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Timestamp: 2020-04-03 16:38:07+00:00

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﻿ Sentencia SC10295-2014 de agosto 5 de 2014
SENTENCIA SC10295-2014 DE 05 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:RECURRENTE NO PUEDE SELECCIONAR PRECEPTOS VULNERADOS DE MANERA ARBITRARIA, CAPRICHOSA O ANTOJADIZA. CORRESPONDE AL RECURRENTE SELECCIONAR E INDICAR CLARAMENTE LOS PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS POR EL SENTENCIADOR DE INSTANCIA, SIN QUE PUEDA REALIZAR ESA LABOR DE MANERA ARBITRARIA, CAPRICHOSA O ANTOJADIZA, PUES LA MENCIÓN QUE SE HAGA DEBE CORRESPONDER A LAS NORMAS SUSTANCIALES QUE FUNDAMENTARON EL FALLO CUESTIONADO O AQUELLAS QUE ESTABAN LLAMADAS A GOBERNARLO Y QUE HAYAN SIDO INDEBIDAMENTE APLICADAS, IGNORADAS O ERRÓNEAMENTE INTERPRETADA. NO OSTENTAN TAL CARÁCTER LOS PRECEPTOS MATERIALES QUE SE LIMITAN A DEFINIR FENÓMENOS JURÍDICOS O A PRECISAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS MISMOSLOS PURAMENTE ENUNCIATIVOS O ENUMERATIVOS, O LOS PROCESALES, ENTRE ELLOS, LOS DE DISCIPLINA PROBATORIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE CASACIÓN, RECURSO DE CASACIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia SC10295-2014 de agosto 5 de 2014
SC10295-2014
Radicación: 11001-31-03-029-2007-00359-01
1. Las acusaciones por transgresión de la ley sustancial —por vía directa o indirecta— que se formulen al abrigo de la causal primera de casación, reclaman del impugnante la identificación de los preceptos de esa naturaleza que se consideren transgredidos, los cuales, además, necesariamente, deben hallarse vinculados con la relación jurídica debatida en el proceso y, más precisamente, es requisito que constituyan la base principal de la decisión cuestionada, o que hayan debido ser fundamento cardinal del fallo.
Así lo prevé la parte final del inciso 1º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, que expresa: “Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas”.
Tal exigencia, no obstante mantenerse, fue morigerada por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 que, en lo pertinente, estableció:
Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casación, cuando mediante ellas se invoque la infracción de normas de derecho sustancial se observarán las siguientes reglas: 1. Será suficiente señalar una cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa (se resalta).
La Corte, en constante jurisprudencia, ha explicado que las normas de derecho sustancial, son aquellas que “en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación” (CSJ SC, 19 dic. 1999; se subraya. En similar sentido, entre otras, CSJ SC, 1º jun. 2009, rad. 2004-00179-01; 14 dic. 2010, rad. 2006-00050-01; 30 mar. 2012, rad. 2008-00586-01; 13 dic. 2013, rad. 2005-00530-01), sin que, por ende, ostenten tal carácter, los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria.
Tratándose, entonces de censuras del comentado linaje, se impone al recurrente seleccionar e indicar correctamente los preceptos presuntamente vulnerados por el sentenciador de instancia, labor que no puede realizar de manera arbitraria, caprichosa o antojadiza, toda vez que, como acaba de precisarse, la mención que al respecto haga, debe corresponder a las normas sustanciales que se erijan como el fundamento medular del fallo cuestionado, o a aquellas que estaban llamadas a gobernarlo, y que hubiesen sido indebidamente aplicadas, ignoradas o erróneamente interpretadas.
2. El cargo de que ahora se ocupa la Sala, sin embargo, no atendió la señalada exigencia, como quiera que ninguno de los preceptos en él denunciados como infringidos por el Tribunal, es de naturaleza sustancial o, teniendo tal carácter, califica como la base jurídica esencial de la sentencia recurrida, o la que debió serlo, como pasa a elucidarse.
