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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. TITULO V.�De la acci�n administrativa (Vigente hasta el 01 de Enero de 2004).
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (Vigente hasta el 01 de Enero de 2004).
Vigencia desde 01 de Enero de 2000. Esta revisi�n vigente desde 28 de Julio de 2003 hasta 01 de Enero de 2004
TITULO VDe la acci�n administrativa
CAPITULO IAcci�n administrativa en el exterior
Modificaci�n del art�culo 118 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, regulador del Fondo de Ayuda al Desarrollo El apartado tres del art�culo 118 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, regulador del Fondo de Ayuda al Desarrollo, queda redactado como sigue:
�Asimismo el Gobierno, dentro del importe m�ximo de la dotaci�n que fije al FAD la Ley de Presupuestos de cada a�o, adem�s de atender las obligaciones de pago ordinarias de los cr�ditos y ayudas otorgados, podr� destinar tambi�n aqu�lla al pago de obligaciones de financiaci�n concesional originadas o derivadas de tratados o convenios internacionales autorizados por las Cortes Generales, as� como al pago de las obligaciones espa�olas frente a instituciones multilaterales de desarrollo y a compensar anualmente al Instituto de Cr�dito Oficial por los gastos en que incurra en el desarrollo y ejecuci�n de la funci�n que se le encomiende en relaci�n al Fondo. Con el objetivo de reforzar la eficiencia en la gesti�n del Fondo de Ayuda al Desarrollo, el Gobierno podr� destinar igualmente la dotaci�n del mismo a financiar los gastos de identificaci�n y definici�n de aquellos proyectos susceptibles de ser financiados con cargo al FAD, as� como los gastos de la elaboraci�n de pliegos de licitaci�n y del control, seguimiento y evaluaci�n de los distintos proyectos y ayudas financiados con cargo a dicho Fondo.�
Art�culo 53 derogado por la letra o) del n�mero 1 de la disposici�n derogatoria primera de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 31 diciembre).
Modificaci�n de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas Se modifica el art�culo 104 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, que queda redactado como sigue:
Normativa aplicable Las cooperativas de cr�dito se regir�n por su ley espec�fica y por sus normas de desarrollo.
Asimismo, les ser�n de aplicaci�n las normas que, con car�cter general, regulan la actividad de las entidades de cr�dito, y con car�cter supletorio la presente Ley de Cooperativas cuando su �mbito de actuaci�n estatutariamente reconocido, conforme a su ley espec�fica, sea supraauton�mico o estatal, siempre que realicen en el citado �mbito actividad cooperativizada de manera efectiva�
CAPITULO IIAcci�n administrativa en materia de seguros
Modificaci�n de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci�n en Seguros Privados Se modifica el apartado 1 del art�culo 22 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci�n en Seguros Privados, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�No podr�n ejercer la actividad de mediador de seguros privados por s� ni por persona interpuesta las personas que por disposici�n general o especial tengan prohibido el ejercicio del comercio.
Tampoco podr� ejercerse la actividad de mediaci�n de seguros privados por s� ni por persona interpuesta en relaci�n con las personas o entidades que se encuentren sujetas por v�nculos de dependencia o sujeci�n especial con el mediador, por raz�n de las espec�ficas competencias o facultades de direcci�n de �ste �ltimo, que puedan poner en concreto peligro la libertad de los interesados en la contrataci�n de los seguros o en la elecci�n de la entidad aseguradora.�
CAPITULO IIIAcci�n administrativa en materia de comercio
Modificaci�n de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci�n del Comercio Minorista Uno. Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci�n del Comercio Minorista:
1. Se a�ade un segundo p�rrafo al apartado 2 del art�culo 14 con el siguiente texto:
�Las facturas se entender�n aceptadas en todos sus t�rminos y reconocidas por sus destinatarios, cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los veinticinco d�as siguientes a su remisi�n.
En el caso de que no sean conformes se dispone sobre la anterior un plazo adicional de diez d�as para su subsanaci�n y nueva remisi�n de la correspondiente factura rectificada. A los efectos de lo dispuesto en este art�culo, no se tendr�n en cuenta las modificaciones contenidas en facturas rectificativas emitidas en fecha posterior a los plazos indicados.�
2. Se a�ade un tercer p�rrafo al apartado 2 del art�culo 17, con el siguiente texto:
�Las facturas deber�n hacerse llegar a los comerciantes antes de que se cumplan treinta d�as desde la fecha de entrega y recepci�n de las mercanc�as.�
3. Se modifica el apartado 3 del art�culo 17, que queda redactado como sigue:
�3. Los aplazamientos de pago de productos alimenticios perecederos no exceder�n en ning�n caso de treinta d�as, contados a partir del d�a en que se entregue la mercanc�a.�
4. El actual apartado 3 del art�culo 17 pasa a ser el apartado 4 de dicho art�culo, con el siguiente texto:
�4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando los comerciantes acuerden con sus proveedores aplazamientos de pago que excedan de los sesenta d�as desde la fecha de entrega y recepci�n de las mercanc�as, el pago deber� quedar instrumentado en documento que lleve aparejada acci�n cambiaria, con menci�n expresa de la fecha de pago indicada en la factura. En el caso de aplazamientos superiores a noventa d�as este documento ser� endosable a la orden. En todo caso el documento se deber� emitir o aceptar por los comerciantes dentro del plazo de treinta d�as, a contar desde la fecha de recepci�n de la mercanc�a, siempre que la factura haya sido enviada. Para la concesi�n de aplazamientos de pago superiores a ciento veinte d�as, el vendedor podr� exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de cr�dito o cauci�n.�
5. Los actuales apartados 4 y 5 del art�culo 17 pasan a ser los apartados 5 y 6 de dicho art�culo, respectivamente.
6. Se modifica la letra c) del apartado 1 del art�culo 65, que queda redactada como sigue:
�c) Realizar ventas con p�rdida, con excepci�n de los supuestos se�alados en la Ley, e incumplir las normas sobre facturas que recoge el art�culo 14.�
7. Se modifica la letra f) del apartado 1 del art�culo 65, que queda redactada como sigue:
�f) El incumplimiento de los plazos m�ximos de pago que contempla el apartado 3 del art�culo 17, as� como la falta de entrega por los comerciantes a sus proveedores de un documento que lleve aparejada ejecuci�n cambiaria, y la falta de entrega de un efecto endosable a la orden en los supuestos y plazos contemplados en el apartado 4 del art�culo 17.�
8. Se a�ade una disposici�n adicional sexta con el siguiente texto:
�Lo dispuesto en los art�culos 9, 14 y 17 de la presente Ley, ser� de aplicaci�n a las entidades de cualquier naturaleza jur�dica, que se dediquen al comercio mayorista o que realicen adquisiciones o presten servicios de intermediaci�n para negociar las mismas por cuenta o encargo de otros comerciantes.�
Dos. Los acuerdos entre producci�n y distribuci�n se ajustar�n a lo dispuesto en las modificaciones introducidas en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci�n del Comercio Minorista, por la presente Ley, a partir de los seis meses de la entrada en vigor de esta �ltima.
El Gobierno, a la vista de las decisiones adoptadas en la Organizaci�n Mundial de Comercio (OMC) y, en su caso, en la Uni�n Europea que constaten la existencia de competencia desleal por parte de un Estado, podr� adoptar las medidas pertinentes en relaci�n con los nacionales que hubieran mantenido relaciones comerciales afectadas por dichas decisiones con el Estado en cuesti�n o sus nacionales con el fin de restablecer el adecuado equilibrio econ�mico y comercial.
CAPITULO IVAcci�n administrativa en materia de infraestructuras
Recintos aduaneros fiscales y de inspecci�n y expedici�n de certificaciones de comercio exterior en los aeropuertos, zonas y dep�sitos francos El Organismo p�blico Aeropuertos Espa�oles y Navegaci�n A�rea, las Autoridades Portuarias, la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa�oles, los �rganos gestores de las zonas o dep�sitos francos y, en general, los titulares o concesionarios de los aeropuertos, puertos, estaciones de transporte de mercanc�as por carretera y multimodal, puertos secos, estaciones ferroviarias, zonas francas, dep�sitos francos y dep�sitos aduaneros p�blicos, facilitar�n a su cargo locales suficientes para instalar en los mismos, en su caso, los servicios aduaneros y fiscales que correspondan y los de inspecci�n y expedici�n de certificaciones de comercio exterior de las Delegaciones de Econom�a y Hacienda.
Ser�n por cuenta de las personas y dem�s entes obligados a facilitar los locales, los tributos y dem�s gastos inherentes a la propiedad de los inmuebles. Los gastos en bienes, servicios y suministros necesarios para la prestaci�n de los servicios habr�n de ser atendidos por la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria o por las indicadas Delegaciones ministeriales, seg�n corresponda en cada caso.
Las personas y dem�s entes obligados a facilitar los locales podr�n reclamar a la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria o a las correspondientes Delegaciones de Econom�a y Hacienda, seg�n proceda en cada supuesto, el importe de los consumos realizados en los referidos recintos, en aquellos casos en que no existan equipos que permitan la medici�n exclusiva de tales consumos o cuando no permitan el pago directo por la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria o por las citadas Delegaciones a las compa��as suministradoras.
Modificaci�n de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre construcci�n, conservaci�n y explotaci�n de autopistas en r�gimen de concesi�n Se modifican los siguientes art�culos de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre construcci�n, conservaci�n y explotaci�n de autopistas en r�gimen de concesi�n:
Uno. El apartado 1 del art�culo 1 quedar� redactado del siguiente modo:
�Es objeto de la presente Ley la regulaci�n de las concesiones administrativas de construcci�n, conservaci�n y explotaci�n de autopistas y de las concesiones administrativas para la conservaci�n y explotaci�n de tramos de autopistas ya construidos. Estas �ltimas concesiones podr�n otorgarse de manera anticipada a la finalizaci�n del plazo concesional de las autopistas cuya construcci�n, conservaci�n y explotaci�n haya sido objeto de concesi�n previa.�
Dos. El apartado 2 del art�culo 8 quedar� redactado del siguiente modo:
�El adjudicatario se obliga a constituir en el plazo y requisitos que los pliegos de la concesi�n establezcan, una sociedad an�nima de nacionalidad espa�ola con quien aqu�lla se formalizar�, y cuyo fin sea el cumplimiento del objeto de la concesi�n tal como se define en el art�culo 1, as� como, potestativamente, de cualesquiera otras concesiones de carreteras que en el futuro pudieran otorg�rsele en Espa�a.
Se entender� que forman parte del objeto social de la sociedad concesionaria, adem�s de las actividades enumeradas en el p�rrafo anterior, la construcci�n de aquellas obras de infraestructuras viarias, distintas a las de la concesi�n pero con incidencia en la misma y que se lleven a cabo dentro del �rea de influencia de la autopista o que sean necesarias para la ordenaci�n del tr�fico, cuyo proyecto y ejecuci�n o s�lo ejecuci�n se impongan al concesionario como contraprestaci�n, las actividades dirigidas a la explotaci�n de las �reas de servicio de las autopistas cuya concesi�n ostente, las actividades que sean complementarias con la construcci�n, conservaci�n y explotaci�n de las autopistas, as� como las siguientes actividades: estaciones de servicio, centros integrados de transportes y aparcamientos, siempre que todos ellos se encuentren dentro del �rea de influencia de dichas autopistas, cuya extensi�n se determinar� reglamentariamente.
Tambi�n podr� la sociedad concesionaria, por s� o a trav�s de empresas filiales o participadas, y en los t�rminos y de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine, realizar las actividades que en relaci�n a infraestructuras de transporte y de comunicaciones le sean autorizadas.
La sociedad concesionaria, a trav�s de empresas filiales o participadas, y en cualquier Estado extranjero, podr� desarrollar y realizar las actividades a que se refiere este art�culo o concurrir a procedimientos de adjudicaci�n relacionados con infraestructura de transporte y de comunicaciones. Bajo el mismo r�gimen, la sociedad concesionaria podr� desarrollar y realizar actividades o concurrir a procedimientos relativos a la conservaci�n de carreteras en Espa�a.
La sociedad concesionaria deber� llevar cuentas separadas para cualquier actividad que desarrolle diferente a la correspondiente a su concesi�n inicial, no gozando para dichas actividades de los beneficios otorgados a la citada concesi�n inicial.
Dicha sociedad estar� al r�gimen que los pliegos establezcan, sin serle de aplicaci�n los art�culos 282 del texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas y 185 del C�digo de Comercio.
No ser� precisa la constituci�n de una nueva sociedad an�nima si el adjudicatario fuese una sociedad preexistente de nacionalidad espa�ola que sea concesionaria de cualquier otra autopista de paje, en cuyo caso dicha sociedad deber� adaptar sus estatutos.�
Tres. Se modifica el p�rrafo introductorio del art�culo 27, que quedar� redactado del siguiente modo:
�El r�gimen jur�dico durante la fase de explotaci�n en las concesiones de construcci�n, conservaci�n y explotaci�n, as� como en las de conservaci�n y explotaci�n, ser� el siguiente:�
Cuatro. Se a�ade un art�culo 27 bis, con la siguiente redacci�n:
�Con independencia de lo establecido en los art�culos anteriores, el concesionario vendr� obligado, en el supuesto en que deba realizar obras de infraestructuras viarias distintas a las integradas en la concesi�n, a ejecutarlas y a entregarlas a la Administraci�n dentro de los plazos y en las condiciones que se establezcan en el correspondiente pliego de cl�usulas administrativas particulares.�
Contrato de servicios de gesti�n de autov�as Uno. Se considera como contrato de servicios de gesti�n de autov�as una modalidad espec�fica del contrato de servicios mediante el que la Administraci�n adjudica al contratista la ejecuci�n del conjunto de actuaciones necesarias para mantener dichas infraestructuras en condiciones �ptimas de vialidad, en los t�rminos expresados en el pliego de prescripciones t�cnicas.
