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Timestamp: 2018-10-20 17:38:13+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2013-00363/2239-14 DE JULIO 5 DE 2018
SENTENCIA 2013-00363 DE 05 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DE LA DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SE EXPLICA QUE PARA LA DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EL ACTOR DEBE COMPROBAR LA ACTIVIDAD PERSONAL, LA PERMANENCIA, LA CONTINUA SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA DEL TRABAJADOR RESPECTO DEL EMPLEADOR, QUE FACULTA A ÉSTE PARA EXIGIRLE EL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUANTO AL MODO, TIEMPO O CANTIDAD DE TRABAJO, E IMPONERLE REGLAMENTOS, LA CUAL DEBE MANTENERSE POR LA DURACIÓN DEL CONTRATOY UNA RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO. ESTA CORPORACIÓN, SEÑALÓ QUE EL DEMANDANTE DEBERÁ ACREDITAR LAS COTIZACIONES QUE REALIZÓ AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES DURANTE EL TIEMPO QUE PERDURÓ EL VÍNCULO CONTRACTUAL, Y EN EL EVENTO DE QUE NO LAS HUBIESE HECHO O EXISTIERE DIFERENCIA EN SU CONTRA, TENDRÁ LA CARGA DE CANCELAR O COMPLETAR, SEGÚN SEA EL CASO, EL PORCENTAJE QUE LE INCUMBÍA COMO TRABAJADOR. ADICIONALMENTE, EN REFERENCIA A LA DECLARACIÓN DE QUE EL TIEMPO LABORADO POR EL ACTOR SEA CONTABILIZADO PARA EFECTOS PENSIONALES, ESTA CONDENA ESTÁ AJUSTADA A DERECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO ESCRITO, EMPLEADOR, TRABAJADOR, DERECHO LABORAL, PENSIÓN, AJUSTE DE LA PENSIÓN
Sentencia 2013-00363 de julio 5 de 2018
Radicación: 68001233300020130036301
Nº interno: 2239-14
Actor: Henry Alfonso Niño Ortega
Bogotá, cinco de julio de dos mil dieciocho.
EXTRACTOS:« 2. Consideraciones.
2.1. Cuestión previa- Sucesor Procesal del DAS.
En efecto, mediante Decreto Ley 4057 del 31 de octubre de 2011 se dispuso la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, y en el artículo 3º se estableció que “…Las funciones (...) que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas en el capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2º, del Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y organismos, así: (...) 3.4. La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto separado (...)”.
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el presente asunto se trata de establecer si entre el señor Henry Alfonso Niño Ortega y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculado contractualmente con la entidad.
i) Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y “recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”; y, ii) se garantiza el derecho al trabajo(2) en condiciones dignas y justas, el cual surge como uno de los valores y propósitos del Estado al ser consagrado en el Preámbulo de la Constitución con particular importancia.
Desde tiempo atrás, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(3), expresamente consagró en su Preámbulo el “reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor” premisa que se desarrolló en el artículo 2º del Convenio 111 de la OIT(4) al señalar que: “todo miembro para el cual este convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto”.
De acuerdo a lo expuesto, el derecho constitucional de igualdad de los trabajadores esta desarrollado por el Convenio Internacional del Trabajo número 111 (aprobado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969), relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Dicho Convenio en Colombia es fuente de derecho de aplicación directa en virtud del artículo 53 de la Constitución Política, al decir: “los Convenios Internacionales del Trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna”, cuyo contenido es norma interpretativa de los derechos constitucionales en virtud del artículo 93 de la Constitución Política.
En desarrollo del marco constitucional previamente expuesto, se tiene que el ejecutivo nacional profirió el Decreto 2400 de 1968 “Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil”, disposición que fue modificada por el artículo 1º del Decreto Ley 3074 de 1968, en los siguientes términos:
ART. 1º—Modificase y adicionase el Decreto 2400 de 1968, en los siguientes términos:
2.2.2. Marco normativo del contrato de prestación de servicios
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable(5).
