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Timestamp: 2018-09-25 13:35:25+00:00

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﻿ Sentencia C-71 de febrero 10 de 2010
SENTENCIA C-71 DE 10 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA JUDICIAL DE LIQUIDACIÓN, EN EL MARCO DE UN PROCESO DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL, NO VULNERA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE BRINDA AL DERECHO AL TRABAJO, NI EL DEBIDO PROCESO, EN RAZÓN A QUE SE TRATA DE UNA MEDIDA QUE NO OBEDECE A LA VOLUNTAD INCONTROLADA DEL EMPLEADOR. SE ANALIZA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES DE DERECHO PRIVADOLA PROTECCIÓN LABORAL CONTRA LOS DESPIDOS COLECTIVOSEL ALCANCE DE LA NORMA EN EL MARCO DE LOS PROPÓSITOS QUE GUÍAN LA LEY DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL. SE DECLARA EXEQUIBLE EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 1116 DE 2006.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, PROCESO DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL, DESPIDO COLECTIVO, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:462 DE JUNIO DE 2010, PG.1059
Sentencia C-71 de febrero 10 de 2010
Ref.: Expediente D-7821
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 “Por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Nixon Torres Cárcamo solicitó ante esta corporación la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 “Por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”.
Mediante providencia de veintitrés (23) de julio de dos mil nueve (2009), el magistrado sustanciador dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Invitó a participar en el presente juicio a los decanos de las facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia, Nacional, Javeriana, EAFIT, de los Andes, Libre, Universidad de Ibagué y del Rosario, al igual que al Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia —Andi—, al Presidente de la Confederación Colombiana de Trabajadores —CTC— y al Secretario General de la Confederación General del Trabajo CGT, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la norma demandada.
A continuación se transcribe el texto de la disposición parcialmente demandada, de conformidad con su publicación en el Diario oficial 46.494 del 27 de diciembre de 2006, y se subraya el aparte acusado.
10. La prevención a los deudores del concursado de que solo pueden pagar al liquidador, advirtiendo la ineficacia del pago hecho a persona distinta.
PAR.—Lo previsto en el presente artículo no se aplicará respecto de cualquier tipo de acto o contrato que tenga por objeto o como efecto la emisión de valores u otros derechos de naturaleza negociable en el mercado público de valores de Colombia o del exterior, ni respecto de patrimonios autónomos constituidos para adelantar procesos de titularización a través del mercado público de valores, ni de aquellos patrimonios autónomos que tengan fines de garantía que formen parte de la estructura de la emisión”.
4. Permitir que las obligaciones derivadas de la terminación inmediata de los contratos de trabajo a la apertura de liquidación judicial, queden sujetas al proceso concursal y a la clasificación de las acreencias, desconoce los derechos laborales (C.P., art. 53), pues los trabajadores quedan convertidos en simples acreedores del proceso de liquidación judicial, lo cual afecta su derecho a la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.
1.1. Del Ministerio de la Protección Social.
El legislador estableció en el numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, de manera organizada y sistemática, las posibilidades legales que tienen los trabajadores ante un eventual incumplimiento por parte del empleador —referido al pago de los salarios y prestaciones adeudadas—, al momento del proceso de liquidación judicial.
La disposición acusada debe ser complementada para su cabal entendimiento con el contenido del numeral 6º del artículo 50 que contempla que el Ministerio de la Protección Social velará por el cumplimiento de las obligaciones laborales.
1.2. De la Superintendencia de Sociedades.
Luz Amparo Cardozo González, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de esta superintendencia, solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad de la norma acusada. A continuación se reseñan los aspectos relevantes de su intervención:
Se trata de una previsión que no solo respeta los derechos de los trabajadores, sino que les otorga un trato privilegiado en relación con el previsto en el régimen ordinario laboral. En este sentido, establece mecanismos que los releva de permanecer atados a una relación “desventajosa, crítica e incierta”, y supeditados al trámite administrativo previsto en los literales e) y f) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo para dar por terminados los contratos de trabajo, al cabo del cual no obtendrían ventaja económica alguna.
