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﻿ Sentencia 2009-00177 de octubre 2 de 2013
SENTENCIA 2009-00177 DE 02 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:GESTIÓN PARA DESPLAZAR A COLEGA DE MANDATO -FALTA DISCIPLINARIA. LOS ABOGADOS DEBEN PROCEDER CON LEALTAD Y HONRADEZ EN LAS RELACIONES CON SUS COLEGAS, TAL COMO LO DISPONE EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 1123 DEL 2007. POR TANTO, LES ESTÁ PROHIBIDO A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO ACEPTAR UN MANDATO, A SABIENDAS DE QUE OTRO COLEGA LO VENÍA ADELANTANDO EXITOSAMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABOGADO DE CONFIANZA, PROFESIÓN DE ABOGACÍA, SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, ACTUACIÓN DEL ABOGADO, LEY DEL ABOGADO, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2009-00177 de octubre 2 de 2013
Rad.: 41001 11 02 000 2009 00177 01
Aprobado según Acta de Sala Nº 76 de la misma fecha.
Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.
Ref.: Disciplinario contra abogados Óscar Arturo López Quesada y Jhon Gilber Peña Cano.
Bogotá D. C., dos de octubre de dos mil trece.
Aceptado el impedimento formulado por el Magistrado Wilson Ruiz Orejuela(1), procede la Sala a conocer del recurso de apelación impetrado por el abogado Jhon Gilber Peña Cano, contra la sentencia de fecha 15 de febrero de 2013, dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila(2), mediante la cual fue sancionado con suspensión en el ejercicio de la profesión por el lapso de tres (3) meses, al encontrarlo responsable de incurrir en las conductas contempladas en los numerales 1 y 4 del artículo 36 Ley 1123 de 2007, y por vía de consulta frente a la sanción impuesta en el mismo fallo al abogado Óscar Arturo López Quesada, de suspensión por el término de dos (2) meses, como infractor de la conducta descrita en el numeral 2 del artículo 36 ibídem.
Calidad de abogado - Antecedente
Obran a folios 46 y 47 del cuaderno de primera instancia, certificados expedidos por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en donde se indica que a los señores Óscar Arturo López Quesada y Jhon Gilber Peña Cano, identificados con las cédulas de ciudadanía 12.125.772 y 12.256.787, se les expidió las tarjetas profesionales de abogado 133.659 y 152.191, respectivamente.
De otra parte, a folio 121 de la misma encuadernación, obra certificado expedido el día 10 de diciembre de 2010 por la Secretaría Judicial de esta Sala, en el que se indica que el abogado López Quesada fue sancionado con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, por haber sido encontrado responsable de incurrir en las conductas descritas en los artículos 53.4 y 54.5 del Decreto 196 de 1971, según sentencia de fecha 21 de septiembre de 2009.
Y a folio 123 siguiente, obra certificado expedido en la misma fecha y por la misma Secretaría, en el que se especifica que el abogado Peña Cano, no registra sanciones disciplinarias.
Queja - Actuación
1. Una vez establecida la calidad de abogados de Óscar Arturo López Quesada y Jhon Gilber Peña Cano, con fundamento en la queja formulada por el también abogado Leonardo Gallego Franco, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, en providencia de data 23 de octubre de 2009 en aplicación del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura de proceso disciplinario en contra de los referidos profesionales del derecho, y adelantar la audiencia de Pruebas y Calificación Provisional establecida en el artículo 105 ibídem(3).
2. En desarrollo de la precitada audiencia, la cual tuvo inicio el día 9 de septiembre de 2010(4), con la comparecencia del defensor de oficio de los abogados inculpados, se procedió a informar sobre el contenido de la queja, la cual se sintetiza en:
El quejoso, abogado Leonardo Gallego Franco hace parte del bufete de abogados encabezado por su director el dr. Benjamín Herrera Agudelo, quien adelantó hasta su culminación una acción de reparación directa desde el año 1994, en contra del Municipio de Algeciras Huila, ente territorial que fue condenado mediante sentencia emitida por el Consejo de Estado el 27 de octubre de 2005, y en consecuencia a pagar sumas de dinero a los afectados, entre ellos los menores Orlando y Luis Eduardo Daza Polanía, representados en esos momentos por su tía Argenis Cabra Lozada, quien a su vez otorgó poder al bufete de abogados al cual pertenece el quejoso, para ser su mandatario judicial en dicha acción.
Precisó el quejoso, que como los burgomaestres de turno del citado municipio se negaron a cumplir en forma voluntaria la sentencia, se formuló demanda ejecutiva la cual se adelantó en el Juzgado 4º Administrativo del Circuito de Neiva —Radicado 2008-00004—, y luego de varias conversaciones el 4 de septiembre de 2008 se llevó a cabo una reunión entre los apoderados de las partes —incluido él— y el Alcalde, en la cual estuvo presente el joven Orlando Daza Polanía, quien para esos mementos ya había cumplido la mayoría de edad. En dicha reunión el Alcalde consintió en pagar un valor por debajo de las condenas, a lo cual estuvieron de acuerdo la totalidad de los presentes, entre ellos el joven Daza Polanía, acuerdo verbal que se formalizaría al día siguiente.
