Source: http://derechoturismo.blogspot.com/
Timestamp: 2017-05-26 07:30:12+00:00

Document:
Sobre la responsabilidad de los marketplace a la luz de la Directiva de e-Commerce
Aquí podéis ver mi colaboración con DiarioJurídico.com. La transcribo a continuación. Es breve (no me dejaron escribir más, jaja) pero creo que a una idea del estado de la cuestión
La responsabilidad de los marketplaces como airbnb a
la luz de la Directiva sobre Comercio
Los negocios P2P han tenido un crecimiento
exponencial dentro del sector turístico en los últimos 2 años. Desde la
irrupción de Napster en 1999, únicamente el sector del retail con la aparición
de eBay había sufrido una conmoción equiparable a la que se está viviendo en el
de la oferta de alojamiento. ¿Qué significa negocio P2P? Hablamos de
plataformas (o marketplace) Peer to Peer, es decir, de plataformas
web que permiten las transacciones entre particulares. La idea que subyace es
entender la site como un mero lugar
de encuentro entre oferta y demanda, como un lugar donde particulares pueden ir
a realizar transacciones unos con otros, sin que el “dueño” del lugar (de la site) adquiera vinculación ni
responsabilidad alguna(a priori). En estos casos, la plataforma actúa como un
conector de oferta y demanda que antes no podían encontrarse y que gracias a
internet pueden “conocerse” y contratar.
Desde un punto de vista legal, quizá sea la
responsabilidad sobre el contenido la arista más compleja de abordar al
enfrentarnos con esta nueva clase de “actores”. Estas plataformas (como eBay o
airbnb) reniegan de calificarse como
intermediarios, basando precisamente su modelo en el hecho de no serlo. Jurídicamente,
defienden, no son más que “albergadores de datos” que suministran (utilizando
la terminología de la LSSICE – Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico-) una clase de “servicios de la sociedad
de la información” como son los “servicios de alojamiento” (la STJUE L’Oréal v.
eBay[1]
ya fijó en 2011 que “[…] un servicio en
Internet que consiste en facilitar el contacto entre vendedores y compradores
de productos tiene, en principio, la consideración de un servicio en el sentido
de la Directiva 2000/31 […]”). En principio, el prestar esta clase de
servicios no hace que su régimen de responsabilidad sea distinto al de
cualquier intermediario por internet (pensemos en una agencia de viajes online). La LSSICE y la normativa transversal que interesa (LOPD, TRLGDCU, etc.) tienen
claro que se tendrá que cumplir con todo el marco jurídico aplicable a un
prestador de servicios online respecto a sus usuarios: normativa de protección
de datos, consumidores y usuarios, publicidad, actuación en concurrencia (LDC y
LCD), Código civil en cuanto a Obligaciones y contratos, etc.
bien, aunque resulta claro que mientras los consumidores navegan por la site, la plataforma les debe considerar
sus usuarios a efectos de la normativa anterior, nos encontramos con que esos
mismos usuarios contratan con terceros (por ejemplo un consumidor con un
propietario de una vivienda que también puede tener tal consideración), no siendo
parte contractual el marketplace.
Para este tipo de supuestos los arts. 12 a 15 de la Directiva 200/31 sobre
Comercio electrónico establece un régimen de “excepción” que como el Tribunal
de Justicia ha señalado “pretenden
restringir los casos en los que, conforme al Derecho nacional aplicable en la
materia, puede generarse la responsabilidad de los prestadores de servicios
intermediarios de la sociedad de la información[2]”.
Es decir, los marketplace serán responsables a priori, al igual que cualquier
otra empresa que actúe en internet, salvo cuando se encuentren en alguna de las
situaciones que la Directiva sobre comercio electrónico define en sus arts. 12
a 15. No
resultando controvertido que aunque los marketplace
no sean parte de las transacciones, almacenan datos facilitados por sus
clientes en la memoria de su servidor[3]
(por ejemplo cuando el propietario de una vivienda abre una cuenta y
proporciona datos sobre dicho alojamiento), se puede afirmar que nos
encontramos en el supuesto del art. 14 de la Directiva, precepto que ha reproducido
nuestro art. 16.1 LSSICE: “Los
prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos
proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por
la información almacenada a petición del destinatario, siempre que […]”. A
la hora de analizar este precepto es obligado acudir a los pronunciamientos de la
STJUE L’Oréal v. eBay, la cual nos recuerda que dicho art. 14 “debe interpretarse no sólo teniendo en
cuenta su tenor sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la
normativa de la que forme parte”, y en este sentido se señala en el apartado 53 de las Conclusiones del Abogado
General Sr. Jääskinen en dicho asunto,
que “la finalidad de la Directiva 2000/31
consiste en promover la prestación de servicios de la sociedad de la
información y el comercio electrónico, tal y como aclara su exposición de
motivos. Las limitaciones de
responsabilidad previstas en los artículos 12, 13 y 14 de dicha Directiva
persiguen permitir la prestación de servicios de la sociedad de la información
sin el riesgo de responsabilidad legal que el prestador de los servicios no
puede impedir de antemano sin perder la viabilidad económica y técnica del
modelo de negocio”. Es
decir, el sustento del régimen “especial” es la viabilidad de nuevas formas de
negocio fruto de avances tecnológicos, por lo que no podemos pretender que
cualquiera que preste servicios de alojamiento se encuentre en el régimen de
exención automáticamente.
