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Timestamp: 2018-03-25 03:16:54+00:00

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Sindicato Mexicano de Electricistas (Blog): 10-sep-2014
Lunes, 8 de septiembre de 2014 - Edición impresa En: Valladolid, Yucatán
VALLADOLID.-Las quejas continúan contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por excesivos cobros en los recibos de consumo de energía eléctrica.
Le indicaron que se citará al gerente para que aclare la situación o en su defecto la queja se enviaría a México.
Por miedo a quedarse sin servicio, Góngora López pidió prestado el dinero y pagó el adeudo.- Juan Antonio Osorio Osorno
*Los ejidatarios exigen cumplir acuerdos y pagar daños
* Hubo un acuerdo para cambiar la servidumbre por obras, pero la CFE no lo ha cumplido hasta el momento
CD. MADERO, Tamaulipas .-Una indemnización de aproximadamente dos millones de pesos exigen a la Comisión Federal de Electricidad región Golfo-Centro, 30 ejidatarios de “El Ciprés “, municipio de Llera, por el uso de sus tierras y daños en el tendido de líneas de alta tensión.
El comisariado, Florencio Maldonado informó que la edificación del proyecto de tendido eléctrico de alta tensión Champayán – Güemez provoca afectaciones, además que la CFE no ha cumplido los acuerdos.
En 2013, los agricultores acordaron la cesión de aproximadamente nueve mil 600 hectáreas a cambio de la construcción de obras de beneficio para el ejido, sin que hasta el momento el monopolio haya cumplido.
Maldonado viajo desde Llera de Canales para buscar una reunión con los representantes de la CFE en el municipio de Altamira.
Durante 2014 al menos 12 agricultores ajenos al ejido, recibieron apoyos en efectivo por parte de la CFE, no así los comunales.
Texcoco, Méx., 9 de septiembre.
‘‘El artículo 115 de la Constitución, en su fracción V, señala que los ayuntamientos, aunque sea zona federal, tienen la facultad de expedir licencias de uso de suelo y ver las cuestiones de su territorio. A nosotros nos interesa mucho sostener esta plática (con el mandatario), para que no vayamos a tener malos entendidos ni vernos en la necesidad de que al no conocer de manera precisa estos trabajos obviamente tendríamos nuestras reservas para dar esos permisos. No daremos ningún permiso, porque no podemos poner en riesgo el desarrollo urbano de nuestro municipio’’, dijo.
Acompañada por el diputado local Higinio Martínez, la alcaldesa Gómez Álvarez, elegida bajo la coalición Movimiento Ciudadano-Partido del Trabajo, realizó un recorrido por la autopista Peñón-Texcoco y por los terrenos que serían ocupados para el nuevo aeropuerto.
‘‘Ya pedimos audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto; mandé un oficio y llevamos dos peticiones para que nos dé una entrevista y nos explique de manera clara y precisa el impacto ambiental, el impacto en el desarrollo económico y urbano en lo que respecta a Texcoco’’, dijo la funcionaria.
‘‘Hasta el momento no he sido informada oficialmente y no he tenido ningún documento que me establezca de manera precisa la ubicación; por eso tenemos dudas y, si bien es cierto que nos hicieron una invitación inicial para acudir el sábado pasado a un evento donde se presentó de manera muy general el proyecto, existen muchas inquietudes, hay muchas dudas.
‘‘Por eso el ayuntamiento está solicitando mesas de trabajo y una entrevista con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que nos aclare cómo va a estar la situación’’ del municipio, apuntó.
Insistió en que, como alcaldesa de Texcoco, sus funciones incluyen salvaguardar y controlar el crecimiento urbano, además de velar por el medio ambiente de la región; si un proyecto aeroportuario no cumple con estos requisitos ‘‘nos tendremos que oponer.
‘‘A mí lo que más me inquieta como presidenta municipal es el impacto que (la obra del nuevo aeropuerto) pueda tener hacia Texcoco y nuestros municipios vecinos como Chiautla, Papalotla o San Salvador Atenco.
‘‘Cada uno de los presidentes municipales manifestará su preocupación; pero lo que me preocupa a mí particularmente es el impacto que pueda tener en Texcoco, porque si bien el aeropuerto no estará en su mayor parte en este territorio, finalmente sí nos afecta.
