Source: http://consultora-alaniz.com.ar/novedades-2018-14-CABA.htm
Timestamp: 2019-05-23 20:46:17+00:00

Document:
I. Llegan estos autos a conocimiento del Tribunal en razón del recurso de apelación interpuesto por la actora (fojas 302) contra la sentencia dictada por el señor juez de grado el 23/04/2018 que declaró inadmisible la demanda (fojas 293/295).
II. El recurso ha sido interpuesto y luego fundado en debido tiempo y forma (ver fojas 301vuelta, 302, auto de fojas 303 y cargo de fojas 309).
III. La actora recondujo la demanda como una acción meramente declarativa contra la Ciudad (conforme auto de fojas 257/259vuelta y fojas 265/283vuelta ) a fin de que cese el estado de incertidumbre “provocado por las percepciones toleradas en concepto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicadas por la AGIP conforme artículos 2 y 6 de la Resolución nº 421/AGIP/2016, en tanto tergiversan el Convenio Multilateral y conllevan a la generación de excesivos y progresivos saldos a favor” (conforme fojas 265/265vuelta).
Además, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la citada resolución “en tanto altera, de modo flagrante, el principio de territorialidad de los tributos, el principio jerárquico previsto en el artículo 31 de la Constitución Nacional, el de reserva de ley y el derecho de propiedad”, como asimismo se “disponga que no se le practiquen más percepciones hasta tanto consuma el saldo a favor que registra y, una vez consumido, establezca que las percepciones se realicen sólo sobre el 10% de la facturación efectuada por la UTE, porción que le pertenece a la CABA, conforme art. 6 del Convenio Multilateral” (fojas 265vuelta).
El 23/04/2018, el señor juez “a quo” declaró inadmisible la demanda (fojas 293/295).
Para así decidir, consideró que la demanda contiene una “acumulación de pretensiones que (…) desborda” el ámbito de la acción meramente declarativa, en tanto “juntamente con la pretensión impugnativa de la Resolución 421/AGIP/2016”, también se agregan dos pretensiones de condena al GCBA: “La primera (i) una obligación de no hacer cuál es que se disponga que no le practiquen a la actora más percepciones hasta tanto consuma el saldo a favor que registra y, (ii) una obligación de hacer (…) que una vez consumidos los supuestos saldos a favor que posee, las percepciones por IIBB se realicen sólo sobre el 10% de la facturación efectuada por la UTE demandante” (fojas 294vuelta).
Por otra parte, el magistrado de la anterior instancia compartió el criterio de la Sra. fiscal de grado en cuanto a que en autos “se intenta impugnar un acto administrativo, la Resolución 421/AGIP/2016, la que (…) no ha sido objetada en sede administrativa” , por lo que no se ha agotado la vía administrativa (fojas 295).
La actora apeló la decisión expresando en sus agravios —en síntesis— que no se le puede exigir el agotamiento de la vía administrativa dado que “no se impugna un acto administrativo” sino que se pretende “eliminar la situación de incertidumbre (…) provocada por las percepciones toleradas en concepto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicadas por la AGIP a través de la Resolución 421/AGIP/2016, en tanto tergiversan el Convenio Multilateral (artículo 6) y conllevan a la generación de excesivos saldos a favor” (fojas 307/307vuelta). Agregó que el planteo de inconstitucionalidad de dicha resolución “resulta una excepción al agotamiento de la sede administrativa” , en tanto sólo puede ser declarada por el Poder Judicial y no por los órganos administrativos (fojas 307vuelta/308vuelta).
IV.A. Teniendo en cuenta que la presente demanda fue encauzada como una acción meramente declarativa (fojas 265/283vuelta), recuerdo que el artículo 277 del Código de rito establece que: “Puede deducirse demanda que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al/la actor/a y éste/a no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente” .
Asimismo, la Cámara de Apelaciones del fuero ha señalado que esta acción “exige la presencia de los siguientes recaudos: a) un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica; b) la existencia de un interés jurídico serio en el peticionario, de modo que la incertidumbre referida ocasione, eventualmente, un daño, lesión o perjuicio actual; y, c) inexistencia de otro medio en el ordenamiento jurídico para obtener el cese de la falta de certeza alegada (…) Cabe señalar que es una cuestión consolidada en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que la procedencia de la acción declarativa exige que no tenga un carácter simplemente consultivo ni importe una indagación meramente especulativa, sino que debe responder a un caso y procurar precaver los efectos de un acto en ciernes, al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional, y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto (Fallos: 307:1379; 318:2374, entre muchos otros)” (Sala II, in re : “ Donzis Ruben Hector c/GCBA s/accion meramente declarativa ”, Expte. N° C1963-2015/0, resolución del 26/04/2016).
B. En este contexto, la cuestión en debate gira en torno a dilucidar el estado de falta de certeza en que se encuentra la actora frente a la conducta del Fisco local consistente en practicarle percepciones en concepto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre el total de su facturación, cuando, desde el punto de vista de la empresa, dichas percepciones deberían realizarse solamente “por el porcentaje equivalente a la proporción que le corresponde debido al régimen especial previsto en el artículo 6 del Convenio Multilateral que es del 10%” (fojas 267).
El contribuyente sostiene en este sentido que la AGIP, con apoyo en los artículos 2 y 6 de la Resolución N° 421/AGIP/2016 —que reputa inconstitucionales—, realiza a su respecto percepciones ilegítimas que además le generan constantes saldos a favor en el impuesto y resultan imposibles de compensar (fojas 275 vuelta).
Afirma entonces que la conducta de la demandada violenta su derecho de propiedad, la garantía de igualdad, el principio de territorialidad de los tributos, la regla de prelación normativa prevista en el artículo 31 de la CN y el principio de reserva de ley en materia tributaria (fojas 274/279).
Desde esta perspectiva, el planteo central de la demanda exige interpretar si el criterio adoptado por el Fisco local al efectuar las percepciones al contribuyente se encuentra en pugna con normas jurídicas de superior jerarquía para, llegado el caso, fijar el alcance del derecho discutido.
Al mismo tiempo, se advierte que la presente demanda no se identifica con una cuestión consultiva ni importa una indagación especulativa, pues se denuncia la existencia de actividad concreta del Fisco local dirigida al cobro del gravamen a partir del mes de enero de 2017 (ver fojas 268).
Es por ello que, más allá de lo que corresponda decidir en el momento oportuno en cuanto al fondo del asunto y las pretensiones accesorias requeridas por la actora —que en caso de desbordar el ámbito natural de la acción declarativa podrán ser desestimadas, incluso de prosperar su objeto principal—, estimo que la demanda puede ser canalizada por la vía procesal intentada (CSJN, Fallos: 310:606) y el requisito de agotamiento de la vía administrativa, en esta ocasión, deviene innecesario (conforme artículo 5, CCAyT).
V. Por ello, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la sentencia apelada.
Fiscalía, de julio de 2018.
DICTAMEN Nº -Equipo Fiscal "A" CCAYT.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 31
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 277
 resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 31
 artículo 5