Source: https://tc.vlex.es/vid/747534805
Timestamp: 2019-01-18 17:52:16+00:00

Document:
ATC 113/2018, 16 de Octubre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 747534805
ATC 113/2018, 16 de Octubre de 2018
Número de Recurso: 2798-2018
Pleno. Auto 113/2018, de 16 de octubre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 2798-2018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2798-2018, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo en relación con el inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código penal.
El 21 de mayo de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un oficio del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo por el que se remite testimonio de las actuaciones formalizadas en el juicio rápido núm. 5-2017 y del Auto de fecha 1 de marzo de 2018 por el que el Magistrado Juez de lo Penal acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código penal (en adelante CP) por “posible vulneración del principio de legalidad penal, o su interpretación integradora, como presunción de puesta en peligro cuando quien maneja el vehículo a motor no ha demostrado nunca las capacidades mínimas para realizar tal actividad, a resolver caso a caso en legalidad ordinaria”.
El 2 de diciembre de 2016 fue detectado por agentes de policía local que el conductor de un automóvil lo hacía sin haber obtenido nunca permiso de conducción de ningún tipo.
Una vez recibido el atestado, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Illescas (Toledo), al amparo de lo previsto en el artículo 797 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) incoó procedimiento de diligencias urgentes/juicio rápido núm. 261-2016, acordando al tiempo la práctica de las diligencias de investigación que consideró necesarias para esclarecer la responsabilidad penal que pudiera derivarse de tal conducta.
El 5 de diciembre de 2016 se tomó declaración al conductor y, tras oír a las partes personadas, a petición del Ministerio Fiscal, el Juez acordó continuar el procedimiento dando lugar a la preparación del juicio oral. En el mismo acto el Ministerio Fiscal presentó escrito de acusación en el que imputaba al conductor la comisión de un delito contra la seguridad vial previsto y penado en el artículo 384.2 CP, como consecuencia de haber sido sorprendido conduciendo sin haber obtenido nunca permiso para conducir vehículos a motor o ciclomotor. Se otorgó a la defensa un plazo de cinco días para formular escrito de defensa, señalándose la vista oral del procedimiento ante el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo el día 16 de febrero de 2017.
Las actuaciones fueron remitidas y recibidas por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo que declaró pertinentes las pruebas propuestas y modificó la fecha de celebración del juicio oral, que se habría de desarrollar el 24 de noviembre de 2017.
Ese mismo día, una vez celebrado el juicio oral en el que el Ministerio Fiscal mantuvo la acusación antes expresada, el Juez de lo Penal dictó providencia en la que acordó dar traslado al Ministerio Fiscal y la defensa del acusado para formular alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad con respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 CP, por posible vulneración del principio de legalidad penal, en cuanto coexisten en el ordenamiento jurídico “conductas en el ámbito de la circulación vial que son sancionadas por (la) legislación administrativa y por la legislación penal sin que el legislador haya establecido una nítida separación, sin desplazamiento del orden penal por su previsión administrativa ni al contrario”.
La defensa del acusado alegó en favor del planteamiento de la cuestión de constitucionalidad.
En sus alegaciones el Ministerio Fiscal puso de relieve que, después de haber aplicado durante años —desde 2012— el precepto cuestionado en un determinado sentido, propugnando una solución absolutoria, el Juez plantea ahora la duda de constitucionalidad una vez el Tribunal Supremo, a instancias del Ministerio Fiscal, ha dictado varias Sentencias durante el año 2017 fijando una interpretación del precepto penal cuestionado distinta de la propugnada por el Juez de lo Penal y la Audiencia Provincial de Toledo. En ellas, valorándolo como un delito de riesgo abstracto, no exige la inferencia de que en cada caso analizado se hubiera producido un peligro concreto para la seguridad vial para entender subsumida la conducta en el precepto penal. Por lo expuesto, el Ministerio Fiscal “considera improcedente que el Juez promueva la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 384.2 del Código Penal por haberlo aplicado dictando numerosas sentencias anteriormente, sin haber albergado dudas, hasta ahora, de su constitucionalidad. Porque las sentencias absolutorias dictadas por el Juez fueron confirmadas por la Audiencia Provincial de Toledo, Tribunal que no ha discutido la constitucionalidad de tal precepto legal. Y porque el Tribunal Supremo tampoco apreció síntomas de inconstitucional del artículo, al resolver los recursos de casación”.
Por Auto de 1 de marzo de 2018, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad con respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 CP, por posible vulneración del principio de legalidad penal (art. 25 CE). Para el promotor de la cuestión, el precepto penal cuestionado puede vulnerar la obligación de taxatividad que deriva del principio de legalidad penal porque admite interpretaciones diversas que ponen en cuestión la seguridad jurídica de los conductores.
Por providencia de 3 de julio de 2018, la Sección Tercera de este Tribunal, a los efectos que determina el artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, alegase lo que considerara conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad por si fuere notoriamente infundada.
La Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado en este Tribunal el 19 de septiembre de 2018 solicitando la inadmisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad por entender que es notoriamente infundada.
Concluye señalando, que por las razones expuestas, el Tribunal Constitucional consideró que la duda planteada carece notoriamente de fundamento, lo que justificó su inadmisión. Y la misma decisión merece la presente cuestión dada la identidad existente con la planteada en la registrada con el número 6104-2017, resuelta por el ATC 67/2018 y las suscitadas con números 2795-2018 y 2796-2018 y solventadas con los AATC 80/2018 y 81/2018 .
Único. La presente cuestión de inconstitucionalidad es sustancialmente coincidente con la cuestión núm. 6104-2017, planteada también por el Juzgado de lo Penal núm.1 de Toledo respecto del mismo precepto legal y con idéntica fundamentación, como acertadamente pone de manifiesto en su informe la Fiscal General del Estado. Esa cuestión fue inadmitida por ATC 67/2018 , de 20 de junio, por ser notoriamente infundada (art. 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, la Fiscal General del Estado interesa la inadmisión de la presente cuestión por los mismos motivos que llevaron a este Tribunal a inadmitir la cuestión núm. 6104-2017. Pues bien, una vez constatado que la fundamentación de la cuestión es idéntica en ambos casos, procede remitirse en su integridad, excusando repeticiones innecesarias, a lo razonado en los fundamentos jurídicos 4 a 6 de nuestro ATC 67/2018 y en consecuencia inadmitir también la presente cuestión de inconstitucionalidad.
SAP Valladolid 47/2018, 1 de Febrero de 2018

References: artículo 384
 artículo 384
 artículo 797
 artículo 384
 artículo 384
 artículo 384
 artículo 384
 artículo 37