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Timestamp: 2020-02-18 13:33:58+00:00

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Sentencia de Tutela nº 422/98 de Corte Constitucional, 14 de Agosto de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 43561930
Sentencia de Tutela nº 422/98 de Corte Constitucional, 14 de Agosto de 1998
Fecha de Resolución: 14 de Agosto de 1998
Der. A la educacion. No entrega de calificaciones por falta de pago. Concedida.
Sentencia T-422/98
Según las pautas jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional, se impone otorgarle a la educación una condición prevalente ante el derecho del plantel a obtener el pago, ya que una medida que comporte el sacrificio de los propósitos que el proceso educativo persigue en aras de un interés económico, resulta desproporcionada. Sin embargo, no queda desprotegido el derecho de las instituciones educativas a recibir el pago de lo adeudado, ya que la entrega de los certificados académicos y de los demás documentos pertinentes no surte el efecto de liberar al deudor incumplido de su obligación, cuyo pago puede buscar el plantel mediante el ejercicio de las acciones judiciales que con tal finalidad se encuentran previstas en el ordenamiento civil.
Referencia: Expediente T-165228
A.: C.R.L.
Procedencia: Juzgado Civil Municipal de la Ceja - Antioquia
Derecho invocado: Educación.
Santa Fe de Bogotá, D.C. a los catorce (14) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho( 1998).
La S. Número 9 de Revisión de tutelas, integrada por los Magistrados V.N.M., A.B.S. y A.B.C. ,en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, decide sobre la sentencia proferida por el Juzgado Civil Municipal de la Ceja- Antioquia- dentro del proceso de tutela instaurado por C.R.L., contra el colegio S.S.S. del Municipio de la Ceja.
HECHOS Y DECISION QUE SE REVISA.
El escrito de tutela presentado por la señora C.R.L. quien actúa en condición de madre del menor L.E.O.R., se fundamenta en el hecho de que el Colegio demandado se niega a entregarle las calificaciones de su hijo, aduciendo la falta de pago en las mensualidades. Alega entonces violación al derecho a la educación del menor.
Afirma la actora, que no ha podido cancelar la deuda por motivos personales, pero ha propuesto varias fórmulas de pago al Colegio y no han sido aceptadas por el Rector, quien reitera que la sociedad S. tiene prohibido aceptar fórmulas de pago distintas a la cancelación formal de las mensualidades.
Mediante sentencia fechada el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), el Juzgado Civil Municipal de la Ceja - Antioquía- resolvió denegar la tutela solicitada por considerar que desde que se toma la decisión de estudiar en un colegio privado los educandos adquieren el compromiso de regirse por las normas del colegio, quien bien puede cobrar por la enseñanza que presta. "No se puede exigir a las instituciones privadas la gratuidad en el servicio educativo ni en las condiciones que establecen para mantener su subsistencia económica". dijo el fallador de instancia".
La S. es competente para decidir, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
Según se desprende de la información que reposa en el expediente, la madre del menor ha incumplido, en forma reiterada, la obligación de cancelar las pensiones que, por concepto de la educación impartida a su hijo, se comprometió a pagar al Colegio S.S.S. en el Municipio de la Ceja, Antioquia, y dicha institución se niega a entregarle los certificados aduciendo la deuda pendiente.
"En primer lugar, cabe destacar que en este caso procede la acción de tutela en contra de particulares encargados de la prestación del servicio público de educación, y que es legítima la actuación del padre de las menores al acudir al mecanismo de protección previsto en el artículo 86 superior, en representación de sus hijas y en contra de la rectora del gimnasio, ya que, en armonía con lo preceptuado en el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, 'pueden los padres como representantes legales acudir directamente ante los jueces en procura de la defensa de los derechos constitucionales fundamentales de los menores, en atención a la prevalencia y a la trascendencia de sus derechos frente a la Constitución y a la regulación de la acción de tutela por virtud de la cual se establece un régimen procedimental especial para dicho fin Sentencia T-256 de 1993. M.P.D.F.M.D..
"La Corte Constitucional, en numerosos pronunciamientos, ha destacado el carácter fundamental del derecho a la educación, dicha naturaleza, además, está prevista expresamente por el artículo 44 de la Constitución Política tratándose de los niños, a quienes el Estado, según el artículo 67 superior, debe 'asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo'.
"Empero, el acceso a la educación y la permanencia en los planteles, públicos y privados, que prestan el servicio, en palabras de la Corte, están 'condicionados a los límites de cobertura que tienen las instituciones educativas y a un mínimo cumplimiento por parte de los educandos de los deberes correlativos al derecho a la educación' Sentencia T-186 de 1993. M.P.D.A.M.C.. y, cabría agregar, también por parte de los padres que, de conformidad con lo dispuesto por la ley 115 de 1994 y por el manual de convivencia, son miembros de la comunidad educativa y tienen obligaciones que cumplir frente a sus hijos y al establecimiento en el que éstos reciben formación académica, pues, junto con el Estado y con la sociedad, la familia es responsable de la educación y sobre los progenitores recae el deber de sostener y educar a los hijos 'mientras sean menores o impedidos' (artículos 67 y 42 de la C.P.).