2.1. De la Universidad Nacional de Colombia.
2.1.1. El derecho individual al trabajo se orienta por la regla general, desarrollada por la jurisprudencia constitucional y especializada, denominada “estabilidad laboral relativa”, según la cual se restringe, pero no se elimina, la facultad que tiene el empleador para terminar en forma unilateral el contrato de trabajo, mediante el pago de una indemnización que compense al trabajador los perjuicios ocasionados con dicha terminación.
La norma acusada prevé como consecuencia inseparable de la terminación del contrato de trabajo en el contexto de la apertura de liquidación judicial, la correlativa obligación de efectuar “el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores”, lo cual constituye una garantía de los derechos de los trabajadores. Igualmente surge la obligación de previsión del pago de los derechos prestacionales y laborales de los trabajadores, desde el inicio del proceso liquidatorio.
2.1.2. La decisión del legislador de prever la terminación de los contratos de trabajo de manera concomitante al momento en que la personería jurídica de la empresa en situación de insolvencia deja de existir, constituye una clara medida de protección, pues “es conocido por la historia nacional los eventos en los cuales los contratos de trabajo permanecieron indefinidamente vigentes mientras se celebraban procesos liquidatorios de empresas de reconocido renombre nacional, dejando para el final de la liquidación el compromiso patronal de pagar a sus trabajadores que permanecieron vinculados durante todo el proceso de liquidación con total cesación de labores”.
En estas condiciones, “el efecto de pleno derecho que confiere la apertura del proceso de liquidación judicial antes de menoscabar el derecho al trabajo en cualquiera de sus ámbitos, lo garantiza, permitiendo que en un proceso con miras a la finiquitación total de la empresa, sean retirados los trabajadores antes de proseguir en una situación indefinida de suspenso de la situación laboral”. Este proceso facilita la reunión de los activos que quedan a la empresa con miras a la correcta y efectiva liquidación de las prestaciones laborales.
En conclusión, el enunciado normativo acusado no es “una disposición dejada al capricho de legislador, sino una garantía legal a los derechos de los trabajadores (...) en la etapa final luego de varios intentos por salvar la empresa mediante mecanismos también explícitos en la ley”.
2.2. De la Universidad del Rosario.
Sostiene que “si bien es cierto es deber del estado proteger el derecho al trabajo, o mejor aún, el acceso al mismo, también es cierto que dentro de nuestro estado social de derecho prevalece el interés general sobre el particular en la medida de que en virtud de protección del gasto público (sic), mantener cargos públicos (sic) hasta finalizada la liquidación de una entidad resulta oneroso si se tiene en cuenta que dicha entidad resultará liquidada y en ese caso sostener una nómina de trabajadores hasta cumplida la liquidación no tiene objeto”.
Agrega que “el debido proceso no tiene ningún tipo de relación en estos casos ya que el proceso de liquidación no vulnera y no se coadyuva de ninguna manera con lo consagrado en el artículo 29 de la Carta Magna, ya que al trabajador se le respetan sus garantías que le otorga tal calidad y en ninguna circunstancia por terminarse su labor dentro de un proceso de liquidación se va en contra de su dignidad”.
3. De organizaciones gremiales.
3.1. De la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
En conclusión, “las reglas establecidas en el artículo 50 de la Ley 1116 son una forma de materializar la especial protección al trabajo por parte del Estado, pues buscan, precisamente, otorgar un especial amparo a las acreencias laborales —buscando la garantía de su pago y evitando la causación de obligaciones futuras de difícil o imposible solución— mediante mecanismos adecuados como lo son la previa decisión judicial y el seguimiento posterior del Ministerio de la Protección Social, lo que de suyo asegura que no son decisiones arbitrarias, muy por el contrario, razonables y, en sedes de procesos administrativos y judiciales con las debidas garantías para los trabajadores”.
Mediante concepto 4846 de 14 de septiembre de 2009, el señor Procurador General de la Nación dividió para su exposición el enunciado acusado. Así respecto de la expresión “la terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna (...)” contenida en el numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, solicitó la declaratoria de exequibilidad. A su turno, sugirió a la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión “quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les corresponda”, que forma parte de la misma disposición.
