Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920290.html
Timestamp: 2019-11-22 05:43:38+00:00

Document:
as201920290
Auto Supremo: 290/2019
Expediente: CH-66-18-S.
Partes: Reyna Margarita Marín Tamares c/Héctor Choque Sarmiento.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 2590 a 2606 vta., interpuesto por Héctor Choque Sarmiento, contra el Auto de Vista Nº S.C.C. II 221/2018 de fecha 20 de agosto, cursante de fs. 2580 a 2582, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso ordinario de rendición de cuentas, seguido por Reyna Margarita Marín Tamares contra el recurrente, la contestación al recurso de casación que cursa de fs. 2609 a 2616 vta., el Auto interlocutorio de concesión del recurso de fecha 18 de septiembre de 2018 que cursa a fs. 2617; el Auto Supremo de admisión Nº 922/2018-RA de 25 de septiembre que cursa de fs. 2621 a 2623; los antecedentes del proceso; y:
1. Reyna Margarita Marín Tamares, por memorial que cursa de fs. 176 a 181, formalizó demanda ordinaria de impugnación de rendición de cuentas, que fue reiterada por memorial de fs. 206 a 211 y subsanada por memoriales que cursan de fs. 213 a 218 vta., 221 y vta., y de 565 a 566 vta., acción que fue interpuesta contra Héctor Choque Sarmiento, quien una vez citado, por memorial de fs. 573 a 579 vta., opuso excepción previa de litis pendencia, por memorial de fs. 582 a 585 vta., respondió negativamente a la demanda de rendición de cuentas y a través del memorial de fs. 587 a 588 vta. opuso excepción de oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda.
Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la ciudad de Sucre, mediante Sentencia Nº 74/2018 de fecha 18 de mayo, cursante de fs. 2505 a 2512 vta., declaró PROBADA la demanda de impugnación de rendición de cuentas, disponiendo en consecuencia que el demandado cancele el 50% de la suma total de Bs. 641.077.52 de ganancia neta producida por el alojamiento “Guadalupe” durante la gestión del demandado Héctor Choque Sarmiento como administrador, suma de las cuales según contrato de fs. 1 a 3 le corresponde el 50% equivalente a Bs. 320.538,76 monto que el demandado debe cancelar a la demandante por concepto de rendición de cuentas, dineros que deben ser cancelados dentro del plazo de diez días de ejecutoriada dicha resolución.
De igual forma dicha autoridad emitió el Auto complementario que data de la misma fecha cursante a fs. 2512 vta., donde determinó que el presente proceso se constituiría en uno de carácter de impugnación de rendición de cuentas y no así para dilucidar si lo que se conformó fue una sociedad civil o comercial; también refirió que los documentos presentados corresponden a declaraciones juradas para dos negocios, por lo que no se tendría certeza a cual de ellos van dichos gastos, máxime cuando no se tendría concordancia entre los talonarios de declaraciones al IVA y los cuadernos presentados en detalle de huéspedes y además que los gastos de construcción estarían a nombre de Sonia Caro Molina.
2. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Héctor Choque Sarmiento, mediante memorial de fs. 2539 a 2550 vta. interpusiera recurso de apelación.
3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº S.C.C. II 221/2018 de fecha 20 de agosto que cursa de fs. 2580 a 2582, donde el Tribunal de Alzada en lo sobresaliente de dicha resolución señaló que conforme lo prevé el art. 46.I num. 2) de la Ley Nº 708, la renuncia tácita al arbitraje concurre cuando una de las partes es demandada judicialmente por la otra y no opone excepción de arbitraje conforme a la normativa procesal correspondiente, situación que habría acaecido en el caso de autos, pues el apelante no habría presentado de forma oportuna los mecanismos establecidos en el Código Procesal Civil, por lo que dicho reclamo no fue atendido en dicha instancia; del mismo modo señalaron que sería inadecuado e impreciso que se alegue litispendencia por la existencia de un proceso de fraude procesal para la presentación de una revisión extraordinaria de sentencia ejecutoriada porque, conforme ese antecedente, existiría ya un proceso culminado y con calidad de cosa juzgada, por lo que se tornaría imposible la existencia de un proceso pendiente donde se esté estableciendo tutela y derechos con los mismos sujetos, objeto y causa, por lo que la decisión asumida por el juez de la causa sería correcta; asimismo, con relación a la excepción de demanda defectuosa señalaron que la misma tendría por finalidad observar a aquellas omisiones de forma, a los requisitos formales o la contradicción que pudiera existir entre los hechos y la pretensión, razón por la cual el hecho de que exista expresiones como “socio” en la demanda sería un aspecto que atinge al fondo de la controversia, pues estaba ligada con el derecho que se pretendía debatir, por lo que no podía a través de esa excepción predisponerse la redacción de una u otra forma de la demanda; con relación a las pericias señalaron que si bien en el proceso se produjo dicho medio probatorio, empero, el juez de la causa habría establecido que al diferir el monto de dicha prueba, con otros que surgieron durante la tramitación del proceso, es que habría ponderado dicha prueba concluyendo con el monto señalado, por lo que resultaría impertinente señalar que el juez A quo no habría justificado, porque se apartaba de lo manifestado en la pericia; finalmente, respecto a la denuncia de que la sentencia al haber sido pronunciada fuera de plazo el juez A quo habría perdido competencia, señalaron que dicho extremo en caso de ser evidente únicamente generaría una sanción disciplinaria, mas no así la pérdida de competencia, al margen de que la fecha estipulada para la lectura de la sentencia pese a haber sido notificada a las partes en audiencia complementaria esta no fue cuestionada lo que supondría un consentimiento tácito.