clave quizá la encontremos en el apartado 112 de la STJUE Google France y
Google. En ella se fijó como es requisito necesario para considerar que una
actividad cae dentro del tenor del art. 14 que su comportamiento se ciña al de
un “prestador intermediario”. En sentido negativo, no estaremos ante un “prestador intermediario” cuando el prestador del
servicio, en lugar de limitarse a una prestación neutra de dicho servicio
mediante un tratamiento meramente técnico y automático de los datos facilitados
por sus clientes (Considerando 42 de la Directiva 2000/31[4]),
desempeña un papel activo que le permite
adquirir conocimiento o control de tales datos[5].
decir, los marketplace que no
realizan una actividad “neutral” no pueden acogerse a esta exención, que no
opera automáticamente y sobre la que caso por caso se deberá decidir por parte
de los órganos nacionales. Por ejemplo, la actuación deja de considerarse
neutral cuando la plataforma optimiza la presentación de las ofertas de venta,
cuando las promueve publicitándolas o cuando realiza un tratamiento de los
datos “alojados”. En este caso “cabe considerar que no ha ocupado una
posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales
compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir
conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas. De este modo y
por lo que se refiere a esos datos, tal operador no puede acogerse a la excepción
en materia de responsabilidad prevista por el artículo 14 de la
Directiva 2000/31” (STJUE L’Oréal
v. eBay). Un terreno de arenas movedizas, en el que la
prueba y el análisis de la “realidad” de las funciones que cada parte asume, se
torna fundamental.
[1] STJUE (Gran Sala) de 12 de julio de 2011,
asunto C-324/09, “L’ Oréal”, párrafo 109.
[2] STJUE (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010,
asuntos C-236/08 a C-238/08, Google France y Google v. Louis Vuitton, párrafo 107.
[3] STJUE (Gran Sala) de 12 de julio de 2011,
asunto C-324/09, “L’ Oréal” (párrafo 110)
[4] El considerando 42 de la Directiva de
comercio electrónico señala que “Las
exenciones de responsabilidad establecidas en la presente Directiva sólo se
aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la
sociedad de la información se limita al proceso técnico de explotar y facilitar
el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada
por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que
la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente
técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de
la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la
información transmitida o almacenada”.
[5] STJUE (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010,
asuntos C-236/08 a C-238/08, Google France y Google v. Louis Vuitton, párrafos
114 y 120
MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ANTE LA NUEVA CNMC.
Aquí os dejo en enlace a este trabajo (muy breve) sobre el nuevo marco de las medidas cautelares con la entrada de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (que os enlazo aquí)
¿Son los marketplace de alojamiento P2P competidores de las OTAs?
En los últimos tiempos, el negocio P2P ha tenido un crecimiento
exponencial dentro del sector turístico. Desde la irrupción de Napster en 1999,
únicamente el sector del retail con la aparición de eBay había sufrido una
conmoción equiparable a la que se está viviendo en el de la oferta de
alojamiento. Tras unos inicios titubeantes, Airbnb Inc. (en adelante, “Airbnb”)
alcanzó en 2013 (5 años después de haberse constituido) la cifra de 4 millones
de huéspedes. Un número muy significativo de personas que prefirieron adquirir
servicios de alojamiento fuera del canal “tradicional”, es decir, fuera de hoteles, apartamentos turísticos, albergues,
Si observamos las opiniones que la mayoría de intermediarios P2P
como Airbnb, Wimdu o HouseTrip han vertido en los últimos tiempos, vemos como todas coinciden en considerarse “albergadores
de datos” o “marketplace”, es decir, lugares de encuentro de oferta y demanda (Jesús
vaya definición más …) que no responden de las transacciones que terceros
realizan en ellas. La interpretación que hacen del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión adolece de graves
inexactitudes. No es cierta la imagen que trata de crearse. Defienden que jurídicamente
estamos ante “albergadores de datos” que sirven como “punto de encuentro”. Estamos
ante empresas que prestan, entre sus servicios, aquellos de “alojamiento de
datos”, pero la actividad de los mismos no pueden limitarse a ello pues
pueden llegar a desempeñar muchas otras actividades que no encajan en la
exención del art. 14 de la Directiva de comercio electrónico. Se trata de crear una imagen irreal de
su naturaleza con un doble objetivo:
Mantener su actividad en el safe harbour de los arts. 14 y 15 de la
Directiva de comercio electrónico, siendo irresponsables del contenido que
muestran en la web.
Evitar someterse a todo el marco normativo
creado para la protección de los consumidores y que, inevitablemente, supone un
coste actual y esperado para todas las empresas que trabajan en internet.
de alejarse de la definición y sobre todo de las responsabilidades que otros
intermediarios como las OTAs (Online Travel Agencies) tienen. ¿Es lo mismo una OTA que un Marketplace?
