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Timestamp: 2017-10-20 01:40:57+00:00

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Colombia (Autor: AVRE) ESTADO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES SINDICALES SEÑALADOS POR LA COMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS 1. GRAVE INCREMENTO EN LOS ASESINATOS DE SINDICALISTAS
Informe del 1 enero 2008 al 25 agosto 2008 Total de casos = 37 Nombre Sindicalista Fecha Municipio Sigla Sindicato ZULUAGA MARIO 02-ene-08 MEDELLIN ASMEDAS PÉREZ MONTES ISRAEL ANDRÉS 11-ene-08 VALLEDUPAR SINTRADRUMMOND PÉREZ ZAPATA RAMIRO DE JESÚS 12-ene-08 SAN JERONIMO ADIDA GONZALES ISRAEL 24-ene-08 SAN ANTONIO FENSUAGRO SUÁREZ LEAL JOSÉ YEBRAIL 28-ene-08 BELLO SIGGINPEC DUARTE ACERO JOSE MARTIN 02-feb-08 LA MACARENA SINTRAMBIENTE MESA PASACHOA MARIA DEL CARMEN 08-feb-08 TAME ASEDAR BENAVIDEZ SAMBONI ARLEY 09-feb-08 BALBOA ANTHOC TRUJILLO MARIA TERESA 09-feb-08 SANTANDER DE QUILICHAO ASOINCA GIRALDO MAMIÁN JOSÉ 09-feb-08 LA VEGA ASOINCA CARVAJAL RAMÍREZ CARMEN CECILIA 04-mar-08 OCANA ASINORT GOMEZ ALZATE GILDARDO ANTONIO 07-mar-08 MEDELLIN ADIDA GÓMEZ ROZO LEONIDAS 08-mar-08 BOGOTA UNEB BURBANO CARLOS 12-mar-08 SAN VICENTE DEL CAGUÁN ANTHOC MUÑOZ BENAVIDEZ VÍCTOR MANUEL 12-mar-08 AGUSTIN CODAZZI ADUCESAR JIMÉNEZ MANUEL ANTONIO 15-mar-08 PUERTO ASIS FENSUAGRO QUIROZ JOSE FERNANDO 16-mar-08 PUERTO ASIS FENSUAGRO ASTROS AMAYA JOSÉ GREGORIO 18-mar-08 CARTAGO ASEINPEC GONZÁLEZ MONTES ADOLFO 22-mar-08 RIOHACHA SINTRACARBON TROCHEZ PEÑA JULIO CÉSAR 22-mar-08 SEVILLA SUTEV DÍAZ LÓPEZ LUZ MARIELA 01-abr-08 VALLE DEL GUAMUEZ ASEP HERRERA RUALES EMERSON IVÁN 01-abr-08 VALLE DEL GUAMUEZ ASEP LEAL MEDINA RAFAEL ANTONIO 04-abr-08 ARMERO AICA ARIZA OMAR 07-abr-08 SEVILLA SUTEV GUTIERREZ RUIZ LUIS ENRIQUE 15-abr-08 TAUSA SINDESENA CABALLERO ARIZA JESÚS HEBERTO 18-abr-08 D.E.IND.Y PORT.BARRANQUILLA SINDESENA RIVERA FUNEQUE GUILLERMO 28-abr-08 IBAGUE SINSERVPUB BTA CHIQUILLO PASCUALES TOMÁS ALBERTO 10-may-08 ALGARROBO SINTRAPROACEITES SUR DEL CESAR GELVES LUIS ORLANDO 11-may-08 TAME FENSUAGRO VERGARA SÁNCHEZ MARCELO 05-jun-08 BUGA SUTEV PELÁEZ CASTAÑO FAVIER DARIO 13-jun-08 CAICEDONIA ASEINPEC RECALDE ORDÓÑEZ WALTER ANIBAL 19-jun-08 BUGA ASEINPEC MUÑOZ GUARÍN JOSE HUMBERTO 22-jun-08 RESTREPO SUTEV MENDOZA CARREÑO HALY MARTÍN 09-jul-08 CUCUTA ASINORT PALOMEQUE VALENCIA JESÚS 05-ago-08 CUCUTA ASINORT MAYUSA PRADA LUIS 08-ago-08 SARAVENA CUT GAMBOA MELÉNDEZ MANUEL EMIRSON 13-ago-08 PUERTO ASIS FENSUAGRO JOSE OMAR GALEANO MARTINEZ 23-ago-08 BUGA FECOLOT FLOREZ BARRERA PABLO 24-ago-08 SANTA MARTA SINTRAMINERGETICA ESCORCIA CORTES JESÚS 24-ago-08 BARRANQUILLA SINTRAMINERGETICA
2. PERMANECE LA IMPUNIDAD EN LOS CASOS DE VIOLENCIA ANTISINDICAL
Subunidad especial de fiscales En este punto, las Centrales sindicales hemos reconocido la creación y la destinación de recursos para la subunidad. Sin embargo, el movimiento sindical ha sido insistente en proponer cambios en el método de investigación utilizado. Hemos señalado que las investigaciones penales deben tener un carácter sistémico a fin de atender en correcta manera un método de investigación adecuado a los tipos de delitos contra sindicalistas.