En razón a dichos fundamentos, el citado Tribunal de Alzada CONFIRMÓ la sentencia apelada, con costas y costos.
Del mismo modo, ante la solicitud de complementación y enmienda interpuesta por el demandado a través del memorial que cursa de fs. 2584 a 2585, el Tribunal Ad quem pronunció el Auto de fecha 23 de agosto de 2018 cursante a fs. 2586, declarando “No ha lugar” a dicha solicitud.
Fallos de segunda instancia, que puestos en conocimiento de ambos sujetos procesales, ameritó que Héctor Choque Sarmiento interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:
1. Acusa que frente al reclamo expuesto en su recurso de apelación referido a la incompetencia del juez ordinario en materia civil para dilucidar el presente conflicto, el Tribunal de apelación no se habría referido sobre el particular con la misma intensidad que esta fue planteada; arguyendo en ese sentido que la competencia no estaría definida por una acción de defensa, ya que esta emanaría de la jurisdicción del Estado y no estaría derivada a la voluntad de las partes, observando del mismo modo en el listado expuesto en el art. 128 no existiría la citada excepción de arbitraje, por lo que el sustento del Auto de Vista sería imposible en cuanto a su planteamiento.
2. Aduce que cuando recurrió en apelación se habría referido a la “litis pendencia impropia”, que sería válido para el presente caso, sin embargo el Tribunal de Alzada no dilucidaría el mismo como fue impugnado, por lo que existiría falta de motivación, añadiendo que el hecho generador tanto en la resolución de contrato como en la rendición de cuentas, no habría cambiado, por lo que al haber demostrado que existiría un proceso de fraude procesal para la posterior revisión extraordinaria de sentencia del proceso de resolución de contrato habría demostrado la litispendencia.
3. Refiriéndose a la excepción previa de demanda defectuosa, aduce que el Auto de Vista sería totalmente incongruente toda vez que la calidad de socio al estar referida a una sociedad civil, o a una comercial, debió ser declarada probada hasta que la demandante aclare a qué tipo de socio se refiere.
4. Respecto a la prueba pericial, acusa que si bien el Código Procesal Civil faculta al juez apartarse del informe pericial, este tendría el deber procesal de exponer en la sentencia los argumentos del porqué se ha retirado de dicho informe y no observó o pidió otra pericia si no le convencía, sin embargo, el Tribunal de Alzada no se habría referido a la exigencia procesal inmersa en el art. 202 del Código Procesal Civil.
5. Finalmente, reitera que en la audiencia complementaria de fecha 19 de abril de 2018, el juez de la causa habría señalado audiencia de lectura de sentencia para el 18 de mayo de 2018, lo que supondría que se infringió el art. 5 de la Ley Nº 439 del C.P.C., pues solamente se otorgaría el plazo de veinte días, por lo que dicha autoridad habría perdido competencia.
Por lo expuesto, solicita se anule obrados hasta la demanda para que el juez de la causa decline competencia remitiendo a la jurisdicción no formal; en forma alternativa solicita se revoque totalmente la “sentencia” y se declare improbada la demanda, pues no se podría pagar a una socia comercial que no habría concluido un proceso inicial de resolución de contrato.
Reyna Margarita Marín Tamares por memorial que cursa de fs. 2609 a 2616 vta., contesta al recurso de casación de la parte demandada bajo los siguientes fundamentos:
- Que la citada impugnación contendría los mismos fundamentos que su recurso de apelación, lo que entraría en una total improcedencia por incumplimiento del art. 274.I inc. 3) del Código Procesal Civil.
- De igual forma refiere que dicho recurso adolece de una carencia total de técnica recursiva, pues al margen de no identificar si el mismo fue interpuesto en la forma o en el fondo, tampoco expresaría el fundamento fáctico y jurídico debidamente desglosado; situación que evidenciaría un total desconocimiento del recurrente respecto a los requisitos para interponer recurso de casación.
- Aduce que en el caso de autos jamás se tramitó una excepción de incompetencia, por lo que resultaría inadecuado traer a casación dicho reclamo, omisión que daría lugar a la renuncia tácita al arbitraje conforme lo estipula el art. 46.I inc. 2) de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje.
