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Timestamp: 2019-11-14 12:38:31+00:00

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﻿ Lucha antiterrorista en Canadá: ¿radicalización o equilibrio?
CONTENIDO:Se funda en la aprehensión oficial de un fenómeno difícíl de definir, pasando por un andamiaje de anticipación y prevención de actos de violencia política o indiscriminada. Aun cuando el compromiso del Estado pareciera radicalizarse con las medidas adoptadas, el marco normativo y las salvaguardas previstas buscan garantizar el Estado de derecho. En efecto, los mecanismos de control político, administrativo y judicial, así como la vigilancia de la sociedad civil, permiten equilibrar la ación estatal.
AUTOR:Rafael A. Prieto Sanjuán
TEMAS GENÉRICOS:DERECHO PENAL GENERALCRIMINALÍSTICA
REVISTA DERECHO PENAL N°:13, oct.-dic./2005, págs. 113-154
Lucha antiterrorista en Canadá: ¿radicalización o equilibrio?
Revista Nº 13 Oct.-Dic. 2005
Doctor en Derecho - Universidad de París II
La lucha antiterrorista en Canadá se fundamenta en la aprehensión oficial de un fenómeno difícil de definir, pasando por un andamiaje de anticipación y prevención de actos de violencia política o indiscriminada. Aun cuando el compromiso del Estado pareciera radicalizarse con las medidas adoptadas, el marco normativo y las salvaguardas previstas buscan garantizar el Estado de derecho. En efecto, los mecanismos de control político, administrativo y judicial, así como la vigilancia de la sociedad civil, permiten equilibrar la acción estatal.
Terrorismo; política criminal; legislación antiterrorista; libertades fundamentales; derecho penal comparado.
Indefectiblemente, el 11 de septiembre del 2001 marcó un hito en diversos aspectos de la sociedad internacional no solo en su historia e imaginario, sino también en las relaciones geopolíticas, estratégicas, económicas e incluso jurídico-conceptuales, tendientes a enfrentar un fenómeno que, aunque hacía tiempo había traspasado las fronteras nacionales, nunca se había manifestado con tal intensidad o, al menos, no había afectado de manera tan importante símbolos del poder mundial. Ni más ni menos, en el corazón de Manhattan, en la “capital del mundo”, y en Washington, D. C., se derrumbaban los íconos (centro del comercio internacional y el Departamento de Defensa) de la máxima potencia económico-militar, de donde precisamente germinaría la reacción liderada por Estados Unidos de América (EUA) o, en palabras del mismo presidente George W. Bush, la “cruzada mundial contra el terrorismo”(1).
Ahora, es necesario recalcar que si bien la respuesta de los EUA corresponde a un ataque directo a sus intereses y una provocación a su capacidad de intervención planetaria, aquella ha sido mundialmente legitimada no solo por la coalición armada, sino por todos aquellos Estados que la respaldaron en el plano diplomático o que simplemente guardaron silencio, sin tener quizá plena conciencia de estar contribuyendo en la formación de una norma internacional(2). Aún más, junto a las manifestaciones tangibles (v. gr. el uso de la fuerza) de la lucha antiterrorista surgen otras, probablemente menos perceptibles pero no menos trascendentales, tal como sucede en el campo del derecho y, en especial, en lo relativo a la restricción de ciertas libertades fundamentales.
En efecto, a partir del ejemplo estadounidense(3), y como parte de las diferentes medidas internacionales, se viene implementando en muchos países un arsenal jurídico para combatir diversas expresiones del denominado terrorismo(4), animando el debate socio-jurídico en torno a la afectación del régimen internacional de los derechos humanos, civiles y políticos(5). ¿Es este el caso del Canadá o sería, por el contrario, su ejemplo el alcance de un equilibrio bastante difícil de mantener? Esta es la cuestión principal acerca de la cual queremos indagar en el presente escrito. Para ello, previamente será necesario estudiar la forma en que se ha aprehendido el fenómeno terrorista (I), para luego analizar la legislación correspondiente en relación con las libertades fundamentales (II).
I. La aprehensión del terrorismo
Bastante complejo puede resultar la apprehensio —del latín, acción y efecto de coger, asir, prender a una persona, o bien alguna cosa—(6) del terrorismo en Canadá, un país que cuenta con la fortuna de poseer uno de los índices más elevados de desarrollo y calidad de vida, donde las manifestaciones de violencia política son de rara ocurrencia (1). Sin embargo, esto no ha sido gratuito. Aunque sería bastante arduo y complejo analizar todos los alcances del “milagro” canadiense(7), habremos de constatar la concepción de un andamiaje antiterrorista bien afinado (2).
1. Manifestaciones “terroristas” sin definición del terrorismo
Como generalmente sucede con el terrorismo, no existe una definición unívoca, sino actividades o manifestaciones de un fenómeno difícil de delimitar, por contener un alto índice de subjetividad y fluidez(8). Así entonces, aun cuando la doctrina oficial ofrece algunos elementos de comprensión, notamos que el Estado canadiense ha debido utilizar conceptos exógenos, dada la rareza del fenómeno sobre su territorio. Empero, esto no significa que este sea invulnerable o que se abstenga de adoptar un concepto propio acerca de la amenaza terrorista que podría pesar sobre su país y que, en la misma medida, interprete las tendencias mundiales, con el ánimo de resguardarse.
a) Conceptos y ocurrencia fenoménica
Por varios motivos, el Estado canadiense no ha sido hasta ahora el blanco de atentados significativos o amenazas consideradas como terroristas(9). De hecho, en la resolución de conflictos políticos en Canadá se ha privilegiado la negociación pacífica sobre la acción violenta. Tal vez, la única crisis y de mayor recordación ocurrida sobre su territorio haya sido la provocada por el Front de Libération du Québec (FLQ) en 1970(10), en Quebec, insuficiente para erigir una tipología propiamente canadiense(11).
Ahora bien, a pesar del problema de la definición del terrorismo, desde 1987, el primer comité especial del Senado sobre el terrorismo y la seguridad pública distinguía muy bien entre terrorismo de Estado, o patrocinado por el Estado, y el terrorismo insurreccional o “agitacional”, cometido por personas que no representan a un Gobierno, con la amenaza (interior e internacional) que podría representar para el Canadá y sus ciudadanos, o sirviéndose de su territorio como base para organizar o realizar acciones terroristas contra otro país(12).
Doce años después, el examen que sobre la cuestión efectuó el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (en adelante, SCIS) daría cuenta de motivaciones vinculadas al nacionalismo étnico y al extremismo religioso(13). Sin embargo, esto no significa que el factor ideológico haya sido completamente desplazado por los dos anteriores. Como lo señala este informe, aún existen varios movimientos ligados a una causa particular, como los grupos ecologistas o las asociaciones defensoras de animales, cuya posición ideológica podría encontrarse del lado de la izquierda, aunque la motivación de extrema derecha haya aparecido de manera más frecuente(14).
A modo de síntesis de lo anterior, se presenta el siguiente cuadro:
Motivación Agentes Actividades Observaciones
Nacionalismo – separatismo Movimientos separatistas y movimientos por la autonomía regional, aspirantes al poder, apoyándose en el origen étnico. Violencia intercomunitaria vinculada a la oposición contra el Gobierno. Atentados contra las ONG y los cascos azules. Se han celebrado acuerdos en ciertos conflictos europeos aún vigentes. Los conflictos continúan en Asia, Medio Oriente y África subsahariana.
Extremismo religioso Integristas extremistas de todas las creencias religiosas. Atentados contra objetivos civiles, causantes de un gran número de víctimas. La más grave amenaza a escala internacional.
Ideología Extremistas de derecha e izquierda (skinheads, racistas, antirracistas, milicias anarquistas). Propaganda odiosa; actos de violencia vinculados a la oposición contra inmigrantes; atentados con bombas. A comienzos de los 90, la oposición violenta contra inmigrantes ha alcanzado la cima en Europa. Se trata en gran parte de una amenaza americana, aunque recientemente se han cometido atentados en el Reino Unido
Causa particular Defensores de derechos de los animales; ecologistas y extremistas que se oponen al aborto. Sabotaje, cartas bomba. Considerable amenaza para la industria petrolera.
Estados terroristas o que patrocinan el terrorismo Regímenes opresores. Sabotaje y utilización de armas químicas.
Anexo I. Actividades terroristas. SCIS. Perspectives: Tendances du terrorisme (info. n.º 2000/01). Ottawa, dic. 18/99.
Con todo, solo hasta la sanción real de la Ley C-36 del 2001, que será estudiada más adelante (infra, Parte II.A), se da una definición legal de “actividad terrorista”, que comprende tanto conceptos prestados del derecho internacional como propios del derecho interno, de donde se infiere cuáles son los peligros potenciales y las tendencias internacionales en materia de terrorismo para el Canadá.
b) Amenaza terrorista y tendencias mundiales
De acuerdo con el SCIS, el Canadá ha terminado por importar conflictos regionales(15) con la adopción del multiculturalismo y el fenómeno de inmigración de un cierto número de extranjeros o refugiados que no logran dejar atrás conflictos de su país de origen. Así, para el SCIS, muchos ejemplos ilustran las actividades de terroristas internacionales en Canadá, tal como se desprende de la planificación de actos de dicha naturaleza en su territorio y en el extranjero; la utilización fraudulenta de documentos de viaje; la adquisición de armas y material explosivo; el terrorismo nuclear, bacteriológico y químico; el reclutamiento de miembros y partisanos de organizaciones terroristas; la manipulación de las comunidades de inmigrantes; la entrada ilegal y la acogida de terroristas en Canadá; la recolección de fondos para el apoyo de sus actividades; el apoyo logístico a las operaciones y la ejecución de actos terroristas en Canadá y en el extranjero(16).
En lo que tiene que ver con las tendencias del terrorismo internacional, antes de los sucesos del 11 de septiembre, el SCIS, en el informe del 19 de diciembre de 1999, recordando que la aviación comercial fue la primera víctima del terrorismo moderno, constataba que, “[e]n la época actual, el peligro más grande proviene de los actos de sabotaje o de los atentados con bombas contra aviones comerciales, una amenaza que no [podría] más que atenuarse, habida cuenta de la mejora constante de las precauciones de seguridad”(17). Sin embargo, el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono evidencia que se trataba de un pronóstico inexacto —¡quién lo habría imaginado!— pues el terrorismo está fundado en el factor sorpresa. Pero, de manera acertada, el citado informe considera que, “[l]a evolución de la amenaza que pesa sobre la aviación comercial pone en evidencia la naturaleza dinámica del terrorismo. Las motivaciones, los blancos, las estrategias, las tácticas —al igual que la logística— no cesan de evolucionar”(18).
