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Timestamp: 2018-04-23 04:37:40+00:00

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Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. TITULO IV. Disciplina ambiental
Vigencia desde 31 de Agosto de 1994. Revisión vigente desde 31 de Agosto de 1994 hasta 29 de Diciembre de 1999
Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro orden en que se pueda incurrir.
1. La graduación de las sanciones se determinará en función del daño o riesgo ocasionado, el beneficio obtenido y el grado de malicia, así como la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes y la inversión realizada o programada en el proyecto.
2. Se considerarán circunstancias agravantes de la responsabilidad administrativa definida en la presente Ley las siguientes:
a) El riesgo de daños a la salud de las personas y al medio natural.
b) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
c) La comisión de infracciones en espacios naturales protegidos y dominio público marítimo-terrestre.
3. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa definida en la presente Ley la adopción espontánea, por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción, la sanción será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado el infractor.
Si un mismo hecho estuviere tipificado en más de una legislación específica, se aplicará la disposición sancionadora de cuantía superior.
Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria.
Sin perjuicio de la delimitación de las responsabilidades a que hubiere lugar y consiguiente imposición de sanciones, la comisión de las infracciones administrativas tipificadas en la presente Ley llevará aparejadas, en cuanto procedan, las siguientes consecuencias, que no tendrán carácter sancionador:
1. Inmediata suspensión de obras o actividades.
2. Reparación por la administración competente, y con cargo al infractor, de los daños que hayan podido ocasionarse, incluida la satisfacción de indemnizaciones por daños y perjuicios.
3. Adopción de las medidas correctoras o preventivas que sean necesarias para evitar que se produzcan o que se sigan produciendo daños ambientales.
4. Puesta en marcha de los trámites necesarios para la anulación o declaración de nulidad, en su caso, de las autorizaciones otorgadas en contra de los preceptos de la presente Ley.
1. La imposición de sanciones, así como la exigencia de medidas restauradoras e indemnizaciones por los daños causados, se realizará mediante la apertura de expediente sancionador en el que será oído el presunto infractor.
1. A fin de obligar a la adopción de medidas preventivas o correctoras y a la restitución ambiental que proceda, se podrán imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 50.000 pesetas cada una, que se aplicarán una vez transcurrido el plazo otorgado para la adopción de las medidas ordenadas.
2. Asimismo, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria, con cargo al infractor, de las medidas que sean necesarias para la restauración ambiental.
La cantidades adeudadas a la Administración en concepto de multa o para cubrir los costes de restauración o reparación y las indemnizaciones a que hubiere lugar podrán exigirse por vía de apremio.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración dará cuenta al Ministerio Fiscal, y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal no excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que no exista identidad de sujetos, hechos y fundamentos. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador, con base en los hechos que el órgano jurisdiccional competente haya considerado probados.
Las infracciones y sanciones administrativas en materia de prevención ambiental y calidad ambiental, tipificadas en la normativa vigente y en la presente Ley, prescribirán: las muy graves en el plazo de tres años, las graves en el de dos años y las leves en el de seis meses.
1. Todas las actuaciones y actividades objeto de la presente Ley estarán sometidas al control y vigilancia del órgano ambiental competente, que a tal fin podrá realizar cualesquiera exámenes, controles, encuestas, tomas de muestras, recogida de información y demás actuaciones que resulten necesarias.
2. El personal de la Administración ambiental designado para la realización de las inspecciones y comprobaciones previstas en esta Ley, y en el resto de la normativa ambiental aplicable, tendrá la consideración de agente de la autoridad.
3. Los obligados al cumplimiento de la presente Ley deberán prestar toda la colaboración a los mencionados agentes a fin de permitirles realizar las correspondientes inspecciones y comprobaciones.
a) Accederá, previa identificación y sin notificación previa, a las instalaciones o ámbitos sujetos a inspección.
b) Requerir información y proceder a los exámenes y controles necesarios que aseguren el cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las condiciones de las autorizaciones licencias o permisos.
d) Requerirá, en el ejercicio de sus funciones, el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Tendrán la consideración de infracciones administrativas en materia de prevención ambiental las siguientes:
1. El incumplimiento de la normativa ambiental que sea de aplicación al proyecto o actividad.
2. El incumplimiento de los condicionantes impuestos en la licencia o autorización.
3. La falsedad, ocultación o manipulación de datos en el procedimiento de prevención ambiental de que se trate.
La incoación de expedientes sancionadores, la imposición de multas y la adopción de las medidas precautorias previstas en el artículo 69, así como la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental o Informe Ambiental de las actuaciones de los anexos I y II de la presente Ley, corresponde a la Agencia de Medio Ambiente; y en lo que se refiere a los procedimientos de Calificación Ambiental correspondientes a las actuaciones del anexo III, a los Ayuntamientos.
