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uliana Llamoja
Caso Giuliana excarcelación
Llamoja-
La STC 0728-2008-PHC/TC,
caso Giuliana Llamoja,
significó un aporte de considerable importancia a la jurisprudencia constitucional al asignarle forma conceptual y procedimental al tema de motivación de las resoluciones judiciales,
materia que ya había sido abordada en las STC 3943-2006PA/TC,
caso Juan de Dios Valle Molina y 01480-2006-AA/TC,
caso Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador
Con relación al caso Llamoja,
debemos partir del análisis principal de la sentencia 00728-2008-PHC/TC,
caso Giuliana Llamoja Hilares,
expedida por el Tribunal Constitucional con fecha 13 de octubre de 2008,
y que en síntesis consiste en una decisión que declara fundado el proceso de habeas corpus interpuesto por la afectada contra la decisión de los Vocales integrantes de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima,
y contra los Vocales de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República
El objeto de la demanda fue que se declarara la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de julio de 2006,
y su confirmatoria mediante ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 2007,
ambas recaídas en el proceso penal N
º 3651-2006
solicitaba que se expidiera nueva resolución con arreglo a derecho,
así como se ordenara su inmediata libertad
Alegaba la demandante la vulneración de su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso,
los derechos a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales,
así como los principios de presunción de inocencia eindubio pro reo,
relacionados con la libertad individual
En el caso Llamoja el valor agregado del proceso consistió en referir,
con mayor amplitud,
los escenarios contradictorios a una debida motivación y a su vez,
también contiene una referencia procedimental al asunto de congruencia procesal que esta vez nos ocupa,
en tanto que la demanda es declarada fundada y sin embargo,
el decisorio de la resolución no contempla la excarcelación de la demandante
Centrémonos en el siguiente aspecto: si la demanda es amparada y se emite sentencia estimatoria,
una consecuencia lógica y respuesta congruente a la pretensión de suyo lo va a ser que la decisión final se orientará a responder a la tutela urgente que enuncia la demanda
Y más aún es aplicable esta lógica,
cuando se trata de un proceso de habeas corpus en el cual la incidencia sobre la libertad personal es gravitante
si la demanda de habeas corpus es amparada,
el resultado lógico de la sentencia es que exista una decisión que ordene el cese de la agresión,
sea en vía reparadora o preventiva
No obstante lo antes enunciado,
a pesar de declarar fundada la demanda,
opta por desestimar el pedido de excarcelación de la demandante con el siguiente argumento: 39
En cuanto al extremo de la inmediata excarcelación,
resulta necesario precisar que la nulidad de la resolución judicial declarada en el presente proceso constitucional sólo alcanza al acto procesal mencionado,
quedando subsistentes y surtiendo plenos efectos jurídicos los demás actos procesales precedentes
el auto que dispone la apertura de instrucción contra la recurrente,
el mandato de detención decretado en él,
la sentencia condenatoria de la Sala Penal Superior,
tal como ha señalado este Alto Tribunal en anterior jurisprudencia (Exp
° 2494-2002-HC/TC
° 2625-2002HC/TC
“no procede la excarcelación,
como se ha expuesto,
al no afectar la nulidad de algunas etapas del proceso penal al auto apertorio de instrucción,
al mandato de detención,
[y a la sentencia condenatoria,
ésta] recobra todos sus efectos (…)”,
por lo que la demanda,
en este extremo,
debe ser declarada improcedente
La parte resolutiva del fallo señala: 1
Declarar FUNDADA en parte la demanda de hábeas corpus
Declarar NULA la ejecutoria suprema expedida por la Primera Sala Transitoria Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República,
de fecha 22 de enero de 2007,
recaída en el proceso penal N
º 36512006 seguido contra la accionante por el delito de parricidio,
debiendo dicha instancia judicial emitir nueva resolución,
conforme al fundamento 34 de la presente Sentencia
Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que la recurrente solicita la excarcelación
el supremo intérprete de la Constitución considera la aplicación del principio de elasticidad constitucional,
modulando bajo los alcances de los principios concurrentes de prevención procesal y de autonomía,
una respuesta adecuada frente a la pretensión de la demandante Giuliana Llamoja
el Tribunal había identificado una vulneración a la libertad personal y si el decisum seguía la lógica de haberse determinado una vulneración constitucional,
entonces debía ordenar la inmediata libertad de la favorecida
Dicha libertad se habría explicado en razón de que se había producido la vulneración de su libertad
personal por causa de una sentencia de la Corte Suprema que afectaba en forma conexa,
su derecho a la libertad personal vía vulneración del derecho a la motivación
era preciso o bien ordenar la excarcelación de la afectada por cuanto la sentencia había sido declarada fundada o bien,
era necesario modular los efectos de la sentencia,
excluyendo la libertad de la demandante
Haber optado por declarar fundada la demanda y a su vez,
