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Timestamp: 2017-06-24 02:00:06+00:00

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Fallo BonadioUploaded by maclorenaRelated InterestsUruguayDiplomacyEuropean CommissionProsecutorCriminal LawRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPoder Judicial de la Nación4.704/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012.-
AUTOS: Para resolver la causa N° 4.704/12 caratulada “N.N. s/delito de acción pública" del Registro de la Secretaría N° 21, cargo de la doctora Carolina LORES ARNAIZ, de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11;
El recurso de apelación presentado por el Fiscal Eduardo TAIANO, interinamente a cargo de la fiscalía N° 6 del fuero, contra la resolución de fs. 191/192 que resuelve archivar las actuaciones por imposibilidad de proceder, corresponde expedirse al respecto, y
Las actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia efectuada por los Diputados Nacionales Graciela OCAÑA y Carlos Manuel GARRIDO el día 16 de mayo de 2012 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.La causa conforme el dictamen del señor Fiscal (fs. 31/32) se circunscribe a investigar si Roberto GARCÍA MORITÁN -quien fuera Embajador de la República Argentina- le ofreció a Francisco BUSTILLO BONASSO -Presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata- la suma de un millón de dólares (u$s 1.000.000) para que beneficie a la empresa “Riovia S.A.” -subsidiaria de la firma holandesa “Boskalis International B.V.”- en la renovación del contrato con más el incremento del precio del dragado del canal Martín García del Río de la Plata.-
Dicho hecho habría ocurrido a fines del mes de noviembre del año 2010 en el comedor del Jockey Club Argentino, ubicado en avenida Alvear 1345, de esta ciudad.- Lugar al que también habría concurrido Sergio CETERA, responsable comercial de “Boskalis International B.V.”, controlante de “Riovia S.A.”Con fecha 7 de diciembre de 2012, se resolvió el archivo de las presentes actuaciones por imposibilidad de proceder (artículo 195 del C.P.P.N.).Ello, puesto que el pedido de cooperación internacional enviado a la República Oriental del Uruguay fue respondido por el juez letrado Néstor VALETTI RODRIGUEZ, en sentido negativo, informando que no se haría lugar al mismo, en razón de la existencia de una investigación ante la justicia uruguaya de similares características a la incoada ante este Tribunal, y hasta tanto no se resolvieran las actuaciones presumariales existentes de carácter de reservado, que tramitan en la Fiscalía Nacional en lo Penal Especializado en Crimen Organizado N° 2.Ahora bien, el señor Agente Fiscal funda su apelación en lo prematuro de la decisión a partir de exponer dos argumentos, el primero que no está suficientemente acreditado en el expediente la existencia de similitudes objetivas y subjetivas que violen la garantía procesal del “ne bis in idem” y el segundo punto es la obligación de los países miembros de coordinar sus acciones a fin de evitar la impunidad de los delitos de corrupción.Ambos argumentos están, desde ya entrelazados, y si bien en lo formal el representante de la vindicta publica tiene razón en cuanto a que no está plenamente acreditado la identidad de ambos procesos y eso ocurre no porque se haya omitido hacer lo debido, sino porque la justicia de la República Oriental de Uruguay cercenó cualquier acceso al legajo penal que tramita ante el Ministerio Público Fiscal al negar su cooperación.Además la imposibilidad de proceder, alegada en la resolución atacada, tiene fundamento en las constancias agregadas al presente y responde a los siguientes hechos: La Comisión
Administradora del Río de la Plata tiene la jerarquía de organismo 2
4.704/12
internacional reconocida esta por nuestra propia Cancillería (conf. fs. 64), su presidente, Francisco BUSTILLO BONASSO, es un embajador extranjero acreditado en tal función; ambos están exentos de cualquier medida de coerción o persecución penal por las autoridades jurisdiccionales argentinas, en ese sentido no se pudo acceder a las actas de la Comisión Administradora en las que se habrían ventilado estos temas porque al no estar firmados por la delegación Argentina el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto no las reconoce como tales; ni a la testimonial del presidente de esa Comisión (conf. entre otros instrumentos internacionales: Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas ver artículos 2, 22.1, 27, 29, 31 a 53); respecto de las testimoniales solicitadas de ciudadanos uruguayos no es menor mencionar que son funcionarios públicos actualmente en funciones, por ejemplo el Ministro de Relaciones Exteriores; también el acceso a la documentación necesaria para la tramitación tiene la dificultad que Riovia S.A., es una empresa con domicilio social en Colonia del Sacramento, República Oriental de Uruguay.Que por otra parte la coordinación internacional necesaria para determinar la competencia de la jurisdicción que deberá intervenir en esta investigación, donde gran parte de la prueba está en una y los efectos del presunto ilícito en la otra, es ajena a las competencias del Poder Judicial ya que es clara la manda constitucional que el manejo de las relaciones internacionales de la Nación corresponden al PODER EJECUTIVO NACIONAL (conf. Constitución de la Nación Argentina artículo 99 incisos 7, 11 y 15).En un todo de acuerdo con el criterio del Ministerio Público Fiscal en lo que hace a las obligaciones asumidas por Argentina en las diversas convenciones y tratados suscriptos (conf. Convención de las Naciones Unidad contra la Corrupción, la Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Palermo de 2000, entre otras), y en la conveniencia y necesidad de investigar y reprimir este tipo de conductas de los funcionarios públicos y más allá de haber verificado una escasa decisión de los poderes políticos de ambos países, de poner información vital para la investigación a disposición de la justicia -por lo que hace a la de la República Argentina-, y no vislumbrando el suscripto por qué
vías se podría avanzar, para dilucidar los hechos en cuestión, careciendo de las pruebas descriptas y retaceadas, es que se procedió al archivo del presente por no poder proceder, aunque podría existir otras líneas investigativas que escapan al conocimiento del suscripto.No obstante lo expuesto y pudiendo la actuación del señor Agente Fiscal echar luz sobre los eventos denunciados por los diputados OCAÑA y GARRIDO y con el fin de no dilatar en el tiempo ésta cuestión con el trámite de una apelación y dado que el archivo de las actuaciones no causa estado, considero que corresponde revocar por contrario imperio el archivo ordenado a fs. 191/192, y delegar la presente investigación de conformidad con el artículo 196 del C.P.P.N., ante el fiscal recurrente.En virtud de lo aquí expuesto, y siendo ello ajustado a derecho es que:
REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO la resolución de fs. 191/192 en cuanto dispone el archivo de las actuaciones registradas bajo el N° 4704/12.- DECLARAR ABSTRACTA la petición del Ministerio Público Fiscal de fs. 193/4.- DELEGAR LA INVESTIGACIÓN de los presentes a la Fiscalía N° 6 del fuero, de conformidad con el artículo 196 del C.P.P.N.-
Notifíquese al señor Fiscal Federal en su despacho, a la defensa de los imputados y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas mediante cédulas de urgente diligenciamiento junto con copia de la presente, tómese razón y firme que sea cúmplase con lo ordenado.-
Se libraron tres cédulas. Conste.-
se remitió al Sr. Agente Fiscal (Fiscalía N° 6). CONSTE.-
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 99
 artículo 196
 resolución 
 artículo 196