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Timestamp: 2020-05-25 12:00:41+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 143, de 24/02/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 143
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TERESA CUNILLERA I MESTRES VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión plenaria núm. 134
celebrada el miércoles, 24 de febrero de 2010
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas concretas que va a tomar el Gobierno dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público. (Número de expediente 172/000151.) ... (Página 25)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la regulación del derecho a decidir sobre la propia vida. (Número de expediente 172/000152.) ...
De la diputada doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Cree la vicepresidenta que las previsiones económicas del Banco de España, que conocimos el pasado viernes, avalan las previsiones de recuperación del presidente del Gobierno? (Número de expediente 180/000884.) ... (Página 4)
Del diputado don Juan Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Cómo valora el Gobierno, en el marco de la Presidencia de la Unión Europea, la reciente reunión celebrada en Madrid entre la Unión Europea y Brasil? (Número de expediente 180/000877.) ... (Página 5)
Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué Ordenes ha transmitido el Ministerio del Interior para propiciar la detención de extranjeros en situación irregular? (Número de expediente 180/000874.) ... (Página 6)
Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Comparte el Gobierno la apreciación judicial de que el "Caso Faisán" es de una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España? (Número de expediente 180/000875.) ... (Página 7)
Del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Quién dio la orden de frustrar mediante un chivatazo policial la operación contra la red de extorsión etarra que se iba a producir el 4 de mayo de 2006? (Número de expediente 180/000876.) ... (Página 9)
Del diputado don José Ramón Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al ministro de Fomento: ¿Qué reformas se propone el Ministerio de Fomento introducir en AENA? (Número de expediente 180/000864.) ... (Página 10)
Del diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al ministro de Fomento: ¿Cómo va a afectar el recorte presupuestario anunciado por el Gobierno a los compromisos de puesta en servicio de determinadas infraestructuras asumidos por el ministro de Fomento? (Número de expediente 180/000868.) ... (Página 11)
De la diputada doña Macarena Montesinos de Miguel, en sustitución de la diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al ministro de Fomento: ¿Considera que los recortes presupuestarios en el Ministerio de Fomento se deben también a una conspiración internacional? (Número de expediente 180/000869.) ...
Del diputado don Jorge Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al ministro de Fomento: ¿Cuál es el coste del retraso en la puesta en servicio de la línea ferroviaria Barcelona-Figueras? (Número de expediente 180/000870.) ... (Página 13)
De la diputada doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno ante la sentencia 135/09, de 29 de abril de 2009, de la Audiencia Nacional, que anula los criterios de reparto de fondos de la Fundación Tripartita durante el período 2004-2008? (Número de expediente 180/000863.) ... (Página 14)
Del diputado don Joan Herrera Torres, en sustitución del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Qué papel juega el Ministerio de Trabajo en el Pacto propuesto por el presidente del Gobierno? (Número de expediente 180/000865.) ... (Página 15)
Del diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Comparte el ministro de Trabajo el reconocimiento del presidente del Gobierno de que la "prolongación de la edad de jubilación" a los 67 años es una propuesta del Ejecutivo? (Número de expediente 180/000871.) ...
De la diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿En qué se basa el Gobierno para afirmar que se va a crear empleo neto en el segundo semestre? (Número de expediente 180/000872.) ... (Página 17)
Del diputado don Álvaro Maria Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para paliar la caída de las cifras de negocio en la industria española? (Número de expediente 180/000873.) ... (Página 18)
Del diputado don José Guillermo Bernabeu Pastor, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué objetivos persigue alcanzar el Gobierno con la puesta en marcha de la estrategia 2010-2015 del Plan Avanza2? (Número de expediente 180/000880.) ... (Página 19)
De la diputada doña María Gràcia Muñoz Salvà, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Cultura: ¿Qué valoración hace el Gobierno de los resultados de participación ciudadana en los museos de titularidad del Ministerio de Cultura durante el último año? (Número de expediente 180/000881.) ... (Página 20)
De la diputada doña Inmaculada Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Ciencia e Innovación: ¿Cuál será la participación del Ministerio de Ciencia e Innovación en la nueva convocatoria de Campus de Excelencia Internacional? (Número de expediente 180/000866.) ... (Página 21)
De la diputada doña Sara García Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Ciencia e Innovación: ¿Cuál es el balance que realiza el Gobierno del programa Cenit de cooperación público-privada en I+D+i? (Número de expediente 180/000882.) ... (Página 22)
Del diputado don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cuáles son los objetivos que persigue el Gobierno con los anteproyectos de Ley de Mediación y de reforma de la Ley de Arbitraje? (Número de expediente 180/000878.) ... (Página 23)
Del diputado don Manuel de la Rocha Rubí, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué medidas está tomando el ministerio para que los funcionarios de la Administración de Justicia adquieran la formación necesaria para desempeñar las nuevas funciones que le atribuye la ley para la implantación de la nueva oficina judicial, que entrará en vigor el próximo mes de mayo? (Número de expediente 180/000879.) ... (Página 24)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas concretas que va a tomar el Gobierno dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público ... (Página 25)
Defiende la interpelación urgente el señor Montoro Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Montoro Romero y duplica la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la regulación del derecho a decidir sobre la propia vida ... (Página 30)
Defiende la interpelación urgente el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Replica el señor Tardà i Coma y duplica el señor ministro de Justicia.
Se levanta la sesión a las once y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CREE LA VICEPRESIDENTA QUE LAS PREVISIONES ECONÓMICAS DEL BANCO DE ESPAÑA, QUE CONOCIMOS EL PASADO VIERNES, AVALAN LAS PREVISIONES DE RECUPERACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000884.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Se reanuda la sesión.
Empezamos con el turno de preguntas al Gobierno. En primer lugar, la dirigida a la vicepresidenta segunda, que formula la diputada señora Sáenz de Santamaría. (Rumores.) Perdone un momento, señora Sáenz de Santamaría. Por favor, silencio. No vamos a empezar el turno de preguntas hasta que sea audible la que va a formular la señora Sáenz de Santamaría.
(Continúan los rumores.) ¿Claro, cómo me van a oír si hablan entre ustedes? (Pausa.) Por favor, señorías. Ya sé que el sonido llega distinto según de qué lado se escuche, pero a la señora Sáenz de Santamaría no se la escucha si hay ruido en la sala.
Por favor, señora Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señora presidenta, haga todo lo posible para que se me escuche. Cuando usted me diga.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Adelante.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta segunda, cada vez que el presidente del Gobierno comparece en esta Cámara anuncia el final de la crisis. Entiendo que usted tiene la obligación de creérselo, pero los que ya no la tienen, como el señor Fernández Ordóñez o el señor Almunia, no suelen esperar mucho para llevarle la contraria. Cuarenta y ocho horas tardamos en saber que el Banco de España enmendaba la plana a Zapatero y de paso a usted y a su programa de estabilidad.
Señoría, estamos a mitad de legislatura y el Gobierno no tiene ni credibilidad ni política económica ni presupuestos. Usted defendía hace nueve meses que gastando más se iba creando empleo y hoy tenemos el mayor déficit público de la historia democrática y, sin embargo, el mayor número de parados. ¿Se acuerda usted cuando decía que había margen para el endeudamiento? Pues lo
ha llevado usted al límite y hoy con 120.000 millones de deuda pública le preocupa a usted mucho más colocarla que renegociarla.
Señoría, a cuenta de la deuda pública, las empresas, los autónomos y las familias tienen más problemas de crédito, y para mantener su ritmo de gasto llevamos ya tres subidas de impuestos: los especiales, la renta y el IVA. Esta misma política es la que ha inspirado los presupuestos del Estado para 2010 y después de los presupuestos del Estado, a menos de un mes de su aprobación, ha llegado el caos, los anuncios y los correspondientes desmentidos, decir una cosa en Madrid y mandar otra a Bruselas. Y en Londres, depende de si la mandan a usted o va en persona José Luis Rodríguez Zapatero: un auténtico desgobierno. ¿Puede explicar usted a esta Cámara qué ha fallado de su política económica? (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Sáenz de Santamaría.
Señoría, hemos hecho frente a la crisis económica desde luego incrementando el gasto público, pero como decía ayer en el Senado, en absoluto nos arrepentimos de todas las medidas que hemos puesto en marcha, ni de las medidas de estímulo económico ni por supuesto de las medidas de protección social de las personas que han perdido su empleo.
Espero que ustedes puedan compartir esa política. Pero, señoría, además de eso hace usted referencia al Banco de España, a una supuesta previsión del Banco de España. Señoría, su falta de rigor le lleva a considerar como previsión lo que es únicamente una noticia aparecida en un medio de comunicación. Claro que han estado ustedes estos últimos días muy ocupados dilucidando a quién hacía usted su pregunta, como si eso tuviera la más mínima importancia. (Un señora diputada: ¡Muy bien!) Señoría, un poquito más de rigor y un poquito más de arrimar el hombro. (Aplausos.)
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señora vicepresidenta, ¿se refiere usted al Banco de España, al gobernador del Banco de España? ¿El mismo que decía ayer que el barco se hundía y que la responsabilidad de tapar las vías de agua era del Gobierno? ¿A ese gobernador del Banco de España? Aquí falla algo. Si las cosas van tan bien como usted dice, ¿qué pretende de todos los demás? ¿Y por qué precisamente ahora que, según usted, está todo tan controlado y vamos a salir de la crisis? O fallan sus previsiones o fallan sus intenciones y probablemente fallen las dos cosas. Recuperen primero algo de la credibilidad que han perdido, digan de verdad cómo van las cosas, digan de verdad dónde se han equivocado y qué piensan corregir. Eso es asumir su responsabilidad, eso es gobernar.
Rectifiquen, no porque lo diga el PP sino porque lo necesita España y urgentemente. (Aplausos.)
Señoría, sería muy conveniente que usted y el líder económico de su partido se aclararan sobre qué puede y no puede hablar el Banco de España, porque ayer mismo el señor Montoro consideraba que el Banco de España no podía hablar de economía, que solo podía hablar del sistema financiero, y hoy usted hace referencia a comentarios del gobernador del Banco de España.
Señoría, las previsiones ni son verdad ni son mentira. Se pueden cumplir o no y hasta ahora la previsión que se ha cumplido es la previsión de crecimiento del PIB que hizo el Gobierno de España el pasado mes de junio. Le insisto, no hay previsiones del Banco de España para el año 2010 distintas de las que hizo en abril de 2009. En ese momento preveía para este año una disminución del PIB del uno por ciento. Si ahora es un 0,5 como usted plantea en su pregunta, algo hemos mejorado. Además de eso le digo, señoría, que la previsión es menos 0,3, compatible con crecimientos todos los trimestres. Eso es lo que al parecer les duele.
- DEL DIPUTADO DON JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO, EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA, LA RECIENTE REUNIÓN CELEBRADA EN MADRID ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y BRASIL? (Número de expediente 180/000877.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación que formula el diputado señor Moscoso del Prado.
Señor ministro, Brasil es un país respetado y admirado, un país con el cual España mantiene una gran sintonía.
Brasil es una potencia económica, cultural y política, no solo una potencia democrática en América Latina sino también una potencia medioambiental como reserva de la biosfera. Brasil -todos lo sabemos- tiene una extensión, señorías, de prácticamente el 50 por ciento de la extensión de América del Sur. Es el quinto país del mundo, tanto en extensión como en población, y la octava economía del mundo, una economía que crece, que ha desarrollado un importante ritmo de crecimiento y de progreso social y que en los últimos años ha sido capaz de sacar a 20 millones de personas de la pobreza gracias a las políticas del presidente Lula. Es un país también que en la escena internacional desarrolla un papel creciente, es un actor global, un Estado con una política exterior activa, no solo como miembro del grupo Brich (Brasil, Rusia, India y China) sino también en el G-20, en Naciones Unidas y también con su papel motor de la integración política en América Latina. Ayer vimos en la reunión del Grupo de Río como iniciativas como Unasur y la inminente creación de la organización de Estados de América Latina y del Caribe demuestran su potencial. También es un país en un momento político fundamental. Este fin de semana se ha celebrado en Brasilia el Congreso del Partido de los Trabajadores, congreso que ha elegido a la señora Dilma Rousseff como sucesora del presidente Lula y congreso también en el que ha participado una delegación del Partido Socialista Obrero Español como invitado. Es un país que se enfrenta a retos fundamentales: la educación, la tecnología, la pobreza y que tendrá elecciones presidenciales este año en octubre.
Estamos en la Presidencia española y América Latina y el Caribe constituyen una prioridad. La cumbre sobre América Latina y Caribe se va a celebrar en el mes de mayo. Sabemos también que en esta se debe cerrar el proceso de negociación con Mercosur. Brasil es un socio privilegiado de la Unión Europea, la Unión Europea es su primer socio, y al mismo tiempo hemos firmado una asociación estratégica con Brasil. En este marco, señor ministro, ¿cómo valora la reunión que en el marco de la Presidencia de la Unión Europea se ha celebrado en Madrid recientemente entre España y Brasil?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Moscoso del Prado.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidenta.
Gracias, señoría, por su pregunta. La valoración del Gobierno de esta reunión ministerial celebrada en Madrid es de diálogo político, la nueva fórmula según el Tratado de Lisboa para tener relación con los terceros países, con los actores fundamentales de la comunidad internacional.
Dicha reunión se celebró con la presencia de la alta representante, vicepresidenta segunda de la Comisión, la señora Ashton, y con mi presencia, en un diálogo con Brasil, ese actor emergente ya consolidado en América Latina y en la comunidad internacional y como muy bien ha señalado S.S. un actor relevante en todas las cuestiones importantes que afectan a la estabilidad y a la seguridad internacionales. Nos permitió a la Unión Europea mantener un diálogo sobre los temas horizontales, en particular sobre la lucha contra el cambio climático. Después de la cita de Copenhague era necesario retomar el contacto con los actores que tuvieron un papel y una relevancia singular en Copenhague, pero, cómo no, lo abordamos también en el diálogo ministerial para avanzar en lo que debe ser el gran acuerdo bilateral entre Mercosur y la Unión Europea.
Como sabe S.S., ya son más de diez años desde que se lanzaron las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea y por múltiples razones estas no han logrado superar las dificultades y los obstáculos entre las dos asociaciones, pero creemos que esta vez tendremos más posibilidades.
Ayer mismo, con ocasión precisamente de la reunión con la Comisión, le dimos un impulso definitivo. La Comisión, el presidente Barroso y el comisario de Comercio señor De Gucht se han comprometido a hacer todo lo necesario para impulsar y alcanzar lo máximo que podamos en la cumbre Unión Europea- América Latina y Caribe que se celebrará en Madrid. Por tanto, es un diálogo importante, se trataron cuestiones horizontales importantes y, sobre todo, esa apuesta para anclar Latinoamérica y Brasil y Mercosur, un espacio que uniría con los europeos a 800 millones de ciudadanos del mundo, que tenemos que compartir nuestro futuro.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ ÓRDENES HA TRANSMITIDO EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA PROPICIAR LA DETENCIÓN DE EXTRANJEROS EN SITUACIÓN IRREGULAR? (Número de expediente 180/000874.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. En primer lugar, la que formula el diputado señor Hernando Fraile.
Señor ministro, ¿qué nuevas órdenes ha transmitido el Ministerio del Interior para propiciar la detención de extranjeros en situación irregular?
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernando, ninguna. (Aplausos.)
El señor HERNANDO FRAILE: Señor ministro, es difícil que usted venga a la Cámara y alguna vez diga la verdad. Lo que es cierto es que existe una circular llamada 2010, recientemente emitida desde el Ministerio del Interior, restringida y secreta -por eso usted parece ser que hoy no quiere reconocerla- para reinterpretar la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno aprobó en la Cámara hace solo dos meses y dando instrucciones sobre cómo actuar ante la inmigración. En la circular, el ministerio emite instrucciones a la policía que van justamente en sentido contrario de la política progre de inmigración que en materia de lucha contra la ilegalidad y expulsiones ha previsto el Gobierno en la ley. Así, mientras la nueva ley favorece aún más la entrada de ilegales en España e introduce la opción al ilegal entre la multa y la expulsión, la circular nueva instaura la detención preventiva y pretende arreglar la chapuza de la ley, convirtiendo en habitual el sistema de expulsión preferente y en excepcional el ordinario, justo lo contrario de la ley de diciembre. Esta circular ha sido descalificada por colegios de abogados, por juristas de prestigio y, lo que es más grave, por los dos principales sindicatos de la policía, que han manifestado que la misma aboca a los agentes a cometer detenciones ilegales sancionadas con penas de cárcel y expulsión del cuerpo. Ya son hasta los propios policías los que se le rebelan ante su incompetencia. Su ministerio ha pretendido justificar la cobertura legal de esta circular que usted hoy niega que exista, justificándola legalmente con la Ley Corcuera del año 1992. Parece mentira que tengan que acudir a la ley de la patada en la puerta para justificar sus actuaciones. Además, señoría, usted debería ya haber aprendido que este tipo de actuaciones apenas da resultado positivos, y ante el disparate y la chapuza lo que tendría usted que hacer hoy aquí es reconocerlo y cambiar.
Ustedes hacen lo de siempre: o no se hacen las reformas legales precisas o el ministerio emite instrucciones secretas, cuando no clandestinas y contrarias a sus propias reformas o directamente contrarias al ordenamiento. En tercer lugar, usted siempre niega que las cosas se emiten desde su ministerio o intenta echar la culpa a los guardias y a los funcionarios. No tiene más remedio que cambiar esto. O cambia ley o cambia la directiva o cambia usted... (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor Hernando, se ha acabado su tiempo.
El señor El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señora presidenta.
Mire que les gusta a ustedes acabar las intervenciones con esa de: ustedes tienen tres alternativas, o esta o esta o la otra. Y las tres son ridículas. (Risas.) Señor Hernando, una primera precisión que seguro que a usted se le ha escapado. Ha hablado de la Ley del año 1992, la ha criticado, pero entre el año 1992 y el año actual creo están el año 1996 y 2004, ocho años en que ustedes gobernaron y no tocaron esa ley. A ver si se aclaran. O es buena y la aplican, que es lo que hicieron, o es mala y la cambian. Por tanto no me hable de una ley que usted no ha cambiado y que está en vigor.