- Respecto a la litispendencia señalan que los jueces de instancia correctamente rechazaron la misma, porque el proceso de fraude procesal en relación al proceso de resolución de contrato, no tendría conexitud con la rendición de cuentas, pues al margen de que las partes adquirirían legitimaciones distintas, la causa y el objeto también serían diferentes. Añade en este acápite que en el hipotético caso de que prosperaría el fraude procesal, este hecho no eximiría al demandando recurrente de rendir cuentas sobre su gestión como administrador del negocio comercial “Alojamiento Guadalupe”, ni tampoco desvirtuaría lo dispuesto en el Auto de fecha 20 de enero de 2017 cursante a fs. 111 y vta., que declara que el demandado tiene la obligación de rendir cuentas sobre su gestión.
- Que cuando el recurrente interpuso excepción de demanda defectuosa porque se habría conformado una sociedad comercial y no civil, habría equivocado su excepción que está abocada exclusivamente a la forma y no al fondo; no obstante de lo expuesto, refiere que cuando interpuso la presente demanda el contrato que a criterio del recurrente conformaría una sociedad comercial, al estar resuelto mediante sentencia ejecutoriada, solo fue considerado como un antecedente referencial, del mismo modo aduce que cuando el recurrente contestó al incidente especializado, no alegó ninguno de estos extremos y contrariamente refirió que está dispuesto a rendir cuentas.
- Respecto al alejamiento del informe pericial, considera que lo acusado por el recurrente es un auto flagelo, toda vez que dicho informe habría establecido que el monto adeudado como emergencia de la rendición de cuentas es mayor a lo estipulado por el juez de la causa.
- Finalmente, respecto al hecho de que se consideren informes periciales de avalúo del bien inmueble objeto de litis, aduce que el mismo al ser ofrecidos de manera inoportuna y ser unilaterales, no podrían ser considerados por los jueces.
Por los fundamentos expuestos solicita que el recurso de casación sea declarado improcedente o en su defecto infundado, con costas y costos.
Actualmente al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no es un tema de defensa de meras formalidades, pues las formas previstas por Ley no deben ser entendidas como simples ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo del derecho de las partes a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones (art. 115 de la CPE); en ese entendido, en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, esto en función al nuevo Estado Constitucional de Derecho que rige en el país.
En efecto, en el Estado Legislativo de Derecho, para la procedencia de las nulidades de actos procesales, bastaba que el procedimiento esté viciado por infracción o vulneración de normas procesales que los órganos jurisdiccionales hubieren cometido, es decir, las nulidades procesales tenían únicamente relevancia meramente procesal. En cambio, en el Estado Constitucional de Derecho, la procedencia de las nulidades de actos procesales, está condicionada únicamente a si el procedimiento está o no viciado, por no haber hecho efectivo un derecho fundamental o garantía constitucional, es decir, las nulidades procesales tienen relevancia constitucional.
En ese orden, estos dos fenómenos, no pueden tener consideración separada por los jueces, en una suerte de afirmar que corresponde a la jurisdicción ordinaria velar y considerar las nulidades procesales con relevancia meramente procesal y a la justicia constitucional las nulidades procesales con relevancia constitucional, porque, como ampliamente se refirió anteriormente, el cambio de paradigma en la potestad de administrar justicia en el Estado Constitucional de Derecho, se visualiza en que todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones reconocidas en la Constitución, deben partir de la norma jurídica fundamental, de sus normas constitucionales-principios, es decir, de los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales en su razonamiento jurídico cotidiano.”., de dicho entendimiento se puede inferir que al momento de analizar el vicio que podría generar una nulidad de obrados corresponde, determinar la trascendencia de dicho vicio, es decir, se debe constatar si se provocó una lesión evidente al derecho al defensa o la incidencia que podría tener en la decisión de fondo de la causa; existiendo la posibilidad de analizar la relevancia procedimental y constitucional, ya que ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad en tanto no vulnere el derecho a la defensa.
Concordante con lo expuesto, la SCP Nº 1062/2016-S3 de 3 de octubre de 2016, señaló: “Sobre la relevancia constitucional en los hechos alegados por el accionante, la jurisprudencia se pronunció al respecto en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, ‘… los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados’ . Lo contrario, significaría sujetar a la justicia constitucional a toda emergencia suscitada, tanto en procedimientos administrativos como judiciales, con los cuales no estén conformen las partes intervinientes, lo que no necesariamente implica vulneración de derechos y garantías que amerite la activación de las acciones de defensa que reconoce la Ley Fundamental, tomando en cuenta que el art. 109.I, de la CPE dispone: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”; constituyendo las acciones de defensa, garantías destinadas a efectivizar el ejercicio pleno de derechos y demás garantías reconocidos, razón por la cual, los hechos denunciados deben necesariamente involucrar la vulneración material de los mismos”. (El resaltado es nuestro).
III.2. Del Principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.
En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve constreñido a lo formulado en la apelación por el impugnante.
La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde se ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.
De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.
