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Timestamp: 2018-09-25 15:55:53+00:00

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﻿ Sentencia 2002-01018 de julio 22 de 2010
SENTENCIA 2002-01018 DE 22 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DE LOS ANUNCIANTES ANTE LA DIVULGACIÓN DE PROPAGANDA COMERCIAL. REALIZADA POR EL SISTEMA DE INCENTIVOS AL CONSUMIDOR, QUE INDUZCAN A ERROR SOBRE EL PRODUCTO OFERTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:TASA DE INTERÉS, PROPAGANDA COMERCIAL DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, PROPAGANDA COMERCIAL, PROPAGANDA COMERCIAL CON INCENTIVOS, INFORMACIÓN ENGAÑOSA SOBRE INCENTIVOS, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONSUMIDOR
Sentencia 2002-01018 de julio 22 de 2010
Ref.: Expediente 2002-01018
Recursos de apelación contra la sentencia de 7 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Actora: Continental Automotora S.A. Continautos
Corresponde a la Sala, en primer término, pronunciarse frente al cargo de falta de jurisdicción que se le endilgó a los actos acusados.
A través de la Resolución 35736 de 29 de diciembre de 2000, la SIC impuso a la actora una sanción y ordenó la efectividad de una garantía.
En dicha resolución la entidad demandada adujo estar en uso de las facultades que le confieren los decretos 2153 de 1992, 3466 de 1982 y el artículo 145 de la Ley 446 de 1998.
La parte motiva de la referida resolución hace alusión a los artículos 14 y 15 del Decreto 3466 de 1982, según los cuales toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente.
Igualmente se cita el artículo 16 ibídem, el cual señala que los anunciantes serán responsables por la propaganda comercial que se haga por el sistema de incentivos al consumidor, cuando dicha propaganda no corresponda a la realidad o cuando con la propaganda se induzca o pueda inducirse a error al consumidor respecto del precio, calidad o idoneidad del bien o servicio respectivo.
De la misma manera se traen a colación los artículos 31 y 32 del citado decreto, los cuales prevén que todo productor es responsable por las marcas y leyendas que exhiben sus productos (bienes o servicio), así como la propaganda comercial de los mismos cuando no correspondan a la realidad o induzca a error al consumidor.
También la resolución en estudio se sustenta en el artículo 145 de la Ley 446 de 1998, en concordancia con el artículo 29 del Decreto 3466 de 1982, de cuyo texto se infiere que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá ordenar la efectividad de la garantía de bienes y servicios para lo cual se ordenará reintegrar el precio pagado por el bien o servicio o cambiar el bien por otro de la misma especie.
Indica la resolución que al analizar el acervo probatorio que obra en el expediente respecto del contenido de la publicidad, de la oferta hecha al público, y la inducción en error al peticionario, se demostró que efectivamente Continautos violó las normas de protección al consumidor, pues se cobró un interés superior al 1.95% ofrecido en la propaganda, más exactamente el 41.13% efectivo anual; y se indujo a error al consumidor.
Por lo anterior, impuso sanción pecuniaria de $ 13´005.300 y ordenó a título de efectividad de garantía que Continautos procediera a tramitar ante GMAC Financiera de Colombia S.A. la reducción de los intereses a la tasa del 1.95%.
Las normas del Decreto 3466 de 1982, que se citan como sustento de la Resolución 35736 acusada, establecen:
“ART. 14.—Marcas, leyendas y propagandas. Toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente. Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no corresponda a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos.
Tratándose de productos (bienes o servicios) cuya calidad o idoneidad hayan sido registradas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º a 7º del presente decreto o que estén sometidos a registro o licencia legalmente obligatorios, o cuyas condiciones de calidad e idoneidad se deriven de la oficialización de una norma técnica, aunque no haya habido registro, las marcas o leyendas que se exhiban en dichos productos, al igual que toda propaganda que se haga de ellos, deberá corresponder íntegramente a lo registrado o contenido en la licencia o a las condiciones de calidad e idoneidad en la licencia o a las condiciones de calidad e idoneidad derivadas de la norma técnica oficializadas, según el caso”.
