Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-829-13.htm
Timestamp: 2017-10-22 11:40:31+00:00

Document:
C-829-13
Sentencia C-829/13
(Bogotá DC, 13 de noviembre)
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL CAUSADA POR OBJETOS ESPACIALES-Se ajusta a la Constitución Política, tanto en su aspecto formal como en su contenido material
El examen de validez formal del “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972, y su Ley aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válida la firma, aprobación y ratificación del Convenio y (ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones del “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional y a la autodeterminación), el deber del Estado y de las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, la obligación del Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados pro la acción u omisión de sus autoridades, a la facultad del Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales y del Congreso de la republica de aprobar tratados internacionales y promover la integración económica, así como el mandatos de internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas de la nación con otras naciones. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declara exequible el contenido del “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972, así como la Ley 1591 del 20 de noviembre de 2012, que lo aprobó.
La Corte Constitucional es competente para examinar la Constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias, según lo establecido por el artículo 241.10 de la Constitución Política, todo lo cual tiene como finalidad evitar que el Gobierno asuma compromisos internacionales incompatibles con la Constitución. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban, presenta unas características particulares, al ser:(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL CAUSADA POR OBJETOS ESPACIALES-Examen formal
PROCESO DE NEGOCIACION DE INSTRUMENTO INTERNACIONAL-Representación y competencia en suscripción de las convenciones
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL CAUSADA POR OBJETOS ESPACIALES-Trámite legislativo
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL CAUSADA POR OBJETOS ESPACIALES-Examen material
RELACIONES INTERNACIONALES-Régimen constitucional
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL CAUSADA POR OBJETOS ESPACIALES-Antecedentes
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL CAUSADA POR OBJETOS ESPACIALES-Contenido
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Alcance/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Nuevo fundamento
En reiterada jurisprudencia la Corte se ha referido a la naturaleza objetiva de la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico que irrogue a los particulares. Lo esencial del cambio introducido por el artículo 90 de la Constitución radica entonces en que ahora el fundamento de la responsabilidad no es la calificación de la conducta de la Administración, sino la calificación del daño que ella causa. No se trata de saber si hubo o no una falla en el servicio, es decir una conducta jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar público produce o no un daño antijurídico, es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar. Este nuevo fundamento de la responsabilidad estatal, radicado ahora en la noción de daño antijurídico, ha sido considerado como acorde con los valores y principios que fundamentan la noción de Estado Social de Derecho, especialmente con la especial salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la Administración, a la que este modelo de Estado propende; también con la efectividad del principio de solidaridad y del de igualdad de todos ante las cargas públicas. La doctrina ha contribuido a la labor jurisprudencial, aportando definiciones de daño y precisando los elementos necesarios para que pueda hablarse de la obligación estatal de resarcirlo. En primer lugar los tratadistas han puesto especial énfasis en mostrar que el daño es el elemento sine qua non de la responsabilidad estatal. Sin embargo, no es un requisito suficiente, pues, además de su existencia, es preciso que sea atribuible al Estado y que éste tenga la obligación de reparación. Ha dicho entonces la doctrina que el daño, para que sea objeto de la responsabilidad del Estado, (i) debe existir, (ii) debe ser imputable al él, y (iii) debe ser antijurídico; no es antijurídico aquel daño que, en virtud de las normas legales, deba ser soportado por quien lo padece
Revisión de Constitucionalidad: de la Ley 1591 de noviembre 20 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.”
1. Textos normativos: El Acuerdo y la Ley Aprobatoria
Dado el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y en razón de que el contenido del mismo consulta los principios y postulados que gobiernan al Estado colombiano y a su política exterior, considera que la Corte debe declarar exequible el instrumento internacional a la par con la ley aprobatoria numero 1591 de 2012.
Previas las consideraciones relativas a la soberanía sobre la órbita geoestacionaria, considera que la Corte debe declarar exequible el Convenio y su ley aprobatoria, condicionada a que el Presidente de la República consigne una declaración interpretativa en la que se declare que el Estado colombiano reafirma que el segmento de la orbita geoestacionaria que le corresponde, forma parte del territorio colombiano, según lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Constitución Política y que ninguna norma de tratados, convenios o enmiendas podrá ser contraria a los derechos reclamados por los Estados ecuatoriales al respecto, ni podrá ser interpretada en contra de tales derechos.
Propugna por su exequibilidad de la Ley 1591 de noviembre 20 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972”, tras considerar que el convenio bajo estudio no riñe con las normas constitucionales y se ajustan a los artículos 9 y 224 C.P.
2.5. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM-.
Frente al artículo 101 constitucional, que trata el asunto de la órbita de los satélites geoestacionarios, el convenio no tiene contenido alguno que se refiera a la misma, pues se enfoca en las responsabilidades que pueden derivarse de los daños causados por cualquier objeto espacial, en cualquier orbita, en la tierra y en el espacio aéreo.
En caso contrario, podría considerarse que el convenio es exequible de manera condicionada, imponiendo al Presidente de la República, la obligación de realizar una declaración interpretativa frente al artículo 101 constitucional, que considera la orbita geoestacionaria como parte del territorio Colombiano[1].