De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…
III.3. De la motivación de las resoluciones judiciales.
La Sentencia Constitucional 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.
De igual manera la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio”.
Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.
III.4. De la falta de fundamentación en las resoluciones judiciales.
El art. 213.II del Código Procesal Civil dispone que la sentencia contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional, se aplica también a la resolución de segunda instancia.
III.5. De la necesidad de agotar la facultad de complementación ante la omisión de una pretensión.
Sobre el tópico es menester previamente enfatizar, que la omisión de pronunciamiento o en lo que en doctrina es reconocida como una resolución citra petita, es una causal del recurso de casación que se encontraba taxativamente expresada en la norma (art. 254 num. 4) del CPC), empero, la misma no resulta aplicable de forma directa o inmediata ante la evidencia de una omisión, sino que esta causal contenida en la normativa citada, resulta aplicable dentro de los marcos exigidos en dicha normativa, por lo que a los efectos de seguir dilucidando el presente punto, corresponde analizar la normativa antes citada, la cual de forma textual señala: “procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales de proceso, cuando la sentencia o auto recurrido hubiere sido dictado...4) Otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores.” Art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil (el subrayado es nuestro) de la última parte de esta causal del recurso de casación en la forma, se advierte que la viabilidad del supuesto hipotético, es decir, de la nulidad procesal por -omisión de una pretensión-, la misma debe ser reclamada oportunamente ante los tribunales inferiores, normativa que en su contenido encuentra concordancia con lo determinado por el art. 258 num. 3) del mismo compilado legal que expresaba: “III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”, con la aclaración que la omisión es un aspecto de forma (debido a que es una causal del recurso de casación en la forma y no en fondo), el cual tiene por finalidad Anular obrados, por lo que, también a esta causal se aplica la regla contenida en el Art. 17.III de la Ley Nº 025, criterio que se halla en consonancia con el nuevo Código Procesal Civil.
De lo que se concluye cuando se alegue en amparo de esta causal art. 254 num.4) del cuerpo ritual civil antes señalado (Código de Procedimiento Civil) la falta u omisión de pronunciamiento en segunda instancia, corresponde al afectado previamente a utilizar el recurso de casación utilizar o reclamar oportunamente dicha omisión ante los Tribunales inferiores, a través de los mecanismos correspondientes a los efectos de -suplir omisión de pretensión- conforme determina la parte in fine del art. 254 num. 4) del citado código, para lo cual, se deberá hacer uso de la facultad establecida en el art. 196 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, aplicable a segunda instancia por expresa determinación del art. 239 de la misma normativa, articulo que de manera clara preceptúa que con esta facultad se puede: ”… suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.”, facultad que permite subsanar la falta de pronunciamiento por los Tribunales de instancia, caso contrario en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección, implica una aceptación tácita de la omisión acusada dotando de plena eficacia jurídica lo actuado, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad cuando se contaba con los mecanismos que establece la ley.
Entendimiento orientado por este Supremo Tribunal en diversos fallos entre ellos el Auto Supremo Nº 32/2015 que señaló: “Respecto a la falta de pronunciamiento del segundo punto apelado, se debe indicar que, el Ad quem, de forma genérica arribó a la conclusión de que el Auto de 10 de junio de 2003 que resolvió las excepciones no se las puede revisar en vía del recurso de apelación porque dicha resolución hubiera causado ejecutoria, esa es una respuesta de forma general a las acusaciones relativas a la forma de resolución de las excepciones formuladas por los recurrentes.
III.6. De la pérdida de competencia por vencimiento de plazo para emitir resolución, que ya no constituye causal de nulidad.
Al respecto, y toda vez que la presente causa fue tramitada conforme a los lineamientos establecidos en el actual Código Procesal Civil, es preciso remitirnos a lo estipulado en el art. 16 de dicho cuerpo normativo, donde de manera expresa se establece cuáles son las causales por las que la autoridad judicial pierde competencia en un determinado asunto, siendo estas: “1. Excusa declarada legal. 2. Recusación probada. 3. Resolver en su contra la competencia suscitada y 4. Conclusión del pleito.”; concordante con esta norma y refiriéndonos a la validez de la sentencia, el art. 217 del mismo cuerpo legal señala: “Es válida la sentencia pronunciada fuera de plazo prevista por este Código, pero dará lugar a la sanción disciplinaria a la autoridad judicial, conforme a Ley” (el resaltado nos pertenece).
De lo expuesto se infiere que si bien el abrogado Código de Procedimiento Civil, sancionaba con nulidad automática a aquellas resoluciones emitidas fuera de plazo (art. 208); sin embargo, el actual adjetivo civil, con una visión más amplia y acorde a los principios y garantías jurisdiccionales que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Estado como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, modificó dicha disposición, estableciendo únicamente cuatro causales por las cuales opera la pérdida de competencia, entre las cuales lógicamente ya no se encuentra consignada la emisión de resolución fuera de plazo, y contrariamente lo que hizo fue otorgar plena validez a aquellas resoluciones que por uno u otro motivo sean pronunciadas fuera del plazo establecido por ley, disponiendo que esas autoridades jurisdiccionales que incumplan con su obligación y quebranten los plazos, sean sancionados disciplinariamente conforme a ley.
