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BOLETÍN INFORMATIVO: OCTUBRE 2013 – Grupo ONCE
BOLETÍN INFORMATIVO: OCTUBRE 2013
Miércoles, 30 octubre 2013 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- NUEVO “BUSCADOR JURÍDICO AVANZADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”. El pasado 4 de Octubre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó una nueva herramienta informática que recopila y sistematiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta herramienta consiste en un buscador en línea que permite a todo el público localizar y acceder con facilidad al acervo de jurisprudencia en materia de derechos humanos dictada por el citado órgano jurisdiccional internacional.
Lo anterior como resultado de los criterios adoptados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 293/2011; entre los cuales, sostuvo que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta obligatoria para los jueces Mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona.
“El nuevo motor de búsqueda para internet, ubicado como una herramienta tecnológica de vanguardia a nivel internacional, permitirá localizar no sólo los casos más relevantes sino toda la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH, analizada y sistematizada a partir de los primeros 30 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo que se trazó, a través de dicho convenio, fue dotar al usuario de una visión sistematizada de la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, de manera que pueda, en primer lugar, conocerla y, en segundo, compararla con la desarrollada en su propio ámbito de actuación.”, se señaló en un comunicado de prensa del Alto Tribunal.
Mejor conocido como BJDH, el “Buscador Jurídico Avanzado en Materia de Derechos Humanos” se encuentra ya disponible en el Portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo también posible acceder a éste directamente a través de su sitio web: http://www.bjdh.org.mx/BJDH/.
SEGUNDO.- PERMISIBLE EL DOBLE EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN. En el presente mes se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 134/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se resuelve la Contradicción de Tesis 89/2013, suscitada entre el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
Lo trascendente y grave de este criterio, deriva en que nuestro Máximo Tribunal determinó que en tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes a realizarse en las oficinas de las propias autoridades, es decir en una revisión de gabinete, no le es aplicable el criterio sostenido por dicho Tribunal en la diversa tesis Jurisprudencia 2a./J. 157/2011 la cual establece lo siguiente: “ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA ORDEN, DECLARADA NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CONTRAVIENE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”; y en este sentido, se determina que respecto de la facultad de comprobación que no conlleva una intromisión al domicilio fiscal del contribuyente, no le es aplicable la limitante establecida por el Artículo 46, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación que prevé que en el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, sólo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados.
La anterior determinación resulta sumamente grave dado que esa interpretación por parte de la Segunda Sala del Alto Tribunal implica un reconocimiento de que no existe impedimento para que la autoridad fiscal ordene una Revisión de Gabinete respecto de los mismos hechos o contribuciones que fueron objeto de una anterior Revisión de Gabinete cuya orden fue declarada nula por indebida fundamentación de la competencia de la autoridad que la emitió.
En el criterio antes referido, se señala que la seguridad jurídica que pretende salvaguardarse con la restricción impuesta por el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, se vincula directamente con la obligación constitucional de respetar la INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO en términos del antepenúltimo párrafo del Artículo 16 Constitucional, que sólo en casos excepcionales autoriza a la autoridad administrativa a introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su intimidad o privacidad, en aras de resguardar el interés general, como sucede con las VISITAS DOMICILIARIAS que se realizan en el domicilio del contribuyente, a diferencia de las REVISIONES DE GABINETE que se llevan a cabo en las oficinas de la autoridad hacendaria, y que sólo se rigen por el primer párrafo del citado precepto constitucional, que protege a los gobernados en su persona, familia, papeles o posesiones.
Sin embargo, el legislador nunca creó tal limitante a las denominadas revisiones de gabinete o escritorio, pues si así lo habría querido, lo hubiese señalado expresamente, como lo hace, por ejemplo, en el Artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación al establecer que las autoridades fiscales ‘deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades’ dentro del plazo máximo de 12 meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo los supuestos que señala.
En tal orden de ideas señala el Máximo Tribunal del País, que como se destaca, el Artículo 46, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no rige ni establece limitante alguna para las revisiones de gabinete, por lo que ello implica que tampoco resulta aplicable la Jurisprudencia 2ª./J.157/2011, que principalmente establecía la imposibilidad legal para las autoridades fiscales de practicar nuevamente una visita domiciliaria dirigida a un contribuyente en relación con contribuciones, aprovechamientos, periodos y hechos materia de una primera orden, declarada nula por indebida o insuficiente fundamentación y motivación.
Por lo anterior, habrá que estar muy pendientes del siguiente criterio, ya que si Usted o su empresa logró anular un importante crédito fiscal derivado de una VISITA DOMICILIARIA por vicios de forma (insuficiente fundamentación y motivación) el Servicio de Administración Tributaria podrá ahora llevar a cabo una nueva revisión por los mismo hechos y contribuciones mediante una REVISIÓN DE GABINETE, en las oficinas de las autoridades fiscales, pues de esta forma eluden el derecho de los contribuyentes de no ser revisarlos nuevamente por los mismos hecho y contribuciones, bajo el argumento que no haber una nueva intromisión al domicilio fiscal .
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2; Pág. 1590
REVISIÓN DE GABINETE. AL NO SERLE APLICABLE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAMPOCO LO ES LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 (9a.) [*]. La intención del legislador al establecer en esa disposición legal, que la autoridad fiscalizadora no podrá iniciar una nueva visita por las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, salvo que se trate de la comprobación de hechos diferentes, fue poner un límite a las visitas domiciliarias que puede soportar un contribuyente, pues así se señala expresamente en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal de 6 de diciembre de 2006, que lo propuso. En ese sentido, la seguridad jurídica que pretende salvaguardarse con esa restricción se vincula directamente con la obligación constitucional de respetar el principio de inviolabilidad del domicilio previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sólo en casos excepcionales y en aras de proteger el interés general, autoriza a la autoridad administrativa a introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su intimidad o privacidad, como sucede con las visitas que se realizan en el domicilio del contribuyente, a diferencia de las revisiones de gabinete que se llevan a cabo en las oficinas de la autoridad hacendaria, y que sólo se rigen por el primer párrafo del indicado precepto constitucional, que protege a los gobernados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Por tanto, si la limitante contenida en la citada disposición legal no es aplicable a las revisiones de gabinete, tampoco lo es la jurisprudencia señalada en el rubro, que fija el alcance de esa norma sobre la imposibilidad de practicar nuevamente una visita domiciliaria cuando se declara nula la primera orden por indebida o insuficiente fundamentación y motivación de la competencia material de la autoridad que la emitió.