¿Realiza la misma actividad Destinia.com que Airbnb cuando sólo promueven la
perfección de contratos de alquiler o alojamiento? Porque si la respuesta
es sí, todo el sistema de exenciones que los Marketplace tratan de proteger
tendrá que, al menos, garantizar una serie de derechos para los consumidores
QUE A DÍA DE HOY NO GARANTIZA.
claro que el fenómeno P2P está aquí para quedarse y que tiene potencialidades “brutales”.
Yo soy un firme defensor de las comunidades y de las operaciones P2P pero no
tengo por qué serlo de los intermediarios que realizan una actividad de empresa
para abastecer a esas comunidades y que en el camino se aprovechan de
exenciones legales previstas para supuestos distintos. Empecemos por la primera
pregunta, ¿compiten
realmente los Marketplace y las OTAs? Porque si la respuesta es “sí”, habrá
que seguir “buceando” para poder concluir si son o no, lo mismo. Empezaremos
demostrando que un marketplace puede llegar
a ser competidor de una OTA, para continuar decidiendo si tiene que ser un
intermediario bajo el Derecho de la Unión y cuál es su régimen jurídico de
obligaciones frente a los consumidores.
nos detenemos en el concepto de mercado de referencia, el mismo ha sido
definido en relación a las OTAs, entre otras, por las STJUE de 13 diciembre
2012 (asunto C-226/11), Caso Expedia Inc. contra Autorité de la concurrence y otros, como el “mercado
de servicios on line de agencias de viajes de recreo”.En el lado contrario
se encuentran los marketplace. La
ahora ya extinta CNC tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ellos a resultas
de una denuncia contra eBay y su sistema de pago PayPal.[1] En este
expediente la Dirección de Investigación (DI) lo definió como “un centro de
compra y venta on-line” remitiéndose al expediente N93365 de la Australian
Competition & Consumer Commission que concluía que el mercado relevante “es el de servicios de plataforma de mercado
on-line en Australia”. En el caso
por caso es difícil encontrar una definición que no se ajuste tanto al caso
concreto que pueda ser útil en términos generales. Por ello nos remitiremos al test
SSNIP[2]
reconocido por la Comisión Europea como una referencia válida basada en la
elasticidad de la demanda o la sustituibilidad desde el punto de vista del
consumidor. Si realizamos un incremento pequeño (entre el 5% y el 10%) en el
precio (cuota) que los marketplace
muestran en su web (imputándolo a anfitrión o huésped, es indiferente), ¿se
movería la demanda hacía las OTAs? Si se aplicase a las comisiones que cobran a
los anfitriones, ¿se movería la oferta a las OTAs? No parece muy claro pero
merece la pena desarrollarlo. Hay 2 mercados diferentes en la actividad que
realiza Airbnb:
El mercado de intermediarios que conectan
oferta y demanda (el mercado de “escaparates”). Es decir,
¿podrían ser Booking.com y Airbnb competidores? Sin duda. Si Airbnb subiese un
5% la comisión que cobra a las anfitriones y Booking.com lanzase (como de hecho
ya ha hecho a fecha de este informe con www.villas.com ) una web
que realizase el mismo tipo de servicio, habría un trasvase de anfitriones
hacia el canal donde obtienen más beneficio.
El mercado de oferentes de alojamiento. En este
mercado, en el que de ser positiva la respuesta a nuestra pregunta, los anfitriones
competirían con otros oferentes de
alojamiento como los hoteles. ¿un incremento de entre el 5% y el 10% del precio
de venta de los servicios de alojamiento del hotel distraería demanda hacia las
viviendas turísticas? Sin duda que lo haría. No toda porque es cierto que parte
del grupo de demandantes de alojamiento busca una “experiencia”, pero al menos
parte de la demanda se superpone y debe elegir entre los dos tipos de
alojamiento. Este caso ha sido objeto de estudio en Texas por parte de la
Boston University[3]
que muestra unos resultados que muestran
que un incremento adicional del 1% en el tamaño del mercado de Airbnb resulta
en un decrecimiento del 0,05% en el ingreso total de los hoteles de la zona
decir, nos encontramos ante lo que doctrina y jurisprudencia han denominado
“two-sided markets”. Los marketplaces
compiten, por un lado, para atraer a los clientes que “consumen” alojamiento y,
por otro, para atraer un número suficiente de buenos anfitriones y buenas casas
como para que los consumidores de alojamiento se fidelicen y obtengan una oferta
que les atraiga respecto al canal más “tradicional”. Un marketplace es más valioso para los anfitriones cuántos más
consumidores lo utilicen, y es más valioso para los consumidores cuanta mejor y
más variada oferta consiga incluir en su portafolio. Para que estos mercados
funcionen es necesario que anfitriones/propietarios y consumidores tengan
incentivos a utilizar el canal, ya que en caso contrario se cerraría el mercado
por uno de los lados. Exactamente lo mismo que ocurre con las OTAs, porque la
razón es la misma: los costes de transacción. Las plataformas son “lugares” que
permiten eliminar los costes de transacción, pero no todos, específicamente los
de policy. Si tradicionalmente los economistas han
diferenciado, dentro de los costes de transacción entre los costes de información, los costes de
negociación y los costes de cumplimiento, son estos últimos los que reducen especialmente
los marketplace y las OTAs. Los de
información y negociación se reducen pero la propia internet ya se había
encargado de reducirlos. Es la confianza del consumidor en que su reserva será honrada
lo que les permite mantenerse como intermediarios en el mercado.
