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Timestamp: 2018-05-20 15:40:04+00:00

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Restitución de bien objeto del contrato
EFECTO RETROACTIVO DE LA NULIDAD
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil seis (2006), Expediente No. 13414 (R-7186).- (…) Finalmente, respecto de las pretensiones tendientes a que se declare, como consecuencia de la nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato No. 1431, que éste sigue vigente por el término estipulado de 2 años y a que se declare la nulidad de los contratos que hubiera podido celebrar la Industria Licorera de Caldas con otras personas para la distribución de sus licores en el Departamento de Bolívar, observa la Sala en primer lugar, que si bien la nulidad de los actos y contratos trae como consecuencia el volver las cosas a su estado inicial, es decir a aquel que tenían al momento de producirse éstos y en tal forma que las partes queden como si no hubieran existido el acto o contrato, tal y como lo estipula el artículo 1746 del C.C.C. al establecer que “La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”, ello es así sólo en la medida en que sea posible volver las cosas a ese estado inicial y siempre que la ley así lo permita, por cuanto existen eventos excepcionales en los cuales no se da esta consecuencia, tal y como lo sostuvo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de agosto de 1993:
Las dos primeras excepciones están contempladas en los artículos 1525, 1746 y 1747 del Código Civil. La primera disposición prohíbe repetir lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud, y la segunda, en igual forma, lo que se haya dado o pagado al incapaz, salvo prueba de haberse hecho éste más rico.
La tercera excepción viene impuesta por las necesidades del servicio público, dada la primacía del interés social por sobre el particular, establecida en el artículo 58 de la Constitución Nacional (antes art. 30). Siendo, como es, la propiedad una función social, al tenor de la disposición constitucional, debe ceder frente al interés general, por lo cual no siempre es conducente la acción restitutoria o reivindicatoria, sino una sustitutiva de carácter compensatorio”
Para algunos autores, no habría verdaderamente excepción a la retroactividad de la nulidad, porque no es posible derogar el principio según el cual lo que es nulo no puede producir ningún efecto. Por lo tanto, habrá simplemente una derogación de la regla que ordena que se proceda a repeticiones, a nombre de la equidad. (...) el juez (...), lo único que haría sería pronunciarse sobre una indemnización justa y equitativa, la cuan no es un alquiler o la remuneración prevista en el contrato de trabajo. (...).
En realidad estaríamos próximos al enriquecimiento sin causa, pues que la indemnización tiene por objeto evitar un enriquecimiento injustificado del arrendatario o del empleador”
Finalmente, tampoco resulta procedente la solicitud de declaratoria de nulidad respecto de los contratos que hubiere celebrado la entidad demandada luego de proferir el acto de caducidad demandado en el sub-lite, toda vez que no se cumplen los requisitos legales necesarios para esta clase de pretensión, como que ni siquiera se identificaron los negocios jurídicos en cuestión ni las personas que los celebraron, lo que hace imposible cualquier pronunciamiento al respecto.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., ENERO 31 DE 1997, CONSEJERO PONENTE: DOCTOR DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, REF.: EXPEDIENTE NO. 10.498.- Las restituciones a que hay lugar.
Sea lo primero determinar que la nulidad absoluta del contrato tiene como causa aquella señalada en el art. 1741 del C.C., correspondiente a la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para la validez de ciertos contratos. En el caso que ahora se decide, el contrato celebrado entre el Departamento de Córdoba y la sociedad comercial Inversiones Córdoba, debió estar precedido del proceso licitatorio establecido en el decreto 222 de 1983, normatividad que la asamblea departamental, mediante ordenanza, había establecido como obligatoria para regular la contratación por parte del departamento. Así se dispuso en sentencia de abril 18 de 1996, Consejero Ponente, Dr. Carlos Betancur Jaramillo, Expediente No. 9899, Actor: Edgar Vergara Figueroa "Casa de Córdoba".
Esta nulidad absoluta genera las restituciones mutuas a que se refiere el art. 1746 del C.C., y art. 48 de la Ley 80/93, disposiciones que dan a las partes derecho para ser restituídas al mismo o equivalente estado en que se hallarían si no hubiese existido el contrato que ahora se anula.
El art. 48 de la Ley 80 de 1993 dispone: (…)
Para establecer las restituciones mutuas entre las partes, en el caso concreto, es preciso determinar exactamente en qué consistió el objeto del contrato, en qué proporción fue ejecutado éste y cómo se haría eficaz la cláusula que previó la reversión
Conforme a la cláusula primera el objeto principal era montar y poner en funcionamiento una empresa industrial con destino a la producción, introducción y venta de licores y vinos espumosos; así como a la producción, distribución y venta de alcohol, sus productos y subproductos. Y, a revertir tal empresa o fábrica al Departamento de Córdoba al término del contrato sin costo alguno.
