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Timestamp: 2018-11-19 09:42:24+00:00

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Capitulo i - II - II - 17 de Abril
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Esquema Fuentes Del Derecho
Habeas Ejemplo
DISEÑO LISTO
Atributos a La Personalidad
Amparo, Exhibiccion Personal
Accion de Amparo Constitucional
Fallo Verbitsky
JURISDICCION CONSTITUCIONAL
Programación de Actividades 2015 2016
Pautas Para La I,FyES de PIP, Perfil
Der.proc.Constituc-Demanda de Habeas Corpus
FRASEOLOGIA ESPECIALIZADA (3)
CRUCES - Reflexiones sobre el alcance del control de resoluciones judiciales.pdf
De La Subsidiariedad Niñ
Modelo de Demanda de Hábeas Corpus
Habeas Corpus Presentado Por SELEME Hugo Omar
EXP. N.° 01519-2008-PHC-TC.doc
Accion de Habeas Corpus
Proceso de Habeas Corpus
expo tule
hcpreventivo-150608060933-lva1-app6891
1.1. TEMA.
HABEAS DE LOS
CORPUS HABITANTES
GARANTÍAS PASAJE
PROVINCIA DE EL ORO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2008.
El Habeas Corpus es actualmente la principal institución en el mundo, destinada a proteger la libertad personal contra las detenciones arbitrarias o ilegales, y así lo reconocen los pactos internacionales de derechos humanos; y lógicamente no podría ser la excepción en nuestro país, de ello entonces mi enteres de conocer como se lo aplica, y si esta siendo aprovechado por nuestros conciudadanos en su amplitud y al igual que se dan en otras naciones democráticas del mundo
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 1.3.1.
¿De qué manera influye El Habeas Corpus en las garantías constitucionales de los habitantes del Cantón Pasaje?
Problemas complementarios.
1. ¿Están haciendo uso correcto del Habeas Corpus? 2. ¿El Habeas Corpus sirve verdaderamente para que se cumplan nuestras garantías constitucionales? 3. ¿Será necesario ampliar la normativa vigente en cuanto al Habeas Corpus?
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 1.4.1.
Determinar la influencia del Habeas Corpus en las garantías constitucionales de los habitantes del Cantón Pasaje.
1. Identificar en que circunstancias se hace uso del Habeas Corpus. 2. Establecer si el Habeas Corpus sirve para garantizar los derechos
constitucionales de los ciudadanos del Cantón Pasaje. 3. Determinar que aspectos jurídicos se hacen necesarios para que el Habeas Corpus cumpla verdaderamente con su rol fundamental de proteger las garantías constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico.
2.1.1. LA LIBERTAD
2.1.1.1. Definición de la Libertad
Es la facultad o capacidad que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o sencillamente no obrar, esta facultad nace del poder de que se halle revestido naturalmente el hombre para emplear sus facultades en la ejecución de aquello que le parezca más conveniente. Por tanto la libertad debe entenderse como ausencia de coacciones o trabas externas que impidan el desarrollo integral de la persona. Acto libre sería entonces aquel que se ejecuta con dominio, esto es, con facultad para realizar otro distinto o contrario, o cuanto menos para omitirlo.
Característica fundamental de la libertad humana son lo actos voluntarios que hace al hombre responsable de sus actos. Espinoza entiende como libre lo que existe únicamente por necesidad de su naturaleza y sólo por ella se determina a la acción, necesario, o por mejor decir, obligado; es algo que está determinado de una manera segura y precisa por otra cosa para ser y actuar".
Desde el materialismo filosófico la libertad ya no puede ser entendida al margen del determinismo casual. La concepción casual de la libertad la ve no como la posibilidad de realizar "actos sin causa", sino como la posibilidad de atribuir a la persona misma la causalidad del acto libre, constituido en un circuito procesual. Esta
idea es la que se expresa, de un modo metafísico (por cuanto trata a la persona como si fuera sustancia ya constituida) en las fórmulas: "la libertad es la facultad de hacer lo que se es", " es libre quien puede cumplir el principio: sé quien eres". Sólo podremos considerar libres aquellos actos de los cuales podamos considerarnos causa (o nos hacemos responsables), para lo cual será imprescindible que hayan sido proyectados (planeados o programados) como episodios de un proceso global, en una prolepsis cuyos componentes han de ser dados por anamnesis previamente. Desde este punto de vista no cabe hablar de libertad cuando desconozco las consecuencias de mi elección.
Por lo tanto a la libertad no sólo deba entenderse en un sentido individual, sino además como un asunto social y hasta político. Las concepciones filosóficas abstractas de la personalidad, dentro de la cual sitúan a la libertad como un elemento inherente a su naturaleza, han tenido repercusiones en la vida social. El hombre, considerado abstractamente como persona, está dotado de la potestad libertaria, por lo que dentro de la convivencia humana, dentro del conglomerado social, en las múltiples relaciones que surgen entre los miembros de éste, la libertad como factor abstracto deontológico del hombre ha pugnado por transmutarse en algo real. Por tanto la libertad, en su nivel más elevado emerge cuando la persona, sujeto de derechos inviolables, es reconocida como tal.
Así entendido los derechos del otro se convierten así en deberes del sujeto y recíprocamente: los derechos del sujeto constituyen deberes para el otro. En esta situación la libertad, como simple libre albedrío, se convierte en responsabilidad. Esto implica que la libertad debe constituirse como el estado en que se está falto de
sujeción y subordinación, pero dicha libertad podrá estar limitada por la normativa social de los hombres, en virtud de la mencionada responsabilidad. En consecuencia no podemos ser privados de nuestra libertad, excepto en los casos y según las formas determinadas por la Ley. De esta manera se patentiza la concepción de Justiniano de la libertad: naturalis facultas cius, quod cuique facere libet, nisi si quid aut iure prohibetur. Al respecto afirma Montesquieu: la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permitan, y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, no tendría más libertad, porque los demás tendrían el mismo poder. Y señalaba que en una sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe quererse.
2.1.1.2. La libertad jurídica.
La libertad individual, como elemento inseparable de la personalidad humana, se convirtió en un derecho cuando el Estado se obligó a respetarla. Ya dicho factor no tenía una mera existencia deontológico, sino que se tradujo en el contenido mismo de una relación jurídica entre la entidad política y sus autoridades por un lado, y los gobernados o ciudadanos por el otro. Esta relación de derecho, que surgió cuando el Estado, por medio de sus órganos autoritarios, decidió respetar una esfera libertaria a favor del individuo como consecuencia de un imperativo filosófico, creó para los sujetos de la misma un derecho y una obligación correlativa. Un derecho para el gobernado como potestad o facultad de reclamar al Estado y a sus autoridades el respeto, la observancia del poder libertario individual, concebido en los términos a los que aludíamos anteriormente. Una obligación para la entidad política y sus
órganos autoritarios, consistente en acatar, pasivamente o activamente ese respeto. Es entonces cuando la libertad humana se concibe como el contenido de un derecho subjetivo cuyo titular es el gobernado, así como de una obligación estatal correlativa.
