Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2013/as201312270.html
Timestamp: 2019-03-21 22:01:01+00:00

Document:
as201312270
Auto Supremo Nº 270/2013-RRC Sucre, 17 de octubre de 2013
Expediente: Cochabamba 37/2013
Partes: Ministerio Público y otra c/ Javier Olmos Cárdenas
El memorial cursante de fs. 359 a 363 vta., mediante el cual Javier Olmos Cárdenas, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 34 de 7 de junio de 2013, de fs. 337 a 340 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Antonieta Fernández Arauco contra el recurrente, por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).
Conforme a la acusación pública (fs. 2 a 4 vta.) y particular (fs. 7 a 10), y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, se concluyó con la Sentencia 05/2011 de 17 de febrero (fs. 267 a 272), pronunciada por el Tribunal Primero de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró al imputado Javier Olmos Cárdenas, autor del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, condenándole a la pena de veinticinco años de presidio, sin derecho a indulto.
Notificado con la referida Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 290 a 296 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 34 de 7 de junio de 2013 (fs. 337 a 340 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso interpuesto y confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación del recurso de casación.
Del recurso de casación y del Auto Supremo 217/2013-RA de 29 de agosto, se extraen los motivos a ser analizados en la presente resolución:
El recurrente, denuncia que en el recurso de apelación restringida, denunció que no existía prueba fehaciente que determine su culpabilidad por el delito acusado, ya que no se estableció el iter criminis, y no se realizó una correcta valoración de la prueba, especialmente del Certificado Médico Forense emitido por Víctor Butrón, que fue forzado y habló de una presunción en cuanto a la “FOSFATASA ÁCIDA”, vulnerando la aplicación de la sana crítica en el test de razonabilidad y certeza para subsumir su conducta al tipo penal, por ello hubiera denunciado que la Sentencia incurrió en los defectos señalados por los arts. 124, 173, 370 incs. 1) y 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque el Tribunal no realizó una fundamentación descriptiva detallada de las pruebas ofrecidas en el juicio, realizando simplemente una descripción referencial sin expresar los motivos por los cuales no se tomó en cuenta ciertas pruebas y el valor que se les otorgó; además que no se aparejó a la Sentencia, las declaraciones de la aparente víctima y su hermana.
Sobre la base de los fundamentos expuestos, y bajo el acápite titulado: “De la facticidad precisa de los hechos entre el precedente contradictorio y el Auto apelado” (sic), el imputado, cita y desglosa parte de los Autos Supremos 444 de 15 de octubre de 2005 y 437 de 24 de agosto de 2007; y, previa transcripción parcial de la Resolución impugnada, en el punto V del memorial, titulando; “Relación precisa entre los precedentes y el Auto de Vista” (sic), manifiesta que, la relación analógica que existe es que el Auto de Vista recurrido no consideró que la Sentencia apelada, no explica las razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, vulnerando el test de razonabilidad y los principios de la sana crítica, incurriendo en un defecto insalvable, pues en un caso similar se asumió que la falta de fundamentación en las resoluciones judiciales afecta al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, sin que el Tribunal de alzada haya tomado en cuenta “que la intelectiva de la sentencia no es tal” (sic); pues en el caso presente a decir del recurrente, existe un Certificado Médico Forense que versa sobre una posible agresión sexual, preguntándose dónde explica la Sentencia los daños físicos que sufrió la menor, que el Certificado Médico Forense habla de desgarros antiguos y no recientes; y, que se forzó su culpabilidad a través de una pericia sobre la presencia de “fosfatasa”; concluyendo que no existió una correcta valoración de la prueba y menos una fundamentación que efectúe un test de razonabilidad que haga arribar a la conclusión de su posible responsabilidad.
Con los argumentos supra consignados, solicita se admita el recurso y se revoque el Auto de Vista de 7 de junio de 2013, disponiendo la nulidad del proceso. Además, se ordene el reenvío en razón a la naturaleza de los defectos que no son posibles de reparar en dicha instancia y se establezca la doctrina legal aplicable al caso.
Mediante Auto Supremo 217/2013-RA de 29 de agosto, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación.
