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Sentencia A.P. Barcelona 292/2010, de 18 de marzo. Estafa. Ofrecimiento a participar en un negocio ficticio - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Barcelona 292/2010, de 18 de marzo
Los acusados insertaron un anuncio en la prensa en la que convocaban a los interesados en un negocio de alta rentabilidad. En realidad el negocio ofrecido era ficticio y tan sólo consistía en un medio para lucrarse.
Dieciocho de marzo de dos mil diez
Vista en nombre de S.M. El Rey en Juicio Oral y público ante la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial, la presente causa n.º 88/09-K, Diligencias Previas n.º 2540/03, procedente del Juzgado de Instrucción n.º 2 de los de Sabadell, seguido por el delito de estafa y falsedad contra los procesados Laureano, nacido en Barcelona el 10 de febrero de 1947, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Pérez de Oleguer y defendido por el Letrado Sr. Lechuga Marí; Pascual, nacido en Calafell (Barcelona) el día 16 de noviembre de 1937, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Para Martínez y defendido por el Letrado Sr. Castellarnau Fort; Teodoro nacido en Barcelona el día 3 de marzo de 1944, representado por la Procuradora de los Tribunales sra. Riudavets Vila y defendido por el Letrado Sr. Andreu Mas y Luis Pedro nacido en Barcelona el día 6 de junio de 1957 representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Oliva Baste y defendido por el Letrado Sr. Arimany Espinet. Ha comparecido en el procedimiento el Ministerio Fiscal, en la Ilma. Sra. Sofía Oro, Eusebio como acusación particular, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Belsa Colina y defendido por el letrado Sr. Raya Manresa, habiendo sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª Ana Rodríguez Santamaría, la cual expresa el criterio unánime del Tribunal.
Primero.-El presente Procedimiento Abreviado se incoó en virtud de las Diligencias Previas n.º 2540/03, del Juzgado de Instrucción n.º 2 de los de Sabadell y su Partido Judicial. Practicadas las oportunas diligencias y formulados los escritos de acusación y defensa, se remitieron a esta Audiencia Provincial para su enjuiciamiento y fallo, señalándose para la celebración del juicio oral y público el día 24 de febrero de 2010 y para su continuación el día 1 de marzo de 2010.
Segundo.-El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales solicitó la condena de Laureano, Pascual y Teodoro como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículo 392, 390.1.1.º y 74 1 y 2 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de estafa de los artículos 248.1 en relación con el artículo 74.1 y 2 del Código Penal, a las siguientes penas: para Laureano, de tres años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses, con cuota diaria de 100 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas y costas. Para Pascual y Teodoro, las penas, para cada uno, de dos años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil interesaba que el acusado Sr. Laureano indemnizase a Eusebio en la cantidad en que haya sido efectivamente perjudicado según el resultado de la prueba a practicar en el acto del juicio oral.
Tercero.-Por su parte, la acusación particular constituida por Eusebio calificó los hechos como constitutivos de de un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículo 392 y 390. en relación con el artículo 74, todos del Código Penal, así como de un delito continuado de estafa agravada de los artículos 248 y 250.1.6.º en relación con el artículo 74 también del Código Penal,
cometidos por los acusados Laureano, Pascual, Teodoro y Luis Pedro para los que interesaba las penas de seis años de prisión y multa de 12 meses, con cuota diaria de 150 euros. Como responsabilidad civil interesaba que Laureano, Pascual, Teodoro y Luis Pedro indemnizasen Don. Eusebio en la cantidad de 1.764.420,11 euros.
Cuarto.-Finalmente las defensas de los acusados, en igual trámite, manifestaron su disconformidad con las acusaciones, solicitando se dictase sentencia por la que absolviese a sus patrocinados por no ser autores de delito alguno.
Quinto.-En el acto del juicio oral, y después de practicada la prueba que se estimó pertinente de la propuesta por las partes, la acusación particular y las defensas elevaron a definitivas sus calificaciones provisionales. Por su parte el Ministerio Fiscal retiró la acusación en relación con Pascual y Teodoro y concretó la responsabilidad civil a pagar por parte de Laureano Don. Eusebio en la cantidad de 834.762,59 euros. Seguidamente las partes informaron lo que tuvieron por oportuno en apoyo de sus calificaciones, declarándose el juicio visto para sentencia una vez se dio a los acusados la oportunidad de realizar una última alegación.
Sexto.-En el presente proceso se han observado las prescripciones legales.
Primero.-Son hechos probados y así se declara que el acusado, Laureano, mayor de edad y sin antecedentes penales, ideó un plan para lucrarse a costa de terceras personas. Con este fin, en el mes de septiembre de 2002, insertó un anuncio en el periódico La Vanguardia en el que llamaba a posibles interesados en un negocio de alta rentabilidad. Al citado anunció contestó Don. Eusebio, que tras entrevistarse con el acusado, aceptó el segundo negocio de los dos que este le propuso, consistente en la intermediación en operaciones de compraventa de vino al por mayor. Cada operación consistía en la venta de un camión completo de vino de diferentes marcas, que una empresa vendía a otra, cliente final, aunque con la intermediación Don. Eusebio, que debía aportar el dinero de dicha operación de venta, puesto que estas, según explicaba Laureano tenían que realizarse al contado y el Sr. Laureano aseguraba no disponer de dicho dinero; ese dinero sería recuperado por Eusebio a los 15 ó 20 días procedente del pago que el cliente que finalmente adquiriese el vino realizaría a sus cuentas. La ganancia del negocio ofrecido era la diferencia entre el precio de venta y el de compra final del vino que recibiría el Sr. Eusebio y que repartiría con el Sr. Laureano. Este, por su parte, era el que aportaba el activo de proveedores de vino y clientes o adquisidores finales del mismo y el Sr. Eusebio por su parte solo tenía que poner el dinero.
