Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20045036
Timestamp: 2019-09-16 08:22:46+00:00

Document:
C-951 de 2007
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020045036CC-SENTENCIAC951200714/11/2007CC-SENTENCIA_C_951__2007_14/11/2007200450362007Sentencia C-951/07 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Ineptitud sustantiva de la demanda Referencia: expediente D-6703
Carlos Fradique MéndezCONSTITUCIONALIDADJaime Córdoba TriviñoAsunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".D6703Identificadores20020045037true66538Versión original20045037Identificadores
Norma demandada: Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
LEY 1098 DE 2006[1]
"Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"
El demandante le solicita a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de las expresiones "convertible en arresto", contenida en el artículo 54 y "convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de multa", contenida en el artículo 55 de la Ley 1098 de 2006, por considerar que son contrarias al artículo 28 de la Constitución Política.
Como fundamentos de la violación invoca las mismas razones que tuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-626 de 1998, mediante la cual se declaró inexequible la expresión "En estos casos procederá la conversión de multa en arresto de conformidad con el artículo 49 del Código Penal, a razón de un día de salario mínimo legal diario por cada día de arresto", contenida en el artículo 15 de la Ley 228 de 1995. Según el demandante, en esta sentencia la Corte declaró exequible la expresión "y la privación de la libertad no podrá ser ordenada por las autoridades administrativas.", del artículo 41 de la referida Ley 228.
A continuación el demandante transcribe algunos apartes de la sentencia C-626 de 1998, en los que la Corte Constitucional sostuvo que "solamente las autoridades judiciales tienen competencia para imponer penas que conlleven la privación de la libertad, por lo que a las autoridades administrativas les está vedado imponer "motu proprio" las penas correctivas que entrañen directa o indirectamente, la privación de la libertad."
Trascribe otro aparte de la decisión, en el cual la Corte sostuvo que "la facultad de ordenar la pena de arresto con relación a las personas que incumplan el pago de la multa, constituye una competencia única y exclusiva de las autoridades judiciales, las cuales son los únicos titulares para ordenar la privación de la libertad, como lo ha señalado la jurisprudencia sobre la materia."
No obstante, sostiene que "un punto que no abordó la Corte en la Sentencia C-626 de 1998 fue la eventualidad de que el funcionario administrativo detente, en este caso y por vía excepcional la función jurisdiccional, ya que no es contrario a la Constitución que autoridades que pertenecen a otras ramas del poder público, con autorización constitucional o legal asuman de manera esporádica y limitada funciones jurisdiccionales, como sucede con el Congreso de la República, los particulares que fungen como árbitros, los funcionarios de ejecuciones fiscales, las autoridades indígenas y los militares."
Al efecto, recuerda que el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución dispone que "Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materiasprecisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos." (Subrayado en el texto de la intervención)
En su criterio, "la función judicial puede ser ejercida por autoridades que pertenecen a otras ramas del poder público y, por ello, no hay impertinencia alguna en sostener que el Defensor de familia obra en función jurisdiccional, exclusivamente en cuanto a la conversión de la sanción pecuniaria en sanción privativa de libertad". Señala que aunque no es el momento para adentrarse en la discusión sobre la unidad del Poder Público, su división funcional, sus excepciones y el ejercicio de la Función Pública, sí "debe recordarse que en el Derecho moderno, se está más a la realidad material, que a la formal". En consecuencia, considera que "si se llegase a determinar que en la conversión de la multa en arresto, el Defensor de Familia cumple con los elementos propios de la jurisdicción poder de interpretación y declaración del Derecho; poder de decisión ejecutoria y autoridad de cosa juzgada[4]-, sería forzoso concluir válidamente que independientemente de su pertenencia a la rama ejecutiva del poder público, los defensores de familia al decretar el arresto ejercitan la función jurisdiccional que legitima la medida."
Agrega el interviniente que, al repasar las decisiones de la Corte Constitucional "mediante las cuales reitera que en Colombia solamente los jueces pueden imponer sanciones que impliquen la restricción de la libertad personal (…), encuentro que entre sus argumentos no se ocupó de dilucidar un asunto que estimo primordial, cuando se plantea el mecanismo sustitutivo de la sanción pecuniaria administrativa por la pena aflictiva de pérdida de la libertad, y es el relacionado con quién, en realidad, impone la restricción de la libertad; si el funcionario administrativo o es el Legislador que estima imprescindible que el infractor reciba una sanción, por no estar presto a ejecutar una prestación pecuniaria - a la que ha sido legítimamente conminado."
Adicionalmente sostiene el interviniente que "ciertamente la privación de la libertad por la ausencia de recursos económicos es contraria al principio constitucional de "no hay cárcel por deudas" (Inc. Fin. Art. 28 C. N.). Sin embargo, no es extraño al Derecho que algunas situaciones que involucran el cumplimiento de obligaciones, aún pecuniarias, tengan como consecuencia la privación de la libertad, no como medio para obtener la satisfacción del derecho del acreedor sino para acentuar el interés de la sociedad en que se cumpla; tal como sucede con la no concesión de la libertad condicional por el no pago de la fianza o de las multas e indemnizaciones fijadas dentro de los procesos penales, que no pocas polémicas genera entre los más radicales ortodoxos defensores de los derechos humanos y quienes sostienen que la causa jurídica de la medida no es el pago de la deuda sino la protección del interés social superior. El ejemplo más representativo de medida punitiva de privación de la libertad por la no ejecución de prestaciones es la pena de arresto que se impone a los sujetos renuentes a cumplir las Acciones de Tutela (Arts 52 y 53 Dec. 2591 de 1991), que no se explicaría ni justificaría bajo la consideración de que tiene por objeto sancionar el incumplimiento de la obligación impuesta por el juez de tutela. En otras palabras, el régimen jurídico prevé la posibilidad de privar de la libertad al individuo que no se aviene a responder cumpliendo las prestaciones que se le imponen con el ánimo de defender un bien tutelado de especial connotación."
