Source: https://es.scribd.com/doc/77199750/Principios-Constitucionales-Que-Fund-Amen-Tan-El-Derecho-Penal-Nicaraguense-Francisco-Enriquez-Cabistan
Timestamp: 2016-05-25 08:28:56+00:00

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Profesor de Derecho Constitucional Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ)
Principios constitucionales que fundamentan el Derecho penal nicaragüense en el contexto de un Estado social y democrácito de Derecho
646/2008. desarrollo y Estado social de derecho. I-A Asociaciones y Fundaciones. y en ningún caso debe considerarse que refleja la opinión de la Asamblea Nacional ni del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).
El contenido de la presente publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. Enríquez C.Autor Cuidado de edición Diseño interior Diseño de portada
Francisco E. No. Ley anual de presupuesto general de la República de Nicaragua 2008. a través de la Comisión Económica. en concepto de darle continuidad al desarrollo del programa de gobernabilidad. publicada en La Gaceta. con base a la Ley No. 2009
Impreso en Nicaragua por Servicios Gráficos
Esta investigación y publicación fue posible gracias al apoyo económico de la Asamblea Nacional. 41 el día 27 de febrero de 2008. anexo No.
. Diario Oficial de la República. Alicia Casco Guido Alicia Casco Guido Eduardo Espinales
ISBN: 978-99924-21-06-2
Todos los derechos reservados conforme a la Ley © INEJ.
........... Principio de Culpabilidad (arto........... 15 16 20 23 25 26 36 37 38 39 40 43 45 45 47 48 50 56 63 66 66 68 68 69
.......................... Adecuación de la medida al fin que la justifica (tutela o protección de bienes jurídicos) ................ Principio de lesividad (arto................................................. Garantía Criminal o principio de legalidad criminal (nullum crimen sine lege)......................................... Garantía Jurisdiccional o garantía judicial (nullum crimen... Prohibiciones............ Necesidad de la misma (intervención mínima y subsidiaria del derecho penal)..................................................... 2 NCP y 8 inciso b CPM) ................................................................................................................................................................. Garantías....................................................... Garantía en la ejecución o principio de legalidad en la ejecución (nulla exsecutio poenalis sine lege) ........................................... V........... ...................................... Principio de Proporcionalidad (arto............................. 9 párr........................................... Principios Constitucionales que rigen al nuevo Código penal de Nicaragua ........... ...Índice
Introducción .. I.... salvo que favorezca al reo..................... nulla poena sine judicio).................................. El Principio de Legalidad (arto 1 NCP y 1 CPM) ...................................................... 7 NCP y 4 CPM) .................................... significado y trascendencia constitucional.......................................................................................... definición y alcances jurídicos............. Antecedentes ................. ............................................ Requisitos ............................................................ Prohibición de analogía en contra del reo............................................ IV....................................... .............................................. III................................. Prohibición de que la ley se remita en bloque a instancias distintas del Poder Legislativo .................. Garantía penal o principio de legalidad penal en sentido estricto (nulla poena sine lege).................................................... Prohibición de retroactividad de la ley.........9 párr.................................... II. Principio de Responsabilidad Personal (arto........................ Planteamiento del Problema de las reformas ................................................................ 8 inciso 1 NCP) .................................................. Introducción.... Introducción............ Garantía para las Medidas de Seguridad (nulla cautio sine lege)............................................................ ....................................... 2 NCP) ...................................
VIII....................................... Efectos en el proceso penal del principio en estudio...
77 80 84 84 91 93 94 99
...................... Bibliografía ...... Principio de Dignidad de la persona (arto.. Principio de Responsabilidad Subjetiva (artos 9 párr...............................VI............................................... Principio de Humanización (arto.......................................... IX..................... Requisitos ....................... Introducción ........................................................................................................................ 8 párrafo 2 NCP) ............................................... 4 NCP)..... .............................................. 1 NCP y 4 CPM) ... Principio de prohibición de la persecución múltiple (ne bis in idem) ....................................... X........................ VII................
porque todo lo dieron y todo le debemos ¡Salud!
A Mamá y Papá. María Elena Cabistán Bonilla y Francisco Javier Urbina Calero.
La publicación de una obra jurídica de calidad siempre constituye una buena noticia. culpabilidad. humanización. de prohibición de persecución múltiple (ne bis in idem). a partir de la reforma legislativa que se ha venido gestando en su país hace algún tiempo. El desarrollo de principios básicos esenciales. Lo es en el presente caso en que uno de los jóvenes juristas nicaragüenses. y es que no se trata de sancionar penalmente cualquier conducta irregular del ser
. como el de legalidad. Es probable que de todos los principios anteriores uno de los más atrayentes sea el de lesividad. y de protección de la dignidad de la persona. proporcionalidad. que hoy día ha ido permeando las estructuras democráticas de la punición. responsabilidad subjetiva. configuran el marco teórico y práctico de un derecho penal garantista al que todo Estado de Derecho debe aspirar. lesividad. donde analiza los “Principios constitucionales que fundamentan el Derecho penal nicaragüense en el contexto de un Estado social y democrático de derecho”. el profesor de Derecho Constitucional Francisco Enríquez Cabistán nos ofrece el producto de sus reflexiones y consideraciones en relación con el tema de su especialidad.
nos permite conocer dentro de una sociedad.. Podemos decir del autor que se trata de uno de los jóvenes valores que está incursionando con la fuerza de su generación en el campo de la enseñanza y de la investigación. cómo debemos enfrentar el problema del delito sin demeritar la tutela de los derechos fundamentales. haciéndonos un llamado de atención sobre la importancia de relacionar – y desde luego no olvidar -las normas de la Constitución Política y su supremacía ante la legislación ordinaria. Este principio.. de International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA internacional). e Investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).
humano. junto con los anteriormente referidos. El profesor ENRÍQUEZ CABISTÁN nos recuerda la importancia del respeto de dichos principios y la forma en que ha ido evolucionando su reconocimiento. sino sólo aquella que dañe o ponga en peligro “de manera significativa” un bien jurídico tutelado por la ley penal.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . con un serio compromiso docente. Investigador Científico de la Fundación para el Debido Proceso Legal en Washington (FDPL). Master en Acción Política y Participación Ciudadana en un Estado de Derecho por la Universi-
. Es Profesor del Programa de Estudios de Postgrado en Derecho Constitucional y del Programa de Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. como lo refleja este libro que tenemos el placer de prologar. del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de México.
Catedrático Universitario. Costa Rica Marzo de 2009
1. a la vez que esperamos otros importantes aportes suyos en el futuro. Por las anteriores credenciales y por el contenido de su obra. Mario A. sede Managua. España. Profesor de Derecho penal y Derecho procesal del posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela Libre de Derecho. ENRÍQUEZ CABISTÁN
dad Rey Juan Carlos. Actualmente Rector y Profesor de Derecho penal y Derecho procesal penal del Programa de Posgrado del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).FRANCISCO E. Nicaragua. auguramos éxito al apreciado compañero y amigo del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).
. Madrid. el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria.
Prof. Dr. Houed Vega1. Ex Magistrado (jubilado) de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Incs: Inciso o Incisos
.: StGB: P/Pág: Párr. igual que Instituto Interamericano de Derechos Humanos Indicadores Verificables objetivamente Ley Orgánica del Poder Judicial de la república de Nicaragua Nuevo Código Penal de la República de Nicaragua Y siguientes Código Penal Alemán Página Párrafo Proyecto de Nuevo Código Penal de la República de Nicaragua Código Penal vigente de la República de Nicaragua
Inc.: PCP: Pn: Artículo (s) Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José Constitución Política de la república de Nicaragua Corte Suprema de Justicia de la república de Nicaragua Código Procesal Penal de Nicaragua Código Penal Militar de Nicaragua Declaración Universal de Derechos Humanos De la misma forma.Índice de abreviaturas
Arto (s): CADH: Cn: CSJ: CPP: CPM: DUDH: IDEM: IIDH: IVOS: LOPJ: NCP: Ss/y ss.
de lesividad. Enríquez Cabistán Francisco. de prohibición de la persecución múltiple (ne bis in idem) y de dignidad. 3. personal. eficacia. culpabilidad. 7. sin dejar de ser un instrumento de coerción que el Estado cuenta a través del órgano jurisdiccional.Introducción
El nuevo Código Penal (NCP)2 forma parte de los elementos constitutivos del control social directo. No 86 del 8 de mayo de 2008. la convivencia social o comunitaria. pero tomando en cuenta los principios básicos del derecho penal garantista. No 84 del 6 de mayo de 2008. Nicaragua. No 85 del 7 de mayo de 2008. El Nuevo Código Penal de Nicaragua fue aprobado en la Asamblea Nacional el día 13 de noviembre de 2007. el Nuevo Diario. El NCP define los principios de legalidad. responsabilidad subjetiva.
. El NCP está fundamentado en principios democráticos. y No 87 del 9 de mayo de 2008. para garantizar una de las finalidades del derecho. al calificar cuales son las conductas prohibidas y las consecuencias jurídicas. Los proyectistas. 15 de enero del 2001. articularon principios y preceptos constitucionales de carácter penal. y publicado en las Gacetas Diario Oficial de la República. proporcionalidad. Managua. de resocialización. p. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”.3
2. según se desprende del Título Preliminar. No 83 del día 5 de mayo de 2008.
en donde permanece una cultura decimonónica válida para ese momento. con especial atención en el ámbito de la justicia penal. con fuerza normativa y de rango constitucional. Reformas que son conoci16
El Código Penal de Nicaragua (Pn) se encuentra vigente desde 1974 que. el presente trabajo contiene un análisis de dichos preceptos constitucionales de carácter penal. compartiendo una misma corriente racional y política de la época. Nuestra nación en la última década del siglo XX e inicios del siglo XXI. sirven de instrumento de garantía contra toda forma autoritaria. Estos preceptos. con algunas modificaciones y novedades. para valorarlos dogmáticamente y contribuir a su adecuada aplicación en la práctica de los tribunales de justicia del país. para evitar arbitrariedades y abusos del poder.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . ya que el espíritu de la nueva legislación es la creación de una nueva conciencia colectiva fundamentada en los principios constitucionales en el marco de un Estado social y democrático de derecho (artos. 7 y 130 párr.
Todos estos principios tienen la finalidad de limitar y controlar el poder punitivo (ius puniendi) del Estado. ha iniciado un profundo proceso de reformas jurídicas. todos inspirados en el Código Penal Español de 1870.1 Cn)... pero que al día de hoy entra en contraste con nuestra realidad y dinámica constitucional. En esta línea de pensamiento. es el mismo de 1891 y 1879.
con la tipificación de nuevos hechos delictivos que se adecuen a la sensibilidad social y al desarrollo tecnológico y científico actual. hay que destacar la voluntad inequívoca de los agentes involucrados y su tarea de transformar. en donde existe un Ministerio Público4 independiente y separada de la Procuraduría General de la República que funciona exclusivamente como abogado de la Administración pública del Poder Ejecutivo. acusa cuando corresponda penalmente. tanto en su aspecto formal como material. lleva de la mano de la Policía la investigación de los delitos.
. Policía Nacional. ENRÍQUEZ CABISTÁN
das en el ámbito académico como: las reformas del siglo. Ministerio Público y Sistema Penitenciario Nicaragüense) y el necesario apoyo que la sociedad debe de brindar a este proceso modificador. No 196. También existe una Defensoría Pública con la finalidad de tutelar los intereses de los acusados que tengan escasos recursos económicos y que procuren
4. y defiende los intereses de las víctimas y. además se establece un nuevo modelo procesal penal. integral y concertadoramente. el 17 de octubre de 2000. una transformación sustancial en el espíritu de nuestro Pn y CPP.FRANCISCO E. El Ministerio Público según se desprende de su propia Ley Orgánica. Ver Ley 346. lo que incluye. Ley Orgánica del Ministerio Público. Diario Oficial de la República. Poder Judicial. publicada en la Gaceta. las instituciones que conforman la justicia penal del país (Procuraduría General de Justicia.
2006. inspirado en la prevención y control del delito. Publicada en la Gaceta Diario Oficial No 243 y 244 del 21 y 24 de diciembre del 2001. en donde las partes están (o deberían estar) en igualdad de condiciones y oportunidades. Uriarte Quesada Dailys. Jaén Vallejo Manuel.. la atención a las víctimas. la definición de las garantías constitucionales en el debido proceso.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Fundación Konrad Adenauer. 236-241: “La reforma constitucional del 4 de julio del año de 1995. Ley No 406/2001. Centro de Estudio e Investigación Jurídica (CEIJ). y de este modo la víctima recobre su verdadero rol en la denominada pareja penal. 5 y 6. 7. la variedad de medidas alternativas a la privación de libertad y la clasificación y tratamiento de los condenados. introdujo por primera vez en nuestro país
. 34 incs. Todo este proceso de reformas. Arto. 4. Obregón Sánchez Soraya y Aguilar M. p. 6. El 24 de diciembre del 2002 entró en vigencia un nuevo Código Procesal Penal. “Apuntes Básico del Control Constitucional en Nicaragua” en la obra colectiva: “Derechos Humanos y Jurisdicción Constitucional”. Ver en Cuarezma Terán Sergio. respectivamente.. Enríquez Cabistán Francisco.
una asistencia jurídica y técnica de acuerdo a nuestra Cn5. El legislador nicaragüense al promover dichas reformas se prepara para cambiar la cultura decimonónica predominante a una cultura respetuosa de los derechos y garantías de la persona y de la realidad social. estableciéndose de esta forma un auténtico proceso penal: oral y público6. solo tienen espacio dentro del marco de un Estado social7 y democrático
significa lo contrario. sino más bien la estructura la organización del mismo en los distintos Poderes que lo conforman. figurando en primer lugar la Constitución Política. ya que el objetivo de nuestro sistema de justicia penal es sancionar al delincuente y reinsertarlo a la sociedad. según cada supuesto. lo que solo es posible en un Esta-
y con suma claridad la noción del Estado Social de Derecho. 7 y 130 Párr. El principio de la legalidad opera de distinta. estableció que: “La nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho”. está reforzado en el arto. 32 Cn).
