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Timestamp: 2019-11-21 14:31:49+00:00

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Decreto 297/1997, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de policía sanitaria mortuoria.
Publicado en DOGC núm. 2528 de 28 de Noviembre de 1997
CAPITULO II. Del destino final de los cadáveres y de su clasificación
SECCION 2. Inhumación
SECCION 3. Incineración
SECCION 4. Exhumación
CAPITULO III. Conducción y traslado
CAPITULO IV. Embalsamamiento, conservación transitoria y otras prácticas sobre cadáveres y restos cadavéricos
CAPITULO V. Cementerios
CAPITULO VI. Infracciones y sanciones
ANEXO . Cadáveres Grupo I
Mediante el Real Decreto 2210/1979, de 7 de septiembre, se transfirieron a la Generalidad de Cataluña funciones y competencias cuanto a la acción pública sanitaria, entre ellas las que en relación con la policía sanitaria mortuoria atribuían el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, y disposiciones complementarias, a los órganos de la Administración del Estado.
A partir de aquel momento, al amparo de las competencias de desarrollo normativo en materia de sanidad interior que le atribuye el artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía, el Gobierno de la Generalidad inició un proceso de adaptación progresiva de la normativa reguladora en materia de sanidad mortuoria a la realidad epidemiológica y social, valorando en cada nueva iniciativa la incidencia de su aplicación. Fruto de esta tarea son el Decreto 42/1981, de 16 de febrero, sobre construcciones en cementerios (DOGC núm. 113, de 25.2.1981), el Decreto 304/1983, de 7 de julio, sobre traslados de cadáveres en Cataluña (DOGC núm. 354, de 12.8.1983), el Decreto 250/1987, de 7 de julio, por el que se aprueban normas de policía sanitaria mortuoria (DOGC núm. 878, de 17.8.1987) y el Decreto 147/1990, de 28 de mayo, sobre autorización de prácticas de conservación transitoria de cadáveres en Cataluña (DOGC núm. 1311, de 29.6.1990).
Recientemente, el Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre servicios funerarios, cuyos objetivos son, por un lado, establecer el marco de actuación competencial de las entidades locales en relación con estos servicios a partir de la liberalización operada en el sector por el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, y por otro lado, determinar las condiciones mínimas que deben reunir las entidades prestadoras de servicios funerarios. En la determinación de estas condiciones, como también en la prestación de los servicios funerarios, esta Ley prescribe la plena sujeción a las normas de policía sanitaria mortuoria.
En este marco normativo, este nuevo Decreto viene a regular, con vocación de globalidad, las actuaciones de policía sanitaria mortuoria, estableciendo los procedimientos y las condiciones sanitarias de las prácticas sobre cadáveres y restos cadavéricos, de los cementerios y de los servicios funerarios públicos y privados en el ámbito de Cataluña, agilitando y simplificando los trámites para el transporte y la inhumación de cadáveres dentro de este territorio y determinando las medidas necesarias para la salvaguarda de la salud pública.
En cuanto a su contenido, el Decreto conjuga el refundido de la normativa precedente con la incorporación de nuevos elementos, de acuerdo con la línea de progresividad emprendida. Así, introduce una distinción clara entre los conceptos de conducción y traslado de cadáveres y restos cadavéricos, según el transporte se desarrolle o no íntegramente en Cataluña.
Por otro lado, el Decreto prevé la compaginación de la práctica social, cada vez más consolidada, de recurso a las salas de vela, que se considerarán a todos los efectos como domicilio mortuorio, con la costumbre, también enraizada en la población, de velar al difunto en el propio domicilio. Con esta finalidad, autoriza el desplazamiento de un difunto muerto en un hospital o centro asistencial a un domicilio particular, con el fin de ser posteriormente conducido o trasladado.
De conformidad con los más recientes criterios epidemiológicos, se reduce de forma ostensible, dentro del ámbito territorial de Cataluña, la lista de enfermedades que representan un peligro sanitario que exija la adopción de medidas de mayor control, lo que posibilita una disminución del coste de los servicios funerarios, dado que disminuyen los supuestos de conducción de cadáveres mediante féretros de traslado.
Otro elemento innovador consiste en la supresión de las listas de médicos tanatólogos existentes en las delegaciones territoriales del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, dejando a la familia del finado la libre elección del médico que haya de realizar operaciones de embalsamamiento, conservación transitoria y tanatoplastia, que se responsabiliza del resultado de las mismas, sin perjuicio de la facultad inspectora de la Administración.
También, en esta línea de exigencia a los profesionales que intervienen en la prestación de los servicios funerarios, se ha considerado adecuado definir los diferentes métodos que engloban la práctica llamada tanatopraxia.
Las facultades administrativas en esta materia se atribuyen al Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad y a los ayuntamientos, de acuerdo con lo que prevé la legislación de régimen local, concretamente la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, y la legislación sectorial sanitaria, en concreto la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña.
Este Decreto se dicta en ejecución de las atribuciones propias de la Generalidad en materia de sanidad interior, de conformidad con lo que prevén los artículos 2 y 41 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad.
Por todo, de acuerdo con lo que disponen los artículos 61 y 62 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, visto el informe de la Comisión de Gobierno Local de Cataluña y de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del consejero de Sanidad y Seguridad Social y del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, y con la deliberación previa del Gobierno,
Se aprueba el Reglamento de policía sanitaria mortuoria, cuyo texto figura a continuación.
Decreto: 42/1981, de 16 de febrero, sobre construcciones en cementerios (DOGC núm. 113, de 25.2.1981).
