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Timestamp: 2017-07-22 16:37:50+00:00

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ACENTOGALLEGO : ESPOLIO EOLICO ACENTOGALLEGO La bitácora de Couselo
LOS VIENTOS DE NÚÑEZ FEIJÓO Y COMPAÑIA POTENCIAN PALAS EÓLICAS FORASTERAS (III)
EL EDITOR ESTÁ POR EVITAR LA COLONIZACIÓN INFORMATIVA
Las empresas foráneas seleccionadas en el último concurso eólico gallego han entrado en el trámite de instalación con más del 31% de los 2.290 MW de potencia que se colocarán hasta 2012. Si seguido el papeleo se consolidara la distribución prevista, Galicia estaría muy lejos de lo que ocurre en el País Vasco. A 1 de enero de este año la potencia instalada en Euskadi era de 153,5 MW, de los cuales más del 93% corresponde a Iberdrola y el resto fue para la constructora madrileña Acciona. El último reparto del País Vasco de abril de 2008 para incrementar la potencia asentada en 290,6 MW asignó a dos empresas foráneas (una irlandesa y otra madrileña presidida por el yerno de Florentino Pérez) el 40,6%. El 59,4% restante fue para empresas vascas, con el 26,3% del total para Iberdrola. Una vez que se cumplan los trámites administrativos del último concurso vasco, Iberdrola será dueña de 220 MW (49,5%) de la potencia instalada en su tierra. También poseen aerogeneradores otras empresas vascas como Guascor. En el último concurso vasco, el 59,4% fue para peticionarios vascos y el resto para Esbi (100 MW), empresa irlandesa que gestiona la central de ciclo combinado de Boroa y Capital Energy (18 MW), empresa madrileña que preside Jesús Martín Buezas, que también promueve una planta de biodiésel en el superpuerto de Bilbao.
En Galicia, la vasca Iberdrola antes del último concurso contaba con una potencia de 627 MW, el 20% de la potencia total instalada en Galicia. Un 41% por encima de toda la potencia eólica de Euskadi. Con el embrollo en que se movió el sector eólico en Galicia, alrededor del 5% está en manos gallegas. Iberdrola a 1 de enero disponía en Galicia del 75% más potencia instalada que todas las empresas gallegas. El último concurso seleccionó proyectos forasteros que suponen más del 31% de la potencia, con lo cual se reduce la colonización del sector, pero aún lejos de que una empresa gallega alcance el liderazgo eólico en Galicia. De momento, Iberdrola, con 627 MW es líder eólico en Galicia. La eléctrica vasca también encabeza la gran hidráulica, ya que posee 13 embalses con el 42% del total de potencia de gran hidráulica. Hasta en la mihidráulica alcanza el 3,3%. EN EUSKADI NO PROSPERARÍA EL ATAQUE AL CAÑÓN DEL SIL
En el Sil comenzó Iberdrola a construir una central de bombeo para ampliar la potencia de 265 MW de la central de Santo Estevo I en 175 MW. Esta obra ha sido rechazada por diversos grupos ecológicos por estar situada en Red Natura, pero resulta que desde 2004 se espera por la ley gallega de Lugares de Interés Comunitario. Pachi Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente (2005-2009) no llegó a realizar el principal objetivo medioambiental de su partido. Su política medio ambiental fue de bla,bla,blá. A pesar de todo, en el País Vasco no se permitiría un atentado ecológico como el que está realizando Iberdrola en el Cañón del Sil. El caso del monte Gazume lo confirma. Iberdrola parece tener bula en Galicia. Iberdrola no pertenece a la Asociación Eólica de Galicia (EGA), que sería más correcto denominar Asociación Eólica en Galicia, ya que hasta la fecha casi todos sus socios son empresas constructoras y eléctricas foráneas, aunque ultimamente entraron empresas gallegas que buscan la autorización de parques del último concurso. Iberdrola si figura como socio de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), con sede en Madrid. A propósito de la vuelta de las Cajas gallegas al capital de Itinere, concesionaria de Audasa, después de haber hecho el ridículo tanto en la autopista como en Fenosa, la valoración de presidente Feijóo fue escuesta y clara: mejor en manos gallegas.¿Por qué entonces no mantiene la misma postura con el sector eólico?
CUANDO UNIÓN FENOSA ERA EMPRESA ESTRATÉGICA
En el artículo "Otra oportunidad perdida", publicado en La Voz de Galicia el 23 de septiembre de 2005, escribía el editor Santiago Rey Fernández-Latorre: "Una empresa estratégica para esta comunidad, como es Unión Fenosa, cae en manos de inversores ajenos a esta tierra cuando podía haber vuelto a ser gestionada por capital gallego y de ese modo revertir en Galicia parte de los beneficios que en tan gran medida obtiene de ella". También incluía este otro párrafo: "Más recientemente, con los parques eólicos, le ofrecemos las cumbres de montes interiores y costeros, restando posibilidades de uso a enclaves naturales de primer orden".
En el grupo de inversores gallegos que apostaban por recuperar Fenosa estaba Jacinto Rey junto a Amancio Ortega y Caixanova. ¿Por qué lo que argumentaba en 2005 lo olvida en 2009 cuando se trata del proyecto de Jacinto Rey (Enerxías Renovables de Galicia) al concurso eólico? La propuesta de la Comisión de Valoración del concurso eólico de los nacionalistas está en la línea de "revertir en Galicia parte de los beneficios"... En diciembre de 2007, con motivo de la celebración de los 125 años de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández-Latorre se dirigió a los trabajadores, y, entre otras cosas dignas de aplauso, les exhortó a mantener la ilusión en el futuro ante los nuevos retos que se presentan: "Nos interesa seguir siendo los primeros de Galicia en casi todo y, cuanto antes, en todo. Así seremos más fuertes y más independientes aún. Esto le conviene a Galicia para evitar una colonización informativa". CUANDO EL PIB SUENA A TACO Cierto, a Galicia le conviene cortar de una vez la entrega de sus medios y recursos a grupos foráneos. La madera, la energía, los minerales y multitud de servicios están controlados por empresas foráneas, que sacan la mayor tajada de la riqueza del país. ¿Por qué, entonces, La Voz con su mucha fuerza no contribuye a evitar las colonizaciones que nos agobian a causa de una clase política ineficiente, sumisa, que va de mal en peor? Una cosa es predicar y otra dar trigo. No conviene que La Voz camine entre contradicciones e incoherencias. Guste o no le guste a Santiago Rey y su "cuarto poder", el concurso eólico que administró el nacionalista Fernando Blanco tenía como meta moderar la colonización energética, que con malas artes lleva medio siglo empobreciendo a la sociedad gallega. La colonización de recursos tales como el cuarzo, la madera, el caolín o la energía eléctrica o la industria foránea que desarrolla aquí el proceso básico y lleva fuera la transformación, o servicios como la recogida de basuras o los abastecimientos de agua, o las adjudicaciones a constructoras foráneas para que subcontraten con empresas indígenas con condiciones que rayan la miseria, no hacen más que adelgazar el Producto Interior Bruto, que en el caso gallego, más que PIB parece un taco. El control ajeno de la explotación de tanto recurso y servicio perjudica el progreso gallego, sobremanera el crecimiento de los medios de comunicación, porque el dinero que se escapa fuera no crea empleo digno en Galicia. Con los salarios y pensiones más bajas de España, hay miles de gallegos que no llegan a leer La Voz ni los otros periódicos, ni a poder ahorrar para crear empresas, si esa es su vocación, que puedan anunciarse en el gran diario gallego y demás medios. En 2001, por cada mil gallegos se vendían 111 ejemplares de prensa, y ya en 2007 la cifra descendió a 102, no obstante, por encima de los 93 de la media nacional y por debajo de los 180 de la UE, pero lejos de los 417 de Finlandia, un país que cimienta buena parte de su bienestar en el sector de la madera. Si en Galicia no hubiera más diario que La Voz, tendría la posibilidad de vender 284.900 ejemplares, más que doblaría los 120.000 ejemplares actuales. Pero en Galicia se imprimen trece periódicos cada día. Todos ellos y más tienen derecho a existir. Hasta los gratuitos, que han ido desapareciendo, incluyendo el ADN, del Grupo Planeta y La Voz. Era el 27 de diciembre de 2008, víspera de Inocentes, Alberto Núñez Feijóo se comprometió, una vez que fuera presidente, a anular y dejar sin efecto el concurso eólico. Estaba opinando sobre lo desconocido, tal vez porque no esperaba ganar de la misma manera que Touriño y Quintana tampoco consideraban perder. El partido de Feijóo obtuvo el 46,6% de los votos contabilizados, a 20.015 por escaño, frente a 20.296 de la oposición. Una mayoría absoluta muy raquítica, que obliga a escuchar y buscar consensos. Los votos de los ciudadanos no aconsejan aplicar el rodillo. En marzo, el director general del Banco Gallego advirtió que retrasar la tramitación del reparto sería una pérdida de tiempo y se mostró confiado en que el concurso eólico siga su curso. LOS INTERESES DE... GUADALAJARA Ya presidente, a la altura de junio, Núñez Feijóo ratificó que la consellería de Economía e Industria trabajaba en la revisión del concurso eólico sobre la base de los criterios de "defender los intereses de Galicia y garantizar que cumple con la legalidad". Si emprendedores gallegos han acertado a presentar proyectos que fueron seleccionados y que suman la mayor parte de la potencia en concurso, ¿qué es lo que se defiende? ¿Acaso los intereses de Guadalajara o Almería? Sólo los que llevan zorongo pueden tener dificultades para no ver la realidad de que Galicia gana. Los beneficios del negocio en lo que toca a los gallegos se quedan en Galicia, pero por lo que hace a los foráneos salen fuera, emigran. Y en cuanto a la legalidad, es competencia de los tribunales de justicia, a la que acudieron a los que les tocó quedarse a la luna de Valencia. En concursos anteriores la frustración, en contra de los intereses de Galicia, se la endiñaron a firmas gallegas. Si se habla de defender los intereses gallegos, el Gobierno de Feijóo tenía que echar mano de la imaginación y los saberes para consolidar el resultado del concurso. Dos semanas después de la declaración de Feijóo, fue el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, quien en sede parlamentaria consideró que el concurso eólico fue la "maior desfeita" del Gobierno bipartito. (Desfeita, según el diccionario de la RAG, es "grande destrucción, estrago, ruína. Operación de parti-lo porco en anacos, na mata"). El socialista Abel Losada, después de las zancadillas de su partido para crear el problema, le espetó a Javier Guerra: "No concurso o que non van atopar son cuñados". (¿Por qué el socialista Pachi Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente, no llevó adelante la ampliación de la Red Natura?) PROMESA DE PRECAMPAÑA Y ELECTORAL QUE NO SE CUMPLE Llegado el 5 de agosto, la consellería de Guerra adelantó que propondría al Consello del Gobierno gallego "a suspensión expresa e posterior desestimento do procedemento instruído ao amparo do Decreto 242/2007 de Aproveitamento da Enerxía Eólica, e presentará un anteproxecto de Lei, que será levado ao Parlamento de Galicia, que dotará dun novo marco legal seguro ao sector co obxectivo de que Galicia recupere a súa posición de privilexio en materia eólica". Cambio de rumbo. El Consello de la Xunta del día siguiente trató el asunto eólico, pero no