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Timestamp: 2020-06-05 00:54:03+00:00

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¿Hasta cuándo se puede pedir la ampliación del recurso a otras resoluciones administrativas? - El Derecho
Foro 20-06-2013 Coordinador: Dimitry Berberoff Ayuda
El art. 34 LJ -EDL 1998/44323- permite la acumulación en un solo proceso no solo de las pretensiones que se deduzcan contra un mismo acto o actuación sino también las referidas a actos diferentes siempre que sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa. Y el art. 36.4 de la misma norma establece una previsión específica de acumulación cuando después de haber recurrido la desestimación presunta se dictare resolución expresa.
En el art. 36.1 LJ -EDL 1998/44323- se permite esta acumulación "antes de la sentencia" acordándose la suspensión del procedimiento para que se presenten alegaciones y hasta que el procedimiento alcance el mismo estado que tuviere el procedimiento inicial.
¿Se puede pedir la acumulación después de que el procedimiento se declare concluso para sentencia? ¿Qué ocurre cuando la segunda resolución administrativa revoca parcial o totalmente la primera pero el particular la sigue considerando perjudicial por otros motivos diferentes?
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 20 de junio de 2013.
El art. 36.1 LJCA -EDL 1998/44323- prevé: u0022Si antes de la sentencia se dicta...
El art. 36.1 LJCA -EDL 1998/44323 prevé: u0022Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de algún acto, disposición o actuación que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitación la relación prevista en el art. 34, el demandante podrá solicitar, dentro del plazo que señala el art. 46, la ampliación del recurso a aquel acto administrativo, disposición o actuaciónu0022, y en el art. 36.4 se dice: u0022Será asimismo aplicable lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo cuando en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos presuntos la Administración dictare durante su tramitación resolución expresa respecto de la pretensión inicialmente deducida. En tal caso podrá el recurrente desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptación de la resolución expresa que se hubiere dictado o solicitar la ampliación a la resolución expresa. Una vez producido el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto, el plazo para recurrir la resolución expresa, que será de dos meses, se contará desde el día siguiente al de la notificación de la mismau0022.
Con arreglo a dichos preceptos, en relación con el art. 34 -EDL 1998/44323-, se permite la acumulación por inserción o ampliación del recurso a u0022otro acto, disposición o actuaciónu0022 hasta que se dicte Sentencia, incluso, entiendo, estando declarado concluso el proceso.
Los únicos requisitos que, conforme a dichos preceptos, posibilitan la solicitud de ampliación son: 1) Que la petición de ampliación se efectúe dentro del plazo de dos meses, desde la notificación de la Resolución a la que se pretende la ampliación (o desde que trascurrieran tres meses desde la reclamación de ejecución en los supuestos de inactividad, art. 29 -EDL 1998/44323-, o, si se u0022dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el art. 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hechou0022, art. 46 LJCA); 2) Que el acto, disposición o actuación a la que se pretende ampliar el recurso sea reproducción, confirmación o ejecución del impugnado o exista entre ellos cualquier otra conexión directa (art. 34.2 LJCA ); 3) Si lo impugnado inicialmente fuera un acto presunto, y se dictara resolución expresa, en este caso, el art. 36.4 permite instar la ampliación del recurso a esta Resolución expresa, o bien, u0022desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptación de la resolución expresa que se hubiere dictado... Una vez producido el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto, el plazo para recurrir la resolución expresa, que será de dos meses, se contará desde el día siguiente al de la notificación de la mismau0022. Supuesto este último que será sólo aplicable cuando la Resolución expresa revoca total o parcialmente la originariamente recurrida, pero el afectado la sigue considerando perjudicial por motivos distintos, lo que excluye, en mi opinión, la posibilidad de ampliación del recurso en la medida que al haberse revocado total o parcialmente el acto recurrido, el proceso en trámite pierde sobrevenidamente su objeto, y, consiguientemente, es otro el acto impugnado y distintas las pretensiones que, en relación con este nuevo acto, deducirá el recurrente, lo que obliga a interponer un nuevo recurso; 4) Si, por el contrario, el acto expreso confirma el acto presunto inicialmente recurrido, la ampliación u0022resulta superflua cuando la explícita resolución intempestiva es totalmente desestimatoria y, por consiguiente, viene a reproducir el contenido negativo del silencio, si bien con motivaciónu0022 (Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2009 -EDJ 2009/15205-); 5) Según la Sentencia que se acaba de citar u0022cabe una tercera posibilidad consistente en interponer un recurso contencioso-administrativo independiente contra el acto expreso y después pedir su acumulación al que ya está en marcha contra el presunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 37u0022.
