Source: https://www.scribd.com/document/49298118/Educacion-folleto-201000
Timestamp: 2018-06-22 00:20:50+00:00

Document:
¡Derogación de las contrarreformas de la Ley General de Educación! ¡Anulación de la ACE y del Acuerdo México-OCDE sobre educación!
l 21 de octubre, las cámaras de diputados y senadores aprobaron 24 contrarreformas a la Ley General de Educación. Diputados y senadores de todos los partidos votaron a favor. Como suelen hacer los gobernantes priistas y panistas, esa Ley General, aunque reglamentaria, va más allá del artículo tercero constitucional y es una violación del mismo. Ese mismo día el gobierno aceptó 15 directrices de la OCDE en materia de educación y relaciones laborales.1 El 18 de marzo de 2010, diputados del PAN presentaron una iniciativa de ley para modificar la Ley Federal del Trabajo. El 15 de diciembre, la fracción priista con el aval del Consejo Coordinador Empresarial, presentó una iniciativa de ley con el mismo propósito. Introduce “Formas de remuneración que vinculen las remuneraciones a la productividad”.
Queremos mostrar que tanto las directivas de la OCDE en materia de educación, como las directivas del FMI en materia de derecho laboral, acatadas por el gobierno de Calderón, son dos caras de la misma empresa de destrucción de derechos y de desmembramiento de los sistemas nacionales: suprimir los derechos de contratación colectiva, sindicación y huelga, por un lado, y por otro, adecuar la escuela pública al mercado laboral precario y sin derechos, llevándola a la privatización. Los dirigentes sindicales tienen la responsabilidad de llamar a la movilización unitaria por el retiro o derogación de esas contrarreformas.
Tal como sucede en el sector privado, en el terreno de la educación, el gobierno, en este caso con la aprobación del grupo de Elba Esther Gordillo, toma medidas para individualizar las relaciones laborales. Primero lo hizo con la carrera magisterial, y ahora con la Alianza para la calidad de la educación (ACE) que “reforma los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se consideren exclusivamente tres factores: aprovechamiento escolar, cursos de actualización y desempeño profesional” (es decir, los resultados de los alumnos en pruebas como ENLACE). Con esa medida el gobierno pretende suprimir cualquier referencia a antigüedad, grado académico o preparación profesional del profesorado en los movimientos escalafonarios.2 La evaluación es empleada como instrumento para facilitar el despido de profesores y para individualizar las relaciones laborales. Con ello se crean diferentes ingresos entre profesores de distintas zonas.3 Se trata de que los profesores y las escuelas y las entidades compitan entre ellas por ingresos desreglamentados sin relación con el salario básico, el aguinaldo o el fondo de pensiones. Las contrarreformas a la Ley General de educación del 21 de octubre (CLGE), plantean que se “establecerán mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la evaluación”. (CLGE, Artículo 21).
Véase SNTE, SEP, SHCP, SEDESOL, SALUD, Alianza por la calidad de la educación. www.sep.gob.mx, p. 14. (Consulta: 15 de mayo de 2008). 3 En México, en Chiapas, el 25% de los adultos jóvenes recibe menos de cuatro años de educación, en tanto la cifra para el Distrito Federal afecta solamente al 3% de ese grupo de la población. UNESCO, Seguimiento de la educación para todos, 2010.
“Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas. Establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos para docentes: Consideraciones para México”, OCDE, 2010.
