Source: http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/LEY_C_023982_1991_08_21
Timestamp: 2019-06-27 10:47:12+00:00

Document:
Fecha de Promulgación: 22 de Agosto de 1991
Boletín Oficial: 23 de Agosto de 1991
Fe de Erratas: 26 de Agosto de 1991
DEUDA PUBLICA - Consolidación en el Estado Nacional de obligaciones de pagar sumas de dinero devengadas hasta el 1/4/91 reconocidas en sede administrativa o judicial - Modificación del Decreto 1757/90.
Decreto N° 1116/2000 Articulo N° 3
Decreto N° 1639/1993 Articulo N° 1
Decreto N° 1985/1992 Articulo N° 4
Ley N° 11672 (T.O. 1999) Articulo N° 62 (Los requerimientos de pago de deuda consolidada por Ley Nº 23.982, con sentencia judicial, liquidación definitiva, firme y consentida, cuyo monto no exceda la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000), se ajustará al procedimiento para la entrega de bonos artículo 45 Ley Nº 11.672., siendo innecesaria la verificación de las pautas de la Ley N° 24.283.)
Ley N° 11672 (T.O. 1999) Articulo N° 51 (El 30 de junio de 1995 caducarán los derechos y prescribirán las acciones para peticionar créditos contra el ESTADO NACIONAL o cualquiera de los entes comprendidos en la Ley N° 23.982 de causa o título anterior al 1 de abril de 1991, a excepción de las deudas previsionales y las que reclamen las provincias y los municipios.)
Decreto N° 2140/1991 Articulo N° 1
Ley N° 24130 Articulo N° 4
Decreto N° 1639/1993 Articulo N° 8
Decreto N° 793/1994 Articulo N° 1
Decreto N° 2140/1991 Articulo N° 14
Decreto N° 2140/1991 Articulo N° 16 (Incisos a y f.)
Decreto N° 2140/1991 Articulo N° 17 (Inciso a.)
Decreto N° 2140/1991 Articulo N° 18 (Incisos b) a h).)
Ley N° 24624 Articulo N° 22
Ley N° 26337 Articulo N° 51
Decreto N° 2140/1991 Articulo N° 7
Decreto N° 2140/1991 Articulo N° 16
Decreto N° 2140/1991 Articulo N° 33
Decreto N° 2140/1991 Articulo N° 27
ECONOMIA Y FINANZAS-DEUDA PUBLICA -OBLIGACIONES DE DAR SUMAS DE DINERO -REGIMEN DE CONSOLIDACION DE DEUDAS -BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS-DEUDA PREVISIONAL -COMISION FEDERAL DE IMPUESTOS
ARTICULO 1° - Consolídanse en el Estado Nacional las obligaciones vencidas o de causa o de título anterior al 1 de abril de 1991 que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, en cualquiera de los siguientes casos.
a) Cuando medie o hubiera mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme a leyes vigentes acerca de los hechos o el derecho aplicable.
b) Cuando el crédito o derecho reclamado judicial o administrativamente, haya sido alcanzado por suspensiones dispuestas por leyes o decretos dictados con fundamento en los poderes de emergencia del Estado hasta el 1° de abril de 1991, y su atención no haya sido dispuesta o instrumentada por otros medios.
Quedan excluidas las obligaciones que correspoden a deudas corrientes, aun cuando se encuentren en mora, excepto las comprendidas en alguno de los incisos anteriores y las de naturaleza previsional.
El acreedor cuyos créditos queden sometidos al régimen de la presente ley podrá liberarse de sus deudas respecto a los profesionales que hubieren representado o asistido a las partes en el juicio o en las actuaciones correspondientes y respecto a los peritos en su caso, mediante cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de esta ley, respetándose, en su caso, la proporción de lo percibido en títulos o en efectivo.
ARTICULO 2° - La consolidación dispuesta comprende las obligaciones a cargo del Estado Nacional, Administración Pública centralizada o descentralizada, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Central de la República Argentina, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Fabricaciones Militares, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, del Instituto Nacional de Previsión Social y de las obras sociales del sector público. También comprende las obligaciones a cargo de todo ente en el que el Estado nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, en la medida en que recaigan sobre el Tesoro Nacional, excepto el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco Hipotecario Nacional.
Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación a las obligaciones de la Municipalidad de Buenos Aires que deberá dictar la reglamentación pertinente, estableciendo las modalidades de aplicación a través de su Departamento Ejecutivo.
