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Timestamp: 2020-02-25 21:55:12+00:00

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Sentencia 176
El Caso: La empresa citada en garantía articula recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones con fundamento en la causal prevista por el inciso 3° del art. 383 del C.P.C. El TSJ rechazó la casación.
-Thema decidendum: El origen de la problemática radica en el alcance que cabe asignar al artículo 56 de la Ley de Seguros, en cuanto impone a la Aseguradora el deber de pronunciarse ante la denuncia de siniestro por la aceptación o rechazo de la cobertura en el plazo de 30 días de recibida la información complementaria prevista en el art. 46, bajo pena de que su silencio importe aceptación. Corresponde dilucidar si tal disposición es aplicable, o no lo es, al siniestro protagonizado por un conductor ebrio, existiendo en la póliza una cláusula expresa de exclusión que contemple tal circunstancia, en sustento de una prohibición legal.
1. La causal de exclusión de cobertura por culpa grave conducción en estado de ebriedad constituye un típico caso de ausencia de seguro o “no seguro” al que no corresponde aplicar el plazo para expedirse que fija el art. 56 de la Ley 17.418, ni consecuentemente la caducidad por inejecución del deber de pronunciarse sobre el derecho del asegurado que dicho precepto impone como sanción; y por ende, la compañía aseguradora puede, válidamente, invocar la declinatoria de cobertura al momento de contestar la demanda aunque no lo haya hecho con anterioridad.
2. A la hora de contratar un seguro, cualquiera sea, las partes convienen cuál es el riesgo cubierto por la aseguradora, tarea que habitualmente se realiza mediante una conceptualización positiva genérica de los hechos o circunstancias alcanzados por la garantía, y otra negativa mediante la cual ciertas situaciones quedan fuera de la relación asegurativa.
3. La póliza de seguros de automotores prevé que el asegurador no indemnizará el siniestro cuando el vehículo fuera conducido por una persona que se encuentre entre otras hipótesis en estado de ebriedad. Se trata de una causal de exclusión de cobertura por culpa grave del asegurado, que inclusive se encuentra, en esos términos, contemplada en el modelo de contratación aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. No es un dato menor que la propia Ley de Seguros instituye al dolo y la culpa grave como supuestos de exclusión de cobertura (arg. arts. 70 y 114, ley 17.418).
4. La cláusula por la cual no se indemniza el siniestro cuando el vehículo fuera conducido por una persona en estado de ebriedad es de las denominadas cláusulas de “no seguro” que tienen por objeto delimitar el riesgo describiendo las situaciones que, desde el nacimiento del contrato, las partes y la ley decidieron que no serán alcanzadas por la relación asegurativa; consiste en una descripción objetiva de las circunstancias de “no seguro” o no garantía; cláusulas que redactadas de modo inequívoco, expresamente enuncien de modo descriptivo los supuestos que carecen de cobertura asegurativa; no son la sanción a una conducta, sino la descripción de un evento o acontecimiento. Se encuentran fuera del contrato y lógicamente el asegurado no paga prima por ellas, ni la compañía está obligada a cubrirlas.
5. Las cláusulas de no seguro o no garantía se distinguen de los supuestos de “caducidad”, dado que éstos suponen un riesgo inicialmente cubierto por el contrato que genera un derecho en favor del asegurado que, frente a la ejecución o inejecución de alguna actividad, provocan la pérdida del derecho a obtener la cobertura (el asegurado) o a liberarse de ella (la compañía).
6. Las diferencias entre ambos tipos de cláusulas son notables: las de exclusión de cobertura son delimitativas del riesgo, son descriptivas de él, enuncian situaciones colocadas fuera del amparo desde el comienzo del contrato, ya que influyen en la configuración del contenido de ese contrato desde el momento mismo de su celebración; las de caducidad, en cambio, son sancionatorias, suponen un riesgo inicialmente cubierto y, por ello, generador de un derecho en favor del asegurado que luego caduca ante el incumplimiento de la carga. (confr. Halperín, Isaac en “Seguros, Exposición crítica de las leyes 17.418, 20.091 y 22.400”, 3ª ed. actualizada por Nicolás Barbato, Buenos Aires, Lexis Nexis, Año 2001, pág. 418).
7. La distinción que se acaba de formular adquiere enorme significado en la problemática sujeta a unificación, pues el artículo 56 de la Ley 17.418 consagra un supuesto de caducidad de derechos que no podría aplicarse a la conducción en estado de ebriedad que se encontraba originariamente fuera de cobertura; es decir, a un riesgo por el cual el asegurado jamás tuvo el derecho de reclamar cobertura. No cabría juzgar consolidado un derecho que nunca comenzó a existir, porque no hay obligación sin causa.
8. El texto legal del art. 56, LS., no establece de manera expresa, su inaplicabilidad a las cláusulas de exclusión apoyada en destacada doctrina y jurisprudencia a invocar en su apoyo el adagio “ubi lex non distiguit, nec nos distinguere debemus”.
9. El artículo 56, LS se encuentra ubicado en la Sección denominada “Determinación de la indemnización. Juicio Pericial”, lo cual es coherente con el contenido de los dos preceptos que lo integran, pues el artículo que sigue (57) define el sujeto que habrá de cuantificar el daño (perito) a la vez que sanciona con nulidad las cláusulas compromisorias incluidas en la póliza. La sección donde se inserta la norma bajo análisis alude a la procedencia sustancial del reclamo de cobertura y al proceso de cuantificación; lo cual no podría predicarse de un siniestro que ha sido excluido por contrato. No cabría determinar ni medir algo que, por no haber existido en el contrato, carece de causa.
10. “…no resulta aplicable el art. 56, LS., a los supuestos de inexistencia de cobertura o de ‘no seguro’: el referido art. 56 requiere determinadas calidades subjetivas para su aplicación, ya que habla de un deber del asegurador, de pronunciarse respecto del derecho del asegurado; y nadie resulta ‘asegurador’ ni ‘asegurado’ respecto de riesgos o situaciones que han sido colocados fuera del amparo asegurativo al concertarse el contrato y que, por ende, no integran el contenido de éste, al cual necesariamente se debe referir cualquier pretensión que alegue una persona respecto de quien invoca como su asegurador…” (Confr. Halperín, ob. cit., pág. 421). Otros autores especialistas en la materia siguieron estas ideas (Confr. Barbato, Nicolás H., “Cláusulas de exclusión de cobertura”, en Revista de Derecho de Seguros, núm. 7, p. 94, La Plata, 1973; Bercoff, Eduardo “Los Alcances del silencio del asegurador ante la denuncia de un siniestro por parte del asegurado” – LLLitoral, 20061008, 636; TSJ –Sala Civil- Cba., “Fortuna de Mendoza, Gladys Noemí c/ Raúl A. Bonza y otro – Ejecución de Sentencia – Recurso de Revisión” (Sent. Nº 6 del 24 de marzo de 1993).
11. La hipótesis que se encuentra fuera del vínculo convencional, por haber sido excluida del mismo o por no habérsela incluido nunca, impide hablar de “asegurado” y “asegurador” en relación a la misma; consecuentemente el art. 56 no encuentra el sustento necesario para su aplicación. Asimismo, se indicó, en consonancia con la tesis que juzgo correcta, que el riesgo “diverso” del previsto en la póliza no es idóneo para hacer funcionar la garantía del asegurador, por lo que de nada debe éste liberarse desde que no se ha generado derecho alguno.
12. Las reglas de la buena fe consagrada en el art. 1198 del Código Civil vigente hasta el mes de julio pasado como “buena fe contractual”, y elevada a la categoría de principio general del derecho en el núcleo duro del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como “buena fe en el ejercicio de los derechos” (art. 9), el instituto en cuestión rige las relaciones de los sujetos ligados por una relación negocial.
13. El no haber declinado la cobertura en el plazo fijado por el art. 56 de la Ley de Seguros no tiñe de mala fe la conducta de la Aseguradora. Es que tratándose de un siniestro que carece ab initio de garantía, la compañía no estaba obligada a expedirse en ese plazo y, consecuentemente, no era esperable de su parte que despliegue la consabida actividad. La mayor o menor diligencia puesta por la compañía en la investigación de las circunstancias del accidente que se pretende reglamentar con la implementación del plazo legal carece, en este caso, de toda virtualidad; pues no puede ser fuente de modificación o de eliminación de una cláusula contractual de exclusión de cobertura, que inclusive tiene apoyatura legal. No es eso lo que la legislación ha querido establecer.
14. El silencio del asegurador en la etapa prejudicial podría ser tenido en cuenta, evaluando esa pasividad, a la hora de decidir la imposición de las costas devengadas por su actuación en el proceso judicial; pero en modo alguno tiene entidad para provocar una implícita eliminación de la cláusula de exclusión de cobertura que fue originariamente convenida en las condiciones generales de la póliza, de base legal y mucho menos para establecer que el silencio del asegurador pueda implicar aceptación tácita de un derecho del asegurado a ser indemnizado, ab initio inexistente y expresamente prohibido por el orden jurídico.
15. La cláusula de exclusión de cobertura, en el caso, tiene validez legal pues no presenta obscuridades ni luce abusiva ni sorpresiva de acuerdo con las circunstancias y con la naturaleza del contrato, de manera que no cabe su revisión judicial o su declaración de nulidad o ineficacia (arg. art. 37, LDC, 24.240). Se trata no sólo de pautas contractuales que el Estado Nacional a través de la Superintendencia de Seguros ha aprobado y controla (Art. 158 de la ley 17.418 y 25 de la ley 20.091 que ordena que todas las Cláusulas y Condiciones de las Pólizas de Seguros deben ser “equitativas”), sino que, fundamentalmente, aquella exclusión de cobertura se encuentra en consonancia con normas básicas y generales del ordenamiento jurídico, entendido éste como un todo orgánico coherente (arg. arts. 502; 953, 1167; 1066, 1071 y 1198 C.C.; arts. 1014; 279; 958 y 1004; 1717; 9 y 10; 988 y 989; 1117 a 1122; 961 a 964; 1061 a 1068, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación).
16. Su derecho a obtener la garantía ofrecida por la compañía, ha sido expresamente limitado por el legislador a los términos del seguro contratado. Repárese que el artículo 109 de la Ley 17.418 establece que el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del conductor por él autorizado por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por el vehículo objeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido durante la vigencia del contrato; pero el artículo 118 determina que la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro.
17. Si existe una ley que delimita el alcance de la acción que se le concede al damnificado esto es, en la medida del seguro, los jueces deben aplicar la cortapisa, excepto que se considere que es inconstitucional, lo que no ocurre en el caso.
18. “…El reconocimiento de una acción directa para las víctimas está basada en el acceso a la justicia y no en la violación al principio de relatividad de los contratos. La regla es que un tercero debería ejercer una acción subrogatoria, y por esa razón, la evolución de la doctrina y legislación consagraron una acción denominada “citación en garantía”, que poco a poco fue interpretada como una especie de acción directa para favorecer el acceso de las víctimas a una satisfacción más rápida, pero siempre dentro del límite del seguro…” (Confr. Voto del Dr. Lorenzetti en la causa “Recurso de hecho deducido por Trainmet Seguros S.A. en la causa ‘Cuello, Patricia Dorotea c/ Lucena, Pedro Antonio”, sent. del 07/08/07). El Máximo Tribunal de la Nación avala el principio de relatividad de los contratos que consagraba el anterior art. 503 y 1195 del C. Civil; regla que inclusive mantiene el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 1021 y 1022 (por cierto, salvo que exista disposición legal en contrario, cosa que no ocurre en la situación descripta tal como se acaba de señalar art. 118 LS).
19. “…sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (…) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos porque no participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo deben circunscribirse a sus términos…” (Sent. dictada in re “Recurso de hecho deducido por La Perseverancia Seguros S.A. en la causa ‘Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro Ramiro Martín s/ daños y perjuicios” el 14 de abril de 2014).
-del voto del Dr. García Allocco en minoría-
1. La previsión incluida en la póliza consistente en que la ebriedad del conductor del vehículo asegurado no integra el riesgo tomado a cargo por la aseguradora, constituye una cláusula de exclusión de la cobertura. Sin embargo, tal hipótesis no escapa a la carga impuesta al asegurador de pronunciarse acerca del derecho del asegurado.
2. Frente a la denuncia de siniestro y configurada una causal de exclusión de cobertura, pesa sobre el asegurador la carga de pronunciarse “acerca del derecho del asegurado” en los términos previstos por el art. 56 de la LS.
3. No existe lugar a dudas de que genera un vínculo entre asegurado (que reviste la condición de consumidor final) y aseguradora, que implica una relación de consumo. En efecto, ésta última es una proveedora de un servicio, consistente en la aseguración de un riesgo previsto en la cobertura asegurativa, contra el pago de una prima (art. 2, Ley 24.240). Por otro lado, tampoco hay duda acerca de que el asegurado, que reviste la condición de “destinatario final”, es un usuario o consumidor, por lo que la relación encuadra en la descripción del art. 1 de la mencionada norma y, consecuentemente, aparece tutelada por el art. 42 de la Constitución Nacional.
4. El rango constitucional de la norma y el carácter de preceptos de orden público que el legislador ha asignado a la mayor parte de la regulación sobre la materia, han producido notables cambios en la interpretación, vigencia, y análisis de compatibilidad de otras normas del derecho que hasta el advenimiento de la nueva normativa, se tornaban como reglas o principios inconmovibles (Conf. LORENZETTI, Ricardo Luis, “Consumidores”, edit. RubinzalCulzoni, Sta. Fe, 2003, pág. 43 y ss). En tal orden de ideas, no desconozco el criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Buffoni”, que al analizar la incidencia que sobre la materia de seguros ejercería la modificación al régimen legal de defensa de los consumidores, sostuvo: “…no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro”. Sin embargo, la cuestión no puede resolverse por vía de las reglas de las antinomias legales tradicionales. No se trata de un conflicto entre normas de igual jerarquía, que tornaría aplicables las reglas de especialidad y posterioridad cronológica. En el caso, rige la regla de jerarquía: no es la ley, sino la Constitución Nacional (art. 42), la que es fuente principal del Derecho Consumerista.
5. Desde ningún punto de vista considero que el derecho del consumo haya derogado implícitamente el régimen de seguros. Diversamente, postulo una adecuada integración de las normas, siempre que se den las circunstancias que determinen que el contrato de seguro implique, a su vez, una relación de consumo, a los fines de que el régimen de la ley 24.240 sirva como pauta de interpretación en favor del consumidor. En tal sentido, en lo que es de interés para el presente, el art. 3 de la ley 24.240, luego de la reforma operada por la ley 26.361, prescribe que “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”.
6. El de seguro, además de un contrato de consumo, tiene la particularidad de ser, también, un contrato por adhesión a cláusulas predispuestas o condiciones generales, en tanto la configuración interna del mismo es definida de modo unilateral y anticipada sólo por una de las partes (aseguradora), de modo que si la otra (asegurado) decide contratar, debe hacerlo sobre la base de aquel contenido. Es decir, contrata en los términos predispuestos por la aseguradora o no contrata.
7. El debilitamiento de la autonomía de voluntad se torna todavía más evidente en el supuesto de seguro automotor obligatorio (art. 68, Ley 24.449), en el que en miras a cumplir una función social, cual es otorgar a las víctimas de accidentes de tránsito una herramienta para recomponer los daños sufridos tanto en su persona como en sus bienes por los accidentes de tránsito, el Estado impone, como requisito de circulación (art. 40, ibid.) el aseguramiento. Es más, la práctica indica que, en ese específico ámbito del mercado asegurativo, la mayoría de las veces el asegurado no accede a las condiciones de la póliza sino una vez que ya ha celebrado el contrato.
8. No puede válidamente sostenerse que las partes “convienen” cuáles son los riesgos asegurados y cuáles quedan excluidos de la cobertura. Diversamente, tales limitaciones son impuestas unilateralmente por el asegurador, frente a lo cual, el asegurado no tiene posibilidad de cuestionar las condiciones contractuales que hacen al riesgo asegurado. De tal manera, el contrato de seguro de vehículos automotores, cuando es contratado por un consumidor (en los términos del art. 1 de la ley 24.240), es un contrato de consumo celebrado por adhesión. Por el otro, queda descartado que, sobre el riesgo asegurado, exista un verdadero acuerdo de voluntades entre asegurador y asegurado.
9. la carga de la aseguradora de pronunciarse acerca del derecho del asegurado, establecida en el art. 56 Ley de Seguros, constituye una atribución privilegiada de una de las partes del sinalagma contractual la que, por otra parte, tiene lugar una vez que el asegurado ha cumplido con la carga de denunciar el siniestro y, en su caso, aportar la información complementaria que establecen los párrafos 2º y 3º del artículo 46.
10. El principio de buena fe impone que la aseguradora resuelva con la mayor celeridad posible la situación del asegurado, ya que una vez que tuvo lugar el riesgo, la prestación debida por el asegurador debe llegar en tiempo oportuno a manos del beneficiario.
11. Si la aseguradora considera que el siniestro denunciado no integra el riesgo asegurado, debe hacérselo saber categórica y oportunamente a quien formula la denuncia, bajo pena de que su silencio se considere como aceptación. Ello así por cuanto, vinculado al principio de buena fe, cobra particular relevancia el deber de información, regla secundaria de conducta de particular relevancia en el contrato de seguro, que despliega sus efectos en todo el iter contractual imponiendo en las diversas etapas de la relación asegurativa cargas de información a ambas partes (vgr. arts. 5, 46, 47, 56 Ley 17.418). Este deber de información, de fuente constitucional, a tenor del art. 42 de la Constitución Nacional que establece que los consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz, se intensifica en cabeza de la aseguradora en razón de su carácter de experta frente a quien no lo es, a fin de acortar la brecha informativa que, tal como lo expusiera precedentemente, constituye uno de los principales elementos de la debilidad estructural del asegurado.
12. La verificación de los presupuestos configurativos de una causal de exclusión de la cobertura tal como la ebriedad de quien conducía el vehículo asegurado debe ser objeto de invocación y acreditación. Y los principios ya señalados (buena fe, deber de información, favor debilis) imponen que tal alegación se formule en la primera oportunidad, es decir, inmediatamente después de formulada la denuncia de siniestro o de aportada la información complementaria prevista por los párrafos 2º y 3º del art. 46, Ley 17.418.