Circular secreta, ninguna, señor Hernando. Es una circular... (El señor Hernando Fraile muestra un documento.) Si ya la tengo, claro, yo también.
Es una circular de la Comisaría General de Extranjería, que es el órgano policial que dicta instrucciones, que está colgada en la web de la policía (Rumores.-Risas), sí, en la intranet del ministerio, a la que acceden 60.000 policías. Por tanto, secreta.... si hasta usted la tiene, señor Hernando. (Risas.-Aplausos.)
Ahora vamos al fondo de la cuestión. Es una circular que interpreta la ley que acabamos de aprobar y que da a la policía instrucciones naturalmente legales -y si a usted le parece que no lo son, está usted perdiendo el tiempo aquí, vaya a los tribunales, porque lo ilegal tiene que denunciarlo, también usted- y que lo único que hace es poner blanco sobre negro lo que la policía tiene que hacer. Sí hay instrucciones del ministerio en materia de ilegales. Se las voy a repetir una vez más.
Tenemos una preocupación y es que en materia de ilegales, en materia de expulsiones, la policía concentre su trabajo en aquellos irregulares que tienen bien relaciones con la delincuencia, bien antecedentes penales o bien acaban de salir de la cárcel. Entendemos que ese es el trabajo más eficaz y para eso hemos creado una brigada especial de expulsiones, que estoy seguro de que a usted le alegrará saber que está trabajando bien.
El año pasado expulsó a 7.591 de estos irregulares, relacionados, vamos a decirlo así, con el delito. Creemos que es una forma primero de cumplir la ley y segundo de beneficiar a los ciudadanos, puesto que estos irregulares en relación con el delito lo que hacen es aumentar la inseguridad ciudadana. Por eso las cosas, señor Hernando, también en materia de delincuencia van mejor en mi ministerio, así que, animado por estos datos, voy a seguir. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LA APRECIACIÓN JUDICIAL DE QUE EL "CASO FAISÁN" ES DE UNA GRAVEDAD SIN PRECEDENTES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000875.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Cosidó Gutiérrez:
Señor ministro, decir que el caso Faisán es un hecho de una gravedad sin precedentes (Rumores.) en la lucha contra el terrorismo en España no es una insidia del Partido Popular. Es una verdad que está en un auto judicial, es una verdad que denuncian la totalidad de los policías en España, es una verdad que proclaman todas las víctimas del terrorismo y es una verdad que saben todos los españoles menos usted. ¿Y sabe por qué usted no puede hacer esa afirmación aquí? Pues, señor ministro, usted no puede hacer esa afirmación porque si usted la hiciera, estaría obligado en los dos minutos siguientes a dimitir como ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Me pregunta si acato o respeto un auto judicial. Como hago siempre, lo acato y lo respeto, lo contrario que usted, que cuando le gusta lo aplaude con las orejas y cuando le disgusta lo critica. Critica al juez que pone el auto, al fiscal que solicita la correspondiente investigación o el auto correspondiente y a la policía que lo investiga. Es lo que llevan haciendo ustedes años en esta Cámara. (Aplausos.)
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor ministro, no es tan difícil, usted repítalo conmigo: el caso Faisán es la mayor vergüenza que se ha cometido en la historia de la lucha contra ETA en este país. (Aplausos.) Y tiene tiempo, porque le quedan más de dos minutos para hacer una afirmación tan sencilla. Lo que usted no puede hacer, señor ministro, es quedarse callado como hizo la semana pasada. A eso tienen derecho los delincuentes cuando les pilla la policía en un delito, pero un ministro en un país democrático no puede venir al Parlamento para quedarse callado. Usted tiene la obligación política de responder y usted tiene la obligación moral de decir la verdad, porque los españoles le están pidiendo, de manera absolutamente mayoritaria, que usted les dé una explicación sobre qué sucedió con ese chivatazo a ETA. Además, señor ministro, por mucho que usted se esfuerce en ocultarla, le puedo asegurar que al final vamos a conocer la verdad por este asunto.
A usted le nombró ministro del Interior el señor Rodríguez Zapatero para que gestionara la paz sucia con ETA. Lo hizo, además, según hemos podido saber esta semana, con la connivencia de ETA o al menos de una parte de ETA. (Protestas.-la señora Sánchez Díaz: ¡Hala!-Aplausos.) Eso es lo que dice ETA en escuchas que están publicadas. (Continúan las protestas.) Eso es un hecho. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor Cosidó.
El señor Cosidó está en el uso de la palabra y tiene derecho a que se le escuche como al resto de los diputados. Por favor, dejen que hable el señor Cosidó. En su momento le contestará el ministro del Interior.
Adelante, señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Yo sé que esto del Faisán a ustedes les pone nerviosos pero, tranquilos, que conoceremos la verdad. (Rumores.) Ni su antecesor, ni ningún ministro de la democracia habría hecho lo que usted fue capaz de hacer. ¿Necesita usted, señor ministro, una condena judicial para asumir sus responsabilidades políticas? Ya se traicionó a la policía una vez. No la traicione usted de nuevo con su silencio. (Aplausos.)
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Tiene usted, señor Cosidó, una tendencia a coger frases mías, y yo se lo agradezco mucho, porque lo de "repita conmigo" recuerde usted que es lo que yo le dije al señor Rajoy cuando salió la sentencia del 11-M. ¿Se acuerda? Le dije: repita conmigo, señor Rajoy: ETA no ha sido. Otra vez ha sacado lo del merece y tal... No, si le agradezco mucho que me utilice. Además, no pretendo tener el copyright.
Le voy a contar algo que seguramente usted conoce. Es verdad que España ha vivido distintas treguas de ETA. Vivimos una en 1999 con ustedes en el Gobierno, donde el Partido Socialista les apoyó en todo lo que hicieron.
Aquella tregua acabó mal, porque ETA la rompió, y después de aquello lo pasamos muy mal y descubrimos todos que es verdad que ETA había aprovechado la tregua justamente para rearmarse. Y lo lamentamos todos, todos, porque yo fui el primer corresponsable porque estuve siempre del lado del Gobierno de PP, siempre, en sus aciertos y en sus errores y sufrí con ustedes.
Cuando llegué al ministerio me acordaba de aquello, así que tomé una decisión. Le dije a la Policía y a la Guardia Civil: no nos puede volver a pasar lo mismo, tenemos que estar con la guardia muy alta para evitar que ETA aproveche la tregua para rearmarse. Y, efectivamente, si usted compara las detenciones de una y otra tregua, que fueron en términos temporales idénticas, en la suya, que es la mía también, hubo 50 detenciones, y en la mía, que no es la suya, hubo 100 detenciones, el doble. Por eso ambas treguas acabaron distinto. Pero no tiene ningún mérito. Yo me siento un servidor del Estado,
cumplo con el Estado y aprendo con el Estado. (Rumores.) Y cuando ustedes dirigían la lucha antiterrorista, yo me equivocaba con ustedes y acertaba con ustedes, y ahora...(Un señor diputado: ¡Qué cara más dura!)
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUIÉN DIO LA ORDEN DE FRUSTRAR MEDIANTE UN CHIVATAZO POLICIAL LA OPERACIÓN CONTRA LA RED DE EXTORSIÓN ETARRA QUE SE IBA A PRODUCIR EL 4 DE MAYO DE 2006? (Número de expediente 180/000876.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Un momento, señor Gil Lázaro, ahora mismo le doy la palabra.
Quiero decirles que desde la Presidencia se ha escuchado perfectamente una expresión que no me gustaría volver a escuchar ni cuando habla cualquier ministro del Gobierno ni cuando habla cualquier diputado. Por tanto, señor Gil Lázaro, vamos a pasar a su pregunta y les ruego a todos mucha contención y, sobre todo, mucho cuidado en algunas expresiones que se han escuchado perfectamente.
Señor Gil Lázaro, cuando quiera.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Como siempre, señor ministro del Interior, mucha poesía demagógica pero del Faisán, nada. (Aplausos.) Es imposible que sus subordinados dieran el chivatazo sin que usted lo supiera. ¿Ordenó usted el chivatazo por su propia iniciativa? ¿Recibió órdenes superiores para hacerlo? Conteste la verdad, señor ministro, porque la sociedad española quiere saber quién le traicionó y desde luego usted lo sabe. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gil Lázaro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señor Gil Lázaro, a la contestación que le he dado al señor Cosidó, con la que usted puede o no estar de acuerdo pero que es la verdad, la llamaría cualquier cosa menos poesía demagógica. (Aplausos.)
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el chivatazo se decidió al más alto nivel para proteger la negociación con ETA. Solo eso explica que un representante del Gobierno, por cierto, amigo del juez instructor, pavoneara ante ETA el chivatazo precisamente como prueba de buena fe, dijo, del señor Rodríguez Zapatero.
Eso explica que usted no haya promovido ninguna investigación interna en el seno de su ministerio ni que haya abierto ningún expediente a funcionarios imputados por gravísimos delitos. Eso explica que el fiscal se empeñe en echar tierra sobre el asunto y, desde luego, eso explica también que el juez haya mantenido este tema oculto en un cajón durante tres años. La existencia del chivatazo implica también que usted no dijo la verdad en los llamados informes de verificación que avalaron el inicio de conversaciones con la banda. Este asunto, señor ministro, repugna desde el principio. Repugna que el comisario general de Información tardara tres días en poner el chivatazo en conocimiento del juez. Repugna que se tratara desde la Comisaría General de Información de avisar a los imputados, a los investigados policiales que estaban sus teléfonos intervenidos. Y repugna, sobre todo, que usted, señor ministro, se haya atrevido a decir ante esta Cámara que el día del chivatazo, el día de la vergüenza fue un día tranquilo en el Ministerio del Interior.
En definitiva, usted y el señor Rodríguez Zapatero pensaron que podrían orillar la ley bajo el manto protector del fiscal general del Estado y del secreto. Jamás pensaron que el chivatazo podría conocerse. Ahora tienen que asumir su responsabilidad política y quizá también su responsabilidad penal. Tienen pavor a que el juez dicte autos de procesamiento. Por eso, señor ministro, yo le digo que, hoy por hoy, en términos de responsabilidad política y a tenor de los hechos, usted y el señor Rodríguez Zapatero son las equis del Faisán. (Aplausos.)
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): El número de mentiras, verdades a medias que usted ha utilizado en su intervención me haría imposible en dos minutos y medio rebatirle, aparte de que creo que en su momento habrá una sentencia y todas estas cosas quedarán claras, porque yo, a diferencia de usted, sí confío en la justicia. Usted está personado, por cierto, debería también hacerlo.
Le voy a decir una cosa más. Usted dice cosas en esta Cámara que sinceramente me planteo si mi obligación parlamentaria consiste en contestarlas o no, me lo planteo sinceramente. (Rumores.) Usted dice insidias, barbaridades, además con una voz especialmente ensayada para el asunto. (Risas.) El otro día no le contesté y hoy, haciendo un ejercicio de contención, que le pido también a mis compañeros de grupo, voy a hacer lo mismo. ¿Sabe por qué, señor Gil Lázaro? Porque creo que la Cámara que representa a todos los españoles no merece que yo gaste ni un minuto de mi tiempo en contestar a esas
insidias. (El señor Albendea Pabón: ¡Qué vergüenza!-El señor González Muñoz: ¡Qué barbaridad! -Rumores.)
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RAMÓN BELOKI GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ REFORMAS SE PROPONE EL MINISTERIO DE FOMENTO INTRODUCIR EN AENA? (Número de expediente 180/000864.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a las preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento, en primer lugar la pregunta que formula el diputado señor Beloki Guerra.
Señor ministro, qué reformas se propone introducir en AENA, o si quiere se lo pregunto de otra forma. ¿Va a dejar algo sin reformar en AENA?
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señorías, vamos a hacer una profunda reforma para desarrollar un sistema aeroportuario y una gestión más moderna, más eficaz en la prestación del servicio, más eficiente desde el punto de vista económico y generador de empleo y más adecuada a la estructura territorial de España. (Aplausos.)
El señor BELOKI GUERRA: Señor ministro, AENA fue creada, como es sabido, con ocasión de los Presupuestos Generales del Estado del año 1990, tiene pues veinte años de vida. En esos veinte años el sistema de aviación ha conocido enormes novedades, enormes transformaciones en todo el mundo, en Europa y entre nosotros. Esas novedades pueden ser saludadas como positivas en términos genéricos, pero hay que decir también que esas novedades se han puesto en cuestión en todas partes y también entre nosotros los sistemas de gestión de los que nos habíamos dotado. Esa fue la razón, por ejemplo, por la que Europa lanzó hace ya diez años su iniciativa de cielo único y hace seis años ya que se dotó de un reglamento con un éxito relativo, como usted sabe. No lo digo yo, lo dice la comunicación de la propia Comisión al Parlamento, al Comité Económico y Social y al Comité de Regiones sobre cielo único europeo II, hacia una aviación más sostenible y más funcional. Cito textualmente: El cielo único europeo no ha obtenido los resultados esperados en ámbitos importantes. El proceso de integración dentro de bloques funcionales del espacio aéreo independientes de las fronteras nacionales se ha visto obstaculizado por numerosas trabas, en particular políticas y económicas.
El control de tráfico aéreo se identifica erróneamente con la soberanía.
Este argumento, cuya complejidad está reconocida, en vez de dar lugar a soluciones innovadoras para el ejercicio de la soberanía, ha sido utilizado para obstruir la integración transfronteriza. Los Estados miembros no han tomado medidas para mejorar la rentabilidad. Apenas puede observarse algún progreso en la eficiencia global del diseño y utilización de la red aérea europea. Cierro la cita.
El papel jugado por AENA en esos veinte años de vida está en el núcleo de esta problemática, de forma que aunque no fuera por otra razón que por la necesidad de avanzar hacia un sistema aéreo realmente más eficiente y eficaz y a la altura de las necesidades, habría que hacer una profunda reforma, pero acabamos de conocer los escándalos de AENA, por lo que es necesaria una reforma a la altura de las necesidades y a la bajura de los problemas que acabamos de conocer...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Beloki, lo siento, ha acabado su tiempo.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, le reitero la apuesta por hacer una gestión más eficaz, la apuesta por rebajar los costes de navegación aérea, la apuesta por hacer más eficientes las inversiones realizadas en los últimos años y aprovechar al máximo sus infraestructuras. Esto exige reformas como las que hemos empezado a adoptar. Hemos traído aquí, a la convalidación de la Cámara, un real decreto para un nuevo marco para la prestación de los servicios de control aéreo que va a introducir estabilidad, racionalidad y eficiencia en nuestro sistema de navegación aérea y que nos va a permitir rebajar las tasas de navegación en 120 millones de euros. Segundo, vamos a crear dentro de AENA una sociedad para gestionar los aeropuertos de interés general. Su carácter mercantil nos va a permitir incorporar al sector privado de una manera responsable y con un límite del 30 por ciento de participación en el capital de esta nueva sociedad. Y tercero, nos va a permitir que administraciones, agentes económicos y locales en el ámbito territorial participen en su gestión doblemente, con la creación de los comités aeroportuarios en todas las comunidades autónomas y participando en las sociedades de gestión en determinados aeropuertos cuya complejidad y relevancia en el transporte aéreo así lo justifiquen.
Queremos que esta sea una reforma estructural, una reforma de calado, y por eso me he comprometido a traer a esta Cámara, y hoy lo ratifico, la ley de modernización del sector aeroportuario en el primer semestre de este periodo de sesiones.
- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CÓMO VA A AFECTAR EL RECORTE PRESUPUESTARIO ANUNCIADO POR EL GOBIERNO A LOS COMPROMISOS DE PUESTA EN SERVICIO DE DETERMINADAS INFRAESTRUCTURAS ASUMIDOS POR EL MINISTRO DE FOMENTO? (Número de expediente 180/000868.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Ayala Sánchez.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señor ministro, la licitación ha caído desde que usted es titular del departamento el 30 por ciento. El retraso en el pago de las obras está creando situaciones difíciles a las empresas. La paralización de los modificados es su política para rescindir contratos en carreteras.
Cancela licitaciones como el ferrocarril en la línea Palencia-Cantabria; disfraza otras reducciones con la excusa de no hacer obras de arte, como la anulación de túneles bajo el Guadalquivir, y ahora 1.760 millones de recorte.
Usted declara que mantiene las fechas comprometidas, pero la cuadratura del círculo todavía no se ha descubierto. Díganos la verdad, señor ministro, ¿cómo va a afectar el recorte presupuestario a los compromisos asumidos por usted?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ayala.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, con un plan de austeridad y de eficiencia de todo el ministerio, de todo el Grupo Fomento. (Aplausos.)
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor ministro, no me haga reír. El Ministerio de Fomento tiene que prescindir de 1.700 millones de euros, de los que 1.720 son de inversión, fundamentalmente ADIF y Seipsa, y solo un millón de recorte del gasto corriente.
A lo largo de este año usted ha dado fechas de 2010 a 2015 todas las que le han pedido, a sabiendas de que los presupuestos son incumplibles. Para compensar ha prometido financiación extraordinaria, curiosamente los 15.000 millones de euros que el Partido Popular argumentó como imprescindibles, pero estamos prácticamente en marzo y ni hemos visto proyectos ni hemos visto financiación. No quiero ser agorero, pero usted no encuentra calor ni en el sector financiero ni en el empresarial. Le dicen sí, pero no le dicen cuándo. Poniéndose la venda ha dicho que va a priorizar el ferrocarril abandonando carreteras, puertos y aeropuertos.
Pero, señor Blanco, el ferrocarril Valladolid-Burgos, parado, y el AVE al Cantábrico, anulado. Usted ha dado orden de paralizar obras, está obligando a las empresas a rescindir contratos y, sin embargo, dice que va a mantener sus compromisos. ¿Quiere usted explicar a los españoles cómo? ¿O es que está usted esperando el pacto de mañana para tapar los recortes y los incumplimientos en los que usted no puede mantener su palabra?
