Source: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/255/3
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 255 de 31/12/2004
"LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
La presente Ley aprueba un conjunto de medidas cuya inclusión en un texto legal independiente de la Ley del Presupuesto se justifica en cuanto que, si bien son, por regla general, instrumentos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de política económica reflejados en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no guardan relación directa con el contenido propio del citado texto legal. La Ley consta de 62 artículos distribuidos en cuatro títulos, relativos a "Tributos Cedidos", "Tributos y otros Ingresos de Derecho Público Propios", "Medidas Administrativas" y "Medidas Financieras", completándose con una disposición adicional, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
En el Título I de la presente Ley, relativo a "Tributos Cedidos", la Comunidad Autónoma de Andalucía ejerce las competencias normativas que le atribuye la Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en los casos y condiciones previstos en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el marco general del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas establecido en el artículo 157 de la Constitución y en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. Esta competencia normativa fue ejercida por primera vez mediante la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, completándose en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. El Título I se estructura en dos capítulos referidos, respectivamente, a las normas de ordenación y a las normas de aplicación de los tributos cedidos.
Por otra parte, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tanto en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, como en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, se incluye un nuevo supuesto para la aplicación del tipo impositivo reducido a las personas con discapacidad para promover una política social de vivienda. Con ello, se extienden los beneficios previstos en las Leyes 10/2002 y 18/2003 a las personas con discapacidad con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda
habitual, minorando los costes de su adquisición.
En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, se modifica el tipo impositivo para las sociedades de garantía recíproca, estableciéndose un tipo reducido del 0,1 por 100 para las sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Andalucía, con la finalidad de potenciar la capacidad de la pequeña y mediana empresa, mejorando la medida adoptada en la Ley 18/2003, que estableció un tipo reducido de gravamen del
0,3 por 100.
Finalmente, se modifica el artículo 20 de la Ley 10/2002, de
21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, con la finalidad de reducir el tipo de gravamen en las apuestas hípicas.
En el Capítulo II se contemplan para los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados medidas relativas a la
comprobación de valores y al suministro de información por parte de los notarios a efectos tributarios.
Con las medidas relativas a la comprobación de valores se trata de adoptar sistemas ágiles y la aceptación por parte de la Administración Tributaria de los declarados por los
contribuyentes, facilitando el conocimiento por éstos de la valoración de los bienes inmuebles. Asimismo, se fijan unos métodos de comprobación que podrán utilizar los técnicos de la Administración Tributaria para la emisión de su dictamen pericial, cuando sea el medio utilizado en la comprobación de valores.
"4. Se sustituye la fiscalización previa de los derechos por la toma de razón de los mismos, estableciéndose las
actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención General de la Junta de Andalucía. El
procedimiento de control de los tributos cedidos cuya gestión se haya delegado a la Comunidad Autónoma de Andalucía será el que establezca la normativa legal que regule dicha cesión."
Artículo 37. Informe de evaluación del impacto de género. Se modifica el apartado 2 del artículo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que queda redactado como sigue:
"2. A los efectos de garantizar que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma sea elemento activo de lo establecido en el apartado anterior, se constituirá una Comisión dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá el informe de evaluación sobre el Anteproyecto. Dicha Comisión impulsará y fomentará la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en las diversas Consejerías y la realización de
auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía."
"5. Las empresas de la Junta de Andalucía que se encuentren sometidas a control financiero permanente deberán contar con unidades propias de control interno, que colaborarán con la Intervención General de la Junta de Andalucía en el desarrollo de los trabajos de ejecución del plan anual de auditorías. La Intervención General determinará las entidades de la Junta de Andalucía no sometidas a control financiero permanente que deberán establecer dichas unidades de control interno,
atendiendo al volumen de su actividad o a otras razones justificadas que así lo aconsejen.
El personal que se integre en las citadas unidades estará adscrito al máximo órgano de dirección de la empresa y actuará bajo la dependencia funcional exclusiva de la Intervención General de la Junta de Andalucía en lo que se refiere a las labores de control interno y de auditoría que desempeñe. Su contratación y cese requerirá previa conformidad de la
Intervención General de la Junta de Andalucía."
Se modifica el artículo 85 ter de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda redactado como sigue:
"Artículo 85 ter.
1. Se atribuye a la Consejería de Economía y Hacienda, con carácter exclusivo, la competencia para contratar auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus Organismos Autónomos, así como sobre las empresas de la Junta de Andalucía sometidas a control
financiero permanente.
3. Las empresas de la Junta de Andalucía no sometidas a control financiero permanente deberán recabar de la
Intervención General de la Junta de Andalucía informe con carácter previo a la contratación de las auditorías, incluidas aquéllas que resulten obligatorias por la legislación
mercantil."
"7. El personal al servicio del Instituto Andaluz de Finanzas quedará vinculado a éste por una relación sujeta a las normas del derecho laboral, salvo el personal funcionario que
desempeñe funciones que impliquen ejercicio de autoridad relativas a potestades administrativas, que quedará vinculado al Instituto por una relación sujeta a normas de derecho administrativo.
9. El Instituto Andaluz de Finanzas podrá recabar la
colaboración de empresas privadas para la realización de actuaciones derivadas del ejercicio de sus funciones, así como de las que supongan actuaciones materiales de ejecución de las potestades administrativas que se le atribuyan."
3. El régimen presupuestario, económico-financiero, de
contabilidad e intervención de la entidad será el establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las demás disposiciones que le sean de aplicación.
c) Los procedentes de los créditos, préstamos y demás
operaciones financieras que pueda concertar, dentro de los límites fijados por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.
"4. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejo Andaluz de Universidades, podrá certificar la especial calidad de los títulos propios de las universidades
andaluzas."
