Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/3981
Timestamp: 2020-01-23 17:38:32+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 239/1999
SENTENCIA 239/1999, de 20 de diciembre
ECLI:ES:TC:1999:239
En el recurso de amparo núm. 352/95, interpuesto por don Eugenio Bordás Polidura, bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don Marco Aurelio Labajo González y asistido por el Letrado don Pedro Luis Huerta Gandarillas, contra las Sentencias del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santander de 26 de octubre de 1994 y de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santander de 30 de diciembre de 1994, condenatorias por delito de tenencia ilícita de armas. Ha comparecido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 3 de febrero de 1995, don Eugenio Bordás Polidura, asistido por el Letrado don Pedro Luis Huerta Gandarillas, manifestó su intención de interponer recurso de amparo contra las Sentencias arriba mencionadas, que lo condenaron como autor de un delito de tenencia ilícita de armas, pidiendo al propio tiempo que se le nombrara Procurador del turno de oficio.
2. Efectuada la designación solicitada, mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de abril de 1995 el Procurador de los Tribunales don Marco Aurelio Labajo González, en nombre y representación de don Eugenio Bordás Polidura, formalizó la demanda de amparo. De la demanda y actuaciones recibidas se desprenden los siguientes hechos relevantes:
a) El 25 de octubre de 1991, en virtud de mandamiento de entrada y registro acordado por Auto del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Santander de la misma fecha, se halló en el domicilio de don Enrique Borja Dual, sito en la c/Alday núm. 15 de Maliaño (Cantabria), una escopeta de cañones recortados en perfecto estado de funcionamiento (sin licencia ni guía de pertenencia). El oficio de la Comandancia de la Guardia Civil del Puesto de Camargo (Cantabria) de 25 de octubre de 1991, solicitando el mandamiento, decía lo siguiente:
"Según noticias adquiridas por el personal de este Puesto, se ha tenido conocimiento de que en el domicilio de ENRIQUE BORJA DUAL, vecino de Maliaño, calle Alday núm. 5, se pudieran encontrar efectos de procedencia ilícita, tales como sustancias estupefacientes y algún efecto procedente de robo, es por lo que se solicita de su autoridad el oportuno MANDAMIENTO DE ENTRADA Y REGISTRO ..."
ÚNICO: Según se desprende de la precedente comunicación, es de creer fundamentalmente que en el domicilio ocupado por ENRIQUE BORJA DUAL sito en esta ciudad, calle ... Alday 5 Maliaño ... , existen objetos o instrumentos procedentes de delito.
Se decreta LA ENTRADA Y REGISTRO en el domicilio ocupado por ... ENRIQUE BORJA DUAL ... , sito en la calle ... ALDAY 5 MALIAÑO ... , que se llevará a efecto durante las horas del día, con las formalidades prescritas en el Libro II, Título VIII L.E.Crim., comisionándose para llevarlo a cabo a ... Guardia Civil ... quienes deberán ocupar los objetos o instrumentos que hallaren y dar cuenta de su resultado. Expídase el oportuno Mandamiento ..."
b) Como consecuencia de la entrada y registro en el citado domicilio, en el que intervinieron diversos agentes de la Guardia Civil y la Secretaria del Juzgado como única testigo, se procedió a la detención y toma de declaración de don Enrique Borja Dual, y al día siguiente, a consecuencia de lo antedicho, se procedió a la detención del ahora recurrente en amparo, Sr. Bordás Polidura.
c) Tales hechos dieron lugar a la apertura por el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Santander de diligencias previas (núm. 1.020/91) contra el actual demandante de amparo y don Enrique Borja Dual, luego transformadas en procedimiento abreviado (núm. 93/92). Celebrado el juicio oral (núm. 1.058/92), el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santander dictó Sentencia, el 26 de octubre de 1994, condenando a los dos acusados como autores de un delito de tenencia ilícita de armas (art. 254 C.P. de 1973), a la pena, para cada uno de ellos, de dieciocho meses de prisión menor, accesorias de privación de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y costas; y al aquí recurrente en amparo, además, como autor de un delito de robo (arts. 500, 504.2 y 505 de dicho C.P.), a la pena de un mes y un día de arresto mayor, accesorias de privación de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, y a indemnizar al Ayuntamiento de Camargo en 10.000 pesetas.
