Source: https://www.scribd.com/doc/80401501/Supremo-sueldo-Villalba
Timestamp: 2017-01-23 03:36:43+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinEN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOEstado Libre Asociado de Puerto Rico Recurrido v. Hon. Bernardo Negrón Montalvo y Rosa E. Rodríguez Martínez, por sí y como representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Asamblea Municipal de Villalba, representada por su presidente David Albino Rolón; Municipio de Villalba, representado por su alcalde Orlando Torres González Sutano(a) de Tal Peticionarios Número del Caso: CC-2008-975 Fecha: 27 de enero de 2012 Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Ponce Panel XI Juez Ponente: Hon. Troadio González Vargas Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Wilfredo Santos López Lcdo. Gamalier Pagán Marín Lcdo. Basilio Torres Colón Oficina de la Procuradora General: Lcda. Irene Soroeta Kodesh Procuradora General Lcdo. Zaira Z. Girón Anadón Subprocuradora General Lcdo. Guillermo Mangual Amador Procurador General Auxiliar Materia: Sentencia Declaratoria, Pago Indebido de Fondos Públicos y Cobro de Dinero Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
Certiorari 2012 TSPR 18 184 DPR ____
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Recurrido v. BERNARDO NEGRÓN MONTALVO Y ROSA E. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, por sí y como representantes de la SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS; ASAMBLEA MUNICIPAL DE VILLALBA, representada por su presidente DAVID ALBINO ROLÓN; MUNICIPIO DE VILLALBA, representado por su alcalde ORLANDO TORRES GONZÁLEZ; SUTANO(A) DE TAL Peticionarios Núm. CC-2008-975
SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2012. A través del presente recurso se nos plantea si es mandatorio, como paso previo a conceder un aumento de
sueldo a un alcalde, aprobar un reglamento que rija el proceso correspondiente. Igualmente, se cuestiona la
aplicación a dicho proceso de unos criterios mínimos de evaluación plasmados en el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de Municipios Autónomos).1 Acuden ante nos,
mediante dicho recurso, el Sr. Bernardo Negrón Montalvo
Ley Núm. 81-1991 (21 L.P.R.A. sec. 4112 (2005)), según enmendada por la Ley Núm. 36-1995.
CC-2008-0975
(Sr. Negrón), ex alcalde del Municipio de Villalba, su señora esposa, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, el Municipio de Villalba (Municipio) y la (en
de Villalba (Asamblea Municipal)
conjunto, los peticionarios).
Éstos sostienen que erró el
Tribunal de Apelaciones (TA) al revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI), mediante la cual el foro primario desestimó la Demanda sobre sentencia
declaratoria, pago indebido de fondos públicos y cobro de dinero, instada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado) en su contra cuestionando el aumento de
sueldo concedido al Sr. Negrón. De otra parte, y de determinarse que al conceder los aumentos de sueldo la Asamblea Municipal no cumplió con los requisitos si establecidos la en la ley, de es dichos menester fondos si los
resolver públicos.
procede Del mismo
restitución debemos
tribunales inferiores tenían jurisdicción para atender el asunto planteado y si el Estado poseía legitimación activa para instar la presente acción. I. El 13 de marzo de 1997 la Asamblea Municipal aprobó la Ordenanza Número 43, Serie 1996-97 (Ordenanza 43),
disponiendo un aumento de ochocientos dólares ($800.00) mensuales al sueldo del Sr. Negrón, entonces alcalde del Municipio. Posteriormente, el 9 de abril de 1997 se
enmendó la Sección 1 de dicha Ordenanza, por medio de la Ordenanza Núm. 46, Serie 1996-97 (Ordenanza 46), para
incrementar la paga del alcalde nuevamente en doscientos dólares ($200.00) adicionales, para un total en aumentos de salario de mil dólares ($1,000.00) mensuales. y 254, Recurso Apelación-TA. Transcurridos varios años, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (Contralor) realizó una auditoría sobre las operaciones fiscales del Municipio para el periodo Ap. 249
comprendido entre el 1 de julio de 1996 al 30 de junio de 1999. de Como producto de dicha auditoría, el 26 de febrero se rindió el Informe de Auditoría M-01-28
Ap. 9-79, Recurso Apelación-TA.
hallazgos, los auditores mencionaron que los aumentos de sueldo concedidos al Sr. Negrón allá para el año 1997, por medio de las Ordenanzas 43 y 46, se habían aprobado sin considerar los estados financieros auditados del
Municipio, sin indicar los criterios que se tomaron en cuenta para conceder que dichos los aumentos procesos salario, y sin aprobar a un la en
guiara del
relativos todo
contravención con lo dispuesto en el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos. TA. Basado en dichos Ap. 48, Recurso Apelaciónrecomendaron que se
evaluara la legalidad de las ordenanzas pertinentes y que se requiriera el cumplimiento con el esquema normativo
pautado en la Ley de Municipios Autónomos. Recurso Apelación-TA. Luego de advenir en conocimiento y
Ap. 21-26,
resultados de la auditoría realizada por el Contralor, el 20 de mayo de 2004 el Estado instó una Demanda sobre
sentencia declaratoria, pago indebido de fondos públicos y cobro de dinero ante el TPI. Adujo que las actuaciones de
la Asamblea Municipal al concederle los aumentos de sueldo al Sr. Negrón —sin haber aprobado un reglamento para esos efectos y sin haber tomado en consideración los criterios establecidos en el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos— derecho. resultaban Basado en nulas, dicho ilegales y contrarias sostuvo a que
mediante los aludidos aumentos el Sr. Negrón había cobrado de forma indebida e ilegal la suma de cincuenta y tres mil doscientos treinta dólares ($53,230.00). Asimismo,
solicitó al TPI que declarara nulas, ilegales y contrarias a derecho las que las e que Ordenanzas los 43 y 46 y, como y resultado,
resolviera mediante indebidos además,
desembolsados pagos
referidas ilegales como de
ordenanzas fondos
públicos. de lo
Solicitó, esbozado
anteriormente, condenara al Sr. Negrón, a su señora esposa y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, al reembolso de los cincuenta y tres mil doscientos
treinta dólares ($53,230.00), así como cualquier otra suma que hayan cobrado en virtud de los aumentos impugnados, en
adición a los intereses legales aplicables y las costas, gastos y honorarios de abogado. Ap. 1-8, Recurso
Apelación-TA. Luego de varios trámites procesales, el TPI celebró el juicio en su fondo los días 9, 10 y 31 de mayo de 2007. Al mismo comparecieron todas las partes representadas por sus respectivos abogados y tuvieron amplia oportunidad de presentar evidencia testifical y documental. En el
juicio, quedó establecido que efectivamente al momento de aprobarse sueldo al las Sr. ordenanzas Negrón que concedieron el año el aumento la de
Municipal no contaba con un reglamento para regir dicho proceso. En cuanto al cumplimiento con los criterios
establecidos en el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, el Estado presentó prueba para demostrar que no se tomaron en cuenta todos los criterios enumerados en dicho artículo, mientras los peticionarios sometieron
evidencia para establecer justamente lo contrario. El 9 de agosto de 2007 el TPI emitió Sentencia,
mediante la cual dictaminó que el lenguaje del Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos es claro y
mandatorio al disponer que la Asamblea Municipal tiene que aprobar un reglamento para guiar el proceso de aumento de sueldo, obstante, reglamento antes que no de por se conceder el mero el mismo. de facto no las Resolvió, existir no un
hecho ipso
municipales, ni se convertían en ilegales o improcedentes
los aumentos concedidos.