‘‘Lo estamos viendo ahorita, en el recorrido, con el posible daño al medio ambiente, en las aves que llegan, y nos preguntamos: ¿qué va a pasar con esas aves?, ¿se tiene contemplado qué va a pasar con el cuidado del medio ambiente y la cuestión hidráulica?’’
Destacó que el municipio no está preparado para un aeropuerto, ‘‘porque Texcoco tiene muchos retos de vialidad, educación, protección al medio ambiente; por ello es importante que nos sentemos (a dialogar) para que precisamente nos generen más presupuesto y poder cubrir todas las necesidades de un aeropuerto, como debe ser a nivel nacional e internacional’’.
Miércoles 10 de septiembre de 2014, p. 5
En unas semanas se presentará la demanda por reparación y compensación ambiental contra la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, por la contaminación que ocasionó a los ríos Sonora y Bacanuchi con el derrame de 40 mil metros cúbicos de residuos peligrosos.
Se debe probar en este caso que existe un nexo causal entre los hechos y el daño provocado, por lo que se reúnen los dictámenes para determinar esta situación, explicó Gemi José González López, subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Por su parte, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, sigue sin dar información sobre el tema de la contaminación en Sonora, luego de que inicialmente acusó a la minera de ‘‘mentir’’ sobre las causas del derrame tóxico y pese a que en dos ocasiones se ha solicitado una entrevista a su equipo de comunicación sin obtener respuesta.
Sobre las declaraciones del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías (PAN), acerca de que la Semarnat y sus organismos –Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Profepa– sabían de las irregularidades de la minera Buenavista del Cobre antes del derrame de residuos peligrosos el pasado 6 de agosto, y de que ya no permitiría la participación de los delegados en las reuniones del comité de atención a emergencias, tampoco hubo respuesta de la dependencia.
El subprocurador González López explicó en entrevista que la demanda que se presentará con base a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, como todos los procesos contenciosos, tiene sus plazos y está regulada por el Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que hay etapas probatorias, para alegatos, y se tendrá que seguir el debido proceso hasta que haya una resolución del caso.
El ‘‘nexo causal’’
Mencionó que la ley ‘‘prevé que debe existir un nexo causal entre los hechos o las omisiones y el daño que se provocó en los ríos mencionados. Lo que tenemos que hacer es juntar los dictámenes correspondientes que determinen este nexo causal, el daño ambiental y otras afectaciones que también prevé la legislación.
‘‘Es determinante probar ese nexo causal entre los hechos y el daño para pedir al juez la cuantificación y los montos de la compensación y la reparación de daños’’, señaló.
Dijo que ‘‘se requieren peritajes técnicos complejos. Primero para determinar los daños y después para cuantificarlos, porque se pide al juez de distrito una cantidad para reparar y compensar’’. Se busca determinar ‘‘los posibles daños al ecosistema, al agua, a los suelos, a la flora y a la vida silvestre’’.
Apuntó que el artículo 39 de la citada ley da referencias de lo que se debe determinar para la reparación y compensación, por lo que ‘‘hacemos un esfuerzo transversal en el gobierno federal, con áreas técnicas que trabajan en esto para llegar a una cuantificación que resista cualquier análisis’’.
Ese artículo señala que en la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental se considerará el costo que implica aplicar la solución, el efecto en la salud y seguridad pública, la probabilidad de éxito de cada medida y el grado en que éstas servirán para prevenir daños futuros y evitar riesgos como consecuencia de la aplicación.
También contempla el grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado; el tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos que fueron afectados por el daño causado al ecosistema a raíz del derrame de sustancias tóxicas en ambos ríos; el grado en se logra reparar el lugar que haya sufrido el daño ambiental, y la vinculación geográfica con el lugar afectado.
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno del Distrito Federal, “invitó respetuosamente” a su sucesor, Miguel Ángel Mancera, a tener un “encuentro público para que a la ciudadanía le quede claro” qué ocurrió con las fallas en la Línea 12 del Metro.