En particular, este contrato podr� comprender las actividades siguientes:
a) La conservaci�n de la infraestructura desde el momento de la entrada en vigor del contrato y durante toda la vigencia del mismo.
b) La adecuaci�n, reforma y modernizaci�n inicial de la infraestructura para adaptarla a las caracter�sticas t�cnicas y funcionales requeridas para la correcta prestaci�n del servicio.
c) Las actuaciones de reposici�n y gran reparaci�n que sean exigibles, en relaci�n con los elementos de la infraestructura cuya vida �til sea inferior al plazo del contrato.
Dos. El contrato de servicios de gesti�n de autov�as se regir� por lo dispuesto en el presente art�culo y, en lo no previsto en �l, se ajustar� al r�gimen establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas y en las dem�s normas que resulten de aplicaci�n por raz�n de la materia.
Tres. El plazo m�ximo de duraci�n del contrato de servicios de gesti�n de autov�as ser� de veinte a�os.
Cuatro. Los pliegos de cl�usulas administrativas particulares que regulen los contratos previstos en este art�culo deber�n especificar:
a) La forma de determinaci�n y abono del precio.
b) La f�rmula o sistema de revisi�n de precios aplicable, o hacer constar su improcedencia en su caso.
Cinco. Los pliegos de prescripciones t�cnicas particulares que hayan de regir la ejecuci�n de la prestaci�n indicar�n los documentos que se proporcionar�n al contratista adjudicatario del servicio de gesti�n para definir las caracter�sticas de las actividades indicadas en los puntos b) y c) del apartado uno.
Seis. Para la realizaci�n de las actividades indicadas en el punto uno b), el contratista adjudicatorio del servicio de gesti�n:
a) Redactar� los proyectos necesarios conforme a los documentos indicados en el apartado cinco.
b) Satisfar� las indemnizaciones de toda �ndole que procedan por raz�n de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecuci�n de los proyectos.
c) Restablecer�, a su costa, las servidumbres existentes, cuando sea indispensable su modificaci�n para la ejecuci�n de los proyectos.
d) Ejecutar� las obras para desviar el tr�fico, cuando la naturaleza de las actividades lo requiera.
Siete. En el �mbito de la Administraci�n General del Estado, el Ministerio de Fomento remitir� a la Secretar�a de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Econom�a y Hacienda un programa de necesidades de esta modalidad de contrataci�n que deber� acompa�arse de los siguientes documentos:
a) Justificaci�n sobre la conveniencia de realizar contratos de acuerdo con esta modalidad por razones de inter�s p�blico.
b) Informe sobre la valoraci�n econ�mica y social de las actuaciones a acometer, en relaci�n con el coste que este tipo de contratos implica.
c) Pliego de cl�usulas administrativas particulares de cada uno de los contratos.
El programa de actuaciones se integrar� en la programaci�n plurianual a medio plazo en la que se enmarcan los Presupuestos Generales del Estado.
La Secretar�a de Estado de Presupuestos y Gastos, atendiendo a la naturaleza e importe de los contratos, a su justificaci�n de acuerdo con la documentaci�n se�alada, y teniendo en cuenta el nivel de compromiso que �stos puedan significar para ejercicios futuros, propondr� al Ministro de Econom�a y Hacienda la elevaci�n al Gobierno para su aprobaci�n del importe m�ximo de contrataci�n que en cada ejercicio presupuestario pueda celebrarse bajo esta modalidad.
Ocho. Se faculta al Gobierno, o al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, para que, en su caso, desarrolle lo previsto en este art�culo.
Nueve. El presente art�culo constituye legislaci�n b�sica sobre contratos administrativos dictada al amparo del art�culo 149.1.18.ade la Constituci�n, excepci�n hecha del contenido del apartado 7.
CAPITULO VAcci�n administrativa en materia de transportes
Subvenciones al transporte a�reo para residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla Uno. Se autoriza al Gobierno de la Naci�n para que durante el a�o 2000 modifique la cuant�a de las subvenciones al transporte a�reo para residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, actualmente vigentes, o en su caso, reemplace dicho r�gimen por otro sistema de compensaci�n. Esta modificaci�n nunca podr� suponer una disminuci�n de la ayuda prestada o un deterioro en la calidad del servicio.
Dos. En todo caso, para las Comunidades Aut�nomas de Canarias y de Baleares se estar� a lo regulado en el art�culo 6 de la Ley 19/1994, de 6 de junio, de Modificaci�n del R�gimen Econ�mico y Fiscal de Canarias, as� como en el art�culo 5 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del R�gimen Especial de las Islas Baleares, respectivamente.
T�ngase en cuenta que la Disposici�n Adicional 19 de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 30 diciembre), ampl�a al a�o 2001 la autorizaci�n concedida al Gobierno para modificar la cuant�a de las subvenciones al transporte a�reo para residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, contenida en el art�culo 61.
Acreditaci�n de la condici�n de residente en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla Al objeto de alcanzar una mayor facilitaci�n y accesibilidad al vigente r�gimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte a�reo y mar�timo para los residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se aceptar� la acreditaci�n de la condici�n de residente mediante la utilizaci�n del documento nacional de identidad o documento equivalente para ciudadanos de la Uni�n Europea.
Reglamentariamente, en el plazo de seis meses, se determinar� el procedimiento adecuado, que se basar� en la utilizaci�n de fotocopia de dicho documento. La acreditaci�n de residencia mediante el documento nacional de identidad se entender� como declaraci�n de responsabilidad por parte del beneficiario sobre la vigencia de los datos del mismo y su condici�n de residente con derecho a bonificaci�n.
A estos efectos, en el citado documento deber� constar el domicilio de residencia que da derecho a la bonificaci�n, original que deber� ser exhibido por el beneficiario ante la compa��a a�rea o mar�tima o agencia de viajes expendedora del billete bonificado.
V�ase R.D. 1316/2001, 30 noviembre, por el que se regula la bonificaci�n en las tarifas de los servicios regulares de transporte a�reo y mar�timo para los residentes en las Comunidades Aut�nomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla (�B.O.E.� 15 diciembre).
Modificaci�n de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegaci�n A�rea Se modifican los siguientes art�culos de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegaci�n A�rea:
Uno. El art�culo 36 queda redactado como sigue:
Dos. El art�culo 145 queda redactado de la siguiente forma:
�Para que una aeronave pueda volar dentro del espacio a�reo espa�ol deber� ser debidamente autorizada, previa presentaci�n de su plan de vuelo, ostentar las marcas de nacionalidad, matr�cula o n�mero y llevar la documentaci�n exigida por esta Ley, sus reglamentos o los convenios o tratados internacionales. No obstante lo anterior, el plan de vuelo no ser� exigible en los vuelos interiores que se realicen siguiendo reglas de vuelo visual y siempre que las condiciones de la circulaci�n a�rea y la prestaci�n de los servicios de tr�nsito a�reo lo permitan.�
Tres. Se a�ade un segundo p�rrafo al art�culo 151, con el siguiente texto:
�Aquellas aeronaves de limitados usos, caracter�sticas t�cnicas y actuaciones, podr�n ser exceptuadas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, de los requisitos de inscripci�n en el Registro de Aeronaves y de la obtenci�n del certificado de aeronavegabilidad a los cuales se refieren, respectivamente, los art�culos 29 y 36 de esta Ley. Para tripular estas aeronaves no es exigible el t�tulo que requiere el art�culo 58 de esta Ley, determin�ndose por el Ministerio de Fomento, en su caso, las condiciones que deben cumplir los tripulantes para su pilotaje.�
Cuatro. Se a�ade la siguiente disposici�n adicional �nica a la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegaci�n A�rea:
�1) Las servidumbres legales impuestas en raz�n de la navegaci�n a�rea, entre las que deben incluirse las ac�sticas, constituyen limitaciones del derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su funci�n social, regulando las condiciones que exigieren la igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio nacional.
5) S�lo dar� lugar a expropiaci�n forzosa, la imposici�n de servidumbres aeron�uticas, incluidas las ac�sticas, que impidan el ejercicio de derechos patrimonializados.�
Modificaci�n de los art�culos 87, 88 y 90 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, sobre procedimientos de disciplina de tr�fico a�reo en materia de ruido
Art�culo 64 derogado por la letra d) de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad A�rea (�B.O.E.� 8 julio).Vigencia: 28 julio 2003
Modificaci�n de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres Se modifica el apartado 1 del art�culo 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera:
�1. La competencia para la imposici�n de las sanciones previstas en la presente Ley corresponder� a los �rganos que legal o reglamentariamente la tengan atribuida.
Cuando la infracci�n denunciada revele una conducci�n que suponga un exceso en m�s de un 50 por 100 en los tiempos de conducci�n, o una minoraci�n en m�s de un 50 por 100 en los tiempos de descanso reglamentariamente establecidos, se considerar� temeraria y, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda exigir con arreglo a esta Ley, se pasar� el tanto de culpa a los �rganos competentes en relaci�n con la ordenaci�n del tr�fico y la seguridad vial.
En estos casos la responsabilidad se exigir� dentro del �mbito del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tr�fico, Circulaci�n de Veh�culos a Motor y Seguridad Vial, y conforme al procedimiento sancionador establecido en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tr�fico, Circulaci�n de Veh�culos a Motor y Seguridad Vial.�
CAPITULO VIAcci�n administrativa en materia de comunicaciones
Modificaci�n de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones En la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, se sustituye el texto del p�rrafo referido a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci�n de las Telecomunicaciones, por el siguiente nuevo texto:
�La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci�n de las Telecomunicaciones, excepto sus art�culos 25, apartados 1, 2, 3 y 6, 26, 36, apartado 2, y su disposici�n adicional sexta.�
Modificaci�n de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisi�n Privada El apartado 3 del art�culo 21 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisi�n Privada, queda redactado como sigue:
�El Ministerio de Fomento dispondr� de un plazo m�ximo de tres meses, a contar desde la fecha en que la informaci�n correspondiente haya tenido entrada en cualquiera de los registros del Departamento, para notificar la aceptaci�n o, en su caso, la denegaci�n de la adquisici�n pretendida. La denegaci�n podr� fundarse en la falta de transparencia de la estructura del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad adquirente o en la existencia de vinculaciones entre la persona o entidad que pretenda la adquisici�n y otra entidad concesionaria del servicio esencial de televisi�n que puedan entra�ar perturbaci�n al principio de no concentraci�n de medios que inspira la presente Ley.�
CAPITULO VIIAcci�n administrativa en materia de urbanismo
Modificaci�n de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre R�gimen del Suelo y Valoraciones La disposici�n adicional tercera de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre R�gimen del Suelo y Valoraciones, queda redactada de la siguiente forma:
�Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercer�n las potestades normativas reglamentarias que tienen atribuidas por las Leyes Org�nicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, dentro del marco de la presente Ley y de las que el Estado promulgue a tal efecto.
La aprobaci�n definitiva de los Planes Parciales, y de sus modificaciones o revisiones, corresponder� a los �rganos competentes de las Ciudades de Ceuta y Melilla, previo informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Fomento, el cual deber� emitirse en el plazo de tres meses.�
CAPITULO VIIIAcci�n administrativa en materia de educaci�n
Modificaci�n de la Ley Org�nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci�n General del Sistema Educativo Se a�ade un apartado 3 al art�culo 32 de la Ley Org�nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci�n General del Sistema Educativo, redactado en los siguientes t�rminos:
�3. Para quienes acrediten estar en posesi�n del t�tulo de T�cnico y deseen acceder a un ciclo formativo de grado superior de la misma familia profesional o de una familia af�n reglamentariamente establecida:
a) El requisito de edad para la realizaci�n de la prueba ser� de dieciocho a�os.
b) La prueba podr� sustituirse por la superaci�n de las ense�anzas que, en l�nea de lo que figura en el apartado 2.b) del presente art�culo, determinen las Administraciones educativas para complementar la madurez y las capacidades profesionales acreditadas por la posesi�n del t�tulo de T�cnico.�
CAPITULO IXAcci�n administrativa en materia de cultura
Modificaci�n de la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Promoci�n y Fomento de la Cinematograf�a Se incorpora a la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Promoci�n y Fomento de la Cinematograf�a, una disposici�n transitoria con la siguiente redacci�n:
Todos los productores de las pel�culas espa�olas de largometraje estrenadas comercialmente en Espa�a hasta el 31 de diciembre del a�o 2000, tendr�n derecho a percibir las ayudas para la amortizaci�n acordadas por el Gobierno en aplicaci�n de las medidas de fomento previstas en el art�culo 4 de esta Ley, con los l�mites y condiciones previstos en los correspondientes Reales Decretos que sean de aplicaci�n.
El Gobierno, en caso necesario, podr� limitar los porcentajes de ayuda establecidos a partir del 1 de enero del a�o 2001.�
CAPITULO XAcci�n administrativa en materia de energ�a
Modificaci�n de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos Uno. Se da nueva redacci�n al n�mero 4 del apartado primero de la disposici�n adicional und�cima que queda redactado como sigue:
�4. El Presidente y los vocales ser�n nombrados entre personas de reconocida competencia t�cnica y profesional, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Industria y Energ�a, previa comparecencia del mismo y debate en la Comisi�n competente del Congreso de los Diputados, para constatar el cumplimiento por parte de los candidatos de las condiciones indicadas en este apartado.