No obstante encuentra que la convención carece de la segunda exigencia constitucional - la configuración de un daño antijurídico - , motivo por el que recomienda a la Corte, declare la exequibilidad de la convención, bajo el entendido que el Estado colombiano responde exclusivamente por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de las autoridades públicas, es decir por aquellos en que los perjudicados no estén en el deber jurídico de soportar, de conformidad con lo prescrito por el artículo 90 de la Constitución Política.
3. Concepto del Procurador General de la Nación[2].
Se advierte que dentro del proceso legislativo de la Ley 1591 de noviembre de 2012, se dio cumplimiento a todos los requisitos que para la formación de las leyes, prescriben la Constitución Política (CP., arts. 154, 157, 158, 160 y 162) y el reglamento del Congreso de la República y la remisión por parte del Presidente de la República se realizó en forma oportuna (CP., art. 241.10).
1.2. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban, presenta unas características particulares, al ser: “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.”
2.1.1. El control de Constitucionalidad comprende la verificación de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969.
2.1.6. Sin embargo, conforme al artículo 8 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los Tratados, “Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado.”
2.1.7. Al respecto, la Cancillería señaló que la confirmación de tal acto por parte del Presidente de la República, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política, fue realizada por el Presidente Señor Juan Manuel Santos Calderón, mediante aprobación ejecutiva, el día 19 de julio de 2011, autorizando y ordenando someter a consideración del Congreso de la República el Convenio en ciernes.
- Iniciativa y radicación.
El Proyecto de Ley fue radicado en el Senado de la República, por el Gobierno Nacional, por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 07 de septiembre de 2011, de conformidad con la Constitución (art 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la República.
Aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 667[3] de septiembre 7 de 2011, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes de darle curso en la comisión respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada en sentido favorable, por el Senador Carlos Fernando Motoa Solarte, el día 18 de noviembre de 2011 y publicada en la Gaceta del Congreso No. 865 del 18 de noviembre de 2011[4].
El Proyecto de Ley 250 de 2012 Cámara, 115 de 2011 Senado, fue anunciado previamente en la sesión del 28 de marzo de 2012, para ser discutido y aprobado en primer debate, en la próxima sesión, la cual se llevó a cabo el 10 de abril a las 10 am, según consta en Acta 18, publicada en la Gaceta del Congreso No. 233 de mayo 15 de 2012[5].
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del día 10 de abril de 2012, según consta en la Acta No. 19 del 10 de abril de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 233 del 15 de mayo de 2012[6] y de acuerdo con la certificación emitida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado por los trece (13) Senadores que conforman la Comisión, sin que se presentaran votos en contra.
Habiendo sido aprobado el proyecto de ley en primer debate de Senado el día 10 de abril de 2012 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 23 de mayo de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo (C.P. art. 160)
La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por el Senador Carlos Fernando Motoa Solarte y publicada en la Gaceta del Congreso No. 165 del 20 de abril de 2012[7].
El proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 22 de mayo de 2012, según consta en el Acta No. 48[8] de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 414 del 10 de julio de 2012[9], para ser discutido y votado en la siguiente sesión.
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del 23 de mayo de 2012, según consta en el Acta No. 49[10] de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 415 del 10 de julio de 2012, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la Ley 5 de 1992, y un quorum de 93 de 100 Senadores.
El texto definitivo del proyecto de ley aprobado en la plenaria de Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 292 del 31 de mayo de 2012.
Habiendo sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día 23 de mayo de 2012, e iniciado el primer debate en la Cámara de Representantes el día 5 de septiembre de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de quince días entre uno y otro momento legislativo. (C.P. art. 160).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada el 8 de agosto de 2012, por el representante a la Cámara Víctor Hugo Moreno Bandeira y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 512 del 14 de agosto de 2012[11].
El proyecto de ley fue anunciado el día 28 de agosto de 2012, según consta en el Acta No. 7[12] de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 692 del 12 de octubre de 2012[13], en los siguientes términos:
Sí señor Presidente. Siguiente punto del Orden del Día. Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para la próxima sesión en donde se debaten y se aprueben proyectos de ley, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003.
Proyecto de ley número 250 de 2012, 115 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Convenio sobre responsabilidad internacional por los daños causados por objetos especiales¿ hecho en Washignton, (sic) Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
Ponencia primer debate Cámara: Gaceta del Congreso número 512 de 2002.
En la sesión del 5 septiembre de 2012 se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria, con la presencia de 18 congresistas, según lo registrado en el Acta No. 9[14] del 5 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 730 del 25 de octubre de 2012[15], conforme a la certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, mediante constancia del 23 de enero de 2013.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día 5 de septiembre de 2012 e iniciado el segundo debate el 10 de octubre de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo. (C.P. art. 160).
La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Cámara Víctor Hugo Moreno Bandeira y publicada en la Gaceta del Congreso No. 651 del 28 de septiembre de 2012[16].
De conformidad con la certificación del 21 de enero de 2013, expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes y radicada en esta Corporación el 22 de enero de esa misma anualidad, el proyecto fue anunciado en la sesión Plenaria del día 9 de octubre de 2012, según consta en el Acta No. 159 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 81 del 12 de marzo de 2013[17].
El proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 10 de octubre de 2012, por unanimidad con el voto favorable de los 140 Representantes presentes, según consta en el Acta No. 160 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 82 del 12 de marzo de 2013[18] y la certificación allegada por el Secretario General de la Cámara Representantes.
