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Timestamp: 2019-09-22 14:46:54+00:00

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﻿ SENTENCIA 27304 DE MARZO 2 DE 2006
SENTENCIA 27304 DE 02 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:SALARIO BASE PARA LIQUIDAR PENSIONES CONVENCIONALES Y VOLUNTARIAS. LA ACTUALIZACIÓN DEL SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN, CUANDO HA TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONSIDERABLE ENTRE EL RETIRO DEL CARGO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD LEGAL PARA OBTENERLA, SOLO PROCEDE PARA LAS PENSIONES LEGALES. EN CONSECUENCIA, LAS PENSIONES CONVENCIONALES Y VOLUNTARIAS NO ESTÁN SUJETAS A LA ACTUALIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN PENSIONES, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ, PENSIÓN VOLUNTARIA DE JUBILACIÓN, PENSIÓN CONVENCIONAL
Sentencia 27304 de marzo 2 de 2006
Rad.: 27304
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de abril de 2005, en el proceso seguido por Bernardo Moreno León contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero —en Liquidación—.
El accionante en mención demandó en proceso ordinario laboral a la citada entidad, con el fin de que se le condene a ajustarle el valor inicial de la mesada pensional que le reconoció, aplicando al salario promedio que devengaba al momento del retiro, el valor de la devaluación monetaria causada hasta la fecha en que empezó a disfrutar de tal prestación, y consecuencialmente a reajustarle las siguientes, incluidas las adicionales de junio y diciembre, y a las costas.
Como sustento de sus pretensiones expuso que laboró para la demandada, entre el 14 de julio de 1958 y el 31 de julio de 1986; que el último salario que devengó fue de $ 74.260, equivalentes para ese entonces a 4.41 salarios mínimos mensuales; que fue pensionado por la demandada mediante la Resolución 161 del 30 de marzo de 1990, a partir del 8 de marzo del mismo año, día en que cumplió 47 años de edad, y su primera mesada se le pagó por un valor de $ 81.140.63, la cual es notoriamente inferior al 75% de 4.41 salarios mínimos legales mensuales, vigentes para el momento en que se le concedió la prestación, y por lo tanto reclama su reajuste, si se tiene en cuenta que entre la fecha de su retiro y aquella desde la cual se le reconoció la pensión, la desvalorización del peso es un hecho notorio, evidente y continuado; que así las cosas, a la fecha de presentación de la demanda debería estar recibiendo mensualmente por dicho concepto $ 1.362.690, y que agotó la vía gubernativa.
La entidad accionada al contestar la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; en relación con los hechos aceptó la relación laboral, los extremos temporales, la existencia de la resolución de reconocimiento de la pensión, aclarando que la norma convencional y el mencionado acto administrativo se refieren a una pensión de jubilación extralegal o voluntaria pero no legal, respecto de la cual no se contempló indexación alguna, así mismo dijo ser cierto el monto de la mesada pensional cancelada inicialmente, el tiempo transcurrido desde el retiro hasta el cumplimiento de la edad, y que agotó vía gubernativa; y en relación con los demás supuestos fácticos manifestó que unos no eran tales, que otros son apreciaciones de derecho del apoderado de la actora y que los demás no eran ciertos. Propuso como excepciones las de pago, inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, compensación, falta de causa y título para pedir, inaconsejabilidad económica y social de las pretensiones de la demanda, cobro de lo no debido, y falta de agotamiento de la vía gubernativa.
El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 22 de octubre de 2004, absolvió a la entidad demandada de las pretensiones formuladas en la demanda y condenó en costas al actor.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación que contra dicha decisión interpuso la parte demandante, la confirmó mediante sentencia del 15 de abril de 2005, al considerar que no es procedente la actualización del salario base de liquidación de la pensión del actor, para lo cual se basó íntegramente en los razonamientos hechos por esta Sala de la Corte en sentencias del 18 de agosto de 1999, radicación 11818, y otra de la cual solo dijo que el ponente era el doctor Rafael Méndez Arango.
“Las peticiones de la demanda se concretan a reajustarle y pagarle el valor inicial de la pensión de jubilación aplicando al salario promedio devengado durante el último año de servicio, el valor de la devaluación monetaria que afectó el peso colombiano entre la fecha de terminación del contrato hasta el día en que la entidad empezó a pagar la pensión de jubilación, o sea a partir del 8 de marzo de 1990.