. 183 Cn que dice. es decir que el Estado crea la norma jurídica y se somete a la norma que ha creado. organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad. lo que implica su supremacía a través del Control Constitucional. 130 Cn establece: “Ningún cargo concede a quien lo ejerce. “Ningún Poder del Estado. ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe (art. 130.FRANCISCO E. Y por Estado tenemos que entender no sólo un ente abstracto dotado de personalidad jurídica. Así el párrafo primero del arto. facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”. sea para los particulares que para el Estado. Lo que significa el sometimiento del Estado al derecho. Al constituirse el país en un Estado social de derecho. Esto implica la total subordinación del Estado al Derecho. para el Estado. 1 Cn. Artos. ENRÍQUEZ CABISTÁN
de derecho8 para que tengan un alto contenido humanitario. 8. significa la plena aceptación del principio de legalidad. así el párrafo primero del arto. como sometimiento total y absoluto del Poder a las normas jurídicas existentes. más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes”. mientras que para los particulares este opera en el sentido de que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande. En efecto. y ese mismo criterio.
sino que además es.
Planteamiento del Problema de las reformas
El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que establece delitos o estados peligrosos. en aplicar normas jurídicopenales (derecho penal Subjetivo). imparcial. que garantizan una Justicia más participativa. El derecho penal. Resulta claro que el fundamento.. autónoma. naturaleza y límites de esa potestad.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . continua. confiable. proclama que es potestad exclusiva del Poder Judicial juzgar y ejecutar lo juzgado (arto.
do que reconoce y respeta los derechos de todos sus ciudadanos. está relacionada íntimamente a la concepción de Estado que establece la Cn. respetuosa y garante de la dignidad del ser humano. 39 Cn. medidas de seguridad o consecuencias accesorias. así la Cn.9 Las reformas que se están llevando a cabo al Pn poseen un modelo que desarrolla y tutela principios penales de carácter constitucional.
. que los jueces y magistrados tienen la obligación de observarlas y garantizar su aplicación. Arto. no solamente es un conjunto de normas de carácter coercitivo (derecho penal objetivo). 159 Cn). como presupuestos a los que se les determina consecuencias jurídicas denominadas: penas.. responsable. una potestad que se le atribuye al Estado. La concepción de Estado determina el contenido y alcance
10 y se presenta como límite o garantía frente a la función pública de nuestros “Poderes Institucionales” y. ENRÍQUEZ CABISTÁN
que se otorgue al ius puniendi. de ahí la necesidad de que pronto entren en vigencias las normas aprobadas que contienen los principios en estudio en el presente trabajo. como límites frente a la potestad punitiva del Estado. sobre los que se asienta el modelo de Estado que establece la misma y que desarrolla la nueva legislación penal civil y militar. protegiendo los derechos humanos de todas las personas. dicho modelo estatal obliga a nuestros entes públicos a promover las condiciones que hagan real y efectiva la libertad e igualdad de las personas. limitado especialmente por el principio de legalidad. dicho Estado no está legitimado para castigar lo que se le venga en gana. por consiguiente.
. El NCP. Pues bien. 160 Cn. situación que el derecho penal debe construir desde la definición de la democracia. En ese sentido. es importante preguntarse ¿Cuáles son los principios constitucionales que contiene el nuevo código penal del
10. contiene preceptos de carácter constitucional que sirven como límites o garantías frente al poder coercitivo del Estado. Arto. por lo tanto.FRANCISCO E. sino que su potestad castigadora esta restringida por la Cn y por el respeto a los principios fundamentales contenidos en el Título Primero de nuestra Carta Magna.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN ..
país en el contexto de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho?
Principios Constitucionales que rigen al nuevo Código penal de Nicaragua
de prohibición de la persecución múltiple (ne bis in idem) y de dignidad. Dichos principios son. Los proyectistas. responsabilidad subjetiva. eficacia. a saber: el de legalidad. Roxana Zapata López.
. los limitan y controlan el ius puniendi del Estado (o poder coercitivo) para evitar abusos de poder y arbitrariedades. personal. bajo la presidencia del diputado D. convirtiéndose en preceptos de fuerza normativa que sirven de instrumento garantista y tutelador de los derechos fundamentales. Cuarezma Terán (actualmente Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia). Mario Houed Vega.11 según se desprende del Título Preliminar. El Principio de Legalidad (arto 1 NCP y 1 CPM)
El CP nicaragüense está fundamentado en principios democráticos de carácter constitucional. de lesividad. entre otros. culpabilidad. articularon con éxito y de forma celosa los principios o preceptos constitucionales de carácter penal. de resocialización.
11. Carlos Guerra Gallardo de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional (actualmente Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia).I. participaron los académicos Sergio J. proporcionalidad. En la elaboración del PCP (dictamen 1999) –ahora nuevo Código Penal–. Silvio Grijalva Silva.
p. según la doctrina. ya que tutela y garantiza la legalidad y legitimidad democrática del derecho penal y. 63. 13. por un lado. Cuerda Arnau María Luisa.. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. 2000. el respeto que éste conlleva a los derechos individuales. editorial Hispamer. y por otro. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal.
Introducción. Nicaragua. penal y procesal penal militar y el espíritu del NCP.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . la necesidad de poseer un gobierno respetuoso y garante del Estado social de derecho en donde ninguna persona esta por encima de la ley. significado y trascendencia constitucional
El principio de legalidad.13 por lo
12. ha sido considerado como el de mayor importancia entre todos los preceptos penales de carácter constitucional que fundamentan nuestra legislación penal vigente. nos indica que dicho principio se desprende de la idea de dotar de seguridad jurídica a todas las personas. para que se garantice la libertad individual frente a las intervenciones punitivas del Estado.12 Esto supone. Managua. julio del 2000. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. Criminología y Derecho Procesal Penal.
. Es un principio que controla el poder punitivo del Estado y define su aplicación dentro de límites que excluyen toda arbitrariedad y exceso por parte de quienes ostentan o ejercen el poder punitivo. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua..
la punibilidad de la guerra de agresión y de los “delitos contra la humanidad”15 o de “Lesa Humanidad”). En 1945 y 1946 las potencias ocupantes de Alemania. la intervención de nuestro Estado debe girar entorno a lo preceptuado en la ley. nulla poena sine lege. España. 15. 2 StGB del siguiente modo: “Será castigado quien cometa un hecho que la ley declare punible o que merezca una pena según la idea básica de un a ley penal o según el sano sometimiento del pueblo”. siguiendo al mismo autor. Actualmente.
. reformularon los fundamentos del StGB (aunque volvieron a infringir esos fundamentos al introducir. 1984. y no en la discrecionalidad de quienes imparten justicia. nulla poena sine crimen. entre los penalistas una frase desacreditada. Pág.FRANCISCO E. como lo afirma HASSEMER. tras la derrota de ésta en la Segunda Guerra Mundial. que es formulado por el arto. Fundamentos del Derecho Penal. es. Kranzbühler. Sus fundamentos por ende (del principio de legalidad). Barcelona. Cfr. son muy antiguos y al referirnos a su ori14. ENRÍQUEZ CABISTÁN
que. La importancia jurídicopenal del principio de legalidad. 311. con efecto retroactivo. casa Editorial Bosch.14 puede verse en que el legislador penal nacionalsocialista opuso en 1935 al principio liberal: Nullum Crimen sine lege. Con ella el principio de legalidad fue alejado del derecho penal. y al principio acusatorio: “ningún delito sin pena”. Nürnberg als Rechtsproblem. la frase sano sometimiento del pueblo.
época conocida como el iluminismo y la ilustración (Declaración
16. Criminología y Derecho Procesal Penal. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Barcelona. editorial Hispamer. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. 311. Nicaragua. 39 de la Carta Magna. 1984. sino propiamente como Magna Charta Libertatum del ciudadano..16 El presente precepto en estudio nace con el surgimiento del Estado de derecho (teniendo como precedentes lejanos: el arto.
. se puede comprender por qué tiene tanta importancia para el derecho penal. Hassemer Winfried. Su origen debe buscarse en el momento histórico en que el pueblo pasa de ser instrumento y sujeto pasivo del poder absoluto del Estado o del monarca que lo encarna. En él se expresa la autoconciencia de la burguesía que surge en la ilustración frente al poder estatal. 17.
gen. 63. apareciendo a su luz la ley penal no sólo como Magna Charta Libertatum del delincuente. del Rey Juan II de Inglaterra en 1215 y en España en el decreto de Alfonso IX en la corte de León de 1188)17. 2000. a controlar y participar en ese poder exigiendo garantías para su ejercicio. Managua. p. Fundamentos del Derecho Penal. Pág. A esta situación se llega a la revolución Francesa que corona el pensamiento político y filosófico del siglo XVIII. casa editorial Bosch..
63. Hay que mencionar. de la Ley Fundamental de Bonn. 63. 2000. 19. editorial Hispamer. el origen de las penas del delito. recopila las críticas del pensamiento de la ilustración a un derecho positivo que se supera por un entorno social. 103. que el principio de legalidad procede del Code Penal de 1810 StGB y. 20.18 19 Muchos son los autores que se logran destacar en este periodo. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. Criminología y Derecho Procesal Penal. ENRÍQUEZ CABISTÁN
Francesa de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789). Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. porque estaba dirigidas a todas las personas. en donde. Nicaragua. que en su obra De los Delitos y las Penas (Die delitti e delle pene). Nicaragua.20 Dichas ideas. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. el delincuente y su eje sancionador se retroalimentaban
. Managua. Hasta llegar a la Constitución de Weimar que le confirió en su arto. 2000. 116. editorial Hispamer.FRANCISCO E. p. Criminología y Derecho Procesal Penal. lo que logra contribuir a la reforma en la legislación penal de la época. sin distinción de clases. II. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. después fue acogido en el StGB del Reich de 1871. se logran distribuir con sumo éxito por toda Europa. Managua. p. categoría constitucional al igual que el arto. pero sin duda el más importante es CESARE BONESANA Marques de BECCARIA. a través del StGB prusiano de 1851.
editorial Bosch. sentimiento y valoración de los hechos que uno ve. y sabía que la clave se encontraba en el criterio de la racionalidad . 22. 1984. La filosofía política de la ilustración encontró esa justificación en la voluntad del hombre social. La crítica del conocimiento demostró que los preceptos del derecho natural en todo caso no pueden ser trasvasados sin más. Barcelona. pues. Pág. 312. la cultura política es necesaria si es que los gobernantes quieren hacer uso del servicio público en busca del bien común. racionalista. Pero mucho mayor era la confianza en que la “volonté générale” se impusiera a través de un Contrato imaginado idealmente que realizarían todos los miembros integrantes del Estado. “el período de la Ilustración debilitó la posición del legislador de un modo importante. Para el futuro hay que buscar. en la diferencia entre “voluntad general” y “voluntad de todos”. la legitimación del legislador. al elevar las exigencias de legitimación y cambiar su cualidad. en la tierra la justificación del derecho positivo. El mismo autor. creando un nuevo administrador es la “razón”. Ese cielo. b) Instituciones Fuertes e independientes: Esto permite crear las con-
. escucha y habla. el llamado Contrato Social”. Siguiendo Hassemer en: Fundamentos del Derecho Penal.. El Contrato Social logra plantear tres ideas básicas para mantener el respeto inclaudicable al Estado de Derecho: a) Cultura Política: Siguiendo la línea de pensamiento de Almond. nos menciona tres requisitos fundamentales para crear esta idea: conocimiento. desde el cielo (en el que quizá se encuentran) al suelo del derecho positivo.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . queda además desde ahora mudo.. sin dañarlos o modificarlos.
entorno a un contrato social (Contrat Social)21
21. Esto nos hará actuar con ética y moral. incluyendo también en ese “todos” a los que actúan sin razón. ahí podría esconderse el núcleo de un nuevo derecho natural. en la “volonté générale” . de un derecho de la razón. que se ha desarrollado después. sigue sosteniendo el autor.
63. reconocido posteriormente por el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales de 1950. ENRÍQUEZ CABISTÁN
BECCARIA llena con grandes dosis de legalidad. editorial Hispamer. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. d) Estado de Derecho: Va dirigido al respeto y fiel cumplimiento de las normas jurídicas de parte de los gobernantes y de los gobernados-. elecciones periódicas. c) Consenso Ciudadano: Esta premisa es necesaria si es que se pretende buscar estrategias integrales que nos permitan encontrar las principales problemáticas que tiene un país. con la segunda guerra mundial y el surgimiento de los Derechos Humanos como ejes tuteladores de los derechos y libertades. de ahí que se plasme en dicho precepto en las diversas Constituciones Políticas del mundo. en donde.23 Posteriormente. en búsqueda de solucionar dichas problemáticas. servicio ciudadano y el bien común. Con equilibrio y balance de poderes.FRANCISCO E. a una división de poderes real y legitima.24 y es
diciones de confianza y credibilidad de parte de la ciudadanía frente a los gobernantes. alternabilidad en el poder y sumisión a la ley. y no personas ajenas los órganos encargados de hacer y aplicar las leyes. Lo que nos lleva. Coordinadores en la Obre Colectiva: Derecho Penal. 23. control a los gobernantes. se incluye el principio de legalidad penal de forma expresa. Esta inclusión seda en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. y en especial en Nicaragua. solo las leyes pueden decretar las penas y los delitos. 24. Nicaragua. que
. como no dice Kant. Managua. p. 2000. pero que a priori FEUERBACH afirmaría con gran hincapié en la concepción legalista. Criminología y Derecho Procesal Penal.
. Criminología y Derecho Procesal Penal. Nicaragua. 63.25 que se comienza a llegar a la llamada teoría que modernamente se conoce como la constitucionalización de las normas jurídicas. promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. por Estados Unidos y sus Países Aliados.26 El principio de legalidad es producto de una mezcla de un Estado absoluto y uno de índole liberal. y la confrontación –posteriormente– del mismo Estados Unidos y la Unión Soviética.. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. quien junto a países como la República Federal de Alemania. 2000. comienza en 1945 hasta los años ochenta. España y Japón. entre las que se destacan: el vencimiento de Alemania.
después de la segunda postguerra.