Si durante el per�odo de duraci�n de su mandato se produjera el cese de uno de sus miembros, su sucesor cesar� al t�rmino del mandato de su antecesor. Cuando este �ltimo cese se produzca antes de haber transcurrido un a�o desde el nombramiento, no ser� de aplicaci�n el l�mite previsto en el segundo p�rrafo de este apartado, pudiendo ser renovado el mandato en dos ocasiones.�
Dos. Se modifica en los siguientes t�rminos el apartado segundo de la disposici�n adicional und�cima:
�Segundo. Organos de asesoramiento de la Comisi�n.
Este informe ser� a su vez preceptivo sobre las actuaciones a desarrollar en ejecuci�n de las funciones segunda, tercera, cuarta y s�ptima.�
CAPITULO XIAcci�n administrativa en materia de agricultura
Habilitaci�n al Gobierno para la modificaci�n de las cuant�as establecidas en el apartado 2 del art�culo 131 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Vi�a, el Vino y los Alcoholes Se faculta al Gobierno para modificar, mediante Real Decreto, las cuant�as establecidas en el apartado 2 del art�culo 131 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Vi�a, el Vino y los Alcoholes, para la determinaci�n de competencias de los �rganos correspondientes.
T�ngase en cuenta el R.D. 3479/2000, 29 diciembre, por el que se modifica el R.D. 322/2000, de 3 de marzo que, a su vez, modific� el art�culo 131 del Estatuto de la Vi�a, el Vino y los Alcoholes (�B.O.E.� 19 enero 2001).
V�ase a estos efectos el R.D. 322/2000, 3 marzo, por el que se modifican las cuant�as establecidas en el apartado 2 del art�culo 131 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Vi�a, el Vino y los Alcoholes (�B.O.E.� 17 marzo).
Habilitaci�n al Gobierno para la revisi�n del estatuto jur�dico de la corporaci�n regulada en el Real Decreto 3183/1979, de 21 de diciembre, por el que se organiza el Patrimonio Comunal Olivarero En el plazo de tres meses desde la aprobaci�n de la presente Ley, el Gobierno proceder� a la revisi�n del estatuto jur�dico de la corporaci�n regulada en el Real Decreto 3183/1979, de 21 de diciembre, por el que se organiza el Patrimonio Comunal Olivarero, considerando la propuesta que a tal efecto formule al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n el Consejo Rector de la misma de acuerdo con la competencia que le atribuye el punto 1 del art�culo 3 del mencionado Real Decreto.
Ayudas a los arrendatarios comprendidos en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 1/1992, de 10 de febrero, de Arrendamientos R�sticos Hist�ricos Los arrendatarios comprendidos dentro del �mbito de aplicaci�n de la Ley 1/1992, de 10 de febrero, de Arrendamientos R�sticos Hist�ricos, que, no habiendo presentado la solicitud de ayuda en el plazo previsto en la disposici�n adicional segunda de la misma, hayan ejercitado su derecho de acceso a la propiedad antes del 31 de diciembre de 1997, podr�n acogerse a las ayudas establecidas en el Real Decreto 1147/1992, de 25 de septiembre, presentando su solicitud ante el �rgano competente en el plazo de dos meses computados desde la fijaci�n del precio de adquisici�n por los procedimientos establecidos en el art�culo 2.2 de la Ley 1/1992, una vez reca�da sentencia firme declarativa del derecho de acceso a la propiedad del solicitante, o reca�da resoluci�n dando por terminado el procedimiento judicial de acceso a la propiedad o el procedimiento para la fijaci�n del precio ante las Juntas Arbitrales de Arrendamientos R�sticos por haber sobrevenido un acuerdo entre las partes contendientes.
Declaraci�n de inter�s general de determinadas obras de regad�o Uno. Se declaran de inter�s general las siguientes obras:
a) Obras de modernizaci�n y consolidaci�n de los regad�os de las comunidades de regantes siguientes:R�o Adaja (Avila), P�ramo Bajo (Le�n-Zamora), Canal del Pisuerga (Palencia-Burgos), Canal Mac�as Picavea (Valladolid), Canal de San Frontis (Zamora), Virgen del Aviso (Zamora), Margen Derecha del Tera (Zamora); R. del Iregua (La Rioja), Regad�os Rioja Baja (La Rioja), Val de Alferche, Ilche (Huesca), La Campa�a y Conchel, Castej�n del Puente (Huesca), Sector VIII Monegros, Pole�ino (Huesca), Almudevar (Huesca), San Juan, La Luenga (Huesca), El Temple (Huesca), Huertas de Fraga, Velilla de Cinca y Torrente de Cinca (Huesca), Val de la Cot, San Esteban de Litera (Huesca), Toma Gabarra, San Esteban de Litera (Huesca), Santa Mar�a-Tozal-Gros, San Esteban de Litera (Huesca), Ga�n-Hijar (Teruel), Maluenda (Zaragoza), A-19-20, Zona Regable del Cinca, Huerto (Huesca); Canal de Orellana (Badajoz), R. Levante, Margen Izquierda (Alicante), Acequia de Moncada, La Baronesa, Orihuela (Alicante), Riegos R�o Alcoy, Gand�a (Valencia), Comunidad General de Usuarios Alto Vinalop�, Benejama (Alicante), Comunidad General de Regantes Medio Vinalop�, Novelda (Alicante), Novelda (Alicante), Villarreal (Castell�n), Comunidad General de Usuarios, C. J�car Turia, Carlet (Valencia), Sindicatos de Riegos de Castell�n (Castell�n), Almazora (Castell�n), El Provencio (Cuenca), El Salobral (Albacete); Guadalcac�n (C�diz), El Ropero, Sector VI, Vegas Bajas del Guadalquivir, Marmolejo (Ja�n), San Isidro, Sector V, Vegas Bajas del Guadalquivir, Marmolejo (Ja�n), Sector III, Zona Alta dell Guadalquivir, Santo Tom� (Ja�n), Sector III, Zona Media de Vegas del Guadalquivir, Begijar (Ja�n), Sector I, Zona Alta de Vegas, Agrupaci�n de Mog�n (Ja�n), Sector V, I, Zona Media Vegas de Ja�n, Torreblascopedro (Ja�n), Sector II, Puente del Obispo (Ja�n), Nuestra Se�ora de los Dolores, Arjona (Ja�n), Fuentelape�a, And�jar (Ja�n), Pozoblanco, Mancha Real (Ja�n), Zona Regable del R�o Guadalmena (Ja�n), Bembezar Margen Derecha (C�rdoba-Sevilla), Valle Inferior del Guadalquivir (Sevilla), Bajo Guadalquivir (Sevilla), Riegos de Viar (Sevilla), Sector II, Vegas Altas del R�o Guadalquivir, Santo Tom� (Ja�n), Sierra M�gina, El Caz, Torres (Ja�n), Heredamiento Regante Molina de Segura (Murcia), Campotejar, Molina de Segura (Murcia), Los Albares-La Serrana, Cieza (Murcia), Tajo-Segura, Totana (Murcia), Alhama de Murcia (Murcia), Azarbe del Merancho, Santomera (Murcia), El Porvenir, Abanilla (Murcia), Heredamiento Principal, Archena (Murcia), Sector A de la Zona 2.a, Abar�n (Murcia), Lorca (Murcia), Heredamiento de Aguas de Ceut� (Murcia), Casablanca, Abar�n (Murcia), Campo de Cartagena, Cartagena (Murcia), San V�ctor, Santomera (Murcia), Huerta Alta de Pliego, Pliego (Murcia), Aguas del Trasvase Tajo-Segura, Librilla (Murcia), Heredamiento de Aguas de Puebla de Mula, Mula (Murcia), Zona II de la Vega Alta y Media del Segura, Blanca (Murcia), S.A.T. n�mero 3472, Los Albarez, Cieza (Murcia).
b) Las obras de �Ampliaci�n y optimizaci�n energ�tica de la desaladora Virgen del Milagro para producir 16 Hm3/a�o� de Mazarr�n, Murcia.
c) Obras de transformaci�n y puesta en riego de Arag�n:Sectores XV y XVI de la zona regable de Bardenas II (Huesca) y las del Sector XXXIV de la zona regable del canal del Cinca (Huerto-Huesca).
d) En la Comunidad Aut�noma de las Islas Canarias:Red de distribuci�n de aguas depuradas Lomo Los Muertos, segunda fase, red de riego de la Balsa de Los Dos Pinos, mejora del regad�o en la Isla Baja, balsa de regulaci�n en cabecera de la red de aguas depuradas de Las Palmas-sur, telemando y telecontrol del complejo de redes de distribuci�n de aguas depuradas de Las Palmas al sur, de Telde-Costa Melenara y de la comarca del sureste de Gran Canaria.
Dos. Las obras incluidas en este art�culo llevar�n impl�citas las declaraciones siguientes:
La de utilidad p�blica a los efectos previstos en los art�culos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiaci�n Forzosa.
La de urgencia a los efectos de ocupaci�n de los bienes afectados a que se refiere el art�culo 52 de la Ley de Expropiaci�n Forzosa.
Esta declaraci�n de inter�s general permitir� las expropiaciones forzosas requeridas para dichas obras y la urgente ocupaci�n de los bienes afectados.
CAPITULO XIIAcci�n administrativa en materia de sanidad
Modificaci�n de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad Uno. Se a�ade al apartado 1 del art�culo 100 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el p�rrafo siguiente:
�Lo anterior se entender� sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Aut�nomas en relaci�n con los establecimientos y las actividades de las personas f�sicas o jur�dicas que se dediquen a la fabricaci�n de productos sanitarios a medida. En todo caso los criterios para el otorgamiento de la licencia previa ser�n elaborados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.�
Dos. Hasta tanto se publique la Orden con los criterios para el otorgamiento de la licencia previa, a que se refiere el apartado anterior del presente art�culo, se mantendr� el procedimiento vigente antes de la entrada en vigor de esta Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Modificaci�n de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento Uno. El apartado 11 del art�culo 31 queda redactado como sigue:
�11. No ser�n financiadas con fondos p�blicos las especialidades farmac�uticas de las cuales se haga publicidad dirigida al p�blico en cualquier forma. La exclusi�n de la financiaci�n de una especialidad farmac�utica financiada con fondos p�blicos se decidir� con car�cter previo a que, en su caso, se autorice la realizaci�n de publicidad sobre la misma.�
Dos. El apartado 1 del art�culo 94 queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. Una vez autorizada y registrada una especialidad farmac�utica se decidir�, con car�cter previo a su puesta en el mercado, si se incluye, modalidad en su caso, o se excluye de la prestaci�n farmac�utica de la Seguridad Social con cargo a fondos de �sta o a fondos estatales afectos a la sanidad.
Igualmente, una vez autorizada y registrada una especialidad farmac�utica o siempre que se produzca una modificaci�n de la autorizaci�n que afecte al contenido de la prestaci�n farmac�utica, el Ministerio de Sanidad y Consumo decidir�, con car�cter previo a su puesta en el mercado, las indicaciones incluidas, modalidad en su caso, o excluidas de la prestaci�n farmac�utica de la Seguridad Social, con cargo a fondos de �sta o a fondos estatales afectos a la sanidad.�
Tres. El p�rrafo segundo del apartado 1 del art�culo 100 queda redactado de la siguiente forma:
�Los precios correspondientes a la distribuci�n y dispensaci�n de las especialidades farmac�uticas que se dispensen en territorio nacional son fijados por el Gobierno, previo acuerdo de la Comisi�n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ�micos, de forma general o por grupos o sectores tomando en consideraci�n criterios o valores de car�cter t�cnico-econ�mico y sanitario.�
Cuatro. El apartado 2 del art�culo 100 queda redactado de la siguiente forma:
�2. La Comisi�n Interministerial de Precios de los Medicamentos, adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, en aplicaci�n de lo previsto en el p�rrafo primero del apartado anterior, establece el precio industrial m�ximo para cada especialidad farmac�utica que se dispense en territorio nacional, financiada con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la Sanidad.�
Se a�ade un nuevo p�rrafo al art�culo 98 de la Ley 25/1990, del Medicamento, que quedar� redactado como sigue:
�Lo establecido en el p�rrafo anterior ser�, asimismo, de aplicaci�n a la informaci�n relativa a las compras de especialidades farmac�uticas y de productos sanitarios realizadas a trav�s de los correspondientes servicios de farmacia por los hospitales del Sistema Nacional de Salud.�
Ayudas sociales a los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) Se establece un nuevo plazo de tres meses, contados a partir del siguiente al de la entrada en vigor de la presente Ley, para la presentaci�n de solicitudes al amparo del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas sociales a los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario p�blico, con los requisitos y condiciones establecidas en el mismo. Este nuevo plazo de presentaci�n de solicitudes se establece sin perjuicio del excepcionalmente previsto en el p�rrafo segundo del art�culo quinto del citado Real Decreto-ley.
Ayudas sociales a los afectados por la hepatitis C 1. El Gobierno, en el plazo de cinco meses, elaborar� y har� p�blico, garantizando la debida confidencialidad de los datos personales, un censo de personas con hemofilia u otras coagulopat�as cong�nitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulaci�n en el �mbito del sistema sanitario p�blico.
2. Los criterios de inclusi�n en el censo se determinar�n por un Comit� t�cnico, en el seno del Ministerio de Sanidad y Consumo, compuesto por expertos hepat�logos, epidemi�logos, preventivistas, cl�nicos y digest�logos.
El censo se elaborar� a partir de los datos suministrados por los centros sanitarios p�blicos y ser� gestionado por la Comisi�n que se cree al efecto en el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la que participar�n las asociaciones de afectados y los t�cnicos que se designen.
3. Una vez publicado el censo se abrir� un plazo de dos meses para que se le puedan incorporar aquellas personas que no figuren en �l y que presenten las aportaciones documentales requeridas.
4. Las personas incluidas en el censo definitivo tendr�n derecho a una ayuda social, con las condiciones y en la cuant�a que determine una Ley al efecto, cuyo proyecto deber� ser presentado por el Gobierno antes del 30 de septiembre del a�o 2000 a las Cortes Generales.
