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Timestamp: 2018-01-17 01:16:42+00:00

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La legislación en materia de protección de
datos y la jurisprudencia ha ido perfilando en los últimos tiempos el
contenido de este derecho constitucional. La Ley de Protección de Datos de
Carácter Personal 1 desarrollada por el Reglamento de desarrollo de la
misma2 adaptaron nuestro ordenamiento a la Directiva europea 95/46/CE3.
Posteriormente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional4 ha terminado
de crear el perfil de este derecho, que básicamente puede sintetizarse en el
poder de disposición y de control sobre los datos personales que toda
persona tiene frente a terceros, incluidas las Administraciones Públicas. El
derecho a la protección de datos se configura así como una garantía
adicional y necesaria para el ejercicio de los derechos fundamentales, ante
la insuficiencia del derecho a la intimidad del art. 18.1º para hacer frente a
todos los retos que la nueva realidad tecnológica ha venido incorporado.
1 L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
BOE nº 298 de 14 de diciembre de 1999.
2 Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal. BOE nº 17, de 18 de enero de 2008.
3 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de Octubre de 1995.
4 SSTC 94/1998, de 4 de mayo, 202/1999, de 8 de noviembre, 14/2003 de 30 de enero
y especialmente 292/2000 de 30 de noviembre.
Los Juzgados y Tribunales españoles comprueban como día a día las TIC
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) se van incorporando
de muy diferentes modos a la actividad cotidiana. El proceso de
informatización en el ámbito judicial se inicia en 1994, cuando la LO.
16/94, de 8 de noviembre reforma la LO. 6/1985 de 1 de julio del Poder
Judicial. Se modifica el art. 2305. Especialmente su párrafo 5º aboga por el
uso de nuevos medios telemáticos en el ámbito de la Administración de
Justicia, cuando señala expresamente “ reglamentariamente se
Vemos pues como corresponde al Consejo General, como órgano
de gobierno del Poder Judicial 6, la creación de los ficheros existentes en
los órganos judiciales y asimismo la aprobación de los programas y
aplicaciones informáticas que se utilicen en la Administración de Justicia,
siempre teniendo como marco con la legislación en materia de protección
de datos.7
5 Art. 230.1º.- Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos,
electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus
funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre, y demás leyes que resulten de aplicación.
2º. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán
de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su
autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.
3º. Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el
ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad,
privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que
4º. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán
relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere
el apartado primero cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales
y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.
6 Art. 122.2º. Constitución Española de 1978.
7 Habilitación legal que también se reconoce en art. 97.1 del Reglamento 1/05 de 15 de
Septiembre de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.
La actividad desplegada por el CGPJ haciendo uso de ese
mandato habilitador contenido en el art. 230.5º de la LOPJ, se ha traducido
en la creación y gestión de los ficheros que se encuentran bajo la
responsabilidad de los órganos judiciales. 8 La regulación de los mismos se
contiene en el Reglamento 1/2005 de 15 de Septiembre de Aspectos
Accesorios de las Actuaciones Judiciales 9. En él se recogen las normas
aplicables a los ficheros de datos automatizados de carácter personal,
distinguiendo entre datos jurisdiccionales y datos no jurisdiccionales 10.
La creación de ficheros conlleva, en cumplimiento de la legislación
en materia de protección de datos que debe ser observada que en el
acuerdo de creación el CGPJ debe indicar la finalidad y uso previstos, las
personas de las que se obtendrán datos, el procedimiento de recogida de los
mismos, la estructura legal del fichero y tipos de datos, cesiones y
transferencias, responsable y encargado del tratamiento…entre otros.
En relación a la protección de datos recientemente han aparecido en
la vía pública datos relativos a expedientes judiciales que han llegado a los
medios de comunicación. Por eso a continuación se abordará el aspecto
relativo a los ámbitos de responsabilidad de los ficheros judiciales
partiendo de los conceptos muy específicos que referidos a este ámbito
establece la LOPD, para después ver que intervinientes a juicio del CGPJ
son “responsables” o “encargados” de dichos ficheros. Finalmente se
aportará el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos (en
adelante AEPD) que tras unas recientes resoluciones sobre la materia ha
efectuado interesantes conclusiones.