A propósito de las sanciones por la recepción preliminar de la obra el 30 de octubre de 2012, -caso por el que el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, fue inhabilitado 20 años para trabajar en el servicio público-, Ebrard señaló que la actual administración olvidó mencionar que el 8 de julio de 2013 firmó la recepción “definitiva” de la obra. Para ese entonces, el director del Metro era Joel Ortega.
El exjefe de gobierno capitalino defendió la obra al mencionar que ha sido objeto de más de once auditorías, tanto del gobierno federal como del local, incluyendo las de la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otros organismos autónomos. “En ninguna de ellos se reportó desvió o sobreprecio. ¿Cómo se va a resolver esto? Se va a tener que probar en tribunales”, advirtió.
Además, criticó que en el informe difundido ayer por la Contraloría General del DF no se precisó quiénes son responsables de las fallas en la operación y mantenimiento de la línea 12 de Metro. Tampoco fue aclarado por qué se recibió ni por qué se operó más de un año con estas supuestas irregularidades.
Se defendió: “Quiero decir, con la frente en alto que jamás he yo decidido, promovido o aceptado actos de corrupción en mi administración. Nunca, por eso estoy aquí y doy la cara.
Los funcionarios que son corruptos no dan la cara, no exigen transparencia ni andan deambulando en la vía pública”.
Luego, lanzó un planteamiento a Miguel Ángel Mancera: “Si hay alguna imputación que hacerme por corrupción, que la haga, tal vez que se aclare ahora que viene su informe de gobierno, y que se actúe conforme a derecho, independientemente de que lo considere mi excompañero de trabajo o independientemente de consideraciones políticas, porque como ustedes saben, en la contienda por el PRD estamos en bandos contrarios”.
Ebrard recordó un discurso de Mancera cuando fungía como procurador de justicia del DF: “Él decía que los instrumentos de la justicia son para hacer justicia, no para hacer política. Es decir, que se aplique la ley, que haya justicia, que no haya impunidad, pero que tampoco se usen los instrumentos para desprestigiar o destruir”.
Por último, aclaró que hasta ahora no ha sido llamado a comparecer por autoridad alguna y no está sujeto a procedimientos administrativos o panales “pero tengo una responsabilidad con la ciudadanía”.
-¿Va a solicitar algún amparo?, se le preguntó mientras se retiraba.
-Todavía no -respondió.
MÉXICO, D.F. (apro).- A ocho días de que el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, comparezca ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la Contraloría General del DF dio a conocer los resultados de 11 de las 21 auditorías realizadas a la Línea 12 del Metro por anomalías en la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento.
De las auditorías, también se desprendieron responsabilidades administrativas en contra de 32 funcionarios y exfuncionarios menores. De éstos, 15 casos se turnarán a la PGJDF para el deslinde de responsabilidades.
En conferencia de prensa, el contralor Hiram Almeida detalló que las sanciones van desde multas millonarias y la destitución del cargo e inhabilitación para trabajar en el servicio público de uno hasta 45 años.
Asimismo informó que continúan abiertas 10 auditorías más y que en un mes se darán a conocer más nombres de los responsables por el cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea Dorada y la afectación a más de 430 mil pasajeros diarios.
A Horcasitas, la Contraloría lo acusa de permitir la entrega preliminar de los trabajos sin estar debidamente concluidos y no supervisar a servidores públicos que estaban bajo su mando y dirección.
Sin embargo, la Contraloría no reparó en un hecho fundamental: que la obra la recibió el actual director del Metro, Joel Ortega Cuevas.
El 30 de octubre de 2012, Horcasitas recibió la certificación de la empresa internacional ILF que dio el visto bueno para que la línea comenzara a operar. Un par de horas después, Marcelo Ebrard inauguró la megaobra y, acompañado del entonces presidente, Felipe Calderón, inició el primer recorrido formal de la Línea Dorada.
El 8 de julio de 2013, Enrique Horcasitas hizo la entrega formal de la Línea 12 al nuevo director del STC, Joel Ortega, en las oficinas del edificio de Delicias número 7, colonia Centro, aún cuando la línea ya presentaba visibles fallas en su infraestructura y operación.
“En la minuta de esa reunión, Horcasitas le dice a Ortega Cuevas que, en términos de lo dispuesto en la cláusula octava del contrato suscrito con el consorcio constructor, se encuentra garantizada la obligación del contratista de reparar los defectos que resulten de los trabajos realizados, de vicios ocultos y de cualquier anomalía”, publicó Proceso en su edición 1951.
