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Timestamp: 2018-12-11 01:56:09+00:00

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Reunión Washington DC – 20 de marzo de 2014
La Dra. Stella Maris Martínez, en su carácter de Secretaria General, participó de la reunión del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
La reunión se realizó el jueves 20 de marzo de 2014, en el Salón Gabriela Mistral de la Sede de la Organización de los Estados Americanos.
Durante el encuentro, se aprobó el ingreso de dos nuevos asociados: el Instituto Federal de Defensoría Pública de México y la Asociación de Defensoras y Defensores Públicos del Paraguay (ADEPPY).
1) Intervención de los Defensores Públicos Interamericanos (DPIs) en tres casos que se encuentran en la etapa de fondo ante la CIDH, por presuntas violaciones de derechos humanos por parte de los Estados del Perú, Venezuela y México.
2) La intervención de los DPIs en los cuatro casos que tramitan ante la CorteIDH: S.C.F. y Familiares vs. Argentina; Oscar Alberto Mohamed vs. Argentina; Hugo Oscar Argüelles y otros vs. Argentina; y Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia. En especial, se informó el logro de este último caso, que el 25 de noviembre de 2013 obtuvo sentencia de la Corte, declarando la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial, circulación y residencia, integridad personal y derechos del niño, en perjuicio de la familia Pacheco Tineo. En ese caso intervinieron los DPIs Dr. Roberto Tadeu Vaz Curvo (Brasil) y Dr. Gustavo Zapata Baez (Paraguay).
3) Proyecto AIDEF-EUROsociAL. Validación de los Manuales de monitoreo de visitas generales y de visitas individuales, que surgen de la Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad.
4) Organización del próximo Congreso de la AIDEF, a realizarse en el mes de junio en Santo Domingo, República Dominicana.
5) Participación de la AIDEF en el proyecto de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen) y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que tiene por objeto realizar un estudio global sobre el estado mundial actual de la provisión y el acceso a la ayuda legal.
6) Presentación de los resultados del Cuestionario “Parámetros de Medición de las Defensas Públicas”, elaborado por la Secretaría General de la AIDEF junto con la Defensa Pública de Chile.
7) Coordinación de la participación de la AIDEF en la Sesión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, del 21 de marzo de 2014.
Al mediodía, la reunión pasó a un cuarto intermedio para recibir al Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Humberto Sierra Porto; al Vicepresidente, Dr. Roberto Calda; y a su Secretario Ejecutivo, Dr. Pablo Saavedra.
El Presidente y Vicepresidente brindaron unas palabras sobre la misión de las tareas de la CorteIDH, resaltando el agrado de compartir este espacio con los Defensores Públicos de la región, y se abordan asuntos de relevancia para los Derechos Humanos, como el control de constitucionalidad y la jurisprudencia de este alto Tribunal.
Además de la Reunión del Consejo Directivo de la AIDEF, la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, participó de una serie de actividades desarrolladas en la ciudad de Washington DC, entre los días 16 y 28 de marzo de 2014. La comitiva que acompañó a la Dra. Martínez estuvo integrada por el Dr. Juan de Dios Moscoso (Asesor Ad Honorem para las relaciones institucionales en el ámbito internacional) y el Dr. Sebastián Van Den Dooren (Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación).
El martes 18 de marzo de 2014, la Dra. Stella Maris Martínez junto a otros representantes de la AIDEF mantuvieron una reunión con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos –OEA-, José Miguel Insulza.
Además de la Dra. Martínez, participaron del encuentro la Coordinadora General de la AIDEF y Directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana, Dra. Laura Hernández Román; el Coordinador de América del Sur de la AIDEF y Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública de la República de Chile, Dr. Georgy Louis Schubert Studer.
Durante la reunión se analizó la importancia de promover la creación de defensorías, autónomas e independientes, en los distintos países de la región, y los participantes del encuentro coincidieron en la importancia de potenciar la cooperación entre la OEA y la AIDEF.
Asimismo, los representantes de la AIDEF expusieron al máximo representante de la OEA los detalles de la creación de la Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad, cuyo objetivo es afianzar, consolidar y extender las buenas prácticas existentes, así como mejorar los servicios que las Defensorías Públicas Oficiales prestan en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.
Por su parte, el Secretario General Insulza puso el acento en la necesidad de ampliar las vías de acceso a la justicia con las que cuentan los ciudadanos en las Américas, con especial énfasis en la dotación de recursos para ampliar las oportunidades de llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un tema en el que consideró clave la labor de las Defensorías.
Taller de Trabajo de EUROsociAL II
Durante los días 18 y 19 de marzo, la Dra. Martínez participó del Taller de Trabajo “Defensa Pública y personas privadas de libertad”, organizado por EUROsociAL II, que se realizó en el Salón Gabriela Mistral del Edificio de la Secretaría General de la OEA (GSB).