En casos similares al que ahora estudia esta Sala la honorable Corte Suprema de Justicia, en posición mayoritaria, se abstuvo de ordenar la indexación solicitada.
En efecto, la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia con ponencia del doctor Rafael Méndez Arango dijo lo siguiente:
“La indexación no tiene alcance general. El legislador la ha reconocido para casos particulares y la jurisprudencia de esta Sala y de la Civil de la Corte, únicamente como el medio correctivo adecuado a las situaciones de pago retardado de algunos créditos.
Siguiendo ese criterio, si las normas que regularon la pensión de jubilación, particular u oficial, establecieron que el empleador debía pagar al trabajador con derecho a la pensión un setenta y cinco por ciento del salario promedio mensual devengado durante el último año de servicios, esa base salarial no puede ser modificada por el juez actualizando su valor monetario, pues la norma no lo autoriza para el caso en que la pensión empieza a disfrutarse después de la fecha de la terminación del contrato ni cuando las dos fechas coinciden y la devaluación igualmente afecta la base salarial. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda o su reevaluación, que son las contingencias de toda economía monetarista, representan el daño o el beneficio que afecta cualquier patrimonio (a los derechos y obligaciones que lo conforman), pero el riesgo que corre el acreedor no siempre gravita sobre el deudor a menos que actúe con retardo y solo en las situaciones específicas que reconocen la ley y la jurisprudencia. Los reajustes pensionales que establece la ley obedecen a consideraciones de equidad y el deudor de la pensión los asume aunque no incurra en mora, pues así lo determina expresamente la misma ley.
Como ni el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo ni las disposiciones que han regulado la materia en el sector oficial acogen como regla general la reevaluación monetaria de las pensiones, es forzoso concluir que el tribunal debió aplicar esos preceptos legales y, por tanto, no resultaba pertinente acudir al artículo 8º de la Ley 153 de 1887 ni al 19 del Código Sustantivo del Trabajo, que solo operan cuando no hay norma exactamente aplicable al caso controvertido.
Por otra parte, la corrección judicial del valor de la primera mesada se aparta de la filosofía y estructura de la seguridad social, dado que ella opera como un régimen contributivo que únicamente subsiste en la medida en que sus ingresos sean suficientes para cubrir las obligaciones correspondientes, entre ellas las pensionales. Si alguien deja de cotizar pero aumenta la base de liquidación de su pensión, genera un desequilibrio al sistema de ingresos y egresos al que se ha aludido, con el consiguiente detrimento de la capacidad de la entidad pagadora de pensiones para sufragar oportunamente la totalidad de ellas, con sus consecuentes repercusiones de orden social, lo cual es necesario anotar porque las pensiones, como realmente corresponde a su esencia, se encuentran ahora establecidas a cargo del sistema de seguridad social integral, como regla general”.
Igualmente, en sentencia de 18 de agosto de 1999, radicación 11818 expresó la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia:
“5. Mas, existen aspectos puntuales sobre esta materia que en esta oportunidad la Sala de Casación Laboral precisa, a fin de rectificar los criterios que en ocasiones anteriores se han esbozado:
Huelga resaltar, en principio, que no se indexan las obligaciones contractuales, en tanto acreedor y deudor han tenido la oportunidad de pactar mecanismos de protección contra el proceso inflacionario. El juez no puede interferir en el libre juego de las voluntades de los contratantes, quienes, en presencia de un hecho notorio como la inflación, deciden celebrar una negociación y mantener incólumes el valor de sus prestaciones exigibles en un mediano o largo plazo. Teniendo los contratantes la posibilidad de prever un fenómeno absolutamente notorio para cualquier hombre de mediana capacidad que entra en la esfera negocial, deben actuar ellas con diligencia y cuidado (nemo auditur propiam turpitudinem alegans).
“Ahora bien, esta primera tesis es válida mientras se cumpla la obligación en la oportunidad convenida. Porque no satisfecha en tiempo, si del incumplimiento se deriva una significativa depreciación de la misma, entonces puede solicitarse su indexación como un componente del daño emergente ocasionado al acreedor.