Jurídicamente la libertad es un derecho natural e imprescriptible del hombre que en consecuencia, debe ser considerada como una facultad que afecta a todos sin excepción. Para brindar una primera definición jurídica podríamos partir de lo expuesto en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, de 1789, en donde se dice que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Es decir, que el goce de este derecho debe estar limitado exclusivamente en razón de asegurar a los demás el mismo derecho, y como, en una sociedad democrática, tal limitación no puede hacerse sino mediante ley, habría que concluir afirmando que la libertad es el derecho de hacer todo lo que no está prohibido por las leyes. En consecuencia los revolucionarios franceses, a efectos de ser consecuentes con lo señalado en el artículo citado, expusieron en el siguiente de dicha declaración que la ley no puede prohibir más que las acciones dañosas para la sociedad y, por tanto, todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ésta no ordena. Se superaba así el concepto más restringido de libertad dado por Montesquieu del cual hicimos referencia.
La libertad implica, por consiguiente, la facultad de autodeterminación personal, con ausencia de cualquier presión exterior o condicionamientos que la hagan imposible. De este modo, el derecho a la libertad puede encontrar su impedimento en dos tipos de obstáculos:
 Por una parte, el primero lo representan los poderes públicos y los terceros, ante los que hay que exigir el derecho a su abstención a fin de que la libertad de cada uno se pueda realizar.  Por otra, es claro que puede existir una libertad formal, pero sabemos ya que la libertad no puede ser real más que si la persona dispone de los medios indispensables para ejercerlo. No es posible que ninguna disposición
constitucional permita completar la libertad con el derecho a obtener las prestaciones necesarias para su ejercicio. Tal exigencia en todo caso, no depende del Derecho Constitucional, sino de la política constitucional que todo gobierno está obligado a realizar.
Se desprende de lo expuesto que la reivindicación del derecho a la libertad va indisolublemente unida a los orígenes del constitucionalismo, en tanto se concibe a éste como el intento de limitar y regular los poderes del Estado en aras de la libertad del individuo.
De esto determino que la conquista de este derecho se encuentra en la base de las dos grandes revoluciones: americana y francesa, que dan lugar al constitucionalismo moderno. En cuanto a la primera, se puede citar el inicio de la Declaración de Independencia de 1776 que dice así: "mantenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, que su Creador les atribuye determinados derechos inalienables, entre los que se cuentan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad...". Y en cuanto a la segunda, hemos visto ya que la libertad es la piedra angular de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Desde
entonces las diferentes constituciones de corte liberal han reconocido de una forma u otra este derecho fundamental.
Igualmente los documentos internacionales sobre derechos humanos ponen énfasis en el reconocimiento de semejante derecho, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 3 y 9 plantea: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni arrestado o desterrado. Igual tratamiento recibe este derecho en el artículo 9 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y le adiciona que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. A estos mismos principios la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7 le agrega que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, y reconoce algunas garantías para los individuos privados de libertad, como por ejemplo que toda persona detenida o presa deberá ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continué el proceso. Así mismo señala que dichas personas privadas de libertad tienen derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o detención fueran ilegales.
Las constituciones de corte liberal han reconocido de una u otra forma este derecho a la libertad, y al hacerlo, de manera general, han seguido los siguientes postulados:
1. Los poderes públicos no sólo deben garantizar este derecho en abstracto, sino que les corresponde promover las condiciones para que la libertad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. 2. En aras de no perjudicar la libertad de cada uno, se prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. 3. El valor superior que constituye la libertad exige que en su privación, como máxima garantía, entre en juego los tres poderes clásicos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, según diferentes modulaciones. De este modo, únicamente es lícita la privación de libertad cuando se dan los siguientes supuestos. a. Que la actuación del ejecutivo al detener a alguien sea estrictamente provisional. b. Que la actuación del legislativo signifique que se hayan previsto los casos y los procedimientos para privar a un ciudadano de su libertad. c. Que la actuación concreta del judicial sea la condición sine qua non para privar de manera firme a una persona de libertad.
2.1.2. LA SEGURIDAD JURÍDICA.
Conjuntamente al derecho a la libertad se maneja también el concepto de seguridad jurídica. La seguridad jurídica va a determinar los supuestos y los requisitos para privar de libertad a las personas. Esta comporta la ausencia de perturbaciones
procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en algún momento o lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones.
Consecuentemente a este derecho, hay que entenderlo como la garantía jurídica del individuo frente al poder, dirigido a evitar no sólo la privación de su libertad, sino, también, cualquier forma arbitraria de represión. Cumple así dos objetivos: de un lado, le garantiza que no tiene nada que temer de ninguna autoridad mientras que el ejercicio de sus libertades, cualquiera que sea, se mantengan dentro de los límites de la legalidad; y de otro, que si es sospechoso de haberlos traspasado, exponiéndose así a una sanción, se le protege igualmente de toda represión arbitraria que exceda de los requisitos legales que regulen esa conducta. De ahí que el derecho a la seguridad de las personas sea la protección de vanguardia de todas las libertades y lo que permite su ejercicio regular.
La seguridad jurídica de las personas debe ser contemplada bajo las siguientes premisas:
1. Se concibe la privación de libertad como una excepcionalidad. 2. Si la detención se ha llevado a cabo de forma ilegal, se exige la devolución inmediata de la libertad. 3. Si la detención se ha realizado legalmente, se deben garantizar los derechos del detenido.
4. Si se somete a juicio al inculpado se le deben garantizar varios derechos durante el proceso. 5. Si la persona procesada es condenada a una pena privativa de libertad, se le deben garantizar también determinados derechos.
Con el propósito de cumplir los objetivos de esta investigación, sólo comentaré los dos primeros supuestos: Con respecto a la primera premisa, las personas no pueden ser privadas de su libertad, pero en el caso de que se produzca la excepcionalidad y tal privación se lleve a cabo, ésta debe hacerse de acuerdo con dos exigencias:
Exigencia de legalidad: los casos de privación de libertad solamente se pueden establecer mediante la ley, lo cual significa tres consideraciones especiales:
a. Únicamente es el poder legislativo, a través de sus productos normativos, quien puede regular las penas de privación de libertad. Por consiguiente, la administración en ningún caso dispone de una capacidad sancionadora que signifique la privación de libertad respecto de los ciudadanos. b. Nadie puede ser sancionado, detenido o condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa. (Nulum crimen, nulla poena, sine lege). c. Los supuestos de privación de libertad sólo deben ser establecidos por el acto normativo de mayor jerarquía.