CAPITULO XIIIAcci�n administrativa en materia de medio ambiente
Modificaci�n de la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre Derecho de acceso a la informaci�n en materia de medio ambiente Se modifican los siguientes art�culos de la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre Derecho de acceso a la informaci�n en materia de medio ambiente:
Uno. El apartado e) del n�mero 1 del art�culo 3 quedar� redactado como sigue:
�e) Aqu�llos cuyo contenido se refiera a alg�n procedimiento judicial o administrativo sancionador, tanto los ya tramitados como los que en la actualidad est�n en tramitaci�n.
Se consideran incluidas en este apartado las diligencias o actuaciones previas o de car�cter preliminar que se encuentren en curso.�
Dos. El art�culo 4 quedar� redactado de la forma siguiente:
�1. Las Administraciones p�blicas deber�n notificar las resoluciones relativas a las solicitudes de informaci�n sobre el medio ambiente en el plazo m�ximo de dos meses, a partir de la fecha en que aqu�llas hayan tenido entrada en cualquiera de los registros del �rgano administrativo competente.
2. Ser�n motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, las resoluciones administrativas que denieguen total o parcialmente la informaci�n solicitada.
3. Las citadas resoluciones podr�n ser objeto de recurso en los t�rminos previstos en el T�tulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.�
Tres. El apartado 2 del art�culo 5 quedar� redactado en los siguientes t�rminos:
�El suministro de la informaci�n en materia de medio ambiente dar� lugar, en su caso, al pago de las contraprestaciones econ�micas que puedan establecerse, sin que las cantidades a satisfacer puedan exceder de un costo razonable, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente normativa sobre tasas y precios p�blicos.�
Delegaci�n legislativa en el Gobierno para la aprobaci�n de un texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
b) Cap�tulo V (
art�culos 18 a 21) de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
c) T�tulo IV (
art�culos 93 a 97) del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
d) Art�culo 42, apartados 2.4 y 5, y art�culos 45 a 52 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales.
e) Cap�tulo I del T�tulo III (
art�culos 30 a 34) de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre Derechos de informaci�n y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensi�n comunitaria.
Delegaci�n legislativa en el Gobierno para la aprobaci�n de textos refundidos de las disposiciones legales reguladoras de los Reg�menes especiales de la Seguridad Social de los Funcionarios P�blicos y del Mutualismo administrativo.
Se prorroga hasta el 30 de junio del a�o 2000 la autorizaci�n otorgada al Gobierno por el art�culo 62 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, para la elaboraci�n de sendos textos refundidos que regularicen, aclaren y armonicen la Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado; la Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el Real Decreto-ley 16/1978, de 7 de julio, por el que se regula el R�gimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios de la Administraci�n de Justicia, y sus respectivas modificaciones posteriores, con las disposiciones que hayan incidido en el �mbito del Mutualismo administrativo contenidas en normas con rango legal, vigentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
R�gimen de la Organizaci�n Internacional de Comisiones de Valores.
Uno. Se reconoce a la Organizaci�n Internacional de Comisiones de Valores, de acuerdo con el objeto establecido en sus estatutos, la condici�n de asociaci�n de utilidad p�blica en los t�rminos a los que se refiere el art�culo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre.
Dos. Los locales de la Organizaci�n ser�n inviolables; ninguna entrada o registro podr� hacerse en ellos salvo autorizaci�n del Secretario general, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constituci�n y en las leyes.
Tres. El r�gimen fiscal aplicable a la Organizaci�n ser� el siguiente:
a) Se le aplicar� el r�gimen previsto en los art�culos 48 a 58, ambos inclusive, de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General.
b) Gozar� de la exenci�n subjetiva prevista en el art�culo 45.I.A.a) del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados, con el alcance y los efectos que en �l se establecen.
Los rendimientos del trabajo percibidos de la Organizaci�n por el Secretario general, el personal directivo y el personal laboral que desempe�en una actividad directamente relacionada con el objeto estatutario de la Organizaci�n, estar�n exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
Lo dispuesto en este apartado no ser� de aplicaci�n cuando las personas f�sicas a las que se refiere el mismo tuvieran su residencia en territorio espa�ol con anterioridad al inicio del desempe�o de la actividad relacionada en la Organizaci�n ni a los ciudadanos espa�oles que no tuvieran relaci�n directiva o laboral con la Organizaci�n antes de su instalaci�n en Espa�a.
Cuatro. Los empleados de la Organizaci�n Internacional de Comisiones de Valores, cualquiera que sea su nacionalidad, ser�n afiliados al Sistema de Seguridad Social espa�ol. No obstante, quedar� exonerada dicha obligaci�n en aquellos casos en que se acredite la existencia de cobertura por parte de otro r�gimen de protecci�n social que otorgue prestaciones en extensi�n e intensidad equivalentes, como m�nimo, a las dispensadas por el Sistema de Seguridad Social espa�ol.
Modificaci�n de la disposici�n adicional vig�sima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, relativa a los sorteos de la Organizaci�n Nacional de Ciegos Espa�oles (ONCE).
La disposici�n adicional vig�sima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, quedar� redactada de la siguiente forma:
�La Organizaci�n Nacional de Ciegos Espa�oles precisar� Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con los Ministros de Econom�a y Hacienda y del Interior, para la concesi�n de autorizaciones relativas al r�gimen de sorteos del cup�n pro ciegos, as� como de cualquier otra modalidad de juego de las definidas en el �Acuerdo general entre el Gobierno de la Naci�n y la ONCE� vigente en cada momento.�
Exenci�n por da�os f�sicos o ps�quicos La exenci�n prevista en la letra q) del art�culo 7 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias, en la redacci�n dada en el art�culo 1 de esta Ley, se aplicar� al per�odo impositivo de 1999 y anteriores no prescritos, con excepci�n de las actuaciones administrativas que hayan devenido firmes.
Exenciones fiscales a las ayudas p�blicas para reparar los da�os personales causados por las inundaciones en Biescas, y por la riada de Badajoz Uno. Estar�n exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas las ayudas p�blicas para reparar los da�os personales causados por las inundaciones ocurridas en el t�rmino municipal de Biescas el 7 de agosto de 1996, y por la riada ocurrida en Badajoz los d�as 5 y 6 de noviembre de 1997.
Dos. Estas exenciones se aplicar�n a los per�odos impositivos de 1999 y anteriores no prescritos.
Tres. Estar�n exentas de los Impuestos de Sucesiones y Donaciones y, en su caso, los de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jur�dicos Documentados regulados respectivamente por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, y por Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, las entregas de viviendas efectuadas por las Administraciones p�blicas y los damnificados por la riada de Badajoz de los d�as 5 y 6 de noviembre de 1997 con el fin de reparar los da�os causados por la inundaci�n y temporales y dotar a tales damnificados de una vivienda digna.
R�gimen de las reclamaciones econ�mico-administrativas contra actos dictados en v�a de gesti�n de los tributos cedidos a las Comunidades Aut�nomas y de los recargos sobre tributos del Estado El conocimiento de las reclamaciones econ�micoadministrativas interpuestas contra los actos de gesti�n tributaria emanados de las Comunidades Aut�nomas en relaci�n con los tributos del Estado cedidos a las mismas, as� como con los recargos auton�micos sobre los tributos del Estado, corresponde exclusivamente a los �rganos econ�mico-administrativos del Estado conforme a lo previsto en el art�culo 20 de la Ley Org�nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas, con el alcance previsto en el art�culo 17 de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la Cesi�n de Tributos del Estado a las Comunidades Aut�nomas, y en el art�culo 19 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesi�n de Tributos del Estado a las Comunidades Aut�nomas y de Medidas Fiscales Complementarias.
Adem�s, el ejercicio de la competencia exclusiva a que se refiere el p�rrafo anterior se someter� a la siguientes normas dictadas al amparo del art�culo 149.1.14.a de la Constituci�n y de las leyes anteriormente citadas:
1. En la notificaci�n de los actos de gesti�n tributaria a que se refiere esta disposici�n, deber� expresarse que contra los mismos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar el recurso previo de reposici�n, cabe reclamaci�n econ�mico-administrativa, regulada en los art�culos 163 a 171 de la Ley General Tributaria y en el Real Decreto legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre.
Se indicar� expresamente en la notificaci�n el �rgano competente para resolver la reclamaci�n econ�micoadministrativa, que ser� un Tribunal Econ�mico-administrativo dependiente del Ministerio de Econom�a y Hacienda, as� como el plazo para interponerla.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la norma anterior, cuando en la notificaci�n del acto de gesti�n tributaria no se haga constar expresamente la competencia del Tribunal Econ�mico-administrativo del Estado para conocer de la reclamaci�n que pueda formularse contra aqu�l, o cuando se indique que tal competencia corresponde a un �rgano propio de la Comunidad Aut�noma, el interesado podr� interponer la correspondiente reclamaci�n ante el Tribunal Econ�mico-administrativo del Estado, en cuyo caso el Tribunal podr� suspender el acto impugnado sin necesidad de que el interesado preste garant�a alguna.
3. No obstante, si la reclamaci�n econ�micoadministrativa se hubiera presentado ante un �rgano de la Comunidad Aut�noma gestora, �ste deber� remitir, de inmediato, la citada reclamaci�n junto con el expediente de gesti�n al Tribunal Econ�mico-administrativo Estatal correspondiente.
4. Las resoluciones dictadas por los �rganos econ�mico-administrativos del Estado y relativas a los citados tributos y recargos deber�n ser ejecutadas por las oficinas gestoras ajust�ndose exactamente a los pronunciamientos de aqu�llas.
5. Las normas contenidas en esta disposici�n tambi�n ser�n de aplicaci�n a las notificaciones realizadas y a las reclamaciones presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
Modificaci�n de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos Se a�ade un nuevo apartado 12 a la disposici�n transitoria tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, con la siguiente redacci�n:
�12. La presente disposici�n transitoria se aplicar� a los contratos de arrendamiento de local de negocio para oficina de farmacia celebrados antes del 9 de mayo de 1985 y que subsistan el 31 de diciembre de 1999.�
Beneficios fiscales aplicables a �Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002� Uno. El r�gimen de mecenazgo prioritario previsto en el art�culo 67 de la Ley 30/1994, de Fundaciones y de Incentivos a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General, ser� de aplicaci�n a los programas y actividades relacionadas con �Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002�, siempre que se aprueben por el �Consorcio para la Organizaci�n de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002� y se realicen por las entidades o instituciones a que se refieren el art�culo 41 y disposici�n adicional sexta de la Ley 30/1994.
A estos efectos se elevar�n en cinco puntos los porcentajes de deducci�n y la cuant�a porcentual de los l�mites m�ximos de deducci�n establecidos con car�cter general en la misma Ley, en relaci�n con los programas y actividades que se realicen para tal acontecimiento hasta el final del per�odo de su vigencia.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades podr�n deducir de la cuota �ntegra del impuesto el 15 por 100 de las inversiones que, efectuadas en el t�rmino municipal de Salamanca, se realicen en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el �Consorcio para la Organizaci�n de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002� y consistan en:
a) Elementos del inmovilizado material nuevos, sin que, en ning�n caso, se consideren como tales los terrenos.
b) Obras de rehabilitaci�n de edificios y otras construcciones que re�nan los requisitos establecidos en los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre y 726/1993, de 14 de mayo, y que contribuyan a realzar el espacio f�sico afectado por esta disposici�n adicional.Las citadas obras deber�n cumplir, adem�s, las normas arquitect�nicas y urban�sticas que al respecto puedan establecer el Ayuntamiento y el �Consorcio para la Organizaci�n de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002�.
c) La satisfacci�n en Espa�a o en el extranjero de gastos de propaganda y publicidad de proyecci�n plurianual que sirvan directamente para la promoci�n de �Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002� y reciban la aprobaci�n del �Consorcio para la Organizaci�n de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002�.
2. Esta deducci�n, conjuntamente con las reguladas en el cap�tulo IV del T�tulo VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podr� exceder del 35 por 100 de la cuota �ntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposici�n interna e internacional y las bonificaciones, y ser� incompatible para los mismos bienes o gastos con las previstas en la citada Ley 43/1995, de 27 de diciembre. Las cantidades no deducidas podr�n aplicarse, respetando igual l�mite, en las liquidaciones de los per�odos impositivos que concluyan en los cinco a�os inmediatos y sucesivos.
Tres. A los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales, profesionales o art�sticas en r�gimen de estimaci�n directa les ser� de aplicaci�n la deducci�n establecida en el apartado anterior en los t�rminos y con las condiciones que prev� la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
Cuatro. Las transmisiones patrimoniales sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados gozar�n de una bonificaci�n del 95 por 100 de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y exclusivamente por el sujeto pasivo a la realizaci�n de inversiones con derecho a deducci�n a que se refieren los apartados anteriores.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Econ�micas gozar�n de una bonificaci�n del 95 por 100 en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de car�cter art�stico, cultural, cient�fico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebraci�n de �Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002� y que certifique el �Consorcio para la Organizaci�n de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002� que se enmarcan en sus planes y programas de actividades.
2. Las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de �Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002� seg�n certificaci�n del �Consorcio para la Organizaci�n de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002�, gozar�n de una bonificaci�n del 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre sus operaciones relacionadas con dicho fin.
3. A los efectos previstos en este apartado no ser� de aplicaci�n lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art�culo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Seis. El disfrute de los beneficios fiscales previstos en la presente disposici�n requerir� el reconocimiento previo de la Administraci�n tributaria sobre su procedencia en la forma que reglamentariamente se determine.
