Source: https://es.scribd.com/document/305252687/Analisis-teorico-estructural
Timestamp: 2019-04-18 22:27:05+00:00

Document:
Cargado por Hikaru Sekizuka
Sintesis Tri Dimensional Id Ad Persona Juridica
Organos Constitucionales Qro.
Teoria General Del Estado 1ra
Análisis teórico-estructural de la responsabilidad patrimonial del
En el presente trabajo se analiza, la vinculación que existe entre el reconocimiento del
Estado como persona jurídica colectiva, la unidad de acción de los órganos que integran
al Estado, la clasificación de los hechos y actos jurídicos que le permiten cumplir con
los fines que tiene a su cargo, la evolución de la responsabilidad como forma de la
convivencia social, los distintos criterios adoptados por nuestra legislación civil en
materia de responsabilidad del Estado, las teorías que fundamentan la responsabilidad
del Estado y finalmente, los elementos que intervienen en la responsabilidad
1. La persona jurídica Estado y la actuación de sus órganos frente a los
El sometimiento del Estado al Derecho es consecuencia de su reconocimiento como
persona jurídica colectiva. El cambio social en los Estados actuales esta determinado
por la transformación de las instituciones y las normas que componen el sistema legal
que regula la actividad del Gobierno y los gobernados.
Es así como la persona Estado y quienes lo conforman están sujetos a lo
dispuesto por los ordenamientos del sistema legal; la realidad de la persona jurídica
colectiva Estado está sujeta al Derecho y su reconocimiento está sustentado en la
realidad que representan: el conjunto de seres humanos que se unen y se asientan de
manera permanente en un territorio para alcanzar fines en común.
En la doctrina existen diferentes posturas respecto a lo que se debe entender por
“persona jurídica”, por la relación que tiene con el concepto Derecho. Más allá de
matices conceptuales es evidente que éste último tiene por objeto regular la conducta de
las “personas” que por definición son el centro de imputación al que se dirigen las
normas legales que establecen deberes y facultades o, en su caso, derechos y
Para Miguel Villoro Toranzo, como “los demás conceptos jurídicos
fundamentales, el concepto jurídico de ‘persona’ está en función de la posición
filosófica que se acepte de la noción del ‘Derecho’. Esto ya basta de por sí para dar
cuenta de la diversidad de algunos conceptos que se han propuesto para explicar lo que
es la “persona jurídica”...” 1
Este autor considera que las corrientes que estudian los conceptos de “Derecho”
y de “persona”, básicamente son dos: A) empirismo jurídico, en el cual se sostiene que
el verdadero Derecho es aquel que reconoce las realidades que conocemos por la
experiencia, conforme a la historia, la sociología y la economía. B) racionalismo
jurídico, en el cual se considera que las normas se construyen conforme a un sistema
de categorías racionales y de esquemas jurídicos. Cada una de éstas posturas estudia
distintos aspectos del Derecho, caracterizado por ser resultado de un proceso en el que
se combinan los datos conocidos por la experiencia, los criterios valorativos y su
racionalización en la elaboración de las leyes.
Sin embargo, Villoro Toranzo se inclina por una postura ecléctica, al considerar
que no es justificada una separación tajante entre esos aspectos, puesto que ambas
concepciones “pueden ocupar su debido lugar dentro de una definición de Derecho lo
bastante abierta para que dé espacio a los diferentes planteamientos surgidos en este
tema”,2 por lo que propone la siguiente definición de Derecho: “es un sistema racional
de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la Autoridad, por
considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica.”3
La postura externada por Miguel Villoro Toranzo, explica la relación entre los
conceptos de “persona jurídica” y de “Derecho”, al armonizar la realidad su valoración
y la racionalización en la construcción de los esquemas y las normas jurídicas. Así el
concepto de persona jurídica esta basado en una realidad natural o social, a la que se
denomina “dato” jurídico, en la que se apoya la valoración y que sirve para hacer una
racionalización con la que se construyen los esquemas jurídicos contenidos en la norma
legal, todo ello a fin de conseguir un efecto en la realidad como consecuencia de su
aplicación; en ese contexto, como se adelantó al inicio de este tema, el Derecho tiene
por objeto regular la actuación de las personas -individuales o colectivas-, al ser éstas el
centro de imputación en el cual se unifican deberes y facultades.
Por eso, es que los conceptos de persona y de Derecho están íntimamente
relacionados, bajo la perspectiva de que la realidad es la base sobre la cual se da la
construcción racional de los esquemas jurídicos; es decir que el “dato”, el conocimiento
de la realidad y su valoración deben corresponder a los esquemas jurídicos contenidos
en las leyes; su construcción es el resultado de varias operaciones, mediante las cuales
se conoce la realidad, para ser valorada y racionalizada en esquemas. Es así como, en el
seno de los propios órganos estatales mediante un proceso formal (proceso legislativo)
se ponen en palabras y oraciones los datos del mundo real y se vinculan los supuestos
con las consecuencias jurídicas.
En ese sentido, los conceptos de Derecho y persona jurídica, también deben
corresponder con el de “Estado” (al ser éste último una persona jurídica colectiva); a
este respecto, Andrés Serra Rojas señala que: “es un orden de convivencia de la
sociedad políticamente organizada en un ente público superior, soberano y coactivo. Se
integra u organiza con una población -elemento humano o grupo social sedentario,
permanente y unificado-, asentada sobre un territorio o porción determinada del planeta,
provista de un poder público que se caracteriza por ser soberano y se justifica por los
fines sociales que tiene a su cargo.” 4
Es así que la organización estatal surge por el conjunto de seres humanos que se unen para alcanzar fines
en común (e incluso, como se aprecia en la definición citada el Estado: “se justifica por los fines sociales que tiene a
su cargo”), ya que el Estado está sustentando en la realidad; por esta razón el Estado es objeto de la regulación del
Derecho que lo reconoce como persona jurídica colectiva (centro de imputación), lo cual adquiere una enorme
importancia si se toma en cuenta que los órganos encargados del ejercicio del Poder Público, son instrumentos
instituidos en beneficio de los seres humanos y su actuación esta sometida al Derecho.
lo cual genera que exista una constante violación al Estado de Derecho. mediante el cumplimiento de los principios del Estado de Derecho. como una forma permanente de alcanzar una convivencia social armónica adecuada. para que espero”. en la práctica se busca la forma de no cumplirla. sin embargo. Ahora bien. esto es resultado de un sinuoso camino de luchas sociales para sujetar el ejercicio del Poder Público a la realización de los fines de la organización estatal. o en el peor de los casos se le ignora. es necesario establecer lo que se entiende por persona jurídica: “es todo ente capaz de tener facultades y deberes”. como se advierte en un acto tan sencillo como el que un peatón se pase la señal de alto de un semáforo con el pretexto: “sino vienen coches.” 6 “Ser físico (hombre o mujer). en un . toda esta clase de situaciones en nuestra sociedad son de suma gravedad por la falta de una conciencia real de respeto por la ley como forma de convivencia. cuando debería esperar la luz verde para cruzar. cuando una persona individual o colectiva. rompe con los más elementales principios de convivencia y de mejoramiento social. privada o pública. ahora. deja de cumplir con la ley. aun cuando el común de las personas reconocen la importancia de la ley. Por eso. o ente moral (pluralidad de personas legalmente articulado) capaz de derechos y obligaciones. por la importancia de las actividades que tienen a su cargo.5 o el ente “físico o moral capaz de asumir derechos y obligaciones.”7 Estas definiciones nos llevan a concluir que la persona jurídica.Los órganos del Estado no pueden ser la excepción en el cumplimiento a la ley. Esto mismo se refleja en la constante violación a las normas jurídicas por parte de los órganos encargados de velar por su cumplimiento. una vez que se ha precisado la relación que hay entre los conceptos de persona jurídica. el reconocimiento del Estado como persona jurídica colectiva permite que al contenido de las normas se vinculen facultades y deberes en las relaciones que surgen entre estos y los particulares. situación similar a la de los automovilistas que no ceden el paso porque no hay semáforo. de ahí el valor del principio que dice: “nadie está por encima de la ley”. en nuestro régimen. Derecho y Estado.
si bien bajo ciertas limitaciones impuestas por la ley (edad.. la realidad de la persona colectiva depende por entero de la libertad de sus componentes. aldea o ciudad. que se desdobla en capacidad de derecho o aptitud para ser titular de derechos y obligaciones.sentido amplio es el ser o ente individual o colectivo. o capacidad para obrar. sexo masculino para el ejercicio de algunas facultades legales. La persona colectiva. por el simple hecho de serlo. y su existencia tiene como fin esencial la convivencia . es decir. del pueblo.. ya que es la forma de organización humana más compleja que hay. el ser humano [Individuo]. capacidad para dar vida a actos jurídicos”. uso de razón. que depende en su existencia de otras realidades que son las personas individuales. derechos y obligaciones..9 y señala que equivale a la “capacidad jurídica. es decir. posee personalidad jurídica. B) Persona jurídica colectiva. sin los cuales no sería posible el mínimo de convivencia que requiere la perpetuación de la especie humana.” 11 En esas circunstancias. Mientras que la personalidad es la “idoneidad [o aptitud] de ser sujeto de derechos y obligaciones”. se hace referencia a “los hombres. es objeto de la regulación de las normas legales que lo colocan como el centro de imputación al que se dirigen deberes o facultades. es a veces una realidad dada por la naturaleza como es el caso de la familia.)”.Para entender esta categoría hay que hacer notar que “la persona colectiva no es una realidad sustancial sino accidental. Con base en lo anterior.de acuerdo con la concepción tradicional.10 y que también se denomina capacidad de goce y de ejercicio.. . la persona jurídica colectiva Estado comparte los rasgos esenciales de la persona jurídica en general y tiene características propias en relación al común de las personas jurídicas colectivas. y del Estado. etc. podemos apreciar que el concepto de persona jurídica comprende las siguientes categorías: A)Persona jurídica individual. que se asocian movidos por un fin común.Cuando se alude a la persona jurídica individual. así la forma del mismo sea primitiva o tenga la complejidad del Estado moderno.8... y capacidad de hecho. en cuanto sujetos de derecho. cuya conducta o actuación. Otras veces.
social a través de la realización del bien común.” 13 Gabino Fraga. puesto que además de ser útil y permitir la explicación de los hechos por ideas a las que estamos acostumbrados. El ejercicio del Poder Público en el Estado moderno y contemporáneo está integrado por distintos órganos de gobierno. es como antes se dijo. el término de capacidad. en ese entendido los fines son "elemento estructural de toda persona colectiva [incluyendo al Estado] y tiene dos consecuencias: va determinar la organización del ente social y va a servir de estímulo a las conductas de sus miembros”. siendo única la personalidad.” 14 El autor citado en el párrafo que precede. otras que suponen que. establece que hay varias tendencias: “.12 por esa razón la estructura del Estado responde a la necesidad de realizar el bien común. pues en éste aspecto el Estado no es titular de derechos sino un simple ejecutor de funciones. señala que existen dos teorías: una que la niega y otra que la afirma. nos inclinaríamos por la tesis de la personalidad jurídica del Estado. ante estas disyuntivas. pues “Es importante distinguir entre el término capacidad que normalmente se emplea cuando se refiere a las facultades de los particulares.” Y concluye que: “No tendríamos inconveniente en admitir la doble .. al tratar el tema de la personalidad del Estado. que es la que nos interesa por todo lo arriba expuesto.unas que suponen una doble personalidad del Estado. tal atribución recibe el nombre de “competencia”. mediante diversos órganos especializados. la que más concuerda con el sistema adoptado por nuestra legislación. los cuales están regulados por el conjunto de las normas que integran el sistema legal. respecto a ésta última.. donde los seres humanos son guiados por el Poder Público como núcleo de dirección del esfuerzo colectivo. ella se manifiesta por dos voluntades. En el caso de la persona jurídica colectiva Estado. con funciones específicas dirigidas a realizar el bien común. significa que se encuentra facultado para realizar los actos que el ordenamiento jurídico le confiere. plantea lo siguiente: “teniendo que elegir alguna de las tendencias indicadas. pero tratándose de funcionarios u órganos del Estado. es substituido en la doctrina por el de competencia. El que un órgano tenga competencia. y finalmente las que sostienen que sólo existe una personalidad privada del Estado como titular de un patrimonio y no para el ejercicio del Poder Público.
los poderes públicos creados por la Constitución no son soberanos. Ello sería obviamente absurdo. no lo son en un mecanismo interno. el 27 de septiembre de 1821. cada uno de los cuales sólo tiene la dosis y la clase de autoridad que le atribuye la Constitución”. Felipe Tena Ramírez. al derecho administrativo y fiscal en sus relaciones con el Estado.la aplicación de distintos ordenamientos jurídicos a un sujeto no significa que su personalidad se divida o multiplique. históricamente surge como persona jurídica en el ámbito internacional. si no fuera porque creemos que no es necesaria. republicano y federal. el Estado desarrolla actividades entre las cuales se puede hacer una diferenciación. en la Constitución de 1824 se establece un régimen de gobierno representativo. es decir. al derecho civil en sus relaciones de familia. ya que “. que después también es adoptado en la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 y que se retoma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. del mismo modo que un industrial estará sujeto al derecho comercial en sus transacciones. sino en razón de que en unos casos están sujetas a un régimen de 15 derecho público y en otros al de derecho privado especial o al derecho común. e igualmente absurdo es pretender que porque al Estado se le apliquen. administrativa-fiscal y penal. más de un grupo de normas.. porque la autorización está fragmentada (por virtud de la división de poderes) entre los diversos órganos. civil.” Por su parte. igual que a cualquier sujeto. en el momento en que se consuma la independencia. argumenta que el Estado tiene una sola personalidad. fecha a partir de la cual México se constituyó como un Estado independiente. y al derecho penal en la medida en que cometa un delito.. otro connotado autor.” Para concluir con este aspecto doctrinal. tenga por ello más de una personalidad jurídica. con ello obtuvo la calidad de persona jurídica colectiva frente a los demás miembros que componen la comunidad internacional. y ello también valido para el 16 Estado. no por virtud de que provengan de personas diferentes. así. La personalidad jurídica es necesariamente una sola en todos los casos. sostiene respecto a la teoría de la doble personalidad que no es aplicable en nuestro régimen debido a que “. no por ello se podrá pretender que tiene una quíntuple personalidad: comercial. en la . 17 En el caso de los Estados Unidos Mexicanos. pues con personalidad única. laboral.personalidad el Estado. Agustín Gordillo.. al derecho del trabajo en sus relaciones con los obreros de la fabrica..
en el que de manera expresa se considera en los artículo 25. esta sometida a los principios del Estado de Derecho. en ese contexto. tanto en el interior como en el exterior. las actividades del Poder Público están vinculadas con el conjunto de las normas que integran el régimen legal vigente. por parte de los órganos públicos que dan vida a la actuación de la persona jurídica colectiva Estado. las relaciones entre los órganos de gobierno y de éstos con los particulares. toda vez que en nuestro régimen legal la persona jurídica Estado. como personas morales a la Nación. el Estado. como con las personas individuales y colectivas que se suscitan en el ámbito interno. ya que como Rafael de Pina sostiene: “No todas las personas morales comprendidas en el artículo 25 del Código Civil. los Estados y los Municipios. . Es en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. así como las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. de quien dimana el poder público que se divide para su ejercicio en Legislativo. las cooperativas y mutualistas. conforme a los artículos 39. en consecuencia. los sindicatos en las leyes del trabajo. es instituida por voluntad del pueblo para su beneficio.” 18 La actuación de la persona jurídica colectiva Estado se manifiesta en las relaciones que se establecen tanto con los entes que forman la comunidad internacional. las sociedades mercantiles en la legislación de ese carácter. tiene su regulación en las leyes políticas y administrativas. el Municipio y las corporaciones de interés público en general.que se consolida lo estructura del Estado. fracciones I y II. 40 y 41. La realización del bien común. afirmamos que la personalidad del Estado se caracteriza por ser única y por manifestarse en ámbitos diversos. El Estado participa en relaciones que están reguladas por las distintas legislaciones que componen el sistema legal interno. caen bajo la regulación de las normas del Derecho Privado contenidas en ese ordenamiento. en la que se establece que la soberanía reside en el pueblo. Ejecutivo y Judicial. de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1928 y que entró en vigor a partir de 10 de octubre de 1932. en la legislación especial dictada al efecto.