Conforme consta en la enunciación del hecho, el imputado y la querellante vivían juntos en calidad de concubinos, junto con las hijas menores de edad de once y nueve años, del primer matrimonio de la querellante y un bebé hijo de ambos concubinos; circunstancia que sumada a la ausencia de la madre que salía a trabajar desde horas 07:00, fue aprovechada por el imputado, para agredir sexualmente a la niña de once años de edad en reiteradas ocasiones, ocurriendo los últimos hechos en el mes de julio de 2007, que fueron revelados a su madre y que antes la víctima no dio aviso de las agresiones sexuales, por las amenazas que recibía del imputado en sentido de que mataría a su madre y que les quitaría a su hermanito.
Sobre la base fáctica descrita y la prueba de cargo introducida a juicio, el Tribunal Primero de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por Sentencia 05/2011 de 17 de febrero, declaró a Javier Olmos Cárdenas, autor de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado en el art. 308 Bis agravado con los incs. 2), 3) y 4) del art. 310, ambos del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de veinticinco años de presidio sin derecho a indulto, con los siguientes argumentos:
Que la base probatoria que sostiene la acusación, está constituida por el Certificado Médico Forense, que reporta que la menor víctima de 11 años de edad, fue objeto de agresión sexual y al examen ginecológico presenta himen con desgarre a horas 6 y 8 de las manecillas del reloj y presencia de fosfatasa ácida prostática, prueba concordarte con el informe pericial bioquímico, que si en una persona de sexo femenino, se encuentra fosfatasa ácida prostática se presume que hubo penetración y coito.
Dichas pruebas concuerdan exactamente con la declaración anticipada de la menor víctima que relata con detalle los hechos que se declaran probados, que resulta coincidente con la de la hermana menor de la víctima prestada en la audiencia de juicio oral.
También el Tribunal de Sentencia valoró la declaración de la Psicóloga prestada en audiencia de juicio oral, que corrobora las pruebas antes referidas y hace referencia al relato altamente creíble de los hechos, que evidenció además, graves traumas psicológicos que manifiestan inestabilidad emocional, inseguridad, retraimiento, baja autoestima, dependencia y otras secuelas graves.
La declaración de la madre de la menor víctima coincide plenamente con el Informe Social Pericial, que ratifica los hechos que se dan como probados, así como las condiciones en las que vivía la familia, el entorno familiar en que se desenvolvía la víctima y la forma cómo se revelaron los hechos; información que es corroborada por el muestrario fotográfico del escenario en que se cometió el delito.
La documental pertinente que acredita que la víctima al momento de los hechos tenía la edad de once años.
Las declaraciones testificales de descargo, sostienen que el imputado es una persona honesta, seria, trabajadora, responsable, respetuosa, que es un buen padre que se preocupa por sus hijas; empero, ninguno de ellos sabe nada respecto al objeto de juicio y a las condiciones de la vida familiar.
Que, los hechos que se declaran probados, reúnen todos los elementos constitutivos del tipo penal de Violación de Niño, Niña o Adolescente, habida cuenta de que existió el acceso carnal prohibido por la ley penal, con la penetración vaginal del pene del imputado en la vagina de la víctima, hecho que incuestionablemente fue con violencia e intimidación, que provocó en la menor absoluta incapacidad de resistencia aprovechada por el imputado, conducta que se agrava porque éste tiene la condición de padrastro equivalente al estatus de padre.
II.2. Apelación restringida y su Resolución.