Como en reiteradas ocasiones ha afirmado el TS (Sentencias de 3 junio -EDJ 20...
Como en reiteradas ocasiones ha afirmado el TS (Sentencias de 3 junio -EDJ 2011/131395 y 19 mayo 2011 -EDJ 2009/15205 y 16 febrero 2009 -EDJ 2009/15205-, entre otras) u0022El artículo 36 de la Ley 29/1998 -EDL 1998/44323 regula la llamada «acumulación por inserción» o «ampliación del objeto del recurso», de modo que, conocida la existencia de algún acto, disposición o actuación que guarde con el que sea objeto del recurso la relación prevista en el artículo 34, el demandante puede pedir, dentro del plazo para interponer recurso contencioso-administrativo, que se amplíe el ya iniciado a la nueva actuación administrativa (apartado 1).u0022
El art. 36.1 LJCA -EDL 1998/44323 indica que la ampliación del recurso, dentro del plazo que señala el art. 46, puede pedirse u0022antes de la sentenciau0022, planteándose la duda de si es posible que la petición pueda realizarse con favorable acogida una vez que el procedimiento se ha declarado concluso para sentencia. Pues bien, a la vista del contenido del art. 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, de aplicación supletoria, según el cual y con carácter excepcional se admite la aportación después de la vista o juicio e incluso dentro del plazo previsto para dictar sentencia, con suspensión del mismo, de u0022las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o notificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recursou0022, pudiendo las partes u0022alegar y pedir lo que estimen convenienteu0022, parece que no hay un inconveniente legal absoluto al respecto, por lo que cabría formular la petición de acumulación en tal momento procesal. A la misma solución se llega si el recurrente interpusiese un recurso contencioso-administrativo independiente contra la segunda resolución administrativa y solicitase la acumulación del recurso al del primer acto al amparo del art. 37.1 LJCA, que permite que se acuerde aquélla, también de oficio, u0022en cualquier momento procesalu0022.
Respecto a la segunda cuestión planteada, el TS la ha resuelto de forma clara en las sentencias referidas al inicio de esta ponencia, al interpretar el art. 36.4 LJCA -EDL 1998/44323-. Así, se afirma que cuando la segunda resolución administrativa modifica total o parcialmente el sentido resolutorio de la primera resolución administrativa presunta por silencio administrativo, es cuando debe hacerse uso de una de las siguientes tres posibilidades: 1ª. Conducirse como indica el apartado 1 del art. 36 LJCA; 2ª. Aceptar el pronunciamiento expreso, desistir de la impugnación contra el acto presunto y, en el plazo para recurrir, instar otra contra aquel primero (apartado 4). Y 3ª. Interponer un recurso contencioso-administrativo independiente contra el acto expreso y después pedir su acumulación al que ya está en marcha contra el presunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, u0022pues si no lo hace así la nueva actuación administrativa quedará consentida, firme y, por consiguiente, inatacable con arreglo a los artículos 51, apartado 1, letra d), y 69, letra c), de la Ley de la jurisdicción.u0022
Ahora bien, si no se da esta modificación en la segunda resolución administrativa expresa, de modo que la misma es una mera confirmación expresa con motivación de la previa ficción legal desestimatoria, entonces u0022tal exigencia resulta superfluau0022.
Fuera del ámbito del art. 36.4 LJCA -EDL 1998/44323-, esto es, hallándonos ante dos resoluciones administrativas expresas en las que la segunda revoca total o parcialmente la primera pero el particular la sigue considerando perjudicial para sus intereses, creo que la carga de recurrir es obligatoria para evitar que esa segunda actuación administrativa devenga firme y consentida para el interesado, y siempre que pueda considerarse que entre una y otra exista u0022cualquier conexión directau0022 a que se refiere el art. 34.2 LJCA, no habría problema procesal alguno a su acumulación por la vía del art. 36 LJCA.
