Source: http://v2.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-poder
Timestamp: 2018-09-22 15:51:44+00:00

Document:
DISTRIBUCIÓN DEL PODER · PubPub
@article{DISTRIBUCIND2016, title={DISTRIBUCIÓN DEL PODER}, author={Ciudad de México}, year={2016}, note={version: 57dae736d673493900bff390}, publisher={PubPub}, }
Ciudad de México. (2016). DISTRIBUCIÓN DEL PODER. PubPub, [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-poder] version: 57dae736d673493900bff390
Ciudad de México. "DISTRIBUCIÓN DEL PODER". PubPub, (2016). [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-poder] version: 57dae736d673493900bff390
TÍTULO CUARTO - DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER
Artículo 33 - Del poder público de la Ciudad de México
1. El poder público de la Ciudad de México se ejerce a través de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, de los organismos autónomos, las Alcaldías y los mecanismos de democracia directa y participativa de la ciudadanía y las comunidades. Se organiza en un modelo de colaboración institucional para el fortalecimiento de la gobernanza, la buena administración, las responsabilidades mutuas, el control social y el equilibrio entre los poderes.
2. No podrán reunirse dos o más poderes en una persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo.
CAPÍTULO I - DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Artículo 34 - Del Congreso de la ciudad
1. El Poder Legislativo local se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas por la vía uninominal y 33 de listas plurinominales, mediante el voto universal y secreto en elecciones libres cada tres años y por cada persona propietaria se elegirá un suplente del mismo género.
3. Establecerá mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.
4. Las y los diputados cuando estuvieran en ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo públicos con goce de sueldo.
5. Las y los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás serán reconvenidos por ellas. No gozarán de fuero ni inmunidad alguna.
1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución de vacantes de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. En la asignación por el principio de representación proporcional, se observarán las siguientes bases:
a. Las candidaturas sin partido tendrán derecho a la asignación de curules por representación proporcional; quienes no hayan obtenido el primer lugar en cada uno de los distritos electorales integrarán una lista ciudadana local, ocupando el lugar en la misma de acuerdo al número de votos que hayan obtenido. Esta lista recibirá el mismo tratamiento, para efectos de la asignación de escaños, que las postuladas por partidos políticos, de conformidad con lo previsto en la ley electoral;
b. Las candidaturas de personas originarias de la ciudad residentes en el extranjero tendrán derecho a la representación proporcional mediante la integración de una lista del exterior siempre que obtengan, en su conjunto, al menos el tres por ciento de la votación válida emitida. El número de curules correspondientes será determinado por la asignación de escaños que mediante el principio de representación proporcional lleve a cabo la autoridad administrativa electoral, en términos de lo que establezca la ley de la materia. Estas candidaturas tendrán derecho a decidir sus formas asociativas de participación para postular a sus representantes ante el Congreso local, las cuales serán reconocidas por las autoridades electorales conforme a lo que la ley determine; y
c. Los partidos políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas o candidatos por el principio de representación proporcional, lista "A". Los otros dieciséis espacios de la lista de representación proporcional, lista "B", serán ocupados de conformidad con el procedimiento que contemple la ley.
a. Ningún partido podrá́ contar con más de cuarenta diputaciones electos por ambos principios;
b. Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;
c. Determinado el número de curules que corresponda a la lista de candidaturas independientes y a la lista del exterior, éstas se restarán del total de escaños a distribuir por el principio de representación proporcional. Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional entre las listas de los partidos políticos, conforme a la fórmula establecida en la ley; y
d. En ningún caso un partido podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que represente un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos al de su votación válida emitida. Esto no aplicará al partido que por sus triunfos uninominales obtenga un porcentaje de curules superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración del Congreso, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.
6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes hubieren accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin partido, para poder reelegirse deberán conservar esta calidad.
7. El Congreso podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus miembros electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por aquellas candidatas y candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.
8. La totalidad de solicitudes de registro para diputados que presenten los partidos políticos o las coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución General y las leyes de la materia.
a. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;
b. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;
c. Ser originario o contar con al menos dos años de residencia efectiva en la ciudad, anteriores al día de la elección; la residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación o en otro ámbito territorial;
d. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía de la Ciudad de México, cuando menos noventa días antes del día de la elección;
e. No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, de la Fiscalía General de la República, ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o integrante del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección, o dos años antes en el caso de las y los ministros;
f. No ser magistrada o magistrado de Circuito o Juez de Distrito en la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;
g. No ser magistrada o magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativa, consejera o consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;
h. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una Alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la administración pública o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;
i. No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley, y
j. No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electorales, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente.
D. De las facultades del Congreso
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las facultades siguientes:
a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas expresamente a las legislaturas locales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las concurrentes con los poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la ciudad;
b. Legislar sobre los poderes de la ciudad y las Alcaldías en cuerpos normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter;
c. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por la Constitución Federal;
d. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión;
e. Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta absoluta, en los términos previstos por esta Constitución;
f. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la ciudad en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución;
g. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el gasto;
h. Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, en los términos previstos por la Constitución General, esta Constitución y las leyes en la materia;
i. Expedir y reformar su propio reglamento y normas internas;
j. Ratificar a las personas titulares de la Administración Pública conforme a lo dispuesto en esta Constitución y las leyes;
k. Solicitar información por escrito y llamar a comparecer a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las Alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución;
l. Analizar y aprobar las propuestas de Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a más tardar en el siguiente período ordinario de sesiones a partir de su recepción; y
m. Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes.
2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los órganos de gobierno del Congreso. Los de mayor representación tendrán acceso a la Presidencia de los mismos.
3. El Congreso contará con una mesa directiva que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en representantes del mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de gobierno y en la mesa directiva al mismo tiempo.
4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso y tendrá su representación legal. Estará integrada por una presidencia, las vicepresidencias y secretarías que contemple la ley.
5. El Congreso sesionará en tres periodos ordinarios, el primero de ellos iniciará a partir del 1º de septiembre, el segundo a partir del 1º de febrero y el tercero a partir del 1° de junio de cada año.
6. El primer periodo de sesiones no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre, excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su encargo, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año; el segundo periodo hasta el 30 de abril; y el tercero al 31 de julio de cada año.
7. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría interna que ejercerá sus funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional y local.
8. El recinto de sesiones del Congreso local será inviolable.
Artículo 35 - De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b. Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en materia de impartición de justicia;
d. Los organismos autónomos en las materias de su competencia;
e. Las Alcaldías; y
f. La ciudadanía que reúna al menos el cero punto veinticinco por ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.
3. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones la o el Jefe de Gobierno y la ciudadanía podrán presentar una iniciativa para trámite preferente, en los términos previstos por esta Constitución. El dictamen de ésta deberá ser discutido y votado por el pleno en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, de lo contrario la iniciativa será discutida y votada en sus términos en la siguiente sesión del pleno. Las iniciativas de reforma a la Constitución no podrán tener carácter preferente.
4. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de la Ciudad de México será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis, de lo contrario deberá publicar el decreto. Vencido este término, la mesa directiva contará con un plazo máximo de diez días naturales para ordenar la publicación del decreto.
5. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el Congreso insistiese en el mismo decreto, con o sin modificaciones, éste deberá ser aprobado por mayoría de dos terceras partes. El Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales para su publicación. Vencido este término, la mesa directiva ordenará la publicación del decreto en los siguientes diez días naturales. Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, los ingresos, egresos y los asuntos o designaciones para los que esta Constitución estipule un procedimiento distinto.
6. Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los diputados, con excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso local. El procedimiento para su creación y reforma, será establecido por la ley.
Artículo 36 - De la Comisión Permanente
1. La Comisión Permanente estará conformada por trece diputadas o diputados, además de una o un sustituto por cada integrante. Sesionará en los recesos a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones; presentar y turnar las iniciativas y mociones a los órganos correspondientes; efectuar nombramientos, tomar protesta a funcionarios y aprobar cambios en composición de los órganos del Congreso; aprobar solicitudes de licencia; designar a encargados del despacho provisionales o sustitutos cuya designación le corresponda; tomar protesta a diputadas o diputados suplentes. No podrá desahogar dictámenes de mociones, leyes, decretos ni designaciones.
2. El día de la clausura de cada período ordinario, el pleno nombrará a la Comisión Permanente y a su mesa directiva, misma que deberá instalarse inmediatamente después de concluido el período ordinario y funcionar hasta la apertura del siguiente.
CAPÍTULO II - DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
Artículo 37 - De la Jefatura de Gobierno
A. De la elección
1. La persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa; no podrá durar en su encargo más de seis años y entrará en funciones el 5 de octubre del año de la elección. Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en la Ciudad de México.