“ART. 15.—Propaganda con imágenes. Cuando la propaganda comercial de un bien o de un conjunto de bienes se haga utilizando imágenes del bien o del conjunto, como cuando en su envase o empaque o en etiquetas adheridas a tal envase o empaque, o en cualquier otro medio de publicidad empleado para hacer la propaganda, aparezcan películas, fotografías, o dibujos del bien o del conjunto de bienes, la cantidad de uno u otro, contenida dentro de envase o empaque, deberá ser, como mínimo, la que aparezca en las imágenes empleadas en la propaganda. En caso contrario, el productor responderá por inducción a error al consumidor respecto de la cantidad”.
“ART. 16.—Propaganda comercial con incentivos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 del Código de Comercio, los productores serán responsables ante los consumidores, en los términos de los artículos 31 y 32 de este decreto, por la propaganda comercial que se haga por el sistema de incentivos al consumidor, tales como el ofrecimiento de rifas, sorteos, cupones, vales, fotos, figuras, afiches, imágenes o cualquier otro tipo de representación de personas, animales o cosas, y el ofrecimiento de dinero o de cualquier retribución en especie, en los siguientes casos:
a) Cuando dicha propaganda no corresponda a la realidad, lo cual se entiende por el hecho de que no se satisfagan los incentivos al consumidor en la oportunidad indicada para ello, o a falta de indicación precisa de la oportunidad para su satisfacción, dentro del plazo en el cual se utilice este tipo de propaganda comercial, y
“ART. 29.—Procedimiento para asegurar la efectividad de las garantías. En caso de incumplimiento total o parcial de la garantía mínima presunta o de las demás garantías de un bien o servicio, el consumidor afectado podrá solicitar que se obligue al proveedor o expendedor respectivo a hacer efectiva la garantía o garantías o, si fuere procedente de acuerdo con el artículo 13 del presente decreto, a cambiar el bien por otro o si se manifestare que se desea desistir de la compraventa del bien o de la obtención del servicio, a reintegrar el precio pagado por el bien o servicio. En todo caso se podrá también solicitar la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.
La solicitud formulada conforme al inciso precedente se tramitará por las autoridades jurisdiccionales competentes, de conformidad con las reglas propias del proceso verbal previsto en el título XXIII del libro 8º del Código de Procedimiento Civil y las adicionales señaladas en el artículo 36. La sentencia mediante la cual se decida la actuación solo podrá ser favorable al expendedor o proveedor si este demuestra que ha habido violación de los términos o condiciones de la garantía o garantías por parte del consumidor o que no ha podido dar cumplimiento a la garantía o garantías debido a fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando no haya podido satisfacerla por intermedio de un tercero.
“ART. 31.—Responsabilidad de los productores en razón de las marcas, las leyendas y la propaganda comercial. Todo productor es responsable por las marcas y leyendas que exhiban sus productos (bienes o servicios), así como por la propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponde a la realidad o induzca a error al consumidor.
Se consideran contrarias a la realidad o que inducen a error, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no correspondan, en todo o en parte, a las condiciones de calidad e idoneidad registradas o a las contenidas en las licencias expedidas o en las normas técnicas oficializadas o a las reconocidas ordinaria y habitualmente cuando se trate de bienes y servicios cuya calidad e idoneidad no hayan sido registradas, no siendo obligatorio su registro”.
“ART. 32.—Sanciones administrativas relacionadas con la responsabilidad de los productores en razón de las marcas, las leyendas y la propaganda. En todo caso que se compruebe de oficio o a petición de parte, que las marcas, las leyendas y la propaganda comercial de bienes o servicios no corresponden a la realidad o inducen a error, la autoridad competente impondrá la multa de que trata la letra a) del artículo 24 y ordenará al productor, en ejercicio del poder de policía, la corrección de la respectiva marca, leyenda o propaganda comercial y que se tomen las medidas necesarias para evitar que se incurra nuevamente en error o que se cause daño o perjuicio a los consumidores. Para tal efecto, en la misma providencia se indicará un plazo razonable a juicio de quien la expida y se indicará que se causa una multa a favor del tesoro público, equivalente a una séptima parte del salario mínimo legal mensual vigente en Bogotá, D.E., al momento de la expedición de aquella providencia por cada día de retardo en su cumplimiento. A la actuación se aplicarán las normas procedimentales previstas en el artículo 28.