los cuales son en realidad simples instrumentos en la realización del bien común. La exoneración de responsabilidad del Estado no es admisible en la organización estatal actual. junto con la complejidad de la vida social y la utilización de distintos instrumentos. es el único que tiene personalidad jurídica. le da coherencia a la organización estatal. para cumplir con sus actividades. ya que es “a través de la idea de persona jurídica como se logra la unidad y la acción. están cotidianamente en contacto directo con los particulares y esto. cuya reparación debe ser asumida por el Estado. es simplemente un mandato legal.” 19 Es así que el reconocimiento del Estado como persona jurídica colectiva. no está creando un derecho para el órgano. una obligación jurídica. Cuando la ley reconoce una esfera de competencia. por ello es que la reparación de los daños causados a los particulares debe ser asumida de manera directa por el Estado como persona jurídica colectiva sujeta al Derecho. el reconocimiento de que es una persona jurídica colectiva permite el sometimiento de la actuación del Estado al Derecho.. que se reparten o distribuyen la competencia total del Poder Público. mas no tendrán la categoría de órganos del Estado. que son pequeños o grandes círculos de competencia.” 20 De ahí que. como de numerosas instituciones u organismos públicos.el Estado con relación a sus órganos.. para alcanzar el bien común y con ello. de lo .Hay que precisar que la persona jurídica colectiva Estado se vale de diversos órganos. la convivencia y el mejoramiento social. es una consecuencia lógica que deriva del reconocimiento del Estado como persona jurídica colectiva y de la realización de las diversas actividades que tiene a su cargo. por eso “. tanto del Estado en su conjunto. [ya que] No debe perderse de vista que el Estado se integra con órganos públicos y los actos de éstos son actos del Estado. como las descentralizadas y las empresas mixtas. mientras los fines del Estado son la justificación de su existencia. todos éstos aspectos nos llevan a concluir que la responsabilidad del Estado que deriva de los daños causados por la Administración Pública. ya que los órganos que integran al Estado. provoca de manera regular daños. Podrán existir en el Estado otras entidades a las que se reconozca personalidad jurídica.
al expresar su voluntad o realizar su actuación dentro del marco de las atribuciones.contrario se vulnera el cumplimiento del bien común como fin esencial del Estado y los principios del Estado de Derecho. Hay que precisar que un órgano “no constituye una persona diferenciada del mismo [Estado].”22 Las atribuciones como aspecto formal y las personas encargadas de llevar a cabo las actividades que le son encomendadas junto con los recursos que se ponen a su disposición como aspecto material. son los instrumentos en los que se apoya el Estado para enfrentar los complejos problemas sociales. derechos o deberes del ente del cual se desprende. para alcanzar una reparación adecuada. 2. pues. o funciones que le han sido conferidas. en tanto que el . consta de dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo. la que. cada órgano tiene una esfera de competencia específica. El primero esta constituido por un conjunto de atribuciones y poderes que la ley señala -una esfera de competencia-. cuando alguno de esos órganos causa daños a los particulares corresponde al Estado asumir la responsabilidad directa y objetiva. su voluntad no es diferenciable de la voluntad a la cual pertenece. sino que se confunde como parte integrante de él: no tiene. produce la mencionada imputación. El órgano puede ser definido como “un conjunto de atribuciones o de competencias. que será luego desempeñado o ejercido por una persona física determinada.”21 Por este motivo. El Estado y los órganos que lo integran Los órganos del Estado le permiten cumplir con los fines a su cargo y son los instrumentos o medios para concretar la actuación de la persona jurídica colectiva Estado. Es así que “el órgano de Estado en su estructura más simple. de ahí la importancia de abordar los aspectos formales y materiales de la estructura de los órganos que integran el Poder Público.
Los órganos que componen el .segundo no es sino la persona que ejercita esa competencia estatal reconocida por la ley. pues éstas se encuentran sometidas a las facultades y deberes establecidos en las leyes. siendo una persona moral y jurídica -una institución al servicio del bien público temporal. por ese motivo. A este segundo elemento se le llama titular del órgano.se atribuyen al propio Estado. Lo anterior encuentra sustento en que : “. la voluntad del funcionario le da existencia y movilidad al órgano público. Lo antes expuesto nos permite apreciar que los órganos que integran al Estado están formados por dos componentes inseparables: las atribuciones legales (objetivo) y el sujeto o titular al que corresponde ejercitarlas (subjetivo). uno jurídico y otro físico. ambos elementos se condicionan entre sí.no tiene una conciencia y una voluntad propias. en la medida en que forman parte del Estado -están adscritas formalmente a él.. para explicar el funcionamiento del Estado en relación a sus órganos.” 24 Para el objeto del presente trabajo.el Estado.. bajo la Teoría del Órgano. fue elaborada por Otto Von Gierke para sustituir la tesis civilista sobre la representación. Y los actos omisiones de estas personas. ya que el conjunto de normas y atribuciones sin las personas individuales carece del sentido instrumental que tienen para llevar a la práctica las actividades del Estado. como los individuos humanos. puesto que ambos integran un solo ente. los cuales integran las tres funciones del Gobierno y. ya que no es posible considerar la existencia de dos sujetos separados. de manera específica los que conforman a la Administración Pública Federal. le son imputables. se hace necesario mencionar de manera general los órganos primarios del Estado en los que se deposita el ejercicio del Poder Público. estos componentes son los que le dan existencia y movilidad a los órganos encargados de auxiliar al Estado en sus tareas. sino que llega al conocimiento de las cosas y toma sus decisiones a través del conocimiento y de la voluntad de las personas físicas que lo integran.”23 La Teoría del Órgano surgió en Alemania a fines del siglo XIX. formado por el conjunto de atribuciones y el elemento humano que manifiesta la voluntad del órgano.
que se divide en dos Cámaras. en un Tribunal Electoral compuesto por una Sala Superior integrada por siete Magistrados (elemento subjetivo) además de Salas Regionales. . se auxilia con los órganos de la Administración Administrativos) Pública y de Centralizada la (Secretarías Administración de Pública Estado. Empresas de participación estatal y fideicomisos). La estructura de la Administración Pública será objeto de estudio del último capítulo de este trabajo. en nuestro régimen legal de acuerdo al principio de la separación de funciones. conforme a lo que ese precepto establece son los siguientes: Legislativo. Ejecutivo y Judicial. quien se puede auxiliar de otros servidores públicos (elemento subjetivo) a este respecto el artículo 90 de la Constitución que señala que en el caso del Ejecutivo Federal. y en Juzgados de Distrito. una integrada por quinientos diputados y otra integrada por ciento veintiocho senadores (elemento subjetivo). y su ejercicio se deposita en la Suprema Corte de Justicia compuesta por once Ministros (elemento subjetivo). Como se puede apreciar de las facultades y los deberes del Ejecutivo (elemento objetivo) previstos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que éstas se depositan en un individuo el Presidente de la República. así como en su Ley Orgánica (elemento objetivo). La Constitución regula de manera específica a cada una de esas funciones: En el caso del Legislativo sus facultades están contempladas en los artículos 73. establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito. 74 y 76 (elemento objetivo) y su ejercicio se deposita en el Congreso General. Paraestatal Departamentos (Organismos descentralizados. para el desempeño de las actividades que tiene a su cargo conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.Gobierno. Las facultades del Poder Judicial están previstas en el artículo 94 y siguientes.
ya que existen hechos o actos cotidianos que resultan intrascendentes para el Derecho y por lo tanto pasan inadvertidos en este ámbito y que. lo anterior resulta evidente en los siguientes ejemplos: los gustos personales (tomar café. debido a que. ciertos acontecimientos de la naturaleza (un eclipse. no todas las conductas humanas producen consecuencias jurídicas. pero sólo en aquellos casos en que el mismo Derecho considera que esas conductas deben producir consecuencias. sin embargo.3. en la realidad el desarrollo de sus actividades no sólo se manifiesta a través de actos jurídicos.”25 Sin embargo. En el caso de los órganos del Estado. sus actuaciones están limitadas por lo establecido en las normas legales. el nacimiento de una estrella. trae como consecuencia daños y perjuicios a otro. esto nos lleva a establecer que los supuestos que nos interesan son los previstos en las normas legales. Es claro que la “norma jurídica se elabora para regir conductas humanas. pues en las leyes se les atribuyen efectos diferenciados. . les atribuye ciertas consecuencias jurídicas. al relacionarlos con los seres humanos. empero. ya que sólo pueden realizar aquello que de manera expresa señala la ley. sobre todo cuando estos se refieren a hechos o actos a los que se vinculan ciertos efectos o consecuencias. escuchar música clásica. un amanecer lluvioso. sobre todo cuando la acción u omisión de la persona jurídica. no todas las conductas producen hechos o actos jurídicos. hay también ciertos hechos de la naturaleza que el Derecho. ya que la amplitud de sus acciones. etc.). el Derecho tiene como objeto regular la conducta o la actuación de las personas -individuales o colectivas-.). ya sea que se busque o no un determinado resultado. como se ha mencionado en otros apartados. pueden ser trascendentes en otras materias. caminar en un parque. también dan lugar a hechos jurídicos a los que también corresponden consecuencias vinculatorias. Naturaleza de los diversos actos y hechos que realizan los órganos del Estado En el ámbito jurídico es esencial distinguir entre hechos y actos. etc.
y b) Bilateral o plurilateral.. B) Hecho jurídico en estricto sentido. que el Derecho considera para atribuirles consecuencias jurídicas..Es la conducta del ser humano en que hay una manifestación de voluntad....Aquel en el que interviene una sola voluntad para su formación o varias con idéntico fin (algunos ejemplos son: el testamento. como sucede en la gestión de negocios. modificar. quien lo define en los siguientes términos: “Es toda conducta humana o ciertos fenómenos de la naturaleza. Este hecho tiene la siguiente subclasificación: a’) Hecho voluntario lícito.. a su vez existen el convenio se subdivide en: a’) Contrato . o un hecho de la naturaleza al que la ley vincule efectos jurídicos..-Es el acuerdo de dos o más personas para crear o transferir derechos y obligaciones. con la intención de producir consecuencias de Derecho. independientemente de la intención de la voluntad del autor para que esos efectos se produzcan. corresponde al convenio en sentido amplio el cual se define como: el acuerdo de dos o más voluntades para crear.Es el acuerdo de dos o más voluntades para modificar o extinguir derechos y obligaciones. transferir o extinguir derechos y obligaciones.En ese orden de ideas no podemos dejar de mencionar el análisis que respecto al hecho jurídico hace el Profesor Ernesto Gutiérrez y González. sin consideración de la voluntad del autor de la conducta. siempre y cuando una norma jurídica sancione esa manifestación de voluntad y sancione los efectos deseados por el autor. y b’) Hecho voluntario ilícito.Es la conducta humana que genera consecuencias jurídicas de manera independiente a la voluntad de su autor para que esas consecuencias se produzcan o no. Puede ser de dos clases: a) Hecho voluntario o del ser humano. la remisión o perdón de una deuda). Este se subclasifica en: a) Unilateral.” 26 En este punto el autor citado establece que de dicho concepto derivan varias categorías: A) Acto jurídico.Es la conducta ..Es una manifestación de voluntad que genera efectos de Derecho.Aquel que para su formación requiere de dos o más voluntades que buscan efectos jurídicos diversos entre sí.Es aquella conducta humana que va de acuerdo con las leyes de orden público o las buenas costumbres y produce efectos de Derecho. y b’) Convenio en estricto sentido.
los entes públicos se integran por dos elementos el objetivo y el subjetivo. debido a que la responsabilidad patrimonial del Estado que se estudiada en el presente trabajo es de naturaleza extracontractual. A este respecto. tiene particular importancia por lo que se refiere al hecho jurídico en sentido estricto.humana que va en contra de una ley de orden público o las buenas costumbres. establecidos por el Profesor Ernesto Gutiérrez y Gonzáles. sin embargo. Miguel Villoro Toranzo señala que los hechos jurídicos en un sentido muy general son: “todos los modos de realización de los supuestos jurídicos” y agrega que son “los sucesos temporales y espacialmente localizados. como ya se mencionó. de ahí que la actuación de los órganos del Estado y específicamente de la Administración Pública. la actuación de los órganos que integran al Estado puede colocarse en cualquiera de los conceptos de acto o hecho jurídico. Recordemos en este punto que. 27 Aun cuando esta clasificación tiene como punto de partida el Derecho Civil. se pueden producir hechos.. el cual es considerado por el Derecho como dato para que se generen ciertas consecuencias jurídicas. aun en los casos en los que su actuación está apegada a lo dispuesto por las normas jurídicas. La clasificación citada. en todos los casos los órganos y demás entes que conforman el Poder Público están sujetos a lo dispuesto por el conjunto de ordenamientos legales vigentes. que provocan al .Es el acontecimiento de la naturaleza donde no interviene la voluntad humana. que en conjunto les dan existencia y movilidad. y haya querido o no las consecuencias. pues éstas se generan independientemente de su voluntad. Y b) Hecho de la naturaleza. que afecten a los particulares cuya reparación debe ser asumida en forma directa y objetiva por el Estado. privadas y sociales. que están limitados en el ejercicio de sus actividades a las normas legales que regulan las relaciones públicas. conforme a la Teoría del Órgano. donde la voluntad del autor haya querido o no el hecho. sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite y en ese sentido los funcionarios y empleados públicos deben apegarse en forma estricta a la Ley. desde luego. es decir.