Se añade un Título IV, denominado "De las Actuaciones de Interés Autonómico", a la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con el contenido siguiente:
"Artículo 38. Declaración de Interés Autonómico. Efectos.
1. El Consejo de Gobierno podrá declarar de Interés
Autonómico, por su especial relevancia derivada de su
magnitud, su proyección económica y social o su importancia para la estructuración territorial de Andalucía, las
actuaciones de carácter público contempladas en planes de ordenación del territorio y en planes con incidencia
territorial. Asimismo podrán ser objeto de esta declaración las actuaciones relativas a los ámbitos sectoriales citados en el Anexo II de la presente Ley. Esta declaración afectará y comprenderá las obras de titularidad pública a las que las actuaciones anteriores se refieran.
2. La declaración de interés autonómico se realizará a
propuesta de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y previa iniciativa de la
Consejería competente en razón a la actuación.
La declaración de interés autonómico requerirá del trámite de previa audiencia de las Administraciones Públicas afectadas, y en todo caso, del Ayuntamiento o Ayuntamientos de los
municipios en cuyo término municipal se ubique la actuación. La declaración se producirá una vez redactado el estudio informativo, anteproyecto u otro documento de análogo alcance, a los que se acompañará, a los efectos de lo previsto en este artículo, justificación del cumplimiento de los criterios establecidos en el apartado anterior.
3. La aprobación por la Administración de la Junta de
Andalucía de los estudios, proyectos y planes relativos a las actuaciones objeto de la declaración de Interés Autonómico, tendrá, de acuerdo con su alcance concreto, los siguientes efectos, además de los que pudiera prever la legislación sectorial de aplicación:
a) Llevará implícita la declaración de la utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación a los efectos de la
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecución.
b) Legitimará inmediatamente su ejecución siendo sus
determinaciones directamente aplicables.
c) Sus determinaciones vincularán directamente al planeamiento del municipio o municipios afectados que, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) anterior, deberán incorporar dichas determinaciones con ocasión de la siguiente innovación
d) Dado el excepcional interés público que conlleva la
declaración de Interés Autonómico, su construcción y puesta en funcionamiento no estarán sujetas a licencias ni, en general, a actos de control preventivo municipal, y ello sin perjuicio del procedimiento de armonización a que hace referencia el apartado 3 del artículo 170 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía o el que prevea la legislación sectorial aplicable.
1. Cuando las actuaciones a que se refiere el artículo
anterior supongan la implantación de usos productivos,
dotaciones, o cualesquiera otros análogos que precisen
desarrollo urbanístico, la declaración de Interés Autonómico se producirá mediante la aprobación por el Consejo de Gobierno de un proyecto de actuación a propuesta de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, previa iniciativa de la Consejería competente en razón de la actuación. La aprobación del proyecto de actuación precisará audiencia de las Administraciones Públicas afectadas por plazo no inferior a dos meses; en todo caso, tendrán tal consideración el Ayuntamiento o Ayuntamientos del término municipal en que aquél se ubique.
Asimismo, la aprobación del proyecto de actuación requerirá de información pública por plazo no inferior a un mes y
requerimiento de los informes y dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de los intereses públicos afectados que sean
legalmente preceptivos.
En todo caso el proyecto de actuación deberá justificar la concreta ubicación de la actuación, su incidencia territorial y ambiental, y su grado de integración con la planificación y ordenación vigente; así como asegurar el adecuado
funcionamiento de las obras e instalaciones que constituyan su objeto. El proyecto de actuación podrá prever la distinción entre espacios de dominio público y otros espacios de
titularidad pública o privada.
3. La aprobación de todos los instrumentos y documentos que se precisen para el desarrollo y completa ejecución del proyecto de actuación, incluidos los proyectos de urbanización que procedieren, corresponderá en todo caso a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y
5. En lo no previsto en el presente artículo regirá lo
dispuesto en el artículo anterior."
1. En materia de política de vivienda, tendrán la
consideración de Agencias de Fomento del Alquiler aquellas personas físicas o jurídicas legalmente constituidas cuya actividad principal o complementaria sea la intermediación inmobiliaria, que reúnan los requisitos que se determinen reglamentariamente y sean homologadas como tales por la Consejería competente en materia de vivienda. Una vez
homologadas e inscritas en el Registro Público de Agencias de Alquiler creado por el Decreto 463/2004, de 27 de julio, podrán participar en la ejecución de los programas de alquiler de viviendas que desarrolle la Comunidad Autónoma en la forma que se determine en cada caso por la normativa que resulte de aplicación.
En la ejecución de los programas de alquiler, estas agencias podrán tener la consideración de entidades colaboradoras a los efectos establecidos en la normativa reguladora de
2. En esta materia, la Administración de la Junta de Andalucía podrá suscribir convenios con otras Administraciones Públicas y con otras entidades públicas o privadas, para la
constitución de agencias metropolitanas para el mercado del alquiler de viviendas, que sirvan de instrumentos para el ejercicio de las competencias autonómicas. Estas agencias podrán tener también la consideración de entidades
colaboradoras a los efectos establecidos en la normativa reguladora de subvenciones.
Se modifica el apartado 1 del artículo 20 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, que queda redactado de la siguiente forma:
d) Los establecimientos situados en las zonas de gran
Se entenderá por tiendas de conveniencia aquellas que, con una superficie útil para la exposición y venta al público no superior a quinientos metros cuadrados, permanezcan abiertas al público, al menos, dieciocho horas al día, y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, y
artículos varios."