d) Contra dicha Sentencia los dos acusados interpusieron sendos recursos de apelación. Dichos recursos (rollo núm. 177/94) fueron resueltos por Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santander de 30 de diciembre de 1994 que, estimando el recurso de don Enrique Borja Dual y sólo en parte el del actual demandante de amparo, revocó también parcialmente la de instancia, condenando al aquí recurrente como autor de un delito de tenencia ilícita de armas, a la pena de dieciocho meses de prisión menor y suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, y al pago de una cuarta parte de las costas; absolviendo a los dos acusados del resto de los hechos que se les imputaban.
3. El recurrente entiende que su condena por delito de tenencia ilícita de armas se ha producido con vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 C.E.) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.).
4. Por providencia de 6 de julio de 1995, la Sección Primera acordó, antes de decidir sobre la admisión a trámite del recurso, y de acuerdo con lo previsto en el art. 88 LOTC, requerir atentamente del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santander y de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de dicha capital la remisión de testimonio del juicio oral núm. 1.058/92, dimanante del procedimiento abreviado núm. 93/92, y del rollo de apelación núm. 177/94.
5. Recibidos tales testimonios, por providencia de 11 de septiembre de 1995 la Sección Primera acordó admitir a trámite la demanda de amparo; a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santander el emplazamiento de quienes fueron parte en el juicio oral núm. 1.058/92, con excepción del recurrente en amparo, para su posible comparecencia en este proceso constitucional; y, conforme a lo solicitado por la parte actora, formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
6. En la pieza separada de suspensión recayó Auto de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de octubre de 1995 (ATC 267/1995), acordando la suspensión de la ejecución de las Sentencias impugnadas en cuanto a la pena privativa de libertad y accesorias, y denegándola en cuanto a las costas.
7. Por providencia de 27 de noviembre de 1995, la Sección Segunda de este Tribunal acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y al solicitante del amparo para presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
8. Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el 22 de diciembre de 1995 y registrado en este Tribunal cinco días después, el recurrente formuló sus alegaciones, reiterando en esencia las ya efectuadas en la demanda y su solicitud de otorgamiento del amparo. No obstante, precisa que la falta de motivación del Auto que autorizó la entrada y registro no puede entenderse salvada por la comunicación de la Guardia Civil solicitando el mandamiento, al no exponerse en la misma las diligencias policiales previas practicadas ni los indicios existentes, por lo que una actuación acorde a Derecho debiera haber llevado al Juzgado a denegar la solicitud, en aplicación del criterio de proporcionalidad; y que, por tanto, la diligencia de entrada y registro se vería afectada por una inconstitucionalidad insalvable, que contaminaría todas las pruebas derivadas de ella.
9. El Ministerio Fiscal registró su escrito de alegaciones el 26 de diciembre de 1995, interesando la denegación del amparo, por las razones siguientes:
En su opinión, el Auto que autoriza la entrada en el domicilio de don Enrique Borja Dual, si bien reflejado en material previamente impreso, contiene concreciones suficientes que limitan, de un lado, la actuación de la policía judicial, y, de otro, garantizan los derechos del sujeto pasivo del registro. Así, en el apartado de los Antecedentes, en el que ha de integrarse el oficio de la Guardia Civil por desprenderse de su dictado, se justifica la necesidad de la entrada por la sospecha de hallarse objetos o instrumentos procedentes de delito, concretándose el domicilio a registrar y su titular.
No obstante, a su juicio, cabría hacer notar la existencia de otras pruebas de la autoría del recurrente, además de la de registro, enervantes de su derecho a la presunción de inocencia: las declaraciones de Enrique Borja Dual ante la Guardia Civil, en el Juzgado y en el acto del juicio oral; y las propias declaraciones del recurrente, que, salvo en el acto del juicio, vino a reconocer que recortó el arma, lo que implicaba un poder de disposición inherente al citado acto.
