Source: https://asesorialc.es/2013/10/10/ley-emprendedores/
Timestamp: 2017-12-18 07:14:50+00:00

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Ley emprendedores | Asesoramiento Empresarial la Costera
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La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización tiene por finalidad apoyar al emprendedor y a la actividad empresarial, favoreciendo su desarrollo, crecimiento e internacionalización, así como fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica.
Ámbito material de la norma: siendo aplicable a todas las actividades económicas y de fomento de la internacionalización realizadas por los emprendedores en el territorio español, se consideran como tales aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional. Las medidas que se introducen pretenden beneficiar a todas las empresas, con independencia de su tamaño y de la etapa del ciclo empresarial en la que se encuentren.
Es necesario que la sociedad valore más la actividad emprendedora y la asunción de riesgos, estando la piedra angular de dicho cambio en el sistema educativo. Además, es de esencial importancia modificar el entorno normativo e institucional en el que se desenvuelven las actividades empresariales para conseguir impulsar ganancias de productividad y ahorrar recursos que actualmente se dedican al cumplimiento del marco jurídico aplicable. Han de ser impulsados canales de financiación, tanto bancarios como no bancarios, y es preciso mejorar el entorno de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones, esenciales para el crecimiento y la competitividad de un país.
Y se considera la internacionalización como un motor clave del crecimiento económico a largo plazo de la economía española, debiendo tenerse en cuenta que los mercados internacionales son una fuente esencial de crecimiento en un contexto de globalización caracterizado por una integración de los mercados cada vez mayor. Las empresas internacionalizadas experimentan ganancias de productividad, mejoras en la gestión, mejor capacidad de acceso a la financiación y son, en definitiva, las que tienen mayor capacidad para crecer y crear empleo.
Para apoyar a la iniciativa emprendedora se incluyen medidas para incentivar la cultura emprendedora y facilitar el inicio de actividades empresariales:
Se introducen ciertas medidas a través del sistema educativo para que los jóvenes adquieran las competencias y habilidades requeridas para emprender. Así, la idea del emprendedor y de la cultura empresarial se incorpora como objetivo específico en todas las etapas de la educación básica, en la Formación Profesional y en el bachillerato. Por ello, las administraciones educativas deben revisar y adecuar los currículos de las enseñanzas regladas para incorporar objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de la formación orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario. Siendo esencial que el profesorado reúna las competencias y habilidades necesarias para cumplir estos objetivos, se establecen medidas que inciden sobre su formación inicial y permanente, siempre en colaboración con las Comunidades Autónomas.
Se crea una nueva figura, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada. Con ello se pretende evitar que la responsabilidad derivada de las deudas de las personas físicas empresariales afecte a su vivienda habitual bajo determinadas condiciones. Quien asume esta condición debe cumplir los requisitos y obligaciones que se establecen. Junto a ello se establecen las oportunas garantías para los acreedores y para la seguridad jurídica en el tráfico mercantil. Por ello, la operatividad de la limitación de responsabilidad queda condicionada a la inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y del Registro de la Propiedad, indiciándose el activo no afecto. Además, el emprendedor de responsabilidad limitada deberá formular y, en su caso, someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a su actividad empresarial o profesional de conformidad con lo previsto para las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada.
Se prevé la creación de una nueva figura de sociedad, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, sin capital mínimo, cuyo régimen será idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada, excepto ciertas obligaciones específicas para garantizar la protección de terceros hasta que la sociedad no alcance voluntariamente el capital social mínimo para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. Se someten a límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios y para impulsar que estas empresas crezcan a través de la autofinanciación: se endurece el deber de dotación de reserva legal (20% del beneficio), se prohíbe la distribución de dividendos hasta que el patrimonio neto alcance el capital mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad limitada, se limita la retribución anual de los socios y administradores (no podrá exceder del 20% del beneficio del patrimonio neto) y en caso de liquidación, los socios y administradores de estas sociedades responderán solidariamente del desembolso del capital mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones.
Con el objetivo de agilizar el inicio de la actividad de los emprendedores se crean y se regulan los llamados Puntos de Atención al Emprendedor, ventanillas únicas electrónicas o presenciales a través de las que se podrán realizar todos y cada uno de los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial. Se garantiza la existencia de al menos un Punto de Atención al Emprendedor electrónico en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que prestará la totalidad de los servicios previstos en esta Ley. Y se establece que los emprendedores podrán constituirse de forma ágil, tanto como empresarios de responsabilidad limitada como en forma societaria, a través de sistemas telemáticos.