siendo esto cierto, no es suficiente. Tanto
porque se quedan empresas “fuera” que ofrecen exactamente el mismo servicio,
como porque hay otras que podrían empezar a hacerlo casi inmediatamente y sin
grandes costes asociados.
analizamos la sustituibilidad de la
oferta tal y como lo hace la Comunicación de la Comisión relativa a la
definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en
materia de competencia (97/C 372/03), debemos pararnos a pensar en qué empresas podrían pasar a ofrecer
servicios como los que ofrecen los marketplace
en el corto plazo (sin ajuste significativo de los activos materiales e
inmateriales), sin incurrir en costes o riesgos adicionales significativos , en
respuesta a pequeñas variaciones permanentes de los precios relativos. Es
decir, existen agencias de viajes puntocom, por ejemplo Expedia que ante
cambios en los precios (imaginemos que todos los marketplaces aumentasen un 10% sus cuotas) podrían en el corto
plazo comenzar a dar el mismo servicio aceptando particulares (muchos lo están
haciendo). Es decir, un aumento de la variable precio atrae a empresas que
antes operaban en otros mercados paralelos.
tanto, podemos concluir que:
§ Las OTAs pueden competir con los marketplace. Los Anfitriones compiten con proveedores de
alojamiento “tradicionales” como las empresas y empresarios hoteleros.
observamos el expediente eBay de la autoridad australiana de Competencia[4], en él
se concluía que: “The ACCC considers that
the full combination of search, list and transaction functions is a key feature
of online marketplaces and means that there are very few, if any, close demand
side substitutes”.Y esta es a nuestro juicio la clave: las funcionalidades
de la web. Es decir, todos coincidiremos en que empresas como Booking.com,
Trivago y Tripadvisor no eran en sus inicios competidoras ni debían someterse
al mismo estatuto. Llegó un momento, no obstante, en el que las empresas se
dieron cuenta que eran necesarias tres funcionalidades para conseguir la conversión
y “llevarse” al cliente que quiere contratar servicios turísticos on line: Buscador. Inicialmente las 3 compañías
disponían de esto.
Mejor precio. Inicialmente sólo los
metabuscadores lo tenían.
Opiniones. Inicialmente sólo Tripadvisor las
Esto provocó una conversión de los negocios que les ha llevado a
ser competidores en muchos aspectos:
Booking.com comenzó a incluir opiniones y
compró Kayak.
Tripadvisor comenzó a trabajar como
metabuscador dando un servicio de buscador.
Trivago incluyó opiniones y fue adquirida por
ejemplo evidente es Google: primero fue buscador, luego agregó opiniones y
finalmente comenzó a desarrollar Google Hotel Finder.
de naturaleza de un negocio tan cambiante como el online no puede basarse en
definiciones estrictas y “encorsetadas” sino en las funcionalidades que
provocan en el receptor y en quiénes son sus competidores. Un marketplace de alojamiento puede, en la
mayoría de ocasiones:
§ Ser un buscador como una OTA.
Ordenar los precios y llegar a dar el “Best
Price Guaranted”.
Incluir opiniones.
Y el mejor ejemplo es la existencia de viviendas en ambos canales:
una vivienda puede estar en www.rumbo.es y en www.airbnb.es y eso es
lo que les hace iguales. Ahora bien, que
dos empresas sean competidoras y actúen en el mismo mercado no implica per se que su naturaleza jurídica sea la
misma. Continuará...
Resolución de 23 de febrero de 2009, Expte. S/0078/08, eBay.
[2] Test Small
but Significant Non-Transitory Increase in Price, oficialmente reconocido por la Comisión Europea en la Commission`s notice for the Definition of the Relevant Market.
[3] ZERVAS, G., PROSERPIO, D., BYERS, J, “The Rise of the Sharing Economy: Estimating the
Impactof Airbnb on the Hotel Industry”, Boston
University School of Management, 2013. [4]
Expediente N93365 de la Australian Competition & Consumer Commission.
