Source: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=29&tipo=2
Timestamp: 2020-04-06 00:03:22+00:00

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Concordancias: Artículos 1.1, 9.2, 23, 105, 125.
La escasa historia de desarrollo legislativo que tiene este derecho en los veinticinco años de Constitución ha de entenderse por la reconocida buena factura técnica de la Ley de 1960 y por la evidente reducción de su espacio de actuación al existir en nuestra Carta Magna otros derechos subjetivos que han venido a cubrir necesidades que ante estaban en la esfera del derecho de petición: tutela judicial efectiva (art. 24); la dimensión legislativa se concreta hoy en la iniciativa legislativa popular (art. 87.3); la audiencia de la Administración a los ciudadanos y acceso a los archivos de acuerdo con los procedimientos administrativos al efecto según lo previsto en (art. 105.a, b y c); la posibilidad de acceder al Defensor del Pueblo para la defensa de los derechos fundamentales y finalmente y no menos importante, las peticiones a las Cámaras recogida en el artículo 77 de la Constitución que otorga la posibilidad de presentar ante las Cortes Generales peticiones individuales y colectivas que podrán ser trasladadas por éstas al Gobierno.
Aunque hasta finales del año 2001 no se pudo aprobar una nueva Ley de desarrollo del derecho de petición también es cierto que durante los veintitrés años que han transcurrido en las Cortes Generales se han presentado distintas iniciativas parlamentarias que sin embargo no llegaron a prosperar. En 1989 el Grupo Parlamentario de Coalición Popular presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición no de ley para que el Gobierno remitiera a la Cámara un Proyecto de Ley de regulación del derecho de petición. En 1993 será el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) quién en el marco de la Comisión Constitucional presente una nueva Proposición no de ley por la que se insta nuevamente al Gobierno a que presente un Proyecto de ley para regular el derecho de petición. En el periodo 1996-2000 se presentarán tres Proposiciones de Ley: la primera por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la segunda por el Grupo Parlamentario Mixto y, finalmente, en el año 2000 el Grupo Parlamentario Socialista presentó otra Proposición de Ley Orgánica reguladora del derecho de petición.
Conectando con la definición que hacía al inicio de este comentario, el derecho de petición podría analizarse desde una concepción amplia: derecho que permite dirigir cualquier tipo de peticiones a los poderes públicos; o una concepción estricta: según la cual, en nuestro Derecho la acción de pedir a los poderes públicos puede encauzarse por muchas vías jurídicas distintas y el derecho de petición es una vía más que se caracteriza por la supletoriedad respecto de otros procedimientos petitorios.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este derecho (SSTC 161/1988, de 20 de septiembre; 194/1989, de 16 de noviembre y 242/1993, de 14 de julio) y se decantó por una interpretación estricta cuando en el fundamento jurídico 1º de la Sentencia 242/1993 dice que "el concepto residual, pero no residuo histórico, cumple una función reconocida constitucionalmente, para individualizar la cual quizá sea más expresiva una delimitación negativa. En tal aspecto excluye cualquier pretensión con fundamento en la alegación de un derecho subjetivo o un interés legítimo especialmente protegido, incluso mediante la acción popular en el proceso penal o la acción pública en el contencioso-contable o en el ámbito del urbanismo. La petición en el sentido estricto que aquí interesa no es una reclamación en la vía administrativa, ni una demanda o un recurso ante el judicial, como tampoco una denuncia, en la aceptación de la palabra ofrecida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal o las reguladoras de la potestad sancionadora de la Administración en sus diversos sectores".
El Legislador cuando desarrolla el derecho en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición se decanta también por un concepto restringido del derecho cuando en el artículo 3 establece que "No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencia para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley". Es decir, que constitucional y legalmente el derecho de petición se ha configurado con un carácter supletorio o residual respecto a otros instrumentos de participación o de garantías de derechos. Tal es así que a la Ley de 2001 no le bastó lo señalado en el artículo 3 y en el artículo 8 establece como criterio para la inadmisión de peticiones aquellas "cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial". O las peticiones sobre "cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme".

References: artículo 77
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 8
 resolución 
 resolución