Source: https://es.scribd.com/doc/58469188/2/EL-DELITO-Y-SUS-CONSECUENCIAS
Timestamp: 2016-02-06 16:19:42+00:00

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La Victimología, como disciplina abocada al estudio cientíﬁco de las víctimas del delito,
tiene su origen en la década del ´50, con los estudios de Benjamín Mendelsohn (1946),
Hans Von Henting (1948), H. Ellenberger (1954) y Marvin Wolfgang (1958), entre otros.
El contexto de postguerra parece haber sido decisivo para dar un impulso a la con-
sideración del elemento olvidado hasta ese momento de la pareja penal, dado que
todos los estudios habían centrado su interés en la investigación, estudio y comprensión
de las características del victimario. Este giro permitió que la ﬁgura de la víctima adqui-
riera progresivamente un rol de mayor protagonismo en la comprensión del fenómeno
delictual y, por ende, en el proceso penal.
El año 2000, Chile dio inicio a una profunda reforma al proceso penal, que operaba des-
de ﬁnes del siglo XIX sin mayores ajustes. Este cambio ha venido produciéndose desde
los años ‘90 en numerosos países latinoamericanos, considerándose la modiﬁcación a la
administración de justicia chilena un referente exitoso en América Latina.
La Reforma Procesal Penal ha signiﬁcado un cambio cultural de enormes proporciones
en la tradición jurídica chilena, implicando el paso de un sistema procesal penal de corte
inquisitivo a un modelo acusatorio, en el cual las funciones de investigar, acusar y juzgar
ya no recaen en un solo juez, sino que están divididas en diferentes instituciones. Así, se
creó el Ministerio Público, cuyas principales funciones son dirigir en forma exclusiva la
investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación
punible y los que acrediten la inocencia del imputado; ejercer la acción penal pública;
y otorgar la debida protección a víctimas y testigos del delito. Por otra parte, se creó la
Defensoría Penal Pública, que brinda asistencia jurídica y profesional a los imputados
de delitos. Finalmente, en el Poder Judicial se reemplazaron los antiguos juzgados del
crimen por los juzgados de garantía y por los tribunales de juicio oral en lo penal.
Este cambio se ve reﬂejado en el papel que cada uno de los operadores e intervinientes
ocupa en el proceso; así, el rol de los ﬁscales del Ministerio Público no sólo implica la
persecución penal de los hechos constitutivos de delito, sino también la realización de
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Código Procesal Penal. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
un esfuerzo de generación de convicción en los tribunales. Por su parte, para los magis-
trados implica el desafío de proceder a la valoración de la prueba presentada, debiendo
pronunciarse y explicitar circunstanciadamente cada uno de los supuestos fácticos y
argumentaciones jurídicas esgrimidas en audiencias por los intervinientes.
En este contexto, las evaluaciones periciales en el ámbito de la salud mental se han
transformado paulatinamente en un recurso relevante a la hora de aportar al esclareci-
miento de los hechos y a la evaluación del impacto de éstos en la vida de las personas.
Por ello, las evaluaciones periciales de credibilidad del testimonio y la evaluación pericial
de daño son recurrentemente solicitadas por los ﬁscales en el contexto de la inves-
tigación de delitos, habiendo resultado necesario un permanente desarrollo y perfec-
cionamiento de las metodologías utilizadas por los profesionales frente a las exigencias
del sistema procesal penal.
Nuestro actual Código Procesal Penal2
incorpora a la víctima como interviniente en el
proceso penal (art. 12 CPP), explicita el deber que asiste al Ministerio Público de buscar
mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima (art. 6 CPP), y el
de entregarle información y protección (art. 78 CPP). Así también establece los derechos
de la víctima que incluyen, entre otros (art. 109 CPP): la solicitud de medidas de protec-
ción frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados; el derecho a presentar
querella; el derecho a ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las
responsabilidades civiles provenientes del hecho punible; el derecho a ser oída por el
ﬁscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión del procedimiento o su
terminación anticipada; ser oída por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobre-
seimiento temporal o deﬁnitivo u otra resolución que pusiere término a la causa; e im-
pugnar el sobreseimiento temporal o deﬁnitivo o la sentencia absolutoria, aún cuando
no hubiere intervenido en el procedimiento.
