Source: http://rene-saffirio.blogspot.com/2018/
Timestamp: 2019-12-13 17:05:13+00:00

Document:
René Saffirio Espinoza.Diputado. Región de La Araucanía.: 2018
Modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas
Boletín N°10324-07
FUNDAMENTOS. El Código de Procedimiento Civil regula en su título XII “De los medios de prueba en general”. En el párrafo tercero del referido título, este cuerpo legal norma “De los testigos y de las tachas”.
La regla general en el procedimiento civil, es que toda persona deba testificar en el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, el referido cuerpo legal establece que determinadas personas, en razón de su cargo o función pública, queden exentas de comparecer ante el tribubal, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal.
El artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, dispone que se encuentran exentos de comparecer ante el tribunal, el Presidente de la República, los Ministros de Estado, entre las principales autoridades de Gobierno, así como los parlamentarios, Alcaldes, Miembros de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, Fiscales Judiciales, Fiscales regionales del Ministerio Público, y oficiales en servicio activo y en retiro.
Parece razonable que estas autoridades en razón de que ejercen o desempeñan altas funciones públicas, puedan tener este derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, y no necesariamente concurrir al Tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, la norma del artículo 361 establece que también se encuentran exentos de comparecer ante el tribunal las autoridades eclesiásticas como “el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo”. A mayor abundamiento, también los “religiosos incluso los novicios” pueden hacer uso de este derecho.
No nos parece razonable que en el Chile del siglo XXI aún subsista un privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas, ya que no ejercen ningún tipo de función pública. Se trata de una norma que viene desde los tiempos en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado, pero que en la actualidad no sólo es anacrónica, sino que además no corresponde en un Estado laico.
A mayor abundamiento, también encontramos en el título XII, párrafo cuarto, del Código de Procedimiento Civil, llamado “De la confesión en juicio”, otro privilegio procesal en favor de las autoridades eclesiásticas. El artículo 389 señala que se encuentran exentos de comparecer al Tribunal a prestar declaración: “el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores y los Vicarios y Provicarios Capitulares”. En este caso el juez se trasladará a la casa o domicilio para recibir la declaración, o comisionará al Secretario para tal efecto.
Los legisladores debemos moldear un ordenamiento jurídico coherente y armónico, y también depurarlo de toda norma o institución anacrónica, y que constituya un resabio de prerrogativas indebidas en una sociedad democrática. En un Estado de Derecho del siglo XXI, debemos consolidar una función jurisdiccional que no sólo se ejerza con pleno respeto a las garantías fundamentales de los ciudadanos, sino que también con mayor igualdad y sin privilegios o fueros procesales para ningún sector determinado.
ARTÍCULO ÚNICO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Procedimiento Civil:
a) Suprímase en el N°1 la siguiente oración:
“el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo;”.
b) Elimínase el N°3.
2.- Suprímase en el N°1 del artículo 389 la siguiente oración:
“el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores y los Vicarios y Provicarios Capitulares;”.
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA COMO NUEVO MECANISMO PARA LA DESIGNACIÓN DEL CARGO DE FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.
FUNDAMENTOS. El Fiscal Nacional es nombrado por el Jefe de Estado, de acuerdo a las facultades que le otorga el número 12 del artículo 32 de la Constitución Política de la República.
A este nombramiento por parte del Primer Mandatario, se llega mediante una quina propuesta por la Corte Suprema, y cuya ratificación debe ser sometida a un quórum de dos tercios de los senadores en ejercicio, en una sesión especialmente convocada para tal efecto.
El Fiscal Nacional es el titular del Ministerio Público, órgano autónomo creado en virtud de la reforma constitucional de la ley N°19.519 de 1997. Esta institución tiene por función dirigir en forma exclusiva la investigación penal, en representación del Estado. Es por ello, que su importancia es fundamental para el combate a la delincuencia, y la seguridad pública.
Desde la última designación para el cargo de Fiscal Nacional, el año 2015, se generó una serie de cuestionamientos referentes al sistema de nominación. A mayor abundamiento, para poder nombrar a la autoridad en comento, se necesitó un acuerdo amplio en el Senado, por cuanto se hizo necesario para el Poder Ejecutivo “consensuar” un nombre para que el candidato propuesto en esa oportunidad no haya sido rechazado. Esta situación termina siendo vista por la ciudadanía como una transacción política poco transparente, ya que obliga al Gobierno a “negociar” reservadamente con senadores de diversos sectores políticos, dado el elevado quórum de dos tercios que se necesita para ratificar al titular del órgano que ejerce la persecución penal.