octubre 2007 noviembre 2007 diciembre 2007 enero 2008 marzo 2008 julio 2008 Actividad sindical 7 8 8 14 15 21 Personal sentimental 9 10 10 10 10 8 Pertenencia a la subversión Farc /Eln 4 5 3 ELN 1 Farc 12 26 32 Hurto 12 11 14 14 15 14
Fines económico/secuestro 2 3 3 6 5 7 Intercambio de disparos Inpec por evitar huida 1 1 1 - - - Ataque Farc 2 2 2 2 2 -
Sicariato de paramilitares 1 1 1 - - - Limpieza social 1 1 1 1 - 1 Políticos 1 2 2 - - 1(actividad política) Auxiliador AUC 1 1 1 2 2 2 Por ser Fiscal 2 2 2 - - -
Ejecución extrajudicial 1 1 1 1 - - Sin establecer 12 11 11 16 15 14
Rol o actividad profesional - - - 4 7 8 Colaboración con las autoridades - - - - 1 4 Accidente - - - - - 1
Atentado terrorista - - - - - 1 Las víctimas al parecer se dedicaban al hurto de ganado - - - - - 1 La víctima no permitió el ingreso a los condenados a un bazar - - - - - 1 Total sentencias en cada informe 56 59 61 82 98 116 Cuadro elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas CCJ
1. Las categorías señaladas como móviles son inadecuadas, desacertadas e innecesarias.
a. Las categorías expresadas atienden en muchos casos a las modalidades como ocurrió el delito, tales como atentado terrorista, sicariato por parte de los paramilitares o ataque de las FARC. Sin que esto explique por qué ocurrieron los hechos. Por tanto, la Fiscalía señala como móvil encontrado en las sentencias la forma como ocurrió el delito dejando en evidencia que nada más pudo establecer de allí de las razones del hecho.
b. Otras categorías explican la intención del autor, las razones del victimario al señalar a la víctima como delincuente, pero no dan cuenta de las características y razones de la violencia antisindical. Esto es, por lo menos el 30.7% de las razones expresadas en este cuadro atienden a lo que el autor buscó con la conducta, generando con ello la institucionalización de las afirmaciones que atentan contra la dignidad y buen nombre de la víctima y sus familias. Esas categorías del cuadro señalan a los sindicalistas como presuntos guerrilleros, paramilitares o ladrones.
c. Algunas categorías expresan el delito que quedó probado dentro del proceso pero no porque ocurrió la muerte o la violación objeto principal de la investigación. Así por ejemplo, señalan que la razón fue el hurto pero no se explica si fue un hurto seguido de muerte o lo asesinaron y finalmente lo hurtaron. Esas consideraciones son fundamentales para saber las razones de lo ocurrido, la verdad del hecho. Del mismo modo, cuando se trata de móvil secuestro, en estos casos no sabemos qué pasó con la víctima porque fue secuestrada y posteriormente asesinada. La Fiscalía sólo aclara cual fue el delito pero no avanza en ningún aspecto que esclarezca la situación.
d. Tal vez, la razón más lamentable es la denominada “sin establecer” porque finalmente existen condenados y no se pudo llegar a determinar qué ocurrió.