Nota: [*] Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 2, febrero de 2012, página 1280, con el rubro: “ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA ORDEN, DECLARADA NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CONTRAVIENE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008).”
Con esto confirmamos que hay cierta intervención por parte del Servicio de Administración Tributaria en las decisiones que debe emitir de manera imparcial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este criterio es una muestra clara de ello.
TERCERO.- MAYORES PROBALIDADADES DE QUE LA PENSIÓN UNIVERSAL SEA ELEVADA A DERECHO CONSTITUCIONAL. En sesión del 24 de Octubre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el DICTÁMEN que eleva a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores y el seguro de desempleo, por lo que esperemos seguramente que esto sea ya avalado por la Cámara de Senadores.
Mediante las reformas a los Artículos 4, 73 y 123 Constitucionales, con esta reforma el Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; velará porque reciban servicios de salud; y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad. Los adultos mayores tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez, en los términos y condiciones que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.
Asimismo, se propone modificar el Artículo 73, fracción XXIX-T, para establecer que el Congreso de la Unión tenga la facultad de legislar en materia de protección de los adultos mayores, con objeto de cumplir lo previsto en el Artículo 4º de Constitucional.
Finalmente, se propone modificar la fracción XXIX del apartado A del Artículo 123, Constitucional, para establecer que la Ley del Seguro Social, comprenderá además de los seguros de cesantía en edad avanzada, un seguro de desempleo.
CUARTO.- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE EMITE ANÁLISIS SISTÉMICO NÚMERO 9/2013. El pasado 12 de Octubre la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió una recomendación al Servicio de Administración Tributaria para que realice las acciones tendientes a permitir que las personas morales que han dejado de realizar actividades económicas, puedan presentar el AVISO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES previsto en el Artículo 25, fracción V, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
La citada Procuraduría, a través de su Dirección General de Análisis Sistémico y Medidas Preventivas y Correctivas, emitió este criterio en el cual examina la constante problemática a la que se enfrentan las personas morales al verse impedidas a presentar ante el Servicio de Administración Tributaria un aviso de suspensión de actividades, viéndose obligadas a seguir presentando declaraciones periódicas, no obstante que hayan dejado de realizar las actividades económicas que dieron origen a tal obligación, ya que en caso de no hacerlo, se hacen acreedoras a multas fiscales formales por la constante omisión en la presentación de sus declaraciones periódicas.
Esta problemática se deriva de los dispuesto por el Artículo 26 del citado ordenamiento, el cual únicamente prevé la presentación del aviso de suspensión de actividades para el caso de personas físicas, circunstancia que en la práctica ha dado lugar a que el Servicio de Administración Tributaria únicamente permita presentar dicho aviso presentado por las personas físicas.
En este sentido, la problemática que enfrentan las personas morales para realizar el trámite de suspensión de actividades se advierte incluso al ingresar al Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria, sección “Trámites y Servicios”, “Catálogo de Servicios y Trámites” (Avisos relacionados con el RFC, Aviso de Suspensión de Actividades), en cuyo apartado de preguntas señala: “¿Quiénes lo presentan? Personas físicas que interrumpan todas las actividades económicas que den lugar a la presentación de declaraciones periódicas o cuando cambien de residencia fiscal”. Por lo que únicamente se permite a las personas físcias esta posibilidad a la fecha.
Bajo esta situación imperante, mediante el Análisis Sistémico 9/2013, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emito un pronunciamiento en aras de salvaguardar los derechos de los contribuyentes afectados, al señalar que si bien es cierto que el Artículo 26 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación no precisa de forma expresa la posibilidad de que las personas morales presenten el aviso que nos ocupa, también lo es que existen otros preceptos legales de igual e incluso mayor jerarquía que sí reconocen el trámite para esta categoría de contribuyentes. En este orden de ideas, haciendo un análisis y una interpretación armónica de los preceptos involucrados, concluyó que la intención del legislador al diseñar las normas relativas a la presentación de avisos al Registro Federal de Contribuyentes y del propio Ejecutivo al emitir el Reglamento del CFF, fue que tanto las personas físicas como las morales, pudieran presentar el aviso de suspensión de actividades.
Y en base a esta postura de la Procuraduría sugirió al Servicio de Administración Tributaria para que realice acciones, como es la modificar los criterios, formatos e incluso las guías aplicables para la realización de trámites ante el Registro Federal de Contribuyentes, con la finalidad de permitir que las PERRSONAS MORALES que han dejado de realizar actividades económicas que den lugar a la presentación declaraciones periódicas y no estén sujetas al cumplimiento de otras obligaciones fiscales de pago, por sí mismas o por cuenta de terceros,
El criterio resulta muy importante, ya que con ello se con el Derecho del Contribuyente a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa y habrá que estar atentos a los cambios que seguramente realizará el Servicio de Administración Tributaria en este sentido.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2; Pág. 1111
ACTA DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. SU DEBIDA CIRCUNSTANCIACIÓN REQUIERE QUE EL VISITADOR ASIENTE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE LAS QUE DERIVE LA FORMA EN QUE SE CERCIORÓ DE QUE EL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA ABIERTO AL PÚBLICO.- De los artículos 42 y 49, fracciones II y IV, del Código Fiscal de la Federación deriva que en toda visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales, la autoridad hacendaria debe levantar un acta circunstanciada en la que hará constar los hechos u omisiones conocidos durante la visita, en términos del indicado código y de su reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas. Ahora, el requisito relativo al acta de visita circunstanciada consiste en detallar o pormenorizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, omisiones e irregularidades detectadas, esto es, deben precisarse los datos concretos inherentes que posibiliten apreciar objetivamente que el establecimiento se encuentra abierto al público, así como los medios que utilizó el visitador para constatar tal circunstancia, pues la omisión de hacerlo traería como resultado la ilegalidad del acta de visita correspondiente; no obstante, esa carga puede encontrar ciertos matices, pero en todos los casos aquél debe asentar de manera razonada y con los medios a su alcance, la forma en que se cercioró de las actividades que se realizan en el lugar visitado, lo cual puede incluir una serie de especificaciones que en su momento deberá valorar la autoridad para determinar, en caso de impugnación, si el acta se encuentra debidamente fundada y motivada, sin que ello implique dejar al arbitrio del visitador el señalamiento de los elementos que considere oportunos pues, en todo caso, éstos deben satisfacer los requisitos aludidos para la salvaguarda del principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 138/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 5 de junio de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
Tesis de jurisprudencia 120/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de junio de dos mil trece.