haber determinado la no excarcelación de la demandante,
nos persuade de la implementación elástica de la decisión,
en atención a que concurre un argumento de fondo y es precisamente la pauta de conservación de los actos procesales que en su momento determinaron la prosecución del proceso con el internamiento de la señorita Llamoja
Si advirtiéramos,
bajo el principio de congruencia procesal,
que la demanda fundada a su vez necesariamente debería conllevar la libertad de la demandante,
no nos debería quedar duda alguna que frente a la imputada vulneración del derecho a la motivación por parte de la Corte Suprema,
hubiere resultado cierto que habría tenido lugar la libertad de la señorita Llamoja
el razonamiento procesal extensivo,
que es lo que identifica al principio de elasticidad constitucional,
en definitiva exige,
que no se produzca la excarcelación de la demandante,
sino que precisamente se ataque la vulneración puntual que constituye la acotada infracción por parte de la Sala Penal Suprema respecto a la falta de motivación de su decisión final
Con esta precisión,
quedan vigentes los actos procesales anteriores que en su momento condujeron a que se mantuviera a la procesada con mandato de detención
De lo expuesto podemos advertir,
esta vez en un proceso constitucional penal como lo es un habeas corpus,
la necesaria aplicación de supuestos procesales que rompen las reglas del método de interpretación literal y que en definitiva,
involucran de la misma forma la adecuada marcha del proceso bajo el estándar de romper las formas procesales convencionales
Los jueces constitucionales,
en el caso referido,
persuadiéndose de la no razonable puesta en libertad de la señorita Llamoja,
optan por definir su posición de tutela solo respecto de parte de la demanda
STC 00728-2008-PHC/TC
Baste pues una breve referencia para poner de relieve la importancia que el caso reviste para considerar los alcances del derecho a la motivación
Transcribimos la parte que nos parece de interés,
remitiendo nuestros comentarios al enlace antes citado
Señala el Tribunal a este respecto: 7
El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados,
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídicoo los que se derivan del caso
no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales
en el Exp
º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp
º 1744-2005-PA/TC),
este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado,
en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente
Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente,
en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso,
o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato,
amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico
La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión
cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión
cuando existe incoherencia narrativa,
que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir,
de modo coherente,
las razones en las que se apoya la decisión
de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal
sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa
c) Deficiencias en la motivación externa
justificación de las premisas
El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica
Esto ocurre por lo general en los casos difíciles,
como los identifica Dworkin,
en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas
La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones
Si un Juez,
al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño
2) luego,
ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”,
pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto,
entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y,
la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez
Hay que precisar,
en este punto y en línea de principio,
que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba,
actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste,
sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales
bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos
bien tratándose de problemas de interpretación,
para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso
Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez,
el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento
El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático,
porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal
al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada
como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia,
no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas,
la insuficiencia,
vista aquí en términos generales,
sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo
El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas,
sin cometer,
desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa)
no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control
El incumplimiento total de dicha obligación,
el dejar incontestadas las pretensiones,
o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión,
constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)
partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º,
incisos 3 y 5),
resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada,
motivada y congruente de las pretensiones efectuadas
pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez,