Surge, sin embargo la duda de, si esta última afirmación rige para todos los casos. Dicho de otra forma, si el apdo. 4 del art. 36 -EDL 1998/44323-, inexistente en su precedente (el artículo 46 de la vieja Ley reguladora de esta jurisdicción de 27 de diciembre de 1956 -BOE de 28 de diciembre -EDL 1956/42-) y que no estaba previsto en el proyecto de Ley remitido a las Cortes (fue introducido en sede parlamentaria como enmienda 112 para «solucionar los problemas derivados de las notificaciones tardías»), obliga en toda circunstancia a ampliar o a desistir e impugnar, de modo que si el recurrente no opta por ninguno de ambos caminos su pretensión quedará en vía muerta, habida cuenta de que la decisión expresa tardía resultará inatacable por no haber sido recurrida en tiempo, mientras que la presunta ya no existe, pues la ficción que representa ha sido reemplazada por la ulterior explícita resolución. Esta es la interpretación que ha llevado a la Sala madrileña a no admitir el recurso.
La primera consiste en que la letra del precepto permite entender que la opción por el desistimiento y la ulterior promoción de un nueva acción procesal, que ofrece al recurrente el art. 36, apdo. 4, de la Ley 29/1998 -EDL 1998/44323-, parte del presupuesto de que la decisión expresa retrasada modifique o altere el contenido desestimatorio del silencio. En efecto, si se autoriza al actor a desistir con fundamento en la aceptación de la resolución expresa es porque su contenido es distinto (parcialmente estimatorio) del puramente negativo del silencio, supuesto en el que la lógica impone apartarse del proceso y, en su caso, proponer uno nuevo o, si se elige la otra solución, la ampliación, entendiéndose sustituida la decisión negativa presunta por la nueva resolución expresa. Ahora bien, esta es la razón que llevó a la jurisprudencia, bajo la vigencia de la Ley de 1956 -EDL 1956/42-, a considerar innecesaria la ampliación si el acto administrativo expreso, realizado fuera de tiempo, era de idéntico contenido al producido por silencio administrativo, pues venía a hacer explícito y real lo que ya anteriormente se había tenido por existente, sin añadir nada ni modificar el contenido implícito de la voluntad administrativa. En congruencia con tal forma de plantear el problema, el Tribunal Supremo únicamente consideró imprescindible la ampliación cuando el acuerdo dictado enmendaba el contenido del silencio, coyuntura en la que si no se extendía la acción al acto expreso, como ya hemos apuntado, llegaba a ser firme y consentido, quedando sustraído a la jurisdicción sin que, por consiguiente, la sentencia que se dictase con respecto al presunto pudiera alcanzarle en sus consecuencias.
En consecuencia de acuerdo al criterio expuesto y habiendo modificado el Acuerdo de 28 febrero 2011 -al estimar el recurso de alzada el inicial Acuerdo de 15 de junio de 2010, lo que se imponía era o bien apartarse del proceso y, en su caso, proponer uno nuevo o, si se elige la otra solución, solicitar la ampliación al amparo del art. 36.4 de la Ley 29/1998 -EDL 1998/44323-.
Dos cuestiones suscita el caso planteado: la primera, hasta qué momento proc...
Dos cuestiones suscita el caso planteado: la primera, hasta qué momento procesal puede la parte actora interesar del órgano judicial la acumulación a un recurso en trámite de la pretensión de anulación de otro acto o disposición directamente conexo con el inicialmente impugnado; la segunda, el alcance que ha de darse a la previsión legal contenida en el art. 36.4 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323 cuando el acto expreso es total o parcialmente revocatorio del presunto inicialmente recurrido, aunque el interesado siga considerándolo perjudicial a sus intereses.
La primera cuestión debe, a mi juicio, resolverse a partir del tenor literal del precepto legal aplicable, el art. 36.1 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-, que permite la acumulación u0022antes de la sentenciau0022, expresión que no creo que plantee problema hermenéutico alguno: el actor puede interesar y en su caso obtener la acumulación siempre que el proceso en cuestión no haya sido resuelto por sentencia y, por tanto, incluso cuando el recurso contencioso-administrativo haya finalizado su tramitación (estando concluso y, por tanto, pendiente de señalamiento cuando se trate de un órgano colegiado o a la espera de la sentencia que se dicte si el órgano es unipersonal).