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LOS ARTÍCULOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, AL ESTABLECER UN PLAZO MENOR QUE EL DE LA LEY ABROGADA PARA PRESENTARLA EN EL CASO DE QUE LA SENTENCIA RECLAMADA SE HAYA EMITIDO Y NOTIFICADO ANTES DE LA FECHA INDICADA, SON INCONVENCIONALES Y DEBEN INAPLICARSE, POR SER CONTRARIOS AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA.- De acuerdo con los artículos primero, tercero y quinto transitorios de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, los ejidatarios o comuneros tienen quince días para presentar su demanda de amparo directo en el caso de que la sentencia reclamada se haya emitido y notificado antes de la entrada en vigor del referido ordenamiento. En estas condiciones, los mencionados preceptos transitorios, al establecer un plazo menor que el de la ley abrogada en la indicada hipótesis, son inconvencionales y su control debe efectuarse ex officio, por ser contrarios al derecho humano de acceso a la justicia, lo cual representa una violación a los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues por razones de seguridad jurídica es necesario fijar parámetros y reglas procesales que generen equidad entre las partes contendientes en un juicio. Por tanto, deben inaplicarse los artículos inicialmente citados y atenderse al plazo de treinta días que establecía el artículo 218 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 del mes y año señalados, para admitir la demanda.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO
Amparo directo 238/2013. Juan Estrada Flores. 27 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Odón Enrique Hernández Escobedo.
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1; Pág. 987
DERECHOS. EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.- El citado precepto, al establecer que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOM, E.N.R), pagarán una cuota por concepto de la supervisión que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque en dicha actividad no se actualiza la prestación de un servicio que justifique la imposición de la contribución señalada, en los términos en que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado la figura jurídica de este tipo de tributos, pues en realidad lo que se materializa es la facultad de supervisión del Estado; además, porque el cobro del derecho referido es una contribución que carece de sustrato económico que la justifique, al no existir la obtención de un beneficio concreto e individualizado en la esfera jurídica del contribuyente.
Amparo en revisión 227/2013. Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 19 de junio de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2; Pág. 1384
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PARA CALIFICARLO CUANDO SE DEMANDA A DOS O MÁS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, BASTA LA PROPUESTA DE UNO DE ELLOS EN ESE SENTIDO, SIN QUE INCIDA QUE OTRO NIEGUE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL CON EL ACTOR.- Del análisis sistemático de diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior al decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se advierte, en esencia, que cuando se demanda a varias personas, cada una de ellas: i) tiene la calidad de parte; ii) puede responder libremente de los hechos y acciones reclamadas a título personal; y, iii) goza de los derechos y las reglas procedimentales sobre la defensa unilateral; por lo que al dictarse el laudo serán acreedoras a las consecuencias de su propio actuar. Ahora bien, la figura del ofrecimiento de trabajo constituye una institución procesal que tiene como consecuencia revertir la carga de la prueba respecto de la existencia del despido; de este modo, cuando sólo uno de los codemandados acude ante la Junta de Conciliación y Arbitraje negando el despido y ofrece el trabajo en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando la actora, si la oferta es de buena fe, tiene la eficacia de revertir sobre el trabajador la carga de probar el despido; en cambio, por lo que hace al restante o restantes codemandados que niegan la existencia de la relación laboral, al actor corresponderá acreditar que sí existió un vínculo. En tal virtud, la oferta debe calificarse tomando en cuenta únicamente la actitud procesal del demandado que la realizó, sin que importe que otro de ellos negara la existencia de la relación laboral, porque con independencia de que la acción se haya ejercitado solidariamente, el análisis de la carga de la prueba será distinto en cada caso. Máxime si se parte de la base de que el que niega el vínculo está imposibilitado jurídicamente para realizar algún ofrecimiento al trabajador, ya que no podría ofertar una reinstalación si desde su postura no existía relación de trabajo. En suma, se concluye que cuando se demanda a dos o más personas físicas o morales, para la calificación del ofrecimiento de trabajo que formula uno de los demandados, no incide la circunstancia de que otro de ellos niegue la existencia de la relación laboral.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 125/2013. Entre las sustentadas por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 29 de mayo de 2013. Cinco votos; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
Tesis de jurisprudencia 115/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de junio de dos mil trece.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; Pág. 2621
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO POR PRESENTAR VICIOS FORMALES SE DEJA INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN FISCAL AL IMPUGNARSE EL CRÉDITO DETERMINADO MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, LA AUTORIDAD PUEDE EMITIR UNA NUEVA, INCLUSO POR EL MISMO EJERCICIO, HECHOS Y CONTRIBUCIONES.- Cuando se deja insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de comprobación fiscal por vicios formales de la orden de visita, conforme a los artículos 133, fracción III y 133-A del Código Fiscal de la Federación, al impugnarse mediante el recurso de revocación la resolución que determinó el crédito en agravio del contribuyente, la autoridad tributaria, si lo considera conveniente y está en aptitud, podrá emitir una nueva orden, incluso por el mismo ejercicio, hechos y contribuciones; esto obedece, por un lado, a la circunstancia de que al dejarse sin efectos la totalidad del procedimiento de comprobación, desde la orden de visita, las cosas quedan en un estado en el cual debe estimarse que la auditoría anulada no existió, al invalidarse de raíz todos sus efectos y consecuencias por dichos motivos formales y, por otro, a que una nueva orden de visita no sería contraria a los artículos 46 del Código Fiscal de la Federación y 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues si bien es cierto que esos fundamentos proscriben su coexistencia o duplicidad, también lo es que no impiden su reexpedición en el caso aquí analizado. Lo anterior, porque dichos preceptos deben interpretarse en el sentido de que una vez que la autoridad fiscal concluye la visita y/o determina un crédito, no podrá revisar el mismo ejercicio y contribuciones mientras los resultados de la fiscalización continúen surtiendo efectos jurídicos; pero si todo lo actuado se anuló en el procedimiento de comprobación por vicios formales de la orden de visita y la autoridad tributaria vuelve a girar otra por los mismos hechos, encontrándose en oportunidad de ello, ésta no será contraria a los citados preceptos 46 y 19, pues en tal caso sólo existe una, ya que la primera quedó nulificada; en este punto, resulta relevante destacar también los motivos formales de la anulación, los que no interesan la legalidad en el ejercicio de la facultad, pues si se tratara de una nulidad por razones sustantivas o de fondo, una segunda orden de visita desconocería lo juzgado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO
Amparo en revisión 198/2011. Alfredo Escárcega Ramos. 9 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2; Pág. 1411
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. SU REVOCACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE LESIVIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante juicio contencioso administrativo iniciado por las autoridades fiscales. La resolución favorable a que se refiere dicho precepto legal, es el acto de autoridad emitido de manera concreta, particular o individual, precisando una situación jurídica favorable a un particular determinado, sin que con ella se den o se fijen criterios generales que pueden o no seguirse por la autoridad emisora o por sus inferiores jerárquicos, pues la mayoría de las veces obedece a una consulta jurídica sobre una situación real, concreta y presente realizada por el particular a la autoridad fiscal, que vincula a ésta y, por ende, no puede revocarla o modificarla por sí y ante sí, pues debe someter su validez al juicio contencioso administrativo ante el citado Tribunal; de ahí que la resolución que deja sin efectos la primera orden de visita domiciliaria no constituye una resolución favorable al particular, pues no crea una situación jurídica ni genera derechos a su favor, además de que no se trata de una determinación que resuelva su situación fiscal, por lo que es innecesario promover el juicio de lesividad antes de emitir una segunda orden de visita domiciliaria, si la primera se dejó sin efectos, sin decidir la situación jurídica fiscal del contribuyente.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2013. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 22 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.