al momento de pronunciarse sobre una causa determinada,
no omita,
altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas
- Conforme lo ha destacado este Tribunal,
resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda,
como producto de la decisión jurisdiccional,
se afectan derechos fundamentales como el de la libertad
la motivación de la sentencia opera como un doble mandato,
referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal
Solo cabe anotar,
como nota distintiva,
los distintos problemas que se pueden presentar al incurrir en defectos en la motivación
es importante hacer un esfuerzo por evitar tales tipos de escenarios contradictorios y por construir una motivación coherente,
consistente y trascendente
Damos fe de que ello no es una tarea sencilla: cada caso suele ser un universo de aspectos,
al modo en que Ortega y Gasset definía al hombre como su ser y sus circunstancias
una sentencia es en definitiva el Derecho y sus circunstancias
En esa lógica,
es importante que el juez advierta que la resolución de una controversia apunta a ser un esfuerzo de reconstrucción de reglas y hechos,
de elaboración del Derecho en vivo,
producto de una realidad que demanda justicia
° 00728-2008-PHC/TC LIMA GIULIANA FLOR DE MARIA LLAMOJA HILARES
a los 13 días del mes de octubre de 2008,
el Pleno del Tribunal Constitucional,
integrada por los magistrados Mesía Ramírez,
Vergara Gotelli,
Landa Arroyo Beamount Callirgos,
Calle Hayen,
Eto Cruz y Álvarez Miranda,
pronuncia la siguiente sentencia y con el fundamento de voto del magistrado Álvarez Miranda,
que se adjunta
El recurso de agravio constitucional interpuesto por Giuliana Flor de María Llamoja Hilares contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima,
de fojas 2488,
su fecha 23 de noviembre de 2007,
que declaró improcedente la demanda de autos
Con fecha 3 de agosto de 2007,
la recurrente interpone demanda de hábeas corpus,
contra los Vocales integrantes dela Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima,
señores Josué Pariona Pastrana,
Manuel Carranza Paniagua y Arturo Zapata Carbajal
y contra los Vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República,
señores Javier Román Santisteban,
Hugo Molina Ordóñez,
Daniel Peirano Sánchez y Ricardo Vinatea Medina,
con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de julio de 2006,
º 3651-2006,
y que en consecuencia,
se expida nueva resolución con arreglo a Derecho,
así como se ordene su inmediata libertad
Alega la vulneración de su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso,
así como los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo,
Refiere que el día de los hechos solo procedió a defenderse,
ya que estando en la cocina,
la occisa le lanzó violentamente dos cuchillos,
los cuales logró esquivar
empuñando un tercer cuchillo la persiguió alrededor de la mesa,
y la alcanzó en una esquina,
infiriéndole un corte en la palma de su mano derecha
agrega que cogió un cuchillo que estaba en la mesa y que,
forcejeando,
ambas avanzaron hacia la pared,
donde chocaron con el interruptor,
apagándose la luz
que en tal contexto de forcejeo y de lucha ciega entre ambas (al haberse apagado la luz de la cocina),
se produjeron movimientos no de ataque,
sino motivados por el pánico y la desesperación,
razón por la cual ambas se infirieron heridas accidentales (no intencionales),
a consecuencia de las cuales cualquiera de las dos pudo terminar muerta,
pues cada una estuvo premunida de un cuchillo de cocina
Ya con relación al fondo del asunto,
refiere que luego de producido el evento: i) la occisa presentó 60 heridas,
las cuales (todas) fueron superficiales,
pues 56 se hallaron solo en la epidermis (sin sangrado)
3 menos superficiales,
que tampoco fueron profundas (el protocolo de necropsia no señalo profundidad por ser ínfimas),
y una (1) que,
aun siendo también superficial,
fue la única fatal (el protocolo de necropsia tampoco le asignó profundidad),
mientras que su persona presentó 22 heridas aproximadamente
refiere que el juzgador sólo ha valorado 4 de ellas y no las demás,
que se ha minimizado las heridas cortantes que presentó su persona (para señalar que sólo fueron 4),
y se ha maximizado las heridas que presentó la occisa (ocultando que fueron sumamente superficiales,
sólo en la epidermis y sin sangrado)
En este extremo concluye que,
si sólo se tomó en cuenta 4 de las 22 heridas,
con el mismo criterio debió excluirse las 56 heridas de la agraviada,
y entonces de esa manera efectuar una valoración más justa,
pues sólo incidiría sobre las 4 heridas que presentaron cada una
ii) no ha quedado probado quién produjo la única herida mortal,
mucho menos existe pericia o prueba alguna que determine de manera indubitable que fue su persona quien produjo dicha herida
pues ni los jueces ni los peritos,
nadie sabe cómo se produjo ésta,
ni qué mano la produjo,
la izquierda o la derecha,
pues arguye que el día de autos ambas se encontraban en una situación de la que no podían salir,
y en la que cualquiera de las dos pudo terminar muerta
alega que fue juzgada y sentenciada de manera arbitraria,
sin existir prueba indubitable de ser la autora de la única herida mortal,
pues pudo habérsela ocasionado la misma agraviada,
si los peritos oficiales ante la pregunta de si la herida mortal pudo haber sido ocasionada por la misma víctima,