Apoyó su decisión en la premisa
de que el mismo artículo que requiere la aprobación del reglamento, establece a su vez unos criterios mínimos a considerar al momento de determinar el salario a devengar por el alcalde. Dado el hecho de que el tribunal entendió
que la prueba desfilada en el juicio había demostrado que la Asamblea Municipal tomó en consideración todos los
criterios preceptuados en el antedicho artículo previo a aprobar las Ordenanzas 43 y 46, el foro primario concluyó que las mismas eran válidas y legales,2 por lo que no procedía la devolución del dinero recibido por el Sr.
Negrón en concepto de aumento de sueldo. de lo anterior, Ap. 3-9. desestimó la Demanda
Como resultado incoada por el
Inconforme con dicha determinación, el Estado recurrió ante el TA. Alegó, en síntesis, que erró el foro primario
al desestimar su Demanda, a pesar de que tanto la prueba testifical como la documental demostró que la Asamblea
Municipal no había tomado en consideración todos y cada uno de los criterios específicamente establecidos en el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, antes de aprobar el aumento de sueldo al entonces alcalde.
En su Sentencia, el TPI expresó que entre los criterios considerados por la Asamblea Municipal para conceder el aumento de sueldo se encontraban: “[e]l informe de presupuesto y último “single audit” disponible del Municipio; la preparación del alcalde y la complejidad de sus deberes, responsabilidades y funciones; las inversiones y empleos que se podían traer al Municipio, los servicios provistos a la comunidad y el desarrollo económico que había experimentado en aquel entonces el Municipio; así como todos los factores y criterios que disponía el artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, para evaluar y establecer el sueldo a devengar por el alcalde”.
El 13 de febrero de 2008 el Municipio presentó su oposición al recurso. Sr. José J. Flores Manifestó que del testimonio del Falcón (Sr. Flores), entonces
Presidente de la Asamblea Municipal, se desprendía que los miembros de la en la Asamblea caucus Ley y de Municipal en habían los tomado en
consideración dispuestos en
concederle el aumento de sueldo al Sr. Negrón.3 en la alternativa que, de todos modos, la
Adujeron Ley de
Municipios Autónomos no prohíbe aumentos de sueldo en el supuesto de que no se cumpla con todos los criterios
expresados en el Artículo 3.012 de dicho cuerpo legal. Expusieron, además, que dado que el propio artículo
dispone cuáles son los criterios a tomar en consideración al conceder el aumento de sueldo, el no haber aprobado un reglamento con anticipación no provocó daños ni la nulidad de lo actuado. Argumentaron, mediante el pleito de además, de que se tomando estaba en cuenta que el
cuestionando al
municipal, le correspondía al Municipio y no al Estado instar la presente acción, por lo que éste último carecía de legitimación activa. Por último, plantearon que de ser
ciertas las alegaciones de la Demanda, el error cometido se consideraría como un error de derecho, por lo que según
Según se desprende de la transcripción de la vista celebrada el 10 de mayo de 2007.
el estado de derecho vigente para ese entonces, el mismo no provocaría la restitución de los fondos.4 Luego de considerar los planteamientos de las partes, el TA revocó la determinación del foro primario. Resolvió
que del Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos claramente se desprende la exigencia de aprobar un
reglamento previo a establecer o aumentar el sueldo del alcalde. Especificó que el reglamento que para tales
efectos se apruebe, debe incluir disposiciones necesarias para todos que los los asambleístas municipales en entren la ley, la a evaluar como
criterios otro
comprendidos adicional
municipal estime pertinente. Concluyó que, en el presente caso, la omisión de
redactar un reglamento y, por consiguiente, la ausencia de procedimientos que guiaran la evaluación del aumento de sueldo del alcalde, convirtió la acción de la Asamblea Municipal en una nula e ineficaz. En su consecuencia,
anuló el aumento de sueldo concedido al entonces alcalde de Villalba y ordenó el reembolso a las arcas municipales de los fondos públicos desembolsados en exceso.
Reconoció, además, la legitimación del gobierno central de intervenir municipales con y el la uso y disposición que posee de de los fondos por la
adecuada y correcta administración de los mismos.
Los demás peticionarios adoptaron por referencia básicamente los mismos planteamientos de derecho esgrimidos por el Municipio.
Es de esta determinación que los peticionarios acuden ante este Foro, aduciendo que el tribunal apelativo
intermedio cometió los siguientes errores:
PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no considerar el planteamiento, válido en derecho, de que no existía ni existe jurisdicción para atender el reclamo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al resolver que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene legitimación activa para incoar la acción civil. TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al resolver que la Asamblea Municipal de Villalba, en ausencia de un reglamento, estaba impedida de actuar sobre el sueldo del alcalde aún cuando la actuación se fundamentó en la opinión de la Oficina Central de Asuntos Municipales, brazo del [E]stado con inherencia exclusiva en los municipios y se tomaron en cuenta los criterios dispuestos en ley para la aprobación de aumentos de sueldo al señor Alcalde. CUARTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no concluir que siendo, en la alternativa, un error de derecho no procede restitución. QUINTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no dar la debida deferencia a la determinación de credibilidad concedida por el Tribunal de Primera Instancia a los testimonios vertidos.
Examinada la petición de certiorari decidimos expedir el recurso solicitado y contando con la comparecencia de ambas partes procedemos a resolver. II. A. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL ESTADO La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal para considerar o decidir un caso o controversia. Solá
Gutiérrez v. Bengoa Becerra, 2011 T.S.P.R. 119, 182 D.P.R. ____ (2011). Además sobre la de auscultar y sobre los la aspectos materia, de los
tribunales tenemos la delicada tarea de examinar, entre otros factores, la legitimación que posee la parte que comparece ante nos, como mecanismo para delimitar dicha jurisdicción. Tomando en consideración que en los dos
primeros señalamientos de error se está cuestionando tanto la jurisdicción sobre de la la cuestión parte que planteada instó la como la
decidimos resolver en primera instancia y en conjunto los señalamientos presentados en el primer y segundo error.5 Según cargo de hemos expresado fue en ocasiones anteriores, el
fiscalizar todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los
municipios con el fin de determinar si los mismos se han hecho Const. de conformidad con la ley. 1; Art. Asoc. III, Sec. 22, v. el
E.L.A., 176
L.P.R.A., D.P.R.