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, le agradezco el tono de su intervención. En el tono incluso se demuestra que usted no está muy convencido de que lo que está planteando. Le aseguro que la prioridad de este ministerio es sostener el nivel de inversión pública que hemos mantenido durante este tiempo, que es sencillamente, señor Ayala, de 30.000 millones licitados de obra pública pendientes de ser ejecutados, que es justamente el doble que cuando el Partido Popular gobernaba, justamente el doble.
Es verdad que la licitación de la obra pública ha caído. Es verdad que este mes de enero, si lo compara con el mes de enero del año pasado, ya hemos empezado a subir. Es verdad que hemos planteado poner encima de la mesa un plan de colaboración público-privada para mantener ese nivel de inversión pública, que es el doble -reitero- que cuando ustedes tenían responsabilidades de gobierno. Pero he empezado a introducir criterios de austeridad y de eficiencia. Por ejemplo, ayer el Consejo de Administración de Renfe anuló veintiocho puestos directivos en la empresa pública que voy a extender a todas las empresas públicas del sector del Grupo Fomento. Hace pocos días anuncié un plan de competitividad en el sector de navegación aérea que nos va a permitir rebajar las tasas de navegación aérea en 120 millones de euros y reducir el déficit de navegación aérea en 300 millones de euros. En el mes de marzo, señor
Ayala, voy a presentar, como he comprometido, el plan de colaboración público-privada. Todo ello lo estoy haciendo de acuerdo con las comunidades autónomas para mantener las prioridades que he establecido con ellas. Ese es el diálogo que quiero seguir manteniendo con su grupo, porque entiendo que en la planificación, ejecución y desarrollo de obras públicas tiene que primar el consenso, ya que trasciende a un Gobierno y a un ministerio, y ratifico todos los compromisos que en materia de alta velocidad he contraído con las diferentes comunidades autónomas.
- DE DOÑA MACARENA MONTESINOS DE MIGUEL, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CONSIDERA QUE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN EL MINISTERIO DE FOMENTO SE DEBEN TAMBIÉN A UNA CONSPIRACIÓN INTERNACIONAL? (Número de expediente 180/000869.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada doña Macarena Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señora presidenta.
¿Considera que los recortes presupuestarios en su ministerio se deben también a una conspiración internacional?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Montesinos.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señora diputada, usted debe ser la única ciudadana que todavía no se ha dado cuenta de que hubo ataques especulativos al euro. (Aplausos.)
Señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Señor ministro, en ese ejercicio de desdoblamiento de la personalidad al que nos tiene tan acostumbrados y que le lleva, por ejemplo, a convocar acuerdos solemnes sobre la crisis económica y al mismo tiempo a atacar duramente, con esas descalificaciones que usted utiliza, a los que han sido convocados, ha sido el autor de una de las perlas políticas más disparatadas que se han vertido en la opinión pública desde la conjunción astral entre Zapatero y Obama que la ciencia política moderna debe a su compañera Leire Pajín.
Según el señor Blanco los más poderosos especuladores y las fuerzas más reaccionarias del planeta se han confabulado para intentar destruir el Gobierno de Zapatero. Para el ministro, hay una auténtica conspiración montada para que a Zapatero todo le salga mal, para que empeore todavía más la situación económica que se está viviendo, para que España se quede a la cola de la recuperación y para que abducido por las fuerzas del mal tome las medidas más desacertadas para salir de la crisis. Como el horno no está para bollos, señor ministro, la broma ha durado bien poco y los españoles han vuelto los ojos a la realidad, y la realidad nos vuelve a enseñar a un miembro del Gobierno que dice una cosa y hace la contraria en un tiempo récord, eso sí.
El pasado 9 de noviembre en este mismo Pleno, señor Blanco, usted -y leo textualmente- decía: El Gobierno de España está haciendo una apuesta por un cambio en el modelo de desarrollo, una apuesta que tiene sus máximas expresiones precisamente en las actuaciones impulsadas por su ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Seguía diciendo: En estos presupuestos del Ministerio de Fomento se concentran dos tercios de la inversión productiva del Estado que ayudarán a mantener más de medio millón de empleos en el año 2010. Señor ministro, las máximas expresiones del modelo de desarrollo, la inversión productiva y los puestos de trabajos, todos los talismanes del Gobierno de Zapatero para afrontar la crisis a través de su ministerio, han recibido en menos de dos meses -y digo bien- un recorte de 1.760 millones de euros. Señor Blanco, ¿ya no sirve el modelo de desarrollo? ¿Ya no es necesario mantener esa inversión productiva? ¿Cuántos puestos de trabajo se perderán con el recorte de su ministerio? Está claro que debe tratarse de una nueva conspiración internacional para incrementar el desprestigio, la falta de credibilidad y de confianza en su Gobierno, en el del señor Zapatero. Pero, hablando de conspiraciones, le voy a decir algo: los únicos que conspiran contra Zapatero de forma tenaz y reiterada para que deje el Gobierno cuanto antes son sus propios ministros. De de otra manera, no se entiende.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Canillera i Mestres): Gracias, señora Montesinos.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, es una lástima que no apliquen la austeridad que tanto predican sencillamente a la demagogia que tanto utilizan. (Rumores.)
Señoría, he de decirle que para el Gobierno son primero las personas y si tengo que dejar de construir un kilómetro de autovía o recortar los recursos para construirla para garantizar una beca (Rumores.), una prestación
por desempleo, una ayuda al dependiente o, sencillamente, que las pensiones mínimas sigan mejorando, como primero son las personas y decidir es gobernar, no tendré inconveniente en recortar un kilómetro de autovía. (Aplausos.) Además, señoría, no me ha escuchado. Estamos invirtiendo el doble y vamos a seguir invirtiendo el doble, 30.000 millones de euros frente a 15.000 de obra licitada durante este periodo.
Señoría, eso nos permite -y siendo usted diputada por la Comunidad Valenciana ya sé que esto no le interesa- que el AVE llegue a Valencia en este año 2010, que el AVE llegue a Alicante en el año 2012 y que hayamos licitado las obras del AVE a Castellón. Con palabras, con hechos es como demostramos que la inversión pública se está realizando. Señoría, no haga demagogia; va a haber más inversión durante el año 2010 porque hay un plan de colaboración público-privada que ya tiene financiación del ICO, del BEI y de las entidades privadas para dinamizar 15.000 millones de inversión pública en los próximos dos años.
Para finalizar, señoría, he de decirle que si hubiera un impuesto a la demagogia, corregiríamos el déficit del Estado solo con el Partido Popular. (Aplausos.-Rumores.-El señor González Muñoz: No, contigo, contigo.)
- DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁL ES EL COSTE DEL RETRASO EN LA PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA FERROVIARIA BARCELONA-FIGUERAS? (Número de expediente 180/000870.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta que formula el diputado Fernández Díaz.
Señor ministro, ha hablado usted en esta sesión de austeridad y exigencia en el Grupo Fomento como medida para contribuir a la reducción del déficit, de la deuda y, en definitiva, de la crisis brutal por la que atraviesa la economía española. Ha dicho que la apuesta por hacer una gestión más eficaz -le cito literalmente- y hacer las inversiones más eficientes es el objetivo de su ministerio. Además, ha dicho que primero son las personas y, por tanto, que está dispuesto a dejar de hacer determinadas obras si con ello contribuye a que haya mejores pensiones, más becas, etcétera.
Bien, señor ministro, ¿puede decirle a esta Cámara, por favor, cuál es el coste económico que está significando para los españoles y para España el retraso de la puesta en servicio de la conexión ferroviaria de alta velocidad Barcelona-Figueras?
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, en febrero del año 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, se firmó un acuerdo a sabiendas de que no se podía cumplir. Dicha decisión fue precipitada y eso le va a costar a los españoles 128 millones de euros. Es verdad que la tomaron en época electoral. (Aplausos.)
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor ministro, le puedo asegurar que el 17 de febrero de 2004 el Partido Popular, según todas las encuestas del mundo, previsiblemente iba a ganar las elecciones. Y le voy a decir más, el Gobierno del Partido Popular no era, evidentemente, un irresponsable ni un prevaricador y no hubiera adoptado la decisión que adoptó de otorgar la concesión de esa obra a la UTE TP Ferro con un plazo de finalización de sesenta meses, que concluía en febrero de 2009, sabiendo que si no lo cumplía hubiera significado 128 millones de euros, 21.248 millones de pesetas que está pagando este Gobierno por su ineficiencia y su ineficacia. Jugar con que el Gobierno de la época prevaricó y sabía que no podía cumplir ese plazo y que eso le iba a costar a los españoles más de 20.000 millones de pesetas, permítame que le diga con todo el respeto, señor ministro, no es solo una cosa extraordinariamente grave, es que es una estupidez, sinceramente. Lo que no sabía el Gobierno del PP es que iban a ser los ministros de Fomento que iban a venir los que por su ineficacia iban a dar lugar a ese fallo y a esa compensación.
Le digo más, señor ministro, usted sabe perfectamente que la secuencia de ejecución de una obra de estas características significa que en los primeros tiempos -que es cuando se hacen los informes y la declaración de impacto ambiental- la inversión es menor y el tiempo necesario es mayor.
Después viene la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras.
Les dimos todo hecho, lo que significaba menos recursos y más tiempo.
Ustedes tenían que cumplirlo. El comisario de Transportes de la Unión Europea mandó por carta una recriminación en el año 2007 porque ese plazo no se iba a cumplir y ahora estamos pagando las consecuencias para Barcelona y para Cataluña en términos de competitividad; para el puerto de Barcelona, que no puede dar salida a las mercancías hacia Francia, y de Francia hasta el puerto de Barcelona... (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor Fernández, ha acabado su tiempo.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, me ratifico en que la decisión fue temeraria e irresponsable porque la propia sábana que utilizaba el señor Álvarez-Cascos establecía, cuando no estaban efectuados los estudios informativos, que se necesitaban 112 meses para poder concluir una obra, y cuando firmaron los contratos la mitad de ese trazado no tenía todavía estudios informativos. Por lo tanto, se necesitan nueve años y a sabiendas de eso ustedes, señoría, firmaron el contrato de acuerdo con la teoría de Cascos. De los 4.000 millones de euros solo habían invertido 1,6 millones de euros; por lo tanto, no era posible cumplir con ese contrato y aun a sabiendas de ello, por estar en época electoral y por salvar su cara por la baja inversión que habían hecho en Cataluña durante su Gobierno, firmaron ese contrato con nocturnidad, con alevosía y sabiendo que no se podía cumplir.
Efectivamente, señorías, esa irresponsabilidad y esa temeridad nos va a costar 128 millones de euros a todos los españoles.
De todas formas, señorías, hemos corregido la situación. Desde que llevamos en el Gobierno hemos invertido casi 2.000 millones de euros.
Solo este año vamos a invertir en esa línea 1.000 millones de euros, ahora sí, para cumplir con el objetivo de 2012 que, si se hubiera hecho caso a los papeles y a los planteamientos que tenía el señor Álvarez-Cascos, era el tiempo necesario y por lo tanto era el tiempo que ustedes debían haber tenido en cuenta a la hora de firmar ese contrato que, reitero, nos va a costar 128 millones de euros. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA SENTENCIA 135/09, DEL 29 DE ABRIL DE 2009, DE LA AUDIENCIA NACIONAL, QUE ANULA LOS CRITERIOS DE REPARTO DE FONDOS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA DURANTE EL PERIODO 2004-2008? (Número de expediente 180/000863.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Trabajo e Inmigración. En primer lugar, la que formula al diputada señora Fernández Davila.
Señor ministro, en el año 2003 el Gobierno del Partido Popular decide a través de un real decreto impedir el acceso a las centrales sindicales más representativas de Galicia y Euskadi a los fondos de formación estatal. Evidentemente, esta arbitraria y antidemocrática decisión tiene contestación en las reclamaciones presentadas por las centrales que tienen la condición de más representativas, más del 15 por ciento de los votos en una comunidad autónoma, la CIG concretamente el 30 por ciento.
Este Gobierno del que usted forma parte, en vez de rectificar al anterior, responde a estas reclamaciones con un nuevo real decreto en el que se determina que, aun teniendo la condición de más representativas, si no dispone de representación en más de una comunidad quedan excluidas de los fondos. En dirección contraria al Gobierno responde el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 6 de la Audiencia Nacional y la Abogacía del Estado en abril y octubre pasados respectivamente. Por eso, señor ministro, le hacemos esta pregunta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.
Señoría, imagino que usted se refiere en realidad a la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo de esa fecha, aunque aún es más relevante la del Tribunal Supremo, de 14 de julio del año 2009.
Como no puede ser de otra manera, el Gobierno ha acatado el fallo judicial. En la sentencia de 29 de abril del año 2009 el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo rechazó una de las cuestiones planteadas por la Confederación Intersindical Galega y atendió otra. Rechazó la pretensión del citado sindicato de que se anulara la convocatoria de subvenciones públicas para la realización de planes de formación al reconocer expresamente que el Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, es competente para ello. En cambio, la sentencia sí anuló la referencia que hacía la convocatoria a las organizaciones sindicales más representativas.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor ministro, muchas gracias por la información que nos acaba de aportar. Entendemos que usted nos está diciendo que el Gobierno a partir de este momento, el 1 de febrero, como usted acaba de decir, va a reconocer el derecho a las centrales sindicales nacionalistas, independientemente de que no tengan representación en otros territorios del Estado -como en el caso de la CIG en Galicia-, van a formar parte también de los fondos de la formación continua. Creemos que el Gobierno resuelve este contencioso de tantos años que discriminaba arbitrariamente a unas centrales sindicales tan representativas como es el caso de la Confederación Intersindical Galega, que ya en diferentes ocasiones hemos expuesto a su ministerio en concreto y a usted en particular, en la medida en que efectivamente durante muchos años estuvo actuando de manera arbitraria en esta cuestión.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señora presidenta. Intervendré muy brevemente.
Señora diputada, no le quepa la menor duda de que las decisiones que se han adoptado anteriormente han sido democráticas. Estamos ante una situación jurídica, por lo tanto, el Gobierno ya ha corregido -como le decía antes- aquello que ha sido objeto de anulación por parte de una sentencia y en la actual convocatoria que el ministerio ha llevado a término ese extremo, que es el que fue recurrido, ya no existe.
- DEL DIPUTADO DON JOAN HERRERA TORRES EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL MINISTERIO DE TRABAJO EN EL PACTO PROPUESTO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000865.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la pregunta del diputado señor Herrera Torres.
Señor ministro, ¿qué papel juega el Ministerio de Trabajo en el pacto propuesto por el presidente? Nosotros solo lo interpretamos de una manera, que su ausencia expresa que en este pacto no se va a hablar de aquello que concierne al diálogo social, sí al mercado laboral y al sistema de pensiones. Por tanto, el debate se va a circunscribir a cómo ganamos margen para que haya más crédito, cómo hacemos una política fiscal más justa, cómo algunos intentan bajar los impuestos a las rentas más altas y cómo conseguimos que haya política de austeridad pero garantizando que haya ampliación de derechos y políticas anticíclicas.
Además, queremos saber cómo lo valora y cómo usted entiende e interpreta también las movilizaciones que se produjeron ayer y la señal clarísima por parte de los sindicatos saliendo a la calle diciéndoles que con las pensiones no se juega.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Herrera.
Señoría, creo que ha de quedar ya claro -y espero que así sea para que este tema no vuelva a reiterarse- que esa comisión no hablará ni de pensiones ni de reforma laboral. La reforma laboral tiene su ámbito que es el espacio de la mesa del diálogo social, y es ahí donde se discutirá y en ningún otro lugar. Y el ámbito de las pensiones es el Pacto de Toledo y es ahí donde se discutirá y en ningún otro lado. Pero creo que el presidente del Gobierno fue claro cuando dijo que esta comisión era para la competitividad económica, la política industrial, la consolidación fiscal y el sistema financiero. Por tanto, esperemos que en ese ámbito enormemente importante se llegue a una feliz conclusión acordada por el máximo de formaciones políticas. De la misma manera, estoy también convencido -y le respondo a la segunda parte de su pregunta- de que vamos a llegar también a un acuerdo sobre el tema de las pensiones. Y lo vamos a hacer en los dos ámbitos en los que debemos de discutirlo: en el ámbito del Pacto de Toledo, en el que el otro día invité -y hoy lo reitero- a una reflexión serena y tranquila. No estamos hablando de ninguna modificación necesaria por una mala salud económica de las pensiones, estamos hablando de elegir un camino por donde queremos transitar pensando en el horizonte del año 2030, pero estoy también convencido de que llegaremos a un acuerdo con los agentes sociales.
Manifiesto un profundo respeto a la decisión sindical en lo que hace referencia al desacuerdo con el Gobierno sobre esta medida y a expresar ese desacuerdo mediante
movilización. Estoy convencido de que una cosa y otra no van a ser incompatibles. Los sindicatos han expresado su rechazo a esta medida, lo han expresado mediante movilización, pero estoy convencido de que antepondrán los intereses generales y sabrán encontrar mediante el diálogo y la concertación aquel acuerdo que mejor interese a las ciudadanas y a los ciudadanos.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor ministro, y gracias por su compromiso. No podía ser de otra manera. Nosotros estamos convencidos, por tanto, de que es en el marco del diálogo social, en el marco del Pacto de Toledo, donde se tiene que hablar de pensiones y del mercado de trabajo.
En segundo lugar, esperamos que no caigan en las trampas de aquellos que desde unas posturas muy ideológicas entienden que reformando el mercado laboral se solventan las cosas. Se tiene que hablar de todo, pero sabemos perfectamente que el problema no está en el mercado laboral. El problema está en el crédito, en el consumo. Y ustedes esas reformas las tienen que hacer con responsabilidad. Asimismo deseamos que no jueguen el triste papel en el mercado laboral que creo que han jugado, que están jugando en materia de pensiones. Usted sabe tan bien como yo que el sistema de pensiones tiene hoy superávit en un contexto en el que todas las administraciones tienen déficit. Usted sabe perfectamente que en España gastamos menos, muchísimos menos en pensiones que nuestro entorno, un 9 por ciento del PIB. La media de la zona euro, un 12 por ciento; Francia, un 13,3 por ciento; Italia, un 14,6 por ciento. Usted sabe que el acceso a las pensiones en España es más tardío que en nuestro entorno, más tardío que en Alemania, Italia y Francia. Por tanto, nosotros deseamos que jueguen ese papel con la responsabilidad con que lo están haciendo y, como les decían ayer, que con los derechos de los trabajadores no continúen jugando.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Corbacho Chaves): Gracias, señora presidenta.
