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Timestamp: 2018-01-20 09:37:21+00:00

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Quiero saber si las herencias prescriben
El artículo 1965 del Código Civil proclama la imprescriptibilidad entre los coherederos de la acción para pedir la partición de la herencia, lo que significa que en cualquier momento los coherederos pueden pedir la división de la cosa que es propiedad en común de todos ellos, de la comunidad hereditaria, por mucho tiempo que haya transcurrido desde la muerte del causante.
Si especifica un poco más su duda podré responderle más categóricamente.
A los 30 años desde el fallecimiento
Le dejo sentencia
AP Asturias, Sec. 5.ª, 361/2011, de 19 de octubre Recurso 269/2011. Ponente: JOSE MARIA ALVAREZ SEIJO. EXTRACTOS El que no pueda constatarse cuándo pudo iniciarse el plazo prescriptivo cuyo transcurso impediría el ejercicio de la acción de petición de herencia impide afirmar que la misma hubiese prescrito "... desde el fallecimiento de ambos causantes, acaecido el último en el año 1.977, habría transcurrido el plazo de treinta años, mas si tenemos en cuenta la doctrina citada de nuestro T.S. en orden al cómputo no queda claro que los actores desde un principio poseyeran los bienes, y en concreto la explotación agraria "animo suo", esto es, comportándose como dueños exclusivos, lo que no parece muy compatible con su necesario conocimiento de la procedencia de aquéllos y de la existencia de sus propios hermanos, llamados como ellos por ley a la sucesión. Ahora bien, tampoco resulta descartable que, tras el inicio de la posesión de quien se sepa coheredero, pudiera producirse una mutación en cuanto al "animus posidendi", como pudiera ser el total desentendimiento o desidia de los demás coherederos u otra circunstancia que diera lugar a que aquél se transmutase en poseedor "animo suo", y de ser así, se produciría entonces el inicio del cómputo. Mas en el caso de autos no se puede extraer de la prueba practicada si esto pudo suceder, y en cuanto a los actos, como la ejecución de las obras mencionadas en la demanda, no se aportó justificación documental alguna, ni disponemos de datos fehacientes respecto a las mencionadas permutas de fincas. En conclusión, no puede constatarse cuándo pudo iniciarse el plazo prescriptivo cuyo transcurso impediría el ejercicio de la acción de petición de herencia, y por ello no puede afirmarse que tal acción hubiese prescrito. Así pues, la aceptación no devendría sujeta a plazo, resultando en fin estéril cualquier disquisición sobre si la herencia pudo o no ser aceptada de forma tácita, tal y como aseveró la demandada, y ello durante el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y la declaración de herederos ab intestato, cuya nulidad por cierto tampoco fue interesada. ..." Los bienes de la herencia no pertenecen a los actores por prescripción, pues no han transcurrido 30 años desde que los actores hubieran exteriorizado su voluntad de hacer propios los bienes con total exclusión de los demás coherederos "... Procede ahora entrar a resolver sobre el segundo de los pronunciamientos interesados en la demanda, referente a declarar que los bienes de la herencia pertenecen a los actores por prescripción, al haberlos poseído por más de 30 años. ..." "... El art. 436 del C. Civil establece que se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en el que se ha adquirido, por lo que, como afirma la sentencia del T.S. de 24-3-1.983 , a efectos de la atribución de la posesión como dueño es preciso probar un inicio posesorio en tal concepto, lo que traducido al caso de autos supondría que los actores desde un principio habrían exteriorizado su voluntad de hacer propios los bienes con total exclusión de los demás coherederos, de tal manera que si se parte, como se dijo, del conocimiento de tal condición, y como se afirma en la sentencia del T.S.J. de Cataluña de 23-5-1.996 , para que un coheredero pueda comenzar a usucapir bienes hereditarios, esto es poseerlos a título de dueño, es preciso que se produzca lo que la doctrina denomina interversión del concepto posesorio, esto es, mutación del "animus" adecuadamente exteriorizada, y evidentemente probada. Así las cosas, y como se infiere de lo consignado en el precedente fundamento, no hay base suficiente para tener por acreditada una posesión en concepto de dueño durante el plazo necesario para la usucapión. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada. SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia de Tineo dictó Sentencia en los autos referidos con fecha veintitrés de enero de dos mil once, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando la demanda presentada por D. Romualdo y D. Jesús Luis representada por la Procuradora Dña. Josefa López García frente a Dña. Martina , D. Eloy , D. Jenaro y Dña. Diana representados por el Procuradora D. Manuel Ramos Fernández así como frente a D. Edmundo , D. Joaquín y D. Rogelio en situación procesal de rebeldía, declaro que los demandados no ostentan la condición de herederos de D. Fausto y Dña. Emma por no haber procedido a la aceptación de la herencia de los referidos causantes en tiempo y forma. Sin imposición de costas a ninguna de las partes.". TERCERO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por Doña Martina , Don Eloy y Don Jenaro , y previos los traslados ordenados en el art. 461 de la L.E.C ., se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista. CUARTO.- En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales. VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ SEIJO. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Como punto de arranque para la resolución de la presente controversia cabe señalar que la sucesión se apertura desde el momento de la muerte del causante (art. 657 del CC ), si bien quien sea llamado a la herencia (delación), ya por disposición testamentaria ya por ley, precisa aceptar la misma para tomar la cualidad de heredero, aceptación que puede revestir las formas expresa o tácita (art. 999 del CC ). Por otra parte, el heredero puede ejercitar la llamada acción de petición de herencia frente a quien sin derecho para ello se encuentra en posesión de bienes hereditarios y, asimismo, puede solicitar la adjudicación de los bienes que comprende la herencia, ejercitando, caso de pluralidad de herederos, la acción de división. Si bien no resulta controvertido que la acción de petición de la herencia tiene un plazo de prescripción de 30 años, y así lo ha señalado la doctrina (Hernández Gil, Puig Brutau) y la Jurisprudencia (sent. del T.S. de 27-11-1.992 ), más compleja resulta la cuestión acerca de si la aceptación de la herencia