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Timestamp: 2020-05-30 22:12:21+00:00

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STC 11/2005, 31 de Enero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 241961
STC 11/2005, 31 de Enero de 2005
Número de Recurso: 4323-2001
Recurso de amparo 4323-2001. Promovido por don Manmohan S.S. respecto a la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que denegó la revisión de una Sentencia de divorcio dictada en rebeldía. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión de recurso de revisión de Sentencia civil, por maquinación fraudulenta, sin razonar el término inicial del plazo de caducidad de la acción.
En el recurso de amparo núm. 4323-2001 promovido por don Manmohan S.S., representado por el Procurador de los Tribunales don José Alberto Azpeitia Sánchez y asistido por el Abogado don Màrius Miró Gili, contra la Sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2001, que declaró no haber lugar al recurso de revisión núm. 5264/99 interpuesto por el ahora recurrente contra la Sentencia firme de 22 de diciembre de 1994, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de Barcelona en los autos de divorcio núm. 720/94. Ha comparecido y formulado alegaciones el Ministerio Fiscal e intervenido en calidad de parte demandada doña Mercedes S.M., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Sorribes Calle y asistida por el Abogado don Luis A. Sales Camprodon. Ha sido Ponente el Magistrado don Pascual Sala Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 26 de julio de 2001 don José Alberto Azpeitia Sánchez, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Manmohan S.S., interpuso recurso de amparo contra la Sentencia indicada en el encabezamiento de esta Sentencia.
En el Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de Barcelona, y a instancias de doña Mercedes S.M., se tramitó contra el demandante de amparo el juicio de divorcio contencioso 720/94, en el que, con fecha 22 de diciembre de 1994, se dictó Sentencia declarando disuelto el matrimonio y ordenando que la Sra. S.M. continuara utilizando la vivienda que hasta entonces había constituido el domicilio conyugal, así como que el demandante de amparo abonara a aquélla la cantidad de seis mil dólares USA mensuales en concepto de pensión alimenticia.
Durante la tramitación del citado proceso el demandante de amparo fue emplazado mediante edictos porque, según se decía en la demanda rectora de la instancia judicial, se encontraba en paradero desconocido. Ello provocó que fuera declarado en rebeldía, situación en la que permaneció durante toda la tramitación del juicio contencioso de divorcio.
El 21 de diciembre de 1999 el ahora recurrente en amparo presentó ante el Registro General del Tribunal Supremo demanda de revisión por la que solicitaba la rescisión de la Sentencia firme dictada en la instancia judicial porque la demandante la había obtenido mediante una maniobra fraudulenta, consistente en alegar en la demanda de divorcio que su antiguo esposo se encontraba en ignorado paradero, cuando, según el recurrente, la demandante conocía perfectamente su domicilio en Teherán.
En la demanda de revisión se hacía constar que aquélla se presentaba dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que se descubrió la maniobra fraudulenta, porque la citada demanda se presentó el 21 de diciembre y el descubrimiento del fraude no pudo tener lugar más que a partir del 22 de septiembre de 1999, ya que, aunque en el Juzgado se presentó el escrito de personación y de petición de vista de las actuaciones el 16 de septiembre de 1999, siendo el mismo registrado al día siguiente y proveído accediendo a dichas peticiones el 20 de septiembre de 1999, dicha resolución no le fue notificada hasta el siguiente día 22.
El Tribunal Supremo admitió a trámite la demanda mediante providencia de 23 de febrero de 2000 en la que, además, ordenaba al Juzgado a quo la remisión de las actuaciones y el emplazamiento de los interesados. La Sra. Seyedeh compareció en el proceso de revisión y contestó a la demanda mediante escrito registrado el 22 de junio de 2000, en el que postulaba la desestimación de la revisión por haber caducado el plazo para el ejercicio de la acción (sostenía que el ahora recurrente conocía desde hacía tiempo la existencia de la Sentencia de divorcio) y por no existir maquinación alguna. El Tribunal Supremo, mediante Auto de 19 de septiembre de 2000, acordó el recibimiento a prueba del recurso de revisión. En dicha pieza las partes aportaron diversos documentos, se practicó el medio de prueba de confesión tanto del recurrente como de su ex-mujer, y dos testificales propuestas por la Sra. Seyedeh. Finalmente el Ministerio Fiscal, en su escrito de 22 de febrero de 2001, solicitó la desestimación de la revisión por considerar caducada la acción de revisión al haberse superado el plazo de tres meses previsto en el art. 1798 LEC de 1881.
