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Timestamp: 2018-08-18 06:14:54+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00822 de noviembre 22 de 2012
SENTENCIA 2008-00822 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS. NO SE PUEDEN CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJERCER FUNCIONES FIJADAS EN LA LEY O EN EL REGLAMENTO CON RESPECTO A EMPLEOS PÚBLICOS. SE SANCIONA AL SERVIDOR QUE REALICE ESA CONTRATACIÓN POR FUERA DE LOS FINES DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL. EL PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS APLICA EN LOS CASOS EN QUE SE CELEBRAN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ESCONDER UNA RELACIÓN LABORAL, LO CUAL PERMITE DECLARAR LA EXISTENCIA DE ESTA Y RECONOCER DERECHOS ECONÓMICOS AL TRABAJADOR, COMO LAS PRIMAS, CESANTÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LA PROPORCIÓN QUE CORRESPONDA. SIN EMBARGO, ESTO NO OTORGA LA CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO, YA QUE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE NOMBRAMIENTO O ELECCIÓN Y POSESIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Sentencia 2008-00822 de noviembre 22 de 2012
Expediente: 25000-23-25-000-2008-00822-02
Referencia: 2254-2011
Actor: José Luis Buriticá Bohórquez
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, debe la Sala precisar si entre la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, y el demandante José Luis Buriticá Bohórquez existió un vínculo laboral y como consecuencia de ello, si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de ese vínculo.
— El contrato de prestación de servicios y la teoría de la relación laboral
La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido desarrollada por nuestra legislación a través del Decreto-Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y más recientemente por la Ley 190 de 1995. La Ley 80 en su artículo 32, dispone:
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente” (resaltado nuestro).
La parte resaltada fue demandada ante la Corte Constitucional, que en Sentencia C-614 de 2009, señaló entre otros criterios, la permanencia como un elemento más que indica la existencia de una verdadera relación laboral.
— Limitaciones legales a la utilización del contrato de prestación de servicios.
— Solución judicial a la utilización fraudulenta del contrato de prestación de servicios
Así es dable concluir, que no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la ley.
De otra parte, destaca la Sala que cuando se cuenta con elementos de juicio para declarar la existencia de una relación laboral, entre quien prestó el servicio y la entidad que se benefició con el mismo, es imperativo reconocer el derecho a obtener las prerrogativas de orden prestacional(6). Sobre el punto es dable destacar lo reiterado en diversos pronunciamientos de esta sección, referente al reconocimiento a título de indemnización reparatoria de las prestaciones sociales dejadas de percibir, en los siguientes términos:
Teniendo claro lo anterior, se advierte que la Sección Segunda(8) de esta corporación ha sostenido que no existe problema para condenar y liquidar las prestaciones ordinarias, pero que no sucede lo mismo con las prestaciones que se encuentran a cargo de los sistemas de seguridad social en los siguientes términos:
Lo constituye la Resolución RCA 1 de 17 de diciembre de 2007, proferida por el apoderado especial del liquidador de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, por medio de la cual se decidió rechazar las acreencias presentadas oportunamente por el actor, por inexistencia de un vínculo laboral o una relación legal y reglamentaria.
— El actor fue vinculado a la entidad demandada mediante contratos de prestación de servicios sucesivos desde el 1º de julio de 2003 hasta el 3 de septiembre de 2007, para prestar los servicios personales como médico especialista en neurocirugía. Algunos de los contratos de prestación de servicios continuos e ininterrumpidos celebrados fueron los siguientes:
Nº Identificación del contrato Fecha Plazo Folios del cuaderno
1. 15038 14/06/2003 fecha Del 1º de julio de 2003 al 15 de marzo de 2004 7
2. 4449-04 13/04/2004 1 mes y 15 días 11 y 12
3. 6671-04 30/04/2004 2 meses 13 y 14
4. 9055-04 01/07/2004 4 meses 15 a 17
5. 10510-04 11/01/2004 2 meses y 15 días. Adicionado en 15 días 23, 24 a 26
6. 624-05 02/01/2005 1 mes 38 a 40
7. 02425-05 01/03/2005 3 meses 44 a 46
8. 04623-05 01/06/2005 3 meses 49 a 51
9. 05871-05 01/09/2005 1 mes. Adicionado en 10 días 57 a 59
10. 08302-05 11/10/2005 3 meses y 20 días 64 a 66
11. 10777-06 01/02/2006 3 meses 79 a 81
12. 13611-06 01/06/2006 3 meses 93 a 95
13. 14611-06 01/09/2006 1 mes 115 a 117
14. 19104-06 02/12/2006 1 mes y 3 días 138 a 140
15. 04166-07 05/07/2007 2 meses y 26 días 161 a 163
— Mediante Resolución 106 de 3 de septiembre de 2007, proferida por la apoderada especial de la Sociedad Fiduagraria S.A., en calidad de liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, se procedió a dar por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios 4166-07 celebrado con el demandante, como consecuencia inmediata de la supresión y liquidación de la entidad (fls. 27 a 29).