Las expresiones “no puedan realizarse con personal de planta o” y “en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales”, de la norma antes citada fueron revisadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara, en donde, entre otras disquisiciones, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, de la siguiente forma:
2.2.3. Sentencia de Unificación SU2 No.005/16.
Esta corporación en la sentencia del 25 de agosto de 2016, expediente 0088-16- SUJ2 No.005/16 con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter señaló que el denominado contrato realidad “aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales”.
(...) resulta imperioso unificar el precedente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los ciudadanos que acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca de obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral pero que la Administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal, para lo cual ha de advertirse que el restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial, es decir, que en las controversias de contrato realidad hay lugar a reconocer las prestaciones que el contratista dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales, pues su situación jurídica fue mediante un contrato estatal, pero que en su ejecución se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral, que en caso de haber sido vinculado como empleado público hubiese tenido derecho a las mismas prestaciones que devengan los demás servidores de planta de la respectiva entidad.
Ahora bien, en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén(6).
De igual manera, estableció las reglas jurisprudenciales a tener en cuenta en materia del restablecimiento del derecho cuando deba aplicarse la figura de la prescripción. Al respecto, señaló lo siguiente(7):
2.3.1. Prestación personal del servicio y funciones desempeñadas: Dentro del expediente se encuentra probado que el demandante celebró con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 1.º de julio de 2007 al 12 de noviembre de 2010, siete contratos de prestación de servicios, en los siguientes términos:
Contrato Periodo Objeto Folio
50 de 2007 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2007 Prestar servicios de protección dentro del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. 432 vto-439
139 de 2007 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 Prestar servicios de protección dentro del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos 449 vto-461
35 de 2008 Del 1 de enero al 28 de septiembre de 2009 Prestar servicios de protección dentro del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos 471 vto-490
06 de 2009 Del 29 de septiembre al 27 de noviembre de 2009
Prorroga del 28 de noviembre al 17 de diciembre de 2009
Prestar servicios de protección dentro del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos 501 vto-512
38 de 2009 Del 18 de diciembre de 2009 al 31 de marzo de 2010 Prestar servicios de protección dentro del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos 525 vto a 535
004 de 2010 Del 1 de abril al 31 de julio de 2010 Prestar servicios de protección dentro del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos 548-561
44 de 2010 Del 1 de agosto al 12 de noviembre de 2010 Prestar servicios de protección dentro del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos 576-586
En los contratos de prestación de servicios que suscribió el actor con el DAS se encontraban presentes los siguientes objetivos y obligaciones(8):
El contratista en virtud de sus condiciones personales se compromete para con el DAS a prestar los servicios de protección; con sede principal en la ciudad de Barrancabermeja y eventualmente en la ciudad donde se asigne el esquema protectivo, dentro del componente seguridad a personas, del Programa de Protección a Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos del Ministerio del Interior y de Justicia. PAR.: Resultados esperados. El objeto de este contrato está orientado a brindar protección a las personas que se encuentran amenazadas por la situación de violencia que vive el país, buscando así disminuir los índices de criminalidad en los sectores más vulnerados.(...) Séptima: Obligaciones del contratista Además de las obligaciones de orden legal el contratista cumplirá con aquellas que se deriven del objeto contratado y en especial las siguientes: 1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS o por su protegido. 2. Realizar las actividades de índole protectivo previa misión de trabajo, o destinación del Jefe de Área competente del Departamento Administrativo de Seguridad. 3. Presentar para su revisión en la dependencia de control de armamento, radios y vehículos del DAS, o en la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 4. Cuando por alguna circunstancia, el contratista no se encuentre prestando el servicio para el cual fue contratado deberá hacer entrega de los elementos en la misma dependencia. 5. Observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones interpersonales con los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, con sus compañeros y con la persona protegida. 6. No ingerir bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas o sicotrópicas. 7. Respetar las normas de tránsito y de convivencia ciudadana y colaborar con las autoridades civiles y militares. 8. Informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial del DAS, los desplazamientos que por naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y las novedades que se presenten en el servicio. 9. Mantener en buen estado los elementos logísticos de dotación y velar por su buen uso y cuidado, los cuales deberán destinarse en forma exclusiva para el servicio objeto del presente contrato. 10. Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo relacionado con el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con las actividades propias del objeto del presente contrato. 11. Informar al supervisor del contrato las novedades de servicio relacionadas con premisos, incapacidades u otras circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual se efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que no se preste el servicio (...).