respondieron que “era poco remoto”,
lo que denota que era posible
Además de ello señala que,
tampoco hubo de su parte intencionalidad de lesionar a la occisa
iii) agrega asimismo que se distorsionaron totalmente los hechos,
introduciendo,
que fue la acusada quien cogió primero el cuchillo para atacar,
cuando la que cogió primero el cuchillo para atacar y,
atacó fue la occisa,
alterando así los hechos sin prueba alguna
finalmente iv) señala que ambas sentencias están basadas en falacias,
argucias y premisas falsas que distorsionan el orden de los hechos,
así como adulteran y tergiversan los mismos,
a la vez que existe ocultamiento y manipulación de evidencias en su perjuicio,
así como una notoria parcialización en las premisas y conclusiones
aduce que se trata de una sentencia condenatoria parcializada en su contra
Realizada la investigación sumaria y tomadas las declaraciones explicativas,
la accionante se ratifica en todos los extremos de su demanda
coinciden en señalar que el proceso penal que dio origen al presente proceso constitucional ha sido desarrollado respetando las garantías y principios del debido proceso,
tanto la procesada como la parte civil hicieron valer su derecho a la defensa y otros derechos en todas las etapas del proceso,
tanto es así que,
la recurrente presentó peticiones,
así como medios impugnatorios
Agregan asimismo que lo que en puridad pretende la recurrente es que se efectúe un nuevo análisis del acervo probatorio que se incorporó en el proceso,
extremos estos que no son materia de un proceso constitucional,
sino más bien de un proceso ordinario
El Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima,
con fecha 10 de octubre de 2007 declaró improcedente la demanda contra los magistrados de la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel,
e infundada contra los magistrados de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República,
por considerar que la sentencia condenatoria no puede ser considerada resolución firme,
toda vez que contra ella oportunamente se interpuso recurso de nulidad
en cuanto a la sentencia confirmatoria (ejecutoria suprema),
señala que el Supremo Colegiado ha actuado conforme a ley,
teniendo en cuenta todas las garantías del debido proceso,
y en las que la accionante tuvo la oportunidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa,
así como de acceder a la pluralidad de instancias,
por lo que no se puede pretender hacer de esta vía una instancia más del proceso penal
La Primera Sala Penal Superior para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima,
con fecha 23 de noviembre de 2007,
confirmó la apelada por similares fundamentos
Según la demanda de hábeas corpus de autos,
el objeto es que este Alto Tribunal declare: i) la nulidad de la sentenciacondenatoria de fecha 26 de julio de 2006,
ambas recaídas en el proceso penal seguido contra la accionante por el delito de parricidio (Exp
º 3651-2006),
así como ii) se ordene su inmediata libertad,
según aduce,
vulneran su derecho a la tutela procesal efectiva,
derecho que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso,
específicamente los derechos a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales,
relacionados con la libertad personal
del análisis de lo expuesto en dicho acto postulatorio,
así como de la instrumental que corre en estos autos,
se advierte que lo que en puridad denuncia la accionante es la afectación de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales,
y ello es así,
además de lo señalado en los puntos iii) y iv) de los
en su extenso escrito de demanda de más de cien (100) páginas,
enfáticamente señala que,
tanto la sentencia condenatoria comosu confirmatoria mediante ejecutoria suprema se basan principalmente en: a) criterios abiertamente desproporcionados,
irracionales e ilógicos (razonamientos absurdos),
sostenidos en falacias,
hechos falsos,
falsa motivación (sesgada,
que asimismo presentan b) manipulación de pruebas y alteración del orden de los hechos en su perjuicio
siendo de fácil constatación la alegada denuncia de vulneración de su derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales,
sobre ella incidirá el análisis y control constitucional de este Colegiado
El hábeas corpus contra resoluciones judiciales 3
La Constitución establece expresamente en su artículo 200º,
que el hábeas corpus procede ante el hecho u omisión,
por parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos conexos a ella
el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4º,
que el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva
cabe precisar que no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control por el proceso constitucional de hábeas corpus
antes bien y en línea de principio,
solo aquellas resoluciones judiciales firmes que vulneren en forma manifiesta la libertad individual y los derechos conexos a ella,
lo que implica que el actor,
frente al acto procesal alegado de lesivo previamente haya hecho uso de los recursos necesarios que le otorga la ley
si luego de obtener una resolución judicial firme no ha sido posible conseguir en vía judicial la tutela del derecho fundamental presuntamente vulnerado (libertad individual y conexos a ella),
quien dice ser agredido en su derecho podrá acudir al proceso constitucional,