Exigencia de precisión: Al ser la libertad un bien precioso del hombre, los supuestos de su privación establecidos en la ley, deben ser extraordinariamente precisos a efectos de que no haya dudas en su aplicación.
Con respecto a la segunda premisa, (o sea, si la detención se ha llevado a cabo de forma ilegal, se exige la devolución inmediata de la libertad), el Habeas Corpus es el instrumento idóneo que garantiza tal devolución y del cual nos referiremos con mayor precisión a continuación.
2.1.3. EL HABEAS CORPUS. 2.1.3.1. ETIMOLOGÍA.
Este término proviene del latín hábeās corpus [ad subiiciendum] ‘que tengas [tu] cuerpo [para exponer]’, siendo hábeās la segunda persona singular del presente del subjuntivo del verbo latino habēre (‘tener’). En consecuencia etimológicamente el término “habeas corpus” proviene de la lengua latina, que quiere decir “exhibiendo el cuerpo”.
2.1.3.2. CONCEPTOS DE HABEAS CORPUS. El concepto de hábeas corpus es definido por la doctrina de manera muy similar en todas sus opiniones, aunque varían de acuerdo a cada uno de los juristas, así tenemos:
Es el poder jurídico constitucional de una persona, que consiste en la facultad de pedir la intervención de órgano jurisdiccional para el restablecimiento de su derecho de libertad de locomoción que cree que está siendo vulnerado por una arbitraria, indebida e ilegal persecución, detención, procesamiento o apresamiento.
Linares Quintana lo define como el remedio jurídico que tiene derecho a interponer ante juez competente por sí, o por intermedio de otro, todo individuo que ha sido ilegal o arbitrariamente privado de su libertad constitucional—porque la orden no es legal o porque ha sido emitida por quien no es autoridad competente—para que se examine su situación y comprobada su ilegalidad se ordene su inmediata libertad.
La academia define al Hábeas corpus como al ¨ derecho de todo ciudadano, detenido o preso, a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse.
El Habeas Corpus es una de las garantías jurisdiccionales especiales de protección a los derechos humanos, pertenece a la esfera del control difuso de los derechos fundamentales.
El Habeas Corpus, un proceso especial y preferente, por el que se solicita del órgano jurisdiccional competente el restablecimiento del derecho constitucional a la libertad, vulnerado por la comisión de cualquier detención ilegal que pueda ser dispuesta por persona no encuadrada dentro del poder judicial.
El Tribunal Constitucional español lo ha calificado como un proceso especial de cognición limitada, entendido como un instrumento de control judicial que versa no sobre todos los aspectos o modalidades de la detención, sino sólo sobre su regularidad o legalidad en el sentido de lo regulado en la Constitución y las leyes.
Clariá Olmedo: “El habeas corpus, en su especialidad, es la garantía del derecho a la libertad, y se desenvuelve a través de un proceso constitucional por la materia sobre la cual versa, cuya realización se pone en manos del Poder Judicial, para munirlo de lo que por antonomasia constituye la jurisdiccionalidad”
Alejandro Carrió señala: “El mismo constituye la vía adecuada para obtener la libertad en el caso de un arresto ilegal”.
Carlos Enrique Edwards en su definición sobre el instituto dice: “El hábeas corpus se nos presenta entonces como una garantía destinada a tutelar la libertad física de las personas, mediante un procedimiento sumarísimo que tiene por fin hacer cesar la privación ilegal de la libertad personal”.
Marcos Salt, nos señala que: “El Hábeas Corpus es el mecanismo jurídico previsto en nuestro sistema normativo para proteger judicialmente a los ciudadanos de los ataques ilegítimos contra la libertad corporal y ambulatoria”
El Hábeas Corpus es una Garantía Constitucional destinada a la protección de la libertad física y ambulatoria de todas las personas, en todas las etapas de sus vidas, incluso si ésta se cumpliera bajo una pena privativa de la libertad legítima, y debe ser resuelta de inmediato.
2.1.3.3. HISTORIA DEL HABEAS CORPUS.
El antecedente mas remoto del Habeas Corpus data de la época del Imperio Romano, durante la cual se conoció como Homine Libero Exhibendo y cuyo objetivo era el de exhibir al hombre libre que se detiene con dolo o Quem liberum dolo malo retines, exhibeas. Esta era una acción que se otorgaba contra todo aquel que retuviera a una persona que tenía derecho a su libertad. Un Pretor finalmente decidía si la acción del demandado se había o no realizado de mala fe.[]
Posteriormente, el pueblo inglés a través de varias luchas logró imponerlo en el año 1215 en lo que se llamó la Carta Magna. Aparece en el derecho histórico español como el denominado «recurso de manifestación de personas» del Reino de Aragón en el Fuero de Aragón de 1428, y en las referencias que sobre presuntos supuestos de detenciones ilegales se contienen en el Fuero de Vizcaya de 1527, más tarde en la Ley Inglesa de 1640 y en el Acta Hábeas Corpus de 1679. La institución del Hábeas corpus estaba concebida como una forma de evitar agravios e injusticias cometidas por los señores feudales contra sus súbditos o personas de clase social inferior.
Por ser de gran trascendencia procedo a continuación a realizar un análisis de los interdictos que aparecen en el derecho romano, como institutos de derecho público, y su misma denominación (interdicto, o interdecere), alude a interpelar a la autoridad pública a fin de tutelar determinados derechos.
Tipos de Interdicto.
Se los clasifica en prohibitorios, que contenían una orden prohibitiva, empleando las palabras “vim fieri veto”; los restitutorios, instrumentados con la palabra “restitutas”, disponían el reintegro de una cosa; por último, que son los que aquí nos interesa, los interdictos exhibitorios ( también denominados “decreta”), concretados en la orden “exhibeas”, ordenaban mostrar alguna cosa o personas. Su fin último era una restitución o liberación. Entre los interdictos exhibitorios de personas, tenemos:
a) interdictum de liberis exhibendis et ducendis, otorgado al pater familiae para lograr la devolución de alguno de sus descendientes, al hogar; b) interdictum de uxore ducenda vel exhibenda, dado al mario respecto de su esposa, para que se la mostrara e hiciera retornar a la casa familiar; c) interdictum de liberto exhibendo, concedido al patrono para lograr la exposición del liberto que debía realizarle ciertos trabajos; d) interdictum de homine libero exhibiendo, para reclamar la liberación de un hombre libre dolosamente detenido. Este tipo de interdictos es el que mas nos importa para este trabajo, el cual Implico una especie de Acción popular, ejercitable por cualquiera (ya que “compete a todos, porque a ninguno se le ha de impedir que
favorezca la libertad”), y perpetua. Solamente amparaba a hombres libres, puesto que “al hombre libre no se le debe retener en tiempo alguno con dolo malo”. El hombre no libre, el esclavo, no estaba protegido por el interdicto; tampoco el redemptus, situado en una escala intermedia entre el ser libre y el esclavo.