"2. Cuando se trate de aguas exteriores, la Consejería de Agricultura y Pesca colaborará con la Administración General del Estado en la determinación de las condiciones para acceder a la explotación de las almadrabas instaladas en las costas de Andalucía, facilitando para ello los informes que la
Administración General del Estado estime procedentes en orden a la determinación de las condiciones para acceder a la explotación y, en particular, informará y valorará los
aspectos socioeconómicos que hayan de tenerse en cuenta para la concesión de las licencias, con criterios de rentabilidad social y económica."
2. El coste que habrán de percibir las entidades citadas en el apartado anterior no podrá exceder del coste económico
estándar de los servicios sanitarios prestados, entendiendo por tal el obtenido a través del sistema de análisis de costes de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía.
3. Tratándose del seguro obligatorio de vehículos, los
obligados al pago del coste referido en el apartado anterior serán:
a) Cuando las atenciones o prestaciones sanitarias se hayan facilitado a personas que circulasen en vehículos a motor, incluido su conductor, la entidad aseguradora de dicho
vehículo a motor o, en los casos previstos en el artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, el
1. Se crea la Agencia Andaluza del Agua como Organismo
Autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente, que se configura como la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.
Artículo 49. Principios de organización y funcionamiento. En la organización y ejercicio de sus funciones, la Agencia Andaluza del Agua se somete a los siguientes principios, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 18.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio:
2. En particular le corresponde el ejercicio de las funciones que se atribuyen a los organismos de cuenca en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, respecto a las cuencas que se encuentren comprendidas íntegramente en territorio de
Andalucía, así como la administración, gestión y recaudación de los cánones y tarifas establecidos en los artículos 112 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
3. La Agencia Andaluza del Agua ejercerá asimismo las
funciones que, en el marco de los convenios que se formalicen con la Administración del Estado, se establezcan en relación con las cuencas intercomunitarias.
1. La Agencia Andaluza del Agua se estructura en los
siguientes órganos de gobierno y gestión:
a) En el ámbito de las cuencas comprendidas íntegramente dentro del territorio de Andalucía, los obtenidos por
aplicación del canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico y del canon de control de los vertidos autorizados, establecidos en los artículos 112 y 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
b) Los derivados de las exacciones establecidas en el artículo
114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, cuando las obras hidráulicas hayan sido financiadas total o parcialmente con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
contabilidad, intervención y control de la Agencia Andaluza del Agua será el establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. El régimen de contratación de la Agencia Andaluza del Agua será el aplicable a las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
El patrimonio de la Agencia Andaluza del Agua estará integrado por los bienes y derechos que le sean adscritos por la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por cualesquiera otros bienes y derechos que adquiera por cualquier Título.
Los actos de gestión, inspección y recaudación de las tasas, exacciones y demás ingresos de Derecho Público podrán
recurrirse en vía económico-administrativa conforme a la normativa de aplicación.
"2. Ningún Tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se
encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades mercantiles previstas en el artículo
6.1.a) de esta Ley que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.
A estos efectos se considerarán siempre materialmente
afectados a un servicio público o a una función pública, el dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, incluidos todos los saldos existentes en cualquier clase de cuentas que la misma mantenga abiertas en las entidades de crédito y ahorro."
Se añade un artículo 74 bis a la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la
"Artículo 74 bis.
1. Tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público las cantidades que como consecuencia de la prestación de avales haya de percibir la Comunidad Autónoma, ya sea por su
formalización, su mantenimiento, su quebranto, o cualquier otra causa, gozando aquélla de las prerrogativas establecidas legalmente para el cobro de los ingresos de esa naturaleza. A tal fin, la Consejería u Organismo que promovió la
constitución del aval actuará de acuerdo con los
procedimientos administrativos correspondientes.
2. La asunción de obligaciones por la Tesorería de la
Comunidad Autónoma derivadas del quebranto de avales deberá venir precedida de la retención de créditos por el mismo importe en la Consejería u Organismo que promovió la
constitución del aval.
3. Los saldos deudores motivados por el quebranto de avales de la Tesorería de la Comunidad Autónoma serán cancelados, en formalización, antes del fin del ejercicio en que se
produzcan, con cargo a los créditos que se encuentren
retenidos para tal fin y con imputación al concepto
correspondiente del Capítulo VIII del presupuesto de gastos. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Consejería de Economía y Hacienda podrá realizar, de oficio, las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias."
"En el supuesto de que se soliciten operaciones acogidas a lo dispuesto en este apartado, deberá aportarse por la
universidad un Plan de Tesorería que justifique su capacidad para el reintegro del préstamo."
Artículo 62. Modificación de la Ley 15/1999, de 16 de
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
"Cuando las modificaciones de Estatutos y Reglamentos deban realizarse obligatoriamente a fin de adaptarlos a las
previsiones de una nueva regulación legal o reglamentaria se requerirá para su aprobación mayoría simple de votos de los asistentes."
1. Cuando las Cajas de Ahorros con domicilio social en
Andalucía deban adaptar sus Estatutos y Reglamentos a una nueva regulación legal o reglamentaria, remitirán los textos de los mismos, aprobados por sus respectivas Asambleas
Generales, a la Consejería de Economía y Hacienda, para su autorización, en el plazo máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de la correspondiente disposición.
2. La Consejería de Economía y Hacienda autorizará los textos remitidos cuando se ajusten a las normas y principios
establecidos en la normativa vigente. En caso contrario, ordenará a la Caja la adecuación de los preceptos estatutarios y reglamentarios a la nueva normativa, concediendo el plazo que se requiera para posibilitar el cumplimiento de lo
ordenado y que no podrá exceder de dos meses.
El plazo para notificar la resolución expresa podrá
suspenderse cuando deba realizarse la citada adecuación, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.
3. Sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
exigirse, cuando hubiera transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 de este artículo sin que se hayan remitido a la Consejería de Economía y Hacienda los textos modificados, por cualquier causa imputable a la entidad, la citada Consejería procederá a la redacción de los Estatutos y Reglamentos adaptados a la nueva regulación, y a la aprobación de los mismos.
4. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de las solicitudes de autorización para la adaptación, o la resolución de aprobación de los Estatutos y Reglamentos en el supuesto previsto en el apartado 3 del presente
artículo, será el establecido reglamentariamente para la modificación voluntaria de los Estatutos.
En el supuesto de aprobación, el plazo máximo empezará a computarse a partir del día siguiente al de la finalización del plazo establecido en el apartado 1 del presente artículo. Tres. Se introduce un nuevo artículo 47 bis, con el siguiente contenido:
"Artículo 47 bis. Renovación de los órganos de gobierno derivada de modificaciones normativas.
1. Cuando como consecuencia de una modificación legislativa o reglamentaria resulte afectada la estructura y composición de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía, éstas realizarán las actuaciones conducentes a la renovación de los mismos para adaptarlos a las
determinaciones de la nueva normativa, en la forma establecida en los apartados siguientes.
2. El proceso de renovación se habrá de iniciar en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se notifique la autorización o la aprobación de los Estatutos y Reglamentos de procedimiento regulador del sistema de
designación de los órganos de gobierno previstos,
respectivamente, en los apartados 2 y 3 del artículo 20 bis de la presente Ley.
5. Una vez constituidos los nuevos órganos de gobierno
conforme a las previsiones anteriores, cesarán en sus cargos todos los miembros de los órganos anteriores, computándose a todos los efectos el período transcurrido en el ejercicio del mismo como un mandato completo."
"4. Cuando las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía tengan abiertas oficinas en otras Comunidades Autónomas, la representación en la Asamblea General de los grupos de Corporaciones Municipales e impositores deberá ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes Comunidades Autónomas en que tenga abiertas oficinas, dentro del porcentaje
atribuido a cada uno de ellos."
3. Conocido el número de Consejeros Generales que corresponden a cada Comunidad Autónoma, se elaborará en cada una de ellas una relación de las Corporaciones Municipales en las que la Caja de Ahorros tenga oficinas operativas. Cada una de las relaciones de Corporaciones Municipales se ordenará de mayor a menor en función de los depósitos captados en cada municipio. El total de depósitos captados en cada municipio se dividirá por el total de los depósitos captados por la Caja en la Comunidad Autónoma respectiva.
Para el cálculo del número de Consejeros Generales que
corresponde a cada Corporación Municipal, el cociente
resultante de la operación descrita en el párrafo anterior se multiplicará por el número total de Consejeros Generales que corresponda a la Comunidad Autónoma a que pertenezca el referido Municipio, aplicando el proceso de redondeo
establecido en el artículo 45 de la presente Ley, sin que en ningún caso el número total de Consejeros Generales
representantes de las Corporaciones Municipales de cada Comunidad Autónoma pueda exceder del que previamente haya sido determinado, conforme a las normas antes enunciadas.
6. Los Consejeros Generales que no hayan sido asignados a ningún municipio, según los criterios establecidos en el número 3 de este artículo y, en su caso, aplicando las
limitaciones fijadas en los números 4 y 5 del mismo, se asignarán a las Corporaciones Municipales que no hayan
obtenido ningún Consejero General.
A estos efectos, las Corporaciones Municipales se ordenarán en orden decreciente, en función de su coeficiente de
participación en la cifra de depósitos captados en cada Comunidad Autónoma, asignándose un Consejero General a cada una de ellas hasta completar el total de Consejeros que tengan que asignarse en cada proceso de renovación."
"1. Los Consejeros Generales en representación de los
compromisarios de entre aquellos.
3. Para la elección de compromisarios se confeccionará una lista de impositores por cada Comunidad Autónoma en la que la Caja de Ahorros tenga alguna oficina operativa, ordenándose los mismos alfabéticamente. La lista de impositores estará a disposición del público en todas las sucursales de la
6. En la sede social de la entidad se celebrarán, ante
notario, los sorteos públicos para la proclamación de
compromisarios de entre los impositores de cada Comunidad Autónoma en los que la Caja de Ahorros tenga oficina
operativa. A tal efecto la Caja hará pública, con antelación suficiente, la fecha, hora y lugar en que se hayan de celebrar los sorteos, estando presente en los mismos el Presidente de la Comisión de Control de la entidad y un representante de la Consejería de Economía y Hacienda.
7. Designados los compromisarios, la lista definitiva de los mismos deberá tener entrada en la Consejería de Economía y Hacienda, al menos veinte días antes de la votación de los Consejeros Generales. Al mismo tiempo, y con idéntica
antelación, se convocará a los compromisarios al acto de elección de Consejeros Generales representantes de los
impositores, mediante carta certificada con acuse de recibo, en la cual constará día, hora y lugar de celebración de la votación, que se celebrará en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma a la que correspondan los compromisarios.
8. Para la elección de los Consejeros Generales representantes de los impositores, los compromisarios presentarán
candidaturas de entre los impositores pertenecientes a la respectiva lista. Podrán ser candidatos a Consejeros Generales por este grupo cualesquiera impositores de la Caja de Ahorros que reúnan los requisitos previstos en los artículos 43 y 44 de esta Ley. Podrán proponer candidatos para la elección de Consejeros Generales por los impositores un número de
compromisarios no inferior a diez.
9. La designación de Consejeros Generales en representación de los impositores se realizará de forma proporcional a los votos obtenidos entre las distintas candidaturas presentadas, aplicándose el proceso de redondeo establecido en el artículo
45 de la presente Ley."
"Artículo 76 bis: Comisión de Retribuciones.