8 En este sentido hay que indicar que la actual normativa reglamentaria en materia judicial
contempla la protección a todo tipo de tratamiento de datos de carácter personal, automatizado
como no, dado que la LO 15/1999 de 11 de Diciembre así lo hace; la única condición es que se
encuentren incorporados a ficheros organizados y susceptibles de tratamiento, automatizado o
no. Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial 20 de Septiembre de 2006, de
creación de ficheros de carácter personal dependientes de los órganos judiciales. BOE 12
9 Aprobado por Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las
10 Reglamento 1/05 de 15 de Septiembre, Titulo V “Del establecimiento y gestión de los ficheros
automatizados bajo la responsabilidad de los órganos judiciales”.
1.-Conceptos básicos contenidos en la LOPD en relación con los ficheros
del ámbito judicial.
Artículos 3 LOPD11 y 5 del Reglamento de desarrollo de la misma.12
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento,
organización y acceso.
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación,
elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
Responsable (del fichero o del tratamiento).-
naturaleza, pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la
Encargado del tratamiento.-
servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros,
trate datos personales por cuenta del responsable de tratamiento.
2.- Traslación que de los conceptos básicos antes reseñados se hace en los
ficheros dependientes de los órganos judiciales.
En el Acuerdo de creación de ficheros de carácter personal dependientes
de los órganos judiciales13, el CGPJ distingue los denominados ficheros
jurisdiccionales de los gubernativos. Centrándonos por su relevancia en
ficheros jurisdiccionales en ellos se distingue entre:
11 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal .
12 Reglamento de Desarrollo de la LO 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de
carácter personal. BOE 19 Enero 2008.
13 Acuerdo de 20 de Septiembre de 2006 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
BOE 12 de Octubre de 2006
1..- Ficheros de Asuntos Jurisdiccionales.
En ellos considera como:
1.a.- Responsable del tratamiento.- Será el “órgano judicial”
que conozca del procedimiento, toda vez que al mismo le corresponde
determinar, en el caso concreto, la finalidad, contenido y uso que se da al
tratamiento con sujeción a las normas procesales que resulten de
aplicación, y en todo caso a las funciones y competencias que la LOPJ
atribuye a los Jueces, Tribunales y Secretarios al configurar el diseño de la
Oficina Judicial, “quedando su funcionamiento bajo la dependencia directa
del Secretario Judicial”.
1.1.b.-Encargado del tratamiento.- Las Administraciones
Públicas competentes en la dotación de medios materiales , al ser los
responsables de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas,
programas, así como del personal técnico que intervienen en el tratamiento.
2 - Fichero de Registro de Asuntos.
En ellos considera como
2.a.- Responsable del tratamiento .- El Secretario Judicial
encargado del registro.
2.b.- Encargado del tratamiento.- Las Administraciones
14 Al intervenir diferentes Administraciones Públicas con competencias transferidas y a
fin de unificar los diferentes esfuerzos a nivel informático y homogeneizar el marco
legal en todo el Estado el CGPJ ha aprobado por el Pleno del Consejo el “Test de
compatibilidad de los sistemas informáticos de Gestión Procesal”, el 8 de Septiembre
de 1999. Se elabora a propuesta de la Comisión de Informática Judicial y presenta las
especificaciones concretas de los distintos objetivos de compatibilidad. Ha sido
revisado mediante Acuerdo de 12 de abril de 2007.
3. Infracciones más frecuentes. Resoluciones de la Agencia de Protección
de Datos por las que se interpreta el alcance de los conceptos contenidos
en el art. 3 LOPD en el ámbito de los ficheros de los Juzgados y
La AEPD ha tenido la oportunidad de manifestarse en sus
resoluciones en relación a la responsabilidad por las infracciones recogidas
en la LOPD. Las más frecuentes están recogidas en los artículos 9 15 y en
el artículo 10.16 Y hacen referencia a la no adopción de medidas de índole
técnica y organizativas que garanticen la seguridad (predicable del
responsable del fichero y encargado del tratamiento) y a la falta del deber
de secreto (predicable del responsable del fichero y quienes intervengan en
cualquier fase del tratamiento) respectivamente.