10. Por providencia de 5 de noviembre de 1999, se señaló para la deliberación de la presente Sentencia el día 8 de noviembre, en el que se inició el trámite y que ha finalizado en el día de la fecha.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra las Sentencias de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santander y del Juzgado de lo Penal núm. 1 de la misma localidad, por las que se condenó al Sr. Bordás Polidura, demandante en este amparo, como autor criminalmente responsable de un delito de tenencia ilícita de armas. El Sr. Bordás Polidura ha invocado en su demanda la eventual lesión de los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 C.E.) y a la presunción de inocencia (24.2 C.E.), reprochando a las citadas resoluciones el haberle condenado empleando como únicas pruebas de cargo aquéllas obtenidas ilícitamente con motivo de una entrada y registro en el domicilio de un tercero, que fueron autorizados mediante un Auto del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Santander carente de la debida motivación, además de haber extendido indebidamente el mandamiento de entrada y registro domiciliario a otro delito que no era objeto en principio de las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Guardia Civil, y por el que fue indebidamente condenado, la tenencia ilícita de armas. Por último, y a consecuencia de la infracción del art. 18.2 C.E. en la que incurre la autorización de entrada y registro resuelta por el Auto del Juzgado de Instrucción, arguye el recurrente que se ha infringido su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.), ya que las pruebas de cargo, que llevaron al Juez de lo Penal primero, y después a la Audiencia Provincial en apelación, a su condena, no fueron otras que el hallazgo de una escopeta con sus cañones recortados y las declaraciones de los dos acusados, el ocupante del domicilio registrado y el ahora recurrente en el presente amparo, las de un agente de la Guardia Civil que había participado en el controvertido registro domiciliario y la del Sargento de la Benemérita, el cual había suscrito el oficio dirigido al Juzgado de Instrucción interesando dicha autorización (sin que conste en las actuaciones si participó o no en el registro).
2. Para abordar adecuadamente el asunto litigioso que hemos de resolver en este recurso de amparo es necesario recordar, siquiera sea brevemente, cómo se han sucedido los hechos de los que trajo su causa el procedimiento penal que concluyó con la condena del ahora demandante de amparo para reducir así la controversia a sus justos términos.
Con motivo de la solicitud girada por la Guardia Civil, el Juzgado de Instrucción expidió un mandamiento de entrada y registro en un inmueble ocupado por el Sr. Borja Dual. Tal mandamiento, de cuyo tenor literal y del propio del oficio policial hemos hecho mérito en los antecedentes de esta Sentencia, fue expedido por el Juez de Instrucción accediendo en su integridad a lo solicitado por la Guardia Civil, que entró y registró el mencionado inmueble en presencia de su ocupante y de la Secretaria del Juzgado, hallando una escopeta de caza con sus cañones recortados. A consecuencia de lo cual se detuvo al Sr. Borja Dual, a quien se tomó declaración con motivo de la comisión de un delito de tenencia ilícita de armas. En dicha declaración, el Sr. Borja Dual negó ser propietario del arma encontrada y afirmó desconocer que estaba escondida en su casa. En su declaración ante la Guardia Civil y luego ante el Juez Instructor identificó como propietario de la escopeta a un tal "Ñuco", que resultó ser el alias del ahora recurrente en amparo, Sr. Bordás Polidura, a quien le había visto en posesión de dicha arma en diversas ocasiones. Con ocasión de otras diligencias de investigación sobre la desaparición de una sierra mecánica rotoflex, el Sr. Borja Dual también indicó a la Benemérita que tuvo conocimiento de que el "Ñuco" fue el autor de la sustracción de dicha sierra mecánica rotoflex, propiedad del Ayuntamiento de Camargo. Información que fue corroborada por un tercero que tenía en su poder dicha herramienta, quien declaró ante la Guardia Civil que la persona que le vendió la mencionada sierra mecánica había sido el Sr. Bordás Polidura, demandante del presente amparo.
