Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910340.html
Timestamp: 2020-06-01 23:05:49+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 340/2019-RRC
Sucre, 25 de abril de 2019
Expediente : Oruro 37/2018
Parte Imputada : Oliver Miranda Villegas
Delito : Lesiones Graves
Por memorial presentado el 3 de septiembre de 2018, cursante de fs. 81 a 85 vta., Remberto Ramiro Gonzales Vásquez, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 120/2018 de 30 de julio, de fs. 70 a 74, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del recurrente contra Oliver Miranda Villegas, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 39/2016 de 6 de diciembre (fs. 5 a 8 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante procedimiento abreviado declaró a Oliver Miranda Villegas, autor del delito de Lesiones Graves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, imponiendo la pena de seis años de reclusión, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima averiguables en ejecución de Sentencia.
b) Contra la mencionada Sentencia, la víctima Remberto Ramiro Gonzales Vásquez, opuso apelación restringida (fs. 12 a 13 vta.), resuelto por Auto de Vista 54/2017 de 27 de julio (fs. 26 a 27), que declaró inadmisible el mencionado recurso; sin embargo, mediante Resolución de 11 de agosto de 2017 (fs. 38), la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, admitió la referida apelación restringida para luego pronunciar el Auto de Vista 120/2018 de 30 de julio, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del recurso de casación y del Auto Supremo 931/2018-RA de 16 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente refiere que el Tribunal de alzada hubiera incurrido en falta de pronunciamiento vulnerando los arts. 124 y 398 del CPP, al no dar respuesta a los aspectos impugnados en apelación restringida, como lo fue la denuncia de falta de fundamentación en la Sentencia, en sentido de no constar la solicitud de suspensión de audiencia de procedimiento abreviado, evidenciando el trato injusto a la víctima, invocando además el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio, relativo a la incongruencia omisiva.
I.1.2. Admisión del recurso.
Por Auto Supremo 931/2018-RA de 16 de octubre, de fs. 100 a 102 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación para su análisis de fondo.
A través de la Sentencia 39/2016 de 6 de diciembre, el Tribunal Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de Oruro, previo requerimiento de procedimiento abreviado, dictó Sentencia condenatoria contra Oliver Miranda Villegas, por la sanción prevista en el art. 271 del CP, en su primer párrafo, modificado por la Ley 369 de 1 de mayo de 2013, imponiendo la pena de seis años de presidio, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima averiguables en ejecución de Sentencia, conforme a los siguientes preceptos.
Dicho fallo, relata el “5 de enero de 2015, Remberto Ramiro Gonzáles Vásquez, a horas 17:00 aproximadamente, junto a funcionarios policiales…se encontraban en inmediaciones de la plaza de la ciudad de Potosí, con el objeto de dar cumplimiento a un mandamiento de aprehensión contra Oliver Miranda Villegas…cuando los funcionarios policiales ejecutaban el mandamiento de aprehensión…se dispuso el traslado del aprehendido…a la ciudad de Oruro, al momento de abordar el vehículo sin importarle la presencia de efectivos policiales de manera sorpresiva le da un cabezazo en el rostro de Remberto Ramiro Gonzales Vásquez” (sic), prosigue la Sentencia que la consecuencia de tal hecho fue “fractura en tercio medio distal de los huesos propios de la nariz” (sic).
La Resolución de referencia, sienta la declaración del imputado, quien en lo trascendente narra, “he actuado de mala manera dándole un cabezazo, me encontraba sulfúrico…estoy muy arrepentido” (sic), así también luego de una descripción de tiempos y lugares refiere “cuando me estaban trasladando a Oruro, al salir vi al señor Remberto Gonzales riéndose y de esa manera yo me puse sulfúrico y le di un cabezazo” (sic).
De igual forma, previa reseña de aspectos doctrinarios relacionados al delito previsto en el art. 271 del CP, el Tribunal de Sentencia consideró que el acusado “tiene antecedentes penales con sentencia ejecutoriada” (sic) así como “el Fiscal de Materia en el presente caso, en acuerdo con el acusado y las partes incluido la víctima han solicitado una pena privativa de libertad de 6 años” (sic).