derogó el Decreto como había prometido el presidente. El Gobierno conoció el borrador de un anteproyecto de ley por el que se regula el aprovechamiento eólico y se crea el Cánon Eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, como manera de emular los beneficios económicos que recibiría la Xunta a través de la participación establecida en el decreto 242/2007. (El 14% de la potencia eólica será de la Xunta. Algo por lo que vale la pena luchar). Lo más insólito es que ese mismo día al atardecer, la Consellería de Guerra abrió un plazo hasta el 5 de septiembre para que las empresas del sector eólico pudieran presentar alegaciones al borrador del anteproyecto de ley. Por resolución de 7 de agosto, publicada en el DOG del 14 de agosto, tras una larga y farragosa introducción, el Secretario General de la Consellería de Economía e Industria resuelve "suspender a tramitación do procedemento que se está a seguir para o outorgamento das autorizacións das instalacións de parques eólicos ao amparo do Decreto 242/2007 mentres non se aprobe a nova lei que se está a tramitar e, de non se aprobar antes, polo prazo de seis meses dende a publicación da presente resolución". (Cuidado que quirófanos e influenza pueden evitar aque se confunda partido con parlamento). Contando con la enclenque mayoría absoluta se pretende subsanar una ligereza preelectoral. La simpleza de abolir una norma establecida se prolongó durante la campaña electoral. El caso es que el anteproyecto de ley todavía no llegó al Parlamento. Así las cosas, según el concurso que se pretende anular, las primeras instalaciones llegarían en 2011. Sin embargo, con el tinglado retardador de Feijóo y su inexperta gente, la consellería de Guerra tiene la desfachatez de anunciar que autorizará los primeros parques antes de 2010, ya que dan por supuesto que esa nueva ley la aprobarán antes de fin de año. Parece imposible, aún contando que recuperen la vieja práctica de aprobar las declaraciones de impacto ambiental de la noche a la mañana. De entrada, a primeros de septiembre, la consellería de Guerra ya admite que su modelo eólico tiene errores que subsanar y amplía el plazo para que el sector presente alegaciones al borrador de anteproyecto de ley. En comunicado de la consellería de Guerra se afirma que "dende a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas lémbrase que o anterior Executivo galego tardou tres anos en aprobar un decreto ilegal para a regulación da enerxía eólica". No es cierto ni lo uno ni lo otro. ¿Qué tribunal de justicia sentenció que el decreto es ilegal? LA PATRONAL EÓLICA EN CONTRA DE LA NORMATIVA FEIJÓO La Asociación Eólica de Galicia (EGA) celebró hoy, 9 de septiembre, Asamblea general en Santiago, en la que acordó las alegaciones que presentará esta semana a la Xunta. De la reunión facilitó un comunicado, que inicia con estas palabras: "A nova regulación eólica que pretende implantar a Xunta impedirá que Galicia recupere o liderato que exerceu no sector". Pero el golpe más duro al Gobierno de Feijóo está en este párrafo: "Os representantes das vintedúas empresas que forman a entidade patronal confirmaron os seus temores iniciais de que, na súa actual redacción, a nova normativa autonómica non resolverá os problemas que afectan ao sector. Tamén ratificaron que a suspensión do último concurso de adxudicación de potencia seguiu un procedemento inaxeitado, posto que, de ser ilegal, tería que haber sido revogado o decreto 242/2007, ao abeiro do que se convocou o devandito concurso, pero non procede suspender este polo mero feito de que se vaia preparar outra normativa". La EGA se declara "radicalmente en contra da imposición dun canon autonómico que resultará discriminatorio si só se aplica aos parques e non a outras instalacións con iguais ou maiores supostos efectos paisaxísticos". ¿Estarían pensando en el Cañón del Sil?
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LOS VIENTOS DE NÚÑEZ FEIJÓO Y COMPAÑIA POTENCIAN PALAS EÓLICAS FORASTERAS (II)
EL 90% DEL NEGOCIO EÓLICO EMIGRA Ahora le toca el turno a los antecentes del feo asunto eólico. Y sólo voy a utilizar una fuente: La Voz de Galicia. En marzo de 2008 pone ante los ojos de sus lectores, entre los que me cuento, esta denuncia en el titular: "Un negocio de mil millones que apenas deja un 10% en Galicia". Y ya en el texto aparecen diversos aldabonazos. Por ejemplo: "Todos los parques eólicos instalados en la comunidad autónoma generan una facturación aproximada de mil millones de euros al año. La inversión efectuada por los 37 adjudicatarios de potencia eólica desde 1995 hasta hoy ha sido del orden de 4.000 millones de euros en la puesta en marcha de los parques y en el tejido industrial asociado a los mismos". "Apenas un 5,1% de la potencia instalada está siendo explotada por empresas radicadas en Galicia. En 1995, la Xunta adjudicó los primeros parques. Aunque empresarios gallegos recibieron potencia eólica, la falta de control en el sector provocó la reventa de gran parte de las licencias y reportó lucrativos beneficios para muchos concesionarios que ni siquiera comenzaron las obras de instalación de los parques. Al final, las grandes operadoras se hicieron con la mayoría del negocio gallego"."¿Qué parte del negocio se queda en Galicia? Se trata de la pregunta más controvertida del sector. Las compañías sostienen que un buen trozo del pastel se queda en Galicia. Pero estudios realizados por la Xunta y por agentes externos como la Universidad no son tan optimistas. De acuerdo con estas investigaciones, apenas un 10% de los ingresos de los parques y su industria asociada quedarían realmente en la comunidad autónoma. Los ingresos de los parques entran en la caja de las empresas, radicadas en un 95% fuera de Galicia". "La eólica es la energía más rentable entre todas las renovables, según los especialistas del sector. Con un buen nivel de horas de viento, como el que genera la comunidad gallega, una vez amortizada la inversión inicial, los beneficios de los parques de aerogeneradores son sustanciosos. El precio estándar de un molino de viento ronda el millón de euros, contando los costes de instalación. La vida de estos gigantes ronda entre los 15 y los 20 años". LOS CRIADORES DE CABALLOS
Ya en diciembre de 2008 La Voz proclama que "Galicia lidera las compraventas especulativas de potencia eólica". Sobre este tema ya se había ocupado el periódico herculino en diciembre de 2004: "La Xunta otorga parques eólicos a sociedades creadas dos meses antes. Ninguna de estas empresas supera los 4.000 euros de capital social ni posee experiencia en el sector. Ocho concesiones de mayo son para firmas registradas entre febrero y abril". En la información se recoge que "la lista de adjudicatarios incluye directivos de periódicos, abogados, criadores de caballos, ex directivos bancarios, constructores, ingenieros o administradores de minihidráulicas (también de concesiones anteriores de la Xunta)". ¿Por qué no entran en la lista políticos y altos cargos de la era Fraga? ¿Por qué La Voz no difundió los nombres y apellidos de los amasadores de "lucrativos beneficios"? Toda la tropa se ha embolsado un mínimo de 80 millones de euros (más de 13.000 millones de las antiguas pesetas) sin haber invertido ni una perra chica. Sin embargo, Mariano Rajoy se dio una vuelta por Santiago un par de días antes de Inocentes y, con referencia al concurso eólico, soltó que "algo huele a podrido en la Xunta de Galicia". Los datos objetivos no le dan la razón al inventor de "hilos de plastilina" para llamar al chapapote. Núñez Feijóo, que acompañaba a Rajoy aquel 26 de diciembre, aseguró, según Europa Press, que el bipartito "termina como empezó: dividido" pero indicó que lo que se inició como una "anécdota", trasciende ahora con la adjudicación de megavatios que supondrá una "gran cantidad" de dinero". El líder de los populares gallegos prometió "dar la cara" cuando una parte de su gobierno "esté cocinando un escándalo como el que se cocina en este momento con el concurso eólico". ¡"Gran cantidad de dinero"! Con el Decreto eólico del bipartito, que da la impresión que no leyó ni dios, la corrupción de la reventa que caracterizó la gestión de los populares es imposible.
Si La Voz en la larga campaña contra el concurso eólico nunca aludió a políticos, si citó a familiares cuando describió los amos del viento: "Fergo Galicia Vento es la división energética de una constructora coruñesa que ya tenía presencia en los planes eólicos anteriores. El consejero delegado de la sociedad es Emilio Fernández Gómez, principal accionista de Fergo Galicia... En el capital de Fergo Galicia Vento participan también, con un puesto en el consejo de administración, Estudios e Inversiones del Noroeste y Energías Renovables del Noroeste. La primera con sede en A Coruña, es una sociedad administrada por Emilio Rey Berguer, Joaquín Evia Vázquez y Pablo Vilar Díaz. La firma participa también en el sector energético a través de Hidroeléctrica de Avión. La segunda es una sociedad con sede en Chantada, propiedad de José Luis Blanco Diéguez, vinculado a su vez a otras promotoras de renovables gallegas como Edasa Eólica Solpor". (Según El País, en Hidroeléctrica de Avión "está el empresario Luis Castro Valdivia, cuñado de Ramón Ordás, ex director xeral de Industria, Energía y Minas del PP e investigado por la Fiscalía por posible prevaricación al haber beneficiado supuestamente a Valdivia con la concesión de licencias para el negocio hidráulico"). EL MAL EJEMPLO DE IBERDROLA
La Voz no facilita nombres de políticos y empresarios que, como es de dominio público, hicieron saneados negocios con las renovables, pero sí descubre que el hijo del editor, Emilio Rey Berguer, está en Fergo Galicia Vento. Y también cita a Joaquín Evia, que fue director general de La Voz de Galicia hasta que lo cesó Santiago Rey Fernández-Latorre. O se cita a todos o a ninguno. No es galantería ni nobleza que por "tratar amores" se pierda o se olvide el "amor de padre". Para Enzo Ferrari, "el único amor perfecto en este mundo es aquel del padre por su hijo". Escribió José Luis Alvite que cuando apartaron a Emilio Rey Berguer de sus responsabilidades editoriales, este le pidió que continuase en la contraportada de Diario 16: "No eres uno de los errores que se me puedan achacar. Mi padre y yo no nos entendemos bien por muchas razones que no vienen al caso, ¿sabes qué te digo?; pero aunque esté dolido con él por mi situación, me cabe la dignidad de pedirte que sigas siendo mi amigo sin necesidad de que le falles a mi padre". Hermosa lección de "amor de hijo".
Sigamos con los antecedentes del feo asunto eólico a través de la hemeroteca de La Voz. En diciembre de 2004, cuando en Galicia aún mandaba el Partido Popular, el diario coruñés informa que "la Xunta acusa a Iberdrola de ejercer 'presión compradora' que favorece el pelotazo". El texto íntegro de la noticia es el siguiente:
"La Xunta reconoce que el modelo de concesiones eólicas aplicado en Galicia está generando tensiones especulativas y un exceso de peso de empresas foráneas en el sector (sólo el 10% de los parques de Galicia está en manos de empresarios gallegos). Sin embargo, la Consellería de Industria acusa a algunas grandes compañías eléctricas de haber desencadenado el proceso, subiendo el precio de las operaciones.
