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Timestamp: 2020-05-26 06:02:53+00:00

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El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se ha mostrado este lunes contrario a retomar las clases presenciales en los colegios hasta que no haya una vacuna contra la COVID-19 disponible.
Duterte se muestra contrario a regresar a las aulas en Filipinas hasta que no haya vacuna contra el coronavirus El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se ha mostrado este lunes contrario a retomar las clases presenciales en los colegios hasta que no haya una vacuna contra la COVID-19 disponible.
La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de “guardar rigurosa reserva” sobre las investigaciones encomendadas, y advierte que la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con la jornada en la que se ha conocido la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar “por pérdida de confianza” al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.La juez Carmen Rodríguez Medel, que mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia, ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.En el oficio remitido al ‘número dos’ de Interior, la magistrada ha recordado que desde el primer día de la investigación, que arrancó el pasado 25 de marzo, “dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”.En oficio remitido a Interior que reproduce El Español, la juez también recuerda que ya “enfatizó” que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública “debería contar previamente” con su autorización y que sería ella quien decidiría “no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido”.En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber “debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar”, entre las que se contemplan las responsabilidades penales.En caso de producirse estas últimas, según la juez, “podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado”, según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR Díaz Ayuso ve una "maniobra impropia de un sistema democrático" la destitución de Pérez de los Cobos La juez cita a declarar como imputado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid por la marcha del 8-M De los Cobos: "Queríamos ir de la mano de los Mossos y no romper la baraja"
La juez del 8-M advierte a Interior de la responsabilidad penal si no se respeta el deber de reserva de la Guardia Civil La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de “guardar rigurosa reserva” sobre las investigaciones encomendadas, y advierte que la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con la jornada en la que se ha conocido la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar “por pérdida de confianza” al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.La juez Carmen Rodríguez Medel, que mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia, ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.En el oficio remitido al ‘número dos’ de Interior, la magistrada ha recordado que desde el primer día de la investigación, que arrancó el pasado 25 de marzo, “dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”.En oficio remitido a Interior que reproduce El Español, la juez también recuerda que ya “enfatizó” que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública “debería contar previamente” con su autorización y que sería ella quien decidiría “no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido”.En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber “debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar”, entre las que se contemplan las responsabilidades penales.En caso de producirse estas últimas, según la juez, “podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado”, según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR Díaz Ayuso ve una "maniobra impropia de un sistema democrático" la destitución de Pérez de los Cobos La juez cita a declarar como imputado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid por la marcha del 8-M De los Cobos: "Queríamos ir de la mano de los Mossos y no romper la baraja"
Sevilla estrena la fase 2 con la apertura de 1.200 bares
La fase 2 que estrenó este lunes Sevilla trajo consigo la apertura de alrededor de 1.200 bares, que se suman a los 800 que iniciaron su actividad en estas últimas dos semanas. En el Centro, sin embargo, la hostelería sigue castigada por las dificultades de ocupación de los veladores y la tipología de unos negocios que viven más de la barra que de las mesas. Ayer, sin embargo, un paseo matinal revelaba que había mucho más movimiento, pese a que sólo fueron 20 los establecimientos que regresaron a la actividad en el casco antiguo. El vaso se ve medio lleno, no sólo para los bares, también para las iglesias y comercios. Este paseo empieza en el barrio de San Lorenzo, en la plaza de San Antonio. Hay cola en la frutería y en el banco. Pero, sobre todo, hay gente sentada en el interior del Bar Rodríguez, que reabrió ayer. Aquí ha llegado esa «nueva normalidad», pero la realidad es que en el cruce de calles entre Marqués de la Mina, Teodosio y Alcoy no está todavía la Abacería. Septiembre aún se ve lejos. Lo mismo ocurre con Ricardo y el Eslava, que siguen cerrados porque nadie les ha dado una solución. A este último, de hecho, le han denegado la solicitud para poner mesas en la parte trasera de la parroquia. El Ayuntamiento no le deja pero sí permite que allí aparquen las motos. En la plaza no hay sombra, salvo debajo del toldo del quiosco donde hay tres señores haciendo una cola para comprar el ABC. Quitaron los plataneros y pusieron unos árboles de talla infantil. En San Lorenzo, el único refugio es la basílica y no sólo porque haga fresco. Los bancos ahora son de a tres, como penitentes con sus cruces mirando al Señor, que sigue cerca de los fieles. Todo está medido y señalado: el confesor, el gel de color morado, el cartel, la salida y la entrada, el recorrido... Caben los que caben, pero ya cabemos más. Por la Gavidia, el Dos de Mayo ya tiene abierto el interior. No se ve actividad alguna en el Palo Santo, porque tampoco le dejan ampliar las mesas de fuera. En la puerta de Alfonso XII hay ambiente. San Judas Tadeo tiene entrada y salida. «Hoy hay más velas». Esa es la forma de medir aquí que todo va volviendo a ser. «El Corte Inglés está abierto, gracias a Dios», cuentan en El Silencio. Por Tetuán y Sierpes se nota más movimiento, un público que no está de paso, sino camino de las tiendas. Están casi todas abiertas. Huele al adobo del Blanco Cerrillo. Esto es un hito. Ya en la Plaza Nueva, otro oasis que recuerda que ya estamos de regreso: San Onofre está abierto. En la puerta, un cartel reza: «Empujar sin tocar con las manos». Barcelona ya no está en la fase 1. La Pará, Mango con Sal y el Boca a Boca están abiertos porque ya se puede estar dentro, pero Trifón sigue cerrado. Hay cosas que faltan para poder gritar que somos libres. En la Puerta del Arenal hay una tienda de souvenirs abierta... sin guiris y con más moral que el Alcoyano. Sigue cerrado el Ventura y, en Arfe, hay luz en Los Niños y en La Isla. La administración de Loterías del Postigo vende boletos de la suerte. Hay mesas en La Milonguita y en La Moneda. Aquí, no obstante, los que han bordado el toreo son Los Ángeles y La Ibense, que lo mismo ponen tostadas que una paella. Llegando a la Casa de la Moneda, no hay novedad: sigue la fase 0, es decir, la nada. El histórico edificio continúa ruinoso y el Casablanca está cerrado. En la Catedral las sillas siguen muy distanciadas. Ni el Alcázar ni el templo metropolitano permiten aún las visitas turísticas, sólo se puede entrar a ver a la Virgen de los Reyes o asistir a una de las misas que hay programadas. En la plaza de San Francisco, hay actividad en la antigua Audiencia. Ayer se inauguró la exposición de la hermandad de la Sed, confinada desde hace tres meses. Subiendo Entrecárceles, este paseo termina en el Salvador. La fase 2 no ha traído tampoco la esencia de esta plaza, porque ningún bar ha decidido abrir. Tampoco la iglesia, salvo para ver al Amor y Pasión y asistir a la misa. De lejos, en la Cuesta del Rosario, el de la bodega Fabiola coloca por fin las mesas mientras que hay cola para sentarse en La Gitana Loca. El robot ya está tirando cruzcampos. Ha llegado a su localidad la «nueva normalidad»... y el vaso se ve ya medio lleno.
Sevilla estrena la fase 2 con la apertura de 1.200 bares La fase 2 que estrenó este lunes Sevilla trajo consigo la apertura de alrededor de 1.200 bares, que se suman a los 800 que iniciaron su actividad en estas últimas dos semanas. En el Centro, sin embargo, la hostelería sigue castigada por las dificultades de ocupación de los veladores y la tipología de unos negocios que viven más de la barra que de las mesas. Ayer, sin embargo, un paseo matinal revelaba que había mucho más movimiento, pese a que sólo fueron 20 los establecimientos que regresaron a la actividad en el casco antiguo. El vaso se ve medio lleno, no sólo para los bares, también para las iglesias y comercios. Este paseo empieza en el barrio de San Lorenzo, en la plaza de San Antonio. Hay cola en la frutería y en el banco. Pero, sobre todo, hay gente sentada en el interior del Bar Rodríguez, que reabrió ayer. Aquí ha llegado esa «nueva normalidad», pero la realidad es que en el cruce de calles entre Marqués de la Mina, Teodosio y Alcoy no está todavía la Abacería. Septiembre aún se ve lejos. Lo mismo ocurre con Ricardo y el Eslava, que siguen cerrados porque nadie les ha dado una solución. A este último, de hecho, le han denegado la solicitud para poner mesas en la parte trasera de la parroquia. El Ayuntamiento no le deja pero sí permite que allí aparquen las motos. En la plaza no hay sombra, salvo debajo del toldo del quiosco donde hay tres señores haciendo una cola para comprar el ABC. Quitaron los plataneros y pusieron unos árboles de talla infantil. En San Lorenzo, el único refugio es la basílica y no sólo porque haga fresco. Los bancos ahora son de a tres, como penitentes con sus cruces mirando al Señor, que sigue cerca de los fieles. Todo está medido y señalado: el confesor, el gel de color morado, el cartel, la salida y la entrada, el recorrido... Caben los que caben, pero ya cabemos más. Por la Gavidia, el Dos de Mayo ya tiene abierto el interior. No se ve actividad alguna en el Palo Santo, porque tampoco le dejan ampliar las mesas de fuera. En la puerta de Alfonso XII hay ambiente. San Judas Tadeo tiene entrada y salida. «Hoy hay más velas». Esa es la forma de medir aquí que todo va volviendo a ser. «El Corte Inglés está abierto, gracias a Dios», cuentan en El Silencio. Por Tetuán y Sierpes se nota más movimiento, un público que no está de paso, sino camino de las tiendas. Están casi todas abiertas. Huele al adobo del Blanco Cerrillo. Esto es un hito. Ya en la Plaza Nueva, otro oasis que recuerda que ya estamos de regreso: San Onofre está abierto. En la puerta, un cartel reza: «Empujar sin tocar con las manos». Barcelona ya no está en la fase 1. La Pará, Mango con Sal y el Boca a Boca están abiertos porque ya se puede estar dentro, pero Trifón sigue cerrado. Hay cosas que faltan para poder gritar que somos libres. En la Puerta del Arenal hay una tienda de souvenirs abierta... sin guiris y con más moral que el Alcoyano. Sigue cerrado el Ventura y, en Arfe, hay luz en Los Niños y en La Isla. La administración de Loterías del Postigo vende boletos de la suerte. Hay mesas en La Milonguita y en La Moneda. Aquí, no obstante, los que han bordado el toreo son Los Ángeles y La Ibense, que lo mismo ponen tostadas que una paella. Llegando a la Casa de la Moneda, no hay novedad: sigue la fase 0, es decir, la nada. El histórico edificio continúa ruinoso y el Casablanca está cerrado. En la Catedral las sillas siguen muy distanciadas. Ni el Alcázar ni el templo metropolitano permiten aún las visitas turísticas, sólo se puede entrar a ver a la Virgen de los Reyes o asistir a una de las misas que hay programadas. En la plaza de San Francisco, hay actividad en la antigua Audiencia. Ayer se inauguró la exposición de la hermandad de la Sed, confinada desde hace tres meses. Subiendo Entrecárceles, este paseo termina en el Salvador. La fase 2 no ha traído tampoco la esencia de esta plaza, porque ningún bar ha decidido abrir. Tampoco la iglesia, salvo para ver al Amor y Pasión y asistir a la misa. De lejos, en la Cuesta del Rosario, el de la bodega Fabiola coloca por fin las mesas mientras que hay cola para sentarse en La Gitana Loca. El robot ya está tirando cruzcampos. Ha llegado a su localidad la «nueva normalidad»... y el vaso se ve ya medio lleno.
La Asamblea y el Gobierno de El Salvador no logran un acuerdo sobre la declaración de zonas epidémicas La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador y miembros del Ejecutivo de Nayib Bukele no han logrado acordar una declaración sobre zonas epidémicas del coronavirus, tras reunirse para componer un plan sobre la emergencia sanitaria y la reactivación de la economía en el país latinoamericano, en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 26 de mayo
[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace] 1. La Delegación del Gobierno en Madrid recomendó a todo su personal distancia social el 28 de febrero. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, nombrado a principios de febrero, no prohibió ninguna de las grandes concentraciones celebradas en Madrid entre el 5 de marzo y el 14: un total de 130. Solo el día 8 tuvieron lugar 40, cuando ya constaba un informe del centro europeo para el control y prevención de enfermades sobre el avance del Covid-19. Tampoco se adoptó ninguna medida de prevención, como se había recomendado en la propia Delegación del Gobierno. Consta además un documento fechado el 28 de febrero del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno sobre el riesgo de contagio por coronavirus. En él se recoge que está elaborado «a partir de las recomendaciones sanitarias de las autoridades nacionales e internacionales» y se recomienda mantener el distanciamiento social de al menos un metro y el lavado de manos. Lo más relevante es que se dice que lo debería aplicar todo el personal de la Delegación del Gobierno y para ello se remitió por mail a toda la plantilla. 2. El juez concluye que Iglesias no fue víctima de Villarejo y pudo cometer hasta dos delitos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias pudo cometer hasta dos delitos en el contexto del teléfono móvil que fue sustraído a su exasesora Dina Bousselham y a cuyo contenido tuvo acceso. En un auto y una providencia dictados ayer, exponía la necesidad de recabar más informes policiales para aclarar dos puntos oscuros en esta pieza separada del caso Villarejo: cuándo devolvió Iglesias a Bousselham la tarjeta de memoria de aquel teléfono y quién de los dos fue responsable de que hoy esté «parcialmente quemada». 3. El Gobierno apura al máximo la negociación de la renta mínima. Mientras miles de afectados por ERTE continúan aún sin cobrar su prestación, el Gobierno enfila la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) el próximo viernes en un consejo de ministros extraordinario. El plazo marcado inicialmente, según avanzó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, era la reunión habitual del gabinete del Ejecutivo que se celebrará hoy martes. Sin embargo, polémico esprint que ha sufrido la aprobación de la que pretendía ser la medida estrella del Gobierno de coalición para toda la legislatura ha obligado a apurar al máximo los plazos. Aún quedan cabos por atar y, sobre todo, mucho que negociar. Porque el encaje autonómico de la prestación sigue sin estar engrasado. Fuentes autonómicas aseguran a este diario que aún no han recibido ningún borrador de la norma y ven prematura su puesta en marcha. 4. Trump estudia su respuesta al envío de gasolina iraní a Venezuela. El Gobierno de Estados Unidos asegura que el presidente Donald Trump está estudiando la respuesta al envío de 1,5 millones de barriles de gasolina de Irán al régimen de Nicolás Maduro en un cargamento de cinco barcos el primero de los cuales llegó a la costa de Venezuela el sábado por la noche. Según dijo este lunes un alto funcionario de EE.UU. a ABC, «el Presidente ha dejado en claro que EE.UU. no tolerará la intromisión [en Venezuela] de un régimen ilegítimo [el iraní] que oprime a su pueblo, niega los derechos humanos más básicos y practica la violencia y la represión». Las fuerzas armadas venezolanas están escoltando a los cargueros iraníes cuando llegan a sus aguas territoriales. Maduro y varios de sus ministros han agradecido públicamente a Irán el envío del fuel, del que Venezuela carece dado el colapso de sus refinerías. 5. La Fórmula 1 suplica clemencia a Boris Johnson. En la página oficial de la Fórmula 1 no existe un calendario de carreras 2020, pese a que la expectativa de sus dueños consiste en dar la salida al Mundial en poco más de un mes, 5 de julio, circuito Red Bull Ring en Austria, y en modo low cost. No lo hay porque el plan diseñado por Liberty Media se ha topado con un obstáculo previsible derivado del deshielo en la pandemia del coronavirus. El Gobierno británico ha impuesto una cuarentena de catorce días a todos los pasajeros en llegadas internacionales al Reino Unido. Y el programa que contaba con celebrar una o dos carreras en la pista inglesa de Silverstone se ha ido al traste. Los directivos de la Fórmula 1, donde ya no está el genuino Ecclestone, negocian con el ejecutivo de Boris Johnson para pedir una moratoria que permita arrancar el campeonato. Y de momento la respuesta es negativa. 6. SpaceX, a punto de lanzar a EE.UU. a una nueva carrera espacial. Después de años de esfuerzo, y de varios retrasos causados por la pandemia del Covid-19, este miércoles la NASA tiene previsto lanzar el primer vuelo espacial tripulado con destino a la Estación Espacial Internacional en casi una década. Los astronautas Robert Behnken (49) y Douglas Hurley (53), tripulante del último vuelo del «Atlantis», despegarán a las 16.32 hora local (22.32 hora peninsular) de mañana, en un cohete reutilizable «Falcon 9», de la compañía SpaceX, y a bordo de la cápsula «Crew Dragon». Por primera vez desde 2011, astronautas americanos despegarán desde suelo americano y no desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, para realizar un vuelo orbital.
Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 26 de mayo [Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace] 1. La Delegación del Gobierno en Madrid recomendó a todo su personal distancia social el 28 de febrero. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, nombrado a principios de febrero, no prohibió ninguna de las grandes concentraciones celebradas en Madrid entre el 5 de marzo y el 14: un total de 130. Solo el día 8 tuvieron lugar 40, cuando ya constaba un informe del centro europeo para el control y prevención de enfermades sobre el avance del Covid-19. Tampoco se adoptó ninguna medida de prevención, como se había recomendado en la propia Delegación del Gobierno. Consta además un documento fechado el 28 de febrero del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno sobre el riesgo de contagio por coronavirus. En él se recoge que está elaborado «a partir de las recomendaciones sanitarias de las autoridades nacionales e internacionales» y se recomienda mantener el distanciamiento social de al menos un metro y el lavado de manos. Lo más relevante es que se dice que lo debería aplicar todo el personal de la Delegación del Gobierno y para ello se remitió por mail a toda la plantilla. 2. El juez concluye que Iglesias no fue víctima de Villarejo y pudo cometer hasta dos delitos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias pudo cometer hasta dos delitos en el contexto del teléfono móvil que fue sustraído a su exasesora Dina Bousselham y a cuyo contenido tuvo acceso. En un auto y una providencia dictados ayer, exponía la necesidad de recabar más informes policiales para aclarar dos puntos oscuros en esta pieza separada del caso Villarejo: cuándo devolvió Iglesias a Bousselham la tarjeta de memoria de aquel teléfono y quién de los dos fue responsable de que hoy esté «parcialmente quemada». 3. El Gobierno apura al máximo la negociación de la renta mínima. Mientras miles de afectados por ERTE continúan aún sin cobrar su prestación, el Gobierno enfila la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) el próximo viernes en un consejo de ministros extraordinario. El plazo marcado inicialmente, según avanzó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, era la reunión habitual del gabinete del Ejecutivo que se celebrará hoy martes. Sin embargo, polémico esprint que ha sufrido la aprobación de la que pretendía ser la medida estrella del Gobierno de coalición para toda la legislatura ha obligado a apurar al máximo los plazos. Aún quedan cabos por atar y, sobre todo, mucho que negociar. Porque el encaje autonómico de la prestación sigue sin estar engrasado. Fuentes autonómicas aseguran a este diario que aún no han recibido ningún borrador de la norma y ven prematura su puesta en marcha. 4. Trump estudia su respuesta al envío de gasolina iraní a Venezuela. El Gobierno de Estados Unidos asegura que el presidente Donald Trump está estudiando la respuesta al envío de 1,5 millones de barriles de gasolina de Irán al régimen de Nicolás Maduro en un cargamento de cinco barcos el primero de los cuales llegó a la costa de Venezuela el sábado por la noche. Según dijo este lunes un alto funcionario de EE.UU. a ABC, «el Presidente ha dejado en claro que EE.UU. no tolerará la intromisión [en Venezuela] de un régimen ilegítimo [el iraní] que oprime a su pueblo, niega los derechos humanos más básicos y practica la violencia y la represión». Las fuerzas armadas venezolanas están escoltando a los cargueros iraníes cuando llegan a sus aguas territoriales. Maduro y varios de sus ministros han agradecido públicamente a Irán el envío del fuel, del que Venezuela carece dado el colapso de sus refinerías. 5. La Fórmula 1 suplica clemencia a Boris Johnson. En la página oficial de la Fórmula 1 no existe un calendario de carreras 2020, pese a que la expectativa de sus dueños consiste en dar la salida al Mundial en poco más de un mes, 5 de julio, circuito Red Bull Ring en Austria, y en modo low cost. No lo hay porque el plan diseñado por Liberty Media se ha topado con un obstáculo previsible derivado del deshielo en la pandemia del coronavirus. El Gobierno británico ha impuesto una cuarentena de catorce días a todos los pasajeros en llegadas internacionales al Reino Unido. Y el programa que contaba con celebrar una o dos carreras en la pista inglesa de Silverstone se ha ido al traste. Los directivos de la Fórmula 1, donde ya no está el genuino Ecclestone, negocian con el ejecutivo de Boris Johnson para pedir una moratoria que permita arrancar el campeonato. Y de momento la respuesta es negativa. 6. SpaceX, a punto de lanzar a EE.UU. a una nueva carrera espacial. Después de años de esfuerzo, y de varios retrasos causados por la pandemia del Covid-19, este miércoles la NASA tiene previsto lanzar el primer vuelo espacial tripulado con destino a la Estación Espacial Internacional en casi una década. Los astronautas Robert Behnken (49) y Douglas Hurley (53), tripulante del último vuelo del «Atlantis», despegarán a las 16.32 hora local (22.32 hora peninsular) de mañana, en un cohete reutilizable «Falcon 9», de la compañía SpaceX, y a bordo de la cápsula «Crew Dragon». Por primera vez desde 2011, astronautas americanos despegarán desde suelo americano y no desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, para realizar un vuelo orbital.
El juicio de Benjamín Netanyahu está tensando la sociedad israelí hasta un punto en que podría dejar de ser gestionable. Aunque el primer ministro suplente, Benny Gantz, dijo hace solo unos días que con el acuerdo de gobierno quiere evitar una guerra civil, el futuro del país está en manos de Netanyahu. La gran incógnita es que nadie sabe hasta dónde está dispuesto a llegar en su lucha contra las instituciones del estado.
Netanyahu se dispone a enfrentar a la mitad de los israelíes con las instituciones del país El juicio de Benjamín Netanyahu está tensando la sociedad israelí hasta un punto en que podría dejar de ser gestionable. Aunque el primer ministro suplente, Benny Gantz, dijo hace solo unos días que con el acuerdo de gobierno quiere evitar una guerra civil, el futuro del país está en manos de Netanyahu. La gran incógnita es que nadie sabe hasta dónde está dispuesto a llegar en su lucha contra las instituciones del estado.
Desescalada fase 2: Casi una treintena de hoteles abren sus puertas en Sevilla
Un total de 27 hoteles de Sevilla y su área metropolitana han abierto de nuevo las puertas tras las duras semanas de confinamiento por la crisis sanitaria del Covid-19. Los primeros en hacerlo han sido varios complejos de apartamentos turísticos que han puesto en el mercado casi 300 camas desde el 11 de mayo. También nueve hostales y pensiones y, en menor medida, alojamientos de tres y cuatro estrellas, según confirman a ABC fuentes de la Asociación de Hoteles de Sevilla. Entre los establecimientos que ya pueden recibir huéspedes, a pesar de que todavía está prohibida la movilidad entre provincias están el MA Sevilla Congresos, Catalonia Santa Justa y Zenit Sevilla (cuatro estrellas); La Joya del Casco, Simón Verde, Doña Carmela, Sandra y Santiago, 15 (tres estrellas); Manolo Mayo de Los Palacios, Doña Lola y La Abadía de la Giralda (dos estrellas); Hotel Madrid (una estrella); Resitur, Apartamentos Cruz del Campo, Betis 7, Torre de la Plata, Torreón de Santa Cruz y Mezquita 5 (apartamentos); Hacienda Las Tres Niñas de La Puebla, San Vicente II, The Corner House, La Muralla, Cicerone de Sevilla, Jardín de la Alameda y Santa Cruz Hotal Plaza (hostales) y finalmente las pensiones Gran Plaza y Javier. A ellos se unen los apartamentos Vértice, Sevilla Este, Lux Sevilla y Rey de Sevilla y el hotel Bellavista, que reciben a sanitarios y transportistas. Son los conocidos como hoteles refugio y no han llegado a cerrar durante tiempo continuado, pues se ofrecieron para prestar este servicio cuando se decretó el fin de la actividad.
Desescalada fase 2: Casi una treintena de hoteles abren sus puertas en Sevilla Un total de 27 hoteles de Sevilla y su área metropolitana han abierto de nuevo las puertas tras las duras semanas de confinamiento por la crisis sanitaria del Covid-19. Los primeros en hacerlo han sido varios complejos de apartamentos turísticos que han puesto en el mercado casi 300 camas desde el 11 de mayo. También nueve hostales y pensiones y, en menor medida, alojamientos de tres y cuatro estrellas, según confirman a ABC fuentes de la Asociación de Hoteles de Sevilla. Entre los establecimientos que ya pueden recibir huéspedes, a pesar de que todavía está prohibida la movilidad entre provincias están el MA Sevilla Congresos, Catalonia Santa Justa y Zenit Sevilla (cuatro estrellas); La Joya del Casco, Simón Verde, Doña Carmela, Sandra y Santiago, 15 (tres estrellas); Manolo Mayo de Los Palacios, Doña Lola y La Abadía de la Giralda (dos estrellas); Hotel Madrid (una estrella); Resitur, Apartamentos Cruz del Campo, Betis 7, Torre de la Plata, Torreón de Santa Cruz y Mezquita 5 (apartamentos); Hacienda Las Tres Niñas de La Puebla, San Vicente II, The Corner House, La Muralla, Cicerone de Sevilla, Jardín de la Alameda y Santa Cruz Hotal Plaza (hostales) y finalmente las pensiones Gran Plaza y Javier. A ellos se unen los apartamentos Vértice, Sevilla Este, Lux Sevilla y Rey de Sevilla y el hotel Bellavista, que reciben a sanitarios y transportistas. Son los conocidos como hoteles refugio y no han llegado a cerrar durante tiempo continuado, pues se ofrecieron para prestar este servicio cuando se decretó el fin de la actividad.
Piden que Juan Espadas declare como testigo en la causa contra el excontable de Lipasam
El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, que investiga al que fuera contable de Lipasam durante más de 30 años por supuestamente apropiarse de más de un millón de euros de fondos de la sociedad durante una década, tiene encima de la mesa un escrito de una de las acusaciones personadas en este procedimiento para que cite en calidad de testigo al alcalde de la capital, el socialista Juan Espadas, por ostentar el cargo de presidente del consejo de administración y presidente de la comisión ejecutiva de la empresa municipal de limpieza. En este causa abierta y que instruye dicho juzgado están personados como acusación la propia Lipasam y el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla. Precisamente ha sido esta parte quien ha presentado al instructor un escrito instando a la práctica de más diligencias de investigación, entre las que se encuentra la citación como testigos de Espadas y del concejal David Guevara por su cargo en Lipasam. El alcalde ya se pronunció sobre este asunto en un pleno municipal, donde avisó de que el ahora investigado ingresó hace 30 años en Lipasam como mero trabajador, es decir no era «un directivo nombrado por ningún gobierno» ni ningún cargo «a dedo». Además, precisó que el excontable conocía «muy bien» el funcionamiento financiero de la empresa y desviaba dinero de la misma a su cuenta mediante un «mecanismo perverso y muy sofisticado» que «ha escapado a todas las auditorías» realizadas en la empresa en los últimos años. Al respecto, indicó durante su intervención plenaria que los auditores encargados de las mismas rendirán cuentas en el consejo de administración de Lipasam y también en sede judicial, según dijo Espadas. Ahora, el juez Manuel Centeno tendrá que decidir sobre la admisión o el rechazo de las diligencias de investigación pedidas por los abogados del grupo municipal de Vox. «Estaba pasando un mal momento» El pasado mes de marzo, el acusado, M.M.G., declaró ante el juez instructor y admitió expresamente todos los hechos y haberse quedado con esas cantidades porque «estaba pasando un mal momento y problemas económicos». El excontable de Lipasam, investigado por malversación y estafa, reconoció ante las partes que su «modus operandi», que inició a mediados de 2008, para apropiarse de los fondos de la empresa pública era difícil de detectar. Y así durante doce años. Las cantidades que hacía suyas anualmente rondaban los cien mil euros, dentro de un presupuesto millonario como es el de la empresa pública municipal de limpieza, cuya representación procesal pidió investigar su actuación en años anteriores. Aunque en la remesa de los pagos apareciesen los códigos de las cuentas de los proveedores, el investigado, en la base de datos del sistema informático que usaba Lipasam para hacer dichos pagos, ponía momentáneamente su cuenta para realizar los ingresos. Posteriormente y sin que pasara mucho tiempo, volvía a poner en el sistema la cuenta del proveedor. Todo saltó cuando olvidó cambiar de nuevo la cuenta y dejó la suya. Entonces se había hecho con una cantidad inferior a mil euros. En su proceder, según el acusado precisó, no todas las transacciones económicas que pasaban por el sistema informático usado por Lipasam tenían que pasar por un contrato o pedido, que son sobre los que actuaba el investigado para quedarse con el dinero. «Transferencia procedente de Lipasam» era el concepto que figuraba en los ingresos que hacía en su cuenta el investigado, que tenía una nómina en la sociedad municipal que rondaba los 2.500 euros mensuales. Por supuesto, los ingresos adicionales de los fondos públicos no los declaraba a Hacienda. Las auditorías no detectaron nada Un dato objetivo que corrobora lo dicho por el investigado sobre la dificultad que existía para detectar su proceder para quedarse con el dinero es que las auditorías que hacía Lipasam sobre sus cuentas «nunca detectó nada». El excontable de Lipasam se dio de baja voluntariamente de la empresa en 2019. A los pocos días y como «su conciencia no le dejaba descansar», se personó en la comisaría de la Policía Nacional de Nervión para confesar, pero los agentes le trasladaron que ya había una investigación judicial abierta. Pidió declarar inmediata y voluntariamente, según relató su abogado el día de la declaración. Las acusaciones personadas en esta causa han solicitado ya al juez que se investigue todo el patrimonio del acusado para el embargo de sus bienes, y las cuentas de él y de sus sociedades desde que entrara en Lipasam en 1986. Pero Vox, además, ha pedido al Juzgado que llame a declarar como investigada a la mujer del excontable si se acredita su titularidad o cotitularidad sobre cualquiera de la cuentas corrientes receptoras o destinatarias de los fondos provenientes de la empresa pública. Del mismo modo, solicita un informe policial sobre el destino de los fondos de Lipasam desviados a sus cuentas.
Piden que Juan Espadas declare como testigo en la causa contra el excontable de Lipasam El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, que investiga al que fuera contable de Lipasam durante más de 30 años por supuestamente apropiarse de más de un millón de euros de fondos de la sociedad durante una década, tiene encima de la mesa un escrito de una de las acusaciones personadas en este procedimiento para que cite en calidad de testigo al alcalde de la capital, el socialista Juan Espadas, por ostentar el cargo de presidente del consejo de administración y presidente de la comisión ejecutiva de la empresa municipal de limpieza. En este causa abierta y que instruye dicho juzgado están personados como acusación la propia Lipasam y el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla. Precisamente ha sido esta parte quien ha presentado al instructor un escrito instando a la práctica de más diligencias de investigación, entre las que se encuentra la citación como testigos de Espadas y del concejal David Guevara por su cargo en Lipasam. El alcalde ya se pronunció sobre este asunto en un pleno municipal, donde avisó de que el ahora investigado ingresó hace 30 años en Lipasam como mero trabajador, es decir no era «un directivo nombrado por ningún gobierno» ni ningún cargo «a dedo». Además, precisó que el excontable conocía «muy bien» el funcionamiento financiero de la empresa y desviaba dinero de la misma a su cuenta mediante un «mecanismo perverso y muy sofisticado» que «ha escapado a todas las auditorías» realizadas en la empresa en los últimos años. Al respecto, indicó durante su intervención plenaria que los auditores encargados de las mismas rendirán cuentas en el consejo de administración de Lipasam y también en sede judicial, según dijo Espadas. Ahora, el juez Manuel Centeno tendrá que decidir sobre la admisión o el rechazo de las diligencias de investigación pedidas por los abogados del grupo municipal de Vox. «Estaba pasando un mal momento» El pasado mes de marzo, el acusado, M.M.G., declaró ante el juez instructor y admitió expresamente todos los hechos y haberse quedado con esas cantidades porque «estaba pasando un mal momento y problemas económicos». El excontable de Lipasam, investigado por malversación y estafa, reconoció ante las partes que su «modus operandi», que inició a mediados de 2008, para apropiarse de los fondos de la empresa pública era difícil de detectar. Y así durante doce años. Las cantidades que hacía suyas anualmente rondaban los cien mil euros, dentro de un presupuesto millonario como es el de la empresa pública municipal de limpieza, cuya representación procesal pidió investigar su actuación en años anteriores. Aunque en la remesa de los pagos apareciesen los códigos de las cuentas de los proveedores, el investigado, en la base de datos del sistema informático que usaba Lipasam para hacer dichos pagos, ponía momentáneamente su cuenta para realizar los ingresos. Posteriormente y sin que pasara mucho tiempo, volvía a poner en el sistema la cuenta del proveedor. Todo saltó cuando olvidó cambiar de nuevo la cuenta y dejó la suya. Entonces se había hecho con una cantidad inferior a mil euros. En su proceder, según el acusado precisó, no todas las transacciones económicas que pasaban por el sistema informático usado por Lipasam tenían que pasar por un contrato o pedido, que son sobre los que actuaba el investigado para quedarse con el dinero. «Transferencia procedente de Lipasam» era el concepto que figuraba en los ingresos que hacía en su cuenta el investigado, que tenía una nómina en la sociedad municipal que rondaba los 2.500 euros mensuales. Por supuesto, los ingresos adicionales de los fondos públicos no los declaraba a Hacienda. Las auditorías no detectaron nada Un dato objetivo que corrobora lo dicho por el investigado sobre la dificultad que existía para detectar su proceder para quedarse con el dinero es que las auditorías que hacía Lipasam sobre sus cuentas «nunca detectó nada». El excontable de Lipasam se dio de baja voluntariamente de la empresa en 2019. A los pocos días y como «su conciencia no le dejaba descansar», se personó en la comisaría de la Policía Nacional de Nervión para confesar, pero los agentes le trasladaron que ya había una investigación judicial abierta. Pidió declarar inmediata y voluntariamente, según relató su abogado el día de la declaración. Las acusaciones personadas en esta causa han solicitado ya al juez que se investigue todo el patrimonio del acusado para el embargo de sus bienes, y las cuentas de él y de sus sociedades desde que entrara en Lipasam en 1986. Pero Vox, además, ha pedido al Juzgado que llame a declarar como investigada a la mujer del excontable si se acredita su titularidad o cotitularidad sobre cualquiera de la cuentas corrientes receptoras o destinatarias de los fondos provenientes de la empresa pública. Del mismo modo, solicita un informe policial sobre el destino de los fondos de Lipasam desviados a sus cuentas.