Era cuestión de tiempo que los particulares se lanzasen a sacar rendimiento económico a sus activos: el caso del alojamiento P2P
En otro sitio (http://www.hosteltur.com/149630_consumo-colaborativo-vs-empresas-turisticas-competencia-convivencia.html)
dijimos ya que el consumo colaborativo es una realidad innegable que está para
quedarse y que ha permitido crecer muy rápido a empresas que han sido pioneras
en poner en contacto a particulares: desde Uber a Bablablacar pasando por Airbnb, Wimdu o Sherpandipity. Es un tema que está de moda y en
el que se está haciendo mucho ruido para en muchos casos, no decir
absolutamente nada. En el sector del
alojamiento (webs que permiten poner en contacto a anfitriones y huéspedes)
existen 3 grandes problemas (¿retos?)
frente a las innegables oportunidades que el consumo colaborativo ofrece. En
primer lugar, la responsabilidad de las plataformas que permiten estas
transacciones (responsabilidad principalmente frente a los consumidores). En segundo lugar, el impacto económico y social que esta clase de servicios suponen en
las grandes ciudades y cómo ordenar esta nueva oferta. Finalmente, la legalidad de la actividad empresarial
que los particulares pueden llegar a realizar (comenzando con las
obligaciones fiscales).
Era cuestión de tiempo, está
claro, que los particulares se “lanzasen” a sacar un rendimiento económico a
sus activos y en España más. Si pensamos en nuestros abuelos y en las
posibilidades que tenían de “hacer algo” con sus ahorros, éstas no eran muchas.
En muchos casos no existían mercados de renta variable tan evolucionados como
ahora y la deuda pública no era históricamente de confianza (España había
quebrado 7 veces a lo largo del s.XIX) ¿Qué quedaba? Quedaba “el ladrillo”. Era
el único lugar donde podíamos invertir y ver cómo nuestros “ahorros” crecían. Y
no se equivocaban, el crecimiento que sufrió el precio de la vivienda en España
fue absolutamente espectacular. Hemos pasado de una España en la
que únicamente podíamos ahorrar invirtiendo en viviendas, a una sociedad que comienza
a darse cuenta de que el dinero ya no pierde valor como antes (en la zona Euro
se ha acabado, evidentemente, la posibilidad de los Estados para devaluar la
moneda) y en la que invertir en una casa ya no tiene por qué ser la mejor manera
de obtener una ganancia patrimonial y preservar el valor de nuestros ahorros.
Ahora que la tasa de alquiler empieza a repuntar (y más que crecerá en el corto
plazo), el consumo colaborativo comienza a desplegar sus alas en nuestras
grandes ciudades. Y nos puede nuestra visión cortoplacista, pero si miramos con
un poco de detenimiento el abanico de implicaciones que el mal llamado “consumo
colaborativo” tiene, se observa claramente como el trabajo que la
Administración tiene para “regular” este nuevo mercado es crucial.
Económica y socialmente somos incapaces de ver dónde estaremos en 5 o
25 años. El sistema por el que una casa en el centro de Madrid cambiaba de
manos era básicamente este: unos señores (nuestros abuelos por ejemplo) se
pasaban toda la vida trabajando y conseguían comprar una casa en la que
vivirían con sus hijos, y cuando éstos podían, se independizaban, casaban e
intentaban comprar una casa que poder pagar en los siguientes 20 años. Durante
todo ese tiempo, los padres fallecían y los hijos (que ya tenían casas) normalmente
no les quedaba otra que vender el hogar de su niñez. Los trabajadores abuelos
no tenían un patrimonio como para poder repartir a un hijo la vivienda y otros
activos al resto; los hijos (ahora padres) ya tenían su vida hecha en casas ubicadas
en barrios de nueva creación y no querían mudarse. Esto provocaba que existiera
una rotación importante en las zonas más céntricas de las ciudades y creó el caldo de cultivo necesario para que los
barrios de los “cascos antiguos” fuesen reciclándose y acabasen siendo en
muchos casos el centro de nuevas ideas y nuevos creadores: casas antiguas que o
bien se vendían o bien se alquilaban a arrendatarios que normalmente eran
jóvenes, estudiantes y parejas sin hijos.
¿Ahora qué? Nadie ha estudiado el
fenómeno de la gentrificación que puede provocar esto. Me explico: el día que
los hijos (ahora padres) hereden la casa de los abuelos, ¿para qué venderla? El
mercado inmobiliario ahora mismo está saturado, ¿para qué alquilarla
anualmente? En San Francisco, Chris Butler (http://www.sfgate.com/bayarea/article/Airbnb-profits-prompted-S-F-eviction-ex-tenant-5164242.php)
demandó a su casero porque le “echó” de su casa utilizando el equivalente a
nuestro artículo 9.3 LAU “No procederá la prórroga obligatoria del contrato
si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el arrendador
comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para
destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de
consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia
firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial”, para luego ganar más dinero del que el alquiler “tradicional” le
proporcionaba, alquilando habitaciones por días a través de airbnb.
Una vivienda ya no vale lo que resulta de la intersección de oferta y
demanda, sino que ahora tenemos que valorar el ingreso que puede suponernos si
comenzamos a explotarlo. Esto tiene 3 consecuencias inmediatas: Gentrificación (http://es.wikipedia.org/wiki/Gentrificaci%C3%B3n)
los barrios cercanos a puntos de interés comienzan a valorarse de nuevo como
un activo turístico y su precio sube.
Las rentas por alquiler en el centro de
las ciudades comienzan a crecer. En Berlín han crecido un 8% respecto a
2013 según el Instituto de Investigación Económica Alemán (http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/europe/germany/131213/germany-berlin-tourists-airbnb-economy)
La población fija residente en ellas,
comienza a decrecer (http://www.slate.com/articles/business/moneybox/2014/02/airbnb_gentrification_how_the_sharing_economy_drives_up_housing_prices.html).