Tal conclusión deriva no solo de la propia expresión legal (pues si el legislador hubiera querido limitar temporalmente la petición de acumulación a un momento anterior a la sentencia así lo hubiera precisado), sino de la propia naturaleza de las cosas. No parece respetuoso con el principio de seguridad jurídica y de eficacia en la resolución de los procedimientos abocar al interesado a iniciar un nuevo proceso cuyas pretensiones están claramente conectadas con otro anterior, en tramitación y todavía no resuelto, aunque solo sea por la evidente litispendencia (en el sentido de cosa juzgada anticipada) que concurriría en el nuevo recurso respecto del que está tramitándose y que, insistimos, pende todavía de resolución ante el órgano judicial competente.
El segundo problema debe abordarse a tenor de la doctrina jurisprudencial consolidada (v. la reciente Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 19 mayo 2011, que contiene abundante cita de otras anteriores del Alto Tribunal) sobre la llamada u0022acumulación por inserciónu0022 o u0022ampliación del objeto del recursou0022 que se regula en el artículo 34 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-.
El Tribunal Supremo, tras analizar las distintas reacciones del recurrente en los casos en que recaiga resolución expresa respecto de la petición cuya desestimación presunta determinó la iniciación del proceso (ampliación, desistimiento o interposición independiente de un nuevo recurso) y constatar el carácter potestativo de todas ellas, concluye:
a) Si el nuevo acto expreso es confirmatorio de la resolución presuntamente desestimatoria, el actor no tiene necesidad de ampliar a la nueva resolución el recurso jurisdiccional que se está tramitando, de manera que el órgano judicial deberá abordar en la sentencia la legalidad de la decisión desestimatoria (primero presunta; después expresa).
b) Si, por el contrario, el nuevo acto solo es parcialmente confirmatorio del inicial presunto, el recurrente debe, necesariamente, o ampliar, o desistir e instar otro proceso, o impugnar y pedir la acumulación en los plazos que contempla el art. 46 de la propia Ley -EDL 1998/44323-, pues si no lo hace así la nueva actuación administrativa quedará consentida, firme y, por consiguiente, inatacable con arreglo a los arts. 51, apdo. 1, letra d), y 69, letra c), de la Ley Jurisdiccional.
En definitiva, la parte actora (en los casos en que la resolución expresa revoque total o parcialmente la presunta inicialmente impugnada) debe acudir a cualesquiera de los tres expedientes procesales que le confiere la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323 (ampliar el recurso, desistir e iniciar un proceso independiente o impugnar separadamente la nueva resolución e interesar la acumulación). A diferencia de lo que sucede en los casos de resoluciones expresas íntegramente confirmatorias de la presunta (en los que no tiene el interesado porqué desplegar alguna de esas tres conductas), cuando el nuevo acto modifique (aunque parcialmente) la decisión presunta, pesa sobre el recurrente la carga de ampliar, desistir o impugnar separadamente la nueva resolución, bajo amenaza de dejar consentida y firme la repetida actuación administrativa.
La cuestiones que plantea la acumulación de acciones, en el presente caso re...
La cuestiones que plantea la acumulación de acciones, en el presente caso referidas a un solo interesado, que impugna inicialmente varios actos administrativos entre los que algunos son ejecución de otros o tienen con el primero algún tipo de conexión, es posible conforme dispone el art. 34 de nuestra ley jurisdiccional -EDL 1998/44323-. En efecto, aunque no cabe la impugnación indirecta de actos administrativos, sí que es posible que la anulación de uno, que sea presupuesto para la existencia o validez de otros posteriores, conlleve efectos anulatorios de éstos.
Ahora bien, aun cuando se impugnen distintos actos administrativos singulares, si los previos han sido consentidos por no haber sido impugnados en tiempo y forma, el recurso respecto a ellos ha de declararse inadmisible, pese a que se haya interpuesto tempestivamente contra un acto que traiga causa de aquél.