Para llevar a efecto el negocio propuesto y aceptado, el Sr. Eusebio decidió constituir una sociedad mercantil, Granpat XXI Promocions, S.L. Por su parte las comisiones que generaba el negocio para el Sr. Laureano eran facturadas a este por el Sr. Eusebio a través de la empresa Golbat Desarrollo, S.L., mercantil constituida por una tal Valentina, como legal representante de la mercantil Ogla Affairs S.L., que a su vez fue creada por ella y el coacusado Luis Pedro.
Segundo.-El negocio ofrecido era ficticio y tan solo consistía en un medio para lucrarse Laureano a costa de Eusebio. No existía el vino, ni obviamente su transporte. Las supuestas empresas proveedoras de vino eran tres: First Grain S.L., que tenía como administrador a Cristobal, que actuaba bajo las órdenes de Laureano, constituida también por Ogla Affairs S.L. Cosmos Estvych, S.L: tenía como administrador al coacusado Pascual que también actuaba bajo las órdenes de Laureano y fue igualmente constituida por Ogla Affairs S.L. Comalat Endivies: formalmente inscrita a nombre de Encarna que la vendió en el año 1992 a Laureano. Las empresas que figuraban como clientes, en concreto las que impagan las facturas son, UK Sishoper S.L. con idéntico domicilio social que First Grain S.L. en la calle Madrazo 60-66 y como administrador también el Sr. Cristobal, constituida también por Ogla Affairs. Alcomar S.L., empresa gestionada por el testigo Narciso
Nesi Life, S.L. constituida también por Ogla Affairs S.L. tenía como administrador a Teodoro que seguía las directrices de de Laureano. Grown Capacity S.L, con cuenta corriente en la Caixa siendo la persona autorizada para operar en la misma el citado Teodoro, Echo Feeds, S.L., Ene Vida S.L. y Rico Seeds S.L. todas con cuenta en la Caixa en las que solo podía operar el coacusado Teodoro. Además este negocio ficticio estaba ideado por Laureano, que creó este entramado de empresas, con la colaboración esencial entre otros del aquí acusado Luis Pedro, de tal forma que debía funcionar durante un tiempo, para así ganarse la confianza de Eusebio, a fin de que este continuase realizando disposiciones de efectivo pagando supuestas ventas de vino que luego no iban a devolverse, porque no iban a pagarse las supuestas compras finales. Así el negocio funcionó correctamente durante los dos últimos meses de 2002, llevándose a cabo unas 200 operaciones; es decir que no solo se devolvía al Sr. Eusebio el dinero invertido en la compra sino que este percibía su comisión y le entregaba la suya al Sr. Laureano, lo cual se hacía con el dinero que el propio Eusebio había puesto para la compra (dado que las operaciones se pagaban a 15 ó 30 días) o bien algún otro dinero que tuviese Laureano de origen desconocido. Son las últimas operaciones llevadas a efecto en el año 2003 las que no se pagan, habiendo perdido Don. Eusebio con este negocio una cantidad pendiente de concretar, comprendida entre los 834.762,59 euros y los 1.764.420,11 euros.
Primero.-Debemos antes de entrar en el fondo del asunto desestimar las cuestiones previas planteadas por la defensa de Laureano; en primer lugar se alega prescripción al haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 131 del Código Penal. No dio mas pistas. Tras el examen detallado de las actuaciones, la Sala comprueba que la causa no ha estado en ningún momento paralizada de forma ininterrumpida más de 5 años, plazo de prescripción del delito aquí perseguido (estafa agravada del art. 250 Código Penal) conforme a lo previsto en el art. 131.1 en relación con el 33 de la LO 15/03 de 25 de noviembre.
En segundo lugar alegaba la falta de legitimación pasiva considerando que la condición de perjudicado no la ostentaba Eusebio como persona física sino la empresa Granpat XXI Promocions, S.L. que era la que había puesto el dinero y por tanto perdido, en su caso, el mismo. Lo cierto es que el perjudicado aseguró que había sido él el que contactó con Laureano y decidió aceptar el negocio que le propuso y solo cuando decidió llevarlo a efecto, constituyó la mercantil citada, puesto que le era mas beneficioso hacerlo así. Consta en autos, aportada como doc. 1 de la denuncia que da inicio a estas actuaciones, la escritura de constitución de la mercantil citada en fecha 29 de noviembre de 2002, siendo las primeras facturas de fecha 16 de diciembre de ese mismo año. La constitución de la mercantil por parte de Eusebio en fechas cercanas al comienzo de sus negocios con Laureano,
confirma su declaración de que solo la constituyó para llevar a cabo este negocio adoptando una forma de persona jurídica, pero que el negocio se le ofreció a él personalmente, in tuitu personae, y así lo aceptó siendo además nombrado administrador único de la empresa y la persona que ponía el dinero. Por tanto si puede ostentar la condición de perjudicado como ha hecho en este proceso.
Segundo.-Los hechos narrados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa agravado por la especial cuantía de la defraudación previsto y penado en el artículo 248, 250.1.6.º y 74 del Código Penal, en relación de concurso medial, artículo 77 del Código Penal, con un delito de falsedad documental cometida por particular, castigada en los artículos 392, en relación con el artículo 390.1. 3.º todos ellos del cuerpo legal ya citado. Por lo que afecta al delito de estafa, recientemente la STS 888/2.005 ha venido a consignar los elementos que lo configuran:
a) Engaño, precedente o concurrente, que constituye el elemento nuclear de este tipo penal.
b) Exigencia de que el engaño sea suficiente o proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto (para lo que es menester atender tanto a módulos objetivos como a las condiciones personales del sujeto engañado y a las demás circunstancias relevantes que concurran en el caso).
c) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, que propicie el correspondiente desplazamiento patrimonial.
d) Acto de disposición patrimonial con el consiguiente perjuicio para la persona o entidad disponente.
e) Ánimo de lucro en el sujeto activo (elemento subjetivo del injusto).
f) Relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado.
