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Timestamp: 2020-01-17 12:41:53+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 33-11, de 22/06/2001
Serie A: 22 de junio de 2001 Núm. 33-11 PROYECTOS DE LEY
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de Marcas (núm. expte. 121/000033).
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.
A la Comisión de Ciencia y Tecnología
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley de Marcas (núm. expte. 121/000033), integrada por los Diputados Don Fernando Fernández de Trocóniz Marcos (GP), Don Jordi de Juan i Casadevall (GP), Don Salvador Sanz Palacio (GP), Don Jaime Lissavetzky Díez (GS), Don Carlos Navarrete Merino (GS), Don Manuel José Silva Sánchez (GC-CiU), Doña Presentación Urán González (GIU), Don Joxe Joan González de Txabarri Miranda (GV-PNV-EAJ), Don Luis Mardones Sevilla (GCC) y Don Carlos Ignacio Aymerich Cano (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente
La Ponencia acuerda modificar la Disposición Adicional Tercera punto 1 en el sentido de suprimir el último inciso de dicha disposición.
Respecto de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley por los Grupos Parlamentarios, acuerda el mantenimiento de las mismas para su debate en Comisión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2001.-Fernando Fernández de Troconiz Marcos, Jordi de Juan i Casadevall, Salvador Sanz Palacio, Jaime Lissavetzky Díez, Carlos Navarrete Merino, Manuel José Silva Sánchez, Presentación Urán González, Joxe Joan González de Txabarri Miranda, Luis Mardones Sevilla y Carlos Ignacio Aymerich Cano, Diputados.
La presente Ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el artículo 149.1.9.a de la Constitución.
Las razones que justifican la necesidad de dictar una nueva Ley de Marcas, obedecen a tres órdenes de motivos. El primero, dar cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.
Menor relevancia presenta la incorporación de las directrices contenidas en el ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha tenido sobre la regulación mundial de la propiedad intelectual -incluidas las marcas-, al adaptarlo a las últimas exigencias del comercio internacional. Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya han sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar ésta directamente inspirada en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización que, a su vez, influyó decisivamente en el ADPIC. Por ello, la adecuación a este Acuerdo sólo ha precisado las siguientes medidas específicas: la ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC); la incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; la protección reforzada de las marcas notorias registradas; y, finalmente, la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas
de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.
El procedimiento de registro, sin renunciar a nuestro tradicional examen de anterioridades, se reforma, separando el trámite de oposiciones del examen de oficio que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas. Una vez realizado este examen de oficio, las solicitudes de marca que lo hubieran superado serán publicadas en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», abriéndose entonces el plazo para formular oposiciones. La finalidad de esta novedad procedimental es armonizarnos con los sistemas de nuestro entorno y ganar en rapidez y eficiencia. Pero sobre todo, evitar a los titulares de marcas registradas la formulación de oposiciones innecesarias y los gastos que éstas causan. Al anteponerse el examen de oficio, muchas solicitudes serán previamente denegadas por la Administración al incurrir en prohibiciones absolutas o relativas y, en consecuencia, no serán publicadas a efectos de oposiciones. Se supera así la duplicidad derivada de la legislación anterior que imponía con carácter general el trámite de oposiciones a todas las solicitudes presentadas, aunque fueran a denegarse de oficio por la Administración.
Dentro de la regulación del procedimiento, se introducen otras importantes novedades como la figura de la «restitutio in integrum», que ya incorporó el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, a fin de evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la pérdida de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida. Se contempla, así mismo, la suspensión del procedimiento de concesión cuando la oposición se basa en una mera solicitud de registro o cuando se hubiera entablado una acción reivindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente, así como en el supuesto de presentación de una solicitud de división o a petición conjunta de todos los interesados. El cuerpo normativo que ahora se aprueba también contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro y regula los modos de notificación y la consulta pública de expedientes, adaptando el procedimiento de registro de los signos distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Información, previendo la posibilidad de efectuar notificaciones por correo electrónico o de realizar consultas de expedientes por vías telemáticas. En este ámbito de adaptación a la Sociedad de la Información, merecen ser destacadas
las previsiones contenidas en la Ley sobre la utilización futura de medios electrónicos o telemáticos para la presentación de solicitudes y demás documentos.
La Ley, alineándose con los sistemas de nuestro entorno político y económico, suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal. La Ley fija minuciosamente en sus disposiciones transitorias el tránsito a este nuevo modo de protección de los rótulos de establecimiento inscritos durante la vigencia de legislaciones anteriores.
3. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, conforme a lo previsto en esta Ley.
2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o
con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Juzgado notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.
3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas.
3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley.