Ahora, el artículo 43, literal f), del Decreto 3466 de 1982, prevé:
“Funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Asígnense a la Superintendencia de Industria y Comercio las siguientes funciones, para efectos de este decreto:
...f) Imponer las sanciones administrativas previstas en el presente decreto por incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad, por falta de correspondencia con la realidad o inducción a error de las marcas, las leyendas y la propaganda comercial, o por incumplimiento de las normas sobre fijación pública de precios, de conformidad con el procedimiento igualmente contemplado en este decreto”.
El artículo 2º, numerales 4º y 5º del Decreto 2153 de 1992, establece:
“Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:
...4. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor a que se refiere este decreto y dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del caso u ordenar las medidas que resulten pertinentes.
Los artículos 47, 48 y 50, ibídem, establecen:
“Acuerdos contrarios a la libre competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:
3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores entre productores (sic) o entre distribuidores.
7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.
10. (Numeral adicionado por el artículo 16 de la Ley 590 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:) Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización”.
“Actos contrarios a la libre competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, se consideran contrarios a la libre competencia los siguientes actos:
2. Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para desista de su (sic) intención de rebajar los precios.
“Abuso de posición dominante. Para el cumplimiento de las funciones a que refiere el artículo 44 del presente decreto, se tendrá en cuenta que, cuando exista posición dominante, constituyen abuso de la misma las siguientes conductas:
1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno varios (sic) competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos.
3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a al (sic) aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones.
6. (Numeral adicionado por el artículo 16 de la Ley 590 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:) Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización”.
Los artículos 145, 147 y 148 de la Ley 446 de 1998, prevén:
...b) Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección del consumidor, o las contractuales si ellas resultan más amplias.
...d) Asumir, cuando las necesidades públicas así lo aconsejen, las investigaciones a los proveedores u organizaciones de consumidores por violación de cualquiera de las disposiciones legales sobre protección del consumidor e imponer las sanciones que corresponda...”.
Por su parte, los artículos 147 y 148 ibídem, prevén:
“ART. 147.—La superintendencia o el juez competente conocerán a prevención de los asuntos de que trata esta parte.
El superintendente o el juez competente declarará de plano la nulidad de lo actuado inmediatamente como tenga conocimiento de la existencia del proceso inicial y ordenará enviar el expediente a la autoridad que conoce del mismo. El incumplimiento de este deber hará incurrir al respectivo funcionario en falta disciplinaría, salvo que pruebe causa justificativa.
“ART. 148.—Procedimiento.
...Los actos que dicten las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables ante las mismas...”.
De acuerdo con lo que ha quedado reseñado, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene asignada funciones de carácter administrativo, en virtud de la facultad de vigilancia y control en materias relacionadas con la promoción de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas (D. 2153/92, arts. 47, 48 y 50); y funciones de carácter jurisdiccional, como las relativas a la competencia desleal y la protección del consumidor (L. 446/98, arts. 145 a 148).
Mediante Sentencia C-1071 de 3 de diciembre de 2002, la Corte Constitucional con ponencia del magistrado doctor Eduardo Montealegre Lynnet, declaró exequible el artículo 145 de la Ley 446 de 1998, en la cual sostuvo, en lo pertinente:
“Así, como se explicó, las funciones judiciales de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor se ven en ocasiones interferidas por las labores de vigilancia y control que esa misma entidad desarrolla en esos campos, lo cual afecta el principio de imparcialidad. Sin embargo, no existen razones para considerar que es imposible que la estructura y funcionamiento de esa entidad no puedan ajustarse a fin de garantizar la autonomía de esas atribuciones judiciales. No es pues necesario recurrir a la solución más drástica de declarar la inexequibilidad de esas funciones judiciales de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor pues basta condicionar su alcance, tal y como lo hizo la Sentencia C-649 de 2001 en relación con las atribuciones judiciales de esa misma superintendencia en materia de competencia desleal.
