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Timestamp: 2017-09-25 16:58:33+00:00

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Sentencia T.S.J. Asturias 33/2014 de 27 de enero. Pérdida de vigencia del permiso de conducir. Pérdida de puntos. Notificación. Indefensión. Nulidad. Estimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Asturias 33/2014 de 27 de enero
Sanción: Pérdida de vigencia del permiso de conducir. Pérdida de puntos: Análisis de la legislación aplicable. Notificación: Se ha producido indefensión ante la falta de intento de notificación personal lo que conlleva la nulidad de la resolución administrativa.
SENTENCIA: 00033/2014
RECURSO: P.O. 294/12
RECURRENTE: D. Marino
PROCURADOR: D. José Antonio Iglesias Castañón
RECURRIDO: DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
SENTENCIA n.º 33/14
D. Jesús Chamorro González
En Oviedo, a veintisiete de enero de dos mil catorce.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número interpuesto por D. Marino, representado por el Procurador D. José Antonio Iglesias Castañón, actuando con la dirección Letrada de D. Juan F. Casero Lambás, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO, representada por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jesús Chamorro González.
Tercero.—Por Auto de 7 de diciembre de 2012 se admitió y declaró la pertinencia de las pruebas propuestas, con el resultado que obra en autos.
Quinto.—Se señaló para la votación y fallo del presente el día 23 de enero pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.
Primero.—- Que por el Procurador de los Tribunales Sr. Iglesias Castañón, en nombre y representación de D. Marino, se interpuso recurso contencioso administrativo tramitado por el procedimiento ordinario, contra la resolución expresa dictada por la Dirección General de Tráfico en el expediente n.º NUM000 que impone la pérdida de vigencia del permiso de conducir, recurso del que dio traslado a la Administración demandada.
Segundo.—- Que como principales argumentos impugnatorios, sostenía la parte recurrente que la resolución impugnada no era conforme a derecho por cuanto que consideraba que habían caducado los expedientes sancionadores que habían dado lugar a las pérdidas parciales de puntos, ya que ninguna de esas resoluciones había sido adecuadamente notificadas a la recurrente.
Por su parte, la Administración Pública demandada, en este caso representada a través del Sr. Abogado del Estado, contestó en tiempo y forma oponiéndose y solicitando que se dictase una sentencia desestimatoria de las pretensiones de la parte recurrente.
Tercero.—Que este Órgano Judicial debe manifestar que tras valorar con detenimiento las alegaciones formuladas por las partes litigantes en este proceso, que el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de fecha 4 de junio de 2009, establece que la pérdida de puntos que va aparejada a la imposición de una sanción en materia de tráfico y seguridad vial, tiene una naturaleza sancionadora, y que por tanto ha de hablarse de unas garantías formales y materiales que proscriban cualquier atisbo de indefensión que se pueda generar al interesado.
Ciertamente el nuevo diseño que el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tras la reforma operada por la Ley 17/05 de 19 de julio, establece en su art. 63.3 que la pérdida de la vigencia de autorización para conducir se producirá cuando su titular haya perdido la titularidad de los puntos asignados. Es evidente que la resolución que acuerde esa pérdida de puntos, o la resolución que le da cobertura, es decir, la que impone una sanción que lleva aparejada la pérdida de puntos, aunque es ejecutiva una vez que causa estado, lo que con carácter general establece el art. 138.3 de la Ley 30/92, del PAC y RJAP, no puede dejar al margen la posibilidad de un control judicial ulterior que pueda realizarse en uso de las facultades establecidas en los art. 106 y 107 de la Constitución, declarando en su caso, la disconformidad a derecho de la decisión administrativa que impone la sanción conllevando la pérdida de determinados puntos.
