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Timestamp: 2017-08-18 12:47:01+00:00

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﻿ AUTO AP2019-2017/49989 DE MARZO 27 DE 2017
AUTO AP2019-2017 DE 27 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:COMPETENCIA TERRITORIAL PARA EL JUZGAMIENTO. SE PRECISA QUE EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1708 DE 2014 DISPUSO QUE CORRESPONDE A LOS JUECES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES, ASUMIR EL JUZGAMIENTO Y EMITIR EL CORRESPONDIENTE FALLO. ANTE LA FALTA DE JUECES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CONOCERÁN DEL JUICIO, LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS. CUANDO HAYA BIENES EN DISTINTOS DISTRITOS JUDICIALES, SERÁ COMPETENTE EL JUEZ DEL DISTRITO QUE CUENTE CON EL MAYOR NÚMERO DE JUECES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, O EN SU DEFECTO, EL MAYOR NÚMERO DE JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO. LA APARICIÓN DE BIENES EN OTROS LUGARES DESPUÉS DE LA FIJACIÓN PROVISIONAL DE LA PRETENSIÓN NO ALTERARÁ LA COMPETENCIA. ASÍ MISMO, LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TENDRÁ COMPETENCIA PARA EL JUZGAMIENTO EN ÚNICA INSTANCIA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LOS BIENES CUYA TITULARIDAD RECAIGA EN UN AGENTE DIPLOMÁTICO DEBIDAMENTE ACREDITADO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU LUGAR DE UBICACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:BIEN, EXTINCIÓN DE DOMINIO, COMPETENCIA TERRITORIAL, COMPETENCIA, DECLARATORIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, DISTRITO JUDICIAL
Auto AP2019-2017/49989 de marzo 27 de 2017
Rad.: 49989
Aprobado mediante Acta 96
Bogotá D.C., veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.
Se pronuncia la Sala sobre la colisión negativa de competencias suscitada entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y su homólogo en Cali, los cuales rehúsan conocer del asunto y proferir el correspondiente fallo, dentro del trámite de extinción de dominio adelantado respecto de varios bienes muebles e inmuebles de propiedad de P. A. A. y su núcleo familiar.
1. Con fundamento en el informe de 28 de septiembre de 1997 del Grupo de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la DIJIN, la Dirección Nacional de Fiscalías, mediante Resolución de 8 de octubre de 1998, solicitó dar aplicación a la acción de extinción de dominio sobre el patrimonio de P. A. A. y de sus parientes.
2. Ello motivó que la Fiscalía Dieciséis de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, a través de Resolución de 25 de mayo de 1999, entre otras, diera inicio al referido mecanismo respecto de 48 inmuebles ubicados en la ciudad de Cali, 24, 19, 4 y 1 en los municipios de Jamundí, Buga, Palmira y Calima (Valle del Cauca), respectivamente, 1 en Buenos Aries (sic), 1 en Puerto Tejada, poblaciones del departamento del Cauca, y otro en Cartagena.
Igualmente, se dispuso la suspensión del poder dispositivo y el embargo y secuestro de los vehículos con placas XXX XXX y XXX XXX, registrados en la Oficina de Tránsito de Cali y de una pistola Prieto Beretta XXX XXX, calibre XXX mm.
Orden que también fue impartida con relación a las compañías Constructora M. F. S. A., Inversiones A. Ltda., C. S.A., A. G. y Cía S. en C. S., I. e Hijos Ltda., Inversiones R. Ltda., y A. del C. Ltda., encontrándose inscritas las matrículas mercantiles de las 6 primeras en la Cámara de Comercio de Cali y de la última en Buga.
3. El 31 de agosto de 2009, la Fiscalía declaró la procedencia de la acción de extinción de dominio de los mencionados bienes y el 9 de julio de 2012 se remitió la actuación al reparto de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bogotá, la cual fue asignada al Segundo, donde se surtió el debate probatorio y los sujetos procesales presentaron las alegaciones conclusivas.