La Corte concluye entonces que la disposición acusada es exequible, pero siempre y cuando, por los procedimientos constitucionales previstos, la estructura y funcionamiento de esa superintendencia sean ajustados para asegurar que no podrá el mismo funcionario o despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio ejercer funciones jurisdiccionales respecto de casos de protección al consumidor, en los cuales ya se hubiera pronunciado con anterioridad, con motivo del ejercicio alguna de sus funciones administrativas, ya fuere inspección, vigilancia o control en la materia. Tales tareas deben ser desarrolladas por funcionarios distintos, que no tengan relación alguna de sujeción jerárquica o funcional frente a quienes dictaron o aplicaron pronunciamientos en materia de protección al consumidor que se refieran directamente al asunto que se somete a su conocimiento”.
Por su parte, la mencionada sentencia hace alusión a los efectos del fallo y a la limitación de la cosa juzgada en los siguientes términos:
“17. A fin de no generar desorden entre los procesos que se han llevado a cabo y aquellos que se encuentran en trámite, la Corte anota que este fallo tiene efectos hacia el futuro. Asimismo, el efecto de la cosa juzgada habrá de limitarse, pues conforme a reiterada jurisprudencia, no corresponde a la Corte estudiar oficiosamente la constitucionalidad de las leyes ordinarias sino examinar las normas específicas que sean demandadas por los ciudadanos (C.P., art. 241). Por ello, cuando existe una acusación general, por razones materiales o de procedimiento, contra un cuerpo normativo, pero no un ataque individualizado contra cada una de las partes que lo integran, la vía procedente es limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional, en caso de que la acusación no prospere. En tales eventos, debe la Corte declarar la constitucionalidad de la disposición pero precisando que la cosa juzgada es relativa, por cuanto sólo opera por los cargos analizados en la sentencia(1). Por tal motivo, el artículo acusado será declarado exequible, con el condicionamiento explicado en el fundamento anterior de esta providencia, y únicamente en relación con los cargos formulados por el actor y estudiados por esta sentencia”.
El carácter condicionado que dio la Corte Constitucional a la exequibilidad del artículo 145 de la Ley 446 de 1998 implica al juzgador, en este caso, tener en cuenta las reglas que fueron expuestas por dicha corporación en la Sentencia C-649 de 2001, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 143 y 144, a las que se remitió en su Sentencia C-1071 de 2002, las cuales son, según el tenor literal que se transcribe a continuación:
“...En este punto, es necesario efectuar una breve síntesis de los argumentos y conclusiones a los que se ha llegado en las anteriores páginas.
...Tercero, es indispensable que al ciudadano objeto de la investigación adelantada por la superintendencia, se le haga saber claramente cuál función ejerce la entidad en cada caso: la jurisdiccional, o la administrativa.
Cuarto, en todo caso debe garantizarse la independencia del funcionario judicial, por lo cual se condicionará la constitucionalidad de las normas acusadas en el siguiente sentido: no podrá un mismo funcionario o despacho de la superintendencia aludida, ejercer función jurisdiccional respecto de los casos en los cuales haya ejercido anteriormente sus funciones administrativas ordinarias de inspección, vigilancia y control...”.
Conforme se desprende de los documentos obrantes en el proceso, a la actora no se le informó claramente cuál función ejercía la entidad, esto es, si la jurisdiccional, o la administrativa.
Si bien es cierto que se invoca, entre otras normas, el artículo 145 de la Ley 446 de 1998, que le da la función jurisdiccional a la entidad, en armonía con los artículos 147 y 148, ibídem, no lo es menos que la demandada dispuso que contra la Resolución 35736 procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que dictó dicha resolución, esto es, el superintendente delegado para la protección del consumidor (fl. 28, cdno. ppal.); y en la parte resolutiva de la Resolución 21930 de 29 de junio de 2001, que resolvió el recurso de reposición (fl. 42, ibídem), declara el agotamiento de la vía gubernativa, aspectos estos ajenos a las decisiones judiciales, y, por el contrario, propias de las decisiones administrativas.
Desde esta perspectiva, debe considerarse que como al administrado (Continautos) la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso no le dejó claro que estaba ejerciendo la función jurisdiccional, que es la que le fue atribuida, debe entenderse que los actos acusados fueron el producto del ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia y fue precisamente por ello que no debía prosperar la excepción de falta de jurisdicción ante el tribunal ni el cargo de violación que por la misma razón adujo la actora. En consecuencia, deben juzgarse sus actos desde el punto de vista de la función administrativa de inspección y vigilancia, máxime si los mismos se expidieron con anterioridad a la Sentencia C-1071 de 3 de diciembre de 2002, que al condicionar la exequibilidad del artículo 145 de la Ley 446 de 1998, fijó los alcances para su aplicación.