En la Gaceta del Congreso No 705 de 2012 se publicó el texto definitivo aprobado del Proyecto Ley 250 de 2012 Cámara, 115 de 2012 Senado.
El Presidente de la República sancionó la ley “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972”, convirtiéndose en la de la Ley 1591 de noviembre 20 de 2012, la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 48.620 de 20 de noviembre de 2012.
Las relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el Estado (CP, artículos 150.16, 226 y 227) y la internacionalización del país, así como la celebración de tratados internacionales, debe edificarse sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y 227).
3.2.2. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 1963, la primera iniciativa mediante la “Declaración de los Principios Jurídicos que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre”, con base en la que posteriormente se desarrollaron cinco tratados que conforman el “Iuris Spatialis Internationalis” y que constituyen los principales instrumentos en el ámbito del espacio ultraterrestre[19].
3.4.3. Algunos de los intervinientes han considerado necesario que al momento del depósito del instrumento de ratificación, el Presidente de la República presente una declaración interpretativa frente a que la porción de la orbita geoestacionaria que le corresponde a Colombia, forma parte de su territorio. Examinado el Convenio, encuentra la Corte que su contenido se enfoca a las responsabilidades que puedan derivarse de los daños causados por objetos espaciales, en cualquier órbita, en la tierra y en el espacio aéreo, sin hacer referencia alguna a elemento o segmento alguno de la órbita geoestacionaria ni a su régimen jurídico, por lo que no contraviene lo prescrito en el artículo 101 de la Constitución Política, que sobre los límites de Colombia, establece: “También son parte de Colombia, (...) el segmento de la orbita geoestacionaria, (...), de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”.
3.4.4. Para esta Corporación, la ratificación por parte del Estado colombiano del “Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales” constituye un desarrollo del mandato de internacionalización de las relaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas (CP., art. 226 y 227) que redundará en beneficios para el Estado colombiano, al permitir la formulación de las reclamaciones internacionales para la reparación de los daños que le hayan sido ocasionados al mismo Estado o a sus habitantes, con objetos espaciales. Lo anterior, congruente con el mandato constitucional que establece como fin esencial del Estado la promoción de la prosperidad y el deber de las autoridades del Estado de proteger a los habitantes del territorio en su vida, honra y bienes (C.P. Arts. 2 y 58), así como para la determinación de la responsabilidad del Estado colombiano, en los casos de daños ocasionados por objetos espaciales en los que participe (CP., art. 90).
- El “daño” es “la perdida de vidas humanas, las lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como la perdida de bienes o los perjuicios causados a bienes de los Estados o de personas físicas o morales, o de organizaciones internacionales intergubernamentales”; concepto que permite delimitar el ámbito frente al cual opera la responsabilidad de los Estados, al establecer la responsabilidad cuando sea sujeto activo de un lanzamiento, o la facultad de reclamar, cuando sea el afectado, o lo haga a nombre de los perjudicados.
- Dentro de la expresión “lanzamiento”, para efectos del convenio se incluye también todo intento de lanzamiento, ampliando de esta forma la responsabilidad de los Estados a todos los procesos que se realicen, con el fin de impulsar objetos al espacio ultraterrestre, sin que sea necesario que el lanzamiento haya sido efectivo, en razón de que tanto los lanzamientos como sus intentos pueden acarrear daños.
- Se consideran “Estados de lanzamiento”: i) el Estado que lance el objeto espacial, entendido como la acción de impulsar un objeto al espacio; ii) el Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto espacial; iii) el Estado que promueva el lanzamiento de un objeto espacial, entendido como aquel Estado sin cuya autorización o contribución, el objeto no se hubiera lanzado al espacio ultraterrestre[20], conceptos que permiten la definición de los sujetos que pueden ser considerados generadores del daño y como tal responsables de su reparación.
- Por ultimo, se estipula que el término “objeto espacial” incluye también las partes componentes de un objeto espacial, así como el vehículo propulsor y sus partes.
3.5.2. El artículo V, establece que un Estado desde cuyo territorio o instalaciones se lanza un objeto espacial, se considerará como participante en un lanzamiento conjunto, para efectos de responsabilidad, disposición que a juicio de esta Corporación, da claridad sobre los responsables por los daños que se produzcan, posibilitando la reclamación y reparación de los ismos.
3.5.3. En relación con las definiciones contenidas en los Tratados, esta Corporación ha indicado que, las definiciones de algunos términos contenidos en los convenios no suelen vulnerar en sí mismas la Constitución, en tanto “contribuyen a un mejor entendimiento e interpretación de las cláusulas que integran dicho Convenio, permitiendo así la correcta aplicación y, por ende, mayor seguridad jurídica” [21]. Específicamente, los conceptos contenidos en los artículos I y VII, no riñen la Constitución, en la medida que su función es otorgar significados específicos a los términos empleados por el convenio, para la correcta interpretación y aplicación del mismo, sin menoscabo de principios constitucionales ni intereses nacionales.