Decreto: 304/1983, de 7 de julio, sobre traslado de cadáveres en Cataluña (DOGC núm. 354, de 12.8.1983).
Decreto: 250/1987, de 7 de julio, por el que se aprueban normas de policía sanitaria mortuoria (DOGC núm. 878, de 17.8.1987).
Decreto: 147/1990, de 28 de mayo, sobre autorización de prácticas de conservación de cadáveres en Cataluña (DOGC núm. 1311, de 29.6.1990).
Se facultan al consejero de Sanidad y Seguridad Social y al consejero de Política Territorial y Obras Públicas para dictar, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación de este Decreto.
Este Reglamento tiene por objeto regular la actividad de policía sanitaria mortuoria dentro del ámbito territorial de Cataluña.
La policía sanitaria mortuoria, como parte integrante de la actividad de las administraciones públicas en materia de sanidad comprende:
2.1. La regulación de toda clase de prácticas sanitarias sobre cadáveres y restos cadavéricos.
2.2. Las condiciones técnico-sanitarias en que las empresas funerarias prestan sus servicios.
2.3. Las normas sanitarias que deben cumplir los cementerios públicos, privados y mixtos, así como los otros lugares de entierro de cadáveres.
2.4. La función inspectora y la potestad sancionadora en el supuesto de contravención de la normativa vigente en la materia.
Las facultades administrativas en materia de policía sanitaria mortuoria corresponden, de acuerdo con lo que prevén este Reglamento, la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña y la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, a los ayuntamientos y al Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña, sin perjuicio de otras competencias concurrentes en esta materia.
El otorgamiento de las autorizaciones sanitarias previstas en este Reglamento y, en general, la aplicación de lo que éste dispone, se entiende sin perjuicio de la intervención judicial que en cada caso proceda.
La comprobación de las defunciones y su confirmación e inscripción en el Registro Civil deben efectuarse de acuerdo con lo que establece la normativa vigente en esta materia.
Domicilio mortuorio: lugar donde permanece el cadáver hasta el momento de ser conducido hacia su destino final.
Las salas de vela tienen la consideración de domicilio mortuorio.
Cadáver: cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte real.
Este plazo se computa desde la fecha y la hora de la muerte que figura en la inscripción de la defunción en el Registro Civil.
Restos cadavéricos: lo que queda del cuerpo humano después del proceso de destrucción de la materia orgánica, una vez transcurridos cinco años desde la muerte.
Putrefacción: proceso que conduce a la transformación de la materia orgánica mediante el ataque al cadáver por microorganismos y fauna complementaria auxiliar.
Práctica sanitaria sobre un cadáver o restos cadavéricos: cualquier tipo de manipulación que se realice sobre los mismos, salvo de las destinadas a la obtención de piezas anatómicas y tejidos para trasplantes.
Tanatopraxia: métodos destinados a la conservación y la adecuación del cadáver.
Tienen esta consideración los siguientes métodos:
a) Refrigeración: método que, mientras actúa, ralentiza el proceso de putrefacción del cadáver por medio del descenso artificial de la temperatura.
b) Congelación: método de conservación del cadáver por medio de la hipotermia.
c) Conservación transitoria: método que, mediante la aplicación de sustancias químicas, retarda el proceso de putrefacción.
d) Embalsamamiento: método que impide la aparición de fenómenos de putrefacción.
Tanatoplastia: método de adecuación de cadáver por medio de técnicas de reconstrucción.
Tanatoestética: método de adecuación del cadáver con la finalidad única de mejorar el aspecto.
Incineración: destrucción de cadáveres, de restos humanos y de restos cadavéricos hasta su reducción a cenizas.
Empresa funeraria: persona física o jurídica que presta la actividad de servicios funerarios bajo cualquier forma de gestión admitida en derecho, y se responsabiliza de la tramitación de los actos que establece la normativa en vigor desde que se produce el óbito hasta su destino final.
Féretro y caja de restos: caja para depositar el cadáver y los restos cadavéricos, respectivamente, que se ajuste a las condiciones técnicas previstas en el presente Reglamento.
Conducción: transporte del cadáver o de los restos cadavéricos, desde el domicilio mortuorio, cementerio o lugar de entierro, según el caso, hasta el lugar de inhumación o incineración, siempre que ambos lugares estén dentro del ámbito territorial de Cataluña.
Traslado: transporte del cadáver o de los restos cadavéricos desde el domicilio mortuorio, cementerio o lugar de entierro, según el caso, hasta el lugar de inhumación o incineración, cuando uno de ambos lugares esté fuera del territorio de Cataluña.
Salas de velas.
Instalaciones divididas en:
Una dependencia para la acogida de la familia y el público en general.
Sala de exposición del cadáver, debidamente refrigerada.
Sala destinada a la realización de prácticas sanitarias sobre cadáveres.
Depósito de cadáveres: sala o dependencia, anexa generalmente a un centro hospitalario, cementerio o empresa funeraria, de depósito temporal de cadáveres.
Nicho: cavidad de una construcción funeraria para la inhumación de uno o más cadáveres o de restos cadavéricos cerrada con una losa o tabique.
Tumba: lugar soterrado de inhumación de uno o más cadáveres o de restos cadavéricos, cubierto por una losa, integrado por uno a más nichos.
Fosa: lugar soterrado de inhumación de un cadáver o de restos cadavéricos, integrado por uno o más nichos.
Panteón: monumento funerario destinado a la inhumación de diferentes cadáveres o de restos cadavéricos, integrado por uno o más nichos.