2.1. En primer lugar, el artículo 29 de la Constitución Política, no sirve al propósito de dar cumplimiento al aludido requisito, puesto que, como ya lo tiene decantado la Corte:
(…) ‘aunque los preceptos que integran la Constitución Política y que consagran derechos tienen obviamente naturaleza sustancial, como quiera que de su desarrollo práctico pueden nacer, alterarse o finalizar situaciones jurídicas específicas, ello no implica que esa condición sea suficiente para considerar que su invocación en un cargo aducido en casación, conduzca indefectiblemente a colegir la aptitud del mismo, esto es a estimar que tales disposiciones sean normas sustanciales para efectos del recurso extraordinario de casación, toda vez que las normas constitucionales, por su naturaleza, están llamadas ser desarrolladas por la ley y, por consiguiente, son los preceptos de ésta, y no los de la Carta Política, los que se ocupan de regular el ejercicio de los derechos que de unas y otras se desprenden, de lo que se infiere que si una situación específica ha derivado en conflicto y el mismo ha sido llevado a decisión de los jueces, para solucionarlo ellos deben, por regla de principio, aplicar la ley, en tanto que es ella la que debe hacerse actuar en la búsqueda de la solución aplicable y, por ende, la que podría ser transgredida de manera inmediata.
‘En tal orden de ideas, en cuanto a controversias judiciales se refiere, la infracción de los preceptos constitucionales, en las circunstancias del caso, puede producirse en la medida en que en un determinado asunto se haya actuado con desconocimiento o en contravía de las normas legales que lo desarrollan, de lo que se desprende que mientras el quebranto de éstas últimas ocurre primero y directamente, el de aquellos se da solamente por rebote o como reflejo de esa inicial vulneración’.
(…) Dado que en este asunto, los preceptos supralegales señalados como infringidos, en estricto sentido no gobiernan el debate sustancial que dio origen al fallo cuestionado, habida consideración que no contemplan los supuestos hipotéticos y las consecuencias jurídicas que pudieron ser inadvertidos o inaplicados por el ad quem, sino que consagran principios que inspiran la actividad jurisdiccional, la inconsistencia del libelo, se muestra inocultable (CSJ AC, 29 feb. 2012, rad. 2009-00538-01).
2.2. Los artículos 4º, 6º, 174 a 176, 187, 251, 252, 254, 256, 258 y 304 del Código de Procedimiento Civil, no son sustanciales en tanto que, en líneas generales, se ocupan, respectivamente, de la interpretación de las normas de esa clase, de su obligatoriedad, de la necesidad de las pruebas, de las diferentes clases de ellas, de su apreciación, de los documentos auténticos, del valor demostrativo de las copias, de las reproducciones de un documento inscrito en un registro público, de la indivisibilidad y alcance de los documentos y del contenido de las sentencias.
Con otras palabras, son preceptos netamente procesales y, buena parte de ellos, de disciplina probatoria.
2.3. Respecto de las normas del Código Civil invocadas, se encuentra:
a) El artículo 669 es definitorio del dominio y de la nuda propiedad y, por lo mismo, no es de linaje sustancial, como ya lo señaló la Sala en sentencias de 14 de diciembre de 2005 (rad. 1996-2920-01) y 30 de marzo de 2006 (rad. 1994-23434-01).
b) El artículo 749 alude a que “…Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas”, previsión que tampoco es de la naturaleza averiguada, según lo analizó la Corte en la sentencia de 19 de abril de 1978 (proceso ordinario de León Sánchez Mesa contra el Municipio de Medellín) y en el auto de 23 de septiembre de 1996 (rad. 6177).
c) El artículo 752 versa sobre los derechos que se adquieren con la entrega de una cosa que no es de propiedad de quien la efectúa, precepto que así se reconozca como sustancial, es completamente ajeno al litigio y, más exactamente, a las razones que condujeron al Tribunal a emitir la sentencia desestimatoria que produjo.
d) El artículo 950 estatuye que la acción reivindicatoria le “corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa”, norma que al igual que la anterior, no fue soporte de las determinaciones adoptadas por el ad quem en el fallo impugnado y que, por consiguiente, mal podría considerarse como suficiente, para estructurar el cargo en estudio.
e) Finalmente, los artículos 981 y 982 -conformantes del título que trata “De las acciones posesorias”, relativos, el primero, a la prueba de la posesión del suelo y, el segundo, a la acción que tiene el poseedor para recuperar la cosa por él detentada con indemnización de perjuicios, son disposiciones legales que también resultan extrañas a la controversia, amén que la inicial no es sustancial, como lo estableció la Sala en auto de 19 de abril de 1996, dictado en el proceso ordinario de M.P.R. contra M.S.P.C. y otros.