2. Podrán, en particular, constituir marca los siguientes signos:
e) Los signos sonoros.
i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España,
sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) d) y del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el artículo 4 de la presente Ley.
Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios registrados.
1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando por ser éstos notorios en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de dichos signos anteriores.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca notoria la que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distingue dicha marca. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.
Cuando la marca sea conocida por el público en general, el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.
3. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a), b) y c) y en el artículo 7.2.
5. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la forma que reglamentariamente se determine.
6. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente se determinen.
7. La solicitud de registro de marca también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano que, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la solicitud.
8. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua.
1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, conforme a
lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11, reciba los documentos que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del artículo 12.
1. El órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11, examinará:
Artículo 17. Transmisión de la solicitud.
1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma transmitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de forma o que hubieran subsanado los defectos imputados, con indicación, en su caso, de la fecha de presentación otorgada, si hubiera
sido rectificada conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 16.
Artículo 18. Examen de fondo.
1. Recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a examinar de oficio si la solicitud cumple los requisitos previstos en esta Ley y si incurre en las prohibiciones de los artículos 5 y 9.1.b).
2. Se procederá asimismo a efectuar un examen de búsqueda sobre los signos anteriores que en virtud de los artículos 6 y 7 pudieran impedir el registro de la marca solicitada, señalando aquéllos cuya existencia hubiera sido descubierta. La no detección en el examen de oficio de alguno de estos signos anteriores no determinará responsabilidad alguna para la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Las prohibiciones establecidas en los artículos 6.2.d) y 8 sólo serán señaladas de oficio cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas tuviere conocimiento de la notoriedad de la marca anterior y concurrieran los demás requisitos previstos en dichos artículos.
Artículo 19. Suspensión y denegación del registro de la marca.
1. Si del examen realizado resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguno de los reparos previstos en el artículo anterior, se decretará la suspensión del expediente y se comunicará al solicitante la existencia de los mismos para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.
2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24. También podrá presentar autorización del titular de un derecho anterior por la que se permita el registro solicitado, salvo que concurrieran las circunstancias previstas en los artículos 6.1.a) o 7.1.a) de esta Ley.
3. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo 5.1, el solicitante podrá presentar una declaración excluyendo dichos elementos de la protección solicitada.
4. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya contestado o no el solicitante, se acordará la publicación de la solicitud o la denegación del registro, especificándose sucintamente, en este último caso, los motivos y registros causantes de ésta.
5. Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate.
Artículo 20. Publicación de la solicitud.
1. Cuando del examen realizado resultara que la solicitud no incurre en ninguno de los reparos señalados en el artículo 18 o éstos hubieren sido superados conforme a lo previsto en el artículo anterior, se acordará la publicación de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
2. La publicación de la solicitud de la marca deberá incluir:
c) El número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad reivindicada.
d) La reproducción del signo solicitado como marca y, en su caso, una declaración en los términos de la recogida en el apartado 3 del artículo 19.
Artículo 21. Oposiciones y observaciones de terceros.
1. Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones previstas en el Título II de la presente Ley.
4. Si en el plazo establecido no se hubieren formulado ninguna oposición u observaciones de terceros, la solicitud de marca quedará registrada. La Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se establezca, publicará un anuncio del registro de la marca en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y expedirá el título de registro de la misma.
Artículo 22. Examen y resolución de la oposición.
1. Cuando la oposición formulada fuera admisible, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al solicitante de la marca impugnada para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.
2. En la contestación a la oposición, el solicitante podrá, conforme a lo previsto en el artículo 19.2, retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud o presentar autorización del titular del derecho anterior oponente y, si la oposición se fundara en que la marca registrada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo 5.1, presentar la declaración a que se refiere el apartado 3 del citado artículo 19.