e. Muchas de las categorías corresponden realmente a la categoría violencia antisindical, no existen razones para desagregarlas con otros conceptos y confundir los alcances de lo que ha ocurrido en Colombia. Un claro ejemplo, es la violencia ocurrida porque el autor pensaba que el sindicalista era un guerrillero. El paramilitarismo como lo ha señalado el Estado a través de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación “es una estructura militar (...) que hizo de la población un blanco para adelantar objetivos contrainsurgentes y que llevó a cabo actividades criminales con un mínimo de coordinación nacional y algunos apoyos institucionales y privados ”. En esos atentados contra la población civil desarrollaron una estrategia de acabar con todas las personas que pensaran distinto, que tuvieran ideas de izquierda, personas que fueron en contra de sus ideas políticas, de su visión de la economía y la sociedad. Pleno desarrollo de esa visión fue atentar contra los sindicalistas, con una excusa de estrategia contrainsurgente, cuyo único sustento era el de acallar la oposición de su proyecto político de extrema derecha. Así, lo confesó alias “H.H”, líder paramilitar, quien afirmó en una de sus versiones libres que los crímenes contra sindicalistas obedecieron a antagonismos de los paramilitares con las ideas o el pensamiento político de los sindicalistas . Por tanto, esta categoría es inapropiada y finalmente lo que logra es ocultar las lógicas de la violencia antisindical.
2. El cuadro no ha mantenido una coherencia que permita establecer con claridad cuales son esas pretendidas razones o móviles de los hechos. Así por ejemplo, en el informe de enero y marzo de 2008, 15 sentencias tuvieron como móvil el hurto, pero para el siguiente informe del mes de julio fueron 14. Si la Fiscalía informa sobre 15 sentencias con móvil hurto como resultado de un supuesto análisis juicioso, cómo puede después darse cuenta que en realidad eran 14? Igualmente con el móvil “sin establecer”. En enero, la Fiscalía informó de 16 sentencias y en marzo señaló que eran 15 en las que no se había podido establecer el móvil. Volvió a leer la sentencia y realmente su contenido sí establecía el motivo? Parece que fue así porque cuando las volvió a relacionar en el informe de julio, encontró que otra de ellas sí tenía motivo que era un homicidio por rol o actividad profesional.
Desde el pasado 14 de julio, rige en Colombia la Ley 1210 de 2008, por la cual se modifican disposiciones que regulan el ejercicio de la huelga en el país. Esta Ley 1210 modificó la legislación en tan solo dos de las diez recomendaciones que la OIT le ha hecho a Colombia en materia de regulación de la huelga, valga decir, dos aspectos procedimentales del ejercicio de la huelga, pues los aspectos sustanciales no fueron reformados.
Cuadro número 1 Periodo A. Solicitud de cese de actividades ilegal B. Solicitud de huelga ilegal 2002 15 0 2003 31 0 2004 20 0 2005 16 2 2006 28 1 2007 12 0 Total 122 3 Cuadro número 2 Periodos A. No se accede B. Declaro ilegal C. Actos totales 2002 3 12 15 2003 5* 27* 31 2004 8* 15* 20 2005 14* 5 18 2006 23 6 29 2007 11 1 12 Total 64 66 125 Cuadro número 3 Periodos A. Empleador público o que presta funciones de servicios públicos B. Empleador Privado 2002 13 3 2003 18 13 2004 13 6 2005 13 5 2006 24 5 2007 9 3 Total 90 35
Años A1. Resoluciones con razones plenamente Contra Libertad Sindical A2. Resoluciones Contra libertad sindical por que el servicio público no es esencial en sentido estricto A3. Resoluciones Contra libertad sindical por no prever una prestación de servicio mínimo, en servicios esenciales B1. Decisión de no acceder a solicitud de ilegalidad conforme de la Libertad sindical B2. Error en la elaboración del acta de constatación de cese de actividades 2002 3 3 2 2 0 2003 9 5 5 2 1 2004 2 8 4 4 0 2005 2 2 0 8 5 2006 0 2 0 15 8 2007 1 0 0 7 4 Total 17 20 11 38 18
- La compensación ordinaria mensual no será inferior en ningún caso a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, sin embargo, los asociados a las CTA no tienen derecho a recibir un salario como todo trabajador, sino una compensación, por ello, no tienen la protección que conlleva el salario como la inembargabilidad del mínimo, o la actualización, es mas, están sometidos a descuentos prohibidos para cualquier trabajador, como los descuentos por uniformes, herramientas de trabajo e incluso multas que implican compensaciones inferiores al mínimo.
