Source: https://www.scribd.com/document/57553905/caso-mininuma
Timestamp: 2019-03-21 09:40:31+00:00

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EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATÉGICO PARA LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES Y LA NO DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO.
Rodrigo GUTIÉRREZ RIVAS ♠ Aline RIVERA MALDONADO SUMARIO: I. Introducción. II. Descripción del Caso Mininuma. A. Los hechos y la demanda. B. La sentencia. III. Análisis de la sentencia. A. Apuntes conceptuales sobre el derecho fundamental a no sufrir discriminación. B. Mandatos que se desprenden del derecho a no sufrir discriminación. C. Obligaciones del Estado derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en materia de no discriminación. IV. El caso Mininuma como litigio estratégico. I. INTRODUCCIÓN
enemos que, los aquí quejosos…señalan en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, que son habitantes de la comunidad de Mini Numa, municipio de Metlatónoc, Guerrero; que es una comunidad indígena Na Savi (Mixteca), que se encuentra a una hora y media de camino a pie, de la cabecera municipal Metlatónoc, Guerrero, conocida por su pobreza extrema; que las enfermedades han llegado a ser causa de defunción entre los habitantes de esa comunidad, principalmente niñas y niños; que los quejosos…han vivido en carne propia la pérdida de sus familiares, destacando como factor de las defunciones la falta de atención médica en la clínica que se encuentra en Metlatónoc, Guerrero, ya que en su comunidad no cuentan con servicio médico; que cuando sus enfermos se encontraban delicados de salud, acudían a Metlatónoc, para ser atendidos por el médico responsable; empero la mayoría de las ocasiones, la clínica se encontraba cerrada o bien, si estaba abierta no alcanzaban turno a través de una ficha o si alcanzaban, su turno llegaba después de las tres de la tarde, por lo que el doctor encargado les negaba la atención, en razón de que era su hora de salida; y que las defunciones que aluden, se presentaron del dos mil cinco al dos mil siete (…)”1 De acuerdo con las cifras oficiales, en México, de los más de 100 millones de habitantes, 44 millones 700 mil sufren de pobreza.2 En pleno siglo XXI, un porcentaje muy amplio de la población se encuentra sin poder acudir a un médico, sin completar una canasta básica alimentaria, habitando viviendas con suelo de tierra, sin drenaje, sin acceso a un agua de calidad y sin poder continuar asistiendo a la escuela una vez finalizada la primaria. Todo ello, a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico reconoce en su nivel más alto (Constitución y Tratados) los derechos fundamentales a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al agua y a la educación (entre otros derechos sociales). Para mayor gravedad, son los grupos de la sociedad que han sido histórica y sistemáticamente excluidos los que sufren con mayor intensidad la pobreza. Los pueblos indígenas son uno de dichos grupos. La vida de las comunidades que los conforman está marcada por la marginación y sus habitantes deben sobrepasar grandes obstáculos para poder ejercer sus derechos. La discriminación hacia estos pueblos esta en la base estructural de
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante del Colectivo de Estudios Críticos en Derecho-RADAR.  Maestra en Derechos Humanos (Universidad de Lyon, Francia) e integrante del Colectivo de Estudios Críticos en Derecho-RADAR. 1 Sentencia 1157//2007-II que resuelve el Juicio de Amparo promovido por la Comunidad de Mininuma, Municipio de Metlatónoc, Guerrero México, 11 de julio de 2008, Juez Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, pp. 129-130. 2 Cifras de la SEDESOL y la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
RODRIGO GUTIERREZ R. Y ALINE RIVERA
los sistemas sociales, económicos, políticos y culturales, provocando una reproducción permanente de múltiples formas de opresión. Las propias cifras oficiales nos muestran cómo “en este grupo de población se encuentran los más pobres entre los pobres”.3 Las difíciles condiciones de vida que se les ha impuesto, les ha generado una enorme dificultad para emprender sus propios procesos de desarrollo, provocando que el 90% de sus habitantes se encuentre en una situación de extrema pobreza.4 Lo anterior aún y cuando el derecho a no sufrir discriminación también está consagrado en la Constitución mexicana y en múltiples Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Vemos así que pobreza, discriminación y violación de derechos sociales se encuentran ligadas de forma estrecha, cerrando un sistema de opresión del que parece imposible escapar. La Comunidad indígena de Mininuma es una de las miles de poblaciones indígenas, atrapada dentro de dicho sistema, que desde hace años está luchando por encontrar una puerta de salida y apostando a que el Derecho pueda ser una llave que le ayude a abrirla. Mininuma se encuentra en el Municipio de Metlatónoc5 en el estado de Guerrero, que junto con Oaxaca y Chiapas son los estados que presentan los índices más bajos en desarrollo humano, salud e ingreso6. De estos tres “…Guerrero es la entidad donde se observan las mayores disparidades del índice de salud dentro de un estado así como el menor índice de salud del país, dentro del cual, el Municipio de Metlatónoc es el que presenta el menor índice de salud [y]… de Desarrollo Humano (…)”.7 Frente a dichas condiciones de discriminación, la Comunidad se organizó para defender su derecho a la salud. Entre las múltiples estrategias que decidieron poner en marcha, interpusieron un Juicio de Amparo que obtuvo una sentencia favorable relativa a los derechos sociales (salud) y a la no discriminación. Dicha resolución, así como sus alcances y límites, son el objeto central de esta investigación, principalmente por tres razones. En primer lugar, porque abre en sede judicial el debate sobre la necesaria justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Como se sabe, las condiciones para la protección efectiva de estos derechos aún son adversas dentro de nuestro sistema jurídico. A pesar de que México fue uno de los primeros países en elevarlos a rango constitucional, hoy las personas y comunidades siguen enfrentando grandes obstáculos, teóricos y prácticos, que impiden su verdadera materialización.8 Tanto en la academia como en la
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México, Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México-2006, México, noviembre 2006, p. 22. 4 Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que pueden ser consultados en Ibíd., p. 32. 5 “Para llegar hasta la cabecera municipal de Metlatónoc se debe seguir la carretera Chilpancingo-Tlapa y tomar una desviación de 75 kilómetros, de los cuales 48 son de terracería y 27 de brecha. En el año 2000 este municipio tenía una población de 30 mil 39 habitantes, distribuidos en 156 localidades rurales, entre las que destacan Atzampa, San Rafael y El Coyul. De cada 100 personas mayores de cinco años que habitaban en el municipio en el año 2000, 98 hablaban lengua indígena mixteca o tlapaneca. Más de 70% de la población económicamente activa en Metlatónoc se dedica a las actividades agrícolas; entre los principales productos se encuentran el maíz, fríjol, durazno, mamey, mango, plátano y café. Para transportarse, los habitantes de Metlatónoc usan camionetas que dan servicio a distintas comunidades; los servicios de comunicación son escasos y sólo en la cabecera municipal se cuenta con radiotelefonía. De cada cien viviendas, sólo 13 tienen servicio sanitario, 32 tienen agua entubada, menos de una vivienda en promedio tiene drenaje y 33 disponen de energía eléctrica. De las 5 mil 321 viviendas que en 2000 había en el municipio, sólo 96 tenían refrigerador.” INEGI, Censo de Población y Vivienda; Gobierno del Estado de Oaxaca y Delegación Benito Juárez en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano-México 2004, México, PNUD, 2005, p. 56. 6 Ibíd., p. 2. 7 Ibíd., pp. 54-61. 8 Vid. GUTIÉRREZ, Rodrigo, “Jueces y derechos sociales en México: a penas un eco para los más pobres”, en Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, nº 6, Julio-Diciembre 2005.
Esta es la segunda importante razón por la que consideramos relevante analizar el caso. Véase también ARANGO. por ejemplo. etc. para lograr posicionar estos nuevos argumentos en los Tribunales. 20007. Pedro. lo más común es encontrar posiciones dogmáticas. El lenguaje de los derechos. que son derechos de “segunda generación” y por tanto de menor jerarquía. ancladas en una formación jurídica tradicional. que los derechos sociales no son verdaderos derechos. Detrás del amparo que analizamos existió una intensa labor de personas. el porcentaje de población indígena en Colombia es mucho menor al mexicano. p. FCE. en Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio. a la tierra. Al respecto véase ORDÓÑEZ. Sin embargo. ya que como es sabido. 2004. 11 Conviene hacer mención del activismo de la Corte Constitucional colombiana como un claro ejemplo de que es posible que el Poder Judicial adopte y practique una posición más garantista que contribuya a la verdadera protección de los derechos fundamentales y que responda a las constantes demandas de la población. Los caminos de la democracia participativa. capaces de articularse con organizaciones y redes de defensa de derechos. que impiden su exigibilidad9. Trotta. a los recursos naturales. debido a la construcción del caso como un litigio estratégico. Esta última situación es de admirarse. sólo con base en la organización y resistencia de comunidades como ésta. (en prensa). Rodolfo. principalmente. combinado con otras acciones de defensa. una reconsideración de los mismos como verdaderos derechos fundamentales. Apuntes para la definición de un contenido esencial de ese derecho en la jurisprudencia mexicana”. 9 10 3 . no bastó con la presentación de la demanda ante los mismos. ya rebasadas hace muchos años en otras latitudes y en el Derecho Internacional de los derechos humanos11. México. que ha fomentado la extensión de ideas imprecisas como. Juan. aprovechado algunas de las nuevas aportaciones teóricas sobre los DESC. Bogotá. así como los derechos culturales de dicha Comunidad Indígena. “El concepto de derechos sociales fundamentales” en Legis. Boaventura (coord. modificando de los viejos criterios interpretativos de los Tribunales. Mauricio y UPRIMNY. Estas proposiciones teóricas se traducen en limitaciones de índole práctica. Muchos de las trabas se basan en una concepción teórica limitada. Dos versiones de un garantismo espurio en la jurisprudencia mexicana. continúan vigentes las viejas tesis. comunidades y organizaciones articuladas. derechos colectivos y derechos de los Pueblos Indígenas. 700 y ss. Como Ver SALAZAR. en caso de violación. a la participación. será posible hacer avanzar en México el debate sobre la plena efectividad de los derechos sociales fundamentales.EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATEGICO… práctica judicial. 2005. México.). como el hecho de que las garantías constitucionales de los derechos en México (sobretodo el Juicio de Amparo) no tengan el diseño adecuado para proteger. que siempre implican una gran inversión económica por parte del Estado. Rodrigo. gracias a la cual fue posible ejercer la presión social y mediática suficiente para que los argumentos de la demanda fueran tomados en cuenta durante el juicio. los bienes jurídicos tutelados por los derechos sociales. Algunas de las decisiones de la Corte colombiana se han convertido en un modelo a seguir en materia de protección de derechos sociales. El uso estratégico del Derecho en Mininuma. “Corte Constitucional en Colombia” en DE SOUSA. poco reflexiva. En el presente estudio interesa destacar que. “El derecho a la salud en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. al medio ambiente. este trabajo parte del supuesto de que dicha resolución se obtuvo. Jorge. Ver GARCÍA-VILLEGAS. Democratizar la democracia. donde se ha avanzado en el debate teórico y jurisprudencial sobre el valor normativo de los DESC y la relación de interdependencia que tienen con los demás derechos. Al respecto véase CRUZ PARCERO. Aún cuando habremos de centrarnos en el análisis del texto de la sentencia. Madrid. en los tribunales mexicanos. La importancia de la demanda de Mininuma es que a través de ella se enfrentó ese viejo paradigma y. fue lo que permitió sobrepasar los obstáculos que generalmente impiden la protección de los derechos sociales. Se puede citar como ejemplo el caso del Pueblo Indígena U'WA en el que la Corte colombiana decidió revocar un permiso de explotación de hidrocarburos para tutelar los derechos a la consulta. se logró un avance en sede judicial sobre la posible justiciabilidad de los DESC y por tanto.10 A diferencia de otros países.