1. De conformidad con la normativa básica, el Consejo de Administración constituirá en su seno una Comisión de
Retribuciones, que tendrá la función de informar sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo y personal directivo. Dicha Comisión estará formada por un máximo de tres personas, que serán designadas, de entre sus miembros, por el Consejo de
2. El régimen de funcionamiento de la Comisión de
Retribuciones se regulará en los Estatutos de la Caja y en su propio reglamento interno."
"Artículo 76 ter. Comisión de Inversiones.
Inversiones, formada por un máximo de tres miembros, que tendrá la función de informar al Consejo sobre las inversiones y desinversiones de carácter estratégico y estable que efectúe la Caja de Ahorros, ya sea directamente o a través de
entidades de su mismo grupo, así como la viabilidad financiera de las citadas inversiones y su adecuación a los presupuestos y planes estratégicos de la entidad.
3. La Comisión de Inversiones remitirá anualmente al Consejo de Administración un informe en el que al menos deberá
incluirse un resumen de dichas inversiones. Igualmente se incluirá en el informe anual relación y sentido de los
informes emitidos por la citada Comisión. Este informe anual se incorporará al informe de gobierno corporativo de la Caja de Ahorros.
5. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Inversiones se regulará en los Estatutos de la Caja y en su propio
reglamento interno."
1. Los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros con
domicilio social en Andalucía fundadas por la Iglesia Católica o entidades de derecho público de la misma que a 1 de enero de
2005 hayan realizado las actuaciones necesarias para sujetarse al protectorado y control público íntegros de la Consejería de Economía y Hacienda, estarán integrados por los siguientes grupos y en la proporción que se indica a continuación:
3. Las Cajas de Ahorros a que se refiere la presente
disposición modificarán sus Estatutos y Reglamento de
procedimiento regulador del sistema de designación de los órganos de gobierno y renovarán la composición de sus órganos de gobierno para adaptarlos a las previsiones contenidas en la presente disposición así como a las demás disposiciones que les resulten de aplicación, siguiendo el procedimiento
establecido en los artículos 20, 20 bis y 47 bis de la
presente Ley."
- Aldeaquemada (los días 26 y 27 de agosto de 2004). En la provincia de Jaén: en los municipios afectados de
Aldeaquemada, Montizón, Castellar de Santisteban y Santisteban del Puerto."
Hasta que se apruebe la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda prevista en el artículo 8 de la presente Ley y se instrumenten los medios técnicos necesarios para su
cumplimiento, no será exigible el suministro de información por vía telemática previsto en dicho artículo.
Disposición transitoria segunda. Adaptación a la tarifa "G-5 Especial" de la tasa por servicios portuarios.
La adaptación a los nuevos importes de la tarifa "G-5
Especial" de la tasa por servicios portuarios establecida en el artículo 13 de la presente Ley, con las actualizaciones que procedan, se realizará de forma progresiva en incrementos anuales porcentualmente iguales, en un período de tres años desde la entrada en vigor de la misma.
1. A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de la presente Ley, bien mediante la publicación de la correspondiente convocatoria, bien a través de la presentación de instancias en
procedimientos de concurrencia no competitiva, les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.
Disposición transitoria cuarta. Adaptación de las bases reguladoras de subvenciones .
1. Con anterioridad al día 18 de febrero de 2005 se procederá a la adecuación al régimen previsto en el Capítulo I del Título III de la presente Ley de todas aquellas bases
reguladoras publicadas con anterioridad a su entrada en vigor.
previstas en el artículo 35 de la presente Ley, se aplicará la normativa vigente a la fecha de su entrada en vigor.
Disposición transitoria sexta. Secretaría General de Aguas. La Secretaría General de Aguas de la Consejería de Medio Ambiente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la determinación estatutaria de la organización de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua en la que quedará integrada. Hasta entonces, la persona titular de la Secretaría General de Aguas desempeñará, además, las funciones que la presente Ley atribuye al Director Gerente de la Agencia.
Disposición transitoria séptima. Adaptación de los Estatutos y Reglamentos de las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía. Las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía deberán acordar la modificación de sus Estatutos y Reglamentos de procedimiento regulador del sistema de designación de los órganos de gobierno, para adaptarlos a las modificaciones introducidas por los apartados cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve del artículo 62 de la presente Ley en la Ley
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. A estos efectos, será de aplicación el régimen establecido en los artículos 20 y 20 bis de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía en la redacción dada por la presente Ley.
La representación de los distintos grupos en la Asamblea General de las Cajas de Ahorros deberá adaptarse conforme a lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley
administrativas y del orden social, sin que resulte de
aplicación en este caso lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, introducido por la presente Ley.
En el Capítulo II se modifica la Ley 18/2003, adecuando la regulación del impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera, como consecuencia del establecimiento del mercado de
emisiones, mediante la transposición de la Directiva
2003/87/CE realizada por el Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Teniendo en cuenta que el artículo 16 del citado Real Decreto-Ley establece que será gratuita la asignación de derechos de emisión para el período de tres años que se inicia el 1 de enero de 2005, se contemplan, entre los supuestos de no sujeción al impuesto, las emisiones de dióxido de carbono (CO) siempre que constituyan emisiones en exceso respecto de las asignaciones individuales realizadas por aplicación del Plan nacional de asignación.