Entre los integrantes del Grupo de Trabajo que elabora los manuales de monitoreo se encuentra, como experta internacional, la Defensora Pública Oficial de Argentina, Dra. Silvia Martínez.
De la actividad, también participaron demás integrantes de la AIDEF, quienes revisaron y validaron la versión 1.0 de los manuales de monitoreo orientados a visitas generales y entrevistas individuales, que surgen de la Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad y su Manual explicativo, aprobados en la ciudad de Antigua, Guatemala, en junio de 2013. Aquí se puede consulta la Resolución DGN que aprueba los documentos.
EUROsociAL II es un programa regional de cooperación técnica de la Comisión Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina. El programa plantea como objetivo específico llevar a cabo actuaciones que permitan apoyar eficazmente los procesos de formulación, aplicación y desarrollo de políticas públicas nacionales dirigidas a mejorar los niveles de cohesión social, fortaleciendo también las instituciones que las llevan a cabo.
En el marco del Taller de Trabajo, la Dra. Stella Maris Martínez y otros miembros directivos de la AIDEF, mantuvieron una reunión con los representantes del Banco Mundial relacionados con el sector justicia, Camilo Ávila Ceballos, Jorge Silva Méndez, Fernando Monge y Diego Bolívar. Esta reunión fue coordinada por EUROsociAL.
Sesión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA
La Defensora General de la Nación y Secretaria General de la AIDEF, Dra. Stella Maris Martínez, junto con los integrantes de la AIDEF, participó de la Sesión Especial ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que se celebró el pasado 21 de marzo de 2014.
La Sesión Especial tuvo como objetivo el intercambio de buenas prácticas y experiencias sobre la defensa pública como garantía de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, convocada en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2801 (XLIIIO/13) titulada “Hacia la autonomía de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia”.
La reunión, que tuvo lugar en el Salón Guerrero del Edificio Principal de la OEA, en la ciudad de Washington DC, se realizó bajo la Presidencia del Representante Alterno de Chile, señor Alberto Rodríguez, ante la ausencia temporal del Presidente y Vicepresidente de la CAJP.
Durante la Sesión, la Dra. Laura Hernández Román (Coordinadora General de la AIDEF y Directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana) presentó el documento “Buenas prácticas y experiencias – Comité Ejecutivo AIDEF”, junto con el Anexo “Parámetros de Medición de las Defensa Públicas. Compilación de respuestas al cuestionario elaborado por el Comité Ejecutivo de la AIDEF”. Desde aquí se puede acceder a una síntesis gráfica de la presentación.
Posteriormente se escucharon las presentaciones de los invitados especiales de los Estados Miembros: la Licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, Directora de la Defensa Pública de Costa Rica; el Dr. Georgy Louis Schubert Studer, Coordinador de América del Sur de la AIDEF y Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública de la República de Chile; la Dra. Alexandra Cárdenas, Directora del Sistema Nacional de Defensoría Pública de Colombia; el Maestro Mario Alberto Torres López, Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública de México.
Entre las exposiciones, se destacó la intervención de la Dra. Martínez, quien presentó el proyecto de resolución “Hacia la Autonomía y Fortalecimiento de la Defensa Pública Oficial como Garantía de Acceso a la Justicia”, que será tratado y eventualmente aprobado en la XLIV Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se celebrará en Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio de 2014. Este proyecto será elevado a la OEA por las delegaciones de los Estados de Argentina y Chile, quienes lo redactaron con la colaboración de República Dominicana.
A su vez, los oradores de la AIDEF presentaron la Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad, aprobada por la AIDEF en la ciudad de Antigua, Guatemala, en junio de 2013. De la Sesión Especial participaron además de los miembros de la AIDEF, los representantes de los Estados Miembros de la OEA, así como también organizaciones internacionales.
Otras actividades de la Defensora General en Washington DC
Audiencia Pública ante la CIDH por el Caso “Marcos Gilberto Cháves y Sandra Beatriz Cháves Vs. Argentina”
El lunes 24 de marzo de 2014, la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, participó de la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Caso N° 12.710 “Marcos Gilberto Cháves y Sandra Beatriz Cháves Vs. Argentina”.
La audiencia tuvo lugar en el marco del 150º Período ordinario de Sesiones de la CIDH, que se desarrolló desde el 20 de marzo al 4 de abril de 2014.
El caso se basa, principalmente, en las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos ocurridas en el trámite judicial que culminó con la condena de Sandra Beatriz Cháves y de su padre, Marcos Gilberto Cháves, a la pena de prisión perpetua, por la supuesta participación y comisión –respectivamente–del delito de homicidio, calificado por alevosía y por el vínculo, del esposo de la Sra. Cháves.