3.6.1. El régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia, esta definido en el artículo 90 de la Constitución Política, que señala: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.” Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado:
“Es claro, entonces, que la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, desarrollado in extenso por la jurisprudencia y expresamente consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual a su vez debe interpretarse en concordancia con los artículos 2°,13, 58 y 83 del mismo ordenamiento superior que, por un lado, le impone a las autoridades de la República el deber de proteger a todas las personas en Colombia en su vida, honra y bienes (art. 2°) y, por el otro, la obligación de promover la igualdad de los particulares ante las cargas públicas (art. 13) y de garantizar la confianza, la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles (arts. 58 y 83).[22]
Esta protección constitucional al patrimonio de los particulares se configura, entonces, cuando concurren tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, una acción u omisión imputable al Estado y una relación de causalidad. Respecto al daño antijurídico, si bien el mismo constituye un concepto constitucional parcialmente indeterminado, en cuanto la Carta no lo define en forma expresa, la jurisprudencia y la doctrina, dentro de una interpretación sistemática de las normas constitucionales que lo consagran y apoyan, lo definen como el menoscabo o perjuicio que sufre la víctima en su patrimonio o en sus derechos personalísimos, sin tener el deber jurídico de soportarlo[23]. En cuanto al incumplimiento del Estado, este se presenta cuando la Administración Pública no satisface las obligaciones a su cargo dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que han sido fijadas. Finalmente, para que el daño antijurídico atribuido al Estado sea indemnizable, se exige que éste sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la Administración, esto es, desde una perspectiva negativa, que el daño sufrido por la víctima no se derive de un fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible a su conducta negligente.”[24] “[25]
Igualmente, la Sentencia C- 043 de 2004, dijo:
Este nuevo fundamento de la responsabilidad estatal, radicado ahora en la noción de daño antijurídico, ha sido considerado como acorde con los valores y principios que fundamentan la noción de Estado Social de Derecho, especialmente con la especial salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la Administración, a la que este modelo de Estado propende; también con la efectividad del principio de solidaridad y del de igualdad de todos ante las cargas públicas.[26]
9. La doctrina ha contribuido a la labor jurisprudencial, aportando definiciones de daño y precisando los elementos necesarios para que pueda hablarse de la obligación estatal de resarcirlo. En primer lugar los tratadistas han puesto especial énfasis en mostrar que el daño es el elemento sine qua non de la responsabilidad estatal. Sin embargo, no es un requisito suficiente, pues, además de su existencia, es preciso que sea atribuible al Estado y que éste tenga la obligación de reparación. Ha dicho entonces la doctrina que el daño, para que sea objeto de la responsabilidad del Estado, (i) debe existir, (ii) debe ser imputable al él, y (iii) debe ser antijurídico; no es antijurídico aquel daño que, en virtud de las normas legales, deba ser soportado por quien lo padece.”
3.6.2. El Convenio subexamine establece la responsabilidad de los Estados de lanzamiento, en los siguientes términos:
- La responsabilidad del Estado de lanzamiento frente a los daños causados en la superficie de la Tierra o a aeronaves en vuelo, es absoluta, sin necesidad de que la víctima pruebe la culpa técnica o la negligencia en la operación, el manejo, del ingenio espacial (Art. III), en tanto se funda en el daño antijurídico con independencia de la conducta que la ocasiona.
- La responsabilidad del Estado de lanzamiento, frente a los daños ocasionados por fuera de la superficie de la tierra, a otro objeto espacial o a las personas a bordo del mismo, se configura únicamente cuando se demuestre que incurrió en culpa. (Arts. III y IV), siendo por lo tanto una responsabilidad subjetiva, en tanto la víctima deberá probar la culpa de quien produjo el daño o el dolo en los casos a que haya lugar.
3.6.5. Para la Corte, las disposiciones del Convenio sobre la definición de la responsabilidad de los Estados de lanzamiento, en los casos en que el Estado colombiano deba presentar la reclamación por los daños ocasionados al mismo Estado o a quienes éste represente, se ajustan a la Constitución Política, en especial, con el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes (CP., arts. 2, 58), el deber de los nacionales y extranjeros de cumplir la Constitución y la Ley (CP., art 4) y la obligación del Estado y de loas personas de proteger los bienes del Estado (CP., art. 8), en la medida que fijan los parámetros de la responsabilidad por los daños, facilitando la reparación de las personas y las cosas que hayan resultado afectadas
Considera la Sala que las disposiciones anotadas no desconocen la Carta Política, y por el contrario, respetan la soberanía nacional y la libre determinación del Estado colombiano (C.P. art. 9), en tanto lo excluye de responsabilidad cuando el hecho generador del daño suceda por culpa exclusiva de la víctima, o cuando por tratarse de daños a sus nacionales o extranjeros que participen en la operación, le corresponda a cada Estado, según su legislación interna, definir la responsabilidad y las indemnizaciones a que haya lugar.
3.7. Amparos del Convenio- Artículos IV y VII.
3.7.2. En criterio de la Corte, la definición de los sujetos y los objetos amparados, proporciona claridad en la interpretación del convenio, y permite la definición de los daños y de la indemnización correspondiente, para efectos del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado frente a perjuicios ocasionados a terceros Estados (CP., art 90) o para la satisfacción de la reparación y la indemnización del Estado como afectado o de quienes éste represente, armonizando con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (CP., art. 1) y con la obligación del Estado de salvaguardar de los habitantes del territorio en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (CP., arts. 2 y 58).