pp. con tan profundas contradicciones sociales 17. 1978. la participación de estos nuevos actores en la producción del Derecho supone unos comportamientos que tienden a la transformación de las necesidades respecto de las cuales el orden jurídico debe otorgar protección. la lucha social latente en el país envuelve también a la Magistratura…”16 Tomando en cuenta todo lo anterior podemos entender por qué el caso Mininuma es relevante en la búsqueda de la transformación del paradigma imperante en materia de derechos sociales fundamentales. op. 12 4 . op. Libros de confrontación-Filosofía n° 11. “Pluralismo jurídico. WOLKMER. WOLKMER. Perfecto. Aunque no tenemos los elementos de valoración suficientes. “la substitución de los actores individuales por otros colectivos ha producido un cambio en la observación de los fenómenos que configura la acción social y. p. este trabajo ha sido dividido en tres grandes apartados. suponemos que la sensibilidad del juez sobre la situación en Mininuma también pudo tener algún peso en la resolución del fallo. los jueces deben comenzar a sentir “…la necesidad de dar un nuevo contenido.RODRIGO GUTIERREZ R. Fontanella. Política y justicia en el Estado capitalista. los usuarios del Derecho y actores como los movimientos sociales quienes construyen el Derecho y crean los mecanismos considerados útiles para defender sus necesidades e intereses. Barcelona. Bogotá Colombia. argumentos para cubrir BERGALLI. que es la propia comunidad. Y ALINE RIVERA bien lo ha señalado Bergalli. la pobreza y la exclusión predominan y el acceso a los derechos en muchos casos es un privilegio. en las que la discriminación. no debe dejar de reconocerse el papel que en el caso tuvo el propio Juez que otorgó el amparo. cit. quien considera que “…las complejas exigencias del presente momento…imponen la necesidad de la búsqueda de nuevos caminos y directrices para el Derecho. Roberto. ILSA. la priorización de la protección de los derechos fundamentales por encima de otros intereses.13 Esta es la tercera razón que motiva el estudio. n° 1.. la comunidad de Mininuma decidió apostar por este instrumento. al final del mismo. a las propias funciones. 15 Ídem. 17 Sobre estas contradicciones vid.84-85. movimientos sociales y prácticas alternativas”…. movimientos sociales y prácticas alternativas”. n° 7. son sólo algunos ejemplos de las “prácticas jurídicas alternativas”15 que el Poder Judicial puede realizar a través de sus decisiones. p. cit. partiendo de las consideraciones anteriores. Consideramos también importante destacar la función que los jueces pueden y deben desempeñar en la evolución de las estructuras jurídicas existentes y en el combate contra la discriminación y la pobreza haciendo un “uso alternativo del Derecho” y reconociendo la construcción de un “Derecho alternativo”14. 4. 13 Conviene decir que no es común encontrar en el ámbito de la justicia en México sentencias similares a la que nos ocupa. Un segundo. marzo de 1992. “Usos y riesgos de categorías conceptuales: ¿Conviene seguir empleando la expresión “uso alternativo del derecho”? en El otro derecho.” 18 Por tanto. “Pluralismo jurídico. en la concepción latinoamericana. Como lo señala Andrés Ibáñez. 18 Ibíd. Bogotá. la construcción de criterios jurisprudenciales con un contenido emancipatorio o la contribución a la solución de conflictos políticos que tengan una verdadera orientación y aplicación social. Un primero donde se describe de forma resumida los hechos del caso y el proceso jurídico de defensa ante instancias primero administrativas y posteriormente jurisdiccionales. Antonio. en El otro derecho. “estén o no reconocidos y protegidos adecuadamente por el Derecho”. ILSA. La interpretación de las normas en beneficio de las personas y de su dignidad. aportando. Aún sabiendo que el Derecho suele ser un instrumento de legitimación del poder político. en consecuencia. Bogotá Colombia. de aplicar éstas a la tutela de los intereses difusos de la colectividad desconocidos por un poder cuya base de consenso se restringe cada vez más…[y] como sucede siempre en periodos de crisis. socialmente útil. enero de 1991.”12 Sin embargo. 46. donde se realiza un análisis de la sentencia que puso fin al proceso jurisdiccional. 16 ANDRÉS. valorando su potencialidad transformadora en favor de la construcción de mejores condiciones de vida para la población y poniendo en práctica una de las ideas de Wolkmer. 25. WOLKMER señala que el Derecho alternativo implica. vol. 14 En este sentido. que contribuye a construir sociedades tan desiguales como la nuestra. Bogotá. Antonio.
en muchas ocasiones. convierten a Mininuma en un caso paradigmático sobre la exigibilidad de los derechos sociales en México. ni había sido posible tener acceso una provisión básica de medicinas que les permitiera atender enfermedades curables. así como algunas de las lagunas argumentativas que. Debido a este restringido horario de apertura. DESCRIPCIÓN DEL CASO MININUMA Como ya lo hemos apuntado. En un lapso de dos años. donados por una fundación privada asistencialista y en los cuales atiende un médico general de las nueve de la mañana a tres de la tarde. presenta la sentencia. un joven y un adulto). las personas enfermas debieron caminar (o ser llevadas por su familiares) durante una hora y media hasta Metlatónoc (cabecera municipal) para solicitar atención médica. el caso de la Comunidad Na´savi mixteca de Mininuma ejemplifica un proceso de defensa estratégica del derecho a la salud emprendido por las y los habitantes de este pueblo indígena del estado de Guerrero México. II. Finalmente se emprende una reflexión sobre la naturaleza estratégica del caso y la potencialidad de este tipo de litigios para la defensa y reivindicación de derechos en el contexto mexicano contemporáneo. además de obtener una sentencia favorable que estableció un precedente judicial importante en el país. los límites que aún deben ser sobrepasados cuando se trata de derechos sociales. A. En dicha cabecera municipal tampoco existe un centro hospitalario ni una clínica adecuada. sólo un par de vagones blancos al lado de la carretera (de cinco metros de largo por dos de ancho que no cuentan con agua ni luz). el tipo de argumentación jurídica que se utilizó en la demanda y en la sentencia. Estas circunstancias provocaron. así como la situación de discriminación y pobreza en la que se encuentran. paralelamente. Las personas que ahí habitan nunca habían contado con una clínica cercana. se produjo la muerte de seis personas (4 niños. La combinación de las y los actores involucrados que impulsaron el proceso. El resultado obtenido en este proceso nos permite también visualizar los avances en la materia y. así como la fundamentación jurídica de ambas. las consecuencias negativas de dichas carencias en la vida de las personas de la Comunidad.EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATEGICO… algunas de las lagunas de la resolución y enfocándose en la relación existente entre los derechos a la salud y a no sufrir discriminación. ocasionada por enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso provocadas por parásitos y desnutrición que hubieran podido ser evitadas con el acceso a una atención médica básica. En todos estos casos. consecuencias fatales para sus habitantes. Dicho amparo permitió. ni personal médico y profesional capacitado. lo cual nos permitirá identificar varios de los elementos señalados para la mejor comprensión del caso. Los hechos y la demanda Como lo hemos señalado en la parte introductoria de este trabajo. Desde 2003 las personas de dicha Comunidad se organizaron y movilizaron para exigir la construcción de un centro de atención médica en el lugar que habitan y fue en 2007 cuando decidieron hacer uso del Juicio de Amparo para demandar la protección jurisdiccional de su derecho a la salud. este caso ilustra el potencial que tiene la organización social en la reivindicación de derechos fundamentales. De igual forma. evidenciar la grave problemática de acceso a los servicios básicos que sufren poblaciones como ésta. En las siguientes líneas intentaremos describir las distintas etapas del proceso Mininuma. las distintas instancias a las que éstos decidieron acudir. las y los habitantes de las Comunidades indígenas deben enfrentarse cada día a la situación de pobreza extrema y de discriminación sistémica que impera en nuestro país y esta no es la excepción para Mininuma. en muchas 5 . a nuestro juicio.