Sotomayor: «Al principio de la pandemia tuve que actuar más como centralita que como fiscal»
Norberto Sotomayor ha trabajado desde el inicio de la pandemia como fiscal delegado para personas mayores y con discapacidad en el control de las residencias de Sevilla. En ellas murieron 148 personas por Covid-19, aunque no se registró ninguna muerte en el 90 por ciento y en el 80 ni entró el coronavirus. Sotomayor ha abierto piezas separadas en cada una de las 16 residencias en las que se produjeron fallecimientos y no ha encontrado «hasta ahora» indicio alguno de responsabilidad penal. ¿Las residencias de mayores han sido uno de los grandes focos del contagio del coronavirus en España? En Sevilla no. Se tiene la imagen de que han muerto muchos ancianos en todas las residencias y eso no es verdad. Se está tratando de dar no sé si de manera interesada una imagen muy negativa de las residencias de mayores que no se corresponde con la realidad. Todavía no ha escuchado a ningún médico decir nada malo de las residencias de Sevilla. Las residencias no son hospitales. Las residencias son como casas en las que hay un montón de gente que ha cumplido cien años. Y el que tiene esa edad lo que no tiene es una muela picada. Lo normal es que tenga dos cajas de pastillas que tomarse todos los días. Otra cosa es que queramos convertir a todas las residencias en el Virgen del Rocío. Sinceramente no creo que nadie quiera llegar a eso ni a que nuestros abuelos pasen los diez últimos años de su vida en una especie de UVI móvil encerrado en una habitación sin contacto con otras personas. ¿Se ha criminalizado a todas las residencias desde que llegó el coronavirus a España? Se las ha criminalizado sin motivo. Yo hablo siempre de las residencias de puertas para adentro y no no digo que no pueda haber responsabilidades de puertas para afuera. Las residencias son como colegios, ya sean públicas, privadas o concertadas. Los colegios tiene que cumplir las normas de la Consejería de Educación y las residencias las normas de la Junta de Andalucía. Todas las residencias deben cumplir las mismas, da igual que sean sean públicas o concertadas, porque son las mismas para todos. Los inspectores deben velar por el cumplimiento de las normas administrativas. Y, en general, se han cumplido. Todas las normas existentes sobre personal, normas de protección contra incendios o de funcionamiento de los los cuartos de baño, por ejemplo. ¿Se han revelado ineficaces esas normas frente a una enfermedad tan contagiosa como la Covid-19? Es evidente que hay muchas cosas que cambiar. Hay que subir la ratio de personal sanitario en las residencias y modificar también la preparación y requisitos de los trabajadores que viven y trabajan en las residencias. Hay que entrenarlos mejor y darles cursillos sobre cómo actuar ante una emergencia sanitaria. También habrá que enseñarle a todos los empleados cómo se pone un EPI, desde el director al cocinero. ¿Qué ha pasado con el material sanitario y de protección para evitar contagios? Esto es otra de las cosas que se debería cambiar para garantizar un estocaje de al menos un mes de material sanitario y de protección por si hay un rebrote en octubre. En este momento no existe. Al principio de la pandemia en muchos hospitales los sanitarios improvisaban con bolsas de basura trajes de protección para evitar posibles contagios. Eso no puede volver a pasar. Y si eso ha pasado en hospitales tan importantes como el Virgen del Rocío o el Virgen Macarena, qué puede hacer una pequeña residencia. Hay que mejorar mucho las cosas en este aspecto. También podrían mejorarse las prestaciones sanitarias. Este debate se ha abierto en toda Europa y es una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia. ¿Se debieron haber cerrado antes las residencias para evitar contagios? Todos los médicos llegan a la misma conclusión. Las residencias se cerraron cuando se lo ordenaron. Otra pregunta es si eso fue tarde o temprano, pero no fue cosa de las residencias. Los test tardaron en hacerse más de 20 días pero eso tampoco fue culpa de las residencias porque tenían que venir desde fuera. ¿Esa tardanza pudo ser clave en los contagios? Los médicos han estado durante 22 días actuando como podía haberlo hecho yo. El que tiene fiebre lo aparto pero con los asintomáticos no podía hacer nada hasta la llegada de los test. Llevamos 148 fallecidos y había 341 positivos. Ese dato del retraso en los test ha sido determinante para que haya muerto gente y se haya infectado tanta gente.En cuanto se hicieron los test, todo empezó a solucionarse de forma vertiginosa porque entonces los médicos pudieron diseñar circuitos para pacientes con coronavirus que no infectaran a los demás. Me gustaría decir que los médicos y los trabajadores de las residencias han estado actuando heroicamente sin saber donde estaba el virus. La palabra heroica se queda corta. ¿Se infectaron tantos trabajadores como residentes? Incluso un poco más. Cuando se acabaron de realizar todos los test a mediados de abril había 347 trabajadores infectados, lo cual provocó, además, un desastre organizativo porque tuvieron que darse de baja y las residencias contratar a nuevo personal y formarlo. Si no ha muerto ninguno es porque todos eran jóvenes o relativamente jóvenes. ¿Qué otras lecciones podemos extraer de la pandemia para que no se repita lo ocurrido? Las residencias deben tener dos o tres habitaciones completamente vacías para poder aislar a enfermos con el virus. Y hace falta formación, entrenamiento y un material adecuado. También hace falta un protocolo para que ante la primera alerta sanitaria, se sepa el equipo médico que tiene que acudir a la residencia. Todo esto no se puede repetir si hay un rebrote en octubre. Yo sé que el tema burocrático cuesta pero no hay más remedio. ¿Ha tenido medios suficientes la Fiscalía para investigar lo ocurrido? Creo que también la fiscalía hay que reforzarla. A nivel nacional, antes del Covid, se estaba creando una fiscalía nacional de sala en materia de personas con discapacidad, como ya las hay violencia de género o medio ambiente o seguridad vial. Y la pandemia le ha dado un impulso grande. También nosotros tenemos que ponernos al día. Toda la administración tiene que tener un organigrama definido para un caso de emergencia sanitaria. ¿Ha tropezado con muchos obstáculos en su labor? Más bien con las urgencias de las necesidades. Me llamaba un director diciéndome que no tenía mascarillas o trajes y yo automáticamente llamaba a Sanidad para solucionarlo. Hemos empujado lo que hemos podido y nos hemos convertido en una especie de centralita telefónica. Al principio he actuado más como centralita que como fiscal, rebotando llamadas y correos. Nuestra primera misión ha sido ayudar en lo que podíamos y solucionar problemas. Intentar que se hicieran los test lo antes posible y hacer llegar pronto el material sanitario y de protección a todas las residencias. ¿No ha visto indicios de delito en esas residencias donde murieron mayores? He hecho 16 piezas separadas sobre fallecimientos y hasta ahora no hemos detectado responsabilidad penal. Responsabilidad administrativa sí podría haber alguna por infracción de normas administrativas. Penales no hemos encontrado ni yo ni ningún compañero de Andalucía. En otras comunidades la fiscalía sí ha visto delitos. Yo comprendo que es difícil decirle a los familiares de los fallecidos esto porque es lógico que no vean la globalidad de las cosas. Hablo siempre dentro de las residencias. Errores se habrán cometido como nos pasa a todos pero sin trascendencia penal.
Sotomayor: «Al principio de la pandemia tuve que actuar más como centralita que como fiscal» Norberto Sotomayor ha trabajado desde el inicio de la pandemia como fiscal delegado para personas mayores y con discapacidad en el control de las residencias de Sevilla. En ellas murieron 148 personas por Covid-19, aunque no se registró ninguna muerte en el 90 por ciento y en el 80 ni entró el coronavirus. Sotomayor ha abierto piezas separadas en cada una de las 16 residencias en las que se produjeron fallecimientos y no ha encontrado «hasta ahora» indicio alguno de responsabilidad penal. ¿Las residencias de mayores han sido uno de los grandes focos del contagio del coronavirus en España? En Sevilla no. Se tiene la imagen de que han muerto muchos ancianos en todas las residencias y eso no es verdad. Se está tratando de dar no sé si de manera interesada una imagen muy negativa de las residencias de mayores que no se corresponde con la realidad. Todavía no ha escuchado a ningún médico decir nada malo de las residencias de Sevilla. Las residencias no son hospitales. Las residencias son como casas en las que hay un montón de gente que ha cumplido cien años. Y el que tiene esa edad lo que no tiene es una muela picada. Lo normal es que tenga dos cajas de pastillas que tomarse todos los días. Otra cosa es que queramos convertir a todas las residencias en el Virgen del Rocío. Sinceramente no creo que nadie quiera llegar a eso ni a que nuestros abuelos pasen los diez últimos años de su vida en una especie de UVI móvil encerrado en una habitación sin contacto con otras personas. ¿Se ha criminalizado a todas las residencias desde que llegó el coronavirus a España? Se las ha criminalizado sin motivo. Yo hablo siempre de las residencias de puertas para adentro y no no digo que no pueda haber responsabilidades de puertas para afuera. Las residencias son como colegios, ya sean públicas, privadas o concertadas. Los colegios tiene que cumplir las normas de la Consejería de Educación y las residencias las normas de la Junta de Andalucía. Todas las residencias deben cumplir las mismas, da igual que sean sean públicas o concertadas, porque son las mismas para todos. Los inspectores deben velar por el cumplimiento de las normas administrativas. Y, en general, se han cumplido. Todas las normas existentes sobre personal, normas de protección contra incendios o de funcionamiento de los los cuartos de baño, por ejemplo. ¿Se han revelado ineficaces esas normas frente a una enfermedad tan contagiosa como la Covid-19? Es evidente que hay muchas cosas que cambiar. Hay que subir la ratio de personal sanitario en las residencias y modificar también la preparación y requisitos de los trabajadores que viven y trabajan en las residencias. Hay que entrenarlos mejor y darles cursillos sobre cómo actuar ante una emergencia sanitaria. También habrá que enseñarle a todos los empleados cómo se pone un EPI, desde el director al cocinero. ¿Qué ha pasado con el material sanitario y de protección para evitar contagios? Esto es otra de las cosas que se debería cambiar para garantizar un estocaje de al menos un mes de material sanitario y de protección por si hay un rebrote en octubre. En este momento no existe. Al principio de la pandemia en muchos hospitales los sanitarios improvisaban con bolsas de basura trajes de protección para evitar posibles contagios. Eso no puede volver a pasar. Y si eso ha pasado en hospitales tan importantes como el Virgen del Rocío o el Virgen Macarena, qué puede hacer una pequeña residencia. Hay que mejorar mucho las cosas en este aspecto. También podrían mejorarse las prestaciones sanitarias. Este debate se ha abierto en toda Europa y es una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia. ¿Se debieron haber cerrado antes las residencias para evitar contagios? Todos los médicos llegan a la misma conclusión. Las residencias se cerraron cuando se lo ordenaron. Otra pregunta es si eso fue tarde o temprano, pero no fue cosa de las residencias. Los test tardaron en hacerse más de 20 días pero eso tampoco fue culpa de las residencias porque tenían que venir desde fuera. ¿Esa tardanza pudo ser clave en los contagios? Los médicos han estado durante 22 días actuando como podía haberlo hecho yo. El que tiene fiebre lo aparto pero con los asintomáticos no podía hacer nada hasta la llegada de los test. Llevamos 148 fallecidos y había 341 positivos. Ese dato del retraso en los test ha sido determinante para que haya muerto gente y se haya infectado tanta gente.En cuanto se hicieron los test, todo empezó a solucionarse de forma vertiginosa porque entonces los médicos pudieron diseñar circuitos para pacientes con coronavirus que no infectaran a los demás. Me gustaría decir que los médicos y los trabajadores de las residencias han estado actuando heroicamente sin saber donde estaba el virus. La palabra heroica se queda corta. ¿Se infectaron tantos trabajadores como residentes? Incluso un poco más. Cuando se acabaron de realizar todos los test a mediados de abril había 347 trabajadores infectados, lo cual provocó, además, un desastre organizativo porque tuvieron que darse de baja y las residencias contratar a nuevo personal y formarlo. Si no ha muerto ninguno es porque todos eran jóvenes o relativamente jóvenes. ¿Qué otras lecciones podemos extraer de la pandemia para que no se repita lo ocurrido? Las residencias deben tener dos o tres habitaciones completamente vacías para poder aislar a enfermos con el virus. Y hace falta formación, entrenamiento y un material adecuado. También hace falta un protocolo para que ante la primera alerta sanitaria, se sepa el equipo médico que tiene que acudir a la residencia. Todo esto no se puede repetir si hay un rebrote en octubre. Yo sé que el tema burocrático cuesta pero no hay más remedio. ¿Ha tenido medios suficientes la Fiscalía para investigar lo ocurrido? Creo que también la fiscalía hay que reforzarla. A nivel nacional, antes del Covid, se estaba creando una fiscalía nacional de sala en materia de personas con discapacidad, como ya las hay violencia de género o medio ambiente o seguridad vial. Y la pandemia le ha dado un impulso grande. También nosotros tenemos que ponernos al día. Toda la administración tiene que tener un organigrama definido para un caso de emergencia sanitaria. ¿Ha tropezado con muchos obstáculos en su labor? Más bien con las urgencias de las necesidades. Me llamaba un director diciéndome que no tenía mascarillas o trajes y yo automáticamente llamaba a Sanidad para solucionarlo. Hemos empujado lo que hemos podido y nos hemos convertido en una especie de centralita telefónica. Al principio he actuado más como centralita que como fiscal, rebotando llamadas y correos. Nuestra primera misión ha sido ayudar en lo que podíamos y solucionar problemas. Intentar que se hicieran los test lo antes posible y hacer llegar pronto el material sanitario y de protección a todas las residencias. ¿No ha visto indicios de delito en esas residencias donde murieron mayores? He hecho 16 piezas separadas sobre fallecimientos y hasta ahora no hemos detectado responsabilidad penal. Responsabilidad administrativa sí podría haber alguna por infracción de normas administrativas. Penales no hemos encontrado ni yo ni ningún compañero de Andalucía. En otras comunidades la fiscalía sí ha visto delitos. Yo comprendo que es difícil decirle a los familiares de los fallecidos esto porque es lógico que no vean la globalidad de las cosas. Hablo siempre dentro de las residencias. Errores se habrán cometido como nos pasa a todos pero sin trascendencia penal.
El mayor conjunto de pisadas humanas fósiles de África muestra instantáneas del Homo sapiens cazador y recolector.
Huellas de la época de Altamira en Tanzania indican que las mujeres se encargaban de buscar comida El mayor conjunto de pisadas humanas fósiles de África muestra instantáneas del Homo sapiens cazador y recolector.
«En Bruselas habría muerto. Los sanitarios del Virgen del Rocío son mis héroes»
Uno de los pacientes que no hubiera soportado ninguna demora en su operación es Juan Sánchez, 75 años. Este trabajador jubilado, que tiene dos hijos y dos nietas, nació en la localidad sevillana de Los Molares y emigró a Bruselas muy joven para buscarse la vida. Allí lleva 53 años y poco antes de Semana Santa vino a su pueblo a pasar las vacaciones. Le cogió el confinamiento y a los pocos días se puso malo. «No me dolía nada, la verdad, pero eché sangre en la orina», cuenta a ABC. En el «share» de Utrera le hicieron unas pruebas y le detectaron un tumor en el páncreas. «Se me quitaron las ganas de comer y se me cayeron los palos del sombrajo. El médico intentó tranquilizarme y me dijo que no me pusiera nervioso», cuenta. Lo enviaron urgente al Virgen del Rocío y en un día se le preparó para la operación, bastante compleja, en la que participaron treinta profesionales de distintas áreas. «Me operaron casi sobre la marcha y todo ha salido bien». Le acompaña su mujer porque sus dos hijos se encuentran confinados en Bruselas. La cosa fue tan bien que pronto le darán el alta, si todo transcurre según lo previsto. «Si esto me pasa en Bruselas, creo que ya estaría bajo tierra. Allí los médicos y las enfermeras no son tan buenos ni te atienden tan bien y tan rápido. Tuve suerte de que me cogiera el confinamiento en Sevilla y me tocara un cirujano tan bueno como el doctor Padillo. No me había dado cuenta hasta ahora de lo buena que es la sanidad pública en España y concretamente en Sevilla. Les estoy muy agradecido a los profesionales, les debo la vida y solo quiero hacerme una foto con todos ellos. Son mis héroes». También Pilar Roldán, una sevillana de 68 años, le debe la vida a los profesionales sanitarios que la operaron en plena pandemia desafiando las recomendaciones de las sociedades científicas. La operó de un cáncer rectal el doctor Fernando de la Portilla con la ayuda del robot Da Vinci. Tiene dos hijos que han estado con ella en todo momento y ya le han dado el alta hospitalaria para recuperarse en casa de la operación. Nunca imaginó que ocurriría en plena pandemia de Covid-19.