3.9. Reclamación: Legitimación y trámite – Artículos VIII, IX, X y XI.
No encuentra la Corte contradicción entre los artículos VIII, IX, X y XI, del Convenio y la Constitución Política, al tratarse de disposiciones de carácter instrumental, que definen el procedimiento para la formulación de las reclamaciones, señalando quien las realiza y frente a que daños[27], como es su trámite[28] y cuales son los plazos para su presentación[29], disposiciones que permiten que los procesos de reclamación por daños entre los Estados se encuentren regulados, de manera que se garantice la atención de la solicitud por los Estados responsables y la pronta y adecuada reparación de las víctimas de los daños causados. Al respecto, considera la Corte que las normas y procedimientos precedentes desarrollan los artículos 9, 224, 226 y 227 de la Constitución Política, al promover canales para el logro de una indemnización plena y equitativa de las víctimas de daños ocasionados por objetos espaciales, y son idóneos para determinar la responsabilidad de los Estados y de los organismos intergubernamentales.
3.10. Indemnización: Tasación y Moneda – Artículos XII y XIII.
A la luz del concepto de reparación integral, no basta la indemnización, sino que ésta es una de las formas de reparar que debe ser acompañada de la restitución, la satisfacción y las medidas de no repetición[30].
- Las partes interesadas constituirán una Comisión de Reclamaciones (art. XIV) la cual estará compuesta por tres miembros, nombrados uno por cada uno de los Estados demandantes y de lanzamiento, y un tercero, quien la presidirá, nombrado conjuntamente y señala el curso que debe surtirse cuando no se hacen los nombramientos en los términos señalados, pudiéndose acudir al Secretario General de las Naciones Unidas para la designación del Presidente y a la provisión de los demás miembros por este último (arts. XV, XVI y XVII).
- Los artículos XVIII y XIX, establecen que corresponderá al Comité, de Reclamaciones, la definición motivada de los fundamentos de la reclamación y la cuantía de la indemnización, dentro de un termino de máximo un año desde su constitución, decisión que será obligatoria si así lo han pactado las partes, o en caso contrario formulará un laudo que tendrá el carácter de recomendación que las partes atenderán de buena fé.
- El artículo XX prescribe las normas relativas a las costas de la Comisión de Reclamaciones, las cuales en principio se dividirán por partes iguales, a menos que se defina otra cosa.
3.12. Entrada en vigor, Enmiendas, revisiones, retiros e idiomas – Artículos XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII.
3.12.1. Las disposiciones sobre entrada en vigor, enmiendas, revisiones, retiros e idiomas, armonizan con la Constitución Política, al ser una expresión de la libertad y autonomía que le asiste al Estado colombiano para suscribir convenios, adherirse a ellos, proponer modificaciones y disponer el retiro del mismo, cuando lo considere conveniente, de acuerdo con el artículo 9 constitucional que determina que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
4.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones del “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado y de las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (CP. Arts. 2 y 58), la obligación del Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados pro la acción u omisión de sus autoridades (CP., art. 90), a la facultad del Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales. (CP. Art. 189.2) y del Congreso de la republica de aprobar tratados internacionales y promover la integración económica (CP., art. 150.16), así como el mandatos de internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas de la nación con otras naciones (CP., arts. 226 y 227)
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1591 de noviembre 20 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
Diario Oficial No. 48.620 de 20 de noviembre de 2012
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
Si no se logra resolver una reclamación mediante negociaciones diplomáticas, conforme a lo previsto en el artículo 9o, en el plazo de un año a partir de la fecha en que el Estado demandante haya notificado al Estado de lanzamiento que ha presentado la documentación relativa a su reclamación, las partes interesadas, a instancia de cualquiera de ellas, constituirán una Comisión de Reclamaciones.
Dada en Bogotá, D.C., a los dos (6) días del mes de julio de dos mil once (2011).
Artículo 1o. Apruébase el “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2012.
A LA SENTENCIA C-829/13
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL CAUSADA POR OBJETOS ESPACIALES-Examen formal (Aclaración de voto)
EXCEPCIONES LEGALES A LA REGLA GENERAL DE VOTO NOMINAL Y PUBLICO-Reforma de Ley 5 de 1992 mediante Ley orgánica 1431 de 2001 (Aclaración de voto)
VOTACION ORDINARIA-Previsión por Legislador Orgánico de modalidades resultado del carácter exceptivo de votación diferente a la nominal y pública (Aclaración de voto)
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Relevancia de la votación para la conformación de la voluntad popular (Aclaración de voto)
TRAMITE LEGISLATIVO Y APROBACION DE TRATADOS INTERNACIONALES-Votación nominal y pública (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente LAT-403
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1591 de noviembre 20 de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972”
Con el debido respeto por las decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto al presente fallo de revisión de constitucionalidad de la Ley 1591 de noviembre 20 de 2013, y su declaratoria de exequibilidad, con fundamento en las siguientes consideraciones:
En su análisis formal, la sentencia concluye la corrección y ajuste a la Constitución de la ley aprobatoria, respecto de cada uno de los requisitos: ratificación, ponencias, publicaciones, anuncios, votaciones, quórum, votaciones unánimes, cumplimiento de términos y sanción presidencial.