puede producirse en cualquier momento, no hallándose en principio sujeta a plazo prescriptivo, en cuyo supuesto transcurrido el término el llamado a la herencia ya no podría ostentar la cualidad de heredero, pues como se dijo la delación precisa de la ulterior aceptación. En algunos ordenamientos forales de nuestro país, como el derecho catalán, se regula específicamente la prescripción del derecho a aceptar la herencia, otorgándole un plazo de 30 años, mas nada se prevé en el C. Civil. La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 10-2-2.011 señala que de los art. 1.005 y 1.006 del C. Civil se desprende que no existe plazo para aceptar la herencia, sin perjuicio de que sí está sometida a prescripción la acción de petición de la herencia, y por un plazo de 30 años, como así lo ha declarado nuestro T.S. en reiteradas ocasiones (sentencias de 12-11-1.953 , 23-12-1.971 , 12-11-1.964 , 27-11-1.992 entre otras muchas). Por su parte, la sentencia del T.S. de 15-11-1.985 declaró que la aceptación de la herencia no estaría sujeta a otro plazo que no fuese el de la acción para reclamar la herencia, tal y como se infiere del art. 1.016 "in fine" del C. Civil , criterio que comparten autores como Puig Brutau. Y en cuanto al cómputo del plazo de prescripción de la referida acción de petición de la herencia, un sector doctrinal ha opinado que ha de serlo desde el momento de la muerte del causante, mientras otros autores, con base en el art. 1.969 del C. Civil , lo consideran desde que aquél frente a quien se dirige la acción se hallare en posesión de los bienes hereditarios, y nuestro T.S. ha considerado como inicial el momento en que quien posea los bienes exterioriza su propósito de hacerlos propios, comportándose como dueño y negando a los demás el carácter de herederos ( sentencias de 2-6-1.987 y 2-12-1.996 ). SEGUNDO.- Sentado cuanto queda expuesto, el primer pronunciamiento solicitado por los actores fue que los demandados (descendientes todos ellos del matrimonio formado por Don Fausto y Doña Emma , ambos fallecidos sin testamento) no podrán ostentar la cualidad de herederos al no haber aceptado la herencia. Así, y habida cuenta que resulta de las actuaciones que en el año 2.008 se levantó acta notarial declarando a todos los intervinientes herederos de Don Fausto y Doña Emma , se hace preciso dilucidar si por entonces ya no sería posible el cumplimiento del requisito de la aceptación, y la respuesta en principio vendría dada en función de si se habría producido por entonces la prescripción de la acción para reclamar la herencia, pues de ser así ya no habría plazo para aceptar. Ciertamente desde el fallecimiento de ambos causantes, acaecido el último en el año 1.977, habría transcurrido el plazo de treinta años, mas si tenemos en cuenta la doctrina citada de nuestro T.S. en orden al cómputo no queda claro que los actores desde un principio poseyeran los bienes, y en concreto la explotación agraria "animo suo", esto es, comportándose como dueños exclusivos, lo que no parece muy compatible con su necesario conocimiento de la procedencia de aquéllos y de la existencia de sus propios hermanos, llamados como ellos por ley a la sucesión. Ahora bien, tampoco resulta descartable que, tras el inicio de la posesión de quien se sepa coheredero, pudiera producirse una mutación en cuanto al "animus posidendi", como pudiera ser el total desentendimiento o desidia de los demás coherederos u otra circunstancia que diera lugar a que aquél se transmutase en poseedor "animo suo", y de ser así, se produciría entonces el inicio del cómputo. Mas en el caso de autos no se puede extraer de la prueba practicada si esto pudo suceder, y en cuanto a los actos, como la ejecución de las obras mencionadas en la demanda, no se aportó justificación documental alguna, ni disponemos de datos fehacientes respecto a las mencionadas permutas de fincas. En conclusión, no puede constatarse cuándo pudo iniciarse el plazo prescriptivo cuyo transcurso impediría el ejercicio de la acción de petición de herencia, y por ello no puede afirmarse que tal acción hubiese prescrito. Así pues, la aceptación no devendría sujeta a plazo, resultando en fin estéril cualquier disquisición sobre si la herencia pudo o no ser aceptada de forma tácita, tal y como aseveró la demandada, y ello durante el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y la declaración de herederos ab intestato, cuya nulidad por cierto tampoco fue interesada. Debe rechazarse el primer pronunciamiento postulado. TERCERO.- Procede ahora entrar a resolver sobre el segundo de los pronunciamientos interesados en la demanda, referente a declarar que los bienes de la herencia pertenecen a los actores por prescripción, al haberlos poseído por más de 30 años. El art. 1.959 del C. Civil señala dicho plazo para la adquisición de bienes inmuebles por usucapión, requiriéndose la posesión aún sin título ni buena fe, pero sin olvidar que aquélla ha de ser en concepto de dueño (art. 1.941 del C.C .), y así lo ha declarado el T.S. de forma reiterada (sentencias de 3-6-1.993 , 29-11-1.994 , 30-12-1.994 , 24-7-1.998 , etc.). Sobre esta cuestión, y abundando en lo que ya se señaló en el fundamento anterior, la posesión en concepto de dueño requiere un "animus suo", que va más allá de la mera detentación. El art. 436 del C. Civil establece que se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en el que se ha adquirido, por lo que, como afirma la sentencia del T.S. de 24-3-1.983 , a efectos de la atribución de la posesión como dueño es preciso probar un inicio posesorio en tal concepto, lo que traducido al caso de autos supondría que los actores desde un principio habrían exteriorizado su voluntad de hacer propios los bienes con total exclusión de los demás coherederos, de tal manera que si se parte, como se dijo, del conocimiento de tal condición, y como se afirma en la sentencia del T.S.J. de Cataluña de 23-5-1.996 , para que un coheredero pueda comenzar a usucapir bienes hereditarios, esto es poseerlos a título de dueño, es preciso que se produzca lo que la doctrina denomina interversión del concepto posesorio, esto es, mutación del "animus" adecuadamente exteriorizada, y evidentemente probada. Así las cosas, y como se infiere de lo consignado en el precedente fundamento, no hay base suficiente para tener por acreditada una posesión en concepto de dueño durante el plazo necesario para la usucapión. CUARTO.