Esta interpretación garantiza el derecho de defensa que debe brindarse al administrado, dado que al no haberse precisado la naturaleza jurisdiccional de la actuación adelantada se le impidió interponer el recurso de apelación, que es el procedente, ante el superior jerárquico de los jueces del circuito (Sala Civil del Tribunal), de conformidad con lo establecido en el artículo 52, inciso 3º, de la Ley 510 de 1999, a que se alude en la Sentencia C-415 de 28 de mayo de 2002.
Una argumentación diferente llevaría al absurdo de tener que declarar probada la excepción de falta de jurisdicción, con la consecuencia jurídica de que la jurisdicción ordinaria no podría acometer el estudio de fondo, pues carece de competencia para resolver un recurso que no le fue interpuesto, todo ello en detrimento no solo de la actora sino del tercero interesado en las resultas del proceso, siendo que, precisamente, fue el derecho de defensa el que procuró proteger la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 145 de la Ley 446 de 1998.
Luego, es imperioso para el juzgador en este caso analizar la controversia a la luz de la naturaleza administrativa de las funciones de inspección y vigilancia que ejerce la SIC.
Para dilucidar el fondo del asunto, es menester tener en cuenta lo siguiente:
A folio 21 del cuaderno principal obra copia de la publicación de 29 de mayo de 1999, del Diario “El Tiempo” página 11A, en la cual se lee:
“Nunca antes fue tan fácil comprar Chevrolet
1.95% de interés mensual. La tasa más baja del mercado en toda la historia.
Compre Chevrolet ahora. No hay mejor oportunidad. Acérquese a su concesionario más cercano y con el 30% de cuota inicial, aproveche la tasa de interés más baja del mercado, en cuotas e intereses fijos hasta 36 meses. Además recibimos su usado”.
Dentro de los concesionarios señalados en la promoción se encuentra en la ciudad de Bogotá Continautos S.A.
Conforme a la factura visible a folio 46 del cuaderno 1, el señor Carlos Arturo Ramírez Fonseca adquirió un vehículo Corsa por valor total de $ 17´900.000, y dio una cuota inicial de $ 5´900.000, quedando un saldo a financiar de $ 12.000.000.
A folio 47 obra copia del contrato de prenda sin tenencia suscrito entre GMAC - Financiera de Colombia - y el señor Carlos Ramírez Fonseca, en el cual consta que la suma de $ 12´000.000 será pagada a 48 meses.
A folios 48 a 51 obra copia del pagaré 54734 de 23 de julio de 1999, suscrito por el señor Ramírez Fonseca a favor de GMAC en el cual se obliga a pagar intereses por 41.13% efectivo anual.
Conforme se advierte a folio 24 del cuaderno principal, el señor Ramírez Fonseca reclamó al concesionario por el plazo y tasa de interés que le fue impuesto a pesar de la promoción.
Como quedó visto ab initio de estas consideraciones, a través de la Resolución 35736 de 29 de diciembre de 2000, la SIC impuso a la actora una sanción y ordenó la efectividad de una garantía, pues la información que se dio al consumidor en la promoción no fue veraz y suficiente. La propaganda comercial hecha no correspondió a la realidad y lo indujo a error respecto del precio.
Por ello impuso la sanción pecuniaria de $ 13´005.300 y ordenó a título de efectividad de garantía que Continautos procediera a tramitar ante GMAC Financiera de Colombia S.A. la reducción de los intereses a la tasa del 1.95%.
A juicio de la actora las condiciones de la promoción eran: una cuota inicial del 30% del valor del respectivo vehículo (no más ni menos); cuotas e intereses fijos hasta 36 meses; y recibo de vehículos usados.