Para salir de la crisis: confianza, crédito y finalmente reforma del mercado de trabajo.
- DEL DIPUTADO DON TOMÁS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿COMPARTE EL MINISTRO DE TRABAJO EL RECONOCIMIENTO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE QUE LA "PROLONGACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN" A LOS 67 AÑOS ES UNA PROPUESTA DEL EJECUTIVO? (Número de expediente 180/000871.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la pregunta del diputado señor Burgos Gallego.
Señor ministro, ¿comparte usted el reconocimiento del presidente del Gobierno de que la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años es una propuesta del Ejecutivo?
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Corbacho Chaves): Señor diputado, tan del Ejecutivo es que lo ha aprobado el Consejo de Ministros. ¿Hay alguna medida que pueda ser más del Ejecutivo que aquella que haya aprobado el Consejo de Ministros?
El señor BURGOS GALLEGO: Claro, señor ministro, no es una propuesta de su programa electoral, ni es una propuesta de sus portavoces en esta materia, ni una propuesta surgida de los trabajos del Pacto de Toledo, ni una propuesta surgida de los agentes sociales; ni siquiera es una propuesta surgida de usted, señor ministro, que es el responsable de la materia: es una propuesta del presidente del Gobierno impuesta e improvisada ante un Consejo de Ministros que, antes de opinar, ya la vio presentada en los medios de comunicación.
Una propuesta, según el diccionario, es una proposición o idea que se presenta u ofrece a alguien para un fin. ¿Qué fin se persigue con esta propuesta? ¿Buscar el acuerdo político? Usted vio el lunes, en la Comisión del Pacto de Toledo, que carece de apoyo político alguno.
¿Buscar el acuerdo social? Usted comprobó ayer cuál es la respuesta de los agentes sociales en la calle. ¿Abrir un debate? No, ministro, no se abre un debate de esta manera; de esta manera se cierra el debate necesario sobre el empleo, sobre el crecimiento, sobre la productividad,
sobre la natalidad, sobre la equidad, sobre la solidaridad del sistema de pensiones. Sus propios diputados, señor ministro, escriben que es una propuesta equivocada e inoportuna; y, por cierto, nos dan la razón diciendo que no es la demografía, es el empleo y la productividad lo relevante en estos temas. No convence ni a los suyos, señor ministro. Si esta es la propuesta del Ejecutivo, o no sirve la propuesta o no sirve el Ejecutivo. Se han equivocado ustedes de marcha, quisieron poner la directa y, como a los malos conductores, se les ha calado el motor. Ahora han tenido que parar y empezar de nuevo. Y elegir el destino, o Davos, o Rodiezmo, o Toledo, pero no se puede estar en las tres lógicas al mismo tiempo porque crean ustedes desconfianza en los ciudadanos.
Señor ministro, las pensiones no pueden estar en las pancartas de las manifestaciones. Las pensiones, en el Parlamento. El debate de las pensiones no puede estar en la calle, queremos diálogo social, no contestación social. Hace mucho tiempo que las pensiones no estaban en las pancartas. Corrijan de una vez esta situación. (Aplausos.)
Vamos a ver si ponemos un poco de cronología y de orden en las cosas. En el año 2008 usted y este Congreso tuvieron conocimiento de un informe que presentó el Gobierno, a través de este ministerio, en el que se anticipaba la necesidad de hacer reformas a largo plazo. En segundo lugar, el propio Congreso de los Diputados aprobó una resolución instando al Gobierno a que a principios del año 2010 presentara un informe para dicha reforma. En tercer lugar, en el año 2010 hay que hacer la revisión del Pacto de Toledo. En cuarto lugar, el señor presidente del Gobierno, con antelación y en esta Cámara, anticipó también que el día 22 de enero el Consejo de Ministros conocería un informe para la reforma del mercado laboral y el día 29 de enero conocería un informe que remitiría al Pacto de Toledo para las pensiones, y mi comparecencia en el Pacto de Toledo, señoría, ha puesto de manifiesto ya cuál debe ser y es el criterio del Gobierno para el debate. ¿Qué debemos hacer a partir de estos momentos? Pues justamente eso: serenidad, tranquilidad, debatir. ¿Y cuál será la propuesta final? No la del Gobierno, que ya la ha propuesto, sino la que decida el Pacto de Toledo, en virtud de su soberanía, como siempre ha hecho. Espero su compromiso, su participación y le espero también en la propuesta final.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿EN QUÉ SE BASA EL GOBIERNO PARA AFIRMAR QUE SE VA A CREAR EMPLEO NETO EN EL SEGUNDO SEMESTRE? (Número de expediente 180/000872.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en los presupuestos que presentaron en diciembre de 2008 para el año 2009 ustedes preveían un paro en torno al 12,9 por ciento y acabamos el año en el 19 por ciento. Usted mismo dijo que no llegaríamos a 4 millones de parados y estamos en 4.300.0000; que no habría nadie que se quedara en la cuneta -decía el señor Zapatero- y en este momento hay 1.220.000 familias con todos sus miembros en paro y más de un millón de desempleados españoles que no tienen ningún tipo de cobertura. El problema no es que ustedes se equivoquen sino que sus errores los pagan los españoles. Por eso le pregunto, señor ministro: ¿En qué se basa el Gobierno para afirmar que se va a crear empleo neto en el segundo semestre del 2010?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Álvarez-Arenas.
No quiero hacer polémica con usted. Un día me hicieron una pregunta, y era si a finales de 2009 se llegaría a 4 millones de personas en el paro registrado. La invito a usted a que vea las cifras del paro registrado y a que luego me haga esa pregunta. En cualquier caso, no quiero polemizar sobre ello. Respecto al tema de la desatención, le quiero recordar que en estos momentos, sin negar la importancia que tiene el paro y el drama que significa para quien lo padece, estamos en la cobertura más alta de toda la historia, con un 80 por ciento de las personas que han perdido el empleo con protección. ¿En qué se basan nuestros cálculos? Señoría, todos los indicadores ponen de manifiesto que se está produciendo una lenta recuperación de la economía, tanto a nivel internacional como a nivel español. Si esa recuperación de la economía, que es la condición sine qua non para poder generar empleo, se produce nos encontraremos a final de año, si no hay nada a nivel internacional que lo impida, dejando atrás la recesión económica y probablemente entrando en una senda lenta, lenta, de recuperación de empleo.
Señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor ministro, es que usted mismo el lunes ha dicho en la Comisión del Pacto de Toledo -lo he leído en el "Diario de Sesiones"-, que en el entorno de 2012 es cuando el Gobierno entiende que se debería estar saliendo de la crisis. Mi portavoz lo ha dicho antes en la pregunta. Todos los organismos nacionales e internacionales hacen unas previsiones de crecimiento del PIB negativas para este año, y usted sabe perfectamente, como lo sé yo, señor ministro, que mientras no estemos en una senda de un crecimiento del PIB en torno al 2 por ciento no habrá creación de empleo neto y todo lo demás son fuegos de artificio. Por tanto, señor ministro, volvamos a la realidad.
Si lo recuerda, en el año 2008 le dije que utilizara el prestigio político con el que llegó a esta Cámara y al Gobierno para liderar un pacto con comunidades autónomas, ayuntamientos y grupos políticos para prevenir lo que hoy tenemos, y usted y el Gobierno no nos hicieron ningún caso; arrimamos el hombro y nos dieron una patada. Después me contestó usted -me parece que fue en febrero de 2009- que habían constituido veintidós mesas en el diálogo social. ¿Qué ha sido de esas veintidós mesas, señor ministro? Palabras, grandilocuencia, porque con veintidós mesas casi se pone un restaurante, pero desde luego no hemos llegado a una sola solución en materia de reforma laboral y de acuerdo que beneficie a nuestros trabajadores. Señor ministro, yo le pediría que ahora no se deje usted -y se lo ha dicho algún otro grupo- robar la cartera. Usted tiene que estar en esa comisión; no se puede hablar de una comisión de competitividad, de modernidad, de arreglo de nuestra economía si no se está hablando de las personas que se ven afectadas, porque cualquier política económica tiene que ir dirigida a la creación de empleo, y el ministro de Trabajo... (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señora Álvarez-Arenas, acabó su tiempo.
No volveré a insistir. En esa comisión ni se hablará de reforma laboral ni del pacto de las pensiones. Por tanto, el ministro de Trabajo deberá estar y estará allí donde están sus competencias y sus responsabilidades.
Por otro lado, me siento perfectamente bien representado por los compañeros del gabinete para discutir lo que han de discutir y no para lo que no van a discutir. Señoría, usted tiene ahora una oportunidad. Usted me reclamaba ahora que por qué no habíamos hecho un pacto con las comunidades autónomas. Ustedes tienen una oportunidad de oro. Mañana hay una reunión. Arrimen ustedes el hombro, lleguen a un pacto, y si ustedes llegan a un pacto no se preocupen, porque inmediatamente les seguirán todas sus comunidades autónomas, de la misma manera que ahora les siguen para boicotear las acciones del Gobierno, porque anteponen ustedes, allí donde gobiernan, los intereses del partido antes que los intereses de los propios ciudadanos. Señoría, usted sigue pensando y deseando que cuanto peor, mejor, pues nosotros creemos que a final de año estaremos mejor.
- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO MARÍA NADAL BELDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO PARA PALIAR LA CAÍDA DE LAS CIFRAS DE NEGOCIO EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000873.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. En primer lugar, la que formula el diputado señor Nadal Belda.
Señor ministro, usted es ministro de Industria, uno de los sectores clave de nuestra economía, como usted bien sabe. El 80 por ciento de la I+D y de la exportación española están en la industria. En estos dos años este sector ha sufrido una auténtica devastación, porque a ustedes les gusta hablar mucho de la construcción, pero aquí hay una crisis industrial como la que no se ha vivido nunca en este país. Incluso, si nos comparamos con los principales países europeos y los más industriales, España ha perdido un 24 por ciento de su producción industrial en estos dos años, vez y media lo que ha perdido la Unión Europea. Tenemos mucha más crisis industrial en este país que en otros sitios. Incluso en estos últimos meses, cuando ha habido una cierta recuperación de la industria europea, España va por detrás. Los pedidos industriales han aumentado casi un 9 por ciento en la zona euro y en España apenas han remontado un 3 por ciento. La producción industrial apenas ha remontado un 3 por ciento, frente a una media de casi el 6 por ciento en el conjunto de la Unión Europea; no resistimos la comparación. La caída ha sido especialmente dura en los bienes de consumo duraderos y en los bienes de capital, con un 45 y un 34 por ciento respectivamente. Se ha producido en sectores muy relacionados con la financiación, señor ministro, porque la financiación es uno de los problemas clave que tenemos en España y
que está afectando a todos nuestros sectores, y especialmente al sector industrial.
Tenemos una industria que está operando por debajo del 70 por ciento de su capacidad, tenemos mucha más capacidad instalada de la que estamos utilizando, y estamos a la cola de Europa en esta variable. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un problema de ajuste descomunal dentro de nuestro sector. Incluso los costes laborales en España han ido por encima de lo que lo han hecho en el conjunto de la Unión Europea. Usted me dirá: Sí, pero los unitarios no. Ya lo sé, señor ministro, porque ha aumentado la productividad; usted que siempre ha sido el apóstol de la productividad. Pero ¿cómo ha aumentado la productividad del sector industrial en nuestro país? Se lo voy a decir: con un despido de 632.500 personas en los últimos dos años; una auténtica debacle. En España se ha perdido un 20 por ciento del empleo industrial frente al uno por ciento -uno, señor ministro- en Alemania, el 6 por ciento de media en la zona euro, el 8 por ciento de media en Francia. Así se sube la productividad, destruyendo a través de la industria el 36 por ciento de la pérdida del empleo en España. El nivel de confianza industrial está por los suelos.
¿Qué va a hacer este Gobierno para solucionar estos problemas? ¿Va a ayudar a la competitividad de nuestra economía? ¿Va a bajar los precios industriales de la energía, que están por los suelos? ¿Va a...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor Nadal, ha acabado su tiempo.
Lo que va a hacer el Gobierno es continuar con lo que está haciendo hasta ahora, que son políticas sectoriales, políticas industriales. Quiero comentarle algo respecto a los datos que ha mencionado, que yo creo que debe actualizar. La entrada de pedidos en la industria ha mostrado una clara mejoría. Yo tomé posesión en abril de 2008 y el dato que hemos recibido el otro día ha sido el mejor desde abril de 2008, un aumento del 6,1 por ciento. ¿Por qué este es un dato significativo? Porque, como S.S.
sabe, es un indicador adelantado, que anticipa el futuro de la evolución de la industria. También S.S. debe saber que ayer publicamos un dato importante de producción de automóviles, con un aumento del 63 por ciento, que es el mayor aumento en muchos años. El conjunto de la producción industrial es verdad que en diciembre ha caído un 1,4 por ciento, pero también lo es que supone una mejoría de 4,2 puntos con respeto al dato anterior y que, si comparamos esta caída del 1,4 por ciento con otros países, en Alemania es un menos 7,4, en Francia es un menos 2,9, en Italia es un menos 5,6 y el Reino Unido un menos 5,7. Por tanto no es verdad que en lo que se refiere a producción industrial estemos peor que otros países europeos. Como le decía, señoría, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar con los planes sectoriales que hemos hecho y vamos a seguir haciendo con las comunidades autónomas -incluyendo aquellas en las que el partido de S.S. gobierna-, por supuesto con los interlocutores sociales, con los sindicatos y con los representantes de los empresarios, y esperamos que desde mañana podamos contar con el acuerdo de los partidos políticos incluyendo el suyo, un acuerdo para la recuperación del crecimiento económico y del empleo.
Señoría, nosotros creemos en la política industrial. Ustedes nunca creyeron; nunca hicieron ningún plan integral de industria; nunca hicieron planes de sectores estratégicos ni siquiera de sectores tradicionales. Me llama el apóstol de la productividad. Ustedes apostaron por el ladrillo y de esos polvos inmobiliarios vienen ahora estos lodos industriales.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ GUILLERMO BERNABEU PASTOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE ALCANZAR EL GOBIERNO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA 2010-2015 DEL PLAN AVANZA2? (Número de expediente 180/000880.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Bernabeu Pastor.
El señor BERNABEU PASTOR: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país nos piden hoy más que nunca que centremos nuestros esfuerzos en superar la crisis. Eso es lo que está haciendo el Gobierno proponiendo un cambio de modelo productivo. El Gobierno tuvo clara la necesidad de ese cambio desde el inicio de la anterior legislatura y por eso puso en marcha entre otras iniciativas el Plan Avanza, la estrategia española para el impulso de la sociedad de la información. Sin duda las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un vector fundamental para la modernización del país, para la recuperación económica y creación de empleo en el marco de un modelo económico más sostenible. Son muchos los éxitos del Plan Avanza. Uno de los resultados más relevantes desde mi punto de vista es que se ha conseguido que las tecnologías de información y comunicación permeabilicen todos los sectores sociales y económicos, lo que es fundamental para el éxito de la implantación de la sociedad de la información. Además se ha hecho reforzando la cohesión social con políticas de equidad para evitar que determinados sectores sociales queden al margen, poniendo especial interés en las actuaciones en
materia de educación como garantía de futuro. La consecución de los objetivos depende de la implicación de todas las administraciones. Por eso nos preocupa la actitud de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en relación con programas como Escuela 2.0. Con esas actitudes no se hace daño al Gobierno ni al Partido Socialista, se hace daño a la sociedad, a las familias con menos recursos. Por eso hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos y administraciones para que con seriedad y rigor sigamos profundizando en las políticas de desarrollo de la sociedad de la información desde el convencimiento de que queda mucho por hacer y que la red es un espacio potencial para todos. Por eso, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué objetivos persigue el Gobierno con la puesta en marcha de la estrategia 2010-2015 del Plan Avanza2?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Bernabeu.
Señoría, en efecto es difícil encontrar un sector como el de las TIC que tiene un impacto positivo sobre el empleo a corto plazo, sobre el empleo a largo plazo; un impacto positivo sobre la productividad a corto plazo, sobre la productividad a largo plazo; en definitiva, un impacto económico positivo tanto a corto como a largo plazo. Por eso este Gobierno hizo desde el principio -me refiero al año 2004- una ambiciosa apuesta en el área de las TIC y de la sociedad de la información y por eso pretende dar un nuevo impulso a la sociedad en red mediante la elaboración de la estrategia 2010-2015, el Plan Avanza2, que va a ir de la mano de la estrategia de Granada, estrategia de la Unión Europea, que estamos promoviendo en la Presidencia.
Señoría, creo que no es exagerado decir que hemos alcanzado la convergencia digital con Europa, pero ahora debemos ir más allá. Debemos completar la digitalización tanto de la sociedad como de la economía española, con la finalidad de aportar más innovación a una senda de crecimiento que, como S.S. dice, pretendemos que sea equitativa y comprometida con el medio ambiente. Somos el país protagonista del mayor evento mundial en soluciones digitales de las TIC, el Cebit, que en su edición de 2010 se va a celebrar la próxima semana en Hannover, en Alemania, y va a ser inaugurado por el presidente del Gobierno español y por la canciller alemana. Por ahí queremos seguir gracias a una estrategia para cuya definición hemos contado, como siempre, con el diálogo y el consenso, el consenso de todos, del Parlamento -en este caso en el Senado-, de las asociaciones y principales empresas del sector de las TIC, de los representantes de los usuarios; un consenso y un trabajo al que invitamos a sumarse a todas las fuerzas políticas, en el marco del acuerdo para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, y que esperamos alcanzar con todos los grupos políticos a partir de mañana. Por ello, mediante la puesta en marcha de la estrategia 2010-2015, queremos, en colaboración con las comunidades autónomas y de todas las fuerzas políticas, mejorar la capacidad y la seguridad de las redes de telecomunicaciones e incrementar el uso de los servicios digitales por toda la ciudadanía.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GRÀCIA MUÑOZ SALVÀ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MUSEOS DE TITULARIDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? (Número de expediente 180/000881.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Cultura, que formula la diputada señora Muñoz Salvà.