ARTICULO 3° - Las sentencias judiciales, los actos administrativos firmes, los acuerdos transaccionales y los laudos arbitrales que reconozcan la existencia de las obligaciones alcanzadas por la consolidación dispuesta en los artículos anteriores, tendrán carácter meramente declarativo con relación a los sujetos del artículo 2, limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda. La única vía para su cumplimiento es la establecida en la presente ley.
ARTICULO 4° - Los representantes judiciales de las personas jurídicas u organismos alcanzados por el artículo 2 solicitarán, dentro de los cinco días de la entrada en vigencia de la presente ley, el levantamiento de todas las medidas ejecutivas o cautelares dictadas en su contra. Dicho levantamiento deberá disponerse inmediatamente, sin sustanciación, sin costa alguna para el embargante, ni aportes de los profesionales intervinientes, liberándose incluso los depósitos de sumas de dinero o los libramientos que hubiesen sido alcanzados por las suspensiones dispuestas por la legislación de emergencia. No podrá en el futuro disponerse la traba de medidas cautelares o ejecutorias respecto de las obligaciones consolidadas conforme a esta ley.
ARTICULO 5° - Para solicitar el pago de las deudas que se consolidan, los titulares de los derechos que hayan sido definitivamente reconocidos deberán presentar la liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias, o la liquidación administrativa definitiva que cuente con la previa conformidad del Tribunal de Cuentas de la Nación, la Sindicatura General de Empresas Públicas o los organismos de control interno correspondientes, expresada en australes al 1° de abril de 1991, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.
Las deudas que mantiene la Nación con las Provincias, y que tengan el carácter de los casos comprendidos en el artículo 1° deberán ser acordadas por las partes dentro de un plazo que no podrá ser mayor a los sesenta (60) días corridos, contados a partir de la vigencia de la presente ley.
Cuando por existir divergencias no se pudiera en dicho término arribar a una determinación definitiva, deberá someterse el diferendo al arbitraje de la Comisión Federal de Impuestos, a cuyo fin las partes deberán remitir los antecedentes en cuestión de un plazo perentorio de diez (10) días desde que venció el plazo.
La Comisión Federal de Impuestos podrá declarar que no acepta el arbitraje, en cuyo caso la cuestión volverá al estado en que se encontraba al recibirla. Igual efecto tendrá el cumplimiento del último plazo indicado sin que se haya expedido la Comisión: el sometimiento al arbitraje, no impedirá a las partes llegar a un acuerdo consensuado, el que de ocurrir tendrá el efecto de un reconocimiento firme administrativo.
Durante el plazo del arbitraje se suspenden todos los términos legales y procesales que pudieren relacionarse con las acciones llevadas a cabo por las partes en dicha cuestión, ya sea en sede administrativa o judicial.
No será de aplicación en estos arbitrajes lo establecido en el artículo 3°.
ARTICULO 6° - En base a las liquidaciones recibidas, las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 2 de la presente ley, formularán los requerimientos de créditos presupuestarios a la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que los atenderá exclusivamente con los recursos que al efecto disponga el Congreso de la Nación en la ley de presupuesto de cada año, siguiendo el orden cronológico de prelación y respetando los privilegios que se establecen en la presente ley. Cada crédito presupuestario que se asigne deberá corresponderse con un débito equivalente a cargo de la persona jurídica u organismo de que se trate, que se cancelará en condiciones análogas a las obligaciones consolidadas, salvo que el Poder Ejecutivo Nacional disponga capitalizar dichas acreencias en cada caso, total o parcialmente. A partir de la consolidación de pleno derecho operada de conformidad a lo dispuesto en la presente ley, las obligaciones consolidadas devengarán solamente un interés equivalente, a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente.
ARTICULO 7° - Los recursos que anualmente asigne el Congreso de la Nación para atender el pasivo consolidado del Estado Nacional, se imputarán al pago de los créditos reconocidos, de acuerdo al siguiente orden de prelación:
c) Los créditos por daños a la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación ilegal de la libertad o daños en cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado hasta la suma de cien millones de australes (A 100.000.000) por persona y por única vez.
e) Las repeticiones de tributos
g)Los aportes y contribuciones previsionales, para obras sociales y a favor de los sindicatos.
ARTICULO 8° - Dentro de las categorías b) y siguientes del artículo 7, la prioridad de pago se asignará respetando el orden cronológico de las fechas en que hubieran quedado firmes y definitivos los actos judiciales o administrativos que reconocieran el crédito líquido.
ARTICULO 9° - Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirá cualquier obligación alcanzada por la consolidación dispuesta por la presente ley, serán respondidos por el Poder Ejecutivo Nacional, o cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2, indicando que se propondrá al Congreso de la Nación que vote anualmente los recursos necesarios para hacer frente al pasivo consolidado al 1 de abril de 1991 en un plazo máximo de dieciséis (16) años para las obligaciones generales y de diez (10) años para las de origen previsional. Informarán también el orden cronológico de prelación y el privilegio que le corresponda al crédito pretendido hasta la fecha del informe, de modo que pueda estimarse provisionalmente el plazo que demandará su atención.