2. La persona que asuma la titularidad de la Jefatura de Gobierno rendirá protesta ante el Congreso de la Ciudad de México en los siguientes términos: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”.
B. De los requisitos para ser titular de la Jefatura de Gobierno
Para acceder a la Jefatura de Gobierno se requiere:
a. Ser originario de la Ciudad de México en pleno goce de sus derechos;
b. Para las personas no nacidas en la ciudad, se requerirá residencia de al menos 6 años. La ausencia de la ciudad hasta por treinta días no interrumpe la residencia, así como la ausencia por cumplimiento de un encargo al servicio público;
c. Tener 30 años cumplidos al día de la elección;
d. No haber recibido sentencia por delito doloso;
e. No ser titular de una Secretaría o Subsecretaría en el Ejecutivo local o federal, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección;
f. No tener mando en instituciones militares o policiales, a menos que se separe del cargo seis meses antes del día de la elección;
g. No ejercer una magistratura de Circuito o ser Juez de Distrito en la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;
h. No ejercer una magistratura en el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa ni ser integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;
i. No ejercer una diputación local o federal ni ser titular o concejal de una Alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;
j. No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley; y
k. No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electorales, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, al menos tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente.
C. De las atribuciones
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene facultad para:
a. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidas por el Congreso de la Ciudad de México, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;
b. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes expedidas por el Congreso de la Unión;
c. Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso local a los integrantes del mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición;
d. Presentar al Congreso local la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos previstos por esta Constitución;
e. Proponer al Congreso local las contribuciones, cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de los tributos sobre la propiedad inmobiliaria;
f. Someter a la consideración del Presidente de la República la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la ciudad e informarle sobre el ejercicio de los recursos correspondientes, en los términos que disponga la ley en la materia;
g. Rendir al Congreso local los informes anuales sobre la ejecución y cumplimiento de los planes, programas y presupuestos;
h. Presentar la Cuenta de la Hacienda Pública de la Ciudad;
i. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el Congreso local, en los plazos y bajo las condiciones señaladas en las leyes;
j. Dirigir las instituciones de seguridad ciudadana de la entidad, así como nombrar y remover libremente a la persona servidora pública que ejerza el mando directo de la fuerza pública;
k. Las que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
l. Las demás expresamente conferidas en la presente Constitución y las leyes.
2. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso local los convenios generales suscritos con otras entidades federativas para su ratificación. El Congreso contará con un plazo de noventa días para su análisis y votación; de no ratificarse dentro de este plazo, el convenio se tendrá por aprobado.
3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá por escrito su informe de gestión ante el Congreso el día de la instalación del primer periodo ordinario de cada año y acudirá invariablemente a la respectiva sesión de diálogo en el pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente.
D. De las faltas temporales y absolutas
1. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará la o el Jefe de Gobierno cuyo periodo haya concluido y el Congreso de la Ciudad de México designará al interino en los términos del presente artículo.
2. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, asumirá provisionalmente el cargo quien presida el Congreso de la Ciudad de México, en tanto se designa a la o el interino, conforme a lo dispuesto en este artículo.
3. En caso de falta temporal de la o el Jefe de Gobierno, que no exceda de treinta días naturales, la o el Secretario de Gobierno se encargará del despacho de los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta. Cuando la falta sea mayor a treinta días naturales, se convertirá en absoluta y el Congreso procederá en términos de lo dispuesto en este artículo.
4. Cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta. Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone este artículo.
5. En caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, en tanto el Congreso nombra a quien lo sustituya, la o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno no podrá remover o designar a los integrantes del gabinete sin autorización previa del Congreso. Dentro de los quince días siguientes a la conclusión del encargo deberá entregar al Congreso un informe de labores.
6. Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno ocurriese en los cuatro primeros años del período respectivo, si el Congreso se encontrase en sesiones, con la asistencia de cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría de dos terceras partes de las y los diputados presentes, una o un Jefe de Gobierno interino, en los términos que disponga la ley. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección de la o el Jefe de Gobierno que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de seis meses ni mayor de ocho. Quien haya sido electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.
7. Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre a la o el interino y expida la convocatoria a elecciones en los términos del párrafo anterior.
8. Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno ocurriese en los dos últimos años del período respectivo, si el Congreso se encontrase en sesiones, designará a la o el sustituto que deberá concluir el período, siguiendo el mismo procedimiento que en el caso de la o el interino.
9. Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre una o un sustituto siguiendo el mismo procedimiento que en el caso de la o el interino.
Artículo 38 - De la Administración Pública de la Ciudad de México
1. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda pública de la ciudad, su administración y régimen patrimonial serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos.
2. Las personas titulares de las Secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de diálogo en el pleno del Congreso cuando sean citados.
Artículo 39 - Relación entre los poderes ejecutivo y legislativo
A. Colaboración entre poderes
1. El Congreso podrá solicitar información, mediante pregunta parlamentaria, a los poderes, órganos, dependencias, entidades y Alcaldías, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y en su caso, llamar a comparecer ante el pleno o comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por mayoría absoluta del pleno.
2. Los exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidas por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.
3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá proponer la participación de sus funcionarios en reunión extraordinaria de comisiones o comités del Congreso para aportar opiniones o información sobre un asunto en proceso de dictamen.
B. Gobierno de Coalición
1. El Poder Ejecutivo podrá formar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso local, de acuerdo a lo establecido por la ley, a fin de garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática.
2. El gobierno de coalición es un cuerpo colegiado integrado por las personas titulares de las Secretarías de la Administración Pública local, propuestas por la Jefatura de Gobierno y ratificadas por el pleno del Congreso de la ciudad, el cual obliga a los poderes legislativo y ejecutivo a garantizar un gobierno democrático y efectivo, así como la buena administración.
3. Corresponde al Gabinete el refrendo, mediante acuerdo de la mayoría simple de sus integrantes, de las iniciativas, decretos, proyectos de ingresos y de presupuesto de egresos, observaciones a leyes y decretos, expedición de reglamentos y remoción de una o más de las personas titulares de las Secretarías.
4. La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá disolver a la totalidad del Gabinete.
5. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes del Congreso de la ciudad. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.
6. Las y los diputados y los grupos parlamentarios podrán declararse en oposición parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas. Tendrán acceso a los medios de comunicación y el derecho de réplica en los mismos, además de las prerrogativas que la ley orgánica del Congreso establezca y las atribuciones que les confiera esta Constitución. Dicha declaración procederá dentro del primer año legislativo y deberá reunir los requisitos que establezca la ley.
7. El Congreso podrá aprobar por mayoría absoluta, mociones de interpelación sobre actos de la o el Jefe de Gobierno, para su consideración en gabinete, quien deberá responder en un plazo de diez días hábiles. En caso contrario, estará obligado a comparecer ante el pleno.
8. El Congreso podrá ejercer moción de censura para destituir, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a la totalidad del gabinete. Asimismo, deberá ratificar a las personas titulares propuestas por la o el Jefe de Gobierno, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores al de la destitución.
CAPÍTULO III - DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Artículo 40 - Del Poder Judicial
A. De su integración y funcionamiento
1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Constitucional, un Tribunal Superior de Justicia, un Centro de Justicia Alternativa y de Conciliación, un Consejo de la Judicatura, un Organismo de Servicios Periciales y Forenses, Juzgados y demás órganos que determine la ley.
2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Poder Judicial de la Ciudad de México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local.
3. El Consejo de la Judicatura designará a las y los jueces conforme a lo previsto por esta Constitución y la ley en la materia. Las y los jueces durarán seis años en su cargo y podrán ser reelectos hasta por un periodo más, previa evaluación pública. Sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.
4. A propuesta del Consejo de la Judicatura, las y los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior serán designados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso local. Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser reelectos hasta por un periodo más, previa evaluación pública. Sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.
5. Para acceder a una magistratura se deberán acreditar los requisitos establecidos en las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley.
6. Los Tribunales del Poder Judicial funcionarán en pleno y en salas. La ley determinará el número de salas, magistraturas, juzgados, jueces y demás personal con el que contarán.
7. Las y los jueces y magistrados percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. La ley garantizará la autonomía e independencia de las personas integrantes del Poder Judicial.
8. En la integración de cada pleno se garantizará la igualdad de género y una representación mínima de una tercera parte de magistrados de carrera judicial.
9. Las personas integrantes de los plenos de los Tribunales previstos por esta Constitución, elegirán a la persona que lo presida por el voto secreto de al menos las dos terceras partes del total de sus integrantes. Quienes presidan durarán tres años en su encargo sin posibilidad de reelección.