El Tribunal Supremo, mediante Sentencia de 26 de junio de 2001, declaró no haber lugar al recurso de revisión por estimar caducado el plazo de tres meses para el ejercicio de la acción. Concretamente, en su fundamento de Derecho segundo, analizó el problema del dies a quo de ese plazo y sostuvo: "en este caso, según consta en las actuaciones, el recurrente compareció en los referidos autos de divorcio número 720/94-E mediante escrito de fecha 16 de septiembre de 1999, registrado el 17 de septiembre de 1999, por lo que desde esa fecha hay que contar el plazo de tres meses previsto en el precepto antes citado, y al constar que la demanda de revisión fue presentada el 21 de diciembre de 1999 en el Registro General del Tribunal Supremo, el expresado ciclo temporal de caducidad había transcurrido".
El recurrente en amparo alega que esta última Sentencia, al estimar la caducidad de la acción de revisión y no entrar en el examen del fondo de su pretensión, ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos. Considera que el Tribunal Supremo ha realizado una interpretación de los requisitos de admisión del recurso de revisión que no toma en consideración las consecuencias del principio pro actione, ya que considera como fecha del descubrimiento de la maniobra fraudulenta que fundamentaba la interposición del recurso la fecha de la presentación del escrito en el que solicitaba su personación y la vista de las actuaciones, en lugar de la notificación de la providencia que accedió a esas peticiones. Esta interpretación le provoca un agravamiento de la situación de indefensión en que se había encontrado durante la tramitación del proceso en la instancia judicial, pues, habiéndose tramitado el mismo a sus espaldas, lo que pretendía con su demanda de revisión era, precisamente, hacer frente a tal situación de indefensión provocando un nuevo examen de la demanda de divorcio en un proceso en el que el demandante de amparo gozara de la representación y defensa adecuadas. Por esta razón solicita la anulación de la Sentencia impugnada y que se retrotraigan las actuaciones para que se proceda al examen de la pretensión impugnatoria planteada.
El 31 de marzo de 2003 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50, apartado tercero, de la Ley Orgánica de este Tribunal, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que, dentro del mismo, presentaran las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la concurrencia de la causa de inadmisión de la demanda prevista en el art. 50.1 c) LOTC, esto es, su posible carencia manifiesta de contenido constitucional. Tanto el recurrente como el Ministerio Fiscal presentaron sendos escritos en los que solicitaban la admisión de la demanda.
Por providencia de 11 de diciembre de 2003 la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda presentada, ordenando al propio tiempo recabar la remisión del testimonio de las actuaciones judiciales a la Sala Primera del Tribunal Supremo y efectuar el emplazamiento de quienes habían sido parte en el proceso, con excepción del recurrente en amparo.
El 5 de febrero de 2004 la Sala Segunda de este Tribunal acordó tener por personada a doña Mercedes S.M. (la demandante en el juicio de divorcio) y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que presentaran alegaciones conforme al art. 52.1 LOTC.
El 1 de marzo de 2004 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del recurrente en amparo. En el mismo postula la estimación del recurso con base en los mismos argumentos que en la demanda de amparo, es decir, en que la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) al realizar la interpretación más restrictiva y contraria a la letra de la Ley (el art. 1798 en relación con el art. 1796.4 LEC de 1881), haciendo coincidir el dies a quo del plazo de tres meses de caducidad para el ejercicio de la acción de revisión con el del día de la presentación del escrito ante el Juzgado autor de la Sentencia firme (el 16 de septiembre de 1999), en lugar con el día a partir del cual el recurrente descubrió el fraude (el 22 de septiembre, fecha en la que recibió la notificación de la providencia dictada por el Juzgado por la que le tenía por comparecido y le daba traslado de las actuaciones), pues sólo a través del estudio de las actuaciones pudo conocer la argucia procesal cometida para poder fundar su demanda de revisión.
El Fiscal ante este Tribunal, mediante escrito registrado el 4 de marzo de 2004, formuló alegaciones interesando la estimación del recurso de amparo. Considera que la Sentencia impugnada ha vulnerado el art. 24.1 CE en su vertiente de acceso a la jurisdicción más que en el aspecto de acceso al recurso, ya que la revisión no es en puridad un medio de impugnación, sino un proceso autónomo dirigido a rescindir una resolución firme. Considera que "la interpretación que hace la Sala Primera del Tribunal Supremo de la norma que regula la admisión del denominado en la LEC de 1881 recurso de revisión es o bien errónea, como propone el demandante de amparo, o cuando menos irrazonable o excesivamente rigorista, lo que, en todo caso, determina que la resolución que la contiene vulnere los cánones de constitucionalidad derivados del art. 24.1 CE". En definitiva, tanto si se trata de uno u otro aspecto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, "se impone el otorgamiento del amparo por entender que la inadmisión de la pretensión acordada por el Tribunal Supremo se basa en una interpretación de los requisitos exigidos por la LEC para su admisión, concretamente de la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo, de manera incompatible con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ..., por lo que para el restablecimiento del recurrente en el goce del derecho vulnerado se impone anular la resolución recurrida y ordenar la retroacción de actuaciones al momento de acordarla para que se dicte otra en la que se acuerde lo que se considere procedente sin que pueda consistir en la inadmisión de la demanda por la extemporaneidad de su presentación".