II.2. Recurso de apelación restringida
Por memorial de fs. 98 a 99 vta., el recurrente opuso recurso de apelación restringida, manifestando que la Sentencia adolecía del defecto contenido en el art. 370 inc. 5) del CPP, pues “en ninguna parte…refiere que [su] persona como víctima solicitó que se suspenda la audiencia de procedimiento abreviado porque [su] abogado es consultor en el municipio de Challapata” (sic); así también, cuestionó que “no cursa en el acta de audiencia…todo lo que manifest [ó] se [le] coarto el derecho…como víctima de poder manifestar que el acusado…es un delincuente que tiene más de 10 procesos por estafa vulnerando de esta forma artículo 374” (sic).
Cuestionó que la Sentencia afirmase que la solicitud del procedimiento abreviado haya sido consensuada entre todas las partes, dado que “en la audiencia…no se [la] dejó hablar por presidencia del tribunal de sentencia que se portó conmigo prepotentemente como si…fuera el acusado porque [su] persona solo quería manifestar todo lo que [le] hiso el acusado” (sic), ello en posición del entonces apelante constituyó vulneración al principio de seguridad jurídica contenido en el art. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Finalmente solicitó al Tribunal de apelación anular la Sentencia 39/2016, “en mérito al principio de seguridad jurídica descrito en el art. 178 de la CPE y a los arts. 413 numeral 5 del art. 370 y numeral 3 del art. 169 todos del adjetivo penal y sobre todo la vulneración del art. 121.II de la CPE” (sic).
II.3. Auto de Vista
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista 120/2018 de 30 de julio, por medio del cual declaró la improcedencia del recurso de apelación restringida promovido por el recurrente, considerando:
Sobre la vulneración al art. 124 del CPP, “…la parte recurrente no precisa que motivos de hecho o de derecho se habrían omitido y que afecten el resultado de la decisión, lo que impide entender su cuestionamiento, cuando más bien la resolución impugnada, cuenta con la debida fundamentación” (sic).
En torno a la solicitud de suspensión de la audiencia, vulnerando el art. 374 del CPP, reproduciendo el texto de esa norma, concluyó que “la ley no establece a una solicitud de suspensión de audiencia…como sustento de la negación de dicho procedimiento; máxime si en el presente caso se tiene que en la audiencia de consideración de la aplicación del procedimiento abreviado, llevado a cabo en fecha 6 de diciembre de 2016…se dio la palabra al señor Remberto Gonzales Vásquez…y si la parte víctima estaría de acuerdo…contestando…’si señor juez, estoy de acuerdo con seis años de condena’…por lo que mal podría ahora pretender adquirir…subsanación de su falta de actuación judicial; siendo que la parte recurrente no hizo conocer su oposición fundada, y si acaso esa era su pretensión, debió objetarla oportunamente” (sic).
El Tribunal de apelación, consideró también que no existieron elementos de convicción que permitan dar mérito a la denuncia sobre el impedimento de intervención a la víctima en audiencia de consideración de procedimiento abreviado, “y mucho menos que dicha circunstancia constituye defecto absoluto de la resolución impugnada” (sic).
Finalmente sobre la vulneración al principio de seguridad jurídica por la denuncia de una eventual falta de fundamentación en la Sentencia, el Tribunal de apelación considero que debía explicarse “por qué se considera vulnerados dichos postulados; ya que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…y en el presente caso no se encuentra que se hayan vulnerado a dichos postulados, porque la Sentencia impugnada conforme se ha descrito…se enmarca en la Ley aplicable, al derecho y la justicia; no advirtiéndose que se haya vulnerado el derecho al debido proceso, ni al principio de la legalidad y la seguridad jurídica” (sic)
Considera el recurrente que el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación, en torno a aspectos vertidos sobre su condición de víctima y antecedentes que el acusado poseyese. Califica que le fue brindado un ‘trato injusto en su calidad de víctima’; y que esa falta de pronunciamiento vulnera los arts. 124 y 398 del CPP, adoptando a la par una postura contraria a la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 172/2012 RRC de 24 de julio.
III.1. Doctrina legal contenida en el precedente contradictorio invocado.
El Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio, fue pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, resolviendo una denuncia relativa a defecto absoluto por obviar fundamentos de respuesta respecto a motivos formulados en apelación restringida; concluyendo que el Tribunal de alzada, no ajustó sus actuaciones a las previsiones del art. 407 del CPP, al no explicar las razones por las que arribaron a su decisorio, razón que motivó a dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido y establecer doctrina legal respecto a la vulneración de los arts. 124 y 398 del CPP, de la manera que sigue:
“El Art. 180.I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece al debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en un recurso. Por ello a los Tribunales de alzada, no les está permitido discrecionalmente determinar o clasificar, qué motivos en su criterio son de fondo y merecen una respuesta fundamentada y qué motivos no tienen relevancia que no merezcan una respuesta debidamente fundamentada.
