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Timestamp: 2019-06-18 03:00:39+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 45, de 06/03/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 45
- Elección de la Vicepresidencia segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000020.) ... (Página2)
- Relativa al calendario de aplicación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000022.) ... (Página3)
- Relativa a la necesidad de adoptar medidas de control y seguimiento de los residuos radioactivos depositados en la fosa atlántica, frente a la costa de Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000080.) ... (Página5)
- Relativa a medidas para resolver los problemas que amenazan la viabilidad futura de la industria conservera europea y española. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000089.) ... (Página7)
- Sobre la subvención para la desalación de agua de mar en Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000103.) ... (Página10)
- Relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa en el litoral. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000175.) ... (Página13)
- Sobre la revisión del Plan Hidrológico Nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000205.) ... (Página16)
- Sobre la protección de las salinas de Calpe (Alicante). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000238.) ... (Página19)
- Relativa a la mejora del sector de frutas y hortalizas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000243.) ... (Página21)
- Sobre la calidad del aire. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000336.) ... (Página23)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión prevista para hoy.
El primer punto del orden del día se refiere a la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Este acuerdo es el siguiente: De conformidad con lo establecido en la resolución de la Presidencia del Congreso de 2 de noviembre de 1983, se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso. El rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada para la Comisión la decisión en caso contrario. Como comentamos -lo recordarán sus señorías- en la última reunión de Mesa y portavoces, este acuerdo se refiere a las comparecencias y hubo asentimiento. Por tanto, someto al asentimiento de todos los presentes este acuerdo. (Asentimiento.) Queda aprobado.
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000020.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día se refiere a la elección de vacantes de la Mesa de la Comisión. El Grupo Socialista propone para la Vicepresidencia segunda de la Comisión, en sustitución de doña Consuelo Rumí, a don Gaspar Zarrías. El portavoz del Grupo Socialista ha comunicado a esta Mesa y a esta Presidencia que ha hablado con todos los grupos y que existe conformidad. Si nadie dice lo contrario, quedaría aprobado por asentimiento este punto del orden del día. (Asentimiento.) Queda aprobado. Invitamos a don Gaspar Zarrías a que ocupe su lugar en la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.) Bienvenido, señor Zarrías.
Me comunica la vicepresidenta segunda que seguiremos contando con su inestimable participación como vocal y como portavoz de pesca del Grupo Socialista, lo cual es una buena noticia. Le agradecemos su efímero paso por la Mesa.
- RELATIVA AL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000022.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día. Quiero comunicarles a todos ustedes, señoras y señores diputados, que las votaciones se celebrarán no antes de la una de la tarde. Probablemente, calculando los tiempos fijados en principio -cinco minutos para el autor de la iniciativa y tres minutos para el resto de los grupos, es decir, para los que presenten enmiendas o para los que quieran fijar posición- y el número de iniciativas presentadas, las votaciones se celebrarán sobre la una y media.
Vamos a pasar a la primera proposición no de ley del día de hoy, relativa al calendario de aplicación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Su autor es el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra su portavoz.
La señora TAPIA OTAEGI: Señorías, la proposición no de ley que presentamos en esta ocasión es consecuencia de una serie de actuaciones y preguntas que se llevaron a cabo en la pasada legislatura, referidas al cumplimiento de la Ley del Ruido y a los planes de acción en la AP-68, en concreto a su paso por el País Vasco, por Bizkaia.
Hay que señalar que a lo largo de los distintos años se ha ido modificando el número de vehículos que transitan por esa autopista, alcanzando su máximo en el año 2007. Con datos del propio Ministerio de Fomento, se puede decir que en 2007 se alcanzó un número de alrededor de 6,5 millones de vehículos/año y que, por tanto, en cumplimiento de la Ley del Ruido, se tenía que realizado y puesto en marcha el plan de actuación. Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica, el número de vehículos que transitan por esa autopista ha ido descendiendo y es cierto que en el año 2011 rondaba los 5 millones al año. Por tanto, según la interpretación que se quiera hacer, se tenía que haber cumplido previamente o se tendría que cumplir para junio de este año 2012.
A pregunta del diputado José Ramón Beloki en la pasada legislatura, el ministro Blanco respondía que se iba a poner en marcha la Ley del Ruido en cuanto al análisis del ruido que se producía en esa autopista a su paso por Bizkaia y a las actuaciones para paliar los problemas que surgían. En concreto, se hablaba de un municipio pequeño, un municipio que sufre mucho, porque esta autopista cruza por la mitad del mismo, que es el municipio de Ugao-Miraballes.
Lo que solicitamos en esta PNL es que se cumpla estrictamente lo que dice la Ley del Ruido, se consideren los 6,5 o se consideren los 5 millones de vehículos/año; que se consiga que las concesionarias, en este caso de la autopista AP-68, cumplan con esa Ley del Ruido y, si se observa que el ruido que producen los vehículos al pasar por los distintos núcleos urbanos es superior a lo recomendable, se adopten las medidas paliativas correspondientes, tales como paneles antirruido y demás, que hagan que la vida de las personas de esos núcleos urbanos sean algo más cómodas y algo menos ruidosas que lo que son actualmente. No exigimos nada más que eso y que todos los residentes en ese municipio y, en concreto, su alcaldesa, sean atendidos correctamente y se les informe de todos los pasos que se vayan dando en este sentido. No es otra cosa más que -repito- el cumplimiento estricto de lo que dice la Ley del Ruido.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Serrano por un tiempo máximo de tres minutos.
Quiero agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco la solidaridad que ha tenido con todos los vocales de esta Comisión cumpliendo estrictamente los tiempos, lo que nos permitirá llegar al final de la sesión debatiendo suficientemente todos los asuntos.
Tiene la palabra, señora portavoz.
La señora SERRANO ARGÜELLO: Espero cumplir también con el tiempo.
En principio, doy las gracias a la portavoz del Grupo Vasco por traer aquí esta iniciativa, porque el Grupo Parlamentario Popular no puede estar más de acuerdo con el espíritu que entendemos que inspira esta proposición no de ley. Entendemos que el objeto clarísimo es prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, lógicamente, para evitar y reducir los daños que se puedan producir sobre la salud humana, sobre los bienes y también sobre el medio ambiente. Por tanto, entendiendo que este es el espíritu inspirador de esta iniciativa parlamentaria, el Grupo Parlamentario Popular no puede estar más de acuerdo. Además, saben perfectamente que la propia Constitución española, en su artículo 43, nos habla clarísimamente de proteger la salud -por tanto, este es un mandato constitucional para todos nosotros-, y en su artículo 45 nos dice que engloba dentro de su alcance la protección contra la contaminación acústica. Como no podía ser de otro modo, el Grupo Popular no solo está de acuerdo con ello sino que lo considera un clarísimo mandato. Así lo sentimos dentro del Partido Popular. Usted sabe que en nuestro programa electoral, que para nosotros siempre ha sido un contrato con los ciudadanos, dejamos bien claro, en el apartado "Comprometidos con el bienestar", el objetivo de reducir los
niveles de contaminación acústica, especialmente en las grandes aglomeraciones urbanas y en el entorno de las grandes infraestructuras, lo cual creo que hace referencia expresa al caso que estamos tratando en este momento. De igual modo saben ustedes que así lo ha venido haciendo el Grupo Parlamentario Popular a lo largo de las anteriores legislaturas; claras muestras han sido las reuniones de trabajo que se han constituido a instancias del Grupo Parlamentario Popular, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Barcelona. Por tanto, es toda una trayectoria la que nos avala en el cumplimiento de este tipo de directivas y en el acatamiento de la ley -insisto-, tanto del mandato constitucional como de la propia Ley del Ruido. El ministro de Agricultura, el señor Arias Cañete, ha hablado clarísimamente hace muy poco de fijar los objetivos concretos para la calidad acústica y la zonificación de áreas y de mejorar el sistema básico de información sobre la contaminación acústica. Con todo esto le quiero decir que no podemos estar más de acuerdo con la filosofía inspiradora de su iniciativa.
Ahora bien, entrando en cómo plantea usted esa iniciativa, hemos presentando una enmienda de sustitución que paso a fundamentar muy brevemente. En primer lugar -insisto mucho en que estamos de acuerdo con la filosofía inspiradora-, nos parece redundante. ¿Por qué? Porque tanto el punto 1 como el punto 2, si acatamos exactamente lo que nos está diciendo la disposición adicional primera de la propia ley...
El señor PRESIDENTE: Señora Serrano, está finalizando su tiempo.
La señora SERRANO ARGÜELLO: En principio, nos parece que los puntos 1 y 2 son redundantes y por ello vamos a proponer en nuestra enmienda seguir avanzando. Respecto al punto 3, como usted bien sabe, no es competente la Administración sino la empresa concesionaria. Por tanto, ahí decimos que se vigile el cumplimiento. Entendemos que de esta forma no sería redundante y además sería competente. Así, mejoraría técnicamente y seguiríamos defendiendo su misma filosofía.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado otra enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Tiene la palabra su portavoz para esta cuestión, el señor Barberà, por un tiempo máximo de tres minutos.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Como no podía ser de otra manera, como han explicado los anteriores portavoces, nuestra enmienda va dirigida a hacer cumplir la ley, como lo estamos haciendo, dentro de nuestras competencias, en la Generalitat de Catalunya. Aprovechamos también para introducir algún caso concreto, como es la petición formulada por la propia Generalitat de ampliación de la pantalla de protección contra el ruido en la carretera N-II a su paso por el municipio de Sant Andreu de la Barca y la priorización de la adopción de medidas de protección contra la contaminación acústica relativas al transporte ferroviario en áreas urbanas, que en Cataluña nos preocupa. Entendemos que esta proposición no de ley del Grupo Vasco se refiere a una petición en un caso concreto, pero querríamos añadir, si se pudiese aceptar, esta concreción y esta prioridad en el transporte ferroviario en áreas urbanas. Si no es así, continuaremos insistiendo, porque nuestros estudios hacen que tengamos que pedir a quien tiene responsabilidades para corregir esos problemas, que son el Estado y el Gobierno, que los solucione.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere fijar su posición por un breve tiempo sobre esta cuestión?
Por Izquierda Plural, tiene la palabra su portavoz, por un tiempo máximo de tres minutos.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: A nuestro grupo parlamentario le gustaría saber cómo quedaría finalmente la proposición, si se incluyen o no las enmiendas. Nosotros, tal como se presenta, votaríamos a favor, también si se incluye la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, porque entendemos que al fin y al cabo se trata de cumplir la ley y de cumplir con unos plazos. En cuanto al punto tercero, aunque se trate de una vía de titularidad de la empresa concesionaria, es verdad que elaborar el mapa del ruido es competencia estatal. Por tanto, creemos que este Congreso debe emplazar a retomar ese tema que está pendiente.
Creemos que esta es una cuestión central para la calidad de vida y la salud de las personas y, de hecho, queremos aprovechar para hacer una reflexión. Más allá de los planes del ruido y los planes de acción que se hayan llevado a cabo, seguramente ya se debería empezar a hacer una evaluación crítica. Más allá de los estudios que se han ido acumulando, se debería hacer una evaluación crítica del impacto real sobre la reducción del ruido y ver si se han tomado medidas realmente efectivas o no. Seguramente sería cuestión de otra proposición, pero sería una reflexión a hacer aquí. Más allá de elaborar mapas, planes y estudios, deberíamos ver aquello que no funciona y cómo tomar medidas más efectivas para llegar al cumplimiento de los objetivos de la directiva europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo muy brevemente para manifestar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Vasco, porque compartimos no solamente la parte resolutiva sino también los argumentos que se han dado. Por tanto, queríamos manifestar nuestra posición favorable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María José Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Como ha dicho su portavoz, esta iniciativa viene a plantear la exigencia del cumplimiento de un mandato legal y, a partir de ahí, la solución a un problema concreto de contaminación acústica que provoca en su trazado la AP-68 a su paso por municipios de Bizkaia. Es una situación que ya ha tenido resonancia en esta Cámara en la pasada legislatura y que demuestra efectivamente que la percepción del ruido se considera uno de los principales problemas medioambientales, que además se ha ido incrementando en los últimos años. Se calcula que esta afección alcanza de forma creciente a la calidad de vida de al menos el 25 por ciento de la población de la Unión Europea, mediante el agravamiento de situaciones de estrés, perturbaciones del sueño, etcétera. Están demostrados los efectos adversos que una exposición a elevados niveles de ruido ambiental tiene sobre la salud y, a partir de ahí, sobre otros ámbitos, como el económico, en forma de costes muy diversos, desde costes laborales a la depreciación de viviendas, a la limitación del uso de terrenos, sin olvidar la expresión netamente medioambiental del deterioro del patrimonio acústico y paisajístico natural.
La normativa ya se ha mencionado. Efectivamente, tras la transposición de la Directiva del ruido ambiental del año 2002, tanto la ley como los reglamentos que la desarrollan contienen previsiones específicas dedicadas a la afección acústica que originan las grandes infraestructuras de transporte, en este caso ejes viarios y, si se acepta la enmienda de CIU, también ferroviarios. En consonancia con los objetivos de prevenir, vigilar y reducir la contaminación, se impone para las grandes infraestructuras, así como para las grandes aglomeraciones urbanas, la necesidad de contar con esos mapas de ruido y con los correspondientes planes de acción. Este mandato se establece en un calendario muy claro, en función del volumen de tráfico, cuantificado para el caso de los ejes viarios en más de 6 millones de vehículos al año y de 60.000 trenes en los ferroviarios, y en una segunda fase aquellos que no alcancen este volumen. Es una obligación que corresponde al Ministerio de Fomento, como titular de la autopista, aunque su ejecución recaiga en la empresa concesionaria. Como ya se ha dicho, con ocasión de una pregunta formulada al anterior ministro de Fomento en la pasada legislatura en relación con el grado de aplicación de esta ley en el caso de esta autopista vasco-aragonesa, el entonces titular del ministerio tuvo ocasión de responder en los términos de que, aún estando en plazo, dado que había tenido conocimiento del interés y de la preocupación del Partido Nacionalista Vasco al respecto, se había instado ya a la concesionaria de la autopista a fin de que se acelerará la ejecución de mapas de ruido y la adopción de las medidas que en su caso hubiera que tomar. De hecho, se procedió a renovar el sistema de unión de las juntas de dilatación y se colocaron radares de velocidad para controlar a los vehículos. Lo cierto es que aún hoy, según los datos del ministerio, más allá de oscilaciones puntuales sobre el volumen de tráfico de esta autopista y, por tanto, su encuadramiento en los plazos que establece la ley, se está dentro de los límites que marca la disposición adicional primera para el cumplimiento de la elaboración del correspondiente mapa de ruido.
Indiscutiblemente, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque no tenemos ningún inconveniente en disponer de una información que va a permitir el conocimiento de una realidad y el seguimiento de su cumplimiento a partir de ahora.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Voy terminando, señor presidente.
Sin duda servirá para acelerar lo que haya que acelerar y para aminorar, si así se contempla, las afecciones que sufra la población residente en los aledaños de esta autopista. Servirá además para satisfacer un derecho, como es el de la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, que también se recoge en nuestro ordenamiento jurídico. Por todo ello, vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A los solos efectos de manifestar si su grupo acepta las enmiendas que se han presentado y rogándole que no abra debate, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Estamos trabajando en este momento con el Grupo Popular. Permítanos que definamos exactamente cómo vamos a plantear el texto definitivo.
