Source: https://genocidioeneuropacentral.wordpress.com/nazis-en-argentina/ante-pavelic/
Timestamp: 2017-09-25 22:17:59+00:00

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Ante Pavelic | Genocidio en Europa Central
Ante Pavelic, Jefe de Seguridad de Perón.
Pavelic nació en Konjic, una pequeña aldea a 15 kilómetros al sur oeste de Hadžici en Bosnia-Herzegovina. Al llegar a la edad adulta, Pavelic decidió irse a Zagreb donde pensó estudiar leyes. En su juventud se hizo miembro de la organización conocida como “Frankovci”. En 1919 fue elegido secretario interino del partido. En 1921 fue arrestado junto con varios otros miembros del grupo, siendo liberados al poco tiempo; Pavelic fue quién asumió su defensa como abogado en el juicio, pero la perdió.
Fue el representante único de su partido en el Skupstina (el parlamento yugoslavo) pero las sesiones eran atendidas raramente y cuando decidió hacerlo Pavelic se apoltronó en su banca y solo irrumpió de vez en cuando con una larga arenga de protesta contra cierta medida que no aprobó. En los años 20, Pavelic comenzó a establecer contactos con los emigrados croatas en Viena y Budapest y estableció más adelante un acuerdo con la sociedad macedónica, IMRO. En 1927 actuaba como consejero para la defensa de los macedónicos en los juicios que se le entablaron a estos en Skopje.
En 1927 fue elegido al consejo de la ciudad de Zagreb. Poco después la proclamación de la dictadura del rey Alejandro I de Yugoslavia en enero de 1929, Pavelic huyó al extranjero y fue condenado posteriormente a muerte en rebeldía en Belgrado por tomar parte de las manifestaciones anti serbias organizadas en Sofía por los terroristas búlgaros y macedonios. Poco después fundó la organización archi-nacionalista Ustaše (los alzados o insurrectos).
Los campos de entrenamiento del grupo fueron instalados en Brescia y Borgotaro en Italia y Janka Puszta en Hungría. En 1933 realiaron una intentona armada en la que el Ustaše, armado por los italianos, procuró invadir el país cruzando el Mar Adriático en barcazas. Esto plan fracasó pero el grupo concibió la idea de asesinar al rey Alejandro, cosa que pocos meses más tarde concretarían. Alejandro I fue asesinado en Marsella el 9 de octubre de 1934 junto con el Ministro de Asuntos Exteriores francés Louis de Barthou.
La singular carencia de protección armada al monarca yugoslavo, y las débiles precauciones de seguridad cuando era bien sabido el riesgo de un magnicidio parecen ligarse a la capacidad conspirativa de Pavelic, quien habría podido al parecer sobornar a algún alto funcionario cercano al rey para cumplir su plan. El Prefecto de la policía de Marsella, Jouhannaud, fue destituido posteriormente de su cargo.
Pavelic y sus hombres fueron arrestados en Turín, Italia, justo un par de semanas después del asesinato del rey, pero pronto fue liberado.
Pavelic permaneció en Italia hasta el principio de la II Guerra Mundial. El seis de Abril de 1941 Yugoslavia fue invadida por fuerzas de la Alemania nazi y sus aliados , lo que provocó el nacimiento del Estado Independiente de Croacia el 10 de abril de 1941, dirigido por Pavelic y controlado de hecho por Alemania e Italia, cuyas instituciones reprodujo. El nuevo régimen persiguió a judíos, serbios, gitanos y a la oposición croata (sobre todo comunista). Después e haber promulgado leyes antijudías, abrió el campo de exterminio de Jasenovac, donde fueron asesinadas más de 80.000 personas. El ejército del Estado Independiente de Croacia combatió, junto a las fuerzas del Eje, a la resistencia de Tito (comunistas) y a los Chetniks(nacionalistas serbios).
En mayo de 1945 huyó vía Bleiburg a Austria, donde permanecería algunos meses antes de huir a Roma, donde los miembros de la Iglesia católica lo ocultaron a pesar de su condición de criminal de guerra (como se prueba en documentos desclasificados de la inteligencia de los Estados Unidos.
Su estancia en Roma era conocida por el cuerpo de inteligencia americano, pero no estaban al parecer interesados en la detención de ningún anticomunista de zonas del este de Europa. Seis meses más adelante, huyó a Argentina. Al llegar allí, hizo de consejero de seguridad de Juan Domingo Perón. Perón dio más de 34.000 visados a croatas que huyeron del gobierno comunista yugoslavo de Josip Broz Tito.
Sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial el potencial migratorio adquiere proporciones significativas. Los contingentes humanos que se desplazan desde Europa hacia América son multitudinarios y heterogéneos en su composición socio demográfica y cultural. A su vez, las motivaciones que orientaban la búsqueda de nuevos territorios también era diversa. Ciertamente, las difíciles condiciones para la subsistencia que atravesaban el mapa europeo de la época constituían el principal factor de expulsión. Empero, la urgencia de un segmento de estos contingentes era otra. Pasaba por la necesidad de encontrar países de refugio para eludir las sanciones que podrían imponerles los tribunales de sus respectivos países o las cortes internacionales por sus actuaciones durante la guerra. Huían, también, porque necesitaban poner distancia para evitar el castigo directo de sus compatriotas.
En el contexto de este intenso flujo migratorio, ¿cuántas de las personas que inmigraron a nuestro país lo hicieron dejando cuentas pendientes en Europa? ¿Quiénes eran? Es imposible responder con precisión a estas preguntas con los datos existentes. Como lo señala Alfredo Lattes en su artículo titulado: “Tratando de asir lo inasible: las dimensiones de la inmigración en la Argentina entre 1945 y el presente”, “(…) se carece de la información sobre radicaciones anteriores a 1959 y se ignora el número de personas que se acogieron a las amnistías (1949), (…) puede sostenerse que el “Flujo de Inmigrantes Legales” (FINLE), es inferior, en magnitud desconocida, al FINLE verdadero.” (El artículo de A. Lattes fue publicado en laRevista Estudios Migratorios Latinoamericanos, No 15-16, Buenos Aires, Agosto-diciembre de 1990, pags. 295-308,).
Esta imprecisión relativa a la cantidad de personas que inmigraron en forma legal se ve agravada por nuestro total desconocimiento de la suma de inmigrantes ilegales provenientes de ultramar y de países limítrofes. No obstante, sabemos que el tamaño de estos contingentes debió ser importante porque promovió la promulgación de dos leyes de amnistía, en 1948 y 1949. Los registros de las amnistías podrían constituir una fuente de información muy útil para identificar tanto la identidad de los beneficiados por estos decretos, como la cantidad de personas que inmigraron clandestinamente. Pero estos trámites se realizaron en forma absolutamente descentralizada -en las comisarías y otras agencias estatales- y sin que se apuntaran los datos de las personas que regularizaban su situación. Por esta razón resulta imposible establecer la filiación de los individuos beneficiados y mucho menos el tamaño de esta población.
Haciendo un análisis de los trabajos que intentan una aproximación cuantitativa al tema de la inmigración en la década de 1940 y parte de 1950 sobre la base de fuentes nacionales, se observa que los autores realizan las proyecciones estadísticas sin contar con un listado exhaustivo. Esto pone en tela de juicio la confiabilidad de estos trabajos, en la medida en que resulta imposible ponderar el margen de error.
Por otra parte, las estimaciones realizadas a partir de fuentes extranjeras carecen, en el mejor de los casos, de los datos sobre ingresos a través de las fronteras con países limítrofes, que en esas épocas eran muy permeables. Se sabe que muchos prófugos y fugitivos y, también los refugiados utilizaron terceros países para inmigrar a la Argentina. Con gran honestidad el historiador Holger M. Meding admite -en el Informe Final publicado por la CEANA- que Erich Priebke, extraditado por el Gobierno argentino a Italia y sentenciado por la matanza de las Fosas Ardeatinas, no formaba parte del listado por él considerado. A partir de este descubrimiento Meding señala que este, y otros casos semejantes “cambian las proporciones”. *
Por otra parte, se presenta un tercer tipo de problema. Este está relacionado con utilización de criterios personales -por parte de los historiadores- sobre la base de los que califican o descalifican los méritos de las denuncias que pesan sobre los prófugos y fugitivos, cuya captura o extradición fue solicitada hace décadas. ¿Cuáles son las condiciones objetivas y cuál es la definición operativa de las categorías “criminal de guerra” o “colaboracionista”? ¿Cuáles son las consideraciones jurídicas que legitiman que un historiador pueda rechazar la calificación consignada y las pruebas que se adjuntan a los pedidos de extradición? Esto no siempre queda claro.