En el Capítulo III se contempla un supuesto de periodo
impositivo inferior al año natural en el Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, creado por la Ley 18/2003, en el caso de inicio de la actividad, adecuándose, en
consecuencia, el cálculo de la base imponible al periodo de tiempo que haya durado la actividad que origina el vertido. En el Capítulo IV, relativo a las tasas, se modifican las tarifas de la tasa por servicios portuarios, sustituyéndose la tarifa "G-Especial" por las tarifas "G-5" y "G-5 Especial". De otro lado, se modifican las cuotas de la tasa por expedición de licencias de pesca marítima recreativa, se actualiza la cuota tributaria de la tasa por expedición de títulos
académicos y profesionales, se delimitan los supuestos de aplicación de la cuota tributaria de la tasa por inscripción en las convocatorias para la selección del personal al
servicio de la Junta de Andalucía y se establece un nuevo supuesto de exención en la tasa de extinción de incendios forestales.
En el Título III, relativo a "Medidas Administrativas", se aborda en el Capítulo I, referido a las normas reguladoras de subvenciones, la adaptación a la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de la regulación contenida en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A estos efectos se completan
determinados aspectos del régimen autonómico de las
subvenciones y, asimismo, se da vigencia indefinida a ciertas reglas sobre la materia que venían siendo objeto de inclusión reiterada en las sucesivas leyes del Presupuesto.
En cuanto a los Capítulos II y III, modifican la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en lo que se refiere a las competencias de los titulares de las Consejerías y Organismos Autónomos para autorizar
transferencias de créditos y en materia de fiscalización previa. Asimismo, como medida de limitación del gasto público, se contemplan las memorias económicas y el informe preceptivo de la Dirección General de Presupuestos, en relación con los proyectos normativos, propuestas de planes con contenido económico-financiero y cualquier otra actuación que pudiera afectar a los ingresos y gastos públicos.
En el Capítulo IV, referido a medidas en materia de género, se modifica la regulación del informe de evaluación del impacto de género que debe garantizar que el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma sea elemento activo del objetivo de la igualdad por razón del género, estableciéndose que dicho informe debe emitirse sobre el Anteproyecto de Ley del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma, con la finalidad de que, al aprobarse el Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno, vengan ya incorporadas las correcciones derivadas del propio informe.
El Capítulo V, referido a empresas de la Junta de Andalucía, establece determinadas medidas para reforzar el control interno de las empresas, modifica la regulación del Instituto Andaluz de Finanzas, contemplando nuevos instrumentos para su organización y funcionamiento, con la previsión de que preste servicio en el mismo personal funcionario que desempeñe funciones que impliquen ejercicio de autoridad, relativas a potestades administrativas, y crea una entidad de Derecho Publico denominada "Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos", con objeto de optimizar la gestión de las infraestructuras educativas y los servicios
complementarios de la competencia de la Comunidad Autónoma. En el Capítulo VI se modifica la Ley 15/2003, de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades, contemplando que la Comunidad Autónoma de Andalucía pueda certificar la especial calidad de los títulos propios de las universidades andaluzas. En el Capítulo VII se añade un nuevo Título IV a la Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regula las actuaciones de interés autonómico, tratando de institucionalizar dicho concepto jurídico como aquél que permite reservar, para su ejercicio por la Junta de Andalucía, el juego de competencias y potestades necesarias para implantar infraestructuras o equipamientos públicos que sean de especial relevancia para el conjunto de la Comunidad Autónoma por su magnitud, su
proyección económica y social o por su importancia para la estructuración territorial de Andalucía. Asimismo, se regulan en este Capítulo las Agencias de Fomento de Alquiler, con objeto de precisar el papel otorgado a los diferentes agentes necesarios para hacer efectivas las ayudas previstas en el Real Decreto 1721/2004, de 24 de julio, y, en el ámbito autonómico, por el Decreto 463/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo, y cumplir la finalidad social que persiguen, el fomento del alquiler. En el Capítulo VIII se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, recogiendo, entre los establecimientos con libertad horaria, los que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a trescientos metros cuadrados, aunque pertenezcan a grupos de distribución, siempre que éstos tuvieran la
consideración de pequeña o mediana empresa.
En el Capítulo IX, referido a medidas en materia de pesca, se modifica el artículo 23.2 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el
Marisqueo y la Acuicultura Marina, disponiéndose la
colaboración con la Administración del Estado en la
determinación de las condiciones para acceder a la explotación de las almadrabas instaladas en las costas de Andalucía. De otro lado, se suprime un inciso del artículo 68 de la referida Ley, que afecta a la definición de la comercialización en destino.
El Capítulo X, relativo a medidas en materia de la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, contempla el pago de las atenciones y prestaciones sanitarias en los supuestos de existencia de seguros obligatorios, aplicando y especificando la normativa básica estatal en aras de la seguridad jurídica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y,
- El párrafo tercero del artículo 103, la letra e) del
artículo 105 y el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Los artículos 22 a 26 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, quedando suprimida la tasa por apertura de oficinas de
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor y aplicación. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero del año
2005 y se aplicará a los hechos imponibles realizados a partir de dicha fecha."
Presidente de la Junta de Andalucía V
En el Título IV, relativo a "Medidas Financieras", se
establece la inembargabilidad de los bienes, derechos y recursos financieros de la Comunidad Autónoma y se dispone que tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público las cantidades que haya de percibir la Comunidad Autónoma como consecuencia de la prestación de avales.
Asimismo, se modifica la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, con la finalidad de adaptar la normativa andaluza a las modificaciones introducidas por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorros. Asimismo, se introducen determinados preceptos que contemplan el régimen a aplicar en las modificaciones obligatorias de los Estatutos y Reglamentos de las Cajas derivadas de nuevas disposiciones legales y reglamentarias.
Finalmente, se modifica la denominación del Instituto de Fomento de Andalucía que pasa a denominarse Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
El importe de la reducción en la base imponible prevista en el artículo 20.2.a), último párrafo, de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para las adquisiciones mortis causa, incluidas las de los
beneficiarios de pólizas de seguros de vida, por las personas con discapacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, e igual o superior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, y cuya base imponible no sea superior a 250.000 euros, consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine una base liquidable de importe cero.