- Rechazados, pues, los dos pronunciamientos que anteceden, ha de examinarse ahora el tercero de ellos, que había sido planteado igualmente en forma subsidiaria. Se solicitó, así, en la demanda que se declarase como contrario a la buena fe y con abuso de derecho el ejercicio de la petición de la partición hereditaria, y con invocación de la doctrina del retraso desleal. Dicha pretensión no puede ser aceptada, y ello por la sencilla razón de que no se puede declarar como abusivo, y menos aún tildar de retraso desleal, el ejercicio de una acción que el C. Civil (art. 1.965 ) considera imprescriptible, esto es, que dé opción a quien esté legitimado para ejercitarla o hacerlo en el momento que tenga por conveniente. QUINTO.- Si como resulta de lo hasta ahora expuesto la demanda no puede acogerse, cae por su base la impugnación formulada por los actores respecto al pronunciamiento de la sentencia recurrida por no efectuar condena en cuanto a las costas. Tal pronunciamiento no va a modificarse, sin embargo, a pesar de la desestimación de la demanda, pues las circunstancias del caso, los diferentes criterios sobre las cuestiones abordadas y la complejidad jurídica aconsejan hacer uso de la regla excepcional del art. 394-1-1º "in fine" de la LEC. SEXTO.- El acogimiento del recurso, aún por razones distintas a las invocadas, ha de conllevar la no imposición de las costas de la alzada, si bien, y dado su rechazo, las de la impugnación han de imponerse a la parte impugnante (art. 398 LEC .). Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente FALLAMOS Estimar el recurso de apelación formulado por Doña Martina , Don Eloy y Don Jenaro contra la sentencia de fecha veintiséis de enero de dos mil once dictada por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia de Tineo , en los autos de los que el presente rollo dimana, con REVOCACIÓN de la misma, y en su lugar se acuerda la desestimación de la demanda interpuesta por Don Romualdo y Don Jesús Luis . Sin expresa condena en cuanto a las costas de la instancia ni las de la apelación. Desestimar la impugnación formulada por los referidos Don Romualdo y Don Jesús Luis , imponiéndoles las costas de su impugnación. Habiéndose estimado totalmente el recurso de apelación, conforme al apartado 8 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre , por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio , del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito constituido por la parte apelante para recurrir. Contra esta resolución no cabe recurso. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario, doy fe.
Sin embargo, esta imprescriptibilidad de la acción de partición de herencia no es absoluta ni opera siempre, sino que puede tener excepciones, y no debe ser observada cuando la cosa común la ha venido poseyendo uno de los coherederos no en nombre de la comunidad hereditaria sino en nombre propio.
Ello implica que, si fallecido el causante, uno de los coherederos (legales o testamentarios) toma posesión de un bien y lo hace suyo, figurando a todos los efectos como dueño, pública y notoriamente, y el resto de coherederos no hace objeción alguna ni trata de proteger los derechos que sobre el bien tiene, el heredero poseedor, transcurrido el tiempo necesario según el tipo de bien poseído será el legítimo propietario del susodicho bien al operar la prescripción adquisitiva del artículo 1930 del Código Civil, por tratarse de un bien que no ha sido poseído en común por la comunidad de herederos, sino sólo por uno de ellos que lo ha poseído para sí.
El derecho de los demás coherederos a pedir el bien habrá prescrito y el heredero poseedor hará suyo el bien.
La acción para pedir la partición de Herencia de uno de los coherederos no prescribe, sin embargo, si uno de los coherederos posee el bien como si fuera propio, con el consentimiento tácito de los demás, pasado el tiempo necesario para la prescripción en función del tipo de bien que se trate, este heredero pasará a ser dueño por usucapión (por el paso del tiempo), como le indica mi compañero en su aportación.
Si al respuesta le parece adecuada no olvide ACEPTARLA, sólo así la página gratifica a los expertos..Reciba un cordial saludo.
No debemos confundir la capacidad para heredar, precripcion de 30 años con la particion de la herencia, que no prescribe
Le dejo sentancia aclaratoria
AP Cádiz, Sec. 5.ª, 279/2011, de 7 de mayo Recurso 545/2010. Ponente: RAMON ROMERO NAVARRO. EXTRACTOS La posibilidad de los herederos de repartir la herencia, apartándose de lo estipulado por el testamento, es ampliamente reconocida, pudiendo hacerse en cualquier documento, dado su carater contractual "... La posibilidad de que los herederos distribuyan los bienes de la herencia apartándose de lo ordenado en el testamento es reconocida de forma unánime con base en lo dispuesto en el artículo 1.058 del Código Civil , ya sea a título de partición convencional, ya sea a título de novación y transacción de sus derechos hereditarios plasmada en el mismo o en otro documento, que no ha de reunir forma especial dado su carácter contractual y la vigencia del principio espiritualista (artículo 1278y siguientes del Código Civil ). ..." Carente el Código Civil de regulación sobre la nulidad de las particiones, fuera de 1.081, la jurisprudencia considera aplicables las normas sobre nulidad y anulabilidad de los contratos intervivos "... Carente el Código Civil de una regulación específica sobre la nulidad de las particiones , fuera del precepto singular del artículo 1081 , la jurisprudencia ha declarado que habrá que entender aplicables a la materia las normas sobre nulidad de los negocios jurídicos y principalmente de los intervivos contractuales, teniendo muy presente la consecuencia de que sólo se originará esa nulidad si existe carencia o vicio sustancial de los requisitos esenciales del acto - SS de 17 abril 1943 , 13 octubre 1960 , 25 febrero 1966 y 7 enero 1975 -, como acontece a juicio de la doctrina científica, y entre otros supuestos, cuando falta algún elemento esencial (así la certeza de la muerte del causante o la validez y vigencia del testamento) o presupuesto del negocio, o si la nulidad viene ocasionada por haber sido hecha la operación contra lo preceptuado en la Ley (participación realizada por causante no testador contradiciendo lo dispuesto en el artículo 1056 , comisario coheredero vulnerando la prohibición del artículo 1057 , etc.); y por su parte la jurisprudencia ha calificado como casos de nulidad, amén del contemplado por el referido artículo 1081 , la falta de consentimiento de la persona designada para practicar la división - SS de 8 marzo 1956 y 13 octubre 1960 -, la inclusión en la masa partible de bienes no pertenecientes al causante -S de 30 enero 1951 -, como acontecerá si se extiende a los gananciales y parafernales teniéndose como privativos del "de cuius" -S de 17 mayo 1974 -, la ilicitud de la causa por deliberada ocultación de componentes del caudal - SS de 22 