3. Si se admitiera, en gracia de discusión, que la formalidad analizada se cumplió con la indicación que se hizo de las normas del Código Civil incluidas en el cargo, en particular, del artículo 950 de dicha obra, de todas maneras es forzoso concluir su fracaso, en razón a que los errores de hecho denunciados no fueron comprobados.
3.1. La debida proposición de un yerro fáctico, implica para quien lo formula el deber de especificar tanto los elementos de juicio, como los apartes de ellos, sobre los que recayó el mismo; explicar suficientemente en qué consistió el desatino cometido; y demostrarlo, “laborío que reclama la singularización de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las conclusiones que de ellos extrajo —o debió extraer— el Tribunal y la exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su trascendencia en la determinación adoptada” (CSJ SC, 23 mar. 2004, rad. 7533; se resalta).
3.2. Sobre el último aspecto, la debida comprobación del error de hecho, la Corte ha especificado:
(…) para atender en forma idónea [dicha] carga (…), es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habría incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opinión divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por sí sola, retumbe en el proceso. ‘El impugnante —ha puntualizado la Sala—, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurrió el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adoptó una decisión que no debía adoptarse’ (CCXL, pág. 82), agregando que ‘si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una acusación es entonces asunto mucho más elaborado, como quiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de razón, sino que impone, para el caso de violación de la ley por la vía indirecta, concretar los errores que se habrían cometido al valorar unas específicas pruebas, y mostrar de qué manera esas equivocaciones incidieron en la decisión que se repudia’ (se subraya; auto ago. 29/2000, exp. 1994-0088), siendo menester, en adición, ‘atacar con éxito todos los fundamentos ofrecidos por el Tribunal, pues mientras tanto, aquel que hubiere dejado de impugnar o que hubiere atacado infructuosamente, le seguirá brindando sustento a la decisión…’ (CCXXV, pág. 82). En suma, la exigencia de la demostración de un cargo en casación, no se satisface con afirmaciones o negaciones panorámicas —o generales— sobre el tema decidido, así éstas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciación o descripción del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670; se resalta).
3.3. Es ostensible, entonces, que ninguno de los yerros denunciados por el censor fueron cabalmente demostrados, pues si bien particularizó las pruebas sobre las que recayeron los mismos y, en líneas generales, especificó en qué consistieron los desatinos del ad quem, en unas acusaciones no contrastó el contenido objetivo de las pruebas y lo que de ellas coligió o debió inferir el sentenciador de segunda instancia; y, en todas, se quedó en la mera enunciación de los defectos, al punto que omitió toda explicación que permitiera comprender en qué forma, la deficiente ponderación probatoria reprochada al Tribunal, lo condujo a quebrantar las normas reseñadas como vulneradas.
4. Se suma a lo anterior, que los desaciertos atribuidos al ad quem no configuran errores de hecho, propiamente dichos, como quiera que no son, de un lado, manifiestos y, de otro, determinantes de la decisión desestimatoria con la que dicha autoridad terminó el proceso, toda vez que, como pasa a analizarse, de las pruebas en las que ese juzgador fincó su conclusión relativa a que la posesión de la demandada se inició en 1992, sí era posible extraer tal inferencia.
4.1. Como indeclinablemente lo ha predicado esta Corporación, no cualquier error en la ponderación de los medios de convicción, autoriza casar la sentencia que lo contiene, sino que tal poder solamente puede reconocerse a los desaciertos mayúsculos que en ese campo se comentan, esto es, a los evidentes y trascendentes o, en otros términos, los que “a simple vista puedan detectarse, toda vez que, ya lo ha señalado la Sala, ‘la equivocación del Tribunal tiene que ser ostensible, manifiesta, palmaria y protuberante”; y a los que, además, tornan el fallo cuestionado en “contraevidente, esto es, opuesto a la realidad probatoria y fáctica del proceso’ (Sent. dic. 10/99, exp. 5320)” (Cas. Civ., sent. oct. 27/2000, exp. 5395)” (CSJ SC, 30 sep. 2011, rad. 2003-00184-01).