13. Si la aseguradora entiende que se está frente a un supuesto de riesgo excluido del contrato, debe hacérselo saber a quien reclama la cobertura, en forma clara y categórica, y en el lapso de tiempo contemplado en el art. 56 de la ley 17.418.
14. El asegurador “debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria prevista en los párrs. 2º y 3º del art. 46” (énfasis añadido), sin formular distingo alguno entre supuestos de caducidad del seguro y cláusulas de exclusión. De tal manera, del tenor literal del precepto cabe colegir que la carga de pronunciarse está impuesta cuando existe relación asegurativa vigente, sin formular distinciones, porque donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo. “más que pronunciarse acerca del derecho del asegurado, lo que la ley impone es el deber (carga) de manifestarse dentro de un lapso determinado sobre la existencia de circunstancias que eximan al asegurador del cumplimiento de la prestación comprometida, por causa de nulidad, caducidad o exclusión de cobertura” (conf. Meilij, Gustavo Raúl “Características de la carga de ‘pronunciarse’ sobre los derechos del asegurado” (Abeledo Perrot Nº 0003/012863).
15. “No constituye excepción al deber de pronunciarse el siniestro denunciado por el asegurado y que el asegurador considera que se halla expresa o tácitamente excluido de cobertura. Si así no fuera, el artículo 56, Ley de Seguros, carecería de función, ya que si el asegurador se hallara liberado de pronunciarse adversamente con relación a los siniestros excluidos, cabe preguntarse qué sentido tendría pronunciarse sobre los incluidos, ya que bastaría con guardar silencio” (conf. “Derecho de Seguros”, Tomo II, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 151).
16. “Si el asegurador recibe la denuncia de siniestro sin formular oportuno reparo explícito, ni dar explicación razonada en caso de no haberla encontrado ajustada a derecho (a la denuncia del siniestro), o cuando considera que el hecho está excluido de la cobertura otorgada, no puede luego invocar válidamente que el hecho denunciado o el riesgo concretado en el siniestro se encuentra fuera de las previsiones de la póliza contratada. Ésta es la sanción que le corresponde cuando deja transcurrir el plazo legal de pronunciamiento sin obrar en la forma expresamente prevenida por el art. 56” (conf. Meilij, Gustavo, “Características de la carga de ‘pronunciarse’ sobre los derechos del asegurado” JA 2006IV949).
17. “…el asegurador debe invocar el dolo o culpa grave en el plazo de pronunciamiento respecto del siniestro del asegurado, o sea, el del artículo 56 de la Ley de Seguros: treinta días” (conf. “Seguro obligatorio automotor”, Santa Fe, Rubinzal Culzoni Editores, 2010, pág. 283).
18. Si la aseguradora cumple con la carga de pronunciarse, evitará el perjuicio consistente en la aceptación tácita del derecho del asegurado. Tal como fuera puesto de resalto, el plus que en orden al deber de informar por parte de la aseguradora propiciamos, procura equilibrar la desigualdad real existente entre las partes contratantes. En tal disposición, si el asegurado cuenta con información clara y oportuna de parte de la aseguradora acerca de si el siniestro implica un supuesto excluido de la cobertura, puede tomar las medidas conducentes a controvertir la manifestación de la aseguradora u optar por otras vías de acción. De tal manera, se minimizan y, en muchas ocasiones, se suprimen los costos derivados de un litigio judicial.
19. El espíritu del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) conduce a postular la operatividad de la carga impuesta por el art. 56 de la Ley de Seguros a los supuestos de exclusión de cobertura. Si bien mantienen su vigencia y operatividad algunas leyes especiales, como la Ley de contrato de seguro (Nº 17.418), la potencialidad de los principios que trasuntan todo el Código, irá reformulando el sentido de cada uno de los microsistemas normativos.
20. El nuevo Código posiciona a los principios y valores en un lugar de privilegio y les hace jugar un rol fundamental en materia de interpretación de los actos jurídicos. Al respecto, el Código incorpora en el Título Preliminar, como núcleo de significaciones que aporta reglas que confieren una significación general a todo el sistema, los principios de buena fe, abuso del derecho, etc., suministrando pautas generales a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos. Tales principios se complementan con reglas específicas aplicables a las distintas materias reguladas.
21. En lo referido a los contratos en general, el art. 961 prescribe “Buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor”.
22. El novel ordenamiento distingue tres tipos de contratos: paritarios, por adhesión a cláusulas predispuestas y contratos de consumo (Título III del libro segundo) y se incluyen una serie de principios generales en defensa del consumidor que actúan como una protección mínima inderogable. En tal marco, se establece una obligación general de información a cargo del proveedor, quien está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión (art. 1100).
23. Se establece expresamente como pauta hermenéutica en los contratos de consumo el favor debilis (art. 1095). se consagra un conjunto de reglas que humanizan la vida de los contratos, incluido el de seguro: lealtad, colaboración, cooperación, confidencialidad, confianza, información, proporcionalidad, razonabilidad, coherencia (doctrina de los actos propios) y el principio general de protección de la dignidad del contratante como persona humana.
-del voto de la mayoría-
1. Existiendo un contrato de seguro vigente, el artículo 56 de la Ley 17.418 que impone a la aseguradora el deber de pronunciarse por la aceptación o rechazo de la cobertura en el plazo de 30 días de recibida la información complementaria bajo pena de considerarlo aceptado, resulta plenamente operativo frente a la denuncia de siniestro, aún en los casos en que el eventual rechazo de la cobertura obedezca a la existencia de una causa legal o convencional de exclusión. Ello comprende, lógicamente, la hipótesis de ebriedad del conductor del vehículo asegurado.
2. Si la ley fija un tiempo para pronunciarse acerca del derecho del asegurado, que según el art. 56 es de 30 días contados a partir de la recepción de la información complementaria prevista en el artículo 46 del mismo cuerpo legal, una vez vencido dicho plazo, el rechazo que se formule debe reputarse tardío con las consecuencias que la propia reglamentación predispone. De manera que la defensa que enarbola la aseguradora al proclamar la contestación de la demanda en sede judicial como oportunidad idónea para plantear la exclusión, carece de respaldo normativo.
3. El objeto principal del contrato es la cobertura del siniestro frente a un tercero damnificado inicialmente indeterminado, por un precio prima en dinero. Se trata de contratos marco, que son típicamente por adhesión a cláusulas predispuestas, donde la voluntad del asegurado sólo puede manifestarse mediante la aceptación o no de la oferta de una mayor o menor cobertura que le hace la empresa de seguros. En el particular resulta innegable, además, que estamos ante un contrato de consumo por encontrarse reunidas las calidades de proveedor profesional y consumidor en los sujetos que integran la relación jurídica obligatoria que liga a los codemandados. Bajo este prisma debe analizarse la operatividad del deber impuesto por el nombrado artículo 56, pues se trata del cumplimiento de una actividad, concretamente destinada a hacer saber al asegurado si la empresa va a hacerse cargo o no del siniestro.
4. La manda que contiene el art. 56 constituye una expresión del deber de informar que regula la Ley de Defensa del Consumidor. Deber cuya exigibilidad no se circunscribe sólo al tiempo de la celebración del contrato de seguro, sino también durante su ejecución y, con mayor vigor, cuando acaece un lecho lesivo que eventualmente deba ser cubierto; estadio donde se supone que el asegurado necesita en mayor medida del servicio que ofrece la empresa. Así lo entiende prestigiosa doctrina al señalar con cita de jurisprudencia que la información que el prestador del servicio debe brindar al consumidor de acuerdo al artículo 4 de la Ley 24.240 es fundamental en todas las etapas de la negociación, desde los preliminares hasta la extinción del contrato (Confr. Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, Santa Fé, Ed. Rubinzal Culzoni, 2da. edición actualizada, año 2009, pág. 211/212).
5. La aplicación de los postulados de la legislación consumeril confluye por el mismo sendero que señaláramos precedentemente, pues el asegurado tiene el innegable derecho de ser adecuadamente informado, una vez acaecido y comunicado el hecho dañoso, de la decisión que adopte la aseguradora en orden a la aceptación o rechazo de la cobertura; actividad que debe ser cumplida en el plazo que la ley especial establece, so riesgo de que el silencio se interprete como aceptación de la cobertura.
6. Sin entrar a analizar la conveniencia o no de las causales de exclusión de cobertura, ni la fuente legal o convencional de su inserción en la póliza respectiva en tanto se trata, de temáticas que desbordan el eje de la discusión, considero que la pretensión de manifestar la declinatoria de cobertura invocando causales de exclusión recién al momento de contestar la demanda, no habiéndolo hecho en el plazo de 30 días que fija la ley especial, podría constituir por parte de la aseguradora un obrar contrario con la buena fe negocial. Es que a partir de la denuncia del siniestro, la empresa de seguros dispone de todas las herramientas y del tiempo necesario para hacer las investigaciones que crea menester, en miras a definir si de acuerdo a las circunstancias que rodearon el hecho lesivo, estaba o no obligada a cubrirlo. De manera que la observancia de la buena fe en el ejercicio de los derechos que emanan del contrato, refuerza y nutre de fundamentos al deber que ha sido legal y específicamente impuesto en el art. 56 de la Ley de Seguros.
7. La cláusula de exclusión no tiene razón de ser si no pertenece a un contrato de seguro que ha nacido a la vida, que le da un marco regulatorio, y que se encuentra puesto en tela de juicio. Es por ello que la interpretación de cualquier estipulación que integre un contrato de seguro, incluidas las cláusulas que limiten su alcance, debe partir de la cobertura del riesgo genéricamente descripto en la póliza. Ese es el objeto primordial de la relación jurídica, del cual no es posible prescindir en la fajina de interpretar su alcance. En consecuencia, desde esa perspectiva no advierto ningún obstáculo que impida juzgar tácitamente aceptada la cobertura del siniestro en el caso legalmente previsto de que la aseguradora no se pronuncie sobre el derecho del asegurado en el plazo que establece la norma en cuestión.
8. La tácita aceptación de la cobertura prevista por la ley en el supuesto de silencio de la aseguradora no se revela como una solución completamente ajena a los términos y finalidades de la póliza ni se presenta prima facie como una consecuencia desmedida o exagerada.
TSJ –Sala Civil- Cba., Sent. 176, 30/12/2015, “Bayona Eduardo Manuel Y Otro C/ Celiz Oscar Leonardo – Ordinario – Daños Y Perj. – Accidentes De Tránsito – Recurso De Casación (Expte. Nº 555978/36)”
Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Señores Vocales votan en el siguiente orden: Dres. Carlos Francisco García Allocco, María Marta Cáceres de Bollati y Domingo Juan Sesín.
I. La empresa Sancor Coop. de Seguros Ltda., citada en garantía, articula mediante apoderado recurso de casación en autos: “BAYONA, EDUARDO MANUEL Y OTRO C/ CELIZ, OSCAR LEONARDO – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ. – ACCIDENTES DE TRÁNSITO – RECURSO DE CASACIÓN” (Expte. 555978/36) contra la Sentencia número noventa dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación de esta Ciudad con fecha 17 de septiembre de 2013, con fundamento en la causal prevista por el inciso 3° del art. 383 del C.P.C.
En Sede de Grado la impugnación fue sustanciada con arreglo a lo dispuesto por el art. 386 del C.P.C.C.. La parte actora mediante apoderada evacuó el traslado a fs. 1040 a 1047, no haciéndolo la demandada según surge de las constancias acompañadas. El Sr. Fiscal de Cámaras Civiles emitió dictamen, el cual se encuentra glosado a fs. 1056 a 1059. Mediante Auto Interlocutorio número treinta fechado el 28 de febrero de 2.014 se concedió la impugnación deducida.
Radicadas las actuaciones en esta Sede, se corrió vista al Ministerio Público Fiscal, quien emitió dictamen nº C678 glosado a fs. 1086 a 1090 vta. Dictado y firme el decreto de autos (fs. 1091), queda el recurso en condiciones de ser resuelto.
II. El casacionista alega que la sentencia dictada en el presente caso se funda en una interpretación de la ley contraria a la asumida por la Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta Ciudad en la causa dictada con fecha 3 de junio de 2010 en autos “CASTAÑE, JOSE LUIS C/ BUSTOS, MARCOS HORACIO Y OTROS – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES DE TRÁNSITO”; cuya copia, juramentada en su fidelidad, acompaña en cumplimiento de lo normado por la Ley Adjetiva.
Expone que la Cámara Aquo considera que aún en supuestos de “no seguro” resulta aplicable el art. 56 de la Ley de Seguros, en cuya virtud el asegurador tiene un plazo de 30 días para expedirse respecto del derecho del asegurado, aceptándolo o rehusándolo; y que en el caso que no se pronuncie debe entenderse aceptada la cobertura del siniestro. Puntualiza que el Tribunal Aquo analizó las circunstancias que rodean el caso a partir de esa premisa inicial; y en ese sentido consideró que en los supuestos de no seguro como el de autos, en los que la exclusión de la cobertura asegurativa se produce por culpa grave del asegurado y conductor del vehículo en estado de ebriedad, la aseguradora tiene igualmente el deber de expedirse y, consecuentemente, su silencio debe interpretarse como aceptación de la cobertura del riesgo.
Manifiesta que en el fallo ofrecido como antitético el debate también versa sobre la aplicación del art. 56 de la Ley de Seguros en la hipótesis de exclusión de cobertura por culpa grave del asegurado y conductor del vehículo por su estado de ebriedad, y que en esa oportunidad el tribunal actuante juzgó que no rige para la aseguradora el plazo previsto en dicha norma para expedirse respecto del derecho del asegurado, pudiendo válidamente oponer la defensa respectiva al contestar la demanda.
Explica que mientras en nuestro caso la Cámara se enrola en una interpretación estricta de las previsiones del art. 56 de la Ley 17.418, considerando aplicable en todos los casos el plazo que la norma prevé para que la aseguradora se expida esto es, aún en los casos de “no seguro” so riesgo de juzgar tácitamente aceptado el siniestro; en el precedente contradictorio se entendió que en los supuestos de “no seguro” no rige el mencionado plazo, pudiendo incluso la aseguradora oponer la exclusión de la cobertura al contestar la demanda aún cuando no hubiese hecho ninguna manifestación con anterioridad.
De ello colige que las interpretaciones que vierten los tribunales presentan una diferencia notable, ya que mientras en un caso la aseguradora debe expedirse necesaria y obligatoriamente dentro del plazo legal aún en supuestos de no seguro, en el otro no existe tal obligación pudiendo la aseguradora oponer la exclusión de cobertura al contestar la demanda.
Destaca que la trascendencia de la diferente interpretación radica en que en el presente caso se desestimó la exclusión de cobertura, en tanto que en el antagónico se la acogió, pese a haber sido planteada por primera vez en oportunidad de contestar la demanda.
Añade que las situaciones fácticas son idénticas, y que ninguna trascendencia tiene analizar como se hace en el sublite si la notificación cursada por la aseguradora al demandado comunicándole el rechazo de la cobertura se produjo o no dentro del plazo previsto por el art. 56 de la Ley de Seguros. Funda tal aseveración en que, de acuerdo a la postura del fallo antagónico, la exclusión de cobertura podía válidamente realizarse al tiempo de contestar la demanda, con lo cual relata la exclusión opuesta aún vencido el plazo del art. 56 es válida y legítima.
Propone, como interpretación normativa correcta, aquella que juzga que en los supuestos de “no seguro” o “ausencia de seguro” por culpa grave por ebriedad del conductor asegurado al momento del siniestro, no rige el plazo de caducidad previsto por el art. 56 de la Ley de Seguros para expedirse sobre el derecho del asegurado, y que en su mérito debe tenerse por opuesta en forma válida y tempestiva la defensa de exclusión de cobertura cuando fuere planteada al momento de contestar la demanda.
III. Relacionados así los agravios, y previo a abordar el análisis sustancial del planteo recursivo, corresponde a este Tribunal como juez supremo en la materia verificar si, en la especie, se hallan cumplidos los requisitos que condicionan la apertura de la instancia extraordinaria por la vía escogida.
En esa tarea, la consulta de la plataforma fáctica sometida a juzgamiento y su compulsa con el supuesto de hecho que motivó el pronunciamiento antagónico conforme la relación de causa allí vertida, revelan que existe paridad fáctica entre los casos confrontados.
Nótese que en el sublite, la víctima de un accidente de tránsito protagonizado por un conductor ebrio promueve demanda en su contra y cita en garantía a la aseguradora, quien, al comparecer a juicio, declina la cobertura alegando causal de exclusión por ebriedad de acuerdo a los términos de la póliza. Por su parte, la actora resiste el planteo, alegando que la aseguradora no se pronunció en el plazo de 30 días sobre el derecho del asegurado, y que por aplicación del art. 56 de la Ley 17.418 tal omisión acarrea la aceptación tácita de la cobertura.
En el fallo invocado como antagónico la situación fáctica es casi idéntica pues se trata de un accidente de tránsito protagonizado por un conductor ebrio, y la citada en garantía invoca la cláusula de exclusión convenida en la póliza, a la que se opone la contraria. Pese a que en este supuesto no se conoce con certeza si la Aseguradora se pronunció o no en la etapa prejudicial acerca del derecho del asegurado, lo cierto es que, de haberlo hecho, fue cuando ya estaba vencido el plazo de 30 días fijado en la ley especial. Ello se infiere sin dificultad a partir de la lectura del pronunciamiento que se invoca como antagónico; concretamente del fragmento donde se relaciona la oposición de la actora al rechazo de la cobertura por considerarlo extemporáneo, en la inteligencia de que la Compañía se manifestó luego de vencido el plazo de caducidad que consagra el art. 56 (vide fs. 1008).
Por otra parte, la diversidad hermenéutica luce manifiesta apenas se advierte que, mientras en el caso subexamen se decidió el rechazo de la casual de exclusión por considerarlo extemporáneo en virtud de lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 17.418, en el pronunciamiento que se invoca como antagónico se resolvió que la caducidad legal que consagra dicha norma no se aplica a los supuestos de exclusión de cobertura, pudiendo ser opuesta por la aseguradora al ser llevada a juicio.
En definitiva, los presupuestos que condicionan la viabilidad formal del remedio casatorio articulado se encuentran plenamente satisfechos, lo que obliga a este Alto Cuerpo a asumir las funciones de nomofilaquia y unificación que le encomienda la Ley Adjetiva (inciso 3º del art. 383 del C.P.C.C.).