21 Se señalaron cuatro autoridades responsables: 1) el Secretario de Salud del Estado de Guerrero.”20 Ante la reiterada negativa de los funcionarios locales. el 9 de noviembre de 2007 la Comunidad de Mininuma. Asimismo se argumenta en la demanda que todos estos derechos se encuentran establecidos en los Instrumentos Internacionales y específicamente los derechos a la salud y a no sufrir discriminación. argumentó que la respuesta no constituía una resolución administrativa. que “no había ni recurso ni personal y que por lo tanto no tenía caso que la comunidad siguiera con su petición. por lo que no era recurrible. la Comunidad presentó en agosto de 2007 un recurso de inconformidad ante la SSG. Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Esta institución desechó el recurso y. una demanda de Amparo Indirecto solicitando la protección colectiva de su derecho a la salud. circunstancias que no ocurrían en Mininuma. la Comunidad organizada cooperó con dinero y trabajo para construir una casa que permitiera alojar al médico. Igualmente se alegan. 22 En este caso utilizamos el término “garantía” empleado en la demanda. Dicho habitáculo hospitalario debe dar servicio a quince mil personas que se encuentran en la cabecera municipal y a 40 Comunidades de la región. aquello tampoco generó respuesta del gobierno. 4) el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria. en mayo de 2007 las autoridades de la Comunidad. para poder construir dicho centro. personal capacitado y un cuadro básico de medicamentos. A pesar de que se continuó enviando solicitudes. como sinónimo de “derecho”. realizaron una nueva solicitud para poder contar con una unidad médica. Frente a tales circunstancias. a través de cinco representantes. Región Montaña. la de la SS desechó el Recurso de Inconformidad y 2) la vulneración directa del derecho a la salud de todas las personas. De acuerdo con estos lineamientos. las respuestas se limitaban a señalar. El Secretario de Salud del estado respondió en julio de 2007.19 Fue hasta el año 2005 cuando la Secretaría de Salud (SSG) del estado de Guerrero contestó que le resultaba imposible enviar un médico debido a que en esa zona no existía un centro hospitalario. Y ALINE RIVERA ocasiones las personas se vieron obligadas a regresar con su familiar enfermo hasta Mininuma (a pesar de la gravedad de su estado) sin recibir la atención médica requerida. 19 20 6 . que para la SSG resultaba imposible atender esta petición debido a que los lineamientos establecidos en el Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS) no permitían la construcción de un centro hospitalario en aquella localidad. a 4 km. 2) el Gobernador del Estado de Guerrero. a la redonda y a 30 minutos de recorrido. en oficio sin número. Frente al desechamiento. de distancia. respaldada jurídicamente por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan interpuso.RODRIGO GUTIERREZ R. la Comunidad debía tener más de 2 500 habitantes y no debía contar con algún centro de atención médica en 15 km. Comunidad de Mininuma-Indigenas Na´Sav-i. 21 Entre los actos reclamados se señalan: 1) La resolución a través de la cual. 3) el Subsecretario de Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud de Guerrero y. Por lo que “queda claro que el Estado tiene la obligación de garantizar a todas y todos los mexicanos sin distinción alguna el derecho de Señalan los quejosos en la demanda que ninguno de los oficios recibió respuesta. contenido en el párrafo 3º del artículo 4º de la Constitución mexicana y para los pueblos indígenas. toda discriminación. entre otros agravios. en su párrafo tercero. que la resolución de la SS era infundada y discriminatoria por violar además el artículo 1° constitucional que establece el derecho de todas las personas a gozar de todas las garantías22 otorgadas por la Constitución y que prohíbe. Resumen del caso. Sin embargo. de manera informal. sin entrar al fondo de la problemática. Frente a tal respuesta. Contra esta resolución. en el apartado B del artículo 2º. ya que el número de población es menor del establecido por la norma y el centro de salud más cercano (los módulos ya señalados) está en Metlatónoc. Dicha demanda fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero con número de expediente 1157/2007-II. desde 2004 las autoridades de Mininuma solicitaron –a través de cinco oficiosal Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la Montaña del estado de Guerrero su intervención para que la Comunidad pudiera contar con un Técnico de Atención Primaria a la Salud (TAPS) capaz de diagnosticar y atender algunas de las enfermedades padecidas por la población.
los quejosos hicieron notar que el estado de Guerrero se encuentra dentro de las tres entidades más pobres de México y que el 13% de su población es indígena. 27 Es interesante hacer notar que. el número se eleva a 151 muertes (tres veces más que el promedio).28 Demanda de Amparo Indirecto de la Comunidad de Mininuma n° 1157/2007-II. La sentencia26 El Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero acordó el 12 de noviembre de 2008 admitir a trámite la demanda y solicitar a todas las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados. realizó al inicio de la sentencia un conjunto de consideraciones relativas al tema de legitimación colectiva y su relación con el Juicio de Amparo. de la cual. Como conclusión de las mismas. determinó la imposibilidad de reconocer la representación que los quejosos intentaron hacer valer en la demanda de toda la Comunidad de Mininuma. 23 24 7 .654 mujeres en edad fértil. es decir. Muerte materna y presupuesto público. (Las cursivas son nuestras). conviene comenzar diciendo que el Juez de Distrito. 25 Demanda de Amparo Indirecto de la Comunidad de Mininuma…. 45 y ss. para las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero el número es de 281 muertes. En la demanda se acentúa que en la jurisdicción de la montaña sólo existe un ginecólogo para atender a 17. Guerrero México…. tiene ese derecho de protección a la salud”. Esta es una de las causas por las que la mortalidad materna en la zona es cinco veces mayor que el promedio nacional.27 Asimismo. Por la relevancia del debate relativo a la posible titularidad colectiva de todos los derechos fundamentales (no sólo los sociales). el Juez reitera que la protección otorgada por el amparo es únicamente para la persona que lo interpuso. 26 Sentencia 1157//2007-II que resuelve el Juicio de Amparo promovido por la Comunidad de Mininuma. Con base en estos y otros argumentos. op. 32. más de cinco veces que el promedio nacional. Sobre este tema puede verse también DÍAZ. los quejosos señalan que la Justicia Federal debe ampararlos “… ordenando a las autoridades sanitarias no discriminen a los pueblos indígenas. mixtecos y nahuas son los más marginados. Igualmente se señaló que la falta de atención médica y medicinas son algunas de las causas por las que los índices de mortalidad materna e infantil son de los más elevados en el país24. Como parte de la argumentación. cuando ésta pueda demostrar que ha sufrido un agravio personal y directo. excluidos y vulnerables. pp. atendiendo al principio de relatividad de la sentencia. cit. 27-28. En México. a pesar de reconocer este principio. “toda persona y colectividad que se encuentren en el territorio nacional.). debido al carácter individualista del Juicio de Amparo. Después de realizar el estudio de las constancias del expediente 1157/2007. México. cit. abriendo la posibilidad de que el agravio sufrido por un grupo pueda ser reparado a través del Juicio de Amparo. Daniela (coord. Municipio de Metlatónoc. pp. op.. de cada 100 mil partos.EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATEGICO… acceder a los servicios básicos de salud…”23 En este mismo apartado se señala la inconstitucionalidad del MIDAS por ir en contra de lo establecido en la Constitución y en el Derecho Internacional de los derechos humanos. sin que ella pueda generar un efecto generalizado o colectivo. antes de abordar el estudio de la controversia. con base en lo establecido por el artículo 4° constitucional. 2004. el Juez señala en la sentencia que. Fundándose en el principio de instancia de parte agraviada. si se trata de mujeres indígenas. 28 Para profundizar en el debate sobre el tema véase "Derecho subjetivo e interés jurídico en la jurisprudencia mexicana". mueren 51 mujeres. 8 de Noviembre de 2007. su alcance se agota en la protección de la persona que lo solicita. el 11 de julio de 2008 dictó sentencia definitiva considerando que los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos son fundados en una parte e infundados en otra. determinó que. sin embargo. FUNDAR. p. los pueblos tlapanecos. reconsideren su actuación y brinden los servicios de salud con toda la infraestructura necesaria…”25 B.
30 Sentencia 1157//2007-II que resuelve el Juicio de Amparo promovido por la Comunidad de Mininuma. el Juez señaló que es infundado aquel que impugna la resolución del Secretario de Salud (a través de la cual se desechó el Recurso de Inconformidad). otoño 2003. pp. Finalmente. Sociales y Culturales. p. para dejar de cumplir con sus obligaciones constitucionales. op. a propiciar y expandir en la medida de lo posible. En ese sentido continúa diciendo que: “De la consideración del derecho a la salud como derecho fundamental deriva que el sistema de prestaciones que se establezca para hacerlo realidad. 8 . ya que dicha resolución no podía ser recurrida. con ello se busca evitar las discriminaciones en el acceso. el Juez hizo un señalamiento relativo a la aplicación obligatoria de los Tratados Internacionales de conformidad con las tesis de la Suprema Corte de Justicia relativas al artículo 133 constitucional según la cual dichos Tratados se encuentran en una posición de mayor jerarquía frente a las Leyes federales y locales. el Juez intentó ofrecer algunos elementos que apuntan en esa dirección.29 Por lo que se refiere al acto que reclama la vulneración del derecho a la salud contenido en el párrafo tercero del artículo 4º de la Constitución. la preservación y conservación de la salud. conviene señalar que sorprende el hecho del que el Juez haya declarado infundado este primer acto reclamado. en esta materia. se encuentra explícitamente recogida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos. debe tener. el funcionario judicial consideró que. La universalidad se corresponde tanto al carácter de derecho fundamental de protección a la salud. efectivamente existió una violación directa a la Ley fundamental debido a que. con base en dichos preceptos y en las pruebas exhibidas por los quejosos. así como la consecución por ese medio del mandato de redistribución del ingreso y la riqueza previsto en el normativo 25 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Instituto de la Judicatura Federal. Guerrero México…. en condiciones de igualdad. el Juez transcribió durante 70 páginas. En relación con los dos actos reclamados por la parte actora. el Juez inició el análisis de fondo del problema que se le planteó. “…el Estado se encuentra obligado a instrumentar acciones tendientes a lograr el bienestar físico y mental de los mexicanos. corre paralelo a la fortaleza de los poderes públicos. algunos Tratados Internacionales y reprodujo literalmente toda la Observación General no. sino a su empeoramiento).. Así. por lo menos.2 del PIDESC). aunque no desarrolló una argumentación que permitiera entender dicho vínculo. cit. salvo de aquellos que tengan capacidad económica suficiente. las tres siguientes características: universalidad. No. la calidad es un requisito no solamente de la existencia misma del sistema comprendido globalmente (dado que no sirve de nada un sistema sanitario que opera en pésimas condiciones de calidad. la no discriminación en materia de derechos sociales. 29 Aunque no es motivo de este trabajo.” A partir de esta parte de la sentencia. como escasez presupuestal. prolongar y mejorar la calidad de vida en todos los sectores. tratándose de una resolución administrativa que podía ser recurrida. equidad y calidad. siguiendo una tradición inexplicable de los tribunales mexicanos. Y ALINE RIVERA Resuelto lo anterior.RODRIGO GUTIERREZ R. el desarrollo al derecho de protección de la salud.”30 El Juez afirmó que dicho precepto constitucional “establece la posibilidad de acceder. 3.” El funcionario también señaló que existe una estrecha relación entre el derecho a la salud y el derecho a no sufrir discriminación. como su asignación a toda persona. el Juez reconoció que los en Juez. artículos de la Ley General de Salud. la Ley de Salud del estado de Guerrero. sino también de igualdad entre quienes acceden a los servicios públicos de salud y de quienes lo hacen en servicios privados. lo que puede llevar incluso no a la protección de la salud. Al igual que el resto de los derechos sociales. Voll II. aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (transcribe el artículo 2. ello no significa que el Estado pueda alegar motivos no justificados. Cuadernos de Investigación. empero. 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que es específica sobre esta materia. sin incorporar un solo argumento. 67-87. Municipio de Metlatónoc.24. Al final de todo ello. a servicios de salud dignos que la atiendan [a la persona] en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia. La equidad implica que los servicios sanitarios públicos sean financiados principalmente por los impuestos y no por el pago de cuotas de sus usuarios.