En relación con esta parte formal el suscrito Magistrado manifiesta dos aclaraciones a esta decisión: (i) no se realizan las citas completas correspondientes de las Gacetas del Congreso, especialmente en el trámite en el Senado, sino solamente respecto del anuncio para votación surtido en la Comisión de la Cámara, y se omiten en el resto del trámite, con lo cual no se puede corroborar con exactitud cómo efectivamente se realizaron los anuncios para votación o las aprobaciones; y (ii) no se analiza en las aprobaciones si éstas cumplieron con el requisito de votación nominal y pública por parte de los congresistas.
Respecto de este último tema, me permito reiterar aquí, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, la regla general de votación nominal y pública consagrada en el artículo 133 de la Constitución Política:
El artículo 133 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009, obliga a que el voto de los congresistas sea nominal y público, excepto en los casos que determine la ley. Esta regla general “(..) se justifica en el propósito del Constituyente derivado de 2009 de fortalecer el sistema de partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y transparencia al trabajo legislativo”.[31]
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha expresado que “la exigencia, como regla general, del voto nominal y público en los debates legislativos, se encuadra en la consecución de los fines centrales de la reforma constitucional de 2009. Esta ha sido la posición de la Corte al analizar los objetivos y los instrumentos contenidos en dicha enmienda a la Carta Política”. [32]
Así es como el Legislador Orgánico ha previsto un listado taxativo de modalidades de votación ordinaria, lo cual es apenas resultado del carácter exceptivo a los tipos de votación diferentes a la nominal y pública, impuesto por el artículo 133 C.P. En tal sentido, aquellas actuaciones del Congreso que no se hallen descritas en dicho listado, se comprenden subsumidas en la regla general que prevé la mencionada norma superior. Esto salvo que se trate de votaciones secretas, también expresamente identificadas por la legislación orgánica.[33]
Esta Corporación insiste, con base en el artículo 133 Superior y de conformidad con la modificación prevista en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009, que la votación en el Congreso debe ser obligatoriamente nominal y pública, salvo en los casos que expresamente lo señale la ley, ya que con este mandato superior se pretende “fortalecer el sistema de partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y transparencia al trabajo legislativo”[34].
Sobre la relevancia de la votación en el Congreso de la República para la conformación de la voluntad popular, el Reglamento de esta institución o Ley 5ª de 1992 consagra en su artículo 122 que la votación “es una acto colectivo por medio del cual las cámaras y sus comisiones declaran su voluntad respecto de una iniciativa o asunto de interés general” (énfasis de la Corte), y aclara que los congresistas son los únicos con voto, con lo cual se aplica el principio de democracia representativa (art. 3 C.P.). Igualmente, en el artículo 123 R.C. se indica que el voto es personal e intransferible y que cualquier proposición que se desee votar debe haber tenido antes un debate, lo cual también cuenta con algunas excepciones que se especifican en el mismo reglamento. Por su parte, el articulo 132 R.C. plantea que cuando se inicie la votación, previo anuncio del presidente, ésta no puede interrumpirse “salvo que el congresista plantee una cuestión de orden sobre la forma en que se está votando” y que esta votación debe ser nominal, lo cual aunado a la característica de publicidad, da como resultado la transparencia del acto y la responsabilidad que tienen los congresistas con sus electores, con todo lo cual se busca lograr un mayor arraigo democrático en el procedimiento que crea la legislación colombiana[35]. Así las cosas, es claro para este Tribunal que en la votación el legislador manifiesta su voluntad en relación con la iniciativa discutida y emite su decisión en relación con el punto o los puntos previamente estudiados, siendo éste un acto público, nominal y transparente.
En armonía con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que existen al menos dos tipos de argumentos constitucionales que sustentan la regla general de la votación nominal y pública: (i) la vigencia del principio de supremacía constitucional, y (ii) la interpretación de los regímenes exceptivos previstos en la legislación.[36] Al respecto ha afirmado:
“En cuanto al primer nivel de análisis se tiene que, según lo explicado, existe un mandato constitucional expreso y definido, según el cual la regla general para la expresión de la voluntad congresional es la votación nominal y pública. Por ende, solo aquellas excepciones previstas en la ley quedan incorporadas a la aplicación de la votación ordinaria. El artículo 129 R.C. ofrece un listado preciso y minucioso de excepciones. Resultaría a todas luces contrario al principio de supremacía constitucional que se hiciera una interpretación flexible de estos tipos exceptivos, pues ello llevaría a contradecir el mandato constitucional consistente en que la regla general es la votación nominal y pública, a fin de cumplir los propósitos de la enmienda de 2009…. Además, carecería de sentido que mientras el legislador orgánico, en cumplimiento del mandato constitucional mencionado, describe las excepciones a dicha regla general de forma detallada, la Corte realice una interpretación extensiva que tiende a desconocer la prescripción superior. De otro lado, dicha hermenéutica flexible llevaría a que cada vez que en el procedimiento legislativo se esté ante decisiones unánimes, lo cual no es poco frecuente, se haga uso de la votación ordinaria, desnaturalizándose con ello lo previsto en el artículo 133 de la Constitución.[37]