1. Sobre el primer segmento normativo señalado, expresó el procurador que la terminación de los contratos de trabajo, como efecto de la apertura del proceso de liquidación judicial, sin que para ellos se requiera autorización judicial o administrativa, acompañada del correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores de conformidad con la ley laboral, resulta ser una medida justificada y razonable, teniendo en cuenta que la finalidad del mecanismo es “la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor”.
1.1. Dado el estado de insolvencia en que se encuentra el empleador, las medidas consagradas en el numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, son de protección en cuanto conllevan el reconocimiento, con prelación, de los perjuicios a los trabajadores de la empresa colocada en imposibilidad de atender sus obligaciones, incluidas las acreencias laborales.
1.2. En relación con la prescindencia de autorización administrativa o judicial para la terminación de los contratos, destaca que el legislador dispuso en el numeral 6º del artículo parcialmente acusado, el envío de una copia de la providencia de apertura del proceso de liquidación judicial al Ministerio de la Protección Social con el propósito de que vele por el cumplimiento de las obligaciones laborales.
1.3. La expresión “la terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna (...)”, a juicio del procurador, se aviene al orden constitucional (C.P., arts. 25 y 53), en cuanto constituye un desarrollo del estado social de derecho como quiera que prevé una serie de garantías para el trabajador a la finalización de su relación laboral, al tiempo que adscribe al empleador una responsabilidad acorde con el perjuicio sufrido por aquel.
2. En cuanto a la tacha referida al segmento normativo “quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les corresponda” contenida en el mismo numeral acusado, sostiene el Ministerio Público que el demandante no plantea una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la norma que se acusa y la Carta Política, limitándose a afirmar que con ello se establecen pautas legales que desconocen los derechos de los trabajadores, tales como su remuneración mínima, vital y móvil.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 1116 de 2006.
2. De conformidad con la demanda, el numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, vulnera el derecho al trabajo (arts. 25 y 53), el debido proceso (art. 29) y el preámbulo de la Constitución, en razón a que autoriza la terminación de los contratos de trabajo una vez sea decretada la apertura del proceso de liquidación judicial, sin autorización judicial ni control previo por parte de las autoridades laborales. A juicio del actor, las personas que laboran en la empresa sometida a liquidación, tienen derecho a permanecer vinculadas a la misma hasta tanto se constate que sus funciones no son requeridas para el proceso de liquidación judicial; por virtud de la norma acusada aquellas se convierten “en simples acreedores del proceso de liquidación judicial”.
5. Previamente a la formulación del problema jurídico que la Corte debe resolver en esta oportunidad, estima la Sala necesario precisar que, contrario a lo que opina el Ministerio Público, la presunta vulneración de los derechos de los trabajadores (arts. 25 y 53) y del debido proceso (art. 29) que acusa el actor, se predica de todo el contenido normativo impugnado. El planteamiento del demandante engloba la totalidad del precepto, sin que sea admisible la escisión que pretende el Procurador. En efecto, el reproche que formula el demandante está referido no solo a la terminación generalizada de los contratos de trabajo, sin que medie autorización judicial o administrativa, sino, de manera complementaria, al hecho de que a los trabajadores, a partir de la liquidación judicial se les reconozca la calidad de “simples acreedores” despojándolos del vínculo laboral (segunda parte del enunciado). La Corte se pronunciará, en consecuencia, sobre la totalidad del contenido normativo que es objeto de la demanda.
8. El artículo 53 de la Constitución estableció que un principio mínimo fundamental relativo al derecho al trabajo es la “estabilidad en el empleo”. Al decir de la Corte, dicha estabilidad “consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido”(1).
Esto significa que las relaciones laborales no se rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, y que el despido no puede ocurrir debido al deseo injustificado del patrono, pues están involucrados otros valores constitucionales relacionados con la protección del trabajador dada su relación de subordinación frente al patrono, y la garantía de su mínimo vital frente a las posibles interrupciones arbitrarias del contrato(2).
9. No obstante, la Corte también ha sido enfática en afirmar que la estabilidad laboral no trae como consecuencia la inamovilidad del empleado particular. Tanto el patrono como el empleador pueden dar fin a la relación de trabajo en desarrollo de la libertad contractual, siempre y cuando se respete el ámbito de la ley y los derechos de los trabajadores(3). En este sentido, ha dicho esta corporación que el principio de estabilidad en el empleo no se opone a la celebración de contratos a término definido(4), y que es exequible la norma que consagra la terminación del contrato individual de trabajo por expiración del plazo fijo pactado(5) siempre que se respete el debido proceso y se permita la renovación sucesiva del mismo conforme a las formalidades legales(6).