IV. Thema decidendum:
El origen de la problemática radica en el alcance que cabe asignar al artículo 56 de la Ley de Seguros, en cuanto impone a la Aseguradora el deber de pronunciarse ante la denuncia de siniestro por la aceptación o rechazo de la cobertura en el plazo de 30 días de recibida la información complementaria prevista en el art. 46, bajo pena de que su silencio importe aceptación.
Desde ese enfoque corresponde dilucidar si tal disposición es aplicable, o no lo es, al siniestro protagonizado por un conductor ebrio, existiendo en la póliza una cláusula expresa de exclusión que contemple tal circunstancia, en sustento de una prohibición legal.
Luego de examinar detenidamente la cuestión sujeta a unificación, considero que la causal de exclusión de cobertura por culpa grave conducción en estado de ebriedad constituye un típico caso de ausencia de seguro o “no seguro” al que no corresponde aplicar el plazo para expedirse que fija el art. 56 de la Ley 17.418, ni consecuentemente la caducidad por inejecución del deber de pronunciarse sobre el derecho del asegurado que dicho precepto impone como sanción; y por ende, la compañía aseguradora puede, válidamente, invocar la declinatoria de cobertura al momento de contestar la demanda aunque no lo haya hecho con anterioridad.
VI. A la hora de contratar un seguro, cualquiera sea, las partes convienen cuál es el riesgo cubierto por la aseguradora, tarea que habitualmente se realiza mediante una conceptualización positiva genérica de los hechos o circunstancias alcanzados por la garantía, y otra negativa mediante la cual ciertas situaciones quedan fuera de la relación asegurativa.
En lo que a nosotros interesa, la póliza de seguros de automotores prevé que el asegurador no indemnizará el siniestro cuando el vehículo fuera conducido por una persona que se encuentre entre otras hipótesis en estado de ebriedad. Se trata, pues, de una causal de exclusión de cobertura por culpa grave del asegurado, que inclusive se encuentra, en esos términos, contemplada en el modelo de contratación aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. No es un dato menor que la propia Ley de Seguros instituye al dolo y la culpa grave como supuestos de exclusión de cobertura (arg. arts. 70 y 114, ley 17.418).
Se trata, pues, de las denominadas cláusulas de “no seguro” que tienen por objeto delimitar el riesgo describiendo las situaciones que, desde el nacimiento del contrato, las partes y la ley decidieron que no serán alcanzadas por la relación asegurativa; consiste en una descripción objetiva de las circunstancias de “no seguro” o no garantía; cláusulas que redactadas de modo inequívoco, expresamente enuncien de modo descriptivo los supuestos que carecen de cobertura asegurativa; no son la sanción a una conducta, sino la descripción de un evento o acontecimiento. Se encuentran fuera del contrato y lógicamente el asegurado no paga prima por ellas, ni la compañía está obligada a cubrirlas.
Tales estipulaciones se distinguen de los supuestos de “caducidad”, dado que éstos suponen un riesgo inicialmente cubierto por el contrato que genera un derecho en favor del asegurado que, frente a la ejecución o inejecución de alguna actividad, provocan la pérdida del derecho a obtener la cobertura (el asegurado) o a liberarse de ella (la compañía).
Así lo enseña prestigiosa doctrina al explicar que las diferencias entre ambos tipos de cláusulas son notables: las de exclusión de cobertura son delimitativas del riesgo, son descriptivas de él, enuncian situaciones colocadas fuera del amparo desde el comienzo del contrato, ya que influyen en la configuración del contenido de ese contrato desde el momento mismo de su celebración; las de caducidad, en cambio, son sancionatorias, suponen un riesgo inicialmente cubierto y, por ello, generador de un derecho en favor del asegurado que luego caduca ante el incumplimiento de la carga. (confr. Halperín, Isaac en “Seguros, Exposición crítica de las leyes 17.418, 20.091 y 22.400”, 3ª ed. actualizada por Nicolás Barbato, Buenos Aires, Lexis Nexis, Año 2001, pág. 418).
La distinción que se acaba de formular adquiere enorme significado en la problemática sujeta a unificación, pues a mi juicio, el artículo 56 de la Ley 17.418 consagra un supuesto de caducidad de derechos que no podría aplicarse a la conducción en estado de ebriedad que se encontraba originariamente fuera de cobertura; es decir, a un riesgo por el cual el asegurado jamás tuvo el derecho de reclamar cobertura. No cabría juzgar consolidado un derecho que nunca comenzó a existir, porque como es sabido, no hay obligación sin causa.
Es verdad que el texto legal bajo análisis no establece, de manera expresa, su inaplicabilidad a las cláusulas de exclusión; lo que animó a la parte actora apoyada en destacada doctrina y jurisprudencia a invocar en su apoyo el adagio “ubi lex non distiguit, nec nos distinguere debemus”. Es precisamente por esa aparente falta de claridad de la normativa que nos vemos forzados a indagar su sentido y alcance en Sede jurisdiccional.
Sin embargo, la naturaleza de la sanción impuesta de acuerdo a los conceptos que se enunciaron supra impone, en el caso, prescindir de esa pauta hermenéutica. La caducidad que contempla la norma presenta una esencia diferente como se dijo a los casos de ausencia de garantía por exclusión de cobertura.
Destácase, asimismo, que el nombrado artículo 56 se encuentra ubicado en la Sección denominada “Determinación de la indemnización. Juicio Pericial”, lo cual es coherente con el contenido de los dos preceptos que lo integran, pues el artículo que sigue (57) define el sujeto que habrá de cuantificar el daño (perito) a la vez que sanciona con nulidad las cláusulas compromisorias incluidas en la póliza. Vale decir, la sección donde se inserta la norma bajo análisis alude a la procedencia sustancial del reclamo de cobertura y al proceso de cuantificación; lo cual no podría predicarse de un siniestro que ha sido excluido por contrato. No cabría determinar ni medir algo que, por no haber existido en el contrato, carece de causa.
VII. Coincido, asimismo, con las razones que ofrece el maestro Halperín, cuando advirtiendo las discrepancias que, sobre el punto, existen en doctrina y jurisprudencia señala que “…no resulta aplicable el art. 56, LS., a los supuestos de inexistencia de cobertura o de ‘no seguro’: el referido art. 56 requiere determinadas calidades subjetivas para su aplicación, ya que habla de un deber del asegurador, de pronunciarse respecto del derecho del asegurado; y nadie resulta ‘asegurador’ ni ‘asegurado’ respecto de riesgos o situaciones que han sido colocados fuera del amparo asegurativo al concertarse el contrato y que, por ende, no integran el contenido de éste, al cual necesariamente se debe referir cualquier pretensión que alegue una persona respecto de quien invoca como su asegurador…” (Confr. Halperín, ob. cit., pág. 421).
Otros autores especialistas en la materia siguieron estas ideas (Confr. Barbato, Nicolás H., “Cláusulas de exclusión de cobertura”, en Revista de Derecho de Seguros, núm. 7, p. 94, La Plata, 1973; Bercoff, Eduardo “Los Alcances del silencio del asegurador ante la denuncia de un siniestro por parte del asegurado” – LLLitoral, 20061008, 636).
Por el mismo criterio hermenéutico se inclinó, hace largo tiempo, este Alto Cuerpo con anterior integración en la causa “Fortuna de Mendoza, Gladys Noemí c/ Raúl A. Bonza y otro – Ejecución de Sentencia – Recurso de Revisión” (Sent. Nº 6 del 24 de marzo de 1993). En esa oportunidad se explicó que la hipótesis que se encuentra fuera del vínculo convencional, por haber sido excluida del mismo o por no habérsela incluido nunca, impide hablar de “asegurado” y “asegurador” en relación a la misma; consecuentemente el art. 56 no encuentra el sustento necesario para su aplicación. Asimismo, se indicó, en consonancia con la tesis que juzgo correcta, que el riesgo “diverso” del previsto en la póliza no es idóneo para hacer funcionar la garantía del asegurador, por lo que de nada debe éste liberarse desde que no se ha generado derecho alguno.
También la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, en su momento, con la integración de la prestigiosa Dra. Kemelmajer de Carlucci, se inclinó por estas ideas en diversas oportunidades (Confr. Sent. del 01/07/08 publicada en La Ley Online –cita AR/JUR/11560/2008; y los precedentes que allí se relacionan). En idéntico sentido se pronunció la Corte Suprema de Tucumán por intermedio de su Sala Civil y Penal (Sent. del 26/12/03 in re “Aiquel, Germán R. c/ Rivero, Alfredo O. Ds. y Perj.”, Lexis 25/21521).
VIII. La solución que considero acertada no varía aunque acudamos a las reglas de la buena fe que, con insistencia, son invocadas por quienes reclaman la cobertura.
Consagrada en el art. 1198 del Código Civil vigente hasta el mes de julio pasado como “buena fe contractual”, y elevada a la categoría de principio general del derecho en el núcleo duro del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como “buena fe en el ejercicio de los derechos” (art. 9), el instituto en cuestión rige las relaciones de los sujetos ligados por una relación negocial.
Ahora bien, si examinamos el comportamiento de la Aseguradora a la luz de esta pauta hermenéutica, considero que no es posible enrostrarle mala fe por haber dejado al margen de la cobertura, en la fase inicial de la contratación, la conducción en estado de ebriedad como una hipótesis de culpa grave.
Y ello es así porque en primer término la cláusula en cuestión ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para las pólizas de seguro de automóviles. En similares términos ha sido avalada por el MERCOSUR; Organismo que mediante Resolución nº 120/94 aprobó las condiciones generales para el seguro de responsabilidad civil del conductor o dueño de automóviles, entre las cuales engloba, como riesgo no cubierto, al supuesto en que el vehículo asegurado sea conducido por una persona en estado de embriaguez (art. 4.1, inciso “k”).
Además, se trata de una previsión razonable teniendo en cuenta que sirve de complemento a la normativa que proscribe la conducción en situación de alcoholemia (art. 48 Ley Nacional de Tránsito) que tantas muertes ocasiona, y que es mirada con preocupación por los distintos poderes del Estado.
Tanto así que en nuestra Provincia de Córdoba se implementó el “Programa Alcoholemia Cero”, cuyo objetivo primordial es –precisamente disminuir la cantidad de siniestros viales relacionados al consumo de alcohol con consecuencias fatales para sus protagonistas (Ley Pcial. nº 10.181). En la esfera nacional, en virtud de un informe emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que indicaba que un tercio de los accidentes fatales ocurridos durante el año 2008 fueron protagonizados por conductores alcoholizados, se elaboró un proyecto de ley por el que se propuso la modificación del inciso “a” del art. 48 de la Ley 24.449 para reducir a cero la tolerancia por el consumo de alcohol para los conductores viales de cualquier tipo (Confr. Expte. PE, nº 116/13 ingresado al Senado de la Nación el 03/09/13).
Se trata, en realidad, de un problema que mundialmente es trágico, particularmente entre los jóvenes, cuyas vidas son truncadas por miles año tras año. Así, en los Estados Unidos, la NTSB (National Transportation Safety Board, o Junta Nacional de Seguridad en el Transporte) ha recomendado reducir drásticamente la tasa de alcoholemia e incorporar en los rodados tecnología para la detección de alcohol en el conductor, pues –según se informa el 31% de los accidentes fatales en autopistas fueron atribuidos al alcohol al volante (http://cnnespanol.cnn.com/2013/05/14). La preocupación por la temática ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a lanzar y publicar, en el año 2010, la denominada “Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol” (consultar http://www.who.int). Más recientemente, en 2015, la Organización Panamericana de la Salud publicó su “Informe de situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas”, que contiene cifras alarmantes y advierte que el consumo de alcohol es un factor de riesgo capital de los traumatismos por accidentes de tránsito, y una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de todo el mundo (consultar http://www.paho.org).
Es que mal se puede hablar de mala fe por parte de la Aseguradora cuando, sin duda, la conducta del asegurado consistente en conducir en estado de ebriedad constituye culpa grave y es, además, una conducta ilícita y antijurídica por hallarse proscripta en el marco de la Ley Nacional de Tránsito. De allí que tal hipótesis constituya una delimitación objetiva del riesgo, lo que significa que el asegurador no puede ni debe afrontar el amparo de conductas prohibidas y, por tales, en contradicción con el ordenamiento legal.
En ese alineamiento, la jurisprudencia se pronunció, considerando que “…la alcoholemia del conductor no puede ser considerada riesgo asegurable porque se trata de conducta reprobada por la ley. El art. 502 del Código Civil dispone que: “La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa es ilícita cuando es contraria a las leyes o al orden público”, por lo tanto se trata en el caso en estudio de una verdadera cláusula de no seguro, oponible erga omnes. A su vez, el art. 2 de la ley 17. 418 dispone que “el contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos, si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley”. Sin duda asegurar al conductor con alcoholemia, es un riesgo prohibido por la ley y no puede ser objeto de seguro alguno…”.
Y se agregó que “…Cuando el siniestro es provocado por dolo o culpa grave del asegurado estamos frente a un supuesto de riesgo excluido, una limitación subjetiva del riesgo o “no seguro”. Lo anterior, por cuanto desaparece la incertidumbre, que es la esencia del riesgo asegurado; admitir en tal situación el seguro, importaría someter el riesgo a voluntad potestativa de una de las partes (....) La delimitación del riesgo cubierto a través de la noción de la culpa grave, tiene por objeto mantenerlo dentro de los parámetros normales, excluyendo de ese modo, las alteraciones del comportamiento siniestral previsto, originado en la falta de adopción de las mínimas diligencias exigibles al asegurado, en función de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de tiempo, persona y lugar…” (Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, del 30/12/2008, publicado en DJ03/06/2009,1512).
IX. Por otra parte, considero que el no haber declinado la cobertura en el plazo fijado por el art. 56 de la Ley de Seguros no tiñe de mala fe la conducta de la Aseguradora.
Es que, de acuerdo a lo expresado supra, tratándose de un siniestro que carece ab initio de garantía, la compañía no estaba obligada a expedirse en ese plazo y, consecuentemente, no era esperable de su parte que despliegue la consabida actividad.
La mayor o menor diligencia puesta por la compañía en la investigación de las circunstancias del accidente que se pretende reglamentar con la implementación del plazo legal carece, en este caso, de toda virtualidad; pues no puede ser fuente de modificación o de eliminación de una cláusula contractual de exclusión de cobertura, que inclusive tiene apoyatura legal. No es eso lo que la legislación ha querido establecer.
Es verdad que, enterada la Aseguradora de las circunstancias del accidente, pudo manifestarse en la etapa prejudicial; nada se lo impedía. También es cierto que con ello pudo evitar generar la legítima expectativa en el damnificado de que el siniestro estaba aceptado o cubierto, a la hora de pedir su citación a juicio. En atención a ello, y en la mejor de las hipótesis, el silencio del asegurador en la etapa prejudicial podría ser tenido en cuenta, evaluando esa pasividad, a la hora de decidir la imposición de las costas devengadas por su actuación en el proceso judicial; pero en modo alguno tiene entidad para provocar una implícita eliminación de la cláusula de exclusión de cobertura que fue originariamente convenida en las condiciones generales de la póliza, de base legal y mucho menos para establecer que el silencio del asegurador pueda implicar aceptación tácita de un derecho del asegurado a ser indemnizado, ab initio inexistente y expresamente prohibido por el orden jurídico.
X. En cambio, cabría preguntarse si la pretensión del asegurado de obtener una cobertura por un riesgo que fue expresamente excluido (por el cual no pagó ni podría haber pagado prima) y que posee la gravedad que muestra la generalidad de los casos de conducción de vehículos en estado de ebriedad, no debe ser considerada como una conducta reñida con la buena fe en la etapa funcional del contrato de seguro. Siendo que, desde el momento del accidente, el conductor conoce el estado de alcoholemia en que se encontraba y, primordialmente, la responsabilidad legal que dicho accionar conlleva, sin dudas que la respuesta afirmativa se impone.
La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al presente caso no mejora la situación de los reclamantes. La cláusula de exclusión de cobertura, en el caso, tiene validez legal pues no presenta obscuridades ni luce abusiva ni sorpresiva de acuerdo con las circunstancias y con la naturaleza del contrato, de manera que no cabe su revisión judicial o su declaración de nulidad o ineficacia (arg. art. 37, LDC, 24.240).
Se trata no sólo de pautas contractuales que, insisto, el Estado Nacional a través de la Superintendencia de Seguros ha aprobado y controla (Art. 158 de la ley 17.418 y 25 de la ley 20.091 que ordena que todas las Cláusulas y Condiciones de las Pólizas de Seguros deben ser “equitativas”), sino que, fundamentalmente, aquella exclusión de cobertura se encuentra en consonancia con normas básicas y generales del ordenamiento jurídico, entendido éste como un todo orgánico coherente (arg. arts. 502; 953, 1167; 1066, 1071 y 1198 C.C.; arts. 1014; 279; 958 y 1004; 1717; 9 y 10; 988 y 989; 1117 a 1122; 961 a 964; 1061 a 1068, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación).
Finalmente y como se indicó supra, la ausencia de cobertura tiene su lógico correlato en que la aseguradora no percibe prima por el riesgo excluido.
XI. La pretensión del damnificado de reclamar la cobertura pese a la existencia de la cláusula de exclusión, aunque comprensible desde lo humano, no merece mejor suerte.
Es que, su derecho a obtener la garantía ofrecida por la compañía, ha sido expresamente limitado por el legislador a los términos del seguro contratado. Repárese que el artículo 109 de la Ley 17.418 establece que el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del conductor por él autorizado por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por el vehículo objeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido durante la vigencia del contrato; pero el artículo 118 determina que la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro.
Si existe una ley que delimita el alcance de la acción que se le concede al damnificado esto es, en la medida del seguro, los jueces deben aplicar la cortapisa, excepto que se considere que es inconstitucional, lo que no ocurre en el caso.
Con agudeza, el Dr. Lorenzetti puntualizó “…El reconocimiento de una acción directa para las víctimas está basada en el acceso a la justicia y no en la violación al principio de relatividad de los contratos. La regla es que un tercero debería ejercer una acción subrogatoria, y por esa razón, la evolución de la doctrina y legislación consagraron una acción denominada “citación en garantía”, que poco a poco fue interpretada como una especie de acción directa para favorecer el acceso de las víctimas a una satisfacción más rápida, pero siempre dentro del límite del seguro…” (Confr. Voto del Dr. Lorenzetti en la causa “Recurso de hecho deducido por Trainmet Seguros S.A. en la causa ‘Cuello, Patricia Dorotea c/ Lucena, Pedro Antonio”, sent. del 07/08/07).