junio 1948 y 25 febrero 1966 -, la invalidez del testamento -S de 11 marzo 1952 -, el error sustancial cometido por el testador al proceder a la valoración de los bienes -S de 26 noviembre 1974 -, o el haber omitido cosas importantes y no computar determinados inmuebles objeto de donación -S de 7 enero 1975 -, al haber liquidado por sí mismo el Comisario la sociedad de gananciales sin intervención del cónyuge supérstite o de los herederos del premuerto -S de 20 octubre 1952 -, así como la infracción de prescripciones legales imperativas, cual es la necesidad de nombrar defensor judicial al menor con interés contrapuesto al de su padre o madre -SS de 14 diciembre 1957 y 28 mayo 1974 - (sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla , sección 2ª, de 20 de noviembre de 2000 , de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección 4ª, de 17 de marzo de 2005 y de la Audiencia Provincial de Valencia, sección 6ª, de 12 de enero de 2009, con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1980 ). Y se han considerado como supuestos de anulabilidad: las particiones verificadas mediando un vicio del consentimiento, es decir, violencia, intimidación o dolo, o las realizadas con infracción de lo dispuesto en el artículo 1.057.3 del Código civil . Fuera de estos supuestos, excepcionales, la jurisprudencia (por todas, STS de 31 de octubre de 1996 ) ha proclamado el principio de conservación de la partición ( STS de 21 de marzo de 1995 ), imponiendo un criterio restrictivo frente a pretensiones de invalidez de los mismos ( STS de 31 de octubre de 1996 ).En los supuestos de anulabilidad ha de acudirse a la doctrina general sobre la anulabilidad de los contratos. ..." La rescisión, parte de la existencia de una partición válidamente celebrada, en la que se dan los elementos esenciales, pero con un particular agravio jurídico-económico "... La rescisión , por el contrario, parte de la existencia de una partición válidamente celebrada, en la que se dan todos los elementos esenciales, que no plantea problemas de capacidad de obrar ni vicios del consentimiento, pero en la que concurre un particular un agravio jurídico-económico para los coherederos o algún tercero, que la hacen impugnable total o parcialmente, mediante el ejercicio de una acción personal, de carácter subsidiario, dotada de un plazo de caducidad de cuatro años, que asiste al perjudicado en más de una cuarta parte del valor total del lote adjudicado al tiempo de practicarse la partición, con las solas excepciones de los artículos 1075 y 1078 del Código Civil . ..." La acción de anulabilidad de reparto de herencia, que consta en escritura pública, está afectada por el instituto de la prescripción, no de caducidad, establecido en el art. 1304 del C.C. "... La acción de anulabilidad que, ha esgrimido la parte recurrente, esta afectada por el instituto de la prescripción, pues ya se ha recalcado que no se da el caso de una nulidad absoluta, sino el simple ejercicio de una acción de anulabilidad, y hay que declarar que el plazo de cuatro años que establece el artículo 1.301-1 del Código Civil es un plazo de prescripción y no de caducidad, ( S.TS. de 25 de abril de 1.960 , 28 de marzo de 1.965 28 de octubre de 1.974 , 27 de marzo de 1.987 y 27 de marzo de 1.989 , 27 de febrero de 1997 y 1 de febrero de 2002 ). ..." El proceso penal sobre un hecho impide el ejercicio de la acción civil, de modo que interrumpe la prescripción de cualquier acción derivada del mismo supuesto fáctico "... «el proceso penal sobre un hecho impide el ejercicio de la acción civil, de modo que interrumpe la prescripción de cualquier acción derivada del mismo supuesto fáctico, sin que tenga la menor trascendencia, en orden a la interrupción de la prescripción, quién haya comparecido como parte en él, puesto que, en cualquier caso, ha de respetarse el preferente enjuiciamiento criminal, cuyo resultado permite, caso de absolución ( sobreseimiento o archivo), pasar al planteamiento de la cuestión desde el punto de vista civil». ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que por la Iltma.Sra.Magistrado- Juez de Primera Instancia núm 5 de El Puerto de Santa María con fecha 9 de marzo de 2010 dictó sentencia en los presentes autos, cuyo Fallo es del siguiente tenor literal:" DESESTIMO la demanda de Juicio Ordinario interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. FRANCISCO GÓMEZ REAL frente a D. Marcos , representado por el Procurador Sr. Márquez Delgado y frente a DÑA. Estefanía , DÑA. Montserrat Y REAL, DÑA. María Inés , representadas por el Procurador Sr. Márquez Delgado. Las costas se imponen a la parte demandante". SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, por la representación de la parte apelante se preparó, en tiempo y forma, recurso de apelación por entender lesiva para sus intereses la resolución de instancia. Admitido que lo fue en ambos efectos, y formalizado alegando los motivos de disentimiento con la sentencia, se dio traslado del escrito de formalización a la parte contraria por plazo de diez días a fin de que pudieran oponerse al recurso o impugnar la resolución. Transcurrido dicho término se elevaron a esta Audiencia los autos originales con los escritos presentados.- TERCERO.- Recibidos los autos, formado el rollo correspondiente para sustanciar la apelación, turnada que fue la ponencia y no habiéndose propuesto prueba en el escrito de interposición, quedaron los autos conclusos para dictar resolución dentro del término legal.- CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.- FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La resolución recurrida en su fundamento de derecho tercero realiza un estudio acerca de la partición hereditaria y su rescisión, señalando que en el suplico de la demanda la parte actora ejercita la acción de nulidad de la partición hecha por escritura pública de 13 de septiembre de 2002 en cuanto, en concreto, a las adjudicaciones de las fincas Regístrales núms. NUM000 y NUM001 y se proceda a la rehabilitación de la plena vigencia de la escritura de 23 de julio de 2002 en cuanto a las adjudicaciones por mitad de las fincas regístrales números NUM000 y NUM001 al Sr. D. Marcos por cabeza y al actor y sus hermanos por estirpe. " Subyace en sus pretensiones una petición de rescisión de la herencia por lesión, toda vez que según sus argumentaciones la segunda escritura de partición otorgada en septiembre de 2002 le perjudica en el reparto de los bienes hereditarios y lo que pretende en definitiva es que reponga las cosas al estado anterior a esa segunda escritura de partición y en concreto con las fincas regístrales NUM000 y NUM001 .". En comunión con dicha tesis y en hipótesis jurídica