Por otra parte, se prevé un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas, con el fin de garantizar que el fracaso no cause un empobrecimiento y frustración tales que inhiban al empresario de comenzar un nuevo proyecto y pase a ser un medio para aprender y progresar. El procedimiento es flexible y se sustancia, extrajudicialmente, en brevísimos plazos ante funcionarios idóneos por su experiencia y cualificación como son el registrador mercantil o el notario, aunque se limitarán a designar un profesional idóneo e independiente que impulse la avenencia y a asegurar que se cumplan los requisitos de publicación y publicidad registral necesarios para llevar a buen término los fines perseguidos con el arreglo. El negociador ha de impulsar los trámites del procedimiento. Se reconocen las posibilidades de negociación de deudas, pudiendo pactarse quitas de hasta el 25% de los créditos y esperas de hasta tres años. Cuando no se alcanza un acuerdo o el negociador constata su incumplimiento, el procedimiento fracasa y sirve de tránsito al concurso con las especialidades adecuadas. Y por último, se regula la exoneración de deudas residuales en los casos de liquidación del patrimonio del deudor que, declarado en concurso, directo o consecutivo, no hubiere sido declarado culpable de la insolvencia, y siempre que quede un umbral mínimo del pasivo satisfecho.
MEDIDAS FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido se crea un régimen especial del criterio de caja, conforme al cual los sujetos pasivos del Impuesto pueden optar por un sistema que retrasa el devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido en la mayoría de sus operaciones comerciales hasta el momento del cobro, total o parcial, a sus clientes, con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las mismas se hayan efectuado. Para no incentivar el retraso en el cumplimiento de sus propias obligaciones comerciales, los sujetos pasivos verán retardada igualmente la deducción del IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que efectúen el pago de estas a sus proveedores, y con igual límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. Este régimen optativo para el sujeto pasivo es aplicable a todas sus operaciones, con excepciones como las operaciones intracomunitarias y las sometidas a otros regímenes especiales del Impuesto. Y se prevé el devengo de las cuotas repercutidas y la deducción de las cuotas soportadas respecto de las operaciones a las que haya sido de aplicación el régimen especial, que estuvieran aún pendientes de devengo o deducción en los supuestos de concurso de acreedores y de modificación de base imponible por créditos incobrables.
Por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, se establece una nueva deducción por inversión de beneficios para aquellas entidades que tengan la condición de empresas de reducida dimensión, vinculada a la creación de una reserva mercantil de carácter indisponible. Ello implica una tributación reducida para aquella parte de los beneficios empresariales que se destine a la inversión, respecto de los que sean objeto de distribución, por cuanto los primeros quedarán sometidos, con carácter general, a un tipo de gravamen del 15%. Adicionalmente, recoge la opción de proceder a su aplicación sin quedar sometida esta deducción a ningún límite en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, y, en su caso, proceder a su abono, con un límite máximo conjunto de 3 millones de euros anuales, si bien con una tasa de descuento respecto al importe inicialmente previsto de la deducción. Ello exige mantener de forma continua la realización de estas actividades de investigación y desarrollo y del nivel de plantilla empresarial. Además, se modifica el régimen fiscal aplicable a las rentas procedentes de determinados activos intangibles, se amplía la aplicación del régimen fiscal para los activos que se generen en la entidad cedente de forma sustancial y para los supuestos de transmisión de los activos intangibles y se recoge la posibilidad de solicitar a la Administración tributaria acuerdos previos que versen sobre la calificación de los activos como válidos a efectos de este régimen fiscal así como la valoración de los ingresos y gastos relacionados con la cesión de los mismos, o bien exclusivamente sobre la valoración de los referidos ingresos y gastos.
– En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se establece un nuevo incentivo fiscal para favorecer la captación por empresas, de nueva o reciente creación, de fondos propios procedentes de contribuyentes que, además del capital financiero, aporten sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierten, inversor de proximidad o «business angel», o de aquellos que solo estén interesados en aportar capital, capital semilla. Así, se tendrá derecho a una deducción en la cuota estatal del IRPF con ocasión de la inversión realizada en la empresa de nueva o reciente creación, y en la posterior desinversión, que tendrá que producirse en un plazo entre tres y doce años, se declara exenta la ganancia patrimonial que, en su caso, se obtenga, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación. Por ello, se suprime el régimen fiscal establecido para inversiones en empresas de nueva o reciente creación por el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, pero incorporando un régimen transitorio para las inversiones efectuadas con anterioridad. Se llevan a cabo modificaciones para aplicar la nueva deducción por inversión de beneficios a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para no penalizar excesivamente a aquellos trabajadores que coticen en el Régimen General y que vienen obligados a cotizar en otro Régimen a tiempo completo cuando realizan una actividad económica alternativa, se reducen las cuotas de la Seguridad Social.