Los defensores de estos market places argumentan su innegable
función socioeconómica, ya que contribuyen a fomentar el microemprendimiento, a
que los anfitriones lleguen a fin de mes o pagar su hipoteca. Además, ayudan a crear redes profesionales y
personales entre personas de diferentes partes del mundo, y satisfacen a un
nuevo consumidor ávido de experiencias más auténticas con anfitriones locales
que son sus “pares”.
Dejando de lado (ya hemos hablado
de eso en otros foros http://cincodias.com/cincodias/2014/04/26/empresas/1398515862_146595.html
http://www.nexotur.com/nexohotel/tourismamplaw/consumo/colaborativo/lsquo/sector/hotelero/exige/regulacioacutenrsquo/67218/
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/19/agencias/1397898421_297095.html
) la regulación de los market places
y cómo vamos a asegurarnos de que, primero, los consumidores tengan intacta la
posibilidad de ejercer sus derechos y, segundo, que los competidores ya
establecidos no se vean perjudicados por falta de regulación (pensemos que ya
no es la LAU quien regula esto sino las propias Comunidades Autónomas que en
muchos casos todavía no se han pronunciado), ¿están teniendo las
Administraciones en cuenta que regular el alquiler de viviendas tiene
implicaciones cruciales en la configuración de cómo serán los centros de
nuestras ciudades en el futuro?
No es únicamente preservar los derechos de los consumidores, evitar el fraude
tributario en los ingresos que se generan y permitir una competencia real y
efectiva entre los oferentes de alojamiento, es algo más. Estamos hablando de cómo queremos ordenar la oferta de alojamiento de
la que una ciudad dispone y de si esa forma elegida es sostenible con el
desarrollo que queremos para ella. Incluso estamos hablando de si tenemos
derecho a conocer si nuestros vecinos explotan económicamente su vivienda ex ante o, incluso, prohibirlo
estatutariamente ex post vía el art.
7.2 LPH: “Al propietario y al ocupante
del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del
inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la
finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades
molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícit
las facultades del Juez de integrar los contratos con consumidores
El nuevo anteproyecto http://www.msc.es/normativa/docs/Lmodificaciondefensaconsumidores.pdf de Ley por el que se modificará el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se ha olvidado (o no) de introducir cambios en el actual art. 83. ¿Qué dice este artículo?
"1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.
A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y
de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario.
Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá
el Juez declarar la ineficacia del contrato".
¿Y qué significa esto? Simplemente que, cuando se declare que una cláusula contractual es abusiva para el consumidor, en general porque supongan un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes, y en particular porque supongan alguna de las conductas que señala el art. 82 TRLGDCU, como que vinculen el contrato a la voluntad del empresario o limiten los derechos del consumidor y usuario; el Juez tendrá la obligación de "integrar" el contrato, es decir, de suplir la cláusula nula con otra que conforme a los usos y la voluntad de las partes, evite que el contrato sea totalmente nulo y, por tanto, ineficaz. El 90% de las condiciones generales de páginas web de viajes en España, se remiten a este artículo, lo cual es lógico y perfectamente legal. Se busca proteger la coincidencia de voluntades que se dio entre empresario y consumidor, y si ellos querían contratar, que del hecho de que una cláusula se declara finalmente ilegal por abusiva, no se derive la consecuencia de que el contrato se tenga por no realizado. Que se cambie un poco y se "apañe", pero que el contrato siga existiendo.
Decía al principio del post que este artículo no se cambia, y lo decía porque el Tribunal de Justicia de la UE tuvo la ocasión hace poco tiempo de hablar sobre este artículo 83 (STJUE de 14 de junio 2012 (JUR 2012\199743) Caso Banco Español de Crédito). Lo que se planteó al TJUE es si este artículo 83 podía convivir con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores que en su art. 6.1 declara que:
"Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas". Es decir, el Derecho que nos viene de la UE (el que trasponemos tantas y tantas veces de una manera "regulera") dice que no, que por mucho que insistamos, si la cláusula es nula, se eliminará y, solo si aún así el contrato puede subsistir, subsistirá. Esta Sentencia nos interesa sobre todo en su contestación a la segunda cuestión planteada, a partir del punto 58. Y se nos dice claramente:
Pues bien, en este contexto es preciso señalar que, tal como ha indicado la Abogado General en los puntos 86 a 88 de sus conclusiones, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las
cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13 (LCEur 1993, 1071) .
En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores (véase, en este sentido, el auto Pohotovost’, antes citado,
apartado 41 y jurisprudencia citada), en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales.