. que se tutelan los derechos fundamentales inherentes al ser humano. Managua. Polonia. hay que destacar que en los años cincuenta y sesenta se da el fenómeno independentista de naciones Africanas que antes eran colonias. independencia de los Poderes del Estado (garante de los derechos fundamenta-
lo recoge en su arto. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. 26. La Segunda Postguerra Mundial. en donde interactúan la ley.. editorial Hispamer. iban formando un bloque –marxista– distinto a los pensamientos de las naciones de occidente que lideraba Estados Unidos..PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .” 25. 46 Cn: “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana. Con características. p. Además. colonias de los países Africanos y Hungría. del irrestricto respeto. Albania.
y establecer sus respectiva responsabilidad penal o la que se indique según el caso. que supone que solo la ley aprobada por la Asamblea Nacional o parlamento puede definir que conducta es delictiva o no. si no se estipula en la ley (nullo crimen sine lege29). 34 inc 11 dice: “Todo procesado tienen derecho. que dice: “La administración de la Justicia garantiza el principio de legalidad. ENRÍQUEZ CABISTÁN
les) y en el aspecto de los órganos de carácter administrativos. 28. ni impedida de hacer de lo que esta no prohíbe”. Estos comportamientos solo pueden ser penalizados o castigados si la ley previamente lo establece (lex praevia). Ver arto. De igual forma el arto. a las siguientes garantías mínimas: …A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que. 29.28 estableciendo como arista fundamental. en igualdad de condiciones. 1 CPP y 1 CPM. Aforismo procedente de Beccaria y Feuerbach. que ningún comportamiento será penalizado. que dice: “Ninguna persona esta obligada a hacer lo que la ley no mande. es decir que tiene que haber una ley
27. 32 Cn. al tiempo de cometerse. La ley regula comportamientos de futuro para que el hecho sea considerado delito. 160. 1. 4 y 18 Pn. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes…”.FRANCISCO E. 2. Dicho principio. está expresamente establecido en nuestra Cn27 y en las demás leyes del ordenamiento jurídico nicaragüense. Artos. que protege y tutela los derechos Humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de competencia”. ni sancionado con pena no prevista en la ley. como hemos de observar. En el arto. no este previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible.
El tipo penal es. que la Administración pública imponga medidas que impliquen privación de libertad. es decir descrita de forma clara y concreta con el objeto de fortalecer la certeza jurídica (lex estricta). Esta facultad bajo un Estado social y democrático de derecho sólo le compete al juez constitucional. como elemento del delito. 74 Pn. según Luzón Peña Diego.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Ver artos. rechazando la retroactividad (aplicación de la ley a hechos anteriores a su entrada en vigencia).. el principio de legalidad rompe con toda posibilidad de retornar al Estado de policía.
que lo tipifique. 2 NCP y 1 CPM. con gran acierto jurídico y político. La tipicidad esta contemplada de una manera concreta en el Tipo Penal. p.31 la responsabilidad y el tipo de pena fuera de la ley. prohíbe. “el elemento del delito que sirve para plasmar el principio de legalidad penal. concretamente la garantía criminal…” (Curso de Derecho Penal. y rechaza toda forma de negociar la tipificación. lo cual permite rechazar la analogía y que el delito y las consecuencias jurídicas deben de estar descritas en la ley (lex escrita). 31.. Este principio rechaza la costumbre como fuente creadora de delitos. Por otra parte. 1996. en el marco de respeto de los derechos y garantías del ciuda-
30.30 El principio establece que la materia de prohibición (hecho o cuadro fáctico) tiene que estar debidamente desarrollada en el texto legal. excepto cuando favorezca al reo. 38 Cn. 296)
. Parte General I. como se realizaba a través del reglamento de policía de 1880.
36. que dice: “Ninguna persona esta obligada a hacer lo que la ley no mande. El principio de legalidad ejerce una función de carácter político. se manifiesta a través del Poder Legislativo. porque exige utilizar a los y las legisladoras del país una adecuada tipificación de conductas penales: taxativas y concretas. p. Nicaragua. y en segundo lugar. Managua. 33. que se desarrolla en garantías y prohibiciones que posteriormente se explicará.
. 35. La primera. 138 inc 1 Cn. 32 Cn. Curso de Derecho Penal. Arto. lo que supone al mismo tiempo. técnico y jurídico. Enríquez Cabistán Francisco. 158 Cn y 3 LOPJ. 34. que lo transforma en seguridad Jurídica para nuestros ciudadanos al descansar ahí la voluntad popular (la soberanía del pueblo). Arto.32 33 todo esto como exigencia material. 132 y 133. ni impedida de hacer de lo que esta no prohíbe”. el Nuevo Diario. En base al arto. p. facultad constitucionalmente para crear y aprobar las leyes34 con un alto grado de legitimidad y legalidad. 7.35 En ese sentido.FRANCISCO E. entendiéndose actualmente como un principio fundamental del derecho penal. Parte General I. Asamblea Nacional. un freno que decide acabar a toda costa con la crimi-
32. 15 de enero del 2001. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. LUZÓN PEÑA36 afirma que el principio de legalidad sirve para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal. ENRÍQUEZ CABISTÁN
dano (garantía jurisdiccional).
1995. Parte General. surgiendo la necesidad de prevenir y sancionar los hechos delictivos.
nalidad movida por razones diferencista o resocializadores radicales. las medidas de seguridad y consecuencias accesorias. garantizando la tutela de la dignidad humana. imponiendo sanciones no reguladas por la ley. Universidad Centroamericana. que se adecua en las exigencias que establece nuestro Estado social de derecho. 1998.38
El principio de legalidad posee garantías que sirven para dejar preceptuado quien es el órgano competente. quien efectúa el control y disposiciones que per-
. sirviendo.. Luzón Peña Diego Manuel. Curso de Derecho Penal. Clases de Derecho Penal. Cuarezma Terán Sergio. que el derecho penal debe intervenir cuando sea mínimamente eficaz e idóneo para prevenir y sancionar los hechos delictivos.37 a través de la Asamblea Nacional. y sacrifique las garantías mínimas de las personas. que establece. como garantía político constitucional. Dicho precepto. se ha venido ampliando hasta abarcar la prevención de los estados peligrosos.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . que giran entorno al principio de eficacia o idoneidad. 38. parte General. Facultad de Derecho.. quien es el órgano que está obligado a crear las leyes que tipifiquen los delitos y sus sanciones penales.
FRANCISCO E.34 inc. que implica que no hay delito sin previa ley.40 También. Este arto.
. siempre que el hecho lo amerite. y dice: Ninguna persona podrá ser condenada por una acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por la ley penal. aparece establecida expresamente en nuestra Cn (arto. al tiempo de cometerse no esté previamente calificado por la ley de manera expresa e inequívoca como punible. En ese mismo cuerpo de ley.1) consagra el principio en estudio de una forma completa y acentuada. El arto. 11)39 y en el actual Pn (artos 1 y 4). dice literalmente: “A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que. el NCP (arto. pero con mayor énfasis en las medidas de seguridad). este principio alcanza la categoría de garantía ciudadana frente al poder punitivo del Estado y se materializa en las siguientes formas tuteladoras:
Garantía Criminal o principio de legalidad criminal (nullum crimen sine lege). según su gravedad. el arto. ENRÍQUEZ CABISTÁN
mite aplicar adecuadamente la ejecución de las ordenes o medidas que dicte o vaya a dictar una autoridad. 1 dice: Toda acción u omisión calificada y penada por la ley constituye delito o falta. por tanto. en las consecuencias jurídicas (como las penas y consecuencias accesorias. 4 dice: No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas penadas por la ley anterior a su comisión. en su dimensión política y técnicajurídica. 40.
Esta garantía. ni sancionado con pena no prevista por la ley”. 1. ante-
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley. constitucional y ordinaria42. sino también la previsión de la pena o penas para el mismo ha de efectuarla la ley41.
rior a su realización. Nadie podrá ser condenado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la legislación penal militar vigente al tiempo que se cometió.
La garantía penal manifiesta de que no sólo la definición del delito. ni sometido a pena ni medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. p. es decir debidamente descritas y tipificadas por la norma jurídicopenal. 1)
Garantía penal o principio de legalidad penal en sentido estricto (nulla poena sine lege). que evita imponer consecuencias jurídicas indeterminadas. Luzón Peña Diego M. 34 inc 11 Cn. Y la disposición abarca además que: … Tampoco podrá ejecutarse pena o medida de seguridad en condiciones diferentes a las establecidas en el presente código.134. 1 CPM.2 y 1. Siendo.
. 4 Pn. una proclamación. Ver artos. No podrá imponerse más penas. También el CPM recoge el principio. Parte General I. medidas de seguridad o consecuencias accesorias que las que la ley señale y determine como tal. en especial
41.3 NCP. (arto.. 42.. Curso de Derecho penal. 1.
que el principio de legalidad penal y procesal penal poseen como exigen43. Artos.
Garantía Jurisdiccional o garantía judicial45 (nullum crimen.46 y se respete el debido proceso. 44. 33 Cn. el llamado fraude de etiqueta y que reconoce el carácter privativo de derechos que también poseen determinadas medidas.FRANCISCO E. 1 CPM y 6. si ésta es llevada a un juicio penal que goce de garantías constitucionales y que la hagan llevar ante el órgano judicial competente para juzgarlo (Juez Natural). es decir. vigentes desde 1974. eliminando afortunadamente las medidas de seguridad indeterminadas. Arto. ENRÍQUEZ CABISTÁN
atención a las medidas de seguridad. que la persona a la cual se le imputa el hecho delictivo solo podría ser condenada.43 erradicando con esto. nulla poena sine judicio).
Este principio exige que el delito y la sanción penal que se pretende imponer sean determinadas y descritas por una sentencia judicial debidamente fundamentada o motivada (arto 13 de la LOPJ) y firme. 98 y 102 Pn. lo que evita exceder del límite representado por la pena abstractamente aplicable al hecho cometido. y 1 CPM. el juez debe precisar la duración de la consecuencia jurídica entre un mínimo y un máximo que en abstracto contempla la ley penal para las personas con capacidad de culpabilidad. Artos. Ver artos. 46. Hay que recordar.
. 99 NCP y 1 CPM. 34 inc 2 Cn y 11 CPP.1 NCP.44 en donde. 45.
48. Artos. sino que ejecuta lo juzgado.47 48
Garantía en la ejecución o Principio de Legalidad en la ejecución (nulla exsecutio poenalis sine lege)
El Poder judicial no sólo juzga. protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia”. Establecen los mecanismos legales para poder ejecutar las sanciones penales a través de una sentencia. más allá de la previsión legal abstracta de las penas. su sanción penal y el proceso. Con posterioridad a la formulación de la garantía penal se ha querido entender la misma..PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . 160 Cn.49 Ahora bien. hasta el momento en que éstas llegan a ejecutarse o cumplirse. así como reformar y derogar los existentes”.
cia básica que solo la ley es la única que te define los delitos. dice: “La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad. 402 al 409 CPP. y lo mismo se ha exigido después respecto a las medidas de seguridad. no se pueden efectuar sino como lo establece la misma normativa procesal penal. aquí el concepto de la ley se refleja en cuanto a su sentido estricto y se usa en el sentido amplio de la ley y/o
47. que deberá haber quedado firme para originar su ejecución. de modo que la ejecución penal o las medidas que se vayan a realizar o imponer. 138 inc 1 Cn: “Son atribuciones de la Asamblea Nacional: 1) Elaborar y Aprobar leyes y decretos.
. 49. Arto. A través de los Jueces de Ejecución.. Arto.
Artos. aprobado el 12 de marzo de 2004.ni/webdgspn/noticias. ENRÍQUEZ CABISTÁN
reglamentos.51 52 Dicha garantía es indispensable. Con la entrada en vigencia del CPP en diciembre de 2002.50 por lo que hay que recurrir a reglamentos o una ley que desarrolle la ejecución de las penas y las medidas de seguridad que se vayan a aplicar o se apliquen. Curso de Derecho Penal. No 222. Parte General I. porque de lo contrario no se podría ejecutar ninguna consecuencia jurídica. gob. el 21 de noviembre de 2003. se estableció que los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria serán los encargados de ejecutar la sanción penal impuesta a una persona.
. Decreto No 16-2004.2 y 71. Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena. Luzón Peña Diego.php 53. aprobada el 11 de septiembre de 2003 y publicada en la Gaceta Diario Oficial de la República. Los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria serán distintos a los judiciales que juzgan a la persona 52. Ver la Ley No 473. 51.FRANCISCO E. resulta encomiable la proclamación de dicha garantía en el NCP53 y su judicialización en el CPP. Migob. que crea la figura del Juez de Ejecución y de Vigilancia Penitenciaria para la ejecución de la sentencia firme o el control de la actividad penitenciaria con la
50. 6. 134. obsérvese el Reglamento de la Ley No 473. Para mayor información ir a la web del Sistema Penitenciario Nacional: www. De igual forma. p.
55. ante un juez que va a juzgar los hechos de manera imparcial e independiente. Cuerda Arnau María Luisa.
. Párrafo 4: No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por Juez o Tribunal competente. ya que el juez que dicta la sentencia es distinto al judicial que la va a ejecutar. se delimitan las funciones a los diferentes operadores del aparato judicial.. producto del cambio de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. figura novedosa. julio del 2000.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho.. 403 y ss. Arto. como lo es la policía nacional y la fiscalía. quienes van a investigar los hechos ilícitos para posteriormente interponer la respectiva acusación penal en los tribunales de justicia. Arto. de acuerdo con las leyes procesales. El CPP establece la figura del Juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria56. del CPP. 402 y 403. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. 56.
finalidad de que la misma respete los derechos y garantías de las personas. y jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria que deben de velar por el real y efectivo cumplimiento de las sanciones pena-
54. en el cual.54 55 Igual sentido a lo manifestado expresa el CPM en al arto 1.