Los documentos que se publican a continuación son los que se encontraron, por estar abiertos a la consulta pública. Cabe conjeturar que deben haber habido otras extradiciones solicitadas. Esta inferencia surge después de analizar el caso de Gehrard Bohne, el primer criminal de guerra cuya extradición concedió la Argentina y, no obstante la resolución favorable del tema no se ha encontrado la solicitud de extradición. Sí se ha publicado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída en el caso “Gehrard Bohne.”**
Por esto, lejos estamos de pretender que los documentos publicados cubren el espectro de extradiciones y capturas solicitadas. Amerita su publicación el valor histórico y testimonial de estas fuentes. Además muestran aspectos de la doctrina jurídica, de la legislación vigente en el país y de sus variaciones a lo largo de un período de casi cincuenta años. Reflejan también, los distintos tipos de análisis y las interpretaciones que realizan los funcionarios que actuaron en cada uno de los casos aquí presentados.
Estas fuentes incluyen dos de los casos que suscitaron especial interés en la Cámara de Diputados, se trata de Pierre Daye y Ante Pavelic.
En 1949 el diputado radical Mauricio Yadarola denunciaba que Pierre Daye/Adam y otros criminales de guerra –cuyos nombres quedaron debidamente consignados en el libro de Actas de la Cámara- fueron nombrados asesores de la Policía Federal.*** Con tal motivo solicita que se invite al Ministro de Relaciones Exteriores para que informe sobre el grado de conocimiento del Ejecutivo acerca del ingreso de este tipo de “refugiados” al país. La moción de Yadarola no prosperó, pero muestra que sectores de la sociedad civil argentina conocían las actividades de estos inmigrantes y rechazaban contundentemente su participación en la vida pública y su incorporación como funcionarios de las agencias estatales. Esta denuncia no fue obstáculo para que siguieran en sus funciones con el beneplácito del Poder Ejecutivo, como surge de los documentos publicados en la colección documental: “La política migratoria argentina y las prácticas concretas en la pos Segunda Guerra” (Véase en el ARCHIVO de este sitio)
En ese mismo año de 1949 el diputado conservador Reinaldo Pastor proponía en la Cámara que se elevara un pedido de informes para conocer porque no se concedía la extradición de Ante Pavelic y ocho criminales de guerra croatas, solicitada por la Legación de Yugoslavia. Esta propuesta tampoco fue aceptada.****
Los documentos que se publican a continuación proceden del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (AMREC). Abarcan a todas las fuentes encontrados en el archivo de este Ministerio y a otros expedientes, que pudieron ser examinados por concesión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.
* Erich Piebke ingresó a la Argentina con el nombre supuesto de Otto Pape, el 20 de enero de 1947. Presentó a su llegada el pasaporte nº 249 emitido por la Policía de Berlín y visado por el consulado argentino en Italia. Como lo señala H. Meding el nombre de Erich Priebke no figuraba en los listados a partir de los que realiza la proyección para estimar la cantidad de criminales de guerra y colaboracionistas que ingresaron a la Argentina en la posguerra. Al contrastar listados de la CEANA con otros igualmente confiables se observa que Priebke no es el único caso faltante.
** Sobre las respuestas del Estado Argentino ante los pedidos de extradición véase el Tomo II del libro PROYECTO TESIMONIO, introducción y compilación de Paul Warzawski.
*** En las Actas de la Cámara de Diputados de la Nación de los días 11 de mayo de 1949 (pág. 135) pueden leerse las denuncias y el pedido de interpelación al Ministerio de Relaciones Exteriores, formulado por el diputado radical Mauricio Yadarola.
**** En las Actas del 20 de julio del mismo año puede leerse el pedido de informes al Ejecutivo, sugerido por Reinaldo Pastor, sobre el caso de la extradición de Ante Pavelic y los ocho criminales de guerra croatas consignados en los documentos que se publican a continuación.( Reunión 23, págs. 1742-1743) [Todos los textos escritos en este tipo de letra son agregados ]
El de mayo de 1947 Lescat es condenado a muerte por Corte de Justicia de Paris. Muere en la Argentina en 1948.
Acerca de los trámites de extradición de Charles Lescat
El día 26 de septiembre de 1946 la Embajada de Francia pone en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores que el día 10 de Setiembre de ese año el colaboracionista francés Charles Lescat se habría embarcado en Barcelona, España, en el barco “Cabo de la Buena Esperanza”, con destino a Buenos Aires.