La Agencia de Medio Ambiente podrá, en cualquier momento, recabar información sobre la ejecución o funcionamiento de cualquier actuación incluida en el anexo III de esta Ley, y estará facultada para inspeccionar directamente el cumplimiento de las prescripciones ambientales correspondientes.
1. Cuando la Agencia de Medio Ambiente, en función de su facultad inspectora, considere que el promotor de una de las actuaciones incluidas en el anexo III, ha cometido alguna infracción de las previstas en la presente Ley cuya sanción corresponde a los Ayuntamientos, lo pondrá en su conocimiento para que proceda en consecuencia. Si en el plazo que se determine reglamentariamente el Ayuntamiento no efectuase las actuaciones sancionadoras adecuadas, éstas serán iniciadas por la Agencia de Medio Ambiente.
2. Cuando los Ayuntamientos en los que estén ubicadas las actividades relacionadas en los anexos I y II consideren que éstas no cumplen las determinaciones de esta Ley, lo pondrán en conocimiento de la Agencia de Medio Ambiente, que informará a los municipios de las medidas adoptadas si hubiese lugar a desarrollarlas.
Se considerarán muy graves las infracciones administrativas en las actuaciones comprendidas en el anexo I de esta Ley; graves, las relativas a las actuaciones del anexo II, y leves, las referidas a las actuaciones del anexo III.
Las infracciones tipificadas en esta Ley serán sancionadas con las siguientes multas:
1. Infracciones muy graves: Multa de 10.000.001 a 25.000.000 de pesetas.
2. Infracciones graves: Multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas.
3. Infracciones leves: Multa de hasta 1.000.000 de pesetas.
Se considerarán responsables de las infracciones ambientales tipificadas en este capítulo los titulares del proyecto o actividad, así como los técnicos que asumen la redacción, ejecución y explotación del proyecto.
Sin perjuicio de las previstas en la normativa vigente se considerarán infracciones administrativas las siguientes:
1. El exceso de los límites admisibles de emisión de contaminantes.
2. El no facilitar el acceso para realizar las mediciones sobre niveles de emisiones contaminantes o no instalar los accesos y dispositivos que permitan la realización de dichas inspecciones.
3. El incumplimiento de las medidas de autocontrol impuestas.
4. El exceso de los límites admisibles de emisión sonora.
5. El no facilitar la información sobre medidas de emisiones e inmisiones en la forma y en los períodos que se establezcan.
Para la graduación de las sanciones, además de lo dispuesto en el artículo 65 de esta Ley, se atenderá al grado de superación de los niveles admisibles y de la obstaculización de la labor inspectora, así como al grado de incumplimiento de las exigencias de medidas de autocontrol.
Se considerarán muy graves las infracciones administrativas referidas al apartado 1 del artículo 83; graves las correspondientes a los apartados 2, 3 y 4 del mismo; y leves, las relativas al apartado 5 del citado artículo.
1. Corresponde a la autoridad medioambiental de la Comunidad Autónoma la potestad sancionadora, así como la vigilancia y control y medidas cautelares de la contaminación atmosférica por materia o energía incluidos los posibles ruidos o vibraciones de las actividades de los anexos I y II de esta Ley.
2. Corresponde a los Ayuntamientos la potestad sancionadora la vigilancia y control y medidas cautelares de la contaminación atmosférica por materia o energía incluidos los posibles ruidos o vibraciones de las actividades del anexo III de esta Ley y el resto de actividades de cualquier naturaleza, así como las derivadas de actividades domésticas y comerciales.