b) Que los vagones ubicados en Metlatónoc. basándose en los principios de parte agraviada y relatividad de las sentencias. así como los elementos fundamentales de la sentencia. organizaciones y jueces puedan aprovechar dicha argumentación para reivindicar derechos. garantizando: a) Que se proporcionen los elementos necesarios al espacio físico construido por la Comunidad para su buen funcionamiento como Casa de Salud (acondicionamiento.”31 Como consecuencia de todo lo anterior. de explicar y justificar que la protección del amparo es sólo individual. Dentro de los puntos positivos de esta resolución. para proteger los derechos violados a los integrantes de la Comunidad de Mininuma. Municipio de Metlatónoc. mobiliario y medicamentos adecuados) y asimismo ésta cumpla con la cartera de servicios que le corresponden con base en lo establecido por el MIDAS. puesto que no sólo beneficia a las y los quejosos de la demanda. Esto último permitirá que en un futuro. el resultado de la resolución termina por tener un efecto colectivo. como escasez presupuestal. el Juez decidió otorgar el amparo a todos los quejosos y resolvió que.32 Sí bien no es el objetivo de Sentencia 1157//2007-II que resuelve el Juicio de Amparo promovido por la Comunidad de Mininuma. para dejar de cumplir con sus obligaciones constitucionales. en condiciones de igualdad. op. 31 9 . frente a casos similares. A pesar de que el Juez se ocupa. comunidades. lo que implica un inmueble adecuado con los elementos y servicios necesarios para su buen funcionamiento como es infraestructura. en primer lugar. Guerrero México…. no obstante de que se trata de un derecho universal. que hoy en día está considerado como el municipio más pobre de México y de América Latina.EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATEGICO… decesos que ha sufrido la Comunidad de Mininuma y las precarias condiciones de los servicios médicos en las que ésta se encuentra constituyen una violación al derecho a la salud de sus habitantes “ya que no tienen posibilidades de acceder ellos y sus hijos. Por ello el censo del INEGI de 2005 reporta que hoy hay 17. sino a las y los 300 habitantes de la comunidad de Mininuma y a los 30 mil habitantes del Municipio de Metlatónoc. el efecto generalizado que esta tuvo para la comunidad. que protege a todo ser humano … sin que en el caso los poderes públicos puedan alegar motivos no justificados. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA Descritos los hechos del caso. a continuación identificaremos algunos de los que consideramos los principales avances y límites de dicho fallo. En un segundo momento realizaremos un análisis crítico sobre las lagunas de la misma. cit. 32 Si bien estos son los datos que arroja el Censo de población y vivienda de 2000. en las primeras páginas de la sentencia. haremos referencia a las características positivas de la sentencia sin entrar al fondo de ellas. es interesante observar. creando uno nuevo denominado Cochoapa el Grande. el 10 de noviembre de 2002 el Congreso del estado de Guerrero dividió el municipio de Metlatónoc. personal y medicamentos.398 habitantes en Metlatónoc. que los atiendan en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia. III. sin que las autoridades sanitarias puedan alegar falta de presupuesto pues se trata de un motivo injustificable para cumplir con un imperativo constitucional. En los primeros párrafos. con el objetivo de aportar razonamientos jurídicos que le habrían podido dar mayor fuerza argumentativa en lo que se refiere a la relación entre el derecho a la salud y la no discriminación. a los servicios de salud. las autoridades sanitarias debían generar las condiciones que permitan a sus habitantes el acceso a los servicios de salud. sean sustituidos por un verdadero Centro de Salud que cuente con las condiciones mínimas establecidas en el MIDAS.
En la sentencia del caso Mininuma los derechos sociales son considerados como normas vinculantes. Año XX. arrastrando el lastre de anteriores concepciones36 y categorías de los derechos sociales como líneas programáticas y orientaciones no vinculantes para los poderes públicos. La lucha por el derecho.35 pero por otro. El funcionario judicial realiza un esfuerzo importante por avanzar en la consideración de los derechos sociales como derechos fundamentales. Al respecto véase GIDI. faltó mayor profundidad en la argumentación jurídica a través de la cual se relacionaran los hechos con el derecho. Sobre el carácter normativo de la Constitución remitimos al trabajo clásico GARCÍA DE ENTERRÍA. vida y no discriminación34. Civitas. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Se trata por tanto de una resolución que refleja de forma cabal el estado del arte en el que se encuentra actualmente el debate sobre los derechos en México. véase ORDÓÑEZ. México. 36 También es conveniente hacer mencionar la forma como está construida la sentencia. interesa destacar que el Juez parte del supuesto según el cual el derecho a la salud es un derecho fundamental que. opuesto al programático. implica. o bien la modificación del juicio de amparo en esta dirección. grupos o comunidades vulnerables o que se encuentran en situación de discriminación. “El concepto de derechos sociales fundamentales” en Legis. Litigio estratégico y derechos humanos. la class action en Estados Unidos. p.RODRIGO GUTIERREZ R. con posterioridad fundamentó su resolución copiando íntegras las normas jurídicas aplicables (70 páginas de la sentencia) y finalmente resolvió. “El derecho a la salud en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. hemos defendido en párrafos anteriores que esta sentencia constituye un avance relevante que rompe con muchos de los prejuicios y mitos que en México giran alrededor de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales y asume una posición garantista. realizando esfuerzos por construir posiciones más congruentes con la idea de exigibilidad de los DESC y de la Constitución como norma jurídica. Jorge.33 En segundo lugar. para que la apliquen directamente. implica un conjunto obligaciones específicas exigibles para el Estado. Eduardo. Además. especialmente ante el Poder Judicial. Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Antonio. Sin embargo. en Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio. sin embargo. colectivos e individuales en Brasil. 1985. 2005. Enero-Abril 1987. Una solución al problema de acceso a la justicia” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado. un modelo para países de derecho civil. sí interesa subrayar la importancia de seguir profundizando en el debate sobre la necesaria incorporación de instrumentos de protección no individual al ordenamiento jurídico mexicano. Apuntes para la definición de un contenido esencial de ese derecho en la jurisprudencia mexicana”. México. Bogotá. México. que ésta se pueda invocar ante los poderes públicos. Rodolfo. Madrid. 33 10 . TAMAYO Y SALMORÁN. Este es el caso de las acciones colectivas en Brasil. Véase también ARANGO. de las que se desprenden obligaciones concretas para las autoridades y frente a los que no es posible seguir esgrimiendo el argumento de la reserva de lo económicamente posible (falta de recursos). aunque de forma sui generis. Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos. Nueva Serie. 35 El carácter normativo de la Constitución. entre otras cosas. rescata el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos al intentar relacionar salud. Rolando. “Class action. Por un lado. también debemos decir que algunos de los párrafos de la sentencia. Sostiene. n° 58. como todos los demás derechos. por ejemplo. Por ello. o el amparo colectivo en Argentina. Y ALINE RIVERA este trabajo profundizar en el tema de las garantías colectivas de los derechos. 2004. El Juez. Siglo XXI. 34 Sobre el derecho a la salud y las obligaciones específicas del Estado en especial cuando se trata de personas. 700 y ss. siguiendo un patrón arraigado en los tribunales nacionales. que (con base en los criterios de la Suprema Corte) en el artículo 4° constitucional se encuentra una norma programática que contiene un Es importante aquí destacar que el amparo mexicano es una garantía de protección de derechos que se ha quedado rezagada en relación con otros instrumentos que sí reconocen la legitimación colectiva de la parte actora cuando se trata de proteger derechos fundamentales. comenzó relatando los hechos del caso. continúan anclados en la vieja concepción de los derechos sociales como normas programáticas y derechos prestacionales. la acción de tutela en Colombia.