— El 10 de octubre de 2007, el actor presentó reclamación de acreencias laborales por su vinculación con la entidad, en forma continua e ininterrumpida entre el 1º de julio de 2003 y el 3 de septiembre de 2007, por valor total de $ 89’241.000, cuantía que estableció, a partir de la última asignación mensual percibida $ 5’712.000 (fls. 50 y 51).
— Mediante Resolución RCA 1 de 17 de diciembre de 2007, el apoderado especial del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, negó el reconocimiento de las acreencias laborales reclamadas por el demandante (fls. 3 a 25).
— Al folio 52 fue allegado certificado de pagos de retención en la fuente por concepto de honorarios por servicios prestados del actor durante el año 2007, expedido por la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento.
— Del folio 53 al 129 obran las planillas de los turnos médicos de neurocirujanos cumplidos por el demandante, durante los años 2004 al 2006.
— Se adjuntó la hoja de vida del demandante, de la cual es posible establecer que ostenta el título de médico y cirujano de la Universidad de Caldas (fl. 181, cdno. anexo).
— La declaración testimonial de William Mauricio Riveros Castillo, en calidad de coordinador jefe del servicio de neurocirugía y neurocirujano de la entidad demandada para época de los hechos, visible a folios 413 a 419 del expediente, da cuenta que el actor realizaba “turnos de noche y de fin de semana de urgencias y de evolución de piso, interconsultas, consulta externa, cirugía programada como de urgencia, juntas quirúrgicas semanales, comités ad hoc de acuerdo a la agenda mensual planeada”, en forma permanente e ininterrumpida, sin permisos ni vacaciones, cumpliendo un horario de acuerdo con lo programado, bajo el control de distintos funcionarios de subgerencia, recursos humanos y él en condición de coordinador de servicios; sostuvo que el actor no podía dejar de asistir al lugar de trabajo sin previa autorización, aseguró que el actor cumplía las mismas actividades de los médicos de planta de la entidad, presentaba informes y no podía dejar de asistir a las actividades programadas.
— Por su parte, los señores Luis Orlando Rojas Romero y Enrique Monsalve Vargas en calidad de médicos neurocirujanos de la entidad demandada, declararon que el actor desempeñó las actividades de consulta externa, cirugías programadas, evolución de pacientes neuroquirúrgicas hospitalizados y turnos nocturnos presenciales, de acuerdo a una agenda de servicio establecida para todos los médicos neurocirujanos, de manera permanente e ininterrumpida, cumpliendo un horario de trabajo, determinado mediante una agenda establecida por el jefe de servicio de neurocirugía, con una intensidad horaria superior a la de los médicos de planta y atendiendo turnos de sábados, domingos, festivos y nocturnos, asimismo, que no podía faltar sin autorización previa (fls. 420 a 430).
En el presente caso, se tiene que con ocasión del proceso liquidatorio al que fue sometida la entidad demandada, el señor José Luis Buriticá Bohórquez solicitó el 10 de octubre de 2007 el pago de las acreencias laborales con ocasión de la vinculación laboral con la entidad desde el 1º de julio de 2003 al 3 de septiembre de 2007.
El liquidador de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, mediante Resolución RCA 1 de 17 de diciembre de 2007, negó el reconocimiento de las acreencias laborales reclamadas por el actor en consideración a la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, el cual no implicaba una relación laboral, ni daba lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales (fls. 3 a 12).
Del acervo probatorio recaudado se infiere que el actor desarrolló funciones como médico especialista en neurocirugía en la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, durante el lapso comprendido entre el 1º de julio de 2003 al 3 de septiembre de 2007, es decir, por espacio de cuatro (4) años y dos (2) meses, mediante contratos de prestación de servicios sucesivos para atender la labor en forma permanente, lo que sin lugar a dudas, evidencia el ánimo de emplear de modo permanente y continuo sus servicios profesionales.