La orden de exhibición, anticipo del “auto” de habeas corpus (“exhibir es sacar al publico, y permitir que se vea y se toque al hombre. Exhibir es propiamente manifestar lo que esta oculto”, indicaba el Digesto), exigía un cumplimiento inmediato, y provocaba sanciones pecuniarias en caso de desobediencia, sin perjuicio además de la acusación criminal derivada de la Lex Fabia (esta Ley establecía una pena de 50.000 sextercios al que hubiera secuestrado, vendido o comprado a un ciudadano romano, y permitía ocurrir al Pretor para requerir la fuerza pública, a fin de liberar al detenido).
El Digesto, sólo otorgaba el interdicto aludido a favor de los hombres libres: se refiere “A todo hombre libre, púber o impúber, varón o mujer, uno o muchos, que este sujeto o no a ajena potestad; porque sólo miramos al hombre libre”. Al decir Carlos Sánchez Viamonte que el interdicto “de homine libero exhibendo”, tendía a acentuar la diferencia entre el hombre libre y el esclavo, asegurando al primero su posición social jerárquica1. Esto es incontestable, pero aun con todas sus falencias, el interdicto en cuestión constituye un antecedente clave, fundamental, en la historia del habeas corpus. Un dato insustituible para comprender el origen de esta acción.
Sánchez Viamonte, Carlos.
2.1.3.4. HISTORIA DEL HABEAS CORPUS EN EL ECUADOR.
Abelardo Montalvo en diciembre de 1933, ejecuta y promulga la Ley de Hábeas Corpus, orientada a facilitar a los habitantes del Ecuador que puedan obtener la inmediata resolución de las reclamaciones que hicieren por violación de las garantías declaradas en el artículo 151 de la Carta Fundamental, las que se expresaban en: inviolabilidad de la vida, igualdad ante la ley sin esclavos ni apremios personales, presunción de inocencia, libertad y seguridad personal, derecho a no ser detenido, arrestado ni preso sino en la forma y tiempos que prescriban las leyes, derecho a no ser puesto fuera de la protección de la ley ni distraído de jueces naturales, derecho a no ser penado sin juicio previo no por la aplicación de una ley posterior al hecho.
El hábeas corpus asistía a todo individuo que por considerar que se han infringido estos derechos consideraba estar indebidamente detenido, procesado o preso. Se atribuyó competencia al Presidente del Concejo Municipal (contra autoridades o funcionarios parroquiales o cantonales); al Presidente del Consejo Provincial (contra funcionarios o autoridades provinciales); al Presidente del Consejo de Estado (contra funcionarios o autoridades nacionales o de distrito de zona) al Presidente de la respectiva Corte Superior (contra presidentes de los concejos cantonales o consejos provinciales).
Posteriormente, con la Ley de Régimen Municipal, la competencia para conocer los Hábeas Corpus, con la Constitución de 1945 se estableció a favor de los Alcaldes.
“En la Constitución de 1945 se contrae exclusivamente, a la protección del Hábeas Corpus, a favor de quien considere que su detención, su procesamiento o su prisión, infringe los preceptos constitucionales o legales”
En las reformas constitucionales adoptadas en el año 1996, se atribuye competencia al Tribunal Constitucional para reconocer las resoluciones que denieguen los recursos garantizados en la sección II "De las garantías de los derechos" en la que consta el hábeas corpus. En la constitución vigente, el artículo 276, numeral 3, de manera más directa, faculta al Tribunal para conocer las resoluciones que denieguen el hábeas corpus. De manera que, dentro de los aproximadamente 70 años de vigencia de este recurso, es relativamente nueva la competencia del Tribunal para conocer del mismo, en segunda instancia, las resoluciones que lleguen a su conocimiento por apelación interpuesta.
2.1.3.3.
BIEN JURÍDICO QUE TUTELA EL HABEAS CORPUS.
El hábeas corpus, en el derecho comparado, tutela dos derechos fundamentales, la libertad individual relativa a su libertad de movimiento y, por tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido tiene como objeto el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos, por lo cual tiene un carácter sumario (urgente) y potencialmente eventual, en tanto se autoriza desde que aparece posible una violación eventual a estos derechos para evitar que la violación se torne en irreparable. Lógicamente, de
tornarse en irreparable la violación, la acción de garantía pierde su objeto (sustracción de la materia)
2.1.3.4. EL HABEAS CORPUS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES
La Constitución Política del Ecuador, en su artículo 18 inciso primero establece, que los derechos y garantías determinadas en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad; y de ello desprendo entonces que los tratados y convenios internacionales firmados por nuestra patria, ratifican la garantía motivo de mi investigación. De la serie de Tratados Internacionales nos interesan al Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En lo que hacen al instituto del Hábeas Corpus, disponen:
Pacto San José de Costa Rica, art. 7, ap. 6: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9, ap. 4: “Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir
ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”.
De esta forma, también los pactos internacionales sobre derechos humanos vienen a consagrar expresamente en nuestro texto constitucional la garantía del hábeas corpus.
2.1.3.5. CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO HABEAS CORPUS
El Art. 93 del Código Político establece que "Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al hábeas corpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre, o ante quien haga sus veces. La autoridad municipal, en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la recepción de la solicitud, ordenará que el recurrente sea conducido inmediatamente a su presencia y se exhiba la orden de privación de libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excusa, por los encargados del centro de rehabilitación o del lugar de detención.- El alcalde dictará su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Dispondrá la inmediata libertad del reclamante si el detenido no fuere presentado, si no se exhibiere la orden, si esta no cumpliere con los requisitos legales , si hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención, o si hubiere justificado el fundamento del recurso". El Art. 96 ibídem, señala que habrá un Defensor de Pueblo, con jurisdicción nacional, para promover o patrocinar el hábeas corpus de
las personas que lo requieran. Las disposiciones citadas contienen en sí los caracteres del Hábeas Corpus.
Tal como se encuentra concebido en la norma constitucional citada, al presupuesto fundamental para proponer la acción de hábeas corpus es que la persona se encuentre "ilegalmente detenida", es decir, que esté privada de su libertad sin que dicha privación cumpla con los requerimientos que la ley establece para que proceda. Esa creencia de encontrase ilegalmente detenida, debe aparecer en la solicitud que se presenta ante la autoridad competente, según la norma constitucional, ante el Alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre el detenido, o ante quien se encuentre delegado por dicho funcionario. En la misma norma constitucional se establece que la autoridad ordenará que el recurrente sea conducido a su presencia y que se exhiba la orden de privación de libertad. Esto significa que quien debe comprobar que el peticionario se encuentra ilegalmente detenido es la autoridad competente para conocer la acción.