Esta frase es un ejemplo de ello. Las relaciones que se pueden establecer entre el derecho a la salud y el derecho a no sufrir discriminación38 son múltiples. de acuerdo con la posición del Juez. Aprovecharemos algunas de estas categorías para analizar la resolución de Mininuma. Como conclusión de estas reflexiones es conveniente decir que el Juez reunió las piezas convenientes para fundamentar el fallo. Quizá lo que hizo falta fue una mayor elaboración argumentativa –motivación de la sentencia. según la cual los Tratados y Convenios Internacionales sólo son compromisos políticos asumidos en el extranjero que no tienen ningún valor normativo dentro del Derecho interno. culturales y ambientales).37 En las páginas 50 y 51 de dicha sentencia. derecho social. En primer lugar abordaremos los dos grandes mandatos que se desprenden del derecho a no sufrir discriminación y lo relacionaremos con el acceso a Cabe hacer notar que a lo largo de la sentencia el Juez utiliza un conjunto de categorías que en ocasiones son contradictorias. Durante los últimos años. sino que incluso se encuentran en una posición de superioridad jurídica frente a Leyes federales y locales. derecho prestacional y derecho fundamental. no sólo reconoce que dichos Tratados Internacionales tienen valor y vigencia jurídica dentro de nuestro Derecho interno. las violaciones a los derechos a la salud y a no sufrir discriminación no sólo derivan del ordenamiento jurídico nacional sino también del internacional. también hay que reconocer la ruptura que el Juez hace frente a la posición de muchos otros operadores jurídicos mexicanos. Sobre este tema trataremos de profundizar en el siguiente apartado donde realizaremos el análisis crítico de las lagunas argumentativas de la sentencia en cuestión. conviene comenzar este apartado precisando algunas categorías teóricas que permiten profundizar en los alcances que en la actualidad tiene el derecho antidiscriminatorio. garantía social. Para alcanzar el objetivo señalado. 37 11 . tanto teóricos como tribunales en todo el mundo y órganos especializados de Naciones Unidas han ido desarrollando un conjunto de categorías relativas a la discriminación que hoy permiten abordar con mayor precisión y rigor las situaciones en las que personas y grupos alegan estar sufriendo discriminación. una mezcla de categorías con las que se intenta explicar la naturaleza del derecho a la salud conceptualizándolo al mismo tiempo como garantía individual.que permitiera demostrar con mayor fuerza la estrecha relación que guarda el principio de igualdad y no discriminación con los derechos sociales.EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATEGICO… derecho subjetivo. como es el caso de los pueblos indígenas en México. el Juez. A. encontramos por ejemplo. ésta también se ha concebido como una obligación de efecto inmediato que se desprende de todos los demás derechos. Por tanto. jueces y expertos internacionales. supone la existencia de obligaciones vinculantes para las autoridades. Apuntes conceptuales sobre el derecho fundamental a no sufrir discriminación Como ya se señaló más arriba. que propugna por la exigibilidad y la interdependencia de todos los derechos (incluyendo los económicos sociales. el alcance actual del derecho a no sufrir discriminación es mayor y su contenido mucho más preciso. En este caso. Por último. En este apartado sólo habremos de referirnos a dos de ellas. Decir que una norma es programática supone considerarla sólo como una orientación no vinculante de políticas públicas y programas de gobierno. Gracias a este avance conjunto de académicos. a continuación nos centraremos en la relación que existe entre el derecho a la salud y el derecho a no sufrir discriminación. 38 Cabe hacer notar que si bien la no discriminación constituye un derecho en sí mismo. sobre todo cuando se está frente a situaciones obvias de exclusión de grupos y personas que no tienen igual acceso a los derechos. en el Derecho Internacional de los derechos humanos. intentaremos aportar elementos para que futuras resoluciones puedan dictarse con base en una mejor comprensión de lo que significa jurídicamente no sufrir discriminación y así contribuir al fortalecimiento de la exigibilidad de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Con base en la teoría del garantismo constitucional. Decir que es un derecho subjetivo.
de 29 de junio de 2000. B. tanto la teoría. sin embargo. 42 Esta noción se originó a partir de dos sentencias dictadas por la Corte Suprema de Estados Unidos: Griggs vs. las preferencias. indígenas. ancianos. aunque su desarrollo jurídico ha sido mayormente realizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.de modo tal que se menoscaben los derechos. 43 Una norma que interesa especialmente a este estudio. Por ejemplo. Una discriminación directa se produce cuando alguna persona es tratada por una autoridad de forma menos favorable que otra -encontrándose ambas en situación análoga-. las capacidades diferentes. edad. provocando con ello el menoscabo de un derecho fundamental. como algunas normas o tribunales en el mundo. perspectivas para su implementación en España (documento de trabajo). que se basen en un criterio aparentemente neutro pero cuyo resultado final. 41 También denominados criterios prohibidos o criterios sospechosos. etc.RODRIGO GUTIERREZ R. el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. la edad. personas con discapacidad. las condiciones de salud. 40 El derecho antidiscriminatorio también ha avanzado mucho en relación con las obligaciones que los particulares adquieren frente al mismo.). Ahora bien. por regular cuestiones relativas a la discriminación indirecta por origen racial o étnico. 2) un mandato de igualdad de oportunidades. En segundo lugar nos referiremos a las obligaciones que en materia de derechos sociales son contraídas por los Estados al firmar los Tratados Internacionales.” La violación a esta obligación de trato igual puede desprenderse de una disposición legal.17. Rowlinson. la religión. la imposibilidad de que una persona con discapacidad ejerza un cargo público. Este mandato ha sido incluido en Constituciones y Tratados Internacionales con una redacción similar a la del artículo 1° (tercer párrafo) de la Constitución mexicana donde se señala que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. origen étnico. de aquellas personas que han padecido exclusiones sistemáticas e históricas (mujeres. Mandatos que se desprenden del derecho a no sufrir discriminación De acuerdo con los recientes avances de la doctrina más reconocida en la materia. exige a las autoridades40 no introducir distinciones normativas -o aplicar de forma desigual las normas. las opiniones. Análisis comparado del derecho antidiscriminatorio en Europa. ejecutarlo o ponerlo en práctica es la discriminación de alguna persona perteneciente a los grupos históricamente excluidos. el derecho fundamental a no sufrir discriminación comprende dos mandatos jurídicos. una Ley que establezca. ello no es materia de este trabajo. criterio. Fernando. ambos de igual importancia: 1) un mandato de igualdad de trato y. p. establecidas por una disposición. han señalado que también pueden existir discriminaciones indirectas.43 Por ejemplo. al aplicarlo. especialmente. basándose en alguno de los rasgos protegidos 41 por la Constitución y los Tratados (género. una norma que establezca que para acceder a un puesto de maestro(a) REY MARTÍNEZ.39 1) El mandato de igualdad de trato. ello en virtud de que es en dicho Pacto en donde se ha desarrollado con mayor precisión el contenido del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.42 Se trata de aquellas distinciones. es la Directiva 2000/43/CE del Consejo de la Unión Europea. De forma especial nos centraremos en la obligación de no discriminar establecida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos sociales y Culturales (PIDESC) y sus observaciones generales. el género. criterio o práctica. la condición social. acto o práctica de las autoridades y puede ocurrir de dos formas diferentes: de manera directa o de manera indirecta. expresamente. Duke Power CO y Dothard vs.). discapacidad etc. Y ALINE RIVERA la salud de la comunidad de Mininuma. En su artículo 39 12 .
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con dichos datos.” Asimismo el Parlamento Belga de la comunidad francesa incorporó la noción de discriminación indirecta en el artículo 3. San Luis Potosí y Querétaro. la edad o la orientación sexual de una persona… c) Discriminación indirecta: cuando una disposición legal o reglamentaria. Este criterio aparentemente neutro. Paralelamente. porque en el caso de Mininuma. Chiapas. sin embargo. quienes son los que podrían llegar a tener una talla menor a la señalada. un pacto individual o una decisión unilateral. sobre el régimen Lingüístico en Bélgica. la religión o convicciones. En 13 . Yucatán. basado en una supuesta racionalidad de distribución. 45 Al observar los datos presentados por el PNUD se descubre que una gran parte de las comunidades en el país. criterio o práctica aparentemente neutros sitúe a personas de un origen racial o étnico concreto en desventaja particular con respecto a otras personas. religión o convicciones. Guerrero. Michoacán. c/ Gobierno Nacional s/ Acción de Amparo. son las que deberían gozar de una especial protección en virtud del mandato de igualdad de oportunidades.2Ab establece que “…existirá discriminación indirecta cuando una disposición. 44 La Corte Suprema de Justicia en Argentina resolvió en 1984 un amparo a favor del Sr. una cláusula convencional o contractual. son: Veracruz.1 de la ley 62/2003 donde se establece que “A los efectos de este capítulo se entenderá por: a) Principio de igualdad de trato: la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón del origen racial o étnico.EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATEGICO… de preparatoria se deba contar con una estatura mínima de 1.60 metros.” Esta directiva es obligatoria para los países de la Unión Europea. pp. Gabriel D. 54-61 y 93. el Juez pudo utilizar los criterios de racionalidad y proporcionalidad que se han desarrollado en materia de discriminación para valorar la distinciones de trato.5 del Decreto relativo a la lucha contra ciertas formas de discriminación entre hombres y mujeres en materia de economía empleo y formación profesional. podría implicar una discriminación legal indirecta hacia comunidades indígenas.45 que además de todo. Veracruz. salvo que dicha disposición. cit. podría en realidad implicar una discriminación indirecta hacia comunidades indígenas.44 Hemos querido referirnos a esta segunda forma de discriminación. con menos de 3000 habitantes. Aquí estamos frente a un criterio. puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de origen racial o étnico. Tamaulipas. los diez estados con mayor concentración de población indígena son: Oaxaca. el criterio establecido en el MIDAS. Guanajuato. siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios. Frente a esta situación y tomando en cuenta que los quejosos en la demanda alegaron la violación del artículo1° constitucional. que como ya se señaló consagra el derecho a no sufrir discriminación. Dichos criterios habrían permitido evaluar con mayor objetividad la constitucionalidad del criterio de distribución geográfica de hospitales establecido por el MIDAS.. Arenzón. Por razones de espacio no podemos en este artículo profundizar en las diversas modalidades de criterios desarrolladas en otras latitudes. se sentó un precedente en Europa según el cual debe existir una justificación objetiva y razonable para que una diferencia de trato pueda ser considerada válida legalmente. 15 de mayo de 1984. 46 A partir de entonces cada tribunal ha ido ajustando dicho criterio a las necesidades de su propio sistema jurídico.60 m no podían impartir clases. discapacidad. criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios. 2. Así lo ha hecho el legislador español al incorporar esta categoría en el artículo 28. Gabriel D. como lo analizaremos en el siguiente inciso. Arenzón quien impugnó la resolución 957/81 del Ministerio de Educación donde se establecía que personas con talla menor a 1. aparentemente neutros. son indígenas. Hidalgo. Jalisco. Sonora y Guerrero. edad u orientación sexual. A partir de ahí ha habido un enorme desarrollo jurisprudencial en todo el mundo 46 que ha afinado dichos criterios 2. los cuales deben incorporarla en su legislación interna. los estados de la República mexicana que presentan un mayor número de localidades con una población menor a 2 500 habitantes. Informe sobre Desarrollo Humano-México 2004…op. Puebla. la discapacidad. o de integrantes de comunidades indígenas. Oaxaca. Estado de México. aparentemente neutro. Hay que recordar que dicho instrumento establece que sólo puede haber centros de salud en aquellas comunidades donde vivan más de 2500 personas y que estén a más de 15 kilómetros a la redonda o 30 minutos de recorrido. a partir de un caso resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1968. Chiapas. Chihuahua. pero que en México excluiría de la posibilidad de trabajar en dichas escuelas a un número considerable de mujeres.