El señor PRESIDENTE: Si ustedes quieren trabajar, pueden presentar una transaccional antes de las votaciones que procederemos a leer.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RESIDUOS RADIOACTIVOS DEPOSITADOS EN LA FOSA ATLÁNTICA, FRENTE A LA COSTA DE GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000080.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la necesidad de adoptar medidas de control y seguimiento de los residuos radioactivos depositados en la fosa atlántica, frente a la costa de Galicia. Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, la fosa atlántica, frente a las costas de Galicia, a 630 kilómetros del litoral, alberga 140.000 toneladas de residuos radioactivos procedentes de centrales nucleares de
Europa. Dichos residuos están almacenados en bidones de acero con hormigón, que fueron depositados a unos 3.000 metros de profundidad marina, pero de manera dispersa. Esta fosa, que se conoce como cementerio nuclear, fue creada a inicios de 1980, aunque según informaciones que tenemos, incluso aportadas por el propio Gobierno, la primera operación de vertidos nucleares al mar parece que data de 1946 y la estimación de la última es en 1993. Actualmente se desconoce el estado de los bidones y su nivel de corrosión. Precisamente por esta razón sería pertinente que el Gobierno español adoptase las medidas necesarias para que se realizase un control y seguimiento de dichos residuos. De igual manera, el Gobierno debería dirigirse a la Agencia Internacional de Energía Atómica para que se pongan en marcha medidas de inspección y monitorización de los desechos radioactivos. Somos conocedores de que el Estado español, el Consejo de Seguridad Nuclear, realiza controles de radioactividad, pero solo en suelo terrestre; una vigilancia que tiene lugar con una frecuencia trimestral, a través de varias estaciones de muestreo situadas en la costa de Galicia. Sin embargo, señorías, no se está realizando un seguimiento regular y un control riguroso de los vertidos radioactivos que se depositaron en la fosa atlántica a principios, como dijimos, de la década de los ochenta. A los gobiernos implicados no se les obliga llevar a cabo informes y trasladarlos a la Agencia Atómica Internacional. Esto que decimos fue confirmado por el secretario de la Organización Marítima Internacional en una reunión del Grupo Científico del Convenio de Londres, que se desarrolló en Santiago de Compostela a comienzos del mes de junio del año pasado, de 2011; una reunión que contó con la participación de un centenar de científicos de todo el mundo, que analizaron y abordaron las alternativas para evitar que el mar se convierta en un vertedero de residuos radioactivos. Por eso, señorías, señor presidente, presentamos esta proposición no de ley, solicitando el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se ha presentado ninguna enmienda. ¿Algún grupo quiere fijar posición? Por Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz, por un tiempo máximo de tres minutos.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Creemos que esta iniciativa es pertinente y vamos a apoyarla. En esta semana en la que precisamente se cumple el aniversario de Fukushima, es una iniciativa que permite reflexionar sobre los efectos de la energía nuclear. El efecto de los residuos radioactivos demuestra una vez más que la energía nuclear es una energía inmadura y que no resuelve bien su proceso. Además, es pertinente ponernos en alerta por la mala gestión de los residuos radioactivos enterrados en otros mares por parte de las empresas que se ocupaban de ello. Tenemos ejemplos escalofriantes de cómo esos residuos han ido saliendo y se han gestionado mal. Es importante que el Gobierno esté alerta sobre la evolución y la calidad de esos bidones y por tanto daremos nuestro apoyo a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Nosotros somos conscientes de la problemática que pueden ocasionar estos vertidos, pero entendemos, y así lo reflejaremos en el voto, que existe una ponencia de seguimiento de los informes del Consejo de Seguridad Nuclear, creada dentro de la Comisión de Industria y Energía del Congreso, que es el ámbito en el que se debería debatir el seguimiento y análisis de la situación, con las responsabilidades correspondientes del Consejo de Seguridad Nuclear, básicamente por cuestiones técnicas que pueden ser muy contradictorias, ya que cuando hablas con expertos, unos te dicen que puede ser muy problemático y otros te dicen que no. Creemos que este no es el ámbito; el ámbito sería la Comisión creada a tal efecto en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: La diputada de Izquierda Plural comenzó su intervención recordando el aniversario de Fukushima. Yo quería empezar esta intervención recordando también que el 14 de diciembre fallecía en Galicia Anxel Vila, un hombre anónimo para muchos, patrón del Xurelo, pero fundamental en la historia reciente de la defensa del mar en Galicia, y miren que hay historias, algunas muy alegres y otras de ingrato recuerdo. Digo esto porque Anxel Vila era en 1981 el patrón del barco que en aquel momento llevó a un grupo de personas, ecologistas y periodistas en gran medida, mar adentro, rumbo precisamente a la fosa atlántica, para atestiguar lo que ya se sospechaba en tierra, y era que dos cargueros holandeses estaban arrojando bidones de residuos de centrales nucleares al fondo de la fosa, por supuesto sin permiso alguno. Hubo una gran conmoción ciudadana, declaraciones institucionales en los parlamentos, en el Parlamento gallego, en los ayuntamientos, muchas manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país, además de una alarma importante en Galicia -insisto-, en el conjunto de España y también en la vecina Portugal. Lo cierto es que treinta años después más de 140.000 toneladas de residuos radioactivos, como decía la señora Davila, permanecen en el mar. Sabe la señora Davila, porque así se lo facilitó el Gobierno la pasada legislatura, que la información de la que dispone o por lo menos disponía el Consejo de Seguridad Nuclear en su momento pertenecía al Organismo Internacional de la Energía Atómica y que, aunque estos residuos están en aguas internacionales, la vigilancia la realiza el Consejo de Seguridad Nuclear a través de la red de estaciones de muestreo y que, precisamente, esas muestras apuntan
a que no se detectaron concentraciones de radionucleidos que hiciesen sospechar de la dispersión de materiales almacenados en la fosa. De todos modos, el Consejo de Seguridad Nuclear siguió desarrollando el programa de vigilancia en la costa atlántica y analizando la información que le iba llegando a través de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, cumpliendo, como no podía ser de otra forma -y aquí ya se ha dicho-, con la Convención de Londres, que obliga a los Estados miembros, a los que han ratificado esta convención, a una serie de obligaciones. Además, desde la propia Comisión de Energía de la Unión Europea se señaló en el año 2008 que estos residuos no planteaban riesgo alguno, aunque había que seguir controlándolos.
Termino. Los Estados miembros han de realizar evaluaciones del medio marino y analizar los riesgos medioambientales y radioactivos. Así lo aprobó el propio Parlamento Europeo. Además, nos consta que hay opiniones científicas, muchas -termino ya-, que apuntan a que efectivamente el riesgo es bajo, pero en ningún caso se pueden dejar de hacer los controles periódicos, tal y como se pide en esta PNL, porque el riesgo cero, cuando se trata de radioactividad, no existe. Por tanto, no hemos presentado ninguna enmienda. Nos parece una iniciativa muy completa, incluye medidas de control, de evaluación, de diagnóstico y, en caso de que se detecte algo, de actuación. Por todo ello, vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado don Guillermo Collarte, por un tiempo máximo de tres minutos.
El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: La desventaja que tiene intervenir el último es que los argumentos que tenía ya los han utilizado.
Quiero manifestar mi total y absoluto acuerdo con lo expresado por el compañero de CiU. Creo que este no es el ámbito para debatir esta cuestión sino que clarísimamente debe ser la Comisión de Industria y Energía de este Parlamento. Se trata de un tema controvertido, en el que existen opiniones muy diferentes y por eso debería tratarse ahí, contando con la opinión de expertos, porque se manejan cantidades absolutamente distintas. Si de verdad estuviéramos hablando de las cantidades que se dice que están depositadas en la fosa, como se dice vulgarmente, apañados estaríamos.
Empiezo por lo que ha dicho la diputada del Bloque Nacionalista Galego, que se refiere a una convención que se celebró en Santiago de Compostela. Las informaciones conviene darlas completas, porque el señor René Croenen, que es el secretario de la Organización Marítima Internacional informó de que es verdad que no existe un seguimiento regular sobre los vertidos radiactivos depositados en la fosa atlántica, aunque declaró, en relación con estos residuos depositados, que no hay datos preocupantes. Creo que ya tenemos bastantes problemas, que es un tema especialmente sensible, como consecuencia fundamentalmente, y se ha recordado aquí, del tema de Fukushima; por tanto, generar inquietud en una cuestión que afortunadamente no parece que plantee dificultades, me parece que es gratuito y que no tiene demasiado sentido.
Se están haciendo los seguimientos y los controles. Por tanto, no vamos a apoyar esta iniciativa. Me extraña la posición expresada por la compañera doña Laura Seara, porque hace cuatro años, en respuesta a dos preguntas formuladas por los diputados Olalla y Jorquera, manifestó claramente cuál era la posición de su grupo, que era exactamente la que acaba de exponer, pero evidentemente cambia el sentido de su voto. Lo comprendo, pero no lo comparto. Al hilo de lo que ha manifestado la señora Seara, también quiero rendir un homenaje al patrón del Xurelo, pero hay que recordar que en el año 1982, dos barcos de pesca gallegos participaron en una operación y con otras gentes generosas se plantaron en Londres y consiguieron que desde el año...
El señor PRESIDENTE: Señor Collarte, le ruego que vaya terminando.
El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Termino, señor presidente.
Consiguieron que se dejase de verter en esa fosa atlántica, que creo que al fin y a la postre es lo que ha resuelto o al menos ha puesto límite a un problema que, si continuaran los vertidos, terminaría siendo gravísimo. Quiero dejar patente mi homenaje, así como el de mi grupo, a la gente que en ese momento consiguió que se dejase de verter en la fosa atlántica.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se ha presentado ninguna enmienda.
- RELATIVA A MEDIDAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE AMENAZAN LA VIABILIDAD FUTURA DE LA INDUSTRIA CONSERVERA EUROPEA Y ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000089.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que hacer referencia a la proposición no de ley relativa a medidas para resolver los problemas que amenazan la viabilidad futura de la industria conservera europea y española. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente la señora Fernández Davila. Tiene la palabra para su defensa.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: La Unión Europea suscribió un acuerdo de partenariado con Papúa Nueva Guinea, según el cual se permitirá la entrada en Europa de atún producido en dicho país totalmente libre de arancel. Además, este acuerdo de exención de aranceles puede ampliarse a otros países del Pacífico sudoeste, concretamente también a Fidji, según lo firmado. Este es un acuerdo que ofrece muchas ventajas y
beneficios para las empresas que están establecidas en Papúa o que tienen intención de situarse allí, pero que supone un agravio para los productores europeos. En el caso del sector conservero gallego hay que poner de manifiesto que Galicia es la primera productora de conservas de la Unión Europea y la tercera del mundo, detrás de China y Tailandia. Esta desigualdad de trato preocupa no solo en cuanto a la pérdida del negocio en la Unión Europea sino del empleo en el territorio gallego, donde se ubican unas sesenta y siete firmas que aportan unos 12.000 puestos de trabajo; precisamente el atún supone el 61 por ciento del total de la conserva gallega. Hay que decir que en Galicia se produce el 80 por ciento de la conserva de atún del Estado español.
Señorías, este sector lleva tiempo demandando al Gobierno español y a la Unión Europea que termine con los privilegios de los que goza el sector conservero asiático, exento de las normas establecidas que, como ya hemos dicho, no tienen arancel, pero que además después venden su producto en la Unión Europea un 35 por ciento más barato. Los datos que nosotros tenemos también los tiene el sector. El propio Parlamento Europeo informa de que la capacidad productiva, concretamente de Papúa Nueva Guinea, del producto del atún es aproximadamente de 400.000 toneladas de conserva, de las cuales el 90 por ciento se venderá en Europa. De ahí que, evidentemente, el sector conservero español y gallego se muestre sumamente preocupado por la deriva futura de esta situación que puede calificarse de competencia desleal encubierta.
Antes de finalizar, señor Presidente, el Bloque Nacionalista Galego quiere manifestar una cuestión. Nuestro grupo comparte, defiende y apoya todas las políticas de cooperación del Estado español y de la Unión Europea con los países subdesarrollados y, sobre todo, las políticas de cooperación para que desarrollen su economía. Después de estos acuerdos a los que hacemos referencia, y con los conocimientos que tenemos, con datos como los que antes aportamos de que la industria comunitaria está siendo competidora en estos momentos de otros Estados como Tailandia y China, Estados Unidos o Filipinas, que son quienes están instalando sus factorías en Papúa Nueva Guinea, consideramos que no es precisamente una cuestión de cooperación para el desarrollo de Papúa Nueva Guinea sino todo lo contrario. Por tanto, participando de las políticas de cooperación, también entendemos que no se pueden encubrir políticas de cooperación con países en desarrollo con políticas de cooperación con otros países que trasladan a estos países subdesarrollados la industria no solamente para utilizar la mano de obra barata sino para tenerla casi en una situación de esclavismo, que es lo que está pasando en este caso, porque además ni siquiera son trabajadores del país sino que son inmigrantes que vienen de países del entorno. Señorías, entendemos que aun manteniendo políticas de cooperación también es necesario garantizar una competencia leal y no desleal como la que en este momento está garantizando el acuerdo que se conoce como acuerdo de Cotonú, que es lo que el sector conservero está reclamando.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por el propio Grupo Mixto que entiendo que es del autor de la iniciativa, es decir, que sería una especie de autoenmienda.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Quiero decir que con nuestra enmienda actualizábamos la proposición no de ley. El Grupo Popular nos ha presentado una enmienda que va en el mismo sentido, la diferencia es que nosotros decimos "realizar" y el Grupo Popular, como es Gobierno, dice "continuar realizando". No tenemos ningún problema porque somos conocedores de que ya se hizo en la legislatura pasada alguna gestión a este respecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su aclaración.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado otra enmienda. Para su defensa tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Esta mañana, mientras desayunaba, escuchaba en una emisora de radio que a lo largo de la Comisión en la que estamos hoy todos los diputados los focos más importantes de la noticia iban a estar centrados en el interés por los chiringuitos. Creo que básicamente y de forma resumida era esto lo que decía el periodista. (Rumores.) Me permitirán que por unos segundos cambie el foco de la noticia y trate de centrarlo en esta iniciativa que ahora estamos debatiendo, a pesar del escaso interés que despierta en algunas de sus señorías.
Como bien decía la señora Fernández Davila, que es de mi propia tierra, hay más de 7.500 empleos afectados directamente por los problemas que tiene el mundo de la conserva; de esa cifra, nada despreciable, el 65 por ciento estaría en Galicia. Además de este dato, que no es baladí, permítanme que les recuerde que, como también se acaba de decir aquí, este tema ha sido de la máxima importancia en las pasadas legislaturas, especialmente en la última, y nuestro grupo parlamentario -solo recordaré dos de esas iniciativas- hizo especial hincapié en él durante dos importantes comparecencias. La primera, en la tramitación del proyecto de ley de pesca sostenible, que finalmente fue retirado al quedar inconclusa su tramitación. La segunda, en la comparecencia que en 2011 realizó en esta misma Comisión la entonces secretaria general del Mar, doña Alicia Villauriz. En una y en otra pusimos de manifiesto cuáles eran los problemas que, a nuestro juicio, se desataron con motivo de este acuerdo de la Comisión Europea, puesto que consideramos que esta política, como también acaba de recordar la portavoz del Grupo Mixto, la señora Fernández Davila, sería objeto de mucho debate. Pensamos -lo dijimos en aquel momento y lo reafirmo
ahora- que las políticas de cooperación al desarrollo no pueden ser independientes de políticas sectoriales y que la Comisión tiene que coordinar todo este tipo de políticas; pero nos preocupó mucho en aquellas comparecencias escuchar algunas cosas que voy a recordar ahora brevísimamente.
El presidente de Anfaco, la patronal conservera, que a la postre es también presidente de Euroatún, de toda la flota y de toda la industria conservera atunera europea, nos recordaba en su comparecencia que cuando él le trasladó al comisario de Comercio de la Unión Europea que no entendían por qué se tomaban este tipo de acuerdos o decisiones, este le respondió que por que en aquella zona no había atún y que, por tanto, no iba a generar ningún problema para la actividad ni para la industria conservera. Como bien recordaba el señor Vieitez en aquella comparecencia, estamos hablando de la zona con más presencia de atún del mundo y el comisario de Comercio decía que era una zona donde no había atún. Preocupa que a veces se tome este tipo de decisiones sin conocer en profundidad lo que pasa.
El señor PRESIDENTE: Señor García Díez, le ruego que vaya terminando.
El señor GARCÍA DÍEZ: Termino, señor presidente.
Creemos que es muy importante hacer un seguimiento de esos acuerdos. En este sentido, el Gobierno anterior había encargado un estudio y el actual ha trasladado no solo los estudios pertinentes sino los que la propia patronal le hizo llegar. Esos estudios ya están en poder de la Comisión y ahora es esta la que tiene que publicar las conclusiones de los mismos, una vez obtenida la conformidad de Papúa Nueva Guinea.
