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﻿ Sentencia 2010-02452 de enero 28 de 2015
SENTENCIA 2010-02452 DE 28 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. EL HECHO DE QUE EL DEFENSOR PÚBLICO SOLICITE PRUEBAS EN UNA ETAPA PRÓXIMA A LA PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO PENAL NO ES FALTA DISCIPLINARIA, PUES ESTA ACTUACIÓN NO GENERA UNA VIOLACIÓN AL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 1123 DEL 2007, SINO DE UN DEBER QUE GARANTIZA EL DERECHO A LA DEFENSA DE SU PODERDANTEESTA INTERVENCIÓN, ADEMÁS, ES RESPALDADA POR EL ARTÍCULO 306 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 600 DEL 2000), QUE PERMITE INVOCAR NULIDADES EN CUALQUIER ETAPA DE LA ACTUACIÓN PROCESAL. LO QUE SANCIONA LA LEY 1123 DEL 2007 EN ESTOS CASOS ES QUE EL DISCIPLINADO INTERPONGA ACCIONES LEGALES QUE NO ESTÉN ESTABLECIDAS DENTRO DEL ORDENAMIENTO LEGAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, NULIDAD, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, INSPECCIÓN JUDICIAL, DEFENSOR PÚBLICO, DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA
Sentencia 2010-02452 de enero 28 de 2015
Radicado 1100011102000201002452 01 (9830-20)
Aprobado según acta de Sala 4.
Mediante certificado obrante a folio 20 del cuaderno de primera instancia, el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, acreditó la calidad de abogado del doctor Orlando Ezequiel González Payares, identificado con la cédula de ciudadanía 19.146.159, portador de la tarjeta profesional 38.108, del Consejo Superior de la Judicatura.
Procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre los motivos de discrepancia planteados en las impugnaciones y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.
El cargo por el cual se condenó al jurista en el fallo apelado es el descrito en el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, la cual dispone:
Esta colegiatura estudiará por separado cada una de las exculpaciones presentadas por el disciplinado y su defensor de confianza, para así determinar si se tipifica o no el cargo endilgado al doctor González Payares, veamos:
— Indicó el disciplinado respecto a la solicitud de nulidad presentada dentro del proceso penal que la misma no era improcedente, pues con base en los principios que rigen la figura de la nulidad, estas proceden cuando se viole el derecho a la defensa y se pueden interponer en cualquier momento del proceso, además el auto que admite o niega la prueba es de carácter interlocutorio, lo cual se encuentra sustentado en los artículos 306 y 308 de la Ley 600 de 2000, vigente para el momento de los hechos.
Al respecto esta superioridad se permite manifestar que efectivamente le asiste razón el impugnante, pues dentro del proceso penal de marras, el profesional del derecho aquí investigado, interpuso un incidente de nulidad contra la decisión de negativa de pruebas resuelta por la juez quinta penal, para lo cual invocó la causal tercera establecida en el artículo 306 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal para su momento, al considerar que con tal decisión de negativa de pruebas se estaba vulnerando el derecho a la defensa de su prohijado.
Además respecto a la oportunidad para presentar pruebas, el mismo estatuto legal indica que las nulidades pueden interponerse en cualquier momento de la actuación, así dicen tales disposiciones:
“ART. 306.—Causales de nulidad. Son causales de nulidad:
ART. 308.—Oportunidad. Las nulidades podrán invocarse en cualquier estado de la actuación procesal”.
Además, como quedó demostrado, tanto en la inspección judicial realizada al expediente como en la versión rendida por el disciplinado, dentro de la causa penal la fiscalía había variado la calificación jurídica de acto sexual por acceso carnal, razón por la cual el encartado debía insistir en las pruebas pues eran hechos nuevos, estaba ejerciendo la defensa técnica de su cliente, mas no se puede tomar como un abuso de una vía de derecho, pues si bien estaba próxima la fecha de prescripción de la acción, tal elemento no es óbice para dejar de realizar las acciones necesarias para el beneficio de su prohijado, pues el papel del defensor es ejercer una correcta defensa técnica.
Por tanto para esta colegiatura, si era procedente presentar un incidente de nulidad, sobre la negativa de pruebas, pues esta era una defensa técnica a la cual podía acceder el profesional del derecho al estar consagrada en la legislación penal, tal como quedó demostrado en líneas anteriores, de igual forma la negativa de pruebas si es susceptible de recurso de apelación, para que la segunda instancia evalúe si las mismas eran o no procedentes y conducentes, con base en lo reglado en el artículo 18 de la Ley 600 de 2000, que consagra el principio de la doble instancia.
Además, en la etapa de juicio se pueden solicitar pruebas, tal como lo señala el artículo 411 del Código de Procedimiento Penal, que regía para la época de los hechos (L. 600/2000), las cuales al ser denegadas son susceptibles de recurso, veamos:
Por tanto, la solicitud de pruebas y declaratoria de nulidad peticionadas en etapa de juicio no son actos dilatorios sino que el inculpado hizo uso de sus medios de defensa.
— La presentación de alegatos de conclusión en ninguno de los estatutos procesales penales obligan al defensor a presentarlos, ni tampoco a exteriorizar ni justificar públicamente su decisión de negativa, “esta es una afirmación de la señora magistrada desafortunada y sin soporte legal ni jurisprudencial”.
Respecto a esta exculpación ciertamente en la normatividad penal el artículo 410 indica que “Finalizada la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la audiencia, el juez decidirá dentro de los quince (15) días siguientes”, pero en ningún momento habla sobre la obligatoriedad de presentar alegatos de conclusión por parte de la defensa, por tanto, si el disciplinable no estaba de acuerdo con la negativa de pruebas, si le era facultativo en forma de “protesta” abstenerse a presentar alegatos finales, sin entenderse que con su conducta “haya tenido la intención de entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales”, pues no era necesario suspender la audiencia y nombrar otro defensor de oficio.