En ese entendido, resulta lógico que la sanción por el incumplimiento de los plazos para emitir resolución, genere consecuencias únicamente en la autoridad judicial que ocasionó dicha demora y retardo en el acceso a una justicia rápida y de ninguna manera en los justiciables cuyo único fin es solucionar sus conflictos dentro de los plazos previstos por la ley.
Conforme a los fundamentos expuestos en el considerando supra, corresponde a continuación referirnos a los reclamos acusados por el demandado.
1. Con relación al hecho de que el Tribunal de Alzada no se habría referido con la misma intensidad en que fue acusada la incompetencia del juez ordinario en materia civil, donde además refiere que al emanar la competencia de la jurisdicción del Estado esta no se encontraría derivada a la voluntad de las partes, al margen de que en el listado del art. 128 del Código de Procedimiento Civil no existiría la excepción de arbitraje.
Sobre el particular es menester señalar que la Ley N° 708 Ley de Conciliación y Arbitraje de fecha 25 de junio de 2015, que regula precisamente la conciliación y el arbitraje como medios alternativos de solución de controversias que emergen ya sea de una relación contractual o extracontractual, establece de manera expresa en su art. 45 que la autoridad judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta a cláusula arbitral o convenio arbitral, debe inhibirse de conocer el caso, cuando lo solicite la parte judicialmente demandada, caso en el cual, dicha parte puede oponer excepción de arbitraje en forma documentada, de acuerdo a normativa procesal vigente; sin embargo, el art. 46 de dicho cuerpo legal, refiriéndose a la figura de “renuncia al arbitraje”, dispone que existen dos formas de renunciar a este medio alternativo de solución de conflictos, la primera de manera expresa y la segunda de forma tácita, aconteciendo esta última –renuncia tácita-, cuando la parte que es demandada judicialmente por la otra parte contratante no opone la respectiva excepción de arbitraje conforme a la normativa procesal correspondiente.
En ese contexto, de la revisión de obrados se advierte que, una vez que el recurrente Héctor Choque Sarmiento tomó conocimiento de la formalización de demanda ordinaria de rendición de cuentas que interpuso Reyna Margarita Marín Tamares en su contra, éste, por memoriales que cursan de fs. 573 a 579 vta., fs. 582 a 585 vta. y de fs. 587 a 588 vta., al margen de responder negativamente a dicha pretensión, se abocó simplemente a interponer dos excepciones previas, la primera de litispendencia y la otra de demanda defectuosa o como señaló en la suma de su memorial “excepción previa-oscuridad litis pendencia”, las cuales fueron rechazadas en la audiencia preliminar por Auto interlocutorio de fecha 25 de enero de 2018 cursante de fs. 633 vta. a 636, siguiendo de esta manera el presente proceso su curso normal hasta dictarse la sentencia de primera instancia; resolución contra la cual el recurrente interpuso recurso de apelación reclamando, entre otros aspectos, que el juez de la causa no tendría competencia para sustanciar la causa, pues al haber conformado un negocio comercial esta no debió dilucidarse en la vía civil sino mediante el arbitraje.
El citado agravio, fue debidamente apreciado por el Tribunal de Alzada, pues los jueces de dicha instancia, en el numeral 1 del segundo considerando, respaldándose en la Ley Nº 708, de manera por demás clara y precisa explicaron las razones por las cuales consideraron que en el caso de autos habría concurrido la renuncia tácita de sometimiento a la vía del arbitraje, por lo que ese reclamo no podía ser atendido.
De esta manera se infiere que el Tribunal Ad quem, contrariamente a lo acusado por el recurrente, si se abocó al reclamo acusado en apelación en la misma intensidad en que fue interpuesta, pues para que dicha respuesta sea considerada como debidamente motivada o fundamentada, conforme a lo expuesto en la doctrina expuesta en los numerales III.3 y III.4., no implica que las autoridades judiciales deban realizar exposiciones exageradas y/o de abundantes consideraciones de citas legales o argumentos reiterativos, al contrario, lo que se exige y requiere es que la resolución sea concisa y clara, tal como ocurrió en el presente caso, donde los vocales que conforman el Tribunal de segunda instancia dedujeron que al no haber interpuesto el apelante de manera oportuna los mecanismos establecidos en el Código Procesal Civil, se produjo, como ya se dijo supra, la renuncia tácita al arbitraje.