ARTICULO 10 - Alternativamente a la forma de pago prevista, los acreedores podrán optar por suscribir a la par, por el importe total o parcial de su crédito en moneda nacional los Bonos de Consolidación en moneda nacional, cuya emisión autoriza la presente ley. Asimismo, podrán optar por recalcular su crédito para reexpresarlos en dólares, valorizando al tipo de cambio vendedor en el mercado libre o su equivalente que correspondía a la fecha de origen de la obligación, con el fin de suscribir con tal crédito reexpresado en dólares Bonos de Consolidación emitidos en esa moneda. Todo ello en las condiciones que determine la reglamentación.
ARTICULO 11 - El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá la emisión de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales hasta la suma necesaria para afrontar las solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las obligaciones consolidadas. Los mencionados bonos tendrán el tratamiento fiscal que se determina en el artículo 24.
ARTICULO 12 - Los Bonos de Consolidación se emitirán a dieciséis (16) años de plazo. Durante los seis (6) primeros años los intereses se capitalizarán mensualmente y a partir del inicio del séptimo año el capital acumulado se amortizará mensualmente, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer la facultad de rescatarlos anticipadamente manteniendo las prioridades establecidas en el artículo 7. Podrán emitirse registralmente o mediante la impresión de las láminas respectivas en las condiciones que determine el Banco Central de la República Argentina. Deberá identificarse y registrarse al titular original del crédito, pero serán transferibles libremente. Podrán emitirse nominativamente pero circularán al portador y cotizarán en las bolsas y mercados del país o del exterior, los acreedores que mantengan la liquidación de sus acreencias en moneda nacional podrán suscribir Bonos de Consolidación en moneda nacional, en cuyo caso devengarán la tasa de interés promedio de caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina; y aquellos que reliquiden sus acreencias en dólares estadounidenses podrán suscribir Bonos de Consolidación en dicha moneda, en cuyo caso devengarán la tasa Libor.
ARTICULO 13 - Los suscriptores originales de los Bonos de Consolidación podrán cancelar a la par con los bonos que reciban en pago de sus acreencias, las deudas vencidas o refinanciadas con anterioridad al 1° de abril de 1991 que ellos o cualquiera de los integrantes de un mismo grupo o conjunto económico, definido en las condiciones que determine la reglamentación, tuvieren con cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2° de la presente ley, hayan sido o no reconocidas administrativa o judicialmente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, con excepción de las deudas impositivas, y aduaneras - respecto de las cuales se estará a lo dispuesto en los párrafos siguientes - previsionales o de aquellas derivadas de sanciones.
El Poder Ejecutivo Nacional establecerá un plazo que no excederá de los ciento ochenta (180) días desde la vigencia de la ley hasta cuyo vencimiento los tenedores de los Bonos de Consolidación podrán optar por cancelar a la par las deudas impositivas y aduaneras al 1° de abril de 1991 y sus accesorios de actualización a intereses devengados hasta dicha fecha, que constituyan obligaciones comprendidas en determinaciones y liquidaciones efectuadas por la Dirección General Impositiva o la Administración Nacional de Aduanas y que se encuentren en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial a la fecha de publicación de la presente ley, con exclusión de las indicadas en el párrafo siguiente. La utilización de los bonos para la cancelación de las deudas a que se alude precedentemente requerirá que simultáneamente los responsables se allanen y renuncien expresamente a toda acción y derecho, incluso el de repetición, relativos a la causa y, en su caso, abonar las costas del juicio en la forma y condiciones que dispongan los mencionados organismos.
b) A las obligaciones que se indican en el inciso anterior cuando su incumplimiento guarde relación con los delitos comunes que fueran objeto de causas penales en las que se hubiera ordenado el procesamiento de funcionarios o ex-funcionarios estatales;
c) A los impuestos previstos en los artículos 23 y 23 bis incorporado por la ley 23.102 de la ley de impuestos internos (t.o. 1979 y sus modificaciones) y al creado por el artículo 2° de la ley 23.562, prorrogada por las leyes 23.665 y 23.763 y cuya vigencia se restableciera por la ley 23.905;
d) A las actualizaciones los intereses, las sanciones y los accesorios correspondientes a los conceptos mencionados en los incisos anteriores.
