Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-384-de-junio-14-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_e2beea5167aa44e6a163107068e1e9c0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 04:49:37+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-384 DE JUNIO 14 DE 2017
SENTENCIA C-384 DE 14 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA RESPECTO DEL NUMERAL 3º DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO LEY 20 DE 2014, POR EL CUAL SE CLASIFICAN LOS EMPLEOS Y SE EXPIDE EL RÉGIMEN DE CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE SUS ENTIDADES ADSCRITAS. FRENTE A LOS ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRESUNTA AFECTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 40-7 DE LA CONSTITUCIÓN, POR PARTE DE LA NORMA ACUSADA, SE CONSIDERA QUE LOS MISMOS INCUMPLÍAN LOS REQUISITOS DE ESPECIFICIDAD Y SUFICIENCIA, EN LA MEDIDA QUE NO LOGRARON CONCRETAR UN CARGO EN EL CUAL SE ESTABLECIERA UNA OPOSICIÓN OBJETIVA Y VERIFICABLE ENTRE LA NORMA DEMANDADA Y LA CARTA POLÍTICA, ASÍ COMO TAMPOCO SE EXPUSIERON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL NUMERAL CENSURADO. EL ALTO TRIBUNAL RESUELVE DECLARARSE INHIBIDO PARA EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 3º DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO LEY 020 DE 2014.
TEMAS ESPECÍFICOS:MAGISTRADO AUXILIAR, FISCAL DELEGADO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, SENTENCIA INHIBITORIA, INEPTITUD DE LA DEMANDA
Sentencia C-384 de junio 14 de 2017
Ref.: Expediente D-11713
Dr. Diana Fajardo Rivera
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3º del artículo 5º del Decreto-Ley 20 de 2014, “por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas”.
Bogotá, D.C., catorce de junio de dos mil diecisiete.
“DECRETO-LEY 20 DE 2014
Diario Oficial Nº 49.028 de 9 de enero de 2014
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los literales b) y c) del artículo 1º de la Ley 1654 del 15 de julio de 2013,
Que en el presente decreto se clasifican los empleos de la Fiscalía General de la Nación y se desarrolla el régimen de carrera especial para la entidad y para sus entidades adscritas, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales b) y c) del artículo 1º de la Ley 1654 de 2013.
ART. 5º—Clasificación de los empleos. Los empleos de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la Institución de Educación Superior son de carrera, con excepción de los siguientes cargos que se clasifican como de libre nombramiento y remoción, dada la especial confianza y la prestación in tuitu personae que conlleva el desarrollo de sus funciones, así:
PAR. 1º—También serán de libre nombramiento y remoción aquellos empleos que se creen en la Fiscalía General de la Nación y en las entidades adscritas con una denominación distinta a las señaladas en el numeral 1º del presente artículo, siempre y cuando el cargo pertenezca al nivel directivo o asesor.
PAR. 2º—El cargo de Fiscal General de la Nación es de período de cuatro años, el cual se contará desde la fecha de su posesión. El empleo de director del establecimiento público de educación superior adscrito a la Fiscalía es de periodo, el cual se regirá por las normas que crean la entidad”.
2. Como fue reseñado en los antecedentes, la demandante considera que el numeral 3º del artículo 5º del Decreto-Ley 20 de 2014, desconoce el artículo 125 de la Constitución, porque los cargos de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y sus fiscales auxiliares, al hacer parte de la estructura de la Fiscalía General de la Nación, y ésta a su vez ser parte de la Rama Judicial, desempeñan funciones jurisdiccionales de forma exclusiva que impiden al legislador ubicarlos como cargos de libre nombramiento y remoción. En ese sentido, estima que dichos cargos, deben vincularse a la carrera judicial y, además, deben ser provistos por el sistema de mérito mediante concurso público, dado que no ejercen funciones administrativas de manejo o dirección de la Fiscalía General de la Nación.
7. En tercer lugar, algunos intervinientes solicitan declarar la exequibilidad del numeral 3º del artículo 5º del Decreto-Ley 20 de 2014, porque el legislador, al establecer los cargos de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y sus fiscales auxiliares, como de libre nombramiento y remoción, respondió al principio de razón suficiente que conlleva el ejercicio de funciones que ameritan un alto grado de confianza (criterio subjetivo de confianza), y por el nivel jerárquico de las autoridades judiciales ante las cuales actúan, además de su participación en la definición y ejecución de estrategias de política criminal en la Fiscalía General de la Nación.