Sin embargo, el 20 de marzo del 2014, una semana después del anunció del cierre parcial de la línea, el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, destituyó a Horcasitas de la dirección del PMDF.
Esta decisión, dijo entonces, fue para tener una investigación transparente y avanzar en el procedimiento. “No representa de ninguna manera un juicio de su desempeño, sino que busca dar garantía a todas las partes involucradas y por supuesto a la Ciudad”.
La sanción impuesta hoy contra Horcasitas no fue sólo administrativa. La Contraloría también presentó denuncias en su contra ante la PGJDF por firmar indebidamente diversos contratos. Y es que, al menos tres de ellos, dijo, no cumplían con el proceso de adjudicación o licitación de la normatividad específica. Además, se presume que las empresas presentaron información apócrifa en los procesos correspondientes.
Otra irregularidad presuntamente hecha por Horcasitas es la firma del contrato de supervisión de la construcción de la policilinica del 13 septiembre de 2013, mismo que generó un pago por gastos no considerados, aún cuando la licitación para su construcción fue declarada desierta.
Las sanciones anunciadas este martes por la Contraloría General se dieron a conocer cinco días después de que la empresa francesa Systra, y la Secretaría de Obras y Servicios del GDF, presentaron las conclusiones del informe técnico final sobre las Línea 12.
El pasado jueves 4 de septiembre se informó que las fallas se originaron desde la planeación, diseño, adjudicación, construcción, operación y mantenimiento de la Línea Dorada. Todo ese proceso comenzó en el 2007, durante la administración de Marcelo Ebrard y continuó con la entrega recepción de Joel Ortega, como director del STC, ya en la administración de Miguel Ángel Mancera.
En el primer informe que ofreció hoy el contralor general, Hiram Almeida, sobre los responsables del cierre parcial de la Línea 12 no se mencionó a Francisco Bojórquez, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), aún cuando la dependencia le abrió un expediente por supuesto daño al erario público por 2 millones 552 mil dólares.
Este procedimiento derivó del incumplimiento de la normatividad en la firma de un contrato de prestación de servicio de un torno rodero de fosa, máquina que se emplea para mover los trenes en las vías, según lo publicado el pasado 5 de julio por Proceso (1966).
En la lista obtenida por este semanario también estaba Óscar Leopoldo Díaz González Palomas, actual subdirector General de Mantenimiento del Metro, e incondicional de Joel Ortega Cuevas desde que éste era jefe delegacional en Gustavo A. Madero. Él participó activamente en la parte electromecánica de la Línea 12 y en su momento dio su visto bueno para recibir la obra y, aún más, aprobó su puesta en operación (Proceso 1950 y 1951). Sin embargo, en la lista que ofreció hoy el contralor, este funcionario fue excluido.
Una semana después de esta publicación, el contralor Hiram Almeida, confirmó la apertura de 19 expedientes, entre los que se encontraban los dos funcionarios mencionados.
Los “otros” responsables
En la lista de los 33 funcionarios y exfuncionarios sancionados, sólo aparece uno del STC: Juan Carlos Mercado Sánchez, exsubdirector general de Administración y Finanzas, quien fue inhabilitado por 20 años y multado con 2 millones 552 mil dólares y se dio vista a la PGJDF por la Comisión de posibles hechos constitutivos de delito.
A él se le atribuyó la compra del torno rodero, por el que en un principio se señaló a Bojórquez. Según el contralor, ese movimiento modificó de forma “irregular” las condiciones del contrato de servicios para la renta y mantenimiento de los 30 trenes de la rodadura férrea.
Los 32 restantes corresponden al Proyecto Metro del DF (PMDF): Juan Armando Rodríguez Lara, director general de Administración, tuvo dos sanciones. La primera fue la destitución e inhabilitación por cinco años, una multa de 2 millones 949 mil 577 pesos y vista a la PGJDF por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito. La segunda sanción consiste en destitución e inhabilitación de un año.
A Sotero Díaz Silva, director de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, también le impusieron dos sanciones: inhabilitación por 14 años.