A consecuencia de ambas declaraciones se procedió a la detención del recurrente, quien en su declaración ante la Guardia Civil, tras su detención, negó ser el propietario de la escopeta; aunque sí reconoció haberle recortado sus cañones a petición de otro tercero. También negó en su declaración que la sierra mecánica procediese de un robo. Los Sres. Borja Dual y el ahora demandante de amparo reiteraron, en síntesis, las declaraciones que habían hecho en las dependencias de la Guardia Civil, cuando se volvió a tomar su testimonio por el Juez de Instrucción.
Las diligencias previas abiertas a consecuencia de la entrada y registro en el domicilio del Sr. Borja Dual se transformaron posteriormente en un procedimiento abreviado, en el transcurso del cual se celebró en dos sesiones el juicio oral en el que se practicaron como pruebas las declaraciones de los dos coimputados, las del Sargento de la Guardia Civil que suscribió el oficio policial interesando el mandamiento de entrada y registro, la de un número de la Guardia Civil que intervino en el mismo, la del tercero que había adquirido presuntamente la sierra mecánica del ahora demandante de amparo y, por último, la declaración de un concejal del Ayuntamiento de Camargo. El Juez condenó a ambos inculpados como autores de un delito de tenencia ilícita de armas, y al recurrente en amparo, además, por otro delito de robo. La Audiencia Provincial, sin embargo, absolvió al ocupante del domicilio registrado, Sr. Borja Dual, de ambos delitos y al demandante de amparo del de robo, confirmando, no obstante, la condena de este último por la comisión de un delito de tenencia ilícita de armas.
3. La demanda de amparo ordena sus quejas exponiendo, en primer lugar, la eventual vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 C.E.) para abordar en segundo término, y ligado íntimamente a esta primera violación del derecho fundamental señalado, la supuesta lesión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.). Sin embargo, las circunstancias del caso aconsejan matizar los términos en que se exponen las quejas del recurrente, ya que el ahora recurrente en amparo no es en puridad el titular del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, sobre cuya lesión erige el fundamento de sus alegatos en contra de las resoluciones judiciales que le condenaron por la comisión de un delito de tenencia ilícita de armas; y, por consiguiente, no puede esgrimir su lesión, por la simple razón, dado que es éste un derecho fundamental cuyo ejercicio es estrictamente personal (SSTC 30/1992, fundamento jurídico 4º, 228/1997, fundamento jurídico 7º; ATC 942/1985), de que no ha sido su domicilio el violado.
4. Con arreglo a nuestra reiterada doctrina, la presunción de inocencia se viola cuando la prueba de cargo se ha obtenido con vulneración de derechos fundamentales sustantivos. En nuestra STC 94/1999 (fundamento jurídico 6º), donde abordamos un asunto similar al que ahora nos ocupa, recordamos el fundamento de la prohibición constitucional de la admisión como prueba de cargo de toda aquella obtenida con infracción de un derecho fundamental. Decíamos allí que esa prohibición es una regla jurídica objetiva, que si bien no está recogida en precepto constitucional alguno (aunque sí legal, art. 11.1 L.O.P.J.), ni en rigor deriva del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.), se desprende ineluctablemente de la dimensión objetiva de todos y cada uno de los derechos fundamentales, que, en cuanto reglas objetivas básicas de todos los procedimientos seguidos por el Poder Público en el Estado democrático de Derecho y en particular de los judiciales, les impone su debida observancia, de forma que esos procedimientos, bien de creación de normas jurídicas o de su aplicación, quedan privados de toda legitimidad constitucional si transcurren al margen o sin respetar los derechos fundamentales, o si amparan sus menoscabos. Y esta exigencia derivada de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales posee una particular incidencia en los procesos penales donde su observancia debe ser aún más rigurosa y severa, si cabe, que en los restantes, ya que dicho proceso es el cauce formal a través del cual se apela y, según el caso, se somete al individuo al uso más intenso y extremo del ius puniendi del Estado (STC 81/1998, fundamento jurídico 2º).
