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Timestamp: 2019-09-22 06:11:57+00:00

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Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente (Vigente hasta el 01 de Enero de 2000).
Vigencia desde 14 de Diciembre de 1995. Esta revisión vigente desde 14 de Diciembre de 1995 hasta 01 de Enero de 2000
Artículo 1 Derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente
Artículo 3 Denegación de la información
Artículo 5 Soporte material de la información
Artículo 6 Difusión periódica de información ambiental
Tercera Autorización de desarrollo
Ley 38/1995, 12 diciembre, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio), el 20 de julio de 2006.
En el ordenamiento interno español, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya reconoce en su artículo 35 el derecho de los ciudadanos al acceso a los registros y archivos de las Administraciones públicas en los términos previstos en la Constitución y en esa u otras Leyes, regulando ese derecho con carácter general en su artículo 37, sin perjuicio de las disposiciones específicas que rijan el acceso a determinados archivos, y estableciendo los supuestos en los que no podrá ejercitarse, si bien tal derecho de acceso y las causas por las que se puede denegar su ejercicio quedan limitados a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.
Por otro lado, la citada Ley al atribuir este derecho a los ciudadanos está reconociendo únicamente su ejercicio a los nacionales españoles; por último, al establecer su artículo 42.2 que el plazo máximo de resolución será de tres meses cuando la norma de procedimiento no fije plazos, limita igualmente el término que la Directiva impone a los Estados miembros para la efectividad o denegación del acceso a la información en materia ambiental.
La Ley establece que la falta de resolución expresa de las solicitudes de información sobre el medio ambiente tendrá efecto desestimatorio, habida cuenta que en estos casos la realización efectiva del derecho no se obtiene con el acto presunto estimatorio, sino con la entrega de la documentación solicitada y ello sin perjuicio del deber de la Administración de resolver en todo caso las solicitudes formuladas y del derecho de los solicitantes a acudir directamente a la vía jurisdiccional dado que las resoluciones en esta materia, expresas o presuntas, agotan la vía administrativa.
a) Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, en el ejercicio de sus competencias no sujetas a Derecho administrativo.
b) Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.
c) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial. Por lo que se refiere a los datos sobre emisiones o vertidos, volumen o composición de materias primas o combustibles utilizados y a la producción o gestión de residuos tóxicos y peligrosos, sólo podrá aplicarse esta causa de denegación de información medioambiental cuando la vinculación de tales datos con el secreto comercial o industrial esté regulada en una norma con rango de ley.
d) Los que contengan información que afecte a la defensa nacional, a la seguridad del Estado o a las relaciones internacionales.
e) Los que hayan estado sujetos, o lo estén en la actualidad, a algún procedimiento judicial o administrativo sancionador, incluidas las diligencias o actuaciones previas o de carácter preliminar.
Letra e) del número 1 del artículo 3 redactada por el número 1 del artículo 81 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 30 diciembre).
f) Los amparados en el secreto de la propiedad intelectual.
g) Los que afecten a la confidencialidad de datos y de expedientes personales.
h) Los datos proporcionados por un tercero sin que el mismo esté obligado jurídicamente a facilitarlos.
i) Los que con su divulgación pudieran perjudicar a los elementos del medio ambiente a que se refieran los datos solicitados.
3. Asimismo, las Administraciones públicas podrán denegar una solicitud de acceso a la información sobre medio ambiente cuando afecte a documentos o datos inconclusos, se refiera a comunicaciones o deliberaciones internas de las Administraciones públicas, sea manifiestamente abusiva o esté formulada de tal manera que por la generalidad de la petición no sea posible determinar el objeto de lo solicitado.
Artículo 4 redactado por el número 2 del artículo 81 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 30 diciembre).
2. El ejercicio del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente dará lugar en su caso, al pago del precio público que pueda haber establecido la Administración pública que deba suministrar la información.
Número 2 del artículo 5 redactado por el número 3 del artículo 81 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 30 diciembre).
Los artículos 1 y 2 de esta Ley tienen carácter de legislación básica de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución.
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley,

References: Artículo 1

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 35
 artículo 37
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 81

Artículo 4
 artículo 81
 artículo 5
 artículo 81
 artículo 149