De lo anterior, se encuentra claramente acreditado que i) el demandante prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la Unidad de Protección a Dirigentes sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores del Derechos, de forma permanente entre el 1º de julio de 2007 y el 12 de octubre de 2010; ii) que en dicho periodo sus labores se prestaron en forma personal de acuerdo a las necesidades del servicio requeridas por los sujetos a quienes les brindo el servicio de escolta; y iii) las labores asignadas no eran distintas a las desempeñadas al personal de planta de la entidad, como quiera que les correspondía el manejo de armamento y elementos de dotación de uso privativo del DAS, cumplía su labor a través de misiones destinadas a brindar protección a los sujetos cuya situación de seguridad se estimaba vulnerable.
2.3.2. Subordinación o dependencia: De los testimonios de los señores Robinson Peña Domínguez y Alonso Ardila Rojas(9), funcionarios que hicieron parte del esquema de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, se infiere lo siguiente:
El demandante en su condición de contratista de Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en supresión, i) cumplía un horario de trabajo superior a 8 horas, pues en múltiples ocasiones la labor se extendía “de manera extenuante” hasta altas horas de la noche; ii) siempre se encontraba bajo la supervisión del jefe de la división del programa de protección; y iii) debía dejar constancia de todo lo acontecido diariamente ante la entidad.
De igual manera, obran diversas instrucciones suscritas por el Coordinador del Grupo de Seguridad e Instalaciones Avanzadas del DAS en las que impartía instrucciones al demandante para el desarrollo de su misión tales como(10):
Conocidos los múltiples factores y agentes generadores de violencia que se presentan en el recorrido Bucaramanga, se alerta al escolta y al protegido sobre el riesgo de este desplazamiento aun con el esquema protectivo pues los actores armados atacan bajo las ventajas de la superioridad ofensiva y el factor sorpresa; se recomienda evaluar la necesidad del desplazamiento o tomar las precauciones debidas.
Así mismo deberán reportar en forma inmediata cualquier novedad que se presente durante el servicio al señor inspector diario, jefe de protección o a esta coordinación con el fin de informar al director seccional.
2.3.3. De la contraprestación: Del contenido de las órdenes de pago y certificado de ingresos aportados al plenario, se encuentra debidamente acreditado el pago a favor del demandante de los honorarios pactados en los distintos contratos de prestación de servicios suscritos con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en supresión, lo que demuestra aún más que se trató de una verdadera relación laboral.
ART. 17.—Plantas de personal. La estructura de planta de los ministerios, los departamentos administrativos y los organismos o las entidades públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios para su funcionamiento. En ningún caso los ministerios, los departamentos administrativosy los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos.
Sobre el particular, se tiene que el tribunal condenó a la entidad demandada al pago de las prestaciones sociales “que devenga un escolta de planta en el DAS, tomando como base el valor de lo devengado por un empleado de planta de la entidad, liquidadas conforme a los valores pactados en los contratos”(11) decisión que es acorde con la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, expediente 0088-15, CESUJ2, consejero ponente, Carmelo Perdomo Cueter, según la cual quedó claramente establecido que el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el empleado contratista deben ser liquidadas con base en los honorarios pactados contractualmente.