Durante la audiencia, la Dra. Martínez, representante de las presuntas víctimas, se refirió, entre otros aspectos, a la falta de motivación de la sentencia y la vulneración del principio de inocencia, en violación a las garantías judiciales y protección judicial reconocidos en los artículos 8 y 25 de la CADH, toda vez que la condena a prisión perpetua se dictó sin pruebas de cargo, a partir de supuestos indicios, y mediante la utilización de criterios discriminatorios y de peligrosidad.
En el caso de Sandra Chaves, su culpabilidad se dedujo de supuestas características personales, basadas en prejuicios y estereotipos de género, en razón de que el Tribunal utilizó para fundar su condena referencias al color de su ropa interior, a sus hábitos alimentarios (así, por poner sólo un ejemplo, sostuvo que por padecer anorexia nerviosa tenía una natural inclinación a cometer homicidios o lesiones gravísimas), o a su comportamiento ulterior al hecho (una pretendida “frialdad” a la que aludieron los jueces al calificarla con el apelativo de “viuda alegre”).
Todo ello implicó una violación a los artículos antes mencionados, así como a los artículos 11 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos que garantizan el derecho a la honra y a la intimidad y a una igual protección legal sin discriminación.
Durante la audiencia la Ministra de Justicia de la provincia de Salta, Cintia Calletti, en representación del Estado argentino, subrayó los avances legislativos en materia procesal penal posteriores a los hechos del caso y ofreció una solución amistosa que será analizada por la Defensora General de la Nación.
Cabe remarcar, que Sandra y Marcos Cháves se encuentran privados de libertad hace 14 años, y el caso ha sido declarado admisible por la CIDH en agosto de 2009.
Puede acceder desde aquí al video de la audiencia.
Reunión con la Dra. María Claudia Pulido
Durante su viaje oficial a la ciudad de Washington, la Dra. Stella Maris Martínez se entrevistó con la Especialista Principal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. María Claudia Pulido.
El encuentro tuvo lugar el martes 25 de marzo del año en curso, en el Edificio de la Secretaría General de la OEA (GSB).
La Dra. Pulido, abogada de nacionalidad colombiana, está actualmente a cargo de la Coordinación de la Sección Cono Sur y de la Coordinación de la Sección Administrativa y Financiera de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, y adicionalmente, conforma el equipo de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad.
Reunión de trabajo ante la CIDH por el Caso “Guillermo Patricio Lynn Vs. Argentina”
El miércoles 26 de marzo de 2014, la Defensora General de la Nación participó de una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Caso “Guillermo Patricio Lynn vs. Argentina”.
Ante el Comisionado Paulo Vannuchi, que estuvo a cargo de la reunión, y los representantes del Estado argentino, la Dra. Martínez planteó la necesidad de avanzar con el Caso Lynn, en el que se denunció la violación del principio de legalidad, de las garantías judiciales, del derecho a la doble instancia, del derecho a la libertad personal y del principio de resocialización.
Además, la Defensora realizó observaciones a las falencias del régimen disciplinario actual en el ámbito de privación de la libertad.
Asimismo, durante la reunión hubo avances para retomar el diálogo sobre la posibilidad de reformar el sistema de sanciones disciplinarias en el sistema penitenciario y hacerlo acorde a las garantías constitucionales e internacionales de derechos humanos.
Hechos del caso: el 17 de diciembre de 1998, Guillermo Patricio Lynn, quien desde marzo de 1990 se encontraba cumpliendo una condena en el Instituto Correccional Abierto de Ezeiza, fue incorporado al régimen de salidas transitorias. A pesar de que Lynn había mostrado un proceso de reinserción social favorable, el 27 de marzo de 2000, el Director del Instituto Correccional Abierto de Ezeiza le impuso una sanción disciplinaria consistente en permanecer por cinco días en una celda por la supuesta violación a la prohibición de regresar del medio libre en estado de ebriedad, una conducta tipificada como infracción media por el artículo 17 del Reglamento de Disciplina para Internos. A propuesta del Consejo Correccional de la Unidad, un día después el Director de la Unidad ordenó la exclusión del Sr. Lynn del período de prueba del régimen penitenciario. Por su parte, 30 de marzo de 2000, el Juez de Ejecución resolvió revocar el beneficio de salidas transitorias otorgado al señor Lynn, lo que implicó decretar el retroceso en el período de tratamiento. Esta resolución se adoptó sin tener probada la conducta que derivó en la imposición de la sanción y en violación del artículo 89 de la Ley 24660.