Vale decir, el Máximo Tribunal de la Nación avala el principio de relatividad de los contratos que consagraba el anterior art. 503 y 1195 del C. Civil; regla que inclusive mantiene el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 1021 y 1022 (por cierto, salvo que exista disposición legal en contrario, cosa que no ocurre en la situación descripta tal como se acaba de señalar art. 118 LS).
En un precedente más reciente, el Alto Tribunal ratificó la postura, precisando que: “…sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (…) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos porque no participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo deben circunscribirse a sus términos…” (Sent. dictada in re “Recurso de hecho deducido por La Perseverancia Seguros S.A. en la causa ‘Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro Ramiro Martín s/ daños y perjuicios” el 14 de abril de 2014; énfasis añadido).
XII. No desconozco que existe reconocida doctrina autoral e importante jurisprudencia que sostiene la tesis opuesta a la aquí sostenida. Por ese sendero se encaminó también la Corte Suprema de Buenos Aires (Fallo del 11/06/14 dictado en la causa: “Villarruel, Alicia Beatriz contra Caparros, Oscar. Daños y perjuicios” cuyo extracto fuera publicado en La Ley Online AR/JUR/31226/2014).
Sin embargo, sin desmerecer el enjundioso estudio que precede la defensa de tal posición, estimo en base a las consideraciones relacionadas supra, que no es esa la hermenéutica correcta; sin perjuicio de reconocer el reclamo que vierten algunos autores de que se regule más prolijamente la cuestión en debate para evitar la litigiosidad. (Confr. Morello – Stiglitz, La Ley Online AR/DOC/1044/2006).
XIII. Conforme lo expuesto y siendo que la decisión adoptada en el pronunciamiento subexamen no se ajusta a la doctrina que estimo correcta, propongo la anulación del decisorio dictado por la Cámara Aquo y la remisión de la causa a los fines de un nuevo juzgamiento, acorde a las pautas que se vierten en la presente resolución (arg. art. 390 C. de P.C.).
I. Adhiero al juicio enunciado por el Sr. Vocal de primer Voto en lo relativo a la admisibilidad formal del recurso de casación que nos convoca, en especial desde el punto de vista de la verificación de una efectiva divergencia jurisprudencial entre las sentencias que se compulsan. De allí que sobre el particular me remito a las consideraciones por él desarrolladas en el punto III de su voto.
II. En lo que atañe a la cuestión de derecho que se trae a conocimiento de la Sala, anticipo mi discrepancia con la opinión asumida por el distinguido colega cuyo voto me antecede, en virtud de las apreciaciones y argumentos que expongo a continuación.
III. Coincido en que la previsión, incluida en la póliza, consistente en que la ebriedad del conductor del vehículo asegurado no integra el riesgo tomado a cargo por la aseguradora, constituye una cláusula de exclusión de la cobertura.
Sin embargo, no obstante tal conceptualización, considero que tal hipótesis no escapa a la carga impuesta al asegurador de pronunciarse acerca del derecho del asegurado.
Es decir, entiendo que frente a la denuncia de siniestro y configurada una causal de exclusión de cobertura, pesa sobre el asegurador la carga de pronunciarse “acerca del derecho del asegurado” en los términos previstos por el art. 56 de la LS.
IV. La conclusión asumida se infiere, en primer término, de la interpretación que corresponde asignar a los derechos y deberes de las partes del contrato de seguro, en función de las particularidades del vínculo asegurativo.
En primer término y situados en la génesis del contrato, no existe lugar a dudas de que genera un vínculo entre asegurado (que reviste la condición de consumidor final) y aseguradora, que implica una relación de consumo.
En efecto, ésta última es una proveedora de un servicio, consistente en la aseguración de un riesgo previsto en la cobertura asegurativa, contra el pago de una prima (art. 2, Ley 24.240). Por otro lado, tampoco hay duda acerca de que el asegurado, que reviste la condición de “destinatario final”, es un usuario o consumidor, por lo que la relación encuadra en la descripción del art. 1 de la mencionada norma y, consecuentemente, aparece tutelada por el art. 42 de la Constitución Nacional.
El rango constitucional de la norma y el carácter de preceptos de orden público que el legislador ha asignado a la mayor parte de la regulación sobre la materia, han producido notables cambios en la interpretación, vigencia, y análisis de compatibilidad de otras normas del derecho que hasta el advenimiento de la nueva normativa, se tornaban como reglas o principios inconmovibles (Conf. LORENZETTI, Ricardo Luis, “Consumidores”, edit. RubinzalCulzoni, Sta. Fe, 2003, pág. 43 y ss).
En tal orden de ideas, no desconozco el criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Buffoni”, citada por el Sr. Vocal preopinante, que al analizar la incidencia que sobre la materia de seguros ejercería la modificación al régimen legal de defensa de los consumidores, sostuvo: “…no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro”.
Sin embargo, desde mi punto de vista, la cuestión no puede resolverse por vía de las reglas de las antinomias legales tradicionales. No se trata de un conflicto entre normas de igual jerarquía, que tornaría aplicables las reglas de especialidad y posterioridad cronológica. En el caso, rige la regla de jerarquía: no es la ley, sino la Constitución Nacional (art. 42), la que es fuente principal del Derecho Consumerista.
Sin perjuicio de lo expuesto, estimo conveniente dejar aclarado que desde ningún punto de vista considero que el derecho del consumo haya derogado implícitamente el régimen de seguros. Diversamente, postulo una adecuada integración de las normas, siempre que se den las circunstancias que determinen que el contrato de seguro implique, a su vez, una relación de consumo, a los fines de que el régimen de la ley 24.240 sirva como pauta de interpretación en favor del consumidor.
En tal sentido, en lo que es de interés para el presente, el art. 3 de la ley 24.240, luego de la reforma operada por la ley 26.361, prescribe que “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”.
En un segundo orden de ideas, el de seguro, además de un contrato de consumo, tiene la particularidad de ser, también, un contrato por adhesión a cláusulas predispuestas o condiciones generales, en tanto la configuración interna del mismo es definida de modo unilateral y anticipada sólo por una de las partes (aseguradora), de modo que si la otra (asegurado) decide contratar, debe hacerlo sobre la base de aquel contenido. Es decir, contrata en los términos predispuestos por la aseguradora o no contrata.
El debilitamiento de la autonomía de voluntad se torna todavía más evidente en el supuesto de seguro automotor obligatorio (art. 68, Ley 24.449), en el que en miras a cumplir una función social, cual es otorgar a las víctimas de accidentes de tránsito una herramienta para recomponer los daños sufridos tanto en su persona como en sus bienes por los accidentes de tránsito, el Estado impone, como requisito de circulación (art. 40, ibid.) el aseguramiento.
Es más, la práctica indica que, en ese específico ámbito del mercado asegurativo, la mayoría de las veces el asegurado no accede a las condiciones de la póliza sino una vez que ya ha celebrado el contrato.
En función de ello, en lo que refiere a la materia que constituye el objeto del presente pronunciamiento, no puede válidamente sostenerse que las partes “convienen” cuáles son los riesgos asegurados y cuáles quedan excluidos de la cobertura.
Diversamente, tales limitaciones son impuestas unilateralmente por el asegurador, frente a lo cual, el asegurado no tiene posibilidad de cuestionar las condiciones contractuales que hacen al riesgo asegurado.
De tal manera, por un lado queda precisado mi punto de vista en orden a que el contrato de seguro de vehículos automotores, cuando es contratado por un consumidor (en los términos del art. 1 de la ley 24.240), es un contrato de consumo celebrado por adhesión. Por el otro, queda descartado que, sobre el riesgo asegurado, exista un verdadero acuerdo de voluntades entre asegurador y asegurado.
V. Tales definiciones ostentan evidentes implicancias en la interpretación de los términos del contrato y específicamente en lo relativo al alcance que cabe asignar a los deberes de conducta de cada una de las partes, pues no puede perderse de vista la notoria asimetría que caracteriza a la relación jurídica generada por la celebración de un contrato de seguro.
Es que, en un polo de la vinculación aparece la aseguradora, que desarrolla su actividad con carácter profesional y con una organización altamente especializada. Del otro lado del sinalagma contractual se ubica el asegurado, usuario no profesional, quien se encuentra en tal vinculación en una situación de vulnerabilidad, al carecer de la efectiva posibilidad de negociación, no contar con conocimientos específicos referidos al servicio, ni experiencia en la materia.
La disparidad señalada, en la etapa funcional del contrato, acentúa los deberes del predisponente en razón de su condición de autor del contenido contractual así como del carácter profesional con que presta el servicio, en pos del restablecimiento del equilibrio del contrato que fue sustraído en su celebración.
En miras a tal cometido, cobra fuerza el principio de buena fe, de basal importancia en el ámbito del contrato de seguro, standard insoslayable de la conducta que se deben recíprocamente las partes, tanto en la interpretación de las cláusulas de la póliza, como en la ejecución de las obligaciones de ambas partes.
Bajo el prisma de tal principio, no puede dejar de señalarse que la carga de la aseguradora de pronunciarse acerca del derecho del asegurado, establecida en el art. 56 Ley de Seguros, constituye una atribución privilegiada de una de las partes del sinalagma contractual la que, por otra parte, tiene lugar una vez que el asegurado ha cumplido con la carga de denunciar el siniestro y, en su caso, aportar la información complementaria que establecen los párrafos 2º y 3º del artículo 46.
Particular relevancia ostenta en esta instancia de la vinculación el ya señalado carácter profesional con que la aseguradora desarrolla sus tareas y la organización altamente especializada que caracteriza a su operatoria, circunstancias que la coloca en posición de expedirse, sin mayores dificultades, respecto del derecho del asegurado, dentro de un plazo que no puede calificarse de exiguo (30 días, contados desde la denuncia de siniestro o desde el aporte de la información complementaria prevista en los párrafos 2º y 3º, art. 46, Ley de Seguros).
Es decir, el principio de buena fe impone que la aseguradora resuelva con la mayor celeridad posible la situación del asegurado, ya que una vez que tuvo lugar el riesgo, la prestación debida por el asegurador debe llegar en tiempo oportuno a manos del beneficiario.
VI. Las consideraciones formuladas por el distinguido colega que me precedió en la votación, que hacen hincapié en la ilicitud de la conducta de quien conduce un vehículo en estado de ebriedad, y en que tal reprochable accionar no puede ni debe ser objeto del contrato de seguro, no inciden en la conclusión asumida.
En primer término, no está en tela de juicio que conducir en estado de ebriedad constituye un obrar antijurídico, proscripto en las Leyes de Tránsito dictadas en el orden nacional (Ley 24.449), provincial (Ley 8560 –T.O. según Ley 9169) y municipal (Ordenanza Nº 9981).
Igualmente notoria es la alarmante cantidad de accidentes viales causados por la ingesta de alcohol que ha determinado una serie de medidas legislativas, incluso a nivel mundial, que implican la fijación de una política de Estado tendiente a reducir la cantidad de siniestros viales (vgr. Programa de Alcoholemia Cero).
Sin embargo, tales aspectos no integraron la cuestión sometida a decisión de esta Sala.
El conflicto interpretativo está circunscripto a determinar la conducta que es dable exigir a la aseguradora, en el marco de la ejecución del contrato de seguro. Concretamente, lo que corresponde definir es si ésta última debe pronunciarse acerca de los derechos del asegurado en el plazo establecido por el art. 56 de la ley 17.418, cuando las circunstancias en que ocurrió el siniestro lo sitúan como un supuesto prima facie excluido de la cobertura; así como las consecuencias que cabe asignar a la omisión de pronunciarse en el plazo previsto en la norma referida.
Se insiste, nada tiene que ver con la cuestión a definir el reproche que tanto desde una perspectiva normativa como axiológica cabe formular a quien conduce en estado de ebriedad, ni se discute la razonabilidad de que la ebriedad del conductor constituya una causal de exclusión de cobertura, a causa de la intensificación del riesgo que tal estado conlleva.
Tampoco se propicia que la aseguradora deba cubrir riesgos inicialmente excluidos de la cobertura.
Tan solo se postula que si la aseguradora considera que el siniestro denunciado no integra el riesgo asegurado, debe hacérselo saber categórica y oportunamente a quien formula la denuncia, bajo pena de que su silencio se considere como aceptación.
Ello así por cuanto, vinculado al principio de buena fe, cobra particular relevancia el deber de información, regla secundaria de conducta de particular relevancia en el contrato de seguro, que despliega sus efectos en todo el iter contractual imponiendo en las diversas etapas de la relación asegurativa cargas de información a ambas partes (vgr. arts. 5, 46, 47, 56 Ley 17.418).
Este deber de información, de fuente constitucional, a tenor del art. 42 de la Constitución Nacional que establece que los consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz, se intensifica en cabeza de la aseguradora en razón de su carácter de experta frente a quien no lo es, a fin de acortar la brecha informativa que, tal como lo expusiera precedentemente, constituye uno de los principales elementos de la debilidad estructural del asegurado.
VII. En otro orden de ideas, la verificación de los presupuestos configurativos de una causal de exclusión de la cobertura tal como la ebriedad de quien conducía el vehículo asegurado debe ser objeto de invocación y acreditación.
Y los principios ya señalados (buena fe, deber de información, favor debilis) imponen que tal alegación se formule en la primera oportunidad, es decir, inmediatamente después de formulada la denuncia de siniestro o de aportada la información complementaria prevista por los párrafos 2º y 3º del art. 46, Ley 17.418.
Es decir, si la aseguradora entiende que se está frente a un supuesto de riesgo excluido del contrato, debe hacérselo saber a quien reclama la cobertura, en forma clara y categórica, y en el lapso de tiempo contemplado en el art. 56 de la ley 17.418.
Las ventajas que desde el punto de vista práctico presenta la interpretación propuesta, en orden a que el asegurado tome conocimiento de la decisión de la aseguradora de considerar al siniestro excluido de la cobertura en el plazo de treinta días, resulta evidente en tanto si considera que la decisión es errónea, el asegurado podrá ejercer su derecho a controvertirla y demostrar que el supuesto sí integraba el riesgo previsto o que no se configuraron en el caso los presupuestos de hecho para que operara la causal de exclusión prevista; en caso contrario, queda definida la situación de las partes, evitando en muchos casos que ellas o los terceros que resultaron víctimas del siniestro deban recurrir a un litigio judicial.
VIII. Desde la perspectiva de la interpretación de los términos del art. 56 de la Ley de contrato de seguro, la conclusión asumida se ve reforzada.
En efecto, el artículo establece que el asegurador “debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria prevista en los párrs. 2º y 3º del art. 46” (énfasis añadido), sin formular distingo alguno entre supuestos de caducidad del seguro y cláusulas de exclusión.
De tal manera, del tenor literal del precepto cabe colegir que la carga de pronunciarse está impuesta cuando existe relación asegurativa vigente, sin formular distinciones, porque donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo.
Al respecto, se ha sostenido: “más que pronunciarse acerca del derecho del asegurado, lo que la ley impone es el deber (carga) de manifestarse dentro de un lapso determinado sobre la existencia de circunstancias que eximan al asegurador del cumplimiento de la prestación comprometida, por causa de nulidad, caducidad o exclusión de cobertura” (conf. Meilij, Gustavo Raúl “Características de la carga de ‘pronunciarse’ sobre los derechos del asegurado” (Abeledo Perrot Nº 0003/012863).
No desconozco que de lege ferenda un amplio sector de la doctrina nacional postula una modificación de la norma. En tal sentido, se propugna una reforma según la cual se imponga a la aseguradora un castigo cuando incurriere en mora en el pronunciamiento acerca de los derechos del asegurado en el plazo razonable que se fije, o no cumpla con su obligación de reconocer, rechazar o estimar el evento, la cobertura, o los daños invocados). Quienes propician tal cambio, aducen que de tal manera “la determinación normativa del derecho del asegurado evitaría que el usus fori reconociera un no seguro o una falta de cobertura, como ha ocurrido ante la imprecisión e incompletividad del actual art. 56” (cfr. CNCom., Sala A, del voto de la Dra. Uzal, 28/06/2013, en autos: “Aguirre...” (AR/JUR/38822/2013).
Sin embargo, tal como hoy está redactada la norma, no es correcto formular distinción alguna.
IX. En sentido coincidente con la postura propiciada se ha pronunciado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en autos “V.; A, B c. C., y O. (sucesión) s/ daños y perjuicios (RCyS 2014XI, 273); la Corte Suprema de la Provincia de Mendoza en autos “B.,R.G. y ots. C. R.,R.E. y ots. s/ d. y p.s/inc. cas. (La Ley 17/02/14); la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, 24/10/1995, “M., A. A. c. La Estrella Cía. de Seguros”, LA LEY 1996B223, posición recientemente reiterada en autos “Logística Santo Domingo S.A. c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario”, Sentencia de fecha 05/05/15; Sala E, 03/09/1997, en autos “Nieto, Julio J. c. Suizo Argentina Compañía de Seguros S.A.”, JA, 1998III509; Sala E, “Geromel, Omar Pedro y otros c/ Sosa; José María y otros”, 22/02/10, AR/JUR/1353/2010, sala F, en autos “Alderstein, Fabio Hernán y otro c. Ruíz, César y otros s/daños y perjuicios” (RCyS 2012VIII , 242), Sala L en autos “Szwarc” AR/JUR/2293/206; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación de esta ciudad, en autos “Ferreyra c/ Bollati” (Sent. Nº 84 del 07/08/14), la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, en autos “Zappile Stela Maris c. Vega Carlos Jooc y Otros” (RCyS 2010IX, 111).
Igualmente, destacada doctrina especializada en la materia se ha pronunciado en favor de la interpretación propiciada. En tal orden de ideas, Rubén Stiglitz sostiene que “no constituye excepción al deber de pronunciarse el siniestro denunciado por el asegurado y que el asegurador considera que se halla expresa o tácitamente excluido de cobertura. Si así no fuera, el artículo 56, Ley de Seguros, carecería de función, ya que si el asegurador se hallara liberado de pronunciarse adversamente con relación a los siniestros excluidos, cabe preguntarse qué sentido tendría pronunciarse sobre los incluidos, ya que bastaría con guardar silencio” (conf. “Derecho de Seguros”, Tomo II, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 151).