Cripta: vuelta subterránea de una iglesia que sirve de sepultura, que comprende uno o más nichos.
Mausoleo: tumba o conjunto monumental de tumbas.
Columbario: construcción funeraria con nichos para recibir las urnas cinerarias.
Horno cinerario: instalaciones compuestas de uno o varios hornos para la incineración de cadáveres, de restos humanos y de restos cadavéricos.
Del destino final de los cadáveres y de su clasificación
7.1. Cualquier cadáver, sin perjuicio de lo que establece la normativa vigente sobre obtención de piezas anatómicas para trasplantes y utilización de cadáveres para finalidad científica, debe tener uno de los siguientes destinos finales:
a) Inhumación.
b) Incineración.
c) Inmersión en alta mar.
7.2. También deben tener uno de los destinos indicados en el apartado anterior los restos humanos procedentes de abortos, mutilaciones e intervenciones quirúrgicas, como también las criaturas abortivas, sin que sea necesario ningún otro requisito sanitario más que el certificado médico que acredite su causa y procedencia.
En caso que el médico firmante del certificado deduzca la existencia de posibles riesgos de contagio y/o irradiaciones, lo debe poner inmediatamente en conocimiento del delegado territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del ámbito correspondiente, que adoptará las medidas que considere oportunas.
A los efectos de este Reglamento, los cadáveres se clasifican en dos grupos, según la causa de defunción:
Grupo I: comprende aquellos cadáveres cuya causa de la muerte está relacionada en el anexo de este Reglamento. Por Orden del consejero de Sanidad y Seguridad Social se pueden establecer otras causas de muerte que por el hecho de representar un peligro sanitario hagan conveniente su inclusión en este grupo de clasificación.
Así mismo, serán considerados cadáveres potencialmente infecciosos, aquellos que por circunstancias epidemiológicas concretas, determine el alcalde del municipio afectado, o el director general de Salud Pública, si el alcance territorial de estas circunstancias excede del término municipal.
Grupo II: comprende aquellos cadáveres cuya causa de la muerte no está incluida en el Grupo I.
Se prohíbe la conducción, la inhumación y la incineración de cadáveres sin el correspondiente féretro de las características que se indican en este Reglamento, salvo de los casos de graves anormalidades epidemiológicas o de catástrofe. En estos supuestos el alcalde del municipio afectado podrá autorizar que se efectúen inhumaciones sin féretro en las condiciones que determine. En caso que la anormalidad epidemiológica o la catástrofe afecten más de un municipio corresponderá al director general de Salud Pública autorizar las inhumaciones sin féretro y determinar las condiciones. Ambas autoridades serán informadas, inmediatamente, de las decisiones que puedan haber adoptado cada una de ellas en ejercicio de sus competencias respectivas.
10.1. A los efectos de su utilización obligatoria, según corresponda en cada caso, se distingue entre los siguientes tipos de féretros:
a) Común: construido con madera, aglomerado, u otro material biodegradable de características similares autorizado de acuerdo con lo que prevé el apartado 2 de este artículo, de un mínimo de 15 mm de grosor, sin grietas y con las partes sólidamente unidas entre sí.
b) Especial: debe estar compuesto de dos cajas, el exterior de madera maciza de 2 cm de grosor mínimo y la interior contendrá láminas de zinc de 0,30 mm como mínimo, soldadas entre sí, o de cualquier otro material que cumpla técnicamente los requisitos de estanqueidad.
Los féretros especiales deben ser acondicionados de forma que impidan los efectos de la presión de los gases en su interior, mediante la aplicación de válvulas filtrantes o de otros dispositivos adecuados.
c) Cajas para restos: deben ser metálicas o de cualquier otro material impermeable o impermeabilizado. Sus dimensiones serán las precisas para contener los restos adecuadamente.
10.2. La inclusión de nuevos tipos de materiales para la fabricación de los citados féretros en el apartado anterior requiere la previa autorización del director general de Salud Pública.
11.1. No se podrá dar destino final a un cadáver antes del transcurso de 24 horas desde la defunción. Unicamente en los casos en que se haya practicado la autopsia o se hayan obtenido órganos para trasplante se puede dar destino final a un cadáver antes del transcurso de este plazo.
11.2. En la determinación de los plazos máximos para proceder al destino final de un cadáver autorizados en este Reglamento, no computa el período durante el que un cadáver haya sido refrigerado, con un máximo de 48 horas, o congelado, con un máximo de 96 horas, en una instalación adecuada para estas finalidades debidamente autorizada.
11.3. A los efectos de este Reglamento, la temperatura de refrigeración oscila entre 8ºC y -2ºC y la de congelación se fija en -12ºC.
12.1. Sin perjuicio de lo que se prevé en el artículo 11 de este Reglamento, cuando existan razones sanitarias que aconsejen la inhumación inmediata de cadáveres del grupo I, el alcalde del municipio correspondiente ordenará que estos sean transportados urgentemente al depósito del cementerio de la propia localidad. Cuando las razones sanitarias determinantes de la inhumación inmediata tengan una incidencia territorial que exceda del término municipal, la competencia para ordenar este transporte urgente corresponderá al delegado territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del ámbito correspondiente.
12.2. Los cadáveres contaminados por productos radioactivos deben ser objeto del tratamiento especial que acuerde el organismo competente en la materia.