El engaño, requerido como primer elemento constitutivo de la estafa, consiste en este caso en haber creado una operación puramente artificiosa a la que se le dio una apariencia de realidad a fin de inducir a error a la víctima, Eusebio, para que este realizase numerosas disposiciones patrimoniales haciéndole creer que participaba en un rentable y lucrativo negocio, no tanto porque las ganancias de cada operación fuesen desorbitadas sino porque las cantidades de vino eran realmente grandes, luego las comisiones derivadas de la intermediación lo eran también. El negocio ofrecido, nudo gordiano de la trama urdida, era creíble, por ser habitual la intermediación en el sector alimentario. Dentro del engaño, además iba implícito el funcionamiento correcto de la operativa durante un cierto período de tiempo porque así se lograría la confianza del sr. Eusebio. La operación no es sino un negocio jurídico criminalizado, que ab initio ya estaba destinado a que el inversor perdiera definitivamente parte del caudal invertido y éste fuese a las arcas del ideador o quedase en empresas de su control. De este modo, el hecho de que en un principio recibiera efectivamente lo invertido no es sino expresión del mecanismo de funcionamiento que le permitía seguir con la actividad ilícita puesto que de no haberlo hecho la operación habría fracasado en sus inicios o no se habría prolongado en el tiempo.
Por eso se le pagaron unas cuantas operaciones, con el dinero que él mismo iba adelantando dado que iba pagando varias el mismo y días sucesivos, que no se le devolvería incrementado sino hasta pasado mínimo 15 días, en que supuestamente pagaba el cliente final. Esas facturas de vino que Eusebio o su empresa Granpat XXI Promocions S.L. tenían que emitir no se correspondían con ningún cargamento de vino. No había vino, no había mercancía. Solo el simulacro de una operación a fin de que Eusebio entregase el dinero y finalmente pudiera quedarse con parte del mismo Laureano y sus colaboradores.
Su defensa puso gran énfasis, primero en destacar que las operaciones de compra venta de vinos eran reales, pero que no se había podido presentar la documentación acreditativa de la realidad de las mismas, pese a los abundantes indicios que luego se expondrán detalladamente y que apuntan directamente a su falsedad como se ha declarado probado, para luego insistir en pivotar la defensa en la falta de medidas de autoprotección adoptadas por el perjudicado como era su obligación, teniendo en cuenta que era un empresario relacionado con el mundo de la hostelería y que tenía que haber indagado y haberse dado cuenta antes de que las empresas proveedoras eran todas indirectamente controladas por Laureano y que las suministradoras o no existían o nunca compraron tales cantidades de vino, y no haberlo hecho solo cuando las facturas emitidas por Granpat XXI comenzaron a impagarse y por tanto el negocio comenzó a no serle rentable o lucrativo.
El Tribunal Supremo tiene ya elaborada una doctrina muy matizada en la interpretación del requisito del engaño "bastante", necesario para que pueda hablarse de estafa. En palabras de la S.ª TS 802/2007, de 16/10/2007 (ROJ: STS 6595/2007), el engaño ha de ser "idóneo, relevante y adecuado para producir el error que quiera el fraude, no bastando un error burdo, fantástico o inaccesible, incapaz de mover la voluntad de las personas normalmente constituidas intelectualmente, según el ambiente social y cultural en que se desenvuelvan". Y continúa señalando que, en definitiva, lo que se requiere es que el engaño sea "suficiente y proporcionado para la consecución de los fines perseguidos, y su idoneidad debe apreciarse atendiendo tanto a módulos objetivos como en función de las condiciones del sujeto pasivo, desconocedor o con un deformado conocimiento de la realidad por causa de la insidia o mendacidad del agente". En la misma sentencia se señalan los supuestos en los que el principio de autoprotección excluiría la estafa, pero dejando patente que "existe un margen en que está permitido a la víctima un relajamiento de sus deberes de protección, (ya que) de lo contrario se impondría el principio general de desconfianza en el tráfico jurídico que no se acomoda con la agilidad del sistema de intercambio de bienes y servicios de la actual realidad socio-económica". De este modo, el "ámbito del riesgo permitido defenderá de lo que sea adecuado en el sector en el que se opere, y entre otras circunstancias, de la importancia de las prestaciones a que se obliga". Estos mismos límites del principio de autoprotección como excluyente de la estafa se señalan en la S.ª TS 712/2007, de 13/7/2007 (ROJ: STS 5852/2007),
de modo que la incidencia de tal principio ha de ser ponderado "de acuerdo con las pautas sociales en la situación objetiva específica y en la situación relativa entre el que utiliza el ardid y el que transmite su patrimonio". En resumen, conforme a la STS 567/2007, de 20/6/2007 (ROJ: STS 4304/2007) el dato relevante para poder excluir que el engaño empleado sea bastante en virtud del señalado principio de autoprotección es la admisibilidad social del riesgo asumido por la víctima, de modo que "en la medida en que el engaño se contenga dentro de los límites del riesgo permitido es indiferente que la víctima resulte en el supuesto particular engañada por su excesiva credibilidad, aunque ello sea conocido por el autor." En el mismo sentido se había pronunciado poco antes la STS 368/2007, de 9 de mayo (ROJ: STS 2747/2007): El ámbito del riesgo permitido dependerá de lo que sea adecuado en el sector en el que (se) opere, y entre otras circunstancias, de la importancia de las prestaciones (a) que se obliga cada parte, las relaciones que concurran entre las partes contratadas, las circunstancias personales del sujeto pasivo y la capacidad para autoprotegerse y la facilidad del recurso a las medidas de autoprotección.