- La protección prevista en el ordenamiento jurídico para los adolescentes y para la maternidad deberán cumplirla las CTA, siguiendo la jurisprudencia de la Corte constitucional la ley 1233 estableció la protección al adolescente trabajador que se refiere a los trabajos permitidos y a la edad mínima para ingresar al trabajo, y la protección a la maternidad que se refiere a la prohibición de despido, licencia de maternidad y demás prestaciones de la seguridad social en salud.
- Los asociados a las CTA no cuentan con derechos fundamentales y esenciales que tendrían como trabajadores, para disminuir costos e impedir la defensa de derechos, y pasando por alto algunas obligaciones tributarias y laborales que tienen los empleadores.
- Las empresas en Colombia al contratar CTA logran que los costos de nomina laboral sean externos a la empresa, que no les sean imputables a ellas. La única responsabilidad de las empresas es cumplir con la oferta mercantil, sin ser posible siquiera demandarles por vulneración de derechos laborales.
- Los empresarios para evadir los costos por aportes a seguridad social prefieren contratar CTA, donde dichos aportes corren a cargo de los asociados en su totalidad.
- La principal actividad de las CTA es la intermediación laboral: “actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que mutuamente satisfagan sus necesidades”. La inmensa mayoría de actividades realizadas por las CTA se da por contrataciones que hacen con empresas para “suministrar” trabajadores, y en la práctica muchas empresas remplazan sus trabajadores por asociados a CTA.
- La ausencia casi total de control a las CTA, lleva a que un número ínfimo de CTA se encuentran actualmente cumpliendo con la normatividad vigente, pues ni el Estado no ha logrado detener el uso abusivo de las CTA, ni el gremio de las CTA tiene la intención de cambiar dichas practicas, ni los empresarios de usar las CTA para bajar costos y evitar obligaciones laborales.
- La ausencia de participación democrática de los asociados de las CTA, por la inexistencia de limites razonables para el periodo de las juntas de administración de la CTA, son muchos los casos donde los asociados están convencidos que las CTA tienen dueño en vez de gerente, y porque la oferta mercantil firmada entre la empresa y la CTA, no esta sujeta a la aprobación de la asamblea de asociados.
- La competencia entre CTA conduce a peores y más baratas formas de contratación, esto genera una especie de guerra del centavo entre las CTA.
- Las CTA como herramienta para acabar con sindicatos y para impedir el surgimiento de nuevas organizaciones sindicales. Los asociados a CTA no tienen derecho a sindicalizarse, según el Ministerio de la Protección Social por que no tienen la calidad de trabajadores sino de socios que aportan su fuerza de trabajo, lo que ha sido utilizado por algunas empresas para eliminar sistemáticamente los sindicatos por falta de trabajadores que puedan asociarse. Por consiguiente los trabajadores asociados en CTA no pueden negociar colectivamente, ni ejercer la huelga, y en nada la ley 1233 cambio esta situación.
- Las CTA han sido utilizadas masivamente por el Estado colombiano como herramienta para sustituir empleados y trabajadores públicos por trabajadores contratados a través de CTA, buscando con ello acabar con las convenciones colectivas y las organizaciones sindicales existentes en el estado, deteriorando aun mas las condiciones. Ejemplo de ello es la reestructuración de los hospitales públicos.
1. Que los estatutos sean contrarios a la CP o la Ley. En la práctica se les impone a los sindicatos el modelo de estatutos del CST, negando la inscripción a los sindicatos que redacten estatutos con diferencias al CST, violando la libertad de redactar sus propios estatutos, limitando sus competencias internas, objeto y finalidades.