13.1. Cada féretro debe contener exclusivamente el cadáver para el que se ha autorizado la inhumación.
13.2. No pueden depositarse dos o más cadáveres en el mismo féretro, salvo de los siguientes casos:
a) Madres y criaturas abortivas, muertas ambas en el mismo momento.
b) Catástrofes.
c) Graves anormalidades epidemiológicas.
13.3. En los supuestos b) y c) del apartado anterior la inhumación de dos o más cadáveres en el mismo féretro debe ser autorizada u ordenada por el alcalde del municipio afectado. En caso que la catástrofe o la anormalidad epidemiológica afecten más de un municipio corresponderá al director general de Salud Pública autorizar u ordenar la inhumación de dos o más cadáveres en el mismo féretro. Ambas autoridades serán informadas, inmediatamente, de las decisiones que puedan haber adoptado cada una de ellas en el ejercicio de sus respectivas competencias.
14.1. Cuando se produzca la muerte de una persona en un hospital o centro asistencial por una causa que no determine la inclusión del cadáver en el Grupo I del artículo 8 de este Reglamento, puede efectuarse directamente el transporte del cadáver al domicilio mortuorio señalado por parte del familiar presente más cercano al difunto, a los efectos de proceder a su vela, sin perjuicio de la autorización judicial que pueda ser necesaria en cada caso.
14.2. El transporte debe ser realizado mediante furgón fúnebre, previo depósito del cadáver en un féretro adecuado.
14.3. Cuando la vela de un difunto se realice en un domicilio particular deben adoptarse las medidas higiénico-sanitarias adecuadas en función de las circunstancias climatológicas y del resto de características concurrentes en cada caso.
Las inhumaciones realizadas fuera de los cementerios comunes, en otros lugares previamente autorizados, requerirán la adopción de las condiciones higiénico-sanitarias fijadas por la normativa aplicable y las impuestas por la corporación local correspondiente.
16.1. Los cadáveres pueden ser incinerados con independencia de la causa de la muerte, salvo de los contaminados por radiaciones ionizantes.
16.2. La solicitud de incineración, dirigida a la entidad responsable del incinerador, se acompañará del certificado médico de defunción, de la licencia de entierro y, en caso de cadáver intervenido judicialmente, de la resolución del juez encargado del caso en el que se manifieste la no oposición a que se efectúe la incineración.
16.3. Las urnas en que se depositen las cenizas resultantes de una incineración deberán permitir identificar al difunto a que corresponden.
16.4. El transporte de las urnas de cenizas, o su depósito posterior, no está sujeto a ninguna exigencia sanitaria.
16.5. Para la incineración no es necesaria la utilización de féretros específicos, salvo de lo previsto en el artículo 25.2 de este Reglamento.
Los cementerios pueden disponer de una zona de terreno para esparcir las cenizas procedentes de la incineración, o de columbarios para colocar las urnas de las cenizas mortuorias.
18.1. Para la instalación de un incinerador de cadáveres y restos humanos debe elaborarse un proyecto que debe someterse a informe vinculante de la delegación territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del ámbito correspondiente, cuya aprobación corresponde al ayuntamiento respectivo que establezca el servicio o, si procede, la autorice. Si transcurrido el plazo de un mes desde la recepción del proyecto, la Delegación Territorial correspondiente no ha emitido el correspondiente informe el ayuntamiento puede proseguir la tramitación del expediente.
18.2. Finalizadas las obras, la empresa instaladora lo debe comunicar al ayuntamiento correspondiente, que debe comprobar si se han observado las condiciones del proyecto y las impuestas en el acuerdo de aprobación. Realizada esta comprobación, el ayuntamiento puede poner en funcionamiento las instalaciones o autorizar el funcionamiento de éstas.
Transcurrido un mes desde la recepción de la comunicación de la finalización de las obras sin que se haya dictado resolución de apertura, se entiende estimada la petición.
La entidad responsable del incinerador debe disponer de un libro-registro de incineraciones de cadáveres, de restos humanos y de restos cadavéricos. En este libro-registro se anotarán todos los servicios prestados, con especificación de nombre del difunto y de la fecha de la incineración; en el caso de restos humanos se hará constar la pieza y el nombre de la persona a quien pertenecía, excepto si proceden de centros de investigación o universidades, en cuyo caso sólo será necesario la manifestación del órgano competente de aquel centro en este sentido.
En los municipios donde haya instalado un horno incinerador se regulará la prestación del servicio de incineración de cadáveres de conformidad con lo que prevé este Reglamento y el resto de normativa aplicable.
No se puede abrir ninguna construcción funeraria destinada a la inhumación de cadáveres antes del transcurso de dos años desde la última inhumación, si se trata de cadáveres comprendidos en el Grupo II del artículo 8 de este Reglamento, o de cinco años, si se trata de cadáveres del Grupo I, excepto autorización del alcalde del municipio correspondiente, y sin perjuicio de la autorización judicial que pueda ser necesaria de conformidad con la legislación vigente.
22.1. El alcalde del municipio correspondiente, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 21 de este Reglamento, puede autorizar la exhumación de cadáveres y de restos cadavéricos que hayan de ser inmediatamente reinhumados o incinerados dentro del mismo cementerio. La exhumación de cadáveres o de restos cadavéricos que deben ser conducidos o trasladados a otro cementerio requiere la autorización del delegado territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del ámbito correspondiente.
Los servicios técnicos municipales o los dependientes del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, según proceda, comprobarán el estado en que se encuentra el cadáver y, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, determinarán las medidas higiénico-sanitarias adecuadas, pudiendo acordar la sustitución del féretro o de la caja exterior, en el supuesto de cadáveres inhumados en féretros especiales, si no se encontrarán en buen estado.