Alcaldes Con
propósito de implantar dicho mandato constitucional, la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, 2 L.P.R.A. sec. 71, et seq. (2009), según enmendada, creó la Oficina del
Contralor de Puerto Rico, mediante la cual se le confirió
A pesar de que los peticionarios levantaron como primer error el asunto de la falta de jurisdicción y como segundo error lo atinente a la legitimación activa del Estado, hemos decidido invertir el orden y atender primeramente lo relativo a la legitimación activa.
dichas investigaciones sobre las cuentas y los desembolsos de todos los fondos públicos. Obras Púb. Mun., del 126 D.P.R. E.L.A. v. Asoc. Empleados 320, se 327 (1990). una Dichas vez los
fondos públicos han sido desembolsados, de modo que se pueda evaluar y la legalidad de y prudencia los mismos. en la Asoc.
Alcaldes v. Contralor, supra, a la pág. 160; RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 D.P.R. 424, 431 (1996). No obstante, ni la Constitución ni la legislación
autorizan al Contralor a tramitar las acciones que surjan de sus investigaciones, razón por la cual la Asamblea
Legislativa promulgó la Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973,6 3 L.P.R.A. ant. sec. 136 (1998), según enmendada (Ley 17), predecesora de los Artículos 48-50 de la vigente Ley Núm. 205-2004 (3 L.P.R.A. secs. 294-294b (2009)), conocida como
La Ley 17 dispone lo siguiente en su parte pertinente: (a) Se crea la Oficina de Asuntos del Contralor adscrita al Departamento de Justicia. Dicha Oficina funcionará bajo la supervisión general del Secretario de Justicia, pero su dirección inmediata estará a cargo de un Director nombrado por el Secretario de Justicia. (b) Las funciones de la Oficina de Asuntos del Contralor serán las de instar ante los tribunales de justicia toda acción civil o criminal que surja como resultado de cualquier intervención del Contralor en relación con los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, sus agencias, instrumentalidades y municipios, de acuerdo con la Constitución, y representar al Estado Libre Asociado, a nombre del Secretario de Justicia en tales acciones. Además, la Oficina brindará al Contralor toda la colaboración que sea necesaria, durante los procesos investigativos que él lleve a cabo sin necesidad de esperar la rendición de informes finales de dichas investigaciones. ....
“Ley Orgánica del Departamento de Justicia”,7 con el fin de conferirle al Departamento de Justicia la facultad de
encauzar las acciones civiles y criminales que surjan como resultado de las intervenciones del Contralor en relación con los ingresos, cuentas y desembolsos gubernamentales, incluyendo los de los municipios. Asoc. Alcaldes v.
Contralor, supra, a la pág. 161; E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Púb. Mun., supra, a las págs. 327-328. Al
Secretario de Justicia se le confiere dicha encomienda con la finalidad de que éste ayude en la delicada tarea de salvaguardar la honestidad administrativa y preservar la legalidad en el manejo de los fondos públicos. (P.R.), (1993). Inc., etc. v. Contralor, 133 D.P.R. H.M.C.A. 945, 963
El Artículo 48 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, supra, dispone como sigue en su parte pertinente: Artículo 48. — Creación. Director
Se crea la Oficina de Asuntos del Contralor en el Departamento, la cual funcionará bajo la supervisión general del Secretario y la dirección inmediata de un Director designado por el Secretario. .... Asimismo, el Artículo 49 dispone lo siguiente: Artículo 49. — Funciones La Oficina de Asuntos del Contralor tendrá las siguientes funciones: .... (d) Realizar cualquier otra gestión o instar aquellas acciones que el Secretario determine relacionadas con los resultados de las intervenciones del Contralor de Puerto Rico respecto a los ingresos, cuentas, desembolsos y bienes del Estado Libre Asociado, sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios, de acuerdo con las leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado.
Mediante el anterior esquema los auditores y empleados de la Oficina del Contralor intervienen, supervisan y
detectan si se ha cometido alguna irregularidad en cuanto al uso de los fondos públicos y refieren, posteriormente, sus hallazgos al Secretario de Justicia para que sea éste quien tome las acciones legales pertinentes. Sin embargo,
aun cuando el Contralor tiene la facultad de presentar dichos informes a las agencias del gobierno y solicitar que éstas, a su vez, evalúen si procede acción civil y/o criminal, es en instar alguna agencias e
instrumentalidades en quien, en última instancia, recae el deber de decidir si, a la luz de los hechos y de los hallazgos, corresponde iniciar procedimientos judiciales. Asoc. Alcaldes v. Contralor, supra, a las págs. 161-162. Complementando la función fiscalizadora del Contralor de velar por la adecuada y legítima utilización de los fondos públicos, el Artículo VI de nuestra Constitución dispone en su Sección 9 que: “Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.” Art. VI,
Sec. 9, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I, ed. 2008, pág. 429. Dicho mandato constitucional obliga a todo organismo tanto el a nivel estatal como municipal, de todos a
gubernamental, velar y
En E.L.A. v. Soto Santiago, 131 D.P.R. 304 (1992), le reconocimos legitimación al Estado para iniciar una
acción, conforme a la Ley 17, con el fin de recobrar unos fondos públicos ilegalmente sustraídos por un empleado
Se fundamentó dicha facultad en el mandato
constitucional contenido en el Art. VI, Sección 9 de la Const. ELA, supra. Posteriormente, en E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608
(2005), el Estado presentó una Demanda en cobro de fondos públicos contra el Comité Local Municipal (Comité) del
Partido Popular Democrático (PPD) en Mayagüez
y contra el
entonces alcalde de dicho municipio, el Sr. Benjamín Cole Vázquez (Cole Vázquez),8 al advenir en conocimiento de los resultados de una investigación realizada por la Oficina del Contralor sobre las En operaciones la Demanda fiscales se reclamó del el
reembolso al erario de unos fondos municipales ilegalmente pagados a un empleado municipal que estuvo realizando
labores en el Comité mientras cobraba su sueldo de los fondos del municipio. Luego de determinar que el PPD se había enriquecido injustamente de los fondos desembolsados por el municipio para el pago del empleado y que, por lo tanto, tenía que restituir los mismos, reiteramos la capacidad del Estado
Posteriormente, se enmendó la Demanda para incluir como demandados al PPD y al Municipio de Mayagüez y desistir de la Demanda en contra de Cole Vázquez en su carácter personal.
para entablar demandas como la del presente caso, a base de los resultados de investigaciones realizadas por la
Oficina del Contralor.
Recalcamos que el Estado tiene una
obligación constitucional de velar por la más sana y recta administración de los fondos públicos, tanto estatales
como municipales, para así salvaguardar los intereses de todos los ciudadanos de Puerto Rico. supra, a la pág. 644. Reproducimos expresiones además, en dicho a caso, que: “el nuestras manejo E.L.A. v. Cole,
prudente de fondos públicos está saturado de intereses de orden público, sin que importe la cuantía involucrada”. E.L.A. v. Cole, supra, a la pág. 643. Basado en dicha
premisa reconocimos que el Estado tiene la potestad de incoar acciones como en reclamo de que fondos hayan públicos, sido tanto
desembolsados y de lograr que los mismos reviertan a su fuente de origen, ya sea a las arcas del gobierno central o de los gobiernos municipales. Íd. a la pág. 643.