Uno de los supuestos de acumulación, previsto expresamente en el art. 36.4 de la ley jurisdiccional -EDL 1998/44323 se produce cuando después de haber recurrido una desestimación presunta (también una estimación presunta en el caso de silencio positivo, producida por tercero perjudicado por el acto), se dicta por la Administración un acto expreso. En este caso, como dispone dicha norma el recurrente puede desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptación de la resolución expresa que se hubiere dictado o solicitar la ampliación a la resolución expresa. En el caso de que hubiera optado por desistir del recurso contra la desestimación presunta, dispondría de dos meses para impugnar la resolución expresa desde su notificación.
¿Se puede pedir la acumulación después de declarar concluso el proceso para sentencia? A mi juicio sí, y así parece refrendarlo el propio art. 36.1 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-. Por otra parte no tendría sentido dictar sentencia sobre un acto presunto que había sido posiblemente modificado por otro posterior expreso, reenviando la validez de este a un nuevo proceso. En consecuencia sería de aplicación la suspensión del primer proceso, hasta que el segundo alcanzara el mismo estado de tramitación.
En cuanto a la pregunta de lo que ocurre cuando la segunda resolución administrativa revoca parcial o totalmente la primera pero el particular la sigue considerando perjudicial por otros motivos diferentes, a mi juicio es evidente que el recurrente puede alegar cuantos motivos tenga por conveniente contra el acto expreso, los haya alegado o no en el primer recurso.
La Ley 29/1998, 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administ...
La Ley 29/1998, 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo (en lo sucesivo, u0022LRJCAu0022) diseña en el Capítulo III del Título III (arts. 34 a 39) -EDL 1998/44323 un sistema de racionalización procedimental que pretende simplificar y aliviar nuestra saturada jurisdicción distinguiendo al efecto entre una acumulación de pretensiones bien contra el mismo o contra diferentes actos, disposiciones o actuaciones (art. 34) -que puede ser inicial (art. 35) o sobrevenida (lo que técnicamente se presenta más como un supuesto de ampliación del recurso ya interpuesto, art. 36) y una acumulación de procesos, esto es, de dos o más recursos contencioso administrativos pendientes (art. 37).
Esta regulación, simple y esquemática, contrasta con la detallada disciplina de la que hace gala la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, u0022LECu0022) -EDL 2000/77463-, que dedica en integridad el Título III del Libro Primero (arts. 71 a 98) a abordar la acumulación de acciones y de procesos. En este, como en otros muchos temas, se suscita la duda en torno al ámbito y extensión supletoria de la LEC en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, por mor de la Disposición Final Primera de la LRJCA -EDL 1998/44323-.
Acometer con solvencia cualquier reflexión al respecto pasa por reconocer que el marco jurídico de la supletoriedad se ha matizado, en sentido restrictivo, por la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, inercia de la que no parece escapar la regulación de la acumulación, por cuanto, incluso antes de la LRJCA de 1998 -EDL 1998/44323-, ya había alertado de la dificultad de aplicar supletoriamente la LEC -EDL 2000/77463 con relación a la acumulación en el orden contencioso administrativo, al tratarse de una institución ya regulada por la propia LRJCA (STS de 16 febrero 1995 -EDJ 1995/24385-).
De esta manera, se economizan ciertos problemas, toda vez que, por ejemplo, mientras que en el ámbito civil, no resulta posible (como regla general, a tenor del art. 71 LEC -EDL 2000/77463-) acumular en un mismo proceso pretensiones incompatibles -que se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí-, dicha acumulación (generalmente, bajo el formato de acumulación de procesos) resulta más que deseable en el ámbito contencioso administrativo en supuestos concretos, como acontece en el ámbito tributario en el que el mismo contribuyente que ha abonado dos tributos incompatibles entre sí (ITP e IVA) impugna sendas negativas (de la Administración del Estado y de la autonómica) en orden a obtener la devolución de ingresos indebidos, supuestos en los que el Tribunal se enfrenta al dilema de decidir cuál era el tributo procedente, con el consiguiente efecto colateral de provocar la devolución de ingresos indebidos por el otro.
El andamiaje de toda decisión de acumulación se cimenta en la necesidad de evitar la tramitación independiente de pretensiones que están estrechamente vinculadas (STS de 17-5-97 -EDJ 1997/3453-), desde el momento que la tramitación y resolución conjunta (art. 74 LEC -EDL 2000/77463-) desvanece la posibilidad de que el principio de seguridad jurídica se vea comprometido. Obviamente, coadyuvan a la acumulación razones de economía procesal (ATS de 1 julio 1998).
