Source: https://vlexvenezuela.com/vid/borgas-balda-compa-an-tel-fonos-c-t-283463899
Timestamp: 2020-06-06 17:03:00+00:00

Document:
Sentencia nº 65 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 14 de Febrero de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 283463899
Número de Expediente: 01-511
SALA DE CASACIÓN SOCIAL ACCIDENTAL
En el juicio que por jubilación especial sigue la ciudadana C.R. BORGAS BALDA, representada judicialmente por los abogados O.M.D., L.F.L., I.L.C., S.C., R.G.V., F.M., Azory Rangel, L.O., M.L.O.C. y B.J.V.V. contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA, (C.A.N.T.V.), representada judicialmente por los abogados E.P.S., L.A.A., R.H.L.R.,M. R.P., P.I.S.M., M. delP.A. deV., M.P., E.P.O., I.G.P., G.M.I., C.E.B., C.C.G., B.R.B., V.A.R., J.P.L., Roshermari Vargas Trejo, J.K.L., M.M.A.-Igor, A.A.M., M.J.R.Q., y C.P.G., el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en reenvío, dictó sentencia en fecha 16 de marzo del año 2001, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la acción intentada, sin lugar la defensa de prescripción alegada por la demandada, con lugar la jubilación vitalicia del demandante, improcedente la solicitud de un pago único por el monto allí estipulado por concepto de jubilación, ordenó la devolución por parte del accionante del monto señalado y ordenó la compensación de créditos en los términos y condiciones establecidos en la parte motiva de la sentencia.
Contra este fallo de la alzada, anunció recurso de casación y propuso recurso de nulidad, la abogada M.M.A.-Igor, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, siendo admitido el recurso de casación.
Remitido el expediente, fue recibido en esta Sala de Casación Social, dándose cuenta del asunto en fecha 02 de agosto del año 2001. En esa misma fecha, los Magistrados Omar Alfredo Mora y Juan Rafael Perdomo manifestaron tener motivos de inhibición para conocer del presente asunto.
Declaradas con lugar las inhibiciones de los Magistrados O.M.D. y Juan Rafael Perdomo, se procedió a convocar a los conjueces o suplentes respectivos.
Manifiesta la aceptación de los respectivos conjueces y suplentes para integrar la Sala Accidental, la misma quedó constituida en fecha 22 de octubre del año 2001 de la siguiente manera: Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO y la tercera suplente Dra. M.J.R.F., Presidente y Vicepresidente respectivamente y el segundo conjuez Dr. FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ. Se designó Secretaria a la Dra. B.I.T. de Romero. El Presidente electo, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se reservó la Ponencia del presente asunto.
En fecha 24 de octubre del año 2001, el Juzgado de Sustanciación declaró concluida la sustanciación del presente asunto.
La parte demandada propuso recurso de nulidad contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de marzo del año 2001.
Ahora corresponde a este Juzgado Superior pronunciarse en el presente caso, pero antes de entrar al análisis de la defensa opuesta por la parte demandada relativa a la prescripción de la acción, este Juzgador pasa a analizar como punto previo, el acta de transacción suscrita entre las partes, debiendo constatar si la voluntad del trabajador para optar al beneficio de la jubilación o a la bonificación especial, tiene algún vicio en el consentimiento que pudiere conllevar a la nulidad de escogencia realizada, conforme a la sentencia de reenvío que estableció: omissis.
En este sentido se puede constatar, a los folios 56 y 57 del presente expediente, Acta de transacción firmada el 5 de abril de 1994 por ambas partes, a cuya copia fotostática se da valor probatorio por el reconocimiento expreso de la accionante en su escrito de Informes al folio 207, desprendiéndose de su lectura que las partes manifestaron poner fin al contrato de trabajo que les unió, terminación que según lo acordado se haría efectiva a partir del día 16-04-94, dicha acta está conformada por tres cláusulas; en la primera de ellas, las partes ratifican la voluntad común de poner fin al contrato de trabajo; en la segunda cláusula, la empresa demandada se compromete a cancelar, al hoy demandante, los conceptos que le corresponden por aplicación de la cláusula 71 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para esa fecha y una bonificación especial que, aunada a la Liquidación Simple configura un pago triple del trabajador en lugar de su Jubilación prevista en el anexo ‘C’ del Contrato Colectivo vigente; y finalmente, el actor manifiesta no tener mas nada que reclamar a la empresa ante algún Organismo Administrativo o Judicial del Trabajo.
Del estudio realizado este juzgado concluye, que ciertamente las partes dieron por terminado el contrato de trabajo que les unió, hasta que el trabajador expresó su voluntad de acogerse a la opción de la bonificación y, que por su parte, el empleador le reconoció el derecho a la jubilación al ofrecerle escoger entre ambas alternativas, es decir, la jubilación o la bonificación especial. Pero, del libelo de demanda se infiere que el actor manifestó la existencia de vicios en el consentimiento al momento de su elección, y habiendo señalado la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia de reenvío: (sic) (omissis).