“Primero.- Declarar la exequibilidad del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 5º de la Ley 584 de 2000, por el cargo analizado, en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma. Segundo.- Declarar la exequibilidad del artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo, por el cargo analizado, el entendido de que la comunicación al Ministerio acerca de los cambios en la Junta Directiva de un sindicato cumple exclusivamente funciones de publicidad y de que el fuero sindical opera inmediatamente después de la primera comunicación”. Y expresó como razones: “El análisis de la Corte comenzó por resaltar que, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política, todos los convenios de la OIT debidamente ratificados forman parte de la legislación interna. Al mismo tiempo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que algunos de esos convenios integran el bloque de constitucionalidad y que la determinación del rango de cada uno de los convenios se hace caso por caso. Específicamente, sobre el Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical, la jurisprudencia ha reconocido su pertenencia al bloque de constitucionalidad y establecido que el derecho de asociación sindical entraña los principios de libertad y la autonomía sindical reconocidos en el artículo 39 de la Carta. Examinado el contenido del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, la Corporación precisó que de ninguna manera el legislador puede sujetar la entrada en vigencia de las reformas a los estatutos del sindicato a un registro o depósito en el Ministerio de la Protección Social, puesto que las decisiones del sindicato adquieren vigor para los miembros del sindicato desde el mismo momento de su aprobación, sin injerencia del Estado. Cosa distinta es, que frente a terceros, dicha reforma deba ser objeto de depósito en el Ministerio para que pueda ser oponible. No obstante, ante la posibilidad de que este depósito se interprete como un requisito para la validez de tales reformas lo que desconocería la autonomía sindical, la Corte condicionó la exequibilidad del artículo 370 acusado a que se entienda que dicho depósito cumple solamente funciones de publicidad y no de control previo por parte del Ministerio. De igual modo, ocurre con la comunicación de los cambios de la Junta Directiva del Sindicato prevista en el artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo, que la Corporación interpretó en el mismo sentido, de forma que la protección foral surja desde el mismo momento de la elección del directivo, acorde con la libertad y autonomía sindical consagrada en el artículo 39 de la Constitución Política y el Convenio 87 de la OIT”. A pesar de la claridad y precisión de esta sentencia, el Ministerio de la Protección Social aun no cumple con lo dispuesto en esta, señalando con esta conducta que su voluntad no va dirigida a permitir la creación y funcionamiento libre de las organizaciones sindicales en el país.
NEGACIÓN INSCRIPCION DE ACTOS SINDICALES 2002- 2008 Tipo de resolución Nro Casos Porcentaje Inscripción acta de constitución 253 49,13% Inscripción junta directiva 189 36,70% Inscripción subdirectiva 47 9,13% Revocatoria de inscripción de junta 10 1,94% Inscripción comité 9 1,75% Inscripción reforma estatutos 7 1,36% Total 515 0,00
- La negociación colectiva cuando se presenta es sólo de carácter informal, pues carece de eficacia por la prohibición que pesa sobre los sindicatos de empleados públicos de ejercer el derecho de huelgas (Art. 416 CST);
- La negociación sólo se presenta como concesiones gentiles, las cuales no están reglamentadas y mucho menos obligan, por omisión del gobierno a cumplir el fallo C-1234/05 y los convenios de OIT, ha generado que en la práctica las negociaciones sean informales, si las hay, y no se lleguen a acuerdos sino a concesiones gentiles.
- Los memoriales de solicitudes respetuosas no vinculan, son una negociación informal y sin regulación, además no es la negociación colectiva tratada en los convenios 98, 151, 154, por lo que siempre están sometidos a la decisión unilateral de la autoridad competente.
- No existe un órgano estatal para la negociación, que pueda asumir responsabilidades directas sobre lo negociado. Los funcionarios del gobierno colombiano no tienen competencia para sentarse a negociar con los sindicatos ni acuerdos, ni convenios colectivos, lo cual resulta claramente violatorio del artículo 7 del Convenio 151, cuestión que ha sido reconocida por la propia Corte Constitucional Sentencia C-1234 de 2005: “...estos memoriales respetuosos no llevan consigo ninguna obligación correlativa en cabeza del destinatario de los mismos (...), ni siquiera se establece que la administración deba recibirlos o darles trámite o respuesta (...), ni prevé que el empleador-Estado deba iniciar una verdadera negociación colectiva o concertación alguna”.
- El Gobierno colombiano ha sido reiterativo en ignorar las recomendaciones sobre negociación colectiva de empleados públicos del CLS y del CEACR en sus convenios 87, 98, 151, 154, incluso las solicitudes directas respecto a la modificación del CST en sus artículos 426, 376, 417, 429, 450, 444 pár. 2, 414 y al ignorar tomar medidas necesarias para que los sindicatos de empleados públicos puedan negociar colectivamente. No se puede pensar en que el gobierno colombiano ha mejorado y protegido el derecho de negociación colectiva sin necesidad de eliminar las prohibiciones que la ley le impone a los sindicatos de empleados públicos.