. pero no puede prever las consecuencias del hecho.-Hechos jurídicos destructores del orden social. inundaciones... tal es el caso de los daños causados por una rebelión.Deben su existencia sólo a fuerzas de la naturaleza. es decir.Son aquellos hechos inevitables y anónimos en los cuales los seres humanos se encuentran indefensos tanto para repelerlos como para predecirlos y evitarlos. y se subdividen a su vez en: a) Fuerza mayor.Son aquellos que son ejecutados.. asimismo algunos hechos humanos en los que resulta imposible determinar a los individuos responsables. algunos ejemplos son: terremotos. insurrección o por una invasión y b) Caso fortuito. C) Voluntarios o delitos. su autor no es anónimo. un hecho de este tipo es aquel en el cual un automovilista atropella a una persona que de improviso se atraviesa.” 28 El mismo Villoro divide los hechos jurídicos en: 1. teniendo su origen en motivos independientes de la voluntad del obligado. así sea en un pasado remoto. sin ninguna intervención de la voluntad e inteligencia de los hombres. intención y libertad..Son hechos destructores del orden social todos aquellos que impidan el funcionamiento del orden jurídico o que ocasionen daños o perjuicios a alguien. se trata de un hecho por el cual se da una modificación en el mundo exterior. a un hecho jurídico. tempestades. B) Involuntarios o “cuasidelitos”. En efecto. un cambio en la realidad jurídica existente.Se caracteriza por ser un suceso inesperado e involuntario que no puede ser previsto y que.ocurrir. también se les denomina como delitos culposos no intencionales o de imprudencia.Son aquellos hechos en los que tampoco interviene la voluntad humana. con discernimiento. pero que en alguna forma pueden ser imputados a uno o varios hombres. éstos se dividen en: A) Naturales. al derecho subjetivo y a la modalidad de un acto jurídico) que no tenga por origen.. están determinados por la voluntad humana en la búsqueda de un . no puede haber realización de un supuesto jurídico (y esto se aplica también a la situación jurídica.
lesiones. es decir. generalmente en los casos de pago de lo indebido y de gestión de negocios.. se da cuando una persona de buena fe se inmiscuye en los asuntos de otro para llenar el vacío creado por la ausencia de la persona titular de los intereses de que se trata. que producen alguna consecuencia y en cuyo nacimiento interviene la voluntad humana. que no se tiene la intención de establecer o crear modificaciones en el orden jurídico.Son hechos edificadores del orden social todos aquellos hechos que contribuyen de alguna manera al funcionamiento del orden jurídico o que benefician a alguien sin perjudicar indebidamente a nadie y se dividen en: A) Naturales. C) Voluntarios o actos jurídicos.. etc.. animales silvestres que entran en un predio o cuando alguna hembra es preñada por un animal que es propiedad de otro. homicidio. Los actos jurídicos en sentido estricto son los actos humanos ordinarios de la vida cotidiana. tiene como característica particular que quien los comete no pretende las consecuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico les atribuye. mientras que en los negocios jurídicos se tiene la voluntad deliberada de crear . por una causa natural. vinculados con la figura del enriquecimiento ilegítimo.. con lo que se protegen los intereses de quienes intervienen. La primera especie de acto jurídico. b) actos jurídicos y c) negocios jurídicos. existen tres especie de actos jurídicos: a) delitos. 2. como: robo.En sentido amplio es todo hecho voluntario. el delito. pero que pueden en alguna forma ser imputados a uno o varios hombres.resultado y hay una voluntad conciente dirigida a la ejecución de un hecho delictuoso. ejemplo de esto son: las corrientes de un río que agregan tierra a una propiedad ribereña. daño en propiedad ajena.Son aquellos hechos jurídicos. B) Involuntarios o “cuasicontratos”. suceso o acontecimiento (ya sea positivo o negativo) que debe su existencia a la intención libre y consciente del hombre.-Son aquellos casos en los que se da un enriquecimiento inesperado.Hechos jurídicos edificadores del orden social.
actos en sentido estricto y negocios jurídicos). con lo cual se busca remediar las consecuencias naturales a través de ciertos beneficios excepcionales. recursos. a través de la requisa. se debe precisar que hay hechos naturales o humanos a los que podemos calificar como ordinarios o cotidianos. En ambos casos señala que. involuntarios (cuasidelitos o cuasicontratos). que se presentan por medio de actos jurídicos y materiales. en estos hechos. pasada la emergencia debe restituir o indemnizar al particular respecto a los bienes de los que dispuso o de los daños causados. el Estado auxilia a la población por medio de diversas medidas -legales y materiales. en todos los casos . contratos. las normas jurídicas facultan a ciertos órganos dentro de la Administración Pública para realizar las acciones necesarias para salvaguardar el bien de los afectados y de la población en general. se dividen en tres tipos: naturales. Es claro que en estos casos lo que se busca es aminorar los daños causados por los desastres naturales que suelen afectar a los sectores desprotegidos o a regiones del país. y voluntarios (delitos. de ahí que dentro de la clasificación de los hechos jurídicos de Villoro. de acuerdo con este autor. petición a la autoridad. los hechos naturales pueden ser destructores o constructores del orden social. puesto que no contribuyen o alteran el orden social y que cierta medida son intrascendentes para el Derecho. Así. En el caso de los hechos naturales que sí afectan el desenvolvimiento social. los hechos de los órganos encargados del ejercicio del Poder Público. tenemos aquellos que se dan cuando ocurre un desastre natural. etc). a su vez. Sin embargo. Los órganos que integran al Estado tienen por objeto la consecución del bien común. En la clasificación de Villoro Toranzo 29 destaca su particular enfoque en relación a las dos grandes categorías de hechos jurídicos y que pueden ser: destructores o constructores del orden social.y en casos urgentes e imprevisibles está facultado para utilizar los bienes de los particulares. sin embargo.consecuencias jurídicas que obliguen a sus autores (testamentos.
deben estar encaminados a la edificación del orden social. en la práctica se presentan situaciones en las que incluso de manera involuntaria. Cuando construye . debe responder por ese daño. consideradas con independencia del órgano que las realiza. son una fuente inagotable de adecuación a las hipótesis normativas y por tanto de consecuencias legales. ya que realiza un sin fin de actividades que le generan al Estado responsabilidad y el deber de asumir los efectos. es decir. Los entes públicos deben actuar apegados a las normas legales y si aun con esto se causa daño a un particular. dar órdenes administrativas. sin embargo. en sus bienes y derechos o en su integridad física. al ser resultado de su actividad normal. se les vinculan efectos. la actuación de los órganos causa daños a los particulares en su patrimonio. se exteriorizan por medio de actos de distinta naturaleza: unos que producen consecuencias jurídicas y otros que sólo producen consecuencias de hecho”. con mayor razón debe responder cuando el daño es causado por el mal funcionamiento de sus actividades o servicios. Las clasificaciones arriba expuestas nos sirven para entender que en el ámbito jurídico las situaciones que derivan de los actos y los hechos están previstas en los supuestos contenidos en las normas del sistema legal. lo cual nos permite establecer que también los hechos y los actos de los órganos a quienes se encarga el ejercicio del Poder Público del Estado y sobre todo la Administración Pública por la diversidad de sus actividades. si el Estado responde por el daño causado cuando su actuación está apegada a derecho. En consecuencia. el Estado debe responder. ya sea restituyendo o indemnizando al afectado. y establece que: “el Estado al expedir leyes. dictar sentencias. de lo contrario se deja en estado de indefensión al particular. afecta el orden jurídico existente. ya sea restituyendo o indemnizando al afectado. De ahí la importancia del estudio que hace Gabino Fraga respecto a los hechos y actos vinculados con los diversos órganos que integran al Estado. De tal manera que cuando los hechos o actos se adecuan a lo señalado en la ley. En este sentido. al estar sujeto a la regulación prevista en las leyes. como se puede apreciar a continuación: “Las funciones del Estado.
o cuando el Ejecutivo emite un reglamento y afecta el orden jurídico existente. al que define como el “acto de voluntad cuyo objeto es producir un efecto de derecho. está realizando simples actos materiales. es la falta en la intención de crear. etc. bien por un acontecimiento natural al que la ley vincula ciertos efectos de derecho. así lo demuestran los actos del Legislativo encaminados a crear una ley o cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una interpretación de alguna disposición constitucional en relación a un caso concreto. Por eso este autor señala que: “Los hechos jurídicos constituyen solamente la condición para que se apliquen normas jurídicas generales preexistentes”.. imparte enseñanza o servicios de asistencia. . mientras que los actos materiales “están constituidos por hechos naturales o voluntarios que no trascienden al orden jurídico”. el efecto resultante deriva de una acción u omisión en la que puede o no intervenir la voluntad humana. primordialmente se manifiestan mediante las funciones que corresponde ejercitar al Gobierno. 32 la naturaleza de jurídicos deriva de los supuestos contenidos en la ley que cuando se realizan les otorga ciertos efectos. como el nacimiento. 33 o en otros términos. la muerte. modificar o extinguir una situación jurídica. se trata de hechos naturales o voluntarios en los que no existe una norma general que los regule debido a que resultan intrascendentes para el orden jurídico o. Fraga distingue entre: A) Acto jurídico.carreteras. 31 Por ello. crear o modificar el orden jurídico”. o bien por un hecho en el que la voluntad humana interviene y en el que el orden jurídico entra en movimiento”. estos actos carecen de sentido si no están acompañados por una proyección material a través de la cual la Administración Pública pueda llevarlos a la realidad. B) Hecho jurídico “constituido. quien con sus actos provoca consecuencias jurídicas y de hecho que inciden en la realidad existente. En este sentido. sin embargo. en el hecho natural la ley establece el efecto y en el hecho humano. planifica. es decir. moviliza la fuerza pública. transporta mercancías y correspondencia.” 30 Los fines y su concreción a través de los cometidos. en el caso de los actos humanos.
. La anterior clasificación nos permite. y D) “Actos jurisdiccionales”. encaminada al ejercicio de un poder legal que tiene como propósito fundamental comprobar una situación jurídica en un caso determinado (sentencia)..Esta categoría de actos es el resultado de otro acto intermedio que condiciona la aplicación de una situación jurídica general en un caso particular (como sucede en la figura del Presidente de la República quien. para cumplir con los propósitos que tiene a su cargo el Estado. desde luego que lo hacen de acuerdo con sus facultades legales y conforme a ciertos requisitos. elaborados por el Legislativo al crear las leyes o por el Ejecutivo mediante los reglamentos.Los actos jurídicos en cuanto a sus efectos. C) “Acto-Condición”. es decir que es bilateral.Corresponden al llamado “Derecho objetivo”. es decir. por los efectos y por las modalidades que reviste la manifestación de la voluntad y que son: 34 1. De cualquier manera. modifican o extinguen situaciones jurídicas bilaterales o individuales.. se dividen en las siguientes cuatro categorías: A) “Actos-Regla”.Para concluir con su exposición. establecer que los “actos regla” derivan de la actividad que desarrolla la función legislativa. Asimismo el Ejecutivo. las cláusulas del contrato son una situación jurídica individualizada que sólo tiene efectos legales para las partes. surgen habitualmente mediante los contratos públicos en los que participa la Administración Pública para establecer derechos y obligaciones entre las partes. B) “Actos-Subjetivos”. a quienes les corresponde aprobar las leyes y el Ejecutivo dentro de sus facultades mediante reglamentos para facilitar su cumplimiento y aplicación. son las normas de carácter general y abstracto. requiere del acto de elección). Los llamados “actos subjetivos”. a través la Cámara de Diputados y de Senadores. puede emitir actos .Estos pueden ser bilaterales (contrato de obra pública) o unilaterales (acto administrativo). Fraga clasifica los actos jurídicos.Se distinguen de los anteriores por ser la manifestación de voluntad de un órgano público. a través de sus órganos. para tener ese carácter.. a través de ellos se crean.
se subdividen a su vez en: a) Acto contractual. la situación jurídica existente entre las partes. el cual es otro elemento que viene a caracterizar a éste.. condicionándose en forma recíproca en una mutua dependencia (contrato de arrendamiento. pues lo que existe entre ellos es un vínculo de colaboración (la aprobación de la ley por las dos Cámaras que forman el Congreso y el Ejecutivo. compra-venta. b) Acto colectivo complejo. sino simplemente hacer aplicable a un caso concreto una situación jurídica general .. la diferencia radica en que cada una de ellas tiene finalidades diferentes.. y c) Acto unión.administrativos que creen afectos individualizados. el voto de los Magistrados de un Tribunal Colegiado en un asunto de su competencia. sino que están ligadas entre sí de manera tal que dan lugar a una convención. los actos jurídicos se clasifican en: A) Actos unilaterales.En este caso se encuentran varias voluntades paralelas persiguiendo un mismo resultado sus autores no tienen el carácter de partes como en el acto contractual. las voluntades concurrentes no son independientes como en el acto colectivo. Los actos jurisdiccionales derivan de la actuación desplegada por la función Jurisdiccional en los ámbitos federal y local.Es el acuerdo por el cual las voluntades que concurren se ligan indisolublemente. cuando existe alguna controversia entre particulares. conforme a ciertos procedimientos legales que le permiten establecer en una sentencia. lo cual asemejaría el acto a un acto colectivo. 2.Se constituye por una sola voluntad que se manifiesta en un acto en beneficio de otro que no participa más como beneficiado (acto administrativo). y B) Actos plurilaterales. el nombramiento de ciertos funcionarios o empleados público en los que el Ejecutivo propone una terna y el Senado elige a uno). pero el efecto jurídico que se produce.En cuanto a las modalidades que puede adoptar la manifestación de la voluntad.Es cuando concurren varias voluntades que tengan el mismo objeto.Se caracterizan por ser el resultado del acuerdo entre dos o más partes. depósito) .... de ahí que este tipo de actos también se localicen dentro de los actos denominados actos-subjetivos. no es crear una situación jurídica individual. o entre un particular y algún órgano del Estado.
creada de antemano. este autor indica que. Así. dan lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado. tanto los actos jurídicos normativos o reglamentos administrativos. No obstante. Finalmente un autor que adquiere una enorme relevancia en el estudio del presente tema es Jesús Leguina Villa. básicamente por dos razones: porque si el reglamento es legal. se considera que opera como título legítimo de intervención administrativa que justifica las posibles alteraciones en el mercado. pero la ley prevé la situación jurídica de quien nombra y de quien es nombrado. dado que realiza un análisis de los actos y los hechos jurídicos en relación a la responsabilidad patrimonial del Estado y las experiencias del régimen legal español.”35 Es así que conforme a este autor. y porque. “la cláusula general de responsabilidad <<por el funcionamiento de los servicios públicos>> alcanza a todo tipo de actividades extracontractuales llevadas a cabo por la Administración. como los actos jurídicos no normativos y del mismo modo tanto las actividades materiales. Este criterio según nos comenta Leguina Villa es “una medida de precaución orientada . la acreditación del daño y su consecuente indemnización no resulta fácil. debido a que por lo general se trata de ordenamientos que regulan actividades de carácter económico. en el régimen español se ha considerado que la simple anulación por vía administrativa no presupone el derecho a la indemnización. en el caso de los daños derivados de los actos normativos o reglamentarios. de lo contrario se estarían socializando los riesgos comerciales. haciéndolos recaer sobre el Estado. como las actividades o omisiones de la Administrativas. como regla general.36 Por lo que se refiere a los actos jurídicos singulares (resoluciones o decisiones administrativas en sentido estricto). alteraciones legítimas que pueden beneficiar a unos grupos económicos y perjudicar a otros. con la salvedad de las actividades industriales y mercantiles realizadas por entes públicos personificados bajo formas privadas. faltará el necesario nexo causal entre la disposición normativa y los perjuicios económicos sufridos por ciertos particulares. el acto de nombramiento de un empleado público implica la concurrencia de dos voluntades.