El 30 de septiembre del mismo año, el Director General de Asuntos Políticos del Ministerio, Pascual La Rosa, se dirige a la Oficina de Enlace con el Ministerio del Interior y la Policía Federal Argentina para informar que la nota recibida precisa que Lescat viaja “portador de una considerable suma de oro y piedras preciosas”. Como lo indica la documentación que se publica seguidamente , los bultos que le pertenecían no fueron revisados al llegar a puerto.
º El día 20 de Enero de 1947, la República de Francia requirió su arresto y proporcionó su domicilio.[1] Esta solicitud fue girada al Ministerio de Interior que, a su vez, lo giró a la Policía Federal Argentina.
Con posterioridad, el expediente pasó a dictamen de la Asesoría Letrada del Ministerio del Interior, que aconsejó girarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores; luego quedó sujeto al dictamen de Pascual La Rosa. Este afirmó el 5 de mayo de 1947 que, atento tratarse de un simple “Pedido de informe”, el expediente debía girarse a la Dirección en lo Contencioso-Administrativo del mismo Ministerio. La extradición nunca se concretó el pedido y el expediente fue archivado en el año 1950, dos años después de su muerte.
Constituido a las 15.00 del día anterior a la fecha en el Desembarcadero de la Dársena Norte, a la llegada del vapor de bandera española “Cabo de Buena Esperanza”, comprobé que en la lista de pasajeros del mismo figuran Carlos Hipólito Saralegui Lfesca y su esposa María Emilia Levray, pero, ambos no llegaron en razón de haber desembarcado en el Puerto de Montevideo, según constancias establecidas en la documentación de a bordo.
En 1947 Pierre Daye forma parte del grupo de “allegados” que participan de las conferencias sobre inmigración que Rodolfo Feude y Carlos Fuldner coordinan de acuerdo con las instrucciones del Presidente de la Nación, General Juan D. Perón. (Véanse los documentos de la colección “ LA POLÍTICA MIGRATORIA ARGENTINA Y LAS PRÁCTICAS CONCRETAS EN LA POS SEGUNDA GUERRA”, publicada en el ARCHIVO de la sección La Argentina y el Mundo, en este mismo sitio).
Acerca de los trámites de extradición de Pierre Daye
En nota D.1923 – Nº 1894 la Legación de Bélgica aquí acreditada denunció la llegada a la República de un tal Pierre Daye, nacional belga condenado a muerte por el Consejo de Guerra de Bruselas el 18 de diciembre de 1946 por colaboración con el enemigo. Invocando la Resolución VI de la Conferencia de Chapultepec, solicitó que se ponga al nombrado a disposición de las autoridades belgas, a bordo de un buque de esa bandera.
Posteriormente, en nota D.1923 – Nº 2293, dicha Legación reiteró su pedido anterior y al mismo tiempo, informó que se encontraban también en la República un tal Lecomte, ex-burgomaestre de Chimay, condenado a muerte y que llegó a Buenos Aires bajo el nombre de “De Graef”; un tal Leroux, que llegó a la Argentina con el nombre de “Seynaeve”, y un tal Gérard Ruysschaert. De estos dos últimos la Legación belga no menciona ningún cargo ni tampoco solicita la entrega de los tres, aunque esa sea posiblemente el fin perseguido al efectuar la denuncia.
Como Pierre Daye es el único reclamado hasta el presente por la Legación belga, la cuestión debe concretarse al mismo, a propósito de quien cabe señalar que, según lo manifiesta la Oficina de Enlace con el Ministerio del Interior y la Policía Federal, mantiene relaciones con José María Areilza, persona que pertenece a la Embajada de España en nuestro país”, seguramente el propio Embajador.
Al respecto es necesario tener en cuenta la Resolución VI sobre “Crímenes de Guerra” de la Conferencia de Chapultepec, la que en su parte dispositiva establece:
3º. Solicitar del Comité Jurídico Interamericano que, teniendo en cuenta las respectivas legislaciones nacionales, proyecte y presente, para su adopción por los Gobiernos de las Repúblicas americanas, las normas necesarias para determinar la condición de criminal de guerra, así como el procedimiento que debe seguirse para la devolución o entrega de los mencionados delincuentes.”