Notificadas las partes con tal determinación, el imputado Javier Olmos Cárdenas, interpone el recurso de apelación restringida (fs. 290 a 296 vta.), de acuerdo con los siguientes fundamentos:
Denuncia que la Sentencia fue dictada sin criterios sólidos que fundamenten la valoración de la prueba y que la consiguiente fundamentación insuficiente o contradictoria de la Sentencia, constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación; al respecto, señala que el Tribunal de Sentencia no realizó una verdadera y completa valoración descriptiva y menos intelectiva de la prueba judicializada en el juicio, con lo que se vulneró el art. 370 en sus incs. 1) y 5), 124 y 173 todos del CPP y con ello se vulneró sus garantías y derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva y a la legalidad; señala que abordada como fue la falta de fundamentación, corresponde referirse a la valoración de la prueba en base al sistema de la libre convicción o sana crítica racional, para ello hace mención a doctrina referida a las características del citado sistema, a la labor de descripción del elemento probatorio (fundamentación descriptiva) y la valoración crítica de esa descripción (intelectiva), labor que fue incumplida por el Juez a quo, que deliberadamente omitió realizar la fundamentación descriptiva en su totalidad, como tampoco realizó una fundamentación intelectiva de la prueba descrita, incurriendo en una falta o incorrecta fundamentación de la prueba en contravención del art. 370 incs. 1) y 5) del CPP, toda vez que realizó una errónea aplicación de la ley sustantiva e incurrió en una omisión de fundamentación, vulnerando también lo establecido en los arts. 124 y 173 de la norma procesal; sobre este punto, el imputado manifiesta que la aplicación que pretende, es que el Tribunal de alzada realice una correcta y verdadera valoración de la prueba tanto descriptiva como intelectiva, individualmente y en su conjunto, con la explicación respecto a su pertinencia o no para sustentar la Sentencia.
Como segundo agravio, el imputado denuncia que la Sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio [art. 370 inc. 4) del CPP], específicamente denuncia la ilegal introducción de la prueba consistente en el Certificado Médico Forense de 27 de julio de 2007, no obstante, del cual solicitó su exclusión probatoria, porque no hubiera sido obtenido mediante Requerimiento Fiscal conforme obliga el art. 206 del citado código, prueba que constituyó base para la fundamentación de la Sentencia; finaliza señalando que todo lo relatado encuentra respaldo y fundamento en el art. 13 de la misma norma y que la aplicación que pretende, es que se cumpla estrictamente el art. 206 del CPP, que señala que todo Certificado Médico debe ser expedido previo requerimiento Fiscal, hecho que no ocurrió en el presente caso.
Dicho recurso, mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 34 de 7 de junio de 2013, mediante el cual, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado. Notificadas las partes, con la referida Resolución, el imputado interpuso el recurso de casación objeto del presente análisis.
El recurrente Javier Olmos Cárdenas, invocó los Autos Supremos 444 de 15 de octubre de 2005, 437 de 24 de agosto de 2007 y el Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, dichos precedentes contienen la siguiente doctrina legal:
Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005: “Que se consideran defectos absolutos cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que se constituye en defecto insalvable, porque genera incertidumbre a la parte acusadora, este defecto, además se inscribe en el inciso 1) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, por afectar a la aplicación de la ley sustantiva, tribunales que desconociendo sus atribuciones como el de aplicar la ley que se encuentra estatuida en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado en los términos que siguen: "La ley determina las atribuciones de los tribunales y juzgados de la República" y la seguridad jurídica prevista en el artículo 7 inc. a) de la misma Carta Magna.
La doctrina legal citada, tiene como antecedente un proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en el que luego del juicio oral, se emitió Sentencia absolutoria, misma que fue objeto de apelación restringida, que fue declarada improcedente, por considerar que la Sentencia cumplía con los requisitos establecidos en el art. 360 del CPP, sin vicios de nulidad, razón por la que, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de casación, quien denunció que la prueba no fue valorada correctamente, infringiendo el art. 370 incs. 6) y 7) del CPP. En este contexto el Auto Supremo citado estableció la doctrina glosada precedentemente ante la constatación de que el Tribunal de alzada al declarar improcedente el recurso de apelación restringida, convalidó la Sentencia absolutoria de primer grado, sin observar que la valoración de la prueba fue defectuosa por un lado y por otra parte, carecía de la fundamentación exigida por el art. 124 del CPP, resultando los fundamentos de la absolución inconsistentes y al margen de lo previsto por la ley.
Auto Supremo 437 de 24 de agosto de 2007: “Que es una premisa consolidada que toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada, vale decir, es necesario que el Tribunal de Apelación, emita los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentran en el recurso de casación, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porque dicho acto se considera defecto absoluto y que principios constitucionales fueron afectados.