Para el interviniente, el aspecto que debe hacerse notar es que "a pesar de lo que indica la norma, no es el defensor de familia quien impone la pena de arresto, es la LEY misma que transforma la multa directamente en arresto. En este específico caso, no hay una decisión del funcionario de imponer la sanción de arresto, porque su actuación se limita a convertir una suma de dinero en días de arresto "a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de multa" y el funcionario no puede hacer ni más, ni menos. El defensor de familia no realiza una valoración jurídica de falta, ni puede señalar otra pena, ya que se limita es a determinar cuánto tiene que permanecer recluido el infractor de conformidad con la tarifa legal y ordenar que se cumpla. La pena no proviene de la actuación del funcionario y, por eso, el acto del Defensor de familia respecto del arresto, se asemeja al acto que expide el Ministerio del Interior y del Derecho a través de sus dependencias policivas y carcelarias para ejecutar la pena de privación de la libertad ordenada por el juez.
En primer lugar, para la representante del Ministerio Público es preciso integrar la unidad normativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 6º del decreto 2067 de 1991, como quiera que "la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad" (Sentencia C-871 de 2003).
En efecto, sostiene que en el presente caso se demandaron las expresiones "convertible en arresto" del artículo 54 y "convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de multa", del artículo 55 de la Ley 1098 de 2006, pero se excluyó la parte final de este precepto el cual dispone "Esta sanción será impuesta por el defensor de familia", norma que guarda estrecha relación con las expresiones impugnadas por el actor y con las razones que fundamentan sus cargos.
"La sanción de multa convertible en arresto, cuya constitucionalidad reprocha el demandante, guarda indiscutible e íntima relación con la autoridad que conforme a la ley puede imponer tales medidas, tema al que se refiere la frase final del artículo 55 de la Ley 1098 de 2006, y al que alude el actor en la argumentación de su demanda al censurar que el arresto sea impuesto por una autoridad administrativa (…)". Por esta razón, el Ministerio Público considera necesario extender el estudio constitucional a la frase "Esta sanción será impuesta por el defensor de familia" mediante la integración de la unidad normativa, pues considera que contiene el elemento estructurante y determinante de la posible violación de la Constitución, esto es, la competencia del Defensor de familia para imponer sanciones a los padres o personas responsables del niño o del adolescente.
Inicialmente advierte que con el fin de estudiar la compatibilidad entre la protección constitucional que ofrece el artículo 28 al derecho a la libertad personal y la función asignada en la parte final del artículo 55 acusado, a los Defensores de familia, es pertinente indicar que dicho precepto es igual al texto del artículo 68 del decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), que fue avalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-041 de 1994. En esta sentencia, la Corte Constitucional señaló que la facultad de los defensores de familia, como autoridades de policía, para disponer del arresto de personas, encontraban temporalmente fundamento en el artículo 28 transitorio de la Constitución, conforme al cual "Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de las mismas".
Agrega que para el efecto es conveniente tener presente que de acuerdo con el numeral 4º del artículo 119 de la Ley 1098 de 2006, le corresponde al juez de familia en única instancia: "Resolver sobre el establecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido competencia", situación que se configura cuando los padres o las personas responsables del niño, niña o adolescente que han sido amonestados, se niegan a cumplir con las obligaciones allí impuestas con el fin de restablecer los derechos del menor, e igualmente se rehúsan a cancelar el valor de la multa señalada como sanción por aquel comportamiento.
Por las razones anteriores la Corte encuentra que existe una marcada incongruencia entre el contenido jurídico de las expresiones demandadas y el cargo de la demanda. En efecto, mientras las disposiciones demandadas consagran la posibilidad de imponer la sanción de arresto - sin indicar la autoridad encargada de imponerla - y los criterios de dosificación de esta sanción, el demandante encuentra inexequible la atribución de tal facultad al Defensor de familia. En otras palabras, la atribución legal que el demandante cuestiona no se deriva, de manera autónoma, del contenido de las disposiciones que demanda. Sin embargo, de las disposiciones parcialmente demandadas si se derivan otras consecuencias de relevancia constitucional que el actor no menciona y que, por tal razón, no dieron lugar a debate constitucional. Las consideraciones anteriores son suficientes para que la Corte se vea obligada a proferir un fallo inhibitorio.
Pero adicionalmente, el contenido específico de las normas efectivamente demandadas no se impugna de manera suficiente. No existen en este sentido en la demanda razones que permitan satisfacer, siquiera en forma mínima, el criterio de suficiencia argumentativa. Como ya lo ha señalado la Corte, el cargo de la demanda será suficiente cuando se expongan "todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche"[8].
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (por ineptitud sustancia de la demanda ) Artículo 54 LEY_1098_2006_08/11/2006
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (por ineptitud sustancia de la demanda ) Artículo 55 LEY_1098_2006_08/11/2006
[1]Publicada en el Diario Oficial No. 46.446 del 8 de noviembre de 2006.
[2]Folios 32 a 36.
[3]Folios 23 a 30.
[5]Folios 65 a 88.
[6]Corte Constitucional,Auto 104 del tres (3) de mayo de 2007.Folios 53 a 56 del expediente.
[7]La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la sentencia C-1052/01. Para el caso de la presente decisión, se utiliza la exposición efectuada recientemente por la decisión C-370/06.

References: artículo 54
 artículo 55
 artículo 28
 artículo 49
 artículo 15
 artículo 41
 artículo 116
 artículo 6
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 28
 artículo 55
 artículo 68
 artículo 28
 artículo 119
 Artículo 54
 Artículo 55