En cuanto a los objetivos, el informe destaca: los atentados contra turistas y trabajadores humanitarios; los frecuentes secuestros y tomas de rehenes en América del Sur y en la ex Unión Soviética; los ataques contra la infraestructura económica —energía, transporte, sistema bancario e industria turística—; las amenazas de bombas con el objeto de perturbar el transporte, el turismo y el internet, de uso cada vez más frecuente por parte de los terroristas —acceso a la información, difusión de propaganda, recolección de fondos, comunicación y planificación de operaciones—, así como la amenaza de interferir en aplicaciones gubernamentales y comerciales administradas por computador(19).
En relación con los métodos, se señala que el fusil y las bombas continúan constituyendo la preferencia de los terroristas, tal como lo constatan los dispositivos explosivos camuflados en vehículos o los atentados suicidas cuyo carácter indiscriminado ha ocasionado un gran número de víctimas, principalmente en Medio Oriente y Sri Lanka(20). El informe también señala la utilización de agentes neurotóxicos para perpetrar atentados como el de 1995 realizado por la secta Aum Shinri Kyo, en Tokio, y el interés manifestado por Osama bin Laden por las armas químicas y biológicas o incluso la utilización del arma nuclear, lo que aún parece poco probable, cosa diferente a la posibilidad de dispersar una sustancia radiactiva durante un ataque terrorista(21).
En suma, hasta el 2004, pocas diferencias existen en relación con los análisis estratégicos y prospectivos del Canadá, salvo que la preocupación y la preparación frente a las amenazas terroristas parecen mayores. En efecto, el terrorismo sigue siendo de actualidad —extremismo religioso, movimientos secesionistas violentos, terrorismo patrocinado por un Estado y extremismo dentro del país—, tal como lo son los temas relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva; Estados delincuentes o en vía de delincuencia; espionaje extranjero; catástrofes naturales; vulnerabilidad de la infraestructura esencial; crimen organizado y pandemias(22).
Una vez identificadas las amenazas y las tendencias terroristas, es natural que los Estados se doten de una estructura y de mecanismos que permitan contrarrestarlas.
2. El andamiaje de la luchaantiterrorista
La lucha antiterrorista se estructura alrededor de una concepción política, tanto interna como internacional, y de un marco o conjunto de órganos encargados de implementarla o hacerla operable.
a) Visión institucional
Canadá es una democracia parlamentaria y una monarquía constitucional(23) organizada bajo la forma de Estado Federal —en provincias y territorios—. En sus relaciones internacionales acuerda un lugar privilegiado de pertenencia a la mancomunidad británica (Commonwealth) y a la OTAN, como alianza defensiva y, aunque no ha abandonado el concepto de seguridad nacional, viene impulsando, con relativo éxito en el plano mundial, la denominada política de seguridad humana.
En efecto, dado que el concepto de seguridad ha venido cambiando durante la última década, “cuando hoy se habla de seguridad, no se trata solamente de la soberanía y de los derechos de los Estados concernidos, sino también de la libertad de expresión, las migraciones forzadas, la situación de las personas desplazadas en su propio país y de los niños afectados por la guerra”. —Traducción del autor—(24). Aunque la idea no es nueva(25), Canadá ha procurado centrar la noción en la protección de las personas contra la violencia y definir un plan de acción internacional. Es así como, en 1996, la delegación canadiense define por primera vez, ante la Asamblea General de la ONU, la seguridad humana basada en la protección de las poblaciones civiles; vocabulario que sería bien reconocido en el 2000, cuando preside el Consejo de Seguridad y tiene lugar la denominada Cumbre de Milenio. Desde entonces, “el concepto de la paz y la seguridad, sea este nacional, regional o mundial, no tiene sentido sino anclado en la seguridad del individuo [constituyendo] uno de los fundamentos de la política extranjera actual del Canadá”(26).
Dicha política comprende la protección de los civiles, las operaciones de mantenimiento de la paz, la prevención de los conflictos, la gestión e imputabilidad y la seguridad pública. En relación con este último aspecto, Canadá pretende colocar en una escala internacional el servicio de expertos, recursos e instrumentos para contrarrestar la amenaza creciente de las actividades criminales transnacionales, entre otras, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, como amenaza a las poblaciones civiles y la estabilidad de las sociedades. En tal sentido, el Estado canadiense se esfuerza por consolidar y desarrollar el marco antiterrorista internacional, en primer lugar, junto a sus aliados en el G-8, animando la ratificación y aplicación de las doce convenciones que tratan diferentes aspectos del terrorismo.
En el plano estrictamente interno, debemos recordar que la jefatura de gobierno la ejerce un primer ministro —en la actualidad, el muy honorable Paul Martin, elegido de las huestes del Partido Liberal y de acuerdo con la dinámica parlamentaria(27)—. En relación con el andamiaje actual de seguridad, observamos que este data de 1984, articulándose alrededor de la ley sobre el SCIS(28) y la ley sobre las infracciones en materia de seguridad, donde, bajo un marco de interdependencia, se le atribuye a varios ministerios y organismos la responsabilidad de la seguridad nacional(29).
b) Estructura organizacional
Se trata, en primer lugar, del antes denominado Solicitador General y, desde el 12 de diciembre del 2003, fecha de su creación, del Ministerio de la Seguridad Pública y la Protección Civil, que recaen en la persona del viceprimer ministro(30). Junto con sus organismos dependientes, este es el ministerio responsable del buen funcionamiento del aparato de seguridad nacional y la protección de los ciudadanos canadienses de situaciones susceptibles de afectar su seguridad personal, incluso a causa de catástrofes naturales(31). En consecuencia, le corresponde liderar los planes estratégicos, los programas y los servicios relativos a la seguridad nacional y la gestión de emergencias, la policía, la aplicación de la ley, los servicios fronterizos, correccionales y, en general, la prevención del crimen.
Para ello, el Ministerio de la Seguridad Pública y la Protección Civil asegura la coherencia de las políticas a través de una dirección general de la seguridad nacional repartida en tres divisiones: la de política en materia de seguridad, la de lucha contra el terrorismo y la de tecnología y acceso legal; mientras que coordina los seis organismos que dependen de él, a saber, la Gendarmería Real (Policía Montada) del Canadá, el SCIS, la Agencia de Servicios Fronterizos, el Centro de Armas de Fuego, el Servicio Correccional del Canadá y la Comisión Nacional de Libertades Condicionales.
En cuanto al SCIS y su misión de proteger la seguridad del Canadá y de sus ciudadanos, este tiene por tarea adelantar la investigación y proveer información sobre las amenazas que puedan pesar sobre la seguridad nacional y aconsejar al Gobierno en la materia(32). Su administración general es confiada a un director, pero, en particular, es la subdirección quien tiene la responsabilidad de las operaciones, a saber: antiterrorismo, contraespionaje, recursos humanos y lucha contra la proliferación(33).
En la cuestión que nos interesa y de acuerdo con su mandato definido por ley(34), notaremos que el programa de antiterrorismo invirtió la dedicación del personal del SCIS al momento de su creación. En efecto, en 1984 el 80% del personal se ocupaba de la labor de contraespionaje, mientras que solo el 20% tenía que ver con antiterrorismo(35). Así pues, la seguridad pública es la prioridad del SCIS y en el marco de este programa se ha trazado seis objetivos específicos: evitar que resulten personas muertas o heridas por terroristas en Canadá; imposibilitar actos terroristas planificados en dicho país; impedir que material y fondos destinados a terroristas se amasen o adquieran allí mismo; evitar que Canadá se convierta en un santuario para los terroristas; proteger las instituciones de esta Nación y a los canadienses que viajan o trabajan en el extranjero(36).
Dicho lo anterior, es necesario aclarar que la función del SCIS no es la de hacer respetar la ley, sino la de apoyar a los organismos encargados de aplicarla. Esta tarea concierne a los cuerpos de policía en primera instancia. Así, entonces, incumbe a la Policía Montada o Gendarmería Real del Canadá (GRC), en cabeza de un comisionado, la aplicación de las disposiciones legales relativas a la seguridad y los aspectos relativos a la seguridad preventiva, por lo que en algún momento podría pensarse en la presentación de alguna interferencia. De hecho, antes de 1984, correspondía al servicio de seguridad de la GRC la recolección de información en la materia, pero, al considerar que era más apropiado confiar las investigaciones a un organismo civil, se determinó confiar esta responsabilidad al SCIS y que este no tuviera ninguna función policiva. Así, uno de los aspectos que deben resaltarse es que, aunque trabaje en colaboración o le preste apoyo a los cuerpos de policía, el SCIS no adelanta investigaciones de carácter penal(37).
La GRC presta entonces el servicio de policía nacional, a escala federal, provincial y municipal, con el fin de prevenir la criminalidad, mantener la paz, el orden y la seguridad en campos como la salud y los ingresos del Estado. En el cumplimiento de sus funciones, el comisionado está acompañado de un comisario adjunto para los servicios nacionales de policía, subcomisionados regionales, además de otros encargados de la gestión general y control; de la orientación estratégica y de la policía de operaciones que comprende, entre otros, las direcciones de operaciones federales e internacionales y de informaciones penales, como expresión de la inteligencia estratégica, que se focaliza en la amenaza de la actividad terrorista, en torno a la prevención y la planificación de escenarios posibles.
En relación con el Ministerio de Defensa, destacaremos la división de inteligencia y otros dos organismos en especial. A la primera, en cabeza de un director, corresponde el suministro de información —estratégica, científica y técnica— fiable al momento de enviar personal militar en misión al extranjero y el seguimiento y la evaluación de hechos en el mundo que podrían afectar los intereses de Canadá o de sus ciudadanos. Agregaríamos, de un lado, el Centro de Seguridad de las Telecomunicaciones, el cual tiene por mandato adquirir y suministrar informaciones electromagnéticas extranjeras; proveer opiniones, consejos y servicios con el fin de proteger las informaciones electrónicas e infraestructuras canadienses relacionadas y proveer asistencia técnica operacional a los organismos federales encargados de la ley y la seguridad(38). De otro lado, respecto de las situaciones de crisis o de emergencia, la segunda fuerza operacional interarmada (FOI2), la unidad especial de las fuerzas canadienses, tiene como principal objetivo realizar las operaciones federales antiterroristas y puede ser igualmente empleada en otras situaciones que representen un problema que atente contra el interés nacional(39).