El 5 de marzo de 2004 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones de la demandada. En el mismo solicita la desestimación del presente amparo tanto por motivos formales como de fondo. Respecto de los primeros entiende que el recurrente no ha respetado el presupuesto procesal del recurso de amparo consistente en la necesaria invocación formal del derecho fundamental en la vía judicial previa, puesto que en el juicio de revisión no alegó en momento alguno la vulneración del derecho fundamental ahora invocada; también considera que, con base en el art. 50.1.d LOTC, la STC 88/2002, de 22 de abril, ya desestimó un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual a la cuestión aquí planteada; y, por último, que el recurrente carece de legitimación, tanto porque la inadmisión del recurso de revisión no es en principio revisable por este Tribunal, como porque "ni es español ni reside en España, ni es miembro de la Comunidad Europea". Finalmente tampoco estima admisible el presente recurso, en lo que concierne al fondo de la cuestión planteada, porque la Sentencia impugnada no es manifiestamente errónea, ni arbitraria o manifiestamente irrazonable.
Por providencia de 27 de enero de 2005, se señaló para votación y fallo el día 31 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2001, que declaró no haber lugar a la pretensión de revisión de la Sentencia firme dictada el 22 de diciembre de 1994 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de Barcelona, en el proceso de divorcio contencioso núm. 720/94, promovido por el recurrente en amparo por presunta maquinación fraudulenta de la parte actora en aquel juicio con base en el art. 1796.4 de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881 (actual art. 510.4 LEC de 2000). La Sala fundó su decisión de inadmisión en que el ahora recurrente en amparo había iniciado el proceso de revisión una vez caducado el plazo de tres meses para el ejercicio de la acción previsto en el art. 1798 LEC de 1881 (actual art. 512 LEC de 2000), toda vez que el demandante compareció en los referidos autos de divorcio mediante escrito de fecha 16 de septiembre de 1999, registrado el 17 de septiembre de 1999, por lo que desde esa fecha había que contar el plazo, citado, de tres meses. Al haber presentado su demanda de revisión el 21 de diciembre de 1999 en el Registro General del Tribunal Supremo el expresado ciclo temporal de caducidad había transcurrido.
La representación procesal de doña Mercedes S.M. se opone a la estimación del recurso de amparo. Desde un punto de vista formal aduce un triple incumplimiento: en primer lugar el del presupuesto procesal consistente en la invocación formal del derecho fundamental vulnerado en la vía judicial previa, y ello porque en ningún momento del juicio de revisión alegó la vulneración del art. 24.1 CE ante el Tribunal Supremo, a pesar de que su pretensión de revisión, en el fondo, denunciaba la vulneración de su derecho a la efectividad de la tutela judicial y la interdicción de indefensión padecida en el juicio de divorcio tramitado en rebeldía; en segundo lugar sostiene que este Tribunal ya ha desestimado un recurso de amparo en un supuesto sustancialmente igual al presente (art. 50.1.d LOTC) en la Sentencia 88/2002, de 22 de abril; y, por último, mantiene que el recurrente en amparo carece de legitimación activa al ser un ciudadano extranjero que "ni reside en España, ni es miembro de la Comunidad Europea". Finalmente también solicita la desestimación del recurso debido a que la Sentencia impugnada no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues no es manifiestamente errónea, arbitraria o irrazonable, sino que se limita a constatar la caducidad del plazo para el ejercicio de la acción de revisión.