El contratista tenía la obligación de construir en terrenos propios esa fábrica, así como de ponerla en funcionamiento. A cambio tenía la exclusividad en la producción, distribución y venta de licores en todo el departamento y pagaría una renta anual por tal concepto.
El término de duración fue fijado en 20 años, contados a partir de la fecha en que se iniciara el funcionamiento de la fábrica de licores, hecho que al parecer ocurrió el 20 de marzo de 1991, según se desprende del inventario realizado por las partes en esa fecha (fls. 501 y 502), en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula décima sexta, con miras a establecer los bienes muebles e inmuebles que se destinarían a lograr el objeto del contrato y que revertirían al departamento al vencimiento del plazo contractual.
El inventario consta de los siguientes bienes:
Esa acta permite deducir a la Sala que el contrato se ejecutó, al menos, en cuanto a una de sus principales obligaciones, la construcción de la obra, y que debió empezar a ejecutarse en cuanto a la fabricación y distribución del licor, por lo menos en la fecha de aquella -20 de marzo de 1991-.
La deducción que antecede está respaldada con el dicho de la demandante al alegar de conclusión en primera instancia, oportunidad en la que manifestó: " En la práctica, el mencionado contrato está siendo ejecutado sin que cumpla los requisitos de eficacia y ejecutoria, desconociéndose con ello de bulto y de manera grosera la ley, con las consecuencias jurídicas, disciplinarias y fiscales que ello entraña." (fl. 732).
Las prestaciones en este contrato de ejecución sucesiva estaban casi todas a cargo de la concesionaria, que además de tener la obligación de destinar unos bienes muebles e inmuebles a la fabricación y almacenamiento del licor, los cuales revertirían al departamento al vencimiento del plazo del contrato, debía pagar una renta anual al departamento, a cambio de la exclusividad en la producción explotación y distribución de licores en el departamento.
El concesionario obligado a aportar unos bienes propios, muebles e inmuebles, con destino a lograr la explotación del bien o servicio dado en concesión, con la expectativa de que estos revertirán a la entidad estatal al vencimiento del contrato, inicia su ejecución con una inversión que pretende amortizar durante todo el tiempo de ejecución del mismo. En el caso que ahora se estudia, el contratista realizó la inversión total, con miras a recuperarla durante el plazo de ejecución del contrato (20 años), pero ahora ve frustrado dicho derecho por la terminación anticipada del mismo, como consecuencia de la declaración judicial que se decretará por esta providencia.
En nuestra legislación no está prevista la solución que debe adoptarse para el evento que ahora se analiza, es decir, para cuando el contrato de ejecución sucesiva en el cual se pactó la reversión, termina antes del término pactado.
A la fecha de esta sentencia el contrato se debe haber ejecutado aproximadamente durante 6 años, contados a partir de marzo 20 de 1991, es decir, ha corrido casi el 30% del plazo contractual, y en ese mismo porcentaje teóricamente había de transferirse la empresa al Departamento para cumplir el pacto de reversión.
Ahora bien, como dicha solución no resulta viable física ni económicamente, la Sala estima equitativo y razonable que la contratista haga transferencia de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles directamente afectados a la ejecución del contrato que aquí se anulará al Departamento y éste, a título de compensación, pagará a aquella lo correspondiente al porcentaje no amortizado. Esta solución garantizará el ejercicio pleno del monopolio de fabricación de licores por el Departamento y el resarcimiento económico para la contratista.
En este caso el departamento tenía como uno de sus derechos dentro del contrato, la expectativa de adquirir, gracias a la reversión pactada, la propiedad de todos los bienes destinados a la concesión, bienes que en su función de producir licor solo pueden ser utilizados por el departamento dado que la ley ha consagrado en su favor el monopolio de tal actividad.
En otros términos, para la Sala, aplicando principios de justicia y equidad y bajo el entendimiento de que tanto para el departamento, porque necesita la fábrica, como para el particular porque no puede dedicar esos bienes a la explotación de licor, encuentra más equitativo que todos los bienes que la sociedad Inversiones Córdoba Ltda destinó conforme al contrato a la producción de licor, reviertan al departamento de Córdoba; y este a su vez, deberá pagarle a esa sociedad el valor de dichos bienes, en el porcentaje correspondiente al término no ejecutado del contrato, es decir, pagará el valor que la concesionaria no alcanzó a amortizar.
Como en el proceso no existen los elementos de juicio necesarios para determinar el porcentaje ejecutado del contrato, deberá acudirse a la condena en abstracto para que en incidente posterior se proceda a establecer tal circunstancia.