Fue ampliamente conocido por la opinión pública los cuestionamientos al último proceso de nominación para el cargo de Fiscal Nacional, ya que se politizó en exceso, encontrando eventuales negociaciones que resultan incompatibles con el principio de probidad, consagrado en la Carta Fundamental. Esto va en contra de la transparencia que debe inspirar el correcto desempeño de quienes ejercen o pretenden ejercer altas funciones públicas.
En la generación de este nombramiento intervienen todos los poderes del Estado, antecediendo una propuesta por parte de la Corte Suprema, mediante una quina de nombres, entre la cual el Presidente de la República debe designar a la persona más idónea para ocupar el cargo. Por ende, no es una decisión unilateral y caprichosa por parte del Jefe de Estado. Sin embargo, se puede politizar de una mala forma cuando se presta para negociaciones políticas secretas y poco transparentes, donde las reuniones entre parlamentarios y los candidatos al cargo, siembran la duda en la ciudadanía, de que exista una suerte de “lobby” indebido.
Para corregir los vicios anteriormente descritos, se presenta como una alternativa el extender la aplicación del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para la designación de este importante cargo. Este mecanismo fue concebido como un sistema tecnificado y profesional, pero que con el paso de los años se ha ido desvirtuando, lo que obliga también a corregirlo para que recupere su espíritu original de autonomía, profesionalismo, transparencia y credibilidad. Sin perjuicio de lo anterior, este sistema ha demostrado ser un medio más adecuado para la provisión de cargos en la Administración del Estado, dotándolo de profesionales de alta o destacada calificación.
En definitiva, proponemos que para la nominación de Fiscal Nacional, se utilice el mecanismo de concurso público de la Alta Dirección Pública (ADP) establecido en virtud de la ley N° 19.882. El postulante al cargo de Fiscal Nacional podría ser seleccionado por el Consejo de Alta Dirección Pública, organismo que es formado por cuatro consejeros electos por el Presidente de la República con la ratificación del Senado, más el Director Nacional del Servicio Civil. Finalmente, sería el Jefe de Estado quién lo nombre en el cargo en comento. Sin perjuicio de lo anterior, la ley podrá establecer procedimientos y adecuaciones necesarias al caso, dada la investidura de esta función; de esta forma se asegura un mecanismo en el cual prime el mérito, y la idoneidad profesional de quienes postulan, y más aún de quien es definitivamente nombrado para desempeñarse como Fiscal Nacional del Ministerio Público. Con ello, alejamos todo tipo de intromisión o presión política indebida, que pudiera afectar o dañar el correcto funcionamiento de una institución importante de la República, como es el órgano de persecución penal.
1)Modifíquese el artículo 32 en el siguiente sentido:
a)Suprímase el numeral 9°.
b)Suprímase en el numeral 12° la expresión, “Y al Fiscal Nacional”.
2)Suprímase en el numeral 9) del artículo 53, la expresión “Y del Fiscal Nacional”.
3)Sustitúyase el inciso primero del artículo 85 por el siguiente:
“El Fiscal Nacional será designado por un mecanismo de concurso público, en virtud del sistema de Alta Dirección Pública, según la forma y los procedimientos que para tal efecto establezca la ley.”.
SOLICITA A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y REPARACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA.
1° En los últimos meses la situación de la infancia vulnerada en Chile se instaló con fuerza en la discusión política y en la ciudadanía. La cruda realidad conocida el año 2017, en el marco de la denominada “Comisión Investigadora SENAME II”, golpeó profundamente nuestras conciencias. Con dolor, nos enteramos que muchos niños, niñas y adolescentes, habían sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
2° La referida instancia legislativa pudo acreditar que 1313 niños, niñas y adolescentes habían muerto mientras se encontraban bajo la tutela del Estado en centros del SENAME y de organismos colaboradores, en el período 2005-2016. Además de estos fallecimientos, conocimos situaciones de maltratos físicos, abusos sexuales y otros vejámenes sufridos por niños y niñas que se encontraban bajo el cuidado del Estado en centros de la red estatal o en residencias u hogares privados.
3° Producto de estos hechos, y a raíz de la muerte de la niña Lissette Villa, el Ministerio Público inició una investigación penal en la que se han realizado formalizaciones por delitos de torturas y apremios ilegítimos. Actualmente siguen en curso las investigaciones por parte del ente persecutor, no sólo por el deceso de Lissette, (caso emblemático, que visibilizó ante el país los sufrimientos de los niños institucionalizados en hogares o residencias), sino que también por otras muertes de niños, ocurridas en diversos centros dependientes del SENAME a lo largo del país.
4° A fin de abordar y enfrentar esta cruda y dolorosa deuda del Estado con respecto a nuestra infancia, la Comisión Investigadora SENAME II en su informe, acogió la idea del Diputado René Saffirio de crear una “Comisión de Verdad y Reparación en materia de Infancia”. Esta instancia la podemos concebir como un espacio transversal y diverso, que puede contribuir a esclarecer estos hechos desde una perspectiva histórica, y como una oportunidad para proponer medidas de reparación a las víctimas y a sus familias.