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS
ANTE PAVELIC Y SU ENTORNO
Criminales de guerra y colaboracionistas croatas
José Berkovic
Vinko Nicolic
Daniel Uvantic
Esteban Lackovic
Yacob Yovovich
Antecedentes personales de Ante Pavelic y las actividades políticas de los grupos croatas en el país
El arribo a la Argentina de Ante Pavelic, Jefe del Estado de Croacia -creado el 25 de marzo de 1941- y de varios de sus colaboradores inmediatos fue comunicado a la Cancillería Argentina por la Legación de la República Federativa Popular de Yugoslavia el 7 de marzo de 1947, por la nota Nº 167/47.
Esta notificación fue seguida por otras en las que el embajador yugoslavo, Gral. France Pirc solicita la captura del criminal de guerra Ante Pavelic y ocho de sus colaboradores.
Poco después, l 3 de junio de 1949, Pirc vuelve a dirigirse a las autoridades solicitando que se prohiban los festejos proyectados para conmemorar el santo de Ante Pavelic. (Véase el expediente 14/1949). En respuesta al trámite precedente el Ministerio del Interior y la Policía Federal Argentina, responden por nota, el17 de junio de 1949, que los “ustashis” no habían solicitado autorización alguna de la Policía Federal para realizar el acto anticipado. El 21 del mismo mes y año el embajador se dirige una vez más a la Cancillería e informa que la fiesta había tenido lugar el día 11 de junio y que el orador había sido Vinko Nikolic, la misma persona cuya extradición había sido solicitada. (Véase la documentación publicada) El mismo Nikolic había hablado en un acto público en Mendoza el 6 de mayo de 1949. Además Nikolic, junto con el dirigente “ustachi” Frane Nevistic, integraban la comisión examinadora de los candidatos a traductores públicos en idioma serbocroata de la Universidad de Buenos Aires.
Contemporáneamente, el l 5 de agosto de 1949, el Embajador Pirc remitía una nota al ministro Juan Atilio Bramuglia a través de la cual reitera que el 17 de mayo de 1949 había protestado verbalmente contra la clausura de diversas organizaciones de la colectividad yugoeslava, producidas en virtud del decreto 9565/49. Precisa que en el transcurso de tres meses no se había levantado la clausura y señala su extrañeza por cuanto dicha clausura contrastada con la libertad de que gozaban las organizaciones croatas en las que participaban las personas cuya entrega había solicitado el Gobierno croata.
El día 29 de noviembre de 1947, por nota, el Ministro acusó recibo de la anterior del 5 de agosto y manifestó que “oportunamente fue elevado … a las autoridades competentes”.
El 20 de setiembre de 1949, una vez más, el embajador Pirc insistió sobre los mismo temas que en sus presentaciones anteriores. A su vez, subrayó una vez más “la extrañeza de mi Gobierno por el hecho que las autoridades argentinas han aceptado la colaboración con los elementos ‘ustachi’ declarados criminales de guerra” y recordó las normales relaciones existentes entre ambos países.
En esos años de 1949, se había constituido en Buenos Aires un “bloque anticomunista democrático”, dentro del que se formó una “delegación croata”. Iniciativa patrocinada, entre otros, por el Coronel Alberto Guglialmelli y el diputado peronista Virgilio Filippo.
Como resultado de esta nota, el día 3 de octubre de 1949 el Ministerio de Relaciones Exteriores se dirigió al Ministerio del Interior, a fin de inquirir si era exacto que, según la denuncia efectuada por Pirc, el día 12 de octubre de ese año tendría lugar una manifestación croata desde la Plaza del Congreso hasta la Casa de Gobierno. “Esta cancillería considera -dice la nota- que las actividades políticas de grupos antagónicos a las autoridades yugoeslavas, cuya finalidad es producir el separatismo regional y político, no deben tener lugar en el territorio de la Nación …”.
El día 3 de noviembre de 1949 la Policía Federal Argentina tomó conocimiento de esta nota, pero no le dio respuesta, el expediente fue archivado.
No se encuentra expediente alguno en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Argentina ni en el archivo de la misma instancia que refiera a los pedidos de extradición de Ante Pavelic y sus colaboradores.
Pavelic murió en Madrid en 1959.