la STS Sala 1ª de 8 julio 1992 , Pte: Malpica González-Elipe, Matías " La acción rescisoria del artículo 1.076 , como la más genérica del artículo 1.299 ambas del Código Civil , son plazos de caducidad, no de prescripción, y por ello no son susceptibles de interrupción" más ampliamente la STS de 6 junio 1990 , Pte: González-Alegre y Bernardo, Manuel. Señala la Juez de instancia en la sentencia objeto de recurso que la acción formulada es en definitiva una acción de rescisión en lugar de una acción de nulidad o anulabilidad y que el plazo para ejercitar la acción de rescisión ( de acuerdo con la doctrina jurisprudencial) es igualmente de cuatro años siendo dicho plazo de caducidad. Así las cosas, habiendo transcurrido más de cuatro años desde la fecha en que se otorgó la escritura de partición de la herencia ( el 13 de septiembre de 2002) hasta la fecha de la interposición de la demanda ( el 24 de marzo de 2008) la acción había caducado toda vez que no era susceptible de interrupción. Sin embargo, la Sala no puede estar de acuerdo con esta conclusión. El efecto que se pretende puede ser semejante tanto en una como en otra acción pero en puridad lo que se formula, como tendremos ocasión de señalar, no es otra cosa que una acción dirigida a la anulabilidad de la escritura de rectificación ( de fecha 13 septiembre de 2002) de la inicial partición llevada a cabo por los coherederos en la escritura de 23 de julio de 2002 .En la primera, la válida, se distribuían de consuno, por mitad, todos los bienes de la herencia entre las dos partes: el hermano sobreviviente, de una, y los herederos del hermano premuerto, de otra. En la segunda, la que se pretende inválida, los segundos son inducidos a firmar en septiembre de 2002 otra escritura de rectificación de la inicial de julio, y por la que, a través del engaño, se alteraba sustancialmente el reparto atribuyendo al primero la totalidad de la finca rústica, más extensa y de mayor valor, atribuyéndole ahora un valor muy inferior, para cuadrar las cuentas, firmando por error los restantes herederos sin llegar a conocer lo que firmaban, fiados de la persona de su tío y de que se trataba de una simple rectificación. Ciertamente aun cuando los dos causantes de la sucesión( Doña Sagrario y Don Erasmo ) otorgaron sus respectivos testamentos e hicieron una distribución de los bienes hereditarios entre los herederos, la jurisprudencia repite constantemente que los herederos capaces y mayores de edad, actuando unánimemente, pueden partir de la manera que mejor les cuadre, acomodando la división a sus peculiares intereses y conveniencias y valiéndose o no de terceros técnicos ( STS de 3 de julio y 9 de octubre de 1.962 ). La STS de 25 de febrero de 1966 explica cómo las facultades de los coherederos son amplísimas: al amparo del artículo 1.058 pueden estos "establecer válidamente cuantos pactos, cesiones y transacciones tengan por conveniente para la valoración, liquidación y distribución del caudal hereditario". La libertad de los herederos es tal, según la STS de 298 de enero de 1964 , que "si bien pueden sujetarse a lo ordenado en el testamento, fuente y origen de sus derechos, pueden, sin embargo, de común acuerdo, prescindir de sus disposiciones y crear una situación jurídica de plena y absoluta eficacia, en defecto de persona que pueda válidamente atacarla". La posibilidad de que los herederos distribuyan los bienes de la herencia apartándose de lo ordenado en el testamento es reconocida de forma unánime con base en lo dispuesto en el artículo 1.058 del Código Civil , ya sea a título de partición convencional, ya sea a título de novación y transacción de sus derechos hereditarios plasmada en el mismo o en otro documento, que no ha de reunir forma especial dado su carácter contractual y la vigencia del principio espiritualista (artículo 1278y siguientes del Código Civil ). Como antes apuntamos, en el caso que comentamos, la escritura de 23 de julio de 2002 se lleva a cabo el inventario, avalúo, liquidación y adjudicación de las herencias de Don Maximiliano y Doña Sagrario entre los herederos, de una parte, Don Virgilio , hijo de los causantes, y de otra, Fidel Estefanía , Montserrat y María Inés , hijos de Erasmo , hijo premuerto de los causantes. En dicho instrumento público se adjudican por mitad todos los bienes entre el hijo sobreviviente y los herederos del Fallecido. Por lo que con independencia de que se obedeciera o nó en dicha liquidación y reparto a lo establecido en los testamentos de sus padres- abuelos, respectivamente, obrando de acuerdo, los herederos podían perfectamente llevar a cabo dicha partición y adjudicación por mitad de todos los bienes. SEGUNDO.- Carente el Código Civil de una regulación específica sobre la nulidad de las particiones , fuera del precepto singular del artículo 1081 , la jurisprudencia ha declarado que habrá que entender aplicables a la materia las normas sobre nulidad de los negocios jurídicos y principalmente de los intervivos contractuales, teniendo muy presente la consecuencia de que sólo se originará esa nulidad si existe carencia o vicio sustancial de los requisitos esenciales del acto - SS de 17 abril 1943 , 13 octubre 1960 , 25 febrero 1966 y 7 enero 1975 -, como acontece a juicio de la doctrina científica, y entre otros supuestos, cuando falta algún elemento esencial (así la certeza de la muerte del causante o la validez y vigencia del testamento) o presupuesto del negocio, o si la nulidad viene ocasionada por haber sido hecha la operación contra lo preceptuado en la Ley (participación realizada por causante no testador contradiciendo lo dispuesto en el artículo 1056 , comisario coheredero vulnerando la prohibición del artículo 1057 , etc.); y por su parte la jurisprudencia ha calificado como casos de nulidad, amén del contemplado por el referido artículo 1081 , la falta de consentimiento de la persona designada para practicar la división - SS de 8 marzo 1956 y 13 octubre 1960 -, la inclusión en la masa partible de bienes no pertenecientes al causante -S de 30 enero 1951 -, como acontecerá si se extiende a los gananciales y parafernales teniéndose como privativos del "de cuius" -S de 17 mayo 1974 -, la ilicitud de la causa por deliberada ocultación de componentes del caudal - SS de 22 junio 1948 y 25 febrero 1966 -, la invalidez del testamento -S de 11 marzo 1952 -, el error sustancial cometido por el testador al proceder a la valoración de los bienes -S de 26 noviembre 1974 -, o el haber omitido cosas importantes y no computar determinados inmuebles objeto de donación -S de 7 enero 1975 -, al haber liquidado por sí mismo el Comisario la sociedad de gananciales sin intervención del cónyuge supérstite o de los