De igual manera, es preciso señalar que la citada sentencia ordenó analizar en todas las demandas en las que proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad, así no se haya solicitado expresamente, el tema relacionado a las cotizaciones adeudadas por la administración al sistema de seguridad social en pensiones(12). Sobre ese punto, manifestó que la imprescribilidad frente a los aportes a seguridad social no opera frente a la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes efectuados al sistema de seguridad social que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
En ese orden, adujo que la entidad “deberá tomar el ingreso base de cotización pensional del demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora”(13).
De conformidad con lo expuesto, el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander será adicionado, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia previamente señalada en los siguientes términos:
La Unidad Nacional de Protección deberá a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización pensional del demandante, dentro de la totalidad de periodos laborados, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social en pensiones durante el tiempo que perduró el vínculo contractual, y en el evento de que no las hubiese hecho o existiere diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador
En conclusión se confirmará la sentencia recurrida que accedió a las pretensiones de la demanda, excepto el numeral cuarto que será adicionado con base en las consideraciones previamente expuestas.
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016(14), respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la regulación de la condena en costas, de un criterio “subjetivo” a uno “objetivo valorativo”.
Conforme a las anteriores reglas, se abstendrá la Sala a condenar en costas a la entidad apelante, pues si bien se resolvió desfavorablemente el recurso, no se demostró su causación por cuanto la parte demandante no actuó en esta instancia, ello tal como lo señala el ordinal 8.º del artículo 365 del Código General del Proceso.
1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, dentro del proceso promovido por Henry Alfonso Niño Ortega, EXCEPTO, el numeral cuarto que se adiciona en los siguientes términos
Cuarto: La Unidad Nacional de Protección deberá a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización pensional del demandante, dentro de la totalidad de periodos laborados, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
1 Folios 698-708 vto.
2 Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
3 Aprobada en 1919.
4 Aprobado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967.
5 Los apartes subrayados fueron declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-154 de 1997, Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara.
6 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”, artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes derechos:
7 Folios 34-35.
8 Folios 234-235.
9 Quienes también se desempeñaron como escoltas contratistas del DAS.
10 FF.134,136,138,140, 144,146,150152,154,155 y 156 entre otras.
11 Ver folio 707.
12 La sentencia de unificación discernió de la siguiente manera: «en atención a que el derecho a una pensión redunda en la calidad de vida de aquella persona que entregó al Estado su fuerza de trabajo en aras de su propia subsistencia, e incluso de la de su familia, tanto para recibir una contraprestación por su servicio como para llegar a obtener beneficios que cubran contingencias derivadas de la vejez o invalidez, el juez contencioso deberá estudiar en todas las demandas en las que proceda el reconocimiento de una relación laboral (contrato realidad), así no se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las cotizaciones debidas por la Administración al sistema de seguridad social en pensiones, pues si bien es cierto que la justicia contencioso administrativa es rogada, es decir, que el demandante tiene la carga procesal de individualizar las pretensiones condenatorias o declaratorias (diferentes a la anulación del acto) con claridad y precisión en el texto de la demanda respecto de las cuales el juez deberá pronunciarse en la sentencia (principio de congruencia), también lo es que este mandato legal debe ceder a los postulados superiores, cuanto más respecto de los derechos constitucionales a la vida en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social, puesto que “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” (artículo 48 de la C.P.), como extremo débil de la relación laboral, que imponen a las autoridades estatales la obligación de adoptar medidas tendientes a su protección efectiva, ya que sería mayor el menoscabo para la persona cuando llegare a acceder a un derecho pensional (sea por vejez o invalidez) con un monto que no reconoce la fuerza laboral que entregó a su empleador, frente a los demás que sí obtuvieron todos los beneficios a los que se tiene derecho en un contrato de trabajo (principio de proporcionalidad)».
14 Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

References: artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 93
 artículo 1
 artículo 365
 Artículo 13
 artículo 36