22.2. En todo caso, el plazo máximo a transcurrir desde la exhumación hasta la reinhumación de un cadáver no puede exceder de cuarenta y ocho horas.
23.1. La solicitud de exhumación debe presentarse ante el organismo competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de este Reglamento acompañada de la licencia de entierro del cadáver que se pretenda exhumar.
23.2. La autoridad competente notificará a los interesados, a través de los servicios funerarios correspondientes, el día y la hora de la práctica de la exhumación.
23.3. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que se haya dictado resolución autorizando la exhumación, se entiende que esta ha sido desestimada.
Las exhumaciones que se realicen por orden judicial deben cumplir, también, los requisitos sanitarios que se determinan en la presente sección.
Conducción y traslado
25.1. Para la conducción de un cadáver no es necesaria autorización sanitaria, salvo que esté comprendido en el Grupo I del artículo 8 de este Reglamento. En este caso la autorización es otorgada por el delegado territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del ámbito correspondiente.
25.2. Para la conducción de los cadáveres del Grupo I deben utilizarse féretros especiales de las características fijadas en el artículo 10 de este Reglamento.
La conducción de cadáveres debe efectuarse en:
a) Vehículos automóviles provistos de la correspondiente autorización para la prestación de servicios de transporte funerario.
b) Furgones de ferrocarril de las características que señalen los organismos competentes.
c) Barcos y aviones de acuerdo con las disposiciones vigentes y las normas que establecen los convenios internacionales y las que exigen las compañías de navegación marítima y aérea.
d) Cualquier otro medio que pueda ser autorizado por la autoridad sanitaria competente. La competencia para otorgar esta autorización corresponderá al alcalde del municipio correspondiente cuando el destino final del cadáver sea la propia localidad de defunción, y el delegado territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del ámbito correspondiente cuando deba ser inhumado o incinerado en otro municipio que el de defunción.
Para el otorgamiento de la correspondiente autorización para la prestación de servicios de transporte funerario, los vehículos deben cumplir las siguientes características técnicas:
a) La distancia existente desde el final de la cabina del conductor hasta la puerta trasera del vehículo, es decir, el habitáculo, debe ser suficiente para contener el féretro y facilitar su manipulación.
b) La separación de la cabina y el habitáculo debe ser tabique.
c) El habitáculo del féretro, incluso los elementos de ornamento, deben ser construidos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección.
Durante el itinerario de conducción de un cadáver no se pueden establecer etapas de permanencia en lugares públicos o privados, excepción hecha de las que tengan por objeto la práctica de servicios religiosos o ceremonias laicas, de acuerdo con las costumbres locales.
La conducción de un cadáver por vía aérea requiere que, con carácter previo, se proceda a su embalsamamiento.
La conducción de cadáveres embalsamados o conservados transitoriamente debe realizarse mediante féretro especial de las características que se indican en el artículo 10 de este Reglamento.
31.1. Las autorizaciones de traslado de cadáveres las debe otorgar el delegado territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del ámbito correspondiente condicionadas al cumplimiento de la normativa vigente.
31.2. Corresponde al familiar presente más cercano al difunto solicitar la autorización que tramitará, si procede, la empresa funeraria encargada del servicio, que deberá estar debidamente autorizada por las disposiciones administrativas vigentes, siendo esta empresa responsable del cumplimiento de toda la normativa en vigor.
31.3. En los traslados internacionales se estará a lo que disponga la normativa internacional y estatal que sea de aplicación.
Embalsamamiento, conservación transitoria y otras prácticas sobre cadáveres y restos cadavéricos
Las operaciones de tanatopraxia sobre cadáveres, salvo la refrigeración, deben realizarse con posterioridad a la emisión del correspondiente certificado de defunción y de la inscripción de la muerte en el Registro Civil y, transcurridas 24 horas desde la defunción. Solamente en los casos en que se haya practicado la autopsia o se hayan obtenido órganos para el trasplante se pueden realizar las citadas operaciones antes del transcurso de este plazo.
33.1. La autopsia no judicial con finalidad de investigación científica y la utilización de cadáveres para la enseñanza sólo pueden realizarse en los casos y las circunstancias previstas en las disposiciones vigentes, siempre y cuando no conste la oposición de la persona del finado o de la familia de éste y no haya intervención judicial.
33.2. Las autopsias deben realizarse conforme a lo que dispone la normativa reguladora de la materia.
34.1. Las prácticas de embalsamamiento y de conservación transitoria no pueden realizarse transcurridas las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte.
34.2. Quedan exceptuados del plazo indicado en el apartado anterior los cadáveres refrigerados y los congelados, en los términos previstos en el artículo 11.2 de este Reglamento, siempre y cuando el facultativo que debe realizar las operaciones los considere en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para practicarlas.
35.1. La conservación transitoria de un cadáver es obligatoria cuando debe ser inhumado transcurridas cuarenta y ocho horas desde la defunción. Este plazo se amplía a setenta y dos horas si se trata de un cadáver intervenido judicialmente.
35.2. El embalsamamiento de un cadáver es obligatorio cuando deber ser inhumado transcurridas setenta y dos horas desde la defunción. Este plazo se amplía a noventa y seis horas si se trata de un cadáver intervenido judicialmente.
35.3. En la determinación de los plazos previstos en los apartados anteriores, no computa el período durante el que el cadáver haya estado refrigerado o congelado, en los términos previstos en el artículo 11.2 de este Reglamento.