A tal efecto a la solicitud de reconocimiento deber� acompa�arse certificaci�n expedida por el �Consorcio para la Organizaci�n de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002� de que las inversiones con derecho a deducci�n se han realizado en cumplimiento de sus planes y programas de actividades as� como de las dem�s circunstancias previstas en esta disposici�n.
Posteriormente, la Administraci�n tributaria comprobar� la concurrencia de las circunstancias o requisitos necesarios para el goce de los beneficios fiscales, practicando, en su caso, la regularizaci�n que resulte procedente de la situaci�n tributaria de los sujetos pasivos.
Siete. El �Consorcio para la Organizaci�n de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002� remitir� a la Direcci�n General de Tributos copia de los certificados emitidos en relaci�n con los beneficios contenidos en la presente disposici�n adicional en los meses de enero, abril, julio y octubre, para su ulterior remisi�n a los �rganos de gesti�n correspondientes.
1. La presente disposici�n cesar� en su vigencia el 31 de diciembre de 2002.
2. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuci�n de lo previsto en la presente disposici�n adicional.
V�ase R.D. 659/2001, 22 junio, por el que se desarrolla la disposici�n adicional novena de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, sobre beneficios fiscales aplicables a "Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002" (�B.O.E.� 23 junio).
Tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas de los complementos especiales al personal laboral local a que se refiere el Decreto 1182/1971, de 11 de mayo En los per�odos impositivos no prescritos anteriores a 1 de enero del a�o 2000, tendr�n la consideraci�n de renta exenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas las retribuciones que, bajo el concepto de �suplemento especial�, ha percibido el personal laboral local al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Espa�a, empleado por la entidad �Actividades Fuerzas Estados Unidos en Espa�a�, a que se refiere el Decreto 1182/1971, de 11 de mayo.
Residencia habitual en territorio espa�ol El art�culo 9.1.a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias, quedar� redactado como sigue:
�1. Se entender� que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio espa�ol cuando se d� cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que permanezca m�s de ciento ochenta y tres d�as, durante el a�o natural, en territorio espa�ol. Para determinar este per�odo de permanencia en territorio espa�ol se computar�n las ausencias espor�dicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro pa�s. En el supuesto de pa�ses o territorios de los calificados reglamentariamente como para�so fiscal, la Administraci�n tributaria podr� exigir que se pruebe la permanencia en el mismo durante ciento ochenta y tres d�as en el a�o natural.
Para determinar el per�odo de permanencia al que se refiere el p�rrafo anterior, no se computar�n las estancias temporales en Espa�a que sean consecuencia de las obligaciones contra�das en acuerdos de colaboraci�n cultural o humanitaria, a t�tulo gratuito, con las Administraciones p�blicas espa�olas.�
R�gimen aplicable a los minusv�lidos incapacitados judicialmente Las disposiciones espec�ficas previstas en la normativa tributaria en favor de las personas discapacitadas con grado de minusval�a igual o superior al 65 por 100, ser�n de aplicaci�n a los minusv�lidos cuya incapacidad se declare judicialmente, aunque no alcance dicho grado.
Modificaci�n del r�gimen aplicable a las entidades miembros de la Mancomunidad de Canales del Taibilla Se da una nueva reducci�n al art�culo 99 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, con el siguiente contenido:
�A los efectos de lo dispuesto en el art�culo 1 de la Ley de 27 de abril de 1946, que reorganiza la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, las entidades de car�cter estatal que hubieren adquirido la condici�n de miembros de pleno derecho de este organismo, seguir�n manteniendo esta condici�n durante un plazo de cuatro a�os mientras contin�en en el ejercicio de la actividad que realizaban en el momento de su incorporaci�n, aunque hubieran perdido su car�cter estatal como consecuencia de procesos de privatizaci�n seguidos en desarrollo de medidas de pol�tica econ�mica.�
Informe sobre el seguro de dependencia El Gobierno, en el plazo de seis meses, presentar� a las Cortes Generales un informe relativo al seguro de dependencia, con una propuesta de regulaci�n, un marco fiscal que la incentive y las modificaciones normativas necesarias para que pueda ser una prestaci�n realizada por los planes de pensiones, las mutualidades de previsi�n social y dem�s entidades aseguradoras.
C�nones de uso de las viviendas militares Uno. En cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 7, apartado 1, de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de Medidas de apoyo a la movilidad geogr�fica de los miembros de las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa fijar� la cuant�a de los c�nones de uso de las viviendas militares que se adjudiquen a partir de la entrada en vigor de la citada Ley. Dicha cuant�a servir� de referencia para la aplicaci�n progresiva prevista en su disposici�n transitoria s�ptima, apartado 2.
Dos. La cuant�a de los c�nones por el uso de viviendas militares y plazas de aparcamiento administradas por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, adjudicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26/1999, queda fijada para el a�o 2000 en el importe que ven�an abonando los usuarios en el a�o 1999. Dicha cuant�a ser� actualizada en a�os sucesivos mediante la aplicaci�n del �ndice de precios al consumo correspondiente al ejercicio econ�mico anterior.
Revocaci�n y suspensi�n de autorizaci�n de despacho en operaciones de comercio exterior 1. Sin perjuicio de las responsabilidades que en cada caso quepa exigir, la Administraci�n tributaria canaria podr� suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorizaci�n conferida a los representantes de los interesados en los despachos de importaci�n y exportaci�n relativos a los tributos derivados del R�gimen Econ�mico y Fiscal de Canarias, si los indicados intermediarios incumplieren sus obligaciones de colaboraci�n con la Hacienda p�blica canaria o las normas tributarias en general.
2. En particular, podr� hacerse uso de las facultades a que se refiere el apartado anterior, mediante resoluci�n motivada y previo expediente instruido al efecto en el que deber� darse audiencia al representante en cuesti�n, cuando se den alguna de las siguientes circunstancias:
a) Presentaci�n reiterada de la documentaci�n que debe aportarse para el despacho de las mercanc�as en la Administraci�n tributaria fuera de los plazos establecidos, de forma incompleta o con graves deficiencias, o bien con manipulaci�n de los datos contenidos en dicha documentaci�n.
b) Incumplimiento reiterado de la obligaci�n de efectuar los pagos por cuenta de sus comitentes dentro de los plazos reglamentariamente establecidos.
c) Ser declarado responsable solidario por ser causante o colaborar en la realizaci�n de infracciones tributarias.
d) Incumplimiento de las obligaciones que los profesionales autorizados tengan de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria a que obliga la Ley General Tributaria y dem�s disposiciones aplicables al efecto.
e) Otorgar poderes para actuar ante la Administraci�n tributaria a favor de personas que no cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente por el Gobierno de Canarias.
f) Baja como colegiado, en su caso, en el Colegio profesional respectivo y, en general, p�rdida de los requisitos de capacitaci�n para el despacho de mercanc�as. A tal efecto, los Colegios afectados deber�n comunicar con car�cter inmediato las bajas que se produzcan.
g) Colaboraci�n o consentimiento en el levante de mercanc�as sin la preceptiva autorizaci�n.
h) Resistencia, negativa u obstrucci�n a la actuaci�n de los �rganos de gesti�n, inspecci�n o recaudaci�n de la Administraci�n tributaria.
i) Inutilidad de la autorizaci�n, manifestada por el nulo o escaso volumen de presentaci�n de declaraciones de importaci�n o exportaci�n de mercanc�as a despacho.
j) Transgresi�n de la buena fe en el ejercicio de la colaboraci�n.
3. Podr� suspenderse la autorizaci�n con car�cter cautelar y con respeto al principio de presunci�n de inocencia, en el supuesto de que el intermediario se hallare imputado en un proceso penal por un delito �ntimamente relacionado con el ejercicio de su actividad.
Modificaci�n de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:
Uno. Los p�rrafos segundo y tercero del art�culo 53 quedan redactados de la siguiente forma:
�Cuando quien se encuentre en el caso previsto en el p�rrafo anterior, sea administrador de la correspondiente sociedad, las obligaciones all� mencionadas se aplicar�n a todas las operaciones, con independencia de su cuant�a. Los administradores de las sociedades cuyas acciones est�n admitidas a negociaci�n en una Bolsa de Valores deber�n tambi�n comunicar, en los t�rminos establecidos en el p�rrafo anterior, la adquisici�n o enajenaci�n de derechos de opci�n sobre acciones de la propia sociedad que realicen por cualquier t�tulo.
La admisi�n a negociaci�n en una Bolsa de Valores de las acciones de una sociedad o el nombramiento de nuevos administradores obligar� a quienes se encuentren en los casos previstos en los dos p�rrafos anteriores a informar sobre el porcentaje efectivo de su participaci�n en el capital suscrito, y en el caso de los administradores, sobre sus derechos de opci�n sobre acciones de la sociedad, en la forma y con los efectos previstos en dicho p�rrafo.�
Dos. Se a�ade una disposici�n adicional decimoquinta con el siguiente texto:
El Gobierno desarrollar� la presente disposici�n, con especial referencia al plazo, forma y alcance del cumplimiento de la obligaci�n de comunicaci�n.�
Tres. Se a�ade una nueva disposici�n adicional decimosexta, con el siguiente texto:
A los efectos de la presente disposici�n se entender� por directivos los Directores generales y asimilados que desarrollen sus funciones de alta direcci�n bajo dependencia directa de los �rganos de administraci�n, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados de las sociedades cotizadas.�
Extinci�n del r�gimen de previsi�n de los m�dicos de asistencia m�dicofarmac�utica y de accidentes de trabajo Con efectos del d�a 1 de enero del a�o 2000 se extinguir� el r�gimen de previsi�n de los m�dicos de asistencia m�dico-farmac�utica y de accidentes de trabajo, quedando derogadas todas las disposiciones reguladoras del mismo y, en particular, la Orden de 7 de diciembre de 1953 del Ministerio de Trabajo.
La Administraci�n General del Estado determinar� reglamentariamente, en el plazo m�ximo de seis meses, los derechos que, de acuerdo con la naturaleza del r�gimen de asistencia m�dico-farmac�utica y de accidentes de trabajo, corresponden, en su caso, a los interesados como consecuencia de la extinci�n y liquidaci�n del citado r�gimen.
Modificaci�n del texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de marzo Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de marzo:
Uno. Se a�ade un nuevo p�rrafo al apartado 1 del art�culo 75, con el siguiente texto:
�Cuando la adquisici�n tenga por objeto acciones que hayan de ser entregadas directamente a los trabajadores o administradores de la sociedad, o como consecuencia del ejercicio de derechos de opci�n de que aqu�llos sean titulares, el acuerdo de la junta deber� expresar que la autorizaci�n se concede con esta finalidad.�
Dos. Se a�ade un nuevo p�rrafo al art�culo 130, con el siguiente texto:
�La retribuci�n consistente en la entrega de acciones, o de derechos de opci�n sobre las mismas o que est� referenciada al valor de las acciones, deber� preverse expresamente en los estatutos, y su aplicaci�n requerir� un acuerdo de la Junta General de accionistas. Dicho acuerdo expresar�, en su caso, el n�mero de acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opci�n, el valor de las acciones que se tome como referencia y el plazo de duraci�n de este sistema de retribuci�n.�
Tres. Se a�ade una nueva disposici�n adicional, con el siguiente contenido:
�El ejercicio y la enajenaci�n de los derechos de opci�n sobre acciones concedidos antes del 1 de enero del a�o 2000 a los administradores de una sociedad cotizada en ejecuci�n de sistemas de retribuci�n de la misma, en el supuesto en que no est� expresamente prevista en los estatutos sociales esta forma de remuneraci�n, requerir� en todo caso la previa aprobaci�n de la Junta General de accionistas.
Lo dispuesto en el p�rrafo anterior ser� igualmente de aplicaci�n, en cuanto a los referidos administradores, en relaci�n con la ejecuci�n o cancelaci�n de sistemas retributivos referenciados al valor de las acciones establecidos antes del 1 de enero del a�o 2000.
Igualmente, los Directores generales y asimilados que desarrollen funciones de alta direcci�n bajo dependencia directa de los �rganos de administraci�n, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados de las sociedades cotizadas, para el ejercicio o la enajenaci�n de los derechos de opci�n sobre acciones concedidos antes del 1 de enero del a�o 2000 a los mismos en ejecuci�n de sistemas de retribuci�n de las referidas sociedades cotizadas precisar�n en todo caso de la previa aprobaci�n de la Junta General de accionistas en el supuesto en que la mencionada concesi�n no hubiera sido expresamente aprobada por �sta �ltima.
Del mismo modo, lo dispuesto en el p�rrafo anterior ser� de aplicaci�n, en cuanto a los citados Directores generales y asimilados, en relaci�n con la ejecuci�n o cancelaci�n de sistemas retributivos referenciados al valor de las acciones establecidos antes del 1 de enero del a�o 2000.�
Cuatro. Se a�ade una nueva disposici�n adicional con el siguiente texto:
�La aplicaci�n de sistemas de retribuci�n consistentes en entrega de acciones o de derechos de opci�n sobre las mismas, as� como cualquier otro sistema de retribuciones que est� referenciado al valor de las acciones, a Directores generales y asimilados de sociedades cotizadas, que desarrollen funciones de alta direcci�n bajo dependencia directa de los �rganos de administraci�n, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados de la sociedad cotizada requerir� la previa aprobaci�n de la Junta General de accionistas.�
Modificaci�n de la disposici�n transitoria duod�cima de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del R�gimen del Personal de las Fuerzas Armadas La disposici�n transitoria duod�cima de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de R�gimen del Personal de las Fuerzas Armadas, quedar� redactada de la siguiente forma:
Procesos selectivos Durante el a�o 2000 en los procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes militares de formaci�n para el acceso a militar de carrera y a militar de complemento y sin perjuicio de las previsiones incluidas en las disposiciones adicionales y transitorias de esta Ley, los requisitos de niveles de estudios o titulaciones exigibles y el momento de acreditarlos se regir�n por las normas legales y reglamentarias vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.�
El Gobierno estudiar� la situaci�n de los afectados por el s�ndrome del aceite t�xico en orden a establecer una cobertura econ�mica y social para aquellos que, tras percibir el importe determinado por la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997, se encuentren en situaci�n de especial necesidad.