Aunque otros ministerios tienen atribuciones importantes en materia de seguridad, como, por ejemplo, el de asuntos exteriores y comercio internacional —a través de su dirección general de la seguridad y de la inteligencia—, transportes(40), justicia, ciudadanía e inmigración y la Agencia de Aduanas e Ingresos del Canadá, solo nos detendremos en la denominada oficina del consejo privado creada como órgano de apoyo y consejo imparcial del primer ministro y el gabinete. Dicho consejo está conformado a la vez por el ministerio del primero y por el secretariado del segundo y su misión consiste en establecer contactos estrechos y continuos con los otros ministerios y los organismos federales, con el fin de ayudarles a cumplir eficazmente sus responsabilidades, así como a garantizar la consulta y la coordinación de conjunto.
En el punto de nuestro interés, llama la atención la existencia del subsecretariado para la seguridad y la inteligencia —con dos secciones o secretariados, uno, propio de la seguridad e inteligencia y, el otro, encargado de la evaluación de inteligencia—, que, además de apoyar al primer ministro con información y consejo, coordina las actividades de la comunidad de inteligencia(41); comparte con el Ministerio de Defensa Nacional la responsabilidad del Centro de Seguridad de las Telecomunicaciones (supra) y supervisa el servicio de evaluación de la inteligencia. Ahora bien, cabe señalar que algunas voces se han hecho sentir a propósito de la necesidad de una mayor coherencia, planificación y gestión de las actividades de inteligencia por encontrarse distantes de un estado óptimo de coordinación(42).
Órganos responsables de la colectividad de la seguridad y de la inteligencia
— Ministerio de la Seguridad Pública y la Protección Civil*.
• Gendarmería Real del Canadá (GRC o policía montada).
• Servicio canadiense de la inteligencia de seguridad (SCIS).
• Oficina de la protección de la infraestructura esenciales y de la protección civil**.
— Ministerio de la Defensa Nacional (MDN).
• Centro de Seguridad de las Telecomunicaciones (CST)***.
— Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (MRECI).
— Ministerio de Ciudadanía e Inmigración Canadá (CIC).
— Agencia de aduanas e ingresos del Canadá (AAIC).
— Ministerio de Justicia Canadá.
— Ministerio de Transportes Canadá.
— Oficina del Consejo Privado (OCP).
• Secretariado de la Seguridad e Inteligencia.
• Secretariado de la Evaluación de Inteligencia (SEI).
Mecanismos de examen y control
— Inspector general del SCIS.
— Comité de vigilancia de las actividades de inteligencia de seguridad (CVAIS).
— Comisión de Quejas del Público contra la GRC (CQP).
— Comisionado del Centro de la Seguridad de las Telecomunicaciones.
* Antes denominado Solicitador General del Canadá - Ministerio del Solicitador General.
** Anteriormente dependía del MDN.
*** Responsabilidad que comparte con el subsecretariado para la seguridad y la inteligencia de la OCP.
Fuente: Oficina del Consejo Privado. La collectivité canadienne de la sécurité et du renseignement: Préserver la sécurité du Canada et des Canadiens – The Canadian Security and Intelligence Community. Ottawa, 2001.
Finalmente, en cuanto a la cooperación internacional, esta depende de los diversos convenios, tanto de orden bilateral como multilateral, en materia de investigación, consecución de pruebas, captura y extradición de personas implicadas o responsables de participar en actividades terroristas, que tienen un carácter de interdependencia con el régimen interno de cada Estado. En el caso de Canadá, dichos instrumentos abundan, tanto en el plano bilateral como multilateral (ONU, OEA, Interpol, G-8, etc.).
II. Combatir el terrorismo en un Estado de derecho
Con el fin de garantizar la vigencia del Estado de derecho, se requiere que las diversas actividades de inteligencia y, en general, la lucha antiterrorista, encajen en un marco constitucional, legal y administrativo claro y consecuente con la seguridad ciudadana. Ahora, aunque es evidente que cada sociedad se dota de las normas e instituciones que estima pertinentes, en general, existe una cierta tendencia en cuanto a la calificación de actividades terroristas y los mecanismos para contrarrestarlas.
En Canadá, fue la ministra de justicia Anne McLellan quien presentó el proyecto de ley antiterrorista (C-36) que adiciona una nueva Parte II.1 (terrorism-terrorisme) al Código Penal(43), como el instrumento jurídico más eficaz para prevenir eventuales actos terroristas y contribuir a la lucha internacional contra este fenómeno. En consecuencia, la ley debe contribuir a evitar que entren terroristas en Canadá y que cometan actos de violencia contra su población, así mismo, proveer las herramientas que permitan identificar, procesar y sancionar a los mismos. La mencionada ley presta especial atención a la frontera con EE. UU. y las repercusiones económicas que podrían producir actos terroristas. En fin, se procura optimizar la cooperación internacional para mejorar la comprensión del tema y enjuiciar los autores de dichos actos.
En cuanto a la forma, notaremos que esta ley es bastante compleja en razón de su naturaleza “ómnibus”, pues de hecho, modifica una decena de leyes existentes y, de manera adicional, le permite ratificar las convenciones que le faltaban de la familia antiterrorista, a saber, para la represión de atentados terroristas con explosivos de 1997 y para la represión de la financiación del terrorismo de 1999. Además, con esta ley, Canadá implementa gran parte de las medidas dispuestas por la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resta aún por discutir la manera como el sistema resuelve el espinoso asunto de las libertades fundamentales en el cuadro de la lucha contra este fenómeno.
A pesar de todo, la acción de la inteligencia y el ejercicio de medidas preventivas por parte del Gobierno han hecho pensar a algunos en la vulnerabilidad del Estado de derecho y, en particular, en la reducción del contenido o espectro de las libertades fundamentales, dejando planear la noción de Estado “policivo”(44). Otros, sin embargo, afirman que los derechos individuales no pueden superponerse a los colectivos y que, precisamente, la limitación de ciertas libertades, como la de circulación o el derecho a la intimidad, se justifican en la medida en que se busque la preservación de otras más fundamentales, como la propia vida y la seguridad humana(45).
El problema como tal se sitúa en el terreno de la racionabilidad y la proporcionalidad de las medidas que se adopten frente a las amenazas potenciales o reales y el respeto de los derechos civiles y las libertades fundamentales(46). En este sentido, hemos procurado indagar cuáles han sido las soluciones adoptadas por Canadá, tanto en el campo de la prevención (1), como en el de examen y control (2).
1. Prevención e incriminación de actividades terroristas
Uno de los elementos capitales de la lucha antiterrorista lo constituye su aspecto preventivo tanto en la consecución de la información, la adopción de medidas materiales, como de la disuasión y la represión penal.
a) Medidas preventivas
En general, la acción antiterrorista acontece antes de que potenciales actos tengan lugar, motivo por el cual se hace necesario conseguir, procesar y actuar frente a las diversas informaciones que dan cuenta de posibles actividades de índole terrorista.
Además de los diversos mecanismos normativos e institucionales antes aludidos (supra, Parte I.2), el Canadá edifica su mecanismo disuasivo en la Ley C-36, donde la acción se dirige, por una parte, a la definición de actividades terroristas y la agravación de las penas; por otra, a la información sobre actividades y grupos terroristas y, en fin, a las medidas de detención de sospechosos. Dado que en el siguiente ítem trataremos la tipificación de las actividades terroristas, interesa concentrarnos en los dos últimos aspectos.
En primer lugar, notaremos que con la Ley C-36 el Estado adquiere nuevos poderes de investigación al facilitársele la utilización de diversos medios de vigilancia electrónica de grupos terroristas. Las fuerzas del orden pueden solicitar interrogatorios a fin de investigar personas sospechosas de poseer información vinculada con grupos o actos terroristas(47).
En segundo lugar, el artículo 83.3 permite al juez expedir una orden de comparecencia a fines de rendir testimonio —a diferencia de una indagatoria, acá la persona es un testigo y no, el presunto autor— en investigaciones de delitos que grupos terroristas hayan cometido o cuando existan serias razones para pensar que podrían cometerse. En todo caso, el Ministerio Público o procurador (attorney) general debe avalar dicha orden para ser ejecutada. Adicionalmente, se permite que ciertas informaciones de interés nacional no sean divulgadas si así lo estima el Ministro de Justicia (por intermedio de un certificado que prohíba la publicación de esas informaciones)(48).
En tercer lugar, se permite el arresto de individuos sobre quienes pesen sospechas razonables de que podrían cometer un acto terrorista, así como la detención preventiva por 24 horas, prorrogables por otras 48, para un total hasta de 72 horas(49). Sin embargo, las circunstancias para proceder de esta manera han sido fijadas de manera bastante estricta por el artículo 83.3, condicionando la denuncia de un agente de paz, consentida por el procurador general, al examen de una corte provincial, salvo en el caso de una urgencia manifiesta, es decir, para evitar la ejecución inminente de una actividad terrorista(50).
b) Tipificación penal
Para el reproche penal, es necesario tipificar determinados comportamientos de acuerdo con la voluntad del legislador. Dicho de otra manera, corresponde al órgano del poder legislativo, como representante del pueblo o de la Nación y, en aplicación de una política criminal, conferirle un carácter delictivo a ciertas conductas imputables a determinados sujetos que participan de forma consciente en la vulneración de un bien jurídicamente protegido, quienes, en adelante, serán susceptibles de sanción penal. Planteados así los elementos del tríptico clásico del hecho punible (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), conviene examinar la adopción de estos conceptos a propósito de la legislación canadiense en materia de terrorismo.
En el caso de Canadá, constatamos que no existe hasta ahora una definición del terrorismo como tipo penal, sino de “actividad terrorista”, de acuerdo con el artículo 83.01 (1) de la Ley C-36, la cual comprende tanto conceptos tomados del derecho internacional (a) como propios del derecho interno (b):
a) Bien sea un acto —acción u omisión cometida en Canadá o en el extranjero— que, en Canadá, constituya una de las infracciones siguientes:
(i) Las infracciones previstas en el parágrafo 7(2) y que implementan la Convención para la represión de la captura ilícita de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
(ii) Las infracciones previstas en el parágrafo 7(2) y que implementan la Convención para la Represión de Actos Ilícitos Dirigidos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmada en Montreal el 23 de septiembre de 1971.
(iii) Las infracciones previstas en el parágrafo 7(3) y que implementan la Convención sobre la Prevención y la Represión de Infracciones contra las Personas que se Benefician de una Protección Internacional, Inclusive los Agentes Diplomáticos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1973.
(iv) Las infracciones previstas en el parágrafo 7(3.1) y que implementan la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1979.