48.” 58.4 LOPJ.
. 1990. puesto que es difícil delimitar con una precisión suficiente el presupuesto de la peligrosidad del sujeto y la duración y características concretas de las propias medidas. ediciones PP. De ahí que convenga. con especial énfasis en las medidas de seguridad. No obstante. 159 infine Cn. Arto. 59. SANTIAGO MIR PUIG59 expresa que el mandato de determinación (de las mismas) plantea especiales problemas en relación con las medidas de seguridad. con un procedimiento garantista y tutelador que la misma norma legal establece de forma clara. España. Arto. ENRÍQUEZ CABISTÁN
les impuestas al imputado.57 y por ende al respeto de la dignidad y los derechos humanos de los privados de libertad al momento en que se aplique la ejecución de las sentencias. 86. solo pueden formularse y estructurarse en la ley.. y la definición de sus presupuestos procesales. Parte General (Fundamentos y teoría).
Esta Garantía es nueva en su conceptualización y práctica. 3 ra edición corregida y puesta al día. como estados peligrosos. por una par-
57. Barcelona. precisa y concreta. supone que la creación de las sanciones penales. Pág. dice: “…Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar los juzgado corresponde exclusivamente al Poder Judicial.58
Garantía para las Medidas de Seguridad (nulla cautio sine lege). Derecho Penal..FRANCISCO E.
) Garantía Criminal..1 Arto. 1. señalar límites máximos a la duración de las medidas.1 Arto.
60. Arto. Arto. Pn.) Garantía de Ejecución. 1 inc. 6 inc 1. por otra parte. Artos. acerca de los Principios Constitucionales que informan al PCP en el contexto de un estado de Derecho. 48 inc 4. 1 al 9 menos el 7. NCP. 1 y 4.) Garantía Judicial d. a. Arto.
te. 73. De otro modo se hacen intolerables en un Estado de derecho. del 59 al 65–
Arto. 34 parte infine 11. 34 inc. Arto.3
Artos. CPM Arto. Arto. La sección del CPM y del NCP los agregue yo. Arto. c. Arto.
.) Garantía Penal. Tomado del modulo instruccional que la Escuela Judicial de Nicaragua impartió en julio del 2000. 39 y 46.
Cuadro de Garantías que comprenden el Principio de Legalidad60
Garantías Básicas. 1. b. 1. 4.11.. LOPJ. 34 inc.1.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . exigir la comisión de un delito previo que demuestre la peligrosidad (exclusión de las medidas predelictuales) y. 1. Artos. Artos.2 Arto. 6 inc 2 y 71. 33. 1. Cn. 2.
64 destacando lo siguiente: Primero. 2 y 3.
.65 es decir. Arto.
Es un dictado material del principio de legalidad. salvo que favorezca al reo. que el hecho punible se ha efectuado en el momento en que tuvo lugar la acción u omisión. 74 dice: “Las leyes penales tiene efecto retroactivo en cuanto favorezca al reo de un delito o falta. el arto. aunque el resultado se produjere en un momento distinto. 63. 2. y que son:
Prohibición de retroactividad de la ley. En ese mismo sentido y en igual cuerpo de ley. aunque al publicarse aquellas hubiera recaído sentencia firme y el condenado estuviera cumpliendo la condena”. Artos. ENRÍQUEZ CABISTÁN
El principio de legalidad penal supone además grandes repercusiones materiales que se llegan a desarrollar en forma de prohibiciones. Así lo entiende nuestra Cn. 65. 64. la irretroactividad en lo favorable al reo no tiene excepción alguna. que la ley debe ser previa a los
61.62 el NCP63 y el CPM.FRANCISCO E. 14 se afirma que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo. 38. 12 NCP. Arto. 62. otorgar o dar seguridad jurídica como pilar que sustentan al derecho penal moderno a las personas. El Arto. Arto. en cuanto favorezcan al reo.61 Pn. excepto en materia penal cuando favorezca al reo”. aun cuando al publicarse haya recaído sentencia firme y se halle aquel cumplimiento su condena. que dice: “La Ley no tiene efecto retroactivo. teniendo presente.
comparándose los códigos o leyes en su integridad y sin aplicar normas de uno y de otro. de oficio o a petición de parte. Managua. 67. Artos. editorial Hispamer. sino también la relación de las sanciones de que se hubiere hecho acreedor el condenado. pues ello representaría la creación judicial de una nueva ley. 2 del NCP ha optado por atribuir la facultad de decidir a tribunales nicaragüenses. previa audiencia con el reo. por ello.
. 66. Nicaragua. Y segundo lugar.
hechos que se pretende sancionar. 2000. cuando el reo este cumpliendo la condena. Hay que tener presente al momento de decidir cual es la ley que más le favorece al reo. con supuestos difíciles de predecir. Criminología y Derecho Procesal Penal. la determinación de la ley más favorable no plantea ningún inconveniente cuando la ley se limita a despenalizar las conductas o cuando tipifica una consecuencia jurídica homogénea o menor a la anterior.
66. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal.. 38 Cn. pág. se procederá a revisar la sentencia.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .66 67 por tanto.. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. nunca podrá ser aplicada a sucesos anteriores a su promulgación. el arto. que tome en cuenta los efectos de comparación no sólo de las penas o medidas de seguridad que se imponen.
c) ampliar los límites de las sanciones. a la letra de la ley. pero cuando favorezca al reo. 70. 13. El juez debe atenerse.FRANCISCO E. Arto. En este tipo de analogía. medidas de seguridad y consecuencia accesoria previstas legalmente. 2. b) ampliar los límites de las condiciones legales que permitan la aplicación de una sanción. que dice: “Prohíbase en materia penal la interpretación extensiva.2. 10 dice: “1. ENRÍQUEZ CABISTÁN
Prohibición de analogía en contra del reo
El principio de legalidad puede ser vulnerado en su aspecto material y formal cuando el juez aplica analógicamente las normas penales. de ahí. es que se puede aplicar las normas penales de manera analógica. Arto. sanciones o medidas de seguridad y consecuencias accesorias no previstas en la ley. En los casos de dudas se interpretará la ley en el sentido más favorable al reo”. circunstancias agravantes de la responsabilidad. Se prohíbe en materia penal la interpretación extensiva y la aplicación analógica para: a) crear delitos. estrictamente. la imperiosa necesidad de prohibir la misma y de interpretar extensiva la ley. podrán aplicarse analógicamente los preceptos que favorezcan al reo”. así lo hace ver el Pn68 y el NCP. Una novedad que posee el NCP70 en cuanto a esta prohibición. la doctrina mayoritaria establece que ésta nunca se debe aplicar cuando sea para excluir o atenuar la responsabilidad penal de una persona. faltas. 71. 69.69 ya que si se aplican el funcionario judicial incurre en responsabilidad de comisión por omisión por el incumplimiento de deberes y derechos.
. Por el contrario. El Arto. 10. medida de seguridad y consecuencia accesoria.71 permitiendo al juez no solo crear las eximentes
editorial Hispamer. cuando ello beneficia.. Criminología y Derecho Procesal Penal. 65. 73.73
Prohibición de que la ley se remita en bloque a instancias distintas del Poder Legislativo
Puede suceder la situación de que las normas penales en blanco y las incompletas. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal.
. la taxatividad o determinación de la norma penal. juzgándose de esta forma. precisa y concreta. Nicaragua. Managua. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. 2000. supuestos que desfavorezcan al imputado o condenado por algún delito. al legislador. que se vendría a aplicar la normativa penal a supuestos no contemplados. y que aún no existiendo dicha remisión. se utilicen como una manera para estimar hechos ilícitos a comportamientos que no deben ser penados por la ley como tales. no se delimita de una forma clara el injusto penal.. pág. además de exigir a los órganos jurisdiccionales la interpretación rigurosa de la ley penal.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .
analógicas previstas en la ley sino otorgar seguridad jurídica y determinación de las leyes a la persona condenada.72 evitando con esto. que nuestra nueva legislación sustantiva penal sostiene. quien está en la obligación de crear tipos penales de manera clara. Tal mandato se dirige por un lado. es decir. teniendo el judicial un papel fundamental al momento de reducir la incertidumbre que
72. Analogía in malan parten.
p. que dicta la Corte Suprema de Justicia. 136. 1996. lo que supone. afirma que este precepto esta dirigido a que el derecho penal ha de ser el último recurso al que hay que acudir a falta de otros menos lesivos. ENRÍQUEZ CABISTÁN
en algunas ocasiones establece la misma normativa. Según Francisco Muñoz Conde quien es citado por Luzón Peña. 82). pues si la protección de la sociedad y de los ciudadanos puede conseguirse en ciertos casos con medios menos lesivos y graves que los penales.FRANCISCO E. el principio de intervenir de manera mínima (ultima ratio)74 y la prohibición de interpretar extensivamente una norma determinada. como dice LUZÓN PEÑA. cual es la conducta que entra en el marco del tipo penal. Parte General I.
. imprecisas o indeterminadas en la descripción de la conducta típica o en la definición de los límites de sus consecuencias jurídicas: pues además ello acaba significando dejar en manos del juez la precisión de los límites vulnerando así la exclusividad del legislativo en esta materia”. no es preciso ni se debe utilizar éstos (Curso de Derecho Penal. p.
74.75 “que el aspecto de seguridad jurídica del principio de legalidad se vería conculcado si se utilizan formulas vagas. 1996. Curso de Derecho Penal. ir determinando a través de la jurisprudencia. Parte General I. en tales situaciones le corresponde a la jurisprudencia. teniendo en cuenta. 75.
Principio de lesividad (arto. como límite del poder coercitivo o punitivo del Estado y su facultad perseguidora (ius perseguendi). el término “bien jurídico”. julio del 2000. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. sirviendo así. Derecho Penal. Resulta lógico por tanto. de ofensividad o de real protección bienes jurídicos.II. Criminología y Derecho Procesal Penal. p.76 exige concebir el delito como un comportamiento externamente lesivo y peligroso a bienes jurídicos que merecen ser tutelados. si nos referimos sólo a los hechos que deben de tutelarse en base a fundamentos de la teoría del bien jurídico. editorial HISPAMER. 77. según MARIO HOUED. establecer cuales son las sanciones penales y la impericia de las mismas. que se une a la concepción del derecho penal como un orden destinado a tutelar la coexistencia externa de los ciudadanos en base a la ley.77 nace en el siglo XIX como una forma de expresar el iusnaturalismo penal que rechaza la doc76. Coordinadores en la Obra Colectiva. con un Estado que intervenga y garantice una protección eficaz a bienes jurídicos. Cuarezma Terán Sergio y Mario Houed Vega. 2000. A hora bien. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. Cuerda Arnau María Luisa. 7 NCP y 4 CPM)
El principio de lesividad. 20 y 21
pasa a una concepción jurídica defendida por BINDING. Coordinadores en la Obra Colectiva. Cuarezma Terán Sergio y Mario Houed Vega.79 Posterior-
78. ENRÍQUEZ CABISTÁN
trina de los derechos subjetivos de orden civil en el ámbito penal. Criminología y Derecho Procesal Penal. Derecho Penal. 20 y 21. Cuarezma Terán Sergio y Mario Houed Vega. De igual manera se llegaba a establecer que un derecho preexistente y de carácter natural. Coordinadores en la Obra Colectiva. En segundo lugar. p. en donde el bien jurídico no puede estar más allá del derecho y el Estado. editorial HISPAMER. Criminología y Derecho Procesal Penal. en donde el bien jurídico nos pertenece intrínsicamente y el delito lesiona un derecho del sujeto.
. Derecho Penal. 20 y 21. 2000. considerando al delito como una lesión de ese derecho (subjetivo) que surgía del contrato social y que en síntesis era la libertad individual. pero en cuanto había coincidencia con el derecho establecido en la ley natural. En esa época para diversos autores. p. era concebido como la violación de un derecho surgido del derecho positivo. que surgía el derecho positivo. el derecho penal como tal defendía derechos y el delito era considerado como una lesión jurídica.FRANCISCO E. editorial HISPAMER. 2000. evolucionando primero en una óptica de carácter iusnaturalista y moderada. y está establecido en la norma penal. lo que hacia surgir planteamientos de respetar bienes jurídicos (un deber). 79.78 Esta Teoría sufre diversas modificaciones.
comienza a debatirse doctrinalmente esta tendencia lógica jurídica y el neokantismo alemán. 81. 20 y 21. 20 y 21.. editorial HISPAMER. p. con análisis al orden social existente. quienes constituyeron un concepto meramente espiritual.1. 2000. Criminología y Derecho Procesal Penal.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .. hasta que se logró definir que es un bien jurídico. LISZT. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. t. sustentados en el ius puniendi del Estado. 1914.
.82 Todo esto.
mente FRANZ V.81 con los principios que poseía la Escuela occidental de Alemania. como un eje que gira entorno de la persona como ente social dentro de una sociedad determinada. la rela-
80. WELZEL retoma el concepto de bien jurídico como un “Estado Social deseable” que debe ser tutelado por el Derecho y el Estado. Posteriormente. lo que conlleva a tomar en cuenta el proceso de constitucionalización que se vive en estos tiempos. p. 2000. En ese sentido.80 sostenía una concepción tracendalista político criminal. Cuarezma Terán Sergio y Mario Houed Vega. España. 82. Saldaña. pero que no proviene de la norma jurídica sino de la vida. en donde los bienes jurídicos son ejes e intereses fundamentales o vitales del individuo o de la sociedad. traducción de Q. Así. Madrid. lo que nos lleva a una protección ineludible de nuestros derechos fundamentales. Criminología y Derecho Procesal Penal. Cuarezma Terán Sergio y Mario Houed Vega. editorial HISPAMER. “Tratado de Derecho Penal”.
“Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. etcétera). p. y se vincula también con el hecho de
83. Enríquez Cabistán Francisco. que en suma son antitesis. de conductas significativamente dañinas (homicidio. es decir. 15 de enero del 2001. el Nuevo Diario. También establece que el derecho penal sólo interviene en los conflictos sociales cuando sirve como gran sancionador de manera eficaz en los hechos delictivos. sean consideradas como delito. Nicaragua.83 Resulta importante resaltar que el bien jurídico tutelado sirve como núcleo de la teoría del delito y como límite en las actuaciones y decisiones del ius puniendi. sólo puede ser castigada si ésta atenta “significativamente” en contra de un bien jurídico protegido. que “no hay pena sin daño”. ENRÍQUEZ CABISTÁN
ción social es disminuida y dialéctica. pues el fundamento de sancionar un hecho al tutelar un bien jurídico determinado representa una garantía ciudadana que todos tenemos. Managua. con la preservación de intereses que se oponen y. porque la conducta que se considera lesiva o peligrosa.
. Este precepto garantiza que sólo se sancionaran las conductas que activa u omisivamente. tráfico de influencia. hurto. tesis y síntesis.FRANCISCO E. en la medida en que se vulnere o lesione o ponga en peligro un bien jurídico penalmente tutelado y que posea un valor ideal e importante para la sociedad.7. porque no puede existir un hecho punible sin amenaza real o potencial para el bien jurídico tutelado.
. En este sentido. prohibiéndose a la vez. A los primeros.
. en la medida en que sólo la tutela de bienes jurídicos les autoriza a decidir que conducta merece ser sancionada penalmente. porque hace que el juez este atento al momento de determinar el ámbito punible. no se puede incriminar cualquier clase de comportamiento humano. a no ser que estén amenazados los fundamentos del Estado de Derecho mismo. en Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. Y a los segundos. Muños Pope Carlos Enrique. lo que excluye la sanción penal en los casos en que la conducta no lesione ni ponga en peligro un bien jurídico protegido. julio del 2000. sanciones penales a hechos que no tengan mucha relevancia jurídicopenal. 49. 85. editorial Panamá Viejo. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. sólo aquellos que pretendan la tutela de un bien jurídico importante.86 es decir un comportamiento totalmente atípico.. crear tipos penales de carácter formal. Criminología y Derecho Procesal Penal. Introducción al Derecho Penal.84 lo que impide. p.
que el Estado no puede intervenir para defender ciertas concepciones éticas o políticas. que carecen de un bien jurídico digno de tutela penal. de la sociedad o del Estado.66. Sánchez Cecilia.85 Este precepto viene a vincular a nuestros legisladores y judiciales. p.
84. sea del particular. Cuerda Arnau María Luisa. 86. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .
con un escaso contenido de injusto penal. ya que de hacerse un razonamiento similar al interpretar los delitos que ponen en peligro un bien jurídico determinado. concreta o abstracta. presidiendo. sería caótico al no saber cual bien jurídico merece protección. una interpretación judicial muy especialmente en los casos en que la ley parece tipificar menos delitos formales y materiales o. Artos.FRANCISCO E. es una atribución de nuestros judiciales interpretarlos. ENRÍQUEZ CABISTÁN
El principio de lesividad se opone a las presunciones de peligro o de peligrosidad. conductas que no sean lesivas o peligrosas.
87. de manera que queda fuera de su ámbito. por lo que. 269 y 321 NCP.
88. y hace referencia en que se impondrá la pena si la persona que cometió el delito es culpable. Este principio obliga al juez a determinar la pena de forma proporcional a la lesión del bien jurídico protegido. 15 de enero del 2001. Nicaragua. Managua. personas con enfermedades mentales) a quienes han cometido el hecho delictivo sólo podría imponérsele una medida de seguridad. 9 p á r r. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. es decir. el Nuevo Diario. en primer lugar. Principio de C u l p a b i l i d a d ( a r t o . de carecer de culpabilidad (ejemplo. pero nunca una pena.
. 7. Enríquez Cabistán Francisco. en segundo lugar. de modo que no puede ser castigado quien actúa sin culpabilidad (exclusión objetiva por el resultado) y. 2 NCP y 8 inciso b CPM)
Este precepto penal de carácter constitucional es conocido con el aforismo nulla poena sine culpa. p.III.88 La pena se debe fundamentar en la idea de que el hecho se le pueda imputar o reprochar a su autor. porque no están motivados para infringir la ley. si ésta tiene capacidad personal para que se responsabilice o atribuya el hecho ilícito cometido. desprendiéndose. evitando abusos de parte de los judiciales al momento de imponer las sanciones penales respectivas. que toda pena supone culpabilidad.
T. Los jueces y tribunales de justicia deberían abstenerse de aplicarla
. No se impondrá pena o penas que. se considera como fundamento de la pena. Para la determinación de la pena entre un máximum y un mínimum los jueces y tribunales nicaragüenses apreciarán la culpabilidad y peligrosidad del sujeto. Las penas se ejecutan mediante una sentencia ejecutoriada entre un máximum y un mínimum–en base a las circunstancias agravantes y atenuantes–pero no podrán exceder de 30 años (arto 37Cn: “La pena no trasciende de la persona del condenado. 1981. no pudiendo ser la pena mayor del máximo ni menor del mínimo determinado por la ley.89 90 El principio de culpabilidad requiere culpa en la pena. por el delito que cometió y. En el caso de la pena de arresto. 90. que se refiere a que si procede imponer una pena de autor de un hecho típico y antijurídico. duren más de treinta años”). por otra por sus características personales por ser multirreincidente (arto 31 párr. ENRÍQUEZ CABISTÁN
pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad (medición de la pena dentro del marco máximo y mínimo de la culpabilidad). p. estos son capacidad de culpabilidad. castiga doblemente a la persona: por una parte. asignan al concepto de culpabilidad. el judicial esta facultado para sustituir la pena o multa. 30. Autores como SANTIAGO MIR PUIG. lo que violenta la igualdad y legalidad de las leyes.FRANCISCO E. citado por CUAREZMA TERÁN. desde la óptica del derecho penal. con las circunstancias del hecho. El Pn. aisladamente o en conjunto. 2).I. una triple significación. Jescheck. y que la pena sea impuesta de manera proporcional. tener cono-
89. para ello es necesario la presencia de varios elementos. Por un lado. Tratado de Derecho Penal.
editorial Hispamer. en donde se sanciona la intención de la persona de cometer el hecho delictivo y que ésta lo haya cometido. procesal penal y de ejecución en la justicia penal de adolescentes del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua”. 525 y 526. Carranza Elías y Cuarezma Terán. procesal penal y de ejecución en la justicia penal de adolescentes del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua”.92 El NCP establece el principio de culpabilidad en relación con los preceptos de responsabilidad subjetiva y personal. Carranza Elías y Cuarezma Terán. “Garantías básicas de carácter penal.. edición.
. Managua. editorial Hispamer. en la obra colectiva: Documento Penales y Criminológicos. 2001. El mismo autor expresa que la culpabilidad como elemento de graduación de la pena. “Garantías básicas de carácter penal. evitándose. procesal penal y de ejecución en la justicia penal de adolescentes del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua. es decir. asignándole en su función limitadora. 92. 525 y 526.
cimiento del acto antijurídico y que la conducta sea exigible91. en la obra colectiva: Documento Penales y Criminológicos. la responsabilidad objetiva por el resultado o por el hecho. p. editorial Hispamer. “Garantías básicas de carácter penal. 1ra.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . edición. 93. en la obra colectiva: Documento Penales y Criminológicos. Managua. 525 y 526. 2001. Carranza Elías y Cuarezma Terán. que la pena no sobrepase la medida de culpabilidad. Managua.. 1ra.93
91. p. 2001. p. edición. 1ra.
Carranza Elías y Cuarezma Terán. el carácter intimidatorio de las sanciones penales y. pues si un sujeto no es culpable al cometer un hecho. citado por CUAREZMA TERÁN94 apunta que en el aspecto funcional de este principio está conectado a los de necesidad. LUZÓN PEÑA. en la obra colectiva: Documento Penales y Criminológicos. procesal penal y de ejecución en la justicia penal de adolescentes del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua. cumpliéndose así con una de las funciones de la pena. el principio de culpabilidad tiene la significación indicada de los principios conexos de necesidad.96 señala que desde la perspectiva política constitucional. 1 ra edición. editorial Hispamer. ENRÍQUEZ CABISTÁN
En ese sentido. y es comprendida por la sociedad.FRANCISCO E. es innecesaria la pena para la prevención general. Managua. ya que su impunidad no afecta a la intimidación frente a los sujetos normales.
. Curso de Derecho penal. Parte General I. la prevención general95 es ineficaz frente a los inculpables. p. eficacia y proporcionalidad. Especialmen-
94. va dirigida a todos los ciudadanos a hacer lo posible para que el comportamiento de las personas no se transforme en un comportamiento delictivo. 525 y 526. LUZÓN PEÑA. 96. La prevención general establece según la doctrina. además. 95. p. En caso de disminución de la culpabilidad. eficacia y proporcionalidad. “Garantías básicas de carácter penal. 86. disminuye gradualmente la necesidad y también la eficacia de la prevención general. 2001.
98. sea incompatible con un derecho penal de autor basado en el carácter asocial del sujeto (de ahí que resulte criticable el excesivo peso que en nuestro Pn se conceda a circunstancias personales. editorial Hispamer. 525 y 526. Arto 27 Cn. pues no se juzga a la persona. en la obra colectiva: Documento Penales y Criminológicos. porque el principio de culpabilidad implica captar la culpabilidad en sentido jurídicopenal claramente diferenciado de la culpabilidad moral. educación y dignidad del
. 2001. se puede afirmar por la doctrina. En los juicios estrictamente penales de culpabilidad la personalidad como tal no importa. procesal penal y de ejecución en la justicia penal de adolescentes del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua”.97 que prohíbe tratar igual a los culpables que los inculpables. Managua. De ahí. Arto.. por lo que. 30 inc 1 Pn (efectos de agravación de la pena).. que dice: “Son circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal: 1) La mayor ilustración.
te es una plasmación del principio de igualdad. entre ellos CARRANZA y CUAREZMA TERÁN. Carranza Elías y Cuarezma Terán. 1 ra edición. si éstos son delictivos o no.
97. 99. que no deberían incidir en la valoración jurídica del hecho. “Garantías básicas de carácter penal. que un derecho penal garante y respetuoso de este precepto en estudio.98 que la culpabilidad como principio fundamental del derecho penal representa adoptar una actitud llena de consecuencias materiales: En primer lugar.99 y en general.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . p. sino a sus actos y.
100 Tal exigencia no resulta en contraste con lo dispuesto en el mismo NCP101 de actuar en nombre de otro. la simple producción de un resultado antijurídico. ENRÍQUEZ CABISTÁN
todos aquellos tipos penales de la parte especial que incorporan referencias a la disposición moral del delincuente infractor). 8. En segundo lugar. se hubiera podido y debido evitar por todas las consecuencias de la acción (principio de responsabilidad subjetiva y personal). el principio de culpabilidad proscribe la responsabilidad por hecho de otro. y dice: “La persona sólo responde por los hechos propios.1 NCP. Arto.FRANCISCO E. por cuya virtud la persona sólo responde por los hechos propios y la pena por su parte. antes
delincuente en sus mayores obligaciones para con la sociedad o sus obligaciones para contra quien delinquiere…” 100. imputables a quien actúa en representación de otro. Y en tercer lugar. 45. Arto.
. aún sin quererlo. que es exigencia dimanante del principio de culpabilidad. La pena no trasciende de la persona condenado”. el precepto no persigue sancionar por hechos que no sean objetivamente y subjetivamente. 101. no trasciende de la persona condenada legalmente. porque aunque otra cosa pudiera parecer en una consideración apresurada. un derecho penal de culpabilidad es incompatible con un derecho penal de resultado. no implica aquello que se hubiera querido causar o que. Ya que en el ámbito de un derecho penal de culpabilidad.
realice el sustrato de la infracción. el padre de un menor o de un inimputable peligroso sometido a su custodia no responderá por cualquiera de las actuaciones típicas que éste realice. la misma razón. no podría incurrir en responsabilidad penal en virtud del arto. de cualquier otro modo. no sólo cuando hay imprudencia o dolo.. 103 y 104.
102. 45 NCP.. y en segundo lugar.
al contrario. lo cual parece ser el camino que ha tomado el NCP. depende del grado de participación o responsabilidad penal subjetiva y personal del sujeto activo en la realización del delito y que si ésta falta. garantizando de esta forma los derechos y garantías de los nicaragüenses.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . sólo se podría sancionar al que actúa en nombre de la persona jurídica o de otra persona física en la medida en que. se desconoce que el hecho estaba prohibido o no le era exigible otro comportamiento por no estar debidamente motivado. sino en la medida en que haya desatendido el supuesto de hecho de la norma penal. 1998. el miembro del consejo de la administración de una entidad que hubiere votado en contra de una resolución o.
. en primer lugar. porque concurre en esa conducta dolo o imprudencia. Derecho Penal. así por ejemplo. ya sea por acción u omisión. Parte General. a que la pena tanto en su fundamento como en sus límites. MUÑOZ CONDE y MERCEDES ARÁN102 sostienen que aparece hoy fuera de discusión lo referente. p.
eficaces e idóneas (con todas las connotaciones político constitucionales de estos principios) para la preven-
103.104 dice que la razón de ser de éste principio se encuentra fundamentado en que las sanciones penales sólo pueden ser necesarias. Sin trascender ésta a otros individuos. la responsabilidad objetiva por el resultado.
.7. p.1 NCP y 3 CPM). el Nuevo Diario. P r i n c i p i o d e Responsabilidad Personal (arto. Managua. 89. parte General I. 104. 15 de enero del 2001. p. en donde se castiga a la persona por el resultado que causó el hecho ilícito trascendiendo la responsabilidad a comportamientos ajenos que causan un límite riguroso al configurar tipos penales con un alto grado de peligrosidad en abstracto. 8 inciso 1 NCP)
Bajo este principio se puede establecer de manera clara (artos 8. en otras palabras la imputación del resultado según la causación del mismo. excluyendo de esta manera. Curso de Derecho Penal. sólo se va a sancionar por hechos propios de la persona y no en aquellos en los cuales no se tuvo autoría o participación.I V. Enríquez Cabistán Francisco. que al cometerse un hecho delictivo. es decir las sanciones penales serán impuestas a personas que hayan realizado los delitos. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. Nicaragua.103 LUZÓN PEÑA.