Pues bien, de acuerdo con estos principios, teniendo en cuenta que el tipo de negocio ofrecido por Laureano era un negocio aparentemente normal, habitual en el sector, que se desarrolla con normalidad durante un tiempo, como parte de la dinámica comisiva engañosa diseñada por los autores, no cabe alegar las medidas de autoprotección como excluyentes del tipo de estafa. El engaño era creíble y suficiente para inducir a error al sujeto pasivo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha declarado la compatibilidad entre la aplicación simultánea de la agravante de especial gravedad y la continuidad delictiva sin riesgo de vulneración del principio "non bis in idem" siempre que se valore una doble realidad: a) De un lado, que exista una pluralidad de acciones que obedezcan a un mismo designio criminal y que atenten al mismo bien jurídico, en tal caso, habrá de estarse a la totalidad del perjuicio causado, aplicándose la continuidad delictiva. b) Que, además alguna de las apropiaciones o estafas aisladamente consideradas sean de tal cantidad que por sí solas justifiquen la aplicación de la agravante -en tal sentido SSTS 1558/99 de 1 de octubre, 482/2000 de 21 de marzo, 1753/2000, 679/2001 de 16 de abril, 422/2002 de 6 de marzo y 2106/2002, entre otras.
En el caso de autos, debemos atender a la pluralidad de disposiciones de efectivo realizadas por Eusebio, con el supuesto fin de pagar compras de grandes cantidades de vino, también aceite, que posteriormente vendería a las empresas que luego no pagaron estas facturas, causando el definitivo perjuicio. Las facturas impagadas obran a los folios 1034 a 1054 (Tomo IV de las actuaciones) aportadas como total doc. 14 de la denuncia. Mientras que las facturas que supuestamente documentaban la compra de esas botellas de vino luego vendidas, y en todo caso satisfechas por parte de Eusebio obran a los folios 667 y siguientes del Tomo III, aportadas como doc. 10 de la denuncia. Se trata de disposiciones por importe de 93.024 euros (folio 667) 80.640 (folio 729), 56.160 euros (folio 683), la misma cantidad al folio siguiente, 72.000 euros
(folio 692), 41.760 euros (folio 677), 92.880 euros (folio 686), 26.640 euros (folio 685), 105.750 euros (folio 731) y la misma cantidad a folios 731, 733, 738 y 740. Son todas ellas, a excepción de una, superiores en mucho a la cantidad de 36.060,73 euros, equivalente a seis millones de pesetas, en que cifran las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2002, 12 de febrero de 2003 y 16 de enero de 2004 el límite a partir del cual operaría la agravante bien simple o muy cualificada. Vemos por tanto como, de conformidad con la jurisprudencia antes señalada nos encontramos ante un delito de estafa continuado y agravado.
Las facturas emitidas por los supuestos proveedores y que documentaban las compras de vino para la empresa de Eusebio, así como las que él mismo realizaba para los supuestos clientes con los datos facilitados por Laureano tenían como única finalidad engañarle y llevarle a error a fin de aparentar la existencia de auténticas transacciones de vino y que la víctima pusiese su dinero para la compra del mismo en la creencia que luego iba a recuperarlo con una comisión, procedente del pago por parte de la empresa cliente final del vino. La falsificación de facturas es por ello un delito realizado como medio para cometer la estafa. La doctrina de la Sala Segunda exige como requisitos precisos para definir y caracterizar la falsedad documental los siguientes (STS 573/2.004): 1.º) El elemento objetivo o material, propio de toda falsedad, de mutación de la verdad por algunos de los procedimientos enumerados en el artículo 390 del Código Penal.
2.º) Que la mutatio veritatis recaiga sobre elementos esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar los normales efectos de las relaciones jurídicas, con lo que se excluyen de la consideración de delito los mudamientos de verdad inocuos o intrascendentes para la finalidad del documentos.
3.º) El elemento subjetivo o dolo falsario en el agente, consistente en la conciencia y voluntad de transmutar la realidad.
En este caso y como luego se explicará las facturas documentan relaciones mercantiles inexistentes, luego son radicalmente falsas. Como viene sosteniendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con independencia del autor material de la falsedad, lo determinante es la condición de "dominio funcional de los hechos". En este caso las facturas falsas no solo las elaboraban Laureano y sus colaboradores; es verdad que también lo hacía el propio perjudicado pero en la creencia que estaba documentando relaciones mercantiles ciertas que se referían a auténticas compras y ventas de vino, por tanto inducido por Laureano y su colaborador, Luis Pedro que se convierten en autores materiales, en relación con las facturas emitidas por los supuestos proveedores de vino, e intelectuales de las elaboradas materialmente por el perjudicado en la creencia de que documentaba auténticas operaciones mercantiles.
0 TERCERO.- Los hechos declarados probados y que ya han sido calificados jurídicamente lo han sido tras la valoración conjunta y racional de los medios de prueba practicados en el acto del juicio; Don. Eusebio declaró en el plenario, como ya había hecho en la denuncia que da inicio a estas actuaciones,
que contactó con el acusado a través de un anuncio en el periódico La Vanguardia en el que se buscaban inversores en un negocio de alta rentabilidad. Que llamó y se reunió con Laureano; que primero le ofreció un negocio de mamparas de baño que no le interesó, puesto que se trataba de vender a clientes grandes, tipo el Corte Inglés y que lo veía poco realizable dado que no había infraestructura como para eso; después le propuso este de los vinos que le pareció mas factible, porque se trataba de mercancía que se compraba y se vendía enseguida, que no requería tanta infraestructura propia y por eso decidió participar en la operativa que le explicó. Para ello constituyó una mercantil, Granpat XXI Promocions, S.L. Laureano facilitaba los clientes, a los que no le permitía conocer, y los proveedores del vino. El tenía que pagar en metálico a los proveedores y de los clientes cobrar en 30 días, lo mismo que había pagado al proveedor incrementado por la diferencia entre el precio de compra y el de venta que se repartían entre él y el acusado Laureano; se lo facturaba el mismo a su empresa Golbat Desarrollo. El pagaba la mercancía en metálico o en cheque. En principio estos cheques nominativos a nombre de los proveedores se los entregaba a Luis Pedro, que supuestamente se los entregaba a los proveedores.