Tesis de jurisprudencia 131/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de julio de dos mil trece.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; Pág. 2665
SALARIO INVEROSÍMIL. FORMA EN QUE DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD LABORAL CUANDO ADVIERTA QUE SE ESTÁ FRENTE A AQUÉL Y EL DEMANDADO NO ACREDITE EL MONTO NI EL PAGO DEL REALMENTE PERCIBIDO.- En términos del artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, corresponde al patrón acreditar el monto y pago del salario; sin embargo, de no hacerlo, ello no lleva a tener como cierto el salario precisado en la demanda, sobre todo si es excesivo y desproporcional de acuerdo a la categoría del trabajador, el lugar en que desarrolla sus labores o las actividades desempeñadas, entre otros elementos que se aprecien de los antecedentes del caso. En este sentido, la autoridad laboral, conforme a la facultad de libre valoración de pruebas que le otorga el artículo 841 de la citada ley, vigente hasta la referida fecha, no está obligada a sujetarse a rígidos formulismos en la valoración de las pruebas, y apartándose del resultado formal de las aportadas en el juicio, debe atender a la razón y a la lógica para resolver en conciencia, que de acuerdo con los antecedentes del entorno laboral, el salario que refirió el actor en su demanda resulta inverosímil. En consecuencia, la autoridad laboral deberá ordenar la apertura del incidente de liquidación, en términos del diverso numeral 843, para determinar el salario diario que servirá de base para el pago correcto de las condenas determinadas en el laudo.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo directo 564/2013. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 13 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Ramón Eusebio García Rodríguez.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2; Pág. 1757
VALOR AGREGADO. EL IMPUESTO QUE LES SEA TRASLADADO A LOS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS QUE SE UTILICEN EXCLUSIVAMENTE PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL DE BIENES ES ACREDITABLE EN SU TOTALIDAD, SIEMPRE QUE SE PRESTE EN MANIOBRAS PARA LA EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS.- Del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se advierte que las exportaciones de bienes o servicios referidas en él se gravan a la tasa del 0%; en ese sentido, si en su fracción V se alude como tal a la transportación internacional de bienes prestada por residentes en el país, siempre que se presten en maniobras para la exportación de mercancías, debe entenderse que dicha tasa aplica a la totalidad de esa actividad, independientemente de la parte que se lleve a cabo en territorio nacional o en el extranjero. Lo anterior es así, si se toma en cuenta que, acorde con la naturaleza de la transportación internacional de bienes, ésta se lleva a cabo parte en territorio nacional y parte en el extranjero y, en ese sentido, si el legislador no distinguió si la tasa referida aplica exclusivamente a la prestada en un territorio o en otro, ni refirió si se trata de transportación aérea, terrestre o marítima, no cabe hacer una distinción, máxime si se advierte que en el caso de la transportación de personas prevista en la fracción VI del mismo artículo, sí se realizó una precisión en el sentido de que la citada tasa sólo aplicará al porcentaje de dicha actividad prestada en el extranjero. En esas condiciones, conforme a los artículos 2o.-A, 4o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, si el contribuyente efectúa erogaciones relativas a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, para realizar exclusivamente la actividad consistente en la transportación aérea internacional de bienes, prestada por residentes en el país, cuando se preste en maniobras para la exportación de mercancías, entonces el impuesto que le sea trasladado será acreditable en su totalidad, siempre que cumpla con los requisitos previstos en la legislación del impuesto relativo.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 127/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de mayo de 2013. Mayoría de cuatro votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.