Igualmente, la Corte ha avalado la constitucionalidad de la terminación unilateral del contrato de trabajadores particulares cuando se incluye al trabajador en la nómina de pensión de vejez(7); la terminación unilateral del contrato laboral por justa causa debido a la detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea absuelto(8); y por el comprobado acto de grave violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera de servicio, en contra del patrono, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores(9); así como la terminación unilateral del contrato, aún sin justa causa, con la correspondiente indemnización prevista en la ley laboral(10).
Por esta razón, la crítica situación financiera que pueda enfrentar una empresa no la releva del deber de cumplir con sus obligaciones previamente adquiridas “por cuanto es obligación de las entidades públicas o privadas, prever con antelación las partidas presupuestales indispensables que conlleven a la garantía y cumplimiento puntual de las obligaciones laborales”(11). En cualquier caso, si ello no fue previsto, las acreencias laborales deben tener una efectiva prelación frente a las demás deudas asumidas por la empresa, y deben ser pagadas conforme a las condiciones pactadas en las convenciones colectivas, si a ello hay lugar.
13. En cuanto a la prelación de los créditos laborales, la legislación laboral y civil establece que “los créditos causados o exigibles de trabajadores por concepto de salarios, la cesantía y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase de créditos que establece el artículo 2495 del Código Civil” y que “cuando la quiebra imponga el despido de trabajadores, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones se tendrán como gastos pagaderos con preferencia sobre los demás créditos”(12). De este modo, el pago de los créditos de carácter laboral guarda una prelación absoluta sobre las demás obligaciones, incluso sobre aquellas otras que el código civil califica como de primer grado.
14. Lo anterior se encuentra en concordancia con las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en el Convenio 95 “relativo a la protección del salario” establece que, en caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores empleados deben ser considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a los salarios, y deben tener una relación de prioridad frente a los demás créditos preferentes:
“1. En caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores empleados en la misma deberán ser considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a los salarios que se les deban por los servicios prestados durante un período anterior a la quiebra o a la liquidación judicial, que será determinado por la legislación nacional, o en lo que concierne a los salarios que no excedan de una suma fijada por la legislación nacional.//2. El salario que constituya un crédito preferente se deberá pagar íntegramente antes de que los acreedores ordinarios puedan reclamar la parte del activo que les corresponda.//3. La legislación nacional deberá determinar la relación de prioridad entre el salario que constituya un crédito preferente y los demás créditos preferentes”(13).
(i) “La necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores de la empresa en liquidación impone a su liquidador la obligación de adelantar las gestiones tendientes al pago de las acreencias laborales, entre ellas los aportes a la seguridad social. Estos rubros, en todo caso, constituyen gastos de administración al interior del trámite liquidatorio”(14).
(ii) Cuando la empresa se ha comprometido con el pago de las pensiones de sus trabajadores, sin constituir las garantías necesarias para asegurar el pago oportuno de las mesadas, o si ha dejado de pagarlas oportunamente, es exigible la realización de pagos de mesadas pensionales a cargo de la entidad, “en consideración a los dineros disponibles que se vayan recaudando, sin que para el efecto sea necesario esperar a la terminación del proceso de liquidación obligatoria”(15).
(iii) No es suficiente con que la empresa que se encuentra en un proceso concursal establezca un acuerdo de pago con las entidades administradoras de pensiones referente a las mesadas dejadas de cancelar. “Los derechos constitucionales en juego solo resultan debidamente protegidos a través del pago efectivo de los aportes”.
(iv) El empleador está obligado a asumir las prestaciones y reconocer los perjuicios a que haya lugar, en relación con el suministro de prestaciones médico asistenciales cuando haya dejado de realizar los aportes oportunamente al sistema de seguridad social en salud. En este evento, “las EPS que venían prestando el servicio deben hacerse parte dentro del proceso liquidatorio con el fin de obtener el pago de las sumas adeudadas”(16).