Posteriormente apoderó a este señor a fin de que pudiera retirar directamente el dinero de una cuenta de su sociedad, Granpat XXI Promocions, S.L., a la que se transfería la cantidad indicada (el citado poder de fecha 14 de enero de 2003 se aportó como doc. n.º 3).
Por su parte el recibía las facturas de los proveedores, los de Cosmos Estvych por correo y las de First Grain S.L. y los de Comalat Endivies S.L. de mano de Luis Pedro. Por su parte su empresa Granpat XXI Promocions, S.L. emitía las facturas a los clientes con los datos que le facilitaba Laureano. El negocio se desarrolló de forma correcta en el 2002 y fue a principios de 2003 cuando algunos clientes comenzaron a retrasarse en el pago y había alguna cantidad pendiente.
A principios del mes de febrero le pagaron con cheques que fueron devueltos y en ese momento se rompió la relación. Comenzó a investigar y se dio cuenta que las empresas eran ficticias. Jamás le habían dado hasta entonces ningún albarán de transporte, ni tampoco había hablado con ningún cliente pese a que él lo pedía reiteradamente. Se entrevistó con uno de los que figuraban como proveedores, los aparentes dueños de la empresa Comalat, Narciso y su esposa, que le explicaron lo que había ocurrido con su empresa. En cuanto a la participación de los otros imputados, aseguró que a Teodoro, se lo presentaron como supuesto cliente; también a un tal Cristobal. Con Pascual no tuvo un trato personal. Con relación a Luis Pedro ya se ha explicado la participación llevando y trayendo facturas, yendo con él a bancos y gestionando el pago de las mismas.
Por su parte el acusado Laureano reconoció la operativa explicada por el perjudicado; tanto en el plenario como en su declaración ante la Policía, la mas completa de cuantas ha efectuado y en la que mejor recordaba los hechos
para nada incompatible con lo declarado en el juicio (ver folios 196 a 200), declaró ser cierto que había contactado con Eusebio a través de un anuncio en La Vanguardia; divergía con él en la duración del negocio que fijaba en un año más o menos, pero la operativa la describió de forma idéntica al perjudicado: el negocio lo gestionaba él: buscaba los proveedores y los clientes, le comunicaba estos datos a Eusebio que ponía el dinero y pagaba al proveedor y cuando tenía la mercancía le avisaba y le pagaban. Reconoció que había varios clientes que impagaron las compras de vino, concretando en la declaración a folio 197 que las empresas que habían impagado eran unas siete u ocho. Aseguró que los impagos coincidieron con una época en la que había tenido muchos otros problemas y había estado hospitalizado y por eso se había terminado su relación con Don. Eusebio, pero en esa declaración ante la Policía expuso que efectivamente el Sr. Eusebio había aportado a este operativa una cantidad aproximada de mil trescientos millones de pesetas, de los que se le habían devuelto mil, reconociendo por tanto unos impagos de 300 millones de pesetas (1.800.000 euros): folio 200. Sin embargo defendió la realidad de las operaciones de compraventa de vino, sin recordar nada de los proveedores, ni tampoco de los clientes o de las empresas que efectuaban los transportes. Mantuvo, como había hecho a lo largo de la instrucción (ver folio 1167 en el Tomo V), que había perdido toda la documentación en el desahucio de la nave en que desarrollaba su negocio, y aunque en aquella fecha se comprometía a aportarla lo cierto es que nunca lo ha hecho.
Pues bien de la prueba practicada en autos podemos concluir que la operativa explicada era absolutamente falsa y un montaje para llevar a error a Eusebio induciéndole a realizar grandes disposiciones de efectivo, perdiendo finalmente parte del mismo que fue a parar a la bolsa de los artífices.
Analicemos la cantidad de empresas que intervienen en esta trama. Las supuestas empresas proveedoras de vino eran tres: First Grain S.L., Cosmos Estvych, S.L. y Comalat Endivies, S.L. First Grain S.L.: tenía como administrador a Cristobal (folio 999 ó 257 del Tomo I); esta persona parece cumplir en el entramado montado por Laureano funciones parecidas a las de los otros dos imputados, Teodoro y Pascual. Testaferro o persona interpuesta que figura formalmente como administrador de algunas de las empresas a través de las que operaba el principal imputado, Laureano y todo para que este no apareciera, sabedor de la ilicitud de rango penal de sus negocios y a fin de dificultar su investigación; de todas formas a este tal señor Cristobal nunca se le ha oído en el procedimiento, habiendo estado en busca y captura, sin que finalmente se acordase su declaración cuando se informó al Juzgado de Instrucción de que estaba ingresado en el Centro Penitenciario de La Modelo. Por informaciones puestas de manifiesto en el acto del juicio este señor había fallecido; como vemos no solo era administrador de una de las supuestas proveedoras, también de una de las empresas que figuraban formalmente como clientes, que impagó las últimas facturas y las más abultadas: UK Sishoper S.L. (folio 999 ó 257 del Tomo I).