En cualquier caso, se mantendr� para todos los afectados la prestaci�n de servicios sanitarios, con cargo a los respectivos servicios de salud, en los t�rminos en que la vienen percibiendo en la actualidad.
Transferencia de recursos entre el Negrat�n y el Almanzora 1. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto, se autoriza la transferencia de aguas desde el embalse del Negrat�n en la Cuenca Hidrogr�fica del Guadalquivir al de Cuevas de Almanzora en la Cuenca Hidrogr�fica del Sur, para las finalidades de riegos y abastecimientos a que se refiere el citado Real Decreto-ley.
2. La transferencia de agua se sujetar� a las siguientes condiciones:
a) S�lo se podr� transferir el volumen embalsado que exceda de 210 hm3, dada la cota de la toma correspondiente y la necesidad de su correcto funcionamiento.
b) Dado que el embalse del Negrat�n pertenece a un sistema de explotaci�n, el de regulaci�n general, s�lo se podr�n transferir recursos cuando el volumen embalsado en dicho sistema de regulaci�n general supere un m�nimo del 30 por 100 de la capacidad de embalse de dicho sistema.
c) El volumen anual transferido no ser� mayor de 50 hect�metros c�bicos.
d) Los usuarios del agua trasvasada soportar�n, en la parte al�cuota del volumen transferido, en la forma en que se determine, el importe de las obras de regulaci�n necesarias para equilibrar el d�ficit a�adido que esta transferencia provoca en el sistema de regulaci�n general del Guadalquivir.
e) Corresponder� a la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir el control de la obra de captaci�n del embalse del Negrat�n.
f) Corresponder� a la Confederaci�n Hidrogr�fica del Sur el control del resto de las infraestructuras de la transferencia.
3. Antes de la entrada en servicio de la transferencia, se constituir� una Comisi�n de Gesti�n T�cnica del mismo, presidida por el Director general de Obras Hidr�ulicas y de Calidad de las Aguas, de la que formar�n parte tres representantes de cada una de las dos Confederaciones Hidrogr�ficas afectadas y dos representantes de los usuarios de ambas cuencas.
4. La Comisi�n de Gesti�n T�cnica establecer� con sujeci�n a las condiciones del apartado 2, los vol�menes a transferir en cada per�odo concreto, y adoptar� cuantas decisiones sean precisas al respecto, para el buen funcionamiento de la transferencia.
Declaraci�n de inter�s general de determinadas obras hidr�ulicas Uno. A efectos de lo establecido en el art�culo 44 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se declaran como obras hidr�ulicas de inter�s general las siguientes:
A) En el �mbito de la Confederaci�n Hidrogr�fica del Duero:
1. Azud de derivaci�n y canal principal de la zona regable de Adaja.
B) En el �mbito de la Confederaci�n Hidrogr�fica del Tajo:
1. Presa de regulaci�n del r�o Cedena y abastecimiento a la Mancomunidad de Cabeza del Torc�n, Toledo, Pol�n, Guadamur y San Mart�n de Montalb�n.
2. Presa de regulaci�n, conducci�n ETAP y dep�sitos para abastecimiento a las Navas del Marqu�s.
3. Abastecimiento de las poblaciones del alto Ti�tar desde el Alberche.
4. Ampliaci�n de colectores y depuradora de aguas residuales de Guadalajara.
5. Aprovechamiento de las aguas subterr�neas para abastecimiento de la Comunidad de Madrid.
C) En el �mbito de la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir:
D) En el �mbito de la Confederaci�n Hidrogr�fica del Sur:
1. Aprovechamiento de los recursos h�dricos subterr�neos del bajo Guadalhorce para el abastecimiento de M�laga. Planta desalobradora en la ETAP. El Atabal.
2. Conexi�n M�laga-Costa del Sol occidental.
3. Conducci�n presa de Cerro Blanco (r�o Grande)ETAP del Atabal (M�laga).
4. Correcci�n de los vertidos salinos al embalse de Guadalhorce.
5. Aprovechamiento hidrol�gico de los acu�feros de Sierra de Almijara y Alberquilla.
E) En el �mbito de la Confederaci�n Hidrogr�fica del Ebro:
1. Red de saneamiento del r�o Huerva.
F) En el �mbito de la Confederaci�n Hidrogr�fica del Segura:
1. Plantas desaladoras de agua de mar como aportaci�n de nuevos recursos hidr�ulicos en el �mbito territorial C. H. Segura.
4. Acondicionamiento de ramblas y de m�rgenes y riberas del r�o Segura en la zona alta.
5. Aportaci�n de agua de la cuenca alta del Segura al sistema oriental de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
b) La de urgencia a los efectos de la ocupaci�n de los bienes afectados a que se refiere el art�culo 52 de la Ley de Expropiaci�n Forzosa.
1. R�gimen de integraci�n de notarios y corredores de comercio colegiados.
A. Los notarios y los corredores de comercio colegiados se integran en un Cuerpo �nico de Notarios, que depender� del Ministerio de Justicia.
B. Los miembros del Cuerpo �nico de Notarios ejercer�n las funciones que hasta la fecha de entrada en vigor de la presente disposici�n ven�an realizando los notarios y los corredores de comercio colegiados.
C. Reglamentariamente se dictar�n las normas reguladoras del ejercicio de tales funciones, de la demarcaci�n territorial, del r�gimen de aranceles, de la forma de documentaci�n, del r�gimen de incompatibilidades y de las fianzas que deban prestarse. En el ejercicio de la potestad reglamentaria, el Gobierno tendr� en cuenta el resultado de la mejor atenci�n a los ciudadanos, el criterio de libertad de elecci�n de notario y las normas de competencia aplicables.
D. Una Ley regular� el r�gimen disciplinario �nico aplicable a los miembros del Cuerpo �nico de Notarios.
E. El escalaf�n del Cuerpo �nico de Notarios quedar� formado por la integraci�n de los actuales escalafones de notarios y corredores de comercio colegiados, por estricto orden de antig�edad en uno y otro. Los notarios conservar�n la antig�edad en clase que tengan asignada. A los corredores de comercio colegiados se les asignar� la clase correspondiente a la plaza que sirvan, determinada con arreglo a la legislaci�n notarial; la antig�edad en la clase de cada uno de ellos ser� la que corresponda en la carrera, deducidos seis a�os para la clase segunda, y nueve a�os para la primera, salvo aquellos que hayan accedido a la plaza por concurso-oposici�n, que tendr�n la antig�edad en la clase correspondiente a la fecha de su toma de posesi�n en dicha plaza. En los concursos para la provisi�n de plazas, de cada tres vacantes, dos se proveer�n por antig�edad en carrera y una por antig�edad en la clase.
F. Los actuales Colegios Notariales y de Corredores de Comercio se fusionan pasando a integrarse �stos en aquel Colegio Notarial en cuyo territorio radique su sede. Formar�n parte del cada Colegio todos los integrantes del Cuerpo �nico de Notarios, cuya plaza est� demarcada en el territorio correspondiente. En todo caso, los Colegios Notariales suceder�n a t�tulo universal a los de Corredores de Comercio que en �l se hayan integrado. Id�ntica integraci�n se produce con los actuales Consejos Generales.
G. A los efectos de lo previsto en el art�culo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se entender� producida sucesi�n de empresas en las integraciones a que se refiere esta disposici�n.
H. El r�gimen mutualista ser� �nico. La unificaci�n se efectuar� en la forma en que reglamentariamente se determine, capitaliz�ndose, en su caso, las respectivas mutualidades preexistentes con cargo a sus respectivos miembros.
I. Las referencias que se contengan en las disposiciones vigentes a los notarios y corredores de comercio colegiados, as� como a sus respectivos Consejos Generales y Colegios, se entender�n realizadas a los miembros del Cuerpo �nico de Notarios, al Consejo General del Notariado y Colegios Notariales.
2. R�gimen transitorio.
A. El ejercicio de las funciones de los miembros del Cuerpo �nico de Notarios se ajustar� a las normas vigentes aplicables a las distintas formas de documentaci�n, hasta la aprobaci�n de las normas reglamentarias previstas en la presente disposici�n. Asimismo, hasta que se aprueben las nuevas normas sobre competencia territorial, �sta se determinar� por la actual demarcaci�n notarial, conservando cada uno de los integrantes del Cuerpo �nico de Notarios la plaza que sirva a la entrada en vigor de la presente disposici�n, sin perjuicio de los derechos de reserva de plaza vigentes. En id�ntico t�rmino, o hasta las primeras elecciones unificadas, en las Juntas Directivas de los Colegios Notariales se integrar�n los S�ndicos de los Colegios de Corredores cuya sede se encontrara en el territorio de aqu�llos. Durante el mismo per�odo, los miembros del actual Consejo General de los Colegios de Corredores de Comercio se integrar�n en el Consejo General del Notariado.
B. Antes de la entrada en vigor de la presente disposici�n se aprobar� un programa para las oposiciones de acceso al Cuerpo �nico de Notarios. Las oposiciones que se convoquen a partir del 1 de enero del a�o 2002 se celebrar�n con arreglo a dicho programa y a la reglamentaci�n notarial.
R�gimen supletorio.
En lo no previsto en esta disposici�n regir� la vigente reglamentaci�n notarial.
Habilitaci�n al Gobierno.
Se faculta al Gobierno para dictar las normas necesarias para el desarrollo de la presente disposici�n. La habilitaci�n reglamentaria contenida en ella se efectuar� a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y Econom�a y Hacienda, en materia de forma de documentaci�n, de las funciones, demarcaci�n territorial, aranceles, r�gimen mutualista, as� como las que afecten a la integraci�n de ambos Cuerpos.
La presente disposici�n entrar� en vigor el 1 de octubre del a�o 2000.
V�ase art�culo 43 de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 30 diciembre).
Modificaci�n del art�culo 74 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales Se a�ade un nuevo apartado al art�culo 74 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, que queda redactado del siguiente modo:
�4. Las ordenanzas fiscales podr�n regular una bonificaci�n de hasta el 90 por 100 de la cuota del impuesto a favor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana ubicados en �reas o zonas del municipio que, conforme a la legislaci�n y planeamiento urban�sticos, correspondan a asentamientos de poblaci�n singularizados por su vinculaci�n o preeminencia de actividades primarias de car�cter agr�cola, ganadero, forestal, pesquero o an�logas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las �reas o zonas consolidadas del mismo, siempre que sus caracter�sticas econ�micas aconsejen una especial protecci�n. Las caracter�sticas peculiares y �mbito de los n�cleos de poblaci�n, �reas o zonas, as� como las tipolog�as de las construcciones y usos del suelo necesarios para el disfrute de esta bonificaci�n y su duraci�n, cuant�a anual y dem�s aspectos sustantivos y formales se determinar�n en la ordenanza fiscal.�
Sistema de previsi�n social a favor de los deportistas profesionales Se insta al Gobierno a estudiar, en el plazo de seis meses, la adecuaci�n de los sistemas de previsi�n social complementarios a los deportistas profesionales, incluidos en el �mbito de aplicaci�n del Real Decreto 1006/1985, por el que se regula la relaci�n laboral especial de los deportistas profesionales, as� como los incluidos en el �mbito de aplicaci�n del Real Decreto 1467/1997, sobre deportistas de alto nivel, a las caracter�sticas espec�ficas de la actividad deportiva.
En dicho estudio se abordar�n, entre otros, aspectos referidos a la constituci�n de una mutualidad espec�fica, as� como los l�mites de aportaci�n y las contingencias que habilitan el cobro de la prestaci�n.
Participaciones p�blicas en el sector energ�tico 1. Las entidades o personas de naturaleza p�blica y las entidades de cualquier naturaleza, participadas mayoritariamente o controladas en cualquier forma por entidades o Administraciones p�blicas, cualquiera que sea la forma jur�dica que adopten, que directa o indirectamente tomen el control o adquieran participaciones significativas de sociedades de �mbito estatal que realicen actividades en los mercados energ�ticos no podr�n ejercer los derechos pol�ticos correspondientes a dichas participaciones.
2. Lo dispuesto en el p�rrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad del adquirente de informar a la Secretar�a de Estado de Industria y Energ�a de la toma de control o adquisici�n que se haya efectuado, con especial referencia a las caracter�sticas y condiciones de la adquisici�n.
3. En el supuesto en que la Secretar�a de Estado de Industria y Energ�a sea informada, instruir� un expediente, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, en el que informar� preceptivamente la Comisi�n Nacional de Energ�a.
La propuesta de resoluci�n ser� elevada al Consejo de Ministros previo informe de la Comisi�n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ�micos por el Ministerio de Industria y Energ�a.
El Consejo de Ministros podr� resolver reconociendo o no el ejercicio de derechos pol�ticos correspondientes, o sometiendo el ejercicio de los mismos a determinadas condiciones en atenci�n, entre otros, a los principios de objetividad, reciprocidad, transparencia, equilibrio y buen funcionamiento de los mercados y sistemas energ�ticos.
La falta de resoluci�n en el expediente iniciado como consecuencia de la informaci�n que en su caso efect�e la entidad o persona adquirente de la participaci�n significativa en ning�n caso permitir� el ejercicio de los derechos pol�ticos correspondientes a las mismas.
La anterior resoluci�n del Consejo de Ministros se entender� sin perjuicio de las autorizaciones que resulten pertinentes en virtud del ordenamiento jur�dico vigente.