Ahora, si bien es evidente que la competencia es la facultad que tiene una Magistrada o Magistrado, una vocal o un vocal, una jueza o un juez, o una autoridad originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto; sin embargo, no se puede obviar que el art. 13 de la Ley Nº 025 Ley de Organización Judicial al referirse a la extensión de la competencia, aunque señala que esta se amplía únicamente en razón del territorio, empero, en su última parte expresamente estipula lo siguiente: “Se exceptúa lo dispuesto en leyes especiales”; es decir que conforme a la interpretación de esta última parte, si existe alguna norma especial, como es la Ley Nº 708 Ley de Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015, que estipula otros casos de extensión de la competencia, las mismas deben acatarse. De ahí que si la parte demandada en el presente caso de rendición de cuentas, ahora recurrente, no interpuso oportunamente mecanismo alguno para que la controversia se resuelva en la vía de arbitraje conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil, pues lógicamente se deduce que renunció tácitamente a la competencia de dicha vía.
Ya concluyendo con lo acusado en este primer apartado, debemos señalar que si bien en el listado de excepciones previas que se encuentran plasmadas en el art. 128 del Código Procesal Civil, no se halla expresamente identificada la “excepción de arbitraje” como tal; empero, por lógica se entiende que al estar dicha excepción orientada a cuestionar e impugnar la competencia de la autoridad judicial para conocer y resolver el conflicto suscitado, el mecanismo al cual se refiere el Tribunal de Alzada es a la excepción de incompetencia. En ese entendido, se concluye que lo acusado en este primer punto deviene en infundado.
2. Con relación al hecho de que existiría falta de motivación sobre la excepción de “litis pendencia impropia”, pues este no habría sido resuelto en la manera en que fue impugnado, toda vez que al existir un proceso de fraude procesal que daría curso a una posterior revisión extraordinaria de sentencia del proceso de resolución de contrato, éste habría demostrado la existencia de litispendencia.
Del análisis del presente reclamo, se advierte que lo que en realidad denuncia el recurrente es la transgresión del principio de congruencia, pues aduce que el agravio denunciado en apelación sobre la “litis pendencia impropia” no habría sido considerada por los jueces de Alzada, quienes habrían incurrido en una posible incongruencia omisiva; en ese entendido, al estar referida dicha acusación a un aspecto que atinge netamente a la estructura formal de la resolución, corresponde verificar si lo expuesto resulta o no evidente.
Consiguientemente, de la revisión de los fundamentos expuestos en el memorial de apelación que cursa de fs. 2539 a 2551 vta., se puede observar que cuando Héctor Choque Sarmiento se refiere a la litispendencia, evidentemente expuso que existiría dos clases, la propia y la impropia, arguyendo que la triple identidad no concurre en el caso específico de la litispendencia impropia, destacando que la causa debe entenderse como la identidad del hecho generador de la acción, que en el caso de la resolución de contrato y rendición de cuentas sería el mismo; dicho reclamo, que fue respondido por los jueces de alzada en el numeral 2 del segundo considerando, si bien señalan que existe litispendencia cuando concurren las identidades de sujeto, objeto y causa, empero, también señalaron que resultaría inadecuado e impreciso que por la existencia de un proceso de fraude procesal para la presentación de una revisión extraordinaria de sentencia ejecutoriada de un proceso de resolución de contrato, que ya se encuentra culminado y en calidad de cosa juzgada, se entienda que existiría un proceso pendiente.
De lo expuesto, se advierte que el Tribunal de Alzada, si bien no señaló de manera expresa que se refería a la litispendencia impropia, no obstante, del entendimiento de todos los fundamentos expuestos en el citado numeral, se colige que al haber señalado que resultaría inadecuado e impropio que considere que existe litispendencia por que existiría un proceso pendiente de fraude procesal sobre la resolución de contrato, cuando este último proceso ya cuenta con sentencia en calidad de cosa juzgada; obviamente se estaba refiriendo a la litis pendencia impropia. Por lo tanto, la falta de consideración sobre dicho agravio no resulta evidente, aclarando en este punto que cuando se acusa aspectos que atingen a la estructura formal de la resolución como es la falta de motivación, fundamentación o incongruencia omisiva, este Tribunal Supremo de Justicia constituido en Tribunal de casación se encuentra restringido a verificar si el mismo resulta o no evidente, mas no así a emitir un criterio de fondo.
Sin embargo, al margen de todo lo expuesto, corresponde aclarar al recurrente que conforme lo establece el art. 226.III del Código Procesal Civil, una vez que fue notificado con el Auto de Vista, advertido de la supuesta incongruencia omisiva, porque el Tribunal de Alzada no se habría referido a la litis pendencia impropia, en el plazo de veinticuatro horas después de la notificación con dicha resolución debió solicitar la aclaración, complementación y enmienda para así subsanar dicha omisión, empero al no haber hecho uso de dicha facultad, y toda vez que las nulidades procesales operan ante vicios in procedendo acusados oportunamente, se deduce que dicho extremo, conforme a los principios que rigen precisamente el tema de las nulidades, quedó convalidado; pues si bien existe una solicitud de complementación y enmienda que cursa de fs. 2584 a 2585, pero como esta petición estaba referida a un tema de la competencia del juez ordinario en materia civil y no así al tema de la litis pendencia, esta no puede entenderse como una solicitud para subsanar lo acusado en este segundo numeral.