5. Es doctrina reiterada de este Tribunal que la resolución judicial que con arreglo al art. 18.2 C.E. puede autorizar la entrada y registro de una vivienda debe ser motivada, con el propósito de alejar de la decisión judicial todo automatismo, que no dejaría de ser una forma de arbitrariedad del poder público prohibida en el art. 9.3 C.E. (SSTC 22/1984, 144/1987, 160/1991, 76/1992, 211/1992, 126/1995, 171/1997, 50/1995, 139/1999; ATC 30/1998; SSTEDH caso Chappell, de 30 de marzo de 1989; caso Niemitz, de 16 de diciembre de 1992; caso Funke, de 25 de febrero de 1993). Una motivación que no es sólo la exigible a los efectos del art. 24.1 C.E. (SSTC 207/1996, 126/1995, 158/1996), sino una motivación más intensa cuya fundamentación, como acabamos de decir, radica en la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 C.E.). Arbitrariedad que ha de conjurarse por el órgano judicial mediante la rigurosa y precisa exposición del insoslayable juicio de proporcionalidad entre la medida restrictiva adoptada y el derecho fundamental limitado, en atención a las circunstancias de cada caso (SSTC 341/1993, fundamento jurídico 7º; 50/1995, fundamento jurídico 7º).
6. Resta, por último, analizar si el órgano judicial cumple con su obligación de motivar en estos casos, bien con la remisión al oficio policial que interesó dicha medida o bien, sin necesidad de que esa remisión sea explícita, mediante una interpretación integrada de la resolución judicial y la petición policial. Pues en efecto, no debe soslayarse la distinción que acaba de hacerse entre la expresa remisión al oficio policial y la integración de éste con la resolución judicial como si de un todo se tratare, ya que, si, según las circunstancias, en principio podría ser constitucionalmente lícita la primera de las posibilidades, siempre con las debidas precauciones (SSTC 200/1997, fundamento jurídico 4º, 49/1999, fundamento jurídico 10, STC 139/1999, fundamento jurídico 2º), no cabe decir lo mismo de la segunda. La Constitución en su art. 18.2 habilita al órgano judicial en exclusiva para acordar semejante medida restrictiva del derecho a la inviolabilidad de domicilio, y sobre él recae la responsabilidad de la decisión que al respecto tome. Y no estará de más advertir sobre el extremo, ahora transcendente, de que aquí la remisión de una decisión judicial a otra decisión de un poder público no es de índole semejante a las que este Tribunal ha considerado admisibles a los efectos del derecho a una resolución judicial motivada (art. 24.1 C.E., por todos ATC 207/1999 y las allí citadas), dado que aquí la remisión no se hace a otra resolución judicial, sino a un oficio policial. Su función preventiva, con ser la de garante del derecho fundamental en cuestión, no consiste constitucionalmente, ni puede consistir a la luz del art. 18.2 C.E., en una mera supervisión o convalidación de lo pedido y hecho por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quien adopta la decisión de limitar el derecho fundamental y establece en qué términos tendrá lugar dicha restricción es, constitucionalmente, el órgano judicial, quien no puede excusar su deber de resolver y motivar lo resuelto con la simple remisión a los motivos que aduzca otro poder público no judicial; sin perjuicio de que en ciertos casos y según las circunstancias, en particular si ya hay una instrucción judicial en marcha, le sea posible complementar algunos de los extremos no esenciales de su mandamiento de entrada y registro, es decir, los que no constituyan el juicio de proporcionalidad, con los detalles que se hagan constar en el oficio policial, siempre que éstos también respondan al canon constitucional más arriba expuesto (SSTC 309/1994, 47/1998, fundamento jurídico 33º, 94/1999; AATC 333/1993, 30/1998; a título general STC 49/1999).
7. En el caso que nos ocupa, similar a los resueltos por este Tribunal en sus SSTC 126/1995 y 139/1999, el Juez de Instrucción se limitó, en un formulario ad hoc, a declarar que había recibido el oficio policial, del que se desprende que "es de creer fundamentalmente" (sic) que en el domicilio ocupado por el Sr. Borja Dual "existen objetos o instrumentos procedentes de delito". A continuación se remite, sin mayor pormenor, a lo dispuesto en el Tít. VIII, Libro Segundo L.E.Crim., y acuerda decretar la controvertida entrada y registro.