105 Esto exige al momento de imponer una sanción penal. 107. la exigencia de responsabilidad por omisión de impedir delitos graves de otros. Teoría General del Delito..
. y por otras omisiones. pero serían absolutamente inidóneas y sin sentido para determinar a los ciudadanos en relación con hechos ajenos o con sucesos naturales en cuya realización o evitación no han influido ni podido influir. 106. un “derecho penal de hecho” que se opone a la posibilidad de castigar el carácter o el modo de su realización por el resultado. Barcelona.
ción de hechos personales o del incumplimiento de la responsabilidad personal respecto de hechos ajenos.106 enlazándose con la noción del principio de legalidad y su exigencia de “tipicidad” de los delitos a través del “mandato de determinación”107 de la ley penal. de deberes de vigilancia o control. y sólo aparentes excepciones al mismo. Lo que hace. concreto y específico.. Cuerda Arnau María Luisa. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. 1989. incluso imprudentes. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. por ello son una confirmación de este principio. que reclama a la
105. julio del 2000. Muñoz Conde Francisco. Exige que el tipo penal sea claro. España.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . o la responsabilidad de personas físicas por hechos de personas jurídicas o de otras personas físicas en los que han intervenido o a las que han representado. que el delito sea debidamente establecido en la ley penal.
efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. el hurto. las falsedades. etcétera (tipos de autor).
108. Cuerda Arnau María Luisa. este principio viene a ser un gran avance jurídico penal en donde se va a responder por los hechos propios y no ajenos en los que no se tenga ninguna influencia ni responsabilidad criminal de parte del sujeto al cual se le trata de imputar el hecho ilícito. una descripción diferenciada de cada conducta delictiva. el derecho penal debía castigar al “homicida”. ello supone.108 En definitiva. ENRÍQUEZ CABISTÁN
vez. al “ladrón”. al “falsificador”. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho.
. julio del 2000. etcétera (tipos de conductas).FRANCISCO E. una negación al “derecho penal de autor” y la teoría de los “tipos autor” que propusieron los penalistas nacionalsocialistas: en lugar de castigar el homicidio.
es decir que la sanción penal que adopta el legislador para determinado comportamiento punible debe imponerse en actuación al bien jurídico protegido. Enríquez Cabistán Francisco. el Nuevo Diario. para luego generalizase hasta convertirse en un principio general
109. 1989. y así la pena debe ser proporcional o equitativa a la gravedad del hecho que se cometió. definición y alcances jurídicos
El principio de proporcionalidad establece un precepto de igualdad entre la gravedad del hecho ilícito y la sanción jurídica. 40.
. ya que los delitos no protegen bienes jurídicos iguales. 9 p á r r. Nicaragua. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. 110. p. El principio de proporcionalidad aparece como límite al poder de policía y al juez. Introducción al Derecho Penal. p. P r i n c i p i o d e Proporcionalidad ( a r t o .110 el principio en cuestión indica que la gravedad de la pena o medida de seguridad debe corresponderse con la gravedad del hecho cometido o con la peligrosidad del sujeto. 2 N C P ) Introducción.7. respectivamente. Managua.109 Según MORILLAS CUEVA. 15 de enero del 2001.V.
112. p. Valencia. Derecho Penal. mientras otros autores.FRANCISCO E. Derecho Penal.
. lo vinculan a normas de carácter punitivo. ENRÍQUEZ CABISTÁN
del derecho público. 113. p. la idea de proporcionalidad no sólo es necesaria para limitar las medidas de seguridad.115. Parte General. Mir Puig Santiago. criterio que se utiliza para graduar también las medidas de seguridad. España.111 en el derecho natural. entre los que se incluye a COBO DEL ROSAL. Tratado de Derecho penal. Luzón Peña Diego. p.
111. ha de exigirse como principio general. Derecho Penal. 1991. sino para graduar también las penas.112 pero independiente de la posición que se tome hay que destacar en este principio que no sólo es preciso que pueda “culparse” al autor de aquello que motiva la pena.34ss. por lo que. bien sean legales o constitucionales. y su fundamento se ha situado por algunos doctrinarios. como LUZÓN PEÑA. Parte general.113 JESCHECK114 señala por otra parte. 1990. sino también que la gravedad del hecho resulte proporcional a la sanción que se pretende imputar.110.69 y 70. Sin embargo. que sigue el establecimiento y aplicación de toda especie de medidas restrictivas de la libertad. 3ra edición. Parte General I. 114. p. que suele emplearse el principio de proporcionalidad como límite de las medidas de seguridad y como contrapartida del principio de culpabilidad que limita las penas.
efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. julio del 2000. y como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional Español.
LUZÓN PEÑA.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Ver Sentencia No 62/82.
Es clásico afirmar que el principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso se descompone en tres requisitos. Parte general I.115 afirma que este principio desde el punto de vista político constitucional. se trata de una exigencia de origen liberal y acorde también con el Estado social. pero además responde directamente al principio de igualdad que exige tratar por igual al igual. pero desigualmente lo desigual. obliga a plantearse como problema la conformidad a la constitución de las denomi-
115. Curso de Derecho Penal.. publicada en el Primer Módulo: “Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho”.116 de que la pena ha de ser adecuada a su finalidad de tutela y.. propio del Estado democrático. a saber:
Adecuación de la medida al fin que la justifica (tutela o protección de bienes jurídicos)
Justifica a la pena o la medida de seguridad.
. 116. 86. en cuanto se deriva de los principios de necesidad y de eficacia. p. debiendo ser apta la sanción penal a imponer al momento en que se van a alcanzar los fines que lo justifican.
FRANCISCO E. ENRÍQUEZ CABISTÁN
nadas teorías absolutas, al menos en sus vacíos extremos.117
Necesidad de la misma (intervención mínima y subsidiaria del derecho penal)
La actuación del derecho penal debe girar bajo el principio de la “menor injerencia posible” o de “intervención mínima”. Desde el punto de vista del hecho, en que se recurre a la pena criminal, la gravedad de la misma ha de encontrar una justificación suficiente en la necesidad de tutelar los bienes jurídicos que merecen protección, por lo que, se requieren las siguientes exigencias.118 1. Desde un punto de vista abstracto, la aplicación del principio en mención comparte dos consecuencias respecto al derecho penal, la primera referida al carácter fragmentario, en donde las conminaciones penales no tienen porqué extenderse a todas las infracciones, porque no todos los bienes jurídicos merecen ser protegidos, sino aquellos que si lo merecen. Y la segunda, hace referencia al carácter subsidiario del derecho penal, y ahí la reacción resulta solamente ade-
117. Cuarezma Terán Sergio. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho, efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua, julio del 2000. 118. Cuarezma Terán Sergio. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho, efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua, julio del 2000.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN ...
cuada en aquel orden jurídico en donde se establecen que no pueden ser tutelados por medios menos gravosos que la pena, sino totalmente lo contrario.119 2. En el plano aplicativo: la exigencia de necesidad se concretizará normalmente, en el marco de las facultades discrecionales que la ley concede al juez para individualizar la respectiva sanción penal, y así la ausencia de necesidad de castigar una conducta que se considera grave o no, sea proporcional a lo que se pretende imputar, pero si se impone una sanción criminal, se tendrá que recurrir al amparo Constitucional.120 3. Proporcionalidad en sentido estricto: Aquí, la proporcionalidad constitucional se determina a través de la ponderación entre la “carga coactiva” de la pena y/o la medida de seguridad, es decir, que la sanción se determinara según el bien jurídico que merece tutela y así reprocharle el delito a la persona que se le trata de imputar el hecho delictivo. Por otra parte, en el ámbito de la jurisprudencia comparada, el tribunal Constitucional Español,121 ha
119. Cuarezma Terán Sergio. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho, efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua, julio del 2000. 120. Ver artos. 5 LOPJ, y 45-187,188, 189 y 190 Cn (Control Constitucional de Nicaragua: mixto –concentrado y difuso–). 121. Sentencia No 65/1986, del 22 de mayo de 1986 publicada en el Primer Módulo: Principios Constitucionales que infor-
señalado que el juicio de proporcionalidad corresponde en principio al legislador. Ello no impide que esta haya de ser tenida en cuenta por el juez en el proceso de individualización de la pena y las medidas de seguridad, esto no excluye que pueda plantearse la cuestión de inconstitucionalidad allí donde la ley señala consecuencias jurídicas discrecionales, y tampoco se menciona lo referido a las consecuencias accesorias. En la Cn no existe una consagración expresa del principio en estudio, sin embargo es obvio que es posible inferir el rango constitucional del precepto, y que va relacionado, conforme he mencionado anteriormente, con la idea del Estado Social y Democrático de Derecho y los derechos fundamentales,122 además hay que tener en cuenta los principios sobre los que la Nación se constituye, la justicia, la libertad y el respecto a la dignidad (art. 5 Cn), así la pena será proporcionada no sólo a la gravedad del hecho, sino también al respecto de la dignidad de la persona. En consecuencia, es necesario que por cualquier afección a los derechos fundamentales (por penas, medidas de seguridad, consecuencias accesorias, prisión
man el PCP en el contexto de un Estado de Derecho, efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua, julio del 2000. 122. Cuerda Arnau María Luisa. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho, efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua, julio del 2000.
deba ajustarse a los requerimientos de tal precepto. Arto. como he mencionado. 125. Dicho más claramente. 5 y 169 CPP.
. Arto. síquica y moral..
preventiva.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .. 36 Cn. Artos.123 124 etcétera). inhumanos o degradantes. penas ni a tratos crueles. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”. que dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física. la vulneración de esas garantías supone la afectación del precepto constitucional que reconoce el derecho a no afectar ni aplicar medidas restrictivas desproporcionadas y de este modo se evita aplicar sanciones denigrantes que atenten contra la integridad física y síquica de la persona. 173 CPP. 124. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. Cuarezma Terán Sergio. que tanto el legislador como los órganos jurisdiccionales del país están vinculados a las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad de la pena. julio del 2000. se proyectan tanto en el ámbito de la conminación penal abstracta como en el plano aplicativo.126 por eso es importante mencionar cuales son las formas a través de la cual se
123. procedimientos. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. Nadie será sometido a torturas. 126. que establece los criterios de proporcionalidad para aplicar las medidas privativas de libertad.125 Ni que decir. que.
puede vincular al juez con las exigencias que posee el principio de proporcionalidad, y que son.127 a. En primer término, se proyectan en una tarea de interpretación de la norma penal, en donde el juez penal debe interpretar en todo momento los tipos penales teniendo bien presente que el derecho penal es el último recurso que debe utilizar el Estado para proteger los bienes jurídicos que merecen ser tutelados, y que por lo tanto solo deben intervenir en los casos más graves.128 b. De otro lado, se proyectan sobre las facultades discrecionales que la ley le concede para individualizar el tipo de consecuencia jurídica que se pretende aplicar, así es por cuanto, dentro del marco abstracto establecido por la ley, los jueces deben ajustarse a lo preceptuado en las mismas, atendiendo a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del autor o participe.129 Todo esto, se refleja en las agravantes y atenuantes de la responsabilidad penal, y en el máximum y mínimum de la sanción criminal a imponer.130 La cuestión que se suscita no está exenta de problemas en la medida en que se sitúa en el ámbito de la
127. Cuarezma Terán Sergio. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho, efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua, julio del 2000. 128. Ver lo establecido en el Principio de Lesividad. 129. Artos. 74, 75 y 78 NCP. 130. Artos. 29 y 30 Pn.
debatida discrecionalidad judicial, por lo que, no esta de más recordar que se trata de una discrecionalidad jurídicamente vinculada, lo que supone la imposición de arbitrariedad, de modo que ese margen que la ley otorga a la decisión personal no puede tener un respaldo lógico en criterio opuestos a determinados principios, cuya trasgresión alejaría ese arbitrio de las pautas de racionalidad, mesura y proporción que se deben de presidir.131 132 133 c. La proporcionalidad también se proyecta en el ámbito de las medidas de seguridad.134 Esta teoría es
131. Tomar en consideración los antecedentes penales cancelados y justificar sobre esa base el hecho de no imponer sanción alguna en su límite, a pesar de existir razones que avalarían tales precedentes. 132. Cuarezma Terán Sergio. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho, efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua, julio del 2000. 133. Artos. 230, 36.9 y 78 NCP. 134. Arto. 99 NCP, que dice literalmente: Proporcionalidad y Necesidad. “Las medidas de seguridad no pueden resultar más gravosas que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del sujeto. En todo caso deberán ser proporcionadas a la peligrosidad criminal del sujeto y a la gravedad del hecho cometido y de los que sea probable que aquel pueda cometer. A tales efectos el juez o tribunal establecerá en la sentencia razonadamente, el límite máximo de la duración. En todo caso, cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativo de libertad, el juez o tri-
apoyada fuertemente en la actualidad por JESCHECK y MUÑOZ CONDE,135 quienes afirman que las necesidades del tratamiento procesal debe de tomarse en consideración para permitir que la medida impuesta cese en cuanto se constate que el tratamiento resulta innecesario por haber desaparecido ya la peligrosidad del sujeto, pero no al revés. No puede olvidarse que la medida de seguridad es una reacción frente al delito, pues la peligrosidad, por sí sola, no constituye una habilitación suficiente para justificar la intervención, así se ha entendido afortunadamente en el NCP,136 donde las medidas de seguridad, las penas y las consecuencias accesorias, aparecen concebidas como una reacción frente al delito del inimputable. d. Otra concepción del principio de proporcionalidad en su plano aplicativo se viene a constituir en los diversos mecanismos de sustitución o suspen-
bunal únicamente podrá imponer una o varias de las medidas no privativas de libertad. Las medidas de seguridad privativas de libertad no podrán tener mayor duración que el límite máximo de la pena señalada por la ley por el delito cometido. El juez o tribunal decretará el cese de las medidas en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto conforme a los correspondientes informes periciales”. 135. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho, efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua, julio del 2000. 136. Artos. 74, 75 y 78.
y de su ejecución.
sión de la pena. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. previstos en el Pn y en el NCP. sin mengua de los fines preventivos a través de los cuales las consecuencias jurídicas cumplen su función tuteladora. medida de seguridad o consecuencia accesoria.137 lo que obliga de manera autónoma a prescindir de la pena.