Debe desterrarse la idea de que la decisión de acumulación resulte potestativa para el juez en supuestos de conexión directa entre los actos, o las disposiciones o las actuaciones impugnadas (por ser unas reproducción, confirmación o ejecución de otras o, por cualquier otra razón por la que se evidencia que la eficacia de uno de los actos dependa de la validez del otro o cuando exista una relación en cuanto a los sujetos o contenido). De hecho, puede generarse cierta confusión por el empleo de términos no categóricos como el de u0022serán acumulablesu0022 (art. 34.1 -EDL 1998/44323-) o el de que el órgano jurisdiccional u0022podrá acordar la acumulaciónu0022 (art. 37.1).
Precisamente, el principio de seguridad jurídica, garantizado por la Constitución (art. 9.3 CE -EDL 1978/3879-) opera como superior elemento hermenéutico a la hora de guiar la decisión del Juez en uno u otro sentido, sin que resulte adecuado eludir una acumulación que resulte procedente conforme a los preceptos citados mediante lo que podríamos denominar u0022acumulaciones virtualesu0022 que delatan una tramitación paralela de dos o más recursos sin reunirlos materialmente en un único procedimiento.
Por el contrario, el carácter obligatorio de la acumulación se refuerza por la LEC cuando sin resquicio a dudas expresa que la acumulación u0022habrá de ser acordadau0022 (art. 76.1) -EDL 2000/77463 así como por la LRJCA -EDL 1998/44323-, primero, al fomentar el conocimiento por los órganos judiciales de la existencia de procesos susceptibles de acumulación, arbitrando obligaciones de información tanto para la Administración (art. 38.1) como para el Secretario (art. 38. 2) y, segundo, al atribuir al Juez la facultad de acumular de oficio (art. 37.1), a diferencia de lo que ocurría en el proceso civil en el que hasta la Ley 13/2009 de 3 noviembre 2009 -EDL 2009/238889 sólo podía decretarse a instancia de parte.
Finalmente, en la medida que la acumulación puede evitarse mediante la excepción de litispendencia (art. 78.1 LEC -EDL 2000/77463-) y dado que en el contencioso administrativo la jurisprudencia rechaza la idea de prejudicialidad (ex art. 43 LEC) entre el recurso que depura la legalidad o validez de una disposición de carácter general y el recurso que tenga por objeto el acto administrativo de aplicación de dicho reglamento (STS 28-6-05 -EDJ 2005/113642-) el Juez contencioso deberá prestar una mayor atención a las posibilidades de acumulación.
En cuanto al momento concreto en el que la acumulación puede ser solicitada, la respuesta parece inferirse del propio tenor de los preceptos de la LRJCA -EDL 1998/44323-; en efecto, por lo que se refiere a la acumulación sobrevenida (ampliación del recurso) la LRJCA de 1998 extiende el límite temporal que anteriormente se recogía en el art. 46 de la LRJCA 1956 -EDL 1956/42 que limitaba dicha posibilidad de ampliación al momento anterior a formalizarse la demanda; en cambio, en la actualidad, el art. 36 habilita una decisión de ampliación siempre u0022antes de la sentenciau0022. Por otro lado, en cuanto a la acumulación de procesos, esa decisión podrá ser adoptada por el Juez u0022en cualquier momento procesalu0022 (art. 37.1).
[[QUOTE2:u0022...en cuanto a la acumulación de procesos, esa decisión podrá ser adoptada por el Juez u0022en cualquier momento procesal.u0022]]
Ahora bien, esta regulación muestra el cariz de constituir unas previsiones específicamente dirigidas a disciplinar la acumulación, pero en modo alguno habilita una ampliación de los plazos procesales para recurrir (obviamente, de caducidad), tal y como se encarga de aclarar el propio art. 36.1 -EDL 1998/44323 cuando señala que el demandante podrá solicitar la ampliación dentro del plazo que señala el art. 46 (es decir, el plazo para interponer recurso contencioso administrativo).