En virtud de lo indicado anteriormente, la persona que se acoge al hábeas corpus puede simplemente manifestar en su solicitud que se encuentra ilegalmente detenida y la autoridad ante quien se presenta dicha solicitud será quien debe determinar si esa afirmación es cierta. Más aún si concordamos la norma constitucional con lo establecido en la Ley de Régimen Municipal, cuyo Art. 78 señala el trámite a seguir en los casos de hábeas corpus, disponiendo que el alcalde debe solicitar al juez que ordenó la detención o dictó la sentencia, que informe sobre el contenido de la denuncia; así mismo, dicho funcionario, según la norma citada,
debe solicitar al centro carcelario los informes y documentos necesarios para resolver sobre la solicitud hecha.
Sin embargo, aunque ni la Constitución ni la Ley establecen qué debe contener la solicitud, no solamente se expondrá que el peticionario está ilegalmente detenido, sino que ayuda a la autoridad ante quien se acude, hacer una relación detallada de los hechos, es decir, explicar cómo sucedió la detención ilegal. Esto no debería exigirse como requisito indispensable de la solicitud, sobre todo considerando que cualquier ciudadano puede presentarla por sí misma o por interpuesta persona. No obstante, una violación al derecho a la libertad protegido por el hábeas corpus dentro de un Estado de Derecho, no puede darse en la generalidad de los casos, al contrario, es una arbitrariedad que debería presentarse raramente.
Tomando en cuenta que generalmente la población no tiene conocimiento cabal de lo que se encuentra establecido en la Constitución, podría ocurrir que un ciudadano sea detenido ilegalmente sin que él sepa que dicha detención es ilegal, porque no existía la orden de autoridad competente para que proceda, por ejemplo. Sin embargo, cuando quien lo propone es un abogado en defensa de su cliente, éste debe saber cuándo procede la acción, cuáles son las razones para solicitar la libertad de una persona detenida, en que circunstancias puede acogerse dicho detenido al hábeas corpus, en fin, es lógico que un abogado debería justificar la razón de la solicitud en debida forma. En tal virtud y, para que quienes se encuentran detenidos puedan acceder a una defensa eficiente y llevada con la ética que debe aplicarse en todo momento por parte de los profesionales del derecho, la interposición de un hábeas corpus debería hacerse cuando dichos profesionales
tengan el pleno convencimiento de que la detención de su cliente es evidentemente ilegal y no como una manera de justificar su actuación en una defensa que genera los correspondientes honorarios.
¿Quién propone el Habeas Corpus?
1. Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al hábeas corpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta persona. (Constitución Política)
2. La interposición del recurso de Hábeas Corpus podrá también ser promovida o patrocinada por el Defensor del Pueblo, sus adjunto o delegados provinciales.(Ley de Control Constitucional y Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo)
3. Quien considere que su detención, procesamiento o prisión infringe preceptos constitucionales o legales, salvo el caso de delito in-fraganti, infracción militar o contravención de policía*. (Ley de Régimen Municipal) (* limitación sin utilidad por el principio de la Supremacía Constitucional)
Adolescencia)
¿Ante que autoridad se lo interpone?
En efecto, quien conoce del hábeas corpus es el alcalde o quien haga sus veces, en primera instancia y, el Tribunal Constitucional en segunda instancia. Respecto del tema, la Primera Sala del Tribunal Constitucional, recogiendo el espíritu que ánimo al legislador para conceder esta facultad a los alcaldes señala que: "Se debe tener presente que cuando constitucionalmente se encargó esta función a las Alcaldías y Presidencias de Concejos Cantonales, s hizo con un nuevo criterio de justicia y democracia, según el cual los mencionados funcionarios elegido mediante voto popular representan en mejor y más auténtica forma a la colectividad y conocen mejor a sus integrantes, y por ello, con un criterio de sana crítica y equidad, sin mayores formalismos puedan resolver con mayor certeza y eficacia si la persona acusada tiene o no derecho a obtener libertad ambulatoria. (El) alcalde o quien haga sus veces para conocer y resolver el Hábeas Corpus se convierte en un juez especial, no perteneciente a la función judicial, con jurisdicción y competencia eventuales, es decir no es juez de pleno derecho, ni para ello necesitan ser abogados".
¿Qué Clase de Proceso es? El hábeas corpus se caracteriza por su sencillez y rapidez, pues, no solo que no es exigible ningún formalismo en cuanto a la legitimación, sino que tampoco se requiere cumplir ninguna formalidad en cuanto al contenido de la petición, tanto que, ni la Constitución, ni la Ley del Control Constitucional, ni la Ley de Régimen Municipal, exigen requisitos para la presentación del recurso. Además, no es necesario el patrocinio de un abogado, a quien se acude por simple desconocimiento de las disposiciones legales.
¿Qué deberá contener la petición de Habeas Corpus?
a. Nombre del detenido y/o de quien interpone el recurso. b. Narración del perjuicio o violación cometida, en este caso la detención ilegal, con especificación de las circunstancias en que se produjo. c. Lugar donde se encuentra detenida o se presume que se encuentra detenida. d. Petición concreta de la libertad. e. Firma de quien interpone, si sabe hacerlo o su huella digital en caso de no saberlo. f. Una relación clara de la forma en que se produjo la detención con ubicación de fecha lugar y hora en que se produjo. g. Las autoridades que ejecutaron y la forma como efectuaron el ingreso a algún centro de detención. h. El centro o lugar de detención i. Normas jurídicas en las que se ampara la solicitud. j. El señalamiento de un Casillero Judicial para notificaciones.
Es muy importante tomar en cuenta estos datos para facilitar la investigación
¿Cuándo procede el recurso de Habeas Corpus? La misma disposición constitucional contenida en el Art. 93 y concordante con ella el Art. 31 de la Ley de Control Constitucional, establece que el hábeas corpus procede en los siguientes casos:
a) Cuando no ha sido presentado el detenido; b) Cuando no se exhibiere la orden de privación de libertad; c) Cuando ésta no cumpla con los requisitos legales; d) Cuando se haya incurrido en vicios de procedimiento en la detención y, e) Cuando se haya justificado el fundamento del recurso.
¿Cómo se efectúa la audiencia?
“…La autoridad municipal, en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la recepción de la solicitud, ordenará que el recurrente sea conducido inmediatamente a su presencia, y se exhiba la orden de privación de libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excusa, por los encargados del centro de rehabilitación o del lugar de detención…”.