3. Transcurrido el plazo fijado para la contestación a la oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá desestimando o estimando la oposición para todos o parte de los productos o servicios para los que la marca hubiera sido solicitada. La resolución de la oposición será motivada, con sucinta especificación de las causas o motivos de la misma. Si la oposición fuera desestimada total o parcialmente, se procederá, en la forma que reglamentariamente se determine, a publicar el registro de la marca en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y a expedir el título de registro de la misma.
2. La división de la solicitud o registro de la marca sólo podrá presentarse durante los procedimientos de registro o recurso y sólo será aceptada si, con dicha división, el suspenso de fondo, la oposición o recurso quedaran circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales. También podrá efectuarse la división del registro cuando se solicite una transmisión parcial de la marca.
1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión, salvo lo previsto en el apartado 5.
5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos contemplados en el apartado 2 del presente artículo, en los apartados 1 y 2 del artículo 14, en el apartado 1 del artículo 15 y en el apartado 2 delartículo 21. Tampoco serán aplicables estas disposiciones
respecto del plazo de interposición de un recurso contra un acto declarativo de derechos.
Artículo 26. Suspensión de procedimientos.
La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender la tramitación de un procedimiento:
a) Cuando la oposición o el señalamiento de oficio se funde en una solicitud anterior de registro. La suspensión tendrá efectos hasta el momento en que recaiga una resolución sobre dicha solicitud que ponga fin a la vía administrativa.
b) A instancia del solicitante que hubiera entablado una acción de nulidad, caducidad o reivindicación del signo anterior señalado de oficio u oponente, hasta que recaiga sentencia firme.
a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca.
b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca.
5. Suscrito el convenio arbitral no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido.
6. El laudo arbitral producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.
7. El laudo arbitral firme deberá ser comunicado fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de recepción de la notificación prevista en el apartado 4. Transcurrido este plazo no procederá ejecutar ellaudo arbitral.
3. Cuando el interesado o su representante así lo soliciten, las notificaciones se realizarán mediante publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», mediante telefax, mediante correo electrónico, o por cualquier otro medio técnico del que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. La situación jurídica de los expedientes se hará pública por medios telemáticos con las limitaciones técnicas que puedan concurrir y las que reglamentariamente se establezcan.
1. El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la misma o de sus derechohabientes, que deberán acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente.
2. La solicitud de modificación dará lugar al pago de la tasa correspondiente y si fuera registrada, se publicará en « Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una reproducción de la marca tal como quede modificada. Cualquier tercero que se considere perjudicado podrá recurrir esta modificación.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad o en redes de comunicación telemáticas y, en particular, como nombre de dominio.
e) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.
No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha
y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.
El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.
d) La destrucción, a costa del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto y la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el juez.
2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.
1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y e) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados
a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria.
3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.
Artículo 44. Multas coercitivas.
Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Juez fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 601,01 euros (100.000 ptas.) por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.
1. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. Los partícipes podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto en el plazo de un mes a contar desde el aviso, en el caso del derecho de tanteo, o desde la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas, en el caso del derecho de retracto.
2. Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para
su anotación en el Registro de Marcas. A estos efectos ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos.
2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio para el que se otorgó o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.
4. Los apartados anteriores serán aplicables, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a la inscripción de los demás actos o negocios jurídicos contemplados en el apartado 2 del artículo 46, salvo la hipoteca mobiliaria que se regirá
por sus disposiciones específicas y la constitución de otros derechos reales o de una opción de compra, para cuya inscripción deberá acompañarse alguno de los documentos públicos previstos en las letras a) o b) del apartado 2.
1. La inscripción de los actos y negocios jurídicos contemplados en el apartado 2 del artículo 46, podrá solicitarse tanto por el cedente como por el cesionario y la solicitud de inscripción se presentará, conforme a quien sea el solicitante, en el órgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11.
3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma examinará si la documentación presentada consta de:
4. Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones previstas en el apartado anterior, el órgano competente de la Comunidad Autónoma comunicará las irregularidades observadas al solicitante, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, las subsane. Si no se subsanasen, la solicitud de inscripción se tendrá por desistida, procediéndose conforme establece el apartado 2 del artículo 17. Si la solicitud no presentara ninguna de estas irregularidades o las mismas hubieran sido subsanadas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 17.