Por las noticias que me llegan -señor presidente, ya termino-, creo que esto va por buen camino, pero la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular va en el sentido de alcanzar el máximo consenso con el grupo proponente y, si es posible, aprobarlo por unanimidad de esta Comisión para dar el mayor respaldo posible a las gestiones que tiene por delante nuestro Gobierno.
El señor PRESIDENTE: El grupo propietario de la iniciativa tiene que decirnos ahora si acepta o no la enmienda o está dispuesto a trabajar sobre ella.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, pensaba que ya lo había dicho. De todas formas, repito que la he aceptado.
El señor PRESIDENTE: Había alterado sin querer el orden de fijación de posiciones.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra su portavoz, por un tiempo máximo de tres minutos, para fijar su posición.
La señora TAPIA OTAEGI: Simplemente quiero comentar que dentro de nuestra política, tanto agraria como pesquera, uno de los factores más importantes por los que siempre tratamos de velar es por la calidad del producto, así como por la calidad y la forma en la que se trabaja. Estamos plenamente de acuerdo con la proposición no de ley presentada y, evidentemente, la vamos a apoyar. Ese tiene que ser uno de los parámetros que deberá regir toda nuestra actividad ahora, y a partir de ahora más que nunca, cuando toda esa competencia externa, en la que precisamente no se tienen en cuenta esos parámetros, está haciendo mucho daño a una industria tan importante como es la del sector conservero. Vamos a apoyar esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Nosotros también estamos a favor de esta la proposición no de ley, dado que la sociedad europea, como expresión de su desarrollo, es cada vez más exigente en lo que se refiere a la seguridad de los alimentos. En este sentido, adquieren relevancia las actuaciones para garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos o su irrenunciable calidad, así como también a todo lo que supone reforzar los aspectos cualitativos vinculados a la satisfacción de los sentidos y a la expresión cultural y la diversidad de los productos alimentarios.
En el marco de la globalización de la economía mundial, y de acuerdo con las negociaciones multilaterales de la OMC, hay que decir que la Unión Europea ha puesto en práctica con celeridad todos sus compromisos y se ha producido una liberación considerable del comercio internacional que nos afecta especialmente, dado que, como es conocido, la Unión Europea es el importador más importante del mundo en productos agrícolas.
Por ese motivo pedimos lo que dice la proposición no de ley: el principio de reciprocidad para las importaciones provenientes de terceros países para evitar así problemas de seguridad alimentaria. Debemos ser estrictos en las medidas sanitarias y fitosanitarias e igualmente en las condiciones medioambientales, lucha contra el cambio climático, en las que se elaboran estos productos. Se debe conseguir que esta exigencia se convierta en una preferencia comunitaria renovada y actualizada en este contexto de comercio global.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Consuelo Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor presidente, tengo hoy la oportunidad de estrenarme en esta nueva responsabilidad. Lo hago de manera muy satisfactoria porque tanto la iniciativa presentada por el grupo proponente como la intervención del grupo mayoritario, es decir, del
Grupo Popular, van a hacer que salga adelante esta iniciativa en la que estamos de acuerdo.
Desde que se adoptó este acuerdo de partenariado económico entre la Unión Europea y varios países del Pacífico, se ha facilitado el acceso de los productos pesqueros al espacio de la Unión Europea y se libera del cumplimiento de las reglas en origen en relación con un grupo de productos agroalimentarios, entre los que se encuentran las conservas elaboradas de atún. La industria conservera -ya se ha dicho aquí- gallega mostró enseguida la preocupación por el tema, también el sector ha expresado esta preocupación por los compromisos comerciales vinculados a este acuerdo y que son objeto de esta iniciativa parlamentaria. En alguna ocasión también se ha expresado el grave riesgo que corren 25.000 empleos directos y hasta 50.000 indirectos en la industria europea como consecuencia del mencionado acuerdo.
El Grupo Socialista es consciente de esta preocupación y comparte la iniciativa para poner en marcha las medidas que avalan esta proposición. De hecho, el Gobierno anterior, como aquí ya se ha dicho, estaba trabajando en esta línea, es decir, en la garantía del cumplimiento de los estándares europeos de producción en origen. Es lo mismo que hemos planteado en relación con otros acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, como es, por ejemplo, el protocolo agrícola del acuerdo comercial Unión Europea-Marruecos. Debemos ser conscientes de que todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países afectan a la industria europea; tenemos que trabajar por que se cumplan unos mínimos sociales y también ambientales; se puede beneficiar la producción de terceros países, pero no a costa de los costes de producción, es decir, que estos sean bajísimos en los países de origen y que no se respete un mínimo social vinculado a las condiciones laborales ni los mínimos medioambientales en su producción, en este caso en las cuotas pesqueras. El Grupo Socialista avala esta iniciativa y se congratula de que todos trabajemos en esta misma línea.
El señor PRESIDENTE: La señora Fernández Davila ya ha manifestado su aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Será sometida así a votación.
- SOBRE LA SUBVENCIÓN PARA LA DESALACIÓN DE AGUA DE MAR EN CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000103.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre la subvención para la desalación de agua de mar en Canarias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Antes de que me marque el tiempo quiero decirle que como en Comisión siempre se daban diez minutos a los ponentes, yo tenía preparada una intervención de ese tiempo. He tachado casi todo y se me ha debido quedar en cinco minutos y medio. Le prometo que no voy a intervenir en ningún otro punto del orden del día, pero déjeme ese medio minuto si me paso.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, estoy seguro de que su capacidad de síntesis, muy acreditada en esta Cámara durante varias legislaturas, se hace merecedora de ese medio minuto que le concede esta Presidencia.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó el pasado día 28 septiembre, por unanimidad, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular -reitero, del Grupo Parlamentario Popular- en la que se solicitaba al Gobierno del Estado -cito textualmente- que ampliase la cuantía de la subvención a la desalación de agua de mar en Canarias con carácter inmediato y por un importe global no inferior al consignado por este concepto en el ejercicio 2010. Es una iniciativa que, dado su interés para las islas, hemos decidido trasladar al Congreso de los Diputados para recabar el apoyo de la Cámara en una reclamación que cuenta con la unanimidad y el consenso de la sociedad y de todos los partidos que están presentes en el Parlamento de Canarias,
El Boletín Oficial del Estado publicó el día 18 julio pasado la resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural por la que se convocaba la concesión para 2011 de subvenciones para las plantas desaladoras de agua de mar en Canarias por un importe global superior a 9 millones de euros; una partida que supuso un recorte superior al 30 por ciento en un solo año, ya que en el año 2010 la cuantía de esta subvención ascendía a más de 13 millones de euros. Este importante recorte de la subvención para el combustible de las plantas desaladoras de Canarias supondrá a medio plazo un inevitable aumento de las tarifas del agua de consumo, con el consiguiente impacto que ello producirá en los usuarios y en las familias con rentas más bajas, además de en todos los sectores económicos. La disminución de la ayuda estatal ha sido constante en los últimos años, pese a que el objetivo final de esta ayuda, que es la equiparación de las tarifas del agua en Canarias a las del resto del Estado, es un reto que aún permanece por cuestiones de carácter estructural. El principal perjudicado de este progresivo recorte de la subvención es el ciudadano, al que se trasladará el impacto de esta reducción en las ayudas al precio final que abona a través de su recibo, ya que el sector de la distribución domiciliaria de agua potable en Canarias no podrá soportar las pérdidas y tendrá, en última instancia, que ajustar sus recursos y planes de mantenimiento, así como reducir sus inversiones. La reducción de la ayuda estatal afectará en
cadena a toda la economía de Canarias y a su medio ambiente; no en vano un probable incremento de tarifas afectaría no solo los ciudadanos sino también a la industria turística, en un ejercicio que vuelve a ser muy crítico para las islas y en el que este sector es clave para avanzar en la recuperación económica. Además, la paulatina disminución de estas ayudas atenta contra el ADN económico de Canarias, establecido en su Régimen Económico y Fiscal y consagrado tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución, donde se contemplan nuestras singularidades históricas y económicas.
No creo que sea necesario insistir en esta Cámara, dado que ya se ha hecho en reiteradas ocasiones en todas las legislaturas, en la importancia que el acceso al agua potable tiene para Canarias y para todos los canarios. Históricamente, como muchos sabrán, ha sido un recurso escaso, y ha sido gracias a la introducción de medios y recursos para la desalinización en las últimas décadas como hemos sido capaces de garantizar su disponibilidad. Conviene tener presente -que no lo sabrán sus señorías- que en islas como Lanzarote o Fuerteventura el 98 por ciento del agua que se consume procede de agua desalada del mar, el 98 por ciento. Este es un porcentaje que se sitúa muy por encima de la dependencia que se plantea en otras zonas de España, como ocurre en las dos capitales de la Comunidad Autónoma. En Las Palmas de Gran Canarias más de un 85 por ciento del agua que se consume es de origen marino; en el caso de Santa Cruz de Tenerife, el 33 por ciento.
En los últimos años la desalación ha ido adquiriendo protagonismo como medio de aprovisionamiento de agua, propiciado por las mejoras tecnológicas, la disminución de costes y el fomento de su instalación por parte tanto del sector público como del sector privado. La desalación no es en Canarias un instrumento tecnológico secundario sino fundamental para garantizar el abastecimiento a los ciudadanos, empresas y establecimientos comerciales. Actualmente están en funcionamiento en el archipiélago más de 300 plantas desaladoras, 281 en la provincia de Las Palmas y 46 en la de Santa Cruz de Tenerife, que no solo suministran a las capitales insulares sino también a municipios no capitalinos y a comarcas. La desalación no es solo una opción casi única de acceso al agua potable para consumo humano en las islas más orientales sino también para todos los sectores económicos. De ahí que insista y reitere que esta caída drástica de la subvención por parte del Gobierno de España supone una amenaza para los ciudadanos, pero también para todos los sectores.
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias garantiza las condiciones de nuestra economía. Señores diputados del Grupo Popular y, sobre todo, diputados canarios, el transporte de pasajeros, el transporte de mercancías, la energía y el agua son ejes troncales que no tienen que estar en función de disponibilidades presupuestarias sino que a los canarios se les tienen que garantizar las condiciones mínimas en dichos ejes, porque si no los canarios no tenemos capacidad para salir adelante.
Confío en que esta proposición no de ley cuente en esta Comisión con el voto favorable de quienes hace poco más de cinco meses expresaron su apoyo a una iniciativa similar en el Parlamento de Canarias. En este sentido quisiera recordar, y termino, las palabras pronunciadas por la diputada del PP que defendió esta misma proposición no de ley el pasado día 28 de septiembre en el Parlamento de Canarias. Dijo: Este es un derecho que tenemos los canarios, un derecho necesario para la vida en Canarias. Ustedes aquí en la península usan agua para producir energía; nosotros necesitamos la energía para producir el agua.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta iniciativa. Tiene la palabra don Ernesto Aguiar por un tiempo máximo de tres minutos.
El señor AGUIAR RODRÍGUEZ: Señora Oramas, comparto plenamente su preocupación por la situación de la desalación de agua del mar en las islas Canarias y, sobre todo, por la diferencia de precio que existe con el resto del territorio nacional. No puede ser de otra manera, ya que, como bien ha dicho usted, fue una iniciativa del Partido Popular en Canarias la que alertó sobre la disminución progresiva que se estaba produciendo en las ayudas del Estado a las plantas desaladoras. Usted compartirá conmigo, igual que yo comparto la gran exposición que se ha hecho sobre la importancia que tiene, sobre todo en islas como Lanzarote y Fuerteventura, esta desalación de agua de mar, que el escenario no era el mismo en septiembre de 2011 -me refiero al escenario económico- que a día de hoy. No es lo mismo, porque en aquellos momentos se nos hablaba de un déficit del 6 por ciento y en la actualidad sabemos que es de un 8,5 por ciento. Por tanto, el escenario económico es ahora mucho más complicado. No obstante, en su comparecencia ante esta Comisión, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hizo referencia al Pacto nacional del agua, con el objetivo de asegurar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes. Independientemente de que no se puedan dar cifras concretas de inversión o de subvención, hasta que no se conozcan los Presupuestos Generales del Estado el ministerio va a promover políticas de agua y de desalación en Canarias con criterios de efectividad y eficiencia, siempre teniendo en cuenta el contexto económico en el que nos encontramos. Una vez conozcamos los presupuestos para 2012, y conocidas las disponibilidades reales, la Dirección General de Aguas procederá al estudio de la viabilidad de incremento de la cuantía de la subvención a la desalación de agua del mar en Canarias con el fin de aproximar la cuantía a la convocatoria del ejercicio 2010. Como usted ve, no decimos que no a ayudar a la desalación de agua en Canarias.
Lo que sí consideramos prudente, y por eso presentamos una enmienda alternativa, es no levantar falsas expectativas. Teniendo en cuenta que estamos en fase de
elaboración de los presupuestos y viendo la sensibilidad que han mostrado el ministro y el ministerio respecto a la desalación en Canarias, le proponemos una enmienda alternativa que dice literalmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a determinar la asignación de la cuantía de la subvención a la desalación de agua de mar en Canarias en función de las disponibilidades presupuestarias actuales que la presente coyuntura económica impone.
Señora Oramas, queda claro que el agua en Canarias es un derecho. Tenga claro también que desde este grupo vamos a intentar trabajar para que ese derecho al que usted hacía referencia siga siéndolo. Le animamos a que acepte esta enmienda alternativa, porque entendemos -en ningún momento se dice que no- que la situación económica actual requiere prudencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguiar, le ruego que vaya concluyendo.
El señor AGUIAR RODRÍGUEZ: Para saber en qué medida podemos o no llegar al incremento de esa subvención.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean fijar posición sobre este asunto? (Pausa.) Por el Grupo de Convergència i Unió, don Martí Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Solo quiero expresar a la compañera de Canarias que compartimos su petición, porque somos conscientes del coste que supone obtener agua a partir de la desalación y creemos que es necesario que el Gobierno sea sensible al suministro de este bien básico en las islas Canarias, entendiendo la situación, pero sabiendo que es un suministro básico. Por eso apoyaremos esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Patricia Hernández, para fijar posición sobre este asunto.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Esta iniciativa, que nos trae hoy la diputada doña Ana Oramas, como bien se ha dicho, parte de una proposición no de ley registrada el 13 de septiembre de 2011 y votada el 28 de septiembre de 2011, antes de ayer. Fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias hace poco más de cuatro meses y fue una iniciativa del Grupo Popular. Se aprobó por unanimidad como reflejo de la importancia y la trascendencia que tiene para Canarias, para las canarias y para los canarios, la desalación de agua de mar, que es un recurso escaso en general y, en particular, en Canarias, recurso que es clave para el desarrollo económico en las islas. Muchos de los avances que ha habido en los últimos años en esta materia se han logrado gracias a la incorporación de nuevas tecnologías de desalación. Y gracias a la inversión en desalación de aguas en todos estos años, hemos sido capaces de garantizar la disponibilidad del agua, como bien decía la diputada Oramas, hasta el punto de que entre el 95 y el 98 por ciento del agua que se consume en Lanzarote y Fuerteventura procede del mar.
El Aguiar dice que no es lo mismo que en septiembre y le respondo que solo ha cambiado una cosa: que ustedes han dejado de ser oposición y han pasado a ser Gobierno. Después de haberme leído el "Diario de Sesiones" del Parlamento de Canarias le voy a repetir algunas frases de una compañera suya, de doña Águeda Montelongo, diputada del Partido Popular. Es una amenaza disminuir la subvención para los ciudadanos y para sectores estratégicos de Canarias. Cualquiera que vote en contra del aumento en la subvención será responsable del incremento del recibo del agua de los canarios y de las canarias, aludiendo a la situación de desempleo de nuestras islas. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Esto fue antes de ayer, no estamos hablando de hace catorce o dieciséis meses, no estamos hablando de que la crisis ha empezado ahora, estamos hablando del 28 de septiembre de 2011 y solo ha cambiado una cosa: ustedes han ganado las elecciones y tienen la responsabilidad de gobernar. La enmienda estipula: Determinar la asignación de la cuantía de las subvenciones a la desalación de agua del mar en función de las disponibilidades presupuestarias. ¿Pero quién consigna los presupuestos? (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Yo me he perdido. Es el Gobierno del Partido Popular el que consigna los presupuestos y nosotros aquí en esta Cámara somos los que los votamos. De manera que comprométase a que, si su Gobierno no aprueba o no respeta esta enmienda, usted y yo votemos juntos en las Cortes Generales para que se respete la subvención a la desalación de agua de mar, porque como bien decía la diputada doña Águeda Montelongo -y usted debe conocerla- es fundamental para la economía de Canarias, no solo para el agua potable que bebemos los canarios, sino para el turismo, para la ganadería y para la agricultura, porque se paga tres veces más por agua desalada en Lanzarote o en Fuerteventura que en la región de Murcia con esta subvención. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la subvención? De manera que le invito, le conmino, ...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando. Le recuerdo, señora diputada, que usted tiene que fijar posición en cuanto a la iniciativa que ha presentado el grupo proponente y no abrir un debate. (Rumores y protestas.-Un señor diputado: ¡Pero bueno!-Una señora diputada: A ver si no podemos debatir aquí ahora.)