5° Lo ocurrido con los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado en centros del SENAME o de organismos colaboradores, constituyen violaciones graves y estructurales a los derechos humanos de estos inocentes. Es decir, el establecimiento y funcionamiento de un sistema público que produce como efecto la vulneración, a causa de acciones, omisiones o negligencias por parte del Estado. Lo anterior, es distinto a una violación sistemática de derechos humanos, como las ocurridas durante la dictadura cívico-militar (1973-1990), donde se organizó un sistema institucional para asesinar y torturar a compatriotas. Sin perjuicio de lo anterior, debemos enfatizar que no es menos grave una violación estructural a los derechos humanos, frente a una vulneración sistemática. Lo que ocurre es que estamos en presencia de dos atentados a los derechos fundamentales de naturaleza distinta, pero de la misma o mayor gravedad, según la afectación producida.
6° La propuesta de la creación de la Comisión de Verdad y Reparación en materia Infancia, concitó un amplio respaldo de actores políticos y de la sociedad civil. A mayor abundamiento, en julio del año pasado, a través de una declaración pública, la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile pidió la conformación de una Comisión de Verdad y Reparación sobre niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Sename, como una forma de que la sociedad en su conjunto, y el Estado de Chile en particular, aclare lo sucedido desde un punto de vista histórico determinando responsabilidades, se definan medidas para reparar a los afectados, y se transforme la realidad para que hechos similares no se repitan.[1]
7° “La historia reciente de nuestro país ha demostrado la utilidad de constituir una comisión especial, independiente y representativa que elabore un informe sobre el tema y proponga medidas que deba adoptar el Estado en distintos niveles”, asegura la declaración, que cita como ejemplos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas.[2]
8° La responsabilidad de Chile respecto a la infancia es histórica, y constituye una herida abierta en nuestra patria. En realidad las vulneraciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, se han venido perpetrando desde los albores de la República hasta nuestros días. A pesar de esta triste y dolorosa realidad histórica, podemos visualizar que los derechos de la Niñez están en el centro de la discusión pública. En este sentido, los proyectos de ley actualmente en tramitación en este Congreso Nacional que abordan un cambio de fondo en el marco de garantías y derechos de los niños, constituyen un paso alentador.
9° La infancia como prioridad también ha sido un eje central, según lo expresado por las autoridades del nuevo Gobierno. A mayor abundamiento, desde la Administración del Presidente Piñera se ha señalado recientemente que “los niños están primero”. Siguiendo esta premisa, es que desde La Moneda se ha convocado hace pocos días a diversos actores políticos y de la sociedad civil, a una mesa de trabajo denominada “Comisión por la Infancia”. Dicha instancia de carácter pre-legislativo y no vinculante, tiene como misión elaborar propuestas legales o administrativas en materia de políticas sobre la Niñez. Más allá de los resultados que pueda tener esta comisión, finalmente será el Congreso Nacional, como órgano soberano, deliberativo y representativo de la ciudadanía, el que en virtud de su potestad suprema como Poder Legislativo, decida sobre los proyectos de ley referidos a los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria.
10° Cuando las tragedias padecidas por las Naciones son de tal entidad como violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado, las autoridades deben actuar en base a un imperativo ético y político acorde con la magnitud de lo vivido. El Jefe de Estado tiene la oportunidad histórica de emprender la tarea de comenzar a sanar esta profunda herida con nuestra infancia vulnerada, reparando a las víctimas y a sus familias. En este sentido, es que hacemos un llamado al Presidente Sebastián Piñera, a fin de que adopte una determinación semejante a los Ex Mandatarios Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, al impulsar la creación de la “Comisión Rettig” y la “Comisión Valech”, respectivamente.
POR LO TANTO, los Diputados que suscriben, vienen a presentar el siguiente:
La H. Cámara de Diputados resuelve solicitar a S.E. el Presidente de la República:
1° La creación de una instancia amplia, transversal y diversa que se constituya en la “Comisión Nacional de Verdad y Reparación en materia de Infancia”, a fin de contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes cometidas por el Estado.
2° Establecer medidas o mecanismos de reparación en favor de las víctimas y las familias de estas graves vulneraciones a los derechos fundamentales.
[1] http://radio.uchile.cl/2017/07/13/u-de-chile-pide-conformar-una-comision-de-verdad-y-reparacion-ante-abusos-en-sename/.
Modifica el Código de Procedimiento Civil para eli...
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE ...
PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOLICITA A S.E. EL PRESIDEN...

References: artículo 361
 artículo 361
 artículo 389
 artículo 389
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 53
 artículo 85
 RESOLUCIÓN