B. Facultades y atribuciones de los Tribunales del Poder Judicial
Los Tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México tendrán las siguientes funciones:
a. Ejercer el control de constitucionalidad, legalidad y la inaplicación de las leyes o decretos contrarios a esta Constitución, en las materias de sus respectivas competencias;
b. Proteger y salvaguardar los derechos humanos y sus garantías reconocidos por esta Constitución, a través de las instancias de protección que establezca la ley;
c. Conocer de los juicios de restitución obligatoria de derechos que, en la materia de sus respectivas competencias, interponga la Defensoría del Pueblo; y
d. Ejercer todas las facultades, atribuciones y funciones jurisdiccionales que derivan a su favor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución y las leyes.
C. Medios alternativos de justicia
1. El sistema integral de justicia de la Ciudad de México privilegiará los medios alternativos de solución de conflictos, en especial la mediación. Para garantizar el acceso a estos medios se establecerá el Centro de Justicia Alternativa y Conciliación.
2. El Centro de Justicia Alternativa y Conciliación será un órgano del Poder Judicial de la Ciudad de México con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de decisión; su titular será nombrado por el Consejo de la Judicatura de conformidad con lo previsto por la ley orgánica y durará seis años en su encargo, con posibilidad de reelección por una sola vez.
3. El Centro de Justicia Alternativa y Conciliación tendrá las siguientes facultades:
a. Facilitar la mediación como mecanismo de solución de controversias civiles, mercantiles, familiares y penales;
b. Mediar de manera obligatoria en los conflictos vinculados con el régimen de condominios;
c. Coordinarse con las instancias de acción comunitaria establecidas por la ley para la mediación y resolución de conflictos vecinales, comunitarios, de barrios y pueblos; y
d. Las demás que prevea la ley.
D. Consejo de la Judicatura
1. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México es un órgano del Poder Judicial dotado de independencia técnica y de gestión para realizar sus funciones. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables, por lo que no procede juicio ni recurso alguno en contra de ellas.
2. El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros, aprobados por el Congreso local, propuestos en ternas por el Consejo Judicial Ciudadano, de los cuales tres deberán contar con carrera judicial.
3. Las y los consejeros durarán seis años en el cargo y no podrán ser nombrados para un nuevo período. En caso de ausencia definitiva de algún integrante, el Consejo Judicial Ciudadano, en un plazo no mayor a treinta días naturales desde que se produjo la vacante, nombrará a quien deba sustituirlo, mismo que ocupará el cargo únicamente por el tiempo faltante.
4. Para ser integrante del Consejo se requiere cubrir los requisitos previstos en las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que dispongan esta Constitución y las leyes.
5. La persona que presida el Consejo será elegida por mayoría de dos terceras partes de las y los integrantes del pleno, cada tres años, sin posibilidad de reelección. No podrán presidirlo las y los consejeros que cuenten con carrera judicial.
6. Las y los consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Los actos y decisiones del Consejo, en ningún caso, podrán afectar el criterio de jueces y magistraturas.
7. Las y los consejeros sólo podrán ser removidos en los términos establecidos en esta Constitución, estarán sujetos a las mismas responsabilidades que las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Constitucional; recibirán el mismo salario y prestaciones que éstas.
8. Las y los consejeros no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos judiciales de la Ciudad de México, dentro de los tres años siguientes a su retiro.
9. El Consejo funcionará en pleno y en comisiones y contará con los órganos auxiliares necesarios para el desempeño de sus atribuciones. Será competente en materia de adscripción y remoción de jueces y magistraturas; nombrará y removerá al personal administrativo del Poder Judicial con base en el servicio civil de carrera y en las normas que regulan las relaciones de trabajo de las personas servidoras públicas y los poderes de la ciudad, así como las demás facultades que la ley señale.
10. El presupuesto del Poder Judicial local será elaborado por este Consejo y remitido a la o el Jefe de Gobierno para su incorporación en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México.
11. Las faltas administrativas de las y los integrantes del Poder Judicial serán investigadas, sustanciadas y resueltas en términos de la ley. Se considerarán faltas graves, además de las que establezcan otras disposiciones, los delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, denegación de justicia y prevaricación.
12. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia. El ingreso se hará mediante concursos públicos de oposición y la permanencia estará sujeta a la evaluación y vigilancia en los términos que establezca la ley. Asimismo, se implementará un sistema de carrera para el personal de la rama administrativa conforme a los acuerdos que al respecto emita el Consejo.
E. Servicios periciales y forenses
La ley establecerá un organismo, dotado de independencia técnica y presupuestal, en materia de servicios periciales y forenses que garantice la objetividad e imparcialidad de los dictámenes que emita, de conformidad con las leyes y los estándares internacionales en la materia.
Artículo 41 - Tribunal Constitucional
A. Integración del Tribunal Constitucional
1. El Tribunal Constitucional de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones:
a. Garantizar la supremacía y control de esta Constitución;
b. Establecer Juzgados Tutelares en las demarcaciones territoriales que conocerán de la acción de protección efectiva de derechos reconocida por esta Constitución, cuyas resoluciones serán inatacables y sólo podrán ser revisadas por el Tribunal, en segunda instancia, cuando subsistan cuestiones de interpretación constitucional local, de conformidad con lo previsto por la ley;
c. Constituir un sistema de internación para el cumplimiento de tratados de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano y jurisprudencias de los tribunales y órganos internacionales;
d. Declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los términos previstos por esta Constitución y las leyes en la materia;
e. Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que le sean presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la promulgación y publicación de normas locales de carácter general que se consideren total o parcialmente contrarias a esta Constitución o de aquellas que, aun siendo constitucionales, hubieren presentado vicios o violaciones en los procedimientos de su formación. Estas acciones podrán ser interpuestas por:
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
II. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las y los diputados del Congreso local;
III. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su competencia;
IV. La o el Fiscal General de Justicia;
V. Los partidos políticos en materia electoral; y
VI. La ciudadanía que considere afectados sus derechos por la vigencia de dicha ley, siempre que la solicitud cuente con al menos diez mil firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad.
f. Conocer y resolver sobre las controversias constitucionales que se susciten entre:
I. La persona titular de una Alcaldía y el Concejo;
II. Dos o más Alcaldías;
III. Una o más Alcaldías y el Poder Ejecutivo, Legislativo o algún organismo constitucional autónomo de la ciudad;
IV. El Poder Ejecutivo y el Legislativo de la ciudad;
V. Los organismos constitucionales autónomos y el Poder Ejecutivo o Legislativo de la ciudad; y
VI. Dos organismos constitucionales autónomos de la ciudad.
g. Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa cuando se considere que el Congreso de la Ciudad de México no ha aprobado alguna ley o decreto reglamentarios de esta Constitución o que las leyes secundarias vigentes no cumplan eficazmente con los preceptos constitucionales y dichas omisiones afecten el debido funcionamiento de las instituciones de la ciudad o el ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. Esta acción podrá interponerse por:
II. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su competencia;
III. La o el Fiscal General de Justicia; y
IV. La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos diez mil firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad.
h. Fungir como órgano de consulta, a solicitud del Congreso local, para opinar sobre el contenido de las iniciativas de reforma constitucional local;
i. Conocer y resolver las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de los Poderes Públicos, los organismos autónomos y las Alcaldías cuando se muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones judiciales. Estas acciones podrán ser interpuestas por cualquier persona cuando se trate de derechos humanos; y
j. Las demás que determine la ley.
C. De las declaratorias de inconstitucionalidad
2. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, el Tribunal emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos cinco votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Dichas disposiciones no serán aplicables a normas generales en materia tributaria.
3. Cuando se trate de controversias que versen sobre disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o de las Alcaldías y la resolución del Tribunal las declare inconstitucionales, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos.
4. La resolución del Tribunal que declare una omisión legislativa obliga al Congreso local para que, en un plazo no mayor a un período de sesiones ordinarias, expida la ley o decreto que subsane plenamente la omisión. Si transcurrido este plazo no se cumpliera la resolución, el Tribunal Constitucional dictará los criterios que deban aplicarse provisionalmente hasta en tanto se legisle en la materia impugnada; si se cumpliere formalmente, el Tribunal revisará que haya sido subsanada en su totalidad.
Artículo 42 - Del Consejo Judicial Ciudadano
1. El Congreso local integrará cada cuatro años, mediante convocatoria pública abierta y por mayoría de dos tercios, un Consejo Judicial Ciudadano, de carácter honorífico, integrado por once personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, independencia, solvencia democrática y preferentemente profesionales del derecho; propuestas por organizaciones académicas, civiles y sociales.