Debe este sentenciador precisar, si existe realmente algún vicio en el consentimiento, que pudieren (sic) conllevar la declaratoria de nulidad de la misma, en cuyo caso se establecerán los límites de sus efectos. De la primera lectura realizada se puede observar con claridad que: 1°) El Acta en cuestión no reúne plenamente todos los requerimiento (sic) establecidos por el legislador en el parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, para que sea considerada como una transacción laboral, y que consecuencialmente logre desprenderse de ellas (sic) los efectos contenidos en la norma indicada, al no hacerse una relación circunstanciada de los hechos que le motivan y de los derechos en ella comprendida, por lo que dicha acta debe tenerse como la expresión de un acto voluntario que genera efectos jurídicos en el ámbito civil, al contener la manifestación de la voluntad a tenor de los artículos 1.133, 1.140 al 1.154 y del 1.178 al 1.184, todos del Código Civil. 2°) Que el Acta en comento se trata de un modelo de transacción similar al señalado por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia de reenvío, es decir, que en el presente caso los hechos transcurrieron en el mes de mayo de 1994, oportunidad en que la empresa demandada experimentaba cambios en su política de reestructuración interna, dirigida hacia todos los ámbitos, y del cual no escapo (sic) el área de recursos humanos, máxime cuando la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, C.A.N.T.V., había pasado a manos del sector privado y como afirma nuestro máximoT. en la sentencia arriba indicada:
Dicho lo anterior, éste Juzgado Superior considera que en el presente caso, están dados todos los elementos coincidentes del fallo transcrito relativo al tiempo en que se sucedieron los hechos, lugar y condiciones en que se dio la terminación del contrato de trabajo, y la elección relativa a la jubilación; materializado éste señalamiento en el acta modelo o formato utilizado por la Empresa para aquellos trabajadores que se adhirieron a la oferta realizada, por lo que este Juzgador acoge el criterio expuesto por el Tribunal Supremo de Justicia y en consecuencia, declara que hubo un ERROR EXCUSABLE por parte de la actora C.B.B., al momento de escoger entre la jubilación y la bonificación especial que le propuso la empresa demandada, al no tener una concepción clara de los límites de ambos beneficios para el momento en que tomó la decisión, de lo que se infiere que la voluntad manifestada se encuentra viciada. Así se establece.
En la oportunidad de dar contestación a la demanda, la parte accionada opuso como defensa a la pretensión del actor, la prescripción de la acción intentada por cuanto señala que a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo (16-04-94), comenzó a correr el lapso de prescripción de la acción previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual según su opinión había expirado para el momento en que se materializó la citación de la demandada y que en consecuencia la presente acción se encuentra evidentemente prescrita.
Corresponde a esta Alzada hacer el pronunciamiento sobre la defensa de prescripción alegada. En este sentido, quien sentencia considera oportuno traer a colación los lineamientos establecidos por la Doctrina de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en relación al lapso de prescripción del derecho a la jubilación: (omissis).
De conformidad con la doctrina transcrita, este Juzgado Superior, la acoge plenamente en el presente caso, considerando entonces que la norma aplicable es la prevista en el artículo 1.980 que es la que regula las obligaciones que deberán pagarse por año o por plazos periódicos más cortos, es decir, el lapso de prescripción es el equivalente a tres (3) años, contados a partir del momento en que terminó el contrato de trabajo, a menos que se hubiese interrumpido la prescripción a través de uno de los medios legales pertinentes.
En el caso que nos ocupa, el contrato de trabajo se dio por concluido el día 16 de abril de 1994, la interposición de la demanda se hizo el 11-04-95 y la representante judicial de la demandada se dio por citada en fecha 02-07-96, por lo que la sumatoria del tiempo transcurrido nos da dos (2) años, dos (2) meses y dieciséis (16) días, siendo evidente que el referido lapso no supera los tres (3) años establecidos por la norma que le regula, y en consecuencia, en la parte dispositiva del presente fallo, deberá declararse la improcedencia de la defensa de prescripción alegada en relación al derecho de jubilación por la parte demandada. Así se establece.
Ahora bien, la sentencia recurrida declaró sin lugar la defensa de prescripción opuesta, luego de verificar que había existido vicio en el consentimiento dado por la trabajadora al aceptar el pago adicional a cambio del periódico y demás beneficios que suponía la jubilación especial, vicio éste que no coincidió con el alegado por la parte actora, puesto que ésta adujo dolo y fraude por parte de la empresa, sin embargo, el juez superior partiendo de un hecho notorio, que por su naturaleza no necesita probarse y con el conocimiento del derecho que en virtud de su cargo ostenta, concluyó que sí existió un vicio pero distinto al alegado, a saber, el error excusable; con tal pronunciamiento el Tribunal de reenvío no incurrió en el vicio que afectaba a la sentencia que fue casada por este Alto Tribunal en fecha 19 de junio del año 2000, que consistió en decidir sobre la defensa de prescripción opuesta sin tomar en consideración si la voluntad del trabajador para optar por una u otra de las modalidades en que se le presentaba el beneficio de la jubilación especial estuvo viciada.