herederos del premuerto -S de 20 octubre 1952 -, así como la infracción de prescripciones legales imperativas, cual es la necesidad de nombrar defensor judicial al menor con interés contrapuesto al de su padre o madre -SS de 14 diciembre 1957 y 28 mayo 1974 - (sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla , sección 2ª, de 20 de noviembre de 2000 , de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección 4ª, de 17 de marzo de 2005 y de la Audiencia Provincial de Valencia, sección 6ª, de 12 de enero de 2009, con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1980 ). Y se han considerado como supuestos de anulabilidad: las particiones verificadas mediando un vicio del consentimiento, es decir, violencia, intimidación o dolo, o las realizadas con infracción de lo dispuesto en el artículo 1.057.3 del Código civil . Fuera de estos supuestos, excepcionales, la jurisprudencia (por todas, STS de 31 de octubre de 1996 ) ha proclamado el principio de conservación de la partición ( STS de 21 de marzo de 1995 ), imponiendo un criterio restrictivo frente a pretensiones de invalidez de los mismos ( STS de 31 de octubre de 1996 ).En los supuestos de anulabilidad ha de acudirse a la doctrina general sobre la anulabilidad de los contratos. La rescisión , por el contrario, parte de la existencia de una partición válidamente celebrada, en la que se dan todos los elementos esenciales, que no plantea problemas de capacidad de obrar ni vicios del consentimiento, pero en la que concurre un particular un agravio jurídico-económico para los coherederos o algún tercero, que la hacen impugnable total o parcialmente, mediante el ejercicio de una acción personal, de carácter subsidiario, dotada de un plazo de caducidad de cuatro años, que asiste al perjudicado en más de una cuarta parte del valor total del lote adjudicado al tiempo de practicarse la partición, con las solas excepciones de los artículos 1075 y 1078 del Código Civil . TERCERO.- Por ello en contra de lo manifestado por la Jugadora a quo, esta Sala entiende que lo ejercitado, a tenor de la causa petendi y con independencia de que el efecto pudiera ser similar al que se obtiene con la acción de rescisión,( pues en definitiva son ambas categorías de la ineficacia del negocio jurídico), no es otra cosa que la acción de anulabilidad de la partición que consta en la escritura pública de fecha 13 de septiembre de 2002 por la concurrencia de vicios en el consentimiento de los herederos al firmar esa " rectificación" quienes firmaron creyendo erróneamente que era una simple rectificación que no alteraba la división y adjudicación que habían efectuado con anterioridad en el mes de julio. La acción de anulabilidad que, ha esgrimido la parte recurrente, esta afectada por el instituto de la prescripción, pues ya se ha recalcado que no se da el caso de una nulidad absoluta, sino el simple ejercicio de una acción de anulabilidad, y hay que declarar que el plazo de cuatro años que establece el artículo 1.301-1 del Código Civil es un plazo de prescripción y no de caducidad, ( S.TS. de 25 de abril de 1.960 , 28 de marzo de 1.965 28 de octubre de 1.974 , 27 de marzo de 1.987 y 27 de marzo de 1.989 , 27 de febrero de 1997 y 1 de febrero de 2002 ). Habrá que examinar, primero, si ha transcurrido el plazo de prescripción o si por el contrario éste ha sido interrumpido. Efectivamente, si bien la escritura cuya anulabilidad se pretende es de fecha 13 de septiembre de 2002 y la demanda se interpone el 24 de marzo de 2008, lo cierto es que el 8 de marzo de 2005 se interpuso querella en la que se ejercitaban acciones penales y civiles contra el demandado, dictándose auto de 10 de noviembre de 2005 que fue recurrido en apelación y confirmado por auto de 14 de julio de 2006 dictado por la Sección 3ª de esta Audiencia Provincial de Cádiz . La interposición de acciones penales determina la interrupción del plazo de prescripción que volverá a correr una vez termine el procedimiento por resolución firme. El proceso penal sobre un hecho, impide el ejercicio o reserva de ulterior ejercicio, independiente de la acción civil que pueda nacer de tal hecho, como resulta de los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , de modo que interrumpe la prescripción de cualquier acción derivada del mismo supuesto fáctico, doctrina jurisprudencial consagrada en STS 23.may.1985 , 7.nov.1985 ( RJ 1985, 5515 ) y 27.feb.1987 ( RJ 1987, 1000) , declarando esta última que «el proceso penal sobre un hecho impide el ejercicio de la acción civil, de modo que interrumpe la prescripción de cualquier acción derivada del mismo supuesto fáctico, sin que tenga la menor trascendencia, en orden a la interrupción de la prescripción, quién haya comparecido como parte en él, puesto que, en cualquier caso, ha de respetarse el preferente enjuiciamiento criminal, cuyo resultado permite, caso de absolución ( sobreseimiento o archivo), pasar al planteamiento de la cuestión desde el punto de vista civil». Es obvio que dada la naturaleza del plazo de ejercicio de la acción como término prescriptivo y no de caducidad, al momento de interponerse la demanda no había prescrito la acción dada la eficacia interruptiva de la acción penal entablada, desde el 8 de marzo de 2005 hasta el 14 de julio de 2006, y el comienzo de nuevo del cómputo del plazo de prescripción de los cuatro años desde el 14 de julio de 2006. CUARTO.- Cierto que es muy difícil acreditar las conductas insidiosas,( maquinación o engaño para inducir a otro u otros a hacer algo que sin la misma no se hubiera realizado) para determinar un error en otro, claro ejemplo de vicios de la voluntad, cuya concurrencia denuncia la parte, dado que la firma de la escritura de rectificación y corrección de la escritura de herencias de fecha 13 de septiembre de 2002 se lleva a cabo ante Notario y, por ende, existe una presunción de que efectivamente quien firma el instrumento notarial es plenamente consciente y conocedor de lo que se firma, por cuanto que está arropado dicho documento por la fé publica notarial. Más la eficacia de ésta, el valor o eficacia de un documento público no se extiende a su contenido o a las declaraciones que en ellos hagan los otorgantes, pues, aunque en principio hacen prueba contra los otorgantes y sus causahabientes, su veracidad intrínseca puede ser desvirtuada por prueba en contrario, sin que tal medio probatorio tenga prevalencia sobre los demás, vinculando al Juez solo respecto de su otorgamiento y fecha, dado que su contenido puede ser sometido a apreciación con otras pruebas ( STS de 2 de noviembre de 2001 ) y más en concreto en relación con los documentos notariales la fé publica notarial lo único que acredita es el