(v) Las infracciones previstas en los parágrafos 7(3.4) o (3.6) y que implementan la Convención sobre la Protección Física de las Materias Nucleares, celebrada en Nueva York y Viena, el 3 de marzo de 1980.
(vi) Las infracciones previstas en el parágrafo 7(2) y que implementan el Protocolo para la Represión de los Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos que sirven a la Aviación Civil Internacional, adicional a la Convención para la Represión de Actos Ilícitos Dirigidos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
(vii) Las infracciones previstas en el parágrafo 7(2.1) y que implementan la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, celebrada en Roma el 10 de marzo de 1988.
(viii) Las infracciones previstas en los parágrafos 7(2.1) o (2.2) y que implementan el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas situadas en la Plataforma Continental, celebrado en Roma el 10 de marzo de 1988.
(ix) Las infracciones previstas en el parágrafo 7(3.72) y que implementan la Convención Internacional para la Represión de Atentados Terroristas con Explosivos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 15 de diciembre de 1997.
(x) Las infracciones previstas en el parágrafo 7(3.73) y que implementan la Convención Internacional para la Represión de la Financiación de Terrorismo, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1999. (Traducción del autor).
Abstracción hecha de la posibilidad de una participación activa o pasiva —por omisión—, lo que resulta interesante de esta norma es la manera como, sobre la base de la competencia universal(51), se han incorporado y tipificado conductas contempladas —de manera no menos compleja— en tratados internacionales(52), realizables tanto en territorio canadiense como extranjero. Adicionalmente, fundado en el mismo principio de universalidad que provoca la competencia extraterritorial, se incrimina:
b) Bien sea un acto —acción u omisión, cometida en Canadá o en el extranjero:
(i) De una parte, cometido a la vez:
(A) En nombre —exclusivamente o no— de un fin, un objetivo o una causa de naturaleza política, religiosa o ideológica.
(B) Con el fin —exclusivamente o no— de intimidar toda o parte de la población en cuanto a su seguridad, entre otros en el plano económico, o para obligar a una persona, un Gobierno o una organización nacional o internacional a cumplir un acto o abstenerse de él, que la persona, la población, el Gobierno o la organización se encuentre en Canadá o no.
El carácter subjetivo de esta disposición merece algunos comentarios. Por una parte, constatamos una evolución en el sentido de que el terrorismo, considerado anteriormente como una actividad de contenido político, puede tener además un carácter religioso o simplemente ideológico y, aún más, para calificar una actividad de terrorista, no se requiere demostrar el nexo absoluto con un fin u objetivo de esta naturaleza. Por otra, tampoco es necesario que quien cometa el acto pretenda “intimidar” exclusivamente a la población respecto de su seguridad(53). ¿Qué significa intimidar y qué significa seguridad? Ello dependerá de la apreciación del juez, entre otros (de manera no taxativa) de los aspectos económicos o mediante extorsión, es decir, lo que aquel entienda en relación con la coacción que se ejerza sobre “una persona, un Gobierno o una organización nacional o internacional a cumplir un acto o abstenerse de él”. En fin, los niveles de subjetividad podrían llegar a su límite, cuando corresponda determinar:
(ii) De otra parte, quien intencionalmente, según el caso:
(A) Cause heridas graves a una persona o su muerte, por el uso de la violencia.
(B) Ponga en peligro la vida de una persona.
(C) Comprometa gravemente la salud o la seguridad de toda o parte de la población.
(D) Cause daños materiales considerables, que los bienes objetivo sean públicos o privados, en circunstancias tales que sea probable que resultare alguna de las situaciones mencionadas en las divisiones (A) a (C).
(E) Perturbe gravemente o paralice servicios, instalaciones o sistemas esenciales, públicos o privados, excepto en el marco de las reivindicaciones, protestas o manifestaciones de un desacuerdo o una parada de trabajo que no tiene por objetivo provocar alguna de las situaciones mencionadas en las divisiones (A) a (C). (Traducción del autor).
En efecto, además del mens rea, podríamos preguntarnos, en primera instancia, cuál es el parámetro legal para determinar la gravedad de las heridas causadas por el uso de la violencia, la forma y la intensidad de una situación que ponga en peligro la vida de una persona o, a partir de qué momento aquella compromete gravemente la salud o la seguridad de la población. Enseguida, cómo establecer la existencia de daños materiales considerables o, en tercer lugar, el umbral necesario para fijar la grave perturbación o parálisis de servicios públicos o privados esenciales.
En todo caso, de acuerdo con la Ley C-36, el sujeto pasivo de una actividad terrorista puede concernir a una persona, a toda la población o a parte de ella —salvaguardando el derecho de huelga y a manifestar—, cuyo objetivo no es el de atentar contra la integridad física de las personas (lit. E)(54). Ahora bien, si la intencionalidad de por sí resulta difícil de determinar, en situaciones como las descritas por los literales E y D (destrucción de la propiedad pública o privada), la previsible vulnerabilidad de la integridad personal agrega un elemento cuya apreciación dependerá exclusivamente del juzgador.
En cuanto a las formas de participación, excepción hecha de situaciones cubiertas por el derecho internacional de los conflictos armados y el derecho disciplinario, “[q]uedan cubiertos por la presente definición, en relación con un tal acto, el complot, la tentativa, la amenaza, la complicidad frente al hecho y el estímulo a la perpetración; queda entendido que se excluye de la presente definición el acto —acción u omisión— cometido durante un conflicto armado, en el momento y en el lugar de la perpetración y, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario o el derecho internacional convencional aplicable al conflicto, así como las actividades adelantadas por las fuerzas armadas de un Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales, en la medida en que estas actividades se rigen por otras reglas de derecho internacional. —Traducción del autor—.
Ciertamente, estas formas de participación en actividades cuya descripción parece de por sí como vasta o imprecisa, exigen un mayor esfuerzo de objetividad en la valoración probatoria, para evitar que ciertas situaciones y personas se vean imputar la etiqueta de terrorista(55). Esta reflexión es particularmente oportuna en caso de conflicto armado, cuando quienes fueron calificados de terroristas —hayan o no participado en actos de violencia armada— terminan negociando un armisticio, reincorporándose a la vida civil o política e inclusive ocupando cargos públicos. Sin embargo, no debemos olvidar que el DIH aplicable a los conflictos armados no desconoce los “actos de terrorismo” o el concepto de “aterrorizar a la población civil” como medio (ilícito) en la conducción de las hostilidades(56). En resumen, comportamientos de tal naturaleza pueden ser adoptados por las partes o por individuos, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra.
Continuando con los delitos tipificados en el orden interno canadiense, es necesario hacer alusión a aquellos de carácter económico o financiero(57). Así entonces, se penaliza el proporcionar o reunir propiedad para terroristas (art. 83.02), financiarlos (art. 83.03), usar la propiedad con fines terroristas o hacer negocios con esta (art. 83.04). De contera, los artículos 83.01 y 11 obligan a toda persona en Canadá o a todo canadiense en el extranjero a revelar a la policía o al SCIS la existencia de toda propiedad o posesión de carácter terrorista. Esto implica, de una parte, que se puede cometer un delito antes o después del acto terrorista y, de otra, la necesidad de precisar lo que son “actividades” y “grupos” terroristas. Lo primero, habiendo sido hecho, conviene concentrarnos en lo segundo.
En efecto, la definición de grupo terrorista importa por su relación con varios de los delitos contemplados en la Ley C-36. Así, por ejemplo, con el artículo 83.03 que acabamos de evocar, en el sentido de facilitar la propiedad o prestar servicios financieros a un grupo terrorista, así como el artículo 83.18, al tipificar la participación o la contribución a toda actividad de un tal grupo. Pero, para la legislación canadiense ¿qué es un grupo terrorista? Según el artículo 83.01 (1) infine, “a) bien sea una entidad [persona, grupo, fiduciaria, sociedad de personas o fondos, u organización o asociación no dotada de la personalidad moral] donde alguno de sus objetivos o de sus actividades consiste en librarse de actividades terroristas o en facilitarlas; b) o una entidad inscrita”, incluida una asociación de dichas entidades. (Traducción del autor).
De acuerdo con lo anterior, deberá entonces probarse que la persona o el grupo se dedicaban a actividades terroristas al momento del hecho imputado de manera individual. Ahora bien, lo que en nuestro medio llama la atención es la definición alternativa y formal de la inscripción de dicha entidad en una lista que elabora el Gobierno en consejo por recomendación del solicitador general del Canadá(58). A pesar de todo, aunque algunos, como el profesor David Paciocco, afirman que con dicho mecanismo se estaría violando el principio de presunción de inocencia(59), lo cierto es que, por un lado, esta práctica, originada en EE. UU. y replicada tanto en Canadá como en la Unión Europea, y donde parece no ser casual que se encuentren los nombres de los grupos subversivos colombianos conocidos por las siglas FARC, ELN y AUC(60), no impide que personas o grupos no inscritos en ellas sean calificados como terroristas. Por otro lado, sin realmente saber si es un efecto deseado, se estaría reconociendo de manera indirecta cierta personalidad o capacidad (criminal) y política al grupo como tal, aunque la motivación enseñada sea la pretensión de contrarrestar las operaciones o los recursos de dichas entidades.
De otra parte, si se ejerce la autoridad de manera indebida o si el operador judicial hace caso omiso de la razón, pueden resultar situaciones preocupantes. Así pues, ante la imprecisión o la amplitud de la norma, cuya aplicación podría ser susceptible de aplicación arbitraria, se impone la necesidad de ciertos mecanismos de control a la ponderación y proporcionalidad entre las medidas adoptadas y las libertades individuales(61).
2. Mecanismos de control
Los mecanismos e instrumentos de examen y control de la aplicación de la norma pueden ser de orden social, político, administrativo y judicial. El primer caso no se da sino con la libre participación de la sociedad civil o de actores sociales, quienes pueden ejercer algún tipo de presión, o verse reconocida alguna participación frente a movimientos y partidos capaces de ejercer un control político; mientras que el control judicial corresponde a los órganos de la Rama del Poder Jurisdiccional o eventualmente adscritos como órganos de control o vigilancia institucional.
a) Control social y político
En una verdadera democracia, la sociedad civil y la clase política permiten contrabalancear los poderes del Estado. La primera, está constituida por los diferentes gremios, asociaciones u organizaciones no gubernamentales (ONG) y los medios de comunicación o la prensa, muchas veces denominada como el cuarto poder. Es menester, eso sí, que unos y otros actúen libremente y de forma independiente, evitando manipular a los demás en favor de su motivación pública o encubierta. Empero, la experiencia demuestra que la frontera entre la defensa de una causa, con sus justas denuncias, y la distorsión de la verdad es fácilmente traspasada cuando se involucran sentimientos y se desborda en apasionamientos.