Pero esa misma tarde, afirmó el quejoso, recibió una llamada del abogado Jhon Gilber Peña Cano, quien le manifestó actuar como “abogado” del joven Daza Polanía, y lo invitó a una reunión en su oficina, a la cual acudió en compañía de la tía de este, señora Argenis Cabra. En dicha reunión, el abogado Peña Cano afirmó que no era conveniente que su “cliente” suscribiera el acuerdo de transacción con la alcaldía, pues el valor ofrecido era muy poco, y además le parecían muy elevados los honorarios pactados con él, a lo cual le respondió, que no podía hablar de “su cliente”, pues aún no lo era, y que si el joven deseaba cambiar de apoderado bien podía hacerlo, pero previo a la obtención del paz y salvo correspondiente.
Fue así como el día 5 de septiembre de 2008 se suscribió contrato de transacción entre la Alcaldía y los beneficiarios de la sentencia dictada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, excepto en lo que hace referencia al joven Daza Polanía, el cual fue aportado al Juzgado 4º Administrativo de Neiva, quien por auto de data 4 de noviembre de 2008 la aprobó y ordenó continuar el proceso únicamente en cuanto hace referencia al citado joven.
El día 10 de noviembre de 2008 ante el citado Juzgado, se radicó memorial signado por el joven Daza Polanía en el cual manifestó que le revocaba el poder al quejoso, al tiempo que solicitó se le regularan los honorarios, y el día 11 de diciembre siguiente se radicó en el juzgado otro memorial otorgando poder al abogado Óscar Arturo López Quesada, junto con un acuerdo transaccional celebrado entre la Alcaldía y mencionado Joven, en el que aparece como su apoderado el citado López Quesada, en el cual se transó por un valor igual al que desde un principio ofreció el burgomaestre, transacción que fue aprobada por auto del 16 de diciembre de 2008, en el que además se reconoció como apoderado judicial del joven Daza Polanía al abogado López Quesada, y se dio por terminado el proceso.
Por todo lo anterior consideró el quejoso, que el abogado Jhon Gilber Peña Cano con su actuar obró de mala fe, pues realizó actividades orientadas a desplazarlo de la gestión profesional que él y el bufete de abogados del cual hace parte habían emprendido hacía muchos años, y además propició que no se le sufragaran los honorarios pactados a cuota litis en un 50% sobre lo que recibiera el cliente, e igualmente faltó a la ética profesional el abogado Óscar Arturo López Quesada al aceptar poder al joven Daza Polanía, sin la existencia de un paz y salvo por honorarios.
2.1. Continuando con el desarrollo de la audiencia, el quejoso bajo la gravedad del juramento se ratificó de la queja.
2.2. El defensor de oficio en desarrollo del derecho de defensa de sus prohijados, deprecó se les escuchara en versión libre, oír en declaración a señor Orlando Daza Polanía y a la señora Argenis Cabra Lozada, oficiar al Juzgado 4º Administrativo de Neiva con el fin de obtener copias del proceso ejecutivo de marras, pruebas a las que se accedió por el Magistrado sustanciador(5).
3. La audiencia de Pruebas y Calificación Provisional continuó el día 2 de diciembre de 2010, data en la cual no comparecieron los disciplinables pero sí su defensor de oficio. En la misma se ordenó tomar fotocopia del expediente que contiene el proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado 4º Administrativo de Neiva seguido contra el municipio de Algeciras, que fue remitido por el citado despacho judicial(6).
3.1. A continuación se escuchó la declaración de la señora Argenis Cabra Lozada, tía del cliente del quejoso, quien afirmó que conoció al abogado Peña Cano en una reunión que éste propició, y en la cual se presentó como abogado de su sobrino Orlando Daza Polanía, y en la cual se ventiló que este no estaba de acuerdo con el monto de los honorarios cobrados por el dr. Gallego Franco.
3.2. Y se escuchó al quejoso nuevamente, quien una vez más bajo la gravedad del juramento se ratificó de la queja.
3.3. Finalmente el Magistrado sustanciador ordenó insistir en las pruebas ordenadas: declaraciones de Orlando Daza Polanía, y versión libre de los disciplinados, y se dispuso en forma oficiosa escuchar al Alcalde de Algeciras, dr. Rigoberto Sánchez(7).
4. La audiencia de Pruebas y Calificación Provisional debía tener continuación el día 23 de marzo de 2003, data en la cual se hizo presente el quejoso y el testigo dr. Rigoberto Sánchez, sin embargo no se pudo evacuar ante la inasistencia de los disciplinables y su defensor de oficio(8).
5. El día 25 de abril de 2012, continuó la precitada audiencia, data en la cual se hicieron presentes el defensor de oficio y el disciplinable Jhon Gilber Peña Cano, quien en ejercicio de su derecho de defensa rindió versión libre precisando que no entendía la razón de la queja, pues nunca fue apoderado del joven Orlando Daza, como se podía apreciar de la prueba documental obrante en el plenario.
