Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810240.html
Timestamp: 2019-11-20 02:20:19+00:00

Document:
as201810240
AUTO SUPREMO Nº 240/2018
Sucre, 16 de abril de 2018
Por memorial presentado el 14 de abril de 2018, Luís Jaime Barrón Poveda, formula recurso de reposición respecto al decreto de 14 de marzo de 2018, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Sergio Hugo Velásquez Marín, apoderado legal de Ángel Ballejos Ramos y otros contra el impetrante y otros, por la presunta comisión de los delitos de Sedición y otros.
I. MOTIVOS DEL RECURSO
Haciendo una relación de los hechos respecto del presente caso, refiere que se debe dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 0013/2017-S2, y señala que el art. 179 bis de la norma Adjetiva Penal, precautela el cumplimiento exacto de lo dispuesto en las resoluciones del Tribunal Constitucional; asimismo, hace énfasis en que dicha resolución estableció la arbitraria declaratoria de legalidad de la excusa formulada por la Dra. Elena Lowenthal realizada por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y que dicha resolución dio lugar a que el recurso de apelación restringida en contra de la Sentencia dictada en demérito del imputado, en el fondo sea conocida por un vocal que no era llamado a conocer la causa en violación al derecho al juez natural. También refiere que en el memorial de 13 de marzo de 2018 afirma, aclara y explica que la tutela concedida no era una cuestión accesoria sino que se encontraba directamente vinculada con el juez natural; es decir, que en la vía constitucional se constató la violación a ese derecho fundamental por la ilegal conformación de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que conoció la causa y que posteriormente emitió el ilegal Auto de Vista de fondo que resuelve la apelación restringida; es por ello, que se impugna el decreto de 14 de marzo de 2018 que determinó: “Se conmina al solicitante para que en el plazo de 48 horas de su legal notificación con la presente providencia, cumpla con lo dispuesto en el decreto de 10 de enero de 2018, sin perjuicio que ante el incumplimiento, este Tribunal disponga la remisión de las piezas procesales que considere pertinentes al Tribunal de origen a fin del cumplimiento de la Sentencia Constitucional…”.
Bajo esos antecedentes argumenta los siguientes aspectos:
1.- Aduce que el decreto señalado omite totalmente la presentación de un memorial en el que se aclara la solicitud y se cumple lo dispuesto, con amplios fundamentos de orden constitucional, legal, fáctico que salen de dicho documento, en el cual explique de forma clara y precisa los motivos por los cuales es imposible una identificación de piezas procesales para su remisión y los motivos por los cuales se hace imprescindible la remisión de todo el expediente; por lo que, correspondía a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, responder a la solicitud de manera fundada, el por qué no correspondía la remisión solicitada; por lo que, solicita que sea revocado el decreto impugnado.
2.- Afirma que es preciso dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional referida, y para ello hace mención al art. 179 bis del CP, que en su criterio precautela el cumplimiento exacto de las resoluciones del Tribunal Constitucional; posteriormente, señala que el decreto impugnado sin fundamento alguno ni dar respuesta a la aclaración realizada pretende remitir únicamente algunas piezas procesales incurriría en error evidente y manifiesto porque no existe forma de que los actos posteriores al acto ilegal identificado y ya reparado en la jurisdicción constitucional sean convalidados; por lo que, se debió proceder a la remisión del expediente. Asimismo, refiere que al haberse anulado la ilegal declaratoria de legalidad de la excusa de la Dra. Elena Lowenthal, se incurrió en la comisión del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), debido a que al ser anulada dicha resolución existió una ilegal conformación de la Sala Penal que conoció la causa y que posteriormente emitió el ilegal Auto de Vista de fondo que resuelve la apelación restringida, haciendo a la previsión contenida en el art. 169 inc. 1) del CPP; por lo que, a los fines del cumplimiento de la tutela concedida por la resolución constitucional no resulta una cuestión accesoria o incidental porque se declaró ilegal la conformación del Tribunal de apelación de alzada que conoció el recurso de apelación restringida, no pudiendo bajo ningún título convalidarse acciones posteriores correspondiendo el exacto cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia Constitucional que dispone que se emita un nuevo Auto de Vista que resuelva la recusación ilegalmente aceptada; por lo que, solita se revoque el decreto impugnado y se dé estricto cumplimiento a la Sentencia Constitucional 0013/20147, conforme lo solicitado en los puntos expuestos.
II. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO
El art. 396 del CPP, al establecer las reglas generales que deben observarse para la interposición, trámite y resolución de los distintos recursos previstos por ese cuerpo legal, establece en el inc. 3) que: “Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución…”.
Respecto al recurso de reposición, la norma prevista por el art. 401 del CPP, establece que procederá contra providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique; recurso que de acuerdo al art. 402 del referido Código Adjetivo Penal, deberá ser interpuesto fundamentadamente por escrito, dentro de las veinticuatro horas de notificada la providencia al recurrente; verificándose que el presente recurso se halla interpuesto dentro del referido plazo, en mérito de que el recurrente fue notificado con la resolución impugnada a horas 17:50 del 13 de abril de 2018, siendo formulado el presente recurso el 14 del mismo mes y año a horas 10:25.