A Kooichi Mario Endo Jiménez, director de Obras Inducidas, se le inhabilitó por 15 años, como parte de dos sanciones de 10 y 5.
José Pascual Pérez Santoyo, director de Administración de Contratos, tuvo tres sanciones: inhabilitación por 45 años –15 por cada una de las tres–, además de una multa de 116 millones 312 mil 398 pesos, por reconocer adeudos que no existían y que, por lo tanto, ocasionaron daño al erario, y su expediente se pasó a la PGJDF.
Juan Antonio Giral y Mazón, director de Diseño de Obras Civiles: inhabilitación por 20 años y vista a la Procuraduría. Carlos Raúl Cruz Neri, exdirector de Construcciones e Instalaciones Electromecánicas, inhabilitación de 27 años.
Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles, tuvo cinco sanciones: Inhabilitación por 15, 10, 5 y 3 años –33 en total–, así como denuncia ante la PGJDF por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito.
Reyna María Basilio Ortiz, exdirectora de Administración de Contratos, destitución e inhabilitación de 15 años, sanción económica por 478 millones 63 mil 757 pesos y vista a la PGJDF. Esa cantidad derivó del daño patrimonial ocasionado por la firma de un convenio de reconocimiento de adeudo –el 6 de mayo del 2011– a las empresas por obras inducidas subterráneas y áreas no consideradas en el contrato principal.
De acuerdo con el contralor general, “se hizo un pago legal a los contratistas por 478 millones 63 mil 757 pesos, por siete ministraciones, causando daño al erario”.
Gustavo Cruz Villafranco, exdirector de Construcciones de Obras Civiles, fue inhabilitado por 10 años y su expediente se pasó a la PGJDF. Héctor David Martínez Blanco, exdirector de Administración de Contratos, también fue inhabilitado por una década.
Fermín Salazar Hernández, subdirector de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje, fue destituido por un año. Fernando Arturo Taboada Meraz, exsubdirector de Obra Electromecánica, tuvo dos sanciones: inhabilitación de 10 y tres años.
José de Jesús Macario Celada del Castillo González, subdirector de Obra B, fue inhabilitado pro 19 años, mientras que José León Fernández Villaseñor, subdirector de Obra Civil, por 10.
A Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de Obra Civil, se le inhabilitó por un año, a Juan Manuel Martínez Juárez, subdirector de Costos y Concursos, por cinco, a José Gerardo Verdeja Alatorre, jefe de Unidad Departamental de Residencia de Obra, por dos; a
Filiberto Salazar García jefe de Unidad Departamental de Obra Civil y Residente de Obra, cinco años; y a Guadalupe Rojas Lizaola, jefe de Unidad Departamental de Residencia de Obras C1, 10 años.
Otros sancionados son: Noé Quiroz González, exjefe de Unidad Departamental de Residencia de Obra B3, inhabilitación por nueve años; Sergio Vázquez Galicia, exjefe de Unidad Departamental de Residente de Obra, nueva años; Joaquín Sánchez Loaeza, exjefe de Unidad Departamental de Residencia de Obra B1, cinco años; César Serrano García, residente de Obra Civil, siete años; Antonio Escobedo Maciel, residente de Obra Civil, seis años; Enrique López Novia, residente de Obra Civil, 11 años; y Arturo Ávila Ruíz, jefe de Unidad Departamental de Residente de Obra, 12 años.
Los últimos funcionarios y exfuncionarios de la lista presentada este martes son: Jorge Ortiz Vilchis, residente de Obra de Pilotaje Automático; Elizabeth Merlo O’Sullivan, residente de Obra de Instalaciones Mecánicas; Erick Gómez Vázquez, residente de Obra de Telecomunicaciones y Mando Centralizado, Rafael Castro Torán, residente de Obra de Vías, Señalización y Equipamiento; y Rodolfo Benítez Reyes, residente de Obra de Alimentación y Distribución de Energía Eléctrica y Peaje; cada uno inhabilitado por cinco años
Luego de la conferencia del contralor general, Hiram Almeida, el exjefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, anunció en su cuenta de Twitter que mañana miércoles ofrecerá una conferencia de prensa. “Escuché conf de Contralor del Df , mañana a primera hr daré mi versión sobre lo dicho, siempre he dado la cara por mis actos”, escribió.