En este sentido son varias las resoluciones de la AEPD que en el
ámbito judicial marcan un criterio coincidente y profundizan en la cuestión.
Se trata de actuaciones de inspección ante diferentes órganos judiciales por
la aparición en la vía pública de documentación judicial conteniendo datos
de carácter personal con repercusión en los informativos de un canal de
15 Art. 9 “El responsable del fichero y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar
datos de carácter personal y eviten su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos
a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural”.
16 Art. 10 señala que “el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del
tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional y al deber
de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el
titular del fichero o en su caso, en el responsable del mismo”.
De estas resoluciones17 se desprenden las siguientes observaciones en
relación a los intervinientes en el ámbito de los ficheros judiciales. Así:
- La AEPD en el ámbito de la protección de datos judiciales reconoce “las
peculiaridades del modelo que se ha venido describiendo a fin de
determinar a quien corresponderá la responsabilidad como consecuencia
del posible incumplimiento de la LOPD…”18
.- En el caso del Fichero de Asuntos Jurisdiccionales la AEPD analiza la
LOPD y el régimen asignado a los Ficheros por el CGPJ. En sus
resoluciones recapitula el régimen de distribución de responsabilidades. Y
Responsable del Fichero.- Es el Consejo General del Poder Judicial, como
creador del mismo19. Si bien podría ser en esta cualidad autor de las
infracciones contenidas en los arts. 9 y 10 de la LOPD no ha sido
sancionado por considerar la AEPD que el CGPJ ha sido “particularmente
diligente en orden a concienciar e instruir a los usuarios de los sistemas
informáticos de gestión judicial sobre como cumplir con la LOPD”20.En
este sentido dos son los instrumentos a valorar según la AEPD:
17 - Resolución R/0235/2009 de 11 de Noviembre de 2009 (Procedimiento Nº AP/00015/2009:
Actuaciones de inspección a la entidad Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Sevilla por la
aparición en la vía pública de documentación judicial conteniendo datos de carácter personal
con repercusión en informativos Tele-5 . - Resolución R/023420/2009 de 11 de Noviembre.( Procedimiento Nº AP/00027/2009: Actuaciones de inspección a la entidad Audiencia
Provincial de La Coruña por la aparición en la vía pública de documentación judicial
conteniendo datos de carácter personal con repercusión en informativos Tele-5) - Resolución(Procedimiento Nº AP/00020/2009: Actuaciones de
R/02338/2009 de 11 de Noviembre de 2009
inspección ante los Juzgados nº 3 y 6 de Alzira (Valencia) en relación a la aparición en vía
pública de documentación judicial conteniendo datos de carácter personal del Juzgado de
Primera Instancia nº 6 de Sevilla, con repercusión en informativos Tele-5. En el curso del
expediente se acuerda iniciar procedimiento de Declaración de Infracción de Administraciones
Públicas a la Consejería de Presidencia, Administraciones y Justicia de la Generalitat
18 R/023525/2009 Fundamento Derecho X.
19 R/023525/2009 Fundamento Derecho VIII.
Además el propio CGPJ en su Reglamento 1/2005 de 15 de Septiembre, art- 95 “La creación,
modificación y supresión de los ficheros automatizados de datos de carácter personal
dependientes de los Juzgados y Tribunales tendrá lugar mediante acuerdo del CGPJ que se
publicará en el BOE y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas y se notificará ala
20 R/02325/2009 Fundamento de Derecho IX.
1.- Aprobación del “Código de Conducta para usuarios de equipos y
sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia”.21
remitido por correo a todos los órganos judiciales. En él, el CGPJ
establece pautas de conducta tendentes a concienciar a los usuarios sobre la
seguridad de los equipos informáticos y de las comunicaciones. Define
como “usuario” a todos los profesionales que prestan sus servicios en los
órganos judiciales (Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, etc…).
2.- Aprobación de los “Criterios Generales de Seguridad en los Sistemas de
Información al servicio de la Administración de Justicia”.22
En él se contienen una serie de medidas que permitan mejorar y/o
homogeneizar el nivel de seguridad existente en los sistemas de gestión
procesal. Esos criterios generales deberán después ser desarrollados e
implantados por las Administraciones Públicas competentes en la dotación
de medios materiales. Y especialmente encomienda a las mismas la
elaboración del denominado Documento de Seguridad.