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Les conmino a todos los diputados de esta Comisión que no viven en Canarias a que sean especialmente sensibles con los canarios, las canarias y con esta situación. Y les solicito a los que viven en Canarias que tengan una especial sensibilidad con la iniciativa que se ha presentó
antes de ayer en el Parlamento de Canarias. (Una señora diputada: ¡Muy bien, Patricia!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A los efectos simplemente de decir si acepta o no la enmienda, tiene la palabra doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Los canarios no podemos aceptar esta enmienda, porque el agua no puede estar en función de las disponibilidades presupuestarias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!)
- RELATIVA AL RÉGIMEN DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO POR ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE COMIDAS Y BEBIDAS AL SERVICIO DE LA PLAYA EN EL LITORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000175.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día que se refiere a una proposición no de ley relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa en el litoral. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra su portavoz don Carmelo Romero, por un tiempo máximo de cinco minutos, por favor.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: El Grupo Popular trae ante esta Cámara una proposición no de ley en defensa de un sector muy importante para España, desde el punto de vista laboral, social, de ocio, económico, cultural y también turístico. Con esta proposición no de ley queremos conseguir un triple objetivo. En primer lugar, conseguir el mantenimiento de las terrazas y de los restaurantes de playa; en segundo lugar, dotar de garantía y seguridad jurídica al sector de los chiringuitos y, en tercer lugar, homogeneizar en cada término municipal los llamados chiringuitos para que luzcan con cierta armonía y calidad en la prestación de sus servicios.
Señorías, intentando preparar la defensa de esta proposición no de ley he indagado las posiciones que los distintos grupos parlamentarios y partidos han tenido en las instituciones, como en el Senado, en el Congreso, en los parlamentos autonómicos, en las diputaciones provinciales y también en algunos ayuntamientos. Todos los grupos sustancialmente proponían lo mismo que lo contenido en esta proposición no de ley. Por ello, no les voy a hablar ni les voy a dar argumentos, porque prácticamente todos decían exactamente lo mismo, sobre la importancia económica que tiene la dinamización de la economía en las zonas de playa donde se ubican estos chiringuitos, como conocen sus señorías. No me voy a referir a la positiva repercusión en el empleo de miles de personas que suponen estos chiringuitos, estas terrazas y estos restaurantes de playa. Ni tampoco al vital reclamo turístico, ya que uno de los motores económicos de España es precisamente el turismo, que dinamiza la economía. No les voy a hablar de la vigencia de esta Ley de Costas, a punto de cumplirse veinticinco años ya, y, como todas las cosas, seguro que va a necesitar -seguro que necesita- una reforma y un retoque, ni de lo necesario que es conjugar la protección y preservación del litoral y del desarrollo de las actividades no perjudiciales y actividades responsables en el propio litoral. Tampoco les voy a dar argumentos de cómo todos estos chiringuitos se han convertido en una seña de identidad del turismo en España ni de la necesidad de proteger el medio natural donde se ubican por su propia supervivencia.
Señorías, hemos querido elaborar esta proposición no de ley de tal manera que pueda ser asumida por todos los grupos políticos, evitando cualquier punto conflictivo que impida ser aprobada por unanimidad. Tampoco les voy a hablar de cómo se ha llevado a cabo hasta ahora esta política, con una interpretación muy restrictiva, diría que hasta torticera, por parte del Gobierno socialista, que ha tendido a poner zancadillas a los establecimientos turísticos en la playa e incluso al desalojo de los chiringuitos de la arena. Aquí no cabe hablar del informe Auken del Parlamento Europeo. Aquí los razonamientos son razonamientos de tipo económico, de tipo laboral y de tipo turístico fundamentalmente. El objetivo que tiene el Grupo Popular y el Gobierno -y que además es el que propugna esta proposición no de ley- es nada más y nada menos que compatibilizar la protección del litoral y el dominio público marítimo terrestre con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales, que ayuden a superar la crisis económica y laboral, en la que desgraciadamente, por muchas circunstancias, estamos inmersos. Señoras y señores diputados, los chiringuitos y las terrazas de playa son un factor dinamizador del turismo, de la economía y del empleo. Por eso es necesario cuidarlos y dotarlos de mayor garantía y seguridad jurídica, sin olvidar la necesaria y vital garantía de protección y de uso público de nuestras playas. Si conseguimos esto, seguro que el sector nos lo va a agradecer. Seguro que también los turistas y los usuarios de las playas nos lo agradecerán y a muy buen seguro que también nos lo van a agradecer los miles y miles de trabajadores que se ganan la vida honradamente con esta actividad y seguro, señorías, que la propia playa lo haría si pudiera hablar.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado enmiendas. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Presentamos esta enmienda, porque si bien compartimos argumentos como los expuestos por el diputado del Grupo Popular y también participamos de lo que se propone en los puntos 2 y 3, discrepamos del punto número 1, porque nos parece
excesivamente genérico y que puede no estar en consonancia con una política de sostenibilidad medioambiental de la costa. Nosotros entendemos que efectivamente el sector turístico es muy importante y, en momentos de crisis, cualquier cosa que pueda minorar esa actividad tenemos que evitarla, pero también es verdad que no podemos seguir agrediendo a la costa. Por tanto, estando de acuerdo con los puntos números 2 y 3, entendemos que el punto 1 uno debería ser eliminado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don Martí Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: En la pasada Comisión, durante la comparecencia del ministro, en el apartado en el que hizo referencia a la protección de nuestras costas, anunció la reforma de la ley y describió dos objetivos. Uno de ellos era hacer compatible la protección de este espacio natural con una actividad económica que siempre ha sido importante y que ahora puede ayudarnos muy especialmente en estos tiempos de crisis. Nuestro compañero diputado señor Romero ha hecho muchas referencias a este apartado, pero nosotros presentamos la enmienda a partir de la experiencia que tenemos en Cataluña en cuyo litoral trabajamos desde hace años, desde nuestro marco competencial -que ahora no entraremos en el sistema, porque no toca-, para solucionar este problema. Creemos que hemos sabido conjugar un estilo que compatibiliza el desarrollo económico y las actividades de los establecimientos a que hacía referencia y la protección del litoral. Nuestra enmienda refleja este posicionamiento. Creemos que es mejor, no porque la hayamos hecho nosotros, sino porque refleja más este posicionamiento mixto de conjugar estas dos situaciones, que no la suya. En algún apartado se puede entender que se mantendrán todos los establecimientos de los que hablamos, cuando puede ser que la prioridad medioambiental o el uso público nos lleve a buscar una solución a ese establecimiento, a ese propietario o a esa concesión. La reforma de la ley -en la que trabajaremos en un futuro supongo, porque esto solo es una intención- deberá servir para tener en cuenta en cada caso las características sociales, orográficas y de superficie de la zona concreta en la que trabajemos. Sabemos que nuestro litoral no es homogéneo, de ahí su riqueza y parte de su atractivo natural. Las organizaciones profesionales deben participar, consensuadamente con las administraciones implicadas, en las soluciones y en las modificaciones normativas y creemos, como dicen ustedes, que hay que darle garantías y seguridad jurídica a este sector. Su texto no llega a definir que es necesario compaginar el uso y disfrute abierto a todos del patrimonio natural que representa el litoral con su equilibrio, su progreso físico, su conservación y su aprovechamiento económico, racional y sostenible. Por eso, nos sabe mal que no podamos haber entrado a negociar la enmienda. Hasta que no se proponga la reforma de la ley no podremos concretar mucho más las intenciones, por lo que nuestra posición será de abstención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una enmienda, para su defensa tiene la palabra la portavoz señora Sánchez Díaz.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Defiendo la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante la proposición no de ley del Grupo Popular relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa en el litoral. Si quieren, como este título es tan largo, a partir de ahora nos entendemos todos si me refiero a los chiringuitos. La posición de mi grupo con respecto a este tema es la misma que hemos mantenido en el Gobierno. La Ley de Costas vigente garantiza el uso público y gratuito de las playas para el disfrute de todos los ciudadanos, por lo que defendemos un uso público y común, sin perjuicio de que sea compatible con otros usos y actividades. Somos conscientes de que los llamados chiringuitos son establecimientos que generan empleo y negocio, que tienen la particularidad de ubicarse en un espacio singular y natural, que hay que proteger y que hay que conservar, por lo que hemos de buscar el equilibrio entre la protección de nuestro entorno y el desarrollo de esa actividad. Para ello tenemos el marco normativo apropiado que es la Ley de Costas de 1988. Una ley que ha venido siendo aplicada por todos los gobiernos, también los del Partido Popular. De hecho, en el año 1999 fue el año en el que más kilómetros de costa fueron deslindados.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Costas hay chiringuitos que se han adaptado a la misma, pero hay otros, que son minoritarios, que aún no lo han hecho. Y lo que hay que hacer es regularizar esos establecimientos haciendo compatible el mantenimiento de esa actividad económica y social con los requerimientos de protección medioambiental para que se cumpla la Ley de Costas. El Gobierno anterior, el Gobierno socialista, ya realizó un censo con la totalidad de las instalaciones, estudiando cada tramo del litoral, provincia a provincia, municipio a municipio, caso por caso, elaborando un informe en el que se proponen alternativas y soluciones justas, equilibradas y razonables. Se hizo en colaboración con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con los sectores afectados y siempre dentro del respeto escrupuloso de la ley. Fue entonces, cuando el Gobierno socialista estaba haciendo eso, cuando asistimos a una campaña llena de demagogia por parte del Partido Popular que decía que el PSOE quería acabar con los chiringuitos. Desgraciadamente hoy también hemos escuchado alguna que otra frase en ese sentido. Pero el tiempo demostró que no era así, sino todo lo contrario, que lo que pretendíamos era regularizar, en el marco de la ley, la situación de muchos de ellos que estaban en una posición de total inseguridad jurídica. En consecuencia, se buscaron alternativas para hacer compatible
los chiringuitos con el respeto al medio ambiente costero, encontrando fórmulas que le daban esa máxima seguridad jurídica a estos establecimientos y podían así garantizar su desarrollo futuro.
Desde mi grupo parlamentario, quiero volver a reconocer la actitud de colaboración que siempre encontramos en el sector empresarial de los chiringuitos, porque fueron los primeros en comprender que no se puede ir en contra de la ley, que no se puede ocupar un lugar de forma indebida y que hay que tener un servicio regulado y cumplidor con el medio ambiente. A los chiringuitos siempre hemos querido darles seguridad, calidad y garantía. Asimismo sabemos que junto al sector empresarial que tuvimos al lado, también estuvieron algunas comunidades y ayuntamientos. Por tanto, con esta argumentación, que es la que hemos mantenido en el Gobierno y que es la que mantenemos ahora...
El señor PRESIDENTE: Doña María del Carmen Sánchez, le ruego que vaya terminando porque se ha agotado su tiempo.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Intervengo muy brevemente.
En la oposición vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Popular, pero hemos presentado una enmienda al punto 1. Me gustaría que se aceptara para disipar toda duda de que esta iniciativa no es una utilización de la Ley de Costas que nos lleve a privatizar la costa, que no se utilice lo de los chiringuitos para privatizar la Ley de Costas, porque Ley de Costas y chiringuitos son totalmente compatibles.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que desee fijar posición antes de que el autor de la iniciativa nos diga cuáles son las enmiendas que acepta? (Pausa.) Por La Izquierda Plural, tiene la palabra su portavoz doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Desde nuestro grupo votaremos en contra de esta proposición. A nuestro entender es una iniciativa trampa, porque la propia exposición de motivos ya plantea la filosofía que hay detrás, coincidente con el propio ministro, es decir, contrapone el desarrollo económico con la protección del litoral. Es la concepción que tiene este Gobierno del medio ambiente como lastre para la economía. Al final lo que sabemos que hay detrás y lo que hemos podido ver, no por el propio ministro, sino publicado, es que es inminente la modificación de la ley. No vamos a contribuir a la demagogia de que la protección del litoral o la Ley de Costas, que tiene veinticinco años, queden obsoletas en el contexto económico actual. Para nosotros lo que hay detrás de esta propuesta es precisamente la vuelta a un modelo basado en la especulación y en la privatización del espacio público. Además, en la exposición de motivos consta que la ley va contra el progreso. Nosotros podríamos estar de acuerdo en que esta proposición va contra el progreso, porque con esta ley, después de veinticinco años, nuestro litoral es de los más degradados de la Unión Europea, hecho constatado por múltiples estudios e informes de la propia Unión y esto sí que tiene efectos devastadores contra el turismo y también contra el medio ambiente.
En cuanto a la cuestión de la seguridad jurídica que plantean, hacer ahora un cambio, ya sea legislativo o de concesiones sería un agravio comparativo para aquellos que sí han hecho los deberes, que sí se han adaptado a la ley, que sí se han movido o han adaptado la instalación, respecto de aquellos que no se han querido mover o adaptar. Lo que provoca inseguridad jurídica es el 5 por ciento pendiente de los deslindes. Hay que acabar con el cien por cien de los deslindes y saber a qué atenernos. Nosotros entendemos que la cuestión del servicio de bar puede estar en la zona de servidumbre o también la propia ley prevé en qué condiciones puede estar, por lo que no es incompatible que haya servicios de bares. Lo que no entendemos es esta obsesión por invadir el dominio público marítimo-terrestre. Lo que debería hacer hoy este Congreso es apelar también a la responsabilidad del Gobierno, proteger esos espacios que aún quedan -pocos- de playas vírgenes, que son muy apreciados por muchos turistas. De hecho, un informe de Exceltur, de Deloitte, habla del impacto negativo que tiene la agresión al medio ambiente, la agresión de las playas vírgenes y la ocupación por parte de actividades económicas de estas playas para atraer los turistas del siglo XXI, que piden algo distinto. Nosotros entendemos que la coexistencia de chiringuitos y playas naturales se podría lograr con una implementación de una estrategia de sostenibilidad de la costa, documento que todavía duerme desde el año 2007 en el Ministerio de Medio Ambiente. Creemos que esta es la vía. En el siglo XXI no es posible continuar diciendo que el progreso económico y la actividad económica son incompatibles con el medio ambiente. Creo que es una cuestión de miopía del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, vaya concluyendo, por favor.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Estoy segura de que si la playa pudiera hablar lo que haría sería gritarnos a todos que ya está bien.
El señor PRESIDENTE: Doña Arantza Tapia, tiene tres minutos, por favor.
La señora TAPIA OTAEGI: Intervengo muy brevemente.
También nuestro grupo se va abstener en este caso, no porque estemos en contra del mantenimiento de los chiringuitos, sino precisamente por la palabra mantener. Creemos que es compatible proteger y garantizar el medio ambiente, no desfigurando las playas y, al mismo tiempo, no perjudicando la actividad económica, pero
hay que analizar en cada uno de los casos la situación orográfica, la situación social y las necesidades concretas. En algunos casos habrá que mantenerlos y quizás en otros, no. Además se da la circunstancia de que hay otros aspectos también relacionados con las playas como en el caso del País Vasco, donde las playas son muy estrechas y muy pequeñas, lo que también afecta a la colocación de toldos, que ha causado algún problema en la pasada legislatura, el año pasado, aunque espero que en la próxima Ley de Costas podamos solucionarlo. En este momento, tal y como está presentada la PNL creemos que es mejorable, tal y como comentaba el compañero de Convergència i Unió. Por tanto, nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: A los efectos simplemente de que nos comunique si acepta o no las enmiendas que se han defendido, don Carmelo Romero tiene la palabra.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Señor presidente, todas las enmiendas van a ser rechazadas por este grupo. No se acepta ninguna.