8. Pues bien, a partir de lo anterior, la Sala se ocupará de analizar, como tema preliminar, la aptitud sustantiva de los cargos que propone la demandante. Solo si ese tópico es superado, la Corte propondrá el problema jurídico con enfoque constitucional, y asumirá el análisis de fondo del numeral 3º del artículo 5º del Decreto-Ley 20 de 2014.
9. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 prevé las condiciones formales para la admisibilidad del cargo de inconstitucionalidad. Partiendo de su contenido, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, para que exista demanda en forma y, en esa medida, la Corte pueda entrar a emitir pronunciamiento de fondo sobre la declaratoria de inexequibilidad de leyes o decretos leyes, el promotor del respectivo escrito de acusación, además de (i) tener que señalar las normas que se acusan como inconstitucionales y (ii) las disposiciones superiores que estima infringidas, (iii) debe exponer las razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constitución, lo que se traduce, a su vez, en la formulación de por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad(11).
11. Estos requisitos refieren a las condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las razones que fundamentan el cargo de constitucionalidad(12).
11.3. El requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. Este requisito refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por del demandante sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”(13) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad(14)”(15).
11.4. Las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”(16). En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales o doctrinarias; la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto; o el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
11.5. Por último, la condición de suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”(17).
En palabras expresadas por el pleno de la Corte en la Sentencia C-050 de 2015(18), la suficiencia persigue “(…) que la carga argumentativa que recae sobre el actor, debe desarrollarse de una forma mínima y proporcional al objetivo de demostrar la inconstitucionalidad del enunciado normativo demandado. De esta manera, se deben exponer razonamientos lo bastante fundados para que pueda pretender desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas del ordenamiento jurídico, presunción de corrección frente al texto constitucional que se deriva del principio democrático y de las reglas formales y sustanciales del procedimiento democrático de producción de normas y por tanto amerite el adelantamiento de un estudio de constitucionalidad”.
13. Ahora bien, conviene precisar que el artículo 6º del Decreto-Ley 2067 de 1991 establece que se rechazarán las demandas cuando no cumplan con las condiciones formales para ello. Si bien, como regla general el examen sobre la aptitud sustantiva de la demanda se debe realizar en la etapa de admisibilidad, la norma en mención admite que este tipo de decisiones se adopten en la sentencia, debido a que no siempre resulta evidente en esa fase preliminar el incumplimiento de los requisitos mencionados, permitiendo a la Sala Plena abordar un análisis con mayor detenimiento y profundidad.
14. La demandante estima que los cargos de “Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y sus fiscales auxiliares”, que de acuerdo con el numeral 3º del artículo 5º del Decreto-Ley 20 de 2014, son de libre nombramiento y remoción, desconocen la regla general de acceso a los empleos públicos mediante el sistema de carrera judicial, dado que se trata de empleos que cumplen funciones exclusivamente jurisdiccionales, y no administrativas de manejo o dirección de la Fiscalía General de la Nación. En su sentir, esa situación desconoce los artículos 125 de la Constitución Política y 156 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, en tanto dichos cargos deben vincularse a la carrera judicial y, además, deben ser provistos por el sistema de méritos mediante concurso público y abierto, con el fin de garantizar la igualdad de posibilidades en el acceso a la función pública para todos los ciudadanos y considerar el mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción del servicio de carrera judicial.
En la Sentencia C-037 de 1996, esta corporación declaró exequible dicha excepción a la regla general de carrera, en la medida en que se tratan de oficios que comprometen un alto grado de confianza y de responsabilidad en la toma de decisiones. Bajo ese lineamiento general, al tratarse de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, lo que realiza el Decreto 20 de 1994 es desarrollar el parámetro de control estatuario mediante una norma ordinaria, sin que en ello sea posible predicar una duda sobre la constitucionalidad de la naturaleza de dicho cargo público, asociada a ser de libre nombramiento y remoción por existir un principio de razón suficiente que, de acuerdo con el encabezado del artículo 5º del Decreto 20 de 2014, tiene su fuente en “la especial confianza y la prestación in tuitu personae que conlleva el desarrollo de sus funciones”.
“Son de libre nombramiento y remoción los cargos de magistrado auxiliar, abogado asistente y sus equivalentes; los cargos de los despachos de magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la presidencia y vicepresidencia de estas corporaciones; los de los secretarios de esas corporaciones; los cargos de los despachos de los magistrados de los tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la Nación, secretario general, directores nacionales; directores regionales y seccionales, los empleados del despacho de Fiscal General, del vicefiscal y de la secretaría general, y los de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación” (resaltado y subrayas nuestras).
