Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1998/00119-1996-AA.html
Timestamp: 2017-12-16 13:04:01+00:00

Document:
0119-1996-AA
EXP. N 119-96-AA/TC
TECNOMALLA S.A. Y OTRO
En Lima, a los veinticuatro días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:
Recurso Extraordinario interpuesto por Tecnomalla S.A. y Ferro Servicios S.R.L contra la Resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas treinta y uno del Cuadernillo de Nulidad, su fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, que declaró no haber nulidad en la sentencia de vista que revocando la apelada declaró improcedente la demanda en la Acción de Amparo interpuesta contra la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD).
Tecnomalla S.A., representada por don Mario Miu Wong, y Ferro Servicios S.R.L., representada por don Carlos Piqueras Luna, interpone Acción de Amparo contra la SUNAD para que se aplique, respecto de los gravámenes, la Decisión 299 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que aprueba el Programa de Integración Industrial Siderúrgico del cual el Perú es miembro participante. Ello, por violar sus derechos constitucionales.
Las demandantes señalan que: 1) El Perú no puede aplicar restricciones ni gravámenes a los productos que son objeto del referido Programa, conforme disponen los artículos 6° y 7° de la Decisión 299; 2) El Perú como país miembro del Acuerdo de Cartagena, tiene la obligación de aplicar las decisiones que se emitan; y, 3) La no aplicación de la Decisión 299 implica un perjuicio, debido a que en los precios concertados con los clientes nacionales se tomó en cuenta el Programa citado.
El Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas y de la SUNAT, don Angel Gustavo Vivanco Ortiz, contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente por considerar que: 1) Las demandantes no cumplieron con agotar la vía previa; y, 2) Las demandantes pretende exonerarse de la aplicación de las tasas aduaneras por la vía judicial. Deduce la excepción de inoficiosidad de la demanda.
El Procurador Público ad hoc encargado de los asuntos judiciales de la SUNAD, don Miguel Molleda Cabrera contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente por considerar que: 1) La SUNAD no puede dejar de aplicar los tributos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas hasta que éste ordene que así lo haga; y, 2) La inconstitucionalidad alegada por las demandantes no está claramente sustentada.
El Vigésimo Sexto Juzgado en lo Civil de Lima, con fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, declara infundada la excepción de inoficiosidad de la demanda y fundada la demanda, por considerar que: 1) Las demandantes han acreditado fehacientemente la negativa de la SUNAD de aplicar la Decisión 299; 2) Las decisiones emitidas por la comisión del Acuerdo de Cartagena son directamente aplicables a los países miembros, como el Perú, desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; 3) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101° de la Constitución Política del Estado de mil novecientos setenta y nueve los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros estados forman parte del Derecho Nacional, y en caso de conflicto entre Tratado y Ley prevalece el Tratado; y, 4) Los productos importados por las demandantes están incluidos en el anexo primero de la referida Decisión.
La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco, confirma en parte la apelada declarando infundada la excepción de inoficiosidad de la demanda y revocándola declara improcedente la demanda. Sus fundamentos son los siguientes: 1) Las demandantes no han cumplido con agotar la vía previa; y, 2) Un pago indebido no constituye un daño irreparable si se acredita que es posible una compensación, como medio de extinción de la obligación tributaria aduanera.
La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, declara no haber nulidad en la sentencia de vista. Sus argumentos son los siguientes: 1) Las demandantes no han acreditado haber importado productos siderúrgicos comprendidos dentro del Programa de Integración Industrial Siderúrgica; y 2) No se ha violado ni amenazado derecho constitucional alguno.
Que no se ha acreditado en autos que la empresa demandante haya interpuesto recurso administrativo alguno para solicitar la aplicación de la Decisión 299 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que aprueba el Programa de Integración Industrial Siderúrgico, mediante el cual se exonera de todo tipo de gravamen a las importaciones de los productos originarios de Bolivia, Colombia o Venezuela. En efecto, la empresa inicia la presente Acción de Amparo sin haber agotado la vía respectiva, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 27º de la Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo.
De conformidad con el artículo 207° del Decreto Legislativo N° 722°, Ley General de Aduanas, aplicable al caso de autos, "podrán ser materia de reclamación los actos de acotación, los que impongan sanciones y cualquier otro relacionado con la aplicación de las disposiciones aduaneras".
La empresa demandante pudo interponer su recurso de reclamación sin tener que pagar previamente, en la medida en que el artículo 210° del Decreto Legislativo 722 establecía "no es requisito el pago previo de la deuda por la parte que es objeto de la impugnación".
CONFIRMANDO la Resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas treinta y uno del Cuadernillo de Nulidad, su fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, que declarando no haber nulidad en la de vista declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo interpuesta. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

References: Resolución 
 artículo 101
 artículo 27
 artículo 207
 artículo 210
 Resolución