a efectos de buscar su tutela
En el caso constitucional de autos,
dado que en el proceso penal seguido a la actora (Exp
º 3651-2006) se hanestablecido restricciones al pleno ejercicio de su derecho a la libertad individual tras el dictado en forma definitiva de una sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad,
según se alega ilegítima,
este Colegiado tiene competencia,
ratione materiae,
para evaluar la legitimidad o no de tales actos judiciales invocados como lesivos
para verificar si se presenta o no la inconstitucionalidad que aduce la accionante
Ya en sentencia anterior,
este Tribunal Constitucional (Exp
º 1480-2006-AA/TC
FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que
“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,
al resolver las causas,
expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión
Esas razones,
) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso,
sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso
la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios
) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada,
de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas,
mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis
porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa,
sino el análisis externo de la resolución,
a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto,
sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho,
ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso
en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes
al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la
decisión está debidamente motivada
El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas,
Motivaciones cualificadas
La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad 8
en sentencia anterior,
° 05601-2006PA/TC
FJ 3) ha tenido la oportunidad de precisar que “El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas
toda decisión que carezca de una motivación adecuada,
suficiente y congruente,
constituirá una decisión arbitraria y,
será inconstitucional”
si bien el dictado de una sentencia condenatoria per se no vulnera derechos fundamentales,
sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce de manera arbitraria,
cuando no se motivan debidamente o en todo caso legítimamente las decisiones adoptadas y/o no se observan los procedimientos constitucionales y legales establecidos para su adopción
La arbitrariedad en tanto es irrazonable implica inconstitucionalidad
toda sentencia que sea caprichosa
que sea más bien fruto del decisionismo que de la aplicación del derecho
que esté más próxima a la voluntad que a la justicia o a la razón
que sus conclusiones sean ajenas a la lógica,
será obviamente una sentencia arbitraria,
injusta y,
Lo expuesto se fundamenta además en el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad,
el cual surge del Estado Democrático de Derecho (artículo 3º y 43º de la Constitución Política),
y tiene un doble significado: a) En un sentido clásico y genérico,
la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho
b) En un sentido moderno y concreto,
la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva
como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión
como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo ((Exp
° 0090-2004-AA/TC
debe agregarse que constituye deber primordial del Estado peruano garantizar la plena vigencia y eficacia de los derechos fundamentales,
interdictando o prohibiendo cualquier forma de arbitrariedad (artículo 44º,
de la Norma Fundamental)
Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales 10
este Colegiado en el Exp
° 03179-2004-AA/TC
ha precisado que el canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar,
el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias está compuesto,
por un examen de razonabilidad
por el examen de coherencia
por el examen de suficiencia
a) Examen de razonabilidad
– Por el examen de razonabilidad,
el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión del (
) proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado
b) Examen de coherencia
– El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con (
) la decisión judicial que se impugna (
c) Examen de suficiencia
– Mediante el examen de suficiencia,
el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión [de la resolución judicial],
a fin de cautelar el derecho fundamental demandado
Análisis de la controversia constitucional 11
Considerando los criterios de razonabilidad y de coherencia,
el control de constitucionalidad debe iniciar a partir de la ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 2007,
en la medida que es ésta la que goza de la condición de resolución judicial firme,
y porque de superar el examen,
si resulta constitucional,
carecería de objeto proceder al examen de la resolución inferior impugnada
a efectos de constatar si se ha vulnerado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales,
Tribunal Constitucional reitera que el examen partirá fundamentalmente de los propios fundamentos expuestos en aquella
de modo tal que las demás piezas procesales o los medios probatorios del proceso solo sirvan para contrastar o verificar las razones expuestas,
mas no para ser objeto de una nueva evaluación
Ello debe ser así,
ya que como dijimos supra,