De acuerdo con la Ley 50 de 1990 —artículo 67(17)— cuando un empleador se vea en la necesidad de hacer despidos colectivos de trabajadores, por causas distintas a las consideradas como legalmente justas para la terminación del contrato(18) o a aquella fundada en la terminación de la obra o la labor contratada(19), debe obtener la autorización previa del Ministerio de la Protección Social, explicando los motivos y acompañando los soportes financieros, contables, técnicos, comerciales, administrativos que los acrediten debidamente.
17. La ley(20) se ocupa de los eventos en que es factible realizar despidos colectivos contando para ello con la autorización previa expedida por la autoridad administrativa, así como de los criterios y elementos que esta debe tener en cuenta para su calificación, y el alcance del poder discrecional de la administración para su autorización. Las situaciones que pueden dar origen a su declaratoria están relacionadas con: (i) necesidades de modernización o supresión de equipos, procesos y sistemas de trabajo con miras a mejorar la productividad y la competitividad de su empresa; (ii) razones de carácter financiero que coloquen al empleador en peligro de entrar en estado de cesación de pagos, o que de hecho así haya ocurrido; (iii)o de naturaleza técnica o económica como la falta de materias primas u otras que puedan asimilarse en sus efectos.
19. Cabe precisar que respecto de los trabajadores aforados cobijados por una decisión de terminación de colectiva de contratos de trabajo al amparo del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que: “(...) La decisión del empleador de realizar despidos colectivos por razones económicas, técnicas, financieras, operativas, de producción o análogas no desplaza el derecho de los representantes de los trabajadores (aforados) a permanecer en el empleo, así la medida cuente con la aquiescencia de las autoridades administrativas del trabajo.
Lo anterior si se considera que los artículos 39, 53 y 93 de la Constitución Política conceden a los activistas sindicales protección contra el despido arbitrario y los códigos sustantivos y Procesal del Trabajo no consideran justo que el empleador pueda promover, por su propia iniciativa, el levantamiento de la garantía constitucional concedida a los representantes de los trabajadores para el ejercicio de su gestión sindical”(21).
20. Para la calificación de un evento como despido colectivo la jurisprudencia especializada y la doctrina han construido unos criterios (numérico y temporal) que han sido acogidos por el legislador (L. 50/90, art. 67). En primer lugar, la noción de despido denota siempre un acto de iniciativa patronal, que comporta la terminación unilateral del contrato de trabajo de un número significativo de trabajadores, teniendo en cuenta el total de trabajadores de la empresa(22), y dentro de un lapso de tiempo determinado (6 meses). Los despidos con justa causa no cuentan dentro del cúmulo de despidos requeridos para calificar el evento como despido colectivo.
El despido colectivo efectuado sin que medie la autorización administrativa no produce ningún efecto jurídico, en tanto se tiene como inexistente la determinación del empleador, y en consecuencia los trabajadores tienen derecho a percibir el salario, como quiera que se configura uno de los eventos en que, según el legislador, la no prestación del servicio obedece a disposición o culpa del trabajador(23).
21. De otra parte, la autorización del Ministerio de la Protección Social para dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo a una pluralidad de trabajadores no exime al empleador de la obligación de indemnizar, puesto que de acuerdo con la jurisprudencia especializada(24) tal habilitación, solo conduce a hacer producir efectos jurídicos a los despidos de esta naturaleza y a liberar al empleador de las consecuencias que para el despido colectivo no autorizado prevé la ley, como es el pago de salarios, aun cuando no haya prestación del servicio (CST, art. 140).
Al decir de la Sala de Casación Laboral el despido colectivo, individualmente considerado, comporta una decisión unilateral y, así mismo injusta y con alcances indemnizatorios, comoquiera que “lo que acontece en la práctica es precisamente esto, vale decir que el empresario autónomamente decide terminar los contratos de trabajo de determinados trabajadores que él mismo selecciona según sus propios intereses, mientras que a otros servidores los mantiene”(25).
23. La Ley 1116 de 2006, contempla el régimen de insolvencia empresarial y fue expedida con el propósito fundamental de proteger el crédito, y propender por la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Persigue además finalidades concurrentes a aquella, como las de propiciar y proteger la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general, y sancionar las conductas que le sean contrarias(26).