Artículo 2. Mínimo exento para los sujetos pasivos con
En el caso de que el sujeto pasivo tenga la consideración de persona con discapacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el mínimo exento en el
Impuesto sobre el Patrimonio se fija en 250.000 euros.
Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, que queda redactada como sigue: "b) Transmisión de inmuebles cuyo valor real no supere 130.000 euros, cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente y éste sea menor de 35 años o tenga la consideración de persona con discapacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Modalidad de "Actos Jurídicos Documentados" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, que queda redactada como sigue: "b) Adquisición de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuados por sujetos pasivos menores de 35 años o que tengan la consideración de persona con discapacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por
100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que concurran los siguientes requisitos:
En los supuestos de adquisición de vivienda y constitución de préstamos por matrimonios o personas contempladas en el artículo 8.1.a) de esta Ley, el requisito de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los miembros de la pareja de hecho inscrita en el Registro previsto en el artículo 6 de la Ley
5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho."
Se modifica el artículo 6 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas, que queda redactado como sigue:
"Artículo 6. Tipo impositivo reducido para las sociedades de garantía recíproca.
El tipo de gravamen aplicable a los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales de garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, será del 0,1 por 100."
Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones
Se modifica la letra b) del artículo 20 de la Ley 10/2002, de
21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, que queda redactada como sigue:
"b) Apuestas:
En las apuestas, el tipo de gravamen aplicable será del 10 por
100 del importe total de los billetes, boletos o resguardos de participación vendidos, sea cual fuere el medio a través del cual se hayan realizado, salvo en las apuestas hípicas que será del 3 por 100."
Normas comunes a los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Se modifica el artículo 23 de la Ley 10/2002, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban normas en materia de
tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, que queda redactado como sigue:
"Artículo 23. Comprobación de valores.
1. Para efectuar la comprobación de valores a efectos de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la Consejería de Economía y Hacienda podrá utilizar, indistintamente,
cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, conforme a lo dispuesto en los siguientes apartados.
2. Cuando se utilice el medio referido en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria, el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se podrá estimar a partir del valor catastral que figure en el correspondiente registro fiscal. A tal efecto, al valor catastral actualizado a la fecha de realización del hecho imponible se le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta el coeficiente de referencia al mercado establecido en la normativa
reguladora del citado valor y la evolución del mercado
inmobiliario desde el año de aprobación de la ponencia de valores.
3. La Consejería de Economía y Hacienda podrá desarrollar reglamentariamente los procedimientos para la obtención de los precios medios de mercado de los bienes inmuebles de
naturaleza rústica y urbana a que se refiere el artículo
57.1.c) de la Ley General Tributaria, mediante el
determinación del valor unitario por metro cuadrado. Asimismo, determinará los datos y parámetros objetivos que se tendrán en cuenta para la obtención del valor.
4. El dictamen de peritos de la Administración previsto en el artículo 57.1.e) de la Ley General Tributaria habrá de
contener los datos objetivos utilizados para la identificación del bien o derecho cuyo valor se comprueba, obtenidos de documentación suficiente que permita su individualización. Se entenderá que la documentación empleada permite la
individualización del bien:
características físicas, económicas y jurídicas del bien que, según la normativa técnica vigente, haya que considerar para la obtención del valor catastral del bien.
b) Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza rústica, cuando la documentación proceda de sistemas de información geográfica gestionados por entidades dependientes de las Administraciones Públicas, siempre que posibiliten la
ubicación en el territorio del inmueble y se disponga de los datos catastrales de cultivos del mismo.
- Los precios medios de mercado establecidos
reglamentariamente conforme a lo previsto en el apartado 3 del presente artículo.
- El valor asignado en las escrituras de constitución de hipotecas para la subasta de las fincas hipotecadas en
cumplimiento de lo prevenido en la legislación hipotecaria.
- El valor asignado en los certificados de tasación
hipotecaria emitidos por las sociedades de tasación para la constitución de hipotecas, en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria, de los mismos bienes o de otros de análogas características situados en la misma manzana o polígono.
La Consejería de Economía y Hacienda desarrollará
reglamentariamente la metodología y supuestos de aplicación de estos métodos de comprobación para la emisión del dictamen del perito de la Administración."
"3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del
presente artículo, los notarios con destino en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía remitirán por vía telemática a la Consejería de Economía y Hacienda, con la colaboración del Consejo General del Notariado, una ficha resumen de los elementos básicos de las escrituras por ellos autorizadas con trascendencia en los impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como la copia electrónica de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación notarial. La Consejería de Economía y Hacienda determinará los hechos imponibles a los que deban referirse los documentos citados, así como los procedimientos, estructura y plazos en los que debe ser remitida esta información."
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO PROPIOS
Artículo 9. Plazos para el pago y procedimiento de
2. Sin perjuicio de las prerrogativas establecidas para cada derecho de naturaleza pública por su normativa reguladora, la cobranza de los mismos se efectuará conforme a los
procedimientos administrativos correspondientes, y gozará de las mismas prerrogativas establecidas para los tributos.
3. El procedimiento de apremio se iniciará mediante
providencia notificada al deudor de las deudas
correspondientes a los derechos referidos en el apartado anterior.
b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados,
contándose dicho plazo desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.
1. Se modifica la letra b) del artículo 24 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que queda redactada en los siguientes
"b) Las de CO, procedentes de la combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible, así como las realizadas desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que constituyan
emisiones en exceso respecto de las asignaciones individuales según su normativa reguladora, salvo el exceso que suponga incumplimiento de la obligación de entregar derechos de emisión conforme a dicha normativa".