En Canadá, hemos podido observar que existe una prensa libre y que las diferentes agremiaciones y las ONG expresan su pensamiento y ejercen su misión de manera proactiva(62). En efecto, la primera puede servir para expresar opiniones contrarias, políticas, sociales o económicas. Así mismo, pudimos constatar que, en el seno de diversos sectores de la sociedad civil y en un marco de respeto, se debaten tanto posiciones similares como divergentes. Así por ejemplo, fue evidente la participación y la influencia de académicos y representantes de asociaciones u ONG en los debates presentados antes y después de la adopción de la Ley C-36(63). De hecho, sin ser legisladores, su voz es escuchada y muchas veces tenida en cuenta por el parlamento y el Gobierno(64), ante quienes ejercen un constante derecho de crítica en relación con la aplicación de la ley.
En el plano político, como es obvio, la discusión se adelanta sin mayores contratiempos entre los diferentes partidos y alianzas propias de un sistema parlamentario, pero lo que constituye un verdadero aporte es el control político que el legislativo hace al Gobierno no solo a través de sus ministros, sino en el examen anual que realiza el Comité de Vigilancia de las Actividades de Inteligencia de Seguridad, organismo independiente que desde 1984 viene haciendo un seguimiento e informando —por la vía del solicitador— al parlamento sobre las operaciones del SCIS(65).
En relación con la Ley C-36, en particular, notaremos que el artículo 83.31 obliga al Ministerio Público, así como al ex solicitador general, tanto a escala federal como provincial, a entregar un informe anual al parlamento sobre las operaciones de testimonios investigativos y las detenciones preventivas, así como una evaluación integral de dicha ley al cabo de tres años de la sanción real. Adicionalmente, y en razón de la controversia que generaron las facultades otorgadas a estos dos ministerios, fue introducida una cláusula denominada de efecto temporizador o atardecer (sunset clause) de las mencionadas operaciones, las cuales, según el artículo 83.32, deben cesar al final del quinceavo día de sesiones del parlamento, posterior al 31 de diciembre del 2006, a menos que dichas facultades sean extendidas por una resolución de ambas cámaras hasta por cinco años renovables, mientras exista la necesidad.
b) Control administrativo y judicial
Tratándose de eventuales vulneraciones a las libertades fundamentales, corresponde a los tribunales administrativos —abstracción hecha del control interno—(66) y judiciales o especializados de derechos humanos su conocimiento y adopción de decisiones tendientes a prevenir —cuando es posible— una situación que pudiese poner en peligro un derecho fundamental o establecer los mecanismos tendientes a restaurar el derecho trasgredido o a reparar el daño ocasionado.
El instrumento más importante que permite garantizar el respeto de los derechos humanos y el libre ejercicio de las libertades fundamentales es la denominada Carta de los derechos y libertades, anclada como “parte intrínseca e irrevocable de [la] identidad canadiense”(67). La Carta corresponde al anexo B, parte I de la Ley Constitucional de 1982 y, de acuerdo con su artículo 24(1), “[t]oda persona, víctima de violación o negación de los derechos o libertades que le son garantizadas por la presente carta, puede dirigirse a un tribunal competente para obtener la reparación que el tribunal estime conveniente y justa habida cuenta de las circunstancias”. (Traducción del autor). En tal sentido, todo juez se encuentra apto para conocer una violación de los derechos inscritos en la Carta.
Ahora bien, en virtud de la ley canadiense sobre los derechos de la persona(68), sobresalen dos órganos o mecanismos que, aunque no tienen un carácter estrictamente judicial, sino más bien administrativo, merecen su atención por su contribución al tema que nos ocupa. Se trata de la comisión y el tribunal canadiense de derechos de la persona, quienes, de acuerdo con los principios —igualdad de oportunidades, tratamiento equitativo y un ambiente exento de discriminación— de la referida ley, actúan en dos planos. Corresponde a la comisión, por una parte, la concepción e implementación de programas de información y prevención de la discriminación; por otra, solucionar las quejas relativas a la discriminación y a la prestación de servicios de competencia federal y, adicionalmente, en virtud de la ley sobre la equidad en materia de empleo, se encuentra habilitada para garantizar que se respete la igualdad de oportunidades de empleo de las mujeres, los autóctonos, los minusválidos y los miembros de minorías visibles en la escala de la reglamentación federal.
En cuanto al Tribunal canadiense de Derechos de la Persona, este actúa como especie de segunda instancia de la comisión, en caso de que la mediación o la conciliación hayan sido infructuosas. Aunque se asemeja a un órgano jurisdiccional, el tribunal tiene un carácter menos judicial y no instruye sino las causas relativas a la discriminación, sobre las cuales toma una decisión acerca de su existencia, la manera de reparar a la víctima e impedir que se repita una situación de igual naturaleza. Finalmente, si las circunstancias lo ameritan, contra sus decisiones cabe un recurso de revisión, cuya competencia recae en la Corte Federal del Canadá, primera instancia de resolución de litigios de dicha naturaleza y delas reclamaciones contra el Gobierno, así como las acciones civiles y las demandas de revisión de carácter federal. Nótese que, a partir del 2 de julio del 2003, su sección de apelaciones pasó a convertirse en la Corte de Apelación Federal(69).
Finalmente, corresponde a la Corte Suprema del Canadá la instancia más alta de los tribunales y cortes, en todos los campos de la ley, sea esta de orden constitucional, administrativo, penal o civil. Se requiere entonces, que el apelante haya agotado las demás vías de recurso disponible ante tribunales de inferior jerarquía, por lo que, salvo contadas excepciones, la Corte debe autorizar la apelación antes de estudiar la causa(70), cuando trata una cuestión de importancia pública o un punto de derecho o de hecho que reviste tal magnitud. En adición, la Corte Suprema juega un papel especial de consejo del Gobierno Federal, quien puede solicitarle el estudio de cuestiones relativas a la interpretación de la Constitución o de toda ley federal o provincial o sobre los poderes del parlamento o de las legislaturas provinciales o de sus gobiernos respectivos.
Adicional al control nacional o interno existe la posibilidad de un control internacional, aunque precisamente una de las limitantes esenciales que tiene la protección internacional de los derechos humanos (DD. HH.) tiene que ver con la precariedad de mecanismos administrativos y jurisdiccionales por violación de los primeros. En efecto, solamente tribunales de carácter regional están habilitados para cumplir con la función de juris dictio —decir el derecho— en casos contenciosos de individualización de DD. HH. Hacemos referencia a la Corte Interamericana y al Tribunal Europeo de DD. HH. En lo concerniente al comité de DD. HH, guardián del pacto de derechos civiles y políticos, en los procesos conocidos como “comunicaciones” su carácter es, si se quiere, quasijurisdiccional, en la medida en que prevalece la amigable composición y no da lugar a reparación del daño ocasionado por violación de las obligaciones contenidas en el pacto, empero, la posibilidad del comité para formular observaciones generales.
En lo atinente a la responsabilidad del Estado por adopción de normas contrarias o incompatibles con los tratados internacionales de DD. HH., esta no se efectúa de manera interrelativa entre los Estados, sino en el plano de la responsabilidad de cada Estado por violación de derechos individuales en su jurisdicción. Representativa de esta afirmación es la opinión consultiva de la Corte Interamericana de DD. HH.:
“La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una violación de ésta y (...) en el evento de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado”—énfasis adicionado—(71).
Lo anterior, conduce a confirmar la dificultad de forzar al Estado al pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de DD. HH. Señalemos que, aunque no carecemos de estados de espíritu que propugnan por el cabal respeto de todos los DD. HH., la óptica de nuestra disertación se sitúa en el terreno del derecho positivo y es más pragmática que idealista, pues es poco lo que pueden hacer los órganos internacionales de control de DD. HH. En otras palabras, su labor se ve limitada a una especie de control político que, no obstante, no debe menospreciarse.
En términos generales, nos referimos a los informes y resoluciones de comisiones intergubernamentales que llaman la atención de la sociedad internacional, los cuales pueden tener un efecto concreto sobre las denominadas cláusulas de condicionalidad para el otorgamiento de ayuda a aquellos países que soliciten apoyo en el desarrollo de programas de diverso orden a organizaciones internacionales o países desarrollados. En ese sentido, dependerá entonces de cada organización o país —Canadá, situado por lo general del lado de los donantes que de los solicitantes o receptores de ayuda internacional— conceder la ayuda o negarla, como especie de sanción, a aquellos países que consideren contravenir el régimen internacional de los DD. HH.
Abstracción hecha del mecanismo casi judicial del Comité de DD. HH. —pacto de derechos civiles y políticos—, notaremos que Canadá no hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos ni admite la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de DD. HH. para conocer posibles violaciones de derechos contenidos en la denominada Carta de San José. Sin embargo, como miembro de la Organización de los Estados Americanos, la comisión tiene jurisdicción en lo que hace a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en virtud de los artículos 3.º, 16, 112 y 150 de la Carta de la OEA, los artículos 1.º y 20 del estatuto de la comisión IADH y los artículos 23, 27, 28-43, 45-47 y 49-50 de su reglamento(72). Ahora bien, recordemos que si apenas podríamos esbozar la responsabilidad internacional del Estado por faltar a su obligación de respeto y garantía, ¿qué sucede con la responsabilidad internacional de los individuos?
En general, las convenciones en materia de terrorismo propenden por el ejercicio de la competencia universal y la obligación de procesar o extraditar (aut dedere aut judicare) a los presuntos responsables de adelantar o facilitar actividades terroristas. Pero, no existe jurisdicción verdaderamente internacional, ad hoc o permanente, con competencia material para conocer de crímenes de terrorismo. Esto no significa que ciertos actos, aún llamados terroristas, no puedan configurar un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, como aquellos que podrían ser de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)(73). En adición, cabe señalar que, aunque el estatuto de la CPI reconoce un carácter complementario al ejercicio de su competencia, de hecho, esta será subsidiaria en relación con situaciones de incapacidad o falta de disposición del Estado que impliquen la substracción de presuntos responsables de la competencia de la Corte(74).