Frente al segundo grupo de argumentos, se tiene que dentro de las reglas usuales de interpretación, cuando el legislador prevé enumeraciones taxativas, no corresponde al intérprete realizar aplicaciones analógicas a las mismas. Esto mucho más cuando se trata de excepciones a una regla general de raigambre constitucional”.[38]
Con fundamento en los criterios normativos expuestos, la jurisprudencia constitucional ha concluido que las votaciones en el trámite legislativo, que es la misma para aprobación de tratados internacionales, salvo que tiene su inicio en el Senado de la República, debe llevarse a cabo de forma nominal y pública, en tanto (i) es la regla general para las votaciones del Congreso, según lo señala el artículo 133 C.P. y el artículo 130 R.C.; y (ii) siempre y cuando no se configure claramente una de las excepciones previstas en el artículo 129 R.C.[39]
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL CAUSADA POR OBJETOS ESPACIALES-Irregularidad en la adopción del instrumento (Aclaración de voto)
CONVENCION DE VIENA SOBRE DERECHO DE LOS TRATADOS RELATIVO A PLENOS PODERES-Previsión para definir si una autoridad puede representar al Estado colombiano en la negociación, adopción y autenticación de un tratado (Aclaración de voto)
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL CAUSADA POR OBJETOS ESPACIALES-Adopción del tratado correspondió a agente sin plenos poderes y en quien no se presumía autoridad, representar al Estado colombiano en actos de negociación, adopción y autenticación de tratados multilaterales (Aclaración de voto)
Suscribo esta decisión, pero aclaro el voto por cuanto discrepo parcialmente del fundamento empleado en ella para convalidar la adopción del tratado por quien carecía de plenos poderes para ello. Paso a exponer las razones de mi disidencia:
1. Según la presente sentencia, el tratado bajo control fue adoptado en nombre y representación de Colombia por quien para la época –marzo de 1972- era Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. No obstante, señala que el examinado es un tratado “multilateral” y, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente de la República no le extendió al mencionado Embajador plenos poderes para negociar, adoptar y autenticar específicamente dicho tratado. A pesar de lo cual la Corte indica que no hubo irregularidad ni vicio alguno en la adopción del instrumento, primero porque la efectuó un Embajador acreditado ante uno de los Estados designados como depositarios (Estados Unidos de América), y segundo porque finalmente hubo un acto de confirmación por parte del Presidente de la República, mediante aprobación ejecutiva del 19 de julio de 2011. Si bien comparto que la confirmación presidencial resultaba suficiente para efectos de superar el control constitucional, considero que hubo una irregularidad –luego saneada- en la adopción del instrumento, de modo que el primer argumento empleado en este fallo para convalidar la adopción del tratado carece a mi juicio de justificación.
2. En efecto, la jurisprudencia ha sostenido que para definir si una autoridad puede representar al Estado colombiano en la negociación, adopción y autenticación de un tratado, cabe acudir a lo previsto en el artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, relativo a los plenos poderes (por ejemplo, sentencia C-251 de 1997). De acuerdo con esta previsión, se considera que los jefes de misión diplomática tienen plenos poderes para representar a un Estado en la adopción de tratados, cuando se refiera a convenios celebrados “entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados”. Sin embargo, en este caso no se estaba ante un tratado suscrito entre Colombia (acreditante) y los Estados Unidos de América (ante el cual se encontraba acreditado el Embajador). Por lo mismo, no tenía aplicación la disposición citada. Fuera de ella, no había tampoco ninguna otra norma, ni en la Constitución ni en el Derecho internacional de los tratados, en virtud de la cual fuera obligatorio o admisible presumir la capacidad de un Embajador ante un Estado, para representar al Estado acreditante en un tratado multilateral. Dice este fallo, no obstante, que el Embajador en este caso lo era ante un Estado designado como depositario, pero se abstiene de señalar por qué esa circunstancia era suficiente para asumir que entonces tenía plenos poderes.
3. La Corte ha debido señalar que hubo una irregularidad en la adopción del tratado, por cuanto le correspondió a un agente sin plenos poderes, y en quien no se presumía autoridad para representar al Estado colombiano en actos de negociación, adopción y autenticación de tratados multilaterales. Lo cual no implicaba perjudicar la validez constitucional del instrumento, o la de su ley aprobatoria, por cuanto fue luego objeto de confirmación presidencial. Este último acto, como lo ha sostenido la Corte por ejemplo en la sentencia C-251 de 1997, basta para subsanar la irregularidad detectada:
“La confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o Convenios. Es natural entonces que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación durante el trámite de suscripción de un tratado.”
[1] Sentencia C- 278 de 2004.
[2] Concepto 5600 de junio 15 de 2013.
[3] Folios 12 a 21.
[4] Folios 1 a 4.
[5] Folio 27.
[6] Folios 29 y 30.
[7] Folios 6 a 12.
[8] “(...)
Proyecto de ley número 115 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la responsabilidad Internacional por daños causados por Objetos Espaciales, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
[10] “(...)
PROYECTO DE LEY NÚMERO 115 DE 2011 SENADO
¿por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales¿, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 115 de 2011 Senado, ¿por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales¿, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
[11] Folios 6 a 12.
[12] (...)
Proyecto de ley número 250 de 2012, 115 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Convenio sobre responsabilidad internacional por los daños causados por objetos especiales¿hecho en Washignton (sic), Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
[13] Folios 1 a 22.