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 317, ordinal 2° eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 4° del artículo 243, así como del artículo 12 ibídem, por haber incurrido en incongruencia y falta de motivación.
El libelo afirma que si la empresa C.A.N.T.V., le hubiera indicado a su representada que tenía derecho a recibir sus prestaciones sociales mas el Beneficio de la Jubilación Especial, previsto en el Contrato Colectivo, la demandante hubiera hecho uso de tal derecho y en ningún caso hubiera renunciado a dicha jubilación por cuanto este beneficio social no solo es de una mayor cuantía a lo recibido como Bonificación de Prestaciones Sociales sino también le da mayor seguridad jurídica y económica al trabajador y a su grupo familiar hasta su muerte.
De lo anterior se colige que la sentencia de reenvío incurrió en incongruencia al no decidir según lo alegado en autos, pues la causa de pedir relativa la nulidad del Acta Convenio sería supuesto incumplimiento de una obligación legal inexistente de instruir, ilustrar o documentar al trabajador sobre los términos y condiciones del acuerdo firmado. El Parágrafo Único del artículo 3° del la Ley Orgánica del Trabajo ordena que en la transacción las partes hagan una (relación) circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ellas comprendidos. Pero no impone al patrono la obligación de aprestar al trabajador e instruirlos sobre el contenido y alcance del acuerdo, ni menos aun de indicarle o advertirle una cosa falsa como es el hecho de que tuviese derecho a la Jubilación Especial. Esto no es cierto, pues, si nos atenemos a la “sentencia marco” de la Sala de Casación Social, la relación de trabajo terminó por mutuo consentimiento y no por despido, luego no estaba dado uno de los requisitos inexcusables para acceder al derecho opcional de la Jubilación Especial que prevé el Contrato Colectivo de Trabajo.
Hay que aclarar que en ningún momento la parte demandante ha probado ni ha suministrado un indicio, una sospecha, una conjetura siquiera de haberle coartado a la demandada su voluntad electiva. Y es que los trabajadores –según expresa la ‘sentencia marco’ de la Sala- ‘...estuvieron en la disyuntiva de decidir entre recibir una cantidad de dinero adicional a lo que en derecho les correspondía, en un momento de sus vidas aún jóvenes y con fuerza de trabajo la mayoría, en un país donde la banca ofrecía atractivos intereses para la inversión de capital y la situación social, económica e inflacionaria se puede catalogar de estable o el disfrutar de una pensión mensual ...
(Cursivas Nuestras). Sin duda, estas circunstancias determinaban la conveniencia de captar un capital considerable que permitía muchas posibilidades inmediatas ventajosas.
Con fundamento en la determinación del problema judicial que debe hacerse en la sentencia, podrá verificarse la llamada incongruencia del fallo, que aplicada a las dos reglas antes expuestas da lugar a la incongruencia positiva, cuando el juez extiende su decisión mas allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; o a la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial; también es importante destacar lo que Guasp llama incongruencia mixta, que es la combinación de las dos anteriores, que se produce cuando el juez extiende su decisión sobre cuestiones que no le fueron planteadas en el proceso (NE EAT IUDEX EXTRA PETITA PARTIUM). (Guasp. Jaime. Obra Citada, pág. 484).
En el caso de especie se plantea, que en la recurrida incurre en el vicio de incongruencia, porque se declara la nulidad del acta convenio suscrita por las partes, en razón de que la parte actora lo firmó como consecuencia de haber incurrido en un error excusable, lo cual no fue alegado en el libelo de la demanda.
De la revisión de las actas del expediente evidencia la Sala que, ciertamente, en el libelo de la demanda si bien se alegó un vicio en el consentimiento dado para suscribir el acta referida, no se mencionó que la actora hubiese incurrido en error excusable, sino que la empresa no le informó a la trabajadora que tenía derecho a recibir sus prestaciones sociales y el beneficio de la jubilación especial, con el objeto de que firmara el documento, sin embargo, resulta necesario transcribir lo dispuesto en la sentencia recurrida respecto a este punto:
Debe este sentenciador precisar, si existe realmente algún vicio en el consentimiento, que pudiere conllevar la declaratoria de nulidad de la misma, en cuyo caso se establecerán los límites de sus efectos. De la primera lectura realizada se puede observar con claridad que: 1°) El Acta en cuestión no reúne plenamente todos los requerimiento (sic) establecidos por el legislador en el parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, para que sea considerada como una transacción laboral, y, consecuencialmente logre desprenderse de ella (sic) los efectos contenidos en la norma indicada, al no hacerse una relación circunstanciada de los hechos que le motivan y de los derechos en ella comprendida, (sic) por lo que dicha acta debe tenerse como la expresión de un acto voluntario que genera efectos jurídicos en el ámbito civil, al contener la manifestación de la voluntad a tenor de los artículos 1.133, 1.140 al 1.154 y del 1.178 al 1.184, todos del Código Civil. 2°) Que el Acta en comento se trata de un modelo de transacción similar al señalado por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia de reenvío, es decir, que en el presente caso los hechos transcurrieron en el mes de mayo de 1994, oportunidad en que la empresa demandada experimentaba cambios en su política de reestructuración interna, dirigida hacia todos los ámbitos, y del cual no escapo (sic) el área de recursos humanos, máxime cuando la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, C.A.N.T.V., había pasado a manos del sector privado y como afirma nuestro máximoT. en la sentencia arriba indicadal:
‘Tal situación como es normal, derivó en un cambio en las políticas internas de la empresa a todo nivel: de costos, de mercadeo, de producción, de imagen, de recursos humanos, etc, ya que la dirección y organización de la empresa pasó de ser, de típicamente estadal, cuyo interés principal es prestar el tan importante servicio público de la telefonía; a típicamente privada, donde además de prestar el servicio se persigue un fin de lucro.