Dimensiones conceptuales de la protección legal contra la discriminación. mediante el apoyo a los proyectos productivos. Análisis comparado del derecho antidiscriminatorio en Europa…op. la protección de su salud. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional. mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda. mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno. en el artículo 2° (Apartado B)49 del cual se desprenden obligaciones positivas hacia los poderes públicos. RIVERA. así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación. en especial para la población infantil. que las comunidades en Guerrero con menos de 3000 habitantes. con la participación de las comunidades. en Desigualdad y exclusión en México. México. por ejemplo. Documento de Trabajo. Comisión Internacional de Juristas. p. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo. b) si los medios para realizar el fin son apropiados. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. Sobre esto véase GUTIÉRREZ. Y ALINE RIVERA y que a muy grandes rasgos pueden resumirse en que una diferencia de trato está justificada: a) si persigue una finalidad legítima (que sea constitucionalmente válida) y. tienen la obligación de: I. las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. (…) III. Con base en él. Este mandato de igualdad de oportunidades ha sido también incluido en la Constitución mexicana. 48 REY MARTÍNEZ. UNAM. Es importante subrayar que este segundo supuesto (igualdad de oportunidades) no es una excepción del primero (igualdad de trato).47 y compensar a quienes en una sociedad han sido colocados en situación de vulnerabilidad. sería necesario construir los indicadores necesarios que permitieran demostrar. con centros de salud a más de 15 kilómetros a la redonda y a 30 minutos de recorrido. Mario et al. En este segundo sentido. VELA. Para probar lo anterior ante Tribunales. 2008. para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier practica discriminatoria. las autoridades quedan obligadas a promover tratos jurídicos diferentes. así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Como lo ha destacado Rey Martínez “…la igualdad de trato reclama. el Estado asume la obligación de erradicar las prácticas discriminatorias existentes. son en su mayoría indígenas. IV. En este Estados Unidos la indagación que realiza la Suprema Corte por una reasonable basis tiene un objetivo similar a la regla de ragionevolezza establecida por el Tribunal Constitucional italiano o al criterio de la razonabilidad de las diferenciaciones normativas establecido por el Tribunal Constitucional español. obliga a entender estos dos supuestos de forma casi inseparable. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación. 2) En segundo lugar. Aline. V. Ginebra. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos.RODRIGO GUTIERREZ R. como complemento. aprovechando debidamente la medicina tradicional. el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 14 . “La exigibilidad de los derechos sociales en México una lucha necesaria en el marco de la desigualdad y la exclusión”. Christian. 23. Fernando. 49 Este artículo señala: “La Federación. retomando la clasificación establecida al inicio del apartado. los estados y los municipios.. necesarios y proporcionales. Rodrigo.. el derecho a no sufrir discriminación también impone a los poderes públicos un mandato de igualdad de oportunidades (o de acciones positivas o afirmativas). dichas autoridades. Las autoridades municipales determinaran equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administraran directamente para fines específicos. 47 COURTIS. (en prensa). esa igualdad de oportunidades. El objetivo de este tipo de mandatos es eliminar los prejuicios y obstáculos que impiden a dichas personas y colectivos ejercer sus derechos. en favor de las personas y grupos que han sufrido exclusiones históricas y sistemáticas.”48 El estrecho vínculo que en los hechos existe entre discriminación y ausencia de oportunidades. cit. Igualdad de trato y de oportunidades son dos caras de una misma moneda y no una regla y su excepción.
es decir.b. pueden sufrir discriminaciones sociales…Esta propuesta estimula el diálogo creativo entre el juez constitucional y las autoridades políticas en el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Estudio de caso: El sistema pensional colombiano”. (El subrayado es nuestro). 15 . de hecho y de derecho. Medellín. No se debe olvidar que la prohibición de discriminación es una norma instrumental o adjetiva. como se demostró en la demanda52. es muy inferior. en este caso respecto al acceso a la salud de los pueblos indígenas cuya situación frente a otros colectivos. realizar actos e impulsar políticas para combatir la discriminación que se produce en los hechos. por omisión. y lo racionaliza al exigir una justificación especial de las omisiones. cit. Investigación jurídica y sociojurídica en Colombia: Resultados y avances en investigación.). sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos” e igualmente que la accesibilidad física implica que “los establecimientos. y no sólo por acción. en la violación del derecho de los quejosos a no sufrir discriminación en relación con el derecho a la salud. Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. p. “Efectos del control constitucional en la macroeconomía.” BOCANMENT.51 Lo anterior es muy relevante para el caso que aquí analizamos puesto que las autoridades sanitarias en Guerrero incurrieron en omisiones frente a derechos expresamente reconocidos en el más alto nivel del ordenamiento jurídico mexicano. como lo son la Constitución y los Tratados Internacionales. op. Ello ocurre cuando existe una obligación positiva incumplida motivada por una distinción prohibida. establece con toda claridad obligaciones positivas y vinculantes dirigidas a combatir la discriminación que sufren los pueblos indígenas. En caso de no hacerlo. en el artículo 2° B.. el derecho a no sufrir discriminación puede ser violado por omisión. Igualmente la Observación general n° 14 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité DESC) señala en su párrafo 12. Si la obligación es una obligación de cumplir con una conducta impuesta normativamente. la omisión constituirá un ejemplo de discriminación normativa. Como lo hemos señalado en párrafos anteriores.” (Las cursivas son nuestras). Christian. por omisión. en la demanda de amparo los quejosos destacaron que la falta de acceso a la salud en la comunidad de Mininuma es una de las causas de mortalidad materna e infantil con los índices más elevados del país. Olga (edit. como las minorías étnicas y poblaciones indígenas (…)”. en especial los grupos vulnerables o marginados. en la violación del mandato de igualdad de oportunidades desprendido del derecho a no sufrir discriminación en el acceso a la salud. “el juez constitucional debe dar una especial protección [a las poblaciones potencialmente discriminadas] porque por sus condiciones sociales o enfermedades que padecen. que lo que prohíbe es distinguir perjudicialmente respecto de algo y en relación con otras personas o colectivos. El Juez Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero pudo haber argumentado que las autoridades responsables estaban incurriendo. 5.50 Como lo ha señalado Courtis “La discriminación también puede manifestarse por omisión. la Constitución mexicana. 51 COURTIS. Dimensiones conceptuales de la protección legal contra la discriminación…. bienes y servicios de salud deben ser accesibles. 50 Sobre este punto debemos hacer énfasis en que.EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATEGICO… supuesto el Estado asume la obligación de crear Leyes. 52 Como ya se señaló en párrafos anteriores de este trabajo. las autoridades estaban incurriendo. la omisión constituirá un ejemplo de discriminación en la aplicación. 167. bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población. Al no llevar a cabo las acciones necesarias para que las personas en Mininuma pudieran tener acceso a un centro donde se brindaran servicios médicos y existiera un cuadro básico de medicinas. Antes de finalizar estas primeras reflexiones sobre no discriminación y con el objetivo de comprender mejor decisiones relacionadas con la vida comunitaria. (Las cursivas son nuestras). lo cual implica que “los establecimientos. Mauricio. a los sectores más vulnerables y marginados de la población. p. como lo han señalado diversos autores. en RESTREPO. Si la obligación es una obligación de regular. o que tiene efecto diferencial sobre un grupo protegido por normas antidiscriminatorias. haciendo especial énfasis en el tema de salud referido en las fracciones III y V. I y II que este derecho abarca elementos como la no discriminación.
entrando en vigor el 23 de marzo de 1981. es posible comprender mejor las desigualdades económicas aparentemente inexplicables y permanentes entre grupos. Cuando se iniciaron a nivel mundial los primeros debates sobre discriminación. 54 COURTIS.RODRIGO GUTIERREZ R. y comenzaron a redactarse las primeras normas relativas el tema. el énfasis del problema se colocó en la intención o propósito de discriminar de ciertas personas o grupos sobre otros.6. Al colocar el acento en las estructuras de los sistemas. muchos de los análisis contemporáneos sobre el problema han trasladado el énfasis hacia los factores objetivos de la discriminación como pueden ser los impactos o resultados de dichas prácticas. Christian. no justificados. Esta categoría alude a aquellas formas involuntarias e incluso inconscientes de reproducir tratos diferenciados. las conductas discriminatorias no son conscientes. 56 El Pacto fue ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981. En primer lugar hay que recordar que al firmar dicho Pacto. ya se incorpora el concepto de discriminación sistémica. una segunda cuestión importante que conviene aquí abordar es la relación entre el derecho a la salud y la obligación de no discriminar establecida en el Derecho Internacional de los derechos humanos. Obligaciones del Estado derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en materia de no discriminación Como se señaló en el párrafo introductorio de este apartado. por ser el PIDESC56 el que desarrolla con mayor amplitud los Derechos Económicos Sociales y Culturales. inclusive en particular Por ejemplo en la Ley canadiense sobre los derechos de la persona. 55 Sin embargo. o la desigualdad constante de ciertos colectivos en el ejercicio de derechos. y no en la intención de los sujetos. Y a nivel regional: la Convención Interamericana para prevenir. el foco de atención se dirigió sobre el componente subjetivo de la conducta de quienes discriminaban. la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (1999) y su protocolo facultativo. sancionar y erradicarla violencia contra la mujer (1994) . tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales. que permite explicar con mayor precisión la complejidad del fenómeno discriminatorio. México ha firmado un gran número de dichos instrumentos. op. Como lo destaca el Juez en la sentencia que analizamos. Conviene comenzar diciendo que diversos instrumentos internacionales contienen una cláusula antidiscriminatoria y el reconocimiento del derecho a la salud. sino que son producto de la reproducción social de prejuicios y estereotipos. hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados. Dimensiones conceptuales de la protección legal contra la discriminación…. Por tanto. En la actualidad.54 C. la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). cit. como es el caso de las comunidades indígenas en México. Para comprender dichas obligaciones conviene enunciar el artículo 2 del PIDESC según el cual: ”1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas. el Convenio 169 de la OIT (1989). la Convención de los derechos de los niños y las niñas (1989) . los Estados adquieren una serie de obligaciones específicas en materia de derechos sociales.. 53 16 . p. en el apartado relativo a la discriminación. es decir. en muchas ocasiones. nos centraremos en él y en la interpretación que el Comité DESC ha hecho del mismo. especialmente económicas y técnicas. contra ciertas personas o grupos en particular. es importante también referirnos a la categoría discriminación sistémica. Y ALINE RIVERA el caso Mininuma. ha comenzado a revisarse dicha concepción53 puesto que cada vez es más claro que. 55 Destacan entre ellos: La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965).