órdenes de intervención de productos alimenticios a determinadas industrias. en consecuencia. ya que en ellos se ha considerado que la Administración Pública causa un daño y son a saber: denegación y revocación de licencias administrativas.reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por los daños derivados de actos administrativos declarados ilegales. esto “no significa ámbito exclusivo de aplicación : la mayor frecuencia o el mayor riego en la producción de daños a terceros por acciones puramente materiales no excluye otras posibilidades. es claro que la obligación de indemnizar nace del hecho dañoso imputable a la Administración Pública. etc.a impedir que toda anulación de actos administrativos ilegales comporte necesariamente la condena indemnización de la Administración autora de aquéllos. en el ejercicio de su privilegio de autotutela. es irrelevante que se exteriorice a través de operaciones materiales o de actos jurídicos singulares. actos de ejecución que la Administración puede adoptar sin apelar al auxilio judicial. cuando en estos casos con posterioridad se . prohibición de actividades industriales o comerciales.39 Son los actos u operaciones materiales en las que se presentan con mayor frecuencia daños causados por las actividades realizadas por la Administración Pública. y 2) los actos materiales de ejecución de previas decisiones administrativas.” 40 Para Leguina Villa. órdenes de clausura de establecimientos comerciales.37 Sin embargo.. dentro de los actos materiales cabe distinguir entre 1) las simples operaciones técnicas o materiales de sostenimiento o de prestación del servicio público. A este respecto.. aun cuando es el ámbito natural de aplicación del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado. orden de desalojo de edificios declarados en ruina. hayan causado o no daño a los particulares”.. privación de viviendas de protección oficial. Leguina Villa señala que en las jurisprudencias más recientes del Tribunal Supremo se “. en este sentido el autor aclara que. que son las que están vinculadas de manera directa al funcionamiento de cada servicio. órdenes de suspensión de obras de edificación.”38 Resultan particularmente interesantes los casos citados por el autor en los que procede la indemnización..
la responsabilidad que surge es cargo de la persona jurídica Estado. incluso en el régimen español existen resistencias por parte de los jueces a introducir el principio general de cobertura patrimonial en el campo de las ejecuciones forzosas de actos administrativos. en estos últimos actos. tal como sucede en las acciones positivas. Lo cierto. la Administración Pública de manera permanente realiza hechos jurídicos que pueden ser estudiados conforme a las categorías y los términos utilizados por los autores que han sido citados en el desarrollo del presente apartado. lo anterior tiene sustento en que la inactividad material de la Administración es una fuente de riesgos que puede ser mucho más peligrosa que la causación directa de daños por comisión. argumento que también ha sido utilizado en México para impedir que la Administración Pública responda por los daños causados a los particulares. los cuales son de naturaleza pública. éstas se dan cuando la Administración se abstiene de actuar. sino de imputarle a ésta las consecuencias dañosas derivadas de una actuación precipitada. Es evidente que la Administración está obligada a reparar los daños causados. cuando en el despliegue de las actividades a su cargo se causan daños a los particulares. Por este motivo. irreflexiva o ilegal. Ahora bien. Es claro que no se trata de impedir a la Administración ejercitar sus facultades de autotula (las cuales tienen por objeto salvaguardar el bien común). La Administración Pública para cumplir con las actividades a su cargo realiza diversos actos y hechos jurídicos como parte del Estado. por lo cual la organización estatal debe asumir de manera directa y objetiva la . cabe pensar que es procedente la reparación de los quebrantos ocasionados al destinatario de los actos materiales de ejecución. por temor a inhibir la acción de la Administración y con ello dificultar la satisfacción de los intereses públicos. aun cuando tiene el deber de hacerlo o cuando su actividad se desarrolla con un retraso notable en perjuicio de los particulares.determina que los actos de ejecución son ilegales. es que la fuente la fuente más importante de hechos dañosos la encontramos en las omisiones de la Administración Pública. Es así que.
se vulneran los principios del Estado de Derecho. en los casos en los que su conducta rebase el cumplimiento de las tareas encomendadas. . de ahí la importancia de las categorías analizadas. De igual.reparación del daño. manera es importante que los servidores públicos cumplan eficientemente con sus labores y aun cuando en forma inmediata el Estado asuma su reparación. puesto que es resultado de la concreción de las tareas que tiene encomendadas. ya que en base a ellas es posible distinguir los actos y los hechos jurídicos atribuibles a la persona Estado de las conductas personales de quienes ocupan cargos o empleos públicos. ello no impide que con posterioridad se exija al servidor público le restituya lo erogado en la reparación del daño. de lo contrario.
de la que deriva el término responsabilidad. es en las Doce Tablas donde se mencionan por primera vez casos de reparación de daños en materia de agricultura y en la Lex Aquilia (segunda mitad del siglo III. el segundo caso se da cuando se viola una norma de conciencia. diente por diente” consignada en el Código de Hammurabi 41. la cual causa una pérdida o provoca un daño o menoscabo en el patrimonio a otro. incluso si . es así como las normas legales y su aplicación se consolidan junto con los órganos públicos en la consecución de un adecuado equilibrio en la convivencia social. por eso la responsabilidad puede ser de dos tipos: jurídica o moral. donde se alude a los daños en las cosas. 42 En la actualidad. con el tiempo esto dio como resultado la valoración de los intereses afectados y las formas de reparación. antes de Cristo). al establecer penas vinculadas a la reparación de las lesiones causadas a la víctima. la palabra “spondeo”. la integridad física y la propiedad. el que infringe la norma jurídica. aunque también se usa en el lenguaje corriente para señalar diversas situaciones que se presentan en la vida social. al ser emitida por el deudor en un contrato verbal lo ligaba solemnemente con otro a cumplir con una prestación. aun cuando ambas persiguen la armonía social. conforme a un deber o una obligación. a través de la imposición de sanciones por parte del Poder Público. La responsabilidad y el Estado La sociedad en su evolución ha creado al Derecho y al Estado como instrumentos para alcanzar sus fines más elevados. En Roma.4. la primera es resultado del incumplimiento de lo establecido en un precepto legal o en un contrato vinculado a una acción u omisión. debe responder de sus actos o bien de ciertos hechos jurídicos. incluyendo en esta categoría a los esclavos y a los animales. por formas más civilizadas de proteger la vida. la palabra “responsabilidad” se utiliza en el ámbito jurídico para expresar que alguien. Con esto se da un paso importante para superar la venganza como forma de solución de los conflictos. esto se refleja en la transformación de la Ley del Talión: “ojo por ojo.
Para el Derecho. los cambios gestados a finales del siglo XVII y sobre todo. La responsabilidad puede ser: directa cuando coinciden la acción dañosa y la reparación en un mismo individuo. indirecta.. por disposición de la ley se encuentra obligado a reparar la lesión causada. depende de la intención del sujeto con relación al resultado.es en contra de su voluntad. prevaleció por un largo periodo la idea de que “hay responsabilidad cuando hay culpa”. En la concepción tradicional de la responsabilidad. en todo caso. la actuación desplegada por la persona jurídica colectiva Estado. a través de los órganos que lo integran. cuando la sanción se determina de acuerdo con la intención del sujeto o en otras palabras. emanada del ámbito del Derecho Civil. debe responder de sus actos o de ciertos hechos. subjetiva o por culpa.Deber . la transformación social vinculada con la industrialización y la revolución tecnológica de los siglos XIX y XX. está sometida a lo dispuesto en los ordenamientos legales que conforman el sistema jurídico en su conjunto. el deber jurídico en sentido amplio es: “la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho”. son causa de los trascendentales cambios sufridos por las instituciones del Derecho y del Estado. En este entendido es oportuno establecer en qué consiste el deber jurídico en general y cuál es su relación con las nociones de obligación y de responsabilidad. específicamente lo que se refiere a la ubicación y características fundamentales de la responsabilidad patrimonial del Estado. Para el Profesor Ernesto Gutiérrez y González. 43 y tiene tres especies o categorías: 1.cuando con independencia de que haya querido o previsto el resultado. esto engendró teorías contradictorias que apoyan o critican esta postura. aquella en la que quien ejecuta la acción es diversa a la que debe reparar los daños y perjuicios cuando así lo prevé la norma jurídica. y objetiva -también denominada de resultado. mientras que en la responsabilidad moral sólo es responsable conforme a su conciencia. de ahí la búsqueda constante por adaptar la realidad social al régimen legal.
2.Obligación en sentido amplio. elaborada por Ernesto Gutiérrez y González.” 44 El deber jurídico está vinculado al contenido de las normas legales y por lo tanto. Es así que. Lo más relevante de la Teoría del deber jurídico. y 3.Derecho de crédito indemnizatorio. pueden causar daños a los particulares. de acuerdo a la Teoría de Gutiérrez y González. a favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a existir. es que nos presenta un panorama completo de los deberes y las obligaciones jurídicas. ya a favor de la colectividad. conforme a lo que prescribe una norma de derecho. lo cual origina una posibilidad de exigencia que en el Derecho Civil sólo es procedente por la violación del deber jurídico.Deber jurídico. ya de persona determinada. que aun en casos en los que los órganos públicos actúan apegados a derecho.. en sentido estricto. el deber jurídico en sentido amplio comprende tres categorías a las que define como: 1. vez se subdivide en: 45 ésta a su . no hay la posibilidad de que exista una contraparte y menos la exigencia de que se actúe de cierta manera o se cumpla con algo. es: “la necesidad jurídica de cumplir voluntariamente una. mientras se cumpla voluntariamente con lo preceptuado en las mismas. 2..Obligación en sentido amplio.jurídico en sentido estricto. prestación. así como de la responsabilidad resultante ante su incumplimiento o como consecuencia de lo previsto en la ley. conforme a la clasificación propuesta por Gutiérrez y González... es: “la necesidad de observar voluntariamente una conducta. en los casos de excepción previstos en la propia ley o cuando se hace uso abusivo de un derecho. de carácter patrimonial (pecuniaria y moral). o a favor de un sujeto que ya existe”. lo cual nos permite situar los criterios de imputación prevalecientes en el Derecho Civil y el lugar que ocupa la responsabilidad del Estado en el ámbito jurídico en general. es aquí donde se aprecia la incompatibilidad de la visión civilista con la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado.
a favor de quien llene determinadas condiciones o desempeñe cierto servicio.. mediante la cual una persona. se ofrece de manera pública a cumplir con una prestación. a través de anuncios. a través de los medios de comunicación (radio. de carácter patrimonial. una prestación de carácter patrimonial (pecuniaria o moral). que le puede exigir. prensa.” 46 Se caracteriza por ser una declaración unilateral de voluntad. etc. tal y como sucede en los diferentes contratos privados contemplados en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. conforme a lo dispuesto en la ley y en las cláusulas contenidas en el propio contrato. la autoridad adquiere una obligación. entendida como: “la necesidad jurídica de mantenerse en aptitud de cumplir voluntariamente una prestación. de lo contrario. mediante las cuales los diversos órganos del Estado adquieren u ofrecen mediante un procedimiento público todo aquello que requieren para ejercer sus actividades o los bienes muebles o inmuebles que se sacan a la venta.A) Obligación en sentido estricto o restringido. Otro caso análogo es el que deriva de las licitaciones públicas. hay un deudor obligado y un acreedor que puede exigir ante el incumplimiento de su contraparte. y adquiere la obligación de cumplir con lo ofrecido una vez que alguien se coloque en la condición solicitada. así en el momento en que alguien le dé a conocer el paradero de la persona buscada.” 47 Una vez que nace el acto. denominada acreedor. Internet. además de ser también el medio para otorgar la concesión de obras o servicios públicos a quienes cumplan con ciertas condiciones.) hace una declaración unilateral de voluntad y ofrece una recompensa a quien le dé información sobre el paradero de una persona. lo cual también es aplicable en . (pecuniaria o moral). de cumplir voluntariamente a favor de otra persona. Esto también se aplica cuando un órgano público. a favor de un sujeto que eventualmente pueda llegar a existir. televisión. entendido como: “la necesidad jurídica que tiene una persona denominada obligado deudor. B) Derecho personal o derecho de crédito convencional. por ejemplo la Procuraduría General de la República. dicha obligación no nace.
-Una conducta o un hecho previsto por la ley como objetivamente dañoso o b). o una obligación lato sensu (en cualquiera de sus dos especies obligación estricto sensu o derecho de crédito convencional). originado sin culpa. o B. la ley impone como efecto el restituir la situación al estado que guardaba antes del ilícito.-Por el empleo de un objeto que la Ley considera en sí mismo peligroso. de cumplir voluntariamente. una obligación en sentido estricto derivada de una declaración unilateral de la voluntad o cuando deja de cumplir las cláusulas establecidas en un contrato. llamada obligado-deudor. al momento de violarse con culpa un deber jurídico estricto sensu. 3. imputable al deudor. es: “la necesidad jurídica que tiene una persona llamada obligado-deudor. llamada acreedor. es la trasgresión que hace cualquier sujeto de manera culposa. por: a). o de una obligación lato sensu.-Bien finalmente por la realización. entonces.Derecho de crédito indemnizatorio es la última categoría del deber jurídico. que causa un daño. voluntaria e intencional..” 48 Esta definición. de cumplir voluntariamente a favor de otra persona.La violación ilícita de un deber jurídico estricto sensu. la restitución de una situación jurídica al estado que tenía antes de producirse: A. de una conducta errónea realizada de buena fe.. . que le puede exigir la restitución de una situación jurídica al estado que la misma tenía. a favor de otra persona llamada acreedor.aquellos casos a los órganos del Estado. establece lo que se entiende por responsabilidad. conforme a lo que disponen las leyes de la materia.. también se le conoce como derecho personal indemnizatorio y es: “la necesidad jurídica que tiene una persona. proveniente de conducta ilícita (hechos ilícitos). proveniente de una conducta ilícita.Un hecho ilícito que causa un daño. [y] c).”49 Es evidente que el derecho personal o de crédito indemnizatorio. que le puede exigir. así como las formas en las que se manifiesta y que serán abordadas a continuación: A) Derecho personal o de crédito indemnizatorio. cuando deja de cumplir con un deber en sentido restringido.
c) Por último.” 50 a) Es así que el derecho de crédito indemnizatorio que proviene de conductas lícitas originadas por una responsabilidad objetiva. es: “la necesidad jurídica que tiene un sujeto llamado obligado deudor. al momento de producirse sin culpa. mediante una conducta o un hecho considerados por la ley como objetivamente dañosos. también es resultado de la violación de un deber jurídico en sentido estricto o de una obligación en sentido amplio. por lo tanto se responsabiliza al propietario de su uso y los daños que pueda causar a otros. en otras palabras. que le puede exigir. proveniente de conductas lícitas que originan una responsabilidad objetiva. entrega a otra persona algo que le origina un daño. de cumplir voluntariamente a favor de otra persona llamada acreedor. el derecho de crédito indemnizatorio que proviene de conductas que originan una responsabilidad objetiva por riesgo creado. una obligación en sentido amplio. surge cuando se viola un deber jurídico en sentido estricto.B) Derecho de crédito o personal indemnizatorio. se produce un daño y la ley responsabiliza a su autor quien. con la diferencia de que en este caso la licitud o ilicitud es irrelevante. bien por el empleo de un objeto que la ley considera objetivamente peligroso. de buena fe. b) Por otra parte. tal es el caso de quien se enriquece a costa de otro sin causa debe indemnizar a quien resulta afectado. la restitución de una situación jurídica al estado que tenía. lato sensu. por una conducta o hecho considerados por la ley como objetivamente dañosos en sí. debe indemnizar a otro. como se aprecia en esta definición. la violación de un deber jurídico estricto sensu o de una obligación lato sensu. el derecho de crédito indemnizatorio que proviene de una responsabilidad objetiva originada por una conducta fundada en el error de un persona que. pues en la ley se establece que el daño es causado por un objeto peligroso. bien finalmente por la realización de una conducta errónea. Las ideas vertidas por Ernesto Gutiérrez y González son de una enorme trascendencia en el ámbito doctrinal. aun cuando actúe de manera lícita. pues nos permiten tener una visión completa del . de manera indebida.
para situar los conceptos de deber jurídico y de obligación. debido a que este esquema es incluido en el capítulo I de su obra Derecho de las Obligaciones. lo cual se refleja sobre todo en relación a los órganos públicos. es en este punto donde adquiere su mayor mérito. con el cual se posibilita la reparación de las lesiones sufridas por los particulares derivadas de las actividades que de manera cotidiana despliega la Administración Pública.deber jurídico en un sentido amplio. incurren en responsabilidad por los daños causados a los particulares. aun cuando esta clasificación pertenece al ámbito del Derecho Civil. cuando se distingue entre la falta personal del funcionario y las faltas en el servicio. que al realizar sus actividades. Así. y sobre todo los casos en los cuales los órganos del Poder Público en el ejercicio de sus actividades. a acreditar que su actuación fue culposa. aunque sólo en que los bienes del funcionario no alcanzaran para resarcir al particular afectado. en principio se responsabilizó en forma directa al funcionario y sólo de manera excepcional el Estado asumió la reparación de los daños ocasionados con motivo de guerras y rebeliones. la irresponsabilidad vinculada a la idea de que “el Rey no se equivoca” y la “soberanía del Estado”. Es en Francia. como se dejó asentado con antelación. con ello la responsabilidad del Estado adquiere un carácter objetivo. . para luego llegar a la aceptación subsidiaria de la responsabilidad. la noción de responsabilidad ha evolucionado. con ello la noción de la responsabilidad subjetiva prevaleciente hasta entonces en el Derecho Civil. a finales siglo XIX. Asimismo. sin el obstáculo de que el particular esté constreñido a identificar al funcionario y sobre todo. a partir de ella es posible ubicar los deberes y las obligaciones. Como lo hemos visto. que prevalecieron durante un largo periodo. están constantemente en contacto con los particulares. lentamente fueron substituidas por la necesidad de diversificar los órganos del gobierno para cumplir con los fines del Estado. es superada por una nueva en la que el Estado responde de manera objetiva y directa por los daños causados en la realización de las actividades de sus órganos a los particulares.
responsabilidad excepcional y responsabilidad por presiones internacionales. total temporal o parcial temporal. cuando ello sea posible. esta obligado a repararlo.El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro. Primera Parte del Libro Cuarto. vigente a partir del 1° de octubre de 1932. lo que implica que la víctima debe acreditar la culpa de quien despliega la conducta. El Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común. 1915. Este precepto del Código Civil contiene el principio tradicional de la responsabilidad subjetiva al referirse a un acto ilícito (acción u omisión) que violenta el orden legal establecido. a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. la responsabilidad del Estado ha transitado al igual que en otros países por etapas de franca irresponsabilidad. es decir. que es contemplada en el artículo 1915: Art. total o permanente. y para toda la República Mexicana en Materia Federal expedido en 1928.La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el establecimiento de la situación anterior. que se denomina “De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos”. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte. o en el pago de daños y perjuicios. 1910. incapacidad. además de la relación de causalidad que existe entre el ilícito y la reparación que se reclama. en la actualidad existen diversas normas que contemplan una responsabilidad atenuada del Estado.. parcial permanente. el grado en que se haya querido o previsto el resultado. establece como principio general de la responsabilidad lo siguiente: Art. el grado de la reparación se determinará atendiendo a los dispuesto por la Ley .En nuestro régimen. en el Capítulo V del Título Primero.. pero sigue prevaleciendo el criterio civil de la responsabilidad del funcionario vinculada a la responsabilidad subsidiaria del Estado. es así que en la determinación de la responsabilidad el juzgador debe tener en cuenta la intención del autor del daño.