Por otro lado la AEPD el hecho de que el CGPJ haya instado del
Ministerio de Justicia y CCAA que se facilite a los órganos judiciales “los
medios materiales necesarios para cumplir la LOPD en lo relativo a la
destrucción de los documentos comprensivos de datos personales cuya
confidencialidad debe preservarse”constituye una conducta diligente que
permite exonerarle de responsabilidad. Y así en el caso concreto de que se
produzca una merma en la implantación de las medidas de seguridad, la
21 Instrucción 2/2003 de 26 de Febrero del Pleno del Consejo General del Poder Judicial sobre
Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticas al servicio de la
Administración de Justicia. Remitida por correo a todos los órganos judiciales en 2003. El
objetivo de dicho Código de Conducta es concienciar a los usuarios sobre la seguridad en los
sistemas informáticos y las comunicaciones. Art. 4.1.Establece que las pautas de
comportamientos que establece serán de aplicación a todos los usuarios, sin perjuicio de las
normas reguladoras de su respectivo Estatuto Jurídico. En cuanto a la utilización de los
programas y archivos informáticos establece que todo usuario debe cumplir las medidas de
seguridad diseñadas por la Administración Pública competente, así como las prevenciones que
al efecto establezca el administrador o responsable del Sistema. En relación a los archivos que
contengan datos personales el Art. 6.1.4 señala que los usuarios que tengan acceso a dichos
archivos o documentos deben extremar las precauciones para evitar cualquier salida de
información de los mismos que pueda hacer incurrir en algún tipo de responsabilidad a la
Administración y/o al usuario incurrir en algún tipo de responsabilidad. Asimismo deberán
tenerse en cuenta todas las medidas de seguridad adoptadas en relación con los archivos que
contengan datos personales, tal y como constan en el documento de seguridad.
22 Aprobado mediante Acuerdo del Pleno de 19 de Septiembre de 2007.
misma sólo podría imputarse a quien por ministerio de la ley deba aportar
dichos medios necesarios para lograr dicha implantación. 23
Responsable del tratamiento.- Es el “órgano judicial” que conozca el
procedimiento. En este sentido no es óbice que el Juzgado como tal carezca
de personalidad jurídica para hacerle responsable, ya que esa condición no
se exige como condición en la definición que del responsable hace el art. 3
de la LOPD. El propio CGPJ en su Acuerdo de 20/09/06 establece que el
responsable es el órgano judicial.24. El Acuerdo expresa “quedando su
funcionamiento bajo la dependencia directa del Secretario Judicial”.
Encargado del tratamiento.- La Administración Pública competente en la
dotación de bienes materiales.25.
En este caso la Agencia de Protección de Datos reconoce que lo dispuesto
en la LOPD no tiene fácil traslación al ámbito judicial. El concepto de
encargado del tratamiento en dicha ley y su vinculación con el responsable
del tratamiento tienen unas características muy especiales. En el ámbito
judicial el responsable del tratamiento (órgano judicial) no puede ni
seleccionar al encargado (viene predeterminado por la estructura del Estado
y por quien ejerza la competencia en materia de medios materiales en la
Administración de Justicia), ni darle ninguna indicación, de las previstas en
el artículo 12 LOPD, ya que las mismas están predeterminadas
normativamente26 por el propio CGPJ.
23 R/02338/2009 Fundamento de Derecho XII: En ese caso concreto y como encargada del
tratamiento: “ En relación a la distribución competencial analizada en los fundamentos
anteriores es la Conserjería (de Justicia y AAPP de la Generalitat Valenciana) a quien
corresponde dotar e implementar las medidas de seguridad contempladas en el Reglamento de
desarrollo de la LOPD. Se la considera infractora de falta del artículo 9 tipificada como grave
por el art. 44.3. Entre otras circunstancias queda acreditada la no provisión de destructoras de
papel, pese a haberse solicitado así como desperfectos en las cerraduras de acceso a los
archivos habiéndose comunicado esta circunstancia oportunamente.