“b) Se indexan las obligaciones puras y simples, vale decir, existentes y exigibles, cuya fuente es directamente la ley, cuando esta no previó ningún mecanismo para que al acreedor se le entregara la prestación a que realmente tiene derecho. Se propende con ello restablecer el equilibrio perdido en la relación jurídica emanada de la norma, por no haber precavido los alcances de su tendencia nominalista. El presupuesto es, se reitera, la presencia de una obligación cierta, respecto de la cual existe una situación jurídica constituida y cuyos efectos se surtieron o se están surtiendo. Ilustra lo afirmado en este punto, el caso de las prestaciones sociales, respecto de las cuales ha dispuesto el legislador, de manera expresa, la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que siendo esta, por definición del precepto en cita, una “indemnización” no desvirtuada la mala fe y condenándose a ella, tórnase improcedente la indexación por haberse previsto una fórmula indemnizatoria propia.
“c) No se indexan, pues, en primer lugar las obligaciones condicionales suspensivas, es decir, las pendientes de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no, según las voces del artículo 1530 del Código Civil, en tanto enerva la adquisición del derecho mientras él no se cumpla (art. 1563 ib.). En segundo término, tampoco se revalorizan los derechos eventuales. Estos, conforme a la teoría de las obligaciones, son los que emanan de un acto, hecho o negocio jurídico en formación (in nuce), o incompleto o imperfecto, como los que han reunido uno o varios de los elementos necesarios para su existencia, pero les falta otro u otros de ocurrencia futura. Mucho menos, no está de más decirlo, pueden ser valorizadas las meras expectativas de derechos, respecto de las cuales no cabe hablar, siquiera de obligación.
La Sala acoge en su totalidad esta posición de la mayoría de la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia y por esta razón estima que no es procedente la actualización del salario base de liquidación de la pensión del actor”.
Lo interpuso la parte actora contra la sentencia del tribunal, invocando la causal primera de casación laboral contemplada en el numeral primero del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con el cual pretende según lo expresó en el alcance de la impugnación, que la Sala CASE la sentencia acusada, y en sede de instancia revoque la de primer grado, y acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
Para el efecto formuló dos cargos que fueron replicados, los cuales se decidirán conjuntamente, toda vez que están dirigidos por la misma vía y modalidad, acusan similar conjunto normativo, se valen en su demostración de los mismos argumentos y persiguen idéntico fin.
Acusa la sentencia recurrida por la vía directa y en la modalidad de interpretación errónea “de los preceptos legales sustantivos contenidos en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887, 11 de la Ley 6ª de 1945, 4º, 19, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, de la Ley 171 de 1961, 27 del Decreto 3135 de 1968, 74 del Decreto 1848 de 1969, 1º de la Ley 33 de 1985, 14 y 36 de la Ley 100 de 1993, 41 del Decreto 692 de 1994, 1613, 1614, 1626 y 1649 del Código Civil, 16 de la Ley 446 de 1998, 178 del Código Contencioso Administrativo, 831 del Código de Comercio, 145 del Código Procesal del Trabajo y 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil”.
Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, “de los preceptos legales sustantivos contenidos en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887, 4º y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º de la Ley 171 de 1961, 1613, 1614, 1626 y 1649 del Código Civil, 11 de la Ley 6ª de 1945, 178 del Código Contencioso Administrativo, 131 del Código de Comercio, 145 del Código Procesal del Trabajo, y 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil La infracción legal anteriormente indicada produjo, como consecuencia, la aplicación indebida de las normas, igualmente sustantivas y de alcance nacional, contenidas en los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 74 del Decreto 1848 de 1968, vigentes al momento de la terminación del contrato de trabajo, del demandante, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º de la Ley 33 de 1985,14 y 36 de la Ley 100 de 1993 y 41 del Decreto 692 de 1994”.
De la demostración de ambos cargos se destacan los siguientes planteamientos:
“... No entendió el sentenciador la verdadera naturaleza y contenido de la indexación laboral al considerar que la evaluación de la deuda solo es procedente ante el incumplimiento por parte del obligado”.