Finalmente se itera, la ley penal no establece la obligatoriedad de rendir alegatos finales por parte del defensor, razón por la cual el profesional del derecho investigado con su conducta no estaba entorpeciendo el correcto desarrollo del proceso penal de marras.
Además, en la etapa de juicio de pueden solicitar pruebas, tal como lo señala el artículo 411 del Código de Procedimiento Penal, que regía para la época de los hechos (L. 600/2000), las cuales al ser denegadas son susceptibles de recurso, veamos:
— La falta disciplinaria nunca existió, pues como defensor del procesado José Ignacio Cepeda Contreras, no entorpeció la administración de justicia, tan sólo hizo uso de los instrumentos legales, pues la juez de conocimiento se negaba a practicar unas pruebas que eran indispensables para la defensa de su prohijado.
Para esta superioridad es importante precisar que el derecho a la defensa es un derecho fundamental que le asiste a toda persona que sea objeto de una investigación penal o de cualquier otra materia jurídica, por mandato constitucional; la cual en su artículo 29 dispone: “…El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas…”.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-994 de 2006 establece que:
En efecto, el derecho a la defensa apareja consigo que tanto el Estado como el ordenamiento jurídico, tienen el deber constitucional de salvaguardar a cualquier persona sin distingo del tipo de proceso —aún más, en el penal donde se debate la libertad de una persona— de la plena oportunidad de ser oído, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga.
En otras palabras, el derecho a la defensa se centra en la posibilidad de que una persona dentro de un proceso pueda ser oída, controvertir las pruebas existentes e interponer los recursos de ley. Por lo anterior, debe afirmarse que el derecho a la defensa es un derecho fundamental autónomo no obstante estar ligado inexorablemente al debido proceso, a la libertad, la vida; entre otros.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-994 de 2006 establece que no obstante, la garantía del derecho a la defensa:
“No se satisface y termina con la designación de un profesional del derecho para ser representado en juicio, sino con la posibilidad del convocado al proceso de 1) intervenir en cada una de las actuaciones procesales por intermedio del abogado previamente designado, 2) hacerlo directamente —si le está permitido—, 3) actuar por conducto de un profesional distinto al otrora designado —sin prescindir de la asistencia de éste—, o 4) de no intervenir. Porque por más técnica que parezca la intervención del apoderado actuante, lo esencial para el implicado en el juicio no es la técnica empleada, sino que el designado sepa proyectar la posición que el involucrado desea asumir y proyectar en el juicio”.
Ahora bien, analizadas las exculpaciones brindadas por el disciplinado se tiene que las mismas son de recibo para la Sala, pues el ordenamiento legal, prevé una serie de herramientas las cuales buscan el adecuado ejercicio de los derechos de los sujetos procesales y el abogado aquí investigado no propuso acciones legales que no se encontraran establecidas dentro del ordenamiento legal, pues estaba en todo su derecho de insistir nuevamente en las pruebas, pues su cliente se iba a enfrentar a una nueva acusación y al ser negadas las mismas, consideró que había una violación al debido proceso, hecho este consagrado como causal nulidad en el ordenamiento penal tal como quedó establecido, por tal razón utilizó esa herramienta jurídica en pro del beneficio de su prohijado.
De igual forma, respecto a los alegatos de conclusión, los mismos no son obligatorios para la defensa, pues la ley penal no lo prevé, por tanto, cuando el inculpado se reusó a presentarlos no estaba entorpeciendo el trascurso del proceso, pues tal como lo dice el artículo 410 de la Lay 600 de 2000, “Finalizada la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la audiencia, el juez decidirá dentro de los quince (15) días siguientes”, como se puede deducir del artículo, el mismo dice que una vez hayan intervenido los sujetos procesales el juez decidirá; para el presente caso el profesional del derecho investigado si intervino en la audiencia pública celebrada el 12 de marzo de 2010, tal como se muestra en el acta de la misma obrante a folios 4 a 16 del cuaderno original, contrario a lo señalado por la colegiatura de primera instancia, pues como se puede observar, el artículo anteriormente citado señala que las partes deben intervenir, más no precisa que esa intervención sea específicamente alegando de conclusión.
Por lo manifestado anteriormente, para esta colegiatura la conducta desplegada por el abogado Orlando González Payares, dentro del proceso penal adelantado en el Juzgado Quinto Penal contra el señor José Ignacio Cepeda, donde actuaba como defensor público, no encaja dentro del tipo penal endilgado, es decir, no cometió falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, pues como quedó demostrado, sus actuaciones dentro del proceso de marras no estuvieron encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo del proceso, sino contrario sensu, eran estrategias legales dentro de una correcta defensa técnica en una causa penal; razón por la cual, no existe tipicidad de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable, pues no hay prueba de una conducta disciplinariamente relevante, exigencia consagrada en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, sin este requisito no se puede entrar a valorar la culpabilidad y antijuridicidad, pues se itera, la conducta no es típica.
Por lo anterior, la Sala REVOCARA sentencia de fecha el 9 de julio de 2014, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual sancionó con CENSURA al abogado Orlando Ezequiel González Payares, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, para ABSOLVERLO.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. REVOCAR sentencia de fecha el 9 de julio de 2014, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual sancionó con CENSURA al abogado Orlando Ezequiel González Payares, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, para ABSOLVERLO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. DEVUÉLVASE al consejo seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

References: ARTÍCULO 33
 ARTÍCULO 306
 artículo 16
 artículo 33
 artículo 306
 artículo 18
 artículo 411
 artículo 410
 artículo 411
 artículo 29
 artículo 410
 artículo 97
 artículo 33
 artículo 33