Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520971.html
Timestamp: 2019-03-27 02:36:46+00:00

Document:
as201520971
Auto Supremo: 971/2015 - L
Expediente: T-29-11-S
Partes: Victoria Escalante Cardozo de Vilte c/ Santiago Vilte Lozano
VISTOS: El recurso de casación de fs. 102 a 103, interpuesto por Santiago Vilte Lozano contra el Auto de Vista de fecha 16 de septiembre de 2011, de fs. 96 a 98, pronunciada por la Sala Civil Segunda de la (entonces) R. Corte Superior de Justicia de Tarija, dentro del proceso de Divorcio seguido por Victoria Escalante Cardozo de Vilte en contra de Santiago Vilte Lozano, la contestación de fs. 109 a 110, el Auto de concesión de fs. 111, los antecedentes del proceso; y,
El Juez de Partido Primero de Familia de la Capital Tarija, pronunció Sentencia N° 03/2011 de fecha 28 de febrero de 2011 de fs. 63 a 65, falla declarando Primero: PROBADA lo expuesto en la demanda de fs. 2 de obrados. En consecuencia disuelto el vínculo matrimonial que une a Victoria Escalante Cardozo con Santiago Vilte Lozano e IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 7 de obrados. Sin costas por ser juicio doble, Segundo: Se fija una Asistencia Familiar de Bs. 200 de conformidad al contenido de la última parte del art. 143 del Código de Familia que deberá pasar el demandado a favor de la actora. Tercero: En ejecución de Sentencia, se procederá a la cancelación de la partida matrimonial con Partida N° 64 Folio N° 15 del Libro N° 2-89 Oficialia N° 5004 de la Provincia Cercado del Departamento de Tarija de fecha 31 de mayo de 1989, expidiéndose al efecto la ejecutorial para su cumplimiento ante la dirección Departamental de Registro Civil, de conformidad al Art. 398 del Código de la materia.
Contra la referida Resolución Santiago Escalante Cardozo interpone recurso de apelación de fs. 69 a 70 y vta., así como también recurre de apelación Victoria Escalante Cardozo de fs. 78 a 79 y vta., recursos que previa sustanciación, son resueltos por Auto de Vista de fecha 16 de septiembre de 2011, de fs. 96 a 98, pronunciada por la Sala Civil Segunda de la (entonces) R. Corte Superior de Justicia de Tarija, que ANULA OBRADOS, reponiendo la causa hasta fs. 15 vta., inclusive es decir al estado de que el Juez A quo califique el proceso en base a los puntos de hecho efectivamente controvertidos entre las partes,
Resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Santiago Vilte Lozano, el mismo que merece el presente análisis.
El hoy recurrente, refiere como infracción la indebida interpretación en el Auto de Vista N° 73/2011 en su considerando II, toda vez que la Vocal de la Sala Civil, fundamenta su fallo según el art. 15 de la ley de Organización Judicial, así mismo indica nuevos puntos de hecho a probar y ordena la secuencia procesal que debe seguir un proceso, sosteniendo que una vez presentados los escritos de demanda contestación y reconvención queda establecido la relación jurídica procesal y en caso de existir hechos contradictorios a probar, es decir sin conformidad entre partes se debe abrir periodo probatorio y fijar los puntos de hechos a probar art. 354, 370 y 371 del Código de Procedimiento Civil.
De la misma forma sostiene que a fs. 15 vta., se encuentra la calificación del proceso, como ordinario de hecho, y se sujeta la causa a prueba por el término de 50 días, mismo que fue notificada a la demandante en fecha 04 de septiembre de 2009, sin embargo en ningún momento objeto el mismo según el art. 382 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil.
Sosteniendo además que se habría vulnera el debido proceso y los plazos procesales transgrediéndose el art. 139, 3 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.
Por lo que concluye peticionando se ANULE el Auto de Vista consecuentemente se confirme en parte la Sentencia 03/2011.
El Tribunal Ad quem al haber emitido una Resolución anulatoria de obrados, se hace necesario realizar algunas consideraciones respecto al tema de las nulidades; en ese entendiendo diremos que la nulidad es la sanción por la cual el ordenamiento legal priva a un acto jurídico de sus efectos formales cuando en su emisión y/o ejecución no se han guardado las formas prescritas por ley o por errores de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleva la afectación del debido proceso.
La Constitución Política del Estado en sus arts. 178 y 180 establecen los principios rectores que rigen la nueva administración de justicia, entre éstos se encuentran los principios de celeridad, eficiencia y eficacia, mismos que a su vez se encuentran replicados y desarrollados en los arts. 3 y 30 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial; asimismo en el art. 16 de dicha Ley establece los límites de la actuación de las autoridades judiciales respecto a la anulación de los procesos, determinando como regla general la prosecución y desarrollo de dichos procesos sin retrotraer a las etapas ya concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa, norma legal que se encuentra citado en el art. 17 parágrafo III del mismo cuerpo legal.