- SOBRE LA REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000205.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al debate del siguiente punto del orden del día que se refiere a la proposición no de ley sobre la revisión del Plan Hidrológico Nacional. Iniciativa presentada por La Izquierda Plural y para su defensa tiene la palabra la diputada doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esta propuesta es fruto de una preocupación a raíz de la comparecencia del propio ministro en esta Comisión manifestándose a favor de nuevos trasvases. Es una iniciativa para frenar la vuelta al pasado y abrir las heridas que ya provocó el intento de Plan Hidrológico Nacional de enfrentar territorios y también de proponer una alternativa muy agresiva contra el medio ambiente. De hecho, es una propuesta que se debatió hace una semana en el Parlamento de Cataluña y fue votada por la mayoría de los grupos parlamentarios. Por tanto, ya tiene también el aval del Parlamento de Cataluña. Lo que proponemos en esta iniciativa es reorientar la acción del Gobierno y que se instalen los principios de la nueva cultura del agua en el siglo XXI. Una gestión del agua basada sí en la solidaridad, pero también en la solidaridad teniendo en cuenta que el agua es un recurso escaso y un recurso limitado y más en un territorio como el Estado español. Los principios de la nueva cultura del agua basados precisamente en la subsidiariedad, en la sostenibilidad ecológica y social, en el ahorro, en la reutilización y en la eficiencia, de acuerdo con los principios de la Directiva-marco del Agua que habla de no trasvases. Nuestro grupo parlamentario habla de no trasvases en el Ebro, pero también desde cuencas externas. Aquí se hace referencia a la petición de Convergència i Unió que vuelve a abrir la pesadilla del trasvase del Roine. Hoy ni económicamente es viable ni es necesario por los deberes que en Cataluña hizo el anterior Gobierno, que aprobó el Plan de cuencas, pero también invirtió en infraestructuras para un ahorro y un uso del agua de manera eficiente. Hoy podemos decir, por ejemplo, que Cataluña es la región europea que menos agua consume y es hacia ahí donde tenemos que ir, no a acumular el gasto de agua que se hace en algunas zonas, con una planificación urbanística completamente de espaldas a los recursos que tiene el territorio. Lo que solicitamos, por un lado, es que el Congreso de los Diputados proclame su firme oposición a cualquier modificación del vigente Plan Hidrológico Nacional que pretenda imponer trasvases y, por otro lado, que se inste al Gobierno, en primer lugar, a aprobar con urgencia el plan de gestión de la cuenca del Ebro y, dentro de este, incorporar la definición de los caudales ecológicos y, en segundo lugar, no incorporar propuesta alguna de trasvase de recursos hídricos. Creo que sería un mal comienzo de legislatura no blindar un tema que es tan delicado para los territorios, pero que también tiene un impacto medioambiental muy amplio. Se han propuesto enmiendas y ya me posicionaré después de los grupos para decir cómo quedaría.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. Una por el Grupo de Convergència i Unió y para su defensa tiene la palabra don Martí Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Como bien ha explicado la ponente de la proposición no de ley, la señora Ortiz, queda claro que, aunque hayamos llegado a un consenso en la propuesta, partimos de modelos diferentes. En todo caso, coincidimos en la defensa del río Ebro a su paso por las tierras del Ebro. Somos conscientes de que el río es un bien necesario para el desarrollo de las comarcas que lo envuelven y que le son fronteras. No quiero entrar en ningún debate de modelo. En el Parlament de Catalunya quedaron bastante claras las diferencias. Lo que sí agradecemos es que la señora Ortiz haya retirado la parte de la proposición no de ley que imposibilitaba el trasvase del Roine hacia las tierras de Cataluña o hacia el resto de España para poder llegar a un consenso.
Desde mi grupo defenderemos siempre el río Ebro. Nos opondremos a cualquier intento de trasvase, como dijimos al señor ministro en la comparecencia, pero nuestra posición es racional y sustentada en datos técnicos que el Govern de la Generalitat puede validar, basados en estudios técnicos que dejan clara, con gran evidencia, la imposibilidad de reducir más el caudal del río sin perjudicar gravemente el ecosistema del delta y los intereses agrícolas y productivo de la zona. Sabemos
que el agua nunca sobra. El ministro pidió solidaridad entre territorios. Le recordamos que la solidaridad no debe afectar negativamente a los mismos territorios que la ofrecen y este es el caso que nos ocupa. Por eso hemos presentado una enmienda en la que dejamos claro que, desde concepciones diferentes, coincidimos en el objetivo básico. Mantendremos, desde nuestro grupo parlamentario y desde el Govern de la Generalitat, el interés para ir trabajando en el trasvase del río Roine a Cataluña. Creemos que es una alternativa para asegurar el suministro de agua de una forma constante. Nos mantenemos en nuestra apuesta para estudiar el trasvase como modelo alternativo de abastecimiento de agua ante un modelo exclusivo de desalinizadoras. Es necesario aprobar con urgencia el plan de gestión de la cuenca del Ebro e incorporar la definición de los caudales ecológicos en toda su cuenca, en especial los propuestos por la Comisión para la sostenibilidad de las tierras del Ebro. En este caso, apoyaremos la enmienda final que salga de la transacción, apoyando también el interés que otro partido político, el Partido Socialista, ha tenido en que el objetivo no solo fuese defender el río Ebro sino también otras cuestiones más generales para el resto del Estado.
El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda presentada a esta iniciativa por parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Lo primero que hay que poner de manifiesto, como decía la proponente, es que es una iniciativa que surge como consecuencia de la comparecencia del ministro, una comparecencia que lejos de tranquilizar a los grupos parlamentarios en lo que se refiere a la gestión del agua en nuestro país, puso de manifiesto cierta confusión y cierta alarma, y lo puso, porque si realmente queremos gestionar un plan hidrológico serio, lo primero que debemos hacer es debatir desde el consenso, siguiendo las directrices de la Directiva-marco del Agua, con las organizaciones de regantes, ecologistas y con todas las comunidades autónomas. El error que cometió el Partido Popular en el anterior Gobierno fue precisamente imponer un modelo de agua sin consenso de las comunidades autónomas y mantener diferentes posiciones en diferentes comunidades, que impidieron además que se garantizara el abastecimiento de agua en las zonas deficitarias y sobre todo que se hiciera una apuesta clara por la gestión del agua en un momento de sequía como el que hubo en aquel momento y que se puede repetir en estas circunstancias.
Es evidente que apoyamos, como lo hicimos en el Parlamento de Cataluña y también en las Cortes de Aragón, el grueso de la propuesta que presenta la portavoz de Iniciativa, pero también era muy importante para nosotros hablar de culminar el compromiso de la trasposición de la Directiva-marco del Agua, en lo que se refiere a los planes de gestión de las distintas cuencas hidrográficas. Creemos que no se puede hablar de ninguna modificación del Plan hidrológico si no se han culminado los planes de cuenca de todas y cada una de las cuencas hidrográficas de nuestro país y, por tanto, no se ha tenido en cuenta la opinión ni se han consensuado las posturas en cada una de las cuencas con los regantes, las organizaciones ecologistas y los representantes de los ciudadanos. Este es el trabajo que tenemos que culminar y creemos que es importante que se continúe esa dirección.
Para nosotros también era muy importante, y por eso lo añadimos en nuestra enmienda, continuar con los planes de ahorro y de eficiencia y garantizar las infraestructuras necesarias para poder hacer frente a los episodios de escasez que viven algunas regiones, garantizar agua a las regiones en las que hay escasez, como hizo el Programa AGUA y como hicimos durante los últimos ocho años, así como apostar por una planificación de recursos hídricos que haga frente a los episodios de sequía.
Señorías, con esto acabo. Estamos de nuevo ante un episodio preocupante de sequía y para enfrentarse a la sequía es fundamental prevenir sus efectos, gestionarla y anticiparse a ella. Para ello es muy importante utilizar los recursos de una forma racional y eficiente y, sobre todo, desarrollar un uso que parta de la concienciación respecto a la escasez de los mismos que permita prevenir y paliar los efectos de esta eventual sequía. Si a la escasez que existe en algunas regiones le sumamos este posible episodio de sequía y no hacemos nada por anticiparnos a ella tendremos problemas serios. El ministro siempre habla de la herencia recibida. Puedo hablarles de la herencia en esta materia que recibió el Partido Socialista cuando llegó al Gobierno: obras licitadas sin adjudicar durante años, obras paradas sin justificar y necesidades ignoradas, los planes de sequía sin iniciarse o las emergencias hechas con motivo de la anterior sequía echadas a perder por falta de conservación. Por eso entendemos que es el momento de una política seria, consensuada con las comunidades autónomas y con todas las organizaciones, que garantice el agua en todos los territorios.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, ¿quiere intervenir algún grupo? Tiene la palabra por un tiempo máximo de tres minutos el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular y me gustaría hacerlo en mi doble condición, como representante del Grupo Parlamentario Popular, pero también como diputado por una circunscripción como Navarra, que forma parte de la cuenca del Ebro. Es importante hacerlo desde otra perspectiva que no sea la catalana, porque la cuenca del Ebro la conforman nueve comunidades autónomas, pero por lo que se lee en la exposición de motivos, por todo lo que se ha hablado y por el petitum que hacen, parece que solo está formada por una comunidad autónoma y no por nueve como realmente son. Estas nueve comunidades autónomas que conformamos
la cuenca del Ebro tenemos problemas, tenemos sequías, tenemos inundaciones, hemos dado solidaridad y hemos recibido solidaridad. Les digo esto porque, por lo que dicen en su proposición no de ley, parecen ignorar este hecho. Basta una simple lectura para ver cómo se centran en esta PNL en Cataluña y en el delta del Ebro y olvidan a todos los demás, patrimonializando un bien de todos, como es el Ebro y su agua. Nos parece muy bien que se hable de Cataluña, nos parece muy loable que se hagan y se pidan cosas para Cataluña, pero no creemos ni bueno ni oportuno que se olvide al resto de las comunidades autónomas y a los habitantes del resto de la cuenca. No se puede patrimonializar. La proposición no de ley no habla ni de Navarra, ni del País Vasco y sus trasvases, ni de La Rioja, ni del Pacto del agua en Aragón, ni de Castilla y León, ni de Castilla-La Mancha, ni de la propia Valencia, es decir, La Izquierda Plural solo plantea un tema, la situación de Cataluña, pero con el agua de la cuenca, y solamente tiene una visión de Cataluña. Sobre la base de todo ello, hace un petitum de tres cuestiones que brevemente les voy a contestar.
Una de ellas es aprobar con urgencia un plan de gestión de la cuenca del Ebro. Quisiera decirles que el Gobierno, con el apoyo de este grupo parlamentario, tiene previsto tramitar con la máxima celeridad un plan hidrológico de la demarcación del Ebro. Con esta determinación y en un plazo reducido se iniciará el proceso de información y participación pública de una primera propuesta de este plan de demarcación durante un plazo mínimo en el que se podrá conocer el texto y se podrán presentar las oportunas alegaciones. Dicha propuesta incorporará los caudales ambientales para los puntos estratégicos de la demarcación, incluido el delta del Ebro. Todas estas determinaciones se desarrollarán de acuerdo con la legislación vigente y, por tanto, el debate sobre los caudales ecológicos que proponga la Comisión tendrá cabida en el periodo de información pública.
En cuanto al segundo punto, no incorporar propuesta alguna de trasvase de recursos hídricos desde los ríos de la cuenca del Ebro, quisiera manifestar que conforme a la normativa y a la legislación un plan de demarcación no puede incorporar ninguna propuesta de trasvase; esto lo tiene que realizar un plan nacional. Esto es así. Incluso documentos como el Plan de gestión de las cuencas fluviales de Cataluña, aprobado en septiembre pasado, no contemplan ningún tipo de trasvase.
En el tercer punto dice: Convocar de forma urgente a la Comisión para la sostenibilidad. El Gobierno central no puede convocar a un órgano que ha sido creado por la Generalitat de Catalunya y que ha sido adscrito a un departamento de medio ambiente de la Generalitat de Catalunya. Lógicamente, tiene que ser la Generalitat de Catalunya la que tiene que ser requerida para que pueda alegar. La Generalitat de Catalunya podrá convocar a la Comisión de sostenibilidad, pero no se la puede puentear.
Por todas estas cuestiones, el Grupo Popular no puede ni aceptar ni votar a favor esta PNL, pero ya que la portavoz del Grupo Socialista ha dicho que el Partido Popular impone un modelo del agua, le quisiera decir una cosa: El Plan hidrológico nacional fue aprobado por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios y lo que ustedes modificaron lo hicieron de un plumazo y sin ningún tipo de consulta ni exposición pública, simplemente anularon el Plan hidrológico nacional con todos los problemas que tuvimos por esa situación. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Sobre la base de esta situación y por no tener un plan hidrológico nacional, en estos momentos España tiene un gravísimo problema de sequía y unos graves problemas de enfrentamiento regional. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE:A los efectos de manifestar si acepta alguna de las enmiendas que se han defendido, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Lejos de imponer una visión patrimonialista del agua, sino precisamente...
El señor PRESIDENTE: No, no, señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Es la introducción a cómo quedaría el texto final. Lejos de que la intención de esta iniciativa... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego que se atenga a lo que han hecho todos los portavoces hasta ahora.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor presidente, voy a explicar cómo va a quedar la transacción. (Rumores. Un señor diputado: Llevamos siete proposiciones en dos horas. Déjela hablar, hombre.)
El señor PRESIDENTE: Los debates los ordena esta Presidencia. El turno es para que usted manifieste qué es lo que acepta o no. Lo han hecho todos los portavoces, todos los autores de las iniciativas que se han defendido aquí.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor presidente, para poder explicar el contenido de una transacción a dos grupos más el texto inicial de la proposición, puedo dar explicación del texto original.
El señor PRESIDENTE: No. Señora Ortiz, le ruego que se atenga a las indicaciones de esta Presidencia, que es quien ordena los debates.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: En primer lugar, me gustaría pedir la votación separada del primer párrafo, que está entrecomillado, porque aquí no solo se habla del Ebro, sino que se manifiesta la filosofía en contra de los trasvases, una filosofía de acuerdo con la Directiva-marco del Agua.
En segundo lugar, quiero decir que el primer punto quedaría igual -ahora repartiré el texto de la transacción
a los grupos parlamentarios-; que en el segundo punto se eliminaría la parte de la frase que habla de las cuencas externas; que el tercer punto quedaría eliminado y que se añadirían dos puntos, de acuerdo con lo que pedía el Grupo Socialista, precisamente para incorporar la demanda y las necesidades y escasez de agua de otros territorios, llevándose a cabo siempre esa gestión dentro del marco del Plan hidrológico nacional, de acuerdo con los principios de ahorro y eficiencia y con lo que marca la Directiva-marco del Agua, que siempre habla de dejar fuera los trasvases como método para garantizarla. Nosotros, desde la solidaridad, creemos que esta es una propuesta que incluye y abastece a todo el territorio de acuerdo con principios ecológicos y de subsidiariedad.
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, le rogaría que me hiciera una aclaración. Por lo que veo, estamos ante una transaccional.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Es una transacción con enmiendas del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Le rogaría que nos la facilitara a la Mesa para proceder a la votación.
- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS SALINAS DE CALPE (ALICANTE). PRESENTADA POR GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000238.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley sobre la protección de las salinas de Calpe (Alicante), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Campos Arteseros.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Quiero empezar hablando del precedente. El precedente es una proposición no de ley, ya debatida en el Congreso de los Diputados, de septiembre de 2005, una iniciativa que ya hablaba de un plan integral de actuación en las salinas de Calpe. Por tanto, ya se han hecho cosas en ese sentido y en lo que propone la actual PNL: se pararon los vertidos que se estaban produciendo, porque cuando se presentó aquella PNL la agresión sobre las salinas de Calpe era constante; se garantizó la renovación del agua -parecía que alguien pretendía que aquello se acabará convirtiendo en aguas putrefactas que hubiera que tapar, pero, todo lo contrario, el Gobierno siguió garantizando esa renovación del agua-; se diseñó el plan; se mantuvo un diálogo constante con el ayuntamiento, ya fuera socialista o del Partido Popular, y se mantuvo una defensa legal del dominio público marítimo-terrestre. Quiero reiterar, como dice la PNL que hoy debatimos, que todo ha sido fruto de un trabajo de los colectivos vecinales, de muchos vecinos y muchos colectivos que quieren y defienden las salinas de Calpe y a los que suma de forma decidida el Partido Socialista Obrero Español. La Generalitat y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana no tienen las ideas claras. La prueba es que tras veinticinco años desde que se protegió el Peñón de Ifach, por cierto por un Gobierno socialista, el de Joan Lerma, no ha vuelto a tomar ninguna iniciativa para proteger este paraje. Es necesario el consenso, es necesario el trabajo común, como proponíamos antes.
Sobre la PNL que planteamos hoy, con leer el texto queda bastante claro lo que pedimos, y es que haya esa unidad de acción de las diferentes administraciones, de la Generalitat, del ayuntamiento y del propio Gobierno, para que haya un plan integral de actuación en las salinas de Calpe que suponga garantizar su carácter público y su protección y además permita recuperar ese espacio para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Dicho plan deberá contemplar medidas de ordenación del territorio de las administraciones competentes que garanticen su conservación. En segundo lugar y no menos importante, proponemos que se mantenga la defensa legal ante los tribunales -que es la situación que hay actualmente- de este espacio como parte del dominio público marítimo-terrestre. ¿Por qué la PNL? Porque ha cambiado el Gobierno. La pregunta es: ¿Ha cambiado el interés del Gobierno sobre la protección de las salinas? Lo que se pretende garantizar es ese interés y esa protección.
Acabo. Sobre la enmienda presentada, quiero decir que nuevamente se va a remolque de las proposiciones no de ley del Grupo Socialista. Creo que voy a presentar unas cuantas más sobre las salinas y así acabaremos consiguiendo que se haga algo allí, porque cada vez que el Grupo Socialista propone una actuación en este Congreso, el Gobierno local hace un plan de protección y la Generalitat anuncia la protección. Ya digo, un par de PNL más y lo conseguiremos. El otro día, la consellera anunció que ahora sí iba a actuar para proteger las salinas y aumentar su grado de protección, pero eso se puede hacer ya, ahora, no hace falta que le insten el Gobierno, el Congreso de los Diputados ni nadie. Lo que deben hacer, como digo, es hacerlo. El último que lo hizo fue Joan Lerma, presidente de la Generalitat, hace veinticinco años, protegiendo el Peñón de Ifach. Por tanto, se puede hacer.
Animo a los diferentes grupos, porque sé que aquí hay grupos como Esquerra Unida del País Valencià y otros que tienen esta misma línea de actuación. Tenemos que pasar a la ofensiva. No podemos estar con las salinas de Calpe a la defensiva. ¿Por qué? Porque son muchos los intereses y nuestro interés debe estar en defender este espacio natural, por el medio ambiente, por calidad de vida y también, por qué no decirlo, por una razón económica, de atractivo para la ciudad, para la comarca de la Marina Alta y para la provincia de Alicante.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, doña Macarena Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Usted decía: pasar a la ofensiva. Después de siete años. Esta iniciativa la trajeron ustedes en el año 2005 para su aprobación. Usted pedía en ese momento al ministerio, al Gobierno de España, en el que ya había miembros de la provincia de Alicante, que se comprometiese a poner en marcha ese plan. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Que siete años después, ante la incapacidad manifiesta del Gobierno socialista, de nuevo traen una iniciativa a esta Cámara. La diferencia es, fíjense, que lo que ustedes han demostrado no ser capaces de hacer en siete años, nosotros lo hemos hecho en siete meses. Esa es la gran diferencia.
Usted además se retrotrae al pasado y dice que la protección del Peñón de Ifach viene de un Gobierno socialista. Pues le recordaré que también de un Gobierno socialista venía el Plan general de ordenación urbana de Calpe, donde no se protegía para nada a las salinas. (El señor Campos Arteseros: Sí, sí.) No, en absoluto. Posteriormente y gracias a un Gobierno del Partido Popular se establece esa protección. Además, lo decía usted esta mañana: qué malos son los diarios de sesiones. Efectivamente en el propio "Diario de Sesiones", si nos vamos al debate que se celebró en el año 2005, veremos que ahí se reconoce. Lo que usted decía era que debía ser el Gobierno el que lo presentara, sabiendo perfectamente que esas competencias son de la Generalitat. (El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben.) Usted ha tenido su tiempo. Por favor, le pido que me deje expresarme. Señor presidente, me cuesta mucho hablar por encima de otra voz que se oye de fondo.
El señor PRESIDENTE: Señor Campos, por favor. (Rumores.) Ruego a las señorías presentes que guarden un discreto silencio, porque es difícil oír las intervenciones con claridad. Señora Montesinos, prosiga.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Como decía, han pasado siete años sin que el Gobierno socialista hiciera absolutamente nada, de acuerdo con esa foto a la que tan acostumbrados nos tiene de un Gobierno absolutamente fuera de la realidad. A nosotros nos van a tener siempre, porque estamos abiertos a participar, a apoyar y a defender cualquier iniciativa que suponga un compromiso con la sostenibilidad, el respeto a la naturaleza y el medio ambiente, y precisamente por eso hemos presentado una enmienda de sustitución a su texto.
Quisiera no solamente leerle esa enmienda, sino recordarle, porque usted hacía mención a ello, que el alcalde de Calpe, César Sánchez, recién estrenado hace siete meses, se comprometió ya en la campaña electoral a dotar de esa protección a las salinas de Calpe. Sumándose a ello, la propia consellera, la señora Boning, acordó con el alcalde -un trabajo que vienen desarrollando a lo largo de estos siete meses- el compromiso de dotar a las salinas de Calpe de la figura más adecuada incluida en la Ley de espacios naturales protegidos de la Generalitat valenciana. Para nosotros, qué mayor y mejor plan integral de actuación, como usted proponía, que aspirar a declararlo parque natural. No podemos olvidar que las salinas de Calpe son una zona húmeda de innegable importancia. Sus características le dan un carácter seminatural, cuya pervivencia ha estado íntimamente ligada a la acción antrópica, dado que han llegado a la actualidad después de siglos de explotación industrial salinera. Evidentemente, lo anterior es así porque la Administración, junto con los particulares, la Universidad de Alicante y diversas asociaciones han venido adoptando las determinaciones jurídicas precisas que han permitido que dicho espacio hoy sea público en su totalidad. Buena prueba de lo anterior lo encontramos en el fundamento de derecho tercero de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del 22 noviembre del año 2005. Dice así: Ha de concluirse que la zona húmeda conocida como saladar no ha sufrido ataque a la protección que la normativa de la Comunidad Valenciana le ha otorgado, de manera que sobre la misma no se ha previsto ningún tipo de edificabilidad...
El señor PRESIDENTE: Señora Montesinos, le ruego que vaya acabando. Ha terminado su tiempo.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Termino, señor presidente.
Sobre la misma no se ha previsto ningún tipo de edificabilidad o uso que no sea el público, hasta tal punto que el Ayuntamiento de Calpe se ha adjudicado su titularidad. Por tanto, no pudiendo terminar, pero haciendo referencia a esa sentencia, quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular, si el Grupo Parlamentario Socialista no aprueba su enmienda, presentará una iniciativa con el texto que dice nuestra enmienda, que no es otro que el de promover en el plazo más breve posible, con la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Calpe, que se dote a las salinas de Calpe de la figura más adecuada incluida en la Ley 11/1994, de 27 diciembre, de la Generalitat valenciana, de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana, culminando de este modo un proceso de recuperación y protección llevado a cabo por los diferentes actores sociales a lo largo de varias décadas.
El señor PRESIDENTE: Señora Montesinos, de la enmienda disponen todos los grupos.
¿Algún grupo quiere intervenir para fijar posición sobre esta cuestión?
El señor CAMPOS ARTESEROS: Si no cambia sustitución por adición, al no aportar nada, no la podemos admitir.
- RELATIVA A LA MEJORA DEL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000243.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la mejora del sector de frutas y hortalizas. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular, cuyo portavoz, don Jesús Caicedo, tiene la palabra por un tiempo máximo de cinco minutos.
El señor CAICEDO BERNABÉ: El Grupo Parlamentario Popular trae a la Comisión una proposición no de ley sobre la mejora del sector de frutas y hortalizas. El sector de frutas y hortalizas español ha sufrido, por causas sobradamente conocidas, precios bajos en origen e incidencia de la E. coli, competencia de las fuertes importaciones de la Unión Europea y de terceros países, un duro y difícil ejercicio en el año 2011. La resultante de todas estas incidencias ha sido una caída en su rentabilidad, que lógicamente ha generado una seria preocupación entre los agricultores profesionales por la sostenibilidad en el corto plazo de sus explotaciones. Según la última estimación sobre las macromagnitudes del sector agrario hecha pública por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el sector ha soportado en el ejercicio pasado un alza media nacional de sus costes fijos en fertilizantes, fitosanitarios, energía y semillas del orden de 14,4 por ciento en relación con el año anterior, una subida de costes excesivamente elevada, que hace muy difícil su repercusión y traslado al precio del producto. También ha habido una más que discutible política de precios bajos que aplican tanto los mayoristas en destino como la gran distribución, especialmente esta última en nuestro propio país, al tener una mayor capacidad del control del precio finalista que inevitablemente traslada a lo largo de la cadena de agentes hasta el eslabón último en origen, los productores. Asimismo, la competencia irregular, tanto con respecto a las cantidades contingentadas como a los precios de entrada de la producción de terceros países -Marruecos especialmente, pero también de los demás países del arco mediterráneo- causa perjuicios severos a nuestra producción, al tener que adaptarse esta, guste o no, a los precios ultracompetitivos de los productos de esos países, que, al tener acuerdos preferenciales con la Unión Europea, disfrutan de claras ventajas competitivas, dado que tienen todo tipo de costes de producción mucho más bajos que los españoles.
Se hace necesario, por todo lo anteriormente expuesto, adoptar una serie de medidas para superar esta etapa y devolver al sector de frutas y hortalizas la rentabilidad suficiente para garantizar su sostenibilidad. Por todo ello, se insta al Gobierno a incentivar la concentración de la oferta en origen mediante la oportuna fusión de cooperativas, a impulsar que las organizaciones de productores de frutas y hortalizas se doten de la capacidad jurídica suficiente para su actuación en la negociación colectiva con en la industria y, en su caso, con la distribución.
Con permiso, señor presidente, me gustaría aprovechar para presentar una enmienda de adición. Para poder aplicar en materia de frutas y hortalizas la negociación colectiva de cooperativas o asociaciones en origen con la industria de la distribución es necesario acogerse a la normativa comunitaria del sector lácteo. El acuerdo de la Comisión y del Parlamento Europeo entrará en vigor a partir del mes de julio. Hay que tener presente las peculiaridades del sector -cultivo intensivo en poca superficie- ante el planteamiento de la Comisión de la nueva propuesta de reforma de la PAC. Es necesario fomentar los programas de promoción para incrementar las exportaciones, mejorando a la par la imagen mediante la potenciación de la tipificación de las normas de calidad y garantizando la trazabilidad, especialmente en los nuevos mercados. Es necesario reclamar en la Unión Europea la mejora en la vigilancia y control de las importaciones dentro del territorio comunitario y que se hagan cumplir con exactitud los compromisos y acuerdos firmados antes de adoptar nuevos acuerdos con países terceros que asimismo controlen la trazabilidad de los productos que se importan.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado enmiendas por parte de los grupos parlamentarios Popular, Convergència i Unió y Socialista. De menor a mayor, para su defensa, en representación del Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Mi grupo ha presentado una enmienda que pretende, como ya hemos comentado, que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, que tenemos competencias exclusivas en materia de agricultura, en concreto, en las materias recogidas en los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley. Entendemos que no pasaría nada si se pudiera recoger esta cuestión en el texto de la PNL. No digo que haya que poner en todos los puntos la parte competencial, pero sí que en algún sitio se recoja, como bien ha dicho antes, que no se podría llevar a cabo sin las comunidades autónomas que somos competentes en esta materia. Creo que es un tema de voluntad política ponerlo o no y parece que no lo quieren poner. En principio, esto no altera el hecho de que estemos de acuerdo con la proposición no de ley -no nos vamos a enfadar por eso-, pero sí nos hubiera gustado obtener este reconocimiento. Para ustedes no supone nada y para nosotros supone mucho el hecho de que esté puesto.
En cualquier caso, cuando ha leído la proposición no de ley, en el último punto se ha quedado en los productos que se importan. ¿Ha habido alguna modificación en el último apartado de la PNL presentada? Es una pregunta.
El señor CAICEDO BERNABÉ: Ha habido una enmienda.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Vale, es que no lo ha leído.
El señor PRESIDENTE: Señores portavoces, les ruego que no mantengan un diálogo entre ustedes. En todo caso, lo tienen que hacer a través de la Presidencia. Me refiero al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular y a usted mismo, señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Pido disculpas, señor presidente. Quizá por ser nuevo no tengo cogida del todo la mecánica. Está claro que esto no es como en el ayuntamiento.
Dicho esto, todavía estamos a tiempo para que recojan esta consideración del marco competencial de las comunidades autónomas. Tanto si lo aceptan como si no -si lo aceptan mejor- votaremos a favor de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor..., Sicilia. Disculpen, señorías, esta inseguridad, porque estamos empezando y muchos de ustedes son nuevos. Doy por hecho que en la próxima Comisión esto no se producirá.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, no se preocupe porque a este portavoz en este momento le ocurre exactamente lo mismo con muchas de sus señorías. Somos nuevos y nos cuesta reconocer los nombres de cada uno de ustedes.
Compartimos la preocupación por la difícil situación que atraviesa el sector hortofrutícola de nuestro país. Es una preocupación que tenemos todos, como muestra esta proposición no de ley. Esta iniciativa no va a acabar con esa preocupación, al menos en parte. No va a acabar con la preocupación del sector una iniciativa vacía de contenido y que no es más que una mera declaración de buenas intenciones. Es una declaración vacía porque en nada se compromete con el sector y en nada compromete al Gobierno para que pueda actuar en favor del sector. Es una iniciativa, como les digo, vacía, que lo único que busca es que el Partido Popular pueda quedar bien con el sector hortofrutícola en algunas provincias en las que, por cierto, se juegan algún que otro parlamentario andaluz, y después del varapalo que ha supuesto el acuerdo con Marruecos evidentemente van a tener muy difícil justificar su actuación. Es una iniciativa que solo vale para que el día de mañana los parlamentarios del Partido Popular puedan dar una rueda de prensa en aquellas provincias en las que hace meses prometieron que iban a ser capaces de parar este acuerdo en Europa; prometieron al sector hortofrutícola que iban a ser capaces de ponerse fuertes ante Europa, que iban a hacer valer su mayoría en Europa, mayoría en todos los órganos de la Unión, y a las primeras de cambio hemos comprobado que eso no ha sido así, pero tienen que justificar esa actitud y ahora no les queda más remedio que presentar esta proposición no de ley que, como digo, no tiene ningún contenido y que en nada se compromete con el sector ni compromete al Gobierno. Quizá es por eso por lo que han decidido retirarla del Pleno. Se han dado cuenta de que esta iniciativa, tan escasa en sus compromisos, se les iba a quedar grande en el marco del Pleno de este Congreso y han decidido retirarla y traerla a la Comisión.