Junto al rol que juega la víctima como interviniente en el proceso penal, con las impli-
cancias ya descritas, cumple también un rol importante en lo que respecta a la inves-
tigación del hecho delictual, muchas veces como principal testigo, cuestión que resulta
especialmente cierta cuando se trata de la investigación de delitos sexuales. A este
respecto, por las características del delito investigado, en la gran mayoría de los casos
no se cuenta con evidencia material que pueda probarlo, así como tampoco con tes-
tigos, distintos de la víctima, que puedan dar cuenta de la naturaleza de los hechos y
la persona del autor. En este sentido, la valoración del testimonio que pueda entregar
la víctima, así como la evaluación del daño asociado al delito, o la determinación de
su estado mental al momento de la ocurrencia del hecho, en orden a determinar la
presencia de patologías o trastornos, cobra gran relevancia en el proceso investigativo
y judicial, tanto para la conﬁguración del tipo penal como para la determinación de la
pena correspondiente.
Resultan importantes de destacar en este punto las directrices del Fiscal Nacional verti-
das en el Oﬁcio FN N° 160/2009, del 30 de Marzo de 2009, que señalan que “el ﬁscal
podrá ordenar la realización de evaluaciones periciales psicológicas y/o psiquiátricas a la
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Ministerio Público de Chile (2009). Oﬁcio FN N° 160/2009 de 30 de marzo de 2009. Imparte Criterios de Actuación en Delitos Sexuales.
Pág. 9-10.
4. El cual prescribe: “Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las
circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito”.
víctima respecto de la credibilidad de su relato, su condición mental, el daño psicológico
producido por el efecto directo del delito o las consecuencias del mismo, u otros que se
estimen pertinentes”3
. Agrega que, “cuando proceda, es conveniente contar con una
evaluación pericial sobre el grado y la extensión del daño causado a la víctima, tanto
para la conﬁguración del hecho punible como para la aplicación del artículo 69 del
Si bien la evaluación pericial de daño en víctimas de delitos responde a una práctica muy
extendida en nuestra realidad nacional, llevando más de veinte años al servicio de la ad-
ministración de justicia de nuestro país, poco se ha escrito especíﬁcamente respecto de
ella, siendo este el momento de dar un paso adelante para contribuir de forma decisiva
al mejoramiento de los procedimientos y estándares de calidad.
Aspectos tales como en qué consiste una evaluación pericial de daño, cuáles son los
elementos sobre los que el perito debe pronunciarse, cuáles son los alcances y limita-
ciones de este tipo de evaluaciones, y qué valor tienen para el tribunal los anteceden-
tes que aporta, son tópicos aún insuﬁcientemente desarrollados en el ámbito forense.
Cabe señalar que se encuentran actualmente en desarrollo algunas investigaciones en
este ámbito, especialmente en formación de postgrado.
Hoy en día la mayoría de los profesionales que realizan este tipo de evaluaciones posee
una vasta experiencia en el conocimiento de las dinámicas de victimización en este tipo
de casos y, por tanto, el desafío al que se enfrentan consiste en comunicar y dar cuenta
de su experticia en un lenguaje claro y preciso que haga comprensibles para los inter-
vinientes en el proceso penal los complejos fenómenos que se encuentran a la base o
son consecuencia de las experiencias de victimización.
La Mesa de Trabajo que generó el presente documento recogió los siguientes tópicos
relevantes para su discusión y desarrollo:
La presencia de lesión psíquica per-se no acredita la existencia del hecho
investigado, ni la realidad y factibilidad de las circunstancias del tipo penal
que se atribuyen al imputado. Sin perjuicio de ello, en la gran mayoría de
los casos la constatación de daño en una supuesta víctima, se ve ratiﬁcada
por otros elementos probatorios que le dan contexto y un valor particu-
La presencia de daño en la víctima responde a un proceso dinámico que
tiene una evolución y un pronóstico particular; por tanto, su evaluación
diferida en el tiempo (por ejemplo a semanas de ocurrencia del hecho)
resulta aportativa en la medida que permite observar la evolución de la
sintomatología, pudiendo explicarse, a partir de este dinamismo, aquellos
casos en que la víctima aún no reﬂeja la afectación producto del hecho,
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o bien, por el contrario, aquellos casos en los que, al momento de la eva-
luación o en la realización de la audiencia, no se observa una aparente
En la intervención del sistema procesal penal, por acción u omisión, es
altamente probable algún grado de victimización secundaria. Por tanto, el
sistema de justicia potenciaría el daño en la medida en que no se generen
o adopten los mecanismos adecuados para minimizarla.
La imposibilidad de describir un perﬁl único de víctimas. Este punto cobra
especial valor y signiﬁcado cuando se considera la enorme dispersión etá-
rea de los afectados, sus distintos grados de vulnerabilidad, las diferentes
modalidades comisivas del delito, la frecuencia y eventual cronicidad en el
hecho, el vínculo con el victimario, la variabilidad en la reacción del entor-
no familiar ante la develación, el tiempo transcurrido desde la ocurrencia
del primer evento, la existencia de amenazas contra la integridad personal
y de los seres queridos, la utilización de objetos o animales, la conmina-
ción a asumir un rol activo en el evento abusivo, las propias autoculpa-
bilizaciones del afectado, etc. Dicho de manera general, la combinación
de factores protectores y de riesgo para el desarrollo de daño psicosocial
asociado al delito.