Un examen detenido de los hechos del presente caso, de la ley aplicable y de la jurisprudencia interpretativa nos convence que el Estado cuenta con legitimación activa para instar la acción de autos solicitando se declaren ilegales los desembolsos de los fondos públicos municipales
recibidos por el Sr. Negrón en concepto de aumentos de sueldo y se ordene la restitución de los mismos.
política pública la de promover y velar por la más sana y recta administración como de los no fondos públicos, tanto
alguno para que el Estado, en cumplimiento con su deber constitucional, inste las acciones pertinentes en
protección de dichos fondos, tal y como lo hizo en la presente situación de hechos. diferencia a la hora de Después de todo, no hace ilegalidad en el
dispendio si los fondos son estatales o municipales, pues en ambos casos se trata de fondos públicos. En lo aquí pertinente, los desembolsos de los fondos en concepto de aumentos de sueldo concedidos al Sr. Negrón estuvieron apoyados en una ordenanza municipal ineficaz, según explicamos más adelante. Tratándose de un
desembolso ilegal de fondos públicos, le reconocemos plena capacidad al Estado para instar la acción en el caso de autos. Como bien mencionáramos en la nota al calce número 24 de E.L.A. v. Cole, supra:
Resolver de otra manera implicaría que en todo caso en que un alcalde participe en un esquema indebido, en que ocurre una erogación ilegal de fondos públicos municipales, y éste se niega a instar la acción correspondiente, dichos fondos no podrían ser recobrados. Es por ello que el E.L.A., necesariamente, tiene capacidad (standing) para instar en el presente caso la acción de recobro de fondos públicos ilegalmente desembolsados, contra la parte que ilegalmente se benefició de dicho desembolso, en representación de los ciudadanos de dicha municipalidad; ello en cumplimiento del mandato constitucional contenido en la Sec. 9 del Art. VI de
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ante.
(Énfasis en el original). Basado en lo anterior, concluimos que no erró el TA al reconocerle legitimación al Estado para incoar la presente acción civil, pues después de todo, aun cuando se trataba de fondos municipales, los mismos son fondos públicos, por lo que el Estado viene igualmente obligado a velar por la sana y recta administración de los mismos.9 B. ARTÍCULO 3.012 DE LA LEY DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOSREQUISITOS EN LEY PARA CONCEDER AUMENTO DE SUELDO A UN ALCALDE La Ley Núm. 36 de 13 de abril de 1995 (Ley 36), enmendó la Ley de Municipios Autónomos para añadir, entre otros asuntos, los requisitos procesales para conceder
aumentos de sueldo a los alcaldes.
Dicha normativa está
Cabe señalar que los peticionarios alegaron que en virtud del término de veinte (20) días que concede el Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4702 (2005), para cuestionar las gestiones municipales, no existía ni existe jurisdicción sobre la materia para atender los reclamos del Estado. No obstante, es menester recordar que el Artículo 4 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4 (1993), dispone que los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley son nulos. La nulidad de dichos actos convierte a los mismos en inexistentes. Por lo tanto, no pueden ser objeto de confirmación ni de prescripción sanatoria alguna, pudiéndose instar acción de impugnación contra éstos en cualquier momento. Véanse, por ejemplo, Ríos v. Municipio Isabela, 159 D.P.R. 839, 849 (2003); Brown III v. J.D. Cond. Playa Grande, 154 D.P.R. 225, 239 (2001); Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 921 (2000); Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 D.P.R. 284, 301 (1993); V.O. Ind. Corp. v. Komodidad Dist., Inc., 131 D.P.R. 261, 273 (1992); Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, 504 (1961); y Sucn. Ramírez v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 357, 363 (1959). Al aprobarse las Ordenanzas 43 y 46 sin cumplirse con los trámites dispuestos en la Ley de Municipios Autónomos, las mismas se consideran nulas por ser contrarias a derecho. Dado que la prescripción no corre contra lo inexistente, el Estado podía haber instado la acción solicitando la nulidad de las ordenanzas en cualquier momento. Concluimos, por lo tanto, que no erró el TA al reconocer que tenía jurisdicción para atender el reclamo del Estado, al tratarse el presente caso de la impugnación de un acto nulo, para lo cual nuestro ordenamiento jurídico no dispone de un término de prescripción.
recogida en el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos y dispone lo siguiente en su parte pertinente:
La Legislatura Municipal aprobará, con el voto de dos terceras partes de los miembros del cuerpo, el reglamento que regirá los procedimientos de evaluación, determinación y adjudicación, del sueldo del alcalde. Al considerar aumentos de salarios para el alcalde, la Legislatura tomará en consideración, entre otros, que dicho cuerpo encuentre necesarios, los siguientes criterios: (1) El presupuesto del municipio y la situación fiscal de los ingresos y gastos reflejados en los informes de auditoría o single audit. La población y el aumento en los servicios a la comunidad. El cumplimiento con los controles fiscales y administrativos establecidos por O.C.A.M., la Oficina del Contralor y el gobierno federal. La complejidad de las funciones responsabilidades del Primer Ejecutivo. y
El costo de vida, información que deberá suplir la Junta de Planificación a solicitud de la Legislatura Municipal. La habilidad de atraer capital y desarrollo económico al respectivo municipio. Tomar en cuenta los sueldos devengados por los miembros de la Asamblea Legislativa y los Secretarios del Gabinete Constitucional.
(Énfasis nuestro y en original). Al examinar el historial legislativo de la Ley 36, específicamente en lo relativo al Artículo 3.012, notamos que el propósito de la Asamblea Legislativa al promulgar dicho precepto fue establecer unas guías generales a ser evaluadas por las legislaturas municipales al considerar aumentos de sueldo para los alcaldes. Torres, 180 D.P.R. 776, 789 (2011). E.L.A. v. Crespo
Tomando dicha postura
incrementos en la paga de los alcaldes las legislaturas municipales deben cumplir con los criterios guías que
establece la Ley de Municipios Autónomos en el mencionado Artículo. Aclaramos, sin embargo, que dichos criterios
constituyen un listado mínimo y no taxativo, pudiendo los legisladores tomar en consideración cualquier otro factor que estimen pertinente. La determinación de si se cumplió
o no con los parámetros necesarios para otorgar un aumento de salario estará basada en un análisis de razonabilidad. Íd. a la pág. 790. De otra parte, la Ley de Municipios Autónomos también es clara al requerir la adopción de un reglamento para regir los procesos del de evaluación, del alcalde. determinación De ese y
recientemente en E.L.A. v. Crespo Torres, supra, a la pág. 798, establecimos que cualquier incremento en el salario de un alcalde tiene que estar precedido por la aprobación de un reglamento, según requerido por ley. Por ende, surge tanto de la letra clara de la ley, así como de lo resuelto mediante opinión en E.L.A. v. Crespo Torres, supra, que al aprobar aumentos de sueldo a los alcaldes la Legislatura Municipal viene obligada a aprobar un reglamento que guie dicho proceso, así como a
considerar los criterios establecidos en el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos. Cabe recordar que
conforme al Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico,
31 L.P.R.A. sec. 14 (1993), cuando la letra de la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la misma no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Los peticionarios sostienen que no era indispensable contar con un reglamento y evaluar todos y cada uno de los criterios preceptuados en el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos al momento de aprobar los aludidos aumentos de sueldo. Fundamentan su alegación en las
interpretaciones vertidas en unas opiniones emitidas por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
(O.C.A.M.) a tales efectos. razón. Nos explicamos.