«En Bruselas habría muerto. Los sanitarios del Virgen del Rocío son mis héroes» Uno de los pacientes que no hubiera soportado ninguna demora en su operación es Juan Sánchez, 75 años. Este trabajador jubilado, que tiene dos hijos y dos nietas, nació en la localidad sevillana de Los Molares y emigró a Bruselas muy joven para buscarse la vida. Allí lleva 53 años y poco antes de Semana Santa vino a su pueblo a pasar las vacaciones. Le cogió el confinamiento y a los pocos días se puso malo. «No me dolía nada, la verdad, pero eché sangre en la orina», cuenta a ABC. En el «share» de Utrera le hicieron unas pruebas y le detectaron un tumor en el páncreas. «Se me quitaron las ganas de comer y se me cayeron los palos del sombrajo. El médico intentó tranquilizarme y me dijo que no me pusiera nervioso», cuenta. Lo enviaron urgente al Virgen del Rocío y en un día se le preparó para la operación, bastante compleja, en la que participaron treinta profesionales de distintas áreas. «Me operaron casi sobre la marcha y todo ha salido bien». Le acompaña su mujer porque sus dos hijos se encuentran confinados en Bruselas. La cosa fue tan bien que pronto le darán el alta, si todo transcurre según lo previsto. «Si esto me pasa en Bruselas, creo que ya estaría bajo tierra. Allí los médicos y las enfermeras no son tan buenos ni te atienden tan bien y tan rápido. Tuve suerte de que me cogiera el confinamiento en Sevilla y me tocara un cirujano tan bueno como el doctor Padillo. No me había dado cuenta hasta ahora de lo buena que es la sanidad pública en España y concretamente en Sevilla. Les estoy muy agradecido a los profesionales, les debo la vida y solo quiero hacerme una foto con todos ellos. Son mis héroes». También Pilar Roldán, una sevillana de 68 años, le debe la vida a los profesionales sanitarios que la operaron en plena pandemia desafiando las recomendaciones de las sociedades científicas. La operó de un cáncer rectal el doctor Fernando de la Portilla con la ayuda del robot Da Vinci. Tiene dos hijos que han estado con ella en todo momento y ya le han dado el alta hospitalaria para recuperarse en casa de la operación. Nunca imaginó que ocurriría en plena pandemia de Covid-19.
La situación de Extremadura ante la crisis del Covid-19 y las medidas que se están tomando y se prevén tomar para paliar la crisis social y económica que ha provocado serán los temas que centrarán el pleno de la Asamblea de Extremadura de este martes, 26 de mayo.
La situación de Extremadura ante el Covid-19 y las medidas a tomar centran este martes el pleno de la Asamblea La situación de Extremadura ante la crisis del Covid-19 y las medidas que se están tomando y se prevén tomar para paliar la crisis social y económica que ha provocado serán los temas que centrarán el pleno de la Asamblea de Extremadura de este martes, 26 de mayo.
La última 'burla' contra los nazis
'Descubriendo a Anna Frank. Historias paralelas' recoge los testimonios de niñas y adolescentes que sufrieron las atrocidades de los campos de concentración y sobrevivieron. Son los últimos supervivientes del Holocausto.
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‘Defende a Galega’ nació hace dos años para denunciar la manipulación informativa, el desmantelamiento de los medios públicos y las dificultades crecientes para desarrollar el trabajo con criterios profesionales.
CRTVG: 700 días en negro ‘Defende a Galega’ nació hace dos años para denunciar la manipulación informativa, el desmantelamiento de los medios públicos y las dificultades crecientes para desarrollar el trabajo con criterios profesionales.
La covid-19 hace inevitable la transición energética, pero podría ralentizar su hoja de ruta La pandemia sanitaria y sus daños colaterales sobre la economía global están modelando el road-map hacia las emisiones cero. La demanda de energía caerá en 2020 un 6%, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de combustibles fósiles. Pero el tránsito hacia las renovables sigue dependiendo del impulso político.
La fiebre de la bicicleta se desata por las calles de Madrid durante el confinamiento
Asociaciones ecologistas y de ciclismo urbano admiten que se está produciendo una pugna por ocupar un espacio público muy cotizado.
La fiebre de la bicicleta se desata por las calles de Madrid durante el confinamiento Asociaciones ecologistas y de ciclismo urbano admiten que se está produciendo una pugna por ocupar un espacio público muy cotizado.
La juez del 8-M advierte al Ministerio de Interior de la responsabilidad penal si no se respeta el deber de reserva de la Guardia Civil
La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con la jornada en la que se ha conocido la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar "por pérdida de confianza" al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.La juez Carmen Rodríguez Medel, que mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia, ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.En el oficio remitido al 'número dos' de Interior, la magistrada ha recordado que desde el primer día de la investigación, que arrancó el pasado 25 de marzo, "dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan".En oficio remitido a Interior que reproduce 'El Español', la juez también recuerda que ya "enfatizó" que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública "debería contar previamente" con su autorización y que sería ella quien decidiría "no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido".En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber "debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar", entre las que se contemplan las responsabilidades penales.En caso de producirse estas últimas, según la juez, "podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado", según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.
La juez del 8-M advierte al Ministerio de Interior de la responsabilidad penal si no se respeta el deber de reserva de la Guardia Civil La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con la jornada en la que se ha conocido la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar "por pérdida de confianza" al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.La juez Carmen Rodríguez Medel, que mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia, ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.En el oficio remitido al 'número dos' de Interior, la magistrada ha recordado que desde el primer día de la investigación, que arrancó el pasado 25 de marzo, "dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan".En oficio remitido a Interior que reproduce 'El Español', la juez también recuerda que ya "enfatizó" que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública "debería contar previamente" con su autorización y que sería ella quien decidiría "no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido".En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber "debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar", entre las que se contemplan las responsabilidades penales.En caso de producirse estas últimas, según la juez, "podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado", según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.
Así sería la ciudad ideal postcovid La nueva urbe está por hacer. Junto a problemas ya enquistados como la movilidad, la desigualdad o la crisis medioambiental, afloran otros como la distancia interpersonal y la higienización de sus espacios. El reto es inmenso.
Andrés R. Amayuelas: "Sería un error recortar la ayuda al desarrollo en momentos como estos"
El presidente de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, afirma en esta entrevista con Público, que es clave que nuestro país apueste por incrementar la ayuda al desarrollo en esta crisis. "Nuestro país ya está a la cola de los países de Europa en esta política pública y hoy es más necesaria que nunca".
Andrés R. Amayuelas: "Sería un error recortar la ayuda al desarrollo en momentos como estos" El presidente de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, afirma en esta entrevista con Público, que es clave que nuestro país apueste por incrementar la ayuda al desarrollo en esta crisis. "Nuestro país ya está a la cola de los países de Europa en esta política pública y hoy es más necesaria que nunca".
Directo | La crisis del coronavirus en España: desescalada y fases
Los científicos lo han repetido hasta la saciedad, pero todavía hay quien se pregunta, o incluso reclama, por qué no se hacen pruebas del coronavirus a todo el mundo. “Los españoles tienen derecho a saber si están contagiados y el Gobierno tiene el deber de hacer test masivos a toda la población”, dijo hace unas semanas el líder del Partido Popular, Pablo Casado. El objetivo de hacer test masivos, según quienes sostienen esta hipótesis, sería garantizar una desescalada segura. Pero la teoría, que a priori suena bien, hace aguas en cuanto se plantea llevar a la práctica.Hay tantos factores que explican por qué sería imposible hacer test a toda la población que los expertos no saben muy bien por dónde empezar cuando se les pregunta. Los dos inmunólogos consultados por El HuffPost comienzan por lo básico: existen dos tipos de pruebas —PCR y test serológicos o de anticuerpos— que miden valores distintos, y aún no se sabe muy bien qué pide la gente cuando pide “test masivos”. ¿PCR para saber si hay presencia del virus en un preciso instante, sabiendo que un resultado negativo no impide a la persona contagiarse al salir del médico? ¿Test de anticuerpos, que son menos precisos y sólo dan resultados fiables a las dos o tres semanas de que la persona haya mostrado síntomas, es decir, cuando ya ha tenido ocasión de contagiar a otras muchas personas?El sinsentido de las PCR ‘para todos’Vayamos por partes. “No tiene sentido hacer una PCR a todos los españoles, porque sólo van a dar positivo aquellos que estén en fase activa de la inflamación, y eso sólo será durante 15 días. Hoy puedo dar negativo y contagiarme mañana. Y si me contagié hace un mes, mi PCR también va a dar negativa”, explica David Bernardo, experto en Inmunología del Instituto de Biología y Genética Molecular.“Las pruebas de PCR sólo tienen sentido para personas con síntomas que vayan a atención primaria y para grupos de población muy concretos, como trabajadores sanitarios”, corrobora Eva Martínez Cáceres, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología (SEI).La PCR mide la presencia de ácidos nucleicos (ADN o ARN) en una muestra y es el método que se utiliza para el diagnóstico. “Cuando llega un paciente se le toma una muestra del fondo de la garganta con el hisopo, eso se lleva al laboratorio y, utilizando la PCR, vemos si tiene carga viral. Si tiene, es que la persona está infectada”, aclara Bernardo. “Esta técnica es muy, muy, muy precisa. El hándicap es que lleva tiempo y es difícil de hacer, es cara y las muestras son altamente contagiosas”, apunta. Además, sólo un número limitado de laboratorios está en condiciones de analizar las muestras: ya son 54 en España, pero hasta finales de abril eran menos de la mitad.¿Y los test de anticuerpos?Descartada la opción de hacer PCR a “toda la población”, habría que recurrir a los test serológicos, que miden la presencia de anticuerpos en sangre frente al virus. ¿Qué dicen los expertos? Que tampoco sería la panacea.El primer problema que plantean estos test es su escasa fiabilidad. “Un test con menos del 60% de sensibilidad, como se han llegado a comercializar, es un fraude”, advierte Bernardo. “Yo con una moneda ya tengo el 50% de posibilidades de acertar”, bromea.Ambos expertos aluden al factor tiempo: las empresas farmacéuticas suelen necesitar en torno a un año para desarrollar este tipo de pruebas, mientras que este coronavirus se conoce desde hace apenas cinco meses. Un test con menos del 60% de sensibilidad, como se han llegado a comercializar, es un fraude. Yo con una moneda ya tengo el 50% de posibilidades de acertar“Prácticamente ninguna farmacéutica potente ha sacado un kit al mercado. Con todo el dinero que les supondría, si ninguna se ha atrevido a comercializarlo todavía es porque no quieren ofrecer kits defectuosos. Y esto nos hace sospechar que quizás los que están en el mercado no son todo lo fiables que deberían”, sostiene el inmunólogo.Positivos que pueden ser negativos (y viceversa)La vicepresidenta de la SEI lo confirma. “Hay test de anticuerpos en el mercado que pueden dar falsos positivos (normalmente en gente que haya tenido infecciones respiratorias por coronavirus en años recientes), pero lo que más llama la atención es que pueden dar falsos negativos porque no son lo suficientemente sensibles”, señala Martínez. De este modo, a una persona que ha tenido la infección le pueden decir que no ha generado defensas, “cuando lo que pasa en realidad es que se ha probado con un reactivo que no es lo bastante sensible”, advierte. Y aún hay más: un paciente puede dar negativo en el test de anticuerpos si se le realiza la prueba demasiado pronto, ya que, en una respuesta inmunitaria normal, “los anticuerpos son detectables a partir de la segunda o tercera semana tras el inicio de síntomas”, no antes. Dentro del grupo de test serológicos, existen dos técnicas, ambas empleadas en el estudio de seroprevalencia que está realizando el Gobierno y cuyos resultados preliminares determinaron que apenas el 5% de la población española tiene anticuerpos frente al virus. Son el test de inmunocromatografía (similar al test rápido de embarazo pero con fiabilidad a veces dudosa) y la prueba conocida como ELISA, una técnica más sensible y específica, pero mucho más laboriosa y costosa, que emplea muestras de sangre que se analizan después en un laboratorio. De nuevo, la capacidad de análisis del país (personal, material y de infraestructura) es limitada.Si dentro de un mes se desarrolla un test que por un euro y en media hora te dice si tienes ARN del virus en tu cuerpo, entonces quizás sí compensa pedir ‘test para todos’Pero aunque hubiera test fiables para todos, surgen varias cuestiones. “¿Cuántos test encargaríamos? ¿50 millones, uno para cada español? Teniendo en cuenta que el 95% daría negativo, y que podría infectarse más adelante, habría que repetirles el test. ¿Cada cuánto tiempo? ¿A la semana siguiente? ¿Dentro de un mes? ¿Compramos mil millones de test y vamos haciéndoselos a todos los españoles?”, plantea David Bernardo. “La realidad es que, hoy por hoy, no es logística ni económicamente posible”.“Si alguien dentro de un mes consigue desarrollar un test que por un euro y en media hora te dice si tienes ARN del virus en tu cuerpo, entonces quizás sí compensa pedir ‘test para todos’”, prosigue el experto. “Cada semana, o cada día, nos podríamos hacer la prueba para detectar rápido quién tiene carga viral, pero este no es el caso ahora”, resume. ... pero Wuhan dice que puede Ambos expertos están al tanto de que la ciudad china de Wuhan, considerada epicentro de la epidemia, anunció hace unos días que pretende hacer pruebas a sus 11 millones de habitantes, pero ninguno de los dos tiene muy claro el procedimiento, teniendo en cuenta los escasos detalles que han dado las autoridades chinas. “No han especificado qué tipo de test, ni si va a ser una única prueba, ni durante cuánto tiempo”, señala Bernardo. “No tenemos mucha información sobre este tema”, reconoce Martínez. “A veces no se sabe muy bien la fiabilidad de estas noticias… pero si tienen muchísimo dinero y un test muy fiable y quieren hacerlo, adelante”, sostiene. En cualquier caso, la experta está convencida de que “no tiene sentido extrapolar esto a España”.Cuestionable (como poco), desde el punto de vista ético A todos estos factores se suma el debate ético. “Hay quien ya anuncia que tiene anticuerpos, que está inmunizado, como valor de cara a una empresa”, apunta David Bernardo, que enseguida alerta de que esta práctica “puede dar lugar a una discriminación muy peligrosa”. “Es una aberración biológica”, lamenta. Bernardo no comparte en absoluto la idea de que ‘si el Gobierno no tiene la logística para hacer los test debería hacerlos la empresa’. “Esto no puede quedar en manos de las empresas, que podrían contratar o despedir en función de si has pasado o no el virus, de si estás o no inmunizado”, explica. “Los test tienen que ir por el sistema público de salud, no por las empresas”, defiende. “Ahí se cruza una barrera ético-legal-sanitaria que habría que discutir en profundidad”. ¿Cuál es la solución, entonces?La Sociedad Española de Inmunología descarta rotundamente la idea de hacer test masivos a toda la población, y en su lugar propone otras alternativas más útiles y factibles. “Sólo tendría sentido defender la idea de test masivos si se refiere a colectivos muy determinados que se consideren de riesgo por estar en contacto con muchas personas”, señala Eva Martínez. “Quizás serían adecuados para los conductores, los manipuladores de alimentos, los trabajadores de residencias, o en la hostelería”, enumera. Sólo tendría sentido defender la idea de test masivos si se refiere a colectivos muy determinados que se consideren de riesgo por estar en contacto con muchas personasNo obstante, lo importante no es tanto el test en sí, sino lo que viene después. “Si se decide estudiar a determinados colectivos, se debe hacer seguimiento”, afirma. “Cuando haya un positivo, habrá que rastrear sus contactos para aislarlos en caso de que sea necesario”, señala. También convendría hacer seguimiento del paciente para comprobar “si ha fabricado anticuerpos a las tres semanas y, si una técnica da negativa, hacerle otra prueba de anticuerpos, ya que no todas miran las mismas partes del virus”, aclara. Por otro lado, los anticuerpos no constituyen la única respuesta inmunitaria, advierte la inmunóloga, con lo cual habría que tener en cuenta también la respuesta celular. “Las personas que con seguridad han pasado la infección pero tienen una prueba de anticuerpos negativa, además tendrían que pasar unas pruebas de inmunidad celular para ver si sus linfocitos sí son capaces de responder frente al virus”, explica. En definitiva, la maraña de los test es más vasta de lo que parece. “Cada vez es más complicado”, concede la vicepresidenta de la SEI. “Aunque al principio se pensara en hacer test de anticuerpos a toda la población, luego se vio que no tenía mucho sentido, y que es preferible utilizar los reactivos en personas que tengan más riesgo y hacer seguimiento a esos colectivos”, concluye.No hacer ningún test es mejor que hacer uno malo“Lo único peor que no hacer pruebas es hacer una prueba que esté mal”, escriben los doctores Sheldon Campbell y Randi Hutter Epstein, de la Universidad de Yale, en un artículo publicado por la BBC. Esta afirmación que puede chocar al público en general no resulta en absoluto sorprendente a los expertos, conscientes de que promover la generalización de los test es peligroso cuando los laboratorios aún no han realizado “suficientes estudios para garantizar su fiabilidad”. “Es muy importante dar resultados fiables”, recalca Eva Martínez Cáceres, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología. A Martínez le consta que los casos de falsos negativos e incluso falsos positivos no son tan excepcionales, y estos pueden dar lugar a agobios innecesarios o a falsos alivios, en función del resultado. “Hay mucha gente que ahora está obsesionada y algunos laboratorios ofrecen test sin siquiera decir cuál es su especificidad”, advierte David Bernardo, experto en Inmunología del Instituto de Biología y Genética Molecular. “Se necesita más de un 95% de sensibilidad para considerar un test fiable. Tiene que cumplir ese paradigma; si no, no es un test rápido”, sostiene. “Imagínate que un test de embarazo fallara una vez cada cinco... Ofrecer un 80% de fiabilidad sería una estafa”.TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR Sanidad alerta contra los test de coronavirus de centros privados Madrid usa con sus sanitarios test de menor calidad tras fracasar una compra anunciada por Ayuso ¿Cómo funcionan los test rápidos del coronavirus?