No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente escudarse en argumentos que tienen por finalidad evadir la responsabilidad de absolver expresamente los cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación que vulnera derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado”
III.2. Análisis de la situación de hecho similar y verificación de la contradicción pretendida.
Si bien la argumentación en el recurso opuesto por el recurrente plantea la tesis de contradicción entre el razonamiento del Auto de Vista impugnado y el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio, y en apariencia absuelve los requisitos de admisibilidad establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, no es menos cierto, que ingresando al análisis de fondo la orientación procesal tiende a variar. En ese sentido la Sala Penal considera que el recurso pretendido es abiertamente infundado, basándose en dos pilares.
Con relación a la contradicción pretendida, la formulación básica en la pretensión de la parte recurrente es la generación de un agravio en una supuesta ausencia de respuesta fundamentada del Tribunal de apelación con relación al pedido de diferimiento de audiencia de consideración de procedimiento abreviado, siendo que ello entrase en contradicción con la doctrina legal del Auto Supremo reseñado en el anterior apartado, evidentemente orienta y censura actuaciones o decisiones judiciales que no establezcan su origen y el porqué de su existencia; es decir, que no se hallen motivadas, dando lugar a que su prevalencia abra un espacio a la arbitrariedad de quien juzga sobre la aplicación de la Ley y la propia disposición sobre las formas procesales.
No cabe duda que prácticas forenses de abierta discrecionalidad o bien de fundamentación aparente, que bien carezcan de la justificación de su decisión o bien por su opulencia retórica sean incomprensibles, han sido un actuar ampliamente cuestionado por la jurisprudencia nacional, que reconoce como derivación del debido proceso y la tutela judicial efectiva constitucionalmente reconocidos en los arts. 115 y ss. de la CPE, al derecho a obtener una respuesta fundamentada en derecho de parte del administrador; empero, debe paralelamente quedar establecido que no cualquier desarreglo con lo fallado por la autoridad jurisdiccional por acto reflejo constituya un yerro de falta de fundamentación o insuficiencia argumentativa. La Sala considera que la comprobación de ausencia de motivación en las decisiones judiciales está estrechamente ligada a la complejidad del asunto, las materias alegadas y los hechos del caso; de esa forma, mientras que en algunos casos unas breves consideraciones bastarán para dirimir el caso; en otros es indispensable que el juez argumente de manera exhaustiva la decisión que va a adoptar. En todo caso, siempre habrá de emitirse pronunciamiento sobre los asuntos entorno de los cuales gira la controversia y si es del caso, aducir la razón jurídica por la cual la autoridad jurisdiccional se abstendrá de tratar alguno de los puntos sometidos a su consideración, razones por las que se hace plausible concluir que la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Si bien es un principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida coherencia, entre lo pedido y lo resuelto. Es decir, la autoridad judicial debe resolver todos los aspectos ante él expuestos. Y es su obligación explicar las razones por las cuales no entrará al fondo de alguna de las pretensiones. Sin embargo, no toda falta de pronunciamiento expreso sobre una pretensión, hace por sí misma incongruente una resolución.
De hecho, las razones consideradas por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, como se sintetizó, antes en esta Resolución son presentes en el Auto de Vista impugnado, al constatarse que los Vocales de esa Sala tuvieron presente que el reclamo sobre la postergación de la realización de la audiencia de consideración de procedimiento abreviado no era evidente, sino al contrario la permisión exteriorizada por el recurrente Gonzales Vásquez, constaba en antecedentes, resultando que el derecho por el reclamado carecía de mérito, más cuando, los documentos del proceso dan cuenta del cumplimiento de las formalidades inscritas en el art. 373 del CPP. Como se tiene advertido, la respuesta expresa al reclamo propuesto como inexistente o carente de fundamentación no es cierta, ya que la misma no únicamente se halla escrita, sino que es entendible y expresa, razón que hace que la contradicción formulada no sea evidente, por cuanto el recurso de casación analizado precedentemente deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Remberto Ramiro Gonzales Vásquez. Con costas.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 374
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