Tesis de jurisprudencia 114/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de junio de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2; Pág. 1785
VALOR AGREGADO. EL MECANISMO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ES INAPLICABLE A LOS INTERESES DERIVADOS DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, A SUS TRABAJADORES ACORDE CON SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.- Del proceso legislativo que dio origen al citado numeral se advierte que el legislador ordinario estimó necesario gravar con el impuesto al valor agregado el interés real y no así el nominal de los créditos al consumo y de las tarjetas de crédito para reducir su costo de financiamiento, en apoyo a las personas con altos niveles de endeudamiento por tales conceptos. En consecuencia, lo previsto en el primer párrafo del artículo citado, en el sentido de que se considerará como valor para los efectos del cálculo del impuesto, el valor real de los intereses devengados cuando éstos deriven de créditos otorgados por las instituciones del sistema financiero a que se refiere el artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es inaplicable tratándose de los intereses generados por los préstamos que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, otorga a sus trabajadores acorde con sus condiciones generales de trabajo, ya que por tratarse de una prestación de carácter laboral, la tasa de interés nominal respectiva es considerablemente menor que la de los créditos que las instituciones del sistema financiero conceden al público en general y, por ende, no puede estimarse que genere un alto nivel de endeudamiento pues, incluso, algunos de los préstamos en comento no generan intereses.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Quinto y Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de junio de 2013. Cinco votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Tesis de jurisprudencia 122/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de junio de dos mil trece.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; Pág. 1860
VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ES APLICABLE A LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL DE BIENES, SIEMPRE QUE SE PRESTE EN MANIOBRAS PARA LA EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS 2a. II/2002 Y 2a. IV/2002 (*)].- Una nueva reflexión conduce a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a apartarse del criterio sostenido en las tesis aisladas citadas, pues de la interpretación sistemática de los artículos 1o., 14 y 16 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se advierte que dentro de las actividades gravadas por dicho impuesto se encuentra la transportación, ya sea de bienes o de personas; aérea, terrestre o marítima; nacional o internacional. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 29 de dicha legislación establece que las empresas residentes en el país aplicarán la tasa del 0% cuando se actualicen las hipótesis de exportación ahí precisadas, dentro de las cuales, en su fracción V, considera a la transportación aérea internacional de bienes, siempre que se preste en maniobras para la exportación de mercancías; así, acorde con la premisa “no es válido que donde el legislador no distingue, el intérprete de la norma lo haga”, a las palabras empleadas por aquél debe dárseles el significado ordinario que tienen, pues si se toma en consideración que la transportación internacional es aquella que se lleva a cabo en parte en territorio nacional y en parte en el extranjero, es voluntad del legislador considerar como exportación a la totalidad de la actividad, independientemente del lugar donde se realice y, por ende, beneficiar con la tasa del 0% a toda la actividad. Asimismo, se deja abierto el supuesto previsto en esa fracción a cualquier medio de transporte, ya que no especificó que tal hipótesis se refiriera a alguno en especial. Esta interpretación se corrobora al observar que en la fracción VI del mismo artículo 29 el legislador, tratándose de transportación de personas, sí distingue el medio de transporte (aéreo) y al realizar una remisión expresa al artículo 16 de la referida ley tributaria, prevé que se entenderá como exportación sólo la parte prestada en territorio extranjero, por lo que sólo a ésta le será aplicada la tasa del 0%, excluyendo la que se presta en territorio nacional.
La presente tesis abandona el criterio sostenido en las diversas 2a. II/2002 y 2a. IV/2002, de rubros: “VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVÉ UNA HIPÓTESIS DE NO CAUSACIÓN PARCIAL RESPECTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL.” y “VALOR AGREGADO. EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL DE BIENES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN V, DE LA LEY RELATIVA, SIN QUE RESULTE APLICABLE POR ANALOGÍA LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL PROPIO NUMERAL.”, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, páginas 74 y 75, respectivamente.
Nota: (*) Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, páginas 74 y 75, con los rubros: “VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVÉ UNA HIPÓTESIS DE NO CAUSACIÓN PARCIAL RESPECTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL.” y “VALOR AGREGADO. EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL DE BIENES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN V, DE LA LEY RELATIVA, SIN QUE RESULTE APLICABLE POR ANALOGÍA LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL PROPIO NUMERAL.”, respectivamente.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2; Pág. 1815
VISITA DOMICILIARIA. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE LOS VISITADORES PARA OBTENER COPIA DE SÓLO PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL VISITADO, NO REQUIERE CIRCUNSTANCIAR EN EL ACTA RELATIVA QUE EL CASO SE UBICA EN ALGUNA DE LAS NUEVE FRACCIONES DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El citado artículo establece en sus párrafos primero y último, como regla general, que en las visitas domiciliarias los visitadores podrán obtener copias de sólo parte de la contabilidad del visitado para que, previo cotejo con sus originales, sean certificadas y anexadas a las actas finales o parciales respectivas, en las que se expresen únicamente los documentos de donde se obtuvieron, con el objeto de verificar datos en la oficina de la autoridad fiscalizadora; mientras que en el párrafo tercero y las nueve fracciones del propio numeral se prevén diversos casos de excepción a la citada regla general los cuales, por su gravedad y entidad, hacen necesario que se resguarde, mediante su compulsa y certificación, toda la contabilidad, a fin de evitar su destrucción o cambio, asegurar los hechos contenidos en ella que pudieran ser constitutivos no sólo de infracciones administrativas, sino penales, y que no se impida a la autoridad exactora, a través de los visitadores designados, realizar la fiscalización de la contabilidad de los contribuyentes en el local de la autoridad. Siendo así, los visitadores designados por las autoridades fiscales que obtengan copias de sólo parte de la contabilidad del visitado, están constreñidos a levantar únicamente el acta parcial correspondiente en la que señalen los documentos de los que se obtuvieron aquéllas, hecho lo cual podrán continuar la visita en el domicilio o en los establecimientos del visitado, no así a circunstanciar en el acta parcial que el caso se ubica en alguno de los supuestos previstos en las nueve fracciones del párrafo tercero del citado artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, ni a levantar el acta en términos del numeral 46 del mismo ordenamiento tributario.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 217/2013. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. 10 de julio de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Tesis de jurisprudencia 139/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de agosto de dos mil trece.
VII-J-1aS-76
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-27/2013)
(Tesis aprobada en sesión de 20 de noviembre de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 259
(Tesis aprobada en sesión de 22 de noviembre de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 250
Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el quince de agosto de dos mil trece.- Firman el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.
VII-P-1aS-706
SUBVALUACIÓN DE MERCANCÍAS.- SU DETERMINACIÓN RESULTA ILEGAL SI LA AUTORIDAD NO CONSIDERA LA CALIDAD, EL PRESTIGIO COMERCIAL Y LA EXISTENCIA DE UNA MARCA COMERCIAL DE LAS MERCANCÍAS CONSIDERADAS SIMILARES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Aduanera, se entiende por mercancías similares, aquellas producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración, que aun cuando no sean iguales en todo, tengan características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Asimismo se establece que para determinar si las mercancías son similares, habrá de considerarse entre otros factores, su calidad, prestigio comercial y la existencia de una marca comercial. Por tanto, si la autoridad aduanera determina la existencia de omisión de contribuciones en atención a que se detectó que la mercancía importada tiene un valor inferior al valor de transacción de mercancías similares, dicha determinación debe sustentarse tanto en que las mercancías cuentan con características y composición semejantes lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables como en la calidad, el prestigio comercial y la existencia de una marca comercial.