Acerca de los trámites de extradición de Ante Pavelic y sus colaboradores
El 7 de agosto de 1947 el Subsecretario Político del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Carlos R. Desmaras, le comunica a la Legación de Yugoslavia que se realizan las “diligencias que, pese a no haber dado hasta el presente resultado favorable, se prosiguen activamente”, con el propósito de dar cumplimiento a la solicitud de entrega de Ante Pavelic y “criminales de guerra” croatas, presentada por esa Legación. Ante la falta de una respuesta positiva, el 13 de agosto y el 1º de setiembre de 1947, la Legación de la República Popular de Yugoeslavia insiste en que se capturen las ocho personas acusados por la comisión de crímenes de guerra:
El día 15 de noviembre de 1947, Pascual La Rosa –Director de Asuntos políticos del Ministerio- , debe expedirse. En este caso la posición de La Rosa difiere substantivamente de lo considerado para el caso de la extradición de Pierre Daye, solicitada por el Gobierno de Bélgica. Con relación a la extradición de Daye se había pronunciado por la aplicación inmediata de la resolución VI del Acta de Chapultepec. Desde otro lugar, en el caso de las extradiciones solicitadas por el Gobierno de Yugoslavia, a través del Embajador France Pirc, Pascual La Rosa optó por negarlas, haciendo caso omiso a la resolución VI del Acta de Chapultepec, que había tomado en cuenta para recomendar la extradición de Daye. Además produjo un documento en el que quedan claras las líneas doctrinarias -tanto de orden político cuanto jurídico- adoptadas por el Gobierno argentino para este tipo de casos.
Fuente: AMREC, D. P. Europa, 1947, Caja 41, Exp No.1
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene el agrado de dirigirse a la Legación de la República Federativa Popular de Yugoslavia, con referencia a su nota Nº 167/47 de fecha 7 de mayo ppdo., en la que señala que habrían llegado a Buenos Aires el ex-líder croata Dr. Ante Pavelic y varios de sus colaboradores.
Al respecto cumplo en comunicarle que se han adoptado las medidas pertinentes a fin de establecer la entrada al país de las personas mencionadas, diligencias que, pese no haber dado hasta ahora el presente resultado favorable, se prosiguen activamente.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1947.
[Sello] Dr. Carlos Desmarás
SUBSECRETARIO POLITICO
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1947. Señor Subsecretario Político:
La Legación de la República Federativa Popular de Yugoslavia se dirige a V.E. en notas del 13 de agosto y del 1º de setiembre ppdos. (corrientes a fs. 1 y 30, respectivamente), solicitando la entrega a las autoridades de su país, de las siguientes personas a quienes denomina “criminales de guerra”, “a fin de ser juzgados y condenados por los respectivos tribunales de mi país”:
1) Berkovic José
2) Eterovic Mirko
3) Bogdan Ivo
4) Nikolic Vinko
5) Uvanotic Daniel
6) Colak Marko
7) Lackovic Esteban
8) Yovovich N. Yakob.
Invoca el Representante yugoslavo los siguientes antecedentes en apoyo de su pedido:
1º) Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre extradición y enjuiciamiento de los criminales de guerra, de fecha 13 de febrero de 1946;
2º) Resolución VI sobre crímenes de guerra, aprobada en la sesión plenaria del día 6 de marzo de 1945 por la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz celebrada en Chapultepec;
3º) Los preceptos del Derecho Internacional reconocidos generalmente en este asunto.
La Resolución del 13 de febrero de 1946, aludida en el punto 1º, recomienda a los Miembros de las Naciones Unidas tomar las medidas necesarias para el arresto de aquellos criminales de guerra responsables de haber tomado parte en esos crímenes, y su devolución a los países en que cometieron esos abominables hechos, para que sean juzgados y castigados de conformidad con las leyes de dichos países.
La Resolución VI sobre “Crímenes de Guerra”, a que se refiere el numeral 2º, y que fuera aprobada por la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz celebrada en México del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, expresa lo siguiente:
Que en el curso de la presente guerra mundial los dirigentes, numerosos funcionarios y agentes militares y civiles de los países del Eje y de sus satélites han cometido horrendos crímenes en violación de las leyes de la guerra, de los Tratados existentes, de los preceptos del Derecho Internacional, de los códigos penales de las naciones civilizadas y de los conceptos de civilización;
Que los individuos que han perpetrado tales crímenes pueden haber encontrado refugio, o pueden buscarlo, en territorio de las Repúblicas americanas; Que deben tomarse medidas para distinguir a tales criminales de los refugiados políticos ordinarios;
Que las Repúblicas americanas, fieles a los principios de humanidad y de derecho que son fundamento esencial de su civilización, repudian los crímenes de guerra y adhieren a la Declaración hecha en octubre de 1943 por la Gran Bretaña, los Estados Unidos de América y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en el sentido de que los culpables, responsables y cómplices de tales crímenes sean juzgados y condenados. En consecuencia;
1º) Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas americanas que no concedan refugio a los culpables, responsables o cómplices de dichos crímenes.