4. A los efectos de la presente disposici�n se considerar�n participaciones significativas aquellas que directa o indirectamente alcancen al menos el 3 por 100 del capital o de los derechos de voto de la sociedad.
5. Se entender� que existe una relaci�n de control a los efectos de esta disposici�n siempre que se d� alguno de los supuestos previstos en el art�culo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
6. Lo dispuesto en la presente disposici�n ser� igualmente de aplicaci�n a las operaciones que se encuentren en tramitaci�n a la entrada en vigor del mismo.
Disposici�n adicional vig�sima s�ptima redactada por el art�culo 94 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 31 diciembre).
Modificaci�n del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo 1. El apartado 1 del art�culo 23 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tr�fico, circulaci�n de veh�culos a motor y seguridad vial, queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus veh�culos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:
c) Cuando el veh�culo cruce un arc�n por el que est�n circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.�
2. Se a�ade un nuevo apartado 5 al art�culo 23 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tr�fico, circulaci�n de veh�culos a motor y seguridad vial, redactado en los siguientes t�rminos:
�5. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los veh�culos a motor:
En los dem�s casos ser�n aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre veh�culos contenidas en esta Ley.�
Informe para la eliminaci�n de la inseguridad jur�dica en materia de derechos de autor El Gobierno en el plazo de seis meses proceder� a remitir a las Cortes Generales un informe con el fin de eliminar la inseguridad jur�dica en materia de derechos de autor en cuanto a la recepci�n de las emisiones o transmisiones de radio y televisi�n en locales p�blicos.
Modificaci�n de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social El apartado 1 de la disposici�n adicional cuadrag�sima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, quedar� redactado del siguiente modo:
�1. Los servicios de radiodifusi�n sonora digital terrenal y de televisi�n digital terrenal, podr�n ser explotados a trav�s de redes de frecuencia �nica o de multifrecuencia, de �mbito nacional, auton�mico y, en su caso, local. Las desconexiones territoriales de los servicios de radiodifusi�n digital terrenal de �mbito nacional, en el caso de autorizarse, deber�n abarcar necesariamente un territorio comprendido en m�s de una Comunidad Aut�noma.�
Modificaci�n de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci�n de las Telecomunicaciones Se a�ade un nuevo apartado a la disposici�n adicional sexta de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci�n de las Telecomunicaciones, con el siguiente contenido:
�3. Las entidades p�blicas de una determinada Comunidad Aut�noma habilitadas, con arreglo a la Ley, para prestar el servicio de radiodifusi�n sonora, podr�n emitir en el territorio de otras Comunidades Aut�nomas con las que aqu�lla tenga espacios radioel�ctricos colindantes. Para ello, ser� preciso que exista acuerdo entre las Comunidades Aut�nomas afectadas y que, en cada territorio, se empleen las frecuencias que tengan asignadas por el Ministerio de Fomento.�
Modificaci�n de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, Reguladora del Tercer Canal de Televisi�n Se a�ade una nueva disposici�n adicional s�ptima a la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, Reguladora del Tercer Canal de Televisi�n, con el siguiente contenido:
�Las Comunidades Aut�nomas podr�n celebrar convenios de colaboraci�n para permitir la emisi�n de uno o varios programas de su televisi�n auton�mica en el �mbito geogr�fico de otras, siempre que los espacios radioel�ctricos correspondientes a sus �mbitos territoriales sean colindantes y que utilicen las frecuencias que tengan asignadas por el Ministerio de Fomento.�
Indemnizaci�n por residencia del personal al servicio del sector p�blico estatal no sometido a legislaci�n laboral Durante el a�o 2000, el Gobierno analizar� las condiciones que determinan la fijaci�n de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del Sector P�blico Estatal y su cuant�a, en particular en las Ciudades Aut�nomas de Ceuta y Melilla, con el fin de adaptarlas a su realidad actual, sin que, en ning�n caso, esta situaci�n suponga minoraci�n alguna de las cantidades actualmente percibidas por aqu�llos por este concepto.
V�ase Res. 17 abril 2000, por la que se dispone la publicaci�n del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2000, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposici�n adicional trig�sima tercera de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, se modifica el apartado primero del Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 1992 sobre indemnizaci�n por residencia (�B.O.E.� 20 abril).
Liquidaci�n de tarifas por servicios portuarios al amparo de la Ley 1/1966, de 28 de enero, sobre r�gimen financiero de los puertos espa�oles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio, y de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre 1.
En los supuestos en que, por sentencias judiciales firmes, se declare la nulidad de liquidaciones de tarifas por servicios portuarios efectivamente prestados a los usuarios por las antiguas Juntas de Puertos, Puertos Aut�nomos y Comisi�n Administrativa de Grupos de Puertos, con arreglo a la Ley 1/1966, de 28 de enero
, sobre r�gimen financiero de los puertos espa�oles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio
, como consecuencia de la declaraci�n de nulidad de las disposiciones que establecieron sus cuant�as, las Autoridades Portuarias practicar�n nuevas liquidaciones, previa audiencia de los interesados y sin perjuicio de la ejecuci�n de las sentencias en sus propios t�rminos.
La Autoridad Portuaria, al notificar la nueva liquidaci�n, y cuando concurran los requisitos establecidos con car�cter general en la normativa tributaria, acordar� de oficio la compensaci�n que proceda por la cuant�a del cr�dito reconocido a favor del deudor en el expediente de devoluci�n de ingresos indebidos, pudiendo disminuir en la nueva liquidaci�n la cantidad previamente ingresada.
En estos casos, en ejecuci�n de sentencia se admitir� la oportuna compensaci�n con los cr�ditos que la Autoridad Portuaria ostente contra el recurrente y, en particular, con los que deriven de la nueva liquidaci�n.
Los elementos esenciales de las tarifas establecidas por las leyes a que se refiere el p�rrafo primero ven�an determinados por las mismas, y no se modificar�n en medida alguna como consecuencia de la entrada en vigor de la presente disposici�n.
As�, las liquidaciones practicadas con arreglo a las normas de referencia retribuir�n los servicios generales y espec�ficos prestados a los usuarios. En particular, se consideran servicios generales los de entrada y estancia de barcos en puerto, los de utilizaci�n de atraques, los de embarque, desembarque y transbordo de mercanc�as y pasajeros, los servicios a la pesca mar�tima y la utilizaci�n de la zona portuaria por veh�culos industriales con medios propios de manipulaci�n de mercanc�as.
Son servicios espec�ficos los prestados con los elementos y maquinaria que constituyen el equipo mec�nico de manipulaci�n y transporte, los prestados en forma de utilizaci�n de superficie, edificios y locales de cualquier clase, los suministros de productos de energ�a, los prestados con los elementos, instalaciones y servicios existentes destinados a la reparaci�n y conservaci�n de embarcaciones, otros servicios prestados habitualmente por los organismos portuarios y especificados en las tarifas de cada puerto y cualesquiera otros servicios eventuales de su competencia no enumerados anteriormente ni comprendidos entre los servicios generales que se soliciten por los interesados.
Ser�n sujetos pasivos los usuarios de tales servicios y, en particular, los determinados por el art�culo 9 de la Ley 1/1966
Las tarifas se devengar�n con arreglo a lo dispuesto en el art�culo 12 de la Ley 1/1966
Los obligados al pago y los dem�s elementos que configuran las distintas tarifas, as� como las reglas generales y particulares de aplicaci�n de cada una de ellas, ser�n los establecidos en las leyes anteriormente referidas y en las disposiciones vigentes en el momento en que se practicaron las correspondientes liquidaciones.
Por la prestaci�n de los servicios portuarios comprendidos en las correspondientes tarifas las Autoridades Portuarias podr�n exigir a los usuarios el pago como m�ximo de las siguientes cuant�as:
G-1. Entrada y estancia: 25 pesetas por unidad de arqueo bruto y d�a o fracci�n.
G-2. Atraque: 1.400 pesetas por metro lineal de muelle ocupado y d�a o fracci�n.
G-3. Pasajeros y mercanc�as: 750 pesetas por pasajero y 2.200 pesetas por tonelada; para la facturaci�n de los contenedores llenos se considerar� un peso de 16 toneladas y de 2 toneladas por los vac�os.
G-5. Embarcaciones deportivas y de recreo: 70 pesetas por d�a y metro cuadrado del producto de la eslora m�xima por la manga.
En el supuesto de que, como resultado de la aplicaci�n de la presente Ley, se exigiese a los usuarios una cantidad superior a la liquidada, se estar�, en virtud del principio de seguridad jur�dica, a la cuant�a contenida en las correspondientes facturas.
Lo dispuesto en el presente apartado no afectar� a las situaciones individuales en que se hubiera producido prescripci�n de los derechos de las Administraciones competentes. El plazo de prescripci�n, interrumpido durante la tramitaci�n de los recursos interpuestos contra la liquidaci�n, volver� a contarse de nuevo a partir del d�a siguiente a aqu�l en que sea notificada la sentencia firme anulatoria de la liquidaci�n.
2. Las tarifas por los servicios prestados a los usuarios por las Autoridades Portuarias con arreglo a las Ordenes ministeriales sobre tarifas por servicios portuarios dictadas tras la vigencia de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y antes o despu�s de su modificaci�n por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, cuyas liquidaciones sean anuladas por sentencias judiciales firmes como consecuencia de la declaraci�n de nulidad de dichas Ordenes, ser�n nuevamente exigidas a los usuarios que hayan recibido los correspondientes servicios, mediante la pr�ctica de nuevas liquidaciones, previa audiencia de aqu�llos y sin perjuicio del cumplimiento y ejecuci�n de las respectivas sentencias.
La Autoridad Portuaria, al notificar la nueva liquidaci�n, y cuando concurran los requisitos establecidos con car�cter general, acordar� de oficio la compensaci�n que proceda por la cuant�a del cr�dito correspondiente al deudor, pudiendo disminuir en la nueva liquidaci�n la cantidad previamente ingresada.
A los efectos de la compensaci�n, se entender� que la obligaci�n es l�quida, vencida y exigible desde el d�a de la notificaci�n de la factura que contenga la nueva liquidaci�n.
Las tarifas, sus respectivos elementos, las reglas generales y particulares de aplicaci�n de cada tarifa ser�n las establecidas en las disposiciones vigentes en funci�n del momento en que efectivamente se prestaron a los usuarios los correspondientes servicios por las Autoridades Portuarias y se practicaron las liquidaciones.
a) Tarifa T-0: se�alizaci�n mar�tima. Esta tarifa comprende la utilizaci�n del sistema de ayudas a la navegaci�n mar�tima cuyo mantenimiento corresponde a cada Autoridad Portuaria en el �mbito espacial y funcional que le ha sido asignado y ser� de aplicaci�n a todo buque que haga escala o se encuentre en las aguas de cualquier puerto o instalaci�n mar�tima del territorio nacional.Esta tarifa tambi�n resultar� de aplicaci�n a los buques-tanque fondeados en aguas jurisdiccionales o en la zona econ�mica exclusiva espa�ola debidamente autorizados por la Capitan�a Mar�tima.
b) Tarifa T-1: buques. Esta tarifa se exigir� por el acceso mar�timo de los buques al puerto y su atraque o fondeo en el puesto que le haya sido asignado, incluyendo las prestaciones que les proporcionan las obras e instalaciones portuarias.
c) Tarifa T-2: atraque. Esta tarifa comprende el uso de las obras de atraque y elementos fijos de amarre y defensa (esta definici�n est� en vigor hasta el 25 de abril de 1995).
d) Tarifa T-2: pasaje. Esta tarifa se exigir� por el acceso, embarque, desembarque y, en general, el uso de las instalaciones generales y obras del puerto por los pasajeros y, en su caso, por los veh�culos que �stos embarquen o desembarquen en r�gimen de pasaje, de sus muelles y pantalanes, accesos terrestres, v�as de circulaci�n y estaciones mar�timas (esta definici�n est� en vigor desde el 25 de abril de 1995).
e) Tarifa T-3: mercanc�as. Esta tarifa se exigir� por el acceso, embarque, desembarque y uso de las instalaciones portuarias en general, de sus muelles y pantalanes, accesos terrestres, v�as de circulaci�n y zonas de manipulaci�n (excluidos los espacios de almacenamiento o dep�sito) por las mercanc�as (esta definici�n resulta de aplicaci�n desde el 25 de abril de 1995).
f) Tarifa T-3: mercanc�as y pasajeros. Esta tarifa comprende la utilizaci�n por las mercanc�as y pasajeros de las aguas del puerto y d�rsenas, accesos terrestres, v�as de circulaci�n, zonas de manipulaci�n (excluidos los espacios de almacenamiento o dep�sito) y estaciones mar�timas y servicios generales de polic�a (esta definici�n resulta de aplicaci�n hasta el 25 de abril de 1995).Queda incluido en esta tarifa el derecho a que las mercanc�as que se embarcan o desembarcan utilizando medios no rodantes ocupen o permanezcan en la zona de tr�nsito portuaria durante el mismo d�a de embarque o desembarque y su inmediato anterior o posterior, respectivamente, sin devengar ninguna otra tarifa en relaci�n a la superficie ocupada. Asimismo, queda incluido en esta tarifa el derecho a que los veh�culos y los barcos que transportan mercanc�a, que se embarcan o desembarcan por medios rodantes, utilicen las rampas fijas y el cantil de los muelles para las operaciones de carga y descarga.