CANCÚN, Q. Roo (apro).- Al rendir su tercer informe, el gobernador Roberto Borge optó por evadir tema polémicos de su administración, como las restricciones a las protestas y manifestaciones callejeras y los ataques a periodistas y medios de comunicación, pero sí hizo una apología del presidente Enrique Peña Nieto y la frase “Mover a México”.
El priista Borge Angulo, cuyo gobierno no será de seis años, sino de cinco años y cinco meses, llevó a cabo dos actos para su tercer informe: el oficial, en el Congreso local, a donde asistió la clase política, y el segundo, un mensaje emitido en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal (CINCC), ante unos 2 mil invitados.
En ambos eventos se desplegó un impresionante operativo de seguridad, con vallas y elementos de la Policía Judicial, Estatal Preventiva y Municipal, en las inmediaciones del Palacio Legislativo y del CINCC.
El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), y en consecuencia ninguna de las estaciones de televisión y radio privadas del estado, evitó trasmitir los posicionamientos de los grupos parlamentarios, previo a la entrega del Informe a la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Arlet Mólgora.
En sus mensajes, Borge eludió temas como la deuda pública, aunque Quintana Roo es el estado más endeudado por habitante del país; tampoco destacó los resultados del programa de Reingeniería Administrativa, por el cual fueron despidos cientos de burócratas, ni la persecución y hostigamiento a medios de comunicación y periodistas.
Menos aún habló de sus viajes al extranjero y la inseguridad y la delincuencia que campean en la entidad.
De hecho, pese a que ayer la organización Artículo 19 emitió un reporte sobre los ataques a los medios en la entidad, este día fueron repartidas entre activistas del PRI, afuera del CINCC, copias clonadas de la revista Luces del Siglo con elogios a Borge Ángulo.
Precisamente la clonación de Luces del Siglo forma parte del informe de Artículo 19, en el que documenta ataques a medios de comunicación y periodistas por parte del gobierno estatal.
También, en abierto desafío al reporte de Artículo 19, la red de trolls y bots del gobierno estatal arremetió este martes contra las cuentas de Twitter que realizaron críticas con motivo del Informe de Borge.
El año pasado, Borge Angulo no acudió al Congreso ni presentó su mensaje en el CINCC, ante las protestas de maestros en la capital del estado.
En su mensaje en esta última sede, Borge anunció el rescate de la llamada mega escultura “Mestizaje” de Sebastián, la cual ha sido repudiada por los chetumaleños y que impulsó hace unos 10 años el exgobernador Joaquín Hendricks, también del PRI.
“Informo a todos los chetumaleños y a todo Quintana Roo mi decisión de concluir la construcción de la mega escultura del bulevar de Chetumal para convertirla en el museo de la Bahía de Chetumal, nuestra orgullosa capital de todos los quintanarroenses”, dijo.
En la sede del Congreso ofreció mantenerse en “congruencia con los principios republicanos y democráticos que establece nuestra Constitución, así como el respeto al equilibrio y la división entre poderes”.
Sin embargo, esta postura de Borge no fue compartida por los diputados de oposición, en particular del perredista Jorge Carlos Aguilar Osorio, quien afirmó que “en Quintana Roo no hay división de poderes ni legitimidad democrática en la toma de decisiones”.
“Para el Partido de la Revolución Democrática en estos ya tres años de gobierno ha habido un enorme retroceso para la libertad de expresión, el ejercicio de los derechos políticos, la rendición de cuentas, la transparencia y los aspectos más fundamentales para la ciudadanía, como la seguridad, las oportunidades de desarrollo y la calidad de vida”.
También acusó que en Quintana Roo “pensar diferente, señalar, criticar, pedir información es motivo de represalias mediáticas y jurídicas”.
A su vez, el panista, Sergio Bolio Rosado subrayó el deterioro en materia de derechos humanos en la entidad.
“Lo relativo a la libertad de expresión, un derecho fundamental que se ve mermado por la intolerancia o las prácticas restrictivas de distintos servidores públicos, de cualquier forma es una asignatura que deberá priorizar el Ejecutivo en aras de continuar fortaleciendo el tema de derechos humanos en Quintana Roo”, dijo.