Con el fin de determinar la suma que el departamento debe pagar a la Sociedad Inversiones Casa de Córdoba Ltda, en el incidente se fijará por peritos el valor de ese porcentaje. Los peritos establecerán:
1) El tiempo durante el cual se ejecutó realmente el contrato.
2) Con base en ese tiempo y en el plazo de 20 años señalado para el contrato, se determinará qué porcentaje del mismo fue ejecutado.
3) Se avaluarán los bienes destinados a la concesión y relacionados en el inventario que reposa a folios 501 y 502 del expediente. El valor será actualizado hasta la fecha del dictamen.
4) Sobre ese valor se calculará el porcentaje de amortización de la inversión que corresponda a la ejecución parcial del contrato.
5) El porcentaje de la ejecución del contrato se aplicará al valor total de los bienes, partiendo del supuesto que el 100% de la ejecución del contrato es igual al valor total de los bienes.
6) El valor del porcentaje de ejecución del contrato se deducirá del valor total de los bienes. El excedente será la suma que el Departamento de Córdoba debe pagar a la Sociedad Inversiones Córdoba Ltda.
Esa liquidación se realizará mediante incidente al cual se le dará el trámite establecido en el art. 137 del C. de Procedimiento Civil y deberá presentarse dentro de los sesenta días siguientes a la notificación del auto en el cual el Tribunal a quo ordene el cumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia.
AUTORIZACIÓN ESPECIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
DESAFECTACIÓN DE BIEN PARA LA ENAJENACIÓN
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ D. C, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL UNO (2001). RADICACIÓN NÚMERO: 76001-23-31-000-1994-9876-01(12859).- En el ordenamiento jurídico colombiano existen dos categorías genéricas de bienes, de dominio privado y de dominio público, los cuales a su vez se subclasifican y tienen regímenes jurídicos propios y por lo tanto distintos. Por una parte se encuentran los bienes de carácter privado consagrados constitucionalmente (art 30 C.N de 1886 y 58 C.N de 1991), los cuales gozan de la protección de las autoridades, y sólo admiten limitaciones por motivos de interés público en casos señalados en forma específica por la ley y previo el adelantamiento de los procedimientos establecidos; tales bienes se encuentran sujetos a las leyes civiles y comerciales, las cuales contemplan su libre comercialidad.
Por otra parte y dentro de la segunda categoría se encuentran: los bienes fiscales cuyo titular es el Estado, destinados por lo general a la prestación de las funciones públicas o de los servicios públicos y sujetos al régimen ordinario del derecho privado, embargables, enajenables y por lo general son bienes del dominio privado del Estado dirigidos al cumplimiento de las distintas obligaciones a cargo del mismo; los bienes de uso público, sobre los cuales versará el presente estudio.
La Constitución (arts 4 y 202 de la C.N de 1886 y 63 C.N de 1991) señaló respecto a esta última clase de bienes que pertenecen a la Nación, gozan de características propias y se encuentran sujetos a un régimen jurídico distinto al aplicable a los demás bienes; no pueden ser vendidos, ni adquiridos por particulares a través de la prescripción, ni embargados. Por su parte el Código Civil en los artículos 674 y 684 diferenció el bien de uso público del bien fiscal (también de propiedad del Estado) partiendo del aspecto relacionado a su uso o su afectación al dominio público, precisamente porque estos aspectos son lo que le otorgan el carácter de público a un bien o el que lo sujeta al régimen existente para la propiedad privada.
En relación con el tema de la afectación, la Sala advierte del ordenamiento jurídico (arts 58 de la C.N, 17 decreto 855 de 1994, capítulo III Ley 9ª de 1989) que tal fenómeno se presenta cuando un bien de carácter privado es afectado al uso común por voluntad de la ley o de un acto administrativo, o por un hecho de la Administración; a partir de la afectación ese bien queda sujeto al régimen especial del derecho público.
La Sala observa que el fenómeno de la desafectación del bien público no opera frente a toda clase de bienes de uso público, sólo puede declararlo el legislador o el funcionario facultado expresamente por la ley y requiere de un medio idóneo y del lleno de ciertos requisitos. La ley confirió en relación con los bienes de uso público incluido el de espacio público de las áreas urbanas y suburbanas, como es el caso en estudio, expresa competencia a los Concejos Municipales para proceder a la desafectación, siempre y cuando el bien de uso público a desafectar fuere canjeado por otro de características equivalentes. Nota de Relatoría: Ver sentencias T-150/95, T-572 del 9 de diciembre de 1994 de la Corte Constitucional.