[14] Proyecto de ley número 250 de 2012-115 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio sobre la responsabilidad internacional por los daños causados por objetos espaciales, hecho en Washington. Londres y Moscú el 29 de marzo de 1972¿.
por medio de la cual se aprueba el Convenio Sobre la Responsabilidad Internacional por los daños causados por objetos espaciales, hecho en Washington, Londres y Moscú el 29 de marzo de 1972¿.
[15] Folios 1 a 15.
[16] Folios 22 a 28.
[17] Folio 32.
[18] Folios 18 y 19.
[19] Comisión Colombiana del Espacio. http://www.cce.gov.co/web/guest/tratados-internacionales;jsessionid=3C9BEABE53ACBD902C7D76304F0590C2
[20] Concepto tomado de la Intervención de la Universidad de los Andes. Benko Marietta. “Essential Air and Space Law” Pag. 132.
[21] C-294 de 2002, que declaró exequible el Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Chile para la promoción y protección recíproca de las inversiones, y su protocolo.
[22] Sentencia C-832 de 2001.
[23] Sentencia C-333 de 1996 y la Sentencia del Consejo de Estado de mayo 8 de 1995.
[24] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de marzo 06 de 2008., Exp: 16075: “El artículo 90 de la Carta de 1991 es también un eficaz catalizador de los principios y valores que sirven de orientación política de nuestro Estado Social de Derecho y que deben irradiar todo nuestro sistema jurídico, catálogo axiológico dentro del cual ocupa especial importancia la garantía de la libertad (preámbulo). // Asimismo el artículo 90 sigue el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y liberal, que no puede ser otro que la eficacia general de los derechos fundamentales, los cuales vinculan a todas las manifestaciones del poder público, como enseña Locke[26] y proclama en forma contundente la Carta Política al disponer que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5 eiusdem).// En tales condiciones frente a cualquier daño antijurídico imputable a una autoridad pública con ocasión del ejercicio de uno de los llamados derechos de libertad, el Estado deberá responder patrimonialmente, no sólo por que así se infiere de una lectura insular del artículo 90 Constitucional, sino además por que se desprende de una lectura sistemática de la Carta”.
[25] Sentencia C- 644 de 2011.
[26] Sentencia C-333 de 1996.
[27] “1. Un Estado que haya sufrido daños, o cuyas personas físicas o morales hayan sufrido daños, podrá presentar a un Estado de lanzamiento una reclamación por tales daños.
3. Si ni el Estado de nacionalidad de las personas afectadas ni el Estado en cuyo territorio se ha producido el daño han presentando una reclamación ni notificado su intención de hacerlo, otro Estado podrá presentar a un Estado de lanzamiento una reclamación respecto de daños sufridos por sus residentes permanentes.”
[28] Las reclamaciones de indemnización por daños serán presentadas al Estado de lanzamiento por vía diplomática. Cuando un Estado no mantenga relaciones diplomáticas con un Estado de lanzamiento, podrá pedir a otro Estado que presente su reclamación a ese Estado de lanzamiento o que de algún otro modo represente sus intereses conforme a este Convenio. También podrá presentar su reclamación por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, siempre que el Estado demandante y el Estado de lanzamiento sean ambos Miembros de las Naciones Unidas.
[29] “1. La reclamación de la indemnización por daños podrá ser presentada a un Estado de lanzamiento a más tardar en el plazo de un año a contar de la fecha en que se produzcan los daños o en que se haya identificado al Estado de lanzamiento que sea responsable.2. Sin embargo, si el Estado no ha tenido conocimiento de la producción de los daños o no ha podido identificar al Estado de lanzamiento, podrá presentar la reclamación en el plazo de un año a partir de la fecha en que lleguen a su conocimiento tales hechos; no obstante, en ningún caso será ese plazo superior a un año a partir de la fecha en que se podría esperar razonablemente que el Estado hubiera llegado a tener conocimiento de los hechos mediante el ejercicio de la debida diligencia. 3. Los plazos mencionados en los párrafos 1 y 2 de este artículo se aplicarán aun cuando no se conozca toda la magnitud de los daños. En este caso, no obstante, el Estado demandante tendrá derecho a revisar la reclamación y a presentar documentación adicional una vez expirado ese plazo, hasta un año después de conocida toda la magnitud de los daños.”
[30] Concordante con los artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados, aprobados mediante Resolución 56/83 del 12 de diciembre de 2001, de las Asamblea General de las Naciones Unidas, artículo 34 que señala que la reparación integral por el hecho internacionalmente ilícito, “adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada” y el artículo 35 que prescribe que “El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a la restitución.”
[31] Auto A-032 de 2012, reiterado en Sentencias C-141 de 2010 y C-585 de 2014.
[33] El artículo 3º de la Ley 1431/11 modificó el Reglamento del Congreso en materia de votaciones secretas, del modo siguiente:
[34]Auto 032 de 2012, reiterado en Sentencia C-585 de 2014.
[35] Ver Sentencia C-141 de 2010.
[38] Auto A-032 de 2012.

References: artículo 241
 artículo 90
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 90
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 189
 artículo 157
 artículo 129
 artículo 8
 artículo 101
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 9
 artículo 9

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 122
 artículo 123
 artículo 129
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 130
 artículo 129
 artículo 7
 artículo 90
 artículo 90
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 Resolución 
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 3