Resulta difícil concluir acerca de un tema que está en pleno desarrollo y sobre el cual se ha erigido un falso dilema. En efecto, la seguridad colectiva no tiene por qué convertirse en antagónica de las libertades individuales. Una sociedad o un Estado de derecho no pueden concebirse en términos absolutistas: ni en una obsesiva paranoia de la seguridad colectiva ni en una concepción fundamentalista de los derechos humanos, posiciones que serían irreconciliablemente adversarias. En tal sentido, es necesario comprender que ciertas libertades fundamentales son susceptibles de limitación, mas no de supresión, bajo el entendido de que una tal restricción no puede constituir sino una expresión o respuesta a situaciones de crisis o que exigen una respuesta temporal y urgente.
Así mismo, del estudio del caso canadiense quedan algunas lecciones para países como el nuestro, dejando la impresión que existirían “dos medidas para el mismo peso” o una odiosa distinción entre Estados “virtuosos” y Estados “bandidos” o de sospechosa democracia, más proclives que otros a violar los derechos humanos. Para evitar esto, importa que las medidas susceptibles de degenerar en lo arbitrario, sean contrabalanceadas con la existencia de mecanismos de control aún residuales, pero eficaces. Empero, si bien no podemos olvidar que toda persona tiene derecho a un debido proceso, igualmente debemos afirmar nuestro derecho a vivir libres del sentimiento que provoca la vulnerabilidad frente a actos de una dimensión tan importante como algunos de los que la ley y la doctrina han denominado terroristas. Pero, quizá, lo más importante es la necesidad de subvenir más allá del mínimo vital, a las condiciones sociales de la vida humana, sin las que difícilmente se puede acceder a un sistema democrático y garantizar la convivencia pacífica:
“La seguridad es el sello distintivo de una vida sin temor, mientras que el bienestar es el objetivo de una vida sin necesidades. La seguridad humana y el desarrollo humano son por lo tanto dos caras de la misma moneda, que se refuerzan y conducen mutuamente a un ambiente propicio para ambos”(75).
— Gobierno del Canadá
http://www.canada.gc.ca
Administración canadiense de la seguridad del transporte aéreo
http://www.catsa-acsta.gc.ca
— Derechos y democracia
http://www.ichrdd.ca/splash.html
— Ministerio de Asuntos Extranjeros
http://www.dfait-maeci.gc.ca
— Programa de la seguridad humana
http://www.securitehumaine.gc.ca
— Política internacional del Canadá
http://www.dfait-maeci.gc.ca/cip-pic
— Ministerio de Justicia
— Ministerio de la Ciudadanía e Inmigración del Canadá
—Ministerio de la Defensa Nacional y las Fuerzas Canadienses
—Centro de la Seguridad de las Telecomunicaciones
http://www.cse-cst.gc.ca
—Ministerio de la Seguridad Pública y la Protección Civil (solicitador general)
http://www.psepc-sppcc.gc.ca
—Agencia de Servicios Fronterizos del Canadá
—Estrategia Nacional para la Prevención del Crimen
http://www.prevention.gc.ca/index.html
—Gendarmería Real (policía montada) del Canadá
http://www.rcmp-grc.gc.ca
—Servicio Canadiense de la Inteligencia de Seguridad (SCIS)
http://www.csis-scrs.gc.ca
—Oficina del Consejo Privado
—Oficina de la Seguridad de los Transportes del Canadá
http://www.tsb.gc.ca
—Parlamento del Canadá
—Seguridad pública
—Comisión Canadiense de los Derechos de la Persona
—Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear
http://www.suretenucleaire.gc.ca
—Comisión de la Inmigración y del Estatuto de Refugiado
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—Comité de Vigilancia de las Actividades de Inteligencia de Seguridad
http://www.sirc-csars.gc.ca
—Comité Externo de Examen de la GRC
http://www.erc-cee.gc.ca
—Corte de Apelación Federal
http://www.fca-caf.gc.ca
—Corte Federal del Canadá
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— Corte Suprema del Canadá
—Oficina del inspector general, Servicio Canadiense de la Inteligencia de Seguridad
http://www.psepc-sppcc.gc.ca/igcsis/index_f.asp
—Tribunal Canadien des Droits de la Personne
http://www.chrt-tcdp.gc.ca
(1) Véase, Haddad Linero, Yebrail. La cruzada mundial contra el terrorismo. Casos Afganistán e Irak. Bucaramanga: Sic Editorial, 2003. Cfr. el crítico examen de Sous le sceau des croisades. En: La colección Manière de voir, n.º 78, de Le Monde diplomatique. París: dic. 2004 - ene. 2005.
(2) Cfr. Verhoeven, Joe. Les “étirements” de la légitime défense. En: Annuaire français du droit international (AFDI), t. XLVIII, 2002, pp. 49-80, y Condorelli, Luigi. Naciones Unidas, terrorismo y uso de la fuerza. En: Terrorismo Internacional y Principio de Distinción entre Combatientes y Civiles, R. Prieto S. (traducción y ed.). Bogotá: Eds. Jurídicas G. Ibáñez, 2004, pp. 13-57. Ahora, es bien sabido que la costumbre, como fuente formal del derecho internacional, se constituye tanto de un elemento material (la práctica generalizada) como de uno inmaterial o psicológico, a saber, la opinio juris u opinión de conformidad frente al derecho. Para que una determinada costumbre no sea oponible a un Estado, este deberá convertirse en “objetor persistente” durante el estadio de su formación. Vid. Dupuy, Pierre-Marie. À propos de l’opposabilité de la coutume générale: enquête brève sur l´“objecteur persistant”. En: Mélanges Michel Virally: Le droit international au service de la paix de la justice et du développement. París: Eds. Á Pedone, 1991, pp. 257-273.
(3) Vid. la denominada Ley Patriótica de los EUA del 24 de octubre del 2001, Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001, Pub. L. n.º 107-56, 115 Stat. 272.
(4) Además del caso estadounidense, vid. entre otros, el de las tradicionales democracias británica (Antiterrorism, Crime and Security Act 2001, c. 24; reemplazada por el Prevention of Terrorism Act 2005, c. 2) o francesa (leyes de nov.15/2001, sep. 9/2002, mar. 18/2003 y mar. 9/2004 que actualizan los códigos penales sustantivo y procesal). Con todo, observamos que más que un terrorismo, podríamos hablar de varios terrorismos, en la medida en que de manera generalizada se registra la instrumentación de un fenómeno que brilla por su relatividad, incomprensiva fluidez y subjetividad en la interpretación. Esto ha permitido, en concreto, que cada ordenamiento nacional determine el contenido de lo que considera constituye un acto de terrorismo o actividades terroristas y, en consecuencia, establezca procedimientos para prevenir su comisión y sancionar a sus autores, con los riesgos de desvío que implica la concepción y la ejecución de operaciones antiterroristas y la vulneración de algunas libertades fundamentales.
(5) Véanse, entre otros, de este lado del Atlántico (EE. UU.), Leone, Richard C. y Anrig, Grez Jr. (eds.). The war on our freedoms. Civil liberties in an age of terrorism. Nueva York: The Century Foundation – Public Affairs, 2003; en Europa, Bribosia, Emmanuelle y Weyembergh, Anne (bajo la dirección de). Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux. Bruselas: Eds. Bruylant, 2002, así como el tono de franco reproche de Le Monde diplomatique, en su colección Manière de voir, n.º 71: Obsessions sécuritaires. París, oct-nov. 2003.
(6) Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Espasa, 1992, p. 172.
(7) De gran ayuda resultó para el autor la estancia en la Universidad Laval para la documentación y comprensión de diversos aspectos estratégicos de la lucha antiterrorista en el Canadá. Especial agradecimiento a Louis Bélanger, director del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Quebec (IHEIQ); a Gordon Mace, director del Centro de Estudios Interamericanos y a Julie Breton y Richard Garon, del Programa Paz y Seguridad Internacionales.
(8) V. n.º 4.
(9) Según el primer comité especial del Senado sobre el terrorismo y la seguridad pública, la “teoría del reino pacífico” se debe a elementos existentes en el Canadá propios de su historia, cultura, economía, gobierno, prensa libre, geografía y política exterior. Vid. William M. Kelly and Daniel P. Hays. The report of the Senate special committee on terrorism and the public safety, Terrorism-Terrorisme. 1987, pp. 13-15; así mismo, la completa actualización realizada doce años después por este mismo órgano. W. M. Kelly and John G. Bryden. The report of the special Senate committee on security and intelligence – Rapport du Comité spécial du Sénat sur la sécurité et les services de renseignement. Ottawa, jan. 1999. Cfr. Mount, Graeme S. Canada’s Enemy spies and spying in the peaceable kingdom. Toronto: Dundurn Press, 1993.
(10) En octubre de 1970, como expresión violenta del movimiento independentista, el otrora Front de Libération du Quebec secuestró a James Gross, agregado comercial del Reino Unido, y a Pierre Laporte, ministro del Trabajo de Quebec, a quien posteriormente asesinó. Sobre el manejo dado por la inteligencia canadiense a esta crisis, v. Whitaker, Reg. Apprehended insurrection?RCMP intelligence and the october crisis. En: Queen’s Quarterly, Vol. 100, 1993, pp. 383-406. Citado por el mismo autor en Before September 11 – Some history lessons. En: Instituto Canadiense de Administración de la Justicia (ICAJ), Terrorisme, droit et démocratie: comment le Canada a-t-il changé après le 11 septembre? – Terrorism, Law & Democracy: how is Canada changing following september 11?, Daubney et al. (eds.). Montreal: Ediciones Themis, 2002, pp. 39-53; 48.
(11) Empero, cfr. Bell, Stewart. Canadian Terrorists. En: ICAJ (cit.), pp. 15-22; para el período comprendido entre 1866 y 1942, Morton, Desmond P. Canada’s responses to past serious threats. Ibídem, pp. 55-67.
(12) Senate Special Committee on Terrorism and the Public Safety. Op. cit., n.º 9, pp. 3-10 y 13-15.
(13) Elementos muchas veces reunidos como en el caso de los militantes Sikhs que aspiran a crear un Estado independiente, le Khalistan o del Jihad islámico egipcio, que busca el establecimiento de un Estado islámico en Egipto. SCIS. Perspectives: Tendances du terrorisme (info. n.º 2000/01). Ottawa, dic. 18/1999, párrs. 5-9.
(14) Por ejemplo, los grupos racistas, como el Ku Klux Klan o el grupo británico Combat-18 (C-18), así como diversas pandillas de skinheads (cabezas rapadas), tan comunes en Alemania o aun las milicias norteamericanas. Ibídem, párr. 10.