El contrato de permuta se celebró contra expresa prohibición legal y constitucional de enajenar bienes de uso público (arts 4 y 202 C.P. de 1886, 674 del C.C, 684 del C.P.C. 5 y 6 de la Ley 9 de 1989, 1769 del decreto 1333 de 1986, 12 del decreto extraordinario 1091 de 1979, decreto 157 de 1958) sin que mediara acto de desafectación expedido por el Concejo Municipal, porque los bienes estaban destinados a la satisfacción de necesidades colectivas. Recuérdese que la desafectación de un bien sólo puede ser efectuada mediante el acto del legislador o de la administración (en este caso por el Concejo Municipal); que no es posible la desafectación mediante el hecho de la Administración o el acto o hecho del particular.
Se observa en este caso, que no puede hablarse que el contrato de permuta se celebró con fundamento en un acto administrativo nulo, pues el Alcalde delegó, como se dijo, en el director del departamento administrativo de valorización municipal de Cali la facultad de enajenar bienes públicos pero dentro del marco jurídico vigente; es decir que dicha facultad debía haberse ejercido previa desafectación, al cual se encontraba igualmente sujeto, si es el Alcalde quien directamente cumple con la facultad delegada.
En consecuencia tanto el delegante como el delegatario de la función contractual estaban obligados a solicitar y obtener la desafectación previa del bien público, para celebrar válidamente el contrato de permuta sobre dicho inmueble. Por consiguiente y al haberse configurado en este caso la causal de nulidad absoluta contenida en el literal b del artículo 78 del decreto ley 222 de 1983 (que corresponde en la actualidad al inciso 2 del art. 44 de la ley 80 de 1993), se confirmará la decisión impugnada, como lo solicitó el Procurador Delegado ante esta Corporación.
Debe señalarse asimismo que el contrato en mención está afectado de nulidad por objeto ilícito: en la tradición de cosas que no están en el comercio (arts. 1.521 y 1.741 del C.C.). Aunque el demandante invocó como normas jurídicas contravenidas las de la ley 80 de 1993, el juez puede aplicar las que corresponde porque no tratándose este proceso de la impugnación de actos administrativos unilaterales debe aplicar el régimen jurídico pertinente, en virtud del principio iura novit curia.
Si bien en este caso el contrato se anulará también por presentarse el objeto ilícito, observa la Sala que no se demostró que las partes contratantes hubieren actuado de mala fe o a sabiendas de estar obrando en contra de la ley, motivo por el cual gozan del derecho a ser restituidas al estado anterior al de celebración del contrato, ver artículos 1746 y 1525 del C.C. El elemento “a sabiendas” no es pues presumible; debe estar plenamente probado.
En tal sentido el Código Civil enseña que el dolo - o mala fe - salvo disposición expresa en contrario jamás se presume (arts. 1.515 y 1.516 del Código Civil). Esta Sección del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre los efectos de la declaratoria de nulidad de los negocios jurídicos según el ordenamiento jurídico: “Esta nulidad absoluta genera las restituciones mutuas a que se refiere el art. 1746 del CC y art. 48 de la ley 80/93, disposiciones que dan a las partes derecho par ser restituidas al mismo o equivalente estado en que se hallarían si no hubiese existido el contrato que ahora se anula”.
En el caso concreto es posible colegir que las partes no celebraron el contrato de permuta a sabiendas de la ilicitud de su objeto, razón por la cual es procedente la restitución mutua de los contratantes al estado en que se hallaban de no haber existido el contrato.
¿Cuál es la consecuencia de la nulidad sustancial?. La declaratoria de nulidad sustancial tiene carácter retroactivo, es decir al momento inicial de celebración del acto o contrato, regresando o por lo menos tratando de retornar las cosas al estado en el que se encontraban antes de la celebración del acto jurídico.
En consecuencia, por regla general, toda declaratoria en tal sentido debe aparejar todas las demás declaraciones que se consideren necesarias para regresar las cosas al estado original. La Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil) en sentencia de 15 de junio de 1995 manifestó que en el punto de las prestaciones recíprocas a que puede haber lugar en las acciones reivindicatorias y de nulidad deben ser siempre consideradas en el fallo declaratorio de nulidad, hayan o no sido pedidas; lo anterior lo fundamente en razones de equidad, que procuran conjurar un enriquecimiento indebido.