Aunado a lo anterior se estuvo y está ante una realidad, cual es la rapidez de los avances tecnológicos que están teniendo lugar en la mayoría de los campos del saber humano, especialmente en materia de telecomunicaciones, que va paralelo a la necesidad de estar a la par de tales avances e innovaciones, como premisa necesaria de competitividad en el mercado y su consecuente reversión favorable en términos económicos y financieros.
Dicho lo anterior, éste Juzgado Superior considera que en el presente caso, están dados todos los elementos coincidentes del fallo transcrito relativo al tiempo en que se sucedieron los hechos, lugar y condiciones en que se dio la terminación del contrato de trabajo, y la elección relativa a la jubilación; materializado éste señalamiento en el acta modelo o formato utilizado por la Empresa para aquellos trabajadores que se adhirieron a la oferta realizada, por lo que este Juzgador acoge el criterio expuesto por el Tribunal Supremo de Justicia y en consecuencia, declara que hubo un ERROR EXCUSABLE por parte de la actora C.B.B., en el momento de escoger entre la jubilación y la bonificación especial que le propuso la empresa demandada, al no tener una concepción clara de los límites de ambos beneficios para el momento en que tomó la decisión, de lo que se infiere que la voluntad manifestada se encuentra viciada. Así se establece.
De lo precedentemente transcrito se constata que la recurrida sí concluyó que la actora incurrió en error excusable al escoger entre el pago periódico de su pensión de jubilación especial mas el resto de los beneficios y la bonificación especial que le propuso la empresa demandada, siendo que tal vicio no fue alegado por el trabajador en el libelo de la demanda. Sin embargo, lo declara en virtud de que considera que el acta en comento es muy similar al modelo señalado en la sentencia proferida por esta Sala y la cual estaba obligado a acatar en virtud del reenvío y en la cual se dejó plasmado el hecho notorio que lleva al juzgador de la recurrida a declarar que el actor incurrió en error excusable. Se fundamenta el sentenciador en un hecho de dominio público, que en virtud de su naturaleza constituye para el Juez una obligación saberlo y producir su decisión tomándolo en cuenta, independientemente de que haya sido o no alegado.
Ante por el contrario, si la Empresa C.A.N.T.V le hubiere indicado a mi representada que tenía derecho a recibir sus Prestaciones Sociales mas el beneficio de la Jubilación Especial previsto en el Contrato Colectivo, mi representada hubiera hecho uso de tal derecho y en ningún caso hubiera renunciado a dicha jubilación por cuanto este beneficio social no solo es de una mayor cuantía a lo recibido como bonificación de Prestaciones Sociales sino también por cuanto este beneficio le da mayor seguridad jurídica y económica al trabajador y a su grupo familiar hasta su muerte.
En efecto, luego de declarar Con Lugar la jubilación del demandante, la sentencia de reenvío señala ‘... más los beneficios adicionales establecidos en el Plan de Jubilación que regula a las partes’. Esta condena no es precisa pues no se indica con el detalle y la delimitación conceptual necesaria, cuáles son los beneficios ni cuál es en concreto el Plan de Jubilación; máxime si se toma en cuenta que en el Contrato Colectivo de Trabajo existe una Jubilación Normal, una Jubilación Diferida y una Jubilación Especial. De hecho, todo el Anexo ‘C’ del Contrato Colectivo de Trabajo es el ‘Plan de Jubilaciones’, y por ende resulta sumamente difuso e impreciso asignar los beneficios de dicho Plan, sin especificarlos. La sentencia debe bastarse a sí misma y el contenido de la condena debe surgir de su mismo texto, sin que sea necesario acudir a las actas o pruebas de autos para determinar cuál es el alcance o extensión de esa condena. No se cumple con el requisito formal del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que ordena dictar sentencia en forma precisa, expresa y positiva.