4.2. En lo pertinente, la parte resolutiva de la Resolución 302 de 19 de julio de 1989, proferida por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, con la que se dio inicio al proceso de regularización del barrio “El Rosario”, ubicado en la localidad de Kennedy, dispuso lo siguiente:
ART. 1º—Reconocer oficialmente la existencia y ordenar incorporar a los Planos Oficiales del Distrito Especial de Bogotá, el desarrollo: EL ROSARIO delimitado de la siguiente manera:
NorOriente: Del mojón 105 al mojón 113 en extensión de 581,63 metros, limita con el desarrollo Campo Hermoso y terrenos sin urbanizar.
SurOccidente: Del mojón 114 al mojón 104 en extensión de 572,29 metros, limita con los desarrollos Patio Bonito y el Paraíso.
SurOriente: Del mojón 113 al mojón 114 en extensión de 95,14 metros, limita con el desarrollo Patio Bonito.
NorOccidente: Del mojón 104 al mojón 105 en extensión de 98,2 metros, limita con el desarrollo Las Palmeras
ART. 2º—Aceptar el plano radicado con la referencia 8714063 de 1987 el cual hace parte integrante de la presente reglamentación y para los efectos a que haya lugar definirá oficialmente la ubicación, delimitación, extensión y número de lotes y pasa a los Archivos del Departamento Administrativo de Planeación Distrital con el Nº B.246/4-01.
El plano ha sido incorporado en la plancha H-44 y H-45 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a escala 1: 2.000 [fls. 47 a 56, cdno. 1]
4.3. El predio así alinderado, es perfectamente identificable en el plano B.246/4-01 y corresponde al rectángulo marcado en sus vértices con los mojones 104, 105, 113 y 114, dentro del cual se aprecia una zona central comprendida entre las carreras 102 y 103 y las calles 38 SUR y 38 C SUR, en donde, a su turno, aparece especificado el lote de terreno que en la actualidad ocupa el colegio “R.D.T.”.
4.4. Según consta en el “ACTA DE RECIBO 034”, el 8 de mayo de 1992, la Procuraduría de Bienes del Distrito Capital recibió “real y materialmente” del señor S.R. “como Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio EL ROSARIO”, las zonas de cesión “contenidas en el plano B-246/4-01 e incorporada(s) en las planchas H-44 y H-54 a escala 1:2000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Resolución 302 de julio 19 de 1989”, que “suman un total de 22.351.82 M2” discriminadas así: “a. Área de Zonas verdes y comunales 6.338.33 M2. B. Área vías locales 16.013.49 M2” [fl. 58, cdno. 1].
No obstante que en el comentado documento no hay otras especificaciones, vacío aclarado en la forma que más adelante se detallará, de aquel se destaca que las referidas áreas de cesión, fueron efectivamente recibidas por el Distrito Capital en la indicada fecha.
4.5. En la Resolución 16 del 22 de enero de 1999, expedida por la Directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, se decidió “…Legalizar oficialmente, incorporar al perímetro urbano y aprobar los planos urbanísticos”, entre otros, del desarrollo denominado “EL ROSARIO III”, representado en el plano K29/4-10 [fls. 60 a 71 y 76, cdno. 1]
4.6. Cotejados los planos atrás relacionados, Nos. B.246/4-01 y K29/4-10, se establece que “EL ROSARIO III” corresponde a un sector del barrio “EL ROSARIO”, representado en el primero de ellos y al que también se refirieron los actos indicados en los ordinales 4.2 y 4.4 precedentes.
4.7. En diligencia que tuvo lugar el 8 de mayo de 2000, el Distrito Capital, por intermedio de la persona comisionada para el efecto por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, tomó posesión de las zonas de cesión obligatoria pertenecientes al desarrollo urbanístico “EL ROSARIO III”, entre ellas, la registrada como “Colegio”, que identificó con los siguientes mojones específicos: “205, M-1, 200, 201, 205”, a la que se le asignó una extensión superficiaria de 4.194,77 metros cuadrados.