en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa,
sino el análisis externo de la resolución judicial
Y es en atención a esta línea de evaluación que resulta pertinente explicar
-qué duda cabe- los fundamentos de las resolución judicial impugnada a fin de comprobar si son o no el resultado de un juicio racional y objetivo desde la Constitución,
en las que el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad,
ha caído en arbitrariedades,
subjetividades o inconsistencias
La ejecutoria suprema señala que “del análisis y valoración de la prueba acopiada en la instrucción como lo debatido en el juicio oral,
se ha llegado a determinar fehacientemente que el 5 de marzo de 2005,
después de haber realizado sus labores cotidianas la acusada en el gimnasio que había contratado,
retornó a su domicilio ubicado en la Calle Las Magnolias N
º 155,
a las 3 de la tarde,
ingiriendo un almuerzo ligero,
quedándose dormida después de ver la televisión,
despertándose cuando percibió que tocaban la puerta de su casa,
ingresando y saliendo inmediatamente su hermano Luis Augusto después de coger el skate,
quedándose sola la acusada realizando varias actividades al interior,
siendo la más resaltante (
el de probarse la ropa que había adquirido con anterioridad,
sacando el espejo ubicado en el baño y llevarlo a la sala
cuando la acusada se estaba probando la ropa,
hace su ingreso la agraviada [María del Carmen Hilares Martínez] como a las 9 de la noche,
cerrando con llave la puerta principal,
produciéndose un incidente entre ambas por haber sacado el espejo del lugar,
siendo retornado al sitio por la damnificada,
ocasionando que se agredieran verbalmente,
así como la occisa cogiendo un objeto cerámico lo avienta,
no impactándole,
dando lugar a que la acusada se retire hacia la cocina,
siendo seguida por la damnificada,
donde continuaron los insultos mutuos,
momentos en que la acusada se percata de la existencia de un cuchillo ubicado encima [de] la mesa,
cogiéndolo,
golpea la mesa con el fin de callarla,
produciéndose con dicha actitud una reacción de la agraviada,
quien tomando dos cuchillos de mantequilla las arrojó contra su oponente,
cayendo uno en la pared y otro en el suelo,
a la vez que le insultaba,
para luego agarrar otro cuchillo con el que la atacó [ocasionándole un corte en la región palmar de la mano derecha(según el voto dirimente del vocal supremo,
Javier Román Santisteban)],
dando lugar a que la acusada que portaba un cuchillo de cocina que había cogido anteriormente,
comenzó a atacarla,
mientras que la damnificada hacía lo mismo,
y en esos momentos de ira de las partes,
producto de la pelea con arma blanca,
ambas resultan con lesiones en diversas partes del cuerpo,
teniendo mayor cantidad la agraviada,
para posteriormente en el interin de la pelea,
la acusada infiere un corte a la altura de la zona carótida izquierda de la agraviada que fue el causante de la muerte,
lo cual se produjo cuando se había apagado la luz de la cocina,
cayéndose ambas al piso”
Sobre la base de estos hechos,
los Vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República,
señores Hugo Molina Ordóñez,
Peirano Sánchez,
Ricardo Vinatea Medina y Javier Román Santisteban (vocal dirimente),
por mayoría confirmaron la condena,
pero le reducen a 12 años de pena privativa de la libertad
los magistrados supremos Robinson Gonzales Campos y César Vega Vega absolvieron a la accionante (voto en discordia)
tras la imposición de dicha sanción penal,
la accionante ahora acude ante la justicia constitucional para que se analice en esta sede la alegada vulneración al derecho constitucional invocado
Sentencia confirmatoria (ejecutoria suprema) 14
de fojas 2354,
su fecha 22 de enero de 2007,
que comprende el voto dirimente del magistrado Javier Román Santisteban,
de fojas 2399,
presenta el siguiente esquema argumentativo:
a) En primer lugar,
señala que “luego de las agresiones verbales se inició la pelea entre la acusada Giuliana Flor de María Llamoja Hilares y María del Carmen Hilares Martínez,
y la primera de las nombradas le infirió tres heridas contusas a colgajo (en la cabeza,
cuello y los miembros superiores),
una herida cortante penetrante que penetró a plano profundo y laceró la artería carótida izquierda (que le causó la muerte)”
b) En segundo lugar,
la Sala Penal Suprema alude también a la desproporcionalidad en las heridas,
cuando señala que “la acusada Flor de María Llamoja Hilares no se defendía del ataque de la occisa,
sino por el contrario atacó a ésta con una ingente violencia – tanto más si esta presentaba sólo 4 heridas cortantes pequeñas (
resultaevidentemente desproporcional con el número de lesiones que tenía la occisa”
c) En tercer lugar,
la Sala apelando a las reglas de la lógica y la experiencia da por sentado que la acusada tenía la intención de matar,
al señalar que “el conjunto de circunstancias descritos,
permiten inferir,
conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia,
que la acusada Giuliana Flor de María Llamoja Hilares agredió a su madre agraviada María del Carmen Hilares Martínez con indubitable animus necandi o intención de matar,
que es de precisar que dicha conclusión no es el resultado de simples apreciaciones subjetivas o de suposiciones,
sino de una verdadera concatenación y enlaces lógicos entre las múltiples pruebas recaudadas,