Ciertamente, como lo denuncian los formalizantes en la parte dispositiva del fallo no precisa el sentenciador cuáles son esos beneficios adicionales a la pensión de jubilación que le está otorgando al demandante, sin embargo de la parte motiva del mismo, se puede constatar que ésta pretende, alternativamente, el pago único de treinta y cuatro millones dos mil novecientos dieciséis bolívares con ochenta céntimos (Bs.34.002.916,80) por el beneficio de jubilación especial previsto en el Contrato Colectivo de Trabajo y correspondiente a las mensualidades de pensión de jubilación, tomando como fecha límite aquella en la que la actora cumpliera setenta y seis (76) años de edad (promedio de vida de la mujer venezolana), o en su defecto que, el Tribunal condenara a la demandada a pagar desde el 16 de abril de 1994, una pensión de jubilación vitalicia por el monto de setenta mil ochocientos treinta y nueve bolívares con cuarenta y un céntimos (Bs70.839,41) mensuales mas los incrementos que se produzcan en virtud de la Contratación Colectiva, Decretos, Leyes o Resoluciones, así como también, en cualquiera de los dos casos anteriores, el disfrute efectivo de los beneficios adicionales para el jubilado previstos en el artículo 14 del Plan de Jubilaciones, contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo de la empresa demandada. De manera que, al considerar procedente la recurrida el otorgamiento a la actora de los beneficios adicionales contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, en su parte dispositiva, se está refiriendo a los beneficios pretendidos por la actora, ya identificados en su parte motiva como los contenidos en el artículo 14 del Plan de Jubilaciones consagrados en dicha Convención.
La sentencia de reenvío hace una glosa de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dictada en este proceso, según la cual, al ‘habérsele reconocido al trabajador su derecho a jubilación, entre el jubilado y expatrono lo que existe es un vínculo de naturaleza civil, lo que hace aplicable el artículo 1.980 del Código Civil que señala que prescribe a los 3 años todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos’. Esta afirmación de la Sala de Casación Social es compartida por la sentencia de reenvío, pues en el Capítulo Quinto expresa que, aun cuando el Acta Convenio no es una transacción según el Parágrafo Único del artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo, ‘dicha acta debe tenerse como la expresión de un acto voluntario que genera efectos en el ámbito civil al contener la manifestación de la voluntad a tenor de los artículos 1.133, 1.140 al 1.154 y del 1.178 al 1.164 (sic) todos del Código Civil’. De manera que la sentencia de reenvío, a pesar de que estableció la naturaleza netamente civil de la relación jurídica sustancial controvertida en el juicio, referida a la Jubilación Especial, se abstiene de declinar su conocimiento por incompetencia en razón de la materia, incurriendo en un error de actividad ( in procedendo).
En el caso de autos no se ha demandado un trabajador pensionado o jubilado cuyas pensiones periódicas se encuentren insolutas, no pagadas. Este sería el derecho de crédito sobre pensiones periódicas de jubilación que configuraría realmente el supuesto del caso decidido por la Sala de Casación Civil en la sentencia del 27 de junio de 1991 (AJUTEL c/ C.A.N.T.V.), en el que si se aplicaría la prescripción trienal del artículo 1.380 del Código Civil (sic), según su texto. Así lo confirma el siguiente fallo de la Sala de Casación Civil de 10 de Agosto de 1999, conociendo en materia laboral.
El artículo 1.930 del Código Civil establece que ‘los bienes, derechos y acciones, sobre los cuales haya de llevarse a cabo la ejecución, no podrán rematarse sino después que haya una sentencia ejecutoriada o un acto equivalente, y que se haya determinado el crédito, cualquiera que sea su naturaleza, en una cantidad de dinero...’. De manera que el carácter de derecho adquirido que puede tener un pretendido derecho subjetivo, no le exime de la declaratoria judicial que ha de darse sobre su existencia (an debeatur), su cuantía quantum debeatur y su exigibilidad (quando debeatur). Si no fuera así, la particularidad de ser adquirido, le daría al derecho nada menos que el privilegio de quedar exento de pronunciamiento judicial, caso de que el respectivo y supuesto obligado no lo reconozca. El mismo T.M.C. en su obra Principios Generales de Derecho Constitucional en los Estados Unidos de América, citado, nos arroja clara luz sobre esta cuestión jurídica al distinguir entre derechos y expectativas. El derecho adquirido no es una expectativa de derecho, pero tampoco un título ejecutivo judicial ejecutoriable. Su condición de derecho ‘adquirido’ no significa otra cosa que sus efectos jurídicos se causan ex tunc (desde entonces), a partir del momento en que ingresa al patrimonio del acreedor y es, por tanto, adquirido.