Por esta razón, aunque se reconociera al juez nacional la facultad de
que se trata, ésta no podría por sí misma garantizar al consumidor una protección tan eficaz como la resultante de la no aplicación de las cláusulas abusivas. Por lo demás, tal facultad tampoco podría fundamentarse en el artículo 8 de la Directiva 93/13 (LCEur 1993, 1071) ,
que atribuye a los Estados miembros la posibilidad de adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Derecho de la Unión, siempre que se garantice al consumidor un mayor nivel de protección (véanse las sentencias de 3 de junio de 2010 [TJCE 2010, 162] , Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, Rec. p. I-4785, apartados 28 y 29, y Pereničová et Perenič [TJCE 2012, 55] , antes citada, apartado 34).
Así pues, de las precedentes consideraciones resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 (LCEur 1993, 1071) no
puede entenderse en el sentido de que permite, en el supuesto de que el
juez nacional constate la existencia de una cláusula abusiva en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, que dicho juez modifique el contenido de la cláusula abusiva, en lugar de limitarse a dejarla sin aplicación frente al consumidor.
A la luz de cuanto antecede, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 (LCEur 1993, 1071) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372) ,
que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional
y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva".
Más claro el agua. No? Por muy pleclara que se la mente del Sr. Juez y por muy buena su actividad integradora, nunca ésta podrá suponer una protección tan eficaz como la que supone "eliminar" del contrato las cláusulas que se declaren abusivas.
Es un tema de pura eficacia económica. El efecto disuaorio que supone para el empresario saber que aquellas cláusulas que se declaren abusivas van a desparecer del contrato, dejandolo (siempre y cuando pueda subsistir, lo cual será posible en la mayoría de ocasiones acudiendo supletoriamente a nuestro CC) "hueco" en esa parte, es brutal. Si no tengo motivaciones para redactar cláusulas que protegan los intereses y el justo equilibrio entre mis derechos/obligaciones y los de mi cliente-consumidor, no voy a hacerlo. Si sé que los juzgados y tribunales reharán mis clausulados cuando alguna cláusula "chirríe", no tengo motivaciones para actuar en el sentido más competitivo comercial y socialmente, en el sentido que supone mayor eficiencia para el mercado porque el empresario deberá competir más transparentemente.
Pero el art. 83 TRLGDCU sigué ahí
ningún software sale "de la nada"
El twitter tiene sus cosas buenas y malas como todo, pero a veces te proporciona una manera fácil de acceder a documentos, papers, información en general, que normalmente no buscas porque no tienes tiempo o porque no es una de tus especialidades. Internet en general ha democratizado el acceso a la información, a la cultura, a los trabajos de los expertos; si bien luego nos ha tiranizado de una manera que los escritores de ciencia ficción del siglo pasado estarían orgullosos de contemplar. Este paper de Sylvain Perchaud es una buena muestra de ello (no de tiranizar, sino de buena información que nos llega por la red) http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.84.3409. El paper se titula "Software Patents and Innovation".
La idea es muy clara, teníamos un sector tremendamente dinámico como el del software (como también lo es el de los ordenadores personales, los móviles o los semiconductores), un sector que se basaba en algo tan accesible (es casi imposible pensar en barreras de entrada) como crear líneas de código y en el que cualquier persona que tuviera acceso a un ordenador (¿cuánto vale a día de hoy un ordenador? ¿en qué otro sector un menor de edad podría crear un negocio como el P2P y lanzar una empresa como Napster?) podía con una inversión absolutamente mínima innovar, publicar sus avances, cambiar el mercado y llegar a ser un Microsoft o un Apple con un poco de ingenio, astucia y dejando algunos cadáveres en el camino (la avaricia no entiende de innovaciones, el género humano siempre fue muy adelantado en este aspecto).
Señala este autor que:
"The history of the main softwares perfectly shows this inner property of innovation in the software sector; each new software has introduced new innovations on top of the previous innovations, no software was created ex nihilo" Y esta es la gran diferencia que no se ha sabido entender al regular las patentes en el Software. Casi cualquier patente o modelo de utilidad tiene un sustento en "algo" que ya existe (la fregona fue una innovación radical, pero no dejó de ser fruto de observar que cualquier cosa que se quiera hacer en el suelo con un utensilio, se puede hacer sin agacharse juntándolo dicho utensilio a un palo siempre y cuando no requiera de gran precisión; y que con un trapo mojado se puede dejar limpia cualquier superficie lisa, siempre dentro de un orden) pero patentar el software sería como patentar las notas musicales o patentar las palabras. Por muy ingeniosa que resulta una expresión o por mucha musicalidad que tenga, por si sola no merece protección porque yo puedo usarla para crear algo que sea más valioso que la suma de sus partes. Si ha existido un sector, un mercado radicalmente innovador, es el de los libros. ¿Cuántos libros se han escrito? Imposible saberlo. El simple hecho de hacerlo (de dejar constancia de cosas) supone el inicio del hombre como un ser desarrollado. ¿Que muchos libros se parecen? Claro. ¿Que si nos ponemos a estudiar "Cien años de Soledad" y "2046" puede que encontremos una frase exactamente igual? Es posible. ¿Y qué? ¿Merece la pena detener la innovación y hacer un Reglamento de expresiones, sentencias, frases e hilos argumentales "negros", los cuales invaliden y conviertan en nulo un libro? Claro que a alguien le puede merecer la pena, pero no a bienes jurídicos superiores que debería proteger el ordenamiento como la innovación y el acceso a la cultura.