en tanto en cuanto,
existe una concordancia entre los resultados que las pruebas suministraron”
d) En cuarto lugar,
el voto dirimente también alude a la desproporcionalidad en las heridas,
al señalar que “cómo una mujer como la occisa,
de 47 años de edad,
sin impedimentos físicos,
enfurecida y con un puñal en la mano sólo infligió 4 heridas cortantes a su oponente,
y cómo la supuesta víctima del ataque
ocasionó más de 60 cortes (uno de ellos mortal) a la agraviada
Nótese además,
que la mayoría de las lesiones que presentaba la encausada –como ya hemos señalado– fueron excoriaciones y equimosis
ello revela que Llamoja Hilares también fue atacada por la agraviada
aquí debemos anotar otra desproporción entre ambos ataques: mientras la occisa privilegió la agresión con un elemento de menor peligrosidad (objeto contundente duro o inclusive sus propios puños),
la encausada utilizó primordialmente el arma cortante que portaba en la manos”
a juicio de este Alto Tribunal la sentencia impugnada incurre en dos supuestos de indebida motivación de las resoluciones judiciales que tiene sobrada relevancia constitucional
presenta una deficiencia en la motivación interna en su manifestación de falta de corrección lógica,
así como una falta de coherencia narrativa
ensegundo lugar,
presenta una deficiencia en la justificación externa,
tal como se detallará en los siguientes fundamentos
Falta de corrección lógica 16
Del fundamento 14
b) y d),
se desprende que el Tribunal penal parte de la sentada premisa de que al existirdesproporcionalidad en las heridas,
supuestamente 4 heridas en la accionante frente a las 60 heridas que presentó la occisa,
la recurrente “es autora del resultado muerte”,
y más aún que [estas heridas] fueron ocasionadas “con violencia”
Y es que el Tribunal penal parte de la premisa de que en un contexto de forcejeo y de lucha entre madre e hija con el uso de instrumentos cortantes (cuchillos),
ambas partes contendientes necesariamente deben presentar igual cantidad de heridas en el cuerpo
concluye que quien presente menos heridas,
será sin duda el sujeto activo del delito de parricidio,
mientras que aquel que presente más heridas será el sujeto pasivo de dicho ilícito
De esta conclusión,
se advierte que el razonamiento del Tribunal penal se basa más en criterios cuantitativos antes que en aspectos cualitativos como sería de esperar [más aún,
si se trata de una sentencia condenatoria que incide en la libertad personal],
permitiendo calificar de manera indebida los criterios cuantitativos como supuestos jurídicamente no infalibles,
lo que es manifiestamente arbitrario
puede ocurrir todo lo contrario,
que quien presente menos heridas sea en realidad el sujeto pasivo del delito de parricidio (incluso con una sola herida),
y que quien presente más heridas en el cuerpo sea en puridad el autor de dicho ilícito
de lo que se colige que estamos ante una inferencia inmediata indeterminada o excesivamente abierta,
que da lugar a más de un resultado posible como conclusión
efectuado un examen de suficiencia mínimo,
resulta evidente que no estamos ante una sentencia válida y constitucionalmente legítima,
ante una decisión arbitraria e inconstitucional que contiene una solución revestida de la nota de razonabilidad,
y que no responde a las pautas propias de un silogismo jurídico atendible,
sino a criterios de voluntad,
y es precisamente aquí donde se ha enfatizado nuestro examen,
ya que la balanza de la justicia constitucional no puede permitir la inclinación hacia una conclusión en un determinado sentido cuando de por medio existen otras conclusiones como posibles resultados (cuanto mayor es la distancia,
y por tanto mayor es el número de probabilidades,
menor es el grado de certeza de la inferencia)
toda apariencia de lógica nos conduce a resultados absurdos e injustos
Si ello es así,
sentencia expedida es irrazonable,
y por tanto inconstitucional,
porque suratio decidendi se halla fuera del ámbito del análisis estrictamente racional
Con base a lo dicho,
de la argumentación del Tribunal penal,
se observa que las conclusiones que se extraen a partir de sus propias premisas son arbitrarias y carecen de sustento lógico y jurídico
pues exceden los límites de la razonabilidad,
que no resisten el test de razonabilidad,
por lo que este Colegiado Constitucional encuentra que existen suficientes elementos de juicio que invalidan la decisión cuestionada por ser arbitraria y carente de un mínimo de corrección racional,
no ajustada al principio de interdicción de la arbitrariedad (artículos 3º,
43º y 44º,
de la Constitución) y a la debida motivación de las resoluciones judiciales (artículo 139º,
inciso 5,
de la Constitución)
Falta de coherencia narrativa 20
La incoherencia narrativa se presenta cuando existe un discurso confuso,
incapaz de trasmitir,
las razones en las que se apoya la decisión,
produciéndose así una manifiesta incoherencia narrativa,
y cuya consecuencia lógica puede ser la inversión o alteración de la realidad de los hechos,
lo que la hace incongruente e inconstitucional
El magistrado Román Santisteban,
en su voto dirimente,
en un primer momento señala que,
la occisa agarró “otro cuchillo [el tercero] con el que la atacó [a la acusada,
ocasionándole un corte en la región palmar de la mano derecha],
mientras que la damnificada hacía lo mismo”
