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Timestamp: 2019-09-21 09:23:44+00:00

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﻿ SENTENCIA AC1741-2018/2018-00413 DE MAYO 7 DE 2018
SENTENCIA AC1741-2018 DE 07 DE MAYO DE 2018
CONTENIDO:CONFLICTO DE COMPETENCIA EN ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. PARA CONOCER LA APELACIÓN DE UNA DECISIÓN PROFERIDA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, LA COMPETENCIA RADICA EN EL JUEZ DEL CIRCUITO O AL TRIBUNAL DE LA SEDE PRINCIPAL O REGIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL LUGAR DONDE SE HA EMITIDO LA RESOLUCIÓN O DE SU SEDE PRINCIPAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, CONFLICTO DE COMPETENCIA, ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Sentencia AC1741-2018/2018-00413 de mayo 7 de 2018
Rad.: 11001-02-03-000-2018-00413-00
AC1741-2018
Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil dieciocho.
Decídese el conflicto de competencia que se suscitó entre los Juzgados Doce Civil Circuito de Oralidad de Cali y Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, en el trámite de acción de protección al consumidor promovida por Felipe Mejía Villegas contra la Constructora Jaramillo Mora S.A.
1. El actor formuló demanda contra la consabida sociedad ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que “reali[zara] el cambio total de los pisos de porcelanato en el apartamento 1202-1 (…) torre 1, etapa 1, que forma parte del Edificio Altavista, ubicado en la Avenida 6 oeste Nº 5 oeste-200 en el barrio Normandía de la Ciudad de Santiago de Cali, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 370-885435” (fl. 52, cdno. 1).
La entidad de supervisión, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante sentencia fechada 23 de noviembre de 2016 accedió a las pretensiones (fl. 198, vuelto, ejusdem).
El fallo en mención, fue apelado por la demandada y concedido en el efecto suspensivo ante los juzgados civiles del circuito de Cali (reparto), “acorde con las reglas prevista[s] en el artículo 323 numeral 2º y artículo 33 de la Ley 1564 de 2012” (fls. 199 y 203, ibídem).
2. El Juzgado Doce Civil Circuito de Oralidad de Cali, por auto de 23 de enero de 2017, admitió el recurso y posteriormente rehusó su conocimiento “dada la naturaleza del asunto de conformidad con el artículo 33 numeral 2º del Código General del Proceso” (fls. 9 y vuelto, cdno. 2).
3. El estrado judicial receptor del expediente, declinó su atribución y planteó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que el funcionario de origen no debió apartarse del asunto, pues las partes no reclamaron antes de señalarse fecha para diligencia de fallo, en los términos del numeral 2º del artículo 16 del Código General del Proceso (fls. 17, ejusdem).
1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional involucra juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996 —modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009—.
En este caso se ha instado a esta Corte, para pronunciarse sobre el conflicto suscitado entre los juzgados implicados, y determinar quién es el competente a fin de dirimir el recurso de apelación contra la decisión emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de funciones jurisdiccionales.
2. En tratándose de la protección de los derechos de los consumidores, el legislador previó la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria o, alternativamente, a ciertas autoridades que, si bien ejercen funciones administrativas, para estos fines actúan como el juez de conocimiento.
La Ley 1480 de 2011 a propósito señala en su artículo 58, que: “Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se tramitarán por el procedimiento verbal sumario, con observancia de las siguientes reglas especiales:
La Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia en todo el territorio nacional y reemplaza al juez de primera o única instancia competente por razón de la cuantía y el territorio (…)”.
3. El inciso tercero, parágrafo 3º, artículo 24, del Código General del Proceso dispone que: “[l]as apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable” (subraya fuera del texto).
A su vez, el numeral 2º del canon 33 de ese estatuto preceptúa: “Los jueces civiles del circuito conocerán en segunda instancia, de los procesos atribuidos en primera a las autoridades administrativas en ejercicio en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil municipal. En estos casos, conocerá el juez civil del circuito de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adoptó la decisión, según fuere el caso”.