Por otra parte, en tema de nulidades de los actos procesales, rige los principios de especificidad, finalidad del acto, el de trascendencia y convalidación, etc., mismos que necesariamente deben ser tomados en cuenta a la hora de decretar la nulidad; a) El Principio de especificidad o legalidad establece que ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada de manera clara, concreta y específica por la ley; en otros términos, como señala Eduardo Couture, “No hay nulidad sin ley específica que la establezca”; b) El Principio de finalidad del acto, este principio no debe ser entendido desde un punto de vista subjetivo referido simplemente al cumplimiento del acto en su aspecto meramente formal, sino más bien en su aspecto objetivo orientado a la función o finalidad del acto, o sea, no obstante la irregularidad del acto, no se puede declarar su nulidad, si el mismo ha logrado su finalidad a la cual estaba destinado. c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture; no puede haber nulidad de forma si la alteración procesal no tiene vital importancia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; responde a la máxima “no hay nulidad sin perjuicio”; para declarar la nulidad, es necesario demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; d) Finalmente se tiene el Principio de convalidación, a través del cual, los actos aun así sean defectuosos y que hubieran sido consentidos de manera expresa o tácitamente por las partes, se convalidan, no correspondiendo declarar su nulidad; existe consentimiento expreso cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y es tácito cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal.
En el sub lite, en los argumentos que esboza el Tribunal de Alzada señala que: “En el caso que se analiza se hace operable la aplicación obligatoria de lo dispuesto por el Art. 15 de la Ley de Organización Judicial toda vez que al no estar señalado de forma expresa como punto de hecho a probar la ganancialidad de las construcciones del bien inmueble ubicado en la zona de San Gerónimo, induce a las partes que tienen la carga probatoria, a error o una deficiente defensa probatoria, ya que la sentencia apelada se limita a indicar como hechos no demostrados las construcciones del bien inmueble, reconociendo que en ese punto (sobre los bienes gananciales) no está señalado en el auto de calificación del proceso, sin embargo de ello el A-quo indica que no se ha demostrado documentalmente la ganancialidad reclamada por la parte actora sobre la construcción del inmueble ubicado en el barrio San Jerónimo…Por su relación con el objeto y carga de la prueba, los puntos de hecho a probar garantizan el debido proceso, pues si no se fijan como hechos a probarlos clara y concretamente afirmado en la demanda y controvertidos por el demandado, sobre los que se ha quedado establecida la relación jurídica procesal, se estaría cuartando el derecho a la defensa porque no habría posibilidad de probarlos”…
En mérito a ese análisis, anuló obrados hasta la relación procesal disponiendo que el A quo, califique el proceso en base a los puntos efectivamente controvertidos entre partes, toda vez que el Juez de primera instancia no consideró en el Auto de relación procesal como un punto de hecho a probar en relación a los bienes gananciales y que en Resolución tampoco fuese considerado este extremo, pero sin embargo este aspecto no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes sometiéndose a los puntos dispuestos por Auto de fecha 01 de septiembre de 2009 de fs. 15 vta., en ese sentido las partes han consentido y convalidado ese actuado dejando precluir cualquier reclamo, no obstante correspondía al Ad quem tomar en cuenta este extremo al momento de haber dispuesto la anulación del presente caso de Autos.
Del mismo modo se debe tener presente lo determinado en el art. 123 del Código de Familia, señalando que la comunidad de gananciales termina, entre otras causas, por el divorcio, en otras palabras, uno de los efectos que genera la Sentencia de divorcio es precisamente la finalización de la comunidad de gananciales y es por eso que en Sentencia o en ejecución de la misma, el Juez de la causa puede disponer la división y partición de bienes que la conformaron. En el caso de Autos, como se ha explicado anteriormente, la procedencia de la división y partición de bienes que pudiera considerarse gananciales no se ha sometido a controversia conforme se evidencia en el Auto de relación procesal, consecuentemente, la Resolución no podía haberse pronunciado al respecto; sin embargo, ello no impide que en ejecución de Sentencia y previa demostración pertinente de su existencia pueda reclamarse aquel aspecto, además de tratarse de una pretensión accesoria.
De lo anteriormente expuesto, se dirá que la decisión asumida por el Tribunal Ad quem resulta un exceso al disponer la nulidad de obrados en contraposición al principio de finalidad y celeridad que rigen el proceso.
Por dichos motivos, este Tribunal de Casación emite Resolución en la forma que se indica en el art. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y de conformidad a lo previsto en el Art. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista de fecha 16 de septiembre de 2011, de fs. 96 a 98, pronunciada por la Sala Civil Segunda de la (entonces) R. Corte Superior de Justicia de Tarija, debiendo emitir nueva Resolución en previsión al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, sin espera de turno y previo sorteo.
En atención a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, se comunica con la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

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