La señora MUÑOZ SALVÀ: Gracias, señora presidenta.
La cultura, señora ministra -usted lo sabe bien-, responde a unos valores.
La creación surge de personas incardinadas en una sociedad con unos valores, los democráticos; surge de unas personas formadas con conocimiento y educación. La cultura, señora ministra, frente a lo que algunos piensan, es mucho más que una mercancía; la cultura es además lo que somos y el camino que trazamos. Nuestras identidades, nuestras realidades y nuestros sentimientos están expuestos en los diferentes ámbitos de la cultura y también en los museos. Estos, según la ley de 1985, son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan y exhiben conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, etcétera, con fines de estudio, educación y contemplación, es decir espacios de conocimiento. Además de exponer las diversas creaciones, los museos son espacios en donde una presentación de calidad, una armonización con lo que se exhibe y una intención educativa por respuesta pueden determinar la afluencia o no de público, ya que esta no se debe a que la gente entienda o no de arte. Son centros, por tanto, donde la consecución del conocimiento se traduce en los valores de libertad y sobre todo de igualdad. Una persona por el mero hecho de contemplar una obra de arte pública en un espacio público es poseedora de ella y siente la igualdad respecto de otras personas. Nuestros valores constitucionales, a los que no queremos renunciar, precisan de un trabajo constante para su salvaguarda, para que impregnen toda nuestra cultura y también nuestros museos. Por todo ello, señora ministra, le pregunto: ¿Qué valoración hace el
Gobierno de los resultados de participación ciudadana en los museos de titularidad de este ministerio?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Muñoz.
La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Muchas gracias, presidenta.
Señoría, un mayor acceso de los ciudadanos a la cultura, como sabe, es uno de los objetivos prioritarios de mi gestión. En ese sentido podemos decir con satisfacción que el trabajo de los museos del Ministerio de Cultura está dando sus frutos. Las cifras hablan por sí mismas: 7.222.000 personas han visitado los veintiún museos estatales en 2009, un 5,2 por ciento más que en 2008, es decir 360.000 visitantes más en 2009 respecto a 2008. Esto es especialmente reseñable en un contexto de crisis económica en el que se podría prever un descenso de visitantes, pero no solo no ha ocurrido eso sino que se han incrementado las visitas. Si tomamos las cifras de los tres mayores museos los resultados son notables. El Museo del Prado sigue siendo el más visitado con 2.764.000 visitantes; en el Reina Sofía las visitas han dado un salto de un 15 por ciento más hasta superar los 2 millones, situándose en 2.087.000 visitantes; el Thyssen también ha registrado un aumento del 6 por ciento, con 801.000 visitantes. Por otra parte, el creciente interés por nuestros museos también se ha visto reflejado en un espectacular aumento de las visitas a sus páginas web. En el año 2009, las visitas a las páginas de los museos del Ministerio de Cultura aumentaron un 23 por ciento respecto del año 2008, alcanzando casi 9 millones de visitas. Esto pone de manifiesto el éxito que han tenido las medidas pioneras en materia de incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que se están realizando en los museos. Por lo tanto, señoría, la valoración que este Gobierno hace de la actividad de los museos del Ministerio de Cultura es altamente positiva. La sociedad española respalda de manera muy participativa el trabajo de sus museos, dinamizadores del panorama cultural y agentes del desarrollo social y económico de nuestro país.
- DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA RIERA I REÑÉ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN: ¿CUÁL SERÁ LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE DE CIENCIA E INNOVACIÓN EN LA NUEVA CONVOCATORIA DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL? (Número de expediente 180/000866.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Ciencia e Innovación. En primer lugar la que formula la diputada señora Riera i Reñé.
La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cuál será la participación del Ministerio de Ciencia e Innovación en la nueva convocatoria de campus de excelencia internacional?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Riera.
La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendía Mendizábal): Gracias, señora presidenta.
Señoría, sumar esfuerzos entre los agentes y las administraciones, apostar por la internacionalización e incentivar la excelencia son principios básicos del Ministerio de Ciencia e Innovación, que inspiran la convocatoria de campus de excelencia internacional. Además, hacemos visible también esta apuesta por la especialización, la integración y la agregación de capacidades en otros programas como son los institutos de investigación sanitaria en el ámbito hospitalario, o en los programas Cenit en el ámbito de la investigación empresarial.
La señora RIERA I REÑÉ: Ministra, en su momento nos manifestamos en relación con los campus de excelencia, apoyándolos como un instrumento de impulso y estímulo a la investigación y a la transferencia, misiones marcadas por la estrategia 2015 y, por tanto, la competitividad no solo del sistema universitario, sino económico, pero también expusimos las mejoras que debían producirse cara a las próximas convocatorias. A ello añadimos hoy nuestra preocupación por cómo van a afectar los cambios derivados de la última remodelación de Gobierno a estas futuras convocatorias y cómo se va a integrar la innovación. A este respecto, a nuestro grupo parlamentario le preocupan cuatro aspectos: qué ministerio liderará la convocatoria 2010, con cuántos recursos vamos a contar, cuál va ser el papel de la I+D+i y, especialmente, cómo se piensan potenciar la innovación y el espíritu emprendedor en el marco de los campus y cuál va a ser la utilización de la partida de 100 millones prevista por el capítulo 8. En cuarto lugar y por último, cómo se coordinarán los dos ministerios y la activación de las comisiones correspondientes.
Tratándose de convocatorias conjuntas estas nunca están exentas de riesgos, y ante los cambios producidos es necesario definir muy bien el papel de cada uno de los ministerios y que las bases de las convocatorias respondan, a nuestro entender, a cuatro objetivos que dan
razón de ser a los campus de excelencia: generar más y mejor conocimiento, estimular la investigación, afianzar la transferencia e integrar la innovación, todo ello con una activación y gestión racional y eficaz de los recursos. Las infraestructuras, señora ministra, y los nuevos entornos creados en los campus por su carácter integrador han de estar al servicio de la I+D+i y de sus agentes, porque es aquí donde nos jugamos la solidez de nuestro crecimiento y la competitividad de nuestra economía. A nuestro grupo, señora ministra, ocupa y preocupa asegurar el encaje entre los dos ministerios en esta materia y queremos conocer cuál será la implicación de su ministerio, asegurar los recursos asignados y que la apuesta por la investigación, la transferencia y ...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señora Riera, ha acabado su tiempo.
Señoría, como usted conoce, la primera convocatoria del programa Campus se saldó con un notable éxito de participación, una convocatoria conjunta de inversión de los dos ministerios, de Educación y de Ciencia e Innovación, de 200 millones de euros en el año 2009. La convocatoria que lanzará el Ministerio de Ciencia e Innovación en este año 2010 en el marco de esta acción conjunta del Gobierno contempla ayudas para la investigación y la transferencia del conocimiento, asociadas precisamente a los planes estratégicos de las propias universidades para su conversión a campus.
Esta inversión prevista, como usted ha señalado, es de 100 millones de euros en concepto de préstamos reembolsables. La convocatoria del ministerio, bautizada como Innocampus, a fecha de hoy tiene ya una orden de bases, cuyo borrador ha sido consensuado con el Ministerio de Educación, y está absolutamente coordinada con su propia convocatoria de ayudas a campus de excelencia en el ámbito de las competencias del citado Ministerio de Educación. Ambas convocatorias han sido ya remitidas a la Conferencia general de política universitaria y al Consejo de Universidades para su información y conocimiento. El programa Campus, como sabe S.S., ha supuesto un salto cualitativo muy positivo en materia de política universitaria. Está siendo seguido con interés por algunos analistas internacionales, como me lo han hecho saber alguno de mis colegas europeos. El balance, cuando tan solo han transcurrido unos meses, no puede ser más optimista. Los campus están promoviendo una auténtica cultura de especialización y de cooperación de las propias universidades promotoras con el ámbito, con sus entornos científicos, tecnológicos, empresariales y sociales, que es absolutamente imprescindible para poder promover este protagonismo que tienen que desarrollar nuestras universidades en el cambio de modelo productivo y en el desarrollo de la sociedad basada en el conocimiento.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SARA GARCÍA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN: ¿CUÁL ES EL BALANCE QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL PROGRAMA CENIT DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN I+D+i? (Número de expediente 180/000882.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta que formula la diputada señora García Ruiz.
La señora GARCÍA RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, para satisfacción de mi grupo este Gobierno y su ministerio ha sabido en pocos años situar en el primer plano del debate social y político la importancia de la I+D+i para nuestra economía. Nadie discute que es un factor clave para aumentar la productividad y competitividad de nuestras empresas y que, por tanto, determina la resistencia y mejor respuesta de nuestra economía ante situaciones de dificultad. Conozco de cerca qué ocurre cuando no se apuesta por la I+D+i; lo conozco porque en mi región, en la de Murcia por donde soy diputada, no se ha apostado por la I+D+i en estos años donde gobierna el Partido Popular. En esos lugares ocurre que la respuesta ante las dificultades es peor y la crisis más grave. Por eso, da confianza a mi grupo y a los ciudadanos que el Gobierno de España defienda la I+D+i como palanca de recuperación económica. La futura ley de economía sostenible es un buen ejemplo de cómo el Gobierno sitúa la innovación como herramienta para conseguir una economía más productiva y estable. Da confianza que lo venga haciendo desde el año 2004, aumentando año a año en los presupuestos el esfuerzo inversor en esta materia; da confianza que lo haga tendiendo la mano al resto de grupos y a las administraciones, apoyando especialmente a las comunidades autónomas; y da confianza, señora ministra, que lo esté llevando a cabo a través de políticas adaptadas fielmente a la situación de nuestro país, con pleno conocimiento de sus fortalezas, pero también con pleno conocimiento de aquellos aspectos que hay que mejorar. Precisamente en España tenemos que avanzar en la cooperación público-privada para mejorar el tejido productivo y el posicionamiento tecnológico de este. Mi grupo sabe que este Gobierno es consciente de ello y por eso su ministerio dedica varios programas específicos de los que sin duda el más importante es el programa Cenit; programa mediante el que el Gobierno subvenciona grandes iniciativas de investigación industrial; programa que arrancó con este Gobierno hace cinco años y que está siendo un instrumento clave para potenciar esta colaboración público-privada, por el volumen de las inversiones de sus proyectos y también por el volumen de las empresas
y de los grupos de investigación que moviliza. Señora ministra, mi grupo desea, y le agradece de antemano, que exponga a la Cámara el balance que realiza el Gobierno de este importante programa. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora García Ruiz.
La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Señoría, el programa Cenit contempla la financiación de proyectos de investigación industrial de carácter estratégico con gran dimensión, con gran presupuesto -por encima de 15 millones de euros-, de largo alcance en áreas tecnológicas de futuro y con gran proyección internacional.
Desde el año 2006 el Gobierno ha financiado un total de 79 proyectos Cenit con un presupuesto total de 2.025 millones de euros que han supuesto una subvención de 952 millones de euros. El número de empresas participantes tras cinco convocatorias asciende a 1.097,40 por ciento de ellas pymes. El Cenit ha contado además con la participación de 1.382 grupos de investigación del sector público que colaboran con estas empresas para el desarrollo de sus proyectos de investigación. La quinta convocatoria del programa Cénit, resuelta en noviembre del año 2009, con un presupuesto de 200 millones de euros, 50 millones con cargo al PlanE, ha incorporado algunas mejoras destinadas a facilitar a las empresas en este momento de dificultad económica su apuesta por la investigación.
Entre estas mejoras está la exención de avales para las pequeñas y medianas empresas. La convocatoria Cénit 2009 ha priorizado en España tres áreas estratégicas: la salud, la biotecnología y las energías renovables. En estos 18 proyectos aprobados esta semana en ámbitos tan diversos como el coche eléctrico, los alimentos funcionales para la tercera edad o los tejidos del futuro, participan 251 empresas, un 50 por ciento de ellas son pymes, y 338 instituciones del sistema público -universidades, centros tecnológicos y organismos públicos de investigación-. De hecho, estos últimos del sector público ejecutarán más del 50 por ciento del presupuesto, es decir, 108 millones de euros. En definitiva, señoría, Cénit se ha consolidado como un instrumento muy potente para fomentar y potenciar la colaboración público-privada en materia de I+D y, desde luego, estos instrumentos van a resultar vitales para la competitividad futura de la industria española no solo en sectores tecnológicos, como pueden ser el farmacéutico, el de las telecomunicaciones o el energético, sino también para esos sectores de menor intensidad tecnológica, como son el alimentario, el turístico o el de la construcción, que también están siendo beneficiados...(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señora ministra, acabó su tiempo.
- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL GOBIERNO CON LOS ANTEPROYECTOS DE LEY DE MEDIACIÓN Y DE REFORMA DE LA LEY DE ARBITRAJE? (Número de expediente 180/000878.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a las preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, la que formula el diputado señor Cuesta Martínez.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en el último Consejo de Ministros el Gobierno dio luz verde a la reforma de la mediación y del arbitraje. Es una magnifica noticia, sobre todo en clave de modernización de la justicia. Hoy, en la estrategia de economía sostenible, la modernización de la justicia es uno de los temas clave y, dentro de la modernización, la solución de los conflictos por vía extrajudicial. La composición extrajudicial es un tema de gran futuro en el que hay que profundizar y avanzar. Era ya un compromiso de los progresistas y de los socialistas cuando concurrimos a las elecciones generales en el año 2008. Comprometiéndonos con el impulso de los derechos de ciudadanía, hicimos también una apuesta por el desarrollo de nuevas vías, de nuevas alternativas, de la mediación, del arbitraje. En nuestro programa electoral hablábamos de reforzar el laudo, de regular el arbitraje administrativo, de nuevas alternativas al litigio y de la elaboración de la ley de mediación. Por otro lado, en estos momentos hay una carga por efecto de la crisis, a pesar del aumento de las plantillas, de las dotaciones judiciales y de los recursos, hay un aumento de la carga sobre todo judicial de los asuntos que ingresan en el ámbito de la jurisdicción civil. Según los datos de la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, se sitúa en 1.700.000 asuntos en el último año en el ámbito civil. El programa de Estocolmo también insinúa avanzar en la mediación y en el arbitraje. El propio Consejo General del Poder Judicial habla de impulsar también estas medidas. Ese es un gran compromiso y por eso la pregunta que le hacemos es cuáles son los contenidos y los objetivos de esta importante reforma que abordó el Consejo de Ministros.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cuesta.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Presidenta, señoría, en nuestro sistema de justicia entraron el año pasado, aproximadamente, según
los datos del Consejo General del Poder Judicial, 9 millones de asuntos.
Es una cifra que crece exponencialmente en los últimos doce años de democracia en España. Si queremos una justicia capaz de ofrecer una respuesta en tiempo a los ciudadanos es necesario buscar, como ha ocurrido en otras democracias, sin menoscabo de los derechos de los ciudadanos, fórmulas que permitan la composición y por tanto el acuerdo extrajudicial, fórmulas complementarias de la jurisdicción. A ello responden precisamente los dos anteproyectos de ley que se aprobaron en el pasado Consejo de Ministros, uno sobre mediación y otro sobre arbitraje. El primero de ellos introduce el Instituto de la Mediación por primera vez en nuestro país con carácter general para el ámbito civil y mercantil, dispone un procedimiento muy sencillo vinculado a la voluntariedad de las partes, muy rápido, sin ningún tipo de traba burocrática y que además, si culmina en acuerdo, otorga a ese acuerdo la misma eficacia que una sentencia judicial; sencillo, rápido y pensado para los ciudadanos. Y además, para facilitar la mediación solo se exige para dedicarse a esa actividad una formación universitaria general, se exige, eso sí, asegurar la responsabilidad civil e inscribirse en un registro a los meros efectos de publicidad e información. Por su parte, la Ley de Arbitraje se reactualiza en nuestra legislación para hacerla más competitiva en el mercado internacional, se suprimen algunas exigencias rígidas respecto del perfil de árbitro y se eleva el rango del tribunal que tiene que conocer en su caso de esos asuntos para darle mayor importancia, residenciándolo en las salas de lo Civil y de lo Penal de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
Pero, en segundo lugar, en esta ley se introduce también por primera vez en nuestro derecho un arbitraje para las administraciones públicas, mejor dicho, para la Administración General del Estado, de manera tal que tampoco se tengan que ventilar asuntos que pueden ser resueltos dentro del propio seno de la Administración ante los tribunales. En definitiva, el Gobierno se aplica a sí mismo la solución que quiere para el resto de los ciudadanos. Son dos iniciativas fundamentales, en efecto, para nuestra justicia.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL DE LA ROCHA RUBÍ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ TOMANDO EL MINISTERIO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ADQUIERAN LA FORMACIÓN NECESARIA PARA DESEMPEÑAR LAS NUEVAS FUNCIONES QUE LE ATRIBUYE LA LEY PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL QUE ENTRARÁ EN VIGOR EL PRÓXIMO MES DE MAYO? (Número de expediente 180/000879.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor De la Rocha Rubí.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, como usted sabe bien, el pasado 3 de diciembre esta Cámara aprobó por unanimidad la Ley de reformas procesales para la implantación de la nueva oficina judicial mientras que paralelamente el Gobierno aprobaba el Plan estratégico de modernización de la justicia.