2. Tendrá como atribuciones proponer, para la aprobación por mayoría calificada de las y los diputados del Congreso local, a las personas que habrán de integrar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia. Asimismo diseñará, elaborará, aplicará y calificará los procesos de selección mediante concursos de oposición abiertos, de conformidad con lo previsto por la ley.
CAPÍTULO IV - SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 43 - Disposiciones generales
1. La seguridad y la justicia son responsabilidades del gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con sus habitantes, para la prevención, la investigación, la persecución de las infracciones y delitos, la impartición de justicia, la reinserción social y el acceso a una vida libre de violencia.
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la procuración e impartición de justicia en la ciudad, regirán los derechos y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, así como los reconocidos por esta Constitución y las leyes en la materia.
Artículo 44 - Seguridad ciudadana
1. La seguridad ciudadana es una función de carácter civil, disciplinado y profesional. Se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como ejes rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a las víctimas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las personas.
2. La regulación de la selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, reconocimiento y certificación de las y los integrantes de las instituciones de seguridad se hará mediante un servicio profesional de carrera de conformidad con lo previsto por esta Constitución y la ley.
3. La ley contemplará mecanismos institucionales de control y vigilancia sobre las actividades que lleven a cabo las fuerzas policiales y las de seguridad privada, así como los procedimientos de participación ciudadana para coadyuvar en esta materia.
1. Esta Constitución reconoce a las violencias y al delito como problemas de seguridad ciudadana y de salud pública.
2. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes confiscados en los términos que prevea la ley, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas.
1. Se integrará un mecanismo de seguimiento para la seguridad ciudadana que propondrá y coadyuvará en el diseño de las políticas, estrategias y protocolos; en los mecanismos de evaluación de resultados; en los criterios para el servicio profesional de carrera; y establecerá los lineamientos relativos al manejo de datos de incidencia delictiva.
2. Este mecanismo se conformará por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y por representantes de la sociedad, de la academia, del Cabildo de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia, de la institución de seguridad ciudadana, del Instituto de Formación Policial y de la Defensoría del Pueblo, en los términos que determine la ley.
3. Las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia.
4. El gobierno de la ciudad, a través del mecanismo de seguimiento, se coordinará con los sistemas locales, regionales y nacionales de seguridad en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes que rijan la materia.
5. Cuando se solicite la protección de los Poderes de la Unión de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, se deberá atender el procedimiento establecido en la misma.
Artículo 45 - Modelo de policías de proximidad y de investigación
1. Las fuerzas policiales, preventivas y de investigación, son instituciones al servicio de la sociedad.
2. Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar:
a. Los derechos humanos de todas las personas;
b. El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y justicia;
c. La objetividad y legalidad de sus actuaciones;
d. El fortalecimiento de su formación profesional que contemple la capacitación permanente e incentive el ascenso y estabilidad de las y los agentes en sus organizaciones; y
e. El buen trato y los derechos de las personas que las integran.
3. Para tales efectos se contará con un Instituto de Formación Policial, el cual también contará con un órgano interno para la defensa de los derechos de las y los agentes policiales, respecto de actos y omisiones que menoscaben su dignidad o les impidan el adecuado ejercicio de sus funciones.
Artículo 46 - Procuración de Justicia
1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.
2. Corresponde a esta Fiscalía la representación social, la investigación y persecución de todos los delitos del fuero común y el ejercicio de la acción penal.
3. La persona titular de esta Fiscalía durará nueve años en su encargo y será designada por el Congreso local a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano previsto por esta Constitución, mediante un proceso de examinación público y abierto de conformidad con lo que establezca la ley.
4. Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; contar con título profesional de licenciado en derecho, con experiencia mínima de cinco años; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito doloso; no haber ejercido una diputación en el Congreso local, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o equivalente en los tres años previos al inicio del proceso de examinación.
1. La Fiscalía General de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:
a. Velar por el cumplimiento coordinado de la función ministerial, entendida como la representación social en el ejercicio de la acción penal, y de la función de investigación, cuyo fin es el esclarecimiento de los hechos;
b. Investigar, con la coadyuvancia del organismo autónomo de servicios periciales y forenses, los delitos del fuero común y aquellos en los que, por disposición de las leyes generales, exista competencia concurrente, así como de delitos federales cuando lo determine la ley. Para tales efectos tendrá bajo su mando inmediato a la Policía Ministerial;
c. Ordenar las diligencias pertinentes y útiles para esclarecer los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito;
d. Establecer registros y controles de la detención y cadena de custodia;
e. Solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad pública, en las formas y modalidades que establezca la ley para la colaboración y autorización de sus actuaciones;
f. Definir criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley que rija la materia;
g. Fungir como representante social y de la ciudad, cuando la ley lo disponga;
h. Participar en las instancias relacionadas con los sistemas local, regional y nacional de seguridad;
i. Establecer vínculos de coordinación interinstitucional con las Alcaldías y demás dependencias del gobierno para el mejor desempeño de sus funciones; y
j. Las demás que determine la ley en la materia.
2. El ministerio público estará obligado a agotar todas las líneas de investigación solicitadas por la víctima u ofendido. En caso de desechar alguna de ellas, deberá fundar y motivar su decisión.
C. Fiscalías especializadas y unidades de atención temprana
1. El Ministerio Público contará con fiscalías especializadas para atender diversos tipos de delitos, al menos en materia electoral y de combate a la corrupción, en los términos de su ley orgánica. Sus titulares serán designados por mayoría calificada del Congreso, a propuesta de la o el Jefe de Gobierno.
2. Se establecerán unidades de atención temprana que brindarán asesoría y orientación legal a las y los denunciantes. Tendrán como objetivo recibir de forma inmediata las denuncias de las personas canalizarlas a la instancia competente de acuerdo a la naturaleza del acto denunciado, de conformidad con la ley en la materia.
Artículo 47 - Sistema penal acusatorio
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Para las garantías y principios del debido proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Federal, los instrumentos internacionales en la materia, esta Constitución y las leyes generales y locales.
2. Las autoridades de la ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención a víctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural; proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos, accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, asistencia y el apoyo material, médico, psicológico y social necesarios, en términos de lo previsto en la Constitución Federal, esta Constitución y las leyes generales y locales en la materia.
B. Ejecución de sanciones
1. La prisión preventiva se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, privilegiando el uso de tecnologías para la ubicación y seguimiento a la persona sujeta a proceso. Nadie será privado de su libertad por la comisión de delitos patrimoniales sin violencia, cuyo monto no sea superior a ocho veces la unidad de cuenta vigente y en su comisión hayan participado primo delincuentes.
2. Para la imposición de sanciones penales se dará prioridad a los supuestos para la libertad condicionada y penas alternativas como el trabajo comunitario, la reparación del daño, tratamientos psicológicos y los demás reconocidos por la ley.
3. El sistema de reinserción social de la Ciudad de México se organizará sobre la base del trato digno y humanitario, sustentado en el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la cultura, la salud física y mental como medios para procurar que las personas sentenciadas no vuelvan a delinquir, observando todos los beneficios que para ellas prevea la ley. Asimismo, se fomentará la convivencia pacífica y el sentido de responsabilidad hacia la sociedad.
4. Se establecerán órganos de control en los centros de reinserción social para vigilar todos los actos de la autoridad administrativa y fungir como una instancia de protección de las personas sentenciadas.
5. Las medidas de seguridad, disciplinarias y de control preservarán en todo momento la dignidad y la integridad de las personas internas, por lo que se prohíbe el aislamiento, los trabajos forzados y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La ley garantizará una separación racional de las personas internas de acuerdo a la sentencia recibida y al comportamiento.
6. Se establecerá un sistema integral de justicia para adolescentes, separado del sistema de ejecución penal, aplicable a quienes tengan entre doce años de edad y menos de dieciocho y se encuentren en conflicto con la ley penal. Las medidas impuestas a las y los adolescentes deberán ser proporcionales al hecho realizado y procurarán su reinserción y reintegración social y familiar.
