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DECISION. Comunicación No. 1102/2002. Semey Joe Johnson (no representado por el abogado)
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José Ángel Núñez Miguélez
1 NACIONES UNIDAS CCPR Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Distr. RESERVADA * CCPR/C/86/D/1102/ de abril de 2006 Original: ESPAÑOL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 86º período de sesiones 13 a 31 de marzo de 2006 DECISION Comunicación No. 1102/2002 Presentada por: Presunta víctima: Estado Parte: Fecha de la comunicación: Referencias: Semey Joe Johnson (no representado por el abogado) El autor España 15 de agosto de 2001 (comunicación inicial) Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado Parte el 5 de agosto de 2002 (no se publicó como documento) Fecha de la decisión: 27 de marzo de 2006 * Se divulga por decisión del Comité de Derechos Humanos. GE
2 Página 2 Tema: Determinación de culpabilidad en juicio por homicidio imprudente, derecho a la doble instancia judicial Cuestiones de forma: Falta de sustanciación de las alegaciones Cuestiones de fondo: Derecho a un proceso con las garantías debidas, derecho a la doble instancia judicial, igualdad ante la ley Artículos del Pacto: 14 y 26 Artículos del Protocolo Facultativo: 2 [ANEXO]
3 Página 3 ANEXO Decisión del Comité de Derechos Humanos adoptada de conformidad con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (86 período de sesiones) respecto de la Comunicación No. 1102/2002 * Presentada por: Presunta víctima: Estado Parte: Fecha de la comunicación: Semey Joe Johnson (no representado por el abogado) El autor España 15 de agosto de 2001 (comunicación inicial) El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del art ículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reunido el 27 de marzo de 2006, Aprueba la siguiente: Decisión sobre la admisibilidad 1.1 El autor de la comunicación, de fecha 15 de agosto de 2001, es Semey Joe Johnson 1, ciudadano canadiense y camerunés nacido en 1969, actualmente detenido en el Centro Penitenciario Torrendondo de Madrid. Afirma ser víctima de una violación por España de los párrafos 1, 2, 3 e) y 5 del artículo 14, y del artículo 26, del Pacto. No está representado por abogado. 1.2 El Protocolo Facultativo entró en vigor para España el 25 de abril de * Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité : Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Nisuke Ando, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sra. Christine Chanet, Sr. Maurice Glèlè Ahanhanzo, Sr. Edwin Johnson, Sr. Walter Kälin, Sr. Ahmed Tawfik Khalil, Sr. Rajsoomer Lallah, Sr. Michael O Flaherty, Sra. Elisabeth Palm, Sr. Rafael Rivas Posada, Sr. Nigel Rodley, Sr. Ivan Shearer, Sr. Hipólito Solari- Yrigoyen y Sr. Roman Wieruszewski. 1 También conocido con el nombre de Joseph Semey, nombre con el que se identifica en la Comunicación 986/2001, anteriormente presentada por el autor ante este Comité en relación con su condena por otro delito.
4 Página 4 Antecedentes de hecho 2.1 El autor fue juzgado como presunto causante de un accidente de tráfico ocurrido el 21 de febrero de 1998, en el que resultó un mue rto. El conductor del vehículo causante del accidente llevaba una matrícula falsa y un permiso de conducir falso con los datos del autor. Dicho permiso fue retenido por la policía, permitiéndose al conductor retirar su vehículo. Durante el juicio, el autor negó en todo momento toda vinculación con los hechos descritos, alegando que su permiso de conducir se había extraviado y que alguien había usado sus datos para falsificar el permiso en poder judicial. 2.2 El 19 de junio de 2000, el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid condenó al autor, por un delito de homicidio imprudente, a tres años y medio de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del permiso de conducir durante cuatro años, y por dos delitos de falsedad, a dos años de prisión por cada uno, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y doce meses de multa con cuota diaria de 200 pesetas (1,20 ), con un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. 2.3 El autor interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, alegando una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, error en la apreciación de las pruebas supuestamente contradictorias respecto al informe derivado de la rueda de reconocimiento y falta de motivación de la sentencia condenatoria. Mediante sentencia de 5 de octubre de 2000, la Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la sentencia del Juzgado de lo Penal, considerando que tanto la prueba testif ical como la pericial caligráfica practicadas en primera instancia, fueron válidas y suficientes para demostrar la culpabilidad del autor como autor del delito que se le imputó. 2.4 El autor interpuso recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo, aduciendo la existencia de una nueva prueba de descargo a su favor, que había obtenido con posterioridad a las sentencias de primera y segunda instancia, a través de un servicio de investigación privada por él contratado. Dicha prueba consistía en un testigo que supuestamente podía declarar que, aproximadamente en el momento del accidente, estaba previsto que el autor participara en un programa de radio. El 17 de mayo de 2001, el Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando el recurso de revisión, por considerar que la prueba propuesta no señalaba nuevos hechos o elementos que evidenciaran la inocencia del autor y que, además, se refería a elementos probatorios de los que pudo disponer con anterioridad a la celebración del juicio y sentencia recurrida. 2.5 El autor recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando una violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. El 4 de junio de 2001, el Tribuna l Constitucional desestimó el recurso, tras considerar que las sentencias impugnadas contenían razonamientos suficientes sobre la inadmisibilidad de las quejas del autor y sobre la existencia de una prueba de cargo suficiente para fundamentar la condena.