- La negociación colectiva está prohibida para las federaciones y confederaciones, tanto para trabajadores del sector privado como del sector público
- El Estado-empleador simplemente se niega a negociar con empleados públicos, en virtud de las prohibiciones del CST, como lo ha constatado el comité de libertad sindical en dos ocasiones del informe 350, caso 2522, el informe 349, caso 2434, el informe 346 en dos casos del 2469, informe 338 caso 2363, informe 334 caso 2097, informe 329, casos 2097 y 2068, todos estos con recomendaciones hechas durante la vigencia del presente gobierno.
- No existe una negociación por niveles sino exclusivamente de base o empresa. Esto se debe a diversas razones: (i) El CST no da competencia a las federaciones y confederaciones para presentar pliegos de peticiones o participar en el conflicto colectivo de manera directa, pues el Art. 426 CST establece que las federaciones y confederaciones solo pueden participar como asesores ante los respectivos patronos. (ii) La Corte Constitucional en la sentencia C-797 de 2000 estableció que cuando existieran sindicatos de base y de industria en una misma empresa, tendría la representación de los trabajadores en la negociación colectiva el sindicato que agrupe la mitad más uno de los trabajadores, o de no haber un sindicato mayoritario , todos en conjunto, obligando a los sindicatos de industria o de rama a actuar en la práctica como sindicatos de empresa, pues la Ley les impide presentar pliegos y negociar colectivamente para toda una rama de actividad económica, pues un sindicato de industria (individuos que trabajan para empresas de la misma industria), sólo podría firmar convenciones colectivas si agrupa mas de la mitad de trabajadores de cada una de las empresas, sin que éstas tengan que negociar conjuntamente, es decir no es una verdadera negociación de industria sino de empresa.
- En relación con los sindicatos de gremio (aquel que agrupa personas de una misma profesión u oficio), sólo tienen el derecho a la negociación cuando el 75% de esos trabajadores que laboren en la misma empresa, estén afiliados al mismo sindicato, pero sin poder presentar pliegos de peticiones, sino solo para anexarle un capitulo especial a la convención colectiva vigente (Ley 48 de 1968). Esto limita la negociación por el altísimo porcentaje de trabajadores exigido, y por que requiere que exista convención colectiva vigente en dicha empresa para ser aplicable, es decir no es una verdadera negociación por gremio sino una negociación de base.
- No se hace cumplir las convenciones colectivas firmadas, estando prohibida la huelga en caso de incumplimiento de lo acordado, violando el principio de negociación de buena fe. La practica de muchos empleadores es incumplir las convenciones pactadas, siendo ilegal celebrar una huelga en ese caso, CST art. 450 lit. C), por no haberse cumplido la etapa de arreglo directo, es decir la presentación de un pliego de peticiones.
- Se permite la celebración de pactos colectivos y planes de beneficios extralegales, en perjuicio del derecho de negociación colectiva de los sindicatos. Es una práctica habitual, que aún existiendo sindicatos, las empresas promuevan la firma de pactos colectivos como estrategia antisindical para debilitar la organización existente .
- Se impide la sindicalización y por tanto la firma de convenciones colectivas de trabajadores con contratos diferentes al laboral, art. 5 CST, excluyendo a quienes tienen contratos de prestación de servicios, asociados a cooperativas de trabajo, los de contrato de aprendizaje, desempleados, trabajadores con una relación reglamentaria con el Estado o trabajadores del sector informal que constituyen mas del 60% de la población ocupada.
- El Ministerio de la Protección Social ejerce un pobre control frente a las violaciones denunciadas, debido a su falta de capacidad logística, de personal, e incluso por conductas antisindicales de algunos de los inspectores, no investiga ni sanciona las prácticas antisindicales de los empleadores, ni tampoco promueve la defensa del derecho de asociación.

References: artículo 370
 artículo 5
 artículo 371
 artículo 53
 artículo 39
 artículo 370
 artículo 370
 artículo 371
 artículo 39
 resolución 
 artículo 7