8. En fin, constatada la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio a causa de la ausencia de motivación del Auto que decretó la controvertida entrada y registro domiciliar, cumple ahora examinar si las pruebas halladas en dicho acto fueron las únicas de cargo allegadas a la vista oral y sobre las que se fundó la convicción incriminatoria, tanto del Juez de lo Penal como de la Audiencia Provincial, pues no cabe duda de que dichas pruebas de cargo serán nulas si han llegado al juicio como pruebas obtenidas directamente de la entrada y registro contrarios al art. 18.2 C.E. (por todas, STC 94/1999).
9. En el caso concreto, del conjunto de las actuaciones se deduce que las únicas pruebas de cargo practicadas en la vista oral, y que llevaron a los órganos judiciales a la convicción de que el ahora recurrente de amparo era autor y culpable de un delito de tenencia ilícita de armas, por el que resultó finalmente condenado, han sido el hallazgo material de la escopeta con sus cañones recortados en el domicilio registrado, que no era el del demandante de amparo, y, en el caso del Juez de lo Penal, las declaraciones de ambos encausados, tanto las del coimputado en cuyo domicilio se halló el arma, como las del recurrente de amparo, también inculpado ante la jurisdicción penal; pues las restantes declaraciones depuestas en el juicio oral por los agentes de la Guardia Civil y los testigos versaron, o bien sólo sobre las circunstancias del registro y el hallazgo del arma (así las declaraciones de los Guardias Civiles) o bien no versaron sobre la tenencia y manipulación del arma (caso de los dos testigos).
Es cierto que las primeras declaraciones del coimputado ante la Guardia Civil y ante el Juez de Instrucción son la consecuencia directa de haberse hallado un arma, de la que no poseía la preceptiva licencia, en su domicilio, cuando ni parecía ser éste el objeto concreto del registro (y así se desprende tanto del tenor del oficio policial y del Auto del Juez de Instrucción, como de que así lo reconoció uno de los Guardias Civiles en su testimonio en la vista oral del juicio penal), ni hay indicio alguno que permita sostener que la detención del Sr. Borja Dual y sus declaraciones se hubieran obtenido con motivo de otras diligencias de investigación, dado que la única practicada respecto del delito de tenencia ilícita de armas por el que se condenó al solicitante de amparo fue, precisamente, a consecuencia de la entrada y registro en el domicilio del Sr. Borja Dual en busca de objetos de ilícita procedencia.
Sin embargo, no es menos cierto que el Sr. Borja Dual realizó su declaración en la vista oral con todas las garantías, y sin que resulte ahora relevante la posible motivación interna que le haya podido mover a realizarlas inculpando al recurrente de amparo (SSTC 51/1995 y 86/1995), y que sirvieron al Juez Penal, de consuno con las del recurrente, Sr. Bordás Polidura, para enervar la presunción de inocencia de ambos respecto de la comisión del delito de tenencia ilícita de ramas del art. 254 del C.P. vigente en aquel momento. Como también es cierto que no puede negarse el hecho mismo de que el arma existe y fue hallada, a pesar de la ilicitud constitucional del registro, cuya única consecuencia a estos efectos es que no puede traerse a la vista oral como prueba de cargo dicha existencia y hallazgo al ser una prueba obtenida con infracción del art. 18.2 C.E., pero no que deba eludirse el hecho mismo de que ese arma efectivamente se halló y existe (por todas, STC 161/1999).
En consecuencia, dado que es innegable que se halló un arma en el domicilio del coimputado, razón por la que fue detenido, se le tomó declaración y, finalmente, se le inculpó por la comisión de un delito de tenencia ilícita de armas; y dado que la declaración hecha por el Sr. Borja Dual sobre ese hecho estuvo rodeada de todas las garantías constitucionalmente exigibles, tanto las depuestas durante la instrucción del caso como luego en la vista oral, no cabe sino concluir que su testimonio no ha afectado ni menoscabado las necesidades esenciales de tutela de su derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por esta razón, no es posible sostener que entre esta prueba testimonial y la ilicitud de la entrada y registro del domicilio del testigo, y las pruebas directas que de semejante acto se han derivado (hallazgo y existencia del arma y acta del registro en cuestión), exista una nexo de antijuricidad que la invalide.