El Estado tiene la obligación de responder de los daños causados por los funcionarios en el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas.) A su vez. establecía que el responsable era el funcionario causante de los daños al particular. . cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes. después de acreditar la insolvencia del funcionario. (. La disposición antes citada hacía prácticamente inoperante la responsabilidad del funcionario y desde luego del Estado.Federal del Trabajo. 1928. (en la actualidad ya no esta vigente.. Esta responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado. ya que no existía un sustento legal adecuado por medio del cual Estado pudiera reparar los daños y menos aun una partida presupuestal específica.. no era posible identificar al funcionario responsable y en el supuesto de que sí se conociera al autor del daño el particular. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. mientras el Estado sólo respondía en forma secundaria a la reparación del daño. o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado. corresponde al artículo 1927 del mismo ordenamiento legal). Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para una de las incapacidades mencionadas señala al Ley Federal del Trabajo. ya que por la naturaleza de las actividades de los órganos públicos en la mayoría de las situaciones en las que se causaba un daño. debía demandar primero al funcionario y probar la culpa en la que incurrió al causar el daño y sólo cuando éste no tenía bienes suficientes se hacía posible. el artículo 1928. Es así como en la práctica se dejaba al particular afectado en estado de indefensión. en los siguientes términos: Art. el demandar al Estado como responsable subsidiario. por lo que la disposición que se comenta resultaba letra muerta..
sin duda éste reconocimiento por parte del legislador representa un avance. en los que sólo podrá hacerse efectiva en contra del Estado.El Estado tienen obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas. el particular cuenta con la posibilidad de demandar directamente al Estado. En cuanto al primer supuesto previsto en el artículo 1927 del Código Civil que se comenta. con lo cual se facilita al afectado el demandar al Estado mediante un procedimiento de reparación por la vía civil. que establece: Art. Esta responsabilidad será solidaria tratándose de actos ilícitos dolosos. pero sólo cuando el daño proviene de actos ilícitos dolosos. De acuerdo a esta disposición. esto hace inaplicable la reparación de los daños causados en la mayoría de las situaciones que se presentan en la realidad. 1927. y subsidiaria en los demás casos. ya que si bien de acuerdo a la primera parte del texto del artículo 1927. en aquellos casos en los que el acto (delito) que causó el daño fue cometido en forma ilícita y dolosa por el servidor público. están obligados a responder por igual en relación al pago de los daños y perjuicios causados con motivo de los actos ilícitos dolosos cometidos en el ejercicio de las actividades públicas del Estado. cuando el servidor público directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.Esta disposición de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994. debe tener identificado o individualizado al servidor público . corresponde al actual artículo 1927. en la realidad la determinación de la responsabilidad y la reparación resulta inoperante. se deja en estado de indefensión al particular afectado pues en su carácter de actor o demandante. el servidor público y el Estado como responsable solidario. sin embargo en la práctica es inoperante y en consecuencia resulta insuficiente. En principio porque se trata de una “excepción” que está sujeta al criterio tradicional (hay responsabilidad si hay culpa) “responsabilidad subjetiva”.. lo cual permite al particular demandar directamente al Estado.
pues en la mayoría de los casos es difícil identificar o individualizar al servidor público responsable y sobre todo resulta muy complejo probar la intención en su conducta de causar el daño. ya que en la mayoría de las situaciones que se presentan cotidianamente como consecuencia de la actividad de la Administración Pública no es fácil identificar al servidor público autor del daño y es muy complejo acreditar la intención del servidor público. el demandante se ahorraría tiempo y gastos varios. ello impide al particular obtener la reparación de los daños. En cuanto a la segunda hipótesis prevista en el artículo 1927 del mismo Código Civil que se comenta. “más allá de la actualización de algunos términos del dispositivo que se comenta [artículo 1927 del Código Civil ]. en realidad. De esta manera. ya que la víctima al demandar tiene que acreditar lo antes expuesto y además debe demostrar que el servidor público es insolvente. así como de poder acreditar la intencionalidad dolosa de su conducta activa u omisiva. la única novedad que vale la pena señalar fue la de facilitarle al particular o administrado que hubiere resentido la ‘intencionalidad’ de un acto ilícito doloso. además de acreditar la intencionalidad dolosa de la conducta activa u omisiva en la producción del daño por parte del servidor público. La disposición transcritas. el procedimiento de reparación debida. Para Álvaro Castro Estrada. no se avanzó en la incorporación de una protección adecuada en la legislación para salvaguardar el interés de los particulares. con fundamento en el principio de que la carga de las pruebas en materia civil es a cargo de las partes. siempre y cuando estuviera cierto de haber identificado o individualizado al servidor público causante del daño y 51 perjuicio. toda vez que en tales exclusivos casos podría demandar directamente al Estado. sin preocuparse de la solvencia del servidor público. es igualmente inoperante. la reforma del artículo arriba trascrito. si a ello sumamos que en todos los casos distintos a los actos ilícitos dolosos cuando el particular cumplió . pues el Estado únicamente es responsable solidario en todos los demás casos en los que el daño no es consecuencia de actos ilícitos dolosos.causante de los daños y perjuicios. para que proceda su demandar en contra del Estado.” Así que. hace prácticamente inoperante la responsabilidad de los servidores públicos y desde luego la del Estado. de ahí que lo dispuesto por ésta disposición sea inaplicable en la práctica.
estas hipótesis normativas señalan varios casos de imputación y sobre todo. III. por las aglomeraciones de materias o animales nocivos a la salud o por cualquiera causa que sin derecho origine algún daño. dejan abierta la posibilidad en la fracción VI. con ello se establece un criterio de imputación amplio en los casos en los que se causen daños a otro sin derecho. resulta del todo aberrante y absurdo. Otro supuesto relevante de responsabilidad es el contenido en el siguiente artículo: . Por el humo o gases que sean nocivos a las personas o las propiedades.. hace evidente que este criterio de imputación es inoperante en la reparación de los daños que derivan de la actividad del Estado. Por los depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino o derramen sobre la propiedad de éste. Por la caída de sus árboles.con “probar” lo ya mencionado. independientemente de lo anterior. Por el peso o movimiento de las máquinas. que a la intención de quien lo provoca.Igualmente responderán los propietarios de los daños causados: I. Es importante destacar que. cuando no se sea ocasionada por fuerza mayor. Por la explosión de máquinas o por la inflamación de substancias explosivas. Como se puede apreciar. ha adoptado criterios de imputación distintos al tradicional como consecuencia de la transformación social introducida a raíz de la utilización de maquinarias y substancias peligrosas. II. si el funcionario no tienes bienes suficientes lo cual también se debe demostrar. VI. incluso el propio Código Civil para el Distrito Federal en Materia y Común y para la República Mexicana en Materia Federal. se da mayor importancia a la causación del daño y a su reparación. V. entre los que destaca el siguiente artículo: Art. 1932. IV. con este criterio “responsabilidad objetiva”. Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes. para demandar al Estado que en estos casos sólo es responsable subsidiario.
. que sobreviene por la utilización de instrumentos u substancias peligrosas que pueden causar daños a otros. para alcanzar los fines que tiene a su cargo. aunque no obre ilícitamente. así lo demuestra la adopción de la responsabilidad objetiva en el Derecho Civil y es claro que el Estado. El anterior precepto adopta un criterio de imputación en el que prevalece la “responsabilidad objetiva” como consecuencia de un riesgo creado. a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. puede causar daños y por tanto debe hacerse cargo de la reparación de los daños que cause. Aunado a esto. incorporados a la Ley Federal del Trabajo y que también contempla el artículo 1936 del Código Civil Federal. intervienen constantemente y cada vez con mayor amplitud para . por su naturaleza explosiva o inflamable. por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas.. instrumentos. el cual señala: Art. que ha influido para que se adopten nuevos criterios en la determinación de la responsabilidad. independientemente de toda idea de culpa o negligencia de su parte. con ello se sustituye a la culpa como causa única en la generación de la responsabilidad. ésta obligada a responder del daño que cause. por las situaciones reales derivadas del avance industrial y tecnológico. 1913. por la velocidad que desarrollen.Art. lo cual comprende a los objetos peligrosos mencionados en el artículo 1913 y a los riesgos de trabajo. como sujeto de derechos y obligaciones. La responsabilidad extracontractual y las causas de imputación estudiadas han sido incorporadas a la legislación como consecuencia de la transformación de la vida social. en consecuencia. los órganos que integran al Estado. la culpa.1936. es propietario de diversos instrumentos que le permiten desarrollar las actividades a su cargo.Cuando una persona hace uso de mecanismos. aparatos o substancias peligrosos por sí mismos.Incumbe a los patrones el pago de la responsabilidad que nace de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. en los que se sustituye el elemento subjetivo.
limitándose a regular. permite la construcción de una adecuada regulación que permita una adecuada convivencia y sobre todo. el mejoramiento social. En este punto hay que tener en cuenta que lo único real es la existencia humana y sus circunstancias. máquinas. explosivos. se debe tener en cuenta que el progreso social está vinculado al progreso material. Así. para llevar a la realidad sus cometidos. interviene en la vida social. el Estado. vigilar y aplicar los ordenamientos jurídicos. pues sus actividades . los criterios tradicionales de imputación de la responsabilidad civil. etc. ya sea de por medio de sus cometidos esenciales. pues si bien el ingenio conjugado con los elementos de la naturaleza ha sido el motor de los avances. Así pues. construcción de hospitales.. actividades todas que le permiten cumplir con los fines a su cargo. explotación de recursos naturales. escuelas. o en forma amplia mediante la prestación de servicios públicos que inciden en la construcción de puentes. aviones. el Estado y el Derecho no pueden ser ajenos al conocimiento de la realidad y a su valoración en la construcción de los esquemas jurídicos que permitan una convivencia equilibrada y ordenada. carreteras. transportes. son insuficientes frente a la complejidad que representa la actuación de la Administración Pública. por lo que sus actividades provocan daños que deben ser reparados. fábricas. lo que conlleva de manera natural efectos constructivos y de forma residual efectos destructivos que deben ser reparados. Sin embargo. que inevitablemente ocasionan daños.enfrentar los problemas que genera la vida social y por eso mismo está en interacción con los particulares. En ese orden de ideas. esa es la realidad que al ser valorada.. los cuales deben ser asumidos por alguien. es claro que el Estado para atender los fines a su cargo. pero que también lo ponen en contacto constante con los particulares. cuando se habla de la responsabilidad y de su evolución. ya que la búsqueda del control sobre la naturaleza conlleva a la utilización de herramientas. también ha traído múltiples consecuencias. presas. está sujeto a responder por el daño ocasionado a los particulares. etc. combustible.
cotidianamente son una fuente de daños que deben ser reparados conforme aun criterio de imputación adecuado a la naturaleza de su estructura y funcionamiento. específicamente de los daños causados como resultado de la actividad de los órganos públicos. para evitar situaciones de desigualdad e injusticia que violentan los principios del Estado de Derecho. El progreso jurídico derivado del perfeccionamiento en la aplicación de las penas y el desarrollo en los criterios de imputación de la responsabilidad y la reparación de lo daños causados. para proteger de manera eficaz a los individuos de los peligros y de la inseguridad que provoca la actividad de los órganos públicos. . deben ser incluidos en el sistema legal. de ahí la necesidad de que se legisle con amplitud en materia de responsabilidad estatal.
como hemos visto. todo esto permite afirmar que la responsabilidad patrimonial del Estado también es un elemento esencial de la estructura del Estado actual. pues resulta absurdo pensar que quien tiene a su cargo la realización del bien común. esté exento de la reparación de los daños causados a los particulares La separación de funciones ha permitido la creación de tres órganos especializados: Legislativo. que actualmente tienden a superar la impunidad de los entes públicos. En buena medida.5. la generalidad. la responsabilidad patrimonial del Estado es parte de la evolución en las relaciones del Poder Público y los gobernados. de manera que los órganos primarios y todos los demás que integran las funciones del Gobierno son instrumentos mediante los cuales la persona jurídica colectiva Estado lleva a la realidad sus fines primordiales . Judicial y Ejecutivo para asegurar un ejercicio racional y efectivo de los fines encargados al Poder Público. igualdad y certeza de la Ley. lo cual no es ajeno a la idea de la responsabilidad que. con especial hincapié en los fines que lo justifican. el cual ha terminado por imponerse como forma de consolidar y perfeccionar la convivencia humana. Teorías que fundamentan la responsabilidad patrimonial del Estado En el desarrollo del presente trabajo se han tratado algunas de las características y los conceptos que fundamentan la existencia de la organización estatal. la elección libre y directa de los gobernantes. ha evolucionado junto con las demás instituciones del Derecho y el Estado. Así. Es así como la división de funciones. el respeto a los derechos humanos fundamentales y la limitación al ejercicio discrecional del Poder Público. el establecimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado en los sistemas jurídicas contemporáneos. pues a partir de esta concepción se ha sometido a los órganos del Poder Público a las normas legales y a los principios del Estado de Derecho. son los principios esenciales del Estado de Derecho. es consecuencia del reconocimiento del Estado como persona jurídica colectiva.