Curiosamente ambas empresas tienen el mismo domicilio social en la calle Madrazo 60-66, 1 de Barcelona, pese a ser una suministradora y otra cliente. Según declaró el perjudicado Don. Eusebio había tenido alguna entrevista con el tal sr. Cristobal e incluso le había reconocido que todo era un montaje y que nunca habían existido los camiones de vino, y ello pese a que en dos ocasiones anteriores se había entrevistado con él y le había dado largas para el pago de las facturas como cliente, si bien no han podido contrastarse estos extremos. A folio 1000 ó 258 del Tomo I se comprueba que, al igual que muchas empresas de esta trama, la primera administradora única de la misma fue una tal Valentina. Cosmos Estvych, S.L: segunda empresa supuestamente proveedora. Vuelve a figurar como primera administradora esta tal Valentina, y como siguiente administrador se nombra a Pascual (folio 260 ó 1002 del Tomo I), el cual aseguró en el plenario que él actuaba bajo las órdenes de Laureano y así lo confirmó este en su declaración; que jamás tuvieron autonomía propia y que actuaban bajo sus órdenes inmediatas pudiendo considerárseles testaferros. Comalat Endivies: tercera supuesta proveedora; formalmente inscrita a nombre de Encarna (folio 255 ó 997 del Tomo I), esposa de Narciso. Este último depuso como testigo en el plenario; si bien en esta declaración no recordaba bien los hechos ratificó sus dos anteriores declaraciones, debiendo atenderse básicamente a la vertida ante la Guardia Civil de Badía del Vallés que había investigado los hechos (folios 185 ó 927 y siguientes del Tomo I),
a la que aseguró que la empresa citada como proveedora había sido vendida en el año 1992 a Laureano para saldar una deuda de 300.000 pesetas que tenían con aquel aunque nunca formalizaron esta venta en el registro. Vemos por tanto como las tres empresas supuestas proveedoras, que recibían el dinero de Eusebio estaban controladas por Laureano aunque figurasen formalmente a nombre de terceras personas.
A continuación analizamos las empresas que figuraban como clientes, una de ellas como se ha visto estaba confundida formalmente con una de las empresas proveedoras, UK Sishoper S.L. con First Grain S.L. Otra de las empresas que figuran como clientes es la empresa Alcomar S.L., esta empresa era gestionada por el testigo Narciso. A cuya declaración testifical acudimos de nuevo: relató a la Guardia Civil de Badía del Vallés como Laureano les había ofrecido utilizar su empresa de tal forma que otra mercantil llamada Granpat les haría facturas a nombre de su empresa y seguidamente su empresa Alcomar emitiría una factura con un incremento del 5% dirigida a Golbat Desarrollo (de nuevo otra empresa creada por Ogla Affers, empresa participada por la tal Valentina ya citada y Luis Pedro, ver folio 1143 del Tomo II), una de las empresas de Laureano. Que este aceptó este ofrecimiento dado que cuando él había necesitado dinero Laureano le había ayudado. Que alrededor del mes de marzo de 2003 Eusebio comenzó a llamar reclamando el pago de unas facturas y se puso en contacto con Laureano que le dijo que le diera largas para el pago que todo era un malentendido.
Vemos como esta testifical describe perfectamente el negocio montado por Laureano para engañar a Eusebio según se ha declarado probado. Es verdad que en su declaración en el plenario, casi siete años mas tarde, el testigo ya no recordaba casi nada, pero primero ratificó la declaración a que hemos hecho referencia y además dio un dato muy importante: que nunca su empresa Alcomar había tenido cuenta corriente en La Caixa; pese a ello consta como la empresa Alcomar (doc. 27 y 28 de la denuncia) ingresaba sus cheques en una cuenta de la Caixa en la misma en la que se la supuesa proveedora First Grain también ingresaba cheques emitidos por Sr. Eusebio. Este dato corrobora su declaración; el testigo no tiene enemistad con Laureano; es más, en su amigo. No tiene porqué mentir; el imputado tiene el derecho a hacerlo. Frente a la negativa del acusado consideramos cierto lo declarado por este testigo y explicado.
En cuanto a las demás empresas que figuran como clientes, y que impagaron las facturas previamente satisfechas por Eusebio una de ellas es Nesi Life, S.L. fue constituida de forma idéntica a la mercantil UK Sishoper figurando como primera administradora Valentina y posteriormente Teodoro; este imputado, al igual que Pascual aseguró en el plenario que él actuaba bajo las órdenes de Laureano y así lo confirmó este en su declaración; que jamás tuvieron autonomía propia y que actuaban bajo sus órdenes inmediatas pudiendo considerárseles testaferros. Que Teodoro y Pascual estaban en la misma categoría.
La persona autorizada para operar con la cuenta corriente que esa empresa tenía en la Caixa era este Teodoro. Otras empresas clientes que también impagaron sus facturas no constan inscritas en el Registro Mercantil, así Grown Capacity S.L, con cuenta corriente en la Caixa siendo la persona autorizada para operar en la misma el citado Teodoro (folio 490 al Tomo II). En este folio de las actuaciones aparecen otras supuestos clientes de la operativa: Nesi Life, S.L., Echo Feeds, S.L., Ene Vida S.L. y Rico Seeds S.L. todas con cuenta en la Caixa y todas controladas de nuevo por este mandado de Laureano, Teodoro. La simple observación de los movimientos de las cuentas corrientes de estas mercantiles, como también la de la proveedora First Grain S.L. o la cliente UK Sishoper, demuestra que efectivamente se trata de empresas que no reflejan ninguna actividad económica y de participación en el tráfico comercial real: sus cuentas solo reflejan ingresos y extracciones de dinero. Ni recibos de agua, gas, luz o nóminas de trabajadores, como deberían tener empresas que reciben altas cantidades de vino; naves para guardarlas, personas que las custodiaran y manejaran, instalaciones frigoríficas o de otro tipo. Por ello se considera que el vino no existía. Las facturas eran simple apariencia. Se confirma esta conclusión con la lectura del informe sobre las empresas llevado a cabo por la Guardia Civil a folios 191 y 192 de autos (Tomo I): Había otros supuestos clientes cuyo nombre se utiliza y se emiten a su nombre facturas de compra de vinos en grandes cantidades, sin que estas operaciones hayan jamás existido;
así lo confirmó en el plenario el testigo Jordi Garroset, que su empresa Mantonet, cuyos principales accionistas son el deponente y su madre, jamás había realizado las operaciones que se le suponen en las facturas aportadas por el perjudicado. En otras ocasiones se trata de empresas cerradas desde hace tiempo, como Bígaro S.L.; en otras, de empresas cuyo domicilio social pertenece a otra mercantil, como el caso de Echo Feeds, que tiene el domicilio social correspondiente a la empresa Murillo Ruíz Binder, S.L. que se dedica a las Artes Gráficas (¿para que compraría una empresa ocn tal objeto social vino?).