Queda excluida de esta tarifa la utilizaci�n de maquinaria especializada y elementos singulares tales como rampas mec�nicas, pasarelas y otros elementos m�viles necesarios para las operaciones de embarque y desembarque, utilizaci�n que queda regulada en otras tarifas.
g) Tarifa T-4: pesca fresca. Esta tarifa se exigir� por el acceso mar�timo al puerto de los buques pesqueros en actividad y su atraque o fondeo en el puesto que le haya sido asignado, incluyendo las prestaciones que las obras e infraestructuras portuarias les proporcionan, as� como el uso de las instalaciones y servicios generales del puerto por los productos de la pesca.
h) Tarifa T-5: embarcaciones deportivas y de recreo. Esta tarifa se exigir� por el acceso mar�timo de las embarcaciones deportivas o de recreo al puerto y su atraque o fondeo en el puesto que les haya sido asignado, incluyendo la utilidad que les proporcionan las obras e instalaciones portuarias y los servicios generales del puerto, accesos terrestres, v�as de circulaci�n y de los centros de estancia y recepci�n de titularidad de la Autoridad Portuaria, si los hubiera, debiendo abonar los servicios que solicite.No obstante, cuando la embarcaci�n realice transporte de mercanc�as o los pasajeros viajen en r�gimen de crucero, ser�n de aplicaci�n las tarifas T-1: buques, T-2: peaje, y T-3: mercanc�as.
i) Tarifa T-6: gr�as de p�rtico. Esta tarifa ser� exigible por la actividad realizada por las gr�as de p�rtico convencionales o no especializadas.
j) Tarifa T-7: almacenaje. Esta tarifa ser� exigible por la puesta a disposici�n y, en su caso, uso de espacios, explanadas, almacenes, locales y edificios, con sus servicios generales correspondientes, para el almacenaje de mercanc�as y veh�culos.No estar� sujeta a esta tarifa la ocupaci�n y utilizaci�n del dominio p�blico portuario para llevar a cabo actividades que exijan el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones o concesiones.
k) Tarifa T-8: suministros. Esta tarifa comprende el valor del agua, energ�a el�ctrica, hielo, combustibles y otros productos entregados por la Autoridad Portuaria a los usuarios dentro de la zona portuaria, previa petici�n de �stos.
l) Tarifa T-9: servicios diversos. Esta tarifa comprende cualesquiera otros servicios portuarios prestados en r�gimen de gesti�n directa por la Autoridad Portuaria, no incluidos en las anteriores tarifas.Por la prestaci�n de los servicios comprendidos en estas tarifas, las Autoridades Portuarias podr�n exigir a los usuarios el pago como m�ximo de las siguientes cuant�as:
T-0. Se�alizaci�n mar�tima: la menor de las siguientes cantidades: 1 peseta por unidad de arqueo bruto cada vez que el buque hace escala o 150.000 pesetas al a�o.
T-1. Entrada y estancia de barcos: 50 pesetas por unidad de arqueo bruto y d�a o fracci�n (hasta el 25 de abril de 1995).
T-1. Buques: 50 pesetas por unidad de arqueo bruto y d�a o fracci�n (a partir del 25 de abril de 1995).
T-2. Atraque: 2.000 pesetas por d�a y metro de calado del buque (hasta el 25 de abril de 1995).
T-3. Mercanc�as y pasajeros: 1.000 pesetas por pasajero, 400 pesetas por motocicleta, 1.100 pesetas por coche, 2.000 pesetas por furgoneta, 10.000 pesetas por autocar y 2.750 pesetas por tonelada; para facturaci�n de los contenedores llenos se considerar� un peso de 16 toneladas y de 2 toneladas para los vac�os (hasta el 25 de abril de 1995).
T-3. Mercanc�as: 1.500 pesetas por tonelada; para la facturaci�n de los contenedores llenos se considerar� un peso de 16 toneladas y de 2 toneladas para los vac�os (a partir del 25 de abril de 1995).
T-5. Embarcaciones deportivas y de recreo: 75 pesetas por d�a y metro cuadrado del producto de la eslora m�xima por la manga.
El derecho de la Autoridad Portuaria a practicar las nuevas liquidaciones prescribir� a los cinco a�os. El plazo de prescripci�n, interrumpido durante la tramitaci�n de los recursos interpuestos contra la liquidaci�n, volver� a contarse de nuevo a partir del d�a siguiente a aqu�l en que sea notificada la sentencia firme anulatoria de la liquidaci�n.
En los supuestos en que el procedimiento contencioso-administrativo termine por alg�n otro de los modos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicci�n contenciosoadministrativa, las Autoridades Portuarias podr�n facturar nuevamente las tarifas de conformidad con lo previsto en esta disposici�n.
Para el cobro de tales derechos, que mantienen su definici�n legal de precios privados, no podr� utilizarse potestad administrativa de clase alguna y, singularmente, la v�a de apremio.
Disposici�n Adicional 34 redactada por la Disposici�n Adicional 7.� de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2001
Se a�ade al final del ep�grafe 94 del Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, de las tarifas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las siguientes actividades:
�La decoraci�n de la porcelana art�stica artesanal.
Fabricaci�n de tripa artificial.�
Se a�ade al final del ep�grafe 96 del mencionado Real Decreto, la siguiente actividad:
�Restauraci�n art�stica.�
Modificaci�n de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias Con efectos desde 1 de enero de 1999, se modifica la disposici�n transitoria novena de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias, que quedar� redactada como sigue:
�DISPOSICIONES TRANSITORIAS Novena
Ganancias patrimoniales derivadas de elementos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994 Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisi�n de elementos patrimoniales no afectos a actividades econ�micas, adquiridos antes de 31 de diciembre de 1994, se reducir�n de acuerdo con lo establecido en las reglas 2.a y 4.adel apartado 2 de la disposici�n transitoria octava de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
A estos efectos, se considerar�n elementos patrimoniales no afectos a actividades econ�micas aquellos en los que la desafectaci�n de estas actividades se haya producido con m�s de tres a�os de antelaci�n a la fecha de transmisi�n.�
Adaptaci�n de los contratos de seguro de vida en los que el tomador asuma el riesgo de inversi�n Los contratos de seguro de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversi�n, concertados con anterioridad a 1 de enero del a�o 2000, podr�n adaptarse, en el plazo de dos meses a partir de esta fecha, a lo establecido en el art�culo 24.3 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias. Concluido el citado plazo, los contratos no adaptados tributar�n de acuerdo con lo previsto en el art�culo 14.2.h) de dicha Ley.
Endeudamiento local Uno. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del art�culo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en el a�o 2000 no ser� preciso autorizaci�n para concertar operaciones de cr�dito a largo plazo siempre que el ahorro neto sea de signo negativo y no supere los porcentajes de los ingresos corrientes liquidados o de las partidas de ingresos por naturaleza vinculadas a la explotaci�n que se se�alan a continuaci�n:
Dos. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del art�culo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no precisar�n autorizaci�n las operaciones de cr�dito a concertar por las Entidades locales durante el per�odo 2000 al 2003 cuando el volumen total del riesgo asumido de las operaciones de cr�dito referidas en dicho punto represente, sobre los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediatamente anterior o en el precedente a este �ltimo cuando el c�mputo haya de realizarse en el primer semestre del a�o, un porcentaje superior al 110 por 100, a condici�n de que se presente ante el �rgano autorizante un compromiso firme de reducci�n de deuda aprobado por el Pleno que permita alcanzar dicho porcentaje a 31 de diciembre de 2003. Dicho compromiso ser� objeto del oportuno seguimiento por el �rgano citado.
Cr�ditos ampliables para pago de obligaciones derivadas de convenios con las Comunidades Aut�nomas para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras Durante el ejercicio del a�o 2000, en orden a asegurar el cumplimiento del plan de la miner�a del carb�n en su faceta de desarrollo alternativo de las comarcas mineras, las dotaciones para hacer frente a las obligaciones derivadas de los convenios con las Comunidades Aut�nomas afectadas tendr�n car�cter ampliable.
Mantenimiento del plazo de cinco a�os para la deducci�n o compensaci�n de determinadas cuotas en el Impuesto sobre el Valor A�adido Uno. Los sujetos pasivos que hubiesen soportado o satisfecho cuotas del Impuesto sobre el Valor A�adido cuyo derecho a la deducci�n hubiese nacido durante 1995, podr�n practicar la deducci�n de dichas cuotas conforme a lo dispuesto en el T�tulo VIII, cap�tulo I, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido, en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los per�odos de liquidaci�n del a�o 2000.
Dos. Los sujetos pasivos que tuviesen cuotas pendientes de compensar procedentes de declaracionesliquidaciones presentadas durante 1995, podr�n practicar dichas compensaciones en las declaraciones-liquidaciones a presentar por el impuesto durante el a�o 2000.
R�gimen transitorio de las modificaciones en la disposici�n adicional cuarta y en la letra a) del apartado quinto del anexo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido Las modificaciones de la disposici�n adicional cuarta y la letra a) del apartado quinto del anexo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido, introducidas en la presente Ley, surtir�n efectos desde el 1 de enero de 1998.
Tipo del Impuesto General Indirecto Canario aplicable a las labores de tabaco Uno. Durante el a�o 2000, los tipos del Impuesto General Indirecto Canario aplicable a las entregas e importaciones de las labores de tabaco ser�n los siguientes:
Las labores de tabaco rubio y suced�neos del tabaco: 40 por 100.
Dos. Durante el a�o 2000, los tipos de recargo sobre las importaciones de labores de tabaco efectuadas por los comerciantes minoristas en el marco del r�gimen especial de comerciantes minoristas del Impuesto General Indirecto Canario ser�n los siguientes:
Importaci�n de cigarros puros con precio inferior a 100 pesetas unidad: 0,45 por 100.
Importaci�n de cigarros puros con precio igual o superior a 100 pesetas unidad: 1,3 por 100.
Importaci�n de labores de tabaco negro: 2 por 100.
Importaciones de labores de tabaco rubio y suced�neos del tabaco: 4 por 100.
Aplicaci�n de determinadas modificaciones introducidas en el �mbito del Impuesto General Indirecto Canario Uno. Las cuotas soportadas o satisfechas antes del d�a 1 de enero del a�o 2000, por la adquisici�n o importaci�n de bienes de inversi�n, no deber�n ser objeto de la regularizaci�n establecida en el art�culo 40 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificaci�n de los aspectos fiscales del R�gimen Econ�mico Fiscal de Canarias, en la medida en que la prorrata aplicable en los a�os posteriores resulte modificada, respecto de la del a�o en el que se soportaron las mencionadas cuotas, por aplicaci�n de lo dispuesto en los art�culos 35, 37, n�mero 2, y 39 de la citada Ley en relaci�n con la percepci�n de subvenciones que, con arreglo a lo dispuesto en el art�culo 22, n�mero 2, apartado b), de la misma, no integren la base imponible del Impuesto General Indirecto Canario.
Dos. La deducci�n de las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al d�a 1 de enero del a�o 2000 no se ver� reducida por la percepci�n de subvenciones de capital acordadas a partir de dicha fecha para financiar la compra de los bienes o servicios por cuya adquisici�n o importaci�n se soportaron dichas cuotas.
Tres. Las previsiones contenidas en el art�culo 35, en los n�meros 1 y 2 del art�culo 37 y en el n�mero 1 del art�culo 39 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificaci�n de los aspectos fiscales del R�gimen Econ�mico Fiscal de Canarias, relativas a las subvenciones no incluidas en la base imponible del Impuesto General Indirecto Canario, se aplicar�n en relaci�n con las que se acuerden a partir del 1 de enero del a�o 2000.
Mantenimiento del plazo de cinco a�os para la deducci�n o compensaci�n de determinadas cuotas del Impuesto General Indirecto Canario Uno. Los sujetos pasivos que hubiesen soportado o satisfecho cuotas del Impuesto General Indirecto Canario cuyo derecho a la deducci�n hubiese nacido durante 1995, podr�n practicar la deducci�n de dichas cuotas conforme a lo dispuesto en el T�tulo II, cap�tulo I, de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificaci�n de los aspectos fiscales del R�gimen Econ�mico Fiscal de Canarias, en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los per�odos de liquidaci�n del a�o 2000.
Dos. Los sujetos pasivos que tuviesen cuotas pendientes de compensar procedentes de declaraciones-liquidaciones presentadas durante 1995, podr�n practicar dichas compensaciones en las declaraciones-liquidaciones a presentar por el Impuesto durante el a�o 2000.
R�gimen transitorio de las modificaciones introducidas en los art�culos 24 y 98 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades Las modificaciones de los art�culos 24 y 98 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, introducidas en la presente Ley, ser�n aplicables a partir de 1 de octubre de 1999.
R�gimen transitorio de la modificaci�n introducida en el apartado 4.o del art�culo 55.1 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias La modificaci�n introducida, en virtud de lo previsto en el apartado cuatro del art�culo 1 de esta Ley, en el apartado 4.o del art�culo 55.1 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias, surtir� efectos desde el 1 de enero de 1999.
R�gimen transitorio de la modificaci�n introducida en el art�culo 17.2.a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias La modificaci�n introducida en el art�culo 17.2.a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre
, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias, por el art�culo 1 de esta Ley, ser� aplicable a los rendimientos devengados desde el d�a 1 de octubre de 1999.
A estos efectos, la cuant�a del salario medio correspondiente a 1999 ser� 2.500.000 pesetas.
Derogaci�n de la disposici�n transitoria vig�sima segunda de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social A partir de la entrada en vigor de la presente Ley queda derogada la disposici�n transitoria vig�sima segunda de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, publicada en el �Bolet�n Oficial del Estado� del d�a 31 de diciembre, de manera que a las subvenciones que no integran la base imponible del Impuesto sobre el Valor A�adido, acordadas antes del 1 de enero de 1998 y percibidas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, les ser�n de aplicaci�n las normas contenidas en los art�culos 102, apartado uno, 104, apartados uno y dos y 106, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido.
Desarrollo reglamentario Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuci�n de la presente Ley.
Entrada en vigor La presente Ley entrar� en vigor el d�a 1 de enero del a�o 2000.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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