De acuerdo con lo establecido en esta Ley, las infracciones tipificadas en esta sección serán sancionadas con las siguientes multas:
1. Infracciones muy graves: Multa de 10.001.001 a 25.000.000 de pesetas.
DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Se considerarán infracciones administrativas las siguientes:
1. La creación y uso de vertederos no autorizados de acuerdo con esta Ley y su desarrollo reglamentario.
2. La realización de actividades de almacenamiento o gestión de desechos y residuos sólidos urbanos, en contra de lo previsto en la normativa vigente o en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
3. El abandono de desechos y residuos sólidos urbanos en espacios naturales protegidos y en el dominio público marítimo-terrestre.
4. La puesta a disposición a terceros de los desechos y residuos sólidos urbanos por sus productores o poseedores, con manifiesto incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos o en las Ordenanzas municipales.
5. No poner a disposición del Ayuntamiento o entidad gestora los residuos sólidos urbanos en la forma y en las condiciones establecidas.
6. Depositar desechos o residuos sólidos urbanos fuera de los lugares establecidos por los Ayuntamientos o entidades gestoras en los núcleos urbanos.
7. Depositar desechos o residuos sólidos urbanos fuera de los núcleos urbanos, en suelo rústico o fuera de las zonas expresamente autorizadas para su gestión, así como el consentimiento por el propietario del terreno de actividades de depósito incontrolado.
8. La negativa por parte de los productores o poseedores de desechos y residuos sólidos urbanos de poner los mismos a disposición de los Ayuntamientos o entidades gestoras.
Se considerarán muy graves las infracciones administrativas referidas a los apartados 1 y 2 del artículo 88; graves, las correspondientes al apartado 3 del mismo; y leves, las relativas a los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 del citado artículo.
1. Corresponde a la autoridad medioambiental de la Comunidad Autónoma la potestad sancionadora, así como la vigilancia, control y medidas cautelares en materia de desechos y residuos sólidos urbanos en las infracciones referidas a los apartados 1, 2 y 3 del citado artículo 88.
2. Corresponde a los Ayuntamientos la potestad sancionadora, así como la vigilancia, control y medidas cautelares en materia de desechos y residuos sólidos urbanos, en las infracciones referidas a los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 88.
1. Infracciones muy graves: Multas de 1.000.001 a 15.000.000 de pesetas.
2. Infracciones graves: Multas de 100.001 a 1.000.000 de pesetas.
3. Infracciones leves: Multas de hasta 100.000 pesetas.
Sin perjuicio de las previstas en la normativa vigente, se considerarán infracciones administrativas las siguientes:
1. La creación y uso de vertederos no autorizados, de acuerdo con esta Ley y su desarrollo reglamentario, así como el depósito de los residuos fuera de instalaciones debidamente autorizadas.
2. La realización de actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos en contra de lo previsto en la normativa vigente, en instalaciones no autorizadas o por personas físicas o jurídicas que no tengan el título de gestor.
3. La puesta a disposición de terceros de residuos tóxicos y peligrosos por sus productores o poseedores con manifiesto incumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.
4. La negativa por parte de los productores o poseedores de residuos tóxicos y peligrosos de poner los mismos a disposición de gestores autorizados.
Corresponde a la autoridad medioambiental de la Comunidad Autónoma, la vigilancia, inspección y control de todas las actividades e instalaciones relativas a producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos, así como la incoación de expedientes sancionadores y la adopción de las medidas cautelares previstas en el artículo 69.
Para la graduación de las sanciones, además de lo dispuesto en el artículo 65 de esta Ley, se atenderá a la cantidad y características de los residuos implicados en la infracción y a la obstaculización de la labor inspectora.
Se considerarán muy graves las infracciones administrativas referidas a los apartados 1 y 2 del artículo 92; graves, las correspondientes al apartado 3 del mismo, y leves, las relativas al apartado 4 del citado artículo.
Reglamentariamente se determinará la competencia para la imposición de multas en esta materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De acuerdo con lo establecido en esta Ley, las infracciones administrativas tipificadas en esta sección serán sancionadas con las siguientes multas:
1. Infracciones muy graves: Multas de 25.000.001 a 50.000.000 de pesetas.
2. Infracciones graves: Multas de 5.000.001 a 25.000.000 de pesetas.
3. Infracciones leves: Multas de hasta 5.000.000 de pesetas.
CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES
1. La realización de vertidos al dominio público marítimo-terrestre contraviniendo lo estipulado en la presente Ley.
2. La realización de vertidos de aguas residuales en la zona de servidumbre de protección y en la zona de influencia.
3. El incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización de vertidos.
4. La negativa por parte de titulares de vertidos a realizar la declaración de los mismos a que se refiere el artículo 57.2.