(15) A título de ejemplo, el SCIS cita el bombardeo de la fuerza aérea iraní contra una base de los MEK en Irak, el 5 de abril de 1992 que, en algunas horas, resuena con ataques contra las embajadas de Irán en catorce países, incluyendo la de Ottawa, donde unos 40 partisanos del movimiento causan destrozos e hieren a varias personas. Así mismo, cuando el jefe del PKK, Abdullah “Apo” Öcalam fue detenido en Kenia, el 15 de febrero de 1999, al día siguiente sus seguidores se manifiestan violentamente en Montreal y, al otro día, hieren en Ottawa a varios agentes de policía, uno de los cuales es convertido en antorcha viviente a causa de un cóctel Molotov. Ver SCIS, Perspectives: terrorisme international: menace pour le Canada (info. n.º 2000/04). Ottawa, mayo 3/2002, párrs. 9-10.
(16) SCIS. Op. cit., n.º 13, párrs. 34 y 35. Cfr. Bell, Stewart. Canadian Terrorists. Op. cit., n.º 11, en particular, pp. 17-23, quien nota además el “lobbying y la presión política” ejercido por organizaciones terroristas, así como una “política de negación” gubernamental.
(17) SCIS. Op. cit., n.º 13, párr. 2 (in fine).
(18) Ibídem, párr. 3.
(19) Ibídem, párr. 12.
(20) Ibídem, párr. 13.
(21) Ibídem, párrs. 14-15.
(22) Oficina del Consejo Privado. Protéger une société ouverte: la politique canadienne de sécurité nationale – Securing an Open Society: Canada’s National Security Policy. Ottawa, 27 de abril del 2004, cap. I, pp. 6-9.
(23) En consecuencia, la Reina ocupa la jefatura de Estado, cuya representación recae en un gobernador(a) general del Canadá, en la actualidad, la muy honorable Michaëlle Jean, quien ejerce las funciones de Su Majestad (representación de la Corona, promoción de la soberanía canadiense, celebración de la excelencia, reforzamiento de la unidad nacional, de la identidad canadiense y del liderazgo moral) quien la designa por consejo del Primer Ministro del Canadá. Nótese igualmente que el gobernador general es, además, el comandante en jefe de las fuerzas canadienses, aunque su papel se limite a animar la excelencia entre los militares, reconociendo su aporte en la vida del país y en la escena internacional [http://www.gg.ca].
(24) Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional. Vivre à l’abri de la peur: la politique étrangère du Canada et la sécurité humaine – Freedom from Fear: Canada’s foreign policy for human security– Vivir sin miedo: Política exterior de Canadá sobre seguridad humana [http://www.humansecurity.gc.ca].
(25) Cfr. las más importantes convenciones internacionales adoptadas al término de la 2.ª Guerra Mundial y la atención sobre el concepto del PNUD en su informe mundial sobre el desarrollo humano de 1994.
(26) Ibídem. A su vez, en la Cumbre del Milenio, el Japón lanzaría la idea de una comisión independiente sobre la seguridad humana. Ver Rapport de la commission sur la sécurité humaine (trad. del inglés por F. Vanderschoot). París: Presses de Sciences Po, 2003 y el sitio internet (en español) de la red de seguridad humana [http://www.humansecuritynetwork.org/menu-s.php].
(27) Vid. Oficina del Primer Ministro del Canadá [http://pm.gc.ca].
(28) Canadian Security Intelligence Service Act (R.S. 1985, c. C-23) – Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (L.R. 1985, ch. C-23).
(29) V. en general, Solicitador General, On Course: National Security for the 1990’s. The government’s response to the Report of the House of Commons Special Committee on the Review of the CSIS Act and the Security Offenders Act. Supply and Services Canada – Maintenir le cap: la sécurité nationale dans les années 90. Réponse du gouvernement au rapport du Comité spécial d’examen de la Loi sur le SCRSet de la Loi sur les infractions en matière de sécurité. Ottawa, febrero de 1991.
(30) Además de retomar las principales actividades del anterior Ministerio del Solicitador General, el de Seguridad y Protección reúne aquellas que correspondían a la oficina de protección de las infraestructuras esenciales y de la protección civil [http://www.ocipep.gc.ca], así como del Centro Nacional de Prevención del Crimen.
(31) Además de la política de seguridad fundada en la protección de los ciudadanos canadienses, tanto en territorio nacional y en el extranjero, el Canadá busca contribuir a la seguridad internacional y asegurarse que no constituya fuente de amenaza para sus aliados. Vid. Oficina del Consejo Privado. Protéger une société ouverte..., op. cit., n.º 22, pp. 5-6.
(32) Aunque es un organismo que debe garantizar la protección de ciertos secretos, el SCIS no es un organismo secreto, tal como lo evidencia su información en la red [http://www.csis-scrs.gc.ca].
(33) Existen a la vez, directores adjuntos de la subdirección, para operaciones, inteligencia y servicios centrales, así como directores generales para las regiones.
(34) De acuerdo con el artículo 2c) de la ley sobre el SCIS, a este le corresponde investigar las actividades “que apuntan a favorecer el uso de la violencia grave o amenazas de violencia contra personas o bienes con el fin de alcanzar un objetivo político en el Canadá o en un país extranjero” (traducción del autor).
(35) SCIS. Counter-terrorism –La lutte antiterroriste [http://www.csis-scrs.gc.ca/fra/operat/ct_f.html]. Revisado el 9 de agosto del 2002.
(36) Ibídem. En el desarrollo de este programa, el SCIS evalúa las posibles amenazas, se entrevista con las diversas comunidades, realiza filtraciones o comparte información de seguridad, con otros organismos y puede recurrir, bajo autorización judicial, a ciertas técnicas investigativas de intrusión para prevenir la criminalidad y, en especial, actos de terrorismo.
(37) El SCIS adelanta investigaciones y análisis de inteligencia en caso de terrorismo o violencia política, espionaje, sabotaje y toda actividad extranjera que pudiese representar una amenaza a la seguridad nacional; así mismo, aconseja al Gobierno en la materia.
(38) Estas labores están garantizadas por el programa de información electromagnética (SIGINT) y el de seguridad de las tecnologías de información (STI). Cfr. Brodeur, Jean-Paul. Le centre de sécurité des télécommunications et les libertés civiles. En: ICAJ. Op. cit., n.º 10, pp. 201-210.
(39) La FOI2 sucede al grupo especial de intervenciones de emergencia (GSIU) de la gendarmería. Vid. el informe del comité especial del Senado sobre el terrorismo y la seguridad pública de 1987 (n.º 9), pp. 63-68.
(40) Las medidas adoptadas por los transportes en Canadá después del 11 de septiembre del 2001 son consultables en el sitio internet del ministerio [http://www.tc.gc.ca]. Véase también, la administración canadiense de la seguridad del transporte aéreo creada como respuesta a los atentados aéreos del 11 de septiembre y que responde ante el parlamento por intermedio del primero.
(41) Oficina del Consejo Privado. La collectivité canadienne de la sécurité et du renseignement: préserver la sécurité du Canada et des canadiens - The Canadian Security and Intelligence Community. Ottawa, 2001.
(42) Vid. entre otros, Giguère, TC (r), Richard. Doit-on créer un ministère de la sécurité au Canada? En: Le maintien de la paix. Boletín n.º 57, febrero 2002, IQHEI – Universidad Laval, Quebec, 4 p.
(43) An act to amend the criminal code, the official secrets act, the Canada evidence act, the proceeds of crime (money laundering) act and other acts, and to enact measures respecting the registration of charities, in order to combat terrorism – loi modifiant le code criminel, la loi sur les secrets officiels, la loi sur la preuve au Canada, la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et d’autres lois, et édictant des mesures à l’égard de l’enregistrement des organismes de bienfaisance, en vue de combattre le terrorisme. Adoptada por la Cámara de los Comunes el 28 de noviembre del 2001, en la primera sesión de la 37.ª legislatura, 49-50 Elizabeth II, 2001.
(44) Algunos evocan incluso la denominada época del McCarthyismo, del senador estadounidense Joe McCarthy, quien, en 1950, lanza su campaña anticomunista, la cual se convierte en una verdadera “cacería de brujas” dentro de la administración norteamericana. Cfr. Whitaker, Reg. Before september 11 - some history lessons. En: Op. cit., n.º 10, especialmente, pp. 43-46.
(45) Vide, en particular, Cotler, Irwin. Thinking outside the box: foundational principles for a counter-terrorism law and policy. En: Daniels, Ronald J., Macklem, Patrick y Roach, Kent (eds.). The Security of Freedom essays on Canada’s anti-terrorism bill. Toronto: University of Toronto Press, 2001, pp. 111-129 y Constitutional Democracy: balancing security and civil liberties. En ICAJ. Op. cit., n.º 10, pp. 225-239. Para una posición más neutra. Cfr. Mendes Errol P. Between crime and war terrorism, democracy and the constitution. Ibídem, pp. 239-269.
(46) Garant, Patrice. Prévention du terrorisme et principes de justice fondamentale. Ibídem, pp. 271-306.
(47) Artículo 83.28 y la Parte V.1 de la Ley C-36. Cfr. Austin, Lisa. Is privacy a casuality of the war on terrorism? En: Daniels, Ronald et al. Op. cit., n.º 45, pp. 252-267. Visto en perspectiva, resulta interesante observar cómo se ha procurado limitar la posibilidad de comportamientos arbitrarios de los órganos de investigación en el continente europeo. Así, el informe final del comité de expertos sobre las técnicas especiales de investigación en relación con actos de terrorismo establece la necesidad de que dichos mecanismos sean legales, excepcionales y sujetas a un control periódico. Vid. Consejo de Europa. Doc. PC-TI (2003) 2. Estrasburgo, 3 de marzo del 2003.
(48) Vid. Partes II (sobre los secretos oficiales y la protección de la información) y III (sobre la prueba) de la Ley C-36.
(49) Recognizance with conditions –Engagement assorti de conditions. Vid. Trotter, Gary T. The anti-terrorism bill and preventative restrains on liberty. En: Daniels, Ronald et al. Op. cit., n.º 45, pp. 239-248.
(50) La acción puede ser más sutil, pero igualmente efectiva cuando se trata de combatir las finanzas del terrorismo. Vide arts. 83.01 a 83.04, 83.08 a 83.17 de la Ley C-36; sobre el tema, las reflexiones de Krishna et al. En: ICAJ. Op. cit., n.º 10, pp. 351-355, 357-363, 365-379.
(51) La competencia universal, a no confundir con la jurisdicción internacional o tribunales internacionales, se refiere a los mecanismos de control (prevención y sanción) que cada Estado o parte contratante está facultado para —con el deber— de adoptar las medidas necesarias para combatir el terrorismo —u otro comportamiento, p. ej. genocidio o crímenes de guerra, que se pretenden regular o reprimir— en su orden interno, con independencia del lugar de la comisión del delito, la nacionalidad y residencia del autor o de la víctima; basados, además, en el principio aut dededere aut judicare (juzgar o entregar) como mecanismo de lucha contra la impunidad.