4. El 16 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá advirtió que carece de competencia para proferir el fallo correspondiente, toda vez que con fundamento en el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014 y el Acuerdo PSAA16-10517 de 17 de mayo de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el llamado a emitir la decisión de fondo es su homólogo de Cali, debido a que la mayoría de los bienes objeto de la medida se encuentran en el Cauca y el Valle del Cauca, territorios que hacen parte de ese distrito especializado de extinción de dominio.
5. El 23 de enero de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali no aceptó el conocimiento del proceso y adujo que con la expedición de la Ley 1708 de 2014 el legislador quiso que los despachos creados por disposición de esa normativa, conozcan de los diligenciamientos promovidos con base en las causales allí consagradas y que los asuntos iniciados en vigencia la Ley 793 de 2002 continúen bajo la dirección de los operadores jurídicos de extinción de dominio de la ciudad de Bogotá.
Por otra parte, destacó que la actuación de primera instancia se tramitó a plenitud ante el juzgado remitente y el único acto que falta por agotarse es la emisión de la sentencia, por lo que en virtud del postulado de la perpetuatio jurisdictionis, la «competencia se torn[ó] definitiva luego de producirse el inicio del juicio», motivo por el cual su homólogo Segundo es el que debe adoptar la determinación final.
6. Paralelamente, sostuvo que con independencia de que los juzgados de extinción de domino dependan administrativamente del distrito judicial en que se encuentran ubicados, lo cierto es que en la actualidad el «organismo de cierre» en la materia es el Tribunal Superior de Bogotá, lo cual implica que los despachos de esa especialidad existentes en el país «pertenecemos y estamos bajo la Jurisdicción de este mismo Distrito Judicial».
7. La Sala Penal de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá indicó que en virtud del numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 corresponde a la Corte Suprema de Justicia determinar el funcionario competente en el presente asunto, razón por la cual remitió el proceso para el respectivo pronunciamiento.
1. Esta corporación es competente para definir la colisión de competencias planteada entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y su homólogo en Cali, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, toda vez que se trata de despachos judiciales de diferentes distritos especializados de extinción de dominio, como pasa a explicarse.
La competencia es «la facultad de que se halla investido un funcionario público para aplicar justicia en un caso concreto»(1), en algunos eventos se determina por factores de índole i) personal —referente al fuero del sujeto activo de la conducta—, ii) objetivo —atiende la naturaleza del punible— y iii) territorial —lugar geográfico donde se ejecuta el hecho delictivo—, pues con ello se garantiza el debido proceso y de contera los principios de inmediación, celeridad, imparcialidad y economía procesal(2).
Ante el dilema de qué funcionario debe asumir el conocimiento de una actuación, el ordenamiento jurídico ha previsto varios instrumentos para zanjar la discusión. Concretamente el artículo 93 de la Ley 600 de 2000 contempla la figura de la colisión de competencias, en virtud de la cual interviene un tercero independiente, de mayor jerarquía, cuyas decisiones tienen carácter vinculante, a definir el operador judicial que debe impartir justicia en un determinado asunto.
La activación de ese mecanismo, propio del Código de Procedimiento Penal de 2000(3), en asuntos derivados del ejercicio de la acción de extinción de dominio, resulta de la aplicación del postulado de integración y por remisión expresa del artículo 26 de la Ley 1708 de 2014, según el cual en los eventos no previstos, se atenderán las siguientes reglas:
1.2. En atención a la naturaleza especial y autónoma de dicha acción patrimonial, en tanto se ejerce independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal, su trámite y conocimiento fue conferido a funcionarios especializados, unipersonales y colegiados, cuyo funcionamiento ha sido implementado paulatinamente, conforme a la demanda de justicia creciente en torno a la materia.
1.3. Así, la Ley 1708 de 2014 se preocupó por desconcentrar la función de juzgamiento, muestra de ello es que en sus artículos 38 y 39(4) reguló los asuntos que deben debatirse en primera y segunda instancia, sin restringirlos al conocimiento de los operadores judiciales de extinción de dominio del distrito de Bogotá.