Determinada jurisprudencia (SSTS de 6 junio 1998 y 27 septiembre 1997 -EDJ 1997/8695-) impide decretar la acumulación una vez que el recurso contencioso administrativo quede concluso para Sentencia y, por ende, pendiente de deliberación y fallo. Sin embargo, dicha apreciación, quizás, se haga acreedora de una revisión en sentido extensivo, permitiendo una acumulación, incluso, con posterioridad a declarar concluso el pleito para Sentencia, trasladando el límite temporal a la propia fecha de la Sentencia (momento a partir del cual ya no cabe introducir variación en la misma, ex art. 267 LOPJ -EDL 1985/8754-).
Cabría inferir dicha conclusión, si se repara en que a diferencia de lo que ocurre con el art. 77.4 LEC -EDL 2000/77463-, que impide la acumulación de procesos cuando hubiese finalizado el acto de juicio (u0022dies a quou0022 del plazo de 20 días para dictar sentencia en el proceso civil) la LRJCA -EDL 1998/44323 denota mayor apertura y flexibilidad, mediante los expresados términos de antes sentencia y en cualquier momento procesal.
El último de los interrogantes reclama que se indague en torno a que sucedería cuando una segunda resolución administrativa revoque parcial o totalmente la primera pero el particular la sigue considerando perjudicial por otros motivos diferentes.
El supuesto podría evocar, por ejemplo, aquellos casos en los que pendiente un recurso contra un acto presunto, la Administración dictare resolución expresa respecto de la pretensión inicialmente deducida (art. 36.4 LRJCA -EDL 1998/44323-).
Pues bien, si se produce con posterioridad una desestimación expresa, evidentemente el nuevo acto administrativo no innova (a salvo, claro está -que no es baladí la propia motivación), es decir, no ha modificado los efectos que proyectaba el silencio administrativo inicialmente combatido.
Sin embargo, no es ésta la pregunta que nos hace el coordinador sino que el mismo nos conduce a un escenario diferente, el de un acto expreso posterior que revoque total o parcialmente el primer acto, lo que puede ocurrir, por ejemplo, mediante la estimación posterior (total o en parte) de un recurso de reposición, pendiente el recurso contencioso administrativo contra su desestimación presunta.
Pues bien, ante una estimación parcial, por parte del segundo acto -que, no obstante, sigue sin satisfacer al administrado para evitar que ese segundo acto resulte sustraído del control jurisdiccional, corresponderá al interesado combatirlo. En este sentido, un buen patrón que puede guiar su conducta lo ofrece el citado art. 36.4 LRJCA -EDL 1998/44323-, de modo que, alternativamente, solicite la ampliación del recurso inicial frente al nuevo acto expreso o, en su caso, desista del primer contencioso dirigido contra el silencio e introduzca un nuevo recurso jurisdiccional contra el acto expreso.
No resulta tan evidente, pese a que el art. 36.4 LRJCA -EDL 1998/44323 no distinga al respecto, la forma de proceder en el caso de que mediante el acto expreso posterior se revoque totalmente el primero de los actos impugnados.
El matiz que introduce el planteamiento y que debe ser enfatizado es que la disconformidad del particular con el acto que revoca totalmente el anterior reside en motivos diferentes. Esta consideración abona un campo en el que emerge sin ambages el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa. Evidentemente, la clave reside en diferenciar con precisión entre u0022pretensionesu0022 y u0022motivos de impugnaciónu0022, como con buena técnica realiza el art. 36.4 LRJCA -EDL 1998/44323 al referirse a la resolución expresa respecto de la pretensión inicialmente deducida (no, obviamente, de los motivos).
Salvada dicha diferenciación no observo motivos que impidan a dicho interesado solicitar la ampliación del recurso contencioso administrativo o, en su caso, desistir del inicialmente interpuesto para plantear uno nuevo en el plazo de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución expresa.
El art. 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativ...
El art. 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 diciembre 1956 -EDL 1956/42 permitía la ampliación del recurso a otras resoluciones administrativas que se dictaren u0022antes de formalizarse la demandau0022. La Ley Jurisdiccional de 1998 -EDL 1998/44323 ha venido a ampliar el plazo para la solicitud de ampliación, pues el art. 36.1 ahora dispone que podrá solicitarse u0022si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de algún acto que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitación la relación prevista en el artículo 34u0022.