2º) Recomendar a los mismos gobiernos que, a petición de cualquiera de la Naciones Unidas y de conformidad con el procedimiento que se acuerde según el numeral siguiente, entreguen los individuos acusados de tales crímenes a la Nación Unida requirente o a la custodia de los organismos de las Naciones Unidas que se establezcan para juzgar y castigar a tales criminales.
3º) Solicitar del Comité Jurídico Interamericano que, teniendo en cuenta las respectivas legislaciones nacionales, proyecto y presente, para su adopción por los Gobiernos de las Repúblicas americanas, las normas necesarias para determinar la condición de criminal de guerra, así como el procedimiento que debe seguirse para la devolución o entrega de los mencionados delincuentes.”
Razones de orden jurídico y de orden político aconsejan no acceder al pedido de la Legación de Yugoslavia.
Por separado se analizan las causas en que se fundamenta esta opinión
Razones de orden jurídico:
1º) Valor de las recomendaciones invocadas. Sabido es que las “recomendaciones” no tienen el mismo valor que los “tratados”. Estos obligan jurídicamente. Aquéllas obligan moralmente.
La obligación moral es discrecional. Su alcance no está fijado por la recomendación misma, sino por elementos que en cada caso fija el Estado interesado.
En el análisis que se realiza, corresponde tener en cuenta si la legislación nacional es coincidente con la letra y el espíritu de las dos recomendaciones en que Yugoslavia pretende apoyar su petición.
El “crimen de guerra” es lo que podríamos llamar una figura jurídica de reciente creación. Acaso extremando el análisis, no sería difícil convencerse de que el “crimen de guerra” es un delito de carácter político. En todo caso encontraríamos que es una figura conexa con la del delito político. Pero nunca podríamos afirmar que se trata de un delito de carácter común.
Y bien, la legislación argentina sólo contempla la extradición por delitos comunes y la prohibe cuando se trata de delitos políticos o conexos con los políticos.
Así lo establece la Ley Nº 1612 que fija el procedimiento a que deberá ajustarse el Poder Ejecutivo en los casos de extradición, y cuyo texto completo se agrega de fojas 55 a 59.
En consecuencia, el valor de las “recomendaciones” que admiten la extradición por “crímenes de guerra”, es nulo desde el punto de vista jurídico, porque para la legislación argentina sólo es factible esa extradición cuando el pedido correspondiente se fundamente en “crímenes comunes”.
2º) Característica especial de la Resolución VI del Acta Final de Chapultepec. Los argumentos del numeral anterior se aplican a las dos “recomendaciones” analizadas. Pero, corresponde agregar en cuanto a la Resolución VI del Acta Final de Chapultepec, que la misma -independientemente de lo expresado anteriormente- es inaplicable en cualquier caso por cuanto no se ha cumplido aún el extremo previsto en el párrafo 3º (fojas 48, última parte).
3º) Los preceptos del Derecho Internacional que invoca la Legación de Yugoslavia: El orden jurídico argentino no se modifica por la existencia de normas internacionales. Solamente los tratados, debidamente ratificados, pueden incidir sobre ese orden jurídico. No hemos firmado con Yugoslavia ningún tratado sobre extradición, y en consecuencia es única y exclusivamente nuestra legislación interna la que debe decidir este asunto. Por otra parte, la Ley 1612 se conforma perfectamente a las sanas normas que al respecto ha consagrado el derecho internacional: no se concede extradición por delitos políticos o conexos con los de ese carácter.
4º) La Ley 1612. del 20 de agosto de 1885: La Ley 1612, que no acepta la extradición por delitos que no sean comunes, fija además un procedimiento -en su artículo 12- que no ha sido cumplido por la Legación yugoslava. Si el país requirente no acompaña el pedido de extradición con los documentos necesarios, ni siquiera es posible considerar dicho pedido, porque precisamente del examen de esos documentos surgirá si el pedido es procedente o no.
En consecuencia, independientemente de la consideración de que esos “crímenes de guerra” estén incluidos en la categoría de “delitos políticos” o “delitos comunes”, corresponde no dar curso a la solicitud de Yugoslavia, por no haberse cumplido los extremos fijados por la Ley 1612 en cuanto a los documentos que debe acompañar al formular su pedido.