Se exige “con urgencia”, “un sistema de evaluación docente basado en estándares”. (AMO, punto 8). La ACE establecía: “los profesores cuyos estudiantes muestren bajo rendimiento en pruebas estandarizadas como ENLACE deberán tomar cursos especialmente orientados”.4. Ahora la OCDE quiere despedir a los profesores: “Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo”. (AMO, punto 8). Y despedir. Pretende que los directores pasen por encima de los derechos colectivos y despidan por su cuenta: “Para profesionalizar a los líderes (directores) y exigirles que rindan cuentas, es necesario que participen en las decisiones clave que ocurren en su escuela, tales como contratar o despedir docentes”. (AMO, punto 12). En los hechos ya se modifican las condiciones laborales. En primer lugar, mediante el examen de ingreso se derribó el principio de la estabilidad (“Examen nacional de asignación de plazas”). En secundarias, los profesores con código 20 interinato limitado (tres meses), no recibieron prórroga de nombramiento este año. Deben pasar el examen de certificación. Lo mismo se pretende hacer con los profesores asignados a plaza con código 97 (interinato limitado de enero a diciembre). Las autoridades imponen la evaluación certificación docente. Nadie tendrá la plaza segura.5
Los que aprueben el “Examen nacional de asignación de plazas”, no solo deberán pasar por la categoría de “elegibles” en función de la disponibilidad, sino que una vez que superen ese obstáculo tendrán que pasar periodos de “inducción” y de “prueba”. Otra muestra de la tendencia privatizadora son los exámenes de oposición para nombrar a directivos de escuelas, ya que desaparece el escalafón porque no se respetará el factor antigüedad o experiencia. Al examen podrá tener acceso cualquier profesional sin que sea requisito ser docente, ya que la visión de la OCDE y gobierno es que éstos puestos sean ocupados por una especie de “gerentes escolares”. “El hecho de tener un marco de estándares de liderazgo hará posible usar la evaluación de directores para diagnosticar las habilidades clave que puede necesitar un director y encontrar las opciones convenientes para adquirirlas. La asignación de puestos de directores de escuela debe (…) realizarse a partir de una lista de candidatos que comprueben, en base a los estándares, estar calificados para el cargo”. (AMO, punto 10). La meta es suprimir las plazas de base y la permanencia en el empleo.
AUTONOMÍA ESCOLAR Y RETIRO DEL ESTADO EN MATERIA DE GASTO EN EDUCACIÓN
El gobierno de Calderón, el comité ejecutivo nacional del SNTE y los funcionarios de la OCDE, así como diputados y senadores, quieren legalizar las cuotas en las escuelas. Pero no se atreven a decirlo con todas sus letras. “Se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia”, dicen diputados y senadores. (CLGE, Artículo 22). “Las escuelas también necesitan tener una fuente de financiamiento estable que responda a sus necesidades específicas.” (AMO, introducción). “Las escuelas no tienen casi ninguna autonomía o fondos que puedan asignar a sus prioridades (…)”. (AMO, punto 13). Veamos con qué hipocresía tratan los diputados y senadores el asunto de las cuotas.
Las autoridades pretenden “Crear periodos de inducción y prueba” para los profesores. Dice la OCDE: “es importante implementar un primer periodo formal de inducción (…) (incluyendo aquellos que no tienen plazas permanentes), y un segundo periodo de prueba en el que se espera que los docentes principiantes sean capaces de demostrar en la práctica que pueden favorecer realmente el aprendizaje del estudiante (…)”. (AMO, punto 6).
Idem. “Sin modificar un punto, una coma o una palabra de la Ley General de Educación y de los artículos 3° y 31° Constitucionales, se impuso y avanzó la “ACE”, con (…): examen de oposición (Examen Nacional de Asignación como requisito único para ingreso, promoción y definitividad); contratación temporal (códigos 20 y 23) por no más de seis meses; despido de trabajadores que ostentan nombramientos limitados que no se les prorroga, obligándoseles a presentar el examen; eliminación de turnos (principalmente vespertinos) y compactación de grupos: mayor carga administrativa y académica; ataque y destrucción del normalismo; con el enfoque por competencias, reducción o eliminación de contenidos fundamentales de historia, ciencias, técnica, ética, filosofía, arte; denostación de la labor educativa y el impulso a la educación privada”. CNTE, Boletín no. 13, noviembre de 2010.
“El senado ve pertinente dotar a los centros escolares de capacidad de gestión para obtener recursos (…). La propuesta de incluir al final del artículo 27 (de la LGE) la posibilidad de que las escuelas, sin comprometer la gratuidad de la educación pública, fomenten la gestión de donaciones en los centros escolares, no fue aceptada bajo el argumento de que el apoyo voluntario con recursos (monetarios, de tiempo y en especie) es una de las formas más tradicionales de participación de los padres en la educación de sus hijos y en la mejora de los centros educativos. (…) Las aportaciones de los padres de familia son, en muchos casos, la
principal o única fuente directa de ingresos a la escuela, y permiten cubrir los gastos que implica el funcionamiento regular, mantenimiento y mejora de los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria (…). A decir de los diputados, “Es frecuente también que se deban afrontar gastos relacionados con rubros que formalmente cubre el Estado, como el pago de personal de asistencia, la reparación e incluso construcción de la infraestructura escolar, entre otros. (Décimo tercera consideración de la Comisión de Educación de la cámara de diputados al proyecto de contrarreforma de la LGE enviado por el senado). (Negritas de la OST). El acuerdo 535 de la SEP (4 de junio de 2010, véase más adelante), ordena “Promover que la comunidad educativa conozca el monto de los recursos que sean recabados por (el Consejo) (…).”. Es decir, acepta sin más que haya cuotas escolares. Finalmente, se aprueba que los fondos públicos se utilicen para “Otorgar estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza”. (CLGE, Artículo 33X).6
podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos”. (CLGE, Artículo 64). Ya hay publicidad en la que se invita a presentar un examen para obtener títulos como el de “licenciada en enseñanza preescolar”. Obviamente, esos títulos no tienen el mismo valor que los obtenidos mediante estudios formales. Es la destrucción de la calificación laboral y por lo tanto, del valor de la fuerza de trabajo de profesores y profesoras. Profesoras y profesores que serán vigilados “en forma periódica y sistemática” ya que “la autoridad ejecutiva federal realizará: “En forma periódica y sistemática,
exámenes de evaluación para certificar que las y los educadores y autoridades educativas son personas aptas para relacionarse con las y los educandos (…). (Artículo 12-VII de la LGE, reforma del 19 de agosto de 2010).