Sería tan sencillo como que ustedes, señores del Partido Popular, señor Caicedo, comprometieran algo más a su grupo y al Gobierno al que sustentan. Hablan de incentivar la concentración; lo que nosotros les pedimos es que traigan a esta Cámara, tal y como anunció el ministro, el proyecto de ley que facilite esa integración. Hablan de tener presentes las peculiaridades del sector ante la reforma de la PAC. ¡Faltaría más! ¿Cómo no lo van a tener presente si son las características propias de nuestro sector hortofrutícola? Lo que pedimos es una PAC fuerte que garantice que al menos mantengamos la misma ficha financiera que en estos momentos tenemos. Hablan de fomentar programas de promoción. Comprométanse, díganle a su Gobierno no solo que fomenten sino que financien o al menos que cofinancien esas campañas de promoción. Control de trazabilidad, sean ustedes más exigentes, señor Caicedo -voy terminando, señor presidente-. Lo que hace falta y lo que necesita el sector hortofrutícola no son brindis al sol, no son meras declaraciones sino una apuesta importante y más en estos momentos de crisis económica, más sabiendo que este sector tiene problemas importantes, problemas endémicos, pero, sobre todo, viendo el varapalo que ha supuesto para el mismo ese acuerdo con Marruecos. Por cierto, también pedimos que se exija que pueda haber compensaciones al sector. Ustedes ya han dicho, por boca del ministro, que eso no lo van a hacer. De hecho, han tachado de alarmistas a las organizaciones profesionales, a las que luego les pedirán colaborar para defender los intereses del sector ante la reforma de la PAC. Compromisos y no brindis al sol.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean intervenir para fijar su posición? (Pausa.) En nombre de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella, viejo conocido de esta Cámara.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo para expresar nuestra opinión, porque al escuchar la intervención del portavoz del Grupo Popular la verdad es que uno se sorprende, porque resulta que el grupo que tiene a su alcance el Boletín Oficial del Estado nos viene con una proposición no de ley que está vacía de contenido. Eso podría tener alguna explicación en otro grupo, pero en el que tiene a su alcance, repito, el Boletín Oficial del Estado, nos preocupa.
Estamos hablando de un problema que ha expuesto muy bien el portavoz del Grupo Popular para el que se necesitan actuaciones y estas no pueden consistir solamente en declaraciones más o menos testimoniales. Hace
falta actuar, pero a quien sigue la lógica del mercado luego le cuesta mucho más trabajo evitar que los especuladores se adueñen de los beneficios. Lo que hay que hacer es intervenir para que quien está llevándose la parte gorda deje de hacerlo. Eso tiene nombre y apellidos, que son conocidos, y además existe cierta benevolencia por parte de la legislación. Creemos que hay que intervenir. Es un sector al que el acuerdo con Marruecos le ha dejado al borde de la desesperación y que desde el Gobierno, desde la Administración tiene que recibir algo más que palabras. Por eso no basta con lo que hoy nos propone el Grupo Popular, que no es que esté mal, pero, repito, en boca de quien tiene el Boletín Oficial del Estado nos parece que es una tomadura de pelo.
Estamos dispuestos a apoyar la enmienda que plantea el Grupo Socialista, porque creemos que daría más contenido y más profundidad a la propuesta.
El señor PRESIDENTE: El autor de la iniciativa tiene que expresarnos su posición respecto a las enmiendas que se han defendido.
Tiene la palabra el señor Caicedo.
El señor CAICEDO BERNABÉ: No las vamos a aceptar, porque si empezados por la primera, del Grupo Socialista...
El señor PRESIDENTE: Señor Caicedo, tiene la palabra simplemente a los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas. Voy a tratar a todos los grupos igual.
El señor CAICEDO BERNABÉ: Señor presidente, también tengo que contestar. El señor Centella va muy rápido, hace honor a su apellido. Y hablando del PSOE, es que no se acuerdan de nada.
El señor PRESIDENTE: Señor Caicedo, le ruego que se atenga a las indicaciones de esta Presidencia.
¿Cuáles son las enmiendas que se aceptan y cuáles no?
El señor CAICEDO BERNABÉ: No se van a aceptar las enmiendas.
- SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000336.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la calidad del aire.
Tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Señorías, el Grupo Socialista presenta a esta Comisión una iniciativa sobre uno de los retos medioambientales más importantes de nuestro país, que es el de mejorar y velar por la calidad del aire que respiramos. Es un reto medioambiental, pero también de salud pública, tal y como recogimos en la última ley aprobada en esta Cámara la pasada legislatura, es decir, en la Ley de Salud Pública.
Como todos ustedes saben, señorías, según todos los expertos, concretamente los expertos en enfermedades respiratorias y en medio ambiente, la contaminación atmosférica es uno de los mayores problemas de salud a nivel local y mundial en la actualidad, ya que favorece la aparición o el agravamiento de enfermedades respiratorias o asociadas a ellas, como son las vasculares e incluso los cánceres. El Ministerio de Medio Ambiente español cifra en 16.000 el número de personas que mueren prematuramente a causa de la contaminación del aire, y según la Unión Europea se producen 370.000 muertes al año por esta causa en la zona europea. Pero si vamos a los estudios de la Organización Mundial de la Salud los datos todavía son más rotundos. En el año 2006 se afirmaba que 2 millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación del aire y la mitad de estas muertes se produce en los países desarrollados a causa de lo que supone la contaminación originada por industrias y por tráfico.
Por si eso fuera poco, señorías, los informes más recientes ponen de manifiesto que España es el único país de la Unión Europea que excede la emisión de tres de los cuatro contaminantes permitidos. Este incumplimiento ha llevado, de hecho, a que la Agencia Europea de Medio Ambiente haya recomendado Gobierno español que endurezca la legislación y que amplíe el número de contaminantes controlados antes del año 2020. Nos preocupa esta situación, señorías, que nos obliga a cumplir con las directivas europeas, a ser más exigentes con las políticas de misiones, a medir mejor y de forma más transparente nuestra calidad del aire y a liderar, junto al resto de las administraciones, actuaciones inmediatas para hacer cumplir los objetivos del Plan de calidad del aire aprobado por el anterior Gobierno hace tan solo unos meses. El Plan nacional de mejora de la calidad del aire se basa precisamente en las directivas europeas, en la directiva del Consejo relativa a la calidad del aire y a una atmósfera más limpia, y también en la relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos en el aire ambiente. Esta directiva ponía de manifiesto la necesidad de aprobar un Plan nacional de mejora de calidad del aire con objetivos ambiciosos, tal y como hizo el Gobierno anterior; un plan que tiene como objetivo general lograr lo antes posible el cumplimiento de los valores límite para todas las zonas en las que existan superaciones, así como también reducir las emisiones de los precursores de ozono, en concreto, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.
Este plan, además, afrontaba iniciativas en todos los campos, en lo que supone la coordinación y mejora de los sistemas de monitorización; la mejora y la simplificación del acceso a la información para ser más transparentes de cara a los ciudadanos; medidas destinadas a reducir las emisiones del tráfico rodado, pero también medidas destinadas a reducir las emisiones de otras fuentes como las que se pueden producir en el ámbito de la construcción y
de la demolición, en los puertos y aeropuertos, en la agricultura y en la ganadería o las medidas destinadas a reducir las emisiones de la industria. Actuaciones en todos los campos con objetivos ambiciosos que nos obligaban a cumplir una directiva europea.
Señorías, un buen ejemplo de la necesidad de intensificar de forma inmediata a estos objetivos es la situación que se vive en la ciudad de la que nos encontramos, en Madrid, donde los ciudadanos se preocupan mucho por el aire que respiran. Ante esa preocupación, hemos encontrado una administración, el Ayuntamiento de Madrid, que no solo mira hacia otro lado sino que hace un año llegó a cambiar del centro a la periferia una decena de estaciones para hacer trampa en la medición de las partículas que existen en el aire. Es un ayuntamiento que mira hacia otro lado, que intenta no medir la realidad de la calidad del aire y cuya alcaldesa, además, habla con ligereza, diciendo cosas como que más asfixia el desempleo. En definitiva, en ese sentido hay una falta de compromiso de muchas administraciones, por eso creemos que tenemos que actuar de forma muy clara. El Gobierno debe liderar al resto de las administraciones en esta materia.
Por si esta preocupación fuera poco, hace tan solo unos días en esta misma Comisión el ministro habló de revisar la Ley 34/2007, de calidad del aire y de protección de la atmósfera. Habló no solo de modificar los aspectos referentes a la evaluación y a la gestión sino que dijo que también iba a revisar el Plan nacional de mejora de la calidad del aire que se había aprobado tan solo hacía unos meses. Nos preocupa que lejos de cumplir mejor con la directiva europea lo que hagamos sea rebajar los objetivos de ese plan, lo que supondría incumplir las directrices de la Agencia Europea.
El señor PRESIDENTE: Señora Pajín, le ruego que vaya concluyendo.
La señora PAJÍN IRAOLA: Acabo ya, señor presidente.
El ministro acabó diciendo en esta Comisión que la opinión de los miembros de la misma era imprescindible para revisar estas medidas. Por eso pido que esta opinión que expresamos hoy en esta Cámara y que tiene el respaldo de otros grupos parlamentarios, sea tenida en cuenta por el grupo mayoritario, porque solo así se podrá garantizar el compromiso real del Gobierno en esta materia.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Grupo Socialista en la que se insta al Gobierno no solo a que, en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, garantice el cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos en la legislación, como no puede ser de otra manera, sino que además proceda a la revisión del Plan nacional de mejora de la calidad del aire, revisión a la que ya se refirió el ministro Arias Cañete en su comparecencia ante la Comisión.
Señorías, efectivamente España es ya la oveja negra de la Unión Europea en materia de contaminación atmosférica, como ha advertido la Agencia Europea de Medio Ambiente y han publicado distintos medios de comunicación. Podemos decir, señorías, que este es uno más de los problemas que estamos heredando del anterior Gobierno, que no aprobó en su momento los planes y programas para el cumplimiento de la normativa comunitaria: no creó el sistema español de vigilancia e información y prevención de la contaminación previsto en la Ley de Calidad del Aire ni aprobó la ley de movilidad sostenible, también prevista en la citada ley. Todo ello se debía haber hecho para afrontar este reto al que se refería la señora Pajín, el reto de salud pública que supone, efectivamente, la contaminación del aire.
Como poco me parece chocante decir, como ha dicho la portavoz socialista, que el ayuntamiento y la comunidad miran para otro lado en el tema de la contaminación, porque el esfuerzo que se ha hecho en nuestra comunidad en vías de metro, en autobuses ecológicos o en coches eléctricos tiene poco parangón con el del resto de España. Si a todo ello añadimos que el tratamiento fiscal dado a los vehículos a través del impuesto de matriculación favorece a los que menos emisiones de dióxido de carbono emiten -es cierto y, por consiguiente es positivo para el cambio climático-, pero también a los que más óxido de nitrógeno generan, nos encontramos, señorías, con una enorme tarea por delante.
El pasado 4 de noviembre, coincidiendo con la campaña electoral, el anterior Gobierno aprobó finalmente el Plan nacional de mejora de la calidad del aire, después de múltiples borradores y de lanzar globos sonda sobre determinadas actuaciones, con una escasa participación pública y con mucha urgencia, después de mucho tiempo, al ver que se les acababa ya el tiempo de estar en el Gobierno. Señorías, desde mi punto de vista, quiero incidir en dos aspectos relevantes y negativos de dicho plan que hacen que el Gobierno haya anunciado su revisión. En primer lugar, no lleva aparejada dotación presupuestaria. Podemos leer en el enunciado del plan que los ministerios afectados, así como el resto de autoridades autonómicas o locales procurarán adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación del plan en el ámbito de sus competencias, ajustando su financiación a la disponibilidad de crédito que normalmente se fije en los presupuestos. Además, el Plan nacional de calidad del aire se ha aprobado con escaso consenso con el resto de administraciones implicadas en estos objetivos, por lo que creemos necesaria su revisión para alcanzar ese consenso y que puedan aplicarse las distintas medidas. Por falta de tiempo no voy a analizar
las medidas contenidas en el Plan nacional de calidad del aire, tiempo habrá para ello, pero sí quiero avanzar que muchas de ellas son, desde nuestro punto de vista, de dudosa eficacia.
En definitiva, señorías, apoyamos la revisión del Plan nacional de calidad del aire que está efectuando ya el Ministerio de Medio Ambiente y apostamos por el consenso con las administraciones públicas y con los sectores implicados. Ese consenso va a guiar la política medioambiental del Gobierno y va a ser apoyada por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE:¿Grupos que deseen fijar su posición respecto a este punto del orden del día? (Pausa.)
Por La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz por un tiempo máximo de tres minutos.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Apoyaremos esta iniciativa, pero también queremos aprovechar para hacer alguna reflexión. Hace mucho tiempo que venimos arrastrando el problema de la calidad del aire; de hecho, nueve de cada diez españoles respiran aire contaminado. Esto tiene un impacto creciente en la salud, incluso en la mortalidad de gran parte de la población, pero también en el propio sistema sanitario. Ha habido dejadez por parte de distintas administraciones. Este plan que se reivindica en la proposición llegó muy tarde en comparación con otras iniciativas que se habían presentado a nivel europeo. Reconocemos que es un plan sensato que recoge medidas que son buenas, el problema es ver qué medidas no se están llevando a la práctica o la involución que está habiendo en este campo. La ponente de la iniciativa hablaba de un ayuntamiento y yo puedo hablar también de lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo, donde se está fomentando el uso del vehículo privado en el área metropolitana, o en la propia ciudad de Barcelona con la gratuidad de las zonas verdes cuando, en cambio, se encarecen las tarifas de transporte público. Hay otras cuestiones que impulsó el Gobierno anterior, y con las que el actual podría jugar, que tienen impacto en la dependencia energética de España pero también en la calidad del aire, como es la velocidad en nuestras carreteras, esa limitación a 110 kilómetros que fue temporal, que tiene que ver directamente con las partículas contaminantes que hay en el aire. Creo que la proposición es importante pero es poco ambiciosa. Hay que hacer una apuesta clara por la inversión en transporte público, por acabar con la cultura de la velocidad y tener como prioridad la salud de las personas.
Apoyaremos esta proposición no de ley, pero creemos que se debería ir más allá porque ya llegamos muy tarde y corremos el riesgo de que la Unión Europea nos multe por el incumplimiento reiterado de la directiva, de lo que fija la normativa europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Nuestro grupo también va a apoyar esta proposición no de ley, porque entendemos que efectivamente se trata de una directiva europea que tenemos obligación de cumplir. Además, si realmente estamos comprometidos, por una parte, con la sostenibilidad y, por otra, con el cumplimiento de reducir todas las emisiones contaminantes que estamos efectuando con el objetivo de llegar al famoso 2020, no podemos obviar que la calidad del aire es uno de los aspectos más importantes que tenemos que cuidar. Para ello, como bien decían mis compañeras, se están adoptando medidas en política industrial, agraria, de transporte, en ciudades, se están introduciendo políticas de movilidad que coadyuven a estos criterios de sostenibilidad y a mejorar la calidad del aire y, por tanto, la salud de las personas, su comodidad y su calidad de vida. Nuestro grupo está plenamente convencido de que este es uno de los aspectos en los que tenemos que incidir.
Quizá la proposición haya quedado corta, pero es un primer paso y es nuestra obligación empezar a trabajar en este aspecto sin más dilación y sin esperar a las consiguiente mejoras que puedan retrasar la consecución de este objetivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unión) tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Con respecto a esta proposición no de ley, y después de la exposición de la diputada que la ha presentado, hay una parte con la que estamos completamente de acuerdo, porque cualquier proposición que vaya en la línea de mejorar y establecer nuevas estrategias necesarias para conseguir los objetivos de mejora de la calidad del aire contará con nuestro apoyo; más aún, si es coordinada con las comunidades autónomas, como pone, y con los ayuntamientos. Consideramos prioritarias las actuaciones en medidas asociadas, pero destacamos principalmente las de movilidad urbana y metropolitana. Todos sabemos que el tráfico es el principal responsable.