5º) El artículo 18 de la Constitución Nacional: Corresponde tener en cuenta este precepto constitucional que expresa: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designado por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos…” La Constitución Nacional repudia las leyes ex post-facto y no admite las “comisiones especiales”.
Aún cuando no se han recibido los documentos que fija el artículo 1º de la Ley 1612, las partes subrayadas a fojas 18, 19, 20 y 26 de las presentes actuaciones, permiten deducir claramente que se intenta aplicar leyes dictadas con anterioridad al hecho del proceso, y que para ello se haría uso de tribunales especiales.
Es este otro motivo que impediría dar curso favorable al pedido yugoslavo.
Razones de orden político:
1º) El debate de esta cuestión en la Asamblea General de las Naciones Unidas: Rusia ha planteado la cuestión de los “criminales de guerra” en el seno de las Naciones Unidas, acusando a Gran Bretaña y a los Estados Unidos de América de proteger a criminales de guerra que se encuentran en las zonas ocupadas de Europa. La acusación fue rechazada por amplio margen de votos, y la misma suerte corrió una gestión similar de Yugoslavia. (ver recorte a fojas 60)
La Asamblea General aprobó, por 42 votos contra 7, una moción británica en el sentido de que las naciones que deseen la entrega de personas acusadas de crímenes de guerra, presenten las pruebas pertinentes sobre su culpabilidad.
El delegado norteamericano, al referirse a la propuesta yugoslava tendiente a obtener que los países miembros entregaran los “criminales de guerra”, expresó que dicha propuesta trata de lograr de las potencias occidentales la entrega de “disidentes políticos” antes que de los criminales de guerra y sostuvo que la aprobación de la misma entrañaría “una gran injusticia”.
Es sentimiento unánime de las potencias occidentales, oponerse a las pretensiones del bloqueo soviético. Lo contrario significaría favorecer la persecución política y prestarse, antes que al castigo de los crímenes de guerra, a la eliminación de hombres e ideas que se oponen al avasallamiento soviético de sus respectivos países.
2º) Permite la Ley 1612 contemplar estas razones políticas? Señala la Ley 1612 una facultad discrecional. Establece las condiciones de fondo y forma a llenar por el Gobierno requirente, para que el de la República pueda entregar las personas reclamadas (artículo 1º).
El Gobierno argentino debe estar convencido de que habrán de cumplirse ciertos extremos: (1) condición de reciprocidad; (2) que el individuo extraído no será perseguido ni castigado por una infracción distinta de la que hubiese motivado la extradición; y (3) que el Gobierno requirente cumplirá todos los extremos fijados por la Ley para garantía de la persona extraída.
Es decir, que aún en el caso de que se cumplieran todas las medidas previstas por la Ley para hacer factible la extradición -existencia de un delito de carácter común y remisión de toda la documentación exigida- es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo dar curso al pedido de extradición o negarlo si así lo deseara. Y esta negativa puede inspirarse tanto en los motivos señalados precedentemente, como en razones políticas que no hay obligación de explicar al Estado requirente.
Como consecuencia de las razones expuestas en los capítulos anteriores, este Departamento de Relaciones Externas sostiene la opinión de que no debe darse curso al pedido de la Legación de Yugoslavia.
No parece conveniente ni necesario fundar la negativa en forma tal que la misma pueda derivarse hacia el terreno de la polémica. Yugoslavia ha discutido el asunto públicamente en las Naciones Unidas y la circunstancia de que su tesis haya caído vencida por mayoría abrumadora, hace suponer que aceptará, sin mayor resistencia, una negativa fundada en argumentos jurídicos.
Por esas razones, este Departamento propone a V.E. la nota que en proyecto se agrega, fundamentada únicamente en razones jurídicas -que no se analizan en detalle, a fin de poder continuar la discusión en ese terreno si la Legación yugoslava insistiera en sus pretensiones. Proceder de otra manera – es decir, dar las razones jurídicas correspondientes- significaría acaso señalar a la Representación recurrente cuáles son los obstáculos que deberá salvar para que sus propósitos aparecieran como coincidentes con nuestras normas legales.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1947.
Fuente1: wikipedia (biografia de Ante Pavelic)
Fuente2: http://www.argentina-rree.com de Carlos Escudé & Beatriz Gurevich.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 12
 artículo 18
 artículo 1