DESMANTELAMIENTO DE LA ESCUELA. PÚBLICA
Los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y la OCDE, promueven la idea de destruir a la escuela pública. Dicen que es necesario instaurar “modos de enseñanza menos institucionales, más informales”. Según ellos la escuela pública, es un viejo “mamut” que debe morir y dar paso al sector privado. Lo que se pretende es suprimir el monopolio de la escuela para enseñar (otorgado por la sociedad) y que paulatinamente las escuelas sean sustituidas por agencias acreditadoras del tipo Ceneval. Plenamente sometidos a esas concepciones, diputados y senadores de todos los partidos aprueban que en la educación para adultos, “Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales (…)”. (CLGE, Artículo 44). Luego van más allá, y se refieren a todo tipo de educación: “La Secretaría, por acuerdo de su titular,
INTROMISIÓN DE PODERES PRIVADOS EN EL SENO DE LA ESCUELA PÚBLICA
Los patrones no se andan por las ramas. En todo el mundo quieren controlar directamente al sistema escolar y los conocimientos que transmite. Poco les importa la antigua idea de que la escuela debe ser independiente de las finanzas, el comercio y los poderes privados en general 7 (incluyendo a las iglesias). En ese sentido, la contrarreforma del 21 de octubre de 2010 dice: “La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, (…), en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades
En Gran Bretaña, el gobierno conservador, en septiembre de 2011 permitirá la creación de las llamadas “escuelas libres”, financiadas por el estado, pero administradas sin su intervención. Las decisiones sobre el currículo, la disciplina y los ingresos de los profesores y los trabajadores de asistencia serán tomadas por las mismas escuelas. Serán establecidas por los padres de familia, profesores, asociaciones caritativas o cualquier persona o entidad interesada en la educación. Los sindicatos de profesores anuncian una campaña para exigir la cancelación de ese proyecto.
“La derecha empresarial sigue su ofensiva en contra de la educación pública, los maestros y el SNTE. El pasado 16 de noviembre, Mexicanos Primero presentó el documento titulado Brechas: estado de la educación en México 2010. (…). Mexicanos Primero fue fundada por Alejandro Ramírez Magaña, hijo del dueño de Organización Ramírez-Cinépolis. La empresa carga en sus espaldas un oscuro historial. (…). Entre el 25 y el 28 de octubre pasado se efectuó el foro Clase 2010 Cumbre de Líderes en Acción por la Educación 2010, organizado por Compromiso Social por la Calidad de la Educación, que presiden Marinela Servitje y Gerardo Gutiérrez Candiani, líder de la Coparmex, (…). La animadversión de la derecha empresarial conservadora hacia la educación pública no es nueva. (…) Ha arremetido contra ella por asuntos como la educación socialista, los contenidos de educación sexual y la introducción de los libros de texto gratuitos. Pero ahora va por más. Quiere hacer de ella una oportunidad de negocios y un espacio para formar a niños y jóvenes de acuerdo con su visión del mundo. (Luis Hernández Navarro, La Jornada, 22 de octubre de 2010).
educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad 8 y la cobertura de la educación”. (CLGE, Artículo 72). La OCDE agrega como quien no quiere la cosa: “los consejos escolares necesitan tener poder o influencia real sobre aspectos importantes (…)”. (AMO, punto 14). En esa línea, la SEP emite el Acuerdo 535. (4 de junio de 2010). En ese acuerdo se plantea que los consejos de participación social incidan en las decisiones con base en las evaluaciones que obtengan las escuelas: El Artículo 1º dice que esos consejos deben formarse con: «(…) las madres y padres de familia o tutores, los representantes de sus asociaciones, los maestros y representantes de su organización sindical, los directivos de la escuela y (…) los exalumnos y otros miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela (…)». El Artículo 3º de ese Acuerdo establece que «los Consejos Escolares» realizarán «trabajos específicos que permitan el mejoramiento de las instalaciones escolares, tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocer las metas educativas y apoyar actividades extraescolares. (…)”. Sigue una gran cantidad de tareas de esos consejos que van a crear el caos en la organización académica, van a enfrentar a los familiares contra los maestros y van a propiciar la entrada del sector privado y aún de las iglesias. ¡La escuela tiene que ser libre de la intromisión de intereses privados, mercantiles y religiosos!
que quedan. El primer paso es que los gobernadores puedan “Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar”. (CLGE, Artículo 13-VIII). La meta es desgarrar al sistema y al SNTE (y con ello a la nación) creando 32 esquemitas de “ingreso y promoción” con base en individualización, regionalización y evaluación. Así lo expresa la OCDE: “Los procesos de descentralización que se iniciaron en la década de los 90 no se han concluido, aún existe conjuntamente ciertas estructuras “federalizadas” y “estatales” (por ejemplo los esquemas de contratación de maestros)”.9 Es decir, ¡destruyan los convenios nacionales y dejen en manos de los gobernadores los procesos de ingreso y promoción!
En conclusión, las contrarreformas aprobadas en materia de educación y las que se anuncian (acuerdo OCDEMéxico), así como las agresiones contra electricistas del SME, mineros de Cananea y trabajadores de Mexicana, prefiguran la contrarreforma laboral promovidas por Lozano, secretario del Trabajo, el PAN y el PRI y el Consejo Coordinador Empresarial): contratos a prueba, por horas, polivalencia, contratos de outsourcing, mayores facilidades de despido, ingresos ligados a la productividad, supresión de la antigüedad como criterio de ascenso, mayores dificultades para registrar sindicatos y para emplazar a huelga. En suma, negación de la plaza de base, la contratación colectiva, y los derechos de huelga y de sindicación. En el campo de la educación, se añade la pretensión de privatizar a la escuela pública, desmembrar al sistema educativo nacional y al SNTE y sus convenios colectivos. Todo lo anterior, de llevarse a la práctica, provocaría al desgarramiento de la nación y de sus estructuras nacionales de derechos laborales y sociales.
DESCENTRALIZACIÓN, PRIVATIZACIÓN INDIVIDUALIZACIÓN
El gobierno y los funcionarios de la OCDE quieren desgarrar al país desmembrando al sistema nacional de educación. Ya en el Acuerdo Nacional para la modernización de la educación básica (1992), se decía “con base en el proceso de descentralización se tenderá hacia la redistribución de la carga financiera entre la federación, los estados, los municipios y las particulares buscando fuentes alternas de financiamiento”. Ahora, se abre una puerta para terminar de romper los pocos derechos laborales con validez nacional
Agrupémonos para luchar en las asambleas sindicales, en congreso, en reuniones de representantes sindicales, por que los dirigentes de CNTE, SME, UNT, FSM, Mineros, universitarios, etc., asuman su responsabilidad y llamen a una manifestación nacional unitaria con consignas precisas: ¡retiro de la iniciativa de contrarreforma laboral!, ¡derogación de las contrarreformas de la LGE! y ¡anulación del Acuerdo México-OCDE! (Puede tomarse libremente citando la fuente).
Recordemos que en la reforma del artículo 3º. Constitucional, de 1934, se introdujo el párrafo: “Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente”. Se conservó en las reformas de 1946 y 1980. Se suprimió en la contrarreforma de 1992.
Consejo Asesor de la OCDE sobre Gestión Escolar y Políticas Docentes en México, Recomendaciones preliminares sobre gestión escolar y políticas docentes en México, Julio de 2009. Punto 5.
Documents Similar To Educación folleto 201000
Catalogo de Formacion Profesional
Temas de Exposicion - Sociologia Del Trabajo

References: Artículo 21
 Artículo 22
 artículo 27
 Artículo 33
 Artículo 64
 Artículo 44
 Artículo 72
 Artículo 1
 Artículo 3
 Artículo 13
 artículo 3