5. El incumplimiento de plazos en la ejecución de obras de saneamiento fijados en la presente Ley.
6. El falseamiento u ocultación de datos en la documentación entregada a la Administración para la caracterización de los vertidos.
Corresponde a la autoridad medioambiental de la Comunidad Autónoma en materia de calidad de las aguas litorales la vigilancia, inspección y control, así como la incoación de expedientes sancionadores y la adopción de medidas cautelares previstas en el artículo 69.
Para la graduación de las sanciones de esta sección, además de lo dispuesto en el artículo 65 de esta Ley, se atenderá al grado de superación de los límites establecidos y de la obstaculización de la labor inspectora, así como al grado de incumplimiento de las exigencias de medidas de autocontrol.
Se considerarán muy graves las infracciones administrativas referidas a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 98; graves, las correspondientes a los apartados 4 y 5 del mismo; y leves las relativas al apartado 6 del citado artículo.
De acuerdo con lo establecido en esta Ley, las infracciones administrativas tipificadas serán sancionadas con las siguientes multas:
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, conforme al índice de precios al consumo o sistema que lo sustituya, actualice las cuantías de la sanciones previstas en esta Ley.
En lo relativo a prevención ambiental, la presente Ley no será de aplicación a las actuaciones que hayan iniciado los trámites de su aprobación o autorización, a su entrada en vigor, siempre que por su naturaleza, no estuviesen sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental en la normativa vigente.
Asimismo, en lo relativo a prevención ambiental, la presente Ley no será de aplicación a los instrumentos de planeamiento urbanístico general que hayan sido aprobados inicialmente a su entrada en vigor.
Los vertidos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley podrán tener un plazo máximo de diez años para adecuarse a los límites y objetivos que reglamentariamente se determinarán.
Las evaluaciones de los efectos ambientales previstas en el planeamiento o la legislación especial aplicable y que sean exigibles por la Administración autonómica en Andalucía se regirán por lo dispuesto en esta Ley, quedando a su entrada en vigor suspendidas en su aplicación cuantas normas las regulen.
En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la presente Ley, se aprobarán las normas de procedimiento que requiera su aplicación.
Hasta ese momento regirá con carácter supletorio el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
1. Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos al día.
2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de al menos 300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores nucleares, con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de un KW de duración permanente térmica.
3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la eliminación definitiva de residuos radiactivos.
4. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total sea igual o superior a 1 MW.
5. Plantas siderúrgicas integrales.
6. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el tratamiento y transformación del amianto y de los productos que contienen amianto: Para los productos de amianto-cemento, una producción anual de más de 20.000 toneladas de productos terminados; para las guarniciones de fricción una producción anual de más de 50 toneladas de productos terminados y para otras utilizaciones de amiantos, una utilización de más de 200 toneladas por año.
7. Instalaciones químicas integradas.
8. Construcciones de autopistas, autovías, vías rápidas y construcción de carreteras cuando ésta suponga alguna de las siguientes actuaciones:
- Ejecución de carreteras de nueva planta.
- Puentes y viaductos cuya superficie de tablero sea superior a 1.200 metros cuadrados y túneles cuya longitud sea superior a 200 metros.
- Modificación de trazados existentes en planta y alzado en más de un 30 por 100 de su longitud o con desmontes o con terraplenes mayores de 15 metros de altura.
- Líneas de ferrocarril de largo recorrido, líneas de transportes ferroviarios urbanos y suburbanos, aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual a 2.100 metros y aeropuertos de uso particular.
A partir de: 26 octubre 2001
Apartado 8 del Anexo I redactado por la Disposición Final 1.ª de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2001, 12 julio, de Carreteras de Andalucía («B.O.J.A.» 26 julio).
9. Puertos comerciales, vías navegables y puertos de navegación interior, puertos pesqueros y puertos deportivos.
10. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incineración, tratamiento químico o almacenamiento en tierra.
11. Grandes presas.
12. Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.
