Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/1996/Sguatemala31-96.htm
Timestamp: 2018-02-23 06:14:41+00:00

Document:
Dianna Ortiz v. Guatemala, Caso 10.526, Informe No. 31/96, Inter-Am.C.H.R.,OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 332 (1997).
Dianna Ortiz v. Guatemala, Caso 10.526, Informe No. 31/96, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 332 (1997).
INFORME Nº 31/96
13.	Entonces, el hombre que la había abordado por primera vez, dijo: "Dejemos eso para después, primero tenemos que terminar los negocios". Le dijo que iban a participar en un juego. Que si contestaba de manera satisfactoria para ellos, la dejarían fumar; en cambio, la quemarían con un cigarrillo si sus respuestas no eran de su gusto.
14.	Los hombres le preguntaron su nombre, dónde vivía, en qué trabajaba, y si conocía elementos subversivos. Después de cada pregunta, independientemente de su contestación, la quemaban con un cigarrillo. Le hicieron las mismas preguntas en forma repetida y la quemaron una y otra vez.
36.	Según el expediente, en diciembre de 1990, el abogado de la Hermana Ortiz invitó a la Oficina del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala a entrevistar a la Hermana Ortiz en los Estados Unidos. La invitación no fue aceptada. Sin embargo, en octubre de 1991, funcionarios de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos se entrevistaron con ella en los Estados Unidos. Posteriormente prepararon un informe en el cual se indica que la entrevista no había sido satisfactoria porque la Hermana Ortiz había estado muy nerviosa y había sido necesario hacer arreglos especiales. [8] La Oficina del Procurador elevó esas críticas a pesar de que es comprensible que haya que tomar algunas providencias para entrevistar a la supuesta víctima de un interrogatorio por tortura y de que la Hermana Ortiz había presentado detalles nuevos e importantes durante la entrevista. [9]
37.	En julio de 1991 el Gobierno anunció el nombramiento de un fiscal especial independiente para el caso, Fernando Linares Beltranena, y de un investigador privado, Carl West. [10] Varias cartas intercambiadas a fines de 1991 entre el abogado de la Hermana Ortiz y el Fiscal Especial Linares indican que se invitó a este último en varias ocasiones a entrevistarse con la Hermana Ortiz, pero que no aceptó, perdiendo una oportunidad que habría sido fundamental para la investigación. El fiscal insistió en que la Hermana Ortiz se reuniera con West, pero aquella entrevista tampoco se llevó a cabo, aunque ella había aceptado, pese a sus recelos, reunirse con West sin la presencia del Fiscal Especial Linares. [11]
67.	Las noticias de la prensa y el Informe West indican que las monjas de la Posada de Belén encontraron el chal que tenía puesto la Hermana Ortiz y que la Hermana Chmielewski describió a la Policía Nacional pocas horas después de su desaparición. [40] Más tarde los periodistas de Prensa Libre encontraron un reloj en el jardín. [41] También se halló la Biblia de la Hermana Ortiz en el jardín. [42] La lucha física entre la Hermana Ortiz y su secuestrador habría sido suficiente para que se le desprendiera el reloj de la muñeca. También es congruente con la declaración de la Hermana Ortiz sobre el secuestro, que quedaron en el jardín el chal y la Biblia cuando fue conducida fuera del recinto. El Gobierno también indica que los periodistas de Prensa Libre encontraron un anillo, pero la Comisión no dispone de información que corrobore dicho hallazgo. El artículo publicado en Prensa Libre que informa que un periodista encontró el reloj no hace referencia al hallazgo de un anillo. [43]
b.	Decisión de la Comisión de que agentes del Gobierno fueron responsables de las violaciones
87.	El Gobierno, en su Respuesta del 15 de febrero, hizo varias afirmaciones fácticas para respaldar su afirmación de que la Hermana Ortiz no había ofrecido colaborar. En primer lugar, el Gobierno indicó que la Hermana Ortiz presentó su declaración en el caso recién después de transcurridos dos años y cinco meses desde la fecha de la agresión. El Gobierno se refiere a la declaración que hizo la Hermana Ortiz el 7 de abril de 1992 en la Ciudad de Guatemala ante el Juzgado de Instrucción Penal de Primera Instancia.