La intención de la parte demandante de orillar el tema de inexistencia de su pretendido derecho a jubilación y concretarlo al pago de supuestas pensiones insolutas, so pretexto de que su derecho es adquirido, resulta similar a la de aquel que pretende el cobro de cánones de arrendamiento sin tener título jurídico aceptado (o título ejecutivo imputado jurisdiccionalmente) sobre su condición de arrendador. De allí que forzoso es distinguir entre el derecho a ser jubilado, o sea, a tener la cualidad, el título o carácter de jubilado, y el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación de tracto sucesivo (pensiones mensuales) que se derivan naturalmente de ese título y que de él dependen únicamente. La acción del trabajador para pedir la declaratoria del primero de estos dos ‘derechos subjetivos’, o sea el derecho a Jubilación, es una acción laboral porque deriva directamente de la relación laboral y de las normas convencionales (Contrato Colectivo) que la regulan, y por ende prescribe al año, contado a partir de la terminación del contrato de trabajo. Sí, por el contrario, el trabajador goza de la cualidad de Jubilado, sea porque voluntariamente se la reconoce el patrono, sea porque oficialmente la declara, con autoridad de cosa juzgada, el Juez del Trabajo, las consiguientes pensiones tendrán su causa en la cualidad de Jubilado, es decir, en un título jurídico extra-laboral. Título jurídico es el origen o fundamento jurídico de un derecho u obligación, y en sentido traslaticio se denomina también con esa palabra la demostración auténtica, documentada, de ese hecho generativo del derecho subjetivo o de la obligación. Pero en sentido primario, la doctrina lo entiende como el concepto o la causa de uno u otra; es, en cierta forma, sinónimo de cualidad, carácter.
En la oportunidad de dar contestación a la demanda, la parte accionada opuso como defensa a la pretensión del actor, la prescripción de la acción intentada por cuanto señala que a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo (16-04-94), comenzó a correr el lapso de prescripción de la acción, previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual según su opinión había expirado para el momento en que se materializó la citación de la demandada y que en consecuencia la presente acción se encuentra evidentemente prescrita.
Corresponde a esta Alzada hacer el pronunciamiento sobre la defensa de prescripción alegada.. En este sentido, quien sentencia considera oportuno traer a colación los lineamientos establecidos por la Doctrina de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en relación al lapso de prescripción del derecho a la Jubilación: (omissis).
De conformidad con la doctrina trascrita, este Juzgado Superior, la acoge plenamente en el presente caso, considerando entonces que la norma aplicable es la prevista en el artículo 1.980 ejusdem, que es la que regula las obligaciones que deberán pagarse por año o por plazos periódicos más cortos, es decir, el lapso de prescripción es el equivalente a tres (3) años, contados a partir del momento en que terminó el contrato de trabajo, a menos que se hubiese interrumpido la prescripción a través de uno de los medios legales pertinentes.
En el caso que nos ocupa, el contrato de trabajo se dio por concluido el día 16 de abril de 1994, la interposición de la demanda se hizo el 11-04-95, y la representante judicial de la demandada se dio por citada en fecha 02-07-96, por lo que la sumatoria del tiempo transcurrido nos da: dos (2) años, dos (2) meses y dieciséis (16) días, siendo evidente que el referido lapso no supera los tres (3) años establecidos por la norma que le regula, y en consecuencia, en la parte dispositiva del presente fallo, deberá declararse la improcedencia de la defensa de prescripción alegada en relación al derecho de jubilación por la parte demandada. Así se establece.
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 en concordancia con el ordinal 4° del artículo 317 y el artículo 320, todos del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción por falta de aplicación de los artículos 1.147 y 1.148 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1.141, 1.149 al 1.154 ejusdem.
Ciudadanos Magistrados; en lo atinente a la decisión incidenter tantum de nulidad del Acta Convenio, lo cierto es que son diferentes los efectos que asignan dichos artículos denunciados en cuanto al alcance de la nulidad del Acta Convenio. Independientemente de que el supuesto ERROR EXCUSABLE se considere un error de hecho o un error de derecho, la nulidad en todo caso es total y no parcial, pues afecta la causa principal (Art. 1.147 del Código Civil) y esencial (Art. 1.148 del Código Civil) del finiquito que se dieron mutuamente las partes en el Acta Convenio, bajo las modalidades de sus propias estipulaciones. Es indudable que la esencia y la causa principal del Acta Convenio radicó en la firme y definitiva voluntad de las partes de querer dar por terminada la relación de trabajo y darse el finiquito correspondiente, confiriendo C.A.N.T.V. al trabajador los beneficios que en una oferta optativa o alternativa quiso proponerle.
Por consiguiente, la constatación de dicho supuesto error, debió llevar al Juez de mérito a declarar nula y sin efectos el Acta Convenio, no pudiendo considerarse que perdura la validez del ‘reconocimiento’ de la Jubilación Especial que supuestamente hizo C.A.N.T.V., según indica la sentencia de casación dictada en este juicio, porque ese hipotético reconocimiento está indisolublemente unido a la esencia del contrato, cual es el finiquito definitivo. De manera que al no haber, supuestamente, clarividencia en el querer, el vicio de consentimiento inficiona, contamina el contrato en su plenitud. Aun presuponiendo que hubiera habido ese ‘reconocimiento’ de la Jubilación Especial preestablecida en el numeral 3° del artículo 4° del Anexo ‘C’ del Contrato Colectivo, el mismo, como acto de voluntad expresado en el contrato, sería totalmente ineficaz ya que el contrato mismo adolece de nulidad total. La supuesta negada concesión o reconocimiento de la Jubilación Especial, estaba atenida e indisolublemente ligada a una elección o escogencia que debía hacer el trabajador. Es obvio que C.A.N.T.V. no le concedió incondicionalmente la Jubilación Especial; ella formaba parte de una opción. Si el Acta Convenio es nula por voluntad viciada, también es nula y sin efectos la opción o alternativa ofrecida, y por ende, el reconocimiento condicionado señalado por el Tribunal Supremo. Decimos ‘condicionado’ porque estaba sujeto a una escogencia, y el ofrecimiento de elegir entre el Beneficio Especial y la Jubilación Especial dependía de lo que constituye la causa única o principal, de carácter esencialísimo en el contrato, esto es, el finiquito total y definitivo que se daban las partes respecto a la relación laboral. Por tanto, no hay nulidad parcial del Acta Convenio sino nulidad total, según se colige de los artículos 1.147 y 1.148 del Código Civil.