. cuando ello es posible. julio del 2000..138
137. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. 87 (Suspensión de la pena de prisión) y 88 (Condiciones para la Suspensión de la Ejecución de las Penas).PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Artos.. 138.
1 N C P y 4 CPM)
El precepto indica que solamente se castigará aquellos comportamientos dolosos o imprudentes. Se trata pues. el Nuevo Diario. Este principio marca un gran avance técnico y democrático.139 de esta manera sólo se castigará las conductas si la acción u omisión se realiza con dolo o imprudencia. 15 de enero del 2001. 92 Pn. p. 140.7. Arto. de que exista entre la pena y el resultado un grado de responsabilidad subjetiva a imponer.VI. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. y en su caso. Enríquez Cabistán Francisco.
. a diferencia del código penal vigente que castiga la responsabilidad objetiva por el resultado. por lo que. la comisión de un hecho imprudente o culposo se castiga de forma diferente.140 Esta situación establece varias exigencias formales. Nicaragua. de una concepción de establecer la responsa-
139. como forma de desvalor de la acción. Principio de Responsabilidad Subjetiva ( a r t o s 9 p á r r. como norma general y salvo algunos casos justificables. Managua. entre las que tenemos: no hay pena sin dolo o imprudencia. como el delito de homicidio preterintencional. además prohíbe de forma expresa el castigo de la responsabilidad objetiva por el resultado.
haría inte-
141. p. Luzón Peña Diego. Código Penal de Nicaragua. Curso de Derecho Penal. Parte General I. 142.87 y 88. para intentar evitar acciones no dolosas o imprudentes. exigiendo la imputabilidad del hecho y ver si este se realizo con dolo o imprudencia. comentado. Cuarezma Terán Sergio.
bilidad penal y el desvalor del hecho ilícito. Luzón Peña Diego. Curso de Derecho Penal. En efecto. lo que es lógico si tomamos en consideración que el dolo y la imprudencia son formas o grados para poder atribuir el grado de culpabilidad que posee la persona. sería absolutamente ineficaz la prevención general. 59-60.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . 2001.142 El principio en estudio se encuentra contenido de una manera tácita en los preceptos de eficacia.
. 2da edición.. necesidad. y perdería de este modo su eficacia y utilidad. p. Managua. ubica la concepción del precepto en estudio alrededor del “principio de culpabilidad”. independientemente de la intención que pueda tener el sujeto.141 La mayoría de la doctrina moderna y mayoritaria. opuesta a la “responsabilidad objetiva por el resultado”.143 porque no se ha logrado prever el hecho típicamente antijurídico.. 143. Parte General I. Lo cual. p. proporcionalidad y en la concepción político constitucional del Estado social y democrático de derecho.87 y 88. editorial HISPAMER. concordado y actualizado.
Parte General.108 y 109. no cabe en el derecho penal moderno a como he mencionado. España. Derecho Penal. PPU. 3ra edición. ENRÍQUEZ CABISTÁN
grar la prevención especial frente al sujeto que realiza la acción. sin embargo. y que ni siquiera concurre imprudencia.
. no le cabe imponer pena alguna.
144. p. la responsabilidad objetiva por el resultado.FRANCISCO E. debido a que alejaría la verdadera función del derecho penal de sancionar y reinsertar al delincuente. Barcelona. 1990. porque al sujeto activo con el cuidado que le es exigible. MIR PUIG144 asegura que el día de hoy se admite generalmente que la pena del delito doloso debe ser mayor que la del delito imprudente (culposo).
que dice: “…REINCIDENCIA. comprendido dentro del mismo Título”. Es reincidente quien. Arto.
. psíquica y moral. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”. inhumanos o degradantes. habiendo sido condenado por sentencia firme en los últimos cinco años por un delito doloso.145 dándose paso a una paulatina reducción del contenido aflictivo de las sanciones. comete otro delito doloso. 36 inc 9 NCP.VII. 39 Cn y se relaciona con la vida institucional de los privados de libertad en el sistema penitenciario. prohibiéndose las penas y medidas de seguridad inhumanas o denigrantes al ser humano opuestas de por si a la dignidad personal. 36 Cn. Principio de Humanización (arto. Arto. 8 párrafo 2 NCP)
El principio de humanidad o humanización. y está dirigida a permitir las condiciones de vida óptima de estos dentro de un orden legal que
145. que afirma: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física. 3).146 Este principio en estudio aparece consagrado en el arto. Nadie será sometido a torturas. marca una progresiva tendencia a la “humanización” de las sanciones penales. un ejemplo de ello. penas ni a tratos crueles. En igual espíritu se plasma en el CPM (arto. con un carácter menos represiva y con un contenido aflictivo. 146. es limitar la eficacia discriminatoria de los antecedentes penales. procedimientos.
Tratado de Derecho Penal. 150. de una disposición a la ayuda y asistencia y de una decidida voluntad de recuperación del condenado. como la pena de muerte. con una interpretación sistemática del mismo. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua.149 150 Pese a la taxatividad del precepto constitucional de resocialización de las sanciones penales. ENRÍQUEZ CABISTÁN
asegure la gobernabilidad e institucionalidad de los centros penitenciarios y la orientación resocializadora de las penas y medidas de seguridad debe realizarse en el marco del respeto a la voluntad del interno y al libre desarrollo de su personalidad. Artos 4 inc. JESCHECK148 afirma que el principio de humanidad impone que todas las relaciones humanas que el derecho penal hace surgir en el más amplio sentido se regulen sobre la base de una vinculación recíproca. 149. Cuerda Arnau María Luisa. 2 de la CADH. Arto.
. 1981.FRANCISCO E. De todo esto. es por ello que el princi-
147. p. se puede derivar la abolición de penas y medidas de seguridad crueles y denigrantes. 148. 23 y 46 Cn. 35. julio del 2000. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. de una responsabilidad social hacia el delincuente.147 En ese sentido. obliga a entender que la orientación resocializadora de las penas y medidas solo puede ser entendida en el marco del respeto a la voluntad del interno recluso y a su libre desarrollo como ser humano. 5 y 5 inc.
Las penas tienen un carácter reeducativo.. libertad condicional. 152.
151. sino que se le proporcionarán los medios adecuados para reincorporarse a la misma.
pio de humanidad o de humanización obliga a nuestros poderes institucionales a adoptar las condiciones que hagan posible que el reo pueda adoptar su vida al conjunto de valores constitucionales y al reconocimiento y ejercicio de sus derechos y garantías. Se pretende evitar la desocialización del condenado cuya principal manifestación viene dada por las instituciones que permiten evitar la prisión en los casos en que es posible prescindir de ella o bien atenuarla facilitando la progresiva reincorporación a la vida en libertad (suspensión. Arto. la superación educativa.151 Luzón Peña152 asegura. p.
. en duración y contenido.. que sustenta: “En Nicaragua.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . que el principio de humanidad significa una progresiva tendencia a la humanización de las sanciones penales haciéndoles menos dura. y así el sujeto que cumple (una pena o medida) no será aislado totalmente de la sociedad. Curso de Derecho Penal. etcétera). Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar. cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Las mujeres condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a los de los hombres y se procurará que los guardas sean del mismo sexo”. 39 Cn. sustitución. parte general I. la salud. permisos penitenciarios. 89.
en especial de aquellas que son “transgresoras” de hechos delictivos.FRANCISCO E. julio del 2000. con la finalidad de reeducar y reinsertar a la persona que haya cometido un delito. Nicaragua. ya que apunta a dar mayor protección a la dignidad humana. compatibilizándose con el máximo disfrute de derechos y garantías que posee el condenado.
. 154. el Nuevo Diario. 155. ENRÍQUEZ CABISTÁN
Actualmente no se conciben penas y medidas abstractas y denigrantes a la dignidad de las personas. Managua. 15 de enero del 2001.7. Enríquez Cabistán Francisco. con suma atención en las penas corporales. eficaces y político constitucional.153 El principio de humanidad o de humanización se conecta con las necesidades subsidiarias. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. marcándose de esta forma una paulatina pero segura reducción del contenido aflictivo de las sanciones penales. cuya restricción no sea imprescindible para el fin mismo de las sanciones. tratando a las personas “transgresoras” como seres humanos y no como simples objetos. Arto 46 y 39 Cn. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. Este principio se desprende del artículo 5 de la Constitución Política.154 155
153. p. Cuerda Arnau María Luisa. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”.
185 157. España. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. No I.156 la diferenciación a establecer entre el injusto penal y el injusto de carácter disciplinario o administrativo es una temática compleja y de largo debate doctrinal. No I. Consejo General del Poder Judicial.
. Mata y Martín Ricardo Manuel.157
156. Valladolid. y sin pretender resolver la cuestión objeto del debate. de una manera genérica. Valladolid. 1996. España. Sin embargo. mientras que la segunda se refiere a las conductas previstas y sancionadas por la normativa administrativa en interés inmediato de la propia administración.VIII. Consejo General del Poder Judicial. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. Principio de prohibición de la persecución múltiple (ne bis in idem) Introducción
Según el profesor Ricardo MATA Y MARTÍN. si podemos acercarnos a tal distinción señalando que la primera implica la lesión o puesta en peligro un bien jurídico penalmente relevante a través de una conducta tipificada en la ley. Pág. 185. 1996. Pág.
1996. considerado de estatus constitucional. Como principio procesal el ne bis in idem prohíbe la prosecución de dos procedimientos sobre un mismo sujeto y objeto fáctico. Consejo General del Poder Judicial. donde es necesario precisar el alcance del ne bis in idem. de índole procesal.159 es decir.
. 186. que el conjunto de derechos particulares de libertad y seguridad de cada nicaragüense. implica una prohibición de perseguir en
158. Mata y Martín Ricardo Manuel.FRANCISCO E. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. como conjunto de las garantías fundamentales que posee cada persona. de carácter material y. Cuerda Arnau María Luisa. la segunda. No I. por lo que. como exigencias generales de seguridad jurídica al sistema de enjuiciar. España. Pág. estableciendo dos aristas básicas. exige una sola resolución definitiva frente a la infracción del hecho. Valladolid. ENRÍQUEZ CABISTÁN
Especialmente delicada resulta la compatibilidad o no de las sanciones penales y las de carácter disciplinario. La primera. Dándose. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. o de inadmisibilidad de la persecución múltiple. una cobertura casi completa a las garantías propias del derecho instrumental derivado del propio principio de legalidad. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. julio del 2000. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho.158 La primera significa la imposibilidad de sancionar dos veces a una misma persona por idéntico hecho cometido. 159.
15 de enero del 2001. Managua.. 32. 1993. inadmisible la doble condena o el riesgo de afrontarla. lo que hace desprender su vigencia y estudio del principio de legalidad constitucional163 y demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico. a la vez forman parte de nuestra legislación
160. exige la necesidad de que la persecución penal con todo y la intervención del Estado en busca de imponer una sanción. Esta vertiente material. en igualdad de condiciones. que afirma: “Todo procesado tiene derecho. 33. 163. Artos.161 El principio de ne bis in idem. Arto. aparece establecido en la Cn. 161..A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme…”.160 siendo. Nicaragua. 162.
múltiples ocasiones y la posibilidad de ser sancionado más de una vez por el mismo hecho. el Nuevo Diario.7. solo se puede poner en marcha una sola vez. Introducción al Derecho Procesal Penal. 34 inc 10. Cn. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. 131. pues precisamente su vigencia imposibilita aplicar sanciones arbitrarias.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . En el caso de los tratados internacionales de derechos humanos..
. p.160 y 18Oss. Binder Alberto. éstos prevén expresamente esta garantía y. 34. 132. Enríquez Cabistán Francisco..162 aunque no de una manera expresa en el Pn y en el NCP. que logran desarrolla la disciplina del concurso de normas jurídicopenales. 163-173. a las siguientes garantías mínimas:. p. 130.
Valladolid. 14 numeral 7. Según el mismo MATA Y MARTÍN.164 un ejemplo de ello es la Convención Americana de Derechos Humanos165 o Pacto de San José. Consejo General del Poder Judicial. Arto. habría que ir más allá de esa interpretación. España. Arto. Considero. No I. Arto. 46.FRANCISCO E. 8 numeral 4. 166. el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos166 establece: que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto en virtud de sentencia firme y respetuosa de la ley de procedimiento penal de cada país. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. se refiere únicamente al hecho de no juzgar o condenar a una misma persona dos veces por el mismo hecho que se le imputa o. 1996. ENRÍQUEZ CABISTÁN
interna por mandato constitucional. existe una discusión doctrinal que consiste en ver si la garantía constitucional que representa el ne bis in idem. 167. En este sentido. con alcance más amplio al referirse a la posibilidad de que permanezcan dos procesos sucesivos o paralelos de un mismo hecho. 185
. 165. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. Pág.167 en la actualidad. que la posición mas indicada es que este principio penal de carácter constitucional se le
164. que dispone: “que el inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido nuevamente a juicio por los mismos hechos”.