la competencia para actuar. los órganos públicos se han diversificado.y desde luego. se abordarán las diferentes explicaciones que fundamentan el deber del Estado de resarcir los daños y perjuicios causados a los particulares. los cuales se caracterizan por estar integrados por dos elementos básicos: uno objetivo. la mayor parte de los daños sufridos por los particulares se localizan en el ámbito de los tres niveles de gobierno en los que se desenvuelve la Administración Pública. La realización de múltiples actividades implica crear estructuras de dirección en las que se concentran las facultades y los recursos materiales y humanos necesarios para administrar de manera eficaz las acciones y los recursos que se ponen a disposición del Gobierno. Para enfrentar la complejidad de la vida social. objeto fundamental de nuestro estudio. de ahí la importancia de la composición de los órganos del Estado. en ese mismo sentido. los hechos y los actos jurídicos vinculados a los deberes y las obligaciones son de vital importancia para entender la actuación de los órganos del Estado y sus consecuencias. ya que si bien la responsabilidad patrimonial del Estado puede darse en el ámbito Legislativo y Jurisdiccional. En ese contexto. y otro subjetivo. la persona o personas encargadas de las actividades. sobre todo en lo que respecta a la estructura de los órganos que componen a la Administración Pública. su actuación está sometida al conjunto de los ordenamientos que componen el sistema legal vigente. dado que la Administración Pública y sus actividades traen efectos materiales y jurídicos que benefician o afectan a los particulares. se han adelantado algunas de las razones que fundamentan la responsabilidad patrimonial del Estado. con motivo de las actividades de la Administración Pública. A partir de los criterios que se inclinan por estudiar la relación que se establece entre el Estado y las personas jurídicas individuales que se encargan de realizar las . y específicamente de la Administración Pública. En ese orden de ideas. aunque sus actividades sean parte de la esfera de acción del Estado.
por lo tanto. por el cual mediante un acuerdo de voluntades se establecen derechos y obligaciones para las partes.52 sus fundamentos pertenecen a criterios del ámbito privado.”. B) Esta explicación fue superada. La aportación más importante de esta Teoría la encontramos en el deber estatal de reparar los daños causados a los particulares. al señalar que en todo caso el Estado es responsable. hay que señalar que el contrato de mandato es una figura del Derecho Civil. por la Teoría del Órgano. como consecuencia de su actuación. que el Estado actúa a través de sus órganos. Es aquí . la responsabilidad del Estado no puede depender de esa determinación. Aunado a esto. se presentan las siguientes justificaciones: A) Es así que una primera postura que justifica la responsabilidad extracontractual del Estado. de modo tal que sus actos y hechos.actividades encomendadas a los órganos que integran a la Administración Pública. principalmente porque no hay un acuerdo de voluntades entre dos partes. ya que la ley expresamente prevé las facultades que tienen los titulares de los órganos. los cuales se integran por un elemento objetivo (competencia) y otro subjetivo (titular). sin embargo. en la cual se establece que los órganos del Estado. por lo que resulta inconsistente en relación a la forma en que se estructuran los órganos públicos. ajena al funcionamiento de los órganos del Estado y la Administración Pública. es la Teoría de la Representación. respecto a la ejecución de ciertos actos. por lo demás. el principio de la culpa en la elección y en la vigilancia de los funcionarios que actúan dentro de la Administración Pública es compleja de determinar y además existen cargos que son obtenidos por elección popular. lo que nos permite afirmar que esta Teoría no es aplicable a los órganos públicos. en ésta se equipara la relación de los titulares de los órganos públicos a la que se establece mediante el contrato de mandato. corresponden de maneras directa al Estado. con fundamento en el principio de “la culpa in eligiendo o in invigilando es decir en la mala elección y falta de vigilancia del Estado respecto de sus funcionarios. si bien esta teoría reconoce el deber del Estado de resarcir los daños causados por los funcionarios.
Esta expresión de voluntad desplegada por el servidor público permite atribuir al Estado.. funcionamiento y al lugar que tienen los servidores públicos. en cuanto que unos ciudadanos no deben sufrir más que otros. lo que jurídicamente se conoce como imputación . en cuanto que en ese tipo de relación el sujeto es visto como algo distinto del ente público.el Estado como persona jurídica es un centro de imputación al que se le atribuyen los actos realizados por sus órganos. jurídico. de la cual se derivan derechos y obligaciones personales. lo cual es indispensable para entender el deber del Estado en la reparación de las lesiones causadas a los particulares como consecuencia de su actuación. éstos se refieren básicamente a la generalidad e igualdad de ley... La relación de servicio se da entre el servidor público y el órgano. por los órganos públicos. sino de él. por la cual.” 53 Por eso en “la relación orgánica . se da la función administrativa del órgano y de la que no se derivan derechos y obligaciones contrapuestas al Estado. mismos que se enuncian a continuación: A) Una de estas justificaciones es la Teoría de la igualdad o proporcionalidad de las cargas. es decir. denominadas orgánica y de servicio. ya que sólo ejerce la competencia atribuida al órgano. que pueden ser contrapuestas al Estado. político-económico. así como a su estructura. “está determinada por dos tipos de relaciones.. etc.donde encontramos por qué el Estado debe responder por las lesiones causadas a un particular. sobre todo en cuanto que esta teoría le da unidad y coherencia a la actividad del Estado. también se ha buscado fundamentar la responsabilidad económica del Estado con apoyo en principios de orden: filosófico.” 54 La aportación fundamental de esta Teoría es el haber encontrado una explicación de los elementos que conforman a los órganos del Estado. de acuerdo con el ordenamiento jurídico que es el que indica a quien debe atribuirse un acto o unos efectos jurídicos determinados. su voluntad no es la del órgano. en lo personal. aun cuando las cargas impuestas beneficien el interés de . de la cual se desprende la actuación y expresión de la voluntad del ente público. sin que ella sea afectada por la remoción o variación del agente público.. es decir. La relación orgánica es la que se establece entre el titular y el órgano. los actos y las consecuencias jurídicas. Es importante distinguir que la unión de los elementos objetivo y subjetivo. en los órganos públicos del Estado.el titular actúa expresa la voluntad del Estado. que se apoya en los principios de equidad e igualdad. Por otro lado.
o ilegalmente. ésta corresponde sin que haya que tener en cuenta aquello y hasta por actos completamente legítimos. debe ser reparado. como sería el caso de la obligación de pagar impuestos que afecta el patrimonio del contribuyente. esta teoría justifica que el Estado indemnice a los particulares afectados cuando la actuación de éste cause algún daño en beneficio del interés común. Por eso. legal. Esto no se basa en las reglas del Derecho Civil referentes a la responsabilidad por hechos ilícitos. Álvaro Castro Estrada considera que “Todo daño que se cause. en desventaja de otros. 57 Esta última teoría reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado. B) Una explicación similar a la anterior es comentada por Álvaro Castro Estrada. ya que nadie está obligado a sufrir. puede haber hechos ilícitos de parte de los agentes y de los representantes del Estado. pero no es esencial para que la indemnización tenga lugar. Para algunos autores se trata de una teoría que “ofrece dificultades en su compleja fundamentación de corte político-económico”. cuando el Estado causa un daño injusto a un individuo o grupo de individuos. . está basada en el principio de la equidad y en el enriquecimiento ilegítimo del Estado y considera que “se trata de indemnizar al individuo por un daño pecuniario que se le ha ocasionado. a los individuos. sin embargo. A este respecto. bajo estos principios.56. Sin embargo se trata de una teoría relevante vinculada en sus fundamentos a los fines de la organización estatal y a los principios del Estado de Derecho. la responsabilidad es siempre la misma”. las cargas impuestas en interés de todos. postura que ha sido de una enorme importancia para el desarrollo de la responsabilidad objetiva y directa del Estado y que. sobre la consideración de que ambos casos la responsabilidad a cargo del Estado es la misma.” 55 La aportación fundamental de esta postura radica en el reconocimiento que hace del deber del Estado de reparar a quienes sufren alguna afectación en su patrimonio frente al interés general. independientemente de que el daño o el perjuicio sea causado de manera ilegítima o legítima. tiene la obligación de resarcirle del daño.todos. a menos que exista previa y expresamente una obligación de soportarlo.
D) Otras argumentaciones apoyan la responsabilidad patrimonial del Estado. pues la justicia es uno de los valores que componen el bien común. por lo tanto. Esta Teoría. según comenta Álvaro Castra Estrada. sobre todo si se toma en cuenta la diversidad de actividades en las que participa la Administración Pública. se reconoce la responsabilidad del Estado: “. Es claro que estos principios se encuentran estrechamente ligados. a pesar de que este argumento es un esfuerzo para superar las posturas elaboradas hasta entonces. o la prestación de un servicio público. ya que de manera vaga alude a la equidad y a un supuesto enriquecimiento del Estado derivado del daño sufrido por el individuo afectado. que se complementan con los principios del Estado de Derecho. la carga pública del daño sufrido por ciertos individuos que son afectados por las actividades del Estado.” 58 Aun cuando el riesgo de causar un daño está presente en cualquier actividad. el bien común y la solidaridad social. o lo que se ha llamado.resulta insuficiente en el estudio de los diferentes aspectos que conforman la responsabilidad patrimonial del Estado. como los fines y los principios del Estado de Derecho.. en los principios de la estricta justicia. por ese motivo. que benefician al conjunto de quienes conforman a la sociedad... el Estado debe repararlo. es defendida por León Duguit. si con motivo de ese ejercicio se llega a causar algún daño. C) Otra Teoría es la de la responsabilidad por riesgo creado.es como una especie de seguro del particular contra el daño que pueda ocasionarle el funcionamiento normal de los servicios públicos. quien consideraba que la Administración puede ser responsable. no contempla otros aspectos que fundamentan la responsabilidad del Estado. el riesgo administrativo. deben ser reparados de modo tal que el Estado asuma esa carga por ser el resultado de su . implica un riesgo. fundamentada en el principio de que el ejercicio de una facultad.. aun sin culpa alguna en el servicio público y no obstante ello.
lo cual demuestra la trascendencia de que el Estado en México se sujete a los principios que en la doctrina hacen indispensable la inclusión de la responsabilidad patrimonial del Estado al sistema legal que deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es claro que todas las teorías expuestas favorecen la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado. la posición de los gobernantes debe ser ecuánime. la democracia. igualdad y certeza de la Ley. si por el contrario. al indemniza al particular que fue afectado por la actividad de los órganos públicos. se precipitará hacia el colectivismo. independientemente de si es consecuencia del funcionamiento regular o irregular de sus órganos. E) Otra explicación que apoya la responsabilidad económica del Estado..actuación. ya que cotidianamente la . le corresponde indemnizar los perjuicios que ocasione. En este sentido. Por ello. es evidente que la responsabilidad patrimonial del Estado esta vinculada con los principios que lo conforman (la división de funciones. Por lo tanto hay que evitar cuidadosamente el chocar con un doble escollo: pues. es la que deriva de los principios del Estado de Derecho. por lo que también es fundamental para la existencia plena del Estado de Derecho. así que bajo esta idea. “el Estado tiene una doble obligación. Y.” 59 Lo anterior nos permite apreciar que el Estado se encuentra llamado a promover el bien común.el fundamento del bien común. atender las necesidades de los particulares y propender al bien común. para cumplir con esto. Es decir el bien de toda la comunidad y ella no puede encontrarse plenamente satisfecha si un miembro o un grupo de sus miembros sufre los daños producidos por la actividad de la Administración.. el Estado promueve la solidaridad social. la generalidad. si se mira excesivamente al hombre y olvida a la sociedad. el respeto a los derechos humanos fundamentales y la limitación al ejercicio discrecional del Poder Público). por lo tanto. corre el grave riesgo de caer en el individualismo. se olvida del individuo y vuelca su mirada especialmente en la comunidad. la justicia distributiva juega un papel fundamental al favorecer a quienes como consecuencia de un acontecimiento se les deja en una situación de desigualdad frente a los demás miembros. mirando a la sociedad sin olvidarse del individuo .
actividad pública genera junto con los beneficios, daños residuales de los cuales se debe
responsabilizar el Estado, conforme a los argumentos ya expuestos.
6. Elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado
Una vez abordados los temas que anteceden, contamos con los elementos adecuados
para comprender en qué consiste la responsabilidad patrimonial del Estado, sobre todo
por lo que se refiere a su naturaleza jurídica como institución de Derecho Público
vinculada a los daños causados por las actividades del Estado, por ello es que la
responsabilidad patrimonial del Estado es junto con el principio de legalidad, un pilar
fundamentales del Derecho Administrativo.
La responsabilidad patrimonial del Estado, surgió y se desarrolló en Francia en
el siglo XIX, como resultado de las decisiones del Consejo de Estado y fue incluida en
la legislación de España a mediados del siglo XX; en ambos casos la institución de
mérito se ubica en el Derecho Público Administrativo.
En los Estados Unidos Mexicanos no se ha desarrollado con amplitud la
responsabilidad patrimonial del Estado, dado que nuestro sistema legal conserva como
principio de la responsabilidad pública el criterio de imputación tradicional basado en la
“responsabilidad subjetiva” prevaleciente en el Derecho Civil, lo cual explica el escaso
desarrollo de nuestra legislación en ésta materia, ya que la responsabilidad económica
estatal es por definición una institución de naturaleza administrativa.
A continuación se expone en qué consisten cada uno de los elementos que
intervienen en la responsabilidad patrimonial del Estado, de los cuales deriva su
carácter administrativo, así como la forma en la que opera a partir de los sujetos que
intervienen, las acciones u omisiones que le dan origen, los criterios de imputación, el
daño y las formas de su reparación, el nexo causal, las causas excluyentes de
responsabilidad del Estado y su conceptualización.
Una relación jurídica que se establece entre dos o más sujetos de derecho, es una
correlación en la que una de las partes está constreñida a cumplir con un deber o una
obligación; de lo contrario, la otra parte puede exigir su cumplimiento, ya sea que las
partes lo hayan acordado o que así lo dispongan las leyes, por eso se dice que el
“concepto de relación implica la pluralidad de personas y por lo que hace a la relación
jurídica, esta consiste en la situación de unión en que se encuentran los sujetos acreedor
y deudor y, por lo cual el deudor se haya en la necesidad de ejecutar una prestación a
favor del acreedor, quien a su vez, está facultado para recibir y exigir esa prestación...”
Los aspectos que se comentan han sido abordados con mayor amplitud en los apartados que preceden,
cuando se habló de la distinción entre los hechos y los actos, así como entre los deberes y las obligaciones, motivo
por el cual sólo nos abocamos en el presente apartado a establecer las características de los sujetos que participan en
la relación que deriva de la responsabilidad patrimonial del Estado.
En la institución de la responsabilidad económica del Estado, los órganos y
entes públicos que lo integran tienen el carácter de sujetos pasivos o deudores por ser
los causantes de un daño y los particulares -ya sean personas individuales o colectivas-,
tienen la calidad de sujetos activos o acreedores, dado que estos últimos son quienes
sufren un menoscabo en sus bienes o derechos y pueden exigir la reparación de los
La responsabilidad se genera a partir del momento en que el Estado causa un
daño a un particular como consecuencia de sus actividades y en consecuencia el deber
de repararlo, por eso es que puede ser de oficio cuando el Estado sin mediar exigencia
procede a la reparación o a petición de la parte afectada en los casos en que se produce
un daño y el Estado no asume su reparación de manera inmediata.