Así lo dispone la Carta Magna, lo que dentro del trámite se refiere a la Audiencia, en donde se cumple con este mandato constitucional. La Audiencia de Hábeas Corpus, no es otra cosa que el acto inmediato a la petición, en el cual al recurrente se lo conduce a la presencia del alcalde o quien haga sus veces.
Para que la presente audiencia se lleve a cabo de manera ordenada, se la prepara cumpliendo varios aspectos:
1. Primeramente se elabora una providencia indicando día y hora de la audiencia. 2. Se realiza un listado de los recurrentes a la Audiencia.
3. El listado se lo envía a todos los Centros de Detención, para que trasladen a los detenidos a la sala de Audiencias con la respectiva información de cada caso. 4. Se elaboran expedientes por cada petición. 5. Si los recurrentes se encuentran a órdenes de alguna autoridad que pueda comunicar sobre el estado de su detención, se notifica oficios solicitando la información necesaria. 6. Si los recurrentes realizaron la petición con la colaboración de Abogado, al profesional del derecho se lo notifica por medio del Casillero Judicial.
Cumplidos estos detalles, comenzamos con la realización de la Audiencia:
En el día y hora señalados para la comparecencia se efectúa la audiencia pública en la que deben estar presentes el Alcalde o quien haga sus veces, el Secretario de la municipalidad o su representante, el detenido y la persona que interpuso el recurso o su abogado.
Además, el director del centro carcelario o su representante quien puede ir o no personalmente, pero deberá enviar la orden de privación de libertad o documento mediante el cual se mantiene a la persona privada de la libertad.
Para comenzar la Audiencia, el Secretario o representante, da lectura del expediente del recurrente, iniciando por la solicitud, la providencia de llamamiento a audiencia y la constancia de haberse realizado las notificaciones correspondientes.
Terminada la intervención del Secretario o representante, se otorga la palabra al recurrente, quien expresara las condiciones y razones de su detención; también puede intervenir su abogado patrocinador, que generalmente expone los fundamentos de hecho y de derecho de su petición, solicitando al final la libertad inmediata de su defendido.
Para concluir la audiencia, toma la palabra el Alcalde o quien haga sus veces, expresando la finalización de la Audiencia del recurrente y que se procederá a la resolución respectiva en el tiempo que la ley lo faculta.
Inmediatamente se procede a la Recopilación de la Información que ya se inició en la Preparación de la Audiencia.
“…Con el mismo objeto solicitará (el alcalde) de cualquier otra autoridad y del encargado del establecimiento carcelario o penitenciario en que se encontrare el recurrente, los informes y documentos que estime necesarios. Las autoridades o empleados requeridos los presentarán con la urgencia con que se les exija y si no lo hicieren, impondrá a los remisos una multa de un mil a diez mil sucres, y entrará a estudiar inmediatamente los antecedentes que le permitan dictar, en forma motivada, y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas…”
La recopilación de la información es necesaria para resolver con suficientes argumentos una petición de Hábeas Corpus, debe ser de manera inmediata y oportuna al momento e tomar decisiones.
Dependiendo de los casos de Hábeas Corpus presentados en la Alcaldía, los siguientes sirven de fuentes principales de información.
Comando Cantonal de la Policía Nacional de Pasaje. Comisaría Nacional de Policía de Pasaje Juzgados Penales de Pasaje
Las mencionadas instituciones son acudidas por la Alcaldía para recopilar información antes y después de la realización de la Audiencia. Lamentablemente, las contestaciones e informaciones requeridas, no son elaboradas oportunamente, lo que implica que miembros de la alcaldía también realicen la labor de trasladar la documentación remitida a la Alcaldía.
“...El alcalde dictará su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes. Dispondrá la inmediata libertad del reclamante si el detenido no fuere presentado, si no se exhibiere la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales, si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención o, si se hubiere justificado el fundamento del recurso...”.
“...entrará a estudiar inmediatamente los antecedentes que le permitan dictar, en forma motivada, y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, si no rechazare el recurso, cualquiera de estas resoluciones:
1º.- La inmediata libertad del recurrente, si no aparecen justificadas la detención o la prisión;
2º.- La orden de que se subsanen los defectos legales, si el recurso se contrae a reclamar vicios de procedimiento o de investigación; y,
3º.- La orden de que se ponga al recurrente a disposición de los jueces propios, si la denuncia alude a la competencia o el estudio del caso lo llevare a esa conclusión”.
Se ha citado las normas pertinentes con respecto a la Resolución que debe tomar el Alcalde o quien haga sus veces en los casos de Hábeas Corpus. Si analizamos estas disposiciones, podemos encontrar dos contradicciones claras:
1. La Constitución Política dispone que el Alcalde dictará la respectiva resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizada la Audiencia, mientras que la ley de Régimen Municipal señala el plazo de cuarenta y ocho horas.
2. Tenemos también las alternativas de resolución que se debe tomar, y según la Constitución existen dos, las cuales son Aceptar o Negar el Recurso. Mientras tanto la Ley de Régimen Municipal admite tres aspectos: La inmediata libertad del
recurrente, subsanar vicios de procedimiento y poner a la persona a órdenes del juez competente.
En la práctica, y teniendo nuevamente en cuenta el principio de la Supremacía de la Constitución, la Alcaldía trata de resolver los casos en las veinticuatro horas siguientes a la audiencia, y tiene como alternativas negar o aceptar la el Recurso de Hábeas Corpus.
Para aceptar el recurso en la resolución, el alcalde deberá tomar en cuenta las causales que la Constitución menciona: si no fuere presentado, si no se exhibiere la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales, si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención o, si se hubiere justificado el fundamento del recurso
En caso del rechazo de la resolución, por la improcedencia de los fundamentos de la petición, se acude, si así lo desea el recurrente, al proceso de Apelación, el que explicaremos a continuación.
“...De la resolución del alcalde que deniegue el recurso podrá apelarse al Tribunal Constitucional, el cual resolverá en el término de quince días desde cuando reciba la apelación, en mérito del expediente del recurso negado. Para el efecto dispondrá al alcalde que lo remita en las cuarenta y ocho horas siguientes de recibida la disposición.
De comprobarse el fundamento del recurso el Tribunal Constitucional ordenará la inmediata libertad del procesado; sin perjuicio de que continúe el proceso...”. “Art. 276.- Competerá al Tribunal Constitucional: Conocer las resoluciones que denieguen el hábeas corpus, el hábeas data y el amparo, y los casos de apelación previstos en la acción de amparo.”
Para concluir la tramitología del recurso de Hábeas Corpus, es necesario explicar la segunda y última instancia del proceso, llamada Apelación. La cual se la debe presentar ante el Tribunal Constitucional, organismo constitucionalmente
competente, dentro del término de tres días, contado desde la notificación con la resolución del Alcalde.