Aceptó que sostuvo una reunión con el abogado quejoso, en la cual emitió un concepto que se le solicitó sobre el monto de los honorarios que estaba cobrando al señor Orlando Daza, el cual lógicamente no obligaba, y que el últimas había aconsejado se pagara lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, sin embargo el quejoso nunca lo presentó. Al ser preguntado si conocía al abogado Óscar Arturo López Quesada afirmó que sí, en el litigio, pero no tenía conocimiento de donde ubicarlo ni sobre la negociación que aquél adelantó entre la Alcaldía de Algeciras y el joven Orlando Daza.
Escuchada la versión del disciplinable Peña Cano, el magistrado sustanciador aceptó el desistimiento que hizo el defensor de oficio de la prueba testimonial del joven Daza Polanía, por la imposibilidad de localizarlo, e igualmente se desistió de la prueba oficiosa de escuchar al ex alcalde de Algeciras(9), procediendo a suspender la audiencia, para efectos de la evaluación del acervo probatorio, y decidir sobre el archivo o la formulación de cargos(10).
6. En data 9 de septiembre de 2012, tuvo continuación la audiencia de pruebas y calificación provisional, fecha en la cual sólo comparecieron el defensor de oficio y el disciplinable Jhon Gilber Peña Cano. Procedió entonces el magistrado sustanciador, luego de hacer un análisis del acervo probatorio, a formular cargos a los disciplinables, así:
Al abogado Jhon Gilbert Peña Cano, por su posible incursión en las conductas tipificadas en los numerales 1 y 4 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007, la primera por cuanto pudo haber efectuado diligencias tendientes a desplazar al quejoso en la actuación que éste venía desarrollando a favor del joven Orlando Daza Polanía, y la segunda, por haber presuntamente propiciado el no pago de sus honorarios, los cuales se habían acordado en un 50% de lo recaudado, pues el cliente, a través de otro abogado transó y recibió de la Alcaldía de Algeciras, el monto a que ésta había sido condenada en razón de la acción de reparación directa y posterior ejecutivo en el que actuó el quejoso como apoderado del mencionado joven, conductas que fueron calificadas a título de dolo.
Y al abogado Óscar Arturo López Quesada, por presuntamente incurrir en la conducta descrita en el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007, por haber aceptado la gestión profesional encargada por el joven Daza Polanía, a sabiendas de que la misma estaba a cargo el abogado quejoso, sin mediar paz y salvo, autorización o causa justificada. Conducta que igualmente fue calificada a título de dolo.
A continuación, por petición del defensor de oficio, se suspendió la audiencia, a fin de tener la oportunidad de analizar qué pruebas era necesario solicitar para la adecuada defensa, a lo cual se accedió(11).
7. El día 27 de septiembre de 2012, se reanudó la audiencia de pruebas y calificación provisional, data en la cual sólo se hizo presente el defensor de oficio de los disciplinables, a quien se le corrió traslado nuevamente para petición y/o aportación de pruebas, y en tal virtud deprecó se insistiera en el testimonio de Orlando Daza Polanía, así como oír en declaración al hermano de este, Óscar Arturo Daza Polanía, a lo cual accedió el Magistrado sustanciador, pero con la advertencia de que sabiendo la dificultad de localizarlos, sólo se fijaría una fecha para tales efectos, a fin de no dilatar la actuación, debiendo actuar de consuno con sus representados para su ubicación y comparecencia.
También se aceptó llamar nuevamente a declarar a la tía de los hermanos Daza Polanía, señora Argenis Cabra Lozada, quien fue la persona que en nombre de estos otorgó el poder al bufete al cual pertenece el abogado quejoso, para que los representara en la acción administrativa y posterior ejecutivo(12).
8. El 4 de diciembre de 2012(13), tuvo inicio la Audiencia de Juzgamiento de que trata el artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, data en la cual compareció el disciplinable Peña Cano y el defensor de oficio, así como la testigo Argenis Cabra, quien en declaración jurada precisó que no recordaba si el abogado Peña Cano había dicho en la reunión que celebraron, que no se le pagaran los honorarios al quejoso, pero que sí había sostenido que lo cobrado por este era excesivo.
A continuación por petición de la defensa, se ordenó escuchar al abogado Jesús Helmer Pastrana Monje, compañero de oficina del disciplinable Peña Cano, presente en la audiencia, quien afirmó que le constaba que éste nunca trató de asesorar al cliente del quejoso, como se quería hacer ver. Adujo que algún día el quejoso con una señora llegaron a la oficina, en la cual no hay cubículos, y hablaron sobre el problema de los honorarios que le debían, y que existía un contrato al respecto, a lo cual su compañero sólo les manifestó sobre su punto de vista, e indicó finalmente, que el otro disciplinable, el dr. López Quesada nunca ha sido compañero de oficina del dr. Peña Cano.
Finalmente la Audiencia de Juzgamiento se suspendió por petición de la defensa, con el ánimo de tratar de recaudar los testimonios de Orlando Daza Polanía, y del ex alcalde de Algeciras dr. Rigoberto Sánchez; y como quiera que la señora Argenis Cabra declaró sobre la existencia de un documento referido a un poder otorgado por Orlando Daza Polanía al abogado Jhon Gilber Peña, se le conminó para que lo hiciera llegar a las diligencias.