De todo lo anterior se desprende que, en la relación que se establece entre los
órganos y entes del Estado, y los particulares, participan:
Sujeto activo o acreedor.- Que es el beneficiado con la prestación y que por lo
tanto tiene dos derechos que consisten en que se cumpla a su favor con lo preceptuado
en un ordenamiento jurídico cuando éste ha sido vulnerado y, en el caso de una
destrucción de marihuana.2. que como hemos mencionado están compuestos por dos elementos fundamentales: uno objetivo y otro subjetivo. La actividad de los órganos encargados del ejercicio del Poder Público. denominado Naturaleza de los diversos actos y hechos que realizan los órganos del Estado. a través de los cuales el particular afectado pueda exigir la reparación de los daños causados por las actividades de la Administración Pública. Sujeto pasivo o deudor. a recibir la prestación debida.. así la responsabilidad patrimonial del Estado se genera hechos o actos que puede ser lícitos cuando están . para exigir la reparación de los daños y perjuicios causados en sus patrimonio es fundamental para que el Estado asuma plenamente su responsabilidad.obligación. Por eso es que se requiere la existencia de medios de defensa. es claro que una actividad dañosa implica la actuación positiva de un órgano público (construcción de un puente. es decir que la Administración Pública. es así que la actividad dañosa del Estado. 6. al hacer algo produce un daño. de ahí que la existencia de un sistema legal adecuado y la posibilidad de acudir ante el propio órgano de la Administración Pública que causó el daño o ante un Tribunal administrativo o jurisdiccional. Acción u Omisión La responsabilidad patrimonial del Estado deriva de la actividad de los órganos que lo integran. en consecuencia tiene el deber repararlo a través de la restitución o de la indemnización.). al efectuar sus acciones pueden ocasionar daños a los particulares. al haber causado un daño. etc.Es quien tiene el deber jurídico o la obligación de ejecutar la prestación prevista en la ley por eso se dice que es “extracontractual”. puede provenir de los diversos hechos o actos jurídicos que han sido estudiados en el apartado 3. recolección de basura. de lo contrario puede exigir su cumplimiento ante las instancias legales creadas al efecto. especialmente de la Administración Pública.
tan es así que aun en la actualidad sigue teniendo un lugar importante. Los diferentes criterios de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado El criterio de imputación tradicional de la responsabilidad en general es la culpa.. comentado previamente. la culpa ha sido fundamental en la determinación de la responsabilidad. Culpa extracontractual: la que deriva de un cuasidelito. así lo reconoce el Código Civil Federal en el artículo 1910. Culpa contractual: la que se origina del incumplimiento de un contrato. 61 . la culpa tiene las siguientes especies. La omisión es un no hacer que.culpa concurrente: que se da cuando el daño causado es igualmente imputable a su autor y a la víctima.apegados a las facultades que la ley les otorga. de igual manera. causa o produce un daño. A este respecto podemos señalar que la omisión en el ejercicio de las actividades encomendadas a los múltiples órganos y entes públicos resulta tan peligrosa o más que las acciones dañosas. Históricamente. dependiendo de la forma en que se manifieste. Culpa delictual: la representada por un hecho dañoso punible criminalmente. pero aun así se producen daño o ilícitos en los casos en los cuales se contravienen las normas y con ello se afecta el patrimonio o la integridad física de un persona. ya que en buena medida es precisamente en estos casos en los que con mayor frecuencia se causan daños a los particulares y se contraviene la realización del bien común. pero junto con otros criterios de imputación. 6.3. Culpa in contrahendo o precontractual: la violación de la diligencia que debe observarse en las relaciones que preceden la celebración del contrato”. es abstenerse de obrar tal y como lo determina o establece la ley que regula el debido ejercicio de la función pública. “. Antes de abordar los otros criterios de imputación de la responsabilidad. es innegable que su surgimiento en Roma tuvo una enorme relevancia pues permitió equilibrar los intereses del autor del daño y de la víctima al encontrar una fórmula adecuada para resolver los conflictos entre los individuos..
que en la realización de las mismas inevitablemente causa daños y por tanto lo más importante es repararlos de inmediato.63 De lo anterior se advierte que existen dos especies de culpa: A) Culpa intencional o dolosa. negligencia. Ernesto Gutiérrez y González la define como: “la conducta humana consciente o intencional.” Y B) Culpa por negligencia o no dolosa.” 64 Para Luis Humberto Delgadillo.. la culpa comprende el actuar con la intención de dañar. .62 a su vez. con lo cual se crean situaciones de desigualdad e injusticia.65 sobre todo en relación a las actividades desplegadas por los órganos del Estado y específicamente por la Administración Pública. para en todo caso después establecer en su favor el pago del funcionario que resulte responsable directo del daño. se verifica con conocimiento pleno de que esa conducta es punible por el Derecho. por considerar injusto que la víctima tenga que soportar el daño y no su autor. para Joaquín Martínez Alfaro la culpa deber ser entendida en dos sentidos: “En sentido amplio. y que el Derecho considera para los efectos de responsabilizar a quien la produjo”.. ya sea como consecuencia de un hecho o de un acto.“Es en la que se incurre cuando al realizar un hecho ilícito.“Se incurre en ella cuando se realiza un hecho o se incurre en una omisión. en aquellos casos en que no ha existido la culpa”. la culpa “. lo que se llama dolo. o inconsciente por negligencia que causa un daño. ya que este concepto ha influido durante muchos siglos en la reparación de los daños sufridos. y sin embargo por la imprevisión. en debates que van desde negarle un sentido jurídico hasta objetarlo como elemento de la responsabilidad civil.Es relevante definir qué se entiende por culpa. ya que de lo contrario se deja en estado de indefensión a los particulares ante la complejidad de la estructura de los órganos públicos.constituye uno de los elementos más discutidos en el derecho civil. así como el proceder con descuido [imprudencia o negligencia]. A este respecto. y sin embargo se lleva adelante con el ánimo de causar daño. falta de reflexión o de cuidado el daño se produce. que se le designa culpa en sentido estricto”. sin ánimo de dañar...
o si el daño se produjo por su imprevisión. adoptó la responsabilidad objetiva por riesgo creado. todo lo cual. en él se establece que le incumbe al patrón el pago de la responsabilidad derivada de los accidentes de trabajo. situación similar es la contemplada en el artículo 1936 del mismo ordenamiento legal. Por lo tanto quien es afectado en sus bienes o en sus derechos por la actividad del Estado.Sobre todo ante la diversificación de la vida social y las nuevas realidades que influyen de manera determinante en la creación de las normas jurídicas y en las instituciones. ya que sus actividades son efectuadas por múltiples personas y en consecuencia resulta imposible en la mayoría de los casos identificar a una persona a la que se pueda imputar la responsabilidad por culpa. la noción tradicional de la culpa en la determinación de la responsabilidad civil no es aplicable en algunos casos en los que no se puede identificar a la persona. independientemente de si la conducta desplegada fue ilícita o no. para enfrentar los daños provocados por la utilización de mecanismo. sin tener en cuenta si la conducta fue culposa. aun cuando se encuentra en aptitud de exigir la . se hace indispensable la reparación de ciertos daños y por disposición de la propia ley. negligencia o falta de reflexión. En México. o cuando esos daños son consecuencia de la utilización de herramientas u objetos peligrosos. en el artículo 1913. conforme a lo dispuesto por el artículo 1927 del Código Civil Federal. con lo que se da paso a nuevos criterios de imputación. deja en estado de indefensión a los particulares por la complejidad actual de la Administración Pública. independientemente de toda idea de culpa o negligencia. el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República Mexicana en Materia Federal. con lo que se limita al particular afectado por la actuación de los órganos del Estado a demostrar si la conducta del funcionario fue intencional o dolosa. se responsabiliza a una persona teniendo en cuenta el resultado de la utilización de esos objetos. instrumentos o substancias peligrosas. como ya se dijo. Por eso resulta incomprensible que tal ordenamiento siga contemplando el principio de la culpa en relación a la conducta de los funcionario públicos.
durante un largo periodo el criterio de imputación de la responsabilidad del Estado basado en la culpa. En España. Las modalidades de verificación de este suceso inevitable. estableciendo que basta que exista un nexo causal entre el daño y el funcionamiento de los servicios públicos. una decisión fundamental para la creación de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado. sin embargo. vinculándose cada vez más directamente a datos industriales y técnicos. en el año de 1954 se incorporó a la Ley de Expropiación Forzosa la responsabilidad patrimonial del Estado y luego en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado del 26 de julio de 1957 se perfeccionó la fórmula inicialmente introducida y se dotó al particular de una acción directa contra el ente público. se ha convertido en un hecho que acompaña ordinariamente al actuar humano. por su parte. La tendencia actual en la construcción de los nuevos esquemas jurídicos sobre las diversas formas de imputación de la responsabilidad. desde el momento en que se trata de daños que deben acaecer. está fundamentada en el desplazamiento de la determinación de la conducta del autor como forma única de imputación del daño a favor de la víctima y la reparación del mismo.” 66 La dificultad para otorgar a los particulares la reparación de los daños causados por los órganos de la Administración Pública. el daño es anónimo. al tener que acreditar la culpa del servidor público responsable queda privado de la reparación de los daños sufridos. hacen vanos los criterios utilizados para imputar la acción dañosa a un sujeto determinado: en este sentido se puede concluir correctamente que. es la distinción entre la responsabilidad por las faltas personales del funcionario y la responsabilidad que resulta de la falta en el servicio. quedando.reparación del daño. sin embargo. sustraído a la tradicional configuración del elemento de la voluntad.. con ello la reparación del daño sufrido por la víctima adquiere mayor importancia y se le atribuye al Estado su reparación. con lo que se busca cumplir con la necesidad de reparar los daños sufridos por los administrados.. pues “el suceso dañoso. para que el Estado repare la . permitió que se adoptaran en Francia nuevos criterios de imputación como consecuencia de los casos presentados ante el Consejo de Estado a finales del siglo XIX.
como son la responsabilidad por riesgo creado derivada del uso instrumentos y substancias peligrosas y también de los accidentes de trabajo. respondan por los daños causados a los particulares en el cumplimiento de sus actividades. con lo que se vulneran los más elementales principios del Derecho. en los que el daño y su reparación se sobreponen a circunstancias que el mejor de los casos. es así como el criterio de imputación tradicional adoptado por nuestro legislación civil y las experiencias de otros regímenes. con la adopción de criterios de imputación objetivos adecuados a la realidad social. resultan ser demasiado complicadas para su acreditación. en este sentido la legislación administrativa se ha inclinado por criterios de imputación objetivos. o que son imposibles de demostrar. Sin embargo. estos criterios no responden a las necesidades actuales. Ante esta situación y debido a la evidente necesidad de que los órganos públicos. especialmente los que conforman la Administración Pública. la culpa como criterio de imputación crea situaciones de desigualdad e injusticia. se han adoptado criterios adecuados a la estructura y funcionamiento del Estado.4. nos han permitido estudiar de manera substancial los criterios de imputación prevalecientes en el derecho civil. especialmente el caso de España. Lo antes expuesto nos permite afirmar que la evolución de la responsabilidad extracontractual refleja la creación de nuevos criterios. que complementan la idea tradicional basada en la culpa para determinar la responsabilidad de una persona. 6. El daño y las formas para resarcir a los a gobernados lesionados por el Estado . sobre todo porque en el caso de los órganos públicos.lesión y por lo tanto no es necesaria la identificación de un comportamiento del funcionario.
que es “la pérdida o .El daño es esencial para determinar la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado. o sea cuando no se puede indemnizar en especie... ‘damnun’ daño.67 es así que la reparación se puede realizar a través de la restitución o bien. en la indemnización. Sólo que no sea posible volver las cosas al estado que guardaban. pues en este caso el daño se va a reparar pagando una suma de dinero. primero se debe buscar restituir las cosas al estado que tenían. lo que significa que el daño fue reparado en forma total y 2ª La indemnización en numerario consiste en pagar los daños y perjuicios cuando es imposible restablecer la situación anterior a la comisión del daño. que de ser posible se debe reponer a la persona una cosa idéntica a la que fue afectada y sólo cuando esto no es posible. Ernesto Gutiérrez y González señala: “Indemnizar es dejar sin daño.. es decir. Ejemplo: cuando el daño consiste en la pérdida de un órgano. siempre y cuando sea posible dicho reestablecimiento. ejemplo: si se quiebra un cristal se coloca otro en su lugar. en consecuencia la reparación será parcial. que es pagar una suma de dinero solamente. se deberá pagar una suma de dinero por concepto de daños y perjuicios. en la que se paga una suma de dinero. existen dos formas de indemnizar: “1ª La Indemnización en especie consiste en reestablecer la situación anterior a la comisión del daño. Para Joaquín Martínez Alfaro. indemnizar es volver las cosas al estado que tenían antes del daño. de la indemnización en especie o incluso de la indemnización en numerario. el vocablo se forma de ‘in’ sin. por lo tanto la indemnización en numerario busca retribuir a la víctima con una suma de dinero que puede estar integrada por el denominado daño emergente. ya que esta institución tiene como propósito fundamental su reparación. ya sea mediante la restitución en especie. y no como se cree. En consecuencia. cuando esta sea posible o a través de la indemnización. y por ello. Es así que la indemnización es total cuando se hace en especie y parcial cuando no es posible restituir las cosas al estado que guardaban antes. entonces se paga en dinero el importe de los daños y los perjuicios.. la reparación es “el restablecimiento de la situación anterior a la comisión del daño o en el pago de daños y perjuicios cuando sea imposible dicho restablecimiento”.” 69 De lo anterior se puede observar que.” 68 A este respecto.
estos casos también dan lugar a una indemnización en dinero. en el segundo.5. por una conducta lícita o ilícita de otra persona. citado por Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. ‘lo que constituye la certidumbre del daño. cuando la afectación que sufre una persona recae en sus sentimientos. c) Que el daño sea personal del demandante. Este segundo requisito considera no sólo al causante del daño sino también a terceros. 6. configuración de aspectos físicos. de igual manera es de fundamental distinguir entre el daño que resulta de un acto de autoridad que por su propia naturaleza se presume válido. generalmente se alude a un resultado de naturaleza material. vida privada. es el hecho de haberse producido las circunstancias que lo determinan’. sin embargo. Lo cual implica que sólo la persona que sufrido el daño pueda exigir su reparación. afectos. El daño. de no haber generado otra persona la conducta lícita o ilícita que la ley considera para responsabilizar a ésta. debe reunir los siguientes requisitos: “a) Que el daño sea cierto. Nexo Causal . lo que implica que deba de existir la evidencia de haberse producido y no que pueda ser eventual. en la consideración que de sí misma tienen los demás. que la ley considera para responsabilizar a ésta” y el perjuicio es: “la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido. en el cual la víctima está obligada a asumir la carga de la prueba de la ilegalidad de dicho acto y en consecuencia de los daños y perjuicios producidos y un hecho material que no es producido derivado del ejercicio de una función pública. según Esquerra Portocarrero. el daño también puede ser moral cuando no recae en el patrimonio de la víctima. honor. b) Que el daño no haya sido reparado. posible o hipotético. por constituir una lesión que disminuye el patrimonio. creencias. reputación.” 71 Los anteriores requisitos son de suma importancia para determinar la existencia del daño.” 70 Cuando se habla de daño.menoscabo que sufre una persona en su patrimonio. independientemente del daño material que también se hubiere ocasionado. decoro. más que su realización misma. o bien. en el primer caso significa que se haya producido al momento de ejercerse la acción indemnizatoria. La certeza del daño puede ser presente o futura. conforme al artículo 1916 del Código Civil citado. debido a que la víctima del daño sólo debe acreditar el daño sufrido y el nexo causal para que proceda la reparación del mismo.