19. Pues bien, el cargo de magistrado auxiliar “y sus equivalentes”, como ya se indicó, fue objeto de análisis por parte de esta Corte en la Sentencia C-037 de 1996. En aquella oportunidad, la Sala Plena estimó que dicho cargo, y aquellos a los que refiere actualmente el inciso 4º en comento, respondían a la naturaleza de ser cargos de libre nombramiento y remoción, por cuanto inspiran un criterio de razonabilidad para exceptuarlos de la regla general de carrera asociada al mérito, en tanto “tratan de oficios que comprometen un mayor grado de confianza y de responsabilidad en la toma de las decisiones que se requieran para el ejercicio de las actividades asignadas”. Bajo esa consideración, el cargo público puntual de magistrado auxiliar “y sus equivalentes” fue declarado exequible por esta corporación, al encontrar que no desconocía el artículo 125 superior y, que el legislador estatutario había cumplido con la carga de exponer una razón suficiente para consagrarlo como de libre nombramiento y remoción.
20. En el presente caso, a partir del siguiente cuadro comparativo de requisitos, principales funciones, remuneración mensual correspondiente al año 2016, y ubicación en la estructura de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, la Corte concluye que el cargo de fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, es equiparable al cargo de magistrado auxiliar de Alta Corte. Veamos:
Magistrado auxiliar de Alta Corte Fiscal auxiliar ante la CSJ
Requisitos específicos para el desempeño del cargo Título de abogado
(Ac. PSAA14-10225, art. 1º)(19).
(Res. 21, ago. 24/2016)(20).
Funciones equiparables en general(21)
— Colaborar en la sustanciación y trámite de los expedientes a cargo de los despachos.
— Preparar relación de hechos y antecedentes de los procesos que se encuentren a despacho para fallo.
— Rendir informe de jurisprudencia, legislación y doctrina sobre los temas debatidos en los procesos a despacho, para efectos de la elaboración del proyecto de providencia.
— Practicar pruebas por delegación que haga el magistrado. (L. 270/96, art. 93, Par., modificado por la L. 1285/2009, art. 18. // Además de ello, el de la L. 270/96, art. 125 fue declarado exequible en la Sent. C-037/96 —num. noveno—, “bajo el entendido de que los magistrados auxiliares que pertenecen a las altas cortes de la rama judicial, habida cuenta de la naturaleza de las responsabilidades legales que les corresponde desempeñar, se encuentran facultados para la práctica de las pruebas que les sean comisionadas por el titular del despacho judicial”).
— Colaborar con los magistrados en la elaboración de anteproyectos de providencias.
— Las demás que le señale el magistrado correspondiente.
— Proyectar las decisiones que deban emitirse en las actuaciones, las solicitudes y medidas requeridas por el Fiscal General de la Nación y los delegados ante la Corte, con su respectivo seguimiento administrativo a dichas medidas, de acuerdo con los términos y condiciones definidos por la ley.
— Preparar y presentar los informes reglamentarios y los que le sean requeridos, de acuerdo con los parámetros establecidos.
— Practicar las pruebas y diligencias para las cuales sea comisionado por el Fiscal General de la Nación y por los delegados ante la Corte, de acuerdo con los protocolos establecidos y la normativa vigente.
— Apoyar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en el cumplimiento general de sus funciones, de acuerdo con las instrucciones que le impartan.
— Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia.
Remuneración mensual para el año 2016(22)
Salario básico, Decreto 245 de 2016, artículo 1º, que modifica en especial el Decreto 1257 de 2015, y éste a su vez el Decreto 194 de 2014, el cual consagra la escala salarial respectiva en el artículo 4º: $ 7’452.915.
— De acuerdo con el Decreto 1102 de 2012, artículo 1º, perciben como bonificación por compensación de carácter permanente y mensual, el valor equivalente que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de la Corle Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. Para el año 2016 correspondía a 13’883.917.
— Prima especial, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico. Para el año 2016 corresponde a $ 2’235.873 (D. 234/2016, art. 4º).
Total remuneración: $ 23’572.705. — Salario básico. Decreto 219 de 2016, artículo 4º: $ 9’688.791.
Total remuneración: $ 23’572.708.
Organigrama El nominador y jefe inmediato es el magistrado titular de Alta Corte. El jefe inmediato es el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
(Res. 21, ago. 24/2016).