Las labores que desempeñó el señor José Luis Buriticá Bohórquez en consulta externa, urgencias y de evolución de piso, interconsultas, cirugía programada como de urgencia, juntas quirúrgicas semanales, comités ad hoc de acuerdo a la agenda mensual planeada, y otras actividades, en igualdad de condiciones a los médicos de planta, en jornadas de lunes a viernes, incluyendo algunos sábados, dominicales y festivos, previa programación y turnos agendados, bajo la continua supervisión y control por parte de la entidad, en criterio de la Sala comportan una “subordinación” del actor a la ESE demandada, pues al desarrollarse en cumplimiento de órdenes directas de sus superiores, es claro que se desdibuja la figura de la coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e independencia con la que se presta el servicio. Estas funciones son propias de la entidad de salud y se realizaron hasta el día 3 de septiembre de 2007, fecha en la que se ordenó la terminación unilateral del último contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, por lo tanto, no se trató de una relación o vínculo de tipo ocasional o esporádico, desdibujándose así la temporalidad y transitoriedad que caracteriza a los contratos de prestación de servicios.
En punto a la necesidad de la entidad demandada para contratar al demandante, se consignó en el texto de los contratos de prestación de servicios, que el personal de planta era insuficiente para cubrir la necesidades del servicio de salud, igual consideración reposa en el estudio de justificación de dicha contratación, visible a folios 120 y 121 del cuaderno anexo.
De suerte que el material probatorio permite vislumbrar los siguientes elementos que caracterizan la relación laboral, así: (i) la prestación personal continua y permanente de los servicios por parte del actor mediante contratos de prestación de servicios, (ii) la existencia de superiores jerárquicos que supervisaban e impartían órdenes en el desarrollo de las funciones, (iii) el cumplimiento de un horario de trabajo, de unos turnos y jornadas de trabajo en las mismas condiciones establecidas para los médicos de planta de la entidad, (iv), el cumplimiento de las mismas funciones que los empleados de planta, (v) el pago de una remuneración por los servicios prestados, (vi) la existencia de una subordinación del actor a la entidad en el cumplimiento de sus funciones.
En consideración a lo anterior, para la Sala, en la prestación de los servicios profesionales desarrollados por el actor a favor de la entidad demandada, existió el elemento de subordinación y dependencia, lo cual se desprende de la prueba documental allegada al proceso, de la que se destacan las planillas de turnos para la prestación del servicio médico en la Clínica San Pedro Claver, correspondiente a los años 2004-2006 que permite evidenciar, de forma detallada, el lugar, la hora y el día de cumplimiento de los turnos del actor (fls. 53 a 130).
Aunado a ello, la prueba testimonial da cuenta de la subordinación del actor a una jornada de trabajo con una intensidad igual a la de los médicos de planta; el cumplimiento de turnos previamente asignados, órdenes y directrices impartidas por la entidad, así como la ausencia de autonomía e independencia del actor para ausentarse del sitio de labor sin previa autorización del coordinador.
Así, desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios, y probados los elementos de la relación laboral en el sub examine, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración y la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala que la administración utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que se configura en este caso el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política, en tanto el demandante prestó el servicio público de salud en la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento de manera subordinada en las mismas condiciones que los demás empleados públicos de sus mismas calidades al interior de la entidad(9).
Para la Sala no resulta acertado lo expuesto por la entidad demandada cuando afirma que el contratista no estaba subordinado ni dependía de la entidad demandada, sino que ejercía sobre su actividad una supervisión o un control en el cumplimiento del objeto contractual. Lo anterior, por que como quedo visto las pruebas allegadas demuestran lo contrario, esto es, que el actor sí se encontraba bajo la dependencia y subordinación no solo respecto al cumplimiento del horario, sino de las órdenes y actividades que se le asignaban, sin que de ninguno de estos elementos probatorios se pueda concluir la independencia y autonomía del contratista en el ejercicio de sus funciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia apelada y en su lugar se declarará la existencia de una relación laboral entre el demandante y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, con las consecuencias prestacionales que corresponden a la labor desarrollada, comoquiera que el Estado infractor no puede verse beneficiado de su conducta irregular y pretender trasladar la responsabilidad de su actuación a quien ha sido de esa manera contratado, pues el verdadero sentido del principio de la realidad sobre la formalidad implica que se reconozca con certeza y efectividad todo derecho que deviene del despliegue real de una actividad laboral.
Finalmente, insiste la Sala en que está demostrado que el actor ejerció funciones en iguales condiciones a las que desempeñan los servidores de planta de la entidad y que forman parte del “giro ordinario de su objeto” como es la prestación del servicio de salud, criterios estos que como lo ha expuesto recientemente la Corte Constitucional, se trata del cumplimiento de funciones de carácter permanente para las cuales, por expresa disposición legal, está prohibida la celebración de contratos de prestación de servicios con la administración, lo que contradice el carácter temporal propio de este tipo de acuerdos.