‘282. Tampoco debe confundirse la nulidad parcial con la cuestión de los excepcionales efectos que pueden llegar a derivarse de un acto nulo. Como es sabido, para marcar su contraste con la nulidad parcial, hablamos de nulidad ‘total’ o ‘radical’ de un contrato cuando se postula que deben considerarse suprimidos todos los efectos que el contrato nulo pretendía producir. La máxima quo nullum est, nullum producit effectum tiende a subrayar esta consecuencia. Ahora bien, contra la consecuencia estrictamente lógica que enuncia esta máxima ocurre que algunos actos nulos no dejan de producir ciertos efectos en el mundo del derecho a pesar de su nulidad. Por ejemplo: la declaratoria de la nulidad de la enajenación de una cosa que el testador había hecho objeto de un legado, no impide el efecto revocatorio del legado que el artículo 995 C. Civ., vincula al hecho de la enajenación de la cosa legada por parte del testador. En el mismo sentido podríamos recordar en este lugar lo que ya dijimos acerca de los efectos del matrimonio putativo de la sociedad de hecho, de los actos que realiza un propietario aparente. En todos estos casos, sin embargo, la eficacia restringida del acto no podría atribuirse a la voluntad de las partes, sino que habrá que reconducirla directamente a una nueva voluntad de ley, dirigida a evitar por razones de superior interés público que el remedio para salvaguardar el interés protegido resulte peor que la enfermedad que afectaba el contrato por atentar él contra dicho interés. Por ello hemos dicho que estos efectos del acto nulo no pueden ser sino ‘excepcionales’, pues aun si la nulidad es parcial o si se tratase de un supuesto de conversión de un acto nulo, los efectos que en estos últimos dos casos continuará produciendo éste sería efectos del acto propiamente tales, en tanto y en cuanto subsista la validez del mismo, ya que por lo que respecta a lo que de nulo haya en él continuaría campeando el principio quo nullum est, nullum producit effectum en toda su plenitud; mientras que en el caso de la eficacia residual de un acto nulo, tales efectos requerirán una clara voluntad de ley en contrario, que derogue el indicado principio de la plena Ineficacia de un acto nulo’ (J.M.O.: Doctrina General del Contrato (página 320-321) Subrayados nuestros).
En el caso de error, MESSINEO afirma que ‘el error opera como motivo (y por eso se puede llamar error- motivo o error-vicio); y contribuye a determinar la voluntad, o es móvil exclusivo de la determinación de esa voluntad, quitando al sujeto la clarividencia en el querer’ (sic) (MESSINEO, FRANCESCO: Manual de Derecho Civil y Comercial, Tomo II, pág. 434).
Sin embargo, la falencia en los efectos del contrato no significa inexistencia de efectos.
En los casos que no son de incapacidad sino de vicio en el consentimiento (error, violencia, dolo), el artículo 1.146 expresa que puede pedir la nulidad del contrato aquel cuyo consentimiento esté viciado, o sea, en nuestro caso, supuestamente, el trabajador.
Ahora bien, dejando a un lado la ausencia de demanda o excepción de nulidad del contrato, y presuponiendo –gratia arguendi- que el Juez laboral puede de oficio declarar (incinder tantum) la nulidad de un contrato anulable, es menester tener en cuenta la norma que tutela la anulabilidad en estos casos; concretamente el artículo 1.148 del Código Civil:
Es tambien causa de anulabilidad el error sobre la identidad o las cualidades de la persona con quien se ha contratado, cuando esa identidad o esas cualidades han sido la causa única o principal del contrato.’
El autor citado J.M.O. expresa en su mencionada obra que ‘la nulidad, sea absoluta o relativa, una vez declarada implica la desaparición de la consecuencia jurídicas que se pretendía imputarle al contrato nulo, desaparición o ablación de la eficacia de tal contrato que debe remontarse al origen mismo de éste. Para resumir esto en una breve expresión se habla de la eficacia retroactiva de la nulidad’. (pág. 325 (Destacado nuestro).
‘Aunque expuesto a impugnación (anulación) despliega todo su efecto si, o mientras, no se lo impugna, y precisamente por esto, cuando es impugnado, el negocio cae con efecto retroactivo’. (pág. 495).