Vemos por tanto como la pluralidad de indicios expuestos y acreditados a través de la prueba documental, testifical y de declaración de los imputados, demuestran la irrealidad de las operaciones de compra venta de vinos y que las mismas solo eran una operativa ideada por Laureano para lucrarse a costa de, en este caso, Eusebio; los resumimos:
-empresas proveedoras controladas por él: Comalat Endivies, First Grain y Cosmos extvych
-empresas compradoras sobre todo las que impagan las facturas emitidas por el Sr. Eusebio, igualmente controladas por él o sus testaferros: Nesi Life, UK Sishoper, Grown Capacity, Rico Seed, S.L., Bígaro, S.L.; otras de terceros a los que pide el favor como al Sr. Narciso (Alcomar S.L.).
-Ni un solo documento acreditativo de la existencia de la mercancía
-Empresas suministradoras confundidas con empresas clientes (Uk Sishoper y First Grain S.L.)
-Varias empresas de esta trama (Nesi Life, UK Sishoper, First Grain y Cosmos extvych) constituidas por una tal Valentina, legal representante de la mercantil Ogla Affairs S.L., que a su vez la crea con Luis Pedro.
Cuarto.-De los hechos declarados probados son responsables criminalmente Laureano y Luis Pedro; el primero en concepto de autor el segundo como cooperador necesario en la trama urdida por el primero. En efecto, la participación del primero es evidente y se ha descrito, el mismo reconoce el negocio montado y las pérdidas sufridas por el Sr. Eusebio a consecuencia del mismo y aunque trató de defender su realidad vemos como sus intentos han sido infructuosos. Por su parte Luis Pedro ha tenido una participación absolutamente activa en el negocio y ha cooperado con actos con cuya ejecución no se habría podido llevar a efecto la trama montada. Participa en la creación de las empresas ya mencionadas, al hacerlo en la de la empresa madre Ogla Affaire. Traslada las facturas de los supuestos proveedores a Eusebio y recibe de este las de los clientes. Eusebio llega a apoderarle a fin de que saque directamente el dinero de sus cuentas para pagar a clientes. No podía desconocer el negocio montado y fue pieza clave del mismo. De hecho trató de defender su realidad, asegurando, en su declaración en el acto del juicio, haber visto camiones de vino en la empresa de Laureano para la que trabajaba.
Por lo que respecta a Teodoro y Pascual es procedente absolverles porque no consta que conocieran las actividades reales de Laureano; ambos declararon que este les pagaba un sueldo a cambio de que ellos firmaran donde les decía o hicieran las gestiones que les encomendaba, yendo a la Notaría o a los bancos, aunque no sabían a que es a lo que se dedicaban en realidad. Es verdad que cerraron los ojos y encontraron un modo no muy ético de ganarse la vida, pero no se les puede achacar responsabilidad penal en estos hechos.
Quinto.-Concurre en este caso la atenuante de dilaciones indebidas. En efecto, como ha declarado el Tribunal Supremo en Sentencias 1103/2005, de 22 de septiembre y 32/2004, de 22 de enero, siguiendo el criterio interpretativo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en torno al artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el "derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable", los factores que han de tenerse en cuenta son los siguientes: la complejidad del proceso, los márgenes ordinarios de duración de los autos de la misma naturaleza en igual período temporal, el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, su conducta procesal, y la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que aparece expresamente en el artículo 24.2 de la Constitución, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales,
pero impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. El artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, se refiere expresamente al derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable. Se trata de un concepto indeterminado cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España, y las que en ellas se citan). En el examen de las circunstancias de la causa también el TEDH ha señalado que el periodo a tomar en consideración en relación al artículo 6.1 del Convenio empieza desde el momento en que una persona se encuentra formalmente acusada o cuando las sospechas de las que es objeto tienen repercusiones importantes en su situación, en razón a las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir los delitos. (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España).
El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas está configurado en el artículo 24 Constitución Española sin otras condiciones que las que surgen de su propia naturaleza. Así pues, la obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional, que compete a las partes en orden a la necesidad de respetar las reglas de la buena fe (artículo 11.1 LOPJ), y que se concreta en la denuncia oportuna de las dilaciones con el fin de evitar cuanto antes, o en su caso de paliar, la lesión del derecho fundamental, no alcanza al acusado en el proceso penal hasta el extremo de obligarle a poner de manifiesto la posibilidad de que pueda prescribir el delito cuya comisión se le atribuye, negándole en caso contrario el reconocimiento de los efectos negativos derivados de una administración de la Justicia con retrasos no justificables. En el caso que ahora nos ocupa se advierten retrasos no justificables; los hechos ocurren a finales de 2002 primeros de 2003; se denuncian el y se juzgan definitivamente en el año 2010, siete años después. La causa en la instrucción está parada durante 2 años en que no se practica actividad alguna (de enero de 2006 a enero de 2008); la instrucción es excesivamente larga por ello pese a tener importantes omisiones sin haberse recibido declaración ni a Valentina ni a Cristobal. Es, por ello, que debe estimarse la concurrencia de la citada atenuante.