13. Caminos rurales y forestales de nuevo trazado en terrenos con pendientes superiores al 40 por 100 a lo largo del 20 por 100 o más del trazado.
14. Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales.
Quedan afectadas por la presente Ley, las explotaciones mineras a cielo abierto en los supuestos previstos en la legislación básica estatal y las extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones del apartado 12 del anexo 2 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, se sitúen a menos de 5 kilómetros de los límites previstos de cualquier aprovechamiento o explotación a cielo abierto existente.
15. Obras marítimo-terrestres, tales como diques, emisarios submarinos, espigones y similares.
16. Las instalaciones de gestión de los residuos sólidos urbanos y asimilables a urbanos.
17. Plantas de fabricación de aglomerantes hidráulicos.
18. Extracción de hidrocarburos.
19. Transformaciones del uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la Nación o de la Comunidad Autónoma, y en todo caso cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas, salvo si las mismas están previstas en el planeamiento urbanístico, que haya sido sometido a Evaluación Ambiental de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
20. Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones.
21. Trasvases de cuencas.
22. Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos químicos.
23. Instalaciones de remonte mecánico y teleférico. Disposición de pistas para la práctica de deportes de invierno.
24. Planes y programas de infraestructuras físicas que supongan alteración para el medio ambiente.
25. Captación de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrológica si el volumen anual alcanza o sobrepasa los 7.000.000 de metros cúbicos.
26. Instalaciones de oleoductos y gaseoductos.
27. Actividades de relleno, drenaje y desecación de zonas húmedas.
28. Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión igual o superior a 66 KW.
29. Industrias de fabricación de pasta de celulosa.
1. Otras vías de comunicación, distintas de las indicadas en el anexo I, incluyendo las siguientes obras de carreteras:
Variantes de trazado.
Duplicaciones de calzada.
Apartado 1 del Anexo II redactado por la Disposición Final 1.ª de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2001, 12 julio, de Carreteras de Andalucía («B.O.J.A.» 26 julio).
2. Pistas de prueba o de carrera de vehículos a motor.
3. Presas no incluidas en el anexo I.
4. Caminos rurales y forestales no incluidos en el anexo I.
5. Explotaciones mineras subterráneas.
6. Plantas clasificadoras de áridos y plantas de fabricación de hormigón.
7. Fabricación de aglomerados asfálticos.
8. Industrias agroalimentarias, citadas a continuación:
- Cerveza y malta.
- Jarabes y refrescos.
- Salas de despiece.
- Aceites y harina de pescado.
- Margarina y grasas concretas.
- Fabricación de harina y sus derivados.
- Extractoras de aceite.
- Destilación de alcoholes y elaboración de vino.
- Fábricas de conservas de productos animales y vegetales.
- Fábricas de féculas industriales.
- Azucareras.
- Almazaras y aderezo de aceitunas.
9. Coquerías.
10. Industrias textiles y del papel, citadas a continuación:
- Lavado, desengrasado y blanqueado de lana.
- Obtención de fibras artificiales.
- Tintado de fibras.
- Tratamiento de celulosa e industrias del reciclado del papel.
- Fabricación de tableros de fibra de partículas y de contrachapado.
11. Explotaciones ganaderas en estabulación permanente a partir de los siguientes límites:
- Vaquerías con más de 100 madres de cría.
- Cebaderos de vacuno con más de 500 cabezas.
- Volátiles con más de 5.000 hembras o más de 10.000 pollos de engorde.
- Cerdos con más de 100 madres de cría o más de 500 cerdos de cebo.
- Conejos con más de 500 madres de cría.
- Ovejas con más de 500 madres de cría.
- Cabras con más de 500 madres de cría.
- Asimismo, se incluyen todas aquellas granjas o instalaciones destinadas a la cría de especies no autóctonas.
12. Explotaciones e instalaciones acuícolas.
13. Instalaciones relacionadas con el caucho y sus aplicaciones.
14. Almacenamiento de productos inflamables con una carga de fuego ponderada de la instalación en Mcal/m² superior a 200.
15. Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión inferior a 66 KW.
16. lnstalaciones destinadas a la producción de energía hidroeléctrica.
17. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total esté comprendida entre 300 KW y 1 MW.
18. Complejos e instalaciones siderúrgicas:
- Forja.