Sin embargo, no les asiste la
Luego de aprobarse la enmienda que instituyó en la Ley de Municipios los Autónomos aumentos para En el de procedimiento sueldo a su los a seguir para la de la
considerar O.C.A.M. dicha se
interpretación concluyó que
aprobación de un reglamento no era una condición sine qua non para conceder un aumento de sueldo. Determinó además
que los criterios allí enumerados no eran exhaustivos, por lo que incumplir con alguno de ellos al realizar la
evaluación no era fatal, ni mucho menos debía ser causa de nulidad automática. págs. 782-784. Ante emitidas la por de discrepancia la O.C.A.M. y y la entre las interpretaciones brindadas del por el de E.L.A v. Crespo Torres, supra, a las
aquellas Oficina
Puerto Rico, la O.C.A.M. emitió el 18 de julio de 2002 una Circular vertidas Informativa con en la que reexaminó pues, sus opiniones que el
lenguaje inequívoco de la Ley de Municipios Autónomos era a los efectos de que al conceder aumentos de sueldo a los alcaldes se tenían que tomar en consideración todos los criterios establecidos en la Ley, además de aprobar un reglamento previo a tomar la determinación. Aun cuando se ha reconocido la facultad que tiene la O.C.A.M. de asesorar y aprobar reglamentación en las
materias relacionadas con la organización, administración, funcionamiento y operación de los municipios, así como
evaluar las leyes aplicables a los municipios y someter a la legislatura oficina sus vierta recomendaciones, para cumplir las opiniones que
tienen solamente carácter persuasivo.
Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. sec. 4901 (2005); E.L.A. v. Crespo Torres, supra, a las págs. 791-792. Por lo tanto, no es factible impartirle
validez a actuaciones ilegales de los municipios por el simple hecho de que las mismas estuvieron sustentadas en interpretaciones de la ley realizadas por la O.C.A.M. a la pág. 792. A tono con lo anterior y por analogía, anteriormente hemos señalado que las Opiniones del Secretario de Íd.
Justicia sólo tienen carácter persuasivo, por lo que las mismas no pueden obligar a los tribunales. San Gerónimo
Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 671 (2008). En E.L.A. v. Crespo Torres, supra, a la pág. 792, citando nuestras expresiones en San Gerónimo Caribe Project v.
A.R.Pe., supra, enunciamos que:
En cuanto al efecto de las Opiniones del Secretario de Justicia a nivel interno de las agencias del Ejecutivo, se han elaborado teorías que le adscriben un carácter consultivo, no mandatorio, por lo que — teóricamente— el recipiente de ella no está obligado a seguir sus lineamientos. Sin embargo, por tratarse de opiniones oficiales del funcionario ejecutivo de mayor jerarquía encargado de la administración de la justicia, en realidad son de un gran valor persuasivo.10 (Cita omitida).
.... La O.C.A.M. en su circular del 18 de julio de 2002 expresó misma que las directrices carácter sueldo se Sin que estaba pautando lo en la los
tendrían de no
prospectivo, bajo
concedidos verían
opiniones ser
afectados según
anteriormente, a las opiniones de la O.C.A.M. sólo se les podrá adjudicar un carácter meramente persuasivo y, por el orden jerárquico de las fuentes de Derecho, las mismas nunca podrán ir por encima de la letra clara de la ley. Es por dicha razón que aun cuando en E.L.A. v. Crespo Torres, supra, a las págs. 792-793, reconocimos que la asesoría de la O.C.A.M. es crucial en los asuntos fiscales
C.I. Gorrín Peralta, Fuentes y proceso Oxford, Ed. Equity Pub. Co., 1991, pág. 258.
podrán tener carácter vinculante. En el caso para de autos, el cuando sueldo se del aprobaron Sr. Negrón las no De
existía ningún reglamento para guiar dicho proceso.
hecho, fue en abril del año 2000, tres años después de haberse concedido el aumento de sueldo, cuando finalmente la legislatura los municipal aprobó un de reglamento evaluación para y
determinación del sueldo del alcalde.
para cuando se aprobaron las aludidas ordenanzas, ya se habían incorporado a la Ley de Municipios Autónomos los requisitos establecidos en el Artículo 3.012 de dicho
cuerpo legal. En cuanto a los criterios enumerados en la disposición estatutaria, aun cuando hemos expresado que los mismos no constituyen una lista taxativa y que la determinación de si se cumplió o no con los mismos va a descansar sobre una base de razonabilidad, no existen expresiones en las
ordenanzas ni en las actas de los procesos llevados a cabo al aprobar las mismas que nos convenzan de que el análisis llevado a cabo fue uno razonable. Basado en unos hechos muy similares en E.L.A. v.
Crespo Torres, supra, a la pág. 798, resolvimos y citamos que:
[T]odo aumento de sueldo a un alcalde debe estar precedido por la aprobación del reglamento que dispone el Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos,
supra, y que al conceder el aumento, la legislatura municipal debe tomar en consideración como guías, los siete criterios esgrimidos en la ley.