«Quien ha provocado todo esto es Iberdrola, ejerciendo una presión compradora que no existía en Galicia» asegura un miembro de la alta dirección de la Consellería de Innovación, Industria y Energía.
"Todos los agentes del sector coinciden en que el mayor desencadenante del fenómeno especulativo es el último real decreto aprobado por el Gobierno de Aznar el 12 de marzo del 2004, al día siguiente de los atentados de los trenes y dos días antes de las elecciones. Esa nueva ley anuncia unos 15.000 millones de euros de subvención en la tarifa para la energía eólica hasta el año 2010.
"El problema especulativo no sólo afecta a Galicia. El Ministerio de Medio Ambiente y Red Eléctrica de España ya advirtieron la pasada semana de que en este momento hay en España solicitudes para construir 1.000 parques eólicos, cuando sólo harán falta 180. En Galicia han llegado a solicitarse 50.000 megavatios de potencia, cuando están previstos 4.000 megavatios". EL BIPARTITO DENUNCIÓ LA CORRUPCIÓN En diciembre de 2004, La Voz ya explica que "la especulación desencadena reventa de parques por 800 millones". Lo cuenta de esta manera:
"Más de 20 parques eólicos de Galicia con derechos de potencia de unos 800 megavatios (el equivalente a dos centrales de Meirama) han cambiado de manos en los últimos meses. La especulación ya ha generado en España operaciones de reventa por valor de 2.339 millones de euros, de los que 793 millones de euros corresponden a parques gallegos.
"Son datos oficiales facilitados por los propios operadores del sector y sin incluir compra-ventas no legalizadas.
"La burbuja no deja de hincharse. En los últimos cuatro meses se han revendido en Galicia seis parques que sólo existían sobre el papel. Con la concesión de la Consellería de Industria en el bolsillo y sin haber invertido ni un euro, los intermediarios del sector han colocado 300 megavatios a empresas eléctricas y hay otros 50 megavatios que en estos momentos negocian comprador.
El negocio de las concesiones eólicas es redondo. Los grandes operadores del sector están dispuestos a pagar hasta 1,3 millones de euros (más de 200 millones de pesetas) por cada megavatio de potencia (el equivalente a un molino).
El único requisito es que la autorización esté firmada por la Xunta. El revendedor apenas incurre en gastos de inversión: lo que le cueste tramitar su solicitud y obtener el permiso en la Consellería de Industria.
«Es lógico. Si hoy puedes ganar 1.000 millones de pesetas por 6 megavatios, ¿para qué vas a gastarte 12 millones de euros en montar el parque eólico?», explica un alto cargo del Instituto Enerxético Galego (Inega) que prefiere no ser identificado.
«Es cierto, creo que se está provocando un fenómeno de especulación que es malo para la industria eólica gallega», admite el director xeral de Industria, Energía y Minas de la Xunta, Ramón Ordás Badía.
«Creo que todos los parques programados se van a hacer. Pero es verdad, están apareciendo muchos especuladores en el sector».
En abril de 2007 aparece en El País una información a la cual corresponden los siguientes párrafos: "La Xunta del PP puso en marcha el negocio eólico en Galicia y lo aupó al liderazgo español. Entre 1995 y 2005 autorizó 4.557 megavatios (unos 6.000 molinos), de los que realmente sólo se han instalado 2.500 megavatios. Entre los adjudicatarios hay especuladores que se han forrado revendiendo las concesiones (más de 1.200 millones de euros en reventas de parques eólicos en Galicia), periodistas, fisioterapeutas, familiares de ex conselleiros y de directores generales, empresarios amigos, familiares de alcaldes, petroleras, constructoras y eléctricas.
"Cuando el nuevo Gobierno de PSOE y BNG entró en la Xunta, paralizó un centenar de parques eólicos concedidos a ayuntamientos y envió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Galicia documentación por supuesta corrupción. A continuación, el equipo de Fernando Blanco (BNG) se puso a elaborar un nuevo decreto eólico para cambiar las cosas".
EL DECRETO QUE FRENA LA CORRUPCIÓN EÓLICA
¿Es posible una corrupción semejante con el concurso eólico del conselleiro Fernando Blanco? Es imposible. El Decreto 242/2007, que regula el aprovechamiento de la energía eólica en Galicia, establece en su artículo 13 que una vez notificada la selección del proyecto se presentará la solicitud de autorización de la instalación, a la que se adjuntará diversa documentación, entre ella, el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental corresponde a la Consellería de Medio Ambiente y será requisito indispensable su valoración positiva para la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución. También necesitará informe de la Consellería competente en materia de urbanismo para que la dirección xeral de Enerxía pueda dictar la propuesta de resolución. Pero aún hay más cautelas en el Decreto para cortar la corrupción que hasta 2005 imperó en la Administración gallega en torno a la alianza eólica. En el artículo 30 regula la trasmisión de parques eólicos: "As autorizacións administrativas reguladas neste decreto non serán transmisibles a terceiros até o momento en que o parque eólico estea executado na súa totalidade e dispoña da acta de posta en servizo definitiva".
ÁLVAREZ-CAMPANA, GUINNES DE LA RAPIDEZ
Una vez que en abril asumió el poder el Partido Popular, la Xunta lleva el tema eólico de forma contradictoria, poco clara, perjudicando los intereses gallegos y al servicio de los forasteros. ADEGA ya recordó que el PP autorizó parques en Red Natura, como los de las serras do Xistral, do Suído, de Meda ou nas Brañas do Xestoso. Según los ecologistas, "os asinantes daquelas declaracións de impacto ambiental volven a ter relevantes cargos no actual goberno do señor Feijóo: ben coñecemos como se conducen".
Hecha pública la aprobación por la Dirección Xeral de Industria de la instalación de un parque eólico, de 25 MW con 13 aerogeneradores, dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Serra de Ancares-Courel, ADEGA presentó el 20 de julio de 2007 recurso de alzada, ya que, entre otras razones, consideraba que resultaría absolutamente inaceptable que se pudiera dar por válida una declaración de impacto ambiental tan sospechosa. Llama la atención de ADEGA la inaudita celeridad con que se tramitó la declaración de impacto ambiental. En efecto, el estudio ambiental se somete a información pública en el DOG de 4 de julio de 2005 con un período de información que terminaba el 11 de agosto. Las elecciones autonómicas se habían celebrado el 19 de junio. La declaración de impacto ambiental, suscrita por el director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta en funciones, José Manuel Alvarez Campana, lleva fecha del 12 de agosto de 2005 y se hizo pública en el DOG de 16 de noviembre. En el Diario Oficial del 1 de agosto está el cese de Manuel Fraga y el nombramiento de Pérez Touriño. Y tres días más tarde el diario oficial inserta el nuevo Gobierno, donde figura Manuel Vázquez Fernández como conselleiro de Medio Ambiente. Alvarez-Campana, con esa declaración debía figurar en el Guinnes de la rapidez. En un día arregló la DIA, cuando lo habitual va de uno a tres años. Sin embargo, es el Consello de la Xunta, de 29 de mayo de 2009, ya presidido por Núñez Feijóo, quien da la aprobación definitiva “o denominado parque eólico Serra de Oribio (que) está promovido por Gamesa Fergo Galicia Vento S.L.” . Por resolución de 18 de junio de 2009 de la dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas, se ordena su publicación en el Diario Oficial de Galicia del acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 28 de mayo de 2009. En el DOG de 16 de julio de 2009 está dicha resolución, en cuya parte dispositiva se puede leer: “1. Aprobar definitivamente o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal denominado Parque Eólico Oribio promovido por Fergo Galicia Vento, S.L.”.
Se necesitó más tiempo (59 días) para hacer público un acuerdo de la Xunta (y corregir la errata de Gamesa) que para despachar la declaración de impacto ambiental que permite molinos en la Serra do Iribio en plena Red Natura. Quizá por eso le bastó un día, de menos de 24 horas, a Alvarez-Campana para disfrazar el tinglado. Las denuncias de La Voz sobre el sector eólico describían un expolio que desembocó en un oligopolio en manos de un reducido número de empresas foráneas. A esas empresas se le ha permitido el abuso a la hora de valorar los montes. Y tuvieron que ser los tribunales de justicia los que descubriesen la argucia de las eólicas para eludir el impuesto de actividades económicas. Se estima que por este concepto los 3.145 MW instalados en Galicia a 1 de enero de 2009 deberían haber pagado 55 millones de euros en el primer bienio. Y todo apunta que el decreto eólico del bipartito adopta algunas medidas para que las ganancias que se obtienen de un recurso gallego reviertan en alguna medida en los habitantes de Galicia. Hay estudios que estiman en cerca de 32.000 euros al año los beneficios por molino. ¿Por qué una pequeña parte de ese negocio no ha de revertir en los propietarios de los terrenos y los habitantes de las parroquias donde se asientan los aerogeneradores? Los recursos naturales de este país deben redundar no sólo en beneficio de los explotadores sino de los ciudadanos gallegos. Y una manera de alcanzar ese objetivo puede ser que los promotores cedan participación al Instituto Enerxético de Galicia (INEGA). Y los promotores gallegos han cedido voluntariamente al INEGA el 14,2% del total de megavatios, porcentaje que incluso superó la oferta de una foránea. En esta participación, que es beneficiosa para los ayuntamientos, los propietarios de terrenos y la hacienda autonómica, está la discordia sobre el decreto. Dos empresas foráneas acudieron al contencioso administrativo, que aún tramita la cuestión. Si el fin que persigue la nueva normativa del nacionalista Fernando Blanco es positiva para el interés general, y lo es, lo recomendable era esperar por la sentencia de los tribunales para comprobar si el texto legal adolece de falta de legalidad. Pero como se anunció la derogación del decreto en campaña electoral, ya en el gobierno, aquella promesa se transformó en una suspensión temporal que no es ni chicha ni limonada, pero que incordia y que retrasa el aprovechamiento de una riqueza para mejorar la renta de los gallegos, que buena falta hace. Y más si pensamos en la electricidad que necesitará la alta velocidad cuando llegue.
Las empresas foráneas defienden la formación de grandes grupos, que es como consagrar que la energía eólica sólo esté en sus manos. Tienen perfecto derecho a intentarlo, pero las instituciones gallegas poseen la ineludible obligación de cortar de una vez con las cosas mal hechas durante la larga etapa de gobierno del Partido Popular. El Gobierno Fraga autorizó cerca de 4.000 megavatios, pero 1.500 fueron revendidos antes de colocar los aerogeneradores en el monte. Como consecuencia de esta mala práctica, se estima que sólo entre el 4 o 5% de los parques eólicos están en manos gallegas. Pero, ¿quiénes revendieron parques sin invertir ni medio euro? Funcionarios, políticos y sus amigos metidos a especuladores. Torcidos. Algún alto cargo obtuvo millonarias ganancias, de las que se jactó en tertulia con sus amigos. Y alguno ha vuelto ahora al poder. Algunos de estos casos llegaron a los tribunales, pero el ministerio público es tan lento que la justicia si llega a dictar sentencia igual los encuentra ya calvos. (Figura en la Constitución que "la justicia emana del pueblo"). La corrupción dejó fuera del negocio eólico a empresarios gallegos, con presencia, solvencia y experiencia en el sector de las energías renovables. Y alguno de los solicitantes gallegos con experiencia han alcanzado una pequeñísima cuota, mientras una empresa foránea reunía el 36%. O sea, la Xunta en manos de Partido Popular se inclinó por los empresarios foráneos. Además de los que desde la propia Administración se buscaron su concesión para revender a las empresas forasteras a la vuelta del camino.