VII-P-1aS-153
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28793/10-17-10-5/1306/11-S1-03-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de enero de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de febrero de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 179
VII-P-1aS-630
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4429/12-07-01-3/230/13-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de mayo de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.-Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Hortensia García Salgado.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de mayo de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 253
VII-P-1aS-641
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6198/12-07-03-2/393/13-S1-04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de junio de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de junio de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 142
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1656/12-16-01-7/908/13-S1-03-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federalde Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de agosto de 2013, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.-Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán.
VII-P-1aS-710
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. APLICACIÓN DEL CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ADUANERA.- La seguridad jurídica en la imposición de las sanciones, es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se contempla en los artículos 14, 16 y 22, mismos que están comprendidos en el Título Primero, Capítulo I denominado “De los Derechos Humanos y sus Garantías”; que no puede ser afectado por el Estado de forma arbitraria, por lo cual su protección debe ser garantizada. Así, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe expresamente en su primer párrafo –entre otras penas la imposición de multa excesiva; entendiéndose por esta, la que no toma “…en cuenta la gravedad del ilícito, la capacidad económica del infractor o cualquier elemento tendente a demostrar la gravedad o levedad de la conducta que pretende sancionarse…”, según lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 4/2008, sustentada por su Primera Sala; o las sanciones económicas que en su imposición consideran un elemento ajeno a la conducta a sancionar. Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 5º de la Ley Aduanera, permite la imposición de multas excesivas violatorias del derecho humano en comento, en tanto que posibilita se impongan sanciones pecuniarias considerando elementos ajenos a la conducta a sancionar; esto es, dicha violación se actualiza en la medida que se faculta a las autoridades aduaneras para imponer las multas con base en el monto de las contribuciones omitidas actualizadas de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, de donde resalta que en su determinación se considera un elemento ajeno a la infracción cometida, como lo es la actualización de la contribución, lo cual es posterior al momento de la comisión de la conducta que se pretende castigar y, en consecuencia, al tomar en la base un elemento ajeno a la conducta que se sanciona (como es la actualización), hace que la norma legal vaya más allá de lo razonable; consecuentemente, se concluye que es pertinente ejercer el control difuso y dejar de aplicar la parte conducente del precepto citado y, por ende, declarar que la actuación de la autoridad es ilegal, sin que ello implique una determinación de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puesto que solo ordena se inaplique dicho precepto.
VII-P-1aS-548
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6654/08-17-10-6/79/12-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de marzo de 2013, por unanimidad 5 de votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de abril de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 225
VII-P-1aS-591
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1738/10-06-02-4/92/13-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de abril de 2013, por unanimidad 5 de votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 170
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1712/12-02-01-4/637/13-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de agosto de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna Angel.
VII-P-2aS-369
SENTENCIA DE NULIDAD PARA EFECTOS.- DEBE CUMPLIRSE EN EL PLAZO DE CUATRO MESES, SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA Y DE OMITIRSE SU CUMPLIMIENTO DENTRO DE ESE LAPSO PRECLUYE EL DERECHO DE AUTORIDAD PARA TAL EFECTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 párrafos segundo y antepenúltimo, 53, fracción II, 57, fracción I, incisos a) y b) y 58 fracción I y II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa obligan a la autoridad a realizar un determinado acto, iniciar o reponer un procedimiento, deberán dictarse dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme, es decir, cuando transcurran los términos legales sin que sea combatida por las partes. En el supuesto de que se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fi n a la controversia. Ahora bien, a fi n de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones de este Órgano Colegiado, el legislador estableció el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I de nuestra ley adjetiva, donde se requiere un informe a la autoridad administrativa para que dentro del término de tres días informe sobre el cumplimiento, concluido dicho plazo con informe o sin él, se facultó a la Sala Regional, a la Sección o al Pleno, para que decidan sobre si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia y de ser así se impondrán multas a la autoridad omisa pudiendo requerir al superior jerárquico de la demandada en caso de que persista la renuencia y de no lograrse el cumplimiento podrá hacerse del conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. No obstante lo anterior, cuando la autoridad demandada omita dar cumplimiento a la sentencia el justiciable acorde a lo dispuesto en la fracción II del numeral 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, podrá acudir en queja ante la Sala Regional, Sección o el Pleno que la dictó, si el Órgano Jurisdicente que conoce de la queja, concluye que la resolución definitiva dictada en cumplimiento de sentencia y notificada después de concluido el plazo de cuatro meses previsto en los numerales mencionados, anulará esta, declarando la nulidad de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6886/11-07-03-2/1259/12-S2-10-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de enero de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.-Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.