La Corte respecto de esta regla especial ha dicho:
[Los artículos], (31 y 33 del C.G. de P.), complementan y concretan el conocimiento de la alzada al juez del circuito o al tribunal de la sede principal o regional de la autoridad administrativa correspondiente al lugar donde se ha emitido la resolución, según que el desplazado en el primer grado haya sido el municipal o el del circuito. Se trata de una regla especial, cuando por la opción del demandante, la primera instancia se surte ante las autoridades administrativas, para efectos del pleno control judicial ulterior de la respectiva decisión en segunda instancia. (AC4917, 26 ago. 2014, rad. 2014-01140-00).
4. La competencia funcional, es el reparto de funciones entre los juzgadores en razón al grado que tienen asignado dentro del proceso(1), con el fin de desatar los remedios verticales que sean interpuestos o deban resolverse.
En afinidad con lo anterior la sala ha enseñado:
Como bien se sabe, para la distribución de la competencia entre los distintos funcionarios judiciales, deben tenerse en cuenta ciertos criterios que en el derecho procesal se conocen como factores determinantes de competencia, uno de los cuales es el funcional, referido al repartimiento vertical o por grado de la competencia, en consideración a estadios procesales. Sin duda alguna, la noción distintiva entre jueces a quo y ad quem, nace de la aplicación de este criterio distributivo, porque entre uno de sus roles está, precisamente, el de poner en vigencia el principio constitucional de la doble instancia, según el cual al superior jerárquico funcional le corresponde conocer, entre otros, del recurso de apelación interpuesto contra las providencias dictadas por sus inferiores (…).
(…) ese conocimiento del ‘superior’, juez de segunda instancia, surge con ocasión de la presencia de las condiciones que el legislador ha establecido para la adquisición de esa competencia (funcional). (CSJ SC 22 de septiembre de 2000. Rad. 5362) (SC4415, 13 abr. 2016, rad. 2012-02126-00).
Además, las reglas que establece la competencia funcional, dan respuesta a las necesidades de orden público, por ende, no son susceptibles de prorrogabilidad por consentimiento de las partes, cualquiera que sea el factor que la determine, como dispone el artículo 16 del Código General del Proceso.
Sobre el particular esta corporación ha destacado que:
(…) la improrrogabilidad de la competencia [funcional] (…) conlleva la exclusividad, es decir, que el conocimiento de la acción por parte de un juez diferente está privado no solo al momento de iniciación del procedimiento, sino que continúa vedado después de ese hito, aún si hay silencio de las partes, pues, el mismo es irrelevante ante la imposición del legislador, la que debe hacerse valer por el juez incluso de oficio(…) (AC5943, 12 sep. 2017, rad. 2017-01623-00).
5. Desde esa óptica en el caso en concreto, el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio desplazó la competencia a un Juez Civil Municipal que lo habría conocido en primera instancia, teniendo en cuenta los hechos, las súplicas y las partes; por lo cual, las decisiones que adoptó son susceptibles del recurso de apelación ante un funcionario de la misma especialidad, con categoría circuito de la ciudad de Bogotá, lugar correspondiente a la sede principal de la autoridad administrativa en donde se adoptó la decisión.
Por esa razón, aplicando la competencia funcional del artículo 33, numeral 2º, del Código General del Proceso y las normas concordantes de acuerdo con lo que se manifestó, el conocimiento de la segunda instancia aquí debatida debe surtirse ante el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, quien injustificadamente rehusó avocarlo, comoquiera que la competencia funcional de la que se viene tratando en este evento, es improrrogable y resulta inane que se reclame sobre el particular por las partes ante los jueces.
6. En consecuencia, se remitirá el presente caso al juzgado en mención para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del recurso de apelación de la referencia es el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, al que se le enviará de inmediato el expediente.
Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto y a la Superintendencia de Industria y Comercio, para lo cual se les remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.
1 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ed. B de F Ltda., Montevideo, 2007, pág. 622.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 323
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 16
 artículo 58
 artículo 24
 artículo 16
 artículo 33