A igual resultado debemos llegar respecto de las confesiones autoinculpatorias efectuadas por el recurrente ante la Guardia Civil y el Juez de Instrucción, y que han sido las tenidas en cuenta tanto por el Juez de lo Penal como por la Audiencia Provincial para formar su convicción incriminatoria, ya que en la vista oral negó su tenencia del arma y que le hubiese recortado los cañones. No sólo su confesión se produjo voluntariamente y con todas las garantías, pues consta en el atestado de la Guardia Civil obrante en los autos la diligencia de detención y lectura de derechos del Sr. Bordás Polidura en la que se dejó constancia de que se le informó de las causas de su detención y de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 520 L.E.Crim., y de su deseo de declarar, declaración hecha en presencia de un Letrado y en la que reconoce que había recortado los cañones de la escopeta, lo que ratificó ante el Juez de Instrucción en presencia de su Abogado (y de hecho el demandante de amparo no impugna estas diligencias por infracción del art. 24.2 C.E.). Además, la práctica de la confesión tuvo lugar en el transcurso de la instrucción abierta tras el hallazgo del arma manipulada, hecho cuya existencia es incontrovertible, y tras las declaraciones del coimputado Sr. Borja Dual ante la Guardia Civil y el Juez de Instrucción, efectuadas también con todas las garantías como se desprende de las actuaciones. Dichas declaraciones, que inculpaban al ahora recurrente de amparo y se reprodujeron en la vista oral, son independientes del registro inválido y de las pruebas contaminadas por su ilicitud constitucional. Este cúmulo de circunstancias, de acuerdo con lo que este Tribunal ha dicho en la STC 161/1999 (fundamento jurídico 4º), conduce derechamente a afirmar que se trata de diligencias, convertidas luego en pruebas de cargo independientes y válidas, ya que la voluntariedad de las declaraciones autoinculpatorias del demandante de amparo, efectuadas con todas las garantías, y su fundamento en hechos no contaminados por la ilicitud constitucional del registro domiciliario que está en el origen del proceso penal en cuestión, han roto la conexión antijurídica que pudiera vincularlas, más allá de lo puramente causal, al mencionado registro y a las pruebas que de él se derivaron, que hemos dicho resultan prohibidas.
Alcanzada la conclusión de que ni la prueba consistente en la declaración del coimputado Sr. Borja Dual, ni la del recurrente, en las especiales circunstancias en las que ésta se efectuó en la vista oral y se valoró por los órganos judiciales, se han obtenido con infracción del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 C.E.), como se sostiene en la demanda de amparo, no cabe sino afirmar que no ha habido tampoco violación de la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.) por esa razón, que es la única esgrimida por el demandante de amparo en su recurso.
Type and record number Recurso de amparo 352-1995
Promovido por Eugenio Bordás Polidura frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santander, que le condenaron como autor de un delito de tenencia ílicita de armas halladas al registrar un domicilio buscando efectos de procedencia ilícita.
Supuesta vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la presunción de inocencia: Auto insuficientemente motivado para registrar el domicilio de un tercero, pero pruebas independientes que justifican la condena.
El órgano judicial se ha limitado a cursar sin más una petición policial fundada en simples sospechas genéricas sin que las avale dato o circunstancia objetiva alguna, y sin que se encuadre en una instrucción penal, por lo que ha vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio [FJ 7].
La resolución judicial que con arreglo al art. 18.2 C.E. puede autorizar la entrada y registro de una vivienda debe ser motivada (SSTC 22/1984, 50/1995 y 139/1999). Su función preventiva, con ser la de garante del derecho fundamental en cuestión, no consiste constitucionalmente, ni puede consistir a la luz del art. 18.2 C.E., en una mera supervisión o convalidación de lo pedido y hecho por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [FFJJ 5 y 6].