VII-P-2aS-372
REDUCCIÓN DE CAPITAL. CÁLCULO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIDA CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2003.- Dicho precepto establece el procedimiento para efectuar el cálculo de la utilidad distribuida, a las personas morales residentes en México que reduzcan su capital. La fracción I de dicho artículo indica en su primer párrafo que se disminuirá del reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción que se tenga a la fecha en que se pague el reembolso, y señala en su párrafo segundo cómo se calcula la utilidad distribuida, esto es, se deberá tomar en cuenta la cantidad que resulte de multiplicar el número de acciones que se reembolsen o las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate, según corresponda, por el monto que resulte conforme al primer párrafo indicado. Asimismo, la fracción II de dicho dispositivo establece que las personas morales que reduzcan su capital, adicionalmente considerarán dicha reducción como utilidad distribuida hasta por la cantidad que resulte de restar al capital contable según el estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas para fines de dicha disminución, el saldo de la cuenta de capital de aportación que se tenga a la fecha en que se efectúe la reducción referida cuando este sea menor. También precisa que a la cantidad que se obtenga conforme a ese párrafo se le disminuirá la utilidad distribuida determinada en los términos del segundo párrafo de la fracción I de ese artículo. En ese sentido, las fracciones aludidas se relacionan entre sí, pues mientras que la fracción I se refiere a cómo se debe calcular la utilidad distribuida considerando operaciones aritméticas por el número de acciones que se reembolsen o los que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate; la fracción II se refiere a la reducción de capital que se considera como utilidad distribuida en la medida que ahí se precisa. Es decir, el hecho de que una fracción se refiera al reembolso de acciones no deja de lado su aplicación, puesto que el penúltimo párrafo de dicho numeral establece que lo dispuesto en ese precepto será aplicable, indistintamente, al reembolso, a la amortización o a la reducción de capital, independientemente de que haya o no cancelación de acciones. Por lo que, si en un caso de escisión se acredita que existió reembolso de acciones, entonces resultan aplicables las mencionadas fracciones del citado precepto, en virtud de la existencia de una reducción de capital.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9150/11-17-03-5/AC1/1091/12-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
VII-P-2aS-373
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ACTIVIDAD IRREGULAR. NO LA CONSTITUYEN LOS ACTOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA PROCEDER PENALMENTE POR DELITOS FISCALES SI EL RECLAMO INDEMNIZATORIO SE SUSTENTA EN LA NULIDAD DEL CRÉDITO FISCAL ANTECEDENTE.- De conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, constituirá actividad irregular susceptible de ser indemnizada, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate; asimismo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J.42/2008 y P./J. 43/2008, que llevan por rubro “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” y “RESPONSABILIDADPATRIMONIALDEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA”, determinó que dicha actividad irregular se refi ere a los actos propios de la administración que son realizados de manera anormal o ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración. Ahora bien, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, dispone que para proceder penalmente por delitos fiscales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá presentar la querella respectiva y declarar el perjuicio fiscal correspondiente. En este orden de ideas dichas actuaciones no pueden implicar actividad irregular del Estado, si el reclamo por concepto de indemnización presentado por el particular de la responsabilidad patrimonial se sustenta en la declaratoria de nulidad emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del crédito fiscal que sirvió de base para la denuncia penal, cuando el motivo de esa sentencia haya sido un vicio cometido por la autoridad fiscal y que ello no implique que haya quedado desvirtuada en el fondo la determinación en el sentido de que el contribuyente dejó de cumplir con las obligaciones fiscales que causaron el crédito en cuestión.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30180/11-17-01-3/1550/12-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Adolfo Ramírez Juárez.
VII-P-2aS-376
SOBRESEIMIENTO DEL JUICIOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE DECRETARSE SI SE IMPUGNA UNA REGLA ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER GENERAL, SI EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN ES LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De lo dispuesto en el artículo 117, fracción I, de dicho ordenamiento legal, se desprende que el legislador no previó la procedencia del recurso de revocación en contra de las Reglas de Carácter General. De ahí que si el recurrente combate la resolución recaída al recurso de revocación en el juicio contencioso administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción XVI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, haciendo valer agravios en contra de la legalidad de las Reglas de Carácter General como primer acto de aplicación, entonces, debe sobreseerse el juicio, no obstante que la resolución impugnada utilice como sustento las propias reglas, en virtud de que la demanda en contra de dicha disposición administrativa de carácter general, no fue presentada dentro del plazo de 45 días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación de la resolución definitiva recurrida en la instancia administrativa admitida, ya que esta constituyó su primer acto de aplicación y no el acto que resolvió el recurso administrativo.
VII-P-2aS-275
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23812/11-17-05-8/777/12-S2-07-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de agosto de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.-Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Gerardo Elizondo Polanco.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 436
VII-P-2aS-349
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23807/11-17-10-9/260/13-S2-10-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 727
VII-P-2aS-350
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23219/11-17-04-7/1768/12-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretario: Lic. Michael Flores Rivas.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23805/11-17-08-9/267/13-S2-06-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de mayo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
VII-TASR-8ME-26
DEDUCCIÓN DE GASTOS REALIZADOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24, FRACCIONES III Y IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO 2000.- EL HECHO DE QUE LAS FACTURAS HAYAN SIDO EXPEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A AQUELLA EN QUE SE REALIZARON LAS OPERACIONES MERCANTILES QUE SUSTENTAN, NO INVALIDA SU EFICACIA LEGAL PARA EFECTOS DE LA.- La procedencia de las deducciones por gastos autorizadas por la ley, está condicionada a que se colmen todos y cada uno de los requisitos señalados en las diversas fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año 2000, según sea el caso. Por tanto, la omisión de alguno o algunos de ellos, invalida su eficacia legal para efectos de la procedencia de la deducción. Así, la fracción III, del dispositivo mencionado, establece que los documentos con los que se compruebe la deducción deben reunir los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien los expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio, por otra parte, la fracción IV, del mismo precepto, prevé que los gastos se encuentren debidamente registrados en la contabilidad del contribuyente, y, la fracción XXII, exige que la fecha de expedición de los comprobantes corresponda al ejercicio por el cual se efectúa la deducción. De tal forma, si las facturas se imprimen con fecha posterior a la que se realizaron los pagos, ello no impide realizar la deducción de los gastos que amparan, en virtud de que, los mencionados datos no se refieren a los de identidad y domicilio, ni tampoco significa su indebido registro en la contabilidad del contribuyente, por lo que, ello no invalida su eficacia legal para efectos de la deducción de gastos, siempre y cuando las facturas que amparen tales gastos contengan la fecha de impresión y su vigencia, de conformidad con el artículo 29-A, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, y, la fecha de expedición de los comprobantes corresponda al ejercicio por el cual se efectúa la deducción. Además de que, no existe dispositivo legal que prevea que la fecha de expedición de la factura y de los registros contables deban coincidir con la de impresión de la misma.
Cumplimiento de Ejecutoria dictada en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 18162/03-17-08-6.- Resuelto por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de marzo de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora.- Lucila Padilla López.- Secretaria: Lic. Begonia Brígido Mazas.
