) de sus haberes. Sobre el saldo se le trabará embargo a las resultas del juicio. Si fuera reintegrado en sus funciones, recibirá el total de la suma embargada.
Artículo 49 - Son aplicables supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento en lo Criminal de la Provincia de Río Negro en lo atinente al desarrollo del plenario.
Artículo 50 - El Consejo de la Magistratura, sesionará en pleno. Si en la primera sesión se produjeran ausencias, se volverá a convocar a nueva reunión. En esta segunda reunión podrá sesionar con la mayoría de sus miembros, y podrá sancionar a los miembros ausentes, con multa de cinco (5) a veinte (20) Jus.
Artículo 51 - Las sanciones pecuniarias que disponga el Consejo, serán ejecutadas por el Ministerio Fiscal y su importe será destinado al presupuesto del Poder Judicial con afectación a la partida «Biblioteca».

References: Artículo 1
 artículo 221
 artículo 204
 artículo 220
 artículo 221
 artículo 180
 artículo 204
 artículo 3
 artículo 221
 artículo 4

Artículo 3
 artículo 221

Artículo 4
 artículo 221

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 7
 artículo 204

Artículo 9
 artículo 204
 artículo 204
 artículo 204
 artículo 204

Artículo 10
 artículo 222
 resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 resolución 
 resolución 

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 artículo 13

Artículo 13
 artículo 15
 resolución 

Artículo 14
 artículo 222

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 200

Artículo 17
 artículo 222

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31
 artículo 199

Artículo 32
 artículo 206
 artículo 222

Artículo 33
 artículo 23

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 resolución 

Artículo 38
 resolución 

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47
 resolución 

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51