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se declarará la nulidad del acto demandado, en razón a que aparecen debidamente probados los elementos integrantes de la relación laboral, lo que da lugar al pago, a título de reparación del daño, de los valores pactados dentro de los diferentes contratos de prestación de servicios y por el tiempo de duración de los mismos, así como los porcentajes de cotización correspondientes a salud y a pensiones que la entidad demandada debió trasladar a las entidades correspondientes, puesto que dichos pagos son consecuencia del vínculo laboral que existió entre las partes.
Declarar la existencia de una relación laboral entre el demandante y la demandada en las fechas en que se probó que existió un vínculo laboral, es decir a partir del 1º de julio de 2003 al 3 de septiembre de 2007, con las consecuencias prestacionales que corresponden a la labor desarrollada y el pago de los aportes por dicho período a las entidades de seguridad social en la debida proporción, es decir, con base en la fracción mensual del valor pactado por concepto de honorarios.
De otro lado, se precisa que no hay lugar al reconocimiento y pago de la indemnización por supresión del cargo solicitada por el demandante, dada la precaria vinculación que sostuvo con la entidad, la cual no le otorgaba las prerrogativas propias de los empleados públicos inscritos en la carrera administrativa, previstas en la Ley 909 de 2004.
Reitera la Sala, que la existencia de los contratos de prestación de servicios en virtud de los cuales el actor desempeñó el cargo de médico especialista en neurocirugía, no le dan el derecho al actor de adquirir la calidad de empleado público, pues para que ello ocurra se requiere como quedo visto en el acápite “marco normativo y jurisprudencial” la existencia jurídica del cargo, las funciones ejercidas irregularmente, y que el cargo se haya ejercido en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada regularmente, situación que, en el presente caso no se cumple.
“Como ya lo ha expresado la corporación, para acceder a un cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la ley. La circunstancia de trabajar para el Estado, no confiere la condición de empleado público”(10).
Esta sección(11) se ha pronunciado para sostener que tratándose de una sentencia de carácter constitutivo como la presente, el derecho surge a partir de la misma y por ende, la morosidad empieza a contarse desde su ejecutoria, de suerte que, no hay lugar a sancionar al beneficiario con la prescripción o extinción del derecho que reclama.
Así las cosas, habiéndose precisado que el término trienal de prescripción se cuenta a partir del momento en que la obligación se hizo exigible en la sentencia ejecutoriada, es justamente a partir de este momento que se contarían los tres (3) años de prescripción de los derechos de la relación laboral hacía el futuro, situación que operaría en caso de que continuara la relación laboral, empero como el sub lite se contrae al reconocimiento de una situación anterior no existe prescripción pues la obligación, como se dijo, surge con la presente sentencia.
1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia de 7 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada.
2. REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia de 7 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda presentada por el señor José Luis Buriticá Bohórquez contra la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación.
DECLÁRASE la nulidad de la Resolución RCA 1 de 17 de diciembre de 2007, proferida por la apoderada especial del liquidador Fiduagraria, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales causadas durante la prestación de los servicios del señor José Luis Buriticá Bohórquez, como médico especialista en neurocirugía, del 1º de julio de 2003 al 3 de septiembre de 2007.
CONDÉNASE a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento liquidada o a quien tenga a cargo sus acreencias, a título de reparación del daño, a reconocer y pagar a favor del actor José Luis Buriticá Bohórquez, las prestaciones sociales, tomando como base los honorarios contractuales, correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, a partir del 1º de julio de 2003 al 3 de septiembre de 2007, así como el pago de los aportes por dicho período a las entidades de seguridad social en su debida proporción, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
3. DECLÁRASE que no hay lugar a la prescripción de los derechos reclamados, en consideración a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
4. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(5) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005, Radicación 68001-23-15-000-1998-01445-01, Referencia 2990-05, actor: Mónica María Herrera Vega, demandado: Municipio de Floridablanca, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
(8) Sección Segunda - Subsección “B”, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia 29 de marzo de 2012, Radicación 50001233100020051049602, Expediente 1146-2010.
(9) En igual sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en la sentencia de 18 de mayo de 2011, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación 25000-23-25-000-2006-08488-02(0056-10). Actor: Maritza Mercedes Herrera Herrera, demandado: ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.
(10) Sentencia del 25 de enero de 2001, Expediente 1654-2000, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(11) Sección Segunda, Subsección “A“, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia 6 de marzo de 2008, Radicación 23001-23-31-000-2002-00244-01(2152-06).

References: artículo 32
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