Estos propósitos se desarrollan a través de un procedimiento que comprende dos fases: el proceso de reorganización y el de liquidación judicial. El proceso de reorganización se orienta a la preservación de las empresas viables y a la normalización de sus relaciones comerciales y crediticias a través de una reestructuración operacional y administrativa de activos y pasivos. En tanto que el proceso de liquidación judicial, propende por que esta sea “pronta y ordenada buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor”(27).
24. Como quiera que la Ley 1116 de 2006 estructura un régimen permanente de insolvencia empresarial, el proceso de liquidación tiene naturaleza jurisdiccional, y las autoridades competentes para su aplicación —la Superintendencia de Sociedades(28) y los jueces civiles del circuito(29)— cuentan con todas la atribuciones necesarias para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo, incluida la potestad de definir derechos en discusión e imponer sanciones y multas a quienes incumplan los mandatos del juez, de la ley o de los estatutos(30).
25. La apertura del proceso de liquidación judicial comporta como primera consecuencia la “disolución de la persona jurídica” (art. 50, num. 1º). A partir de ello, se producen otros efectos como los previstos en el numeral 5º acusado: “La terminación de los contratos de trabajo con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les correspondan”.
26. De esta manera, de acuerdo con el precepto acusado, algunas de las consecuencias que conlleva la declaratoria judicial de liquidación son: (i) la terminación de los contratos de trabajo; (ii) el pago de las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo; (iii) la prescindencia de autorización judicial o administrativa previa de la autoridad laboral para la toma de esas determinaciones; (iv) la sujeción de las obligaciones derivadas de la finalización de los contratos laborales a las reglas del concurso, atendiendo las preferencias y prelaciones que correspondan.
En cuanto a la (i) terminación de los contratos de trabajo, se advierte que se trata de una consecuencia material vinculada al hecho de que la empresa deja de funcionar como unidad de explotación económica. A partir de la fecha de inicio de la liquidación surge de inmediato para el deudor la imposibilidad de realizar operaciones en desarrollo de su objeto, como quiera que su capacidad jurídica se preserva únicamente para los actos necesarios a la liquidación y respecto de aquellos que procuren la adecuada preservación de los activos (art. 48.2).
(ii) La finalización de las relaciones laborales subsistentes al momento de la liquidación se produce a consecuencia de una causa no imputable al trabajador. En consecuencia teniendo en cuenta que a este no le es exigible asumir los riesgos o pérdidas del empleador (CST, art. 28), la hipótesis se asimila a la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, evento para el cual la ley laboral prevé la indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, prerrogativa que comprende el lucro cesante y el daño emergente (CST, art. 64).
(iii) La decisión de declarar terminados los contratos laborales, concurrente con la declaratoria judicial de “empresa en liquidación”, no demanda habilitación previa, judicial o administrativa, proveniente de las autoridades del trabajo. Es el juez del concurso quien adoptará dicha determinación una vez establezca el incumplimiento del acuerdo de reorganización, el fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración, o la configuración de cualquiera de las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la ley (art. 49) entre las que se destaca el “tener a cargo obligaciones vencidas, por concepto de mesadas pensionales, retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a los trabajadores, o aportes al Sistema de Seguridad Social integral, sin que las mismas fuesen subsanadas dentro del término indicado por el juez del concurso (...)”(art. 49.7).
La potestad que se atribuye al juez del concurso para calificar las situaciones que conducen, en un primer momento al inicio del proceso de reorganización, y luego a la liquidación y adopción de medidas como la de dar por terminados los contratos laborales, se inscribe dentro de las atribuciones generales que le son otorgadas para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo, entre ellas la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor.
De otra parte, el inciso 6º del artículo 50 de la Ley 1116/06 dispone la remisión de una copia de la providencia de apertura del proceso de liquidación judicial al Ministerio de la Protección Social, con el propósito de velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales.
“Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del título XL del libro cuarto del Código Civil(31) y demás normas que lo modifiquen o adicionen”.