La obligación de cumplir con dichos requisitos surge además de los motivos por los cuales en el año 1995 se decidió enmendar la Ley de Municipios Autónomos para
añadir el Artículo 3.012 a dicho cuerpo legal. terminar con los procesos informales
Se procuró de la
transparencia que se supone caracterice todos los asuntos que envuelven el desembolso de fondos públicos. Del mismo modo, sólo con un examen somero de la ley, nos percatamos que su lenguaje claro es a los efectos de que es mandatorio aprobar el reglamento y tomar en cuenta los requisitos que se esgrimen en la misma. Sobre el
particular, dispone la ley en términos imperativos que la Legislatura Municipal los procedimientos aprobará de un reglamento que regirá determinación y
adjudicación del sueldo del alcalde y que al considerar los aumentos tomará en consideración los criterios
enumerados en la disposición legal. Dentro del marco del Derecho antes enunciado,
entendemos que los Legisladores Municipales de Villalba actuaron al margen de la ley al aprobar los aumentos de sueldo sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Municipios Autónomos. Al tomar esta decisión
rechazamos como defensa el haber actuado confiando en la posición original de la O.C.A.M., puesto que las
interpretaciones de una agencia del gobierno no pueden ir por encima del texto claro de la ley. Por Asamblea lo tanto, no erró el TA al de resolver actuar que la el
sueldo del alcalde en ausencia de un reglamento que guiara el proceso y sin que mediase la evaluación de factores necesarios para sustentar dicha determinación. C. DOCTRINA DE COBRO DE LO INDEBIDO Uno de los remedios solicitados por el Estado en su Demanda es la restitución del dinero pagado en concepto de aumento de salario al Sr. Negrón en virtud de las
Ordenanzas 43 y 46. la devolución de
En la tarea de determinar si procede fondos públicos es fundamental
tomar en cuenta que los pagos que se le hicieron al ex alcalde fueron realizados bajo la creencia de que éste tenía el derecho a recibirlos, conforme la interpretación del Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos,
vertida por la O.C.A.M. El Código Civil de Puerto Rico dispone en su Artículo 1795, 31 L.P.R.A. sec. 5121 (1990), que cuando se recibe una cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de aquel que la recibió de restituirla. Dicha disposición legal
recoge lo que los juristas han denominado como la doctrina de cobro de lo indebido. 145 D.P.R. 560 (1998), En Sepúlveda v. Depto. de Salud, y reafirmado recientemente en
Crespo que
Torres, para que
supra, se
793-794, de
cobro de lo indebido se tienen que cumplir los siguientes tres requisitos: (1) que se produzca un pago con la
intención de extinguir una obligación, (2) que no haya justa causa para el pago, es decir, que no exista una obligación jurídica entre el que paga y el que cobra, o que existiendo la misma, sea por una cantidad menor a la pagada y (3) que el pago haya sido hecho por error y no por mera liberalidad o por otro concepto. Con base en dicha doctrina, hemos distinguido entre lo que constituye un error de hecho y un error de derecho. Así, anteriormente hemos expresado que el error de hecho es aquel que se comete cuando alguien obra a base de unos hechos que no son los verdaderos o cuando ocurre un error formal o de trámite. En cambio el error de derecho tiene
lugar cuando el que realiza el pago lo hace amparado en la creencia de que éste le es exigible en derecho, bien
porque desconoce la norma que lo descarga del pago o por interpretación errónea del derecho aplicable. E.L.A. v.
Crespo Torres, supra, a la pág. 794; Sepúlveda v. Depto. de Salud, supra, a la pág. 568. Amparados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España y en la interpretación que varios tratadistas
españoles le han dado al Artículo 1895 del Código Civil Español, homólogo del Artículo 1795 de nuestro Código
Civil, adoptamos la norma de que sólo el error de hecho y
no el de derecho da lugar a la obligación de restituir. E.L.A. v. Crespo Torres, supra, a la pág. 794; Sepúlveda v. Depto. de Salud, supra, a las págs. 567-568; Aulet v. Depto. Servicios Sociales, 129 D.P.R. 1, 48 (1991).
Añadimos que se exime a la persona que recibió el pago indebido por un error de derecho de devolver lo pagado, aun cuando dicho pago se trate de fondos públicos. v. Depto. Servicios Sociales, supra, a la pág. Aulet 48;
A.C.A.A. v. Bird Piñero, 115 D.P.R. 463, 467 (1984). No obstante, la distinción antes esbozada sobre el error de hecho y el de derecho fue abandonada en la
jurisprudencia española a partir de la Sentencia de 7 de julio de 1950. postura que De ese modo, en España se acogió la nueva que el derecho de repetición es
procedente tanto si el error cometido es de hecho como de derecho. En E.L.A. v. Crespo Torres, supra, a las págs.
795-797, citando a tratadistas españoles y expresiones del Prof. Michel Godreau11 descartamos el anterior precedente judicial en nuestra jurisdicción y acogimos la corriente moderna abandonando, para efectos de la restitución, la distinción entre el error de Aclaramos, sin embargo, hecho y el error de derecho. que dicha norma sería de
aplicación a casos futuros sobre la materia en cuestión, descartando así la posibilidad de extenderla
retroactivamente a unas partes que confiaron en el estado
M.J. Godreau, Derecho Civil Patrimonial, 69 Rev. Jur. U.P.R. 519, 540541 (1999).
de derecho vigente al aprobar y desembolsar aumentos de sueldo. En la presente situación de hechos, la Asamblea
Municipal aprobó unas ordenanzas con el fin de concederle un aumento de sueldo al Sr. Negrón, entonces alcalde del Municipio, amparados en la interpretación que la O.C.A.M. había realizado del Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos. No obstante, en el proceso no cumplieron con
la aprobación de un reglamento ni con la evaluación de unos requisitos mínimos enumerados en la aludida
disposición legal. A base de lo anterior, hemos resuelto que habiéndose efectuado dichos pagos bajo la creencia de que los mismos procedían en derecho y no como mera liberalidad, con la intención de cumplir con una obligación que se reputaba válida y sin haber justa causa, ya que no se aprobó en cumplimiento con la ley, indudablemente los mismos se
trataron de un cobro de lo indebido. El estado de derecho vigente en cuanto a la doctrina de cobro de lo indebido, para cuando se aprobó y se pagó el dinero relativo al aumento de sueldo del Sr. Negrón, mantenía la distinción entre el error de hecho y el error de derecho para efectos de cuándo procedía la restitución. Aludiendo a dicha normativa, cuando el error cometido era de hecho existía una obligación de restituir lo recibido, mientras que si se trataba de un error de derecho se
eximía a la persona de devolver lo pagado indebidamente.
En el caso de autos, los procesos concernientes al aumento de sueldo se realizaron había tomando la como base las del
articulado pertinente en la Ley de Municipios Autónomos. Sin embargo, dicha interpretación brindada por la O.C.A.M. no estaba acorde con la letra clara del Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, por lo que la misma era manifiestamente confiando en errónea. la Al conceder errónea los del aumentos derecho
aplicable brindada por la O.C.A.M., el pago hecho al Sr. Negrón es considerado como un error de derecho. Se acoge
como error de derecho, ya que la Legislatura Municipal, al confiar en la interpretación de la O.C.A.M, actuó sin
ajustarse a la norma jurídica vigente. Habiendo determinado que los aumentos y los pagos
concernientes se tratan de un error de derecho, según la normativa vigente para el momento en que los mismos fueron concedidos y para cuando el Estado instó la presente
acción, no procede que el Sr. Negrón tenga que restituir los mismos. Hemos tenido en cuenta al tomar esta
decisión, que aun cuando en E.L.A v. Crespo Torres, supra, resolvimos que procede la restitución tanto cuando el
error cometido es de hecho como cuando es de derecho, claramente indicamos que dicha norma de derecho sería de aplicación a casos futuros y no a aquellos en los cuales las partes habían confiado en el estado de derecho vigente
que distinguía para efectos de la restitución entre el error de hecho y el de derecho. Por lo tanto, erró el TA al ordenar el reembolso a las arcas municipales de los fondos municipales desembolsados por concepto de aumentos de sueldo por constituir el pago de los mismos un error de derecho. D. DEFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL TPI SOBRE TESTIMONIOS VERTIDOS Por último, los peticionarios aducen que erró el foro apelativo intermedio al no darle la debida deferencia a la determinación de credibilidad concedida por el TPI a los testimonios vertidos en el juicio. Es norma bien asentada que los tribunales apelativos deben abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad realizada por los tribunales de instancia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba. D.P.R. Pueblo v. García Colón, 2011 T.S.P.R. 83, 182 ___ (2011); González Hernández v. González Se le
Hernández, 2011 T.S.P.R. 65, 181 D.P.R. ___ (2011).
brinda un respeto a la aquilatación de credibilidad que realiza el foro sólo primario tenemos en consideración mudos e a que, de
Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 967, 987 (2010); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001).