Se mire por donde se mire, no tiene sentido pedir test masivos para toda la población Los científicos lo han repetido hasta la saciedad, pero todavía hay quien se pregunta, o incluso reclama, por qué no se hacen pruebas del coronavirus a todo el mundo. “Los españoles tienen derecho a saber si están contagiados y el Gobierno tiene el deber de hacer test masivos a toda la población”, dijo hace unas semanas el líder del Partido Popular, Pablo Casado. El objetivo de hacer test masivos, según quienes sostienen esta hipótesis, sería garantizar una desescalada segura. Pero la teoría, que a priori suena bien, hace aguas en cuanto se plantea llevar a la práctica.Hay tantos factores que explican por qué sería imposible hacer test a toda la población que los expertos no saben muy bien por dónde empezar cuando se les pregunta. Los dos inmunólogos consultados por El HuffPost comienzan por lo básico: existen dos tipos de pruebas —PCR y test serológicos o de anticuerpos— que miden valores distintos, y aún no se sabe muy bien qué pide la gente cuando pide “test masivos”. ¿PCR para saber si hay presencia del virus en un preciso instante, sabiendo que un resultado negativo no impide a la persona contagiarse al salir del médico? ¿Test de anticuerpos, que son menos precisos y sólo dan resultados fiables a las dos o tres semanas de que la persona haya mostrado síntomas, es decir, cuando ya ha tenido ocasión de contagiar a otras muchas personas?El sinsentido de las PCR ‘para todos’Vayamos por partes. “No tiene sentido hacer una PCR a todos los españoles, porque sólo van a dar positivo aquellos que estén en fase activa de la inflamación, y eso sólo será durante 15 días. Hoy puedo dar negativo y contagiarme mañana. Y si me contagié hace un mes, mi PCR también va a dar negativa”, explica David Bernardo, experto en Inmunología del Instituto de Biología y Genética Molecular.“Las pruebas de PCR sólo tienen sentido para personas con síntomas que vayan a atención primaria y para grupos de población muy concretos, como trabajadores sanitarios”, corrobora Eva Martínez Cáceres, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología (SEI).La PCR mide la presencia de ácidos nucleicos (ADN o ARN) en una muestra y es el método que se utiliza para el diagnóstico. “Cuando llega un paciente se le toma una muestra del fondo de la garganta con el hisopo, eso se lleva al laboratorio y, utilizando la PCR, vemos si tiene carga viral. Si tiene, es que la persona está infectada”, aclara Bernardo. “Esta técnica es muy, muy, muy precisa. El hándicap es que lleva tiempo y es difícil de hacer, es cara y las muestras son altamente contagiosas”, apunta. Además, sólo un número limitado de laboratorios está en condiciones de analizar las muestras: ya son 54 en España, pero hasta finales de abril eran menos de la mitad.¿Y los test de anticuerpos?Descartada la opción de hacer PCR a “toda la población”, habría que recurrir a los test serológicos, que miden la presencia de anticuerpos en sangre frente al virus. ¿Qué dicen los expertos? Que tampoco sería la panacea.El primer problema que plantean estos test es su escasa fiabilidad. “Un test con menos del 60% de sensibilidad, como se han llegado a comercializar, es un fraude”, advierte Bernardo. “Yo con una moneda ya tengo el 50% de posibilidades de acertar”, bromea.Ambos expertos aluden al factor tiempo: las empresas farmacéuticas suelen necesitar en torno a un año para desarrollar este tipo de pruebas, mientras que este coronavirus se conoce desde hace apenas cinco meses. Un test con menos del 60% de sensibilidad, como se han llegado a comercializar, es un fraude. Yo con una moneda ya tengo el 50% de posibilidades de acertar“Prácticamente ninguna farmacéutica potente ha sacado un kit al mercado. Con todo el dinero que les supondría, si ninguna se ha atrevido a comercializarlo todavía es porque no quieren ofrecer kits defectuosos. Y esto nos hace sospechar que quizás los que están en el mercado no son todo lo fiables que deberían”, sostiene el inmunólogo.Positivos que pueden ser negativos (y viceversa)La vicepresidenta de la SEI lo confirma. “Hay test de anticuerpos en el mercado que pueden dar falsos positivos (normalmente en gente que haya tenido infecciones respiratorias por coronavirus en años recientes), pero lo que más llama la atención es que pueden dar falsos negativos porque no son lo suficientemente sensibles”, señala Martínez. De este modo, a una persona que ha tenido la infección le pueden decir que no ha generado defensas, “cuando lo que pasa en realidad es que se ha probado con un reactivo que no es lo bastante sensible”, advierte. Y aún hay más: un paciente puede dar negativo en el test de anticuerpos si se le realiza la prueba demasiado pronto, ya que, en una respuesta inmunitaria normal, “los anticuerpos son detectables a partir de la segunda o tercera semana tras el inicio de síntomas”, no antes. Dentro del grupo de test serológicos, existen dos técnicas, ambas empleadas en el estudio de seroprevalencia que está realizando el Gobierno y cuyos resultados preliminares determinaron que apenas el 5% de la población española tiene anticuerpos frente al virus. Son el test de inmunocromatografía (similar al test rápido de embarazo pero con fiabilidad a veces dudosa) y la prueba conocida como ELISA, una técnica más sensible y específica, pero mucho más laboriosa y costosa, que emplea muestras de sangre que se analizan después en un laboratorio. De nuevo, la capacidad de análisis del país (personal, material y de infraestructura) es limitada.Si dentro de un mes se desarrolla un test que por un euro y en media hora te dice si tienes ARN del virus en tu cuerpo, entonces quizás sí compensa pedir ‘test para todos’Pero aunque hubiera test fiables para todos, surgen varias cuestiones. “¿Cuántos test encargaríamos? ¿50 millones, uno para cada español? Teniendo en cuenta que el 95% daría negativo, y que podría infectarse más adelante, habría que repetirles el test. ¿Cada cuánto tiempo? ¿A la semana siguiente? ¿Dentro de un mes? ¿Compramos mil millones de test y vamos haciéndoselos a todos los españoles?”, plantea David Bernardo. “La realidad es que, hoy por hoy, no es logística ni económicamente posible”.“Si alguien dentro de un mes consigue desarrollar un test que por un euro y en media hora te dice si tienes ARN del virus en tu cuerpo, entonces quizás sí compensa pedir ‘test para todos’”, prosigue el experto. “Cada semana, o cada día, nos podríamos hacer la prueba para detectar rápido quién tiene carga viral, pero este no es el caso ahora”, resume. ... pero Wuhan dice que puede Ambos expertos están al tanto de que la ciudad china de Wuhan, considerada epicentro de la epidemia, anunció hace unos días que pretende hacer pruebas a sus 11 millones de habitantes, pero ninguno de los dos tiene muy claro el procedimiento, teniendo en cuenta los escasos detalles que han dado las autoridades chinas. “No han especificado qué tipo de test, ni si va a ser una única prueba, ni durante cuánto tiempo”, señala Bernardo. “No tenemos mucha información sobre este tema”, reconoce Martínez. “A veces no se sabe muy bien la fiabilidad de estas noticias… pero si tienen muchísimo dinero y un test muy fiable y quieren hacerlo, adelante”, sostiene. En cualquier caso, la experta está convencida de que “no tiene sentido extrapolar esto a España”.Cuestionable (como poco), desde el punto de vista ético A todos estos factores se suma el debate ético. “Hay quien ya anuncia que tiene anticuerpos, que está inmunizado, como valor de cara a una empresa”, apunta David Bernardo, que enseguida alerta de que esta práctica “puede dar lugar a una discriminación muy peligrosa”. “Es una aberración biológica”, lamenta. Bernardo no comparte en absoluto la idea de que ‘si el Gobierno no tiene la logística para hacer los test debería hacerlos la empresa’. “Esto no puede quedar en manos de las empresas, que podrían contratar o despedir en función de si has pasado o no el virus, de si estás o no inmunizado”, explica. “Los test tienen que ir por el sistema público de salud, no por las empresas”, defiende. “Ahí se cruza una barrera ético-legal-sanitaria que habría que discutir en profundidad”. ¿Cuál es la solución, entonces?La Sociedad Española de Inmunología descarta rotundamente la idea de hacer test masivos a toda la población, y en su lugar propone otras alternativas más útiles y factibles. “Sólo tendría sentido defender la idea de test masivos si se refiere a colectivos muy determinados que se consideren de riesgo por estar en contacto con muchas personas”, señala Eva Martínez. “Quizás serían adecuados para los conductores, los manipuladores de alimentos, los trabajadores de residencias, o en la hostelería”, enumera. Sólo tendría sentido defender la idea de test masivos si se refiere a colectivos muy determinados que se consideren de riesgo por estar en contacto con muchas personasNo obstante, lo importante no es tanto el test en sí, sino lo que viene después. “Si se decide estudiar a determinados colectivos, se debe hacer seguimiento”, afirma. “Cuando haya un positivo, habrá que rastrear sus contactos para aislarlos en caso de que sea necesario”, señala. También convendría hacer seguimiento del paciente para comprobar “si ha fabricado anticuerpos a las tres semanas y, si una técnica da negativa, hacerle otra prueba de anticuerpos, ya que no todas miran las mismas partes del virus”, aclara. Por otro lado, los anticuerpos no constituyen la única respuesta inmunitaria, advierte la inmunóloga, con lo cual habría que tener en cuenta también la respuesta celular. “Las personas que con seguridad han pasado la infección pero tienen una prueba de anticuerpos negativa, además tendrían que pasar unas pruebas de inmunidad celular para ver si sus linfocitos sí son capaces de responder frente al virus”, explica. En definitiva, la maraña de los test es más vasta de lo que parece. “Cada vez es más complicado”, concede la vicepresidenta de la SEI. “Aunque al principio se pensara en hacer test de anticuerpos a toda la población, luego se vio que no tenía mucho sentido, y que es preferible utilizar los reactivos en personas que tengan más riesgo y hacer seguimiento a esos colectivos”, concluye.No hacer ningún test es mejor que hacer uno malo“Lo único peor que no hacer pruebas es hacer una prueba que esté mal”, escriben los doctores Sheldon Campbell y Randi Hutter Epstein, de la Universidad de Yale, en un artículo publicado por la BBC. Esta afirmación que puede chocar al público en general no resulta en absoluto sorprendente a los expertos, conscientes de que promover la generalización de los test es peligroso cuando los laboratorios aún no han realizado “suficientes estudios para garantizar su fiabilidad”. “Es muy importante dar resultados fiables”, recalca Eva Martínez Cáceres, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología. A Martínez le consta que los casos de falsos negativos e incluso falsos positivos no son tan excepcionales, y estos pueden dar lugar a agobios innecesarios o a falsos alivios, en función del resultado. “Hay mucha gente que ahora está obsesionada y algunos laboratorios ofrecen test sin siquiera decir cuál es su especificidad”, advierte David Bernardo, experto en Inmunología del Instituto de Biología y Genética Molecular. “Se necesita más de un 95% de sensibilidad para considerar un test fiable. Tiene que cumplir ese paradigma; si no, no es un test rápido”, sostiene. “Imagínate que un test de embarazo fallara una vez cada cinco... Ofrecer un 80% de fiabilidad sería una estafa”.TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR Sanidad alerta contra los test de coronavirus de centros privados Madrid usa con sus sanitarios test de menor calidad tras fracasar una compra anunciada por Ayuso ¿Cómo funcionan los test rápidos del coronavirus?
Las decisiones adoptadas por el gobierno municipal de Barcelona que afectan a la movilidad urbana han provocado una airada reacción de las organizaciones empresariales capitaneadas por Foment del Terball. La entidad que preside Josep Sánchez Llibre,...
La patronal acusa a Colau de “ahogar” al vehículo privado Las decisiones adoptadas por el gobierno municipal de Barcelona que afectan a la movilidad urbana han provocado una airada reacción de las organizaciones empresariales capitaneadas por Foment del Terball. La entidad que preside Josep Sánchez Llibre,...
ONG advierten de que millones de mujeres y niñas afrontan un aumento de inseguridad y violencia en la pandemia Tres organizaciones, Amnistía Internacional, Women's Link Worldwide y la Federación Internacional de Planificación de la Familia, publican una guía que sirve como hoja de ruta para que los gobiernos europeos tomen las medidas necesarias para proteger a mujeres y niñas durante y tras la emergencia del coronovirus.
El jefe del equipo médico de expertos designado por China para combatir el coronavirus, Zhong Nanshan, alabó las medidas de prevención contra la epidemia adoptadas en Hong Kong e instó a las autoridades a que relajen las restricciones en la frontera con China continental, informó hoy un medio local. En una entrevista con el periódico South China Morning Post, el experto elogió los esfuerzos de la ciudad financiera para contener la COVID-19 y pidió más cooperación entre las autoridades de Hong Kong y de China continental para permitir viajes entre ambos lados sin necesidad de realizar una cuarentena obligatoria. "Hong Kong lo ha hecho maravillosamente esta vez, completamente diferente a cómo lo hizo hace 17 años durante la epidemia del SARS", afirmó el prestigioso neumólogo chino, de 83 años, que jugó un papel destacado en la lucha contra esa enfermedad en 2003, que se cebó especialmente con la excolonia británica. Zhong indicó que las autoridades "deberían dar el paso" y establecer un sistema de códigos sanitarios en los móviles que sea reconocido en ambos lados. Añadió que, en este momento, "no es esencial" que una persona quede aislada en Hong Kong durante 14 días dado que "la ciudad se enfrenta a grandes problemas económicos". Hong Kong no contabiliza nuevos casos de coronavirus desde hace más de diez días y en la ciudad quedan 32 enfermos activos de entre los 1.065 casos totales detectados desde el comienzo de la pandemia, de los que cuatro han muerto. Entretanto, la jefa del Ejecutivo local hongkonés, Carrie Lam, anunció hoy en rueda de prensa que la ciudad relajará parte de las medidas de distanciamiento social adoptadas para combatir la propagación de la COVID-19. Así, karaokes o clubes nocturnos se unirán a otros espacios ya abiertos -como gimnasios y salones de belleza- y podrán reanudar sus operaciones desde este viernes, según la agencia estatal china Xinhua. También se reanudarán los servicios de transferencia de vuelos del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, mientras que las escuelas de la urbe podrán abrir gradualmente desde el miércoles. Por otra parte, Lam reiteró hoy su respaldo a la ley de seguridad nacional para Hong Kong que el Gobierno de Pekín planea aprobar esta semana y aseguró que las libertades de los hongkoneses no están en peligro. La Policía de Hong Kong detuvo al menos a 180 personas este domingo durante una protesta contra la nueva ley, que prohibirá "cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión" contra el Gobierno central, además del "robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras". Actualmente, se debate en la Asamblea Nacional Popular china (ANP) y se prevé que sea aprobada antes de su conclusión el jueves. Varias organizaciones civiles han condenado la medida que planea Pekín al considerar que limitará las libertades de los hongkoneses.
El jefe médico chino pide relajar las medidas contra el virus en Hong Kong El jefe del equipo médico de expertos designado por China para combatir el coronavirus, Zhong Nanshan, alabó las medidas de prevención contra la epidemia adoptadas en Hong Kong e instó a las autoridades a que relajen las restricciones en la frontera con China continental, informó hoy un medio local. En una entrevista con el periódico South China Morning Post, el experto elogió los esfuerzos de la ciudad financiera para contener la COVID-19 y pidió más cooperación entre las autoridades de Hong Kong y de China continental para permitir viajes entre ambos lados sin necesidad de realizar una cuarentena obligatoria. "Hong Kong lo ha hecho maravillosamente esta vez, completamente diferente a cómo lo hizo hace 17 años durante la epidemia del SARS", afirmó el prestigioso neumólogo chino, de 83 años, que jugó un papel destacado en la lucha contra esa enfermedad en 2003, que se cebó especialmente con la excolonia británica. Zhong indicó que las autoridades "deberían dar el paso" y establecer un sistema de códigos sanitarios en los móviles que sea reconocido en ambos lados. Añadió que, en este momento, "no es esencial" que una persona quede aislada en Hong Kong durante 14 días dado que "la ciudad se enfrenta a grandes problemas económicos". Hong Kong no contabiliza nuevos casos de coronavirus desde hace más de diez días y en la ciudad quedan 32 enfermos activos de entre los 1.065 casos totales detectados desde el comienzo de la pandemia, de los que cuatro han muerto. Entretanto, la jefa del Ejecutivo local hongkonés, Carrie Lam, anunció hoy en rueda de prensa que la ciudad relajará parte de las medidas de distanciamiento social adoptadas para combatir la propagación de la COVID-19. Así, karaokes o clubes nocturnos se unirán a otros espacios ya abiertos -como gimnasios y salones de belleza- y podrán reanudar sus operaciones desde este viernes, según la agencia estatal china Xinhua. También se reanudarán los servicios de transferencia de vuelos del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, mientras que las escuelas de la urbe podrán abrir gradualmente desde el miércoles. Por otra parte, Lam reiteró hoy su respaldo a la ley de seguridad nacional para Hong Kong que el Gobierno de Pekín planea aprobar esta semana y aseguró que las libertades de los hongkoneses no están en peligro. La Policía de Hong Kong detuvo al menos a 180 personas este domingo durante una protesta contra la nueva ley, que prohibirá "cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión" contra el Gobierno central, además del "robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras". Actualmente, se debate en la Asamblea Nacional Popular china (ANP) y se prevé que sea aprobada antes de su conclusión el jueves. Varias organizaciones civiles han condenado la medida que planea Pekín al considerar que limitará las libertades de los hongkoneses.