La innovación en el software es secuencial, porque cada nuevo paso se apoya en los anteriores y llevado al extremo nos encontramos con que la patentabilidad del software puede llevarnos a la "tragedy of the anticommons", una situación absurda, sostenible competitivamnete pero perniciosa, en la que tendríamos un número tan elevado de actores en el mercado con derechos de patente sobre diferentes software que la investigación quedaría frenada en seco. No existiría. Los costes de transacciçón se elevarían constituyendo barreras de entrada infranqueables para programadores independientes o pequeñas empresas, por lo que de una situación de monopolio legal (como es la que concede un derecho de patente con unas condicones y durante un término concreto) se llegaría a una situación de oligopolio de facto en el que sería casi imposible que, a menos que se inviertieran cantidades ingentes de recursos, se superasen los bloques de patentes que las grandes corporaciones tendrían, eliminándose la competencia y trasladando esa disminución de calidad e innovación (y puede que incluso aumento de precio) al consumidor final. Una situación en la que habríamos pasado de las ágiles, innovadoras, modernas y envidiadas empresas de software donde nos imáginábamos a sus programadores jugando al futbolín y con camsietas con ingeniosas leyendas, a un grupo reducido de empresas que para sobrevivir tendrían que crear pools de patentes incluyendo sus enormes portafolios de las mismas, lo cual sin duda acabaría revirtiendo en acuerdos horizontales, prácticas concertadas, intercambios de información y cualquier otra actuación perniciosa (en términos estrictamente competitivos y económicos) que podamos imaginar en el marco de un cártel. Hablamos de compañías como IBM que inscriben más de 500 patentes cada año. No porque tengan utilidad en sí. Lo que tiene utilidad es colapsar el mercado para impedir que nadie pueda acceder.
En este otro paper de Bessen & Maskin (MIT, 2000) http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf titulado "Sequential Innovation, Patents, and Imitation" se incide en la idea de secuencial que tienen las innovaciones y se añade la complementariedad en los esfuerzos para innovar (se trata de un trabajo anterior, más extenso y que sirve de base para nuestro documento inicial):
"We maintain, furthermore, that there was nothing paradoxical about this outcome. For industries like software or computers, there is actually good reason to believe that imitation promotes innovation and that strong patents (long patents of broad scope) inhibit it. Society might be well served if such industries had only limited intellectual property protection. Moreover, many firms might genuinely welcome competition and the prospect of being imitated.
This is because these are industries in which innovation is both sequential and complementary. By “sequential,” we mean that each successive invention builds on the preceding one—in the way that Windows built on DOS. And by “complementary,” we mean that each potential innovator takes a somewhat different research line and thereby enhances the overall probability that a particular goal is reached within a given time"
Una empresa que patente su software en un mundo, innovadoramente hablando, secuencial y complementario, puede evitar que sus competidores actuales y futuros utilicen sus desarrollos para llevar a cabo ideas que ellos quizá nunca tenga. Cortando de raiz la innovación se limitan los beneficios futuros (se pone un techo a los mismos) pero se llega a una estabilidad que permite proyectar estrategias a largo precio sin grandes inversiones en I+D. El viejo axioma de que los derechos de patente frenan la innovación no puede ser sostenido sin, al menos, pensar en revisarlo en cuanto a sus términos. ¿No asistimos al periodo de mayor crecimeinto, lanzamiento de productos e innovación de Apple tras perder en el 94 el caso Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corporation? He tenido Ipod, Iphone e Ipad, y en el 94 no tenía ni siquiera un ordenador personal.
El derecho de patentes al igual que el de competencia regulan cómo funciona el mercado, cómo se compite y con qué armas se hace. Evitar que, como ocurría hace apenas unos años, pequeñas compañías puedan emprender proyectos muy rentables (en términos económicos y sociales) sin asumir grandes riesgos, no refuerza la idea de competencia. Más aún cuando ya existía el Copyright para premiar a aquellos innovadores exitosos (amén de las rentas monopolistas de sus innovaciones en el medio plazo y otros muchos factores)
Ninguna empresa de software y tecnología tendrá motivación alguna para vender a otras compañías que sean, por ejemplo, más competitivas en precios (por sus estructuras, por su localización, por su rango de productos o sus economías de escala), sus patentes, porque será mucho más sencillo perder la ganancia en el corto para asegurarla en el medio y el largo plazo. Porque la ausencia de competencia, reduce la innovación y los beneficios sociales que lleva esta aparejada. Y esto sin duda acabará colisionando con el Derecho de la Competencia para, finalmente, abocarnos a un mundo en el que aumente la litigiosidad entre empresas, aumenten los recursos de los organismos públicos para controlar el mercado, aumenten los precios de los productos (o, al menos, no bajen a sus niveles competitivos puros), se reduzca la oferta de bienes y servicios, aumente la saturación de instrumentos legales y los abogados ganen más dinero.

References: artículo 14

Resolución 
 artículo 9
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 83
 Real Decreto