Igualmente dispone la Regla 43.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.2 (2001),12 en lo pertinente al caso ante nos, que:
Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos…. ....
Sin embargo, en Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26, 36 (1996), expresamos que aunque el arbitrio del juzgador de hechos es respetable y merece deferencia, el mismo no es absoluto. Por lo tanto, cuando los tribunales de
instancia realicen una apreciación errónea de la prueba no se le concederá inmunidad a su determinación, por lo que la misma puede estar sujeta a la facultad revisora de los tribunales apelativos. Íd.; Cárdenas Maxán v. Rodríguez
Rodríguez, 125 D.P.R. 702, 712 (1990); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987). hemos resuelto reiteradamente que los De ese modo, tribunales
apelativos podremos intervenir con las conclusiones de los jueces de instancia cuando la apreciación de la prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida. Méndez v.
Morales, supra, a la pág. 36. En la presente situación de hechos el TA, luego de examinar las transcripciones de los tres (3) días de
Debido a que los eventos relevantes al presente recurso sucedieron previo al 1 de julio del 2010, utilizamos las disposiciones procesales correspondientes a las Reglas de Procedimiento Civil de 1979.
vistas, además de toda la prueba documental que obraba en los autos del caso, entendió que era inaceptable el
planteamiento de la Asamblea Municipal, acogido por el TPI en su decisión, en cuanto a que los legisladores
municipales habían discutido informalmente los criterios contemplados en la ley. Los peticionarios alegan que
dicha determinación es errada y que el TA debió haberle dado deferencia a la determinación de credibilidad
concedida por el TPI a los testimonios vertidos. Después de haber tenido la oportunidad de revisar el expediente, entendemos correcta la determinación del TA sobre este particular. Lo anterior bajo la premisa de que
a pesar de que del testimonio del Sr. Flores se desprenden expresiones Municipales requeridos, generales tomaron ello no en en cuanto a que los Asambleístas criterios ordenanzas
consideración ni de
correspondientes ni de las actas de los procesos llevados a cabo para aprobar las mismas. De los récords
municipales no se desprende que se hayan tomado en cuenta otros elementos más allá de la preparación académica del Sr. Negrón y de lo que éste con su liderato alegadamente logró para el Municipio. Para disponía el el momento Artículo que se aprobaron de la Ley las de ordenanzas, Municipios
Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4213 (2005),13 que en las actas
Posteriormente, el Artículo 5.013 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, fue enmendado por la Ley Núm. 135 de 25 de julio de 2000.
entre otros, los asuntos discutidos, las manifestaciones hechas por cada uno de los miembros con relación a los asuntos considerados y los acuerdos sobre los proyectos de resoluciones y ordenanzas. Sin embargo, como
mencionáramos, no consta ni en las ordenanzas ni en las actas de los procedimientos que las gestiones que
culminaron en la aprobación de los aumentos de sueldo al Sr. Negrón se hayan realizado con la formalidad requerida por el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, al no mediar la consideración de los criterios utilizados para aprobar el aumento de salario del primer mandatario municipal con la en debida la ley. con designación No la de los otra del requisitos prueba TA a al los
establecidos respecto,
teniendo apreciación
efectos de que no había base en el expediente como para entender que la Asamblea Municipal hubiese cumplido con lo establecido en la ley. No podemos perder de perspectiva que el proceso de determinar el sueldo de los alcaldes debe ser uno de suma rectitud, en el cual deben imperar consideraciones de la más alta jerarquía, pues, después de todo, de lo que se trata es de la disposición y administración de los fondos públicos. Al así hacerlo, debemos tener en cuenta la
apremiante situación económica por la que está atravesando la Isla y asegurarnos que nuestro norte siempre sea
fomentar el mayor cuidado, celo y prudencia en el uso y la
disposición de los fondos públicos.
concerniente a este caso va dirigida precisamente a velar por el uso sensato de los fondos públicos, por lo que la misma le impone un deber a los legisladores municipales de mesura y escrupulosidad al poner en práctica sus
preceptos. Lo anterior nos lleva a concluir que no erró el TA al rechazar el testimonio del Sr. Flores, según vertido en el juicio. III. Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la determinación del TA al reconocerle legitimación activa al Estado para incoar la acción del caso de autos, así como al aceptar tener jurisdicción Asimismo para entender que en la
foro resolvió conforme a derecho en tanto y en cuanto concluyó cumplir 3.012 que con de era los mandatorio criterios de aprobar un en reglamento el y
Artículo antes de Sin
Municipios de sueldo
Autónomos al Sr.
embargo, revocamos la determinación recurrida en cuanto ordenó la restitución de los fondos públicos, ya que al constituir la aprobación del aumento de sueldo y el
desembolso del mismo un error de derecho, por la normativa jurídica vigente para ese entonces, no procede que el Sr. Negrón devuelva lo que le fuera pagado en aumentos de salario.
Así modificada, se confirma la Sentencia recurrida. Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton
emitió Opinión Disidente a la cual se unió la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada señora Fiol
Matta disiente sin opinión escrita.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Estado Libre Asociado de Puerto Rico Recurrido v. Hon. Bernardo Negrón Montalvo y Rosa E. Rodríguez Martínez, por sí y como representantes de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Asamblea Municipal de Villalba, representada por su presidente David Albino Rolón; Municipio de Villalba, representado por su alcalde Orlando Torres González, Sutano (a) de Tal Peticionarios Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2012. Hoy, al examinar una controversia que habíamos atendido recientemente, este Tribunal desaprovecha la oportunidad para reconsiderar una postura que, a nuestro entender, atenta
contra el buen uso de los fondos públicos. Se trata, una vez más, de un aumento de salario concedido ilegalmente a un alcalde. Por entender que la inexistencia del Reglamento
exigido por el Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 21 L.P.R.A. sec. 4112, impedía, sin más, la aprobación del aumento de sueldo en controversia, y, que toda interpretación ulterior hecha por el Tribunal era innecesaria, ordenaríamos la restitución del salario pagado ilegalmente.