En clara expresión de dicho cometido, el artículo 215 de dicha normativa dispuso lo siguiente:
1.4. En desarrollo del citado mandato, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA16-10517 de 17 de mayo de 2016, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las señaladas en los artículos 50, 85, numeral 6º, y 89, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, estableció que los distritos especializados de extinción son Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, Neiva, Pereira y Villavicencio.
A su turno, en el artículo 2º de dicho acto administrativo se concretó el ámbito territorial de cada distrito especializado de forma más amplia al asignado tradicionalmente a los de categoría ordinaria, verbigracia, el distrito de extinción de dominio de Barranquilla comprende, además de este, el del Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina, Cartagena, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo.
Y, en consonancia con el actual Código de Extinción de Domino, el artículo 31 del referido acuerdo indicó que «la segunda instancia de los procesos de los jueces penales de circuito especializado de extinción de dominio del territorio nacional, se deberá surtir ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial en donde se encuentra la Sala Especializada de Extinción de Dominio correspondiente».
Ello, en oposición a lo consagrado en el artículo 51 del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, en que se dijo que la segunda instancia en el trámite especial de marras se cumpliría ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Destáquese, el acto administrativo indicado en el párrafo precedente fue expedido en ejercicio de la facultad genérica de trasladar y transformar despachos judiciales y cargos de todas las especialidades en el territorio patrio.
Fundamento distinto tuvo el acuerdo de 2016, en el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se ocupó de manera exclusiva y específica de fijar el mapa judicial de los despachos penales de circuito especializado de extinción de dominio, por lo que además de tratarse de una disposición administrativa posterior, tiene el carácter de norma especial, la cual se prefiere sobre la general.
1.5. Desde esa perspectiva, aunque actualmente el único tribunal que cuenta con una sala especializada es el de Bogotá, no significa que en Colombia solo exista un distrito de extinción de dominio, pues según lo expuesto en precedencia, el legislador y la corporación encargada de la organización judicial en el país han establecido ocho «distritos especializados de extinción de dominio».
De tal manera, no sería acertado remitir la definición de esta clase de incidentes al Tribunal de Bogotá, pues se desconocería la cláusula quinta del artículo 76 de la Ley 600 de 2000, según la cual corresponde a los Tribunales conocer de las «colisiones de competencia que se presenten entre jueces del circuito del mismo distrito (…)», pues si la pugna se suscita entre un juez especializado de extinción de dominio de Cali y otro de Bogotá, como ocurre en este caso, estarían involucrados autoridades de distintos distritos especializados de extinción de dominio, conforme la distribución territorial plasmada en el artículo 2º del Acuerdo PSAA16-10517 de 2016, luego no tendría operancia dicha hipótesis normativa.
1.6. No puede desconocerse esa realidad con el argumento de que la encargada de resolver, por el momento, los recursos de apelación y queja interpuestos contra los autos y sentencias proferidos por los jueces especializados en la materia, es la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal de Bogotá, toda vez que se trata de una asignación circunstancial y transitoria, que subyace en razones organizacionales y de logística, con el fin de garantizar la figura del ad quem en el trámite de marras, llamada a variar una vez se obtengan los recursos presupuestales necesarios para la implementación de las demás salas.
En ese orden de ideas, se procede a resolver de fondo la controversia.
2. El legislador a través de la expedición de la Ley 333 de 1996, el Decreto Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, —que a su vez fue objeto de varias modificaciones, de las cuales sobresalen las introducidas por medio de la Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de 2011—, y el actual Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014, han regulado el trámite de dicha acción.
La última normativa compiló la regulación sobre la materia e introdujo variaciones sustanciales al procedimiento, así como un régimen de principios generales, con la pretensión de construir un auténtico sistema de normas para el ejercicio del mecanismo de extinción del derecho de dominio(5).
A su vez, el artículo 271 ibidem fijó un régimen de transición, consistente en que
Los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en los numerales 1º al 7º de la Ley 793 de 2002, antes de la expedición de la Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones.