9. El 30 de enero de 2013 culminó la audiencia de juzgamiento, fecha en la cual se dejó constancia que la testigo Argenis Cabra no allegó el documento que en forma oficiosa se ordenó aportar en la audiencia anterior, de otra parte, como no se hicieron presentes los testigos se hacía imposible la práctica de la prueba testimonial, y por ende se dio por clausurada la etapa probatoria, y se corrió traslado para alegar de conclusión.
9.1. Así, el disciplinable Jhon Gilber Peña Cano, en uso de la palabra, insistió en los argumentos defensivos, estos son, que nunca fue apoderado del joven Daza Polanía, y que si bien emitió un concepto sobre el monto de los honorarios cobrados por el quejoso, el mismo no obligaba, sin que tampoco hubiera dicho que no se le cancelaran.
Criticó la declaración de la testigo Argenis Cabra, por cuanto dijo no fue clara en sus respuestas, además afirmó, que existió un poder a él otorgado, el cual nunca existió, siendo su dicho basado en solo conjeturas, máxime que no se había logrado la declaración del joven Daza Polanía, por lo cual se debía presumir su inocencia, pues no había prueba suficiente en su contra.
9.2. Por su parte del defensor de oficio deprecó el archivo de las diligencias por atipicidad, afirmando además que en realidad sólo habían como pruebas declaraciones de parte y parte, que no arrojaban certeza de las conductas endilgadas al abogado Peña Cano, y en cuanto a su defendido Óscar Arturo López Quesada, como previamente había existido la revocatoria del poder, bien podía el señor Daza Polanía buscar a otro apoderado.
A través de providencia adiada 15 de febrero de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, dictó fallo en contra de los abogados Jhon Gilber Peña Cano y Óscar Arturo López Quesada, conforme la imputación fáctica y jurídica argüida en el auto de cargos, imponiéndoles sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por lapsos de tres y dos meses, respectivamente.
Frente al abogado Peña Cano, sostuvo la Sala a quo, que se encontraban materialmente probadas las conductas reprochadas, pues éste adelantó una reunión en su oficina, presentándose como abogado de Orlando Daza Polanía, lo cual estaba probado con la declaración jurada del quejoso y de la señora Argenis Cabra, y si bien en su defensa adujo que nunca recibió poder de aquél, y en realidad no existe prueba documental que así lo demuestre, lo cierto que la conducta prevista en el artículo 36.1 de la Ley 1123 no se tipificaba con la aceptación de un poder, pues bastaba que se efectuaran gestiones encaminadas a desplazar o sustituir al colega.
Además, de la lectura del proceso ejecutivo adelantado en el juzgado 4º Administrativo de Neiva, se observaba que el memorial por el cual el Orlando Daza revocó el poder al quejoso, fue entregado en el juzgado por el abogado Jhon Gilber Peña, al igual que el presentado junto con la transacción que finalmente de celebró con la Alcaldía de Algeciras, lo cual corroboraba su actuación en los hechos cuestionados.
Entonces, independientemente de la declaración que en su favor rindió su compañero de oficina Jesús Helmer Pastrana Monje, en las que dijo que no sabía las razones por las cuales el señor Orlando Daza y su tía Argenis Cabra fueron a una reunión, pero aun así afirmó que el dr. Jhon Gilber Peña nunca dijo que eran sus clientes, lo cierto es que las declaraciones juradas del quejoso y de la señora Argenis, aunado a la prueba documental mencionada, llevaban a la conclusión de su responsabilidad en la conducta endilgada — L. 1123, art. 36.1—.
Y en cuanto a la prevista en el 36.4 ibídem, esto es, propiciar la elución de los honorarios del abogado quejoso, sostuvo el a quo, que con las pruebas anteriormente mencionadas, también quedada establecido que con las gestiones que realizó la propició, pues en la reunión que auspició en su oficina sostuvo que los mismos eran excesivos, y finalmente no se pagaron, por cuanto se le revocó el poder al quejoso para otorgarlo al abogado López Quesada, con quien mantenía relaciones, al punto que le radicó el memorial en el que se le otorgó el mandato y pidió la terminación del proceso, todo en desmedro de la labor que por muchos años adelantó el quejoso y el bufete de abogados al cual pertenece, en pro de los intereses del señor Orlando Daza.
Por lo que respecta al abogado Óscar Arturo López Quesada, el a quo también encontró que éste objetivamente trasegó por la conducta imputada en los cargos, es decir, la de aceptar la gestión profesional a sabiendas de que estaba en cabeza de un colega, sin mediar un paz y salvo o la autorización de este (L. 1123/2007, 36.2).
En cuanto a la responsabilidad en la comisión de tal conducta, frente a la exculpación dada por el defensor de oficio, se precisó que cierto era que nadie estaba obligado a mantener una relación profesional, siendo lo reprochado que el disciplinable, a sabiendas de la gestión realizada por el bufete al cual pertenecía el quejoso durante más de 13 años, haya asumido la gestión sin tener la delicadeza o cortesía de indagar directamente con él sobre las razones que orientaron al señor Orlando Daza a revocarle el poder, y sin exigir un paz y salvo por honorarios.