Por su parte, Meilij, postula que “Si el asegurador recibe la denuncia de siniestro sin formular oportuno reparo explícito, ni dar explicación razonada en caso de no haberla encontrado ajustada a derecho (a la denuncia del siniestro), o cuando considera que el hecho está excluido de la cobertura otorgada, no puede luego invocar válidamente que el hecho denunciado o el riesgo concretado en el siniestro se encuentra fuera de las previsiones de la póliza contratada. Ésta es la sanción que le corresponde cuando deja transcurrir el plazo legal de pronunciamiento sin obrar en la forma expresamente prevenida por el art. 56” (conf. Meilij, Gustavo, “Características de la carga de ‘pronunciarse’ sobre los derechos del asegurado” JA 2006IV949).
Coincidentemente, Miguel A. Piedecasas afirma que “…el asegurador debe invocar el dolo o culpa grave en el plazo de pronunciamiento respecto del siniestro del asegurado, o sea, el del artículo 56 de la Ley de Seguros: treinta días” (conf. “Seguro obligatorio automotor”, Santa Fe, Rubinzal Culzoni Editores, 2010, pág. 283).
X. El argumento que sostiene que la interpretación asumida importa una alteración de la ecuación económica del contrato, al hacer que el asegurador responda por riesgos no previstos en la prima pactada, tampoco ostenta idoneidad para alterar la conclusión asumida.
Al respecto, corresponde advertir que la consecuencia desfavorable para la aseguradora que la hermenéutica propiciada implica, es fácilmente enervable mediante el cumplimiento oportuno de la carga de pronunciarse acerca de los derechos del asegurado. En otros términos, si la aseguradora cumple con la carga de pronunciarse, evitará el perjuicio consistente en la aceptación tácita del derecho del asegurado.
Tal como fuera puesto de resalto, el plus que en orden al deber de informar por parte de la aseguradora propiciamos, procura equilibrar la desigualdad real existente entre las partes contratantes.
En tal disposición, si el asegurado cuenta con información clara y oportuna de parte de la aseguradora acerca de si el siniestro implica un supuesto excluido de la cobertura, puede tomar las medidas conducentes a controvertir la manifestación de la aseguradora u optar por otras vías de acción. De tal manera, se minimizan y, en muchas ocasiones, se suprimen los costos derivados de un litigio judicial.
XI. Finalmente, a mayor abundamiento, considero que el espíritu del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) conduce a postular la operatividad de la carga impuesta por el art. 56 de la Ley de Seguros a los supuestos de exclusión de cobertura.
Si bien mantienen su vigencia y operatividad algunas leyes especiales, como la Ley de contrato de seguro (Nº 17.418), la potencialidad de los principios que trasuntan todo el Código, irá reformulando el sentido de cada uno de los microsistemas normativos.
En tal sentido, el cambio de paradigma que implica la nueva legislación, tiene como uno de sus objetivos expresamente consagrado en los Fundamentos del Anteproyecto procurar la igualdad real de todas las personas, mediante el desarrollo de una serie de normas orientadas a plasmar una “ética de los vulnerables”.
En tal sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fuera Presidente de la Comisión Redactora ha sostenido: “La vulnerabilidad frente al poder tecnológico y la vulnerabilidad cognoscitiva, es lo que explica disposiciones de tutela del profano frente al experto” (conf., Lorenzetti, Ricardo Luis, “Entra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación”, AR/DOC/2559/2015).
El nuevo Código posiciona a los principios y valores en un lugar de privilegio y les hace jugar un rol fundamental en materia de interpretación de los actos jurídicos.
Al respecto, sin pretensiones de exhaustividad y en relación a lo que constituye la materia analizada, estimamos oportuno señalar que el Código incorpora en el Título Preliminar, como núcleo de significaciones que aporta reglas que confieren una significación general a todo el sistema, los principios de buena fe, abuso del derecho, etc., suministrando pautas generales a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos.
Tales principios se complementan con reglas específicas aplicables a las distintas materias reguladas.
Así, en lo referido a los contratos en general, el art. 961 prescribe “Buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor”.
El novel ordenamiento distingue tres tipos de contratos: paritarios, por adhesión a cláusulas predispuestas y contratos de consumo (Título III del libro segundo) y se incluyen una serie de principios generales en defensa del consumidor que actúan como una protección mínima inderogable.
En tal marco, se establece una obligación general de información a cargo del proveedor, quien está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión (art. 1100).
Se establece expresamente como pauta hermenéutica en los contratos de consumo el favor debilis (art. 1095).
En definitiva, se consagra un conjunto de reglas que humanizan la vida de los contratos, incluido el de seguro: lealtad, colaboración, cooperación, confidencialidad, confianza, información, proporcionalidad, razonabilidad, coherencia (doctrina de los actos propios) y el principio general de protección de la dignidad del contratante como persona humana.
XII. A mérito de las reflexiones expuestas hasta aquí, y dado que la doctrina que emerge del fallo atacado se ajusta a las consideraciones precedentes, considero que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la citada en garantía, lo que me determina a responder afirmativamente la cuestión propuesta, emitiendo en tal sentido mi voto.
I. A los fines de evitar inútiles repeticiones, remito a la relación de causa efectuada por el Sr. Vocal de primer voto Dr. García Allocco, la cual satisface plenamente los requisitos exigidos por la Ley Adjetiva. Igualmente comparto las razones expuestas por el mismo en orden a la existencia de jurisprudencia contradictoria acerca del alcance del art. 56 de la Ley de Seguros que habilita la instancia extraordinaria que compete a este Alto Cuerpo en sus funciones de nomofilaquia y unificación.
II. Ingresando al análisis de la materia traída a juzgamiento, y ante la presencia de votos disidentes entre mis distinguidos colegas, anticipo que mi opinión sobre el tema propuesto resulta compatible con la sustentada por la segunda Vocal opinante, Dra. María Marta Cáceres de Bollati, no obstante el muy fundado voto del Presidente de la Sala.
En mi criterio, existiendo un contrato de seguro vigente, el artículo 56 de la Ley 17.418 que impone a la aseguradora el deber de pronunciarse por la aceptación o rechazo de la cobertura en el plazo de 30 días de recibida la información complementaria bajo pena de considerarlo aceptado, resulta plenamente operativo frente a la denuncia de siniestro, aún en los casos en que el eventual rechazo de la cobertura obedezca a la existencia de una causa legal o convencional de exclusión. Ello comprende, lógicamente, la hipótesis de ebriedad del conductor del vehículo asegurado.
III. Comienzo la justificación tomando como punto de partida la simple lectura de la norma cuya interpretación convoca nuestra misión unificadora, pues de sus propios términos se extrae que la imposición legal de expedirse sólo está condicionada a la comunicación o denuncia del siniestro (art. 46 L.S.); es decir, no formula distinciones de ningún tipo en función de la clase de seguro de que se trate, ni mucho menos instituye salvedades para los supuestos de exclusión de cobertura. Es claro, entonces, que la primera regla hermenéutica que corresponde aplicar en aras de brindar una solución al conflicto es la que propugna que donde la ley no distingue, no debe distinguir el intérprete.
A ello se suma que las reglamentaciones que emanan de la Superintendencia de Seguros de la Nación tampoco formulan distinciones en orden al nombrado deber de expedirse en los casos de exclusión de cobertura. Asimismo, es lugar común que las pólizas se ocupen de establecer las causales de exclusión, pero no regulan de modo específico el procedimiento que debe seguirse cuando ha ocurrido el siniestro en torno al momento oportuno para expedirse acerca de la aceptación o rechazo del siniestro. La razón es, a mi juicio, sencilla: la cuestión ha sido suficientemente regulada por la legislación especial.
Si la ley fija un tiempo para pronunciarse acerca del derecho del asegurado, que según el art. 56 es de 30 días contados a partir de la recepción de la información complementaria prevista en el artículo 46 del mismo cuerpo legal, una vez vencido dicho plazo, el rechazo que se formule debe reputarse tardío con las consecuencias que la propia reglamentación predispone. De manera que la defensa que enarbola la aseguradora al proclamar la contestación de la demanda en sede judicial como oportunidad idónea para plantear la exclusión, carece de respaldo normativo.
El ejercicio de la difícil tarea jurisdiccional de interpretar la legislación vigente y administrar justicia debe tener como designio primordial el de brindar seguridad jurídica a los distintos operadores del derecho, y a la sociedad en general que es la principal destinataria de las decisiones. Y en ese sentido, la solución que se asigne a los casos puestos a consideración de los tribunales no puede quedar al margen de lo que establece, en términos claros y contundentes, la ley aplicable: en el caso, el artículo 56 de la Ley de Seguros.
IV. Por otra parte, pese a que la discusión habida en el sublite importa inmiscuirse en las relaciones internas de los codemandados (asegurado y aseguradora), situación que no parece plausible en el marco de una demanda de daños en la que debería primar el principio de reparación plena, la manera como ha sido regulada la acción cuando se trata de un seguro de responsabilidad civil (vía citación en garantía) nos obliga a encarar su juzgamiento.
Así, el objeto principal del contrato es la cobertura del siniestro frente a un tercero damnificado inicialmente indeterminado, por un precio prima en dinero. Se trata de contratos marco, que son típicamente por adhesión a cláusulas predispuestas, donde la voluntad del asegurado sólo puede manifestarse mediante la aceptación o no de la oferta de una mayor o menor cobertura que le hace la empresa de seguros.
En el particular caso que nos convoca resulta innegable, además, que estamos ante un contrato de consumo por encontrarse reunidas las calidades de proveedor profesional y consumidor en los sujetos que integran la relación jurídica obligatoria que liga a los codemandados.
Formuladas estas reflexiones considero que también bajo este prisma debe analizarse la operatividad del deber impuesto por el nombrado artículo 56, pues se trata del cumplimiento de una actividad, concretamente destinada a hacer saber al asegurado si la empresa va a hacerse cargo o no del siniestro.
Puesto en palabras idóneas, la manda que contiene el art. 56 constituye una expresión del deber de informar que regula la Ley de Defensa del Consumidor. Deber cuya exigibilidad no se circunscribe sólo al tiempo de la celebración del contrato de seguro, sino también durante su ejecución y, con mayor vigor, cuando acaece un lecho lesivo que eventualmente deba ser cubierto; estadio donde se supone que el asegurado necesita en mayor medida del servicio que ofrece la empresa. Así lo entiende prestigiosa doctrina al señalar con cita de jurisprudencia que la información que el prestador del servicio debe brindar al consumidor de acuerdo al artículo 4 de la Ley 24.240 es fundamental en todas las etapas de la negociación, desde los preliminares hasta la extinción del contrato (Confr. Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, Santa Fé, Ed. Rubinzal Culzoni, 2da. edición actualizada, año 2009, pág. 211/212).
Es así que la aplicación de los postulados de la legislación consumeril confluye por el mismo sendero que señaláramos precedentemente, pues el asegurado tiene el innegable derecho de ser adecuadamente informado, una vez acaecido y comunicado el hecho dañoso, de la decisión que adopte la aseguradora en orden a la aceptación o rechazo de la cobertura; actividad que debe ser cumplida en el plazo que la ley especial establece, so riesgo de que el silencio se interprete como aceptación de la cobertura.
Asimismo, sin entrar a analizar la conveniencia o no de las causales de exclusión de cobertura, ni la fuente legal o convencional de su inserción en la póliza respectiva en tanto se trata, en mi opinión, de temáticas que desbordan el eje de la discusión, considero que la pretensión de manifestar la declinatoria de cobertura invocando causales de exclusión recién al momento de contestar la demanda, no habiéndolo hecho en el plazo de 30 días que fija la ley especial, podría constituir por parte de la aseguradora un obrar contrario con la buena fe negocial.
Es que a partir de la denuncia del siniestro, la empresa de seguros dispone de todas las herramientas y del tiempo necesario para hacer las investigaciones que crea menester, en miras a definir si de acuerdo a las circunstancias que rodearon el hecho lesivo, estaba o no obligada a cubrirlo. De manera que la observancia de la buena fe en el ejercicio de los derechos que emanan del contrato, refuerza y nutre de fundamentos al deber que ha sido legal y específicamente impuesto en el art. 56 de la Ley de Seguros.
V. He reflexionado con mucho cuidado la doctrina y la jurisprudencia que los Magistrados que me preceden en el orden de votación se preocupan en reseñar, incluido el precedente por el cual esta Sala en lo Civil y Comercial en antigua composición se expidiera en sentido contrario al que propugno; y cuyas citas se encargaron de compendiar.
En esa tarea, he meditado acerca de la persuasiva inexistencia de obligación sin causa que postula mi estimado Dr. García Allocco, basada en que las cláusulas de exclusión de cobertura importan en los hechos una ausencia de seguro, incompatible con la posibilidad de su reconocimiento en sede jurisdiccional.
Sin embargo, pese a la solidez del argumento sentencial y el enjundioso estudio que lo avala, debo señalar que en mi humilde opinión la cláusula de exclusión no tiene razón de ser si no pertenece a un contrato de seguro que ha nacido a la vida, que le da un marco regulatorio, y que se encuentra puesto en tela de juicio. Es por ello que, en mi parecer, la interpretación de cualquier estipulación que integre un contrato de seguro, incluidas las cláusulas que limiten su alcance, debe partir de la cobertura del riesgo genéricamente descripto en la póliza. Ese es el objeto primordial de la relación jurídica, del cual no es posible prescindir en la fajina de interpretar su alcance.
En consecuencia, desde esa perspectiva no advierto ningún obstáculo que impida juzgar tácitamente aceptada la cobertura del siniestro en el caso legalmente previsto de que la aseguradora no se pronuncie sobre el derecho del asegurado en el plazo que establece la norma en cuestión.
Asimismo, cabe preguntarse qué sucedería si la aseguradora, además de no rechazar la cobertura en la oportunidad prevista por la ley de seguros, tampoco invocase ni probase en sede jurisdiccional la causal de exclusión. Llevada a situaciones extremas, la imposibilidad de condenar a pagar una obligación que carece de causa podría conducir a la impensada conclusión de que los tribunales deberían investigar oficiosamente si de acuerdo a las circunstancias de hecho los riesgos están alcanzados o excluidos, pues en caso de no hacerlo se podría caer en el error de condenar a pagar un riesgo no cubierto por el contrato. Sin dudas, esa no es la solución correcta.
En síntesis, la tácita aceptación de la cobertura prevista por la ley en el supuesto de silencio de la aseguradora no se revela como una solución completamente ajena a los términos y finalidades de la póliza ni se presenta prima facie como una consecuencia desmedida o exagerada.
VI. Finalmente, la interpretación que considero correcta no debe ser entendida como un premio al conductor ebrio, ni a cualquier persona cuya conducta importe incurrir en alguna causal de exclusión. Lejos de ello, es motivo de preocupación constante de parte de los distintos poderes del Estado incluido el Judicial la búsqueda de instrumentos que coadyuven a neutralizar las consecuencias desdichadas que produce la conducción en estado de ebriedad.
Tal desasosiego debe ser canalizado por los carriles pertinentes con el objetivo de hacer frente a este fenómeno cultural, sea mediante el dictado de normas que regulen conductas, por medio de la instrumentación de políticas educacionales, o bien mediante la aplicación de la ley y el derecho en el ámbito en el que quepa expedirse la judicatura.
Sin embargo, en esa tarea no se debe perder de vista la situación por la que atraviesan las víctimas, y en ese sentido no me cabe ninguna duda que ante la inercia de la aseguradora en el cumplimiento del deber a su cargo, la función de administrar justicia se satisface en mejor medida dando por tácitamente aceptada la cobertura del riesgo inicialmente excluido de cobertura, que denegándola con arreglo a una interpretación forzada de los términos de la ley.
VII. En definitiva, dado que la hermenéutica propiciada en el resolutorio en crisis coincide en lo sustancial con los conceptos que se vierten en los apartados precedentes, el recurso de casación por sentencias contradictorias articulado por la citada en garantía debe ser desestimado.
Dejando a salvo mi criterio disidente sobre la materia y respetando el criterio que, por Mayoría, prevaleciera en el presente acuerdo, corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la citada en garantía.
La existencia de jurisprudencia contradictoria que habilitó la intervención de esta Sede extraordinaria a los efectos de unificar criterio en la materia traída a juzgamiento, constituye razón suficiente para imponer las costas devengadas por la tramitación de esta Instancia por el orden causado (arg. art. 130 in fine del C.P.C.C.). Siendo ello así, no corresponde regular honorarios a los letrados intervinientes en esta oportunidad (arg. art. 26 a contrario sensu de la Ley 9459).
En ese sentido dejo expresado mi voto.
A mérito del resultado al que arriba el voto mayoritario de esta Sala en lo Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia, y oído el Señor Fiscal Adjunto,
I. Rechazar en lo sustancial el recurso de casación articulado por la citada en garantía.
II. Imponer las costas devengadas por la tramitación de esta Instancia extraordinaria por el orden causado.
Fdo.: GARCIA ALLOCCO – CACERES DE BOLLATTI – SESIN
UN CAMBIO DE CRITERIO SOBRE EL ALCANCE DE LA CARGA DE PRONUCIARSE SOBRE EL RIESGO ASEGURADO -… despejando dudas y equívocos en pos de arribar a interpretaciones correctas…-
Sumario: -Advertencia preliminar. 1.- El fallo. 2.- Opinión personal. 3.- Mis fundamentos. 4.- A modo de epítome.
Por honestidad intelectual estimo apropiado formular la siguiente aclaración previa, sin la cual resultaría poco feliz la labor de examinar los argumentos esgrimidos en el fallo que pretendo anotar.
El razonamiento del juzgador y el propio del comentarista transitan por diferentes andariveles.
El sentenciante, por su función está llamado a dirimir una contienda con fuerza de verdad legal. De su decisión depende un caso concreto, por ejemplo: la suerte de un patrimonio, la posibilidad de supervivencia de una empresa, la frustración de alguna maniobra cuestionable, etc.
El anotador, puede permitirse otra libertad; empero de ello no se sigue inexorablemente que quien comenta un fallo se coloca en una situación moralmente neutra. Es que resulta obvio que el doctrinario debe someter sus conclusiones al cartabón de la recta razón, propugnando la solución que se reputa justa. Empero, y esto es el tópico de la argumentación, el comentarista puede llegar a sostener que la ley prevé una injusticia mayúscula, quizás un disparate y quedarse más o menos tranquilo, con independencia de que inicie una campana intelectual destinada a que se corrija la norma, pero siempre se estará aludiendo a normas, a una situación general y no de situaciones particulares.