La jurisprudencia penal tiene sentada una línea con respecto a la falta de fundamentación en las resoluciones; al respecto, el Auto Supremo Nº 141 de 22 de abril de 2006, establece "(...) el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de fundamento en uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso”.
Dicha doctrina legal, tiene como antecedente una Sentencia condenatoria por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, que recurrida en apelación restringida, fue declarada improcedente, hecho que motivó que el imputado interponga recurso de casación denunciando incumplimiento del art. 124 del CPP, en razón a que el Auto de Vista, incumplió su deber de realizar una adecuada fundamentación jurídica y porque revalorizó prueba; denuncia respecto a la cual el Tribunal de casación, expresó que el Tribunal de alzada debe responder a los puntos que fueren objeto de impugnación y que debe hacerlo de manera fundamentada y que su falta constituye defecto absoluto que vulnera los derechos fundamentales de las partes, al advertir que en el caso resuelto, el Auto de Vista en su considerando destinado a la parte intelectiva reemplazó sus fundamentos con la transcripción de algunas partes de la sentencia, para concluir directamente sobre los argumentos del recurso del imputado, que no explicaban de manera expresa cual el iter lógico que siguió el Tribunal de alzada para determinar la improcedencia del recurso planteado, omitiendo el deber de motivar adecuadamente la resolución, incurriendo en inobservancia del art. 124 del CPP.
En cuanto a la cita del Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, emitido por este despacho, cabe señalar que dicha doctrinal legal estableció: “El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.
De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que el juzgador se limite a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos de las partes o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, a efecto de arribar a determinada conclusión, para de esta manera cumplir con la previsión del art. 124 del CPP, lo contrario significaría vulneración al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, como ocurrió en el presente caso, donde no se da respuesta fundamentada ni motivada a varias denuncias efectuadas en la apelación restringida, lo que hace que este Tribunal deje sin efecto el Auto de Vista impugnado”.
La referida doctrina fue establecida al constatar esta Sala que el Tribunal de alzada en el caso que fue resuelto, con relación a las denuncias formuladas en apelación restringida, relativas a la existencia de defectos absolutos por errónea aplicación de la ley sustantiva, inobservancia de la norma adjetiva y valoración defectuosa de la prueba de la Sentencia, no efectuó una correcta fundamentación ni motivación en la respuesta otorgada al peticionante, incurriendo en consecuencia en la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de falta de fundamentación y motivación, contradiciendo la doctrina legal aplicable que estableció que el Tribunal de alzada debe responder fundadamente a todos los cuestionamientos efectuados por el denunciante en la apelación restringida y no limitarse a la transcripción de los antecedentes procesales.
III.2. Fundamentos jurídicos.
Este Tribunal, de manera reiterada se ha referido al deber de fundamentación de toda Resolución, deber que recae sobre los Jueces y Tribunales de Sentencia quienes por voluntad del legislador, tienen la concesión exclusiva de la relación directa con las partes y las pruebas, mediante el ejercicio del principio de inmediación; empero, también emitió doctrina legal en sentido de que, dicho deber, adquiere mayor relevancia cuando se trata de la Resolución de un Tribunal de apelación, que debe pronunciarse de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre los aspectos sometidos a su consideración, sin que ello implique imponer una especial estructura al desarrollo de los razonamientos de la Resolución, puesto que una motivación que sea concisa, no por ello, deja ser una motivación conforme a la exigencia establecida en el procedimiento.
Así, en lo que respecta al Tribunal de apelación, debe expresar claramente los agravios denunciados por la parte apelante y resolverlos conforme a su competencia realizando una valoración jurídica suficientemente razonada con base a los antecedentes del caso y verificando si el Juez a quo, orientó su labor por pasos racionales, correctos en observancia de las reglas que impone la sana crítica y en caso de ser así, debe darlos por bien hechos, declarando improcedente el recurso de apelación restringida y confirmando la Sentencia apelada, sin que sea posible que el Tribunal de apelación fundamente su decisión en hechos ajenos a los establecidos, probados y considerados debidamente por el Tribunal de Sentencia, más aún, cuando dichos razonamientos fueron emitidos con fundamento en los hechos probados y en observancia a las reglas que rigen la aplicación de la sana crítica, que en todo caso se constituye en el instrumento principal de la labor de control de todo Tribunal de alzada, no siendo posible disponer la nulidad de una Sentencia congruente y razonablemente fundamentada, lo que implicaría afectación del principio de celeridad establecido en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza a todo sujeto procesal, a tener acceso a un pronunciamiento oportuno sin dilaciones innecesarias que generen incertidumbre respecto a la resolución de las causas.