En alguna interpretación, que creo que es errónea, se ha dicho que el Estado español y las comunidades autónomas tenemos alguna denuncia y que por eso nos han aumentado la exigencia de los niveles. Hay que recordar que en el año 2010 ya tocaba por ley el aumento en la exigencia de los niveles, por ejemplo, en óxidos de nitrógeno. Tampoco es necesario entrar en el debate de quien es mejor o peor sino que, como hacemos en Cataluña, es bueno ponerse a trabajar en este sentido. Hemos aprobado un Plan de mejora de mejora de calidad del aire para los años 2011-2015 que contiene treinta y cuatro medidas que vamos implementando -la señora Ortiz ha especificado alguna-, como puede ser la bonificación en los peajes de las autopistas que dependen de la Generalitat de Catalunya. Pero al mismo tiempo entendemos que es necesaria la revisión de la ley, porque aunque en ella se recogen los niveles de calidad del aire, también van incluidos otros preceptos como el impuesto
de matriculación de vehículos tipo turismo, y sería necesario profundizar en ello para penalizar a aquellos que contaminan más el aire. Entendemos que es necesario trabajar en cualquier medida, pero no rechazamos, al contrario, estamos de acuerdo, revisar la ley para adecuarla a los parámetros necesarios.
El señor PRESIDENTE: Señor Barberà, le ruego que concluya.
El señor BARBERÀ i MONTSERRAT: He oído a algún interviniente del Grupo Socialista hablando de que falta el compromiso de muchas administraciones. Creo que esa frase no tocaría decirla aquí, porque con sus medidas cualquier administración está trabajando en este sentido. Creo que es una frase desafortunada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pajín a los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda.
La señora PAJÍN IRAOLA: Me voy a ceñir a lo que me corresponde.
La enmienda del Grupo Popular es la única presentada. Entendemos que detrás de esa revisión está la intención de relajar los objetivos del plan y no la podemos aceptar, mucho menos ahora que la Agencia Europea nos ha dado un tirón de orejas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, solo voy a intervenir dos minutos para hacerle una observación en relación con la Comisión de hoy. No sé si es consciente de que hemos batido un récord del mundo. Hemos celebrado una Comisión con once PNL en poco más de dos horas. Esto es insólito en esta Cámara. Esto ha sido así porque usted nos ha comunicado al inicio de la Comisión una limitación de los tiempos sobre lo que es habitual, no sé si reglamentario. Usted ha dicho al inicio de la Comisión que los tiempos serían de cinco minutos para que los proponentes presentaran la proposición y de tres minutos para la defensa de enmiendas y fijación de posición. Los tiempos con los que ha trabajado esta Comisión no son esos. Han sido históricamente siete o diez minutos para exponer la PNL, cinco o siete minutos para las enmiendas presentadas y tres minutos para fijar posición. En cualquier caso, señor presidente, no sé si usted tiene competencias para tomar esa decisión, pero le digo que tampoco es habitual que una decisión de limitación de tiempo se haga sin reunir a la Mesa y sin pedir opinión previa a los portavoces. Me gustaría que estudiara la legalidad de la decisión de limitación de tiempos que usted, sin encomendarse a Dios ni al diablo, nos ha comunicado al inicio. ¿Ha tomado la Mesa la decisión? Creo que la Mesa no la ha tomado y desde luego los portavoces o por lo menos los portavoces del Grupo Socialista no hemos conocido con antelación esta limitación de tiempo que, vuelvo a repetir, es insólita que se tome, sobre todo cuando no hay necesidad. Desde la una y treinta y tantos minutos que terminará la Comisión hasta el Pleno de las cuatro había tiempo para que los portavoces pudieran expresarse y no entiendo justificada esta limitación y mucho menos que la decisión se tome sin consultar a los portavoces y reuniendo previamente a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz socialista, después de lo que entiendo que es un desahogo, le quiero decir lo siguiente. En primer lugar, este presidente no ha tomado ninguna decisión ilegal. Ya me he preocupado yo de saber que estaba dentro de las atribuciones de esta Presidencia ordenar el debate y limitar los tiempos dado que el número de iniciativas que se han presentado en esta Comisión es elevado. No diga que es insólito sin entender claramente dicha palabra, porque otras comisiones que están funcionando en el Congreso en estos momentos tienen asimismo estas limitaciones que han acordado los presidentes de las comisiones. En primer lugar, está en las facultades de esta presidencia limitar y ordenar los tiempos. En segundo lugar, vista esta experiencia, porque esta es la primera sesión, probablemente podamos utilizar más tiempo para las iniciativas. Se trata de unas aproximaciones sucesivas donde lo que quiere esta Presidencia, por un lado, es que se vea el mayor número de iniciativas, en tiempo, porque también he estado como portavoz de la oposición en esta Cámara y también he sido el primer presidente de la Comisión de Medio Ambiente que tuvo esta Cámara, por lo que alguna experiencia tengo. Muchas veces hay que conjugar que se actualicen los temas, no como en la pasada legislatura, que al final llegaban temas que se habían presentado tres años antes, porque no se habían visto en su momento. Se trata, por una parte, de incluir el mayor número de iniciativas posibles con un tiempo duradero que sea razonable y un tiempo razonable de duración de la Comisión puede ser cuatro horas. Hoy a la vista esta experiencia y de la colaboración de todos los grupos parlamentarios, les comunico a todos ustedes que en las próximas sesiones podremos ampliar el tiempo que hemos utilizado en esta. También le quiero decir que la brevedad de esta sesión ha facilitado la propuesta de su grupo de no tener que votar la sustitución de la vicepresidencia. Usted ha dicho que había comentado con todos los portavoces de los grupos y que se podía aprobar por asentimiento, como así se ha hecho, pero esta Presidencia no lo sabía al principio, con lo que esta Presidencia ha juzgado que ese trámite nos podía alargar la sesión. Dicho todo esto, interrumpimos la sesión, en uso de las facultades que también tengo, hasta la una y media en que se va proceder a la votación. (Varios señores diputados: Era a la una.-Varios señores diputados piden la palabra.) Por orden. Doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: El señor presidente dijo que las votaciones eran a la una.
El señor PRESIDENTE: No, no diga eso. He dicho que no serían antes de la una.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Cuando se dice antes de la una es para que los diputados sepan que tienen que estar aquí a la una, porque en cualquier momento se puede votar. La planificación de asistencia a comisiones, uno la organiza con la agenda por la mañana y con lo que digan los presidentes de Comisión. Hay varios diputados que tenemos otras comisiones a la una y media y en este momento en los grupos pequeños es difícil las sustituciones. Le pediría al señor presidente que haga lo que se hace en todos los lados que es que se espere hasta la una, que son diez minutos, pero no a la una y media. Es que no tiene sentido, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Otra intervención.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Señor presidente, le quería pedir, si fuera posible, hacerlo ahora a la una, porque hay otras comisiones y otras mesas en las que también hay votaciones y a las que tenemos que ir, porque hoy da la casualidad de que en estos momentos, que sepa y que haya a primera hora, hay tres comisiones. Para facilitarnos un poco el trabajo a los grupos más pequeños, si pudiéramos votar ya, se lo agradecería.
La señora LEIRE PAJÍN: Señor presidente, hay una tradición en esta Cámara, usted que tiene mucha experiencia, que es clara y evidente. Cuando hay un acuerdo en el seno de la Comisión y se anuncia, se debe respetar y cumplir. Por supuesto que el presidente tiene competencias, pero hay un respeto a los acuerdos que se producen en esta Cámara. Cuando el presidente se ha pronunciado, ha habido un acuerdo, un asentimiento, por parte de todos los grupos parlamentarios. Ha habido compañeros y compañeras que se han ido a otras comisiones y que han vuelto a su hora, exactamente a la hora que usted ha dicho aquí. Si al Grupo Popular le faltan diputados es un problema de organización del Grupo Popular, pero los grupos minoritarios son los que tienen más problemas a la hora de cubrir el estar aquí, el resto de los grupos estamos aquí. Por tanto, hay que cumplir con aquello que se aprueba a primera hora de la Comisión. Esa debe de ser una tradición, señor presidente, que no deberíamos en ningún caso incumplir, porque entonces ya no tendríamos ninguna norma de convivencia y estaríamos saltándonos ya todas las tradiciones de las comisiones y no me parece, señor presidente, una forma adecuada de actuar en esta Comisión.
La señora LARA CARBÓ: Simplemente quiero decir que apelo al "Diario de Sesiones", porque se ha dicho esta mañana no antes de la una, a la una y media. Esto se ha dicho esta mañana. (Un señor diputado: No, no.) Apelo al "Diario de Sesiones" que tiene que estar transcrito en algún sitio. (Rumores y protestas.-Un señor diputado: Entonces podríamos votar a las siete de la tarde.) El señor presidente ha dicho no antes de la una y luego ha dicho a la una y media, porque se ha dicho aquí. (Un señor diputado: Pues votemos a las ocho o a las nueve de la noche.)
El señor PRESIDENTE: Señora portavoz de UPyD.
La señora LOZANO DOMINGO: En la línea de lo que han expresado otros grupos minoritarios, mi grupo, Unión Progreso y Democracia, le agradecería que celebráramos la votación lo más pronto posible. De hecho estoy aquí en sustitución del diputado que es portavoz de esta Comisión, tenemos otra Comisión a la una y media, estamos preparando el Pleno de esta tarde a las cuatro y a efectos de organización lo hemos organizado todo para estar aquí a la hora de esta votación. Le rogaría que la votación fuera a la una.
El señor PRESIDENTE: Ya hemos oído a todos los portavoces. Lo que ha dicho esta Presidencia, y el "Diario de Sesiones" lo va a recoger, es que las votaciones se producirían no antes de la una y no he dicho otra cosa. No antes de la una. Primera cuestión. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Le ruego, señor portavoz, que se atenga a la moderación que tiene que imperar en el funcionamiento de esta Comisión. No antes de la una, no quiere decir a la una. (Rumores.) Por otro lado, señoras y señores diputados, si esta Presidencia hubiera atendido la petición de tiempos que ustedes hacían, no es que hubiéramos votado a la una y media estaríamos votando a las dos y media. (Un señor diputado: No había tiempo antes para nosotros, pero ahora nos tenemos que esperar para votar, lógica aplastante, lógica aplastante.) Por tanto, ese pretexto y ese argumento que ustedes utilizan es un argumento que no tiene mayor consistencia, que tiene alguna intencionalidad. Por último, algún otro diputado, que no voy a nombrar, también me ha dicho que a la una tenía Mesa y portavoces en otras comisiones. Por tanto, esta Presidencia propone que las votaciones tengan lugar a las trece quince horas. Se suspende la sesión hasta las trece quince horas. (Pausa.-Rumores.)
Señoras y señores diputados, les ruego que se mantengan en silencio, porque vamos a proceder a las sustituciones de cada grupo. Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley. (Rumores.) Les ruego silencio, señoras y señores diputados. La primera proposición no de ley relativa al calendario de aplicación de la Ley, de 17 de noviembre, del Ruido. El autor ha sido
el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, que ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora LARA CARBÓ: Es una enmienda transaccional que se ha propuesto entre el PNV y el Grupo Popular, no es que haya aceptado nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Es una enmienda transaccional. La tienen a su disposición todos los portavoces, pero si quieren procedo a su lectura. (Denegaciones). Se somete a votación en los términos en los que ha sido transaccionada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43; abstenciones, una.
La segunda proposición no de ley es la relativa a la necesidad de adoptar medidas de control y seguimiento de los residuos radioactivos depositados en la fosa atlántica, frente a la costa de Galicia. Se ha presentado por el Grupo Parlamentario Mixto, el autor de la iniciativa ha sido doña Olaia Fernández Davila, del Bloque Nacionalista Galego. No se han presentado enmiendas, por lo que se procede a la votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, tres.
Siguiente proposición no de ley relativa a las medidas para resolver los problemas que amenazan la viabilidad futura de la industria conservera europea y española. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por doña Olaia Fernández Davila, del Bloque Nacionalista Galego, con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Se somete a votación esta iniciativa con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La siguiente iniciativa es la relativa a la proposición no de ley sobre la subvención para la desalación de agua de mar en Canarias. No se ha aceptado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por lo que se somete a votación la iniciativa en sus propios términos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 24.
La siguiente proposición no de ley es la relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa en el litoral. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y se vota en sus propios términos, porque no se ha aceptado ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 17; abstenciones, cuatro.
La siguiente proposición no de ley sobre la revisión del Plan Hidrológico Nacional ha sido presentada por La Izquierda Plural y ha sido objeto de una transacción con el Grupo Socialista y con el Grupo de Convergència i Unió. La transaccional está a disposición de todos ustedes y si no hace falta no la leería y la sometería a votación. (La señora Ortiz Castellví pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Pido la votación separada del párrafo que está entrecomillado.
El señor PRESIDENTE: Tendría que figurar en la transaccional.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: No está en la enmienda, está en el texto de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En la transaccional queda incorporado ese párrafo.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: No. La transaccional es de la segunda parte de la proposición. Por eso en la intervención inicial he pedido que el párrafo de la propuesta inicial que está entrecomillado se vote por separado.
El señor PRESIDENTE: Doña Laia Ortiz, por favor, lo que quiere decir usted es que se separa la exposición de motivos que empieza: El Congreso de los Diputados proclama su firme oposición a cualquier modificación del vigente Plan Hidrológico Nacional. Esto se somete a votación por un lado y, por otro lado, la transaccional que ha hecho su grupo con el Grupo Socialista y con el Grupo de Convergència i Unió. Para mayor claridad voy a proceder a la lectura de la primera parte que sería la siguiente: El Congreso de los Diputados proclama su firme oposición a cualquier modificación del vigente Plan Hidrológico Nacional que pretenda imponer trasvases de agua desde el río Ebro y los demás ríos de las cuencas internas de Cataluña o desde otras cuencas externas, ya sea hacia el interior o hacia el exterior del territorio de Cataluña, por innecesarias, contrarias a la Directiva-marco del Agua de la Unión Europea y por la
situación vulnerable de los caudales actuales, en especial el del río Ebro y su cuenca y los ríos de las cuencas internas de Cataluña. Esto es lo que se somete a votación ahora.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 27; abstenciones, 13.
La señora LEIRE PAJÍN: Quiero dejar clara la posición del Grupo Socialista. Nos abstenemos porque estamos hablando de una exposición de motivos, que nunca se ha sometido a votación en una Comisión, por lo que nos abstenemos y votamos después la transaccional que es lo que se somete a votación.
El señor PRESIDENTE: En realidad lo que esta Presidencia creía haber entendido es que la exposición de motivos se podía haber incorporado al texto único de la transaccional, pero no ha sido así. (La señora Ortiz Castellví pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Solamente quiero hacer una clarificación. Cuando ha empezado la Comisión le he pedido al letrado una aclaración. Esta propuesta tiene una exposición de motivos y a partir de donde dice proposición no de ley es cuando el Congreso proclama, por tanto es una declaración del Congreso, ya no forma parte de la exposición de motivos. Es una posición como Congreso de los Diputados y forma parte de un posicionamiento en concreto. La transacción es la parte en la que se insta al Gobierno. Por eso a primera hora, cuando ha empezado la Comisión, he pedido la aclaración y por eso he pedido la votación separada. No forma parte de la exposición de motivos.
El señor PRESIDENTE: Doña Laia, entonces no la hemos entendido. Disculpe, pero la exposición de motivos no figura en el texto de la enmienda transaccional.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Es que no es exposición de motivos.
El señor PRESIDENTE: Sí, es una exposición de motivos, pero en cualquier caso no figura en el texto de la enmienda transaccional. Está fuera de votación. Vamos a proponer en sus términos la enmienda transaccional que tiene a disposición esta Presidencia. (Varios señores diputados: Ya se ha votado.) No se ha votado. Vamos a someter a votación la enmienda transaccional que ha pactado el grupo autor de la iniciativa, La Izquierda Plural, con el Grupo Socialista y con el Grupo de Convergència i Unió.
Vamos a someter a votación la siguiente proposición que es la proposición no de ley sobre la protección de las salinas de Calpe, Alicante, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en sus propios términos, porque no ha aceptado enmiendas.
Siguiente proposición no de ley relativa a la mejora del sector de frutas y hortalizas. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y tiene una autoenmienda, pero no se han aceptado otras enmiendas. Se somete a votación en sus propios términos más la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Por último, se somete a votación la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la calidad del aire. No se han aceptado enmiendas, por lo que se somete a votación en sus propios términos.
No habiendo más asuntos que tratar, señoras y señores diputados, muchas gracias por su colaboración, se da por finalizada la sesión.

References: artículo 44
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 43
 artículo 45
 resolución