El padecer intelectual del juez ha de ser otro distinto.
En efecto, cuando el justiciable se presenta ante la justicia no quiere una lección sobre el derecho vigente; contrariamente a ello, lo que pretende es obtener una solución justa. Precisamente por ello, para un magistrado compenetrado con su misión, la constatación de la inequidad de una solución puede ser definitiva a la hora de optar o no, por esa u otra.
Aclarado el punto, estoy en condiciones de ingresar al examen de los distintos argumentos que motivaron la decisión objeto de esta nota.
En un meduloso fallo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (por mayoría) en el marco de su función nomofiláctica (art. 383, inc. 3 y 4, CPCC.) ha modificado su otrora doctrina judicial referida a la carga que tiene la aseguradora de pronunciarse sobre el derecho del asegurado1 (art. 56, LS.) resolviendo que con independencia de que se trata de una cláusula de exclusión de cobertura (o no seguro) igualmente debe pronunciarse en los términos de la manda legal citada.
Para fallar de tal manera, se ha tomado a modo de premisa basal que el vínculo jurídico que ha ligado a las partes en el marco de un contrato de seguro constituye una relación de consumo (art. 42, CN.; arts. 1, 2 y 3, LDC.; y art. 1092, CyCC.). A partir de ello se pudo colegir que son las reglas que campean en el mentado sistema protectorio las que devienen derechamente aplicables, con independencia de las notas que tipifican al contrato.
Precisamente, ha sido esta mirada que abreva exclusivamente en la protección de los consumidores, la que le ha servido de jalón para prescindir de la naturaleza jurídica de la cláusula de exclusión de cobertura e imponer la carga de pronunciamiento que le asiste a la aseguradora en los términos de la norma del art. 56, LS., sopesando que así se contribuye a satisfacer el cumplimiento del deber de información que a todo consumidor se le reconoce (art. 42, CN.; y arts. 4 y 37, LDC.) al contrato de seguro.
La solución que se ha brindado al tópico es la correcta, mientras se le otorgue el alcance adecuado.
En efecto, cuando la cláusula de exclusión de cobertura no surja indubitable de la propia determinación del riesgo y consecuente valor de la prima (ecuación económica del contrato de seguro) la interpretación del fallo luce inconmovible. Contrariamente a ello, cuando dicha situación aparece acreditada in continenti de los extremos enunciados (riesgo asegurado y valor de la prima) no hay seguro para cubrir dicho riesgo y no puede convertirse el derecho de información del sistema protectorio consumeril en un bill de indemnidad que favoreciendo al consumidor termine comprometiendo la viabilidad de la propia forma de aseguramiento.
Coincido en que el vínculo jurídico que surge del contrato de seguro trasunta en una relación de consumo (art. 42, CN.; y arts. 1, 2, LDC.) a partir de la cual se torna aplicable las reglas tuitivas que el sistema especial (Ley 24.240 –mod. 26.361-) ha reconocido para esta clase de sujetos2.
Hete aquí que el derecho a la información que le asiste a los mentados sujetos en el marco de la relación que los ha ligado, se ha constituido en este caso en la piedra de toque a partir de la cual los Sres. Vocales que integran la mayoría han diagramado su razonamiento para brindar a la norma del art. 56, LS., el alcance propiciado, apartándose –incluso- de la doctrina judicial que el cimero Tribunal tenía sobre el punto.
Valga reiterarlo, la solución es correcta; lo criticable (y lo digo, respetuosamente) es que se haya arribado a ella generalizando el debate exclusivamente desde la perspectiva de protección al consumidor, porque se corre el riesgo de terminar comprometiendo la esencia misma del contrato de seguro.
Qué quiero significar con esto: que si bien la solución es la correcta, lo es en determinados casos y no puede proyectarse a todos, porque la influencia del derecho de los consumidores en los contratos de seguro encuentra como valladar infranqueable la patencia con la cual se han comunicado el contenido o las distintas cláusulas que lo integran.
Insisto, tratándose de una cláusula de exclusión de cobertura (o de no seguro) había que determinar de antemano si del riesgo asegurado se desprendía prima facie de manera prístina e indubitable la exclusión de que se trata, pues así patentizada queda fuera del contrato de seguro (o de la relación jurídica de seguro nacida de aquél) por la sencilla razón de que no hay riesgo asegurado.
Por consiguiente, no deviene de aplicación lo dispuesto en el Régimen de Seguro (Ley 17.418) y en el caso, puntualmente, lo dispuesto en la norma del art. 56, de dicho cuerpo legal. Es que el derecho del asegurado a reclamar la prestación del asegurador sólo se configura cuando el siniestro ha tenido lugar en virtud de una causa que responda al riesgo cubierto, y siempre que no haya intervenido una causa excluida por la ley o el contrato. Luego, tratándose de situaciones de riesgo que han sido indubitablemente excluidas ab initio de la cobertura (acótese: de lo que se sigue que no hay violación al derecho de información –art. 42, CN.; y art. 4, LDC.-) quedan fuera de la relación jurídica de seguro, por lo que erróneamente puede hablarse de asegurado y asegurador3.
Tengo así que al no existir relación jurídica de seguro por riesgo indubitablemente excluido de la cobertura (o ab initio claramente excluido) no aparece configurada la relación de consumo con base contractual (como se hace notar en el fallo que se comenta) porque no hay contrato de seguro a causa de la mentada exclusión de cobertura. No desconozco que la concepción de relación de consumo es más amplia y no sólo abarcativa de lo meramente contractual (sino también a los hechos y actos jurídicos derivados del consumo mismo). Por ello, con independencia de lo dispuesto en la norma del art. 56, LS., la eventual falta o deficiente información suministrada al consumidor asegurado al tiempo de la determinación del riesgo asegurado, hace que se traslade a la compañía de seguro la carga de la prueba (léase: imperativo del propio interés) de acreditar en el marco de la relación jurídica procesal que el riesgo se encontraba manifiestamente excluido de la cobertura o ab initio claramente excluido (art. 42, CN.; arts. 1, 2, 3, 4 , 37 y 53, LDC.).
Para justificar mi aserto, no puedo sino que principiar por sentar (aunque sea someramente) las notas que tipifican al contrato de seguro.
En este derrotero, tengo para decir que el contenido del contrato de seguro está sometido a una ley de tipo reglamentario (Ley 17.418) que regula minuciosamente los distintos aspectos de la relación, estableciendo numerosas disposiciones que no pueden ser modificadas, o sólo modificables a favor del asegurado (art. 158, LS.).
El seguro privado se constituye mediante un contrato con notas particulares, que por su estrecha vinculación con el mecanismo socio-económico, sus modalidades de celebración, el carácter reglamentario de la legislación específica y el particular control operativo del Estado, presenta aspectos sumamente singulares que le otorgan una fisonomía particular4. Esto, sumado a la posición de las partes en el marco de la contratación, hace que devenga más frecuente y rigurosa del principio de uberrimae bona fidei, en el sentido que el asegurador debe conducirse con lealtad respecto del tomador en lo que atañe a la ejecución de sus obligaciones y a la interpretación de la póliza, cuya comprensión generalmente escapa a su capacidad, y por su naturaleza de contrato de masa, de condiciones generales uniformes -en principio- e impuestas al asegurado5.
Precisamente, la norma del art. 1, LS., establece que: “… hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto…”, manda legal de la cual es dable colegir que la estructura del contrato de seguro está apoyada sobre la base de los siguientes elementos esenciales: a) riesgo; b) prima; y c) interés asegurado6.
Desde la perspectiva de una ecuación económica, técnica y jurídica, los mentados elementos del contrato de seguro deben mantenerse constantemente balanceados, en el sentido que si se altera alguno de ellos con prescindencia de los otros la estructura de la empresa aseguradora termina comprometida7.
Fácil es colegir que se trata de un negocio jurídico complejo, con notas propias de la especialidad, que no pueden ser ignoradas al tiempo de interpretar los términos de la contratación, a partir del cual se constituye una relación jurídica de seguro que se manifiesta en todas las formas asegurativas y que tiene su expresión a través de una idéntica función económica social objetiva reconocida por el ordenamiento jurídico y una estructura genética constante, que sirven para distinguirla de sus afines8.
El riesgo (como primer elemento de la ecuación económica) constituye el punto central del seguro en derredor del cual giran los restantes aspectos de la mentada relación jurídica derivada del contrato de seguro9. Esto, sin perjuicio que existe una íntima relación entre el riesgo y la prima, constituyendo su medida económica en función de la mayor o menor probabilidad de que acontezca el siniestro10. A su vez, la delimitación objetiva pone de manifiesto que el riesgo se encuentra en el contrato de seguro íntimamente relacionado con el interés asegurado y con la cosa sobre la que recae dicho interés11, tal como se desprende de la norma del art. 2, LS..
Así esquematizada la estructura de la relación jurídica de seguros, se desprende que el objeto inmediato del contrato de seguro es el amparo económico respecto de un riesgo que amenaza un interés de la misma naturaleza (léase: interés económico) y en ese marco, el propio sistema legal ha introducido un criterio amplio cuando establece que el contrato puede tener por objeto toda clase de riesgos, si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley (arts. 2, 3, 60, 61 y 128, LS.).
Entendido en su justa medida, si bien el análisis técnico del comportamiento de los diferentes riesgos revela a los fines del seguro que todos son –en principio – susceptibles de ser cubiertos (siempre que sean lícitos) no ocurre los mismo desde el punto de vista de la técnica del seguro, donde no se puede prescindir de la razonabilidad económica de la prima, la que no debe ser excesivamente onerosa para que pueda reputarse idónea para que el seguro funcione como eficiente mecanismo de neutralización de las consecuencias económicas negativas de los diferentes riesgos12.
Partiendo de la premisa que cabe asegurar toda clase de riesgos que pueden afectar intereses lícitos sobre determinados bienes o el patrimonio como un todo13, el contrato de seguro debe mencionar el riesgo asegurado, lo que en esta materia trasunta en la posibilidad de que se produzca un acontecimiento incierto, desfavorable en término económicos y capaz de provocar un daño en los intereses legítimos del asegurado, cuya determinación debe realizarse desde una triple perspectiva (esto es: causal, temporal y espacial) a partir de la cual es posible identificar el riesgo asegurado sobre el que operará la garantía comprometida por el asegurador y cuál es el evento al que se halla subordinada su obligación14.
A los fines de la mentada determinación, una cláusula prevé el riesgo genérico a cubrir y las diversas hipótesis que van acotando el ámbito dentro del cual regirá la cobertura otorgada15.
Necesariamente este acotamiento al ámbito de la cobertura me coloca en el tema de las cláusulas que conforman el contenido del contrato de seguro, cuya distinción deviene esencial para determinar el alcance de la carga que pesa sobre el asegurador de expedirse sobre el derecho que le asiste al asegurado en los términos de la norma del art. 56, LS..
Como regla, son dos los tipos de cláusulas que coexisten en un contrato de seguro: a) las que persigan la delimitación del riesgo objeto de la cobertura (léase: cláusulas de exclusión de cobertura, de no seguro o no garantía); y b) las que tiendan a limitar los derechos del asegurado (léase: cláusulas de caducidad y de suspensión de cobertura por falta de pago) pero cada una dentro de su ámbito de ejecución presenta rasgos propios que permiten su distinción, la que asume un cariz especial cuando debe examinarse la cuestión atinente a la aplicación o no de lo dispuesto en la norma del art. 56 LS.16. Esto, porque si bien las cláusulas de exclusión de la cobertura al igual que las de limitación de los derechos del asegurado (acótese: dentro de las cuales está inserta la de caducidad) producen como resultado que el asegurado no perciba la prestación comprometida por el asegurador, en lo que atañe a la carga aludida (art. 56, LS.) presentan efectos diferentes17.
Se adelantó que el riesgo es un elemento esencial de la relación jurídica de seguro.
La prestación del asegurador depende de la evaluación del riesgo, lo que -a su vez- determinará el importe de la prima a pagar por el asegurado. Esto sirve para explicar, por qué el asegurador se ocupa de individualizar exactamente el riesgo o riesgos cubiertos y de determinar las circunstancias que rodean la individualización de aquél. Así, cuando la delimitación ha sido pactada por las partes en el marco de las tratativas del contrato, la cláusula que la contiene traduce una exclusión de cobertura (de no seguro o de no garantía) o sea hipótesis que no son asegurables o son intensamente agravantes del riesgo, lo que merita que sean colocadas fuera de la cobertura. Otras veces constituyen simples menciones objetivas de lugares, personas o cosas, dirigidas a fijar ámbitos en los que operará el seguro18.
La consecuencia inmediata de la exclusión convencional de determinados riesgos en la póliza de seguro comporta la exclusión de la garantía y, por tanto, sitúa el riesgo excluido al margen de la póliza y producirá los mismos efectos que los riesgos no asegurables19. Volveré sobre el tema infra, sin perjuicio de aclarar que de acuerdo a la doctrina judicial de la Corte Federal, establecida en el precedente “Maggi c/ Maggi”: “... La interpretación de una cláusula de exclusión de cobertura de un contrato de seguros, debe ser gramatical y restrictiva, a fin de no provocar un grave desequilibrio en el conjunto de operaciones de la compañía”20 –el resaltado me pertenece-.
Aclarado lo anterior, cabe abordar el tema relativo a las cargas que las partes tienen en la relación jurídica de seguro, que no trasunta en otra cosa que en un mecanismo que, en su estructura lógica jurídica, enuncia un presupuesto de hecho (la conducta que se requiere del asegurado) y una consecuencia, pérdida de derechos si el asegurado no lleva adelante la conducta requerida21.
Desde el plano estrictamente normativo, la Ley 17.418 se ha encargado de estipularlas de una manera sumamente clara.
En efecto, la norma del art. 46, 1 párr., LS., donde se sienta que dentro de los tres días de haber tomado conocimiento de la producción del siniestro, el tomador o derechohabiente -en su caso- debe comunicarlo al asegurador, manda legal que ha sido reiterada en la Sección dedicada al seguro de responsabilidad civil (art. 115, ibid.). Para llevar adelante tal cometido (léase: carga) el asegurado está obligado a suministrar al asegurador la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin (art. 46, 2, párr., ibid.).
Correlativamente, la norma del art. 36 inc.a, LS., establece que: “… si la carga y obligación debe ejecutarse después del siniestro, el asegurador se libera por el incumplimiento si el mismo influyó en la extensión de la obligación asumida…”. A su vez, si se omitiera hacerlo (acótese: o lo hace parcializadamente retaceando la información requerida) la norma del art. 47, del mismo cuerpo legal se encarga de sancionar ese incumplimiento con la pérdida del derecho a ser indemnizado, salvo que se acredite caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia22. Como puede apreciarse, la mentada carga que pesa sobre el asegurado responde al fin propio del contrato, y está direccionada para averiguar la producción del riesgo, constatar si ese riesgo denunciado era el que realmente se sufrió y el que figuraba cubierto en la póliza, permitiéndole verificar –incluso- la procedencia del reclamo pretendido ante posibles incumplimientos legales o contractuales por parte del asegurado (v. gr.: reticencia, agravación del riesgo, caducidades, etc.)23.
Para no comprometer el equilibrio constante que debe mediar en la estructura de la relación jurídica de seguro, como corolario de la carga que pesa sobre el asegurado, entra a campear la establecida en la norma del art. 56, LS., que dispone: “... El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2° y 3° del art. 46. La omisión de pronunciarse importa aceptación...” –el resaltado me pertenece-.
Asimismo, el asegurador cuenta con la posibilidad de requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado, no siendo válido convenir limitación de los medios de prueba, ni supeditar la prestación del asegurador a un reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales sobre cuestiones prejudiciales. Igualmente, puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa criminal24.
Recapitulando, el asegurador –como regla- debe pronunciarse siempre que haya una denuncia de siniestro, pues si no se pronuncia por el rechazo, en función de las previsiones contenidas en la norma de los arts. 46, párr., y 47, LS., su omisión apareja aceptación en los términos de la norma del art. 56, ibid. y, en especial, cuando se halla formalizado el contrato de seguro referido al riesgo cuya realización (siniestro) se denuncia y éste es inherente al riesgo (rama) objeto del contrato celebrado.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia que se han ocupado del análisis (en cuanto a los alcances y efectos) del presupuesto normativo de la norma del art. 56, LS., han remarcado la necesidad de diferenciar las cláusulas de exclusión de cobertura (o de no seguro) de aquellas de caducidad del seguro, porque de ello depende su aplicación en el caso concreto. Y si bien media acuerdo en que la manda legal aludida rige ante los casos de caducidad del seguro, la discusión gira en torno a si cabe su aplicación frente a los supuestos de no seguro. Tan es así, que esta discusión ha dada cabida a tres interpretaciones: a) tesis de la inaplicabilidad; tesis de la aplicabilidad; y c) tesis intermedia que atiende a las circunstancias del caso.
En prieta síntesis, los seguidores de la tesis de la inaplicablidad entienden que las situaciones excluidas de la cobertura escapan al régimen de la norma del art. 56, LS.25. Quienes se han enrolado en esta línea de pensamiento parten del argumento basal de que se trata de supuestos que están fuera del contrato y respecto de los cuales no puede, válidamente, hablarse de asegurado ni de asegurador. Luego, si el silencio de la aseguradora no bastara, se pondría a su cargo una obligación que nunca se ha asumido como riesgo asegurado, configurándose un supuesto de obligación sin causa, la que, consecuentemente, abriga un enriquecimiento sin causa del asegurado. Por su parte, los corifeos de la tesis de la aplicabilidad parten de que la norma del art. 56, LS., no distingue entre cláusulas de caducidad o de exclusión de cobertura (o de no seguro) por lo tanto no cabe distinguirlas y deviene aplicable a ambas. Por último, están quienes han propuesto la tesis intermedia, para lo cual parten de sopesar las circunstancias de cada caso, a partir de lo cual la norma del art. 56, LS., rige también para los supuestos de ausencia de cobertura, salvo que el asegurado pretenda indemnización por riesgos manifiestamente excluidos por la cobertura; o ab initio claramente excluidos; o si ha mediado dolo del asegurado, o si el asegurador no ha tenido posibilidad material de determinar la exclusión en el plazo previsto26.