La situación económica de Galicia es triste. Un país rico lleno de pobres, con excepciones claro. ¿Y qué hace el Gobierno gallego recién salido de las urnas para cambiar el rumbo? Torpedear un concurso eólico que no tiene visos de que pueda llevar dinero fácil a los bolsillos de los corruptos ni permitir que las empresas foráneas mangoneen la administración autonómica. Transciende que la nueva Xunta se pone del lado de los intereses de las influyentes empresas de forasteros. No hay que olvidar que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, acudió a la toma de posesión de Núñez Feijóo. En la plaza del Obradoiro se dieron el gran abrazo, cuya imagen está colgada en la página web de la empresa eléctrica. Pecado no es, pero...
LOS VIENTOS DE NÚÑEZ FEIJÓO Y COMPAÑIA POTENCIAN PALAS EÓLICAS FORASTERAS (I)
En el marco de la planificación eléctrica gallega, de la Xunta de Galicia, por decreto de 13 de diciembre de 2007 (DOG, 3 de enero de 2008), se fijó como objetivo en el ámbito de la energía eólica que en el año 2012 existan 6.500 "megawatts" (en inglés, ¡qué majos!) autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia. Por orden de la Consellería de Innovación e Industria de 6 de marzo de 2008 (DOG, 17 marzo) se establece que la potencia máxima para el período 2008-2012 será de 2.325 MW. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se han registrado 172 aspirantes que demandaban un total de 30.500 megavatios. La Comisión de Valoración concedió 2.290,72 megavatios a 29 grupos con 78 proyectos. Cuando menos hay que contar 143 descontentos. Era imposible satisfacer a todos los solicitantes.
La normativa perseguía la entrada de nuevas compañía locales y evitar que la energía eólica siguiese el camino de la hidráulica, que está en manos de grandes empresas foráneas, que para alcanzar ese objetivo han contado desde siempre con la colaboración del poder central y el silencio de los gobiernos autonómicos. ¡A colonizar! Según Julián Rodríguez, la Xunta quería que el 75% del negocio eólico se repartiera entre empresarios de la comunidad. Se anhelaba que una parte de las ganancias revertiera en la sociedad gallega. Era un deseo de justicia. En el último año, Galicia tomaba el 5,15 del PIB de España para el 5,98 de la población, pero en 1980 estaba en el 5,99 para el 7,2 de la población. Galicia pierde población y riqueza. El PIB per capita de Galicia en 2008 equivalía al 85,8 de la media nacional, al 64% del de Euskadi, al 66,2 del de Madrid y el 73,3 del de Cataluña. Madrid con el 0,1% de la producción eléctrica, consume el 11,4%, frente a Galicia que utiliza el 7,5% (que incluye el suministro a grandes industrias que realizan en el país gallego el proceso básico para desarrollar la transformación en otros sitios de España), con una producción del 11,9%. Cataluña casi iguala producción y consumo, pero el País Vasco gasta el 8,2 pero sólo obtiene el 0,8%. Sin embargo, la energía, con 3.892 millones de euros, aporta al PIB de Madrid el 2,23% , mientras a Galicia proporciona 1.754 millones, el 3,48% del producto interior bruto a precios de mercado. Es el resultado de una vieja política de expolio, a la cual no se enfrentó el autogobierno en 25 años. Al intento de Fernando Blanco para poner final al expolio se opuso la sucursal gallega del partido socialista, que lo hizo con la injustificada espantada de dos miembros de la comisión de valoración del concurso eólico. ELOGIOS DEL CONSELLO DE LA XUNTA AL DECRETO EÓLICO En la referencia del consello de la Xunta de 13 de diciembre de 2007 se daba cuenta de la aprobación del nuevo decreto eólico con estos titulares: "O CONSELLO DA XUNTA REGULA O APROVEITAMENTO EÓLICO EN GALICIA HARMONIZANDO AS NECESIDADES DE CRECEMENTO ECONÓMICO E SOCIAL CO RESPECTO AO MEDIO NATURAL
"O novo modelo de aproveitamento da enerxía eólica aposta pola transparencia nas autorizacións, por unha xestión profesional con proxectos viábeis que garantan estabilidade ao sistema e polo retorno social das explotacións eólicas a través da participación pública
"Este marco legal permitirá desenvolver os obxectivos de potencia eólica situados nos 6.500 MW autorizados en 2012".
En la información del Consello de la Xunta se destaca que "o novo decreto de regulación eólica establece un modelo de autorizacións transparente e non especulativo, que limitará ou eliminará o tráfico de dereitos derivados das admisións a trámite ou das autorizacións antes da entrada en funcionamento dos parques". (Diez miembros del Consello eran socialistas y cuatro, nacionalistas). En el texto del Decreto publicado en el DOG se señala que fue "por proposta do conselleiro de Innovación e Industria, de conformidade co ditame do Consello Consultivo e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día trece de decembro de dous mil sete". Quiere decir que el Decreto eólico ha sido aprobado por todo el Gobierno gallego, O sea, un Decreto correcto. Tiempo después los conselleiros socialistas de Medio Ambiente y Traballo exteriorizaron su discrepancia con el Decreto, hasta el extremo de que sus representantes en la Comisión de Valoración para seleccionar las concesiones se ausentaron de la mesa. ¡Menuda tropa! Incluso han llegado a presionar al entonces presidente Touriño para que cesase al conselleiro de Innovación e Industria antes de que la Comisión de Valoración se pronunciase. ¿Por qué los socialistas han aprobado en el Consello de la Xunta el Decreto si lo presumían cargado de inseguridad jurídica? La lince Iberdrola aprovechó esta circunstancia tan pronto conoció el resultado del concurso para airear la inseguridad jurídica que se derivaba de la postura de los representantes socialistas de Urbanismo y Medio Ambiente. Sin embargo, ni Iberdrola ni Fenosa han recurrido el Decreto. Si les hubieran otorgado todos cuantos megavatios solicitaban seguro que la "inseguridad jurídica" quedaba en cuento chino. Baste saber que entre Fenosa (1.050 MW), Iberdrola (1.391)y Endesa (717) solicitaban en total 3.158 MW, cuando la potencia en concurso era de 2.325 MW.
DINERO PÚBLICO PARA EMPRESAS DESAPARECIDAS
Está muy claro que La Voz de Galicia contribuyó de manera sobresaliente a emponzoñar el concurso eólico. El Grupo San José albergó el proyecto de editar un periódico gallego, que tendría su sede en un moderno y luminoso edificio, con una superficie de 3.000 metros cuadrados, en el polígono de Costa Vella de Santiago, pero el 13 de noviembre de 2004 se paralizó la publicación, según Xornal.com, por "diferencias de criterio" entre el grupo de Jacinto Rey y el equipo editorial liderado por José Luis Gómez, ex director de La Voz de Galicia. En septiembre de 2008 se anuncia de nuevo que Jacinto Rey ultima el lanzamiento de un nuevo periódico gallego en víspera de las elecciones autonómicas. Xornal de Galicia, de la empresa Udramedios, filial del Grupo San José, nace con un capital social de unos 12 millones de euros. Ahora la sede de la redacción de Xornal de Galicia se sitúa en el Polígono de A Grela, en Coruña, con domicilio social de la empresa en Pontevedra y se imprime en los talleres de Faro de Vigo. El día 9 de diciembre de 2008 apareció el número uno de Xornal de Galicia. El titular más destacado de su primera página, a cinco columnas, dice: "Rianxo loita pola casa de Castelao co seu dono. La Voz de ese día resalta, a cuatro columnas en primera, que "el 80% de los gallegos que pidieron la ayuda de cuidador no han recibido un euro de las promesas de Quintana". Un golpe muy periodístico. A Santiago Rey no le agradó la salida del nuevo periódico, pero todavía menos que estableciese su redacción en Coruña, donde ya competían tres diarios. Llevar la redacción del periódico del Grupo San José para Coruña puede considerarse un error de planificación, de la misma manera que hay que contemplar como acierto no adquirir rotativa propia. En Galicia no sobran periódicos, cuantos más mejor (sin ayudas públicas), pero sí hay exceso de rotativas. Tres días antes de salir a los quioscos Xornal de Galicia, en las páginas de la edición coruñesa de La Voz, en una información que daba cuenta de la presentación de un libro sobre periodistas, ya se incluyó este texto: "El presidente de La Voz se refirió entonces a la competencia, «que no está entre los medios, sino que viene del mundo político, de un fondo de reptiles empresarial, de nacimiento espúreo [no está registrada en el Diccionario] y monstruoso y que dentro de unos días veremos en esta ciudad». Sobre este asunto, criticó el hecho de «que salga a la luz un proyecto de este tipo cuando todo el mundo está rozando la ruina, cae la publicidad y las ventas no van mejor». Dependerán, añadió, de «determinados estamentos políticos, consellerías dispuestas a darles unas subvenciones monstruosas y relacionadas con la industria eólica». Y todo esto se produce cuando «la profesión, como el país, está en un momento terrible, muy terrible», sentenció". (Entre paréntesis, El País, de 7 de agosto último, informa de la fiscalización del año 2006 del Consello de Contas y coloca este dato: "La Xunta pagó ese año a medios de comunicación 20 millones de euros por distintos conceptos. Más de la cuarta parte, 5.765.626 euros, fueron a la Corporación Voz de Galicia". El DOG del 14 de agosto último inserta la resolución con las ayudas económicas destinadas a empresas periodísticas y de radiodifusión por un total de 2.539.336 euros, de los que La Voz y sus empresas se llevan el 40,3%. (Esta bicoca la convocó el bipartito en diciembre de 2008 y la adjudicó el Gobierno de Núñez Feijóo). El Consello de Contas, en la fiscalización del IGAPE del ejercicio de 2002, da cuenta de una subvención de intereses por más de un millón de euros a La Voz para la reestructuración financiera y el restablecimiento de la viabilidad de cuatro empresas del Grupo (Video Voz, La Voz de Baleares, Ediciones Periodísticas y Voz de Galicia Radio). La Voz de Baleares desapareció el 24 de diciembre de 1998 y Ediciones Periodísticas (Diario 16) públicó su último número el 7 de noviembre de 2001. En el informe del Consello de Contas está escrito: " "La Comisión Delegada de la Xunta de Galicia para Asuntos Económicos declaró el 25 de mayo de 2000 de especial interés estratégico para Galicia a esas empresas, autorizando la suscripción del convenio directo con La Voz de Galicia, S.A., que fue firmado el 20 de junio de 2000. No consta la publicación de la concesión de la ayuda en el DOG. "El préstamo se había formalizado el 30 de julio de 1999, con anterioridad por lo tanto a la concesión de esta ayuda, aunque con posterioridad a la solicitud, realizada el 22 de julio de 1999". " "No puede concluirse, por lo tanto, - termina el informe- que el objetivo que se perseguía con estas ayudas se alcanzara, al menos en la medida esperada".