24 Acuerdo de 20 de Septiembre del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de creación
de ficheros de carácter personal dependientes de los órganos judiciales. BOE 12 Octubre de
2006 Anexo 1. F)
25 LOPJ. Art. 37 “Corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la
Comunidad Autónoma con competencias en materia de justicia proveer a los Juzgados y
Tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y
26 Vid. Titulo VI Reglamento 1/2005 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales
“Del procedimiento de aprobación de los programas, aplicaciones y sistemas informáticos de la
administración de justicia”. Arts. 98 y ss.
El Secretario Judicial y su vinculación en el ámbito de los ficheros de
La figura del Secretario Judicial aparece mencionada en
relación a los ficheros de datos en dos instrumentos.
1.- En 2005, el Reglamento 1/2005 de los Aspectos accesorios de las
Actuaciones Judiciales, aprobado por Acuerdo de 15 de Septiembre en su
art. 91 señala: “De los ficheros automatizados de los órganos judiciales
unipersonales será responsable el Secretario del Juzgado. De los ficheros
dependientes de Tribunales será responsable el Secretario judicial que se
indique en el acuerdo de creación o modificación”.
2.- Acuerdo ya citado de 20 de Septiembre de 2006 de creación de ficheros
de carácter personal dependientes de los órganos judiciales. Arts 86 a
97.27.
A la luz de lo ya examinado, la mención genérica como
responsable que del Secretario Judicial hace el art. 91 del Rto 1/2005, debe
entenderse modificada por lo que un año más tarde el propio CGPJ matiza
en el Acuerdo 20/9/06.
Como ha quedado expuesto la AEPD ha confirmado esta
apreciación en sus resoluciones significando además que, referido al
Fichero de Asuntos Jurisdiccionales, el responsable es:
Del Fichero.- El propio CGPJ
Del tratamiento del fichero.- El “órgano judicial” quedando su
funcionamiento (se entiende el del fichero) bajo dependencia directa del
Además la AEPD ha manifestado expresamente que sí el Secretario
Judicial no ejerce sus funciones con la diligencia debida cabrá, en su caso,
depurar las responsabilidades disciplinarias que sean pertinentes. Pero no
entender que el ejercicio de dichas funciones produce como efecto sustituir
al órgano judicial como responsable del tratamiento evitando su condición
de infractor.28
27 BOE 12 Octubre de 2006 Arts 86 a 97.
28 R/02338/2009. Fundamento de Derecho VIII
Asimismo en relación a las infracciones contenidas la APD:
En relación al deber de adoptar de medidas de índole técnica y organizativa
que garanticen la seguridad de los datos del artículo 9, la AEPD ha
declarado infractora a la Administración competente como encargada del
tratamiento.29
En relación al deber de secreto contenido en el art. 10. la AEPD ha
manifestado que alcanza a todos lo que intervienen en cualquier fase del
mismo y no sólo al responsable del fichero o del tratamiento30. Ha
exonerado de la infracción al órgano judicial sí este actúa con diligencia al
solicitar la dotación de los medios materiales necesarios para impedir que
los hechos sucediesen (solicitar destructoras de papel a la Administración
Autonómica que por esta no se proveyeron31).
Por haber faltado al deber de cuidado al haberse encontrado documentación
judicial en contenedores accesibles para terceros ha considerado infractor al
“órgano judicial” en su condición de responsable del tratamiento por su
Como el propio Acuerdo de creación de ficheros reconoce
expresamente, es necesario respetar los respectivos estatutos profesionales
de los intervinientes32. Y sí se reconoce la necesidad de conjugar el
contenido de los ficheros con las “funciones y competencias que la LOPJ
atribuye a Jueces, Tribunales y Secretarios Judiciales al configurar el
diseño de la Oficina Judicial”, habrá que ver cual es el diseño de esta y en
concreto el estatuto jurídico del Secretario Judicial, bajo cuya dependencia
directa sitúa el CGPJ el funcionamiento del fichero.
29 R/02338/2009
30 Instrucción 2/2003 de 26 de Febrero. Art.6.1.4 del Código de Conducta para usuarios de
equipos y sistemas informáticos en el ámbito de la Administración de Justicia.