Seguidamente y sobre el tema relacionado con la indexación de la primera mesada pensional, citó las sentencias de esta Sala del 15 de septiembre de 1992, 8 de febrero de 1996, y 11 de diciembre de 1996, radicaciones 5221, 7996 y 9083, respectivamente, y de la última transcribió algunos apartes, para continuar diciendo:
“La recta interpretación de los preceptos citados en la proposición jurídica es la que ha venido fijando la honorable Sala de Casación Laboral que se ha dejado transcrita y no la que adujo como sustento de su sentencia el Tribunal Superior. Y si bien es cierto que la jurisprudencia de la Corte en esta materia se adoptó por mayoría, no es menos cierto que la doctrina que debió aplicar el Tribunal de Bogotá, era la contenida en las sentencias de la honorable Corte y no la tesis minoritaria expuesta en los salvamentos de voto.
Si el sentenciador acusado no hubiera infringido los preceptos legales citados al comienzo del cargo y hubiera hecho en los mismos la exégesis correcta que, según se vio, es la fijada por la honorable Sala de Casación Laboral, habría necesariamente confirmado el fallo de primer grado, tal como debe disponerlo la honorable Corte en sede de instancia, previa la casación del fallo impugnado.
Pese a que lo anteriormente anotado justifica plenamente la casación de la sentencia de segunda instancia, quienes representamos los intereses de los trabajadores nos encontramos el hecho actual de una posición nueva del alto tribunal de justicia, en materia de indexación en casos laborales y específicamente en lo que concierne a la aplicación de los principios de justicia y equidad para el reajuste de las pensiones iniciales de los pensionados de la Caja Agraria (ahora en liquidación) y es por esto que con relación a los últimos pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral conviene hacer una disquisición cuya finalidad es la de reforzar los planteamientos expuestos y controvertir las nuevas argumentaciones que se han esgrimido por la misma corporación para el cambio de jurisprudencia.
En referencia a los recientes pronunciamientos, en casos concretos de la Caja Agraria semejantes al sub lite, debe decirse que es equivocado situar el debate de la indexación de la jubilación en el régimen general de las obligaciones porque entratándose de una prestación patronal especial amparada por los principios que rigen el derecho laboral, esta no puede equipararse a las normas que rigen los negocios jurídicos u obligaciones entre los particulares, más cuando tales prestaciones pertenecen ahora a legislación especial consagrada bajo la denominación de seguridad social, que nace de principios y desarrollos filosóficos de mayor relevancia en el ámbito jurídico, que los viejos postulados del derecho privado, como que aquella tiene una finalidad última la satisfacción de las necesidades sociales,...”.
“Al contrario de lo expresado por la sentencia de la Corte Suprema coincidente con el fallo del tribunal, el juez laboral sí puede interferir en el libre juego de las voluntades de los contratantes porque así se lo ordenan los artículos 13 inciso 3º, 46, inciso 2º, 48, 53, 58 inciso 1º, 230 y 336, último inciso, de la Constitución Nacional y 20 del Código Sustantivo del Trabajo que consagran el principio de favorabilidad, los derechos adquiridos y la seguridad social integral para evitar que el poderoso se aproveche de la ignorancia o necesidad del trabajador”.
Por su parte la oposición sostiene que los argumentos expuestos por la censura no son suficientes, ni tienen la virtualidad para desquiciar el fallo impugnado, pues no señalan en qué consistió la errónea interpretación de las normas acusadas, limitándose a relacionar otras sentencias anteriores a aquella en que se fundamentó el tribunal.
Afirma también, que el ad quem tuvo en cuenta íntegramente la sentencia de esta Sala de la Corte, del 6 de diciembre de 2000, que a la vez remite a la del 18 de agosto de 1999, radicación 11818, que contienen el nuevo criterio a aplicar, rectificando la doctrina anterior que aceptaba por mayoría la indexación de la primera mesada pensional en casos como el presente; por lo que el juez de segunda instancia, no infringió los preceptos legales acusados.
No tiene razón la réplica en el reparo de orden técnico que hace a los cargos, pues en resumen toda la argumentación de la censura está precisamente dirigida a demostrar la interpretación errónea que de las normas acusadas hizo el ad quem.
Es de acotar que el recurrente enrostra al tribunal como error jurídico la errada interpretación de las normas que integran la proposición jurídica, por la exégesis que esa corporación realizó acogiendo lo adoctrinado por esta Sala de la Corte en sentencias del 18 de agosto de 1999, radicación 11818, y en otra de la cual solo dijo que el ponente era el doctor Rafael Méndez Arango, a fin de que se determine jurídicamente la viabilidad de la actualización del ingreso base de liquidación de una pensión que tenga como fuente una convención colectiva de trabajo, como la reconocida al accionante así las partes contratantes no hubieran pactado expresamente ese puntual aspecto, por virtud de que en sentir del censor se debe seguir aplicando la norma convencional en cuanto a los requisitos para acceder al derecho pensional extralegal, empero complementándola o adicionándola en lo relativo a la liquidación de la pensión con la disposición legal que introdujo la actualización implorada, en aras de mantener su poder adquisitivo.