LA VOZ Y JACINTO REY FUERON SOCIOS EN "DIARIO 16" El mismo derecho que asistió a Santiago Rey para adquirir en 1998 la cabecera de Diario 16 y el 7 de noviembre de 2001 enviarla al desván de los recuerdos, con unas pérdidas de 26,5 millones de euros, y de crear en 1994 la Cadena Voz de Radiodifusión con excelentes profesionales, pero sin cobertura suficiente para alcanzar audiencia, que tras años de pérdidas vendieron a Telefónica en 10,6 millones de euros en diciembre de 1999; decía que el mismo derecho que tenía un Rey para ampliar su multimedia también asiste a otro Rey para diversificar su grupo empresarial con medios de comunicación. Sin ayudas públicas ni "fondos de reptiles". Ambos empresarios pueden hacer con su dinero lo que les apetezca. Por cierto, el Grupo Voz compró en enero de 1998 en pública subasta y como único postor la cabecera de Diario 16 por 527 millones de pesetas. (El Grupo vasco Correo consideró que resultaba más barato lanzar una nueva cabecera que comprar la de Diario 16). Emilio Rey Berguer logró que en Ediciones Periodísticas S.L., con el Grupo Voz como accionista super-mayoritario, entrase el Grupo San José con una pequeña participación, para editar el periódico madrileño. El producto periodístico, que se inició con una plantilla de ¡14 periodistas!, era aceptable, pero obtenía bajos ingresos, así que en menos de cuatro años (que tampoco es tanto tiempo para dar vida a un muerto en un mercado muy competitivo con medios protegidos) la editora sumó pérdidas de 5.000 millones de pesetas (unos 30 millones de euros). El Grupo Voz no podía mantener el simbólico periódico de la democracia, por tanto se replanteó el proyecto. Intentó captar financiación externa, para reducir su participación al 26%. Pero a falta de inversores, el relanzamiento no fue posible. El 31 de octubre trató de vender la cabecera por el simbólico precio de una peseta. Un grupo valenciano parecía estar interesado, pero dio marcha atrás, a lo cual siguió un Expediente de Regulación de Empleo para los 118 trabajadores de la plantilla con la publicación del último número ya como Diario Abierto el 7 de noviembre de 2001. Con La Voz de Baleares, que publicó durante 999 días en Palma de Mallorca, perdió el Grupo 700 millones de pesetas. La situación económica de la Corporación Voz no estaba para esos desembolsos. El editor Santiago Rey había dejado en 1994 la empresa en manos de sus hijos, Emilio y Santiago, que con poca experiencia se embarcaron en una expansión del Grupo que superaba los recursos. Para el Comité de Empresa, la desaparición de Diario16 "es fruto de una gestión nefasta y negligente por parte del Grupo Voz". Santiago Rey Fernández-Latorre compró las acciones que su hermana Paloma y su prima Totora tenían en La Voz, y pasó a controlar el 64% del capital. El 28 de febrero de 2001 apartó a sus hijos de las empresa: Santiago Rey Berguer, vicepresidente, y Emilio Rey Berguer, consejero delegado y editor. El día 22 de noviembre también los cesa como vocales de la Fundación Fernández Latorre, a la que pertenecían desde su creación en 1997. Ese 22 de noviembre la fundación cambió de hombre: pasó a llamarse Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, con la intención de dotarla de nuevas funciones y ampliar sus cometidos. Toma ya. Y adiós, abuelo. Emilio Rey Berguer, máster en periodismo por la Universidad de Missouri, fue designado consejero delegado a los 24 años. Tras siete años en el Grupo fue cesado. ¿Por qué? En declaraciones a la revista Usuarios Ausbanc confesaba: "Me siento sorprendido ya que en ningún momento a través de ninguno de los órganos de la empresa, en los diversos consejos de administración, tanto de La Voz, como de Diario 16, o de Diario de León, y siendo mi padre, Santiago Rey, presidente y también consejero delegado, jamás se dirigió una crítica hacia mi labor. Y ahí están las actas para demostrarlo. Había incluso consejeros externos. Es más, en una reunión personal con el presidente, celebrada en Navidad del 2000, se mostró satisfecho con mi gestión. Entonces, me siento despistado, desconcertado y con el deseo aún de que me den explicaciones".
Alredor de septiembre de 2001, con la adquisión del 27% de su ex mujer Celia Berguer Sández y el 9% de sus hijos, Santiago y Emilio, que supusieron un desembolso de cerca de 4.000 millones de pesetas, Rey Fernández-Latorre se hace propietario único. A base de dinero hizo frente a la crisis familiar. Los números rojos de La Voz eran importantes, pero la culpa no puede recaer únicamente sobre los hijos, que fueron colocados por su padre al frente de una gran empresa sin experiencia en gestión. El caso es que el Grupo fue salvando la situación con la plus valía que obtuvo de la venta del Diario de León por 36 millones de euros, los beneficios de las empresas audiovisuales y el dinero público. Al tiempo ahuyentó a los grupos mediáticos foráneos que pretendían hacerse con La Voz. Sobre la parte negativa del sector de la comunicación en Galicia, Julián Rodríguez recoge en su libro "Señores de Galicia", esta declaración de Santiago Rey Fernández-Latorre: "la dependencia económica de la financiación pública por diversas vías y, como consecuencia, la falta de independencia y de competencia libre y leal". A confesión de parte...
PALOS DE CIEGO CONTRA EL CONSTRUCTOR
Santiago Rey no quiere competidores, así que desató una guerra con muy poco sentido. A corto plazo no hay contricante. El mismo día que Xornal se estrenaba en los quioscos, los lectores de La Voz se han encontrado con la noticia titulada: "El sector teme que Constructora San José se lleve la mayor parte de los molinos para aliviar su situación financiera". Ya en el texto esta pulla: "Pese a que la resolución de la puja eólica no se conocerá hasta la próxima semana, en el sector eólico gallego existe el temor a que el constructor, que también tiene intereses en el negocio de los medios de comunicación, sea agraciado con la mayor parte de la potencia en liza para aliviar su situación financiera". ¡Bingo! Enerxías Renovables de Galicia, del Grupo San José, alcanzó en la selección el 6,1% de la potencia en concurso, pero menos que seis promotores gallegos y Endesa. Más que información de un periódico serio, la noticia era elucubración para hacerle daño a las empresas de Jacinto Rey. O sea, algo impropio de quien se define, según su periódico, como "el último periodista y editor independiente que queda en España". La independencia de Santiago Rey la pone en cuarentena El País de cuando en cuando, por las millonarias subvenciones y publicidades que desde siempre viene recibiendo su multimedia de la Xunta de Galicia. Hasta ahora nadie se ha ocupado de sumar el total de ayudas que recibieron los media y el periódico de las trece ediciones desde 1983, año en que la Xunta estableció una especie de "rasca-rasca" para los medios de comunicación de Galicia a cuenta de la hacienda autonómica. Sin duda, es una suma considerable porque han transcurrido muchos años con esta práctica innoble. Y si se incorporan convenios, publicidad institucional e impresión del Diario Oficial de Galicia, igual se reunían recursos para eliminar por una vez la maleza que invade las carreteras de segunda de la red autonómica. El proceder caprichoso del buen editor no beneficia a La Voz. Hace poco más de un año se permitió airear problemas de La Región, lo cual dio pie al periódico de José Luis Outeiriño a dedicarle este titular tomado de una auditoría de Deloitte: "Santiago Rey debía a la Voz de Galicia 30,3 millones de euros en el año 2006". Pero el editor ourensano de la mano de la misma firma auditora ponía en el texto este otro dato: "La Corporación La Voz de Galicia tenía contraída una deuda con terceros que rondaba los 73 millones de euros". En un editorial aluden a "la ambición monopolística de los editores del diario coruñés, desde hace años convencidos de que la suerte de Galicia está ligada a la suerte de su propio negocio".¿No sería más noble que el editor de La Voz dejase de fisgar en los asuntos de los demás y dedicara todo su talento a mantener el periódico, fundado por Juan Fernández Latorre, entre los grandes medios de España? Publicado por COUSELO en ESPOLIO EOLICO | Enlace permanente
UN CONXUNTO DE REFLEXIÓNS SOBRE O PROCESO E A RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE NOVOS PARQUES EÓLICOS DE 2008
Na revista Análise empresarial, no seu número 39, aparece un artículo importante i esclarecedor sobre o famoso concurso eólico. O seu autor é o economista Anxo Calvo Silvosa, ex director xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia aporta una chea de claves para descubrir a manipulación a que se someteu unha das decisións máis acertadas en defensa do país que se teñen tomado nos últimos 25 anos de autogoberno galego. Aí teñen o artigo titulado UN CONXUNTO DE REFLEXIÓNS SOBRE O PROCESO E A RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE NOVOS PARQUES EÓLICOS DE 2008 tal é como aparece en Análise empresarial:
Quitando o epílogo, que foi escrito logo das eleccións do primeiro de marzo, estas reflexións redactáronse nas últimas semanas do mes de febreiro de 2009 por pedimento de Claudio López Garrido, compañeiro na celebérrima comisión avaliadora de parques eólicos. Coido que, agora que se abre unha nova etapa política no País, cómpre explicar, dende o convencemento do traballo ben feito, todo o realizado, mesmo os detalles máis operativos. Agora virán uns novos responsables políticos para a área de enerxía e, de certo, procurarán analizar todo o feito para descubrir algunha fenda nun procedemento obxectivo e robusto coa que saciar a fame de xustificación dunha ofensiva emprendida por fortes poderes empresariais e mediáticos para desaloxar o nacionalismo do poder da Xunta. Oxalá que eses novos xestores sexan quen de subtraerse á influencia deses intereses e rompan o cordón umbilical que tiveron durante esta lexislatura e durante a súa época de goberno. 2005: Un novo enfoque para a enerxía eólica: diferenzas co pasado
Dende o outono de 2005, a Consellaría de Innovación e Industria, dirixida polo nacionalista Fernando Blanco, promoveu un novo decreto regulador da explotación eólica, un dos proxectos máis soados da lexislatura 2005/2009. Esencialmente, o decreto 242/2007 supón un gran cambio a respecto das normas que viron o nacemento e o crecemento da enerxía eólica en Galiza. Pódese afirmar con toda certeza que son dous modelos moi diferentes tanto dende o fondo como dende o aspecto puramente formal. Canto ao fondo, as diferentes normativas eólicas formuladas dende os gobernos do Sr. Fraga Iribarne –decretos 205/1995 e 302/2001- coincidían en darlles aos intereses privados todo o protagonismo e toda a iniciativa na explotación do vento para a produción de enerxía eléctrica. Coido que a idea de interese público era practicamente inexistente. Por exemplo, falar de participación pública no capital social das empresas promotoras ou de establecer fórmulas negociadas que procurasen un reparto das rendas cos propietarios dos montes estaban nas antípodas do modelo eólico anterior. O papel da Administración ficou reducido a non pór pexas aos plans que tiñan as empresas e a darlle unha cobertura legal a unha auténtica privatización do recurso eólico, sen contrapartida en termos de compensación dos custos sociais ou ambientais derivados da implantación dos parques. Evidentemente, todo o proceso de liberalización do sector enerxético intensificado polo Goberno Español dende a segunda metade dos noventa actuou como referente e posibilitador destas políticas tan favorables aos intereses privados dos promotores. A planificación enerxética era nominal e absolutamente flexible para dar cobertura aos intereses dos promotores.