23. Al respecto, la Sala observa que de acuerdo con el Decreto-Ley 17 de 2014 “por el cual se definen los niveles jerárquicos, se modifica la nomenclatura. Se establecen las equivalencias y los requisitos generales para los empleos de la Fiscalía General de la Nación”, los empleos de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y de fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, se encuentran clasificados en el nivel jerárquico profesional, por lo cual la naturaleza de las funciones que desempeñan se relacionan con componentes jurisdiccionales, de investigación criminal en Ley 600, de coordinación, y de supervisión y control en la ejecución de planes, programas y estrategias que corresponden a proyectos institucionales de la Fiscalía General de la Nación (D. 17/2014, art. 5º).
24. Según el manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación (Res. 21/2016, ago. 24), el cargo de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia tiene como funciones principales: de un lado, ejercer la acción penal según Ley 600 y realizar la investigación y acusación de los servidores con fuero constitucional o legal, la cual es un desarrollo de la función constitucional que establece el artículo 251-1 de la Carta Política; y de otro lado, efectúa el desarrollo e implementación de la política criminal.
25. Nótese que la primera de esas tareas corresponde al ejercicio de funciones jurisdiccionales cuando directamente son ejercidas con poder de decisión judicial por el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia(23) —en los casos de Ley 600—, mientras que en la segunda tarea, se trata de un ejercicio de funciones no jurisdiccionales que se rigen por los principios constitucionales de unidad de gestión y jerarquía, propios de la Fiscalía General de la Nación (art. 251 Superior, modificado por el A.L. 6/11), con el fin de dar coherencia a la política criminal que impulsa la entidad(24). Sobre estas últimas funciones, importa resaltar que cuando se trata del ejercicio de la potestad de acusación con base en la Ley 906 de 2004, como lo indicó esta corporación en la Sentencia C-232 de 2016, dicha potestad se ubica en las funciones no jurisdiccionales que realizan los fiscales.
27. Por su parte, siguiendo el mismo manual de funciones, el cargo de fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, cuyo jefe inmediato es el fiscal delegado ante esa misma corporación, cumple la función principal de “brindar asistencia técnica y jurídica al Fiscal General de la Nación y a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en las investigaciones de sus competencias y el cumplimiento de sus funciones”. De allí que, en principio, no tenga asignadas funciones jurisdiccionales propiamente dichas, ya que su labor se centra en proyectar las decisiones que deban emitirse en las actuaciones, solicitudes y medidas requeridas por el Fiscal General de la Nación y por los delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Excepcionalmente asume tales funciones jurisdiccionales cuando, por ejemplo, es comisionado por el Fiscal General de la Nación o por los delegados ante la Corte, para practicar las pruebas y realizar diligencias judiciales(25).
29. Sobre el punto, la Sala advierte que los cargos de “Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y sus fiscales auxiliares” hacen parte de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación, la cual si bien pertenece a la Rama Judicial (C.P., art. 249), por expreso mandato constitucional se encuentra sometida al régimen de carrera administrativa especial para la provisión, permanencia y retiro de los servidores públicos de carrera de esa entidad (C.P., art. 253)(26), y no al régimen de carrera judicial que administra el Consejo Superior de la Judicatura, como erradamente lo señala la demandante.
30. De hecho, en desarrollo del mandato superior, el artículo 159 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (L. 270/96), norma especial en la materia, señala que “la Fiscalía General de la Nación tendrá su propio régimen autónomo de carrera sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la conforman”. Dentro de ese sistema de carrera administrativa especial, tanto los cargos de libre nombramiento y remoción, como los de carrera, son previstos por el legislador.
33. En esta oportunidad la Corte se ocupó del análisis de una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3º del artículo 5º del Decreto-Ley 20 de 2004, el cual consagra que los empleos de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y sus fiscales auxiliares, son de libre nombramiento y remoción, dada la especial confianza y la prestación in tuitu personae que conlleva el desarrollo de sus funciones.
Para fundamentar lo anterior, encontró que los cargos por presunta afectación al artículo 125 de la Constitución y 156 de la Ley 270 de 1996, carecían de certeza, pertinencia y suficiencia, habida consideración que fueron construidos sobre apreciación subjetivas e incorrectas que planteó la actora, como que (i) los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y sus fiscales auxiliares solo ejercen funciones jurisdiccionales que los ubica como pertenecientes a la carrera judicial; y, (ii) que los empleos de la Fiscalía General de la Nación hacen parte del régimen de carrera judicial. Además, la Corte advirtió que la actora ignoró que los empleos públicos cuestionados corresponden a un desarrollo que efectúo el legislador extraordinario de los lineamientos estatutarios, por ende, las acusaciones no lograron desvirtuar la presunción de constitucionalidad que recae sobre el numeral 3º del artículo 5º del Decreto 20 de 2014. En especial, porque concluyó que el cargo de fiscal auxiliar de la Corte Suprema de Justicia es equivalente al cargo de magistrado auxiliar de Alta Corte, tanto en sus requisitos específicos, funciones generales, remuneración salarial y ubicación en el organigrama institucional, con lo cual se subsume dentro de la expresión “y sus equivalentes” que contempla el inciso 4º del artículo 130 de 1996, la cual fue declarada exequible por esta corporación en la Sentencia C-037 de 1996 y constituye un parámetro jerárquico de control a tener en cuenta.