Trasladado todo este esquema conceptual al caso que ha sido debatido en el fallo que comento, considero que el supuesto de un conductor que manejaba en estado de ebriedad representa una típica cláusula de exclusión de cobertura convencional (de no seguro o garantía por culpa grave) que limita el riesgo al constituir una hipótesis que no aparece comprendido en las previsiones del contrato de seguro. Por consiguiente, el asegurador no se halla obligado a garantizarlo y a cumplir la obligación a su cargo.
Partiendo de ello, lo que sigue es preguntarse en qué circunstancias se materializa la exclusión de cobertura con relación al siniestro que se halla fuera de garantía. Y para brindar una respuesta acorde con las características de la relación jurídica de seguro, deviene clave lo convenido en torno a la delimitación del riesgo (acótese: comprensiva de la doble tarea de individualizar y determinar).
A su vez, no se puede prescindir del constante balanceo que en la ecuación económica de la relación asegurativa debe mediar entre prima, riesgo e interés asegurado, pues si cambia el elemento riesgo, queda comprometida la viabilidad del propio sistema al desbalancearse la ecuación aludida.
Insisto sobre lo mismo, las exclusiones de cobertura constituyen uno de los supuestos de delimitación del riesgo asegurado, a través del cual (de manera negativa) se establecen hipótesis de no seguro, donde el asegurador decide no tomar a su cargo las consecuencias dañosas de la ocurrencia del siniestro. Son cláusulas que tiene fuente normativa o convencional, y describen hipótesis o circunstancias en que el siniestro se halla fuera de la cobertura asegurativa.
Las exclusiones de cobertura de fuente normativa se encuentran contempladas en el sistema legal asegurativo (Ley 17.418) y dentro de ellas (en lo que aquí interesa) en la norma del art. 114, LS., que reza: “… El asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad…”.
Por su parte, las exclusiones de cobertura de fuente convencional son (como su propio nombre lo indica) las contempladas en las condiciones de póliza. Y dentro de ellas tengo una cláusula según la cual existirá exclusión de cobertura cuando el vehículo asegurado es conducido por una persona en estado de ebriedad, estableciéndose con gran minuciosidad cuándo debe considerarse alcoholizada27.
Por consiguiente, conducir en estado de ebriedad representa un agravamiento del riesgo que justifica la exclusión de la cobertura, pues se trata de un riesgo agravado que, como tal, queda situado al margen de la póliza; ergo, si se produce el evento que acarrea el siniestro, el asegurador quedará liberado de realizar la prestación ya que nunca se obligó a ello28.
A fuer de ser reiterativos, no hubo objeto asegurado ni, en consecuencia, cobertura concertada. Luego, con independencia que se haya (o no) satisfecho la carga de pronunciarse prevista en la norma del art. 56, LS., no se puede prescindir que de su inejecución no se sigue inexorablemente el reconocimiento de la cobertura de un riesgo cuando éste ha sido delimitado en la póliza.
Comparto la doctrina que sobre este aspecto del tema ha sostenido que no se debe asignar a la norma una generalización tal que contraste con la realidad, de lo que se colige que la omisión del pronunciamiento de la aseguradora no podría convalidar un “no seguro” o una falta de cobertura29. Esto, porque necesariamente debe existir una previa concordancia entre la obligación asignada al asegurado (léase: demostración de los hechos constitutivos que invoque) con la obligación puesta en cabeza de la aseguradora (léase: deber de pronunciarse acerca del derecho del asegurado)30.
Como se adelantó, las situaciones excluidas de la cobertura escapan al régimen de la norma del art. 56, LS., por tratarse de supuestos en los que no puede válidamente hablarse de asegurado ni de asegurador. Por ello, el mero transcurso del plazo previsto en la mentada norma no puede obligar a la aseguradora a responder por un riesgo no asumido31. Y en estos supuestos, las compañías de seguros pueden hasta rechazar los siniestros, vencido el plazo de los treinta, precisamente, porque el riesgo nunca ha sido asegurado32.
Conteste con ello, la doctrina judicial a la que adhiero33, ha resuelto que: “... Las cláusulas de exclusión de cobertura no atribuyen directamente derechos ni imponen obligaciones, pues su función consiste en describir el ámbito dentro del cual el seguro brindará su amparo, marcando el área de aseguramiento mediante la mención de inclusiones o exclusiones...”; agregándose en otro precedente que: “... La oponibilidad al asegurado de la cláusula contractual de exclusión fijada en la póliza, aun fuera del plazo previsto en el art. 56 de la ley 17.418, no resulta desmesurada ni contradice ninguna norma imperativa de la ley de seguros si, efectivamente, quedó verificado el intento del asegurado de pasar un vehículo en la intersección de dos calles a alta velocidad donde está marcada la prohibición...”34.
Como es dable apreciar, la carga sustancial del asegurador que le impone la norma del art. 56, LS., presente excepciones, por ejemplo: cuando el riego cuya realización (siniestro) se denuncia, no ha sido contemplado en el contrato. Partiendo de ello, para dirimir este debate no se puede prescindir del hecho que la exclusión de cobertura importa un supuesto de limitación del riesgo, o sea, que la hipótesis (conductor que maneja ebrio) no integra las previsiones contenidas en el contrato, por lo que el asegurador no se hallaba obligado a garantizarla ni el asegurado disponía de un derecho a exigir el resarcimiento de un daño o una prestación previamente convenida. Esto, porque el evento no ha sido cubierto por el asegurador, no ha sido tomado a su cargo, ni se ha percibido prima por garantizarlo35.
Las denominadas cláusulas de exclusión de cobertura (o de no seguro) establecen una delimitación del riesgo asegurado, que excluyen o restringen los deberes del asegurador por la no asunción de algún o algunos riesgos; implican –a decir de la doctrina especializada- un “no seguro”, ausencia de tutela o garantía, la existencia de daños no asumidos36. En estos casos, el riesgo se halla formalmente fuera de la garantía comprometida por el asegurador. Entonces, erróneamente cabe aludir a una liberación del asegurador, pues ella supone una obligación preexistente; y, precisamente, el no seguro equivale a un derecho del que se carece, porque no ha sido asumido por el asegurador al no haber sido previsto contractualmente.
En pocas palabras, no existe obligación de indemnizar37; a fortiori, tampoco la carga que pesa sobre el asegurado de pronunciarse acerca del derecho del asegurado. Es que lisa y llanamente el asegurado carece de derecho de exigir el pago de las consecuencias dañosas de un siniestro, porque desde el principio el evento no se halla cubierto en el contrato, falta de cobertura (léase: no seguro) pues el riesgo se halla formalmente fuera de la garantía otorgada en la póliza respectiva.
Para sortear esta distinción, el voto de la mayoría en lo que al punto atañe, defiende su tesis esgrimiendo que la aplicación del art. 56 de la Ley de Seguros es ineludible en todos los casos, con independencia que se trate de una cláusula de exclusión o caducidad, pues esa solución es la que mejor respeta los principios que rigen los contratos de consumo —en especial el de buena fe— pues si se acepta que la aseguradora incluya en la póliza dichas estipulaciones en forma unilateral, también debe exigírsele la mayor diligencia en el cumplimiento del deber de comunicación.
Comparto el argumento pero no para todos los casos que puedan presentarse.
En efecto, no queda exenta la relación jurídica derivada del contrato de seguro de la influencia que produce sobre todo el sistema jurídico la protección del consumidor. Empero, dicha injerencia de ninguna manera puede terminar comprometiendo la viabilidad de la propia forma del contrato de seguro por abrogación de sus notas típicas.
No tengo duda que el contrato de seguro constituye un contrato por adhesión (art. 984, CCyC.) cuyo contenido (póliza) aparece predispuesto en forma anticipada y unilateralmente por el asegurador mediante condiciones generales uniformes, aplicables a todos los contratos admitidos en el ramo, mientras el asegurado sólo puede decidir entre adherir en bloque a las mentada condiciones de la póliza o no contratar38.
En este contexto negocial, la eventual falta de información (art. 42, CN.; y arts. 4 y 37, LDC.) sobre la existencia de estas cláusulas de exclusión de cobertura (o no seguro) favorecerá al consumidor asegurado (art. 3, LDC.) trasladándose la prueba de la materialización efectiva de la debida información a la aseguradora. En esos casos, el déficit de información primigenia, impone a la aseguradora el cumplimiento efectivo la carga de pronunciarse en los términos de la norma del art. 56, LS., con independencia del tenor de la cláusula de que se trata.
Esto, sin perjuicio de lo decidido por la Corte Federal en el precedente “Buffoni”39.
Releyendo cuidadosamente los argumentos que han sido brindados para fundamentar esta doctrina judicial, no se ha establecido como regla la no aplicación de la Ley de Defensa de Consumidor a la relación jurídica de seguro, sino que dicho régimen general no ha derogado tácitamente la regulación especial, deviniendo aplicable –consecuentemente- en todo aquello que no haya sido regulado por esta última40.
Reconozco que la ley especial deroga tácitamente la ley general en cuanto la materia comprendida por el novel régimen, pero a la inversa no sucede lo mismo41.
Partiendo de ello, no se puede desatender que la Ley de Defensa del Consumidor y Usurario (sea en su texto original -24.240- como en su modificación -26.361-; y actualmente con la impronta que ha merecido con el novel Código Civil y Comercial de la Nación –arts. 1092 a 1095-) apreciada en clave constitucional ha tenido una marcada incidencia en los regímenes normativos especiales, requiriéndose de una consecuente armonización entre ellos guiada por el carácter expansivo de la tutela legal, reacondicionando algunos conceptos propios de las ramas tradicionales por la eficacia y fuerza remodeladora que sobre el Derecho Privado ejerce esta normativa consumeril42.
Lo que sucede es que si esta tutela particular se aplicara a toda la comunidad sin miramiento de las notas típicas de cada materia especial, dejaría de ser tal y perdería sentido su existencia particularizada43. Así, cuando la norma del art. 3, LDC., reza que: “… las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas...”, está fijando una pauta concreta de interpretación en orden a la incidencia de la ley sobre los sectores financiero, turístico, asegurador, de ahorro previo, transporte, etc., auspiciando la introducción de nuevas exigencias valorativas de rango constitucional que reclaman la incorporación a los institutos tradicionales de las soluciones correspondientes al contrato de consumo…”44 pero sin que ello importe comprometer la viabilidad de su propia esencia, alterando las notas típicas que la conforman.
Puse de relieve supra que el contenido del contrato de seguro está sometido a una ley de tipo reglamentario (Ley 17.418) que regula minuciosamente los distintos aspectos de la relación, estableciendo numerosas disposiciones que no pueden ser modificadas, o sólo modificables a favor del asegurado (art. 158, LS.)45. Y a pesar de la opinión contraria, considero que la reglamentación especial no obsta la aplicación del sistema legal consumeril, lo que sucede es que para llevar adelante tal cometido, deben estar dadas las condiciones que materializan la mentada protección.
Por ejemplo, cuando el contenido de la póliza (cuya entrega generalmente difiere del tiempo de celebración del contrato) le ha sido comunicado debidamente al asegurado, puntualmente, en lo que respecta al riesgo asegurado y su contravalor reflejado en la prima concertada como precio del aseguramiento, a partir de lo cual es dable colegir in continenti el riesgo excluido (cláusulas de exclusión de cobertura o de no seguro) la protección al asegurado desde el plano consumeril no tiene asidero; y no lo tiene, ni si quiera bajo el prisma del derecho de información (arts. 4, y 37, LDC.) pues tal garantía ha sido satisfecha cuando surgen indubitables las exclusiones de cobertura, ponderando la delimitación del riesgo asegurado.
Frente a ello, ya no puede aludirse a una relación jurídica de seguro, pues se trata de un riesgo que no integra el objeto del contrato de seguro (no hay contrato a su respecto) y, consecuentemente, no devienen aplicables las normas del Régimen (Ley 17.418).
Por consiguiente, demostrados los presupuestos fácticos y la existencia de la cláusula de exclusión de cobertura indubitable, atendiendo a la delimitación del riesgo en el contrato según las circunstancias particularmente relevantes del caso, no hay razón legal para limitar los derechos de la aseguradora por omisión de pronunciarse en los términos de la norma del art. 56, LS., porque dicha manda legal no deviene de aplicación.
En todo caso, habrá que estar a lo que surja de las constancias puntual de la causa para determinar si la información que le había sido suministrada al asegurado ha sido la suficiente para tener por satisfecho su derecho de información (art. 42, CN.; y arts. 4 y 37, LDC.).
Suponiendo que del análisis de tales datos objetivos se desprenda que la mentada información falta o ha sido deficientemente brindada, con independencia de que se trate de una cláusula de exclusión de cobertura (o no seguro) el sistema protege al consumidor asegurado y la carga de pronunciamiento que prevé la norma del art. 56, LS., no puede ser obviada por la aseguradora si su intención ha sido la de defenderse en el proceso con base en el no seguro deficientemente comunicado46. Lo esencial de la discusión no está en la aplicación del sistema protectorio del régimen consumeril, sino en que al llevar adelante tal cometido no se termine comprometiendo la ecuación económica de la relación jurídica de seguro (léase: riesgo, prima e interés asegurado) la que –como se explicitó supra- debe mantenerse constante durante todo su decurso.
Precisamente, ha sido éste a mi juicio, el alcance que la doctrina judicial de la Corte Federal le ha brindado al tópico en el precedente traído a colación (cfr.: “Buffoni”).
En cuestiones referidas al contrato de seguro que no aparezcan reguladas por la ley especial, el sistema legal consumeril deviene aplicable derechamente cubriendo el vacío, porque así lo amerita una visión del asunto en clave constitucional, a partir del bloque constitucional de derechos fundamentales reconocidos y afectados47 distingo que hoy aparece reflejado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1092 a 1095).
En este contexto, y con independencia que no pueda hablarse de una relación jurídica de seguro (contrato de seguro) tratándose de un hecho jurídico derivado de un acto de consumo, de acuerdo a lo dispuesto en la norma del art. 3, LDC., la interpretación que se haga al respecto debe favorecer igualmente al consumidor (en orden a que la noción de relación de consumo abarque el mayor número posible de situaciones) al constituir su protección el centro del sistema legal constitucional y frente a la duda sobre si una relación es o no de consumo, hay que estar a favor de su existencia, e incluirla dentro de las regulada por la normativa especial48. Y en este ámbito, sobre la aseguradora pesaba la carga de acreditar que el sujeto de la relación (sea que haya adquirido los bienes o que haya utilizado el servicio) no deba ser considerado en el caso concreto como consumidor o usuario para la tutela de esta ley.
Precisamente por ello, y sin que esto importe interferir en la constante ecuación económica que debe mediar en todo contrato de seguro (esto es: riesgo, prima e interés asegurable) porque en un caso como el que se analiza (cláusula de exclusión de cobertura o de no seguro) no hay contrato de seguro y no deviene aplicable la norma del art. 56, LS., pesa sobre la aseguradora que pretende hacer valer una cláusula de exclusión de cobertura (o de no seguro) para liberarse de su obligación de mantener indemne al asegurado, la prueba precisa de que ella surgía prístina ab initio atento la delimitación del riesgo asegurado. Al respecto, viene a cuento señalar que la norma del art. 53, LDC., impone la carga procesal de: “... aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio...”, manda legal cuyo incumplimiento (o cumplimiento deficiente) representa un indicio configurativo de una probabilidad objetiva acerca de que la cláusula de exclusión de cobertura (o de no seguro) no surgía prístina a partir de la delimitación del riesgo asegurado. Luego, si no se acompaña elementos de probática que permitan demostrar que la exclusión de cobertura surgía in continenti al tiempo de la delimitación del riesgo asegurado, debe estarse a la interpretación más favorable al consumidor o usuario, debiendo –consecuentemente- mantenerlo indemne, pues se presume que el riesgo no estaba ab initio excluido de la cobertura.
Tratándose de una cláusula de exclusión de cobertura (o no seguro) como el riesgo no aparece contemplado en las condiciones generales de la póliza, el asegurador no tiene la carga de pronunciarse acerca del derecho del asegurado (art. 56, LS.). Es que el no seguro equivale a un derecho del que se carece que no ha sido asumido por el asegurador.
Por consiguiente, no existe obligación de indemnizar; a fortiori, tampoco la de pronunciarse sobre un riesgo que no ha sido contemplado convencionalmente. Esto, porque tratándose de una cláusula de exclusión de cobertura de claridad meridiana, y los hechos alegados y probados en la causa quedan comprendido en su presupuesto fáctico indubitablemente, no es viable condenar a la aseguradora ignorándola o apartándose de ella; y ni siquiera lo es desde la perspectiva tuitiva del sistema legal consumeril, pues terminaría convalidando que la condena sea llevada más allá de la medida del seguro contratado en la póliza respectiva.
El contrato de seguro tiene una prima, determinada en función de los riesgos cubiertos (individualización) y de los riesgos excluidos (determinación); ergo, ignorar la existencia de una cláusula de exclusión de cobertura (acótese: la que además ha sido aprobada por la autoridad de control creada por la ley) por la simple razón de no haberse pronunciado el asegurador en los términos de la norma del art. 56, LS. (o por haberlo hecho extemporáneamente) implicaría prescindir de la ecuación económica sobre la cual gira la relación jurídica de seguro cuya génesis es el contrato, marco donde los elementos esenciales que lo componen (léase: prima, riego e interés asegurado) deben mantenerse en un constante balanceo recíproco, precisamente para terminar comprometiendo la viabilidad de la propia forma asegurativa.
Y si bien, en casos como el presente donde aparece involucrada una cláusula de exclusión de cobertura (o de no seguro) la norma del art. 56, LS., no deviene de aplicación al no constituirse una relación jurídica de seguro, al quedar igualmente encuadrada en una relación de consumo que excede lo meramente contractual, la asegurada tiene la carga de probar que la cláusula aludida surge indubitable de la delimitación del riesgo ab initio asegurado (art. 42, CN.; y arts. 1, 3, y 53, LDC.).
1 Cfr.: TSJ –Sala Civil- Cba., 24/03/1995, in re: “Fortuna de Mendoza c/ Raúl Bonzá”; fallo pub. en: RDPyC., 1995, Tomo 8, pág. 461
2 Puntualmente, refiero a todo aquellos principios que en pos de su protección propugnan una interpretación más favorable a sus intereses subjetivos (arts. 3, 4, 37 y 40, ibid.).