I. El 13 de marzo de 1997, la Asamblea Municipal de Villalba aprobó la Ordenanza Núm. 43, Serie 1996-1997, a los fines de aumentar el salario del entonces Alcalde, Hon. Bernardo Negrón Montalvo, en ochocientos dólares ($800)
Posteriormente, el 9 de abril de 1997, enmendó
la Sec. 1 de dicha Ordenanza, para incrementar el salario del Alcalde en doscientos ($200) dólares adicionales. Al momento de realizar estos aumentos, el Municipio de
Villalba no contaba con un reglamento que regulara dicho proceso. Posteriormente, la Oficina del Contralor emitió un informe mediante el cual cuestionó los referidos aumentos. Concluyó, pues, que para estados para años la en aprobar esos aumentos no se del un
consideraron Municipio retraso
financieros fecha de
auditados había
Además, dichos estados financieros, cuando finalmente se prepararon, reflejaron un déficit de sobre un millón de dólares para el año en que se otorgaron los aumentos. En consecuencia, el Estado Libre Asociado presentó la acción de autos ante el Tribunal de Primera Instancia y solicitó que se decretaran nulas e ilegales las referidas Ordenanzas municipales, y, por ende, se declarase que los aumentos recibidos por el Alcalde constituyeron pagos
indebidos e ilegales de fondos públicos que conllevaban la devolución de la cantidad cobrada, ascendente a $53,200.00.
haberse aprobado un reglamento requerido por el Art. 3.012 de la Ley de el en Municipios aumento, ilegales no los Autónomos, lo supra, -de antes suyoPor de ni
concederse convertía
desestimó la demanda. Inconforme, el Estado acudió ante el Tribunal de
Apelaciones. El foro apelativo intermedio revocó y concluyó que la ausencia de un reglamento que guiara la evaluación del aumento de salario invalidó la acción de la Asamblea Municipal. En consecuencia, ordenó el rembolso de los pagos hechos ilegalmente. Así las cosas, el ex Alcalde acudió ante nos y
solicitó la revocación de esa determinación. II. El Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos,
supra, dispone que: La Legislatura Municipal aprobará, con el voto de dos terceras partes de los miembros del cuerpo, el reglamento que regirá los procedimientos de evaluación, determinación, y adjudicación, del sueldo del Alcalde. Al considerar aumentos de salarios para el alcalde, la Legislatura tomará en consideración, entre otros, que dicho cuerpo encuentre necesarios, los siguientes criterios: 1. El presupuesto del municipio y la situación fiscal de los ingresos y gastos reflejados en los informes de auditoría o single audit. 2. La población y el aumento servicios a la comunidad. en los
3. El cumplimiento con los controles fiscales y administrativos establecidos por O.C.A.M., la Oficina del Contralor y el gobierno federal. 4. La complejidad de responsabilidades Ejecutivo. las funciones y del Primer
5. El costo de vida, información que deberá suplir la Junta de Planificación a solicitud de la Legislatura Municipal. 6. La habilidad de atraer capital y desarrollo económico al respectivo Municipio. 7. Tomar en cuenta los sueldos devengados por los miembros de la Asamblea Legislativa y los Secretarios del Gabinete Constitucional. Íd. (Énfasis suplido). Como se deduce de lo anterior, el Art. 3.012 antes reseñado impone dos requisitos a la Legislatura Municipal para poder En el aprobar primer deber y, cualquier lugar, de en le aumento requiere un de a salario la a un
alcalde. Municipal dicho
Legislatura que regule que la como de
aprobar segundo “tomará
lugar, en
Legislatura mínimo, los
Municipal siete
consideración”, al momento
aprobar el aumento. Siendo esto una obligación expresa de la Legislatura Municipal, cualquier aumento de salario
contrario al referido mandato de ley es ilegal. Como señalamos en nuestra Opinión Disidente en E.L.A. v. Crespo Torres, 180 D.P.R. 776 (2011), este artículo fue incluido mediante enmienda a la Ley de Municipios Autónomos a raíz de la aprobación de la Ley Núm. 36 de 13 de abril de
Municipales del 26 de agosto de 1993 sobre el Sustitutivo del P. de la C. 626, que luego se convirtió en la Ley Núm. 36 de 1995, expresó que el texto propuesto sobre el Art. 3.012 buscaba que la entonces llamada Asamblea Municipal tuviera unas guías para establecer un salario justo de
acuerdo a las capacidades del alcalde y las circunstancias económicas de los municipios. Véase Íd. págs. 7-9. A tales efectos, dispuso: La disparidad en los sueldos de los Alcaldes responde a la falta de guías y criterios uniformes que puedan aplicarse por la Asamblea Municipal para determinar el aumento de salario del Primer Ejecutivo. La importancia de las disposiciones que se introducen en la medida sustitutiva permiten que la Asamblea Municipal evalúe la capacidad fiscal del municipio para compensar adecuadamente al Alcalde tomando en consideración el presupuesto, la población, la complejidad de las funciones, las responsabilidades del Primer Ejecutivo y el costo de vida. Este último, es un dato indispensable que deberá suplir la Junta de Planificación a las Asambleas. Íd. pág. 9. En el presente caso, cabe señalar que las Ordenanzas municipales que dieron lugar al aumento en controversia no exponen de qué manera se consideraron los criterios en
controversia. De hecho, contrario al Informe de la Oficina del Contralor y de los estados financieros auditados, la Ordenanza Núm. 43 simplemente expone que “bajo el liderato excelente del Hon. Bernardo Negrón Montalvo, el Municipio de Villalba ha logrado un desarrollo económico de gran
envergadura”. A su vez, la Ordenanza Núm. 46 se limita a exponer que “por acuerdo general” se acordó el aumento, por
ser “la cantidad justa y razonable para los puestos de Alcalde de Puerto Rico”. este Foro concluye Ante esta realidad, una mayoría de el aumento de salario en
controversia fue ilegal. No obstante, al igual que sucedió en E.L.A. v. Crespo Torres, supra, la Sentencia aplica la doctrina de error de derecho y resuelve que el estado de derecho sobre esa doctrina al momento de ocurrir el aumento de salario no conllevaba la devolución del cobro de lo indebido. Por lo tanto, el resultado de la Sentencia que hoy se emite es que, a pesar de estar de acuerdo con todo lo que resolvió el Tribunal de Apelaciones, una mayoría de este Tribunal impide la devolución de los pagos ilegales. III. Este caso nos brinda la oportunidad de reafirmar
nuestras expresiones en nuestra Opinión Disidente en E.L.A. v. Crespo Torres, supra. Por existir una disposición clara y precisa sobre el procedimiento que debió seguir el
Municipio de Villalba para aumentar el salario del Alcalde, esta Curia debió resolver, sin más, que dicho aumento era inválido y ordenar el reintegro de los fondos públicos
cobrados ilegalmente. Por ello, somos del criterio de que era innecesario entrar a examinar la aplicabilidad de la doctrina de error de derecho.
Federico Hernández Denton Juez Presidente
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 Artículo 15
 Artículo 4
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 14
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 1795
 Artículo 1895
 Artículo 1795
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 5
 Artículo 3