Entonces de acuerdo con el objeto del contrato – de permuta - y teniendo en cuenta que no se demostró que sus celebrantes hubieran edificado en dichos terrenos, o efectuado algún tipo de mejoras etc, a más de la declaratoria de nulidad habrá lugar a ordenar, porque no se demostró la mala fe de los contratantes
a: -La cancelación de la inscripción del contrato declarado nulo realizada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali en los folios de matricula inmobiliaria de los inmuebles permutados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del decreto ley 1.250 de 1970 y
b -La cancelación de la escritura conforme lo indican los artículos 45 y 47 del decreto ley 960 de 20 de junio de 1970.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE CASACIÓN CIVIL.- SENTENCIA DE JUNIO 15 DE 1.995, MAGISTRADO PONENTE RAFAÉL ROMERO SIERRA.- RADICACIÓN 4.398.- 2. En el punto de las prestaciones recíprocas, ha dicho la Corte que las disposiciones legales que gobiernan las prestaciones mutuas a que puede haber lugar, por ejemplo, en las acciones reivindicatorias y de nulidad, tienen su fundamento en evidentes y claras razones de equidad, que procuran conjurar un enriquecimiento indebido.
Por tal razón, ha repetido esta corporación, tales restituciones mutuas quedan incluidas en la demanda, de tal manera que el juzgador debe siempre considerarlas en el fallo, bien a petición de parte, ora de oficio. De suerte que cuando se declara la nulidad de un negocio jurídico, o su ineficacia, como en el caso presente, no sólo debe restituirse, por la parte obligada a ello, la suma de dinero recibida en desarrollo del contrato anulado o ineficaz, con la consiguiente corrección monetaria, sino también el valor de los intereses que como consecuencia normal habría de producir toda suma de dinero, pues el efecto general y propio de toda declaración de nulidad de un negocio jurídico, es el de retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo.
Por tal virtud, la sentencia de nulidad ciertamente produce efectos retroactivos y, por consiguiente, cada parte tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como prestación del negocio jurídico anulado, o sea, las partes quedan obligadas a devolverse lo que recíprocamente se hubieren entregado en desarrollo de la relación jurídica declarada nula, razón por la cual, dice el artículo 1746 del Código Civil, que "en las restituciones que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluntarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SENTENCIA DE 6 DE JULIO DE 2.005, M. P. ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ EXPEDIENTE 12.249.- La nulidad del contrato declarada judicialmente de conformidad con la ley tiene la virtualidad de eliminar del mundo jurídico el contrato, de extinguir todas las obligaciones de él derivadas (C.C., art. 1625) y de retrotraer la situación al estado inicial, como si este nunca hubiera existido.
El artículo 1.746 del Código Civil establece que la nulidad del contrato declarada mediante sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada “da a las partes derecho para ser restituídas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o la causa ilícita”
De las precitadas normas se tiene una regla general consistente en que la nulidad del contrato genera, para cada una de las partes del contrato, la obligación de devolver a la otra lo recibido por virtud del contrato invalidado, regla esta que tiene algunas excepciones.
“... la declaratoria de nulidad de un contrato retrotrae las cosas al estado en que se hallaban con antelación a la celebración del mismo, de manera que emerge para los contratantes la obligación de restituir lo recibido, inclusive a modo de cumplimiento anticipado de las obligaciones que del contrato prometido emanan, en la hipótesis, claro está, de que tales obligaciones así contraídas se hubiesen empezado a ejecutar, y siempre al amparo de las reglas previstas en el artículo 1746 del Código Civil y las que conforman el capítulo IV del título XII del libro 2º de la misma codificación, bloque normativo este de conformidad con el cual, considerando como premisa previa la buena o la mala fe que diere lugar a la tenencia (C.C., arts. 963 y 1746), se debe restituir la cosa o derecho objeto del acto o contrato (C.C., arts. 961, 962 y 1746) con los frutos percibidos, reconociendo los gastos ordinarios invertidos en la producción (C.C., art. 964 inc. final y 1746), indemnizando de paso los deterioros sufridos, y las mejoras invertidas en la cosa teniendo en cuenta también la buena o mala fe del vencido en la litis y la especie de la mejora (C.C., art. 965, 966, 967, 968, 969 y 1746).
NEMO PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGARE POTEST
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D. C., JULIO QUINCE (15) DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993)., CONSEJERO PONENTE: DOCTOR JULIO CÉSAR URIBE ACOSTA, REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 6681.- La perspectiva jurídica que se deja expuesta lleva a la Sala a anular la Resolución N° 647 de 31 de julio de 1989, por medio de la cual se hizo la adjudicación del contrato. Se dispondrá, igualmente, que copia de este fallo se envíe a la Procuraduría General de la Nación, para todos los fines a que haya lugar.
B. No obstante la realidad anterior, no se dispondrá la nulidad del contrato N° 010 - 89, suscrito el día cuatro (4) de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989) por las Empresas Públicas de Armenia con Industrias Carper Ltda., como se impetra en la demanda, por las siguientes razones:
PRIMERA. Porque en tratándose de un contrato de tracto - sucesivo, cuyas obligaciones fueron cumplidas, en su totalidad, por las partes, no es posible volver las cosas al estado primitivo. Por lo demás, la declaratoria de nulidad de la Resolución N' 647 de 31 de julio de 1989, sólo produce efectos hacia el futuro.