Finalmente en cuanto a la tasación de la sanción impuesta a los disciplinables, dijo el a quo que el abogado Peña Cano incurrió en un concurso de faltas, que conllevaron a desplazar y propiciar que no le fueran cancelados los honorarios a su colega quejoso, por lo que teniendo en cuenta la modalidad y transcendencia, le era imponible la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres meses. Y en cuanto al abogado López Quesada, se estableció la sanción en suspensión de dos meses, pues con su conducta de aceptar la gestión sin mediar paz y salvo del colega, permitió que por este aspecto se le causaran graves perjuicios(14).
Notificado de la anterior decisión el disciplinable Jhon Gilber Peña Cano, en oportunidad apeló el fallo anterior, con argumentos similares a los presentados en la versión libre y en sus alegatos de conclusión, estos son, que nunca fue apoderado del señor Orlando Daza Polanía, quien tenía el derecho de revocarle el poder al quejoso, por lo que incluso solicitó al Juzgado que le regularan sus honorarios, y es así que este debió actuar civilmente para procurárselos y no denunciarlo disciplinariamente, máxime ante la inexistencia de un contrato de prestación de servicios entre el señor Daza Polanía y aquel.
Sostuvo que el hecho de que hubieran hablado con él sobre el tema de los honorarios, no era prueba de transgresión de la ética profesional, máxime cuando él expresó, que sí debían pagársele los honorarios, como lo hubieran acordado las partes en el supuesto contrato de prestación de servicios, el cual al parecer no existió.
Que ante la inexistencia del contrato, era claro que los honorarios cobrados por el quejoso transcendían a los límites fijados por la ley, pues de lo contrario no se entendía la razón por la cual no los cobraba a través de la autoridad competente, ensañándose a culparlo a él por los inconvenientes que tuvo con su cliente.
También, como lo hizo en los alegatos de conclusión, criticó el testimonio de la señora Argenis Cabra Lozada, pues en su sentir no fue clara ni coherente, en tanto no tenía claro en su condición de tutora de los menores sobre la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales, afirmando solamente que su sobrino le dijo que fuera a una reunión con su abogado, creyendo ésta que se trataba del quejoso.
Afirmó que el a quo no tuvo en cuenta el testimonio de su compañero de oficina, el dr. Jesús Pastrana Monje, quien fue claro y contundente en afirmar que él en ningún momento se hizo pasar como abogado del señor Orlando Daza, y que no se opuso a que se le pagaran los honorarios al quejoso, por lo que en su sentir, no existió una valoración integral de las pruebas, y en todo caso se emitió una condena sin tener soporte probatorio, y sin que se hubiera desvirtuado la presunción de inocencia.
Finalmente reiteró que él solamente emitió un concepto el cual no era obligatorio ni vinculante, y que quien debía y decidía pagar los honorarios era el señor Orlando Daza, siendo entonces el problema de carácter contractual, el cual debía ser dirimido por la autoridad competente(15).
Por lo que hace referencia al disciplinable Óscar Arturo López Quesada, enviadas las comunicaciones de rigor a él y a su defensor de oficio, para que comparecieran notificarse de la sentencia, no lo hicieron, por lo que se notificó por edicto, sin que dentro de la oportunidad legal se haya recibido escrito de apelación(16).
Competencia: La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir sobre la apelación formulada por el disciplinable Jhon Gilber Peña Cano de la sentencia antes referida, y por vía de consulta frente al sancionado Óscar Arturo López Quesada, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 256, numeral 3 de la Constitución Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 1123 de 2007.
Entonces, entra esta Sala a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el día 15 de febrero de 2013, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, decidió sancionar con suspensión de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión, al abogado Jhon Gilber Peña Cano, al encontrarlo responsable de incurrir en las conductas previstas en los artículos 36.1 y 36.4 de la Ley 1123 de 2007, y al abogado Óscar Arturo López Quesada, por haber trasegado en la conducta tipificada en el artículo 36.2 ibídem.
De la apelación formulada por el abogado Jhon Gilber Peña Cano. Se le imputó al citado profesional del derecho, haber incurrido en las faltas contra la lealtad y honradez con los colegas, previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007, del siguiente tenor:
“1. Realizar directamente o por interpuesta persona, gestiones encaminadas a desplazar o sustituir a un colega en asunto profesional de que este se haya encargado, u ofrecer o prestar sus servicios a menor precio para impedir que se confiera el encargo a otro abogado.
Pues bien, desde ahora anuncia la Sala, que los argumentos plasmados por el censor en el escrito de apelación, no logran desvirtuar la responsabilidad en la comisión de las conductas por las que se le sancionó, tal como enseguida pasa a explicarse.
En efecto, probado está, que el día 4 de septiembre de 2008, se efectuó una reunión en la oficina del disciplinable Peña Cano, a la cual asistieron el quejoso abogado Leonardo Gallego Franco, el señor Orlando Daza Polanía, a quien aquél venía representado en el proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado 4º Administrativo del Circuito de Neiva, que se siguió a continuación de la acción de reparación directa incoada en contra del Municipio de Algeciras, y la señora Argenis Cabra Lozada, tía y tutora del señor Daza Polanía, data en la cual, se trató el tema de los honorarios que debían pagarse al abogado Gallego Franco.
