Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S66-05.html
Timestamp: 2014-08-22 23:37:00+00:00

Document:
Franklyn Villaroel v. Trinidad y Tobago, Caso 12.260, Informe No. 66/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME N° 66/05
3. A la fecha de este informe, la Comisión no recibió una respuesta del Estado respecto de la petición del Sr. Villaroel. 4. Como se establece en el informe, tras examinar las afirmaciones de las partes sobre la admisibilidad, y sin prejuzgar sobre el fondo de la materia, la Comisión decidió admitir la denuncia de la presente petición, continuar con el análisis de los méritos del caso, remitir el informe a las partes, publicar el informe e incluirlo en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
7. El 5 de marzo de 2001, la Comisión recibió de los peticionarios copia de una carta del 27 de febrero de 2001 que habían enviado al Gobernador de la Penitenciaría del Estado, de Port of Spain, solicitando una revisión de la sentencia del Sr. Villaroel. 8. Por nota del 13 de abril de 2004, la Comisión solicitó información actualizada sobre la situación del Sr. Villaroel y sobre los resultados de cualquier revisión de su sentencia. Los peticionarios respondieron por nota de 28 de mayo de 2004, recibida el 16 de junio de 2004, afirmando que la situación del Sr. Villaroel no había variado y que no se había revisado la sentencia.
15. La República de Trinidad y Tobago pasó a ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando depositó su instrumento de ratificación de dicho tratado, el 28 de mayo de 1991.[2] Trinidad y Tobago más tarde denunció la Convención Americana, por notificación con un año de anticipación, el 26 de mayo de 1998, de acuerdo con el artículo 78 de la Convención, que establece: 1. Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.
21. De acuerdo con el artículo 46(1)(a) de la Convención y con el artículo 31(1) del Reglamento de la Comisión, esta debe comprobar si se han recorrido y agotado los recursos de la vía interna según principios generalmente reconocidos del derecho internacional, antes de decidir sobre la admisibilidad de las peticiones. Esta norma apunta a beneficiar al Estado, al procurar exceptuarlo de la obligación de responder ante un órgano internacional antes de poder reparar las denuncias por medios internos. La Corte Interamericana ha considerado, pues, que se trata de un requisito de defensa del Estado al que este puede renunciar.[8] La renuncia puede ser expresa o tácita y, una vez efectuada, es irrevocable.[9] Cuando se ha renunciado a este requisito, la Comisión no tiene por qué considerar los aspectos potenciales relacionados con la existencia o no de recursos internos. 22. En el caso presente, el Estado no ha aportado elemento alguno sobre la admisibilidad de las denuncias del Sr. Villaroel, con lo que ha renunciado tácitamente a su derecho a objetar la admisibilidad de las denuncias de la petición en base al requisito del agotamiento de los recursos internos.
3. Plazo de presentación de la petición 24. Independientemente de la determinación respecto del agotamiento de la vía interna por el peticionario, conforme al artículo 46(1)(a) de la Convención y el artículo 31(1) del Reglamento de la Comisión, esta debe determinar si la denuncia ha sido presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de la notificación de la sentencia definitiva de la justicia interna, de acuerdo con el artículo 46(1)(b) de la Convención y el artículo 38(1) de su Reglamento.
26. A los efectos de la admisibilidad, la Comisión tiene que determinar si los hechos referidos en la petición tienden a establecer una violación de los derechos consagrados en la Convención Americana, conforme a lo dispuesto en el artículo 47(b), o si la petición debe ser rechazada por ser “manifiestamente infundada” u “obviamente improcedente”, conforme al artículo 47(c) de la Convención y el artículo 34 del Reglamento de la Comisión. Para ello, la Comisión realiza sólo una evaluación prima facie de los hechos alegados con respecto a la admisibilidad, sin considerar ni juzgar los méritos de las denuncias. 27. En la petición se alega que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Villaroel consagrados en los artículos 5, 7, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana y en los artículos II, XI, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana, cuyos detalles se resumen en la parte III(A), supra. El Estado no ha aportado observaciones ni información sobre las violaciones alegadas por el Sr. Villaroel. 28. Sobre la base de la información presentada por los peticionarios, y sin prejuzgar sobre los méritos de la materia, la Comisión concluye que la petición contiene alegaciones que, de probarse, tienden a establecer la violación de los derechos garantizados por los artículos 5, 7, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana y, en la medida aplicable según el análisis de la parte IV(A), de los artículos II, XI, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana. En consecuencia, la Comisión concluye que las denuncias de los peticionarios no están impedidas de consideración en virtud del artículo 47(b) y (c) de la Convención ni del artículo 34 de su Reglamento.
[4] Véase análogamente Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein, Jurisdicción, Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C N° 54, párr. 37 (en que se señala que la obligación de los Estados Partes de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de garantizar el cumplimiento de sus disposiciones se aplica a las normas sustantivas y de procedimiento del tratado). [5] Véase Informe N° 50/02, Petición 12.401, Admisibilidad, Alladin Mohammed, Trinidad y Tobago, Informe Anual de la CIDH 2002, párr. 18; Véase análogamente Corte IDH, Caso Blake, Objeciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C N° 27, párrs. 33-34 y 46; CIDH, Informe N° 24/98, Joao Canuto de Oliveira, Brasil, Informe Anual de la CIDH 1997, párrs. 13-18; Corte Europea de Derechos Humanos, Papamichalopoulos et al c. Grecia, 24 de junio de 1993, Serie A N° 260-B, págs. 69-70, 46 (en que se afirma que los instrumentos de derechos humanos pueden aplicarse debidamente respecto de actos surgidos antes de la ratificación de dichos instrumentos que tengan carácter continuo y cuyos efectos persistan tras su entrada en vigor).
[7] Véase Corte IDH, Caso Caesar c. Trinidad y Tobago, Sentencia de 11 de marzo de 2005, Serie C N° 123, párr. 111.

References: artículo 78
 artículo 46
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 38
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 34
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