Dentro de dicho marco, corresponde recordar que este Tribunal de Justicia, entre otros aspectos, también abordó el tema de las nulidades indebidas a momento de sentar la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo, cuando expresó: “El art. 180.I de la CPE establece como un principio constitucional el de la verdad material, desarrollada como la obligación que tiene todo juzgador en la labor efectuada sobre este principio, anteponiendo la verdad de los hechos antes que cualquier formalidad. Asimismo el art. 115.I de la referida Ley Fundamental, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.
En ese entendido, el Tribunal de apelación al resolver un recurso de apelación restringida en el que se denuncia la existencia de defecto de Sentencia porque se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, debe bajo el principio de verdad material reconocido constitucionalmente, ponderar si la prueba observada o cuestionada como espuria tiene o no la característica de esencial o decisiva en el fallo emitido por el Juez o Tribunal de Sentencia; más aún cuando de la prueba presentada por el acusador particular y de la integralidad de las pruebas judicializadas no se genere convicción en el juzgador de la responsabilidad del imputado, porque dicho accionar no constituyó delito.
En consecuencia para disponer la anulación de la sentencia, no basta con la constatación de que se valoró una prueba que no fue judicializada de acuerdo a las formas previstas por la ley, sino también debe determinarse si eliminando hipotéticamente ese elemento de juicio, la resolución recurrida de apelación restringida, está fundada en otros elementos de convicción que le brinden el necesario respaldo jurídico; de modo que si este extremo resulta concurrente no corresponde la anulación de la sentencia y consecuente reenvío, porque lo contrario implicaría nuevamente poner en funcionamiento todo el sistema judicial, para llegar al mismo resultado, en directo detrimento de los sujetos procesales a quienes se les privaría de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin delaciones”.
Ingresando al análisis de fondo de los precedentes presuntamente contradictorios y la argumentación que realiza el recurrente en relación a los datos del proceso, a los efectos de establecer si las denuncias son evidentes, corresponde acudir al análisis de la Resolución impugnada, que resolvió de la siguiente manera:
En lo que respecta al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, el Tribunal de alzada, realizando previa cita de doctrina y jurisprudencia tanto de la ex Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Constitucional, señala que, de la revisión de la Sentencia se establece que el Tribunal de Sentencia llegó a determinar la culpabilidad del imputado, realizando en el primer y segundo resultando, la fundamentación fáctica y el hecho probado y que en el tercer resultando efectuó la fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba; para evidenciar tal afirmación, el Tribunal de apelación procede a transcribir párrafos de la Sentencia, para finalmente sobre este aspecto señalar que: de la revisión de la Sentencia, no se advierte falta de fundamentación, por el contrario sus apreciaciones son producto del análisis integral de la prueba testifical y documental producida en el juicio, conforme al art. 173 del CPP, que en todo caso, constata que la Sentencia guarda una secuencia lógica estructural que debe tener un fallo de esa naturaleza, porque contiene la enunciación del hecho y la determinación circunstanciada del objeto de juicio; asimismo, otorgó el valor a todos los elementos de prueba de forma individual y en su conjunto, habiendo llegado luego de esa labor, a la convicción de la responsabilidad penal del imputado; sobre la base de dichas consideraciones, el Tribunal de alzada ve por conveniente invocar la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, que versa sobre las características del sistema actual de valoración de la prueba, para concluir que en el caso analizado, no concurrió el defecto invocado por el recurrente, resultando improcedente este reclamo.