Habiendo dirigido el ataque por la vía directa, los supuestos fácticos de la sentencia recurrida quedan incólumes, permitiendo solamente la disquisición jurídica del punto en discusión, y por consiguiente se tiene por establecido que el demandante por haber prestado sus servicios por más de 20 años, cuyo retiro se produjo el 31 de julio de 1986, la entidad demandada le reconoció una pensión de jubilación de origen convencional a partir del momento en que cumplió los 47 años de edad, esto es, desde el 8 de marzo de 1990, equivalente al 75% del promedio de salarios devengados durante el último año de servicios, en cuantía inicial de $ 81.140.63, según se desprende de la resolución por medio de la cual se le reconoció tal prestación (fls. 2 y 3).
Sentando lo anterior, de manera alguna la decisión del tribunal resulta equivocada, dado que no cometió el yerro hermenéutico que se le endilga; pues realmente al ser la pensión que se busca reajustar de origen “convencional”, no es procedente en la forma propuesta por el recurrente indexar la primera mesada pensional o mejor actualizar la base salarial para la liquidación del monto inicial de la pensión, máxime que como lo aceptan las propias partes, no se convino dentro del contexto de la libre manifestación de voluntades, que se indexe o actualice la primigenia mesada para el momento en que se comience a recibir tal beneficio extralegal, ya sea en el mismo acuerdo colectivo o en otro acto jurídico, lo cual de haberse pactado, sí haría posible la reevaluación en este caso particular.
El tema de la indexación o actualización de la primera mesada pensional, ha sido ampliamente controvertido al interior de esta corporación; fue así como en un principio esta Sala de Corte aceptó por vía jurisprudencial la actualización de la base salarial para toda clase de pensiones, valga decir, legales, convencionales y voluntarias, criterio que se mantuvo hasta que la mayoría de esta Sala resolvió en la sentencia, del 18 de agosto de 1999, radicado 11818, que ninguna de las pensiones eran indexables cuando el derecho se reconoce en la oportunidad señalada en la ley, esto es, al completarse todos los requisitos requeridos para su existencia. De ahí en adelante, la Corte ha tenido la oportunidad de reexaminar lo antes adoctrinado y también por mayoría ha venido aceptando, siendo su criterio actual, la reevaluación de la base salarial para liquidar las pensiones en los eventos en que ha transcurrido un tiempo considerable entre la fecha de dejación del cargo y la de cumplimiento de la edad como requisito para hacerse beneficiario de la respectiva prestación, eso sí, siempre bajo el nuevo marco normativo previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 en armonía con el artículo 53 de la Constitución Política que abre el camino para proceder a la actualización al momento de fijarse el monto de la pensión, pero en el entendido de que se refieran exclusivamente a pensiones “legales”, en donde el titular del derecho haya llegado a la edad en vigencia de la mencionada ley de seguridad social; es decir, a partir del 1º de abril de 1994 y siempre y cuando con anterioridad se haya satisfecho el tiempo de servicios.
En consecuencia, al tener esta Sala debidamente consolidado su criterio con una clara posición respecto al tema, el discurso de la censura resulta insuficiente y no logra modificar la postura de esta corporación.
Así las cosas, se ratifica que las pensiones voluntarias y convencionales no están válidamente incorporadas dentro de aquellas que son factibles de actualización, con base en la normatividad propia de la seguridad social que hoy impera.
Dentro de las múltiples oportunidades en que la Sala se ha ocupado del tema, en un proceso adelantado contra la misma Caja Agraria, donde se estudiaron circunstancias correlativas al caso que se examina, en sentencia del 29 de octubre de 2003 con radicado 21675, que fue reiterada en casaciones del 11 y 22 de octubre de 2005 con radicaciones 26770 y 26524, respectivamente, se agregó a lo ya referido lo siguiente:
“(...) No se discute en el sub lite que la actora prestó servicios a la demandada entre el 10 de diciembre de 1966 y el 15 de noviembre de 1991 y que le fue reconocida una pensión convencional de jubilación a partir del 7 de febrero de 1998, fecha en que cumplió los 47 años de edad.