1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación
cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 o concurran las circunstancias previstas en el artículo 90.2 de la presente Ley.
1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada.
2. La renuncia deberá presentarse por escrito y sólo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas.
Artículo 61. Ejecutividad y comunicación de sentencias.
1. Una vez firme la sentencia, la declaración de nulidad o caducidad del registro de la marca tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.
2. La sentencia firme que declare la nulidad o caducidad del registro de la marca se comunicará, por el Tribunal o por las partes, a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la inscripción de la cancelación y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
1. Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los
miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.
1. Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización desu titular, que certifica que los productos o servicios a
los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.
2. El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante.
3. Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca.
c) Que a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error en el sentido del apartado 2 del artículo 70.
El reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantía depositado en la Oficina Española de Patentes
y Marcas podrá ser libremente consultado por cualquier persona, sin sujeción a pago de tasa.
Artículo 80. Denegación de la protección en España.
1. Se podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo con el artículo 5 del Arreglo de Madrid o el artículo 5 del Protocolo. A tales efectos serán aplicables al registro de la marca internacional, en lo que proceda, el artículo 18, los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 19, el apartado 1 del artículo 20, los artículos 21, 22, 25, 26, 27 y 28 y el apartado 4 del artículo 29 de esta Ley.
2. La publicación de la solicitud a que se refiere el artículo 20 de esta Ley, queda reemplazada, para las marcas internacionales, por la publicación que la Oficina Internacional efectúa en su gaceta periódica conforme a lo previsto en el artículo 3.4) del Arreglo de Madrid o en el artículo 3.4) del Protocolo. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención de la referida publicación de la Oficina Internacional.
3. El plazo de oposición establecido en el artículo 21.2 empezará a contar a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la mención a que se refiere el apartado anterior.
4. La denegación de la protección provisional, en los supuestos previstos por los artículos 19.1 y 22.1 de esta Ley, o definitiva, en los supuestos previstos por los artículos 19.4 y 22.3 de la misma Ley, serán notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos por el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo «Reglamento común al Arreglo y al Protocolo»).
En lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca internacional ya concedida en España, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 21. 4 de la presente Ley. Contra este acuerdo no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa del registro internacional solicitado.
Cuando una marca comunitaria se beneficie de la antigüedad de una marca anterior con efectos en España,
se podrá declarar la caducidad o nulidad de esta marca anterior, aunque la misma ya estuviera extinguida por la falta de renovación, renuncia del titular o impago de las tasas de mantenimiento, en su caso.
4. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha de presentación que se le hubiere otorgado como solicitud de marca comunitaria y, si tenía prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de estos derechos. Por lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca comunitaria ya registrada, se acordará sin más tramite su concesión como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 21.4 de la presente Ley, salvo que, debido a la renuncia, falta de renovación o a cualquier otra causa provocada por su titular, hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la protección de la marca en España, en cuyo caso se tramitará como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesión directa previsto en este apartado no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa de la marca comunitaria solicitada.
1. En la solicitud de registro deberán especificarse las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, según se trate de actividades de prestación
de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos.
1. El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley.
2. El usuario anterior de un nombre comercial no registrado podrá reclamar ante los tribunales, conforme a lo previsto en el artículo 52 de esta Ley, la anulación de una marca o nombre comercial cuando los mismos hubieran sido registrados para productos, servicios o actividades idénticos o similares a las actividades para las que se está usando el nombre comercial no registrado, a condición de que se pruebe este uso y de que exista un riesgo cierto de confusión en el público. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso en España de su nombre comercial no registrado.
1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarará la nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas y, además, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 de la presente Ley o cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo anterior.
Las normas contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a excepción del artículo 128 de dicha Ley.
1. El artículo 125.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, queda redactado de la siguiente forma:
«El conocimiento de dichos litigios civiles corresponderá al Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio el demandado, salvo en el caso de acciones por violación del derecho de patente, en el que también será competente, a elección del demandante, el de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la violación o se hubieran producido sus efectos.»
2. Además de las excepciones previstas en el apartado 5 del artículo 25, tampoco será aplicable el restablecimiento de derechos a los plazos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 33 y en el apartado 5 del artículo 39 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
1. Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología para determinar los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de documentación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y los usuarios de sus servicios podrán o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte electrónico. Las condiciones generales, requisitos y características técnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos, serán fijadas por resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. La utilización de esas bases de datos requerirá la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. El pago a los proveedores por las consultas
efectuadas a dichas bases de datos podrá realizarse mediante expediente de pagos a justificar.
La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá poner a disposición a través de redes de comunicación telemática con carácter gratuito el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» así como información sobre la situación jurídica de los expedientes, sobre identidades y parecidos entre signos distintivos, sobre patentes, modelos de utilidad y diseño industrial, sobre el archivo histórico y, en general, sobre aspectos relacionados con la propiedad industrial cuya divulgación se estime conveniente por razones de información tecnológica, difusión de la propiedad industrial u otra justificada.
Decimotercera. Referencias al Consejo de Dirección.
Las referencias que se realizan en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 17/1975 de 2 de mayo sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial se entenderán referidas al Ministerio de adscripción de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
a) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, los rótulos de establecimiento que se hallen vigentes podrán ser renovados por un período de siete años a contar desde la entrada en vigor de la citada Ley. Esta solicitud de renovación deberá acompañarse del justificante de pago del 50 por ciento de la tasa de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase.
a) No podrán registrarse como marcas o nombres comerciales los signos que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos, servicios o actividades para los que se solicitan la marca o nombre comercial. A estos efectos, el titular del rótulo de establecimiento podrá oponerse al registro de dichos signos conforme a lo previsto en el artículo 21 o solicitar la nulidad de los mismos si hubiesen sido registrados en contravención de lo dispuesto en este párrafo. La Oficina Española de Patentes y Marcas, al efectuar el examen previsto en el artículo 18.2, tomará en consideración estos rótulos de establecimiento.
1. En la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, los nombres comerciales
concedidos bajo la legislación anterior se clasificarán conforme a lo previsto en el artículo 89 de esta Ley.
c) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», el apartado 1 del artículo 3, el artículo 4, en cuanto afecta al Consejo de Dirección, el apartado 4 del artículo 11 en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento y la letra b) del párrafo segundo del apartado 5 del artículo 11.
d) El artículo segundo del Real Decretoley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.
La presente Ley entrará en vigor el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el Título V, artículo 85, Disposiciones Adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima y decimotercera que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
1.6 Modificaciones: por la modificación de la clase, modalidad, distintivo, lista de productos o servicios, del reglamento de uso o, en general, por cualquier modificación del expediente autorizada por la Ley, ya sea de la solicitud o del registro de la marca, ya se efectúe de modo espontáneo o como consecuencia de un suspenso decretado de oficio: 21,55 euros (3.585 ptas.).
1.7. Oposiciones: Por formulación de oposición: 38,56 euros (6.410 ptas.) 1.8. Tasas de la renovación del registro:
a) De una marca o nombre comercial. Por cada clase renovada: 155,60 euros (25.890 ptas.) b) De una marca de garantía o colectiva. Por cada clase renovada: 12,53 euros (52.000 ptas.)
1.10. Recursos y revisión de actos administrativos: Por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 89,01 euros (14.810 ptas.) 1.11. Quinquenios sucesivos (régimen transitorio): 69,54 euros (11.570 ptas.)
3.3 Copia de los documentos obrantes en el expediente: 9,62 euros (1.600 ptas.) más un suplemento por cada pág. que exceda de 10 de 0,96 euros (160 ptas.)

References: artículo 97
 artículo 113
 artículo 149
 artículo 39
 artículo 4

Artículo 8
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 38
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 11

Artículo 17
 artículo 16

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 5

Artículo 20
 artículo 18
 artículo 19

Artículo 21

Artículo 22
 resolución 
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 19
 resolución 
 artículo 14
 artículo 15

Artículo 26
 resolución 
 artículo 37
 artículo 34
 artículo 34

Artículo 44
 artículo 398
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 90

Artículo 61
 artículo 70

Artículo 80
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 29
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 52
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 88
 artículo 128
 artículo 125
 artículo 25
 artículo 33
 artículo 39
 resolución 
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 18
 artículo 89
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 85