Source: http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleDecreto.php?nro_decreto=933/19
Timestamp: 2019-09-17 15:36:55+00:00

Document:
DETALLE DEL DECRETO Nº 933/19
RECHAZA RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. EX SUB OFICIAL PRINCIPAL MIGUEL ÁNGEL VERASTEGUI. POLICÍA DE LA PROVINCIA.
DECRETO Nº 933
Expediente Nº 01-55.776/19 y Adj.-
VISTO las actuaciones citadas en referencia, relacionadas con el recurso de reconsideración interpuesto por el ex Sub Oficial Principal de la Policía de la Provincia de Salta, Miguel Ángel Verastegui, en contra del Decreto Nº 183/2.019; y,
Que mediante el mencionado decreto se dispuso la destitución por exoneración del señor Miguel Ángel Verastegui, por infracción a los artículos 30° inciso c) de la Ley N° 6.193 del Personal Policial, 107° y 108° inciso v) del Decreto N° 1.490/2.014 (Reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia), agravado por las circunstancias del artículo 140° incisos b) y f) del mismo cuerpo legal;
Que contra este acto administrativo, el nombrado interpuso un recurso de reconsideración;
Que tal como surge de la constancia agregada en las actuaciones de referencia, el Decreto N° 183/2.019 fue notificado el 25 de Febrero de 2.019, mientras que el recurso de reconsideración fue interpuesto el 12 de Marzo de 2.019, es decir dentro de los diez días hábiles previstos por el artículo 177° de la Ley N° 5.348, por lo que procede su tratamiento;
Que se agravia el señor Verastegui, en primer lugar y en lo sustancial, por la aplicación de la sanción de destitución por exoneración en base a la tipificación del hecho descripto en el decreto cuestionado, pues a su entender, la imputación no tiene ningún sustento fáctico ni jurídico, lo que torna arbitraria la decisión adoptada, constituyendo un vicio grave que afecta su validez y la nulifica;
Que sostiene, que no quedó debidamente acreditada la conducta endilgada, como así tampoco la certeza positiva requerida para atribuir su responsabilidad administrativa, por lo que el acto resultaría infundado y manifiestamente arbitrario;
Que asimismo, expresa que no existe en el sumario ninguna prueba que corrobore la falta que se le atribuye y que se lo imputa por infracciones a normas genéricas o abiertas incompatibles con el principio de tipicidad, recurriéndose a un factor puramente subjetivo como la pérdida de confianza para ser sancionado;
Que aduce que la destitución por exoneración aplicada ha sido dispuesta sin tener en cuenta los antecedentes que registraba durante la carrera policial y su buen concepto laboral;
Que cabe precisar, que en primer término, que la sanción aplicada a través del Decreto N° 183/2.019 se sustenta en los hechos acreditados en el marco del sumario disciplinario iniciado en contra del impugnante, a partir del curso de una investigación que culminó con la exoneración del mismo;
Que así se acreditó que un aparato celular marca Samsung J7 que se hallaba secuestrado en la A.P. N° 4/17 en el Grupo Investigativo Sector N° 7 B - donde trabajaba el exonerado -, había sido sustraído, detectándose con posterioridad su activación con el número de teléfono registrado a nombre de la señora Mariana Paola Aramayo, pareja del señor Miguel Ángel Verastegui;
Que en tal sentido, se le reprocha el incumplimiento al deber general de todo policía. En rigor, el artículo 48° de la Ley N° 6.193 proporciona una base cierta para la aplicación de la sanción, en virtud de la naturaleza y gravedad de la falta cometida, como así las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, entre otros aspectos. En el caso particular, se trata de un sub Oficial Principal de la Policía de la Provincia que transgredió deberes fundamentales enumerados en la Reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia, lo que provocó la pérdida de confianza en su desempeño policial;
Que consecuentemente, ello excluye la posibilidad de que el acto cuestionado adolezca de arbitrariedad e irracionalidad, por cuanto la disposición que agravia al presentante contiene fundamentos suficientes y adecuados que justifican acabadamente la decisión adoptada e impiden calificarla como caprichosa y carente de motivación (Cfr. CNFed. Contencioso Administrativo, Sala I, “Consejo Profesional de Médicos Veterinarios c. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos”, 04 de Marzo de 1999; LL; 2000C, 151 - DJ, 2000-3-90);
Que asimismo, la Ley N° 6.193 del Personal Policial dispone que la violación de los deberes policiales hará pasible a los responsables de diversas sanciones, entre las que se encuentra la aplicada al recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que los códigos especiales determinen para el personal policial;
Que en conclusión, la legitimidad de la sanción aplicada radica en la representación que ejerce todo policía frente a la población en su conjunto, por cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles en los hechos;