Antes de entrar en el examen de la queja del recurrente en amparo este Tribunal ha de pronunciarse sobre los diferentes óbices procesales puestos de manifiesto por la demandada. El primero hace referencia a la posible falta de invocación formal en el proceso de revisión del derecho constitucional vulnerado. De confirmarse este incumplimiento la presente demanda de amparo quedaría incursa en la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) del mismo texto legal. Como ha señalado en otras ocasiones este Tribunal el control de tal presupuesto puede realizarse en este momento procesal, pues, tratándose de una norma imperativa, el posible incumplimiento de la misma no queda sanado porque la demanda haya sido inicialmente admitida a trámite, de forma que la comprobación de los presupuestos procesales puede, y debe, hacerse siempre, de oficio o a instancia de parte en cualquier momento, incluso en la Sentencia (SSTC 50/1991, de 11 de marzo, FJ 3; 318/1994, de 28 de noviembre, FJ 4; 114/1999, de 14 de junio, FJ 2; 153/1999, de 14 de septiembre, FJ 2; 129/2000, de 16 de mayo, FJ 2; 185/2000, de 10 de julio, FJ 3; 105/2001, de 23 de abril, FJ 2; 228/2001, de 26 de noviembre, FJ 2; 18/2002, de 28 de enero, FJ 3; 74/2002, de 8 de abril, FJ 2; y 133/2002, de 3 de junio, FJ 2).
Los restantes óbices procesales hacen referencia, respectivamente, a la existencia de un precedente "sustancialmente igual" al presente recurso de amparo en el que este Tribunal ya acordó la desestimación de la demanda (art. 50.1.d LOTC) y a la falta de legitimación activa del recurrente en amparo basada en su condición de extranjero. Para acreditar el primero la demandada cita la STC 88/2002, de 22 de abril. Este Tribunal no comparte la concurrencia de precedente alguno en la Sentencia antes citada, pues en ella se denegaba el amparo por la imposibilidad de acreditarse el pretendido error en el cómputo del plazo para la interposición del recurso de queja en un proceso laboral debido a la propia falta de diligencia del recurrente en su acreditación. Tal y como se examinará en el siguiente fundamento jurídico, en el presente amparo no existe problema fáctico alguno en la determinación del dies a quo del plazo, sino en la fijación del mismo en uno u otro momento, por lo que, en definitiva, el problema planteado es una cuestión estrictamente jurídico-constitucional relativa a la corrección de la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en la Sentencia impugnada ante este Tribunal y, como consecuencia de ella, a la determinación de si se cerró el acceso a la jurisdicción del aquí recurrente y se desconoció el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE.
Desechadas las anteriores causas de inadmisibilidad procede, ahora, entrar a conocer del fondo de la demanda de amparo, consistente en la invocada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, debida a una -en opinión del recurrente- excesivamente rigorista interpretación del dies a quo del plazo de caducidad legalmente previsto para el ejercicio de la acción de revisión contra la Sentencia firme de divorcio.
El problema planteado se ciñe, por consiguiente, al análisis de la Sentencia impugnada desde el prisma del derecho de acceso a la jurisdicción. En ella el Tribunal Supremo inadmite la demanda por estimar caducado el plazo de tres meses para el ejercicio de la acción revisora al considerar que el dies a quo del mencionado plazo coincide con la fecha de la presentación del escrito en el Juzgado autor de la Sentencia firme de divorcio por el que solicitaba su comparecencia y la vista de las actuaciones. No es la primera vez que este Tribunal ha de pronunciarse sobre recursos de amparo dirigidos contra resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo basadas en supuestos similares al actual. Así, en la citada STC 158/1987, de 20 de octubre, este Tribunal desestimó el recurso de amparo porque la interpretación realizada por el Tribunal Supremo al estimar caducada la acción de revisión respetaba el art. 24.1 CE al ser razonable presumir el conocimiento de la maquinación fraudulenta desde el día en el que se le notificó a la parte recurrente el mandato de embargo de todos sus bienes. Mientras que en la STC 194/2003, de 27 de octubre, se estimó el amparo por el error patente en el que incurrió la Sala sentenciadora al inadmitir la demanda de revisión, puesto que en ella no se indicaba la fecha en la que la actora había tenido conocimiento de los hechos en los que basaba la maquinación fraudulenta, cuando lo cierto es que en el escrito de la demanda se señalaba expresamente ese momento temporal.
Constatada la existencia de la falta de motivación en la resolución impugnada ha de concluirse que la Sentencia recurrida vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al aplicar la norma procesal reguladora de la caducidad de la acción de revisión sin el necesario razonamiento que pudiera justificar la denegación del acceso a la jurisdicción por parte del ahora recurrente en amparo. La demanda ha de ser, por tanto, estimada.
Otorgar el amparo solicitado por don Manmohan S.S. y, en su virtud:
Declarar que se ha vulnerado el derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 26 de junio de 2001, que declaraba no haber lugar al recurso de revisión núm. 5264/99 contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de Barcelona en los autos núm. 720/94, sobre divorcio, retrotrayendo las actuaciones al momento de dictarse la mencionada Sentencia para que pronuncie una nueva resolución acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva.
SAP León 6/2008, 24 de Enero de 2008
STSJ Galicia 1942/2012, 30 de Marzo de 2012

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