"La Corte ha precisado que tratándose de la educación se distingue, al lado de su dimensión académica, una dimensión contractual representada en un convenio 'que goza de libertad para su celebración y perfeccionamiento, de manera que el simple compromiso adquirido conforme a su objeto y organización estatutaria del centro docente lo perfeccionan. Este compromiso se concreta usualmente en el acto de matrícula' Sentencia T-137 de 1994. M.P.D.F.M.D.. y de él emanan derechos y obligaciones para el estudiante, que suele ser su beneficiario, para el plantel y, obviamente, para los padres o acudientes.
"La Carta Política dispone que la 'educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos', a contrario sensu, merced a la autorización constitucional para fundar establecimientos educativos particulares, la educación que en ellos se imparta será onerosa, salvo las hipótesis en las que la simple liberalidad proveniente de los sujetos privados disponga otra cosa.
"Precisamente, el pago de los emolumentos a que da lugar la educación constituye una de las obligaciones surgidas del contrato educativo, y así lo entendió la Corte cuando expuso que 'los padres de familia que en cumplimiento de la obligación consignada en el artículo 67 que dice que la familia es responsable de la educación de los hijos, escojan para éstos la educación privada, se obligan para con el plantel educativo al pago de las pensiones, servicios especiales y demás erogaciones a cambio de exigir para los educandos un mejor nivel académico' Sentencia T-612 de 1992. M.P.D.A.M.C...
"En ocasiones, se presenta un conflicto entre el derecho del centro educativo a recibir la retribución pactada y la dimensión puramente académica de la educación, y ello ocurre en este evento, ya que la cancelación del cupo, originada en la falta de pago de las pensiones, impide a las menores M.P. y S.A.P. proseguir sus estudios en el Gimnasio Santa Cristina de Toscana.
"Sin embargo, no puede la S. pasar por alto que, tal como se dejó consignado más arriba, a los padres de familia les atañe un altísimo grado de responsabilidad durante todo el proceso educativo de sus hijos, deberes de los cuales es imposible liberarlos haciendo recaer todo el peso de la educación de los menores en los establecimientos educativos que los han aceptado".
"Cuando la entidad educativa se niega a entregar los documentos que son resultado de la labor académica desempeñada por el estudiante, pretextando la falta de pago de las pensiones, se torna evidente el conflicto entre el derecho constitucional a la educación y el derecho del plantel a recibir la remuneración pactada. En efecto, la no disposición de los certificados implica en la práctica la suspensión del derecho a la educación, ya que es necesario presentarlos para asegurar un cupo en otro establecimiento o para proseguir estudios superiores".
Cabe, entonces, transcribir los planteamientos contenidos en la Sentencia T-612 de 1992, reiterados posteriormente en las sentencias T-027 de 1994, T-573 de 1995,T- 235 de 1996 y T-171 de 1998:
"... el interés más altamente reivindicable en todo ese concurso de esfuerzos, en tanto es el fin último y más auténtico de la educación, hace prevalecer en el tiempo de manera independiente el derecho del educando que no puede verse suspendido por el derecho del educador a recibir su natural estipendio. Aquí prevalece el derecho del educando, sin perjuicio de que exista el del educador, y con ello los medios jurídicos para hacerlo valer. Lo que en el caso concreto encuentra la Corte inadmisible es el condicionamiento de la primera realidad a la segunda, del certificado de estudios al pago, lo que pone a existir los dos derechos relacionados uno con independencia del otro, sin que pueda uno condicionar a otro, como tampoco podría el educando exigir un certificado inmerecido, como resultado de haber surtido el pago oportuno". (M.P.D.A.M.C..
Se concederá la tutela del derecho a la educación, se revocará el fallo de instancia y en consecuencia, se ordenará al rector del Colegio Salesiano Santo Domingo Savio de la Ceja, Antioquia, que, si todavía no ha procedido a ello, expida y entregue, dentro del improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, las calificaciones correspondientes al alumno L.E.O.R. para que pueda adelantar estudios en otra institución educativa.
Primero. REVOCAR la Sentencia dictada por el Juzgado Civil Municipal de la Ceja- Antioquia, el 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho(1998)
Segundo. CONCEDER la tutela del derecho fundamental a la educación del menor L.E.O. . En consecuencia, se ordena al rector del Colegio S.S.S. que, si todavía no ha procedido a ello, expida y entregue, dentro del improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, las calificaciones correspondientes para que el menor L.E.O. pueda continuar sus estudios en otro plantel educativo.
Tercero. ADVERTIR a la madre del menor que la tutela que se otorga no la exime de la obligación de cancelar las mensualidades debidas al colegio provenientes de la ejecución del contrato educativo.
Cuarto. COMUNICAR esta providencia al Juzgado Civil Municipal de Ceja - Antioquia , para los efectos contemplados en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.

References: artículo 86
 artículo 10
 artículo 44
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 36