deben ser consecuencia directa inmediata de la conducta ilícita de acción u omisión. es posible concluir que para que el Estado sea responsabilizado de daño y en consecuencia asuma su reparación. se establece que: “Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa dela falta de cumplimiento de la obligación.En el artículo 2110 del Código Civil para el Distrito Federal Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 6.” 72 En este sentido Jesús Leguina Villa. tienen que darse una relación de causa a efecto entre las actividades administrativas y el daño sufrido por un tercero. Excluyentes de la responsabilidad patrimonial del Estado Aun cuando el criterio de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado puede llegar a ser muy amplio. y no presentarse como una consecuencia indirecta o mediata. Sin el nexo causal. éste sólo se aplica a los daños y perjuicios derivados de la violación de una obligación contraída con anterioridad. ya que si bien la irresponsabilidad del Estado contraviene los principios del Estado de Derecho. no es posible imputar al Estado su reparación. señala que: “Para que nazca la obligación de indemnizar a cargo de la Administración es preciso que la lesión patrimonial <<sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos>>. esto no quiere decir que deba ser ilimitado. no será posible imputar el daño a la administración. debe existir una relación directa e inmediata entre el funcionamiento “normal o anormal” de un servicio público y el resultado. para Ernesto Gutiérrez y González “el daño y el perjuicio que se causen.” 73 Con base en lo anterior. al hablar sobre la responsabilidad del Estado. tal precepto es una referencia de la relación de causalidad que en el derecho civil se establece entre la conducta de acción u omisión y el daño o el perjuicio. por ello. . Así. en caso contrario. ya sea que se haya causado o que necesariamente deba causarse” Como puede apreciarse en la redacción del artículo citado. es decir.6.
en la adopción de la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. fuerza mayor. por una acción u omisión intencional o dolosa o no intencional que es consecuencia de negligencia. aunque real. el Estado interviene en la regulación de aspectos económicos que pueden causar daños a ciertos sectores de la economía. la irresponsabilidad absoluta es contraria a la naturaleza de la organización estatal. falta de previsión o de cuidado. se deben establecer en las normas reglamentarias criterios claros de excepción que no vulneren los derechos individuales ni el bien común. Por lo tanto. se da en aquellos casos en los cuales la víctima también participa e influye en la acción o una omisión . el daño es sufrido como consecuencia de la culpa de la víctima. como por ejemplo a través de empresas de participación estatal mayoritaria o minoritaria. Por eso es importante que. caso fortuito y hechos de un tercero. es así que se debe precisar el objeto de la adopción de esta figura a un régimen legal. en la Ley reglamentaria se precisen los casos en los que se exonera al Estado. el Estado no tiene porqué asumir los riesgos de sectores de la economía sujetos a las leyes del mercado. En la doctrina generalmente se establecen cuatro casos en los que un nexo causal exonera de toda responsabilidad al Estado. que son: culpa inexcusable de la víctima.el que deba asumir de manera ilimitada todos los daños acontecidos en el ámbito social desequilibraría la realización del bien común. pero también lo es la responsabilidad ilimitada del Estado. al establecer en forma general el principio de la responsabilidad del Estado. A) En cuanto al primer caso. sometido en muy buena medida a las normas privadas. en caso de que se adopte la responsabilidad constitucional del Estado a nivel constitucional. Por otro lado. ya que en la actualidad el Estado interviene en muy diversos aspectos de la vida social. es decir. sin embargo. no debe ser asumida en las mismas condiciones que aquellas actividades que buscan un fin esencial. en cuyo caso su responsabilidad. tomando en cuenta el fin de las actividades realizadas y las normas aplicables.
Aunado a esto. por lo tanto. y en su caso al Estado. no hay una participación directa.76 como sucede en ciertos fenómenos naturales como: terremotos. Miguel Villoro Toranzo explica: “por fuerza mayor se entienden. tempestades. difícilmente podría eximirse al funcionario. mientras que señala que es distinto “. etc. de tal modo que si se encuentra un nexo directo e inmediato el Estado queda relevado de asumir la reparación de la lesión.. que como ya se señaló gozan de la presencia de legalidad.que ocasiona un determinado resultado y se debe acreditar la relación causa-efecto entre la conducta personal del afectado y el daño o perjuicio sufrido. es menester que el daño provenga de la culpa de la víctima y que entre ambas exista una relación causal.. etc. como excluyente de responsabilidad del Estado. sobre tales hechos sí tiene plena aplicación la culpa inexcusable de la víctima. aquélla puede surgir de una acción o de una omisión de la víctima. al ser inevitable y anónima. de la responsabilidad patrimonial. por definición. por lo tanto. y en algunos hechos humanos en los que resulta imposible determinar a los individuos responsables. considera que “la fuerza mayor interviene en dos formas en el orden jurídico: o causando daño que. . cuando señala que “. A este respecto Luis Humberto Delgadillo considera que “a la culpa de la víctima le son aplicables los mismos fundamentos de la culpa del autor del daño.. pero para que sea exonerativa de la responsabilidad también debe mediar entre la conducta ilícita de la víctima y el daño y el perjuicio una relación de cusa efecto.. todas aquellas fuerzas ante las cuales el hombre se halla totalmente impotente tanto para repelerlas como para predecirlas y evitarlas”. tal es el caso de los daños causados por una rebelión.. no serán imputables a nadie. ya que en los actos emitidos por la autoridad.” 75 B) Con relación a la fuerza mayor.. o haciendo imposible el cumplimiento de determinadas obligaciones. insurrección o por una invasión.en el caso de los actos materiales de los agentes públicos.. puesto que respecto de ellos no tiene aplicación la presunción de legalidad y. inundaciones.frente a los actos de autoridad. este autor hace una distinción interesante respecto a la aplicación de esta causa de exoneración. Cuando por fuerza .. salvo en aquellos casos en que la víctima haya consentido tal acto al no haberlo impugnado dentro de los plazos que establezcan las leyes respectivas”.para que tanto el funcionario como el Estado se liberen de la responsabilidad.” 74 En relación con el particular.
D)La exoneración del Estado en la reparación de los daños provocados por un tercero. por la alteración de su integridad física.. bien sea por un empleo. otra excluyente de responsabilidad estatal es el caso fortuito. de asumir la reparación de las lesiones (daños y perjuicios) causadas al patrimonio de un particular (sujeto activo). exime a éste de la responsabilidad que le correspondería de no haber mediado el accidente”. reparación o indemnización.”77 C) Ahora bien. opere como excluyente de responsabilidad es menester que no sea una persona de cuyos actos sea responsable el Estado. desaparece la responsabilidad del deudor y éste queda exonerado del cumplimiento de la obligación. sea o no lícito. cargo o comisión de cualquier naturaleza”.mayor el deudor no puede cumplir una obligación. bienes o derechos.79 por ejemplo cuando alguien se apropia del uniforme y arma de un policía y dispara en contra de otro. . proponemos definir a la responsabilidad patrimonial del Estado. definido como “aquel suceso inesperado e involuntario que no puede ser previsto y que. teniendo su origen en motivos independientes de la voluntad del obligado. como consecuencia de las actividades que despliega el Poder Público para realizar los fines del Estado. pero éste no puede prever las consecuencias del hecho. es un caso en el cual el Estado no tiene por qué responsabilizarse de un hecho en el que no participó de manera directa e inmediata. en ese entendido “.78 se caracteriza porque su autor no es anónimo. Con base en lo expuesto en el presente capítulo y dado que no hemos encontrado una definición lo suficientemente amplia. como: La necesidad que tiene el Estado (sujeto pasivo). quien puede exigir la restitución..para que el hecho de un tercero. Ejemplo de esto son: cuando alguien tira sobre un blanco sin saber que hay alguien oculto o cuando de improviso alguien se atraviesa a un automovilista. el responsable directo es quien provocó el daño y no el Estado. que no se encuentre vinculada por una relación de servicio con el Estado. es decir. y que debe ser asumida en forma directa y objetiva por el Estado conforme a los principios del Estado de Derecho.
Las actividades del Estado. conllevan a un resultado según se trate del cumplimiento o la trasgresión a un deber o una obligación. la idea más recurrente en los temas desarrollados que conforman el presente estudio. en la valoración jurídica y en la racionalización contenida en las normas jurídicas. tienen de manera intrínseca una naturaleza constructora del orden social. De ahí. ya que cuando se produce un daño. en el caso de la Administración Pública. encuentra su fundamento en la realidad. que el Estado sea una construcción. ya que derivan de la conducta o la actuación de las personas jurídicas (individuales o colectivas) y. en las normas legales y el cumplimiento o no de éstas origina consecuencias de carácter formal o material a los que se otorgan ciertas consecuencias. como lo puede ser el surgimiento de un derecho de crédito indemnizatorio por el incumplimiento de un contrato público o por el daño causado por la actividad de alguna dependencia o de organismo públicos. los actos y los hechos jurídicos. pues el Estado en el ejercicio de las funciones en que se divide el Poder Público. que en conjunto aseguran la convivencia y el mejoramiento social. cabe destacar que. los órganos que constituyen al Poder Público en el ejercicio de sus funciones pueden generar daños a los particulares. lo cual ratifica que el Estado como persona jurídica colectiva. El sistema legal regula la acción y la omisión en las funciones del Gobierno. en la que todos sus elementos y su funcionamiento están sometidos a la ley y a los principios del Estado de Derecho. Así lo demuestra la vinculación que existe entre los concepto de Derecho y de persona jurídica con el Estado. Por eso. es decir que la acción u omisión presente en los actos y hechos que son objeto de la regulación del Derecho (supuestos) generan consecuencias conforme a las normas legales (efectos). sin embargo. por la conducta o la actuación de una persona jurídica. así como sus consecuencias. es el del Estado como sujeto de Derecho. sin duda. la importancia de estudiar. realiza actos y hechos que están sometidos a los previsto. surge la responsabilidad de . reflejadas en actos y hechos jurídicos.A manera de conclusión. al exteriorizarse de manera formal o materiales.
Estado y Derecho.asumir su restitución. es responsable por los daños que cause a los particulares. De ahí que el Estado esté sujeto al Derecho. reparación o indemnización como efecto. por esto. son instrumentos al servicio de los seres humanos. ya que la imputación de responsabilidad es un instrumento que ha sido creado y que ha evolucionado junto con el Derecho y el Estado. al estar sometido al Derecho. pues de ello dependen la convivencia y el mejoramiento social. el Estado no puede estar al margen de la evolución de las instituciones jurídicas y el Derecho no puede ignorar las necesidades sociales. . ya que ambos. sobre todo en el caso de los daños que derivan de las actividades del Estado que.
Porrúa. Jorge. 10 Loc. p. 8 MAYNEZ. México. 383-384. 4 SERRA. Porrúa. pp.. Introducción al Estudio del Derecho. México. cit. op. p. Año XXX.467. 12 Íd. p. p. Introducción al Derecho. pp. cit.Notas 1 VILLORO TORANZO. 418.. cit. 399. 2 Íd. op. cit. p. 427. 89. Elementos de Derecho. op. 404. Eduardo. Porrúa. 405. cit. 271. mayo-agosto. 419. 13 DELGADILLO. Miguel. . 3 Ibíd. p. op. p. 426-427. 11 VILLORO. 1993. p. 5 MAYNEZ GARCÍA. p. p. 1er curso.. 7 PINA VARA. 120. Diccionario de Derecho México. op. Rafael de. “Personas jurídicas de Derecho Público en México” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 9 PINA. 14 FRAGA. México. p. cit. 75. 6 FERNÁNDEZ RUIZ. 275. No. 1997. UNAM/Facultad de Derecho.
17 TENA RAMÍREZ. 554. Teoría general del derecho administrativo. 1984. 123. 366. cit.15 Íd. Imp. Agustín. Introducción-Personas. México... 25 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ. 23 URIBE. cit. p. Derecho Constitucional Mexicano. pp. Vda. p.. 26 Íd. p. p.. 27 Cf. Galo Sáez. VILLORO. cit. 201. 21 GORDILLO. 24 Loc.. 8a ed. p. Suc. 19 SERRA. Derecho Civil Mexicano. 28 Cf. Porrúa. Madrid. p. 16 GORDILLO. 1983. 125. op. 22 Íd. México. México. 121. p. p. p. 125-132. 255. 18 PINA. Felipe. Derecho de las obligaciones. Ernesto. cit.. cit. . Porrúa. 20 Loc. Porrúa.51.8. op. Familia. 333-366. pp. cit. op. pp. Ibíd. op. 202-203. 1997.
GÖRLICH. pp. Martínez Roca.. 30 FRAGA. SCHIPANI. p. 327.. 30. loc. pp. cit. Homenaje al profesor Doctor Isidro H. pp. 32 Loc. 34 Cf. Barcelona. 1972.. 329. cit.. cit. 326. 35 LEGUINA. p. 40 Íd. 21-35. 30-37. cit. Ernst J. . 22-23. 39 Cf. Goldenberg. íd. 4a ed. 37 Ibíd. 31 Loc. cit. 41 Cf. p. Abeledo-Perrot... Mariano Orta Manzano.. cit. 36 Cf. cit. p. trad. cit. 42 Cf.. 1995.29 Cf.. 33 Loc. Historia del Mundo. Íd. Buenos Aires.. op. p. Sandro. op. 328 38 Loc. “El Sistema Romano de la Responsabilidad Extracontractual: El Principio de la Culpa y el Método de la Tipicidad” en La responsabilidad.. loc.
293.. 52 DELGADILLO. Otto. 45 Ibíd. citado por CASTRO. Derecho administrativo alemán. 54 Íd. op.. p. cit. 50 Ibíd. op. p. 216.. cit. 44 Íd. 55 CASTRO... 32. p. 48 Loc. p. op. 56 CANASSI. tomo IV. 77-78. 35. p. 51 CASTRO. cit. 39. .2o curso. cit. 57 MAYER. p. p. Elementos de Derecho Administrativo. p. 29. 78. 201. 488. cit. cit. op. 34. 28. 53 DELGADILLO. 164. 49 Ibíd. cit. p.43 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ. Elementos de Derecho Administrativo. op. 47 Ibíd... p. 288. 1er curso. p. 46 Loc. p. pp. p.
op. 491. op. op. op. cit. pp. Il problema della responsabilità civile. cit. 1981. 88. Porrúa. Teoría de las Obligaciones. 192. 341. Porrúa. cit. cit. 62 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ. 1997. Milano. citado por LEGUINA. p. León. 481. Las Transformaciones del Derecho Público..22. Mayo Ediciones. citado por HERNÁNDEZ ALFARO.58 DUGUIT. 174-175. p. 198. op. 2o curso. op. 1997. cit. . 67 MARTÍNEZ ALFARO. p. México. 173. p. op. p. Teoría de las Obligaciones. citado por CASTRO. 61 PALOMAR. op. cit.. 64 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ. 70 Íd. 60 MARTÍNEZ ALFARO. p. 495. p. 4a ed. cit. 172-173. Elementos de Derecho Administrativo. 2. México. 71 DELGADILLO. Julio I. México. 484. 291. pp.” p. 68 Íd. 1969. p. p. 65 DELGADILLO. 66 RODOTÀ. p.. 63 MARTÍNEZ ALFARO. op. p. cit. 69 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ. Responsabilidad del Estado. Sub Voce “Culpa. 175. 59 ALTAMIRA GIGENA. 396. Joaquín. Diccionario para Juristas. 356. cit. p. citado por CASTRO. p. p. p. 82.
cit. p. op. . 176. cit.72 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ. p. cit. 79 DELGADILLO. p. p. op. op... 339. 177. cit. 78 Loc. 77 Íd. cit. op. pp. 74 DELGADILLO. pp. 338-339. op. 339. p. 75 Íd. 493. 73 LEGUINA. 76 VILLORO TORANZO. 175-176. cit.
Documentos similares a Análisis teórico-estructural
Más de Hikaru Sekizuka
Preguntas y Respuestas Concursos y Quiebras
Taller Curso Derecho Procesal Civil
Jully Paola Rojas
Contratos en General(1)
Ley 19287

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 90
 artículo 89
 artículo 49
 artículo 94
 artículo 1915
 artículo 1927
 artículo 1928
 artículo 1927
 artículo 1927
 artículo 1927
 artículo 1927
 artículo 1936
 artículo 1913
 artículo 1910
 artículo 1936
 artículo 1913
 artículo 1927
 artículo 1916
 artículo 2110