La factibilidad técnica para que un perito evalúe daño y credibilidad de
testimonio respecto de la misma víctima. Al respecto, se desarrollarán só-
lidos argumentos para plantear que ello es posible, sin que disminuya el
valor de los peritajes, o que la conclusión respecto de un tópico inﬂuya o
contamine la valoración del otro.
El abordaje de la evaluación de daño y su vinculación con el proceso repa-
ratorio, constituyéndose en este caso la intervención terapéutica en una
variable a considerar en dicha evaluación.
La importancia de un pronunciamiento en cuanto al pronóstico del caso,
considerando las distintas variables involucradas, entendiendo que las
consecuencias del delito no se circunscriben a la duración del proceso pe-
nal, sino que muchas veces se mantienen aún después de ﬁnalizado éste
o se maniﬁestan en etapas evolutivas posteriores pudiendo, en algunos ca-
sos de mayor gravedad, tratarse de alteraciones de carácter permanente.
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5. El año 2008 se publicó el Documento de Trabajo Interinstitucional “Evaluación Pericial Psicológica de Credibilidad de Testimonio”. Versión
en PDF en: www.ﬁscaliadechile.cl, sección Actividades y Estudios.
MARCO JURÍDICO DE LA EVALUACIÓN PERICIAL
DE DAÑO EN DELITOS SEXUALES
El cambio de paradigma que ha implicado el paso de un sistema procesal penal inquisi-
tivo a un sistema procesal penal acusatorio ha repercutido en la forma de investigar y
enjuiciar los hechos constitutivos de delito en su totalidad, pero es en la investigación y
juzgamiento de los delitos sexuales donde el cambio de paradigma ha tenido un mayor
En este sentido, cabe destacar la importancia que ha cobrado la prueba pericial, que
se ha erigido como pieza fundamental, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos
investigados, y a la formación de la convicción del tribunal al momento de dictar sen-
De distinta naturaleza son las pericias que se presentan a estrados en las audiencias de
juicio oral por delitos sexuales, toda vez que, por parte del ente persecutor se requiere
presentar aquellos elementos que provoquen convicción en el tribunal respecto de la
existencia del hecho punible, sus circunstancias y la participación del acusado. Es por
ello que recurrentemente se presentan pruebas periciales de orden médico, bioquímico,
genético, fotográﬁco, audiovisual, psiquiátrico y psicológico, entre otras.
Conocida es de quienes se vinculan a la administración de justicia en materia de infancia
y adolescencia, la proliferación de la psicología y psiquiatría forense como disciplinas
al servicio de la protección de los Derechos del Niño y del análisis de la credibilidad del
relato de niños, niñas y adolescentes cuando de vulneración de derechos se trata, en
particular, cuando estamos ante hechos constitutivos de violencia sexual.
El presente trabajo, segundo en su especie5
, trata de la evaluación pericial de daño en
materia de delitos sexuales.
Desde una perspectiva estrictamente penal podría parecer irrelevante hablar de la de-
terminación pericial del daño en el caso de víctimas de delitos sexuales, si se tiene en
consideración el hecho que los distintos delitos que se vinculan a la sexualidad humana,
son por esencia delitos de mera actividad; es decir, de aquella clase de delitos en que
la acción no viene seguida de un resultado separable en el tiempo y en el espacio de la
conducta desplegada por el agente.
No obstante ser acertado lo anterior desde un punto de vista penal, no es menos cierto
que, aún cuando las posibles consecuencias de la conducta desplegada por el autor no
forman parte de la estructura típica de los delitos sexuales, esas consecuencias simple-
mente existen en el mundo natural. En efecto, aún cuando en la estructura típica del
delito de violación no se requiere la existencia de lesiones en la víctima, la existencia
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6. Hörnle, T (2003). Distribución de la pena: el papel desde una perspectiva de la víctima. En Reyna, L., Silva, J. y Jaen, M. (2008). Derecho,
Proceso Penal y Victimología. Mendoza, Argentina: Editorial Jurídica de Cuyo.
de ellas pueden dar cuenta del despliegue de una actividad física o mecánica sobre el
cuerpo de la víctima; de la misma forma, la existencia de un daño psicológico y social
en la víctima, puede dar cuenta de la existencia de determinadas circunstancias en la
psiquis y el entorno de una posible víctima de un delito sexual.
En términos generales, los sistemas penales tienden a centrarse en el sujeto activo del
delito para dar forma y contenido a la reacción punitiva del Estado, dejando de lado la
ﬁgura del sujeto pasivo u ofendido por el delito.