en líneas posteriores,
sin mediar fundamentación ni explicación alguna,
concluye que “la occisa privilegió la agresión con un elemento de menor peligrosidad (objeto contundente duro o inclusive sus propios puños),
Se ha dicho que toda sentencia debe ser debidamente motivada,
y sobre todo “no contradictoria”
según se puede apreciar de la propia argumentación efectuada por la Sala Penal,
ésta presenta una gruesa incoherencia en su narración que no permite establecer con claridad la línea de producción de los hechos,
y más arbitrariamente,
invierte la realidad de los mismos,
según la propia Sala penal estuvieron “fehacientemente probados”,
por lo que este Colegiado Constitucional encuentra que existen suficientes elementos de juicio que invalidan la decisión cuestionada por ser arbitraria e incoherente
Una motivación ilógica e incongruente vulnera el principio de prohibición de la arbitrariedad (artículos 3º,
de la Constitución) y la obligación de la debida motivación establecida por el artículo 139º,
Falta de justificación externa 23
del fundamentos 14
a) y c),
se desprende que el Tribunal penal ha establecido que i) se ha producido como resultado la muerte de María del Carmen Hilares Martínez,
y luego ii) ha llegado a la conclusión de que ese resultado ha sido causado por la accionante Giuliana Flor de María Llamoja Hilares,
al inferirle una
herida cortante en la zona de la carótida izquierda
no se han expuesto las razones objetivas que sustentan la vinculación de la acusada con el hecho atribuido
que en el camino a la conclusión no se ha explicitado o exteriorizado las circunstancias fácticas que permiten llegar a dicha conclusión,
que no se identifican debidamente las razones o justificaciones en la que se sustentarían tales premisas y su conclusión,
pareciendo más bien,
que se trataría de un hecho atribuido en nombre del libre convencimiento y fruto de un decisionismo inmotivado antes que el producto de un juicio racional y objetivo
si no se dan a conocer las razones que sustentan las premisas fácticas,
tal razonamiento efectuado se mantendrá en secreto y en la conciencia de sus autores,
y por consiguiente fallará la motivación en esta parte
se advierte que la sentencia cuestionada incurre en una falta de justificación externa,
y por tanto es pasible de ser sometida a control y a una consecuente censura de invalidez
cabe precisar que lo aquí expuesto en modo alguno está referido a un problema de falta de pruebas,
o a que las mismas serían insuficientes para dictar una sentencia condenatoria
como ha quedado claro,
éstas están referidas en estricto a las premisas de las que parte el Tribunal penal,
las mismas que no han sido debidamente analizadas respecto de su validez fáctica
La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria 24
independientemente de lo dicho,
se advierte que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema,
no obstante acudir a la prueba indiciaria para sustentar la condena contra la accionante (fundamento 14
c'de la presente),
tampoco cumple los requisitos materiales que su uso exige,
tanto al indicio en sí mismo como a la inferencia,
por lo que este Colegiado considera que se trata de un asunto de sobrada relevancia constitucional
si bien los hechos objeto de prueba de un proceso penal no siempre son comprobados mediante los elementos probatorios directos,
para lograr ese cometido debe acudirse a otras circunstancias fácticas que,
aun indirectamente sí van a servir para determinar la existencia o inexistencia de tales hechos
De ahí que sea válido referirse a la prueba penal directa de un lado,
y a la prueba penal indirecta de otro lado,
y en esta segunda modalidad que se haga referencia a los indicios y a las presunciones
a través de la prueba indirecta,
se prueba un “hecho inicial
-indicio”,
que no es el que se quiere probar en definitiva,
sino que se trata de acreditar la existencia del “hecho final
- delito” a partir de una relación de causalidad “inferencia lógica”
El uso de la prueba indiciaria y la necesidad de motivación 25
Bajo tal perspectiva,
si bien el juez penal es libre para obtener su convencimiento porque no está vinculado a reglas legales de la prueba y,
puede también llegar a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado,
a través de la prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios),
será preciso empero que cuando ésta sea utilizada,
quede debidamente explicitada en la resolución judicial
pues no basta con expresar que la conclusión responde a las reglas de la lógica,
las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos,
sino que dicho razonamiento lógico debe estar debidamente exteriorizado en la resolución que la contiene
resulta válido afirmar que si el juez puede utilizar la prueba indirecta para sustentar una sentencia condenatoria,
y si ésta,
privación de la libertad personal,
estará en la obligación de darle el tratamiento que le corresponde
solo así se podrá enervar válidamente el derecho a la presunción de inocencia,
así como se justificará la intervención al derecho a la libertad personal,
se cumplirán las exigenci

References: resolución 
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 artículo 200
 artículo 4
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 resolución 
 artículo 139
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