La actuación de la ley que así se indica, excluye el evento de acudir a las fuentes de derecho diversas a la ley, como lo pretende la actora. Así, entonces, el punto a dilucidar es el de si el instituto de la pensión voluntaria, ha de ser interpretado en concordancia con la Ley 100 de 1993 en lo atinente a la actualización monetaria de la primera mesada pensional; y más específicamente, sí ellos están comprendidos en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
La naturaleza del régimen de transición es el de hacer compatibles con el sistema general de pensiones los regímenes contributivos anteriores, incluidos los de los servidores públicos por los que no se hubieren hecho contribuciones, por cuanto la ley establece el mecanismo para estimarlas y aportarlas al nuevo sistema, o del sector privado cuando hay lugar a bonos pensionales. Si se trata de un régimen de transición al sistema general, no tiene sentido pretender su aplicación respecto a aquellas pensiones voluntarias o convencionales de las cuales no pueden ser trasladados ni sus fondos ni sus cargas a las entidades que administran el sistema general de pensiones.
De esta manera con el ingreso base de liquidación el legislador no persigue per se la corrección monetaria de la mesada pensional, sino que ella es consecuencia de una medida que pretende preservar el equilibrio financiero del sistema general de pensiones, mediante la actualización de valores anteriores al momento de causación del derecho y para ponderar y morigerar el valor de la primera mesada.
El único régimen a que está sujeta la determinación del monto de las pensiones voluntarias o convencionales es aquél que haya ofrecido el empleador o acordado las partes; las reglas de liquidación contenidas en la fuente normativa o extralegal respectiva, debe respetarse por el juzgador tal como quedó consagrada por quienes le dieron fuerza al acto jurídico de creación del beneficio, porque la ley avala en ese escenario el valor de la manifestación libre de su voluntad.
Si el acuerdo conciliatorio no previó la indexación de la primera mesada para la fecha en que esta se iba a recibir, no es posible llegar a ella por criterios interpretativos y de integración con la ley del sistema general de pensiones por cuanto estas prestaciones son ajenas a un sistema financiero o contributivo. Por ello no pueden ser encajadas en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ni en ellas puede ser implantado el mecanismo del ingreso base de liquidación, del artículo 21 de la misma ley, ya que tomar de él solo la operación matemática con la que se hace la actualización monetaria, sin aplicarla a un período amplio anterior a la causación de la pensión, es desnaturalizar su significado y finalidad.
Tampoco procede el otorgamiento de la indexación de la primera mesada pensional en el sub lite, por aplicación de la doctrina que ha enseñado esta Sala en sentencia del 18 de agosto de 1999 (rad. 11818), y según la cual la corrección monetaria procede para resarcir el daño emergente “de obligaciones exigibles que por su naturaleza sean susceptibles de tal fenómeno por no existir otro mecanismo que permita recuperar total o parcialmente el detrimento del poder adquisitivo. Tratándose de pensiones de jubilación, si bien el derecho se causa con el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios, para su exigibilidad es menester el retiro del servicio. Luego el perjuicio no se causa sin que haya deuda y mucho menos se puede indexar lo que legalmente no es exigible ni constituye un pago retardado” …”.
En este orden de ideas, como la argumentación demostrativa expuesta por el recurrente, no conduce a cambiar la posición jurisprudencial asumida por esta Sala de la Corte, que se mantiene, y gira en torno a que las pensiones convencionales, voluntarias o extralegales, no son susceptibles de actualizar con base en el nuevo ordenamiento legal que introdujo esta clase de corrección o reevaluación, y que es la misma postura que el tribunal esboza en su decisión, ocurriendo que en definitiva no se presenta la violación de la ley a que alude el ataque.
Por todo lo expuesto, los cargos no prosperan.
Como el recurso no sale avante y se formuló réplica, las costas por el mismo son a cargo de la recurrente.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de abril de 2005, en el proceso seguido por Bernardo Moreno León contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero —en Liquidación—.
Magistrados: Luis Javier Osorio López—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 260
 artículo 8
 artículo 65
 artículo 1530
 artículo 87
 resolución 
 artículo 53
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 21