Por lo tanto, el pago de las pensiones de Jubilación y su indexación no podía acordarse, ya que ese supuesto ‘reconocimiento’ implícito está hecho en el contexto del Contrato y con vista a los términos y condiciones del Contrato que se considerase nulo; su causa motiva principal es la de finiquitar en un todo la relación de trabajo. El supuesto ‘reconocimiento’ no es una confesión simple o aislada, ni una concesión que tuviese por causa la liberalidad o cualquier otro título jurídico distinto a la firme y definitiva voluntad de las partes de querer dar por terminada la relación de trabajo y el finiquito correspondiente, confiriendo C.A.N.T.V. al trabajador los beneficios que una oferta optativa o alternativa le planteó.
Es ostensible que la violación de la norma legal denunciada fue determinante de lo dispositivo de la sentencia, al punto de que, si se hubiese aplicado en toda su eficacia jurídica los artículos del Código Civil denunciados, la sentencia de reenvío hubiera declarado sin lugar la demanda de Jubilación Especial
Aducen los formalizantes, que el Acta Convenio celebrada entre las partes padece de nulidad total y no parcial, al afectar la causa principal y esencial de la misma, por estar viciada la voluntad, por lo que la violación de las normas denunciadas son determinantes para su declaratoria.
En primer lugar observa la Sala, que aún cuando los formalizantes delatan la infracción por falta de aplicación de los artículos 1.147 y 1.148 del Código Civil, lo hacen en concordancia con los artículos 1.141 y 1.149 al 1.154 ejusdem, sin expresar el motivo de infracción de éstos últimos mencionados, por lo que no puede esta Sala entrar al análisis de los mismos. No obstante ello, pasa a conocer únicamente la infracción de los artículos 1.147 y 1.148 del Código Civil, por falta de aplicación en los siguientes términos:
El artículo 1.147 del Código Civil es del siguiente tenor:
El error de derecho produce la nulidad del contrato sólo cuando ha sido la causa única o principal.
Ahora bien, observa la Sala que la delatada norma no es aplicable al caso concreto, por cuanto el error excusable es un error de hecho que consistió en la falsa representación y falso conocimiento de la realidad, que como lo estableció esta misma Sala en sentencia de fecha 03 de agosto del año 2000 entre otras, le sustrajo la clarividencia en el querer y vició el acto de escoger del trabajador, por lo que es forzoso declarar que el Juez sentenciador actuó ajustado a derecho, al no tomar en cuenta el delatado precepto legal, pues como se estableció anteriormente, el supuesto de hecho de la norma está referido al error de derecho y por tanto, los hechos de autos en dicho precepto legal no encuadran, razón por la que se desecha esta denuncia de infracción.
El artículo 1.148 del Código Civil, dispone lo siguiente:
El error de hecho produce la anulabilidad del contrato cuando recae sobre una cualidad de la cosa o sobre una circunstancia que las partes han considerado como esenciales o que deban ser consideradas como tales en atención a la buena fe y a las condiciones bajo las cuales ha sido concluido el contrato. Es también causa de anulabilidad el error sobre la identidad o las cualidades de la persona con quien se ha contratado, cuando esa identidad o esas cualidades han sido la causa única o principal del contrato
Observa la Sala, que con respecto a la denuncia de la norma antes transcrita y de conformidad con lo allí dispuesto, al tratarse de un error de hecho, la consecuencia que se produce es la anulabilidad y no la nulidad del contrato como lo señalan los formalizantes, pues solamente vicia una parte del mismo y no su totalidad, por lo que el sentenciador de la recurrida actuó ajustado a derecho al establecer que el error de hecho que recayó sobre el consentimiento dado por el trabajador porque no tuvo clarividencia en el querer y vició su acto de escoger, produjo la anulabilidad del acta, de lo que se evidencia que sí aplicó el artículo denunciado, razón por la que no incurrió en falta de aplicación del mismo.
Por los razonamientos expuestos no incurre el sentenciador de la alzada en la infracción de los artículos 1.147 y 1.148 del Código Civil, por falta de aplicación, razón por la que se declara improcedente la presente denuncia. Y así se decide.
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (accidental), administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) IMPROCEDENTE el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA, (C.A.N.T.V.) contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de marzo del año 2001. Se condena en costas a la parte recurrente de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 2) SIN LUGAR el presente recurso de casación anunciado por la parte demandada COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA, (C.A.N.T.V.) contra la referida sentencia. Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de la causa, es decir al Tribunal Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese dicha remisión al Tribunal Superior de origen, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social (accidental del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil dos. Años: 191° de la Independencia y 142 ° de la Federación.
R.C. N°AA60-S-2001-000511
Decisión de Sala Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 28 de Enero de 2008
Decisión nº 3984 de Juzgado Segundo en lo Civil de Vargas, de 15 de Diciembre de 2006

References: artículo 64
 artículo 3
 artículo 61
 artículo 1
 artículo 313
 artículo 317
 artículo 243
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 243
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 61
 artículo 1
 artículo 313
 artículo 317
 artículo 320
 artículo 4
 artículo 995
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 101
 artículo 322

Decisión nº