Los cadáveres embalsamados y los conservados transitoriamente no pueden permanecer en el domicilio mortuorio por un período superior a las noventa y seis y setenta y dos horas, respectivamente. Transcurrido este plazo deben ser inmediatamente conducidos a su destino final.
37.1. Las operaciones de embalsamamiento, de conservación transitoria y de tanatoplastia sobre cadáveres deben ser realizadas por un médico designado libremente por la familia del difunto, y requieren la correspondiente autorización del delegado territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del ámbito correspondiente, sin perjuicio de la autorización judicial que pueda ser necesaria de acuerdo con la normativa vigente.
37.2. La solicitud se acompañará del certificado médico de defunción en que constan la fecha y la hora de la muerte y de la licencia de entierro.
37.3. Transcurrido el plazo de 12 horas contado desde la recepción de la solicitud de autorización a que hace referencia el apartado anterior sin que se haya dictado resolución, se entiende estimada la petición.
37.4. Los médicos que practiquen las citadas operaciones en este artículo deben certificar su intervención, responsabilizándose de la misma, sin perjuicio de la facultad del órgano sanitario competente de inspeccionar, si procede, sus actuaciones.
Todos los municipios, independientemente o asociados, deben prestar el servicio de cementerio, de acuerdo con los requisitos que establece este Reglamento, y al amparo de lo que prevé la legislación de régimen local vigente, salvo en el caso de dispensa por el Gobierno de la Generalidad si la prestación resulta imposible o muy difícil cumplimiento.
El emplazamiento de cementerios de nueva construcción debe cumplir las siguientes condiciones:
39.1. En el entorno del suelo destinado a la construcción de un nuevo cementerio debe establecerse una zona de protección de 25 metros de anchura que, caso que exista plano, debe estar calificada como zona de emplazamiento de nuevo cementerio.
Esta zona debe estar ajardinada y, en todo caso, libre de toda clase de construcción. No es necesario el ajardinamiento cuando el entorno natural del cementerio no lo requiera.
39.2. A partir del recinto de esta primera zona de protección debe establecerse una segunda de 225 metros de anchura, en la que únicamente se pueden autorizar:
a) Instalaciones de carácter industrial o de servicios técnicos para la infraestructura urbanística y de equipación comunitaria.
b) Viviendas unifamiliares.
c) Explotaciones agropecuarias.
Estos tres tipos de usos deben ser facultativamente asignados por el encargado de planear, en función de cada situación concreta del municipio.
40.1. La idoneidad del terreno elegido para emplazar nuevos cementerios debe comprobarse por medio de un estudio hidrogeológico.
40.2. El estudio definirá el funcionamiento hidrogeológico del subsuelo en la zona situada en el entorno del emplazamiento del cementerio, estableciendo a partir de las metodologías adecuadas, las litologías y estructura de los materiales, el grosor de la zona no saturada, tipo de porosidad y concluyendo sobre el riesgo potencial de afectación a las aguas subterráneas.
40.3. Los ayuntamientos, cuando justifiquen la necesidad, pueden solicitar la asistencia técnica para la realización del estudio hidrogeológico al Servicio Geológico de Cataluña del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña. Se solicitará informe al área de Calidad de las aguas de la Junta de Saneamiento cuando se puedan afectar acuíferos existentes.
40.4. En caso que los organismos competentes para aprobar el proyecto de nueva construcción no estén conformes con el estudio hidrogeológico, tanto en los métodos seguidos como en las conclusiones obtenidas, pueden solicitar el informe al Servicio Geológico de Cataluña, siempre que no se haya utilizado la ayuda de este Servicio prevista en el apartado anterior.
40.5. En el supuesto de informe hidrogeológico desfavorable, el ayuntamiento interesado puede solicitar al Servicio citado en el apartado anterior que dictamine sobre los posibles lugares del término municipal correspondiente donde sea posible emplazar el nuevo cementerio.
41.1. La implantación de cementerios está sujeta a los mismos requisitos de emplazamiento exigidos para las nuevas construcciones. No obstante, a partir de 50 metros del cementerio, se pueden permitir, también, viviendas plurifamiliares.
41.2. A los efectos de este Reglamento se entiende por ampliación de cementerios toda modificación que comporte aumento de su superficie o incremento del número total de sepulturas autorizadas. El resto de modificaciones, tienen carácter de reforma.
41.3. El informe hidrogeológico a que se refiere el artículo 40 de este Reglamento solamente es necesario en caso que la ampliación del cementerio se haga fuera del recinto existente.
41.4. La reforma de cementerios no está sujeta a las normas de emplazamiento reguladas en los artículos anteriores.
42.1. Los planes generales de ordenación urbana y las normas subsidiarias de planeamiento deben incluir, entre los documentos informativos, un estudio sobre las necesidades que en relación al servicio de cementerio se pueden prever en el ámbito del planeamiento redactado.
42.2. Las diferentes figuras de planeamiento de la ordenación del suelo deben ajustarse, en el momento de su revisión, a las normas de este Reglamento sobre emplazamiento de cementerios.
42.3. En la tramitación de planes generales, de normas subsidiarias, de planes parciales y de planes especiales, siempre que incidan de forma directa o indirecta en las condiciones de emplazamiento de cementerios, y una vez aprobados inicialmente, de acuerdo con lo que prevé el artículo 57 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el refundido de los textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística, debe solicitarse informe al delegado territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del ámbito correspondiente.