Sexto.-En cuanto a la pena a imponer por el delito continuado y agravado de estafa de los artículos 248 Y 250.1.6.º, en relación con el artículo 74, del Código Penal, en concurso ideal del artículo 77 del mismo texto legal, con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392, en relación con el artículo 390-1-3.º,
a su vez en relación ambos preceptos con el artículo 74, todos ellos del Código Penal; en primer lugar y en relación con el delito de estafa agravada y continuada debemos atender a la pena prevista en el artículo 250 del Código Penal en su mitad superior en virtud del artículo 74.1 del Código Penal, como tiene señalado la jurisprudencia para los casos, como aquí ocurre en que cada una de las infracciones aisladamente consideradas ya merecían la calificación de especial gravedad en atención a la cuantía (STS 760/2003, de 23 de mayo): prisión de 3 años y medio a 6 años y multa de nueve a doce meses. Igualmente para el delito continuado de falsedad documental cometida por particular, la pena en su mitad superior: de 21 a 36 meses de prisión e idéntica multa. Estas son las penas a comparar para determinar si imponer la prevista para la más grave en su mitad superior o bien separadamente las infracciones si ello es más beneficioso de conformidad con el artículo 77 del Código Penal al estar ambas infracciones continuadas en relación de concurso medial. Es más beneficioso imponer la pena prevista para la infracción más grave (delito continuado de estafa agravado: de 3 años y medio a 6 años) en su mitad superior: de cuatro años y ocho meses a seis años. Por que si no la pena de prisión, penando por separado, sería de 3 años y medio más 21 meses, un total de cinco años y tres meses de prisión. La pena de multa igualmente la mitad superior de la mitad superior, de 10 meses y medio a 12 meses. Como cuota diaria se considera adecuada la de 6 euros días al haber reconocido, Laureano que en la actualidad es representante e ingresa entre 1.000-2.000 euros al mes.
Por lo que respecta al otro acusado condenado se considera esta igualmente la multa imponible y asumible por una economía media dado que la imposición de los mínimos legales (aplicables tan solo para los casos de indigencia que aquí no concurre) habría que considerarlos insuficientemente reparadores y disuasorios, por lo que la sanción penal no cumpliría adecuadamente su función de prevención general positiva. Se impondrán las mínimas penas de las orquillas resultantes y expuestas al apreciarse la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas.
Séptimo.-El art. 116 del Código Penal establece que toda persona responsable criminalmente lo es también civilmente, integrando el art. 110 del mismo texto legal el alcance y contenido de tal responsabilidad que comprende la restitución de las cosas, la reparación del daño causado y la indemnización de los perjuicios, tanto materiales como morales, causados por razón del delito al agraviado, a su familia o a un tercero. En este caso el perjudicado asegura que el perjuicio que se le ha causado por estos hechos es de 1.764.420,11 euros; trata de acreditarlo a través de una pericial pero que no podemos valorar como tal teniendo en cuenta que tratándose de una pericial de parte encargada a un perito particular o no adscrito ni trabajador de un organismo oficial, no puede valorarse la misma como documental, y la pericial propiamente no se ha practicado dado que para ello debería haber acudido el perito al acto del juicio a fin de ratificar su pericia y a la vez explicarla a la Sala y a las partes contestando a cuantas preguntas se le hubieren planteadao a fin de concretarla o ampliarla;
no habiéndolo hecho así ese extremo queda falto de prueba. Por su parte el Ministerio Fiscal acude para fijar el efectivo perjuicio y por tanto la cantidad que puede reclamarse en concepto de responsabilidad civil a los cheques impagados y aportados como doc. 29 y 30 de la denuncia, que suman un total de 834.762,59 euros. No obstante esta cantidad parece corta para indemnizar el total perjuicio causado, teniendo en cuenta que no solo se impagan estos cheques sino otros que no han sido aportados y que además el propio imputado Laureano, reconoce unas pérdidas para el perjudicado por este negocio que se ha demostrado falso que rondarían los 300 millones de pesetas, cantidad igual a la reclamada por el perjudicado. Por tanto y teniendo en cuenta que la fijación definitiva de la responsabilidad civil puede diferirse a ejecución de sentencia, así se hará previa la oportuna pericial que analizando la documentación contable aportada por el perjudicado establezca exactamente el perjuicio causado con los límites, mínimo y máximo, de las cantidades reclamadas en este concepto por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular. Deberá igualmente esta pericial tener en cuenta que el perjuicio efectivamente sufrido es la suma de las disposiciones efectuadas por el perjudicado, algunas enumeradas en el segundo fundamento de derecho (final del folio 14 y principio del 15 de esta resolución)
Octavo.-Que los criminalmente responsables de todo delito o falta, lo son asimismo de las costas procesales y también civilmente para indemnizar los perjuicios que con ellos causen, a tenor de lo señalado en los artículos 123 y 116 del Código Penal,
en relación el primero de ellos con los artículos 239 y 240-2 párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procediendo en el supuesto que nos ocupa la inclusión de las costas que pudieren haberse devengado por la Acusación Particular constituida por el perjudicado Sr. Eusebio, cuya intervención en modo alguno cabe tachar de inútil o superflua. Las costas de los absueltos se declaran de oficio
Vistos los artículos citados así como los de general y pertinente aplicación,
Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS Pascual y Teodoro de los delitos de estafa y falsedad documental de que venían siendo acusados por la acusación particular, con todos los pronunciamientos favorables, declarando de oficio la mitad de las costas.
Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a los acusados Laureano Y Luis Pedro como autores criminalmente responsables, cada uno, de un delito continuado de estafa agravado por la especial cuantía de la defraudación, en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, ya definidos, a las penas, a cada uno, de CUATRO AÑOS Y OCHO MESES de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de diez meses y medio con cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
Todo ello con expresa imposición de la mitad de las costas causadas incluidas las causadas a la acusación particular constituida por Eusebio. En concepto de responsabilidad civil ambos indemnizaran conjunta y solidariamente, a Eusebio en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia previa la realización de pericial contable que fije el perjuicio sufrido por Eusebio, con el límite mínimo de 834.762,59 euros y máximo de 1.764.420,11 euros y con arreglo a las bases fijadas en el fundamento de derecho séptimo de esta sentencia.
Publicación.-La anterior sentencia fue leída y publicada en el día de la fecha por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente constituida en audiencia pública en la sala de vistas de esta sección, de lo que yo el Secretario, certifico y doy fe.

References: artículo 392
 artículo 74
 artículo 392
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 131
 artículo 248
 artículo 77
 artículo 390
 artículo 390
 artículo 6
 artículo 24
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 24
 artículo 74
 artículo 77
 artículo 392
 artículo 390
 artículo 74
 artículo 250
 artículo 74
 artículo 77