Ambas decisiones, la ley y el plan, responden, igual que acaba de señalar mi compañero el señor Cuesta, a la necesidad de modernizar el servicio público de la justicia para hacerla más ágil y transparente, y esto constituye uno de los compromisos de la acción de este Gobierno y uno de los contenidos de eso que se está llamando el acuerdo social por la modernización de la justicia. La nueva ley incluye dos novedades generales importantes: la primera es descargar a los jueces de parte de sus tareas no estrictamente jurisdiccionales, ampliando y potenciando las competencias de los secretarios judiciales, a los que se les dan nuevas funciones procesales, entre otras también la de dirección y coordinación de un nuevo modelo de organización del trabajo y, en segundo lugar, la creación de un nuevo modelo de oficina judicial que incluya junto a las llamadas unidades de apoyo directo a un juez los nuevos servicios comunes procesales transversales para varios juzgados, incluso de distintos órdenes jurisdiccionales, y que serán dirigidos también por un secretario judicial. Estos retos exigen recursos, y ahí está en los presupuestos del Estado un incremento neto de 200 millones de euros, exige ampliación de plantillas, y ahí esta el compromiso del ministerio, pero exige también un importante esfuerzo de motivación y de formación tanto de los secretarios judiciales como del resto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Por eso le pregunto, señor ministro: ¿Qué medidas está adoptando el ministerio para que los funcionarios de la Administración de Justicia adquieran la formación y puedan adaptarse de la manera más adecuada al nuevo modelo de oficina judicial y a las nuevas tareas y competencias que esta ley y este plan les adjudican?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor De la Rocha.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señora presidenta, señoría, en efecto, hace unos pocos meses aprobamos el Plan estratégico de modernización de la justicia, entre cuyas medidas figuran precisamente las relativas al despliegue de la oficina judicial. Han sido estas Cortes las que han aprobado el marco normativo necesario y es ahora el Gobierno y las comunidades autónomas quienes deben llevar a cabo una verdadera tarea de reingeniería de la organización judicial
para hacerlo realidad y contribuir así a una justicia más ágil y más eficiente. Un nuevo modelo que requiere sin duda el esfuerzo de todos y, de manera singular, del personal al servicio de la Administración de Justicia, para quienes hemos elaborado precisamente un plan de formación con el que queremos que adquieran las habilidades necesarias para gestionar esa nueva oficina judicial. Este plan de formación cuenta con dos subprogramas, uno dirigido a todos los secretarios judiciales de España que, como S.S. nos acaba de recordar, asumen y adquieren nuevas funciones como consecuencia de la entrada en vigor el próximo 4 de mayo de la ley y, en segundo lugar, un subprograma dirigido a todos los funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial en el denominado territorio ministerio, es decir, los ámbitos no transferidos a las comunidades autónomas. En este plan de formación, que está dirigido ni más ni menos que a 14.000 servidores públicos, invertiremos 3 millones de euros a lo largo de los próximos dos meses, se impartirán más de 30.000 horas de formación a estos funcionarios y, conscientes de que no todo se soluciona con cursos presenciales, hemos establecido un sistema de formación on line de e-learning que permite también a todos ellos adquirir los conocimientos y adquirir los materiales necesarios en ese proceso de formación; materiales que haremos llegar asimismo a los colegios de abogados, a los colegios de procuradores y de graduados sociales y, en general, a todos los profesionales de la justicia para dar cuenta de este cambio que ya se está produciendo en gran número de ciudades españolas, este nuevo modelo de organización judicial. Por tanto, señoría, nuevas leyes, voluntad decidida de cambio y un compromiso claro del Gobierno también con la formación de quienes día a día trabajan en nuestros tribunales por una justicia mejor.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO DIRIGIDAS A REDUCIR DE FORMA URGENTE EL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 172/000151.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Hemos finalizado el turno de preguntas y pasamos al punto VI del orden del día: Interpelaciones. En primer lugar, la del Grupo Popular, para que el Gobierno informe sobre las medidas concretas que va a tomar dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público.
Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señora presidenta, señora vicepresidenta segunda del Gobierno, señorías, abordamos una nueva interpelación al Gobierno sobre la materia que más concierne a los españoles, en definitiva, la sustancia misma de la pretendida recuperación o salida de la crisis económica que tiene nuestro país. Quiero comenzar mi intervención recordando que hoy los hechos han dado la razón al diagnóstico que desde el mismo comienzo de legislatura el Grupo Parlamentario Popular hizo en esta Cámara. Nosotros interpretamos desde esta tribuna que la crisis de España era una crisis financiera, que cuando estalla la crisis financiera internacional España está en una situación de extrema vulnerabilidad, porque la necesidad de financiación de nuestra economía frente al resto del mundo en el año 2007 ascendió a casi el 10 por ciento del producto interior bruto. Eso significaba que si había una restricción de la liquidez internacional, una restricción del crédito mundial, España iba a quedar muy perjudicada en esa situación debido precisamente a esa dependencia de la financiación internacional. Señorías, eso ha ocurrido sobre nuestro país. Dos años después vemos como resultado que, efectivamente, debido a una restricción financiera interna, en España casi 2 millones de personas han perdido su puesto de trabajo. El paro se ha incrementado en 2 millones y medio de personas y 300.000 empresas, muchos de ellos autónomos, han cerrado su actividad. En definitiva, han dejado de contribuir a través del pago de los impuestos y de las cotizaciones a la Seguridad Social. Ello tiene como consecuencia el desapalancamiento financiero que nuestro país está viviendo desde el comienzo de la crisis del año 2007, señorías. Por eso el Gobierno socialista engañó a la sociedad española al decir que España estaba protegida de la crisis financiera internacional, engañó o por lo menos se equivocó. Y cuando hemos oído recientemente al presidente Zapatero decir desde esta tribuna que se hace responsable del paro que se ha generado en esta situación, creemos que lo que debería añadir es que de lo que tiene que hacerse responsable el Gobierno es de cambiar su diagnóstico, su equivocado diagnóstico, sobre lo que iba a ocurrir en España y, en consecuencia, rectificar inmediatamente su política económica.
¿Qué ha ocurrido, señorías? Les voy a leer unas cifras que son, en definitiva, para la mejor comprensión de la sociedad española y, por supuesto, para que conste en el "Diario de Sesiones", sobre quién ha hecho el ajuste en España y quién no. He dicho ya que en el año 2007 el conjunto de la economía española tenía una necesidad de financiación del 10 por ciento, exactamente del 9,7 por ciento, frente al resto del mundo.
Pues bien, cuando analizamos el comportamiento de los sectores económicos vemos que las familias que en el año 2007 estaban en negativo, su endeudamiento estaba aproximadamente en el menos 2,4 por ciento equivalente del producto interior bruto español, han pasado en 2009 a estar en positivo en el 7,1 por ciento; es decir, se han ajustado casi 9 puntos y medio de producto interior bruto. Las
empresas, que estaban endeudadas en negativo frente al resto del mundo en el menos 9 por ciento, han pasado, señorías, a estar en negativo, pero en el menos 0,4 por ciento, señora vicepresidenta. Las empresas españolas también han hecho, por tanto, un formidable proceso de desapalancamiento financiero que ha recaído, fundamentalmente, sobre la pequeña y mediana empresa de nuestro país, que es la que ha sufrido la mayor restricción crediticia de nuestra historia, como advertimos en cada una de nuestras intervenciones parlamentarias y como ahora ha publicado el Banco Central Europeo en su informe sobre el acceso al crédito bancario de la pequeña y mediana empresa en toda Europa. La señora vicepresidenta conoce este informe, publicado el 16 de febrero de este año, en el que se dice que España es el país de la Unión Europea donde más problemas han tenido las pequeñas y medianas empresas para acceder al crédito bancario. Por tanto, la restricción de crédito la han sufrido las pequeñas y medianas empresas en un país cuya estructura productiva es precisamente de pequeña y mediana empresa, donde el 85 por ciento del empleo está en la pequeña y mediana empresa, frente al 60 por ciento de Francia o al poco más del 60 por ciento de Alemania. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. ¿Qué ha hecho el sector público? ¿Qué han hecho las administraciones públicas en esta crisis? Todo lo contrario, señorías. Al comienzo, en el año 2007 las administraciones públicas estaban casi en un 2 por ciento positivo y han pasado a estar en el año 2009 en el 11,4 negativo. Elemental, querido Watson, como diría Sherlock Holmes. (Rumores.) Han hecho un destrozo presupuestario, señorías, derivado, por un lado, de la alocada carrera de gasto público en la que se ha empeñado este Gobierno, arreglando las aceras de nuestro país, actividad muy productiva para sostener un empleo carísimo y no ser capaces de hacer frente a esa falta de crédito que tienen las pequeñas y medianas empresas.
¿Cuál es el resultado de la economía española? ¿Hemos hecho el ajuste en 2009? No, señorías. Seguimos teniendo una necesidad de financiación frente al resto del mundo de casi 5 puntos del producto interior bruto.
¿Quién causa esa dependencia financiera? Las administraciones públicas, que están promoviendo un efecto expulsión, un efecto crowding out poderosísimo, quedándose con todo el crédito bancario disponible de nuestro país y expulsando del mismo a la pequeña y mediana empresa. Hoy ya no podemos sacar otra conclusión, son las cifras de la contabilidad nacional de España, señorías. Son las cifras derivadas de una política presupuestaria que ha cometido el error de devolver a España a la dependencia financiera de los mercados internacionales, a esos a los que el señor Zapatero se va a Londres, a un think tank, a insultarlos. Habría que explicar al señor Zapatero que, aparte de avaros, usureros y demás especies por el mundo, esos a los que insulta son los acreedores de España, son los que han dejado su dinero, su ahorro a España para promover el crecimiento económico de estos años y la creación de empleo en España, y son aquellos a los que un país riguroso, con crédito, en definitiva, internacional, tiene que mostrar que tiene capacidad para devolver ese crédito. Ya vale de andarse por la vida, como el Gobierno socialista, de progre barato, insultando a la gente que nos ha dejado el dinero, cuando, realmente, lo que estamos haciendo es poner en la lupa la credibilidad de nuestro país a través de la credibilidad de su Gobierno.
España es un país solvente y riguroso, claro que lo es, lo ha sido históricamente cuando apostó por la estabilidad presupuestaria, por las reformas de liberalización económica y por una política económica de creación de empleo fundamentada en la pequeña y mediana empresa. Todo eso, señorías, es historia. Con el Gobierno socialista ha vuelto el déficit y la deuda pública en unas proporciones que parecían históricamente superadas. Ustedes han colocado a España en el pelotón de los torpes de Europa, por eso ha vuelto esa vieja y abominable expresión, los PIGS. Son ustedes, el Gobierno socialista, los que nos han devuelto a esa calificación internacional y son ustedes los que no son capaces de devolver el crédito de España y no son capaces de llevar adelante aquí, en sede parlamentaria, un planteamiento de rectificación de política económica, que es muy urgente, para devolver ese crédito internacional de España. Porque, las cosas son como son, no está en cuestión España, la España que supo hacer sus deberes para ingresar en el euro, no está en cuestión la España del crecimiento económico y de la creación de empleo, no está en cuestión la España de la igualdad de oportunidades y de las prestaciones sociales fundamentadas. Ustedes, para ganar la credibilidad de los mercados ahora anuncian recortes sociales. Ya se lo tienen que decir hasta los sindicatos en la calle; y miren que les ha costado decir algo a los sindicatos en este país, después de que se hayan destruido 2 millones de puestos de trabajo. Repito, hasta los sindicatos se lo han tenido que decir ya en las calles de España. Siempre pasa igual, siempre estamos en el círculo vicioso. Cuando ustedes gobiernan las finanzas públicas se desequilibran. Nos amenazan con más subidas de impuestos -lo que promoverá menor crecimiento económico este año, señora vicepresidenta- y ahora, cuando ya se han metido en el pantano y la sombra del déficit público se proyecta siniestramente sobre la recuperación económica de España como la sombra del paro, de destrucción de puestos de trabajo tan sangrante que hemos vivido, es el momento de subir -suba usted, señora vicepresidenta- a anunciar medidas claras de reducción del gasto público; que no es ir al Fondo de Contingencia ni a la cuenta financiera ni escuchar al señor Blanco esta mañana decir que va a dejar de construir un kilómetro de autovía para garantizar una beca.
Aclárense de una vez sobre lo que son las prioridades del gasto, eviten la subida de impuestos y acometan reformas económicas profundas, incluyendo la reforma del mercado de trabajo como elemento fundamental.
Señoría, la credibilidad de un Gobierno se dirime aquí, en esta tribuna, frente a toda la sociedad española. Asuman su tarea y sus responsabilidades
y déjense de promover reuniones, a las que por supuesto iremos con el mejor ánimo, pero ese ánimo lo tienen que construir aquí a través de su intervención, señoría, ganándose la credibilidad en su intervención y no promoviendo encuentros en palacetes del Ministerio de Fomento para que le sustituyan a usted, señoría, en su papel de directora de la política económica del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Fernández González: ¡Qué ánimo, Montoro!)
Para contestar a la interpelación tiene la palabra la vicepresidenta segunda del Gobierno.
Señor Montoro, comienza usted siempre igual, relatando un efecto crowding out que usted sabe, al igual que yo, que no se ha producido. Es verdad que las actuaciones discrecionales que ha llevado a cabo el Gobierno, unidas al funcionamiento de los estabilizadores automáticos, han conducido a un incremento del déficit y de la deuda pública; una deuda pública, por cierto, que a finales de 2009 es de un 55 por ciento del PIB, más de 20 puntos inferior a la media europea y todavía inferior a la que existía cuando ustedes llevaban cinco años gobernando; simplemente por darle algunos datos para que se sitúe y para que puedan situarse también las personas que nos escuchan. El incremento del déficit y de la deuda pública ha tenido un efecto estabilizador sobre el PIB y sobre la renta, el empleo y los ingresos públicos, porque el PIB desde luego ha sufrido una caída importante, un 3,6 por ciento en el año 2009 -por cierto, también inferior a la media europea y muy inferior a la de alguno de los países con los que usted nos compara habitualmente-, pero esa caída hubiera sido muchísimo mayor si no se hubiera incrementado el déficit público. Parte de ese déficit se debe a un mayor gasto en inversión, que va a fomentar a largo plazo un mayor crecimiento del PIB y por tanto de los ingresos y facilitar así el efecto de la deuda pública.
Señoría, el efecto expulsión del que usted tanto habla podría producirse cuando existiera una oferta de recursos financieros poco elástica y cuando la demanda de financiación solvente del sector privado fuera elevada, y son condiciones que no se dan en el momento actual, donde hay unas condiciones monetarias laxas y donde ha habido también un reducción de la demanda de financiación por parte del sector privado. Las empresas y las familias -tiene usted razón- han pasado de tener una necesidad de financiación en el año 2007 a tener capacidad de financiación en el año 2009. Han recortado su gasto y han aumentado su ahorro. Han iniciado un proceso de reducción de su apalancamiento; una reducción de su apalancamiento que espero que coincida conmigo, señor Montoro, en que no solo es conveniente sino también necesaria porque, frente a un sector público que estaba poco endeudado, usted sabe como yo que el sector privado estaba mucho más endeudado que la media europea. Por tanto, el aumento del déficit y el aumento de la deuda pública han tenido también un efecto compensador de ese ajuste en el comportamiento del sector privado. Es verdad que se han endurecido las condiciones de financiación para los prestatarios más vulnerables, pero eso tiene muy poco que ver con el aumento de la deuda pública. Es una circunstancia que deriva del elevado riesgo que las entidades de crédito adjudican a estos prestatarios vulnerables, en particular en un contexto de aumento del desempleo y de una fuerte recesión. Es probable que en los primeros momentos de la crisis la dificultad de acceso a la financiación mayorista pudiera explicar algún endurecimiento del crédito, pero desde que la normalidad ha vuelto a los mercados financieros y desde que el Banco Central Europeo ha estado aplicando una política de concesión de liquidez, este efecto ha desparecido.
Señoría, el mercado de deuda pública español es un mercado mayorista. La oferta de financiación de las entidades de crédito es muy poco sustitutiva de la financiación obtenida por el Estado. La razón fundamental es que el riesgo de financiar a una PYME o a un hogar es en estos momentos, en la percepción de las entidades financieras, muy distinto al de financiar al Estado, y desde el estallido de la crisis las decisiones de asignación de recursos se están tomando en función del riesgo esperado y de las necesidades de recursos propios. Por tanto, señoría, no es la mayor emisión de deuda por parte del Estado lo que anima a las entidades de crédito españolas a financiar en menor medida a empresas y familias, porque el perfil de riesgo de sus carteras y la gestión de los recursos propios responde a decisiones privadas de las entidades. Por decírselo de otra manera, aunque el Tesoro no hubiera aumentado su emisión neta, las entidades de crédito hubieran seguido demandando activos de alta calidad. Por tanto, la hubieran comprado a emisores soberanos, lo que pasa es que en ese caso no españoles. Porque, señoría, las entidades de crédito españolas detentan el 30,18 por ciento del total de bonos y obligaciones no segregadas. En el año 2007 ese porcentaje era del 26 por ciento. Por tanto, señoría, no ha aumentado de manera extraordinaria, ha aumentado cuatro puntos desde el momento más alto de nuestra situación económica, y ese porcentaje -ya que usted insiste- es bastante normal en términos históricos. En el año 2003, cuando ustedes gobernaban, ese porcentaje era del 38 por ciento; ahora es del 30 por ciento. Señoría, fíjese en los datos. Y una parte considerable de la deuda del Estado la adquieren entidades no residentes.
Señoría, la evolución más reciente del crédito que pone de manifiesto una cierta estabilización en el crédito
para adquisición de vivienda es consistente con este análisis. Sigue habiendo una contracción en el crédito a empresas no financieras, pero a medida que la economía se reactiva nosotros estamos absolutamente seguros de que ese crédito volverá a llegar a las empresas. Mientras tanto estamos adoptando medidas a través del ICO para que las empresas puedan contar con los créditos que son necesarios para el desarrollo de su actividad. El presidente del Gobierno ya manifestó aquí que, efectivamente, no es todavía suficiente y por eso el ICO está dispuesto a hacer más. Aún así reconocerá conmigo que más de 300.000 empresas se han beneficiado en el año 2009 de los créditos del ICO, que el ICO ha puesto a disposición de todo el sector privado más de 30.000 millones de euros, que se han utilizado de esos 30.000 millones más de 19.000 y que para este año 2010 no existe limitación en el crédito que el ICO va a poner a disposición de nuestro crecimiento económico.
Señoría, hablaba usted también hoy del déficit público y de las medidas que vamos a tomar para reducirlo. Comparto con usted la preocupación por el déficit público y comparto con usted la necesidad de iniciar cuanto antes un proceso de consolidación fiscal para sanear las cuentas de todas las administraciones públicas. Espero que no le siente mal que le diga que estamos de acuerdo porque cada vez que usted o alguno de sus compañeros de partido se sube a esta tribuna parece que también sobre este tema tuviéramos posiciones radicalmente opuestas. En este caso quiero decirle que no es así. El Gobierno se ha comprometido a reducir el déficit público al 3 por ciento en el año 2013. Vamos a conseguirlo.