En el caso de autos, es preciso realizar un análisis basado en los puntos expuestos por el impetrante; en ese sentido, se tiene que:
Respecto de los dos puntos expuestos; se advierte que, el recurrente señala que el decreto de 14 de marzo de 2018 incurrió en error al: “conminar al solicitante para que en el plazo de 48 horas de su legal notificación con la presente providencia, cumpla con lo dispuesto en el decreto de 10 de enero de 2018; sin perjuicio que ante el incumplimiento, este Tribunal disponga la remisión de las piezas procesales que considere pertinentes al Tribunal de origen a fin del cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 013/2017-S2 de 6 de febrero”; aspectos, que según el impetrante no dan cumplimiento al referida Sentencia Constitucional al no instruir la remisión del expediente de referencia al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Por lo referido, corresponde verificar el alcance de la Sentencia Constitucional 0013/2017-S2 en lo pertinente y atinente a lo denunciado dispone: “…REVOCAR en parte la Resolución 06/2016 de 3 de noviembre, cursante de fs. 262 a 270, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia; CONCEDER en parte la tutela solicitada solo en cuanto a Iván Sandoval Fuentes y Hugo Bernardo Córdoba Egüez, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, disponiendo: 1° Se deje sin efecto en todas sus partes el Auto de Vista 198/016 de 16 de junio; y 2° Se emita un nuevo Auto de Vista conforme a los entendimientos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional”.
Al respecto se debe tener en cuenta que la Sentencia Constitucional referida es pronunciada estrictamente con relación al trámite incidental de tramitación de una excusa planteada, tal como se establece en la parte pertinente del caso concreto: “…De acuerdo a la problemática planteada, el accionante impugnó la excusa de la Vocal Elena Esther Lowenthal Claros, así como el Auto de Vista 198/016 que la declaró legal; a raíz de que presuntamente no se adecuaron y enmarcaron en las causales y el procedimiento previsto en los numerales 6 y 9 de los arts. 316 y 321 del CPP”, situación que fue cuando dicha Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca ejercía funciones; que por cierto, en la actualidad no es más Vocal de dicho Tribunal, por haber cesado en sus funciones.
De la misma manera, es preciso entender que la referida Sentencia Constitucional referida anuló el Auto de Vista 198/2016 que resuelve únicamente la excusa planteada por la Dra. Elena Lowenthal, y es ese motivo que el Tribunal Departamental debe dar cumplimiento; en ese sentido, de acuerdo a lo manifestado por el Tribunal Constitucional Plurinacional debe hacerse con la debida fundamentación; y para ello, los argumentos probatorios que deben analizarse son los expuestos en dicha excusa; y es por ese motivo, que este Tribunal otorgó la posibilidad de que se extiendan las copias pertinentes para emitir el nuevo Auto de Vista que resuelva la excusa referida; más no ve la pertinencia de remitir todo el expediente cuando lo que se debe analizar es solamente los actuados inherentes a la excusa planteada por la señalada Vocal.
Otro punto que es prudente considerar es que los Magistrados de esta Sala Penal no somos los directos accionados, ni alguna de nuestras resoluciones, para que pudiéramos cumplir directamente la referida Sentencia Constitucional; es más, no existe solicitud alguna para que se remita todo el expediente a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por parte del Juez Público Civil y Comercial Séptimo del Departamento de Chuquisaca, quien actuó como Tribunal de Garantías Constitucionales en este caso; y que, de acuerdo al art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo) es el legitimado, para ejecutar la varias veces referida Sentencia Constitucional; por ese motivo, es preciso hacer alusión a dicha norma que en lo pertinente establece: “I. La ejecución de una resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción”. En ese sentido, se pone de manifiesto que esta Sala Penal no fue notificada con alguna determinación del Tribunal de Garantías Constitucionales y/o el Tribunal Constitucional Plurinacional a efecto de que se remita el expediente del presente caso a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Departamental a efectos de que se resuelva la excusa planteada por la Dra. Elena Lowenthal Claros.
Por todos los aspectos abordados; se tiene, que el decreto emitido el 14 de enero de 2018 a más de coadyuvar con la ejecución de la Sentencia Constitucional 0013/2017-S2 al disponer la extensión de las copias pertinentes para llevar adelante y tramitar la excusa planteada por la Dra. Elena Lowenthal Claros; a efectos de que se reponga el Auto de Vista 198/2016 con la debida fundamentación, se actuó justamente en resguardo de los fallos constitucionales sin vulnerar el derecho al juez natural ni actuar en incumplimiento de la referida resolución; en consecuencia, por las puntualizaciones realizadas no corresponde dar curso a lo pretendido.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en observancia de los arts. 401 y 402 del CPP, resuelve: NO HABER LUGAR al recurso de reposición que antecede, manteniendo incólume el decreto de 14 de marzo de 2018.

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 RESOLUCIÓN 
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