También se podrá presentar ante la alcaldía, de donde se remitirá inmediatamente el expediente al Tribunal Constitucional. Cuando la apelación se la presenta directamente al Tribunal Constitucional, rápidamente se ordena al Alcalde que se remita el expediente del recurso negado, en las cuarenta y ocho horas siguientes.
En la apelación, se puede resolver con dos alternativas: • La confirmación de la resolución tomada por el Alcalde, y • La revocatoria de la resolución tomada por el Alcalde, concediendo la inmediata libertad del recurrente, cuando del análisis del expediente se encuentre los siguientes casos de detención ilegal:
1. El detenido no fue presentado ante el Alcalde. 2. No se exhibió la orden de privación de libertad.
3. La orden no cumple los requisitos legales. 4. Se cometieron vicios de procedimiento en la detención. 5. Existen pruebas que den fundamento al recurso
MARCO CONTEXTUAL.
2.1.1. HISTORIA DE PASAJE DE LAS NIEVES En el año 1758, el Gobernador de Machala, el Indio Ambrosio Gomal con un grupo de indios gestionó ante el gobierno de Guayaquil la defensa del sitio PASAJE ante la arremetida de varios “rematadores” de tierras. El Juez de Tierras de aquellos tiempos Cap. Antonio de Argote, cedió las tierras a los indios de Machala pero con la condición de que en dos años y medio forme un pueblo, caso contrario retornaría a ser de su Majestad.
Los primeros pobladores se asentaron en los terrenos de los que hoy es Guaboplaya o Mollopongo y se sabe que existía un vía que descendiendo del altiplano llegaba hasta la hacienda “Chaguana” y que hasta esta principal vía llegaba un camino real desde Pucará pasando por terrenos de un señor Núñez y un sitio denominado LAS NIEVES, de aquí se deriva la denominación “PASAJE DE LAS NIEVES”.
Esta población fue fundada por 1760 tuvo que afrontar las inclemencias del clima y las dificultades de conectarse con Machala debido a las constantes crecientes del Río Jubones – en quechua- “Devorador de hombres” , por lo que se vieron obligados
a trasladarse a otro lugar, llegando hasta Uzhcaplaya en el margen Izquierdo por el año 1780 permaneciendo hasta 1800 cuando los habitantes en número aproximado de 100 ante las facilidades del trabajo y cansados de los inesperado azotes del caudaloso río, buscaron un nuevo asentamiento en lo que hoy es nuestro cantón. Narra la historia que corría el año 1822 cuando don Gabino Serrano, abuelo de Andrés Corsino García, tuvo la suerte de hospedarse en su casa al Mariscal Antonio José de Sucre, cuando avanzaba con las tropas libertadoras, que sellarían la independencia en la Victoria del Pichincha el 24 de mayo del mismo año.
Con la ley de división territorial en 1824, se erige a Machala la categoría de Cantón, quedando Pasaje como parroquia machaleña; en tanto que la inmigración cada día crece aceleradamente a nuestro pueblo atraídos por la fértil tierra y notable progreso, atrayendo gente de Cuenca, Loja y Zaruma. Desde 1890 comienza a germinar la idea Independentista en busca de la libertad política y económica mediante la cantonización.
2.2.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES El Cantón Pasaje, se caracteriza por ser un pueblo aguerrido, eminentemente agrícola, donde su actividad económica depende en gran parte de la producción del banano y en otros porcentajes menores del cacao, café, ganado, y el comercio. El cantón tiene 6 parroquias rurales, y su cabecera cantonal que es la ciudad de pasaje, la forman 4 parroquias urbanas. Su clima es diverso y variable, desde calido hasta frío, su topografía varia desde (16 hasta 365) msnm, tiene lugares atractivos
recreativos para diversión de propios y extraños (turistas), por sus paisajes, ríos, zonas de protección, estas últimas declaradas por el gobierno para su conservación de la diversidad y variedad de la flora y fauna. Su red vial es regular, por su ubicación Pasaje, es el cantón de enlace entre el Austro y la Costa y del vecino país Perú, es importante destacar que la ciudad de Pasaje, limita al norte con el río Jubones del Este al Oeste.
2.2.3. POBLACIÓN Cuenta con una población total de 62959 habitantes: 31807 hombres y 31152 mujeres, una población urbana de 45215 habitantes: 22418 hombres y 22729 mujeres; y, una población rural de 17744 habitantes: 9389 hombres y 8355 mujeres
2.2.4. SÍMBOLOS.
ANTECEDENTES EMPÍRICOS DE LA PROPUESTA.
La presente investigación se la realizó en la Ciudad de Pasaje, con el propósito de establecer la influencia del Habeas Corpus en las garantías constitucionales de sus habitantes durante el primer trimestre del año 2008; para lo cual realice entrevistas y encuestas al alcalde, a cuatro policías y a cuatro abogados.
3.1. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL SR. ERASMO NOBLECILLA
ALCALDE DEL CANTÓN PASAJE.
Partiendo de que nuestra norma constitucional suprema en su Art. 93 (Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al hábeas
corpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre, o ante quien haga sus veces. La autoridad municipal, en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la recepción de la solicitud, ordenará que el recurrente sea conducido inmediatamente a su presencia, y se exhiba la orden de privación de libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excusa, por los
encargados del centro de rehabilitación o del lugar de detención. El alcalde dictará su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes. Dispondrá la inmediata libertad del reclamante si el detenido no fuere
presentado, si no se exhibiere la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales, si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención o, si se hubiere justificado el fundamento del recurso. Si el alcalde no tramitare el recurso, será civil y penalmente responsable, de conformidad con la ley. El funcionario o empleado que no acate la orden o la resolución será
inmediatamente destituido de su cargo o empleo sin más trámite, por el alcalde, quien comunicará tal decisión a la Contraloría General del Estado y a la autoridad que deba nombrar su reemplazo. El funcionario o empleado destituido, luego de haber puesto en libertad al
detenido, podrá reclamar por su destitución ante los órganos competentes de la Función Judicial, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que fue notificado).
En concordancia con el Art. 30 de la Ley de Control Constitucional (El recurso de hábeas corpus se interpondrá ante el alcalde del cantón en que estuviese privado de su libertad el recurrente. El alcalde resolverá sin dilación alguna, sobre su concesión o negación, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 28 (Art. 93) de la Constitución y en lo que no se oponga a éste, lo señalado en la Ley de Régimen Municipal.); faculta al burgomaestree ser la autoridad pertinente para conocer y resolver sobre la garantía constitucional del Habeas Corpus.
Los resultados de la entrevista son los siguientes  En este primer trimestre del presente año no se ha tramitado ningún caso de habeas corpus.  El habeas Corpus si garantizan los derechos constitucionales de los pasajeños.  Como en el presente trimestre del presente año, no se han presentados peticiones de Habeas Corques, no he tenido complicaciones con esta garantía constitucional.  Los abogados del cantón saben y aplican muy bien la presente garantía constitucional.