4.8. Posteriormente, el 24 de agosto de 2004, se realizó la entrega por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público a la S.D.E. Distrital, del inmueble donde está localizado y funciona el Centro Educativo Distrital R.D.T., dejándose en el acta que la recoge, las siguientes constancias:
c) Que de acuerdo a la certificación expedida por el Subdirector de Registro Inmobiliario del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO se establece que el CED R.D.T. se encuentra construido en parte de inmueble ubicado entre la Avenida Carrera 102 y la Carrera 103 y entre la Calle 38 Sur y la Calle 38C Sur del Desarrollo El Rosario, Avenida Cundinamarca, con un área de 10.307.05 M2 entre los mojones 96’, 116, 91’, 94’, 95’, 101’, 100’, 97’ y 96’, del plano B-246/4-01 aprobado por Resolución 302 del 19 de julio de 1989 emitida por el Departamento de Planeación Distrital, recibida por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO con Acta 034 del 8 de mayo de 1992. Igualmente dentro de las observaciones estableció que el predio descrito se considera bien de uso público de conformidad con el artículo 266 del Decreto 619 de 2000 (…). d) Que teniendo en cuenta el plano topográfico remitido por LA S.D.E. DISTRITAL el CED R.D.T. ocupa del predio anteriormente descrito un área de 5.147.124 M2, alinderada así: En dirección Nor Oriental del mojón M1 al M2 en una distancia de 84.38 mts., en dirección Sur Oriental del mojón M2 al M3 en una distancia de 60.76 mts., en dirección Sur Occidental del mojón M3 al M4 en una distancia de 83.87 mts. y en dirección Nor Occidental del mojón M4 cerrando en el mojón M1 en una distancia de 61.62 mts. (…).
SEGUNDA. TRADICIÓN: El predio de donde se segrega el área objeto de entrega, se ubica entre la Avenida Cundinamarca, con un área de 10.307.05 M2 entre los mojones 96’, 116, 91’, 94’, 95’, 101’, 100’, 97’ y 96’, del plano B.246/4-01 aprobado por Resolución 302 del 19 de julio de 1989 emitida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, recibida por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO con Acta No. 034 del 8 de mayo de 1992 [fls. 82 a 87, cdno. 1]
4.9. Las referidas anotaciones de la aludida acta hacen claridad sobre que en la diligencia de entrega realizada el 8 de mayo de 1992, la cual versó sobre la totalidad de las zonas de cesión gratuita que le correspondían al desarrollo urbanístico “EL ROSARIO”, si se incluyó el lote de terreno que ocupa desde su construcción el Colegio Distrital “R.D.T.”, aunque no se especificó por sus linderos especiales, pues quedó comprendido en el predio de mayor extensión recibido, identificado con los mojones 96’, 116, 91’, 94’, 95’, 101’, 100’, 97’ y 96’, del plano B.246/4-01.
4.10. Significa lo anterior, que a partir de la mencionada fecha, esto es, desde el 8 de mayo de 1992, el Distrito Capital recibió en forma real y material el predio ocupado por el Colegio Distrital “R.D.T.”.
4.11. Esa situación no sufrió alteración alguna por el hecho de que, en diligencia que se llevó a cabo el 8 de mayo de 2000, se hubiese efectuado la toma de posesión de las zonas de cesión obligatorias del desarrollo “EL ROSARIO III”, incluida la ocupada por dicho plantel, pues ella ya se encontraba en poder del Distrito Capital desde la realización de la entrega de las zonas de cesión por parte de la Junta de Acción Comunal del barrio “El Rosario” (mayo. 8/92).
4.12. Ello explica que el Distrito Capital, por intermedio de la S.D.E., hubiese podido celebrar el 18 de octubre de 1993 el Contrato de Obra Pública 006 cuyo propósito era la construcción del establecimiento educativo CEDID “R.D.T.” ubicado en la localidad de Kennedy, que por tal mención y las restantes que contiene, no ofrece duda sobre que su objeto fue la edificación de las instalaciones del citado plantel, pese a que en su texto, ciertamente, no se señaló su ubicación exacta.
Es posible inferir que desde la fecha misma de celebración del contrato, el lote donde habrían de realizarse las obras estaba en poder del Distrito Capital, puesto que el plazo para su ejecución fue bastante corto (105 días calendario), tiempo en el que, como es lógico entenderlo, debía dejarse el terreno a disposición de la contratista.