SEGUNDA. Porque a la luz de lo preceptuado en el artículo 1525 del Código Civil, no se puede repetir lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas.
Sobre el universo jurídico y ético de la anterior disposición, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de enero de 1971 CXXXVIII, 50, recordó:
"Esta disposición es de gran contenido ético, pues contiene por fuente el clásico principio in pari causa turpitudinem cessat repetitio.
"Es perfectamente explicable que si una persona a plena conciencia interviene en un acto contrario al ordenamiento jurídico, se le niegue toda acción y derecho, porque la ley no puede utilizarse para obtener ventajas que tienen como soporte la ilicitud’'.
TERCERA. Porque en casos como el presente, la fuente de los perjuicios es la adjudicación irregular y la obligación de indemnizar sur e de la declaratoria de nulidad de ese acto, no de la del contrato a que ella dio lugar.
CUARTA. Porque aun en el evento de que se ordenara la nulidad del contrato de tracto sucesivo, cuyas obligaciones todavía no se han agotado, no se le podría ordenar a la administración que contrate con el licitante vencido..
En la materia que se estudia la Sala reitera la pauta jurisprudencias que se recoge en sentencia de 20 de septiembre de 1976, expediente N° 1844, consejero ponente Dr. Carlos Portocarrero Mutis, actor Hernando Zuluaga, en la cual se lee: "En relación con el restablecimiento de derecho pedido por el demandante se tiene que como lo ha sostenido esta Corporación en varias providencias (basta citar los fallos de septiembre de 1974 y mayo de 1975), no puede la jurisdicción de lo contencioso administrativo ordenar a los entes públicos la celebración de convenios que no han querido celebrar; además, como ello sería imposible por el simple transcurso del tiempo entre la fecha de la licitación y la de la providencia, sólo puede entrar a analizarse la subsidiaria referencia al reconocimiento y pago de los perjuicios que le ocasionó al actor la no adjudicación del contrato, que, según sus palabras, consisten en "el valor de las utilidades propias de esta clase de negocios".
C. Tampoco tiene vocación de prosperidad la pretensión subsidiaria que se orienta a solicitar el pago de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y los morales que el actor afirma que se le causaron. Y se predica lo anterior, porque al estar viciado el proceso licitatorio, no es de recibo, a la luz de la ley y el derecho, que el licitante vencido, que afirma que presentó la mejor propuesta, exija que se contrate con él, pues lo que adolece de vicios para uno, adolece de vicios para todos. En este particular la Sala retiene la pauta jurisprudencias que se recoge en la sentencia de 9 de diciembre de 1988, expedientes acumulados Nos. 3529 y 3544, actor Francisco Eladio Gómez, consejero ponente Dr. Carlos Betancur Jaramillo, en la cual y en lo pertinente se predica:
"Pero un licitante vencido puede pedir la nulidad de la adjudicación por haberse cumplido el proceso licitatorio, irregularmente o con pretermisión de las formalidades legales. En este evento no puede pretender que, como consecuencia de esa nulidad, se le adjudique el contrato o se le indemnice porque tenía derecho a esa adjudicación; porque y esto es obvio, la nulidad del procedimiento afectaría a todos los particulares en la licitación por igual y no sólo a los favorecidos con ella...... La demanda de Uniexp aunque no es inepta, no es legalmente lógica en la formulación de los distintos extremos del petitum.
Nadie puede pretender - como se dijo atrás - que como consecuencia de la nulidad de un acto de adjudicación por vicios o irregularidades en el procedimiento previo a su expedición, se le adjudique el contrato y se le deje ejecutar luego de su celebración.
En estos casos, de ser procedente la nulidad por expedición irregular del acto, la administración no podría sin más requisitos, proceder a una nueva adjudicación porque para esto existiría el impedimento de la nulidad declarada. Como tampoco podría hacerlo la jurisdicción sin invadir la órbita de acción propia de la administración..."
A la filosofía anterior se agrega la especial circunstancia de que la sociedad demandante, lo mismo que Eternit Colombiana S.A., al solicitar ACLARACIÓN sobre el alcance del PLIEGO DE CONDICIONES, en el rubro "PROPUESTAS" dieron lugar al nacimiento del adefesio jurídico,, motivo por el cual no pueden alegar, en su propio beneficio su propia torpeza. "NEMO PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGARE POTEST". Esta verdad jurídica lleva a concluir que, para situaciones como la estudiada, los proponentes no pueden ni siquiera demandar el pago de los gastos que debieron efectuar para participar en la licitación irregular.