color. agua (OG 15). sexo. opinión política o de otra índole.”57 De la redacción anterior. En la Observación General no. Doc. origen nacional o social. personas mayores (OG 6). Una asignación inadecuada de recursos para la salud puede dar lugar a una discriminación que tal vez no sea manifiesta…61 (…) 43. en especial por lo que respecta a las obligaciones fundamentales del derecho a la salud.”60 Como puede observarse. De éstas.EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATEGICO… la adopción de medidas legislativas la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.N. religión. educación (OG 13). una de las principales obligaciones es la de garantizarlos sin ningún tipo de discriminación.…” De los párrafos anteriores interesa destacar dos elementos relevantes para el caso aquí analizado. Este Comité es el Órgano de Naciones Unidas facultado para interpretar las disposiciones del PIDESC. como mínimo. El objetivo de las mismas es subrayar. impedir toda discriminación basada en motivos internacionalmente prohibidos. 59 U. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian. De los múltiples párrafos en los que se determina lo anterior. Fue establecido en 1985 a través de la resolución del ECOSOC 1985/17 del 28 de mayo de 1985. lo primero que interesa destacar es la interpretación que ha realizado el Comité DESC58 a través de la Observación General 3 (OG 3)59 sobre el carácter inmediato de la obligación de no discriminar. en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados. las siguientes: a) Garantizar el derecho de acceso a los centros bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria. E/1991/23 (1990). personas con discapacidad (OG 5). 57 58 17 . idioma. igualdad entre mujeres y hombres en el disfrute de los DESC (OG 16) y disfrute del más alto nivel posible de salud (14). alimentación adecuada (OG 12). incluida la atención primaria básica de la salud…Por consiguiente el Comité considera que entre esas obligaciones básicas figuran. dos resultan particularmente importantes para comprender la índole exacta de las obligaciones contraídas por los Estados Partes. Los Estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes. En el párrafo 1° de dicha observación se establece que “…aunque el Pacto contempla una realización paulatina y tiene en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta. 61 Las cursivas son nuestras. y. sin discriminación alguna por motivos de raza. que asumen los Estados al firmar el PIDESC. Para los efectos de este trabajo nos interesa especialmente esta última OG donde se refuerza la estrecha relación entre el derecho a la salud y la obligación de no discriminar que adquieren los Estados frente al PIDESC. que como hemos venido señalando. nacimiento o cualquier otra condición social. posición económica. al garantizar la atención de la salud y proporcionar servicios de salud. cuando lo que esté en juego Las cursivas son nuestras. el criterio de asignación de recursos para el establecimiento de centros de salud previsto en el MIDAS parece ser inadecuado por dar lugar a una discriminación no manifiesta (indirecta). Lo anterior ha sido reforzado por el Comité en las Observaciones Generales (OG) relativas a los derechos de: vivienda adecuada (OG 4). es preciso hacer hincapié en la igualdad de acceso a la atención de la salud y a los servicios de salud. 3 el Comité confirma que los Estados partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. Una de ellas…consiste en que los Estados se comprometan a garantizar que los derechos pertinentes se ejercerán sin discriminación. el Comité subraya que frente a todos los derechos incluidos en el PIDESC. 60 Las cursivas son nuestras. 2. En cuanto al derecho a la salud. conviene destacar sobre todo los párrafos 19 y 43 que establecen respectivamente: “19. Por un lado la obligación de actuación inmediata. también impone varias obligaciones con efecto inmediato.
Valga como ejemplo la sentencia de dicha Corte sobre el caso Yakye Axa que. concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna.2. el Juez podría haber subrayado la obligación del Estado mexicano de resolver. comunidades y grupos que sufren con mayor intensidad la discriminación en México. 62 63 18 .63 Por lo que toca al ámbito regional. así como para aquellas que vivían en condiciones intolerables o en situación de crisis. En el caso Mininuma.según el cual los Estados firmantes de los Pactos quedan obligados a dar atención prioritaria a los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y marginación. conviene recordar que existen diversos instrumentos de derechos humanos. la Corte considera que el derecho a la vida no sólo comprende el derecho de todo ser humano a no ser privado de la misma. aún con mayor urgencia. nos resulta imposible aludir a todos ellos y a la aplicación que la Corte Interamericana de derechos humanos ha hecho de los mismos. firmados y ratificados por México. Ello implica identificar a dichos grupos para la implementación de las medidas correspondientes.”62 En el caso que analizamos. En dicha resolución. que el Estado mexicano genere medidas que permitan a dichas personas acceder a una vida digna. El hecho de que en México la mayoría de las personas pertenecientes a una Comunidad indígena sufran de pobreza extrema producto de una discriminación sistémica exige. (Las cursivas son nuestras). cit. En este sentido. “sino a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna”. aunque se centró en el debate sobre los derechos a la tierra. Y ALINE RIVERA es la discriminación de algún grupo de la población en el disfrute o ejercicio de un derecho fundamental. el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas. en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo. En segundo lugar. Consideramos que la sentencia del caso Mininuma habría sido más contundente si el Juez. Case CCT 11/00. EL CASO MININUMA COMO LITIGIO ESTRATÉGICO COURTIS. la falta de acceso a la salud de la Comunidad. Paraguay. ya que existe una “…generalizada ausencia de consideración de las particularidades del grupo al momento de adoptarse normas o políticas de alcance general. p. Sentencia de 17 de junio de 2005. Dimensiones conceptuales de la protección legal contra la discriminación…. el Estado mexicano. se hubiera concentrado en desarrollar una argumentación basada en algunas de las líneas que aquí hemos sugerido o en alguna otra que puede desprenderse de la relación entre derechos sociales y no discriminación. nos interesa hacer referencia al principio pro debilis -hoy cada día más presente en el Derecho Internacional y la teoría de los derechos humanos. Por razones de espacio. en lugar de sólo enunciar todo el conjunto de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales relacionados con el caso. Christian. Caso de la Comunidad de Yakye Axa vs. En esta sentencia el Tribunal exigió a la autoridad administrativa crear un programa especial en materia de vivienda para las personas que no tenían acceso ni a ésta ni a la tierra.64 Esta sentencia sólo viene a reforzar lo que ya hemos señalado en reflexiones anteriores. Ver. también abordó el tema del derecho a la salud en comunidades indígenas de Paraguay y por tanto tiene relevancia para el caso que aquí analizamos. sin excusa ni dilación.RODRIGO GUTIERREZ R. Sobre este punto es interesante hacer referencia al caso Grootboom resuelto por la Corte Constitucional sudafricana. debe construir el programa adecuado para asegurar el acceso a la salud de las personas. que relacionan los derechos entre sí y de los cuales también se derivan obligaciones para los Estados. 64 Corte Interamericana de Derechos Humanos. en lugar de continuar aplicando el MIDAS sin basarse en un criterio razonable.. con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida. a la vida y a la protección judicial. cuya atención se vuelve prioritaria. IV. Government of Republic of South Africa & Ors vs Grootboom and Ors. es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. el Tribunal estableció en el punto 162 de la sentencia que “Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante. En relación con ello. op.