Tal hecho se desprende de las declaraciones juradas rendidas por el quejoso y la señora Argenis Cabra, así como del abogado Jesús Pastrana Monje, compañero de oficina del disciplinable Peña Cano, y por éste, quien así lo aceptó al rendir versión libre, alegar de conclusión y en el escrito de apelación.
También está probado que en tal data, el disciplinable Peña Cano conceptuó en el sentido de que los honorarios eran excesivos, pues nótese que incluso en el escrito de apelación afirmó “los honorarios cobrados por el aquí quejoso transcienden a los límites fijados por la ley”, y aunque afirma en su defensa que de todas maneras dijo que los mismos debían pagarse conforme al contrato de prestación de servicios, es claro que no compartía que se pagaran en el monto fijado, al punto que en su sentir, “presumía” que no existía ningún contrato(17).
Igualmente está probado que el día 10 de diciembre de 2009, el señor Daza Polanía otorgó poder al abogado Óscar Arturo López Quesada, a fin de que continuara siendo su apoderado en el proceso ejecutivo mencionado, data en la cual éste aportó al juzgado junto con el mencionado poder, un contrato transaccional celebrado entre el Municipio de Algeciras y el señor Daza Polanía, en el que aparece figurando como apoderado de este último el abogado Óscar Arturo López, en el que se transó la obligación por la suma de $63.789.706, deprecando la terminación del proceso por pago de la obligación, a lo cual se accedió por auto de data 16 de diciembre de 2009, al tiempo que se reconoció personería al abogado López Quesada.
Así las cosas, considera esta Sala que objetivamente está probado que el disciplinable Peña Cano realizó gestiones encaminadas a desplazar a su colega Gallego Franco del mandato que venía desarrollando con éxito desde hacía muchos años, pues nótese que el bufete de abogados al cual pertenecía había logrado obtener por vía de la acción de reparación directa una sentencia favorable a la parte actora, y luego, forzó el pago de las indemnizaciones por la vía ejecutiva, pues si bien, no fue quien recibió el poder por el cual se desplazó al colega, sí intervino activamente en tal actividad, como enseguida se establece.
En efecto, aunque el disciplinable afirma en el escrito de apelación que no hay prueba de tal hecho, lo cual se acompasa con lo afirmando al rendir versión libre en el sentido de que si bien distinguía al doctor López Quesada era sólo en virtud de la actividad litigiosa, dicho que incluso coadyuvó su testigo el abogado Jesús Pastrana Monje cuando dijo que aquél nunca había sido compañero de oficina, lo cierto es que los memoriales por los cuales el señor Daza Polanía revocó el poder, y se aportó la mencionada transacción deprecándose la terminación del proceso por pago de la obligación, fueron radicados personalmente en el juzgado por el dr. Peña Cano, los días 28 de octubre y 11 de diciembre de 2008, tal como puede leerse en los sellos de recibo que obran en el expediente del proceso ejecutivo administrativo:
“Juzgado cuarto administrativo circuito de Huila. Secretaría. Neiva 28 oct. 2008. En la fecha se recibe memorial. Presentado por dr. Jhon Gilber Peña, Recibido (firma ilegible)”.
“Juzgado cuarto administrativo circuito de Huila. Secretaría. Neiva 28 dec. 2008. En la fecha se recibe memorial. Presentado por dr. Jhon Gilber Peña, Recibido (firma ilegible)”.
Entonces, se pregunta la Sala, si el disciplinable no hizo gestiones encaminadas para desplazar al colega quejoso, pues según lo sostuvo, ni siquiera tenía relaciones profesionales con el abogado Óscar Arturo López, a quien dijo sólo conocer en razones del litigio, ¿qué hacía entonces sirviéndole de mensajero o dependiente meses después de la reunión —4 de septiembre— en la que según su dicho simplemente emitió un concepto?
La respuesta no puede ser otra diferente a que sí trasegó por la conducta reprochada, es decir, que sí efectuó gestiones encaminadas a desplazar a su colega y si bien es cierto, no fue el abogado a quien el señor Daza Polanía le otorgó el poder, lo cierto es que su actuar fue proactivo en el desarrollo de tal hecho, al punto que no solo emitió el concepto al respecto, sino que logró su cometido a través de un tercero, el abogado Óscar Arturo López, con quien no cabe duda actuó en contubernio, lo cual se demuestra fehacientemente porque, como antes se estableció, personalmente llevó al Juzgado el memorial de revocatoria del poder al quejoso, y luego radicó el poder al dr. López junto con la petición de terminación del proceso.
Así las cosas, si bien trató de disimular su actuaciones en las gestiones encaminadas al desplazamiento del quejoso, lo cierto es que no observó que dejó un huella de su actuar —constancias de entrega de memoriales—, que se reitera, si bien no los suscribió, a no dudarlo tal hecho lleva a la certeza de que su actuar no sólo se limitó a conceptuar que los honorarios cobrados por el quejoso eran altos e incluso por fuera de la ley.