En cuanto a la denuncia de defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, y luego de hacer referencia a jurisprudencia referida al principio de tipicidad, el Tribunal de apelación se remite a los fundamentos de la Sentencia, extractando los que considera más relevantes, para concluir que de la revisión de la fundamentación realizada, queda demostrada la culpabilidad del imputado al concurrir los tres elementos que componen la teoría finalista del delito; es decir, la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y que el imputado tenía plena capacidad de culpabilidad, además de que tenía pleno conocimiento de que su conducta no estaba autorizada y que contravenía el orden jurídico y de las consecuencias penales que derivan de ello; con esos argumentos, el Tribunal de alzada concluye que el Tribunal de Sentencia no incurrió en el defecto de Sentencia contenido en el art. 370 inc. 1) de la citada norma.
En relación a la denuncia de defecto previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP, referida a que no obstante la solicitud de exclusión probatoria interpuesta de su parte, el Tribunal de Sentencia le habría otorgado un valor importante y determinante al Certificado Médico Forense que fue introducida ilegalmente al juicio y en incumplimiento del art. 206 del código procesal de la materia; el Tribunal de apelación, invoca en sus fundamentos el Auto Supremo 115 de 31 de enero de 2007, que entre otros aspectos señala que en caso de incidentes de exclusiones probatorias y resueltas como fueren, la parte que se considere afectada o que no se encuentre en acuerdo con dicha decisión, deberá anunciar interponer recurso de apelación restringida y que en caso de haber anunciado el recurso de apelación restringida y no haber cuestionado la resolución sobre exclusión probatoria dentro del recurso de apelación restringida, habrá precluído también dicho derecho; que en el caso analizado, de la revisión del acta de registro de juicio oral, el Tribunal de apelación evidencia que la defensa del imputado, no efectuó reclamo alguno con relación a la exclusión de la prueba codificada como “F-2” Certificado Forense, así como de los órganos de prueba y menos efectuó reserva de recurrir para habilitarse a la ulterior apelación restringida, razón por la cual el Tribunal de apelación afirma que el imputado dejó de lado la doctrina legal aplicable precedentemente señalada, por ello, determina que su impugnación carece de mérito, fundamentos con los cuales desestima todos y cada uno de los motivos del recurso de apelación restringida.
Ahora bien, en el marco de la denuncia efectuada y en cuanto a los argumentos que sirvieron de sustento al Tribunal de Sentencia, para declarar la autoría del recurrente en el delito acusado y que fueron objeto de impugnación, para ser ratificados por el Tribunal de apelación, se hace necesario el análisis desde el propio contenido de la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Cochabamba, del cual se evidencia que la conclusión que asumió en la decisión final, obedece al análisis detallado de la prueba introducida al juicio, como también de los hechos denunciados y considerados como probados, después de realizado el juicio oral; sobre los cuales, luego del control efectuado por el Tribunal de alzada se pudo establecer, fueron consecuencia de un razonamiento lógico y acorde a las reglas de la sana crítica, que no fueron desvirtuados por el imputado, pues es razonable que el Tribunal de Sentencia, haya considerado y valorado el Certificado
Médico Forense, que estableció que la menor víctima fue objeto de violación sexual, pues presentaba desgarre a horas 6 y 8 en sentido de las manecillas del reloj; siendo también correcto el razonamiento efectuado sobre el informe pericial bioquímico, que acredita la existencia de penetración y coito producto de la presencia de una sustancia orgánica (fosfatasa) que así lo evidencia; lo propio en cuanto al análisis y fundamentación realizada por el Tribunal de Sentencia en lo que respecta a la declaración efectuada por la víctima, como también de su hermana menor, testimonios respecto a los cuales el Tribunal de Sentencia estableció que eran altamente creíbles, pues así lo señaló la prueba pericial psicológica, que también pudo establecer la existencia de graves traumas producidos en la menor víctima a consecuencia del hecho delictivo juzgado.
Esta necesaria revisión de antecedentes, permite evidenciar a este Tribunal de casación, que el Tribunal de Sentencia, efectuó de manera correcta la fundamentación descriptiva de la prueba y con base en dicha fundamentación, procedió a realizar la fundamentación intelectiva, adecuando su razonamiento y decisión a las reglas del correcto entendimiento humano y sana crítica, pues estableció que los hechos fueron probados y reunían todos los elementos constitutivos del tipo penal de Violación de Niño, Niña o Adolescente, habida cuenta que existió el acceso carnal prohibido por la ley penal, con la penetración vaginal del pene del imputado en la vagina de la víctima, acto que fue realizado con violencia e intimidación, efectivizada por la situación de padrastro del imputado en relación a la menor víctima, quien se encontraba indefensa en relación a su agresor.