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con el numeral 3º del artículo 5º del Decreto-Ley 20 de 2014, “por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas”, por ineptitud sustancial de la demanda respecto de los cargos invocados.
11 Sentencias C-236 de 1997, C-447 de 1997, C-426 de 2002 y C-170 de 2004.
12 La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
13 Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
14 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). La Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto-Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
15 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Fundamento jurídico 3.4.2.
18 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
19 “Por el cual se modifica el Acuerdo 3 de 1993 y los acuerdos 25 de 1997, 1899 de 2003, PSAA12-9779 de 2012, PSAA13-9856 y PSAA13-9904 de 2013, respecto de los requisitos de los cargos del Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.
20 Manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.
21 Para el caso de los magistrados auxiliares, se extraen de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y de los reglamentos internos de cada una de las altas corporaciones, las cuales tienen dentro de sus funciones constitucionales asignadas, darse su propio reglamento (CSJ, art. 235-6 Superior; C.E., art. 237-6 Superior; y, C. Const., art. 241-11 Superior). Para tal fin, las funciones de los magistrados auxiliares se generalizan. // Las funciones principales y específicas que cumplen los fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, se encuentran en la Resolución 21 de 2014, correspondiente al manual de funciones de los empleos de la Fiscalía General de la Nación.
22 De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 219 de 2016, para efectos salariales y prestaciones, “los fiscales auxiliares de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia tendrán los mismos derechos y garantías que los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia”. La anterior equiparación se comprueba porque el salario básico de los fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, corresponde a la sumatoria de lo que percibe un magistrado auxiliar de Alta Corte, en cuanto a salario básico y prima especial.
23 Algunas de las tareas esenciales que contempla el manual de funciones de la Fiscalía General de la Nación, y que se consideran como jurisdiccionales, son (i) resolver las acciones constitucionales que se invocan ante su despacho; (ii) resolver los recursos de apelación y de queja interpuestos contra la resolución interlocutoria proferida en primer instancia por los fiscales delegados ante el tribunal cuando así se requiera; (iii) decretar las preclusiones de la investigación a su cargo; y, (iv) decretar medidas de aseguramiento y medidas cautelares, entre otras.
24 En la Sentencia C-232 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), esta corporación reconoció que desde la reforma constitucional que introdujo el Acto Legislativo 6 de 2011, se consagraron los principios rectores de unidad de gestión y jerarquía, que permiten al Fiscal General de la Nación determinar el criterio y la posición que la Fiscalía debe asumir respecto de ciertos temas. De tal forma que, ante el nuevo entendimiento, el ente acusador cumple funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Una enunciación breve, no exhaustiva de estas últimas, fueron relacionadas en el fundamento jurídico 25 de esa providencia.
25 Esta función jurisdiccional específica la consagra el manual de funciones (Res. 21/2016, ago. 24), al referir al cargo de fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia. Ver acápite de funciones esenciales, numeral 3º.
26 Así lo ha reconocido de forma sistemática esta corporación en las sentencias C-037 de 1996, C-517 de 2002, y C-878 de 2008. Por ejemplo, en la Sentencia C-1230 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil, SV M.P. Jaime Araújo Rentería) se expresó sobre este punto: “Sin pretender establecer una enumeración taxativa, a partir de una interpretación sistemática de la Constitución, en las sentencias C-391 de 1993, C-356 de 1994 y C-746 de 1999, este tribunal ha calificado como regímenes especiales de origen constitucional, el de los servidores públicos pertenecientes a las siguientes entidades estatales: (i) las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (C.P., arts. 217 y 218); (ii) la Fiscalía General de la Nación (C.P., art. 253); (iii) la Rama Judicial del poder público (C.P., art. 256-1); (iv) la Contraloría General de la República (C.P., art. 268-10); la Procuraduría General de la Nación (C.P., art. 279) y las universidades del Estado (C.P., art. 69)”.

References: ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 5
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 125
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 125
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 251
 artículo 159
 artículo 5
 artículo 125
 artículo 5
 artículo 130
 artículo 5
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 14
 resolución