A respecto dos plans industriais asociados, pódese dicir que nunca se converteron nun aspecto central do desenvolvemento eólico e tampouco foron obxecto dun especial control por parte da Administración. Os devanditos plans estaban orientados unicamente a facilitar a implantación dos parques, fornecéndoos da maquinaria e dos compoñentes que precisaban para poderen operar, mais non houbo intención de xerar coñecemento avanzado que puxese a Galiza nun lugar destacado no ámbito do I+D+i no mundo das renovables. Todo ao contrario: coa perspectiva dos anos, poderíase dicir que o territorio galego foi unha sorte de cobaia onde a tecnoloxía eólica atopou un campo de probas, pero non máis ca iso. Dado que os parques galegos son dos máis antigos, as máquinas instaladas neles están obsoletas. Esta circunstancia, alén de supór unha clara perda de eficiencia, dificulta dende o punto de vista técnico a implantación de novos aeroxeradores ao non seren os xa instalados os ideais para o funcionamento do sistema eléctrico. En definitiva, coido que non había un esquema de desenvolvemento industrial para as comarcas onde se localizasen os parques, senón só unhas implantacións industriais vinculadas estritamente á construción dos parques. Ademais, plans de certa entidade tan só foron materializados por uns poucos promotores. O resto adheríanse a estes ou ficaban nun limbo cómodo carente de compromiso firme co emprego ou coa creación de tecnoloxía.
Evidentemente, isto repercute no formal, nos procedementos. Os modelos anteriores carecían do carácter obxectivo que ten o vixente decreto 242/2007. Para empezar, os plans eólicos estratéxicos do decreto 205/1995 concedíanselles ás empresas sen existir un procedemento con criterios explícitos e obxectivos: o promotor acudía á administración e solicitaba unha determinada potencia para ser desenvolvida a través dun conxunto de parques e, como consecuencia do resultado dunhas conversacións co poder político, vía como a súa solicitude prosperaba ou ficaba a agardar. Eu ignoro as cuestións que se trataban nesas conversas, porque nunca transcenderon alén dos despachos de San Caetano. Consonte esta normativa, na miña opinión escasamente obxectiva, aprobáronse 18 plans eólicos estratéxicos que, coas modificacións e as ampliacións aprobadas consonte o mecanismo exposto deseguido, suman 3.880 MW.
Logo promulgouse o decreto 302/2001. Nel aparece a figura do Plan Eólico Empresarial e, a través dunha disposición transitoria, consideraron os titulares dos antigos plans eólicos estratéxicos anteriores como titulares dos novos plans eólicos empresariais. Isto supuxo conservarlles todos os dereitos adquiridos pola aprobación do seu plan de acordo co método descrito no parágrafo anterior. O decreto 302/2001 incorporaba un novo procedemento consistente en que a consellaría con competencia en materia de enerxía establecía cada tres anos, mediante unha orde publicada no DOG, o prazo de presentación das solicitudes de aprobación ou de ampliación ou modificación dos plans eólicos empresariais. Estas solicitudes eran sometidas ao trámite de información pública e, despois, o conselleiro, por proposta da Dirección Xeral competente en materia de enerxía, ditaba nun prazo máximo de seis meses resolución aprobando ou denegando as solicitudes presentadas con base nuns criterios, que en ningún caso se concretaron nin, por suposto, se ponderaron como na normativa actual. O Plan Eólico Empresarial aprobado outorgáballe ao seu promotor os dereitos de investigar o recurso eólico nunhas áreas e de implantar parques con carácter exclusivo nesas áreas e levaba consigo a obriga de desenvolver un programa industrial que rara vez ía alén de adquirir parte da maquinaria a unha fábrica localizada en Galiza. As resolucións publicábanse no DOG e, cunha motivación insuficiente onde non se facía constar ningunha referencia aos supostos criterios de valoración –na miña opinión, porque só eran nominais, mais non efectivos- figuraban unhas liñas brevísimas e xenéricas onde había que supor ou intuír –por non dicir crer- a existencia dun plan industrial moi feble en liña co comentado anteriormente.
Anualmente, a antiga Consellaría de Innovación, Industria e Comercio publicaba unha orde de admisión a trámite de potencia eólica. Malia que formalmente existía unha listaxe de criterios de valoración, esta carecía dun baremo que puidese obxectivar a decisión da administración e, por suposto, as resolucións de admisión a trámite seguían a carecer da motivación clara que teñen as actuais. Con estas ordes, coido que a administración anterior fixo saltar polos aires a escasa idea existente de planificación enerxética e acadou nunha cota de arbitrariedade similar á que exhibiu cando autorizou os vellos plans eólicos estratéxicos ao abeiro do 205/1995, xa que admitiu a trámite parques impulsados por promotores individuais que, normalmente próximos ao poder, en ocasións nin sequera acreditaban os requisitos de capacidade legal, técnica e económica esixidos pola normativa do sector eléctrico. Por suposto que estas prácticas deron lugar a un intensa actividade mercantil onde os agraciados obtiveron pingües beneficios alleando papeis referidos a proxectos de parques individuais que finalmente acabaron nas mans dos grandes promotores.
Este proceder repetíase cos chamados parques singulares, normalmente orientados cara aos concellos, onde tamén existía formalmente unha orde de convocatoria carente, en calquera caso, dunhas bases ou baremos como as que introduciu a Consellaría de Innovación e Industria na Orde de 6 de marzo de marzo de 2008. A derradeira convocatoria para parques eólicos singulares –estruturada ad hoc en dúas normas- e a súa resolución foron un disparate xurídico e un exemplo de improvisación e de ausencia de sentido planificador nas decisións. O novo goberno fixo unha revisión de oficio desta convocatoria, anulou unha ampliación da convocatoria irregular, retrotraeu o procedemento ao momento anterior á resolución e promoveu unha nova admisión a trámite a partir dos traballos dunha comisión onde participou como observador un representante de Fegamp. Ao remate, os gobernos anteriores ao 2005 comprometeron arredor de 4.200 MW de potencia eólica entre plans, parques individuais e parques singulares con procedementos escuros e sen dar explicacións a ninguén. Na miña opinión é moi salientable que os que agora claman pola pureza, a participación, a transparencia, etc daquela non abriron a boca e toleraron por motivos que eles deberían clarificar que o sector eólico se desenvolvese neste País á marxe do interese xeral e en beneficio dun grupo moi reducido de promotores. O modelo que nace co Decreto 242/2007 caracterízase pola inserción da cuestión eólica no marco da planificación enerxética de Galiza, pola existencia de convocatorias públicas abertas, con criterios claros e estruturados en subcriterios valorados con puntuacións establecidas nunha orde publicada no DOG -onde se fai unha aposta explícita pola promoción do investimento, a creación de postos de traballo, a xeración de coñecemento, a participación pública, etc-, cunha comisión de valoración coñecida de antemán e con todas as garantías técnicas, xurídicas e administrativas esixibles a un tema desta importancia. Velaquí a gran diferenza co anterior.
Os beneficios da nova admisión a trámite
A Consellaría de Innovación e Industria, coa resolución do 26 de decembro de 2008, admitiu a trámite 2.290,72 megawatts de potencia eólica, un total de 78 proxectos de parques eólicos de 29 promotores. A participación estimada media que xestionará o Goberno galego nos devanditos proxectos acada o 14,22%. A presenza pública no capital social das empresas promotoras daralle á Administración Galega dereitos económicos, por exemplo o de percibir un dividendo, e políticos como o de formar parte dos consellos de administración colaborando na marcha da sociedade e actuando dende o interior da empresa a prol do interese público.
Alén disto, a práctica totalidade dos proxectos recolle unha porcentaxe de participación sobre a facturación bruta anual de entre o 1% e o 3%, que equivalerá a 15,6 millóns de euros estimados anuais para os propietarios. O investimento previsto no desenvolvemento destes parques é de 2.744 millóns de euros, que segundo informou o conselleiro se suman aos aproximadamente 1.300 millóns de euros de investimento que contemplan os proxectos de desenvolvemento asociados aos proxectos. Nun momento de crise económica coma o que atravesamos, é importante que se poñan en marcha proxectos enerxéticos e industriais cun investimento superior aos 1.400 millóns de euros, cunha creación de emprego estimada varios miles de postos de traballo.
Vemos que as normas que sustentan esta admisión a trámite procuran que o conxunto do País obteña unha compensación razoable por ter que soportar os custos sociais e ambientais vinculados ás instalacións eólicas. Os criterios que máis peso tiveron na valoración foron o impacto socio económico positivo do proxecto de desenvolvemento económico e o alcance, viabilidade e interese social da proposta de compromisos adicionais. Cada un destes criterios representaba 30 puntos sobre un total de 100. Dito doutro xeito, o desenvolvemento económico para o conxunto do País e o interese público representou até o 60 % da decisión da consellaría. A diferenza cos modelos do pasado é ben clara e non precisa de máis comentarios.
O papel do sector eólico no debate
Houbo un gran debate promovido pola Consellaría de Innovación e Industria sobre esta cuestión. Neste sentido, isto per se foi un obxectivo acadado: coido que fomos quen de pór a cuestión enerxética en xeral, e nomeadamente a eólica, nun primeiro plano e todo aquel que quixo participar no debate puido facelo con total liberdade e coa certeza de que foi escoitado pola Administración.
Evidentemente, as empresas do sector tiveron presenza destacada no proceso, xa que en todo momento foron informadas dos plans da consellaría e sempre se escoitaron cantas propostas e ideas nos quixeron trasladar.
Dende un primeiro momento, coñeceron da folla de rota da consellaría: pechar ordenadamente o modelo do goberno anterior, definir nun decreto o modelo novo, implantalo por medio dunha orde de convocatoria para a admisión a trámite de nova potencia até acadarmos os 6500 megawatts autorizados no horizonte de 2012, resolver a devandita orde dentro da presente lexislatura e tramitar asemade unha modificación do plan sectorial eólico vixente.