Un primer problema que suscita la nueva redacción de la Ley, en relación con la ampliación y el plazo para su solicitud, es el significado que debe atribuirse a la expresión u0022antes de la sentenciau0022. Desde luego, la postura más permisiva en torno a la conclusión del referido plazo sería la de entender que cabe la solicitud de ampliación hasta la notificación de la sentencia a las partes. Por el contrario, sobre la base de una interpretación contraria y restrictiva, podría defenderse que la solicitud debería instarse necesariamente antes de la declaración de que el pleito ha quedado concluso para sentencia (art. 64.4 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-) o bien antes del día señalado para la deliberación y fallo, en el caso de los órganos colegiados, como ha defendido un sector de la doctrina (González Pérez, Santamaría Pastor). La Ley no concreta más y esa indeterminación puede ser razonablemente suplida por el aplicador del derecho en cualquiera de los sentidos expuestos. En mi opinión, a falta de un criterio general, serán las concretas circunstancias en que se enmarque la decisión sobre la admisión de la ampliación interesada las que permitirán alcanzar una decisión correcta. Así, circunstancias tales como la mayor o menor intensidad de la conexión entre las diversas resoluciones administrativas, la finalidad perseguida por la Administración al dictar la resolución que pretende ampliarse al objeto inicial del proceso contencioso-administrativo, el comportamiento procesal del recurrente al formular la solicitud de ampliación, la evitación de resultados contrarios a la buena fe procesal y la necesidad de salvaguardar el buen fin del proceso son datos que pueden y deben ser tenidos en cuenta al proceder a dicha ponderación. Por otra parte, tampoco debe desmerecerse la importancia que, a día de hoy, reviste la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Una decisión relativamente accesoria a efectos procesales puede revestir una importante trascendencia económica, si tenemos en cuenta que el art. 2.c) de la Ley 10/2012, de 20 noviembre -EDL 2012/240441-, declara como hecho imponible de la misma la u0022interposición del recurso contencioso-administrativou0022, más no la ampliación del recurso a nuevas o distintas actuaciones administrativas que guarden con la que fuera su objeto originario alguna de las relaciones previstas en el art. 34. Todos estos elementos conforman un marco de decisión que permite, en mi opinión, alcanzar una solución adaptada a las peculiaridades de cada supuesto, incluso para justificar la solución maximalista de admitir la ampliación una vez declarado el pleito concluso para sentencia.
Una aplicación concreta de este marco conceptual, ajustado a las circunstancias procesales de cada supuesto concreto, es la que en mi opinión permite dar respuesta a la segunda de las cuestiones planteadas. Piénsese, hipotéticamente, en el caso de que la Administración, una vez concluso el pleito para sentencia, procediera a dictar un nuevo acto por el que se revocara la sanción inicial de expulsión en materia de extranjería y se sustituyera la originariamente impuesta por una de distinta naturaleza, por ejemplo, por una sanción económica. ¿Tendría sentido reconducir al demandante a un segundo pleito en tales circunstancias? En mi opinión, no. El núcleo esencial del debate, en la generalidad de los casos, está ya planteado y sustanciado procesalmente. La única variación puede venir motivada por la adición de nuevos motivos de impugnación o la práctica eventual de nuevas diligencias de prueba, aspectos que ningún inconveniente deben encontrar en un rápido trámite conferido al efecto a las partes procesales. En este sentido, Santamaría Pastor ha puesto el acento en la necesidad de agilizar el trámite procesal, una vez admitida la ampliación, para poner freno a comportamientos extraprocesales de la Administración por los que, procediendo al dictado de actos administrativos que guardan conexión directa, la parte demandante se ve compelida a recurrir sucesivamente todos ellos por vía de ampliación, convirtiéndose el proceso en una suerte de u0022telar de Penélopeu0022. En todo caso, la solución rigorista de dictar sentencia exclusivamente sobre un acto que ha venido a quedar sin efecto, de modo total o parcial, puede conducir a resultados estériles. Apelando al pragmatismo judicial norteamericano, como dijo el que fuera Magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde 1939 a 1962, Félix Frankfurter, el proceso es la búsqueda de fines prácticos, no una partida de ajedrez (u0022litigation is the pursuit of practical ends, not a game of chessu0022 en Indianapolis v. Chase Nat-l Bank, 314 U.S. 63, 69 (1941)).

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