31 R/02342/2009
32 Exposición de Motivos Acuerdo. Apartado II refiriéndose al fichero de “Asuntos
Jurisdiccionales” señala que en relación al mismo se contempla al “órgano judicial” que
conozca del procedimiento como Responsable del tratamiento toda vez que al mismo le
corresponde determinar en el caso concreto, la finalidad, contenido y uso que se da al
tratamiento con sujeción a las normas procesales que resulten de aplicación y, en todo caso, aquedando su funcionamiento bajo la
las funciones y competencias que la LOPJ atribuye a Jueces, Tribunales y Secretarios
Judiciales al configurar el diseño de la Oficina Judicial,
dependencia directa del Secretario Judicial.”
El estatuto del Secretario Judicial en vigor se encuentra contenido entre
otras normas en la LOPJ 33, Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales34, LO 19/2003 de 23 de diciembre de modificación
de la LOPJ35, Ley 13/2009 de 3 de noviembre de reforma de la legislación
procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial36 y Ley 13/2009
de 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva Oficina Judicial. 37
De la lectura conjunta de sus preceptos resulta que el Secretario
Judicial ostenta en el nuevo modelo de Oficina Judicial, una papel
relevante desde el punto de vista de la dirección técnico procesal que le es
propia y que ahora, se ve aumentada en la medida en que se le atribuye en
determinados ámbitos no sólo las funciones de impulso formal del
procedimiento que tenían hasta ahora, sino también otras funciones que les
permitirán adoptar decisiones en materias colaterales a la función
jurisdiccional pero que resultan indispensables para la misma.38
La Nueva Oficina Judicial diseñada con la legislación que entró
en vigor el 4 de Mayo de 2010, tampoco ha producido en este ámbito una
atribución específica de cometidos concretos al Secretario Judicial. El
nuevo estatuto derivado de esta Ley 13/2009 atribuye al Secretario Judicial
numerosas facultades de índole procesal o de dirección técnica del proceso.
El fichero de Asuntos Jurisdiccionales es un soporte automatizado que
opera al servicio de todos los usuarios y sobre cuyo funcionamiento, como
tal soporte el Secretario Judicial, no tiene ni conocimientos apropiados ni
competencia decisoria, ya que:
- La finalidad del fichero.- Como hemos visto esta es una atribución
exclusiva del CGPJ
- El contenido del fichero.- Se delimita por los sistemas de gestión procesal
diseñados por cada Administración de Justicia (“Libra”, Minerva”
33 LO 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Libro VI .Tit. II “De los Secretarios Judiciales”.
34 RD 1608/2005 de 30 de diciembre. BOE 20 de enero de 006
35 BOE 26 Diciembre de 2003
36 BOE 4 de Noviembre de 2009
37 BOE 4 de Noviembre de 2009
38 Preámbulo Ley 13/2009 de 3 de noviembre. Aptdo II.
“Adriano”,etc… que cada vez incorporan más modelos normalizados) y
que deben cumplir el Test de compatibilidad que el CGPJ fija.
- Su uso.- El uso que se debe dar a la información viene prefijado por el
CGPJ en el denominado Código de Conducta para usuarios de equipos y
sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia”39 que
vincula a todo usuario. El funcionamiento del fichero operará
automáticamente y bajo las prescripciones técnicas de quienes lo han
diseñado. El Secretario Judicial, como usuario del fichero, lo utilizará
ejerciendo las facultades jurídicas que le son propias pero debe
desvinculársele de cualquier dependencia sobre él en la medida en que no
tiene ninguna capacidad operativa, ni de decisión, etc ….sobre cual ha de
ser su funcionamiento.
En atención a lo expuesto debería revisarse la mención del art.