Que no ofreció la promoción descuentos o rebajas simultáneamente con la tasa de interés del 1.95%, sino que se limitó al ofrecimiento de esta última; y en el caso del señor Carlos Arturo Ramírez Fonseca, las condiciones del contrato fueron: la adquisición de un vehículo Corsa GL modelo 2000; precio al público: $ 21.200.000; precio real de la operación: $ 17´900.000 descuento otorgado: 15.56%, equivalente a $ 3´300.000; cuota inicial: 32.96% ($ 5´900.000); plazo para el pago de la diferencia entre el precio real y la cuota inicial: 48 meses; y que por tratarse de un precio diferente del de promoción no se reconoció la tasa del 1.95%, ya que dicha tasa, además del descuento otorgado del 15.56% entrañaba pérdida para Continautos.
Para la Sala asistió razón al a quo en cuanto a que la compraventa que celebró el señor Ramírez Fonseca cumplió con las condiciones señaladas en la promoción, esto es, que pagó en uno de los concesionarios autorizados (Continautos), más del 30% del valor del vehículo a título de cuota inicial (32.96%), luego se hizo merecedor de la tasa del 1.95% a un plazo de 36 meses.
En efecto, no tiene ningún sentido sostener que como el comprador pagó una cuota inicial equivalente al 32.96%, no estaba dentro del rango planteado por la promoción, que era únicamente el 30% de la cuota inicial del vehículo, no más no menos, pues ello no se infiere en parte alguna del aviso publicitado cuyo texto quedó transcrito anteriormente.
Ahora, tuvo en cuenta como prueba el a quo una carta de GM Colmotores, suscrita por su vicepresidente comercial, con fecha de 4 de junio de 1999, dirigida a todos los concesionarios, relacionada con el programa de ventas al detal “Financiamiento al 1.95% Mensual”, donde se aprecia una posición distinta de la expresada por Continautos S.A.
El texto de la referida Carta, transcrita en sentencia, es como sigue:
“Debido al éxito logrado durante el mes de mayo hemos tomado la decisión de continuar con el programa de financiamiento de nuestras unidades a través de GMAC con la tasa preferencial del 1.95% de interés vencido.
El programa está establecido para una cuota inicial del 30% y 36 meses de crédito; sin embargo GMAC está ofreciendo diferentes alternativas de cuota inicial y diferentes opciones de tiempo para el crédito manteniendo la tasa del 1.95%”.
Indiscutiblemente los términos de las instrucciones dadas a los concesionarios conducen a la conclusión de que para la tasa preferencial del 1.95% era irrelevante que el valor de la cuota inicial superara el 30% pues, se repite, la política de Colmotores era mantener dicha tasa así fuera frente a diferentes alternativas.
No obstante que Colmotores en el escrito de sustentación del recurso de apelación aduce que dicha carta era de carácter interno, no enviada al público; que una cosa es la relación entre ella y Continautos y otra entre ésta con el señor Ramírez, lo cierto es que el texto de la carta es muy claro, pues ni más ni menos que constituye una autorización expresa a sus concesionarios y a su financiera para que mantengan la promoción con la tasa del 1.95%, sin importar las diferentes alternativas de cuota inicial y de tiempo o plazo. Y dentro de esas diferentes alternativas que permitían respetar la tasa del 1.95%, obviamente que encajan los descuentos adicionales y el plazo mayor de 36 meses, máxime si la publicidad no los excluyó de los beneficios ofrecidos, amén de que, como lo observó el a quo, tampoco precisó que las condiciones de la promoción operaban únicamente frente a los “precios lista”. Luego, fue esa percepción la que motivó tal comprador a la celebración de la compraventa y desde esta perspectiva es viable la imposición de la multa, conforme lo dispusieron los actos acusados, en la medida en que la conducta de la actora encuadra en la descrita en el literal b) del artículo 16 del Decreto 3466 de 1982, que es del siguiente tenor:
“ART. 16.—Propaganda comercial con incentivos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 del Código de Comercio, los productores serán responsables ante los consumidores, en los términos de los artículos 31 y 32 de este decreto, por la propaganda comercial que se haga por el sistema de incentivos al consumidor, tales como ofrecimiento de rifas, sorteos, cupones, vales, fotos, figuras, afiches, imágenes o cualquier otro tipo de representación de personas, animales o cosas, y el ofrecimiento de dinero o de cualquier retribución en especie, en los siguientes casos:
...b) Cuando con la propaganda de que trata el presente artículo se induzca o pueda inducirse al consumidor respecto del precio, calidad o idoneidad del bien o servicio respectivo, lo cual se entenderá por el hecho de que, simultáneamente con el ofrecimiento de los incentivos y hasta seis (6) meses después del retiro del ofrecimiento de éstos, se aumente el precio del bien o servicio, así como por el hecho de que por el incentivo, o a la par con éste, se afecte desfavorablemente la calidad o la idoneidad del bien o servicio...” (se resalta fuera de texto).