4.13. Cabe añadir que según se desprende del Acuerdo 17 de 13 de octubre de 1992 del Concejo de Bogotá, el tantas veces mencionado colegio ya existía para entonces y funcionaba en la “Cra. 97A Nº 18-15 Sur, Barrio Patio Bonito”; y que, por consiguiente, la decisión adoptada por esa Corporación, consistió en “…Construir (una) (n)ueva planta física” [fls. 102 a 106, cdno. 1]
4.14. Las constataciones precedentes guardan armonía con lo expresado por la testigo N.. A. Y... L.., quien admitió desempeñarse como Subdirectora de Registro Inmobiliario del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; se refirió a las diferentes formas como pueden desarrollarse asentamientos urbanos; expresó que pese a que los demandantes figuran como propietarios del lote de terreno por ellos reclamado, “de acuerdo (con el) artículo 276 del Decreto 190 de 2004, (…) con el solo señalamiento de las áreas de cesión, estas quedan afectas a ese uso”; recordó que fue la sociedad I. R. la que “en el año 1993, mediante escritura pública, lote(ó) el predio en 8 manzanas y señal(ó) las zonas de cesión de la urbanización incluyendo el tema que nos ocupa”; añadió que, “posteriormente, en el año 1998, vend(ió) las dos áreas de cesión, donde una de ellas, en sus linderos, señala que colinda con el colegio, lo que demuestra que el colegio es anterior a dicha venta, por lo cual el distrito es pose(edor) de buena fe”; destacó que en el año 1992, la S.D.E. Distrital “realizó una inversión muy alta para la construcción de dicho colegio”; y, en definitiva, aseveró que “desde el año 1992, anterior a la compra del predio en mención, la S.D.E. ejerce posesión de buena (fe) del predio”.
4.15. Así las cosas, no encuentra la Corte que el ad quem, cuando concluyó que “…De los anteriores elementos de juicio se desprende, sin lugar a equívoco, que la posesión de la demanda(da) (se) inició con anterioridad al título de los demandantes, pues se acreditaron una serie de actuaciones de dominio sobre el inmueble pretendido en reivindicación que datan desde el año 1992”, hubiese incurrido en algún yerro fáctico o, por lo menos, en uno manifiesto o protuberante, puesto que, como ya se hizo notar, de los elementos de juicio ponderados por dicho sentenciador, sí podía extractarse, válidamente, tal inferencia.
5. Queda por decir que como en casación no son admisibles los “medios nuevos”, esto es, la formulación de hechos que “por no haber sido oportunamente propuestos en el litigio, no pudieron ser considerados por el sentenciador de instancia”, toda vez que su aceptación implicaría, además, la vulneración del “debido proceso y, más exactamente, (d)el derecho de defensa de la parte contraria, la que, en ese supuesto, no habría tenido forma de controvertir el fundamento fáctico invocado por el recurrente” (CSJ SC, 6 dic. 2011, rad. 2003-00113-01), ninguna cabida tiene el argumento central del sexto error de hecho alegado, como quiera que ni en la demanda, ni en ninguna de las etapas que integraron las instancias, los actores invocaron como sustento de la acción, que se sumara a su dominio el de su antecesor.
Ese planteamiento sólo vino a esgrimirse en desarrollo del recurso extraordinario examinado y, por lo mismo, no es atendible por la Corte, pues incorpora una variante fundamental del litigio, enfrente de la cual, por su tardía aducción, tanto el Tribunal como el extremo demandado, no tuvieron la oportunidad de pronunciarse.
6. En firme, como quedan, los dos extremos fácticos del raciocinio del Tribunal, es decir, por una parte, que “los demandantes acreditaron su título con la escritura 4225 del 30 de octubre de 1998, otorgada en la Notaría 25 de Bogotá, por medio de la cual obtuvieron el dominio del inmueble de marras (sic) con ocasión de la compraventa que les hiciera I. N. y Cía. Ltda. (en liquidación)”; y, por otra, que la posesión ejercida por la demandada se inició en 1992, el cargo formulado no está llamado a prosperar.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, NO CASA la sentencia de 14 de septiembre de 2012, proferida en este asunto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Costas en casación a cargo de los recurrentes. En la correspondiente liquidación, inclúyase como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000), en atención a que la parte opositora replicó en tiempo la demanda con la que se sustentó la impugnación extraordinaria.
En oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.

References: artículo 374
 artículo 51
 artículo 29
 artículo 669
 artículo 749
 artículo 752
 artículo 950
 artículo 950
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 266
 Resolución 
 artículo 276