En lo que guarda relación con las normas de aplicación de pena, es decir, con aquellas
normas jurídicas destinadas a la determinación de la intensidad de la reacción social
ante la transgresión de la ley, existen ciertas normas del Código Penal que llaman al ente
jurisdiccional a tomar en cuenta la perspectiva de la víctima al momento de la aplicación
de la pena, especialmente tratándose de delitos sexuales. Entre ellas encontramos los
artículos 69 y 368.
El artículo 69 del Código Penal establece:
Art. 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de
la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes
y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el
La norma precitada establece que el Tribunal deberá determinar el monto de la pena
a aplicar, dentro de los márgenes legales, teniendo en cuenta las circunstancias
atenuantes y agravantes de la responsabilidad penal que concurran en el caso especí-
ﬁco y, además, la extensión del mal producido por el delito.
A todas luces parece evidente que, tanto el daño psicológico que pueda haber sufrido
una víctima como consecuencia de la acción delictiva a la que se vio expuesta por parte
del agresor, o bien el detrimento de su calidad de vida y los cambios negativos experi-
mentados en su entorno social y familiar, son parte del mal producido por el delito.
En términos doctrinarios, la necesidad de tener presente la perspectiva de la víctima al
momento de determinar la intensidad de la sanción es desarrollada por Hörnle, quien
al efecto señala: “la condena tiene un juicio sobre la extensión de los derechos de la
víctima y la demarcación entre su esfera y la del delincuente. Esto signiﬁca que el hecho
infringió los derechos de la víctima y que el hecho no está ni permitido ni justiﬁcado por
circunstancias inusuales. Así, la sentencia reconoce que la víctima no necesita aceptar
la conducta del delincuente”6
Es así que la pericia de evaluación de daño puede constituir, y de hecho constituye en
muchos casos, un elemento importante a considerar por parte del Tribunal al momento
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de determinar el monto de la sanción a aplicar al condenado. Asimismo, alcanza una
importancia fundamental para poder determinar la forma visible que adquiere la vul-
neración de derechos de las víctimas de violencia sexual.
De la misma forma, el contenido de la pericia de daño es de suma utilidad para el Tri-
bunal al momento de apreciar las circunstancias relacionales especíﬁcas en que tiene
lugar la ofensa, circunstancias que deben ser evaluadas por el Tribunal al momento de
determinar la posibilidad fáctica de la existencia del hecho punible, la participación del
acusado y, en el evento de dictar sentencia condenatoria, poder establecer con certeza
las dinámicas relacionales que inﬂuirán en el monto de la pena a aplicar.
El artículo 368 del Código Penal, a su turno, establece una norma especial de aplicación
de pena, tratándose de los delitos de violación, abuso sexual (en su ﬁgura simple y
caliﬁcada), corrupción de menores y producción de material pornográﬁco infantil, que
se reﬁere expresamente a la relación existente entre víctima y victimario, señalando al
Art. 368. Si los delitos previstos en los dos párrafos anteriores hubieren sido
cometidos por autoridad pública, ministro de un culto religioso, guarda-
dor, maestro, empleado o encargado por cualquier título o causa de la
educación, guarda, curación o cuidado del ofendido, se impondrá al res-
ponsable la pena señalada al delito con exclusión de su grado mínimo, si
ella consta de dos o más grados, o de su mitad inferior, si la pena es un
grado de una divisible.
Exceptúanse los casos en que el delito sea de aquellos que la ley descri-
be y pena expresando las circunstancias de usarse fuerza o intimidación,
abusarse de una relación de dependencia de la víctima o abusarse de
autoridad o conﬁanza.
De acuerdo a lo preceptuado en la norma, se hace imprescindible para el Tribunal tener
un conocimiento cabal de la naturaleza del vínculo existente entre el agresor y la víc-
tima, conocimiento asible en gran medida a través del desarrollo pericial en la materia.
De la correlación de ambas normas se evidencia la necesidad de evaluar el mal causado
a la víctima con ocasión del delito, teniendo presente el vínculo existente entre víctima
y victimario y las dinámicas relacionales que hacen posible la ocurrencia del delito, ma-
terias que serán tratadas a lo largo de este trabajo.
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Asamblea General de Naciones Unidas (1947). www.un.org
Cabe hacer presente que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue adoptado
por la Asamblea General el 10 de diciembre del año 2008, por resolución A/RES/63/117, estableciéndose en su artículo 18 que su entrada
en vigor será tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratiﬁcación o adhesión. Se abrió a la
ﬁrma el 24 de septiembre de 2009, habiéndose ﬁrmado por 34 Estados a ﬁnes de ese mismo año, pero sin que haya sido ratiﬁcado por
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References: resolución 
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 368
 resolución 
 artículo 18