3. Continuando con los reclamos acusados en casación, corresponde referirnos al hecho de que el Auto de Vista sería incongruente, porque al estar referida la calidad de socio tanto a una sociedad civil como a una comercial, la excepción previa de demanda defectuosa debió ser declarada probada hasta que la demandante aclare a qué tipo de socio se refiere. En lo concerniente a este reclamo, y toda vez que se acusa la vulneración del principio de congruencia, corresponde señalar con carácter previo que en virtud a dicho principio ciertamente toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, en el caso de la apelación implica que el Auto de Vista debe constreñirse a los puntos resueltos por el inferior siempre y cuando estos hayan sido objeto de apelación y fundamentación, tal como lo establece el art. 265.I del Código Procesal Civil.
En esa lógica, y expuesto como está el reclamo acusado en este numeral, amerita comprobar si la transgresión acusada resulta o no evidente, por lo tanto remitiéndonos tanto a los fundamentos expuestos en el recurso de apelación que cursa de fs. 2539 a 2550 vta. como a los plasmados en el Auto de Vista S.C.C. II 221/2018 de fecha 20 de agosto que cursa de fs. 2580 a 2582; se observa que el Tribunal de segunda instancia considerando precisamente el reclamo orientado a la excepción de demanda defectuosa, donde el demandado cuestionó que al haberse consignado en la demanda como socia a la demandante, sin que esta haya presentado la constitución de la sociedad comercial debidamente registrada; de manera clara refirió que dicha excepción está dispuesta para aquellas omisiones de forma, en cuanto a los requisitos formales, o sobre la contradicción de los hechos, o la pretensión, que impidan desarrollar la contestación y por tanto asumir en forma expedita el derecho a la defensa, más no así para cuestiones de fondo de la controversia, como es el hecho de que con el documento objeto de litis se conformó una sociedad civil o comercial, extremo que se encontraría relacionado al derecho mismo que se pretendía debatir, como es la rendición de cuentas; fundamentos por los cuales compartieron el criterio asumido en primera instancia.
De lo expuesto se infiere que el Tribunal de segunda instancia, no transgredió el principio de congruencia, pues el reclamo acusado en apelación concerniente a la excepción de demanda defectuosa fue considerada en el numeral 3 del segundo considerando en la manera en que este fue interpuesto; sin embargo, si el recurrente no estaba de acuerdo con la respuesta concedida en segunda instancia, su reclamo en casación debió estar orientado a acusar el fondo de la respuesta que se le otorgó, fundamentando de manera debida el yerro en que incurrió dicho Tribunal, ya sea en la valoración de la prueba o en la errónea aplicación de la ley, y no limitarse a acusar una transgresión netamente formal, como es la incongruencia, razón por la cual, corresponde descartar la infracción acusada, toda vez que los vocales suscriptores del Auto de Vista, conforme a lo expuesto en el art. 265.I del Código Procesal Civil, otorgaron una respuesta motivada circunscribiéndose a los fundamentos expuestos por el Juez A quo y que fueron objeto de apelación.
4. Con relación a la denuncia de que el Tribunal de Alzada no se habría referido a la exigencia procesal inmersa en el art. 202 del Código Procesal Civil, pues si bien dicha norma faculta al juez apartarse del informe pericial, sin embargo la autoridad judicial tendría el deber procesal de exponer en la sentencia los argumentos del porqué se ha retirado de dicho informe y no la observó o pidió otra pericia si no le convencía.
Previamente a examinar si evidentemente el juez de la causa omitió fundamentar su alejamiento del informe pericial, debemos señalar que el art. 1333 del sustantivo civil expresa lo siguiente: “El juez no está obligado a seguir las conclusiones de los peritos, pero debe fundar las propias”, norma de la cual se infiere que evidentemente al Juez le está permitido alejarse de la conclusión del informe pericial, sin embargo, dicha facultad al ser exclusiva de la autoridad judicial, lo obliga a fundar conclusiones propias, en base a las reglas de la sana crítica, exponiendo argumentos que le permitan sustentar sus conclusiones, por lo tanto para fundar el fallo, necesariamente deberá tomar en cuenta todo el elenco probatorio admitido en el desarrollo del proceso; las partes en cambio, si no están de acuerdo con el informe pericial, en su debida oportunidad tienen el derecho de pedir la agregación y/o exclusión de puntos de pericia, y luego de la presentación de la pericia observar la misma de acuerdo a fundamento técnico, ya sea para aclarar el peritaje, o para observar la misma.