Ustedes también pueden hacerlo, también pueden colaborar; es más, creo que deben colaborar ya que gobiernan en comunidades autónomas y en entidades locales y usted sabe perfectamente que el gasto de los entes territoriales es la mitad del gasto público. Por tanto, señoría, su colaboración para que aquellas entidades donde gobiernan también se apliquen a la reducción del déficit público implicaría cierta coherencia en su discurso y supondría pasar de las palabras a los hechos. El déficit, que estimamos en el 11, 4 por ciento de nuestro PIB -a falta de conocer el déficit final de las administraciones territoriales, pero habiendo hecho una estimación que entendemos ajustada-, exige desde luego medidas de corrección inmediata. Es verdad que una buena parte de ese déficit responde a las medidas de estímulo económico que se han adoptado para responder a la crisis. Unas medidas que estamos comenzando ya a retirar de manera muy gradual para no interrumpir la incipiente recuperación económica, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea. Porque el déficit público, permítame que le diga, no es una realidad exclusiva de nuestro país. Todos los países, desde luego todos los de la Unión Europea, han adoptado una política fiscal expansiva para combatir la crisis internacional. No tiene más que mirar que hay en este momento veinte países de la Unión Europea sometidos a un procedimiento de déficit excesivo y que en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, el déficit ha aumentado también hasta niveles históricos. Sin embargo, también es necesario reconocer, y espero que usted así también lo haga, que estas medidas han tenido un efecto estabilizador sobre el PIB. Es verdad que nuestra deuda pública se ha elevado, sigue estando veinte puntos por debajo y sigue siendo, en palabras, ayer, del secretario general de la OCDE, una deuda muy gestionable, y espero que no ponga en cuestión los pronunciamientos del secretario general de la OCDE. De la misma manera que espero que no ponga en cuestión los pronunciamientos de las agencias de calificación. Porque, señoría, ha dicho usted que España era solvente y que ya no lo es. Sinceramente, creo que esa es una afirmación de una extraordinaria gravedad que no esperaba yo escuchar de ningún partido político presente en este Congreso de los Diputados.
España era solvente antes y es solvente ahora. ¡Es solvente! Y desde luego creo que es una obligación de todos nosotros, y particularmente de aquellos que desempeñamos responsabilidades, afirmar lo que por otra parte es ya una convicción incluso de esas agencias de rating a las que ustedes también hacen referencia. Hace muy pocos días, dos de las agencias de rating han confirmado la calificación de AAA para la deuda española; y es verdad que hay una agencia de rating cuya calificación es AA+; pero esa calificación tampoco se ha deteriorado en estas últimas semanas. Y si a lo que vamos es al coste de nuestra financiación en los mercados, quiero decirle que frente a los más de 120 puntos básicos del mes de febrero del año 2009, en este momento estamos en 74 puntos básicos, todavía por debajo de Italia, desde luego muy por debajo de alguno de los países con los que usted parece que nos quiere comparar.
Muchas gracias, señoría, muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.
Señor Montoro, su turno de réplica.
El señor MONTORO ROMERO: Señora presidenta.
Señora vicepresidenta, después de escucharle a usted en esta tribuna puedo concluir que el Gobierno está pagado de sí mismo. ¿Pero, usted va a rectificar la política presupuestaria de este país?
Señor Montoro, coincido con usted -me dice- en que me preocupa el déficit público. ¡Pero si el déficit público lo ha provocado usted! ¿O no, o ha sido alguien que nos ha venido a visitar, extraterrestre y tal? ¡Si han sido ustedes los del déficit público! El déficit público, ¡pavoroso déficit público! en dos años. ¡Histórico déficit público! (Rumores.) Con un incremento de deuda pública que en volumen, señoría -no en porcentaje, en volumen- han duplicado en dos años. Señoría, ¿eso no tiene un impacto financiero sobre el país? ¿Quién está provocando la necesidad de financiación de España frente al resto del mundo? ¿Quién? Se lo he dicho ya en
cifras, ¿ha entendido usted las cifras que le he dado? Suba usted aquí y niegue que la necesidad de financiación de España frente al resto del mundo procede en este momento únicamente de las administraciones públicas. ¡Suba y dígalo! O no lo puede decir, señoría, o no ha entendido qué le he querido decir sobre el ajuste de un país y tal.
Yo tengo una responsabilidad ante los españoles. Yo represento a un grupo parlamentario que lo que estamos pidiendo, como le ha dicho la señora Sáenz de Santamaría esta mañana, es fundamentalmente una rectificación de la política económica del Gobierno. Porque ustedes han cometido una gravísima equivocación de política presupuestaria y de política económica del Gobierno, señoría, y son ustedes los responsables, no las comunidades autónomas ni las corporaciones locales, cuya financiación viene del presupuesto del Estado. Son ustedes los que ahora no tienen el arrojo de decir a los españoles que ese presupuesto desequilibrado, deficitario, es insostenible, como lo ven todos los analistas dentro y fuera de España. Y eso va a pesar como una losa en nuestra recuperación económica. Como portavoz estoy ejerciendo mis responsabilidades y le aseguro que no es fácil tratar de anticiparse a esos acontecimientos, pero a estas alturas por lo menos podría usted tener la dignidad de reconocer públicamente que hemos tenido razón en nuestros diagnósticos y en nuestros pronósticos; por lo menos reconózcanlo, digan quién ha tenido razón a la hora de analizar las causas y las consecuencias de esta crisis. Por tanto, si quieren un apoyo del Partido Popular será para rectificar su política económica, no para apoyarla porque, insisto, son ustedes los que están pretendiendo ahora una modificación de su presupuesto, son ustedes los que están pretendiendo una financiación de las comunidades autónomas.
Pero si se ha aprobado por los pelos una nueva Ley de financiación autonómica en nuestro país -nosotros hemos estado en contra de esa financiación autonómica considerándola inoportuna- y ahora van a convocar a las comunidades autónomas -una vez tienen ese dinero en su presupuesto, que está en la financiación de la educación, de los hospitales, de las prestaciones sociales- diciendo que hay que recortar. (Rumores.) Suba usted a esta tribuna a decir dónde va a recortar el gasto público. Suba a esta tribuna a mantener cuál es su propuesta de posponer la edad de jubilación y diga que eso lo ha dicho el Gobierno para suavizar el comportamiento de los mercados, que son los acreedores de España, porque esa es la única causa. (Rumores.) Ustedes, como Gobierno -no España, no, ustedes, el Gobierno socialista- están contra las cuerdas de la credibilidad y de la falta de confianza, señoría, y eso es lo que nos está pasando en España. La crisis económica, ¿nos está llevando a una crisis política, institucional? No, nos está llevando a una crisis de Gobierno. Eso es lo que se está produciendo en nuestro país y esa es la falta de credibilidad y de confianza. En intervenciones como la que acaba de hacer, señoría, no es capaz de precisar en este momento cuál es el recorte de gasto público que está acometiendo porque, entre otras cosas, sabe perfectamente -yo he sido ministro de Hacienda- dónde se contiene ese gasto público. Con ustedes hemos vuelto a los noventa, señoría, a la tasa de paro cercana al 20 por ciento de la población activa, hemos vuelto a convencer a la gente de que no salga siquiera a buscar trabajo porque está cayendo la población activa de España; hemos vuelto al déficit y a la deuda pública creciente y hemos vuelto a situar a España en el pelotón, como les decía antes, de los torpes de Europa. (El señor Cuesta Martínez pronuncia palabras que no se perciben.) Ese es el resultado de su política y nosotros, desde nuestra posición, estamos exigiendo una rectificación inmediata de la suya, porque no cabe otro tipo de comportamiento político para salir de una vez por todas de la peor crisis de empleo que está viviendo nuestro país, la peor crisis de pequeña y mediana empresa, la peor crisis de autónomos que estamos sufriendo en España.
Señor Montoro, el Gobierno ha hecho en cada momento lo debido: en época de bonanza económica, lograr superávit en las cuentas públicas porque, señoría, le insisto en que fue este Gobierno el primero en lograrlo; y en época de crisis económica, poner en marcha todos los instrumentos de política económica a nuestro alcance para suavizar los efectos de la crisis y lograr una recuperación económica en el plazo más breve posible.
Los instrumentos que están a disposición de la política económica son la política fiscal y las reformas estructurales. Y ahora, cuando lo peor de la crisis ya ha pasado, queremos iniciar un proceso de consolidación fiscal para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y en el largo plazo. Señoría, la manera de haber tenido un déficit público más reducido, a costa por cierto de haber tenido una mayor caída del PIB, hubiera sido a través de la inacción del Gobierno no adoptando medidas para ayudar a los desempleados, medidas que, por cierto, ustedes apoyaron afortunadamente; no haber hecho nada para contribuir a la reestructuración del sistema financiero; no haber creado líneas de créditos y de avales a través del ICO; no haber creado el Fondo estatal de inversión local. Señoría, nosotros no renunciamos a actuar contra la crisis, como tampoco renunciamos ahora a realizar un esfuerzo conjunto para reducir el déficit público.
Señoría, hay medidas que ya están incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, casi un 4 por ciento de disminución del gasto con respecto al
año 2009. Además, el pasado 29 de enero adoptamos un acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones de euros que están perfectamente detallados, no solo los ministerios a los que afecta, sino también los capítulos de gasto a los que se refiere. También hemos diseñado un plan de austeridad para la Administración General del Estado, que va a suponer reducir el gasto en otros 2,6 puntos del PIB, haciendo, además, una especificación de cómo va a afectar esa disminución del capítulo de gasto al capítulo de gasto de personal, por ponerle un ejemplo.
Señoría, ha hecho usted una afirmación que me parece peculiar. Primero, pone en solfa el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, después dice que las comunidades autónomas no pueden hacer nada para reducir el déficit porque sus ingresos provienen del Estado y el Estado, como todo el mundo sabe, tiene una maquinita para hacer billetes, porque parece que tal cosa es lo que ustedes pretenden. Pero, además, ahora dice que a las pobrecitas comunidades autónomas a las que les hemos dado un dinero, que usted cree que no necesitaban, ahora van a tener que reducir su déficit. Señoría, este es un trabajo conjunto, que exige la colaboración de todos, todos vamos a tener que hacer esfuerzos para reducir nuestro déficit fiscal. Y al decir todos quiero decir todos, porque, efectivamente, los esfuerzos van a ser importantes.
Señoría, habla usted de inconcreción. No tengo más remedio que repetirle que para inconcreción la famosa enmienda que su grupo parlamentario presentó a los Presupuestos Generales del Estado para 2010 proponiendo una reducción del gasto público. Fue esa enmienda en la que, por cierto, ustedes solo especificaban 3.677 millones de los 10.000 de los que hablaban, aunque el señor Nadal dijo textualmente: Las cifras son aproximadas, más como un gesto que como una medida concreta, lo cual es una declaración de principio bastante peculiar. Querían reducir 2.500 millones de las transferencias a empresas públicas cuando la partida tiene una dotación de 1.138 millones. Esa es su coherencia, esa es su concreción y esa es la determinación que ustedes tienen para apoyar la reducción del déficit. Parece que esa cifra de 10.000 millones les gusta, porque el señor Rajoy volvió a repetir esa cifra en la comparecencia del presidente del Gobierno hace muy pocos días, sin detallar, una vez más, a qué partida se refiere.
Señoría, ha hablado usted de las reformas estructurales. Evidentemente, porque nosotros, además de preocuparnos de esta reducción del déficit en el corto plazo, queremos también que haya reformas estructurales que permitan que nuestro país tenga un crecimiento equilibrado y no el crecimiento desequilibrado a que ustedes nos condujeron con su política referida al suelo y al sector de la vivienda.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA REGULACIÓN DEL DERECHO A DECIDIR SOBRE LA PROPIA VIDA. (Número de expediente 172/000152.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, finalmente, a la interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la regulación del derecho a decidir sobre la propia vida.
Para formular esa interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Tardà.
Señor ministro, buena parte de la población española cree que Dios da la vida y que solo Dios tiene la potestad de quitarla. Quien cree eso tiene todo el derecho a creerlo y a actuar en consecuencia, tiene todo el derecho a adecuar su manera de vivir a sus concepciones morales y religiosas. Ahora bien, quien no crea que la vida depende de la voluntad divina y crea que le corresponde a la persona la disponibilidad de su vida y muerte también debe tener el derecho a actuar en consecuencia, también debe tener el derecho a actuar conforme a su manera de ver y vivir la vida, conforme a su manera de entender la libertad y la dignidad de la persona, así como a vivir según sus concepciones, porque la vida, señor ministro -coincidimos, seguro- es un derecho no es una obligación y para ello, nosotros, los que no creemos en Dios, solo tenemos al Estado.
Hoy hemos venido a reclamar el derecho a la eutanasia, el derecho a decidir sobre la propia vida, un tema que es permanente. De hecho, todos directa o indirectamente lo vivimos, desgraciadamente, a lo largo de la vida. Todos nos hemos encontrado o nos podemos encontrar ante una situación difícil de este tipo, vivida en la cercanía de un familiar, de un amigo, de una persona querida. ¿Cuántos de nosotros no celebramos en su momento la aprobación, en el año 2002, de la Ley de Autonomía del Paciente? Fue un avance puesto que modificó -incluso superó- la relación existente anteriormente entre el médico y el paciente y situó al paciente en el centro de todas las decisiones. De hecho este tema ha sido recurrente en los republicanos. Lo planteamos en la pasada legislatura.
El compañero Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, también lo ha llevado a debate en otras ocasiones y resultó insultante incluso que alguna vez se nos respondiera -no digo por parte de los diputados socialistas- por algún medio de comunicación en donde sí tienen voz los socialistas que la sociedad no estaba suficientemente preparada, cosa que a nuestro entender es insultante. Es más, incluso se llegó a decir que no había demanda social, lo cual era doblemente insultante. Ya tendremos ocasión de debatir todo ello la próxima semana. Venimos aquí a reclamar un
derecho que corresponde establecer al Estado mediante los mecanismos que garanticen el ejercicio que nosotros reclamamos. El Estado debe proteger tanto la libertad de la persona como la seguridad y aquí vale la pena incluso hacer un llamamiento de solidaridad con el doctor Luis Montes por aplicar -por cierto por aplicar medidas paliativas, víctima -¿dónde están?- del Gobierno católico derechista de Madrid. Porque vale la pena recordar a este gran ciudadano. Cierro paréntesis.
Decía que lo habíamos reclamado en otras ocasiones, ciertamente, y es un derecho que el Estado no puede negarnos porque corresponde al Estado establecer los mecanismos para garantizarlo. Se debe desde el Estado proteger la libertad de la persona y también a la persona que practica la eutanasia. Se deben establecer las condiciones oportunas para confirmar la voluntad de la persona y corroborar que es fruto de una decisión -atención- libre, informada y consciente. La decisión informada implica que el enfermo debe recibir la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación incluyendo los cuidados paliativos. Incluso una decisión informada debería incorporar información sobre los últimos avances médicos y las previsiones que se pueden esperar en un futuro, pero esto, señor ministro, habría que debatirlo una vez reconocido el derecho a decidir sobre la propia vida.
Luego deberemos ver las condiciones y las garantías. Se preguntaba el filósofo catalán Terricabras el porqué una persona -¡fíjese!- puede rechazar un tratamiento oneroso aun a sabiendas que significará su muerte y en cambio un enfermo con una enfermedad terminal, que no está siendo mantenido con vida a través de ningún tratamiento médico pero que considera que la enfermedad misma está haciendo de su vida una carga, no puede buscar ayuda para evitar esta misma carga. Es un contrasentido que no tiene explicación en la sociedad del siglo XXI.
Señor ministro, nosotros no venimos aquí a reclamar solo la despenalización sino que pedimos la regularización. porque la despenalización sin regulación puede dar lugar a situaciones conflictivas que lesionen el derecho o que dejen en una absoluta inseguridad jurídica al personal sanitario -y antes hacía referencia al doctor Montes-. En este mismo sentido, si se mantiene la eutanasia en el artículo 143 -aun cuando existen las condiciones específicas que marca el Código Penal para disminuir la pena en casos como el que nos ocupa-, se aboca a las personas que reclaman la aplicación de ese derecho, a sus familiares, amistades e incluso al personal médico a una situación dramática. Porque aquellas personas que desean poner punto final a su vida por la situación en la que viven y no pueden hacerlo solicitan ayuda a las personas allegadas, y si no recuerden el famoso caso del ciudadano gallego Ramón Sampedro. Pónganse -y sobre todo usted, señor ministro- en el caso de un familiar que sufre día tras día por mantener una vida que considera cruel e indigna y que le solicita ayuda para morir. Piense en lo difícil que es para una persona decidir poner fin a su vida. Piense en lo difícil que es para esa misma persona solicitar ayuda a un familiar, a una amiga, a una persona allegada. Piense en el dilema y la amargura de este familiar o de esta amiga, a quien alguien que quiere le pide ayuda para morir. Piense en lo que se siente ante la fiel obligación de ayudar a ese ser querido a renunciar a una existencia que ya no se atreve a calificar de vida. Y a esas dificultades, a todas ellas, además les tenemos que añadir el peso de la justicia y el del Código Penal, que amenaza con meterlo en la cárcel, estigmatizarlo socialmente -porque la ley domina y domina mentalidades- si accede al desesperado deseo del enfermo. Esto hoy día no tiene ningún sentido y además no me creo, no me creo que usted piense de esta manera. Estoy convencido de que no es así. Otra cosa son las dificultades políticas, ya hablaremos de ellas, que impiden poder superar este déficit.