EFECTOS DE LA NULIDAD DEL CONTRATO
Finalmente, la Sala analizará la decisión adoptada por el Tribunal, en el auto de junio 9 de 2004, en relación con los efectos de la nulidad que fue declarada. Allí se dispuso que FERROVÍAS, por aplicación del art. 48 de la ley 80, debe pagar a CARGOPLUS LTDA. la suma de $1.844'599.999, correspondientes a seis (6) meses de trabajo.
Art. 48. DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD. La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
En primer lugar, el inciso primero establece que sólo los contratos de ejecución sucesiva, que sean anulados, dan derecho a que se reconozcan y paguen las prestaciones cumplidas entre las partes. Extrañamente, aunque no por eso inconstitucionalmente, se excluyeron los contratos de ejecución instantánea, lo que, por esa razón, quedan sujetos sobre el particular al derecho privado.
El artículo se debe interpretar armónicamente en la totalidad de su contenido, lo cual implica que no importa cuál sea la causal de nulidad del contrato, para efectos de adquirir el derecho o la obligación de recibir o reconocer, según el caso, las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad. El inciso segundo introduce una regla especial para aplicarla específicamente a los eventos en que la nulidad depende del objeto o de la causa ilícitos, causales de nulidad que, en el derecho privado, en ciertos casos, impiden repetir lo dado o pagado[*].
De otro lado, el mismo inciso segundo señala que se deben reconocer las prestaciones ejecutadas si "...la entidad estatal se ha beneficiado..." de ellas. Esta prescripción no puede excluir la situación inversa, es decir, aquella en que es la entidad estatal la que cumple una prestación a favor de un particular contratista y éste, a cambio, adquiere la obligación de pagarla hasta concurrencia del beneficio que le haya reportado la actividad del Estado. No entenderlo de este modo generaría un trato distinto y discriminatorio, carente de justificación constitucional –art. 13 CP.-[*]
Con fundamento en este análisis, la Sala debe evaluar si lo decidido en el incidente de regulación de perjuicios se debe modificar o no, dado que a CARGOPLUS LTDA. se le reconoció la suma de $1.844'796.000. No cabe duda que este aspecto de la sentencia consultada también se debe modificar, por dos razones fundamentales.
Al revisar las pruebas que obran en el expediente, no se encuentra acreditado cuáles fueron las actividades útiles realizadas por CARGOPLUS LTDA. De hecho, el Tribunal concedió el millonario pago sin contar con pruebas periciales, documentales o siquiera testimoniales sobre el alcance del trabajo realizado y el beneficio reportado para la entidad. Sólo se limitó a hacer una regla de tres, sugerida por la propia entidad demandante, según la cual, si el contrato tenía un plazo de 60 meses y un valor total de $18.445'600.000, entonces si se divide esa suma por los 60 meses, arroja un valor promedio mensual de $307'426.666. De manera que éste último valor, multiplicado por los 6 meses que duró la ejecución del contrato –pues fue suspendido por la oportuna intervención de la Fiscalía General de la Nación- arrojó la cifra aceptada por el Tribunal.
En este sentido resultan acertados los planteamientos del Ministerio Público, para quien, en el expediente, no existe prueba del cumplimiento del contrato, a cargo del contratista, y mucho menos del beneficio reportado para FERROVIAS, por lo que no se debe reconocer dinero a favor de CARGOPLUS LTDA.
Por tanto, al no haberse acreditado en el proceso, mediante prueba idónea, en qué consistió el beneficio para FERROVÍAS -quien, además, lo ha negado a lo largo del proceso-, se deberá revocar la decisión consultada y, en su lugar, se ordenará el reintegro, a favor de la entidad pública, del dinero dado a título de pago anticipado al contratista, con sus rendimientos, para lo cual la Fiduciaria procederá a hacer entrega de los mismos.
Este sólo hecho impide que se le pueda reconocer a CARGOPLUS LTDA. el pago de su trabajo, incluso si estuviera probado en el proceso que FERROVÍAS se benefició de él, ya que resulta incomprensible cometer un delito contra la administración pública, y no obstante eso pedir que el Estado pague por el trabajo realizado. La paradoja de este tipo de hechos llegaría al extremo de tenerle que pagar a quien está en la cárcel, por peculado y celebración indebida de contrato -lo que guardó relación con la causal ilícita del negocio jurídico-, y a la espera de un pago multimillonario por los hechos que sirvieron de causa al proceso penal.