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Uno de los grandes atractivos de Barcelona es su interminable lista de edificios importantes, desde los clásicos a los más vanguardistas pasando, por supuesto por Gaudí y el Modernismo como pudo demostrarse recientemente en la Setmana de la Arquitectura que, este año, se ha celebrado virtualmente. Atraen a miles de turistas cada año que desean verlos en directo para tener su propia perspectiva. Algo así ha hecho la pintora Bea Sarrias que hoy inaugura una exposición en la galería Jordi Barnadas, Arquitecturas icónicas, formada por una veintena de cuadros, que podrá visitarse (mediante cita previa) hasta el 19 de junio, pero que también puede disfrutarse on line en la página de la sala.Seguir leyendo....
Visita guiada a 'Arquitecturas icónicas' de la mano de la pintora Bea Sarrias Uno de los grandes atractivos de Barcelona es su interminable lista de edificios importantes, desde los clásicos a los más vanguardistas pasando, por supuesto por Gaudí y el Modernismo como pudo demostrarse recientemente en la Setmana de la Arquitectura que, este año, se ha celebrado virtualmente. Atraen a miles de turistas cada año que desean verlos en directo para tener su propia perspectiva. Algo así ha hecho la pintora Bea Sarrias que hoy inaugura una exposición en la galería Jordi Barnadas, Arquitecturas icónicas, formada por una veintena de cuadros, que podrá visitarse (mediante cita previa) hasta el 19 de junio, pero que también puede disfrutarse on line en la página de la sala.Seguir leyendo....
Un informe de la Guardia Civil sobre la posible responsabilidad penal de las autoridades por haber permitido la marcha feminista del 8M aviva el principal argumento de la derecha para cargar contra la presunta imprevisión del Gobierno en la crisis de la COVID-19. El documento, solicitado por la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, señala también al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por haber tolerado la manifestación mientras desaconsejaron otras concentraciones durante los días previos al estado de alarma. De este último llega a decir que algunas de sus palabras "implican un propio riesgo para la comunidad".El informe ha sido redactado por la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid a petición de la jueza del caso, Carmen Rodríguez-Medel, conocida por haber instruido el caso Máster contra Cristina Cifuentes. En el mismo, el instructor del atestado no atribuye delitos a Simón ni a Illa, pero concluye que tanto ellos, como parte de la cúpula del Ministerio de Sanidad, conocían los riesgos y que aún así toleraron el 8M mientras prohibían otras manifestaciones, según el atestado en poder de eldiario.es.Esas supuestas decisiones son las que avalan la imputación del delegado del Gobierno en Madrid y a la vez secretario general del PSOE por un delito de prevaricación administrativa, dictar resoluciones injustas a sabiendas, que no está penado con cárcel pero sí con inhabilitación para cargo público.La trascendencia de la alusión a la marcha feminista en el informe es que este es el motivo de la causa judicial a partir de la denuncia de un particular contra el delegado del Gobierno en Madrid, que admitió a trámite Rodríguez-Medel y no así otras concentraciones multitudinarias de ese fin de semana, como el partido del Atlético de Madrid, que congregó a más de 60.000 personas el 7 de marzo, o el mitin de Vox al día siguiente en el Palacio de Vistalegre, con 9.000 asistentes según los organizadores.Algunos aspectos del informe de la Guardia Civil aparecieron en una información de El Confidencial el pasado viernes, pero no fue hasta este lunes, cuando prendió la llama del atestado, antes incluso de que se conociese en toda su extensión, porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió cesar al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, quien ejerciera en el pasado como mando único con motivo de la crisis catalana de octubre de 2017.El informe que obra en poder de eldiario.es recupera las advertencias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades por la crisis de la COVID-19 que el 14 de febrero y el 2 de marzo habían difundido, respectivamente, contra los actos que supusieran aglomeraciones por el riesgo cierto de pandemia."No se debería haber realizado ninguna"Frente a esto, dice el informe de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno no solo evitó prohibir sino que contribuyó a la celebración de concentraciones multitudinarias el fin de semana del 8 de marzo manteniendo reuniones con los responsables del metro y el autobús de Madrid. "Todas estas circunstancias hacen ver a esta instrucción que, a partir del 5 de marzo de 2020, no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo", escribe el guardia civil que instruye las diligencias.Ese fin de semana se celebraron otros acontecimientos multitudinarios, como los citados, pero otros fueron desaconsejados, caso de un congreso evangélico mundial previsto del 19 al 21 de marzo en Madrid, alega el atestado. Una iglesia de este culto en el sur de Madrid había padecido un brote y eso provocó una reunión con sus responsables, que recibieron la recomendación expresa de no celebrar el evento mundial. A esas reuniones con los evangelistas acudieron Illa y Simón, según pone de manifiesto el informe del instituto armado.El Ministerio del Interior se limita a señalar que ha destituido a Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza". El motivo que se le trasladó al propio coronel es no haber informado a sus superiores de la existencia del citado informe y de su entrega al juzgado. La decisión ha creado un incendio en la cúpula de la Guardia Civil, donde Pérez de los Cobos es uno de sus mandos con más ascendente.Esos mandos se han tomado el cese de Pérez de los Cobos como un intento de intromisión política intolerable en investigaciones judicializadas donde los guardias civiles actúan como "policía judicial" y solo responden ante el magistrado instructor. Uno de ellos recordaba los intentos del ministro Jorge Fernández Díaz por conocer las operaciones anticorrupción que la Unidad Central Operativa (UCO) desarrolló durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra dirigentes del Partido Popular y cómo el instituto armado ha resistido siempre a esas presiones.La propia jueza Rodríguez-Medel citaba el Real Decreto sobre actuación de la Policía Judicial en un auto que dio a conocer poco después de que trascendiera la destitución de Pérez de los Cobos. En su resolución, Rodríguez-Medel cita como investigado al delegado del Gobierno en Madrid para el próximo 5 de junio y escribe a los guardias civiles a sus órdenes: "Deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a esta magistrada-juez, oficiándose en su caso a los efectos oportunos".Fuentes del instituto armado han asegurado a eldiario.es que Pérez de los Cobos desconocía el contenido del informe ni si había sido siquiera entregado a la magistrada. El coronel de una comandancia no ejerce como mando de Policía Judicial y Pérez de los Cobos se guarda de inmiscuirse en las investigaciones que dirige un juez, un proceder que conoce bien porque precisamente fue capitán hace años de la misma unidad de Policía Judicial de Madrid autora ahora del polémico informe.Además, Rodríguez-Medel advirtió al actual capitán de la unidad de la reserva que debía tener su trabajo, especialmente cuando el superior político de la comandancia de la Guardia Civil es el único imputado en la investigación, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El desconocimiento de las diligencias por parte de Pérez de los Cobos fue trasladado por éste la noche del domingo al general de zona, el primero en telefonearle para interesarse por las diligencias, y después a la directora del Cuerpo, María Gámez, quien sin embargo ya había recibido la orden de destituir al coronel.Las fuentes consultadas aseguran que la Guardia Civil intentó que la investigación del Juzgado número 51 fuera asumida por la Unidad Central Operativa (UCO), con el argumento de que se menciona en la denuncia a todas las delegaciones del Gobierno, tienen competencia en toda España y son una unidad de élite, pero fue la jueza Rodríguez-Medel quien insistió y decidió trabajar con la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid por haber coincidido en otros casos con sus miembros en el pasado."Le han cesado porque no quieren a un profesional independiente. Es un aviso a navegantes", denunció la APROGC en un comunicado que advertía al ministro del Interior: "No todo vale en la vida". Otra asociación, la Unión de Oficiales, acusó a Grande-Marlaska de estar "manchando la imagen de la Guardia Civil". "Están creando la sospecha en la opinión pública de que (el informe) se debe a motivos ideológicos y políticos, afectando gravemente a la independencia y neutralidad", reza su nota. PP, Vox y Ciudadanos han solicitado que el ministro del Interior explique el cese en el Congreso.
El informe de la Guardia Civil que apunta al ministro Illa y a Simón por tolerar el 8M desencadena una crisis en Interior Un informe de la Guardia Civil sobre la posible responsabilidad penal de las autoridades por haber permitido la marcha feminista del 8M aviva el principal argumento de la derecha para cargar contra la presunta imprevisión del Gobierno en la crisis de la COVID-19. El documento, solicitado por la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, señala también al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por haber tolerado la manifestación mientras desaconsejaron otras concentraciones durante los días previos al estado de alarma. De este último llega a decir que algunas de sus palabras "implican un propio riesgo para la comunidad".El informe ha sido redactado por la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid a petición de la jueza del caso, Carmen Rodríguez-Medel, conocida por haber instruido el caso Máster contra Cristina Cifuentes. En el mismo, el instructor del atestado no atribuye delitos a Simón ni a Illa, pero concluye que tanto ellos, como parte de la cúpula del Ministerio de Sanidad, conocían los riesgos y que aún así toleraron el 8M mientras prohibían otras manifestaciones, según el atestado en poder de eldiario.es.Esas supuestas decisiones son las que avalan la imputación del delegado del Gobierno en Madrid y a la vez secretario general del PSOE por un delito de prevaricación administrativa, dictar resoluciones injustas a sabiendas, que no está penado con cárcel pero sí con inhabilitación para cargo público.La trascendencia de la alusión a la marcha feminista en el informe es que este es el motivo de la causa judicial a partir de la denuncia de un particular contra el delegado del Gobierno en Madrid, que admitió a trámite Rodríguez-Medel y no así otras concentraciones multitudinarias de ese fin de semana, como el partido del Atlético de Madrid, que congregó a más de 60.000 personas el 7 de marzo, o el mitin de Vox al día siguiente en el Palacio de Vistalegre, con 9.000 asistentes según los organizadores.Algunos aspectos del informe de la Guardia Civil aparecieron en una información de El Confidencial el pasado viernes, pero no fue hasta este lunes, cuando prendió la llama del atestado, antes incluso de que se conociese en toda su extensión, porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió cesar al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, quien ejerciera en el pasado como mando único con motivo de la crisis catalana de octubre de 2017.El informe que obra en poder de eldiario.es recupera las advertencias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades por la crisis de la COVID-19 que el 14 de febrero y el 2 de marzo habían difundido, respectivamente, contra los actos que supusieran aglomeraciones por el riesgo cierto de pandemia."No se debería haber realizado ninguna"Frente a esto, dice el informe de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno no solo evitó prohibir sino que contribuyó a la celebración de concentraciones multitudinarias el fin de semana del 8 de marzo manteniendo reuniones con los responsables del metro y el autobús de Madrid. "Todas estas circunstancias hacen ver a esta instrucción que, a partir del 5 de marzo de 2020, no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo", escribe el guardia civil que instruye las diligencias.Ese fin de semana se celebraron otros acontecimientos multitudinarios, como los citados, pero otros fueron desaconsejados, caso de un congreso evangélico mundial previsto del 19 al 21 de marzo en Madrid, alega el atestado. Una iglesia de este culto en el sur de Madrid había padecido un brote y eso provocó una reunión con sus responsables, que recibieron la recomendación expresa de no celebrar el evento mundial. A esas reuniones con los evangelistas acudieron Illa y Simón, según pone de manifiesto el informe del instituto armado.El Ministerio del Interior se limita a señalar que ha destituido a Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza". El motivo que se le trasladó al propio coronel es no haber informado a sus superiores de la existencia del citado informe y de su entrega al juzgado. La decisión ha creado un incendio en la cúpula de la Guardia Civil, donde Pérez de los Cobos es uno de sus mandos con más ascendente.Esos mandos se han tomado el cese de Pérez de los Cobos como un intento de intromisión política intolerable en investigaciones judicializadas donde los guardias civiles actúan como "policía judicial" y solo responden ante el magistrado instructor. Uno de ellos recordaba los intentos del ministro Jorge Fernández Díaz por conocer las operaciones anticorrupción que la Unidad Central Operativa (UCO) desarrolló durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra dirigentes del Partido Popular y cómo el instituto armado ha resistido siempre a esas presiones.La propia jueza Rodríguez-Medel citaba el Real Decreto sobre actuación de la Policía Judicial en un auto que dio a conocer poco después de que trascendiera la destitución de Pérez de los Cobos. En su resolución, Rodríguez-Medel cita como investigado al delegado del Gobierno en Madrid para el próximo 5 de junio y escribe a los guardias civiles a sus órdenes: "Deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a esta magistrada-juez, oficiándose en su caso a los efectos oportunos".Fuentes del instituto armado han asegurado a eldiario.es que Pérez de los Cobos desconocía el contenido del informe ni si había sido siquiera entregado a la magistrada. El coronel de una comandancia no ejerce como mando de Policía Judicial y Pérez de los Cobos se guarda de inmiscuirse en las investigaciones que dirige un juez, un proceder que conoce bien porque precisamente fue capitán hace años de la misma unidad de Policía Judicial de Madrid autora ahora del polémico informe.Además, Rodríguez-Medel advirtió al actual capitán de la unidad de la reserva que debía tener su trabajo, especialmente cuando el superior político de la comandancia de la Guardia Civil es el único imputado en la investigación, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El desconocimiento de las diligencias por parte de Pérez de los Cobos fue trasladado por éste la noche del domingo al general de zona, el primero en telefonearle para interesarse por las diligencias, y después a la directora del Cuerpo, María Gámez, quien sin embargo ya había recibido la orden de destituir al coronel.Las fuentes consultadas aseguran que la Guardia Civil intentó que la investigación del Juzgado número 51 fuera asumida por la Unidad Central Operativa (UCO), con el argumento de que se menciona en la denuncia a todas las delegaciones del Gobierno, tienen competencia en toda España y son una unidad de élite, pero fue la jueza Rodríguez-Medel quien insistió y decidió trabajar con la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid por haber coincidido en otros casos con sus miembros en el pasado."Le han cesado porque no quieren a un profesional independiente. 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El personal sanitario de la Comunidad de Madrid ha celebrado su primera protesta de la desescalada con concentraciones en hospitales y centros de salud. Los sanitarios se han manifestado en esta ocasión no para recibir aplausos, sino para reclamar más personal.
Reivindicación silenciosa por la sanidad pública en Madrid El personal sanitario de la Comunidad de Madrid ha celebrado su primera protesta de la desescalada con concentraciones en hospitales y centros de salud. Los sanitarios se han manifestado en esta ocasión no para recibir aplausos, sino para reclamar más personal.
Un pueblo fue arrasado, con la destrucción de al menos 200 edificaciones, en el estado birmano de Arakan (Rakáin), escenario de un encarnizado conflicto entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla etnonacionalista del Ejército de Arakan (AA), denunció este martes Human Rights Watch (HRW). La organización de defensa de los derechos humanos ha revelado imágenes tomadas por satélite el pasado 16 de mayo que muestran la destrucción de la población de Let Kar, después de que, según testigos presenciales, un grupo de soldados del Ejército birmano entrara en el pueblo, aunque la responsabilidad por la destrucción aún no ha sido determinada. "El fuego en el pueblo de Let Kar tiene todas las marcas de los incendios provocados por los militares en pueblos rohinyás en años recientes. Se necesita urgentemente una investigación creíble e imparcial para averiguar qué ocurrió, castigar a los responsables y dar compensaciones a los damnificados", señaló Phil Robertson, subdirector de HRW para Asia, en un comunicado. La guerra entre las Fuerzas Armadas birmanas y la guerrilla del AA ha sumido gran parte del norte de Arakan, estado situado en el oeste del país, junto a la frontera con Bangladés, se ha cobrado centenares de vidas y ha desplazado de sus hogares a unas 157.000 personas, según datos de la ONU. El AA fue creado en 2009 por un grupo de estudiantes de la etnia Rakáin, predominantemente budista y mayoritaria en Arakán, para luchar por la autonomía del estado, como tantos otros grupos armados que representan a minorías étnicas del país, muchos de los cuales llevan luchando contra el Gobierno central desde la independencia de Birmania en 1948. El conflicto se recrudeció enormemente en enero del año pasado, cuando el AA, que fue designado como una "organización terrorista" el 23 de febrero de este año, intensificó sus ataques contra las fuerzas de seguridad birmanas. Sólo otro grupo de las decenas que operan en Birmania está actualmente clasificado como terrorista por el Gobierno: el Ejército Rohinyá de Salvación de Arakán (ARSA), que se alzó en armas para luchar por los derechos de la minoría predominantemente musulmana rohinyá, a los que las autoridades niegan la ciudadanía y califican como "inmigrantes bengalíes". Después de una serie de ataques de ARSA en agosto de 2017 en el norte de Arakán, el Ejército birmano lanzó una brutal campaña militar tras la que la mayoría de la población rohinyá, más de 730.000 personas, huyó a la vecina Bangladesh, por la que los militares y el Gobierno se enfrentan a una acusación de genocidio en la Corte Internacional del Justicia (CIJ) en La Haya.