. la persona si puede ser sometida a un segundo proceso si el objeto de este último. 169. 163-173. Idem. Sin
168. 170. La preferencia de una de las normas debe obtenerse de criterios teleológicos y valorativos. Pág. 1993. Existe el problema de determinar en el caso particular si basta con la aplicación de la norma penal o es preciso añadir la administrativa. Sin embargo. Mata y Martín Ricardo Manuel. en el sentido de que la persona no puede ser sometida a una doble condena ni afrontar el riesgo de ello. como lo hace SANZ MORÁN.169 Debe advertirse aquí. p.168 Lo inadmisible.170 que la determinación de la norma aplicable sobre la base de las consecuencias jurídicas resulta metodológicamente incorrecto. Binder Alberto. No I..PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. 206. Valladolid. en la cual se recurre al contenido de la consecuencia jurídica prevista en la norma. como se puede notar. para determinar si es admisible una revocación o absolución de esa condena.. España. citado por el profesor MATA Y MARTÍN.
debe otorgar una interpretación amplia. es la no repetición del proceso. consiste en revisar la sentencia condenatoria del primero. Consejo General del Poder Judicial. junto a una doble condena o el riesgo de afrontarla. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. Introducción al Derecho Procesal Penal.
En definitiva la relación de consunción que pretende verificarse se expresa. Para determinar la voluntad legis acerca de la prevalencia de una u otra normaindica MANTOVANI. 1996. Ver de Mantovani: Concorso e conflicto di norme nel diritto penale.FRANCISCO E. Mata y Martín Ricardo Manuel. España. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. pág. Pág. Para este autor no se trata de un criterio con valor absoluto que pueda ser considerado de forma exclusiva. 173.
. el diverso tratamiento penal y jurídico. la toma en consideración aquí de las correspondientes consecuencias jurídicas no posee el carácter de valoración autónoma o independiente. Bologna. 1966.172 un primer y sintomático indicio lo representa la gravedad de la pena y. como indica RODRÍGUEZ DEVESA. 207. El fundamento o contenido de injusto de cada tipo de infracción podemos apreciarlo en la consecuencia jurídica prevista por el legislador. en sentido más genérico. 1994. sino que se toman como referencia en cuanto permiten revelar el contenido de injusto atribuido por el legislador a una conducta determinada. Parte General. Consejo General del Poder Judicial. 199. ENRÍQUEZ CABISTÁN
embargo. El recurso a la consideración de la pena y sanción no es
171. 662 y ss.173 en la penalidad asignada. Valladolid. 172. Derecho Penal español. pág. Las mismas serán expresivas del desvalor asignado por el legislador a cada comportamiento.171 citado por el MATA Y MARTÍN. No I. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época.
de esta manera. En este sentido se entiende generalmente175 que un aspecto de la idea actual de la proporcionalidad de las sanciones penales es que supone que esta se determina según el daño ocasionado. No I.
. proporcionalmente a la intensidad y re174. Por el contrario si pena criminal y sanción administrativa son diversas podrán aplicarse ambas (concurso de infracciones). Gómez Benítez. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . se prohíbe el exceso que impone este principio al obligar no aplicar una sanción (administrativa) cuando con la determinación de la pena el desvalor del hecho resulta suficientemente castigado. que si la pena asume el contenido del injusto de la infracción administrativa sólo se impondrá aquella (resolución del concurso aparente de leyes con base en el principio de consunción). La idea moderna de proporcionalidad de las penas. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados.. Así. 1991. Pág.. Valladolid. 1996. España. Consejo General del Poder Judicial. 175. 207. sino se vulnerarían derechos fundamentales al establecerse un castigo ciertamente severo e injustificado. expresa MATA Y MARTÍN174. Mata y Martín Ricardo Manuel. Universo de Deusto. pág.
sino producto de la aplicación del principio valorativo de consunción. es decir. En apoyo a estas consideraciones viene el principio de proporcionalidad que esta ligado mutuamente con el principio en estudio. En el pensamiento de Beccaria: su actualidad. 61.
un mismo hecho o eadem res
176. las cuales son a saber: Que sea una misma persona o eadem persona. 163-173. por lo cual. refiriéndose. Binder Alberto. en toda instancia y proceso. Como hemos observado. La cosa Juzgada.177 por tal motivo. se dice que la cosa juzgada penal tiene efecto negativo. a diferencia de la cosa juzgada civil.
La doctrina penal le ha otorgado una serie de requisitos que debe contener. con el respeto debido. que tiene un alcance positivo pues el funcionamiento está obligado a fallar de nuevo. Introducción al Derecho Procesal Penal.176 lo que hace que el juez emita una resolución sin que le sea posible emitir un fallo o decisión de fondo. la prohibición de juzgar dos veces por un mismo hecho ilícito esta presente. dando seguridad jurídica individual. siendo un límite al poder punitivo del Estado.
. p. p. para que se pueda echar a andar. 177. cuando ya ha conocido del asunto mediante providencia judicial anterior. a las garantías inherentes al ser humano. Cortéz Domínguez. 120 y 121. 1993.FRANCISCO E. ENRÍQUEZ CABISTÁN
levancia del menoscabo sufrido por el bien jurídico y el interés general lesionado. a la necesidad de que en la persecución penal sólo se pueda poner en marcha una vez. el principio de ne bis in idem es una garantía con matices muy peculiares.
lo que sirve a la vez como garantía personal que se juega o usa a favor de una determinada persona y nunca en abstracto. 163-173.
y..PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . conforme a lo que establezca la norma penal. Binder Alberto. por lo que la resolución que se emita. que cuando nos referimos a los “hechos” estamos evadiendo una hipótesis fáctica que se pueda presentar o este presente. es decir la misma razón jurídica
. 1993. sino que dicho hecho procesal debe poseer una relación total a lo que ley penal sustantiva diga. Introducción al Derecho Procesal Penal. y que se refiere a que el hecho o los hechos se deben de realizar por la misma persona. tiene que ir relacionada íntimamente con la persona a la cual se le imputa o se le trata de imputar un hecho ilícito en concreto. no existe ninguna problemática ni dificultad para su aplicación. Con respecto a que debe ser una misma persona. p. a que en el ámbito del proceso penal no se puede hablar de “hechos” en forma independiente a lo que preceptúa la ley. porque solamente se pide que sea el mismo individuo.178 En lo que respecta a la causa petendi. se debe de tratar del mismo motivo de persecución o eadem causa petendi. En cambio. debido. cabe mencionar.. al segundo requisito de que los hechos sean los mismos. es decir que tienen que ser una realidad con unidad y sentido del hecho. debe de tratarse del mismo motivo de la persecución del hecho que se pretende imputar.
FRANCISCO E. p. En lo cual. 200ss.180 en donde la persona que ha sido absuelta o condenada en un segundo juicio mediante una sentencia firme no puede serlo de nuevo por otra resolución más gravosa para él. la destrucción o no atención de la estructura básica de la hipótesis fáctica.
. ENRÍQUEZ CABISTÁN
y política de persecución penal del que se pretende ser objeto en un proceso penal determinado. sin razón ni validez. Introducción al Derecho Procesal Penal. 2002. es decir. 181. Introducción al Derecho Procesal Penal. Binder Alberto. 1993. aplicando el principio que más favorezca al reo o condenado. 337 y 338.179 en donde. a través del recurso de Revisión que establece el CPP. que no se le someterá dos veces por el mismo hecho o motivo. de lo contrario el proceso penal seria nulo. solamente sucedería si esté fuere a favor del condenado. p.
Efectos en el proceso penal del principio en estudio
La Posibilidad de revisar una sentencia firme en contra del imputado. Artos. Dar fundamento a la excepción litis pendencia. 180. no debe de someterse a una persona a dos procesos iguales. 163-173.181
179. el hecho debe de ser el mismo. evitándose de esta manera. Pedraz Penalva Ernesto. a menos que sean distintos las causas o las identidades.
Justamente el mérito de la Ilustración. Manual de Derecho penal español. ha estado íntimamente relacionado con el reconocimiento.183 en otras palabras el examen del
182. 64. muy difícil de realizar en la realidad. lo que permite un actuar discrecional de parte del Estado. Ramírez Bustos Juan. p. citado por BUSTOS RAMÍREZ. que le otorga al hombre su condición igualitaria y libre. 64. Principio de Dignidad de la persona (arto.182 por el derecho natural. 4 NCP)
La existencia del derecho. es decir. tesis que la mayoría de los doctrinarios modernos sostienen que no posee ninguna validez por su carácter metafísico y existencial de la vida humana. debido a que en dicha abstracción. 1984.
. la dignidad del ser humano resulta poco instrumental para limitar al Estado en cada una de sus intervenciones y más aún. p. 1984. vigilancia y tutela de la dignidad humana.IX. Ramírez Bustos Juan. 183. en especial del derecho penal. como reitera BLOCH fue el haber puesto de manifiesto que no es posible la dignidad del hombre sin poner término a la necesidad. Manual de Derecho penal español. su carácter inmensamente abstracto. influenciada según BLOCH. al partir de un supuesto axiomático. hecho a imagen y semejanza de Dios.
. sirve como pilar fundamental en todo sistema democrático y respetuoso de los derechos y garantías del ser humano.184 Debe de partirse del examen del hombre concreto. 2000. aunque podría quitarle legitimidad en sus intervenciones al momento de vaciarlas de un alto contenido coercitivo. ENRÍQUEZ CABISTÁN
hombre concreto señala las desigualdades y sometimientos que sino se consideran en cuanto a tales. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario.FRANCISCO E. se le reconoce como tal dentro del sistema estatal. p. referido a que la persona es un fin en si mismo y por ello no puede ser medio para otro fin. que señala las desigualdades y sometimientos. 185. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. ni aun indígena con una persona que nace y se forma en la civilización. Distinguiéndose el siguiente aspecto: La autonomía ética de la persona.185 Por tanto. sirviendo el principio de la autonomía ética de la persona.
184. 24. Criminología y Derecho Procesal Penal. como sustento del poder coercitivo (ius puniendi) del Estado en sus actuaciones y decisiones. Cuerda Arnau María Luisa. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. julio del 2000. así. El legislador no debe ni puede someter a igual trato a un menor de edad con un adulto. se reciente en una mayor afección a la dignidad humana. derivándose del pensamiento de KANT y. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua.
ese mínimo es su dignidad. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles. que implica la eliminación por completo de toda degradación. tortura187 y de la pena de muerte.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .. entonces puede estimarse que hay justicia. 187. En se sentido. evitándose convertir en un elemento de sometimiento y desigualdad. Esta exigencia de respetar la dignidad humana. es sustancial en la conformación de todo Estado social y democrático de derecho.. mediante resolución 3452 (XXX).
. julio del 2000. Mientras las relaciones sociales no ataquen ese mínimo indispensable y se permita su expansión. Derecho y Estado de Derecho. citado por BORCA ODRÍA. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. Sobre todo al momento de imponer una sanción penal determinada. Que hay dignidad. inhumanas o degradantes. p.188
186. los medios que vayan a utilizar los legisladores (en el momento de crear las leyes) no pueden atentar contra la dignidad de cada persona. de mayor miseria y necesidad social.186 señala que el contenido de la justicia tiene por tanto. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho.312. 188. aunque se aplique con medios menos dolorosos. que satisfacer un mínimo esencial de cada ser humano. Publicada el 9 de diciembre de 1975 por la Asamblea General de Naciones Unidad. Cuerda Arnau María Luisa.
RAWLS. aun cuando no llegue a satisfacerlo a cada uno en todo.
Arto. suspensión de los derechos del ciudadano. multa. en cambio los condenados a prisión sólo están obligados a trabajar dentro del establecimiento (artos. 39. 64 Pn). presidio y arresto son privativas de libertad. para sus gastos médicos. interdicción civil. Los condenados a presidio están obligados a trabajar dentro o fuera del penal. la de prisión en un establecimiento para tal efecto o en una colonia agrícola especial. Las penas accesorias. 55 Pn. según la Cn. junto a un trato humanitario a la dignidad del condenado. ENRÍQUEZ CABISTÁN
El Pn189 establece que las penas pueden ser principales y accesorias. 53 y 54. vestidos.FRANCISCO E.192 tienen carácter reeducativo y de reinserción social. el producto de las labores del condenado se destina a cubrir la responsabilidad del daño que causaron. la inhabilitación absoluta y especial. 59 y 60 Pn). 190. 192. sujeción a la vigilancia de la autoridad y pérdidas de los instrumentos con el cual se efectúo el hecho delictivo. Las penas privativas de libertad se subdividen en presidio y prisión. penas más que correccionales y la prisión (cuando tenga más de tres años en su extremo mayor).
. 191. La pena de presidio se cumplirá en un penal. en cambio. Artos.191 La penas. Por ende. lo cual sirve de beneficio al penal y a los familiares del condenado en caso que muera (arto. y las correccionales la integran el remanente de penas. La dignidad del ser humano es un derecho fundamental y/o humano que se vincula a diversos valores
189. Arto. de alimentos. en cambio.190 Las penas de prisión.
julio del 2000. 23. en donde. 194. por ello implica. que el Estado tiene prohibido imponer penas o medidas inhumanas y denigrantes. la igualdad..
jurídicos como la libertad en sentido amplio de la palabra. Artos. El principio de dignidad. la eficacia etiquetadora y estigmatizante de los antecedentes penales carecen de valor. que se opongan a nuestras garantías constitucionales. 4. 5 Cn (Principios de la Nación nicaragüense). 36 y 39 Cn. vinculado al principio de humanidad y al de proporcionalidad. en especial las penas corporales. De igual forma. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . es decir. y así hacer cumplir lo preceptuado en la Norma Primaria. siendo encomiable que lo sitúe en el Título Preliminar de ese cuerpo legal. Arto. el carácter de precepto rector de todo sistema punitivo. el NCP reconoce tal precepto en su arto. respetuoso y garante de los derechos humanos. y se extiende a la aplicación y vigencia de todos los principios limitadores y constitucionales que posee el Estado a través de su poder coercitivo (Ius Puniendi). ya que el espíritu moderno gira en el proceso de constitucionalización social de las normas jurídicas. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. Cuerda Arnau María Luisa.195
. 195. la seguridad.. aparece expresamente193 e implícitamente194 reconocido en nuestra Norma Fundamental.
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