Por lo anterior, las partes del contrato deberán liquidar estas sumas de dinero, en un plazo de 1 mes, contado desde la ejecutoria de esta sentencia, para lo cual tomarán en cuenta los siguientes criterios: i) los recursos existentes en la fiducia, con sus respectivos rendimientos - debidamente soportados o certificados-, serán entregados a FERROVÍAS por parte de la entidad fiduciaria. ii) Del mismo modo, los pagos efectuados al contratista, bien con recursos de la fiducia o bien con recursos propios de FERROVÍAS, por trabajos realizados durante el tiempo en que se ejecutó el contrato, serán reintegrados por éste a FERROVÍAS, debidamente actualizados, con el IPC.
*Dice el art. 44: "De las causales de nulidad absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: (...)"3. Se celebren con abuso o desviación del poder."
*Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. AP 01588 del 5 de octubre de 2005.
*Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. 10313 del 22 de julio de 1995.
*Tomás Ramón Fernández. De la arbitrariedad de la Administración, Cuarta edición. Ed. Civitas. págs, 35, 87 y 166.
*Sentencia de noviembre 14 de 2002, del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. Esta decisión, incluso, fue objeto del recurso de casación, el cual fue denegado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sentencia de noviembre 11 de 2003, MP. Herman Galán Castellanos, fls. 209 y ss.-
*"Art. 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. "El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal òpodrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia."
*Dice el art. 1525 del CC. que "No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita, a sabiendas."
*Sobre la interpretación de este artículo, la doctrina dicho lo siguiente. Rodrigo Escobar Gil dice que según esta norma "…Las partes tienen derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas en cumplimiento del objeto del contrato hasta la declaratoria judicial o administrativa de nulidad, tal como lo señala el artículo 48 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, al momento de la liquidación final del contrato debe incluirse en el acto respectivo los valores pactados por concepto de las obras o servicios prestados por el contratista durante el término que produjo efectos el contrato nulo."Esta regla tiene una limitación que se presenta cuando el motivo de la nulidad obedece a objeto o causa ilícita, evento en el cual, sólo se reconocerán y pagarán las prestaciones ejecutadas por el contratista que hayan beneficiado a la entidad pública y hasta el monto del beneficio obtenido por ésta. El artículo 48.2 de la Ley 80 de 1993, exige la prueba del beneficio de la Administración, lo que significa que no es suficiente con que el contratista haya ejecutado las prestaciones derivadas del contrato, sino que además, se requiere que éstas se hayan dirigido al cumplimiento de las funciones y fines que el ordenamiento jurídico le atribuye a las entidades públicas, es decir, que hayan servido para satisfacer un interés público. Se trata de otra peculiaridad del Derecho Administrativo que se justifica en la necesidad de evitar un enriquecimiento sin causa de las entidades públicas, puesto que en el Derecho Privado existe la norma que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas (C.C., art. 1525), que constituye una aplicación del viejo aforismo romano in pari causa turpitudinen (sic) cessat repetitio." (subraya la Sala) (Teoría General de los Contratos de la Administración Pública, Editorial Legis, Bogotá, segunda reimpresión 2000, Pág. 386.Luis Guillermo Dávila Vinueza, por su lado, dice que "Por regla general, la declaratoria de nulidad vuelve las cosas al estado anterior a la celebración del contrato, salvo cuando proviene de objeto o causa ilícita a sabiendas en donde, según el artículo 1525 del Código Civil no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado…Es decir que el contrato afectado de nulidad absoluta por objeto o causa ilícita podría ser demandado por cualquiera de las partes con el fin de evitar que el contrato siga produciendo efectos hacia el futuro pero no para repetir lo que hubiere dado o pagado a sabiendas de la ilicitud."Este principio también fue modificado de manera parcial por al (sic) Ley 80 de 1993 al establecer en el segundo inciso del artículo 48 que procede el reconocimiento por prestaciones ejecutadas por un contrato con objeto y causa ilícita siempre y cuando se hubiere beneficiado el interés público. Así las cosas, si a pesar de la ilicitud, el objeto contratado sirve para la satisfacción de conveniencias públicas, la nulidad de (sic) contrato no impide el pago de lo ejecutado. Sería el caso, por ejemplo, de la construcción de una carretera para favorecer los predios de un funcionario pero con cuya obra se benefician dos poblados que se ven unidos por ella."Si la anterior condición que avala el pago no se configura, debe aplicarse el principio general del Código Civil que niega el reconocimiento o la repetición de lo dado a sabiendas de la ilicitud." (Régimen jurídico de la contratación estatal, aproximación crítica a la ley 80 de 1993, Ed. Legis, Bogotá, 2001, Pág. 565 y 567)

References: artículo 1746
 artículo 58
 artículo 78
 artículo 43
 artículo 1746
 artículo 1
 artículo 1746
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1525
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 1525
 artículo 48