El artículo 2495 del Código Civil fue sustancialmente modificado por la Ley 50 de 1990 al disponer que los créditos por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase de los créditos privilegiados y prevalecen sobre todos los demás. En este sentido, el artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo(32), establece:
3. Los acuerdos de reorganización que suscriban los empleadores que tenga a su cargo pasivos pensionales, deberán incluir un mecanismo de normalización de pasivos pensionales”(33)
29. De acuerdo con la demanda el numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, quebranta los derechos mínimos de los trabajadores, el debido proceso, así como el preámbulo de la Constitución, en razón a que autoriza al juez del concurso para declarar la terminación de los contratos de trabajo, una vez sea decretada la apertura del proceso de liquidación judicial, sin autorización judicial ni control previo por parte de las autoridades laborales.
A juicio del actor, la terminación masiva de los contratos, coetánea a la apertura del proceso de liquidación judicial, en los términos previstos en la norma, vulnera el principio de estabilidad laboral, puesto que los convierten “en simples acreedores del proceso de liquidación judicial”.
32. El fenómeno que la norma acusada prevé, no responde a una situación de despido colectivo de trabajadores (fundamentos 16 a 22), como parece entenderlo el demandante, hipótesis que reclamaría la autorización previa del Ministerio de la Protección Social. Se trata de una decisión que no se origina en la voluntad unilateral del patrono de poner fin de manera selectiva a determinadas relaciones laborales, sino en la constatación de la autoridad jurisdiccional sobre el estado de insolvencia por el que atraviesa el empleador, corroboración guiada por el propósito de proteger el crédito —privilegiando el laboral—, con miras a un aprovechamiento racional del patrimonio del deudor.
Como quiera, que se trata de una situación jurídica distinta, que posee sus propios mecanismos de control, no es admisible como lo sugiere el demandante, que se condicione la decisión de terminación contractual a una autorización judicial o administrativa previa de las autoridades laborales. La ley establece para esta hipótesis controles más rigurosos, en la medida que somete el trámite a un procedimiento de naturaleza jurisdiccional, y al seguimiento por parte del Ministerio de la Protección Social (art. 50, num. 6º). Por estas razones, tampoco se advierte vulneración del debido proceso (art. 29), dado que la autorización del ministerio del ramo no es el único mecanismo plausible de control de la decisión de dar por terminada una pluralidad de relaciones laborales. El legislador optó por prever la intervención directa de la autoridad judicial, y el seguimiento por parte de la autoridad administrativa laboral, mecanismos que garantizan una adecuada supervisión de los derechos de los trabajadores.
Con fundamento en las anteriores razones la Corte declarará la exequibilidad del numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, por los cargos analizados.
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 “Por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”.
Magistrados: Mauricio González Cuervo, Presidente, impedimento aceptado—María Victoria Calle Correa—Juan Carlos Henao Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto—Luis Ernesto Vargas Silva.
(1) C-470/97.
(2) Al respecto, ver también Sentencia C-016/98 y C-034/03.
(3) C-1189/05, C-800/03, C-107/02, C-034/03, C-299/98, C-003/98, C-594/97, C-470/97 y C-079/96, entre otras.
(4) C-588/95.
(5) C-016/98. En esta sentencia se examinó la constitucionalidad del literal c) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo.
(6) C-588/95.
(7) C-1443/00. En esta sentencia se decidió la exequibilidad del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.
(8) C-079/96.
(9) C-299/98.
(10) Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
(11) T-881/99. Al respecto, ver los numerosos pronunciamientos de las salas de Revisión de la Corte, entre ellos, las sentencias T-360/07, T-299/07, T-330/05, SU-636/03, T-146/00, T-025/99, T-014/99, T-658/98, T-307/98 y T-458/97.
(12) Artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990.
(13) Artículo 11 del Convenio 95 de la OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado el 7 de junio de 1963.
(14) Sentencias T-229/05, T-051/04, T-503/02.
(15) Sentencias SU-1023/01 y T-658/98.
(16) Sentencias SU-636/06 y T-167/00.
(17) Subrogó el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965.
(18) El artículo 67 de la Ley 50 de 1990 remite al artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 que modificó el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
(19) El artículo 67 de la Ley 50 de 1990 remite al artículo 5º ordinal 1º literal d) de la Ley 50 de 1990, norma que subrogó el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo.
(20) Decreto 2351 de 1965, artículo 40, modificado por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, establece la protección en caso de despidos colectivos.