- Estirado.
- Laminación.
- Trituración y calcinación de minerales metálicos.
19. Instalaciones para el trabajo de metales:
- Embutido y corte.
- Revestimientos y tratamientos superficiales.
- Calderería en general.
- Construcción y montaje de vehículos y sus motores.
- Construcción de estructuras metálicas.
20. Instalaciones para la construcción y reparación de buques, embarcaciones y otras instalaciones marítimas.
21. Instalaciones para la construcción y reparación de aviones y sus motores.
22. Instalaciones para la construcción de material ferroviario.
23. Fabricación de vidrio.
24. Fabricación y formulación de pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas, barnices, elastómeros y peróxidos.
25. Fabricación y tratamiento de productos químicos intermedios no incluidos en otros aparatos.
26. Fábricas de piensos compuestos.
27. Industria de aglomerado de corcho.
28. Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra con potencia instalada superior a 50 CV.
29. Fabricación de baldosas de terrazo y similares.
30. Fabricación de ladrillos, tejas, azulejos y demás productos cerámicos.
31. Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.
32. Fabricación de fibras minerales artificiales.
33. Estaciones depuradoras y depósitos de fangos.
34. Complejos deportivos y recreativos y campos de golf, en suelo no urbanizable. A partir de: 30 diciembre 1999 Apartado 34 del Anexo II redactado por la Disposición Adicional 3.ª de la Ley [ANDALUCIA] 12/1999, 15 diciembre, del Turismo («B.O.J.A.» 30 Diciembre).
35. Instalaciones de fabricación de explosivos.
36. Obras de canalización y regulación de cursos de agua.
37. Transformaciones de terrenos incultos o superficies seminaturales para la explotación agrícola intensiva cuando aquéllas superen las 50 Ha o 10 Ha con pendiente igual o superior al 15 por 100.
38. Explotaciones de salinas.
39. Captación de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrológica si el volumen anual alcanza o sobrepasa 1,5 millones de metros cúbicos.
40. Las actuaciones relacionadas en el anexo III, que se desarrollen total o parcialmente en terrenos de dominio público de titularidad estatal o autonómica, o que se extiendan a más de un municipio, así como las que se pretendan ejecutar en suelo no urbanizable en los espacios naturales protegidos.
41. Grandes superficies comerciales. Hipermercados.
42. Parques zoológicos y acuarios en suelo no urbanizable.
43. Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y licuefacción inferiores 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos al día.
44. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica inferior a 300 MW.
45. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del amianto y de los productos que lo contienen que no alcancen los límites establecidos en el punto 6 del anexo I.
A partir de: 19 junio 2001
1. Doma de animales y picaderos.
2. Talleres de géneros de punto y textiles.
3. Instalaciones relacionadas con tratamiento de pieles, cueros y tripas.
4. Lavanderías.
5. Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa.
6. Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería.
7. Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses.
8. Café-bares y restaurantes. A partir de: 30 diciembre 1999 Apartado 8 del Anexo III redactado por la Disposición Adicional 3.ª de la Ley [ANDALUCIA] 12/1999, 15 diciembre, del Turismo («B.O.J.A.» 30 Diciembre).
9. Pubs.
10. Discotecas y salas de fiesta.
11. Salones recreativos y bingos.
12. Cines y teatros.
13. Gimnasios.
14. Academias de baile y danza.
15. Estudio de rodaje y grabación.
16. Carnicerías. Almacenes y venta de carnes.
17. Pescaderías. Almacenes y venta de pescado.
18. Panaderías y obradores de confitería.
19. Supermercados y autoservicios.
20. Almacenes y venta de congelados.
21. Almacenes y venta de frutas y verduras.
22. Fabricación artesanal y venta de helados.
23. Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas.
24. Almacenes de abonos y piensos.
25. Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
26. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general.
27. Lavado y engrase de vehículos a motor.
28. Talleres de reparaciones eléctricas.
29. Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
30. Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos.
31. Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles.
32. Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra.
33. Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles.
34. Explotaciones ganaderas en estabulación permanente no incluidas en el punto 11 del anexo II.

References: resolución 
 artículo 69
 artículo 65
 artículo 83
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 69
 artículo 65
 artículo 92
 artículo 57
 artículo 69
 artículo 65
 artículo 98
 Real Decreto