CAPÍTULO V - DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Artículo 48 - Organismos Autónomos
A. Naturaleza jurídico-política
Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonio propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:
a. Consejo de Evaluación de la Ciudad de México
c. Fiscalía General de Justicia
d. Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
e. Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones
f. Junta Local de Conciliación y Arbitraje
g. Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos
i. Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje
j. Universidad Autónoma de la Ciudad de México
1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración y contarán con estatutos jurídicos que garanticen su independencia de los poderes públicos, de los partidos políticos y de cualquier interés económico. Tendrán las siguientes atribuciones:
a. Establecer su normatividad interna;
b. Presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en la materia de su competencia;
c. Elaborar informes y comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México;
d. Formular y ejecutar los mecanismos necesarios para garantizar el más alto nivel de participación ciudadana en las materias de su competencia;
e. Implementar un servicio profesional de carrera, de conformidad con las leyes correspondientes;
f. Establecer vínculos de colaboración y cooperación con otras instituciones para el mejor ejercicio de sus funciones;
g. Las demás que determinen esta Constitución y las leyes en la materia.
2. El Congreso local asignará los presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de las atribuciones de estos organismos a partir de la propuesta que estos presenten en los plazos y términos previstos en la legislación de la materia, los cuales no podrán ser inferiores a los del año anterior, salvo por causas justificadas, fundadas y motivadas. Dichas asignaciones deberán garantizar suficiencia para el oportuno y eficaz cumplimiento de las obligaciones conferidas a los organismos y actualizarse de conformidad con la variación inflacionaria, sujeto a las previsiones de ingreso de la hacienda pública local.
3. Los organismos autónomos contarán con órganos de control interno adscritos al Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas, en los términos previstos por esta Constitución y las leyes.
4. Las remuneraciones del personal que labore en los organismos autónomos se fijarán de conformidad con el régimen y escalas de sueldos previsto para todas las personas servidoras públicas en las leyes.
C. Del nombramiento de las personas titulares y consejeras
1. Se constituirán, cada cuatro años, consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia para proponer al Congreso local, a las personas titulares y consejeras de los organismos autónomos, con excepción de aquellos para los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes prevean mecanismos de designación distintos. Estos consejos sólo sesionarán cuando se requiera iniciar un proceso de nombramiento de la materia de que se trate.
2. El Congreso local integrará, mediante convocatoria pública abierta y por mayoría de dos tercios, estos consejos, los cuales se constituirán por once personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, independencia, solvencia democrática y profesionales de la materia correspondiente; propuestas por organizaciones académicas, civiles y sociales.
3. Estos consejos tendrán como atribuciones proponer, para la aprobación por mayoría calificada de las y los diputados del Congreso local, a las personas que habrán de integrar los organismos autónomos.
4. Los consejos acordarán el método para la selección de la terna que contenga la propuesta de las personas titulares y consejeras de conformidad con lo previsto en las leyes orgánicas respectivas, atenderán preferentemente la recepción de candidaturas por los sectores que integran el consejo a fin de garantizar la trayectoria, experiencia y calidad moral de sus integrantes.
5. El procedimiento que dichos consejos ciudadanos establezcan, garantizará el apego a los principios de imparcialidad y transparencia, así como la idoneidad de las personas aspirantes a ocupar el cargo de que se trate. Todas las etapas de dicho procedimiento serán públicas y de consulta accesible para la ciudadanía.
6. Las personas titulares y consejeras de los organismos autónomos se abstendrán de participar, de manera directa o indirecta, en procesos de adquisiciones, licitaciones, contrataciones o cualquier actividad que incurra en conflicto de intereses con el organismo autónomo de que se trate.
7. Las leyes en la materia preverán los requisitos que deberán reunir las personas aspirantes, las garantías de igualdad de género en la integración de los organismos, así como la duración, causales de remoción y forma de escalonamiento en la renovación de las personas consejeras, atendiendo los criterios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes.
Artículo 49 - Consejo de Evaluación de la Ciudad de México
1. La Ciudad de México contará con un organismo autónomo encargado de la evaluación externa de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la Administración Pública. La ley determinará las atribuciones, funciones y composición de dicho órgano, así como la participación de los ciudadanos en los procesos de evaluación externa.
2. Se integrará por cinco comités encargados de evaluar respectivamente las políticas, programas y acciones en materias de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, seguridad ciudadana y medio ambiente. Las recomendaciones que emitan los comités serán vinculantes para orientar el mejoramiento de las políticas, programas y acciones.
Artículo 50 - Defensoría del Pueblo
1. Es el organismo encargado de la protección y promoción de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, esta Constitución y las leyes.
2. Conocerá de las quejas por violaciones a derechos humanos causadas por entes públicos locales o privados. y garantizará el derecho a la defensa y asistencia jurídica gratuita en todo proceso civil, administrativo, mercantil o penal, cuando las personas carezcan de recursos suficientes.
3. La Defensoría del Pueblo contará con, al menos, tres dos áreas de atención:
a. Defensa de derechos humanos, a través de visitadurías especializadas que consideren las situaciones específicas, presentes y emergentes de los derechos humanos en la ciudad; y
b. Defensa pública de oficio y servicios legales; y
c. Defensa de las personas justiciables.
4. Son atribuciones y obligaciones de la Defensoría del Pueblo:
a. Promover el respeto a los derechos humanos de toda persona;
b. Representar a las personas justiciables ante toda clase de procedimientos disciplinarios y dar seguimiento a las quejas contra las y los integrantes del Poder Judicial local;
c. Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos humanos se considerarán graves;
d. Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho o queja conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a los derechos reconocidos por esta Constitución;
e. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias ante las autoridades respectivas por la violaciones a los derechos;
f. Promover ante las autoridades judiciales el cumplimiento de sus recomendaciones mediante el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos, en los términos previstos por esta Constitución y las leyes;
g. Asistir y acompañar a las víctimas de violaciones a derechos humanos ante las autoridades correspondientes;
h. Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades para prevenir violaciones a derechos humanos;
i. Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para visibilizar la situación de los derechos humanos en la ciudad;
j. Presentar denuncia de juicio político ante el Congreso local por violaciones graves a los derechos humanos en los términos de la presente Constitución;
k. Interponer acciones de inconstitucionalidad por normas locales de carácter general que contravengan los derechos reconocidos por esta Constitución;
l. Elaborar y publicar informes, dictámenes, estudios y propuestas sobre políticas públicas en las materias de su competencia;
m. Establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones;
n. Rendir informes anuales ante el Congreso local y la sociedad sobre sus actividades y gestiones, así como del seguimiento de sus recomendaciones; y
o. Las demás que determine la ley.
Artículo 51 - Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
1. Es el organismo garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales y su titularidad estará a cargo de siete personas comisionadas.
2. Será la instancia responsable de conocer y resolver recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones tomadas por los sujetos obligados a la transparencia. La interposición de estos recursos se hará en los términos que establezca la ley, así como las medidas de apremio y sanciones aplicables. Las resoluciones que tome el órgano garante serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
3. Toda autoridad y persona servidora pública estará obligada a coadyuvar con el órgano garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.
4. Cuando una mayoría de las personas comisionadas lo apruebe, el organismo garante podrá interponer acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones normativas que vulneren el derecho de acceso a la información en la Ciudad de México.
Artículo 52 - Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones
1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso local y Alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía universal e integral, son funciones que se realizan a través del Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.
2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una persona Consejera Presidente y seis personas Consejeras Electorales, con derecho a voz y voto, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una o un diputado de cada Grupo Parlamentario de la Asamblea Legislativa.
3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
4. El Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones de la Ciudad de México ejercerá las atribuciones que le confieren la Constitución Federal, esta Constitución y las leyes de la materia.
Artículo 53 - Junta Local de Conciliación y Arbitraje
La Ciudad de México contará con una Junta Local de Conciliación y Arbitraje que tendrá a su cargo la impartición de la justicia laboral, de acuerdo con lo establecido en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 54 - Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos
1. Es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral y procesos democráticos; gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y cumplirá sus funciones bajo los principios y normas que establezca la ley de la materia.
2. Estará integrado por cinco magistraturas electorales que actuarán en forma colegiada y permanecerán siete años en su encargo. Las personas integrantes del Tribunal elegirán por insaculación a su Presidente, quien durará tres años en su encargo sin posibilidad de reelección.
3. Concluido el encargo de magistratura, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a un año.
4. Este Tribunal es competente para resolver los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana en la ciudad, relacionados con presuntas irregularidades en el desarrollo de estos procesos; actos o resoluciones de las autoridades en la materia, aún fuera de dichos procesos; cuando se consideren violentados los derechos político electorales de las personas; conflictos entre órganos de representación ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales entre el Tribunal y sus servidores o el Instituto y sus servidores; así como para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por esta Constitución, de conformidad con los requisitos y procedimientos que determine la ley.
5. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y en materia de participación ciudadana, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y a los procesos de participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Artículo 55 - Tribunal de Justicia Administrativa
1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa, presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Para tal efecto, el Congreso local tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.