(21) Sentencia T-249/08.
(22) El treinta por ciento (30%) del total de los vinculados con contrato de trabajo al empleador, en aquellas empresas que tengan un número superior a diez (10) e inferior a cincuenta (50); al veinte por ciento (20%) en las que tengan un número de trabajadores superior a cincuenta (50) e inferior a cien (100); al quince por ciento (15%) en las que tengan un número de trabajadores superior a cien (100) e inferior a doscientos (200); al nueve por ciento (9%) en las que tengan un número de trabajadores superior a doscientos (200) e inferior a quinientos (500); al siete por ciento (7%) en las que tengan un número de trabajadores superior a quinientos e inferior a mil (1.000) y, al cinco por ciento (5%) en las empresas que tengan un total de trabajadores superior a mil (1.000) (D.L. 2351/65, art. 40).
(23) Al respecto, el Consejo de Estado señaló: “En tal virtud, cuando el inciso 2º, del artículo 40 impugnado establece que los trabajadores afectados por la decisión del empleador se encontrarán en la situación prevista en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, no está haciendo cosa distinta que reconocerles el derecho a percibir su salario, lo cual es apenas obvio, ya que no produciendo efectos el despido colectivo de los trabajadores y quedando en consecuencia vigentes sus contratos de trabajo, es natural que tengan derecho a percibir su salario, lo cual es apenas obvio, ya que no produciendo efecto el despido colectivo de los trabajadores y quedando en consecuencia vigentes sus contratos de trabajo, es natural que tengan derecho a recibir la remuneración correspondiente, máxime que las previsiones contendidas en el artículo 140 mencionado, solo son aplicables durante la vigencia del contrato de trabajo cuando en forma temporal, por disposición o culpa del patrono el trabajador no ha podido realizar la prestación del servicio contratado” (C.E., sent. de dic.1º/80).
(24) Sobre el particular la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia señaló: “El artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo (...) contempla taxativamente, según reiterada jurisprudencia de la Sala los modos de terminación legal de los contratos de trabajo; no aparece dentro de ellos la autorización del Ministerio del Trabajo en aquellos casos en que conforme a los artículos 40 del Decreto 2351/65, 13 del Decreto 1373/66 y 37 del Decreto 1469/78, se requiera poner término masivamente a los contratos laborales de una parte de los asalariados de una empresa, pues la resolución administrativa que autoriza el despido colectivo, desde ningún punto de vista puede tenerse como la sentencia ejecutoriada a que alude el art. 6º, literal g), del Decreto 2351/65 (...) Por manera que los despidos producidos con la autorización precitada para hacerlos colectivamente deben entenderse hechos dentro de lo disciplinado por el artículo 8º del Decreto 2351/65 que conlleva la correspondiente indemnización; de lo contrario sería hacer partícipe al trabajador de los riesgos o pérdidas del patrono y ello está categóricamente prohibido por el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo” (sent. de oct. 23/89).
(25) Sala de Casación Laboral, radicación 13.886, sentencia de 25 de julio de 2000.
(26) Artículo 1º, Ley 1116 de 2006.
(27) Artículo 2º, Ib.
(28) Esta superintendencia actúa en uso de facultades jurisdiccionales de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 116 de la Constitución Política, y conoce de la insolvencia, como juez del concurso, respecto de todas las sociedades, empresas unipersonales, y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.
(29) Perteneciente al domicilio del deudor conoce en los demás casos no excluidos del proceso.
(30) Artículo 5º de la Ley 1116 de 2006.
(31) El artículo 2495 del Código Civil fue sustancialmente modificado por la Ley 50 de 1990 al dispone que los créditos (sic).
(32) Subrogado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990.
(33) Gaceta del Congreso 943 del 23 de diciembre de 2005, pág. 26.

References: ARTÍCULO 50
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 artículo 2
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 artículo 61
 artículo 29
 artículo 50
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 artículo 241
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 artículo 53
 artículo 2495
 artículo 67
 artículo 50
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 artículo 157
 artículo 50
 artículo 50
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 artículo 61
 artículo 7
 Artículo 64
 Artículo 157
 artículo 36
 Artículo 11
 artículo 40
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