Sempre fomos moi claros con eles e en ningún caso poden aducir que o feito se apartou do transmitido dende o primeiro momento. Ora ben, en todo este longo proceso escoitamos as suxestións formuladas dende o sector e incorporamos algunhas delas ao noso modelo, nomeadamente as referidas ao peche dos vellos plans eólicos empresariais do decreto 302/2001 tal como se recolleu nas transitorias primeira e segunda do novo decreto. Non cedemos á pretensión deles de conservar o dereito exclusivo de promover parques nas áreas do seu plan unha vez que este estivese rematado por prazo. Este foi un punto de debate que constituíu en gran medida a chave da oposición dalgúns dos vellos promotores á nova política.
En todo caso, coido que quedaron salvados os obxectivos básicos da nova política eólica: abrir o sector a novos operadores a través dun procedemento transparente e en concorrencia, contar con participación pública nos novos parques e empregar a potencia eólica como panca de promoción industrial para promover o investimento e o emprego nas comarcas onde se localizan os parques.
Ao final, un dato ben elocuente: dous promotores presentaron recurso contencioso-administrativo. Aspectos concretos a respecto da resolución da convocatoria
O artigo 12.3 do Decreto 242/2007 dispuña que, rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Consellería de Innovación e Industria tiña que iniciar o procedemento de selección dos anteproxectos presentados consonte os criterios de valoración establecidos nos artigos 10 e 11 se a suma das potencias das solicitudes presentadas superaba a potencia máxima prevista na orde de convocatoria. Na práctica houbo arredor de 30.000 megawatts en solicitudes e a potencia máxima prevista na orde era de 2.325 megawatts. En definitiva estabamos perante o devandito suposto.
Neste caso, no prazo máximo de seis meses, por resolución da Consellaría de Innovación e Industria, era necesario aprobar a relación dos anteproxectos seleccionados, conforme os criterios establecidos nos devanditos artigos do decreto, e formular asemade unha lista priorizada de anteproxectos suplentes.
Así mesmo, a orde, seguindo as indicacións do artigo 12, contiña a previsión de constituír unha comisión para a valoración das solicitudes consonte os criterios fixados nos devanditos artigos 10 e 11 do decreto 242/2007, composta por catro representantes da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas entre os que figuran o presidente e a secretaria da comisión; tres representantes do Instituto Enerxético de Galiza (Inega), entre os que está o seu director, que actúa como vicepresidente da comisión; e un representante por cada unha das consellarías de Medio Rural, Medio Ambiente e Política Territorial. A comisión, polo tanto, debería valorar estritamente as seguintes cuestións: a relación entre produción enerxética e afección ambiental; viabilidade técnico-económica e maior impacto socio-económico positivo do proxecto de desenvolvemento económico así como o importe dos investimentos e programa de execución; a maior capacidade técnica e financeira para a execución material do parque; o nivel tecnolóxico das instalacións que conforman os parques eólicos que o proxecto contempla para seren desenvolvidos dentro da Área de Desenvolvemento Eólico; a viabilidade da proposta de interconexión; e o alcance, viabilidade e interese social da proposta de compromisos adicionais. Estes criterios apareceron debidamente ponderados no artigo 5º da Orde de 6 de marzo de 2008.
Unha vez que as diferentes consellarías e centros directivos designaron os seus representantes e o conselleiro de Innovación e Industria os nomeou como membros da comisión, esta quedou validamente constituída o 17 de outubro de 2008.
Por acordo unánime no seo da comisión, aprobáronse unhas normas de funcionamento interno co obxectivo de concretaren todos os detalles de organización e de operativa para poder a comisión desenvolver os seus traballos.
Tamén unanimemente decidimos como ía ser o procedemento de traballo. Esencialmente este consistiu en que a comisión ía establecer a metodoloxía de aplicación da valoración segundo cada un dos criterios do decreto e consonte o baremo fixado pola Orde de 6 de marzo a través duns informes elaborados por membros da propia comisión. A aplicación dese método correspondería, segundo o tema, aos medios técnicos da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas ou do Inega. Finalmente, sería a comisión quen validase a aplicación dos criterios aos diferentes anteproxectos presentados e quen formulase a valoración definitiva para confeccionar a proposta de anteproxectos admitidos a trámite e a listaxe de agarda á que se fixo referencia anteriormente.
A elaboración dos informes técnicos para a valoración foi un exemplo de obxectividade e preocupación por motivar até o último punto outorgable con criterios perfectamente contrastables e afastados da discrecionalidade. Mesmo se pode dicir que os relatores, todos eles membros da comisión, redactaron as súas metodoloxías de valoración sen coñeceren a priori o contido dos anteproxectos para garantir un maior grao de imparcialidade. Cando estiveron todos os informes aprobados, os membros da comisión sen ningunha excepción tiveron libre acceso á totalidade da documentación depositada nun arquivo da dirección xeral e, alén disto, foron constantemente convidados a participar nas sesións de aplicación da metodoloxía pactada ben como supervisores do proceso ben como participantes directos nel. De feito, todos os membros da comisión nos implicamos nestas tarefas, agás os representantes de Medio Ambiente e de Política Territorial.
Un aspecto salientable é que ningún proxecto foi analizado unicamente por unha persoa. É dicir, todos os proxectos pasaron por varias mans para extraer a información acaída ao método de valoración fixado en función das temáticas dos informes (técnicos, económicos, sociais, etc.). Na miña opinión, isto contribuíu a incrementar aínda máis o carácter obxectivo de todo o proceso e, sobre todo, a reducir o risco de sesgo positivo ou negativo dunha valoración se esta for desenvolvida por un único axente.
Hai que pensar que de cada anteproxecto se analizaron arredor de 90 datos. Se consideramos que foron avaliados uns 800 expedientes, a conclusión é que traballamos con aproximadamente 72.000 datos. Para poder xestionar correctamente esta información, os servizos informáticos da Consellaría de Innovación e Industria deseñaron unha base de datos e un programa de cálculo para que os datos extraídos da documentación presentada polas empresas fosen conformando a puntuación final dos anteproxectos a partir da metodoloxía establecida pola comisión.
En paralelo, o persoal do servizo de Enerxías Renovables da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas traballou para seleccionar os proxectos que deberían ser obxecto de valoración por parte da comisión. É dicir, constatou que os promotores cumprisen cos requisitos de capacidade legal, técnica e económica, tivesen toda a documentación esixible presentada e que os seus proxectos cumprisen os requirimentos ambientais e urbanísticos contemplados na normativa vixente. Este foi un traballo tremendamente laborioso e complexo polo que hai que felicitar a quen participou nel e o levou a bo termo.
Todo este procedemento rematou na elaboración dunha listaxe de proxectos pola comisión a partir dos outputs do programa de tratamento de datos, unha vez que a comisión validou a metodoloxía de aplicación desenvolvida consonte as súas indicacións. A confección final da relación de proxectos admitidos a trámite e a listaxe de agarda fíxose considerando as concorrencias por áreas dos diferentes anteproxectos, dándolles obviamente prioridade a aqueles con maior puntuación e relegando á listaxe de agarda os desprazados polos anteriores.
Finalmente, a comisión cumpriu o seu cometido cunha semana de prórroga concedida a pedimento da comisión polo conselleiro de Innovación e Industria sobre o prazo de seis meses inicialmente contemplado na normativa. Isto esixiu traballar arreo coa colaboración de moitas persoas no proceso. Alén do reto político, foi un reto profesional do que todos e todas os que participamos nel podemos sentirnos orgullosos, posto que unha empresa desta dimensión rematou de xeito plenamente satisfactorio.
A polémica: dous membros da comisión abandonan a última semana
O abandono de dous membros da comisión foi o episodio máis lamentable de todo este proceso. Hai que ter en conta que, malia que dende o principio dos traballos da comisión o representante da Consellaría de Medio Ambiente trasladou as reticencias da súa consellaría co procedemento contido no Decreto 242/2008 e coa orde que o desenvolve, todos os acordos foron adoptados por unanimidade até o 22 de decembro de 2008. Coido que esta pose resultou totalmente inoportuna e fóra de lugar posto que foi o Consello da Xunta quen aprobou o devandito decreto logo dun amplo e frutífero debate no seo dos diferentes departamentos gobernativos que deu como resultado a incorporación ao borrador de decreto de suxestións feitas dende as diferentes consellarías, entre elas a de Medio Ambiente. En consecuencia, estamos perante un decreto do Goberno Galego e perante unha orde da Consellaría de Innovación e Industria redactada en desenvolvemento do anterior e as críticas e desafeccións posteriores á promulgación por parte dunha consellaría carecen de sentido xurídico. Supoño que os responsables políticos da Consellaría de Medio Ambiente deben unha explicación ao Consello da Xunta e ao seu daquela presidente por unha actitude tan insensata e obstrucionista.
Canto ao abandono destas dúas persoas, aínda hoxe non chego a comprender o motivo cando eles mesmos manifestaron o mesmo día en que marcharon que en poucas ocasións asistiran a unha comisión onde se traballase co rigor e a obxectividade da comisión de valoración de parques eólicos. Eles saben perfectamente que o traballo foi pulcro dende todos os puntos de vista. Coido que eles, que participaban pola súa condición de funcionarios, non deberían abandonar a comisión porque non cumpriron coas súas obrigas como tales servidores públicos. Se tiñan que pórlle tachas ao procedemento deberían ficar e emitir un voto particular. Porén, eles sabían que iso non era posible porque, alén do que intentasen empezoñar axentes alleos á comisión, todo o feito foi acordado entre todos/as e non nos afastamos nin media micra da legalidade e do establecido no seo da propia comisión.
De feito, na sesión anterior á súa marcha, e diante das informacións tendenciosas que aparecían nun medio de comunicación, a comisión de valoración aprobou por unanimidade unha vez máis un comunicado que foi anexado á acta do día. Neste documento afírmase categoricamente, entre outras cuestións, que todas as persoas que participaban nela concordaban en que o labor da comisión respondeu aos principios de legalidade, obxectividade e transparencia; que, dende o momento en que a Comisión aprobou unanimemente os criterios de valoración, todos os seus membros tiveron pleno acceso á totalidade da documentación de todos os solicitantes; e que foi a Comisión a que valorou todos os proxectos cos apoios técnicos de persoal da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas e do Instituto Enerxético de Galicia que, en todo caso, foron acordados por unanimidade no seo da Comisión.
Argüíron que non estaban de acordo co tratamento ambiental que a orde e o decreto contiñan e que non había tempo abondo para resolver e, por tales motivos, recibiran instrucións dos seus superiores de abandonar a comisión. Xustificacións, na miña opinión, absolutamente desafortunadas por canto que o traballo da comisión estaba perfectamente delimitado e cinguido ao contido dos artigos 10 e 11 do decreto e, naquel momento, todo o traballo de aplicación da metodoloxía de valoración estaba rematado para resolver dentro da prórroga solicitada pola comisión a instancia deles e concedida polo conselleiro. Eles non quixeron entrar no fondo do asunto e marcharon.
Coido que en xeral os medios de comunicación tiveron un comportamento bastante ecuánime e respectuoso cos traballos da comisión. Dende este punto de vista, cómpre valorar a actuación dos que, facendo seguimento de como ían a discorrer os traballos da comisión, mantiveron unha liña informativa de independencia e de rigor nas súas informacións. Insisto que este foi o comportamento da practicamente todos os medios.