En el trámite de la sanción, Lynn no pudo contar con asistencia técnica, defenderse personalmente ni controvertir la prueba de cargo. Además, se vio privado de su derecho a que la decisión judicial esté precedida por una audiencia oral y pública. Por último, todos los recursos interpuestos por la defensa, tanto en relación con la sanción inicial como contra la revocación de las salidas transitorias, fueron declarados inadmisibles por tratarse de cuestiones administrativas.
En diciembre de 2000 la Defensoría General de la Nación realizó la denuncia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la que fue admitida por la CIDH en 2008 (Informe Nº 69/08).
La denuncia, presentada por la Dra. Eleonora Devoto, por entonces a cargo del Programa para la Aplicación de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de la DGN, alegó la violación de los siguientes derechos: principio de legalidad (por la aplicación de una sanción no prevista por la ley para la falta endilgada), de las garantías judiciales (porque los procesos administrativo y judicial no fueron orales ni públicos, y en razón de que en ambos el imputado se vio privado de sus derechos a la defensa técnica y a la presentación de pruebas de descargo y el control de la prueba de cargo), del derecho a la doble instancia (debido a la falta de acceso a un recurso amplio), del derecho a la libertad personal (por el “plus” de encierro derivado de la revocación de las salidas transitorias), del principio de resocialización como fi n de la pena, y de la falta de adecuación de las normas del reglamento de disciplina a los estándares del SIDH del deber de adecuar las normas del derecho interno a la Convención Americana.
Presentación del Informe “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”
La Dra. Stella Maris Martínez participó de la presentación del “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, elaborado por la CIDH y la OEA, con el apoyo financiero de España.
El evento se realizó el miércoles 26 de marzo de 2014 en el Salón Rubén Darío del Edificio de la Secretaría General de la OEA (GSB).
En el panel disertaron los Comisionados de la CIDH, Tracy Robinson y James L. Cavallaro; y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, entre otros.
Presentación del Informe “Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia”
La Dra. Martínez integró el panel que presentó el “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas”, elaborado por la CIDH y la OEA, con el apoyo financiero de Finlandia.
Durante su exposición, la Defensora General resaltó la importancia de un informe de estas características para la región, en tanto que la independencia funcional con respecto a los otros poderes es vital para todos los operadores de la justicia, haciendo especial hincapié en los sistemas de Defensa Pública.
Además, destacó la enorme importancia del acercamiento de las Defensoría Públicas al sistema interamericano, por intermedio de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), que ha firmado Convenios y Acuerdos de cooperación con la OEA, con la Comisión IDH y con la Corte IDH, y que ha impulsado tres resoluciones relativas a la Autonomía de la Defensa Pública como garantía de acceso a la justicia, dictadas por la Asamblea General de la OEA [AG/RES 2656 (XLI-O/11), AG/RES.2714 (XLII-O/12), y AG/RES. 2801 (XLIII-O/13)]. Ello ha implicado un gran avance en la independencia de la Defensa Pública de varias instituciones de distintos países de América.
El informe -aprobado por el pleno de la Comisión Interamericana en diciembre de 2013- identifica las obligaciones de los Estados parte de la OEA para asegurar el acceso a la justicia y las garantías que deben ofrecer a las y los operadores de justicia para una actuación independiente. Además, amplía la sistematización de los estándares de derecho internacional e identifica algunos obstáculos que persisten en los Estados del hemisferio.
Es que “en varios Estados del continente americano, juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos, desempeñan sus labores en ausencia de garantías que aseguren una actuación independiente, tanto en un nivel individual como de las instituciones que trabajan”.
En ese sentido y en base al análisis realizado a lo largo del informe, la CIDH realizó una serie de recomendaciones para “contribuir al fortalecimiento de la independencia, autonomía e imparcialidad de las y los operadores de justicia de los países de la región”.
Uno de los puntos en que la Comisión Interamericana puso énfasis fue que “en los Estados en donde la Defensoría Pública depende del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o de la Fiscalía –como es la caso de varias provincias de Argentina- se adopten medidas con el fin de garantizar su independencia institucional y mientras tanto asegurar su independencia funcional y en el manejo de su presupuesto”.
En cuanto a los procesos de selección y nombramiento, la CIDH recomendó “establecer normativamente procesos que tengan por propósito seleccionar y designar a las y los operadores con base en el mérito y las capacidades profesionales (…). Asimismo, deben asegurar la igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas y procurar una representación adecuada de género, de los grupos étnicos y de las minorías”.
En el mismo panel expusieron el Comisionado de la CIDH José de Jesús Orozco Henríquez; el Representante Interino de la Misión Permanente de Brasil ante la OEA, Ministro Breno de Souza Dias Da Costa; la Directora Ejecutiva de la Fundación para la Ley y el Debido Proceso (DPLF), Katya Salazar; con la coordinación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 89