88.	El Gobierno no está en lo cierto al afirmar que la declaración del 7 de abril de 1992 fue la primera que hizo la Hermana Ortiz. Los artículos que aparecieron en la prensa guatemalteca demuestran que los funcionarios del Gobierno tenían en su poder una declaración de la Hermana Ortiz hecha a los pocos días de su reaparición. Por otra parte, la Hermana Ortiz hizo una declaración formal para los tribunales guatemaltecos ni bien recibió una solicitud en ese sentido por la vía de las cartas rogatorias emitidas en los Estados Unidos en febrero de 1991. [60]
100.	En opinión de la Comisión, el Fiscal Especial Linares no llevó a cabo de manera debida sus deberes de fiscal imparcial. [67] Aunque se ha alegado que su nombramiento, con la asistencia del investigador West, aceleraría el proceso de investigación y la resolución del caso, no se ha logrado dicho resultado. Linares no fue debidamente facultado para realizar las acciones necesarias en el caso hasta el 2 de febrero de 1992, es decir seis meses después de su nombramiento.
101.	Las acciones del fiscal se orientaron más bien a desacreditar a la Hermana Ortiz que a adelantar en el caso. Una declaración del Fiscal Especial Linares a la prensa el 3 de abril de 1992 demuestra su falta de interés en desempeñar su responsabilidad de investigar y procesar el caso de manera imparcial. Linares declaró que la Hermana Ortiz "deberá probar la veracidad de los hechos de amenaza, secuestro, violación y tortura, y de ninguna manera permitir que su abogado ... busque hacer imagen política de un caso que debería ser estrictamente judicial".[68] Las acciones y declaraciones de Linares de este tenor trasladaron del Gobierno a la Hermana Ortiz la carga de proseguir y probar el caso. Al mismo tiempo, dio a entender que el interés de la Hermana Ortiz en seguir el caso podía originarse en motivos de índole política.
En el artículo 8(1) de la Convención Americana se indica que toda persona tiene derecho a ser oída, "con las debidas garantías", por un juez o tribunal competente. El artículo 25(2) requiere que los Gobiernos se aseguren que en el caso de toda persona que interponga recursos legales "la autoridad competente ...decidirá sobre los derechos [de la persona]".
121.	En el caso en cuestión, el Gobierno de Guatemala no cumplió con su obligación de ofrecer un recurso legal sencillo, rápido y efectivo a la Hermana Ortiz. Los intentos de la Hermana Ortiz de ser oída por tribunales competentes e imparciales en Guatemala y de lograr la resolución de su caso en los tribunales guatemaltecos han sido obstaculizados de manera consistente y han producido críticas reiteradas e injustas sobre su persona. El Gobierno, en lugar de investigar de manera debida y de seguir en los tribunales competentes los recursos presentados por la Hermana Ortiz, procuró trasladar a ella la carga de investigar y de probar sus alegaciones contra agentes del Gobierno y la acusó de ser responsable de que no se hayan logrado resultados.
123.	Las violaciones en disputa en la causa actual demuestran que el Estado de Guatemala no cumplió con el compromiso consagrado en el artículo 1.1 de la Convención Americana de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción".
124.	La primera obligación de un Estado parte de la Convención Americana es respetar los derechos y libertades consagrados en ella.
126.	La segunda obligación del Estado es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención. La Comisión reitera que
los Estados Partes tienen la obligación de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. [75]
132.	La Comisión en su 91º Período Ordinario de Sesiones aprobó, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, el Informe No. 9/96 referido al presente caso y lo transmitió al Gobierno de Guatemala por nota de 11 de abril de 1996 con las recomendaciones de la Comisión, solicitando al Gobierno que informara a la Comisión sobre las medidas que hubiese adoptado para cumplir con dichas recomendaciones y para resolver la situación examinada dentro de un plazo de 60 días. El informe artículo 50 incluyó la decisión de la Comisión según la cual el caso se presentaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Gobierno no implementara las recomendaciones de la Comisión dentro del plazo de 60 días.
{17} "¿Es cierto lo de la monja Dianna Mea Ortiz?, Nacional, 9 de noviembre de 1989; "Cerezo duda de lo dicho por la monja", Prensa Libre, 10 de noviembre de 1989.

References: resolución 
 artículo 8
 artículo 25
 resolución 
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 50