5 Página 5 La denuncia 3.1 El autor alega una violación del párrafo 1 del artículo 14, ya que la sentencia condenatoria fue arbitraria por basarse meramente en el reconocimiento practicado durante el juicio oral, que incurrió en contradicciones respecto al informe derivado de la rueda de reconocimiento. 3.2 El autor sostiene que la sentencia condenatoria se basó en meros indicios, sin que existiera una prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, con lo que se habría violado el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el párrafo 2 del artículo Alega, asimismo, que el Tribunal Supremo no permitió la comparecencia del testigo propuesto por el autor en el recurso de revisión, lo cual violó el párrafo 3 e) del artículo El autor añade que se habría violado el párrafo 5 del artículo 14, ya que la Audiencia Provincial no volvió a evaluar los indicios por los que se le condenó en primera instancia. 3.5 Por último, el autor considera violado el derecho a la igualdad ante la le y del artíc ulo 26, ya que no se le ofreció un juicio con todas las garantías y que la práctica de las pruebas durante el juicio oral no respetó los principios de audiencia y contradicción. Observaciones del Estado Parte y comentarios del autor 4.1 En observaciones de 10 de septiembre de 2002, el Estado Parte contesta la admisib ilidad y los méritos de la comunicación, observando que, tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Constitucional, examinaron las alegaciones del autor y las desestimaron de forma razonada y motivada. El Estado Parte añade que el autor no puede pretender sustituir la valoración efectuada lógica y razonadamente por los órganos judiciales por su propia valoración de la prueba. 4.2 Asimismo, el Estado Parte hace notar que el Tribuna l Supremo razonó claramente la desestimación del recurso extraordinario de revisión, observando que el recurrente no señalaba nuevos hechos o elementos de prueba que evidenciaran su inocencia, elementos que, por otro lado, pudo haber obtenido con anterioridad a la celebración del juicio. 5. Con fecha 25 de marzo de 2003, el autor contesta los argumentos del Estado Parte, reiterando sus alegaciones iniciales. El autor hace notar, asimismo, que los antecedentes penales no son motivo suficiente para justificar la inadmisibilidad de su comunicación ni demuestran su autoría respecto a los hechos imputados en el caso enjuiciado. Consideraciones del Comité 6.1 De conformidad con el artículo 93 de su Reglamento, antes de examinar las reclamaciones contenidas en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe
6 Página 6 decidir si ésta es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto de Der echos Civiles y Polít icos. 6.2 Conforme al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5, el Comité ha comprobado que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional. 6.3 El Comité ha comprobado asimismo que el autor ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, a los efectos del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. 6.4 Respecto a la presunta violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14, el Comité recuerda su reiterada jurisprudencia en el sentido de que, en principio, corresponde a los tribunales de los Estados Partes evaluar los hechos y las pruebas, a menos que la evaluación de los hechos y las pruebas fuera manifiestamente arbitraria o constituyera denegación de justicia 2. El Comité considera que el autor no ha logrado demostrar, a los efectos de la admisibilidad, que la conducta de los tribunales del Estado Parte fuera arbitraria o constituyera una denegación de justicia, y por consiguiente declara inadmisibles ambas quejas de conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo. 6.5 Con respecto a la alegación del autor sobre una presunta violación del apartado e) del párrafo 3 del artículo 14, por la denegación de la prueba pericial presentada en revisión, el Comité recuerda que el derecho contenido en la provisión invocada no es absoluto, en el sentido de permitir la presentación de pruebas en cualquier momento y modo, sino que pretende garantizar la igualdad de armas entre las partes durante el proceso. El Comité toma nota del razonamiento del Tribunal Supremo en el sentido que el autor no hizo uso de su derecho a presentar la prueba en cuestión en primera ni segunda instancia, si bien dicha prueba hubiera podido obtenerse con anterioridad a la celebración del juicio ante el Juzgado de lo Penal. En consecuencia, el Comité entiende que e sta parte de la comunicación no se ha fundamentado suficientemente, a los efectos de la admisibilidad, y concluye que es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. 6.6 En relación a la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14, el Comité considera que del fallo de la Audie ncia Provincial de Madrid se desprende que este órgano examinó con detenimiento la valoración de las pruebas hecha por el Juzgado de lo Penal. A este respecto, la Audiencia Provincial consideró que los elementos de prueba presentados contra el autor eran suficientes para contrarrestar la presunción de inocencia de aquél. En consecuencia, esta parte de la comunicación no se ha fundamentado suficientemente, a los 2 Véanse, entre otras, la s comunicaciones Nos. 811/1998, Mula c. la República de Guyana; 867/1999, Smartt c. la República de Guyana ; 917/2000, Arutyunyan c. Uzbekistán; 927/2000 Svetik c. Bielorrusia ; 1006/2001, Martínez Muñoz c. España ; 1084/2002, Bochaton c. Francia; 1138/2002, Arenz c. Alemania; 1167/2003, Ramil Rayos c. Filipinas; y 1399/2005, Cuartero Casado c. España.
7 Página 7 efectos de la admisibilidad, y el Comité concluye que es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo En relación con las alegaciones del autor relativas a una supuesta violación del artículo 26, en el sentido que no disfrutó de un trato igualitario ante la ley, el Comité consid era que el autor no ha indicado el tipo de trato supuestamente discriminatorio recibido por los tribunales internos, a la luz del artículo citado. En consecuencia, el Comité considera que dichas alegaciones no han sido suficientemente fundamentadas, a los efectos de la admisibilidad, por lo que considera dicha parte de la comunicación inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. 7. En consecuencia, el Comité decide: a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo; b) Que se comunique la presente decisión al autor de la comunicación y al Estado Parte. [Adoptada en español, francés e inglés, siendo la español la versión original. Posterio rmente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.] En el mismo sentido, véanse las comunicaciones 1399/2005, Cuartero Casado c. España, párrafo 4.4, y 1059/2002, Carvallo Villar c. España, párrafo 9.5.
DECISION. Comunicación Nº 1059/2002. Hector Luciano Carvallo Villar (representado por el abogado Luis Sierra y Xauet)
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