91 del Rto 1/2005 de Aspectos accesorios que continua atribuyendo
genéricamente la condición de “responsable” al Secretario Judicial y
asimismo debería desaparecer del Acuerdo de creación de ficheros de
20 de Septiembre de 2006, la mención a que el fichero judicial quede
bajo la dependencia directa del Secretario Judicial, por lo expuesto en
relación a la falta de capacidad operativa del Secretario en relación al
mismo, así como por el contexto de responsabilidades en el que se
encuentra dicha expresión.40
Sería deseable aprovechar la sinergia que puede generar la reciente
firma, en Mayo de 2010, de un Convenio para reforzar la protección de
datos en la Administración de Justicia entre el CGPJ y la AEPD. Se prevé
39 Instrucción 2/2003 de 26 de Febrero
40 En este sentido y al hilo del nuevo panorama descrito sobre competencias del Secretario
Judicial y Nueva Oficina Judicial, debe superarse el concepto de Secretario Judicial como cajón
de sastre de todo lo que no encuentra fácil acomodo. En este sentido deben superarse
conceptos como el que recoge la Sentencia del TS, Sala Tercera, Sección Séptima, de 19 de
Septiembre de 2006. Dicha resolución se dictó en el Recurso 74/2003 desestimando recurso
contencioso administrativo interpuesto contra la Instrucción 2/03. Considera que las
referencias al Secretario Judicial como responsable:”… no hacen más que asumir su condición
de responsable del buen funcionamiento de la oficina judicial (Art. 8.1. b) del RD. 429/1988,…
se dictan sin perjuicio de su estatuto jurídico y… las consecuencias disciplinarias de la eventual
inobservancia de este Código serán extraídas en su caso, aplicando dicho estatuto jurídico
(apartado 15º de la Instrucción)…”. El buen funcionamiento de la oficina judicial no permite
atribuir genéricamente responsabilidades al mismo en ámbitos que no son acordes al Estatuto
Jurídico del Secretario Judicial, y por tanto es exigible una urgente revisión de este escenario
la creación de una comisión de seguimiento entre cuyas funciones este el
fomento de actividades que contribuyan al desarrollo de los derechos de los
ciudadanos y reuniones periódicas por parte de representantes de ambas
instituciones con el objetivo de desarrollar iniciativas que permitan
impulsar la aplicación efectiva de la normativa de protección de datos en el
conjunto de la Administración de Justica. Sería deseable la participación en
dichas iniciativas de representantes del Ministerio de Justicia y de las
Consejerías competentes de las CCAA así como de otras Administraciones
y organizaciones para la consecución de los objetivos del convenio. En este
sentido sería especialmente valiosa la participación de las asociaciones
profesionales del Cuerpo de Secretarios Judiciales en la misma. Fruto de
los trabajos de esa comisión debería surgir un documento unificador que
aclare las pautas para la destrucción de documentos que deben ser
observadas en los órganos judiciales y la dotación imprescindible de
destructoras en todos ellos.
Al amparo de la implantación de la Nueva Oficina Judicial en
este año 2010 y el cambio estructural que ello supone, sería deseable
también que algún aspecto el Código de Conducta para usuarios de
equipos contenido en la Instrucción 2/2003 de 26 de Febrero se revisará y
adaptase también a las nuevas circunstancias tecnológicas que se van a
vivir en cuanto el expediente digital sea una realidad. La información
circulará por las UPAD´s y Servicios Comunes, entrando en contacto con
ella distintos operadores y usuarios por métodos no manuales como hasta
ahora, lo que implica ventajas (identificación de cada usuario en contacto
con la información) y riesgos (errores en los circuitos que deba recorrer la
Los nuevos conceptos que la LPD ha incorporado al
ordenamiento añaden un universo de conceptos, modos de hacer y
responsabilidades al ya sobrecargado trabajo cotidiano en los juzgados
españoles. Sí la seguridad en la información que se dispensa debe ser
estrictamente respetada, también es cierto que los nuevos códigos de
comportamiento ante las NNTT deben ser convenientemente explicados
ante los empleados de los juzgados y tribunales para que conozcan como
deben hacer su trabajo y no cometer ningún error. Las consecuencias de
estos últimos deben estar previstas y exigirán una consecuencia
individualizada a las infracciones que se puedan producir ahora que los
sistemas técnicos reconocen la traza identificadora de cada usuario en el
La persona física o jurídica, autoridad pública,Persona física o jurídica, deOperaciones y procedimientos técnicos de carácter.- Conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera
determinarán por el Consejo General del Poder Judicial los requisitos
y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los
ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de
los órganos judiciales de manera que se asegure el cumplimiento de las
garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de
Octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal (hoy LOPD).
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References: Real Decreto 
 artículo 10
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 9
 resolución