Respecto a las medidas que se dirigen a apoyar la financiación de los emprendedores, se modifica la Ley Concursal en la materia preconcursal de los acuerdos de refinanciación y el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, para perfeccionar el marco regulatorio de las cédulas de internacionalización y para crear un nuevo instrumento, los bonos de internacionalización.
Se introducen las siguientes medidas con el objetivo de fomentar el crecimiento y desarrollo de los proyectos empresariales:
REDUCCIÓN DE LAS CARGAS ADMININISTRATIVAS
Las Administraciones Públicas deben eliminar al menos una carga por cada una que introduzcan y siempre a coste equivalente; se revisará el clima de negocios a través de la mejora de la regulación de las actividades económicas; se garantiza que los empresarios no deban contestar más de una encuesta para el INE durante el primer año de actividad si tienen menos de cincuenta trabajadores, y para evitar en lo posible la reiterada consulta a los emprendedores cuando están iniciando su andadura empresarial, los servicios estatales de estadística tendrán acceso a los datos obrantes en fuentes administrativas de las Administraciones Públicas para la elaboración de estadísticas para fines estatales; se amplían los supuestos en que las PYMES podrán asumir directamente la prevención de riesgos laborales, en caso de empresarios con un único centro de trabajo y hasta veinticinco trabajadores; se elimina la obligación de que las empresas tengan, en cada centro de trabajo, un libro de visitas a disposición de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debiendo ser ésta la que se encargue de mantener dicha información a partir del libro electrónico de visitas que desarrolle la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se eliminan obstáculos para el acceso de los emprendedores a la contratación pública. Recoge la posibilidad de que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado para poner en contacto a pequeños emprendedores que se dediquen a una misma actividad y fomentar la creación de uniones de empresarios. Por otra parte, se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y de servicios. Prevé que la garantía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y acorta los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa. Se prohíbe la discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública, siendo nulos los actos y disposiciones que otorguen estas ventajas. Para reducir las cargas administrativas que tienen que soportar las empresas en los procedimientos de contratación administrativa, los licitadores podrán aportar una declaración responsable indicando que cumple las condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración. Y para luchar contra la morosidad, se reduce de 8 a 6 meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa adjudicataria sea una PYME y se permite un mayor control por las Administraciones Públicas de los pagos que los contratistas adjudicatarios deben hacer a los subcontratistas.
Y para simplificar los requisitos de información económica financiera, se flexibilizan las exigencias de contabilidad de las empresas de menor dimensión, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, y se elevan los umbrales para la formulación del balance abreviado para que más empresas puedan optar por formular también la memoria abreviada y estén exentas de elaborar el Estado de Flujos de Efectivo.
Se refuerza el fomento de la misma, entendiendo por políticas de fomento el conjunto de actuaciones que desarrolla el sector público, junto con el sector privado, para facilitar y reforzar la dimensión internacional de la economía española y fomentar la presencia exterior de las empresas y de los emprendedores como factores de estabilidad, crecimiento y generación de empleo. La acción del Gobierno en esta materia se plasmará en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española. Por lo que respecta a los instrumentos y Organismos comerciales y de apoyo a la empresa, se fortalecen el Servicio Exterior del Estado y los organismos de apoyo a la internacionalización. Y en cuanto a los instrumentos y Organismos de Apoyo Financiero sistematiza los organismos financieros de la acción del Gobierno en materia de internacionalización de la economía española y las empresas (el Instituto de Crédito Oficial, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo y la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, S.A.) y los instrumentos de apoyo financiero. Y desarrolla otros mecanismos para fomentar que las empresas españolas tengan un mayor acceso a los proyectos abiertos a concurso por las instituciones financieras internacionales en otros países. E incluye la regulación de supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España.
– Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio: modifica los artículos 4, 5, 23, el apartado 1 del artículo 257, el artículo 263 y la disposición adicional tercera; y se añade un nuevo artículo 4 bis.
– Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal: modifica el apartado 1 del artículo 3, los apartados 1, 3 y 4 del artículo 5 bis, el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15, el número 2.º del apartado 6 del artículo 71, el apartado 2 del artículo 178, el apartado 1 del artículo 198 y el apartado 1 de la disposición adicional cuarta; se añade un Título X (artículos 231 a 242) y se introduce un nuevo artículo 71 bis, una nueva disposición adicional séptima y una nueva disposición adicional octava.
– Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: modifica el apartado Uno del artículo 120 e introduce un nuevo Capítulo X en el Título IX (artículos 163 decies a 163 sexiesdecies).
– Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias: con efectos desde el día 1 de enero de 2014 se introduce un nuevo Capítulo IX en el Título III (artículos 58 nonies a 58 quinquiesdecies).
– Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo: modifica los artículos 23, 37 y 41 y los apartados 2 y 3 del artículo 44, pasando el que era 3 a numerarse como 4; se añade una disposición transitoria cuadragésima; y con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, queda derogado el apartado 3 de la disposición adicional décima.
– Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: suprime la letra d) del apartado 4 del artículo 33 y la disposición adicional trigésima cuarta; modifica el artículo 38, el apartado 1 del artículo 67, el apartado 2 del artículo 68, el apartado 2 del artículo 69, el apartado 1 del artículo 70, el apartado 1 del artículo 77, la letra e) del apartado 2 del artículo 105 y la disposición adicional trigésima octava; y añade un nuevo apartado 1 al artículo 68 y una nueva disposición transitoria vigésima séptima.
– Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio: añade una nueva disposición adicional trigésima quinta bis.
– Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad: modifica la disposición adicional undécima.
– Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores: modifica la letra l) del artículo 2.1.
– Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero: modifica los apartados primero y cuarto del artículo 13 y deroga el artículo 13 bis.
– Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca: modifica el artículo 8.
– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: modifica el artículo 30.5 y añade una disposición adicional decimoséptima.
– Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: modifica el apartado 3 del artículo 14.
– Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre: modifica el artículo 59.1, modifica los apartados 1 y 5 del artículo 65, los apartados 2 y 3 del artículo 96, el apartado 5 del artículo 102, los apartados 6 y 8 del artículo 216 y la disposición transitoria cuarta; y añade una nueva letra d) al artículo 32, dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 146 y un nuevo artículo 228 bis.
– Código de Comercio de 1885: modifica el apartado 2 del artículo 28.
– Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: modifica el apartado uno del artículo 114.
– Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española: modifica el artículo 4, el apartado 1 del artículo 5 y los artículos 7 y 11.
– Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria: añade un penúltimo párrafo a la Exposición de Motivos, modifica la letra c) del apartado Dos del artículo 1, del artículo 4 modifica el apartado Tres y el quinto párrafo del apartado Cuatro, al cual se añade un nuevo párrafo final, se suprime en el segundo párrafo del apartado Cinco el inciso «o, en su caso, entidad local menor», modifica su apartado Siete y añade un nuevo apartado Nueve, del artículo 5 modifica la letra l) del apartado Cuatro y añade dos nuevos párrafos al final de su apartado Diez, del artículo 7 modifica la letra a) y la letra b) del punto 1 y las letras a) y c) del punto 2 del apartado Tres, modifica el primer párrafo de la disposición adicional novena, el penúltimo párrafo de la disposición transitoria quinta y el punto 1.b) y el punto 4 del Anexo e introduce una nueva disposición adicional décima.
– Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre: modifica la letra c) del apartado 5 del artículo 50 y los párrafos sexto y octavo del apartado Cuatro del artículo 53.
– Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: modifica el apartado 8 de la disposición adicional quinta.
– Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero: modifica la letra d) del apartado 9 del artículo 70 y la letra b) del artículo 72.
– Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo: modifica el apartado 5 del artículo 10.
– Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios: modifica el apartado 1 del artículo 2 y añade actividades al anexo.
– Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo: modifica el artículo 7.
– Quedan derogadas:
b) El artículo 9.2 de la Orden ITC/138/2009 de 28 de enero de 2009, por la que se regulan diversos aspectos relacionados con la concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses.
c) Las letras a) a f), ambas incluidas, del apartado uno del artículo 5, las letras a) y b) del apartado dos y el apartado tres del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
– En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno aprobará un nuevo Reglamento del Registro Mercantil y la modificación necesaria del Reglamento Hipotecario.
Vigencia y Normas Transitorias: entra en vigor el día 29 de septiembre de 2013, día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante:
Los concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma, en cuanto a las normas establecidas en el Capítulo V del Título I, seguirán rigiéndose hasta su terminación por la normativa concursal anterior a esta Ley.

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 257
 artículo 263
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 71
 artículo 178
 artículo 198
 artículo 71
 artículo 120
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 33
 artículo 38
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 69
 artículo 70
 artículo 77
 artículo 105
 artículo 68
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 59
 artículo 65
 artículo 96
 artículo 102
 artículo 216
 artículo 32
 artículo 146
 artículo 228
 artículo 28
 artículo 114
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 50
 artículo 53
 Real Decreto 
 artículo 70
 artículo 72
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 5