VII-TASR-1HM-9
CADUCIDAD ESPECIAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12-A DEL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO. SURTE ÚNICAMENTE RESPECTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NO FISCAL.- La fracción I del artículo 12-A del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, establece un plazo de 90 días para la extinción de las facultades de comprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, prevé la configuración de una caducidad especial respecto de las obligaciones derivadas de los trabajadores de la construcción, cuyo efecto no solo es la extinción de las facultades de la autoridad, sino la configuración de una presunción iure de iure a favor del responsable de la obra. Ahora bien, para delimitar el alcance de los efectos jurídicos de la caducidad especial prevista en el precepto de referencia, su interpretación no debe hacerse de forma aislada, sino como parte de un ordenamiento jurídico especializado en materia de seguridad social para los trabajadores de la construcción, por lo que sus alcances deben guardar armonía con la estructura y demás disposiciones del reglamento continente. En esa guisa, lo previsto en el artículo 12-A del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, guarda relación en un primer momento con lo dispuesto en el capítulo III donde se encuentra contemplado, denominado “Del Registro de la Obra y Avisos a presentar ante el Instituto” y en especial con lo dispuesto en el cardinal 12 del mismo cuerpo normativo el cual establece diversas obligaciones a cargo del responsable de una obra de construcción, las cuales a saber son: registrar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el tipo de obra de que se trate, su ubicación, los trabajos a realizar y/o fase de la construcción, informar al Instituto de referencia las incidencias de la obra de construcción, tales como la suspensión, reanudación y cancelación en su caso, y una vez concluida la obra presentar el aviso de terminación de la obra ante el Instituto, es decir, obligaciones de naturaleza administrativa, de lo que se colige que los efectos jurídicos tanto de la caducidad especial prevista en la fracción I del artículo 12-A del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, como de la presunción iure de iure contemplada en el último párrafo del mismo numeral, surten únicamente respecto de las obligaciones de carácter administrativo, establecidas en el artículo 12 del mismo reglamento, a cargo del patrón responsable de una obra de construcción, no así respecto de las facultades de comprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia fiscal, como determinación y cobro de aportaciones de seguridad social respecto de trabajadores de la construcción, pues estas se encuentran previstas y reguladas en un capítulo diverso de dicho ordenamiento a saber el capítulo IV. En el orden de las consideraciones expuestas es dable concluir que deviene infundado el concepto de impugnación en el cual se plantea la ilegalidad de la determinación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de omisión o diferencia en el pago de aportaciones de seguridad social en materia de trabajadores de la construcción, por haber ejercido facultades de comprobación una vez transcurrido el plazo de 90 días previsto en la fracción I del artículo 12-A del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, pues la caducidad especial prevista en el cardinal de referencia únicamente surte respecto de las obligaciones de naturaleza administrativa previstas en el artículo 12 del mismo ordenamiento legal y no así respecto de las obligaciones en materia fi scal derivadas de trabajadores de la construcción.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 479/13-11-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de junio de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Antonio Rodríguez Martínez.- Secretaria: Lic. Liliana Ponce Monzón.
VII-TASR-2HM-26
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DETERMINACIÓN DE LA VÍA SUMARIA. TRATÁNDOSE DE CUOTAS OBRERO PATRONALES FINCADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE ATENDERSE AL MONTO DEL CONCEPTO DETERMINADO, Y NO POR CADA BIMESTRE Y NÚMERO DE CRÉDITO ASIGNADO.- Del artículo 58-2, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que, cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución, concretamente tratándose de las fracciones I, III y V, de dicho precepto legal, no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de la vía sumaria, sin embargo, dicha disposición tratándose de determinación de diferencias por concepto de cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social en ejercicio de sus facultades de comprobación determine una sola resolución en la que dicho Instituto divida tal crédito de manera bimestral y controle cada bimestre con diversos dígitos o números de créditos para efectos administrativos; por lo que para efectos de determinar la vía sumaria respecto del monto del crédito debe entenderse que se trata de una sola liquidación y por ende de un solo crédito, en la que si el importe principal sin accesorios no rebasa el monto de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, el juicio deberá ser admitido en la vía sumaria, en caso contrario se tramitará en la vía ordinaria.
Recurso de Reclamación interpuesto en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2417/12-11-02-4-ST.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de abril de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Victorino Manuel Esquivel Camacho.- Secretario: Lic. José Manuel Morales Gómez.
CRITERIOS SUSTANTIVOS DE LA PROCURADURÍA
6/2013/CTN/CS-SASEN
Consulta número 46-II-B/2012
Consulta número 47-II-B/2012
34/2013/CTN/CS-SASEN
FACULTADES DE COMPROBACIÓN, ARTÍCULO 46-A, APARTADO B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO LAS AUTORIDADES AMPLÍEN EL PLAZO PARA CONCLUIR UNA VISITA DOMICILIARIA, DEBEN SEÑALAR EN LA LIQUIDACIÓN EL RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN OBTENIDA. De conformidad con el artículo 46-A, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades hacendarias cuentan con la facultad de ampliar el plazo de conclusión de las facultades de comprobación cuando, entre otros casos, requieran información a las autoridades aduaneras o fiscales de otro país. Ello no implica que los requerimientos y ampliaciones respectivos puedan realizarse en forma irrestricta o ilimitada, ya que constituye una obligación ineludible a cargo de la autoridad el que, posteriormente, al momento de emitir, en su caso la resolución determinante del crédito fiscal, debe hacer constar la manera en la que la información o documentación solicitada se valoró o se desestimó, pues ésta es la única forma en la que finalmente queda justificada la ampliación del acto de molestia en perjuicio del particular. De esta manera, la autoridad revisora tiene la obligación de hacerse cargo de la relevancia o irrelevancia de dicha información frente a la situación fiscal del contribuyente, señalando las razones por las que finalmente utilizó, o no, dicha información, vinculando siempre su juicio al objeto de la revisión.
Consulta número 1-II-B/2013
BOLETÍN INFORMATIVO GRUPO ONCE OCTUBRE 2013

References: ARTÍCULO 46
 Artículo 46
 artículo 46
 Artículo 16
 Artículo 46
 Artículo 46
 ARTÍCULO 46
 artículo 16
 ARTÍCULO 46
 Artículo 73
 Artículo 4
 Artículo 123
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 26
 artículo 16
 artículo 218
 ARTÍCULO 29
 artículo 95
 artículo 31
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 784
 artículo 841
 artículo 29
 ARTÍCULO 18
 artículo 8
 ARTÍCULO 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 16
 ARTÍCULO 16
 ARTÍCULO 29
 ARTÍCULO 16
 ARTÍCULO 29
 ARTÍCULO 45
 artículo 45
 artículo 73
 ARTÍCULO 5
 artículo 22
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 52
 resolución 
 artículo 58
 resolución 
 ARTÍCULO 89
 ARTÍCULO 113
 artículo 92
 RESOLUCIÓN 
 artículo 117
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 ARTÍCULO 24
 artículo 24
 artículo 29
 ARTÍCULO 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 58
 resolución 
 ARTÍCULO 46
 artículo 46
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