HRW denuncia la destrucción de un pueblo durante la guerra civil en Birmania Un pueblo fue arrasado, con la destrucción de al menos 200 edificaciones, en el estado birmano de Arakan (Rakáin), escenario de un encarnizado conflicto entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla etnonacionalista del Ejército de Arakan (AA), denunció este martes Human Rights Watch (HRW). La organización de defensa de los derechos humanos ha revelado imágenes tomadas por satélite el pasado 16 de mayo que muestran la destrucción de la población de Let Kar, después de que, según testigos presenciales, un grupo de soldados del Ejército birmano entrara en el pueblo, aunque la responsabilidad por la destrucción aún no ha sido determinada. "El fuego en el pueblo de Let Kar tiene todas las marcas de los incendios provocados por los militares en pueblos rohinyás en años recientes. Se necesita urgentemente una investigación creíble e imparcial para averiguar qué ocurrió, castigar a los responsables y dar compensaciones a los damnificados", señaló Phil Robertson, subdirector de HRW para Asia, en un comunicado. La guerra entre las Fuerzas Armadas birmanas y la guerrilla del AA ha sumido gran parte del norte de Arakan, estado situado en el oeste del país, junto a la frontera con Bangladés, se ha cobrado centenares de vidas y ha desplazado de sus hogares a unas 157.000 personas, según datos de la ONU. El AA fue creado en 2009 por un grupo de estudiantes de la etnia Rakáin, predominantemente budista y mayoritaria en Arakán, para luchar por la autonomía del estado, como tantos otros grupos armados que representan a minorías étnicas del país, muchos de los cuales llevan luchando contra el Gobierno central desde la independencia de Birmania en 1948. El conflicto se recrudeció enormemente en enero del año pasado, cuando el AA, que fue designado como una "organización terrorista" el 23 de febrero de este año, intensificó sus ataques contra las fuerzas de seguridad birmanas. Sólo otro grupo de las decenas que operan en Birmania está actualmente clasificado como terrorista por el Gobierno: el Ejército Rohinyá de Salvación de Arakán (ARSA), que se alzó en armas para luchar por los derechos de la minoría predominantemente musulmana rohinyá, a los que las autoridades niegan la ciudadanía y califican como "inmigrantes bengalíes". Después de una serie de ataques de ARSA en agosto de 2017 en el norte de Arakán, el Ejército birmano lanzó una brutal campaña militar tras la que la mayoría de la población rohinyá, más de 730.000 personas, huyó a la vecina Bangladesh, por la que los militares y el Gobierno se enfrentan a una acusación de genocidio en la Corte Internacional del Justicia (CIJ) en La Haya.
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En términos de salud, la Covid-19 apenas ha afectado a los jóvenes, pues el coronavirus se ha cebado en los más mayores. Pero el impacto económico y social de la pandemia amenaza con ser devastador para la generación que está acabando ahora sus...
Francia se inquieta por el impacto laboral de la pandemia en los jóvenes En términos de salud, la Covid-19 apenas ha afectado a los jóvenes, pues el coronavirus se ha cebado en los más mayores. Pero el impacto económico y social de la pandemia amenaza con ser devastador para la generación que está acabando ahora sus...
Así puede ser la vuelta a la oficina: sin comida, salas de reuniones cerradas y la mitad del aforo La asociación propone una vuelta en cuatro fases según la edad de los empleados.
El Gobierno abandona a su suerte a los bares tras el fracaso de la Fase 1: &quot;No responden a nuestras peticiones&quot; "Después de tres meses ya han tenido tiempo de contestar. Esto no depende del virus", lamenta el presidente de la Federación de Hostelería de España.
Dos mujeres cascos azules comparten el premio anual de la ONU al Mejor Defensor Militar de las Cuestiones de Género Las militares Carla Monteiro de Castro Araujo, perteneciente a la Misión de Naciones Unidas en República Centroafricana (MINUSCA), y Suman Gawani, una observadora militar anteriormente desplegada en la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS), comparten este año el premio anual del organismo al Mejor Defensor Militar de las Cuestiones de Género.
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El viejo y el nuevo Ciudadanos se enredan en un debate sobre la bandera de España
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Los ceses de Pérez de los Cobos y Corbí, la cuestión catalana o la pérdida de competencias en Navarra no han ayudado a cimentar una buena relación.
Marlaska y la Guardia Civil, dos años de tensiones, encontronazos y polémicos ceses Los ceses de Pérez de los Cobos y Corbí, la cuestión catalana o la pérdida de competencias en Navarra no han ayudado a cimentar una buena relación.
El Consejo de Ministros aprobará este martes el luto oficial en España. El país se sumirá durante diez días en un recuerdo a las víctimas del coronavirus bajo el luto oficial más largo de la historia de la democracia. Hace semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso que cuando todo el territorio español estuviera en la fase 1 de la desescalada, decretaría la medida. En ese periodo, ondearán a media asta las banderas de todos los edificios públicos y de los buques de la Armada, avanzó el presidente en su comparecencia semanal desde el Palacio de la Moncloa. "Los fallecidos en esta epidemia merecen nuestro recuerdo perdurable", pero "merecen un homenaje aún mayor: merecen nuestra convivencia y nuestra concordia", dijo Sánchez en su comparecencia del fin de semana. "Perdieron la vida aquejados del mismo mal y vivieron sus últimos días en el mismo suelo. Juntos debemos convivir en el mismo país que ellos construyeron. España se lo debe", concluyó el presidente.Eso sí, esta es una situación sin precedentes. España no cuenta con un ordenamiento jurídico marco para estos casos, y tiene que hacerse por tanto "decreto a decreto". Cada vez que se quiera decretar el luto, ha de aprobarse uno. La característica común en todos, eso sí, son las banderas a media asta.En algunos casos, se puede acudir al Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto de 1983, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. También al Reglamento de Honores Militares, en su artículo 37. Este reza que "los honores fúnebres militares se rendirán por una unidad con Bandera, banda y música y consistirá en la interpretación del himno nacional completo, arma presentada y una descarga de fusilería. En su caso, la salva de cañonazos que corresponda"Sánchez recomendó este lunes a los alcaldes de su partido que esperen al mes de julio para organizar los homenajes que consideren convenientes en recuerdo de las víctimas del coronavirus, ya que para entonces podrán celebrarse con una mayor afluencia de público que en la actualidad.Sánchez ha presidido este lunes por videoconferencia una reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, en su versión más reducida. En el encuentro, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha interesado por esta cuestión ya que planea organizar en su ciudad un homenaje al margen del funeral de Estado que el presidente ha anunciado para el final del proceso de desescalada en todo el país, lo que se espera para los primeros días de julio, si todo va bien.El líder socialista ha aconsejado a Puente, y por extensión al resto de alcaldes socialistas que tengan planes en marcha en el mismo sentido, que esperen a organizar este tipo de actos a partir del mes de julio, cuando previsiblemente puedan celebrarse sin las restricciones de aforo que rigen en el momento actual como consecuencia de la vigencia del estado de alarma.Sánchez no compartió con los miembros de su Ejecutiva nuevos detalles acerca del funeral de Estado que el Gobierno se dispone a organizar en recuerdo de las más de 26.000 víctimas mortales de la COVID-19.
El Consejo de Ministros aprobará hoy un luto de diez días, el más largo de la democracia El Consejo de Ministros aprobará este martes el luto oficial en España. El país se sumirá durante diez días en un recuerdo a las víctimas del coronavirus bajo el luto oficial más largo de la historia de la democracia. Hace semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso que cuando todo el territorio español estuviera en la fase 1 de la desescalada, decretaría la medida. En ese periodo, ondearán a media asta las banderas de todos los edificios públicos y de los buques de la Armada, avanzó el presidente en su comparecencia semanal desde el Palacio de la Moncloa. "Los fallecidos en esta epidemia merecen nuestro recuerdo perdurable", pero "merecen un homenaje aún mayor: merecen nuestra convivencia y nuestra concordia", dijo Sánchez en su comparecencia del fin de semana. "Perdieron la vida aquejados del mismo mal y vivieron sus últimos días en el mismo suelo. Juntos debemos convivir en el mismo país que ellos construyeron. España se lo debe", concluyó el presidente.Eso sí, esta es una situación sin precedentes. España no cuenta con un ordenamiento jurídico marco para estos casos, y tiene que hacerse por tanto "decreto a decreto". Cada vez que se quiera decretar el luto, ha de aprobarse uno. La característica común en todos, eso sí, son las banderas a media asta.En algunos casos, se puede acudir al Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto de 1983, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. También al Reglamento de Honores Militares, en su artículo 37. Este reza que "los honores fúnebres militares se rendirán por una unidad con Bandera, banda y música y consistirá en la interpretación del himno nacional completo, arma presentada y una descarga de fusilería. En su caso, la salva de cañonazos que corresponda"Sánchez recomendó este lunes a los alcaldes de su partido que esperen al mes de julio para organizar los homenajes que consideren convenientes en recuerdo de las víctimas del coronavirus, ya que para entonces podrán celebrarse con una mayor afluencia de público que en la actualidad.Sánchez ha presidido este lunes por videoconferencia una reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, en su versión más reducida. En el encuentro, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha interesado por esta cuestión ya que planea organizar en su ciudad un homenaje al margen del funeral de Estado que el presidente ha anunciado para el final del proceso de desescalada en todo el país, lo que se espera para los primeros días de julio, si todo va bien.El líder socialista ha aconsejado a Puente, y por extensión al resto de alcaldes socialistas que tengan planes en marcha en el mismo sentido, que esperen a organizar este tipo de actos a partir del mes de julio, cuando previsiblemente puedan celebrarse sin las restricciones de aforo que rigen en el momento actual como consecuencia de la vigencia del estado de alarma.Sánchez no compartió con los miembros de su Ejecutiva nuevos detalles acerca del funeral de Estado que el Gobierno se dispone a organizar en recuerdo de las más de 26.000 víctimas mortales de la COVID-19.
Hace 2.400 años, el filósofo Aristóteles regresó tan maravillado de unos de sus viajes científicos por el mundo que dejó plasmado su entusiasmo por un hallazgo en particular. Había observado cómo unos navegantes bebían agua del mar gracias a una...
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Así es la exclusiva mansión con 12 cuartos de baño del príncipe Harry y Meghan
18 millones de dólares (unos 16.498.350 euros) y lejos de Windsor. Son las características de la nueva vivienda donde empiezan una vida distinta los ex miembros de la Familia Real británica. Leer
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Es el informe clave de la Operación Sanitario que indaga sobre un supuesto delito de prevaricación administrativa a raíz de la denuncia que un particular presentó contra el presidente, Pedro Sánchez, y los 17 delegados del Gobierno, a quienes culpaba de autorizar las manifestaciones del 8-M a sabiendas de que podrían suponer un foco de contagios en la pandemia. El atestado lo ha elaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha resultado fundamental para imputar al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, que también es el secretario general del PSOE en Madrid. Franco tendrá que declarar el próximo 5 de junio. Se investiga si cometió prevaricación administrativa, si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran, un delito que no conlleva penas de cárcel pero si la inhabilitación para cargo público.La responsable de la investigación es Carmen Rodríguez Medel, quien se hizo cargo desde el juzgado número 51 de Madrid de esa denuncia acerca del papel del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la autorización de la marcha feminista de la capital. Por su jurisdicción Rodríguez Medel no es competente para juzgar lo sucedido en otras comunidades y mucho menos, al presidente que como aforado solo puede ser investigado en el Tribunal Supremo.Con ese informe sobre la mesa, motivó la imputación de José Manuel Franco. No es la primera vez que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de la capital investiga a un político destacado de la región: ya imputó en su día a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes por el caso máster, que acabó con su carrera política.El atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso eldiario.es y que consta de 81 páginas, está plagado de errores de bulto, noticias tergiversadas, clamorosas omisiones, bulos ya desmentidos y algún salto al vacío.El primer ejemplo es este pasaje que relata la Guardia Civil en la página 74 de su informe. "El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al Ministro de Sanidad explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento". De la anterior declaración, el atestado policial concluye: "Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus". Semejante lectura parte de esta noticia de Ok Diario, tal y como se señala en el índice del informe, que un párrafo más abajo añade: "Por todo lo expuesto hasta el momento en el cuerpo de la diligencia, es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020.Otra de las noticias de prensa de las que se hace eco el atestado para tratar de apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía la crisis sanitaria que se avecinaba cuando decidió permitir las marchas feministas aquel 8 de marzo alude a unas supuestas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Pedro Simón, el 28 de febrero, publicadas en el medio Redacción médica.Está en la página 73 del informe. Ahí se señala que Simón admitió ese día, el 28 de febrero, que había "transmisión comunitaria". Según el atestado "este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos".En realidad, lo que dijo Fernando Simón en su comparecencia pública fue exactamente lo contrario, tal y como puede leerse en la noticia que sigue publicada en Redacción Médica, el medio que extracta el atestado: "Esto, según ha explicado, [Simón se debería a que en los casos que se consideran por ahora 'trasmisión comunitaria' (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel 'muy bajo'".No es la única referencia que hace el documento de la Guardia Civil a Fernando Simón, que de momento no es objeto de estas pesquisas. Al responsable del centro de coordinación que ha sido la cara del Gobierno en toda la crisis le acusa la Guardia Civil de "hacer declaraciones que implican un riesgo para toda la comunidad". Lo dice con esas mismas palabras este extracto del documento: "Ese mismo día [el 27 de febrero] el director del CCAES declaró en la Cadena Ser que el coronavirus posiblemente había llegado a España en la segunda semana de febrero 'el virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus ha llegado antes. La cuestión es saber cuánto tiempo antes'". Y a continuación el funcionario de la Guardia Civil escribe: "Nuevamente las declaraciones generan gran incertidumbre de la situación [sic] a fecha de las declaraciones y por ende del potencial peligro de las reuniones de masas ya que las propias declaraciones implican un riesgo para toda la comunidad" (sic).Junto al escrito de 81 páginas, los investigadores de la Guardia Civil entregaron en el juzgado un vídeo emitido por la página web de la Cope sobre un bulo que agitó la derecha durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la manifestación del día de la mujer de portar guantes para protegerse de contagios. Aunque las imágenes de otros años evidencian que es costumbre por parte de algunas asistentes portar guantes morados de forma simbólica en las marchas, el informe policial señala: "el 1 de abril de 2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es [sic] titulada: 'El vídeo del 8M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad del coronavius: no se besa' en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada en Madrid el 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra [Isabel] Celáa y a la exministra [Magdalena] Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir 'no se besa, no se besa' a las personas que encabezan la manifestación". El documento policial reserva cuatro páginas y media para tratar de probar un supuesto trato distinto por parte del Gobierno a las marchas feministas y a otros actos que se celebraron por las mismas fechas en Madrid. Y se detiene sobre "la prohibición de un congreso evangelista en Madrid con un aforo estimado de 5.500 personas". "Como se ha reflejado, el director del CCAESS [Simón] realiza las manifestaciones expuestas el día 7 de marzo de 2020 en el sentido de que se puede ir sin peligro al acto central del 8M y sin embargo prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista el 6 de marzo, cuyo conocimiento ha tenido esta unidad por los medios de comunicación social".El medio de comunicación social que se cita vuelve a ser Ok Diario, que tituló el 30 de marzo: El Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavius dos días antes del 8M. La investigación de la Guardia Civil en este caso incluyó la toma de declaración como testigos a tres de los organizadores del IX Congreso Mundial de Asambleas de dios denominado Unlimited 2020 programado para el 19, 20 y 21 de marzo y que las autoridades sanitarias españolas prohibieron dos semanas antes.En el apartado de conclusiones, el informe policial resume una parte de la noticia de Ok Diario y señala que la documentación aportada por los representantes de los organizadores de ese congreso evángelico "acredita de manera inequívoca el contenido de las manifestaciones aportadas figurando un documento suscrito el 6/03/2020 por la Directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, quien haciendo referencia al oficio del Ministro de Sanidad 03/03/2020 'Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19', significa los riesgos de transmisión y para la salud de la población de EVENTOS MULTITUDINARIOS DE CUALQUIER TIPO, recomendando su APLAMIENTO". El atestado policial lo escribe así, en mayúsculas, para destacar lo que supuestamente decían las Recomendaciones de Medidas extraordinarias establecidas el 3 de marzo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero el texto dictado por Sanidad decía algo más que no aparece recogido por el informe de la Guardia Civil. Después de aludir a "eventos multitudinarios de cualquier tipo" las instrucciones de Sanidad añadían (y esto es lo que no consta en la cita del informe policial): "con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2". Esa parte final de la instrucción es la que precisamente distinguía las marchas feministas del 8M en Madrid del congreso evangélico internacional, que aguardaba la llegada de miles de personas de distintos países a la capital durante el tercer fin de semana de marzo, y que finalmente no se realizó porque Fernando Simón instó a sus organizadores a cancelarlo, recordándoles cómo la pandemia estaba avanzando por el mundo.Sin embargo en sus conclusiones, el atestado lo refleja así: "las recomendaciones imperativas llevadas a cabo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indicia, sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios, hecho que confronta con la celebración, inclusuo en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso [evangéglico] Unlimited (recuérdese a modo de ejemplo que el Congreso preveía la congregación de 5.500 personas y que manifestaciones como la prevista por el 8M día internacional de la Mujer en Madrid tenía prevista la participación de 1.000.000 de personas". Finalmente, acudieron 120.000 personas, según las cifras del Gobierno, entre ellas la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y varias ministras e incluso la esposa del presidente. La última frase del informe señala: "Todas estas circunstancias hacen ver a la instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo". Sobre esa conclusión a la que llega el atestado es sobre la que se apoya la jueza para imputar al delegado del Gobierno en Madrid. Pero el informe señala y subraya otros supuestos indicios para apuntar a la prevaricación. Y por eso se investigan todas las actividades que tuvieron lugar en la vía pública entre el 5 y el 14 de marzo, los días previos al anuncio del Estado de Alarma. De los 157 expedientes analizados, el instituto armado deduce que en la Comunidad de Madrid en esos nueve días "se detectan un total de 177 reuniones/manifestaciones, de las cuales 130 han sido celebradas, 35 desconvocadas, ocho no celebradas y de cuatro no consta información". Según ese análisis, además, de las 35 desconvocadas, en 26 se debió a la crisis del coronavirus y de estas, en 14 fueron los propios promotores los que dieron marcha atrás y otras 12 se suspendieron a instancias de la delegación del Gobierno mediante llamada telefónica. También en este punto se para el atestado policial y subraya que pese a que ocho testigos de diferentes colectivos alegaron que fue la propia Delegación del Gobierno la que les instó a no llevar a cabo esas actividades por la crisis sanitaria, "la inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran".Antes del recorrido por distintos medios digitales de orientación conservadora, el informe comienza con un repaso sobre la evolución de la amenaza Covid-19 desde finales de diciembre cuando las autoridades chinas informaron sobre varios casos de síndrome respiratorio agudo en la ciudad china de Wuhan. En su introducción la Unidad Orgánica de Policía Judicial establece la cronología de la pandemia en España desde que el 25 de febrero se detecta el primer caso en Madrid y los avisos que distintos organismos internacionales y españoles fueron lanzando sobre el virus. A lo largo de 81 páginas, se repasan las comunicaciones que ha mantenido la Delegación del Gobierno de Madrid, sus expedientes administrativos, las órdenes dictadas e incluso sus publicaciones en redes sociales.También en ese tramo del documento afloran errores clamorosos. A la hora de analizar los avisos de los organismos internacionales supuestamente ignorados por las autoridades españolas, el informe policial fecha la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después de la manifestaciones feministas en varias ciudades españolas que están en el origen de la denuncia.El atestado confunde en este caso la declaración de pandemia, que en unas horas motivó la declaración del estado de alarma, el confinamiento y todo lo que vino después, con la emergencia sanitaria internacional, un instrumento pensado para buscar una respuesta coordinada de distintos países ante eventos internacionales que pueden interpretarse como un riesgo para otros Estados.El informe ha tenido consecuencias. A raíz de la filtración de algunos de sus párrafos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, responsable de la unidad que firmó el informe, y que según fuentes del instituto armado desconocía su contenido, puesto que esos agentes operaban como policía judicial a las órdenes de la magistrada que instruye el caso.