Como se puede apreciar no hay mayor complicación o datos de relevancia para la presente investigación en las respuestas dadas por el personaje entrevistado, pero cabe señalar que quizás se deba a la forma limitada en que se aplica la presente garantía constitucional, ya que nuestra ley solo la permite en su forma reparadora que permite lograr la libertad de una persona ilegalmente privada de ella.
3.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTA A LOS ABOGADOS.
Abogado, del latín advocatus, designa a aquel que es llamado para asesorar en justicia. Por tanto quien contando con el título correspondiente, pertenece a su colegio profesional y como tal se dedica al asesoramiento, dirección y defensa de los derechos e intereses ajenos ante los tribunales, mediante la aplicación de las técnicas y ciencias jurídicas.
El abogado tiene la obligación de cooperar con la administración de justicia mediante la defensa jurídica de los intereses que le sean confiados. Su actuación debe ser libre e independiente y, como profesional, recibirá el amparo de los tribunales en su libertad de expresión y defensa. La dignidad de la función del abogado comporta que goce de los derechos inherentes a la misma, así como la utilización de formas respetuosas en sus manifestaciones y siempre guiado por el principio de buena fe.
Es precisamente a este personaje el encargado de plantear el Habeas Corpus (aunque según la ley no es el único), en el organismo seccional competente, por tal razón se la ha realizado una encuesta a 10 profesionales del derecho en libre ejercicio profesional. Cuadro Nº 1. TRAMITE DE HABEAS CORPUS
OPINIÓN DE LOS ABOGADOS Si No
F 2 8
% 20 80
TOTAL Gráfico Nº 1.
TRÁMITE DE HABEAS CORPUS
Si 20% Si No No 80%
Fuente: Cuadro Nº 1. Elaboración: El autor.
Como nos podemos dar cuenta dos de los diez abogados consultados han tramitado alguna vez el Habeas Corpus, lo que me lleva a pensar que se respeta los derechos fundamentales del ser humano en este caso de la libertad individual frente a los abusos o arbitrariedades de las autoridades o también de los cuerpos represivos; o en su caso, este recurso a que tiene derecho todo ciudadano nacional o extranjero no protege verdaderamente las garantías constitucionales y respaldadas por los derechos humanos y más tratados internacionales, porque en un sistema policial y jurídico en donde campea la corrupción, para mi criterio personal sí se cometen atropellos a la dignidad del ser humano.
Cuadro Nº 2 EL HABEAS CORPUS EN NUESTRA NORMATIVA PROTEGE LA LIBERTAD EN TODOS SUS ÁMBITOS OPINIÓN DE LOS ABOGADOS Si No TOTAL Gráfico Nº 2. F 5 5 10 % 50 50 100
PROTEGE LA LIBERTAD EN TODOS LOS ÁMBITOS
No; 50%
Si; 50%
Fuente: Cuadro Nº 2. Elaboración: El autor.
La respuesta dada a esta pregunta me da ha entender que verdaderamente el Habeas Corpus no cobija a toda la libertad que debería proteger este recurso en nuestro país, sin embargo debo recordar que existen otros recursos estipulados en nuestra constitución que llenarían esos vicios, pero con las falencias que conllevan su aplicación, que para mi criterio es que falta una mayor legislación que abarque una correcta forma de aplicarlo y aumentar otros casos en los que se puede aplicar el habeas corpus como por ejemplo cunado una persona al encontrarse cumpliendo una pena por algún delito cometido se le agrava sus condiciones de vida como ser humano. Cuadro Nº 3. APLICACIÓN DEL RECURSO OPINIÓN DE LOS ABOGADOS Derecho lesionado Derecho restringido Derecho preventivo Desaparición forzada de persona Derecho correctivo 10 2 2 2 1
Gráfico Nº 3.
Desaparici ón forzadaDerecho correctivo de persona 6% 12% Derecho preventivo 12% Derecho restringido 12%
Derecho lesionado 58%
FINLAIDAD CON LA QUE SE APLICA EL RECURSO
Fuente: Cuadro Nº 3. Elaboración: El autor. El profesional del derecho hace uso de este recurso en la forma de reparar una de las garantías establecidas por los derechos humanos y plasmados en nuestra norma constitucional como es la libertad, como es lógico pues nuestra ley solo lo permite como reparados del derecho lesionado, más no como derecho restringido, derecho preventivo, derecho correctivo o en los casos de desaparición forzosa, que si están contemplados en otras constituciones como en la Argentina por ejemplo.
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES y PROPUESTA
Las encuestas practicadas a los profesionales del derecho me dan una clara visión de lo que realmente ocurre con esta garantía constitucional de los derechos del individuo, razón por la que comprendo que en nuestro cantón en este primer trimestre del año sólo se haya presentado un solo caso de petición de Habeas corpus, que contrasta con la gran cantidad de individuos que están en los calabozos de la cárcel de pasaje, que supongo unos estarán con razón suficiente., pero otros no.
Sugiero que debería ampliarse la normativa en cuanto al recurso de Habeas Corpus, para que ampare no sólo al derecho ya lesionado por un abuso o arbitrariedad de alguna autoridad o de los integrantes de los cuerpos represivos con que cuenta nuestro estado; sino las restricciones o molestias de la libertad personal, o a las amenazas inminentes de la privación de la libertad, entre otros.
 Se añada al Art. 93 de nuestra Constitución Política: A más de proteger la libertad de una persona ilegalmente privada de ella y que ya consta en ella como Habeas Corpus Reparador las siguientes clases:
a) Restringido.
Tiene por objeto hacer cesar las restricciones o molestias a la libertad personal, que no llegan a implicar una privación ilegal de ésta; se refiere a ello cuando habla de derecho restringido.
b) Preventivo.
Se interpone ante una amenaza inminente de la privación ilegal de la libertad; derecho amenazado.
c) Casos de Desaparición Forzada.
Hace referencia a la desaparición forzada de personas
d) Correctivo.
Este Hábeas Corpus Correctivo procede frente a un agravamiento de las condiciones de detención de aquel que se encuentra privado legalmente de su libertad, y se encuentra plasmado en donde la norma dice, en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención
CABANELAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Edit. Heliasta, Tomo III, Buenos Aires – Argentina, 1996.
CASTILLO, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional, Colección Jurídica, Editorial Ara, Perú. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. LEYES. Constitución Política de la República, Ley Orgánica de Régimen Municipal. LARREA, Juan. Derecho Constitucional Ecuatoriano, Tomo 1, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edit UTPL, Loja, 2000. TORAL, Jaime. Guía Jurídica, Primera edición, 1977.
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