Porén, houbo un xornal de gran difusión en Galiza que dende o primeiro momento combateu de forma absolutamente virulenta e irracional o proceso aberto dende a Consellaría de Innovación e Industria. Sorprende a calquera que dende que foi publicado o Decreto 242/2008 este medio adoptou unha actitude belixerante co traballo desenvolvido por esta consellaría polo simple feito de pertencer á parte nacionalista do Goberno Galego. De feito hai durante todo o ano 2008, moito antes de que se resolvese a convocatoria, artigos de opinión e informacións publicadas neste xornal que impresionan polo escaso respecto e que manifestan cara ao funcionamento dun goberno nun sistema parlamentario, nomeadamente o galego. Por exemplo, dende a portada desa publicación, un xornalista preguntábase meses antes da resolución como era posible que a forza con menos deputados no Parlamento Galego fose resolver un tema de tanta transcendencia para o País como é o concurso eólico. Noutras ocasións apelouse directamente ao presidente da Xunta para que impedise que a Consellaría de Innovación e Industria, dirixida polo nacionalista Fernando Blanco, tomase esta decisión. Por razóns inconfesables, a liña editorial deste xornal empregouse a fondo en botar pezoña e sementar dúbidas de todo tipo nun proceso claro e transparente coa única intención que evitar que un conselleiro nacionalista resolvese a convocatoria no prazo previsto no decreto.
Neste contexto, a oposición do Partido Popular ao proceso, moi intensa no remate do verán de 2008, pasou a un segundo plano xa que estes xornalistas lle estaban a facer o seu traballo, mentres que a outra forza do Goberno bipartito tolerou e consentiu esta desvergoña e despropósito co seu silencio e co comportamento xa descrito dos representantes na comisión das consellarías de Medio Ambiente e Política Territorial.
Afortunadamente, os membros da comisión, coa excepción dos funcionarios que abandonaron a comisión nas vésperas de rematarmos a tarefa encomendada, fomos quen de manter a sensatez, traballar arreo e cumprir co noso deber. Por todo isto, esta ofensiva fracasou e a resolución da convocatoria produciuse o 26 de decembro de 2008. Por certo, o texto da resolución paréceme un exemplo de motivación xurídica da decisión adoptada. Neste sentido, non ten nada que ver coas resolucións do anterior goberno, caracterizadas pola carencia de xustificación ao botar man de expresións xenéricas e carentes de contido.
No entanto, os ataques continuaron durante os meses de xaneiro e febreiro para, na miña opinión, crear un estado de opinión que penalizase electoralmente o nacionalismo nas eleccións do 1 de marzo.
Por certo, onde estaban estes xornalistas cando o anterior goberno repartiu arredor de 4.000 megawatts sen lle dar explicacións públicas a ninguén? Por que daquela ficaron calados e agora protestan anoxados contra unha resolución que eles saben que non ten tacha e que beneficia o conxunto do pobo ao levar asociados, entre outras cuestións, plans de desenvolvemento económico e participación pública? Estas preguntas deben ser contestadas por eles.
Os pasos até a autorización e instalación dos novos parques
Agora, ábrese un novo procedemento: a autorización administrativa dos parques admitidos a trámite. Este aparece descrito moi polo miúdo nos artigos 13, 14 e 15 do Decreto 242/2008.
En síntese, os titulares dos anteproxectos admitidos a trámite teñen tres meses a contar dende a data da notificación da resolución de 26 de decembro de 2008 para presentar a solicitude de autorización administrativa da instalación xunto a documentación que se relaciona no artigo 13 do decreto. Alén disto, algúns solicitantes terán que presentar, porque así se establece na resolución do 26 de decembro, unha reformulación do plan de desenvolvemento económico para acaelo á potencia finalmente admitida a trámite.
A partir deste momento, comeza a instrución do procedemento: sometemento da solicitude a información pública, remisión do expediente á Consellaría de Medio Ambiente para que esta formule a Declaración de Impacto Ambiental consonte a normativa ambiental vixente, emisión do informe da Consellaría de Política territorial sobre materia urbanística, recompilación de todos os informes, alegacións e resto de documentación necesaria. Con todo este material, a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas formulará unha proposta de resolución motivada sobre a solicitude de autorización administrativa e remitiralla ao titular da Consellaría de Innovación e Industria para que resolva en sentido positivo ou negativo.
Cómpreme salientar que as polémicas sobre as afeccións ambientais ou urbanísticas xurdidas como consecuencia da resolución de admisión a trámite son estériles e feitas cunha mala intención evidente xa que, como se pode observar do procedemento de autorización, en todo caso nunca se estivo a sortear ningún procedemento nestes dous ámbitos dentro do procedemento de autorización administrativa. Outra cousa diferente é que alguén, movido talvez por intereses alleos ao procedemento de admisión a trámite, quixese enredar e confundir a opinión pública insinuando que os controis ambientais e urbanísticos tiñan que ser anteriores á admisión a trámite ou, o que é aínda peor, suxerir que a Consellaría de Innovación e Industria quería apropiarse de competencias que non lle correspondían nestas dúas áreas.
Ademais, para obter a autorización administrativa dun parque eólico será requisito imprescindible que o promotor presente a acreditación do punto de interconexión do parque, emitida pola empresa receptora da enerxía producida.
O prazo para resolver a solicitude de autorización administrativa é de seis meses a contar dende o momento da solicitude. Se non houber unha resolución expresa neste prazo, poderase entender desestimada.
Alén de todo isto, cumprirá unha resolución que aprobe o proxecto de execución, onde se fará mención expresa do prazo para solicitar a acta de posta en servizo definitiva do parque. Este prazo con carácter ordinario non superará os doce meses contados a partir da aprobación do proxecto sectorial. Porén, a pedimento do interesado, este prazo podería prorrogarse por seis meses máis como máximo. Tamén, é necesaria a aprobación do proxecto sectorial por parte do Consello da Xunta. No artigo 16.3 do Decreto 242/2008 establécese de forma categórica que non se poderán iniciar as obras de construción do parque antes desta aprobación, sen prexuízo doutras autorizacións ou licenzas que procedan.
Unha breve conclusión
En definitiva, pódese ver como os procedementos definidos no Decreto 242/2007 son totalmente regrados e respectuosos con toda a normativa sectorial aplicable, nomeadamente a ambiental e a urbanística. A Consellaría de Innovación e Industria, como non pode ser doutro xeito, terá que cinguir a súa actuación a esta norma e todas as demais que sexan de aplicación. O que nunca se debería facer é pór enriba da mesa andrómenas relativas a futuras normas que alguén esta pensando en deseñar e para as que non adoptou ningunha medida cautelar. Isto, alén de ser unha trapallada, introduce inseguridade xurídica nos procedementos e di ben pouco da responsabilidade institucional de quen matina para botar dúbidas sobre un procedemento sólido e ben fundado en dereito.
En todo caso, todo o feito está dentro do Plan Enerxético de Galiza 2007-2012. O obxectivo estratéxico que nel formulamos é que en 2012 un 95 % da electricidade total que se consuma en Galiza teña a súa orixe en fontes renovábeis. Para isto, cómpre que todos os procesos descritos se desenvolvan con axilidade e sen perder robustez administrativa. A meta para dar cumprimento a este obxectivo é termos autorizados nese mesmo ano 6500 megawatts de potencia eólica. Como se pode observar, a aposta da Consellaría de Innovación e Industria polo fomento das enerxías renovables é incuestionable, perfectamente contrastable e fundada no traballo constante feito até este momento.
A experiencia destes tres anos amosa que o camiño non vai ser doado porque existen grupos de interese que non concordan en absoluto con estas políticas de promoción de desenvolvemento económico autocentrado e teñen morriña do modelo anterior porque lles favoreceu sen lles pedir practicamente nada a cambio en favor do País. Coido que aínda queda moito por facer e moitos escollos que sortear: poranse problemas técnicos, legais, económicos e de todo tipo dende dentro e fóra de Galiza. Porén, cómpre ter claro cara a onde se quere ir e actuar con intelixencia usando plenamente as competencias. De ser así, de certo que acadarán os obxectivos formulados.
O día 1 de marzo, o Partido Popular gañou as eleccións ao Parlamento de Galiza con maioría absoluta. En consecuencia, será esta formación política quen teña as responsabilidades de goberno durante os vindeiros catro anos. O futuro presidente da Xunta xa anunciou que ía revisar todo o modelo eólico implantado pola Consellaría de Innovación e Industria e nomeadamente a resolución do concurso. Coido que será moi difícil que se poidan detectar actuacións que non respondan estritamente ao contido do Decreto 242/2007 e da Orde de 6 de marzo de 2008 simplemente porque non existen. Manifestou algo así como que convocaría de novo o “concurso”. Isto é unha novidade na práctica política dos populares xa que no pasado nunca se caracterizaron pola promoción da concorrencia nestes ámbitos. Haberá que apelar ao sentido de País dos novos dirixentes da política enerxética de Galiza para que velen polo interese público e non sucumban aos cantos de serea chegados dende as esferas do poder empresarial e mediático que tanto fixeron por velos nas novas responsabilidades que terán que desempeñar a partir da vindeira primavera. GLOSAS:
Por exemplo, falar de participación pública no capital social das empresas promotoras ou de establecer fórmulas negociadas que procurasen un reparto das rendas cos propietarios dos montes estaban nas antípodas do modelo eólico anterior.
Os modelos anteriores carecían do carácter obxectivo que ten o vixente decreto 242/2007.
Os gobernos anteriores ao 2005 comprometeron arredor de 4.200 MW de potencia eólica entre plans, parques individuais e parques singulares con procedementos escuros e sen dar explicacións a ninguén.
A presenza pública no capital social das empresas promotoras daralle á Administración Galega dereitos económicos, por exemplo o de percibir un dividendo, e políticos como o de formar parte dos consellos de administración colaborando na marcha da sociedade e actuando dende o interior da empresa a prol do interese público.
As empresas do sector tiveron presenza destacada no proceso, xa que en todo momento foron informadas dos plans da consellaría e sempre se escoitaron cantas propostas e ideas nos quixeron trasladar.
Na práctica houbo arredor de 30.000 megawatts en solicitudes e a potencia máxima prevista na orde era de 2.325 megawatts.
A elaboración dos informes técnicos para a valoración foi un exemplo de obxectividade e preocupación por motivar até o último punto outorgable con criterios perfectamente contrastables e afastados da discrecionalidade. De feito, todos os membros da comisión nos implicamos nestas tarefas, agás os representantes de Medio Ambiente e de Política Territorial.
Houbo un xornal de gran difusión en Galiza que dende o primeiro momento combateu de forma absolutamente virulenta e irracional o proceso aberto dende a Consellaría de Innovación e Industria.
A experiencia destes tres anos amosa que o camiño non vai ser doado porque existen grupos de interese que non concordan en absoluto con estas políticas de promoción de desenvolvemento económico autocentrado e teñen morriña do modelo anterior.

References: resolución 
 real decreto 
 artículo 13
 artículo 30
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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