De igual manera en lo que hace referencia a la conducta de apoyar la elución de los honorarios del quejoso, es claro que de la misma también es responsable el disciplinable Peña Cano, pues lo cierto es que al haber efectuado gestiones tendientes al desplazamiento del colega, conllevó a propiciar que el señor Orlando Daza no efectuara el pago de los honorarios al doctor Gallego Franco, al punto que una vez recibió de la Alcaldía de Algeciras el monto de la indemnización, no se volvió a saber de él, tal como lo declaró su tía, y no fue posible localizarlo para que rindiera declaración en estas diligencias, pues si hubiera cumplido con lo pactado en el contrato de prestación de servicios, lógico es que no habría lugar a la queja que originó estas diligencias.
Y lo propició emitiendo conceptos malintencionados y sin fundamento alguno, que conllevó a que el señor Daza Polanía le revocara el poder al quejoso sin razón legítima, y que luego, como podría decirse coloquialmente, “se volara” sin pagar los honorarios, al afirmar, tal como lo reiteró en el escrito de apelación, que no existía contrato de prestación de servicios, y que los honorarios eran por fuera de la ley, cuando probado está que sí existe el contrato, pues fotocopia del mismo obra en el expediente del proceso ejecutivo administrativo(18), el cual fue allegado por el quejoso para tratar de que se revocara la providencia por la que se aceptó la transacción y se dio por terminado el proceso, bajo el entendido de que el cliente le había cedido los derechos en un 50% a título de honorarios, y que por tanto él ha debido suscribir la susodicha transacción, recurso que le fue desfavorable, pero no por ello se puede afirmar la inexistencia del contrato y el monto de los estipendios.
En efecto, en dicho contrato, suscrito por la señora Argenis Cabra Lozada en calidad de representante de los menores Orlando y Luis Eduardo Daza Polanía, se estableció que “los mandantes, para cubrir el monto de los honorarios a los mandatarios(19), ceden a estos, en forma solidaria, el cincuenta por ciento (50%) del monto de la condena que se profiera por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, o del monto del acuerdo conciliatorio que se llegue en el curso del proceso…”.
De otra parte, no se puede afirmar que el porcentaje acordado, esto es, el 50% sea ilegal, máxime que la labor del bufete de abogados fue ingente, exitosa y se prolongó durante más de 18 años, si se tiene en cuenta que la acción de reparación directa tuvo inicio en el 23 de abril de 1993, tal como se puede establecer en el poder(20), siendo revocado y otorgado al nuevo apoderado el 10 de diciembre de 2008.
Así las cosas, y sin que se pueda pensar que se está frente a un aparente concurso de faltas, pues bien puede subsistir la una sin la otra, esto es, no necesariamente la gestión para desplazar al colega conlleva a que se propenda por la elusión de sus honorarios, lo cierto es que en este caso sí está probado, que el disciplinable Jhon Gilbert Peña Cano es responsable de la comisión de las conductas reprochadas en los cargos y por las que se lo sancionó, pues de un lado efectuó diligencias tendientes a desplazar al colega quejoso, y de otro, propició la conducta de eludir el pago de sus honorarios.
Por ende, se confirmará el fallo que en su contra se profirió, máxime que contrario a lo afirmado en el escrito de apelación, sí se efectuó una investigación integral al punto que se suspendió una y otra vez las audiencias para practicar las pruebas deprecadas por la defensa, y se sopesaron todas y cada una de las aportadas y practicadas, como antes se precisó, la que llevaron a la certeza de su responsabilidad.
Del abogado Óscar Arturo López Quesada. Como líneas atrás se precisó, por vía de consulta se procede a auscultar si éste disciplinable trasegó por la conducta prevista en el artículo 36.2 de la Ley 1123 de 2007, es decir: “Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo o autorización del colega, o que se justifique la sustitución”.
Pues bien, fácil es determinar en estas diligencias la materialidad de la conducta reprochada, pues de la lectura del proceso administrativo adelantado en el Juzgado 4º de tal especialidad en Neiva, se establece que el señor Orlando Daza Polanía le otorgó poder el día 10 de diciembre de 2008, el cual aceptó y fue radicado al día siguiente en el mencionado Juzgado por el dr. Jhon Gilber Peña, junto con el contrato de transacción celebrado con la Alcaldía de Algeciras, lo cual se hizo a través de un memorial en el que se anexaron los documentos antes mencionados, solicitando se diera por terminado el proceso, razón por la cual, por auto del 16 de diciembre se le reconoció personería al dr. López Quesada, y se accedió a culminar la acción ejecutiva por pago de la obligación.
De tal manera que probado está que aceptó la gestión a sabiendas de que el colega quejoso era el apoderado del señor Daza Polanía, desde hacía muchos años, pues fácilmente lo podía constatar con la lectura del proceso, sin contar con la autorización de éste, ni haber solicitado paz y salvo por honorarios, ni mucho menos existía justificación para tal sustitución.