Errores de bulto, noticias tergiversadas y saltos al vacío: el informe de la Guardia Civil que imputó al delegado del Gobierno Es el informe clave de la Operación Sanitario que indaga sobre un supuesto delito de prevaricación administrativa a raíz de la denuncia que un particular presentó contra el presidente, Pedro Sánchez, y los 17 delegados del Gobierno, a quienes culpaba de autorizar las manifestaciones del 8-M a sabiendas de que podrían suponer un foco de contagios en la pandemia. El atestado lo ha elaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha resultado fundamental para imputar al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, que también es el secretario general del PSOE en Madrid. Franco tendrá que declarar el próximo 5 de junio. Se investiga si cometió prevaricación administrativa, si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran, un delito que no conlleva penas de cárcel pero si la inhabilitación para cargo público.La responsable de la investigación es Carmen Rodríguez Medel, quien se hizo cargo desde el juzgado número 51 de Madrid de esa denuncia acerca del papel del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la autorización de la marcha feminista de la capital. Por su jurisdicción Rodríguez Medel no es competente para juzgar lo sucedido en otras comunidades y mucho menos, al presidente que como aforado solo puede ser investigado en el Tribunal Supremo.Con ese informe sobre la mesa, motivó la imputación de José Manuel Franco. No es la primera vez que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de la capital investiga a un político destacado de la región: ya imputó en su día a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes por el caso máster, que acabó con su carrera política.El atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso eldiario.es y que consta de 81 páginas, está plagado de errores de bulto, noticias tergiversadas, clamorosas omisiones, bulos ya desmentidos y algún salto al vacío.El primer ejemplo es este pasaje que relata la Guardia Civil en la página 74 de su informe. "El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al Ministro de Sanidad explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento". De la anterior declaración, el atestado policial concluye: "Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus". Semejante lectura parte de esta noticia de Ok Diario, tal y como se señala en el índice del informe, que un párrafo más abajo añade: "Por todo lo expuesto hasta el momento en el cuerpo de la diligencia, es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020.Otra de las noticias de prensa de las que se hace eco el atestado para tratar de apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía la crisis sanitaria que se avecinaba cuando decidió permitir las marchas feministas aquel 8 de marzo alude a unas supuestas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Pedro Simón, el 28 de febrero, publicadas en el medio Redacción médica.Está en la página 73 del informe. Ahí se señala que Simón admitió ese día, el 28 de febrero, que había "transmisión comunitaria". Según el atestado "este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos".En realidad, lo que dijo Fernando Simón en su comparecencia pública fue exactamente lo contrario, tal y como puede leerse en la noticia que sigue publicada en Redacción Médica, el medio que extracta el atestado: "Esto, según ha explicado, [Simón se debería a que en los casos que se consideran por ahora 'trasmisión comunitaria' (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel 'muy bajo'".No es la única referencia que hace el documento de la Guardia Civil a Fernando Simón, que de momento no es objeto de estas pesquisas. Al responsable del centro de coordinación que ha sido la cara del Gobierno en toda la crisis le acusa la Guardia Civil de "hacer declaraciones que implican un riesgo para toda la comunidad". Lo dice con esas mismas palabras este extracto del documento: "Ese mismo día [el 27 de febrero] el director del CCAES declaró en la Cadena Ser que el coronavirus posiblemente había llegado a España en la segunda semana de febrero 'el virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus ha llegado antes. La cuestión es saber cuánto tiempo antes'". Y a continuación el funcionario de la Guardia Civil escribe: "Nuevamente las declaraciones generan gran incertidumbre de la situación [sic] a fecha de las declaraciones y por ende del potencial peligro de las reuniones de masas ya que las propias declaraciones implican un riesgo para toda la comunidad" (sic).Junto al escrito de 81 páginas, los investigadores de la Guardia Civil entregaron en el juzgado un vídeo emitido por la página web de la Cope sobre un bulo que agitó la derecha durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la manifestación del día de la mujer de portar guantes para protegerse de contagios. Aunque las imágenes de otros años evidencian que es costumbre por parte de algunas asistentes portar guantes morados de forma simbólica en las marchas, el informe policial señala: "el 1 de abril de 2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es [sic] titulada: 'El vídeo del 8M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad del coronavius: no se besa' en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada en Madrid el 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra [Isabel] Celáa y a la exministra [Magdalena] Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir 'no se besa, no se besa' a las personas que encabezan la manifestación". El documento policial reserva cuatro páginas y media para tratar de probar un supuesto trato distinto por parte del Gobierno a las marchas feministas y a otros actos que se celebraron por las mismas fechas en Madrid. Y se detiene sobre "la prohibición de un congreso evangelista en Madrid con un aforo estimado de 5.500 personas". "Como se ha reflejado, el director del CCAESS [Simón] realiza las manifestaciones expuestas el día 7 de marzo de 2020 en el sentido de que se puede ir sin peligro al acto central del 8M y sin embargo prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista el 6 de marzo, cuyo conocimiento ha tenido esta unidad por los medios de comunicación social".El medio de comunicación social que se cita vuelve a ser Ok Diario, que tituló el 30 de marzo: El Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavius dos días antes del 8M. La investigación de la Guardia Civil en este caso incluyó la toma de declaración como testigos a tres de los organizadores del IX Congreso Mundial de Asambleas de dios denominado Unlimited 2020 programado para el 19, 20 y 21 de marzo y que las autoridades sanitarias españolas prohibieron dos semanas antes.En el apartado de conclusiones, el informe policial resume una parte de la noticia de Ok Diario y señala que la documentación aportada por los representantes de los organizadores de ese congreso evángelico "acredita de manera inequívoca el contenido de las manifestaciones aportadas figurando un documento suscrito el 6/03/2020 por la Directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, quien haciendo referencia al oficio del Ministro de Sanidad 03/03/2020 'Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19', significa los riesgos de transmisión y para la salud de la población de EVENTOS MULTITUDINARIOS DE CUALQUIER TIPO, recomendando su APLAMIENTO". El atestado policial lo escribe así, en mayúsculas, para destacar lo que supuestamente decían las Recomendaciones de Medidas extraordinarias establecidas el 3 de marzo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero el texto dictado por Sanidad decía algo más que no aparece recogido por el informe de la Guardia Civil. Después de aludir a "eventos multitudinarios de cualquier tipo" las instrucciones de Sanidad añadían (y esto es lo que no consta en la cita del informe policial): "con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2". Esa parte final de la instrucción es la que precisamente distinguía las marchas feministas del 8M en Madrid del congreso evangélico internacional, que aguardaba la llegada de miles de personas de distintos países a la capital durante el tercer fin de semana de marzo, y que finalmente no se realizó porque Fernando Simón instó a sus organizadores a cancelarlo, recordándoles cómo la pandemia estaba avanzando por el mundo.Sin embargo en sus conclusiones, el atestado lo refleja así: "las recomendaciones imperativas llevadas a cabo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indicia, sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios, hecho que confronta con la celebración, inclusuo en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso [evangéglico] Unlimited (recuérdese a modo de ejemplo que el Congreso preveía la congregación de 5.500 personas y que manifestaciones como la prevista por el 8M día internacional de la Mujer en Madrid tenía prevista la participación de 1.000.000 de personas". Finalmente, acudieron 120.000 personas, según las cifras del Gobierno, entre ellas la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y varias ministras e incluso la esposa del presidente. La última frase del informe señala: "Todas estas circunstancias hacen ver a la instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo". Sobre esa conclusión a la que llega el atestado es sobre la que se apoya la jueza para imputar al delegado del Gobierno en Madrid. Pero el informe señala y subraya otros supuestos indicios para apuntar a la prevaricación. Y por eso se investigan todas las actividades que tuvieron lugar en la vía pública entre el 5 y el 14 de marzo, los días previos al anuncio del Estado de Alarma. De los 157 expedientes analizados, el instituto armado deduce que en la Comunidad de Madrid en esos nueve días "se detectan un total de 177 reuniones/manifestaciones, de las cuales 130 han sido celebradas, 35 desconvocadas, ocho no celebradas y de cuatro no consta información". Según ese análisis, además, de las 35 desconvocadas, en 26 se debió a la crisis del coronavirus y de estas, en 14 fueron los propios promotores los que dieron marcha atrás y otras 12 se suspendieron a instancias de la delegación del Gobierno mediante llamada telefónica. También en este punto se para el atestado policial y subraya que pese a que ocho testigos de diferentes colectivos alegaron que fue la propia Delegación del Gobierno la que les instó a no llevar a cabo esas actividades por la crisis sanitaria, "la inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran".Antes del recorrido por distintos medios digitales de orientación conservadora, el informe comienza con un repaso sobre la evolución de la amenaza Covid-19 desde finales de diciembre cuando las autoridades chinas informaron sobre varios casos de síndrome respiratorio agudo en la ciudad china de Wuhan. En su introducción la Unidad Orgánica de Policía Judicial establece la cronología de la pandemia en España desde que el 25 de febrero se detecta el primer caso en Madrid y los avisos que distintos organismos internacionales y españoles fueron lanzando sobre el virus. A lo largo de 81 páginas, se repasan las comunicaciones que ha mantenido la Delegación del Gobierno de Madrid, sus expedientes administrativos, las órdenes dictadas e incluso sus publicaciones en redes sociales.También en ese tramo del documento afloran errores clamorosos. A la hora de analizar los avisos de los organismos internacionales supuestamente ignorados por las autoridades españolas, el informe policial fecha la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después de la manifestaciones feministas en varias ciudades españolas que están en el origen de la denuncia.El atestado confunde en este caso la declaración de pandemia, que en unas horas motivó la declaración del estado de alarma, el confinamiento y todo lo que vino después, con la emergencia sanitaria internacional, un instrumento pensado para buscar una respuesta coordinada de distintos países ante eventos internacionales que pueden interpretarse como un riesgo para otros Estados.El informe ha tenido consecuencias. A raíz de la filtración de algunos de sus párrafos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, responsable de la unidad que firmó el informe, y que según fuentes del instituto armado desconocía su contenido, puesto que esos agentes operaban como policía judicial a las órdenes de la magistrada que instruye el caso.
El Gobierno esperará hasta el último momento para decidir si termina el estado de alarma de forma general el 7 de junio y otras 4 noticias que debes leer para estar informado hoy, martes 26 de mayo de 2020
El Gobierno esperará hasta el último momento para decidir si termina el estado de alarma de forma general el 7 de junio y otras 4 noticias que debes leer para estar informado hoy, martes 26 de mayo de 2020 Te proponemos cinco noticias para que empieces informado este viernes.
Este lunes millones de españoles estrenaron fase 1 de la desescalada y volvieron a ver a sus seres queridos después de 70 días de afecto telemático. Hijos y padres, nietos y abuelos sintieron de nuevo ese cariño en vivo que ninguna pantalla es capaz de proporcionar. Pero hay casi treinta mil familias para quienes el reencuentro no será posible. Vidas perdidas sin un adiós ni ultimo beso. En su memoria arranca hoy el luto nacional que debiera silenciar el griterío político y la demagogia partidista. No habría homenaje mayor.
El reencuentro Este lunes millones de españoles estrenaron fase 1 de la desescalada y volvieron a ver a sus seres queridos después de 70 días de afecto telemático. Hijos y padres, nietos y abuelos sintieron de nuevo ese cariño en vivo que ninguna pantalla es capaz de proporcionar. Pero hay casi treinta mil familias para quienes el reencuentro no será posible. Vidas perdidas sin un adiós ni ultimo beso. En su memoria arranca hoy el luto nacional que debiera silenciar el griterío político y la demagogia partidista. No habría homenaje mayor.
Después de más de 70 días de angustia, dolor y confinamiento te lo mereces. Regálate una flor, pero no la cortes, no la mates. Tan solo disfruta de su inmensa belleza efímera, grabándola para siempre en la memoria como símbolo de esperanza. Búscala en el jardín, en el parque, en un solar hermosamente florecido durante esta primavera robada, en esas calles donde una humilde margarita ha sido capaz de romper el duro asfalto. Saborea sus detalles, la perfección de esas formas esculpidas por un azaroso proceso evolutivo perfeccionado a lo largo de millones de años.Una de las cegueras funcionales más terribles es la de no ver plantas cuando salimos a la calle o al campo. A finales de la década de los 90, los biólogos acuñaron el término plant blindness (ceguera de las plantas). Lo definieron como "la incapacidad para ver o percibir las plantas en el propio entorno".Vemos el bosque pero no los árboles. Vemos flores pero no nos fijamos en ellas ¿Es posible que estemos ciegos ante tanta hermosura? Si nos paráramos un poco descubriríamos tesoros tan increíbles como las orquídeas. Quizá no lo sepas, pero España es el país con mayor riqueza en orquídeas de Europa. Y están por todas partes. El programa de ciencia ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria ha localizado nada menos que 60 especies diferentes de orquídeas salvajes en praderas y parques de su anillo verde.¿Te imaginas encontrar una orquídea? No son tan espectaculares como esos híbridos comerciales que nos venden en las floristerías, pero comparten una idéntica arquitectura de la flor. Lo mejor es que son salvajes, libres, montaraces. Abre los ojos a su hermosura. Disfrútalas. Pero no las toques ni las cortes, que así es la belleza.
Regálate una orquídea salvaje Después de más de 70 días de angustia, dolor y confinamiento te lo mereces. Regálate una flor, pero no la cortes, no la mates. Tan solo disfruta de su inmensa belleza efímera, grabándola para siempre en la memoria como símbolo de esperanza. Búscala en el jardín, en el parque, en un solar hermosamente florecido durante esta primavera robada, en esas calles donde una humilde margarita ha sido capaz de romper el duro asfalto. Saborea sus detalles, la perfección de esas formas esculpidas por un azaroso proceso evolutivo perfeccionado a lo largo de millones de años.Una de las cegueras funcionales más terribles es la de no ver plantas cuando salimos a la calle o al campo. A finales de la década de los 90, los biólogos acuñaron el término plant blindness (ceguera de las plantas). Lo definieron como "la incapacidad para ver o percibir las plantas en el propio entorno".Vemos el bosque pero no los árboles. Vemos flores pero no nos fijamos en ellas ¿Es posible que estemos ciegos ante tanta hermosura? Si nos paráramos un poco descubriríamos tesoros tan increíbles como las orquídeas. Quizá no lo sepas, pero España es el país con mayor riqueza en orquídeas de Europa. Y están por todas partes. El programa de ciencia ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria ha localizado nada menos que 60 especies diferentes de orquídeas salvajes en praderas y parques de su anillo verde.¿Te imaginas encontrar una orquídea? No son tan espectaculares como esos híbridos comerciales que nos venden en las floristerías, pero comparten una idéntica arquitectura de la flor. Lo mejor es que son salvajes, libres, montaraces. Abre los ojos a su hermosura. Disfrútalas. Pero no las toques ni las cortes, que así es la belleza.

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 artículo 37
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