3 Corroborando lo que vengo exponiendo, doctrina de fuste ha expresado que: “… el art. 56 de la LS no hace pie por ausencia de un presupuesto fáctico esencial (calidad de los sujetos de la relación)…” (cfr.: BARBATO Nicolás H. –Exclusiones a la cobertura en el contrato de seguro-; trab. pub., en: ED-136, págs. 354 y ss.).
4 MEILIJ Gustavo R. –Seguro de Responsabilidad Civil- Edit. Depalma, año 1992, pág. 21.
5 HALPERIN Isaac -El Juez y la aplicación del contrato de seguro-; trab. publ. en RDCO., año 3, año 1970, edit. Depalma, Bs. As., pág. 1 y ss.
6 MEILIJ Gustavo R. – BARBATO Nicolás H. –Tratado de Derecho de Seguros- Edit. Zeuz, Rosario, año 1975, pág. 49.
7 MORANDI Juan C. F. –Estudios de Derecho de Seguros- Edit. Pannedille, Bs. As., año 1971, pág. 208.
8 MORANDI Juan C. F. –Estudios de…-; ob., cit., pág. 105.
9 MEILIJ Gustavo R. –Manual de seguros- Edit. Depalma, Bs. As., año 1998, pág. 10.
10 Parafraseando a empinada doctrina, la prima constituye un equivalente matemático del riesgo asumido por el asegurador, representativo del límite debajo del cual aquél no puede descender sin comprometer el equilibrio técnico de la empresa. Constituye el precio del riesgo que ha sido cuantificado pese a su aleatoriedad e incertidumbre (cfr.: MORANDI Juan C. F. –Estudios de…-; ob., cit., pág. 213; en el mismo sentido: BARBATO Nicolás H. –Culpa grave y dolo en el derecho de seguros- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 1994, pág. 22).
11 MEILIJ Gustavo R. – BARBATO Nicolás H. –Tratado de Derecho de…-; ob., cit., pág. 62.
12 BARBATO Nicolás H. –Culpa grave…-; ob., cit., pág. 22.
13 HALPERIN Isaac –Seguros- Edit. Depalma, Bs. As., año 2001, pág. 564.
14 STIGLITZ Rubén S. -Derecho de Seguros. Tomo I- Edit. La Ley, Bs. As., año 2004, págs. 221/223.
15 Lo común es que la determinación del riesgo se haga con indicaciones positivas (individualización) mediante el enunciado de la hipótesis general cubierta (v. gr.: robo, incendio, responsabilidad civil, etc.) como en forma negativa (delimitación) fijándose límites concretos que lo acotan mediante exclusiones a la cobertura que ponen fuera del amparo genérico a diversas situaciones particulares que, por su extrema probabilidad, intensidad o generalización siniestral, resultan técnicamente no asegurable (cfr.: STIGLITZ R. S. – STIGLITZ G. A. -Seguro contra la responsabilidad civil- Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., año 1994, págs. 280 y ss.).
16 STIGLITZ Rubén S. -Derecho de Seguros. Tomo II- ob. cit. pág. 279/280.
17 Con justo tino se ha demarcado con precisión las diferencias existentes entre las cláusulas de exclusión de cobertura y de caducidad diferencias significativas, mencionado, entre otras: a) las cláusulas de caducidad son sancionatorias; imponen una pena; las de exclusión de cobertura son descriptivas, limitándose a indicar los riesgos que, ab initio, no están cubiertos; b) las cláusulas de caducidad suponen una situación originariamente cubierta por el contrato; la de exclusión de la cobertura, en cambio, colocan los supuestos que describen fuera del amparo del contrato; c) el asegurador que alega la caducidad debe probarla; en cambio, es el asegurado quien tiene la carga de probar que el siniestro se ubica entre los riesgos tomados por la aseguradora; d) la caducidad autoriza a la rescisión del contrato; el no seguro o no garantía ninguna relación tiene con la rescisión; se trata, simplemente, de una situación ajena al contrato; e) las cláusulas de caducidad sólo son oponibles a terceros si se trata de defensas nacidas con anterioridad al siniestro. Las de exclusión a la cobertura, en cambio, resultan del contenido mismo del contrato, son siempre anteriores al siniestro y oponibles a los terceros, aún el trabajador en el seguro de accidente de trabajo; f) las reglas de interpretación de unas y otras presentan algunas variantes (cfr.: BARBATO Nicolás H. –Exclusiones a…-; ob., cit., págs. 354 y ss.; en el mismo sentido: KEMELMAJER DE CARLUCCI Aída –El silencio del asegurador frente a la denuncia del siniestro-; trab. pub. en: BARBATO Nicolás H. (Coord.) –Derecho de seguros- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 2001, págs. 181 y ss.; desde la jurisprudencia: SCJMza., -Sala 1-, Causa Nº 89.309, 10/09/2007, in re: “Lima, Nicolás Gustavo y Ot. en Jº 79.769/9.471 Araya, José Heriberto y Ots. c/ Lima, Nicolás Gustavo y Ots., p/ D. y P. s/ Inc. Cas.”; Causa Nº 91.627, 01/07/2008, in re: “Triunfo Cooperativa de Seguro en J. 83.303/9126 Triunfo Coop. de Seguros en J. 82.776, Navarría Gisela c/ Sabatino Bustos F. p/ Daños y perjuicios s/ Inconstitucionalidad y casación; fallos pub. en: AJ on line).
18 STIGLITZ R. S. – STIGLITZ G. A. -Seguro contra...-; ob., cit., págs. 280 y ss.
19 Como lo ha explicado con justo tino la doctrina: “… Si se produce el evento que acarrea el siniestro, el asegurador quedará liberado de realizar la prestación, puesto que nunca se obligó a ello. No hubo (…) objeto asegurado alguno ni, en consecuencia, cobertura concertada…” (cfr.: FONT RIBAS Antoni –Exclusión de cobertura y cláusulas limitativas. La limitación del objeto y la limitación de los derechos en el contrato de seguro-; trab., pub., en RDPyC nro. 20 –Seguros. Tomo II- Edit. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe., año 1999, pág. 168).
20 CORREA José L. -El régimen del contrato de seguros. Riesgo, exclusiones, condiciones generales, culpa grave y reseña de algunos fallos de la Suprema Corte de Mendoza-; trab., pub. en: LLGran Cuyo, septiembre/2004- 752.
21 Constituyen –en palabras de la buena doctrina- nomas que imponen determinados deberes de conducta al asegurado, estableciendo asimismo, para el caso de incumplimiento de la conducta requerida, una sanción: normalmente, la caducidad (cfr.: MEILIJ Gustavo R. – BARBATO Nicolás H. –Tratado de Derecho de…-; ob., cit., pág. 95).
22 Dentro de la estructura económica, técnica y jurídica del negocio, esto se explica atendiendo al propósito que se persigue con el cumplimiento de la carga de denunciar el siniestro, que no es otro que el de suministrarle datos al asegurador que le permitan la verificación del siniestro para determinar si está cubierto por la póliza, controlar las condiciones y circunstancias en que se produjo, determinar la gravedad del daño, analizar la conducta del asegurado, recoger elementos probatorios, comenzar el cómputo del plazo para pronunciarse sobre los derechos de aquél, con el apercibimiento ex lege de que la omisión de ese pronunciamiento importa aceptación de aquellos derechos (art. 56) (cfr.: STIGLIZ Rubén -Derecho de... Tomo II-; ob., cit., págs. 91/93).
23 SIMONE Osvaldo B. -El derecho del asegurado del art. 56 de la ley de seguros-; trab. pub. en: LL 1981-D, 931.
24 Es importante recalcar que el plazo que ha previsto la norma del art. 56, LS., no vence necesariamente a los treinta días de la denuncia del siniestro, pues su curso comienza a correr con posterioridad, cuando el asegurador haya ejercitado el derecho de solicitar la información complementaria que le autoriza la norma del art. 46, ibíd., hipótesis en la que vencerá cumplidos los treinta días de recibida tal información; o lo que es lo mismo, a partir de la fecha en la que el asegurado cumple con las obligaciones que le impone la norma del art. 46, 2 y 3, párr.., LS., y no desde la fecha del siniestro. No obstante ello, el principio de buena fe contractual exige al asegurador proceder a un rechazo inmediato y enérgico del siniestro si era factible realizar las indagaciones necesarias para verificar la fecha y circunstancias de acaecimiento del accidente y la de inicio de la cobertura, para pronunciarse sobre el derecho del asegurado.
25 BARBATO Nicolás -Exclusiones a la cobertura en el contrato de seguros-; trab. pub. en: ED 136-556; del mismo autor: -Culpa grave y dolo en el derecho de seguros- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 1994, págs. 46/47; desde la doctrina judicial: TSJ –Sala Civil- Cba., 24/03/1995, in re: “Fortuna de Mendoza c/ Raúl Bonzá”; fallo pub. en: RDPyC., 1995, Tomo 8, pág. 461; en igual sentido: Cam. Civ. y Com. de Azul, 30/03/1994, in re: “Fernandez Begue c/ Gonzalez Justo”; fallo pub. en: LLBA 1994-903.
26 KEMELMAJER DE CARLUCCI Aída –El silencio del asegurador frente a la denuncia del siniestro-; trab., pub. en: Barbato Nicolás H. (Coord.) -Derecho de seguros- Edit. Hammurabi, Bs. As. año 2001, pág. 186; en el mismo sentido: CACERES CANO, El silencio del asegurador y sus efectos. Art. 56 de la ley 17.418, ED 134-275.
27 RESTON Ángel -Consideraciones prácticas acerca de las cláusulas de exclusión de cobertura-; trab. pub. en: LL 2007-B- 911; en sentido similar: SOTO Héctor Mi. -Cargas, caducidades y exclusiones de cobertura en el contrato de seguro-; trab. pub. en: LL 2004-D-1167
28 Conteste con lo que vengo exponiendo ha sostenido la doctrina judicial a la que adhiero que, esta cláusula que excluye el seguro en los casos de ebriedad del conductor es una cláusula de “no seguro” o de “exclusión del riesgo”, desde que de un modo descriptivo indica, ab initio, un riesgo no cubierto, colocándolo fuera del contrato (cfr.: SCJ de Mza. –sala I- 1/7/2008, in re: Sala I, “Navarría, Gisela c. Sabatino Bustos, F.”; fallo pub. en: LLGran Cuyo, 2008- 766).
29 SIMONE Osvaldo B. -Mora de la aseguradora en el cumplimiento de sus obligaciones (arts. 56 y 49 de la ley de seguros)-; fallo pub. en: LL 1981-A-516.
30 SIMONE Osvaldo B. -El derecho del...-; ob., cit., pág. 931.
31 BARBATO Nicolás -Exclusiones a...-; ob., cit., págs. 547/571.
32 CORREA José L. -El régimen del contrato de seguros. Riesgo, exclusiones, condiciones generales, culpa grave y reseña de algunos fallos de la Suprema Corte de Mendoza-; trab., pub., en: LL Gran Cuyo 2004 [septiembre] pág. 752.
33 SCJ de Mza., -sala I- 21/12/1995, in re: “Triunfo Coop. de Seguros Ltda. c. Intraguglielmo, Víctor”; fallo pub. en: DJ 1996-1-872.
34 SCJ de Mza. -sala I- 10/09/2007, in re: “Lima, Nicolás Gustavo y otro en: Araya, José Heriberto y otros c. Lima, Nicolás Gustavo y otro”; fallo pub. en: LLGran Cuyo 2007 (diciembre)-1155)
35 HALPERÍN Isaac –Seguros. Tomo I- Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., año 1997, pág. 383; en el mismo sentido: STIGLITZ Rubén S. -Derecho de... Tomo I-; ob., cit., pág. 25.
36 SOLER ALEU Amadeo -El nuevo contrato de seguros- Edit. Astrea, Bs. As., año 1970, pág. 66.
37 STIGLITZ Rubén S. -Imposibilidad de hecho sin culpa o cumplimiento tardío excusable. Pronunciamiento del asegurador”-; trab. pub. en: LLC 2008 (diciembre) 1231; desde la doctrina judicial: TSJ –Sala Civ. y Com.- Cba. 24/03/1995, in re: “Fortuna de Mendoza c. Raúl Bonzá”; CNCiv. -sala E- 25/04/2008; fallo pub. en: La Ley Online AR/JUR/2257/2008; CNCiv. -sala J- 13/10/2011; fallo pub. en: La Ley Online AR/JUR/67320/2011; CNCiv. -sala G- 03.10.12; in re: “Seoane Walter y otro c/ Germino Sebastián y otros s/ daños y perjuicios”; en contra: CNCiv. -sala A- 9/12/2009, in re: “M. H. A. v. Obra Social del Personal de la Construcción de la República Argentina y otros”)
38 COMPANI María F. -El contrato de seguro y la protección del consumidor-; trab., pub. en: PICASSO Sebastián - VÁZQUEZ FERREYRA Roberto -Ley de defensa del consumidor comentada y anotada. Tomo II- Edit. La Ley, Bs. As., año 2009, pág. 438.
39 En dicho precedente, el cimero Tribunal, tras sentar que el principio de reparación integral de las víctimas tutelado constitucionalmente no implica que aquéllas accedan a la indemnización en todos los casos, sino que tal derecho debe ajustarse a los términos del contrato de seguro que invoca y que le es oponible en los términos que prescriben el juego armónico de los arts. 1195, 1199 del Código Civil y el art. 118 de la Ley de Seguros, arremetió sosteniendo que: “... la función social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero victima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca, máxime cuando no podía pasar inadvertido para los damnificados que estaban viajando en un lugar no habilitado para el transporte de personas y que de tal modo podían contribuir, como efectivamente ocurrió, al resultado dañoso cuya reparación reclaman…”; y ratificar que el principio general de la oponibilidad de las cláusulas contractuales en los supuestos de contratos de seguro del transporte público automotor (Fallos: 329:3054 y 3488; Página 5/6 331:379, y causas 0.166. XLIII. “Obarrio, María Pía c. Microómnibus Norte S.A. y otros” y G.327.XLIII. “Gauna, Agustín y su acumulado c. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro”, sentencias del 4 de marzo de 2008)” se terminó concluyendo (en lo que aquí interesa) que: “... no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues (…) una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro…” (cfr.: CSJN, 08/04/2014, in re: “Buffoni Osvaldo Omar c/. Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios).
40 STIGLITZ Rubén S. - COMPIANI María F. -Un trascendente y necesario pronunciamiento de la Corte en materia de seguros-; trab. pub. en: LL 2014-C-38.
41 Efectivamente, la ley general (por regla) no deroga la especial, salvo que aparezca clara la voluntad derogatoria o por el objeto o espíritu del nuevo ordenamiento (cfr.: LLAMBÍAS Jorge J. –Tratado de Derecho Civil. Parte General. Tomo I- Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., año 2010, pág. 65). Esto permite colegir que la nueva ley no deroga necesariamente la ley especial contraria más antigua, no resultando incompatible la existencia de una excepción con relación a la nueva ley general, pues todo depende de la intención del legislador quien puede también haber pretendido la derogación de la ley antigua en su dominio particular (cfr.: RIVERA Julio C. –Instituciones de Derecho Civil. Parte General. Tomo I- Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., año 2010, pág. 148).
42 MOSSET ITURRASPE Jorge - LORENZETTI Ricardo L. -Defensa del Consumidor. Ley 24.240- Edit. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, año 1994, pág. 73
43 PIZARRO Daniel R. - VALLESPINOS Carlos G. -Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones. Tomo 1- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 1999, pág. 101.
44 ARIZA Ariel C. - El consumidor inmobiliario y la prescripción-; trab. pub. en: LL 2003-E-737; en el mismo sentido: HERNÁNDEZ Carlos A. –Impacto del régimen de Defensa del Consumidor sobre la Teoría General del Contrato-; trab. pub. en: NICOLAU Noemí L. –Fundamentos de Derecho Contractual. Tomo I- Edit. La Ley, Bs. As., año 2008, pág. 426
45 El seguro privado se constituye mediante un contrato con notas particulares, que por su estrecha vinculación con el mecanismo socio-económico, sus modalidades de celebración, el carácter reglamentario de la legislación específica y el particular control operativo del Estado, presenta aspectos sumamente singulares que le otorgan una fisonomía particular, aspecto que sumado a la posición de las partes en el marco de la contratación hace que devenga más frecuente y rigurosa del principio de buena fe en el sentido que el asegurador debe conducirse con lealtad respecto del tomador en lo que atañe a la ejecución de sus obligaciones y a la interpretación de la póliza, cuya comprensión generalmente escapa a la capacidad del tomador, y por su naturaleza de contrato de masa, de condiciones generales uniformes -en principio- e impuestas al asegurado.
46 Tratándose de una cláusula de exclusión de cobertura (o de no seguro) se está al margen del contrato de seguro, porque no hay contrato a su respecto, pero de ello no se sigue inexorablemente que el sistema legal consumeril no devenga aplicable en aquellos casos en que, por ejemplo: el contenido de la póliza no haya sido puesto en conocimiento del asegurado adecuadamente con el alcance que reclama el derecho de información (art. 42, CN.; y arts. 4 y 37, LDC.) y, frente a la duda de que la mentada información haya sido cursada en los términos enunciados, la protección lo favorece al asegurado consumidor (art. 3, LDC.).
47 Desde esta perspectiva, no se puede prescindir que la norma del art. 42, CN., ha conferido al derecho del consumidor el carácter de iusfundamental; ergo, en los casos en que se presentan colisión de normas, lo dirimente para decidir la contienda no es la ley fondal, sino la Constitución Nacional, la que se levanta como fuente principal del derecho consumerista, paradigma de derechos civiles constitucionalizados (cfr.: LORENZETTI Ricardo L. –Consumidores- Edit. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe., año 2009, pág. 44).
48 ARIZA Ariel -Mas que una reforma, desplazamientos del derecho del consumidor en el derecho privado-; trab. pub. en: La Ley, Suplemente Especial -Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor- Bs. As, año 2008, pág. 51; en el mismo sentido: cfr.: TINTI Guillermo P. – CALDERÓN Maximiliano R. –Derecho del Consumidor. Ley 24.240- Edit. Alveroni, Cba., año 2011, págs. 25/26.
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 Resolución 
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 resolución 
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