Precisamente sobre este último aspecto, de cara a la responsabilidad del dr. lópez quesada en la comisión de la conducta antes referida, no son aceptables las justificaciones presentadas por su defensor de oficio, quien sostuvo que como el señor Daza Polanía le revocó el poder al quejoso, entonces bien podía designar a otro, debiendo entonces el dr. Gallego Franco acudir al incidente de regulación de honorarios o procurarse los honorarios a través del proceso laboral, pues, independientemente de que en efecto, el quejoso tenga herramientas jurídicas para procurar le sean sufragados los estipendios pactados, no por ello su prohijado no incurrió en la falta ética reprochada.
En efecto, es deber de los abogados, proceder con lealtad y honradez en sus relaciones con los colegas, tal como lo prevé el numeral 11 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y por tal razón el dr. López Quesada no podía aceptar un mandato profesional, a sabiendas de que otro colega lo venía adelantando en forma exitosa, al punto que había logrado una sentencia declarativa favorable, y que el proceso ejecutivo seguido a continuación también ya se encontraba con fallo, y que incluso habían conversaciones para transar la obligación, como efectivamente ocurrió, al punto que fungió como apoderado en el contrato de transacción.
De tal manera, que con su actitud, no solo incurrió en la conducta por la cual el a quo lo sancionó, sino que colaboró con el ardid ideado por el abogado Peña Cano, y que salió a la vista en razón de que éste fue la persona que radicó los memoriales de revocatoria del poder y petición de terminación del proceso, en tanto con tal actitud, contribuyó al desplazamiento del colega y a la elusión de sus honorarios, razones suficientes para que esta Sala confirme la sentencia sancionatoria irrogada en su contra.
De las sanciones: En cuanto a las sanciones impuestas, para esta Sala en verdad debieron ser más drásticas, pues el comportamiento de los abogados Peña Cano y López Quesada son despreciables, en tanto se confabularon para birlar los honorarios por el trabajo desarrollado por un colega durante más de una década, sin embargo, teniendo en cuenta el principio de la no reforma en perjuicio, no le queda otro camino a esta Superioridad que confirmar también por esta aspecto el fallo objeto de estudio.
1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 15 de febrero de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, por medio de la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el lapso de tres (3) meses al abogado Jhon Gilber Peña Cano, al encontrarlo responsable de incurrir en las conductas contempladas en los numerales 1 y 4 del artículo 36 Ley 1123 de 2007, y al abogado Óscar Arturo López Quesada con suspensión por el término de dos (2) meses, como responsable de la conducta descrita en el numeral 2 del artículo 36 ibídem, conforme se expresó en las consideraciones de esta providencia.
2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir las sanciones impuestas.
Magistrados: Wilson Ruíz Orejuela.—José Ovidio Claros Polanco.—Julia Emma Garzón de Gómez.—Angelino Lizcano Rivera.—María Mercedes López Mora— Pedro Alonso Sanabria Buitrago.—Henry Villarraga Oliveros.
(1) En providencia de esta misma fecha.
(2) Conformaron la Sala de Decisión las magistradas Floralba Poveda Villalba (Ponente) y Teresa Elena Muñoz De Castro.
(3) Fl. 49, c. o.
(4) Previamente se intentó adelantar la audiencia en dos oportunidades —el 2 de marzo y 16 de julio de 2010—, pero no fue posible por la inasistencia de los disciplinables, por lo que se les declaró personas ausentes, se les emplazó y designó defensor de oficio, recayendo tal labor en el dr. Jhon Jairo Clavijo Franco.
(5) CD y acta fls. 79 a 81, c. o.
(6) Cuaderno anexo.
(7) CD y acta fls. 162 a 164, c. o.
(8) Fl. 177. c. o.
(9) A folio 202 obra comunicación de la Personería Municipal de Algeciras, en la cual se informa que fue imposible informar al ex alcalde Rigoberto Sánchez Tamayo, de la audiencia de pruebas y calificación, pues ya no residía en esa municipalidad.
(10) CD y acta, fls. 205 y 206, c. o.
(11) CD y acta, fls. 171 y 172.
(12) CD y acta, fls. 232 a 234, c. o.
(13) Previamente se intentó adelantarla los días 26 de octubre, 8 y 26 de noviembre de 2012, sin que su hubiera podido evacuar por inasistencia de los disciplinables y defensor de oficio.
(14) Fls. 297 a 317, c. o.
(15) Fls. 326 a 39, c. o.
(16) Fls. 318, 320, 321 y 325, c. o.
(17) En el escrito de apelación, sostuvo que “al parecer no existió ya que no se allegó a la investigación”.
(18) Fls. 144 y 145, cdno. anexo.
(19) Fueron mandatarios, el dr. Benjamín Herrera Agudelo, cabeza de la del bufete de abogados al cual pertenece el abogado quejoso, y la abogada Nancy Monsalve Morales.
(20) Fls. 19 y 20, cdno.

References: ARTÍCULO 28
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 104
 artículo 105
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 106
 artículo 36
 artículo 256
 artículo 59
 artículo 36
 artículo 36
e contrario
 artículo 36
 artículo 28
 artículo 36
 artículo 36