Por su parte, el artículo 31, ibídem, consagra que todo productor es responsable por la propaganda comercial cuando su contenido no corresponda a la realidad o induzca a error al consumidor, como quedó establecido en este caso, haciéndose acreedora la actora a la sanción de la multa impuesta.
Por lo demás, cabe resaltar que frente a la sanción pecuniaria o multa, la Sala en diversos pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 9 de diciembre de 2004 (Exp. 2001-1251, C.P. Dr. Olga Inés Navarrete Barrero), consideró que la misma corresponde al ejercicio de una función administrativa y que por ende, su control es de esta jurisdicción, pudiéndose en un mismo acto adoptar decisiones administrativas, como la imposición de multa y jurisdiccionales, como la de efectividad de la garantía.
Comoquiera que, como quedó visto, la sanción de multa que se le impuso a la actora está acorde con las facultades que de manera general le han sido atribuidas al ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia de la SIC y se encuentra soportada en las normas que se dejaron reseñadas y en las pruebas obrantes en el expediente, deben denegarse las súplicas de la demanda en lo que respecta a la misma.
Ahora bien, en lo que concierne a la sanción consistente en que a título de efectividad de la garantía Continautos debe proceder a tramitar ante GMAC Financiera de Colombia S.A., la reducción de los intereses a la tasa del 1.95%, a la que se refirió la propaganda comercial, y el abono al capital de lo pagado en exceso por el señor Carlos Arturo Ramírez Fonseca, cabe observar lo siguiente:
La Sala en sentencia de 3 de mayo de 2007 (Exp. 2001-01195, C.P. Dr. Rafael Ostau de Lafont Pianeta) consideró que la orden de hacer efectivas garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección del consumidor, o las contractuales, conforme al texto de los artículos 145, 147 y 148 de la Ley 446 de 1996, es de carácter jurisdiccional y que su estudio no corresponde a esta jurisdicción. Empero, siguiendo los lineamientos trazados por la Sentencia C-1071 de 2002, a que se hizo referencia anteriormente, habida cuenta que, como ya se dijo, en este caso no se indicó con precisión al administrado por parte de la entidad demandada que estaba ejerciendo función jurisdiccional, debe considerarse que su actuación fue administrativa, que es la que tradicionalmente ha ejercido en misión institucional.
Ahora, en este caso resulta evidente la violación del debido proceso frente a la sociedad GMAC Financiera de Colombia S.A., pues la misma no fue citada a la actuación que culminó con los actos acusados, debiendo serlo, y por lo mismo mal podían estos imponerle obligaciones, como acontece con la orden de reducción de los intereses a la tasa del 1.95%, a la que se refirió la propaganda comercial, y el abono al capital de lo pagado en exceso por el señor Carlos Arturo Ramírez Fonseca.
En consecuencia es del caso modificar la sentencia de primer grado para disponer, en su lugar, la nulidad del artículo segundo de la Resolución 35736 de 29 de diciembre de 2000.
DECLÁRASE la nulidad del artículo SEGUNDO de la Resolución 35736 de 29 de diciembre de 2000.
CONFÍRMASE la sentencia apelada en cuanto denegó las demás pretensiones de la demanda tendientes a la declaratoria de nulidad de todos los actos acusados, y a que como consecuencia de ello se exonerará a la demandante de cumplir las obligaciones y sanciones en ellos impuestas.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de julio de 2010».
(1) Ver, entre otras, C-527 de 1994, C-055 de 1994, C-318 de 1995, C-126 de 1998 y C-130 de 2000.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 145
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 artículo 145
 artículo 29
 resolución 
 Resolución 
 artículo 77
 artículo 13
 artículo 36
 artículo 24
 artículo 28
 artículo 43
 artículo 2
 artículo 44
 artículo 16
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 16
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 145
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 145
 artículo 52
 artículo 145
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 77
 artículo 31
 Resolución 
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