2. El Tribunal tendrá a su cargo:
I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las Alcaldías y los particulares.
II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de las Alcaldías por responsabilidades administrativas graves.
III. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las Alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos de dichos niveles de gobierno.
V. Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las controversias en materia de derecho a la buena administración.
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de las Alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.
3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal.
Artículo 56 - Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje
La Ciudad de México contará con un Tribunal de Conciliación y Arbitraje encargado de dirimir los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los intersindicales de conformidad con lo previsto por las leyes locales.
Artículo 57 - Universidad Autónoma de la Ciudad de México
1. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tendrá por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas de la ciudad y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.
2. Coadyuvará con los órganos y dependencias de la Ciudad de México para el adecuado cumplimiento de los fines que a cada uno le sean conferidos. Para ello, podrá celebrar convenios de apoyo y colaboración y demás instrumentos jurídicos para la formalización de dichas acciones, atendiendo las áreas de especialización de la Universidad.
3. Sus órganos de gobierno se elegirán conforme a lo previsto en su ley orgánica y realizará sus funciones de acuerdo con los principios del derecho a la educación reconocidos por esta Constitución.
CAPÍTULO VI - DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y SUS ALCALDÍAS
Artículo 58 - Demarcaciones territoriales
2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población de la ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo, de participación ciudadana, así como en la buena administración.
VII. Implementar medidas de nivelación, temporales o permanentes, para la reducción de las brechas de inequidad y desigualdad;
X. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce y rescate del espacio público.
III. Identidades culturales de las y los habitantes;
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales;
I. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural, social, económico y cultural de la ciudad;
II. La integración territorial y la cohesión social;
6. Cualquier modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones territoriales, tendrá que ser aprobado por mayoría de dos terceras partes del Congreso local, a través del procedimiento y los criterios que establecen esta Constitución y las leyes.
Artículo 59 - Alcaldías
1. Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y un Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años.
2. Las personas integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con la persona candidata a Alcalde y después con los Concejales y sus respectivos suplentes, cuyas fórmulas estarán integradas por personas del mismo género, de manera alternada. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince.
3. Las personas integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en un sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de Concejales. La ley regulará los procedimientos de elección de las personas que integrarán las Alcaldías.
4. El número de Concejales de representación proporcional que se asigne a cada partido, así como a las candidaturas independientes, se determinará en función del porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula electoral y el procedimiento de asignación que señale la ley. En todo caso la asignación se hará siguiendo el orden que tuvieron las candidaturas en la planilla correspondiente.
5. Las personas titulares de las Alcaldías y Concejales podrán ser electos consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que les hubieren postulado, salvo que hayan renunciado, perdido su militancia antes de la mitad de su mandato o que el partido pierda su registro.
6. Las personas titulares de las Alcaldías y Concejales no podrán ser electos para el periodo inmediato en una Alcaldía distinta a aquella en la que desempeñaron el cargo.
7. Las Alcaldías reúnen la voluntad colectiva y la diversidad política y social de las demarcaciones y se integrarán a partir de las siguientes bases:
I. En las demarcaciones con hasta 300 mil habitantes, las Alcaldías se integrarán por la persona titular de la misma y once Concejales;
II. En las demarcaciones con más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil, las Alcaldías se integrarán por la persona titular de la misma y trece Concejales;
8. Las personas titulares de las Alcaldías, Concejales e integrantes de la administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen gobierno y rendición de cuentas en los términos que señalan esta Constitución y las leyes.
9. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, desarrollo urbano, rural y social, protección civil, bienestar colectivo y seguridad ciudadana, promoción económica, cultural y deportiva y las demás que señalen las leyes. El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales.
11. Las Alcaldías podrán asociarse entre sí y con municipios vecinos de otras entidades federativas para efectos de la mejor prestación de los servicios públicos. La asociación deberá plasmarse en convenios donde se establecerán las obligaciones y recursos humanos, materiales y financieros que corresponderá a cada una de ellas, así como las metas y objetivos precisos que se deberán cumplir en los términos y casos que establezca la ley.
1. La administración pública de las Alcaldías corresponde a los Alcaldes o Alcaldesas.
2. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere:
III. Tener residencia efectiva en la Ciudad de México con dos años inmediatamente anteriores al día de la elección;
IV. No ser legislador o legisladora en el Congreso de la Unión o en el Congreso local; juez, magistrada o magistrado, consejera o consejero de la Judicatura del Poder Judicial; no ejercer un mando medio o superior en la administración pública federal, local o de las Alcaldías; militar o miembro de las fuerzas de seguridad pública de la ciudad, a menos que se separen de sus respectivos cargos por lo menos 60 días antes de la elección.
V. No ocupar el cargo de ministro de algún culto religioso, a no ser que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley.
II. Elaborar el Programa de Gobierno de su demarcación y presentarla al Congreso local en los términos previstos por esta Constitución;
III. Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones presupuestales;
IV. Participar en la prestación de servicios o realización de obras con otras Alcaldías y con el gobierno de la ciudad, conforme las disposiciones presupuestales y de carácter administrativo aplicables;
V. Mantener en buen estado de operación, con servicios pertinentes, infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural a sus demarcaciones;
VI. Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, observando las leyes y reglamentos aplicables;
VII. Imponer, en los términos que prevea la ley, sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos;
VIII. Someter el proyecto de presupuesto de egresos a la aprobación del Concejo;
X. Coadyuvar con las dependencias de la administración pública de la Ciudad de México que resulten competentes, en las tareas de seguridad ciudadana y protección civil;
XI. Establecer la estructura organizacional de la Alcaldía conforme a las disposiciones aplicables;
XII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose a las disposiciones del servicio profesional de carrera;
XIII. Presentar al Concejo los informes que solicite;
XIV. Participar en todas las sesiones del Concejo, con voz pero sin voto;
XV. Convocar a plebiscito, consulta ciudadana y audiencias públicas de acuerdo a lo que establezcan las leyes;
XVI. Fomentar las relaciones de la Alcaldía con las Asambleas, Comités y Consejos Ciudadanos;
XVII. Atender y fomentar el vínculo y coparticipación entre el gobierno local y las comunidades de la demarcación;
XVIII. Asistir a las reuniones del Cabildo;
XIX. Las demás que les otorguen esta Constitución, las leyes, los reglamentos y los acuerdos que expida la Jefatura de Gobierno.
C. De los Concejos
1. Los Concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes. En ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de administración pública.
2. Los requisitos para ser Concejal serán los mismos que para las personas titulares de las Alcaldías, con excepción de la edad que será de 18 años.
3. Son atribuciones del Concejo:
I. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos que presente la persona titular de la Alcaldía, de acuerdo con las bases que establezca esta Constitución y las leyes de la materia;
II. Evaluar y supervisar las acciones de gobierno y el adecuado funcionamiento de la administración pública de la Alcaldía;
III. Realizar funciones de control para el adecuado ejercicio del gasto público de la Alcaldía;
IV. Opinar y presentar propuestas para la elaboración de los planes y programas que correspondan a la Alcaldía;
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes periódicos sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;
VI. Emitir su reglamento interno;
VII. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público;
VIII. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de la administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones; y
IX. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
Artículo 60 - Del Cabildo de la Ciudad de México
1. El consejo de Alcaldes se denominará Cabildo y funcionará como un órgano de planeación, coordinación, consulta y ejecución de acciones conjuntas del gobierno de la Ciudad de México y las personas titulares de las Alcaldías.
2. El Cabildo se integrará por:
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; y
II. Vocales, que son las personas titulares de las Alcaldías.
3. El Cabildo de la Ciudad de México contará con una Secretaría Técnica a cargo de la persona titular de la Secretaría de Gobierno de la ciudad.
4. En ningún caso se aceptará que las personas integrantes del Cabildo designen suplentes. Los cargos son honoríficos.
5. Podrán asistir a las sesiones del Cabildo, por invitación de su Presidente, las personas titulares de las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, así como aquellas relacionadas con las materias previstas para dichas sesiones.
6. El Cabildo de la Ciudad de México tiene las siguientes funciones:
I. Establecer acuerdos generales sobre los asuntos de la administración pública que se sometan a su consideración;
II. Proponer políticas, programas y acciones para el desarrollo de infraestructura, servicios y otras actividades de interés para la ciudad;
III. Establecer esquemas de coordinación entre las Alcaldías y entre éstas y la administración pública para ejecutar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, acciones de gobierno que incidan en una o más Alcaldías de la ciudad;
IV. Fomentar el intercambio de experiencias en cuanto a la administración de las Alcaldías con la finalidad de hacerla más eficiente;
V. Proponer alternativas de conciliación para solucionar las controversias que en el ejercicio de la función pública se suscitaren entre las Alcaldías y entre éstas y la administración pública centralizada; y
VI. Acordar las acciones complementarias para su adecuado funcionamiento, así como para el cumplimiento de los acuerdos que adopte.