"a) CO 200.000 toneladas al año."
Artículo 12. Período impositivo inferior al año natural y base imponible.
Se modifica el Anexo IV de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en lo que se refiere a la tasa 15.01 por servicios portuarios, sustituyéndose la tarifa "G Especial" por las tarifas "G-5" y "G-5 Especial", que quedan redactadas de la siguiente forma:
El importe de la tarifa será de 0,13 euros por 24 horas de estancia o fracción y por superficie (eslora por manga
máximas), expresadas las dimensiones en metros.
En los puertos deportivos e instalaciones náutico deportivas de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía, que cuenten con puntos de atraque individualizados por embarcación, aseos y duchas para usuarios y vigilancia o marinería permanente, el importe de la tarifa será de 0,45 euros por metro cuadrado de superficie del atraque y 24 horas de estancia o fracción."
Se modifica el artículo 82 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que queda redactado como sigue:
"Artículo 82. Cuotas.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación por la Consejería competente en materia de salud de las solicitudes para obtener la licencia de funcionamiento para la fabricación de productos sanitarios a medida, así como de las solicitudes de licencia de modificación de las instalaciones y de
revalidación de la licencia.
Son sujetos pasivos de la tasa los que soliciten las
actuaciones administrativas a que se refiere el hecho
imponible de esta tasa.
Son sujetos pasivos de la tasa los que participen como
solicitantes en convocatorias de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia.
Por cada instancia de participación como solicitante en la convocatoria de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia:
332,10 euros.
Se modifican las letras g) y h) del artículo 6 de la Ley
15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, que quedan redactadas como sigue:
Se modifica la letra b) del artículo 5 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, que queda redactada de la siguiente forma: "b) Para las convocatorias que realice la Consejería de Educación de personal docente:
Artículo 27. Exención Se añade un nuevo apartado 2 al artículo
59 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales, pasando los actuales
apartados 2, 3 y 4 a ser apartados 3, 4 y 5, respectivamente. El nuevo apartado 2 queda redactado como sigue:
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, las subvenciones financiadas con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Garantía, y al resto de fondos de la Unión Europea, se regirán por las normas comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas, siendo de aplicación supletoria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión y control rijan para la
3. Las subvenciones y transferencias por operaciones de capital financiadas con fondos comunitarios a favor de
empresas públicas de la Junta de Andalucía y otros entes públicos o privados, destinadas a la ejecución de acciones cuyos gastos elegibles han de ser certificados por los citados entes receptores, se adecuarán, en su régimen de pagos, al previsto para el pago en cada caso de las ayudas financiadas por la Unión Europea.
1. Además de los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tampoco podrán obtener la condición de beneficiarios de subvenciones quienes tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La acreditación de dicha circunstancia constituye, además de las previstas en el artículo 14 de la referida Ley, una obligación del beneficiario que deberá cumplir con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión, en la forma que se determine por la Consejería de Economía y Hacienda.
2. Los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma está
subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando la
Consejería, Organismo Autónomo o ente público que la ha concedido, en la forma que reglamentariamente se establezca. Asimismo, en los supuestos de subvenciones financiadas con fondos comunitarios, los beneficiarios deberán cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad se dicten por la Unión Europea.
3. Las normas reguladoras y, en su caso, los convenios que se suscriban con entidades colaboradoras, para que por éstas se lleve a cabo la entrega y distribución de los fondos a los beneficiarios de subvenciones, deberán prever que los
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, que se iniciará siempre de oficio, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de
2. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones, a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que las bases reguladoras requieran aportar.
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención, cualquiera que sea su naturaleza o el procedimiento de concesión de que se trate.
1. No será necesaria la publicidad de las subvenciones
concedidas en los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos o, en el caso de entidades
previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las concedidas por la propia entidad pública.
3. La norma reguladora de cada subvención podrá establecer, de manera justificada, la obligación de acreditar, antes de proponerse el pago, que los beneficiarios se hallan al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como que no son deudores de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingreso de Derecho Público.
4. En las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro de la misma, no podrá abonarse al beneficiario un importe superior al 75 por 100 de la
subvención, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas sea igual o inferior a 6.050 euros.
a) El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por
En los supuestos que se determinen mediante Decreto se
elaborará una memoria económica que ponga de manifiesto, detalladamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer la incidencia económico-financiera de su ejecución.
"d) Los gastos destinados a satisfacer los honorarios y compensaciones que deban percibir las personas o entidades a quienes la Junta de Andalucía encomiende la gestión
recaudatoria de sus ingresos cuando el importe de tales gastos se calcule por programas integrados en los sistemas
informáticos de gestión, liquidación y recaudación de dichos ingresos."
BOJA nº 255 de 31/12/2004

References: artículo 157
 artículo 20

Artículo 37
 artículo 139
 artículo 85
 artículo 170
 artículo 20
 artículo 11
 Real Decreto 

Artículo 49
 Real Decreto 
 artículo
114
 Real Decreto 
 artículo
6
 artículo 74

Artículo 62
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 artículo 20
 artículo 45
 artículo
45
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 35
 artículo 62
 artículo 47
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 68
 artículo 103

artículo 105
 artículo 109
 artículo 20
 artículo 148
 Real Decreto 

Artículo 2
 artículo 148
 artículo 11
 artículo 148
 artículo 14
 artículo 148
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 57
 artículo 57
 artículo
57
 artículo 57

Artículo 9
 artículo 24

Artículo 12
 artículo 82
 artículo 6
 artículo 5

Artículo 27
 artículo
59
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 14
 resolución 
 artículo 22
 artículo 18
 artículo 6