(52) Vid. las críticas relativas a la complejidad y vaguedad de la norma en discusión planteadas, entre otros, por Roach, Kent. The dangers of a charter-proof and crime-based response to terrorism. En: Daniels, Ronald et al. Op. cit., n.º 45, pp. 131-147 y The new terrorism offences in canadian criminal law. En: ICAJ. Op. cit., n.º 10, pp. 113-144, 117-120; Mosley, Richard G. Preventing terrorism bill C-36: The anti-terrorism act 2001. Ibídem, pp. 145-191, Stuart, Don. The anti-terrorism Bill (Bill C-36): an unnecessary law and order quick fix that permanently stains the canadian criminal justice system. Ibídem, pp. 173191. Cfr. la posición contraria de Cotler, Irwin. Constitucional democracy: balancing security and civil liberties. Ibídem, pp. 225-239, y Garant, Patrice. Prévention du terrorisme et principes de justice fondamentale. Ibídem, pp. 271-306.
(53) Con todo, la terminología bilingüe se puede prestar para cierta confusión, a partir del momento de la interpretación de la expresión inglesa “in whole or in part” o “exclusivement ou non” del francés.
(54) Cabe anotar que esta parte ya había provocado un gran debate que obligó a reformar el texto aprobado en primera lectura. En efecto, ante las críticas relativas al peligro de menoscabar el derecho a la huelga y las manifestaciones sociales, el proyecto eliminó el adjetivo de “ilegal” (unlawful) que le seguía. Cfr. Schneiderman, David y Cossman, Brenda. Political association and the anti-terrorism Bill. En: Daniels, Ronald et al. Op. cit., n.º 45, pp. 173-194.
(55) No obstante, el artículo 83.18 detalla más adelante las formas de participación, mientras que el artículo 83.19 se refiere a la facilitación de una actividad terrorista y el artículo 83.21, 22 y 23 lo hace en relación con la instrucción y el encubrimiento de terroristas.
(56) Artículo 51, párr. 2.º del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 8 de junio de 1977. Artículo 4.º, párr. 2.º, lit. d) y artículo 13, párr. 2.º del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II). Vid., entre otros, el número especial dedicado al tema en la Revista Internacional de la Cruz Roja, especialmente la contribución de Gasser, Hans-Peter. Actos de terror, ‘terrorismo’ y derecho internacional humanitario. En: RICR, 2002, n.º 847 (traducción del original en inglés, “Acts of terror, ‘terrorism’ and international humanitarian law”, disponible en internet [http://www.cicr.org]). Cfr. Prieto Sanjuán, Rafael. Terrorismo y derecho humanitario en caso de conflicto armado interno. En: Guerra, violencia y terrorismo. U. Nacional de Colombia/Redunipaz, A. Vargas V. (ed.), Santafé de Bogotá, 1999, pp. 113-128 (notas omitidas por el editor).
(57) Vide, en general, Davis, Kevin E. Cutting off the flow of funds to terrorists: whose funds? which funds? who decides? En: Daniels, Ronald et al. Op. cit., n.º 45, pp. 299-319, y n.º 50.
(58) Sobre las condiciones y el procedimiento de inscripción en dicha lista, ver el artículo 83.05 (1).
(59) Paciocco, David M. Constitutional casualties of september 11: limiting the legacy of the anti-terrorism act. En: Supreme Court Law Review (2.ª serie), Vol. 16, 2002, pp. 185-237.
(60) Para la lista canadiense de las entidades inscritas, ver la Canada gazzette du Canada, Vol. 138, n.º 24, del 1.º de diciembre del 2004 [http://canadagazette.gc.ca].
(61) En ese sentido, resulta interesante revisar el caso Oakes en Canadá (R. c. Oakes, [1986] 1 S.C.R. 103) que establece que los medios escogidos para limitar derechos deben estar racionalmente conectados a un objetivo sustancial y actual, escoger el de menor intrusión de dichos derechos y buscar la proporcionalidad entre los efectos y los beneficios de su disminución, así como entre el desmedro de aquellos y la importancia del objetivo legal.
(62) Vide, por ejemplo, la liga de derechos y libertades [http://www.liguedesdroits.ca].
(63) Véase la página electrónica del Coloquio celebrado en Toronto sobre [l]a seguridad de la libertad [http://www.law.utoronto.ca/c-36] rica en información y otros enlaces relativos a la materia. Memorias editadas por Daniels, Ronald J., Macklem, Patrick y Roach, Kent. Op. cit., n.º 45; ICAJ. Op. cit., n.º 10. Cfr. Liga de derechos y libertades. Nous ne sommes pas plus en sécurité; nous sommes moins libres. Montreal, noviembre del 2003; igualmente, el informe de la coalición para la vigilancia internacional de las libertades civiles. Sécurité et stratégie antiterroriste: Répercussions sur les droits, les libertés et la démocratie. Ottawa, 17 de febrero del 2004; documentos obtenidos con la amable cooperación de Lucie Lemonde, profesora de la U. de Quebec en Montreal (UQAM) y miembro del Centro de Estudios sobre el Derecho Internacional (Cedim) y la mundialización; así mismo, el autor expresa sus agradecimientos especiales a su directora, Lucie Lamarche, a Bruce Broomhall y a Bernard Duhaime, también miembros del Cedim, al igual que a François Crépeau, director del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la U. de Montreal (Cérium, por su sigla en francés) por las reuniones sostenidas con ellos y cuyas contribuciones resultaron extremadamente ilustrativas para la realización de este escrito, aunque no necesariamente refleje su opinión.
(64) V. Amendments to Bill C-36 – Amendements au projet de loi C-36, comunicado de prensa del 20 de noviembre del 2001. [http://canada.justice.gc.ca/fr/news/nr/2001/doc_27902.html].
(65) Los informes de los últimos veinte años se encuentran disponibles en el sitio del SCIS [http://www.sirc-csars.gc.ca]. Del mismo carácter (independiente y con informe al parlamento) podemos citar la comisión de quejas del público contra la GRC o el comisionado del centro de seguridad de las telecomunicaciones, quien por la vía del Ministerio de Defensa, informa al Parlamento. Cfr. Heafey, Shirley. La surveillance civile dans un monde changé – Civilian Oversight in a Changed World. En: ICAJ. Op. cit., n.º 10, pp. 387-401 y, en relación con la intercepción de comunicaciones, Brodeur, Jean-Paul. Le Centre de sécurité des télécommunications et les libertés civiles. Ibídem, pp. 201-210.
(66) Por ejemplo, el que realiza de manera independiente para el solicitador, el inspector general del SCIS sobre la observación de las reglas operacionales por este.
(67) Vide Comisión canadiense de los derechos de la persona [http://www.chrc-ccdp.ca]. Una abundante y detallada recopilación es publicada anualmente por Wilson & Lafleur: Brun, Henri. Chartes des droits de la personne. Législation, jurisprudence et doctrine (Col. Alter Ego), 17.ª ed. Montreal, 2004.
(68) Canadian charter of rights and freedoms – Charte canadienne des droits et libertés. Parte I del Constitution act o loi constitutionnelle de 1982 (79); editada como anexo B de la ley de 1982 sobre el Canadá, 1982, cap. 11 (R.U.). Entrada en vigor el 17 de abril de 1982 [http://laws.justice.gc.ca/en/charter/const_fr.html]. Reformada en 1984 y 1993.
(69) En la abundante jurisprudencia (disponible en línea) de estas cortes, encontramos interesantes decisiones que involucran, por ejemplo, al Ministerio de la Ciudadanía e Inmigración, respecto de personas acusadas de librarse a actividades terroristas o pertenecer a organizaciones de dicha índole. Vid., entre otras, Fuentes c. Canadá (Ministerio de la Ciudadanía e Inmigración) (1.ª inst.) [2003] 4 C.F. 249 y Zrig c. Canadá (Ministerio de la Ciudadanía e Inmigración) (C.A.) [2003] 3 C.F. 761.
(70) Con todo, el derecho de apelación es automático en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando en ciertas causas penales un magistrado de una corte de apelaciones ha expresado una opinión minoritaria sobre la manera en que la ley debería interpretarse. Así mismo, cuando una corte de apelaciones ha reconocido como culpable a una persona que habría sido absuelto durante el proceso inicial. Cfr. la Demanda fundada sobre el artículo 83.28 del Código Penal (Re), [2004] 2 R.C.S. 248, 2004 CSC 42, del 23 de junio del 2004 y, el caso Suresh c. Canadá (Ministerio de la Ciudadanía e Inmigración) [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1, del 11 de enero del 2002.
(71) Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la convención (artículos 1.º y 2.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994, Serie A: Fallos y Opiniones, n.º 14, párr. 50. Vid., igualmente, su sentencia de 14 de marzo del 2001, emitida en el caso Barrios Altos (Serie C: Resoluciones y Sentencias, n.º 73, párrs. 39 y 41 a 43).
(72) Vide Corte IADH, Opinión consultiva OC-10/89 “Interpretación de la declaración de los derechos y deberes del hombre dentro del marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, 14 de julio de 1989, Ser. A n.º 19 (1989), párrs. 35-45; CIADH, James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos, Caso 9647, Res. 3/87, 22 de septiembre de 1987, Comisión IADH. Informe Anual 1986-1987, párrs. 46-49. Es así como en 1997 y en el 2000, la comisión realizó una visita que condujo al Informe sobre la situación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado (Doc. 40 rev. OEA/Ser.L/V/II.106 del 28 febrero/2000). V., igualmente, las peticionesN.º 11.092/93 (Cheryl Mónica Joseph) 790/01 (Gran Cacique Michael Mitchell) y 11.661/02 (Manickavasagam Suresh) formuladas contra Canadá.
(73) Canadá depositó su instrumento de ratificación del Estatuto de la CPI el 7 de julio del 2000 y, en la actualidad, ejerce su presidencia a través del magistrado Philippe Kirsch.
(74) Artículo 17 del estatuto de la CPI.
(75) Una perspectiva sobre la seguridad humana. Resumen del Presidente. 1.ª Reunión Ministerial de la Red de Seguridad Humana (Lys Ø en, Noruega, mayo 20/99).

References: resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 artículo 24
 resolución 
in fine
 artículo 2
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 Artículo 51
 Artículo 4
 artículo 13
 artículo 83
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 Artículo 17