2.Las obligaciones propias comprendidas en los dos primeros párrafos de este artículo aun cuando se determine o liquiden por los organismos mencionados con posterioridad a la vigencia de la ley. En este caso el plazo para la opción regirá a partir de la fecha de determinación o liquidación administrativa y será de aplicación lo previsto en cuanto a allanamiento, renuncia y pago de costas.
Ley N° 24764 Articulo N° 23
ARTICULO 14 - Los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales se emitirán a diez (10) años de plazo. Durante los seis (6) primeros años se capitalizarán mensualmente los intereses y a partir del inicio del séptimo año el capital acumulado se amortizará mensualmente. Los tenedores de estos bonos podrán cancelar a la par las obligaciones vencidas al 1 de abril de 1991 en concepto de cargas sociales, aportes o contribuciones que se calculen sobre la nómina salarial que se hallaren a cargo del tenedor, que adeuden a cualquiera de las personas jurídicas u organismos alcanzados por el artículo 2. Las demás condiciones serán las establecidas para los Bonos de Consolidación. Los suscriptores originales de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales podrán aplicarlos a la par sin restricciones al pago de sus obligaciones vencidas o futuras con cualquiera de las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 2, en las condiciones que determine una ley especial.
ARTICULO 15 - El Estado Nacional o cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2°, deberán aceptar el pago de los créditos a su favor con Bonos de Consolidación, en las condiciones previstas en los artículos anteriores. La Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Obras y Servicios Públicos o el Banco Central de la República Argentina, según corresponda, cancelarán los débitos que resulten a cargo de las personas jurídicas u organismos alcanzados por la consolidación, o los redescuentos pendientes de cancelación, en las mismas condiciones. Las entidades financieras no alcanzadas por la Consolidación y el Banco Central de la República Argentina no computarán los Bonos de Consolidación creados por la presente ley que conserven en sus activos, a los efectos de determinar los límites de endeudamiento del Estado Nacional.
Asimismo realizarán bienes, créditos en gestión y mora al 1° de abril de 1991, acciones o empresas sujetas a privatización, mediante procedimientos de licitación o remate al mejor postor, pagaderos en Bonos de Consolidación, Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en forma equivalente, y ello en las condiciones y proporciones que determine la reglamentación, en general o en especial. La participación de estos bonos deberá ser una proporción no menor a la de los títulos de la deuda externa.
En los procedimientos mencionados en el párrafo anterior, así como también cuando se trate de adjudicaciones en forma directa, las provincias tendrán derecho a participar como oferentes o en su caso como adjudicatarias, ya sea por sí o asociadas con capital privado y a que su aporte esté constituido en Bonos de Consolidación, no pudiéndoseles exigir una proporción, en la integración de dichos títulos, que sea menor al treinta y tres por ciento (33%) del emprendimiento que se trate o del precio ofertado.
ARTICULO 16 - La presente ley es de orden público y se dicta en ejercicio de los poderes de emergencia del Congreso de la Nación. La disponibilidad de los recursos fiscales correspondientes resulta esencial para atender la totalidad de las acreencias reconocidas u obligaciones consolidadas por la presente ley o que se reconozcan en el futuro en contra de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2. Convalídanse los decretos del Poder Ejecutivo Nacional 34/9153/91 y 383/91. No se aplicarán a las obligaciones consolidadas ni a sus accesorios las disposiciones contenidas en leyes especiales en tanto se contrapongan con lo normado en la presente ley. No serán exigibles a los titulares de créditos consolidados el cumplimiento de sus obligaciones accesorias a dichos créditos, sino en las condiciones de esta ley.
Decreto N° 383/1991
Decreto N° 53/1991
Decreto N° 34/1991
ARTICULO 17 - La consolidación legal del pasivo público alcanzado por la presente implica la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios así como la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de cualquiera de las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 2 pudieran provocar o haber provocado. En lo sucesivo sólo subsisten a su respecto los derechos derivados de la consolidación. Asimismo, la cancelación de obligaciones con cualquiera de los Bonos de Consolidación creados por la presente ley extinguirá definitivamente las mismas.