42.4. El emplazamiento de los cementerios de nueva construcción debe corresponder a lo que se prevea en el planeamiento de cada municipio.
En caso que en el planeamiento urbanístico vigente en el municipio no se haya hecho ninguna previsión de emplazamiento de un cementerio nuevo, o no haya planeamiento, éste debe fijarse teniendo en cuenta lo que prevé el artículo 128 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, para las edificaciones en suelo no urbanizable.
43.1. Los expedientes de construcción y de ampliación de cementerios deben incluir la siguiente documentación:
a) Informe urbanístico donde conste que el emplazamiento del cementerio es el previsto en el planeamiento urbanístico vigente. En caso que no haya previsión de emplazamiento, es necesario el informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña donde conste que se ha seguido el procedimiento específico para ubicar este uso.
b) Estudio hidrogeológico del terreno, si procede, donde consten sus características de permeabilidad, la situación del nivel freático y/o los niveles saturados de los posibles acuíferos confinados cuando estos existan, como también la dirección del flujo subterráneo.
c) Proyecto de construcción que debe contener una memoria firmada por un facultativo competente donde se haga constar:
El lugar de emplazamiento.
La extensión prevista.
La distancia en línea recta hasta la zona de población más próxima.
Las comunicaciones con la zona urbana.
La distribución de los diferentes servicios, recintos, edificios y jardines.
La clase de obras y materiales que deben utilizarse en los muros de cierre y las edificaciones.
El número, tipos y características de las construcciones funerarias destinadas a inhumaciones, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 46 de este Reglamento.
El sistema a emplear para la eliminación de desechos y residuos.
43.2. Los expedientes de reforma de cementerios deben incluir la documentación citada en el apartado anterior, salvo del estudio hidrogeológico y del informe urbanístico.
43.3. Para la aprobación o, si procede, la autorización de la construcción, la ampliación o la reforma del cementerio es necesario que la Delegación Territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del ámbito correspondiente, emita informe sanitario vinculante sobre el proyecto. Transcurrido el plazo de dos meses desde la recepción del expediente, si la Delegación Territorial correspondiente no ha emitido el informe se puede proseguir con la tramitación del expediente.
44.1. Los expedientes de construcción, de ampliación y de reforma de cementerios que aprueben, o si procede, autoricen los municipios, deben ser instruidos y resueltos por el órgano municipal competente, de conformidad con la normativa de régimen local aplicable.
44.2. En caso que el órgano municipal competente para resolver acredite la dificultad o la imposibilidad para cumplir las normas sobre emplazamiento de cementerios establecidas en este Reglamento, el consejero de Sanidad y Seguridad Social, a propuesta del director general de Salud Pública y previo informe de las direcciones generales de Administración Local y de Urbanismo, puede autorizar excepcionalmente que se pueda construir o ampliar el cementerio previa la resolución del procedimiento a que se refiere el apartado anterior.
44.3. Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del expediente sin que se haya otorgado la autorización con carácter excepcional, se entiende denegada esta autorización.
La capacidad que debe tener un cementerio debe determinarse en función de la media del número de defunciones ocurridas en el término municipal durante los últimos 20 años. Cada cementerio debe disponer de un número de sepulturas que posibilite hacerse cargo de los entierros que se prevean para los 10 años siguientes a su construcción, y de terreno suficiente para poder incrementar este número de sepulturas según las necesidades previstas para los próximos 25 años.
46.1. Los cementerios deben disponer necesariamente, además del número correspondiente de sepulturas, de las siguientes instalaciones:
a) Un local destinado a depósito de cadáveres. Estos depósitos pueden ser utilizados como salas de autopsias cuando reúnan las condiciones previstas a continuación:
Tierra y paredes de material impermeable, de fácil limpieza y desinfección. La unión del tabique y del suelo y de los tabiques entre sí debe ser redondeada. El suelo debe tener una pendiente superior al 1% en dirección a un desagüe.
Una mesa de acero inoxidable o de otro material impermeable de fácil limpieza y desinfección, con desagüe y agua fría y caliente.
Herramientas necesarias para la realización de la intervención y material para su desinfección.
Servicios sanitarios, vestidor y duchas de uso exclusivo para el médico forense y el personal auxiliar que efectúe la autopsia, independiente y anexo a la sala de autopsia.
b) Un sector destinado al entierro de restos humanos procedentes de abortos, de intervenciones quirúrgicas y de mutilaciones y de criaturas abortivas.
c) Un osario general destinado a recoger los restos provenientes de las exhumaciones.
d) Instalaciones de agua y servicios higiénicos.
46.2. Cada cementerio debe llevar un libro-registro donde se anotarán todas las inhumaciones y las exhumaciones que se realicen, con especificación de la fecha de realización, del nombre del difunto o del titular del resto, del lugar concreto de inhumación y distinguiendo si la causa de defunción es del grupo I o II.
Previamente a la primera inhumación en nuevas construcciones funerarias, los servicios competentes del ayuntamiento correspondiente debe comprobar que estas construcciones se han efectuado de acuerdo con el proyecto aprobado o autorizado y cumplen las condiciones higiénico-sanitarias previstas en este Reglamento.
48.1. Las dimensiones mínimas internas de los nichos deben ser de 0,90 m de ancho, 0,75 m de altura y 2,60 m de profundidad. Las de infantes de 0,50 m por 0,50 m con una profundidad de 1,60 m.