Efectivamente, el art. 63.6 de la ya citada Ley de Seguridad Vial, no establece requisito en relación con la resolución administrativa que acuerde la pérdida de puntos asignados, a diferencia de lo que acontece con la Disposición Adicional Primera, que señala que cuando un conductor sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna de las infracciones graves o muy graves que se relacionan en el anexo II, los puntos que corresponda descontar del crédito que posea en su permiso o licencia de conducción quedarán descontados de forma automática y simultánea en el momento en que se proceda a la anotación de la citada sanción en el Registro de conductores e infractores.
La parte recurrente alega en su escrito de demanda, folios 76 y s.s. de los autos, de manera pormenorizada, los distintos procedimientos en los que la Administración dice fundamentar las pérdidas parciales de puntos con motivo de la comisión de distintas infracciones en materia de Tráfico de Seguridad Vial, en los que se alegan distintas infracciones procedimentales, fundamentalmente de notificación en esos distintos procedimientos. La demanda concreta los distintos expedientes y las distintas fechas de las denuncias. Sin embargo, el escrito de contestación a la demanda, de forma genérica, contesta al escrito de demanda señalando que la pérdida total del saldo de puntos asignado propicia la pérdida de la vigencia del permiso de conducir, sin que en ningún momento discuta y conteste de forma pormenorizada y circunstanciada a las ya citadas alegaciones del escrito de demanda en relación con los distintos procedimientos sancionadores que dieron lugar a la pérdida parcial de puntos. El escrito de conclusiones de la parte recurrente, folio 152 de los autos, y valorando la prueba practicada, entre la que se encontraban las resoluciones sancionadoras aportadas como prueba documental por la Administración demandada, de nuevo vuelve a circunstanciar de forma concreta en relación a cada expediente la falta de eficacia de las resoluciones sancionadoras que dieron lugar a las privaciones de puntos. También en este caso el escrito de conclusiones de la Administración demandada, folio 156 y s.s. de los autos elude contestar ni siquiera pormenorizadamente a esas conclusiones.
Por citar solo una de las sanciones de pérdida de puntos que parece que dio lugar a su inscripción en el Registro de Conductores, por conducir sin utilizar el cinturón de seguridad, expediente NUM001, consta al folio 117, documentación aportada por la Administración demandada en la que consta la denuncia, y su intento de notificación personal y directa, folio 118. Al folio 119, obra copia del BOPA con la notificación por edicto de la resolución sancionadora, pero sin que conste el intento previo de notificación personal y directa de esa resolución que ponía fin al procedimiento sancionador.
Es evidente que una actuación administrativa como la expuesta supone una clara y evidente indefensión material y efectiva para el recurrente, al que se priva del permiso de conducir sobre meras especulaciones no acreditadas en el expediente, aportando una documentación que no acredita lo que se dice acreditar, y obviando la obligación de examinar una documentación que debería venir referenciada de forma pormenorizada en los escritos de contestación y conclusiones.
En estas circunstancias considera esta Sala que no ha quedado acreditado que se haya producido la pérdida de puntos que acumuladamente pueda permitir iniciar un procedimiento de pérdida de licencia del permiso de conducir, todo lo cual debe llevar a este Tribunal a dictar una sentencia estimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto con la consecuente declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada, por infringir el artículo 24 de la Constitución al generarle indefensión efectiva y material, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 D) de la Ley 30/92 del PAC y RJAP.
Cuarto.—Procede imponer las costas del presente recuro a la Administración demandada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la LJCA.
QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS EL RECURSO EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR EL PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES SR. IGLESIAS CASTAÑÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE D. Marino, TRAMITADO POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, CONTRA LA RESOLUCIÓN EXPRESA DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO EN EL EXPEDIENTE N.º NUM000 QUE IMPONE LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL PERMISO DE CONDUCIR, DECLARANDO:
Primero.—LA DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA Y SU NULIDAD DE PLENO DERECHO.
Segundo.—LA IMPOSICIÓN DE COSTAS DEVENGADAS A LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 62
 artículo 139
 RESOLUCIÓN