ARTICULO 18 - El Poder Ejecutivo Nacional o cualquiera de los ministros que le asisten, con el previo asesoramiento del servicio jurídico permanente, podrán acordar transacciones, que en todos los casos deberán contar con la aprobación del Tribunal de Cuentas de la Nación, la Sindicatura General de Empresas Públicas o los organismos de control que correspondan en cada caso y ser homologadas judicialmente. Será competente para la homologación el juez actuante o el que lo hubiera sido para entender en la cuestión. Los medios para la cancelación de las obligaciones, dinerarias emergentes de la transacción serán los previstos por esta ley, salvo que existieren partidas presupuestarias específicas. El Poder Ejecutivo Nacional o cualquiera de los ministros que le asisten, con el asesoramiento previo del servicio jurídico permanente, podrán someter a arbitraje las controversias que mantengan con los particulares en sede administrativa o judicial, cuando los asuntos revistan significativa trascendencia o sea ello conveniente para los intereses del Estado. En el compromiso arbitral se pactarán las costas por su orden y se renunciará a todo recurso con excepción del previsto por el artículo 14 de la ley 48. Los medios para la cancelación de las obligaciones dinerarias emergentes del laudo serán los previstos por esta ley, salvo que existieren partidas presupuestarias específicas. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará lo relativo a transacción y arbitraje a los fines de esta ley.
ARTICULO 19 - Las provincias podrán consolidar las obligaciones a su cargo que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 1. Las normas legales locales respectivas no podrán introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las que la presente ley establece respecto a las deudas del sector público nacional. Los medios que se dispongan para cancelar las obligaciones que se consoliden en las jurisdicciones provinciales sólo podrán afectar recursos fiscales, bienes o créditos que pertenezcan a las respectivas provincias. Las administraciones públicas provinciales, sus entes descentralizados, las municipalidades, bancos oficiales y empresas públicas locales, que pertenezcan a una misma jurisdicción, serán consideradas un conjunto económico a los fines de la presente ley.
ARTICULO 20 - El Estado Nacional subrogará las obligaciones, derechos y acciones de aquellas asociaciones sindicales de trabajadores que hubieran sido demandadas judicialmente con motivo del cobro de honorarios profesionales devengados por proyectos, dirección de obras y otras tareas profesionales, originados en las operatorias 17 de octubre y 25 de mayo del Banco Hipotecario Nacional, como así en los gastos, actualizaciones, intereses, aportes previsionales impuestos que fueran su consecuencia, más los costos y costas de los juicios promovidos.
Del mismo modo, el Estado Nacional se subrogará en los pasivos que registren los agentes del Seguro Nacional de Salud y las obras sociales nacidos con posterioridad al 31 de julio de 1989, originados en prestaciones médico-asistenciales o destinados a la subsistencia de los afiliados de aquellas entidades, quedando los pasivos generados antes de la fecha indicada comprendidos en las disposiciones de los artículos 52 a 55 de la ley 23.697 y su decreto reglamentario.
Ley N° 23697 Articulo N° 52
Ley N° 23697 Articulo N° 53
Ley N° 23697 Articulo N° 54
Ley N° 23697 Articulo N° 55
ARTICULO 21 - Se consolidan también los pasivos de terceros que el Estado Nacional se haya comprometido a asumir por convenios suscriptos relativos a las leyes 22.229 y 22.334.
ARTICULO 22 - A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.
ARTICULO 23 - Sin que implique pronunciamiento sobre el resto del texto, déjanse sin efecto los capítulos VII y IX del Decreto 1757/90 y derógase toda disposición que se oponga a lo resuelto en la presente ley, que entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 102
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 87
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 86
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 85
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 109
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 108
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 107
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 106
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 89
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 103
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 90
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 101
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 104
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 91
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 92
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 93
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 94
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 95
Decreto N° 1757/1990 Articulo N° 88
ARTICULO 24 - Los Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales tendrán el tratamiento impositivo previsto en el artículo 36 bis de la ley 23.962, modificatoria del Régimen de Obligaciones Negociables creado por la ley 23.576. Para sus suscriptores originales los bonos no se considerarán activos a los efectos de la liquidación del impuesto sobre los activos, no rigiendo lo previsto en el último párrafo del artículo 3 de la ley 23.760. Los bonos quedan exentos del impuesto establecido por el título VI de la ley 23.966 sobre los Bienes Personales no Incorporados al Proceso Económico.
Ley N° 23966 Articulo N° 20
Ley N° 23966 Articulo N° 29
Ley N° 23966 Articulo N° 28
Ley N° 23966 Articulo N° 27
Ley N° 23966 Articulo N° 25
Ley N° 23966 Articulo N° 23
Ley N° 23966 Articulo N° 30
Ley N° 23966 Articulo N° 19
Ley N° 23966 Articulo N° 18
Ley N° 23966 Articulo N° 17
Ley N° 23966 Articulo N° 16
Ley N° 23760 (T.O. 1989) Articulo N° 3 (Ultimo párrafo.)
ARTICULO 25 - El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar esta ley en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles desde su promulgación.
PIERRI - DUHALDE - PEREYRA ARANDIA DE PEREZ PARDO - FLOMBAUM

References: artículo 45
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 3