48.2. El suelo de los nichos debe tener una pendiente mínima de 1% hacia el interior.
48.3. Para la construcción de nichos deben utilizarse sistemas que aseguren una cierta estanqueidad de su estructura y, al mismo tiempo, permitan la suficiente ventilación por porosidad. El sistema debe evitar la salida al exterior de líquidos y olores y facilitar la destrucción del cuerpo, aislando totalmente este proceso del medio, por razones sanitarias y de higiene.
48.4. Los nichos que integran los bloques de nichos, las fosas, las tumbas, los mausoleos y los panteones deben cumplir los requisitos establecidos en los apartados anteriores de este artículo.
48.5. En ningún caso se pueden construir nichos nuevos sobre otros ya existentes, a menos que esta construcción responda a una segunda fase prevista en el proyecto original.
El director general de Salud Pública puede autorizar, para las construcciones funerarias destinadas a inhumaciones, técnicas constructivas diferentes de la obra convencional, siempre que garanticen que se producirá el proceso de descomposición cadavérica y de mineralización de los despojos en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y así se acredite mediante los informes y las pruebas técnicas adecuadas.
La entidad pública titular del cementerio adjudicará, de acuerdo con sus reglamentos aprobados, los diferentes nichos, fosas o mausoleos a los interesados, que adquirirán en relación a ellos un derecho de uso que se extinguirá de acuerdo con lo establecido en la normativa de régimen local aplicable. La misma naturaleza tendrá el derecho adjudicado, cuando su titular haya de construir la fosa o mausoleo funerario.
51.1. Las fosas, los nichos y los mausoleos que amenacen ruina serán declarados en este estado por medio de un expediente contradictorio, en el que se considerará parte interesada las personas titulares del derecho sobre las fosas y los nichos o los mausoleos citados, como también, si procede, del titular del cementerio.
51.2. Se considerará que aquellas construcciones están en estado de ruina cuando no puedan ser reparadas por medios normales o cuando el coste de la reparación sea superior al cincuenta por ciento del coste estimado a precios actuales para su construcción.
51.3. Declaradas en estado de ruina las fosas, los nichos o los mausoleos objeto del expediente, la autoridad competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de este Reglamento ordenará la exhumación del cadáver para su inmediata inhumación en el lugar que determine el titular del derecho sobre la fosa, el nicho o el mausoleo que haya sido declarado en estado de ruina, previo requerimiento que con este fin se le hará de forma fehaciente. En el caso que el citado titular no dispusiera nada a este respecto, la inhumación se realizará en la fosa común.
51.4. Acabada la exhumación de los cadáveres de las fosas, los nichos o los mausoleos declarados en estado de ruina, el ayuntamiento los derivará, a su cargo y de modo inmediato. En los cementerios de titularidad privada la obligación de demolición corresponde al titular; si este no procediera a la demolición el ayuntamiento lo podrá ejecutar, a cargo del obligado.
51.5. La declaración del estado de ruina de una fosa, un nicho o un mausoleo comporta la extinción del derecho de su titular. En consecuencia, tanto la exhumación para inmediata inhumación como el derribo de la fosa, el nicho o el mausoleo no darán lugar a ningún tipo de indemnización.
El entierro de cadáveres directamente a tierra queda sujeto a las siguientes condiciones:
a) Profundidad mínima de 2 metros.
b) Terreno con una permeabilidad suficiente o permeabilidad por una capa de sablón de un mínimo de 40 cm de grosor.
c) Utilización de sistemas que aseguren una cierta estanqueidad y al mismo tiempo permitan la suficiente ventilación por porosidad. El sistema debe evitar la salida al exterior de líquidos y olores y facilitar la destrucción del cuerpo, aislando totalmente este proceso del medio, por razones sanitarias y de higiene, y debe estar sujeto a la valoración establecida en el correspondiente estudio hidrogeológico.
Los cementerios no pueden ser destinados a otro uso hasta después de transcurrir, como mínimo, 10 años desde la última inhumación, salvo de la existencia de razones de interés público declaradas por el órgano local competente.
Todos los cementerios, con independencia de cuál sea su naturaleza jurídica y su titularidad, están sometidos al régimen y a los requisitos sanitarios fijados en este Reglamento.
Las infracciones a las prescripciones del presente Reglamento son sancionables de conformidad con lo establecido en el capítulo VI del título 1, artículos 32 a 37, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad.
Son órganos competentes de la imposición de las sanciones, los siguientes:
a) Los alcaldes de municipios de menos de 25.000 habitantes y los delegados territoriales del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, en caso de multa de hasta 2.000.000 de pesetas.
b) Los alcaldes de municipios de más de 25.000 habitantes y el director general de Salud Pública, en caso de multa de hasta 5.000.000 de pesetas.
c) El consejero de Sanidad y Seguridad Social, en caso de multa de hasta 10.000.000 de pesetas.
d) El Gobierno de la Generalidad, en caso de multa superior a 10.000.000 de pesetas, o cuando se imponga una sanción de cierre temporal.
Los cementerios que en el momento de la entrada en vigor de este Reglamento estén abiertos y en funcionamiento dispondrán del plazo de un año para adaptarse, si procede, a las previsiones que se contienen.
Cadáveres Grupo I
1. Cólera.
2. Fiebre hemorrágica causada por virus.
3. Encefalitis de Creutzfeldt-Jakob.
4. Difteria.
5. Antrax.
6. Peste.
7. Carbunco.

References: Real Decreto 
 artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 8
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 artículo 8
 artículo 21
 artículo 22
 resolución 
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 40
 artículo 57
 artículo 128
 artículo 46
 resolución 
 artículo 22