Source: http://docplayer.es/14604002-I-disposiciones-generales.html
Timestamp: 2018-03-21 11:41:19+00:00

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María Isabel San Martín Ramírez
5 45310 Viernes 24 diciembre 1999 BOE núm. 307 Disposición transitoria única. Registro municipal. Los municipios, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, deberán tener constituido el Registro municipal correspondiente y determinar la forma en que los actuales tenedores de perros potencialmente peligrosos deberán cumplir la obligación de inscripción en el Registro municipal y el mecanismo de comunicación de altas, bajas e incidencias a los Registros Centrales informatizados de cada Comunidad Autónoma. Disposición final primera. Título competencial. Los artículos 4 y 9.1 de la presente Ley tienen carácter básico, al amparo de lo dispuesto en el artículo a y 16. a de la Constitución, que atribuye al Estado competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases y coordinación general de la sanidad. Los restantes artículos se dictan con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad pública atribuida al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo a de la Constitución, sin perjuicio de las competencias que, de acuerdo con sus Estatutos, tengan atribuidas las Comunidades Autónomas, en materia de protección de personas y bienes y mantenimiento del orden público. Disposición final segunda. Habilitación. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y ejecución de la presente Ley. Disposición final tercera. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. Madrid, 23 de diciembre de JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ LEY 51/1999, de 23 de diciembre, sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de pesetas, para abonar a «Alvamar, Sociedad Anónima», la indemnización derivada de las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1994 y 6 de noviembre de JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de Autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, autorizó la ratificación por el Reino de España de los Tratados de Adhesión a las Comunidades Europeas. El artículo 168 del Acta relativa a las Condiciones de Adhesión y a las Adaptaciones de los Tratados estableció la eliminación, durante un período de siete años, de las exenciones arancelarias concedidas por el Reino de España para los productos de la pesca procedentes de las empresas conjuntas constituidas entre personas físicas o jurídicas de España y de terceros países. El Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea implicó la supresión de los cupos exentos de arancel, concedidos por nuestro país, para los productos de la pesca procedentes de empresas conjuntas, en base a lo establecido en el Decreto 2517/1976, de 8 de octubre, y en el Real Decreto 830/1985, de 30 de abril. Los beneficios derivados de las disposiciones antes citadas determinaron que «Alvamar, Sociedad Anónima», efectuara grandes inversiones, participando en la empresa conjunta hispano-argentina «Pescasur, Sociedad Anónima», por lo que la eliminación del sistema de cupos exentos del arancel le supuso daños evaluables económicamente e indemnizables. Por ello, la sociedad «Alvamar, Sociedad Anónima», formuló una reclamación de daños y perjuicios que fue desestimada por Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 30 de junio de 1989, interponiendo, con el fin de impugnar el Acuerdo anterior, el recurso contencioso-administrativo número 300/1988. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Supremo, con fecha 27 de junio de 1994, dictó sentencia estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Alvamar, Sociedad Anónima», contra la citada resolución del Consejo de Ministros de 30 de junio de 1989, declarando que el Estado, en concepto de responsabilidad patrimonial, ha de indemnizar a la sociedad recurrente. Contra esta sentencia se interpuso el recurso de casación para unificación de doctrina número 4030/1996, que la Sección Especial de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo desestimó en sentencia de 6 de noviembre de 1997, habiéndose dispuesto finalmente por Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 1998 el cumplimiento, en sus propios términos, de las referidas sentencias. Al objeto de atender las obligaciones derivadas del cumplimiento de las mismas, se tramita el presente crédito extraordinario de acuerdo con el Consejo de Estado, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuestos. Artículo 1. Concesión del crédito extraordinario. Se concede un crédito extraordinario, por importe de pesetas a la Sección 21 «Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación», Servicio 09 «Secretaría General de Pesca Marítima», Programa 718A «Protección y conservación de recursos pesqueros», capítulo 4 «Transferencias corrientes», artículo 47 «A empresas privadas», concepto 471 «Para abonar a Alvamar, Sociedad Anónima, la indemnización derivada de las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1994 y 6 de noviembre de 1997». Artículo 2. Financiación del crédito extraordinario. El crédito extraordinario a que se refiere el artículo anterior se financiará con Deuda Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

References: artículo 168
 Real Decreto 
 resolución 
 Artículo 1
 artículo 47
 Artículo 2
 artículo 101
 Real Decreto