En el CINCC, Borge afirmó que el presidente Peña Nieto “encabeza a una nueva generación comprometida con el más amplio futuro para los mexicanos y que ‘Mover a México’ es la gran oportunidad de la generación de este tiempo”.
También dijo que “Mover a México significa romper los círculos de la pobreza, generar riqueza que otorgue oportunidades reales de crecimiento y desarrollo económico, humano y cultural, al México de hoy y de las siguientes generaciones”.
“Estamos moviendo a México con el liderazgo y determinación del presidente Enrique Peña Nieto; con la conciencia de que un cambio es un proceso gradual y continuo; con un proceso de transformación que nos convoca a todos y exige una participación plural y democrática”, remachó.
México ocupa últimos lugares en indicadores educativos de 34 países desarrollados
Miércoles, septiembre 10, 2014, 0:14
México ocupa los últimos lugares en indicadores educativos de 34 países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo con el informe Panorama Educativo 2014, presentado este martes por el organismo.
“La mayoría de los mexicanos tienen un nivel educativo bajo”, apenas seis de cada diez tiene estudios de primaria o secundaria (63%), y la proporción con bachillerato solo es del 37%, la mitad del promedio de estudiantes con bachillerato en la OCDE (75%) y sólo mejor que Turquía, último lugar en el grupo.
En México, la expectativa de quienes lograrán concluir su bachillerato es de 47%; y ese porcentaje cae a menos de la mitad de quienes lograrán una carrera universitaria (22%), indica el informe presentado vía video-conferencia desde la sede del organismo en París.
Los jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años de edad pasarán más de tres años sin estar empleados ni estar en la educación formal (conocidos como los ni-ni), el cuarto promedio más alto de las naciones miembro (3,3 años), detrás de Turquía, España e Italia.
Comparativamente, la proporción de jóvenes mexicanos que ni tienen empleo ni están matriculados es del 22%; superior a Brasil (20%), y similar a Chile (22,3) e Irlanda (21,1); pero inferior a Italia (24,6), España (25,8) y Turquía (29,2).
Los mexicanos jóvenes trabajarán un año más que el promedio de la OCDE (5,4 años), pero tendrán dos años menos en educación que el club de países ricos (7,3 años estudiando).
En 2012, la cobertura de bachillerato se elevó al 53% en México; pero es menor a las marcas de otros países latinoamericanos, como Brasil (78%), Chile (76%), o Argentina (73%) y muy atrás del promedio OCDE (84%).
México y Chile son los únicos países latinoamericanos miembros del organismo fundado en los años 60, heredero del grupo de naciones que impulsaron el Plan Marshall de reconstrucción de Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, conocido como el “club de los países ricos”.
Pero en México, el gasto anual promedio por estudiante desde la educación primaria hasta la superior es sólo del 19% del PIB per cápita; el segundo más bajo de la OCDE, y ocho puntos abajo del promedio de los países desarrollados, que invierten el 27% del PIB per cápita.
Entre 2013 y 2014 Cuba perdió 116.800 millones de dólares por el bloqueo de EEUU
Miércoles, septiembre 10, 2014, 0:00
El Gobierno de la República de Cuba presentó este martes un informe sobre los embates que ha causado el bloqueo financiero, económico y comercial que mantiene Estados Unidos contra la población de la isla caribeña desde hace más de 50 años, en el que resalta que, durante el último año, la economía cubana ha sufrido pérdidas superiores a los 116.800 millones de dólares por esta causa.
“El bloqueo se ha convertido en una persecución financiera contra Cuba, que se mantiene y se agrava sin que exista la menor justificación ética, moral y económica para hacerlo”, denunció el vicecanciller cubano, Abelardo Moreno, durante una rueda de prensa desde La Habana, transmitida a través de Telesur, en la que presentó el informe referido al período que va desde abril de 2013 a junio de 2014.
Moreno explicó que “se trata de un entramado de medidas, legislaciones y disposiciones del gobierno de Estados Unidos que a lo largo de estos años han venido consolidando el bloqueo, y lo han venido haciendo más férreo, bajo el pretexto de la falacia que mantienen de que Cuba es un estado promotor de terrorismo”.