El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental cuyo ejercicio es estrictamente personal (SSTC 30/1992 y 228/1997; ATC 942/1985) [FJ 3].
No sólo se produce una lesión del derecho a la presunción de inocencia de un sujeto por el hecho de que se obtengan ilícitamente pruebas con infracción de alguno de sus derechos fundamentales sustantivos, sino que, y así sucede en este caso, también es ilícita la prueba obtenida con infracción de los derechos fundamentales sustantivos de un tercero si su destino es enervar la presunción de inocencia del, en su caso, recurrente en amparo [FJ 3].
La nulidad del registro del domicilio se extiende al hallazgo del arma manipulada y al acta de la entrada y registro donde se recogió su resultado (STC 228/1997) [FJ 9].
El coimputado realizó su declaración en la vista oral con todas las garantías, y sin que resulte ahora relevante la posible motivación interna que le haya podido mover a realizarlas inculpando al recurrente de amparo (SSTC 51/1995 y 86/1995). Como también es cierto que no puede negarse el hecho mismo de que el arma existe y fue hallada (STC 161/1999). No es posible sostener que entre la prueba testimonial, y la ilicitud de la entrada y registro del domicilio del testigo, exista un nexo de antijuricidad que la invalide [FJ 9].
Las confesiones autoinculpatorias efectuadas por el recurrente ante la Guardia Civil y ante el Juez de Instrucción se produjeron voluntariamente y con todas las garantías. Han roto la conexión antijurídica que pudiera vincularlas, más allá de lo puramente causal, al registro del domicilio y a las pruebas que de él se derivaron, que hemos dicho resultan prohibidas [FJ 9].
Fundamento de la prohibición de valorar en juicio pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales (SSTC 114/1984, 81/1998, 49/1999, 94/1999; STEDH caso Schenk, de 12 de julio de 1988) [FJ 4].
Doctrina constitucional sobre la prueba ilícita (SSTC 114/1984, 81/1998, y 49/1999, recogidas todas ellas en las recientes 94/1999, 161/1999, 166/1999 y 171/1999) [FJ 8].
Libro II, título VIII, f. 7
Artículo 520, f. 9
Artículo 566, f. 4
Artículo 254, f. 9
Artículo 18.2, ff. 1 a 9
Artículo 24.2, ff. 1 a 4, 8, 9
Derecho a la inviolabilidad del domicilioDerecho a la inviolabilidad del domicilio, ff. 5, 6, 7
Derecho a la presunción de inocenciaDerecho a la presunción de inocencia, ff. 4, 8, 9
Derechos fundamentales personalísimosDerechos fundamentales personalísimos, f. 3
Motivación por remisión a la solicitud policialMotivación por remisión a la solicitud policial, f. 6
Vulneración de derechos fundamentales de un terceroVulneración de derechos fundamentales de un tercero, ff. 3, 4
Admisión de prueba en proceso penalAdmisión de prueba en proceso penal, f. 9
Arma hallada en un registro ilícito de domicilioArma hallada en un registro ilícito de domicilio, f. 9
Auto de entrada y registro insuficientemente motivadoAuto de entrada y registro insuficientemente motivado, ff. 6, 7
Auto de entrada y registro suficientemente motivadoAuto de entrada y registro suficientemente motivado, ff. 5, 7
Conexión de antijuridicidad con la vulneración de derechos fundamentalesConexión de antijuridicidad con la vulneración de derechos fundamentales, ff. 4, 8
Declaraciones de imputados independientes de registros de domicilio ilícitosDeclaraciones de imputados independientes de registros de domicilio ilícitos, f. 9
Entrada y registro de domicilioEntrada y registro de domicilio, ff. 2, 6
Prueba ilícitaPrueba ilícita, ff. 2, 4, 8, 9
Prueba penalPrueba penal, f. 9
Pruebas independientesPruebas independientes, f. 9

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 520

Artículo 566

Artículo 254

Artículo 18

Artículo 24