7. El Cabildo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Su organización y desarrollo de las sesiones, se determinarán en las leyes y el reglamento de la materia.
Artículo 61 - De los recursos públicos de las demarcaciones
1. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, el Congreso local aprobará el presupuesto de las demarcaciones territoriales.
2. Las Alcaldías ejercerán con autonomía su presupuesto, los rendimientos de los bienes que les pertenezcan y todos los demás ingresos fiscales aprobados por el Congreso local, con sujeción a las disposiciones establecidas en esta Constitución y en la ley respectiva.
3. Las Alcaldías no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos.
4. El Gobierno de la Ciudad de México, bajo los principios de solidaridad, subsidiariedad y cooperación, coadyuvará al desarrollo integral y equilibrado de las Alcaldías, a fin de erradicar la desigualdad económica y social, mediante la creación de un fondo especial en cada ejercicio fiscal, que considere criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano.
Artículo 62 - De la participación ciudadana en las Alcaldías
1. Las Alcaldías garantizarán el más alto nivel de participación de sus habitantes en el gobierno y administración a través de los mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta Constitución y las leyes de la materia y respetarán las decisiones adoptadas con la ciudadanía.
2. Las autoridades de las Alcaldías deberán:
I. Convocar a plebiscito para la aprobación de los actos del gobierno de conformidad con lo previsto por esta Constitución y las leyes;
II. Someter a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos, sociales, territoriales y ambientales de la demarcación conforme a los procedimientos previstos en la ley;
III. Actuar con transparencia y rendir cuentas a sus habitantes a través de informes generales y específicos acerca de su gestión;
IV. Establecer programas de difusión pública acerca de las acciones y funciones a su cargo que contengan información sobre los planes, programas, proyectos, presupuestos y acciones a cargo de la administración pública de las Alcaldías;
V. Facilitar el acceso de sus habitantes a mecanismos de colaboración ciudadana para la ejecución de obras o la prestación de un servicio público, colectivo o comunitario;
VI. Gestionar las políticas públicas y proyectos comunitarios que promuevan el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación;
VII. Celebrar audiencias públicas a fin de que sus habitantes propongan de manera directa la adopción de acuerdos o la realización de ciertos actos; recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la administración pública local; presentar a la persona titular de la Alcaldía las peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración pública a su cargo y evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y actos de gobierno; y
VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora o solución sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés.
3. Las demarcaciones establecerán una división en unidades territoriales para efectos de participación y representación ciudadana, basada en la identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica. La ley determinará los criterios para tales efectos.
4. Cada unidad territorial tendrá una Asamblea Ciudadana como instrumento permanente de información, análisis, consulta, deliberación y decisión de los asuntos de carácter social, colectivo o comunitario; así como para la revisión y seguimiento de los programas y políticas públicas a desarrollarse en la unidad territorial. Se reunirá al menos tres veces por año, será pública y abierta y se integrará con las personas que habitan en la unidad, de conformidad con la ley de la materia. En éstas podrán participar las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes con derecho a voz.
5. Cada Asamblea elegirá un Comité Ciudadano, mismo que fungirá como el órgano de representación de la unidad territorial. Sus decisiones y actuación estarán sujetas a la aprobación de la Asamblea, misma a la que deberá rendir cuentas. Estará conformado por nueve integrantes honoríficos, con una duración de tres años. Su organización, elección y facultades atenderán a lo previsto en la ley de la materia.
6. Se constituirá un Consejo Ciudadano, como instancia de coordinación entre los Comités, las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México. Este Consejo podrá emitir opiniones sobre programas y políticas a aplicarse en la ciudad y en la demarcación territorial; informar al Gobierno de la ciudad y a las Alcaldías sobre los problemas que afecten a las personas que representan y proponer soluciones y medidas para mejorar la prestación de los servicios públicos y privados, así como sugerir nuevos servicios; informar permanentemente a cada uno de los Comités Ciudadanos sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos; y las demás que determine la ley.
CAPÍTULO VII - CIUDAD PLURICULTURAL
Artículo 63 - Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios
La Ciudad de México reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los barrios originarios y los no originarios, históricamente asentados en su territorio. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas forma parte de esta Constitución.
Artículo 64 - Composición pluricultural, plurilingüe y multiétnica de la Ciudad de México
1. La Ciudad de México tiene una composición pluricultural, plurilingüe y multiétnica sustentada originalmente por sus pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios.
2. Los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios son aquellos que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan en parte sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión y que a su vez se reconocen como:
a. Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual de la Ciudad de México al iniciarse la colonización, antes de fijarse las fronteras actuales; y
b. Los barrios originarios de la ciudad y los pueblos y comunidades indígenas se caracterizan por compartir elementos culturales comunes, a través de los cuales se genera cohesión social, sentido de pertenencia e identidad.
3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar quiénes son las y los derechohabientes de las presentes disposiciones.
Artículo 65 - De los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios
A. Carácter jurídico
Los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios tienen el carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
1. Los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios tienen derecho a la libre determinación en sus asuntos internos de acuerdo con sus sistemas normativos, sin más limitaciones que el respeto a los derechos y libertades de las personas reconocidos por esta Constitución y las leyes en la materia, así como a la dignidad e integridad de las mujeres.
2. Persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Determinan su condición política, así como la decisión de sus formas de convivencia y organización, los marcos de responsabilidad de sus autoridades y jurisdicción internos.
3. La jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias, de conformidad con lo previsto por la ley.
4. La ley establecerá el régimen de competencias que en materia penal corresponda al fuero común de la ciudad y a los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios, en el marco de su autonomía, tomando en cuenta su derecho a la consulta.
5. Cuando una persona indígena esté involucrada en un proceso judicial, como víctima o en la comisión de un delito, deberán tomarse en cuenta sus características económicas, sociales, culturales y lingüísticas.
C. Desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios
1. Los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios tienen derecho a:
a. Conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas y culturales;
b. Expresar libremente su identidad cultural, creencias religiosas, espiritualidades, prácticas, costumbres y su propia cosmovisión;
c. Participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la ciudad y en las decisiones que afecten sus derechos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales;
d. Ser consultados de manera adecuada, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento libre, previo e informado acerca de los asuntos que les conciernan;
e. Acceder al más alto nivel de salud que tome en cuenta sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicinas tradicionales;
f. Recibir educación que contemple a sus necesidades particulares, su historia, conocimientos y técnicas, sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales, así como crear sus propias instituciones y medios de educación;
g. Acceder a un empleo justo, con remuneración igual por trabajo de igual valor;
h. Preservar sus lenguas y a promover el desarrollo y práctica de las mismas;
i. Mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio material, inmaterial y natural, así como sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales y la propiedad intelectual de los mismos;
j. Obtener servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de políticas que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local;
k. Recibir asistencia financiera y técnica de la ciudad y de la cooperación internacional;
l. Mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio, sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía local y a definir sus prioridades;
m. Acceder a la jurisdicción de la ciudad en sus lenguas, por lo que tendrán en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes, especialmente para el acceso a la justicia y a los servicios de salud, a través de la organización de traductores e intérpretes interculturales;
n. Los demás que determinen las leyes en la materia.
2. Las mujeres indígenas tendrán derecho a la igualdad sustantiva. Las instituciones públicas tendrán la obligación de generar y ejecutar acciones afirmativas a favor de ellas.
3. Queda prohibida cualquier expulsión de personas indígenas de sus comunidades o pueblos, sea cual fuere la causa con que pretenda justificarse. La ley sancionará toda conducta tendiente a expulsar o impedir el retorno de estas personas a sus comunidades.
4. Es obligación de las autoridades de la ciudad:
a. Consultar a los pueblos y comunidades indígenas y pueblos y barrios originarios sobre los asuntos que les conciernen, respetando sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales;
b. Fortalecer la participación de los pueblos y comunidades indígenas y pueblos y barrios originarios en la toma decisiones públicas y garantizar su representación en el acceso a cargos de elección popular, atendiendo al porcentaje de población que constituyan en el ámbito territorial de que se trate;
c. Fomentar la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas y pueblos y barrios originarios, así como la libre determinación para llevar a cabo sus ciclos festivos y religiosos, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones;
d. Establecer el estatus oficial de las lenguas indígenas;
e. Promover el desarrollo económico en las comunidades indígenas, tendiente a elevar sus niveles de bienestar, con respeto a sus usos, costumbres y tradiciones;
f. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales mediante acciones coordinadas entre los diversos órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades, así como el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen, para fomentar las formas comunitarias de producción;
g. Establecer políticas públicas y partidas específicas en los presupuestos de egresos que garanticen el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios, así como mecanismos de seguimiento para que los pueblos participen en el ejercicio y vigilancia de los mismos; y
h. Las demás que establezcan las leyes en la materia.
D. Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales
1. Los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar y gestionar las tierras, territorios y recursos existentes en sus tierras que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
2. En caso de modificaciones al régimen de propiedad de los minerales, de los recursos del subsuelo o de otros recursos existentes en las tierras de los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios, las autoridades de la ciudad intervendrán mediante el impulso y establecimiento de mecanismos de consulta a los pueblos interesados, a fin de determinar si serán perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier acción de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
3. Tienen derecho al uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en su territorio, así como a la participación de los beneficios de la explotación de sus recursos naturales. Para ello:
a. Tienen derecho a la consulta a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado cada vez que se prevea cualquier medida legislativa o administrativa respecto a la explotación de los recursos naturales del territorio que habitan;
b. Se respetará y garantizará la participación en el usufructo, administración y conservación de la explotación de los recursos naturales en sus territorios y serán susceptibles de recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen;
c. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Gobierno de la Ciudad de México se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos; y
d. Las autoridades de la ciudad protegerán en todo tiempo a los pueblos y comunidades indígenas y pueblos y barrios originarios de cualquier forma de desplazamiento forzado de sus tierras y territorios.
Artículo 34 apartado "C" inciso "i". Esta fracción debe analizarse y discutirse ya que siempre será preferible tener diputados con ética y principios aunque sean Ministros de Culto, a tener diputados laicos pragmáticos, avariciosos y totalmente irreverentes a todo.
Jan 09, 2017 10:05 PMReplyPermalink
Artículo 61- de los recursos públicos de las demarcaciones.
Si bien en este proyecto se menciona que las alcaldías son “autónomas” estas de igual manera serán tomadas en cuenta en el presupuesto de egresos de la federación, lo cual a su vez necesitará de la aprobación del congreso local por lo cual creo prudente conocer los criterios con base en los cuales el congreso local decidirá el porcentaje que se le otorgará a cada una de las demarcaciones territoriales. Todo esto con base al artículo 134 Constitucional.
Nov 22, 2016 10:37 PMReplyPermalink
El artículo 35 inciso 1 fracción F del presente proyecto de Constitución es contrario e incongruente con el artículo 71 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Pues en este para que la facultad de iniciar leyes/decretos resida en la población se necesita del 0.25% de la lista de electores, mientras que en aquel unicamente se necesita del 0.13% de la lista nominal de electores.
Esto resulta lesivo para el ejercicio de la democracia pues no se establece un parámetro común entre el proyecto en cuestión y la Constitución Federal.
Nov 23, 2016 11:35 AMReplyPermalink
Respecto al articulo 33 fracción 1, es de notar una notoria contradicción con el articulo 115 constitucional, que estipula de manera clara y expresa que la base de cualquier Estado de la república ha de ser el municipio, entendido este con todos sus elementos y características previstas en el mismo ordenamiento. Esta diferencia terminología si en primer aspecto resultase banal, debería de resaltar el hecho que ocasionaría una inconstitucionalidad al articulo y como tal a todo la administración publica que en el sustentara su legitimidad.
Nov 23, 2016 2:00 PMReplyPermalink
Ana Cecilia Mayén
Artículo 34 - Del congreso de la Ciudad, A. Integración, 5. “Las y los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás serán reconvenidos por ellas. No gozarán de fuero ni inmunidad alguna.”
Es creencia común en la sociedad mexicana que el fuero del que gozan los funcionarios públicos es sinónimo de impunidad y corrupción. Sin embargo, el fuero que establece nuestra constitución federal es una figura que busca proteger una institución democrática resguardada por la Constitución Federal, siguiendo el principio representación popular. El fuero es una figura que permite asegurar la legalidad y transparencia del proceso, inclusive cuando el funcionario público que se encuentra el dicho supuesto ha solicitado una licencia (como establece la jurisprudencia abajo citada). Esta figura permite que los representantes electos por la sociedad, es decir los miembros de la cámara a la cual corresponde el funcionario público, condicionen la participación de otras jurisdicciones, lo cual no significa que dicho servidor público quede exento de enfrentar un proceso judicial en el futuro, únicamente se llevará acabo un análisis por parte de la Cámara correspondiente sobre la denuncia que se ha hecho en contra del funcionario para poder determinar si es o no procedente la misma.
Por lo expuesto anteriormente, creo que este punto de la constitución que tanto ha sido celebrado, carece de validez ya que contraviene lo dispuesto en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de una falta de técnica legislativa y análisis sobre la figura constitucional.
Fundamento: Artículo 109 Constitucional y la siguiente tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia http://ius.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/304/304198.pdf
Nov 23, 2016 2:16 PMReplyPermalink
No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley, y
Jan 09, 2017 10:02 PMReplyPermalink
Para ser diputada o diputado se requiere
CHRISTIAN MANUEL LOPEZ ORTIZ
EL JEFE DE GOBIERNO ES INCONSTITUCIONAL PORQUE NO DEBE LLAMARSE ESA FIGURA QUE HAN IMPUESTO LOS NORTEAMERICANOS EN EL SIGLO XIX
Oct 23, 2016 9:53 PMReplyPermalink
ARTUCULO 37 GUBERNATURA CONSTITUCIONAL LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO SE DENOMINARA GOBERNADOR O GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Y TENDRA LA ADMINISTRACION PUBLICA NO UN JEFE O JEFA DE GOBIERNO SERA ELECTO POR VOTO UNIVERSAL LIBRE YSECRETA Y DIRECTA SU CARGO SON DE SEIS AÑOS Y ENTRARA EN FUNCIONES EN EL 5 DE OCTUBRE DE 2018
Oct 23, 2016 10:52 PMReplyPermalink
Artículo 40 del poder judicial
Los jueces y magistrados son la base de nuestro derecho, los impartidores de justicia solo pueden formarse con experiencia y practica, esto es imposible con un plazo de tan solo doce años (6 años de ejercicio con posibilidad de renovación de otros 6). Después de estos doce años, ¿a donde se dirigen estas personas con todo su conocimiento? Un juzgador no puede hacer su trabajo de forma eficiente con el temor constante de perder su fuente de ingresos, además de que con estas medidas se está poniendo a personas sin experiencia en posiciones que demandan un mayor conocimiento y práctica en la impartición de justicia.
Cuando se deja de lado a un sector de tanta importancia no se puede esperar ninguna mejora en el orden social y mucho menos la impunidad que tanto perjudica a nuestro país.
Oct 02, 2016 7:26 PMReplyPermalink
Considero necesaria la inclusión de Jueces de Paz honorarios, es decir ciudadanos que mediante un curso de máximo 6 meses puedan dirimir faltas administrativas en conciencia, que desahoguen el infinito rezago que existe en este tipo de justicia cotidiana; que no perciban remuneración y que lo hagan por el mero gusto de considerarse parte de la ciudad y que alguna vez al ellos pudieran cometer una falta, se sientan con la confianza de que serán juzgados con el rasero que cualquier ciudadano lo juzgaría, este tipo de figura ya se observa en diversas ciudades inglesas y hay un rezago cero en este tipo de faltas administrativas.
Oct 12, 2016 12:14 AMReplyPermalink
PORQUE EL ARTICULO 37 DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEBE DESAPARECER
Oct 23, 2016 9:54 PMReplyPermalink
Sobre la Propiedad Intelectual de los pueblos y comunidades indígenas, si bien considero de gran avance este tópico en una constitución local, también considero que si llegara el legislador de la Ciudad de México a legislar sobre esta materia, existiría una invasión de competencias con la Federación, derivada de que se contravendría el articulo 27 décimo párrafo de la Constitución, en relación con el articulo 73 de la Constitución Federal, relativo a la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de Derecho de Autor y demás figuras afines de Propiedad Intelectual.
Oct 12, 2016 12:20 AMReplyPermalink
Nov 23, 2016 11:24 AMReplyPermalink

References: Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40
 artículo 95
 resolución 
 artículo 95

Artículo 41
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53
 artículo 123

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 34

Artículo 61
 artículo 134
 artículo 35
 artículo 71

Artículo 34
 Artículo 109

Artículo 40