Quien practica la eutanasia lo hace por el bien del enfermo, por cumplir su voluntad. Yo lo haría, creo que lo haría. Yo creo que usted lamentaría -por la estima que sé que nos tenemos-, yo sé que usted lamentaría que me metieran en la cárcel. De manera que no estamos hablando aquí, y menos desde esta tribuna, de cosas baladíes, porque comprometen las palabras, y lo digo con la convicción de que lo haría, de que posiblemente lo haría, y estaría ante una tragedia vital no solamente de la persona afectada sino de mi propia vida, con lo cual aquí lo que estamos haciendo es poniendo en solfa algo de un gran calado. Quien practica la eutanasia lo hace por el bien del enfermo, por cumplir su voluntad, y es plenamente consciente de la dura responsabilidad que asume. Por ello nos parece una gran crueldad que la ley persiga a esta persona como si fuera un delincuente, bastante pena tiene por suplir al Estado, por tener la obligación de suplir al Estado. Todavía más cruel es que no tenga los instrumentos para facilitar una muerte digna y dulce a la persona. De hecho, ¿quieren más paradoja? Antes hacía referencia al ciudadano gallego Ramón Sampedro, que después de años y años y años de reclamar una muerte digna, tuvo que morir de una muerte horrorosa con cianuro potásico. Esto es francamente muy lamentable y dice poco de nuestra sociedad; por no hablar de la última noticia, aparecida en los periódicos de nuestro país, relativa al ciudadano periodista de la BBC, que tuvo que asfixiar -esto parece una novela de Agatha Christie- a su compañero con una almohada.
Por esto, ¿regulamos la eutanasia o no? En Holanda, estuvieron treinta años discutiendo, al final regularon la eutanasia, y la opinión internacional o una buena parte de la opinión internacional se les echó encima; pero se han ido sucediendo los distintos gobiernos, de un color y de otro, y la legislación holandesa en el Parlamento holandés no ha sido derogada, aunque se han conformado mayorías parlamentarias de distinto color político e ideológico. Luego quiere decir que la sociedad holandesa ha asumido y ha percibido de forma muy clara qué
significa, como avance de civilización, el regular desde el Estado democrático la eutanasia.
Debo terminar, señor ministro. Hasta aquí he intentado transmitirle las paredes maestras de nuestro discurso interno, de nuestra lógica interna, en la defensa republicana de este derecho. Entiendo las dificultades y estaré muy atento a su respuesta. En la réplica, si le parece, le expondré y pediré algunas explicaciones sobre los impedimentos de cariz político que tienen ustedes para ir un poco más allá. Como siempre, les brindaremos todo el apoyo porque o avanzamos con ustedes o no avanzaremos, ya que de la derecha no se puede esperar ningún avance en cuanto a derechos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señorías, no hay vida digna sin una muerte digna. Estamos, creo, de acuerdo en ello. Este Gobierno viene desde hace tiempo, precisamente por participar en esa convicción, trabajando en diversos ámbitos de su competencia para que esa afirmación sea realidad en nuestra sociedad. Pero para asegurar el derecho a una muerte digna y a no padecer sufrimientos innecesarios en situaciones terminales, no estimamos pertinente en este momento modificar nuestra legislación penal y, sinceramente, tampoco creemos que hoy sea una prioridad. El derecho penal no es la respuesta a todas nuestras inquietudes ni debe serlo. Es una regla de mínima intervención dentro de la sociedad. Es verdad que uno, en situaciones delicadas y personales como las que exponía el señor Tardà, tiene que asumir responsabilidades en la decisión, pero no puede hacer responsable de lo que es una decisión propia a decisiones que deben tomar estas Cortes pensando en toda la sociedad española, y el conjunto de intereses y bienes jurídicos que están en juego en decisiones tan complejas. La disponibilidad sobre la propia vida es una cuestión delicada y compleja que requiere siempre de un amplio consenso. Por eso, antes de introducir cambios en nuestro Código Penal debemos profundizar y conocer nuestra realidad, acumular experiencias y explorar estrategias sanitarias y de apoyo a los pacientes y a sus familias.
La respuesta científica, profesional y humana a las necesidades de los enfermos en fase avanzada y terminal, así como el apoyo a sus familiares ha de venir principalmente, a nuestro juicio, de la mano del testimonio vital y de los cuidados paliativos. De ahí, la enorme importancia que tiene la acción de los poderes públicos, y particularmente de las comunidades autónomas, que han asumido competencias en esta materia. Como no puede ser de otro modo, me referiré aquí a aquellas políticas públicas que son responsabilidad de la Administración General del Estado. Pero antes y muy brevemente, permítanme ilustrar nuestro debate con algunas cifras. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística del año 2008, fallecieron en España 385.954 personas. Entre el 50 y el 65 por ciento de esos pacientes fallecieron tras una etapa avanzada y terminal de su enfermedad; entre un 20 y un 25 por ciento, debido a procesos oncológicos. Hablamos, pues, de personas que requirieron cuidados paliativos. Del mismo modo, y de acuerdo con diversos estudios internacionales sobre la prevalencia de síntomas y la utilización de recursos en la fase terminal de la vida, se estima que el 60 por ciento de los pacientes con cáncer y el 30 por ciento de los no oncológicos precisan de la intervención de equipos o de cuidados paliativos para evitar situaciones de encarnizamiento o de abandono terapéutico. Ante esta realidad, señoría, el Gobierno considera que el derecho a una muerte digna y a la lucha contra el dolor debe comenzar por hacerse efectivo en el conjunto del sistema sanitario español. Por ello, el Gobierno ha volcado todos sus esfuerzos, por un lado, en la estrategia nacional de cuidados paliativos y, por otro, en la operatividad del Registro nacional de instrucciones previas. Esas han sido nuestras grandes líneas de actuación.
La atención a los pacientes en fase terminal está recogida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, aprobada en el año 2006, tanto en el ámbito de la atención primaria, como en el de la atención especializada, con un contenido mínimo afortunadamente exigible en todo el país, por lo que la colaboración entre instituciones es imprescindible para dar una respuesta pública satisfactoria a todas estas cuestiones. En el Consejo Interterritorial de marzo del año 2007, esa voluntad de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas se plasmó en la estrategia en cuidados paliativos para el Sistema Nacional de Salud. Una estrategia que promueve el establecimiento de protocolos uniformes en todo el territorio español para ofrecer una respuesta coordinada a las necesidades de estos enfermos y de sus familias, desde un enfoque realista, apegado al día a día, a la gestión diaria de la necesidad, de acuerdo, además, con la evidencia científica disponible en cada momento.
Entre los años 2006 y 2009, a través de los fondos para políticas de cohesión territorial, se han financiado más de 60 proyectos para la aplicación de la estrategia en cuidados paliativos, que están siendo desarrollados por las respectivas comunidades autónomas. También se han concedido ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal para la realización de programas específicos orientados al desarrollo de esa estrategia y se han promovido actuaciones, apoyando la investigación en diferentes sectores y proyectos, a través de las convocatorias llevadas a cabo por el Fondo de investigaciones sanitarias y de la evaluación de las tecnologías sanitarias. Otras veces, señoría, las acciones del Gobierno se han concretado en convenios de financiación con servicios sanitarios o con otras entidades de las comunidades autónomas, y en el año 2008, en colaboración
precisamente con ellas, pusimos en marcha una iniciativa para la mejor implantación de los cuidados paliativos en nuestro país. Iniciativa que forma parte de un plan de acción de fortalecimiento de estas políticas, que cuenta con una dotación presupuestaria de 15 millones de euros. Entre sus objetivos fundamentales figura, en primer lugar, la universalización de los cuidados paliativos domiciliarios en el ámbito de la atención primaria, algo fundamental para que las personas se encuentren arropadas en su propio entorno familiar. En segundo lugar, el impulso a los programas de apoyo al cuidador y la elaboración de programas de actuación y guías prácticas de clínica basadas en la evidencia científica para ofrecer, desde la ética y el conocimiento médico, las respuestas que los cuidadores necesitan frente a los interrogantes que razonablemente en momentos tan delicados formulan los ciudadanos.
Estamos impulsando, por tanto, un modelo de atención interdisciplinar que permita ampliar el conocimiento y mejorar la asistencia a los pacientes y el apoyo a las familias. Pero tan importante como esta estrategia ha sido, en el tema que ahora nos ocupa, la creación, mediante Real Decreto 127/2007, de 2 de febrero, del denominado Registro nacional de instrucciones previas y los correspondientes ficheros automatizados de datos de carácter personal que lo acompañan. Este registro, adscrito al Ministerio de Sanidad y Política Social, tiene por objeto posibilitar el conocimiento en todo el territorio español de las instrucciones previas o de las determinaciones que sobre su vida puede realizar cada persona, otorgando así a los ciudadanos un documento formalizado y de conocimiento por todo el Sistema de Salud, donde puede hacer valer sus pretensiones cuando se encuentre en situación terminal o de cuidados paliativos. Se trata, además, de un registro constituido en colaboración muy estrecha con todas las comunidades autónomas y que refleja las prescripciones contenidas en las leyes autonómicas dictadas al respecto. A día de hoy, es importante subrayarlo en esta Cámara, todas las comunidades autónomas han publicado su normativa en relación con este tipo de registros de instrucciones previas y han remitido sus datos a este registro nacional, hasta el punto que ya figuran en él -para dar el dato exacto- 62.517 ficheros personales, es decir, la voluntad de ciudadanos españoles que quieren y expresan cómo se ha de evolucionar y actuar si entran en una situación terminal y si se estima que la atención a su vida debe llevarse con arreglo a sus propios criterios y de autonomía de la voluntad.
Me parecía, señoría, muy importante poner en valor esta acción conjunta del Estado y de las comunidades autónomas en un tema que afecta directamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es su derecho a la salud y su derecho a determinar el alcance y la dignidad de su muerte, porque normalmente se considera que la descentralización política supone un elemento de pérdida de eficacia del modelo cuando, como creo que acabo de demostrar, ocurre a veces justamente todo lo contrario. El buen funcionamiento entre el Estado y las comunidades autónomas han permitido poner en marcha un magnífico sistema de colaboración institucional en toda esta materia. Por tanto, la descentralización política no tiene por qué conducir a la pérdida de eficacia, sino más bien todo lo contrario, como lo acredita este caso. En este contexto, señoría, es en el que actualmente nos movemos en España.
La atención integral a los pacientes es una tarea en la que todos estamos implicados, cada uno en su ámbito y cada uno desde su responsabilidad, conscientes de que nuestra obligación de fraguar un sistema de salud y de asistencia a los ciudadanos, basado en criterios de respeto, de acompañamiento, de calidad y también de calidez humana hacia las personas y en beneficio de ellas, así como de sus familias, que atraviesan esa especial situación de vulnerabilidad, es la mejor línea política que ahora podemos seguir.
Sin duda, señoría, nos queda mucho por hacer, pero también quiero destacar aquí, en el Congreso de los Diputados, la importancia de lo mucho que ya hemos hecho. Hoy en este ámbito contamos con una red de colaboración institucional muy valiosa que debemos seguir potenciando, para que juntos dotemos de contenidos ciertos y efectivos a ese derecho a morir con dignidad y que ese derecho no se quede precisamente como algo escrito en la letra de las leyes.
Señor Tardà, su turno de réplica.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor ministro.
Aun no negando en absoluto todo a lo que usted ha hecho referencia, existe la ley catalana y hoy mismo se aprueba en el Parlamento andaluz una ley para regular todo aquello que tiene que ver con el testamento vital. Pero también es cierto que todo ello es muy irregular, no tan solo irregular respecto a los territorios sino también respecto a la aplicación de las medidas paliativas. Hoy día todavía existen centros de carácter privado donde hay un verdadero encarnizamiento terapéutico. Tiene mucho que ver el nivel cultural del ciudadano con el hecho de haber establecido algún tipo de contrato a manera de testamento vital, con lo cual no digo que no sea cierto lo que usted ha dicho, pero se está empezando.
Usted ha dicho que no es una prioridad. Si dice que no es una prioridad, estamos hablando de oportunidad. Lo que yo rechazo, desde el punto de vista político, es que pueda prevalecer el criterio de no oportunidad.
Por esta misma razón, todo el tiempo que se ha tardado en legislar la interrupción del embarazo o en legislar -y antes hacía referencia a ello- el matrimonio homosexual ha supuesto miles y miles de sufrimientos de personas que no han tenido la posibilidad ni de vivir felices ni de poder superar dificultades mayores. De
manera que cuando hablamos de derechos, admita como mínimo que el tacticismo de la oportunidad es susceptible de ser un tema muy, muy delicado y que acaba teniendo una plasmación política. Y luego esto me lleva a la demoscopia. Claro, si no es prioritario es porque no es oportuno, y si no es oportuno es porque es peligroso desde el punto de vista demoscópico. Oiga, la derecha nunca parará; nunca parará. Podemos hablar de la educación religiosa en los colegios, de matrimonios homosexuales, de adopciones, porque ahora resulta que el combate es que no puedan adoptar, luego que no se investiguen células madre. Oiga, no paran; no paran. La prenda que va a pagar usted sabe que siempre es la misma; la derecha, en cuanto a según qué derechos, no modula en función de que usted gradúe y actúe en función de la oportunidad. En ese sentido, creo que ustedes son un poco timoratos, dicho con todo respeto; son un poco timoratos. Existe la posibilidad de avanzar y en ese sentido, repito, estoy convencido no solamente de que hay demanda social sino de que nuestra sociedad está suficientemente madura. Y si no, ¿cómo es posible que exista en ámbitos derechistas, conservadores, esta doble moral tan arraigada respecto a la interrupción del embarazo? Públicamente se expresan políticamente en contra, pero llevan a sus mujeres -o las mismas mujeres practican la interrupción del embarazo- o a sus hijas a interrumpir el embarazo. De manera que es evidente que no se pueden dejar acomplejar.
Nosotros lo vamos a pedir -yo sé que quizá es pedir peras al olmo- aun cuando la moción no va dirigida a usted, con todo respeto, porque irá dirigida al Partido Socialista. Usted es Gobierno y sé, además, que es posible que gradúe su actividad política en función no solamente de su responsabilidad, sino de la coyuntura política. Pero la moción irá dirigida al Partido Socialista, que sí que tiene en su ADN una posición progresista en este ámbito, al menos en su ADN de los últimos tiempos. De manera que nosotros instaremos al Partido Socialista a avanzar; sé que no conseguiremos que presenten un proyecto de ley en esta legislatura pero buscaremos algunas fórmulas para que se estudie en este Parlamento, no sé si mediante la creación de una ponencia o mediante la creación de una subcomisión, porque es evidente que no podemos quedarnos quietos puesto que no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de dos años.
Señor ministro de Justicia, su turno de dúplica.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señora presidenta, señorías, el Partido Socialista ha acreditado en múltiples ocasiones la importancia que confiere al derecho a una muerte digna; está en sus programas, está en el día a día de su acción política, forma parte de sus iniciativas políticas y, como les decía, desde el Gobierno estamos trabajando para hacerlo realidad. Pero el derecho a una muerte digna contempla muchas facetas y requiere actuaciones diversas y de muy amplio calado. No se circunscribe, por lo tanto, a la cuestión puntual de cómo debe regularse la eutanasia en el Código Penal. La discusión moral, la discusión política, la discusión jurídica sobre esta cuestión es intelectualmente apasionante, estoy seguro de ello, pero el arte de la política, señoría -bien lo sabe usted-, es hacer posible lo necesario, y en nuestra opinión en este momento es necesario intensificar la estrategia nacional en cuidados paliativos, profundizando en la misma. Es necesario difundir entre todos los ciudadanos españoles, como usted muy bien decía, porque no se conoce todavía el alcance de esa legislación, la existencia del Registro de instrucciones previas y lo importante que es a nivel de comunidades autónomas, y también el registro del Estado, para hacer valer sus determinaciones a la hora de enfrentarse a unos momentos difíciles al final de su vida. Creo que eso es lo que la gran mayoría de los españoles nos reclaman en este momento. Hagamos real en nuestro sistema de salud el derecho a una muerte digna, informémosles de lo que ya tienen y que todavía no hemos desarrollado de manera completa y prestemos una asistencia apegada a los pacientes, a las personas y a sus familias. En ello, como le decía, estamos en este momento trabajando.
Esto es lo que consideramos prioritario y esto es lo que dirige y mueve en este momento la acción del Gobierno. No creemos que sea posible mantener y abrir en esta situación un debate que sigue siendo muy polémico tanto en la sociedad española como en otras muchas sociedades. Señoría, basta con examinar el derecho comparado para comprobar que nuestra legislación al respecto no es muy distinta de la de otros Estados democráticos. Es verdad que existe algún país -usted lo ha citado- que es la excepción frente a este sistema tradicional de regulación de la eutanasia en los textos y en las normas penales. Además de ser una regulación muy singular dentro de las democracias contemporáneas, es cierto que todavía, y no por haber hecho este cambio normativo, no se ha pacificado un debate social que sigue siendo intenso en aquellos países. Como Gobierno, creemos que lo oportuno en este momento es seguir avanzando en las buenas prácticas a las que antes he hecho referencia, buenas prácticas médicas y de colaboración interadministrativa; me parece fundamental. Además, está suponiendo una rueda dentada de avances sin retroceso en estas políticas públicas en nuestro país. Se está avanzando muchísimo en todo ello y además el Estado y las comunidades autónomas lo están haciendo institucionalmente bien, colaborando de manera leal y muy estrechamente.
Precisamente son estos dos valores, la estrategia en cuidados paliativos y la colaboración institucional, los que están produciendo esa progresiva consolidación del derecho a una muerte digna y a la autonomía personal en el proceso final de la vida.
Debemos, sin duda, seguir avanzando en esta cuestión -estoy de acuerdo con usted, señor Tardà- y debemos
también estar atentos a lo que ocurre en nuestra sociedad, trabajando desde la realidad de sus preocupaciones. Muestra clara de que lo estamos haciendo así es, por ejemplo, el estudio que el Ministerio de Sanidad y Política Social ha encargado al Centro de Investigaciones Sociológicas, titulado Atención a pacientes con enfermedades en fase terminal, con el que pretendemos precisamente conocer mejor cuáles son las percepciones, las actitudes y el comportamiento de los ciudadanos en los distintos aspectos que afectan a estos procesos de su vida.
Termino ya, señoría. Esta es la línea en la que el Gobierno está trabajando para dignificar el final de la vida de las personas y esta es, en este momento, su prioridad.
Señorías, hemos terminado con el debate del orden del día.

References: real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 resolución 
 artículo 143
 Real Decreto