hecho que motiva el otorgamiento de la escritura pública y su fecha, así como que los otorgantes han hecho ante el notario determinadas declaraciones, pero no a la verdad intrínseca de éstas. Conjugando dicha consideración con la prueba documental( o documentada, como quiera) constituida por la grabación de la conversación sostenida entre demandante y demandado, examinada la transcripción con la misma así como el informe pericial que determina que el sujeto que se dice es el demandado es efectivamente éste, tras someterse a unas pruebas para la identificación de la voz, revela dicha prueba, trascendental de cara a desvirtuar la verdad interina de la fe pública, que en la notaría no se llegó a leer el documento sino que fue una cosa muy rápida, en la que se decía que era una rectificación de un error de la anterior. No solo lo dice el demandante, sino también el demandado que allí no se leyó nada si bien se excusa diciendo que él allí fue engañado también por su Letrado. En definitiva, de su audición cabe tener por acreditado que ni el demandante ni sus hermanos tenían conocimiento de la entidad de los cambios que se habían perfilado con respecto a la escritura anterior no leyéndose el documento ni comprobándose lo que se firmaba en atención a la confianza que inspiraba su tio, el demandado, hermano de su padre. La veracidad de la conversación y el error con el que firmaron, sobre el ardid de que había que subsanar un error de la escritura anterior, también se patentiza con una simple comparativa de ambos documentos notariales. En el primero una atribución por mitad de todos los bienes entre el tío, por un lado, y los sobrinos, por otro. Uno heredaba por cabeza y los otros por estirpes, pero en situación de absoluta igualdad. En el segundo, se altera groseramente la valoración de la finca más extensa y valiosa ( véanse y confróntese las valoraciones de ambos documentos para constatar de manera absolutamente clara el ardid) y se juega con determinadas compensaciones para cuadrar aquellas. Del juego de ambas pruebas y su análisis, permite tener por acreditado, de manera más que suficiente, habida cuenta la dificultad probatoria de los vicios denunciados, la realidad de las causa de anulabilidad de la segunda escritura de rectificación, dando lugar a los efectos pretendidos por el actor en la demanda y a la plena vigencia de la partición y adjudicación de todos los inmuebles por mitad que en la escritura de 23 de julio de 2002 voluntariamente y conscientemente todos los herederos de consuno hicieron. QUINTO.- En relación con la particularización en las costas de un pronunciamiento relativo a las costas de la prueba pericial al amparo del artículo 326.2 de la Lec, al objeto de centrar la cuestión, debemos, primero , traer a colación la referencia que al respecto hacía el auto de complemento de la sentencia en sentido desestimatorio por cuanto estima que no son de aplicación al caso ni el artículo 326.2 de la Lec ni el artículo 320.3 del mismo cuerpo legal. La Juez a quo señala que no nos encontramos ante un medio de prueba encuadrable en el concepto de documentos privados que queda configurado por el artículo 324 en relación con al artículo 317 de la Lec . En apoyo de su tesis cita el artículo 299 que dice " los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son 1º interrogatorio de las partes.2º Documentos públicos. 3º Documentos privados. 4º Dictamen de peritos. 5º Reconocimiento judicial. 6º Interrogatorio de testigos. 2. También se admitirán conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.Es decir que la Lec regula los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen como medios de prueba absolutamente distintos a los considerados "tradicionales" y por tanto, no es de aplicación al caso lo previsto en el artículo 326.2 en relación con el artículo 320.3 ambos de la Lec porque no estamos ante un documento privado. Con ser cierto lo anteriormente consignado, ha de traerse a colación la opinión doctrinal más solvente en orden a que se ha perdido una oportunidad histórica en la actual Lec para introducir conceptos que la doctrina más autorizada tiene perfectamente definidos y claros desde hace tiempo, entre otros, la diferenciación entre fuentes de prueba y medios de prueba. Fuente de prueba es allí de donde pueden obtenerse hechos relevantes para el proceso y medio de prueba aquellos elementos que han de utilizarse para el advenimiento de esos hechos al proceso. Esta explicación tiene su importancia cuando se hace mención a los nuevos "medios" probatorios en relación con los "tradicionales" porque realmente no son tales sino nuevas fuentes de prueba que pueden utilizarse ahora en el proceso civil. Sin embargo se introducen y regulan como medios independientes incluso alejados de los demás en su tratamiento específico. La pregunta que surge inevitablemente es la naturaleza de las grabaciones fonográficas.¿ Acaso es algo realmente distinto a un documento? Desde hace tiempo se ha ido superando tanto por la doctrina como por la Jurisprudencia la idea de que documento es exclusivamente aquello que conste por escrito .Así la STS de 24 de febrero de 1956 señalaba que documento debe conceptuarse no solo aquello que consta por escrito, sino cualquier otra cosa que sirva para ilustrar o comprender algo" acorde la palabra documento con su propia etimología latina del verbo docere " enseñar o mostrar".Con posterioridad un amplio cuerpo de doctrina ha venido considerando el concepto de documento desde una perspectiva amplia, comprensiva de aquello que puede acceder al proceso con carácter documental, incluyendo no solo los clásicos escritos sino las técnicas de reproducción, tanto de sonidos( grabaciones fonográficas) como de imágenes ( filmaciones o fotografías) o de ambos conjuntamente ( videos).