Que por ello, en virtud de la naturaleza de los hechos y su repercusión en el servicio, se ha configurado para la Administración la aludida pérdida de confianza en el señor Miguel Ángel Verastegui, por cuanto las conductas señaladas resultan especialmente reprochables, pues transgredieron deberes fundamentales de todo policía, los que se encuentran expresamente dispuestos en el artículo 30° inciso c) de la ley N° 6.193; y en los artículos 107° y 108° inciso v) del Decreto N° 1.490/2.014, que reflejan como denominador común la previsión y sanción al incumplimiento de actuar acorde a los deberes generales de todo personal policial, atentando contra la propiedad, comprometiendo el decoro y efectuando el prestigio de la Institución, lo que aconteció en el presente caso;
Que la pérdida de confianza, entonces, es una consecuencia lógica a partir del esquema sobre el que se encuentra asentada la ley del personal policial, que se resintió a partir de la sucesión del hecho acontecido lo que objetivamente ha conculcado la confianza de los superiores;
Que es del caso señalar que, en este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte de Justicia Local, al sostener que: “El estado policial, presupone el sometimiento de su personal a las normas que estructuran la institución de manera especial dentro de la Administración Pública, sobre la base de la disciplina y la subordinación jerárquica (CSJN, Fallos 320:147; 250:393, entre otros); y que, “El voluntario sometimiento del interesado a un determinado régimen jurídico, sin reserva expresa, impide su ulterior impugnación con base constitucional” (Cfr. CJN, Tomo 68:875; 69:867, entre otros);
Que con relación a la prueba, corresponde decir que la administración valoró la reunida en el sumario de conformidad con las pautas establecidas en el artículo 166° de la Ley N° 5.348 -de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta-, y consideró que la misma era suficiente para fundar la decisión adoptada mediante el acto administrativo cuestionado;
Que la norma antes citada establece que la prueba se apreciará con el criterio de libre convicción. En este sentido, y gozando la Administración de libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia, corresponde decir que las pruebas producidas en el sumario fueron oportunamente consideradas por la misma sin que surja, de estas actuaciones, que en dicha actividad intelectual se hayan infringido las normas lógicas del “prudente criterio” o “criterio racional”;
Que por lo demás, tampoco en esta instancia recursiva se arrimó elemento alguno que permita desvirtuar las faltas que se le imputan al sumariado, correspondiendo confirmar el acto administrativo emitido, al confirmar su conducta una falta administrativa grave en los términos de la normativa vigente y aplicable al caso;
Que por su parte, es del caso destacar que en materia disciplinaria, la jurisprudencia sostuvo que “La graduación de las sanciones pertenece, en principio, al ámbito de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa (…), y son sólo revisables por la justicia en los supuestos de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta (C.N. Fed. Contencioso Administrativo, Sala III, “Alitalia Líneas Aéreas Italianas S.A. c. Dirección Nac. de Migraciones”, 03/02/2000, LL, 2000-F, 972);
Que en el presente caso, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada por la Administración surge de las constancias que obran en autos, las que por sí solas son suficientes para fundar la decisión adoptada. No surgen dudas de la gravedad de la falta cometida por el presentante y, consecuentemente, de la razonabilidad de la sanción aplicada;
Que por todo ello, y no habiendo el impugnante arrimado elemento alguno que lleve a la convicción de que la Administración debe modificar la decisión adoptada, y habiéndose observado el respeto al debido proceso y al derecho de defensa, correspondería rechazar el recurso interpuesto, en todas sus partes;
Que por lo expuesto y atento el Dictamen Nº 268/2.019 de la Fiscalía de Estado, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el ex sub Oficial Principal de la Policía de la Provincia, Miguel Ángel Verastegui, en contra del Decreto N° 183/2.019, siendo pertinente el dictado del presente instrumento legal;
ARTICULO 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el ex Sub Oficial Principal de la Policía de la Provincia, Miguel Ángel Verastegui, D.N.I. N° 21.310.731 en contra del Decreto N° 183/2.019, atento a los fundamentos expresados en el considerando del presente instrumento legal.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por el señor Secretario General de la Gobernación.

References: artículo 140
 artículo 177
 artículo 48
 artículo 30
 artículo 166

ARTÍCULO 2