Bajo ese razonamiento, de la revisión minuciosa de la sentencia de primera instancia que cursa de fs. 2505 a 2513, se observa que el juez A quo en el segundo considerando titulado “Sobre el fondo”, de manera expresa señaló que frente a la discordancia en los medios probatorios, correspondía considerar la confesión judicial espontánea del demandado ofrecido en el memorial de fs. 206 a 211, prueba válida y reconocida en el art. 1321 del Código Civil y art. 157.III del Código Procesal Civil, y por mandato del ya citado sustantivo civil el art. 1323 no admitiría retractación, por lo que resultaría válida la confesión efectuada por Héctor Choque Sarmiento en su memorial de contestación al incidente especializado de rendición de cuentas, donde habría manifestado que inicialmente sí cobraba por concepto de alojamiento Bs. 30 y después Bs. 50 por persona; fundamento que permitió a dicha autoridad establecer las ganancias percibidas por el alojamiento “Guadalupe”; del mismo modo, para establecer el monto por concepto de alquileres, por los fundamentos ya expuestos supra, también consideró lo confesado por el demandado en el memorial de contestación al incidente de rendición de cuentas (confesión espontánea). En ese sentido, el juez de la causa para determinar cuál el monto abonado por cada parte al Banco de Crédito para la adquisición del bien inmueble de la calle Aniceto Arce Nº 131, también decidió tomar en cuenta la confesión judicial espontánea del demandado en la copia de los memoriales que cursan de fs. 166 a 174.
De lo citado en el párrafo anterior, se colige que el juez de la causa, de conformidad a lo estipulado en el art. 1311 del Código Civil norma que guarda estrecha relación con el art. 202 del Código Procesal Civil, al no estar obligado a seguir el criterio del perito, fundamentó de manera amplia y entendible las razones por las cuales se apartaba del dictamen, por lo que la vulneración acusada en esta etapa casacional no resulta evidente, pues como lo señaló el Tribunal de apelación, si justificó las razones y/o motivos por los cuales se apartaba de lo manifestado en la pericia.
5. Finalmente, sobre la infracción del art. 5 de la Ley Nº 439, porque el juez de primera instancia solo tendría el plazo de veinte días para dictar sentencia, pues vencido el mismo implicaría la pérdida de competencia.
Sobre el particular es importante señalar que tal y como lo señala el art. 5 del Código Procesal Civil, las normas procesales evidentemente son de orden público y por ende de cumplimiento obligatorio tanto para la autoridad judicial como para los sujetos procesales (partes) y eventuales terceros; siguiendo ese razonamiento, se infiere que lo estipulado en el art. 216.II de dicho cuerpo normativo, donde se estipula que la autoridad judicial podrá diferir la fundamentación del fallo para una ulterior audiencia que se realizará en un plazo no mayor a veinte días, resulta lógicamente de cumplimiento obligatorio conforme a la norma citada supra; sin embargo, el incumplimiento de los plazos procesales estipulados en el Código Procesal Civil, en el que tanto las partes como los jueces deben desarrollar actos jurídicos procesales que les corresponden, evidentemente no pasan desapercibidos, pues como ya se señaló en el punto III.6., esta inobservancia, genera consecuencias jurídicas, por ejemplo, para las partes opera la preclusión al vencimiento de los plazos y etapas procesales, y para los jueces las sanciones y responsabilidades correspondientes por retardación de justicia, pues desde ningún punto de vista resulta lógico que la sanción por incumplimiento de la autoridad judicial a los plazos procesales, en este caso para emitir resoluciones no recaiga sobre su infractor y contrariamente recaiga sobre los sujetos procesales, situación que acaecía cuando se anulaba la resolución dictada fuera de plazo, que lo único que originaba era la vulneración del principio de celeridad y del derecho de las partes a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que se encuentra consagrado en la C.P.E.; concepción que con la promulgación de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, fue superada, ya que el legislador previendo estas circunstancias, que no podrían acontecer de ninguna manera, dispuso otorgar plena validez a las sentencias, así estas hayan sido dictadas fuera de plazo, disponiendo además que contra la autoridad que incurra en dicha transgresión, se dé curso con las sanciones disciplinarias respectivas conforme a ley.
Por lo tanto, la pérdida de competencia del juez de la causa y la nulidad de la sentencia, a la cual hace alusión el recurrente, no amerita ser atendido, pues conforme se desarrolló ampliamente en este numeral, toda vez que al margen de resultar contrario a la garantía a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, que los Tribunales de segunda instancia o el de casación, ya sea de oficio o a pedido de parte, anulen una sentencia dictada fuera del plazo legal y retrotraigan el proceso al estado de que se dicte nueva resolución de primera instancia; sencillamente porque de conformidad al principio de legalidad o primacía de la ley por el cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, este hecho (incumplimiento de plazos para emitir resolución) ya no está sancionado con pérdida de competencia y por ende tampoco procede la nulidad de la resolución.
Por lo expuesto, y toda vez que los extremos acusados en el recurso de casación no resultan evidentes, ni fundados, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 2590 a 2606 vta., interpuesto por Héctor Choque Sarmiento, contra el Auto de Vista Nº S.C.C. II 221/2018 de fecha 20 de agosto, cursante de fs. 2580 a 2582, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

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