2.1. Esta corporación se ha pronunciado con relación a dicha temática y recientemente, en auto CSJ AP, 15 de marzo de 2017 rad. AP1662-2017, confirmó la postura según la cual:
(...), el aludido régimen de transición solamente está referido a las causales de extinción de dominio legalmente contempladas al dictarse la resolución de inicio, y no comprende las restantes instituciones sustanciales o procesales contenidas en las diferentes normas que han regulado el tema. En consecuencia, en la actualidad la ley vigente —y aplicable al sub examine— es la 1708 de 2014, salvo por las excepciones a las que se ha hecho referencia, dentro de las cuales no se encuentran las disposiciones atributivas de competencia.
Conforme ese criterio jurisprudencial, que ahora se reitera, la competencia para conocer de la fase de juzgamiento dentro del trámite de la acción de extinción de dominio se determina con fundamento en las previsiones de la Ley 1708 de 2014, mientras que en relación con los asuntos atinentes a las causales a partir de las cuales se pude promover dicho mecanismo, continúa aplicándose la normativa anterior.
En ese orden de ideas, no se admite lo manifestado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali, pues si bien es cierto la actuación inició al amparo de la anterior legislación y se tramitó por su homólogo en Bogotá la etapa de juicio, la competencia está regida por la ley vigente y su aplicación es inmediata, sin que opere fenómeno semejante al de la prórroga de competencia.
2.2. En cuanto al servidor judicial que debe asumir la fase de juzgamiento, el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014 dispuso lo siguiente:
Del contenido de la norma se extrae que la definición de del funcionario cognoscente deviene de una situación objetiva, cual es el lugar de ubicación del bien objeto de la medida y en el evento de que esta recaiga sobre varios, corresponderá al del lugar donde se encuentre la mayor cantidad de jueces especializados de extinción de dominio.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado para Extinción de Dominio de Bogotá advierte su incompetencia para conocer del asunto, debido a que la mayoría de los bien involucrados se encuentran en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, otro en Cartagena y ninguno en esta ciudad capital.
Recuérdese que a través del Acuerdo PSAA16-10517 de 17 de mayo de 2016 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura determinó los Distritos Judiciales de Extinción de Dominio del país y en el artículo 2º precisó que el de Cali tiene competencia territorial, entre otros, en los distritos judiciales de Cali, Buga y Popayán. Mientras que los asuntos que surjan en Cartagena, pertenecen al Distrito de Extinción de Dominio de Barranquilla.
Según el artículo 50 del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, los Distritos Especializados de Extinción de Dominio de Cali y de Barranquilla cuentan con un juez de extinción de dominio, respectivamente.
2.3. Ello obliga a acudir a la subregla contenida en el inciso 2º del artículo 35 de la Ley 1708 de 2014 y asignar la competencia para proferir el respectivo fallo al Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali, pues atendiendo la cobertura de ese distrito de extinción de dominio, es el que cuenta con mayor número de jueces penales del circuito especializado.
La presente determinación será informada al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá.
1. Asignar la competencia al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali, para emitir la sentencia en el proceso de extinción de dominio de los bienes muebles e inmuebles propiedad de P. A. A. y su núcleo familiar, a donde se remitirá la actuación.
2. Comunicar esta decisión Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá.
1 Rave Martínez Gilberto, Procedimiento Penal Colombiano, decimotercera edición, Temis, pág. 195.
2 Al respecto CSJ AP 14 feb. 2011, rad 35781.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-958 de 10 de diciembre de 2014: «(iv) El procedimiento regulado en el nuevo código continúa siendo escrito y se realizará en atención a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, en atención a que, según se indica en la exposición de motivos, la mayoría de las pruebas son documentales. En algunas actuaciones se prevé la aplicación de la Ley 906 de 2004, excepto en todo aquello que no sea compatible con el procedimiento previsto».
4 ART. 38.—Competencia de las salas de extinción de dominio de los tribunales superiores de distrito judicial. La Sala de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores conocerá:
2. En primera instancia, de las solicitudes de control de legalidad dentro de los procesos de su competencia
5 Corte Constitucional C-958/2014.

References: ARTÍCULO 35
 Resolución 
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