Experiencias de la sociedad civil. Mininuma constituye un esfuerzo de defensa integral y estratégica a través del cual fue posible vencer los obstáculos culturales. grupos y comunidades acceder a determinadas necesidades y bienes tutelados por los derechos que les han sido sistemáticamente negados. Al caracterizar a Mininuma como un litigio estratégico.65 Conviene resaltar que lo más importante en un litigio estratégico. políticos y jurídicos que deben enfrentar los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y discriminación. conviene que tengan eco y respuesta al interior del Poder Judicial. 25. además de prácticas jurídicas. la reivindicación de derechos existentes. Debemos resaltar que el proceso ante tribunales sólo constituye una parte del litigio estratégico. este caso probablemente no habría podido obtener los logros señalados. sino que lograron que se sentara un precedente en materia de derechos Para profundizar en el debate sobre las características y alcances de los litigios estratégicos en derecho humanos. estos procesos implican. Como lo ha señalado el CELS. más allá de obtener una sentencia favorable. es el impacto que el caso pueda tener en la opinión pública y las consecuencias que se puedan desencadenar a partir de él. El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico.. es también importante resaltar la naturaleza estratégica de este litigio. Así. etc. introducir temas en la agenda del debate social. p. fortalecer su posición y legitimar su lucha.EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATEGICO… Antes de finalizar este trabajo es importante resaltar que la obtención de una sentencia que protege el derecho a la salud de la comunidad se debió a todo un largo y complejo trabajo de organización comunitaria. se trata de “plantear conflictos públicos en el ámbito judicial. 66 Para la precisión de estas categorías fue fundamental el debate que se sostuvo con Carmen Herrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el Seminario de Derechos Humanos que se llevó a cabo el 19 de febrero de 2009. todos ellos encaminados a la transformación y mejora de las condiciones de vida de las personas y comunidades: la aplicación efectiva de las normas. alianzas y estrategias políticas y sociales que deben necesariamente articularse para la lucha por los derechos en cuestión. 2007. De no haberse construido con base en todo lo anterior.. de vinculación con organizaciones y redes de la sociedad civil. el reconocimiento de un nuevo derecho. cuestionar los procesos de definición. la visibilización de la violación sistemática de derechos fundamentales. un litigio estratégico puede tener objetivos diversos. los contenidos. HCHR. las y los actores no sólo obtuvieron una sentencia favorable. queremos decir que forma parte de aquellos casos en los que el proceso judicial se utiliza como un instrumento más que permite a personas. el cual está conformado por un conjunto de acciones elegidas por las personas o grupos para hacer visible su problemática. una reforma legislativa. 14 y ss. el perfeccionamiento o creación de mecanismos de protección de derechos. la creación de programas y políticas públicas. cit. En este sentido. Por ello. por la articulación de una organización social paralela al proceso judicial que permite generar incidencia en la decisión que emitirá el Juez y sobre todo que tiene el objetivo de lograr alguna transformación de las estructuras jurídicas. el caso Mininuma constituye un ejemplo de litigio estratégico. 67 Ibíd. Litigio estratégico y derechos humanos. 65 19 .66 Por tanto. de presión política sobre las distintas instancias estatales así como de difusión de la problemática a través de los distintos medios de comunicación. generalmente. políticas y sociales existentes a favor de los grupos más desaventajados. Véase también Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (HCHR). cuyo éxito dependió en importante medida de la organización y movilización que la comunidad Na´savi mixteca emprendió desde 2003 para evidenciar la grave problemática de acceso a los servicios básicos que sufre su pueblo y que culminó con el juicio de amparo en 2007. Por tanto. La lucha por el derecho…op. el litigio estratégico se caracteriza. ver Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Al reivindicar en ese juicio el derecho a la salud. p. sus potenciales impactos sociales y la implementación de políticas de Estado”67 que por su importancia. México.
Mayo-Agosto 1998. federal o internacional. Martín y COURTIS. que lejos de fomentar el uso del Derecho para hacerlos efectivos. Gerardo. existen invariablemente mayores dificultades de índole teórico y práctico que deben ser sobrepasadas68. a pesar de que la sentencia se emitió el 11 de julio de 2008. todavía hoy (mayo de 2009) el derecho a la salud de los indígenas de dicha comunidad continúa siendo violado. Aline. debemos también hacer mención de algunos de los diversos obstáculos que deben ser sorteados por las y los actores de un litigio estratégico. Y ALINE RIVERA sociales que ayuda a desmitificar muchos de los obstáculos que son esgrimidos comúnmente por los operadores jurídicos. sobre los cuales. Otro obstáculo que debe ser advertido al iniciar un litigio estratégico es el que se refiere a los efectos de la sentencia. Christian. De ahí la importancia del debate que se produjo al interior del Poder Judicial sobre el caso Mininuma. 69 Ver ABRAMOVICH. México. sobre todo cuando se trata de casos relativos a la protección de derechos sociales. se corre el riesgo de que el caso desaparezca del debate nacional o de que se establezcan precedentes negativos para casos posteriores. En el proceso Mininuma. “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos. deja a las víctimas en un absoluto estado de indefensión y las orilla a buscar otras vías para reivindicar sus derechos. simplemente la discusión permanece limitada por el desconocimiento que existe sobre el tema (sobre todo cuando se trata de la aplicación del Derecho Internacional de los derechos humanos)69.CELS. en Boletín mexicano de derecho comparado. n° 92. las condiciones del centro de salud del poblado siguen siendo precarias. y en tercer lugar. conviene recordar que.70 Ver PISARELLO. Aunque. son evidentes. sobre todo cuando existe un alto grado de movilización y de organización social. Victor y COURTIS. nueva serie. San Luis Potosí México. Cuando la sentencia es positiva para los demandantes. Ello. De igual forma. Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí-Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí-Centro de 68 20 . Editores del Puerto. No obstante este panorama positivo. Cuando a través de ésta se niega la tutela de los derechos. debido a tres razones: en primer lugar porque existe un reconocimiento expreso por parte del Estado de dicha vulneración. generando con ello un avance contra el paradigma predominante sobre los derechos sociales en México. restringe las posibilidades de protección por las vías jurídicas tradicionales. también se suelen enfrentar obstáculos para la plena ejecución de la misma. La resistencia a la opresión: un derecho fundamental. aún perdiendo el caso. debemos decir que las trabas pueden presentarse a todos los niveles: ya sea en el ámbito estatal. otra de las dificultades es la relativa a la limitaciones que el propio Poder Judicial ha construido en materia de derechos sociales a través de sus precedentes. De igual forma. como ya se explicó más arriba. En primer lugar. sociales y culturales: Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales” en ABREGÚ. a pesar de que en nuestro país el juicio de amparo aún no puede ser interpuesto en defensa de intereses colectivos. Las reservas que los jueces suelen tener cuando se trata de casos que pueden implicar una transformación en las estructuras predominantes. implica una mayor gravedad en la violación de los mismos. el fallo del Juez de Distrito tuvo un efecto generalizado con consecuencias para todas las personas pertenecientes a la comunidad Mininuma y al Municipio de Metlatónoc lo cual nos permite visualizar futuras demandas de amparo con una posible incidencia colectiva. año XXXI. como ya lo señalamos en las primeras páginas de este trabajo.) La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. Buenos Aires. 1997. “Los derechos sociales en el constitucionalismo democrático”. también se pueden obtener impactos positivos y de visibilización en la opinión pública.RODRIGO GUTIERREZ R. porque las autoridades competentes no atienden a dicho mandato de reparación del daño. porque esta situación. Christian (comps. y que por tanto tendrán trascendencia nacional. en segundo. basta ver el reducido número de jurisprudencias emitidas en materia de derechos sociales. Los jueces suelen posponer este tipo de discusiones para no tener que enfrentarse con otros poderes y actores estatales o. 70 RIVERA. Sobre esto último conviene decir que el incumplimiento de una sentencia que protege derechos. al evidenciar que este tipo de derechos son justiciables. ya que las autoridades responsables han ido cumpliendo de forma muy lenta y limitada con la sentencia y por tanto.
tratándose de derechos que tutelan necesidades tan importantes como la salud. El uso alternativo del Derecho. Este es un obstáculo que debe ser incluido dentro de la agenda y las prioridades a resolver en el sistema judicial. para combatir con urgencia las situaciones de pobreza y discriminación que sufren millones de personas en nuestro país. por lo menos. “[…] si bien la producción del Derecho con fines de legitimación ha sido una estrategia más o menos fructífera de dominación social. Génesis y evolución en Italia. cit. continúen violando un derecho fundamental. Aline. sobre el caso colombiano ver GARCÍA-VILLEGAS. cit. La resistencia a la opresión…op. op.). 2009 71 Para el caso Argentino ver las experiencias recopiladas en Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).EL CASO MININUMA: UN LITIGIO ESTRATEGICO… La persistencia de dichas condiciones.. además de que resulta evidentemente ilógico que la declaración de violación a un derecho continúe teniendo consecuencias. España e Italia ver SOUZA. Rodrigo. Teoría y Justicia. ILSA-Universidad Nacional de Colombia. así como en la corrección de lagunas jurídicas. pobreza. Por ello es necesario hacer efectivas las sanciones a las autoridades que. 2001. Estudios Jurídicos y Sociales P. aún está comenzando.). Boaventura (coord. Mauricio y UPRIMNY. cit. los símbolos de cambio social y de protección de derechos que ella encarna pueden ser apropiados para movimientos sociales. política y social. Col. con los estándares mínimos nacionales e internacionales en materia de salud. La experiencia de la Comunidad de Mininuma y de otros casos en otras latitudes 71 nos muestran que los efectos de este tipo de litigios pueden tener incidencia en el desarrollo de las instituciones y mecanismos de protección de derechos. Boaventura (coord. La lucha por el derecho….”72 No podemos olvidar que lamentablemente la situación de discriminación. 21 . evidencia que el gobierno estatal no ha cumplido.. op. Sin embargo. cit. opresión y marginalidad en la que se encuentra la comunidad Mininuma se repite a lo largo del país. de Lourdes. es necesario hacer énfasis en que. el bien jurídico tutelado por dicho derecho será restituido inmediatamente a los afectados. 72 GARCÍA-VILLEGAS. Ma. “Corte Constitucional en Colombia” en DE SOUSA. debemos insistir en que. por lo que debemos pugnar para que la vía judicial comience a aparecer en el repertorio de alternativas plausibles de protección efectiva de derechos y sobre todo. Democratizar la democracia…op. en incumplimiento de una sentencia. que se toman el Derecho enserio y lo utilizan como un instrumento de resistencia o de emancipación contra el poder hegemónico. Frente a esta situación de incumplimiento. con lo cual debemos admitir que el hecho de que una sentencia pueda ser favorable para resolver una problemática. por individuos o incluso por instituciones del Estado y de manera particular por jueces. España y Brasil. Democratizar la democracia…. Bogotá. esta herramienta tiene potencial para la transformación jurídica. Mauricio y UPRIMNY. ya que. exclusión. no garantiza que la violación del derecho en cuestión será automáticamente interrumpida y que a partir de la sentencia. “Corte Constitucional en Colombia” en DE SOUSA.. Rodrigo. Enrique Gutiérrez. p. a pesar de las posibles limitaciones que deban enfrentar las y los actores de un litigio estratégico. es también un arma de doble filo en cuanto que eventualmente. por lo que el debate sobre la reivindicación colectiva de derechos y el ejercicio del derecho de resistencia con este fin 73. Así. 260. están en juego la vida y la dignidad de las personas. Para algunos ejemplos del uso alternativo del derecho en Brasil. 73 Sobre este tema ver RIVERA. Litigio estratégico y derechos humanos. retomando las palabras de Uprimny y García Villegas. la movilización de la sociedad civil organizada sigue dando seguimiento al caso y pugnando por la efectiva ejecución de la sentencia.
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