En este sentido, advirtió que “no es secreto para el mundo que jamás Cuba ha preparado, organizado o ejecutado acto terrorista alguno contra Estados Unidos. Muy por el contrario, hemos sido víctimas del terrorismo desde momentos bien tempranos desde el triunfo de la Revolución Cubana”.
El Vicecanciller destacó el carácter extraterritorial del bloqueo que se refiere a una serie de resoluciones que afectan las relaciones de Cuba con otros países. “Es uno de los aspectos del bloqueo como se manifiesta hoy en el recrudecimiento de esta medida, que quiere decir que el gobierno de Washington impone que su legislación sobre el bloqueo se aplique extraterritorialmente en otras naciones”.
Indicó que hasta marzo de 2014, calculado en relación al precio del oro, el bloqueo le ha costado a Cuba la cifra de Un billón 112.534 millones de dólares.
Detalló que las multas impuestas por Estados Unidos en su actual administración ascienden a más de 11.500 millones de dólares.
El objetivo del bloqueo de Estados Unidos es provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano, recalcó Moreno.
“¿Quién puede negar que estos actos no formen parte de aquellos que condenan la Convención Internacional contra el Genocidio?; ¿Alguien puede negar que lo que se persigue es el genocidio contra el pueblo cubano?”, reclamó el dirigente revolucionario.
Moreno señaló que “el bloqueo es una política ilegal, extraterritorial, genocida y vil, pero yo les puedo garantizar que con bloqueo o sin bloqueo el pueblo de Cuba seguirá defendiendo su soberanía y su derecho a escoger su política económica”.
“Reiteramos a la comunidad internacional el apoyo al pueblo cubano para el cese del bloqueo”, enfatizó.
El próximo 28 de octubre Cuba presentará ante la Asamblea General de la ONU el Proyecto de Resolución para poner fin al bloqueo estadounidense impuesto por Washington el 22 de octubre de 1962, que ha afectado a la población del país caribeño por más de medio siglo.
Miércoles, septiembre 10, 2014, 0:03
Miércoles, septiembre 10, 2014, 0:21
Para Argentina, que empuja la iniciativa a través del Grupo de los 77 más China presidido actualmente por Bolivia, se trata de un apoyo internacional en su enfrentamiento contra los fondos especulativos que le ganaron un juicio en Estados Unidos por bonos de deuda impaga desde 2001.
Estos fondos, calificados de buitre por Buenos Aires, han logrado que el juez federal Thomas Griesa bloquee pagos al 93% de bonistas que aceptaron entrar en las reestructuraciones en 2005 y 2010 de la deuda argentina, llevando al país a un default parcial el pasado 30 de julio.
“El esfuerzo de un Estado por reestructurar su deuda soberana no debe ser frustrado o impedido por acreedores comerciales, incluyendo fondos de inversión especializados como los fondos de riesgo”, indica la resolución, que en sus cuatro páginas no menciona a Argentina.
Gobierno español teme un ‘otoño caliente’ repleto de protestas
Ante un posible otoño lleno de protestas en España, el Gobierno de Mariano Rajoy ha invertido grandes sumas de dinero para adquirir equipos antidisturbios, entre los que se encuentra una tanqueta lanza agua.
La compra de todo este material antidisturbios coincide con la llegada de un ‘otoño caliente’ con muchas manifestaciones programadas, a nueve meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas en este país europeo.
De hecho, las manifestaciones en la Comunidad de Madrid han descendido en un 38% en lo que va de 2014. En los siete primeros meses se contabilizaron 1.856 protestas, lo que se traduce en 1.139 menos que en el mismo periodo en 2013, según informa 20 minutos.
Entre las manifestaciones programadas destacan las concentraciones a favor del aborto libre, seguro y gratuito (28 de septiembre), una manifestación el 24 de octubre contra la monarquía durante la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, la consulta independentista prevista para el 9 de noviembre en Cataluña y la reedición de las Marchas de la Dignidad a finales de noviembre.
Además, la ‘marea verde’ ya ha anunciado que la educación madrileña vivirá un ‘otoño caliente’ en el que se prevé reivindicar el cese del cierre de centros, mostrar el rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y exigir una educación “pública, laica y gratuita por y para todos”.

References: artículo 115
 resolución 
 artículo 39
 Artículo 19
 Artículo 19
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