( SSTS 7-12-1979 , 5-7 y 17-7 de 1984 ; 9 marzo 1988 ; 30 Dic 1992 ; 6 marzo 1993 ; 7 , 14 y 24 de marzo 1994 ; 12 junio 1999 o SSTC 114/84 de 29 de noviembre ; 128/88 de 27 de junio ; 190/92 de 16 de noviembre ) Así en el ámbito propiamente legislativo, con anterioridad a la propia Lec el Código Penal de 1995 en su artículo 26 señala que " a los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica " Incluso la propia Lec en su artículo 812 dentro de los documentos que permiten acceder al procedimiento monitorio incluye aquellos " cualquiera que sea su forma, clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica proveniente del deudor". La consideración como medios de prueba distintos, ha generado un tratamiento aparentemente diferenciador cuando se podía haber unificado con el tratamiento de la prueba documental ya consolidado, sin embargo, la naturaleza antes apuntada nos debe llevar a un tratamiento analógico en aquello no expresamente regulado. En efecto, los artículos 382 y 383 de la vigente Ley procesal señalan que las parte podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. Al proponer la prueba la parte podrá acompañar en su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso. En el núm 2 dice que la parte que proponga este medio de prueba podrá aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También las otras partes podrán aportar dictámenes o medios de prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido. La cuestión surge cuando lejos de aportar los dictámenes o medios de prueba cuando se cuestione la autenticidad y exactitud de lo reproducido y tendentes a acreditar la falta de autenticidad y exactitud la parte no lo haga. En este supuesto entiende la Sala ha de acudirse por analogía a lo establecido en el artículo 326.2 y 320 de la Lec por cuanto que existe entre lo regulado en dichos preceptos y la situación planteada identidad de razón lo que autoriza al uso de la analogía (art.4.2 del Código Civil )En efecto, propuesto por la parte actora ( que obsérvese no tiene por que presentar dictámenes o medios de prueba instrumentales) el nombramiento de perito conforme al artículo 326 si la parte adversa impugnaba la autenticidad del documento sonoro, por ésta o se acompañaba un dictamen tendente a acreditar la falta de autenticidad o exactitud que denunciaba en la contestación o debía de pechar con las consecuencias que su impugnación le podía generar si se practicaba prueba pericial tendente a justificar lo contrario como consecuencia de su conducta procesal obstativa a la consideración de la grabación. Por ello, la Sala considera que pese a no estar concretamente regulado para "los medios" que señalan los artículo 382 y 383 de la Lec la impugnación de la grabación aportada por la parte actora hecha por la parte demandada sin aportación de dictamen que la justifique, es de aplicación lo establecido en el artículo 326 de la Lec en relación con el artículo 320 por cuanto en definitiva participa de la naturaleza de un documento privado, debiendo pechar con las consecuencias económicas adversas que se le deriven de rechazarse, con la pericia, su impugnación, debiendo en consecuencia pechar con el pago de dicha pericia, con independencia de la suerte que en definitiva haya podido correr el éxito de la acción planteada en el proceso, suerte que para nada tiene en cuenta la Lec para llevar a cabo dicha imposición especialísima. En este caso, habida cuenta que la acción de anulabilidad es estimada y consecuentemente las costas de la primera instancia han de ser impuestas a la parte demandada, el abono de la pericia que se ha particularizado irá también incluido en el capítulo de las costas. SEXTO.- Estimándose el recurso de apelación formulado no procede hacer especial imposición de las costas de esta alzada. Estimándose la acción formulada, las costas de la primera instancia han de ser impuestas a la parte demandada.( art.394 y 398 de la Lec ) Vistos los arts citados y demás de general y pertinente aplicación, por cuanto antecede EN NOMBRE DE S.M. EL REY pronunciamos el siguiente: FALLAMOS Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Fidel contra la sentencia dictada por la Iltma.Sra.Magistrado-Juez de Primera Instancia núm 5 de El Puerto de Santa María en el juicio ordinario de referencia, DEBEMOS REVOCAR y REVOCAMOS DICHA RESOLUCIÓN y estimando íntegramente la demanda formulada: Se declara la nulidad de la adjudicación a favor de D. Marcos de las fincas regístrales núm NUM000 y NUM001 realizada en la escritura de herencia de fecha 13 de septiembre de 2002, otorgada ante el Notario del Puerto de Santa María D. Antonio Manuel Torres Domínguez con núm de protocolo 2.066, declarándose la plena vigencia de la escritura de fecha 23 de julio de 2002, protocolo núm 1960, firmada ante el que fue Notario del Puerto de Santa María D. Andrés Tallafigo Vidal, en cuanto a las adjudicaciones por mitad de las fincas regístrales números NUM000 y NUM001 al Sr. D. Marcos por cabeza y a D. Fidel , Dª Estefanía , Dª. Montserrat y Dª María Inés , por estirpe. Se declara la nulidad de la inscripción registral de la segunda escritura de herencia de fecha 13 de septiembre de 2002, respecto a las fincas regístrales núm NUM000 y NUM001 , debiendo librarse mandamiento al Registrador de la Propiedad a fin de que se proceda a la cancelación de la referida inscripción y se proceda a la inscripción de la escritura de 23 de julio de 2002, protocolo 1960, en cuanto a las adjudicaciones por mitad de las fincas regístrales nº NUM000 y NUM001 , de un lado, a D. Marcos , por cabeza; y de otro, a D. Fidel , Dª Estefanía , Dª. Montserrat y Dª María Inés por estirpe. Se condena en las costas de la primera instancia al demandado, sin que proceda hacer especial imposición de las ocasionadas en esta alzada, con devolución del depósito constituido para recurrir. Devúelvanse los autos al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución para su ejecución y cumplimiento.- Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-
Si usted se refiere a los impuestos prescriben a los cuatro años y medio desde fallecimiento
La capacidad para heredar prescribe a los 30 años, después pasaría al Estado.
Una vez se es heredero, la capacidad de repartirse no prescribe.
Y si, la capacidad de la adminsitrackion de reclamar los impuestos derivados de la transmision mortis causa prescribe a los cuatro años
Cuidado pues insisto que el plazo en tema de impuestos es de cuatro años ddsdes el fallecimiento, no de cuatro.
Por supuesto que el plazo para reclamar la administración es de 4 años, cuatro, desde el fallecimiento
Sus tios le pueden reclamar, sin plazo de prescripcion, la herencia yacente aceptada por Uds y no repartida
Procede que se pongan de acuerdo
Si los herederos la aceptaron no prescribe la accion de particion
Ud puede mantaner su derecho a seguir usando el inmueble hasta partirlo como derecho adquirido durante ocho años o hasta que una orden judicial diga lo contrario
yo no quiero mas respuestas no tengo dinero para pagar
No tiene porque pagar más, puede darse de baja en *****@******.***

References: artículo 1965
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 artículo 1930
 artículo 1
 artículo 1081
 artículo 1056
 artículo 1057
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 artículo 326
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 artículo 324
 artículo 317
 artículo 299
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 artículo 26
 artículo 812
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 RESOLUCIÓN 
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