Al margen de lo expresado, se establece que el imputado se limitó a realizar una denuncia general de incorrecta valoración de la prueba, sin aclarar de forma específica, cuál la valoración correcta que debió realizar el Tribunal de Sentencia, obligación cuya trascendencia radica en hacer comprobable por el Tribunal de alzada la denuncia efectuada, ya que quien denuncie la existencia de una vulneración o alteración de las reglas de la sana crítica (como en el presente caso), debe exponer en la fundamentación de su recurso, cómo considera que se generó la transgresión de los razonamientos lógicos, de las máximas de la experiencia y del conocimiento científico afianzado, que constituyen los límites de este sistema de ponderación probatoria, en cuya virtud, el Tribunal de alzada, pueda acceder y conocer los elementos necesarios para admitir o desestimar la denuncia, así también corresponderá a la parte que se considere afectada, demostrar que su inobservancia, principalmente incide en la parte dispositiva de la Sentencia, extremos que no se encuentran presentes en la problemática analizada.
Como consecuencia del razonamiento expresado, este Tribunal considera que las conclusiones del Tribunal de alzada, en sentido de que no advirtió falta de fundamentación de la Sentencia, que se demostró la culpabilidad del imputado y que carecía de mérito la denuncia respecto a la presunta introducción ilegal de la prueba consistente en el Certificado Médico Forense; resultan correctas y responden a la labor de control que la ley le asigna respecto a la actuación del tribunal a quo, por lo tanto la afirmación del recurrente en sentido de que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta “que la intelectiva de la sentencia no es tal” (sic), carece de todo sustento legal al no responder a los antecedentes procesales.
Incluso corresponde señalar que en el supuesto caso de ser evidente la denuncia de introducción ilegal de la prueba consistente en el Certificado Médico Forense, que no fue considerada en el fondo por el Tribunal de alzada por la razón detallada precedentemente, debe tenerse en cuenta que la doctrina legal obligatoria contenida en el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo, señala que no basta para disponer la anulación de la Sentencia, la constatación de que se valoró prueba no judicializada, sino que debe determinarse, si eliminando hipotéticamente dicho elemento de juicio, la Sentencia aún encuentra respaldo jurídico en otros medios probatorios; resultando en el presente caso, que la Sentencia condenatoria emitida en contra del imputado halló sustento no sólo en dicha prueba, sino en la existencia de otros medios probatorios, que fueron referidos uno a uno en párrafos anteriores, que determinó la convicción que alcanzó el Tribunal de Sentencia respecto a la existencia del hecho y la responsabilidad penal del imputado, Resolución que fue correctamente confirmada por el Tribunal de alzada.
Con dichos antecedentes, esta Sala, efectuando una compulsa de los antecedentes anotados, advierte que el Tribunal de apelación al emitir el Auto de Vista impugnado y declarar improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el recurrente, por ende confirmar la Sentencia; no incurrió en contradicción alguna con relación a los Autos Supremos 444 de 15 de octubre de 2005, 437 de 24 de agosto de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, citados como precedentes contradictorios, pues el Tribunal Primero de Sentencia de Cochabamba emitió la Sentencia con la debida fundamentación conforme las previsiones del art. 124 del CPP, sin contener fundamentos inconsistentes o al margen de la ley; y, el Auto de Vista recurrido establece las razones para desestimar los agravios alegados por el recurrente en la apelación restringida, otorgando respuesta fundamentada a cada uno de ellos; es decir, en observancia de la doctrina legal relativa al deber de fundamentación, de pertinencia y congruencia de toda Resolución, conforme a la fundamentación expuesta precedentemente.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Javier Olmos Cárdenas, cursante de fs. 359 a 363 vta.

References: Resolución 
 artículo 370
 artículo 116
 artículo 7
 resolución 
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